Se está realizando un análisis de coste-beneficio con la ayuda de expertos externos, teniendo también en cuenta las funciones y el mandato de la Fundación Europea de Formación, la localización de funciones de asistencia técnica para todos estos programas la decidirá la Comisión el próximo año a la luz de los resultados del análisis de coste-beneficio, y especialmente las consideraciones de efectividad, eficacia, control y responsabilidad. 
La Comisión hará todo lo posible por hacer un seguimiento de todas estas cuestiones, al igual que de las resoluciones del Parlamento Europeo, en su momento. 
– Señor Presidente, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, celebro que el orden del día de hoy incluya también la aprobación de la gestión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Esto satisface nuestra principal petición del año pasado de que existiera un procedimiento de aprobación de la gestión individual para todas las agencias descentralizadas, dando así por fin un tratamiento igual a las agencias. 
Mi comisión está, sin duda, a favor de la aprobación de la agencia de Bilbao, al igual que lo está la Comisión de Control Presupuestario. 
Por tanto, también estamos de acuerdo con el veredicto del Tribunal de Cuentas, la Comisión y el Consejo. 
Permítanme decir unas palabras sobre esta Agencia, que se creó en 1997. 
Bilbao se ha convertido en la fuerza motriz en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 
Solo tengo que mencionar su excelente trabajo en la ejecución del programa especial para las PYME en 2001 y 2002. 
El espléndido trabajo realizado ha sido también confirmado por una evaluación externa. 
Por ello, era lógico que en nuestra resolución sobre la estrategia comunitaria para la salud y la seguridad en el trabajo durante el período 2002-2006 aprobada en octubre del año pasado solicitáramos a la Comisión que preparara un programa multianual para las pequeñas y medianas empresas en el futuro. 
Está claro que también en el futuro debe existir la mejor coordinación posible entre las agencias de Bilbao y Dublín. 
Aunque no existen motivos de crítica desde nuestro punto de vista, acogemos con satisfacción el hecho de que las dos agencias hayan llegado a un acuerdo de cooperación específico para mejorar la complementariedad y desterrar todo peligro de solapamiento de su trabajo. 
Pero permaneceremos muy vigilantes aquí, especialmente de cara a la ampliación y a la posible redefinición de la política sobre las agencias. 
– Señor Presidente, no puedo expresar lo emocionado que estoy por hallarme aquí esta tarde para hablar en nombre del Grupo del PPE-DE sobre este tema. 
Veo que se trata de un tema que causa un gran entusiasmo a los demás parlamentarios y a la masiva audiencia que tenemos aquí esta noche. 
Uno se pregunta si estas sesiones nocturnas suponen un buen uso del dinero de los contribuyentes europeos. 
Yo me inclinaré hacia atrás para hacer mi parte y empezaré dando las gracias al ponente por todo el trabajo que ha realizado. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el nuevo Reglamento financiero nos permita revisar las cuentas de estas agencias y también acojo con satisfacción la cooperación que todas han mostrado con el Parlamento Europeo en este proceso. 
Dada esta autonomía del marco de gestión normal de la Comisión, la elección de un director es, en mi opinión, de una importancia vital. 
El nombramiento debe realizarse mediante un proceso abierto y debe implicar al Parlamento Europeo. 
De hecho, el Parlamento debería tener derecho a dar su consentimiento a tales nombramientos, y por esa razón el Grupo del PPE-DE va a votar en contra de la enmienda liberal. 
Aunque contiene algunas ideas interesantes sobre la estructura de las audiencias en el Parlamento, únicamente propone otorgar al Parlamento Europeo un estatuto consultivo. 
La parte del PPE del Grupo del PPE-DE está a favor de la aprobación de la gestión de las agencias por varias razones, muchas de las cuales no entiendo, considerando en términos generales que el estado de las cuentas de la Comisión es pura bazofia –utilizo expresiones coloquiales para poner a prueba a los intérpretes a esta hora de la tarde. 
Aunque la mayoría del Grupo del PPE está a favor de la aprobación, sin embargo existen algunas preocupaciones que nos gustaría poner sobre la mesa para el futuro. 
Queremos asegurarnos de que siempre se establezcan las normas de gestión más estrictas, especialmente por parte de las agencias que cooperan plenamente con la OLAF, compartiendo las mejores prácticas entre ellos –porque muchos de los retos de gestión son muy similares– y asegurando que sus consejos sean un instrumento efectivo para exigir responsabilidades a la gerencia y no se trate de un simple gesto burocrático y cosmético. 
Algunos consejos ya son demasiado grandes, especialmente el de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y la ampliación amenaza con empeorar las cosas. 
Si los consejos se hacen demasiado grandes para asumir sus responsabilidades en la práctica, las agencias se hacen vulnerables para convertirse en feudos privados –un ejemplo de ello lo hemos visto en Eurostat. 
Queremos ver que haya una cooperación estrecha para evitar la duplicación, por ejemplo, entre la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 
Creo que la Comisión debería considerar este punto. 
Deberían garantizarse las normas más estrictas de gestión financiera, especialmente reforzando las capacidades de auditoría interna. 
Nos gustaría que el Tribunal de Cuentas Europeo hiciera más comprobaciones. 
Doy las gracias al ponente por todo su trabajo. 
La delegación conservadora británica –los DE que esperemos sigan creciendo– no va a votar a favor de la aprobación de la gestión, pero el PPE sí lo va a hacer, y le damos las gracias por todo su trabajo. 
– Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero empezar felicitando al Sr. Blak por su informe. 
Estoy de acuerdo en lo fundamental con lo que el Sr. Heaton-Harris ha dicho. 
El nuevo Reglamento financiero permite incluir por primera vez a la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo, la Agencia de Medio Ambiente, el Centro de Traducción, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías y el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en el proceso de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo. 
Acojo con especial satisfacción el hecho de que el Parlamento haya aprobado la gestión de todas las agencias, puesto que los casos más recientes de irregularidades internas en la Comisión demuestran claramente la importancia de realizar controles continuos de las instituciones. 
Esta innovación es, sin duda, importante, pero puede ser solo el primer paso. 
Una segunda innovación, un requisito igualmente esencial, es que se dote al Parlamento de poder de codecisión en el nombramiento de los directores. 
Es una contradicción que el Parlamento tenga algo que decir en el nombramiento del Defensor del Pueblo y el Presidente de la Comisión, y no tenga ese derecho respecto a las agencias. 
Sabemos que las agencias tienden a proliferar. 
Cada vez hay más. 
Evidentemente, a estas agencias se las va a dotar de su propia personalidad jurídica. 
Por lo tanto, como Parlamento, como representantes de los contribuyentes, debemos insistir en tener poder de codecisión sobre ellas, sobre el modo en que son nombradas. 
Me he hecho con un listado de las distintas agencias que tenemos en la actualidad. 
Existe una primera generación de agencias, a la que pertenecen Salónica y Dublín, seguida de una segunda generación con Copenhague, Turín y no sé cuantas más, agencias que no reciben subvenciones del nuevo presupuesto, que ya se han mencionado antes, Alicante y Angers, Codecisión del PE y el Consejo, Bruselas, Bruselas temporalmente. 
Luego están todas esas agencias, como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que han dicho que harán algo, pero que todavía no saben dónde ni cuándo ni cómo. 
Eso es una ofensa para los contribuyentes europeos. 
No me refiero a ustedes, pero sabemos de sobra que estas agencias tendrán que empezar a trabajar en algún sitio en algún momento, y los Estados miembros han proclamado firmemente que lo harán, pero no saben cuándo, no saben dónde y no saben cuánto costará. 
La situación es preocupante, y los socialdemócratas de esta Cámara, y los demócrata-cristianos, como el Sr. Heaton-Harris ha dicho, insistirán en que tengamos poder de codecisión aquí y haremos gran presión para conseguirlo. 
Reitero, por cierto, mis felicitaciones al Sr. Blak por su informe. 
– Señor Presidente, a mí también me preocupa que exista tan poco interés en debatir este tipo de asuntos, pero me pregunto si es consecuencia de la manera en que programamos nuestras actividades o de la manera de enfocar estos temas. 
En definitiva, lo que está en juego es básicamente el uso del dinero de los contribuyentes. 
Por lo tanto, creo que la aprobación de la gestión del presupuesto por parte del Parlamento Europeo tiene que permitir siempre un debate político significativo. 
Por fortuna, así así sucedido hasta cierto punto – muy recientemente –, contribuyendo a la credibilidad de la política presupuestaria comunitaria. 
Nuestro examen del presupuesto de las cinco agencias que son objeto de este informe debe considerarse en el contexto de estos objetivos y está dirigido a alcanzar estas prioridades. 
Todas las propuestas del informe para conceder la aprobación de la gestión se acompañan de propuestas de resolución parlamentarias y es precisamente en estas propuestas de resolución donde el Parlamento debe ejercitar su poder político. 
Y puede hacerlo redactando recomendaciones o expresando la esperanza de que las actividades de las agencias tomen una dirección concreta, en relación con la necesidad de mejorar las operaciones y la supervisión internas y la necesidad urgente de mejorar la efectividad con que realiza estas actividades. 
El informe hace varias observaciones y sugerencias – que no voy a enumerar, puesto que dispongo de poco tiempo – alabando las declaraciones y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Ahora bien, hay un aspecto de naturaleza general que creo que merece una mención particular. 
Es la propuesta contenida en el informe de cambiar la composición de los consejos de administración de las agencias, para dotarles de funciones más amplias. 
Hay muchas razones financieras para semejante medida, y en algunos casos razones operativas que harían imposible el funcionamiento de estos consejos si tuvieran un tamaño demasiado grande. 
Es sintomático que estas preocupaciones surgen, como ha quedado claro en la intervención del Comisario, en un momento en que nos acercamos rápidamente a un proceso de acogida – a nivel político – de nuevos países en la familia comunitaria. 
Sin negar la validez de esas preocupaciones, el Parlamento Europeo debe reflexionar cuidadosamente sobre la verdadera naturaleza de las posturas que adoptará, porque las opciones que únicamente toman un cariz económico son inaceptables. 
La protección del principio de representatividad y plena igualdad entre los Estados miembros es, en el contexto actual, absolutamente crucial. 
– Señor Presidente, un comentario breve. 
Comparto mucho de lo que ha dicho el señor Comisario, pero tengo que decir lo muy desilusionado que estoy de que, tras el debate en la comisión, se haya lanzado la bomba de que la Comisión quiere crear una nueva agencia para educación y cultura. 
Sin duda, ese trabajo lo podrían haber hecho fácilmente las otras agencias. 
Lo que significa que ahora va a empezar algún tipo de tira y afloja. 
Nos gustaría haber sido informados de esto en la comisión, más que oírlo hoy en esta Cámara, justo antes de que todo el asunto se decida. Es decepcionante. 
Verdaderamente decepcionante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe (A5-0265/2003) de la Sra. Honeyball, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la fiscalidad de los turismos en la Unión Europea (COM (2002) 431- C5-0573/2002- 2002/2260 (INI) ). 
. – Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para presentar mi informe sobre la fiscalidad de los automóviles de turismo y me hago eco de las preocupaciones del Sr. Heaton-Harris sobre lo tarde que es y la inevitable falta de audiencia. 
No obstante, doy las gracias a quienes se han quedado. 
Trata de asegurar que el mercado interior opere equitativamente con respecto a los automóviles de turismo y que los obstáculos que existen actualmente, en parte, en la gama de tipos fiscales aplicados se eliminen para que el mercado interior pueda funcionar en este ámbito concreto mucho mejor de lo que lo hace en este momento. 
La otra cuestión que se trata en este informe es medioambiental. 
Aborda las emisiones de CO2 de los turismos y el modo en que puede utilizarse la fiscalidad para tratar esta cuestión y mejorar nuestro medio ambiente. 
Primero pasaré a las cuestiones sobre el mercado interior y especialmente al tema del impuesto de matriculación de los coches, cuya eliminación recomiendo. 
Este informe propone que se elimine paulatinamente durante un período largo. 
En este momento, los distintos niveles de impuestos de matriculación en los diferentes Estados miembros distorsionan bastante el precio de los coches. 
Por ejemplo, en Finlandia, el impuesto de matriculación de vehículos nuevos asciende a más de 700 euros, en Portugal es de más de 2.000 y en el Reino Unido no tenemos impuesto de matriculación. 
Lo que ocurre inevitablemente es que la gente que vende coches varía los precios para tener en cuenta el impuesto de matriculación en los distintos Estados miembros. 
La manera de abordar esta cuestión y conseguir que el mercado interior sea más justo y tenga unas reglas de juego más equitativas es eliminar este impuesto del todo, pero haciéndolo gradualmente. 
Lo que tenemos que evitar es que los Estados miembros salgan perdiendo a causa de esta medida. 
Por lo tanto, requiere una implantación paulatina y hay que garantizar su neutralidad con respecto a los impuestos y la renta, y que ningún se vea desfavorecido. 
Esto es posible, pero sin duda llevará tiempo. 
Nadie propone que se introduzca mañana, pero recomiendo que el proceso se ponga en marcha para que con respecto a las ventas de coches nuevos lleguemos a la situación en que se elimine paulatinamente el impuesto de matriculación. 
Tenemos que examinar la misma cuestión en relación con los coches de segunda mano y los coches importados de un país a otro. 
Se aplican los mismos principios, aunque esto precisa un examen y una implantación paulatina. 
Nos planteamos hacer lo mismo para que las restricciones y dificultades actuales que existen en la UE a la hora de cruzar las fronteras con los coches y tener que matricular de nuevo, etc. también se eliminen paulatinamente. 
Sin duda, esto ayudará no solo al mercado interior, sino a la libre circulación de las personas y de la mano de obra en la UE. 
Es algo que nos complacería en todos los niveles. 
En cuanto al aspecto medioambiental de este informe, me preocupa mucho como representante de Londres, una de las ciudades más grandes de la UE, que siempre está luchando contra la contaminación de los coches y buscando modos de tratarla. 
Puede que sus Señorías sepan –o puede que no– que en el Reino Unido existe un impuesto sobre la gasolina que tiene en cuenta las emisiones de CO2 –un impuesto ecológico– que funciona muy bien. 
Esto es posible porque es un impuesto autónomo, un impuesto sobre un producto particular. 
Si hiciéramos esto en toda la UE, ayudaría mucho a la reducción de emisiones de CO2 y supondría un beneficio muy positivo para nuestro medio ambiente. 
Esas son mis dos recomendaciones en este informe. 
Creo que estamos haciendo algo bueno: no se trata de una armonización fiscal, se trata del mercado interior y de nuestro medio ambiente. 
. Señor Presidente, el funcionamiento de 15 sistemas diferentes de tributación de los automóviles de turismo en la Unión Europea ha creado obstáculos, distorsiones e ineficiencias fiscales que impiden tanto a los ciudadanos europeos como a la industria automovilística y al comercio beneficiarse de las ventajas del mercado único. 
Debido a ello, la Comisión y el Parlamento reciben numerosas consultas y peticiones todos los años sobre esta cuestión particular. 
El 9 de septiembre de 2002, la Comisión presentó una comunicación muy esperada sobre la fiscalidad de los turismos, que recibió una cálida acogida en su momento por parte de todos los implicados. 
La comunicación tenía por objeto, por una parte, plantear las posibles acciones a escala comunitaria con vistas a eliminar los obstáculos fiscales a la circulación de turismos nuevos y usados, que no supusiera ninguna pérdida de ingresos para los presupuestos nacionales y que no incrementara la carga fiscal global para los ciudadanos. 
Por otra parte, también planteaba algunas medidas políticas para establecer una relación más directa entre los niveles del impuesto y las emisiones contaminantes de los turismos, contribuyendo así a los objetivos medioambientales comunitarios según el Protocolo de Kioto. 
La Comisión consideró necesario lanzar este debate con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y con importantes grupos de intereses antes de presentar una propuesta sobre turismos. 
Este enfoque pragmático permitía una posición más favorable en nombre de los Estados miembros sobre una nueva propuesta potencial comparada con la posición que tomaron en 1998 sobre la propuesta anterior que todavía está encima de la mesa en el Consejo. 
La Comisión espera que el Parlamento Europeo preste un gran apoyo a las medidas políticas contempladas en la comunicación y refuerce así la posición de la Comisión en futuras discusiones en el Consejo. 
Me complace ver que ya existe un fuerte apoyo en las opiniones expresadas a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Sin embargo, lamento observar que este apoyo no es tan grande en la versión final del informe de la Sra. Honeyball, tal y como lo ha aprobado la comisión ECON. 
Por último, quiero agradecer al Parlamento y a la ponente, la Sra. Honeyball, sus esfuerzos por conciliar y alcanzar un equilibrio teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones del impuesto sobre los vehículos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sabemos que las emisiones de CO2 del tráfico rodado aumentarán un 31% de aquí a 2010, en lugar de descender un 8%, como acordamos en Kioto. 
Esta es la razón por la que, hace seis años, aprobamos una estrategia de CO2 para reducir las emisiones de CO2 del tráfico. 
El primer pilar fue un compromiso autoimpuesto por la industria del motor para reducir las emisiones a 140g antes de 2008. 
Eso parece estar funcionando. 
El segundo pilar es la información al consumidor, el etiquetado de los coches nuevos, y eso todavía no funciona del todo porque no se ha aplicado en todos los Estados miembros. 
Y en tercer lugar están los incentivos fiscales para coches de bajo consumo. 
Tengo que decir que esto último no funciona porque de hecho tenemos diferentes impuestos de matriculación o impuestos anuales en la Unión Europea. 
En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente – y creo que el Parlamento en su conjunto – quiere tener un marco de incentivos fiscales para los coches de bajo consumo de manera que este tercer pilar de la estrategia de CO2 también pueda aplicarse y consigamos reducir el CO2 relacionado con el transporte. Solo así podremos cumplir nuestro objetivo de Kioto y mantener bajo control las emisiones de gases con efecto invernadero y, con ellas, el recalentamiento del planeta. 
Sin embargo, creo que también necesitamos un cambio de mentalidad para bien del consumidor, porque verdaderamente tenemos un mosaico de leyes fiscales. 
La reforma del Reglamento relativo a las exenciones por categorías no ha ayudado. 
La ventaja del precio no se está transfiriendo a los consumidores porque el efecto se ve absorbido por este mosaico de impuestos en la Unión Europea. 
Esta es otra razón por la que ahora, más que nunca, necesitamos un marco fiscal sensato para los turismos en la Unión Europea que permita a los consumidores beneficiarse de las ventajas de este mercado interior. 
Por tanto, apoyo el informe de la Sra. Honeyball. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en palabras de Hamlet, no es solo en Dinamarca donde huele a podrido el régimen fiscal de los vehículos. 
Muchos Estados miembros todavía gravan ilegalmente a los camiones de mudanzas, impidiendo así la circulación de la población activa en la UE. 
Pero además, cuando se vende un coche para transferirlo a otro Estado miembro hay un buen número de problemas. 
Hace diez años el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sentenció en el famoso caso Nunes Tadeu que en ningún caso podía ser el impuesto gravado a un vehículo mayor que la proporción de ese impuesto respecto al precio de mercado de un coche usado similar. 
Especialmente en Finlandia, y usted lo sabrá muy bien, señor Bolkestein, se ha hecho oídos sordos a esto. 
Yo mismo llevé una vieja furgoneta Citroën a Finlandia hace unos años y pagué 17 000 euros, solo por llevar mi propio vehículo de un Estado miembro a otro. 
Más tarde, a principios de este año, el Tribunal de Justicia exigió a Finlandia que modificara su Ley relativa a la fiscalidad de los vehículos de motor. 
Acabo de hablar por teléfono con una persona finlandesa que llevó a Finlandia un Mercedes matriculado en 1995 y comprado en Alemania. 
Pagó 7 000 euros por él en Alemania y hace un mes en Finlandia tuvo que pagar 12 000 euros en impuestos. 
Eso quiere decir que en Finlandia se pagan 12 000 euros por un coche comprado por 7 000 euros. 
¡Además, se trata de un Mercedes que tiene ocho años! 
Así es como funciona el mercado interior en Europa. 
Señor Bolkestein, todavía queda mucho trabajo por hacer respecto a esta cuestión antes de que los ciudadanos europeos consideren que la UE trabaja para defender los intereses de ellos, los ciudadanos particulares de Europa. 
En general, apoyo la posición básica de la Comisión de que los impuestos de matriculación y circulación deben devolverse cuando se compra un coche para transferirlo a otro país. 
Además, los camiones de mudanzas no deben gravarse más del equivalente de los costes administrativos incurridos, aunque la situación en Finlandia, por ejemplo, es totalmente diferente. 
A la larga tendremos que suprimir también el impuesto de matriculación. 
Solo así podremos garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y que los ciudadanos puedan comprar un coche en el país que quiera y votar con los pies. 
Solo de esta manera los consumidores pueden obligar al Gobierno de cada país a cambiar sus arcaicos sistemas. 
No obstante, dejemos que el impuesto de circulación se considere en el ámbito nacional, puesto que no perjudica al funcionamiento del mercado. 
Quiero también referirme al informe de la Sra. Honeyball, que es en sí excelente. 
No estoy de acuerdo en la cuestión de la seguridad. 
Pero necesitamos concesiones fiscales basadas en la seguridad sin retraso. 
El número de víctimas mortales que se producen todos los años en Europa asciende a 40 000 y esa es la razón indiscutible para ello. 
Por último, quiero decir que los vehículos son gravados demasiado en Europa comparado con otras formas de transporte. 
La UE no es ningún paraíso fiscal, por lo cual deberían permitirse que el coste de los vehículos fuera razonable en Europa. 
– Señor Presidente, la eliminación de obstáculos administrativos a la libertad de circulación de vehículos y personas y la definición de una relación directa entre el impuesto anual de circulación actualmente aplicado a los turismos ligeros y el impacto medioambiental de los vehículos son solo dos de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos europeos a las que la Comisión quiere responder positivamente. 
El mercado del turismo en la Unión Europea se encuentra hoy en día fragmentado en quince segmentos nacionales totalmente diferentes, lo cual crea distorsiones y sanciones que no solo afectan a los ciudadanos, sino también a la industria automovilística propiamente dicha. 
No obstante, la verdadera razón de esta situación radica sobre todo en la desigualdad de las políticas fiscales aplicadas en cada uno de los Estados miembros de la Unión. 
No será tarea fácil armonizar estas políticas totalmente en los próximos años – y ya sé que este no es el tema que nos ocupa hoy –, en parte porque sabemos que algunos Estados que gravan vehículos no se preocupan tanto por los efectos medioambientales perjudiciales de los mismos como por el volumen de ingresos fiscales que canalizan hacia sus presupuestos. 
Además, vale la pena subrayar que este informe es importante y útil y que sus propuestas y recomendaciones son equilibradas y correctas en general. 
Podría haber ido más allá en sus propuestas de reforma anual del impuesto de circulación, vinculándolas con una eliminación más rápida del impuesto de matriculación. Sin embargo, la cuestión no es eliminar totalmente la competencia en el ámbito de la fiscalidad de los vehículos entre los Estados miembros: lo que está en juego es la necesidad de promover la rápida consolidación del mercado único para los vehículos con todos los beneficios que eso conlleva para los ciudadanos, para las empresas y para el mejor funcionamiento del mercado interior. 
Las soluciones propuestas en este informe se centran mayoritariamente en alcanzar este objetivo, aunque dan prioridad, repitiéndolas, a las preocupaciones expresadas por este Parlamento en varias ocasiones, como la preocupación por la emisión de partículas perjudiciales para el medio ambiente. 
La armonización de la fiscalidad de los vehículos es una cuestión compleja que no puede resolverse al margen de otras consideraciones políticas muy variadas. 
Esta iniciativa comunitaria y el apoyo que le da al Parlamento, tras la aprobación del nuevo Reglamento sobre la distribución de automóviles –pese a que este Reglamento ha demostrado ser ineficaz para armonizar los precios básicos de los vehículos– representa un momento cumbre en el desarrollo de este proceso. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero darle las gracias a la Sra. Honeyball por su excelente informe. 
Durante su lectura en comisión, nos hemos dado cuenta de que se trata de un tema explosivo. 
Para varios de mis colegas diputados, la palabra «impuesto» parece motivo suficiente para sentir una gran indignación. 
Lo que estamos debatiendo es la coordinación, no la armonización, así que no tienen por qué asustarse. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas cree en la necesidad de actuar con mucha precaución en materia de fiscalidad a escala de la UE. 
Eso lo tenemos bastante claro. 
Sin embargo, podemos imaginarnos algunas excepciones, una de las cuales es el impuesto medioambiental, que es una de las cosas que se propone de modo indirecto en este caso. 
Sin duda, también es cuestión de simplificar las cosas para el ciudadano individual, de proporcionar unas condiciones básicas mejores para la libertad de circulación de las personas y de reducir los costes, como en el caso del ejemplo que ha puesto el Sr. Vatanen sobre el precio extremadamente alto de los coches en Finlandia. 
Probablemente debería existir un acuerdo casi total en esta Cámara para promover una mayor movilidad de las personas y menos reglas burocráticas en el mercado interior. 
Permítanme decir una o dos palabras sobre el aspecto medioambiental. 
Sabemos que el transporte por carretera representa una proporción muy grande de las emisiones de dióxido de carbono. 
También sabemos que el transporte por carretera, y por tanto la cantidad de emisiones, está aumentando. 
Las cosas no pueden seguir así. 
Eso es algo que nosotros mismos hemos reconocido. 
A través del Protocolo de Kioto, los Estados miembros de la UE han prometido reducir considerablemente las emisiones, en lugar de aumentarlas. 
Por ello, el diseño de sistemas fiscales sencillos y claros capaces de beneficiar el medio ambiente es probablemente una buena estrategia. 
Los legisladores tenemos grandes oportunidades de influir en el comportamiento de los productores y los consumidores. 
Las consideraciones medioambientales tienen que recibir prioridad. 
Se trata de animar a los fabricantes de automóviles para que produzcan motores menos contaminantes y a los consumidores para que cambien sus coches viejos y sucios por otros más limpios. 
También es cuestión de comprar el combustible más limpio. 
También creo que el uso, más que la propiedad, debe gravarse en primer lugar. 
La cuestión de los impuestos sobre el gasóleo también es interesante. 
Los motores diesel poseen una combustión más eficiente y por ello emiten menos dióxido de carbono que los motores de gasolina. 
El gasóleo, como combustible, no debe ser tratado injustamente desde el punto de vista fiscal, como también se ha dicho en esta Cámara. 
Estos son puntos de vista importantes. 
El Grupo ELDR ha presentado una enmienda rechazada por la comisión. 
Se trata de incorporar la seguridad a la ecuación, como ha mencionado el Sr. Vatanen. 
Sabemos que 45 000 personas mueren cada año en las carreteras de la UE, además de todos los heridos. 
Todo esto significa un sufrimiento humano enorme y unos gastos financieros considerables para la sociedad. 
Si podemos producir coches más seguros por medio de una fiscalidad favorable, eso es algo con lo que debería ser posible experimentar. 
Por ello, espero que puedan apoyar la enmienda 2. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, felicito a la Comisión por su iniciativa y a la Sra. Honeyball por su excelente informe. 
Hoy, la fiscalidad de los turismos en la Unión es, sin duda, como decimos en catalán, un verdadero, es decir, un batiburrillo. 
Como el informe señala con razón, el funcionamiento del mercado interior se ve afectado por la diversidad, la heterogeneidad y a veces la complejidad de los sistemas fiscales. 
Por ello, la Comisión y el informe tienen mucha razón al abordar esta cuestión, con el fin de garantizar que la competencia se desarrolle en las mejores condiciones posibles. 
De hecho, parece bastante apropiado considerar la fiscalidad sobre el uso de vehículos en lugar de sobre su adquisición, y la Comisión, por ello, tiene razón al proponer la eliminación del impuesto de matriculación de vehículos y la introducción o el aumento de los impuestos sobre la circulación, el combustible y el uso de algunas infraestructuras viales. 
Tenemos que dar prioridad a los criterios medioambientales para alcanzar los objetivos de Kioto, como el informe nos recuerda con razón. 
Por otra parte y en lo que respecta a los vehículos diesel, estoy de acuerdo con la Sra. Honeyball en que deberían beneficiarse fiscalmente. 
Los estudios en este campo parecen concluir que las emisiones de motores diesel son, en general, inferiores a las emisiones de otros tipos de motor. 
La lógica consecuencia del principio de «quien contamina, paga» sería gravar menos impuestos sobre algo que contamina menos. 
Sin embargo, no debemos olvidar que desde el punto de vista medioambiental y también por razones geopolíticas, el objetivo final debe ser sustituir los combustibles actuales por fuentes de energía no contaminantes y no conflictivas. 
Con este fin, debemos acoger con satisfacción todos las iniciativas de investigación de nuevas energías, como el hidrógeno. 
– Señor Presidente, los precios a los que se enfrentan los conductores de coches y la industria del automóvil por los gravámenes impuestos sobre la propiedad y el uso de los coches son una realidad inevitable de la vida diaria. 
Existen demasiados tipos de impuestos sobre la propiedad del coche, pero también sobre su uso. 
En mi opinión, es mejor aplicar un sistema fiscal transparente con objetivos diferentes pero claros, como los impuestos sobre la propiedad de un coche para financiar el mantenimiento de las carreteras y los impuestos sobre el uso de un coche para restaurar el daño medioambiental. 
Los efectos de los impuestos para reducir el uso del coche y promover nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente han de ser evaluados. 
Al decir esto, no estoy defendiendo un sistema fiscal europeo para los vehículos, sino un sistema cuyas razones para gravar impuestos y los objetivos de los Estados miembros sean compatibles con un mercado interior, sin pasar por alto los intereses de un medio ambiente saludable. 
Por tanto, apoyo el informe de la Sra. Honeyball. 
Por último, quiero que la Comisión explique claramente cómo quiere ahora progresar en la compleja cuestión de los impuestos sobre la movilidad. 
Ayer, martes, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios rechazó la propuesta sobre la armonización del impuesto sobre el gasóleo. 
Como saben ustedes, las dos propuestas se debatieron en una sesión y son complementarias. 
En vista de las propuestas de armonización del impuesto sobre el gasóleo y la fiscalidad de los turismos, ¿qué opciones ve, Comisario Bolkestein, por medio del intercambio de intereses entre los Estados miembros, de alcanzar un compromiso con el que el Consejo y el Parlamento puedan estar de acuerdo? 
Estoy pensando, concretamente, en alcanzar una postura común sobre los criterios fiscales y los objetivos para la aplicación de los impuestos. 
– Señor Presidente, voy a tener que interrumpir este debate de consenso, porque me temo que no puedo apoyar el informe de la Sra. Honeyball. 
A pesar de las protestas del Comisario, está claro que este informe trata de la armonización de los impuestos: intenta establecer un régimen armonizado del impuesto sobre los vehículos en la Unión Europea. 
No creo que necesitemos eso para el comercio transfronterizo; en este terreno no se necesita. 
Creo firmemente que la fiscalidad es una cuestión que debería seguir siendo competencia de los Estados miembros. 
Es fundamental para los ciudadanos corrientes de toda Europa que puedan elegir libremente a quienes van a fijar sus impuestos. 
La verdadera responsabilidad democrática de la fiscalidad requiere, por tanto, que las decisiones sobre nuestros impuestos las tome el Gobierno que elegimos, y no la Unión Europea. 
Me sorprende que la Sra. Honeyball apoye con tanta fuerza un informe que promueve la armonización fiscal el mismo día en que Gordon Brown dice por todo el que no le gusta la armonización fiscal. 
Nuestro Gobierno y nuestros diputados laboristas al Parlamento Europeo deberían mostrar alguna coherencia, porque Richard Corbett ha dicho esta misma semana «armonización fiscal»? 
¿Por qué tanto jaleo? 
Quiero decir que este es un principio constitucional fundamental. 
Una y otra vez, la Comisión viene a esta Cámara y afirma que esto es simplemente una cuestión técnica, que solo se trata del mercado interior. 
Nos aseguran que no tenemos por qué preocuparnos y que en realidad no afecta a nuestro derecho democrático a establecer nuestros propios impuestos. 
El efecto acumulativo de estas propuestas es privar a los Estados miembros de poderes muy reales e importantes con respecto a la fijación de impuestos y a la eliminación de la responsabilidad democrática sobre la fijación de impuestos, que es peligrosa para la democracia y sin duda inaceptable para los que me eligieron para representarlos en esta Cámara. 
– Señor Presidente, probablemente la oradora anterior se asombrará al comprobar que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. 
Me ha sorprendido descubrir que la Sra. Honeyball, diputada al Parlamento Europeo por el Partido Laborista del Reino Unido, solicita una directiva de la Comisión sobre el impuesto anual de circulación en la Unión Europea, y sobre la estructura del impuesto que grava la adquisición de vehículos a fin de completar el mercado único, cuando el Ministro de Hacienda afirma en la portada de los periódicos de hoy que «debemos rechazar explícitamente los viejos supuestos viciados de que un mercado único llevaría inexorablemente a la armonización de los impuestos, al federalismo fiscal y después a un Estado federal». 
Me pregunto si la Sra. Honeyball ha consultado al Sr. Brown. 
Su postura apenas concuerda con las «líneas rojas» del Sr. Blair con respecto a la Constitución. 
La cuestión de los impuestos debería seguir siendo objeto de voto unánime. 
El Sr. Brown también señala la rigidez, la inflexibilidad y la falta de competitividad del resto de Europa comparadas con la economía más flexible y abierta de Gran Bretaña, precisamente porque tenemos el control sobre nuestros propios impuestos y nuestra propia moneda. 
Irónicamente, en su informe la Sra. Honeyball subraya la creencia de que el impuesto de circulación anual que pagan los usuarios de turismos privados debería ser competencia de las autoridades nacionales, con lo que estoy totalmente de acuerdo. 
En pocas palabras, este es un informe confuso y su objetivo, en mi opinión, junto con la comunicación de la Comisión, es utilizar las iniciativas fiscales para imponer la armonización so pretexto de plantear objetivos ambientales, a pesar de que este no es un ámbito de competencia de la UE. 
En lo que a mí respecta, la fiscalidad es sacrosanta para cada Estado miembro. 
–Señor Presidente, parece que las expresiones de apoyo por parte de estos Grupos políticos entran bastante en conflicto con esta cuestión. 
De hecho, apoyo el encomiable informe de la Sra. Honeyball sobre la fiscalidad de los turismos. 
Creo que debería acogerse con satisfacción la comunicación de la Comisión, y espero que reforme pronto la fiscalidad de los coches europeos. 
Como mi colega, el Sr. Vatanen, lo ha descrito tan expertamente, la situación actual en la que un artículo de consumo duradero tan importante como es un vehículo es una de las cosas más difíciles de mover en el espacio comunitario, es totalmente indefendible. 
Existen barreras considerables para transferir coches de un Estado miembro a otro, creadas todavía por las diferencias en la legislación fiscal y en unos procedimientos administrativos inflexibles. 
En cuestión de la fiscalidad de los turismos, los ciudadanos de la Unión están siendo tratados de manera desigual, dependiendo del país en el que viven. 
La propuesta de la Comisión de eliminar paulatinamente el impuesto de matriculación sería una solución para la mayoría de los problemas relacionados con los impuestos, y debería hacerse lo más rápido posible. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo ya apoyó en otra ocasión la propuesta de la Comisión para eliminar la doble fiscalidad, pero el Consejo todavía no la ha aprobado. 
El Consejo debe considerar seriamente lo que, en última instancia, sirve a los intereses de los ciudadanos de la Unión en estas cuestiones. 
En segundo lugar, la cuestión principal de la fiscalidad de los vehículos debe separarse de la noción de propiedad. 
En algunos países nórdicos, como Finlandia, es terriblemente caro comprar un coche familiar normal nuevo, simplemente por el impuesto de matriculación. 
Y como resultado, se ven en las carreteras de nuestro país coches increíblemente viejos que en otros países de la Unión solo servirían para chatarra. 
Por este motivo la fiscalidad de los vehículos debe orientarse más a la fiscalidad del uso. 
Ahora bien, la fiscalidad del uso tiene que ser también razonable y no permitir que la carga global de la fiscalidad de los vehículos se haga demasiado grande. 
Esto es especialmente importante en zonas poco pobladas como las del norte, en Finlandia y Suecia, donde el coche es a menudo el único medio de transporte posible, puesto que los servicios de transporte público son muy limitados. 
Por la misma razón, no apoyo la eliminación de un tratamiento fiscal favorable para el gasóleo. 
La eliminación del incentivo fiscal del gasóleo ocasionaría costes considerables para viajes largos en las regiones periféricas de la Unión, que ya sufren de otras maneras. 
Además, los últimos estudios demuestran que las emisiones de dióxido de carbono de los coches de gasóleo son considerablemente inferiores a las de los coches de gasolina. 
Mi colega, el Sr. Schmidt, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, también se ha referido a esto. 
No obstante, las emisiones de los turismos son una fuente significativa de gases con efecto invernadero, motivo por el cual tenemos que actuar para que, en la medida de lo posible, los consumidores opten por productos respetuosos y sostenibles respecto al medio ambiente. 
Así, por ejemplo, la fiscalidad de los combustibles debe tener en cuenta la protección del medio ambiente, rebajando los impuestos sobre combustibles líquidos respetuosos con el medio ambiente. 
La fiscalidad de los vehículos podría tener también en cuenta la inocuidad medioambiental bien a través de reducciones en los posibles impuestos de circulación o a través de beneficios fiscales asociados a la instalación de equipos opcionales que reduzcan las emisiones al medio ambiente. 
Además, valoro positivamente la propuesta de la Sra. Honeyball relativa a los beneficios fiscales para dispositivos de seguridad. 
El apoyo y la promoción del uso de vehículos seguros, respetuosos con el medio ambiente y duraderos desde el punto de vista del consumidor en el territorio de la Unión son iniciativas que acogemos con satisfacción. 
Por una parte, no tengo ninguna duda de que la simplificación del régimen fiscal actual de los vehículos con el fin de eliminar obstáculos y distorsiones para la libre circulación de los turismos dentro del mercado interior tenía que haberse realizado hace tiempo. 
De hecho, la perspectiva de un libre mercado automovilístico ha sido una de las cuestiones de las que más hablamos y más prometimos a nuestros ciudadanos cuando nos embarcamos en el mercado interior, al menos en Irlanda. 
Mi país es uno de los diez Estados miembros que aplican un impuesto de matriculación de vehículos. 
Es un impuesto muy elevado. Puede que Finlandia nos gane, pero nos acercamos mucho a ellos. 
Eso hace que los precios de los turismos y todos los vehículos de transporte por carretera sean de los más caros de la UE, incluidos los automóviles usados importados. 
No tenemos fábricas propias de automóviles, ni siquiera plantas de montaje. 
Nuestros automóviles son todos importados, de manera que no contribuyen en nada al empleo y afectan negativamente a nuestra balanza de pagos. 
Nuestra red de carreteras, pese a la generosidad del Fondo Estructural durante años, se ve desbordada, mientras que nuestros principales pueblos y ciudades están bloqueados por los atascos ante el enorme crecimiento del parque móvil en los últimos diez años, una tendencia que se mantiene implacablemente al alza. 
De hecho, el precio de los bueyes y el volumen de ventas de automóviles nuevos, indistintamente, son desde hace mucho tiempo los indicadores de la situación económica en Irlanda. 
A eso hay que añadir que nuestras emisiones de CO2, con referencia a Kioto, están actualmente a los niveles de 1990 más un 22%, lo que supone ya un 10% por encima del objetivo para 2010, y que los precios de los automóviles descenderán poco o nada aunque se reduzca o suprima el impuesto de matriculación, porque los fabricantes de automóviles tuvieron que reducir sus precios para compensar nuestro oneroso régimen fiscal y si la carga fiscal se aligera, volverán a subir los precios. Así pues, lo que tenemos es un terreno de juego muy complicado. 
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda irlandés obtiene más de 800 millones de euros anuales a través del impuesto de matriculación, lo que equivale a un 2% de aumento del tipo normal del impuesto sobre la renta e indica los problemas que se producirían si se redujera o suprimiera el impuesto de matriculación. 
Si este impuesto se sustituyera por otros impuestos sobre los carburantes, se necesitaría un aumento de 36 céntimos por litro para compensar la diferencia de ingresos fiscales. 
Esa sería una medida inflacionista, como también lo sería cualquier aumento proporcional de nuestro ya elevado impuesto anual de circulación, y supondría una doble imposición para los propietarios de coches que ya hayan pagado el impuesto de matriculación por sus vehículos. 
Aunque no soy partidaria de imponer unos tipos tan altos del impuesto de matriculación en el llamado mercado único, reconozco que el impuesto de matriculación es un impuesto que se paga de una sola vez y repercute en el valor de los coches. 
No está demostrado que los problemas con este impuesto justifiquen la gran intromisión en los regímenes fiscales nacionales que se propone en esta comunicación de la Comisión. 
Aunque puedo distinguir entre los impuestos indirectos como el impuesto de matriculación y los impuestos directos como el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades, los Estados miembros tienen derecho a ordenar sus asuntos de manera que los conductores contribuyan al coste de los servicios públicos, en especial al coste de la construcción de carreteras y vías ferroviarias y del mantenimiento de nuestras carreteras. 
Eso es mucho mejor que aumentar el impuesto sobre la renta un 2%. 
La intromisión de la Comisión en los regímenes fiscales de los Estados miembros debe acompañarse de una seria advertencia en materia de salud. 
El continuo flirteo en este delicado ámbito constituye una seria amenaza para la aceptación incondicional del gran proyecto europeo por una ciudadanía cada vez más euroescéptica. 
Debo decirle al señor Comisario que se entromete en los asuntos fiscales de los Estados miembros por su cuenta y riesgo. 
En conclusión, el futuro de nuestro mercado interior pasa por un régimen fiscal de los vehículos claramente modulado por el CO2, pero sin la imposición de mandatos centrales. 
El tipo de este impuesto debe reflejar plenamente los requisitos de cada Estado miembro, tanto medioambientales como económicos y físicos. 
No tendremos un verdadero mercado único para los turismos y los vehículos de trasporte por carretera hasta que no empecemos a circular todos por el mismo lado de la carretera y conduzcamos todos coches con el volante a la izquierda o a la derecha. 
Pero ese es un tema para otro día. 
. Señor Presidente, el realismo político ha llevado a la Comisión a iniciar consultas con el Consejo, el Parlamento Europeo y las principales partes interesadas sobre la fiscalidad de los turismos antes de redactar una propuesta legislativa sobre esta cuestión. 
Comprendo que muchas de sus Señorías hubieran preferido un informe más ambicioso, sobre todo en lo que se refiere a las medidas necesarias para evitar la fragmentación del mercado interior. 
La Comisión tendrá muy en cuenta la conclusión de este informe antes de tomar ninguna iniciativa en este ámbito. 
El hecho de que se hayan expresado diferentes opiniones hoy en esta sala indica lo difícil que será llegar a una decisión unánime en el Consejo sobre este tipo de medidas políticas. 
En lo que respecta a las conclusiones del informe, la Comisión quiere expresar su gratitud al Parlamento Europeo por su firme apoyo a las medidas políticas, como las necesarias para suprimir los impuestos de matriculación (apartado 16) , proceder a los cambios necesarios para introducir una fiscalidad orientada al medio ambiente (apartados 12 y 13) , y utilizar los diferenciales fiscales como herramienta para promover turismos que generen menos de 120 gramos por kilómetro de emisiones de dióxido de carbono (apartado 7). 
Además, la Comisión está, en principio, de acuerdo con muchos de los apartados, como los apartados 1, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 19 y 21. 
En cuanto a los apartados 2, 3 y 15, la Comisión no comparte la opinión de que los obstáculos actuales a la libre circulación de turismos en el mercado interior se deban exclusivamente a prácticas o procedimientos administrativos. 
La Comisión considera que en estos apartados debe hacerse clara referencia a los obstáculos fiscales y, en especial, a la doble imposición causada por los impuestos de matriculación, como se hace en la parte relevante de la exposición de motivos. 
En cuanto al apartado 5, que se refiere al impuesto de circulación anual, la Comisión no comparte la opinión de que este impuesto no afecta al funcionamiento del mercado interior. 
Las diferencias en las bases impositivas y las importantes divergencias en los niveles del impuesto de circulación pueden crear incentivos para que los ciudadanos matriculen su coche en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen normalmente, lo que significa que este impuesto sí que afecta al mercado interior. 
Con respecto a la enmienda 2, la Comisión no es partidaria de incluir la seguridad de los turismos entre sus objetivos. 
Existiría el peligro de que se disipara el posible efecto de los incentivos fiscales. 
Además, el problema de los accidentes de tráfico puede abordarse mejor con otros instrumentos, como cámaras para controlar la velocidad, multas, educación, carriles bici separados, etc. 
He escuchado con gran interés el breve altercado entre algunos de los diputados británicos, mientras me acordaba de la Ministra Dawn Primarolo, que dedicó cuatro años a suprimir medidas fiscales perjudiciales. 
Si estuviéramos realmente a favor de la competencia fiscal ilimitada, ¿para qué íbamos a suprimir las llamadas medidas fiscales perjudiciales? 
La próxima vez que los diputados al Parlamento Europeo que han hablado sobre esta cuestión se reúnan con la Ministra Primarolo, posiblemente quieran exponerle sus ideas y decirle que ha perdido cuatro años de su vida tratando de acabar con la competencia fiscal. 
Dicho esto, quiero agradecer una vez más al Parlamento y a la ponente sus esfuerzos y su excelente informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. (1) 
. Es para mí un gran placer tener esta tarde la oportunidad de dar la bienvenida en el Parlamento Europeo al Presidente de la República de Lituania, el Sr. Rolandas Paksas. 
Es una feliz coincidencia que el Jefe de Estado de un país candidato vaya a dirigirse a nosotros esta tarde, la misma tarde en que la Comisión Europea nos presentará los informes de progreso anuales sobre la cuestión de la adhesión a la Unión Europea. En este sentido, Lituania ha hecho un progreso extraordinario. 
Pese a no estar en el primer grupo de países que iniciaron su proceso de integración en la Unión Europea, esta tarde nos hablarán de la gran importancia y el enorme éxito que ha tenido ese proceso en un espacio de tiempo muy corto. 
El gran apoyo de los ciudadanos lituanos a este proceso se puso de manifiesto en el referendo, tanto por la elevada participación de la población como por el elevado porcentaje de votantes que dijeron «sí» a una Lituania europea. 
Sobre este telón de fondo, es para mí un gran placer invitar ahora al Presidente Paksas a dirigirse a nuestro Parlamento. 
. Quiero agradecer al Presidente Paksas su intervención de hoy, que afianza nuestros crecientes vínculos y lazos con los futuros Estados de la Unión Europa. 
. De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las perspectivas de empleo en el sector del automóvil de la UE. 
. Señor Presidente, Señorías, la velocidad cada vez mayor a la que avanza la tecnología y la creciente presión de la competencia sobre los mercados mundiales están obligando a los fabricantes de coches a adaptar sus métodos de producción y también sus estructuras de negocio a las nuevas condiciones. 
En este contexto, es importante que las empresas aprendan a reconocer, desde el principio, qué medidas e inversiones necesitan para garantizar la continuidad de su actividad económica, y trasladar ese conocimiento a la práctica. 
No obstante, reestructuración es a menudo sinónimo de destrucción de empleo, y se asocia con frecuencia a consecuencias funestas para el tejido social, sobre todo en regiones con poco o ningún potencial para la creación de empleo. 
Esto es particularmente cierto en el sector del automóvil, donde los cambios en los procesos de producción y la apertura de nuevos mercados tienen un efecto significativo sobre el empleo. 
La Comisión es muy consciente de la dificultad de este equilibrio y de la necesidad, por parte de ciudadanos y trabajadores, de un nivel mínimo de seguridad en estos tiempos difíciles. 
Estamos convencidos de que el diálogo a todos los niveles, basado en información detallada y transparente, es esencial para adaptarse con éxito al cambio. 
La Comisión ha actuado siempre de acuerdo con ciertos principios, que ha recalcado en varias ocasiones. 
El primero es que las decisiones sobre la reestructuración son y seguirán siendo prerrogativa y tarea de la patronal. 
Lo que esto quiere decir es que las empresas, cuando planifiquen actuaciones con implicaciones sociales de posible relevancia, tienen que buscar activamente una solución que sea lo más compatible posible y perjudique lo mínimo. 
En segundo lugar, cuando los despidos no se pueden evitar, debe hacerse todo lo posible para facilitar la recolocación de los afectados. 
Para ello se necesita una cierta previsión, y estos procedimientos deben prepararse con antelación y gestionarse de manera apropiada. 
Tercero, en ningún caso puede justificarse que un empresario se niegue a informar y consultar total y eficazmente a los representantes de los trabajadores con la suficiente antelación antes de anunciar públicamente ese tipo de medidas. 
La participación de los trabajadores es siempre, y especialmente cuando una empresa se reestructura, no un mero derecho fundamental, sino también una condición previa necesaria para que tales medidas se consideren socialmente aceptables. 
A escala europea hemos establecido unas normas mínimas que deben cumplir todos los Estados miembros y todas las empresas en caso de regulaciones de plantilla a gran escala u otras medidas que puedan afectar a los trabajadores. 
Las directivas sobre despidos colectivos, traslados de empresas, y comités de empresa europeos constituyen nuestro marco legal para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar unas normas justas de información y consulta a escala nacional y supranacional. 
Recientemente hemos promulgado también la Directiva relativa a la información y la consulta. 
Todas estas medidas nos permiten ayudar a que los trabajadores europeos afronten con éxito los retos del cambio, facilitando su recolocación y adaptabilidad desde el principio. 
La implantación de procedimientos eficaces de información y consulta será otro de los elementos principales que debatirán los interlocutores sociales en Europa cuando la Comisión comience la revisión de la Directiva relativa al comité de empresa europeo. 
Lo que es más importante todavía es que la Comisión espera de verdad que los interlocutores sociales europeos encuentren una manera de diseñar procesos de reestructuración de eficacia demostrada en toda la UE, como decidieron hacer cuando respondieron de forma tan positiva en la consulta que se hizo el año pasado sobre esta cuestión. 
Estos procedimientos de probada eficacia permitirán nuevos avances en la información y la consulta de los trabajadores, como, por ejemplo, la anticipación de tendencias del mercado o avances tecnológicos, inversiones a largo plazo en recursos humanos y la promoción de la recolocación a través de la enseñanza y la formación, el asesoramiento para orientar la trayectoria profesional, alternativas al cierre y a los despidos y, en la medida de lo posible, la recolocación dentro de la propia empresa de los trabajadores afectados por las medidas de reestructuración. 
Se espera que estos procedimientos ayuden también a los trabajadores de Ford a superar las dificultades por las que atraviesan actualmente. 
Un mejor conocimiento de las perspectivas futuras de la industria automotriz debería beneficiar a todas las partes interesadas. 
La Comisión está examinando actualmente los cambios ocurridos en el sector con objeto de identificar los elementos necesarios para la reestructuración y la competitividad a largo plazo de la industria en la UE. 
Tiene previsto publicar los resultados de este análisis dentro de un año. 
Pero nuestra preocupación de hoy son los procesos de reestructuración más recientes, y tengo que decirles claramente desde el principio que comparto su profundo pesar y gran preocupación por las posibles consecuencias sociales, por las personas afectadas, de las decisiones de cerrar plantas y reducir plantillas. 
Espero que se realicen todos los esfuerzos posibles, mediante el diálogo entre las partes implicadas, para evitar, o cuando menos aliviar, esas consecuencias. 
– Señor Comisario, la tragedia causada por las drásticas medidas de racionalización en Ford Genk ha puesto de manifiesto una serie de graves problemas en el sector europeo del automóvil. 
Está el brusco descenso de las ventas, un 5% desde 1999 para ser preciso, la carga medioambiental contra la que Europa ha adoptado varias medidas, pero insuficientes, y la impotencia de los Estados miembros para influir en las estrategias de compañías internacionales. 
Por esta razón solicito con urgencia una iniciativa europea que apoye el desarrollo futuro de este sector en el contexto de una política, en lugar de esperar pasivamente a otra reorganización. 
Esta iniciativa europea debe constar de varios elementos; en primer lugar, un mayor desarrollo del concepto de coche sostenible. 
Quien introduzca en primer lugar este concepto en el mercado y esté más avanzado en este sentido, alcanzará las cifras de ventas más altas. 
Si en China y la India se masifica el tráfico de coches, la carga medioambiental se hará insostenible. 
En segundo lugar, los nuevos avances tecnológicos necesitan apoyo y personal. 
Europa tiene que asumir la competencia basada en la calidad y el valor añadido como su principal activos, en lugar del control de costes. ¡Porque lo segundo no está a nuestro alcance! 
Para que esto ocurra, tendrá que anticiparse a la creciente importancia del componente electrónico en el valor añadido de un coche. 
En tercer lugar, las reorganizaciones a gran escala tienen una dimensión social. 
El siguiente programa de fondos estructurales tiene que aprobarse antes de 2006. 
Espero que durante la revisión de los fondos estructurales europeos, especialmente a la luz de Limburgo, la Comisión destine más recursos a las ayudas concedidas a transformaciones industriales de gran alcance. 
Después de eso, hay algo a lo que ya se ha aludido, que es la cuestión de la Directiva Renault. 
Esta Directiva tiene que evaluarse como una medida absoluta. 
La gente del sector me ha dicho que el procedimiento establecido llevaría a la aplicación mecánica de la Directiva. 
Los empresarios tienen tanto miedo de cometer un error de procedimiento que la consulta no llega a realizarse. 
Por lo tanto, debemos evaluar esta Directiva como una prioridad absoluta. 
Estas son solo algunas iniciativas; hay muchas más en las que Europa podría trabajar. 
Por último, no todo es pesimismo y tristeza en el sector belga del automóvil: Volvo, Opel y Volkswagen siguen invirtiendo, y Ford ha decidido seguir desarrollando el nuevo Mondeo en Genk. 
En principio, no debemos temer a la reubicación del sector europeo, y por tanto belga, del automóvil. 
Después de todo, los productos implicados son altamente tecnológicos y con un componente de conocimiento cada vez mayor, cuya producción final tendrá lugar cada vez más cerca del mercado. 
Señor Comisario, espero sinceramente que pueda formularse una política para las industrias en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión acaba de explicar de qué formas la industria, especialmente la industria del motor, tiene que modernizar constantemente sus fábricas. 
Sabemos que no hay otra salida, y que cada inversión en tecnología produce la pérdida de entre un 9% y un 25% de puestos de trabajo. 
Tenemos que encontrar medios para contrarrestar esta destrucción de empleo que se produce como resultado de la tecnología. 
Tenía interés en escuchar las declaraciones de la Comisión sobre la protección mínima de los derechos de los trabajadores. 
Esa declaración no es de ninguna utilidad para los trabajadores de Genk. 
Pero espero que la Comisión la recuerde cuando modifique la Directiva sobre el comité de empresa europeo, como va a hacer en breve, y tenga por fin en cuenta algo que en otros sitios se ha convertido en práctica común, que es responsabilizar al comité de empresa europeo cuando en una empresa se debatan cuestiones europeas, y que extienda también los derechos de información y consulta para incluir derechos de participación – y no hablo de consulta, sino de participación. 
En tercer lugar, es esencial que la Comisión sepa dejar claro a sus interlocutores sociales en el diálogo social que tienen que esperar sanciones si no cumplen las normas básicas establecidas; de lo contrario, esas normas no servirán para nada. 
– En los últimos tiempos se han tomado algunas decisiones dolorosas en el sector del automóvil, una de las cuales ha tenido consecuencias muy negativas para miles de personas en la región donde salí elegido. 
Han ocasionado multitud de tragedias, tanto a nivel personal como regional. 
Eso nos ha obligado a examinar no solo el papel del sector del automóvil, sino también el papel de la industria en su conjunto. 
Estoy de acuerdo con el Comisario cuando afirma que las empresas deben ser capaces de tomar decisiones por sí solas, pero también creo que las empresas deben cumplir sus promesas. 
Si en un momento dado afirman que van a realizar inversiones, no pueden retrasar simplemente esas inversiones, porque eso es muy perjudicial para los trabajadores y para las autoridades de la región en la que operan. 
Las empresas pidan al Gobierno una situación económica estable. 
Creo que también podemos pedirles a las empresas que aspiren al más alto nivel posible de estabilidad y transparencia. ¿Por qué toman ciertas medidas y por qué las toman en unos lugares sí y en otros no? 
Las consecuencias para una región pueden ser muy graves, y como la Sra. Smet ha dicho hace un momento, creo que cuando revisemos los fondos estructurales, deberíamos, por ejemplo, pensar también en lo que podemos hacer por la región de Limburgo. 
Después de todo, se trata de una región muy afectada que tiene además una historia muy dolorosa en ese sentido. 
Podríamos hacer una larga lista con sus problemas. 
En cualquier caso, se dice que en los próximos dos años habrá más recortes de empleo en la industria. 
Señor Comisario, me parece ya un poco tarde para que examine la situación de la industria del automóvil, y algo restringido centrarse solo en ella; creo que debe adoptar una perspectiva más amplia. 
A menudo se dice que nos estamos acercando a una economía de servicios, pero soy de la opinión de que una economía de servicios sin un tejido industrial es una situación muy precaria, porque los productos y su comercialización van de la mano, y lo mismo se aplica a los servicios. 
Por tanto, ¿no deberíamos examinar urgentemente y a fondo la evolución del mercado industrial y su relación con el sector de los servicios? 
De esa manera, la Unión Europea no perderá su industria y podrá complementarla con un sector de los servicios más fuerte y mejor formado. 
En la Unión Europea tenemos ya la experiencia de un sector de la economía en el que se ha destruido mucho empleo, la agricultura, un ejemplo que usted, señor Comisario, conoce muy bien. 
A pesar de todas las medidas que tomamos en ese sector –dotación democrática, subvenciones, etc.– no hemos sido capaces de impedir la destrucción de empleo. 
Así pues, adoptemos esta vez un enfoque más sensato y global que el que adoptamos con la agricultura. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los despidos colectivos en Genk anunciados por Ford no son los primeros de este tipo, y sin duda, no serán los últimos. 
Simplemente reflejan, en mi opinión, la filosofía económica actual de las empresas internacionales. 
Los despidos colectivos son casi invariablemente un medio de compensar la reducción de beneficios como resultado de un descenso de la demanda, un enfoque puramente gerencial y, si puedo añadir, carente de imaginación, que el orden económico tiene que contrarrestar, como una cuestión de política, para conseguir que la demanda aumente. 
Considerando la política actual, puede verse que los recortes que se hacen en todos los sectores de la sociedad no aumentan la demanda, sino que, al contrario, la reducen todavía más. 
En el sector del automóvil, en los contratos laborales de VW o, más recientemente, en Opel, que ha decidido reducir la jornada de trabajo a treinta horas, compartiendo así el trabajo entre más personas, se demuestra que la patronal puede adoptar unas estrategias de empleo diferentes a los despidos colectivos. 
Pero si damos crédito a los informes actuales de los medios de comunicación, es evidente que hay otras consideraciones de índole política implicadas en Genk. 
Según estos informes, Ford está concentrando los despidos colectivos en lugares como Genk o Colonia en países que se han distanciado de la política de los Estados Unidos en la guerra del Iraq. 
La razón por la que el debate de hoy en esta Cámara es tan importante es que los despidos previstos no son consecuentes con la resolución del Parlamento sobre las consecuencias sociales de la conversión industrial, ni en la manera en que se han planteado ni en la forma en que se están llevando a cabo. 
Dejen que la Comisión vuelva a examinar el modo en que se han cumplido las reglas. 
Los despidos a esta escala no son más que otro hito en el camino hacia el logro de los objetivos de Lisboa y tienen consecuencias devastadoras para las regiones afectadas. 
Si realmente queremos convertirnos en la región más fuerte del mundo en términos económicos antes de 2012, y además, como se afirmó en Lisboa, alcanzar el empleo pleno, la Comisión tendrá también que proceder de manera totalmente distinta. 
– Es verdad que la industria del automóvil está en crisis, pero siempre existirá la necesidad del transporte individual. 
Puede que las cosas cambien en el futuro: existe un mercado para coches menos contaminantes y existirá un mercado para coches propulsados por motores de hidrógeno, así que hay un mercado nuevo que puede abrirse y unas buenas perspectivas de futuro para el sector. 
En tiempos de crisis, las situaciones de crisis tienen que manejarse con inteligencia, cosa que no hemos hecho en el pasado. 
En Bélgica hemos tenido el trágico caso de Renault, el cierre de la fábrica de Vilvoorde, ahora Ford Genk, y hay otros casos. 
Sin embargo, hay también otros casos mejor planteados: el de Opel, en Alemania, cuyos trabajadores han optado por una jornada semanal más corta de treinta horas. 
Este es un método que los europeos debemos defender y difundir como ejemplo para otras fábricas. 
Creo esta podría ser una posible solución para un caso como Genk. 
– Hace algunos años, el presidente del consejo de administración de Renault, el Sr. Louis Schweizer, que casualmente fue en otro tiempo secretario particular principal del gabinete del Primer Ministro socialista francés, decidió, para defender los intereses de sus accionistas, cerrar la fábrica de Renault en Vilvoorde y despedir a varios miles de trabajadores flamencos en el proceso. 
Hoy, con las drásticas medidas de racionalización en las fábricas de Ford en Genk, Flandes se enfrenta de nuevo a una tragedia en el sector de la fabricación de automóviles. 
Aunque espero que el optimismo de la Sra. Smet esté justificado, mucha gente teme que el despido de 3 000 trabajadores en Genk esté simplemente anunciando el cierre final de la fábrica y su traslado. 
A veces se oye a los fatalistas afirmar que con la creciente mundialización nadie puede impedir estos traslados, pero deberíamos seguir manteniendo que el Gobierno belga tiene una responsabilidad inmensa en este ámbito. 
Señor Comisario, la verdad es que el Gobierno belga sabía desde enero de 2002 que la fábrica de coches de Genk tenía graves problemas. 
Después de todo, diferentes medios de comunicación, incluida la revista semanal, nos han recordado también que la dirección flamenca advirtió al Gobierno belga de que Bélgica, y por tanto, la industria flamenca – que ya está hundida por el excesivo coste de la mano de obra– estaba muy mal situada con respecto a los Estados Unidos. 
Muchos ciudadanos flamencos sospechan que la actuación precipitada de, entre otros, el Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, puede que haya tenido que ver con la decisión de la dirección de Ford de racionalizar los trabajos de montaje en Genk. 
Si Europa quiere evitar tragedias como las que han ocurrido en Vilvoorde y Ford Genk en el futuro, habrá que tomar medidas de mayor alcance en todos los Estados miembros de la UE que garanticen a la industria también la, la preferencia comunitaria, que se ha aplicado con bastante acierto en la agricultura durante décadas. 
De lo contrario, una región como Flandes debe poder decidir por sí sola su política socio-económica. 
– Señor Presidente, quiero decir en primer lugar a muchos colegas presentes hoy aquí que se ven directamente afectados en la región de Limburgo, que yo represento a una región del Reino Unido, la región de West Midlands, que probablemente se ha visto más afectada por el cambio estructural en la industria automovilística que ninguna otra región de Europa. 
Quiero decir a mis colegas de Limburgo que nosotros hemos pasado por esa experiencia y que ahora tenemos una industria automovilística próspera en el Reino Unido; tenemos más fabricantes internacionales de automóviles realizando el montaje de sus vehículos en el Reino Unido que ningún otro país de la Unión Europa. 
Si los colegas de Limburgo quieren reunirse y hablar conmigo sobre nuestra experiencia en West Midlands, podemos mostrarles los programas que pusimos en marcha no solo para reciclar y recolocar a los trabajadores, sino también para ayudar a las pequeñas empresas en la cadena de suministro que se vieron afectadas por cambios en la producción. 
Quiero decirles, pues, a mis colegas, que no deben deprimirse en exceso por eso, ya que seguro que saldrán adelante. 
Es importante que mantengamos hoy nuestro debate en el contexto del futuro de la industria automovilística, porque las circunstancias que rodearon a la decisión que Ford se vio obligada a tomar en Genk constituyen lo esencial de la idea que tenemos de cómo hay que asegurar un futuro sostenible a largo plazo para la fabricación de automóviles en Europa, así como para la tecnología y los puestos de trabajo del sector automovilístico. Yo y muchos colegas aquí presentes tenemos un enorme interés en eso. 
Sabemos que los fabricantes de vehículos seguirán haciendo y tendrán que hacer enormes inversiones en la próxima generación de coches más ligeros y más eficientes en el consumo de combustible que demandamos, algo que ha recordado antes nuestro colega del partido de los Verdes. Pero esas inversiones saldrán de los beneficios –porque no van a recibir ayudas estatales–, y lo que queremos son fabricantes de vehículos rentables. 
Quiero darles una importante cifra que guarda relación con el asunto Genk. 
El 70% de los beneficios de la industria automovilística mundial se generan en el mercado de los Estados Unidos, porque es allí donde se venden coches más grandes. 
El motivo de los despidos en Genk ha sido la enorme disminución de la demanda de uno de los modelos más grandes de Ford. 
Ford ha anunciado que va a fabricar la siguiente generación del Ford Mondeo en Genk y nuestro trabajo consiste en asegurar que haya demanda para ese coche. 
Mi conclusión para usted, señor Comisario, es que queremos una política unificada. 
Si sus colegas de la DG de Medio Ambiente siguen presionando a la industria para que fabrique coches más pequeños y ligeros sin ninguna consideración comercial de lo que está ocurriendo, volveremos otra vez a donde estamos. 
Pero si formulamos una política unificada, tendremos un futuro sostenible a largo plazo para la industria automovilística en Europa. 
– Señor Comisario, Señorías, en el contexto de este debate quiero hacer dos preguntas urgentes relacionadas con la reorganización de Ford, y más específicamente, con el despido colectivo de unos 3 000 trabajadores en Genk. 
No creo que tenga que convencer a nadie del hecho de que se trata de una verdadera tragedia, no solo para los trabajadores de Ford Genk, sino también para los proveedores y para la región en su conjunto. 
Sin embargo, señor Comisario, la manera en la que se ha llevado a cabo esta reorganización es un escándalo y, en mi opinión, contraviene las normas europeas. 
La cuestión es que Ford ha incumplido su contrato en dos ocasiones, la primera de ellas incumpliendo los convenios colectivos que se firmaron con los trabajadores en 2002, y en los que se preveían inversiones. 
Pero el segundo caso, señor Comisario, compete a Europa, puesto que tiene que ver con el hecho de que no se haya consultado al comité de empresa europeo en esta cuestión. 
La reorganización de Ford es claramente un asunto europeo, puesto que la cancelación de inversiones en Ford Genk repercute en otros dos centros de producción en Alemania. 
Se han reducido las operaciones en Colonia, y la fábrica de Jaguar en Barnsley va a cerrarse. 
Todo ello demuestra que esta reorganización es una cuestión europea que debe abordar el comité de empresa europeo. 
Pero, señor Comisario, el comité de empresa no ha sido consultado respecto a esta cuestión. 
Ford está iniciando negociaciones deliberadamente empresa a empresa. 
Esto, en mi opinión, contraviene claramente la legislación relativa al comité de empresa europeo a favor de la cual votamos aquí en 1994. 
Después de todo, no se está buscando actualmente una solución para esta reorganización a escala europea. 
Como mis colegas diputados ya han dicho, podrían haberse encontrado soluciones alternativas como, por ejemplo, repartiendo el trabajo entre varias personas con una jornada semanal más corta. 
Mi primera pregunta a la Comisión es si se propone, sobre la base de la legislación europea relativa a los comités de empresa europeos, exigir a la dirección de Ford el inicio de negociaciones en un marco europeo. 
Una segunda pregunta sobre este tema, señor Comisario, tiene que ver con lo siguiente. 
El Reglamento relativo al comité de empresa europeo de Ford se basa aparentemente en el célebre artículo 13, los llamados acuerdos voluntarios, a los que no se aplican ni la Directiva ni el anexo con disposiciones mínimas. 
¿No es este otro motivo suficiente para que la Comisión imponga las famosas normas mínimas a todos los acuerdos referentes a los comités de empresa europeos? 
– Señor Presidente, todos los que no se resignan a la dominación absoluta del capitalismo desenfrenado están disgustados por las sucesivas crisis de nuestras industrias y, en particular, por la del sector del automóvil. 
En mi país, Cataluña, este sector fue testigo de 31 planes sociales –, en– durante el período 2001-2002, como resultado de los cuales se despidió a 5.200 trabajadores. 
El cierre de empresas que fabrican componentes para automóviles, como Lear y Valeo que han tenido que cerrar sus tiendas, han afectado profundamente a mis paisanos. 
No hay que ser un experto para entender que la competencia con los países de Europa del Este es inviable. 
Las compañías de automóviles y otras empresas se están trasladando a donde los costes de la mano de obra cualificada son mucho menores que los nuestros, un aspecto en el que nuestras compañías no pueden competir. 
Si algún día estos países consiguen converger con los nuestros, las compañías se trasladarán todavía más al este, fuera de la Unión Europea, siguiendo la fría lógica de la economía de mercado. 
Se nos dice que, para evitar esos males, tenemos que dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo. 
Mayor flexibilidad significa menos garantías para los trabajadores, y, por tanto, menos cohesión social. 
Para todos aquellos que creen en el modelo social europeo, eso es inaceptable. 
– Señor Presidente, la teoría de que Ford decidió la reestructuración aplicando criterios políticos me parece muy débil. 
Italia es un país que acoge a un importante fabricante de automóviles, que es italiano y que tiene políticas de reestructuración que aplica, por necesidad, en Italia. 
La cuestión es, como se ha dicho, que el mercado del automóvil es un mercado maduro, la fabricación de automóviles se ha trasladado poco a poco a otros países, especialmente a países del Extremo Oriente, y probablemente muchas de sus Señorías tengan coches coreanos, japoneses o incluso indios. 
La cuestión es que las empresas tienen que ser reestructuradas porque el mercado cambia y se necesita cada vez más competitividad en el sector. 
No creo que sirva de nada discutir las decisiones tomadas por las empresas a título individual; en mi opinión, estas decisiones competen a las propias empresas, en interés de la competitividad del sistema y de un empleo duradero. No tiene sentido pensar que hoy puede sostenerse el empleo cuando hay riesgo de perderlo mañana. 
Lo que se puede hacer es garantizar muchas más cosas de lo que garantizan hoy las instituciones; mucho más de lo que la Comisión Europea –que actualmente destina su presupuesto a la agricultura y a sectores en declive, en lugar de a sectores innovadores– ha hecho hasta la fecha; insistiendo en la calidad de la mano de obra en general, en la formación y en la innovación tecnológica. 
Necesitamos empleo y no podemos esperar que sectores en declive que necesitan una reestructuración generen ese empleo. 
Tenemos que crear las condiciones para que la mano de obra trabaje en los sectores del futuro y no en los del pasado. 
. La Comisión no destina fondos; la Comisión hace lo que los Gobiernos deciden sobre la agricultura y otros sectores. 
– En este debate se han hecho muchas referencias a acuerdos entre Renault y Ford, pero yo no creo que estos acuerdos existan en realidad. 
Porque ¿cómo fue el caso de Renault? 
Es cierto que las disposiciones relativas a los comités de empresa nacionales y europeos se ignoraron por completo. 
Ese fue el gran problema. 
Pero fue, sobre todo, una cuestión entre los trabajadores y la empresa. 
Y aquí tenemos, en efecto, otro problema. 
Existe, desde luego, un problema entre el Gobierno belga y la empresa. 
Ese es el quid de la cuestión, y en mi opinión, hay dos o tres razones para que así sea. 
Me temo que la primera razón es la complejidad del sistema de seguridad social belga. 
Resulta que en Bélgica, en términos relativos, todo ese negocio surreal está financiado por la seguridad social en mayor medida que en otros países, lo cual, sin duda alguna, debilita su posición competitiva frente a la de otros países. 
Sin embargo, no corresponde a Ford resolver esto; es tarea del Gobierno belga. 
Sin duda, la segunda razón por la que se ha visto forzado el desenlace de estas cuestiones es lo mucho que se ha tardado en atender las demandas de Ford de hacer algo con las primas por trabajo a turnos. 
Entonces trascendió de repente que las empresas alemanas eran más competitivas, aunque los salarios eran más altos que en Bélgica. 
¿A quién hay que culpar en un caso así, a los trabajadores? 
No, al Gobierno belga. 
El Gobierno belga debe responsabilizarse de esto e impedir que vuelva a ocurrir. 
Esta es, a mi modo de ver, la principal conclusión que podemos sacar. 
Si hay problemas con la legislación, tenemos suerte de que exista una Directiva, así que debemos remitirnos a ella y entablar una acción judicial. 
En el caso de Renault, ha trascendido que esto puede tener un resultado positivo. 
Ese es el método, pero en este asunto tenemos que buscar una solución diferente a la del caso Renault. 
Señor Presidente, aunque no puedo realizar ninguna declaración sobre la situación de Ford en Genk en el poco tiempo de que dispongo para hablar, quiero dejar muy claro que no se ha incumplido la Directiva relativa al comité de empresas europeo. 
El comité de empresas europeo ha sido informado y se ha incumplido la legislación belga sobre convenios colectivos. 
En cuanto a la Directiva relativa al comité de empresas europeo, puedo explicárselo a quien sea, puesto que yo fui su promotor. 
Yo mismo fui presidente del comité de empresas de Ford Europa durante seis años. 
Recomendaría esperar a ver el resultado de las conversaciones entre los sindicatos y el comité de empresas europeo, porque estoy seguro de que Ford Genk recibirá alguna compensación por lo que se le prometió en el convenio colectivo. 
En el comité de empresas europeo no se negocian salarios; ese es un tema que corresponde a las partes de los convenios colectivos y no al comité de empresas europeo. 
– Señor Presidente, se haya incumplido o no esa parte de la legislación, creo que es apropiado que expresemos nuestra solidaridad con la gente afectada por la decisión de Ford; en primer lugar, desde luego, los trabajadores de Ford Genk, pero también la gente que trabaja en las empresas suministradoras y en otras empresas que se han visto afectadas. 
La Comisión ha comunicado a esta Cámara que realizará un estudio del futuro del sector. 
A pesar de que se han realizado estudios y se han dado a conocer los resultados, me sorprende que la Comisión haya anunciado que todavía piensa seguir adelante con esto. 
Sin embargo, en Bélgica hay economistas que afirman que el empleo en el sector del montaje de coches en Europa occidental se va a reducir a la mitad en un futuro próximo, porque el mercado potencial no puede seguir al aumento de la productividad. 
Existen previsiones similares para otros sectores de la industria. 
Suponiendo que la Comisión ha recogido material de investigación propio, quiero preguntarle si comparte esas expectativas pesimistas. 
Espero que sean algo menos pesimistas, pero en cualquier caso, la industria se enfrenta a algunos cambios. 
Quiero preguntarle al señor Comisario si no es necesario después de todo que el Gobierno preste cierto apoyo mientras la industria atraviesa este período de transición. 
Los interlocutores sociales deberían, sin duda, involucrarse también. 
Pero en mi opinión, el Gobierno tiene que desempeñar un papel aquí, como también tienen que hacerlo las autoridades europeas, a las que sin duda les corresponde una labor de coordinación. 
Tengo otras dos preguntas específicas. 
Se ha hecho referencia a los Fondos Estructurales, y al hecho de que serán objeto de revisión en 2006. 
Los períodos de programación actuales siguen todavía funcionando. 
Le he preguntado a la Comisión qué margen podrían ofrecer los Fondos Estructurales a Limburgo en este momento. 
Me han dicho que todavía hay un porcentaje del 4% en reserva que puede utilizarse en cualquier momento. 
Mi pregunta es si, después de los problemas en Ford Genk, el Gobierno flamenco ha pedido a la Comisión que haga uso de ese 4% o si se ha quedado en silencio. 
Por último, quiero decir lo siguiente. Esa cuestión se ha debatido, lógicamente, en el Parlamento belga, y el Ministro de Finanzas ha afirmado que contactaría con las autoridades europeas para ver si podrían aunar esfuerzos de nuevo con las «sociedades de conversión». 
Se trata de sociedades que reciben ciertos beneficios fiscales durante un tiempo. También en ese frente, quiero averiguar de la Comisión si se ha mantenido algún contacto con el Gobierno belga hasta la fecha. 
– Señor Presidente, quiero realizar una declaración personal, ante su amable alusión. 
Le aseguro que el comentario sobre las responsabilidades institucionales en cuanto al presupuesto de las instituciones europeas no me ha pasado de largo. 
Me estaba refiriendo al presupuesto – y también a la Comisión, pero no solo a la Comisión; ahora bien, el objetivo es reformular el presupuesto europeo. 
. Estaba totalmente seguro de que conocía a la perfección el funcionamiento de las instituciones. 
La información iba dirigida a nuestros visitantes, a nuestros invitados, no a usted, señor della Vedova. 
. Señor Presidente, Señorías, he seguido con detenimiento este debate, en el cual se han planteado una serie de cuestiones y de ideas. 
Se las pasaré todas al Comisario responsable para que puedan ser examinadas cuidadosamente. 
He mencionado muchos de los temas que se han tratado en mi primera intervención, y no quiero repetirlos. 
Parece existir un consenso general sobre cómo tratar las crisis que resultan de la necesidad de adaptarse al cambio industrial y a la reestructuración. 
Permítanme reiterar una cosa, y hacerlo de modo claro. 
La información eficaz, puntual y extensa para los representantes de los trabajadores y la consulta con los mismos constituyen un elemento clave de nuestra respuesta a este tipo de situaciones. 
Otro elemento importante en este contexto será el seguimiento de la consulta continua con los interlocutores sociales sobre la reestructuración de las empresas. 
Estoy seguro de que todos entienden lo necesario que es identificar buenas prácticas en este ámbito a escala europea y, cuando sea necesario, mejorarlas aún más. 
Tras la intervención de la Sra. Van Lancker y el Sr. Kuckelkorn, quiero decir que, hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna queja del representante de los trabajadores responsable en relación con este asunto. 
Es más, si la Directiva en cuestión se ha incumplido, entonces es un caso para los tribunales belgas; son ellos los que deben considerar la cuestión. 
Sin embargo, como ya he anunciado, vamos a iniciar, en cualquier caso, una revisión de la Directiva. 
Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que, al mismo tiempo que los cambios en la industria tienen efectos económicos y consecuencias para el empleo y la cohesión social, también pueden ofrecer oportunidades, especialmente cuando se anticipan, se prepara para ellos y se gestionan. 
En relación con esto, Sra. Weiler, usted ha mencionado la necesidad de realizar una petición financiera o de examinar la posibilidad de solicitar fondos estructurales para este propósito – mis expertos me dicen que todavía no se ha realizado esa solicitud a la Comisión. 
Diálogo, transparencia, participación genuina del trabajador, previsión, evitación del riesgo y fomento de la empleabilidad son los elementos clave de una respuesta europea a todos estos hechos. 
Trabajemos en ellos y hagamos todo lo posible para crear los instrumentos – ya sean actos legales o de otro tipo – que permitan desarrollar más estos conceptos. 
– Por mucho que admire al señor Comisario por su política agraria, no me parece bien que nadie de la Comisión haga un seguimiento de estos procedimientos, dada la gran importancia del debate sobre el futuro de la industria del automóvil y la dimensión social relevante. 
Aunque le estoy agradecida por estar aquí y le felicito por todo lo que hace por la agricultura, tengo que decir que, hablando normalmente, deberíamos tener aquí a un Comisario de política industrial y política social que pudiera responder a las preguntas. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0412/2003) a la Comisión, formulada por la Sra. Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Revisión Intermedia de la Agenda de Política Social. 
. – Señora Smet, gracias por el comentario que acaba de hacer; estoy de acuerdo con él y también es aplicable a este tema. 
Naturalmente, no podemos tratar la revisión intermedia de la agenda de política social establecida en Niza en ausencia de la Comisaria. 
Por cierto, está bien que el Sr. Fischler esté presente, y por tanto, la Comisión también. 
Me gustaría haber tenido sus respuestas, especialmente porque ya habíamos debatido la revisión intermedia de la agenda de política social con ella en nuestra comisión. 
No obstante, todavía había una serie de preguntas sin respuesta, y por esa razón estamos planteando estas preguntas verbalmente hoy, sin una resolución. 
La agenda social de Niza es muy importante por la simple razón de que Europa y los ciudadanos europeos están esperando que la dimensión social de Europa se desarrolle más después de la introducción y la entrada en vigor de la UEM, el euro, y el pacto de estabilidad y crecimiento. 
Eso es necesario; no solo cuesta dinero, también reporta beneficios, como ha demostrado claramente el estudio de la Comisión. 
Esta agenda incluye la creación de más y mejores empleos, la mejora de los lugares de trabajo, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la modernización de la protección social, la promoción de la igualdad de género, y en definitiva, la política social como parte de la ampliación. 
Al final de mi intervención quiero hacer algunas preguntas que me gustaría que respondiera la Comisión. 
Mientras tanto, observo que el Parlamento Europeo ya ha expresado sus objeciones relativas a esta agenda social tres veces durante los cuadros de indicadores anuales. 
En todas las ocasiones pedimos que se prestara atención a los temas planteados por el Parlamento, algunos de ellos relativos a la agenda social, otros conectados con hechos actuales, como los sucesos que están teniendo lugar en Ford Genk. 
Por lo tanto, en otras palabras, pedimos que las nuevas iniciativas políticas se apliquen de modo apropiado, pero pedimos también alguna indicación acerca de los medios que se utilizarán. 
Opinamos también que a menudo hay mucho más que hacer –incluidas las actividades legislativas– de lo que se está haciendo actualmente: deliberación, consulta, grupos de expertos, etc., todo lo cual lleva tiempo. 
Cuando entré aquí, pensé que íbamos a hablar sobre el comité de empresas europeo, pero cuando me vaya todavía no habremos tocado el tema, y quizás ni siquiera lo hagamos en la próxima legislatura. 
Esto nos está causando problemas todo el tiempo en la práctica; el debate de hoy es prueba de ello. 
En otras palabras, no estamos satisfechos con la manera en que se están tratando algunas propuestas de esta agenda, y quiero mencionar algunos ejemplos. 
El más importante es, sin duda, la cuestión del comité de empresas europeo. 
Ya hemos dicho que nos parece que las consultas han durado demasiado, también en el ámbito del diálogo social. 
Los interlocutores han tenido tiempo más que suficiente para ejercer influencia en esta cuestion. 
¡Es la hora de tomar medidas! 
Las esperábamos en 2002, pero todavía no han llegado, lo cual no es nada nuevo para la Comisión, ni nada nuevo para el Comisario. 
Lo mismo podemos decir de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Pedimos que se prestara atención también a este ámbito. 
De momento, algunos países europeos están evitando los reglamentos sobre el tiempo de trabajo, y eso es exactamente lo que no queremos, puesto que distorsiona la competencia. 
Queremos que se introduzcan medidas en este sentido, y tan pronto como sea posible. 
La Comisión debe tomar la iniciativa en este punto, y tomarla más deprisa de lo que lo está haciendo actualmente. 
Podríamos seguir así un tiempo, también en relación con aspectos como las nuevas enfermedades profesionales. 
Podría darles una lista completa de los ponentes que han hablado sobre este asunto: la Sra. Van Lancker, la Sra. Smet, la Sra. Hermange y por último, la Sra. Figueiredo. 
Las nuevas enfermedades profesionales, los aspectos sociales de la política de competencia, los procedimientos de intervención en el ámbito de la deslocalización de las empresas; llevamos ya algún tiempo pidiéndolos. 
Sin embargo, estos temas parecen quedarse siempre fuera del orden del día. 
Por lo que respecta a las medidas sociales y fiscales, queremos incluir en el orden del día lo antes posible los efectos que estas tienen en el trabajo transfronterizo. 
Queremos que los reglamentos aborden la cuestión de la desigualdad de género. 
Podríamos seguir así; el fundamento jurídico de lo que llamamos el «diálogo civil» es también uno de esos temas. 
En otras palabras, lo que he dicho no es exhaustivo. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, queremos formular las dos preguntas siguientes: 
¿Cómo pretende la Comisión utilizar su derecho de iniciativa (en otras palabras, su derecho de intervención) para poner en práctica la agenda de política social, tanto con relación a los viejos temas como con relación a los temas que hemos planteado en nombre del Parlamento Europeo? 
Al hacerlo, hay que tener en cuenta que deben contribuir al logro del empleo pleno, a la lucha contra el y la discriminación social y a la mejora de la calidad del empleo en Europa. 
Esa es nuestra primera pregunta. 
Y nuestra segunda pregunta es esta: ¿Cómo cree la Comisión que mejorará el empleo y la política social tras la ampliación de la UE? 
Hemos estado haciendo hincapié en los problemas durante algún tiempo, incluido el seguimiento y la aplicación de la legislación, el acervo comunitario y el desarrollo del diálogo social. 
No ha sido una situación fácil para los países candidatos. 
En este sentido, quiero pedir también que se preste atención al progreso en la estrategia europea de empleo y en el uso de métodos de coordinación abierta con respecto a la exclusión y a la protección social. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero disculparme una vez más por el hecho de que la Sra. Diamantopoulou no esté aquí y pedirles que sean tolerantes y que se conformen conmigo. 
Como saben ustedes, la agenda de política social se estableció en el Consejo Europeo de Niza. 
También se acordó que se realizaría una revisión intermedia en 2003, cuyo objeto sería orientar mejor las acciones y medidas consideradas necesarias y presentar un calendario para la segunda mitad del período que termina en 2005. 
La revisión intermedia, aprobada por la Comisión a finales de junio, se basa en una evaluación general de los primeros años de aplicación, que han sido objeto de informes anuales en cuadros de indicadores y de una revisión de los retos más significativos y de los motores del cambio. 
La revisión resume también las impresiones de la Comisión respecto al logro de los objetivos generales de la UE y la creación de más y mejores trabajos y también respecto a una mayor cohesión social, todo ello en el contexto de la estrategia de Lisboa. 
La Comisión ha anunciado un amplio paquete de iniciativas y acciones, en el que estarán implicados todos los interlocutores relevantes. 
Permítanme decir, en respuesta a sus dos preguntas, que la Comisión está utilizando su derecho de iniciativa para proponer las medidas específicas que se requieren y que se han anunciado en la revisión intermedia. 
Estas incluyen, por ejemplo, un nuevo proyecto de legislación, como la propuesta de una Directiva relativa a los trabajadores temporales, o la simplificación de las existentes, como las relativas a la salud y la seguridad en el trabajo. 
La Comisión también se está valiendo de su derecho a consultar a los interlocutores sociales y de trabajar con ellos para identificar los ámbitos problemáticos que todavía haya que tratar. 
Por ejemplo, uno de ellos es la cuestión de la transferencia de los derechos de pensiones de jubilación. 
Otro es el seguimiento de la revisión de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, que está relacionada con la estrategia de empleo europea, especialmente con las propuestas de directrices y recomendaciones relativas a la misma. 
Al mismo tiempo, la Comisión está animando a los Estados miembros a que trabajen juntos para modernizar la seguridad social y promover la inclusión social. 
En cuanto a su segunda pregunta, tengo que insistir en que la revisión intermedia en cuanto a la estructura del trabajo en los próximos años tiene dos prioridades. 
Una es desarrollar más la agenda para una Unión Europea ampliada. 
La otra es, como tema prioritario, hacer un seguimiento de la transposición y aplicación del acervo comunitario en materia de empleo y asuntos sociales, y asegurar que eso se haga correctamente. 
Para alcanzar este objetivo, habrá que prestar especial atención a la participación de las redes de representantes nacionales relevantes, que van a desempeñar un papel de apoyo en la transposición y aplicación de la legislación europea, y también hacer uso de los instrumentos de seguimiento que todavía están a nuestra disposición. 
Aunque el hincapié principal estará en la asistencia y el asesoramiento, la Comisión no dudará en aplicar las medidas adecuadas para que se aplique la legislación y, en su caso, emprender acciones legales. 
Esto vale no solo para los nuevos Estados miembros que entrarán a formar parte de la Unión Europea el año que viene, sino para todos los Estados miembros. 
– Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su respuesta. 
Cuando miro la agenda de política social y veo dónde nos encontramos en este momento –estamos a medio camino– compruebo que estamos a un año de las elecciones y que la ampliación está también a la vuelta de la esquina. 
Creo que no podemos evitar tener esto en cuenta. 
Si tenemos que escoger entre las prioridades, para mí la ampliación es la prioridad número uno. Existen numerosas directivas sociales. 
Estamos fomentando el desarrollo del diálogo social. 
Estamos fomentando la creación de administraciones, servicios e instituciones que puedan garantizar la seguridad social en estos países. 
Todos sabemos que a pesar de la adhesión de esos países, todavía es muy difícil incorporar a su legislación muchos de estos aspectos. 
Si esta transposición a la legislación nacional no va bien, si el diálogo social no tiene lugar, si existen pocas instituciones para aplicar todo esto, se producirá un retraso en todos los frentes, incluyendo aquí. 
No hace falta decir que se producirá un retraso. 
Después de todo, no se puede confeccionar toda una serie de nuevas directivas cuando los países que se van a unir el año que viene –creando así una Unión global de 25 países– no son capaces de cumplir con una dimensión especial de esta Unión Europea. 
Es muy importante que la política social se desarrolle en los países candidatos. 
Se está desarrollando demasiado despacio y a una escala demasiado pequeña. 
Así pues, pienso que esta es la máxima prioridad, porque afectará de modo adverso el crecimiento de la política social a escala europea, nos guste o no. 
Nuestra segunda prioridad es el empleo. 
Creo que la Comisión hace bien en incluirlo entre sus prioridades. 
Estoy de acuerdo con eso. 
Como todos podemos ver, las cosas que se propusieron en Lisboa, es decir, un nivel de empleo del 70%, etc. están progresando muy lentamente. 
Cuando los nuevos países se unan, los niveles de empleo descenderán sin lugar a dudas, en lugar de aumentar. 
Por lo tanto, estaremos todavía más lejos de los objetivos de Lisboa de lo que lo estamos en este momento. 
El conjunto de la política sobre el empleo debe estimularse y recibir apoyo. 
Después hay un tercer punto: la revisión de algunas directivas. 
Creo que podemos hacerlo, por ejemplo, la revisión de la directiva Renault, la revisión de la directiva sobre el comité de empresas, incluso la revisión de la directiva relativa a la salud y la seguridad en el trabajo. 
Muchas de nuestras directivas necesitan una revisión. 
Para mí, esta es la tercera prioridad que podríamos introducir. 
Si queremos nuevas directivas, tendremos que elegir y establecer prioridades. 
Ya no estamos en situación de introducir 40 directivas nuevas, ni siquiera 10. 
Creo que debemos limitar su número y creo que una de las prioridades de las nuevas directivas debe ser hacer algo por los discapacitados. 
Ya hemos celebrado un amplio debate sobre ello. 
Este colectivo social todavía tiene dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
– Señor Presidente, la revisión intermedia de la Comisión es, en el fondo, un ejercicio para ganar tiempo. 
Está llena de palabras huecas, con muy poco contenido. 
Hay una serie de cuestiones pendientes. 
Llevamos ya tres años de retraso en la revisión de la Directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo, pese a los recientes hechos ocurridos en Genk y toda una serie de problemas previos. 
El Consejo ha bloqueado la Directiva relativa a los trabajadores de empresas de trabajo temporal, que forma parte esencial de nuestros esfuerzos por equilibrar seguridad y flexibilidad. 
Tenemos un calendario muy incierto en torno a la revisión de la Directiva relativa a los horarios de trabajo y hemos puesto fin al escandaloso abuso de la exclusión voluntaria en mi propio país. 
El Parlamento ha solicitado claramente una Directiva relativa a los despidos individuales y a las prestaciones de seguridad social para trabajos atípicos: pero no se ha tomado ninguna medida en estos frentes. 
Comparto también la preocupación de la Sra. Smet por la ampliación, el acervo y la aplicación del acervo, sobre todo en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, el desarrollo del diálogo social y la coordinación abierta en la Unión Europea, de aquí a un año. 
Todas estas cosas nos preocupan profundamente y hemos visto poca o ninguna acción en estas importantes cuestiones. 
Quiero dejar claro que entendemos perfectamente las presiones y los obstáculos que se interponen en el camino de la Comisaria Diamantopoulou y sus esfuerzos por resolver estas importantes cuestiones. 
Algunos de ellos tienen su origen en el propio Colegio de Comisarios, otros en el Consejo, y algunos en Gobiernos de cariz socialista. 
Todo lo que puedo decir es que redoblaremos nuestros esfuerzos para ayudarla a superar esos obstáculos y avanzar en la agenda social. 
Eso es sumamente importante. 
Si no conseguimos avanzar en la agenda social, correremos un peligro muy real de destruir el equilibrio político que tanto costó lograr en Lisboa. 
De suceder eso, sería un gran desastre para el futuro del conjunto de la Unión. 
Señora Presidenta, el aumento del desempleo, de la precariedad del empleo y de la exclusión social ponen en entredicho el concepto de una Europa campeona de la justicia social y la solidaridad. 
Sabemos que hay más de 15 millones de parados en la Unión Europea y que más de 60 millones de personas viven con menos del 60% de la renta nacional media. Estos problemas afectan principalmente a las mujeres, pero también a las personas mayores que viven con pensiones muy bajas, inmigrantes, niños, discapacitados y trabajadores con puestos de trabajo inseguros y mal pagados. 
La situación es considerablemente peor en los países candidatos que se unirán a la Unión en mayo del próximo año. 
A la luz de este deterioro de la situación socioeconómica, es necesario adoptar medidas diferentes a las utilizadas hasta la fecha, porque las disparidades han aumentado, la cohesión se ha debilitado y no se ha conseguido ningún progreso real con respecto a la política de igualdad entre hombres y mujeres. 
La situación actual exige que se deje de conceder prioridad absoluta al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y, por el contrario, que este quede en suspenso para que se puedan revisar sus irracionales criterios de convergencia nominal. La situación actual exige que se acabe con la supremacía de la política monetarista y de competencia, y que se incluya en la agenda la solución de estos graves problemas sociales, el cumplimiento de la agenda política social y una política de inversión pública efectiva, con el fin de crear los quince millones de puestos de trabajo que la Unión Europea necesita. 
Por lo tanto, como señalé en mi reciente informe sobre la aplicación de la agenda de política social, que fue aprobado por este Pleno en septiembre, es necesario dar prioridad a la resolución de los graves problemas de desempleo y pobreza –incluida la pobreza persistente– en todas las políticas comunitarias, concretamente en la política de competencia (y dado que el Comisario responsable de la política agrícola común está aquí con nosotros, esto podría al menos servir para que prestemos atención a las cuestiones agrícolas y para modificar la política también en este ámbito, con el fin de combatir la pobreza y la exclusión social) , sin olvidar los Fondos Estructurales y el Pacto de Estabilidad. 
Lamentamos el hecho de que la Comisión no solo no esté cumpliendo la agenda social de Niza, sino que todavía no tenga previsto presentar nuevas iniciativas en ámbitos ya señalados por el Parlamento Europeo, que ha insistido en que se elaboren rápidamente. 
Se trata de una larga lista, que otros oradores ya han mencionado, que también fue aprobada aquí en la sesión del 3 de septiembre y a la que quiero expresar mi apoyo nuevamente, además de estar de acuerdo con todas las cuestiones que se han planteado aquí. 
Insisto en la necesidad de medidas efectivas, de mecanismos de intervención en el ámbito de los traslados de empresas y de las directivas del artículo 13, con respecto tanto a los derechos de las mujeres en las diversas áreas del empleo como a las personas con discapacidades. 
Debemos superar los retrasos de la mejora de las directivas destinadas a promover la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, específicamente para las mujeres, y las propuestas que este Parlamento ha aprobado deben ser aplicadas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estoy de acuerdo con la Sra. Smet en que el gran desafío en el ámbito sociopolítico también está relacionado con la ampliación. 
La introducción de la legislación sociopolítica comunitaria sobre el entorno laboral y la legislación laboral tendrá gran importancia para los asalariados de los nuevos Estados miembros. 
Sin embargo, también tendrá algún significado para los actuales Estados miembros. 
El riesgo de competencia desleal en el ámbito social entre nuestros países se reducirá en gran medida, algo realmente importante. 
Otra destacada cuestión relacionada con la ampliación es el diálogo entre los interlocutores sociales. 
En muchos de los nuevos Estados miembros, no se ha creado ni mantenido ningún diálogo y ni los empresarios ni los trabajadores están acostumbrados a participar juntos en la agenda sociopolítica. 
Una tercera cuestión es la cooperación de Lisboa, que debemos revisar y cumplir. 
Sin embargo, esto no debe significar que no planteemos propuestas en nuevos ámbitos, como en el del entorno de trabajo, por ejemplo, en respuesta a trabajos atípicos. 
Así pues, debemos abordar con éxito tanto la ampliación como los nuevos riesgos y los nuevos desafíos sociopolíticos. 
Esta semana, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ya critiqué duramente a la Comisión por un punto de la agenda social: la directiva sobre desplazamiento de trabajadores. 
Es incomprensible que no se haya aprovechado la evaluación de esta Directiva para analizar con más detenimiento los problemas del empleo transfronterizo de trabajadores y para emprender nuevas iniciativas en este ámbito. 
La ampliación está a la vuelta de la esquina y ya he dicho al Comisario Verheugen y a la Comisaria Diamantopolou que este período de transición no supone en absoluto una solución para los problemas que puede provocar la ampliación. 
Debemos buscar una política activa y crear mejores condiciones para la movilidad activa de los trabajadores. 
Mi colega diputado Stephen Hughes ya ha mencionado la Directiva sobre trabajadores de empresas de trabajo temporal. 
El punto muerto al que hemos llegado en este tema no puede tomarse naturalmente como una razón para no hacer nada más en ámbitos relacionados con la situación de los puestos de trabajo atípicos, incluso en relación con esta Directiva. 
Estoy pensando en la posición de los trabajadores autónomos que no son realmente autónomos, sino empleados, por ejemplo, y en la seguridad de los trabajadores atípicos. 
Si no creamos un marco mejor para las definiciones y la normativa laboral y social en Europa, este acervo social pronto resultará únicamente aplicable a una pequeña minoría de trabajadores, y no precisamente a quienes más lo necesitan. 
En mi opinión, si no conseguimos aplicar esta política social en Europa, mucha gente se volverá contra Europa. 
. Señora Presidenta, Señorías, permítanme decir brevemente que he tomado nota de todas las sugerencias, peticiones y deseos que han expresado hoy aquí y que las trasladaré a la Sra. Diamantopoulou. 
Básicamente, lo único que puedo decirles es que estoy de acuerdo con ustedes, en primer lugar en la gran importancia de la política expuesta en relación con los denominados objetivos de Lisboa, y también en las tareas que nos esperan en el ámbito de la futura política social. 
También estoy de acuerdo con ustedes en que especialmente en estos momentos, por así decirlo a las puertas de la ampliación, es necesario prestar especial atención a cómo estas cuestiones encajan en este contexto y, al igual que ustedes, creo que esta es una cuestión de urgencia. 
Fundamentalmente creo que tenemos que continuar emprendiendo acciones en ambos frentes, dado que no debemos pasar por alto la estrecha relación existente entre los temas del empleo y de la seguridad social y el hecho de si conseguiremos recuperar un crecimiento adecuado en Europa. 
Esa es una de las condiciones básicas y solo conseguiremos este crecimiento emprendiendo las acciones necesarias con respecto a los diversos elementos esenciales, si queremos reestructurar la economía europea. 
Sin embargo, por otra parte, no deberíamos pensar que solo se trata de crecimiento, es decir, de la economía; por supuesto, también se trata de protección social. 
Ya he dicho en mis observaciones del principio cuáles son los actuales planes de la Comisión. 
De hecho, espero que estas medidas nos permitan introducir las mejoras necesarias de la situación. 
– El debate queda cerrado. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0333/2003) de la Sra. Dybkjær, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las elecciones de 2004: cómo garantizar una representación equilibrada para mujeres y hombres [2003/2108 (INI) ]. 
– Nos encontramos en un período apasionante y complejo de la historia de Europa. 
Vamos a ampliar el número de Estados miembros de la UE y en estos momentos estamos elaborando y debatiendo un nuevo marco para una cooperación basada en el tratado fundamentada en los Estados nacionales y en los ciudadanos. 
Hay varias condiciones necesarias para participar en la cooperación en el seno de la UE, pero una de ellas es la necesidad de practicar la democracia y respetar los derechos humanos, es decir, que las personas deben tener las mismas oportunidades de progresar y de controlar sus vidas. 
Si atendemos a lo que está sucediendo realmente en Europa, ¿quién toma las decisiones? 
¿Quién establece las leyes? 
¿Quién dirige las tareas cotidianas de las asambleas locales, regionales, nacionales, europeas e internacionales? 
¿Quién personifica el poder público? 
La respuesta es bastante sencilla: los hombres. 
Si cabe alguna duda al respecto, basta preguntarse cuántas mujeres hay entre los Jefes de Estado o de Gobierno. 
La respuesta es: ninguna. 
Si miramos la foto de familia de Copenhague de 2002, comprobamos que hay 64 personas en ella, entre las que se encuentran solo ocho mujeres. 
¿Se debe a que hay escasez de mujeres en Europa? 
Sigue habiendo personas que nos dicen que sí, con lo cual nos sitúan entre otras minorías. 
Sin embargo, en ese caso debemos decirnos a nosotras mismas que no, que eso no es así. 
Representamos, al menos, la mitad de la población. 
Las mujeres componen, al menos, la mitad del electorado, así que no se trata de que no haya suficientes mujeres. 
¿Se trata entonces de que no hay mujeres competentes? 
No, esa tampoco es la razón. 
De hecho, hay mujeres que cuentan con una educación superior, y cada vez son más mujeres que hombres, aunque eso no siempre es un criterio para participar en la vida política. 
Eso no es lo que provoca esta situación. 
Existen algunas razones por las que no hay suficientes mujeres, y estas razones son aplicables a todos los ámbitos. 
En este caso, nos centraremos en las elecciones del año que viene. 
Como ya se ha dicho, en estos momentos estamos construyendo la nueva Europa. 
Las mujeres constituyen la mitad de la nueva Europa y es absolutamente fundamental que esta mitad también participe en la elección del marco y del contenido de la futura cooperación. 
Uno de los lugares donde pueden hacerlo es, también, el Parlamento Europeo. 
Actualmente, el 30% de los diputados al Parlamento Europeo son mujeres. 
Ahora vamos a ampliar la Unión Europea mediante la inclusión de diez nuevos países y, en ese sentido, estamos obligados a analizar cómo las mujeres están representadas en esos países. 
Por desgracia, las cosas no están demasiado bien. 
Sin duda, no todos los países están al final de la lista, y de hecho también tenemos, entre los Estados miembros, países que se encuentran entre los últimos puestos de la lista por lo que respecta a representación de las mujeres. 
Al mismo tiempo, hay que decir que la media es baja. 
Así pues, debemos concentrarnos en que se presenten más mujeres a las próximas elecciones y en descubrir por qué otras no quieren hacerlo. 
¿Se debe a que en realidad no se les invita a presentarse o es que se aplica el viejo patrón clásico por el que nadie renuncia voluntariamente al poder, ni mujeres ni hombres? 
Naturalmente, los hombres no renuncian voluntariamente al poder, al igual que nosotras las mujeres tenemos extremas dificultades para renunciar al denominado poder sobre nuestros hijos. 
Nadie está libre de culpa. 
Sin embargo, ahora es importante que intentemos debatir esta cuestión y que entendamos que, si queremos que esta cooperación de la Unión sea aceptada por las poblaciones de la misma, quizás sería una buena idea que invitásemos a las mujeres a participar y que, sobre todo, creásemos sistemas que permitan que las mujeres sean elegidas si finalmente aparecen en las listas. 
Sin duda, habrá que hacer algo para conseguir la aceptación de la cooperación de la Unión Europea. 
Ahí se sienta una Comisaria sueca y yo, que soy danesa, y si hay algún lugar donde será difícil conseguir una sólida aceptación de la cooperación europea será en Suecia y en Dinamarca, donde cunde el mayor escepticismo entre las mujeres. 
La experiencia de los países escandinavos demuestra que no se debe a que las mujeres no salgan elegidas. 
De hecho, si se presentan en igualdad de condiciones, salen elegidas. 
El hecho es que, si hay mujeres que tienen la más mínima oportunidad de ser elegidas, salen elegidas. 
Por lo tanto, no se trata de que, en general, los votantes crean que las mujeres no están a la altura de las circunstancias. 
Al contrario, les gusta votar a las mujeres. 
La verdad es que no tienen ninguna oportunidad de votar a representantes de las mujeres. 
Es extremadamente importante que discutamos esta cuestión ahora, porque, en estos momentos, el 31% de los diputados al Parlamento Europeo son mujeres. 
Entre los nuevos países, las cifras están desproporcionadas. 
En un Parlamento con la mayor influencia sobre la legislación europea que la que hemos tenido nunca, corremos por tanto el riesgo de que las mujeres representen mucho menos del 30%, porque apenas están representadas en los nuevos países, por ejemplo. 
Hay dos países que no han enviado ni una sola mujer como observadora. 
Es realmente increíble que se pueda practicar la democracia y respetar los derechos humanos de este modo. 
Creo que debemos intentar ayudarnos unos a otros, para garantizar que exista una proporción adecuada de mujeres en el Parlamento Europeo, con el fin de que la gente se sienta representada en esta Cámara. 
Señora Presidenta, la intevención de la Sra. Dybkjær ha sido excelente. 
Coincido plenamente con ella. 
Ha sido una introducción excelente a lo que se debe tratar en este debate. 
En primer lugar, naturalmente quiero felicitar al Parlamento Europeo, particularmente a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y también a la Sra. Dybkjær, como ponente, por haber tomado la iniciativa con respecto a este informe. 
Esto subraya asimismo la importancia de conseguir una representación equilibrada para hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones, especialmente en el período previo a las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene. 
Debemos tomarnos en serio la democracia y tener en cuenta la cuestión de la igualdad en la toma de decisiones. 
Si profesamos los valores democráticos, la representación de los pueblos y la participación activa de los ciudadanos, no podemos excluir al mismo tiempo a la mitad de la población de organismos en los que se toman decisiones. 
El aumento de la participación por parte de las mujeres también significa mayores oportunidades de que la sociedad se preocupe de sus ciudadanos. 
Salimos perdiendo tanto en recursos como en experiencia si las mujeres no pueden participar en la vida política. 
Las mujeres deben poder acceder al mercado laboral y a la política, para poder progresar profesionalmente a un ritmo acorde con sus cualificaciones. 
De ese modo, se hará un uso adecuado de sus aptitudes. 
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia ha sucedido que han sido hombres los elegidos. 
Eso es algo que debemos cambiar. 
Como se subraya en el informe, todos los Estados miembros se han comprometido a aplicar el plan de acción de la ONU de la Conferencia de Beijing de 1995, junto con una serie de otros programas internacionales en favor del principio de participación igualitaria de mujeres y hombres en los organismos de toma de decisiones y en los procesos de toma de decisiones. 
Estos constituyen el marco internacional en el que tenemos que trabajar. 
Una representación equilibrada para mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones y en todos los ámbitos de la vida es también el tema central del programa de trabajo 2003-2004 de la Comisión. 
La tarea de evaluación de los proyectos que deben ser subvencionados con el programa de igualdad de género se encuentra en su fase final en estos momentos. 
También me complace informarles de que la Comisión está desarrollando actualmente una base de datos sobre «mujeres y hombres en la toma de decisiones». 
La base de datos es una de una serie de medidas para generar y mantener estadísticas, que también son importantes como herramienta y para obtener información general. 
Se están realizando los preparativos para publicar los resultados iniciales de esta base de datos. 
A comienzos de 2004 se presentará el contenido en el sitio web de la Comisión. 
Posteriormente se actualizará cada año. 
Los principales objetivos de la base de datos son, en primer lugar, medir el progreso en relación con los compromisos realizados y, en segundo lugar, difundir en los actuales Estados miembros, en los países del EEE y en los países candidatos, la situación de las mujeres y los hombres en los puestos de toma de decisiones. 
Permítanme también mencionar las medidas sobre la toma de decisiones recientemente aprobadas por la Presidencia italiana con el apoyo de la Comisión y sobre las que llama la atención el informe. 
La Conferencia de Siracusa, junto con las posteriores reuniones informales entre los Ministros de la igualdad, subrayaron la necesidad de mantener los esfuerzos por alcanzar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. 
También se propuso que, mediante un acuerdo entre todos los partidos políticos, al menos el 30% de los candidatos que designen para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo deben ser mujeres. 
Por otra parte, los partidos deberían luchar activamente por alcanzar los objetivos establecidos en los Consejos Europeos de Lisboa y Barcelona, particularmente los que afectan directamente a las mujeres: una tasa de empleo entre las mujeres de, al menos, el 60% antes de 2010, junto con reglamentos relativos al acceso a buenas guarderías a precios razonables. 
Estos objetivos se encuentran también entre las herramientas y las condiciones básicas que permitirán a las mujeres participar en la vida política y en la vida de la sociedad en general. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, querría empezar felicitando a la ponente por el importante informe que ha elaborado en un momento como el actual, víspera de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Todos sabemos que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental en el Derecho comunitario, como consagra el Tratado de Amsterdam al incluir como objetivo en todos los programas la igualdad entre hombres y mujeres. 
Por eso nosotros pedimos medidas concretas que faciliten la presencia de las mujeres en las listas electorales y, por tanto, en el Parlamento Europeo. 
En este caso, también se podría extender esta petición al resto de los parlamentos nacionales o regionales donde la representación de la mujer sigue siendo escasa en relación con el porcentaje de mujeres, que constituyen la mitad de la población, y en algunos casos algo más de la mitad de la población. 
Sabemos que si no es con una ayuda especial, con unas medidas de acción positiva, con unas leyes que faciliten esa presencia mayor de las mujeres, las mujeres tenemos dificultades reales para llegar a los puestos institucionales, a los puestos políticos y, por tanto, a los puestos de decisión política y de poder. 
Nosotros tenemos la experiencia en estos últimos años de una presencia cada vez un poco mayor de las mujeres, pero que en ningún caso ha pasado de algo más del 30% y que podemos temer que en las próximas elecciones europeas disminuya. 
Como ha dicho la ponente, la presencia de mujeres entre los observadores que vienen de los países de la ampliación es realmente baja; algunos países ni siquiera han presentado mujeres como observadores, y tememos que, después de las elecciones al Parlamento Europeo, esta presencia no pase del 15%. 
Precisamente por eso, la llamada de atención que hacemos en este momento es importante y significativa, sin descuidar los países que en este momento pertenecen a la Unión Europea, en los que el porcentaje no supera el 30% en la mayoría de los casos- salvo en los países nórdicos- siendo en otros aún mucho más bajo y en los que la dificultad para que las mujeres ocupen puestos de toma de decisiones sigue siendo importante. 
Y sigue siendo importante porque no existen leyes electorales- salvo en dos países- que establezcan que la mujer tenga que estar presente en las listas obligatoriamente y porque depende, fundamentalmente, de los partidos políticos, de la mentalidad de los dirigentes políticos y de la sensibilización que seamos capaces de transmitir a la sociedad sobre la importancia de esta cuestión, el que las mujeres puedan estar, podamos estar presentes en los órganos de decisión y en los parlamentos. 
Es, por tanto, un momento oportuno y es un trabajo que nosotras, como mujeres comprometidas con la presencia de la mujer, pero también los hombres, los diputados, los dirigentes políticos tienen que asumir este reto de una mayor presencia de las mujeres en las instituciones políticas. 
Sólo la voluntad política de los líderes, de los partidos, a la hora de tomar decisiones, hará que realmente haya más mujeres después de las elecciones y, por tanto, una presencia más equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones. 
Señora Presidenta, es verdaderamente curioso, después de 50 años de política europea sobre la igualdad entre hombres y mujeres y 100 años después de que se reclamase y reconociese el derecho a voto de las mujeres, estemos intentando persuadir aquí a todos de lo que es evidente en sí mismo, es decir, que los hombres y las mujeres deberían compartir todas las responsabilidades y todas las obligaciones, tanto de la vida privada como pública, en condiciones de igualdad; que debería existir una participación equilibrada para hombres y mujeres en las instituciones democráticas y en todos los centros políticos de toma de decisiones. 
En el período previo a las elecciones europeas de junio, el informe realmente excepcional de la Sra. Dybkjær es especialmente valioso, porque establece el marco en el que todos los Estados miembros deberían moverse, especialmente los países candidatos, con el fin de garantizar que el porcentaje de mujeres en la Cámara a raíz de las elecciones europeas sea, como mínimo, igual que el actual, que es del 31%. 
Y quiero nombrar a los dos países, Estonia y Eslovenia, que no se molestaron en enviar ni a una sola mujer, ni siquiera a una como muestra, con los observadores enviados al Parlamento Europeo. 
Nuestros temores se ven también reforzados por la traumática experiencia del año pasado, con un 17% de participación de las mujeres en la convención constitucional para la constitución europea. 
Por este motivo nuestra comisión, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, ha situado la promoción de la democracia de igualdad a la cabeza de sus prioridades y ha tomado iniciativas para movilizar a los Gobiernos, a los Parlamentos nacionales, a los líderes políticos y a las propias mujeres, para conseguir este objetivo, un objetivo que no hace referencia solamente a la aplicación en los documentos del concepto de igualdad de género, sino también al desarrollo financiero y social de Europa a través del uso racional del valioso recurso humano que representa la mujer. 
La estrategia de Lisboa, como otras ambiciosas políticas europeas, necesita urgentemente la plena participación de las mujeres en todos los niveles de la planificación y de la toma de decisiones, para alcanzar sus objetivos. 
El futuro de Europa no se puede planificar en ausencia de las mujeres. 
En el período previo a las elecciones europeas, necesitamos medidas legislativas y estrategias adicionales, acciones positivas, cuotas o acuerdos políticos que protejan la participación equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales y en los organismos electos resultantes. 
Espero que el nuevo Parlamento Europeo de los 25 consiga este objetivo y actúe como estándar y ejemplo intachable para los demás parlamentos del mundo. 
Yo también quiero felicitar sinceramente a la Sra. Dybkjær por este informe. 
Ha llegado exactamente en el momento oportuno, justo antes de las elecciones europeas, como ya han mencionado aquí varias oradoras: tendremos que hacer todo lo posible por conseguir este porcentaje electoral del 30-31% que se consiguió en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Lo cierto es que los países candidatos, donde el porcentaje actual es solo del 14%, no ayudan en este sentido. 
Así pues, creo que en el contexto de la verificación de estos países, tendremos que garantizar que la igualdad de de hombres y mujeres forme parte de nuestra futura legislación comunitaria fundamental y que, por lo tanto, tendremos que asegurarnos, internamente, que esto también se consiga en los países en cuestión. 
Está muy bien señalar con el dedo a otros países, pero nosotros también tenemos ejemplos de mujeres seriamente desfavorecidas en nuestros propios países. 
En mi país, no hace mucho que solo una mujer fue nombrada Ministra. 
Hubo muchas protestas, pero afortunadamente este Gobierno duró poco y ahora tenemos cinco Ministras y cinco Secretarias de Estado. 
Muy a mi pesar, ninguno de los dos Ministros nombrados por mi propio partido, que pretende hacer mucho por las mujeres, es una mujer. 
Esto no se debe a que no haya mujeres competentes, sino a que siempre hay otras personas más importantes y que tienen prioridad. 
Mientras sigamos así, las mujeres no tendrán ninguna oportunidad. 
Sin embargo, también opino que nosotras mismas debemos seguir insistiendo en la igualdad de hombres y mujeres y que no debemos desatender esta cuestión. 
Por ejemplo, no me importaría seguir ejemplos como los mencionados en el informe de la Sra. Dybkjær –como en Francia, donde la financiación del partido depende del número de mujeres en las listas– porque no podemos quedarnos paradas; debemos hacer algo. 
Así pues, quiero pedir a la Comisión que preste especial atención a este punto en sus consultas con todos los Estados miembros. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Dybkjær hace referencia a un tema sobre el que todos los presentes en esta Cámara tenemos mucha experiencia: la vida real en las organizaciones políticas en las que participamos. 
La Comisaria Wallström ha dicho que los hombres eligen a hombres. 
Sí, especialmente los hombres de los partidos políticos eligen a hombres. 
Eligen a hombres en mayor proporción de lo que lo hace el electorado, un hecho muy interesante. 
Cuando las mujeres acceden a la política, cambia la organización del trabajo político y en la agenda política aparecen nuevas cuestiones. 
Es más, las mujeres por naturaleza tienen percepciones ideológicas y políticas diferentes. 
El año pasado vimos la composición de la Convención y la forma en que las cuestiones de igualdad fueron manipuladas con respecto, entre otras cosas, a la condición jurídica dada a la igualdad. 
Todavía vemos, tras muchos años de decisiones de utilizar la «integración de la perspectiva de género» como método en la toma de decisiones, que está completamente ausente de la mayor parte de los ámbitos políticos. 
Ahora también se propone recortar los ámbitos de competencia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Esto va totalmente en contra de la tendencia. 
Es incluso una reducción gradual de la igualdad de género en la política. 
Resulta bastante irónico leer la recomendación del Consejo de diciembre de 1996, que subraya que la escasa representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones deja sus experiencias sin aprovechar e infravaloradas y, de este modo, supone una pérdida para la sociedad en su conjunto. 
De hecho, estoy de acuerdo con la recomendación del Consejo, pero si examinamos la composición del propio Consejo a través de los años en las fotografías sacadas tras sus reuniones, nos recuerdan a otra era. 
– Señora Presidenta, seóra Comisaria, Señorías, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Sra. Dybkjær por este importante y sumamente oportuno informe. 
Todos nosotros compartimos nuestra preocupación por el equilibrio de la representación de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura. 
Todavía contamos con seis meses de esfuerzos por disipar esta preocupación y no deberíamos tener miedo. 
La igualdad es uno de los valores fundamentales europeos que los nuevos Estados miembros también se han comprometido a respetar. 
No puede existir una verdadera democracia, si las mujeres no pueden participar en la toma de decisiones en todos los niveles. 
El hecho es que el establecimiento de la democracia parlamentaria pluralista no garantiza por sí misma una participación igualitaria de hombres y mujeres en las decisiones políticas. 
Podríamos habernos deshecho totalmente del problema desarrollando una ley europea común sobre las elecciones, en la que se garantizase la igualdad entre hombres y mujeres. 
Las mujeres políticas tienen que hacerse grandes profesionales en su ámbito, con la ayuda de formación y de apoyo financiero y moral. 
De este modo, la justificación de unos ámbitos de competencia inferiores con respecto a las mujeres en un sistema de cuotas frente a sus colegas masculinos dejaría de tener fundamento y desaparecería. 
El objetivo de una sociedad igualitaria es difícil de alcanzar con un proceso de decisiones sin necesidad de cuotas, con organismos supremos de toma de decisiones que representen a hombres y mujeres por igual. 
No obstante, no parece que vayamos a conseguir esto sin una fase intermedia, con la Unión Europea, los Estados miembros y los partidos políticos trabajando juntos de forma activa en favor de la igualdad. 
Los Grupos políticos deberán acordar políticas comunes para alcanzar una posición donde finalmente la igualdad se convierta en una realidad de la vida económica, política y social. 
Ahora quiero arrojar el guante, por así decirlo, y pedir a los hombres diputados del Parlamento Europeo que piensen si han votado alguna vez a una mujer. 
Por otra parte, si uno tiene también influencia en el escenario político de su país, ¿propondría una mujer como Presidenta de la Comisión? 
Y si hay un cargo de Presidente de la UE, ¿quién sería la mujer a la que votaría como Presidenta? 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Dybkjær acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, así que emplearé mi tiempo de uso de la palabra para hablar acerca de un verdadero éxito con respecto a esa igualdad. 
Fui elegido para el Parlamento como representante de un movimiento pluripartidista, el Movimiento de Junio, que ya lleva diez años siguiendo el principio de que deberíamos elegir a la mitad de todos nuestros candidatos parlamentarios y a la mitad de los principales miembros de nuestro partido de forma paritaria entre hombres y mujeres. 
Recientemente hemos preparado una nueva lista de candidatos parlamentarios, compuesta por diez mujeres y diez hombres, con las vacantes divididas de forma alternativa entre candidatos hombres y mujeres. 
Durante mucho tiempo, tuvimos más hombres de los que podíamos utilizar y solo la mitad de mujeres de las que necesitábamos para ser elegidas. 
Entonces, comenzamos a buscar entre nuestras afiliadas y finalmente conseguimos la lista que queríamos y necesitábamos. 
Sin embargo, el resultado habría sido una lista desequilibrada si no hubiéramos adoptado reglamentos comprometiéndonos a tener una lista dividida a partes iguales entre ambos sexos. 
El resultado fue que la igualdad de género actuaba en favor de los hombres. 
De hecho, algunas de las mujeres obtuvieron más votos en la conferencia del partido que algunos de los hombres, pero en la lista estaban por debajo de hombres que tenían menos votos, porque, de acuerdo con nuestras normas, en la lista debía aparecer una mujer por cada dos nombres. 
Este resultado no era el previsto, pero quiero recomendar sinceramente a todos los partidos que introduzcan la igualdad de género en todas sus listas. 
Las mujeres son constantemente refrenadas, incluso en los países más avanzados en términos de igualdad de género. 
Las mujeres no quieren presentarse a menos que estén seguras de llevar ventaja en todo, en el mejor de los casos más que sus colegas masculinos. 
También sabemos esto por las solicitudes de empleo. 
Cuando un hombre solicita un empleo, algunas de las muchas cualificaciones que recitan han de ser descontadas. 
Cuando lo solicita una mujer, hay que sumar cualificaciones. 
Así son las cosas, pero es algo que podemos contrarrestar exigiendo el mismo número de candidatos de cada sexo o, lo que yo prefiero, al menos el 50% de mujeres. 
Si, a resultas de ello, los hombres cualificados dejasen de estar seleccionados a cambio de mujeres menos cualificadas, no recomendaría el sistema, pero en nuestro caso del Movimiento de Junio, el sistema ha funcionado perfectamente en cada elección, ha dado a las mujeres la ayuda necesaria y nos ha permitido tener una lista que refleja mejor el electorado. 
Así pues, se trata de un sistema que quiero recomendar a todos. 
También hemos hecho un esfuerzo consciente para que aparezcan candidatos jóvenes en la lista. 
Nueve de nuestros candidatos tienen menos de 40 años, siete de ellos tienen menos de 30 y, lo que es más importante, todos ellos están cualificados. 
Nuestro candidato parlamentario más joven, que solo tiene 18 años, también tiene varios años de experiencia en cuestiones relacionadas con la UE. 
No contamos con ningún sistema de cuotas especial para la gente joven, pero hemos hecho un esfuerzo consciente a favor de la renovación, para que sea posible dar a las mujeres y a los jóvenes una oportunidad real de competir con nosotros, los hombres mayores. 
Es un placer poder contribuir con una historia de éxito del mundo real al debate sobre la igualdad. 
En la Convención de la UE, la Sra. Dybkjær y otras personas lucharon valientemente por la igualdad entre hombres y mujeres, pero desafortunadamente esta igualdad solo se incorporó en los valores de la edición danesa. 
Las ediciones de los demás países solo hablan de igualdad en lugar de la igualdad entre hombres y mujeres. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la cuestión que estamos debatiendo hoy hace referencia al curso de las próximas elecciones europeas, pero también tiene un significado más amplio para la participación de las mujeres en la vida política. 
El informe de la ponente contiene datos interesantes sobre la situación actual en los Estados miembros y en el Parlamento Europeo. 
También toca todos los aspectos del problema y realiza interesantes propuestas para resolverlo, propuestas derivadas principalmente de la experiencia de los diversos países. 
Creo que promover el intercambio de estas experiencias es muy importante, porque aporta información a las agencias competentes, les da ideas para la aplicación de medidas y la evaluación del progreso. 
En mi opinión, la Comisión Europea debería facilitar estas acciones. 
Este año está dedicado al programa de acción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para participar en cargos de responsabilidad. 
Me gustaría saber si ya se ha obtenido algún resultado de la aplicación del programa. 
Sin embargo, sospecho que no hay nada interesante ni nuevo que decirnos, porque las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales, a las que se refiere principalmente el programa, no pueden dar fruto si no existe un diálogo público en los Estados miembros sobre esta cuestión, que implique a los Parlamentos nacionales y regionales, donde existan, y que siente a los partidos, autoridades locales y agencias sociales frente a frente con sus opciones y responsabilidades, con el fin de informar a toda la sociedad sobre la cuestión de la participación de las mujeres, una cuestión que afecta al futuro de toda la sociedad y no solo al de las mujeres. 
También necesitamos un diálogo abierto entre los propios partidos, para que todos estén informados y al día, desde los líderes hasta los cuadros regionales, del déficit de participación de las mujeres y de la necesidad de aplicar una estrategia para apoyar y promover la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad. 
Finalmente quiero decir, en el período previo a las elecciones europeas, que tenemos que concienciar e informar a las mujeres, como ciudadanas y votantes, acerca del significado de estas elecciones y de su importancia. 
Los plebiscitos y referendos, cuando se han celebrado, nos dicen que las mujeres son las que más se distancian, entre todos los ciudadanos, de las cuestiones de la política europea y las más euroescépticas. 
Esto es un reto que nos afecta a todos, tanto en el plano europeo como nacional, y las elecciones europeas nos ofrecen una oportunidad de demostrar nuestra decisión de hacerle frente. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, es una gran satisfacción poder ver hoy dos titulares de portada de la prensa popular dedicados a las posturas que la Comisión y el Parlamento Europeo quieren adoptar, con el fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto con respecto a su acceso a los bienes y servicios, como a su representación en el Parlamento. 
Por fin se habla de estas cuestiones. 
Quiero felicitar a nuestra colega, la Sra. Dybkjær, que subraya la extrema importancia que puede tener el cambio de actitudes para la integración de las mujeres en la vida política, en igualdad de condiciones con los hombres, para todos los contratos sociales y políticos que tenemos con nuestros ciudadanos. 
Se reconoce que la acción positiva es fundamental, si queremos conseguir una representación equilibrada para hombres y mujeres. 
Se reconoce que la implicación de ambos sexos en el desarrollo político mejora la política y hace que resulte pertinente para una población variada. 
La representación claramente escasa de las mujeres en el proceso de toma de decisiones plantea el problema de la legitimidad de las estructuras sociales, dado que el funcionamiento de un sistema democrático refleja a la sociedad por la que aboga o a la que defiende. 
La igualdad es un valor europeo que los Estados miembros deben respetar. 
No podemos mantener esta incoherencia a las puertas de la ampliación, si queremos conservar, e incluso aumentar, la representación de las mujeres en una Cámara que debe encabezar esta nueva tendencia y, al mismo tiempo, ser el crisol que permite imaginar nuevos comportamientos y nuevas estrategias. 
Si queremos que esto sea posible, y no solo deseable, tenemos que actuar desde ahora de forma que la campaña de 2004 afirme y haga fructificar el principio de la democracia efectiva en la que estén representados ambos sexos, dado que el mínimo descenso de nuestra representación sería una señal que podría ser malinterpretada a las puertas de la ampliación. 
Quiero llamar su atención sobre la extrema desigualdad de poder que existe: la existente entre hombres y mujeres, y quiero dar las gracias a la por su informe, que una vez más hace hincapié en la necesidad de la paridad. 
Todavía nos queda mucho camino por recorrer incluso en este Parlamento, donde un tercio de los diputados son mujeres, y el país que registra las mejores cifras, Suecia, ha pasado recientemente del 40 al 45%; todavía no están en condiciones de igualdad, aunque todos envidiamos a Suecia. 
Hemos progresado en Bélgica, pasando del 11 al 23%. 
Los nuevos países podrían aprender de esto, dado que hacemos grandes esfuerzos por conseguirlo. 
Si dejamos esta cuestión en manos de, digamos, los hombres, nada cambiará. 
Si nos limitamos a esperar un cambio de mentalidad, podríamos seguir teniendo este debate cuando nuestras bisnietas sean diputadas al Parlamento Europeo. 
Debemos esforzarnos nosotras mismas, y eso resulta también especialmente aplicable a los nuevos países. 
Ninguno de ellos alcanza la marca del 30% que ya hemos conseguido aquí. 
Solo tres países tienen una representación de mujeres superior al 20%. 
Solo el 14% de sus representantes en este Parlamento son mujeres. 
Si tenemos 100 nuevos diputados del Parlamento, en el peor de los casos, si se aplica la misma proporción, tendríamos 86 hombres y 14 mujeres. 
Esto supone un paso atrás general para las mujeres en el Parlamento Europeo. 
No debería darse el caso de que los países candidatos provoquen que nuestro Parlamento esté todavía más dominado por los hombres. 
Ese es el motivo por el que en el Parlamento Europeo queremos ofrecer un firme apoyo a todas las mujeres y a todos los Gobiernos que quieren mejorar las cosas, porque nada cambiará sin voluntad política. 
Las cuotas son a menudo criticadas por no estar justificadas, por no dejar todo a la evolución espontánea de la democracia. 
Señorías, somos legisladores y cualquier legislador sabe bien que no se puede dejar todo a la evolución espontánea y que es necesario emprender acciones. 
Los países que han obtenido mejores resultados son aquellos cuyos Gobiernos han modificado su legislación. 
Permítanme citar el ejemplo de Bélgica, donde no está permitido tener tres candidatos del mismo sexo en los primeros puestos de la lista europea. 
Ahora también queremos que se presente un número igual de candidatos y espero que las excelentes recomendaciones de este informe sean adoptadas por los Gobiernos. 
Espero que la Comisión presente una iniciativa y espero que el Consejo presente iniciativas, para que la igualdad en este Parlamento, tanto como, no se vea perjudicada, sino que mejore tras la adhesión. 
– Señora Presidenta, comparto la preocupación expresada en el excelente informe de la Sra. Dybkjær con respecto a la escasa representación de mujeres en el Parlamento Europeo. 
Desgraciadamente es cierto que, si miro a mi alrededor, es evidente que hay pocas mujeres aquí, especialmente mujeres jóvenes y mujeres con familia. 
Como muchos han comentado, a la luz de las estadísticas la situación parece incluso más alarmante que antes, con respecto a las elecciones del próximo año, que se celebrarán tras la ampliación. 
La proporción de mujeres que trabajan en los parlamentos nacionales de los nuevos Estados miembros no supera el 30% en el mejor de los casos, y en más de la mitad de estos Estados la proporción de mujeres diputadas al Parlamento ronda la marca del 10%. 
Sin embargo, debemos recordar que las cosas también podrían mejorar en los actuales Estados miembros, incluido mi propio país, Finlandia, aunque Finlandia se puede considerar uno de los pioneros en términos de igualdad entre hombres y mujeres. 
¿Por qué no se va a votar a las mujeres, entonces, si más de la mitad del electorado son mujeres? 
El informe identifica a los partidos de las circunscripciones y mecanismos de selección como las principales razones de la escasa representación de mujeres. 
Sistemas como el procedimiento electoral finlandés han garantizado una representación igualitaria para mujeres y hombres. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, casi la mitad de la delegación finlandesa está compuesta por mujeres, por lo que probablemente el sistema no funciona mal. 
En lugar de que los partidos empleen largos y jerárquicos sistemas para la elaboración de las listas, en el sistema electoral finlandés uno vota tanto al candidato como al partido y, en la práctica, las elecciones al Parlamento Europeo han consistido en gran medida en elegir a una persona, dando prioridad a los candidatos sobre los partidos, que se mantienen en un segundo plano. 
En estas condiciones, las mujeres han obtenido buenos resultados. 
Por supuesto, las tradiciones y la cultura electoral influyen. 
Sin embargo, esto demuestra que las mujeres son elegidas cuando simplemente se presentan a las elecciones. 
Pero, ¿por qué las mujeres jóvenes, en particular, no están interesadas en la política? 
¿Por qué no se fomenta que las mujeres participen en el ejercicio del poder en mayor medida? 
En mi opinión, estas son cuestiones que llaman a la introspección. 
¿Por qué la UE no resulta interesante? 
A menudo las mujeres consideran la toma de decisiones de la Unión Europea demasiado distante, abstracta y pomposa. 
Las mujeres son heroínas de la vida diaria, a quienes les gustan las cosas más concretas. 
La situación laboral es, con frecuencia, difícil, especialmente para las mujeres con familia. 
Yo misma me di cuenta, mientras esperaba a mi primer hijo, de lo difícil que es combinar la maternidad con la profesión de diputada al Parlamento. 
Las normas de la Unión Europea en materia de baja por maternidad oprimen directamente a las mujeres jóvenes. 
La baja por maternidad no es realmente un concepto familiar y, por ejemplo, en el Parlamento se equipara con la baja por enfermedad. 
Queda mucho por mejorar con respecto a esta cuestión, y esto se refleja en la situación del empleo en Europa en general. 
No se fomenta lo suficiente que las mujeres desarrollen una profesión y creen una familia. 
El resultado es que muchas mujeres descartan deliberadamente la idea de tener hijos. 
El mensaje de la Unión Europea no debe ser que hay que elegir entre profesión o maternidad. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, ya hemos escuchado mucho acerca de un viejo tópico, uno sobre el que llevamos discutiendo años –siempre, de hecho, en el mismo nivel– y me pregunto si hemos avanzado algo. 
Estamos orgullosos del 30% de diputados de esta Cámara que son mujeres. 
Si fuesen el 50%, conseguiríamos la paridad. 
Sin embargo, nos conformamos con el 30% o nos decimos a nosotras mismas que hemos progresado, porque hemos conseguido mucho en comparación con otros países. 
Lo que esto significa es que, durante un siglo, hemos venido progresando de milímetro en milímetro y que lo que hemos conseguido no está ni mucho menos afianzado. 
Cuando digo que existe el riesgo de que suframos más reveses en este ámbito, no me refiero solo a los nuevos Estados miembros, sino también a los actuales, que tienen que hacer enormes esfuerzos para conseguir ese tipo de cuota en esta Cámara. 
Ayer, cuando se presentaron los informes de situación, no escuché ni una sola palabra sobre la escasa representación de las mujeres. 
Esto también deberíamos tenerlo en cuenta e incorporarlo en los informes de este tipo, permitiendo que demuestren lo que falta y dónde todavía hay que introducir cambios, en lo que respecta a la política de igualdad de oportunidades. 
Si decimos que no hay suficientes mujeres candidatas, cosa de lo que se nos acusa con mucha frecuencia, entonces tenemos que pensar un poco en cómo se supone que tienen que combinar las mujeres su profesión con la familia y la política, cuando también sufren constantemente remordimientos con preguntas como: ¿cómo puede una hacer esto, lo otro y lo de más allá? 
En mi opinión, es aquí donde la sociedad tiene que desempeñar su papel y también donde tiene que haber consecuencias para los Estados miembros que no cumplan su compromiso, particularmente de crear oportunidades verdaderamente iguales. 
Me pregunto qué mecanismos hay y cuáles son las consecuencias cuando no los cumplen. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero darles las gracias por este debate, ha sido verdaderamente ilustrativo de la importancia de los papeles que todos tenemos que desempeñar. 
La Comisión debe aceptar su responsabilidad. 
Sé que mi colega, la Sra. Diamantopoulou, está estudiando en estos momentos la posibilidad de organizar debates de mesa redonda en los Estados miembros y los países candidatos, con el fin de discutir la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Creo que estos debates deberán cubrir todos los aspectos, desde los nombramientos hasta la manera en que deberían concederse subsidios y modalidades de apoyo, para permitirnos fomentar también la igualdad entre hombres y mujeres. 
Sin duda, en este ámbito los partidos políticos, el Parlamento Europeo y las organizaciones no gubernamentales también desempeñan un importante papel. 
Deben trabajar en estrecha colaboración para mejorar la representación de las mujeres. 
En el período previo a las elecciones al Parlamento Europeo, es sin duda importante garantizar que se mantenga, y en el mejor de los casos que aumente, la representación de las mujeres. 
Todas las intervenciones han dejado claro asimismo que los nuevos Estados miembros también deben ser conscientes de esto, si queremos garantizar que las mujeres estén bien representadas desde el principio. 
Esta es una cuestión con la que, por suerte o por desgracia, tendremos que convivir durante mucho tiempo, dado que desafortunadamente vivimos unos tiempos en los que es más fácil dividir un átomo que eliminar un prejuicio. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. (1) 
. Señorías, tengo el placer de informarles de la presencia en la tribuna oficial de los miembros de una delegación del Congreso Nacional Popular de China. 
Doy una calurosa bienvenida a la delegación china. 
Están aquí para asistir a la XX Reunión Interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y China, y la delegación está encabezada por el Sr. Wang Yingfan, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Nacional Popular de la República Popular de China. 
Esperamos un diálogo constructivo y deseamos a todos ¡! 
. Continuamos con la votación. 
. – Señor Presidente, no es la primera vez que tomo la palabra antes de la votación sobre informes como este y sin duda lo seguiré haciendo en el futuro. 
Lo normal sería que interviniera antes de cada informe, pero si ustedes están de acuerdo, haré una sola intervención que podríamos aceptar para los tres informes que integran el paquete cultural. 
Según establece el artículo 63 bis de nuestro Reglamento, tenemos que asegurar la compatibilidad financiera de todos los informes. 
Para asegurar el cumplimiento del Reglamento, propongo que añadamos una enmienda oral a los tres informes que diga así: «Considera que el estado financiero modificado es compatible con el límite máximo de las rúbricas 3 y 5 de las perspectivas financieras 2000-2006». 
. – Señor Presidente, recomiendo encarecidamente al Parlamento que apruebe esta enmienda. 
El departamento jurídico del Parlamento ha afirmado que la asignación a organizaciones culturales incumple claramente el Reglamento financiero. 
Esta propuesta permitiría un período de transición suave, lo que quiere decir que la asignación podría mantenerse en cualquier caso hasta el año próximo. 
Señor Presidente, quiero pedir a la Cámara que defienda realmente sus derechos. 
La asignación es lo único que nosotros –y quiero decir nosotros y no la Comisión– podemos hacer verdaderamente por la cultura. 
– Con esto concluye la votación. 
. 
Resulta fundamental conocer la realidad sobre la inmigración en los diversos países que componen la Unión Europea y deberíamos, por lo tanto, apoyar todas las iniciativas, en particular en el marco de las recomendaciones de la ONU, que promuevan el conocimiento de esta situación extremadamente importante, que engloba situaciones de humillación y explotación inaceptable e inhumana, tales como el tráfico de personas o la explotación de una mano de obra totalmente desprovista de derechos. 
Es necesario entender mejor esta situación, para que podamos combatir más eficazmente sus causas subyacentes, que son desigualdades e injusticias sociales o guerras y a todos los que las explotan, particularmente aquellos que se aprovechan de innumerables personas en situación «ilegal». 
Debemos entender la situación, pero solo con el fin de ofrecer un importante apoyo a las víctimas de las redes de delincuencia, hombres, mujeres y niños que simplemente están luchando por tener una oportunidad, por el derecho a una vida mejor. 
Otra cosa es utilizar este esfuerzo necesario para elevar al plano comunitario la política de inmigración, proponiendo, como hace el informe, el establecimiento de una «legislación europea vinculante». 
Otra cosa es conocer la realidad para reforzar la aplicación de las actuales políticas de inmigración represivas, con el fin de crear una «fortaleza Europa». Esto lo rechazamos. 
. 
La normalización de las estadísticas utilizadas por las organizaciones y autoridades nacionales, que se realizan actualmente empleando diferentes parámetros, es uno de los puntos más interesantes de esta comunicación, principalmente debido a la facilidad y a la frecuencia con que los datos estadísticos son manipulados por los organismos que las publican. 
Es necesario mejorar la recogida y el análisis de las estadísticas comunitarias en un ámbito común tan importante como el del asilo y la inmigración. 
Sin embargo, lamento que la Comisión haya presentado tan tarde su comunicación, como ya ha mencionado el ponente, dado que el programa de acción corresponde al período de 2002-2004, mientras que la comunicación está fechada en abril de 2003... 
También apoyo al ponente cuando, abogando por la transparencia de la recogida de estadísticas y por que estas sean inteligibles y accesibles para el público, sugiere que la Red Europea de Migración pueda desempeñar el papel previamente asignado al Observatorio de Migración. 
Teniendo en cuenta que una de las consecuencias del plan de acción será un notable aumento de la elaboración de estadísticas, no podemos excluir la posibilidad, como nos recuerda el ponente, de que haya que revisar las futuras normas presupuestarias. 
Por tanto, he apoyado las posturas defendidas en el informe y he votado a favor del mismo. 
Defendemos la subsidiariedad y afirmamos que las instituciones comunitarias no deberían interferir en los sistemas electorales de los Estados miembros ni en los sistemas de confección de las listas electorales de los partidos políticos. 
Por lo tanto, hemos decidido votar en contra del informe de iniciativa propia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades sobre las «Elecciones de 2004: Cómo garantizar una representación equilibrada para mujeres y hombres». 
. 
Esta iniciativa, que pretende promover una representación más equilibrada para mujeres y hombres en la composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de 2004, debe ser acogida con satisfacción, a pesar de sus limitaciones. 
El aumento de la participación de las mujeres en la vida social y pública es una preocupación y un objetivo que debemos apoyar, pero no basta con pedir que haya más mujeres que participen en la vida política. 
Como sabemos, el progreso en el ámbito de los derechos de las mujeres y de una verdadera igualdad de oportunidades solo se consigue cuando estos derechos tienen una base sólida y cuando son el resultado de avances sociales conseguidos gracias a la lucha de los trabajadores y de las mujeres por sus derechos, y no solo gracias a medidas administrativas, artificiales y elitistas. 
Sin embargo, debo subrayar la necesidad de una mayor participación de las mujeres en la vida social y política de todos los países y en el Parlamento Europeo. 
El problema es que la actual ofensiva capitalista neoliberal para desmantelar los innumerables logros sociales afecta, hoy igual que ayer, pero incluso de forma más brutal, a las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras son las principales víctimas, en particular con respecto al ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho a tener un empleo y a ser elegidas para participar en la vida social y política. 
Finalmente, solo quiero recordar que, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1999, en las listas de la (Coalición Democrática Unitaria) , a la que pertenece el Partido Comunista Portugués, 11 de los 25 candidatos eran mujeres, siendo mujer la cabeza de lista. 
– Yo había presentado una serie de enmiendas al proyecto de informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, y varias de ellas han sido aprobadas. 
Su propósito era mejorar ciertas propuestas y peticiones realizadas a los partidos políticos y Gobiernos nacionales, no para debilitar esas propuestas y peticiones, sino para respetar el principio de subsidiariedad e independencia de los partidos y Gobiernos y para prevenir una interferencia de dudosa calidad que podría ser incluso contraproducente. 
En mi opinión, el hecho de pedir la introducción de cuotas mediante una legislación o insistir en legislar acerca del principio de la democracia paritaria es ir demasiado lejos. 
Por tanto, considero que, en este ámbito, no debe existir un choque frontal con países y partidos que –a menudo precisamente por respeto a las mujeres– no quieren cuotas para las mujeres, dado que tales cuotas implican que las mujeres son aparentemente incapaces de hacerse un sitio en los partidos y en los corazones del electorado. 
Ese sitio también puede conseguirse mediante la resistencia, la valentía, las aptitudes y la calidad que asimismo deberían demostrar los hombres que quieren conseguirlo. 
Tenía mucho interés en hacer estas observaciones para evitar que este informe, a favor del cual he votado, sea contraproducente para su objetivo, con el que estoy de acuerdo. 
. Ya no se da el caso de que ciertas obligaciones familiares y ciertas profesiones estén reservadas a hombres o a mujeres. 
La política ya no se establece de acuerdo con lo que los hombres consideran importante. 
Ya no se espera que las mujeres dejen las decisiones más importantes a los hombres. 
Este progreso contribuye a una mayor igualdad entre las personas. 
Por desgracia, esto no está sucediendo simultáneamente en toda Europa. 
Podemos comprobar, por el número de mujeres elegidas a los Parlamentos nacionales, que los países escandinavos y los Países Bajos están a la cabeza, que los países del sur de Europa y los países de habla inglesa están por detrás, y que el papel de las mujeres en el este incluso se ha reducido. 
Existe un temor justificado a que, tras la ampliación de la Unión Europea, el número de mujeres en el próximo Parlamento Europeo sea inferior al actual. 
Solo podremos conseguir un cambio en este sentido a través de una mayor participación de las mujeres en ámbitos donde hay conflictos de opiniones e intereses y también mediante su participación en las organizaciones implicadas. 
Debemos eliminar los obstáculos que lo impiden. 
La legislación electoral puede contribuir aboliendo los sistemas basados en distritos, pero no legislando sobre la composición de las listas electorales. 
Las listas de mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, para la Cámara Alta y la Cámara Baja están compuestas al 50% por mujeres, pero no hacemos esto por obligación, sino por convicción. 
La feminización de la política se consigue empezando desde abajo y continuando la lucha fuera del Parlamento. 
El hecho de votar en contra de este informe no debería interpretarse, por supuesto, como un signo de hostilidad hacia la representación de las mujeres en la política. 
Aparte del hecho de que la filosofía general del informe –concretamente, la discriminación positiva– es contraria a las tradiciones constitucionales de ciertos Estados miembros y, en particular, al universalismo republicano en el que se basa la legislación francesa, el rechazo de este documento se fundamenta únicamente en el respeto por la distribución de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. 
En este caso, y en ausencia de un procedimiento electoral uniforme, la Unión Europea no tiene competencia alguna para intervenir, como invita a hacer este informe, en la definición de las normas que rigen la organización de las elecciones europeas. 
Por tanto, el Parlamento Europeo no puede legítimamente pedir a los partidos políticos nacionales que «introduzcan sistemas de cuotas, tales como el denominado “sistema cremallera” », por el que los hombres y las mujeres aparecen alternativamente en las listas, «o adopten medidas de fomento de una participación equilibrada» , ni pedir a la Comisión que distribuya información sobre el misterioso concepto de la «democracia paritaria» ni recomendar la financiación de «campañas de sensibilización». 
. 
He votado en contra de este informe porque no estoy de acuerdo con las medidas que la ponente recomienda para garantizar una representación equilibrada entre hombres y mujeres. 
Rechazo totalmente este intento ilegítimo de interferir en la organización política interna de los Estados miembros y la confusión existente entre igualdad e igualitarismo. 
La adopción de medidas legislativas de discriminación positiva para facilitar el acceso de las mujeres a cargos políticos debe ser siempre analizada muy detenidamente, para no alterar las normas genuinas de la democracia y de la libre elección, así como para no ofender y discriminar a las mujeres que, por deseo y méritos propios, han alcanzado los puestos más altos sin ningún mecanismo artificial para promocionarlas. 
El planteamiento adoptado por la ponente pertenece a la ideología feminista radical, que parece haberse adueñado de la comisión en la que se elaboró este informe. Este planteamiento no coincide con la perspectiva y las preocupaciones de la mayoría de las mujeres europeas que, diariamente, demuestran su valía ni ningún complejo con respecto a su condición y sin ceder ni intentar imponer un planteamiento sexista. 
También quiero subrayar, para añadir un toque de humor, tanto la amenaza velada de desobediencia civil que la ponente deja caer basándose en un supuesto fracaso de la «legitimidad de la toma de decisiones» , y la arrogancia de «modificar» el «contrato social» por decreto. 
. En este informe, se pide a la Comisión que distribuya información sobre el concepto de democracia paritaria. 
No debemos permitir que la Comisión responda a esta petición. 
La democracia paritaria perjudica totalmente a la emancipación de las mujeres como ciudadanas. 
La democracia paritaria pretende, en última instancia, introducir leyes electorales que especifiquen que la mitad de los puestos de los organismos electos deberían estar reservados a las mujeres y la otra mitad a los hombres. 
Esto se reduce a un «apartheid sexual» y contraviene el derecho libre e individual a elegir y a ser elegido. 
La democracia paritaria se basa en la filosofía de la diferenciación y asume que existen diferencias «esenciales» entre hombres y mujeres. 
No es tarea de la Comisión aplicar esos conceptos peligrosos y unilaterales. 
Comparto la opinión de la filósofa francesa Elisabeth Badinter de que no se debe permitir que el Estado reduzca a las personas a su sexo. 
La Comisión debe facilitar información objetiva sobre el efecto de los diferentes instrumentos legislativos y de otro tipo. 
Curiosamente, en el pasado los mejores resultados se han alcanzado en países cuyos partidos políticos han tomado la iniciativa ellos mismos, incluyendo más mujeres en sus listas electorales y donde el dogma de la democracia paritaria (impuesta por ley) no cuenta prácticamente con ningún apoyo. 
. Como liberal, siempre estoy a favor del diálogo en el Parlamento. 
De hecho, de eso trata la democracia. 
Como ponente, siempre he intentado ser una intermediaria honesta y objetiva, y mantener un diálogo con los diversos puntos de vista europeos de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y con las diversas organizaciones. 
Desde el principio pude comprobar que habría un problema. 
He intentado defender un compromiso en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Un reglamento con dos capítulos. 
Siento que finalmente este haya dejado de ser el punto de vista oficial del Parlamento, aunque continuaré a su disposición. 
Me he abstenido en la votación legislativa porque quiero estar en condiciones de mantener el diálogo con todos los agentes institucionales implicados en esta cuestión, que es tan importante para Asia y América Latina. 
Tenemos un solo objetivo: aceptar un reglamento definitivo en un futuro próximo, con consenso entre los diversos puntos de vista. 
Señor Presidente, a la luz de las palabras de la ponente, Sra. Sanders-ten Holte, que no consiguió que su punto de vista fuese avalado por la propia Comisión de Desarrollo y Cooperación, ni ha conseguido ahora que lo sea por el Pleno, ella ha reconocido que no puede compartir las conclusiones y el sentido del voto. 
A mí me parece, señor Presidente, que lo más honesto y lo más razonable es que la Sra. Sanders-ten Holte haga dejación de esas responsabilidades, al no poder hacer suyo el dictamen del Pleno y al no haber podido recabar el apoyo de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Hemos votado en contra del informe de la Sra. Sanders-Ten Holte sobre «cooperación de la Comunidad con los países de Asia y América Latina» , salvo en el caso de unas cuantas enmiendas relativas a la ayuda humanitaria, con la esperanza de que esta no desaparezca en manos de líderes políticos locales corruptos. 
En nuestra opinión, el importe de esta ayuda es irrisorio. 
Basta decir –y esto lo denunciamos– que un supuesto aumento de la ayuda para América Latina conlleva la correspondiente reducción de la ayuda para Asia. 
Con una distribución tan escasa, la ayuda es incapaz de compensar las drásticas consecuencias del saqueo en el que siempre han participado, en estas regiones y en otras, las grandes empresas o las entidades financieras norteamericanas y europeas. 
Obteniendo materias primas a bajos precios, arañando zonas de influencia o, de nuevo, imponiendo sus servicios a altos precios, la rapacidad de las grandes empresas europeas, unida a la de sus amigos locales, es la verdadera fuente de empobrecimiento de las poblaciones de esos continentes. 
En los últimos años, esto ha provocado incluso el colapso de varias economías nacionales en esos dos continentes. 
Esto se debe a que, lejos de erradicar la pobreza, todas estas tendencias económicas de la Unión Europea solo sirven para que aumente. 
. 
Los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo hemos tenido que votar en contra del informe modificado por tener graves reservas respecto a la duplicación y complicación de la legislación, la disminución de los recursos asignados a Asia, y el uso de valores de referencia. 
El Parlamento ha adoptado una posición común a favor de unas reglas y unos procedimientos más sencillos, y no tiene ningún sentido que una normativa legal técnica sustituya a los documentos de estrategia nacional y los programas indicativos nacionales. 
La aprobación de dos Reglamentos diferentes debilitaría el objetivo de simplificar y clarificar los programas de política de desarrollo. Por otra parte, la transferencia de fondos de Asia a América Latina no puede justificarse, tratándose la primera de la región más pobre del mundo. 
No hemos podido votar a favor de las enmiendas 1 y 2 para dividir el Reglamento; las enmiendas 93 y 94 para recortar los fondos que recibe Asia y aumentar los que recibe América Latina; las enmiendas 3, 18, 56 y 97 sobre el uso de valores de referencia y un Fondo de Solidaridad Birregional para América Latina (que crearía otro nivel pesado e inútil de burocracia) ; ni las enmiendas 18, 28, 29, 56, 57, 95, 96 y 99 que establecen un rígido marco para los programas encaminados a combatir la pobreza. 
Queda por ver cuál será el efecto de la votación de hoy en la Comisión y el Consejo. 
El resultado podría ser que no defendiéramos ni los intereses de Asia ni los de América Latina. 
. 
La finalidad de la ayuda de la Unión Europea es la de combatir la pobreza. 
La mayor proporción de gente pobre del mundo vive en Asia. Por tanto, sería una error transferir fondos comunitarios de Asia a América Latina. 
Por otra parte, creemos que, tal y como ha propuesto también la Comisión, un único reglamento para Asia y América Latina con un capítulo separado para cada una de las dos regiones sería una buena solución. 
Esto ayudaría a evitar los trámites burocráticos y la duplicación de los esfuerzos. 
Desafortunadamente, el Parlamento ha votado hoy a favor de dos reglamentos, que llevarán a un interminable proceso que implicará al Consejo. 
Por estas razones hemos votado en contra de las siguientes enmiendas: las enmiendas 1 y 2, con el fin de que el reglamento se divida en dos reglamentos; las enmiendas 18, 56 y 97, relativas a la creación de un Fondo de Solidaridad para América Latina; y las enmiendas 93 y 94 acerca de la transferencia de recursos financieros de Asia a América Latina. 
. 
Estamos de acuerdo en principio con la idea de ofrecer más apoyo a la gente joven, pero esta propuesta de la Comisión, que demuestra una actitud claramente federalista que resulta inaceptable, da prioridad más o menos exclusiva a las grandes organizaciones, muchas de ellas supranacionales, como el Foro Europeo de la Juventud (FEJ) y a ONG relacionadas con los jóvenes. Esto sucede en un momento en el que la implicación de los jóvenes está claramente orientada a movimientos juveniles nacionales y locales, lo que se ignora totalmente en la ayuda que se concede. 
El denominado FEJ es un organismo que no es más que una caja de resonancia de la Unión Europea: distante del movimiento europeo juvenil y completamente ignorado por los millones de jóvenes de toda Europa. 
La propuesta que se ha presentado demuestra claramente el deseo de la Unión de legitimar sus propias políticas para la juventud, en la que solo se concedan fondos a las «superestructuras juveniles» , en un intento artificial de promover la participación inexistente de la juventud en las políticas comunitarias y de contribuir a adormecer el espíritu crítico de los jóvenes y del movimiento juvenil. 
Por consiguiente, aunque el informe hace algunas propuestas positivas, estas son claramente insuficientes, dados los graves problemas a que se enfrentan los jóvenes actualmente. 
. 
Comparto totalmente la sorpresa de la ponente ante el hecho de que la Comisión Europea no haya aprobado esta propuesta hasta finales de mayo, lo que ha obligado a retrasar la concesión de las primeras partes de las subvenciones a las organizaciones beneficiarias. 
La dotación presupuestaria propuesta para las organizaciones juveniles, como también subraya la ponente, debe ser incrementada, particularmente a raíz de la ampliación. 
La estructura demográfica de los países en desarrollo y la necesidad de estimular el interés de sus jóvenes en las cuestiones europeas exige este tipo de acción. 
También hay que alabar la propuesta a la Comisión de que garantice que los programas de financiación que se han anunciado o iniciado sean convenientemente aplicados y, concretamente, que se reduzca el número de solicitudes rechazadas por razones puramente técnicas o formales. 
He apoyado este informe y, por tanto, he votado a favor del mismo. 
. 
El Libro Blanco de la Comisión aboga por el principio de la participación pública en la definición y aplicación de la política, lo que debemos acoger con satisfacción. 
Sin embargo, las pautas políticas generales de la Unión se están aplicando al margen y, en ocasiones, en contra de la voluntad de la gente, particularmente de la gente joven. 
A pesar de que la ayuda financiera que se propone para enseñanza y organismos de formación demuestra que existe una voluntad de contribuir al desarrollo de nuestros sistemas educativos, tiene una visión elitista, alejada de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes actualmente y no satisface las necesidades de los sistemas educativos de cada Estado miembro. 
Los intentos de contribuir económicamente a las acciones que ayuden a mejorar las condiciones de la enseñanza y la formación han de ser, sin embargo, acogidos con satisfacción, especialmente si tienen en cuenta la gravedad del abandono escolar prematuro en algunos países, como Portugal, el analfabetismo aún existente, la necesidad de acabar con el trabajo infantil y de promover la enseñanza y la formación. 
Igualmente positivas son las propuestas de que se celebre un debate sobre estas cuestiones y de que el programa sea controlado por los Estados miembros. 
Señor Presidente, quiero hablar brevemente sobre las explicaciones de voto relativas al informe Iivari, para dar las gracias a la Sra. Iivari y declarar que voté totalmente convencido a favor de este informe, que ya ha aclarado una serie de puntos y ha creado las condiciones para que se empleen los medios necesarios, especialmente por lo que respecta a la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y a la Información y Documentación sobre Lenguas Minoritarias; aunque, sin duda, también me interesan las demás cuestiones de este informe, esta me interesa particularmente. 
Creo que esta Cámara ha sido coherente con esto recientemente y está tomando la iniciativa. Espero que la Comisión, al igual que ha intentado aclarar estas cuestiones, continúe haciéndolo a través del plan de acción para las lenguas y que demuestre en la práctica el nuevo compromiso que el Parlamento ha exigido. 
. 
Esta propuesta tiene el fin de establecer un programa plurianual (2004-2008) para conceder subvenciones para la promoción de organizaciones culturales, con el fin de sentar una base jurídica para las subvenciones existentes, que anteriormente estaban incluidas en los gastos administrativos de la Comisión. Ahora, sin embargo, tras los cambios en el reglamento financiero y las sentencias del Tribunal de Justicia, es necesario establecer una base jurídica para estas subvenciones. 
Esta línea debe ser aprobada, para garantizar que las organizaciones culturales existentes reciban fondos comunitarios, en particular la línea de la Ruta Cisterciense. 
Es una lástima que el presupuesto establecido solo ascienda a un total de 30 millones de euros para todo el período. 
Finalmente, acojo con satisfacción el rechazo de la propuesta de cambio que intentaba equiparar, de forma inaceptable, el nazismo y el fascismo. 
. 
Tal y como figura en cierta medida implícito en el informe de la Sra. Oostlander sobre el «plan de acción para la recogida y el análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración» , informe por el que también hemos votado en este pleno, lo que aquí se expresa de forma bastante explícita es una iniciativa para crear un instrumento destinado a conseguir la comunitarización de una política de migración represiva, de acuerdo con la idea de una «fortaleza Europa». 
Basta con ver, por ejemplo, la interpretación política de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. «La creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración puede considerarse como una medida encaminada al establecimiento de un servicio exterior común de la Unión Europea... » 
De hecho, el objetivo previsto para las actividades de los funcionarios de enlace de inmigración es, como señala la ponente, combatir la inmigración ilegal como responsables de la aplicación de esta política en los países en los que se origina esta inmigración, incluida la tarea de recopilar diez categorías de información, que tendrán que recoger estos funcionarios. 
La ponente afirma que, con respecto al objetivo de «contribuir a la gestión de la inmigración legal» , «la forma que podría adoptar esta gestión no se precisa en ningún otro artículo del Reglamento». 
De ahí nuestro voto en contra del informe. 
. 
Apoyo la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración, con el fin de aplicar gradualmente la gestión coordinada e integrada de nuestras fronteras exteriores. 
Como ha afirmado la Comisión, ya existen estrechos lazos entre los funcionarios de enlace de inmigración, y ahora el objetivo es garantizar que esta cooperación informal cuente con un marco que refuerce y aumente su efectividad. 
En este ámbito, como en otros, creo que sería positivo y útil adoptar instrumentos de coordinación, con el objetivo de tratar cuestiones que afectan a algunos de los Estados miembros o a todos ellos. 
Esto resulta aplicable específicamente a la mejora –y me refiero a la mejora de la precisión y eficacia– del intercambio de información entre funcionarios de enlace, para conseguir una definición mejor del tipo de información intercambiada, de la naturaleza de los canales de comunicación utilizados para este propósito y de los plazos de tiempo que se deben cumplir cuando se recibe una solicitud de información. 
La formación adecuada de estos agentes reviste especial importancia, como señala la ponente, principalmente porque, de acuerdo con la encuesta realizada por la Comisión entre los funcionarios de enlace, resulta imperativa para la creación de una verdadera red. 
Por tanto, he votado a favor. 
Señor Presidente, quiero manifestarme sobre la manera en que por fin se ha aprobado una comisión temporal para que investigue las incidencias y consecuencias del desgraciado accidente del buque en las costas gallegas. 
Muchos han sido los esfuerzos que ha hecho el Partido Popular, precisamente, para que esta comisión no investigara sobre todo lo ocurrido en aquellos días precedentes y durante el desgraciado accidente. 
Por fin tenemos la comisión y yo espero que se pueda hacer la luz en todo ello. 
Pero quiero insistir en algo: a pesar de todas las medidas de que este Parlamento ha pretendido dotar a la Unión Europea para evitar un accidente similar, si hoy tuviéramos un caso como el del correríamos el mismo riesgo; porque el buque ni entraba ni salía de ninguno de los puertos de la Unión Europea: simplemente pasaba por nuestras aguas comunitarias, y a esto no le hemos hincado todavía el diente, es decir, no hemos tomado ninguna decisión para controlar los "barcos basura" -como el- que navegan por nuestras aguas cada día, y este es un reto que todavía tenemos pendiente y que tenemos que abordar si queremos evitar accidentes desgraciados, como el del, en el futuro. 
. 
La creación de una comisión temporal del Parlamento Europeo para la mejora de la seguridad en el mar es el compromiso que nos permitirá vencer la hostilidad que demuestran nuestros colegas de derechas ante cualquier iniciativa que ayude a determinar las causas de la tremenda catástrofe resultante del hundimiento del y para determinar quién fue el responsable. Me refiero concretamente a la posibilidad de crear una comisión de investigación, como propusimos. 
La creación de esta comisión temporal, que acogemos con satisfacción, es por lo tanto el resultado de un largo y persistente proceso de negociación. 
Queremos que los resultados de su trabajo contribuyan realmente a mejorar la seguridad en el mar, consiguiendo los objetivos para los que fue creada, que son: 
-estudiar las catástrofes marítimas, en particular las del y el; 
-analizar sus consecuencias sociales y económicas, particularmente para la pesca, la industria y el turismo, así como para el medio ambiente y la salud; 
-evaluar las actuales normas de seguridad internacional y la forma en que se aplican; 
-ayudar a garantizar la aplicación de las recomendaciones que ya han sido aprobadas por el Parlamento Europeo y complementarlas, si fuera necesario. 
Entre las recomendaciones del Parlamento Europeo que deben ser aplicadas, yo subrayaría, entre otras, el desguace de los petroleros de un solo casco, el incremento de los recursos para las inspecciones, la formación apropiada de los marinos, el aumento de los recursos para las medidas de control de emergencia de la contaminación y la creación de puertos seguros, equipados con medios de emergencia. 
Básicamente, el Movimiento de Junio opina que los sospechosos y los inculpados de los procedimientos penales deberían disfrutar de la máxima seguridad jurídica posible. 
Sin embargo, el informe trata sobre una propuesta de la Comisión destinada a conseguir avances en el lento desarrollo del ámbito jurídico europeo. 
Naturalmente, el Movimiento de Junio no puede apoyar tal iniciativa. 
Por tanto, el Movimiento de Junio ha votado a favor de todos los puntos y enmiendas destinados a introducir normas mínimas para los derechos de sospechosos e inculpados, pero ha votado en contra del informe en conjunto. 
. 
Esta recomendación debería analizarse en el contexto del debate sobre el Libro Verde sobre garantías procesales, en particular de una propuesta para una decisión marco sobre normas comunes mínimas para la legislación procesal, en la que el ponente subraya varios derechos que hay que proteger y defiende una cláusula de no regresión para las normas ya establecidas en la legislación de cada país, armonizándolas con los niveles superiores. 
Sin embargo, es lamentable y significativo que el Parlamento no haya aprobado las propuestas de enmienda presentadas por mi Grupo, que insisten en que es «fundamental supeditar la entrada en vigor de la orden de detención europea a la Decisión Marco sobre las garantías procesales y para una plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia penal en la Unión Europea». 
Como han señalado algunos diputados, es difícil entender cómo se podrá proteger el derecho a una defensa en este contexto, sin condicionar la entrada en vigor de la «orden de detención europea» a la Decisión Marco sobre las garantías procesales. 
Quiero recordar que rechazamos totalmente la «orden de detención europea» que va a entrar en vigor. 
. 
Me he abstenido en la votación porque se han rechazado las enmiendas 1 y 2. 
No debemos olvidar que la nueva reforma del Código Penal español, propuesta por el PP con el respaldo del PSOE, ofrece la posibilidad de mantener a un preso incomunicado durante 13 días. 
Los abogados no tendrán tiempo suficiente para preparar las causas y seguirá existiendo un impedimento para que los presos políticos vascos reciban asistencia jurídica desde el momento de su detención por abogados en los que puedan confiar. 
. 
El establecimiento de normas comunes para todos los Estados miembros acerca del respeto y la protección de los derechos individuales de los sospechosos, inculpados o condenados en procesos penales, como propone la Comisión en su Libro Verde, podría ser positivo. 
Las leyes deben ser entendidas y la justicia previsible, ya que, como bien sabemos, un planteamiento arbitrario siempre dará como resultado una justicia imprevisible. 
Por otra parte, el desconocimiento de la ley no es excusa para no cumplirla y no beneficia al malhechor, que debe conocer los procesos penales a los que se enfrentará. 
Por tanto, estoy de acuerdo con la adopción de normas básicas comunes para las garantías procesales, que incrementarán la confianza tanto de la opinión pública en las autoridades judiciales, como de los diversos agentes de cada Estado miembro en los sistemas judiciales de otros Estados. 
Lo que verdaderamente me ha obligado a estar en contra de este informe –en su redacción final– es que promueve normas que superan de lejos las «mínimas» , como, por ejemplo, el registro de traductores, la «indemnización» en caso de absolución o la presencia de un psiquiatra. 
En otras palabras, no estoy de acuerdo con la recomendación de una lista extremadamente larga de cambios, que llevaría finalmente a una mayor garantía para los ciudadanos extranjeros que para los nacionales. 
Por ello, desafortunadamente he tenido que votar en contra del informe. 
Las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , así como su contribución al desarrollo de la sociedad, son evidentes. 
El objetivo de la sociedad de la información es también el de ofrecer efectivamente información inmediata a precios asequibles para todos los ciudadanos. 
Siguen existiendo desequilibrios entre hombres y mujeres en el ámbito de la formación y el empleo en las nuevas TIC y por eso he votado a favor del informe. 
-La Comisión Europea y los Estados miembros deben elaborar políticas que ayuden a aumentar la participación de las mujeres en las TIC. 
-Las TIC deben integrarse en la enseñanza, desde los niveles más elementales, hasta la enseñanza superior y la formación profesional. 
-Los Fondos Estructurales deben utilizarse para dar cursos de formación específica en este ámbito, que permitan a las mujeres acceder o reinsertarse en el mercado laboral. 
Estas medidas también deberán aplicarse en los países candidatos y en los países en desarrollo, para aumentar las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral y para garantizar el intercambio de información en diversos ámbitos. 
. 
La decisión de elaborar un informe de propia iniciativa sobre la promoción de la participación de las mujeres en lo que se conoce como «la nueva sociedad de la información» ha sido positiva. 
-su condena de la política de desarrollo de nuevas TIC, que se ha centrado en gran medida en aspectos económicos, y en la que el control se deja en manos principalmente del sector privado, sin ninguna valoración del impacto social ni de las políticas adecuadas para el fomento de la igualdad de derechos para mujeres y hombres. 
Como afirma el informe, este planteamiento lleva a una percepción inadecuada de la participación abierta a todos. 
-su advertencia ante el creciente riesgo de exclusión social provocado por la incapacidad de utilizar las ITC, el llamado analfabetismo digital, que afecta principalmente a las mujeres. 
-la necesidad de prestar especial atención a las mujeres, particularmente a las mujeres mayores, desempleadas y con una renta más baja, a las mujeres inmigrantes, a las que pertenecen a minorías étnicas y a las mujeres con discapacidades. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con el tono acrítico que adopta el informe con respecto a las políticas neoliberales defendidas en la llamada «Estrategia de Lisboa» y en las «directrices de empleo» , que ignoran las principales causas de la desigualdad y la injusticia social, de las que las mujeres son las principales víctimas. 
. 
He votado a favor de este informe por la única razón de que creo que la Unión Europea debe centrar sus políticas en la promoción del acceso de todas las personas a los derechos que legítimamente les pertenecen, en particular los relativos al conocimiento. 
En este contexto, las mujeres –al igual que, por supuesto, los hombres– no deben sufrir una discriminación. 
Sin embargo, lamento el hecho de que el texto no pueda resistir la tentación de abandonarse a la retórica feminista y populista, bajo la excusa de un lenguaje supuestamente neutro. 
Al hacer tanto hincapié en ofrecer una agenda radical de ideas y lenguaje, no se da cuenta siquiera de que acaba cayendo en un absoluto ridículo como resultado de sus lugares comunes pretenciosos y hasta auténticas tonterías. 
Véase la ironía de la ponente, por ejemplo, cuando afirma explícitamente su deseo de combatir los estereotipos, pero, a continuación, sugiere la erradicación de la exclusión social de «jóvenes y mujeres: inmigrantes, mujeres con discapacidades, pobres, madres solteras o agricultoras» , mujeres que pertenecen a minorías étnicas y las mujeres mayores, ofreciendo modelos de «mujeres de éxito, independientes y satisfechas» en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
¿Quién puede tomarse esto en serio? 
También comparto la preocupación que expresa el informe acerca de la diversidad lingüística en Internet y considero que es un factor universal de exclusión social, aunque es necesario decir, en este contexto, que la situación es exactamente la misma para hombres y mujeres. 
Puede parecer necesaria una mejor coordinación de la fiscalidad de los turismos de los Estados miembros, pero no debe considerarse una oportunidad para establecer un sistema fiscal europeo. 
La fiscalidad de los turismos no puede separarse de un sistema fiscal general que implica el IVA, impuestos especiales y el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades. 
Por otra parte, constituye un instrumento de los ingresos presupuestarios y, como tal, es competencia de los Estados miembros. 
Tampoco estoy satisfecho con el planteamiento medioambiental adoptado por la Comisión Europea. 
La fiscalidad de los turismos a nivel europeo, como propuso, me parece inapropiada, porque, debido a una presión persistente, muchos sectores que provocan una contaminación mucho mayor no se ven afectados y porque la estructura del mercado del automóvil es específica para cada Estado miembro. 
Hay, por ejemplo, países pequeños y países grandes, países llanos y países montañosos, países con escasa infraestructura de carreteras y países con una gran tradición de transporte público. 
Estas diferencias son específicas de cada Estado miembro y no pueden ponerse al mismo nivel de repente, mediante la fiscalización armonizada de los turismos. 
. Señor Presidente, es importante eliminar las barreras finales para conseguir la circulación totalmente libre de personas, mercancías y servicios. 
Por lo tanto, estoy indudablemente de acuerdo con la propuesta del Parlamento Europeo de pedir a la Comisión que elabore una propuesta concreta para suprimir los impuestos de matriculación. 
Las diferencias de fiscalidad de los turismos en la Unión Europea están provocando grandes diferencias de precios de los vehículos, la fragmentación del mercado del automóvil, la doble imposición y la necesidad de realizar multitud de trámites. 
Los ciudadanos comunitarios pagan demasiado por sus vehículos y no pueden llevarse sus vehículos con ellos cuando se trasladan a otro país. 
Con esta propuesta, la Unión Europea tiene una oportunidad de mejorar fundamentalmente la libre circulación de personas. 
¡Una oportunidad que no podemos dejar pasar! 
. 
He apoyado el informe de la Sra. Honeyball, porque creo que demuestra el apoyo del Parlamento Europeo a la Comisión, para que esta institución pueda abrir un verdadero debate en el Consejo sobre la crucial armonización de la fiscalidad en el sector del automóvil. 
Esta actitud activa es la que quiere la gran mayoría de los ciudadanos europeos, porque asocian un exceso de trámites y los elevados costes administrativos, así como la fragmentación del mercado del automóvil, con las dificultades para consolidar el mercado interior. 
Quiero añadir que la dimensión medioambiental, que es fundamental y está debidamente contemplada en los informes, exige una nueva actitud con respecto a la fiscalidad de los vehículos. 
El informe de la Sra. Honeyball habla de las diferencias de fiscalidad de los turismos entre los distintos países de la Unión Europea, junto con los consiguientes problemas financieros y administrativos que existen cuando las personas se trasladan a otros países. 
Defiende el incremento del impuesto de circulación anual en lugar del impuesto de matriculación y, sobre todo, la sistematización de la lucha contra la contaminación, aplicando principios fiscales armonizados. 
No estamos de acuerdo con este método. 
Por supuesto, nos repugna el desarrollo absurdo y socialmente injusto de la organización urbana y del sistema de transporte, así como sus efectos sobre el medio ambiente. 
Sin embargo, es particularmente hipócrita hacer que los asalariados que adquieren vehículos, incluidos los más corrientes, sean los que paguen por la contaminación. 
Es necesario cambiar el sistema de transporte, para que sea más eficaz y menos contaminante, en primer lugar, extendiendo drásticamente el uso del transporte público y reduciendo significativamente la proporción del transporte en camión en favor de formas de transporte menos contaminantes y peligrosas, e imponer normas contra la contaminación más estrictas a los fabricantes. 
El cambio del sistema de transporte debería financiarse con los beneficios y los impuestos directos, progresivos en función de los ingresos. 
Dado que rechazamos la disipación de responsabilidades propuesta en este informe, finalmente nos hemos abstenido en la votación. 
Aunque este informe contiene muchas ideas positivas, tengo ciertas dificultades con los pasajes excesivamente largos sobre impuestos medioambientales. 
El principio de «quien contamina paga» está generalmente reconocido e incluso ha sido incorporado al Tratado CE, pero la introducción de un impuesto medioambiental sobre el combustible es muy polémica y debería tratarse a nivel nacional, manteniendo el máximo contacto posible con la opinión pública, para que se pueda producir el debate público adecuado. 
Solo puedo advertir contra su introducción a través de los organismos europeos. 
En muchos Estados miembros, incluido el mío, la gente no ha escuchado nada en los últimos años que no sean subidas de impuestos previstas o decididas por la Unión Europea. 
Permítanme recordarles los debates sobre los impuestos especiales de las bebidas alcohólicas, los planes para aplicar el IVA a los servicios postales, la abolición propuesta de los tipos más bajos de IVA, la introducción –en el marco del paquete energético– de un impuesto mínimo sobre el combustible, etc. Si se introduce, el impuesto medioambiental que se está pidiendo podría tener un efecto catastrófico sobre la imagen de la Unión, especialmente en un momento en el que varios Estados miembros han anunciado referendo sobre la Constitución europea. 
Introducir subidas de impuestos sería jugar a favor de los populistas euroescépticos y también sería contraproducente para nuestros esfuerzos por estimular el crecimiento económico. 
. 
Como apunta con acierto la ponente, ya en 1998 el Parlamento Europeo se declaró a favor de reforzar el mercado interior en este ámbito y luchó para terminar con la doble imposición, específicamente a través del impuesto de matriculación, apoyando la propuesta de la Comisión Europea. 
El Consejo todavía no se ha pronunciado. 
El Consejo no se ha pronunciado, a pesar de que la mayor parte de los ciudadanos coinciden en la necesidad de establecer condiciones más equitativas para la compra de vehículos en la Unión Europea. 
Veamos el caso de Portugal, por ejemplo, donde un impuesto –el Impuesto del Automóvil– hace que el precio de venta final sea muy superior al de otros países de la Unión Europea. 
Es de alabar la relación propuesta entre los niveles de tributación y las emisiones de CO2, al igual que la deseada armonización de las condiciones del mercado y la observación que hace el informe de que la competencia entre Estados miembros en el ámbito fiscal es razonable y ventajosa para un desarrollo económico sólido en la Unión Europea. 
Por otra parte, debo recordar que, objetivamente –véase el apartado 2 del artículo 95 del TCE–, esta cuestión no entra dentro del ámbito de competencia de la Unión Europea. 
Dado que estas ideas pretenden ser mucho más que simples recomendaciones, he decidido votar en contra del informe. 
. Con esto concluyen las explicaciones de voto. (1) 
Quiero expresar mi opinión acerca de la discusión entre el Sr. Salafranca y el ponente. 
Creo que el ponente se ha comportado valientemente y que es una lástima que sea tan difícil conseguir un cambio en el Parlamento. 
Señor Presidente, con motivo de la opinión que ha expresado la ponente, Sra. Sanders-ten Holte, quiero manifestar mi asombro porque aunque es verdad que el voto cada uno lo ejerce como puede, como quiere o como cree que es lo mejor, este informe del que ella ha sido la ponente ha sido un informe muy debatido en nuestra Comisión de Desarrollo y Cooperación, y la votación de hoy ha sido clara; por lo tanto, encuentro fuera de lugar su planteamiento de que hay que buscar una solución. 
Yo creo que la solución la ha manifestado este Parlamento, con los votos muy claros, a favor de que haya dos reglamentos distintos para erradicar la pobreza en Asia y en América Latina. 
. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 6 de noviembre de 2003. 
Señorías, como ya sabrán, el sábado 15 de noviembre de 2003 murieron 15 personas y 28 resultaron heridas al caer una pasarela del nuevo crucero, en los astilleros franceses de Saint-Nazaire. 
En nombre del Parlamento Europeo y del mío propio, quiero expresar mi profundo pásame y mi solidaridad con las familias de las víctimas de este terrible y trágico accidente. 
Asimismo, tengo hoy el triste deber de expresar, en nombre de esta Asamblea, nuestra condena y dolor por los dos ataques con coche bomba perpetrados ese mismo sábado contra sendas sinagogas de Estambul, matando al menos a 23 civiles inocentes e hiriendo a centenares de ellos. 
Queremos expresar nuestro mássincero pésame y nuestras condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno turco. 
También apreciamos la rápida y enérgica acción del Gobierno turco de buscar y detener a quienes están detrás de un ataque antisemita indiscriminado, absurdo y criminal que ha golpeado en un lugar de tradicional coexistencia pacífica entre diferentes religiones. 
La intolerancia y el antisemitismo en todas sus manifestaciones repugnan a los valores que representamos. 
También quiero informar a la Asamblea de que el Presidente, al comienzo de la sesión de mañana, desea rendir un homenaje personal a los italianos que han muerto en el Iraq. 
De momento, ruego que guardemos un minuto de silencio por las víctimas del accidente y el ataque que he mencionado. (1) 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 13 de noviembre de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. 
Se han propuesto los siguientes cambios: 
He recibido una petición del Grupo del PPE-DE de celebrar un debate separado sobre su pregunta oral relativa a Eurostat inmediatamente después de la declaración de la Comisión sobre el programa legislativo y de trabajo de 2004. 
– Señor Presidente, tanto mi Grupo como yo comprendemos que cuando se trata de obtener tiempo parlamentario es aconsejable ser breves. 
Por lo tanto, queremos proponer que esta pregunta oral se añada al debate general sobre el programa legislativo y de trabajo para 2004, porque este fin de semana hemos oído que el Presidente Prodi planteará la cuestión de la OLAF durante dicho debate y tenemos una serie de preguntas que nos gustaría plantear en este contexto, y que están incluidas en el fondo de esta pregunta oral. 
Esta forma de proceder de la Cámara es razonable. Es lo que ocurre en la práctica normal. 
No vamos a pedir un debate separado, pero queremos plantear algunas preguntas cuando el Sr. Prodi esté con nosotros el jueves. 
– Sr. Presidente, voy a hablar en contra de la propuesta, pero lo haré de forma especial. 
Quiero mostrar al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos mi perplejidad ante el hecho de que se hayan interesado por esta propuesta. 
Cuando tuvimos la oportunidad de ordenar las cosas, fueron ustedes los que levantaron la alfombra y metieron debajo la porquería, por lo que en este caso creo que actúan para la galería. 
Por tanto, debemos decir que no. 
Los miembros del Grupo PPE-DE no son nada de fiar en este asunto. 
(1) 
– Señor Presidente, los miembros del Partido Comunista de Grecia también observamos un minuto de silencio por los soldados italianos y los policías que hace poco murieron en el Iraq y por las víctimas de las explosiones de Estambul. 
Lamentamos profundamente la muerte de tantos jóvenes y queremos comunicar nuestras condolencias a sus familias. 
Lamentamos aún más que estos jóvenes hayan perdido su vida al servicio de una ocupación, me refiero al Iraq, a raíz de una invasión no provocada, ilegal y bárbara de los imperialistas norteamericanos e ingleses, que ha causado miles de víctimas y una destrucción masiva. 
Afortunadamente, está surgiendo una resistencia justa del reprimido pueblo iraquí contra esta ocupación. 
Solo el Gobierno italiano, que se ha apresurado a ayudar a los invasores participando en la ocupación, es el único responsable de la injusta e ignominiosa pérdida de soldados italianos y policías, y debe responder a las familias de las víctimas inocentes. 
Al mismo tiempo, no podemos dejar de observar que el Parlamento Europeo no ha demostrado la misma sensibilidad ante los miles de iraquíes que han muerto víctimas de esta salvaje invasión que ante las víctimas de las intervenciones imperialistas de Yugoslavia y Afganistán o las víctimas de la barbarie de Sharon en Palestina. 
Nos parece que la verdadera y única forma de honrar a los muertos es retirar inmediatamente las fuerzas de ocupación del Iraq e impedir otras intervenciones militares en los asuntos internos de los países a fin de detener posibles derramamientos de sangre y este crimen contra la humanidad. 
– Señor Presidente, me gustaría que le pidiera usted al Sr. Cox, Presidente del Parlamento, que planteara a la Comisión la situación en que se encuentra la Sra. Radia Nasrawi, que acaba de cumplir cinco semanas de huelga de hambre en protesta por la intolerable situación de los derechos humanos en Túnez. 
Es una de las principales defensoras de los derechos humanos en ese país. Su vida se ha vuelto insoportable por culpa de las autoridades tunecinas, que ponen trabas a su labor a favor de los derechos humanos. 
Esta situación se ha repetido en numerosas ocasiones en relación con otros defensores de los derechos humanos. 
Quisiera en particular que la Comisión se asegure de que el representante de la Unión Europea en Túnez se ponga en contacto directo con las autoridades tunecinas por escrito para insistirles en que se respeten los derechos de la Sra. Radia Nasrawi y de otras personas en Túnez. 
Las únicas embajadas de la Unión Europea que han adoptado una postura a este respecto son las de los Países Bajos y Finlandia. 
Es bastante vergonzoso que ni la propia Unión Europea haya expresado sus opiniones a este respecto en la grave situación en que se halla la Sra. Radia Nasrawi. 
– Señor Presidente, todos hemos podido ser testigos del hecho de que hace una semana, el Presidente de la Comisión, el Sr. Romano Prodi, pareció dar el disparo de salida para la campaña electoral italiana. 
El Sr. Prodi emitió un manifiesto político, en el que perfiló la estrategia y las necesidades que la izquierda debe abarcar para garantizar una victoria electoral en Italia. 
Pensamos que el Presidente de la Comisión ha de mantener cierta neutralidad política, que debe estar por encima de las riñas de los partidos políticos. 
Ahora está claro que no es así. 
El escándalo de Eurostat habría sido una buena oportunidad para el Sr. Prodi de asumir su responsabilidad política y de hacerse a un lado. 
La publicación de este manifiesto político está yendo demasiado lejos. 
Debería asumir su responsabilidad: o seguir siendo Presidente de la Comisión Europea y concentrarse plenamente en esa tarea o, si no, dirigir una campaña política en Italia. 
– Señor Presidente, evidentemente, las drogas son un gran problema en Tailandia, y es totalmente comprensible que el Gobierno tailandés, que también está presionado por la comunidad internacional y los Estados Unidos, deba declarar la guerra contra el contrabando de drogas. 
Sin embargo, esta guerra tiene también otra cara. 
En la visita que hice la semana pasado a los prisioneros holandeses, incluso a Machiel Kuyt, comprobé las lamentables condiciones en que está, ella y otros europeos, siendo retenida, y que, en consecuencia, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Tailandia forma parte desde 1977. 
Las larguísimas detenciones por la falta de jueces y la saturación de las cárceles ilustran esta cuestión. 
Han de ocurrir dos cosas para que cambie esta situación. 
Primero, en el marco del documento de la estrategia nacional sobre Tailandia, que se remonta a mayo de 2002, la Unión Europea debería prestar atención a la ayuda jurídica, para aliviar el sistema jurídico demasiado fiscalizado y para que se respeten más los derechos de los sospechosos. 
En segundo lugar, la Unión tendría que instar a los Estados miembros a concluir acuerdos bilaterales con Tailandia, que permitan la transferencia de prisioneros. 
Estos acuerdos ya existen con una serie de países, como Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca, y también con mi propio país, los Países Bajos; otros países también deberían firmarlos, y Tailandia está muy a favor de que lo hagan. 
– Señor Presidente, en las últimas semanas he recibido varias quejas de los transportistas de carne españoles y holandeses, a quienes al parecer han amenazado los ganaderos bretones y atacado cuando entregaban sus productos. 
También se han lanzado amenazas en contra de los supermercados que quieren comprar carne de España y los Países Bajos, y el Gobierno francés se niega a tomar medidas. 
Aunque son los seguros los que compensan los daños directos, el daño que se produce a largo plazo, porque ya no se compra la carne por miedo a las amenazas de unas pocas bandas de matones de ganaderos bretones, es una espina en mi costado. 
También contraviene el mercado interior y la libre circulación de mercancías. 
Por lo tanto, le pido que inste a la Comisión y al Gobierno francés a que detenga esto lo antes posible, porque, de lo contrario, el vino y el champagne franceses pueden sufrir un rechazo similar en otros países europeos, lo que no beneficiaría al mercado interior, e incluso, en cierta medida, estropearía nuestra Navidad. 
– Señor Presidente, quiero volver, si bien brevemente, sobre las masacres que la semana pasada han azotado a Europa, y no solo a Europa. 
Creo que debemos expresar nuestra firme condena del terrorismo y especialmente de estos incidentes. 
Quiero recordar, en particular, a las 19 víctimas italianas de las masacres de Nasiriya. 
Es importante que mañana el Presidente del Parlamento exprese nuestra solidaridad por las víctimas y nuestras condolencias a sus familias, pero también me parece apropiado agradecer a todas las fuerzas armadas de todos los países europeos que actualmente se encuentran en misiones de paz por todo el mundo. 
Por último, espero que el Parlamento se comprometa firmemente a aplicar medidas cada vez más eficaces para combatir el terrorismo, pues el mensaje que ha de transmitir el Parlamento Europeo es que ninguno de los pueblos europeos van a dejarse intimidar por estos ataques cobardes. 
– Señor Presidente, el Secretario de Estado Colin Powell y el Presidente George Bush se encuentran ambos en Europa esta semana: Colin Powell para reunirse con los Ministros de Exteriores de la Unión Europea y el Presidente Bush en visita oficial a Gran Bretaña. 
Espero que los Ministros de Exteriores y el Primer Ministro Blair insistan ante sus invitados en la necesidad de un entendimiento transatlántico que sea bidireccional y recíproco. 
A los europeos nos preocupan con razón las políticas unilaterales de la administración de los Estados Unidos, su disposición a contemplar ataques preventivos y su rechazo a internacionalizar la ocupación del Iraq. 
Los europeos estamos profundamente descontentos con la perspectiva de que comisiones militares puedan imponer la pena de muerte o cadena perpetua a los detenidos de la Bahía de Guantánamo, y por la forma en que los Estados Unidos intentan sabotear la Corte Penal Internacional. 
Estos son algunos de los motivos de las manifestaciones contra el Presidente Bush. 
Han de ser protestas pacíficas, y como tales yo misma voy unirme a ellas. 
Acabo de volver de Washington como miembro de la delegación para los Estados Unidos. 
Nuestros huéspedes han sido corteses y hospitalarios, hemos mantenido conversaciones fructíferas y tenemos muchas cosas en común. 
Sin embargo, así como nosotros debemos entender su posición, los norteamericanos han de entender nuestras objeciones, y nuestros Ministros de Exteriores y el Primer Ministro deben transmitir estas objeciones esta semana. 
– Señor Presidente, ya ha expresado usted como es debido la solidaridad de esta Asamblea con el Gobierno turco y con las familias de los muertos y heridos en los crueles e indiscriminados ataques terroristas que tuvieron lugar el sábado en Estambul. 
Estos ataques contra civiles inocentes nos recuerdan la grave amenaza que supone el terrorismo para la seguridad. 
Deberíamos recordar que la Sinagoga Neve Shalom fue objeto de un terrible ataque hace 17 años. 
Las democracias han de colaborar estrechamente para luchar contra el terrorismo en cualquiera de sus formas y sean cuales sean las excusas que esgrimen sus autores. 
No debemos permitir que las diferencias en otros ámbitos políticos minen nuestra inequívoca solidaridad. 
En cuanto a las observaciones de la oradora que me ha precedido, debemos recordar que los Estados Unidos llevan una enorme carga en nombre de todos nosotros y que hemos de ir hombro con hombro con los Estados Unidos en estos tiempos difíciles. 
– Señor Presidente, espero que me perdonen si paso de cuestiones de vida o muerte a asuntos más comerciales. 
Esta Asamblea, en su función legisladora, está profundamente preocupada por la propiedad intelectual y la necesidad de proteger los derechos de propiedad en interés de los consumidores y del juego limpio. 
Tanto más alarmante es que los propietarios de los derechos abusen de los mismos en perjuicio de los consumidores. 
Lamento decir que esto es lo que está haciendo en Escocia Diageo, fabricante multinacional de bebidas alcohólicas que elabora el whisky Cardhu. 
La oferta de Cardhu ha disminuido. 
Sin embargo, ahora Diageo elabora una cosa llamada whisky Cardhu. 
Quizá no lo sepan todos los diputados a esta Asamblea, pero hay una gran diferencia entre whisky, que es una mezcla de varias maltas, y, que procede de una única destilería de malta. 
Es vital para la salud de esta industria escocesa y europea que se mantenga la confianza del consumidor y que se elimine lo antes posible esta astuta práctica de los productores. 
A menudo esta industria ha buscado y logrado el apoyo de las autoridades europeas. 
Hemos de insistir en que ellos han de jugar limpio. 
Señor Presidente, le ruego que escriba al principal ejecutivo de Diageo para que ponga fin a esta práctica. 
En concreto, hay dos españoles de veinte años, Carlos Martín Martínez y Fernando Pérez Borraiz, contra los que se mantienen acusaciones inverosímiles; se trata de jóvenes que estaban allí participando en una manifestación bajo el lema "otro mundo es posible". 
Creo que debemos preocuparnos por ellos. 
Han comenzado una huelga de hambre y están en peligro de muerte. 
Ruego a la Presidencia que se dirija tanto al Gobierno griego como al resto de las instituciones para que tomen medidas respecto a este problema. 
Quiero señalar que no contestaré individualmente a cada una de las intervenciones. 
Todas ellas serán transmitidas al Presidente del Parlamento. 
– Señor Presidente, el 8 de noviembre de 2003 estuve en La Haya participando en una manifestación a favor de la liberación de Slobodan Milosevic. 
Ahora no voy a hablar del Sr. Milosevic, pues ya lo he hecho en varias ocasiones en el pasado. 
Pero sí quiero mencionar el hecho de que no se permitió a los manifestantes de La Haya, la mayoría inmigrantes serbios, escribir consignas en su propio idioma. 
Hablando con la policía me enteré de que existe una regla general que prohíbe las consignas en idiomas que la policía no entiende. 
Al parecer, se trata de que la policía pueda controlar su contenido. 
Es evidente que los Países Bajos, conocidos por su tolerancia en muchas cosas, no toleran la expresión política sin censurar. 
Otro incidente ocurrió el sábado pasado en el aeropuerto de París cuando, de viaje a Atenas, me disponía a pasar por un control de seguridad. 
El personal insistió en que me quitara la chaqueta, aunque había sacado todos los objetos metálicos y ya había pasado por el detector de metales. 
Ante mi negativa, llamaron a la policía, y al cabo de un minuto llegaron el Sr. 466294 y el Sr. 485684, que no quisieron decirme sus nombres, para intentar convencerme de que esta era la norma y que nadie podía saltársela. 
Detrás de este comportamiento inaceptable percibo un esfuerzo claro por aterrorizar a las personas haciéndoles obedecer órdenes estúpidas. 
También percibo que cualquier persona que pasa por un control de seguridad es presuntamente culpable de terrorismo. 
Además, si se puede someter a un diputado al Parlamento Europeo a un trato tan embarazoso y humillante, me pregunto que ocurrirá con otros, en particular con quienes tienen una tez un poco más oscura de lo normal. 
Estos dos incidentes reflejan que en la Unión Europea se está instaurando gradualmente un Estado policiaco, de acuerdo con el deseo de la clase dirigente de controlar totalmente a sus súbditos. 
Estoy impaciente por conocer su respuesta, señor Presidente. 
– Señor Presidente, muchos diputados ya sabrán que esta tarde hay varios cientos de manifestantes eritreos en el exterior de este edificio. 
Están aquí porque están preocupados de que Etiopía no haya firmado el Acuerdo de Argel, por el que se pretendía establecer los límites entre Etiopía y Eritrea. 
He recibido una petición firmada por 22 000 eritreos que viven en la Unión Europea y Noruega para el Sr. Cox, el Presidente del Parlamento. 
Hay que urgir a ambos países a que acepten las disposiciones del Acuerdo de Argel, que se basó en la decisión de la Comisión de Fronteras. 
En estos momentos Etiopía se resiste a aceptar esta decisión. 
Señor Presidente, ¿podría usted asegurarse de que se escriba una carta al Gobierno etíope instándole a respetar esa decisión, a fin de restaurar la paz entre ambos países después de lo que ha sido una terrible y sangrienta guerra?. 
– Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Asamblea sobre la situación de un concejal de Lancaster, en el Reino Unido, que dio a conocer públicamente una decisión adoptada en secreto por el Ayuntamiento de suspender los impuestos locales que le debía la central nuclear local propiedad de British Energy. 
La Comisión ha señalado que esta exención fiscal podría constituir una concesión ilegal de ayuda estatal. 
En respuesta a la publicación de esta información, el citado concejal, Sr. Dowding, ha sido suspendido por tres meses en castigo por hacer pública información supuestamente confidencial. 
Privar al electorado de su única representación en el consejo local y aplicar un castigo ejemplar a alguien que ha dado a conocer públicamente un acto que no redunda en interés ni de dicho consejo ni de la Unión Europea, no anima a otros a plantear estas cuestiones. 
Como la Asamblea es firme defensora de la transparencia y la probidad financiera, estoy segura de que se unirá a mí lamentando la decisión de la Comisión de Normas. 
– Señor Presidente, quisiera volver sobre la intervención de nuestro colega en relación con las intempestivas declaraciones del Sr. Prodi de hace unos días. 
Me gustaría preguntar al Presidente Cox, a través suyo, qué piensa hacer con respecto al Presidente de la Comisión para recordarle que posicionarse como líder de la izquierda italiana en un momento en que su país preside la Unión Europea, en un momento también en que Italia está sufriendo una sangrienta prueba en el Iraq, es, como poco, inelegante. 
En todo caso, esta toma de postura es contraria al espíritu de las reglas que rigen la institución europea; es contraria a la moral política más elemental. 
Le pido, señor Presidente, que comunique esta observación al Presidente Cox. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, hace aproximadamente dos años circulaba información sobre la esterilización de mujeres romaníes en Europa oriental, especialmente en Eslovaquia. 
El 17 de octubre de 2003, el Sr. Álvaro Gil-Robles, Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo, publicó una recomendación sobre ciertos aspectos del derecho y la práctica relativos a la esterilización de mujeres en la República Eslovaca («Certain aspects of law and practice relating to sterilisation of women in the Slovak Republic» ). 
La recomendación establece que en torno a este asunto no se ha organizado ninguna política. 
Sin embargo, ha sucedido que las mujeres han sido esterilizadas contra su voluntad. 
En marzo de 2002 formulé una pregunta a este respecto a la Comisión, que prometió hacer un seguimiento de este asunto y preguntar a Eslovaquia si se habían encontrado pruebas de que se hubiera llevado a cabo esta esterilización obligatoria. 
El Sr. Álvaro Gil-Robles, el Comisario de Derecho Humanos del Consejo Europeo, ha publicado las pruebas y yo quiero pedir al Comisario que cumpla su promesa. 
No podemos tener una Unión Europea en la que no se respeta lo más importante: el derecho de una persona a su propia vida. 
Espero que todos los que, más tarde en el debate, hablen de cuestiones de vida y muerte también tengan en cuenta este aspecto. 
No podemos aceptar cosas así en una Unión Europea. 
– Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha propuesto incluir la cuestión de las graves violaciones de la democracia acaecidas durante las recientes elecciones en Albania en el debate urgente y de actualidad de esta semana. 
La finalidad de esta propuesta consistía en enviar un mensaje adecuado a las autoridades albanesas y prevenir todos los posibles intentos de minar la moral democrática de los ciudadanos y los candidatos de este país. 
Desafortunadamente, todos los grupos políticos rechazaron esta propuesta y, también desafortunadamente, así lo confirmaron los desgraciados acontecimientos que tuvieron lugar durante la repetición de elecciones de ayer en Albania, donde se produjeron graves casos de intimidación, intentos de explosión, etcétera, contra ciudadanos y candidatos. 
Confío en que la Unión Europea llegue a las debidas conclusiones a partir de esta inaceptable situación, que revela actitudes y conductas que son absolutamente extrañas a la percepción europea de los valores y el proceso democráticos. 
– Señor Presidente, quiero unirme a usted para condenar estos atroces ataques contra las sinagogas judías en Estambul. 
Como todos sabemos, Turquía es un país que se siente orgulloso de haber dado refugio a los judíos cuando eran perseguidos por los terribles pogromos de Europa en la Edad Media. 
Está bien sentirse orgulloso de esta parte de su historia. 
Cuando se produjeron estos terribles ataques, el presidente turco estaba fuera del país de visita oficial para apoyar un régimen ilegal que han creado y mantiene obstinadamente Turquía y las fuerzas armadas turcas al norte de Chipre, contraviniendo las directivas de la comunidad internacional. 
Solo esta coincidencia ya dice muchas cosas y espero que ilumine al Sr. Erdogan para que aleje a Turquía, que estoy seguro es lo que quiere hacer, de la ilegalidad y de la tiranía que solo cosecha tragedia para la propia Turquía y el resto del mundo. 
– Señor Presidente, quiero volver sobre una cuestión planteada en la sesión anterior en relación con el hecho de que las autoridades paquistaníes siguen reteniendo como rehenes a los marinos griegos del. 
El accidente se produjo en julio de 2003, hace cuatro o cinco meses, cuando un piloto paquistaní conducía el en el puerto de Karachi. 
Entonces se inició el procedimiento para restaurar el medio ambiente y bombear el petróleo que pudiera bombearse. 
El 17 de agosto, cuando ya se había partido en dos el buque naufragado, un equipo de Grecia encabezado por el constructor naval, el Sr. Pappas, fue a Pakistán a limpiar la zona. 
Mientras hablamos, Pakistán sigue reteniendo como rehenes tanto a la tripulación del buque, como a los que fueron a limpiar la zona, sin cargos, y, aparte del hecho de que no los han liberado, todo esto impide a las empresas que se han comprometido encargarse de la limpieza ir allí, porque temen acabar también como rehenes. 
En todo caso, el buque estaba asegurado. 
El Gobierno paquistaní quizá tenga sus diferencias con la compañía de seguros. 
Sin embargo, bajo ningún concepto puede retener como rehenes a los marinos, especialmente a los que llegaron después del suceso para limpiar el medio ambiente, como elemento negociador entre las autoridades paquistaníes y la compañía de seguros. 
Por lo tanto, pido al Parlamento que haga lo que pueda para ayudar a liberar a estos rehenes. 
– Señor Presidente, represento a la región del sudeste de Inglaterra y soy el único diputado que vive en el condado de Hampshire, muy cerca del puerto de Southampton, el puerto que acogerá al nuevo, que será el mayor transatlántico del mundo. 
Este buque, construido en Francia, partirá desde Inglaterra, demostrando que todavía queda algo de vida en la. 
Sé que los habitantes de Southampton y los trabajadores portuarios de esa ciudad desearían unirse a las condolencias expresadas a las familias de las personas fallecidas y a los heridos en el terrible accidente de Saint-Nazaire. 
– Señor Presidente, el discurso del diputado comunista griego que ha condenado a los Estados Unidos como ocupante imperialista del Iraq es un pequeño rico de un partido que en su día apoyó la invasión de la URSS y el aplastamiento del levantamiento de Hungría en 1956, la «Primavera de Praga» en Checoslovaquia en 1968 y la invasión afgana en 1979. 
La URSS nunca habría abandonado estos países si no se hubiera sido forzada a ello por el colapso económico del sistema comunista. 
A diferencia de la Baronesa Ludford, yo doy la bienvenida a la visita oficial de mañana del Presidente Bush al Reino Unido, y a su compromiso de entregar el poder a un Gobierno iraquí elegido democráticamente para finales del próximo año. 
Celebro la valentía de todas las fuerzas de la coalición en el Iraq que luchan por la ley y el orden y la libertad y la justicia en este país, y contra del terrorismo islámico internacional. 
– Señor Presidente, no haré ningún comentario sobre lo que ha dicho el orador anterior; simplemente diré que me parece inconcebible escuchar un razonamiento así en esta Asamblea. 
Quiero pedirle permiso para informar a la Asamblea sobre una serie de incumplimientos que he observado en mi reciente visita a Estonia y Lituania. 
En Estonia, como en Letonia, aunque la mitad de la población es rusa o habla ruso, este idioma no está reconocido como lengua oficial. 
Los servicios del sector público, los tribunales y las leyes están escritos en un idioma que no dominan bien. 
Además, se les niega la nacionalidad del país donde nacieron ellos y sus padres. 
Se les obliga a pasar por exámenes humillantes y muy especializados de lengua, sobre la constitución y la historia, que muy pocos son capaces de aprobar. 
Las universidades y los colegios están cerrados al ruso. 
En los tres Estados Bálticos los partidos comunistas están prohibidos y sus cuadros están perseguidos. 
En Lituania los líderes del Partido Comunista de Lituania, Mikolas Burakevicius y Koulalis, han estado en la cárcel diez años con cargos prefabricados en virtud de una ley aprobada mucho después de que fueran detenidos. 
Esto y otras cosas pasan en el Báltico y en otros países candidatos ex socialistas, a pesar de las garantías en sentido contrario dadas por el Sr. Verheugen, que ha expresado repetidamente su apoyo a estas flagrantes violaciones. 
Quiero llamar su atención sobre una carta que contiene hechos específicos… 
– Señor Presidente, me ha sorprendido mucho el hecho de que se haya asociado el comportamiento de la policía en La Haya a un estado policial, solamente porque insistieron en que las pancartas que se llevaban en una manifestación eran ininteligibles para el público al que iba dirigida la manifestación. 
Esto es muy raro. 
En primer lugar, está muy bien que la gente viaje a La Haya especialmente a manifestarse a favor de un dictador totalitario, pero después, además de esto, se niegan a escribir las pancartas en un idioma que sea inteligible para los holandeses. 
¿Por qué? 
Es muy evidente. 
Si se escriben en un idioma ininteligible, pueden contener todo tipo de mensajes racistas. 
Si después de todo se aceptan, entonces lo que sigue es que los periódicos traen fotografías que dan la impresión de que la policía holandesa se mantiene al margen mientras se escriben estas cosas horribles. 
Por lo tanto, es del todo lógico pedir de antemano que los mensajes se escriban en una lengua inteligible para que la policía holandesa pueda garantizar que las propias pancartas no incumplan la ley. 
Si esto se considera un estado policial, entonces es que se están llevando las cosas demasiado lejos y es un claro indicio de lo que quienes están detrás de Milosevic consideran que es un estado policial. 
– Señor Presidente, con respecto a los acuerdos comerciales entre Ryanair y el aeropuerto de Charleroi, en Bélgica, quiero recordar a la Comisión Europea que durante años toleró monopolios aéreos y precios exorbitantes de los viajes en avión en Europa. 
Ryanair ha ayudado a poner fin a los arreglos sobre precios de los vuelos en Europa; ha asegurado acuerdos favorables con aeropuertos privados. 
Verdaderamente, en esta era de la competencia tendríamos que dejar que los aeropuertos públicos compitieran con los aeropuertos privados para que surgieran empresas de transporte aéreo, porque al final esto abaratará los precios para los consumidores. Esto, a su vez, lanzará un mensaje positivo de la Unión Europea de que en realidad apoya medidas que promueven los viajes en avión a precios competitivos y que ayudan a los consumidores de Europa. 
Antes de que Ryanair empezara a volar al aeropuerto de Charleroi, este era un campo desértico, y ahora, gracias a Ryanair, en él aterrizan y despegan 2 millones de personas, para satisfacción de los consumidores que utilizan este enlace aéreo inestimable. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el Año europeo de las personas con discapacidad (2003). 
. 
Señor Presidente, Señorías, gracias por darme esta oportunidad para informarles de lo que se ha logrado durante el Año europeo de las personas con discapacidad y qué continuación va a tener, dado que solo faltan seis semanas hasta finales de año. 
Hemos de tener en cuenta que las políticas relativas a las personas con discapacidad son políticas nacionales. 
Lo que hemos intentado hacer en 2003 ha sido encontrar todos los métodos, las herramientas y las puertas que podamos utilizar para dar a las políticas nacionales el valor añadido europeo. 
Hasta la fecha, el Año ha conseguido resultados significativos que tienen relación con la sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad. 
Hemos tenido miles de actos en todos los Estados miembros a escala nacional, regional y local, debates parlamentarios, foros e intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros, mientras que, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales y el Movimiento de las Personas con Discapacidad también han hecho contribuido de verdad a la explosión de actos y a la transmisión del mensaje sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
El Parlamento Europeo apoyó sin reservas y desde el principio el Año. 
El 3 de noviembre de 2003 se organizó la primera lectura sobre servicios de aprendizaje durante toda la vida con jóvenes con discapacidad, y hace unos días, el 10 u 11 de noviembre, el Parlamento Europeo de Personas con Discapacidad tomó asiento y aprobó una resolución sobre esta cuestión. 
Naturalmente, deberíamos subrayar que el Año marca el inicio de un procedimiento europeo y que todos los esfuerzos y planes no acaban al final del año. 
Es especialmente importante que aprovechemos el empuje creado y debemos decir que hoy, en todos y cada uno de los países, se están tomando iniciativas y acciones innovadoras, cosa que no sucedía en el pasado, y en ciertos países también contamos con una legislación importante, excepcionalmente avanzada. 
El 30 de octubre la Comisión emitió una comunicación sobre la continuación necesaria de este Año. 
Hay tres objetivos básicos: 
El primero es lograr la aprobación y la aplicación plena de la directiva sobre la igualdad de trato de los discapacitados en el empleo y el trabajo. 
El segundo es la incorporación satisfactoria de cuestiones relativas a personas con discapacidad en todas las políticas. 
Esto tiene que ver con nuestro acuerdo sobre la integración, de forma que esta política no es solo un asunto para los ministerios de asuntos sociales o los ministerios de salud o los ministerios de empleo, sino una política horizontal que afecta a todos los ministerios de cada país y a todas las carteras de la Comisión. 
El tercero es mejorar el acceso de todas las personas con discapacidad. 
En cuanto a la cuestión de la aplicación de la directiva, Señorías, les recuerdo que en el año 2000 se aprobó en tiempo récord una directiva antidiscriminación, que no tiene precedentes en la Unión Europea, pero, naturalmente, hemos de decir que su promoción por parte de los Estados miembros no se hizo al ritmo deseado. 
Actualmente, un elevado número de países todavía no han aprobado el proyecto de directiva sobre igualdad de trato para las personas que son objeto de discriminación. 
El plazo termina a finales de diciembre y, básicamente, solo dos países han aprobado la directiva. 
Sin embargo, hemos de ir más allá de la aprobación hasta la ejecución, que requerirá notables cambios en las normas que se aplican hoy día en ciertos Estados miembros. 
Lo cual afectará a las empresas, tanto del sector público como del privado, y a las prácticas de trabajo aplicadas a personas con discapacidad, porque la directiva, que tiene que ver con adaptaciones razonables, tendrá que aplicarse al pie de la letra. 
En otras palabras, el lugar de trabajo habrá de adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad. 
La Comisión desempeñará plenamente sus obligaciones como guardiana de los Tratados, en lo referente a la aprobación de la directiva en el momento correcto, su debida transposición, no de forma incorrecta y sin referencias específicas al texto europeo, y, por supuesto, su ejecución. 
La comunicación, como he dicho antes, también se centra en la cuestión de las políticas horizontales relativas a las personas con discapacidad, en otras palabras, la incorporación en todas las políticas individuales. 
Ya tenemos ejemplos de ámbito europeo, que constituyen un paso importante en materia de transporte y de comunicaciones electrónicas, que son competencia de los Comisarios de Palacio y Liikanen. 
La incorporación de estas cuestiones en todas las políticas relevantes debe centrarse principalmente en el acceso a los productos, a los servicios y a los edificios, y debe están relacionada con el principio de «diseño para todos» expresado en la comunicación de la Comisión que precedía inmediatamente a esta comunicación. 
La comunicación introduce un plan de acción plurianual de puesta en marcha. 
La primera prioridad es el empleo, que también es el factor más importante para la integración social de las personas con discapacidad. 
Me parece que nuestra filosofía está básicamente contenida en el eslogan de que las personas con discapacidad deben tener derecho a trabajar y no a las prestaciones. 
Por consiguiente, la primera fase de la aplicación del plan de acción, que va a tener lugar entre 2004 y 2005, se centrará en cumplir las condiciones necesarias para promover el empleo de las personas con discapacidad. 
Calculamos que hoy día hay 3 millones de personas con discapacidad en Europa que podrían integrarse en el mercado laboral. 
Incluso hay un número superior que, con políticas especiales, invirtiendo en estas personas y con técnicas que correspondan a sus capacidades, podría integrarse en el mercado laboral. 
Nuestra política relativa al lugar de trabajo se centrará en cuatro prioridades: el acceso al empleo y su permanencia en él, el aprendizaje durante toda la vida, las nuevas tecnologías, que nos parece uno de los elementos más cruciales, porque, con innovación e investigación, una serie de nuevas herramientas puede realmente dotar a las personas con todo tipo de discapacidad de la capacidad para afrontar estas discapacidades. 
Sin embargo, al mismo tiempo estas herramientas deben ser baratas y accesibles a todos. 
Hoy día, el mercado europeo es muy difícil para estas personas. 
Cada uno de los países tiene en gran medida sus propias especificaciones, cada sistema social está vinculado a sus propias tareas. 
Esto hace que unas mismas herramientas sean baratas en un país y caras en otro. 
Por tanto, las nuevas tecnologías y el acceso a ellas de las personas con discapacidad en el ámbito europeo es uno de los desafíos y, por último, la cuarta prioridad es el acceso a los edificios públicos. 
Como método para apoyar la incorporación satisfactoria de estas cuestiones en las políticas, la Comisión propone publicar un informe bienal sobre las novedades de cada uno de los Estados miembros, centrándose en la planificación y la nueva selección de prioridades. 
Creo que este informe, el primero que se publicará en 2005, será una herramienta importante para ejercer presión en los Estados miembros, que deberán anunciar novedades en el plano institucional y en el plano de la ejecución, y que publicaremos cada dos años. 
Por último, la Comisión propone fortalecer más la contribución de todas las partes interesadas y de los protagonistas básicos en el diálogo para elaborar políticas, para propiciar cambios considerables y permanentes en la economía y la sociedad en conjunto. 
Quiero expresar mi satisfacción por las facilidades dadas para realizar un estudio, como lo ha llamado el Parlamento, sobre la situación de las personas con discapacidad que viven en establecimientos asistenciales, que conforman otra gran categoría de nuestros ciudadanos, con problemas especiales de otro tipo. 
Por supuesto, este tipo de problema tiene una gran dimensión en los países candidatos. 
Señor Presidente, las expectativas del Año eran grandes. 
Creo que hemos logrado resultados significativos, especialmente si pensamos, como he subrayado en mi introducción, que estas políticas, en gran medida, son políticas casi puramente nacionales. 
No obstante, creo que con toda esta activación durante el Año en 2003, la cuestión de las personas con discapacidad se ha convertido en una prioridad máxima en la agenda política, tanto de los Estados miembros como de la propia Unión Europea. 
Sin embargo, lo más importante es que ha colocado la política del propio Movimiento de las Personas con Discapacidad en primera línea, poniendo en práctica el eslogan «Nothing about us without us» (nada sobre nosotros sin nosotros) , que significa que deben participar en todos los niveles de planificación y de toma de decisiones. 
– Señor Presidente, Comisaria, Señorías, nos acercamos al final del Año europeo de las personas con discapacidad, que concluirá el 5 de diciembre de 2003 en Roma bajo la Presidencia italiana, y fue el propio Presidente en funciones de la Unión Europea quien, en su discurso al principio del mandato de seis meses, hizo lo que consideró un gesto poderoso e histórico en lo que se refiere a las políticas sociales relativas a las personas con discapacidad. 
Afirmó explícitamente que la Presidencia de la Unión actuaría para sentar las bases de medidas legislativas dirigidas a luchar contra la discriminación, produciendo, en la práctica, una directiva que proteja la independencia y la igualdad de derechos de millones de personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida diaria en la nueva Europa, dándoles una verdadera esperanza para el futuro. 
Sin embargo, hasta la fecha la Comisión no ha proporcionado un calendario para una futura directiva horizontal sobre los derechos de las personas con discapacidad, que cubra no solo el trabajo sino también todos los aspectos de la vida, ni siquiera ha expresado el compromiso específico de integrar los derechos de las personas con discapacidad en la política, tal y como se confirmó en la reciente comunicación, que no parecería ser otra cosa que un anuncio de buenas intenciones. 
De hecho, no está claro cómo va a lograrse el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades si estas oportunidades solo se brindan en ciertos aspectos de la vida, como el trabajo. 
He aquí algunos ejemplos: con la directiva sobre empleo el objetivo de la Comisión es lograr el pleno empleo de las personas con discapacidad, que sería un paso hacia la eliminación de la discriminación. 
Todo esto está muy bien, pero, ¿cómo hace hoy día una persona para acceder al mercado laboral e intentar obtener un puesto de trabajo que merezca la pena y de calidad si las personas con discapacidad no reciben suficiente enseñanza, educación y formación, por ejemplo? 
La integración empieza pronto, como pueden ustedes ver; de hecho, ha de empezar en el colegio. 
Las personas con discapacidad no están divididas en sectores o compartimentos de inactividad, son chicas y chicos, hombres y mujeres con derecho a una plena integración, no a una integración en algunas áreas: todavía hay miles de niños con discapacidad en Europa que viven en instituciones en lugar de vivir con sus familias, por ejemplo. 
El método de coordinación también podría sernos de ayuda en este caso, pero se menciona muy poco en la comunicación. 
Por último, quiero decir que el Año Europeo está ciertamente acabando con un resultado positivo en cuanto a los objetivos fijados de aumentar la sensibilización en torno a la discapacidad. 
Me parece que lo que faltaba era una medida específica y eficaz de la Comisión, que no actuó diligentemente bajo la presión sólida y firme del Parlamento o las invitaciones de la Presidencia del Consejo. 
Terminaré invitando al Presidente Prodi, si la Sra. Diamantopoulou transmite el mensaje, a que sea, quizá, un poco más activo y más diligente, incluso aunque la Comisión esté al final de su mandato, en torno a una cuestión, la discapacidad, que reviste tanta importancia desde el punto de vista humano, social y cultural. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el año 2003 se acaba, en efecto, como se acaba también el Año europeo de las personas con discapacidad. 
Es un momento muy propicio para analizar la situación, pero también para hacer una reflexión prospectiva sobre el futuro de la política comunitaria en este ámbito. 
Hay que celebrar los logros alcanzados durante este año, señora Comisaria; nos ha brindado una ocasión única, como usted deseaba, para promover los derechos de las personas con discapacidad y tomar en consideración sus legítimas reivindicaciones de una plena participación en la vida social, económica y política. 
El impulso suscitado por este año, con sus miles de acciones repartidas a escala nacional, regional o local, es considerable, y se lo agradecemos. 
Pero hoy debemos capitalizar este impulso y servirnos de esta experiencia como trampolín para lanzar nuevas medidas, tanto en los Estados miembros como a escala comunitaria. 
Creo que la comunicación que nos presenta da la medida de esos desafíos. 
Me alegro de ello, pero pienso que hay que decir también, como ha hecho nuestro colega, que la afirmación de una voluntad política en este ámbito todavía debe progresar frente a los Estados miembros reticentes. 
Por ejemplo, hay que denunciar ampliamente la falta de diligencia de los Estados miembros en trasponer la Directiva sobre la igualdad de trato en materia de empleo, cosa que nos invita a hacer más aún. 
El Partido Socialista Europeo ha tomado una postura clara en este asunto, y mis colegas y yo mismo estamos convencidos de que las dificultades asociadas a la discapacidad deben abordarse de forma horizontal e integrada, de modo parecido a como se hace en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Nosotros hemos tenido empeño en mejorar una serie de textos legislativos. 
Usted ha hablado del transporte, quisiera decir que, en materia de responsabilidad social de las empresas, su postura frente a la discapacidad debería ser uno de los criterios de valoración de dicha responsabilidad y de la calidad social de las mismas. 
El Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad, reunido la semana pasada, lamentó que no llegara a tiempo de ultimar este año una directiva europea específica sobre la discapacidad. 
Sin duda, haber apostado por la cuestión del empleo es totalmente fundamental, nadie puede discutirlo, pero queremos creer, señora Comisaria, que se trata de una etapa en la aplicación de un dispositivo comunitario que deberá ser aún más ambicioso. 
Sobre esta cuestión de la discapacidad, más quizás que en otros ámbitos, quisiera terminar comunicándoles una convicción. 
Las medidas legislativas comunitarias son indispensables, bien lo vemos, por el efecto de arrastre que deben tener, pero también sabemos que, a escala nacional, regional y local, deben articularse y declinarse toda una serie de políticas que han de ocupar el lugar que merecen en la sociedad civil, las empresas, los interlocutores sociales y los docentes, pues se trata de cuestiones relacionadas con la escuela, no lo olvidemos. 
Para concluir, permítanme decir, señora Comisaria, señor Presidente, que cuando se trata de derecho, cuando se trata de la dignidad de las personas hoy portadoras de discapacidad, no podemos contar solo con la buena voluntad de los Estados miembros. 
Debemos plantear más incentivos, como espero que haga usted en el marco de la comunicación. 
Contamos, señora Comisaria, con su informe plurianual para ejercer una presión efectiva sobre los Estados miembros que no van en absoluto en el sentido que preconizamos. 
– Señor Presidente, me complace que la Comisión haya creado el plan de acción sobre el aprendizaje continuo, las nuevas tecnologías, el acceso al entorno construido, etcétera, pero tenemos que ir mucho más allá. 
Igual que esta ponente sobre el Año europeo de las personas con discapacidad, todos pusimos grandes esperanzas en este año. 
Queríamos obtener resultados positivos y, de hecho, esto es lo que he escrito en mi informe. 
Debemos integrar los derechos de las personas con discapacidad en otras políticas, olvidarnos de una vez del modelo médico de discapacidad y adoptar al modelo social o basado en derechos de la discapacidad. 
También tenemos que destacar los logros de las personas con discapacidad. 
Ya se han hecho algunas de estas cosas, pero no quería que esto supusiera una palmadita en la espalda de los Estados miembros por haber celebrado conferencias en grandes ciudades, o para que se limiten a decir «qué maravillosos somos por haber celebrado un Año europeo de las personas con discapacidad». 
Hemos de asegurarnos de que las personas con discapacidad realmente ocupan un lugar primordial en la agenda política, y para ello es preciso aplicar plenamente la Directiva de empleo. 
Me gustaría saber qué países no han aplicado la Directiva de empleo, qué países no han hecho nada para empezar a aplicar esta Directiva y qué sanciones va a imponer la Comisión a estos países a fin de garantizar que la apliquen. 
Además, necesitamos, tal y como han dicho el Sr. Mantovani y la Sra. Gillig, una directiva sobre discapacidad específica. 
Si no logramos esta directiva específica, pensaré, al igual que numerosas organizaciones de personas con discapacidad, que el Año europeo de las personas con discapacidad ha sido un fracaso. 
Lamento tener que decir esto porque hemos logrado avanzar, pero sin el compromiso de una directiva sobre la discapacidad no habremos ido suficientemente lejos. 
– Señor Presidente, es cierto que algunas iniciativas importantes de debate se han emprendido durante el Año europeo de las personas con discapacidad, por ejemplo, el Congreso sobre autismo, celebrado esta semana en Lisboa, y el Parlamento Europeo de las personas con discapacidad, que tuvo lugar en Bruselas la semana pasada. 
Sin embargo, todos esperaban mucho más, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional, en particular en mi país, Portugal, que sufre graves problemas sociales, la tasa más alta de pobreza de la Unión Europea, muchas formas de discriminación y donde recientemente se ha recortado la inversión en áreas como la educación y la salud. Estos factores han golpeado con especial dureza a las personas con discapacidad, con la excusa de cumplir los criterios irracionales del Pacto de Estabilidad. 
Lamentablemente, estamos llegando al final de este Año europeo sin haber logrado avanzar mucho en política de discapacidad y sin haber dado la máxima prioridad en las diferentes políticas comunitarias a las cuestiones relativas a la discriminación y a los derechos humanos de estas personas. 
Hasta que no se haga esto no habrá una verdadera inclusión social. 
He de señalar que el informe que esbocé sobre el cuadro de indicadores de cumplimiento de la Agenda de política social, que el Parlamento aprobó en septiembre, se centraba en la necesidad de presentar una propuesta durante este Año de las personas con discapacidad para una directiva basada en el artículo 13 del Tratado dirigida a luchar contra la discriminación por motivos d discapacidad. 
Por desgracia, esto no ocurrió. 
En los documentos aprobados la semana pasada por el Parlamento Europeo de personas con discapacidad también se dio prioridad a la reivindicación de que esta nueva directiva impida que surjan más obstáculos y a establecer la eliminación de los obstáculos existentes que afrontan las personas con discapacidad en toda la Unión Europea. 
Realmente esto tendría que ocurrir en el futuro próximo. 
La directiva sobre igualdad de trato en el terreno del empleo y de la ocupación también debería transponerse, estableciendo una amplia definición de la discapacidad y una sanciones estrictas y eficaces que se apliquen si se incumple la ley. 
Esperamos que este año impulse políticas eficaces en este ámbito de apoyo a las personas con discapacidad y que suponga el reconocimiento de sus derechos. 
– Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el Año europeo de las personas con discapacidad se acerca a su fin y ya va siendo hora de examinar los resultados. 
¿Qué es lo que vemos? 
¿Se puede en un año cambiar las cosas? 
¿Hemos sido capaces de lograr algo concreto que pueda ayudarnos a influir en la vida diaria y la calidad de vida de las personas discapacitadas? 
Tengo la esperanza de que tras este año se mantengan algunos cambios permanentes en la forma en que al menos algunas personas discapacitadas afrontan su vida diaria. 
Un buen ejemplo sería el uso de perros auxiliares en toda la Unión, que, con los instrumentos técnicos y la tecnología de la información, supongan mayor campo social, educacional y profesional para las personas con discapacidades visuales, auditivas y de movilidad. 
Aprovecharé esta oportunidad para dar las gracias a la Comisaria Diamantopoulou por su verdadero interés y ánimo en esta cuestión, que espero siga avanzando y extendiéndose también a todos los nuevos Estados miembros, posiblemente con la ayuda de financiación de la Unión Europea. 
Sin embargo, está la cuestión de cómo incorporar la accesibilidad, la falta de discriminación y los plenos derechos de los ciudadanos con discapacidades en las principales líneas políticas de todos los niveles. 
Justo ahora también vamos a introducir más áreas relevantes de política para el futuro. 
Participo en la adaptación de una propuesta de una directiva sobre adquisición pública y ahora estamos intentando establecer dos cuestiones importantes para las personas con discapacidad y el cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos. 
¿En qué medida podemos tener en cuenta las necesidades especiales de las personas discapacitadas en la planificación del entorno construido y sus otros aspectos físicos y en el desarrollo del transporte y otros servicios? 
Otra cuestión esencial que sigue sin respuesta son los criterios para los métodos de producción. 
En mi opinión, principalmente también es cuestión de democracia. 
Estas dos directivas tratan la adopción de decisiones importantes sobre la medida que debería tener el poder de decisión de las autoridades locales. 
Además, en el nuevo proyecto de constitución existe el peligro implícito de que la asistencia sanitaria y otros servicios sociales se abrirán a la competencia. 
Entonces, ¿cómo se verían afectadas las necesidades especiales de los discapacitados? 
– Señor Presidente, la semana pasada tuvimos un excelente Parlamento para los discapacitados. 
De hecho, me gustaría que todos nosotros, en la medida de lo posible, intentáramos actuar de acuerdo con las recomendaciones que ha hecho este Parlamento. 
A pesar de que una gran proporción de la política para los discapacitados, en particular su componente médico, es política nacional, no obstante, es cierto que la política de empleo, la política de exclusión social y la política de mercado interior son esencialmente importantes para las personas con discapacidad. 
Por lo tanto, espero que la Comisión aborde esta cuestión como merece. 
El motivo principal por el que estamos hoy aquí es, por supuesto, como ya han mencionado varios oradores, esta directiva específica. 
Creo que realmente deberíamos tirar hacia delante y aprobarla. 
Señor Presidente, hay algo que no entiendo. 
Después de todo, la Comisión siempre ha dicho que esta directiva sería demasiado controvertida en estos momentos, pero, Comisaria, usted misma aprobó un proyecto de directiva hace dos semanas que es mucho más controvertido que este. 
Con esto, ha socavado total y eficazmente su propio argumento. 
Si está usted preparada para presentar directivas controvertidas en otro terreno, entonces aplaudo este, pues me complace que la Comisión sea valiente. 
Sin embargo, al menos debería usted encargar los estudios para poder presentar esta propuesta lo antes posible. 
Esto es, después de todo, lo que hemos solicitado. 
Por último, tal y como ya ha indicado usted, tendremos que prestar mucha atención a los nuevos Estados miembros. 
Me parece que pasará cierto tiempo antes de que sepamos precisamente cómo se aplica allí la política. 
Esta semana he sabido que ciertas categorías de personas con discapacidades de algunos países ni siquiera pueden tener tarjetas de identidad. 
Allí hay mucho por hacer, pero también en la Unión Europea actual, porque las personas con discapacidad siguen siendo demasiadas veces los ciudadanos invisibles de quienes nos olvidamos fácilmente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, sin duda alguna todos debemos aceptar que nos ha sorprendido el éxito de este año. 
Yo misma soy siempre escéptica cuando se declaran «Años europeos» dedicados a objetivos de política social y, al final nadie, puede en realidad señalar ningún logro. 
Esto no ha ocurrido en este caso. 
Quizá sea porque este «Año» ha sido algo especial, sobre todo porque ha prometido mucho y porque la idea central la presentaron ante los políticos organizaciones no gubernamentales y asociaciones de personas discapacitadas. 
Se han celebrado debates sobre una amplia variedad de cuestiones, donde las propias personas discapacitadas han tratado enfoques nacionales y europeos. 
En lugar de celebrar debates sobre personas discapacitadas, hemos hablado con ellas. 
También en mi propio país hay un debate en curso, que tiene como objetivo no solo medidas legislativas, sino también, por supuesto, la sensibilización pública. 
Queremos una participación sin límites, que no se preocupe por la sociedad exterior de la forma en que lo hacíamos antes. 
Queremos total igualdad en lugar de la degradante compasión de antes y, en lugar de un tratamiento paternalista por parte de personas bienintencionadas, queremos el derecho a la autonomía. 
Para ello, por supuesto, necesitamos medidas legislativas. 
Quiero añadir que en esta Asamblea acordamos que este Año no fuera algo aislado, una preocupación que se incluye en el nuevo plan de acción de la Comisión. 
Me parece que la Comisión sigue mostrándose demasiado dubitativa en cuanto a la escala de tiempo, pues convendría que utilizáramos el compromiso presente, que es evidente en todas partes, en lugar de aplazar todo durante otros dos o tres años. 
Yo también me alegro de que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales haya logrado insertar una línea en el Presupuesto, no meramente para un estudio, sino para hacer un seguimiento de todo lo que ha ido bien en este Año europeo. 
Quiero acabar con un magnífico lema que usted, Comisaria, ha mencionado en un acto reciente, cuando dijo que deberíamos utilizar «Getting on board» (subir a bordo) como lema. 
Quiero acabar con un lema para el futuro, cuando las personas discapacitadas no solo vayan a «subir a bordo» , sino también a «permanecer a bordo». 
Señor Presidente, la preocupación permanente de la Unión Europea, por supuesto solamente en el ámbito de las comunicaciones, por las personas con discapacidad forma parte del esfuerzo por esconder la trágica realidad, la de una tasa de desempleo del 90% en la Unión Europea, y no del 70% como afirman los líderes, con un drástico aumento de los discapacitados sin empleo y una radical reducción de la asistencia de niños discapacitados a colegios especiales o departamentos paralelos en los últimos años. 
En Grecia solo el 7% de los niños discapacitados asisten a colegios especiales, que financian seguros privados, no el Estado. 
Para los niños autistas de más de 14 años no hay ningún centro de rehabilitación, mientras que son pocos los niños con problemas mentales que van a algún tipo de colegio. 
De los 2 000 centros de rehabilitación que deberían existir en Grecia, solo hay 200 centros que no alcanzan la norma en Atenas. 
El problema de las personas con discapacidades está profundamente basado en las clases. 
La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad significa un servicio nacional de salud y bienestar gratuito, educación especial, asistencia y trabajo digno para todos. 
Significa una política diferente, que la Unión Europea, por su propia naturaleza, no puede llevar a la práctica. 
Por este motivo se refugia en «mentir a gran escala» , como decimos en Grecia. 
– Señor Presidente, Comisaria, he de concluir otra vez, tal y como les he dicho al final del Foro europeo de discapacidades, que prácticamente en todo el espectro político se está pidiendo otra directiva, una directiva amplia que supere la directiva que aún no se ha aplicado en los Estados miembros y que solo aborda el trabajo y la formación profesional. 
Ningún argumento podría justificar que no se haya traspuesto o aplicado esta directiva. 
El plazo último es a principios de diciembre, y en cuanto a mí se refiere puede usted incoar acciones contra los Estados miembros que no hayan hecho nada para entonces, y, con la ayuda del Parlamento, presionarles. 
Sin embargo, es preciso adoptar inmediatamente una amplia directiva, no solo en forma de estudios. 
Los estudios son un comienzo; a este respecto también hay que hacer algo. 
No obstante, mientras tanto queremos que nos dé su palabra de que esta directiva realmente se aprobará. 
Esto también lo solicitó el Foro europeo de discapacitados. 
De hecho, ya han pasado a papel la directiva, y queremos pedir que mientras tanto vayan haciéndose progresos en este terreno. 
Señor Presidente, no quiero que el Año europeo de las personas con discapacidad y el parlamento de la semana pasada sean percibidos como el final de algo, sino más bien como el principio. 
En un serie de ámbitos se han hecho demandas. 
Ahora es cuestión de cumplirlas. 
La Comisaria ha dicho que convendría aplicar la integración en cuestiones de discapacidad. 
Comparto esta opinión. 
La política de discapacidad no es un ámbito político. 
Las cuestiones de discapacidad forman parte integral de todos los ámbitos políticos. 
Allí donde la Unión Europea tiene competencia, por lo tanto, las cuestiones de discapacidad también son responsabilidad de la Unión Europea. 
Por ejemplo, un ámbito de competencia de la Unión Europea es la libertad de movimiento de las personas. 
Esta libertad se aplica a todos, incluso a personas con discapacidades. 
El transporte también es uno de los ámbitos de competencia de la Unión Europea, y el transporte para todos, incluyendo para personas con discapacidad, también es, por tanto, competencia de la Unión Europea. 
Es lamentable que los Estados miembros no hayan aplicado la directiva relativa a la igualdad de trato de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. 
Esto no debe utilizarse como excusa para no elaborar directivas en otros ámbitos políticos. 
¿Qué mensaje se les estaría enviando a los demás Estados miembros que no quieren hacer nada? 
Naturalmente, imaginarían que si no hacen nada no se aplicarán medidas posteriores. 
Sabemos que las directivas son necesarias para abarcar todos los ámbitos políticos relevantes, y esto es lo que pedimos. 
Concluiré mencionando otros dos ámbitos importantes a los que debería prestarse atención en los próximos años. 
El primero son los nuevos Estados miembros. 
A pesar de que afrontamos los desafíos de los actuales Estados miembros, los desafíos son aún más grandes en los nuevos Estados miembros. 
El segundo es el debate sobre el futuro. 
Hemos de sacar adelante nuestra demanda de una toma de decisiones por mayoría cuando se trata de medidas antidiscriminatorias. 
No hay que permitir que el país menos ambicioso en materia de discriminación determine la agenda. 
Por este motivo se necesita en este ámbito un proceso de toma de decisiones por mayoría. 
– Señor Presidente, Comisaria, se ha aprovechado la oportunidad que ha brindado el Año europeo de las personas con discapacidad de expresar numerosas propuestas y de formular ideas interesantes. 
Hablando en términos generales, tenemos ante nosotros un montón de material que, sin embargo, debe organizarse si queremos disponer de una política integral sobre personas con discapacidad. 
Esta es la cuestión más compleja de toda la estrategia. 
Si queremos ser eficaces, tenemos que centrar nuestra política en tres objetivos. 
En primer lugar, hemos de convencer a los redactores de la constitución de que ya va siendo hora de que pasemos a abordar una nueva generación de derechos que están reconocidos en las constituciones de los países como parte integral de los derechos fundamentales, porque solamente si se reconoce que las personas con discapacidad tienen derechos especiales, podrán disfrutar de los derechos fundamentales que en general se reconocen a todos los ciudadanos. 
En segundo lugar, hemos de convencer a los ministros de economía de que reconozcan que el gasto para las personas con discapacidad no debe considerarse un gasto de consumo, sino una inversión en potencial humano y, por consiguiente, un gasto productivo. 
Esto preparará el camino para adoptar las medidas necesarias para detener la exclusión de estas personas. 
Por último, pero igual de importante, debemos introducir una estrategia para convencer al resto de la población de que los problemas de las personas con discapacidad no solo se refieren a una categoría específica, sino al conjunto de la sociedad, si queremos tener una sociedad cohesiva y con niveles de vida superiores. 
En otras palabras, es preciso superar la indiferencia o incluso, en numerosas ocasiones, la actitud negativa de nuestros conciudadanos con respecto a las características especiales de estas personas. 
Solo si el problema de las personas con discapacidad pasa a ser un problema común, tendrá un resultado favorable. 
En particular, en lo que al sector del empleo se refiere, debemos convencer a los empresarios de que podrán beneficiarse considerablemente de participar en medidas dirigidas a ayudar a estas personas y utilizar su potencial en las empresas porque, según la experiencia que se ha tenido hasta la fecha, estas personas son los empleados más leales. 
Para concluir, quiero felicitarle por la iniciativa que ha emprendido con el programa que ha anunciado; sin embargo, tanto mis colegas Diputados como yo pensamos que, si tiene éxito, debe integrarse directamente e incluir medidas legislativas. 
– Señor Presidente, este año debíamos poner de relieve los problemas, pero también celebrar los éxitos de las personas que viven con discapacidad, no de los genios –los Beethoven, Milton, Van Gogh y Stephen Hawking–, sino de los desconocidos. 
Por ejemplo, ese chico del norte de Inglaterra con dificultades de aprendizaje a quien el servicio de educación dio por perdido y después se le descubrieron habilidades musicales. 
Si hubiera tenido un trabajo en la industria no podría haber leído las señales de seguridad, y así llegó a tocar en la orquesta de Covent Garden. 
También está el caso de la bailarina que ensayó en la escuela de balet Rambert. 
Era totalmente sorda, pero aprendió a bailar mediante el ritmo de sus pies y llegó a bailar con el Balet Nacional Portugués. 
Conocí a una chica de 23 años, frágil y diminuta, que llevaba toda su vida confinada en una silla de ruedas y que había pasado por 26 operaciones a vida o muerte. 
Era aprendiz en la comunidad SHARE. Decidió hacer una campaña patrocinada sobre sillas de ruedas, impulsando ella misma las ruedas con sus pequeñas manos. 
Como ella misma dijo, era la primera vez en su vida que tenía la oportunidad de ayudar a otras personas con discapacidad. 
Las personas pueden y lo consiguen, a pesar de las graves discapacidades físicas y mentales. 
Para unos pocos esto comporta una buena carrera profesional en los negocios, la política, las artes o en alguna profesión. 
Para la mayoría significa más logros locales, privados, domésticos: superar el día a día y ayudar a los que les rodean. 
Es nuestro deber ayudar, no de forma intrusiva o invasiva, sino eliminado barreras jurídicas, físicas y psicológicas. 
Ellos ponen el valor. Se merecen de nosotros la oportunidad y la dignidad. 
En el Gobierno pude establecer un sistema de pagos directos para que una persona que prefería tener un equivalente en efectivo para contratar los servicios del proveedor que él o ella eligiera no recibiera prestaciones de los departamentos de los servicios sociales. 
Si uno se encarga por sí mismo de contratar los servicios, comidas, transporte, etcétera, entonces es dueño de la situación, tiene una especie de dignidad e independencia que a menudo faltan en las relaciones entre los servicios públicos y los ciudadanos. 
Esta es la ruta que deberíamos seguir de ahora en adelante. 
– Señor Presidente, no me ha sorprendido que el Año europeo de las personas con discapacidad haya sido un éxito. 
Todos los que hayan consultado y hablado con ONG, activistas y grupos comunitarios sobre el terreno, tal y como yo he hecho en mi propia circunscripción, sabrán que las personas que representan a nuestros 37 millones de europeos son muy claras en lo que exigen de nosotros. 
El fin de semana un grupo de mi circunscripción me contó que estaban contentos porque el Año europeo tendrá cierta continuación, pero piden más claridad con respecto a lo que va a ser esto. 
Tal y como ha dicho el Sr. Bouwman, les prometieron una directiva de empleo que aplicarían los Estados miembros, y sin embargo los Estados miembros siguen dando largas. 
Esto no significa que la Comisión y los diputados no hayan animado a los Estados miembros a aplicar la directiva de empleo en sus disposiciones sobre discapacidad, sino que no se está aplicando. 
Por tanto, están preocupados de que en otras esferas tampoco se cumplan las disposiciones. 
Para después de 2003 quieren ver acciones, no meras palabras. 
Señor Presidente, Comisaria, el valor equitativo de todas las personas es fundamental en la Unión Europea. 
Al menos este es el mensaje que transmiten los discursos en ocasiones solemnes. 
Sin embargo, la práctica real deja mucho que desear. 
El Año europeo de las personas con discapacidad está llegando a su fin. 
A lo largo del año el foco de atención se ha dirigido, en mayor medida de lo habitual, a la situación de las personas con discapacidad, y ha revelado numerosas deficiencias. 
Es excelente que se hayan descubierto estas deficiencias, pero también hay que hacer algo con respecto a ellas. 
Por tanto, el valor equitativo de todas las personas debe ser el criterio para lo que debe hacerse. 
Se sigue discriminando a las personas con discapacidad. 
No es un asunto de casos aislados. 
Más bien la discriminación es la norma, en lugar de la excepción. 
Lo que está en juego es la capacidad para afrontar satisfactoriamente la vida diaria, con escasez de trabajos y problemas a la hora de ir de tiendas, a la oficina de correos y a bancos, de utilizar autobuses, trenes y aviones. 
Se trata de poder utilizar los servicios públicos y de leer periódicos, ver la televisión y escuchar la radio. 
El hecho es que las personas con discapacidad se encuentran con toda una serie de dificultades, lo que evidencia la necesidad actual de una directiva nueva y de gran alcance relativa a los derechos de las personas con discapacidad. 
– Señor Presidente, Comisaria, como ya se ha dicho, nos encontramos al final del Año europeo de las personas con discapacidad y deseo sumar mi voz a la de mis colegas Diputados que han hablado a favor de una directiva transversal europea para abordar este problema. 
Sin embargo, quiero decir que este Año europeo ya ha sido un gran éxito, porque nunca ha habido tanto debate sobre esta cuestión en lugares tan distintos y nunca hemos sabido con tanta certeza todo lo que debemos hacer, en todos los niveles de responsabilidad, estemos donde estemos de la Unión Europea. 
Este es un primer paso hacia el futuro, como ya se ha dicho, y, por lo tanto, quiero concluir este debate con un poco del tan necesario optimismo. 
. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los Diputados al Parlamento por su compromiso y por la pasión con la que todo este tiempo han apoyado los esfuerzos que realmente funcionan como motor para promover los asuntos que atañen a las personas con discapacidad. 
Sin embargo, permítanme expresar mi decepción por cierto tipo de crítica expresada. 
Imagino que no solo los Diputados al Parlamento Europeo, sino también los Comisarios, a veces tienen derecho a expresar decepción. 
Me explico. 
He defendido repetidamente la necesidad de que haya una directiva horizontal. 
Y he explicado los motivos. 
Sin duda alguna volveré sobre el motivo por el que en este momento preciso no puede proponerse. 
No obstante, quiero que nos centremos en lo que ha sucedido, en todas las políticas desarrolladas, en todos los frentes, porque, señor Pronk, quiero asegurarle que al menos yo creo que he mostrado considerable coraje, tanto como lo permite mi posición, para presentar las directivas propuestas. 
No eran fáciles, se lo aseguro. 
Cuando las presenté a la Comisión, hubo administradores públicos que se apostaban sus puestos a que nunca llegarían a la Comisión. 
Superaron la mayoría necesaria de 12 votos. 
Cuando llegaron al Consejo, en algunas declaraciones públicas se dijo que no había ni una posibilidad entre cien de que estas directivas se aprobaran. 
Y sin embargo las directivas fueron aprobadas en tiempo récord. 
Las directivas en cuestión, y para ser más específicos la directiva del lugar de trabajo, constituyen ahora una gran apuesta que nosotros, las instituciones europeas, hemos hecho a las administraciones nacionales. 
En los dos últimos años he estado en contacto con todos los ministros de todos los Estados miembros. 
He creado un grupo de expertos que ha registrado las dificultades para aplicar estas directivas en cada uno de los Estados miembros. 
Estas dificultades no son simplemente una cuestión de voluntad política. 
No es que los ministros o algunos gobiernos se nieguen a aplicar algo que han acordado hace tres años. 
Hay problemas constitucionales, hay problemas políticos, hay problemas jurídicos y económicos, porque es la primera vez que hemos tenido este tipo de directiva de ámbito europeo y la mayoría de los Estados miembros no tenían la experiencia básica necesaria para aplicarla o, más concretamente, para aprobarla en su marco legislativo. 
Así que aquí estamos, un mes antes de la aprobación de la legislación, lo que significa, señor Bouwman, que no tengo ningún medio para llevar a los Estados miembros a los tribunales. 
Espere hasta finales de diciembre y entonces podrá usted comprobar si la Comisión hace su trabajo. 
Un mes antes del plazo y solo hay dos países con la legislación. 
No hablamos de aplicación. 
Hablamos de aprobar la legislación. 
Hay muchos países que aún no han elaborado un proyecto de ley. 
Y esto se debe a que en sus parlamentos tienen grandes problemas. 
Esta es la situación actual. 
El objetivo, el objetivo político, debe ser que nos centremos en la ejecución de lo que hemos acordado. 
Quiero pedir a sus Señorías, al igual que he pedido repetidas veces al Movimiento de las Personas con Discapacidad, que den a este objetivo prioridad máxima en sus países. 
Es preciso criticar a los gobiernos que no cumplen con sus obligaciones. 
Se necesita un debate público sobre por qué no aplicamos la legislación europea. 
Una serie de Diputados han dicho que la Unión Europea consiste en grandes discursos, buenas resoluciones, comunicaciones y conferencias. 
He hablado de legislación. 
Les voy a decir lo que en la práctica hemos hecho por la integración en los dos últimos años. 
Con el Comisario de competencia, el Sr. Monti, estamos haciendo por primera vez excepciones en las normas de ayuda estatal y permitimos subvenciones para trabajadores con discapacidad. 
Por primera vez hacemos una excepción con el Sr. Bolkestein, el Comisario de mercado interior, en cuanto al IVA sobre las herramientas utilizadas por personas con discapacidad. 
Por primera vez la Sra. de Palacio está presentando legislación sobre el acceso de las personas con discapacidad al transporte, y con el Sr. Liikanen estamos organizando todo el programa de accesibilidad electrónica que permite a las personas con discapacidad acceder al sector electrónico. 
Y podemos dar por sentado que estas actividades a veces implican verdaderas acrobacias en el ámbito de la subsidiariedad. 
En cuanto al contenido de la directiva propuesta, quiero recordarles los otros ámbitos aparte del empleo. 
Son la educación, la salud y el bienestar, los sistemas sociales y las prestaciones, la fiscalización y, como ha mencionado el Sr. Mantovani, la cuestión de la participación política. 
Como ya he dicho, Señorías, he hablado con todos los ministros de estas cuestiones, para ver cómo preparar el siguiente paso. 
Les dejo a ustedes la valoración de las reacciones de los ministros de educación ante las intervenciones de la legislación europea en materia de educación y de los ministros de salud y bienestar ante las intervenciones de la legislación europea en los sistemas sanitario y de bienestar y social. 
Me parece que la cuestión de la fiscalización es bastante más fácil, y que la cuestión de la legislación europea sobre la participación de las personas con discapacidad en los sistemas políticos de los Estados miembros es imposible. 
El motivo por el que me refiero a las políticas individuales es demostrar lo difícil que es dar el segundo paso. 
Con ello me refiero a una directiva referente a todo lo que no sea empleo, cuando somos totalmente incapaces de aplicar el primer acto legislativo. 
El Sr. Pronk me ha criticado porque he mostrado coraje y porque, con numerosos enfrentamientos, he propuesto el artículo 13 sobre la igualdad de sexos y porque tengo argumentos a favor de uno pero no del otro. 
Enseguida se lo explico, señor Pronk. 
La legislación sobre la igualdad de sexos en el lugar de trabajo se retrotrae treinta años atrás. 
Llevamos treinta años aprobando legislación europea, aplicando, mejorando, invirtiendo y cooperando, y ahora estamos reformando, reestructurando completamente la legislación sobre igualdad de sexos para poder dar el segundo paso. 
Con el segundo paso creo que cada uno de los Diputados al Parlamento Europeo ha seguido, no el enfrentamiento, sino el furioso ataque contra el mero anuncio de la propuesta. 
No es cuestión de coraje. 
Creo que para un político presentar cuestiones que chocan entre sí también tiene su lado positivo. 
Conociendo el grado de aplicación de lo que usted propone, es cuestión de responsabilidad. 
Puedo asegurarle que no he tenido ningún problema en ser la Comisaria buena, en comparación todos los demás Comisarios malos que rechazaron la directiva en cuestión. 
Me he tomado un poco más de tiempo, pero después de un año del «Año de las personas con discapacidad» y tras cuatro años de sólida presencia de la política para personas con discapacidades en la agenda, con logros específicos y no solo palabras, con legislación y políticas que están cambiando la vida diaria de los ciudadanos europeos, realmente pienso que lo que dice la Sra. Lynne de que es un fracaso si no hay propuesta de directiva es realmente injusto. 
No puedo aceptar una afirmación así. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
Así concluye el debate sobre la declaración de la Comisión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0369/2003) del Sr. Liese, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la propuesta de Decisión del Consejo [COM (2003) 390 – C5-0349/2003 – 2003/0151 (CNS) ] por la que se modifica la Decisión 2002/834/CE relativa al programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración denominado: «Integración y fortalecimiento del espacio europeo de la investigación» (2002-2006). 
. Señor Presidente, Señorías, celebro que se nos brinde esta ocasión para abordar un tema por el que el Parlamento ha expresado siempre un gran interés. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente y a todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por la calidad de su trabajo. 
Mi agradecimiento también al ponente y a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
En la economía de la sociedad del conocimiento que la Unión se ha fijado como objetivo desarrollar en Europa, la investigación científica y el desarrollo tecnológico desempeñan, por definición, un papel clave. 
Más que nunca, tanto la competitividad de las empresas como la calidad de vida de los ciudadanos europeos, descansan en el progreso de los conocimientos científicos y su explotación. 
Se ha dicho a menudo, y con razón, que el siglo que comienza será el de las ciencias y las tecnologías de los seres vivos. 
La investigación sobre células madre embrionarias parece crucial para avanzar en el conocimiento de las primerísimas etapas de la vida. 
También parece prometedora para aplicaciones médicas fundamentales, como el tratamiento de enfermedades hasta ahora invencibles, en particular las enfermedades degenerativas –cáncer o Alzheimer por ejemplo–, que hacen pesar sobre la sociedad europea una carga de sufrimiento humano y una carga económica cada vez más pesada. 
A más corto plazo, la investigación sobre las células madre embrionarias permitirá entender mejor los procesos de diferenciación y multiplicación celulares, que son los procesos clave de la vida y de la aparición de determinadas enfermedades, lo cual permitirá avanzar en otros ámbitos de la investigación científica. 
Esta investigación saldrá ganando si se realiza a escala europea, pues el valor añadido de la cooperación es significativo. 
Así, la cooperación entre equipos de distintos Estados miembros permite utilizar mejor los recursos necesarios y obtener antes los mejores resultados en beneficio de la comunidad científica y de los pacientes de toda Europa. 
Hablaré primero del contexto institucional de esta cooperación. 
La propuesta presentada por la Comisión el pasado 9 de julio se inscribe en la prolongación del Consejo de 30 de septiembre de 2002, en cuyo curso se adoptaron los programas específicos para la aplicación del Sexto Programa Marco de investigación. 
Se acordó entonces que la Comisión presentaría una propuesta legislativa para modificar el programa específico «Integración y fortalecimiento del espacio europeo de la investigación» y establecer un marco para la investigación con embriones y células madre embrionarias humanas. 
La Comisión propone, pues, un conjunto de principios, un marco que establece condiciones muy estrictas, claras y transparentes, tanto científicas como éticas, para regular la financiación de proyectos de investigación que impliquen el uso de embriones humanos sobrantes para el desarrollo de nuevas líneas de células madre. 
La Comisión considera que ha formulado una propuesta responsable, en la medida en que establece un buen equilibrio entre, por una parte, la respuesta a las necesidades de la investigación y las expectativas de los pacientes y, por otra, la seguridad de que la investigación se desarrolla dentro del respeto de las normas éticas más estrictas. 
Definir unas condiciones aún más estrictas que las propuestas por la Comisión equivaldría en la práctica a prohibir la investigación, cuando es posible con arreglo a las decisiones ya adoptadas por el Parlamento y el Consejo en relación con el Programa Marco y sus programas específicos. 
Tengo interés en destacar que no se trata de establecer normas éticas para la investigación sobre las células madre en Europa. 
Las condiciones propuestas solo se aplican al Sexto Programa Marco y no afectan a las legislaciones nacionales. 
Esta investigación nunca será financiada en un país en que esté prohibida. 
Entre las condiciones propuestas, la Comisión ha querido enviar una señal clara a quienes puedan albergar reservas sobre el tipo de investigación que nos ocupa. 
Propone que solo puedan utilizarse los embriones sobrantes que hayan sido creados antes del 27 de junio de 2002. 
El objeto de esta limitación en el tiempo es impedir toda la financiación comunitaria que incentive de alguna manera la creación de embriones sobrantes adicionales en el marco de la fecundación para utilizarlos a los fines de la investigación. 
Quisiera destacar también que la financiación de la investigación con células madre embrionarias completa la financiación de la investigación relativa a las células madre adultas. 
Las investigaciones sobre estos dos tipos de células son necesarias, en particular porque sus propiedades son diferentes, como también las aplicaciones médicas previstas. 
En cambio, es igualmente importante poder disponer de nuevas líneas de células madre embrionarias, pues las que hoy existen son pocas, de mala calidad en su mayoría e –insisto– esencialmente no europeas, patentadas y, por tanto, solo accesibles a un elevado precio, incluso para un trabajo de investigación. 
En estas condiciones, Europa está interesada en desarrollar su propia capacidad. 
Para concluir, recordaré que las tres instituciones se han comprometido a llegar a una decisión sobre este expediente antes de finales de año y, por supuesto, cuento mucho con el apoyo del Parlamento en este sentido. 
. Señor Presidente, Comisario, Señorías, el tema que abordamos hoy preocupa a mucha gente. 
Muchos miembros del público europeo tienen convicciones éticas fundamentales que les llevan a rechazar la investigación con células madre de embriones humanos. 
Otros defienden esta investigación, y lo hacen con gran vehemencia. 
El señor Comisario Busquin tiene razón cuando dice que no estamos aquí para decidir el grado de fiabilidad de este tipo de investigación o, por tanto, para influir en las leyes nacionales, algo que ya se ha dejado claro en la Enmienda 1 de la Comisión. 
La única cuestión que vamos a decidir es lo que, en este ámbito, vamos a financiar en la Unión Europea, por lo que pido a todos los Diputados de la Asamblea que sean cuidadosos con el lenguaje que emplean. 
No se trata de prohibir nada, sino de si el presupuesto europeo lo va a financiar o no. 
De acuerdo con la decisión del Consejo del 30 de septiembre de 2002, el final de este año marca el plazo para tomar una decisión sobre el uso de embriones humanos y células madre embrionarias en el marco del Sexto Programa de investigación. 
Aquí es donde quiero hacer mi primera crítica, que también he hecho en las enmiendas aprobadas por la comisión, ya que la propuesta de la Comisión solamente aborda la adquisición de células madre de embriones humanos procedentes de embriones humanos. 
No contiene reglas exhaustivas sobre investigación con embriones y células madre embrionarias. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha aprobado toda una serie de enmiendas que constituyen claramente una posición en torno a la investigación con embriones y células madre embrionarias. 
Insto al Consejo a analizar ambos tipos de investigación en la próxima fase del procedimiento; así será más fácil llegar a un compromiso. 
Una enmienda muy importante de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es la Enmienda 6, que la comisión aprobó por gran mayoría y que establece lo siguiente: «De acuerdo con una mayoría abrumadora de científicos, por razones puramente científicas no es posible un trasplante de células madre de embriones humanos a pacientes durante el período de vigencia del Sexto Programa Marco de investigación (hasta finales de 2006) , dado que este enfoque se encuentra prácticamente en el estadio de investigación básica y un trasplante en este momento comportaría riesgos incalculables para los receptores» Tal y como señala claramente esta enmienda, no podemos exagerar diciendo que podemos curarlo todo. 
La investigación con células madre embrionarias se encuentra en un estadio muy temprano y el riesgo de cáncer asociado al trasplante a pacientes nos obliga a adoptar un enfoque muy, muy cauteloso. 
Si el trasplante a pacientes no es posible, entonces ¿por qué la comisión, sin embargo, cree que esta investigación merece nuestro apoyo? 
Las enmiendas 7, 17 y 18 aclaran esta cuestión. En ellas dejamos claro que el verdadero objeto de nuestros esfuerzos es el uso de células madre adultas en investigación y en el tratamiento de pacientes, pero, desde un punto de vista puramente científico parece que necesitamos la investigación con células madre embrionarias simplemente para desarrollar más la investigación con células madre adultas. 
No obstante, por supuesto no hemos de perder de vista el verdadero objetivo, y por esto pedimos en nuestras enmiendas que la investigación con células madre adultas tenga prioridad. 
Esto ya ha tenido verdaderos éxitos con pacientes de verdad, verdaderos éxitos que ya se han obtenido, al menos sobre una base experimental, al tratar a pacientes con daños en los huesos y cartílagos, leucemia, ataques cardiacos, incontinencia e incluso la enfermedad de Parkinson. 
Por tanto, esta es la cuestión a la que hemos de dar prioridad. 
Hasta ahora en este debate, como ya sabrán ustedes, siempre me he contado entre quienes han expresado dudas fundamentales sobre la investigación con células madre de embriones humanos en general. 
Sin embargo, creo que, en la mayoría de cuestiones, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha conseguido un buen compromiso, y, por tanto, yo defenderé ante esta Asamblea la posición de la comisión en la mayoría de aspectos. 
Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la enmienda 10, con respecto a la cual la comisión no me votó y adoptó un texto que apoya la producción de nuevas líneas de células madre embrionarias y la investigación con los propios embriones. 
Personalmente opino que esta enmienda no ha contado con un buen asesoramiento, y que sería mejor apoyar las enmiendas del Sr. Nisticò, 25 y 24, de acuerdo con las cuales, de hecho, deberíamos apoyar la investigación con células madre embrionarias pero no la adquisición de nuevas líneas de células madre. 
Este me parece un buen compromiso, y que podría aprobar el Consejo, que aclararía de una vez por todas las cosas. 
También hay que dejar claro que si se apoyan las enmiendas del Sr. Nisticò también se están apoyando las reglas para la investigación con fondos públicos que van más allá y son mucho más liberales que las que se aplican a los investigadores que reciben fondos públicos en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, no creo que pueda decirse que este enfoque es restrictivo u hostil a la investigación, y así les pido que apoyen las enmiendas 24 y 25 del Sr. Nisticò. 
. – Señor Presidente, quiero plantear dos cuestiones, una de tipo moral y otra de tipo jurídico, en este delicado debate, y relacionar una con otra. 
Los embriones son seres humanos por derecho propio: esto es cierto y esta certeza queremos remarcarla con todas nuestras fuerzas. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de Niza reconoce la dignidad de estos derechos, la integridad física y psicológica, y, por tanto, hay una obligación moral de proteger a los embriones como seres humanos, independientemente de cómo hayan sido creados. 
Por lo tanto, se deduce que la experimentación solo está justificada cuando se lleva a cabo en beneficio de la persona o de los embriones en cuestión, y no hay justificación o circunstancias atenuantes que puedan servir para equilibrar los intereses de las personas, los derechos fundamentales de las personas y los intereses de la sociedad. 
La cuestión va más allá de este tipo de proceso de compensación porque la protección de derechos inalienables y fundamentales tiene ciertamente preferencia. 
Así, la experimentación destructiva queda descartada y, en consecuencia, el uso de fondos públicos queda descartado para la experimentación que solo apoya la línea según la cual los embriones son un conjunto de células sin valor intrínseco, sin valor bioético como vida humana. 
Por otro lado, las células madre pueden extraerse, como ya hemos oído, del cordón umbilical o de fetos de abortos espontáneos de células adultas para su uso en el tratamiento de enfermedades graves. 
Por tanto, la responsabilidad moral nos dicta que optemos por este tipo de investigación, estos tipos de tratamiento. 
Sin embargo, hay otros argumentos aparte de los morales; estos argumentos morales dan pie a argumentos jurídicos, que la comisión que tengo el honor de presidir ha sacado a colación y ha llamado la atención del Parlamento sobre ellos. 
La Unión respeta la identidad nacional y por ello me complace oír al ponente decir que no vamos a hacer sombra a la legislación o la diversidad cultural de los Estados miembros. 
El derecho comunitario tiene preferencia sobre el derecho nacional y, por tanto, sobre la legislación básica de los Estados miembros. 
El derecho comunitario, a pesar de que tiene preferencia en otros sectores, no puede existir en todos los ámbitos de legislación general porque hay un límite, como han dicho numerosas veces los Tribunales Constitucionales, de Italia, Alemania y de muchos otros países, por que hay que respetar los derechos fundamentales y que estos tienen preferencia. 
Por lo tanto, la financiación comunitaria general queda descartada, y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior nos centramos en este asunto. 
Estoy hablando en esta Asamblea a favor de esta línea. 
– Señor Presidente, celebro el excelente trabajo y el flexible y astuto enfoque de nuestro ponente, el Sr. Liese, quien, partiendo de una posición algo rígida, con firmes principios éticos, se ha esforzado por lograr, con la ayuda no solo mía sino de todo el Grupo PPE-DE, un compromiso todo lo equilibrado posible en torno a un tema delicado, el uso de embriones humanos y de células madre de embriones humanos en proyectos de investigación del Sexto Programa Marco. 
Como científico de investigación, por supuesto, solo puedo apoyar los avances de la ciencia que beneficien principalmente a los pacientes que durante años han puesto sus esperanzas en las nuevas tecnologías, como se ha dicho, lo que puede proporcionar una cura para enfermedades de pérdida del control, a veces irreversible, como la enfermedad de Parkinson, lesiones espinales que pueden causar paraplejia, tetraplejia, la enfermedad de Alzheimer, etcétera. 
Por este motivo quiero dar las gracias al Comisario Busquin por sus prolíficos esfuerzos por lograr lo que, sin duda alguna, es un compromiso difícil. 
He de decir que, hace poco, a petición específica del Ministerio italiano de investigación científica, la comisión de bioética italiana, presidida por el Profesor Francesco D’Agostino, concluyó que era éticamente legítimo extraer células madre para uso terapéutico de embriones que ya no pueden implantarse. 
La decisión a cuya aprobación nos van a invitar en esta Cámara solo concierne a los fondos del Sexto Programa Marco y, por tanto, se refiere a un período de tiempo bastante corto. 
Sin embargo, tengo buenos motivos para pensar que la enmienda aprobada por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que estipula la financiación de la investigación con células supernumerarias, no recibirá el apoyo unánime del Consejo, con el riesgo de que se cree un bloque minoritario y la ampliación de la moratoria actual. 
Esto perjudicaría aún más la investigación pública en Europa, que seguiría en su estado actual de incertidumbre y falta de reglamentación. 
Por este motivo elaboré una nueva propuesta de compromiso, a fin de encontrar cierto espacio común entre las demandas científicas y los principios éticos: de hecho, mi propuesta, presentada además por el Grupo PPE-DE, por un lado prohibe la financiación de proyectos de investigación que establecen el uso de embriones supernumerarios humanos y, por el otro lado, permite a los científicos investigadores utilizar en experimentos células madre y líneas de células madre de embriones humanos, que ya están disponibles en los laboratorios y que proceden de embriones supernumerarios de antes del 27 de junio de 2002. 
Me parece que solo de esta forma es posible que los científicos investigadores sigan con sus investigaciones comparativas preliminares, que son básicas de cara al futuro uso, o la falta de él, de células madre embrionarias. 
Por lo tanto, espero que prevalecerá la razón sobre la emoción y el perjuicio en la votación de mañana en esta Cámara, en beneficio de la salud del paciente. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho hasta ahora. 
Ha sido un informe difícil que suscita fuertes emociones y no existe un consenso europeo en torno a esta cuestión. 
El uso de embriones humanos para crear líneas de células madre embrionarias y para la investigación sobre células madre embrionarias es polémico, pero hemos debatido sobre ello y hemos llegado a un consenso válido en el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
He tenido que modificar mis opiniones sobre este asunto, que son bastante liberales, para poder alcanzar un consenso, y sé que el Sr. Liese también lo ha hecho. 
Sin embargo, ahora me preocupa que se estén volviendo a proponer varias enmiendas que fueron rechazadas de plano en la Comisión de Industria. 
Pido a sus Señorías que reflexionen. 
Tenemos un compromiso bastante bueno, que deberíamos apoyar. 
La votación celebrada en la Comisión de Industria fue razonable y correcta. 
Solo es preciso abordar una o dos enmiendas. 
Una serie de diputados han intentado volver a introducir un plazo límite muy restrictivo en cuanto al uso de embriones sobrantes, lo que constituyen un grave problema. 
Significa que para crear nuevas líneas de células madre es preciso utilizar embriones sobrantes antiguos que no están en las mejores condiciones. 
Si se acepta este plazo límite restrictivo, será inevitable que se destruyan más embriones para crear líneas de células madre útiles y viables. 
Significa que si uno se limita a utilizar solamente las líneas de células madre existentes, creadas antes de la fecha fijada por el Sr. Nisticò y otros, solo podrán utilizarse líneas de células madre antiguas de los Estados Unidos que se han creado utilizando proteínas de ratones y que no son adecuadas para el tratamiento de pacientes humanos. 
Esta es la trampa en la que han caído los Estados Unidos y deberíamos aprender de ello. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que los científicos investigadores ya han empezado a abandonar los Estados Unidos y se dirigen al Reino Unido y a Asia para evitar los problemas creados por la introducción de un plazo límite. 
Personalmente, preferiría que no hubiera plazos, pero creo que lo que la Comisión propone es el límite máximo practicable. 
El ponente dice que no hay perspectivas inmediatas de terapias disponibles para pacientes; si se instaura este plazo restrictivo, puede que tenga razón. 
Pido a este Parlamento que apoye el compromiso propuesto por la Comisión de Industria y que no apoye los plazos restrictivos. 
La investigación sobre células madre aliviará a millones de personas que sufren Alzheimer, Parkinson y diabetes, a algunas de los cuales conocemos en persona y que de hecho han sido colegas nuestros en esta Asamblea. 
Les pido por favor que mañana y el miércoles voten por el sentido común. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, este debate no trata de si la Unión Europea debería permitir la investigación con células madre y embriones. 
La posición varía de un Estado miembro a otro y es una cuestión de subsidiariedad, y en este Parlamento no tenemos nada que decir al respecto. 
Hemos de centrarnos en la cuestión de si la investigación con células madre que se lleva a cabo en Estados miembros de la Unión Europea puede recibir fondos del sexto programa marco. 
En septiembre de 2002, esta cuestión fue también el objeto de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento durante los debates sobre el sexto programa marco. 
Entonces se alcanzó un compromiso y el Parlamento votó a favor. 
Por lo tanto, nuestra posición es inequívoca. 
Gracias al compromiso, es posible financiar la investigación con células madre con fondos comunitarios en los Estados miembros donde se permite esta investigación. 
Posteriormente, a instancias de unos pocos Estados miembros, se ha impuesto una moratoria; a partir de septiembre de 2003 los fondos europeos de la investigación con células madre quedan congelados hasta que la Comisión formule una nueva propuesta. 
Ahora tenemos ante nosotros esta propuesta de la Comisión e insto a mis colegas Diputados al Parlamento Europeo a apoyarla. 
Después de todo, se ajusta a nuestra posición de septiembre de 2002 y, por tanto, aporta coherencia. 
El Sr. Liese, el ponente, ha intentado minar la posición del Parlamento de forma escandalosa presentando, durante el debate en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, enmiendas muy restrictivas, que prácticamente imposibilitan la investigación embrionaria en la Unión Europea. 
De hecho, no solo ha introducido un plazo límite, a partir del cual las líneas de células madre creadas antes de esa fecha no pueden utilizarse, sino que también ha limitado el alcance de la propuesta permitiendo la investigación únicamente en las líneas de células madre existentes. 
Ha desestimado el desarrollo de nuevas líneas de células madre procedentes de embriones supernumerarios, si bien es precisamente en este terreno donde la Unión Europea debería adquirir experiencia investigadora. 
Afortunadamente, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha optado por la coherencia y se ha posicionado en contra de la mayoría de las enmiendas del Sr. Liese. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si hay algo especialmente destacable en nuestro ponente, el Sr. Liese, aparte de su inteligencia y su capacidad de trabajo, es sin duda su tenacidad. 
Así, en el debate sobre el Sexto Programa Marco, luchó contra cualquier investigación sobre células madre embrionarias. 
Perdió. 
Como algunas semanas después de la votación en el Parlamento, el Consejo de Ministros congeló indebidamente los fondos de investigación previstos, el Sr. Liese heredó un informe sobre el mismo tema y, aparentando buscar transacciones, trató de impedir con sus enmiendas prácticamente cualquier investigación en la materia. 
Después de salir derrotado en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, mantuvo su nombre en un informe que deseaba fuera rechazado y que fue aprobado en contra de su opinión. 
El Sr. Liese vuelve esta tarde al pleno con las mismas intenciones. 
Ante estas tentativas, solo hay un camino razonable y equilibrado: apoyar el texto de compromiso de la Comisión, un texto bastante cercano al compromiso votado por nuestro Parlamento con ocasión de la adopción del Sexto Programa Marco. 
Para ello, hay que votar en contra de todas las enmiendas que lo desnaturalizan al modificar su ámbito de aplicación. 
Mi posición, resumida en tres puntos, es la siguiente: primero, respetar a los que no quieren este tipo de investigación en su país; segundo, rechazar todo derecho de veto europeo sobre los que quieren y lleva a cabo este tipo de investigación; tercero, reafirmar nuestro firme objetivo de financiar la investigación encaminada a salvar a quienes padecen enfermedades incurables y dar alivio a quienes sufren dolores insoportables. 
Esta es, pues, la posición que defiendo esta tarde en nombre de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y el enfoque que quisiéramos que se adoptara. 
Señor Presidente, quiero empezar con una crítica al duro ataque lanzado contra el Sr. Liese, el ponente. 
Señora Plooij-van Gorsel, si es tan escandaloso que alguien intente que esta Asamblea acepte una posición diferente, entonces está claro que no tiene usted ni idea de cuál es el cometido de este Parlamento. 
Ciertamente, nuestra función es adoptar una posición independiente en lugar de ser una mera extensión de la Comisión, por lo que quiero aprovechar esta oportunidad para darle al Sr. Liese las gracias. 
La votación de hoy marca un sendero. 
El Sr. Liese tiene razón cuando dice que hoy no vamos a decidir si celebramos o no la investigación con células madre o embriones. 
También en mi propio grupo hay diferentes opiniones a este respecto, pero podemos con bastante claridad estar de acuerdo en una cosa, a saber, que no es aceptable que la investigación que conlleva la destrucción de embriones humanos, que es ilegal y punible en muchos Estados miembros, deba financiarse con los ingresos fiscales de la Unión Europea. 
Pues no tendría parangón en la Unión Europea la inversión de dinero en proyectos de investigación que son ilegales en los Estados miembros donde se llevan a cabo. 
Y si procede, como el Sr. Liese, de Alemania, puedo decir que, para Alemania, es otra situación bastante destacable. 
Señor Comisario, es del todo inaceptable, y no puede esperarse que el público alemán lo tolere, en particular desde que somos contribuyentes netos, que se coaccione a los contribuyentes alemanes para que cofinancien uno de cada cinco proyectos en materia de investigación con embriones humanos supernumerarios, es decir, investigaciones donde se destruyen embriones, incluso aunque constituye un delito penal en la legislación alemana. 
Me parece que de forma similar esto supone un problema para otros países. 
Permítame repetir, señor Comisario, que está transmitiendo usted un mensaje completamente equivocado. 
Está usted premiando la producción de embriones supernumerarios, lo que podría calificarse de incentivo a las existencias. 
Su propuesta reduce los embriones humanos al nivel de una materia prima biológica. 
Hay algo que quisiera que explicara usted mejor, señor Comisario, algo que me parece totalmente inexplicable, y es que, según he oído, aquí estamos hablando de nueve proyectos de investigación de 15.000. 
Solo nueve proyectos, y me pregunto por qué es usted tan vehemente en su defensa. 
Tengo la impresión, señor Comisario, de que se trata de algo bastante diferente, de que lo que le importa a usted es… 
– Señor Presidente, celebro la oportunidad que tengo de hablar en este importante debate y de que conste en acta, no por primera vez, mi preocupación por las directrices éticas para la financiación de la investigación. 
Espero que podamos evitar el enconamiento en el debate y respetar el derecho de los diputados a expresar libremente sus opiniones sobre una cuestión que es compleja, delicada y, para muchos, una cuestión de conciencia. 
Los que no somos científicos debemos confiar en el juicio y la valoración de personas cualificadas profesionalmente. 
Sin duda el hecho de que haya opiniones tan variadas y tantas divisiones entre los científicos nos da a entender a los legisladores que esta no es una cuestión clara. 
Nos guste o no la propuesta de la Comisión, si sale adelante permitirá la experimentación con el verdadero origen de la vida humana y la destrucción de embriones humanos. 
En otros ámbitos ya hemos visto lo que puede ocurrir cuando se abusa y se hace un mal uso de la ciencia. 
En la medida en que somos protectores del interés público en esta cuestión crucial, hemos de actuar con extrema cautela y reflexionar y respetar las opiniones de nuestros ciudadanos. 
No quiero ver cómo se gastan los fondos de la Unión Europea en una práctica que es ilegal en algunos países, incluso en el mío propio, Irlanda, y también en Alemania, Austria, Italia y Portugal. 
Una acción así sería una clara violación de la subsidiariedad. 
Es injusto, falso y, de hecho, engañoso decir que los que se oponen a la financiación de la investigación sobre células madre impiden el descubrimiento de remedios para enfermedades graves. 
Profesionales más cualificados que yo han demostrado que esto no es así. 
En un debate anterior celebrado en esta Asamblea dije que a quienes fascina la maravilla de nuestra creación deben actuar ahora en interés de la humanidad. 
Ha llegado el momento. 
– Señor Presidente, ¿la Unión Europea va a financiar la investigación con embriones humanos, sí o no? 
Esta es la verdadera cuestión. 
La esencia de este tema no es tanto monetaria como ética, un debate sobre buenos y malos. 
No versa tanto sobre si la financiación es buena o mala, sino sobre si la investigación es buena o mala. 
De esto es realmente de lo que se trata. 
Cuando hablamos de financiar la investigación con células madre, ¿por qué no podemos simplemente expresar el hecho de que en muchos Estados miembros no se permite esta investigación, y que, por consiguiente, no deberíamos utilizar la financiación comunitaria en estos países? 
¿Qué hay de malo en esta lógica? 
Si no se hace en algunos Estados miembros, bien, pero es un delito sancionable en otros. 
¿Cómo podemos pedir a los Estados miembros que contribuyan a investigar algo contra lo que tienen objeciones fundamentales? 
Seguramente es un tortazo en la cara de los socios de la Unión Europea. 
Yo estoy a favor de la investigación con células madre. 
Me parece que es nuestro deber buscar terapias para enfermedades que siguen considerándose incurables. 
También estoy a favor de que la Unión Europea reserve fondos para ello. 
Sin embargo, y aquí es donde, en mi opinión, entra la cuestión de la ética, esta investigación no debería hacerse a expensas de otras vidas humanas. 
La vida humana, sea cuál sea su fase de desarrollo, no debería utilizarse nunca de forma meramente instrumental. 
Por lo tanto, debería rechazarse la propuesta de la Comisión, no solo por las consideraciones de derecho penal en la Unión Europea y por la destrucción de vida humana, sino porque no es coherente con lo que se ha acordado anteriormente. 
El Acta del Consejo especifica que la Comisión presentará una propuesta donde se den más «directrices» para los principios relativos a la financiación comunitaria de proyectos de investigación con embriones humanos y células madre de embriones humanos. 
Por lo tanto, la propuesta debe versar sobre «directrices para principios de financiación». 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión trata de «condiciones para la financiación». Lo que difiere bastante de las «directrices para principios de financiación». 
Un principio, por ejemplo, sería: ningún fondo europeo para investigaciones que propicien la destrucción de vida humana. 
Otro ejemplo de principio es: de acuerdo con el principio de subsidiariedad, ningún fondo para investigaciones prohibidas en ciertos Estados miembros. 
Otro ejemplo de mi Enmienda 55: ningún fondo para investigaciones inaceptables desde el punto de vista ético si hay alternativas menos censurables. 
Aunque la Comisión diga lo contrario, hay alternativas más sólidas en la cuestión de la investigación con células madre, a saber, la investigación con células madre somáticas humanas (las llamadas células madre adultas). 
El Instituto holandés Lindeboom, en cooperación con el Centro de Ética Empresarial israelí de Jerusalén, ha publicado hace poco un informe sobre esta cuestión. 
Según este informe, que menciona docenas de publicaciones científicas, los desarrollos científicos más recientes con células madre adultas ofrecen una amplia gama de posibilidades para terapias de enfermedades degenerativas que no se basan en la investigación que requiere la destrucción de embriones humanos. 
Estos desarrollos, y cito, «seem to indicate that embryonic stem cells are not essential for medical progress» (parecen indicar que las células madre embrionarias no son esenciales para el progreso en medicina). 
Por lo tanto, hay alternativas a la destrucción de embriones humanos. 
Por último, si este Parlamento se niega a centrarse en la financiación de la investigación exclusiva con células madre adultas, el enfoque del informe Liese sigue mereciendo gran apoyo. Para ilustrar esta cuestión citaría la Enmienda 61. 
– Señor Presidente, es bastante extraño que Diputados de esta Asamblea, como el Sr. Hyland, hayan acusado a los que defienden la liberación de fondos para la investigación científica sobre células madre embrionarias y que intentan imponer un modelo científico a Europa, a la Unión Europea y al Parlamento. 
Lo que ocurre en Europa, con las leyes nacionales de algunos Estados miembros, es exactamente lo contrario, a saber, que los prejuicios éticos bloquean la investigación para todos los ciudadanos, no solo para los que desean mantenerse lejos de este tipo de investigación y de sus resultados por motivos éticos. 
La Comisión Europea ha elaborado un compromiso que ya se encuentra en el límite de la aceptabilidad por motivos científicos: la Comisión Europea no reserva fondos para lo que se conoce como clonación terapéutica de la financiación de la Unión. 
Pero, ¿por qué, si esta financiación puede, y realmente puede, dar esperanzas de tratamiento y supervivencia, y digo esperanza, no certeza, porque en esta Asamblea, a diferencia de los diputados de otros parlamentos, no tenemos certeza científica, a millones de personas en Europa? 
La Comisión Europea ya se ha visto obligada a llegar a acuerdos de tipo ético y moral, como los llaman ustedes, y a renunciar a este tipo de financiación. 
Bien, o quizá no, pero ahora ya basta: no se necesitan más limitaciones; no hay motivos científicos para imponer más límites. 
Entonces, en cuanto a la cuestión de la fecha, las propuestas de enmiendas indican que las células madre, y me refiero a la propuesta del Sr. Nisticò, deben haberse obtenido antes del 27 de junio de 2002. 
Pero, ¿por qué? 
Desde el punto de vista científico, ¿qué motivos éticos hay para utilizar embriones más antiguos que han caducado? 
De hecho, no aducen ustedes motivos científicos. 
El motivo que dan ustedes, a saber, que no deben producirse nuevos embriones, es, simplemente, ridículo, porque cualquier científico investigador le dirá que ese problema no existe. 
Si se permitiera la investigación científica, no habría dificultades para obtener embriones, ni habría ninguna necesidad de producirlos específicamente para este fin. 
En Italia hay decenas de miles de embriones y, me imagino, cientos de miles en Europa, que han sido congelados y para los cuales solo queda una alternativa a la investigación científica: el cubo de la basura. 
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, el Sr. Gargani, cree que un embrión es un ser humano. 
Entonces, ¿significa esto que deberíamos destinar este ser humano-embrión al cubo de la basura en lugar de utilizarlo para la investigación científica? 
Dejemos que el Sr. Gargani y todos los demás lo intenten y salven las cientos de miles de vidas congeladas en los congeladores de laboratorios. 
Esto no tiene nada que ver con la ciencia. 
Se está intentando imponer un principio ético y moral, y esto se está haciendo, y me refiero a quienes intentan presentar enmiendas que son incluso aún más constrictivas que la propuesta de la Comisión, mediante un dispositivo que no permitirá que se establezcan investigaciones sobre células adultas como alternativa a la investigación con células madre. 
A diferencia de ustedes, nosotros, los antiprohibicionistas de la investigación científica, no sabemos cuál tendrá resultados primero, si la investigación sobre células adultas o la investigación sobre células embrionarias. 
No sabemos y no afirmamos saber, ni pensamos decirle al Parlamento que un tipo de investigación es mejor que otro: ambos son valiosos. 
Hemos de proceder con ambos tipos de investigación y el primero que tenga éxito en salvar la vida de los ciudadanos de Europa y del mundo será el mejor. 
No afirmamos tener este conocimiento científico, y sería mejor que ustedes tampoco lo hicieran. 
Esperamos que la Presidencia italiana de la Unión Europea, que ha sido tan respetuosa con las posiciones de la Unión al no lograr reunir el valor para proponer una moratoria sobre las ejecuciones, hará, en esta coyuntura, viendo que este es el enfoque que ha elegido adoptar, lo mismo en lo que se refiere a la investigación científica y no boicoteará la propuesta Busquin. 
Abramos la puerta a la financiación de la clonación terapéutica. 
– Señor Presidente, la investigación con células madre de embriones sobrantes es necesaria para que llegue antes el día en que podamos utilizar células madre adultas con fines terapéuticos para curar «enfermedades terribles». 
Estoy seguro de este es un objetivo compartido por todo el mundo. 
Una mayoría absoluta de esta Asamblea aceptó el compromiso anterior del Parlamento. Este compromiso restringe la financiación de la investigación por parte de la Unión Europea únicamente a embriones producidos de más para la fertilización y que van a destruirse solamente en la fase no diferenciada de desarrollo de hasta un máximo de 14 días y solamente en las jurisdicciones donde existe una regulación efectiva y estricta y lo permita la ley. 
Todo esto lo ha vuelto a aprobar la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Lamento que nuestro ponente haya expuesto su propia posición, en lugar de la de la comisión. 
Señalar que la Unión Europea no puede financiar empresas conjuntas no permitidas en ninguno de los Estados miembros establece un precedente absurdo y peligroso. 
¿Qué hay de la investigación nuclear y del cultivo de tabaco? 
Quiero decirle a la Sra. Breyer que Alemania permite investigar embriones, por mucho que los embriones alemanes estén exentos. 
¿Qué sentido tiene una fecha de exclusión? 
Si es válido utilizar embriones producidos antes de una fecha, ¿puede resultar inválido utilizar embriones producidos después de esa fecha? 
Una enmienda del Sr. Nisticò falla por el hecho de que se limita a sí misma a líneas de células madre y no a embriones. 
¿Desconfiamos tanto de los profesionales europeos de la fertilización porque puedan verse tentados a producir un excedente de embriones con fines ulteriores? 
Esto es sin duda una calumnia injustificada contra una profesión respetable. 
¿Es más cristiano caminar por el otro lado y dejar a nuestros congéneres tirados en la cuneta de la carretera a Jericó, destrozados por la enfermedad de Parkinson, Alzheimer o lesiones en la columna vertebral? 
Dios nos ha dado mentes curiosas, la capacidad de dominar la naturaleza, un cerebro y unas habilidades para mejorar nuestra vida en la tierra. 
Sí, hemos de respetar la dignidad humana y yo respeto totalmente las firmes opiniones de mis colegas sobre lo que es la dignidad humana. 
Sin embargo, pregunto, ¿se trata un embrión en fase temprana, destinado en cualquier caso a ser destruido, o se trata de unos padres que sufren la enfermedad de Parkinson o un hijo adolescente paralizado porque tiene el cuello roto? 
La posición prudente de la Comisión de Investigación, en la enmienda 10, es la posición que debemos apoyar. 
Hemos de convencer al Consejo de Ministros de que haga lo mismo. 
– Señor Presidente, este Parlamento expresó sus opiniones con toda claridad durante la lectura del Sexto Programa Marco. 
Estas opiniones las reafirmó la semana pasada la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía: estamos a favor de desarrollar terapias para enfermedades terribles utilizando células madre embrionarias en condiciones muy estrictas, sin crear embriones para la investigación, utilizando embriones sobrantes, con el consentimiento de los padres y a título gratuito. 
Lamento el rechazo intolerante y antieuropeo de la subsidiariedad mostrado por algunos colegas esta tarde. 
Creemos que la exploración de otras formas de células madre, y de hecho de comparaciones, es esencial. 
Pasemos al asunto de las fechas. Lamento que la Comisión haya optado por introducir una fecha, porque ha animado a algunos diputados a este Parlamento a avanzar fechas aún más absurdas. 
Esto se ha hecho de forma taimada, hipócrita y engañosa porque no se han propuesto simplemente fechas diferentes, sino también procedimientos diferentes, con líneas de células madre y no con embriones. 
Es preciso sacar a la luz la hipocresía de estas enmiendas para que los diputados tengan del todo claro lo que van a votar. 
Quiero hacer una pregunta directa al Comisario. 
¿Es cierto que las fechas propuestas por el Sr. Nisticò y otros reducirían drásticamente la disponibilidad de líneas de células madre para que la Unión Europea sea totalmente dependiente de los Estados Unidos, Israel y otros países con líneas patentadas? 
¿Perjudicaría esto a la ciencia de la Unión Europea y, sobre todo, afectaría a las perspectivas de ayudar a las personas que sufren enfermedades terribles? 
Señor Presidente, señor Comisario, yo he escrito el proyecto de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Debido a que la mayoría de la comisión difiere de la mayoría del Parlamento y porque la derecha tiene bastante más representación, la opinión adoptó una forma que yo no era capaz de aceptar. 
Por tanto, no quería que apareciera mi nombre en ella. 
Mi análisis jurídico difiere totalmente del presentado por el presidente de la comisión, el Sr. Gargani. 
En primer lugar, en virtud del Convenio de Oviedo no hay obstáculos a esta investigación. 
En segundo lugar, he de decir que el análisis del Sr. Gargani de lo que significan los programas de investigación en términos jurídicos también fue completamente irrelevante. 
Está muy lejos de la verdad. 
En mi propuesta también he señalado que el Grupo Europeo de Ética, que la Comisión y nosotros mismos podemos utilizar, no ha excluido la investigación con células madre embrionarias. 
¿Qué sentido tiene un grupo asesor si no lo escuchamos? 
Para mí, como para muchos otros, la cuestión ética más importante guarda relación con la reducción del sufrimiento humano. 
Esto lo podemos hacer si, de forma reglamentada y abierta, intentamos cooperar y hacer lo que han dicho muchos oradores que debemos intentar para reducir el sufrimiento de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. 
Necesitamos los fondos públicos y los fondos han de ser europeos si los resultados van a ponerse a disposición de todos los europeos. 
Sin embargo, me habría gustado que se eliminara el plazo de la propuesta de la Comisión. 
No tiene justificación ética. 
La Enmienda 11 de la comisión me produce gran satisfacción, porque defiende la eliminación de la demanda de que se examinen todos los métodos alternativos. 
Deja espacio para una gran cantidad de arbitrariedad, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Plooij-van Gorsel, el Sr. Bowe y otros. 
– Señor Comisario, Señorías, ¡sí! 
Sí a la investigación. 
Recuerdo la Comisión temporal de genética humana, sí a la investigación y sí a los compromisos alcanzados en el Sexto Programa Marco. 
Después quizá haya que hablar algo de lo que nadie ha hablado aquí todavía, aunque sigo el debate desde el comienzo. 
Hay quien está aquí para criticar esta investigación y rechazarla en nombre de algo que no se dice y que voy a decir. 
Es casi una palabra vulgar, es la palabra «aborto». 
Hay quienes rechazan esta investigación en una apuesta por luchar contra el aborto. 
Se puede hablar del sufrimiento, de la enfermedad de Parkinson, y todo lo demás, pero yo quisiera hablar también de esta cuestión, ya que se refiere a los derechos de las mujeres. 
Esta cuestión comprende dos aspectos. 
Primero, la investigación sobre las células madre no es una batalla lucha ética sobre si se tiene o no derecho al aborto en los países europeos. 
Segundo punto, en cambio, los hombres y las mujeres no están en igualdad con respecto a las células madre embrionarias. 
Me alegraría que alguien que no fuera yo lo dijera en esta Cámara. 
Hay toda una serie de enmiendas, señor Comisario, que pretenden asegurar que esto no se convierta en una fuente de ingresos, y que usted rechaza en virtud del artículo 152 porque no es competencia de la Unión Europea y de nuestras instituciones. 
Ahora bien, le recuerdo que el artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que no se puede hacer del cuerpo humano una fuente de ingresos económicos, y le recuerdo asimismo que esta Carta se integrará muy pronto en la Constitución, como espero que deseamos todos aquí. 
Por otra parte, llamo su atención sobre el hecho de que si las células madre embrionarias tienen que ver primero y ante todo con las mujeres, con lo que las mujeres llevan dentro de ellas, no deben convertirse en instrumentos de la investigación, económicamente hablando. 
Esto no debe ser una fuente de ingresos económicos. 
Incluso si pensamos que no nos corresponde a nosotros decirlo, creo que debemos afrontar esta cuestión fundamental e históricamente significativa. 
Señor Presidente, me he apropiado del minuto asignado a mi colega la Sra. Ahern, que por desgracia no ha podido llegar a tiempo. 
He de preguntarle de nuevo, señor Comisario, si es cierto, tal y como nos han informado, que todo esto tiene que ver con solo nueve de 15 000 proyectos que forman parte del programa Biomed. 
Si se trata de estos pocos proyectos que despiertan tanta pasión, entonces no puedo reprimir la sospecha de que es un intento gratuito de dotar de respetabilidad a la investigación con embriones en la Unión Europea. 
Todos los Estados miembros que quieren participar en este tipo de investigación y que han aprobado leyes para permitirla pueden hacerlo, pero sin fondos de la Unión Europea. 
Tengo la impresión de que su interés es otro, que se trata de abrir una brecha en la ética y abrir la puerta a la investigación sobre embriones. 
Si esto es lo que se pretende con estos pocos proyectos, entonces me pregunto por qué hace usted esto, desacreditando así innecesariamente el conjunto del Programa de investigación. 
Puedo decirle ya que, aunque espero que no ocurra, si una mayoría de esta Asamblea apoya la investigación que conlleva la destrucción de embriones humanos, entonces deberá analizarse con respecto al derecho europeo y constitucional. 
En algunos Estados miembros, como Austria e Irlanda, es un delito penal, y no es aceptable que algo punible en la Unión Europea reciba fondos de ella. 
Esto constituye un gran problema para el derecho europeo y constitucional. 
Unas pocas palabras finales sobre la investigación con células madre. 
¿Por qué las fechas? 
Lo que nos importa, si esta segunda opción… 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, está claro que este debate no puede evitar la cuestión básica y olvidar los problemas éticos fundamentales, incluso aunque no sean lo que hemos venido a tratar y a decidir ahora. 
Si estos problemas fueran el asunto central, muy contento le diría al Sr. Cappato, que ha criticado la legislación nacional que prohibe este tipo de investigación por prejuicios, que aquí no hay prejuicios; esta palabra siempre se utiliza como cortina de humo cuando hay desacuerdo. 
Es un principio, no un prejuicio, el principio de que un embrión tiene vida humana. 
Más que eso, es un hecho conocido y un reconocimiento de este hecho. 
Sin embargo, no estamos aquí para hablar de esto. 
Tal y como han afirmado varios oradores, solo examinamos la cuestión de los fondos europeos para este tipo de investigación. 
A este respecto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Bowe, quien sostiene una opinión completamente diferente de la cuestión básica. 
Ha dicho, y esto de acuerdo con él, que no hay consenso europeo sobre esta cuestión y como no hay consenso europeo no puede haber financiación europea en este campo. 
Esto y solo esto es lo que está en juego. 
De lo contrario, incumpliremos el principio de subsidiariedad, que creemos debe observarse escrupulosamente. 
Si algunos Estados miembros desean emprender este tipo de investigación, entonces déjenles. Si es legal en sus países, déjenles, pero que lo hagan con sus propios recursos financieros. 
Utilizar fondos comunitarios, en particular fondos a los que han contribuido ciudadanos de países donde esos procedimientos son ilegales e incluso están prohibidos por ley, sería incumplir el principio de subsidiariedad. 
Y esto constituiría una violación financiera del fondo del principio de subsidiariedad. 
Este es básicamente nuestro objetivo en este debate, aunque no nos importa entrar en un debate ético si es necesario. 
No obstante, hemos de recalcar que esta no es la verdadera cuestión. 
Además, deseo sumar mi voz a la de mis colegas Diputados que reivindican una mayor prioridad y más inversión para la investigación con células madre adultas. 
Insto a la Asamblea a apoyar las enmiendas presentadas por el Sr. Gargani, que reflejan la opinión adoptada por una mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
– Señor Presidente, el debate sobre el uso de células madre para investigación debe basarse en hechos y despojarse de los argumentos emocionales. 
Hablar de vida y muerte distorsiona la realidad. 
La investigación sobre células madre es solo cuestión de vida, ya que la investigación puede salvar incontables vidas todos los años. 
Por este motivo, en el futuro la financiación de la Unión Europea debe destinarse a la investigación con células madre. 
Tal y como establece también la propuesta de la Comisión, se espera que la investigación con células madre desempeñe un papel esencial en la promoción del desarrollo de foros de tratamiento en muchos campos de la medicina. Esto tiene aplicación en particular en el tratamiento de varias enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, pero también enfermedades más comunes como la diabetes, cuyo número de casos se ha disparado. 
Para que Europa pueda explotar las células madre con éxito en el futuro, lo más importante ahora es reservar suficientes recursos para la investigación básica con células madre y permitir además la financiación de la investigación con células madre embrionarias en el marco del Sexto Programa Marco. 
Esto garantizará que la investigación en este campo pueda avanzar dentro de un marco regulado y que los investigadores europeos, y en última instancia los grupos de pacientes, puedan beneficiarse inmediatamente de nuevos conocimientos y habilidades en este campo. 
El hecho de que las constituciones de algunos Estados miembros de la Unión Europea no permiten el uso de células madre no debe ser una barrera a la investigación, y a los beneficios obtenidos de ella, en otros países de la Unión Europea. 
Es un error establecer fechas antes y después de las cuales pueden utilizarse células madre. 
Por supuesto, hay que cumplir los principios éticos y las medidas de seguridad técnicas, pero ahora, Señorías, se trata de células que en cualquier caso van a destruirse. 
En cualquier caso, en este asunto tenemos que utilizar nuestro sentido común. 
– Señor Presidente, Señorías, Comisario, la revolucionaria técnica de clonación terapéutica se hace eco en gran medida de los antiguos sueños y mitos del ser humano. 
La clonación terapéutica abre todo un nuevo espacio para el conocimiento humano y la medicina. 
Por lo tanto, las actitudes dogmáticas en este ámbito, en particular las basadas en la Biblia, son perniciosas. 
Demuestran poca preocupación por la realidad de la vida de las personas. 
La lealtad a las creencias y a sus orígenes es su razón de ser. 
Todos estamos de acuerdo con la prohibición universal de la clonación reproductiva, pero esto no significa que sea un tabú y que deba compararse con la adoración al diablo, que es lo que ocurre en estos momentos. 
Hace poco, un eminente filósofo francés, Marcel Conche, en un libro titulado «Confesión de un filósofo» , que es un diálogo con André Compte-Sponville, reivindicó provocativamente que el derecho a ser clonado, sujeto, por supuesto, a normas estrictas, habráse visto, es un derecho fundamental. 
No comparto esta opinión, pero es un excelente ejercicio de libertad intelectual. 
Aquellos a quienes les gustaría prohibir rotundamente la clonación pero no pueden lograrlo ponen tantos obstáculos y barreras en su camino que ahogarán del todo la investigación. 
No podemos aceptar una estrategia tan descarada. 
A diferencia del Sr. Lisi, no veo ninguna buena razón para excluir del todo la financiación comunitaria del Sexto Programa Marco para la investigación «Investigación con líneas de células madre de embriones humanos». 
Es preciso recalcar que, incluso hoy, es imposible decir qué células madre, las derivadas de embriones, fetos o adultos, satisfacen mejor las necesidades de las aplicaciones fundamentales de investigación y clínicas. 
Naturalmente, las respuestas están en la investigación científica y en la libertad dada a los científicos e investigadores. 
– Señor Presidente, dada la manera en que la sociedad está organizada actualmente, donde el beneficio guía las decisiones económicas, no confío en el uso que hagan los grupos industriales de los descubrimientos científicos. 
Pero no es la libertad de investigación la que plantea problemas, porque la investigación hace avanzar a la humanidad. 
No aceptamos que los grupos de presión más reaccionarios censuren la investigación en nombre de prohibiciones religiosas o por cualquier otra razón oscurantista. 
En consecuencia, votaremos en contra de cualquier enmienda que trate de prohibir, en nombre de razones supuestamente éticas, la investigación sobre células madre procedentes de embriones sobrantes. 
Evocar el respeto a la vida para oponerse a la investigación sobre un montón de células embrionarias es tanto más inaceptable cuanto que impide avances terapéuticos, y los hay, que precisamente permiten salvar vidas. 
Además, las objeciones proceden en ocasiones de corrientes políticas que justifican las guerras más odiosas, en las que no se destruyen células madre, sino seres humanos. 
Terminaré diciendo que, en Francia, los científicos acaban de manifestarse para denunciar los recortes de la financiación de la investigación. 
Me sumo a sus protestas. 
Si no hay dinero suficiente para la investigación, deberíamos tomarlo del presupuesto de defensa, que, en cambio, no deja de aumentar. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho aquí, hace un par de años, con ocasión del debate sobre el Sexto Programa Marco, se llegó a una solución de compromiso de las condiciones en las que se podría financiar la investigación sobre las células madre. 
Que quede claro que aquélla era ya una solución de compromiso entre quienes- como yo- preferíamos una posición más abierta y más liberal y otros que optaban por soluciones más restrictivas. 
Por ello, ahora, cuando volvemos a debatir sobre el tema, no parece lógico que aquella solución de compromiso se considere como una posición extremista y, desde otras posiciones, contrarias a la investigación sobre las células madre, se diga: vamos ahora a buscar el compromiso entre aquella solución y nuestra posición, que, al fin y al cabo, significa negar cualquier posibilidad de financiar investigación con células madre. 
No, señor Presidente, ése no es un buen sistema. Eso es un subterfugio para poner pegas a la financiación con fondos europeos de la investigación con células madre, cuando hay muchos países que lo permiten, porque hay sectores importantes de la comunidad científica y de la comunidad social en general que piensan que investigando con células madre se podrán lograr avances importantes para luchar contra enfermedades gravísimas que hoy nos asolan. 
No creo que ése sea un trabajo digno del Parlamento Europeo. 
Se podía haber dicho- y parecería lógico- que, puesto que se trata exclusivamente de financiar, se permitiera la financiación. 
El Sr. Ribeiro mencionaba el principio de subsidiariedad, pues bien, acojámonos a él. 
Se podría decir: se permite la financiación con fondos europeos en todos los países que permitan la investigación con células madre. 
¿En qué condiciones? 
En las que permita el principio de subsidiariedad en esos países. 
Sin embargo, en lugar de mantener esa posición, hemos mantenido el acuerdo al que se llegó en el Sexto Programa Marco. 
Que no se quiera ahora, por la vía de la intolerancia, no solamente destrozar el Espacio Europeo de Investigación, sino impedir o dificultar que, en los países donde se permite, esa investigación pueda realizarse con éxito. 
– Señor Presidente, he tenido el privilegio de trabajar en la comisión temporal de genética humana en 2001. 
Recuerdo que esta Asamblea estaba completamente polarizada en torno a este asunto. 
El ponente llegó a un compromiso por el que, al final, ningún bando estuvo dispuesto a votar. 
Por lo tanto, debemos reconocer que en esta Asamblea se defienden honestamente opiniones muy diferentes. 
El Sr. Blokland nos ha dicho que simplemente se trata de lo que está bien y lo que está mal. 
Sin embargo, en cuanto al Sr. Blokland, depende de lo que se entienda por lo que está bien y lo que está mal. 
Otros colegas de esta Asamblea tienen otro concepto de lo que está bien y lo que está mal. 
Sé que hay diputados que tienen firmes opiniones religiosas. 
Por ejemplo, nuestro ponente, el Sr. Liese, tiene sólidas opiniones religiosas. 
No obstante, quiero decirle al Sr. Liese y a quienes piensan como él que no tienen ningún derecho a imponer sus opiniones particulares al conjunto de la sociedad europea por medio de la legislación. 
Hay terceros países en que los fundamentalistas religiosos intentan imponer leyes religiosas a toda la sociedad. 
La mayor parte de esta Asamblea condenaría esta práctica y, sin embargo, algunos de nosotros intentan hacer lo mismo aquí. 
Muchos colegas proponen métodos de investigación alternativos, como por ejemplo utilizar células madre adultas. 
La mayoría no somos expertos científicos. 
No tenemos la capacidad para juzgar esta cuestión. 
Debemos dejar a los científicos que la juzguen para que adopten la mejor decisión en beneficio de la investigación. 
Si queremos en serio promover la investigación en la Unión Europea, si queremos en serio promover la economía de los Estados miembros de la Unión Europea, entonces no debemos apoyar estas enmiendas retrógradas que intentan limitar de esta forma la investigación. 
Señor Presidente, quiero hacerle una pregunta al Sr. Comisario. 
Comisario, realmente no quiero provocarle, pero su respuesta me produce cierta preocupación. 
La Enmienda 18 dice que «Además, podrá financiarse la investigación sobre células madre embrionarias o fetales derivadas de abortos espontáneos o terapéuticos». 
Hay rumores de que la Comisión ya está haciendo algo así. 
Sabe usted, el aborto es ilegal, hasta el tercer mes en Austria. 
Para entonces, el corazón del niño ya está latiendo. 
Si el niño es minusválido, mental o físicamente, puede abortarse hasta el noveno mes. 
¿Llegará un momento en que queramos salvar a vida, incluso aunque el niño haya de morir de todos modos? 
¿Haremos lo mismo con un niño de tres meses cuyo corazón late o con un niño de nueve meses cuya muerte es inevitable? 
El aborto se practica con bastante legalidad. 
Sabe usted, estos argumentos me parecen horribles porque los oí hace unos años en el juicio a un médico ex nazi en Viena. 
En la era nazi realizó experimentos con niños que tenían graves minusvalías mentales. El argumento con el que justificaba sus acciones era que estos niños tendrían que morir de todos modos, y que él quería ayudar a otras personas. 
Permítanme decirle algo al Sr. Cappato. 
Estimado señor Cappato, es usted un tipo encantador. 
Incluso en el momento en que el óvulo de su madre entró en contacto con el esperma de su padre, incluso cuando era usted un diminuto embrión, ya era usted encantador, tan apuesto como ahora, su voz era tan agradable al oído como ahora. 
Ya era usted único. 
Nunca antes había tenido usted la oportunidad de entrar en el mundo, y nunca habrá otra vez un Marco Cappato. 
Incluso como embrión ya era usted toda una personalidad. 
Y señora Matikainen-Kallström, tiene usted un bebé. 
Este bebé fue un embrión, y era su bebé. 
La risa de su niño, el color de su piel y sus ojos, todo ya existía en el embrión. 
No creo que nadie en el mundo diga estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, incluso aunque solo sea un embrión, por salvar a otra persona. 
Señor Presidente, en su momento estuve en contra del compromiso al que llegó este Parlamento en esta materia, y estoy hoy también en contra de la propuesta de la Comisión y, en consecuencia, del informe Liese. 
Y ello por razones de procedimiento, desde luego, porque considero, de acuerdo con la Comisión de Asuntos Jurídicos, que en el marco del mercado interior y existiendo la libertad de establecimiento, no se pueden financiar con fondos comunitarios investigaciones que no están permitidas en algunos de los Estados miembros. 
Pero estoy en contra, sobre todo, por razones de principio, porque estoy en contra de toda investigación que implique destruir una vida, por incipiente que ésta sea y por nobles que puedan ser los fines que se esperan obtener gracias a esta investigación. 
Todas las vidas, sea cual sea su fase de desarrollo, tienen el mismo valor y no se puede pretender salvar unas a costa de otras porque, aunque el estado de la vida que se destruye sea embrionario, es igualmente vida. 
Estoy de acuerdo en que hay que impulsar la investigación, sobre todo si se trata de buscar el bien de pacientes aquejados de graves enfermedades, y estoy a favor de la libertad de investigación pero, todo ello, desde el pleno respeto de la vida humana y de la dignidad de que es portadora. 
Los horizontes que abre la investigación con células madre adultas son muy esperanzadores y están mucho más cercanos. Se han conseguido ya resultados muy positivos. 
Concentremos, pues, los fondos del programa en este tipo de investigación que, además, no plantea ningún problema ético. 
Porque, por más plazos que fijemos, por más principios éticos que establezcamos para justificar esta investigación, la destrucción de una vida embrionaria que supone la misma no deja de ser una clara vulneración del más fundamental de estos principios, estos principios que decimos defender y que defendemos: el respeto de la vida humana y de la dignidad de que ésta es portadora. 
– Como parlamentarios tenemos el deber de defender la voluntad democrática de los ciudadanos que representamos, respetando las leyes y la constitución de nuestros Estados miembros soberanos. 
También debemos garantizar que en la Unión Europea se proteja la dignidad humana y que se defienda a los más débiles y a los más vulnerables. 
Es inaceptable tratar la vida humana, sea cual sea su edad, como un producto comercial, sin tener en cuenta esa vida o el precio pagado por las mujeres cuando suministran los embriones. 
Es muy alarmante que la Comisión Europea, con el respaldo de diputados a este Parlamento y los Gobiernos de ciertos Estados miembros, intente imponer la financiación pública de una investigación controvertida y poco ética sin un debate público apropiado y sin la oportunidad de que los parlamentos nacionales respondan. 
En el Dáil Éireann no ha habido ningún debate. 
Esta propuesta no solo es contraria a las leyes y a las constituciones, sino también a la conciencia de millones de ciudadanos. También presiona a los países candidatos y del Tercer Mundo a formar parte de un mercado de la Unión Europea para la investigación con embriones humanos. 
Esta investigación controvertida no tiene resultados científicamente positivos y, tal y como ha indicado nuestro ponente, es de alto riesgo. 
No juguemos con las esperanzas y los temores de los que sufren. 
Utilicemos los fondos públicos para la investigación sobre células madre adultas, que ha obtenido resultados científicos positivos y puede ser tan efectiva como la investigación con células madre embrionarias. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha rechazado la propuesta de la Comisión y pido el apoyo de las enmiendas presentadas por su presidente, el Sr. Gargani, que he firmado con otros diputados. 
La semana pasada una comisión clave del Parlamento irlandés también rechazó esta investigación antiética. 
En Irlanda hay una protesta pública. 
La viceprimera ministra Mary Harney y el Gobierno irlandés no tienen competencia para acordar esta financiación en nombre de los ciudadanos irlandeses. 
Al igual que el público no tenía competencia para crear una Constitución de la Unión Europea, está claro que no hay competencia para utilizar el dinero de los contribuyentes de forma tan inconstitucional y poco ética. 
– Señor Presidente, la temperatura de este debate a veces se eleva por un motivo fundamental. 
Sería muy fácil recurrir a argumentos jurídicos. 
Muchos Diputados ya han planteado la cuestión básica: ¿puede la Unión Europea, con grandes dificultades, aprobar una iniciativa que no apoyan los Estados miembros de la Unión? 
Este sería uno de los muchos posibles enfoques hipócritas, perdonen la expresión, de la cuestión. 
En este asunto hay un problema básico, que la política no puede resolver: la política es el arte de lo posible y, sin duda alguna, el arte del compromiso, pero el compromiso sobre valores fundamentales es imposible. 
Por lo tanto, en este asunto, con el debido respeto por todas las posiciones de todos los Diputados y con el debido respeto por las posiciones expresadas por la Comisión, todos los intentos que se han hecho hasta la fecha tratan de abrir la puerta a un nuevo proceso, que consiste en alterar el principio de la vida. 
Para algunos, esta vía es completamente aceptable y para otros es una vía inaceptable porque va en sentido contrario a ciertos valores fundamentales. 
Por este motivo, tal y como yo lo veo, ninguno de los intentos de compromiso que se han hecho, aunque alabo la sabiduría, la habilidad y la capacidad de los Diputados, ha logrado el objetivo final. 
En cuanto al proceso en cuestión, quiero llamar su atención, no tanto sobre la fase inicial, en la que nos encontramos ahora, que es muy importante porque está en juego el tratamiento de una serie de enfermedades degenerativas, sino sobre lo que ocurrirá cuando hayamos decidido inmiscuirnos en la vida: no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, y todas estas son cuestiones de eugenesia. 
Vamos por el mismo camino que tomamos con el átomo: al explorar las posibilidades del átomo hicimos la bomba atómica, y ahora necesitamos normas para dar marcha atrás. 
Por lo tanto, en esta coyuntura, en una cuestión como esta, que es mucho más compleja y mucho más delicada, quizá sea muy necesario reflexionar. 
Señor Presidente, mi grupo me ha dado otros dos minutos, y así puedo abordar una serie de cuestiones planteadas por mis colegas Diputados. 
Para empezar, resulta inoportuno que no solo el Comisario, sino también una serie de Diputados de esta Asamblea hayan afirmado que la aprobación de la propuesta del Sr. Nisticò imposibilitaría la investigación o, por diluir la acusación, que entonces dependeríamos totalmente de los Estados Unidos. 
¿Puede usted confirmar, señor Comisario, que Suecia está situada en Europa en lugar de en los Estados Unidos? 
La mayoría de las líneas de células madre recopiladas en el registro del NIH proceden de Suecia. 
Una vez me tomé la molestia de consultar a las personas que las habían fabricado. 
Permítanme citar al Profesor Lars Hamberger, cuya respuesta inequívoca, enviada por correo electrónico, a la pregunta de si estas líneas de células madre estaban a disposición de los investigadores europeos, fue la siguiente: «En estos momentos tenemos 24 líneas de células madre, de las cuales 20 están relativamente bien caracterizadas. 
En caso de que los investigadores europeos quieran acceder a estas líneas celulares pueden solicitárnoslo, y si el país y las leyes y los reglamentos correspondientes permiten exportarlas, podemos hacerlo, y ya hemos distribuido unas pocas líneas celulares en Europa». 
Por lo tanto, estas células están disponibles; he recibido respuestas similares de otros institutos. 
El Sr. Nisticò ha llamado de nuevo mi atención sobre el hecho de que su propuesta en realidad va más allá que las de los estadounidenses. 
No se trata solo de células, sino de líneas celulares y una fecha posterior, por lo que les pido que desistan de afirmar que toda investigación sería imposible. 
Permítanme concluir con una reflexión que pedí a los Diputados de esta Asamblea que tuvieran en cuenta. 
Muchos de nosotros tenemos interpretaciones mutuamente contradictorias de lo que significa la subsidiariedad. 
Sin embargo, les pido que imaginen por unos instantes que nos ocupamos de un tipo diferente de investigación, por ejemplo, la investigación sobre la crueldad contra los animales, específicamente primates o simios antropoides. 
En tal caso, creo que los argumentos serían a la inversa. 
Aquí, lo que verdaderamente importa es que, día tras día, la Comisión dice «no» a los proyectos de investigación. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Linkhor en que debemos destinar más fondos a la investigación, pero, mientras no seamos capaces de financiar proyectos que no son controvertidos, debemos reflexionar con más detenimiento del que propone la Comisión sobre el motivo por el que queremos apoyar los controvertidos. 
Por este motivo, creo que la propuesta del Sr. Nisticò realmente es un buen compromiso. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, deseo corregir un error con respecto a la Constitución irlandesa, de la que se ha dado a entender que prohibe la investigación sobre embriones en Irlanda. 
En realidad, la Constitución irlandesa guarda silencio a este respecto, igual que la legislación irlandesa. 
La Constitución irlandesa prohibe el aborto, pero contempla excepciones. 
No es una cuestión tan en blanco y negro como se está presentando. 
Esto ha sido una aclaración más que una cuestión de observancia del Reglamento. 
– Señor Presidente, en cuanto al orden en que van a votarse las enmiendas, quiero proponer que al examinar las enmiendas relativas a la fecha empecemos por las que quedan más lejos de la propuesta de la Comisión, que incluye una fecha. 
Estas serían la enmienda 68 del Sr. Bowe y otros, seguida de las enmiendas 10, 64, 25 y 24. 
Este orden es mucho más lógico, dado que quedan más lejos de la propuesta de la Comisión. 
Espero que las listas de votación pueda cambiarse de acuerdo con esto. 
Me aseguraré de que los servicios pertinentes tengan en cuenta su propuesta. 
Señor Presidente, se habla mucho de información procedente de Estocolmo y Suecia relativa a cuántas líneas de células madre hay. 
Me pregunto en qué fecha es relevante la respuesta obtenida por el Sr. Liese. 
Ha llovido mucho desde 2002. 
He recibido una respuesta del Carolingian Institute diciendo que ellos solo disponen de tres líneas de células madre bien caracterizadas. 
Bastante menos. 
Espero que en este ámbito la Comisión discrimine en función de la fecha. 
. Señor Presidente, la Comisión concede, por supuesto, gran importancia a sus trabajos les dedica mucho interés; también ha examinado con detenimiento las enmiendas. 
Le complació ver que, en la votación en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, se hubiera obtenido una clara mayoría a favor de la financiación comunitaria de proyectos de investigación que impliquen la obtención de células madre humanas a partir de embriones sobrantes y por tanto, a favor de la creación de nuevas líneas. 
Es un punto importante para apoyar una investigación que, con toda probabilidad, tendrá efectos beneficiosos para el tratamiento de grandes problemas de salud. 
No obstante, la Comisión tiene dificultades con las enmiendas encaminadas a eliminar la fecha del 27 de junio de 2002 para la creación de embriones sobrantes, tal como propuso la Comisión el pasado 9 de julio. 
Estoy de acuerdo, esa fecha no tiene base científica: simplemente está asociada a la adopción del Programa Marco. 
La Comisión, al igual que el Parlamento en esta cuestión, siguió a la mayoría en la votación del Programa Marco y por esa razón se eligió esta fecha de referencia. 
Además, esta propuesta debe considerarse –como ha dicho el Sr. Bowe– un gesto de compromiso, una señal dirigida a aquellos y aquellas que quieren evitar –lo cual comprendo, porque es totalmente legítimo tener opiniones diferentes al respecto– que la fecundación se desvíe de sus objetivos y sirva para la creación de embriones para la investigación. 
Siempre hemos dicho con toda claridad que no queremos que se produzcan embriones específicamente destinados a la investigación. 
Por tanto, la fecha que se indica tiene la finalidad de demostrar que no estimulamos la creación de embriones con fines de investigación, sino que los embriones sobrantes existentes pueden servir para la investigación, puesto que, como han dicho algunos diputados, no responden ya a un proyecto parental. 
Sobre esta base, la Comisión está en condiciones de aceptar una mayoría de enmiendas, que por lo demás son excelentes, gracias al trabajo del ponente y de toda la comisión. 
Se trata de las enmiendas 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 y 18, en su totalidad o en parte, en ocasiones con una nueva formulación. 
Esas enmiendas precisan el contenido de la propuesta y se corresponden, como la destacado la Sra. Plooij-van Gorsel, con lo que había votado el Parlamento con ocasión de la adopción del Programa Marco. 
Recuerdo que la propuesta del Parlamento se basaba asimismo en la opinión del Grupo Europeo de Ética, que había definido lo que se podía hacer. 
A la atención de la Sra. Breyer, añadiré, en consonancia con lo que acabo de decir, que es totalmente normal que no haya habido muchas manifestaciones de interés –nueve hasta la fecha–, porque los nuevos ámbitos de investigación cuentan en principio con pocos equipos verdaderamente competentes. 
Por lo demás, es mejor que sea así, ya que son necesarios equipos realmente competentes para trabajar en un campo como este y aportar un máximo de garantías sobre el tratamiento ético de los expedientes. 
La Comisión no puede aceptar, en cambio, las enmiendas 2, 3, 5, 10, 11, 16 y 19, en particular porque pretenden suprimir la fecha fijada por las razones que acabo de explicar. 
Queríamos llegar a un compromiso y deseamos mantener esa fecha. 
Así sucede, entre otras, con las enmiendas 5 y 10, que suprimen la referencia a esa fecha. 
Por lo que respecta a la enmienda 11, suprime una condición de la propuesta de la Comisión. 
Aprovecho para insistir en las condiciones, porque se ha hablado mucho de los distintos métodos, en particular los que utilizan células adultas o células del cordón umbilical. 
A este respecto, se dice muy claramente, en el punto suprimido por esta enmienda 11, que debemos velar por que se examinen todos los métodos alternativos y se demuestre que resultan insuficientes para los objetivos de la investigación. 
Es también una señal dirigida a aquellas y aquellos que no son favorables a esta evolución de la investigación. 
Este tipo de investigación solo se desarrollará si se trata de una solución cuya necesidad haya sido científicamente demostrada. 
En otras palabras, es necesario que numerosos científicos, entre ellos los que no son favorables desde un punto de vista ético a la investigación sobre células madre embrionarias sobrantes –como algunos profesores que han participado en nuestros encuentros–, reconozcan que este método es interesante, que completa la investigación sobre las células madre adultas y que, por tanto, no debe excluirse. 
Quisiera terminar con las enmiendas que el Sr. Nisticò presenta aquí, en el pleno. 
Reconozco los enormes esfuerzos realizados por el Sr. Nisticò por encontrar siempre un compromiso. 
Ya había realizado un esfuerzo semejante con ocasión de la votación en el Parlamento en junio de 2002, cuando su enmienda permitió el consenso en que se basó la propuesta de la Comisión. 
Ahora bien, señor Nisticò, las enmiendas que presenta usted aquí introducen un sesgo, y con esto respondo también a la pregunta de la Sra. McNally. 
Si usted vincula las células y los embriones sobrantes con las células y las líneas ya existentes el 27 de junio de 2002, está restringiendo totalmente la investigación. 
De todos modos, quisiera precisar –a la atención del Sr. Liese, que conoce bien el expediente, por supuesto, pero que a veces confunde los distintos conceptos, las líneas y las fechas–, que el 27 de junio de 2002 no existían líneas de células madre en Europa, al menos formalmente. 
Las líneas de células madre europeas existentes aparecieron más tarde en Suecia. 
Respondiendo a la Sra. Thors, puede usted preguntar a los investigadores de Karolinska, donde aparecieron tres líneas en algún momento después de septiembre de 2003. 
Por tanto, si introduce esta enmienda, crea el problema siguiente: las líneas de células madre existentes antes del 27 de junio de 2002 están en manos norteamericanas, israelíes y asiáticas. 
Esto quiere decir que las vincula usted a mecanismos comerciales, porque las líneas norteamericanas están disponibles, pero bajo contrato comercial. 
Usted no permite a Europa tener la más mínima posibilidad de desarrollar esta tipo de investigación, que es interesante; no permite a Europa pasar de las líneas de embriones a líneas de células madre existentes. 
Hoy ya existen otras más. 
Hay dos en Gran Bretaña, siete en Suecia (tres en Karolinska y cuatro en Gotembrugo) , pero aparecieron después del 27 de junio de 2002. 
Usted desfavorece a Europa por dos razones: en términos de valor científico y también porque las líneas anteriores al 27 de junio de 2002 se comercializan. 
Esto es totalmente contrario al espíritu defendido por muchos, que es por lo demás el espíritu de la Comisión: de ningún modo se pueden hacer ganancias con embriones sobrantes. 
Está dicho con toda claridad. 
No queremos la comercialización de las líneas de células madre, que deben ponerse a disposición de la comunidad científica europea. 
Actualmente no están a disposición de la comunidad científica europea, excepto a cambio de dinero. 
En Alemania también se importan. 
Se investiga sobre células madre importadas, procedentes de mecanismos comerciales. 
Respeto totalmente todas las diferencias éticas, pero su razonamiento no va por buen camino. 
Es coherente consigo mismo al decir que no quiere una investigación que utilice embriones sobrantes. 
Es coherente. 
Pero no puede vincular a una fecha, la fecha es un gesto simbólico de compromiso para no estimular la creación de embriones sobrantes, las líneas de células madre. 
Es totalmente contradictorio y absolutamente contrario a una investigación de calidad a escala europea, sin contar que tampoco resuelve el problema ético. 
No podríamos aceptar esta enmienda si se adoptara en el pleno. 
Me complace que quiera usted encontrar soluciones, pero esta está descaminada. 
Quisiera dar las gracias al Parlamento por su trabajo sobre este expediente difícil y apasionante, que atañe a cada uno de nosotros y a la vida misma. 
Comprendo que haya diferencias de opinión. 
Esa es la grandeza de Europa. 
Pero también hay un valor: la investigación. 
La propuesta de la Comisión tenía por objeto intentar responder, como bien se ha dicho, a una preocupación expresada tanto por el Parlamento como por el Consejo de Ministros en su reunión del 20 de septiembre de 2002. 
La Comisión ha hecho su trabajo para encuadrar esta investigación en unas normas éticas firmes, consecuentes, de modo que también en este ámbito puedan defenderse los principios fundamentales. 
Muchas gracias, señor Comisario.El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
– Ninguna evaluación científica justifica la investigación sobre células madre embrionarias, y los investigadores constatan el fracaso de la utilización de estas células con fines terapéuticos. 
Sin embargo, métodos alternativos, como las células madre adultas, ofrecen resultados muy prometedores. 
El argumento de que la investigación fundamental sobre células embrionarias permitirá incluir las células madre adultas exige dos comentarios. 
En primer lugar, las líneas celulares existentes son suficientes. Es la propuesta Liese. 
En segundo lugar, se olvida que la finalidad de las células madre adultas es reparar tejidos en el propio enfermo, cuando la finalidad de las células madre embrionarias es seguir el desarrollo del ser humano a partir de la concepción. 
La propuesta de la Comisión es ambigua e inoportuna, pues los científicos no prometen ningún resultado antes de 10 ó 15 años y esta investigación no responde a las urgentes demandas de los enfermos que sufren mientras esperan un tratamiento. 
Debemos dar prioridad en la financiación a la investigación sobre células madre adultas, único método alternativo que no plantea ningún problema ético y que es una técnica aprobada por todos los diputados. 
No apoyaré la propuesta de la Comisión Europea enmendada por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y votaré a favor de la enmienda Gargani, firmada también por mí. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0389/2003) del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en investigación: un plan de acción para Europa» [COM (2003) 226 – C5-0381/2003 – 2003/2148 (INI) ]. 
Señor Presidente, mi informe es menos controvertido, pero no creo que sea menos significativo. 
La proporción del producto interior bruto de Europa dedicada al gasto de investigación va a aumentar al 3% para 2010; un tercio debe proceder de fondos públicos y dos tercios los aportará la industria. 
Solamente de esta forma la Unión Europea se convertirá en la región más competitiva del mundo, que es lo que pedían los Jefes de Estado o de Gobierno de Europa en Lisboa hace ya tres años. 
La Comisión aprueba esta reivindicación y ha calculado que para 2010 el gasto de la industria en investigación deberá aumentar el 9% al año, y la contribución pública el 6% al año, si se quiere alcanzar este objetivo. 
Actualmente no estamos ni siquiera cerca de estas cifras. 
Incluso aunque la Unión Europea está más poblada, los Estados Unidos gastan 140 000 millones de dólares todos los años en investigación; el Instituto Nacional de Salud, que se ocupa exclusivamente de la medicina como ciencia de la vida, tiene 28 000 millones de dólares a su disposición, más de lo que gasta todo el resto del mundo en este ámbito. 
Su presupuesto se ha doblado en los últimos cinco años y en 2004 obtendrá otros mil millones de dólares, lo que equivaldrá a dos tercios del presupuesto de la Fundación Alemana de Investigación. 
La financiación de la Fundación Nacional de Ciencia también aumentará el 6%. 
Sin embargo, los Estados Unidos no son los únicos que aumentan su gasto en investigación, que ya se encuentra a un alto nivel; Japón ha aumentado drásticamente su gasto en investigación, incluso aunque su economía flaquee. 
En 1997 todos los partidos del parlamento japonés se unieron para tomar la iniciativa de aprobar un plan de diez años de duración con sustanciales aumentos para animar a científicos jóvenes. 
Canadá, que hace algunos años afrontaba una recesión económica, ha invertido conscientemente en ciencia y tecnología y ahora está cosechando los éxitos económicos de sus esfuerzos. 
Solo en el pasado año se destinó la cantidad de 800 millones de dólares canadienses para atraer a profesores extranjeros al país. 
En Europa, por el contrario, el gasto ha sido estático y, en algunos países, incluso se ha reducido; a pesar de todas su piadosas manifestaciones, la mayoría de los países de la Unión Europea están aplicando recortes en materia de educación e investigación. 
Cada vez menos estudiantes están interesados en la física, la química, las matemáticas y la biología. 
Las empresas trasladan su investigación a los Estados Unidos. 
UNICE ya habla en términos de amenaza de desindustrialización. 
Desde luego hay excepciones: Suecia y Finlandia nos demuestran lo que todos deberían hacer. 
¿Por qué son los países más grandes los que rechazan la investigación? 
Acabo de recibir una carta de Italia, donde se celebró un concurso para designar a 1 600 científicos para puestos universitarios. 
Han esperado dos años enteros a que se les designe porque los fondos no estaban disponibles. 
Pero seguro que no puede tratarse solo de dinero; después de todo, gastamos mucho dinero en subvencionar todo tipo de cosas, incluyendo 900 millones de euros de nuestro presupuesto solo para cultivo de tabaco. 
Es evidente que lo que nos falta no es dinero, sino las verdaderas prioridades; invertimos en el pasado, en lugar de en el futuro. 
¿Qué hay que hacer? 
Hemos de cambiar el curso, o de lo contrario nuestra repetida solicitud de una sociedad basada en el conocimiento en Europa se convertirá en un juego triste, y entonces nadie se tomará más en serio a la Unión Europea. 
Será considerada un coloso cansado y debilitado, un continente con un balbuceo fanfarrón, frágil y viejo, nada más que un museo histórico. 
Por lo tanto, tengo tres peticiones que espero que aprueben el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
En primer lugar, es preciso aumentar el gasto del sector privado en materia de investigación; un aumento del 9% al año sería viable si lo hiciéramos como recomienda la comunicación de la Comisión sobre política de investigación. 
Para ello hemos de probar con cada incentivo, incluyendo la exención fiscal. 
En segundo lugar, tenemos que aumentar el gasto público. 
Esto significa para el presupuesto de investigación de la Unión Europea que el Séptimo Programa Marco de Investigación debe contar con al menos 30 000 millones de euros. 
Por cierto, quiero añadir que esta cifra corresponde al aumento anual del 6% para el gasto de investigación del sector público que he solicitado y tiene en cuenta el aumento del tamaño de la Unión Europea. 
En tercer lugar, la Unión Europea ha de basarse en el asesoramiento de las organizaciones científicas y crear un Consejo Europeo de Investigación, con cuyos recursos se financiaría la investigación básica. 
Si vamos a cambiar el curso, es preciso establecer una nueva política, para lo que propongo que se celebre, antes de las elecciones europeas, un Congreso Científico Europeo en Bruselas o Estrasburgo. 
Se ha escrito bastante, se ha dicho suficiente; la Comisión también ha presentado un documento convincente. 
Suficientes declaraciones de intenciones; es hora de pasar a la acción. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Linkohr, que, como ponente, ha realizado desde luego un trabajo importante y que conoce bien, desde hace mucho tiempo, el tema; es un informe de gran calidad, digno de los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Quisiera dar las gracias también al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a los miembros de la misma. 
Este informe demuestra una vez más, y me alegro de ello, la importancia que el Parlamento otorga a la investigación y la innovación. 
Lo que es muy importante también es que este fenómeno se ha extendido. 
Ahora, el Consejo de Ministros habla habitualmente de investigación e innovación. 
La iniciativa de crecimiento ha introducido la investigación y la innovación como elemento clave del crecimiento europeo. 
Así, la producción de conocimientos se ha convertido –cosa que es bastante lógica– en una prioridad política capital en la sociedad del conocimiento. 
Por esta razón, en el Consejo de Ministros también se aprobó el objetivo del 3%, que se discutió aquí en el Parlamento y que ahora hay que aplicar. 
Pero el Sr. Linkohr ha recordado, con acierto, que, para poner en práctica este objetivo del 3% es necesario crecer en promedio un 8%, un 9% en el sector privado y un 6% en el sector público. 
Son cifras que es bueno subrayar regularmente si queremos afrontar este desafío. 
Los proyectos propuestos en el plan de acción contemplan muchos elementos, en particular la creación de un clima más favorable a la inversión privada, así como a la investigación, y ello con especial referencia a los ámbitos de la competencia, de la propiedad intelectual, del entorno reglamentario, de los mercados financieros y de la fiscalidad. 
Pero tampoco hay que olvidar, como ha destacado usted, el problema del apoyo público a la investigación y la innovación, que sigue siendo esencial, como por supuesto toda la cuestión de la investigación fundamental, y volveré después de la intervenciones –que sin duda aportarán respuestas– sobre el Consejo Europeo de Investigación que está en debate y en gestación. Pero hay también, por supuesto, todo un proceso. 
El plan de acción es el comienzo de un proceso. 
No hay tiempo que perder. 
Fundamentalmente, creo que es necesario, de una vez por todas, no considerar la investigación un gasto, sino una inversión prioritaria para el futuro de Europa. 
Creo que este es el elemento clave de la mentalidad, y tengo la impresión de que, con la acción conjunta del Parlamento, de la comunidad científica y de la industria, hay una toma de conciencia cada vez mayor de que es una cuestión de vida o muerte desde el punto de vista económico y social para Europa. 
Así pues, doy las gracias al Sr. Linkohr, como a todos los diputados, por haber dado su apoyo a estas cuestiones y espero que en mi próxima intervención podré responder a elementos más concretos que los que acaban de presentarse ante ustedes. 
– Señor Presidente, quiero felicitar al ponente y al Sr. Comisario. 
Tenemos suerte de contar con dos hombres comprometidos, que son conscientes de la importancia de la ciencia. 
He estado releyendo los documentos de las audiencias sobre el nombramiento de la Comisión y me complace ver lo lejos que ha llegado la Comisión en el camino hacia los objetivos que el Comisario fijó entonces. 
En estos momentos está en juego toda la credibilidad de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Han hecho declaraciones, incluso la de Lisboa, pero no han adoptado las medidas necesarias para poner en práctica estas declaraciones. 
De hecho, algunos Estados miembros han hecho precisamente lo contrario de lo que es necesario. 
El ponente, como muchos de nosotros, aprueba las recomendaciones de la Comisión y el plan de acción que ha presentado. 
Suplicamos a los Estados miembros que apliquen lo que han dicho en sus declaraciones. 
Es preciso que los Ministros de Economía de la Unión Europea tengan como punto de referencia el séptimo programa marco y la financiación necesaria. 
Hemos de formar y conservar a los científicos; las mujeres científicas en particular constituyen un recurso malgastado. 
Es necesario coordinar las infraestructuras de investigación y la política regional. 
Es preciso saber por qué países como Suecia y Finlandia pueden hacerlo y otros países no. 
Tenemos mucho que aprender de ellos. 
Apoyo sin reservas la creación de un Consejo de Investigación Europeo para que aporte coordinación y coherencia a nuestro trabajo, en particular en la investigación básica. 
Una reciente reunión con astronautas me ha hecho ser más consciente del potencial de la ciencia en Europa si nos tomamos en serio los mensajes de la declaración de Lisboa. 
La mayoría de nosotros nos los sabemos de memoria, pero hasta la fecha los Estados miembros han adoptado muy pocas medidas en relación con ellos. 
Felicidades de nuevo al Sr. Linkohr y al Sr. Busquin. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, en Barcelona el Consejo Europeo decidió en 2002 que el gasto de la Unión Europea para investigación y desarrollo debe aumentar el 3% del producto interior bruto. 
Es un objetivo necesario si queremos acortar distancias con respecto a los Estados Unidos y ser para 2010 la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. 
Por desgracia, actualmente no se está logrando el 3%; solo el 1,9 %. 
La industria debe encargarse de la mayor parte de este 3%, porque, de acuerdo con la propuesta del Consejo, un tercio debería proceder del gobierno y dos tercios de la industria. 
Esta es una propuesta aceptable, pero los gobiernos europeos deberían crear el clima adecuado para que la industria pueda lograr un punto de apoyo en Europa y reinvertir, en particular en desarrollo y en I+D. Esto también se aplica en gran medida a las pequeñas y medianas empresas. 
En varios Estados miembros se han creado iniciativas para prestar ayuda financiera a proyectos de lanzamiento de PYME, especialmente en al campo de la tecnología. 
A este respecto, se está pasando por alto el hecho de que la investigación tecnológica, especialmente la investigación de alta calidad, tarda mucho tiempo en establecerse. 
Por este motivo siempre se precisan nuevos fondos, pero estos no siempre corresponden al futuro inmediato en Europa. 
La financiación inicial no es tan problemática, pero la financiación secundaria es un gran problema. 
También en los Países Bajos estamos pasando por esto, con el satisfactorio proyecto «Biopartner». 
Sin embargo, un clima propicio para la inversión precisa una legislación clara y transparente, respaldada por suficientes investigadores bien formados. 
Además, la movilidad de los investigadores en Europa sigue siendo un gran problema, porque en los diferentes Estados miembros los investigadores encuentran dificultades por las diferentes condiciones de trabajo. 
Por tanto, quiero instar a la Comisión y a los Estados miembros a que pongan dinero allí donde dicen que lo van a poner y a que adopten medidas específicas para crear un clima empresarial favorable para la investigación y el desarrollo en Europa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay una serie de aspectos del informe del Sr. Linkohr con los que estoy de acuerdo. 
Son el reconocimiento del papel de la investigación y de los investigadores y la necesidad de aumentar el gasto y asignar la importancia merecida a la investigación básica. 
Por ello quiero dar las gracias a nuestro ponente. 
Sin embargo, por otro lado, mantener la política más general de comercializar todo también tiene aspectos muy peligrosos. 
Por ejemplo, la referencia a la investigación orientada a la competencia del apartado 5, el enfoque de los derechos de autor desde el punto de vista de los intereses comerciales de las empresas privadas del apartado 26 y la intervención pública para la investigación orientada al mercado y la financiación que se atiene a las reglas de la competencia de la Unión Europea del apartado 32. 
Nosotros también tenemos una propuesta de incentivos fiscales para actividades de investigación privadas, mientras que la principal cooperación internacional que parece interesante se sitúa en el nivel de las empresas en el apartado 41. 
Lo más preocupante de todo es que los criterios propuestos para medir el éxito de cada una de las actividades de investigación consisten en que tenga un resultado económico positivo, mientras que en el apartado 37 se propone la introducción de un sistema de evaluación correspondiente. 
Las propuestas mencionadas y la práctica política cotidiana de la investigación y la educación superior convierten los aspectos positivos del informe en una simple lista de deseos. 
Así, estoy totalmente en desacuerdo con la orientación global de la versión definitiva del informe. 
Nos enfrentamos a la demolición del sistema de valores desarrollado en siglos anteriores y al levantamiento de una nueva estructura fundada en la comercialización y el beneficio corporativo. 
. Señor Presidente, quisiera simplemente dar las gracias una vez más a los diputados por sus intervenciones y responder a algunos aspectos de estas últimas. 
En primer lugar, como bien ha dicho el Sr. Linkohr, creo que es muy importante prestar atención a las próximas Perspectivas Financieras, porque ellas son las que determinarán el margen de maniobra a partir de 2006 y, entre otras cosas, el lugar de la investigación y la innovación en el presupuesto de la Unión Europea. 
Como Comisario de Investigación e Innovación, he formulado propuestas y la Comisión presentará un documento, pero es evidente que se tratará de un debate político fundamental en el año próximo y hasta 2006. 
Este debate permitirá elaborar unas Perspectivas Financieras que aumenten la parte relativa de la investigación y la innovación en los presupuestos de la Unión Europea, y ello con el fin de responder a las distintas necesidades que se han expresado y de apoyar el objetivo del 3%. 
Evidentemente, es igual de importante que, cuando pienso en nuevas acciones, pienso, entre otras, en la investigación fundamental, que en la actualidad no recibe ayuda a escala europea. 
Pienso en la política espacial, sobre la cual la Sra. Mc Nally y yo mismo acabamos de redactar un Libro Blanco, que evidentemente tiene que ver con esta voluntad de poner a punto nuevas tecnologías, de desarrollar las transferencias de tecnología, de mantener esta capacidad de curiosidad científica que viene determinada por la voluntad de ir más allá, pues las potencialidades existen. 
Sin embargo, señora Matikainen, ha destacado usted, con razón, el papel de las pequeñas y medianas empresas. 
Y es cierto que el dinamismo en la transposición de la investigación al circuito económico, que es también una realidad, se hace y debe hacerse más con las pequeñas y medianas empresas. 
Usted viene de un país que nos muestra el ejemplo, porque en Finlandia el 55% de las pequeñas y medianas empresas mantienen un contacto regular con las Universidades y los centros de investigación. 
Estos ámbitos deben ampliarse a escala europea y hay, por supuesto, metodologías que deben ser específicas de las pequeñas y medianas empresas. 
La Comisión tiene previsto adoptar a principios del año 2004 la exención por categorías para las pequeñas y medianas empresas con respecto a las ayudas estatales a la Investigación y el Desarrollo. 
En virtud de ello, a partir del 1 de enero de 2004 las pequeñas y medianas empresas no tendrán ya que informar a la Comisión y, por tanto, los Estados y regiones podrán adoptar y apoyar acciones más especiales y específicas hacia esas pequeñas y medianas empresas. 
Por lo que se refiere a la investigación fundamental, es indispensable presentar, en el Séptimo Programa Marco, una propuesta más clara sobre la misma, que tenga en cuenta todo el debate en curso en la comunidad científica sobre el Consejo Europeo de Investigación. 
Han hablado ustedes del Consejo Europeo de Investigación, que tendría por objeto hacer competir a los mejores equipos científicos en materia de investigación fundamental a escala europea y, por tanto, aportar un apoyo a estas dimensiones, que sea, como se ha dicho, comparable con lo que hace la donde los mejores equipos desarrollan programas a escala norteamericana. Deberíamos tener programas de este tipo de ámbito europeo. 
Y está también, desde luego, la cuestión que la Sra. Plooij ha destacado con acierto, que es la cuestión de la financiación. 
Entre las fuentes está por supuesto la financiación pública, está la financiación privada, que debe aumentar, y está, desde luego, el recurso al Banco Europeo de Inversiones, que puede orientarse mucho más hacia la investigación y la innovación, lo que sucede cada vez más. 
Y en la iniciativa de crecimiento, tal como se adoptó el 11 de noviembre de 2003, encontramos el concepto de las, es decir, los proyectos que pueden establecerse bastante rápido. 
Y por primera vez se prevén 14 000 millones de euros para proyectos de estructuras europeas e infraestructuras europeas esenciales. 
Pensamos, por supuesto, en todas las cuestiones generales relativas a las redes, en todos los aspectos de la política espacial, en particular el GMES y los satélites de telecomunicaciones interactivos; pensamos evidentemente en los trielectrones láser, indispensables para la emergencia de una nueva generación de investigación en biología molecular, en materiales y en nanotecnologías, porque las nanotecnologías van a ser esenciales, sin olvidar el paso de la microelectrónica a la nanoelectrónica. 
Hemos previsto una plataforma tecnológica y, a este respecto, el centro finlandés se ha asociado a la realización de este paso de la micro a la nanoelectrónica, porque ahí reside el gran desafío. 
Por lo que se refiere a este desafío, es evidente que nos ocuparemos del problema de las plataformas tecnológicas. 
Dependiendo de los sectores, nos dedicaremos a reunir a los principales actores para definir los proyectos de investigación, así como las necesidades de la investigación. 
Por otra parte, y respondiendo a una pregunta de la Sra. Mc Nally, a través de programas como estos, que incluyen indicaciones como: «¿qué van a hacer ustedes? », es como lo conseguiremos. 
En lo que respecta los Estados miembros, el objetivo del 3% y la Iniciativa de Crecimiento les invita a decir: «esto es lo que vamos a hacer. 
Este es nuestro programa para alcanzar el objetivo 2010». 
El papel de la Comisión será, pues, estimular, porque, si bien no podemos tomar una decisión en lugar de los Estados miembros, sí podemos estimular, mostrar las mejores prácticas y apoyar el proceso hacia ese 3% en 2010. 
Es un proceso indispensable si Europa quiere mantener su lugar en el mundo, pero esto exige financiación y que se dé prioridad a la política de investigación. 
Usted lo ha comprendido bien y le agradezco mucho el apoyo que presta a esta política. 
Y dado que será sin duda uno de los últimos momentos en que podremos debatir estos informes, quisiera dar las gracias a todos los miembros de la Comisión, así como al Parlamento, por el apoyo prestado a la investigación y la innovación, y a mi amigo, el Sr. Liikanen, que me va a suceder. 
Huelga decir que estamos en la misma longitud de onda y que somos favorables a una ambiciosa política industrial europea de investigación e innovación. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
.– Acojo con gran satisfacción el informe de iniciativa propia del Sr. Linkohr «Invertir en investigación: un plan de acción para Europa» y deseo darle las gracias personalmente. 
Apoyo su petición de aumentar significativamente la cantidad de dinero gastada en investigación en Europa a fin de conseguir los objetivos de Lisboa, incluso aunque la actual rigidez de los presupuestos de muchos Estados miembros dificultará la transposición rápida. 
Si la investigación en la Unión Europea ha de construirse sobre una base a largo plazo, todo aumento del gasto debe, por lo tanto, ir de la mano de una mayor eficacia de la aplicación y de la gestión de los recursos y de una marcada inclinación por la investigación básica. 
Me complace que la comisión principal haya aceptado mis enmiendas a este respecto. 
Sin embargo, también rechazó la propuesta de elaborar de forma más racional lo que se califica de nuevos instrumentos en el Sexto Programa Marco. 
Todo esto ha llevado a mi grupo a volver a introducir la Enmienda 1, donde el Parlamento «reivindica, en el contexto del 6º Programa Marco de Investigación, que las ideas de «redes de excelencia» y «proyectos integrados» estén más orientadas a la noción rectora del Espacio Europeo de la Investigación, y que, por tanto, se realicen ajustes, en particular en relación con el tamaño de los proyectos, tanto desde el punto de vista del número de socios de proyecto, como de los volúmenes financieros que se manejan». 
Esperamos que, incluso ahora, esto permita adaptar la política de investigación de la Unión Europea a las realidades que prevalecen actualmente. 
En consecuencia, les pido que aprueben esta enmienda. 
– A5-0374/2003 de la Sra. Read, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2236/95/CE del Consejo que determina las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas [COM (2003) 220 – C5-0199/2003 – 2003/0086 (COD)] 
– A5-0375/2003 de la Sra. Read, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC) [COM (2003) 406 – C5-0310/2003 – 2003/0147 (COD)] 
– A5-0376 del Sr. Clegg, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el Octavo informe de la Comisión sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones [COM (2002) 695 – 2003/2090 (INI)] 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Read por sus informes sobre el eTEN y el IDABC, que apoyan firmemente estos programas. 
La Sra. Read ha dedicado durante años muchos esfuerzos al Programa IDA. 
La Comisión apoya sin reservas el voto a favor de estos informes. 
Empecemos con el programa eTEN, antes llamado TEN Telecom. 
Este programa desempeñará un papel activo en la consecución de los objetivos del Plan de Acción eEurope 2005. 
El programa se ha reorientado hacia los objetivos de eEurope 2005. 
Se ha centrado en los servicios de las áreas de administración electrónica (eGovernment) , la sanidad electrónica (eHealth) y el aprendizaje electrónico (eLearning). 
El programa ha demostrado, a través de una serie de proyectos de validación, que existe un gran potencial para el desarrollo de estos servicios. 
Sin embargo, el límite actual del 10% de ayuda financiera comunitaria ha resultado ser insuficiente para superar las barreras al despliegue a escala transeuropea. 
La Comisión ha propuesto elevar el nivel máximo al 30%, ya que tanto la investigación como la experiencia de otros programas demuestran que este es el nivel necesario para promover el desarrollo con éxito. 
No obstante, como ex Comisario de Presupuestos, quiero reiterar que el presupuesto para el programa no se modificará. 
La financiación se centrará en menos proyectos mejor definidos, por lo que el programa será más eficaz. 
El alcance del nuevo Programa IDABC será más amplio que el de los programas actuales. 
El IDABC proporciona una cobertura completa de los servicios paneuropeos de administración electrónica. 
Los beneficios que se obtienen de la cooperación entre las administraciones públicas de toda Europa se extienden a los ciudadanos y a las empresas. 
El IDABC apoya, emprende y gestiona la prestación de servicios paneuropeos de administración electrónica con vistas a facilitar a las empresas y a los ciudadanos el acceso a información y transacciones transfronterizas. 
La Comisión apoya firmemente el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía tal y como se ha presentado en el pleno de hoy. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1 a 5. 
Teniendo en cuenta que el jueves está previsto que el Consejo llegue a un acuerdo político sobre el Programa IDABC, la Comisión espera que la verdadera cooperación con la Sra. Read y el Parlamento Europeo permita una segunda lectura y una aprobación final antes de las elecciones parlamentarias. 
Permítanme volver sobre el tercer elemento de nuestro debate de hoy, que guarda relación con la aplicación del marco regulador de las telecomunicaciones. 
Quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Clegg, por el minucioso trabajo que ha llevado a cabo, y al Parlamento por su interés en el octavo informe. 
Especialmente celebro su implicación en las cuestiones subsiguientes de la transposición y la aplicación del nuevo marco regulador en los Estados miembros. 
Ocho países ya han conseguido aprobar la legislación: Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. 
La Comisión ha incoado procedimientos por infracción contra los Estados miembros que no han notificado medidas. 
Llevaremos a término estos procedimientos con firmeza. 
En el Consejo del jueves instaré a los Estados miembros que aún no han realizado la transposición que hagan renovados esfuerzos por completar la tarea sin retrasarlo lo más mínimo. 
Además, en unos días la Comisión aprobará el noveno informe de aplicación, dirigido al Parlamento y al Consejo, que expone con más detalle la situación de la transposición a 1 de noviembre. 
En cuanto a la situación del mercado de las comunicaciones electrónicas, el informe identificará algunas señales alentadoras en el mercado tras las difíciles condiciones financieras del último año. 
Está previsto que el número de suscriptores móviles aumente a un ritmo más rápido que en 2002, a pesar de los altos índices de penetración ya conseguidos. 
Incluso si la competición en el mercado de banda ancha sigue siendo débil, el número de líneas fijas de banda ancha aumentó casi un 80% en un año hasta octubre de 2003. 
En particular, la desagregación se ha desarrollado notablemente, con más de 1 millón de nuevas líneas desagregadas entre octubre de 2002 y octubre de 2003. 
Algunas de las cuestiones básicas que examinamos en nuestra evaluación de las medidas de transposición incluyen el papel de las autoridades reguladoras nacionales y la puesta en práctica de medidas para evitar la sobrerregulación. 
Los países en vías de adhesión tendrán que adaptar sus leyes para cumplir el nuevo marco para mayo de 2004. 
El Parlamento recibe información completa mediante los nuevos Informes de seguimiento detallados, que incluyen un capítulo sobre el sector de las telecomunicaciones. 
Seguiremos examinando la situación de cerca y ayudaremos a las autoridades de los países en vías de adhesión. 
La situación relativa a la transposición y a la ejecución se examinará en detalle en el informe de 2004. 
Para concluir, si todos los Estados miembros hacen esfuerzos renovados por completar el proceso de transposición y de revisión del mercado en los próximos meses, creemos que podemos hacer nuestra parte del trabajo para ayudar a estabilizar más el mercado y a mantener su crecimiento, para que los consumidores puedan seguir beneficiándose de precios competitivos y del desarrollo de servicios de banda ancha. 
. – Señor Presidente, es para mí un placer presentar estos dos informes. 
Empezaré con el más sencillo, el del programa eTEN, que el Comisario ha perfilado con admirable claridad. 
Quiero recomendar al Parlamento que acepte la propuesta de la Comisión. 
Me complace que la sangre presupuestaria todavía corra por las venas del Comisario. 
Ha acertado al señalar que esta propuesta es una reasignación de un presupuesto existente y que no se trata de recaudar el presupuesto total. 
Sin embargo, elevar el límite del 10% al 30% supondrá en el futuro desarrollar menos proyectos, aunque más centrados. 
De nuevo, el Comisario lleva razón cuando dice que una vez reconocido el potencial del desarrollo de un producto, las principales barreras con que se encuentra son financieras. 
Existen dificultades que todos conocemos a la hora de obtener capital privado para la inversión inicial en este sector. 
Elevar el umbral de esta forma es hacer un uso apropiado de los fondos en el programa presupuestario de eTEN. 
Espero que se acepte la propuesta de la Comisión y no he presentado enmiendas, ni tampoco lo han hecho otros colegas, que es lo correcto. 
El programa IDA es más complicado. 
Esperaba lograr un acuerdo en primera lectura, pero no ha sido posible. 
En cierto modo, por muy buenos motivos, el Consejo ha demostrado mucha diligencia a la hora de abordar esta propuesta. 
Lo que buscamos es ampliar los éxitos del IDA en la cooperación transfronteriza y la comunicación entre administraciones públicas. 
Esto se basará en ello y extenderá la cooperación a los ciudadanos y las empresas. 
No obstante, hay cambios importantes que guardan relación con el procedimiento, que se ha racionalizado y simplificado. 
Es positivo que se haya aprendido algo del trabajo anterior del IDA. 
El Comisario sabe que yo he sido ponente en dos o tres propuestas de IDA separadas y advierto con cierto humor retorcido que esto ha sido antes de que la expresión «administración electrónica» fuera de uso común o incluso que hubiera sido inventada. 
Sin embargo, la propuesta puede comportar y comportará verdaderas ventajas. 
La Comisión calcula que por cada euro dedicado a infraestructura de TI, el sector público puede obtener una ganancia de hasta 1,8 euros. 
El coste anual del programa TESTA, la parte del IDA que se centra en la infraestructura, es de 4,6 millones de euros. 
Se ha calculado que los beneficios serán de 8,6 millones de euros en todo el sector público: un auténtico multiplicador. 
El nuevo programa se llamará IDABC. 
Les voy a leer lo que significa, porque a veces es fácil de olvidar: Prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica, al sector público, las empresas y los ciudadanos. 
Aunque es un verdadero trabalenguas, podemos señalar que los éxitos del IDA conllevan verdaderas ventajas para los ciudadanos de la Unión Europea de una forma que realmente afecta a sus vidas. 
En estos momentos, el IDA actúa en los siguientes ámbitos: agricultura, ayuda humanitaria, mercado interior, estadística, medio ambiente, comercio, empleo y educación. 
Aquí he extraído, al igual que en mi exposición de motivos, cinco o seis proyectos específicos: la red Solvit, que proporciona un mecanismo para las personas que se encuentran con barreras al mercado interior para plantear la cuestión al Estado miembro afectado; el programa Euphine, que permite a las autoridades intercambiar datos sobre cuestiones de salud pública, incluidas las enfermedades transmisibles, de forma rápida y segura; Ploteus, un portal que facilita información sobre oportunidades de aprendizaje en toda Europa; 
Esta nueva propuesta no solo acarreará los beneficios tangibles del IDA, sin que también traerá ventajas para los ciudadanos y las empresas de Europa. 
Facilitará la libre circulación de personas, productos y servicios facilitando más el acceso a aplicaciones de la administración electrónica entre fronteras nacionales. 
Espero que el Parlamento apoye la propuesta de la Comisión tal y como la he enmendado y se la recomiendo a todos ustedes. 
Por último, quiero comentar brevemente el informe de mi colega, el Sr. Clegg. 
No entraré en detalles. 
Ha hecho un excelente trabajo en esta materia y utiliza acertadamente un lenguaje específico en relación con las deficiencias de los Estados miembros. 
El Comisario se ha mostrado serio en cuanto a las relaciones con los Estados miembros que no cumplen los verdaderos plazos: La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha dejado claro que contará con su apoyo si quiere adoptar las medidas que ha esbozado. 
Confío en que el Parlamento también le apoye a este respecto. 
Ya hemos recibido algunas indicaciones de que los países que van a acceder a la Unión Europea dicen que no tienen suficiente tiempo y que necesitan más espacio para respirar. 
Cuesta resistirse a estos argumentos cuando los Estados miembros existentes deberían poder llevar a cabo la transposición y la aplicación, pero no lo han hecho. 
Recomiendo a la Asamblea el informe del Sr. Clegg y los dos míos. 
. – Señor Presidente, en ocasiones como esta pienso en lo especializados que deben parecer estos debates al resto del Parlamento, dado que somos tan pocos. 
Sin embargo, con tantas caras cordiales y familiares como las de esta noche, también pienso que quizá compensemos con un alarde de inteligencia y talento el bajo número de asistentes que hemos sido capaces de congregar esta noche, una alegre pandilla de especialistas en telecomunicaciones. 
Hablando más en serio, esta noche quiero agradecer a muchos colegas su apoyo y cooperación en la elaboración de este informe, que realmente ha sido un esfuerzo colectivo. 
Ya sé que todos los informes parlamentarios son esfuerzos colectivos, pero este es un gran exponente del esfuerzo colectivo del conjunto de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, incluidos los ponentes alternativos. 
Esto ha quedado reflejado en el voto unánime de nuestra comisión. 
No es una exageración decir que este informe representa una innovación bienvenida del método de trabajo del Parlamento, de nuestra forma no solo de promulgar y modificar la legislación, sino también de desarrollar un muy sano interés por el modo en que la legislación se aplica posteriormente. 
Sería irresponsable por nuestra parte como legisladores no prestar la debida atención a lo que ocurre con nuestros valiosos textos una vez aprobados como textos legislativos. 
Este es un modelo paradigmático no solo de cooperación entre partidos, sino también de cooperación entre instituciones a la hora de asegurar que la aplicación se lleve a cabo debidamente y en su totalidad. 
Quiero destacar cuatro cuestiones que son especialmente significativas. 
Primero, cuando instamos a la Comisión a adoptar medidas contra los Estados miembros que aún no han aplicado la legislación sobre telecomunicaciones dentro del plazo previsto, y cuando celebramos toda medida ya adoptada, es importante recordar que en el apartado 3 de este informe hacemos hincapié en que también nos parece que la Comisión debería seguir estudiando métodos innovadores no solo para obligar a los Estados miembros reticentes a aplicar la legislación, sino también para animarles a hacerlo mediante evaluaciones y análisis comparativos. 
La Comisión puede elaborarlos a fin de instar a los rezagados a tomar ejemplo de los Estados miembros que ya estén más avanzados. 
En segundo lugar, los comentarios que hemos formulado en este informe sobre la estructura reglamentaria y el Grupo Regulador Europeo son importantes. 
En el apartado 22 dejamos constancia de nuestra opinión de que la existencia del Grupo de Reguladores Europeos, el ERG, y del Grupo de Reguladores Independientes, el IRG, es cada vez más ilógica porque se solapan demasiado entre sí. 
Si bien muchos de los aquí presentes entienden que la Comisión no puede adoptar una posición formal a este respecto, merece la pena destacar esta noche que nos parece que no hay ningún motivo lógico para que estos dos organismos coexistan, tal y como ocurre ahora. 
Convendría que el ERG y el IRG se fusionaran. 
Me gustaría que la Comisión hiciera aportaciones más activas con respecto a los países candidatos y al grado en que cumplen no solo el viejo marco sino también en que intentan adoptar el nuevo marco. 
En nuestros debates con la Comisión sobre este informe, esta última explicó que sería muy gravoso y complicado satisfacer una demanda inicial que hicimos otros y yo de informes específicos sobre la aplicación de la ley de telecomunicaciones en los países candidatos. 
Al final instamos a la Comisión a cotejar más información sobre la situación de los países en vías de adhesión. 
No obstante, es importante que esto se tome en serio. 
Si nos fijamos en los informes de seguimiento emitidos hace poco por la Comisión, solamente hay dos o tres párrafos sobre el sector de las telecomunicaciones en muchos de estos países. 
No es suficiente. 
A medida que se aproxima la fecha de ingreso en la Unión Europea, es esencial que supervisemos la situación más de cerca de lo que quizá se haya hecho hasta ahora. 
Por último, quiero llamar la atención sobre la importancia del apartado 9 de nuestro informe, que destaca una vez más que, independientemente del énfasis que toda la actividad reguladora de los últimos años ha puesto en la creciente competencia basada en el acceso, nuestro objetivo a largo plazo debe seguir siendo la competencia basada en las infraestructuras. 
A veces esto queda ensombrecido por todas las batallas que tenemos por la segmentación del bucle local, el acceso por flujo de bits, etcétera. 
Al fin y al cabo, lo que queremos, en interés de los consumidores europeos, por no hablar del de los operadores de telecomunicaciones europeos, es una competencia sostenible y sólida basada en las infraestructuras. 
En este sentido espero que este informe sobre la aplicación haya aportado algo. 
,. – Señor Presidente, en nombre de mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quiero dar las gracias al Sr. Clegg por el trabajo que ha hecho y por su cooperación para que podamos aportar nuestras propias ideas al informe, y también por animar a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía a tomar la iniciativa. 
Muchos de nosotros hemos trabajado más de dos años como ponentes o ponentes alternativos en relación con el paquete legislativo de las comunicaciones electrónicas y es importante que sigamos mostrando nuestro apoyo político y una dedicación continua. 
Después de todo, todos hemos invertido muchos esfuerzos. 
Sabemos que ahora se encuentra en fase de aplicación, pero constituye una señal inequívoca de que este Parlamento está muy interesado en lo que consideramos es una de las partes más importantes de la legislación del mercado interior y que potencia la competitividad. 
La competitividad es absolutamente crucial para la agenda actual. 
Quisiera destacar una o dos cuestiones que, según la Comisión de Asuntos Jurídicos, guardan relación con nuestro trabajo sobre la Directiva de los derechos de los usuarios y servicios universales. 
En primer lugar, apoyamos plenamente la declaración inicial del Comisario sobre la necesidad de evitar sobrerregulación. 
Una medida específica de la Directiva sobre servicios universales está encaminada a garantizar que los Estados miembros no intervengan directamente en el mercado interior para intentar limitar los precios a menos que hayan agotado las soluciones en el nivel mayorista. 
Hay que pedirles que sigan pensando así y que actúen en consecuencia. 
La segunda cuestión es de índole práctica: hemos trabajo mucho en torno a nuestra Directiva sobre transparencia y publicación de tarifas, para animar a los Estados miembros especialmente a abordar las cuestiones de la transparencia y la comparación de tarifas para los consumidores privados y las pequeñas empresas. 
Por desgracia, no he visto muchas pruebas de que los Estados miembros hayan hecho nada al respecto y espero que este asunto se retome en la Comisión. 
Queremos animarle a usted, señor Comisario, y a su equipo a prestar especial atención a toda esta transposición, para asegurar que saquemos el máximo provecho de este importante texto legislativo. 
– Señor Presidente, mi tarea es relativamente sencilla. 
La comisión aprobó los dos informes de la Sra. Read por amplia mayoría, sin que hayamos tenido que hacer grandes cambios. 
Esto quiere decir, señora Read, que mis comentarios pueden ser bastante breves. 
Nuestro grupo aprueba sin reservas la intención de la Comisión, que también ha aprobado la comisión, a saber, de aumentar el límite superior de la ayuda concedida para redes electrónicas transeuropeas del 10 al 30%. 
Aunque el marco global no es mayor, lo que significa que pueden apoyarse menos proyectos, nos convencieron de que el límite del 10% era demasiado bajo, por lo que apoyamos esta propuesta, y puede usted confiar en nuestro apoyo incondicional al primer informe. 
En el segundo informe quiere usted introducir más flexibilidad en los servicios paneuropeos de administración electrónica, que pueden utilizarse de todas las maneras imaginables. 
En él, expresa usted su deseo que deshacerse de la distinción de la Comisión entre «proyectos de interés común» y «medidas horizontales» , asignando así de forma más flexible recursos que ascienden a 59,1 millones de euros para 2005 y 2006, y 89,6 millones de euros para el período de 2007 a 2009. 
También en este aspecto le apoyamos, y creo que sus dos informes, donde describe los problemas con gran detalle, disfrutarán del apoyo de una amplia mayoría en esta Asamblea. 
Ahora quiero concluir con una observación adicional sobre el conjunto de las redes transeuropeas, un tema que ha estado en nuestra agenda durante muchos meses, de hecho durante años. 
Hasta ahora el problema ha sido que estos grandes proyectos, de transporte, telecomunicaciones, infraestructura de la energía, investigación y tecnología, han carecido de suficientes recursos financieros. 
La consecuencia ha sido que la aplicación de las resoluciones de Essen, que en primer lugar pretendían promover las redes transeuropeas, ha sido muy lenta, muy moderada y muy incompleta. 
Un grupo de expertos encabezados por el Sr. Karel van Miert realizó un estudio a mediados de año de la infraestructura del transporte. 
La nueva iniciativa de crecimiento de la Comisión, los sesenta y dos proyectos donde está previsto que la Cumbre las dé por concluidas, trata precisamente este aspecto. 
Aunque hoy solo hablamos de financiación y presupuesto total, puedo decirle al señor Comisario que el enfoque de promover y ampliar las redes transeuropeas es el correcto si queremos no solo desatascar los mercados, sino también adaptar a Europa para el futuro y acercarnos así un poco más a la consecución del objetivo que nos fijamos en Lisboa. 
– Felicidades a nuestros dos ponentes, n primer lugar a la Sra. Read, que siempre ha sido una acérrima defensora de las telecomunicaciones. 
Me complace que sea consciente, como todos, del valor añadido europeo que tienen las telecomunicaciones en toda la agenda de Lisboa. 
Primero, en cuanto a las redes transeuropeas, cuando llegué a este Parlamento no se hablaba más que del Libro Blanco de Delors, uno de los puntales de lo que eran las redes europeas. 
Estoy encantada de que el Comisario y su equipo hayan sido suficientemente flexibles para reconocer que si las propuestas presentadas no funcionan como se pensó en un principio, lo mejor, por ejemplo, es concentrarse en menos proyectos de forma más concreta y aumentar la contribución de la Comisión, pues está claro que el 10% no estimula el tipo de iniciativas que queríamos. 
Apoyo totalmente su flexibilidad. 
Naturalmente, también apoyo el Programa IDABC esbozado por la Sra. Read. 
Creo que una de las partes más olvidadas de la agenda de Lisboa es una mayor cohesión social, a la que el Programa IDA contribuiría considerablemente, además de, por supuesto, la economía basada en el conocimiento. 
La palabra «interoperabilidad» aparece cada vez con más frecuencia. 
Si no garantizamos la capacidad de aunar nuestros sistemas y de trabajar de forma interoperable, estamos destinados a tener menos éxito que bloques continentales como los Estados Unidos. 
Por tanto, apoyo firmemente el objetivo de la interoperabilidad de IDA y su defensa de las políticas comunitarias esbozadas por la Sra. Read, las tradicionales: agricultura, estadística de empleo, y las más nuevas: protección civil, ayuda humanitaria y justicia y asuntos interiores. 
También quiero que nuestros ciudadanos se sientan más seguros y, por supuesto, también me interesa el mercado interior. 
En cuanto al informe del Sr. Clegg, quiero felicitarle otra vez por él. 
Él y otros miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han dicho muy alto que simplemente no basta con aprobar Directivas y elaborar una legislación si los Estados miembros se toman la libertad de transponer esta legislación siguiendo un calendario personal que no hace a Europa más competitiva ni promueve la cohesión social. 
Señor Comisario, me alegro de que en su octavo informe haya puesto de manifiesto algunos de sus rígidos instrumentos y haya dejado claro que incoará procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros que no lleven a cabo la transposición. 
Esto debería hacerse más frecuentemente en toda una gama de ámbitos políticos de la Comunidad, porque algunos Estados miembros se aprovechan de los mercados creados por los Estados miembros que sí transponen, al mismo tiempo que no juegan limpio. 
También estoy de acuerdo con el Sr. Clegg en cuanto a la necesidad de examinar los países en vías de adhesión. 
Felicidades de nuevo a ambos ponentes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quisiera sumarme a las manifestaciones de aprobación, tanto de los tres informes que aquí consideramos como de las propuestas de la Comisión. 
Los principales aspectos de las propuestas de la Comisión y de los informes se han puesto ya de relieve, pero yo querría insistir en los aspectos que me parecen fundamentales. 
En primer lugar, la lentitud del proceso que se desarrolla a partir de las propuestas, muy positivas, para relanzar y obtener una unidad operativa en las grandes redes de comunicación y, como muy bien ha destacado el señor Comisario, contemplándolas en el ámbito de la ampliación, muy necesarias. 
Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de cumplir con esta realidad y, al mismo tiempo, con los compromisos de Lisboa. 
Pero, lamentablemente- y lo vemos en la práctica -, existen obstáculos para una realización adecuada de estos objetivos, algunos de ellos- como se ha señalado- puestos de relieve ya en el Libro Blanco del antiguo presidente de la Comisión, el Sr. Delors. 
Estos obstáculos son básicamente dos; la falta de disciplina y de compromiso por parte de los Estados miembros, obstáculo importante y que distorsiona el propio mercado en estos ámbitos y, especialmente, en el de las telecomunicaciones que es el tema de que se ocupa el informe de nuestro colega Clegg; y en segundo lugar, las dificultades financieras para apoyar y desarrollar estas grandes redes de comunicación, de telecomunicaciones y servicios electrónicos, en el caso que nos ocupa. 
Superar los dos obstáculos será, evidentemente, competencia y responsabilidad de la Comisión, pero cuenta para ello con el apoyo de este Parlamento y del Grupo Liberal al que represento. 
– Señora Presidenta, me ceñiré a un solo punto: ¿es necesaria una normativa europea para las telecomunicaciones? 
El Sr. Clegg dice que debe ser tan solo provisional, y yo digo que debe ser permanente y más firme que la normativa actual. 
Me habría gustado que tuviera más en cuenta los análisis de eminentes economistas de Oxford y Cambridge, que destacan que si la política de competencia actúa, la normativa es necesaria para responder a metas económicas, sociales y ecológicas. 
El ponente destaca que los operadores históricos deben dejar espacio a la competencia. 
Sí, pero esta no será automáticamente eficiente, ni siquiera efectiva, en condiciones de oligopolio. 
El sector europeo de las telecomunicaciones acaba de atravesar un periodo desastroso en términos de inversiones y de empleo, y ha echado a perder su liderazgo con la norma GSM. 
Una normativa para la UMTS habría permitido compartir el uso de las infraestructuras, en vez de que los inversores las dupliquen endeudándose por grandes importes. 
Por otra parte, la contradicción entre el criterio de «precio» y el criterio de «calidad» ha obligado al regulador inglés a imponer obligaciones de mayor calidad a British Telecom. 
En cuanto al objetivo de cohesión social y territorial, el informe de la Comisión es especialmente flojo. 
¿Hay realmente un acceso universal? 
No se sabe. 
¿Hay que ampliarlo con una cobertura territorial efectiva para los móviles, con el acceso de todos a la conexión rápida a Internet? 
En este terreno tampoco se toma ninguna postura. 
Generalizar el procedimiento de licitación puede favorecer las presiones encaminadas a eliminar el servicio universal. 
Por lo que respecta al cálculo de los costes de las financiaciones especiales, las respuestas son extremadamente diferentes en función de la elección del territorio pertinente. 
Todo esto cobra aún más importancia en el marco de la ampliación. 
¿Quién se atrevería a decir que la liberalización bastará para generar una inversión en masa de capitales privados? 
Abogo pues enérgicamente por una normativa europea reforzada. 
La idea de una independencia pura y simple de las autoridades nacionales de regulación y de una autorregulación no resiste a la evidencia. 
Dichas autoridades deben encuadrarse en un marco legislativo y reglamentario en interés del público. 
Señora Presidenta, señor Comisario Busquin, Señorías, estimados colegas amantes de la comunicación –puesto que a estas horas, como se acaba de decir, estamos un poco entre nosotros–, hay en efecto toda un serie de peligros que el Sr. Herzog acaba de resaltar y que no repetiré. 
Intentaré, pues, ser positiva diciendo que los tres informes se encuadran, a pesar de todo, en una lógica política tendente a evitar la brecha digital y, desde este punto de vista, no solo doy las gracias a los dos ponentes por su trabajo, sino que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoyará los tres informes. 
Pasaré un poco más concretamente a las propuestas de la Sra. Read, pues en estos temas muy técnicos, pero que revisten un interés financiero para las entidades territoriales europeas –por lo demás, provengo de Auvernia–, estas propuestas ayudan a asegurar que la sociedad de la información quede en manos de uno o dos monopolios. 
No solo existe Bill Gates en la edad de los ordenadores, y eso es bueno. 
Más concretamente, quisiera a dar las gracias tanto a unos como a otros por habernos advertido bien, en la fase anterior, de lo que hacían, de forma que pudiéramos seguir de cerca las enmiendas que se elaboraban. 
El programa TEN es una herramienta decisiva para la aplicación de las normas generales para la concesión de una ayuda financiera comunitaria en el ámbito de las redes transeuropeas. Esto está asegurado hasta 2005. 
El objetivo es elevar el nivel máximo de ayuda para los proyectos en el sector de las telecomunicaciones del 10 al 30%, y no es una propuesta insignificante, ya que sin duda permitirá confirmar los objetivos de Lisboa y, por tanto, desarrollar Europe en el ámbito de los servicios de interés general. 
Ahora bien, esto es claramente lo que nos interesa, independientemente de que les llame servicios universales o servicios de interés general, de lo que se trata a fin de cuentas es de que este servicio esté a disposición de todos los ciudadanos y sea una herramienta reforzada por el bien de todos. 
Este concepto de servicios de interés general quizás sea aún más cierto con el programa IDABC para el período 2005-2009. 
En efecto, nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que, como bien saben, estamos muy a favor del software libre, consideramos que esto se confirma porque se incluye en la lógica de la prestación interoperable de servicios paneuropeos, de administración electrónica. 
Apoyaremos pues estos proyectos. 
Para acabar, quisiera decir –porque es una noticia interesante– que, por ejemplo, la ciudad de Múnich, aparte del ejemplo de IDA, se ha pasado a LINUX, al software libre, y espero que otras muchas administraciones aborden los mismos desafíos. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias a los ponentes por este informe, que es, entre otras cosas, técnicamente minucioso. 
Lo apoyaremos plenamente en cuanto al gasto se refiere, tanto es así que, por mi parte, he enviado una carta firmada conjuntamente por el presidente de la comisión y por mí mismo, como vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, apoyando la propuesta de la Comisión del programa IDA en relación con el aumento del nivel máximo de financiación. 
¿Por qué? 
Creemos que el 10% es solo un gesto simbólico, mientras que elevar la cifra al 30% es una acción tangible, que demostrará a las personas que Europa está cerca de los ciudadanos y no lejos de ellos, en particular en lo que a las redes transeuropeas se refiere. 
Sin embargo, como ponente para este tema quiero hablar de las redes transeuropeas (TEN) en general. 
Creo que elevar el nivel máximo es importante para las redes transeuropeas en general. 
Empezamos con el 10%, elevamos la cifra al 20% en la primera lectura y ahora hablamos del 30%: esto es significativo. 
Sin embargo, además creo que necesitamos modificar el informe sobre las redes transeuropeas para tener la oportunidad de introducir un sistema subvencionado, con respecto a todas las redes comprendidas en las redes transeuropeas de todos los sectores, incluyendo las telecomunicaciones y el IDA, a fin de dar a los Estados la opción de hacer todo esto allí donde tienen problemas con las autoridades locales. 
Creo que esto podría racionalizar el procedimiento y proporcionar un canal cada vez más fluido para que los fondos lleguen al territorio pertinente. 
Además, he de mencionar lo que se conoce como compensación electrónica, que ya podemos ver como documento comparativo y que, en el futuro, debería revelar cuáles son los buenos Estados y los malos Estados y, sobre todo, permitir la intervención cuando sea necesario utilizar los fondos en cuestión. 
Por último, quiero declarar que no apoyamos lo que se conoce como lista rápida de preseleccionados, porque es contraria a los procedimientos de los Tratados. 
Este ámbito no es responsabilidad de la Comisión, sino del Consejo y de Ecofin, por un lado, y del Parlamento Europeo, por el otro. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero empezar por dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Clegg, por haber creado en la Comisión el clima adecuado que ha permitido la aprobación unánime del informe. 
Mañana veremos que este informe no encontrará resistencia; bastante al contrario, se aprobará con un alto grado de consenso. 
Defendemos en particular un mercado competitivo y abierto. 
¿Por qué? 
Sencillamente porque, en Europa, queremos ser más competitivos. 
Cuando la competencia es a escala mundial, se precisan urgentemente telecomunicaciones como una clave para el futuro, y nuestras telecomunicaciones tienen que ser altamente competitivas. 
Por tanto, es vital que esto se haga lo más rápido posible, no solo en los países candidatos, sino también en los Estados miembros. 
No queremos que se hagan distinciones; queremos que las autoridades reguladoras publiquen los avances logrados en los diferentes países, para que los puntos de referencia y las buenas prácticas puedan enseñarnos cómo avanzar más rápidamente en cuanto a la banda ancha se refiere. 
Sabemos que actualmente hay una serie de dificultades asociadas a la introducción de UMTS, porque la subasta de frecuencias ha tenido un efecto inflacionario. 
Por consiguiente, creo que tiene mucho sentido que ciertos Estados miembros decidan aplican incentivos fiscales para levantar estas tecnologías y ponerlas en marcha lo antes posible. 
Ya se ha mencionado el solapamiento del trabajo entre autoridades reguladoras. 
De hecho, es necesario aunar los niveles nacional y europeo, aunque, por supuesto, el trabajo principal deba hacerse en el Estado miembro, y el nivel europeo solamente intervenga cuando sea absolutamente necesario. 
Es especialmente importante que estas instituciones sean independientes, y creo que, en el futuro también, debemos de procurar garantizar el funcionamiento, sobre todo de las interfaces técnicas a fin de asegurar la interoperabilidad de los sistemas. 
Por tanto, quizá sea buena idea que los órganos reguladores reflexionen un poco sobre la cuestión de dónde necesitamos normalización a escala europea y dónde reconocimiento mutuo, porque en el análisis final la normalización técnica seleccionada puede garantizar la competencia, ya que es muy importante desde el punto de vista de la competencia que las interfaces funcionen y que los diferentes sistemas sean susceptibles de ser utilizados uno al lado del otro. 
Naturalmente, todos sabemos que las empresas y los empresarios están tentados de crear monopolios y de retener para sí mismos las innovaciones tecnológicas, pero, sin embargo, debemos garantizar la existencia de un mercado en funcionamiento con interfaces técnicamente bien ejecutadas. 
– Señora Presidenta, yo también quiero felicitar a ambos ponentes por sus informes buenos y oportunos. 
Refiriéndome sobre todo al informe del Sr. Clegg, uno de los mayores obstáculos a la inversión y a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones de toda Europa ha sido la falta de coherencia y aplicación de la normativa. 
Las distintas necesidades y, en consecuencia, los diferentes costes, han disuadido a los nuevos operadores de iniciar operaciones paralelamente a las existentes. 
Debido a ello, el mercado se ha ahogado y la competencia ha disminuido. 
Por lo tanto, aplaudo este nuevo paquete regulador, ya que propone cambios mediante un enfoque coherente del objetivo de liberalizar el mercado de las telecomunicaciones. 
Brinda una oportunidad única para que todos los Gobiernos establezcan normas en un mercado incipiente y para que finalmente empiecen a cumplirse los objetivos fijados en Lisboa, cuya realización ha ido demasiado lenta. 
La palabra de moda actual en el ámbito de las telecomunicaciones es «implementación». 
Esta es la palabra clave, más que antes, porque el sector muestra signos positivos de estabilización. 
No obstante, estoy de acuerdo totalmente con el ponente cuando pregunta a la Comisión por qué este año solamente cinco Estados miembros han cumplido el plazo para la transferencia del nuevo paquete regulador y por qué la Comisión ha tardado tanto en reaccionar ante ello. 
¿Qué se propone exactamente hacer? 
La Comisión ha de ser más dura. 
Queremos acción por parte de la Comisión, no solo palabras, porque las demoras no solo perjudican a los nuevos miembros y a los existentes, sino que también ponen barreras a las Autoridades Nacionales de Reglamentación y a la recopilación de información de los actores del mercado. 
Hemos de actuar y precisamos un análisis de mercado apropiado en el que basar acciones ulteriores. 
Asimismo, me ha decepcionado mucho el lento desarrollo de la banda ancha. 
Mucha gente de West Midlands se ha puesto en contacto conmigo para expresarme su preocupación por esta lentitud y la necesidad de tomar medidas, especialmente en algunas zonas rurales. 
– Señora Presidenta, dos aspectos de este paquete merecen especial atención: el primero se refiere a las normas dobles que aprueba para la estrategia de Lisboa: los Estados miembros pasan por alto e ignoran totalmente el aspecto social, que se centra específicamente en el empleo, la inclusión social y la igualdad de derechos y oportunidades, pero cuando se trata de liberalizar sectores que son de interés para los grupos económicos, se pide a la Comisión, en el informe de Clegg sobre telecomunicaciones, por ejemplo, que presione con incoar procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros que hayan dado largas en el proceso de liberalización, sin ni siquiera preocuparse por saber si se garantizan los servicios públicos para todos los ciudadanos. 
Esta postura es inaceptable. 
El segundo aspecto se refiere al aumento del nivel máximo de financiación del 10% al 30% de los costes de inversión totales de un proyecto en la fase de ejecución, pero sin aumentar el presupuesto global, lo que supone un problema, porque esto significa que participarán menos proyectos justo cuando debe garantizarse un desarrollo equilibrado. 
En otras palabras, los países que tienen las mayores deficiencias no tienen por qué encontrar dificultades a la hora de obtener financiación para los proyectos. 
Por consiguiente, este aumento del nivel máximo de financiación debe ir acompañado de un aumento de los créditos globales. 
Señora Presidenta, en la propuesta de Reglamento para las redes transeuropeas de comunicación se constata, al igual que en otras redes, que no se ha avanzado en la ejecución de los proyectos de interés comunitario por falta de financiación, bien privada o bien de los Estados miembros concernidos. 
En este sentido, permítame que me salga de las "telecom" y me refiera al previsto ferrocarril de alta velocidad del sureste europeo, donde llama la atención que el ramal atlántico Vitoria-Irún-Dax, con enlace a Bilbao, haya sido suprimido del informe final de la Comisión, a requerimiento del Consejo Europeo, y ello cuando este tramo cuenta con el compromiso de financiación del Gobierno vasco y está dispuesto para su construcción desde febrero de 2001. 
Además, este proyecto puede ser operativo desde el primer momento para enlazar los Estados francés y español, a través de Irún, por existir ya vía de ancho europeo internacional en toda la red francesa hasta dicha localidad. 
Por todo ello, la no inclusión de este ramal Vitoria-Dax no es comprensible ni estratégica ni políticamente y pido públicamente su reposición, tanto al Consejo de Ministros de Transportes, como a la Comisaria española Sra. Loyola de Palacio. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias a mis dos colegas por su encomiable trabajo en este ámbito. 
Ahora me centraré en el informe del Sr. Clegg. 
El tema que aborda es muy importante porque la Comisión reivindica, por ejemplo, la ejecución rápida del nuevo marco europeo regulador en todo los Estados miembros. El Sr. Clegg tiene mucha razón cuando critica a los Estados miembros que, a pesar de la presión de la Comisión y del sector, no han hecho suficiente por aprobar el nuevo paquete legislativo como parte de su propio sistema jurídico. 
Si Europa quiere crear un auténtico Mercado interior también para el sector de las telecomunicaciones, es especialmente importante que garanticemos que se ejecuta la legislación armonizada. 
Hemos de atenernos a lo que hemos decidido. 
Tal y como están las circunstancias, es peligroso empezar a proponer medidas para solucionar la situación del mercado antes de que siquiera se haya aplicado el paquete de telecomunicaciones. 
Dado que los ocho Estados miembros no han integrado el paquete en su propia legislación, no es nada menos que un escándalo. 
El punto 34 del informe del Sr. Clegg no es la forma adecuada de proceder en la situación actual, porque en mi opinión entra en conflicto con la Directiva de Servicios Universales. 
¿Podemos hacer que los operarios paguen estas reformas de infraestructura? 
Como acaba de lanzarse al mercado una lista de obligaciones y medidas reparadoras, es una auténtica locura confundir la cuestión añadiendo nuevas obligaciones de servicios públicos o nociones imprecisas en cuanto al monopolio se refiere, que combinan muy mal con un concepto de empresa que quizá sea bastante interesante, que es la idea de decir el número de servicio europeo. 
Es preciso regular todo el sector de la tecnología de la información y de las comunicaciones hasta que los mercados sean completamente competitivos, lo cual es justo para todos. 
Entonces, que lleguen los nuevos conceptos de servicio en un mercado comercialmente competitivo donde los promotores cualificados en su campo ciertamente harán bien su trabajo. 
Eso es innovación europea. 
Hagamos también nosotros nuestro trabajo: aprobemos leyes que duren. 
. Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a los diputados al Parlamento Europeo, que han seguido este expediente de un modo muy sistemático. 
Deseo hacer unos pocos comentarios. 
Es interesante señalar que hace poco se han realizado un par de estudios que comparan los niveles de crecimiento de la productividad y de desarrollo de la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Uno de ellos se realizó bajo la dirección del Profesor van Ark, de la Universidad de Groninga. 
En él se han estudiado los sectores industrial y de servicios, intentando identificar las áreas en que las distancias entre la Unión Europea y los Estados Unidos han ido reduciéndose y agrandándose. 
El sector de las comunicaciones es un ámbito en que Europa supera a los Estados Unidos. 
La última edición de la Harvard Business Review llegó a la misma conclusión. 
Aunque solamente se utilizaron dos países de referencia, Francia y Alemania, el crecimiento de la productividad de Europa ha sido en torno al 15% más rápido que el de los Estados Unidos en los últimos cinco años. 
Por lo tanto, la liberalización de las telecomunicaciones dentro de nuestro marco regulador ha supuesto un verdadero impulso para la innovación y la competencia. 
También estoy seguro de que la inversión en materia de investigación y desarrollo ha sido muy útil. 
Todo esto demuestra que la presión positiva ejercida sobre la competencia y el impulso de la innovación también estimulan el crecimiento de la productividad, lo que beneficia mucho a todo el sector. 
En segundo lugar, en cuanto a futuras cuestiones, estoy de acuerdo con el Sr. Clegg en que a largo plazo la competencia basada en las infraestructuras promueve la inversión. 
El gran desafío a la hora de aplicar esta normativa será la creación de un puente entre la competencia basada en los servicios y la competencia basada en las infraestructuras. 
La única forma de hacerlo coherentemente pasa por la apertura de redes de legado, que hasta la fecha se han financiado en condiciones de monopolio. 
Cuando la apertura de redes requiera futuras inversiones y pueda implicar riesgos, es preciso evaluar debidamente estos riesgos. 
El Sr. Herzog ha hecho un comentario muy interesante. 
Está muy claro que necesitamos reglamentación tanto como. 
La reglamentación debe utilizarse en casos como los servicios universales, cuando existe un gran interés público, pero cuando los mercados son totalmente competitivos, entonces los motivos para una reglamentación se reducen sustancialmente. 
Pero ahora la reglamentación no es el objetivo. 
El objetivo son servicios de alta calidad para los ciudadanos y a precios competitivos. 
Por último, señora Gill, en cuanto a nuestras medidas sobre la aplicación de la normativa, la Comisión es muy estricta en el desempeño de su función de guardiana de los Tratados. 
El procedimiento por incumplimiento tiene tres fases. 
La primera es la carta de notificación formal, que ya hemos enviado. 
Estamos a la espera de una respuesta. 
Cuando la hayamos recibido remitiremos una carta con una opinión razonada. 
Si no nos satisface la respuesta, llevaremos al Estado miembro en cuestión ante los tribunales. 
Seremos fríos y objetivos a la hora de aplicar estos principios, por lo que no hay motivos para preocuparse a este respecto. 
Asimismo, he tomado nota de los comentarios de la Sra. Read y del Sr. Clegg sobre los países en vías de adhesión. 
Estoy dispuesto a volver a examinar esta cuestión y me encantará discutir sobre el tema en otra ocasión. 
Gracias, Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0383/2003) de la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el establecimiento de un régimen fiscal especial para el gasóleo utilizado como carburante con fines profesionales y aproximar los impuestos especiales de la gasolina y del gasóleo [COM (2002) 410 – C5-0409/2002 – 2002/0191 (CNS) ]. 
. Señor Presidente, el 27 de octubre de 2003, después de más de seis años de negociaciones, el Consejo aprobó la Directiva sobre fiscalidad energética. 
Esa Directiva incluye algunos aspectos de la propuesta del gasóleo para uso profesional y en particular da a los Estados miembros la posibilidad de aplicar tipos fiscales diferentes al gasóleo para uso profesional y al gasóleo no destinado al uso profesional. 
Sin embargo, la Directiva sobre fiscalidad de la energía sigue basándose únicamente en el principio de los tipos mínimos. 
Por tanto, no resuelve el problema de la distorsión de la competencia en los mercados del transporte por carretera, que se deriva de las notables diferencias existentes en la fiscalidad del gasóleo de los Estados miembros. 
Solo la armonización, o, al menos, una mayor aproximación, de la fiscalidad del gasóleo para uso profesional pondrá fin a las distorsiones de la competencia. 
Tres comisiones parlamentarias, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, han apoyado ampliamente las propuestas de la Comisión por este motivo. 
Sin embargo, los debates celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios también han demostrado que en general se reconoce la existencia de estas distorsiones. 
No obstante, dicha comisión parlamentaria no comparte las opiniones de la Comisión sobre la necesidad y los medios para reducir esas distorsiones de la competencia. 
Según el artículo 93 del Tratado, la disposiciones para la armonización de la legislación relativa a los impuestos especiales deben aprobarse en la medida en que esta armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el correcto funcionamiento del mercado interior. 
Está claro que las distorsiones de la competencia causadas por las notables diferencias entre los impuestos especiales aplicados al gasóleo por los Estados miembros constituyen una amenaza para el funcionamiento del mercado interior. 
Quiero señalar que la Comisión respondió positivamente a muchas enmiendas contempladas por la ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y otros diputados al Parlamento. 
En particular, la Comisión podría en principio haber aceptado las tres cuestiones siguientes. 
En primer lugar, la creación de un margen de fluctuación indiciado para los impuestos especiales aplicables al gasóleo para uso profesional. 
Este margen de fluctuación podría considerarse la «segunda mejor» opción si no puede lograrse un tipo armonizado para el gasóleo de uso profesional. 
La segunda cuestión es la alineación de esta propuesta con las disposiciones de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, en particular en cuanto a la definición de gasóleo para uso profesional y a los tipos fiscales se refiere. 
En tercer lugar, está la cuestión de la aplicación de un sistema de reembolso, como instrumento práctico para diferenciar los impuestos del gasóleo para uso profesional del que no es para uso profesional. 
Sorprendentemente, parece que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios posteriormente no consideró que estas enmiendas no bastaban para apoyar la propuesta de la Comisión. 
Por último, el Consejo, de acuerdo con las actas relativas a la aprobación de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, se ha comprometido claramente a hacer su trabajo en relación con la propuesta sobre el gasóleo para uso profesional. 
Por los motivos que he aducido, la Comisión sigue estando convencida de los méritos de esta propuesta. 
Quiero invitar a los diputados al Parlamento a estudiar con detenimiento su posición en torno a esta cuestión antes de votar esta semana. 
– Señora Presidenta, Señorías, desafortunadamente no comparto la opinión de la Comisión de que es el momento oportuno para esta propuesta, cuyo objetivo es la plena armonización de los impuestos especiales sobre el gasóleo de uso profesional. 
Mi crítica principalmente se refiere a las cuestiones siguientes. 
Empezaré por el razonamiento que subyace a la propuesta: ¿hay realmente un problema? 
La Comisión menciona dos razones principales para su propuesta: la protección del medio ambiente y la competencia justa en el mercado interior. 
Aunque soy una acérrima defensora de estos dos aspectos, tengo mis dudas de si la propuesta proyectada tendrá los efectos deseados. 
En primer lugar, los efectos ambientales deberían considerarse en un contexto más amplio. 
Es discutible que la propuesta vaya a tener beneficios ambientales que merezcan la pena. 
La Comisión, cuando cita pruebas que pueden tildarse más bien de anecdóticas, sostiene que los camiones se desvían innecesariamente para llenar sus grandes depósitos en países donde los impuestos especiales, y por tanto los precios en la estación, son inferiores. 
La propuesta contiene una referencia a un informe de la OCDE de 1997 que concluye que el «turismo de la gasolina» representaba el 20% de las ventas en Suiza, por ejemplo. 
Incluso si se acepta esta cifra, no hay forma de saber si es una verdadera sustitución –que los camioneros no repostan antes de partir de su país de origen– o si se debe a que los conductores se desvían para llenar el depósito en ciertos países. 
Me pregunto si es realmente un problema de tal magnitud como para merecer una medida de tan gran alcance, la armonización total, como ha propuesto la Comisión. 
Tampoco estoy del todo convencida de que sea siquiera deseable eliminar las diferencias de los impuestos especiales entre los Estados miembros. 
Opino que un elemento de competencia fiscal es muy saludable, especialmente porque la campaña de la armonización produciría impuestos más altos en la mayoría de los Estados miembros. 
Por último, viniendo como vengo yo de una región periférica de la Unión, considero que también hay que tener en cuenta los aspectos regionales. 
No es probable que el turismo de la gasolina afecte a los camiones escandinavos de la misma manera que a las empresas de transporte alemanas o belgas en las congestionadas regiones de la Unión. 
Creo que esta propuesta se ha presentado fuera de su contexto adecuado. 
Aunque hay una serie de referencias al debate en curso sobre un nuevo marco de política de transporte y la propuesta de introducir una tasa por el uso de infraestructura, no ha habido un verdadero debate sobre la interacción entre estas dos iniciativas. 
La Comisión ha presentado propuestas concretas de tasas e impuestos de infraestructura, por lo que habría sido mejor si estas medidas se hubieran propuesto simultáneamente. 
De lo contrario, existe un verdadero riesgo de que el sector del transporte acarree una carga excesiva en forma de mayores impuestos sobre el gasóleo y mayores tasas de infraestructura. 
Si bien es verdad que la letra e) del artículo 8 se refiere a este problema, solo se aplica durante el período transitorio, y solo a los camiones que pesen menos de 16 toneladas. 
Además, ¿cómo afectará esta propuesta a los nuevos Estados miembros, algunos de los cuales aplican actualmente tasas que son bastante más bajas que las que están en vigor ahora en la Unión Europea? 
¿Es realista, tal y como propone la Comisión, esperar un tipo impositivo armonizado que se aplique a todos los 25 Estados miembros para 2012? 
Me temo que un aumento masivo de los precios en varios Estados miembros nuevos supondría una carga tan tremenda para ellos, aparte del aumento de la inflación justo cuando luchan para bajar sus niveles de inflación para poder entrar en la UME, que este desarrollo no es políticamente posible. 
Además, los países candidatos ya han hecho mucho por adaptar el tipo impositivo mínimo actual y el relativamente modesto aumento previsto en la Directiva relativa al impuesto sobre la energía ya puede estar creando dificultades para algunos países. 
Uno de los motivos de la Comisión para presentar esta propuesta bastante compleja es equiparar rápidamente el tipo impositivo para turismos al tipo de la gasolina sin plomo. 
La Comisión justifica este tipo de tratamiento fiscal desde el punto de vista medioambiental. 
Debemos estudiar qué impacto tendría la armonización de estos tipos fiscales, por ejemplo, en la I+D para los motores diesel. 
También hemos de tener en cuenta que en estos momentos, en un mercado competitivo, los fabricantes europeos son líderes de mercado en el terreno de la tecnología diesel. 
Asimismo, debemos analizar qué impacto tendrá en la industria petrolífera y las refinerías de petróleo, ya que, con la propuesta, es probable que el consumo de gasóleo disminuya. 
Por último, quiero decir que antes del intermedio del verano intenté hacer algunas enmiendas a esta propuesta, para que el Parlamento pudiera aprobarla. 
Sin embargo, solo he recibido confirmaciones orales de la Comisión de que el cambio que desea el Parlamento será de hecho en lo que insiste la Comisión en el Consejo. 
Resulta muy poco satisfactorio que el procedimiento de consulta en el Parlamento tenga que rechazar la propuesta o dar a la Comisión carta blanca en sus negociaciones con el Consejo. 
Por tanto, espero que en el futuro un nuevo acuerdo constitucional permita el uso del procedimiento de codecisión y la toma de decisiones por mayoría cualificada en asuntos de fiscalización, facilitando mucho más al Parlamento la tarea de aprobar una propuesta de la Comisión con ciertas enmiendas y de volver sobre la cuestión en una segunda lectura. 
.– Señora Presidenta, Europa debe adoptar medidas relativas al uso del coche si queremos cumplir las obligaciones de Kioto. 
Sería una acción con poca visión de futuro intentar alcanzar los objetivos de Kioto a expensas de quienes crean empleo, si no se ha intentado antes aprovechar todas las oportunidades que permite el transporte para reducir las emisiones. 
La Unión Europea ya ha concluido acuerdos, por ejemplo, con los fabricantes de coches europeos, en relación con la producción de coches que sean más limpios y tengan un mejor comportamiento en cuanto a la economía de carburante. 
La directiva que tenemos ante nosotros es importante por los esfuerzos de la parte demandante por lograr el mismo fin mostrando los costes a los consumidores. 
Es una verdadera pena que la propuesta de la Comisión venga sola. 
Para su aprobación debería discutirse en un contexto amplio: en una década se ha propuesto establecer un sistema fiscal europeo que comprenda cargas para el registro y el uso de vehículos, un sistema de fijación de precios inteligente para la infraestructura e impuestos de carburante armonizados. 
Como ahora no es posible aprobar un enfoque tan exhaustivo, y como esta directiva fija el nivel de impuestos a los carburantes para bastante tiempo, parece improbable que se tome una decisión. 
Una revisión completa redundaría en interés de los consumidores y garantizaría un desarrollo equilibrado del transporte en regiones poco pobladas donde no hay transporte público. 
En las regiones rurales y remotas las personas dependen más de los coches privados, y el coste externo de transporte es más bajo que en otros lugares. 
Las personas tienden a reconsiderar sus opciones solamente cuando se produce un gran cambio, por ejemplo, cuando se cambian de casa, cambian de lugar de trabajo o se compran un coche; quizá ni siquiera se den cuenta de que se han producido desarrollos sustanciales en los servicios públicos. 
Por consiguiente, los grandes cambios en los costes inmediatamente perceptibles, como los precios de los carburantes o la tarificación vial, son iniciadores importantes de los procesos de elección. 
En este sentido, un modelo lineal para aumentar el impuesto especial sobre el carburante puede ser demasiado lento y gradual para estimular a los consumidores a percibir la situación de tal forma que cambien sus hábitos de consumo. 
En todo caso, es importante desde el principio recalcar en la información pública el objetivo final de internalizar los costes externos del transporte. 
Los vehículos diesel consumen menos carburante y producen menos emisiones de dióxido de carbono. 
Sin embargo, hay que recordar que emiten más óxidos de nitrógeno y partículas, lo que supone una grave amenaza contra la salud pública. 
Por lo tanto, puede considerarse un objetivo justificado aproximar los tipos de impuesto especial sobre el gasóleo y la gasolina. 
. Señora Presidenta, lamento que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Sra. Kauppi sean tan negativos con respecto a la propuesta de la Comisión. 
Por supuesto respeto el hecho de que mucha gente se oponga a la armonización fiscal por principio. 
Naturalmente, resulta muy útil que los países determinen sus propios impuestos porque estos financian una parte considerable de la facilitación de bienestar, que, como se sabe, difiere de un Estado miembro a otro. 
Incluso aunque sea importante por principio defender el derecho de los países a determinar sus impuestos, no obstante, el principio no debería seguirse hasta el punto en que se vuelve contraproducente. 
En ciertos ámbitos los tipos de impuesto común tienen un claro valor añadido. 
El impuesto sobre el gasóleo es uno de estos ámbitos. 
Hay una serie de desventajas en el hecho de tener diferentes tipos de impuesto sobre el gasóleo en los Estados miembros. 
En primer lugar, los diferentes tipos de impuesto militan en contra de la competencia justa entre las empresas de la Unión Europea, por lo que transportar sus productos cuesta más en un país que en otro. 
Crea un desequilibrio en la competencia entre empresas. 
En segundo lugar, esta diferencia promueve lo que se conoce como turismo de carburante. 
Yo mismo he trabajado en el sector del transporte, conduciendo camiones pesados. 
Sé que los conductores viajan cientos de kilómetros extra para comprar gasóleo barato. 
No solo esto, sino que acoplan depósitos adicionales a sus camiones para poderlos llenar con suficiente carburante para hacer el viaje de forma mucho más rentable. 
Por supuesto, este turismo de carburante también contribuye más a destruir el medio ambiente. 
Trabajamos un número innecesario de horas en la carretera, y el número de accidentes va en aumento. 
Este es el precio que hemos de pagar por las grandes discrepancias que actualmente prevalecen en el ámbito fiscal. 
En tercer lugar, esta situación, que acoge grandes diferencias en la fiscalización, crea espacio para la competencia desleal. 
La diferencia entre los diferentes costes del transporte de diferentes países va aumentado, lo que deja espacio para la competencia desleal social. 
El medio ambiente, la seguridad vial, las condiciones de los empleados y las condiciones justas de la competencia serán los grandes perdedores si en la Unión Europea conservamos un mecanismo que contiene grandes diferencias entre los costes del carburante. 
. – Señora Presidenta, señor Comisario, celebro la forma en que la Sra. Kauppi, en su informe revisado, se ha alejado de su postura negativa. 
Señora Kauppi, tiene usted bastante razón cuando dice que la propuesta de la Comisión deja espacio para la mejora, pero no puedo sentirme satisfecha con el resultado de la votación en la comisión principal, que la ha rechazado. 
Con esta propuesta de armonizar la fiscalización del gasóleo con fines profesionales, la Comisión ha actuado con valor en la dirección correcta, una acción a la que no ha podido unirse la comisión principal, ignorando así las recomendaciones a su favor en las opiniones de los comités asesores. 
En esencia, la propuesta de la Comisión tiene dos finalidades. 
Contempla el esclarecimiento de las normas fiscales sobre carburantes, con fines profesionales por un lado y para uso privado por el otro, y, en segundo lugar, la armonización de los impuestos especiales sobre gasóleo para uso profesional con objeto de evitar distorsiones de la competencia. 
Sin embargo, la competencia no solo se distorsiona cuando no se armonizan los tipos de impuestos especiales, sino también porque los conductores trabajan y conducen durante distintos períodos de tiempo. 
No obstante, esto no debería ser motivo para rechazar la propuesta, sino más bien para mejorarla. 
Después de todo, el Parlamento siempre ha animado y aprobado medidas para abrir los mercados y hacer que la competencia sea justa. 
Además, la armonización va dirigida a evitar desvíos y los consiguientes daños que para el medio ambiente puedan suponer estos desvíos. 
No se puede negar que el «turismo de la gasolina» es algo habitual hoy día y en parte es responsable de los daños causados al medio ambiente. 
Así, ¿cuál es la situación actual con este resultado? 
En primer lugar, no se consigue aproximar las condiciones de la competencia en el sector del transporte, algo que urge tanto. 
En segundo lugar, esta decisión se reduce a un paso retrógrado también desde el punto de vista de la política ambiental. 
Esto es lamentable, y creo que habría tenido sentido, especialmente hoy día, que la Comisión mejorara su propuesta para abordar la deplorable situación que he mencionado. 
– Señor Comisario, Señorías, he de decirle a la Sra. Wenzel-Perillo que el informe de la Sra. Kauppi, en la resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, página 9, quiere decir lo siguiente: «Instamos a la Comisión a que presente una nueva propuesta con carácter de urgencia». 
De esto es precisamente de lo que se trata. 
No hemos rechazado la propuesta o hemos dicho que todo sea ridículo. 
Hay muchos enfoques, y todos ellos correctos, pero, si vamos a pensar en términos globales, sigue habiendo muchas cuestiones por resolver. 
Creo que la armonización de los impuestos especiales sobre el carburante tiene sentido, pero, ¿cumple su finalidad si conservamos las diferencias en la fiscalización, los peajes, la tarificación vial y los impuestos sobre vehículos? 
Si estamos a favor de un mercado interior, también tenemos que pensar en los efectos sobre el medio ambiente. 
¿En esta directiva tiene sentido ecológico para nosotros favorecer los vehículos de artículos pesados separando los tipos de impuestos especiales y de gasóleo para el sector profesional y el sector privado? 
¿No deben urgentemente los coches diesel reducir las emisiones de CO2? 
Por lo tanto, no vemos ninguna justificación para aproximar los tipos de impuestos especiales para el gasóleo y la gasolina. 
¿No hay circunstancias en las cuales esta abundancia sin control de distintos tipos de impuestos sobre el gasóleo de lugar a abusos y constituya un abuso de la confianza de todos los que asumieron costes de adquisición más elevados cuando optaron por el gasóleo? 
Entonces, permítame concluir diciendo que todavía hay cosas por hacer en cuanto a los impuestos en relación con el mercado interior, pero aún es preciso resolver varias cuestiones antes de poder decir que la ecuación costes-beneficios es equilibrada. 
Por lo tanto, estoy bastante sorprendido de que en la página 24 de la comunicación que mañana la Comisión presentará al Parlamento Europeo se diga en el programa de trabajo para 2004 que esta directiva ya puede transponerse, a pesar de que estemos hoy hablando de la necesidad de que la Comisión presente una nueva propuesta. 
Solamente si la nueva propuesta de la Comisión llega pronto, podremos alcanzar el objetivo del programa de trabajo. 
– Señora Presidenta, esta directiva no se transpondrá tan rápidamente como imagina la Comisión. 
Evidentemente, este es un caso típico de racionalización. 
Me gustaría mucho que el tradicional sector del transporte fuera tan afín a la regulación de ámbito europeo como lo es a luchar contra las distorsiones de la competencia. 
Sencillamente hay ciertas cosas que deben considerarse en su conjunto; digo esto a modo de introducción. 
En términos básicos, señor Comisario, naturalmente que comparto la opinión de la Comisión de que armonizar los impuestos indirectos tiene sentido como medio para garantizar el debido funcionamiento del mercado interior Los argumentos basados en la competencia justa y la protección del medio ambiente siempre gustan al público. 
Sin embargo, en estos momentos este asunto ha de examinarse bajo una luz más matizada. 
Por un lado, este es un asunto que yo casi llamaría la incapacidad de la Comisión para crear una política más completa para el público del sector del transporte, y, por el otro, los ministros de finanzas quieren recaudar más dinero aumentando los impuestos sobre el gasóleo. 
La forma en que interactúan la carretera y el ferrocarril demuestra una política de aislamiento en lugar de integración. 
De la misma forma que necesitamos un concepto de transporte completo para Europa, también necesitamos un concepto global para todos los impuestos sobre vehículos de motor, peajes y la directiva sobre costes de infraestructura de transporte. 
Ha de verse en su conjunto, como un paquete único. 
Solamente en este contexto la armonización del impuesto sobre gasóleo será razonable y viable. 
En la propuesta de una directiva, la Comisión también se ha referido al aumento radical del número de coches diesel de propiedad privada y ha lamentado la pérdida de ingresos de los presupuestos de los Estados miembros. 
Lo tilda de error que debe corregirse. 
Es lamentable que no tenga nada más que decir sobre los propietarios de estos vehículos, que por norma son más baratos y utilizan menos carburante, quienes hasta ahora han podido conducir de forma más barata con gasóleo. 
Merece la pena examinar más de cerca la cuestión de quién conduce estos vehículos. 
Por norma, sus conductores suelen ser trabajadores que están obligados a viajar para trabajar en coche todos los días porque no disponen de otras opciones. 
En algunos países estos vehículos constituyen más del 50% de los coches privados. 
La política fiscal europea estableció que era precisamente este factor el que tenía un efecto decisivo sobre el mercado de coches, y, finalmente, en este sector las preocupaciones ambientales han dado lugar a mejoras en la tecnología. 
Me parece que es en este contexto donde es preciso considerar esta cuestión en su totalidad. 
No creo que la idea subyacente sea la equivocada o sea mala, sino que simplemente la propuesta debe revisarse o volverse a elaborar. 
En su forma actual no se ajusta exactamente a nuestra forma de pensar. 
Mi grupo recomienda que la Comisión presente una nueva propuesta y defienda el rechazo de la que se nos ha presentado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, este es un asunto delicado. 
Así nos lo parece por las numerosas vicisitudes por las que ha pasado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios desde que por primera vez nos ocupamos de la cuestión del impuesto sobre el gasóleo. 
Por supuesto, el debate celebrado en la Asamblea esta noche también confirma esto. 
Quiero agradecer a mi colega la Diputada al Parlamento Europeo, la Sra. Kauppi, por el diligente y ambicioso trabajo que siempre ha llevado a cabo. 
Sin embargo, esta vez, y espero que solo sea una, he de informarles de que la mayoría del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no comparte sus conclusiones. 
Podemos aceptar que la propuesta de la Comisión entraña problemas, cuestiones difíciles y consideraciones delicadas. 
Sin embargo, mi conclusión es que es una pena que la mayoría de la comisión no haya podido basarse en lo bueno de la propuesta y mejorarlo en lugar de rechazarlo en su totalidad, algo que ahora proponen los dos grandes grupos políticos. 
Por lo tanto, comparto la opinión del Sr. Bolkestein en este asunto, y explicaré por qué. 
En primer lugar, la enmienda del Grupo ELDR se refiere a la coordinación fiscal, no a la armonización. 
Proponemos permitir que los impuestos varíen y fluctúen en una banda fiscal ancha, dejando espacio para los propios juicios de los Estados miembros sin prescindir de lo bueno de la propuesta. 
En segundo lugar, la propuesta de la Comisión trata, naturalmente, sobre la mejora del medio ambiente. 
Ciertamente creo que algunos de los argumentos suenan como un puñado de excusas. 
La competencia fiscal, estoy de acuerdo, puede ser algo bueno, pero no si el medio ambiente sufre las consecuencias. 
Los impuestos ambientales y energéticos son los impuestos que en mi opinión pueden decidirse a escala de la Unión Europea. 
En tercer lugar, las grandes diferencias entre los Estados miembros perjudican al mercado interior. 
Sostener, como hace la Sra. Kauppi, que no hay turismo de gasóleo es, de hecho, esconder la cabeza en la arena, o quizá en el depósito, y no ver lo que en realidad ocurre. 
Una propuesta modificada de la Comisión sería buena para el medio ambiente, fortalecería el mercado interior y mejoraría la competencia. 
Oponerse a ello en esta Asamblea es algo imposible para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos o para el Grupo del Partido Socialista Europeo. 
No terminemos retrocediendo por miedo o liándonos en una retórica exagerada cada vez que debatimos una propuesta con la palabra «impuesto». 
– Señora Presidenta, señor Comisario Bolkestein, no es la primera vez que manifiesto en el pleno que mi Grupo comparte su opinión y que estamos especialmente decepcionados con el voto de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que a mi entender es un voto reaccionario. 
Antes de presentar mis observaciones, releí la propuesta de la Comisión, el documento del 24 de julio, y considero, por mi parte y en nombre de mi Grupo, que la propuesta presentada por sus servicios es de excelente calidad, pues hace un diagnóstico muy bueno y explica bien los efectos esperados de esta propuesta. 
Quisiera destacar una vez más a mis colegas que la Comisión ha presentado una propuesta extremadamente gradual, con efectos esperados en 2010-2012 en los países candidatos. 
Parte de un tipo central extremadamente bajo, que es la mera indexación del tipo vigente en 1992 y, es cierto, esto significa que algunos Estados tendrán que elevar esos tipos. 
Pienso también que la observación de algunos de los diputados de que hay que proponer un paquete conjunto, no es más que un subterfugio para eludir la cuestión; en otras palabras, no habrá acuerdo sobre todas las medidas propuestas. 
Quisiera decir también –y a mi entender es una de las razones por las cuales los principales Grupos políticos rechazan esta propuesta– que evidentemente usted hace hincapié en el aspecto de distorsión de la competencia, pero si se lee atentamente la propuesta de la Comisión, se ve bien que, si el objetivo es no aumentar, por ejemplo, la fiscalidad total de los Estados, ello exige una reorganización de los regímenes fiscales nacionales. 
Por ejemplo, una propuesta que apoyamos es reducir la fiscalidad del transporte en sus partes fijas y favorecer, por el contrario, la imposición en función del uso, lo cual es el mismo índice que el del principio de quien contamina paga. 
Está claro que los Estados no quieren injerencias en los regímenes fiscales. Se equivocan. 
Quisiera decir también que desde el punto de vista del desarrollo sostenible, el documento de la Comisión destaca que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los costes externos del transporte representan el 8% del PNB. 
Creo, pues, que la Comisión tiene razón al subrayar que si el Consejo quiere respetar los objetivos, en particular en materia de reducción de las emisiones de contaminantes de los vehículos particulares, hay que seguir sus propuestas. 
Señor Bolkestein, tiene todo el apoyo de mi Grupo, pero sé que por desgracia le será insuficiente. 
No obstante, continuaremos el combate juntos. 
Algún día lo conseguiremos. 
– Señora Presidenta, esta tarde he pasado en coche por Luxemburgo. 
Tal y como corresponde a un verdadero neerlandés, siempre lleno el depósito allí y pago precios luxemburgueses. 
Normalmente lo lleno en los Países Bajos, pero si paso por Luxemburgo de camino a Estrasburgo, me sale más rentable. 
De acuerdo con la exposición de motivos de la Comisión relativa a la propuesta de armonización, numerosos conductores conducen kilómetros extra para repostar en otro sitio más barato. 
Esto me parece ilógico y no creo que sea motivo para presentar una propuesta trascendental de armonización. 
Mi primera objeción es que la propuesta no está a la altura de otras propuestas de abordar los problemas medioambientales a raíz de la movilidad y el transporte. 
Además, considero que la armonización propuesta de impuestos especiales sobre el carburante es una medida poco deseable en vista de la soberanía de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalización. 
La Sra. Kauppi tiene razón al señalar que toda competencia en materia de fiscalización es saludable. 
Por lo tanto, me sumo a la propuesta de la Sra. Lulling y a la Sra. Villiers en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de rechazar la propuesta, y nos ha respaldado una gran mayoría. 
Insto a mis colegas los Diputados al Parlamento Europeo a seguir nuestra posición y a rechazar la propuesta de armonización. 
Por último, quiero preguntar al Comisario Bolkestein qué va a hacer la Comisión cuando el Parlamento rechace la propuesta. 
Agradecería una respuesta concreta. 
– Señora Presidenta, no puedo sino aprobar la opinión de la ponente, pues Europa necesita más y no menos competencia fiscal. 
El tipo impositivo medio en Europa ya supera el 40%, que es bastante más alto que en Japón y los Estados Unidos, y con las consecuencias que todos conocemos. 
Hemos de lidiar contra un desempleo en aumento, con una menor creación de empresas y niveles descendentes de inversión. 
La Comisión conoce estos hechos y, sin embargo, defiende la introducción de aumentos fiscales, evitando el trabajo sucio a los ministros de economía de los Estados miembros, que aumentan los impuestos y responsabilizan a la Unión Europea. 
Hacer esto sería sencillo si nos comprometiéramos conjuntamente a convertir en realidad el mercado interior y garantizáramos que no se restringen las normas de competencia. 
Como los Estados miembros tendrían que atenerse a estructuras reducidas, los obstáculos administrativos y los impuestos disminuirían automáticamente. 
Si no aprovechamos esta oportunidad, Europa se convertirá en un gigante en constante expansión pero debilitado y seco. 
También podría equivaler a una gran idea que va a darse de bruces. Y esto sería una pena, pues necesitamos una Europa fuerte. 
– Señora Presidenta, la Comisión ha elegido un momento inoportuno para presentarnos una propuesta compleja y totalmente superflua de normas especiales aplicables a la fiscalización del gasóleo. 
Además, pretende armonizar, para 2010, en su totalidad los impuestos sobre el gasóleo con fines profesionales, lo que acabaría por reducirse, en la mayoría de los Estados miembros, a un aumento fiscal y, por tanto, un aumento del precio del gasóleo. 
Además, se propone, sin tener en cuenta los devastadores efectos en la tecnología diesel, aumentar el tipo impositivo sobre el gasóleo hasta el nivel del de la gasolina sin plomo. 
Tal y como ha descrito nuestra ponente, esto es totalmente absurdo. 
Ante la lamentablemente intransigente actitud de la Comisión con respecto a las enmiendas propuestas con espíritu de buena voluntad por nuestra ponente la Sra. Kauppi, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a la que pertenezco, han votado por aplastante mayoría, de veintitrés votos y dos abstenciones, a favor de rechazar la propuesta de la Comisión en su totalidad, y lo han hecho por los buenos motivos ya mencionados. 
El resultado de la propuesta de la Comisión sería un sistema complejo de reembolsos, un sistema que sería burocrático, caro y casi impracticable. 
Nos dejaría completamente expuestos al fraude fiscal, con el que ya estamos familiarizados en el contexto del IVA, y personalmente estoy de acuerdo con lo que nuestra ponente ha dicho, a saber, que la competencia fiscal saludable es deseable y útil para estimular el crecimiento económico; realmente no creo que distorsione la competencia en el mercado interior. 
¿Qué sentido tiene imponer impuestos aún más elevados a nuestras empresas cuando el ambiente económico lleva un tiempo caracterizándose por el estancamiento y el desempleo? 
Algo así es absurdo, y espero que la Comisión escuche a nuestra ponente y nos presente un paquete completo y debidamente estudiado para coordinar, entre otras cosas, el tratamiento fiscal del carburante y las tasas por el uso de la infraestructura. 
– Señora Presidenta, las iniciativas de la Comisión para armonizar la fiscalización de vehículos y carburantes están ampliamente justificadas y son bienvenidas. 
Están justificadas porque constituyen un factor esencial para que el mercado interior funcione sin problemas, intentando eliminar o aliviar la situación anómala de los mercados de los vehículos y del carburante que están muy segmentados. Estas iniciativas son bienvenidas porque dan sistemáticamente prioridad a un enfoque que tiene en cuenta el impacto medioambiental del tráfico. 
El transporte y la movilidad son, hoy día, factores cruciales para la tarificación de productos y servicios y, por lo tanto, es crucial que en modo alguno contravengan la competencia. 
Sin embargo, esto no significa que ahora pueda haber una armonización completa de la fiscalización de los carburantes incluso si se extiende en el tiempo. 
Naturalmente, un grado de competencia en la fiscalización es perfectamente aceptable si produce beneficios tangibles para los consumidores. 
El objetivo último de todas las iniciativas y propuestas de iniciativa comunitarias debe ser satisfacer las necesidades de los ciudadanos europeos, posibilitando el acceso a los productos y garantizando su calidad, asegurando la sostenibilidad ambiental de las sociedades o gradualmente reduciendo los costes del acceso a este tipo de productos. 
Esta propuesta, con estas palabras concretas, no parece que vaya a contribuir a lograr resultados significativos en relación con la protección del medio ambiente e incluso podría constituir una presión para elevar los precios. 
Además, el Consejo solo puede aceptar una iniciativa de este tipo si está integrada en la directiva sobre fiscalización de productos energéticos y en la propuesta de una directiva marco sobre la tarificación de infraestructuras, y si está coordinada con ellas. 
La complejidad política de esta cuestión y las dificultades de la gestión, en el contexto de esta directiva, de los aspectos administrativos de su aplicación, especialmente los relativos a la distinción entre el carburante utilizado con fines profesiones y el carburante para uso privado, y la consecuente devolución o reembolso de los impuestos, justifican el punto de vista reservado de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Sin embargo, la Comisión debe considerar el posible rechazo de esta propuesta como un acicate para elaborar un nuevo proyecto que tenga en cuenta las sugerencias y las propuestas formuladas en el Parlamento Europeo respetando el interés inmediato de los ciudadanos y contribuyendo a superar la resistencia inevitable de algunos Estados miembros. 
. Algunos diputados al Parlamento han hablado de competencia en el ámbito fiscal. 
De hecho, han hablado de «soberanía» fiscal. 
Quiero leer en voz alta el artículo 93 del Tratado. 
El texto que tengo delante está en francés. 
«El Consejo, actuando por unanimidad a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo [... ] adoptará las disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos, [... ] en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior [... ] ». 
El texto en inglés dice que «the Council shall establish measures». 
La palabra «shall» indica que el Consejo no tiene más opción que armonizar los impuestos especiales en la medida en que sean un obstáculo para el mercado interior. 
Por tanto, que no se le diga a la Comisión que esto tiene algo que ver con la soberanía fiscal. 
El artículo 93 del Tratado dice que el Consejo debe armonizar los impuestos especiales si constituyen un obstáculo para el correcto funcionamiento del mercado interior. 
Entonces se plantea la cuestión de si existe un obstáculo al correcto funcionamiento del mercado interior. 
El Sr. Blokland ha dicho que a él no le parece lógico que los camiones y los coches se desvíen para ir a Luxemburgo a repostar gasóleo. 
Permítanme darles unas cifras. 
Estas cifras corresponden a las ventas de gasóleo por habitante. 
Son las siguientes: 610 litros en Bélgica, 531 en Dinamarca, 424 en España y 536 en Francia. 
Todas estas cifras se mueven entre los 400, 500 y 600 litros por habitante. 
Después está Luxemburgo. 
Mientras que las cantidades de todos los demás Estados miembros no superan los 640, que es la cifra de Austria, en Luxemburgo la cifra es de 3.106. 
Es bastante sencillo: porque los impuestos especiales de Luxemburgo son muy bajos, y, por tanto, es evidente que aquí existe una distorsión del mercado interior. 
No hay sombra de duda al respecto. 
Si el Sr. Blokland dice que esto no es muy lógico, entonces me temo que no puedo seguir la lógica del Sr. Blokland. 
En mi opinión es perfectamente lógico que los camiones y los coches se desvíen para hacer cola en Luxemburgo. 
Al viajar a Luxemburgo se puede ver la larga fila de camiones que van a repostar ese gasóleo barato. 
Por tanto, no hay duda alguna de que aquí existe una distorsión del mercado interior. 
Este es uno de los motivos por los que la Comisión lanza esta propuesta, que el Consejo va a estudiar después de que el Parlamento haya emitido su dictamen. 
El segundo motivo, y el Sr. Jonckheer ha estado muy acertado al señalarlo, es que la ejecución de esta propuesta propiciará una reducción general de las emisiones de contaminantes, como los NOx, los compuestos orgánicos volátiles, el SO2 y las partículas. 
También disminuirán las emisiones de CO2. 
Por este motivo las ONG de medio ambiente apoyan esta propuesta. 
El Sr. Jonckheer hace muy bien en señalar esto a sus colegas. 
Ha concluido su discurso diciendo que probablemente su apoyo no sea suficiente. 
Yo no soy tan pesimista. 
Creo que después de este debate muchos diputados al Parlamento se darán cuenta de que existe una distorsión de la competencia, de que armonizar los impuestos especiales sobre el gasóleo es bueno para el medio ambiente, y de que el artículo 93 establece la obligación, no la opción, para el Consejo de llevarlo a cabo. 
Esto es también lo que pretende la Comisión. 
Además, la intención de la Comisión no es aumentar los impuestos, ni mucho menos. 
Esto es lo último que la Comisión querría hacer. 
Los Estados miembros son perfectamente libres de recortar sus impuestos en otros ámbitos si se ven obligados a aumentar los impuestos especiales sobre el gasóleo. 
Por tanto, no piensen que la Comisión quiere hacer eso. 
Realmente no es así. 
En cuanto a la situación de los futuros Estados miembros, permítanme hacer hincapié en que durante las negociaciones en torno a la ampliación, todos los futuros Estados miembros aceptaron aplicar los tipos mínimos actuales sobre combustibles para automóviles a partir del 1 de mayo de 2004, la fecha en que se convertirán en Estados miembros. 
La mayoría, excepto los Estados bálticos, ya han rebasado esos tipos. 
El Sr. Blokland me ha preguntado cómo reaccionaría si el Parlamento rechazara esta propuesta. 
Una vez más, no creo que eso suceda. 
Sin embargo, si así ocurriera, entonces, conforme a los acuerdos existentes entre el Parlamento y la Comisión, plantearé la cuestión en el Colegio de Comisarios para estudiar con detenimiento cuál será la posición de la Comisión en esas circunstancias. 
Por último, en cuanto a las enmiendas, como ya he dicho, la Comisión podría aceptar la creación de un margen de fluctuación indiciado para los impuestos especiales aplicables al gasóleo para uso profesional como segunda mejor solución. 
También podría aceptar la alineación de la presente propuesta con las disposiciones de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, en particular con respecto a la definición del gasóleo para uso profesional y a los tipos fiscales. 
Por tanto, la Comisión está de acuerdo en principio con las enmiendas 1, 3 a 12 y 14 a 16. 
Las enmiendas 2 y 13 son aceptables en parte, con algunas modificaciones cuando se refieren al establecimiento de una vinculación entre esta Directiva y la Directiva sobre el gravamen del uso de las infraestructuras viales. 
La Comisión no apoya la enmienda 17, porque los tipos propuestos no son coherentes con la Directiva sobre fiscalidad de la energía. 
La propuesta puede parecer complicada, pero es muy simple. 
Es beneficiosa para el medio ambiente. 
Combate la distorsión del mercado interior, tal y como debe hacer de acuerdo con el artículo 93 del Tratado. 
– Señora Presidenta, debido a que el Comisario ha utilizado lo que he de describir como comparaciones intelectualmente deshonestas para ridiculizar a mi propio país y se ha atrevido a describir nuestros impuestos como demasiado bajos, lamentándolo un poco, he de corregirle en ciertos aspectos. 
No sé lo bueno que el Comisario Bolkestein fue en geografía en el colegio, pero he de decir que Luxemburgo resulta estar donde está, y que cuando el Sr. Blokland va de Holanda a Estrasburgo, no está cometiendo «turismo de gasolina» si pasa por Luxemburgo. 
Ese es el camino más fácil para llegar aquí, y simplemente le pasa que ha de llenar el depósito por el camino. 
Después de todo, esta es una de las libertades del mercado común –libre circulación de productos, de capital, de personas, etcétera– y la Comisión ahora pretende poner en peligro una de estas libertades fundamentales, la de la libre circulación de productos y servicios. 
También quiero señalar que todos los días 100 000 personas cruzan la frontera a Luxemburgo para trabajar, procedentes de Bélgica, Alemania y Francia. 
Tienen derecho a llenar allí sus depósitos. 
Estamos creando puestos de trabajo para 100 000 personas que se desplazan para trabajar a través de fronteras nacionales, que de lo contrario estarían rondando por las calles de Francia y Bélgica. 
Sus argumentos, señor Comisario, no se tienen en pie, y me parece lamentable que se haya atrevido a aducirlos. 
. Señora Presidenta, ¿qué sería un debate sin una última intervención de la Sra. Lulling? 
No me daría la misma sensación de calidez, la sensación que ahora tengo. 
Muchas gracias por su contribución, señora Lulling, pero ¿podría usted explicarme por qué el consumo de combustible de Luxemburgo es un 500% superior al de Austria, el siguiente país en la cabeza de la lista? 
Si puede usted explicármelo entonces quizá cambie mis propuestas. 
Pero no puede. 
Es sencillamente porque los impuestos especiales en Luxemburgo son muy bajos. 
Está claro como el agua. 
Gracias, Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la tarde. 
(1) 
– Nos han conmocionado profundamente las trágicas noticias del ataque con bomba a la base italiana de Nasiriya el 12 de noviembre de 2003 y el número de víctimas mortales que, hasta el momento, asciende a 27 personas: 19 italianos, 8 iraquíes y muchos heridos. 
Estos hombres y mujeres jóvenes, profesionales, estaban entusiasmados y comprometidos con su misión, que consistía en asegurar la paz y aliviar el sufrimiento de la población de esta región devastada por la guerra. 
Diecinueve de elloshan regresado a su país de origen en ataúdes envueltos con la bandera tricolor italiana. 
Ya he expresado, en su nombre, nuestras más sinceras condolencias a las familias de estas víctimas, al Presidente de la República Italiana, el Sr. Ciampi, al Primer Ministro, el Sr. Berlusconi, al Ministro de Defensa, el Sr. Martino, al cuerpo de policía y a las fuerzas armadas y, naturalmente, al pueblo italiano. 
También nos solidarizamos con los heridos de este ataque, por su sufrimiento personal y la trágica pérdida de sus amigos y compañeros. 
En nombre del Parlamento Europeo, expreso nuestra más profunda indignación y condena por este ataque. 
Rindamos homenaje en este día de luto nacional en Italia, a la valentía, coraje y dedicación de los italianos y soldados que dejaron sus vidas en el Iraq por la paz y la libertad. 
Ruego guardemos un minuto de silencio en su memoria. 
(1) 
– De conformidad con el orden del día, el primer punto se refiere a la declaración de la Comisión sobre su programa legislativo y de trabajo para 2004 y la pregunta oral sobre Eurostat (PPE-DE: O-0067/2003 – B5-0415/2003). 
– Señor Presidente, Señorías, esta es la última vez en esta legislatura que me voy a dirigir al Parlamento sobre el estado de la Unión. 
Se trata de una ocasión solemne en el trabajo de nuestras instituciones cuando, tradicionalmente, hacemos balance de la situación y echamos un vistazo juntos al trabajo que la Comisión prevé hacer en el próximo año. 
Lamento decir que, este año, nuestros corazones y nuestras mentes están gravemente trastornadas por los trágicos eventos que han dominado las noticias recientemente. 
Me refiero a la serie de actos de violencia que han sembrado el terror y el dolor en el Iraq y Turquía. 
En este momento, mis pensamientos y los suyos están con las personas afligidas en Italia, a las que extendemos el apoyo de todas las personas de Europa por la muerte de los 19 jóvenes en misión de paz. 
Nuestros pensamientos también están con los que lloran las muertes en Turquía y las comunidades judías, y con todos los que sufren en todo el mundo a causa de los ataques terroristas. 
Sé que puedo hablar en nombre de toda la Comisión al expresar mi más profunda solidaridad con todas las mujeres, hombres y niños que se han visto afectados por estas tragedias. 
Señorías, los problemas que experimentamos todos los días nos muestran que, a pesar de estos momentos difíciles, la Unión goza de buena salud, a pesar de los euroescépticos y las críticas inesperadas. 
La situación no es fácil porque nos encontramos en un período de transición delicado y complejo, pero tenemos al alcance de la mano una Unión más grande y más fuerte. 
Hemos atravesado dos años difíciles para la economía, pero los últimos indicadores sugieren que estamos dejando atrás este período negativo. 
Hay expectativas amplias de que la actividad económica se recupere durante la segunda mitad de este año y después se acelere en 2004. 
Parece que lo peor ha pasado: los negocios y la confianza del consumidor están aumentando, y por fin el optimismo está empezando a crecer entre los operadores europeos. 
Las economías también se están recuperando en otras regiones del mundo fuera de la Unión. 
En los Estados Unidos, los estímulos fiscales y monetarios y un aumento de la productividad están manteniendo altas las tasas de crecimiento. 
Sin embargo, hay cierta preocupación sobre el déficit, que podría incrementarse el próximo año como resultado de los recortes fiscales y el coste del conflicto en el Iraq. 
En Japón, las perspectivas parecen, por fin, buenas y la tendencia del resto de economías asiáticas se mantiene al alza, con una previsión de crecimiento del 6,7 % para el próximo año. 
También hay buenas señales procedentes de los países que están a punto de adherirse a la Unión. 
En respuesta a la recuperación general en Europa y las perspectivas de ampliación, se espera que el crecimiento en estos países alcance el 3,8 % el próximo año. 
Esta es otra señal que demuestra que las decisiones políticas tomadas en apoyo de la unificación del continente eran correctas. 
Sin embargo, la recuperación todavía es frágil, y necesitamos acelerar la aplicación de la agenda de Lisboa y seguir con nuestras reformas estructurales. 
La Iniciativa de Crecimiento Europea, en la que la Comisión ha estado trabajando desde principios de año, ya ha tomado forma. 
Proporciona inversión pública y privada para promover el crecimiento y el empleo. 
Reforzada por el apoyo recibido en el Consejo Europeo de octubre, nuestra propuesta inicial se ha convertido en un plan de acción genuino con acciones y plazos límite claramente definidos para la eliminación de los obstáculos financieros, y sobre todo, los obstáculos reguladores y administrativos que desalientan la inversión. 
La Iniciativa también incluye la lista de comienzo rápido, que consiste en una serie de proyectos que están listos para ser lanzados o lo estarán pronto. 
Hemos trabajado estrechamente con el Banco Europeo de Inversiones y hemos identificado 56 proyectos en los sectores del transporte, redes, energía, telecomunicaciones e investigación. 
Al redactar la lista, aplicamos una serie de criterios muy claros. 
En primer lugar, se trata de proyectos en una fase avanzada de desarrollo que pueden ser lanzados inmediatamente. 
En segundo lugar, todos estos proyectos tienen un impacto transfronterizo significativo. 
Por último, hemos seleccionado proyectos que puedan tener un efecto multiplicador sobre la inversión, especialmente la inversión privada, pero que tendrán un impacto medioambiental reducido. 
También nos hemos comprometido a promover proyectos altamente innovadores en el sector de la investigación y el desarrollo. 
En cuanto a la financiación, la inversión total –pública y privada– alcanzará aproximadamente los 10.000 millones de euros al año entre ahora y el año 2010. 
La implicación del sector privado será distinta dependiendo del proyecto. 
Sin embargo, como directriz general, esperamos que el 60% del capital necesario para financiar los proyectos provenga del sector público y el 40% de inversores privados. 
Esto quiere decir que unos 6.000 millones de euros al año provendrán de la Unión y de los presupuestos nacionales. Ese es el equivalente a aproximadamente un 0,05 % del PIB de la Unión, y estarán de acuerdo en que es un precio muy barato para dar a la economía europea un impulso beneficioso, un precio perfectamente compatible con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
¿Cuáles son las fases de esta Iniciativa nuestra? 
La primera fase es el Consejo Europeo de diciembre, que tendrá que aprobarla. 
Entonces los Estados miembros tendrán que reformar sus administraciones y reglamentos, que a menudo son el verdadero obstáculo que impide la ejecución de estos proyectos. 
En particular, eso favorecerá la implicación del sector privado. 
Por lo tanto, insto a los Estados miembros a que coordinen sus planes de gasto nacionales y regionales con la Iniciativa Europea para maximizar el impacto de las inversiones. 
Señorías, el programa legislativo y de trabajo del próximo año coincide con los importantes cambios que va a experimentar la Unión Europea. 
Les voy a recordar las fechas clave para las instituciones: el 1 de mayo, 10 nuevos Estados miembros se unirán oficialmente a la Unión, las elecciones se celebrarán en junio y el mandato de la Comisión actual terminará el 31 de octubre de 2004. 
El programa que les estoy presentando hoy tiene como objetivo completar el logro de los objetivos estratégicos que esta Comisión se planteó para su mandato. 
Dado que el próximo año será un año especial, tan solo consta de 73 propuestas nuevas; esto puede parecer mucho, pero es mucho menos de lo que ha habido en años anteriores. 
Las propuestas incluyen las prioridades políticas que se discutieron en profundidad durante nuestro diálogo estructurado con el Parlamento y el Consejo entre marzo y junio. 
La prioridad principal es dar forma al futuro de la Unión ampliada. 
Se basa en dos objetivos que son piedra angular: asegurar el éxito de la adhesión y preparar el terreno político para la nueva Perspectiva Financiera. 
En cuanto a la estabilidad, tendremos que desarrollar una política de vecindad para crear un círculo de amigos alrededor de las nuevas fronteras de Europa. 
También debemos completar la agenda de Tampere antes del 1 de mayo de 2004 para completar la zona de libertad, seguridad y justicia. 
En relación con la tercera prioridad –el crecimiento– tenemos que acelerar nuestro progreso hacia los objetivos de Lisboa. 
Desde un punto de vista operativo, el programa incorpora los objetivos contenidos en el nuevo acuerdo interinstitucional a fin de racionalizar la actividad legislativa. 
Por ejemplo, hemos adaptado nuestras propuestas a la programación anual y multianual de la Unión, y nos comprometemos a aplicar el proceso de evaluación del impacto integrado a las iniciativas más importantes. 
En cuanto a la estabilidad y la seguridad, en la Cumbre de Salónica presentamos una serie de propuestas sobre asuntos de justicia e internos y sentamos las bases de una nueva política de vecindad. 
Las propuestas presentadas relativas a asuntos económicos se concentraban en la estrategia de Lisboa, en la finalización del mercado único, en la investigación y en las redes transeuropeas. 
En este momento, no deberíamos olvidar el marco legislativo para el sector químico que se adoptó recientemente. 
Sin embargo, hay que decir que la carga de trabajo ha sido inmensa este año y que la Comisión no ha sido capaz de completar todas las tareas que se impuso. 
Por esta razón, el programa para 2004 incluye algunas iniciativas que no se han finalizado. 
Quisiera expresar el aprecio por parte de todo el Colegio de Comisarios por la excelente cooperación del Parlamento Europeo en el ejercicio de planificación. 
El diálogo estructurado ha demostrado ser un instrumento excelente, pero siempre se puede mejorar, y es necesario hacerlo. 
Teniendo en cuenta los plazos que afectarán a las dos instituciones el próximo año, la Comisión trabajará estrechamente con el Parlamento para mejorar nuestra relación. 
En particular, proponemos sustituir los métodos actuales de diálogo por un intercambio de opiniones entre la Conferencia de Presidentes y la Vicepresidenta de Palacio en abril; utilizar el procedimiento escrito para la evaluación intermedia del programa y, por último, retrasar la presentación del programa para 2005 –que será responsabilidad de la próxima Comisión– hasta el período de sesión parcial de diciembre de 2004, que nos permitirá coordinar nuestro trabajo. 
Por último, hemos realizado una evaluación inicial de las reformas internas que han modernizado nuestra gestión financiera y de personal. 
Las graves irregularidades de la pasada gestión de la oficina estadística de la Unión, Eurostat, nos han dado mucho que pensar y nos han llevado a volver a examinar la situación, lo cual ha tenido como resultado la propuesta de un plan de acción que quisiera exponer ahora. 
Lamento que este discurso sea tan largo, pero se trata de una sección importante. 
El 25 de septiembre de 2003 expresé mi opinión sobre el asunto Eurostat en una reunión de la Conferencia de Presidentes. 
Ofrecí mi evaluación de los hechos, tal y como revelaban las investigaciones realizadas por la OLAF y el exhaustivo trabajo realizado por los departamentos de la Comisión. 
Sin embargo, acepté que las interferencias en nuestro sistema de comunicaciones –entre la OLAF y el resto de la Comisión, y entre el Director General de Eurostat y su Comisario– habían supuesto la imposibilidad de la Comisión de tomar todas las medidas de precaución con antelación. 
Por ello prometí presentarles un plan de acción para remediarlas. 
Tras esa reunión, el auditor interno elaboró el informe final y lo presentó a Cotonú. 
No contiene nada nuevo que pudiera alterar mi análisis. 
En resumen, está bastante claro que los eventos más graves tuvieron lugar antes de 1999, que el ejercicio de reorganización empezó en 2000 y que Eurostat, Control Financiero y otras fuentes involucraron a la OLAF muy rápido en los aspectos principales de este asunto. 
En cualquier caso, la Comisión solo estuvo en situación de actuar en mayo de 2003 debido a una serie de interferencias en la comunicación a varios niveles, que he identificado. 
Tomamos medidas decisivas, podríamos habernos movido más rápido y ese es el motivo de que les estemos presentando un plan de acción. 
El plan se basa en los principios fundamentales de la reforma, y los puntos clave incluyen la independencia funcional de la OLAF, el nuevo Reglamento Financiero, que entró en vigor en enero de 2003, el Estatuto del Personal, las disposiciones relativas a derechos y obligaciones y los códigos de conducta. 
Todas estas reformas se han introducido de manera gradual. 
Como afirmé el 25 de septiembre, sería injusto juzgar la reforma, con sus éxitos y deficiencias, como si todo hubiera estado totalmente operativo tan pronto como el año 2000. 
En su lugar, el período 2000-2003 debe considerarse un período transitorio. 
Sin embargo, el propio caso Eurostat es ilustrativo de lo necesario que era, especialmente en cuanto a temas como la movilidad de puestos sensibles, la segregación de deberes operativos y las funciones de control y el establecimiento de un auditor interno. 
Por lo tanto, se trata de una cuestión de construir sobre lo que se ha alcanzado mediante las reformas, que ya están dando su fruto. 
Tenemos que consolidarlas, dotando a los interlocutores políticos de los medios para apoyar sus responsabilidades políticas. 
También les recuerdo que este verano tomamos medidas estrictas relativas a Eurostat: el Director General ha sido sustituido; los puestos de Director Operativo han sido anunciados tanto dentro como fuera de la institución; se ha transferido un nuevo Director de Recursos, el organigrama se ha revisado, etc.; se ha aplicado un alto grado de movilidad a los puestos de la Unidad Central. 
En línea con lo anterior, consideré necesario, como primer paso, modificar el código de conducta que regía las relaciones entre los Comisarios y sus departamentos, que data de 1999. 
Aunque los principios generales que formaban la base del código en 1999 deberían mantenerse, en particular el principio de no interferencia en la gestión, se debería poner más énfasis en la responsabilidad política de los Comisarios, que no solo incluye sus propias acciones sino también las de sus departamentos. 
Por tanto, el código de conducta revisado incluirá toda una serie de disposiciones para mejorar el flujo de información a los Comisarios para garantizar que estén en situación de ejercer su responsabilidad de modo adecuado, para que puedan supervisar el trabajo de sus departamentos y darles instrucciones generales, incluidas las instrucciones relativas a la gestión financiera. 
El código también establecerá un procedimiento específico para referir los asuntos de modo formal al Comisario, para que el Director General pueda llamar la atención del Comisario inmediatamente sobre cualquier hecho que pudiera implicar la responsabilidad política del Comisario o la del Colegio en su conjunto. 
En segundo lugar, también quisiera responder a otra pregunta planteada por el asunto Eurostat. 
En realidad parece que ciertas señales e información surgieron en varias partes de nuestra institución que tenían que ver con este asunto mucho antes de mayo de 2003. 
Consideradas aisladamente, estas señales no eran lo suficientemente fuertes para alertarnos de la gravedad de la situación. 
Si hubieran sido centralizadas y analizadas en su conjunto, no tendríamos que haber esperado a la primera información sustancial de la OLAF antes de tomar medidas de cautela. 
Por lo tanto, he decidido introducir un nuevo sistema para la recogida y los estudios comparativos de toda la información relativa a alegaciones de fraude, irregularidades o faltas graves, para analizar esta información y para informar a la Comisión o al Comisario responsable, según corresponda, para que puedan tomar las medidas administrativas, financieras o de otro tipo necesarias, especialmente para proteger los intereses financieros de la Unión. 
He decidido responsabilizarme de la supervisión política de este sistema, con la ayuda del Sr. Neil Kinnock y la Sra. Michaele Schreyer. 
El trabajo preparatorio se realizará a nivel administrativo por parte de un grupo de funcionarios del rango del Director General, coordinados por el Secretario General. 
Este sistema nos permitirá, en particular, proporcionar un mejor seguimiento de la información recibida de la OLAF, la IDOC y las IAS. 
Claramente, la idea no es realizar investigaciones adicionales o usurpar el papel de los políticos o administradores, que seguirán siendo responsables de vigilar la gestión y responder apropiadamente a la información y a los informes de investigación que reciban. 
Servirá principalmente de labores de vigilancia y sistema de aviso temprano. 
En tercer lugar, he decidido mejorar los canales de información entre los servicios centrales y los departamentos operativos, reforzando los enlaces, mejorando ciertas prácticas y haciendo un seguimiento de algunas de las sugerencias planteadas en el informe del auditor interno. 
Estas son principalmente medidas técnicas, pero creo que son muy importantes para la mejora del flujo de información y el refuerzo de los sistemas de controles y balances. 
Hoy he descrito estas medidas a Cotonú. 
Para concluir esta reflexión sobre el asunto Eurostat, hablaré ahora de la OLAF. 
Todos reconocen que la situación actual es, en muchos aspectos, poco satisfactoria. 
La OLAF es un departamento de la Comisión, pero dirige sus investigaciones con total independencia. 
Se responsabiliza totalmente de las decisiones que toma durante sus actividades operativas. 
Así es como lo programamos. 
No obstante, el marco legal actual es vago en cuanto a si debe pasar información a las instituciones o a las personas implicadas en una investigación o no. 
Esto ha demostrado tener un efecto perjudicial en el caso Eurostat. 
Quiero disipar todas las dudas mediante este análisis de la OLAF: su Director General, el Sr. Brunner, tiene toda mi confianza. 
Estoy analizando el modo en que la institución está organizada, no criticando el trabajo del Director General, que tomó las medidas necesarias en este caso. 
La Comisión se encuentra en la incómoda situación de tener que aceptar la responsabilidad política y jurídica del trabajo de la OLAF sin tener en realidad los medios para ejercer esa responsabilidad, y también es jurídicamente responsable de la OLAF en cualquier acción de un tribunal que la implique, por ejemplo, reclamaciones por daños a personas que piensan que sus derechos han sido vulnerados. 
Le había propuesto al Parlamento, en cuanto a los planes para un Fiscal Europeo, que se otorgara una independencia total a la OLAF dentro de un marco político claro. 
Ese es todavía mi objetivo. 
Debemos trabajar más para hacer de la OLAF un organismo totalmente externo. 
Sin embargo, a fin de resolver los problemas operativos actuales de forma rápida, quisiera proponer unos pasos inmediatos que conllevarán enmiendas al Reglamento de la OLAF, con el objetivo de que las adopte el Parlamento actual. 
Tenemos que hacer algo para proporcionar a nuestros sucesores un marco legal en el que puedan trabajar con tranquilidad. 
La necesidad de reforzar el marco regulatorio también ha sido expresada por el Comité Supervisor de la OLAF y el trabajo en progreso en Cotonú, en particular en el informe del Sr. Bösch. 
La Comisión está teniendo esto en cuenta. 
Ahora quisiera presentarles los aspectos principales de las mejoras que estamos planificando. En primer lugar, el refuerzo de la independencia operativa de la OLAF mediante un nuevo enfoque de sus actividades de modo apropiado, especialmente con vistas a la ampliación. 
Puede que esta sea la situación adecuada para volver a asignar a los departamentos de la Comisión ciertas tareas horizontales que no están relacionadas con las investigaciones. 
En segundo lugar, se va a permitir a la OLAF que se concentre en sus prioridades. 
Con este fin, debemos establecer y consagrar en el Reglamento un principio por el que se tomen las medidas apropiadas y se ejerza discreción. 
Eso permitirá a la OLAF pasar a las autoridades apropiadas la tarea de seguimiento de los casos de menor importancia o que se encuentran fuera de sus actividades prioritarias y también permitirá investigaciones más rápidas y efectivas. 
Quiero especificar que la decisión de abrir investigaciones o no hacerlo siempre debe pertenecer a la OLAF. 
En tercer lugar, unas reglas más claras sobre el flujo de información entre la OLAF y las instituciones y organismos implicados. 
También tendremos que considerar cómo se va a manejar esta información por parte de las instituciones implicadas. 
Tenemos que encontrar un equilibrio mejor entre la garantía de la efectividad de las investigaciones y la protección de los intereses financieros de la Unión con medidas cautelares. 
También habrá que aclarar el asunto de la responsabilidad última de las decisiones que se tomen. 
En cuarto lugar, las enmiendas realizadas al Reglamento también incluirán garantías para los derechos de la defensa, una cuestión de importancia fundamental. 
En quinto lugar, al mismo tiempo, tenemos que mirar con nuevos ojos el gobierno de la OLAF tanto en cuanto al refuerzo del papel y composición de su Comité Supervisor como al establecimiento de un Consejo Administrativo interinstitucional. 
En resumen, propongo incrementar la efectividad de la OLAF –puesto que se enfrenta a una carga de trabajo creciente en una Unión ampliada– aumentando sus recursos de personal, dando un nuevo enfoque a sus tareas de función investigadora y modificando el Reglamento, y hacer a la OLAF más responsable. 
Señor Presidente, estas son las líneas básicas del plan de acción que propongo para lanzar como respuesta a las cuestiones planteadas por el asunto Eurostat. 
Se adoptará una comunicación a finales de año. 
En cuanto a las medidas internas dentro de la Comisión, espero que se adopten en diciembre. 
Es más, espero que nuestros contactos con el Parlamento estén lo suficientemente avanzados para que presentemos una propuesta legislativa sobre la OLAF que tenga una oportunidad razonable de ser aprobada por el Parlamento y que nos haga avanzar hacia la idea del Fiscal Europeo, que todos seguimos apoyando. 
Señor Presidente, he empezado mi discurso haciendo hincapié en los importantes retos que se nos presentan en 2004. A ellos debería añadir, sin duda, la Conferencia Intergubernamental. 
De las muchas cuestiones que tenemos sobre la mesa, hoy me quiero centrar en una, la composición de la Comisión. 
En muchos sectores se afirma que una Comisión con 25 miembros o más sería inviable, pero quiero decirles que el próximo año pondremos a prueba esa idea, porque durante un período de seis meses daremos la bienvenida a colegas de los nuevos Estados miembros y la Comisión se compondrá de 30 miembros. 
Sin duda, esta será una situación transitoria en la que no se crearán nuevas carteras y que solo durará hasta el final del mandato de esta Comisión: a partir del 1 de noviembre de 2004 tendremos 25 Comisarios. 
Estoy convencido de que ya tenga 25 o 30 miembros, la Comisión podrá funcionar muy bien. 
En primer lugar, el Tratado de Niza ya garantiza la coherencia de una Comisión ampliada, y el Presidente de la próxima Comisión tendrá más poderes para organizar, dirigir y hacer un seguimiento de su trabajo. 
En segundo lugar, no estoy de acuerdo en que las tareas de la Comisión se dividan en unas doce carteras. 
No debemos olvidar que los Comisarios también sirven de cara de Europa en relación con la opinión pública en sus países de origen, y esto será todavía más importante para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Por último, la efectividad de la Comisión no depende del número de sus miembros sino de la manera en que se haga uso de sus recursos. 
Las reformas que hemos introducido en los últimos años ya han dado resultados positivos aquí. 
Por lo tanto, la responsabilidad colectiva y la coherencia del trabajo de la Comisión siguen teniendo un lugar central entre mis preocupaciones. 
Una Comisión ampliada presenta, sin duda, una serie de retos, pero la idea de una Comisión de dos niveles, en la que la mitad de los Comisarios tengan un papel secundario no proporciona una respuesta. 
Señorías, he hablado acerca de los compromisos a corto plazo, pero mi Comisión ya está mirando más adelante. 
A principios de este año, lanzamos un amplio debate sobre la nueva Perspectiva Financiera. 
En 2007, la Unión podría tener 28 Estados miembros y unos 500 millones de ciudadanos, y dispondrá de un nuevo marco constitucional. 
Por lo tanto, claramente los debates deben empezar ya mismo si queremos que todos los instrumentos estén operativos para finales de 2006. 
La experiencia nos ha demostrado que no hay tiempo que perder. 
Al prepararse para el futuro, los políticos deberían tomar todas las decisiones porque, antes de que empecemos a definir las cuentas, tenemos que decidir cuál queremos que sea el marco general para las políticas de la Unión. 
Debemos mantener los ojos fijos en nuestros objetivos: paz, desarrollo sostenible, solidaridad y libertad. 
En la práctica, esto quiere decir que debemos trabajar conforme a lo siguiente: un plan de acción para la agenda de Lisboa y Gotemburgo; solidaridad entre países y regiones para ayudar a los que están rezagados; ciudadanía europea en una zona que ha pasado de ser un mercado a una zona política; la dimensión externa de nuestro modelo y nuestras oportunidades políticas, empezando por los países vecinos con los que debemos construir un círculo de amigos. 
Es importante que esta legislatura –la legislatura que ha producido la conclusión del proceso de ampliación– esté implicada en el establecimiento de las líneas políticas para la Unión ampliada. 
En conclusión, señor Presidente, 2004 será un año de retos, renovación y compromisos. 
Las elecciones europeas proporcionarán una oportunidad inestimable para calibrar el extremo hasta el que los ciudadanos están participando en nuestra empresa. 
Con este telón de fondo, la Comisión es consciente de que actúa como punto de referencia proporcionando al sistema continuidad, estabilidad y dinamismo. 
Nos hemos propuesto esforzarnos junto con el Parlamento, el Consejo y las demás instituciones de la Unión para asegurar el éxito de nuestra cita con la historia. 
Juntos podemos construir una Unión más grande, más independiente, más fuerte. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ayer, en el marco de los debates del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, escuchamos con gran interés la presentación por parte de la Comisión de su Programa de Trabajo y Legislativo para 2004, que ha sido presentado al Parlamento Europeo de modo formal hoy por parte del Presidente Prodi. 
Los eventos institucionales más importantes del calendario de la Unión en 2004 otorgan un significado especial a este programa. 
De hecho, 2004 será un año de grandes cambios. 
En primer lugar, tenemos la firma del nuevo Tratado Constitucional, que establecerá las bases del futuro desarrollo de la Unión. 
El próximo año también será testigo de las elecciones al Parlamento Europeo, que, por primera vez, también implicará a los ciudadanos y candidatos de los 10 nuevos Estados miembros. 
El 1 de noviembre de 2004, la nueva Comisión se hará cargo de todos los asuntos. 
Por último, el próximo año será testigo del comienzo de las negociaciones para la definición de la próxima Perspectiva Financiera, que será decisiva para orientar la política de la Unión Europea en los próximos años. 
Aunque el Consejo no ha establecido todavía su postura respecto al programa de la Comisión, sin duda está de acuerdo –y está dispuesto a suscribirse a ellas– con las tres prioridades principales identificadas por el ejecutivo comunitario: ampliación, estabilidad y crecimiento sostenible. 
El Consejo ha tomado nota de los objetivos establecidos por la Comisión, al igual que las iniciativas y propuestas que piensa presentar durante 2004 a fin de ejecutar estas prioridades. 
Teniendo en cuenta los eventos institucionales del próximo año, el trabajo legislativo tendrá que estar enfocado al máximo, y la Presidencia se complace en observar el compromiso de la Comisión de concentrarse primeramente en las iniciativas consideradas más esenciales. 
Quisiera subrayar que, todavía más que en el pasado, la cooperación entre el Consejo y el Parlamento será decisiva para garantizar que las propuestas legislativas de la Comisión se adoptan dentro del plazo esperado. 
El Consejo se complace en observar que la Comisión ha aplicado en todos sus aspectos el nuevo proceso de evaluación de impacto. 
De hecho, como el Consejo Europeo subrayó en octubre, este proceso es muy importante si pensamos evitar la situación en la que la legislación de la Unión Europea haga a la Unión menos competitiva que otras zonas económicas importantes del mundo. 
La Presidencia también se complace enormemente en observar que el ejercicio de programación anual de la Comisión se ha realizado dentro del marco del diálogo interinstitucional estructurado. 
El diálogo entre la Comisión, por una parte, y el Consejo y el Parlamento por otra, que se inició sobre la base de la Comunicación de la Comisión sobre Estrategia Política Anual, posibilita a estas dos instituciones garantizar que su punto de vista sobre las propuestas presentadas por el ejecutivo comunitario para el próximo año se tenga en cuenta, antes de redactar la versión final del programa legislativo y de trabajo. 
Por lo tanto, pienso que debo subrayar en este momento que cuanto antes se presente la Estrategia Política Anual, más fruto dará este ejercicio. 
En concreto, su oportuna presentación permitiría al debate de procedimientos presupuestarios desarrollarse sobre la base de los resultados del diálogo estructurado con el Parlamento y el Consejo. 
A pesar de que, como he dicho, el Consejo no ha definido todavía su postura en cuanto al programa de trabajo de la Comisión, sin duda, lo tendrá en cuenta al redactar su propio programa de trabajo. 
A este respecto, quiero recordarles que, de acuerdo con las reformas aprobadas por el Consejo Europeo de Sevilla, cuyo objetivo es garantizar una mayor continuidad y coherencia en el trabajo del Consejo, las seis delegaciones que ejercerán la Presidencia del Consejo durante los próximos tres años están redactando un programa estratégico multianual que será adoptado por el Consejo Europeo de diciembre. 
También quisiera mencionar que las futuras Presidencias –irlandesa y neerlandesa–, que tendrán el próximo año la tarea de dirigir el trabajo del Consejo sobre las iniciativas de la Comisión para 2004, ya están trabajando en la redacción del próximo programa anual para el Consejo, como recuerdo que hicieron las Presidencias griega e italiana para este año. 
Sin duda, el Parlamento será informado tan pronto como sea posible de los resultados de este trabajo para que pueda presentar sus propias observaciones, como se prevé en las disposiciones del acuerdo interinstitucional sobre mejor legislación. 
Señor Presidente, Señorías, por último, quisiera, si me lo permiten, aprovechar la oportunidad que me da este debate sobre el programa de la Comisión para decir unas breves palabras sobre los objetivos de la Presidencia italiana con vistas al Consejo Europeo de diciembre, un tema al que, sin duda, volveré en más detalle durante la próxima sesión plenaria en Bruselas. 
Las decisiones adoptadas en la Cumbre de diciembre reflejarán, hasta cierto punto, las prioridades establecidas por la Comisión y, por tanto, podrán ayudarnos a alcanzar los objetivos previstos para 2004. 
En cuanto a la ampliación, primeramente se exigirá al Consejo Europeo de diciembre que evalúe el progreso realizado en las negociaciones con Bulgaria y Rumania sobre la base de los informes y documentos de estrategia presentados recientemente por la Comisión, y por tanto, que establezca el plazo para la conclusión de las negociaciones de adhesión con estos dos países. 
De nuevo, sobre la base del informe de la Comisión, se solicitará al Consejo Europeo que evalúe el progreso realizado por los 10 países candidatos en la adopción y aplicación del acervo comunitario. 
En cuanto al objetivo de estabilidad, tal y como se define en el programa de la Comisión, en lo que se refiere a acciones internas, el Consejo tendrá que evaluar el progreso realizado en términos de asilo, migración y fronteras exteriores, especialmente a la luz de los plazos previstos en Salónica, Sevilla y Tampere. 
En cuanto a cuestiones externas, se exigirá al Consejo Europeo que adopte la Estrategia de Seguridad Europea redactada por el Secretario General/Alto Representante, para abordar la cuestión de las armas de destrucción masiva y para evaluar el progreso realizado en materia de PESD. 
Los Jefes de Estado o Gobierno también aprobarán un programa de trabajo detallado para la Comisión y el Secretario General/Alto Representante sobre las relaciones con el mundo árabe. 
Por último, en cuanto al tema del crecimiento sostenible, el Consejo tendrá que adoptar decisiones tangibles sobre la Iniciativa para el Crecimiento, especialmente en lo que se refiere al programa de comienzo rápido, y recibirá un informe de la Comisión con propuestas para el refuerzo del marco de producción, a fin de impedir la desindustrialización. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, quiero expresar nuestro dolor por los soldados y italianos asesinados y también los ciudadanos iraquíes que resultaron víctimas de este horrible crimen. 
También queremos expresar nuestra indignación por los criminales de Estambul y nuestros respetos y simpatía por las familias y los supervivientes en este lugar. 
Existen situaciones en la vida política en las que uno evitaría complacido realizar ciertas afirmaciones o adoptar un tipo de discurso particular. 
Sin embargo, lamentablemente, no me queda más remedio que expresar claramente mi opinión, y lo hago de forma calmada y objetiva, ya que no quiero crear más ondas expansivas en el debate público de Italia tras los eventos de la semana pasada. 
Este manifiesto, señor Prodi, no es nuestro problema, aunque podría decirse que si presenta un programa político exhaustivo, no debería ser en respuesta a la situación política interna de un país; el lugar adecuado habría sido el Parlamento Europeo. 
Eso también hay que decirlo… 
... pero ese no es mi argumento principal. 
Señor Cohn-Bendit, sin duda tendrá la oportunidad de expresar su opinión. 
Como demócrata, permítame expresar la mía. 
Mi punto principal de crítica, señor Prodi, es que usted se ha metido en política de partidos. Ha hecho un llamamiento a un movimiento político específico, a saber, la izquierda italiana, para que aúne fuerzas, creando así... 
... la impresión de que hay gente por una parte que está a favor de la reforma y de Europa, mientras que por otra están los que no están a favor de Europa. 
Permítame decir, en nombre de mi grupo, que todos y cada uno de los miembros de mi grupo comparten la pasión por Europa, y no deberíamos crear una división entre los europeos, ni en Italia ni en Europa. 
Y tampoco puede afirmarse que esta fuera una declaración realizada a título personal, puesto que proviene del Presidente de la Comisión. 
Cualquiera que sea Presidente de la Comisión siempre actúa en nombre de todos los europeos. 
Comparto la opinión de nuestro colega eurodiputado el Sr. Barón Crespo: si el Presidente de la Comisión encabeza la lista de las elecciones europeas, debe dimitir de su mandato. 
De hecho, señor Presidente, mis comentarios en le llevaron... 
... finalmente a aclarar que seguirá en su posición hasta el final de su mandato el 1 de noviembre de 2004. 
Acogemos con satisfacción esta aclaración, pero incluso miembros de su Comisión todavía decían la semana pasada que había rumores de que usted podría presentarse como candidato a las elecciones europeas. 
Afortunadamente, ahora ya ha aclarado su posición. 
No obstante, esta situación –este rumor– también ha perjudicado a la Comisión, y lo menciono aquí porque tiene que mencionarse. 
Cualquiera que tenga un puesto alto en la Unión Europea debería tener siempre en cuenta que cada vez que habla, lo hace en nombre de la Unión Europea en su conjunto. 
De hecho, si me hubiera llamado para preguntarme por las declaraciones realizadas por el Presidente del Consejo Europeo sobre Chechenia, de todos modos habría dicho que no estaba de acuerdo con el tipo de declaración que había sido emitida. 
Estamos intentando ser objetivos. 
Queremos servir a Europa, y por ese motivo no debemos dividir Europa. 
Señor Prodi, permítame recordarle que el 15 de septiembre de 1999 se le nombró con el apoyo y la confianza de nuestro grupo, a pesar de que no pertenece a nuestra familia política. 
Le dimos nuestra confianza a su Comisión, aunque la mayoría de sus Comisarios –contrariamente al resultado de las elecciones– no pertenecen a nuestra familia política. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el proyecto constitucional afirma que en el futuro, el resultado de las elecciones europeas se tendrá en cuenta cuando se proponga un candidato para el cargo de Presidente de la Comisión. 
Comisario Solbes, espero oír algunas palabras sobre la estabilidad de la moneda europea. 
Creo que se trata de una cuestión que usted también abordará hoy, señor Prodi. 
Quisiera apoyar a su Comisión y agradecer al Comisario Solbes en particular –a quien consideramos garante de la estabilidad de la moneda europea– que mantenga esta línea de acción, no solo hacia los pequeños países sino también los grandes países de la Unión Europea. 
Señor Antonione, agradezco especialmente el hecho de que el representante del Consejo esté aquí hoy. 
Esto deberíamos darlo por sentado, pero no ha sido el caso en el pasado. 
Acojo con satisfacción el hecho de que esté usted hoy aquí, y quiero ofrecerle nuestro apoyo y pedirle, en la Conferencia Intergubernamental, que no apoye las ideas que flotan en las mentes de algunos Ministros de Hacienda, como son reducir los derechos de esta Cámara en cuanto a cuestiones presupuestarias, a lo que nos opondremos firmemente. 
Le pediría que aclarara su apoyo al Parlamento Europeo en esta cuestión y que queremos igualdad entre esta Cámara y el Consejo de Ministros en la cuestión del presupuesto de la Unión Europea. 
Permítanme concluir con unos comentarios que hago a título personal, como sabe el Presidente de la Comisión, aunque las afinidades personales y las cuestiones políticas deben mantenerse separadas; las críticas no deben esconderse debajo de la alfombra por cuestiones personales. 
Es esencial decir la verdad. 
Señor Prodi, usted es el Presidente de todos los europeos. 
Ostenta el cargo más alto de la Unión Europea. 
Concédanos al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos la oportunidad de ofrecerle nuestra confianza hasta el fin de su mandato el 1 de noviembre de 2004. 
Si demuestra que puede ganársela, tendrá nuestro apoyo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme ante todo expresar en nombre del Grupo Socialista nuestra solidaridad y nuestra condolencia a los familiares de los "carabinieri" italianos, a los familiares de los ciudadanos iraquíes y a los familiares de las víctimas del ataque a las sinagogas en Estambul, que representan la comunidad sefardí en Turquía. 
"Sefarad" en hebreo quiere decir "España", y hay que recordar que hace quinientos años esos judíos encontraron refugio y tolerancia en el Imperio otomano, una tolerancia que se les negaba en mi país en aquella época. 
Dicho esto, señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Poettering que haya introducido la política en este debate, porque resulta curioso que aquí no podamos hablar de política. 
Es cierto que yo dije al Sr. Presidente de la Comisión que, en el supuesto de que se presentara a las elecciones al Parlamento Europeo, debería dimitir, pero dije también algunas cosas más. 
En primer lugar, que el Presidente de la Comisión cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario en este momento, y por ello tiene que ejercer sus responsabilidades. 
Pero como ciudadano tiene derecho a expresar su visión sobre el futuro de Europa. 
Por lo tanto, creo que es positivo que haya elaborado este documento sobre el sueño de Europa que, por otra parte, me parece mucho mejor que el discurso que ha pronunciado hoy. 
Pero dicho esto, he percibido en el colega Poettering, un tono de, en cierto modo, una crisis de celos, es decir, "éste parece que era de los nuestros y ahora se ha pasado al otro lado". 
Creo que en la vida uno tiene derecho a rectificar y a madurar personalmente y yo saludo que el Presidente Prodi se coloque en posiciones social y políticamente más avanzadas. 
En fin, tendremos tiempo de hablar de eso. 
En cualquier caso, lo que todos necesitamos en este momento es una Comisión fuerte y decidida hasta el último día de la legislatura. 
Y aplicaría también eso al Consejo, porque me parece que el escándalo mayor que hemos vivido estos días es el de un Presidente del Consejo que ha ignorado absolutamente la línea del Consejo de Ministros de la Comisión y del Parlamento, al pronunciar afirmaciones intolerables en relación con Chechenia y con Rusia. 
Tienen ustedes la posibilidad de rectificar, mañana podemos votar conjuntamente la propuesta de resolución sobre la Cumbre de Rusia. 
Y ahora, dicho esto, permítanme concentrarme en el discurso del Presidente Prodi. 
En primer lugar, yo no me quejo en nombre de mi Grupo de que haya menos propuestas. 
El único problema que tenemos es que no sabemos cuáles son. 
Nos ha anunciado que la Vicepresidenta, Sra. de Palacio, va a ir a hablar con los presidentes de comisión, nos enteraremos entonces. 
Y digo también de paso que a la hora de valorar la política de los comisarios, le voy a mandar al Sr. Poettering las declaraciones que hace la Sra. de Palacio, que no se pierde un acto del Partido Popular en España, sobre los socialistas. 
Todos hacemos política en casa, no solamente el Sr. Prodi. 
En cuanto al crecimiento, el Presidente nos ha dado una valoración meteorológica del crecimiento diciendo que "parece que va mejor". 
Creo que sería importante que, en nombre de la Comisión, expresara cómo entiende esta adaptar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a la nueva situación. 
Esta es una demanda muy importante y muy decisiva que se complementa con la necesidad de reforzar la gobernanza económica. 
Y le digo, señor Presidente, que también me ha llamado la atención que haya dejado para el final, como si se hubieran añadido en el último momento, las perspectivas financieras. 
Es cierto que se ha recuperado el plan Delors de hace diez años, creo que hay que hablar no solamente de infraestructuras, sino también del sistema nervioso en la vertebración del territorio comunitario, es decir, investigación y desarrollo, pero me ha llamado la atención que, después del debate sobre el informe Sapir y las manifestaciones del Comisario Barnier, no haya sido más preciso con la reforma de la política de cohesión. 
Creo que debe ser mucho más explícito, porque este tema es absolutamente decisivo para los nuevos países miembros y también para el equilibrio de los socios actuales. 
En segundo lugar, ha dedicado a Eurostat prácticamente la mitad de su discurso, al que yo le haría algunas enmiendas. 
En primer lugar, que además de la cantidad de informes que se han elaborado en el seno de la Comisión y de la OLAF, quien ha sido decisivo en este tema de Eurostat ha sido el Parlamento Europeo a través del informe Casaca, y creo que hay que recordarlo, porque se están añadiendo nuevos dispositivos y, sin embargo, se ignora el papel fundamental que cumple el Parlamento Europeo. 
Lamento que los demás grupos de la Cámara no hayan apoyado que- en paralelo con la comparecencia del Presidente- se debata el informe Bösch sobre el fraude, que está disponible y que el Presidente ha mencionado. 
En relación con Eurostat, tomo buena nota de la propuesta de concretar los términos de la responsabilidad política y la reforma del Código de Conducta de la Comisión, pero me llama la atención que ahora se nos proponga un nuevo dispositivo que prácticamente duplica a la OLAF, y vamos a acabar como aquella viñeta de la época soviética, donde se veía que a un ciudadano le seguían dos agentes del KGB que a su vez eran vigilados por otros dos agentes y había una cola interminable de unos vigilando a otros. 
No se trata de multiplicar los dispositivos, sino de hacerlo de una manera clara y democrática, y aquí el Parlamento puede cumplir una gran función. 
No creo que creando un nuevo centro de poder en la Comisión se vayan a aclarar las cosas. 
Y me gustaría saber, no la opinión de la Comisión, sino la del Consejo, porque la oposición fundamental al Fiscal europeo proviene de los gobiernos, no es una cuestión polémica entre nosotros. 
Por lo tanto, señor Presidente, es preciso que arbitremos un procedimiento de urgencia para poder debatir estos temas durante esta legislatura. 
Señor Presidente de la Comisión, cuando dice 25 o 30 Comisarios, ¿está pensando en una posible solución de compromiso de cara a la Cumbre de la Conferencia en diciembre? 
Porque sumando 25 y 30 sale que hay dos Comisarios por algunos países. 
Y un último punto- y concluyo ya- ¿mantiene usted su propuesta de repartir las carteras y organizar la Comisión con Comisarios y? 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas quisiera unirme a los demás para expresar nuestra solidaridad y condolencias por los italianos y otras víctimas del ataque en el Iraq la semana pasada y, naturalmente, por las víctimas de los terribles ataques a las sinagogas de Estambul. 
Quisiera apartarme de la retórica política de algunas de las intervenciones anteriores sobre el tema que se debate hoy: el programa legislativo anual. 
En primer lugar quiero destacar que el Grupo ELDR defiende el derecho del Presidente de la Comisión a manifestarse personalmente sobre cuestiones políticas relacionadas con el futuro de la Unión Europea. 
Sin embargo, he de decir que, como liberal que valora en gran manera la diversidad y el pluralismo de la opinión pública, tengo algunas dudas personales sobre la sensatez de defender dos bloques opuestos en el debate europeo, ya sea aquí o, de modo más general, en los Estados miembros. 
Volviendo al programa anual, otros colegas hablarán sobre la cuestión de Eurostat más tarde. 
El Grupo ELDR ha acogido con gran satisfacción los avances realizados durante los últimos años en la forma en que la Comisión ha presentado este importante documento. 
Hace tan solo unos años no era sino una mera lista de la compra arbitraria de propuestas legislativas y no legislativas. 
Se ha intentado, tanto este año como en años anteriores, incluir alguna reflexión estratégica y celebramos algunas de las últimas innovaciones, como el impulso de procedimientos de evaluación del impacto más rigurosos. 
Sin embargo, tal como el propio Presidente Prodi ha indicado acertadamente, todavía queda mucho por mejorar y queremos destacar tres ámbitos que consideramos que es muy grave que todavía sigan estando ausentes en el documento que se nos ha presentado hoy. 
En primer lugar, la selección de las tres prioridades estratégicas –a saber, la ampliación, la estabilidad y el crecimiento– está muy bien. 
Sin embargo, estas prioridades son tan generales que es casi imposible imaginar a alguien que esté en desacuerdo con ellas. 
Es igualmente imposible pensar en una propuesta legislativa o no legislativa que no entre dentro de estas tres prioridades estratégicas. 
Dicho de otro modo, parece que no haya una verdadera opción sobre lo que la Comisión Europea propone este año, y ninguna opción sobre cuáles deben ser las prioridades estratégicas de la Unión Europea. 
Por el contrario, existe el riesgo de un enfoque poco definido de los asuntos de la UE debido a la propia naturaleza difusa de las tres prioridades. 
En segundo lugar, no existe un vínculo discernible entre estas tres vagas prioridades y los anexos farragosos que reflejan las propuestas legislativas y no legislativas. 
Entendemos que uno de los anexos –entre los dos comprenden cerca de cincuenta propuestas legislativas– parece referirse a las prioridades, mientras que el otro no. 
Aquellos de ustedes que hayan examinado las listas habrán visto que son intercambiables. 
No están claramente organizados con arreglo a las prioridades, sino que parecen haber sido clasificados artificialmente en dos categorías. 
En otras palabras, las propias prioridades no parecen haber orientado la selección de propuestas legislativas y no legislativas que hoy tenemos ante nosotros, lo que nuevamente imprime un tenor algo superficial a la selección de propuestas que se nos han presentado. 
En tercer lugar, tal como han mencionado el Presidente de la Comisión y el Presidente en ejercicio del Consejo, este verano hemos suscrito todos un acuerdo interinstitucional explícitamente concebido para asegurar una mejor legislación en la Unión Europea. 
La Comisión se comprometió explícitamente, en este acuerdo interinstitucional, a explicar hoy, al presentar su programa legislativo anual, en primer lugar la elección del instrumento legislativo para cada propuesta, y en segundo lugar la elección del fundamento jurídico. 
Existen algunas indicaciones sobre estos fundamentos jurídicos en estos anexos farragosos y hasta cierto punto impenetrables, pero no se hace ninguna referencia a la elección del instrumento legislativo. 
No puede ser que, algunos meses después de la firma de un acuerdo interinstitucional sobre una mejor legislación, la Comisión incumpla, al primer obstáculo, las promesas hechas en este acuerdo. 
Esto no augura nada bueno para la mejora de la legislación si es así. 
Este es un momento sumamente importante en el ciclo político y legislativo de la Unión Europea. 
Es el momento en que la Comisión Europea ejerce su privilegio y prerrogativa suprema, a saber, el derecho exclusivo de iniciativa legislativa. 
Este derecho de iniciativa solo es defendible si se ejerce de modo transparente y responsable explicando los motivos plenamente y la asegurando plenamente la responsabilidad política. 
Sobre la base de lo que hemos visto hoy, no creemos que este sea el caso. 
Es evidente que todavía hay bastantes cosas que mejorar. 
– Señor Presidente, en nombre de mis colegas, especialmente de los italianos, en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, quisiera expresar nuestra más profunda solidaridad con las familias italianas e iraquíes gravemente afectadas. 
Condenamos enérgicamente los horribles actos realizados por los grupos terroristas, y a estos los condenamos todavía más enérgicamente. 
Quisiera utilizar el tiempo de uso de la palabra del Grupo GUE/NGL para hablar acerca de Eurostat, y quisiera dejar muy claro que mi grupo no pretende despedir a la Comisión Prodi debido a Eurostat. 
Al contrario, queremos concluir este asunto y conceder tranquilidad a la Comisión para que realice su trabajo en su último año. 
La Comisión posee un programa de trabajo muy ambicioso para 2004 con la ampliación y la creación de estabilidad y crecimiento, no solo en la UE sino también en el resto del mundo. 
Lamentablemente, el escándalo Eurostat cubrirá con una especie de nube a la Comisión hasta que se asigne la responsabilidad política del caso, así que queremos pedir al Sr. Prodi que despida al Comisario responsable de Eurostat para que la Comisión disponga de tranquilidad para realizar su trabajo. 
Acabamos de obtener el informe final sobre Eurostat del Servicio de Auditoría Interna. 
Lamentablemente confirma lo que sabemos desde hace tiempo, es decir, que la administración de Eurostat ha sido escandalosa. 
Sin embargo, ha sido muy difícil para el Servicio de Auditoría Interna establecer lo que realmente ocurrió en Eurostat. 
No existe ningún tipo de archivo, y la mayoría de los documentos están perdidos. 
Por lo tanto, es imposible decir mucho acerca de la práctica después de 1999, pero sabemos que la contabilidad ilegal estuvo abierta hasta el verano del año pasado y este año. 
Sabemos que existe una gran posibilidad de que una cantidad considerable de dinero haya acabado en los bolsillos equivocados. 
Sabemos que todavía no hay una base de datos de contratos. 
Sabemos que las auditorías no han sido objeto de seguimiento. 
Sabemos que no se ha hecho casi nada para arreglar los asuntos. 
En otras palabras, sabemos que la administración de Eurostat ha sido escandalosa, incluido el período después de 1999. 
Pero ¿se responsabiliza alguien de ello? 
No, parece que no. 
La Comisión Santer lo dejó hace cinco años. 
Lo hizo porque el Grupo de Sabios concluyó que era muy difícil encontrar a alguien dentro de la Comisión que quisiera asumir la responsabilidad. 
Tras una serie de reformas, esperábamos que este período se hubiera acabado, pero lamentablemente hemos vuelto a un territorio bastante familiar en los últimos días. 
Tras la caída de la Comisión Santer, hemos obtenido un nuevo artículo en el Tratado. 
Ahora el Presidente de la Comisión puede despedir a los Comisarios individuales. 
Esto es algo que el Sr. Prodi ha elegido no hacer, puesto que la persona responsable, el Sr. Solbes, no sabía nada. 
Sin embargo, el Sr. Prodi ha reconocido que el Sr. Solbes se convirtió en responsable por no haber hecho nada. 
Ese es motivo suficiente, en mi opinión y en la de mi grupo. 
La pasividad y la indiferencia también son un tipo de delito por el que debe asumirse la responsabilidad. 
El Sr. Prodi ha presentado hoy su plan de acción para Eurostat. 
Tengo que decir esto de forma muy clara: mi grupo está harto de planes de acción. 
Hemos visto multitud de planes de acción y planes de reforma en los cuatro últimos años. 
Sin duda, es estupendo tener planes de procedimientos nuevos y mejores, y naturalmente ofreceremos nuestro apoyo a estos procedimientos. 
Sin embargo, no es suficiente. 
Hay que cambiar la cultura. 
Solo ocurrirá si el Presidente envía una clara señal a sus empleados. Las irregularidades y el fraude tienen consecuencias. 
De hecho, recordamos algunas palabras sabias del Sr. Prodi: tolerancia cero para el fraude. 
Palabras bellas, pero sin consecuencia. 
Hace menos de una hora, proporcioné un consejo en la Comisión de Control Presupuestario. 
Era encontrar a otro Comisario para hacerse cargo de Eurostat en el último año, y que el Sr. Solbes retuviera sus ámbitos de responsabilidad. 
Sin embargo, se le concede una nota pésima por su administración de Eurostat. 
Con su pasividad, ha tenido que ver en la persistencia de una cultura de desorganización sistemática e irregularidades. 
En otras palabras, no puede seguir siendo responsable de Eurostat, y espero que la promesa de las consecuencias y la tolerancia cero para el fraude se cumpla y se encuentre a otra persona para que se ocupe de Eurostat. 
– Señor Presidente, mi grupo también quiere expresar su dolor y su simpatía tras los trágicos eventos de los últimos días. 
No tenía sentido pensar que una guerra sin fundamento podría producir milagrosamente paz y democracia. 
Oriente Próximo es un recordatorio diario de que una de las razones por las que la paz y la democracia parecen ser posibilidades cada vez más distantes es la incapacidad de la comunidad internacional de alcanzar una cohesión genuina. 
El Presidente de la Comisión ha comenzado hoy su discurso con una referencia optimista a la economía, y nos ha dicho que el objetivo de una Europa más grande que sea capaz de responder a los retos de nuestro tiempo se encuentra a nuestro alcance. 
Estoy de acuerdo, pero me temo que, en algunos casos, los métodos propuestos reflejan un enfoque político y económico algo conformista que no se centra en las opciones más innovadoras y valientes que están abiertas hoy a la Unión. 
Señor Poettering, puedo asegurarle que el enfoque que sustenta el programa de trabajo es idéntico al del manifiesto del Presidente Prodi. 
Puesto que lo que nos ocupa es la política y nos consideramos una fuerza política europea genuina, nuestras consideraciones se aplican a ambos documentos. 
Como la propia Comisión admite, únicamente ha perseguido los aspectos económicos de la estrategia de Lisboa con cierta determinación. 
Presidente Prodi, eso es insuficiente. 
Tememos que detrás del concepto políticamente correcto del desarrollo sostenible se esconda el concepto de desarrollo continuo. 
La dimensión medioambiental sigue desapareciendo en los momentos cruciales en lo que respecta a la práctica existente y a los instrumentos. 
Como sabe, consideramos la Iniciativa para el Crecimiento muy importante, pero no podemos compartir el entusiasmo general por la lista de carreteras, aeropuertos y trenes de alta velocidad que cuestan millones de euros, la mayoría de los cuales todavía se encuentran en fase de planificación. 
Algo que consideramos crucial es la necesidad imperativa de una mayor transparencia en cuanto a los criterios de financiación del Banco Europeo de Inversiones y una mayor implicación del Parlamento Europeo en el establecimiento de estos criterios. 
No nos convence la continua reticencia de la Comisión a lanzar un plan de eficiencia energética que vuelva la espalda al sector nuclear por completo. 
Lo que no tenemos hoy es un marco convincente de inversión en tecnologías que pueda salvar los recursos y centrarse en la cohesión social, en la educación y la innovación. 
Además, considerando la presentación retrasada de las propuestas de la Comisión sobre la reforma de los Fondos Estructurales, solo podemos albergar dudas acerca de la capacidad de la Unión para responder a los retos de crecimiento y ampliación a su debido tiempo. 
El éxito de la Iniciativa para el Crecimiento depende de la percepción de la aplicación del Pacto de Estabilidad –y queremos oír su opinión acerca de este tema otra vez, Presidente Prodi– y de un programa adecuado para la observación del Protocolo de Kioto. 
Si la mayoría de los Estados miembros no cambia de rumbo, la Unión no podrá cumplir con sus obligaciones. 
Hace unos meses, Presidente Prodi, propusimos lanzar un Pacto de Estabilidad Climática, pero me temo que no hemos recibido respuesta alguna. 
Estamos a pocas semanas del comienzo de la COP9 en Milán y queremos plantear de nuevo esta propuesta. 
Al igual que en la cuestión del déficit, la Comisión es la responsable de llamar al orden a los Estados miembros –especialmente España, Italia y Portugal– que, tal y como están las cosas, nos impedirán alcanzar los objetivos de Kioto. 
Hay algunos puntos que faltan en su programa legislativo. 
No dispongo de tiempo para entrar en detalles, así que solo voy a mencionar dos. 
Comisaria Reding, el Parlamento Europeo ha pedido durante casi dos años, unido genuinamente en su deseo, una propuesta de directiva, o al menos un Libro Verde, sobre la concentración de los medios de comunicación y la libertad de información. 
De su manifiesto se deduce claramente que concede gran importancia a esta cuestión. 
Entonces, ¿por qué la Comisión no puede actuar respecto a esta cuestión? 
Por último, han pasado un par de meses desde el fracaso de Cancún, y todavía no tenemos ni idea de las conclusiones y de las líneas de actuación que la Comisión pretende seguir, y no existe conexión con los objetivos del milenio, Comisario Lamy. 
Por último, la cuestión de Eurostat. 
Presidente Prodi, ha dicho que ha aprendido una serie de lecciones del asunto Eurostat, pero su texto no menciona una que es genuinamente importante: la Comisión debe prestar más atención al Parlamento. 
Las recomendaciones de los informes de aprobación no son únicamente consejos amistosos, son disposiciones que necesitan que la Comisión actúe y que lo haga a su debido tiempo. 
Solíamos tener una Comisión insensible, y ahora tenemos una Comisión que puede dar respuestas, y lo reconocemos. 
Ahora dispone de un año para hacerla capaz de adoptar iniciativas decisivas. 
Acogemos con satisfacción la reforma del código de conducta y la mejora de los canales de información entre la OLAF, los Comisarios y las Direcciones Generales, y no le sorprenderá oír que también acogemos con satisfacción el reconocimiento del papel de los denunciantes. 
Además, muchas de estas medidas ya han sido solicitadas por el Parlamento. 
Sin embargo, le recordaría, Presidente Prodi, que la transparencia es un buen modo de combatir no solo el fraude sino también de prevenirlo, y espero sinceramente que, el año que viene, al dar la bienvenida a los nuevos Miembros con instituciones abiertas y transparentes, al igual que con los brazos abiertos, podamos dejar atrás los eventos de los últimos años. 
En cualquier caso, Presidente Prodi, quisiera decir a modo de conclusión, en nombre de mi grupo, que el informe sigue sin expresar la conciencia de un cierto sentido de la responsabilidad y sin reconocer los errores cometidos. 
Como usted mismo ha admitido, las señales iniciales se produjeron antes de mayo de 2003: se trataba de verlas, y pensamos que esto es algo que se nos puede perdonar esperar de la Comisión, especialmente después de los eventos que marcaron el mandato de la Comisión Santer. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones quiero expresar solidaridad y respeto por los oficiales de policía italianos que, junto con los soldados americanos y británicos, han sido asesinados por los terroristas en el Iraq desde la última reunión del Parlamento. 
Del mismo modo, quisiéramos expresar nuestra solidaridad y respeto por los que perdieron sus vidas en los ataques sobre las sinagogas de Turquía. 
El mundo occidental debe permanecer unido en el combate al terrorismo. 
Quisiera hablar de la declaración del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, sobre el escándalo Eurostat. 
Escuchando sus declaraciones, como hemos hecho hoy en la Comisión de Control Presupuestario, uno se imagina que acabamos de salir del bosque primitivo y que la administración pública todavía está por inventar. 
El Sr. Prodi ha informado sobre todo lo que no funciona, refiriéndose a la falta de comunicación entre la Comisión y los organismos de control, la auditoría interna de la OLAF, el Parlamento, etc. 
El Sr. Prodi promete ahora que las cosas mejorarán, pero sin duda estos problemas son conocidos por todos los gobiernos con administraciones mucho mayores que la de la Comisión. 
En todas las democracias normales, los sistemas políticos y las administraciones se desarrollan de manera que se evite la malversación y el fraude o que se descubra con rapidez. 
La Comisión todavía tiene que diseñar todos estos dispositivos. 
Esto solo se puede interpretar como una expresión de incompetencia total por parte de la Comisión y como falta de voluntad en un sistema caracterizado por una cultura administrativa pobre. 
Ese es el motivo por el cual la Comisión de Control Presupuestario tiene tantas dificultades en obtener los informes de análisis y tiene impuesto el deber de la confidencialidad con respecto a todo lo que sabe. 
Alguien ha sabido de la existencia del escándalo durante mucho tiempo, y alguien ha querido ocultarlo. 
El Sr. Prodi dice que su reforma, que empezó en 1999, ya está funcionando. 
Entonces, ¿cómo explica el hecho de que la prensa y el Parlamento Europeo conocieran la existencia del escándalo Eurostat un año antes de que los eurodiputados obligaran a la Comisión a actuar? 
El Sr. Prodi dice que la OLAF había estado trabajando en el fraude de Eurostat durante varios años, sin proporcionar información alguna a la Comisión, y dice que tiene toda la confianza en el Sr. Brüner y la OLAF. 
Existen tres posibles explicaciones: o bien la Comisión le dio al director de la OLAF instrucciones totalmente fatuas, con el resultado de que no mantuvo informada a la Comisión, o la Comisión quería postergar los asuntos desagradables durante años en una OLAF de secretismo; o tal vez la gestión de la OLAF es increíblemente ingenua y no entiende la necesidad política de hacer sonar la alarma para que la Comisión esté avisada de un grave fraude. 
El Sr. Prodi dice que ahora ha tomado ciertas decisiones firmes. 
No, Sr. Prodi, no lo ha hecho. 
Simplemente ha suspendido a algunos jefes delincuentes de sus salarios completos, y lo ha hecho bajo presión por parte de la Comisión de Control Presupuestario y el Parlamento. 
Usted tiene toda la responsabilidad. 
Este Parlamento será ingenuo si aprueba su administración. 
– Señor Presidente, hay diferencia entre culpa y responsabilidad. 
¿Quién asume la responsabilidad política del escándalo Eurostat? 
El escándalo no es que alguien haya metido la mano en la caja registradora. 
El escándalo más grave es que tenemos un sistema de contabilidad que todavía posibilita la malversación. 
Cuarenta y siete auditores y otros expertos han trabajado con Eurostat desde junio de 2003. 
Han pedido 78 contratos y solo han recibido 60. 
De esos 60, el 28,5 % se ejecutaron contraviniendo las reglas de la UE que rigen las invitaciones de concursos. 
¿Dónde están los 18 contratos que faltan? 
¿Quién es responsable de que no estén allí? 
¿Quién los obtendrá? 
Sin duda, debe haber copias de los contratos en todas las empresas. 
¿Por qué no se han obtenido inmediatamente, y dónde están las copias de los bancos de las cuentas secretas? 
¿Quién es responsable de que los 47 auditores no las tengan? 
¿Quién asume la responsabilidad de garantizar que todos los documentos de prueba salgan a la luz? 
Señor Prodi, acaba de celebrar una reunión con la Comisión de Control Presupuestario en las oficinas de mi grupo, en la que prometió apertura y tolerancia cero para el fraude, como también hizo al comienzo de su mandato en 1999. 
Sin embargo, hasta ahora, la tolerancia cero se ha demostrado principalmente con los que han revelado el fraude y avisado acerca del sistema de contabilidad que lo permite. 
La Comisión ha demostrado eficiencia en sus tratos con Paul van Buitenen, Marta Andreasen y Dorte Smidt-Brown. 
Se deshicieron de ellos de forma rápida y resuelta. 
¿Quién es responsable de restaurar sus derechos civiles? 
¿Cuándo le dirá al Sr. Solbes: «Pedro, quizás no seas culpable, pero Eurostat es tu responsabilidad. 
Retírate. 
Acepto la propuesta del Sr. Blak y yo mismo asumo la responsabilidad de ofrecer una explicación total del escándalo Eurostat»? 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, no puedo pensar en nadie que aprecie la simpatía expresada por el Parlamento por el asesinato de los soldados italianos y los civiles iraquíes. 
Los que han muerto saben que fueron asesinados por las mismas razones que sus colegas americanos y británicos, y los soldados están siendo asesinados, y por las mismas razones que nos encontramos en Estambul con una Europa con dos caras, con tres caras, que en general necesita la capacidad ofrecida por Estambul con el fin de garantizar que un israelí tenga los mismos derechos humanos que un palestino, los mismos derechos humanos que alguien que está a favor de esta Europa de Vichy, de esta Europa de tendencias pacíficas, de esta Europa de nuestro Parlamento, ni siquiera un décimo de la que está presente aquí esta mañana. simplemente cuente las cabezas –58– ni siquiera un décimo de los representantes elegidos. 
Sin embargo, eso sigue porque no es sino una máquina de votar, y es una máquina de votar de partidos políticos; esta es una Europa que no merece crédito alguno por expresar simpatía, puesto que es simpatía que es solidaridad impersonal, solidaridad en contra de George Bush y con Sadam Husein, siempre, constantemente, en todos los eventos. 
Señor Presidente de la Comisión, mientras leo su discurso del «Estado de la Unión» me acuerdo de algo: es como si el discurso del «Estado de la Unión» lo realizara ese Washington que su Europa odia, como odiaba en 1939 y 1940, como odiaba las democracias plutocráticas judeo-masónicas de la década de los 40, como odiaba la Francia de Jacques Doriot además de la Francia de Marshal Philippe Pétain, como odiaba a los que gritaban «¡Muere por Danzig, muere por Danzig! » – no, nunca, ! – cuando, en nombre del pacifismo, el Pacto homicida y vergonzoso de Munich hizo su aparición; el pacto vergonzoso estableció la escena para el Holocausto y estableció la alianza fascista, comunista, fundamentalista, Contrarreformista. 
¿La Europa de la reforma, Presidente Prodi? 
Tenga paciencia: menos el bello arte barroco de Bernini, esta es la Europa de la Contrarreforma, de la era en la que la perversión completa de las políticas del Papa-Rey hicieron que Dante Alighieri llamara «una prostituta sin vergüenza» a la Sede que explotó la historia y misión de Cristo en interés de los asuntos mundiales más humillantes, en el Vaticano en aquella época pero yo diría que hoy también ocurre. 
Cito a Dante, y muy a mi pesar, pienso que la cita es apropiada. 
El estado de la Unión, señor Presidente: según las líneas que todos están tomando –Parlamento, Consejo y Comisión– deberíamos tener una Comisión compuesta por 30 miembros, que pronto se convertirán en 35, porque somos los Estados Unidos de Europa. 
Sin duda, el Presidente de los Estados Unidos debería tener 50 ministros o así para gobernar el país de modo efectivo, ¿no es así? 
No es de esta manera como unirá a una Europa que proporciona una alternativa, la Europa de Altiero Spinelli, de Alcide De Gasperi, de Konrad Adenauer en lugar de Erich Ollenhauer o su otro rival demócrata social nacionalista contemporáneo. 
Así está el estado de la Unión. 
Esta Unión, Presidente Prodi, es la que financia todas las dictaduras con las que mantiene relaciones, tras una política criminal. 
Las disposiciones del artículo 2, que normalmente son la base de los acuerdos con regímenes dictatoriales, no valen ni el papel en el que están escritas. 
En este momento, tenemos aquí en Estrasburgo a los representantes del Vietnam verdadero de mañana y de años venideros, tenemos representantes de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, que piden verle. 
Todos los días, antes los hechos en Vietnam, Camboya y en todo el mundo nosotros, y el Sr. Solana y otros, como en el caso de la antigua Yugoslavia, apoyamos esencialmente a Milosevic en contra de los que luchan por la democracia. 
El estado de la Unión es penoso, porque Europa es la Europa de la televisión, de Munich, del fascismo, del comunismo; es una desgracia democrática y civil. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el año 2004 va a ser un año muy importante, un año de desafíos, como acaba de decir el Sr. Prodi. 
El próximo mes de junio tendrán lugar las elecciones europeas en circunstancias muy especiales, cuando daremos acogida a diez nuevos países en la mayor ampliación que jamás haya vivido Europa. 
Se desarrollarán en una atmósfera de esperanza de una constitución para Europa, sobre la base del excelente proyecto presentado por la Convención, todo ello en un clima internacional inestable, con una guerra en el Iraq que se prolonga, un terrorismo internacional que va en aumento, elecciones presidenciales en los Estados Unidos y un clima económico en Europa todavía frágil. 
En este contexto, hemos de mantener el rumbo con una Comisión fuerte e independiente a la cabeza. 
Si, como esperamos todos, surgen signos de reactivación económica, es necesario que la Comisión tenga capacidad de reacción para aprovechar todas las oportunidades que puedan servir a su política económica y de empleo. 
El Parlamento Europeo no puede permitirse perder un año. 
Nuestros conciudadanos no lo entenderían. 
Por ello, hay que concentrarse en las propuestas que es absolutamente preciso adoptar antes de que finalice la legislatura, es decir, durante el primer trimestre del año 2004, y consagrarse a aquellas cuyo primer examen esperamos pacientemente. 
Por segundo año consecutivo se ha puesto en práctica el principio del diálogo estructurado entre comisiones parlamentarias y comisarios. 
Nos congratulamos de ello, pero este diálogo todavía necesita mejorar. 
Por ello, proponemos la elaboración de un calendario interinstitucional más fiable, sobre una base plurianual, lo que facilitaría el seguimiento y la evaluación concreta de los resultados obtenidos. 
Sería deseable asimismo garantizar un seguimiento más regular de las peticiones expresadas por el Parlamento en relación con las acciones complementarias al programa. 
En lo que se refiere a la adhesión de los diez nuevos Estados miembros, tenemos plena confianza en los amigos que se nos van a unir. 
Apreciamos los extraordinarios avances que han realizado, pero damos gran importancia a su respeto del acervo comunitario y a la aplicación de los textos relativos al control de las nuevas fronteras exteriores. 
Del mismo modo, el control del nivel de seguridad nuclear en la Unión ampliada nos parece muy importante. 
La ampliación no puede tener éxito sin una adecuación del marco institucional. 
Nuestro Grupo tiene interés en que se respeten los trabajos de la Convención. 
Por tanto, este proyecto debe preservarse, y debemos poder reconocerlo en el Tratado constitucional. 
La Comisión se ha comprometido a mejorar nuestra legislación, a hacerla más accesible, más legible, más transparente, a simplificar la labor legislativa. 
¡Nos cuidaremos de ello! 
Es una de las principales expectativas de nuestros conciudadanos. 
Es y debe ser el valor añadido de la Unión Europea, a través de políticas que favorezcan la lucha contra la inmigración clandestina, una gestión común de nuestras fronteras y la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada, y ello gracias a una mejor cooperación policial y judicial, desarrollando una política común de asilo con procedimientos claros. 
Estas acciones deben llevarse a cabo en relación con los países de la cuenca mediterránea y los nuevos vecinos de la Unión ampliada: Rusia, Ucrania, Moldova y Belarús. 
La estabilidad reside también en el concepto de desarrollo sostenible, que debe influir en todo nuestro trabajo legislativo. 
Conseguir el desarrollo sostenible es favorecer la iniciativa privada, educar e informar al ciudadano, mantenerse en la senda de unas políticas macroeconómicas sanas y generadoras de empleo, acelerar las reformas estructurales y promover las inversiones en infraestructuras y en recursos humanos. 
Estas iniciativas deben emprenderse dentro del respeto de la Agenda de Lisboa, cuyo objetivo es aumentar el rendimiento económico potencial mediante el incremento de la flexibilidad en los mercados de productos, de capitales y de trabajo. 
Ya se trate de la política de transportes, de la investigación, todavía insuficiente ante la fuga de cerebros, de las telecomunicaciones, con el desarrollo de Internet, de la política de los Fondos Estructurales, esencial para revitalizar las regiones –y no solo en los países de la ampliación–, nuestras acciones deben centrarse en el ciudadano. 
Por ello, esperamos de ustedes sólidos compromisos que tengan en cuenta la prolongación de la esperanza de vida. 
Todo esto tiene que ver con el desarrollo sostenible. 
Además, si bien acogemos favorablemente las estrategias temáticas para el medio ambiente, deploramos en cambio la ausencia de iniciativas para el entorno urbano, como deploramos la falta de seguimiento del Consejo de Salónica, que debía establecer una red diplomática europea en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Por mucho que el año que viene por fuerza se verá un poco mutilado por las elecciones europeas, ni la Comisión ni el Parlamento estarán sin trabajo. 
Como he dicho al principio, deben mantener el rumbo en este año 2004. 
Por último, lamento la manifiesta falta de compromiso por parte de los Estados miembros con respecto a la aplicación de la legislación comunitaria, máxime cuando se trata del procedimiento de codecisión. 
– Señor Presidente, Señor Prodi, tienen razón al hacer de la cuestión de la ampliación la prioridad central de 2004 en sus propuestas. 
En realidad, la ampliación ha sido acordada de modo formal, pero en la mente de muchas personas –quizás en esta Cámara, pero especialmente en la población más amplia– no está completa del todo. 
Por esa razón, la Comisión tiene razón al centrarse en los próximos meses en asegurar que donde haya corrupción, donde haya cuestiones administrativas por resolver, y donde esté en juego la seguridad nuclear, todos los países que van a adherirse a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 estén preparándose realmente para hacerlo. 
Nuestras negociaciones con Bulgaria y Rumania también deben continuar. 
Debemos afirmar clara e inequívocamente que 2010 es la fecha prevista, pero ningún país puede asumir que la fecha prevista será la fecha real a menos que persistan con las reformas que han comenzado. 
Señor Prodi, tiene la tarea de preparar la decisión del Consejo sobre Turquía el próximo año. 
Sin embargo, le pediría que considerara lo siguiente: a menos que se adopte una decisión positiva a favor de la apertura de las negociaciones para la adhesión, tendrá que proporcionar ideas sobre cómo podemos intensificar nuestra cooperación con Turquía hasta –y, de hecho, durante– la apertura de las negociaciones. 
Los eventos de los últimos días en Estambul demuestran la importancia de la cooperación con Turquía, especialmente en cuestiones de seguridad. 
Esta cooperación más estrecha y coordinada con Turquía es esencial, independientemente de la cuestión de la adhesión. 
La ampliación también plantea la cuestión de fronteras exteriores efectivas y seguras. 
Estoy de acuerdo con que este es un aspecto importante de nuestro desarrollo, también en el contexto de una Europa más amplia. 
Sin embargo, la cooperación con nuestros vecinos también es esencial, por ejemplo, en la prevención del crimen transfronterizo y el combate de los males del tráfico humano. 
Los hechos en los Balcanes han demostrado que es bastante posible que la Unión Europea dé forma a esta cooperación de forma productiva. 
Sin embargo, también es crucial que cuando hablemos de migración, también lo hagamos de integración. 
Espero que la Comisión haga saber a algunos países que no solo se trata de restringir la migración. 
La tarea también es integrar a la gente que viene a la Unión Europea de forma más completa en nuestras sociedades. 
En cuanto a las políticas de crecimiento, que su programa también trata exhaustivamente, apoyamos las propuestas de la Comisión sobre inversión en redes y conocimiento. 
Necesitamos una decisión rápida a este respecto. 
Esta Cámara debe tomar algunas decisiones rápidas con el fin de aplicar la Iniciativa para el Crecimiento. 
Hacer énfasis en la inversión está muy bien, pero las redes y el conocimiento también necesitan inversiones. 
De hecho, la experiencia de los últimos meses ha demostrado que si simplemente liberalizamos sin crear incentivos para la inversión en redes –como la energía o el transporte– al mismo tiempo, puede que el resultado sea el desmoronamiento temporal o incluso a largo plazo de las redes. 
Si queremos modernizar Europa, debemos –y eso quiere decir la Unión Europea en su conjunto y, sin duda, todos y cada uno de los Estados miembros– aumentar la inversión no solo en conocimiento sino también en nuestra infraestructura. 
Sobre las cuestiones de liberalización y armonización, le pediría, señor Prodi, que considerara también que estamos intentando alcanzar un modelo social europeo. 
En mi opinión, esto no está expresado de modo adecuado en su documento. 
A veces tengo la impresión de que somos más liberales que los neoliberales en sus libros de teoría y más americanos que los americanos en algunos de nuestros pasos hacia la armonización y la liberalización. 
Debemos considerar las consecuencias sociales. 
Debemos hacer una prioridad de la lucha contra la exclusión social y la pobreza. 
En algunos países, la pobreza está aumentando de nuevo. ¿No es esto sino una catástrofe? 
Puede que también se deba al hecho de que los programas de austeridad no consideran de modo adecuado el modo en que los recortes de gasto y las medidas de liberalización impactan en los distintos grupos sociales. 
Eso no es un argumento en contra de la liberalización, sino simplemente un argumento para considerar los impactos sociales del desempleo, etc. 
En este contexto –y en mi opinión, el documento tampoco se centra de modo adecuado en esta cuestión– quisiera señalar la importancia de los servicios públicos, que debatiremos la próxima semana en esta Cámara. 
Muchos servicios públicos son una característica particular del modelo social europeo que queremos defender, claramente y de forma inequívoca, también ante el mundo de fuera. 
Por tanto, les ruego que tengan esto más en cuenta en su trabajo. 
Quisiera realizar dos comentarios más. El primero tiene que ver con la política exterior. 
Este Parlamento ha debatido con mucha frecuencia la postura de esta Cámara y de la Unión Europea respecto a Oriente Próximo. 
Debemos tener la fuerza y la determinación para perseguir el objetivo que nos hemos puesto y apoyar claramente todas las iniciativas de paz, la más reciente de las cuales es el Acuerdo de Ginebra. 
Sin embargo, ninguno de los hechos de Oriente Próximo y ninguna de las críticas que expresamos hacia Israel justifica remotamente declaraciones o acciones antisemitistas. 
Europa ha de tener claro que la crítica de la postura actual del gobierno israelí no puede ser motivo de palabras o acciones antisemitistas. 
Todos deberíamos haber aprendido la lección del desastre de la II Guerra Mundial en particular, y juntos deberíamos contrarrestar de forma resuelta todas las formas de discriminación y antisemitismo, no obstante nuestra clara postura respecto a Oriente Próximo. 
Señor Prodi, usted ha escuchado nuestras opiniones hoy. 
Queremos un Presidente de la Comisión fuerte y una Comisión fuerte. 
Por favor, no ayude a los antieuropeos planteando inseguridad o dudas respecto al hecho de que representará una Comisión fuerte como Presidente hasta las elecciones del próximo año. 
Esto es esencial para asegurar que cuando los votantes acudan a las urnas en junio, sepan lo que votan, que es una Europa fuerte y unida con una Comisión y un Presidente de la Comisión fuertes. 
– Señor Presidente, para comenzar, quisiera decir que es alentador que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi y la propia Comisión hayan aprendido aparentemente del caso Eurostat, que hay una serie de cosas que tienen que ser resueltas y que se van a ejecutar una serie de reformas para que en el futuro no se dé ningún caso similar. 
En el proceso que va a comenzar, es totalmente crucial asegurar que sigamos teniendo un servicio de auditoría interna fuerte que, a pesar de todo, es, sin duda, el primer eslabón de la cadena cuando se trata de descubrir el fraude, la malversación y las irregularidades. 
Es importante que tengamos una OLAF fuerte e independiente. 
Es especialmente importante que tengamos una definición clara de responsabilidad política. 
De hecho, creo que la responsabilidad política es de una importancia crucial y, lo que es más, responsabilidad política asumida por el Comisario individual. 
Si no tenemos esto, no creo que sea posible que las reformas se filtren en el sistema y lleguen al empleado individual, la pieza más baja de la jerarquía. 
Por tanto he escuchado, sin duda, con gran atención la observación del Sr. Prodi de que tenemos que tener una definición de responsabilidad política. 
Por ello, quisiera preguntarle al Presidente de la Comisión en qué difiere la responsabilidad política que vamos a definir de la definida por los expertos independientes y la indicada en el Código de Conducta firmado por los Comisarios en 1999. 
Ahora también vamos a tener una unidad de seguimiento para recoger señales si algo va mal. 
El Sr. Prodi afirma que la Comisión no tenía capacidad para intervenir antes de mayo de 2003. 
Sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de señales va a recoger este grupo? 
Ahora que resulta que los informes críticos de 14 auditores no son suficiente, al igual que las quejas de varios empleados a los distintos Comisarios, cartas en la prensa, audiencias en la Comisión de Control Presupuestario y cartas de los auditores al Comisario responsable en el departamento responsable no son suficiente, ¿qué tipo de señales se necesitan para que la Comisión intervenga? 
He advertido que nos dirigimos, sin prisa pero sin pausa, hacia una situación en la que la competencia en materia de política social aumenta considerablemente. No sin razón, el ciudadano europeo podría llegar a la conclusión, llegado el momento, de que el dúmping social podría intervenir más que ahora y más de lo que se puede justificar ante los ciudadanos. 
Nos gustaría obtener una respuesta franca de la Comisión sobre si podemos esperar su postura sobre las directivas de empleo para antes de finales de marzo. 
Eso nos permitiría dar a conocer, durante la última reunión plenaria de abril, nuestra postura ante estas directivas con el clima económico actual como telón de fondo. 
Queremos que se acelere el proceso de adopción de las directivas sobre el comité de empresa europeo y la jornada laboral, que están relacionadas con el dúmping social. 
Después de todo, en algunos países como el Reino Unido, la semana laboral puede llegar a unas sesenta horas. 
Queremos que se agilice el paquete que pertenece a las directivas sobre desplazamiento de trabajadores. 
Queremos que se aceleren los procesos que implican a los fondos sociales europeos, y podría seguir en este plan durante al menos otros cinco minutos. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, me gustaría expresar una vez más nuestro pésame por las víctimas de la masacre de Nasiriya, tanto a sus familias como a todas las fuerzas armadas europeas que se encuentran destinadas en misiones de paz y contra el terrorismo por todo el mundo. 
Centraré ahora mi discurso en el caso Eurostat. 
Hay demasiadas cuestiones sin resolver en este asunto y las medidas que se han tomado para subsanar los errores son pocas. Me atrevería incluso a afirmar que, debido al retraso con que se han aplicado, son probablemente ineficaces. 
Esta opinión se ha visto confirmada en la audiencia que el Presidente Prodi ha mantenido esta mañana ante la Comisión de Control Presupuestario. El Presidente se ha mostrado, francamente, demasiado vago y, si se me permite decirlo, un tanto reservado. 
En cuanto a la forma en la que se ha tratado el asunto, no alcanzamos a entender por qué se han realizado tantos esfuerzos por mantener la documentación en secreto y evitar un debate público sobre el caso Eurostat, como si se tratara de un secreto de Estado, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de nuestro Presidente es la transparencia. 
Como he dicho, hay demasiadas preguntas en el aire. 
¿Se ha acabado con esta fuga en los fondos de la Unión? 
Si es así, ¿cuándo se hizo exactamente? 
Esta misma mañana se ha vuelto a hacer hincapié en que los incidentes más graves tuvieron lugar antes de 1999. 
¿Qué hay de los incidentes menos graves? 
¿Cuándo ocurrieron? 
¿Siguen ocurriendo? 
Y lo que es aún más importante, ¿qué criterio se aplica para juzgar la gravedad de un incidente? 
¿La cantidad de dinero que desaparece, quizás? 
Con todo el respeto, quisiera señalar que el fraude es una ofensa grave por naturaleza y que se vuelve mucho más grave e inaceptable cuando los implicados ostentan cargos públicos. 
Además, ¿cómo es posible que una organización fraudulenta haya conseguido mantenerse operativa en la Comisión durante años sin ninguna traba? 
¿De verdad se espera que creamos que nadie notó nada a pesar de que entre los distintos departamentos de la Comisión circulaban rumores, faxes y mensajes de correo electrónico que hablaban de ganancias ilegales y contratos falsos? 
Es más, no comprendemos cómo funciona el sistema de vigilancia de la Comisión, dado el número de escándalos que se han descubierto a raíz del caso Eurostat, como el del precio de los cereales. 
A este respecto, lo más ridículo, que daría ganas de reír si no se tratara de un tema tan serio, es que en el documento que se ha presentado esta mañana se manifiesta que, presten atención, tenemos que sentar las bases gradualmente para una nueva cultura de responsabilidad y transparencia. 
¿Qué podemos deducir de esto? 
¿Que hasta ahora la Comisión se ha regido por la falta de responsabilidad y transparencia? 
Hay algo más que decir sobre el caso Eurostat y la gravedad del escándalo que rodea a la organización. 
No estamos hablando de un departamento más de los muchos centros de burocracia europea, sino de una institución que, a través del trabajo de registro y estadística, avala el Pacto de Estabilidad y verifica la aplicación de los criterios de Maastricht. 
Por lo tanto, tiene cierto peso en la definición de las políticas económica y financiera de los Estados miembros y, en la práctica, obliga a dichos países a adoptar políticas restrictivas que a menudo conllevan recortes presupuestarios y de asistencia social. 
Hablamos de una institución que desempeña un papel de vigilancia y que no puede permitirse que haya la menor sombra de duda sobre su imparcialidad o autoridad, como la que se cierne sobre ella en estos momentos. 
Entendemos que este asunto es vergonzoso porque se han utilizado fondos públicos con fines ilícitos. También comprendemos el problema que supone que se haya descubierto en un momento delicado, justo antes de las elecciones europeas, de la ampliación y de la Constitución. 
Entendemos el problema, pero no podemos hacer ninguna concesión en este asunto. No podemos ni aprobar ni, como se pretende que hagamos, subestimar la gravedad de los casos de corrupción, fraude y mala práctica. 
Son los ciudadanos quienes exigen que nos mostremos firmes, los mismos ciudadanos a los que se pide que se sacrifiquen en nombre del Pacto de Estabilidad. 
En lugar de buscar un funcionario público al que utilizar como cabeza de turco y cerrar el asunto de forma precipitada, nos habría gustado que la Comisión hubiera aceptado su responsabilidad en el asunto, como ya lo hiciera el Sr. Santer por mucho menos. 
No podemos dejar que pase todo esto sin expresar nuestra opinión, sobre todo cuando el Presidente de la Comisión se centra en difundir un manifiesto político, o quizás debiéramos llamarlo «programa electoral» , en el que describe una Europa de ensueño y, mientras tanto, deja de lado la Europa que existe aquí y ahora. 
¡Como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente mal! 
El Presidente Prodi tiene derecho a presentarse como candidato en las siguientes elecciones europeas pero, si esta es su intención, esperamos que haga las cosas como es debido y dimita. 
De otro modo, el daño que se podría causar a nivel institucional sería grande y, sinceramente, inaceptable. 
– Señor Presidente, quiero expresar mi disgusto por la auténtica farsa que se montó sobre la publicación del informe de la OLAF y los informes sobre Eurostat. 
Como miembro de la Comisión de Control Presupuestario, estaba perfectamente en mi derecho de ver estos informes sin estar sujeto a un ridículo follón estalinista. 
Demuestra claramente el desprecio de la Comisión por este Parlamento, la democracia y las personas que finalmente han de pagar por la corrupción de Eurostat, es decir, los contribuyentes de Europa. 
El informe destaca los procedimientos básicamente insuficientes para combatir el fraude y, lo que es más importante, cuán lenta fue la Comisión en reaccionar ante la evidencia manifiesta de la existencia de problemas importantes en Eurostat. 
También estoy profundamente preocupado por el ritmo de caracol con que procedió la OLAF para investigar todo este lamentable asunto. 
La fetidez que desprenden los chanchullos nos envuelve y es cada vez más fuerte. 
Señor Presidente, Señorías, tengo delante el manifiesto político del Presidente Prodi. En él hay buenas ideas, incluso si pueden parecer un tanto triviales y generales. 
Algunas de ellas sin duda merecen nuestro apoyo y otras menos. No obstante, a pesar de que yo no tengo ninguna objeción a que el Presidente elabore un documento político y de que tiene derecho a mantener su propia ideología, es totalmente inaceptable que solo se dirija a un país y a un partido político en este manifiesto. 
También me gustaría señalar que, dada su posición, debería poner las ideas en práctica en lugar de hablar sobre ellas. 
Él es el Presidente de la Comisión, él es quien está en condiciones de lograr cosas, de tomar las medidas necesarias para que se hagan leyes. 
Respecto de su afirmación sobre que el documento se dirige a toda Europa, permítanme expresar mi desacuerdo. 
De hecho, cito: ««En este marco y con la mirada puesta en Italia y las futuras elecciones al Parlamento Europeo en la primavera que viene, he propuesto a todos los reformistas que... » , etcétera. 
También en este documento se hace una clara referencia al Olivo cuando dice: «Pero la inspiración sigue siendo la misma inspiración original que impulsó el Olivo». 
Por lo tanto, estamos ante un documento partidario, que no se puede aceptar del Presidente de la Comisión. 
Si el Sr. Prodi dice haberse dirigido a Europa en su conjunto, no dice más que tonterías. No recuerdo haber visto brotar y crecer ningún olivo en países como Suecia o Finlandia. 
– Señor Presidente, yo, al igual que otros colegas, acogemos con satisfacción este debate, ya que tiene sentido celebrar un debate sobre el programa legislativo antes de tomar decisiones sobre el presupuesto 2004. 
La prioridad de la ampliación, junto con las otras dos prioridades, es verdaderamente razonable para la Unión Europea. 
Puesto que la mayoría de los miembros de la Comisión están aquí, sería conveniente convocar a todos los colegas para mantener un verdadero debate sobre lo que va a ser la Unión Europea. 
Esto sugiere que tendríamos que cancelar todas las reuniones fuera del salón de sesiones para que nuestros colegas puedan estar presentes. 
Quiero hacer una observación sobre las reformas de la Comisión que, tal como ha dicho usted, señor Presidente, fueron el motivo para que la Comisión asumiera su mandato. 
Mi Grupo ha presionado continuamente para que se hagan reformas basadas en el informe del Comité de Sabios. 
Se han realizado grandes progresos y, más recientemente, ayer por la noche en la Comisión de Presupuestos recibimos un documento muy positivo en el que se detallan cambios en el reglamento financiero y el Estatuto de los Funcionarios. 
Sin embargo, este documento sigue sin abordar los puntos débiles en la forma en que funciona la Comisión, tal como ha revelado el asunto Eurostat. 
A la vista de los tres pasos que ha señalado usted a la Comisión de Control Presupuestario esta mañana, mi Grupo está decepcionado por la forma en que se han puesto en marcha estas reformas. 
Uno o dos de nuestros diputados le han dicho que las reformas en relación con el flujo de información, las auditorías internas adecuadas y la responsabilidad de los Comisarios por los servicios que dirigen, concluyeron en septiembre de 1999. 
Si las instituciones han de reformarse satisfactoriamente, lo que es vital si nuestros ciudadanos han de confiar en la forma en que son gobernados, es un problema, tal como ha dicho el Sr. Blak, cuya responsabilidad nadie quiere asumir. 
Ha echado a un director general, pero los Comisarios siguen en sus puestos. 
Esta mañana, en la Comisión de Control Presupuestario nos ha tranquilizado diciendo que los Comisarios tendrán responsabilidad, pero sigue habiendo preguntas sin respuestas. 
La pregunta principal que formulo, y a la que quisiera que se diera una respuesta, señor Presidente de la Comisión, se refiere a los documentos internos relativos a Eurostat. 
Ha presentado usted propuestas para la reorganización de la OLAF. 
Sin embargo, este Parlamento sigue esperando el informe de la OLAF sobre Eurostat. 
¿Acaso las sugerencias para la reorganización de todo el sistema proceden de la OLAF, al ser la OLAF un servicio de la Comisión, o podremos tener el informe de la OLAF de modo que, como Parlamento, podamos evaluar la situación y llegar a una conclusión? 
Otros oradores ya han dicho que necesitaremos una Comisión fuerte en 2004 para asegurar que podamos asumir efectivamente las responsabilidades de la Unión. 
– Señor Elles, comparto su punto de vista sobre la presencia de diputados, pero lamentablemente el Presidente no puede dirigir el Parlamento como un regimiento de soldados. 
Señor Presidente, estuvo bien, señor Prodi, que asistiera usted a la Comisión de Control Presupuestario esta mañana y es importante decirlo. 
Por cuestión de principios, me gustaría llamar su atención sobre la preocupación del Grupo del PSE sobre el caso Eurostat, aunque también quisiera destacar otros asuntos. 
No es positivo que la Comisión necesite siempre un escándalo para dar un paso más en el proceso de reforma. 
Esto no hace más que dar cuerda al Sr. Bonde, si se me permite el atrevimiento de mencionar nombres, y él saca provecho político de la situación. 
La Comisión debería aprender esta lección. 
Ahora me gustaría tratar algunos asuntos específicos. 
Celebro que anunciara esta mañana que se revisarán los canales de información entre la OLAF y la Comisión, ya que esto es necesario. 
Sin embargo, permítanme expresarme sin rodeos y decir que hay que incluir una respuesta al problema de gestión interna de la Comisión en cuanto a la información que proviene de la OLAF, para que esta no quede enterrada entre papeles y pase inadvertida mientras todos se la tienen jurada a la Comisión. 
También me alegro de que, cuando se le preguntó, aclarara a la Comisión de Control Presupuestario que sus propuestas acerca de la reforma de la OLAF no pretendían dar a entender que ponía en duda o limitaba la responsabilidad de la OLAF para realizar investigaciones internas. 
Este aspecto es muy importante, puesto que habría supuesto un grave conflicto con esta Cámara. 
Nosotros queremos que la OLAF sea una agencia independiente, sobre todo en lo referente a las investigaciones internas, y por ello celebro que aclarara este punto ante la Comisión de Control Presupuestario y le animo a que continúe en esa línea. 
A continuación, me gustaría comentar el tema de la responsabilidad política. 
Siempre hemos sido partidarios de que los Comisarios también puedan ejercer esta responsabilidad. 
Teniendo en cuenta su afirmación de esta mañana y el hecho de que vuelve a hacer falta un suplemento al Código de Conducta, en el que se describa cómo los propios Comisarios deberían hacer preguntas y cómo los servicios y direcciones generales deberían estar obligados a informar a los Comisarios sobre los problemas, o minas terrestres, solo me queda suponer que esto no consta por escrito ni se ha constituido en práctica común. 
Ese era nuestro análisis de la situación en julio, pero ya es hora de que aprendamos algo de todo esto. 
Queremos que se lleve a cabo una reforma radical de las relaciones entre las Direcciones Generales y los Comisarios, y examinaremos sus propuestas para comprobar si responden a estos requisitos. 
Señor Presidente, siempre que hablamos en casi cualquier lugar de nuestros países de origen, sobre todo en los últimos cinco años, aparece un tema que es especialmente sensible. Se trata de la cuestión de cómo se gestionan los recursos financieros. 
A este respecto, la opinión general sobre Bruselas deja bastante que desear. 
Por ello, el hecho de que la Comisión Prodi declarara que en adelante no habría tolerancia alguna en ninguna parte, merecía un fuerte aplauso. 
Después de esto, quedamos muy sorprendidos ante las afirmaciones que se hicieron en relación con Eurostat hace unos meses. 
Hay que decir que la Comisión reaccionó de forma rápida cuando se conoció la noticia, pero la pregunta del millón es: ¿qué sabía la Comisión antes de ese momento? 
Desde mi punto de vista, hay claros indicios de que la Comisión, en los años anteriores a mayo de 2003, podría haber sido consciente de lo que ocurría en Eurostat y no inició ningún tipo de acción a la luz de dicha información. 
Aunque se hable de la necesidad de mejorar la información, a nosotros se nos dijo periódicamente que se había iniciado una investigación sobre Eurostat. 
Nos preguntamos por qué no saltó la alarma antes en la Comisión. 
Cuando escucho las declaraciones de la Comisión, veo que la idea principal que se quiere transmitir es la satisfacción que se siente por los resultados obtenidos. 
De hecho, el Tribunal de Cuentas declaró ayer que se notan las mejoras y que la Comisión puede sentirse orgullosa de ello y con razón. 
Sin embargo, respecto de los asuntos que han causado problemas, la Comisión se lava las manos. 
La culpa es de la OLAF, del director general o de cualquier otra persona, pero no de la Comisión. 
Esto no está bien. 
Me remito a un político británico, quizás un estadista, el Sr. Kinnock sin duda lo conocerá: Lord Carrington, No sabía nada de la guerra de las Malvinas y no se le había informado suficientemente. 
En mi opinión, esta posición le honra. 
En la cultura política de la que provengo, los Ministros, secretarios de Estado o consejeros siempre asumen la responsabilidad. Esto debería aplicarse también a los Comisarios y a la Comisión. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se centrará en este asunto. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la Comisión no se creó a partir de la nada. Fue la sucesora de la Comisión Santer, que desapareció precisamente porque nadie asumió su responsabilidad. 
Cuando usted afirmó que iba a aplicar una tolerancia cero, nosotros nos tomamos sus palabras en serio. 
Sin embargo, en estos momentos nos sentimos francamente decepcionados. 
Al fin y al cabo, se han publicado miles de artículos de prensa sobre el fraude de Eurostat antes de que se informara al Parlamento, y hoy nos cuenta esta gran historia en la que vemos que está evaluando a la OLAF en lugar de evaluar a Eurostat y su propia responsabilidad. 
Usted declaró que la Comisión debería asumir la responsabilidad política por las acciones de la OLAF careciendo de los medios para ello. 
Encuentro que esto es increíble y, , añadiría que la Comisión también es políticamente responsable de Eurostat. 
En su defensa, la Comisión asegura que tampoco cuenta con los medios para esto. 
El Evangelio contiene agudo relato que dice así: «Buena es la sal, pero si la sal se hace sosa, ¿con qué se la salará? 
Tened sal en vosotros y vivid en paz unos con otros». 
Me gustaría que así fuera... 
– Señor Presidente, el programa de trabajo de la Comisión para 2004 está formalmente bien presentado, pero al leerlo no se tiene la impresión de que el año que viene vaya a ser un hito histórico para la Unión Europea. 
Sin duda hay que aprobar sus prioridades, en primer lugar la conclusión del proceso de adhesión de los diez nuevos miembros y la creación de una política de vecindad de la Unión ampliada que establezca un espacio de paz y prosperidad sobre la base de valores e intereses compartidos. 
Aparece la preocupación por una lucha más firme contra la inmigración ilegal, que adquiere mayor peso que en los programas anteriores. 
Es una ascensión realista en la escala de prioridades que por supuesto habrá de ir seguida de iniciativas tangibles. 
Deben aprobarse también los esfuerzos por conseguir un crecimiento sostenible, a través de toda una serie de iniciativas de las que forman parte, entre otros, los objetivos de Lisboa y los programas de grandes obras en proceso de definición. 
No obstante, estamos perplejos ante los llamamientos a favor de una mayor coordinación económica y presupuestaria, de acuerdo con el Pacto de Estabilidad, ya que esto, por el contrario, puede reducir la flexibilidad, que a su vez tendría efectos negativos en el crecimiento. 
Por último, este programa deja abiertos muchos interrogantes. 
Algunos son inevitables: el año 2004 está lleno de incertidumbres, con las elecciones europeas, la renovación de la Comisión y la Conferencia Intergubernamental, cuyo resultado nadie conoce por adelantado. 
Otros interrogantes dependen de la ampliación, que no es un mero un proceso de adhesión, como parece decir el documento presentado, sino que va a representar también un giro en los métodos de trabajo, incluso en la Comisión. 
¿Podrán mantenerse los mismos métodos de trabajo, como parece suponer el documento, o habrá que modificarlos? 
Además, ¿tendremos que contar con una mayor diferenciación? 
El Presidente Prodi solo ha hecho una breve alusión a ello al final de su declaración, hace un momento, pero nos hubiera gustado que en el documento se abordase esta cuestión con más detalle. 
Señor Presidente, en el catálogo de medidas del programa de la Comisión para el año 2004, echo de menos una medida intangible, que es la de cómo restaurar ese tándem armónico, esa alianza estratégica entre Parlamento y Comisión, que está en el origen de tantos progresos del proyecto de Unión Europea. 
Hoy, señor Presidente de la Comisión, no nos definimos solamente como los consumidores de un gran mercado, sino como los ciudadanos de una Unión. 
La noción de consumidor implica la existencia de un mercado, pero la noción de ciudadano exige y predica necesariamente la existencia de un Parlamento. 
Pero de un Parlamento de verdad, que legitima el proyecto de integración, que audita a los Comisarios designados, que inviste a la Comisión, que la controla democráticamente, que debate, que rebate, que ratifica y que rectifica, pero que no lo hace desde la soberbia ni desde el "vedettismo" del mandarín, ni debe posicionarse en la plataforma arrogante de la soberbia. 
Un Parlamento que tiene que colaborar con la Comisión, porque es una institución clave en el proyecto de integración europea, que debe seguir jugando en el futuro un papel esencial y protagonista, siendo el motor político del proyecto y el difusor de sus avances. 
Pero esa cooperación necesaria entre el Parlamento y la Comisión, señor Presidente, no tiene que ser óbice para que la Comisión desarrolle sus actividades siguiendo criterios de transparencia, claridad, honestidad y eficacia. 
El Parlamento, por su parte, tiene también, señor Presidente, que distinguir entre lo accesorio y lo fundamental. 
Y no deja de sorprender que el Sr. Barón dé "certificados de compatibilidad" cuando resulta que simultanea su escaño en este Parlamento con su Acta como Concejal del Ayuntamiento de Madrid. 
Quisiera, señor Presidente, para terminar, decir que las medidas que propone el Presidente de la Comisión se sitúan en la buena dirección, tomando nota de las circunstancias por las que ha atravesado el llamado "caso Eurostat", donde no puede ponerse en cuestión la honorabilidad del Comisario responsable de esta cartera, y lo digo desde la disparidad ideológica. 
Hoy, que no se puede poner la mano en el fuego por nadie, yo pongo la mano en el fuego por la honestidad del Comisario responsable de Eurostat, así como por las medidas que ha propuesto en relación con la modificación de los contenidos y capacidades de la Oficina de Lucha contra el Fraude, que se sitúan en la buena dirección y que tienen que tener el objetivo de restaurar esa alianza estratégica y ese tándem armónico entre el Parlamento y la Comisión, que están en el origen de tantos progresos en el proyecto de Unión Europea. 
– Señor Presidente, muchos ciudadanos de la Unión Europea consideran la burocracia de Bruselas como algo que no les concierne. 
El reto al que se enfrentaban el Parlamento recién elegido y la Comisión en 1999 era cambiar esta actitud. 
En los últimos años, la Comisión ha publicado distintas propuestas de reforma administrativa en el marco de los tratados europeos.Las reformas del Sr. Kinnock se centraron en la política de recursos humanos y en un presupuesto orientado a los resultados. 
Por medio del Parlamento Europeo, se adoptó un reglamento de denuncia de irregularidades. 
Gracias al Libro Blanco sobre gobernanza se lanzaron programas de codificación y simplificación de la legislación vigente, que según dicen permitieron reducir los programas legislativos en 35 000 páginas. 
Siguiendo una propuesta del Parlamento, se adoptó un acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación que contenía propuestas de formas de regulación alternativas, con la posibilidad para el Parlamento y el Consejo de ejercer una función de control como legisladores. 
Posteriormente, la Convención decidió reducir el número de tipos de decisiones, que pasaron de veintisiete a tan solo seis. 
También estableció una distribución de tareas clara y apropiada entre Europa y los Estados miembros, y un refuerzo de las funciones de las autoridades locales y regionales. 
Nos gustaría devolver Europa a los ciudadanos, adoptar una política de abajo arriba. 
Asimismo, damos a los Parlamentos nacionales un papel más importante, para que nos ayuden en el Parlamento Europeo a controlar del respeto de la subsidiariedad. 
De esta forma, se mantiene en el plano nacional todo lo posible y se hace a nivel europeo lo que ha de realizarse en un contexto europeo. 
Por lo tanto, estamos llevando a cabo reformas tanto dentro como fuera del marco de los Tratados. 
Gracias a ellas, Europa funcionará mejor y de forma más democrática, por ejemplo en el ámbito de la delincuencia transfronteriza. 
Lo que resulta molesto es que estos logros se vean amenazados por sucesos como el caso Eurostat. 
Independientemente del hecho en sí, es fundamental que la responsabilidad política de los Comisarios respecto de sus funcionarios sea total y cristalina, y no pronto, sino ahora mismo. 
Tanto los ciudadanos como el Parlamento Europeo quieren democracia, no tecnocracia. 
Gracias a ese Libro Blanco y a las muchas acciones que han llevado a cabo tanto el Parlamento como la Comisión posteriormente, se ha establecido en gran medida una legislación y una administración mejores y más efectivas. 
Esto se ha realizado mediante la garantía del acceso de los ciudadanos a los documentos, manteniendo el compromiso a favor de una política moderna de recursos humanos y un presupuesto orientado a los resultados, trabajando sobre las anunciadas evaluaciones de impacto, por ejemplo en el terreno económico, social y medioambiental, y poniendo en práctica el acuerdo interinstitucional. 
El movimiento se demuestra andando. 
En resumen, estamos trabajando para conseguir una administración europea reconocible y accesible. 
En este aspecto, el nacimiento de la constitución será un factor crucial para los ciudadanos europeos. 
No hay necesidad echar el freno electoral, ya que no se trata de ganar la batalla de Italia, sino de conquistar los corazones y mentes del público europeo. 
Nos gustaría que los italianos se volcaran en un gran final y sé que los italianos son expertos en ciclismo y finales. 
Deseamos que el Señor Prodi y la Comisión tengan ese éxito en 2004. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comsión, representante del Consejo, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el Sr. Salafranca sobre Eurostat y, a este respecto, me gustaría señalar la legítima necesidad de una respuesta clara, que la Comisión ha satisfecho plenamente con sus actos y con el plan de acción presentado hoy. 
Resulta preocupante que sigamos explotando este asunto con fines políticos, exagerando desmesuradamente una cuestión que, sin duda alguna, no es crucial para la existencia de la Unión. Mientras tanto, la tragedia iraquí vuelve a golpear, recordándonos nuestra incapacidad para actuar y, peor aún, nuestra hipocresía ante una guerra que se inició para combatir el terrorismo y que al final no ha servido más que para avivarlo. 
No estamos implicados. 
No tenemos el dedo palpando el pulso del mundo. 
Los tiempos en que vivimos reclaman un gran aporte de medidas políticas, que den a Europa un alma y hagan de ella algo más que un mero gigante herido e impotente al que algunos siguen queriendo hoy ver atrapado en el vicio de la neutralidad burocrática. Necesitamos una política como la propuesta en el documento del Sr. Prodi, en el que este se ha dirigido como ciudadano europeo a su país principalmente, pero que se aplica a toda la Unión y a todas las agrupaciones políticas, entre las que se incluyen los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, señor Poettering, los muchos demócrata-cristianos a los que usted debería representar también y que no pueden reclinarse en su asiento y aceptar ningún cambio hacia la derecha. 
Señor Presidente, agradezco muy sinceramente al Sr. Prodi su comparecencia tanto en la Comisión de Control Presupuestario como hoy en el Pleno, en el que nos ha hablado con claridad de lo que le preocupa para el futuro. 
Nosotros estamos muy de acuerdo en que hay que trabajar para el futuro y en que hay que mejorar las cosas que, hasta ahora, no se han hecho bien. 
Pero, señor Prodi, a nosotros en el Parlamento nos gusta también hablar de las cosas que han sucedido durante estos cuatro años y de aquello que no ha funcionado bien. 
Precisamente, porque con esta actitud crítica que tenemos en el Parlamento lo que buscamos es que mejore el futuro, que no se vuelvan a repetir algunos de los problemas a los que hoy nos estamos enfrentando. 
Es por eso por lo que en algunos asuntos nos habría gustado recibir por su parte, señor Prodi, respuestas más concretas, que nos hagan ver con optimismo que realmente no se van a volver a presentar los problemas que hoy nos preocupan profundamente. 
Y nos preocupan porque desde el Parlamento queremos trabajar junto con la Comisión con una actitud de colaboración para que las instituciones europeas mejoren, para que las instituciones europeas sean cada vez más fuertes. 
El Parlamento quiere ser fuerte con una Comisión fuerte, señor Prodi. 
Es por eso por lo que desde la Comisión de Control Presupuestario tenemos una actitud crítica, una actitud exigente, una actitud, sin duda, positiva. 
No dude, señor Prodi, que nuestra intención es que la Comisión se fortalezca y mejore de cara al futuro porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar cuando vayamos a las elecciones europeas y cuando digamos al ciudadano que tiene que votar al Parlamento Europeo para fomentar unas instituciones cada vez más fuertes. 
Es ese mensaje positivo el que nosotros tenemos que dar y el que queremos, junto con la Comisión Europea, transmitir. 
Y por eso, señor Prodi, tiene que tener en cuenta que nuestras críticas son siempre positivas y son siempre para buscar soluciones que nos satisfagan a todos. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, creo que, detrás de un programa legislativo se oculta siempre un proyecto político. 
Desde este punto de vista, el año 2004 debería ser el que nos permitiera reconciliar dos objetivos absolutamente esenciales de nuestra Unión: la paz y la prosperidad. 
En efecto, ninguno de los desafíos que nos esperan para 2004 tiene posibilidades de éxito si no volvemos a sentar en nuestro continente las bases de la prosperidad. 
Desde este punto de vista, el tercer objetivo fijado para el año 2004 por la Comisión, que es el desarrollo sostenible, es absolutamente crucial a la luz de la situación económica actual de la Unión. 
En este contexto, mi Grupo se atreve a esperar que la Comisión privilegie claramente la cuestión del empleo, ya que ni la ampliación, ni una nueva Constitución serán aceptables a los ojos de nuestros conciudadanos si no nos ocupamos antes de la cuestión del empleo. 
Para ello necesitamos también inversiones, tanto del sector público como del privado, en recursos humanos y necesitamos recuperar un nivel de crecimiento suficiente, que contribuya a incrementar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 
No confiemos únicamente en las variaciones de los tipos de interés o en el mundo exterior para crear espacios de crecimiento en la Unión. 
Por lo demás, quizás quepa lamentar que la Comisión no haya abordado claramente la cuestión de la gobernanza económica en su vasto programa para 2004, tanto más cuanto que las condiciones en que la Comisión piensa preparar la cumbre de primavera, por lo que se refiere concretamente a la aplicación de la estrategia de Lisboa, no parecen aún del todo claras. 
Necesitamos saber en qué condiciones tendrá que continuar la nueva Comisión esta estrategia y, en este orden de ideas, quizás fuera útil que la Comisión saliente hiciese un balance de la primera etapa de la estrategia. 
Por último, me parece que la cuestión del desarrollo sostenible debería ocupar un lugar más destacado en el programa de la Comisión. 
Observo también que a pesar de que el número de propuestas legislativas nuevas es totalmente irrealista, hay algunas omisiones. 
En primer lugar, no se dice ni una palabra de la segunda lectura de la Directiva relativa a los servicios de inversión, cuando es un texto sobre el cual hemos trabajado mucho. 
Me atrevo a esperar por tanto que lo podamos ultimar durante esta legislatura. 
Lo mismo ocurre con la revisión del plan de acción de servicios financieros y la ampliación del empleo del procedimiento Lamfalussy. 
En todos estos puntos, esta Comisión y este Parlamento deberían concluir sus trabajos en el curso del año 2004. 
Para terminar, le diré cuánto me extraña, señor Presidente de la Comisión, que su programa legislativo, tan extenso y tan cargado, ni siquiera mencione una directiva marco sobre los servicios de interés general, que mi Grupo y este Parlamento en su conjunto han reclamado repetidamente, y a favor de la cual también la Convención se ha manifestado firmemente. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores Comisarios, Señorías, me dirijo a usted, señor Presidente, en su calidad de presidente de la Conferencia de Presidentes. 
Como usted sabe, las comisiones parlamentarias han participado plenamente en la preparación del programa legislativo y de trabajo que el Sr. Prodi acaba de presentarnos. 
Gracias a este diálogo interinstitucional, disponemos hoy de un programa para el año 2004 que refleja ampliamente las prioridades comunes de nuestras instituciones. 
No obstante, sin duda todavía es mejorable. 
Aunque todas las peticiones formuladas por las comisiones parlamentarias no hayan sido tenidas en cuenta por la Comisión, la experiencia demuestra que la fiabilidad de los calendarios podría mejorarse. 
A título de ejemplo, 17 de las 22 propuestas de codecisión previstas en el programa de 2004 figuraban ya en programas anuales anteriores y habrían debido presentarse hace tiempo. 
Por consiguiente, es esencial que ambas partes hagan un seguimiento minucioso de este programa. 
Recuerdo a este respecto que el Parlamento lanzó el año pasado la idea de disponer de documentos políticos para cada ámbito legislativo. Estos servirían de base para una programación más detallada, responderían además plenamente a los objetivos del acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor» , que exige tanto una mejor coordinación como una mayor sincronización de los trabajos legislativos entre las tres instituciones. 
Hago hincapié en las tres instituciones, porque el Consejo aún está ausente del diálogo estructurado. 
En el próximo Consejo Europeo de Bruselas se presentará el primer programa plurianual del Consejo. 
Sería oportuno que el Parlamento Europeo pudiera tener conocimiento con tiempo del programa, para poder entablar un diálogo constructivo precisamente entre las tres instituciones afectadas. 
Me permito llamar también su atención sobre la necesidad de acordar con la Comisión un procedimiento de diálogo para el año 2004. 
Abordaremos esta cuestión esta tarde en la Conferencia de Presidentes, pero a mi entender es imperativo hacer todo lo necesario para que todos los afectados, incluidos los Parlamentos nacionales y los órganos consultivos y, en definitiva, los ciudadanos europeos, dispongan de un programa legislativo para el año 2005 a su debido tiempo. 
Si es cierto que la actual Comisión está en condiciones de presentar a la Unión las estrategias políticas y el presupuesto para el año 2005 antes del mes de octubre del año próximo, debe estar en condiciones también de presentar su programa legislativo durante ese mismo mes de octubre. 
El año pasado manifesté aquí mismo mi convencimiento de que, gracias al diálogo estructurado, se estaba estableciendo una auténtica cultura de la planificación y la programación interinstitucionales. 
Las experiencias de los últimos meses y las perspectivas responden al acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor» y confirman plenamente este convencimiento. 
Nos corresponde a todos trabajar juntos en ello en interés de nuestros conciudadanos. 
Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, estamos en el último año previsto para culminar la agenda establecida por el Consejo Europeo de Tampere. 
Debemos, además, en este corto período de tiempo, incorporar a los diez nuevos Estados a este objetivo, aún móvil, y hemos reiterado la preocupación de este Parlamento por la incorporación de los objetivos decididos en Tampere en los países de la adhesión. 
Respecto a la situación interna, me parece terriblemente preocupante que a estas alturas la lista 4, que es la lista a la espera de decisiones del legislador, sea aún tan larga. 
Ahí está la Directiva sobre las condiciones de entrada y estancia por razones de trabajo y estudio en la Unión Europea; ahí está la decisión a tomar sobre la concesión del estatuto de asilo y las condiciones mínimas en las que las personas pueden acceder al asilo en Europa. 
Debería estar ahí, también, el estatuto de los residentes de larga duración y la Directiva sobre la reagrupación familiar porque, aunque esté tomada una decisión en este sentido, está tan llena de excepciones que, sinceramente, entre tener esta directiva y tener quince legislaciones no hay ninguna diferencia. 
Este es un problema del Consejo, de acuerdo. 
Pero es un problema de la Comisión defender y defender con fuerza la agenda que ella misma ha propuesto, que es buena, coherente y global. 
Debe defenderla, como dijo el Sr. Prodi hace pocas semanas ante el Parlamento Europeo en su intervención después del drama de las víctimas de Italia que se repitió, desgraciadamente, en España. 
Cuente con nosotros, señor Presidente Prodi, para defenderla juntos ante el Consejo. 
El Consejo está en este momento presionando con mucha fuerza para establecer medidas fragmentarias en relación con lo que ellos llaman "lucha contra la inmigración ilegal" que no pueden funcionar, y no lo digo por razones ideológicas, lo digo porque es imposible tener solamente en cuenta el punto de vista de los ministros de Interior en una agenda tan compleja y tan global como la de la inmigración. 
Incorporen, pues, entre sus objetivos, la inclusión plena de la inmigración en la agenda de las relaciones con nuestros vecinos como factor de estabilidad y prosperidad; incorporen también esta cuestión en el ámbito del empleo, como lo han hecho, y cuenten con nosotros para defenderla. 
También es larguísima la lista de decisiones que hay que tomar en el ámbito de la cooperación en materia penal. 
Y ahí están incluidos, curiosamente, por ejemplo, la Directiva para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la de lucha contra el tráfico de seres humanos. 
Y digo que es curioso. 
Insistan en incorporar estas materias como prioridades y no duden en contar con este Parlamento para ello. 
Señor Presidente, Señorías, el Presidente de la Comisión comenzó su discurso de esta mañana diciendo que la Unión Europea goza de buena salud. 
¿En qué planeta vive? 
El Pacto de Estabilidad, uno de los fundamentos de nuestra moneda única, está en peligro y la moneda única es uno de los pilares de la Unión. 
Al calificar tan a la ligera el Pacto de «estupidez» , el mismo Presidente de la Comisión ha contribuido a su descarrilamiento. 
Dos países importantes han dejado descaradamente de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad. 
Desafortunadamente, uno de ellos es mi propio país, que antaño había presionado a favor del Pacto. 
¿Cómo y con qué autoridad va a llamar al orden a estos países el Presidente de la Comisión cuando él mismo ha ayudado a debilitar el Pacto? 
¿Qué está haciendo el Presidente para contrarrestar la amenaza que supone el borrador de la Convención para el Pacto? 
¿Quién ha autorizado a la Convención a eliminar del catálogo de objetivos de la Unión la estabilidad de precios? 
Dicha estabilidad es la base de la constitución monetaria de la Unión Europea. 
En Alemania presionamos para obtener la aprobación por el público de la moneda única y la desaparición del marco alemán, asegurando que la estabilidad de precios y la independencia del Banco Central estaban garantizadas. 
Nos sentiríamos estafados si el objetivo de la estabilidad de precios se suavizara y se dejara de lado. 
Por lo tanto, señor Prodi, esperamos que brinde su apoyo al Comisario Solbes en este asunto en lugar de apuñalarle por la espalda. 
En otro orden de cosas, usted ha mencionado la estrategia de Lisboa. 
Se supone que en el plazo de diez años constituiremos la zona económica más dinámica y competitiva del mundo. 
¿Hay algo de contenido tras estas palabras? 
Con toda sinceridad, señor Presidente, hará falta cambiar más aspectos de su cultura legislativa si queremos conseguir este objetivo. 
Señor Presidente, con una presidencia italiana del Consejo y con la presidencia en la Comisión de un italiano tan distinguido como el Sr. Prodi, mis primeras palabras tienen que ser de condolencia con el pueblo italiano por los acontecimientos trágicos de los últimos días. 
En primer lugar, querría referirme a un tema al que ha dedicado mucha atención el presidente Prodi, que es el problema de los controles. 
En las organizaciones modernas los controles recaen en la administración del poder político o del poder jurisdiccional. 
Antes el presidente del Grupo socialista, el Sr. Barón, se refirió al informe Casaca sobre la importancia del Parlamento como fuente de control político y por otra parte están los controles jurisdiccionales. 
Lo que no puede ser- como decía antes el Sr. Barón -, es que reproduzcamos controles administrativos. 
Los controles administrativos están bien dentro de la administración, pero sin un sistema ordenado de control político y de control jurisdiccional, creo que nunca resolveremos las cuestiones que hoy tenemos pendientes. 
En segundo lugar, el programa legislativo de la Comisión pone el acento en la ampliación. Y al hacerlo yo diría que, desde este Parlamento, el último informe de la Comisión, presentado por el Sr. Verheugen, en el Pleno del Parlamento Europeo, ha despertado la máxima inquietud. 
¿Cuántos países candidatos están realmente en condiciones de incorporar el acervo comunitario de aquí al primero de mayo? 
¿Qué medidas piensa proponer la Comisión y adoptar el Consejo para que, en el caso de que uno o varios de esos países no cumplan los requisitos, pueda bloquearse su entrada? 
A este Parlamento, francamente, le ha sorprendido la decisión del Parlamento de Letonia, de privar a uno de sus miembros de la condición de observador en este Parlamento por haber expresado opiniones disidentes con respecto a su Gobierno. 
Se plantea aquí la cuestión, unida al tema de las minorías en estos Países Bálticos, de si esos países cumplen el criterio fundamental de Copenhague de contar con un sistema democrático claro. 
Concretamente para Rusia y Ucrania se habla de la creación de unos espacios comunes en cuestiones de justicia e interior. 
Los últimos acontecimientos en Rusia, con la detención, prisión y procesamiento de dirigentes industriales, probablemente no por razones estrictamente jurídicas, sino por razones políticas, nos plantean la cuestión de qué elementos comunes podemos tener con este tipo de gobiernos. 
Y, por último, señor Presidente, hay un tema que abordaron tanto el Sr. Clegg como el Sr. van den Berg, entre otros, que es la aprobación del acuerdo interinstitucional. 
No he notado en la exposición del Presidente ninguna referencia a ese acuerdo, si bien es reciente, es cierto, creo que tiene la mayor importancia. 
Sería conveniente que la Comisión nos informara de las consecuencias del acuerdo sobre el programa legislativo de la Comisión. 
– Señor Presidente, empezaré destacando algunas observaciones que se han hecho hoy en esta Cámara acerca de nuestra preocupación por la contabilidad de la UE. 
Esta preocupación es más amplia que lo que puedo recordar de anteriores ocasiones. 
Si miramos el anexo 3 de la Comunicación de la Comisión, me preocupa en particular que la Comisión Prodi reivindique un gran éxito en este ámbito. 
Su compromiso de lograr un programa amplio de reforma interna incluye llegar a un acuerdo sobre un nuevo reglamento financiero para la gestión de los fondos comunitarios. 
Sin embargo, no hay nada nuevo sobre la crisis del Eurostat o sus antecedentes, mientras el Tribunal de Cuentas no ha sido capaz de aprobar las cuentas durante nueve años consecutivos. 
No digamos que el Parlamento está de repente libre de toda sospecha al respecto. 
El Parlamento, a pesar del enfoque adoptado por el Tribunal de Cuentas, ha aprobado estas cuentas año tras año, por lo que sin lugar a dudas se ha dado a entender a la Comisión que se trataba de asuntos que no preocupaban demasiado al Parlamento. 
Si esto ha cambiado, lo acojo con satisfacción. 
¿Por qué lo acojo con satisfacción? 
Porque en este momento los ciudadanos de la UE consideran que la Comisión es sinónimo de calificaciones negativas en materia de fraude, mala administración y contabilidad desastrosa. 
Lamento mucho que esto sea así y pienso que la imagen de la Unión Europea ha de mejorar. 
Queremos que la Comisión aborde esta cuestión. 
¿Cómo puede hacerlo? 
De forma muy sencilla: abordando las preocupaciones planteadas, no dándoles la espalda, y emprendiendo acciones en relación con la posición de las personas que denuncian la existencia de prácticas ilegales y que han llamado la atención pública sobre ello. 
Actualmente hay tres de estas personas a quienes se les ha separado de sus funciones. 
Apelo al Comisario a que tome medidas que aseguren que a estas personas que han llamado la atención pública sobre los escándalos relacionados con la contabilidad de la UE, y cuya suspensión actual es totalmente incomprensible para los ciudadanos de Europa, se les restituya en su función de aclarar las cuentas de la UE. 
Señor Presidente, quisiera centrarme en la cuestión de la cultura y agradezco los esfuerzos realizados por la Comisión en el campo de la educación, la juventud y la cultura durante el año 2003. 
Para 2004 nos expone un programa de trabajo que contiene siete propuestas relevantes para la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
He de comenzar denunciando el hecho de que estos programas de trabajo y acción siempre se presenten a una hora del día relativamente avanzada. 
Debido a ello, en estos momentos estamos negociando los programas de juventud, cultura, organizaciones y formación profesional. 
La premura de tiempo es enorme y nos vemos obligados a encontrar soluciones en estas circunstancias. 
De lo contrario, los programas para el próximo año fracasarán y no se podrán poner en marcha. 
Nadie quiere exponerse a estas críticas y, sobre todo, asumir esta responsabilidad. 
Las prioridades del programa de acción de la Comisión para 2004 no se centran necesariamente en educación, juventud y cultura. 
Por determinados motivos, se concede la prioridad a asuntos como la ampliación, las elecciones parlamentarias o la seguridad económica. 
Sin embargo, pediría a la Comisión que no dejara de lado el área de educación, juventud y cultura. 
En el calendario de planificación de este año, los objetivos fueron mucho más ambiciosos de lo que se pudo conseguir. 
Me refiero, por ejemplo, a las propuestas legislativas que deberían haberse aprobado en septiembre u octubre pero que se retrasaron, como el europasaporte de formación o el europeo, y que puede que se adopten a finales de año o incluso en 2004. 
Un buen ejemplo son los programas de formación a partir de 2006, que son un aspecto clave de la política cultural. 
En consecuencia, apelo a la Comisión para que adopte las propuestas prometidas de modo que puedan pasar al menos la primera lectura del Parlamento durante esta legislatura. 
Quisiera llamar la atención en especial sobre las propuestas legislativas del sector audiovisual, que deberían haberse presentado en diciembre. 
Aún no se ha presentado ningún texto sobre la tan anunciada revisión de la Directiva de televisión sin fronteras, sino que sufrimos lo que parece ser un interminable proceso de consulta por parte de la Comisión. 
No cabe duda alguna de que la adhesión de diez Estados miembros nuevos, la estabilidad y el crecimiento sostenible son asuntos importantes, pero eso no quiere decir que se deba pasar por alto la cultura y la educación. 
La educación debe ser una prioridad en la ampliación, estos asuntos deberían estar interconectados. 
No deberíamos centrarnos siempre en la vinculación económica y política solamente. 
La cultura y la educación deben integrarse en mayor grado, de forma que la educación constituya la base del progreso y el desarrollo en la Unión Europea y que la cultura sea un requisito previo para las relaciones comunitarias, el diálogo y el respeto de la diversidad cultural. 
– Señor Presidente, quisiera expresar mi acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Nassauer, para mi gran satisfacción, acerca de que la puesta en marcha del programa de trabajo de 2004 comienza rodeada de circunstancias nada favorables. Esto se debe sobre todo a que dos países clave, Francia y Alemania, que en el marco de la UEM inventaron el Pacto de Estabilidad, hayan olvidado prácticamente sus promesas después de cinco años. 
Además, los arquitectos de este pacto han pasado de la fuerza a la debilidad, de la estabilidad a la inestabilidad, de la fiabilidad a la falta de confianza y de tener sentido de responsabilidad a carecer de él. 
Estos terribles hechos se vieron reafirmados por el director del Banco neerlandés en la televisión de su país cuando subrayó que sin un Pacto de Estabilidad no habría habido moneda única y que son los que redactaron este Pacto los que nos han embarcado en el viaje. 
Este es el marco en el que se está debatiendo la ampliación de la Unión Europea, dado que hay algunos países más que desean formar parte de ella. 
Desde mi punto de vista, es muy importante que perseveremos con ahínco en una política honrada y coherente, y que nos mantengamos rigurosos en cuanto a los criterios aplicables a esos países, sobre todo en lo que concierne al Estado de derecho, la democracia y la buena vecindad. 
Es poco prudente tratar a los países balcánicos como si el asunto ya estuviera zanjado. 
Estos países serán los primeros que tengan que demostrar que su lugar se encuentra dentro de la Unión Europea. 
Además, habría rechazar la introducción de criterios distintos de los pactados anteriormente, como la diferencia de religión, el tamaño del país o su volumen de población, la situación estratégica, las ventajas políticas, la fecha de la solicitud de adhesión, las relaciones históricas o los beneficios económicos. 
Todos estos son elementos que, por supuesto, se le ocurren a cualquiera, tarde o temprano, pero sería nefasto que excluyeran o relativizaran con los criterios acordados. 
El Sr. Verheugen ha mencionado la necesidad de una política exterior y de seguridad común a la luz de la ampliación. 
¿Cuál es la posición del Consejo al respecto? 
¿Comparte la opinión del Comisario Verheugen de que, a tenor de la ampliación, deberíamos esforzarnos aún más por conseguir una política exterior y de seguridad común? 
Es un escándalo y no podemos borrarlo del mapa, pero lo que sí podemos hacer es aprender de él. 
En primer lugar, significa que en el futuro la Comisión debe atender al Parlamento, la asamblea elegida directamente por los ciudadanos europeos y que los representa, en lugar de hacer caso omiso de los informes que este presenta, en una extraña mezcla de ignorancia y arrogancia. 
Si la Comisión hubiera escuchado, el asunto no habría alcanzado tal proporción. 
En segundo lugar, tenemos la obligación para con nuestros ciudadanos de rectificar lo acontecido en este período, es decir, durante nuestro mandato y el suyo. 
A este respecto, hemos presentado varias propuestas. 
El informe se hará público ante esta Asamblea en breve, dado que ya ha sido aprobado por la Comisión de Control Presupuestario. 
Entre otras cosas, el informe plantea la cuestión del reglamento financiero, que hasta ahora no se ha tocado en absoluto. 
Por ejemplo, trata el hecho de que aparentemente las empresas pueden establecer contratos con la Comisión Europea sin necesidad de presentar datos sobre su situación financiera. 
Hay empresas que tienen su sede en las Bahamas y se rumorea que detrás de ellas se esconden funcionarios de la Comisión Europea. 
Esto debe cambiar. 
Además, pueden existir Direcciones Generales que queden al margen del escrutinio de los auditores. 
Esto también debe cambiar. 
Por último, proponemos que se modifique el reglamento financiero o el reglamento interno para que los recursos de auditoría interna se subordinen al jefe de auditoría interna. 
Si esto hubiera sido así, el caso Eurostat no habría alcanzado semejantes proporciones. 
Queremos una solución, Sr. Prodi, y la queremos ahora, no dentro de uno o dos años. 
Hay que actuar ahora. 
Hay que rectificar lo ocurrido y, después, podremos recuperar la confianza de los votantes. 
– Señor Presidente, me gustaría comenzar expresando mi más sincero agradecimiento al Presidente Prodi por acudir a la Comisión de Control Presupuestario esta mañana. 
Es necesario comentar el plan de acción que nos ha presentado y quisiera empezar, en primer lugar, por tratar la permanente incapacidad para resolver el problema de comunicación entre la administración y la Comisión, y con esto me refiero a los Comisarios, a pesar de que ya existen muchas medidas sobre el papel: el código de conducta de septiembre de 1999, la Carta de los ordenadores delegados de diciembre de 2000, etcétera. 
Estoy convencida de que lo que necesitamos no son nuevas reglas, sino aplicar las que ya existen, y eso es lo que quiero recalcar. 
En segundo lugar, está claro que hace falta crear nuevos mecanismos para este proceso. 
Presidente Prodi, permítame aconsejarle que, en lugar de crear aún más organismos, refuerce los que tenemos y realice las reformas que sean necesarias. 
No creo que tenga mucho sentido contar con nueva maquinaria para recoger información sobre posibles casos de fraude y considero innecesario disponer de un organismo que se dedique a descubrir irregularidades financieras. 
Asimismo, considero que no hay necesidad alguna de establecer un comité de gestión que sustituya al Comité de Supervisión de la OLAF. 
Ha mencionado usted muchas cosas y eso está bien, pero la cuestión de la «denuncia» aún está por resolver. 
Ya se ha mencionado que este ha dejado de ser un asunto de actualidad. 
Hay tantas cosas que debemos hacer juntos y, por ello, antes de emitir la comunicación, le insto a que tome al Parlamento en serio, a que dialogue con nosotros y a que estudie el informe Bösch para que no vayamos por el camino equivocado. 
De lo contrario, el presupuesto europeo se vería afectado y, por consiguiente, también el contribuyente. 
Señor Presidente, quisiera comenzar como lo ha hecho el presidente de la Comisión de Control Presupuestario, anunciando mi satisfacción por la presencia del Presidente Romano Prodi en dicha comisión esta mañana. 
Esto representa el primer indicio positivo de que la Comisión está dispuesta a escucharnos con más atención de la prestada anteriormente y no podemos ignorar este hecho. 
También me gustaría mencionar otra cosa que debemos tener presente: las audiencias internas han funcionado bien y de forma independiente, tanto en el nivel central como en el de Eurostat. 
Este es un resultado sumamente positivo de la reforma en curso. 
En segundo lugar, quiero decir que, en lo referente a Eurostat, es preciso definir responsabilidades y, a pesar de que algunos mecanismos están funcionando con una lentitud mucho mayor de la deseable, por fin vemos movimiento. 
Además, no alcanzo a comprender por qué el Servicio de Publicaciones, organismo responsable de asignar fondos a Planistat, está a día de hoy de brazos cruzados, sin abrir ninguna investigación ni buscar responsables. 
Me pregunto por qué no se han pedido responsabilidades al organismo que proporcionó la mayoría de los créditos malversados por la empresa CSD, siendo un organismo que depende de ayudas externas, ni se ha adoptado ninguna medida con respecto a él, como si nada hubiera sucedido fuera de Eurostat. 
Si la Comisión quiere que nos creamos que va a tomarse en serio el principio de responsabilidad, es imprescindible que tome medidas respecto de estos dos departamentos de la Comisión. De lo contrario, no podremos tomarnos en serio a la Comisión. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, usted, señor Presidente de la Comisión, ha propuesto un aumento de la estabilidad y la seguridad como prioridad en su programa, y esto hay que acogerlo con satisfacción. 
Entre otras cosas relacionadas con esto, propone avanzar hacia el establecimiento de un control de fronteras conjunto. 
En este punto cuenta usted con todo nuestro apoyo. En última instancia, está usted accediendo a nuestras peticiones, dado que siempre hemos querido que se apliquen los mismos criterios estrictos en todas nuestras fronteras exteriores tras la ampliación y es preciso tomar las precauciones necesarias para que así se haga. 
En una conferencia de prensa que tuvo lugar la semana pasada, volvió a sugerir la formación, desde el principio, de una agencia que se ocupe del control y la coordinación. 
Sería esta la decimosexta agencia, y lo que hemos aprendido hasta ahora de las agencias se puede resumir así: hemos olvidado cómo se llaman muchas de ellas, hemos olvidado de qué se ocupan y nos acordamos de ellas sobre todo a la hora de los presupuestos, cuando nos damos cuenta, pasados escasos años desde su creación, de que los gastos se multiplican. 
Lo único que se me ocurre es que deberíamos proponer la creación de una agencia cuyo cometido sea evaluar la eficiencia de las otras agencias y decidir si las necesitamos. 
Lo que queremos es que las medidas de control y coordinación se establezcan dentro de la Comisión o en estrecha colaboración con ella, a fin de tener un control eficaz de las fronteras exteriores. 
Necesitamos que haya un control, necesitamos coordinación y necesitamos que los recursos se utilicen de manera eficiente, pero no tenemos ninguna necesidad de otra agencia. 
Por otro lado, quisiera comentar su afirmación de que debemos ir con mano dura contra los inmigrantes ilegales y hacer algo por la integración de aquellos que están aquí de forma legal. 
En esto también cuenta con todo nuestro apoyo, pero queremos hechos de una vez por todas. 
Asegúrese de que haya acuerdos de repatriación con todos los países de los que provienen los inmigrantes, no solo con Macao y Hong Kong. 
Lo que no debe hacer es ofrecer la abolición de los visados como moneda de cambio. 
En lugar de eso, ofrezca algo que sea más útil, como facilidades comerciales y ayudas económicas, para que deje de ser necesario emigrar. 
– Señor Presidente, ante todo quiero llamar la atención por la ausencia de una serie de cuestiones en el ámbito de la política social. 
En segundo lugar, quiero destacar la necesidad de tener cuidado de no perjudicar a las instituciones europeas si se arma un gran escándalo en torno a asuntos que son importantes en relación con Eurostat pero que, considerando las futuras elecciones, podrían causar daños indecibles a nuestras instituciones si se persiguen demasiado estrictamente. 
Es sumamente lamentable que la Comisión todavía no haya presentado las iniciativas prometidas que el Parlamento Europeo ha destacado una y otra vez: los derechos colectivos de los empleados, la seguridad social de los trabajadores atípicos, la protección contra el despido individual, la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo y la Directiva sobre el comité de empresa europeo. 
La Comisión también parece haber llegado a un punto muerto en otros ámbitos importantes, como la renta mínima. 
Ha elaborado un estudio detallado sobre los costes de una Europa no social que llegó a la conclusión que, mientras los llamados costes de la política social suelen ser visibles de inmediato, los beneficios son más difíciles de identificar y cuantificar. 
Sin embargo, esta política social contribuye a la calidad del mercado laboral y la formación de capital social. 
En vistas de la reciente asunción, por ejemplo, de los costes para sillas de ruedas en el aeropuerto de Dublín por parte de Ryanair, es importante que la Comisión presente el reglamento prometido sobre el contrato entre pasajeros y compañías aéreas, en particular para los pasajeros discapacitados. 
De las intervenciones de apertura del debate de esta mañana se desprende que la campaña electoral ya está en marcha. 
Quisiera pedir a sus Señorías que sean muy cuidadosos para no minar la confianza del electorado europeo exagerando el tema de los escándalos. 
Es importante erradicar la corrupción, pero hemos de ser extremadamente cautelosos en la forma de presentar esto a nuestro electorado. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, me gustaría comenzar haciendo hincapié en dos lemas, tanto para la Comisión como para nuestro propio trabajo. 
El primero dice: «La recompensa no está en el comienzo, sino en la perseverancia, en la fijación de objetivos y la consecución de los mimos». 
El segundo reza: «Quien no se toma en serio a sí mismo, no será tomado en serio por los demás». 
A pesar de que entramos en la Convención con el propósito de conseguir una Europa más transparente, de acercarla a los ciudadanos y de hacerla más democrática, esto aún no lo hemos hecho realidad. 
Estos objetivos son ahora más importantes que nunca. 
Señor Presidente de la Comisión, aquel que quiera una Europa más transparente, debe estar dispuesto a conocer sus propias tareas y perseguir los objetivos de modo sistemático. 
Lo que pido con esto es mayor seriedad, una relación más franca con el Parlamento, con nuestras resoluciones, con nuestras metas, con nuestros temores y nuestras críticas, y pido que hagamos que nuestra imagen de organismo colectivo sea una realidad. 
Cada vez recibimos más propuestas que en realidad nunca deberían haber salido de la Comisión, sobre: líneas de crédito para los consumidores; la directiva sobre sustancias químicas; la prohibición de la discriminación, que hace caso omiso de la realidad económica; y la armonización de los impuestos del gasóleo, que se ha estudiado por sectores en lugar de globalmente. 
Le insto a que asuma la responsabilidad que le han otorgado sus colegas y, centrándome en el caso Eurostat y en las afirmaciones que ha realizado hoy, exijo que se tome sus responsabilidades políticas más en serio. 
Teniendo en cuenta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, le pido que insista en que se cumpla la ley. 
En su programa vemos que solicita una mayor coordinación de las políticas económica y presupuestaria de los Estados miembros, pero puedo afirmar que no necesitamos más coordinación, sino que se cumpla este Pacto. 
Si se hiciera, no habría necesidad más coordinación. 
Le llamo a que lance iniciativas que fortalezcan el mercado interior, la política de competencia y la cohesión social. 
Además, si se pusiera al frente de los proyectos para crear un cierto sentimiento de identidad europea, eso tendría un efecto a la hora de hacer que la política europea fuera una política interior. 
De este modo, la política interior del Consejo no podría bloquear los proyectos europeos, cosa que los ciudadanos echarán en cara a la Comisión y al Parlamento. 
Señor Presidente, es cierto que, con las elecciones europeas y el final del mandato de esta Comisión tan cerca, no podemos cambiar el curso de la historia en los meses que quedan. 
No obstante, resulta evidente que la Comisión debe continuar trabajando hasta el final. 
En el sector de transportes, quiero mencionar la importancia del trabajo que se ha realizado en estos años: el espacio aéreo único europeo, los dos paquetes ferroviarios, la liberalización de los servicios portuarios y la nueva propuesta sobre las redes transeuropeas, donde hay que señalar que el principal problema no es la propuesta legislativa, sino la financiación, sobre la que personalmente tengo ciertas dudas. 
De cualquier modo, creo que el asunto más importante del sector de transportes a partir de ahora es que tenemos que unir fuerzas con la Comisión para convencer al Consejo de determinados temas que llevan pendientes unos dos años, a fin de que se puedan cerrar con la mayor rapidez posible. 
El informe Meijer sobre transporte urbano es el clásico ejemplo y lo que tenemos que hacer desde ahora hasta las elecciones es avanzar en una serie de cuestiones, como la armonización de ciertas dimensiones sociales del sector del transporte por carretera, la propuesta modificada de reglamento sobre medidas de los Estados miembros en lo referente a las condiciones en las que se prestan servicios en los sectores de transporte por tren, carretera y vías de navegación interiores, así como la prohibición del tráfico pesado durante los fines de semana, que es un asunto que lleva alargándose mucho tiempo. 
Asimismo, en lo concerniente a la política regional y a pesar de que no se trata de una cuestión estrictamente legislativa, quisiera señalar que la Comisión tiene que presentar el tercer informe de cohesión lo antes posible, para que el Parlamento Europeo tenga la posibilidad de tomar partido en este tema tan importante antes de las elecciones europeas. 
– Señor Presidente, Señorías, consideremos el caso Eurostat. 
Estoy muy decepcionado con las medidas que el Presidente Prodi ha anunciado, ya que indican que no existe ningún deseo de resolver realmente estos problemas. 
Sobre todo, me consta la ausencia de cambios estructurales y de personal, como por ejemplo cambios de responsabilidades de los tres Comisarios afectados. 
Permítanme recordarles cómo esta Cámara insistió en la separación del presupuesto y el control presupuestario al principio del mandato de esta Comisión, precisamente con el fin de evitar los conflictos de intereses a que no enfrentamos ahora. 
No veo ningún signo de reprimenda seria a los tres Comisarios responsables, poniendo de manifiesto que no cumplían con sus responsabilidades de supervisión y su obligación de atender a estos asuntos. 
Esto, señor Presidente, es algo que todo trabajador ordinario en circunstancias parecidas debe garantizar en su trabajo. 
En tercer lugar, los controles deben ser mucho más eficaces, ya que Eurostat es, desde mi punto de vista, un claro ejemplo de cómo pueden fallar las comprobaciones y saldos de la Comisión. 
Habría sido fácil para ustedes tomar al menos una o dos de estas tres medidas posibles, pero no han adoptado ninguna. 
Esto significa, señor Prodi, que por segunda vez desde el 25 de septiembre, ha sido usted incapaz de poner fin al asunto y recuperar la confianza del Parlamento y del público. 
Hay algo más sobre lo que no puedo permitirle salir impune y es su afirmación de que la reforma de la Comisión se completará en 2004 y que casos como el de Eurostat dejarán de ser posibles. 
Permita que le diga que sucederá justo lo contrario, dado que las reformas que plantea y el nuevo Reglamento Financiero debilitarán aún más el control. 
A causa de la eliminación de los auditores independientes, los directores generales disponen de un poder sin precedentes. 
Quisiera preguntarle si de verdad es eso lo que quiere. 
La democracia requiere control y una entidad que carece tanto de democracia como la Comisión sin duda también lo necesita. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente Prodi por venir hoy a esta Asamblea. 
Es la cuarta vez consecutiva que estoy aquí para oír su presentación. 
De hecho, es el cuarto año consecutivo que su Comisión no ha logrado obtener del Tribunal de Cuentas Europeo una declaración positiva de fiabilidad de sus cuentas, y la novena vez consecutiva que la Comisión, como entidad, ha sido incapaz de conseguirla. 
Soy consciente de que ningún miembro de la Comisión del Sr. Prodi acepta responsabilidad política por nada, pero estoy seguro de que hay diputados de la Comisión que tienen antenas políticas y pueden intuir el clima del Parlamento en lo que se refiere a los problemas que se han encontrado en Eurostat y en el sistema contable. 
Personalmente, considero que el Sr. Prodi ha debilitado su posición y la de la Comisión interviniendo en intrigas internas italianas, que es algo que estoy seguro que no debería hacer. 
Creo que hace que la Comisión sea un poco más impotente al admitir que actualmente los Comisarios no tienen responsabilidad política. 
Con Eurostat ha cerrado la puerta del establo demasiado tarde, mucho tiempo después de que los caballos se desbocaran, y mira de culpar a los mensajeros en lugar de resolver el problema. 
Sin embargo, quisiera hablar brevemente sobre los estatutos de los denunciantes, algo que sé que el Sr. Prodi ha mencionado en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario de hoy, ya que el mayor fracaso de su Comisión ha sido la forma en que ha tratado a algunos denunciantes. La Comisión ha actuado como un tribunal irregular y arbitrario. 
Ha suspendido a aquellas personas que formulan preguntas y plantean problemas y lo que ha hecho realmente es recompensar a las que han participado a encubrir los hechos. 
También quiero ser positivo, ya que sé que diez nuevos Comisarios se sumarán a este órgano a partir de mayo de 2004. 
Además de querer ver una OLAF independiente, quisiera que la Comisión considerara la posibilidad de que uno de estos Comisarios asumiera la responsabilidad del control presupuestario y el servicio de auditoría interna de la Comisión, ya que cuanto antes se separe de la propia función presupuestaria, más pronto podremos empezar a avanzar con respecto a estos problemas. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, todas las estrategias políticas que se han presentado son muy atractivas pero, en muchas ocasiones, se encontrarían con obstáculos de diversa magnitud si no contaran con el apoyo de un sistema administrativo y organizativo completamente fiable. 
La adhesión de nuevos países, que hemos planeado, impulsado y conseguido todos juntos, debe acaecer en un marco sólido y transparente para evitar la aparición de problemas importantes para el personal comunitario, a quienes ya se pide que trabajen más, o evitar daños a la imagen y la credibilidad del Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, las prioridades y las decisiones clave deben contar con el respaldo de una Europa que funciona, que es transparente y, lo que es más importante, que puede explicar cómo se gastan y se utilizan los fondos comunitarios. 
El caso Eurostat no favorece en nada esta causa. 
Me hiere escuchar las declaraciones del Sr. Procacci, quien sin haber leído los informes de la OLAF ni la auditoría, lo describe como un asunto de poca importancia. Si leyéramos los informes, se daría cuenta de que los hechos son muy alarmantes. 
Es responsabilidad de la Comisión reforzar los controles que hasta ahora han demostrado ser tan impermeables como un colador, con el fin de mejorar el sistema para que se distinga entre seguimiento y control por un lado y gestión operativa, es decir, funcionarios que conceden autorizaciones, por otro. 
Además, se ha suprimido el Comité Consultivo sobre operaciones de mercado, amparado en el antiguo Reglamento Financiero, y a pesar de eso está claro que muchas transacciones se realizaron sin someterse a los requisitos de beneficio económico, transparencia y legitimidad contractual. Así, se creó una especie de zona libre en la que después de 1999, o quizás sobre todo después de este año, se podían asignar pedidos con la participación de una sola empresa, a menudo donde había un conflicto de intereses y contratos sin firmar, provocando daños a la economía comunitaria de una magnitud difícil de calcular. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Prodi su presencia aquí, así como en la Comisión de Control Presupuestario, y procuraré ser breve. 
Señor Prodi, al hablar de lo que usted pomposamente titula "Plan de Acción Eurostat", nos presenta lo que, en definitiva, es el capítulo tercero de una obra a la que le falta un capítulo primero con el título de "Los hechos", un capítulo segundo con el título de "Las responsabilidades" y un tercer capítulo, que sería este, en relación con las medidas que deben adoptarse. 
Como he tenido ocasión de señalar en la Comisión de Control Presupuestario, creo que estas medidas son absurdas, artificiosas y antiguas. 
Absurdas, en la medida en que al potencial controlado, le encarga de la misión de comunicar al controlador la posible vulneración de las actuaciones. 
Artificiosas, porque la aceptación de denuncias y la búsqueda de la verdad no precisan de comités de coordinación, sino del cumplimiento y la búsqueda de la verdad inmediata o la puesta en conocimiento de las autoridades judiciales. 
Y antiguas, porque las auditorías ya han expresado en repetidas ocasiones la conveniencia de separarse de las directrices de los directores generales, que están por encima de ellas. 
Pero además este no es un plan que se refiera a Eurostat, sino que se refiere en general al funcionamiento de la Comisión. 
Creo, señor Presidente, que hay una inversión de términos en este sentido: no es que la información genere la responsabilidad, sino que esta exige la información para poder hacer frente a las responsabilidades. 
Y en cuanto a la OLAF, señor Presidente Prodi, le sugeriría que introdujera una especie de pronunciamiento de admisibilidad, para rechazar aquellos procesos largos, costosos e inútiles que deterioran alguna institución u organismo, como hemos visto recientemente, sin conseguir logros espectaculares. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera darles las gracias por este debate y agradecerles las opiniones que han formulado sobre los programas, que, como ustedes bien saben, son limitados debido a que el próximo año será de una actividad limitada, por tratarse del último año del mandato de la Comisión y del Parlamento. 
Debemos tener en cuenta que el Parlamento tendrá que suspender su labor durante buena parte del año y que la Comisión cambiará en dos ocasiones: una en mayo, aunque se trate más bien de una ampliación, y otra en otoño, al término del mandato actual. 
Estos son los motivos por los que el programa que hemos presentado es muy limitado y contiene las propuestas que se pueden poner en marcha de forma realista, teniendo en cuenta la experiencia obtenida gracias a los puntos positivos y negativos del proceso de realización del programa de trabajo para 2003. 
Disponemos de 126 prioridades, tanto nuevas como antiguas, sobre las que podemos garantizar una labor efectiva y medidas. 
Se trata de prioridades de vital importancia, pero es evidente que no podemos garantizar nada más. 
También estamos trabajando, como ya se ha explicado, en las perspectivas financieras. 
Este trabajo está muy adelantado, en gran medida porque éramos conscientes de que las interrupciones del año que viene provocarán retrasos considerables. 
Lo que ustedes preguntan es si la Comisión va a presentar propuestas legislativas específicas. 
Pues sí, lo haremos. Para empezar, las presentaremos como líneas de un proyecto político y, a continuación, proporcionaremos los datos y las cifras, una vez que el proyecto se haya aprobado. 
Además, me gustaría hacer hincapié en que esta Comisión ha hecho de la ampliación su principal objetivo y presentará un proyecto para la Unión ampliada. 
El Colegio ampliado se encargará de realizar todas las propuestas legislativas tras el 1 de mayo de 2004 y, después, tendremos que debatir el calendario de trabajo posterior. 
Durante este debate han surgido algunos asuntos importantes, entre los que se encuentra el del Pacto de Estabilidad, que han mencionado muchos de los oradores. 
Quisiera dejar claro que la Comisión hará cumplir este Pacto como es debido y en las condiciones adecuadas. 
Nosotros somos los guardianes de una norma que nos han entregado los Gobiernos. 
Aún recuerdo cómo fruncía el ceño el Ministro de Economía alemán para que aceptara el Pacto de Estabilidad cuando yo era el Primer Ministro de Italia. 
Ahora lo hemos hecho más flexible y más viable, desde mi punto de vista, y la Comisión hará que se cumpla en este marco, teniendo en cuenta los problemas reales, pero también que el Pacto es la base de la defensa del euro. 
Como tal debemos establecerlo. 
Quisiera dirigirles otro pequeño epílogo a ustedes en calidad de diputados. 
Hablamos del Pacto de Estabilidad, pero mientras nosotros discutimos sobre números, decimales y comas, en el campo político se producen hechos que considero preocupantes. 
Les daré un solo ejemplo: Ecofin ha intentado básicamente poner fin al Pacto de Estabilidad por medio de acuerdos intergubernamentales y extrainstitucionales. 
Este hecho es mucho más grave que cualquier otro. 
Si el intento tiene éxito, supondrá el fin de esa poca gobernanza económica que tiene la Unión, que es demasiado escasa, como ya he repetido en numerosas ocasiones ante ustedes. 
No es un asunto que afecte a un solo país, sino que todo el sistema del Ecofin apunta actualmente en esa dirección. 
Me gustaría que, al igual que la Comisión, el Parlamento también se pronunciara alto y claro sobre este asunto. 
De hecho, carezco de mala intención al decir que en este complot no faltan los intentos, que hemos presenciado estos últimos días, de despojar al Parlamento de sus competencias presupuestarias anuales y multianuales, que ya son escasas. 
En estos momentos, creo que a ambos nos interesa estar presentes en uno de los mayores procesos políticos, de una de las decisiones más importantes que afectan al trabajo de nuestra Comisión. 
Se me ha preguntado algo más sobre la política de cohesión. 
Nuestras ideas se describirán a grandes rasgos en un documento político que se presentará antes que las propuestas concretas de las perspectivas financieras. 
Quisiera insistir en las dos áreas en las que estamos trabajando: en primer lugar, la cohesión seguirá en efecto para evitar que las regiones que están a la cola acaben marginadas y, en segundo lugar, la cohesión estará ligada de una forma más explícita al programa de crecimiento que estamos desarrollado según la experiencia que hemos obtenido de la gestión de los procesos de Lisboa y Gotemburgo. 
En respuesta a la Sra. Frassoni, diré que lo mismo se aplica a la cuestión de la sostenibilidad de Kioto y a ese proceso. 
En lo que respecta a la OLAF, debo mencionar una idea clave: no hay intención ninguna de convertir la crisis de Eurostat en la crisis de la OLAF. 
Cualquier observador con buen juicio ha visto que el canal de información entre la OLAF y la Comisión no funcionó y sigue sin hacerlo, por lo que sería una falta de responsabilidad si no hiciéramos algo para remediar este problema. 
Nadie pretende eliminar la responsabilidad de la OLAF sobre las investigaciones internas, sino más bien al contrario: todas las investigaciones deben seguir realizándose por parte de una OLAF todavía más eficaz. 
No tenemos planes de crear más organismos burocráticos, haciendo referencia a los comentarios del Sr. Barón Crespo y del Presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Desde mi punto de vista, hemos elaborado un plan bastante simple, pero a la luz de la inquietud existente, creo que lo correcto y oportuno sería debatir el asunto en mayor profundidad, hablarlo otra vez, puesto que no pretendemos complicar las instituciones aún más si cabe mediante la creación de más estructuras. 
Tan solo queremos estar en condiciones de reunir todos los fragmentos de información, algunos de los cuales desconocíamos en este caso, de las distintas secciones de la Comisión con el fin de tomar una decisión clara y rápida sobre las medidas que se han de adoptar para que la OLAF pueda funcionar y nosotros podamos decidir con conocimiento de causa. 
La decisión de abrir o no una investigación permanecerá por completo en manos de la OLAF. 
Como en cualquier organismo de investigación, será la OLAF quien determine si el caso es suficientemente importante como para abrir una investigación, si su relevancia es meramente administrativa o si, simplemente, no se requiere ninguna medida. 
Esto lo decidirá la OLAF. 
En respuesta al Sr. Blak, quisiera decir que, si continuamos levantando polvaredas, nadie saldrá beneficiado, y mucho menos los ciudadanos europeos. 
Hemos elaborado informes independientes, precisos y objetivos que han arrojado luz sobre todos los aspectos y que no han revelado indicios de que se produjera ninguna irregularidad después de 1999. 
Estamos estudiando otras propuestas específicas que debatiremos con el Parlamento. 
No acepto juicios arbitrarios ni sentencias sumarias: todo es correcto en lo que se refiere al pasado y estamos trabajando para conseguir medidas más efectivas para el futuro también. 
Concluiré mi discurso con dos puntos: respecto de los servicios de interés general, que constituyen nuestro centro de atención, el programa menciona una secuela del Libro Blanco porque, tal como están las cosas, la idea de presentar una propuesta de directiva ni se ha descartado ni se ha confirmado aún. 
Estamos trabajando en ello y la decisión se tomará a la luz del debate que acaba de comenzar. 
Está claro que la inclusión de la base jurídica en el texto final de la constitución supone un factor sumamente importante, ya que nos permitirá trabajar sobre esto. 
Por último, quiero dar una respuesta personal al Sr. Poettering: me gustaría recordarle, en primer lugar, la plena legitimidad del documento que refleja mis opiniones, experiencias y sueños también sobre el futuro de Europa. 
Debo decir que forma parte legítima de mis obligaciones que exprese mi opinión política, 
una obligación que mis predecesores cumplieron con generosidad, en muchos casos en mayor medida que yo al participar activamente en actividades de partido, como creo que es justo y correcto y cada vez más importante para el desarrollo de la Comisión. 
El propio Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ya ha señalado con razón que se tendrán en cuenta los resultados de las elecciones legislativas a la hora de nombrar al próximo Presidente de la Comisión. 
Esto se ha decidido, a mi juicio acertadamente, porque la Comisión se está convirtiendo cada vez más en un órgano político que en su trabajo toma en cuenta el interés general, pero que no puede dejar de tener una opinión pública. De lo contrario, Señorías, no habrían tenido ningún motivo para darme su voto de confianza. 
¡Ustedes me dieron su voto de confianza partiendo de una línea política! 
También me gustaría decir unas cuantas palabras sobre el contenido. 
Me complace mucho, señor Poettering, que criticara el periódico italiano que le llamó antes de leer el documento, ya que si lo hubieran leído, habrían encontrado en él el espíritu de los padres fundadores y el de sus propias palabras, las palabras que pronuncia usted cuando los euroescépticos que rodean a su Grupo no las acallan, palabras con las que estamos de acuerdo y con las que hemos mostrado nuestro acuerdo muchas veces en el pasado. 
Quiero decirle que soy el Presidente de todos los europeos y que tengo que expresar mis opiniones políticas ante todos los ciudadanos. 
Por lo tanto, me pregunto cómo las palabras de un programa tan profundamente europeo y que tanto significan para usted, señor Poettering, y para nosotros pueden provocar tanta preocupación. 
¿Les asustan los valores y los proyectos en los que usted ha creído tan firmemente todo el tiempo? 
– Presidente Prodi, lo que voy a decirle lo digo como su aliado personal, como persona que comparte muchos de sus ideales europeos, y lo hago lamentando que no haya cruzado usted el puente que construí para usted. 
El manifiesto no es el tema que discutimos y resulta tendencioso reiterar que, cuando concedí la entrevista a «Corriere della Sera» el pasado lunes por la tarde, aún no había leído dicho documento. 
Mis críticas se basaban en un informe, según el cual usted había recomendado una lista de partido italiana y eso no es compatible con su función de Presidente de la Comisión Europea. 
Permítame dejarle muy claro, y la afirmación del Sr. Barón Crespo demuestra que no me equivoco, que el cargo de Presidente de la Comisión Europea no es compatible con su presencia en una lista de candidatos para las elecciones europeas y que debe dimitir. 
No obstante, este comentario quedó en el aire. 
En su propio colegio le preguntaron si se quedaría en su puesto hasta el 1 de noviembre de 2004. 
Afortunadamente, aclaró ese punto, aunque el hecho de que esos rumores salgan a la luz es algo por lo que no podemos felicitarle. 
Señor Presidente, le digo esto como amigo, pero también con la mayor seriedad y de forma comedida: necesita el apoyo de ambos lados de esta Asamblea. 
Necesitamos una Comisión, y esto no es polémica partidaria, sino mi profunda convicción... 
... necesitamos una Comisión en tiempos difíciles en los que nos enfrentamos a la ampliación, tiempos difíciles en los que tenemos una Constitución. No nos hace falta ni una Comisión ni un Presidente de la misma que se entrometa constantemente en los debates políticos de su propio país, y permítanme añadir que se trata del país que aún ejerce la Presidencia de la Unión Europea. 
Presidente Prodi, está en sus manos decidir si la confianza del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos... 
... ¿y ustedes dicen ser demócratas, cuando ni siquiera escuchan lo que se está diciendo? 
Nosotros siempre escuchamos cuando habla el presidente de su Grupo y esa es una buena costumbre democrática. 
Permítanme concluir diciendo lo siguiente: Presidente Prodi, está en sus manos decidir si quiere que nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, estemos de su parte. 
Deseamos que tenga éxito porque todos lo compartimos, pero usted debe estar dispuesto a cruzar este puente. 
Si no está dispuesto a hacerlo, deberá responsabilizarse de las consecuencias. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer que por fin haya un debate político en esta Cámara. 
Lo hemos empezado esta mañana, pero éramos cuatro. 
Y, ya que ha hecho referencia a una afirmación mía mi estimado colega, el presidente del Grupo popular y también de los Demócratas Europeos- porque ustedes tienen dos almas -, Sr. Poettering, quiero precisar lo que dije la semana pasada. 
En primer lugar, que el Presidente de esta Comisión, el Sr. Prodi, fue investido y apoyado por la mayoría de los grupos de esta Cámara y he reiterado esta mañana que su deber- entiendo yo y entiende mi Grupo- es dirigir la Comisión, en un período político muy importante, hasta el último día de su mandato. 
En segundo lugar, el ciudadano europeo Romano Prodi tiene derecho a opinar políticamente sobre el futuro de Europa. 
¡Faltaría más! 
No vamos a establecer la censura previa. 
Es como si se prohibiera a los cardenales de la iglesia católica hablar de Dios. 
Esto no tiene sentido. 
Y, en tercer lugar, que, si el ciudadano europeo Romano Prodi, que además se da la circunstancia de que es ciudadano italiano, quiere presentarse a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, mi criterio personal es que, en ese momento, debería dimitir. 
Y me parece que eso es elemental y eso es lo que he dicho. 
– ¡Por fin tendremos noticias del «cardenal» Cohn-Bendit! 
– Estoy muy preocupado por usted, señor Poettering, ya que en julio del año pasado el Sr. Prodi propuso que este año se elaborase una lista. 
Usted ha reaccionado cinco meses después. 
Su partido ha cometido un grave error al tomarse cinco meses para darse cuenta de que el Sr. Prodi sigue en la carrera política en Italia. 
En segundo lugar, digo esto porque es absurdo que usted se presente como predicador de la moral en este asunto con la intención de proteger al Sr. Berlusconi, quien, políticamente hablando, está dando actualmente una mala imagen como Presidente de la UE. 
Considero intolerable que usted se ponga en pie en esta Cámara y diga: «he construido puentes y usted no ha pasado por ellos». 
El Sr. Prodi tiene derecho a pasar por los puentes que quiera y no por los que usted construye. 
Caballero, tiene que entender esto de una vez por todas. 
Es absurdo que usted se ponga en pie en esta Cámara y diga: «de hecho, lo que usted dice es perfectamente correcto y lamento que el Sr. Berlusconi no lo mencionara. 
Por este motivo, señor Prodi, usted no puede decirlo, ya que yo preferiría que lo hubiera hecho el Sr. Berlusconi». 
Ese es su problema. 
Resuélvalo en su Grupo y déjenos a los demás en paz, y deje al Sr. Prodi que haga política en la forma que él estime oportuna y sin continuos ataques moralistas por su parte. 
– Señor Presidente, seré breve, ya que he perdido la voz, no en sentido político, sino físicamente. 
Es evidente que se está desarrollando una batalla campal en uno de nuestros Estados miembros más grandes. Los principales protagonistas de esta campaña campal son el actual Presidente de la Comisión y el actual Presidente del Consejo. 
Sería poco realista sugerir que las personas que ocupan este tipo de cargos no tuvieran un pasado político, o no tengan un futuro político en perspectiva. 
Hay un punto de interrogación sobre si los titulares de estos cargos debieran entablar hasta tal punto un combate político de este tipo mientras asumen estas funciones. 
Pero sería ingenuo que asumiéramos que este tipo de batallas no continuarán, y, de hecho, sería ingenuo por parte de este Parlamento no imaginar que este tipo de personas asumirán estos cargos. 
– Señor Presidente, este incidente preelectoral no concierne en absoluto a mi Grupo. 
Por ello había pensado callarme. 
No obstante, considero que este incidente es revelador de algo que para mí está claro desde hace tiempo, a saber, que la pretensión de la Comisión de representar el interés general europeo es una pretensión que es incapaz de cumplir. 
Por mi parte, preferiría que la derecha y la izquierda del Parlamento se enfrentaran con la misma pasión en torno a las políticas de la Unión Europea, en vez de enfrentarse sobre planes de promoción y asuntos de Estado. 
– Me gustaría que todos los presentes recordáramos la función que deberían tener las instituciones y pedirles que no confundan sus respectivas funciones. 
Digo esto porque alguien ha hablado acerca del Presidente Berlusconi, quien, hasta que se demuestre lo contrario, es presidente de un Gobierno y como tal tiene derecho a tomar decisiones políticas en su país. 
El Presidente Prodi fue propuesto por el Consejo y votado por el Parlamento. 
Le respetamos como Presidente de la Comisión y le hemos pedido que sea el Presidente de la Comisión. 
Estoy de acuerdo con lo que han dicho el Sr. Poettering y el Sr. Barón Crespo, ya que la esencia de sus discursos ha sido la misma: que el Presidente Prodi tiene derecho a volver a la política activa cómo y cuándo lo desee, pero no como Presidente de la Comisión Europea. 
Con vistas a la ampliación, la lucha contra el terrorismo y las dificultades con las que nos enfrentamos a diario intentando hacer nuestras instituciones más trasparentes para los ciudadanos, ninguno de nosotros puede aprovecharse de Europa para cuestiones de política interna. 
Espero que lo que se ha dicho aquí hoy se haya debido en parte a una tensión excepcional y emocional y que, en las próximas horas, cada uno vuelva a sus cosas. 
Si algunos quieren renunciar a su función actual, dejémosles que lo manifiesten de forma clara. Ellos pueden desempeñar otra función, pero no dos funciones institucionales al mismo tiempo. 
Con respecto a lo manifestado por el Sr. Cohn-Bendit, quizás el Sr. Poettering tenga dos almas, pero más vale tener dos que no tener ninguna. 
– Los oradores que han abordado esta cuestión esta mañana tienen puntos de vista muy claros. Es evidente que estos puntos de vista son divergentes. 
Quisiera hacer una petición: cualesquiera que sean los puntos de vista divergentes, en este momento la Unión Europea pasa por una importante fase de redefinición. 
El reto singular más grande e inmediato en las próximas semanas es encontrar juntos la serenidad y la sensatez, tanto en las instituciones como en los Estados miembros, para elaborar para Europa un tratado constitucional que refleje la lógica del trabajo de la Convención Europea. 
Asegurémonos, por diferentes que sean nuestras opiniones en los años venideros, de que durante las próximas semanas trabajemos juntos, en interés de los ciudadanos, para afrontar el reto primero y necesario de una Europa constitucional. 
Este punto del orden del día queda cerrado. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
. – Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto por amplia mayoría rechazar esta propuesta de la Comisión y esta es por tanto la propuesta de resolución legislativa de la comisión parlamentaria. 
Me gustaría que antes de comenzar con las enmiendas propuestas para la sesión plenaria pudiéramos votar sobre esta propuesta de rechazo. 
Preferiría que se procediera de esta forma ya que, o al menos así lo entiendo yo, tanto mi Grupo como una clara mayoría del Parlamento está a favor de rechazar esta propuesta, por lo que no tiene sentido votar primero sobre las enmiendas y luego, al final, sobre el rechazo, ya que es muy probable que esta propuesta de la Comisión sea rechazada. 
– Señor Presidente, permítame apoyar el procedimiento propuesto por la Sra. Kauppi. 
Es evidente que el rechazo va más allá de las enmiendas a un texto que la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone rechazar. 
Por tanto, votemos primero sobre el rechazo de la propuesta, ya que ello nos ahorrará todo un procedimiento de votación inútil. 
– Al preparar la votación me he asesorado sobre el tema. 
La Asamblea es libre de aceptar o rechazar una propuesta en su versión modificada. 
Sin embargo, se da el caso de que ninguna comisión ni grupo ha presentado una enmienda para rechazar la propuesta. 
Acepto que el ponente acaba de formular una sugerencia en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, pero puesto que no existe ninguna enmienda de rechazo, y de que hay enmiendas que es necesario que se sometan a votación, se me ha informado de que con arreglo al Reglamento he de invitar a la Asamblea a que vote sobre las enmiendas. 
En última instancia, la Cámara es soberana para decidir si sigue la recomendación del ponente y del Sr. Goebbels. 
Sin embargo, he sido informado de que, puesto que nadie ha propuesto una enmienda de rechazo, estoy obligado a plantear las enmiendas tal como se han propuesto. 
– Señor Presidente, no entiendo nada. 
La votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios estaba clara: por una mayoría aplastante, rechazamos la propuesta y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone, por tanto, rechazar la propuesta de la Comisión. 
– Una recomendación de una comisión es algo que la Asamblea debe abordar seriamente, pero no se trata de una enmienda a una propuesta. 
¿Quiere presentar una enmienda oral de rechazo de la propuesta? 
. – Señor Presidente, por supuesto que quiero hacer una enmienda oral si es necesario. 
Quiero asegurarme de que entienden que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha sido casi unánime en su opinión de que hay que rechazar esta propuesta. 
Por este motivo no tenemos que votar primero las enmiendas: podemos votar sobre ellas si la propuesta de rechazarla no obtiene mayoría. 
No pretendo en modo alguno rebatir la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Sin embargo, me veo obligado a actuar con arreglo al Reglamento. 
Habiendo escuchado la explicación de la Sra. Kauppi, ¿hay objeciones a la enmienda oral? 
– Señor Presidente, la Sra. de Villiers, la Sra. Lulling y yo hemos propuesto una enmienda en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Esa enmienda se aprobó por 22 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 
Esta enmienda ha desaparecido ahora. 
Quiero saber dónde está. 
Esa enmienda fue aprobada y ahora tenemos que votar primero sobre ella. 
– Señor Blokland, no tengo ningún problema con la Cámara, pero tengo la obligación de cumplir el Reglamento. 
El Reglamento es claro: si se presentan enmiendas, las someto a votación. 
Hoy no hay ninguna enmienda en el pleno de rechazo de la propuesta de la Comisión. 
Lo siento mucho, pero no es mi problema. 
Es el problema de otros. 
Ahora voy a cumplir con mi deber y continuar con la votación. 
. 
Señor Presidente, lamento el resultado de la votación que se acaba de producir y tomamos buena nota de lo expresado por la mayoría de esta Cámara. 
Por lo tanto, la Comisión, conforme al acuerdo marco y a los acuerdos alcanzados con el Parlamento, tomará las medidas pertinentes y transmitiré al colegio de Comisarios lo que ha sucedido aquí. 
– Según los datos de que disponemos, el número de fuentes radiactivas actualmente en circulación es superior a 100 000 en la Unión Europea. 
Esta cifra demuestra las limitaciones de los sistemas establecidos por los Estados miembros para detectar y eliminar estas fuentes, las cuales, por varias razones, escapan a las medidas de control existentes. 
Estas fuentes «huérfanas» también podrían ser halladas por cualquier persona que ignore los riesgos que conllevan. 
Por tanto, la propuesta de la Comisión constituye una iniciativa comunitaria justificada, ya que la creación de un sistema de trazabilidad responde a dos objetivos primordiales: 
– prevenir la exposición a radiaciones ionizantes derivadas de un control insuficiente de las fuentes radiactivas selladas de alta actividad. 
– garantizar el control de la seguridad de las fuentes para evitar, en la medida de lo posible, un uso malintencionado. 
Por lo tanto, he votado a favor de un texto en el que se plasma un acuerdo político en el Consejo. Este acuerdo nos permitirá garantizar la seguridad y el control eficaz de las fuentes radiactivas selladas de alta actividad en la Unión Europea. 
– He votado a favor de este informe porque creo que el número de fuentes radiactivas actualmente en circulación exige especial precaución y cuidado en su gestión, envasado y manipulación, y es crucial que aquellas fuentes, que por cualquier razón escapen al control de los Estados miembros, se detecten y se eliminen. 
La creación del sistema de trazabilidad propuesto por la Comisión contribuiría a prevenir las exposiciones a radiaciones ionizantes derivadas de un control insuficiente de las fuentes y garantizar que se controle la seguridad. Con esto se intenta prevenir un uso malintencionado de estas fuentes y permitir que se controlen en la Unión Europea, ya que se facilita una gestión armoniosa a nivel europeo, un control continuo de su ciclo vital y un intercambio seguro entre los países de la Unión. 
Comparto la opinión de la ponente en cuanto a la necesidad de resaltar la responsabilidad del proveedor, como técnico experto, en el ciclo de vida de las diversas fuentes que facilita. También estoy de acuerdo con la obligatoriedad de controlar los movimientos transfronterizos potenciales de estas fuentes, tanto en países de la Unión Europea como en terceros países, y establecer, respetando las tradiciones penales y judiciales de los Estados miembros, un sistema armonizado de sanciones que podrían aplicarse en caso de que se infringiera la normativa. 
. – La decisión de fijar las indicaciones que deben aparecen en las señales colocadas en los puntos fronterizos existe desde 1994, al amparo del sistema de Schengen. 
Esta iniciativa pretende actualizar esa señalización, así como fijar un mínimo de indicaciones uniformes que deben aparecer en los letreros de señalización. 
El excelente informe del Sr. Deprez merece todo nuestro apoyo e incide en el tema de las fronteras exteriores, que ha sido el eslabón más débil del sistema. 
– la elección del sistema de controles independientes es bastante acertada, teniendo en cuenta que en los controles, los requisitos son diferentes para ciudadanos comunitarios, ciudadanos del Espacio Económico Europeo o Suiza, y nacionales de un tercer país. 
–no debe haber diferencias entre los letreros para los ciudadanos de la Unión y para los ciudadanos de otros países que tienen los mismos derechos a cruzar las fronteras (estos letreros deben ser lo más claros y simples posible); 
– que las autoridades del Estado miembro deberían colocar señales escritas en otros idiomas o con otros caracteres, particularmente en los países en los que se habla más de un idioma, se utiliza un alfabeto con caracteres especiales o se recibe a un gran número de visitantes que utilizan dichos idiomas. 
– esto no debe aplicarse solamente en los aeropuertos, sino también en las fronteras terrestres y marítimas. 
– Se trata de una serie de medidas relativas al paso de fronteras exteriores de los Estados miembros y que afectan a los controles que se realizan a personas en esas fronteras, lo cual me parece estar plenamente justificado. 
El sistema de controles independientes para ciudadanos amparados por la legislación comunitaria está plenamente justificado en puntos autorizados para cruzar fronteras exteriores de la Unión. 
Las señales deben ser claras y fáciles de entender () Además, las autoridades de aquellos países cuyos ciudadanos gozan de los mismos derechos que los de la UE, como Islandia, Noruega y Suiza, deben identificar a sus ciudadanos cuando crucen las fronteras. 
También debemos evitar el uso palabras en las señales si los símbolos son suficientemente explícitos. 
Por último, las autoridades de los Estados miembros deberían estar explícitamente autorizadas a colocar señales escritas en otros idiomas o con otros caracteres, particularmente en los países en los que se habla más de un idioma, se utiliza un alfabeto con caracteres especiales o se recibe a un gran número de visitantes que utilizan dichos idiomas. 
Estas medidas son adecuadas para la finalidad que persiguen, por lo que he votado a favor de ellas. 
.– Hemos votado a favor de este informe, que propone iniciar un procedimiento de contratación de funcionarios en los países que van a integrarse en la Unión Europea en el marco de la ampliación, programada para el 1 de mayo de 2004. 
No obstante, queremos destacar nuestro desacuerdo con la decisión de la institución europea de contratar a esos nuevos funcionarios con un nivel de remuneración que será inferior al de los actuales funcionarios de la Unión Europea, ya que se integrarán en un momento en que se adoptará una escala salarial más desfavorable a los nuevos contratados, independientemente de su país de origen. 
Detrás de esta decisión, hay, evidentemente, decisiones presupuestarias, siempre alegadas cuando se trata de cuestiones sociales, pero que nunca se tienen en cuenta cuando se trata de subvencionar a las grandes empresas europeas o de dotar a la defensa europea de equipos militares. 
– Como ya he dicho en numerosas ocasiones, la sociedad basada en el conocimiento es más que una mera aspiración; ya es una realidad tangible. 
En este sentido, estoy de acuerdo, apoyo y fomento cualquier acción que busque poner en práctica las declaraciones políticas como la Estrategia de Lisboa (2000) y el plan Europe adoptado en Sevilla (2002). 
He votado, por tanto, a favor del informe, a pesar de estar convencido de que esas cantidades en concreto deberían aumentarse paulatinamente. 
Si como ha propuesto la Comisión los fondos comunitarios para los proyectos puestos en marcha al amparo del programa Ten se aumentaran de un 10% a un 30%, con la consiguiente reducción del número de proyectos aprobados, debería haber un aumento real de los créditos disponibles, ya que se mantiene el valor global de los créditos asignados. 
Es en estos terrenos, y no en fantasiosos textos jurídicos orientados el futuro, donde debe basarse la solidaridad europea y donde podremos construir una verdadera UE, cada vez más sólida y enraizada. 
Como ha señalado la ponente, varios proyectos «cuyo potencial ha sido reconocido» no acabarán nunca de ver la luz debido a la falta de fondos en la fase de ejecución. 
Eso es lo más lamentable, porque sabemos que algunos de estos proyectos, como los de Salud electrónica, Enseñanza electrónica o Seguridad electrónica, pueden aportar enormes beneficios a los ciudadanos. 
– Esta propuesta de decisión pretende responder al capítulo dedicado a la administración del plan de acción Europe 2005, concretamente a través del programa de intercambio de datos entre administraciones (IDA) , para ayudar a crear servicios paneuropeos de administración y apoyar así las actividades transfronterizas. 
El objetivo de los programas IDA es el de promover la cooperación entre las administraciones públicas nacionales y entre estas y la Comisión, para así «ayudar» en la aplicación de la legislación, los programas comunitarios, los procedimientos de control y el «método abierto de coordinación». 
Alrededor de lo que parece ser un programa técnico y sus instrumentos, pueden surgir dudas con respecto a la tentativa de abrir el camino al federalismo, de promover la integración Europea y crear la idea de una «administración pública europea» como complemento de los objetivos subyacentes. 
De todas formas, la comunicación no aborda el tema del Gobierno electrónico. 
Ya que gracias a Internet se puede garantizar un contacto fácil con las administraciones y prestar servicios directos a los ciudadanos, deberíamos asegurar el acceso universal y mejorar la calidad de los servicios. Sin duda no debe entenderse que Internet se va a convertir en el sustituto de las ventanillas de atención al público ni que vamos a aceptar que se utilice para centralizar servicios, lo cual repercutiría directamente en la prestación de servicios y en la cohesión territorial. 
– Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y celebro el excelente trabajo de la Sra. Read. 
Como ya he dicho en ocasiones anteriores, una sociedad basada en el conocimiento, que es uno de los objetivos de la Unión Europea, requiere acciones prácticas para promover infraestructuras de comunicaciones telemáticas –concretamente Internet–, la promoción de sistemas interoperables y el acceso generalizado a las nuevas tecnologías para todos los ciudadanos de la UE. 
También me complace ver los impresionantes resultados alcanzados con el programa IDA de cooperación transfronteriza y coordinación entre administraciones públicas. 
Además, acojo con satisfacción el nuevo programa que sucederá a este: la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos (IDABC) para el periodo 2005-2009. 
En realidad, los intercambios entre autoridades nacionales e instituciones comunitarias tienen una importancia crucial, en términos operativos –constituyen una valiosa fuente de información y de cooperación para el personal de las administraciones públicas nacionales, comportando una mayor eficacia– y en términos de garantía de los derechos de los ciudadanos, haciendo que la relación entre las autoridades públicas nacionales y comunitarias sea más transparente y directa. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
.– La Comisión esgrime o bien el argumento de una armonización necesaria a escala de Europa, o bien falsas razones relacionadas con la defensa del medio ambiente, para aumentar el impuesto sobre el gasóleo allí donde sea inferior al de la gasolina. 
Hemos rechazado esta propuesta votando en contra de todas las enmiendas conducentes a aumentar el impuesto sobre el gasóleo. 
No veríamos inconveniente en que las grandes empresas de transporte por carretera, grandes consumidoras de gasóleo, fueran más gravadas. 
Sería lógico que participasen en la amortización de la red vial que los Estados les suministran graciosamente, lo que les concede ventaja sobre el transporte ferroviario. 
Pero si ese fuera el objetivo, son los beneficios de esas empresas los que habría que gravar para no penalizar a los particulares, incluidos los que tienen las rentas más bajas y que a menudo se ven obligados a desplazarse en coche particular por falta de un transporte colectivo adecuado. 
. – A pesar de haber votado en contra del informe en cuestión, siendo así coherente con la posición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, creo que la iniciativa de esta Comisión es muy válida y constituye un paso extremamente positivo para un mejor funcionamiento del mercado interior. 
Como ya tuve ocasión de comentar en el debate sobre el informe, la propuesta de rechazar la directiva, formulada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, debe entenderse como un estímulo para que la Comisión corrija los aspectos complementarios de dicha propuesta sin descartar las motivos fundamentales que la respaldan. 
– La propuesta de la Comisión pretende una armonización gradual, a un precio más elevado, de los impuestos del combustible comercial, y separar los regímenes fiscales, diferenciando entre los de uso comercial y los de uso privado. 
La Comisión afirma querer resolver las distorsiones de la competencia en los mercados interiores y proteger el medio ambiente siguiendo el principio de «quien contamina paga». 
Esta propuesta de Directiva debería entenderse en el contexto de la estrategia presentada en el Libro Blanco titulada «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» , en el que se expone el deseo de redistribuir la carga fiscal entre «usuarios» y «contribuyentes» y transmitir a los «usuarios» los costes «reales» del transporte. 
Para lograrlo, según la Comisión, es necesaria una tarificación graduada del uso de las infraestructuras de transporte y hay que mejorar la coherencia del sistema fiscal. 
En un contexto más amplio, la Comisión quiere establecer en el plazo de diez años un sistema fiscal europeo que incluya los impuestos de matriculación y circulación de vehículos, un sistema inteligente de tarificación de las infraestructuras y una armonización de los impuestos sobre los combustibles. 
La propuesta de Directiva también establece unos impuestos mínimos para la gasolina sin plomo y un impuesto central para el combustible comercial. 
Teniendo en cuenta nuestras discrepancias con la mayoría de estas propuestas, apoyamos la posición del ponente rechazando la propuesta de la Comisión, que el Parlamento ha aceptado. 
– He votado a favor de la opinión de la ponente, que refleja la de la comisión parlamentaria competente, asegurando así que la propuesta de la Comisión fuera rechazada. 
Creo que esta propuesta, justificada por la Comisión diciendo que hay que respetar el medio ambiente y que es preciso combatir la competencia desleal en el mercado interior, deja mucho que desear en términos de eficacia y podría repercutir negativamente en los actuales Estados miembros, particularmente en los nuevos. 
Tenemos que considerar más la idea de establecer dos categorías de impuestos para la gasolina y la de garantizar que el impuesto aplicable a los vehículos de uso particular –combustible para fines no comerciales– también se aplique rápidamente al impuesto sobre la gasolina sin plomo, para así tener en cuenta las repercusiones que estas medidas pueden provocar en los sectores industriales en cuestión. 
A la vez que soy consciente de que existen casos de «turismo de gasolina» , también creo que la envergadura de este problema no justifica una plena armonización. 
La competencia fiscal podría ser incluso beneficiosa, ya que la normalización, en la mayoría de los casos, conducirá a mayores impuestos. 
Vengo de uno de los Estados miembros más alejados, y por tanto espero que también se tome en consideración la geografía en futuras propuestas. 
Es poco probable que los camioneros portugueses se dediquen al «turismo de gasolina» en la misma medida en que supuestamente lo hacen camioneros alemanes o belgas. 
.– Estamos a favor del desarrollo de la investigación y, por tanto, a favor de su financiación. 
En los gastos de las instituciones europeas, no son ciertamente los gastos en investigación y desarrollo los que nos molestan, con tal que no sirvan solo de pretexto para dar subvenciones a empresas privadas. 
Observamos sin embargo que los gastos de investigación son, junto con los gastos sociales, los que se recortan más gustosamente, al menos en Francia, para aumentar las ayudas y las subvenciones a la gran patronal. 
Queda que todo el ejercicio expuesto en este informe consiste en ver la investigación solo como un elemento de la competencia entre Europa y los Estados Unidos o entre las distintas empresas. 
Ahora bien, el propio informe nos obliga a constatar que las empresas privadas, esencialmente preocupadas por su beneficio, incluso por su beneficio a corto plazo, descuidan las inversiones en investigación. 
En realidad, existe una contradicción entre el afán de lucro y la investigación científica al servicio de los intereses de toda la sociedad. 
No hemos votado en contra de este informe porque estamos a favor de que la investigación pública cuente con muchos más medios que actualmente, pero tampoco hemos querido avalar esta supeditación de la investigación a la carrera por el beneficio. 
. – La votación de este informe me brinda la ocasión de rendir homenaje a ese gran parlamentario que es Rolf Linkhor y de celebrar el extraordinario trabajo realizado por el Comisario Busquin durante el mandato que concluye por dotar a la investigación de una verdadera dimensión europea. 
Ahora hay que pasar a una velocidad superior desde el punto de vista cuantitativo, empezar a preparar el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, que tiene una dotación de 30 millones de euros, y presionar a los Estados que no aumentan, o incluso reducen de hecho, sus gastos en investigación. 
El futuro de Europa, de su independencia, de su crecimiento y del empleo dependen de ello. 
– Las cifras indicativas de la situación actual en Portugal con respecto a investigación y desarrollo (I+D) son muy preocupantes, ya que el gasto total se sitúa aproximadamente a un 0,8 % del PIB. El 65% de la financiación total proviene del Estado, el 30% de empresas y el 5% del extranjero (principalmente de los fondos europeos). 
Tampoco debemos olvidar que el futuro de las inversiones empresariales en I+D depende en gran medida de los cambios que ocurren en muchos otros aspectos de la sociedad, de la evolución de la mano de obra y, en general, del desarrollo del país. Son aspectos que van más allá de las políticas de ciencia y tecnología. 
El informe del Parlamento Europeo es relevante porque muestra preocupaciones actuales en cuanto al desarrollo de las actividades de I+D en Europa, así como las necesidades y características específicas del sector. 
Un aspecto que merece especial atención es el énfasis que pone el informe a la necesidad de aumentar la inversión en el sector público, observando que es indispensable para el progreso de la I+D en el sector privado. 
A pesar de que el informe es poco preciso en algunos puntos, por lo general apoya las propuestas de la Comisión e incluye otras, concretamente el aumento de los fondos del Séptimo Programa Marco de I+D a 30 000 millones de euros y la creación de «comunidades tecnológicas» y de un Consejo Europeo de Investigación. 
Una inversión creciente y sostenida en investigación es la mejor garantía de éxito para alcanzar las metas que la Unión Europea se ha propuesto, como son la creación de un espacio económicamente más dinámico, cohesionado y basado en el conocimiento. 
Será, pues, una de las mejores inversiones para el futuro de nuestros ciudadanos. 
Esta Comunicación de la Comisión presenta metas más ambiciosas que las que hemos visto hasta ahora, proponiendo medidas que intentan que el gasto en investigación en la UE corresponda a un 3% del PIB, proviniendo un tercio de fondos públicos y dos tercios de fondos privados. Hoy en día, esta cifra apenas alcanza el 1,9 %, muy por debajo de los porcentajes registrados en Estados Unidos (2,7 %) y Japón (3%) , y revela serias discrepancias dentro de la propia Unión. 
Para alcanzar este objetivo habría que aumentar un 8% la inversión anual en investigación. Además, hay que tener en cuenta el aumento necesario de la dotación presupuestaria con vistas a la próxima adhesión de diez nuevos países. 
Comparto esta misma opinión y por eso he votado a favor del informe. 
. – El informe Linkohr denuncia que los gastos asignados a la investigación son demasiado bajos en Europa. 
Evidentemente, estamos a favor del aumento de la financiación de la investigación. 
No habla nunca de la utilidad de la investigación para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, o para salvaguardar el medio ambiente. 
El único criterio expuesto para la financiación de la investigación es la competitividad y la afirmación de Europa. 
El método propuesto para ello es la investigación realizada sobre una base competitiva, que satisfaga mejor los intereses comerciales de las empresas privadas. 
El informe destaca que no todas las actividades de investigación producen el efecto positivo esperado sobre la economía europea y, en consecuencia, preconiza la creación de un sistema europeo para elaborar criterios de eficacia y éxito y evaluar la investigación en función de dichos criterios. 
Ahora bien, precisamente la comunidad de investigadores y científicos se moviliza, en Francia y en otros países europeos, contra la drástica disminución de la financiación pública y contra la orientación impuesta a la investigación para dirigirla hacia los ámbitos más inmediatamente rentables. 
Con ellos, defendemos la libertad de investigación en nombre del interés general. 
He votado, pues, en contra de este informe y la peligrosa premisa subyacente al mismo. 
– La investigación es un elemento indispensable para que Europa se sitúe de forma duradera en la senda del crecimiento. 
Digo duradera, porque no se trata simplemente de relanzar a corto plazo la actividad económica, sino de garantizar, a largo plazo, la existencia de una industria europea innovadora y vital, conforme a los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo. 
Esta es la razón por la cual he votado a favor del informe del Sr. Linkohr, y espero que ello sirva para incrementar las inversiones en investigación, tanto en los presupuestos de los Estados miembros como en el de la Unión. 
No obstante, debemos permanecer atentos y evitar que, al amparo del apoyo a la innovación, se tomen medidas tendentes a satisfacer a determinados grupos de presión industriales, a menudo de fuera de la Unión, en detrimento de los intereses de nuestros investigadores y nuestros empresarios. 
Así pues, he votado en contra del apartado 28, cuya ambigua formulación podría hacer pensar que el Parlamento ha reconsiderado la posición que había adoptado durante el examen del proyecto de Directiva sobre la patentabilidad del software, en detrimento de las PYME innovadoras del sector y en beneficio de las multinacionales norteamericanas, que quieren perpetuar su posición dominante. 
. – Desde hace ya varios años, la UE intenta de forma sistemática promover la penetración de grandes empresas en una serie de sectores de dominio y control público (energía, telecomunicaciones, ferrocarriles y servicios postales, entre otros). 
En 2002 se decidió un marco normativo de telecomunicaciones que imponía una liberalización total, con reglamentación uniforme, para evitar contrastes importantes, facilitar a las nuevas empresas la competencia con las anteriores empresas públicas que ahora ejercen un fuerte monopolio y asegurar que los monopolios en telecomunicaciones penetren de forma eficaz en los mercados de los nuevos Estados miembros. 
Las decisiones de la Comunidad no se han aplicado aϊn en siete Estados miembros, incluida Grecia, contra la cual la Comisiσn ha incoado un proceso judicial. 
Este retraso muestra la incapacidad de la UE para imponer soluciones inequívocas entre intereses en conflicto y las reacciones ante los resultados, claramente negativos, de la liberalización. 
El informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía lamenta el retraso y advierte de las consecuencias catastróficas que conllevaría el incumplimiento. 
Va incluso más lejos, ya que pide que se prohíba bajar las tarifas a las empresas titulares. 
Los diputados europeos del Partido Comunista de Grecia no solo no lo lamentamos, sino que volvemos a condenar la venta de bienes públicos y expresar nuestra posición. Creemos que en sectores de importancia crucial para la economía, como las telecomunicaciones, solamente tendría que haber servicios públicos. 
. –Hemos votado, por supuesto, en contra de este informe, cuya única razón de ser es amonestar a los Gobiernos que no aplican con suficiente rapidez sus propias decisiones de liquidar los servicios públicos de telecomunicaciones para abrir cada vez más este sector a la competencia y a la carrera por el beneficio. 
El ponente se extasía ante las ventajas de la competencia en este sector. 
Esas supuestas ventajas son las supresiones de puestos de trabajo que ya han tenido lugar o que están por venir, la amenaza sobre los salarios y las condiciones de trabajo, la generalización de la precarización en las empresas en proceso de privatización –como France Télécom en Francia–, y el riesgo de despidos masivos en las empresas privadas que se entregan a una guerra comercial sin cuartel. 
A los usuarios quizás se ofrezca una elección más diversificada, pero solo a una clientela capaz de pagar. 
Se suprimen cabinas telefónicas en muchos lugares en que no son rentables, aunque sean más necesarias que en otras partes. 
El teléfono se hace menos accesible o bien más caro, lo que penaliza a los que, en las categorías sociales de rentas más modestas, tienen más necesidad de este servicio, en particular las personas de edad avanzada. 
Por oponernos a la privatización de los servicios públicos de telecomunicaciones, rechazamos este informe y el declive social a que contribuye. 
. – Todos estamos entusiasmados por la forma en que se utilizan las comunicaciones y la tecnología electrónicas y por sus efectos en nuestras economías colectivas. 
La cuestión clave que se plantea estos días no se refiere tanto a la propia tecnología sino a cómo se usa para que contribuya al crecimiento a través de una productividad mejorada. 
Si hemos de cosechar los beneficios reales y tangibles de las nuevas tecnologías de la información emergentes, es necesario que invirtamos en la reorganización de las empresas y en nuestras estructuras administrativas. 
Uno de los elementos centrales de esta inversión se refiere a asegurar que estén disponibles nuevas instalaciones de banda ancha en cada ocasión. 
Me alegra oír decir al Comisario de Tecnología de la Información, el Sr. Liikanen, que se ha multiplicado por dos el número de conexiones de banda ancha, pasando de 9 millones en julio de 2002 a 17,5 millones en julio de 2003. 
Apoyo plenamente la meta de la Comisión Europea de que la mitad de todas las conexiones a Internet sean de banda ancha en 2005 en la Unión Europea. 
También se exige a los Gobiernos de los Estados miembros europeos que conecten todas las administraciones públicas a través de banda ancha en 2005. 
Respaldo enérgicamente la iniciativa eEurope, que se centra en el fomento del uso de la banda ancha y se refiere a los ámbitos en que el sector público puede marcar diferencias. 
– El ponente opina que «Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España» están «retrasando el proceso de liberalización» al no introducir el «nuevo paquete regulador dentro del plazo previsto» y, por tanto, poniendo en peligro la «competitividad europea». 
Así pues, damos la enhorabuena a la Comisión Europea por incoar procesos contra aquellos Estados miembros que no han transpuesto el nuevo paquete regulador a la legislación nacional y pedir que los procedimientos concluyan lo más rápidamente posible. Incluso pedimos a la Comisión que haga uso de los numerosos instrumentos de los que dispone para enfatizar la naturaleza punitiva del reglamento. 
Esta postura es inaceptable. 
En cuanto al servicio universal, el ponente considera que su financiación no es coherente ya que esta debería estar abierta a todos los operadores, incluidos los de la red móvil, mediante «concurso público». 
En cuanto al servicio público, o incluso los servicios de interés general, apenas hay una palabra, tan solo algo de preocupación por los ciudadanos con discapacidad. 
This is, therefore, a report that fails to value public and universal service, a report that calls for liberalisation which deregulates further in the name of the primacy of competition and of the supposed economic advantages for businesses of ‘a fully competitive, open market’ in order to realise the ‘Lisbon Strategy’. 
. – La liberalización del sector de las telecomunicaciones ha conducido a la crisis más grave de su historia. 
La política de privatización generalizada, consecuencia directa de la apuesta por la desregulación y la competencia, ha conducido a un endeudamiento monstruoso de los operadores, que persiguen a toda costa –y a cualquier precio– nuevas cuotas de mercado, construyendo redes paralelas y competidoras, como las de los móviles, en un dudoso derroche de recursos. 
Esta situación ha estado acompañada, recordémoslo, de supresiones masivas de puestos de trabajo y de la puesta en peligro de cualquier idea de servicio público. 
Ahora bien, el informe presentado por el Sr. Clegg se pronuncia a favor de dar un paso más en esa dirección: no puedo sino votar en contra. 
Es necesaria otra política, que se base en la satisfacción de las necesidades sociales. 
Las telecomunicaciones deben defenderse como servicio público, lo que exige el control estatal de la política aplicada y de la selección de los operadores. 
Defendemos los principios siguientes: tarifas poco elevadas para las prestaciones más utilizadas por la mayoría de la población; servicio gratuito para los más pobres; cobertura de todo el territorio por las redes de móviles e Internet de alta velocidad en un marco del servicio público; y, por último, equipamiento de los países del tercer mundo sobre la base de unas relaciones de justicia e igualdad entre las naciones. 
– Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
– Se han distribuido las actas de la sesión de ayer. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, me gustaría mencionar, con respecto a las actas, que mi declaración que hice ayer antes del orden del día sobre los soldados italianos y los policías asesinados en Irak, también se aplica a la declaración realizada por el Presidente Cox al abrir la sesión de hoy con el mismo tema y al minuto de silencio guardado por el Parlamento Europeo. 
– Gracias, señor Patakis. 
Tomamos nota de su comentario y haremos lo que proceda. 
Señor Presidente, he leido en las actas de la sesión de ayer que la declaración que hice sobre los Estados bálticos y las violaciones flagrantes de los derechos humanos, se realizó en respuesta a la intervención del Sr. Tannock. 
Esto no es cierto. 
Ayer empecé mi declaración antes del orden del día con unas palabras acerca de lo que había dicho el Sr. Tannock, las cuales califiqué e, inmediatamente después comencé con el punto principal de mi intervención: la situación de los Estados bálticos. 
Por consiguiente, rogaría que se corrigieran las actas. 
Mi intervención no fue en respuesta a la del Sr. Tannock. 
– Se harán las correcciones necesarias, señor Korakas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0385/2003) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias. 
. 
Señor Presidente, Señorías, la reciente oleada de atentados terroristas, que ha llegado incluso a las puertas de la Unión Europea y por la cual esta mañana hemos guardado un minuto de silencio; las terribles muertes de una serie de jóvenes carabineros y también de civiles iraquíes, demuestra que no hay, en ningún caso, país ni sector libre de riesgo. 
Cualquiera que sea su motivación, estos actos- nos guste o no- pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. 
El sector marítimo no se libra de ellos, tal como demostró el secuestro del crucero- es verdad que fue en 1985, pero ya ha sucedido- y, después, el caso del petrolero, que fue también objeto de un acto terrorista. 
La propuesta de la Comisión tiene como objetivo hacer posible la aplicación efectiva y armonizada de las disposiciones sobre protección de buques y de instalaciones portuarias que los propios Estados de la Unión han respaldado en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. 
Es una propuesta destinada a crear un espacio común de seguridad marítima que garantice el mismo nivel de protección en los intercambios marítimos efectuados en la Unión Europea. 
Es semejante al texto que este Parlamento y el Consejo adoptaron en materia de protección en el ámbito de la aviación civil. 
Al igual que en este sector, una actuación decidida de la Unión Europea en el campo de la protección marítima no puede sino demostrar a nuestros socios internacionales la seriedad con la que abordamos las cuestiones de protección en su conjunto. 
Los instrumentos adoptados en la Organización Marítima Internacional solo son aplicables a los buques destinados al comercio internacional y a las instalaciones portuarias en las que hacen escala. 
Es deseable ampliar algunas disposiciones de tales instrumentos al tráfico marítimo nacional interno europeo, a fin de lograr el objetivo global de protección en el sector del transporte marítimo. 
Para ello, es preciso garantizar la proporcionalidad de las medidas que han de aplicarse con respecto a los posibles riesgos, concediéndose prioridad al transporte de pasajeros. 
La propuesta va más allá de algunas de las disposiciones adoptadas por la Organización Marítima Internacional, ya que establece el cumplimiento obligatorio de determinadas disposiciones- que tenían, en el caso del acuerdo la Organización Marítima Internacional, el carácter de recomendaciones -, para garantizar el máximo nivel de protección previsto y evitar interpretaciones divergentes de un Estado miembro a otro. 
Establece un interlocutor nacional único para la supervisión de las medidas de protección de los buques e instalaciones portuarias y prevé un proceso de inspección, supervisado por la Comisión, a fin de verificar la aplicación de los planes nacionales adoptados en el marco de este Reglamento. 
Quiero recordarles, una vez más, que la Organización Marítima Internacional ha insistido en que estas medidas de protección sean aplicables al tráfico marítimo a partir del 1 de julio de 2004. 
La presente propuesta de Reglamento tiene como principal objetivo permitir que los Estados de la Unión adopten las medidas necesarias en el plazo establecido y puedan cumplir, de ese modo, el compromiso internacional garantizando, a la vez, la homogeneidad de su aplicación en toda la Unión Europea. 
Habida cuenta del carácter imperativo de esa fecha límite, no puedo sino apoyar toda actuación que haga posible una adopción lo más rápida posible sin desvirtuar su contenido. 
Sé que el Parlamento y su ponente son totalmente conscientes de ello y que han estado trabajando todos estos meses con el Consejo para conseguir la adopción más rápida posible del texto- incluso en primera lectura, si fuera posible- y, en ese sentido, quiero agradecer el magnífico trabajo realizado por la Sra. Miguélez Ramos y por el esfuerzo mostrado por esta Cámara para dar una solución rápida, ágil y eficaz en interés de los ciudadanos de la Unión Europea. 
. Señor Presidente, la Comisión Europea abordó en su día, en el Libro Blanco sobre el transporte, la protección de los pasajeros a bordo de buques de crucero en Europa. 
El Parlamento también se había pronunciado sobre la seguridad y las causas de los accidentes en la pesca y había solicitado un nivel elevado de seguridad, tanto para los pasajeros como para las tripulaciones. 
Pero fue- como ha dicho la Sra. Comisaria- a raíz de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, cuando la OMI acordó por unanimidad, en su asamblea celebrada en el mes de noviembre, que debían elaborarse nuevas medidas en relación con la protección de buques e instalaciones portuarias, dado que uno de los sectores más vulnerables hoy en día es el del transporte marítimo, ya sea de mercancías o de pasajeros. 
Estos nuevos instrumentos internacionales se aplicarán- y esto es muy importante- automáticamente a todos los Estados miembros, a partir del 1 de julio de 2004. 
Deberán ser, por tanto, incorporados al Derecho comunitario antes de esa fecha, a fin de sentar las bases, tanto para su interpretación y aplicación armonizadas, como para su control comunitario. 
Quiero agradecer a mis colegas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo su comprensión a la hora de aceptar la urgencia y flexibilidad en la tramitación de esta propuesta de Reglamento, así como el apoyo prestado a este informe, que se aprobó por unanimidad, con una sola abstención. 
Quiero agradecer también, muy especialmente, el trabajo de los colegas que han elaborado los informes de opinión, concretamente me refiero al Sr. Oreja Arburúa y también al Sr. Folias, que se han portado conmigo de una forma magnífica y me han ayudado mucho. 
Ello indica, a mi modo de ver, que el Parlamento Europeo aprueba este enfoque global y considera que el tratamiento de problemas que afectan a todo el planeta será más efectivo si se realiza a través de medidas propuestas por las organizaciones internacionales más que a través de la adopción de medidas de carácter unilateral. 
Aunque las medidas adoptadas por la OMI se limitan al transporte marítimo internacional, los peligros que nos acechan no se deben únicamente al hecho transfronterizo. 
La Comisión RETT ha acogido favorablemente la extensión de estas medidas, a escala europea, a la navegación nacional y a las instalaciones portuarias correspondientes, lo que nos permitirá disponer, a nivel comunitario, de un régimen de protección más amplio que el establecido a nivel internacional. 
Pero la protección marítima debe entenderse incluyendo, no solo la amenaza terrorista, sino también las medidas preventivas necesarias para hacer frente a riesgos de todo tipo. 
De ahí que la propuesta de Reglamento extienda la totalidad de las disposiciones obligatorias no solo a los buques de pasaje, sino a otros buques de carga, como son los que transportan contenedores, productos químicos, gases, petróleo, así como a las instalaciones portuarias que los acogen. 
Los graves accidentes marítimos ocurridos en aguas europeas en los últimos años- y pienso en el y, sobre todo, en el, porque justamente conmemoramos el aniversario de esta tragedia- han colocado el debate sobre la seguridad en el transporte marítimo en el centro de las preocupaciones ciudadanas. 
Justamente en este momento, en una sala de este Parlamento, el Presidente de Asturias presenta las conclusiones de un informe sobre este terrible accidente para que nos ayuden en nuestro trabajo. 
La modificación del Convenio SOLAS y de la Parte A del Código PBIP implican disposiciones de carácter obligatorio. 
La Parte B del mismo Código está constituida por recomendaciones, pero la Comisión propone convertir alguna de ellas en obligatoria, cuestión en la que es apoyada por la Comisión de Transportes. 
Las disposiciones obligatorias se refieren al equipamiento de los buques y prescriben un conjunto de medidas de seguridad. 
Otras medidas se refieren a la formación y a las prácticas del personal implicado, definiendo claramente las responsabilidades y las obligaciones de los distintos participantes. 
La propuesta de Reglamento convierte en obligatorias también algunas de las recomendaciones de la Parte B del Código PBIP, con el fin de incrementar el nivel de protección y con el fin de evitar divergencias de interpretación. 
La Comisión Europea será la encargada de la verificación de la eficacia de los planes nacionales de los Estados miembros y de las actuaciones de las autoridades nacionales y la Agencia Europea de Seguridad Marítima tendrá un papel de asistencia en la ejecución de estas tareas. 
En la Comisión de Transportes hemos trabajado con un ritmo marcado por la urgencia en el trámite parlamentario- como decía la Vicepresidenta de la Comisión -, para que este catálogo de medidas pueda entrar en vigor en julio de 2004 y, de manera paralela, hemos trabajado, en comunicación permanente con el Consejo y con la Comisión, para que este Reglamento pueda aprobarse en primera lectura, como lo impone la urgencia de las medidas que deben adoptarse. 
La Comisión RETT ha considerado necesario formular importantes observaciones para mejorar la propuesta, como la ya mencionada de no aplicar estas medidas solamente a los buques de pasaje, sino también a los buques de carga, o como la relativa a la creación, antes del año 2010, de un servicio o cuerpo de guardacostas europeo. 
Los miembros de la comisión hemos instado a la Comisión Europea a presentar, antes de finales de 2003, una Directiva sobre la protección del conjunto de la zona portuaria, que debería incluir medidas complementarias de protección aplicables en puertos comunitarios y cubrir a todo el personal afectado, y estoy pensando en la gente de mar, en los trabajadores portuarios y en todos los profesionales que trabajan ocasionalmente en zona portuaria. 
Consideramos esencial que se garantice a la gente de mar la formación, los ejercicios y las prácticas destinados al personal responsable. 
Compartimos también la preocupación de la Comisión por los contenedores y confiamos en que este trabajo que hemos realizado favorezca un acuerdo entre las instituciones, de forma que este Reglamento pueda aplicarse a partir del 1 de julio de 2004. 
El Parlamento Europeo ha hecho un buen trabajo y este trabajo puede contribuir a mejorar los diferentes aspectos de la seguridad en el transporte marítimo y responder así a las preocupaciones de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, quiero hacer una precisión técnica que concierne a la enmienda 16: el texto votado por la Comisión RETT e indicado como nuevo artículo 3, apartado 2 a) , es, en efecto, una sustitución del párrafo 2 del apartado 2 del artículo 3. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer también, a la ponente su trabajo. 
No es un mero formalismo, porque ha permitido que la opinión de la Comisión de Libertades se incorporara, en gran parte, a los trabajos de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y que nuestro trabajo, en la Comisión de Libertades tuviera algún sentido. 
Como ya se ha dicho aquí, y lo ha dicho también la Vicepresidenta, Sra. de Palacio, creo que en estos momentos en los que el terrorismo nos rodea y nos amenaza, las medidas que tienden a luchar contra esta lacra del siglo XXI son de especial importancia. 
Y digo también como vasco, que el terrorismo nos afecta diariamente. 
Hay que felicitar también a la Conferencia Diplomática de los Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que pusieron de manifiesto que cualquier ciudadano y, también, cualquier medio de transporte puede ser presa fácil de un atentado. 
También hay que tener en cuenta que la ampliación de la Unión con diez nuevos países el año que viene nos obliga a reforzar toda medida de lucha contra el terrorismo y de protección de nuestros barcos y de nuestros puertos. 
En este sentido, las enmiendas de la comisión han querido aportar una pequeña precisión a la propuesta de la Comisión, pidiendo que se incorporen también los actos ilícitos, tales como el terrorismo, los actos de piratería y análogos por ser de especial incidencia amenazadora contra la seguridad de los buques, su carga, su pasaje o su tripulación. 
Y teniendo en cuenta los últimos desastres medioambientales, hemos querido reforzar las medidas de seguridad en el transporte de mercancías que contienen sustancias peligrosas. 
La manipulación ilegal de dichas sustancias constituye un riesgo especial, tanto para el medio ambiente como para las personas y, por tanto, deben introducirse en el campo de aplicación de este reglamento. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que debe crearse un centro de control para la protección marítima, como punto de contacto entre la Comisión y los Estados miembros para supervisar las medidas establecidas en este reglamento, y también en cuanto a la ampliación de las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, para que pueda cumplir con su labor de inspección y seguimiento del presente reglamento. 
Esto, probablemente, a través de un nuevo instrumento legislativo. 
Es importante que este reglamento así como la comunicación de la Comisión entren en vigor lo antes posible y que este reglamento pueda ser una realidad el 1 de julio de 2004. 
. – Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión y a la ponente, porque se ha demostrado que cada día urge más la necesidad de mejorar la seguridad en los puertos y en el transporte marítimo. 
Y, por supuesto, entiendo la prisa por esta cuestión. 
Sin embargo, debo formular una queja por el hecho de que se rechazara la propuesta de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía para cofinanciar el coste de estas medidas. 
Un estudio de la OCDE realizado en julio de 2003 cifraba el coste inicial de las medidas necesarias en 1 279 millones de USD como primeras inversiones, seguidas de 730 millones de USD al año para mantenerlas. 
Como entenderán, este coste excesivo, que se dividirá entre los puertos europeos, tendrá que ser pagado –al no existir cofinanciación, como había propuesto la Comisión de Industria– por los puertos, compañías navieras y pequeñas y medianas empresas que desempeñan actividades asociadas. 
Entendemos, por tanto, que la competitividad de la economía europea tendrá que soportar una carga pesada desproporcional en comparación con otras economías competidoras. 
Lo cierto es que se perderán puestos de trabajo y que cerrarán pequeñas y medianas empresas. 
Me preocupa que ninguno de estos aspectos se haya considerado lo más mínimo y que los estemos sacrificando debido a la prisa que tenemos por aprobar el reglamento. 
Espero que el tiempo me diga que me he equivocado, pero me preocupa que estos temas tan serios puedan costarle muy caro a la economía europea. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya sin reservas el excelente informe de la Sra. Miguélez Ramos. 
Es importante que las normas establecidas por la Organización Marítima Internacional sean efectivamente obligatorias. 
Hemos tenido largos debates sobre si esto era incluso admisible, ya que el transporte marítimo es un negocio mundial. 
Tenemos que transponer al menos los aspectos más importantes al derecho comunitario, ya que es la única forma en que podemos asegurar que las normas de la OMI se implanten rápidamente en todas las aguas de la UE y en los puertos europeos, protegiendo así a la población de peligros potenciales derivados del terrorismo, la piratería u otras actividades ilegales. 
Por supuesto que también lamentamos tener que debatir estas cuestiones con relativa celeridad. 
Junto con el problema de la sostenibilidad financiera, que acaba de tratar el Sr. Folias, la gente de los puertos pregunta constantemente si lo recomendando es viable y si se puede llevar a la práctica. 
Espero que el Consejo trabaje cuidadosamente a partir de los resultados obtenidos en la práctica cuando se transpongan estas normas, pero como las normas de la OMI tienen que aplicarse a partir del 1 de julio del año que viene, creemos que ahora es importante crear certidumbre jurídica y, por tanto, apoyamos la petición de la ponente de que se llegue a un acuerdo en primera lectura. 
Esperamos, no obstante, que las normas elaboradas conjuntamente por la ponente y el Consejo, den lugar a regulaciones viables y prácticas en los puertos, ya que estos son puntos cruciales que queremos hacer más seguros sin dificultar su funcionamiento. 
Deben funcionar y espero que podamos lograrlo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, habremos vivido una legislatura bajo el signo de la seguridad y la protección. 
Se ha producido, por supuesto, el naufragio del, el 12 de noviembre de 1999, e incluso el atentado del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, con implicaciones en el riesgo marítimo. 
También hubo el naufragio del, cuyo aniversario se cumple mañana, 19 de noviembre de 2002. 
No hay duda de que estos acontecimientos nos llevan a dotarnos de una reglamentación que abarque desde la prevención hasta la sanción. 
El informe de nuestra colega, al cual me sumo, me lleva a resaltar tres puntos. 
El primero es que hay que controlar la libertad de los mares. 
El mar no puede seguir siendo un lugar para la aventura individual, porque también supone un riesgo para los demás. 
Precisamos un seguimiento más minucioso y una mayor disciplina, desde alta mar hasta el puerto. 
En segundo lugar, la Unión Europea debe desempeñar un papel más importante en la Organización Marítima Internacional (OMI) , que es un poco el Ministerio del Mar del mundo entero, del mismo modo que el Fondo Monetario Internacional ejerce, por ejemplo, las funciones de un Ministerio de Hacienda. 
De la cuarentena de miembros que componen, creo, el consejo de administración, unos doce son miembros de la Unión actual o futura. 
Sería interesante, por tanto, que se coordinaran mejor, pues de lo contrario será mucho más fácil recurrir a los pabellones de conveniencia. 
En tercer lugar, por último, toda ley debe dar lugar a sanciones, sin las cuales es estéril e ineficaz. 
Ahora bien, los convenios de la OMI no son en absoluto vinculantes. 
Creo que hay que actuar para que lo sean un día u otro y, por otro lado, hay que esforzarse también por conseguir que el país de origen del barco se responsabilice de él. 
Mientras no se haga esto, nuestro dispositivo seguirá teniendo lagunas. 
Resumo: libertad controlada en los mares, unidad organizada en la OMI, legalidad respetada por todos, estos son los tres principios sobre los que hay que volver a trabajar. 
Son los que jalonan el camino de la seguridad y la protección marítimas, pero este camino todavía es largo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señora ponente, gracias por el dinamismo que ha inyectado en su trabajo. 
La tarea de los políticos en el campo de las medidas de seguridad, en este caso en puertos y en buques, es aspirar a conseguir un equilibrio entre la viabilidad y el efecto deseado de las medidas adoptadas. 
Es una tarea ingrata desde el principio, para las autoridades portuarias y las compañías navieras, a las que se exige que apliquen nuevas normas que siempre experimentarán como una molestia. 
Para el legislador, la cuestión se queda en si la seguridad en el sector marítimo mejorará gracias a estas medidas. 
Hasta la fecha, este sector ha disfrutado de una gran reputación en materia de seguridad. 
Si esto se va a seguir así gracias a este paquete legislativo, la cuestión es si en Europa ganaremos credibilidad por ello. 
La solución no es esperar a ver qué pasa. 
Por eso es tan importante que se aplique pronto este paquete, pero no a expensas de todo lo demás. 
Ma parece extraño que en Europa vayamos más allá de lo acordado en el marco de la OMI, especialmente cuando también queremos aplicar estas medidas a nuestro transporte marítimo local. 
Es importante observar que los Estados Unidos, que forzaron la aprobación de este paquete en el marco de la OMI, no lo aplican. 
¿Por qué Europa se ha puesto el listón tan alto? 
Una carga administrativa en nuestro transporte marítimo local dificultará el transporte de mercancías a través de Europa. 
Esto afecta sobre todo a los puertos pequeños, con tan solo unos cientos de miles de euros de volumen de negocio. 
Más obstáculos al transporte de mercancías significa que el sector del transporte, por lo general, incurrirá en costes adicionales. 
Los costes adicionales son ineficientes, y la ineficiencia significa que ciertamente no nos estamos acercando a los objetivos de Lisboa. 
Mientras tanto, los buques navegan a lo largo de las costas este y oeste de los Estados Unidos, transportando mercancías, sin encontrarse con autoridades portuarias ni oficiales de aduanas. 
En Europa, esto sería una historia diferente de todas formas, ya que, desgraciadamente, nuestro mercado interior no es aplicable a nuestra zona costera. 
No existe el transporte local entre Bélgica y los Países Bajos. 
Este se considera todavía internacional, pero a partir de ahora pertenecerá también al mercado interior. 
Por tanto, deberían eliminarse las fronteras interiores marítimas. 
Por último, me gustaría decir que, en general, apoyaré las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Retiraré mi enmienda 42, porque es preferible la enmienda 65, presentada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, además de felicitar a la Sra. Miguélez Ramos por su magnífico informe, reitero mi opinión favorable a que el concepto de protección marítima se entienda en su más amplio sentido y, por tanto, que el Reglamento que debatimos contemple también las medidas preventivas necesarias para hacer frente a posibles riesgos de todo tipo, y no solo respecto a los buques de pasaje, sino, además, a los que transporten contenedores, productos químicos, gases, petróleos o cualquier otra suerte de mercancías peligrosas. 
Precisamente en estas fechas se cumple el aniversario del trágico asunto del petrolero, que acabó hundido en el fondo del mar, provocando la mayor contaminación marítima y agresión medioambiental que conocemos. 
Y, en opinión de miles de personas que se manifestaban una vez más este pasado domingo en Galicia, ello se debió a la desastrosa gestión, por parte de los responsables gubernamentales españoles, de la crisis desencadenada en el buque aquel 13 de noviembre. 
Todo ello confirma la necesidad urgente de establecer planes de seguridad, para poder abordar futuras crisis con un mínimo de garantía de éxito, de controlar la aplicación de las medidas de seguridad, así como de formar a las plantillas, mediante prácticas y simulacros donde participe el personal implicado en la seguridad de los buques, puertos y navegación marítima, tanto internacional como interior. 
Nosotros vamos a apoyar el informe de la Sra. Miguélez Ramos, porque creemos que es una necesidad urgente la adopción de todas las medidas posibles para evitar que catástrofes como la del se vuelvan a repetir. 
– Señor Presidente, quisiera hacer tres observaciones. 
La primera es que me parece que esta tarde nos espera un auténtico ejercicio de esquizofrenia. 
En el informe Miguélez Ramos se nos invita a transponer dos instrumentos adoptados a escala mundial por la OMI, que pretenden muy oportunamente reforzar la seguridad de las instalaciones portuarias en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional. 
Pero en el informe Jarzembowski se nos pide que adoptemos, a escala europea, una directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios, que, al aplicar de forma muy dogmática el excelente principio de la libre competencia, puede perjudicar la seguridad de nuestros puertos y convertir a aquellos que todavía no lo son en auténticos puertos de conveniencia. 
¿Es para disimular esta contradicción que los dos textos no se sometan a un debate conjunto? 
En segundo lugar, tenemos la prueba de que la OMI –que, cuando se ve espoleada por Estados decididos, es sin duda el nivel pertinente en materia de seguridad marítima internacional– no está condenada a la debilidad. 
Las modificaciones introducidas en el Convenio SOLAS y el Código ISPS por iniciativa de los Estados Unidos lo demuestran, así como la elevación del límite máximo del FIPOL por iniciativa de varios Estados europeos. 
No debemos aflojar, pues, la presión a favor del transporte marítimo responsable, y en particular a favor de la creación de una zona marítima especialmente vulnerable en el Atlántico y el Cana de la Mancha, propuesta por seis Estados europeos. 
En tercer lugar, por último, la Comisión se aprovecha de lo que solo habría debido ser la transposición a la legislación comunitaria de disposiciones relativas exclusivamente a la navegación internacional para ampliar el ámbito de aplicación de determinadas disposiciones al tráfico marítimo nacional. 
No es seguro que esta deriva, que aumenta claramente los poderes de control de la Comisión, aporte una contribución eficaz al fortalecimiento de la seguridad pública marítima. 
Señor Presidente, la quintaesencia de la Unión Europea no son los ideales de democracia y libertad proclamados en el informe; es servir a las grandes empresas, en este caso las grandes compañías navieras. 
Eso requiere leyes y medidas como escudo de protección para sus intereses. 
El objetivo es aumentar sus beneficios excesivos aboliendo los derechos fundamentales de los marinos. 
Una vez más, con el terrorismo como pretexto, se hace un esfuerzo por imponer un régimen de espionaje y vigilancia policial en puertos y buques, con una extensa red de control y represión, con el objetivo de reprimir la actividad política y sindical y pisotear el movimiento de base, frente a las reacciones provocadas por la promoción de la privatización. 
Por eso no se dice nada acerca de los problemas reales y las verdaderas amenazas para la seguridad marítima, en otras palabras, de la salud y la seguridad de aquellos que trabajan en buques y puertos, la edad de la flota y los puertos «despiadados» o puertos de conveniencia preconizados por la directiva de privatización. 
Ni una palabra sobre las responsabilidades de los grandes armadores, que son accesorios de los trágicos crímenes marítimos que los convierten en terroristas pioneros. 
Ni una referencia al hecho de que las decisiones regionales sobre seguridad de los buques esencialmente debilita el papel de la OMI y socava el reglamento de seguridad dentro del marco de una guerra económica y una carrera por el beneficio. 
Esta es una transacción horrible entre capitalistas a expensas de la seguridad de la vida en el mar y el medio marino y cuyo objetivo es aumentar sus excesivos beneficios. 
La irresponsabilidad de las empresas navieras se refuerza mediante banderas de conveniencia, la privatización de sociedades de clasificación y la falta de inspecciones y controles sustanciales por parte de las autoridades estatales. 
Estas son las verdaderas y principales amenazas terroristas al transporte marítimo, no los piratas fantasmas que busca la Unión Europea. 
Es necesario que se desarrolle un movimiento de base, dinámico y masivo contra estas políticas que se aprovechan de activos públicos e imponen un régimen de trabajo medieval y salarios de esclavos. 
– Señor Presidente, felicito a la Sra. Miguélez Ramos por el trabajo realizado. Desearía aclarar de qué estamos hablando, porque quizás hayan surgido algunos malentendidos. 
Lo que estamos haciendo, a nivel comunitario, es adoptar un acuerdo por el que votaron todos los Estados miembros de la Unión Europea en la Organización Marítima Internacional. 
La Comisión está hoy aquí y el Parlamento está de acuerdo, para que podamos adoptar estas medidas a nivel comunitario, darles forma y ponerlas en práctica. 
Lo que diferencia esta Directiva de otras iniciativas europeas similares es que aquí estamos siendo activos, estamos actuando anticipándonos a una catástrofe, mientras que –como todos saben– en el pasado hemos actuado a nivel comunitario después de los naufragios, las catástrofes naturales u otros desastres. 
No obstante, ¿no hay inquietudes? 
¿No hay preguntas? 
Las hay. 
Han sido formuladas por el Sr. Folias y el Sr. Jarzembowski. 
En efecto, la industria a nivel europeo está preocupada por la carga que conllevarán estas medidas; medidas que son necesarias y que –nadie lo duda –tienen que tomarse. 
Puede que sea una carga excesiva o, en algunos casos, que distorsione la competencia, porque en algunos Estados miembros se necesitarán más medidas y en otros menos, por lo que la industria tendrá que soportar una carga desigual. 
Por eso, dado que el Consejo no estaba dispuesto a aceptar algunas enmiendas que abordaban directamente la cuestión de la financiación por parte de los propios Estados miembros, pedimos a la Comisión Europea –tanto porque las medidas son urgentes como porque el Parlamento Europeo no podía persuadir al Consejo para asumir un procedimiento de conciliación (y me alegra que el Consejo al menos acepte esto último) – que adopte una enmienda que insta a la Comisión Europea a que presente un estudio precisamente sobre la competencia y los costes adicionales. 
Por lo tanto, pido a la Comisaria, porque la industria está verdaderamente preocupada, que nos asegure hoy que la Comisión llevará a cabo este estudio lo más rápidamente posible y que dará respuesta a las preocupaciones de la industria sobre el funcionamiento de la competencia en puertos a partir de ahora. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada también me gustaría dar las gracias a la Sra. Miguélez Ramos por su excelente informe. 
La seguridad es un tema importante en el transporte marítimo. 
Mi preocupación es que buques pequeños que operan en servicios nacionales, como transbordadores y embarcaciones costeras, no deberían incluirse en unas medidas de seguridad que administrativamente son muy engorrosas. 
La comisión parlamentaria ya ha examinado este asunto, que debería remediarse con las enmiendas propuestas. 
Mi otra preocupación tiene que ver con el aumento de los costes de las instalaciones de los puertos pequeños y medianos. 
Si los equipos de seguridad, cercado y otras inversiones deben estar pronto en su sitio, los servicios de transporte tendrán que aumentar sus tarifas y, debido a ello, los puertos perderán su ventaja competitiva. 
Espero que se remedien estos dos temas en la votación y también espero que se tengan en cuenta cuando la Comisión interprete la aplicación de la Directiva. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, es muy importante, en efecto, para nuestros conciudadanos, que podamos proponerles las mejores medidas de seguridad posibles en todos los modos de transporte por tierra, mar y aire. 
Hoy, nuestros debates se refieren al transporte marítimo, y me permito felicitar calurosamente a la ponente. 
Por lo que se refiere a la seguridad del transporte marítimo, la seguridad de los pasajeros es esencial para nosotros, pero es igualmente importante tener en cuenta el transporte de mercancías. 
En efecto, algunos buques transportan mercancías peligrosas y constituyen por ello blancos perfectos para el terrorismo. 
Se ha visto también, incluso al margen de todo el problema del terrorismo, que pueden provocar catástrofes naturales de gravísimas consecuencias. 
Por tanto, todo lo que contribuya a una mayor protección debe acogerse favorablemente, y, una vez más, se nos proponen disposiciones muy importantes, que yo apoyo: un centro de control nacional para la protección marítima y mayor formación del personal, sin olvidar el adecuado equipamiento de los puertos, son otras tantas medidas que hemos reclamado muchas veces en esta Cámara. 
Esto es lo que me parece importante, incluso si estoy de acuerdo con mis colegas en pedir que estas disposiciones se apliquen de forma equilibrada y armoniosa, sin comprometer la actividad efectiva de los puertos. 
Es indispensable también una definición clara de las responsabilidades de cada cual, y aquí es donde tengo que abordar la cuestión de la responsabilidad de los Estados miembros. 
¿Están dispuestos a hacer de la seguridad marítima un eje fundamental? 
¿Qué países han transpuesto, hasta ahora, las directivas aquí votadas? 
¿Qué países supervisan realmente la aplicación de los reglamentos europeos? 
¿En qué punto nos hallamos en la elaboración del mapa europeo de los puertos de refugio? 
¿Qué países han avanzado, cuáles están rezagados? 
Sé, por lo que a Francia se refiere, que se han adoptado al fin disposiciones en este sentido. 
¿Cuál es la posición, o incluso la decisión, del Consejo sobre la creación de un cuerpo europeo de guardacostas, que yo reclamo desde hace mucho tiempo? 
Si sucede otra catástrofe o accidente ¿volverá a incriminarse a Europa, por haber contribuido a que fuera posible, o acaso los Estados miembros afrontarán por fin sus responsabilidades? 
Señora Comisaria, usted ha llevado a cabo una labor –una tarea tremenda, por cierto– en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo. 
Es hora de hacer que esto se reconozca y de decir abierta y públicamente la verdad sobre los bloqueos nacionales, sobre los retrasos en lo que se aplica y lo que no se aplica, así como sobre la voluntad real del Consejo de Ministros. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar la enhorabuena a la ponente, Sra. Miguélez Ramos, por su trabajo y por su voluntad de llegar a acuerdos rápidos para que una medida de estas características pueda adoptarse rápidamente y ser, por lo tanto, de inmediata aplicación. 
Nos encontramos, como muy bien han expuesto algunos compañeros diputados en el debate sobre este reglamento, ante la existencia del terrorismo, de una serie de peligros. 
Hemos adoptado medidas en este Parlamento. 
Hemos adoptado medidas por iniciativa de la Comisión que, de forma activa, durante esta legislatura nos ha estado planteando propuestas para la mejora de la seguridad en el tráfico en todos los ámbitos del transporte. 
Las hemos adoptado y estamos a punto de adoptarlas el ámbito del transporte marítimo. 
En el ámbito del transporte marítimo nos acucia un terrorismo internacional, organizado, pero también hay un terrorismo que asola, internamente, en casos como el de España. 
Eso merece un combate y la adopción de unas medidas, y a eso nos enfrentamos. 
Es evidente que nos encontramos con problemas y que habrá que efectuar ajustes, pero mejorar nuestra seguridad, mejorar la seguridad en el tráfico, mejorar la seguridad en los puertos, esa es una necesidad y una obligación que debemos cumplir. 
Por lo tanto, quiero dar la enhorabuena a la Comisaria por sus propuestas y a la ponente por su interés y su voluntad de que estas medidas tengan una rápida aplicación. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, para combatir el terrorismo se necesita una acción global que tenga en cuenta las diversas amenazas que el mundo afronta hoy en día y que, desgraciadamente, son miles. 
Por tanto, comparto la preocupación por el transporte marítimo, expresada por la Comisión y la ponente, claramente implicados en la propuesta de reglamento que estamos analizando, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los barcos e instalaciones portuarias en el marco de la lucha antiterrorista. 
Dicha acción implicaría necesariamente la aplicación, en toda la Comunidad Europea, de las medidas de seguridad internacionales aprobadas por la Organización Marítima Internacional, además de definir una política común europea en este ámbito. Esto conllevaría una mejora de los niveles de protección y aseguraría que no haya diferencias de interpretación entre los diversos Estados miembros. 
En este contexto, debo referirme a tres aspectos que considero cruciales. 
En primer lugar, con respecto a la ampliación de las medidas adpotadas por la OMI en materia de transporte nacional y las instalaciones portuarias pertinentes, me gustaría destacar la necesidad de determinar un calendario suficientemente largo para permitir que los países implicados cumplan las normas establecidas. 
La inclusión del tráfico marítimo nacional también debería contemplar la evaluación del riesgo en relación con el nivel de peligrosidad que supone para el buque o la mercancía, además de determinar un análisis de coste-beneficio con respecto a la vulnerabilidad del buque o de la instalación portuaria. 
Además, con respecto a la aplicación y la supervisión del cumplimiento, recogido en el artículo 10 de esta propuesta de reglamento, opino que estas tareas deberían desempeñarlas las autoridades competentes de cada Estado miembro. 
Debido a que las inspecciones comunitarias son necesarias, esto debería llevarse a cabo únicamente al amparo del fundamento jurídico del reglamento y siempre con la cooperación de las autoridades de cada Estado miembro. 
Finalmente, me gustaría señalar que, de acuerdo con el Reglamento por el que se establece la Agencia Europea de Seguridad Marítima, este organismo no tiene potestad para actuar en el campo de la seguridad como tal. 
Este aspecto debería considerarse en una revisión muy necesaria de este Reglamento. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, queridos colegas, los ciudadanos europeos estamos preocupados por la seguridad marítima y los gallegos lo estamos especialmente, pues sufrimos directamente en nuestras propias carnes gravísimos accidentes que están en la mente de todos. 
Las consecuencias de estos accidentes nos obligan a acelerar la adopción de medidas de seguridad marítima de todo tipo y a buscar consenso entre los distintos grupos políticos y entre las instituciones- Comisión, Parlamento y Consejo. 
Debemos evitar, por tanto, los largos procedimientos legislativos para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, llegando a acuerdos ya en primera lectura y evitar tener que recurrir al procedimiento de conciliación. 
Felicito a la Comisión, por la propuesta que nos ha presentado, y a nuestra ponente por su informe, que ha logrado la unanimidad, lo cual es bien significativo como lo es el apoyo que prestamos a las enmiendas que se introducen relativas a la extensión a otro tipo de buques, como son los de mercancías especialmente peligrosas, a aquellas medidas preventivas de todo tipo y a los acuerdos globales en el marco mundial de la OMI, incluso con los Estados Unidos. 
Este debate es, por tanto, oportuno, pero- insisto- tenemos que recordar que, si estamos de acuerdo en cuanto al fondo, como lo estamos en líneas generales, debemos estarlo también en cuanto a la forma y los procedimientos, y actuar con la máxima diligencia, como aquí se ha reiterado. 
No podemos perder ni un solo segundo en discusiones políticas que alarguen procedimientos legislativos en unas materias tan sensibles. 
Bienvenidas sean, por tanto, las medidas de la OMI en el marco del Convenio SOLAS, como lo serán también aquellas de MARPOL, que no solamente refuerzan la seguridad de los buques y los puertos sino que contemplan la imposición de sanciones penales y que tendremos que esperar a que se debatan y se aprueben en esta Cámara. 
El Parlamento Europeo debe estar en la primera línea de esta lucha y espero y deseo que la recientemente constituida Comisión temporal sirva para seguir en estos consensos y para dotarlos de los mejores medios e instrumentos en esta lucha y para liderarla desde la Unión Europea a nivel mundial. 
– Sr. Presidente, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y quisiera agradecer a la Sra. Miguélez Ramos por su elaborado informe. 
La propuesta de la Comisión es especialmente necesaria para determinar los nuevos instrumentos internacionales que la Organización Marítima Internacional adoptó el año pasado. 
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre mostraron que cualquier sector de la producción, medio de transporte o edificio pueden ser fácilmente blancos de un ataque terrorista. 
Asimismo, urgen acciones para prevenir y protegerse frente a otras amenazas a la seguridad marítima, como son la piratería y el sabotaje. 
Sin embargo, es importante que la UE no se precipite a adoptar medidas innecesariamente, sino que se tome tiempo y se adapte a las fechas establecidas por la OMI, que, como tal, es muy rigurosa y exigente. 
En el mundo cambiante de hoy, considero la cooperación internacional un tema prioritario para mejorar la seguridad de los buques e instalaciones portuarias, así como una alternativa mucho mejor a las medidas unilaterales que se han ido adoptando en el pasado. 
Operar en sistemas multilaterales redunda en interés propio de la UE, a la vez que los refuerza. 
Además, la cooperación con Rusia tiene especial importancia. 
Comparto la preocupación del Comisario Bolkestein acerca de los posibles efectos negativos para el comercio que tendrían las medidas de seguridad unilaterales. 
Existe el riesgo de que los acuerdos unilaterales en el sector de los contenedores, suscritos conjuntamente por puertos norteamericanos y algunos puertos europeos, distorsionen la competencia. 
Por este motivo, apoyo las actuales negociaciones entre la Comisión y los Estados Unidos de América en torno a los acuerdos de la Iniciativa para la Seguridad de los Contenedores. 
El contenido de la propuesta de la Comisión no difiere del de los instrumentos de la OMI que se han establecido exclusivamente para la navegación marítima internacional. 
Por este motivo, creo que no está claro si los mismos instrumentos deberían interpretarse en la UE para aplicarlos igualmente a los servicios de transporte interior en los Estados miembros. 
Teniendo en cuenta los costes y otras dificultades derivadas del cumplimiento de las medidas de seguridad, no veo la necesidad de ir más allá de las convenciones de la OMI. 
El poder de decisión para aplicar medidas a los sistemas de transporte interior de cada país debe recaer, en cualquier caso, en los Estados miembros, ya que se encuentran en óptimas condiciones para evaluar la situación. 
Sería absurdo, por ejemplo, que los buques que operasen en aguas internas de Finlandia, con su gran cantidad de lagos, tuvieran que pasar por estrictas inspecciones de seguridad si no suponen un riesgo para la seguridad. 
. 
Señor Presidente, quiero agradecer, una vez más, a la ponente, Sra. Miguélez Ramos, el trabajo que ha hecho, así como a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por la forma en que han desarrollado los trabajos y las mejoras que han aportado al texto, ya que la mayor parte de las enmiendas se pueden aceptar, aunque sea, en algún caso, con una redacción un poco distinta. 
También quiero agradecer a los ponentes, Sr. Oreja Arburúa y Sr. Folias, de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respectivamente, por las opiniones que han aportado y que han servido también para mejorar el texto propuesto por la Comisión. 
El trabajo en estrecha relación de los distintos ponentes con la Comisión y el Consejo permite- y eso es lo que yo espero- que se apruebe en primera lectura este texto. 
Hay muchas enmiendas, que son enormemente técnicas, con las que se pretende- si entiendo bien- aproximar la propuesta de la Comisión al texto derivado de las actividades del Consejo, que, por su parte, ha celebrado numerosas reuniones sobre este proyecto, en presencia de expertos. 
Me alegro de que, gracias a esa interacción- una especie de trílogo casi permanente en toda la tramitación -, hayamos podido encontrar respuesta positiva a casi todo. 
Quiero señalar, en respuesta a lo que han planteado algunas de sus Señorías, concretamente los Sres. Folias y Hatzidakis, que aceptamos la enmienda en la que se solicita un estudio centrado en el reparto de la financiación entre autoridades públicas y operadores sin perjuicio del reparto de competencias entre Estados miembros y Comunidad Europea, un estudio donde se analicen los costes que va a tener la aplicación de estas medidas, así como su repercusión en la competitividad del sector marítimo respecto a los sistemas de transporte alternativos y en la economía europea en general. 
Evidentemente, este estudio lo presentaremos al Parlamento y al Consejo y, eventualmente, formularemos en función de ello las propuestas pertinentes. 
Hay cinco enmiendas, sin embargo, que plantean algún problema a la Comisión y que quiero comentar brevemente. 
Dos de ellas no las podemos aceptar porque ponen en duda el delicado equilibrio que hemos alcanzado con el Consejo respecto a la extensión de estas medidas al tráfico nacional. 
Prefiero aquellas de sus enmiendas que reflejan precisamente el equilibrio que se ha podido alcanzar. 
Hay tres nuevas enmiendas, relativas a la comitología que, en la medida en que no hagan peligrar el papel del Comité de Seguridad Marítima, que prevé el Reglamento (CE) nº 2099/2002, sí podremos aceptar. 
Por último, dada la complejidad de las tareas pendientes, la Comisión acepta suprimir la puesta en marcha anticipada de estas medidas, aunque considero indispensable que cada Estado adopte un programa nacional de aplicación de la normativa que proponemos con este Reglamento. 
En definitiva, la Comisión puede aceptar íntegramente 62 enmiendas, parcialmente 5, y rechazar- como he dicho- nada más que 2. 
Estas cifras hablan claramente de la cooperación que ha habido, de la cual me felicito y por la cual quiero, una vez más, mostrar mi agradecimiento a todas sus Señorías por su trabajo realizado a lo largo de estos meses. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0364/2003) del Sr. Jarzembowski sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios. 
. – Señor Presidente, señora Vicepresidenta, en el transcurso de difíciles negociaciones, la delegación del Parlamento ha sido capaz de convencer al Consejo para que aceptara un gran número de reglas a favor de los intereses no solo de los sistemas portuarios existentes y de los trabajadores portuarios, sino también de unas condiciones de competencia leal entre los puertos y dentro de estos. 
A pesar de que hubo algunas peticiones que no conseguimos que el Consejo aceptara, yo recomiendo a todos los diputados de esta Cámara que acepten el resultado del procedimiento de conciliación y expresen su satisfacción con lo que se ha logrado. 
Por motivos de seguridad jurídica para los puertos, operadores y trabajadores portuarios, es necesario que la Unión Europea establezca su primera Directiva básica sobre los puertos. 
El rechazo de este compromiso dejaría sin regular durante años asuntos de vital importancia para la política europea de transportes, como el acceso al mercado en los puertos y las condiciones en las que los puertos compiten entre sí. Además, daría lugar a distorsiones de la competencia entre puertos y duplicaciones incontrolables de sus servicios. 
Permítanme advertir de algo a los diputados de esta Cámara que están a favor del rechazo: si esto ocurriera, la Comisión estaría autorizada a inspeccionar la situación en cada uno de los puertos. 
Sería mejor si estableciéramos unas reglas básicas, de forma que cada cual supiera de antemano qué normas tiene que acatar. 
Concretamente, el Parlamento puede sentirse afortunado tras la aceptación por parte del Consejo de su propuesta relativa a la definición de la autoasistencia, que incluye solamente el recurso a los marinos de las propias compañías navieras y no al personal de tierra. 
A este respecto, el Parlamento ha sido capaz de dar una expresión práctica a las principales preocupaciones tanto de los operadores portuarios como del personal que trabaja en ellos. 
Sin embargo, para alcanzar un compromiso, la delegación del Parlamento tuvo que desistir de su petición de establecer un requisito general de autorización previa para los servicios portuarios. 
El Consejo se propone seguir el principio de subsidiariedad y dejar esta competencia en manos de los Estados miembros. 
No obstante, logramos que se aceptara la idea de que los Estados miembros puedan asegurar que la autoridad competente requiera una autorización previa para la prestación de servicios portuarios, por lo que esta cuestión también queda a la discreción de los Estados miembros. 
Finalmente, el Consejo aceptó las modificaciones propuestas por el Parlamento en cuanto a periodos y condiciones relativas a autorizaciones y medidas transitorias, en las que el Parlamento ha asegurado un trato igual de los intereses por la propiedad y los sistemas de alquiler. 
La delegación del Parlamento también ha logrado la aceptación de la propuesta relativa a modificar o derogar las autorizaciones cuyos criterios de autorización o de la normativa de seguridad social no sean respetados en sustancia. 
Por tanto, hay que tener presente que hemos adoptado una posición carente de ambigüedad en cuanto a las condiciones sociales de los trabajadores portuarios y hemos hecho de ello un magnífico trabajo. 
El Consejo también aceptó que los Estados miembros aprueben normativas mediante las cuales los proveedores de servicios recién autorizados estén obligados a pagar las compensaciones pertinentes a antiguos proveedores. Sin embargo –y con esto no estamos muy satisfechos–, el Consejo pretende restringir esta medida a los casos en que el periodo de validez de las autorizaciones se vea reducido a causa de la nueva Directiva. 
Se puede ver cierta lógica en todo esto. 
En todos los demás casos, se aplicará la legislación vigente de cada Estado. 
El hecho de que los servicios de practicaje se mantengan dentro del ámbito de aplicación de la Directiva es un aspecto de este compromiso que el Parlamento se vio obligado a aceptar, no sin lamentarlo. 
Sin embargo, esto resulta aceptable por la insistencia del Consejo y del Parlamento en la importancia de los servicios de practicaje desde el punto de vista de la seguridad y de la protección del medio ambiente, y por el hecho de que las autoridades competentes pueden, por razones de seguridad pública, seguir restringiendo el practicaje a un único proveedor de servicios. 
El Parlamento consiguió finalmente que se eliminara la duración de las autorizaciones de los servicios de practicaje, introducida por el Consejo. 
Opino que el Parlamento hizo algo sin precedentes al lograr la ampliación de los objetivos de la Directiva al incorporar el establecimiento de condiciones de competencia leal entre los puertos y dentro de los mismos. 
Por ello, tanto los puertos como los proveedores de servicios portuarios están obligados a comunicar a la Comisión y a los Estados miembros la relación financiera existente entre ellos y empresas públicas. 
A su vez, la Comisión deberá sacar las conclusiones necesarias en relación con la eliminación de las distorsiones de la competencia, y ya ha expresado su disposición a adoptar Directivas explícitas relativas al grado admisible de fianciación pública de los puertos. 
Me gustaría señalar, a modo de conclusión, que este resultado del procedimiento de conciliación supone un gran éxito para todos nosotros en vista de la postura tan negativa que adoptó el Consejo en un principio. 
Concretamente, me gustaría agradecer a la presidencia italiana del Consejo y a la Vicepresidenta por darnos la oportunidad de llevar un asunto tan problemático como este a lo que yo considero una buena solución. 
Permítanme que añada la siguiente observación final. 
No estamos tratando solamente cuestiones aisladas relativas a los puertos. 
Lo que está en juego aquí es la capacidad de los puertos de la UE para competir, teniendo como tienen una importancia crucial como puntos nodales de las redes transeuropeas. 
Todos nosotros participamos en la tarea de hacer que estos puertos sean más eficaces, por lo que les pido que acepten y refrenden el resultado del procedimiento de conciliación. 
. 
Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer a la Cámara y al Comité de Conciliación sus trabajos en torno a la propuesta de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios. 
Permítanme dar especialmente las gracias al presidente del Comité de Conciliación, Sr. Imbeni, y al ponente, Sr. Jarzembowski, por la ardua labor realizada en una cuestión tan compleja. 
La Cámara está llamada a votar un compromiso aprobado por el Comité de Conciliación. 
Quiero decir muy claramente que la Comisión respalda este compromiso; aunque sé que hay algunas de sus Señorías que se oponen a él, quiero pedirles a sus Señorías que reflexionen antes de rechazar este compromiso. 
Considero que es un compromiso esencial para la política de transportes europea. 
Este compromiso no plantea, ni mucho menos, una liberalización sin más de los servicios portuarios, como he oído a lo largo del debate anterior. 
Ni mucho menos. 
Lo único que representa es una pequeña apertura para que cierto tipo de servicios puedan prestarse recurriendo a la autoasistencia, el, es decir, contando únicamente con el personal embarcado. 
Señorías, estamos hablando todos los días de que queremos un transporte respetuoso con el medio ambiente y duradero, de que queremos importar el, el transporte marítimo de corta distancia, entonces no podemos votar al día siguiente en contra de una medida que va a facilitar que este tipo de transportes se desarrolle. 
Lo que les quiero decir a sus Señorías es que tenemos que ser coherentes con los planteamientos que hacemos. 
La propuesta que estamos votando, sobre todo tal y como ha quedado después de las discusiones en el Parlamento, de las enmiendas del Parlamento, de las negociaciones con el Consejo, es una propuesta muy equilibrada, muy moderada, pero que puede servir claramente para impulsar el cabotaje marítimo, cuestión esencial para garantizar un sistema de transporte duradero en Europa. 
Han sido tres años de negociaciones y sencillamente creo que rechazar esta iniciativa plantearía muy serios problemas a la política de transportes en los próximos años. 
Quiero recordarles algunos de los aspectos del texto que se va a someter a votación el jueves. 
La propuesta inicial se limitaba a unas normas aplicables dentro de un puerto dado. 
Pues bien, el Parlamento insistió con fuerza en la necesidad de abordar la cuestión de la competencia entre puertos y este punto, que la Comisión hizo suyo, ha sido corregido en el texto final, con el acuerdo del Consejo. 
La propuesta inicial de la Comisión se refería a la autoasistencia con personal embarcado y personal de tierra. 
Es verdad, abríamos la cuestión de la autoasistencia de las compañías con personal de tierra. 
El Parlamento planteó dos tipos de cuestiones: una, las garantías sociales para evitar que hubiera social, cuestión que aceptó la Comisión, y dos: limitar todavía más el margen de esa autoasistencia y dejarlo reducido al personal embarcado. 
En este momento, estamos hablando solamente del personal embarcado. 
Es obvio que esa autoasistencia del personal embarcado va a funcionar con el transporte de corta distancia. 
No va a funcionar con los grandes transportes transoceánicos por el tipo de mercancías que se transporta y por el tipo de barco que se utiliza. 
Por lo tanto, estamos hablando de algo clave para el desarrollo del transporte de corta distancia. 
Por lo tanto, se ha mantenido la posición del Parlamento y se ha limitado la autoasistencia al personal embarcado. 
Y, además, con unas de reglas sociales a las que me he referido antes. 
En la propuesta inicial el practicaje se consideraba un servicio comercial sujeto a todas las normas. 
El Parlamento planteó la exclusión del practicaje y al final hemos llegado a un acuerdo que supone una cierta apertura en lo que concierne al practicaje. 
Pero, digámoslo muy claramente, no se liberaliza el servicio de practicaje. 
De lo que estamos hablando es de que, por ejemplo- y una vez más estamos hablando de cabotaje y -, un capitán que hace una ruta a diario, o dos o tres veces por semana, que conoce perfectamente la ruta, pueda, eventualmente, obtener una licencia para no necesitar el practicaje. 
Estamos hablando de una medida que es clave para el Esto no va a afectar al tráfico transoceánico donde el barco arriba al mismo puerto una, dos o cinco veces al año. 
Esta cuestión afecta únicamente a aquellos barcos que tienen líneas regulares, es decir, una vez más a la cuestión del, del cabotaje marítimo. 
Quiero decir, Señorías, que la Comisión ha sido enormemente flexible a lo largo de toda esta discusión. 
Porque entendemos que algunas de las medidas que planteaban sus Señorías han mejorado los textos- no me he referido a ellas, porque no eran polémicas-. 
Otras, que planteaban o reflejaban problemas, incluso de carácter político, las hemos intentado equilibrar al máximo. 
Lo que queda, al final, es el mínimo, pero es un mínimo vital, y quiero insistir sobre este punto, vital para poder impulsar el cabotaje, fundamentalmente el cabotaje en el ámbito de la Unión Europea. 
Por eso, Señorías, pediría el respaldo, su voto, a esta propuesta de compromiso que se alcanzó el otro día en el Comité de Conciliación. 
Quiero agradecer, una vez más, al Sr. Imbeni y, desde luego, al Sr. Jarzembowski su trabajo a lo largo de todo este tiempo. 
Señor Presidente, hoy, con el informe del Sr. Jarzembowski, a quien me gustaría felicitar por sus constantes esfuerzos para llevarnos a este punto, básicamente no estamos haciendo más que lo que hicimos cuando el Parlamento propuso que los servicios postales se abrieran a la competencia, que los servicios ferroviarios se abrieran a la competencia y que el transporte aéreo se abriera a la competencia. 
Sería de extrañar que este Parlamento, que ha estado a la vanguardia en la apertura de estos servicios, se presentara mañana y dijera, por razones incomprensibles –al menos para mí– que se debe hacer una excepción a esta larga línea de acción de apertura de todos estos servicios a la competencia y que los servicios portuarios sean esa excepción. 
A fin de cuentas, como ha dicho la Sra. De Palacio, en las discusiones con el Consejo se aceptó un gran número de puntos de vista expresados por el Parlamento. 
Los servicios de practicaje, que son una excepción; la autoasistencia, que ha quedado restringida al personal de a bordo; la competencia entre puertos, donde básicamente se aceptó la postura del Parlamento, mientras la Comisión –al menos al principio del procedimiento– estaba en contra. Referente a la protección de los derechos laborales, hay una disposición expresa en la Directiva que establece que no podemos tener un nivel de protección inferior al que existe en cada Estado miembro. 
Por consiguiente, al menos yo sinceramente no entiendo por qué algunas personas se siguen oponiendo a lo que hemos conseguido, que, conviene señalar, no satisface completamente a la industria, especialmente a los armadores, que quería algo más contundente. 
Yo, por mi parte, opino que este compromiso que tenemos ante nosotros sirve a los intereses de la industria en la medida en que hay otros proveedores de servicios –rompe el monopolio y ofrece mayor variedad de opciones– y esto beneficia a los trabajadores, ya que de esta manera se crean nuevas empresas y nuevas empresas implican nuevos puestos de trabajo. 
Por tanto, esto supone un paso adelante, y por esta razón debemos apoyar el resultado de la conciliación y votar sí. 
Señor Presidente, Señorías, se pueden tener los mismos objetivos, señora Comisaria, y sin embargo perseguirlos por diferentes medios. 
Los puertos alemanes, en cualquier caso, disfrutan actualmente de un crecimiento impresionante y lo hacen sin esta Directiva. 
Es evidente que las cosas pueden funcionar de otro modo. 
Esta semana, esta Cámara ha tenido la gran oportunidad de dejar claro que, lejos de ser un agente del Consejo, nuestra obligación primordial reside en la gente, los ciudadanos y los trabajadores. 
Permítanme recordárselo: en la segunda lectura, todos nosotros en esta Cámara, por una muy amplia mayoría estuvimos de acuerdo en reclamar tres cosas importantes: queríamos que las relaciones financieras de los puertos fueran transparentes y estuvieran reguladas, lo que, en parte, se ha conseguido. 
Queríamos que los servicios de practicaje en el transporte marítimo no fueran un mero servicio portuario como son los remolcadores o amarraderos, sujetos a la gran presión económica que prevalece en los puertos, y que no estuvieran sujetos a la competencia sino comprometidos con la seguridad. 
Al tratarse de un servicio público especial, los servicios de practicaje no pertenecen a esta Directiva, aunque no hemos conseguido mantenerlos al margen de ella. 
Un aspecto muy importante es nuestra pretensión de que la autoasistencia quedara restringida a la embarcación y su tripulación, pero con aprobación discrecional y unas condiciones decentes en términos de seguridad social y legislación laboral. 
Permítanme citar de nuevo: «Aquellos que opten por la autoasistencia recibirán el mismo trato que los proveedores de servicios portuarios. 
A tal efecto, se les exigirá que cumplan las mismas normas sociales y estén en posesión de las mismas cualificaciones profesionales que otros proveedores de los mismos o similares servicios portuarios.» 
Esto es lo que rechazó el Consejo; esto es lo que no hemos podido conseguir. 
Por ello, no podemos considerarlo un compromiso justo; es más una actitud servil hacia el Consejo. 
Si ustedes quieren que los prácticos, que guían a las embarcaciones de forma segura hacia nuestros puertos, sigan teniendo obligaciones con respecto a la seguridad y el medio ambiente, entonces deberán rechazar lo que ha salido de este procedimiento de conciliación. 
Si ustedes pretenden negar que el dúmping social penetre en nuestros puertos y, por el contrario, quieren permitir que trabajadores cualificados operen en buenas condiciones sociales; si ustedes quieren que se mantenga la paz social en nuestros puertos, entonces deberán rechazar esta Directiva. 
Estoy completamente a favor de analizar estos compromisos para ver si el vaso está medio lleno o medio vacío, pero, en este caso, el vaso no está medio lleno de agua, sino que contiene tan solo unas gotas para el Parlamento y puedo asegurar al Consejo que el Parlamento no puede estar interesado en adoptar al principio una postura firme y después darse por satisfecho con poca cosa. 
No se trata solo de este asunto, sino también de la concepción de nuestra función parlamentaria. 
Por esta razón recomiendo encarecidamente, al igual que mi Grupo, que rechacemos el conjunto. 
– Señor Presidente, tras dos años y medio de debates, modificaciones, manifestaciones y votaciones hasta bien entrada la noche, tenemos ahora ante nosotros una propuesta de compromiso. 
No todos están satisfechos con ella. 
El resultado es un paso adelante para el sector marítimo europeo. 
Quisiera agradecer al Sr. Jarzembowski por haber logrado cierto resultado. 
No habrá escapado a la atención de nadie que este asunto ha desatado fuertes emociones; que está bastante claro por las manifestaciones de trabajadores portuarios aquí en Bruselas e incluso en Rotterdam. 
Los manifestantes han hecho buen uso de su derecho democrático a informarnos plena y eficazmente a nosotros como diputados al Parlamento Europeo. 
Celebro la idea de manifestarse como medio para transmitir un mensaje. 
Sin embargo, es lamentable que esto degenere en destrucción, disturbios, amenazas a las personas y supresión de otros puntos de vista. 
Tengo experiencia de primera mano con el incómodo sentimiento con el que se queda uno si adopta una postura que difiere a la de ellos. 
Esto es muy lamentable. Debido a ello, la gente se ve impelida a una acción desmedida y a los insultos. 
A pesar de ello, se ha conseguido algo: un marco legal que posibilita relaciones claras y transparentes entre puertos, autoridades y proveedores de servicios, así como un uso legítimo de los fondos públicos para financiar los puertos, además del acuerdo de establecer directrices claras relativas a la conciliación de la ayuda estatal con la legislación europea. 
Los servicios de practicaje, después de todo, han quedado incluidos, junto con la opción de autoasistencia, que, a mi juicio, está demasiado restringida. 
Las compañías navieras han adquirido más espacio empresarial, necesario para asegurarse una buena rentabilidad de sus inversiones. 
Más espacio significa crecimiento y empleo. 
Más puestos de trabajo, esa es la mejor política social, en general. 
En el Parlamento tenemos poco que decir acerca de la calidad del trabajo. Por tanto, no deberíamos hacer de ello nuestra ambición. 
En los Países Bajos, donde hay una gran actividad portuaria, se realizan progresos y se ha limitado razonablemente la paz laboral. 
Con el fin de eliminar las preocupaciones en torno al aumento de posibilidades de autoasistencia para las compañías navieras, proveedores de servicios en el muelle y sindicatos, he recibido compromisos escritos por parte del Ministro de Asuntos Sociales y la Ministra de Transporte, nuestra ex colega diputada, la Sra. Peijs, expresando su deseo de promover una nueva política para establecer garantías estrictas que aseguren que la legislación laboral neerlandesa se cumpla en los puertos. 
Compromisos de ese tipo también deberían ser posibles en otros lugares. 
En breve, iremos progresando y la mayoría de los liberales votarán a favor. 
– Señor Presidente, la navegación marítima y los puertos son el ámbito más propicio para el abuso que muchos otros sectores. 
Implican la gestión de flujos transfronterizos de mercancías entre distintos Estados, no solo dentro de la Unión Europea, sino también del resto del mundo. 
Se trata de países que no difieren solamente en términos legislativos, sino que, por encima de todo, en términos de remuneración de la mano de obra, condiciones de trabajo, seguridad y grado de protección del medio ambiente. 
Tales diferencias son ávidamente aprovechadas por aquellos que ven en el dúmping social y la contaminación medioambiental medios para ganar una batalla competitiva. 
Durante muchos años de navegación marítima, hemos conocido el fenómeno de los pabellones de conveniencia, que consiste en registrar buques de armadores europeos en países en desarrollo. 
De este modo, pagan menos impuestos, no tienen que cumplir demasiadas normas y pueden contratar tripulaciones con salarios de esos países. 
Así, las empresas en propiedad de ciudadanos de la UE compiten unas con otras en la jungla internacional. 
El hecho de que hasta la fecha esa jungla se haya mantenido fuera de los puertos europeos en la medida de lo posible no es una coincidencia. 
Sin las intensas luchas llevadas a cabo por los sindicatos y sin empresas portuarias locales, los puertos de conveniencia se habrían consolidado hace mucho tiempo. 
Son puertos con un nivel cada vez más bajo de retribución salarial, seguridad y protección medioambiental. Solo pueden ofrecer trabajos temporales, que son sucios e inseguros y, sobre todo, atraen a trabajadores no cualificados; puertos donde gran parte del trabajo se realiza por personas de países en desarrollo a las que no se les permite desempeñar otros trabajos en tierra dentro de Europa. 
En una batalla competitiva de este tipo, aquellos puertos que abastecen a un mismo mercado interior se destruirán mutuamente. 
El ganador siempre será el más antisocial, el que más destruya el medio ambiente, el más inseguro y, por tanto, el puerto de mayor conveniencia. 
Si la Unión Europea desea armonizar las normas relativas al trabajo portuario, estas deben orientarse a eliminar la competencia desleal y peligrosa por grupo de puertos que abastecen a un mercado interior común. 
Este problema es especialmente grave para los puertos del Mar del Norte, desde Dunquerque, en Francia, pasando por puertos belgas y neerlandeses hasta Hamburgo, en Alemania. 
Ferrocarriles, ríos y canales conectan a estos puertos con casi las mismas zonas industriales y con ciudades rebosantes de consumidores. 
Durante muchos años, esos puertos trataron de robarse clientes mutuamente mediante grandes inversiones estatales, precios bajos y gran número de prácticas furtivas. 
En el anterior periodo parcial de sesiones, este Parlamento estableció que, de hecho, había que hacer algo al respecto mediante una Directiva portuaria que ofreciera el más alto nivel de protección para el trabajo portuario europeo registrado y cualificado, además de prevenir accidentes a causa de errores durante la carga, como sucedió con el carguero danés en febrero. 
Una Directiva portuaria de este tipo velaría por mantener una serie de medidas medioambientales recientemente aprobadas por la Unión Europea, hechas para dificultar el vertido de residuos de los buques y mercancías al mar y, con el tiempo, mantener a los petroleros monocasco fuera de los puertos europeos. 
En lugar de esto, la Comisión ha propuesto una Directiva que lleva a todo lo contrario. 
Al impedir o reducir la protección existente de trabajos portuarios registrados, en contra de la competencia desleal en los Estados miembros, lo único que se consigue es aumentar esta competencia. 
A raíz de ello, tal vez se reduzcan los costes de estiba de los productos en el puerto, pero de todos modos estos solo suponen una pequeña parte de los costes de producción en la mayoría de los casos. 
El Parlamento corrigió estos planes tanto en la primera lectura, hace dos años, como en la segunda lectura, en marzo. 
Es cierto que esta corrección no llegó hasta donde se proponían los sindicatos y continuó habiendo una puerta abierta al abuso, pero las partes con distintos intereses parecían capaces de vivir con ello hasta cierto punto. 
Este ya no es el caso desde que el pasado verano el Consejo de Ministros de Transporte rechazó sistemáticamente la adopción de esas correcciones. 
Durante la conciliación, la delegación parlamentaria en un principio pareció decidida a persistir en el punto de vista adoptado previamente por el Parlamento. 
Esto se aplica no solo a los Grupos de izquierdas, sino que esto también lo dijeron demócrata-cristianos y liberales. 
El 29 de septiembre, muchas de estas objeciones se habían evaporado de repente. 
A cambio de seguir estudiando la competencia y un texto que hace malabarismos con los términos «puede» y «debe» , ocho de los quince diputados sacrificaron lo que había logrado el Parlamento. 
El hecho de que la Directiva iba a ser una realidad se convirtió de repente en algo más importante que su propio contenido. 
La propuesta definitiva recuerda mucho a leyes españolas e italianas relativas a puertos monopolistas con un pequeño alrededor del Mediterráneo. 
Su aplicación a otras partes de Europa llevará a disputas laborales y abusos, particularmente en los puertos del Mar del Norte. 
En estas condiciones, la Directiva es contraproducente y por ello no debería aprobarse. 
Esta propuesta debería ser rechazada el jueves. 
– Señor Presidente, aunque agradezco al ponente, a la Comisaria y a los demás el trabajo que han realizado, sin embargo este no ha producido el resultado deseado. 
El Libro Verde relativo a los puertos era claro, ya que se proponía afrontar la competencia entre puertos, concretamente la competencia desleal y sus implicaciones en el medio ambiente en la construcción de nuevas terminales. 
En definitiva, hemos acabado con una Directiva sobre la competencia en los puertos y la apertura de los mercados a nuevos proveedores de servicios. 
Al analizar el resultado del procedimiento de conciliación, tenemos que decir que el balance no es favorable. 
No incluye las autorizaciones obligatorias que solicitaron los proveedores de servicios en lo que se refiere a las normas sociales, medioambientales y otras, como la seguridad. 
Carece de una definición de la autoasistencia, ya que hace referencia a las tripulaciones propias, pero se deja mucha cancha en lo referente a las relaciones laborales vigentes en la mayoría de puertos. 
Acerca del practicaje ya se ha dicho lo suficiente. 
La transparencia, tan valorada por el Sr. Jarzembowski, también es, a nuestro juicio, un paso adelante a pesar de no acercarse a lo que habíamos solicitado previamente. 
Así y todo, la propuesta es inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta los tratados de la OIT con respecto a las malas condiciones laborales y la seguridad. 
Existe un riesgo considerable de que esos puertos se conviertan en puertos de conveniencia. 
Considerando todos los puntos de vista, nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, rechazamos este compromiso al ser una propuesta que no consigue un equilibrio justo. 
La liberalización no es una panacea y, como ha sugerido la Sra. De Palacio, rechazar esta propuesta no plantea ningún problema a otras. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el compromiso logrado en el Comité de Conciliación en el mes de septiembre no nos satisface más que las lecturas precedentes. 
A la vista de la apretadísima votación –8 votos a favor y 7 en contra–, no somos los únicos. 
Sin embargo, el Sr. Jarzembowski ha hecho uso de toda su notable capacidad de persuasión. 
Si estábamos de acuerdo inicialmente con la idea de aumentar la eficacia para hacer frente al desafío de la competitividad en una economía globalizada, no deseábamos que se hiciera de cualquier modo, con un único objetivo final: la liberalización total de los servicios portuarios. 
En efecto, la seguridad técnica, social y medioambiental debe seguir siendo el objetivo a preservar, cualquiera que sea la reforma emprendida. 
Ahora bien, si el practicaje se ha preservado superficialmente de una competencia salvaje, la libertad reservada a cada Estado nos parece demasiado grande y contradictoria con el concepto de servicio público, una característica reconocida de los servicios de que tratamos aquí tanto por los propios Estados como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Del mismo modo, en materia de autoasistencia, la seguridad social y medioambiental podría resultar menoscabada por el empleo directo, por parte de los armadores, de sus propios equipos y su propio personal, que será inexperimentado, no formado, ocasional. 
Es poco probable que la protección social de los trabajadores y unas garantías de seguridad óptimas importen mucho frente a la búsqueda de una rentabilidad económica asegurada por una mano de obra barata. 
Mientras que toda la cadena de prestaciones –practicaje, amarre y descarga– requiere profesionales curtidos en este tipo de ejercicios para evitar cualquier riesgo de accidente, la autoasistencia nivelará a la baja las prestaciones, las cualificaciones profesionales y la seguridad medioambiental, añadiendo a ello el coste social derivado de las pérdidas de puestos de trabajo. 
En conclusión, decimos no a la creación de puertos de conveniencia y a la autoasistencia en las terminales. 
– Señor Presidente, Señorías, en Flandes miles de familias de trabajadores portuarios flamencos esperan ansiosas durante esta semana que finalice la votación del próximo jueves sobre la liberalización de los servicios portuarios. 
En Flandes, miles de personas esperan ansiosas esta semana para ver si tendrán un puesto de trabajo dentro de pocos meses. 
Esto y nada más es la cuestión fundamental del informe que hoy estamos volviendo a debatir. 
El hecho es que, para miles de trabajadores portuarios flamencos, la liberalización en este contexto no significa más que desempleo y miseria social. 
Al creer ciegamente su propia ideología e ignorar toda consulta seria con las partes implicadas, la Comisión demuestra una vez más que no le importa lo más mínimo el principio de subsidiariedad con el que los profetas de la «Europa de la leche y miel» nos han bombardeado desde Maastricht. 
Desde luego, en este contexto, la Comisión se está entrometiendo en las tradiciones que, durante décadas, han contribuido a dar nombre y fama a los puertos flamencos a nivel mundial. 
Con la votación del jueves sobre este informe, Europa corre el riesgo de que desaparezcan décadas de paz social en los puertos flamencos en nombre de una ideología ultraliberal, que corre el riesgo de crear lo contrario de lo que pretende. 
Concretamente, la liberalización de la energía y el transporte ferroviario ha mostrado, en Flandes, por ejemplo, pero también en Gran Bretaña, que también puede afectar negativamente a la competencia, la calidad del trabajo y la prestación de servicios. 
Una liberalización de este tipo podría tener consecuencias perniciosas para nuestros puertos, su competitividad, sus puestos de trabajo y su prestación de servicios. 
Pero aún no es demasiado tarde. 
Espero que este jueves, todos los diputados al Parlamento Europeo, independientemente del Grupo o convicción a que pertenezcan en el espectro político, consideren la situación precaria de los trabajadores portuarios de Amberes, Zeebrugge y Gante y también de otros puertos europeos. 
Por tanto, espero que haya un voto masivo en contra de este informe. 
–Señora Comisaria, ha abierto usted el debate sobre el explicándonos que el espacio marítimo es un espacio de libertad incontrolado, una especie de jungla que hay que someter a unas reglas. 
Lo que es cierto en materia de seguridad es, por desgracia, aún más cierto en el ámbito social. 
Todos sabemos hoy que las tripulaciones están especialmente mezcladas, tanto por nacionalidades como por orígenes sociales o geográficos. 
En estas condiciones, la autoasistencia equivale a introducir la jungla social del espacio marítimo en nuestros puertos. 
Naturalmente, el problema que se plantea en esencia es el control de la conformidad tanto con las normas sociales del país de acogida como con las normas sociales del puerto. 
¿Quién va a creer que dos filipinos, tres malayos, dos argentinos y un africano que se ocupan de la autoasistencia van a respetar de repente, porque pongan los pies en un puerto en donde acaba de atracar su barco, las mismas normas sociales que el país de dicho puerto? 
Naturalmente, los estibadores –y no simplemente los estibadores, sino también las empresas de trabajos portuarios de toda Europa– han comprendido que actualmente se quiere hacer competencia a través del dúmping social, es decir, recurriendo al desmantelamiento social de toda una profesión, ya sea pública o privada. 
Por ello, no podemos aceptar introducir el lobo en la majada. 
Más bien haría falta, señora Comisaria, acometer realmente –y todas las poblaciones lo comprenderían– la anarquía que reina en materia de pabellones y de tripulaciones reducidas a la esclavitud y velar por la aplicación de todas las normas, que la mayoría de países de la Organización Marítima Internacional eluden por completo, cuando todo el mundo sabe que son países piratas, al igual que los armadores nacionales de los mismos. 
Si fuéramos capaces de poner orden, si fuéramos capaces también de armonizar las condiciones fiscales y sociales entre nuestros propios países –y esto es válido tanto en el ámbito de los camiones como en el marítimo–, entonces, ciertamente, una Directiva como esta ganaría en credibilidad, y podríamos hablar de libre competencia. 
Por desgracia, lo que nos propone es más bien un desmantelamiento social y, en esas condiciones, no podemos correr el riesgo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Jarzembowski, gracias por el trabajo realizado, pero yo no apoyaré el compromiso, ya que lo encuentro carente de un vínculo esencial como es el deber de utilizar autorizaciones en los puertos de la UE. 
Esto ya fue aprobado por este Parlamento en segunda lectura, pero no está incluido en el compromiso. 
Una autoridad competente tiene poder para solicitar una autorización, pero no está obligada a hacerlo y creo que esto es un aspecto importante. 
Tanto en la primera como en la segunda lectura, me esforcé para mejorar el artículo sobre autorizaciones, incluso con la ayuda de la Comisaria en algunos aspectos. 
Tanto en la primera como en la segunda lectura conseguimos mejorar este sistema de licencias. 
A pesar de ello, señor Jarzembowski, tengo la impresión de que podríamos haber llegado más lejos durante la conciliación y, tal vez, debimos haber empleado todo nuestro tiempo en elaborar un texto mejor también en este sentido. 
En cualquier caso, estoy a favor de la liberalización de los servicios portuarios. 
En mi opinión, cualquiera debería ser capaz de ofrecer sus servicios, pero esos servicios libres deberían contrarrestarse con un sistema de licencias regulado de modo que podamos plantear nuestras propias exigencias en materia de medio ambiente, servicios públicos y, no lo olvidemos, legislación social. 
En los puertos flamencos, las relaciones entre trabajadores portuarios, empresarios e instalaciones portuarias se han deteriorado bastante en los últimos dieciocho meses. 
Cualquiera que sea el resultado del próximo jueves, este deterioro de la situación deberá ser abordado con o sin una Directiva. 
Por tanto, pediría a todos los implicados que se reunieran en torno a la mesa de negociación para discutir el futuro de nuestros puertos y asegurar que no se ponga en peligro, con o sin Directiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no es la primera vez, en efecto, que debatimos esta Directiva. 
Sigo pensando que es una directiva liberal, que tiene una sola prioridad: reducir los costes en detrimento de la seguridad, del empleo y de la calidad de los servicios. 
El principal problema reside en la autoasistencia. 
Incluso si la autoasistencia se reserva al personal embarcado, como usted ha recordado, estimando que ello no afectará para nada a la legislación social de los Estados miembros –lo que está por ver–, en la práctica tripulaciones o trabajadores especialmente contratados podrán efectuar operaciones de carga y descarga en lugar del personal cualificado actual. 
La autoasistencia equivale, se quiera o no, a permitir el dúmping social, aun cuando la acompañemos hoy de referencias a la seguridad y a la cualificación del personal. 
Este sistema es peligroso para las personas, porque permitirá prácticas perjudiciales para la seguridad: cualificaciones insuficientes, desconocimiento de los lugares y las consignas, incomprensión de la lengua, encuadramiento insuficiente. 
Todo armador podrá recurrir así a una mano de obra barata, lo que es peligroso para los puertos y su entorno. 
Y este problema afecta además a otras profesiones aparte de los estibadores, en particular el practicaje y el pilotaje, excluidas en la primera versión, y las asociadas al remolcado, que tienen obligaciones con las autoridades portuarias. 
Añadiré que, como el Consejo no ha aceptado las autorizaciones que debían pedir los propietarios para recurrir a la autoasistencia, el resultado será, como ha dicho el diputado Sr. Savary, la instauración de la ley de la jungla en todo el sector. 
Se pone en peligro a todo el personal cualificado que participaba hasta ahora en la seguridad de los puertos: los estibadores, que desempeñan en unas condiciones difíciles una misión económica muy importante de preservación de la seguridad; los servicios náuticos, como el practicaje y el pilotaje, universalmente reconocidos como servicios de interés general. 
Todos estos sectores deberían considerarse socios esenciales para alcanzar el objetivo de la seguridad marítima y del desarrollo sostenible. 
La propuesta que se nos presenta no puede sino tener consecuencias sociales graves, y también para el empleo en los puertos. 
No se ha llevado a cabo una verdadera consulta de los interesados. 
Se nos propone hoy votar un texto que rechazan todos los profesionales portuarios. 
Desde luego es una curiosa concepción de la democracia. 
Ayer por la tarde, aquí mismo en Estrasburgo, representantes de los trabajadores se reunían con los Grupos para exponer sus puntos de vista y alertarnos. 
Creo que no debemos hacer oídos sordos a esta alerta. 
Estas personas tienen argumentos que debemos escuchar. 
Para terminar, quisiera decir que me parece imposible reflexionar sobre esta Directiva sacándola del contexto de nuestros debates sobre la seguridad marítima. 
Nuestro Parlamento se ha pronunciado a favor de una Comisión de investigación temporal sobre el. 
Hemos discutido mucho aquí sobre las distintas medidas de seguridad marítima y, señora Comisaria, ha presentado usted propuestas consecuentes. 
Personalmente, no olvidaré nunca que, en las distintas reuniones que tuve ocasión de mantener en la costa francesa a raíz de los daños causados por el, todos los profesionales del mar insistieron siempre en que la seguridad comienza en los puertos. 
Habla usted de coherencia, señora Comisaria. 
Me parece que hay una increíble incoherencia en adoptar, por un lado, medidas positivas que conciernen a la seguridad marítima, y por otro destruirlas efectivamente con la decisión de la autoasistencia. 
Por ello, por la seguridad, por el empleo, por un desarrollo sostenible de los puertos europeos, tenemos que rechazar este texto. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nuestros puertos tienen una importancia crucial para nuestra prosperidad, y constituyen el eje del comercio mundial. 
Por tanto, debería evitarse la competencia desleal entre puertos y podemos imaginarnos una Directiva en este sentido, solo que aún no se ha redactado. 
Sin embargo, la lucha no debería conducir a una carencia de seguridad, dúmping social y contaminación medioambiental en los puertos. 
La autoasistencia que se ha propuesto en este foro, incluso en su versión más suave, constituye una grave infracción al respecto. 
Visto así, al Parlamento Europeo le hubiera gustado hacer que la autoasistencia dependiera de una autorización obligatoria real y excluyera los servicios de practicaje de la batalla competitiva. 
Por ello, es una lástima que ni el Consejo ni la Comisión pusieran en práctica el compromiso alcanzado en el Parlamento. 
A pesar de los dos años y medio de debate, los campos están diametralmente opuestos. 
Nosotros estamos a favor de una ruptura en la tradición social de nuestros puertos. 
Tras los buques de conveniencia, ahora nos enfrentamos a los puertos de conveniencia.Este temor no solo está presente entre los trabajadores portuarios, sino también entre aquellos que están preocupados por la paz social en nuestros puertos, que se está poniendo en peligro por su Directiva, Sra. Miguélez Ramos. 
Actualmente, este impulso a la liberalización presenta más riesgos que beneficios para nuestros puertos. 
Por ello, votaremos en contra y lo haremos encarecidamente. 
Señor Presidente, me sentí muy identificado con la postura del Parlamento en la segunda lectura. 
Si comparo esto con el resultado final del procedimiento de conciliación, es evidente que el acuerdo con el Consejo se centra en elementos que no son considerados como los más importantes por el Parlamento. 
Al aceptar compromisos relativos a estudios sobre la competencia, realmente hemos alcanzado la competencia entre puertos. 
Este intercambio no es para nada justo. 
Este acuerdo supone un reparto injusto de ventajas y desventajas para empresarios y trabajadores. 
Otros sectores del transporte han demostrado la necesidad de minimizar los riesgos en el ámbito de la mala administración social. 
Esto no ha sucedido aquí, aunque existe la necesidad. 
Considero que la obligación de una autorización general contribuiría a este propósito de una forma mucho más eficaz. 
Dada nuestra aspiración a adoptar una política y sistemas de transporte sostenibles y para las empresas, los trabajadores y la sociedad en general, no puedo apoyar el resultado que la comisión presenta hoy aquí. 
Señor Presidente, la verdad es que llevamos, como muy bien se dice, dos años y medio de trabajos en un tema crítico, importante y que, como se ve, levanta absolutas pasiones. 
Me quedo realmente sorprendido del debate de hoy, porque parece que estamos confrontando la Europa social del siglo XIX con el capitalismo y con las actuaciones mafiosas del Chicago de los años veinte, en los puertos. 
Y lo que queremos es, precisamente, todo lo contrario. 
Estamos en el siglo XXI. 
Queremos una Europa moderna, eficaz, social. 
Queremos unos puertos sostenibles, que sean competitivos y capaces de ser alternativa a otro tipo de transporte. 
Lo que se nos presenta, desde luego, no conduce a ello, pero es un pequeño primer paso, mucho menor de lo que esperábamos muchos. 
Esa es la Europa en la que yo creo. 
La Europa del siglo XIX, la Europa que refleja el Chicago de los años veinte, no es mi Europa. 
Quizás sea la de algunos, la que algunos quieran mantener. 
Desde luego, nosotros no la vamos a apoyar y vamos a votar a favor de una conciliación. 
Quiero dar la enhorabuena a la Comisaria por haber mantenido el objetivo de modernizar nuestros puertos, a la voluntad de un ponente y a la voluntad de unos grupos parlamentarios que han defendido, pese a las presiones- absolutamente inaceptables- que han recibido por parte de algunos trabajadores de los puertos europeos, la modernización y la competitividad de nuestros puertos. 
– Señor Presidente, hay una diferencia enorme entre las palabras «debe» y «puede». 
La Directiva que nos ocupa, fruto de la conciliación, estipula que los puertos pueden introducir un sistema de autorizaciones y luego se refiere, en particular, a los puertos que se encargan ellos mismos de los trabajos de carga y descarga. 
El informe Jarzembowski, que anteriormente habíamos aprobado en segunda lectura, sigue afirmando que los puertos introducir un sistema de autorizaciones. 
Una parte importante del texto de compromiso difiere del texto aprobado en segunda lectura. 
La diferencia entre «puede» y «debe» tiene implicaciones importantes para los puertos y los estibadores europeos. 
Un sistema de autorización no obligatorio promueve la competencia desleal, que puede menoscabar la calidad del empleo en los puertos que sí cuentan con un buen sistema de autorización. 
Seguramente no era esta la intención de la liberalización. 
Los puertos de segunda clase seguirían existiendo, y la competencia desleal resultante podría menoscabar la calidad del empleo en los puertos bien organizados. 
En mi partido, el Partido Laborista neerlandés, siempre ha habido un aspecto prioritario, y eso es lo mínimo que esperamos. 
Que los puertos se encarguen ellos mismos de la carga y descarga debe estar perfectamente regulado por medio de un buen sistema de autorización que se aplique de forma general. 
Esto se consiguió en el procedimiento de conciliación. 
Ahora no habrá ningún sistema de autorización obligatorio para la autoasistencia. 
En resumen, la verdadera armonización de un aspecto clave como el de los puertos que se encargan ellos mismos de la carga y descarga queda totalmente descartada, a resultas de lo cual pueden existir distintos regímenes en puertos diferentes. 
Así que este aspecto se ha convertido en un mal ejemplo de liberalización. 
Sin embargo, conviene destacar que la UE es capaz de establecer normas para todo el mundo en muchas situaciones, pero se ha mostrado incapaz de hacerlo en este caso, en que se ve afectada la calidad del empleo. 
Tenemos que explicárselo de nuevo a las personas cuyos intereses están en juego. 
Por lo tanto, a nadie que haya escuchado mi discurso le sorprenderá que mi Grupo no tenga otra opción que la de votar en contra de la Directiva. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, para empezar me gustaría agradecer al señor Jarzembowski la ardua labor llevada a cabo en relación con este tema. 
El compromiso propuesto representa un paso adelante hacia la apertura del mercado de los servicios portuarios y hacia el incremento de la transparencia en los puertos. 
Este compromiso no es el mejor posible, pero es sin embargo una solución aceptable. 
Incluir el practicaje en el ámbito de aplicación de la Directiva es problemático, sobre todo en zonas que son sensibles en términos de seguridad marítima y medio ambiente. 
A pesar de ello, el compromiso al que se llegó en el procedimiento de conciliación es aceptable en este aspecto. 
Es importante incrementar la eficiencia y la competitividad de los puertos como centros neurálgicos del desarrollo del sistema de transporte de un extremo a otro de la Unión. 
La apertura de los puertos a una competencia controlada y sana, así como el aumento de su transparencia, mejorarán su competitividad y sus niveles de eficiencia, lo que a su vez incrementará el uso del transporte combinado y marítimo. 
El transporte marítimo es vital para las regiones de ultramar y ofrece una alternativa más ecológica en las zonas congestionadas. 
Este compromiso es un paso adelante en la buena dirección. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy un poco sorprendido. 
Señora Comisaria, usted ha expuesto que, por medio de esta Directiva, conseguiremos orientar la política de transporte hacia la sostenibilidad. 
Me gustaría recordarle qué significa sostenibilidad. 
En Gotemburgo se especificó que la sostenibilidad es un triángulo equilátero de lo económico, lo ecológico y lo social. 
Permítame hacerle solo una pregunta muy simple: ¿de qué manera está usted promoviendo la sostenibilidad cuando, por medio de esta Directiva, está poniendo en peligro la seguridad en los puertos? 
Puede perjudicar todavía más el medio ambiente y no hace nada para mejorar su protección. 
¿De qué manera está usted reforzando el elemento social si permite la autoasistencia, lo que significa que la tripulación del navío, que ha estado navegando durante un largo periodo de tiempo, ahora además tiene que cargarlo y descargarlo? Tampoco se tienen en cuenta las cualificaciones profesionales ni la reducción del tiempo de trabajo. 
El argumento del señor Hatzidakis de que se crearán nuevos puestos de trabajo no tiene sentido. 
Por favor: cuando personas que ya tienen trabajo realizan además otras tareas, suele producirse una reducción de los puestos de trabajo y no una creación de nuevos puestos. 
Querer obtener el pleno empleo para el año 2012, pero seguir en la dirección contraria también va en contra de la agenda de Lisboa. 
Con toda sinceridad tengo que decirle, señora Comisaria, que en realidad yo esperaba que usted hubiera considerado todos estos aspectos desde el ángulo correcto. 
Lo que usted dice es completamente tendencioso y, como ha manifestado, indica que lo que usted desea es el avance de la liberalización. 
Si ese es su objetivo, entonces basta con que lo diga directamente. 
Ya que entonces estará claro que nunca podremos encontrar un denominador común porque, para usted, la liberalización no significa más que un recorte de los gastos en la esfera económica. 
Usted puede afirmar que se trata de eso, pero no es así en mi caso ni para mi Grupo. 
Volviendo a los trabajadores portuarios y a los prácticos, en el transcurso del debate que hemos mantenido, y el señor Jarzembowski también lo sabe, usted ha cumplido algunas de nuestras expectativas, pero no así otras. 
Al final, tras el procedimiento de conciliación, ninguna de las personas afectadas está de su parte, ¡absolutamente ninguna! 
Ayer nos volvieron a visitar los trabajadores portuarios, cuyas 21 000 firmas representan un número extraordinario para los parámetros de esta profesión, ¡y usted ni se digna tomar nota de ello! 
A mi juicio esto significa que esta Directiva, más que promover normas sociales y de seguridad y de ese modo asentar la competencia sobre una base común, lo que en realidad está logrando es precisamente lo contrario. 
Por esta razón no nos queda otra opción que rechazarla. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, sí, queremos un aumento del transporte marítimo, pero no si ha de ser inseguro. 
Como muchos ponentes ya han manifestado, la Directiva representa una mala noticia para los estibadores, porque no existen normas sociales mínimas que puedan hacerse cumplir de un extremo al otro de la UE. 
De hecho, este es un mal ejemplo para el mundo. 
Nosotros, como europeos, siempre estamos intentando superar a los demás con nuestras normas sociales. 
Sin embargo, si aprobamos esta Directiva estaremos promoviendo una globalización negativa y la desintegración social. 
Todo aquel que crea que el presente texto todavía ofrece una oportunidad de frenar la espiral descendente está equivocado. 
Esto quedará claro pronto, porque la competencia entre los puertos es despiadada. 
Sin controles estrictos, la autoasistencia será el golpe de gracia para los estibadores normales y corrientes. 
Este texto también es una mala noticia para los prácticos de puerto. 
Queremos todo lo contrario, es decir, practicajes obligatorios. 
Los riesgos crecen constantemente debido a que las rutas marítimas están cada vez más concurridas y a que el personal marítimo está cada vez menos formado. 
El caso del carguero delante de las costas belgas fue un ejemplo espeluznante de ello. 
Se han llegado a producir también más de 60 situaciones de navíos a punto de chocar. 
Por lo tanto, deben haber más prácticos de puerto competentes a bordo. 
Ahorrar en este aspecto significa ahorrar en seguridad y jugar con vidas y con el medio ambiente. 
– Señor Presidente, si el Parlamento Europeo quiere ser tomado en serio, debe ser fiel a su decisión anterior y votar en contra del resultado de la conciliación. 
En el documento de conciliación no se encuentra ninguno de los cambios importantes aprobados por el Parlamento en segunda lectura de la propuesta de la Comisión. 
Por ejemplo, se ha ignorado por completo el derecho a exigir, a escala nacional, que se respeten los convenios colectivos. 
Es más, ahora la liberalización también incluirá a los prácticos. 
Si el Parlamento vota a favor de la propuesta, los armadores la interpretarán a su manera y serán libres de decidir a su antojo si emplean a marinos o trabajadores portuarios; de la misma forma, empresarios y armadores podrán pasar por alto los derechos y los convenios salariales ganados con tanto esfuerzo. 
Ambos serán libres de decidir quién quieren que trabaje para ellos, y podrán servirse de mano de obra desorganizada y mal pagada para cargar y descargar navíos, antes que utilizar trabajadores portuarios bien formados quienes, por medio de convenios, han asegurado su derecho a realizar este trabajo y a unas condiciones adecuadas. 
La consecuencia será el desempleo de los trabajadores portuarios y la existencia de puertos de conveniencia, en consonancia con los navíos que navegan bajo pabellones de conveniencia a los que ya estamos habituados. 
La liberalización también es responsable en parte del menoscabo de la seguridad en los puertos en unos momentos en los que, por el contrario, se están realizando grandes inversiones para proteger los puertos contra el terrorismo. 
En Dinamarca no solo está sobre el tapete el caso de los 1 500 o más trabajadores portuarios. 
Allí, lo que está en peligro es el modelo danés de convenios. 
Este es el principio implícito de cuáles deberían ser los límites de la UE en su afán de armonizar las condiciones salariales y laborales e intervenir en ellas. 
Cabe la posibilidad de que se plantee hacerlo extensivo a otros grupos de trabajadores. 
Por consiguiente, es importante trazar una línea en la arena. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, se ha hecho referencia a las olas, y estas todavía azotan mi costa del norte de Alemania, incluso llegan a gran altura, y me resulta difícil hablar en tan solo 120 segundos de un tema que afectará a la estructura de los puertos y las costas europeas en su conjunto. 
Estoy profundamente convencida de las ventajas de crear un marco legal común claro, abierto y transparente. 
Estoy convencida de que la competencia entre los puertos exige el mantenimiento de un marco especial y de ciertas normas, sobre todo por el bien de los trabajadores y de nuestro medio ambiente. 
Así que este es el gran objetivo hacia el que nos encaminamos juntos. 
El Parlamento, y sobre todo el ponente, el Sr. Jarzembowski, han trabajado sin descanso en las lecturas y han formulado un gran número de enmiendas para que el objetivo resultara más claro y más justo. 
Un procedimiento de conciliación no es ningún paseo, y sé por experiencia que no se sale de uno con la solución mágica. 
Sin embargo, debemos examinar rigurosamente el resultado de la conciliación, y cada uno de nosotros debe considerar cuidadosamente si podemos darnos por satisfechos, y si podemos presentar dicho resultado de vuelta a casa. 
Tal como yo lo veo, el Consejo se ha movido demasiado poco. 
Es el Consejo quien debe asumir la responsabilidad, y tengo que reconocer que estoy pensando en el Gobierno alemán en particular cuando digo esto. 
Así que el jueves tendremos que decidir. 
Cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse a cuestiones como las siguientes: ¿Cuál es ahora la situación con respecto al equilibrio? 
¿Qué sucede con las indemnizaciones y los pagos compensatorios? 
Permítanme que les recuerde el artículo 12. 
Tengo que admitir que no puedo dejar de admirar las habilidades negociadoras del Sr. Jarzembowski, pero aún así no puedo olvidar en este caso los intereses de muchos pequeños puertos, ya que yo también provengo de uno de ellos, de Cuxhaven. 
Puede que algunas empresas mundiales estén satisfechas, pero yo no lo estoy. 
No me gustaría dejar en manos de los Estados nacionales la cuestión de las indemnizaciones de una manera que todavía no está clara, sobre todo porque todavía no se ha estipulado nada. 
Puede que únicamente se trate de un aspecto criticable, pero es un aspecto decisivo. 
Tengo que admitir que todavía me estoy peleando con la Directiva y conmigo misma, pero ¿lo entenderá nuestra gente en casa? 
Señor Presidente, estamos debatiendo una propuesta de Directiva, cuyo contenido es ambicioso. 
Y me pregunto si todos coincidimos en la importancia que tienen los puertos de cara a la ordenación del transporte europeo. 
Yo creo que no, que cada uno tiene un criterio diferente. 
El mío es que los puertos son fundamentales para el ordenamiento del transporte europeo, y no me refiero al transporte marítimo, sino al transporte global y, fundamentalmente, al transporte por carretera. 
Una de las consecuencias de ese ordenamiento del transporte marítimo es- se ha hecho una pregunta aquí- si es sostenible o no el intentar regular los puertos, ordenarlos y liberalizarlos. 
Cuando hablamos de si es posible mantener un transporte sostenible, es evidente que, si no tenemos claro que una de las condiciones para la sostenibilidad del transporte es el aumento exponencial de la capacidad de los puertos, estamos dirigiéndonos en la dirección contraria. 
Yo, por tanto, mantengo que es absolutamente vital que los puertos asuman un protagonismo infinitamente superior al que tienen ahora, y que la aportación medioambiental de esa transformación sería tan extraordinaria que nos permitiría resolver, en gran medida, el gran colapso, la enorme inseguridad, muchísimo mayor que la que se pueda solventar en materia portuaria, y la gran contaminación que, en estos momentos, se genera a través de los otros medios del transporte. 
Pero hemos llegado divididos a una Directiva que teóricamente aspira a un fin razonable, decidido por el Parlamento, que es liberalizar los distintos sectores del transporte. 
Yo he defendido muchísimas veces al Sr. Jarzembowski, por ser un parlamentario constante, tenaz, eficaz e inteligente, pero, en esta ocasión, he de decir que su planteamiento como ponente ha sido un planteamiento errático y- fruto de ese cambio permanente de posición- hemos logrado llegar a una situación realmente confrontada en una Directiva en la que el Parlamento debería estar unido. 
Por eso, yo pido que, si mañana se aprueba esta Directiva, sigamos mejorándola, y que, si no se aprueba, empecemos a trabajar en la próxima con todos los datos y con mayor realismo que hasta ahora. 
– Señor Presidente, me gustaría explicar por qué mañana votaré en contra de la propuesta de compromiso del Comité de Conciliación. 
Las enmiendas aprobadas por el Parlamento durante la lectura del informe representan un compromiso práctico entre aquellos que desean una plena liberalización de los servicios portuarios y aquellos que piensan que deberíamos tener en cuenta a los trabajadores. 
Lamentablemente, poco queda de las enmiendas del Parlamento, lo que significa que los trabajadores portuarios europeos van a tener que enfrentarse a un futuro incierto si se llega a aprobar el compromiso. 
Si aceptamos el compromiso, los trabajadores portuarios perderán sus puestos de trabajo, sencillamente porque los marinos de los navíos que hagan escala en los puertos de la UE tendrán permiso para manipular la carga. 
De esta forma, la UE perderá un gran número de puestos de trabajo. 
No queremos puertos de conveniencia, de la misma manera que no queremos navíos que naveguen bajo banderas de conveniencia. 
En Escandinavia hemos visto ejemplos de trabajadores portuarios que se han negado a manipular cargas de navíos en los que las condiciones laborales y salariales no eran correctas. 
Ahora estamos tratando de deshacernos de esta solidaridad por medio de un desafortunado instrumento legislativo europeo. 
Quienes abogan por la liberalización afirman que en cualquier caso no hay tanta gente empleada en los navíos modernos y que, por tanto, la Directiva portuaria no significará una disminución del número de trabajadores en los puertos. 
Sin embargo, precisamente porque no existen muchas personas empleadas en los navíos modernos, deberíamos dejar que fueran los trabajadores portuarios competentes los que garanticen la manipulación adecuada de las cargas. 
Además, la exigencia de certificación del Parlamento ha sido extraída de la redacción de la Directiva en el transcurso del trabajo del Comité de Conciliación. 
Así que ahora nos encontramos abriendo la puerta a una mano de obra apenas formada que puede poner en peligro la seguridad de los puertos. 
Cuando hablamos de seguridad en los puertos de la UE, hay dos aspectos a tener en cuenta, a saber, la seguridad de las personas que trabajan en los puertos y la seguridad de los bienes que se manipulan. 
Yo mismo provengo de una ciudad portuaria en Dinamarca y estoy plenamente familiarizado con estos problemas. 
Los hemos solucionado cooperando con los puertos cercanos más grandes. 
Dividimos la cantidad de bienes y, de este modo, aseguramos un uso óptimo de los distintos puertos, a la vez que mantenemos la libre competencia. 
Apelo a todo el mundo a que vote en contra del compromiso, ya que ¿adónde irían los trabajadores portuarios desempleados? 
¿De qué oportunidades de formación disponen? 
A la Sra. Langenhagen, que estaba dudando sobre cuál debería ser su voto, le diría que tendría que hacerlo de acuerdo con sus convicciones y no seguir la disciplina de Grupo. 
Es cosa mala que la disciplina de Grupo pueda decidir cuestiones de este tipo. 
Por consiguiente, solo existe una vía, que consiste en votar de acuerdo con las convicciones de cada uno. 
Además, si queremos ayudar a los trabajadores portuarios, podemos hacerlo votando en contra de este pésimo documento del Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no puedo estar de acuerdo con los aspectos aprobados en la reunión de conciliación entre el Parlamento y el Consejo en relación con la Directiva de liberalización del mercado de servicios portuarios. 
No se me ocurre pensar que alguien pudiera estar dispuesto a arriesgar la seguridad de un aeropuerto implantando la libre competencia privada y más de un prestador de servicios en los controladores aéreos. 
Del mismo modo, creo que por razones de seguridad del tráfico portuario, el practicaje, el remolque o el amarre o, incluso, la estiba deben prestarse por una sola entidad, prestadora de cada servicio, que garantice una adecuada coordinación de todo su personal. 
A este respecto, me llama la atención que el Partido Popular ya haya aprobado en el Parlamento español una ley que permite la autoasistencia en este tipo de servicios por parte de cualquier empresa naviera o consignataria y da por supuesto que esta liberalización salvaje va a ser aprobada por este Parlamento Europeo. 
Yo espero que no sea así y que el legislativo español sea más prudente en el futuro y no se adelante "como los de Pozas", que decimos en Bilbao. 
– Señor Presidente, la Directiva de servicios portuarios es, en su forma actual, difícil de valorar. 
El objetivo de la Comisión Europea era la liberalización de los servicios portuarios, pero poca cosa queda de ello. 
Un inconveniente de la propuesta era el riesgo de que originara dúmping social. 
El Parlamento, y el ponente en particular, han estado trabajando de forma activa para erradicar los problemas de la propuesta. 
Aunque caben mejoras, la legislación de la que disponemos a día de hoy es evidentemente lo máximo que podemos conseguir. 
Por esta razón me he planteado si debería apoyar o no este resultado. 
Si comparo el resultado de la Directiva con la situación actual de la legislación sobre los puertos europeos, llego a la conclusión de que es mejor aprobar la propuesta que rechazarla. 
En resumidas cuentas: tiene sus ventajas, y el riesgo de dúmping social es escaso. 
Además, los Estados miembros pueden tomar medidas efectivas para prevenir los problemas, allí donde sea necesario, mediante leyes. 
En los Países Bajos se presentará una ley de puertos que mejorará la situación de los estibadores neerlandeses. 
La principal ventaja para los puertos europeos es la existencia de un marco legal que proporcione claridad y transparencia en las relaciones entre las autoridades portuarias y los prestadores de servicios. 
También acojo con agrado el reconocimiento de los servicios de practicaje como servicios especializados. 
Atribuyo gran importancia a la transparencia en la financiación de los puertos, que desempeña un papel necesario en la creación de unas condiciones equitativas en relación con las ayudas otorgadas por los Estados. 
Para mí esta Directiva es el principio de una legislación europea en este terreno y pienso que, si se da un diálogo productivo entre todas las partes interesadas –las autoridades portuarias, los prestadores de servicios y las organizaciones de trabajadores–, podremos continuar trabajando para mejorar la legislación. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría dar mi apoyo expreso a aquellos diputados que anteriormente en este debate han manifestado que una de las razones importantes por las que esta Directiva, este compromiso, es inaceptable es todo el tema de la autoasistencia. 
El hecho de que el compromiso dé a los Estados miembros la libertad de elegir si introducen o no autorizaciones para la autoasistencia –esta forma de subsidiariedad– convierte el sistema entero de autorizaciones en una concha hueca, al menos esto le ha quedado claro ya a todo el mundo. 
Después de todo, si un Estado miembro no está obligado a introducir un sistema de autorizaciones, la competencia perniciosa aparecerá inevitablemente, lo que tendrá un impacto negativo en las condiciones laborales, en la protección social de los estibadores y en la seguridad en los puertos. 
Los armadores se pondrán a buscar rápidamente aquellos puertos que no cuenten con un sistema de autorizaciones. 
Con ello no me estoy refiriendo a los puertos italianos, porque ellos sí cuentan con un sistema de autorizaciones, ni a los españoles, porque ellos también tienen uno, sino a los puertos que tienen un enfoque más bien superficial de la protección y la seguridad laborales. 
Pienso que si queremos abrir los servicios portuarios a la competencia en el mercado interior, en primer lugar y de forma prioritaria debemos elaborar normas para un etiquetado social y ecológico aplicable a todos los países sin excepción. 
En segundo lugar, está el hecho de que esta Directiva da carta blanca a los Estados miembros para lanzar al mercado también servicios de practicaje. 
En mi opinión, eso es ir demasiado lejos. 
Los servicios de practicaje desempeñan una función de seguridad esencial. 
Este compromiso será el responsable de una competencia perniciosa a través del dúmping social, así como de entornos de trabajo inseguros en nuestros puertos. 
Es más, es una bofetada para todos aquellos estibadores que se manifestaron en contra de la Directiva varias veces y quienes, además, precisamente esta mañana han entregado a nuestro Presidente del Parlamento Europeo más de 20 000 firmas para dejar claro que están en completo desacuerdo con esta Directiva. 
Por consiguiente, llamo a todos aquellos diputados que todavía están indecisos –quizás de los Países Bajos o de Italia– a que rechacen esta Directiva, este compromiso insatisfactorio, y que se pongan a trabajar en pro de un plan satisfactorio que no solo beneficie a los puertos, sino que beneficie en especial a los estibadores. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, aunque el resultado de este procedimiento de conciliación difiere de la propuesta inicial de la Comisión, sigue siendo bastante negativo. Así que no podemos apoyar el texto que ha sido propuesto porque, aparte del énfasis que pone en la liberalización, su posición sobre los aspectos de la autoasistencia y del practicaje se aleja de la que propugna el Parlamento. 
De hecho, sobre la base de esta posición, por medio de la llamada «autoasistencia» , la compañía naviera podría prestar uno o más servicios portuarios por sí misma, siempre y cuando use sus propios marineros y equipos. 
Es más, la propuesta no estipula que las autorizaciones deban ser obligatorias, y los Estados miembros encontrarían dificultades al intentar restringir estas actividades, excepto en casos especiales. 
Esta situación causará graves problemas para la estabilidad del empleo de los trabajadores de servicios portuarios, dificultará la coordinación de operaciones a bordo y en tierra, y contribuirá a crear conflictos y a destruir los lazos de solidaridad entre la mano de obra permanente de los puertos y las tripulaciones. 
También podrían surgir problemas de seguridad para instalaciones y trabajadores, ya que sería probable que los marineros no estuvieran familiarizados con las características específicas del puerto. 
El Parlamento propuso que los servicios de practicaje quedaran excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, pero el texto de conciliación mantiene que las autoridades competentes pueden, por motivos de seguridad pública, reconocer la naturaleza obligatoria del practicaje y asegurar ellas mismas la prestación del servicio, o adjudicarlo a un único prestador. 
Esto significa que el practicaje también podría realizarse sobre la base de la autoasistencia, con las potenciales consecuencias para la seguridad marítima y medioambiental que esto comporta, y esto no podemos aceptarlo. 
Con la variedad de opciones que tienen los Estados miembros para imponer normas más restrictivas si así lo desean, existe la posibilidad de que, en el futuro, tengamos puertos de conveniencia en los que todo, o casi todo, esté permitido, con las inevitables consecuencias que esto conlleva para la competencia entre puertos y para la propia seguridad marítima. 
De ahí nuestro voto en contra de esta propuesta. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea rechazará la presente Directiva, pues ya va siendo hora de que, además de una Europa económica y financiera, creemos también una Europa social. 
Debemos poner coto a todas las prácticas que provoquen la subordinación de los derechos sociales, de la seguridad, de la salud y del bienestar de los trabajadores a las leyes de una liberalización mal planteada. 
Por esta razón, el Grupo Verts/ALE pronuncia un «no» sin reservas a esta Directiva sobre los puertos. 
Hay que garantizar a los estibadores de Amberes, Rotterdam y también de Hamburgo o Génova que los navíos se cargarán de forma segura y profesional en toda la UE, en condiciones salariales que no se vean arrastradas a la baja por el dúmping social. 
Como no va a haber ningún sistema obligatorio de autorizaciones, el resultado está perfectamente claro. No se han cumplido las exigencias del Parlamento en la segunda lectura. 
Por todo ello, el Parlamento Europeo debe rechazar también ahora la totalidad de la Directiva. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, las opiniones en este expediente son bien conocidas. 
Esta semana, la nave europea debe decidir a qué puerto se dirige. 
En lo que a mí respecta, la cuestión no es liberalizar o no. 
Lo importante es cómo liberalizamos y si lo hacemos de manera humana. 
El Comité de Conciliación llegó a un acuerdo en este aspecto, y tengo que admitir que algunas de las asperezas por las cuales algunas personas pueden verse perjudicadas por el proceso de liberalización han sido limadas, incluida la limitación de la autoasistencia al personal de a bordo. 
Es verdaderamente una pena que no se llegara a algo más, pues entonces yo misma también podría haber llegado a reconciliarme con el texto. 
Como muchos de mis colegas diputados ya han dicho repetidamente, había una mayoría en el Parlamento a favor de la imposición de autorizaciones obligatorias para los prestadores de servicios y la autoasistencia. 
La palabra era «debe». 
Lamentablemente, la propuesta del Parlamento no fue aceptada, y el acuerdo no se movió de la palabra «puede». 
Si los Estados miembros divergen en la forma de usar las posibilidades que se les ofrecen, por supuesto existe el riesgo de distorsión de la competencia. 
El miedo a la distorsión de la competencia puede en sí mismo también llevar a una regulación laxa. 
No nos gusta esa idea, y por eso yo no estoy de acuerdo con este proyecto de texto. 
Sabemos que San Nicolás no llegará hasta diciembre, pero sinceramente espero que esta semana podamos ya evitar que los estibadores tengan que cargar con el muerto. 
Siento simpatía por aquellos que se ganan la vida en los puertos. 
Por ello votaré en contra de este proyecto. 
Sea cual sea el resultado de la votación, me gustaría dirigirme a los estibadores belgas con la siguiente petición: pase lo que pase, no se duerman en los laureles, porque ni siquiera el rechazo del texto significará que sus problemas se han terminado. 
Ustedes saben que durante algún tiempo se ha discutido sobre si la ley portuaria belga –la llamada «wet-Major» – está en conformidad con las normas del Tratado sobre la libre circulación de servicios. 
Les recomiendo encarecidamente que ustedes, gente de bien, tomen el control en esta esfera con la suficiente antelación, antes de que otros se pongan a trabajar en ella. 
– Señor Presidente, ante todo quisiera agradecer tanto al ponente como al Comisario el debate que ambos han facilitado. 
Creo que este Parlamento Europeo tiene que estar orgulloso de que se hayan escuchado y considerado todas las opiniones. 
Con razón, hubo una gran oposición al texto original en el que, en efecto, se han introducido numerosas enmiendas. Miraba los puertos por el extremo equivocado del telescopio. 
En lugar de centrarse en la competencia entre los puertos, lo hacía en la competencia dentro de los puertos: algo así como una legislación de mercado único para incrementar la competencia dentro de un supermercado en vez de entre supermercados. 
No abordaba las ayudas estatales desleales o la falta de transparencia de las cuentas. 
En particular, amenazó el acertado modelo portuario del Reino Unido, algunos de cuyos puertos, en mi región, están entre los que registran una mayor actividad y los que tienen más éxito de todo el mundo. 
Para ser justos, algunas de estas deficiencias se han subsanado, pero la conciliación no ha resuelto satisfactoriamente numerosas cuestiones clave. 
No excluye la autoasistencia ni asegura las autorizaciones obligatorias –la cuestión del «debe o puede» – y, en concreto, no excluye a los prácticos del ámbito de aplicación de la Directiva. 
Sin embargo, de lo que aquí se trata no es de lo que hay, sino de lo que no hay. 
No preveía ninguna medida efectiva, desde mi punto de vista, para abordar la transparencia o las ayudas estatales desleales. 
Este Parlamento también debería estar preocupado por el hecho de que no haya consenso ni en el Parlamento ni en la sociedad. 
Soy consciente de que existe un amplio abanico de opiniones, tanto a favor como en contra. 
Sin embargo, en especial me preocupa que no tengamos el apoyo de los propios trabajadores portuarios. 
A los diputados laboristas británicos del Parlamento Europeo también les preocupa mucho que grupos británicos importantes se opongan a esta propuesta, y a todos nos debería preocupar que los prácticos británicos y, en particular, los oficiales de buques británicos recomienden que esta propuesta se rechace solo por razones de seguridad. 
Dije al comienzo del proceso en 2001 que esta propuesta tenía que ser rechazada y devolverse a la Comisión. 
Dado que nuestras principales preocupaciones siguen en pie, los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo serán coherentes. 
En bien de los puestos de trabajo británicos, del futuro de la inversión en nuestros puertos y, por encima de todo, de la seguridad, debemos rechazar esta propuesta. 
– Señor Presidente, con el rechazo del texto que se nos propone sobre los servicios portuarios, expreso mi opinión, pero me hago también intérprete de las protestas expresadas por gran número de organizaciones sindicales. 
Este proyecto, denominado de autoasistencia, ofrece a los armadores la posibilidad de llevar a cabo cualquier actividad portuaria utilizando su propio personal y material. 
Abre así la puerta a todos los abusos de los mercachifles del transporte marítimo. 
En efecto, la Directiva no exige evidentemente a los armadores que paguen a su personal los salarios vigentes entre los estibadores, ni siquiera que respeten la legislación laboral. 
Los armadores pueden hacer trabajar a bajo precio a trabajadores contratados sin garantías e imponerles las condiciones de trabajo que quieran. 
Las consecuencias de ello serán la pérdida de puestos de trabajo estables en las zonas portuarias y el aumento del número de trabajadores en precario, mal pagados, sobreexplotados, inexperimentados, con todas las amenazas que ello conlleva para el medio ambiente y la seguridad. 
Su aplicación supondría una amenaza para todos aquellos que viven de la actividad portuaria; agravaría los riesgos de accidente y de contaminación. 
La rechazamos también porque pone a competir entre ellos a trabajadores de distintas profesiones –marinos y estibadores– para agravar las condiciones de ambos grupos, en beneficio exclusivo de los armadores. 
La apertura de los servicios portuarios a la competencia procede del mismo espíritu retrógrado que la apertura a la competencia del transporte ferroviario, del control aéreo, de los servicios postales o de las telecomunicaciones. 
Las actividades portuarias, como todas las actividades directa o indirectamente útiles a toda la población, deben ser servicios públicos y protegerse de los perjuicios de la competencia y del afán de lucro. 
– Señor Presidente, solo tengo un minuto, y pretendo usarlo para decir que no deseo bajo ninguna circunstancia contribuir a una Europa de los llamados puertos de conveniencia. 
Por lo tanto, me veo obligada a votar en contra del texto conjunto del Comité de Conciliación para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios. 
No me opongo ni a la liberalización económica, ni a la liberalización de la normativa, pero considero que la intención de la Directiva no está presente en la propuesta que se ha presentado. 
La intención ya ha quedado eliminada. 
Por otro lado, creo que lo que queda puede conducir al dúmping social. 
En los países nórdicos hemos trabajado durante mucho tiempo para lograr normas y condiciones de trabajo satisfactorias en el transporte marítimo, así como para hacer frente al dúmping social. 
El registro de navíos en países distintos del propio o emplear a gente en condiciones desfavorables no debería ser rentable. 
Debe garantizarse la competencia en los puertos y la seguridad de las personas que trabajan en ellos. 
Al rechazar la presente propuesta, el Parlamento Europeo defiende a los trabajadores, así como las normas sociales y laborales que regulan la mano de obra en los puertos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, se han dicho muchas cosas y, francamente, me gustaría plantear una pregunta a todos los diputados. 
Estamos discutiendo como si al aprobar el texto de transacción que tenemos delante de nosotros, estuviéramos corriendo el riesgo de caer en picado del paraíso al purgatorio, por no decir directamente al infierno, por lo que se refiere a los servicios portuarios. 
Francamente, sin la Directiva que estamos a punto de votar, no habrá nada que pueda detener a los Estados miembros, como ha sido el caso hasta ahora, de adoptar medidas legislativas nacionales para abrir el mercado de los servicios portuarios sin marco legal alguno. 
Soy uno de los que han luchado arduamente y sigo estando convencido de que la autorización tendría que haber sido declarada obligatoria. 
No lo logramos, pero contamos con una Directiva que alude a la subsidiariedad, a lo que los Estados miembros podrían haber hecho, sin embargo, y que establece criterios de referencia para una autorización que cumple en su totalidad las normas sociales, de seguridad y medioambientales. 
Por supuesto, esto será cierto en el caso de que un Estado quiera convertir la autorización en obligatoria. 
Sin embargo, sin la Directiva, el salvaje oeste sería mucho más salvaje. 
Todos sabemos cuál era la propuesta inicial y cómo se ha trabajado en ella. 
Todos conocemos los límites que se fijaron para la autoasistencia, las disposiciones que suprimimos, aquellas que preveían una especie de salvaje oeste sin ninguna regulación para los puertos, para nuevas secciones de los puertos o para las secciones cerradas a los servicios comerciales. 
Estas son las razones por las que, por ejemplo, todos los sindicatos de mi país, Italia –CGL, CISL, UIL– nos piden que aprobemos el texto de transacción. 
No pasaremos del paraíso al purgatorio. 
Por lo que respecta a lo que podrían haber hecho los Estados, tengo la sensación de que todavía no hemos alcanzado el paraíso, sino que probablemente hemos subido del infierno al purgatorio. 
– Señor Presidente, el purgatorio es tan desagradable como el infierno, pero uno no se queda allí indefinidamente, según me han dicho. 
La cuestión clave aquí es la autoasistencia en los puertos de la UE. 
Como persona que procede de un Estado miembro insular que exporta el 90% de su producción, me preocupa mucho la ausencia de autorización obligatoria en esta Directiva. 
Debe ser penoso para el Comisario y el Sr. Jarzembowski ver la oposición tan amplia que existe hoy aquí a esta propuesta. 
Sin embargo, es preciso que retiren esta propuesta, que la reformulen y se aseguren de que incluya la autoasistencia obligatoria que preverá la previa autorización e incluirá criterios relacionados con el empleo, los aspectos sociales, las cualificaciones profesionales y consideraciones medioambientales. 
No hay vuelta de hoja. 
Por lo tanto, les pido que muestren algo de sentido común y la reformulen. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el sistema belga de servicios portuarios funciona a satisfacción de todo el mundo. 
Ninguna de las autoridades portuarias, ni los empresarios, ni los estibadores quieren que el sistema cambie. 
Esto se consiguió por medio del diálogo social y, cuando es necesario, se adapta por medio del diálogo social a la situación de los distintos puertos belgas. 
Dicho diálogo social ofrece a los empresarios una garantía de que también sus exigencias, por lo que respecta al trabajo, a los servicios sociales, la seguridad y la calidad, quedarán recogidas en un acuerdo social. 
Uno de los resultados de este sistema es que el puerto de Amberes se ha convertido en el número uno en carga convencional, que es la actividad de carga más intensiva en mano de obra. 
Amberes se ha ganado este puesto a pesar del hecho de que su trabajo portuario es quizás un poco más caro que el de otros puertos, pero, por otro lado, es muy productivo, muy seguro y de calidad excelente. 
Los armadores no reclaman un sistema distinto. 
¿Cómo perciben las autoridades portuarias belgas, los estibadores y los políticos belgas la implicación de la UE? 
En primer lugar, no ven ninguna mejora para ellos. 
Más bien todo lo contrario. 
En la Directiva buscan posibilidades para preservar el presente sistema tanto como sea posible por medio de la legislación belga. 
En segundo lugar, tienen la sensación de que todo esto está siendo planeado muy lejos de su territorio. 
Están habituados a actuar por medio del diálogo social. 
En tercer lugar, creen que la Directiva estaba basada en los puertos en que el régimen es menos estricto, donde se lleva a cabo un trabajo portuario de mala calidad y mal organizado. 
Señora Comisaria, el procedimiento correcto habría sido el de subordinar las actividades portuarias europeas a autorizaciones obligatorias que regularan los elementos más importantes en el campo social, de la seguridad, la formación, la organización del trabajo y el medio ambiente. 
Un sistema obligatorio como este no solo habría hecho posible la autoasistencia, sino que también habría ofrecido garantías de un procedimiento operativo más estricto en todos los puertos europeos. 
De hecho, los puertos que ya cuentan con una normativa efectiva y con un sistema seguro están siendo penalizados, con lo que se favorece la actitud mucho más laxa de otros puertos. 
Tendríamos que haber tomado el rumbo contrario. 
Por todas estas razones, votaré en contra de la Directiva: por convicción. 
Soy una europea convencida pero, en este expediente, la intervención europea apunta en la dirección equivocada. 
. 
Señor Presidente, Señorías, se ha hecho reiteradamente un paralelismo entre el problema de los puertos y los servicios portuarios y el problema de los aeropuertos y los servicios aeroportuarios, y se ha planteado el tema de la seguridad como punto crucial para rechazar el texto actual, fundamentalmente la seguridad relacionada con el tema del practicaje y, también, respecto al tema de la autoasistencia en general. 
Quiero decir que cuando se compara el tráfico aéreo con la autoasistencia se está cometiendo, en mi opinión, un error. 
Creo que sí vale la comparación entre la apertura a la competencia de los servicios portuarios y la de los aeroportuarios. 
En su momento, también esto provocó todo tipo de discusiones y se decía que se iba a poner en peligro la seguridad en los aeropuertos. 
No se ha visto ese riesgo. 
Lo que se ha visto, sin embargo, en los aeropuertos es mayor actividad y más posibilidades para todos. 
Se ha planteado la liberalización y hoy en día están liberalizados los servicios aeroportuarios de mantenimiento de los aviones. 
En su momento se dijo que eso iba a plantear terribles riesgos para la seguridad de los aviones. 
Actualmente, hay compañías que resuelven por sí mismas determinadas cuestiones. 
Otras compañías, por el contrario, recurren a terceros prestatarios de servicios. 
Hay diferentes posibilidades, y eso permite abaratar los costes desde el punto de vista de la aviación- y sus Señorías son los primeros en beneficiarse, como lo somos todos los ciudadanos en la Unión Europea- y nada de eso ha supuesto una merma de la seguridad en la aviación. 
Lo que ha habido es más actividad, más empleo y más posibilidades. 
Y eso es lo que estamos planteando. 
El tráfico aéreo es el equivalente al tráfico marítimo. 
A la entrada de la mayor parte de los grandes puertos, hay tráfico marítimo, que se controla mediante unos sistemas totalmente modernos. 
No estamos hablando de liberalizar y de poner varios controles de tráfico marítimo en los puertos, nadie ha planteado eso. 
No mezclemos cosas que no se pueden mezclar. 
Hagamos las comparaciones donde tienen sentido. 
La liberalización del servicio de mantenimiento de los aviones no ha producido, en absoluto, una merma en la seguridad de los aviones. 
¿Acaso alguna autoridad portuaria, algún gobierno de nuestros países va a tomar una decisión que supondrá que, de repente, un barco arremeta contra un pantalán o que se llenen sus puertos de vertidos inadecuados o que haya un accidente? 
Señorías, estamos funcionando en unos marcos que garantizan la viabilidad de una liberalización de estas características, que permita una mayor competencia y actividad portuaria, una mayor posibilidad y capacidad de los puertos, un mayor desarrollo del cabotaje y, por lo tanto, un mayor desarrollo del tráfico marítimo, para descongestionar otros tipos de transportes que, en estos momentos, están completamente congestionados. 
¿Qué preocupa tanto en Bélgica? 
Tienen una legislación que dejó la anterior Ministra belga respecto a los puertos. 
No van a tener que cambiarla. 
Quizás tengan que hacer alguna modificación. 
Y tendrán que justificar por qué se hace el practicaje, la autoasistencia. 
Los motivos por los cuales se puede limitar la autoasistencia son "consideraciones de seguridad o de requisitos derivados de normas medioambientales" (artículo 10) , entre otros. 
Es más, dice el artículo 16 que "lo dispuesto en la presente Directiva no afectará en modo alguno a las normas nacionales en materia de requisitos de formación y cualificaciones profesionales, empleo y cuestiones sociales siempre que sean compatibles con la legislación comunitaria". 
Señorías, me pregunto si hemos leído el mismo texto. 
Si vemos la cuestión del practicaje, también se dice- ya se sabe que el practicaje tiene un componente muy importante y que, por lo tanto, reclama cierto tipo de garantías suplementarias -: "las autoridades competentes podrán reconocer el carácter obligatorio... ". 
Es verdad: podrán. 
Si de verdad hay un riesgo de seguridad, ¿piensan que alguna autoridad nacional no va a reconocer el carácter obligatorio del practicaje? 
Señorías, creo que estamos contemplando unos riesgos que en mi opinión no existen. 
Otra cosa es la presión de los sindicatos de los. 
Se trata de otro asunto que políticamente tiene mucha relevancia y es muy respetable, no lo dudo, pero sepamos que estamos hablando de la presión de un grupo concreto, es uno de los ejemplos utilizados siempre en ciertos libros de economía y de sociología, porque están perfectamente organizados desde hace muchísimo tiempo. 
Lo que existe es un problema de presión o de relación con esos sindicatos. 
Eso es otra historia, Señorías. 
Pero no lo mezclen con los problemas de seguridad. 
No digamos lo que no es. 
Yo acepto que ustedes me digan: "hay un problema político, hay que contar con el sector sindical, lo tenemos en contra y no podemos votar esto". 
No tengo nada que objetar. 
Ya digo que, políticamente, eso es totalmente comprensible, pero no me digan que es un problema de seguridad. 
No es verdad. 
Por lo menos yo entiendo que no existe, Señorías. 
No es un problema de seguridad, sino político. 
Llamemos a las cosas por su nombre y asumamos entonces todos y cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. 
Porque, si afrontamos el problema político de los- que, en mi opinión, está injustificado porque va a haber más trabajo para ellos y más posibilidades en nuestros puertos si aprobamos esta Directiva -, a cambio podemos conseguir una mayor eficiencia de nuestros puertos y eso es crucial para impulsar el cabotaje. 
¿Cómo vamos de verdad a desarrollar más cabotaje en la Unión Europea si no mejoramos el rendimiento y la eficiencia de nuestros servicios portuarios actuales? 
Señorías, tenemos ahí un bloqueo que no nos permite ir más allá y necesitamos ese cabotaje. 
En los próximos diez años necesitamos que el cabotaje europeo incremente sus capacidades al menos en un 40% porque lo que no vaya a través del mar se irá a la carretera. 
Necesitamos también que el ferrocarril se incremente en un 40%, pero el cabotaje tiene que ocupar al menos un 40%, incluso un poco más, para descargar las carreteras. 
Señorías, los son muy respetables, estoy de acuerdo. 
Pero- y les pido una vez más que reconsideren la cuestión- no es un problema de seguridad lo que está aquí en discusión, sino un problema de fuerzas sindicales. 
En este momento nos enfrentamos al problema de un transporte de verdad sostenible en el tiempo, un transporte eficaz que necesitamos en la Unión Europea para nuestra competitividad y también para nuestros ciudadanos y para el desarrollo de todos nuestros países y para la mejora del medio ambiente. 
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, Señorías. 
Sea cual sea el resultado, seguiremos trabajando una vez más y seguiré contando con su apoyo, como cuento en general en todas las iniciativas que presento. 
El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar el jueves a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0414/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
¿Confía la Comisión en que el Código PBIP (Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias) de 2002 se aplique en la UE con arreglo al calendario previsto (1 de julio de 2004) y en que todas las jurisdicciones no comunitarias, en particular los principales pabellones de conveniencia, puedan velar por su cumplimiento? 
– Señor Presidente, el 12 de diciembre de 2002 la conferencia diplomática de la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó un nuevo Capítulo XI-2 sobre medidas especiales para incrementar la seguridad marítima, en el marco de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de la OMI, junto con un nuevo código llamado Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) , que parece ser de importancia fundamental para el establecimiento de un sistema global de seguridad marítima. 
El 2 de mayo de 2003, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un proyecto de reglamento para mejorar la seguridad de los buques y de las instalaciones portuarias. 
La finalidad de este proyecto es la introducción de estos nuevos instrumentos en el derecho comunitario, junto con las disposiciones interpretativas necesarias. 
El 9 de octubre de 2003, el Consejo (Transportes) aprobó por unanimidad un enfoque general de este proyecto. 
El Parlamento Europeo se abstendrá de votarlo en primera lectura el 19 de noviembre de 2003. 
A la luz del evidente progreso realizado gracias al trabajo de estas dos instituciones, la Comisión espera que este documento se aprobará lo antes posible, de forma que los Estados miembros tengan, a más tardar el 1 de julio de 2004, la oportunidad de cumplir las obligaciones internacionales que han contraído con la OMI. 
El 1 de julio de 2004 también es la fecha límite para las embarcaciones con bandera que no sea la de los Estados miembros de la UE. 
La OMI no tiene intención alguna de conceder más tiempo para la implementación de estas medidas. 
Al igual que las autoridades de los Estados Unidos, la Comisión está de acuerdo con este análisis. 
Por lo tanto, de conformidad con los reglamentos aplicables del Código PBIP, cabrá la posibilidad de que a aquellas embarcaciones que a partir del 1 de julio de 2004 no cumplan las medidas de seguridad establecidas en estos instrumentos internacionales se les deniegue el acceso a los puertos de los Estados que son miembros de la OMI. 
– Señor Nielson, hubo un largo debate sobre este asunto a primeras horas de esta mañana y ha de aceptar que queda muy poco tiempo entre hoy y el 1 de julio de 2004 para que todos los buques y puertos cumplan los requisitos del Código PBIP, en particular con la falta de claridad absoluta que existe en este momento. 
El riesgo financiero para las empresas que no pueden cumplir los requisitos que establece el Código es enorme. 
¿Qué pasa con los pabellones distintos de los europeos? 
Incluso si nuestros propios Estados miembros lo cumplen, ¿acaso no puede existir un riesgo considerable de que muchos otros buques no lo cumplan en ese momento y, por consiguiente, no se les autorice su entrada en los puertos europeos? 
¿Ha intentado la Comisión evaluar el impacto que esto tendría en el comercio europeo e incluso en el comercio mundial si no hay pleno cumplimiento el 1 de julio de 2004? 
– Habiendo tenido la oportunidad de oír las anteriores deliberaciones, confío en que se puedan cumplir los cambios necesarios dentro de este plazo. 
Finalmente nos enfrentaremos al problema de que una cosa es tener derecho a denegar el acceso a nuestros puertos a los buques que no cumplan los requisitos, pero que, al mismo tiempo, la difusión a nivel mundial de esta idea será un gran desincentivo para los buques que navegan con otros pabellones a que sigan desobedeciendo las normas abiertamente. 
Por lo tanto, esto es algo muy coherente y necesario que hay que hacer. 
En su Estrategia para el mercado interior hasta 2006 y en su Libro Verde sobre los servicios de interés general, la Comisión planea una amplia liberalización de los servicios públicos. 
Según parece, esta liberalización afectará también al abastecimiento de agua. 
¿Entra realmente en las intenciones de la Comisión una liberalización de un sector tan importante de los servicios de interés general como es el abastecimiento de agua? 
¿Cómo piensa la Comisión justificar ante los ciudadanos afectados una injerencia de tal alcance en la soberanía en cuanto a la utilización de las reservas nacionales de agua? 
– Tal como se anunció en la Estrategia para el mercado interior: Prioridades del período 2003-2006, actualmente la Comisión está analizando si se puede mejorar la eficiencia y el rendimiento del sector del agua. 
Este análisis se centra, en particular, en el modo en que la competencia y las normas del mercado interior actuales deben aplicarse a este sector. 
En esta fase, la Comisión no quiere descartar ninguna opción, incluida la posibilidad de más medidas legislativas. 
En el marco de su trabajo de investigación, la Comisión ha enviado cuestionarios detallados a los Estados miembros actuales y futuros con el fin de recopilar información sobre normas legales y administrativas y requisitos en los que opera el sector del agua. 
La Comisión también ha mantenido conversaciones informales con autoridades regionales y locales, organizaciones empresariales y ciudadanas y empresas del sector. 
El análisis todavía continúa, por lo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. 
Por supuesto, una vez concluido, la Comisión presentará sus resultados y expondrá su opinión sobre todas las posibles medidas adicionales que se pueden tomar, respetando plenamente las garantías del Tratado relativas a servicios de interés económico general y disposiciones medioambientales. 
– Señor Comisario, tal vez se le haya escapado que, en Austria, este problema ha sido durante hace algunos años la causa de una inmensa conmoción, que en las últimas semanas ha vuelto a salir a la superficie. 
Todas las provincias, todos los partidos y también los principales periódicos están de acuerdo en que se está fraguando una rebelión. 
El agua, como usted bien sabe, es vida. 
Austria todavía es un país muy agrícola, y si alguien se atreve a insinuar a un agricultor que se le va a cortar el agua, la guerra está servida. 
No puedo imaginarme que Austria llegue algún día a estar de acuerdo en liberalizar el suministro de agua, y llegan a mis oídos similares afirmaciones por ejemplo de Alemania o de los países nórdicos. 
Frente a esta feroz resistencia, ¿se replanteará la Comisión seriamente la liberalización en este ámbito? 
– La línea es que las opciones están abiertas. 
Lo estamos analizando en este momento y creo que, en esta fase, es inútil especular sobre las conclusiones. 
Entrar en la UE no resulta fácil para los solicitantes de asilo procedentes de terceros países. 
Recientemente hemos sido testigos de una serie de catástrofes horrorosas en las que personas en busca de una vida más segura encontraron la muerte en las fronteras de la UE. 
Debemos poner fin al tráfico de seres humanos y hacer lo posible para que las personas que ganan enormes sumas de dinero a costa de la desgracia ajena cesen sus actividades. 
Se ha remitido a la Comisión una iniciativa interesante destinada a reducir el mercado del que disponen los traficantes de seres humanos y facilitar el acceso a la UE a las personas procedentes de terceros países. 
¿Qué opinión merece a la Comisión la idea basada en un sistema en el que los refugiados tendrían la posibilidad de solicitar en las embajadas y consulados de los Estados miembros de la UE de todo el mundo un tipo especial de visado para pedir asilo? 
Durante mucho tiempo, la Comisión ha compartido la opinión de que existía una necesidad urgente de explorar formas de ofrecer un acceso rápido a la protección sin que los refugiados estuvieran a merced de la inmigración ilegal o de bandas de traficantes. 
Por esta razón encargamos un estudio sobre la viabilidad de procesar peticiones de asilo fuera de la Unión Europea en el contexto del sistema europeo de asilo común, publicado en diciembre de 2002. 
El estudio analizaba las posibilidades del uso en toda Europa de procedimientos de entrada protegida en las regiones de origen y examinaba el modo en que este tipo de procedimientos podían permitir a un no nacional dirigirse a un país de acogida potencial fuera de su territorio con una petición de asilo y que le fuera concedido un permiso de entrada en ese país. 
Desde entonces, la Comisión ha advertido, en sus Comunicaciones de marzo y junio de 2003, que es necesario consolidar las capacidades de protección en la región de origen y tratar las solicitudes de protección de la forma más acorde posible con las necesidades. Esto podría conllevar la regulación del acceso a la Unión Europea estableciendo planes de entrada protectores y programas de reasentamiento. 
Este tipo de medidas también podrían facilitar una llegada más ordenada a la Unión Europea. 
El Consejo Europeo de Salónica solicitó a la Comisión que explorara todos los parámetros para asegurar una entrada más ordenada y gestionada de personas que necesitan protección internacional en la Unión Europea y examinar formas y medios de mejorar la capacidad de protección en las regiones de origen. 
Antes de junio de 2004 presentaremos un informe completo con propuestas de medidas que se deberían tomar. 
Ente tanto, la Presidencia actual ha organizado un seminario de expertos en Roma los días 13 y 14 de octubre que exploró un poco más el mandato del Consejo Europeo, centrándose en particular en el reasentamiento y los procedimientos de entrada protegida. 
Las ventajas y desventajas de los métodos para tratar la protección que se debatieron allí se examinarán más profundamente en el informe que ha solicitado el Consejo de Salónica, que acabo de mencionar. 
La Presidencia italiana tiene la intención de que el Consejo de Justicia y Asuntos Internos adopte las directrices del Consejo basándose en las conclusiones del seminario de Roma, para proporcionar a la Comisión la orientación política necesaria para preparar el informe que vamos a publicar el próximo mes de junio. 
Tras la publicación del informe, se pedirá al Parlamento que emita su dictamen. 
– Muchas gracias por su respuesta. 
El problema con los actuales reglamentos que rigen las solicitudes de asilo no radica en la normativa misma ni en que dejemos entrar a demasiados refugiados, porque, en Europa, tenemos tanto los recursos como la responsabilidad moral de recibir a personas que necesitan protección. 
El problema en realidad son las personas que se cuelan gracias a traficantes sin escrúpulos que animan a la gente a entrar en los países usando rutas ilegales. 
Nuestros reglamentos, que dificultan la solicitud y obtención de visados, también contribuyen a que cada vez existan más y más traficantes de seres humanos. 
Esta no es la forma en que deberíamos proceder. 
El Consejo también ha elaborado algunas propuestas inhumanas referentes a la policía de fronteras y a zonas francas en terceros países donde podríamos cobijar a los refugiados que buscan asilo. 
Esto yo no lo apruebo. 
Creo que deberíamos contar con un plan que refuerce el procedimiento de asilo. 
Encontramos un método en la propuesta presentada por el investigador Gregor Noll, precisamente acerca de la cual yo he formulado mi pregunta. 
Creo que se trata de una propuesta que vale la pena examinar. 
Me gustaría preguntarle al señor Comisario cuáles son las ventajas y las desventajas que él ve en la propuesta del investigador Gregor Noll, según la cual el asilo debería solicitarse en las embajadas de los países de la UE en el mundo. 
Sería interesante escuchar la respuesta a esta pregunta. 
Comparto su opinión de que está claro que es necesario desarrollar un sistema de asilo que impida que las personas que necesitan protección internacional sean víctimas de bandas criminales. 
Una de las formas de abordar este objetivo es mejorar la protección en la región y permitir que las personas pidan asilo en la embajada de uno de los Estados miembros. 
Como su Señoría sabe muy bien, algunos Estados miembros ya lo hacen. 
Ya están en curso los planes de reasentamiento en al menos cinco Estados miembros. 
En estos momentos estamos estudiamos la experiencia adquirida en este campo para identificar las ventajas y desventajas que hay en juego y presentar una propuesta que permita a todos los Estados miembros utilizar el mismo plan. 
Espero que en el informe de junio de 2004 podré formular propuestas concretas en este sentido. 
¿Es consciente la Comisión de la profunda preocupación suscitada en la industria de los diamantes por el nuevo sistema de distribución de De Beers, llamado "Supplier of Choice"? 
¿Está de acuerdo con que este sistema esté completamente a merced de De Beers y se base en unos criterios de selección que son tanto opacos como subjetivos? 
¿Es consciente de que un tercio de los clientes principales de De Beers han sido excluidos hasta el momento con arreglo al sistema "SoC", dejando los diamantes en manos de menos personas y reduciéndose en términos generales la competencia y el suministro? 
¿Mantiene la Comisión su declaración del 16 de enero de 2003, por la que se permitía provisionalmente la operación del nuevo sistema, y en la que indicaba de manera categórica que "… al no haberse despejado la preocupación que suscitaba el hecho de que el sistema pudiera utilizarse para reducir artificialmente el suministro, sobre todo de diamantes de gran calidad, y teniendo en cuenta que aún no ha empezado a aplicarse el sistema, la Comisión vigilará de cerca el mercado [para] asegurarse especialmente de que el sistema no restringirá el suministro de cantidades adecuadas de diamantes en bruto a los comerciantes" y que "se reserva el derecho a reabrir el caso si se producen cambios en algún aspecto esencial de los acuerdos, de hecho o de derecho, que modifiquen su posición actual"? 
¿Piensa ahora la Comisión reabrir sus investigaciones en el ámbito del sistema "SoC", antes de que éste sea plenamente operativo a finales de año? 
– El 16 de enero de 2003, la Comisión dio a conocer su autorización del sistema de distribución de llamado «Supplier of Choice». 
Esta autorización se concedió después de que modificara la versión original del sistema «Supplier of Choice» presentada a la Comisión. 
En noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial un resumen del sistema «Supplier of Choice» modificado y se invitó a terceras partes interesadas a presentar sus comentarios. 
Tal y como ha subrayado el Sr. Corbett, cuando la Comisión autorizó «Supplier of Choice» , se comprometió a hacer un seguimiento del mercado y se reservó el derecho a reabrir el caso si cualquier cambio de la situación de hecho o de derecho de cualquier aspecto esencial del acuerdo la inducían a modificar su opinión actual. 
La Comisión tiene la intención de cumplir su compromiso plenamente. 
Por lo tanto, seguirá supervisando el uso que hace de «Supplier of Choice» con el fin de asegurar que se respetan las reglas de competencia comunitarias. 
A tal fin, la Comisión prestará atención a toda empresa que afirme que se han violado las disposiciones y que su negocio está sufriendo las consecuencias. 
A pesar del hecho de que ya ha recibido algunas informaciones relacionadas con el uso específico de «Supplier of Choice» , la Comisión todavía no cuenta con todos los detalles al respecto. 
Por esta razón, la Comisión tiene la intención de hacer uso de los poderes que ostenta en virtud del reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado, con la finalidad de recoger información que le permitirá adoptar una posición sobre este aspecto con pleno conocimiento de los hechos. 
Así que en las semanas venideras se mandarán peticiones de información. 
Cuando la Comisión haya examinado la información que reciba de esta forma, decidirá qué acciones emprende de acuerdo con el caso en cuestión. 
– Aunque agradezco al Comisario su respuesta, quizás nos dirá cuántas quejas formales ha recibido en las últimas semanas del sector del diamante acerca del proveedor de Trisystem. 
Me alegra que lo vaya a investigar en detalle y recoja toda la información pertinente. 
¿Puedo invitar al Comisario a que tenga también en cuenta las observaciones efectuadas por el presidente de la propia compañía De Beers, el Sr. Oppenheimer, en un discurso reciente en la conferencia de alumnos de la Harvard Business School celebrada en Ciudad del Cabo? 
El Sr. Oppenheimer declaró, y cito: «no vamos a disimular que no intentamos dirigir el mercado del diamante, a controlar el suministro, determinar los precios y actuar en connivencia con nuestros socios en el negocio». 
Permítame el Comisario decir que esto es una confesión notable. Se hizo en marzo de 1999, solo unos pocos meses antes del lanzamiento del proveedor de Trisystem. 
¿Puedo invitar al Comisario a que tenga en cuenta esta confesión cuando investigue el monopolio mejor conocido del mundo que todavía sigue existiendo y que la Comisión todavía no ha investigado utilizando sus poderes en materia de competencia? 
– Respecto al último comentario del Sr. Corbett, me tomaré la libertad de llamarle la atención sobre el hecho de que la Comisión, y en particular esta Comisión Europea, ha empezado a prestar una atención especial a estas cuestiones. 
Por lo que concierne a la pregunta relacionada con las quejas, puedo afirmar que la Comisión ha recibido quejas en relación con «Supplier of Choice» , que van a ser investigadas de acuerdo con los procedimientos estándar que la Comisión lleva a cabo en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado. 
Respecto al número de quejas, señor Corbett, así como su origen, por supuesto, la Comisión considera que los principios de buena gestión administrativa imponen la obligación de confidencialidad que precisamente se refiere a su número y origen. 
Está claro que si una empresa que presenta una queja a la Comisión considera apropiado hacerla pública, tiene pleno derecho para hacerlo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 37 decae. 
Pregunta nº 38 formulada por Claude Moraes (H-0660/03): 
Asunto: Reconstrucción del Iraq 
¿Podría informar la Comisión con detalle acerca del estado actual de su asistencia a la reconstrucción del Iraq? 
Como bien sabe el Parlamento, la Comunicación de la Comisión aprobada el 1 de octubre de 2003 proponía que se destinaran 200 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea a ayuda para la reconstrucción del Iraq en 2003 y 2004. 
Me complace decir que, con la ayuda del Parlamento, este compromiso se anunció en la Conferencia de Donantes de Madrid el 24 de octubre de 2003. 
Una conferencia que fue un éxito, que obtuvo más de 33 000 millones de dólares de más de 70 países y que solo representa el primer paso hacia la reconstrucción. 
Les recuerdo que la Comunicación de la Comisión expuso cuatro elementos que son esenciales para el éxito del proceso de reconstrucción: mayor seguridad, medidas a favor de una transición política hacia un gobierno iraquí, el establecimiento de un paraguas multilateral para la reconstrucción, y cooperación por parte de los países vecinos del Iraq. 
Hemos visto que se han realizado progresos en tres de estos factores, pero se necesita avanzar muchísimo más en materia de seguridad para una rápida aplicación de la ayuda de la Comisión a fin de que la reconstrucción siga adelante. 
Para 2003 tenemos dos metas: ayudar a tender un puente para la transición de la fase humanitaria a la reconstrucción, y para ayudar a las Naciones Unidas a cumplir su mandato con arreglo a las Resoluciones 1483 y 1511 del Consejo de Seguridad. 
La propuesta de 40 millones de euros que hemos hecho para 2003 pretende, por lo tanto, que la ayuda fluya lo más rápidamente posible para dar apoyo al Iraq a través de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. 
Puedo informar de que, sobre la base del trabajo desarrollado hasta la fecha por ECHO, se ha dedicado un primer paquete de 29 millones de euros para el trabajo de las Naciones Unidas en el suministro de agua y el saneamiento, la sanidad, la educación, el empleo y mecanismos de generación de rentas: todos los ámbitos en los que las Naciones Unidas han actuado y en los que todavía trabajan 4 000 agentes locales de las Naciones Unidas. 
Deberá estar listo para su desembolso a las Naciones Unidas a principios de diciembre de 2003. 
Se asignarán otros 11 millones de euros a finales de 2003 para dar apoyo al trabajo de las Naciones Unidas en la gobernanza local y regional, la administración civil, la reforma legal y judicial, los medios de comunicación y los derechos humanos. 
Asimismo, hemos reservado 2 millones de euros –en la línea presupuestaria horizontal de desminado– para contribuir a abordar el enorme problema planteado por las minas terrestres y bombas sin explotar en el Iraq. 
En 2004 es preciso que se establezca el Fondo Internacional para la Reconstrucción, tal como propusieron el Banco Mundial y las Naciones Unidas en Madrid. 
Por lo tanto, esperamos canalizar la mayor parte de los 160 millones de euros propuestos a través de este Fondo para dar apoyo a ámbitos como redes de seguridad sociales, la institución y creación de capacidades, la gestión macroeconómica, el fortalecimiento de la sociedad civil iraquí y la protección y fomento de los derechos humanos y la democracia. 
La manera en que la Comisión decida dividir las asignaciones entre las Naciones Unidas y el Banco Mundial se basará en la experiencia sectorial y las ventajas comparativas de las dos organizaciones. 
Sin embargo, también dependerá de si las condiciones en el Iraq han mejorado realmente y de las perspectivas de ejecución por parte de organismos de las Naciones Unidas, las ONG y los Ministerios iraquíes. 
La realidad es que todavía existen muchos interrogantes de difícil resolución. 
– Agradezco al Comisario su respuesta tan exhaustiva y felicito a todas aquellas personas de la Unión Europea que han contribuido a la ayuda al pueblo iraquí en tiempos tan difíciles. 
Tengo dos breves preguntas complementarias. 
Una es pedir la opinión del Comisario sobre cómo ve que se ajusta la ayuda que emana de la Conferencia de Madrid con nuestros otros compromisos de ayuda, en particular en las zonas de África y de otras partes del mundo donde existen conflictos que no tienen tanto eco en los medios de comunicación pero en los que las personas siguen sufriendo. 
¿Cómo cree que estos conflictos se pueden resolver? 
En segundo lugar, ¿qué opina sobre la aplicación de la ayuda humanitaria existente durante la fase humanitaria? 
¿Está satisfecho con este aspecto, dadas las presiones políticas por parte de determinados Estados miembros sobre el conjunto del enfoque del Iraq? 
En primer lugar, en un tono positivo, la manera rígida en que asignamos fondos a diferentes zonas geográficas implica que este dinero no se traslada desde otro lugar al Iraq. 
Los 200 millones de euros es un dinero que, por decirlo así, no ha sido «aspirado» del vecindario. 
Así que no estamos retirando dinero de lo que podemos y tenemos que hacer en África debido a lo que estamos haciendo en el Iraq. 
La cuestión de lo que hacemos en otros conflictos es una cuestión compleja en la que hoy no tenemos tiempo de entrar. 
En cuanto a la segunda pregunta complementaria, puedo informar de que del total de 100 millones de euros de ayuda humanitaria movilizados este año para el Iraq, hemos contraído un compromiso detallado de unos 70 millones de euros, y se prevé que la mayoría del dinero restante se asignará hacia finales de año. 
En cuanto a los gastos y la ejecución efectivos, a pesar de todas las dificultades nos hemos podido ceñir muy estrechamente al programa y las previsiones. 
Hay que señalar que el trabajo efectivo que realizamos allí se lleva a cabo por personas locales que trabajan para nosotros o para organizaciones que utilizamos como agencias ejecutivas. 
Todavía podemos hacer cosas que tengan sentido, pero tratamos de pasar desapercibidos por evidentes razones de seguridad. 
– Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría aprovechar esta oportunidad que ofrece el Reglamento interno para formular en detalle las preguntas que he presentado previamente. 
¿Cuál es la posición de la Comisión respecto de las peticiones formuladas por las fuerzas de ocupación en el Iraq y de la grave situación que vive la sociedad iraquí en estos momentos? 
¿Qué medidas considera que debe adoptar para apoyar la acción de la ONU en el Iraq? 
– De la respuesta anterior se desprende claramente que consideramos que las Naciones Unidas y el Banco Mundial son nuestros principales socios en el suministro de ayuda al Iraq así como para su reconstrucción. 
No estamos trabajando codo con codo con la potencia ocupante. 
La autoridad transitoria está allí y también tiene responsabilidades en materia de seguridad, orden público, etc. Por lo tanto, esta autoridad forma parte del contexto en el que todos en el Iraq han de trabajar. 
Sin embargo, tal como he dicho, los socios a través de los que canalizamos el dinero son, principalmente, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 39 a 45 recibirán una respuesta conjunta. 
Según informaciones aparecidas recientemente en la prensa, los Estados miembros se han visto confrontados con acciones legales iniciadas por una serie de importadores que se resisten a pagar derechos arancelarios por la importación de productos, presuntamente procedentes de asentamientos en territorios ocupados por Israel, que, a juicio de las autoridades aduaneras de Israel, deben gozar de un trato preferencial. 
Habida cuenta de que la legislación comunitaria obliga a las autoridades del país de importación a aceptar las declaraciones de las autoridades del Estado expedidor, ¿cree la Comisión que los Estados miembros podrán mantener frente a las objeciones de los importadores su derecho a percibir los referidos derechos arancelarios basándose en el alegato de que el sistema de autentificación israelí no satisface las exigencias de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, que exigen la indicación de los lugares en que los productos en cuestión son fabricados? 
¿Defiende el Gobierno israelí que el sistema de autentificación de sus servicios aduaneros es correcto y que sus certificaciones son válidas de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo? 
En el Pleno del 4 de septiembre de 2003 sobre la aplicación del Acuerdo de asociación UE-Israel, se preguntó a la Comisión por qué no había notificado a los Estados miembros que el concepto de territorialidad aplicado por Israel en la determinación del origen de las exportaciones que efectúa al amparo de este acuerdo no es conforme a Derecho. 
El Comisario Nielson replicó que la Comisión ya había advertido de ello cuando publicó en noviembre de 2001 una nota a la atención de los importadores. 
En esta nota, la Comisión confirmaba que Israel expide certificados de origen para productos que proceden de lugares que han pasado a administración israelí a partir de 1967. 
¿Confirma la Comisión también la existencia de algunos defectos sustanciales en la aplicación de los Acuerdos, que ponen en entredicho la validez de todos los certificados preferenciales expedidos por Israel? 
¿Considera la Comisión que ha proporcionado a los Estados miembros informaciones susceptibles de despertar dudas acerca de la veracidad de las indicaciones de origen, en general, de los productos exportados por Israel? 
¿Considera la Comisión que, con su nota a los importadores de noviembre de 2001, su información a la atención de los Estados miembros sobre productos y empresas de los asentamientos en territorios ocupados, y las disposiciones del artículo 32 del Acuerdo de asociación pone en manos de los Estados miembros los medios legales y técnicos suficientes para denegar válidamente la importación preferente de productos procedentes de los asentamientos en los territorios ocupados, así como de productos con un número importante de componentes o materiales esenciales elaborados en estos lugares, incluidos productos que vienen en remesas mixtas, surtidas de productos en principio idénticos elaborados en Israel? 
¿Piensa recomendar la Comisión que se incluyan nuevas disposiciones sobre acumulación en el Acuerdo de Asociación con Israel en relación con la puesta en práctica de la acumulación paneuropea mientras Israel continúa considerando los asentamientos que ha establecido en los territorios ocupados como incluidos en el ámbito territorial de aplicabilidad de sus acuerdos con la CE? 
¿Piensa recomendar la Comisión que se incluyan nuevas disposiciones sobre acumulación en los acuerdos relacionados con el comercio de la CE con Israel y Jordania por lo que respecta a las denominadas "zonas industriales cualificadas" mientras esto continúe sucediendo? 
¿Está informada la Comisión de que, con anterioridad al aviso a los importadores de noviembre de 2001, diversos Estados miembros dejaron de recuperar derechos de aduana tras haber recibido respuestas de verificación de las autoridades aduaneras israelíes por las que se confirmaba que los productos en cuestión procedían de los asentamientos y se reiteraba la apreciación de Israel de que dichos productos tenían derecho a un trato preferente? 
¿Ha eliminado el aviso a los importadores la posibilidad de que pueda repetirse esta falta de cobro de derechos de aduana? 
Al determinar el origen de todos los productos que exporta a la Comunidad Europea, al emitir certificados de origen y verificando la validez de los mismos, ¿hace Israel una distinción entre la producción llevada a cabo en los Territorios Ocupados y la llevada a cabo en el Estado de Israel? 
De acuerdo con las condiciones actuales de aplicación del Acuerdo de Asociación CE-Israel, ¿se puede determinar el origen verdadero de cualquier producto exportado por Israel? 
En el debate de la sesión plenaria del 4 de septiembre sobre la "Aplicación del Acuerdo de Asociación CE-Israel", se preguntó a la Comisión por qué no había notificado a los Estados miembros que la definición de territorialidad aplicada por Israel es ilegal. 
El Comisario Nielsen respondió que la Comisión ya lo había hecho en una notificación a los importadores difundida en noviembre de 2001. 
¿Ha confirmado realmente la Comisión a los Estados miembros que las autoridades aduaneras de Israel aplican una definición ilegal de territorialidad para determinar el origen de todos los productos exportados en el marco del mencionado Acuerdo? 
¿Ha confirmado la Comisión a los Estados miembros que las autoridades aduaneras israelíes, al expedir certificados de origen, no distinguen en ningún caso entre la producción realizada en los asentamientos y la procedente del territorio del Estado de Israel? 
¿Espera la Comisión que los Estados miembros comprueben el origen de todas las importaciones que provienen de Israel? 
– Señor Presidente, la Comisión recuerda que el Acuerdo de Asociación UE-Israel, como se establece en sus cláusulas, únicamente se aplica al territorio del Estado de Israel. 
Por lo tanto, los productos obtenidos en los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza y Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán no tienen derecho a que se les dé un trato arancelario preferente al entrar en la UE y las autoridades aduaneras comunitarias no pueden aceptar la justificación del origen preferencial expedido por Israel para estos productos. 
En un Aviso publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en noviembre de 2001, la Comisión informaba a las autoridades aduaneras de los Estados miembros y a los importadores europeos de que Israel expide justificaciones del origen preferencial para los productos que proceden de lugares sometidos a la administración israelí desde 1967. 
A raíz de este Aviso, las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la UE están inspeccionando todas las importaciones procedentes de Israel para identificar los certificados de origen expedidos irregularmente y devolver los certificados de origen correspondientes a Israel de conformidad con el procedimiento de verificación contemplado en el artículo 32 del Protocolo 4 del Acuerdo. 
Las respuestas israelíes, en el contexto de estos procedimientos de verificación, no distinguen entre producción en los asentamientos y producción en el territorio del Estado de Israel. 
De conformidad con el artículo 32 del Protocolo 4 del Acuerdo, se niega el derecho preferencial si no hay respuesta a la petición de verificación en un plazo de diez meses, o si la respuesta no contiene suficiente información para determinar la autenticidad del certificado de origen en cuestión o el verdadero origen de los productos. 
Entra dentro de la competencia de las autoridades aduaneras nacionales determinar, para todas y cada una de las consignaciones, si, con arreglo a estas disposiciones, los elementos o permiten la denegación del trato arancelario preferencial. 
La denegación del derecho preferencial da lugar a una deuda aduanera que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han de recuperar, puesto que, con arreglo al Derecho comunitario, son responsables del cobro de los aranceles aduaneros que constituyen los recursos propios tradicionales de las Comunidades. 
La UE aprovecha cualquier oportunidad que se le brinda para hallar una solución al problema de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes y considera que esta cuestión deberá resolverse antes de modificar el protocolo UE-Israel sobre las normas de origen para la extensión del sistema paneuropeo de acumulación de origen a los países mediterráneos. 
En cuanto a la creación de zonas industriales cualificadas en las relaciones comerciales de la CE con Jordania e Israel, en esta fase la Comisión está llevando a cabo un análisis técnico y no se han sacado conclusiones. 
Si se formula una nueva pregunta sobre este tema, preguntando por qué la Comisión no ha propuesto formalmente el procedimiento de arbitraje que forma parte de todo esto, responderé que el arbitraje es, de hecho, una medida posible prevista en nuestro Acuerdo de Asociación en caso de existir diferencias de interpretación. 
Sin embargo, la Comisión ha tomado hasta este momento las medidas necesarias para proteger los intereses financieros y jurídicos de la Comunidad. 
En este sentido, cabe señalar que el puesta en marcha de este procedimiento exige el consentimiento unánime de los Estados miembros. 
– No estoy convencido de que el Comisario haya respondido plenamente a todas las preguntas. 
Es evidente que es la Comisión –y lo reconoce él mismo– quien asume la responsabilidad de garantizar la aplicación plena y correcta del Derecho comunitario, incluidos los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad y, por lo tanto, la ejecución del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 
Lo que ha dicho el Comisario es que deja en manos de los Estados miembros perseguir aquellos ámbitos donde se ha concedido ilegalmente el acceso preferencial. 
Teniendo en cuenta que la Comisión es, en última instancia, la guardiana de los Tratados, ¿qué hace la Comisión para asegurar que los Estados miembros apliquen plenamente todos estos criterios? 
Tal como han indicado algunos oradores anteriormente, los Estados miembros como tales no ha aplicado los criterios como es debido. 
¿Qué hace la Comisión para asegurar que los Estados miembros apliquen como es debido las leyes al respecto? 
Si no lo hacen, ¿qué hace para penalizarlos? 
– Me he anticipado a la pregunta ampliando mi respuesta inicial para que quede claro que es necesario que exista unanimidad para que la Comisión utilice el próximo instrumento disponible como seguimiento jurídico. 
Esta es la respuesta a la que he de atenerme. 
Esto es lo que describe la situación. 
– Existe otra solución. 
La Comisión puede notificar a las autoridades aduaneras que, en vez de utilizar una lista muy incompleta para identificar cuáles son las mercancías que proceden de asentamientos y cuáles las que proceden de Israel, lo que han de hacer es devolver todas las mercancías israelíes y pedir a Israel que verifique todas las mercancías que lleven la etiqueta «hecho en Israel». 
¿Está dispuesto el Comisario a hacer esto? 
– Una forma sería tratar este problema de una manera que fuera jurídicamente correcta y eficaz. 
Otra forma sería decidirse por una escalada total, que es lo que parecería ser definitivamente la medida que se ha mencionado aquí. 
No veo que esto vaya a suceder en un futuro previsible. 
– De hecho, me remito a las preguntas del Sr. Cushnahan y también del Sr. Sandbæk. 
Entre otras cosas, pregunté a la Comisión sobre si realmente proporciona a los Estados miembros los medios legales y técnicos suficientes para identificar las mercancías que entran de forma ilegal. 
Me gustaría dar las gracias al Comisario por su respuesta a la pregunta siguiente, porque sería interesante descubrir qué países, por ejemplo, en lugar de exigir el cumplimiento de los acuerdos, se empeñan en asegurar que no se respeten dichos acuerdos ni los intereses de los ciudadanos europeos. 
– No tengo una lista de esos países. 
Hay que hacer el seguimiento de modo cuidadoso. 
– Señor Presidente, señor Comisario Nielson, las normas de origen están bien claras, pero el problema es que Israel no las respeta. 
Desde hace años, Israel sigue tratando los asentamientos ilegales establecidos en los territorios ocupados como si se encontraran dentro de sus propios límites territoriales. 
Ya cuando el ex Comisario Sr. Marín se encargaba de estas cuestiones, se discutía sobre esto con las autoridades israelíes. 
Hace seis años, y nada ha cambiado. 
Por esta razón, somos varios los que le pedimos que actúe y nos diga qué piensa hacer. 
¿Acaso va a prohibir, por ejemplo, o no proponer en absoluto nuevas disposiciones relativas a la acumulación de orígenes en los acuerdos comerciales con Israel? 
¿Acaso va a citar a algún Estado miembro ante el Tribunal de Justicia? 
Son preguntas a las cuales desearíamos que diera usted respuestas claras. 
– Sin duda comparto la preocupación sobre cómo se está desarrollando este asunto. 
También quisiera añadir que creo que es bastante irónico y una gran contradicción levantar un muro a través de lo que se pretende que todavía es una entidad en cuanto al origen. 
No creo que en este asunto sea posible pasar a un debate detallado de los pasos que se hubieran tenido que prever, pero este intercambio de preguntas y respuestas aclara la cuestión. 
– Señor Presidente, el abuso de las reglas de origen debe comportar la devolución de los derechos. 
Si esto no ocurre, no solo tendremos un problema fiscal, sino también un problema ético. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿ha tenido la llamada de atención a los importadores algún efecto en los Estados miembros que más bien aplican de forma relajada las reglas de origen? 
Al fin y al cabo estamos configurando un mercado común, y el acceso a ese mercado tiene que estar regulado de manera adecuada. 
– No dispongo de ninguna estadística para mostrar qué aspecto tenía antes de que se enviara el mensaje a los Estados miembros o qué aspecto tenía después. 
Sabemos que el problema continúa, y esto es suficiente en mi opinión. 
– Señor Presidente, yo también suscribo el análisis de los diputados que han intervenido con anterioridad. 
A mi entender existen dos cuestiones. 
La primera es que estamos hablando de un análisis técnico. 
¿Debo entonces concluir que el análisis técnico proporcionará una mejor comprensión sobre el origen de los productos? 
¿Es posible saber cuándo va a estar listo dicho análisis? 
También me gustaría repetir la pregunta de por qué la Comisión no somete al Tribunal de Justicia al Estado miembro que claramente ha cometido una infracción. 
Al fin y al cabo no puede decirse que no contamos con las medidas necesarias. 
Siempre hay medidas vigentes para declarar a un Estado miembro infractor. 
– Las observaciones que he hecho sobre el análisis técnico se refieren a la creación de zonas industrializadas cualificadas en las relaciones comerciales de la Comunidad Europea con Jordania e Israel. 
Concluía estas observaciones diciendo que la Comisión se encuentra, en estos momentos, en la fase de realización del análisis técnico. 
Todavía no se han sacado conclusiones sobre este tema. 
El trabajo que estamos realizando en este sentido alimentará posiblemente nuestra determinación mientras avanzamos. 
– ¿Cuándo prevé la Comisión que se redacten las conclusiones finales? 
– La respuesta exacta es simplemente que no lo sé. 
¿Qué medidas ha previsto adoptar la Comisión para resolver el problema de la cancelación de la deuda de los países de renta baja? 
Al aprobar la anulación del 100% de las deudas de los países más pobres, el Gobierno irlandés ha reconocido la necesidad de ayudar a los países que sufren una fuerte prevalencia del SIDA/HIV y ha pedido que se tenga más en cuenta el desarrollo humano cuando se evalúe el importe de la deuda que un país puede pagar. 
¿Qué juicio le merece a la Comisión esta política de la deuda? 
¿Se puede pensar que la Comisión adoptará medidas formales con vistas a establecer una política europea de cancelación de la deuda de los países de renta baja y cuándo se puede esperar que se adopten estas medidas? 
– La Comisión considera que abordar los problemas de la deuda de los países en vías de desarrollo es un medio importante de lograr alcanzar los objetivos políticos comunitarios de cooperación al desarrollo. 
La Comunidad participa activamente en la actual iniciativa para la reducción de la deuda de los países más pobres muy endeudados (PPME) con más de 1.600 millones de euros prometidos hasta este momento: 680 millones de euros que corresponden a sus propias reclamaciones como acreedor y 934 millones de euros como donante al Fondo Fiduciario para los PPME. 
La Comisión también quiere recordar que esta participación representa mucho más que el mínimo requerido por la iniciativa PPME. 
De hecho, la Comunidad es uno de los principales donantes del Fondo Fiduciario para los PPME, cuya contribución representa casi un 25% de los recursos totales. 
Más allá de su participación prevista como acreedor, la Comisión también ha destinado 60 millones de euros para la liquidación de todos los préstamos especiales que adeuden los países ACP menos desarrollados, tras beneficiarse de la plena aplicación de los términos de la iniciativa PPME. 
También merece la pena destacar que la mayoría de los Estados miembros de la UE han anunciado su intención de cancelar el 100% de la deuda bilateral, más allá de los términos de la iniciativa PPME. 
Esto significa que toda otra condonación de la deuda en los países PPME se referirá ampliamente a instituciones multilaterales, a acreedores oficiales que no pertenezcan al Club de París y al sector privado. 
Llegados a este punto, también está claro que la iniciativa PPME ha de ser considerada como un primer paso importante hacia la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y que no será suficiente para asegurar a los países beneficiarios cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial en países afectados gravemente por el VIH/sida. 
Asimismo, actualmente los efectos económicos adversos del VIH/sida se reconocen mucho más claramente que cuando se lanzó la iniciativa PPME, y la Comisión está de acuerdo en que debe considerar el VIH/sida cuando también discuta sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 
En el marco del diálogo UE-África, la cuestión de la deuda externa de África ha formado parte del orden del día desde la reunión de El Cairo. 
La Comisión ha seguido activamente las conversaciones mantenidas entre los jefes de fila (Francia y Alemania) y los representantes de la Unión Africana. 
En la última reunión ministerial de la troika del Diálogo UE-África, celebrada en Roma el 10 de noviembre, a la que asistí junto con el Ministro irlandés de Asuntos Extranjeros, se acordó que había que preparar con carácter prioritario las conversaciones y el informe correspondiente sobre la cuestión de la Deuda Externa de África y que la reunión de expertos en la troika ampliada tenía que celebrarse en el primer trimestre del año que viene. 
Por último, recientemente, la Comisión ha puesto en marcha, como un elemento del diálogo UE-África, un estudio sobre la reducción de la deuda más allá de la iniciativa PPME, con el objetivo principal de facilitar una base sólida para evaluar la situación tras la plena aplicación de la iniciativa PPME. 
Este estudio proporcionará elementos clave para dar forma, en coordinación con los Estados miembros, la futura política de la Unión sobre la deuda. 
La Comisión espera poder compartir con el Parlamento los resultados de este estudio el año que viene. 
Añadiré que la complejidad de hacer algo con la deuda multilateral es mucho más amplia y hace que todo lo que tiene que ver con ella sea mucho más difícil desde el punto de vista político con respecto al reparto internacional de la carga, comparado la cuestión de la deuda bilateral. 
De hecho, la mayoría de países donantes que toman en serio su responsabilidad como socios donantes han cancelado, más o menos, toda la deuda bilateral pendiente. 
Para la Comisión es importante destacar que nuestra participación en todo esto como acreedor es muy limitada, básicamente debido a que somos un donante de subvenciones y no prestamos dinero a nuestros socios. 
– El Gobierno irlandés es actualmente el único Gobierno de la UE que está 100% a favor de la condonación de las deudas de los países más pobres. 
Lamentablemente, este Gobierno no parece destacarse mucho en el fomento de esta política, aunque se aprobó en julio de 2002. 
Muchas personas y organizaciones quieren que se fomente esta política durante la Presidencia irlandesa. 
También nos gustaría que la Comisión la apoyara. 
En el Reino Unido, la campaña «Jubilee Debt» británica está intentando movilizar a los políticos para darle apoyo. 
Cuando hablamos en el Parlamento y en la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre el propósito de ayudar a los países en vías de desarrollo, se reconoce que condonar la deuda sería una de las formas más razonables de asegurar que podemos ayudar realmente a estos países. 
La deuda es escandalosamente injusta. 
Se está explotando a estos países con falsos pretextos. 
La única manera de avanzar hacia una sociedad justa en estos días y en esta era tiene que ser la de fomentar la política que ha aprobado el Gobierno irlandés. 
Queremos que esto suceda durante la Presidencia irlandesa y queremos que la Comisión también se suba al tren. 
Señor Comisario, no ha dado usted ninguna garantía de que vaya a respaldar esta política. 
Si, por ejemplo, logramos que la mayoría de los Estados miembros apoyen esta política y adoptarla, entonces, naturalmente, nos gustaría que la Comisión la apoyara también. 
– He intentado explicarlo. 
La deuda bilateral es relativamente fácil de gestionar por los donantes; es su propia decisión. 
La Comisión no está en condiciones de decir qué es lo que tiene que hacer cada Estado miembro. 
Hemos desempeñado un papel crucial en el ámbito más difícil, concretamente tomando medidas sobre la deuda multilateral, y al hacerlo así hemos sobrepasado de lejos nuestro papel de acreedor. 
Lo que Irlanda está haciendo está bien. 
Sin embargo, he de decir que en 1995, cuando ocupaba el cargo de Ministro danés de Cooperación al Desarrollo, anunciamos algo similar para los países pobres menos desarrollados. 
Mi vacilación sobre la ampliación del alcance de la condonación de la deuda, por ejemplo, a países de renta media, se basa en la consideración de que si lo hacemos vamos a tomar dinero de los países menos desarrollados y de los países más pobres y darlo a países que están relativamente mucho mejor. 
Esto no es tan fácil de poner en práctica. 
Lo que Irlanda está haciendo es digno de admirar y puede inspirar a otros países a hacer algo similar. 
Sin embargo, la Comisión no puede pedir a los Estados miembros que hagan esto. 
¿Está de acuerdo la Comisión en que el respaldo al aumento de las capacidades de los Parlamentos ACP para participar en las deliberaciones, en particular, de las negociaciones del FED y de los AAE, debería constituir una prioridad? 
¿Cuál es la propuesta de la Comisión para financiar los esfuerzos para aumentar las capacidades parlamentarias? 
– Tal como está previsto en el Acuerdo de Cotonú, se reconoce que la gobernanza es un elemento fundamental de la asociación ACP-UE y un elemento de apoyo en el marco de nuestra estrategia de cooperación al desarrollo. 
El importe total destinado en los Programas Indicativos Nacionales del 9º FED en concepto de ayuda a los proyectos y programas en el campo de la gobernanza representa alrededor de 640 millones de euros, que representan aproximadamente el 10% de todas las asignaciones globales a programas indicativos nacionales. 
Una parte de estas asignaciones pueden movilizarse para proyectos cuyo objetivo es reforzar la capacidad de los parlamentos de los países ACP. 
Ya se ha asignado un importe total de 38,5 millones de euros, en programas de gobernanza existentes, para acciones específicas de ayuda a los parlamentos de países ACP. 
Asimismo, se han programado dos nuevas propuestas de financiación, centradas en prestar apoyo a los parlamentos de países ACP para su aprobación este año: uno para Madagascar (1,9 millones de euros) y otro para Sudáfrica (10 millones de euros). 
Se dará a conocer a las delegaciones la posibilidad de respaldar actividades específicas concebidas para incrementar la concienciación y la información de parlamentos nacionales sobre la ejecución del Acuerdo de Cotonú, si se solicita por parte de nuestros países socios. 
Además, los diversos programas encaminados a reforzar las capacidades de negociación comercial de los países ACP, incluidos los programas de todos los países ACP de 10 y 20 millones de euros en curso para la OMC y las negociaciones en torno a un acuerdo de asociación económica, también son significativos respecto a la promoción de formación y concienciación en relación con el papel de los parlamentos en estos asuntos. 
Estimulamos a los diputados a los parlamentos nacionales y regionales a que participen en diferentes talleres, seminarios, etc. relacionados con el comercio que se organizan en este contexto. 
La Comisión ya se ha puesto en contacto con el Parlamento Europeo en el pasado con vistas a ayudarles a crear una red de corresponsales parlamentarios de los países ACP para mejorar su participación en estos asuntos. 
Estamos interesados en hacer todo cuanto sea posible en este terreno. 
El protocolo financiero del 9º FED aporta 4 millones de euros para permitir la participación de parlamentarios de los países ACP en las actividades de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, que es una institución clave de la Asociación de Cotonú. 
En estos momentos está en estudio un nuevo acuerdo de financiación, utilizando la asignación completa con arreglo al Protocolo Financiero actual. 
Proporcionará esta ayuda durante un período de dos años y medio. 
El refuerzo de la estructura de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, que ahora incluye tres comités permanentes temáticos, necesita recursos financieros adicionales para que sea posible una participación efectiva de los países ACP. 
Para tener en cuenta estas necesidades adicionales, la Comisión Europea tiene la intención de proponer una decisión del Consejo de Ministros ACP-UE para aumentar los fondos para la Asamblea Parlamentaria Paritaria a 6 millones de euros, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo Financiero. 
Todas estas iniciativas permitirán que parlamentos nacionales y regionales puedan acceder a algunos de los recursos necesarios para asegurar su participación efectiva en cooperación. 
– Gracias, señor Comisario, por su respuesta completa y amplia. 
Siempre es bueno oír que la Asamblea Parlamentaria Paritaria recibe una financiación adicional tan necesaria considerando el nuevo trabajo –en concreto, con las comisiones– en que participamos. 
Seguramente estará usted de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que la ayuda a los parlamentos es un ámbito de nuestras actividades de gobernanza y democracia que ha estado algo desatendida en el pasado. 
Por ejemplo, respecto a los documentos estratégicos nacionales, no puedo encontrar ninguna prueba de que se consultara a los parlamentos de algún modo significativo, aunque participaron la sociedad civil y varias ONG. 
Los parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria Paritaria están francamente sedientos de información, en particular sobre el FED y el seguimiento de las negociaciones de la AAE. 
Me interesa que algunos países ya estén introduciendo en sus programas indicativos nacionales una prioridad para la formación y desarrollo de capacidades parlamentarias, pero de un total de 78 países, si hemos de ser honestos, únicamente un puñado han expuesto claramente este tipo de prioridad. 
Quisiera saber exactamente cómo podemos estimular a los ordenadores nacionales y otros para que expliquen claramente esta prioridad para que podamos asegurar que la responsabilidad de los parlamentarios forma parte del proceso en el que nos hallamos implicados. 
A mí me parece que cuestionan muy poco al ejecutivo en términos de preguntas, financiación, etc. 
También quisiera preguntar qué es lo que propone exactamente que nosotros, como parlamentarios, podemos hacer en cooperación con la Comisión para asegurar que los Gobiernos den prioridad a la actividad parlamentaria. 
– Sería difícil encontrar un grupo de presión mejor organizado que la propia Asamblea Parlamentaria Paritaria para promover exactamente esto. 
Si no pueden hacerlo con la ayuda de esos amigos, es posible que yo tampoco sea capaz de ayudarles. 
Mi preocupación tiene más que ver con el débil carácter de la inclusión, consulta o participación real de los parlamentos en el debate en el ámbito nacional, y en el proceso de toma de decisiones en relación con las estrategias nacionales. 
Ya es un gran avance que estemos invirtiendo tanto en comprometer a la sociedad civil, pero para crear una sociedad civilizada hacen falta los parlamentos; de lo contrario, las ONG tienden a considerarse a sí mismas como organizaciones neogubernamentales, porque se han visto perjudicadas y los parlamentos –sobre todo las oposiciones– quedan relegados a la sombra. 
Cada vez repito esto en mis discusiones. 
Siempre digo lo mismo cuando informo a nuestros socios, los países ACP, de que ahora tenemos esta capacidad para financiar a las ONG, a la sociedad civil y a los agentes no estatales. 
Pero no hay que olvidar el papel de los parlamentos. 
Tenemos puntos de vista similares sobre esto y deberíamos seguir ayudándonos mutuamente en este trabajo. 
El Reglamento dispone que en la segunda parte del turno de preguntas cada Comisario responderá durante media hora. 
Hace más de media hora que el pobre Comisario está en este apartado, y sugiero que pasemos a la tercera parte del turno de preguntas. 
Estoy de acuerdo con usted. 
No se puede pasar a la tercera parte. 
Sabe usted que la costumbre es que la tercera parte no recibe nunca contestación oral y, de hecho, la Comisión no trae las contestaciones. 
Por ello, hay que repartir los minutos disponibles entre los comisarios presentes. 
Como el Sr. Monti ha hablado menos tiempo, el Sr. Nielson, muy amable, habla más tiempo. 
Esta es la costumbre de la casa, es derecho consuetudinario. 
Es el precedente que siempre se aplica. 
Y, además, el señor comisario está sustituyendo al Sr. Patten. 
Por eso está hablando tanto tiempo. 
¿Puede excluir la Comisión que con fondos de la UE también se subvencionen organizaciones de los países en desarrollo que participan, en otro ámbito de su actividad, en programas que incluyen el aborto como medio de planificación demográfica o incluso el aborto forzoso? 
– Pido disculpas si resulta aburrido, pero de acuerdo con la noción de órgano colegiado puedo hablar en nombre de todos mis colegas Comisarios si es necesario. 
En respuesta al Sr. Posselt, la formulación específica de la pregunta significa que una respuesta categórica podría ser ambigua. 
Sin embargo, puedo decir que al seleccionar a los beneficiarios de los fondos de la Comunidad, la Comisión considera y valora la actividad principal por la que se piden los fondos. 
En general, la Comisión financia proyectos y programas descritos con claridad. 
Quiero añadir que los abortos forzosos –a los que se refiere la pregunta– como método de planificación familiar no se consideran una característica del trabajo de ninguna de las organizaciones que la Comisión está financiando. 
– Señor Presidente, tengo una pregunta suplementaria bastante específica para el señor Comisario. 
En esta Cámara se producen debates recurrentes sobre el significado exacto de la expresión «salud reproductiva» , y esto se refleja también en la elección de las organizaciones. 
Solo quería preguntarle, señor Comisario, si la expresión «salud reproductiva» incluye o excluye el aborto. 
– No podemos ni queremos añadir o quitar nada del consenso internacional conseguido en El Cairo. 
Y esto incluye también el debate que el Sr. Posselt está intentando iniciar. 
En el marco del consenso de El Cairo, queda claro y fuera de toda duda que se rechaza explícitamente el aborto obligatorio como instrumento de planificación familiar. 
Podemos divagar sobre el tema y decir que el aborto tiene varias causas: puede ser voluntario, y tener lugar después de recibir asesoramiento. 
Quizás el Sr. Posselt considerará esta posibilidad como algo a lo que debe oponerse y censurar políticamente. 
Sin embargo, la Comisión sigue al pie de la letra el consenso de El Cairo: que es la base sobre la que trabajamos. 
Vamos con mucho cuidado y nos aseguramos de no caminar sobre tierras movedizas, precisamente a causa de lo delicado de este tema. 
Tendrá que creer en mi palabra, señor Posselt, de que vamos con mucho cuidado y nos ceñimos al equilibrio y al contenido del consenso de El Cairo. 
– Señor Presidente, el señor Comisario ha afirmado que la Comisión es muy cautelosa en sus relaciones con los programas de salud reproductiva. 
Ahora bien, ¿cómo asegurará la Comisión que las mujeres en los países menos desarrollados también puedan disfrutar de un derecho humano esencial, el derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y a tomar también decisiones respecto al aborto? 
En otras palabras, ¿cómo apoyará la Comisión a las ONG que protegen alternativas como estas y sus proyectos en los países en desarrollo? 
Pienso que es muy importante que las mujeres de los países menos desarrollados también tengan el derecho al aborto y el derecho a considerarlo una opción. 
– Precisamente este es el meollo de todo el problema. 
El consenso de El Cairo define, a raíz de un amplio debate internacional, el equilibrio en la política. 
Por este motivo hablamos de salud reproductiva y derechos sexuales, y es un tema bastante amplio. 
Apoyamos a los Gobiernos y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras que en realidad ayudan a las mujeres a proteger sus derechos y salvaguardar sus vidas en cualquier aspecto relacionado con su salud reproductiva. 
No me gustaría tener que elegir en este asunto. 
Es necesario conservar un equilibrio y me siento orgulloso del trabajo que estamos realizando en este campo. 
Varios señores diputados han pedido la palabra, pero solamente pueden formularse dos preguntas complementarias y las estoy concediendo por orden cronológico de petición. 
– Señor Presidente, quisiera plantear otra pregunta a la Comisión. 
¿Existen programas de apoyo a las mujeres que no desean abortar? 
– Hay un enorme malentendido aquí. 
Ninguna de las organizaciones a las que respaldamos considera el aborto como un instrumento de planificación familiar. 
El aborto tiene que ver con la situación de una mujer. 
El factor derechos humanos tiene su peso en esta elección. 
Las mujeres deben recibir ayuda sea cual sea la opción que elijan, pero por este motivo es una tarea difícil y exige muchos recursos. 
Transcurrida una semana desde la terminación de las elecciones municipales en Albania, la Comisión Electoral Central ha decidido repetir las elecciones el 16.11.2003 en cuatro circunscripciones electorales (las localidades de Pilur, Dhërmi, Qeparo y Himarë) , alegando irregularidades durante el proceso electoral del 12 de octubre de 2003, a pesar de que las irregularidades alegadas ocurrieron en dos de los cuatro casos, tras la validación de los resultados definitivos. 
Como consecuencia, se provoca una inquietud razonable porque dicha actuación pueda perseguir la inversión de los resultados de las elecciones municipales, que fueron favorables en un 65% al candidato del Partido de la Unión por los Derechos Humanos frente al candidato oponente del Partido Socialista. 
Dicha inquietud se agrava ante el procesamiento penal de cinco ciudadanos albaneses de origen griego que participaron en las elecciones, bajo la acusación de realizar propaganda antialbanesa y exaltar símbolos extranjeros. 
¿Qué acciones se propone emprender la Comisión, en particular en el marco del Proceso de Estabilización y Asociación de la Europa suroriental con la Unión Europea, de modo que se garantice el respeto del proceso democrático durante la repetición de las elecciones municipales en Himarë el 16 de noviembre de 2003? 
– Según los informes preliminares durante la repetición de las elecciones locales en la región de Himara el 16 de noviembre tuvieron lugar varios incidentes y se observaron irregularidades. 
Parece ser que estos acontecimientos no han permitido la conducta normal en unas elecciones democráticas en la zona, y por supuesto la Comisión lo lamenta. 
En la actualidad la Comisión está a la espera de recibir más información sobre estos acontecimientos y sigue con atención cómo van a resolver la situación las autoridades albanesas. 
La Comisión tomará las medidas que considere oportunas después de analizar detalladamente la situación. 
– Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Como usted ha dicho, lamentablemente las irregularidades –que provocaron mi pregunta en la primera ronda– se repitieron el otro día durante las elecciones en Himara, con una verdadera orgía de violencia, heridos, bombardeos contra los candidatos, etc. Estoy satisfecho de que, como ha dicho usted, la Comisión siga atentamente la situación con el fin de tomar los pasos necesarios dentro del marco de la cooperación entre Albania y la Unión Europea, especialmente porque el Ministro de Asuntos Exteriores griego, el Sr. Papandreu, presentó la cuestión ayer al Consejo, si bien es cierto que con un poco de retraso y después de los sucesos, y el Comisario Patten compartió plenamente sus preocupaciones. 
No es una pregunta, señor comisario. 
Supongo que toma nota usted de esta declaración. 
Le agradezco mucho los casi 60 minutos que nos ha dedicado esta tarde. 
Señor Presidente, sobre la observancia del reglamento y a modo de seguimiento de la cuestión planteada por el Sr. Newton Dunn, he estado aquí sentada escuchando con gran interés lo que ha dicho el Sr. Nielson, pero tenía una pregunta específica que formular en la tercera parte. 
Dado que usted invita a que se realicen preguntas orales a los Comisarios en la primera parte, en la segunda y en la tercera, ¿por qué después de la media hora de la segunda parte no se ha pasado a la primera pregunta de la tercera parte? 
¿Por qué quienes teníamos las preguntas una, dos y tres de la tercera parte no vamos a recibir una respuesta oral? 
Considero que es una descortesía hacia los colegas. 
Si nuestro turno no llega nunca, se nos debería indicar que formulemos una pregunta escrita a los Comisarios. 
Si solo podemos recibir respuestas de los Comisarios que están disponibles durante este día, como el Sr. Monti y el Sr. Nielson en este caso, ¿por qué pedir que se hagan preguntas a los demás Comisarios? 
Entre otras preguntas, ¿por qué tenemos un apartado –la tercera parte– que debería durar media hora, si después lo ignoramos? 
No consigo entenderlo, y con todos mis respetos, considero que es una descortesía hacia los colegas. 
Señores diputados, no es una descortesía. 
Como ustedes comprenderán yo me he tenido que leer el Reglamento, el artículo 43, los anexos, las orientaciones, los precedentes, la historia del turno de preguntas, la casuística y les puedo asegurar que la segunda parte se dedica a preguntas específicas a los comisarios y agotan una hora, que se puede repartir entre tres o entre dos. 
Cuando la Comisión clasifica las preguntas en la tercera parte, ello quiere decir que no van a ser contestadas oralmente. 
Si ustedes lo consideran conveniente, y probablemente lo consideran, podemos enviar una circular explicándolo. 
Hay preguntas de la segunda parte que tampoco se contestan porque no da tiempo y no es una descortesía. 
Insisto, no está previsto que la tercera parte se conteste oralmente. 
Se lo digo claramente y ha sido siempre así. 
Yo lo he tenido que estudiar con todo detenimiento y a favor de los colegas, por decirlo de esta manera, lo hemos discutido en la Mesa y si hace falta les haré una glosa por escrito al Reglamento y se la enviaré. 
Pero no es una descortesía. 
De todas formas, agradezco mucho al señor Newton Dunn y a la señora diputada que lo planteen para que tomemos conciencia de que hay que aclarar este tema. 
De hecho en la Comisión no hay comisarios específicos que vengan a contestar las preguntas de la tercera parte, son comisarios que vienen a contestar las preguntas que se les han hecho a ellos y por eso vienen a esta sesión. 
En cuanto a las preguntas de especial importancia están en la primera parte, clasificadas de forma diferente. 
En fin, explicado esto, quedo a su disposición por si hay alguna otra explicación que dar por escrito. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nºs 50 a 91 recibirán respuesta por escrito (1). 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
. – Señor Presidente, la Comisión agradece en gran manera el trabajo del ponente, el Sr. Mussa, y de los miembros de las dos comisiones implicadas, que han conseguido llegar a la unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en torno a un informe exhaustivo y de gran calidad. 
La lucha contra el cáncer ha sido una de las principales prioridades de la Comisión en materia de salud pública. 
Cada año se diagnostica el cáncer a unos 1,6 millones de europeos, y unas 950 000 personas mueren a causa de esta enfermedad. 
Sin embargo, las estimaciones sugieren que cada año se podría salvar la vida de unos 75 000 europeos si las mejores prácticas de cribado del cáncer se aplicaran a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Y aún se podrían salvar más vidas si estas recomendaciones se extendieran a los países en vías de adhesión. 
La propuesta de la Comisión de una recomendación relativa al cribado del cáncer y el informe del Sr. Mussa son un claro indicio del compromiso que compartimos con este fin. 
El objetivo de esta propuesta es realizar recomendaciones para los programas de cribado en serie con una base científica sólida. 
Con ella se pretende conseguir nuevas reducciones de la mortalidad relativa al cáncer en todos los Estados miembros estableciendo unos principios generales de buenas prácticas, como recomiendan los oncólogos. 
Sin embargo, cuando abordamos estas cuestiones debemos recordar que la organización y la prestación de servicios sanitarios y de atención médica es competencia de los Estados miembros. 
Por este motivo la propuesta de la Comisión aborda este tema mediante una recomendación del Consejo. 
Pero quiero dejar claro que estos aspectos son condiciones esenciales para el éxito de cualquier programa de cribado. 
La propuesta prevé la elaboración de un informe sobre la aplicación de los programas de cribado del cáncer, basándose en la información suministrada por los Estados miembros, antes de que finalice el tercer año a partir de la fecha de su adopción. 
Este informe se utilizará para estudiar la necesidad de nuevas acciones. 
En el seguimiento, la Comisión se interesará especialmente en dos áreas principales del progreso científico. 
En primer lugar, las nuevas pruebas que podrían mejorar o incluso sustituir los métodos recomendados, como combinar la citología con las pruebas de infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo para las personas, en otras palabras, la prueba del VPH, y, en segundo lugar, las nuevas pruebas del cáncer en otros órganos, como la prueba PSA para el cáncer de próstata. 
Gracias de nuevo por su apoyo sostenido en este importante tema de salud pública. 
. – Señor Presidente, señor Comisario Byrne, Señorías, para empezar me gustaría dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, quienes han contribuido de forma tan valiosa a la redacción de este informe, que es importante tanto en términos científicos como sociales. 
Como ya he tenido la oportunidad de reiterar en otras ocasiones, creo que cada vez más debería tratarse la salud pública como una cuestión de primordial importancia en las políticas europeas, y más con vistas a la próxima ampliación. 
Esta recomendación representa el primer paso hacia la armonización y coordinación de políticas que tienen en cuenta la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. 
Tristemente, el cáncer es la principal causa de muerte en los países industrializados, afectando a pacientes, familias e incluso a los propios médicos. 
El impacto socioeconómico es, por tanto, enorme, no solo por el coste del tratamiento y el apoyo prestado a los pacientes, sino también por el esfuerzo emocional que comporta. 
Además de la tragedia humana, la situación comporta una reducción continua de la cuota de población que goza de buena salud y que constituye la espina dorsal productiva y cognitiva de Europa. 
Podemos deducir a partir de las estadísticas más recientes que la edad media de aparición de tales enfermedades está bajando cada vez más: cuanto más joven es el paciente, más agresiva es la enfermedad. 
Por todo ello, las posibilidades terapéuticas de esta enfermedad dependen indiscutiblemente de la precocidad de su diagnóstico; además, un diagnóstico tardío de un cáncer requiere formas de tratamiento agresivas e invasivas, que son caras y que comportan un impacto social y psicológico alto. 
Aunque los Estados miembros son responsables, a través de sus sistemas sanitarios, de las políticas sanitarias, es impensable dejar que una actividad de prevención tan importante, tanto en el ámbito social como en el sanitario, solo siga siendo posible a escala nacional o regional según las posibilidades económicas y culturales de cada país. 
El impacto de esta enfermedad en la sociedad debería encajarse y coordinarse a escala europea a fin de garantizar el derecho a disfrutar de las mismas oportunidades de tratamiento y, por tanto, de buenos resultados generales. 
Las actuales capacidades de tratamiento definitivo en oncología parecen estar más vinculadas a las posibilidades de prevención primaria, basada en los conocimientos epidemiológicos y etiopatogenéticos, y a un diagnóstico precoz, que a las técnicas quirúrgicas, de radioterapia o quimioterapia. 
Por ejemplo, basta citar el caso del cáncer gástrico, en el que la supervivencia durante un período de 5 años varía del 95% de los pacientes en los que se detecta un carcinoma intramucoso a menos del 10% de los pacientes con carcinoma invasivo avanzado, a pesar de la terapia. 
Por una parte, un cribado correcto y adecuado requiere una capacidad máxima para poner de manifiesto incluso las más pequeñas anomalías (sensibilidad) y una capacidad razonable para diferenciarlas de las benignas (especificidad) ; por otra, la detección diagnóstica no debe resultar invasiva para el sujeto que se somete a ella y, en cualquier caso, debería entrañar un riesgo casi nulo de efectos secundarios derivados del propio procedimiento, teniendo en cuenta que, por definición, tales procedimientos interesan a personas asintomáticas, solo potencialmente enfermas. 
Por supuesto, antes de que los nuevos instrumentos para el diagnóstico precoz se ofrezcan a escala europea, deberán ser examinados y validados cuidadosamente por medio de ensayos. 
Además, es preciso controlar la excelencia de las «buenas prácticas» en el cribado a través del análisis de los datos de mortalidad recabados a todos los Estados miembros, que deberían recopilarse en un banco europeo de datos. 
Resulta indispensable movilizar recursos económicos adecuados para incrementar el número de centros de diagnóstico a fin de que la carga de trabajo impuesta por los cribados no vaya en detrimento de la calidad del examen o aumente los tiempos de espera, lo cual empeoraría la calidad del tratamiento de los pacientes que ya están aquejados de cáncer. 
Por lo tanto, resulta fundamental articular la acción de Europa en cuatro frentes: en primer lugar, información y formación sanitaria del ciudadano europeo; en segundo lugar, puesta en práctica de los cribados cuya validez ya se ha verificado; en tercer lugar, controles periódicos de calidad de los cribados; y en cuarto lugar, estudio de la aplicabilidad de nuevas metodologías para los cribados. 
Esta recomendación permite a Europa actuar de forma unitaria contra una patología frecuente, cruel y socialmente destructiva como es la enfermedad neoplástica. 
La urgencia de una acción estratégica a escala europea contra el cáncer se hace patente por el dato epidemiológico alarmante según el cual uno de cada cuatro europeos tiene o tendrá un tumor maligno a lo largo de su vida. 
En fin, resulta aconsejable que, en el ámbito europeo, los cribados vayan acompañados de directrices para el tratamiento de enfermedades. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cerca de uno de cada cuatro europeos mueren de cáncer, pero miles de personas podrían haberse salvado cada año si estuvieran en vigor programas de detección precoz de alta calidad en cada Estado miembro. 
Todos lo sabemos. 
Por esta razón acojo con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión de recomendar a los Estados miembros la introducción del cribado, cuya necesidad ha quedado confirmada mediante pruebas científicas. 
Pienso que es absolutamente escandaloso que, por ejemplo, hasta la fecha tan solo ocho Estados miembros hayan empezado a ofrecer programas nacionales para el cribado mamográfico de toda la población femenina, a pesar de que, según la OMS, esta medida haría disminuir la tasa de mortalidad hasta un 36% y a pesar de que las directrices de calidad para ello ya fueron presentadas en 1992. 
Señor Comisario, lamento no poder evitar expresar lo que es tanto una súplica como un aviso. 
Si realmente queremos tomar en serio esta recomendación del Consejo, no puede permitirse que al mismo tiempo todas las redes de cribado se vean obligadas a cancelar sus operaciones. 
Al fin y al cabo, fue la labor de las redes europeas contra el cáncer la que originó esta recomendación del Consejo. 
Si ustedes, la Comisión, quieren ganarse una credibilidad real en la lucha contra el cáncer, tienen que reservarle al cribado un lugar permanente en el nuevo programa de acción en materia de salud. 
No debemos permitir que se repita lo que ha ocurrido este año, en el que la palabra «cáncer» ya ni apareció en el plan de trabajo del programa de acción que, como todos ustedes bien saben, finalmente y de forma inevitable acabó apoyando la suspensión de todas las redes de cribado. 
Señor Comisario, en el futuro seguiremos necesitando redes europeas que elaboren nuevas directrices y mejoren las ya existentes, ya que solo de esta forma alcanzaremos niveles parecidos de gran calidad en el cribado en toda la UE. 
Sin embargo, me gustaría añadir que es necesario que las redes apoyen a los nuevos Estados miembros, que, como ya es conocido, necesitan esta ayuda incluso más urgentemente. 
– Señor Presidente, permítame empezar mi intervención agradeciendo sinceramente al Sr. Mussa su impecable cooperación con todos nosotros. 
Las cifras hablan por sí mismas. 
Uno de cada cuatro europeos muere de cáncer. 
El sufrimiento que se deriva de ello es enorme, no solo para los enfermos, sino también para sus familiares y amigos. 
Sin embargo, por muy terrible que sea el cáncer, es posible superarlo. 
Pero esto comporta que la enfermedad se detecte muy pronto, ya que gracias a ello puede reducirse de forma considerable el número de muertes. 
Se ha demostrado que existe un vínculo con los programas de cribado, y esta es la razón por la que es tan importante que nosotros, los diputados, mantengamos discusiones detalladas sobre informes como este, que se basa en datos fiables suministrados por la Comisión. 
Permítame también felicitar a la Comisión por el informe que ha presentado. 
De hecho, me gustaría recomendar que la Comisión lo hiciera circular ampliamente. 
Debería ser de lectura obligatoria para todos los responsables de la elaboración de políticas, porque pone de manifiesto que la acción preventiva puede salvar vidas. 
A la Unión Europea le espera una tarea enorme. 
Debemos asegurar que no se desperdicien los conocimientos disponibles. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con las palabras de hace un momento de la Sra. Jöns sobre las redes contra el cáncer. 
También debemos seguir innovando. 
Esto significa que no debemos limitarnos en persistir con las pruebas clásicas de siempre. 
La combinación de varios exámenes que, según el informe, han sido probados o lo están siendo en la actualidad, nos permitirá hacer un trabajo mucho mejor. 
No solo estoy pensando en la prueba VPH, sino también en la prueba para el cáncer de próstata en Luxemburgo y en la prueba para el cáncer de colon. 
Dado que ya contamos con un programa de investigación a escala europea, donde la salud representa uno de los pilares, podemos incluso hacer mucho más por los ciudadanos europeos, sobre todo si la Comisión y todos nosotros situamos esta cuestión en el centro de nuestras políticas. 
Señor Presidente, me gustaría empezar dando las gracias a la Sra. Jöns por su trabajo en este ámbito. 
Hace poco Karin visitó Escocia y habló con el grupo de atención a los pacientes de cáncer del partido Laborista de la circunscripción de Eastwood. 
Empezaron a interesarse por los temas de la atención a pacientes de cáncer cuando uno de sus miembros murió víctima de esta enfermedad. 
Vivieron de primera mano lo que el cáncer puede hacer a alguien que conocen y que quieren, pero lo más importante es que decidieron tomar medidas par mejorar la atención que los pacientes de cáncer reciben en su comunidad local. 
Todos conocemos a alguien, directa o indirectamente, que ha estado o está afectado por el cáncer. 
Uno de cada cuatro europeos morirá de cáncer. 
Entre los hombres, los más comunes en todo el mundo son el cáncer de pulmón y el de estómago, y entre las mujeres los más comunes son el de mama y el de cuello del útero. 
Si queremos resolver una de las principales causas de mortalidad de la UE y del mundo, el cribado del cáncer es una herramienta esencial en nuestra lucha contra esta enfermedad. 
Según la Organización Mundial de la Salud, sabemos lo suficiente sobre las causas del cáncer para prevenir al menos una tercera parte de los mismos, cánceres que en general se podrían evitar con una alimentación sana, dejando de fumar y evitando la exposición a productos cancerígenos. 
Para los afectados, la detección es crucial y el cribado es esencial. 
Cuanto antes se detecta el cáncer, mayor es el índice de supervivencia. 
La propuesta de que se realice un cribado mamográfico para el cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años de edad, un cribado de sangre oculta en heces para el cáncer colorrectal en hombres y mujeres de 50 a 74 años y las citologías para las anomalías del cuello del útero entre los 20 y los 30 es un paso en la dirección correcta para asegurar la salud de los europeos, y debe ser bien acogida. 
Como sugiere la enmienda 33, debemos tener en cuenta las nuevas y prometedoras pruebas de cribado que se están evaluando en la actualidad, sobre todo la prueba del VPH y una prueba para el cáncer de próstata, y considerar el cribado mamográfico para las mujeres de 40 a 49 años. 
Debemos confiar en la evaluación y las pruebas clínicas para apoyar recomendaciones para la aceptación de nuevas pruebas. 
Lamentablemente, aunque estoy de acuerdo con las pruebas del VPH, no puedo respaldar la enmienda 34. 
Cuando se hayan completado las pruebas, espero que recomendemos la inclusión total de este proceso en las pruebas de cribado. 
Sin embargo, el cribado no se puede considerar de forma aislada. 
Las redes del cáncer y los registros también son vitales para el seguimiento del impacto del cribado de la población y los cambios en la incidencia, la supervivencia y la mortalidad. 
La educación y la información de la población son esenciales. 
Si entramos en Internet y escribimos la palabra cáncer, obtendremos 18.600.000 respuestas. 
La comunicación y la salud electrónicas son esenciales en el mundo en que vivimos. 
En resumen, la recomendación que tenemos hoy ante nosotros nos ayudará en la lucha contra el cáncer. 
En Escocia, Gran Bretaña, la UE y el mundo mueren demasiadas personas a causa de esta enfermedad. 
Debemos hacer todo lo que podamos por detectar, tratar y atender a las personas con cáncer. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la Sra. Oomen-Ruijten ha recordado antes que yo que un europeo de cada cuatro muere cada año de cáncer, es decir, casi un millón de personas: son cifras alarmantes que nos exigen ser ambiciosos en materia de prevención. 
Lo que tenemos entre manos es una Recomendación. 
Conocemos sus limitaciones, sin duda, pero no deben impedirnos ser ambiciosos, como he dicho, y precisos. 
Creo que es lo que hemos tratado de hacer en comisión y quisiera destacar brevemente los principales puntos que se han mejorado con respecto al texto inicial. 
En primer lugar, la reducción de 50 a 40 años de la edad recomendada para el cribado mamográfico del cáncer de mama, una evidencia, diría, a la vista de las estadísticas de incidencia y de las prácticas actuales en muchos Estados miembros. 
Después, la combinación de la prueba de Papanicolau y la prueba VPH para detectar el cáncer de cuello de útero. 
Es una adición crucial: el virus del papiloma humano mata a 12 800 mujeres al año en Europa. 
Las cifras publicadas por los expertos ponen de manifiesto que la introducción de esta prueba VPH contribuiría a reducir al menos en un tercio el número de fallecimientos. 
Permítanme, de pasada, aplaudir aquí a la República Checa, porque este Estado en vías de adhesión es el único en Europa que reembolsa la prueba en la actualidad. 
En tercer lugar, y pasamos aquí a la población masculina, la introducción de la detección del cáncer de próstata con la prueba del PSA. 
También esto es urgente: el cáncer de próstata es la primera forma de cáncer en el hombre y la segunda causa de mortandad, después del cáncer de pulmón. 
Puede curarse definitivamente si permanece localizado en la próstata. 
Esta prueba sanguínea es muy simple, rutinaria, y debería recomendarse a partir de los 50 años en nuestro texto. 
Una palabra más para decir hasta qué punto es importante que todas las poblaciones, incluidas las menos informadas, tengan acceso al cribado, razón por la cual he querido recomendar aquí las campañas móviles. 
Y con el mismo espíritu general de información a los ciudadanos, desearía concluir, señor Presidente, recordando, más allá de esta Recomendación concreta y con anterioridad al cribado, la importancia de la prevención primaria cuando se habla de cáncer. 
La educación en la salud, la alimentación, la lucha contra el tabaquismo, el deporte, una exposición moderada al sol, son otras tantas medidas a escala nacional y comportamientos en el plano individual que permiten prevenir el desarrollo de cánceres evitables. 
– Señor Presidente, si hay una certeza frente al cáncer, es que el cribado precoz aumenta las posibilidades de curación. 
El cribado es pues primordial, en particular en las personas expuestas a sustancias mutágenas o cancerígenas. 
Pero todavía hay que garantizar la igualdad de acceso a los programas de cribado para todos. 
Para ello, son imperativas las campañas de sensibilización destinadas a informar al público. 
En el informe Mussa se recuerdan estos principios elementales, y votaremos sin dudar a favor de este texto. 
En él se propone asimismo la creación de registros de cáncer para apuntar en primer lugar a los grupos de población que presentan una gran incidencia por razones medioambientales o asociadas a los hábitos alimentarios. 
Este paso es fundamental, porque debemos ir más lejos. 
El cribado, ciertamente indispensable, solo es, de hecho, una medida de prevención secundaria. 
Hay que actuar antes, identificar la influencia de factores como la nutrición, el medio ambiente, el modo de vida e intentar reducir su importancia. 
Esta es la verdadera prevención: eliminar las causas o circunstancias propicias para la enfermedad, mejor que tratar de curarla cuando es demasiado tarde. 
Estoy vivamente preocupado por las últimas estadísticas, que muestran una extensión de los cánceres de pulmón asociados al tabaquismo, en especial en las mujeres, pero también de los cánceres de mama, de útero o de próstata, directamente atribuidos a la influencia de las hormonas. 
Debemos poner de manifiesto los factores decisivos en el desarrollo de los cánceres: perturbadores endocrinos, hormonas alimentarias o de otro tipo. 
Así, el aumento de los cánceres de próstata en algunos grupos de agricultores está directamente relacionado con el empleo de pesticidas. 
Del mismo modo, se ha demostrado que la contaminación, las ondas electromagnéticas u otros factores químicos incrementan el riesgo de contraer determinados cánceres. 
Recordemos el problema asociado al amianto y los 70 años que han sido necesarios para conseguir su prohibición; hoy medimos sus consecuencias en los hospitales. 
Hay que atacar estos problemas de fondo y extender a otros ámbitos las políticas de salud pública si se quiere luchar realmente contra el cáncer en Europa. 
– Señor Presidente, todavía se están buscando remedios para el cáncer, pero año tras año vamos progresando. 
La enfermedad que antes no se podía ni nombrar, ha superado el estigma, en cierta medida, sobre todo gracias a los avances de la ciencia médica, que ofrecen esperanza a los pacientes y a sus familias. 
Y dependen sobre todo del diagnóstico precoz, gracias al cribado. 
La expansión del cribado, como ha dicho el Sr. Mussa, debe basarse en la ciencia. 
Mis colegas y yo estamos plenamente de acuerdo con su informe. 
Hay muchos aspectos relacionados con el cáncer. 
En relación con el cáncer de mama, el cribado ha avanzado mucho. 
Debemos estudiar cómo podemos ampliarlo a otros grupos de edad. 
Debemos investigar cómo podemos persuadir a más hombres para que se convenzan de que el cáncer de mama también es un asunto de hombres y no solo de mujeres, y que también ellos deberían someterse a un cribado. 
El cáncer de colon es una nuevo ámbito de aplicación del cribado, y ya se dispone de nuevas pruebas. 
De nuevo, el problema será cómo educar a la gente, sobre todo a los hombres, para que se sometan a un cribado. 
En cuanto al cáncer de cuello uterino, se ha demostrado que la citología vale la pena. 
Ahora necesitamos además el VPH. 
Estoy plenamente de acuerdo con las enmiendas del Sr. Mussa en este sentido. 
El cáncer de pulmón es el más mortal. 
En todo el mundo, 1,3 millones de personas tienen cáncer de pulmón; y un 80% de estas personas mueren un año después del diagnóstico. 
Necesitamos más escáners PET. 
Solo tenemos cinco en el Reino Unido. 
Entiendo que hay 60 en Alemania, y 150 en los Estados Unidos. 
Debemos remarcar estas diferencias. 
En cuanto al cáncer de próstata, tenemos el cribado y la prueba del PSA. 
Existe una demanda de estas pruebas, como hemos oído. 
Deberíamos realizar estas pruebas siempre y cuando la evaluación demuestre que valen la pena. 
Necesitamos las redes del cáncer. 
Necesitamos las campañas de información que se indican en las enmiendas que la Sra. Oomen-Rujiten y yo hemos presentado. 
Cribado significa diagnóstico. 
Diagnóstico significa salvar vidas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, usted ya ha mencionado que uno de cada cuatro ciudadanos europeos, aproximadamente un millón al año, morirán de cáncer, una de las principales causas de mortandad en la Unión Europea. 
Su propuesta al Consejo sobre el cribado del cáncer ha recibido el apoyo de los representantes de todos los Grupos políticos del Parlamento Europeo. 
El ponente ha afirmado que personas cada vez más jóvenes están sufriendo las distintas y nuevas formas de tumores. 
La información y la educación sobre la salud de los ciudadanos en la cuestión de la prevención y de la detección precoz de los síntomas que dan la señal de alarma, junto con un cribado de confianza, han dado resultados positivos como, por ejemplo, en el cáncer de mama, que afecta a un gran porcentaje de mujeres en edad reproductiva. 
En estos momentos, a pesar de esas nuevas formas de tumores que no pueden curarse por completo, pueden garantizarse mayores posibilidades de supervivencia y una mejor calidad de vida. 
Creo que sería recomendable reforzar la propuesta de la Comisión con enmiendas que ofrezcan a los ciudadanos un acceso igualitario a los servicios de cribado, tratamiento y seguimiento basados siempre en las mejores prácticas. 
De forma similar, la necesidad de orientación psicológica para aquellos que a la larga enferman de cáncer está demostrando ser un parámetro básico en el resultado final de la enfermedad. 
En muchos países incluso se evita pronunciar la palabra «cáncer». 
Los ciudadanos reaccionan con miedo y pánico ante cualquier cosa que tenga que ver con el cáncer. 
Podemos convertir el miedo en concienciación y cuidados productivos. 
Solo de esta forma pondremos coto a las muertes y a la enfermedad mientras que, al mismo tiempo, conseguiremos un efecto positivo en todas las demás repercusiones sociales. 
Para terminar, permítanme felicitar al ponente por sus intervenciones fundamentales en la propuesta original. 
Señor Presidente, aunque entiendo que las propuestas de la Comisión son un intento de encontrar las mejores prácticas y establecer unas mejores prácticas comunes en toda Europa, esto tendrá que llevarse a cabo con el acuerdo de los Estados miembros de cooperar en este campo. 
Será necesario que en muchos países el compromiso político vaya más allá del compromiso actual en términos de voluntad política e inversión financiera en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. 
Los informes demuestran que un 90% de las personas diagnosticadas de cáncer de mama se pueden curar si se diagnostican con suficiente antelación. 
Se ha demostrado que hasta un 100% de los casos de cáncer de cuello de útero se pueden curar y evitar si se realizan las pruebas adecuadas en el grupo de edad correcto junto con una prueba VPH. 
Es evidente que en este campo se puede progresar mucho en la prevención de la mortalidad y también se puede evitar mucho dolor a las personas afectadas y sus familias. 
Es importante que exista este debate. 
Solo quiero aportar algunas estadísticas sobre la situación en Irlanda en concreto, no porque quiera criticar al Gobierno irlandés, sino porque, si debemos recibir cooperación en general en este ámbito, es necesario demostrar lo mala que es la situación en algunos países. 
Por ejemplo, de los 12 000 pacientes que cada año necesitan radioterapia en la República de Irlanda, solo la reciben menos de 4 000. 
Los pacientes de la sanidad pública deben esperar más de tres meses para recibir el tratamiento de radiación que les han dicho que es necesario y urgente. 
El primer análisis de cinco años de las tendencias del cáncer en el Registro Nacional Irlandés para el Cáncer, publicado en febrero de 2002, indicaba que un 50% de los pacientes con cáncer de pulmón no recibieron ningún tratamiento específico; un 7% de los que tenía leucemia no recibieron quimioterapia; dos tercios de los pacientes de la República con cáncer de estómago en fase terminal no recibieron ningún tratamiento específico para el cáncer. 
Las diferencias regionales y la disponibilidad de la radioterapia afectan en particular a los pacientes más pobres, dado que muchos pacientes de cáncer tienen que viajar largas distancias y estar fuera de casa durante largos períodos. 
Las dos unidades de radioterapia de la República están en Dublín y en Cork y, por lo tanto, mientras que a escala nacional reciben radioterapia para el cáncer de mama un 39% de los pacientes, entre los pacientes de la zona oeste de Irlanda solo la reciben un 24%. 
Lamentablemente las cosas no mejoran, porque se ha cortado la financiación de estos servicios. 
Esta es la situación a que nos enfrentamos. 
Insto a esta Cámara a que apoye el informe presentado y a que el Comisario deje claro a todos los Estados miembros que tengan las mimas estadísticas espantosas, que deben ponerse manos a la obra y salvar vidas. 
– En primer lugar, quiero dar las gracias al ponente y a sus Señorías por los comentarios sobre este informe. 
Puedo asegurarles que la prevención del cáncer sigue ocupando uno de los primeros puestos de mi agenda. 
Como muy bien me han indicado algunos eurodiputados por escrito, después de 15 años de implicación y esfuerzo continuados de la Comunidad Europea, esto representa un éxito considerable y evidente para la Comunidad en un ámbito importante de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud de los ciudadanos europeos. 
La Comisión seguirá trabajando sobre el cáncer, incluyendo el cribado y la vigilancia. 
La recomendación relativa al cribado del cáncer será asumida por las autoridades de los Estados miembros y de la Comisión tan pronto como sea adoptada por el Consejo. 
La financiación se realizará a través de los proyectos en curso en el antiguo programa «Europa contra el Cáncer» y a través del nuevo programa de salud pública. 
Para 2003 se han seleccionado varios proyectos relacionados con el cáncer para su financiación. 
Con los contratos actuales, en 2004 finalizará la cuarta edición de las directrices europeas para el aseguramiento de la calidad en el cribado mamográfico y la primera edición general de las directrices europeas sobre mejores prácticas en el cribado del cáncer de cuello de útero. 
La Comisión ya ha mejorado la prevención de enfermedades, incluido el cáncer, en el nuevo proyecto de programa de trabajo de los programas de salud para 2004. 
El proyecto establece específicamente una referencia al cáncer en los objetivos del primer y del tercer tema. 
De este modo se podrán considerar en su totalidad las solicitudes de vigilancia del cáncer. 
Se incluirán también las propuestas de proyectos sobre la situación de las mejores prácticas en los Estados miembros, así como en los países candidatos. 
A la luz de las opiniones expresadas hoy, la Comisión tiene intención de revisar la situación de la prevención del cáncer aún más en relación con el programa de trabajo de los programas de salud pública para 2004. 
Después deberemos decidir cómo sustentar mejor el papel de la Comisión en la prevención del cáncer, y aplicar a la vez la recomendación del Consejo relativa al cribado del cáncer. 
Como el tema tiene especial importancia también para los países candidatos, nos planteamos convocar una reunión de expertos de estos países y los expertos de cribado de cáncer para asegurar que el progreso de las redes del cáncer beneficie también a los nuevos Estados miembros. 
Los puntos planteados en el informe y durante el debate de hoy han demostrado claramente la importancia del tema. 
En el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Protección del Consumidor se proponen 33 enmiendas. Para la sesión plenaria se ha presentado una enmienda más. 
La Comisión puede aceptar en principio once enmiendas, a saber, las enmiendas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19 y 22. 
Además, apoyamos en parte cuatro enmiendas, las enmiendas 1, 29, 30 y 32. 
Además de las mejoras generales de la redacción del texto, las enmiendas aceptables se refieren, por ejemplo, a la mejora de la conformidad y la igualdad de acceso para los ciudadanos, así como a la mejora del papel de la Comisión en el seguimiento de la aplicación de la recomendación del Consejo. 
Pero la Comisión no puede aceptar las 19 enmiendas restantes. 
La enmienda 25 no se puede aceptar, porque todas las normas y los reglamentos sobre protección de datos de los Estados miembros deben cumplir la Directiva 95/46/CE. 
Las excepciones para los registros médicos, por ejemplo, deben ser conformes con el artículo 8 de la Directiva. 
Así, la enmienda no haría más que reiterar el acervo comunitario. 
Las enmiendas 5, 13 y 34 tampoco se pueden mantener. 
Se refieren a pruebas que no se han evaluado satisfactoriamente en estudios controlados aleatorios. 
Finalmente, tampoco se puede aceptar la enmienda 33. 
Aunque hace la distinción necesaria entre las pruebas de eficacia demostrada y las nuevas pruebas que se están evaluando en la actualidad o nuevas variantes de las pruebas recomendadas, estas nuevas pruebas ya están suficientemente contempladas en los apartados c) y d) del artículo 6. 
Si mencionáramos algunas en concreto inmediatamente se plantearía la cuestión de por qué solo se han señalado dichas pruebas. 
– Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0353/2003) del Sr. Paasilinna, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información [COM (2003) 63 – C5-0058/2003- 2003/0032 (COD) ]. 
,. – Señor Presidente, la seguridad de las redes y de la información es cada vez más importante, dado el incremento del uso de Internet y las demás tecnologías de la información y la comunicación. 
En la sociedad actual, muchas cosas dependen de las redes y los sistemas de información. 
Pero para que sean totalmente conscientes de las ventajas de la sociedad de la información, las personas deben poder confiar en el sistema. 
Ha quedado claro que tenemos que realizar un esfuerzo común para reforzar la seguridad de las redes y la información en Europa. 
En 2001 la Comisión presentó una comunicación sobre un marco político y en febrero de 2003 una propuesta para crear una Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información. 
Ahora, nueve meses más tarde, estamos a punto de presenciar un acuerdo en primera lectura sobre la AESRI. 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al ponente, el Sr. Paasilinna, por este minucioso trabajo, así como a los Grupos políticos que han ayudado a conseguir un compromiso satisfactorio con el Consejo. 
Es muy positivo que haya habido esta fuerte voluntad de negociar y llegar a un acuerdo. 
El Parlamento Europeo ha contribuido mucho a este proceso, al igual que ha contribuido a la importante legislación sobre telecomunicaciones en los últimos tres años. 
Me complace que este Parlamento haya podido superar diversos puntos difíciles y llegar a este compromiso. 
El compromiso deberá confirmarse hoy y mañana en esta Cámara para que el Consejo de Telecomunicaciones del 20 de noviembre de 2003 adopte un acuerdo político que permita a la Agencia empezar a principios de 2004. 
Esto es lo que pidió el Consejo Europeo la primavera pasada. 
Quiero dar las gracias al Parlamento por el apoyo que ha dado a la Comisión. 
Este apoyo ha permitido al Consejo hacer concesiones en torno a la implicación del sector introduciendo un grupo permanente de interesados. 
Aunque no coincide del todo con lo que la Comisión quería en cuanto a la composición y las normas de votación para el Consejo de Administración, con la propuesta de compromiso la gestión de la Agencia será bastante más ligera y se otorga al Director Ejecutivo las principales tareas de gestión. 
La Comisión ha estudiado detalladamente las enmiendas de compromiso del Parlamento y puede aceptarlas. 
El texto actual del Parlamento ha clarificado los objetivos y las tareas de la Agencia. 
Será un proceso de aprendizaje convertir las tareas en un paquete de medidas más operativo, pero me complace ver que existe un amplio acuerdo sobre las líneas generales de lo que la Agencia debería hacer. 
En cuanto a la composición del Consejo de Administración y sus normas de votación, la Comisión habría preferido una composición más reducida, y una ampliación de las normas de votación por mayoría simple. 
Consideramos que el Consejo de Administración ampliado con unas normas de votación por mayoría de dos tercios puede ser un obstáculo para el buen funcionamiento de las agencias. 
En este caso concreto, sin embargo, la Comisión ha decidido aceptar una desviación del marco propuesto para las agencias reguladoras de diciembre de 2002, aunque no debe considerarse un precedente para futuras agencias. 
Esta Agencia trabajará en el campo delicado de la seguridad y urge que entre en funcionamiento. 
Espero que los Estados miembros hagan todo lo que esté en su mano para participar en el Consejo de Administración con el fin de que la Agencia funcione satisfactoriamente. 
Esta Agencia es un gran paso adelante para Europa, o al menos para eEurope. 
Los Estados miembros han mostrado voluntad de cooperar activamente en este tema para reforzar el mercado interior y ayudar a los ciudadanos, a las empresas y a las administraciones de Europa a utilizar todo el potencial de las redes y los sistemas de información. 
Será una señal tanto para las partes interesadas en Europa como para los países de fuera de la Unión de que nos tomamos en serio los problemas de la seguridad de las redes y de la información, y de que los Estados miembros y la Comisión, con el apoyo de esta Cámara, estamos dispuestos a actuar. 
– Señor Presidente, la Presidencia es consciente de que las redes de comunicación deberían considerarse infraestructuras clave y vitales en las economías modernas y, como tales, deberían protegerse: su protección y su seguridad son una cuestión de interés público. 
En representación del Sr. Gasparri –que, siento decirlo, se ha visto retenido hoy en Italia a causa de la grave tragedia que ha sumido a nuestro país en la desolación y está ocupado presentando sus últimos respectos a los soldados asesinados en el Iraq–, personalmente me gustaría confirmar el compromiso pasado y presente de la Presidencia con la cuestión de la seguridad de las redes y de la información. 
Además, las instituciones europeas han mostrado que son conscientes de la necesidad urgente de una acción conjunta que permita que la Agencia entre en funcionamiento a partir de primeros del año 2004, tal como recomendaron los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de la primavera de 2003. 
Internet y las tecnologías de la información son realmente innovaciones que han caracterizado principalmente a nuestra sociedad en los últimos años y que han influido en la forma de llevar a cabo la inmensa mayoría de actividades humanas. 
Sin embargo, además de las ventajas obvias, estas tecnologías han introducido una serie de problemas en nuestra sociedad que están vinculados a la escasa fiabilidad de los instrumentos empleados. 
Las exigencias de seguridad han cambiado rápidamente durante los últimos 20 años, a la par con el desarrollo de las redes y los ordenadores, que se han hecho cada vez más omnipresentes tanto en la vida pública como en la privada. 
Las conexiones de banda ancha ofrecen al usuario la posibilidad de contar con una conexión permanente a Internet; las nuevas aplicaciones sin cables permiten un acceso prácticamente en cualquier lugar y la posibilidad de conectar cualquier aparato a la red –desde un PC hasta aparatos electrodomésticos– continúa y continuará desarrollando el uso que hacen las personas de Internet. 
Controlar la seguridad se ha convertido en una tarea difícil y compleja, y el usuario tiene que enfrentarse diariamente a problemas de disponibilidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de datos y servicios. 
La complejidad de la tecnología conlleva que varios componentes y elementos tengan que interactuar y convierte el comportamiento humano en un factor crucial. 
Además de ser una fuente de fallos, los ordenadores y las redes también pueden ser objeto de ataques a los sistemas de información. 
Hoy día, un ataque al sistema de información puede poner a naciones enteras en serias dificultades. 
Con el fin de reducir la probabilidad de un suceso de este tipo, cada país necesita tomar medidas efectivas para mejorar la seguridad de su infraestructura de tecnologías de la información y de la comunicación, pero dada la dimensión transfronteriza del problema, deben definirse estructuras en las que poder reunir experiencias nacionales y convertirlas en patrimonio común. 
La experiencia de los últimos años nos ha enseñado que compartir las experiencias y la información y, de forma más general, la cooperación internacional, son las armas más eficientes para crear una conciencia de seguridad en la sociedad de la información. 
De esta forma, durante su mandato, la Presidencia ha hecho todos los esfuerzos posibles por intentar resolver esta cuestión. 
La propuesta de reglamento que aborda hoy el Parlamento es fruto de un acuerdo más amplio entre las instituciones sobre la necesidad de un enfoque conjunto a escala europea de la seguridad de la información. 
Se llegó a una convergencia de posiciones a causa del aumento de la preocupación tanto del sector público como privado con respecto al crimen, e incluso a fenómenos solo potencialmente peligrosos vinculados a las nuevas tecnologías. 
Cuantas más redes de comunicación se conviertan en características esenciales y centrales del funcionamiento de nuestros mercados modernos, tanto mayores serán los esfuerzos que tendremos que hacer para garantizar y crear un entorno seguro y protegido para aquellos que operan en los distintos ámbitos. 
Uno de los objetivos de la Agencia es crear un comité conjunto en Europa para las cuestiones relacionadas con la seguridad de la información, que es necesaria para garantizar la disponibilidad y seguridad de los sistemas de redes y de información de la Unión. 
Desde este punto de vista, la Presidencia mantiene que es importante crear una nueva cultura de seguridad, en la que tal concepto no solo comporte un coste para los operadores, sino que más bien sea una oportunidad real y genuina para el desarrollo del mercado, que también puede obtenerse por medio del estímulo de la confianza de los consumidores. 
La Agencia debería ser capaz de asegurar el cumplimiento de las medidas comunitarias de seguridad de las redes y la información. 
La ayuda prestada por la Agencia contribuirá a aplicar la legislación comunitaria en este terreno, contribuyendo de este modo al funcionamiento sin trabas del mercado interior. 
Esto reforzará la capacidad de la Comunidad y de los Estados miembros para responder a los problemas de seguridad de las redes y de los sistemas de información, así como al desarrollo de la sociedad de la información en general. 
El modelo actual que propone la Agencia es innovador. 
De hecho, se basa en el conocimiento de que solo en estrecha cooperación con todos los agentes del mundo de las comunicaciones es posible abordar medidas en el ámbito de la seguridad de las redes: es decir, con los operadores del mercado y con los usuarios de los servicios de comunicación. 
Nuestras instituciones tienen la oportunidad de prestar un servicio esencial al público y a las agencias europeas con la creación de esta Agencia, pues tenemos la esperanza de que llegar al consenso en primera lectura es posible, y ello es un indicador de que existe un gran sentido de la responsabilidad y una profunda comprensión de la delicada naturaleza de esta cuestión. 
Las negociaciones fueron arduas y complejas, pero las posiciones del Consejo y del Parlamento se fueron reconciliando gradualmente, cosa que, repito, es una prueba de un gran sentido de la responsabilidad. 
Por lo tanto, espero que en unos pocos días podremos celebrar la adopción de este Reglamento. 
Para concluir, me gustaría dar las gracias al Comisario Liikanen, al ponente Paasilinna, al Sr. van Velzen y a las Sras. Mann y Plooij-van Gorsel, así como, por supuesto, a todos los demás miembros de la comisión parlamentaria. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, los sistemas de seguridad de la información son hoy en día motivo de gran preocupación y objeto de discusión en las sociedades modernas y vulnerables. 
Las redes de suministro de energía, el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, el control del tráfico, los hospitales, todo esto puede convertirse en un caos en cualquier momento y en cualquier lugar. 
El caso del virus Bastel, este otoño, fue tal vez el primero en que tras la destrucción que causó había un negocio. 
Los piratas o intrusos informáticos lo usaron para ayudar a un negocio sospechoso, principalmente pornografía, se supone. 
Cuando uno se pone a pensar sobre ello, robar información confidencial de gente normal y corriente también constituye, obviamente, un crimen. 
Pueden producirse distintos tipos de violación de la privacidad de las personas a una escala totalmente masiva. 
Esta cuestión debe ser abordada. 
La falta de seguridad se está convirtiendo cada vez más en una barrera al desarrollo de la sociedad de la información. 
El año pasado, el 75% de las empresas europeas no tenían ninguna estrategia de seguridad de la información. 
Menos del 2% de la inversión en tecnología de la información está dirigida al aspecto de la seguridad. 
En dos de cada tres empresas, la seguridad de la información todavía no se considera una cuestión estratégica. 
La Ley de protección de datos tendría que haber entrado en vigor en los Estados miembros en octubre. 
De acuerdo con esta ley, el correo electrónico no solicitado no podrá ser enviado sin el consentimiento expreso del receptor. 
Los correos indeseados constituyen más de la mitad de todos los mensajes recibidos y, para muchos, incluso más del 90%, como es el caso de muchos de los aquí presentes. 
En estos momentos se está echando por tierra la credibilidad y fiabilidad del correo electrónico. 
El año pasado votamos aquí sobre este tema. 
En aquel entonces, casi la mitad de nosotros no consideraba que la proliferación del correo indeseado fuera un problema. 
Se oponían a la idea de que alguien tuviera que dar su consentimiento previo para recibir un mensaje. 
Ni esto será ahora bastante. 
Ahora, los operadores tendrán además que limpiar el contenido. Esto va a traer problemas para la libertad de comunicación personal. 
La acreditación de seguridad tiende a incrementarse mucho a medida que nuestras vidas dependen cada vez más de las redes y de la comunicación. 
Con la banda ancha estamos conectados todo el tiempo. 
Internet sin cables se convertirá evidentemente en el coto de caza de los alborotadores. 
Será un fastidio para todos: para los individuos, las empresas y la sociedad. 
El problema de la seguridad se agravará debido al hecho de que en un entorno complejo, muchos componentes y sistemas parciales deben funcionar juntos. 
El factor humano también constituye un riesgo. 
Así que la seguridad de la información es un tema que afecta a todo el mundo en todas partes. 
La seguridad de la información es una cuestión política, y por esta razón debemos resolverla. 
Por eso, además, tenemos una prisa excepcional por crear esta Agencia para Europa, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. 
Sin seguridad no podremos implementar los objetivos de Lisboa. 
La inseguridad de la información nos llevaría a una era de piratería. 
Hemos promulgado leyes relacionadas con las comunicaciones electrónicas y la protección de datos. 
La Comisión está redactando principios para juzgar y condenar los ciberdelitos y buscando vías para mejorar la seguridad de la información, y una de estas vías es ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información). 
Quiero dar las gracias a mis colegas, al Consejo y a la Comisión por sus excelentes niveles de cooperación. 
Ello es una muestra de que hemos comprendido lo que esta situación significa. 
ENISA será un centro de prestigio que coordinará, analizará y dará consejo. 
Trabajará muy estrechamente con el sector público y el privado. 
La Agencia promoverá el desarrollo de evaluaciones de riesgos y de métodos de gestión de riesgos. 
La cooperación internacional será indispensable. 
La Agencia debe estar situada en algún lugar donde ya existan sistemas viables de comunicaciones de tecnología de la información de última generación, incluidos los sistemas sin cables. 
Allí se encontrarán los centros de operaciones más desarrollados del mundo, y debemos poder encontrar allí fácilmente a las personas con la mejor formación de Europa. 
En mi calidad de ponente he trabajado a favor de un compromiso, que es el siguiente: el Consejo de Administración debería contar con la representación de todos los Estados miembros. 
Este Consejo no desempeñará las tareas cotidianas, que serán responsabilidad del Director Ejecutivo, del personal, del comité consultivo y de los grupos de trabajo. 
No cabe duda de que un Consejo de Administración amplio será un foro necesario de cooperación y un factor a la hora de ejercer la dirección. 
Las normas de votación son un aspecto un tanto problemático. Podríamos volver sobre sobre ellas dentro de unos años. 
La Agencia trabajará en beneficio de los Estados miembros, donde los niveles de seguridad de la información varían notablemente. 
Las empresas desempeñan un papel principal en nuestro compromiso, gracias al Sr. van Velzen, porque está claro que son ellas las que poseen la mayoría de las redes y de la experiencia. 
Asimismo quisiera dar las gracias a la Sra. Mann, quien también se ha dedicado con entusiasmo a promover esta iniciativa. 
La solución de transacción ha sido aprobada por nuestra comisión, por el Consejo y por la Comisión Europea. 
Espero que sabremos reconocer nuestras responsabilidades y votaremos mañana a favor. 
Mejorará nuestra seguridad y el empleo y favorecerá un mayor desarrollo. 
. – Señor Presidente, parece que a partir del 1 de enero de 2004 vamos a contar con una Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. 
Me parece muy bien. 
La Agencia es un factor importante para lograr que las redes y la sociedad de la información sean más seguras. 
Tenemos que esperar que, en esta ocasión, el fin justifique los medios porque, lamentablemente, existen varios aspectos en el resultado de los que hay que quejarse. 
El hecho de que el Parlamento y el Consejo hayan llegado a un acuerdo en el transcurso de la primera lectura comporta, en este caso, sacrificios tanto para el Parlamento como para la industria. 
El Consejo de Administración de la Agencia es demasiado amplio, con un representante por cada Estado miembro, y la industria, junto con otros sectores de la sociedad civil, ha tenido que ceder. 
Mi enmienda, que tiene por objeto aportar transparencia en el procedimiento de solicitud y nombramiento, sin duda adquirirá más importancia a largo plazo. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se mostró unida en su apoyo a la enmienda, pero este apoyo desapareció en el transcurso de la discusión a causa de un error administrativo cometido por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
En otras palabras, los tejemanejes del Consejo con autoridades que infringen la legislación, y viceversa, continúan sin escrutinio democrático alguno. 
Tengo un par de mensajes para la Comisión y el Consejo, antes de que se proceda a la redacción de la declaración común. 
Garanticen una transparencia a largo plazo en el procedimiento de solicitud. 
Aprovechen y desarrollen la cooperación de la UE con los Estados Unidos y otros terceros países. 
Aseguren que se logre la seguridad de las redes de acuerdo con las directrices comunes que ya han sido aprobadas en una Resolución del Consejo y que han sido ratificadas por diez de los Estados miembros, además de otros seis países. 
Desarrollen las directrices europeas de acuerdo con las cuales algunos Estados miembros ya están presentando solicitudes de forma individual. 
La semana pasada, una delegación del Parlamento visitó Washington y se dio cuenta en el acto de cuál debería ser nuestro estilo en el futuro. 
Una UE cantando el himno al unísono facilitaría nuestras relaciones exteriores, en especial con los Estados Unidos. 
Por medio de esta Agencia podemos desarrollar ahora de forma conjunta una protección de datos en todas sus distintas dimensiones, y esto es positivo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a mi colega diputado, el Sr. Paasilinna, por su excelente cooperación tan constructiva. 
De hecho, no es nada extraño, pues esto ya ha ocurrido en muchos otros expedientes. 
También me gustaría comunicar a la Presidencia italiana que ha tenido lugar un procedimiento muy peculiar. 
Nunca había visto que el Consejo estuviera listo antes de que el Parlamento no hubiera ni empezado. 
Hemos tenido que realizar una gran cantidad de trabajo juntos para poder tener éxito y, gracias a los tremendos esfuerzos de la Presidencia italiana, hemos podido lograr ese compromiso. 
La situación no debería repetirse bajo ninguna circunstancia, pero todos debemos aprender de ella. 
La importancia de la Agencia está clara. 
El señor Comisario lo ha señalado antes. 
El señor Paasilinna ha citado algunos datos, y no voy a repetirlos. 
Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el artículo aparecido la semana pasada en el con el título siguiente: «Blackmail by internet as gangs target sites». 
¿De qué trataba? 
Se producen extorsiones ordinarias, y si pagas la cantidad estipulada te dejan tranquilo. 
Así que este es el punto en que tenemos que centrarnos. 
Estamos hablando de daños millonarios para la industria. 
Muy a menudo, la infraestructura física también resulta ser un objetivo. 
Siempre pensamos que son las instituciones financieras las que están implicadas, pero los primeros de la lista en ser atacados son las redes eléctricas. 
Los italianos saben lo que significa sufrir un apagón. 
Un gran número de ataques han sido cometidos contra la infraestructura física. 
Así que estoy muy satisfecho de que ahora haya claridad por lo que respecta a la ubicación de la Agencia. 
Ahora se trata en última instancia de ayudar a la Comisión y a los Estados miembros con una movilización colosal de la industria. 
Por fortuna, también se le ha dado a la Agencia un papel ejecutivo. 
También es obvio que la industria debe participar lo más ampliamente posible. 
Cuando todo está ya dicho y hecho, los Estados miembros no controlan la seguridad. 
Se han dicho muchas cosas acerca del Consejo de Administración, así como de los derechos de voto. 
Entre nosotros, todavía no puedo explicar por qué serían necesarios dos tercios de los votos. 
Todavía no hemos solucionado este misterio que rodea al Consejo. 
Estoy muy satisfecho de que la prevención se haya convertido en una de las tareas. 
Al fin y al cabo, ¿cómo podemos hablar de la seguridad sin mencionar la prevención? 
En cuanto al tema de la transparencia, me gustaría preguntar a la Presidencia italiana –y espero que me responda– sobre si ahora están dispuestos a permitir que los Estados miembros que se propongan ellos mismos para la Agencia lo hagan de forma abierta, de forma que todo el mundo sepa qué país quiere la Agencia. 
¿No dejarán ustedes que eso ocurra a puerta cerrada en el Consejo? 
Les reto a que se muestren transparentes en esta cuestión. 
Mi conclusión es que este es un primer paso: ni más ni menos. 
En la práctica, resultará insuficiente y necesitará una revisión urgente. 
Sin embargo, es muy importante que la Agencia se ponga en funcionamiento, y por ello mi Grupo da su apoyo incondicional a esta Agencia y a las enmiendas. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a mí también me gustaría empezar felicitando al Sr. Paasilinna. 
Creo que hemos llegado a un buen compromiso. 
En los muchos discursos que ya hemos oído, se ha descrito como un compromiso que nos va a traer el año próximo una Agencia Europea para resolver cuestiones de seguridad a través de Internet y de su infraestructura. 
Estoy convencida de que fue, en base a esto, por lo que todos nosotros nos decidimos sencillamente a intentarlo y alcanzar un compromiso que nos acompañaría durante los primeros cinco años, aunque siempre fuimos conscientes de que, tras esos cinco años, tendríamos que realizar un intento real de creación de unas estructuras europeas genuinas y eliminar los problemas que ahora serán inherentes a la Agencia. 
Estos tienen que ver no solo con los derechos de voto, sino también con la cuestión planteada por los Estados miembros, que ahora, de hecho, van a verse cada uno representado por una persona. 
A pesar de todo, creo que una vez tengamos que enfrentarnos a los desafíos de este campo, cada uno de nosotros intentará determinar realmente cuáles son las tareas de la Agencia. 
Tengo absoluta confianza en las promesas hechas por la Presidencia italiana del Consejo, y pienso que las mantendrá incluso pasados cinco años. 
Tengo la esperanza de que entonces trabajaremos todos juntos para poder comenzar a tiempo con la auditoría que hemos planeado –tan pronto como hayan pasado tres años, si la memoria no me falla–, de forma que podamos empezar a replantearnos las estructuras y definir las tareas de manera más precisa. 
En referencia a este aspecto me gustaría formularles una pregunta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
¿Volverán a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía para discutir estas tareas con sus miembros tan pronto como sepan cómo deben catalogarse en colaboración con los Estados miembros? 
El hecho es que tengo la sospecha de que no se trata solamente de cuestiones de seguridad de las infraestructuras –hay diputados que ya han mencionado la protección de datos–, sino también de muchos otros aspectos que también quedan afectados, e iniciar otra discusión amplia sobre todas estas cuestiones podría ser sumamente interesante. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, y también señor ponente, que por cierto ha realizado un trabajo excelente, me complace que se haya alcanzado un compromiso, aunque me sorprendió la posición del Consejo. 
El Consejo redujo la propuesta de la Comisión a su mínima expresión e inicialmente hizo todo lo posible por impedir el funcionamiento eficiente de la Agencia. 
No obstante, se ha dado el primer paso. 
Ahora nada se opone a la creación de la Agencia Europea, y espero que el Consejo no imponga otro bloqueo en la cuestión de encontrar la sede adecuada para la Agencia. 
Es importante que las iniciativas emprendidas por los Estados miembros y las empresas en relación con la seguridad de las redes, estén bien coordinadas a escala europea. 
Al fin y al cabo lo que está en juego son sus problemas transfronterizos, y la jurisdicción de los Estados miembros se detiene en la frontera. 
Además me complace que se reserve un papel, aunque solo sea de carácter consultivo, a la industria en la composición y el funcionamiento de la Agencia. 
Después de todo, la industria es el agente más importante por lo que respecta a la propiedad y el funcionamiento de las redes, y nosotros establecemos las normas que determinan que la industria debe garantizar el funcionamiento de la red. 
Por ello debemos aportar también los detalles específicos. 
También es importante el hecho de que, con esta Agencia, se establece un órgano que tiene capacidad de negociar con otros agentes internacionales. 
De esta forma, la Agencia puede contribuir al mantenimiento de relaciones transatlánticas saludables, cosa que es esencial en la esfera de la seguridad en general y de la seguridad de las redes en particular. 
Al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas le resulta incomprensible que el Consejo siga empeñado en una mayoría de voto de dos tercios para la toma de decisiones en el Consejo de Administración sobre, entre otros aspectos, el programa de trabajo y el nombramiento del Director. 
Esto dificulta la toma eficiente de decisiones adecuadas. 
Eficiencia, ¿qué eficiencia? 
En cualquier caso, es positivo que finalmente se haya alcanzado un compromiso, así que el Grupo ELDR dará su apoyo al informe del Sr. Paasilinna. 
Señor Presidente, es un placer hablar aquí esta noche con muchos de los colegas que han trabajado en este informe. 
Estoy aquí en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que ha mostrado un gran apoyo al Sr. Paasilinna en su dictamen, y me gustaría darle las gracias como ponente, así como a mi colega, la Sra. McCarthy, que ha sido la ponente de la opinión en la que también he colaborado. 
Desde la perspectiva de aquellos de nosotros que trabajamos en el ámbito del mercado interior, es importante resaltar que esta es una de las razones citadas en concreto para el establecimiento de la Agencia de Seguridad de la Información. 
Cada vez es más evidente que las cuestiones de seguridad de las redes informáticas y la confianza en ellas están en la mente de todas las personas a quienes queremos animar a utilizar el comercio electrónico y a disfrutar de todos los beneficios de la infraestructura de banda ancha, tanto si se accede a servicios comerciales como a servicios públicos. 
Por lo tanto, este nuevo centro de excelencia para promover de forma considerable la cooperación entre Estados miembros en este ámbito es de vital importancia. 
Es esencial para la competitividad de la economía europea y para el desarrollo de la sociedad de la información –cosa que sé muy bien, señor Comisario, que es muy de su agrado– que empecemos ha agrupar nuestros recursos y a abordar estos temas esenciales. 
Es un homenaje a mis colegas que han trabajado con la Presidencia Italiana y con la Comisión que hayamos conseguido este acuerdo. 
La velocidad es esencial. 
Pero no debemos permitir que las prisas comprometan la búsqueda de la excelencia. 
Sé que usted, señor Comisario, buscará a las mejores personas posibles y las mejores estructuras operativas posibles para que realmente esta agencia pueda aportar su pericia lo antes posible. 
Como es una agencia de mejores prácticas –cosa que resaltamos de manera especial en nuestro informe–, tiene que adoptar las mejores prácticas posibles en su propia seguridad y en la forma de manejar sus propios sistemas, para que sirvan de ejemplo a los demás. 
Estoy seguro de que todos estamos ansiosos por trabajar con la nueva agencia y ver cómo contribuye al indudable éxito de las medidas a favor de la sociedad de la información que con tanta firmeza hemos apoyado en esta Cámara. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a mi colega, el Sr. Paasilinna, por su excelente informe. 
Como hemos oído, Internet ha dejado de ser un fenómeno nuevo. 
En la actualidad, más del 90% de las empresas y un 44% de las familias de la UE tienen conexión a Internet, y más de dos tercios de los europeos utilizan un teléfono móvil. 
Nuestros sistemas cotidianos están controlados por redes de comunicación e informáticas, desde los sistemas de transporte público hasta el agua que llega a los grifos de nuestras casas. 
No es de extrañar, pues, que la seguridad en este campo sea motivo de gran preocupación para nuestros ciudadanos y nuestras empresas. 
Debo admitir que tengo mis reservas respecto a la creación de nuevas agencias porque sí. 
Sin embargo, debo decir que apoyo plenamente la creación de esta en concreto. 
Pero quiero resaltar tres puntos, que son también tres preguntas a la Comisión. 
En primer lugar, el tema de las diversas normas de seguridad. 
Dado que en la actualidad los 15 Estados miembros se encuentran en diversas fases de la lucha contra el ciberdelito, ¿cómo tiene previsto la Comisión resolver este obstáculo y asegurar una implementación efectiva, sobre todo cuando la Unión tenga 25 miembros, momento en que la principal dificultad será armonizar las normas de seguridad en toda Europa? 
¿Tendrá la Agencia influencia suficiente para asegurar que los Estados miembros se tomen en serio sus recomendaciones y su asesoramiento? 
En segundo lugar, sobre el tema de la cooperación transfronteriza, es un hecho que no existe una cooperación transfronteriza sistemática entre los actuales Estados miembros. 
Sabemos que la seguridad es un tema difícil y complejo, que abarca todo tipo de aspectos como la disponibilidad, la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos y los servicios. 
¿Qué va a hacer la Comisión para conseguir que el sector público y el sector privado, las empresas y los consumidores trabajen juntos? 
¿Cómo va a promover la seguridad en estos ámbitos? 
Y en tercer lugar, los requisitos de seguridad evolucionan constantemente a medida que las redes comunitarias e informáticas evolucionan, las comunicaciones electrónicas se extienden y a los piratas informáticos les encanta cada vez más desbaratar sistemas de seguridad. 
Debemos asegurarnos de que en Europa tengamos el máximo nivel de seguridad posible. 
¿Cómo garantizará la Comisión que esta Agencia no se quede atrás en materia de nuevas tecnologías y que no deje piedra sobre piedra en la lucha contra el ciberdelito? 
Finalmente, espero que la creación de esta Agencia implicará una cierta racionalización en el seno de la Comisión, porque a menudo el hecho de crear una agencia comporta una cierta racionalización dentro de la Comisión. 
,. – En primer lugar, en respuesta a la observación de la Sra. Gill en cuanto a las normas de seguridad, hemos propuesto la creación de la agencia de seguridad de las redes con el fin de encontrar estas normas comunes. 
En segundo lugar, se tendrá en cuenta la participación de las empresas y otros elementos del sector privado. 
Es algo que este Parlamento pide desde hace mucho tiempo. 
El Sr. Paasilinna, el Sr. van Velzen, la Sra. Plooij-van Gorsel y la Sra. Mann han hablado con gran convicción sobre este tema esta noche en presencia de la Presidencia italiana, y nos sentimos orgullosos de ello. 
Parece que existe un sólido cuerpo de opinión a favor de lo que la Comisión había propuesto antes. 
Seguir el ritmo de los cambios en la tecnología siempre será un reto para nosotros. 
Pero el programa de tecnologías de la sociedad de la información es un ámbito en el que podemos ayudar: los programas de investigación siguen su curso en este campo, y existe también el grupo de interesados. 
Espero que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información sea una especie de «plataforma de plataformas» , donde se puedan intercambiar los mejores conocimientos. 
De nuevo, quiero dar las gracias al Sr. Paasilinna, a la Sra. Cederschiöld, al Sr. van Velzen, a la Sra. Mann, a la Sra. Plooij-van Gorsel, al Sr. Harbour y a la Sra. Gill. 
Y quisiera que usted, señor Presidente, transmitiera a la Mesa el mensaje de que estas personas merecen la oportunidad de celebrar un debate sobre la sociedad de la información durante las horas del día. 
Desde que estoy en esta Cámara esto no ha ocurrido nunca antes de las 21:30 horas como más pronto. 
Da la impresión de que los temas «de futuro» se debaten de noche y los temas «de pasado» se debaten de día. 
¿Podría esto cambiar, ni que fuera una vez, antes de las elecciones europeas? 
Con este equipo podría gestionar cualquier expediente en Europa, y merecen hacerlo durante el día de vez en cuando. 
Esto ha quedado un poco sentimental, pero ahora debo comentar las enmiendas. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas de compromiso tal como se votaron el 17 de noviembre de 2003 en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
No puede aceptar ninguna de las otras enmiendas. 
– Su modesta petición, señor Comisario, no es tan peligrosa como la que planteó un famoso autor. 
Por lo tanto, la trasladaré sin duda a la Conferencia de Presidentes. 
Algunos diputados aplauden aquí cuando escuchan algunas propuestas que consideran apropiadas. 
Sin embargo, no deberían dirigirse a aquellos que presiden las reuniones, sino a los presidentes de sus Grupos, porque es el presidente del Grupo quien decide, en la Conferencia de Presidentes, qué temas se van a debatir. 
Señor Presidente, he planteado una pregunta muy pertinente a la Presidencia italiana. 
¿Podría dejar que la Presidencia italiana la respondiera? 
– Soy plenamente consciente de que usted le ha formulado una pregunta al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Estaba a punto de preguntar si tiene la intención o no de responderle. 
– En lo que respecta a la petición formulada, responderé afirmativamente. 
Y es que se trata de una necesidad real, de modo que debemos asumir sin lugar a dudas esta petición de transparencia. 
– Los diputados exigirán que se atenga a esta afirmación, que es sumamente importante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
. – Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Parlamento Europeo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y, en concreto, al ponente, el Sr. Blokland, por el trabajo que han realizado en torno al informe de primera lectura. 
Nuestra propuesta pretende asegurar la coherencia en la gestión de los transportes de residuos. 
Debemos garantizar una gestión ambientalmente correcta en relación tanto con los traslados dentro de la Comunidad como con las exportaciones de la Comunidad a terceros países. 
Consiste en poner en práctica la decisión de la OCDE de 2001, que pretende la armonización internacional, lo que significa respetar las obligaciones acordadas en la Convención de Basilea sobre los problemas que ha planteado la aplicación del Reglamento desde su adopción hace diez años, y mejorar la estructura del mismo. 
En relación con los traslados dentro de la Comunidad, comparto las preocupaciones expresadas con respecto al dúmping en materia de normas sobre los residuos de recuperación. 
La propuesta de la Comisión y la Comunicación sobre una estrategia temática relativa a la prevención y el reciclado de residuos reconocen claramente este problema. 
Sin embargo, nuestra respuesta es una solución a largo plazo en el ámbito de la UE, cuyos principales elementos son, en primer lugar, el establecimiento de una normativa a escala de la UE mediante la extensión de la Directiva IPPC y, en segundo lugar, la elaboración de directrices sobre la recuperación fraudulenta o fingida y unas distinciones más claras entre las diversas operaciones de recuperación y vertido. 
En relación con las exportaciones de la Comunidad a terceros países, apoyo las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente para afinar aún más el Reglamento haciendo referencia tanto a la legislación de la UE como a determinadas directrices acordadas internacionalmente, en concreto sobre el reciclaje de barcos. 
Permítanme que acabe esta introducción diciendo que es importante que no consintamos el dúmping en materia de normas, ni en el traslado de residuos dentro de la Comunidad ni en la exportación de la Comunidad a terceros países. 
. – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el 15% de los vehículos de transporte pesado en las carreteras europeas transportan residuos. 
La razón es la existencia de distintas condiciones de mercado. 
No todos los Estados miembros cuentan con prohibiciones o impuestos sobre el vertido de residuos. 
Debido a ello se transfieren grandes cantidades de residuos a otros países. 
Esto va contra los principios de proximidad y de autoabastecimiento que se aplican a la eliminación de residuos en virtud de la Directiva marco relativa a los residuos. 
Los traslados de residuos solo pueden rehusarse en el caso de que los residuos no puedan ser recuperados en el país importador. 
Ha habido un prolongado debate en torno al tema de cuándo puede considerarse que algo es recuperación. 
El problema en todo este debate es que la recuperación de residuos no es necesariamente la solución más sensata en términos medioambientales. 
Por lo tanto, deben desarrollarse criterios claros para la recuperación. 
La Comisión Europea reconoce que este problema existe al señalar que, entre otras cosas, hay pocos requisitos medioambientales comunitarios para las operaciones de recuperación de residuos. 
Sin embargo, no habrá perspectivas de solución de este problema si la Comisión no presenta propuestas dentro del programa de estrategia temática sobre el reciclaje. 
Actualmente, es el Tribunal de Justicia quien determina qué constituye recuperación de residuos, y esto es inaceptable. 
Además, la modificación de la Directiva marco relativa a los residuos ha tardado demasiado. 
No nos comportamos de forma responsable con el sector de los residuos si nos mantenemos a la espera de que el prolongado proceso de modificación de la Directiva marco relativa a los residuos llegue a su fin. 
Necesitamos claridad a corto plazo. 
Como los problemas surgen en principio en conexión con el traslado de residuos, una medida lógica sería formular con todo lujo de detalles estas condiciones adicionales en el Reglamento que nos ocupa. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor opina que, hasta que la Comisión Europea no formule estas condiciones, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de fijar sus propias condiciones respecto a la recuperación de residuos. 
Yo opino además que debería ser posible rechazar traslados de residuos en el caso de que no se observe un porcentaje mínimo de recuperación ni un mínimo valor calorífico. 
Persiste un malentendido por lo que respecta a estas razones de rechazo. 
Cuando existe la posibilidad de rechazar un traslado de residuos por motivos ecológicos, esto no implica que el rechazo sea obligatorio. 
Algunos documentos de posición afirman incorrectamente que los traslados de residuos están prohibidos. 
Los artículos 12 y 13 del presente Reglamento no hablan de prohibición, sino del hecho que los traslados de residuos pueden realizarse de mutuo acuerdo. 
Así que la reutilización de la plata, incluso si no llega a una décima de un uno por ciento, debería seguir siendo posible. 
La exportación de residuos solo debería permitirse en el caso de que ello conduzca a la recuperación o a la eliminación definitiva a corto plazo; y no, por lo tanto, en el caso de que dicha exportación se destine a lo que llamamos «recuperación provisional» o «eliminación provisional» , al menos por lo que respecta a la Comisión de Medio Ambiente. 
En la práctica, hay muchas cosas que funcionan mal en los procesos implicados de mezcla, clasificación y almacenaje. 
Entonces ya no puede determinarse adónde han ido a parar los residuos, ni qué ha sucedido con ellos. 
Los residuos que son cuantificables y clasificados correctamente, y que son realmente recuperados o eliminados de forma ecológica, pueden, por tanto, ser exportados. 
De acuerdo con esto, la Comisión de Medio Ambiente propone la prohibición de la exportación de residuos domésticos que no hayan sido clasificados. 
Al fin y al cabo tampoco exportamos el agua usada a otros países. 
El último aspecto que deseo destacar se refiere a la implementación del presente Reglamento. 
No debemos ceder ante aquellos Estados miembros que no invierten suficientemente. 
Por esta razón, no apoyo las enmiendas 95 ni 98 presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que introducen un permiso implícito para el país de importación. 
Si se desea transparencia, es necesario un acuerdo mutuo previo por escrito. 
Hay Estados miembros que en estos momentos no tienen sus asuntos en orden. 
Ellos mismos admiten que no son capaces de controlar los traslados de residuos. 
A este respecto, los Estados miembros afectados deben introducir cambios en lugar de quejarse de la carga administrativa. 
En resumen, la competencia de precios en el mercado de los residuos europeos es aceptable, pero la competencia ecológica no lo es. 
Lo que la Comisión de Medio Ambiente no desea son exportaciones de residuos que desemboquen en una alternativa ecológica más nociva. 
Al fin y al cabo, el presente Reglamento no pretende facilitar el comercio de residuos, sino posibilitar una correcta gestión de los mismos desde el punto de vista ecológico. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar diciendo que esta es una buena propuesta de la Comisión y además es coherente, en líneas generales. 
También quiero felicitar al ponente por su gran trabajo, aunque no comparta alguno de sus puntos de vista, porque muchas de las enmiendas que ha presentado tienden a restringir la libre circulación de los residuos. 
Y los residuos, queramos o no, son una mercancía y, como tal, hay que tratarlos, aunque regulemos los aspectos que puedan afectar al medio ambiente. 
El transporte de residuos, en sí, no es un problema medioambiental, el problema es más bien la gestión que se pueda hacer de estos residuos, pero este es un tema que no pertenece al ámbito del presente Reglamento. 
La Comisión de Medio Ambiente ha aprobado la supresión del artículo 133, como base legal de la propuesta, y la Comisión de Asuntos Jurídicos es favorable a este cambio de base legal. 
No obstante, el Grupo PPE-DE es contrario a que se elimine la base legal referente a la política comercial. 
Por ello, pido expresamente a la Comisaria que se pronuncie claramente sobre esta cuestión. 
Es particularmente importante establecer normas claras para el transporte de residuos por barco y, en este sentido, el Sr. Blokland ha presentado la enmienda 92, que apoyamos, porque resuelve el problema de los barcos que son exportados para ser desguazados. 
Sin embargo, las enmiendas 37 y 44 eliminan el principio de autosuficiencia comunitaria establecido en la Directiva marco sobre residuos y establecen un único principio de autosuficiencia nacional. 
No las vamos a apoyar porque van en contra de las disposiciones de la propia Directiva marco de residuos. 
En cuanto a las enmiendas que prohíben las operaciones de valorizacion provisional, pensamos que no tienen ningún sentido, especialmente en regiones transfronterizas dentro de la Unión Europea. 
Idéntica postura tenemos respecto a las enmiendas que establecen criterios para definir lo que debe considerarse valorización. 
La definición de estos parámetros no es objeto de este Reglamento y, si se aprobase alguna de las enmiendas en este sentido, el Grupo PPE-DE votará en contra del informe. 
Pero, sin embargo, solicitamos a la Comisión que modifique los anexos de la Directiva marco sobre residuos para dejar claro, de una vez por todas, qué es la valorización, ya que no puede seguir escudándose en la sentencia del Tribunal de Justicia según la cual la Comisión interpreta sus propias Directivas. 
Las sentencias no son ley, son casos concretos y, por el momento, lo único que están haciendo es contribuir a que los agentes implicados en la gestión de residuos realicen sus actividades en condiciones de inseguridad jurídica. 
Señor Presidente, agradezco la propuesta de la Comisión y las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor a dicha propuesta, que pretende mejorar los Reglamentos vigentes en materia de transporte de residuos, en concreto el transporte transnacional de residuos. 
Hace poco hemos tenido el problema de los barcos que habían zarpado de los Estados Unidos hacia el Reino Unido para ser desguazados y reciclados, y cuando algunos llegaron se descubrió, como ya habíamos dicho aquí en el Parlamento Europeo, que en el Reino Unido no había instalaciones para trabajar de conformidad con la legislación de la Unión Europea. 
Ahora están pasando el invierno allí, esperando a ser devueltos a los Estados Unidos, creando así nuevos riesgos para el medio ambiente. 
Agradezco las propuestas de este informe de delimitar mejor la definición de recuperación de residuos, de animar a los Estados miembros a resolver el tema de los residuos domésticos de forma autosuficiente. 
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en la República de Irlanda se ha establecido un recargo de 15 céntimos por las bolsas de plástico de los supermercados, lo que ha tenido un gran éxito y ha reducido la cantidad de bolsas de plástico que se gastan en los supermercados. 
Ha tenido un gran impacto en el volumen de residuos. 
En Irlanda seguimos teniendo un grave problema de residuos. 
Hay una gran resistencia a la incineración por motivos de salud, temores infundados en mi opinión, pero que existen. 
Debemos centrarnos en la reducción y espero que esta nueva propuesta nos ayudará a avanzar en esta dirección. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría dar las gracias al Sr. Blokland por el informe tan claro y contundente que ha presentado. 
Al cabo de 28 años, el dúmping medioambiental sigue siendo un problema importante. 
Una de las razones es que las normas medioambientales no son las mismas en todas partes, siendo el motivo principal de esta situación el gran desacuerdo que existe sobre lo que de hecho supone la recuperación. 
Faltan criterios claros. 
La Comisión Europea ha metido la pata. 
Tendría que haber tomado hace muchos años la iniciativa de aportar claridad. 
Sin embargo, lamentablemente, la Comisión cedió a las presiones de la industria de los residuos, que prefiere seguir practicando el dúmping. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo acaba de dictar un par de sentencias sobre este vacío legal, pero estas tampoco proporcionan una respuesta definitiva a la cuestión de qué es lo que exactamente constituye recuperación y qué no. 
Mi Grupo opina que incinerarlo todo no es recuperación. 
Lamentablemente, este es ahora el caso, por definición. 
La recuperación implica una utilidad que no está presente en la incineración de periódicos; el reciclaje del papel es mucho más útil. 
Por supuesto, una vez que el papel ha sido reciclado de cinco a siete veces, ya no puede ser reciclado de nuevo, y en ese caso la incineración podría ser efectivamente útil. 
Incluso la incineración de lodos de aguas residuales se considera, por definición, útil. 
Sin embargo, es muy dudoso que esto sea aconsejable. 
Si el lodo se filtrara, entonces sí sería tal vez útil, pero no lo es de ninguna forma cuando se encuentra mezclado con el agua. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor así lo ha hecho. 
Mañana deberemos votar también las enmiendas. 
Como la Comisión no nos ha proporcionado claridad de ningún tipo, seremos nosotros quienes tendremos que hacerlo. 
No tiene sentido esperar a una estrategia temática si no se ha pensado en introducir antes ningún tipo de legislación. 
Entonces nos encontraríamos con cinco años de retraso. 
Deberíamos intentar llenar este vacío ahora, para bien o para mal. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Blokland por su informe sobre la propuesta que tenemos ante nosotros, que trata de los envíos de residuos y los diversos procedimientos y regímenes de control que deben seguir, cuyos requisitos vienen determinados por el tipo de residuos que se trasladan y el tipo de tratamiento que se aplicará al residuo en su destino. 
Trata de los diferentes niveles de control, según los riesgos planteados por los residuos y su tratamiento en términos de recuperación o vertido. 
Según la propuesta, el traslado de todos los residuos destinados al vertido y el traslado de residuos peligrosos y semipeligrosos destinados a recuperación deberán ser objeto de notificación y autorización previa por escrito. 
Se abolirá el consentimiento tácito que permite el reglamento actual. 
Los no peligrosos o los que figuran en la denominada «lista verde de residuos para recuperación» no requerirán ni notificación ni consentimiento. 
En otras palabras, para los residuos de la lista verde seguirán vigentes los requisitos actuales. 
No hay duda de que las empresas de residuos que exportan residuos entre los diversos países de la UE y las autoridades competentes de los envíos deberán soportar una mayor carga administrativa. 
La Comisión asegura que no habrá un mayor coste económico. 
Quisiera que la Comisión me explicara específicamente si se ha hecho o no un análisis del impacto económico en relación con esta propuesta en concreto, en el que se pueda basar su afirmación en cuanto a los costes económicos implicados. 
No obstante, la armonización y delimitación de los procedimientos en general cuenta con gran aceptación desde una perspectiva de la protección del medio ambiente. 
También se propone dejar claros el importe y el alcance de la cobertura de la garantía financiera o del seguro que deberá aprobar la autoridad competente para el envío; todas las autoridades competentes deben tener acceso a los mismos y deberá cubrir también los posibles gastos de almacenamiento. 
El importe de la fianza o seguro todavía es objeto de debate. 
Quizás la Comisión podría decir algo al respecto. 
En general estoy de acuerdo en que habría que crear un método coherente para calcularlo. 
La Comisión ha presentado un proyecto sobre el modo de conseguirlo. 
Irlanda es una pequeña isla nación, efectivamente carente de instalaciones de recuperación o incineración. 
Durante un futuro previsible dependeremos de los traslados regulares de residuos. 
En términos generales acojo con agrado esta propuesta, pero por muy bien regulado que esté el sistema, siempre habrá riesgos, que acabarán en accidentes, como el del mes de abril de este año, cuando un barco de bandera alemana, el, encalló en la punta de Cornwall. 
Llevaba 2 200 toneladas de restos de coches desguazados de Cork, en el sudoeste de Irlanda, a Lübeck en Alemania. 
La Sra. Jackson me ha dado una bolsa de plástico con estos restos, recuperados por las ONG ecologistas cuando limpiaban la playa de Cornwall. 
Es uno de los riesgos con los que siempre deberemos convivir. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Blokland por su informe. 
Y quiero centrarme en el tema concreto de la recuperación. 
Varias personas han mencionado la sentencia del Tribunal Europeo. 
Ya hace mucho tiempo que la Comisión tiene que aclarar qué es la «recuperación» exactamente, porque es un tema que incide en las Directivas de embalajes y también en otras Directivas de la UE. 
No hace falta ser un genio para deducir que recuperación no significa incineración de residuos. 
Es un espantoso despilfarro de recursos. 
No deberíamos permitir que los Estados miembros avancen en esta dirección, especialmente los que todavía no incineran en la actualidad. 
Estoy hablando concretamente de mi propio país, que quiere tener la oportunidad de construir incineradoras. 
Si estudiamos las presiones que ha recibido el informe Blokland, veremos que una gran parte son de personas que gestionan incineradoras y quieren asegurarse de que seguirán siendo económicamente viables. 
Queda bastante claro que si consentimos que la incineración se clasifique como recuperación, será un incentivo para quemar y desechar de esta forma, lo que desincentivara a los Gobiernos de actuar conjuntamente. 
Estamos dando un mal ejemplo a otros Estados miembros que se adherirán a la Unión Europea. 
En mi país, en concreto, el Gobierno irlandés está buscando excepciones a troche y moche, a pesar de que no ha hecho ningún esfuerzo por ofrecer a los ciudadanos de Irlanda la posibilidad de tener unas instalaciones de reciclado eficaces o crear industrias de reciclado. 
Estamos tirando por la ventana gran cantidad de puestos de trabajo al permitir que los residuos se quemen. 
No es una forma económica de gestionar los residuos a largo plazo, y esto no es bueno para el medio ambiente ni para la salud pública. 
– Señor Presidente, Señorías, el problema de los residuos es uno de los temas que más interesan a las personas, ya que les afecta de forma palpable. 
La gestión de residuos y la promoción del reciclaje y la recuperación de los mismos pueden tener un impacto directo en la vida y el bienestar diarios de las personas, así como en el disfrute de su entorno. 
El explosivo crecimiento del volumen de residuos en el futuro representará un problema tanto medioambiental como sanitario para una Unión Europea ampliada y sus ciudadanos. 
Sin embargo, en muchos Estados miembros todavía no se han implementado de forma seria los Reglamentos sobre gestión de residuos, ni la prevención de su acumulación, ni su recuperación ni reciclaje, y las leyes nacionales son a menudo insatisfactorias. 
Yo misma formo parte de un grupo de ciudadanos satisfechos que viven en un país donde la estrategia nacional con respecto a los residuos es bastante ambiciosa y se aplica de forma excelente. 
Sin embargo, los problemas de residuos que Finlandia tiene a escala nacional no pueden ignorarse porque, como ocurre con los desastres ecológicos, los residuos tampoco conocen límites. 
La propuesta de la Comisión de aclarar los Reglamentos sobre el traslado de residuos y cerrar un trato sobre normas comunes para los mercados de residuos es urgentemente necesaria. 
Las autoridades necesitan una legislación clara para mejorar la recuperación de residuos y orientar la gestión de residuos en un sentido más ecológico que antes. 
También es especialmente importante que los requisitos mínimos de las normas medioambientales aplicadas a terceros países se ajusten a la lógica legislativa interna de la Comunidad y que no estén basados directrices definidas de forma imprecisa. 
También siento una gran preocupación por el bienestar de las zonas marítimas vulnerables y los riesgos medioambientales a los que están expuestas. 
La protección del único mar interior europeo, el Mar Báltico, ha sido durante largo tiempo una prioridad para el Estado finlandés. 
Considero importante que la propuesta en cuestión incluya las aguas regionales de la UE, que necesitan protección de las amenazas que conlleva el tráfico de residuos. 
Es importante observar que los buques y demás medios de transporte acuático puedan clasificarse como residuos. 
El Convenio de Basilea no lo ha tenido en cuenta de forma separada, y por ello es importante que esta cuestión se plantee aquí y ahora, de forma que se pueda cerrar toda laguna jurídica. 
,. – Señor Presidente, me complace decir que la Comisión puede aceptar 26 enmiendas en su totalidad y otras 23 en principio o en parte. 
Algunas enmiendas al artículo 13 sobre las objeciones a los residuos para recuperación pretenden buscar soluciones nacionales en vez de soluciones comunitarias, y con ellas se quiere abordar especialmente los temas del denominado dúmping en materia de normativa medioambiental en relación con los residuos destinados a la recuperación, permitiendo varias justificaciones para oponerse a los traslados con fines de recuperación. 
Como todos sabemos, el problema se refiere al hecho de que los residuos para recuperación viajan casi libremente dentro del mercado único y, a la vez, un tratamiento de residuos que respete las normas más estrictas suele ser más costoso que el tratamiento convencional. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que podemos permitir la competencia en los costes pero no en las normas medioambientales. 
Sin embargo, estamos legalmente obligados por el Tratado a salvaguardar el medio ambiente y a la vez respetar las normas del mercado interior. 
Por lo tanto, la mejor solución será a nivel comunitario y debería basarse en tres elementos principales. 
En primer lugar, el establecimiento de unas normas a escala comunitaria mediante la ampliación de la Directiva IPPC, la elaboración de unas directrices sobre la recuperación fraudulenta y, en tercer lugar, una distinción más clara entre las diversas operaciones de recuperación y vertido. 
Estoy de acuerdo con quienes dicen que no será fácil hallar una solución hasta que no se encuentre o se establezca esta solución a largo plazo, pero en la Comisión reconocemos definitivamente el problema y la necesidad de discutir una posible solución transitoria, y esto formará parte del proceso a partir de ahora. 
Otro motivo de preocupación para la Comisión es la propuesta de que se prohíban las operaciones de tratamiento provisional. 
Las enmiendas 13, 14, 34 y 41 proponen la prohibición de los transportes de residuos para operaciones de tratamiento provisional y definen las operaciones de recuperación y vertido únicamente como operaciones de tratamiento final y no de tratamiento provisional. 
La Comisión cree que una prohibición absoluta no tendría justificación ambiental y entraría en conflicto con el Tratado. 
Además, la Comisión cree que es esencial que este Reglamento se ajuste a las definiciones horizontales de las operaciones de recuperación y vertido según se establecen en la Directiva Marco de Residuos. 
Establecer una definiciones distintas sería incoherente e innecesariamente complicado. 
El tema de la coherencia con la legislación vigente aparece también en otras enmiendas. 
Algunas enmiendas al artículo 13 pretenden establecer criterios para calificar un tratamiento de recuperación y abordar el tema de la recuperación fraudulenta. 
De hecho, estos criterios podrían encontrarse entre varios de los considerados relevantes para la distinción entre recuperación y vertido en general, que es un tema horizontal que debería resolverse en el contexto de la Directiva Marco de Residuos en vez del contexto específico de este Reglamento. 
Aunque la Comisión podría no estar totalmente en desacuerdo con el contenido de las aclaraciones propuestas, hay que defender la coherencia de las listas de los anexos, y si hay que hacer cambios, estos deberían introducirse en primer lugar en el origen. 
También podemos apoyar otro elemento relativo al Anexo V, en concreto el de dar prioridad a la lista de productos peligrosos elaborada por la UE respecto de la lista de productos no peligrosos de Basilea en relación con la denominada prohibición de Basilea sobre la exportación de residuos peligrosos de países de la OCDE a países que no son de la OCDE: enmiendas 69 y 70. 
Permítanme que haga un breve comentario sobre la cuestión del doble fundamento jurídico. 
Como se establece en la exposición de motivos, el objetivo principal del reglamento es la protección del medio ambiente. 
Este objetivo debe mantenerse en la nueva propuesta y el fundamento jurídico se encuentra en el artículo 175 del Tratado: el medio ambiente. 
De todas formas, en relación con lo dispuesto en los títulos IV, V y VI sobre las exportaciones, las importaciones y el tránsito por la Comunidad con origen y destino en terceros países, se puede argumentar que son normas que persiguen un objetivo medioambiental global y general, además de normas sobre comercio internacional. 
Por lo tanto, las normas medioambientales se aplican también al régimen comercial y están relacionadas con el mismo. 
De modo que el fundamento jurídico en lo que se refiere a las disposiciones específicas de estos tres títulos es el artículo 133 del Tratado de la CE. 
La enmienda 95 propone permitir el consentimiento tácito en relación con los envíos de residuos peligrosos para su recuperación. 
Como se indica también en la exposición de motivos, esto no es aceptable para la Comisión. 
En primer lugar, debemos aplicar el enfoque cautelar para los transportes de residuos peligrosos dentro de la Comunidad y, en segundo lugar, debemos respetar los requisitos de la Convención de Basilea sobre este tema. 
La Convención de Basilea es muy clara y no deja margen para la interpretación. 
Hay que aplicar el consentimiento escrito a los transportes de residuos peligrosos. 
La Comisión respalda las enmiendas que persiguen el mismo objetivo que la propuesta de la Comisión, es decir, la promoción de las normas de la UE y determinadas directrices acordadas internacionalmente en el país de destino fuera de la Comunidad. 
También se pueden aceptar las directrices añadidas a la lista: las directrices de la OIT sobre el desguace de barcos y las directrices de la OCDE sobre ordenadores personales. 
Finalmente, en relación con la evaluación del impacto, no hay ninguna. 
Pero el sistema de notificación e información es un sistema arraigado. 
No hay ninguna evaluación de impacto específica. 
– Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0354/2003) de la Sra. Gutiérrez-Cortines, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una estrategia temática para la protección del suelo» [COM (2002) 179 – C5-0328/2002 – 2002/2172 (COS) ]. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, tras muchas iniciativas legislativas, recomendaciones y estudios, la Comisión Europea ha promovido una estrategia temática para la protección del suelo. 
El primer punto de referencia- yo creo, básico- es que el suelo es una riqueza limitada, base de la agricultura y de la producción, de la alimentación y soporte del paisaje. 
Pero, quizás porque el horizonte siempre parece infinito, a la sociedad le cuesta creer y asimilar que se trata de un recurso limitado y, por tanto, tenemos que protegerlo como cualquier otro recurso. 
Este documento no solo trata de la protección del suelo, sino también de la conservación de la tierra y del paisaje, desea garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos y evitar toda clase de riesgos. 
Por tanto, yo felicito a la Comisión por su trabajo. 
Es un documento bien hecho, el punto de partida es coherente, supone muchísimos años de trabajo y me consta que se sigue trabajando en esa misma línea. 
Aunque el texto no tenga rango normativo- y esto lo quiero destacar -, es un documento de fondo que generará numerosas actuaciones, directivas y recomendaciones y marca los ejes esenciales que afectan al futuro de la conservación de los suelos y del paisaje. 
Es lo que podríamos llamar una palanca invisible de las que a veces se sirve la Comisión para crear pensamiento y actitud ante los problemas. 
Como estrategia temática pretende desarrollar una política científica y hacer unos trabajos mucho más firmes, consistentes y coherentes que los que se han hecho hasta ahora. 
Pretende detectar la relación causa-efecto, los impactos. 
Nosotros también en esta línea, recomendamos un reconocimiento del carácter diferente de cada suelo, de su distinta tipología, de la diversidad de los suelos y de la aplicación de medidas, soluciones y métodos adaptables al sitio y características del lugar. 
Como hemos dicho muchas veces, el desarrollo sostenible supone un traje a medida y todo trabajo científico ha de adaptarse a la realidad. 
Esto significa que entramos en el ámbito de la complejidad y que la Comisión acepta el difícil reto de desarrollar una política de suelos que reconozca la diversidad de cada sitio, cada zona, cada clima. 
¿Qué es lo que aporta el Parlamento? 
El Parlamento insiste en la necesidad de catálogos referenciados y homologables y le da varios mandatos a la Comisión para que, en fecha lo más breve posible, aporte ya un modelo de catálogos que pueda realizarse en todas las regiones y en todos los países, accesible, geodiferenciado, siempre en soporte informático y compatible. 
Estos catálogos deben incluir una biografía de los suelos, tipologías, estructuras y otras variables además de los usos, riesgos posibles y valores históricos, paisajísticos o culturales, destacando los riegos de cualquier tipo. 
Insto a la Comisión a que desarrolle el proyecto de Directiva INSPIRE para el establecimiento de una infraestructura espacial de información europea, que es absolutamente necesaria como instrumento para desarrollar esta materia y que, en su día, fue aprobado por tres direcciones generales. 
Recomiendo una investigación mucho más precisa en algunos campos. 
Insistimos en la necesidad de intercambiar la información y la investigación sobre el uso de la agricultura. 
Hay muchas agriculturas, y la mayor parte de ellas son beneficiosas para el suelo, para su conservación, para evitar la erosión, para el mantenimiento de la materia orgánica. 
Creo que es hora de que se acabe, de manera científica, con ese tópico de que la agricultura es un mal para el suelo. 
Hay muchas agriculturas buenas y debemos indentificarlas y apoyarlas, sobre todo si queremos introducir ese tema en la PAC. 
Se recomiendan programas de investigación que ofrezcan soluciones y no solo diagnósticos y clasificaciones como se ha hecho hasta ahora. 
Quiero insistir en dos temas, que son los que suponen una novedad: el empeño en estudiar la desertificación y la relación con las variables que lo provocan como el cambio climático. 
Creo que el Parlamento debe mantener su insistencia en relacionar el agua con la desertificación, los problemas de los acuíferos, la necesidad de redotarlos, la necesidad de cuidar esos espacios climáticos y el avance del desierto. 
Respecto al sellado relacionado con los planes territoriales, diré que aunque el sellado del suelo y el avance de la urbanización- en muchos casos excesiva e incontrolada- y la pérdida de suelo que estamos viviendo- a veces dramática en determinados lugares -, sea un tema subsidiario, la Comisión debe, en este caso, ejercer el liderazgo de nuevo, utilizar esas palancas invisibles que ejerce en determinados terrenos, poniendo sobre la mesa propuestas de buenas prácticas. 
Debe insistir en que no existe una posible conservación del suelo si no lo incluimos en la ordenación del territorio. 
Todo buen plan y todo plan de ordenación debe incluir un catálogo de suelos y una valoración de los mismos, porque esa es la única manera de evitar inundaciones, que se construya en ramblas, que se construya en zonas Hábitat o Natura. 
Y ahí apoyaremos a la Comisión. 
Es preciso desarrollar una política de suelos que pueda cubrir la raíz auténtica del apoyo regional y del apoyo de los Estados. 
,. – Señor Presidente, doy las gracias al Parlamento Europeo, en particular a la Sra. Gutiérrez-Cortines, por la elaboración de este informe. 
Con esto terminará el proceso de consulta sobre la primera fase de la estrategia temática del suelo. 
La Comisión agradece el amplio apoyo del Parlamento al planteamiento general, los objetivos principales y los resultados presentados en la comunicación. 
Esto incluye el desarrollo de una comunicación sobre los principales temas de degradación del suelo, como la erosión, la contaminación y la materia orgánica, así como una propuesta de directiva de control edafológico. 
El Parlamento Europeo reconoce la dimensión comunitaria de muchos de los procesos de degradación del suelo a que se enfrenta Europa. 
El Parlamento subraya que los procesos de degradación del suelo son progresivos y a menudo pasan desapercibidos, a veces durante muchas décadas. 
Y esto es lo que distingue el suelo de otros componentes medioambientales y de alguna manera explica por qué las políticas relativas al aire y al agua se han desarrollado antes. 
La Comisión comparte la opinión de que todo enfoque de la protección del suelo debe tener en cuenta la considerable diversidad de las condiciones regionales y locales que existen en Europa. 
Una estrategia europea de protección del suelo no implica un planteamiento estandarizado, de talla única. 
La Comisión está totalmente de acuerdo en que es vital aplicar un planteamiento integrado, basado en el desarrollo sostenible. 
Es sumamente importante aplicar un enfoque multifuncional e intersectorial del suelo. 
Las implicaciones económicas y sociales de la degradación del suelo son, pues, parte integrante de la estrategia temática del suelo. 
Los numerosos comentarios, peticiones y propuestas adicionales que contiene la resolución del Parlamento se tendrán en cuenta en su totalidad en el futuro desarrollo de la estrategia temática para la protección del suelo. 
En este contexto, la Comisión agradece el apoyo del Parlamento a un planteamiento basado en el conocimiento. 
La Comisión examinará las propuestas detalladas para elaborar un catálogo del suelo, el cartografiado y la ordenación del suelo, con lo que se debería intentar resolver los problemas específicos de la degradación del suelo. 
También reconocemos que es necesario comprender mejor la biodiversidad del suelo, los ciclos de nutrientes y del agua y los temas relacionados con el uso de abonos. 
La Comisión agradece el importante papel atribuido a la agricultura y la silvicultura en la revitalización del suelo –en concreto, la denominada ecocondicionalidad obligatoria de todos los pagos realizados al amparo de la Política Agrícola Común, la integración de medidas específicas para la protección del suelo y del agua en la PAC, el diagnóstico localizado de los impactos de la reforma de la PAC en la salud del suelo, y la definición de los modelos de agricultura y silvicultura en línea con las características del suelo. 
La Comisión acepta la petición del Parlamento de hacer que el uso de la tierra esté en línea con las características del suelo, integrar los objetivos de protección del suelo en las estrategias de planificación espacial, impedir el sellado indiscriminado de suelo y evitar la bisección de ecosistemas, flujos de agua y paisajes por parte de las infraestructuras viarias y urbanas. 
La Comisión reconoce la necesidad de ejercer un mayor liderazgo en Europa en el ámbito de la planificación espacial. 
La Comisión suscribe plenamente el papel atribuido a la protección del suelo en el contexto de los principales procesos, como el declive de la biodiversidad, el cambio climático, la desertización, la erosión de las costas y los incendios forestales. 
La Comisión reconoce, en concreto, la necesidad de tomar medidas adicionales para combatir la desertización de Europa, y tendrá en cuenta la petición urgente del Parlamento de que se elabore una comunicación inmediata y un programa de acción de la Comunidad sobre la desertización. 
En resumen, quiero subrayar que considero que la resolución del Parlamento es una aportación importante a nuestro trabajo. 
Ahora podemos dirigir directamente nuestro trabajo hacia el desarrollo de la fase siguiente sobre la estrategia del suelo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nosotros, los seres humanos, dependemos hasta el extremo del agua y del aire, pero también del suelo. 
Vivimos sobre él y vivimos de él, viajamos por él y nos maravillamos ante su belleza: bastantes razones por las que tratarlo con atención. 
Como miembro de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, me gustaría discutir varios aspectos relacionados con dicha atención. 
En primer lugar, es bueno establecer que el suelo tiene una naturaleza menos internacional que el aire o el agua, que están en continuo movimiento. 
Aunque hasta cierto punto los Estados miembros tienen problemas similares con sus suelos respectivos, las causas varían. 
Teniendo esto en mente, hay razones para temer que una visión centralizada no tendrá el resultado deseado para todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, un punto de vista europeo debe hacer hincapié en el intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas. 
Del texto de la comunicación no me ha quedado claro si la Comisión ya ha tomado realmente este rumbo. 
En segundo lugar, la señora Gutiérrez-Cortines destaca correctamente las consecuencias adversas del transporte para el suelo. 
La compactación y el sellado del suelo son importantes efectos adversos de la infraestructura que se asienta en él, con consecuencias para la viabilidad y la condición de ese suelo. 
Por consiguiente, estos efectos deben minimizarse y así se reducirá la presión ejercida sobre el suelo. 
El fomento de medios de transporte que tienen un impacto menor o nulo sobre el suelo, como el transporte por vías navegables interiores o de cabotaje, ofrece una oportunidad para ponerlo en práctica, así como también el uso de materiales menos dañinos en la construcción de infraestructuras. 
Por último, la Comunidad también debería influir directamente en la construcción de infraestructuras por medio de la incorporación de los intereses del suelo en los proyectos en los que la invierte. 
Estamos satisfechos con el presente texto por lo que se refiere a los aspectos específicos del transporte. 
Lamentablemente, todavía existe una falta de claridad respecto al nivel de protección general del suelo y la forma que debería tomar. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Gutiérrez-Cortines, por su informe. 
Ya se ha dicho que se trata de un tema muy importante: el suelo es un componente vital para nuestra existencia. 
En cuanto a la erosión de las costas, hace algún tiempo fui ponente en este Parlamento sobre la gestión de las zonas costeras. 
El tema del uso de la tierra quedaba fuera de dicho informe. 
Sin embargo, en relación con la erosión de las costas, hay que tener en cuenta varios elementos, especialmente en cuanto a las urbanizaciones que se están construyendo a lo largo de nuestras costas. 
Una parte de la erosión costera está relacionada con la naturaleza y por lo tanto queda fuera de nuestro control, pero una gran parte de la erosión es resultado de una planificación y un desarrollo irresponsables. 
La desertización y la erosión interior también son consecuencia del uso de nuestros suelos. 
El tema del exceso de pastoreo en Irlanda ha causado un problema importante en relación con la erosión del suelo en el oeste del país y también en algunos otros lugares. 
La silvicultura es un tema que ha causado graves problemas en relación con la erosión del suelo en toda la Unión Europea, especialmente en la parte sur de Europa. 
Son cosas que se pueden resolver fácilmente estudiando la forma en que usamos la tierra. 
En relación con la agricultura, debemos estudiar las consecuencias a largo plazo de los tipos de productos químicos, como pesticidas y herbicidas, que se utilizan en el suelo. 
Como ha dicho el anterior orador, el suelo es vital no solo en términos de belleza y valor estético, sino también en términos de nuestra supervivencia, la supervivencia de las comunidades agrícolas, e incluso la supervivencia de aquellos que hasta cierto punto han contribuido a crear el problema más grave en relación con el suelo. 
Quiero felicitar a la Comisión por centrarse en este tema, porque igual que el agua y otras cuestiones, es un tema de gran importancia. 
En efecto, numerosas políticas europeas y varias directivas, como la IV Directiva sobre el agua o el Sexto Programa en Materia de Medio Ambiente, abordan la protección del suelo. 
Toda una gama de proyectos y directivas sobre la responsabilidad medioambiental tratan también este tema. 
Por una parte, ¿cuál es el interés de definir el suelo a escala europea, de elaborar un catálogo científico de suelos para 2007 con una armonización de los datos pedológicos, sino constatar su diversidad, que ya era conocida? 
Y por otra, ¿cuál es el interés de elaborar un diagnóstico sobre el impacto de la reforma de la PAC una vez adoptada esta? 
En nuestra opinión, una simple recomendación bastaría, y evitaría penalizar una vez más a los agricultores, ya gravemente desfavorecidos por la reforma de la PAC. 
Simplifiquemos y racionalicemos los textos vigentes, y adaptemos por fin las subvenciones europeas al objetivo perseguido, alentando las técnicas favorables a la protección de los suelos y a la conservación de la fauna salvaje, como el no laboreo y la siembra directa. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0365/2003) del Sr. Lisi sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas [PE-CONS 3665/2003 – C5-0435/2003 – 2001/0257 (COD) ]. 
– Señor Presidente, señora Comisaria Wallström, para empezar me gustaría recordar brevemente la historia legislativa de esta medida. 
Los trágicos accidentes que han afectado a la industria química en los últimos años y, sobre todo, a las personas que viven cerca de estos lugares y al hábitat de la zona tenían que atraer la atención de la Unión Europea. 
Lugares como Baia Mare, Aznalcóllar y, sobre todo, Toulouse y Enschede, se han convertido en sinónimos de tragedias humanas ecológicas a las que debemos responder de forma clara. 
Es en este delicado contexto donde la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo su propuesta de modificación de la Directiva 96/82 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
Esta propuesta fue el fruto de un trabajo científico exhaustivo y nos complace reconocer el deseo de la Comisión de abordar las deficiencias de la Directiva anterior con mentalidad constructiva, que nos ha permitido mandar un mensaje claro tanto a la industria química como a los ciudadanos. 
Haremos todos los esfuerzos necesarios para garantizar que, en el futuro, se aprueben y se respeten medidas de control adecuadas. 
En primera lectura, yo expliqué, junto a otros diputados, por qué se necesita esta contundente llamada de atención del Parlamento Europeo, y todos juntos adoptamos un punto de vista, que hoy confirmamos, según el cual estamos de acuerdo en garantizar que los accidentes que han ocurrido hasta la fecha no vuelvan a ocurrir de nuevo, en garantizar la protección de los ciudadanos y de los trabajadores en esas plantas, y en proporcionar protección sustancial para las zonas colindantes. 
Como ya saben, el Consejo alcanzó una posición común que incorporaba en esencia muchas de las preocupaciones del Parlamento. 
Es cierto que, tras la segunda lectura, todavía existen algunas zonas grises, aunque creo que han sido clarificadas por la conciliación que realizamos y que ahora está a la espera de la aprobación del Parlamento. 
Mencionaré brevemente las cuestiones principales en las que el Comité de Conciliación alcanzó un compromiso: la primera se refiere a las actividades mineras. 
El compromiso al que llegamos pretende garantizar la complementariedad entre la Directiva en cuestión y la Directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas, que se encuentra en fase de primera lectura en el Parlamento. 
De este modo, el ámbito de aplicación de la denominada «Directiva Seveso» se extiende a las instalaciones activas de evacuación de residuos mineros que se utilicen en relación con el tratamiento de minerales. 
Por lo que respecta a la formación del personal, desde el principio insistimos en la importancia en este sector de una formación adecuada de dicho personal en la prevención y gestión en caso de accidentes. 
Esta idea quedó confirmada en el Comité de Conciliación, y el Parlamento consiguió que se dispusiera que no solo se impartirá una formación suficiente al personal de las instalaciones potencialmente peligrosas, sino también al personal subcontratado en las mismas. 
Por lo que respecta al tercer aspecto, el de los mapas de zonas de riesgo, el Parlamento ha propuesto varias veces el uso de mapas ilustrados para informar al público de las zonas de riesgo respectivas, así como del alcance de dicho riesgo, ya que opina que este es un medio simple y claro de informar a todos aquellos que puedan verse afectados por el riesgo potencial en caso de accidente. 
En el Comité de Conciliación se alcanzó un acuerdo que propone que estos mapas o imágenes –representaciones equivalentes– se incluyan en informes de seguridad y que estos estén a disposición del público. 
Mi penúltimo punto se centra en el nitrato de potasio. 
El Consejo aprobó en el Comité de Conciliación especificaciones y nuevos umbrales de nitrato de potasio, propuestos por el Parlamento. 
Esta enmienda impedirá que los agricultores que usan un tipo de nitrato de potasio que no está clasificado como combustible sean incluidos indebidamente en la lista de agentes sujetos a las medidas de seguridad previstas en esta Directiva. 
La última cuestión está relacionada con la base de datos para la planificación en materia de usos del suelo. 
El compromiso alcanzado en el Comité de Conciliación respecto a una base de datos que incluirá datos sobre riesgos e hipótesis de riesgo –una base de datos que permita evaluar la compatibilidad entre las plantas industriales y las zonas sensibles– insta a la Comisión a elaborar las directrices necesarias para crear dicha base de datos en un plazo de tres años y, al mismo tiempo, preservar la subsidiariedad necesaria frente a la diversidad de situaciones. 
Finalizo, señor Presidente, dando las gracias a la Comisión y a los diputados. 
Tengo la impresión de que hemos alcanzado juntos un acuerdo satisfactorio que toma en consideración todas las demandas que han sido expresadas, en especial el objetivo principal que mencioné al principio, la necesidad de enviar a nuestros conciudadanos un mensaje claro. 
Por último, un apunte técnico: señor Presidente, en el anexo I (I) , en particular en los puntos 5 y 6, hay algunas definiciones que podrían dar pie a ambigüedades. 
Ruego tengan en cuenta que la versión que prevalece es la versión inglesa. 
– La situación es bastante complicada, de forma que tendrá que repetir su declaración mañana, antes de la votación. 
. – Señor Presidente, la Comisión agradece el resultado del proceso de conciliación y está encantada con el hecho de que los colegisladores hayan decidido no solo ampliar el ámbito de la Directiva Seveso II a la luz de los accidentes de Baia Mare, Enschede y Toulouse, sino también reforzar las disposiciones. 
La nueva Directiva incluye ahora las operaciones de procesado térmico y químico en la minería así como todas las instalaciones operativas de vertido de escorias que contengan residuos de minería peligrosos. 
Además, su ámbito se ha delimitado de forma más estricta en relación con las sustancias explosivas y pirotécnicas, y el nitrato de amonio. 
Teniendo en cuenta los resultados de dos estudios llevados a cabo por la Comisión, la Directiva incluye también más sustancias cancerígenas, y se han rebajado los límites a partir de los cuales las substancias se consideran tóxicas para el entorno acuático. 
Además, y sobre todo debido a las peticiones del Parlamento Europeo, ahora la directiva se ha reforzado en algunos otros aspectos como la información al público, la formación para casos de emergencia y la implicación del personal subcontratado. 
Sus disposiciones sobre la planificación del uso de la tierra se han reforzado y ahora incluyen un mandato para que la Comisión elabore una base de datos que se utilizará para valorar la compatibilidad entre los establecimientos de Seveso y las zonas delicadas. 
La nueva Directiva obliga también a los operadores industriales a elaborar mapas de riesgo que muestren las zonas que podrían verse afectadas por accidentes graves. 
Y, finalmente, la importante disposición de que los Estados miembros deberán facilitar a la Comisión informaciones mínimas sobre todos los emplazamientos de Seveso de su territorio. 
Me gustaría felicitar al Sr. Lisi, el ponente, por su trabajo, así como a todos los diputados que han contribuido a asegurar un resultado satisfactorio en este proceso legislativo. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a nuestro colega el Sr. Lisi por el excelente trabajo que ha realizado sobre este tema tan delicado. 
Como diputado de Toulouse, puedo decirles hasta qué punto, dos años después de los hechos, el drama de la explosión de la fábrica de AZF sigue estando extraordinariamente presente en la ciudad, en las mentes, y a menudo incluso en la carne de las víctimas de la catástrofe. 
Junto con el Alcalde de Toulouse, Sr. Philippe Douste-Blazy, tuvimos que hacer frente a la emergencia y dar soluciones locales a este drama. 
Pero si queríamos que no se repitiese en el futuro, había que ir más lejos y legislar. 
Y es lo que hizo nuestra institución haciéndose cargo de esta cuestión desde el 3 de octubre de 2001. 
A este respecto, celebro especialmente que la constructiva colaboración establecida entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento permitiera obtener en segunda lectura un consenso sobre la cuestión de los nitratos de amonio y que, a partir de ahora, en las fábricas de riesgo, los umbrales de los nitratos autorizados se fijen en un nivel tal que quizás se hubiera podido evitar la explosión de Toulouse. 
En muchos ámbitos, el trabajo efectuado en tercera lectura y en el proceso de conciliación aporta nuevos avances, nuevas medidas cautelares, y en nuestra acción legislativa tenemos presente desde luego la seguridad de los asalariados que trabajan en las fábricas de riesgo. 
Son pues necesarias e incluso indispensables medidas de formación destinadas al personal, pero como ha dicho el Sr. Lisi, no deben limitarse al personal asalariado de las fábricas de riesgo, hay que hacerlas extensivas a los trabajadores de las empresas subcontratistas. 
Ampliar en su beneficio el esfuerzo de formación no me parece en absoluto una medida puntillosa y de inspiración burocrática; al contrario, se trata de una medida de protección. 
Celebro el resultado obtenido en el Comité de Conciliación sobre este punto. 
Tenemos también el deber de responder al legítimo deseo de las poblaciones de recibir una información mejor sobre estas cuestiones. 
Los industriales afectados deberán avanzar, por propia iniciativa, hacia una mayor transparencia de sus actividades. 
Con mesura, el Parlamento Europeo ha querido aportar su grano de arena a la mejora de la información al público mediante la realización de una cartografía del riesgo. 
Es un avance, pero ahora es necesario que las poblaciones sean informadas, sobre el terreno, de la existencia y la accesibilidad de estos documentos de seguridad. 
Señor Presidente, soy consciente, por supuesto, y los tolosanos también, de que este informe no constituye una protección absoluta contra los accidentes industriales. 
La protección absoluta, por definición, no existe, pero estoy igualmente segura de que nuestra Asamblea, haciéndose cargo del problema rápidamente y previendo unas normas de protección reforzadas, habrá demostrado que Europa también sabe responder cuando hace falta a las preocupaciones inmediatas de nuestros conciudadanos, y por ello, le doy las gracias. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0386/2003) del Sr. Adam, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CEE) nº 3508/92 [COM (2002) 729 – C5-0027/2003 – 2002/0297 (CNS) ]. 
. – Señor Presidente, la propuesta de la Comisión aborda la necesidad reconocida de reforzar urgentemente las normas actuales para la identificación y el registro del ganado ovino y caprino, en concreto a la luz de la experiencia adquirida con la crisis de la fiebre aftosa de 2001. 
En su resolución sobre la fiebre aftosa de diciembre de 2002, el Parlamento Europeo declaró que la Comisión debería presentar lo antes posible una propuesta para modificar la Directiva 92/102/CEE con el fin de mejorar la identificación de cerdos, ovejas y cabras. 
Según la legislación actual, las ovejas y cabras deben identificarse con un marca auricular o un tatuaje relacionado con la explotación. 
Los poseedores deben llevar un registro actualizado sobre la explotación, y la autoridad competente debe llevar un registro central de explotaciones. 
Los principales elementos nuevos del sistema propuesto son la identificación individual, la doble marca auricular para asegurar que se conserve la identidad cuando se pierde una marca, y la introducción de un documento de traslado. 
La identificación individual es esencial para el seguimiento eficaz de los animales con fines veterinarios, cosa que es crucial para el control de las enfermedades contagiosas. 
La introducción de un sistema reforzado tendrá un efecto positivo en caso de brotes de las principales enfermedades animales, como la fiebre aftosa, lo que permitirá una identificación rápida de la fuente de infección y limitará el contagio de la enfermedad. 
Además, facilitará una trazabilidad precisa de los animales en el marco de los programas de erradicación de enfermedades animales financiados por la Comunidad. 
La tecnología de la identificación electrónica de ovejas y cabras ha progresado de tal manera que ya puede aplicarse en la práctica. 
Y esta afirmación viene respaldada por los resultados del proyecto piloto a gran escala de la Comisión, el proyecto IDEA. 
Pero todavía hay que desarrollar las medidas de aplicación necesarias para que el sistema de identificación electrónica funcione al completo en el ámbito de la Comunidad. 
La propuesta, pues, ofrece directrices y procedimientos nuevos que se adoptarán a través del Comité permanente sobre la Cadena Alimenticia y la Salud Animal, que prevé la entrada en vigor de la obligación de marcación electrónica para el 1 de julio de 2006. 
Soy muy consciente de la diversidad existente entre la población ovina y entre los sistemas de producción en los diversos Estados miembros. 
Por este motivo la propuesta incluye opciones que permitirán a los Estados miembros diferir la identificación de corderos hasta la edad de 6 meses, que es cuando las ovejas se crían en condiciones de ganadería extensiva y al aire libre, y aplicar la identificación simplificada para los corderos jóvenes, hasta los 6 meses, que van directamente al matadero. 
La opción que se elija influirá en los costes probables de introducción del nuevo sistema para los ganaderos. 
Al calcular los costes de introducción del sistema reforzado en el ámbito comunitario hay que tener en cuenta la diversidad de la población ovina y de los sistemas de producción de ovejas en los Estados miembros. 
En ausencia de información precisa sobre traslados y otros parámetros, las estimaciones deben basarse en la estructura general de los diversos sistemas de producción. 
En este sentido, se calcula que los costes globales del sistema reforzado varían entre 1 euro (para las marcas de oreja tradicionales) y 3,7 euros (identificación electrónica) por oveja y año. 
La propuesta prevé que, si es necesario, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la experiencia obtenida con la identificación electrónica. 
Este informe podría ir acompañado de propuestas que modificaran, si procede, la fecha en que la identificación electrónica pasaría a ser obligatoria. 
Reconozco que esta propuesta exigirá un esfuerzo considerable tanto a los ganaderos como a las autoridades, pero estos esfuerzos valen la pena y son necesarios. 
. – Señor Presidente, el Consejo, la Comisión y el Parlamento están plenamente de acuerdo en que debemos mejorar la trazabilidad del ganado ovino y caprino. 
Esta fue la conclusión clara de la experiencia derivada del brote de fiebre aftosa. 
También estamos de acuerdo en que el objetivo final debe ser un sistema de identificación electrónica de bajo coste. 
Las propuestas de la Comisión, que constituyen el objeto de este informe, llenan el vacío entre la práctica actual y el acuerdo de introducir métodos electrónicos. 
Las propuestas prevén un sistema de control complicado basado en números de identificación individual y el registro de todos estos números cuando las ovejas y las cabras se trasladen. Seguramente con estas propuestas se conseguiría el objetivo. 
Lamentablemente, no tienen en cuenta los diversos métodos de cría de ovejas y cabras en los Estados miembros: las diferentes condiciones de cría existentes en las regiones montañosas y en los pastos de llanura, o los diversos tamaños de los rebaños de ovejas y cabras, que pueden variar entre un puñado y miles. 
No tienen en cuenta las diversas cifras en cada uno de los Estados miembros, que oscilan entre unos centenares de miles y millones. 
Y lo que es más grave, las propuestas impondrían un sistema de registro imposible en términos de costes e intensidad de mano de obra cuando se trata de grandes cantidades de ovejas. 
Las propuestas se basan en el método actual de pasaporte que se utiliza para seguir el rastro del ganado vacuno en sus traslados, pero ignoran las diferencias existentes entre las vacas y las ovejas. 
Las propuesta no tienen en cuenta las diferencias culturales que, en otras circunstancias, querríamos fomentar. 
Si se aplicaran estas propuestas, serían una amenaza para el futuro de la cría de ovejas en Europa tal como la conocemos. 
Supongo que deshacerse de las ovejas es una forma segura de deshacerse de la enfermedad. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural simplemente pide, en este informe, que se tengan en cuenta los diversos factores. 
En primer lugar, la comisión quiere, por unanimidad, que se permitan los sistemas de control por lotes de la misma forma que el control individual, y que los Estados miembros puedan aplicar los dos sistemas según las circunstancias. 
Los sistemas por lotes pueden funcionar. 
Funcionan con los cerdos, aunque no digo que no haya diferencias entre las ovejas y los cerdos. 
Las enmiendas de la comisión –que el Comisario ha conseguido eludir– establecen unas normas detalladas y eficaces para ambos sistemas de trazabilidad. 
La decisión sobre cuál debe usarse se basaría en el sentido común y la economía. 
Por desgracia, parece que el Comisario Byrne no se ha enterado de lo que ha ocurrido en la Comisión de Agricultura. 
Me gustaría acabar citando al Comisario Fischler, el Comisario responsable de agricultura, que hace poco ha dicho: «Queremos que los agricultores pasen la mayor parte de sus días laborables en el campo y no rellenando formularios.» 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Adam, por el gran trabajo que ha hecho con este informe, y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por aportar un informe tan práctico. 
Es la clave de todo porque, como ha dicho el Sr. Adam, todos queremos hacer posible la trazabilidad en los traslados de ovejas. 
Pero debemos darnos cuenta de que ya solo en el Reino Unido hay 35 millones de ovejas, y que probablemente se realizan hasta 100 millones de traslados individuales de ovejas. 
La idea de que cada oveja se registre con un número de 14 dígitos cada vez que se traslade es completamente ridícula. 
Permítanme que les describa la escena. 
Se llevan a la montaña unas mil ovejas con 1.200 corderos. 
Seis meses después las ovejas regresan y algunas han pedido sus marcas. 
La Comisión sigue insistiendo en que deberían tener el mismo número individual. 
Le digo al Comisario Byrne con toda claridad –y estoy seguro de que se da cuenta de ello porque es un hombre inteligente– que la idea de que el cordero llevará la misma marca es absolutamente ridícula. 
Debemos comprender que si hacemos una ley ridícula, será considerada ridícula, y debemos esmerarnos en introducir leyes que sean prácticas. 
Nuestra comisión ha votado a favor de los traslados de ovejas por lotes y es evidente que si estos lotes se trasladan se podrá efectuar un seguimiento de dónde han estado. 
Si hay un problema de tembladera de las ovejas, de todas formas se sacrificará todo el rebaño, de modo que no es necesario que haya números individuales. 
Siempre que el número de explotación figure en la etiqueta, es todo lo que hace falta. 
Si avanzamos hacia los sistemas electrónicos, debemos estar absolutamente seguros del coste que su introducción va a suponer para el sector. 
También necesitamos un sistema que sea práctico. 
He visto demostraciones de sistemas en habitaciones de hotel, pero hay que demostrar en la montaña, en un día de lluvia, a los ganaderos y a los pastores, quien puede manejar este sistema con facilidad. 
Todas estas cosas tienen que ser prácticas porque necesitamos al sector ovino y caprino. 
Hace poco he estado en Nueva Zelanda, donde hay muchas ovejas. 
Las ovejas son necesarias en la Unión Europea, y debemos ir con cuidado de que nuestros propios precios no nos dejen fuera del sector. 
Quiero instar a la Comisión a que estudie nuestro informe de forma práctica y se dé cuenta de que lo hemos hecho bien. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer el trabajo del ponente, Sr. Adam, que ha elaborado un estupendo informe y, a lo largo de la realización del mismo, ha mostrado una gran habilidad para introducir en él todos aquellos aspectos que podían mejorarlo y darle flexibilidad. 
Como ya se ha dicho en este debate, la identificación y la trazabilidad del ganado ovino es un elemento fundamental para el control de la sanidad animal y, también- por qué no- de la seguridad alimentaria. 
Los problemas de identificación en este tipo de ganadería son muy importantes; el movimiento de ganado que se puede realizar a lo largo de un año, que influye muchísimo en los problemas de trazabilidad, o el modo en el que se desarrolla la vida de este tipo de ganadería que dificulta un registro y una identificación adecuados mediante los sistemas actuales. 
Por todo ello, creemos que es muy importante establecer un plazo lo suficientemente amplio, transitorio, en el que podamos adoptar medidas flexibles para llegar, eso sí, a una fecha en la que la identificación electrónica sea obligatoria para todos los países de la Unión Europea. 
Es muy importante que comprendamos que el coste añadido de un sistema electrónico de identificación, debe asumirse no como un coste añadido que única y exclusivamente repercuta en los ganaderos, sino que debe ser asumido por la sociedad en su conjunto, que es la que va a resultar beneficiada de la puesta en marcha de un sistema tan ambicioso de trazabilidad e identificación como el que se nos propone. 
Señor Presidente, la propuesta original de la Comisión solo sería posible en el contexto de rebaños pequeños de ovejas y cabras en un campo cerrado, aunque entonces surgiría el problema del bienestar de los animales. 
En cambio, el informe Adam reconoce los aspectos prácticos del pastoreo y de la gestión de rebaños a gran escala. 
También reconoce, cosa que no hacía el reglamento sobre etiquetado de ganado vacuno, que los requisitos de trazabilidad a efectos de controlar las enfermedades son distintos de los que se requieren para la información a los consumidores. 
Acogemos con satisfacción la posibilidad de utilizar la identificación individual o por lotes, la simplificación de la codificación y las alternativas a la doble marca auricular, como propone la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Aunque hubiéramos preferido no tener ninguna fecha específica para la introducción de la identificación electrónica, me complace que la comisión parlamentaria haya recomendado el aplazamiento de un año y un análisis de la rentabilidad real, además de pedir a la UE –no a los ganaderos– que asuman la carga financiera que ello implica. 
También las pruebas de los equipos necesarios serán de vital importancia. 
¿El identificador elegido puede colocarse con garantías y sin riesgos para el animal? 
¿Tanto la colocación del identificador como el uso del lector electrónico serán viables en un terreno difícil y con mal tiempo? 
¿El lector será suficientemente sólido para soportar estas condiciones? 
Son temas de los que los ganaderos quieren asegurarse y con razón. 
Espero que esto se les conceda. 
Acabo felicitando al ponente por su informe y por el hecho de que haya recibido un apoyo unánime de la Comisión de Agricultura. 
Espero que obtenga un resultado similar en la votación de mañana. 
Me uno a mis colegas e insto a la Comisión a acceder a nuestros puntos de vista. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Adam, que ha tenido que dedicar muchos esfuerzos a este informe. 
Ya desde nuestro debate inicial en la comisión nos dimos cuenta de que estas propuestas se habían elaborado con escasa apreciación, por no decir ninguna, o comprensión de lo que es el sector de la ganadería ovina. 
Muchos diputados que han visitado explotaciones de ovejas, o que son ganaderos, se han exasperado con este planteamiento ciego de la Comisión al respecto. 
Esta semana me ha visitado en Estrasburgo un grupo de ganaderos de Gales que se sentirían felices, si se les permitiera hacerlo, de traer a esta Cámara ovejas con marcas auriculares para que los funcionarios se hagan una idea de lo poco práctico que es lo que se propone. 
Como yo, ellos quieren mejorar la trazabilidad en este sector para evitar futuros contagios de enfermedades, pero esto debe conseguirse de forma realista. 
En Gales, donde se encuentra la máxima concentración de ovejas de la UE, en la actualidad no tendríamos ninguna expectativa de convencer al ganadero tradicional, con una media de 58 años de edad y unos ingresos medios anuales de 10 000 euros, sobre las ventajas de invertir en una tecnología nueva y complicada, cuyos costes de implantación se han cifrado en unos 15 000 euros. 
Insto a la Comisión a que tenga en cuenta las principales recomendaciones del informe, a que vuelva con un análisis global del coste de estas propuestas y a que reconozca la eficacia de registrar los traslados de ovejas por lotes hasta que la identificación electrónica sea viable y práctica. 
– Alguien ha aplaudido en la tribuna del público. 
Les recuerdo de nuevo que los visitantes en la tribuna siempre son bienvenidos, pero que no pueden intervenir de ninguna forma, ni para expresar su acuerdo ni su desacuerdo. 
Señor Presidente, con una cabaña de ovino y caprino tan numerosa como la europea es necesario introducir un sistema eficaz de identificación de los animales, que, al mismo tiempo, no suponga una carga administrativa para los productores. 
El proyecto IDEA, emprendido hace unos años por la Comisión Europea, demostró que es posible poner en marcha en la Unión Europea un sistema de identificación electrónica individual. 
La prueba de que este sistema es viable es que en España, país que, junto con el Reino Unido, cuenta con una de las cabañas más importantes de la Unión Europea, se acaba de proceder a la compra de un millón de bolos, que son los dispositivos que se sitúan en el aparato digestivo de los rumiantes, para la diferenciación de distintos genotipos de ovino y de caprino. 
Después de la crisis de la fiebre aftosa, que diezmó la cabaña ganadera del Reino Unido, es urgente poner en marcha un sistema de identificación individual como el que se está barajando, para tratar de evitar que se reproduzcan este tipo de epidemias veterinarias. 
Como presidenta que fui de la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, constato y felicito a la Comisión de Agricultura y al Parlamento Europeo por que hemos sido capaces de lograr posiciones de compromiso en el informe aprobado en la Comisión de Agricultura. 
Quisiera precisamente recordar que, al término de los trabajos realizados por la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de una identificación individual, consideración que fue recogida por la Comisión Europea. 
El informe que será sometido mañana a votación contiene dos enmiendas de transacción adoptadas por la Comisión que respetan los intereses de los productores de la Unión Europea. 
Una de ellas se refiere a la edad a partir de la cual deberá realizarse la identificación de los animales. 
Según el compromiso alcanzado, son seis meses para la ganadería intensiva y nueve en el caso de la ganadería extensiva. 
La segunda enmienda de transacción, presentada por el ponente, fija una fecha, julio de 2007, para la introducción de la identificación electrónica, lo que permite dar una señal clara, tanto a los ganaderos como a la industria fabricante de los dispositivos necesarios para el sistema electrónico. 
Espero, por lo tanto, que los resultados alcanzados en la Comisión de Agricultura sean adoptados íntegramente en el Pleno. 
Quisiera, no obstante, manifestar mi respaldo a las modificaciones técnicas introducidas por nuestro ponente alternativo, el Sr. Parish, en la única enmienda que ha sido presentada al Pleno, relativa al documento de traslado de los animales. 
También quiero, para terminar, felicitar al ponente, que ha hecho el esfuerzo de alcanzar compromisos y de trabajar en pro de la identificación y, por lo tanto, en pro de la ganadería bovina. 
Felicidades, señor Adam. 
Señor Presidente, ayer tuve el gran honor de compartir con el Presidente del Parlamento, el Sr. Cox, una tribuna desde la que ambos nos dirigimos a la conferencia nacional de la CBI en el Reino Unido. 
El Sr. Cox se refirió a las preocupaciones reales que existen en el Reino Unido, y dijo que el Parlamento, la Comisión y el Consejo han asumido el concepto de desarrollar la subsidiariedad y no imponer una reglamentación desproporcionada. 
Si así fuera, tendríamos que estudiar estas propuestas dentro de este contexto. 
Nadie pone en duda la necesidad de una mejor identificación, pero la realidad es que el propio Gobierno británico ha calculado que el coste de introducir este sistema en el Reino Unido sería de nada menos que 100 millones de libras, lo que supone un coste de 13 000 a 16 000 libras por ganadero. 
Hemos oído al Comisario Byrne decir que la UE ha realizado sus propias estimaciones. 
Tengo más fe en el cálculo del Gobierno británico que en el cálculo de las autoridades europeas. 
Y la realidad es que en la comisión parlamentaria ha habido unanimidad al respecto. 
Los discursos que oiremos esta tarde serán unánimes al respecto. 
Estarán a favor de una mejor identificación, pero también de proceder con sentido práctico y flexibilidad, respetando los diversos métodos que funcionan actualmente en los Estados miembros, y de mantener la identificación –por lo menos en el Reino Unido– basada en números de control de lotes. 
Yo le digo al Comisario que existe unanimidad en este Parlamento, desde el Sr. Wyn, mi oponente político en Gales, hasta la Sra. Attwooll, que es de otro partido en el Reino Unido, y el Sr. Adam, del Partido Laborista. 
Todos opinamos lo mismo al respecto. 
Es una opinión que la Comisión debería aceptar. 
Hasta ahora no me ha animado mucho la postura adoptada por la Comisión. 
El Sr. Adam ha realizado un gran esfuerzo por conseguir la unanimidad, y le felicito por ello, como han hecho otros oradores. 
Tenemos la posibilidad de intentar persuadir al Sr. Adam. si no hay cambios por parte de la Comisión, para que considere la posibilidad de devolver el informe a comisión. 
Espero que el Comisario estará en condiciones de responder positivamente a las enmiendas que ha propuesto la comisión parlamentaria. 
Sin embargo, si la Comisión se limita a cerrarnos las puertas, yo estaré entre quienes mañana intenten convencer al Sr. Adam de que pida que este informe sea devuelto a comisión, para que podamos hacer fuerza ante la Comisión de que debe ser una Comisión que escuche, no solo cuando comparece ante la CBI del Reino Unido, sino también en el trabajo cotidiano que hacemos en el Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al ponente por el trabajo excepcionalmente bueno que ha realizado. 
Hace más de catorce años que conozco al Sr. Adam, y no se merecía esto, sino que se merecía más. 
Ha realizado una tremenda labor sobre lo que de entrada era una propuesta terrible. 
Lo cierto es que esto no funcionará sobre el terreno. 
Estoy totalmente a favor de lo que se ha dicho sobre la identificación por lotes o rebaños. 
Funcionará; puede funcionar y es controlable. 
Cualquier otra cosa está totalmente fuera de lugar en estos momentos. 
Yo estaré plenamente a favor del marcado electrónico cuando tengamos la tecnología y cuando sea suficientemente barato. 
Pero tiene que quedar muy claro que se trata de algo para el futuro. 
El Comisario tiene que asumir además otro tema muy importante: la cuestión de quién paga, porque los ganaderos de ovejas no pueden permitírselo. 
Ya hace demasiado tiempo que reciben golpes. 
Están sobreviviendo en unas condiciones atroces para suministrar corderos para el consumo en la Unión Europea. 
Decirles que deben asumir esta carga es totalmente inaceptable, y para el productor es irrealizable. 
Siento muchísimo respeto por el Comisario, pero tengo que decirle que sería de gran utilidad que sus funcionarios presentaran las propuestas después de salir de sus torres de marfil en Bruselas y ver en qué condiciones viven y trabajan realmente las personas. 
¿Alguien tiene idea de lo que es cuidar un rebaño de ovejas día y noche? 
Muchos ganaderos ni siquiera duermen durante días. 
Y esto no aporta nada al sector. 
Estamos regulando en exceso el sector; estamos estrangulando la agricultura con nuestros reglamentos. 
Y encima me dicen que en el Reino Unido, si compras un bocadillo de pollo, un 85% del pollo viene de Brasil o de Tailandia. 
¿Dónde está la trazabilidad? 
¿Cómo puede haber trazabilidad en estos casos? 
El sector agrícola no puede seguir así por más tiempo. 
Insto al Comisario a que reflexione sobre lo que se ha dicho aquí esta noche. 
Es lo que dice la gente. 
Le insto a reflexionar y a aceptar el punto de vista de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y a darnos más tiempo para conseguir un sistema de identificación adecuado que funcione. 
Señor Presidente, la crisis de la fiebre aftosa de 2001 puso de manifiesto de forma gráfica y horrible la insuficiencia de la Directiva del Consejo 92/102/CEE sobre la identificación y el registro de animales, incluyendo ovejas y cabras. 
Por lo tanto, acojo con sumo agrado las propuestas de un reglamento que refuerce las disposiciones de dicha Directiva. 
Quiero dar las gracias sinceramente al ponente y al ponente alternativo, el Sr. Parish, por el excelente trabajo conjunto que han realizado para presentarnos este tema. 
Apoyo sin reservas la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta que tenemos ante nosotros. 
En teoría todos los Estados miembros están a favor de un sistema de identificación individual, pero hay dos campos de juego. 
En primer lugar, el de aquellos países que en general están a favor de las propuestas y que, aparte de Francia, suelen ser los Estados con menor número de ovejas, como Irlanda; y en segundo lugar, los que dicen que sería completamente inoperante y demasiado costoso aplicar un sistema individual antes de la identificación electrónica. 
Este segundo grupo incluye España, Portugal, Grecia y radicalmente el Reino Unido, donde hay una gran cantidad de ovejas y los factores geográficos amplifican las considerables preocupaciones del sector del ganado ovino. 
Ahora la Presidencia del Consejo ha presentado un compromiso sobre las propuestas originales, que aplazaría el registro de un número para cada oveja hasta que se pueda aplicar un sistema de registro electrónico y, en segundo lugar, introduciría la identificación electrónica obligatoria de ovejas y cabras a partir del 1 de enero de 2008, sujeto a un informe de la Comisión sobre la aplicación antes de junio de 2006. 
En tercer lugar, permitiría una derogación de la identificación electrónica obligatoria en aquellos Estados miembros con rebaños de menos de quinientos mil. 
Irónicamente, la posición irlandesa oficial es que estamos a favor de la identificación individual manual porque ya introdujimos este sistema en junio de 2001. 
Normalmente somos los que presentamos quejas justificadas, y ahora apoyo plenamente a mis colegas británico y español y los argumentos que exponen sobre sus circunstancias especiales. 
Sin embargo, en Irlanda no estamos a favor de la doble marcación que se propone porque comportaría una carga de trabajo muy elevada para los propietarios de rebaños y un aumento considerable de los costes asociados, como la substitución de marcas, sin añadir ningún valor a nuestro sistema actual. 
En estos momentos en Irlanda una marca permanente cuesta 30 céntimos. 
Dos marcas serían 60 céntimos, sin tener en cuenta el coste de la mano de obra, más el índice de sustitución, que por definición es muy alto en las ovejas debido a sus hábitos de pastoreo. 
Nosotros ya hemos superado la barrera del dolor y en la actualidad tenemos en marcha un sistema de identificación individual. 
Esto nos permite una trazabilidad completa de las ovejas de forma individual desde la granja de origen hasta el matadero. 
Este sistema se introdujo para demostrar que Irlanda funciona con los estándares más elevados de control y seguimiento de enfermedades y es pionera en términos de protección del consumidor y seguridad alimentaria. 
Y, lo que más nos importa en Irlanda, nos proporciona una considerable ventaja en relación con el mercado de la exportación. 
No queremos retroceder y sustituir nuestro sistema actual –que es la línea oficial, hablen con los ganaderos si quieren oír lo que tienen que decir– con lo que no es más que un sistema de identificación de rebaños que no supondrá una trazabilidad completa. 
El sistema de compromiso no permitiría seguir el rastro de los traslados de cada oveja. 
No proporcionaría ninguna base para el control de la tembladera o los genotipos, que tiene que basarse en la identificación individual. 
En estos momentos Irlanda está intentando adaptar la propuesta para que pueda conservar determinados aspectos de su sistema actual de identificación individual antes de la introducción de un sistema electrónico obligatorio. 
Como los colegas han dicho, armonicemos el objetivo pero no necesariamente la metodología. 
El objetivo a largo plazo debe ser un sistema de identificación electrónica de bajo coste. 
Mientras, tiene que haber números de lote para aquellos países que así lo deseen y números individuales para otros países, como Irlanda, según el volumen de los rebaños y los factores geográficos implicados. 
– Este ha sido el debate más apasionado de la tarde. 
Comisario, ¿no ha cerrado usted la puerta ante las narices de alguien? 
Creo que todo el mundo está esperando su respuesta. 
. Señor Presidente, he tomado buena nota de los diversos argumentos presentados y aprecio los esfuerzos que suponen, especialmente por parte del Sr. Adam, por contribuir al objetivo global de reforzar el sistema de identificación y registro de las especies ovina y caprina en la Comunidad. 
Entiendo la situación de los ganaderos, pero quisiera recordar a esta Cámara –como ha hecho la Sra. Doyle– el brote de fiebre aftosa de 2001, que demostró que la identificación individual es necesaria. 
Se han mencionado los costes que ello implica. 
Me he asesorado en relación con los cálculos facilitados por un Estado miembro y resulta que esos costes no son exactos. 
Los costes que hemos presentado nosotros se acercan mucho más a la probable realidad de la situación. 
La Comisión puede aceptar la enmienda 3 en cuanto a la fase de desarrollo de la identificación electrónica, pero no puede aceptar la enmienda 3 en cuanto a la introducción de la identificación electrónica de forma voluntaria. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 17, 18 y 23 en relación con el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema consolidado hasta el 1 de julio de 2005. 
De cara a la evolución del debate en el Consejo, la Comisión podría aceptar la enmienda 17 en relación con el aplazamiento de la edad de identificación en general hasta los 6 meses. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 6 y 27 sobre la presentación de un informe relativo a la experiencia obtenida en relación con la aplicación de la identificación electrónica. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar presentar una nueva propuesta legislativa de cara a la introducción general de la identificación electrónica para el 1 de julio de 2007. 
Tampoco puede asumir las pruebas de campo que se prevén en la enmienda 21. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 4 y 7 referentes al papel del Centro Común de Investigación. 
Pero no puede aceptar las enmiendas 1 ó 2, porque no se puede conseguir un registro fiable solo con la identificación electrónica. 
La Comisión puede aceptar la enmienda lingüística 12. 
Pero no puede aceptar la enmienda 28, porque este tema ya queda cubierto por las normas generales. 
La Comisión puede aceptar la enmienda 14, porque las responsabilidades del transportista deben incluir la garantía de que los animales se identifiquen y registren de forma adecuada. 
También puede aceptar las enmiendas 20 y 32 en relación con las disposiciones de la marca, pero no puede aceptar las enmiendas 19, 31, 32 ó 33 porque los animales deben conservar el mismo código de identificación cuando el medio de identificación se sustituya para asegurar la trazabilidad. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 30 y 32, según las cuales los animales deberían identificarse con una marca o un tatuaje solamente en una oreja. 
El doble marcado es esencial para asegurar que se conserve la identidad cuando se pierda una marca auricular. 
La segunda marca auricular puede ser sustituida por un identificador electrónico. 
La Comisión puede aceptar la enmienda 34 y admitir que las marcas auriculares puedan ser de metal o de plástico y consistir en una o dos piezas, teniendo en cuenta la autorización de la autoridad competente. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 8, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 39 y 40. 
Pero no puede aceptar las enmiendas 22 ó 24, porque la autoridad competente debe crear la base de datos incluyendo los procedimientos para la presentación de datos. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 35, 36, 38 ó 41 en relación con el registro por lotes como sistema general. 
La identificación individual es esencial para el seguimiento eficaz de los animales con fines veterinarios, cosa que es crucial para el control de las enfermedades contagiosas. 
Por lo tanto, un sistema general basado en el registro por lotes no es aceptable. 
El registro por lotes no aporta los resultados que se pretenden con esta propuesta, teniendo en cuenta que un lote se puede repartir una y otra vez, en cuyo caso la trazabilidad es prácticamente imposible. 
Muchas personas de esta Cámara recordarán las dificultades que tuvieron las autoridades de varios Estados miembros, sobre todo del Reino Unido, para conseguir una buena trazabilidad durante la crisis de la fiebre aftosa, cuando en algunos casos transcurrieron tres semanas antes de que se pudiera conseguir una identificación eficaz. 
Y, por lo que yo sé, esto ocurrió en un contexto en el que 19 granjas se vieron infectadas por la enfermedad entre el momento en que se anunció la restricción de la circulación y la ejecución de dicha restricción de la circulación: fue una cuestión de horas, no de semanas. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 5, 13 ó 29 porque no se prevé ninguna financiación por parte de la Comunidad. 
Reconozco que esta propuesta exigirá un esfuerzo considerable tanto de los explotadores como de las autoridades, pero quiero resaltar que estos esfuerzos valen la pena y son necesarios. 
Para mayor claridad y transparencia haré circular una tabla sucinta que refleje la postura de la Comisión en relación con estas enmiendas para facilitarles las cosas en la votación de mañana (1). 
. Señor Presidente, es inaceptable que la Comisión tenga dos oportunidades para intervenir y el ponente solo una. 
Sin embargo, hay que decir que a pesar de lo complicado que pueda ser entender lo que la Comisión acepta o no acepta, el hecho es que la Comisión no está dispuesta a ceder ni un ápice en cuanto al control por lotes. 
Considero que esta es la postura de la Comisión. 
En lo que se refiere a la base de este informe, la Comisión no se ha movido ni un centímetro. 
Esto es lo que debemos considerar en la votación de mañana. 
. – La marcación electrónica general para ovejas y cabras es un sistema moderno que consistirá, básicamente, en la identificación permanente de cada pequeño animal, de forma que pueda ser reconocido, esté donde esté el animal, y además se podrá hacer sin duda un seguimiento de su salud. 
Sin embargo, este tipo de marcación, sin la ayuda de fondos comunitarios, representará una gran carga económica para los ganaderos de ovejas y cabras. 
Sobre todo en Grecia, donde la ganadería ovina y caprina da trabajo a la familia entera del ganadero, noche y día, los 365 días del año, sin descanso para Navidad ni para Pascua, y con resultados económicos inaceptablemente bajos en relación con el esfuerzo realizado y el capital invertido, y una carga económica tan irrazonable e injusta forzaría a muchos ganaderos a abandonar su trabajo y el campo, y reduciría de forma trágica la cabaña ganadera. 
Asimismo, los artesanos que solo producen queso de leche de oveja y de cabra cerrarían, con el resultado de que los queseros desempleados se unirían a los ganaderos en paro, lo que reduciría la producción de quesos griegos únicos a base de leche de oveja y de cabra, como el feta. 
Se necesitan generosos fondos comunitarios para evitar esta situación. 
Al mismo tiempo, sin embargo, la introducción general de la marcación electrónica de ovejas y cabras para el 1 de julio de 2006 se considera demasiado precipitada para Grecia, donde hay más ovejas y cabras que en los otros catorce Estados miembros todos juntos, y esta es la razón por la que este plazo debería alargarse por lo menos un año. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 4, 7, 8, 10, 12, 20, 25, 26, 34 y 40. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas como parte del paquete de compromiso: 3 (1) , 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 32 (2) , 37 y 39. 
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 2, 3 (2) , 5, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (1) , 33, 35, 36, 38 ó 41. 
Señor Presidente, me he enterado de que en Guatemala el Sr. Ricardo de León Regil, candidato de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, fue brutalmente asesinado el día 16 de este mes. 
Ricardo de León Regil era un médico cuya labor era ampliamente reconocida y valorada. 
Ha sido víctima de la violenta situación que existe en Guatemala desde hace tiempo y que se está agudizando ahora durante el proceso electoral. 
El pueblo de Guatemala, al igual que otros pueblos de América Latina, ha sufrido las trágicas consecuencias de las intervenciones extranjeras y la explotación de la oligarquía nacional. 
El pueblo guatemalteca se vio obligado a emprender el camino de la lucha armada para defender sus derechos fundamentales. 
Su dura lucha condujo al proceso de paz y el Gobierno surgido prometió una serie de reformas. 
Seis años después, esas reformas no se han llevado a cabo y sigue reinando la pobreza, mientras que los líderes del pueblo son asesinados por paramilitares que gozan de impunidad. 
Junto con mi condena, le ruego que pida a las autoridades guatemaltecas una investigación en profundidad de este odioso crimen. 
Realmente me complacerá hacerlo en nombre de la Asamblea, señor Alyssandrakis. 
Señor Presidente, tomo la palabra para hablar de la organización interna del Parlamento. 
He solicitado el acceso a estos edificios de un, una persona que trabaja conmigo de forma voluntaria, pero mi solicitud ha sido denegada. 
El motivo que me han dado es que solo los asistentes acreditados pueden acceder a los edificios de Estrasburgo fuera de los períodos parciales de sesiones. 
El hecho de que tengamos dos lugares de trabajo ya resulta absurdo; pero el hecho de que la sede de Estrasburgo permanezca completamente cerrada, sin posibilidad alguna de trabajen en ella fuera de los períodos parciales de sesiones personas que no son funcionarios de la Unión Europea, aunque estén oficialmente acreditadas como asistentes, me parece excesivamente burocrático. 
Le pido, señor Presidente, que haga algo para cambiar esta norma. 
Señor Cappato, probablemente sea demasiado temprano para iniciarme en el tema de las dos sedes de trabajo, pero con respecto a la petición concreta que usted plantea, solicitaré hoy mismo a los servicios que se pongan en contacto con usted para tratar de examinar los detalles del caso. 
En consulta con usted, trataremos de alcanzar una solución adecuada que se ajuste al Reglamento (1) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión – informe sobre los progresos realizados en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, incluido el capítulo presupuestario. 
Quisiera informar a los colegas de esta Asamblea de que durante las últimas semanas he estado haciendo intensas visitas políticas a varias de las capitales de los países cuyos Ministros de Finanzas, en el Ecofin, habían tratado de entrar por la puerta de atrás y arrebatar al Parlamento el delicado equilibrio que habíamos negociado durante la Convención. 
Esta es un área en la que, como institución, necesitamos –tomando prestada la frase de otro– «trazar algunas líneas rojas». 
Esto es importante para el Parlamento, no por motivos corporativos. 
Tiene que ver con el papel de la democracia parlamentaria, de la democracia representativa y de la responsabilidad pública. 
El poder de la cartera ha sido un aspecto definitorio en la historia del parlamentarismo tal y como ha evolucionado y no podemos tolerar en este Parlamento que ninguna institución retroceda en nombre del avance europeo del mañana. 
. 
Señor Presidente, Señorías, es para mí un placer regresar a esta Cámara para intercambiar impresiones sobre los hechos ocurridos en el marco de la Conferencia Intergubernamental desde mi última audiencia del 5 de noviembre, justo después de la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental del 18 de noviembre y solo unos días antes del Cónclave de Nápoles. 
Creo que debo comenzar reiterando que el enfoque general de la Presidencia italiana sigue siendo el manifestado por mi Gobierno en numerosas ocasiones ante esta Cámara y en el propio marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Seguimos convencidos de que para alcanzar un ambicioso acuerdo que satisfaga las necesidades y expectativas de una Europa ampliada, es indispensable un texto que se aparte lo menos posible del proyecto de la Convención. 
Este convencimiento se ha visto confirmado en las reuniones periódicas celebradas con este Parlamento y con los representantes de los parlamentos nacionales, así como por las peticiones que recibimos de los distintos estamentos de la sociedad civil europea. 
En el marco de la Conferencia Intergubernamental, algunos Estados miembros parecen querer tomar en ocasiones una dirección distinta y reanudar el debate sobre muchos aspectos del proyecto de la Convención. 
Quiero manifestar una opinión provisionalmente positiva a este respecto. 
Para los fines legítimos de sus tácticas negociadoras, algunos países mantienen reservas e insisten en pedir cambios – algunos de ellos considerables – en el equilibrio alcanzado por la Convención. 
Pero ninguno de los Estados miembros ha cuestionado el objetivo – que es también una necesidad política imperativa – de que la Conferencia Intergubernamental concluya con éxito en el plazo propuesto en Salónica y confirmado en Bruselas en octubre por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno. 
La misma forma en que está avanzando la Conferencia Intergubernamental es en sí misma una confirmación del valor intrínseco que reviste el proyecto de la Convención: hemos observado, en casi todos los puntos debatidos hasta ahora, que un planteamiento revisionista para modificar el texto del proyecto de la Convención no conduce a un consenso en torno a soluciones alternativas y lo único que hace es agrandar las brechas existentes entre posiciones enfrentadas. 
Por ello considero que, al entrar en la recta final de las negociaciones, cada país reconocerá las ventajas comunes de una constitucionalización ambiciosa del proceso de integración, pese a los pequeños sacrificios concretos que pueden implicar algunas disposiciones. 
Durante la reunión de ayer debatimos especialmente el papel del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión y la cuestión de la revisión del Tratado Constitucional, y tomamos nota asimismo de algunas recomendaciones del Gobierno danés sobre el protocolo relativo a las cláusulas de exclusión voluntaria, en virtud del cual este país disfruta de una situación particular en materia de Justicia y Asuntos de Interior. 
El primer punto ya se había abordado en reuniones anteriores de la Conferencia Intergubernamental. 
Por ello, la Presidencia ha decidido presentar una serie de propuestas concretas basadas en los siguientes principios: conservar la fórmula «bicéfala» propuesta por la Convención, dejando claro que la independencia del Vicepresidente de la Comisión/Ministro de Asuntos Exteriores se refiere a los aspectos relacionados con sus responsabilidades en la Comisión y no a las actividades del Consejo (por ejemplo, ejecución de la política exterior y de seguridad común, y la Presidencia del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores) ; especificar las consecuencias que tendría para el Ministro de Asuntos Exteriores la adopción de una moción de censura por parte del Parlamento Europeo contra la Comisión; indicar expresamente que el Presidente de la Comisión no puede pedir la dimisión del Vicepresidente/Ministro de Asuntos Exteriores sin el acuerdo del Consejo Europeo; reforzar la disposición que concede al Vicepresidente/Ministro de Asuntos Exteriores la responsabilidad de mantener la coherencia entre la PESC y las relaciones exteriores de la Unión. 
Muchos Estados miembros han acogido con satisfacción la presentación de estos puntos, plenamente compatibles con el enfoque adoptado por la Convención. 
Cabe destacar que las propuestas de la Presidencia apuntan en la dirección correcta, incluso para las delegaciones que se muestran contrarias al texto de la Convención. 
Es evidente que un acuerdo definitivo sobre las tareas del futuro Ministro de Asuntos Exteriores no puede sacarse fuera del contexto de un acuerdo sobre el futuro marco institucional general de la Unión. 
Volveremos a abordar esta cuestión en el marco del Cónclave Ministerial celebrado los días 28 y 29 de noviembre y, posteriormente, en la sesión de clausura de la Conferencia Intergubernamental a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. 
La solución que propone la Convención para la futura revisión del Tratado Constitucional se basa en dos principios fundamentales: la necesidad de que se adopte y ratifique por unanimidad la revisión formal de todas las disposiciones constitucionales, y la existencia de generales y específicas que, en sectores claramente definidos, permitan modificar las normas de votación, pasar de la votación por unanimidad a la votación por mayoría cualificada, o modificar el procedimiento legislativo, pasando del procedimiento especial al ordinario, lo cual garantiza la igualdad absoluta entre el Consejo y el Parlamento Europeo, previo acuerdo de todos los Estados miembros en el Consejo Europeo, consulta del Parlamento Europea y notificación a los parlamentos nacionales. 
La Presidencia ha propuesto algunos ajustes en estos mecanismos establecidos por la Convención, tanto para aumentar la participación de los parlamentos nacionales en el proceso de activación de las cláusulas de reajuste, como para confirmar la posibilidad de simplificar el procedimiento de revisión de algunas secciones específicas de la parte tercera del Tratado Constitucional. 
De hecho, como el Parlamento ha dicho con razón, el procedimiento establecido por la Convención parece demasiado rígido y encierra el peligro de que la Unión ampliada sea incapaz de actualizar incluso las disposiciones secundarias de su propio texto constitucional. 
El intercambio de impresiones de ayer confirmó que las posiciones siguen divergiendo en este punto. 
No obstante, debemos perseverar en nuestros esfuerzos por encontrar un terreno común para alcanzar un acuerdo que, partiendo del de la Convención, reconcilie la necesidad de una participación oportuna y eficaz de los parlamentos, que es esencial para la legitimidad democrática en una Unión de Estados y ciudadanos regida por el Derecho, con la necesidad de evitar que la rigidez de los procedimientos de revisión impida el futuro desarrollo de una Unión que ya posee un gran número de Miembros. 
En la reunión de ayer, el Ministro de Asuntos Exteriores danés llamó la atención de la Conferencia sobre la cuestión del Protocolo que rige la participación de Dinamarca en las actividades de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión. 
De hecho, la nueva estructura del Tratado Constitucional – que deja atrás la estructura poco práctica y desfasada de los pilares – exige la revisión de este Protocolo, que fue redactado en un momento en el que la cooperación judicial en materia penal y policial aún era objeto de procedimientos intergubernamentales. 
Siguiendo las recomendaciones del Gobierno danés, en los próximos días redactaremos una nueva versión del Protocolo, que tendrá que cumplir una serie de condiciones básicas: una adaptación adecuada del actual sistema de exclusión voluntaria al marco jurídico que surja del Tratado Constitucional; la posibilidad de que el Gobierno danés adopte una fórmula de «inclusión voluntaria» en el futuro basándose en sus propias normas constitucionales; y la compatibilidad del Protocolo con una actuación eficaz de la Unión en materia de Justicia y Asuntos de Interior, a la que el texto de la Convención atribuye con toda razón una gran importancia. 
Señor Presidente, Señorías, estamos a punto de comenzar la fase decisiva de las negociaciones que están teniendo lugar en la Conferencia Intergubernamental. 
En el próximo Cónclave de Nápoles, la Presidencia presentará el texto del proyecto de Tratado Constitucional revisado por el grupo dirigido por el Servicio Jurídico del Consejo, con la contribución de todos los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Este ambicioso proyecto de mejora legislativa dado un excelente resultado, al mejorar la calidad general de la redacción del texto constitucional, comparado con el contenido aprobado por la Convención. 
En Nápoles, una vez más, la Presidencia presentará una propuesta detallada sobre los puntos que todavía son motivo de debate en las negociaciones constitucionales, tratando de acercar las posiciones de los Estados miembros. 
En todo caso, estas iniciativas se mantendrán fieles al texto de la Convención, el cual podrá ser adaptado, complementado, clarificado y elucidado según se considere necesario, pero sin volverlo a redactar en ningún caso. 
Me gustaría reiterar aquí, en nombre de mi Gobierno, nuestra determinación para evitar compromisos diluidos y buscar soluciones nobles y altas de miras que sean merecedoras del diálogo democrático, franco y transparente que tuvo lugar en la Convención. 
Somos conscientes de que la tarea que deberemos llevar a cabo entre hoy y el 12-13 de diciembre es delicada y compleja. 
No obstante, confiamos en la capacidad de los gobiernos de los Estados miembros para satisfacer las expectativas que abrigan los ciudadanos europeos de una Europa más cohesionada, seria e incluyente; expectativas que el Parlamento ha logrado interpretar con tanta eficacia, primero en la Convención y, más tarde, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, en la que ha participado plenamente. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la Comisión contempla la marcha de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental con creciente preocupación e inquietud. 
Es normal, desde luego, que no se alcance un auténtico compromiso hasta bien avanzada la Conferencia Intergubernamental, pero lo que no es normal que en cada nueva reunión de la Conferencia Intergubernamental se planteen más preguntas que respuestas. 
La Comisión comparte plenamente la opinión, manifestada a menudo en debates públicos, de que está en juego el propio éxito de la Conferencia Intergubernamental. 
Comparto las observaciones de la Presidencia italiana. 
La Conferencia Intergubernamental está entrando en una fase crucial y hay una cosa bastante clara: tenemos que evitar que el compromiso general logrado en la Convención se vea dañado por un tira y afloja entre los intereses de los distintos Estados miembros, y tenemos que proteger el equilibrio institucional al que se llegó tras 16 meses de debates. 
Permítanme recordarles que existieron buenas razones para que este proyecto de Tratado Constitucional fuese elaborado por una Convención y no, como era habitual, por una conferencia de diplomáticos y funcionarios. 
Fue el resultado de la conmoción causada por el proceso de Niza. 
Tenemos que ser plenamente conscientes de que no podemos recurrir a una cumbre en la que los Jefes de Estado y de Gobierno se vuelvan a reunir noche tras noche para resolver la cuadratura del círculo, tan solo para alcanzar un resultado que ellos mismos consideran sorprendente. 
Aceptamos el Tratado de Niza –pese a las reservas del Parlamento y de la Comisión– porque lo necesitábamos. 
Necesitábamos ese tratado para concluir a tiempo el ambicioso proyecto histórico de la ampliación. 
Sin embargo, me parece que nadie en esta Cámara cree que el Tratado de Niza podría hacer realmente viable una Unión Europea de 25 ó 27 Estados miembros. 
Todos sabemos que necesitamos un tratado mejor, y el tiempo aprieta. 
Por eso la Comisión quiere que los trabajos concluyan a tiempo. 
El proceso de ampliación concluirá el 1 de mayo de 2004 y para entonces tendremos que haber llegado a un acuerdo político sobre la forma de trabajar juntos. 
En cuanto al trabajo que tenemos ante nosotros, la Comisión cree que el principal problema es mantener y defender el considerable avance que representa el proyecto de Tratado Constitucional. 
En nuestra opinión, los principales avances son la doble mayoría, la introducción de la norma 50/60, la ampliación del uso de la votación por mayoría, y el papel más preeminente del Parlamento Europeo en el proceso legislativo. 
Puesto que el Tratado Constitucional representa en general un compromiso muy equilibrado, cada una de sus partes debe estar también en equilibrio con su propia lógica interna, cuyos pormenores no pueden ponerse en peligro. 
En relación con el debate celebrado ayer en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores y con la declaración de la Presidencia italiana que acabamos de escuchar, me gustaría dejar muy clara la doble función del futuro Ministro de Asuntos Exteriores de la UE. 
Si queremos garantizar la coherencia entre la política exterior de la Unión y sus políticas internas, es indispensable que el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión reciba un mandato del Consejo y que, en su calidad de Vicepresidente de la Comisión, forme parte de esta última con pleno derecho de voto. 
Cualquier condición especial del Ministro de Asuntos Exteriores dentro de la Comisión no encajaría bien con su doble legitimidad. 
El delicado equilibrio conseguido por la Convención se refleja también en los tres componentes de las finanzas de la Unión: recursos propios, marco financiero plurianual y proceso presupuestario anual. 
Si queremos que la Conferencia Intergubernamental concluya con éxito, no debemos cuestionar de nuevo estos acuerdos. 
En este ámbito, la Comisión apoya plenamente la idea de que el proyecto de la Convención debe ser protegido contra los intereses de los que anteponen sus responsabilidades nacionales, por expresarlo con toda delicadeza. 
La Presidencia italiana ha hecho referencia a un punto sumamente importante que cuenta con todo mi apoyo: el procedimiento simplificado para modificar el Tratado. 
La Comisión lo considera esencial. 
La Unión no debe imponerse un corsé constitucional que podría quedarle demasiado estrecho de aquí a unos años. 
Considero que las propuestas de la Presidencia italiana apuntan en la dirección correcta. 
Por último, me gustaría hacer un comentario más sobre las dificultades políticas que nos encontraremos si la Conferencia Intergubernamental llega a buen término, algo que todos esperamos y apoyamos. 
En ese caso nos encontraremos en una situación en la que un tratado muy complejo, fundamental y de gran alcance tendrá que ser ratificado por 25 Estados miembros, y tendrá que superar el obstáculo de un referendo en buena parte de ellos. 
A nadie sorprenderá que ese obstáculo sea bastante difícil de salvar, sobre todo en los nuevos Estados miembros. 
Tenemos que ser conscientes de ello. 
Asimismo me gustaría pedir a Sus Señorías que muestren algo de comprensión por la posición de los nuevos Estados miembros en la Conferencia Intergubernamental, una posición que en ocasiones es objeto de críticas. 
Espero que entiendan que a los gobiernos y parlamentos de los nuevos Estados miembros no les ha sido fácil explicar a sus electores que los principios fundamentales de la adhesión a la Unión Europea están a punto de cambiar una vez más, tan solo unas semanas después del resultado positivo de los referendos sobre la adhesión a la Unión Europea, cuyas campañas se basaron en el Tratado de Niza. 
Cuando digo esto pienso sobre todo en los intereses de mis amigos polacos, que han adoptado una posición muy firme con respecto a la votación por mayoría. 
Me parece que ha habido un malentendido durante el debate público celebrado en Polonia, al considerar que lo que está en juego es la importancia relativa de cada uno de los Estados miembros. 
Eso no es así. 
Las nuevas disposiciones se basan en el principio de la igualdad de todos los Estados miembros. 
Para que una decisión sea válida, tendrá que recibir el apoyo de la mayoría de los Estados miembros, lo que significa que todos ellos tienen los mismos derechos, y que Polonia tiene los mismos derechos que los demás. 
El segundo factor –la idea de que esta mayoría tiene que representar también una mayoría de la población de la Unión– proporciona la legitimidad democrática que demanda un proceso así. 
Cuantos más seamos, mayor será nuestra responsabilidad, y cuanto más importantes sean las decisiones que tengamos que tomar, más necesaria será la legitimidad democrática. 
Ese es el meollo de la cuestión. 
Espero que se tengan en cuenta estos argumentos en los debates que tengan lugar en Polonia de aquí a la adhesión. 
Por último, quiero decir que a la hora de alcanzar un compromiso habrá que tener en cuenta que este proyecto de Tratado Constitucional tiene que ser ratificado por 25 países. 
Digo esto con especial referencia al debate sobre el tamaño y la composición de la Comisión. 
Quiero reiterar a esta Cámara que cuenta con el apoyo de la Comisión para trasladar a la realidad la arquitectura y el equilibrio fundamentales del proyecto de Tratado Constitucional, y conseguir una relación adecuada entre el método comunitario y la soberanía de los Estados miembros, así como entre las actuaciones de ámbito nacional y la legitimidad democrática de las instituciones comunitarias. 
El proyecto de la Convención apunta en la dirección correcta. 
La Comisión hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que este proceso continúe hasta su conclusión. 
– Señor Presidente, creo que a todos nos complace la calidad de la contribución de la Delegación de este Parlamento a la Convención. 
Hoy, nuestros únicos puntos de enlace son nuestros dos representantes en la Conferencia Intergubernamental. 
Así que me gustaría formularle la siguiente pregunta, señor Presidente: ¿cree usted que los pequeños arreglos a puerta cerrada de uno de nuestros Grupos contribuyen a consolidar la autoridad que nuestros dos representantes deben tener en esta Conferencia? 
¿Por qué, señor Presidente, el Grupo a que usted pertenece no ha vuelto a presentar la candidatura del Sr. Duff, que habría tenido cierta legitimidad, me parece, para representarnos en esta Conferencia? 
Señora Berès, quisiera hacer algunos comentarios con respecto a la observancia del Reglamento que usted ha planteado, pero en primer lugar me dirigiré a nuestro colega el Sr. Méndez de Vigo. 
Quisiera agradecerle el liderazgo que ha demostrado en nombre del Parlamento Europeo en la labor de la Convención y como representante nuestro en la CIG. 
Apreciamos mucho esa labor. 
En segundo lugar, hace poco el Sr. Méndez de Vigo ha presentado su dimisión como representante del Parlamento en la CIG. 
Se me informó al respecto y considero que cumplí con mi obligación correctamente. 
Transmití esta información a la Conferencia de Presidentes. 
En ella intercambiamos impresiones sobre cuál debería ser la respuesta, y la Conferencia de Presidentes –mediante un acuerdo no unánime, pero acuerdo de todos modos– decidió nombrar al Sr. Brok representante del Parlamento. 
Esto se hizo de forma transparente, conforme a los procedimientos. 
Se expresaron puntos de vista que no distan mucho de los planteados por usted en su cuestión sobre la observancia del Reglamento, señora Berès; en dicha Conferencia hubo diversas opiniones, además de diversas posturas con respecto a los distintos líderes de Grupo. 
Sin embargo, hubo voluntad suficiente para confirmar en nombre del Parlamento la designación de nuestro colega el Sr. Brok para dicho puesto, y subrayo «en nombre del Parlamento». 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, me parece que en la reunión de ayer quedó claro que se puede llegar a un acuerdo en diciembre. 
Lo digo porque, en el fondo, solo hay unos cuantos temas realmente controvertidos, y tampoco es probable que se resuelvan el año próximo. 
Por ello debemos animar a la Presidencia italiana a que mantenga su curso actual y se atenga en todo lo posible al texto elaborado por la Convención, ya que ese texto representa un equilibro difícil de repetir. 
Lo mismo puede decirse del documento que se presentará en el cónclave ministerial la semana que viene. 
Creo que, con esa condición, existen posibilidades de que la Conferencia Intergubernamental llegue a buen fin. 
Ahora bien, tenemos que reconocer que siguen actuando fuerzas contrarias para tratar de evitarlo. 
Eso es algo que ya hemos debatido aquí con relación al Consejo Legislativo. 
Pero también esta Cámara ha adoptado una serie de acertadas decisiones esta semana sobre los derechos presupuestarios europeos, como nos ha recordado el señor Presidente. 
En ambos casos –tanto en lo que respecta al Consejo Legislativo, con el se que pretende evitar la transparencia y permitir que los burócratas nacionales sigan trabajando como hasta ahora, como en lo que respecta al recorte de los derechos del Parlamento en materia presupuestaria– me viene a la memoria una serie de películas, la segunda de las cuales se llama «El Imperio contraataca». 
El imperio en este caso es el imperio de las burocracias ministeriales nacionales. 
En la tercera entrega de esta serie, el bien triunfa sobre el mal, por lo que tenemos buenas posibilidades de conjurar este peligro. 
En la penúltima reunión, la Presidencia italiana adoptó las medidas necesarias para proteger nuestros derechos en materia de presupuestos, y espero que mantenga esa posición hasta el final. 
No obstante, hay que dejar una cosa muy clara: ambos órganos legislativos tienen que reunirse en público; se lo debemos a los ciudadanos europeos en nombre de la transparencia. 
Y también tiene que aceptarse que los derechos en materia de presupuesto son los principales derechos de cualquier parlamento, y no cabe duda de que se desencadenará una guerra si se introducen cambios en dichos derechos que resulten inaceptables para el Parlamento. 
Estoy seguro de que eso se tendrá también en cuenta. 
Están también las denominadas cuestiones de poder: los derechos de voto en el Consejo, la composición de la Comisión y los derechos de voto en esta, y otras cuestiones sobre la composición del Parlamento Europeo. 
Soy plenamente consciente de que con toda probabilidad los Jefes de Estado y de Gobierno no podrán resolver estas cuestiones hasta el último momento. 
Pero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, como la conveniencia de elevar el umbral del 60% al 66%, y otros temas relacionados con la Comisión. 
Cuando se trata de la voluntad general de llegar a un compromiso, hay algo que no debe pasarse por alto y ese algo es la eficiencia. 
Tenemos que garantizar que el Consejo pueda adoptar decisiones en una Unión ampliada, y por eso la Convención propuso lo que propuso, un hecho que no debemos perder de vista. 
Criticamos el Tratado de Niza por considerar que el procedimiento de votación en el Consejo no era el adecuado para una Unión ampliada, y nuestros amigos polacos tendrían que haberlo comprendido desde un principio, Sr. Verheugen. 
Los ciudadanos de los países candidatos no pueden decir ahora que los detalles y mecanismos del Tratado de Niza fueron los presentados en sus referendos, ni citarlos como fuente de legitimidad en el marco de los debates de la Conferencia Intergubernamental. 
Para que esta tenga éxito, la eficiencia tiene que ser siempre una prioridad, combinada en todo momento, por supuesto, con el necesario grado de legitimidad democrática. 
A veces me preocupa profundamente que muchos gobiernos no piensen, «¿Cómo puede la Unión alcanzar la mayoría para tomar una decisión necesaria? », sino «¿Con qué facilitad puedo bloquear una decisión? ». 
Esa forma de pensar me preocupa, y debemos tratar de evitarla. 
En relación con el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, mencionado en nuestra última sesión, quiero decir que estamos hablando de una triple función, y no solo de una doble función. 
El Ministro de Asuntos Exteriores ocupará tres puestos: el de miembro de la Comisión, el de Alto Representante del Consejo y el de Presidente del Consejo. 
Para que esta fórmula funcione, deben combinarse los tres. 
Esta Cámara no se dará por satisfecha si se decide que el Ministro de Asuntos Exteriores no sea miembro de pleno derecho de la Comisión. 
Es de suma importancia que sea miembro de pleno derecho de la Comisión, ya que solo así se logrará un auténtico control democrático y un procedimiento de designación democrático, y la legitimidad que confiere esta Cámara. 
Tampoco queremos que la Comisión pierda parte de su influencia en materia de política exterior, algo que sucederá si no se le concede plena responsabilidad en su actual ámbito de competencia, lo que significaría también que el Parlamento perdería indirectamente competencias en ese ámbito. 
El Ministro de Asuntos Exteriores debe presidir igualmente el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, pues solo así podremos conseguir simultáneamente coherencia y continuidad, y porque solo así tendrá sentido crear un cargo como ese. 
Por último, quiero hacer un comentario sobre la cláusula de revisión. 
Quiero recordarles que debe considerarse de nuevo la propuesta avanzada en la carta que remitimos el Sr. Amato, el Sr. Duff y yo mismo. 
Debe efectuarse una apertura, salvo en los ámbitos «Cambios de competencia» y «Carta de derechos fundamentales» , los cuales, por supuesto, tienen que seguir siendo objeto del procedimiento vigente. 
Ahora bien, debemos recordar algo que tuvo en cuenta la Convención: una cláusula de revisión con apertura y, al mismo tiempo, una cláusula de secesión. 
Lo único que queda pendiente es la cláusula de secesión, y me parece que hay algo que no va bien aquí y que todavía tenemos que considerar. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, he tomado buena nota de la alambicada afirmación del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Si se puede decir claramente, ustedes lo que quieren es que el texto no se toque. 
Entre otras cosas, no se puede tocar: si el 80 % está de acuerdo y luego hay 150 enmiendas que no reúnen la mayoría suficiente, su deber es mantenerlo. 
Además, hay que recordar a los gobiernos que estuvieron presentes y participaron en la Convención. 
El problema es que ahora han cerrado las puertas y han dejado a los parlamentarios y a la Comisión fuera. 
Los miembros de la Convención de la familia socialista nos reunimos la semana pasada y la conclusión es que no queremos que se retroceda en relación con la Convención. 
Esperamos que pueda haber progresos y precisiones- en eso estamos de acuerdo- y nuestras prioridades son: en primer lugar, que el carácter vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales no debe volver a cuestionarse; que el carácter laico de la construcción europea es un principio fundador, y, en este sentido, nosotros creemos que el texto de la Constitución es absolutamente correcto y no debe ser modificado. 
Creemos, también, que los poderes legislativos, no solo del Parlamento sino también del Consejo, no deben ser debilitados en el terreno legislativo y en el presupuestario, y creemos que el Consejo legislativo debe mantenerse. 
Creemos también que la gobernanza económica y social de la Unión debe convertirse en una realidad, lo cual supone que los progresos alcanzados en la primera parte de la Constitución deben reflejarse en la tercera parte, dedicada a las políticas de la Unión, y, además, que la base jurídica para la protección y el desarrollo de los servicios públicos debe mantenerse, y luego se podrá concretar en una ley marco. 
En relación con los temas que usted ha señalado y que se trataron ayer, el Ministro de Asuntos Exteriores debe ser miembro y Vicepresidente de la Comisión. 
En relación con la revisión, usted mismo ha dicho que el Gobierno danés- y Dinamarca es la patria de Hamlet- después de un quiere un. 
No hay que cerrar las puertas, hay que dar la posibilidad de revisión. 
Y en relación con un tema que ayer planteó el Presidente Prodi que es de la máxima actualidad, creemos que, concretamente en relación con los poderes presupuestarios- y nos dirigimos al Ecofin- ya es hora de que el Ecofin tenga cultura comunitaria. 
Quizás habría que dar a los ministros de Hacienda y Economía una copia de los Tratados. 
No se puede actuar sistemáticamente sobre una base intergubernamental. 
Y, además- quiero subrayarlo- el Parlamento, en relación con el presupuesto, es tan responsable o más que el Consejo, y lo hemos demostrado reiteradamente. 
Es inaceptable que se trate de modificar los Tratados por esta vía. 
Creemos que hay que dar una nota muy clara de protesta y de indignación al Ecofin, que ha tardado diez años en aceptar el plan Delors de infraestructuras. 
¿Por qué se ha paralizado esto durante diez años? 
¿Porque el Ecofin manda sobre el Consejo Europeo? 
Creo que esta cuestión es absolutamente fundamental para todos nosotros. 
Señor Presidente, concluyo en relación con un tema de actualidad, y es el tema relativo a la ampliación. 
Me sumo a las observaciones que ha hecho el Comisario Verheugen: hay que decir a nuestros ya miembros, porque ya están en la familia, que votamos el Tratado de Niza en el Parlamento porque queríamos la ampliación, no porque nos gustara. 
El Tratado de Niza no nos gustó nunca. 
Pero ahora lo que no se puede decir es que Francia y Alemania se entienden, después de siglos de preocupación para los europeos porque Francia y Alemania eran enemigos. 
Creo que hay que ser mínimamente coherentes. 
Le pido a la Comisión que mantenga su línea para demostrar que no hay nadie privilegiado en relación con los pactos, y me refiero al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Creo, señor Presidente, que ese mensaje debe quedar absolutamente claro de cara a la Conferencia. 
Mantengan ustedes su postura para poder tener una Constitución para todos los europeos. 
Me gustaría añadir un comentario sobre el tema del presupuesto. 
El Sr. Barón Crespo está en lo cierto al señalar que desde 1988 –año en que firmamos un acuerdo interinstitucional con el Consejo sobre las perspectivas financieras–, en términos de ajustes de gastos discrecionales, el Consejo ha superado los gastos del Parlamento en una proporción de tres a dos. 
Este Parlamento ha actuado con responsabilidad cuando se le ha otorgado responsabilidad. 
– Señor Presidente, gracias por haberme robado uno de los puntos que iba a tratar. 
Le agradezco sus esfuerzos por salvar las prerrogativas parlamentarias en la cuestión del sistema financiero. 
A título personal, estoy especialmente agradecido por el apoyo moral de la Sra. Berès. 
Sin embargo, la Conferencia de Presidentes ha tomado una decisión, la cual acepto, y ofrezco mi apoyo incondicional al Sr. Brok, cuyo trabajo y cualidades conocemos. 
La Presidencia del Consejo ha confirmado su intención de presentar un compromiso global ante el «cónclave» de Nápoles. 
Esperamos que esta sea una decisión acertada. 
La experiencia podría sugerir que el acuerdo definitivo no se forjará en el nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores y menos aún en el de los funcionarios. 
Las grandes cuestiones patrióticas que obsesionan a algunos de nuestros Estados miembros, como puede ser un punto porcentual aquí o allá en sus votos ponderados en el Consejo, solamente podrán resolverse a las 4 de la madrugada del domingo, 14 de diciembre, los primeros espadas. 
En lo que parecen ser hábiles los Ministros de Asuntos Exteriores es en eliminar los ingredientes principales de las propuestas de la Convención. 
Ayer, varios de ellos se opusieron a la famosa cláusula «pasarela» , que permite el continuo desarrollo de la Constitución y la reducción del número de procedimientos de decisión excepcionales y anómalos. 
Pero hay muchos ejemplos anteriores de este enfoque «pasarela» en Tratados anteriores y vigentes. 
Por lo tanto, su consolidación en una cláusula general sencilla es clara, simple y directa. 
La Presidencia tiene toda la razón al mantenerse firme sobre esta cuestión y en la del Ministro de Asuntos Exteriores, defendiendo las propuestas de la Convención. 
Sabe que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo. 
También apoyamos los esfuerzos de la Presidencia por abrir la cuestión de la futura cláusula de revisión. 
Sin embargo, no puede haber un mercadeo entre la cláusula «pasarela» y los procedimientos de revisión más suaves, necesarios para que la Constitución funcione bien y con agilidad en la práctica. 
Le pido disculpas por haberle robado el punto que iba a comentar, señor Duff. 
– Señor Presidente, nos aproximamos al plazo inicialmente fijado para los trabajos de la CIG. 
La Presidencia en ejercicio del Consejo acaba de recordarnos los principales puntos de bloqueo que subsisten: composición de la Comisión, funciones del Ministro de Asuntos Exteriores, definición de la mayoría cualificada en el Consejo, papel del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario, procedimiento de revisión de la Constitución. 
No se trata de cuestiones menores. 
Unas tienen que ver con el reparto de poderes entre instituciones y entre países miembros, otras afectan a la cuestión ultrasensible de las identidades nacionales, y otras tienen por objeto evitar que nos encerremos en unas estructuras institucionales prácticamente inamovibles. 
Quien imaginase que este tipo de roces no se producirían pecaba, a mi entender, de falta de realismo. 
En todo caso, yo, por mi parte, no estoy ni sorprendido ni trastornado por estas desavenencias. 
Si fueran los únicos obstáculos que hay que superar para poder celebrar el éxito de la Conferencia, diría, como ha hecho el Ministro italiano de Asuntos Exteriores, el Sr. Frattini, en otros lugares, que hoy tenemos una solución para el 95% de los problemas. 
¡Por desgracia, no hemos llegado ahí! 
En efecto, en este proyecto de Constitución hay, decididamente, una dimensión que parece tan tabú para los Jefes de Estado y de Gobierno como lo fue para el Presidente de la Convención. 
Son las políticas de la Unión y, en particular, lo que yo denominé el pasado 3 de septiembre, hablando con el Sr. Giscard d ' Estaing, la constitucionalización del modelo liberal o incluso, en otro registro, la consagración en la ley fundamental de la futura Europa de un verdadero acto de vasallaje a la OTAN. 
La Unión solo tiene significado para los ciudadanos a través de la aplicación de sus políticas. 
No soy yo quien lo dice, es la Comisión, en su Comunicación del pasado 17 de septiembre sobre la Constitución. 
Ahora bien, de las políticas de la Unión, que representan las tres cuartas partes del proyecto de Tratado, nunca se habla. 
¿Consideran ustedes pues que hay unanimidad sobre este punto en la opinión pública? 
Esto sería evidentemente una locura. 
Quizás haga sonreír a algunos de ustedes si me remito, a este respecto, al Foro Social Europeo que acaba de celebrarse en la región parisina. 
Sin embargo, estaríamos muy equivocados si acogiéramos con ironía o indiferencia autista el llamamiento que acaba de hacer a la Unión. 
De los cientos de debates en que participaron los 50 000 jóvenes de toda Europa que vinieron a manifestar su sed de conocimiento, de comprensión, de cambio y de acciones concretas, se desprendió, al mismo tiempo que el rechazo absoluto del modelo liberal, un profundo deseo de Europa. 
¿Cómo responderemos nosotros a ello? 
Frente a la perpetuación de todo el acervo comunitario del mercado único y del Tratado de Maastricht, no se contentarán con un apartado 2 del artículo 3 que promete el paraíso terrenal. 
Reclaman auténticos cambios, y sobre esta base gran parte de la opinión pública les manifiesta su simpatía. 
En algunos países, como Francia por ejemplo, el debate, que todavía no existía el 3 de septiembre, cuando planteábamos aquí mismo el problema de la cara oculta del proyecto de Constitución –al que ha aludido usted, señor Presidente–, no ha dejado de extenderse y ahondarse. 
Hasta tal punto que hoy son muchos los observadores de ese país que no excluyen la hipótesis de una victoria del «no» en caso de ratificación del Tratado por referendo. 
Como norma general, me dirán, no hemos llegado a este punto. 
La calma reina por el momento en la opinión de muchos países. 
¡Bien! 
¿Debemos alegrarnos de ello? 
Desconfiemos del agua mansa. 
El descontento silencioso de hoy puede provocar corrimientos de tierras en las elecciones de mañana. 
Prefiero mucho más una protesta un poco desordenada, pero generosa y solidaria, sin ninguna posibilidad de que las cosas vayan a peor. 
Por esa razón, me permito hacer un llamamiento, en nombre de mi Grupo, a aquellas y aquellos de ustedes que comparten este diagnóstico. 
Europa se ha construido demasiado tiempo desde arriba. 
Hoy, eso ya no vale. 
Pidamos con firmeza que las exigencias que claman nuestras sociedades sean escuchadas y tomadas en serio. 
Queda poco tiempo para reaccionar y dar sentido al proyecto europeo a los ojos de nuestros conciudadanos. 
– Señor Presidente, La Convención se creó porque los Jefes de Estado y de Gobierno no lograron que la Unión Europea fuese más democrática, más transparente y más eficiente. 
Los Gobiernos nacionales participaron en los debates públicos de la Convención y dieron su visto bueno al resultado final. 
No obstante, ahora, tras la seguridad de las puertas cerradas de la Conferencia Intergubernamental, vuelven a sentirse libres para modificar el resultado. 
Por ejemplo, una enmienda pretende modificar el procedimiento presupuestario anual para aplicar automáticamente el importe más bajo a las partidas presupuestarias respecto a las cuales el Consejo y el Parlamento no lleguen a un acuerdo. 
El Gobierno neerlandés justifica esta enmienda alegando que así el Consejo y el Parlamento quedan en pie de igualdad al adoptarse el importe más bajo, independientemente de quien lo haya propuesto. 
Al mismo tiempo, el Gobierno neerlandés afirma sin inmutarse que está defendiendo los derechos del Parlamento en materia de presupuesto. 
Aquí está sucediendo una de dos cosas. O bien los ministros no comprenden las consecuencias de sus propuestas y, por tanto, no son tan inteligentes, o bien están intentando difuminar esta cuestión hasta tal punto que no tengan que dar explicaciones públicas por menoscabar el derecho democrático del Parlamento a rechazar el presupuesto, un derecho que tiene desde hace más de treinta años. 
En cuyo caso, se están llevando al huerto a todo el mundo. 
Otro ámbito problemático son las perspectivas financieras para el presupuesto plurianual. 
Estas existen desde 1988, pero en forma de acuerdos interinstitucionales. 
El Parlamento puede violar tales acuerdos en cualquier momento, teniendo así un importante instrumento de poder a su disposición. 
Ahora, las perspectivas financieras figurarán en el Tratado. 
Y lo que es peor, algunos gobiernos, imitando al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, querrían que en lo sucesivo el Parlamento tuviera solo el derecho a ser consultado cuando se decide el presupuesto plurianual, a pesar de la situación actual de igualdad. 
No solo el Parlamento, sino también nuestros propios ministros responsables de todos los demás ámbitos corren peligro de ser víctimas de esta clara intentona de toma del poder por parte de los Ministros de Hacienda. 
Me parece extraño que los ministros nacionales no se hayan dado cuenta todavía de ello. 
Permítanme darles un ejemplo. 
Si el Parlamento Europeo y los Ministros de Cultura llegan a un acuerdo sobre un programa cultural europeo plurianual, los Ministros de Hacienda podrán rechazarlo proponiendo simplemente un importe inferior y exigiendo que la legislación se adapte al presupuesto y no a la inversa. 
¿Quién lleva la voz cantante en Europa? 
La autoridad legislativa que ostenta el Parlamento podría convertirse en una cáscara vacía si carece de competencias para garantizar la existencia de fondos suficientes para aplicar las leyes. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno amenazan con sustituir treinta años de derechos presupuestarios por la omnipotencia de los Ministros de Hacienda a puerta cerrada, lo cual da pocas muestras de democracia y transparencia. 
– Señor Presidente, quisiera expresar mi apoyo al Gobierno italiano por sus esfuerzos por concluir las negociaciones del Tratado de la UE para la reunión del Consejo del 13 de diciembre. 
Todos reconocemos que se trata de un plazo ambicioso, pero que podemos cumplir. 
El proyecto de tratado del Sr. Giscard d ' Estaing y la Convención sienta las bases para la entrada en vigor del nuevo Tratado de la Unión Europea. 
Huelga decir que los Gobiernos de la UE que negocian este nuevo Tratado tienen preocupaciones y reservas particulares sobre determinados aspectos de dicho Tratado. 
Las negociaciones se centran en dos elementos principales. 
El primero tiene que ver con la reforma institucional y el segundo con aspectos políticos. 
Desde un punto de vista institucional es importante que exista igualdad para los Estados miembros menores con respecto a la representación en la Comisión Europea. 
Hay un amplio acuerdo a favor de ampliar los poderes de codecisión y voto por mayoría cualificada en una serie de cuestiones políticas distintas en el ámbito del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, la Unión Europea debe ser sensible a las necesidades de los Estados miembros en lo que se refiere a los asuntos políticos. 
La Unión Europea no debería tener poder absoluto para imponer la política tributaria en todo el territorio de la Unión Europea. 
Las decisiones de política tributaria deberían dejarse en manos de cada Estado miembro. 
Esta es una opinión que comparten muchos miembros de esta Asamblea, además de muchos Gobiernos de la Unión Europea. 
A la Unión Europea se le plantean serios retos en el campo de la justicia y los asuntos interiores. 
Necesitamos colaborar más estrechamente para combatir el crimen organizado y el terrorismo internacional. 
Necesitamos trabajar más estrechamente para combatir el azote del tráfico de seres humanos. 
Sin embargo, no considero correcto que todas las decisiones sobre cuestiones de justicia y asuntos interiores se tomen por mayoría cualificada de votos. 
Esto se debe a las sensibles diferencias actuales entre los distintos ordenamientos jurídicos de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, volviendo en pocas palabras sobre la intervención de la Sra. Berès de hace un momento, considero que es especialmente torpe –y mido mis palabras– que el Parlamento Europeo esté representado en la Conferencia Intergubernamental por dos diputados de la misma nacionalidad, es decir, de nacionalidad alemana, lo que demuestra una cuestión que se planteó a menudo durante la Convención: la excesiva representación de Alemania en el Parlamento Europeo, lo que constituye sin duda una de las secuelas más peligrosas del Tratado de Niza. 
Reconozco que no sé cómo toma sus decisiones la Conferencia de Presidentes, pero el hecho de que este punto, que no parece secundario, no se haya mencionado, me parece lamentable para la imagen del Parlamento y de Europa en los próximos años. 
Aunque en esta fase es difícil emitir un juicio sobre la CIG, creo que hay que compartir la preocupación de la Comisión, pues me parece que vamos de mal en peor. 
La Convención intentó, en un primer momento, ocuparse del contenido de las políticas europeas –económica, social, monetaria, exterior– para contentarse finalmente, es cierto, con un modesto compromiso institucional. 
Dicho esto, creo que, en comparación, la Conferencia Intergubernamental se aleja mucho más de las preocupaciones de los ciudadanos europeos, convirtiéndose en una especie de mercadillo de cuotas de votos y de escaños, y ello incluso cuando los ciudadanos europeos están volviéndose –esto no se le ha escapado, el Sr. Wurtz hacía alusión a ello– cada vez más directamente contra Europa y contestar los fundamentos mismos de la construcción europea, como se ha visto en el Foro Social Europeo, que yo personalmente habría bautizado «Foro soberanista europeo» , a la vista de los debates que se mantuvieron en él. 
Por último, se podría hablar mucho de las pasarelas, que son de hecho túneles oscuros donde van a perderse las últimas prerrogativas de las democracias nacionales. 
Pero quisiera abordar un incidente que tuvo lugar ayer para demostrar un poco a este Parlamento hasta qué punto puede mostrarse esquizofrénico de vez en cuando. 
Un Grupo, el más importante de nuestra institución, recriminó agriamente al Sr. Prodi su implicación en la política italiana, cuando todos los representantes de este Parlamento lucharon, durante la Convención, por que el Presidente de la Comisión fuera elegido por el Parlamento y, en consecuencia, fuera posible hacer campaña. 
Recuerdo que esta cuestión se planteó en varias ocasiones. 
En efecto, sería interesante que pudiéramos hacer campaña por Prodi o por Aznar en las elecciones europeas. 
El Sr. Prodi, ayer, no hacía más que anticipar una decisión que a mi entender es lamentable y que consiste en politizar la función del Presidente de la Comisión. 
– Señor Presidente, en la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Conferencia Intergubernamental (CIG) , celebrada el 18 de noviembre, se abordó en particular un importantísimo problema que la Convención nunca debatió realmente: las cláusulas de revisión del proyecto de Constitución europea. 
Algunos propusieron aligerar la obligación de unanimidad para determinadas revisiones, en particular la relativa a la tercera parte del proyecto, que se refiere a las políticas de la Unión. 
Estas revisiones por mayoría son inaceptables, pues impondrían cambios del pacto constitucional a pueblos minoritarios. 
La unanimidad debe mantenerse y las cooperaciones diferenciadas deben responder a posibles situaciones de bloqueo. 
Destaco de pasada que esta tercera parte contiene disposiciones esenciales; que apenas ha sido contemplada por la Convención y que la Conferencia Intergubernamental está en trance de tomar el mismo camino. 
Todo esto demuestra claramente que esta ambición titánica de querer reescribir de un golpe todos los Tratados puede llevar a avalar políticas controvertidas sin un verdadero debate democrático. 
En la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores se examinaron asimismo las numerosas cláusulas pasarela, particulares o generales, que abundan en el proyecto. 
Rechazamos esas cláusulas pasarela, que tienen por objetivo eludir el procedimiento oficial de revisión, que apartarán a los Parlamentos nacionales del procedimiento y que lo harán aún menos transparente a los ojos de los ciudadanos. 
Evidentemente, no sería lo mismo si cada Parlamento nacional considerado por separado, o cada pueblo por referendo, tuviera un derecho formal de oposición. 
Señor Presidente, esta nueva revisión de los Tratados habría debido fijarse el objetivo de colmar el déficit democrático, acercar Europa a los ciudadanos y revalorizar el papel de los Parlamentos nacionales. 
Ahora bien, la Conferencia Intergubernamental no se orienta en esa dirección, y tiende a asumir globalmente el proyecto de Convención, que no aborda el verdadero problema de la democracia y que incluso aleja a Europa de sus pueblos. 
Nosotros le hacemos un llamamiento para que enderece la situación: todavía se está a tiempo antes del compromiso del 28 de noviembre. 
Sr. Antonione, la posición de la Presidencia parece bastante clara y coincide básicamente con la del Parlamento. Precisamente por ello tenemos que apoyar los esfuerzos de mediación encaminados a alcanzar un compromiso noble y de altas miras que esté en armonía con el texto adoptado por la Convención. 
Las declaraciones del Sr. Frattini sobre su intervención en esta Cámara nos infunden grandes esperanzas, como ha destacado el Sr. Brok, acerca del resultado final de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. Por eso, yo sigo siendo muy optimista. 
Estoy seguro de que alcanzaremos la meta por la que todos luchamos; estoy absolutamente convencido de que nadie tendrá el valor, ni correrá el riesgo de ser considerado políticamente responsable de lanzar un ataque contra el corazón de Europa y de hacer añicos un sueño acariciado durante tanto tiempo. 
No obstante, creo, Sr. Antonione, que conviene llamar la atención de la Presidencia sobre una serie de cuestiones que realmente demandan cierta reflexión. 
En primer lugar, el papel del Parlamento Europeo. 
Sería un grave error limitar la función de esta Cámara que representa a los pueblos de la Unión; creo que las disposiciones del texto adoptado por la Convención son adecuadas y no deben modificarse. 
En segundo lugar, la composición de la Comisión: los nuevos Estados miembros –cuyos representantes se encuentran en esta Cámara– abrigan grandes esperanzas respecto a la Europa del mañana. 
No debemos defraudarlos manteniéndolos fuera del Ejecutivo. 
Por eso todos los países deben tener un Comisario con plenos derechos, al menos durante la fase inicial de la Europa del mañana. 
Ahora, Sr. Antonione, deseo referirme a una cuestión que ha sido objeto de un amplio debate, y cuya importancia creo que esta Cámara no debe subestimar. 
Pienso –estoy absolutamente convencido de ello y no solo por ser un firme partidario de la Iglesia– que el preámbulo de la Constitución debe hacer referencia explícita a las raíces judeocristianas de Europa. 
No debemos negar una parte fundamental de nuestra historia, no debemos negar nuestras raíces más profundas, no debemos renunciar a la Europa de los principios, no debemos renunciar a esa referencia explícita, precisamente porque queremos instituciones laicas, y eso es algo que muchos países comprenden. 
Esta referencia ha sido aceptada, señor Barón Crespo, por el Canciller socialdemócrata alemán, Sr. Schröder, quien ha decidido no bloquear una propuesta que pretende hacer del individuo, de la importancia fundamental del individuo, de la importancia fundamental del ciudadano, el centro de la Europa del mañana. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Comisario Verheugen ha dicho que algunas de las cosas que se dicen en los debates son motivo de preocupación. 
Puedo confirmarles que mi grupo piensa lo mismo, sobre todo en lo que respecta a sus efectos en uno de los derechos fundamentales de un parlamento en una democracia. 
Se están debatiendo los derechos presupuestarios, el derecho fundamental de cualquier parlamento, que representa el origen y el punto de partida de cualquier proceso de democratización: el derecho del Parlamento, de los representantes electos del pueblo, a tomar decisiones sobre los recursos financieros. 
Se están atacando los fundamentos mismos de este derecho. 
Admito que no todos estamos satisfechos con el resultado de los trabajos de la Convención, porque desde luego esperábamos más. 
Esperábamos más democratización para ofrecer mayor transparencia a los ciudadanos de Europa sobre quién es responsable de qué, de dónde viene el dinero y cómo se gasta. 
Se necesita más transparencia aquí, y los ciudadanos tienen derecho a esperarla. 
De conformidad con el resultado de los trabajos de la Convención, tenemos un marco financiero que establece un límite máximo y que, por tanto, restringe los gastos. 
En el futuro, será el Consejo el que establezca ese marco, siempre que lo apruebe el Parlamento. 
Eso significa que existe un procedimiento de planificación predeterminado. 
En materia de ingresos, el Consejo tiene la última palabra. 
Lo hemos criticado, pero así están las cosas. 
En cuanto a los gastos, y aquí se ha dado un pequeño paso hacia adelante, la decisión última corresponde al Parlamento, según se establece en el texto propuesto por la Convención. 
Y ahora ese paso es atacado por algunos Estados miembros y también por los Ministros de Hacienda. 
¿De qué trata todo este asunto? 
El mensaje que se transmite es que esta Cámara no es capaz de tomar decisiones objetivas en nombre de los ciudadanos. 
¿Qué impresión piensan dar los representantes de los gobiernos dentro de seis meses en las próximas elecciones europeas, si no confían en que sus propios candidatos voten de modo responsable a la hora de aprobar los gastos europeos? 
Ya hemos oído decir que los parlamentos no saben manejar el dinero. 
Se dice desde hace siglos. 
Pero nunca lo habíamos oído de un gobierno democráticamente elegido refiriéndose a un parlamento democráticamente elegido. 
Eso es algo nuevo y resulta realmente intolerable si echamos un vistazo a las cifras. 
El porcentaje de aumento del presupuesto en algunos ámbitos – más del 8% en un ámbito decidido por el Consejo, el gasto agrícola, comparado con el aumento máximo del 2,5 % previsto para el presupuesto global – no sugiere que el Consejo, que hasta ahora ha podido decidir por si solo, se muestre especialmente ahorrativo. 
Basta con ver el presupuesto administrativo del Consejo para el año que viene. 
El Consejo reclama un aumento del 20,8 % para sí mismo, más que cualquier otra institución, con objeto de aumentar y ampliar su administración. 
Nosotros, por otra parte, siempre nos hemos ajustado a los límites máximos que se nos imponen. 
No necesitamos que nadie nos diga cómo debemos gestionar los fondos que los ciudadanos europeos nos han confiado. 
Defenderemos nuestras posiciones si alguien intenta socavar el derecho democrático fundamental del Parlamento a decidir el presupuesto. 
Pronto se darán cuenta de que ningún parlamentario que se tome su labor en serio puede aceptar eso. 
Como ha dicho el Sr. Brok, eso equivaldría a declarar la guerra a esta Cámara. 
Quiero dar las gracias a la Presidencia por el deseo que ha manifestado de respetar el resultado de los trabajos de la Convención y luchar por su aplicación. 
Quiero dar las gracias a los gobiernos nacionales que apoyan esta posición. 
Pero quiero advertir a los que juegan con la idea de menoscabar este derecho que se exponen a ser acusados de no querer utilizar la Constitución para ampliar la democracia en Europa, de no querer fortalecer o fomentar la democracia, sino de querer evitarla y socavarla despojando al Parlamento de uno de sus derechos esenciales. 
Señor Presidente, señor Antonione, señor Comisario, se habla con frecuencia del déficit democrático de la UE. 
Las decisiones son tomadas a puerta cerrada por un grupo de ministros, sin que se nos conceda a los ciudadanos la posibilidad de ejercer una influencia política a través del debate público y sin que los ministros sean directamente responsables ante los votantes de las decisiones que adoptan. 
Este es el déficit que debemos compensar en este Parlamento y ante el cual cobra especial importancia la influencia del Parlamento sobre el presupuesto y el control presupuestario. 
Por supuesto, no han sido los gobiernos los que se han adelantado para pedir reformas y una mejor gestión de las arcas públicas de la UE. 
Ha sido el Parlamento. 
La propuesta de los Ministros de Hacienda de excluir al Parlamento del proceso presupuestario resulta, en cualquier caso, un vergonzoso ataque contra la democracia, y espero que los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE así lo reconozcan y la rechacen. 
Espero que acepten la propuesta de la Convención relativa al procedimiento presupuestario, ya que presenta un equilibrio con el que pueden estar satisfechos. 
Actualmente, el Parlamento puede ejercer una verdadera influencia tanto en el presupuesto anual como en las estimaciones financieras. 
Según la propuesta de la Convención, tendríamos que renunciar en parte a esta última forma de influencia, puesto que actualmente podemos rechazar en cualquier momento el marco presupuestario plurianual y restablecer el presupuesto anual, según se establece en el Tratado. 
El Parlamento ha celebrado voluntariamente acuerdos plurianuales, y podemos aceptar que esos acuerdos adquieran fuerza de ley en el futuro, pero siempre que podamos influir en las estimaciones financieras y, desde luego, siempre que podamos influir en el presupuesto de agricultura. 
Ese es el equilibrio conseguido por la propuesta de la Convención. 
El Parlamento da algo y recibe algo a cambio. 
Espero también que el Gobierno danés desmienta las noticias aparecidas en la prensa de que apoyará las propuestas de los Ministros de Hacienda, en concreto la propuesta para introducir la unanimidad en el Consejo Europeo para aprobar las estimaciones financieras, porque no puedo creer que sean ciertas. 
Corremos peligro de llegar a un punto muerto en el que los trabajos de reforma, incluida la reforma de la política agrícola, queden bloqueados. 
El punto de partida de Dinamarca es que el Parlamento Europeo tiene que tener más, no menos, influencia sobre el presupuesto. 
Eso es algo que tenemos que defender con firmeza. 
– Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, antes de plantearnos siquiera la ampliación, en Europa ya se debatía si esta dificultaría la profundización. 
Ahora ese debate ha perdido intensidad y, de hecho, todos hemos acogido con entusiasmo la ampliación. 
No obstante, si los debates de la Conferencia Intergubernamental van por el mismo camino, y si se intentan debilitar las competencias del Parlamento Europeo, que ya son sumamente limitadas, volverá a plantearse la pregunta de si esta ampliación obstaculiza la integración europea. 
Hasta ahora, la Conferencia Gubernamental no ha logrado crear unas estructuras eficientes, transparentes y democráticas y, a este paso, si se ignoran los resultados de la Convención, correremos el riesgo de entrar en un debate totalmente distinto. 
Es lamentable que alguien quiera debilitar las competencias del Parlamento Europeo en el ámbito presupuestario. 
Pero quedan por responder algunas preguntas. 
Sr. Verheugen, la protección de las minorías era una condición para la adhesión, pero ¿cómo protegeremos a las minorías una vez que formen parte de la Unión Europea? 
Esta pregunta siguen sin respuesta, porque se trata de un tema que tampoco han resuelto todavía los actuales Estados miembros de la UE. 
¿Qué hará la Unión Europea con las regiones que poseen poderes legislativos, pero que no pueden intervenir en cuestiones de ámbito europeo aunque revistan una especial importancia para ellas? 
Se me ocurre el caso de Escocia y el tema de la pesca. 
¿Cómo puede remitirse la cuestión al Comité de las Regiones, considerando que dicho Comité es totalmente inadecuado en términos de composición, competencias y funcionamiento? 
Pensemos igualmente en las actividades de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. 
El Comité de las Regiones no es la respuesta a las lamentaciones regionales. 
Por eso debe reformarse o suprimirse. 
Señor Presidente, señor Antonione, señor Comisario, Señorías, estos debates nuestros siguen, por supuesto, el ciclo emocional de la propia Conferencia Intergubernamental y lo que ahora sentimos es básicamente un sentimiento de expectativa, y nuestra atención se centra plenamente en la reunión ministerial que tendrá lugar en Nápoles los días 28 y 29 de noviembre, en la que se presentará una propuesta para resolver los problemas, las diferencias y las controversias que todos conocemos. 
En este contexto, tengo también una gran curiosidad por ver cómo se superarán las dificultades para garantizar el principio de igualdad entre todos los Estados miembros, sobre todo en lo referente a la composición y el funcionamiento de la Comisión, y cómo se garantizará la primacía del Derecho constitucional nacional y, para ser más concreto, el hecho de que el Derecho comunitario no suponga en ningún caso una derogación del Derecho constitucional de los Estados miembros. Asimismo, siento curiosidad por ver cómo resolveremos el problema evidente que se planteó recientemente en las cláusulas de, problema que yo ya había previsto y que constituye una bocanada de aire fresco en términos de una cláusula general, y sobre todo, cuando afecta también a cuestiones fundamentales de soberanía. 
Espero que la definición de estos conceptos resulte productiva y, ante todo, que no nos desviemos al final del orden del día anunciado. 
Actualmente, algunos ámbitos son motivo de preocupación; por ejemplo, se ha dicho que la finalidad de esta reforma es el acercamiento de Europa a los pueblos y a los ciudadanos, pero el resultado anunciado significa el final de las presidencias por rotación, sin ofrecer una alternativa satisfactoria. 
Se ha dicho igualmente que el objeto de la reforma es promover la democracia, la transparencia y el conocimiento del proceso legislativo –objetivos con los que estoy de acuerdo– y, sin embargo, ante nosotros tenemos el «réquiem» anunciado por el Consejo Legislativo, que representaría el retorno a un proceso legislativo totalmente hermético, dificultaría el control público y parlamentario, y constituiría además un nuevo y lamentable ataque contra el proceso presupuestario. 
Esperamos fervientemente que los Tratados solo se reformen si se trata de una reforma que sea sólida y sostenible. 
Señor Presidente, Señorías, tal vez hoy recibamos la promesa de unas posiciones más claras. 
Esta mañana, las intervenciones de la Presidencia del Consejo y de la Comisión han sido más concretas y han adoptado una posición más firme. ¿Podrían ser acaso una indicación de lo que sucederá en Nápoles? 
¿De una Europa con salsa de almejas o una pizza más o menos napolitana que se servirá a la ciudadanía europea el año que viene? 
En esta coyuntura, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, como la iniciativa de los Ministros de Hacienda, quizá la Presidencia del Consejo debería revisar las cosas en Italia con cierta urgencia, tratándose de las intervenciones del Sr. Tremonti y también del cambio de posición de Italia y la Unión respecto a Israel que ha tenido lugar hace tan solo unas cuantas horas, sin que nadie lo mencionara, ni siquiera los Ministros de Asuntos Generales. 
Me temo que todavía tardaremos unas horas en tomar nota de eso. 
Llegados a este punto, queremos dar dos consejos o expresar dos esperanzas. 
¿Por qué no tomamos una iniciativa política – y repito, política – con ocasión de las próximas elecciones europeas y celebramos un referendo consultivo europeo? 
Ustedes lo ganarían y podrían hacer también una campaña de sensibilización acerca de los posteriores referendos institucionales. 
Por otra parte, señor Presidente del Consejo y señor Comisario ¿tal vez tengan pensado hacer algo novedoso antes del 15 de diciembre? 
¿Están tratando de resolver el problema más grave que parecen tener dotando de mayor poder –al estilo americano o británico– al Presidente de la Comisión? 
No se trata de tener 15, 20 ó 25 comisarios; al contrario, se trata de centrarse menos en la representación étnica y más en la representación programática, cultural y política. 
Tengan más confianza en ustedes mismos en lugar de tratar de elaborar más normas, extensiones y derogaciones, una estrategia que es típica del Derecho canónigo, no del Derecho secular ni del derecho que crea normas que todos pueden cumplir y que se incorporan a las costumbres de la sociedad en general. 
– Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al Comisario Verheugen por su intervención. 
Ha tenido el acierto de recordarnos que convocamos la Convención a causa del encontronazo de Niza. 
Señor Presidente, recuerdo que a principios de esta semana usted y yo intervinimos en una reunión de la CBI en el Reino Unido y yo hice entonces el mismo comentario. 
Todo este proceso se remonta al Tratado de Niza y al impacto del resultado del referendo en Irlanda; no le pido que comente esto, señor Presidente. 
En Laeken hablamos de abordar a los ciudadanos europeos y explicar en qué consiste Europa a ciudadanos que se sienten muy lejos de ella. 
El titular del de la semana pasada fue: «Lanzada la campaña para salvar la Constitución». 
Se ha informado de que los diputados al Parlamento Europeo están tan preocupados por las actividades de los Gobiernos nacionales en la CIG que consideraron necesario salir a la calle en defensa de los planes de la Convención. 
Hoy hemos oído en el debate que la Convención debe defenderse de un ogro denominado egoísmo nacional. 
Los que han lanzado esta campaña encontrarán muy difícil unir al electorado para su causa; conforme a una encuesta de opinión reciente, el 61% del electorado europeo no ha oído hablar nunca de la Convención y en el Reino Unido este porcentaje es del 83%. 
Lo que quiere la gente de mi país y del resto de Europa es un referendo sobre la Constitución. 
En una encuesta del Eurobarómetro publicada la semana pasada, el 84% de los encuestados en los 15 Estados miembros y los 10 países candidatos eran partidarios del referendo. 
En el Reino Unido esa cifra asciende al 86%. 
El Sr. Duff se encuentra entre ellos: su partido también quiere el referendo. 
Puede que él y yo tengamos opiniones muy distintas sobre las implicaciones de esta Constitución, pero como demócratas deberíamos estar en condiciones de debatir nuestra opinión con el pueblo y ver cuál sería el resultado de dicho debate. 
¿Qué mensaje se está emitiendo en mi país con la continua negativa a escuchar al pueblo, cuyos intereses tenemos que defender por mandato? 
Me gustaría aclarar un par de aspectos relacionados con la Convención. 
Agradecería que el Consejo aclarase la postura del Primer Ministro maltés, que recientemente ha afirmado que se había producido cierto acuerdo entre aquellos países que no tienen que realizar referendos de que no los permitirán. 
Esa no es una situación democrática. 
Estoy muy agradecido al Presidente Prodi, que ha aceptado que la Constitución representa un gran cambio con respecto al concepto básico de los Estados nacionales, posición confirmada por los Gobiernos alemán, español y francés, pero negada por mi Gobierno. 
Por último, señor Presidente, sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, usted y yo hemos oído a un Ministro británico expresar la opinión de que no había por qué preocuparse. 
Un ex Ministro británico afirmó que en el Reino Unido la Carta de los Derechos Fundamentales tendrá tanta vigencia legal como el, un cómic para niños en el Reino Unido. 
Pienso que esta Constitución propone algo distinto. 
Por ello creo que la gente debería tener algo que decir sobre ella. 
Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer especialmente a la Presidencia italiana todos los esfuerzos que ha hecho para que el resultado de la Conferencia Intergubernamental refleje fielmente el proyecto de Tratado Constitucional. 
Tendrá nuestro apoyo, así como el apoyo de otros gobiernos, aunque en número insuficiente por ahora. 
Nos gustaría que este grupo creciera. 
Sin embargo, comparto las preocupaciones manifestadas por el Comisario Verheugen y por usted mismo, señor Presidente del Consejo. 
Comparto sus preocupaciones, pero no quiero entrar en las distintas propuestas. 
Me preocupa algo más fundamental que va mal en la Conferencia Intergubernamental. 
Hasta ahora, la mayoría de los ministros no han demostrado estar a la altura de la tarea que tienen ante ellos. 
Esa es la verdad. 
No hay un espíritu constructivo en la Conferencia Intergubernamental, sino más bien una mentalidad de bloqueo que no puede continuar si queremos conseguir un buen resultado en diciembre. 
Las propuestas presentadas constituyen, casi sin excepción, un paso atrás respecto al texto propuesto por la Convención. 
Una y otra vez, en todos los debates, la Conferencia Intergubernamental no se basa en los resultados de la Convención, sino que los ignora. 
Los ministros están volviendo a complicar cosas que se resolvieron con simplicidad en el proyecto de Tratado Constitucional, y están restándole claridad y simplicidad. 
El rechazo del Consejo Legislativo es tan solo un ejemplo de ello. 
Se niegan a conceder a la Constitución la flexibilidad que necesita. 
En realidad, van aún más lejos al suprimir y bloquear los escasos y modestos vínculos que establecimos, de modo que otra vez habrá que alcanzar un acuerdo unánime respecto a las perspectivas financieras a medio plazo, mientras el Parlamento Europeo está siendo despojado de sus derechos en materia presupuestaria. 
De este modo no solo rechazan el proyecto de la Convención, sino que incluso despojan al Parlamento Europeo de sus derechos. 
La mayoría de los gobiernos no comprende que una Unión con más de 25 Estados miembros necesita una nueva base. 
No se toman en serio los resultados de la Convención como un compromiso real que consigue un equilibrio entre el Norte y el Sur, entre los países grandes y los países pequeños, entre el Este y el Oeste de la Unión Europea. 
Esperamos que los gobiernos abandonen su mentalidad de bloqueo y recuerden que deben ser una fuerza para configurar el futuro de Europa. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Comisario, Señorías, quisiera destacar dos puntos. 
Por una parte, que las propuestas del Consejo de Economía y Finanzas representan un paso atrás en relación con la actual situación conforme al Tratado de Niza. 
Por otra parte, que las perspectivas financieras tienen que ser aceptadas por el Parlamento Europeo y en las propuestas del Ecofin simplemente se establece una consulta con el Parlamento. 
Democracia es también la manera de gestionar los desacuerdos y, hoy en día, el Parlamento Europeo tiene la última palabra en más del 60% del presupuesto anual en caso de no alcanzar un acuerdo con el Consejo. 
En las propuestas del Consejo de Economía y Finanzas una especie de mecanismo automático donde se acepta la cantidad más baja propuesta reemplaza la voluntad política de las instituciones. 
Las propuestas del Consejo de Economía y Finanzas destruyen el equilibrio logrado en la Convención, y el Parlamento Europeo, incluso sabiéndolo, aceptó formalizar las perspectivas financieras en la Constitución, autolimitando sus poderes presupuestarios porque se le reconoció el poder para rechazar el marco plurianual y el poder para decidir contra la posición del Consejo por una mayoría muy alta de sus miembros, en caso de un desacuerdo relacionado con el procedimiento presupuestario anual. 
Pues bien, la propuesta del Ecofin de adoptar la cantidad más baja propuesta en caso de falta de acuerdo elimina cualquier estímulo para que este acuerdo se consiga. 
Quien proponga la cantidad más baja estará seguro de ganar. 
No es que esto limite los poderes presupuestarios del Parlamento, sino que convierte todo el procedimiento presupuestario en una simple subasta a la baja. 
Mi Grupo político tuvo grandes dificultades y mantuvo muchas discusiones para aceptar la propuesta final de la Convención en materia de finanzas. 
Hizo falta, en su día, toda la elocuencia de nuestro colega Méndez de Vigo para convencernos de que esta propuesta representaba un justo reparto de poderes. 
No sería recomendable, hoy, tener que empezar nuevamente todo el proceso. 
Esto significaría una quiebra en la confianza entre instituciones y despojaría al Parlamento de su capacidad para influir en la elaboración de las políticas presupuestarias de la Unión. 
Desde mi Grupo político pedimos que todo el capítulo de finanzas del proyecto de Constitución se tome como un conjunto indivisible e innegociable. 
Señor Presidente, me dirijo al representante de la Presidencia, Sr. Antonione. 
Señor Antonione, no pongo en duda la sinceridad de sus intenciones, pero algunas de las expresiones que usted ha utilizado –yo diría incluso que se le han escapado– me producen una profunda preocupación. 
Usted ha dicho que algunos Estados miembros o representantes gubernamentales mantienen firmemente sus enmiendas por motivos de táctica negociadora. 
Aquí existe un profundo malentendido. La Conferencia Intergubernamental no era supuestamente un foro de negociación, y no tendría que haberse permitido a los gobiernos adoptar posiciones ya presentadas en la Convención –como han apuntado el Sr. Hänsch y el Sr. Brok–, posiciones que la Convención ya había rechazado por haberse encontrado soluciones más convincentes y con un apoyo más amplio. 
Con esto no quiero decir que la Conferencia Intergubernamental tendría que haberse limitado a aprobar a ciegas el proyecto de la Convención, como hicieron acertadamente los Jefes de Estado y de Gobierno en el caso del proyecto de Carta de los derechos fundamentales; lo que quiero decir es que la Conferencia Intergubernamental tendría simplemente que haberse centrado en las deficiencias y contradicciones en el texto propuesto por la Convención, como tendría que estar haciendo ahora, y considerar la manera de resolverlas. 
Ha dicho usted también que la posición de la Presidencia italiana está clara: es partidaria de un texto que se desvíe lo menos posible del proyecto de la Convención. 
Sin embargo, el término «lo menos posible» queda totalmente abierto a la interpretación y a la discreción. 
Tenemos que ser claros: pobre de la Conferencia Intergubernamental si se inmiscuye en las innovaciones más importantes de la Convención, a saber: las competencias del Parlamento Europeo, especialmente en materia presupuestaria, el sistema de doble mayoría, el Consejo Legislativo y la designación del Ministro de Asuntos Exteriores. 
No coloquemos al Parlamento Europeo en la tesitura de tener que rechazar el resultado de la Conferencia Intergubernamental y pedir a los parlamentos nacionales que no ratifiquen el Tratado. 
Señor Presidente, Señorías, en estas semanas estamos redactando la futura Constitución de la Unión Europea y quiero añadir que nunca antes los ciudadanos han tenido tal oportunidad de participar e influir en la redacción de una constitución como durante la Convención, algo que hicimos posible gracias a una iniciativa del Parlamento Europeo. 
Lo que está en juego no es solamente la eficacia y transparencia, sino también un mayor parlamentarismo, responsabilidad y accesibilidad para los ciudadanos. 
En otras palabras, está en juego no solo la futura sostenibilidad de la Unión, sino también su capacidad para hacer frente a la ampliación. 
En este momento quiero hacer particular hincapié una vez más en que el resultado general de la Convención fue, desde el punto de vista del Parlamento, doloroso en muchos aspectos, pero en definitiva constituyó un compromiso equilibrado que estamos dispuestos a aceptar en aras del interés común. 
Señor Presidente del Consejo, si se habla de suprimir el Consejo Legislativo, permítame hacer una observación totalmente en serio: si los nuevos Estados miembros tuvieran un órgano legislativo que funcionara como funciona el Consejo en la actualidad, esos países no habrían podido ingresar en la Unión porque simplemente no habrían cumplido los requisitos fundamentales del proceso legislativo: transparencia y parlamentarismo. 
Es por ello que insistimos en el Consejo Legislativo. 
Ya se ha hablado mucho sobre los derechos en materia de presupuesto. 
Sobre esta cuestión considero también que los acuerdos en virtud de los cuales la decisión final sobre los recursos propios corresponde a los Estados miembros, el Consejo decide en materia del marco presupuestario plurianual tras consultar y obtener la aprobación del Parlamento, y esta Cámara tiene la última palabra respecto al plan presupuestario anual, representan todos ellos un compromiso. 
No es admisible que en la reunión ministerial informal del Consejo ECOFIN en Stresa se intenten socavar o retirar unos derechos parlamentarios que datan de antiguo. 
Cualquier tentativa de restringir los derechos del Parlamento en este ámbito se encontrará con la resistencia enérgica de una gran mayoría de esta Cámara. 
Por eso espero que la Presidencia adopte una posición proeuropea y se enfrente a los miembros del Consejo que se muestran timoratos y retrógrados con el fin de lograr una solución satisfactoria. 
Señor Presidente, estando de acuerdo con las observaciones que han hecho los colegas de mi Grupo y no pocos de otros Grupos, he querido utilizar un minuto de este interesante debate para llamar la atención, como han hecho ya los Comisarios Vitorino y Barnier, sobre una cuestión concreta: el riesgo de vuelta a la unanimidad en una cuestión tan sensible como la cooperación judicial y policial en materia penal. 
Llevo casi diez años en esta casa y recuerdo perfectamente los problemas que teníamos antes del Tratado de Amsterdam, el bloqueo total al que la intergubernamentalidad nos sometía en este terreno. 
Hoy se ha avanzado algo en efectividad, pero la unanimidad sigue siendo un lastre muy importante. 
Es lógico, por otro lado, que la falta de control parlamentario- porque, en este sentido, sí hemos perdido, los Parlamentos nacionales no ejercen un control sobre esta materia y nosotros tampoco -, genere miedo, porque estamos en un terreno muy sensible, pero la solución es avanzar decididamente hacia la codecisión. 
La Constitución deja claro dónde y cómo debemos intervenir. 
Tenemos que tener coraje para ofrecer a los ciudadanos un espacio de seguridad y de defensa de la libertad. 
SeñorPresidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quizás sea una feliz coincidencia que la última intervención en el debate parlamentario de hoy se refiera al contenido social de la Constitución. 
Uno de los principales pasos dados por el proyecto de Constitución redactado por la Convención sobre el futuro de Europa fueron las disposiciones relativas al aspecto social de Europa, a una Europa social. 
La preocupación de la Convención por este aspecto es especialmente importante, ya que ha surgido no tanto de la agenda de Laeken, como de la iniciativa de los propios miembros de la Comisión, lo cual es muy deseable. Porque los ciudadanos europeos están mucho más interesados, creo yo, en el anuncio del objetivo del pleno empleo, en el fortalecimiento del diálogo social y el fundamento jurídico de las empresas de servicios públicos o la sanidad pública, que en si tendremos 13 ó 23 Comisarios o en si Europa tendrá uno o dos Ministros de Asuntos Exteriores. 
La Conferencia Intergubernamental tendrá que respetar el texto de la Convención. 
Tendrá que intervenir para mejorar un aspecto, para armonizar el texto entre la primera y la tercera parte del texto, ya que no podemos hablar de pleno empleo en el artículo 3 y de un alto nivel de empleo en la tercera parte. No podemos dejar que «» [cambiar todo para que nada cambie] se convierta en el lema de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dándoles las gracias por las peticiones que han presentado en el marco de este debate, y diciendo, como ya he dicho en otras ocasiones, que las consideramos unas valiosas contribuciones al trabajo que está realizando la Presidencia para alcanzar un objetivo que podría considerarse de interés común, a juzgar por lo que se ha dicho en la abrumadora mayoría de las intervenciones de los miembros de esta Cámara. 
En relación a cuestiones específicas, francamente creo que las intervenciones de hoy han vuelto sobre los pasos del debate que celebramos la semana pasada, de manera que no se ha dicho nada nuevo y lo único que puedo hacer es reiterar exactamente algunos de los puntos a los que ya respondí en su día. 
La Presidencia italiana no acepta intervención alguna del Consejo ECOFIN –para ser muy claro y concreto en un tema que ustedes han planteado–, ya que considera que ningún Consejo, ni siquiera el ECOFIN, tiene derecho a presentar enmiendas. 
Si un representante de la Conferencia Intergubernamental desea presentar propuestas que puedan surgir también del debate del Consejo ECOFIN, lo hará en nombre del gobierno que representa, pero no en nombre del Consejo ECOFIN. 
Por ello creo que, desde ese punto de vista, mi respuesta debe ser la misma que di en la última reunión. 
En cuanto a nuestro compromiso de proteger el papel fundamental del Parlamento Europeo, y de los parlamentos en general, sigo insistiendo en que creemos que se trata de una cuestión fundamental. 
En términos más generales, respecto a la cuestión de si deben debatirse las propuestas presentadas por los gobiernos, tengo que decir que resulta muy difícil que la Presidencia se niegue de pleno a tomar en consideración las propuestas que los gobiernos quieran presentar. 
Francamente, creo que eso no es posible. 
Además, no se trata de que sus representantes –los representantes del Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental– actuaran de modo diferente a la Presidencia; no se trata de que los dos representantes se levantaran y abandonaran la sala porque algunos gobiernos quisieran reanudar el debate sobre cuestiones ya debatidas en la Convención. 
Se trata de una fase de negociación –y se lo reitero al Sr. Napolitano– que sinceramente me parece normal y lógica. 
No veo de qué otra forma podríamos proceder. 
En cambio, quiero insistir en la importancia fundamental de que la labor que ustedes están realizando en apoyo de nuestra empresa no se desvíe del espíritu ni de las recomendaciones que han surgido de los trabajos de la Convención. 
Pero tampoco cabe imaginar que la Conferencia Intergubernamental se reúna simplemente para ratificar una labor ya terminada, por valiosa e importante que sea esta, y que algunos gobiernos consideran que podría mejorarse claramente. 
La Conferencia Intergubernamental avanza en esta dirección y sinceramente espero que, con la colaboración de todos, podamos conseguir ese importante y valioso resultado que, repito, constituye un legado que todos compartimos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero hacer un breve comentario sobre dos intervenciones que me han parecido especialmente importantes. 
En primer lugar, quiero responder a la Sra. Maes. 
Creo que durante el debate ha hecho una contribución muy importante cuando dijo que ahora es también necesario demostrar que la ampliación no representa un problema para la profundización. 
Se trata de una cuestión muy antigua que sin duda todavía no ha quedado resuelta, y me gustaría aprovechar esta ocasión para decir una vez más a los futuros Estados miembros que ahora les toca a ellos demostrar que esos temores son infundados, y que la ampliación y la profundización pueden realizarse perfectamente de manera simultánea. 
No obstante, tengo que decir, señora Maes, que el ejemplo que usted eligió no era el más adecuado. 
Los nuevos Estados miembros no han tenido nada que ver con la tentativa del Consejo ECOFIN de limitar los derechos del Parlamento en materia presupuestaria. 
En realidad no han intervenido para nada en ese ataque, pero eso no cambia el problema de fondo. 
La segunda persona a la que deseo responder es al Sr. Klaus Hänsch. 
Creo que tiene mucha razón cuando dice que el problema al que nos enfrentamos actualmente es una cuestión de voluntad política. 
No se trata de que existan unos problemas insuperables. 
Todo lo que estamos considerando actualmente ha sido ya debatido minuciosa y pormenorizadamente en la Convención, y tras un debate exhaustivo se tomó una decisión que –estamos convencidos de ello– todos podemos aceptar. 
Quiero transmitirles un último pensamiento: tenemos que saber cuál es la alternativa. 
Piensen siempre en lo que sucedería si no consiguiéramos nada y el Tratado Constitucional fracasara. 
Esto implicaría algo más que el fracaso de otro proyecto legislativo. 
Significaría el fracaso de algo que es absolutamente fundamental para el proyecto de integración, y las consecuencias no serían únicamente de carácter jurídico. 
Sería un craso error creer que podríamos seguir teniendo como base el Tratado de Niza. 
Si fracasa el Tratado Constitucional, surgirían toda una serie de nuevos escenarios políticos en la Unión Europea, que incluso podrían tener un efecto desintegrador en su seno. 
Por eso tenemos una responsabilidad tan enorme y por eso es tan importante llevar a buen fin este proyecto. 
Muchas gracias, Comisario Verheugen. 
La votación de la propuesta de resolución tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Los representantes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea no han ocultado la inquietud que les producen los desacuerdos surgidos en la Conferencia Intergubernamental con ocasión del debate sobre el nuevo «Tratado Constitucional» de la UE. 
No obstante, estos desacuerdos giran en torno a cuestiones totalmente secundarias que no alteran el carácter reaccionario del texto. 
Se refieren al papel del Ministro de Asuntos Exteriores, sin que ninguno de ellos cuestione la militarización de la UE y su cohesión con la OTAN. 
A nadie le preocupa la nueva cesión de soberanía nacional, sino la forma exacta de redistribuir el poder. 
No se ha dicho ni una palabra en contra la deificación de la «economía de mercado» ni contra el fortalecimiento de los mecanismos represivos, mientras que el Parlamento Europeo solo se preocupa por el papel que se le reserva. 
En otras palabras, cada uno defiende sus propios intereses. 
En cualquier caso se evidencia cierta preocupación por el resultado de los referendos (en caso de celebrarse) , lo que demuestra que están inquietos por la creciente insatisfacción popular, a pesar de la engañosa propaganda y los resultados de los referendos celebrados hasta ahora. 
Los ciudadanos no necesitan una «euroconstitución» ; ni siquiera necesitan una Unión Europea. 
Deben intensificar su lucha para defender y ampliar sus derechos, y para demoler la estructura que están construyendo los explotadores para cambiar finalmente la sociedad. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a Euromed. 
Señor Presidente, Señorías, es para mí un placer tener la oportunidad de explicar a esta Cámara los resultados que esperamos de la Sexta Conferencia Ministerial Euromediterránea que se celebrará en Nápoles los días 2 y 3 de diciembre de 2003. 
Antes de asumir la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, Italia tenía una idea muy clara de la enorme importancia que tendría el resultado de la Conferencia de Nápoles en la evaluación general de su Presidencia. 
De hecho, las relaciones con los países de la cuenca meridional del Mediterráneo siguen ocupando un lugar destacado y sirven de firme punto de referencia en el marco general de las relaciones exteriores de la nueva Unión ampliada. 
Desde el principio, el Proceso de Barcelona ha constituido un medio de evaluar el estado de salud de estas relaciones, que a menudo para calibrar el ritmo del diálogo entre las dos orillas de nuestro mar común, y que actúan, por consiguiente, como una fuerza que regula – y sobre todo impulsa – el diálogo, en la medida en que este ha sido posible dados los acontecimientos ocurridos en Oriente Próximo en los últimos años. 
Durante los preparativos de la Conferencia de Nápoles, Italia ha podido contar en todo momento con la valiosa colaboración de todos los participantes, los cuales han demostrado sin excepción en los últimos meses que comparten nuestras amplias expectativas de que Barcelona VI venga a inyectar un vigor renovado a la Asociación Euromediterránea. 
Esta necesidad de revitalización tiene su raíz conceptual en el Plan de acción de Valencia, aprobado durante la Presidencia española en abril de 2002. 
Dicho plan fue confirmado por la Conferencia Ministerial celebrada en Creta el pasado mes de mayo, bajo la Presidencia griega, y lo hemos considerado una clara indicación del mandato de dotar conjuntamente de un fundamento más sólido al Proceso de Barcelona. 
Este fundamento resulta hoy más necesario que nunca, en un momento en el que el proceso de ampliación de la Unión, por una parte, y la situación en Oriente Próximo, por otra, hacen que los países de la cuenca meridional del Mediterráneo planteen firmes demandas a Europa. 
Entretanto, la Unión Europea ya ha dado una respuesta inicial vigorosa y coherente con la adopción de la nueva política de vecindad, en la que establece un nuevo concepto unificado para sus relaciones exteriores con las regiones vecinas. 
Asimismo ha adoptado una política más incisiva sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia que, gracias a la importante contribución de la Comisión, ya se está aplicando. 
En este novedoso y prometedor contexto, la Presidencia italiana tiene la intención de asumir su gran responsabilidad, haciendo todo lo posible e invirtiendo todas las energías que requiere la Conferencia de Nápoles. 
Ahora bien, esta revitalización que tenemos prevista solo será merecedora de ese nombre –es decir, será cualitativa– si consigue restablecer una Asociación Euromediterránea vital y dinámica. 
En este ejercicio deben participar no solo los funcionarios y responsables políticos, sino también la opinión pública en nuestros países. 
Cabe señalar aquí que un «fundamento sólido» implica algo muy sencillo en este contexto: dotar al Proceso de Barcelona de los instrumentos, estructuras y mecanismos adecuados para poner a la Asociación Euromediterránea en contacto con la opinión pública, dándole con ello la posibilidad de tener una influencia positiva en la vida cotidiana, y de apoyar y respetar los distintos puntos de vista. 
Solamente así podrá consolidarse una cooperación auténtica y firme entre las dos orillas del Mediterráneo. 
Desde esta perspectiva, el resultado que nosotros, los 35 países que participamos en el diálogo euromediterráneo, esperamos de la Conferencia de Nápoles es la ampliación del Proceso de Barcelona mediante tres nuevos instrumentos concebidos para estrechar el contacto de la Asociación con las aspiraciones más vivas de las sociedades civiles de la región. 
Me refiero en primer lugar –y me complace especialmente decirlo hoy aquí– a la creación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que asumirá funciones consultivas en el Proceso de Barcelona; en segundo lugar, a la creación de la Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones, y por último, a la nueva estructura institucional y operativa que los países participantes adoptarán para el futuro del Fondo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP) creado dentro del BEI hace algo más de un año para fomentar las inversiones del sector privado –en particular de pequeñas y medianas empresas– en los países de la cuenca meridional del Mediterráneo. 
Estamos convencidos de que estas medidas darán un potente impulso a la Asociación, permitiendo que siga adelante de forma independiente y dotándola de una capacidad de acción generada por las exigencias de la sociedad civil que se transmiten a través del canal parlamentario, por círculos virtuosos alimentados por el respeto mutuo que puede infundir la interacción sinérgica entre las culturas, y, por último, por una institución financiera que cada vez se adapta más a las necesidades concretas de los países beneficiarios y está dotada de una serie de instrumentos cada vez más amplios y mejor organizados. 
Estos son los motivos y preocupaciones en los que se basan las tres prioridades fundamentales de la Conferencia Ministerial que tendrá lugar a principios de diciembre, prioridades que hemos interpretado bajo el prisma del establecimiento de una cooperación revitalizada entre las dos orillas del Mediterráneo. Los acontecimientos de los últimos meses han demostrado que esta cooperación resulta cada vez más necesaria si deseamos que en la región prevalezcan la paz y la estabilidad política, económica y social. 
En este sentido, la inclusión formal, con funciones consultivas, de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea en el marco de la Asociación resulta de vital importancia, ya que será esta Asamblea la que asumirá en primer y principal lugar la tarea de aproximar el Proceso de Barcelona a la opinión pública y de compensar el déficit de participación y, sobre todo, el déficit de comunicación que sin duda ha presentado el Proceso de Barcelona hasta ahora. 
Creemos que la Fundación para el Diálogo Intercultural será una estructura que –combinando el pragmatismo con el sentido de la perspectiva– pueda servir como catalizador de todas las iniciativas que tratan de fomentar el diálogo y el mutuo entendimiento sobre la base de los «Principios directores para el diálogo entre culturas y civilizaciones» aprobados por la Conferencia de Creta. 
La propia Conferencia de Nápoles asumirá la tarea de sancionar la creación de la Fundación y, esperamos, de elegir al mismo tiempo su sede oficial. 
Por último, consideramos de importancia fundamental que mejore el funcionamiento del FEMIP, adaptando mejor sus instrumentos a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y del sector privado. 
La Conferencia de Nápoles se centrará principalmente en estos temas, que no serán los únicos. La Conferencia tendrá como objetivo añadido la confirmación del compromiso de estrechar la cooperación en materia de política y de seguridad, estrechar la cooperación sobre la PESD y establecer un diálogo de mayor calado sobre el espinoso asunto del terrorismo. 
Por lo que respecta a la dimensión económica, la Conferencia de Nápoles ofrecerá, entre otras cosas, una oportunidad para la convergencia y evaluación de los resultados de la Conferencia Euromediterránea sobre Comercio que se celebró en Palermo en el mes de julio de 2003. 
Asimismo nos dará la oportunidad de examinar los resultados de la primera Conferencia Euromediterránea de Ministros de Agricultura que tendrá lugar en Venecia el 27 de noviembre, y de la Conferencia sobre Inversión, Infraestructuras y Energía que se celebrará inmediatamente antes de la Sexta Conferencia de Barcelona, los días 1 y 2 de diciembre de 2003. 
La agenda social y cultural estará en su mayor parte ocupada por el debate sobre la Fundación, pero sin duda ofrecerá la oportunidad de evaluar los avances realizados desde la puesta en marcha del programa regional de Buena Gobernanza y Reforzamiento del Estado de Derecho, que constituye un factor crucial para el futuro de la cooperación euromediterránea en el ámbito de la justicia, la cooperación policial y la política de inmigración. 
El debate sobre este último tema subrayará, en particular, la importancia de adoptar un enfoque equilibrado en la gestión de la política migratoria, ya que con la orientación adecuada, puede hacer una contribución positiva al crecimiento socioeconómico de toda la región. 
Con el objetivo una vez más de aproximar la Asociación a la opinión pública, la Conferencia de Nápoles acogerá favorablemente el inicio de la cooperación entre las autoridades regionales de los países de ambas orillas del Mediterráneo, un proceso en el que la próxima Conferencia Interregional de Palermo será un hito importante. 
Además, Nápoles debe tomar también nota de un mecanismo para la participación de la sociedad civil, el Foro específico que se celebrará en esa ciudad justo antes de la Conferencia. 
Al Foro podrán asistir una amplia gama de participantes y se estructurará con coherencia para potenciar los efectos y el perfil de la iniciativa. 
Por último, la Conferencia consignará las conclusiones de la reunión de los órganos representativos de las fuerzas sociales que acaba de tener lugar en Malta bajo los auspicios del Comité Económico y Social. 
Todos estos aspectos se incluirán en el potente mensaje que esperamos que transmita la Conferencia de Nápoles. 
Para alcanzar esos objetivos estamos buscando la convergencia de las posiciones sobre estos temas de todos los participantes en el diálogo euromediterráneo. 
Lo hacemos con un espíritu de pragmatismo y siguiendo un enfoque estratégico que permita conciliar intereses distintos, para establecer y mantener – en el nuevo marco teórico de una Europa más amplia – una relación más estrecha entre las dos orillas del Mediterráneo. 
En este sentido, creo poder afirmar, señor Presidente, Señorías, que estamos en la senda correcta. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hoy tenemos una buena oportunidad para hablar sobre la Asociación Euromediterránea, mejor conocida como Proceso de Barcelona, tan solo a unos cuantos días de que se celebre la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores en Nápoles. 
Con sus dictámenes y resoluciones adoptados antes de las conferencias de los Ministros de Asuntos Exteriores, el Parlamento ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de esta Asociación. 
Ha sido la fuerza que impulsó la cooperación entre los parlamentos de la zona euromediterránea. 
La Comisión se felicita de que el Grupo de Trabajo haya alcanzado un acuerdo sobre la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, y espera darle la bienvenida en Nápoles en calidad de órgano consultivo y como una de las instituciones del Proceso de Barcelona. 
¿Qué papel le corresponde? 
La Comisión considera que la Asamblea promoverá eficazmente el respeto de los derechos humanos y la democratización en la región. 
La Comunicación publicada por la Comisión sobre este tema en mayo fue bien acogida por el Parlamento y el Consejo. 
Ahora deliberaremos con nuestros socios mediterráneos los planes de acción que se llevarán a cabo con los fondos del programa MEDA para conseguir mejoras concretas en los derechos humanos y en la democracia en todos los países asociados. 
La región euromediterránea es probablemente una de las regiones del mundo más afectada por los riesgos del siglo XXI, como el terrorismo, el tráfico de seres humanos, la droga, los problemas de la globalización o los peligros medioambientales. 
En esta situación es de suma importancia que Europa se muestre solidaria con sus regiones vecinas. 
Solidaridad significa ayudar a nuestros socios a hacer frente a esos desafíos de una forma compatible con el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Pero no podemos lograr más de lo que quieran nuestros propios socios. 
Por eso las reformas políticas deben ser una parte fundamental del plan. 
La nueva estrategia de buena vecindad que se debatirá aquí esta tarde establece con gran precisión lo que podemos hacer para lograr mayores avances en la reforma política y económica de la región. 
No quiero entrar ahora en ese tema, pues tendré amplia oportunidad de hacerlo esta tarde. 
Quiero recordar que hemos logrado avances en algunos frentes, avances que serán evaluados en Nápoles y sobre los que se basará el progreso futuro. 
Quiero decir también que la integración Norte-Sur no es suficiente. 
Tenemos que seguir apoyando asimismo la integración entre nuestros socios. 
En este aspecto también se han realizado avances en algunos ámbitos, pero estoy convencido de que debemos animándoles a renovar sus esfuerzos. 
Permítanme decir, a forma de conclusión, que el diálogo intercultural tiene que desempeñar un papel fundamental en la totalidad de nuestro concepto. 
La importancia del diálogo intercultural fue reconocida desde el principio en el Proceso de Barcelona y ha encontrado su expresión en programas conjuntos de ayuda al desarrollo del patrimonio cultural, las coproducciones audiovisuales y los intercambios de jóvenes. 
Antes de la Conferencia de Ministros de Exteriores celebrada en Valencia, la Comisión presentó una propuesta, finalmente aprobada, para complementar estos programas con una Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones de carácter independiente. 
Celebro que estemos a punto de llegar a un acuerdo y espero que también lleguemos a un acuerdo en la Conferencia de Nápoles sobre la sede de la Fundación. 
Todas las candidatas, Roma, Valetta y Alejandría tienen puntos a su favor, y no quiero expresar aquí una opinión sobre ellas, sino tan solo decir que es importante que la Fundación pueda comenzar sus trabajos a mediados del año próximo. 
Hará una contribución importante para mejorar la imagen de la Asociación Euromediterránea y aumentar su visibilidad e importancia a los ojos de la población. 
Señor Presidente, la transformación del Foro Parlamentario en una Asamblea Parlamentaria en el orden del día de la Cumbre de Nápoles que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre será un acontecimiento político de enorme importancia, como lo sabe esta Cámara por experiencia con los países ACP. 
La Asamblea Parlamentaria es un instrumento para la cooperación política que recuerda a los Estados miembros sus responsabilidades precisamente a través de medidas parlamentarias y que reúne fuerzas para aplicar nuevas medidas. 
El siguiente paso que tiene que darse en Nápoles es una respuesta rápida del Consejo para aplicar las decisiones ya tomadas durante la Conferencia Ministerial de Valencia, en particular las iniciativas basadas en la cultura y el diálogo entre sociedades –tanto bilaterales como multilaterales– con el fin de revitalizar la política de buena vecindad que es la clave para el equilibrio y el desarrollo de la región mediterránea. 
Esta institución transformada tendrá que adoptar, además, un modelo de trabajo cuya necesidad resulte evidente para todos. 
Es necesario que pongamos en práctica nuestras decisiones, pues hay que admitir que en esta región no hemos alcanzado todos nuestros objetivos. 
Si consideramos el Proceso de Barcelona, los programas Meda y Meda II, y la Conferencia de Valencia, así como las expectativas pasadas y presentes generadas por estas iniciativas, es posible que no hayamos puesto en práctica todas las decisiones adoptadas. 
Se ha realizado un gran trabajo, pero no cabe duda de que quedan cosas por terminar, y la Asamblea es obviamente el órgano adecuado para verificar si hemos tenido en cuenta y alcanzado los objetivos que nos fijamos a nosotros mismos, sobre todo en lo que se refiere a promover la democracia y el Estado de derecho, ya que para que la Asociación Euromediterránea sea auténtica, coherente y eficaz, tiene que abarcar no solo las dimensiones sociales y económicas, sino también el respeto y la promoción de los derechos humanos. 
Punto por punto, queremos mencionar algunas iniciativas que tienen que figurar en el orden del día con carácter prioritario. 
En primer lugar, un programa de cooperación activa entre las dos orillas del Mediterráneo para luchar contra el terrorismo y la delincuencia internacional organizada. 
Tenemos que adoptar medidas concretas para poner freno al flujo de migración –a menudo forzosa– que es una tragedia para la humanidad. 
En segundo lugar, tenemos que comprobar si las formas de desarrollo de la sección que ofrece el BEI para el Mediterráneo y Oriente Próximo constituyen un instrumento para contribuir a los objetivos que establece la nueva estrategia, con la participación financiera de otros países mediterráneos; yo diría que esta Asamblea esperaba que un banco fuese un operador activo en la región. 
En tercer lugar, tenemos que insistir en el establecimiento de relaciones entre los países meridionales. 
En mi opinión, el Acuerdo de Agadir constituye un medio importante para crear una auténtica zona de libre comercio. 
En cuarto lugar, los procedimientos del Reglamento MEDA tienen que simplificarse para aumentar la eficacia del proyecto. 
Señor Presidente, el Sr. Antonione ya ha dicho que la reunión que tendrá lugar en Nápoles es de extrema importancia, pues en ella se tomará la decisión de transformar el Foro Parlamentario en una auténtica Asamblea, y crear el Banco Euromediterráneo y la Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre Culturas. 
Considero que, aparte de nuestro trabajo sobre estos objetivos, tenemos que reconsiderar la política euromediterránea en el contexto de una política de buena vecindad más general, que sitúa por fin la dimensión oriental al mismo nivel que la dimensión meridional. 
Esta es la señal que tenemos que enviar a nuestros socios, y queremos que la dimensión regional del Proceso de Barcelona se refuerce en los planes de acción para abordar las relaciones culturales y humanas, los aspectos económicos y comerciales, los aspectos sociales, los derechos y la seguridad. 
Creo que debemos mantener la compleja naturaleza de la Asociación, que se ha condensado mucho y ha adquirido un carácter unidimensional al centrarse exclusivamente en el libre comercio. 
En relación con los derechos humanos y la democracia, me parece que tenemos que hacer hincapié en que no se trata simplemente de opciones; esas dimensiones tienen que integrarse en la estrategia y, sobre todo, en nuestro planteamiento para luchar contra el terrorismo, ya que para combatir el terrorismo tenemos que romper no solo el círculo vicioso del terrorismo y la guerra, sino también el círculo vicioso del terrorismo y la consolidación de regímenes autoritarios. 
Si así lo hacemos, creo posible relanzar procesos de democratización que tengan debidamente en cuenta los derechos humanos también en esos países, como lo pide el informe fundamental del organismo de las Naciones Unidas para el desarrollo, que debemos tomar como guía en nuestras relaciones con estos países. 
Señor Presidente, saludo en primer lugar la política de vecindad propuesta por la Comisión Europea y el informe que se discutirá, precisamente esta tarde, como instrumento básico en la cooperación euromediterránea. 
Saludo también la iniciativa de transformar el Foro Euromediterráneo en una Asamblea parlamentaria. 
Permítame, señor Presidente, referirme muy concretamente a las relaciones que deberían establecerse o mejorarse con un Estado del sur del Mediterráneo. 
Me refiero a Libia, donde recientemente he tenido la ocasión de presidir una delegación de mi Grupo parlamentario. 
Libia ha visto levantadas las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre y está pendiente de solucionar los asuntos relacionados con las indemnizaciones del avión UTA y del atentado de la discoteca en Berlín, en 1989. 
Libia está presente como observador en el proceso mediterráneo de Barcelona y no se ha integrado. 
Como manifestó el Primer Ministro, Mohamed Ghanem, Libia está siguiendo un camino de privatización progresiva de su economía y acabando con la estatalización. 
También está dispuesta a incrementar la lucha contra la inmigración ilegal, que se lleva a cabo a lo largo de los 2 000 kilómetros de costa que tiene Libia en el Mediterráneo. 
En todo caso, será difícil que la lucha contra esta inmigración ilegal se lleve a cabo si no existe una cooperación efectiva de los Estados de la Unión Europea y, en este sentido, creemos que la Unión Europea debe replantearse las relaciones con Libia. 
Esto, naturalmente, no debe realizarse sin exigir, por otra parte, el respeto de los derechos humanos, la abolición de la pena de muerte y la abolición, también, de las amputaciones, que son prácticas que todavía, por lo menos legalmente, existen en aquel país. 
– Señor Presidente, en primer lugar es imposible ignorar el conflicto israelo-palestino, hasta tal punto es dramático para las poblaciones, hasta tal punto impide, de hecho, cualquier desarrollo de la asociación Euromed. 
Solo una solución justa y duradera permitirá instaurar la paz en la región. 
Solo el fin de la ocupación militar israelí, la destrucción del muro de la vergüenza y la creación de un Estado palestino junto al Estado de Israel, pueden conducir a la paz y acabar con el engranaje insoportable y mortífero que sufren la población palestina ocupada y los civiles israelíes. 
Una luz de esperanza nació con lo que ahora se llaman los Acuerdos de Ginebra, negociados durante más de dos años por delegaciones dirigidas por Yossi Beilin y Yasser Abed Rabbo. 
Sería oportuno que los Ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Nápoles aportasen su apoyo constante a este plan, que testimonia la existencia de interlocutores para una paz justa de un lado y de otro, contrariamente a lo que los políticos, en particular del Gobierno Sharon, se esfuerza por demostrar. 
El marco euromediterráneo puede constituir una valiosa baza para contribuir a instaurar un clima de confianza que permita un verdadero diálogo. 
Una primera señal sería que delegaciones de alto nivel, tanto de la Unión como de los países árabes en particular, asistieran a la firma oficial de dichos Acuerdos el próximo 1 de diciembre en Ginebra, en vísperas de la conferencia ministerial. 
Se reconocería indiscutiblemente una segunda señal en la acción de una Unión que realizase todos los esfuerzos por conseguir que también el Cuarteto apoye esta iniciativa. 
Por lo que se refiere a las tareas de la conferencia en general, el hecho de que Europa se interese por sus futuros vecinos, en particular del sur, es bueno, así como el anuncio de una Fundación para el diálogo entre las culturas, cuya creación depende aún de la asignación de recursos financieros. 
No es menos cierto que las orientaciones propuestas por la Comisión en su Comunicación preparatoria son preocupantes. 
En efecto, no es seguro que la nueva política de vecindad baste para insuflar «un nuevo dinamismo al proceso de Barcelona» , ya que la lógica misma de integración pura y simple de estos países en el gran mercado europeo conduce a imponerles recetas liberales, sin tener en cuenta su situación específica ni los graves problemas económicos y sociales que experimentan. 
Cuando este modelo es cada vez más criticado, cuando incluso las propuestas francesas para un relanzamiento de la cooperación hablan de «consecuencias que podrían ser gravemente desestabilizadoras» , no se cuestiona a la Comisión en ningún momento. 
Sin esperar siquiera el estudio de impacto de la zona de libre cambio que ella misma lanzó, impulsa a una intensificación de la liberalización recíproca de los intercambios agrícolas y de servicios. 
En cuanto al llamamiento a contar con el sector privado, se queda muy por debajo de las necesidades de los países mediterráneos. 
Esta lógica miope es profundamente peligrosa. 
Todo llama a construir un marco común en el Mediterráneo, a falta del cual la estigmatización y la humillación casi permanente de que es objeto en particular el mundo árabe-musulmán, sumadas a las desigualdades, no dejarán de alimentar el integrismo religioso o el recurso al terrorismo por grupos cada vez más peligrosos. 
Otros dos desafíos, para terminar: hay que acabar con la obsesión por la seguridad e instaurar la libertad de circulación. 
En cuanto a los derechos humanos, establezcamos auténticos mecanismos específicos. 
Quiero manifestar mi solidaridad con Radhia Nasraui, abogada tunecina, que acaba de iniciar una nueva huelga de hambre. 
– Señor Presidente, fue en Barcelona, la capital de mi país, donde se inició el proceso de aproximación de los pueblos de las dos orillas del Mediterráneo hace ahora casi ocho años. 
En aquel momento, recordémoslo, la declaración que dio lugar a este asunto hizo nacer grandes esperanzas. 
Hoy, por desgracia, las cosas han cambiado mucho. 
El contexto internacional se ha deteriorado gravemente y uno de los focos de la crisis, uno de los más importantes, está situado precisamente en una de las orillas de este mar sobre el cual nos proponemos tender puentes. 
Lo que se denomina en catalán el, el desencanto, es hoy la dinámica general. 
En ninguna parte se observan mejoras en las condiciones de vida de los pueblos del Magreb. 
Las costas andaluzas devuelven regularmente los cadáveres de desafortunados magrebíes que huyen de la miseria en las famosas pateras. 
Esta tragedia humana solo tendrá fin si desplegamos todos los medios necesarios para ayudar a estos pueblos a crear un desarrollo social, cultural y económico propio. 
Aquí, el liberalismo a ultranza es simplemente asesino, y no estoy seguro de que la creación de una zona de libre comercio sea la solución a estos males. 
Del mismo modo, en ninguna parte se observan avances reales hacia la democracia y la promoción de la sociedad civil. 
Nuestras sociedades individualistas afinan sin cesar los derechos individuales. 
¡Está bien! 
Pero no hay que olvidar los derechos colectivos. 
Permítanme mencionar la cuestión del Sahara occidental. 
Tengo la impresión de que aquí el mercado podría prevalecer sobre los derechos legítimos de este pueblo a la autodeterminación, a pesar de las promesas de las Naciones Unidas. 
Los representantes legítimos del pueblo saharaui aceptan ahora el nuevo proyecto de solución preconizado por el enviado especial de Kofi Annan. 
Marruecos, la potencia ocupante, se opone. 
Hay que exigir a Marruecos su adhesión a este plan antes que ninguna otra cosa. 
Señor Presidente, creo que podemos decir con satisfacción que el Parlamento Europeo ha trabajado siempre para que las relaciones euromediterráneas constituyan una prioridad en la política exterior de la Unión Europea. 
Esta misma tarde vamos a tratar la estrategia de una Europa más amplia- el informe Napoletano- donde señalamos, precisamente, la importancia estratégica de una relación más sólida y global con nuestros socios y vecinos mediterráneos. 
En este contexto, la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores Euromediterráneos de Nápoles va a concluir un objetivo largamente buscado por este Parlamento, como es la transformación del Foro Euromediterráneo en una verdadera asamblea. 
Eso significa, a mi modo de ver, un mensaje claro en favor de fortalecer esa relación en todos los ámbitos y debe tener un objetivo fundamental, como es el asegurar el buen funcionamiento de la cooperación euromediterránea, porque esta nueva asamblea va a permitir velar por la correcta aplicación de los acuerdos de asociación de la Unión Europea con todos y cada y cada uno de nuestros socios mediterráneos y ese seguimiento ha sido ampliamente solicitado por el Parlamento Europeo. 
Dado el contenido amplio de cada uno de estos acuerdos, que incluye cláusulas de carácter político, más allá de los elementos meramente económicos, la tarea de la asamblea supone, en la práctica, un control político de las relaciones entre ambas riberas. 
A partir de ahora, creo que hay que avanzar en cuatro ámbitos. 
En primer lugar, facilitar la libertad de intercambios, cuanto más nos acerquemos al establecimiento de una zona de libre comercio más contribuiremos al desarrollo económico y social, facilitando el surgimiento de sinergias positivas. 
En segundo lugar, en la puesta en marcha definitiva de una fundación euromediterránea de la cultura y espero que esta conferencia adopte decisiones concretas en este ámbito. 
En tercer lugar, debemos luchar más firmemente contra la existencia de mafias de tráfico de personas, lo que implica una participación más activa en la lucha contra la inmigración ilegal. 
Y, por ultimo, señor Presidente, creo que no podemos olvidarnos de países que no forman parte del proceso de Barcelona- me refiero a Libia y Mauritania-. 
Precisamente la delegación de este Parlamento para las relaciones con el Magreb va a dedicarles sus esfuerzos prioritarios en las próximas semanas y meses. 
Termino, señor Presidente, diciendo que creo que hay motivos para que nos congratulemos de este impulso, que va a tener una plasmación institucional en Nápoles, y para que trabajemos en nuevas iniciativas. 
Señor Presidente, creo que este debate debe verse en relación con el que vamos a tener esta tarde sobre las relaciones con los nuevos países vecinos. 
Me parece que estamos en un momento clave para relanzar aquellos aspectos que van más atrasados en relación con la agenda de Barcelona. 
Y de ellos me interesa especialmente el ámbito cultural y humano. 
Pienso que ahí debemos hacer un gran esfuerzo. 
Existe un terreno en el que podríamos hacer este esfuerzo, si somos capaces de trabajar en él con toda su complejidad: la circulación de personas y la inmigración. 
Deberíamos intentar convertir la inmigración en un factor que potencie las relaciones y la estabilidad entre los países de origen y destino. 
Deberíamos crear dinámicas positivas que podrían tener efecto en términos económicos, introduciendo conceptos como la "movilidad", más adaptado a los tiempos que corren que el de la rígida y burocrática norma con que queremos gestionar la inmigración. 
Deberíamos reintroducir en nuestra agenda el concepto de "codesarrollo". 
Podremos trabajar mucho en este terreno, creando Erasmus europeos o apoyando la cooperación local en tantos y tantos ámbitos. 
Y, a partir de esta perspectiva global, podríamos- ahí sí- luchar de una forma eficaz contra la inmigración irregular y su parte más odiosa, que nos ha regalado imágenes atroces, como la llegada de cadáveres, uno tras otro, a nuestras costas. 
Podríamos luchar contra la inmigración irregular, en manos de traficantes de seres humanos. 
Una nueva agenda, basada en las propuestas de la Comisión y de la Presidencia griega e italiana antes de Salónica, en relación con la inmigración y los países de origen de la misma, podría reforzar el pilar humano y cultural de la Conferencia. 
Ahora bien, para que las personas que viven entre nosotros puedan ser un factor de estabilidad y de promoción de nuestros valores, debemos trabajar también en la política de integración. 
Señor Presidente, Señorías, desearía poner el acento en un aspecto importante en la preparación de la reunión de Nápoles y aprovecho para felicitar a la presidencia italiana por dedicar una atención especial, por otra parte muy lógica, a la dimensión mediterránea de la política de la Unión Europea. 
Se trata de potenciar y aplicar el Fondo Euromediterráneo de Inversión y Asociación, basado en los créditos del Banco Europeo de Inversiones, para facilitar la inversión privada y la empresa privada. 
Como presidente de la Comisión Mediterránea de la Liga Europea de Cooperación Económica, hace años que me dedico a analizar las causas económicas del retraso de los países terceros del Mediterráneo para eliminar los desequilibrios con la Unión Europea. 
Este es un aspecto clave, es decir, asegurar un crecimiento basado en el espíritu empresarial, en el aprovechamiento de las potencialidades que hay en estas sociedades es básico para eliminar los desequilibrios existentes. 
Creemos que la lucha contra los desequilibrios, contra el retraso económico y social radica, en buena parte, en el desarrollo económico basado en la iniciativa empresarial y privada y, por eso, propongo que le dediquen una especial atención y sigan la recomendación nº 7. 
Señor Presidente, desde el proceso de Barcelona hasta hoy, todo el arco mediterráneo se ha visto convulsionado por una serie de problemas, que no solamente no se han resuelto, sino que alguno de ellos vienen agravándose de una forma muy alarmante. 
Desde el conflicto de Oriente Medio hasta la irresoluble situación del Sahara, pasando por el descontrol absoluto de la inmigración, con tragedias casi diarias en nuestras costas andaluzas y en las Islas Canarias, a las que se unen también el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas y el terrorismo fanático, que no solo castiga a alguno de nuestros países vecinos, sino que utiliza todos los medios para desplazarse también a nuestro territorio europeo, son algunas de las graves cuestiones que deben preocuparnos, y mucho, de cara a la Conferencia de Nápoles. 
Tenemos problemas comunes y también tenemos mutuas responsabilidades y cada parte debe asumir las suyas. 
La inmigración, por ejemplo, solo puede encontrar vías de solución si, como se pidió en el Foro Euromediterráneo de Bari en junio de 2002, los países de origen y los de recepción se corresponsabilizan de ordenar los flujos migratorios y de luchar contra las mafias organizadas que impulsan la inmigración ilegal. 
El control de las fronteras es cosa de dos, no de uno solo. 
¿Cooperación al desarrollo? 
Todo lo que sea necesario y más. 
Pero las estructuras políticas y administrativas los países terceros mediterráneos deben responder a conductas de transparencia, a regímenes donde el respeto de los derechos humanos hagan fácil y productivo el diálogo parlamentario y político como el que se debe celebrar en la nueva Asamblea, de la que hoy estamos hablando, para que la cooperación sea eficaz, cosa que, desgraciadamente, en algunos de ellos no ocurre, y evito, señor Presidente, mencionar estos países. 
– Señor Presidente, cuando la reunificación de Europa está a punto de hacerse realidad, incluso si sabemos que queda mucho por hacer, estamos viendo cómo se escribe una página de la Historia. 
A partir de ahora, es el Mediterráneo el que se encuentra en la otra página. 
Realizar en el Mediterráneo un conjunto integrado de casi 900 millones de mujeres y hombres, es el desafío de los próximos 30 años. 
Y para responder a ese nuevo desafío, necesitamos una verdadera ambición e instrumentos de diálogo. 
El instrumento de diálogo político que necesitamos es la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, cuyo nacimiento debe consagrar la Conferencia de Nápoles, porque solo el diálogo político puede fundamentar una verdadera cooperación equilibrada, profunda y duradera. 
Por esta razón también, se creó en 1998 el Foro Europarlamentario. 
Pero en su configuración informal, ha permanecido como testigo impotente, demasiado dependiente de los avatares de la actualidad internacional, rehén de la reconciliación de Oriente Próximo. 
En Nápoles, este Foro debe convertirse en una auténtica asamblea parlamentaria, adquiriendo una nueva legitimidad democrática para desempeñar plenamente su papel de instrumento de diálogo para la paz, la estabilidad y el desarrollo regional. 
Estoy convencida de que será más que eso, porque será también un nuevo punto de partida para todas las relaciones euromediterráneas. 
Nos brinda la ocasión de construir una nueva ambición para el Sur. 
Por fin, la Unión parece hacer tomado conciencia de ello, intentando dar cuerpo hoy a lo que se denomina el concepto de vecindad. 
Pero no nos equivoquemos de objetivo. 
Distinguir y honrar a los buenos vecinos puede significar que nunca formarán parte de la familia. 
Ahora bien, ya no es momento de andar con chalaneos con el Sur. 
La zona de libre comercio y el lema «Todo menos las instituciones» , que prevalecía hasta ahora en el contexto de las relaciones euromediterráneas, están superados. 
En el plano político, debemos establecer el futuro marco común para las relaciones euromediterráneas, una unión libre inspirada en el Consejo de Europa, basada en objetivos comunes y valores compartidos: la seguridad común, el laicismo, el Estado de derecho, la democracia. 
Y en el plano económico, debemos lanzar un auténtico plan Marshall para el Mediterráneo, a fin de instaurar realmente la prosperidad compartida que ya estaba inscrita en la declaración de Barcelona. 
En vista del tiempo que queda, el Comisario Verheugen ha renunciado a una nueva intervención. 
Lo lamentamos y se lo agradecemos al mismo tiempo. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido cinco propuestas de resolución. (1) 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, en nombre del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos, quiero pedir que la votación del informe de la Sra. Smet se aplace hasta el primer período parcial de sesiones en diciembre. 
El motivo de ello es que las traducciones a las distintas lenguas del apartado 13, que se incluirá en el informe, se han recibido con mucho retraso y los grupos políticos quieren tener la oportunidad de presentar enmiendas o pedir una votación por separado. 
Esta propuesta no pudo presentarse dentro del plazo disponible por seguir el procedimiento contemplado en el artículo 110 bis, y por eso pido que la votación se posponga al primer período parcial de sesiones de diciembre, de manera que los distintos grupos puedan solicitar una votación por separado de este apartado. 
– De conformidad con el Reglamento, preguntaré si hay algún orador que se quiera pronunciar a favor de esta solicitud de un informe y algún orador que quiera pronunciarse en contra. 
Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, considero que el procedimiento seguido era absolutamente correcto y que no debe aplazarse la votación prevista para hoy. 
En otras palabras, deberíamos proceder a la votación del informe. 
Por lo tanto, no aceptamos el aplazamiento propuesto por la Sra. Kratsa. 
– Señor Presidente, quisiera dar a conocer a nuestra Asamblea el problema que me surgió ayer. 
Había solicitado la sala de conferencias de prensa entre las 15.30 horas y las 16.00 horas para exponer el caso de los separatistas catalanes que acudieron al juicio por la mañana ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en relación con las alegaciones de torturas por el Estado... 
– Discúlpeme, señor Mayol i Raynal, pero el Reglamento es muy estricto: debe hacer su petición al Colegio de Cuestores y no a la Cámara. 
Si tiene alguna información que comunicar a la Cámara, existen franjas horarias destinadas a ello al comienzo de la sesión. 
No puedo interrumpir la votación para este tipo de explicación. 
. 
Señor Presidente, tan solo quiero comunicar a esta Cámara que, para evitar confusiones entre fórmulas químicas y abreviaturas, la versión inglesa de la parte I del Anexo I es el texto correcto. 
– No se preocupe, señor Lisi. 
Se informará a los servicios lingüísticos. 
– Señor Presidente, quisiera aclarar que algunas enmiendas votadas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han sido retiradas, tal y como refleja la lista. 
I refer to Amendments Nos 11 and 12. 
– En efecto, en principio está indicado en las listas. 
En concreto, una parte significativa de las enmiendas 11 y 12 se ha retirado y no forma parte del llamado paquete de transacción. 
Señor Presidente, la Comisión es plenamente consciente de los puntos de vista del Parlamento sobre esta cuestión y los toma realmente muy en serio. 
La institución está realizando un concienzudo examen de este tema y de los correspondientes procedimientos internos. 
Sobre esta base, mi colega la Sra. De Palacio realizará en el futuro próximo una recomendación al colegio de Comisarios. 
Me ha pedido que les asegure a ustedes que respetaremos por completo nuestros compromisos conforme al acuerdo marco. 
. – Señor Presidente, este informe se aprobó por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Su objetivo es el de mejorar la trazabilidad en caso de un brote de enfermedad, como ha sido el caso reciente del brote de fiebre aftosa. 
La comisión considera que deberían aceptarse los sistemas de control por lotes, además del sistema de control individual propuesto por la Comisión. 
Este constituye la principal diferencia con la Comisión. 
La propuesta de la comisión parlamentaria pretende que los Estados miembros sean capaces de adoptar sistemas acordes con sus propios métodos de cría ovina. 
Durante el debate de la pasada noche, el Comisario Byrne no se acercó lo más mínimo al punto de vista de la comisión. 
Estamos de acuerdo con la necesidad de mejorar la trazabilidad, pero la cuestión que nos divide consiste en que la armonización del objetivo no implica necesariamente la armonización del método. 
En cambio, la Presidencia italiana ha sido de gran ayuda, y el Consejo se encuentra ahora en una postura muy próxima a la de nuestra comisión. 
Por estos motivos, tras los intensos debates de esta mañana sobre el procedimiento, en los que han participado los Grupos políticos y especialmente el Sr. Parish, ponente alternativo del Grupo PPE-DE, nos hemos puesto de acuerdo en que debemos zanjar esta cuestión durante la Presidencia italiana. 
La señal política más sólida que podemos enviar es que el voto unánime en comisión venga seguido de un voto unánime a favor del informe esta mañana. 
– Muy bien, deduzco de su declaración, señor Adam, que esto anula cualquier solicitud de devolución a comisión. 
Procedemos por tanto a la votación, con arreglo a su petición. 
– Señorías, tengo el placer de informarles de que, en el marco de las relaciones interparlamentarias, la Delegación de la Knesset para las relaciones con el Parlamento Europeo, encabezada por su Presidenta, la Sra. Naomi Blumenthal, efectúa una visita al Parlamento Europeo. 
Deseando la bienvenida a la Sra. Blumenthal y los miembros de su delegación, quisiera destacar la importancia que concedemos a esta visita, en especial en las circunstancias actuales. 
Los dramáticos sucesos a que se enfrentan a diario los pueblos israelí y palestino hacen más necesaria que nunca la reanudación del diálogo entre las dos partes, diálogo que el Parlamento Europeo siempre ha alentado. 
Por esta razón, y sin querer entrar en los detalles del conflicto que afecta desde hace demasiado tiempo a su región, espero que las conversaciones que mantengan con los miembros del Parlamento Europeo sean fructíferas y puedan contribuir, mediante una mayor información recíproca, a identificar mejor en qué condiciones una paz justa y duradera entre todas las partes podría poner término al fin a este interminable conflicto que asola su región y que, día tras día, provoca la muerte de demasiadas víctimas inocentes entre las poblaciones israelí y palestina. 
Señor Cappato, nos encontramos en el turno de votaciones. 
Sobre todo tras el anuncio que acabo de hacer, no quiero abrir el debate. 
–Dada la hora que es, Señorías, les propongo interrumpir las votaciones. 
Tiene la palabra el Sr. Chichester. 
– Señor Presidente, existe cierta confusión respecto a la razón por la que se nos ha pedido votar dos veces sobre este informe Karlsson para rechazarlo. 
¿Podría aclararlo? 
– Muy bien, tendrá todas las explicaciones que solicita. 
De momento, suspendo la sesión unos minutos en espera de la sesión solemne. 
(1) 
. – Señor Presidente, procedemos ahora a votar sobre la enmienda 24, el famoso compromiso Nisticò. 
En este caso existen algunos problemas de traducción, por lo que quisiera señalar que la versión inglesa es la correcta. 
– Hemos tomado buena nota de su observación, aunque no estoy seguro de que la lengua de la sesión sea el ingles. 
– Muy bien, tomamos nota de su declaración, señor Liese. 
La delegación del Partido Moderado en el Parlamento Europeo ha votado hoy a favor del informe sobre los derechos de la mujer y las relaciones internacionales de la UE. 
Para nosotros es obvio que hombres y mujeres poseen los mismos derechos. 
La mejor formar de lograr la prosperidad en el mundo es a través del libre comercio. 
Es bueno que la UE celebre acuerdos de comercio y desarrollo con otros países. 
Creemos también que es bueno que esos acuerdos contengan cláusulas relativas a la democracia y los derechos humanos, de manera que contribuyan a mejorar la situación de la población de esos países. 
No queremos que este informe se interprete como un apoyo del Parlamento Europeo a los embargos comerciales contra países que no cumplen plenamente las cláusulas de los acuerdos relativas a la democracia y los derechos humanos. 
Los embargos comerciales generalmente perjudican a la población más vulnerable de los países pobres. 
El informe se centra fundamentalmente en los países ACP, como resultado del Acuerdo de Cotonú, y en los países del Mediterráneo, como seguimiento del Acuerdo de Barcelona. 
Pero ignora otras partes del mundo. 
Celebramos y apoyamos plenamente la propuesta que pide a los Estados miembros que tengan en cuenta, a la hora de examinar las solicitudes de asilo, la persecución y/o el miedo a la persecución que pueden sufrir las mujeres por motivos de género. 
Apoyamos el llamamiento que se hace en el informe a los Estados miembros para que adopten medidas legislativas concretas que prohíban la mutilación genital, pero queremos insistir en la necesidad de una política activa que favorezca la integración social de estas comunidades, especialmente en los ámbitos de la vivienda, la sanidad, la educación y la formación. 
El contacto con instituciones competentes y ONG que operan en terceros países para recabar información sobre la violencia contra la mujer tiene que acompañarse de una mayor asistencia y mejores programas de ayuda al desarrollo, en particular para fomentar la emancipación de la mujer. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Lisi trata sobre el control de los principales riesgos de accidente provocados por la circulación de sustancias peligrosas, en particular en lo que se refiere a la extracción y transporte de esos productos. 
Ciertamente no podría votar en contra de este informe, de manera que he votado a favor de él, pero me pregunto y pregunto al Sr. Lisi: ¿no es el euro una sustancia peligrosa que debería clasificarse como tal y contra la que debemos protegernos cuando circula? 
No pretendo escandalizarle, señor Presidente, pero me temo que, en Italia, la circulación del euro ha supuesto un aumento del gasto para todos los trabajadores y pensionistas, porque su coste es considerablemente superior. 
Apoyo el informe del Sr. Lisi que recomienda la adopción de un texto común, acordado en el Comité de Conciliación y que actualiza la Directiva del Consejo relativa al control de los principales riesgos de accidentes provocados por sustancias peligrosas. 
Nos complace especialmente que se hayan aprobado las siguientes enmiendas del Parlamento para: 
-ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a las sustancias peligrosas, como el nitrato potásico, que fue la sustancia que provocó la explosión en una fábrica de Toulouse en 2001, con treinta muertos y unos dos mil heridos; 
-mejorar la formación de todo el personal que trabaje en un establecimiento potencialmente peligroso, incluidos todos los subcontratistas, dando prioridad a las medidas iniciales de emergencia que tengan que adoptarse en caso de accidente; 
-mejorar la información facilitada al público, con especial hincapié en la creación de una base de datos sobre la planificación del uso del suelo que permita evaluar la compatibilidad de instalaciones peligrosas y zonas sensibles; 
-garantizar que los operadores de plantas peligrosas elaboren informes públicos de seguridad que incluyan mapas, imágenes y descripciones equivalentes. 
Tras haberse introducido mejoras considerables en la posición común, que han permitido un avance mucho mayor al que podía preverse en la segunda lectura, apoyo... 
– Señor Presidente, anoche volví a soñar con el Sr. Fatuzzo, un marinero que trabajó en un crucero que navegaba entre Nueva York y las Bahamas de 1963 a 1965. 
Puesto que tenía que manifestar mi opinión sobre el informe de la Sra. Miguélez Ramos relativo a la mejora de la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias, nadie mejor que yo, que fui marinero en 1963, para dar algunos buenos consejos. 
Pero el consejo que recibí fue que es necesaria otra enmienda. En otras palabras, ¿por qué no pide la Sra. Miguélez Ramos la próxima vez un crucero gratuito para los pensionistas que cobren su pensión por primera vez? 
El objetivo de este Reglamento es incorporar al Derecho comunitario las enmiendas adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) e integrarlas en un nuevo capítulo del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) , como consecuencia de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 y la necesidad de proteger los buques y mejorar la seguridad marítima contra posibles atentados. De este modo, se armonizará la aplicación de las medidas internacionales adoptadas en el marco de la OMI para el transporte marítimo nacional en toda la Comunidad Europea. 
Estas enmiendas al Convenio SOLAS y a la parte A del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) contienen disposiciones obligatorias que pueden ser objeto de diferente interpretación y adaptación por parte de los Estados miembros. 
La Parte B de este Código está formada por recomendaciones, pero la Comisión propone que algunas de ellas adquieran carácter obligatorio. 
Los Estados miembros solo podrán adoptar disposiciones específicas para aquellos puertos que participen ocasionalmente en el tráfico internacional, si bien se prevé una posible exención de la obligación de realizar inspecciones de seguridad antes de la entrada en puerto de buques que realicen un servicio regular dentro de un Estado miembro o entre dos o más Estados miembros, teniendo estos que aprobar un plan nacional para aplicar lo dispuesto en el Reglamento. 
Además, el informe prevé una única autoridad nacional responsable de la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias, impone a la Comisión la responsabilidad de las inspecciones y evaluaciones, y encarga a la Agencia Europea de Seguridad Marítima la tarea de ayudar a la Comisión en el cumplimiento de sus obligaciones. 
La Comisión presentó la propuesta que hoy nos ocupa para incorporar al Derecho comunitario las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, cuya versión definitiva fue aprobada en Londres (diciembre de 2002) por la Conferencia Diplomática Internacional de los Gobiernos signatarios del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS de 1974). 
Se trata de un convenio de suma importancia. 
En la práctica, los principios aplicados al transporte aéreo se trasladan al transporte marítimo, correspondiendo a los Estados miembros la elaboración de planes nacionales de seguridad marítima y la designación de una autoridad nacional competente, que será la única autoridad responsable en este ámbito y tendrá la tarea concreta de garantizar la seguridad de los buques mediante la expedición de certificados. 
Soy consciente de la enorme vulnerabilidad de este sector, y teniendo en cuenta las medidas de seguridad que se proponen en el informe para los buques y las instalaciones portuarias, en tanto que punto de contacto entre buque y puerto, pero no para los puertos propiamente dichos, insto a la Comisión a que mantenga su intención de presentar una iniciativa legislativa para regular la protección de los puertos comunitarios. 
Comparto la preocupación de la ponente por las consecuencias financieras de estas medidas de seguridad, y apoyo la petición que ha hecho a la Comisión de presentar un estudio sobre esta materia. 
He votado a favor. 
. – En materia de seguridad, no puede haber excepciones ni tolerancia laxa. 
Hay que apartar el transporte marítimo de la ley del máximo beneficio y crear otra Organización Marítima Internacional capaz de respetar las necesidades sociales, a los trabajadores y el medio ambiente. 
Se necesitan más reglamentos, más leyes internacionales coercitivas y la prohibición del sistema de puertos de conveniencia. 
El naufragio del petrolero, hace apenas un año, y sus consecuencias humanas, sociales y medioambientales, nos recuerdan cada día, desde La Coruña hasta Calais, esas necesidades. 
Mi prioridad en este campo no es la lucha contra el terrorismo, sino la lucha contra los granujas del mar. 
He apoyado todas las enmiendas tendentes a incluir en el Reglamento el refuerzo de las medidas de seguridad en los puertos comunitarios, a cubrir a todo el personal afectado, no solo a los marinos, sino también a todos profesionales que trabajan ocasionalmente en zona portuaria y a ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a los buques que transportan contenedores, productos petrolíferos y materias peligrosas. 
El informe del Sr. Paasilinna pide la creación de una Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información con el fin explícito y particular de luchar contra la piratería de la información, los ordenadores y las comunicaciones electrónicas. 
No obstante creo, señor Presidente, que el Sr. Paasilinna habría redactado un mejor informe si hubiese presentado una enmienda que ofreciese mayor seguridad contra los piratas que arrebatan el dinero a los trabajadores, dinero que los trabajadores deberían haber ahorrado para sus pensiones. 
Por tanto, sería mejor que se adoptasen medidas para luchar contra la piratería de las redes de información y contra el robo del dinero de los pensionistas. 
. – La agencia que el Consejo se dispone a crear estará encargada «de la seguridad de las redes y de la información». 
Sus iniciadores están preocupados sobre todo por lo que denominan «el mundo de los negocios» y por la protección de ese pequeño mundo contra la «delincuencia informática». 
Algunos elementos de ese «mundo de los negocios» obtendrán probablemente repercusiones financieras de este asunto, pues la agencia recurrirá a sus servicios para la seguridad informática. 
Evidentemente, no tenemos nada en contra de una mayor seguridad informática. 
Pero, dado que la protección del secreto comercial en las relaciones entre empresas privadas no figura entre nuestras preocupaciones, nos hemos abstenido. 
He votado a favor de esta propuesta. 
Mejorar la seguridad de las redes a escala comunitaria, sean estas públicas o privadas, resulta cada vez más necesario, sobre todo debido a los problemas que la auténtica «explosión» de Internet plantea a los ciudadanos, las empresas y los operadores económicos en general. 
La casi infinita cantidad de información disponible en Internet y su sorprendente capacidad para transmitir datos permiten el acceso fácil y frecuente de los usuarios, lo cual, como sabemos, constituye un terreno abonado para las actividades delictivas, encaminadas en muchos casos a dañar el sistema, poniendo así en duda su fiabilidad y seguridad. 
La propuesta de la Comisión prevé en particular que «la Agencia facilitará la aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de seguridad de las redes y de la información y ayudará a garantizar la interoperabilidad de las funciones de seguridad en redes y sistemas de información, contribuyendo así al funcionamiento del Mercado Interior». 
Creo también que esta Agencia debe buscar activamente soluciones para los problemas que plantea la delincuencia cibernética, lo que significa, lógicamente, considerar en profundidad la particular situación de riesgo que corren nuestros hijos. 
. –La propuesta de recomendación del Consejo relativa al chequeo del cáncer es especialmente importante para informar y educar al público, incrementando la concienciación sobre síntomas de aviso, el diagnóstico precoz y tratamientos más efectivos. 
Además de las propuestas para que se realicen chequeos mediante mamografía a las mujeres de entre 50 y 69 años, mediante la prueba inmunológica de sangre oculta en heces a las personas de entre 50 y 74 años y mediante citología a las mujeres de entre 20 y 30 años, es preciso llevar a cabo otras acciones urgentes. 
Una de ellas es la instauración de programas especiales en lugares de trabajo seleccionados en los que, debido al entorno, hay un riesgo grave de padecer cáncer. 
Otra de las acciones es la implantación de programas especiales y pruebas diagnósticas en universidades y centros de educación superior en general, de tal forma que vigilar el cáncer se convierta en una «rutina» obligatoria desde una edad temprana. 
. – El cáncer es una enfermedad terrible que afecta a millones de europeos y a otros seres humanos en el planeta. 
Siempre he dicho y repito que esta enfermedad, en términos de fondos de investigación, de medios de tratamiento y de acompañamiento de los enfermos, no se beneficia de los esfuerzos de nuestra sociedad que merecería por su magnitud y gravedad. 
La detección forma parte de ellos, y por tanto la apoyo, pero no resuelve todos los problemas. 
Una vez diagnosticada la enfermedad, hay que tratarla para curar al paciente. 
Aproximadamente uno de cada cuatro europeos (lo que supone aproximadamente un millón al año) será víctima del cáncer. 
Esta es una enorme carga, tanto en términos humanos, para los pacientes de cáncer y sus familias, como en términos de los recursos utilizados en el diagnóstico, el tratamiento y la atención al paciente de esta enfermedad. 
Por eso, la lucha contra el cáncer a través del programa «Europa contra el cáncer» , creado en 1985, ha sido una prioridad europea desde hace mucho tiempo. 
A juicio del ponente, mi amigo y colega, el Sr. Mussa, que en los debates recibió el apoyo entusiasta de los ponentes alternativos de todos los grupos, «Por lo tanto, resulta fundamental articular la acción de Europa en cuatro frentes: 
(a) información y formación sanitaria del ciudadano europeo; 
(b) puesta en práctica de los chequeos cuya validez ya se ha verificado; 
(c) controles periódicos de calidad de los chequeos; 
(d) estudio de la aplicabilidad de nuevas tecnologías para los chequeos. 
El documento de la Comisión permite a Europa actuar de forma unificada contra una patología frecuente, cruel y socialmente destructiva como es la enfermedad neoplásica. 
La urgencia de una acción estratégica a escala europea contra el cáncer se hace patente por los alarmantes datos epidemiológicos». 
En este contexto, mi voto no solo ha sido favorable, sino también entusiasta, con la esperanza de que esta recomendación sea aprobada, ya que, aunque no es legalmente vinculante, es una prioridad política real. 
Felicito rotundamente al Sr. Mussa por su excelente informe sobre una cuestión que nos preocupa a todos: el cáncer y su detección temprana. 
Se trata de una enfermedad terrible, que es una de las principales causas de mortalidad y que afecta directamente a muchos ciudadanos y, por lo tanto, también a sus familias. 
También sabemos, sobre todo a través de los estudios publicados, que aproximadamente uno de cada cuatro europeos morirá de cáncer. 
Aunque se trata de una recomendación sin carácter legalmente vinculante, esta propuesta debe considerarse una prioridad política. 
Eso se constata si atendemos a la abrumadora mayoría en el pleno: 528 votos a favor y solo seis en contra. 
También quisiera expresar mi satisfacción por todo el apoyo obtenido en la comisión parlamentaria especializada para esta propuesta, en concreto mediante las propuestas sobre medidas de prevención secundarias que facilitan un diagnóstico precoz y que, por consiguiente, implican terapias menos agresivas y más soportables. 
Igualmente, me complace el claro compromiso con la promoción de una actitud informada y valiente ante los programas de chequeo, así como el compromiso con la campaña de información diseñada para enseñar a los ciudadanos a diagnosticarse a sí mismos. 
El informe del Sr. Adam, señor Presidente, aborda la identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. 
He votado a favor de la moción: sin duda alguna, es bueno registrar también el desarrollo de las ovejas y las cabras, pero el deseo que me expresó un pensionista es que Europa debería preocuparse –y espero que el Sr. Adam lo haga en breve– del registro y la conservación de las contribuciones para pensiones pagadas por los trabajadores, contribuciones que, con frecuencia –al menos eso pasa en Italia y me temo que también en otros países europeos– se pierden en algún punto del proceso, desaparecen, lo que hace que los trabajadores reciban pensiones más bajas de las que deberían recibir. 
Por lo tanto, debemos cerciorarnos de que los años de trabajo se registren y controlen durante toda la vida de una persona. 
Esta propuesta de reglamento pretende dar respuesta, dentro del actual marco, a la necesidad de registrar y seguir los movimientos del ganado ovino y caprino con el fin de mejorar la identificación de los animales afectados en el caso de que se produzca una epidemia. Este es el sistema que recomendó el propio Parlamento Europeo, en su resolución del 17 de diciembre de 2000, basándose en el informe de la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, sobre todo en la naturaleza prioritaria de la identificación. 
Aunque son importantes, estas medidas no solucionan los problemas a los que se enfrenta nuestro modelo agrícola. 
Lo que hace falta, sobre todo, es reducir el transporte y específicamente la exportación de animales vivos al mínimo imprescindible, luchar contra la desaparición de mataderos locales, fomentar la producción local y los canales de distribución cortos, luchar contra la política de escasa inversión en servicios de inspección veterinaria y tener en cuenta los problemas que se producen como consecuencia de la desaparición de las fronteras interiores. 
Este reglamento toca tres cuestiones importantes para los productores, sobre todo los pequeños: la proporcionalidad de la carga administrativa y burocrática, la viabilidad del cumplimiento de los plazos fijados y el pago de los costes. 
El informe propone cierta simplificación del sistema, como por ejemplo mediante la prórroga de los plazos tope, la participación comunitaria en el futuro sistema de identificación electrónica y la financiación comunitaria de los costes totales de instalación de sistemas de identificación individualizados. 
Solo de esta forma podremos evitar que siga aumentando el número de productores que dejan el sector. 
La propuesta de reglamento establece un sistema de identificación individual y por lotes para las especies en cuestión, lo que permite utilizar la identificación electrónica. 
La intención es mejorar el sistema de identificación y crear un sistema informatizado para registrar los movimientos del ganado ovino y caprino, con el fin de conseguir una trazabilidad rápida y precisa, que es crucial para el control de enfermedades y posibles problemas o incidentes que afecten a la salud pública. 
Dado que la eficacia de esta tecnología no se ha verificado correctamente en todos los Estados miembros, y dado que no resulta práctico ni económico aplicarla en todas las situaciones, creo que es importante que la Comisión elabore un informe sobre la experiencia obtenida en este campo, en el que analice las repercusiones económicas del sistema de identificación electrónica antes de su introducción universal y obligatoria. 
Comparto la preocupación del ponente sobre la suficiencia y viabilidad de la propuesta que se ha realizado, estoy de acuerdo con las enmiendas que ha presentado y puedo dar fe de la atención que ha prestado a la amplia mano de obra especializada, que está envejeciendo rápidamente y tiene un nivel de rentas muy bajo. Estos ganaderos se enfrentan al problema de tener que dejar su profesión como consecuencia del aumento de los costes que soportan los productores, y esa es razón suficiente para que la Unión cubra los costes de introducir los sistemas de identificación individualizada. 
He votado a favor. 
El informe demuestra la necesidad de un sistema común de registro del ganado ovino y caprino, que utilice una base de datos y sea similar a los sistemas que existen para el ganado bovino y porcino. 
Sin embargo, la mayoría del Parlamento Europeo desea hacer una importante distinción en lo que respecta al sistema, es decir, en cuanto a la forma en que se financie. 
Los sistemas actuales se financian mediante tasas, mientras que el deseo de este Parlamento es financiar el nuevo sistema para el ganado ovino y caprino utilizando fondos comunitarios. 
Por ello, he votado en contra del informe en su conjunto. 
En un momento en el que la Unión Europea se enfrenta a la necesidad de reformar la Política Agrícola Común, es lamentable que el Parlamento desee imponer nuevos costes al presupuesto comunitario. 
Los considerandos 5b y 17a, en concreto, dejan claro que los costes deben ser soportados por la Unión. 
El considerando 5b dice: «El coste íntegro de implantación del nuevo sistema de identificación electrónica será parcialmente asumido por el presupuesto comunitario, ya que se trata de una medida de seguridad y control alimentarios que repercute en toda la cadena de producción, siendo los productores quienes tendrán que poner en funcionamiento este sistema y llevar a cabo su gestión». 
Señor Presidente, con este informe, el Sr. Blokland aboga por la libertad de circulación en Europa de los residuos –residuos urbanos e industriales– y yo he votado a favor de la moción. 
Sin embargo, me gustaría que se considerara a los pensionistas europeos merecedores de al menos la misma libertad de circulación que se concede a los residuos urbanos e industriales. 
Como ustedes saben, los pensionistas que reciben una ayuda social, como por ejemplo los ciudadanos con deficiencias auditivas o visuales o los que necesitan asistencia permanente, pierden su derecho a cobrar esa ayuda si salen de sus fronteras nacionales dentro de la Unión Europea. 
Por lo tanto, preferiría que la directiva en cuestión tratara la cuestión de la libre circulación de los ciudadanos pensionistas además de la de los residuos. 
. – El traslado de residuos es fundamental en la lucha que mantenemos los países desarrollados por mantener el desarrollo económico y defender el medio ambiente. 
Suscribo, pues, línea por línea el informe Blokland. 
Pero me sublevo contra los obstáculos que dificultan la recuperación de los residuos. 
Esta recuperación –apoyada por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-228/00– penalizará a los fabricantes de cemento de mi país. 
El 36% de las fuentes alternativas de energía empleada para la fabricación de cemento procede de residuos, provenientes esencialmente de los países vecinos. 
Si se pone en peligro el traslado de los mismos, se producirá en las fábricas de cemento belgas una doble emisión de contaminantes, la procedente de los residuos y la procedente del combustible utilizado para la fabricación del cemento. 
Esta doble emisión es costosa y perjudicial para el medio ambiente. 
Además, las fábricas de cemento se verían expuestas a pérdidas de puestos de trabajo en regiones ya muy afectadas (objetivo nº 1). 
Por ello, estoy en contra de las enmiendas que se oponen a la recuperación. 
Aplicar el principio de cautela cuando se conocen las respuestas es reconocer la propia impotencia para controlar los perjuicios. 
Así sucede con los centros de selección intermedia de residuos, prohibidos por no poder supervisar el destino exacto y la trazabilidad de dichos residuos. 
Si bien se han hecho progresos desde el último informe, todos los Estados miembros respondieron con retraso al cuestionario (Portugal e Irlanda, con un retraso superior a un año). 
Se han producido avances en el diseño de los planes de gestión de residuos, aunque algunos países no tienen esos planes o no los están poniendo en práctica y, por lo tanto, se han abierto varios procedimientos jurídicos por incumplimiento de la directiva. 
El objetivo de estabilizar la producción de residuos a los niveles de 1985 no se ha visto afectado, porque ni los Estados miembros ni la Comisión han definido objetivos cuantitativos de reducción. La Comisión exige a los Estados miembros que incrementen la recogida selectiva de materiales reciclables y que tengan una capacidad de reciclado y recuperación suficiente, así como capacidad de incineración de residuos con recuperación de la energía a falta de mejores medidas de tratamiento. 
En conjunto, apoyamos las posiciones presentadas en el informe y las medidas propuestas, especialmente las que obligarían a los países a ser autosuficientes en el tratamiento de residuos y darían lugar al cumplimiento y la revisión de la directiva, sobre todo en lo que respecta a las condiciones de la recuperación, la eliminación, el control y la utilización de residuos sobre la base de unos criterios mínimos que tengan en cuenta el impacto medioambiental de estas operaciones; los reglamentos sobre emisiones de gases u otras emisiones deben ser iguales para todos los procesos. 
. Apoyo plenamente a la Comisión Europea en su planteamiento extremadamente estricto de la regulación del transporte de residuos en el territorio y las aguas de la UE. 
De igual modo, felicito al ponente por su excelente trabajo sobre el tema. 
Muchas de sus enmiendas avanzan para hacer todavía más estrictas las normas y los controles. 
Todos somos conscientes de las devastadoras consecuencias para nuestro medio ambiente –y para los animales y, en ocasiones, para la vida humana– que pueden producirse cuando no existen controles adecuados del transporte de residuos. 
En las últimas semanas hemos sido testigos del intento de traer a aguas de la UE una flotilla de decrépitos barcos de guerra estadounidenses desguazados. 
Espero que las oportunas medidas legales impidan que los «calderos oxidados» cargados con residuos peligrosos que quedan todavía crucen el Atlántico para ser desmantelados en el Reino Unido. 
De hecho, si no impedimos que esta mortífera mercancía realice su viaje, esta pasará a escasa distancia de la costa sureste de Irlanda y de mi circunscripción de Leinster, en Irlanda. 
Estoy de acuerdo en que la aplicación de los nuevos controles propuestos por la Comisión comportará cierto coste administrativo. 
Acojo con agrado esta propuesta de la Comisión, que, en mi opinión, responde a las expectativas de los ciudadanos de la Unión Europea tanto en cuanto al incremento de los niveles de protección medioambiental, como a los esfuerzos para el tratamiento, el reciclado, la recuperación y el transporte de residuos. 
Afortunadamente, actualmente se acepta de forma generalizada la idea de que es esencial una gestión de residuos responsable desde el punto de vista medioambiental. 
Buena prueba de ello es el impacto que ha tenido recientemente en los medios de comunicación el transporte de residuos (y contaminantes) , sobre todo por mar o por aguas interiores. 
Es preciso exigir a los operadores de los residuos –ya se trate de simples transportistas o de los responsables del tratamiento, el reciclado y la recuperación– que se atengan a las normas y procedimientos de seguridad y protección más elevados posibles. 
Para ello, deben establecerse también reglamentos de control, dependiendo del tipo de residuo transportado y de la forma en que vaya a ser tratado en destino. 
También estoy de acuerdo con las propuestas de creación de una lista roja (sustancias más peligrosas) y una lista verde (sustancias menos peligrosas). 
Por último, quisiera recalcar la importancia, en este campo, de compartir de forma permanente la información y las mejores prácticas, debido a las frecuentes dudas, tanto científicas como técnicas, sobre el destino que deberían tener determinados tipos de residuos. 
– Señor Presidente, todos creemos en las medidas de apoyo que contribuyen a la cura de enfermedades en nuestra sociedad. 
También está claro que los médicos están muy divididos en esta cuestión. 
Yo mismo considero que existen alternativas a la investigación con células madre embrionarias. 
Existen numerosos ejemplos de ello y no es justo decir que aquellos de nosotros que estamos en contra de este tipo de investigación estamos en contra de que se encuentren curas para estas dolencias. 
Las propuestas de la Comisión de financiar actividades de investigación que son ilegales en algunos Estados miembros, hacen caso omiso del principio de subsidiariedad y eso no debería suceder. 
Está claro que se trata de una cuestión muy delicada. 
He presentado enmiendas para dejar claro que no apoyamos que se faciliten fondos de la UE para la investigación con células madre embrionarias en Europa. 
Una vez que el Parlamento Europeo ha expresado sus puntos de vista, este tema se traslada ahora al Consejo de Ministros y los Gobiernos nacionales. 
– Señor Presidente, también he votado en contra del informe Liese. 
Debemos ser muy cuidadosos. 
Nos guste o no, vivimos en el bonito mundo nuevo de Huxley. Debemos tener mucho cuidado con la clase de poder y libertad de acción que concedemos a los científicos. 
Considero que el tipo de presión que se produjo de forma extremadamente ofensiva, empleando la enfermedad del Alzheimer –a consecuencia de la que falleció mi padre– es una excusa para continuar con la investigación con células madre embrionarias. 
Muchos científicos han afirmado que en el caso de la enfermedad de Alzheimer las células adultas son más fiables. 
Es totalmente inaceptable que el dinero de los contribuyentes europeos se utilice para financiar algo que no está permitido en determinados Estados miembros. 
Si los Estados miembros quieren hacerlo, dejemos que utilicen el dinero de sus propios contribuyentes, no dinero que corresponde a toda la Unión Europea. 
Si el Sr. Ó Neachtain está tan firmemente convencido al respecto, que abandone su partido si su Gobierno no vota en contra de esto en el Consejo de Ministros. 
El Gobierno irlandés debe votar en contra. 
No tiene sentido hacer un montón de enérgicas intervenciones si el Gobierno no va a hacer lo que debe hacer y apoya a Alemania y a los demás países que se oponen. 
Este es el único planteamiento lógico y honrado. 
– Señor Presidente, hoy he votado en contra de las restricciones a la investigación sobre células madre embrionarias. Me complace que la Asamblea haya decidido lo mismo. 
A diferencia del anterior orador, creo que debemos felicitar a entidades colectivas como la Parkinson's Disease Society, la Progressive Supranuclear Palsy Society y las demás entidades que se han esforzado tanto por llamar la atención de los diputados sobre los beneficios reales que han obtenido las personas que sufren estas enfermedades gracias a la investigación con células madre y que esperan obtener en el futuro. 
Este tema vuelve a salir en esta Asamblea y muchos diputados tratan de utilizar al Parlamento Europeo para librar una batalla distinta: la de prohibir la investigación con embriones y la del aborto. 
Espero que la votación de hoy signifique que dejarán esto a un lado y reconocerán que en primer lugar este es un asunto de competencia nacional y que es correcto que utilicemos los fondos europeos para financiar la investigación que puede ayudar a tratar enfermedades muy graves. 
Señor Presidente, Señorías, yo también he votado en contra de la propuesta de hoy porque no puedo apoyar el uso de recursos comunes para la investigación de algo que está expresamente prohibido en algunos Estados miembros. 
Precisamente debido a que las leyes de los distintos Estados miembros difieren mucho sobre la cuestión de la investigación con embriones humanos, no deben ignorarse posiciones más restrictivas sobre la investigación con embriones. 
Por lo tanto, debe permitirse que cada Estado miembro tome su propia decisión, de conformidad con su legislación, sobre el tipo de investigación en la que va a gastar dinero y sobre la investigación a la que no se facilitarán fondos. 
Por último, teniendo en cuenta que, al contrario que en el caso de la investigación con células madre adultas, todavía no se han producido resultados incuestionablemente prometedores en la investigación con embriones, no entiendo por qué debe proporcionarse financiación para este tipo de investigación utilizando fondos del Sexto Programa Marco. 
Señor Presidente, mis votantes no quieren que sus impuestos se utilicen para matar a seres humanos nonatos, aunque, al contrario que en Alemania, eso esté autorizado con fines de investigación en muchos Estados miembros. 
Por eso me he mostrado bastante claramente en contra de este informe en su redacción actual y he apoyado desde el principio la clara línea seguida por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento y por el Sr. Gargani. 
Sin embargo, estamos dispuestos a ceder para llegar a propuesta de compromiso con el fin de evitar males mayores. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Nisticò y al Sr. Liese por dar a esta Cámara la oportunidad de llegar a un compromiso que tenía un gran alcance, pero que fijaba límites. 
Desgraciadamente, este compromiso ha sido rechazado por una diminuta mayoría de la izquierda liberal en la Cámara y debo dejar totalmente claro que probablemente esto marca el final de los compromisos en este campo. 
Esta Cámara está dividida sobre este importante asunto y supongo que en el Consejo de Ministros existe la misma división. 
No creo que debamos utilizar nuestra escasa financiación para investigación para financiar una investigación tan controvertida sobre un tema que es capaz de dividirnos tanto; deberíamos concentrarnos en cosas que no suscitan controversias en la Unión Europea y dejar esta cuestión, a la que debe aplicarse el principio de subsidiariedad, a los Estados miembros. 
. He votado a favor del informe Liese porque se trata de una posición moderada a favor de la ciencia, en la forma en que se ha aprobado. 
Mi madre falleció a consecuencia de la enfermedad de Parkinson y fui testigo del prolongado deterioro de su vida. 
Espero que la investigación futura ayude a combatir esta terrible enfermedad. 
Mi voto es por mi madre y mi colega Nicholas Bethel. 
. Acogemos con agrado el resultado de la votación de hoy del informe Liese sobre el Sexto Programa Marco. 
La cuestión de los fondos para los proyectos de investigación en colaboración que emplean líneas de células madre y células madre embrionarias se debatió a fondo en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que llegó a una opinión consensuada, reproducida hoy en el Parlamento. 
Esto nos permitirá continuar con esta vital investigación que tiene el potencial de proporcionar alivio a millones de enfermos de Alzheimer, Parkinson y diabetes. 
Varios colegas presentaron enmiendas al informe con la intención de expresar sus puntos de vista propios o nacionales sobre la cuestión, que impondrían condiciones restrictivas sobre los plazos para el uso de células madre o líneas de células madre. 
Esto desalentaría o simplemente impediría la investigación innovadora en este ámbito, confinando a los científicos e investigadores al uso de embriones sobrantes envejecidos que no se encuentran en el mejor estado y que incluso podrían provocar que se consumiese un número mayor de células madre para este fin. 
No existe un consenso ético sobre este tema en Europa. 
. Apoyo el informe Liese porque creo que la investigación con células madre puede ser la clave para restaurar y regenerar muchas funciones corporales vitales perdidas en diversas lesiones y enfermedades devastadoras. 
Esta propuesta puede ofrecer la posibilidad de tratar las enfermedades de Huntington, Parkinson y Alzheimer, las lesiones de la médula espinal, los derrames cerebrales, las quemaduras, las dolencias del corazón, la diabetes, la osteoartritis y la artritis reumatoide. 
La propuesta consiste en financiar solamente la investigación en los Estados miembros en los que se solicita dicha financiación. Esta solamente implicaría a embriones creados antes de junio de 2002 para el tratamiento asistido de fertilización que ahora sean «sobrantes» y que de no ser así serían destruidos. 
Los embriones deberían ser donados de forma voluntaria mediante consentimiento informado y sin remuneración alguna. 
Los investigadores deberían cumplir en su totalidad las normas legales y éticas generales. 
La investigación solamente se financiaría en los casos en que cumpliera los objetivos acordados y en los que no existiese una alternativa adecuada. 
Por otra parte, los resultados deberían hacerse públicos. 
En estas circunstancias, creo que el Parlamento Europeo debería adoptar esta propuesta y todos los Estados miembros deberían apoyar la postura del Parlamento Europeo en el Consejo del 27 de noviembre. 
Si bien debo decir que el debate sobre la definición de prioridades y la financiación de la investigación científica comunitaria en el contexto del Sexto Programa Marco no trata exclusivamente el importante tema de la financiación para la investigación con células madre, estoy de acuerdo con la posición defendida por mi grupo, que es la que expongo a continuación: 
-rechazar los intentos de evitar que la Comunidad financie la investigación basada en células madre, sobre todo en células madre embrionarias, en los Estados miembros de la Unión Europea que permiten esa práctica; 
-respetar la legislación nacional de los Estados miembros de la Unión que rechazan esa posibilidad; 
-confirmar el objetivo de llevar a cabo, de forma regulada, investigaciones en ese campo con el fin de intentar aliviar o curar enfermedades, sobre todo las causadas por la degeneración de células concretas, como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y la diabetes. 
Por lo tanto, rechazo los intentos directos o indirectos de limitar o incluso de evitar más o menos completamente la financiación comunitaria de la investigación en este campo. 
. – La Comisión propone financiar la investigación sobre células madre embrionarias a pesar de la oposición de algunos Estados miembros, que la prohíben, y en detrimento también del principio de subsidiariedad. 
La investigación sobre células madre embrionarias, que provoca automáticamente la destrucción del embrión, es totalmente contraria al principio de dignidad humana reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales (artículo 2). 
Esta investigación plantea también problemas técnicos: todavía no hemos llegado a la investigación con fines terapéuticos. 
Entonces, si se trata de investigación fundamental, nada justifica utilizar nuevos embriones: es el compromiso del Sr. Liese. 
Muy pocos aquí han hablado del sufrimiento de los enfermos y la necesidad de encontrar terapias de urgencia. 
Ahora bien, es la cuestión que plantea la investigación sobre células madre. 
En el estado actual de la investigación, solo la utilización de células madre adultas ofrece esperanza. 
No plantea ningún problema ético o técnico, pero por desgracia no cuenta con suficientes medios financieros. 
Por ello, lo esencial de los fondos europeos debería destinarse a financiar este tipo de investigación, que es la única que puede responder a la demanda urgente de los enfermos. 
Por todas estas razones, apoyaré las enmiendas Gargani, que también he firmado. 
La Unión Europea debe abstenerse totalmente de proporcionar financiación en cuestiones que implican la utilización de fondos comunitarios, pero que afectan a aspectos que, en términos de su legalidad o ilegalidad, pertenecen a la esfera de la legislación nacional y sobre los que los Estados miembros adoptan respuestas distintas. 
Si no lo hace así, estará incumpliendo el principio de subsidiariedad. No se trata de que la Unión Europea prohíba o autorice algo que no entra en su esfera de competencias; se trata de que no interfiera indirectamente, mediante su financiación, en competencias exclusivamente nacionales, así como de evitar que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar programas y actividades que en sus propios Estados miembros están prohibidas o constituyen actos ilegales. 
Al no respetar estas directrices, la propuesta de la Comisión incumple claramente el principio de subsidiariedad y, por lo tanto, he votado en contra de la misma. 
En lo que respecta a las células madre y las esperanzas que existen sobre esta investigación, sugiero que, sin perjuicio de lo que haga cada Estado miembro con sus propios recursos financieros, toda la financiación comunitaria para investigación se canalice hacia la investigación con células madre adultas. 
Esta investigación no suscita problemas éticos ni jurídicos y los experimentos con este tipo de células han producido resultados tangibles que son extremadamente alentadores, lo que no ha ocurrido en el caso de las células madre embrionarias. 
Felicito al ponente, el Sr. Liese, por sus esfuerzos para acordar un límite de compromiso y por la claridad de su declaración final de rechazo de la propuesta, viendo que de nuevo una mayoría impediría su aprobación. 
. – Me complace mucho que hoy el Parlamento Europeo, en contra de la opinión del ponente, el Sr. Liese, haya abierto la puerta a la financiación de la investigación sobre células madre embrionarias. 
Con este voto, el Parlamento Europeo lanza un auténtico mensaje de esperanza a todos los pacientes (diabéticos, enfermos de Parkinson, de Alzheimer, de insuficiencias cardíacas crónicas y de otras patologías) , y ofrece también a los investigadores los medios para encontrar, quizás mañana, un remedio para enfermedades incurables. 
Tres razones han motivado mi voto. 
En primer lugar, es totalmente coherente con la posición adoptada por el pleno de Estrasburgo el 15 de mayo de 2002 sobre el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
Se prohíbe, por tanto, la creación de embriones a partir de donaciones de gametos para obtener células madre. 
En segundo lugar, los cinco Estados miembros que se oponen a financiar la investigación sobre células madre embrionarias no podrán impedir a Europa que avance, pues redunda en interés de los ciudadanos que esperan un tratamiento. 
En tercer lugar, se enfrenta a los adversarios de esta forma de medicina regenerativa con sus propias contradicciones: personas que consideran que el embrión es, desde el primer día, un ser vivo totalmente independiente y que, sin embargo, son favorables a la destrucción de los embriones sobrantes cultivados para la fecundación. 
He apoyado al ponente, el Sr. Liese, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, en su ambición de introducir unas directrices éticas más estrictas para la financiación y el seguimiento de la investigación en la Unión Europea. 
Con la misma idea, he votado a favor de las enmiendas 37 a 44, que habíamos firmado muchos diputados de esta Cámara, y que han sido rechazadas. 
En la votación final, he votado en contra del informe en su conjunto. 
Sin embargo, el informe ha sido aprobado por 298 votos a favor, 214 votos en contra y 21 abstenciones. 
La investigación de las células madre embrionarias es incompatible con la Constitución irlandesa y está prohibida por las legislaciones de Alemania, Austria y Portugal. 
De conformidad con el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta las grandes diferencias existentes en la legislación de los distintos Estados miembros sobre la investigación con embriones humanos, debería ser cada Estado miembro el que decidiese si va a financiar esa investigación utilizando fondos nacionales. 
Por lo tanto, resulta injusto para los países que prohíben la investigación con células madre embrionarias obligar a sus ciudadanos a hacer aportaciones al presupuesto para investigación comunitario para una actividad que es ilegal en sus países. 
Esa coerción es contraria también al espíritu de cooperación europea. 
Por lo tanto, espero que el Consejo rechace la opinión mayoritaria del Parlamento Europeo. 
Creemos que debe darse prioridad a la investigación con células madre adultas, que no resulta controvertida ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista legislativo. 
. Como parlamentarios tenemos la obligación de mantener la voluntad democrática de los ciudadanos a los que representamos en el respeto de las leyes y constituciones de nuestros Estados miembros soberanos. 
También debemos garantizar que en la Unión Europea se proteja la dignidad humana y que se defienda a los más débiles y a los más vulnerables. 
Es inaceptable tratar la vida humana, sea cual sea su edad, como un producto comercial, sin tener en cuenta esa vida o el precio pagado por las mujeres cuando suministran los embriones. 
Es muy alarmante que la Comisión Europea, con el apoyo de los diputados a este Parlamento y los Gobiernos de determinados Estados miembros, incluido el de Irlanda, hayan conseguido imponer la financiación pública de la investigación controvertida e inmoral sin el debido debate público y sin que los parlamentos nacionales tengan la oportunidad de responder. 
En el Dáil Éireann no ha habido ningún debate. 
Esta propuesta no solo es contraria a las leyes y a las constituciones, sino también a la conciencia de millones de ciudadanos. 
También presiona a los países candidatos y del Tercer Mundo a formar parte de un mercado de la Unión Europea para la investigación con embriones humanos. 
Esta investigación controvertida no tiene resultados científicamente positivos y, tal y como ha indicado nuestro ponente, es de alto riesgo. 
Señor Presidente, la Sra. Gutiérrez-Cortines, una española, solicita en este informe que se protejan los suelos –mediante una serie de distintos mapas y legislación– para que conservemos nuestra capacidad de producir productos agrícolas de alta calidad. 
Estoy de acuerdo con eso, pero, leyendo sobre la protección de los suelos, tuve el repentino deseo de preguntar a la ponente, de preguntar a Europa, si no debemos esforzarnos por garantizar que, en relación con el suelo, nuestros gobernantes también mantienen los pies en el mismo, en lugar de tener la cabeza en las nubes, de que caminan con seguridad manteniendo los pies en el suelo. 
Con demasiada frecuencia piensan en las estrellas y el cielo en lugar de en las necesidades diarias de todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, si me lo permite voy a concluir diciendo que necesitamos más presidentes como usted, puesto que todos los Estados de Europa, y no solo Francia, necesitan presidentes llamados «Onesta» , si me perdona el juego de palabras. 
– Mi apellido le agradece su observación, señor Fatuzzo. 
El informe aborda aspectos básicos de la importante cuestión de la protección de los suelos, que deberían tenerse en cuenta en futuras resoluciones, pero será complicado cumplir el calendario que se ha propuesto. 
Algunos objetivos serán difíciles de cumplir, sobre todo para Portugal, teniendo en cuenta, por una parte, la realidad de la situación portuguesa y, por otra, diversas cuestiones científicas y técnicas, concretamente la presentación por parte de la Comisión, antes de julio de 2004, de una estrategia temática para la protección de los suelos que debe definir problemas, objetivos cualitativos y cuantitativos y los medios por los que se pueden alcanzar, los plazos y los principios generales de evaluación y seguimiento. 
Presentar una estrategia de este tipo exigirá la colaboración de los Estados miembros y, dado el estado actual de las medidas que están llevando a cabo los grupos de trabajo creados a tal fin, será complicado cumplir a tiempo todos los objetivos fijados. 
Del mismo modo, aunque es necesario elaborar lo que se ha venido a llamar un «catálogo científico de suelos» –una necesidad que detectaron los numerosos investigadores y especialistas en este campo hace mucho tiempo– y es preciso apoyarlo, el calendario propuesto parece muy limitado. 
El intento de armonizar métodos de análisis de suelos con el fin de obtener datos comparables sería incluso más complicado. 
Por último, es preciso evaluar las consecuencias de estas «preocupaciones» para las políticas agro-medioambientales, sobre todo en términos sociales y económicos, para no llegar a un punto en el que el sector agrícola y ganadero sea inviable. 
La erosión, la reducción de la materia orgánica, la contaminación, el sellado (como consecuencia de la construcción de viviendas, carreteras y otras infraestructuras) , la compactación (causada por la presión mecánica derivada de la utilización de maquinaria pesada, el exceso de pastoreo y actividades deportivas) , la reducción de la biodiversidad y la salinización (la acumulación excesiva de sales de sodio, magnesio y calcio solubles) y las inundaciones y corrimientos de tierra constituyen amenazas preocupantes para el suelo en los Estados miembros. 
A este respecto, a pesar de que no hay una política comunitaria específica sobre el tema, las acciones llevadas a cabo en el contexto de otras políticas, como la medioambiental, la agrícola, la regional, la de transportes o la de investigación, tienen evidentes efectos sobre la protección del suelo, que es tan necesaria. 
Voy a votar a favor de este informe, aunque creo que la Comisión ha pisoteado el principio de subsidiariedad al proponer medidas legislativas sobre esta cuestión. 
A pesar de que solo se trata de un anuncio de esta estrategia, tendríamos derecho a preguntar qué valor añadido aportaría la acción comunitaria más allá del intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas, y qué necesidad hay de analizar el expediente de urbanización y planificación regional, dado que la cuestión del suelo varía mucho de un Estado miembro a otro, e incluso dentro de cada Estado miembro. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Blokland versa sobre la circulación de residuos en Europa, los residuos urbanos y no urbanos. 
He votado a favor de la moción porque, obviamente, representa un progreso para Europa, pero quisiera que el Sr. Blokland y Europa se preocuparan más de la libre circulación de los ciudadanos, sobre todo de los pensionistas y, más aún, de los pensionistas con discapacidades, porque desgraciadamente, en la actualidad, de acuerdo con el Reglamento 1408, las personas que reciben ayudas sociales y para atención sanitaria –como las personas con discapacidades auditivas y visuales y las que necesitan asistencia– pierden el derecho a cobrar esas ayudas por discapacidades si viajan dentro de Europa. 
Debe haber la misma libertad de circulación para los ciudadanos europeos que la que esta directiva establece para los residuos urbanos e industriales. 
He votado a favor de este informe, porque estoy de acuerdo con el principio de que, cuando se trata de asuntos medioambientales, siempre debemos intentar incrementar los niveles de exigencia. 
El medio ambiente no reconoce fronteras y afecta a todos por igual. 
Los datos presentados por los Estados miembros sobre el tratamiento, la recuperación o el reciclado de residuos deben ser más fiables y deben entregarse más rápidamente. 
Estoy especialmente de acuerdo en que es preciso dar instrucciones a los Estados miembros para que elaboren planes para la gestión de residuos o mejoren los planes actuales, sobre todo con el fin de promover medidas destinadas a fomentar la prevención o reducción de la producción de residuos. 
Sin embargo, debo expresar mi insatisfacción con el tono general del informe cuando recomienda dar a la Comisión mayores facultades para imponer sanciones y tasas en cuestiones medioambientales, solicitando el inicio de procedimientos de infracción dependiendo de la mayor o menor cantidad o calidad de los datos facilitados por los Estados miembros. 
Es esencial que esa acción, que debe centrarse más en el seguimiento, la vigilancia y la prevención, y menos en el castigo, se base en datos fiables, sobre todo en lo que respecta al carácter de los residuos tratados. 
Como indica el propio ponente, sin embargo, las primeras estadísticas armonizadas no estarán disponibles hasta 2006. 
Por lo tanto, no tendremos todos los elementos que necesitamos objetivamente para evaluar la dimensión «relativa» del tratamiento de residuos en la Unión Europea. 
– Con esto concluye el orden del día de esta mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los resultados de la cumbre UE-Rusia. (1) 
Señor Presidente, Señorías, la Cumbre Unión Europea-Federación Rusa ha sido uno de los acontecimientos más importantes celebrados durante la Presidencia italiana en el campo de las relaciones de la Unión con terceros países, debido a la importancia estratégica de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. 
Rusia también concede una gran importancia a la cumbre. 
Creada inicialmente como un foro de diálogo político, a lo largo de los años la cumbre se ha convertido en una ocasión para que ambas partes repasen y revitalicen, al máximo nivel, todos los aspectos de su cooperación. 
En la Cumbre de Villa Madama se dio el visto bueno a la implantación práctica de la Declaración de San Petersburgo, que establece que las relaciones entre la Unión Europea y Rusia deben construirse alrededor de espacios comunes que deben crearse a medio y largo plazo dentro del marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación actualmente en vigor. 
El principal objetivo era realizar nuevos avances respecto de todos los espacios comunes, aprovechando las estructuras y herramientas existentes, con el fin de mejorar las relaciones estratégicas y de impulsar el proceso de integración de la Federación Rusa en Europa. 
Para la Unión Europea, la cumbre fue una oportunidad para recordar a Moscú nuestro compromiso común en la lucha contra los problemas actuales y en el cumplimiento de forma coordinada de nuestra responsabilidad compartida en materia de la protección del medio ambiente del continente, así como la necesidad de compartir información y trabajar juntos para resolver los problemas causados por el cambio climático. 
La reunión permitió a la Unión Europea y a la Federación Rusa analizar los actuales problemas mundiales, incluidas las situaciones de crisis y lo que se conoce como los conflictos enquistados de la región. 
Sin embargo, la Presidencia italiana prefirió hacer hincapié especialmente en la creación de los cuatro espacios comunes y en los aspectos positivos de la cooperación UE-Rusia y, por lo tanto, se centró en los principales logros tangibles de la cumbre, sobre todo una Declaración Conjunta sobre la PESC y sobre la cooperación en la gestión de crisis, la firma del Acuerdo entre Europol y la Federación Rusa, el inicio de conversaciones sobre un régimen sin visado y la renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. 
La delegación rusa respaldó este enfoque y el énfasis puesto en la creación de los cuatro espacios. 
La cumbre, que tuvo lugar en un momento muy sensible para la política interior rusa –el próximo mes de diciembre se celebrarán elecciones parlamentarias y en marzo de 2004 tendrán lugar las elecciones a la presidencia–, también dio al Presidente Putin la oportunidad de reforzar los lazos que unen cada vez más estrechamente a la Unión Europea y la Federación Rusa. 
Para ello, el Presidente Putin reiteró la necesidad de activar el Consejo Permanente de Asociación, en el marco del cual, en sus diversos formatos, podrán intercambiar opiniones y trabajar juntos representantes de campos clave de la cooperación UE-Rusia. 
Abordando él mismo las consideraciones estratégicas, el Presidente Putin expresó la preocupación de Moscú por las consecuencias a corto y medio plazo de la ampliación, tanto para las relaciones económicas y comerciales como para las relaciones políticas de la Federación Rusa con los países del antiguo bloque soviético –haciendo una referencia concreta a las minorías de lengua rusa de los Estados bálticos– en vista de la ampliación del Acuerdo de Asociación y Cooperación a los nuevos Estados miembros. 
En respuesta al Presidente Putin, dejamos claro que la ampliación del Acuerdo de Asociación y Cooperación es una obligación que la Federación Rusa debe cumplir dentro de los plazos establecidos y que es una condición esencial para el fortalecimiento de sus relaciones con la Europa de 25 Estados miembros. 
La cumbre analizó también los progresos de las conversaciones destinadas a que la Federación Rusa entre en la OMC, negociaciones, que, a pesar de algunos problemas importantes que todavía no se han resuelto, ambas partes esperan que lleguen a buen puerto antes del final de 2004. 
Tanto Europa como Rusia afirmaron que esperan que pronto desaparezca la actual normativa sobre visados y observaron con satisfacción que las conversaciones preliminares sobre un sistema sin visado habían comenzado y que la actual normativa sobre visados iba a relajarse inmediatamente de forma bilateral y, por supuesto, recíproca. 
Uno de los momentos más importantes de la cumbre fue la ceremonia de la firma de dos acuerdos: el renovado Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica y el Acuerdo Europol-Rusia para el intercambio de análisis estratégicos y la cooperación en la formación policial, que es un indicio tangible de la disposición de la Federación Rusa a trabajar codo con codo con la Unión Europea en el campo de la Justicia y los Asuntos Exteriores. 
En constante comunicación con la Comisión y la Secretaría, la Presidencia italiana dedicó un gran esfuerzo a la preparación de este acontecimiento. 
Se discutió el 28 de octubre en la reunión de la Troika comunitaria con el Ministro de Exteriores ruso, Igor Ivanov, así como en varias reuniones de altos funcionarios de la Presidencia italiana y de la Federación Rusa. 
Era necesario superar, especialmente, una dificultad doble. 
Esa dificultad consistía, por una parte, en las elevadas expectativas rusas de que se produjera un salto hacia delante en sus relaciones con la Unión Europea y, por otra, en la posición más rígida adoptada por la mayoría de los Estados miembros ante lo que consideran un compromiso insuficiente de Moscú con la puesta en práctica de las promesas políticas que ha hecho. 
Precisamente debido a este carácter doble y mediante un compromiso, la Declaración Conjunta hecha pública al final de la cumbre solo fue posible tras largas y duras negociaciones entre la Federación Rusa, por una parte, y la Presidencia, la Comisión y la Secretaría, por la otra. 
Por lo tanto, representa la reconciliación de exigencias contrapuestas y es un compromiso sensible entre las exigencias de muchos de los Estados miembros, que querían que se hiciera referencia explícitamente a todas las controversias, y el deseo de los rusos de que se hiciera pública una Declaración muy reducida, que se limitara a resaltar los aspectos positivos de la cooperación UE-Rusia. 
Señor Presidente, Señorías, antes de analizar los aspectos individuales de la cumbre, quisiera dejar claro que todos los temas incluidos en la agenda se trataron en su totalidad en nuestras conversaciones con el Presidente Putin. 
Entre ellos estaba incluida la situación en Chechenia, la no ratificación del Protocolo de Kioto, la cuestión de Moldavia y Transnistria y las implicaciones de los procedimientos judiciales que afectan al grupo. 
En lo que respecta concretamente a Chechenia, quisiera destacar que no solo se sacó el tema, a iniciativa del Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, sino que se debatió ampliamente durante la sesión plenaria. 
Si no se hace mención alguna a la cuestión en la Declaración final de la Cumbre, eso se debe a lo que acabo de mencionar, a que se trataba de una propuesta sobre la que había que llegar a un acuerdo y, por lo tanto, fruto de un ejercicio de negociación. 
La Comisión, el Alto Representante, el Sr. Solana, y la Presidencia estuvieron de acuerdo en que la referencia hecha a la declaración conjunta era aceptable como resultado. 
Por lo tanto, estas son las razones. 
En lo que respecta a la evolución interna en Rusia, el Presidente Putin describió la situación política y económica de su país haciendo también referencia a las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre y a las elecciones presidenciales de marzo, y teniendo en cuenta los acontecimientos relacionados con el caso. 
Reiteró la clara intención de Rusia de seguir con su programa de privatizaciones y con el proceso de creación de un sistema judicial independiente y de refuerzo de las instituciones públicas. 
Nuestra respuesta fue que, aunque no teníamos ni la más mínima intención de interferir en los asuntos internos rusos, seguiríamos el caso con mucha atención, y que confiábamos en que los órganos judiciales rusos actuarían con completa transparencia y conforme a la ley y darían a la comunidad internacional y a la comunidad empresarial plenas garantías de que no se pondrían obstáculos a las actuales reformas, y de que Rusia no abandonaría los principios de la economía de mercado. 
En respuesta a una petición concreta de la Presidencia, el Presidente Putin describió los esfuerzos que Moscú está haciendo para iniciar la reconstrucción política e institucional en Chechenia mediante un referendo, una amnistía y la celebración de elecciones, e invitó a representantes europeos a visitar la región. 
Por nuestra parte, expresamos nuestra solidaridad con Rusia en la lucha contra el terrorismo checheno, así como nuestro apoyo a una reforma constitucional que dé cabida a las cada vez mayores secciones de la población chechena que no están comprometidas por el terrorismo. 
Renovamos nuestra petición de que hicieran todo lo que estuviera en su mano para acelerar la liberación de Arjan Erkel, el representante de Médicos sin Fronteras que fue secuestrado en el Cáucaso en agosto de 2002, y expresamos nuestra esperanza de que se abra una oficina de ECHO en la zona. 
El Presidente Putin sugirió que se abriera una en la propia Chechenia, y afirmó que él garantizaría personalmente su seguridad. 
En lo que respecta al espacio económico común, la cumbre refrendó una estrategia acordada que esperamos que incremente el nivel de interdependencia de nuestras economías en los próximos años. 
Ahora tenemos que decidir cuál es el foro institucional apropiado para el seguimiento operativo, quizás ampliando el mandato del Grupo de Alto Nivel pertinente. 
La cumbre apoyó las aspiraciones de Rusia a entrar en la OMC antes del final de 2004, pero sin dejar de ser conscientes de las conocidas dificultades en campos como la energía, los problemas del transporte aéreo y los seguros, que siguen siendo cuestiones pendientes en la agenda UE-Rusia. 
El diálogo en materia de energía continuará, y la Unión Europea seguirá fomentando los avances en el proceso de reforma del sector en Rusia, a pesar de las dificultades que este país tiene para cumplir las exigencias de la Unión y de la OMC, sobre todo en relación con los precios nacionales y la privatización del sector energético. 
La Unión Europea también insistió reiteradamente en la necesidad de que Rusia ratifique el Protocolo de Kioto lo antes posible y de que haga un esfuerzo decidido para incrementar su cooperación en materia de protección del medio ambiente marino. 
Sobre el espacio común de libertad, seguridad y justicia, quisiera llamar su atención sobre la firma de un acuerdo entre Europol y el Ministerio del Interior ruso. 
Esta es una importante confirmación de nuestra determinación conjunta de seguir adelante en la implantación del plan de acción contra el crimen organizado. 
En el mismo contexto, también nos complació ver que se habían iniciado negociaciones en el ámbito técnico sobre asuntos relacionados con la liberalización de los requisitos de visado, y tomamos nota de la disposición de ambas partes a introducir medidas para relajar los requisitos para la emisión de visados estipulados en la actual legislación. 
También subrayamos la importancia de la rápida conclusión del Acuerdo de Readmisión. 
La reunión supuso para la Unión Europea una oportunidad para confirmar su convicción de que la seguridad interna es complementaria a la justicia y el respeto por los derechos humanos, y de que la asociación estratégica entre la Unión Europea y Rusia sigue basándose en valores compartidos como la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la libertad de expresión. 
En lo relativo al espacio común de seguridad exterior, la declaración conjunta sobre cooperación en la gestión de crisis fue un claro signo de la disposición de la Unión Europea y de la Federación Rusa a trabajar juntas en este campo de interés vital para Europa. 
Creo que esto debería quedar registrado también como uno de los éxitos de la Cumbre de Roma en lo que respecta a la creación de un espacio común de seguridad exterior. 
La propuesta rusa de establecer una cooperación más estrecha en el campo de la protección civil y la gestión de desastres naturales se estudiará más detenidamente y se convertirá en cuanto sea posible en acuerdos que permitirán a la Unión y a Rusia cooperar y reforzar su respuesta conjunta a futuras emergencias. 
Un paso inicial puede ser el establecimiento de contactos directos entre los organismos competentes de Bruselas y Moscú. 
La posibilidad de una cooperación similar en el campo de las armas de destrucción masiva será analizada también por los órganos multilaterales correspondientes. 
En lo que respecta al espacio común de investigación y educación, la cumbre abrió un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, que había sido abierto por la entrada de la Federación Rusa en el Proceso de Bolonia, un mecanismo de cooperación intergubernamental que promueve acuerdos en el campo del reconocimiento mutuo de títulos académicos y la armonización de los planes de estudios universitarios. 
El Proceso de Bolonia allana el camino para una cooperación intergubernamental eficaz en el campo de la armonización de los títulos académicos, que es un paso inicial hacia la creación de un espacio común de enseñanza universitaria. 
Asimismo, la renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica permitirá que los rusos participen en programas de investigación europeos. 
Por último, se analizó la cuestión del funcionamiento del Consejo Permanente de Asociación, con el fin de encontrar una solución, basada en los valores de eficacia y flexibilidad, que compatibilice el deseo de Rusia de que se celebren debates de mayor alcance y profundidad en asuntos de interés común con el principio de que el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea debe seguir siendo autónomo. 
Espero que, construyendo sobre estos cimientos, pronto podamos alcanzar un acuerdo que permita poner en funcionamiento el Consejo Permanente de Asociación. 
En lo que tocante a asuntos internacionales, además de los obligados debates sobre los actuales acontecimientos en el Irán, el Iraq y Oriente Próximo, sobre los que ambas partes están de acuerdo en términos generales y comparten esencialmente los mismos objetivos, hablamos también sobre la situación en Moldavia, sobre todo, debido a varios plazos de cumplimiento inminente relativos a la crisis de Transnistria en los que la Federación Rusa tiene un importante papel: la retirada definitiva del armamento ruso antes del 31 de diciembre y los avances en las negociaciones entre cinco partes y en el trabajo de la comisión constitucional encargada de elaborar un nuevo modelo de Estado para Moldavia. 
Creemos que Rusia debe cumplir sus compromisos puntualmente, sin ningún nuevo aplazamiento. 
Rusia confirmó el compromiso de retirada, pero observó que, dado que las negociaciones para la resolución de la crisis de Transnistria han avanzado poco, serán necesarios nuevos esfuerzos. 
Señor Presidente, Señorías, en conclusión, creo que puedo decir que la Cumbre de Roma no fue fácil, pero que fue un momento importante en la consolidación de nuestra relación global con la Federación Rusa y que nos permitió avanzar en la creación de los cuatro espacios comunes. 
Sin duda alguna, se trató de una valiosa ocasión para mantener un amplio intercambio de opiniones sobre cuestiones internacionales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en el diálogo político preparatorio de esta cumbre, que tuvo lugar el 28 de octubre en Moscú, consideré necesario y correcto describir el estado de nuestras relaciones de la siguiente forma: tenemos muchos planes de acción, pero prácticamente ninguna acción. 
Tenemos grandiosas estrategias, pero pocos hechos. 
Tenemos visiones, pero poca práctica. 
Esa es mi valoración, y los rusos estuvieron de acuerdo con ella. 
La intención común que salió de esa reunión preparatoria fue llegar a ser bastante más prácticos en nuestras relaciones y quizás desarrollar menos grandes nuevas ideas, pero intentar poner en práctica por fin las ideas que ya tenemos. 
Estoy de acuerdo con lo que el Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho. 
A este respecto, la Cumbre de Roma fue casi el principio de una nueva forma de cooperación, ya que se consiguieron resultados muy precisos y claros. 
Por supuesto, la cumbre confirmó en muchos aspectos la complejidad de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. 
Reafirmamos el interés de ambas partes en fomentar la integración a largo plazo creando una serie de espacios comunes, tanto dentro del marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación, como en el contexto de la iniciativa de la Europa ampliada. 
Creo que es muy importante que en la cumbre se diera forma al concepto del espacio económico común y que el Grupo de Alto Nivel consiguiera hacer propuestas concretas, como el inicio de un programa común para la aproximación de las legislaciones y la facilitación del comercio. 
Este programa se pondrá en práctica muy rápidamente y será facilitado por la inminente adhesión de Rusia a la OMC, que prevemos para 2004. 
La Comisión está a favor de que Rusia entre en la OMC, en buena medida con el fin de que las reformas económicas en Rusia avancen y se consoliden. 
Hemos ampliado el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, que consideramos uno de los factores más importantes para la ampliación de nuestra cooperación, aprovechando las grandes capacidades científicas y de investigación rusas. 
Rusia participa también cada vez más en iniciativas comunitarias para promover la cooperación en investigación y educación. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha destacado ya la firma del acuerdo entre Europol y el Ministerio del Interior ruso. 
La Comisión está satisfecha, porque ese acuerdo fomentará la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 
Habrá una declaración conjunta sobre cooperación en asuntos políticos y de seguridad. 
Obviamente, se trata de temas de interés común. 
Sin embargo, también hemos podido comprobar que hay cosas que separan a la Unión Europea y a Rusia en la actualidad y que hay cuestiones en las que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para avanzar y llegar a resultados comunes. 
Voy a empezar con los problemas medioambientales. 
Es bastante evidente que tenemos que hacer más para abordar conjuntamente problemas comunes como el cambio climático. 
En lo que respecta al Protocolo de Kioto, veo la situación aproximadamente como sigue: probablemente, es realista asumir que los avances en la preparación de Rusia para la firma del Protocolo de Kioto serán paralelos a sus avances para la entrada en la OMC. 
Aunque no existe una vinculación formal, es bastante realista pensar que habrá cierto paralelismo entre ambos procesos. 
También es de la máxima importancia que consigamos llegar a un acuerdo sobre cuestiones de seguridad del transporte marítimo y de seguridad nuclear. 
La Comisión considera que es necesario que se inicien conversaciones sobre la obligación impuesta por la OSCE a Rusia de retirar sus tropas de Transnistria para finales de este año y sobre la ampliación del Acuerdo de Asociación y Cooperación a los nuevos Estados miembros. 
En cuanto a Transnistria en concreto, creo que podemos esperar una presión significativamente mayor de Rusia para conseguir que se ponga en práctica la política de la OSCE. 
En el caso, la congelación de una gran parte del capital social de ha generado mucha inestabilidad e incertidumbre en los mercados financieros, y la Comisión ha dejado claro, tanto en el diálogo político en Moscú como en la cumbre de Roma, que las autoridades rusas deben aplicar en todos los casos las leyes de forma justa y sin discriminaciones, cumpliendo el principio de proporcionalidad. 
En relación con Chechenia, consideramos que la situación de la seguridad se ha deteriorado aún más desde el referendo constitucional de marzo y las elecciones presidenciales de octubre. 
La Unión Europea ha hecho públicas dos declaraciones en las que expresaba su preocupación por las acusaciones de fraude electoral. 
Los hechos demuestran que todavía no se ha encontrado una solución política para el problema. 
Seguiremos trabajando para que se encuentre una solución política más viable, pero eso no será posible sin el pleno respeto de los derechos humanos. 
Eso también incluye obligar a los responsables de violaciones de los derechos humanos a responder de sus actos ante la justicia. 
Por razones obvias, la Comisión abordó la cuestión de la ayuda humanitaria tanto en el diálogo político como en la cumbre y destacó que la ayuda humanitaria está siendo obstaculizada por el hecho de que nuestro personal no puede actuar sobre el terreno. 
Las conversaciones sobre este tema no han tenido todavía una resolución satisfactoria. 
No obstante, quisiera recalcar que la Comisión sigue considerando prioritaria su presencia en la región, con sus recursos y su personal, con el fin de poder prestar asistencia donde y cuando sea necesaria. 
Después de todo, somos el mayor proveedor de ayuda humanitaria en este conflicto. 
¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? 
En primer lugar, si queremos crear una asociación estratégica real, la política de la Unión Europea frente a Rusia debe ser equilibrada y coherente. 
Escoger temas que solo benefician a uno de los socios no es una base suficiente para una relación estratégica. 
En segundo lugar, también tenemos que tratar de garantizar que los Estados miembros y la Unión en su conjunto persiguen objetivos definidos conjuntamente. 
Cuestiones como la política de visados y el acuerdo de readmisión que queremos celebrar con nuestro socio ruso deben debatirse como un objetivo común bajo el paraguas de la Unión. 
Seré claro: no creo que resulte útil que Estados miembros apliquen individualmente sus propias políticas con Rusia en estos asuntos antes de que tengamos una posición común. 
En tercer lugar, las relaciones entre la Unión y Rusia son de la máxima importancia para el futuro de ambas. 
No debemos permitir que iniciativas que beneficiarían a ambas partes, como la ampliación del Acuerdo de Asociación y Cooperación o la cooperación en la lucha contra el crimen y en asuntos medioambientales, se vayan a pique como consecuencia de obstáculos burocráticos. 
Por lo tanto, es muy importante que la Unión Europea y Rusia consigan que el Consejo Permanente de Asociación vea la luz, con el fin de intensificar la cooperación entre los respectivos ministros. 
En cuarto y último lugar, debemos hacer especial hincapié en el desarrollo de un concepto diseñado a medida, junto con Rusia, como parte de nuestra nueva política de vecindad, que exprese la importancia de la relación especial y la asociación estratégica entre la Unión Europea y Rusia y proporcione el espacio necesario para mejorar y profundizar significativamente en esa relación. 
Me alegro de poder decir a modo de conclusión que las conversaciones han demostrado que Rusia está dispuesta a colaborar en el contexto de la nueva política de relaciones con los países vecinos de la Unión Europea y que, por lo tanto, podemos combinar con sentido nuestra actual estrategia con la nueva política de vecindad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, tras la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 tendremos una frontera adicional con Rusia, no solo a través de Finlandia, sino también de Estonia, Letonia y Lituania, y nuestras relaciones con Rusia serán aún más importantes. 
Ya hemos dejado claro que deseamos tener una asociación estratégica con Rusia, porque sabemos que las relaciones entre la Unión Europea y Rusia son cruciales para la paz y la estabilidad en nuestro continente en el siglo XXI. 
Quisiera dar sinceramente las gracias a mi colega Arie Oostlander por negociar un texto con los demás grupos. 
Tenemos ante nosotros un texto de seis grupos que refleja nuestra opinión. 
Reconocemos expresamente los avances que Rusia ha realizado en el camino hacia la democracia, pero también es propio de una asociación tratar abiertamente las deficiencias que apreciamos. 
El Presidente en ejercicio ha hablado de las elecciones de Rusia, y las elecciones solo pueden celebrarse si la sociedad no tiene miedo. 
Solo se pueden celebrar elecciones si los ciudadanos están suficientemente informados. 
Solo se pueden celebrar elecciones si el sistema político es justo. 
Solo se pueden celebrar elecciones cuando existe un Estado de Derecho. 
Es ahí donde existen deficiencias. 
Tenemos informes que indican que los ciudadanos rusos tienen miedo de protestar cuando consideran que el Estado se está comportando de una forma incorrecta. 
En nuestro sistema jurídico, se da por sentado que podemos recurrir cualquier acto administrativo a cualquier nivel. 
Por eso es importante para el desarrollo democrático en Rusia y para la estabilidad en ese país –la estabilidad es imposible sin libertad y democracia– que Rusia consiga avanzar en el camino hacia una democracia y un Estado de Derecho reales. 
Chechenia es una herida abierta en Europa, no solo en Rusia. 
Debemos insistir en que no se equipare con terroristas o bandidos al pueblo checheno, sino que se le conceda autonomía dentro de la Federación Rusa, como ocurre por ejemplo con Tatarstán. 
Sería una tragedia que, en la necesaria lucha contra el terrorismo en el mundo –y estamos decididamente a favor de la lucha contra el terrorismo–, el pueblo checheno fuera el que tuviera que pagar el precio del terrorismo. 
Digo, con bastante tranquilidad, pero mis palabras están dirigidas al Consejo y a la Comisión, que si celebramos una cumbre con Rusia y hacemos pública una declaración, el tema más importante no puede dejarse fuera del documento oficial. 
Mi petición para el futuro es que lo hagamos, y reconozco expresamente que la Presidencia del Consejo dijo algo sobre eso en su declaración del 8 de octubre. 
Sin embargo, también es importante que acordemos una política común y, por lo tanto, también una formulación cuando nos reunamos con el presidente ruso. 
Apoyamos la inclusión de Rusia en el proceso de Bolonia. 
Necesitamos un intercambio científico y cultural con Rusia para evitar que Rusia se aleje de Europa como ha hecho con frecuencia a lo largo de su historia. 
Deseamos una relación de asociación, deseamos una Rusia de cara a Europa y debemos incluir especialmente a los jóvenes. 
Pedimos a Rusia que firme y ratifique por fin el acuerdo sobre fronteras con Estonia y Letonia y prometemos a nuestros futuros Estados miembros Estonia y Letonia nuestro apoyo en eso, porque sus preocupaciones son nuestras preocupaciones, las de la Unión Europea. 
Pedimos a Rusia que tome finalmente las medidas necesarias. 
Queremos ser socios de Rusia, y si criticamos algo, lo hacemos porque queremos ver una verdadera democracia en Rusia y porque queremos vivir en paz, amistad y con una relación de asociación con el pueblo ruso. 
– Señor Presidente, Señorías, Rusia se está convirtiendo es un socio cada vez más importante de la Unión y esa importancia no deja de aumentar. 
Es probable que la cultura rusa sea su mayor activo y todavía sabemos muy poco sobre ella. 
Es un importante activo para Europa. 
Mi grupo está preocupado por la situación en Chechenia, que no parece mejorar. 
Estamos a favor de la solución política que también apoya Moscú, pero los resultados siguen siendo aparentemente escasos. 
Tenemos miedo de que se produzca una guerra civil y de que el conflicto se extienda fuera de Chechenia, a una región en la que ya existen muchas razones para un conflicto. 
Deseamos que los rusos sepan que esta situación está perjudicando al desarrollo de relaciones entre nosotros y esta es una cuestión importante. 
Exigimos la aplicación de los derechos humanos. 
¿Deberíamos quizá celebrar una conferencia conjunta sobre Chechenia? 
Necesitamos que las organizaciones de ayuda humanitaria estén allí rápidamente. 
No sabemos demasiado sobre el caso, por lo menos no todo, pero el método de detención es razón suficiente para alarmarnos. 
Creemos que lo importante es que las leyes se respeten y que se lleve a cabo una apertura, que es vital, pero, por supuesto, sabemos que se están produciendo muchos negocios oscuros en la transferencia de la propiedad soviética a manos de unos pocos y que se han cometido delitos. 
La adhesión a la Organización Mundial del Comercio es muy importante, al igual que la aceptación del Protocolo de Kioto. 
Ambos contribuirán no solo al desarrollo de Rusia, sino también al crecimiento de su democracia. 
También es precisa una cooperación en materia de energía; se trata de la cooperación más complicada y la más importante. 
En mi opinión, debemos unir nuestras redes de transportes, telecomunicaciones y energía con las suyas. 
Sería el acuerdo de la década y crearía unos sólidos cimientos para la cooperación entre ambas partes. 
Señor Presidente, cuando Pedro el Grande quiso occidentalizar Rusia, vistió a la aristocracia rusa con los ropajes de la Europa Occidental y trasladó la capital de Rusia hacia el oeste, de Moscú a San Petersburgo. 
El Gobierno occidentalista del Presidente Putin ha calificado a la Unión Europea de «socio político natural» y, hasta hace poco, Rusia ha vestido aparentemente las ropas de Europa: las ropas del libre comercio, las ropas de los derechos políticos y civiles, las ropas de una democracia incipiente. 
El grupo ELDR acogió con agrado esta cumbre UE-Rusia. 
Nos parece adecuado buscar espacios políticos y económicos donde nuestras dos sociedades puedan trabajar juntas. 
En las circunstancias adecuadas, celebraremos que haya unas relaciones económicas más estrechas entre la Unión Europea y Rusia. 
Facilitar los viajes entre ellas es una parte necesaria e importante de esta labor. 
Rusia y la Unión comparten un entorno de seguridad común y un elevado nivel de interdependencia, así que me parece correcto intentar hacer que nuestras fronteras comunes, al igual que el hemisferio que compartimos, sean más seguros. 
Celebramos la intención de Rusia de entrar en la OMC, que es posible a pesar de que los recientes acontecimientos la están complicando. 
Sin embargo, Europa tiene derecho a luchar contra la represión rusa y las intromisiones de su Gobierno en las vidas de sus vecinos. 
La cuestión de Chechenia no va a desaparecer, como tampoco lo hará la negativa de Rusia a ratificar el Protocolo de Kioto. 
No basta con vestirse como los europeos. 
Unas relaciones más estrechas exigirían la plena adscripción a los valores modernos europeos y, como mínimo, debemos seguir siendo críticos y sinceros. 
En esta cumbre, señor Presidente en ejercicio, los encargados de representarnos pusieron en peligro nuestra posición. 
Los irreflexivos comentarios de la Presidencia sobre Chechenia y sobre el arresto y detención de Mijaíl Jodorkovsky estaban fuera de lugar. 
El Sr. Berlusconi habla en representación de Europa y debería escoger sus palabras con cuidado. 
Su propia Presidencia redactó una declaración el mes pasado que era muy crítica con la conducta rusa en Chechenia. 
Sin embargo, en el comunicado de la cumbre no solo no se hacía referencia alguna a Chechenia, sino que el Presidente del Consejo consideró apropiado contradecir la posición europea hecha pública con un improvisado muestrario de fanfarronadas propias de un leguleyo. 
En cualquier caso, ¿por qué deberíamos negar las dificultades de las minorías rusas en los Estados bálticos? 
No son nada si las comparamos con la persecución de los chechenos. 
La seguridad interna debe complementar a la justicia y los derechos humanos, como dijo el Presidente en ejercicio, pero no lo hace así tal y como se practica en Chechenia. 
Hemos condenado la acción rusa en Chechenia y el intento de intimidar a las fuentes de oposición política en Rusia por razones muy válidas. 
A pesar de su indumentaria europea, no está claro que el Gobierno del Sr. Putin comparta nuestros valores de democracia, derechos humanos, Estado de derecho y libertad de expresión. 
Si lo hace, ¿por qué está en la cárcel el Sr. Jodorkovsky? 
– Señor Presidente, me satisface que se celebre hoy en nuestro Parlamento este debate sobre la última cumbre entre la Unión Europea y Rusia. 
Se trata de algún modo de una respuesta a las declaraciones efectuadas por el Sr. Berlusconi sobre Chechenia tras la cumbre, declaraciones que justificaban la política de intervención militar rusa en la región. 
Semejantes palabras no reflejaban las posturas acordadas por los Quince, y mi Grupo las condena enérgicamente. 
Europa ha expresado su desacuerdo con dicha justificación, pero ¿puede considerarse suficiente? 
No lo creo. 
Lamento que el Consejo y la Comisión hayan concedido una importancia muy relativa a la cuestión de Chechenia, así como la tibieza de las condenas al Kremlin durante la Cumbre. 
La vida cotidiana en Chechenia sigue siendo un calvario para la población civil: la inseguridad, las desapariciones, las violaciones de los derechos humanos de que son responsables las fuerzas militares rusas, continúan con total impunidad. 
Moscú recurre a porfía al argumento de la lucha contra el terrorismo para justificarlo todo. 
Es inadmisible, aunque desde luego hay que condenar enérgicamente los atentados cometidos por los grupos extremistas chechenos. 
Las supuestas elecciones democráticas que se celebraron el 5 de octubre fueron, en opinión de las ONG independientes observadoras, una mascarada. 
Mi Grupo discute la legitimidad de semejante consulta, que únicamente tiene por objeto hacer creer a la comunidad internacional que la situación regional está normalizada y que se ha ejercido la soberanía popular. 
Ahora bien, no es así en absoluto. 
Es urgente que la Unión condene firme y claramente a Rusia por su gestión de la guerra en Chechenia. 
La reconstrucción de este país herido no podrá comenzar hasta la retirada de las fuerzas rusas y la pacificación global de la región. 
Solo unas negociaciones políticas reales pueden abrir la vía a un proceso de democratización y de reconstrucción en el que Europa debe desempeñar un papel esencial ejerciendo una presión mucho más fuerte sobre Rusia. 
¿Por qué no en el marco de los acuerdos de cooperación? 
Otra posibilidad podría ser apoyar el plan de administración provisional de la ONU en Chechenia. 
No debería interpretarse que esta actitud va en contra de Rusia o del desarrollo de la cooperación entre la Unión Europea y Rusia, sino al contrario, se sitúa al servicio de una paz y una seguridad esperadas por los dos pueblos. 
– Señor Presidente, creo que, cuando hablamos de Rusia, todos estamos un poco obligados a cerrar los ojos, o al menos me da la impresión de que, después de la caída del muro y del hundimiento del régimen soviético, todo el mundo se siente obligado a cerrar los ojos. 
En aquel momento estábamos complacidos ante la evolución democrática bajo el Sr. Yeltsin, y no veíamos, por supuesto, la increíble corrupción que se desarrollaba en el país. 
Hoy nos felicitamos de los avances con el Sr. Putin, y no vemos la mascarada deliberada en torno al monopolio de los medios de comunicación. 
No hablaré por el momento de las detenciones arbitrarias y de Chechenia, sobre las cuales volveré al final de mi intervención. 
¿Por qué es así? 
Porque, es cierto, Rusia es un poder enorme en nuestras fronteras y nadie sabe exactamente cómo torear este toro, de modo que todo el mundo quiere tener a Rusia de su lado. 
Señor Poettering, sé que es difícil criticar a los amigos cuando cometen errores. 
Usted sabía, por lo demás, cómo me apenaba ver a mi Ministro de Asuntos Exteriores constantemente al lado del Sr. Putin para defender una posición justa en relación con el Iraq. 
Es decir, que por el Iraq se sacrificaba a los chechenos. 
Por otro lado, es evidente que los norteamericanos hacían exactamente lo mismo. 
Si los norteamericanos dijeron «sí» al Iraq, es porque los chechenos tampoco les interesaban. 
Por tanto, la situación es la misma en ambos lados. 
Si creemos –so pretexto de que necesitamos, cosa que es cierta, un vínculo estratégico con los rusos– que debemos ser complacientes con ellos, pues bien, nos equivocamos. 
Y nos equivocamos porque los resultados no estarán nunca a la altura de lo que esperamos. 
Decimos «sí» al proceso democrático en Rusia, pero cuando se plantean problemas de enorme importancia y el Presidente en ejercicio de Europa se complace en decir al Sr. Putin: «Pero lo que usted hace en Chechenia está bien; que detenga usted a la gente, no es problema; y en cuanto al monopolio de los medios de comunicación, también está bien» , el mal está hecho, por muchas resoluciones que se voten después. 
Y está hecho por mucho tiempo, porque nadie en Rusia pensará: «Sí, es cierto, está el Parlamento Europeo. 
Si, es cierto, está el Sr. Verheugen y la Comisión». 
Eso no cuenta porque saben que, cuando se plantean problemas, la necesidad de gestionarlos prevalecerá: «Le necesitamos, señor Putin». 
En resumen, el jaleo montado por el Parlamento y la Comisión no les molestan, lo que significa que, a fin de cuentas, la situación en Rusia no cambiará. 
Por eso les digo que, si no se denuncia claramente la masacre de todo un pueblo que se ha organizado en Chechenia, el Sr. Putin jamás nos escuchará. 
Cuando el Sr. Putin da lecciones de moral, quizás con razón, sobre el Iraq, no piensa sobre lo que decimos nosotros, porque es algo que no le afecta. 
Utiliza el Iraq como instrumento, necesita utilizar todo como instrumento para asentar su poder en Rusia: un poder totalitario. 
Señor Presidente, el apartado 10 de la resolución conjunta es muy importante para mí. 
En ese apartado, el Parlamento vuelve a pedir al Consejo y a la Comisión que se preocupen seriamente por el destino de Arjan Erkel, el miembro de Médicos sin Fronteras secuestrado. 
Su padre me ha visitado, así como a otros muchos diputados del Parlamento Europeo, aquí, en Estrasburgo. 
Pongámonos en su angustiosa situación. 
Yo mismo tengo tres hijos. Por eso respaldo totalmente la solicitud urgente del Parlamento al Consejo y a la Comisión para que exijan decididamente a las autoridades rusas que aclaren este largo secuestro, que ya dura más de 460 días, y solucionen el problema. 
La pasada noche, un reputado periódico holandés informaba de que, en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, se había producido un duro intercambio de opiniones sobre la protección que la Presidencia italiana ha dado al Presidente Putin. 
Me alegro mucho de oírlo. 
También me satisface el informe del periódico en el sentido de que el Consejo se ha mostrado de acuerdo con la propuesta del Comisario Patten de fijar por escrito una política sin ambigüedades para las relaciones de la Unión Europea con la Federación Rusa. 
No hace falta que diga que, en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, me intriga mucho la forma en que el Consejo ordena a la Comisión Europea que le haga una recomendación sobre las relaciones UE-Rusia. 
¿Tiene la Comisión alguna idea sobre cuándo podemos esperar que se apliquen sus ideas? 
Hay algo sobre la tragedia de Chechenia que es evidente: en ningún caso puede decirse que proporcione una base para unos valores comunes compartidos por la Unión Europea y Rusia. 
También el caso nos preocupa mucho. 
Cuando altos representantes de las instituciones europeas intentan tapar, o incluso justificar, estas dos situaciones, están fomentando que el Kremlin siga por el camino político equivocado. Eso no favorece en absoluto los intereses de la sociedad rusa, ni tampoco los de la Unión Europea, por cierto. 
En resumen, Moscú no debería tener ninguna duda sobre lo que Bruselas exige exactamente en la relación mutua, incluidas las prioridades de la Unión: una relación de buena vecindad que presupone acciones comunes con respecto a problemas como el crimen transfronterizo, los riesgos nucleares y la inmigración ilegal; la promoción de los derechos humanos y el Estado constitucional, así como una mejora urgente de la desesperada situación de Chechenia; acciones conjuntas con respecto a los llamados «conflictos enquistados» en el sur del Cáucaso y una solución al problema de Transnistria; así como la profundización y ampliación de los intereses comerciales y económicos complementarios. 
El compromiso real de la Unión Europea debe tener respuesta en la reciprocidad rusa. 
Por lo tanto, Putin y sus amistades deben abandonar la actitud tradicional de querer operar tanto dentro como fuera de la asociación. 
No es posible estar dentro y fuera de esa asociación al mismo tiempo. 
Este debe ser, ante todo, el claro mensaje que Bruselas envíe a Moscú en este momento. 
– Señor Presidente, el punto de vista que el Sr. Berlusconi ha adoptado en esta cuestión de los derechos humanos y la necesidad de que los políticos rusos se adapten a los cánones de nuestro concepto de democracia se ha debido, en mi opinión, no solo a unos ideales muy arraigados, que todos compartimos, sino también a un sano realismo y a una visión estratégica de los intereses europeos, si hacemos nuestra la profética visión del General De Gaulle de una Europa desde el Atlántico hasta los Urales. 
De hecho, desde un punto de vista estratégico, es imposible no reconocer que responde a los intereses vitales de la Federación Rusa, un país que todos consideramos un socio esencial para la Unión Europea, estabilizar una región que es crucial para el acceso al petróleo del Cáucaso. 
Desde luego, no es ninguna coincidencia que el principal objetivo de las guerrillas chechenas no sean los puestos militares rusos, sino la infraestructura de la industria petrolífera. 
Por lo tanto, es justo preguntar qué intereses, aparte de los motivos étnicos y religiosos, están detrás del terrorismo checheno y qué los impulsa a seguir. 
¿No deberíamos pensar en el peligro que supone la mecha, siempre encendida, de las facciones armadas más agresivas y extremistas del fundamentalismo islámico internacional? 
¿Es o no verdad que, en noviembre de 1998 en Islamabad, la decimoctava asamblea del Grupo Islámico de Pakistán señaló a Chechenia como uno de los principales ejes de la internacional, junto con otras zonas como Kosovo? 
En lo que respecta a los derechos humanos, les recuerdo que no hay más que descargarse de Internet las imágenes diseminadas por el mundo por las redes de Osama Bin Laden para ver las cabezas cortadas de soldados rusos. 
Si no me equivoco, esa es también una cuestión de derechos humanos. 
– Señor Presidente, ¿cómo es posible no compartir el compromiso de defender los derechos humanos o los derechos de los pueblos a la autodeterminación? 
¿Cómo es posible que alguien no defienda el derecho del pueblo checheno a expresar su propia opinión? 
Por eso apoyo las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo y la posición del Partido Popular Europeo. 
No obstante, aunque respaldo el sentido general de la resolución de compromiso que esta Cámara votará mañana, no puedo estar de acuerdo con un punto, en el que se hace una interpretación adornada e inexacta de la posición expresada por el Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, algo que algunos diputados también han hecho en esta Cámara. 
La verdad no es lo que se mantiene en este informe; la verdad no es lo que ha dicho el Sr. Watson ni lo que ha dicho el Sr. Cohn-Bendit; la verdad es lo dicho por los diputados del GUE/NGL. 
Les recuerdo la conocida rueda de prensa que se ha mencionado, porque es justo que recordemos también lo que dijo el Presidente de la Federación Rusa, el Sr. Putin, en el sentido de que, durante las conversaciones, las preguntas difíciles y las dudas sobre nuestra política procedieron del propio Sr. Berlusconi. 
Esto fue escrito por una agencia que desde luego no comparte las posiciones del gobierno. 
Las agencias de prensa siguen manteniendo que fue el Primer Ministro italiano quien sacó a colación la cuestión de Chechenia. 
Por lo tanto, creo que lo que ocurrió en la cumbre debe interpretarse con mucho cuidado y precisión, sobre todo el espíritu y la disposición que caracterizaron los esfuerzos de la actual Presidencia de la Unión Europea. 
Cualquier otra interpretación podría usarse para fines políticos, sobre todo dentro de Italia. 
– Señor Presidente, permítame comenzar con tres afirmaciones: la guerra en Chechenia no es un asunto privado del Sr. Putin; la guerra en Chechenia no es una guerra contra el terrorismo; y la guerra en Chechenia todavía engendra actos diarios de violencia a escala masiva contra los derechos humanos de la población civil. 
Solo podemos hablar con el Presidente Putin de avances en la relación entre la Unión Europea y Rusia sobre la base de esas tres premisas. 
Por consiguiente, apoyamos plenamente las críticas incluidas en la resolución sobre la que el Parlamento votará mañana, dirigidas al actual Presidente en ejercicio de la Unión Europea, por las inadmisibles declaraciones realizadas por el Sr. Berlusconi en apoyo de la política del Sr. Putin en Chechenia. 
Esas declaraciones –y ahora me dirijo al subsecretario, Sr. Antonione– fueron totalmente inaceptables y carecieron de cualquier relación con la política seguida por la Unión Europea hasta la fecha. 
Como nos ha recordado el Sr. Poettering, la Unión Europea considera Chechenia una herida abierta. 
Las afinidades y las amistades personales del Sr. Berlusconi no pueden y no deben poner en peligro el rigor con el que Europa debe exigir que el Presidente Putin ponga fin de inmediato a los abusos y la violencia en Chechenia y busque una solución política a ese conflicto. 
Señor Presidente, 3 000 muertos desde el inicio del año, 300 desaparecidos, 50 fosas comunes descubiertas y unas elecciones que se sabe que han sido una farsa: ese es el balance de la guerra en Chechenia, y una historia de prolongada impunidad; realmente la Presidencia italiana debería pedir cuentas sobre esto al Presidente Putin. 
Esperábamos unas palabras de pesar del Sr. Antonione sobre lo ocurrido y alguna explicación clara sobre lo que ocurrirá en el futuro. 
Es preciso destacar, señor Presidente, que esas palabras todavía no se han pronunciado. 
Señor Presidente, a pesar de los progresos realizados, parece que nuestra relación con Rusia sigue soportando la carga de la desconfianza, como hemos oído en esta Cámara. 
Si deseamos conseguir la integración y la paz en Europa, debemos saber que no podremos conseguirlo sin Rusia, y mucho menos contra Rusia. 
Rusia es y seguirá siendo un factor importante desde el punto de vista político, económico y militar en el mundo. 
Necesitamos cooperación, no confrontación. 
Rusia podría ser un socio estratégico aún más eficaz y un buen vecino si los Estados miembros de la Unión Europea se preocuparan de algo más que de sus suministros de petróleo y gas natural y si la Unión Europea hiciera algo más para ayudar a reforzar la estabilidad económica y social, que es esencial para que la democracia se vaya conformando y para el desarrollo de un país. 
El problema de Chechenia es grave, pero solo hay una solución política y debemos mostrar más compromiso con la búsqueda de esa solución. 
Si los Estados Unidos tienen un interés estratégico en mantener la tensión en las fronteras del sur de Rusia, es asunto suyo. 
Eso no puede interesar a la Unión Europea. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que ninguno de nosotros pone en duda la importancia estratégica de la relación Unión Europea-Rusia. 
Lo que criticamos –y nuestras críticas se dirigen tanto al Consejo como a la Comisión, que han seguido utilizando la misma política– es una política carente de todo sentido crítico en las relaciones con Rusia, una política completamente ciega que no ve la reducción de la libertad de prensa, que no ve la reducción de la independencia del poder judicial –el caso del Sr. Jodorkovsky es un claro ejemplo–, una política que hace como si no existiera un pequeño país llamado Chechenia. 
¿No se ha producido una masacre en Chechenia? 
Doscientas cincuenta mil personas muertas – ¿con qué frecuencia tenemos que decirlo? – de un millón de habitantes constituye un exterminio y algo muy próximo a un genocidio. 
Esto no es tolerable; no es tolerable que la Comisión no haya tenido el valor necesario para mandar a su Comisario encargado de la ayuda humanitaria a Chechenia y que el Sr. Prodi tampoco haya ido. 
Tengo que decir algo, que espero que el Sr. Antonione comunique al Sr. Berlusconi: es inaceptable que el Sr. Berlusconi califique eso de mito, y creo que muchas personas de este Parlamento y de la Unión Europea esperan que el Sr. Berlusconi corrija lo que ha dicho cuando venga a esta Cámara durante el próximo período parcial de sesiones en diciembre. 
Lo que está en juego es la dignidad de los muertos y de los que siguen vivos en Chechenia, así como la dignidad de este Parlamento y de la Unión Europea y sus ciudadanos en su conjunto. 
En lo que respecta al futuro, podemos hacer lo que hicimos en el caso de Yugoslavia: hacer como que el problema del Cáucaso no existe. 
El problema de Chechenia es un problema derivado del colonialismo y debe resolverse como tal. 
Lo que está ocurriendo en Chechenia es infinitamente peor que lo que se hizo en Argelia y en tantos otros países africanos. 
La forma correcta de proceder es, por lo tanto, que Chechenia entre en la Unión Europea, y en el caso de Georgia, que es otra parte estratégica de la Unión, que también se adhiera a la misma. 
Ese debería ser el programa que siguieran tanto la Comisión como el Consejo. 
– Señor Presidente, en el pasado el Parlamento ha seguido una política de dos vías con respecto a Rusia, y lo ha hecho con total convicción. 
Esa política se traduce, por una parte, en cooperación, en la medida de lo posible, en todos los aspectos, sobre todo en todos los campos que pueden provocar un cambio cultural en Rusia con el fin de avanzar hacia un Estado constitucional y unas relaciones más democráticas. 
Sin embargo, también conlleva la realización de críticas siempre que sean necesarias. 
Por eso debemos dar nuestra opinión sin ambages. 
Por lo tanto, esta política incluye ambos elementos, no solo uno. 
Escuchando al Presidente en ejercicio del Consejo, debo decir que los miembros de esta Cámara hemos conseguido ya muchas de las cuestiones que enumera y que ahora se vuelven a incluir en la resolución. 
¿Por qué lo que dice ahora suena tan distinto de lo que recordamos de la cumbre? 
Lo que me llama especialmente la atención es que ha mencionado concretamente a Moldavia, y el plazo para la retirada de las tropas. 
También ha hablado de Arjan Erkel. 
Estoy en deuda con usted por tocar ese tema y traerlo a esta Cámara hoy. 
Es extremadamente importante. 
Sin embargo, parece, leyendo la prensa y su declaración, que no se ha prestado mucha atención a Chechenia. 
Nos ha dado su justificación para ello. 
Sin embargo, es muy peligroso, porque el público en su conjunto se interesa por las cumbres y quiere conocer la agenda, si se han mencionado los ideales y valores de nuestros ciudadanos europeos y si estos han determinado su conducta. 
Por eso yo habría preferido que lo que usted ha dicho aquí también hubiera estado incluido en su declaración. 
Probablemente habríamos respondido también de una forma algo distinta. 
Tengo que decir que considero que el enfoque del Comisario es muy claro. 
Durante mucho tiempo, los rusos han insistido en un enfoque muy concreto y práctico, prefiriendo el dinero contante y sonante a las grandes ideas. 
Creo que los rusos tienen razón en esto y que nosotros podemos, sin dejar de utilizar nuestra política de dos vías, abordar cuestiones muy concretas, sobre todo en el área de los contactos entre científicos. 
La cooperación con Rusia en ese campo no siempre ha sido fácil. 
Sin embargo, creo que la cooperación científica es muy importante para el cambio cultural de Rusia. 
Espero, por lo tanto, que el Consejo siga por ese camino y que la impresión que han dejado algunos comentarios personales cambie en breve, porque, de lo contrario, su presidencia no será vista con buenos ojos. 
Señor Presidente, hace más de tres años que el Presidente Putin ocupó su cargo y es hora de hacer balance. 
¿Qué ha ocurrido desde entonces? 
El servicio secreto FSB, sucesor del KGB y que el Sr. Putin dirigió, es ahora tres veces mayor que cuando el Presidente Putin ocupó su cargo. 
La política se ha neutralizado cada vez más y lo mismo cabe decir de los medios de comunicación. 
Ya prácticamente no queda ningún medio de comunicación independiente de cierto tamaño. 
Parece que ahora les toca a las empresas, si hacemos caso a lo que está ocurriendo con las llamadas oligarquías. 
Esas son graves señales de peligro en la propia Rusia. 
Si volvemos la mirada hacia Chechenia, vemos que en 1999 el Sr. Putin desató la segunda guerra chechena de la era postsoviética, como parte de la campaña electoral más sangrienta de la historia reciente, o quizá de la historia sin más. 
Esta guerra ha hecho que cientos de miles de personas tuvieran que dejar sus hogares en Chechenia y ha dejado decenas de miles de muertos. 
Muchos hablan de casi un quinto de la población chechena, lo que supondría tantos muertos como bajo la égida de Josef Stalin. 
No estamos hablando de trivialidades, son acontecimientos muy graves y Europa tiene que estar preocupada por ellos, sobre todo cuando está implicado un socio importante. 
Todos sabemos que Rusia no puede construir una democracia suiza de la noche a la mañana. 
Sin embargo, Rusia se ha impuesto unos estrictos criterios. 
Ha entrado en el Consejo de Europa. 
Ha iniciado una relación de asociación especial con la Unión Europea. 
Eso significa que ha dado su consentimiento a que se le juzgue según criterios democráticos y del Estado de Derecho y que debe intentar cumplir esos criterios, pero me temo que durante los últimos años los ha incumplido cada vez más. 
Obviamente las cosas están mejor ahora que en los días del totalitarismo, pero en estos momentos estamos presenciando una tendencia de reducción de la democracia y el Estado de Derecho, en vez de al contrario, como ha dejado claro Yelena Bonner, la viuda de nuestro premiado Andrei Sájarov. 
En lo que respecta a Chechenia, señor Presidente en ejercicio, solo tengo una cosa que decir: está confinando el problema de Chechenia demasiado al tema del terrorismo. 
La palabra italiana para lo que está ocurriendo en Chechenia no es sino. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera darles las gracias por la aportación que han realizado al debate de este punto del orden del día. 
Creo que es justo subrayar el hecho de que todas sus intervenciones han tratado algo que para nosotros fue una importante prioridad, la necesidad de tener una relación estratégica con Rusia. 
Considero que este objetivo debe constar en acta como un objetivo conjunto. 
En el camino que seguimos para lograrlo, he podido ver, y aprecio, el espíritu de colaboración y la sinceridad que han demostrado en sus intervenciones, que subrayan posiciones distintas y críticas sobre la forma de llegar a nuestro destino. 
Quisiera resaltar el aspecto que considero el más importante y positivo de todos: es, repito, tener una relación estratégica con la Federación Rusa, en vista de su importancia para la Unión Europea. 
Por supuesto me aseguraré de hacer llegar todas sus observaciones, aportaciones e incluso críticas, que formarán parte de un importante conjunto de información, no solo para nuestro trabajo sino también en general para el Consejo en su conjunto. 
He recibido seis propuestas de resolución (2) presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0378/2003) de la Sra. Napoletano, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours (COM (2003) 104 2003/2018 (INI) ). 
.– Señor Presidente, este informe se refiere a tres comunicaciones de la Comisión: la primera se titula «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» ; la segunda comunicación es la titulada «Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad» ; y la tercera es «Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios mediterráneos – Orientaciones estratégicas». 
A juicio del Parlamento, esta nueva política debe contar con la participación de los 25 países que pronto serán miembros de la Unión, en otras palabras, de los países con los que la Unión ha acordado la plena integración con independencia de sobre qué bases, aunque en distintos momentos, y nuestros vecinos del este y del sur. 
Se trata de una propuesta coherente que se aplica a un área geopolítica compleja que va desde Rusia hasta Marruecos, que, de acuerdo con su historia, sus relaciones culturales y su proximidad geográfica, podría definirse como una región paneuropea y mediterránea. 
En este contexto, el Parlamento propone que pronto se incluya la dimensión sudeste en esta política, es decir, los países del Cáucaso, y que se mire algo más allá en esa dirección hacia los demás países de Oriente Próximo, que todavía no se pueden incluir en esta estrategia. 
El informe se centra en las políticas que es preciso desarrollar, ya que creemos que esas políticas deberían servir hoy ante todo para construir un área de seguridad común, siempre que no pensemos en seguridad exclusivamente en términos militares. 
Desde luego nos complace mucho que las relaciones con los países vecinos se hayan incluido como el aspecto más importante de la nueva estrategia de seguridad presentada por el Alto Representante para la seguridad europea, puesto que nuestra seguridad es su seguridad y este es un campo en el que podemos trabajar conjuntamente. 
Al mismo tiempo, debemos construir muchas relaciones, que deberían llevarnos a compartir con los países en cuestión políticas que nos beneficien a ambos, basadas en un diálogo político e institucional respaldado con los instrumentos apropiados. 
Por lo tanto, el informe establece una clara distinción entre esta estrategia y la de la futura ampliación, confirmando sin ambages las decisiones de cerrar las negociaciones con Rumania y Bulgaria en 2007, de evaluar antes del final de 2004 la posibilidad de abrir negociaciones con Turquía, y las perspectivas de adhesión de todos los países de los Balcanes. 
En este informe no ocultamos el hecho de que hay otros países, como Ucrania y Moldavia, que han dejado patentes sus aspiraciones a convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Si bien esta no es la estrategia que decidirá sobre su admisión, mantenemos que participar en ella servirá para aumentar sus posibilidades y desde luego no hará que sean menos probables. 
El informe también analiza detenidamente las características concretas de una zona tan amplia, diversa y compleja. 
Acabamos de hablar de Rusia, y el documento expresa nuestro convencimiento de que las relaciones con Rusia no se pueden ceñir únicamente a una relación de vecindad. 
Sin embargo, encontrarán un apartado que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa adoptó sin dudarlo, en el que se destacan los problemas democráticos y la tragedia de Chechenia como obstáculos para la normalización de nuestras relaciones en estos momentos. 
Por último, los planes de acción dan a la Comisión un instrumento flexible para establecer relaciones multilaterales, regionales y bilaterales con estos países, de la misma forma que el instrumento transfronterizo no servirá para construir muros a lo largo de las nuevas fronteras, sino para conseguir un entendimiento y la mejora de la dimensión local. 
En el informe se aborda también la cuestión institucional. 
Es obvio que estos países no pueden y no deben compartir las instituciones comunitarias, pero insistimos en que, en un diálogo entre iguales, debe haber un lugar para los gobiernos, los parlamentos, las autoridades locales y la propia sociedad, y el informe incluye recomendaciones a tal fin. 
También pedimos que la política de derechos humanos se incorpore plenamente a esta estrategia. 
Sin embargo, creemos que todavía no hay una política comunitaria fija sobre esta cuestión, a pesar de que la comunicación de la Comisión hace útiles propuestas y representa un paso hacia delante. 
– Señor Presidente, Señorías, el Consejo está trabajando con la Comisión Europea para desarrollar una serie de nuevas iniciativas destinadas a los vecinos del sur y del este de la Unión Europea ampliada dentro del marco de la iniciativa «Una Europa más amplia». 
Estas iniciativas, que se sacarán adelante junto con los actuales instrumentos sobre las relaciones con estos países, se diseñarán para que se adapten a las circunstancias concretas de cada uno de los países afectados. 
Desde que comenzó el año, y aún más durante nuestra presidencia semestral, la Presidencia ha seguido activamente la evolución de la nueva estrategia de la Unión Europea ante sus vecinos de las costas meridional y oriental del Mediterráneo. 
Por supuesto, voy a dejar que sea la Comisión la que explique el potencial de esta iniciativa con mayor detenimiento; mi intención es hacer solo unos breves comentarios. 
El 11 de marzo, la Comisión aprobó la comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» , que describe las políticas de vecindad en la Unión Europea ampliada que esta debería adoptar con los países que comparten fronteras directas, tanto terrestres como marinas, con la Unión. 
Este es el nuevo concepto de un «anillo de amigos» , mediante el cual la Unión ofrece, en esencia, compartirlo «todo menos las instituciones». 
La comunicación también describe las posibles medidas que podrían ponerse a disposición de los países vecinos como incentivos para adoptar y aplicar las necesarias reformas que les permitirían beneficiarse del acceso al mercado interior comunitario. 
La nueva política de vecindad se pondrá en práctica a través de planes de acción nacionales o regionales aprobados por el Consejo a propuesta de la Comisión. 
Estos planes deben contener objetivos y referencias comparativas concretos, además de un calendario de implantación para la progresiva aplicación de las medidas de participación en el mercado interior. 
Esto permitirá a la Unión evaluar periódicamente la implantación práctica de las medidas. Para ello, utilizará un mecanismo de seguimiento continuo, con el fin de comprobar si se están cumpliendo las condiciones y de evaluar los avances realizados por cada país en el logro de los objetivos fijados por la nueva política, así como la eficacia de los instrumentos comunitarios. 
En el futuro, estos planes de acción podrían convertirse en los principales instrumentos de política para las relaciones exteriores de la Unión con estos países, pudiendo incluso llegar a reemplazar las estrategias comunes adoptadas hasta la fecha. 
Basándose en el trabajo realizado por la Comisión y el Consejo, tal y como nos ha recordado claramente la ponente, estos últimos meses de 2003 se dedicarán a la preparación de los planes de acción. 
En enero y febrero de 2004, se llevará a cabo una serie de consultas iniciales con los países interesados, sobre la base de las cuales la Comisión elaborará, para su entrega al Consejo a finales de la primavera de 2004, los borradores de los planes de acción para Ucrania, Moldavia, Marruecos, Túnez, Jordania e Israel. 
Los planes de acción sobre los que se celebrarán consultas con los terceros países incluirán cinco elementos: una cooperación política reforzada, mercado interior, cooperación en justicia y asuntos exteriores, redes de comunicación y medio ambiente y medidas para facilitar contactos entre los pueblos. 
Una última cosa que quisiera mencionar es que la próxima Conferencia Ministerial de la asociación euromediterránea en Nápoles los días 2 y 3 de diciembre será una importante oportunidad para avanzar y desarrollar las consultas con nuestros vecinos meridionales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la Comisión ya ha informado al Parlamento en detalle sobre la estrategia y los elementos individuales del concepto de vecindad. 
No deseo repetir eso hoy, sino informarles sobre lo que ha ocurrido desde entonces. 
Nuestros vecinos han acogido con agrado esta iniciativa, de hecho, todos lo han hecho: nuestros vecinos de la Europa oriental, Rusia, Ucrania, Moldavia y nuestros vecinos mediterráneos. 
Ya mantenemos unos contactos más o menos intensos con todos ellos, con el fin de lograr el objetivo de esta iniciativa. 
La intención es agotar el potencial de cooperación en la medida de lo posible sin llegar a la adhesión, concretamente en el campo de la cooperación económica, un concepto que interpretamos de una forma muy amplia. 
Debo dejarles claro que las ideas de la Comisión para el largo plazo van más allá de la idea de una zona de libre comercio. 
Creemos que podremos incorporar plenamente a países concretos a nuestro sistema de integración económica, incluidas las cuatro libertades: circulación de capitales, circulación de mercancías, circulación de servicios y circulación de personas. 
Eso no ocurrirá de forma simultánea con todos los países. 
Unos tardarán más que otros, pero estoy seguro de que en último término tendremos una gran zona económica común con más de mil millones de habitantes y la Unión Europea como centro. 
No se trata solo de economía, sino también del medio ambiente y de la cooperación en la política de interior y jurídica para la defensa común contra peligros y amenazas. Por supuesto, esta estrategia será la contrapartida del desarrollo de reformas políticas, económicas y sociales en los países con los que la utilicemos. 
También esperamos que estos países tomen ciertas medidas. 
No podemos dedicarnos exclusivamente a dar todo el tiempo, sino que nos gustaría que, a cambio, se realizaran reformas económicas, se instauraran la democracia y el Estado de Derecho, se respetaran los derechos humanos y se protegiera a las minorías, con el fin de que toda la región a nuestro alrededor pueda alcanzar el mismo nivel de estabilidad política y económica, y en algún momento también de prosperidad, de que goza la propia Unión Europea. 
Voy a decirles con exactitud por qué. 
Porque nos estaríamos engañando en gran medida si creyéramos que las cosas pueden irnos bien en la Unión Europea a largo plazo si no les van bien a nuestros vecinos. 
Por lo tanto, asegurarnos de que nuestros vecinos pueden abrirse redunda en nuestro propio beneficio. 
Como he dicho, las respuestas han sido positivas. 
En Rusia hablé sobre la estrategia con el Presidente, el Ministro de Asuntos Exteriores y muchos miembros del Gobierno, y lo mismo hice en Ucrania; también he hablado con varios ministros de exteriores de los países mediterráneos y visitaré todos esos países antes de mediados del año que viene. 
La Comisión presentará al Consejo planes de acción concretos para una serie de países para mediados del año que viene; comparados con estrategias anteriores, estos planes tendrán la ventaja de tratarse de planes de acción conjuntos, documentos negociados, que tenemos la intención de poner en práctica de forma conjunta. 
Por lo tanto, a este respecto se ha empezado bastante bien. 
La Comisión también está trabajando en el desarrollo de un instrumento financiero con el que podamos apoyar también financieramente esta estrategia de vecindad después de 2006. 
Después de todo, tendremos que proporcionar apoyo financiero a la cooperación transfronteriza entre nuestros nuevos Estados miembros y nuestros nuevos vecinos, por una parte, y entre los nuevos vecinos, por la otra. 
Agradezco mucho su informe a la Sra. Napoletano. 
Sin embargo, señora Napoletano, todavía me preocupa una cuestión, y le pido que vuelva a pensar si realmente es inteligente decir que Turquía y los países de los Balcanes occidentales deben estar incluidos en esta iniciativa. 
En lo que respecta a Turquía, quisiera decir que ese país lo consideraría una señal muy negativa. 
Turquía consideraría que le bajan de categoría si le dijéramos que su país, que se está preparando actualmente para iniciar negociaciones de adhesión, se incluye ahora en una iniciativa dirigida expresamente a países a los que no hemos concedido ninguna perspectiva de adhesión. 
Debo dejar eso lo más claro posible. 
Los países incluidos en esta iniciativa no se consideran futuros miembros, al menos no en un futuro previsible, y en el caso de Turquía eso provocaría una reacción extraordinariamente negativa y, señora Napoletano, pondría incluso en peligro el proceso de reformas en Turquía. 
Le conozco lo suficiente como para saber que usted no desea que nuestra política detenga la positiva evolución de los derechos humanos en Turquía, así que le ruego que vuelva a reflexionar sobre ese punto. 
En lo relativo a cómo debemos proceder, estoy de acuerdo en que es importante que dejemos claro al público y a nuestros vecinos lo que podemos y lo que no podemos hacer. 
Debemos cerciorarnos de que la ampliación no crea nuevas fronteras en Europa. 
No nos ayudaría en absoluto volver a construir el telón de acero unos pocos kilómetros más al este. 
Tampoco nos ayudaría, cuando países mediterráneos como Malta y Chipre hayan entrado en la Unión, alejarnos radicalmente de los países del sur del Mediterráneo. 
Pero también debemos dejar claro, sobre todo a Rusia y Ucrania, que no se están cerrando puertas, que no se están tomando decisiones inalterables, sino que se está poniendo en marcha un proceso que en algún momento alcanzará su objetivo. 
Entonces podremos fijarnos sin más preámbulos nuevos objetivos y dirigirnos a nuevos horizontes. 
En cualquier caso, creo que es muy bueno –y creo que podemos estar orgullosos de ello– que ahora tengamos una idea, quizás por primera vez, de la forma política que queremos que tenga Europa y sus países vecinos en los próximos años, que por primera vez tengamos una visión estratégica clara del aspecto que debe tener Europa y de cómo debe relacionarse con sus vecinos. 
Ese es, sin duda, un gran paso adelante. 
Agradezco mucho al Parlamento su disposición a avanzar por el camino que ha propuesto la Comisión. 
. – Señor Presidente, Señorías, esta comunicación es la respuesta de la Comisión a la petición del Parlamento Europeo de que presentara sus ideas sobre nuestros nuevos vecinos y las asociaciones privilegiadas. 
Se tocan muchas cuestiones, pero en esencia se trata de la aplicación de la idea original que subyace a las Comunidades Europeas en un nuevo contexto: identificar intereses comunes para permitir que la Unión y sus vecinos gocen de estabilidad, respeten los derechos humanos y se enfrenten juntos a los retos que nos depara el futuro. 
Comisario Verheugen, acaba de hablar de visiones estratégicas y eso es lo primero que deseo comentar. 
También tendremos que volver a debatir si todas las visiones incluidas en este documento son viables realmente y por eso no debemos dejar de estudiar lo que es realista y lo que realmente va a ocurrir en la práctica. 
Quisiera dejar claro que hay una serie de cuestiones que la Comisión de Presupuestos desea aclarar. 
Creo que, antes de poner en marcha programas, debemos evaluar el funcionamiento de los actuales, como TACIS y MEDA. 
Podría recordarle por ejemplo que todavía tenemos sustanciales compromisos pendientes, por valor de miles de millones, en Europa del Este y el Mediterráneo. 
Eso también suscita mi pregunta sobre hasta qué punto son practicables las ideas que se han presentado hasta ahora. 
La comunicación menciona explícitamente un incremento de la ayuda financiara, pero primero necesitamos saber cómo se prevé llevar estos programas a la práctica, y me refiero a en cada país concreto, no en general. 
Quiero dejar claro que apoyamos la propuesta como parte de esta iniciativa para establecer un nuevo instrumento de vecindad para promover las medidas transfronterizas, que están resultando problemáticas debido a los distintos instrumentos de financiación que se están utilizando en la actualidad. 
Además, hemos dicho que creemos que sería conveniente que por lo menos la parte correspondiente al programa CARDS de la financiación de ese instrumento de vecindad se financiara, por ejemplo, bajo la rúbrica 7. 
Teniendo en cuenta nuestra anterior experiencia, creo que también es importante explicar detenidamente en qué se diferencian los planes de acción recomendados para cada país de los documentos de estrategia por país que tenemos actualmente y en qué forma constituyen un mayor valor añadido. 
Quisiera hacer un último comentario sobre la constitución europea porque lo hemos debatido esta mañana: claramente, debemos cerciorarnos de que, en todo momento del procedimiento, se respete el derecho del Parlamento a conformar y decidir sobre cuestiones legislativas y presupuestarias cuando se redacten estas estrategias definitivas. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar calurosamente a la ponente por estar tan dispuesta a negociar, cooperar y llegar a compromisos durante la elaboración del informe. 
Eso permitió también que el informe fuera aprobado unánimemente en la comisión, con tan solo unas pocas abstenciones. 
La Unión Europea ampliada debe analizar las consecuencias prácticas de los nuevos problemas que surgirán en relación con sus vecinos del este como consecuencia de las nuevas fronteras exteriores y de la mayor extensión de las mismas. 
También debemos dedicar la misma atención a la costa sur del Mediterráneo. 
Pero dedicar la misma atención no significa aplicar los mismos modelos de políticas e instrumentos a los países del este y a los del sur, porque las dificultades son muy distintas. 
Los Estados del norte de África se caracterizan, en general, por una falta de democracia, problemas económicos y estructurales, elevados niveles de corrupción, significativas tensiones sociales, un gran crecimiento de la población y el riesgo del aumento del fundamentalismo islámico. 
Como consecuencia directa de esa situación, junto con las penosas condiciones de vida que soporta la mayoría de la población de esos países, nos vemos obligados a luchar contra una creciente inmigración ilegal y contra el peligro de atentados terroristas. 
Otra consecuencia es que no se puede explotar plenamente el potencial de cooperación. 
Por supuesto, ya hemos visto eso con los recursos que hemos incluido en el presupuesto para el Proceso de Barcelona y el Programa MEDA, que siguen sin utilizarse. 
Es importante ampliar el diálogo político con esta región, entre otras cosas incluyendo una dimensión parlamentaria, algo que Europa conoce bien, por supuesto, del Consejo de Europa y la OSCE. 
Por lo tanto, mi grupo apoya la propuesta incluida en este informe de establecer una asamblea parlamentaria de países mediterráneos. 
Estoy seguro de que tiene potencial para engendrar un debate político de una nueva calidad, que abordará problemas y situaciones de conflicto de una forma abierta y diferente de las habituales negociaciones intergubernamentales. 
Hacia el este de la nueva frontera exterior, es cierto que a primera vista los problemas parecen similares: corrupción, tensiones sociales y tráfico de seres humanos. 
Sin embargo, la diferencia esencial es que estas sociedades están abiertamente inmersas en un proceso continuado de transformación; se ven a sí mismas como inmersas en una fase de transición. 
El camino de la mayoría de estos vecinos orientales les llevará, si ellos lo desean, a la Unión Europea, con independencia de si ya hemos reconocido eso oficialmente concediéndoles la categoría de candidatos. 
Sin embargo, al contrario que en el norte de África, eso nos da la oportunidad de ejercer una mayor influencia para desarrollar el Estado de Derecho y la democracia, fomentar la cooperación económica, ampliar las infraestructuras construyendo redes transeuropeas y fomentar la cooperación transfronteriza, que facilita las vidas diarias de los habitantes de los países situados a ambos lados de la frontera. 
Me ha sorprendido bastante que el Presidente en ejercicio haya mencionado voluntariamente las cuatro libertades de mercado una vez más. 
Eso es algo que me parecería normal en el caso de la Comisión, porque, como es lógico, está en la propia comunicación de la Comisión, pero pensaba que el debate en el Consejo ya había dejado atrás esa cuestión. 
Compartirlo todo menos las instituciones significa esencialmente que prácticamente estamos ofreciendo a esos países que entren en el mercado interior sin hacer las aportaciones propias de los miembros. 
En cualquier caso, de verdad que no me puedo imaginar –ni siquiera como parte de una visión muy ambiciosa– que concedamos la libertad de circulación a los trabajadores norteafricanos. 
Al menos no creo que eso ocurra mientras yo viva. 
Por lo tanto, quiero pedir al Consejo y a la Comisión que no susciten esperanzas vanas. 
¡No corramos antes de saber andar! 
Por consiguiente, solicito a la Comisión que implante su programa paso a paso y quizás que se dedique menos a las visiones que a lo que es realmente posible conseguir en un plazo manejable y realista. 
– Señor Presidente, yo también quiero empezar felicitando a la Sra. Napoletano por la pericia con la que ha conseguido casar la imagen global con los detalles. 
Durante los próximos años, los miembros de la Unión Europea estaremos totalmente ocupados con la nueva ampliación con la adhesión de Bulgaria y Rumania, la integración de los nuevos miembros que entrarán a partir del año que viene, el desarrollo de una nueva política de cohesión en materia de política exterior y de seguridad y una economía social de mercado de buena fe. 
La velocidad de la integración real determinará en gran medida el debate sobre dónde se situarán finalmente las fronteras de la Unión Europea. 
Por lo tanto, es apropiado que este no sea el único tema del actual informe y de la comunicación de la Comisión. 
Lo que ahora importa es formular una política de relaciones con nuestros nuevos vecinos para los próximos años, y hay una cosa que debe ser especialmente importante. 
Debemos evitar que se forme un círculo de inestabilidad alrededor de la Unión Europea ampliada, creando, en su lugar, un círculo de amigos. 
No deseamos ninguna nueva división. 
Por eso debemos poner desde el principio a Rusia en un lugar central de la nueva política de buena vecindad, no solo por la incidencia, no siempre igualmente positiva, de ese país en Minsk, Kiev y Chisinau, sino también debido a la política energética y, por supuesto, a que Rusia es una potencia nuclear y miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Cuando elaboremos con todo detalle la nueva política de buena vecindad, debemos, como directriz, adoptar los valores de Europa –democracia, derechos humanos y una economía de mercado con un funcionamiento correcto– pero no se trata solo de valores Para la Unión Europea es importante ampliar el área en la que se aplican las mismas normas económicas, en la que se realizan campañas combinadas contra la delincuencia internacional y el terrorismo, en la que se abordan los problemas de la inmigración y en la que las fronteras están protegidas aunque siguen abiertas. 
Esta Europa ampliada debe ser una comunidad de seguridad. 
Las propuestas de la Comisión constituyen una base sólida para elaborar una política concreta con dos elementos principales: más cooperación transfronteriza y la participación de nuestros vecinos en las facetas importantes de la política comunitaria, empezando por el comercio. 
Los planes de acción son un buen método para implantar esta política. 
Es comprensible que países como Moldavia y Ucrania pregunten por qué los planes de la Comisión evitan la cuestión de su posible entrada en la Unión. 
Mi respuesta a eso sería que la Unión Europea está ocupada actualmente con su agenda, además de que este no es el momento para realizar esa solicitud de adhesión. 
Naturalmente, esos países tienen en teoría el derecho a solicitar la adhesión, de conformidad con el artículo 49 de los actuales tratados, o el artículo 2 del borrador de constitución. 
En principio deberíamos acoger con agrado las aspiraciones europeas de muchos de esos países, puesto que se trata en su mayoría de los reformistas. 
Sin embargo, lo que yo recomendaría a mis amigos en ambos países es que aprovechen al máximo las oportunidades que está a punto de ofrecerles la nueva política comunitaria, y que trabajen para llegar a un nivel en el que se pueda llevar a cabo un debate creíble sobre una asociación que pueda dar lugar a una posible adhesión. 
Por supuesto, nosotros no podemos dar ninguna garantía, porque serán los propios países los que tengan que esforzarse. 
Sobre todo, debemos tener cuidado a la hora de fijar fechas. 
Sin embargo, también debemos asegurarnos de que la Unión Europea no trabaje creyendo que Europa es cada vez más segura dejando permanentemente cerradas las puertas. 
En resumen, no debemos suscitar falsas esperanzas, pero tampoco debemos darle la espalda al Este. 
Señor Presidente, querría, en primer lugar, felicitar a la Sra. Napoletano por su magnífico trabajo. 
Europa ha cambiado. 
El mapa de Europa se amplía y esto hace que tengamos nuevos vecinos y nos plantea la necesidad de hacer una política para esta Europa ampliada, cuya composición coincide con el Consejo de Europa, y también una política de vecindad, y me referiré concretamente a la política que debe hacerse en relación con los países del margen sur del Mediterráneo. 
No se habla en este informe de la libre circulación de personas en el Mediterráneo, pero es evidente que con los países del sur del Mediterráneo, de los cuales nos diferencian la demografía y el nivel de renta per cápita, deben establecerse relaciones de cooperación basadas en los sistemas de cooperación transfronteriza, que pueden resumirse en cuatro ideas: conocer al vecino, comprenderlo, confiar en él y, cuando se confía, establecer una cooperación y un trabajo en común. 
Señor Presidente, creo que la comunicación de la Comisión aborda una cuestión muy interesante y que el informe de la Sra. Napoletano contiene también muy buenas ideas y propuestas. 
No obstante, hay un tema general que creo que también han mencionado otros diputados. 
¿Podemos reducir a todos los países que nos rodean por el este y el sur a un común denominador? 
¿Podemos adoptar la misma postura ante Rusia, que es una potencial mundial, que la que tenemos ante otros países como Moldavia, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, o ante los países del norte de África, donde, posiblemente, la principal cuestión a tratar sería la de la democratización? 
Se trata de una cuestión importante, al igual que la cuestión de dónde acaba Europa. 
Porque creo que el Sr. Verheugen tenía razón cuando ha dicho que, si incluimos a los Balcanes occidentales y a Turquía en esta categoría, obviamente se sentirán infravalorados. 
Pero veo que en la propuesta hecha por el Comisario sobre las relaciones exteriores con Ucrania, estamos hablando de la posibilidad de su futura integración. 
¿Y por qué no Armenia? 
¿O Georgia? 
¿Por qué no incluso Rusia, que también se encuentra en el área de la Unión Europea? Algunos gobiernos lo han propuesto. 
Por eso esa uniformidad despierta mis temores. 
Creo que debemos encontrar algunas normas comunes, pero, y esto es más importante, debemos formular políticas globales para las grandes entidades que nos rodean. 
Repito que los países del norte de África deben hacer un especial esfuerzo en lo referente a la democracia. 
Hemos tolerado la violación de la democracia y con frecuencia la hemos apoyado –recuerden los casos de Argelia y Egipto– debido a nuestros propios objetivos estratégicos y al deseo de que en esos países haya regímenes estables, sean cuales sean. 
En lo que respecta en concreto a Egipto, quiero decir que hay muchos ciudadanos europeos encerrados en sus cárceles, que están pagando este precio con sus vidas. 
Por lo tanto, creo que estamos obligados a impulsar la cuestión de la democracia en el caso de estos países. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, Comisario, Señorías, la estrategia de la Europa ampliada era una buena idea. 
Esta iniciativa es sensata y necesaria, pero está mal concebida. 
Comisario, ya conoce mi opinión al respecto. 
La estrategia de la Europa ampliada es una mezcla del Proceso de Barcelona y de nuestros planes para nuestros vecinos del este. 
El resultado es una colección de instrumentos que, en cualquier caso, ya existen, pero no hay ninguna estrategia –quiero reiterar esto– no hay ninguna nueva idea importante, y eso es lo que necesitamos para estructurar nuestra cooperación con nuestros diversos vecinos, cada uno de los cuales tiene su propia situación particular. 
Los vecinos que quieren entrar en la Unión Europea han sido tratados de la misma forma que los países del norte de África. 
No se han tenido en cuenta los problemas reales que se producirán en 2004: los problemas en la frontera, el hecho de que la gente está realmente preocupada por la posibilidad de que se construya un nuevo muro, y el hecho de que ya hay una buena cooperación transfronteriza que no se está teniendo en cuenta. 
Estas regiones tienen muchos problemas que tienen su origen en las dos últimas guerras mundiales. 
Grupos concretos están haciendo enormes esfuerzos para restaurar la comprensión y de repente llega una iniciativa que les deja estupefactos. 
Esta iniciativa no incluye nada de lo que realmente necesita la región. 
Me alegro, señor Comisario, de que usted haya reconocido ese fallo, y la estrategia de diferenciación del documento de la Comisión nos permite albergar esperanzas. 
La nueva iniciativa de vecindad también contiene algunas buenas ideas. 
Creo que sería muy útil si pudiera aplicarse antes de 2004 para que podamos conseguir lo que tenemos que conseguir, que es decir a los pueblos de las fronteras exteriores que no nos vamos a olvidar de ellos. 
En mi opinión, en este caso no son suficientes planes de acción generales. 
Sobre todo, el instrumento de vecindad debe destinarse a la cooperación transfronteriza, porque eso significa algo para la gente sobre el terreno. 
Además, reconocer y aplicar el Estado de Derecho democrático y reconocer los derechos humanos y de las minorías debe ser una condición para la inclusión en el concepto de vecindad en su conjunto. 
Es preciso que todas las medidas tengan esto en cuenta. 
De nuevo quisiera hacer referencia a la crítica a Rusia realizada por el Parlamento. 
El problema de Chechenia no es una cuestión secundaria. 
Es el principal problema de nuestras relaciones con Rusia. 
– No puedo sino aplaudir el hecho de que, en el marco de la ampliación del año que viene, se haya elaborado una política de buena vecindad. 
Si nuestros nuevos vecinos, tanto orientales como meridionales, pueden avanzar en el campo del desarrollo económico, la seguridad y los derechos humanos, eso redundará en nuestro beneficio. 
Desgraciadamente, la política propuesta es algo vaga en varios aspectos concretos esenciales. 
En primer lugar está la cuestión de las fronteras exteriores comunes y los posibles problemas de inmigración. 
La ponente espera que las nuevas fronteras Schengen no constituyan obstáculos para el comercio, el intercambio cultural y la cooperación regional. 
Esta es una preocupación legítima, pero sobre todo debemos asegurarnos de que el concepto en su conjunto no provoque otra oleada inmigratoria. 
Teniendo en cuenta el elevado desempleo y los altos costes sociales, probablemente eso es lo último que necesitamos. 
Si tenemos en cuenta que la pasada semana, el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, declaró en el Parlamento de Burkina Faso que una Europa ampliada implica que nosotros –y cito– «desde Moscú a Rabat» lo compartiremos todo, aparte de nuestras instituciones, hay razones para preocuparse. 
El segundo problema es la posición de Turquía, ya que durante el debate del informe en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, se supo que la Comisión no prevé que Turquía aparezca en la política de buena vecindad, ya que es un candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
Sin embargo, eso choca con el informe, que claramente especifica que no se descarta en absoluto que los países participantes acaben por formar parte de la Unión. 
Ya debería estar claro para todos que las posibilidades de Turquía de cumplir los criterios de adhesión el año que viene son inexistentes. 
Turquía no es un país europeo, pero es un país amigo y un aliado militar. 
Por lo tanto, es de la máxima importancia que nuestras relaciones con Turquía sigan siendo óptimas y que ese país se incluya en la nueva política de buena vecindad desde el primer día. 
– Señor Presidente, este informe de la Sra. Napoletano es extremadamente importante y nos complace que determinadas enmiendas, incluida la nuestra, que fueron adoptadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa lo hayan completado y mejorado aún más. 
El papel de los países que están a punto de entrar en la Unión Europea es ahora crucial para promover una política de vecindad eficaz con los países que quedarán fuera de nuestras nuevas fronteras. 
Muchos de esos países aspiran también a entrar en la Unión; no inmediatamente, como ha dicho el Comisario Verheugen, pero la puerta sigue abierta. 
Desde luego, la política de vecindad depende de nosotros y de Bruselas, pero también depende de ellos en gran medida. 
Como ponente, he prestado una gran atención a Polonia y he visto como gobiernos sucesivos, de derechas y de izquierdas, han hecho gala de una gran iniciativa a la hora de abordar los problemas de sus relaciones con los países vecinos, sobre todo con Ucrania, en las fechas previas a la ampliación. 
Muchos diputados de esta Cámara ya han mencionado problemas como el tráfico transfronterizo –el tráfico local que impulsa una considerable economía, que sin embargo es sumergida– y los esfuerzos que Polonia ha hecho siempre para mantener a Ucrania de su lado, de nuestro lado, del lado de Occidente. 
Hace poco tiempo, estuve hablando con algunos colegas polacos que han estado impulsando esta política en el parlamento de Varsovia. 
A mi juicio, Polonia es un ejemplo de lo que los nuevos Estados miembros deben hacer para que los países que se queden fuera de las nuevas fronteras europeas no se sientan excluidos, como ha dicho la Sra. Napoletano. 
También quisiera hacer mención a Moldavia, posiblemente el país más pobre de Europa. 
Como dice el informe, estamos aplicando una política bastante incoherente con respecto a ese país. 
Debemos ayudarle a avanzar, tanto económica como sobre todo políticamente, a protegerse de la creciente y preocupante influencia rusa que le está llegando a través del enclave de Transnistria. 
Esa es una petición que nos han hecho muchos amigos que nuestro grupo tiene en ese país, una petición que esperamos reciba respuesta. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que el informe de la Sra. Napoletano es excelente, no solo porque es miembro de mi grupo, sino también porque ha dedicado mucho trabajo al informe. 
También estoy encantado de que el Comisario Verheugen se haya hecho cargo de toda la cuestión de la Europa ampliada, porque estoy seguro de que lo supervisará con tanto éxito como el que obtuvo en la supervisión de la propia ampliación. 
El Comisario ha mencionado una cuestión clave: cómo debemos tratar en esta estrategia a los países candidatos, a los países que tienen alguna posibilidad de ser miembros de la Unión. 
Comprendo sus temores. 
No obstante, estoy seguro de que la redacción que hemos elegido es correcta y de que podemos seguir trabajando sobre ella. 
Esta Cámara está dividida en tres facciones distintas en lo relativo a esta cuestión. 
Están los que dicen que es nuestra mejor oportunidad para decir un adiós permanente, o por lo menos prolongado, a Turquía y quizás también a los países de los Balcanes como países candidatos y para incluirlos en una nueva categoría. 
Y está la propuesta del Comisario de dejarlos fuera de esta iniciativa. 
El informe de la Sra. Napoletano, que aprobamos por mayoría en la comisión –por supuesto, ya veremos cuál es el resultado de la votación de mañana en esta Cámara– no descarta ni la primera ni la segunda posibilidad. 
Comprendo lo que ha dicho el Comisario, pero no sabemos lo que se decidirá en 2004. 
Si, por ejemplo, no abrimos negociaciones con Turquía, ese país estaría en una posición distinta, probablemente incluso peor, que otros países, con los que reforzaríamos el concepto de la Europa ampliada de establecer buenas relaciones con nuestros vecinos. 
En los Balcanes, una zona que, al igual que Turquía, conozco bien, hay países con los que no vamos a poder hablar de adhesión durante los próximos años. 
Si, lógicamente sobre la base del trabajo de la Comisión, podemos dar juntos a Croacia una clara indicación de que podemos negociar –y espero que podamos– lo que estaremos diciendo a todos los demás países de los Balcanes es: no hay nada que les impida entrar en la Unión Europea si cumplen las mismas condiciones que Croacia. 
Mientras tanto, creo que sería muy sensato –y en esto también apoyo a la Sra. Napoletano– que les impliquemos en esta iniciativa. 
Es posible que podamos crear una categoría especial precisamente para esos países que tienen perspectivas claras de entrar en la Unión, con el fin de dejarles claro que una cosa no excluye la otra. 
Apoyo plenamente el informe de la Sra. Napoletano, en su actual redacción. 
– Señor Presidente, después de las votaciones en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, estoy seguro de que el informe de la Sra. Napoletano puede ser aprobado por todos nosotros. 
Por otra parte, el informe ha acabado teniendo un alcance demasiado amplio y demasiados detalles. 
El principal problema que tiene es la forma en que confunde conceptos, que se debe a que la Comisión ha unido la política de la Europa ampliada y las relaciones con nuestros vecinos en la misma iniciativa. 
En la práctica, la política de la Europa ampliada aborda las relaciones con nuestros vecinos del este de Europa. 
Por otra parte, nuestros vecinos meridionales son países no europeos de la región mediterránea y de Oriente Próximo. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se ha esforzado por aclarar conceptos con sus enmiendas 15 y 16. 
La Unión tendría una política de una Europa ampliada que contaría con el complemento de nuestras políticas conocidas como Dimensión Norte y Sur. 
La nueva política de vecindad y el nuevo instrumento de vecindad se aplicarían respecto a todos nuestros vecinos, en el este, en el sur y en el norte. 
Espero que se aprueben esas enmiendas. 
– Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio, hay dos cuestiones que deben tenerse en cuenta. 
En primer lugar, es preciso que tengamos buenas relaciones con nuestros vecinos porque eso redunda en beneficio de nuestra política exterior. 
En segundo lugar, ¿cómo se puede organizar esto para que sea acorde con los intereses y las capacidades de la Unión Europea? 
Estos dos aspectos deben estudiarse conjuntamente. 
Después de todo, tenemos que darnos cuenta de que en gran medida todo el mundo tiene su propia en este tema. 
¿Cómo podemos elaborar un procedimiento automático para traer a estos países –o a algunos de ellos– casi directamente a la Unión Europea? 
Si seguimos funcionando encubiertamente con un sistema de, estaremos avanzando hacia la destrucción de la Unión Europea, porque la Unión Europea no podrá soportarlo. 
En la actualidad estamos inmersos en el arduo proceso de elaborar una constitución, que es posible que pueda establecer una forma razonable de organizar los asuntos interiores de una Unión de 25 ó 27 Estados. 
Señor Verheugen, ¿qué haremos con Turquía si no cumple las condiciones para abrir negociaciones en 2004? 
Seguramente en ese caso tendremos que hacer una segunda oferta, junto con la adhesión completa, por lo menos durante un determinado período de tiempo. 
Por eso creo que es absolutamente esencial que el concepto de Europa ampliada se mejore respecto de nuestros países vecinos en Europa, convirtiéndolo en un «Espacio Económico Europeo plus». 
Eso crearía un segundo anillo multilateral de países con los que mantenemos estrechas relaciones, pero para los que la adhesión no es la única opción. 
La Comisión no ha explicado hasta ahora con suficiente claridad esta consecuencia de un orden multilateral. 
Debemos asegurarnos de que también incluya a los países cuyo futuro puede estar en la Unión, pero que no podrán ser miembros de la Unión Europea durante los próximos diez años, por la razón que sea, y debemos cerciorarnos de que no se queden fuera. 
Me refiero a algunos de los países de los Balcanes occidentales, así como a Moldavia, Ucrania o, por ejemplo, Turquía, si el año que viene se toma la decisión que acabo de describir. 
Obviamente eso también significa que necesitamos otra estrategia, pero una que tenga el mismo peso –no deseo que los diputados del sur de Europa nos malinterpreten– para el Proceso de Barcelona y los países mediterráneos. 
El objetivo en este caso no es indicar la posibilidad de una futura adhesión, sino establecer una relación de estrecha vecindad diferente. 
En cualquier caso, los debates celebrados hasta ahora tanto en esta Cámara como en la Comisión han carecido del enfoque sistemático necesario para conseguir que esta política sea viable en la práctica. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Napoletano por su excelente trabajo. 
Me complace que en su informe haya tratado con igualdad a los países del este y del sur. 
Redunda en beneficio de la Unión tener unas relaciones de vecindad equilibradas en todas sus fronteras exteriores. 
Para nosotros será un gran reto no construir una fortaleza a nuestro alrededor mientras reforzamos valores comunes y el funcionamiento del mercado interior. 
Por eso acogemos con especial agrado el punto de vista descrito en la comunicación sobre la Europa ampliada, que hace especial hincapié en la interdependencia. 
No debemos limitar el crecimiento de la prosperidad al área que se encuentra dentro de las fronteras comunitarias. 
Promover la democracia, la buena gobernanza, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en nuestros países vecinos nos beneficia a todos. 
En la práctica, la cooperación con la región fronteriza abrirá nuevas oportunidades de inversión e innovación en ambos lados de la frontera y reforzará la cooperación directa entre los pueblos. 
Eso incrementará la prosperidad y la estabilidad regionales. 
Debemos seguir el ejemplo de formas de cooperación que funcionan, como la que existe entre Finlandia y Rusia, y, para que la política de vecindad pueda despegar, debemos asignarle unos recursos suficientes. 
Señor Presidente, cuando se habló por primera vez del concepto de una Europa más amplia y las relaciones con los vecinos, yo era bastante escéptico sobre la posibilidad de mezclar a países tan dispares como Libia y Rusia en un mismo documento. 
Sin embargo, en mi calidad de ponente alternativo del Grupo del PPE-DE para la sección de Ucrania, creo que en el informe de la Sra. Napoletano se ha conseguido una diferenciación suficiente para elaborar un informe políticamente coherente, que ofrece un enfoque constructivo mediante planes de acción para abordar los retos que nos esperan durante los próximos cinco años, un período en el que tendremos que digerir las consecuencias económicas y políticas de una Europa de 25 países y del traslado hacia el Este de las fronteras comunitarias. 
Acojo con especial agrado el reconocimiento de las posibilidades de Ucrania de convertirse en miembro de la Unión y la mención del artículo 49. 
Esto podría aplicarse igualmente a Moldova, que está deseosa de que la UE le eche una mano para solucionar la cuestión de Transdniéster, de que se le dé acceso al proceso de estabilización y asociación. 
Rusia desempeñará un papel esencial a este respecto y celebro la reciente cumbre, que pretende profundizar en nuestras relaciones con el socio estratégico a través de cuatro espacios comunes. 
Aunque condeno sin paliativos los abusos de los derechos humanos en Chechenia, creo que tenemos un interés legítimo en una Rusia estable bajo el liderazgo firme del Presidente Putin y una causa común en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Sin embargo, con el debido respeto por el Estado de derecho, es una pena que el derecho penal se esté utilizando para frenar el poder de los oligarcas, puesto que habría sido preferible un acuerdo financiero para rectificar la cuestionable privatización de principios de los noventa. 
También celebro la extensión de la competencia del BEI a los NEI occidentales. 
Belarús sigue siendo un problema, pero debemos adoptar compromisos limitados pero constructivos en áreas que nos preocupan a ambos. 
Estoy muy satisfecho por el hecho de que esta Cámara haya aprobado mi enmienda al Presupuesto para incrementar la financiación a las víctimas de Chernóbil. 
Por último, estoy de acuerdo con el Sr. Gahler en que la opinión pública europea no apoyaría la libertad de circulación de las personas del norte de África en un futuro previsible. 
Señor Presidente, la iniciativa de la Comisión y de la Unión Europea en general sobre una Europa ampliada es un paso en la dirección correcta si queremos unificar y comunitizar nuestra política. 
El excelente informe de la Sra. Napoletano da forma a un interesante marco de estrategia política para la zona que rodea a la Unión Europea. 
Esta estrategia permite tanto planificar como tener objetivos; al mismo tiempo, sin embargo, mantiene la flexibilidad necesaria para cada una de las regiones que nos rodean, dependiendo de sus peculiaridades. 
Nuestras prioridades básicas se fundamentan en las buenas relaciones, la paz y la cooperación económica y política. 
No albergamos ningún pensamiento en absoluto sobre nuevos muros o nuevas divisiones. 
El documento de la Comisión propone el elemento económico. 
El informe de la Sra. Napoletano propone el elemento político, que significa iniciativas de paz en Oriente Próximo, el Cáucaso, los Balcanes y en el resto de regiones. 
Sin embargo, como Parlamento Europeo, también nosotros podemos poner en marcha iniciativas incrementando nuestros esfuerzos. 
Dentro de este marco, creo y propongo que, como se ha hecho antes para cooperar con otras regiones, el Parlamento Europeo nombre a una comisión parlamentaria conjunta con los países de la cooperación del Mar Báltico, que ya tiene una conferencia parlamentaria, cooperación intergubernamental, un banco de desarrollo, una secretaría permanente y, lo más importante de todo, a la que pertenecen 13 países. 
Entre ellos se encuentran países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, los países del Cáucaso, los Balcanes, Rusia, Ucrania, Moldavia y, en términos generales, países con un interés político concreto en la Unión Europea. 
Señor Presidente, estamos inmersos en la mayor ampliación de la Unión Europea de la historia. 
Dentro de aproximadamente un año, entrarán en la Unión Bulgaria y Rumania y se celebrarán negociaciones de adhesión con Turquía y Croacia. 
Eso ha suscitado un mayor interés por la Unión Europea en el mundo que nos rodea. 
Es posible que en el futuro recibamos nuevas solicitudes de adhesión y nuevas peticiones de cooperación. 
Creo que tendríamos que estar orgullosos de ese interés por participar en la cooperación europea. 
También significa que podemos apoyar, y también exigir, a los países circundantes que respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, que cumplan los principios del Estado de Derecho y que respeten los principios económicos básicos del libre comercio. 
Personalmente no entiendo el debate sobre la necesidad de definir ahora las fronteras europeas. 
En el futuro, la Unión deberá estar abierta a nuevos miembros de nuestra región, con independencia de si están dentro de las antiguas demarcaciones del continente europeo utilizadas en los mapas escolares. 
Con la tecnología y las telecomunicaciones modernas, el Bósforo, Gibraltar y el Cáucaso se están convirtiendo cada vez más en fronteras imaginarias, mientras que, en otras partes del mundo, la libertad, los derechos humanos y la democracia –y, naturalmente, lo contrario, la opresión– son cada vez más reales para nosotros. 
Moldavia es un pequeño y pobre país situado en la futura área fronteriza de la Unión. 
Creo que una propuesta de pacto de estabilización que incluya a Belarús, Ucrania y Moldavia no sería una buena solución. 
Moldavia pertenece histórica y culturalmente a la Europa del sudeste. 
Tengo la esperanza de que la Comisión intente establecer una forma de cooperación con Moldavia que tenga esto en cuenta y que abra las puertas a una futura adhesión de Moldavia a la Unión Europea tras la entrada de Rumania y Bulgaria. 
– Señor Presidente, tras la II Guerra Mundial, los europeos tuvieron la visión de integrar a sus países, y el resultado de esa visión, más de 50 años después, es la Unión Europea. 
En estos momentos, nuestra gran Europa tiene que tener la visión de una política de vecindad, en el este y en el sur, y agradezco a la Sra. Napoletano su informe, que da muchas ideas. 
Tenemos todo un arsenal de instrumentos con los que dar forma a esta política de vecindad: económicos, políticos y tecnológicos. 
También debemos utilizar las demás instituciones, el Consejo de Europa y la OSCE, que deben hacer su aportación a esta política de vecindad. 
Considero que una estrategia de acuerdos de vecindad para países individuales o grupos de países puede resultar útil, como la declaración Schuman de 1951, aunque en aquel momento el argumento era el carbón y el acero. 
Es un modelo que podemos usar todavía hoy para acuerdos sectoriales con nuestros vecinos. 
Un acuerdo tecnológico con el norte de África sobre hidrógeno solar, por ejemplo, tendría una enorme importancia tanto para nosotros como para ellos. 
No deseamos construir una Europa en forma de fortaleza, sino una Europa abierta, y esta política debe ayudarnos a conseguirlo. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta que hace la Comisión y con el informe de la Sra. Napoletano. 
Tal como yo lo entiendo, se trata de reconocer que la ampliación no es, no puede ser y no será el único instrumento de la Unión para vertebrar Europa y la región euromediterránea. 
Esa es la cuestión. 
La ampliación tendrá un límite. 
Van a entrar doce nuevos países; tenemos también a Turquía; entrarán algunos más en el futuro. 
Una vez alcanzado ese límite, no podremos decir que carecemos de instrumentos políticos, económicos, de seguridad, culturales o de relación humana para vertebrar Europa. 
En otras palabras, estamos dando forma a una arquitectura más amplia que complementa el instrumento de la ampliación y que también necesita de la profundización que representa la Constitución que tenemos, en estos momentos, entre manos. 
Si no formuláramos estas políticas de nueva vecindad, nos quedaríamos cortos y, al fin y al cabo, estamos recogiendo ya propuestas que han hecho gentes muy conocedoras de la situación europea que tienen, desde luego, mi apoyo. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi satisfacción con la propuesta de la Comisión y el informe elaborado por la Sra. Napoletano. 
Esta cuestión encierra una sorprendente ambición. 
A la Unión Europea le resultaría bastante fácil decir que ya tiene suficientes cuestiones entre manos con la ampliación y el asentamiento del proceso de ampliación. 
Sin embargo, sería muy poco inteligente hacer eso, y la actual idea de avanzar en una política en el contexto del desarrollo de los vecinos más próximos es extremadamente importante. 
Esta mañana me ha sorprendido una cosa que ha dicho la Presidenta irlandesa cuando hablaba de los vecinos más próximos: personas que viven unas junto a otras pero que no se conocen, ya sea en el ámbito local o en el internacional. 
Esa ignorancia de los otros genera miedo y desconfianza y finalmente dará lugar a conflictos. 
Por lo tanto, esta política de relaciones con los países vecinos es extremadamente importante, no solo para nuestra seguridad, sino también para la seguridad de nuestros países vecinos. 
No debemos decir que no podemos tener libertad de circulación de las personas procedentes del norte de África. 
Ya la tenemos, lo que pasa es que no lo reconocemos. 
– Señor Presidente, felicito a la ponente por su informe sobre el difícil tema de la vecindad. 
Es bueno que resalte la importancia de la estabilidad política, social y económica de nuestras regiones vecinas para nuestra seguridad, y podría incluso decir nuestro futuro. 
Por este motivo, apoyo sinceramente la idea de un espacio común de libre comercio. 
De esta forma podemos promover el desarrollo democrático. 
Pero nuestra madurez se mide por nuestra capacidad de evitar y prevenir conflictos. 
Debemos apoyar la idea de la Comisión sobre los Programas de Vecindad. 
Exportemos estabilidad, para que no tengamos que reimportar inestabilidad. 
Pero recordemos que no solo hay abismos entre países, sino que hay también abismos dentro de los Estados, y cada vez son más grandes. 
Este es el verdadero patrón para medir el éxito de nuestras sociedades, incluida la nuestra. 
– Señor Presidente, quisiera comentar algunas cuestiones. 
En primer lugar, la diferenciación que, por supuesto, es un componente clave de la propuesta de la Comisión. 
Nuestro planteamiento se basa enteramente en la diferenciación, lo que significa que cada país se trata individualmente. 
No es un proyecto multilateral, sino un proyecto bilateral, hecho a medida para cada cual, y por este motivo no se trata a Rusia de la misma forma que a Libia; sencillamente, sería imposible y francamente sería una locura el mero hecho de intentarlo. 
Esto significa también que el ámbito y el contenido del fundamento común variarán considerablemente, al menos al principio. 
En algún momento, en un futuro lejano, puede que todos los trenes paren en la misma estación, pero durante mucho tiempo habrá diferenciación. 
Por supuesto, la idea de firmar un acuerdo de libre circulación de trabajadores con los países del norte de África en un futuro previsible es para mí tan inconcebible como para el Sr. Gahler. 
Pero nadie ha mencionado ni siquiera esta posibilidad. 
Mi último punto es el siguiente: varios oradores se han quejado de la falta de claridad conceptual y de coherencia. 
Y esto me sorprende bastante. 
Creo que en realidad el concepto está bastante claro. 
Queremos tener una política pensada para todos aquellos países que serán nuestros vecinos más próximos después de la ampliación, tanto si se trata de fronteras terrestres como marítimas. 
Como ha dicho Romano Prodi con razón, estos países van desde Rusia hasta Marruecos. 
Desde luego, sería muy fácil elaborar una estrategia global para todos los países europeos y todos los países vecinos de fuera de Europa, que no son miembros de la Unión Europea, simplemente combinando las estrategias y las políticas que ya existen. En realidad podría hacerlo durante el próximo fin de semana, si sus Señorías quieren. 
Pero no serviría para cambiar el hecho de que tendríamos que aplicar por ejemplo en los Balcanes occidentales y en Turquía instrumentos distintos de los que hay que aplicar, pongamos, en Libia o Siria, porque nuestros objetivos respecto a los Balcanes occidentales y Turquía son bastante distintos. 
El intento del Sr. Brok es admirable, y no se lo voy a echar en cara. Sé exactamente lo que quería. 
Con toda seguridad el Sr. Brok estará de acuerdo conmigo cuando digo que elaborar una alternativa a la adhesión de Turquía en un documento formal del Consejo o de la Comisión en estos momentos sería como anunciar el final del planteamiento estratégico común. 
Es evidente que puede pedirlo, señor Brok, pero la Comisión no puede cumplirlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– Sin duda, palabras como «nuevo impulso» denotan la ambición de establecer relaciones más estrechas. 
Se habla de «espacio común» , pero sin construcción común. 
En efecto, estamos lejos de ello, al oír al Sr. Prodi hablar de aproximación política e integración progresiva en las estructuras económicas y sociales de la Unión Europea. 
Cabe preguntarse si el término «vecindad» no ha sustituido al de «asociación». 
El objetivo de la Unión es la integración pura y simple de esos países en el gran mercado europeo, pero sin ninguna contrapartida financiera al estilo de la ayuda de la que se beneficiaron los países candidatos a la adhesión, aunque las condiciones fueran drásticas e injustas. 
Otro aspecto es que toda la Comunicación de la Comisión está marcada por un enfoque de las relaciones basado en la seguridad. 
Estamos lejos de la esperanza de una Unión abierta al mundo. 
Ahora bien, la libertad de circulación de mercancías y capitales, pero no de las personas, no solo es inhumana, sino totalmente ilusoria y cínica. 
Si la Unión Europea quiere responder a las expectativas que muchos pueblos siguen depositando en ella y oponer a los Estados Unidos otra concepción del mundo, todo induce a tejer nuevos vínculos con nuestros vecinos, en especial los mediterráneos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la dimensión septentrional. 
– Señor Presidente, Señorías, el primer plan de acción para la dimensión septentrional en las políticas exteriores y transfronterizas de la Unión Europea para el período 2000-2003, adoptado por el Consejo Europeo de Feira de los días 19 y 20 de junio de 2000 llegará a su fin a finales de este año. 
Por lo tanto, para que las políticas de la dimensión septentrional sigan más allá de 2003, hace un año se inició un intenso trabajo preparatorio. 
En concreto, recuerdo que en la Conferencia ministerial sobre la dimensión septentrional y la ventana ártica en Groenlandia en agosto de 2002, así como en la posterior Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Luxemburgo en octubre del mismo año, se establecieron las directrices para un nuevo plan de acción. 
En línea con estas directrices, la Comisión estableció contactos con todos los interlocutores relevantes, inclusive organizaciones regionales, asociaciones y representantes del sector privado, de cara a preparar un documento de trabajo sobre el nuevo plan de acción. 
El 11 de junio de este año, la Comisión presentó al Consejo el documento de trabajo «Segundo plan de acción para la dimensión septentrional, 2004-2006» , que incorporaba varias sugerencias presentadas por interlocutores relevantes y tenía en cuenta la experiencia obtenida con el primer plan de acción, así como las nuevas demandas para los años venideros. 
El 29 de septiembre de 2003 el Consejo examinó este documento, que después recibió el visto bueno del Consejo Europeo en su reunión de los días 16 y 17 de octubre de 2003 en Bruselas. 
En dicha ocasión, los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que la dimensión septentrional asumiría cada vez mayor importancia en el contexto de la ampliación de la Unión y sería un factor importante para la puesta en práctica de la nueva política de vecindad de la Unión en toda la región. 
El plan de acción para el período 2004-2006 establece las directrices para los tres años próximos. 
En este sentido, garantiza la continuación de la dimensión septentrional de las políticas de la Unión, definidas en este documento como un «concepto horizontal que se aplica en el marco financiero e institucional actual de la región en cuestión». 
La dimensión septentrional es especialmente importante para determinados sectores prioritarios en los que el valor potencial añadido es mayor, como la economía, las empresas, la infraestructura, los recursos humanos, la educación, la cultura, la investigación científica, la sanidad, el medio ambiente, la seguridad nuclear, los recursos naturales, la cooperación transfronteriza y el desarrollo regional, así como la justicia y los asuntos interiores. 
El marco común para la promoción del diálogo político y la cooperación práctica que proporciona la dimensión septentrional abarcará una zona geográfica amplia y diversa alrededor del mar Báltico y el Atlántico Norte. 
Se prestará especial atención a las regiones con necesidades específicas, como Kaliningrado y la región del Ártico. 
Por lo tanto, en el contexto de la dimensión septentrional, será esencial una mayor interacción en todos los ámbitos entre Rusia y la UE. 
La Comisión conservará su papel de liderazgo global, pero se pedirá a todos los interlocutores relevantes, ya sean nacionales, regionales o locales, de la comunidad empresarial o de la sociedad civil en general, que participen activamente. 
Las actividades específicas de los cinco amplios sectores prioritarios que se acaban de mencionar –economía e infraestructuras; educación, cultura, investigación y salud pública; medio ambiente, seguridad nuclear y recursos naturales; cooperación transfronteriza y desarrollo regional; justicia y asuntos de interior– deben llevarse a cabo con un espíritu cooperativo basado en la participación integradora de todos, la subsidiariedad y la complementariedad, con una división eficaz de la mano de obra y la coordinación y el seguimiento generales. 
– Señor Presidente, Señorías, la dimensión septentrional de las actividades transfronterizas y las relaciones exteriores de la Unión Europea es un espacio político importante para la Comisión y lo será todavía más con la inminente ampliación. 
La Comisión sigue trabajando de forma activa sobre la dimensión septentrional. 
A la vez que aplicaba las medidas del primer plan de acción para la dimensión septentrional, la Comisión ha desempeñado un papel decisivo en la elaboración del segundo plan de acción para la región. 
El segundo plan de acción abarca el período 2004-2006. 
En la estela del trabajo preparatorio realizado el año pasado por la Presidencia danesa, la Comisión llevó a cabo en la primera mitad de 2003 un proceso de consulta abierto e integrado con los socios más importantes. 
Esto ha demostrado ser un ejercicio muy útil. 
La Comisión también ha tenido en cuenta la resolución del Parlamento Europeo de 16 de enero de 2003. 
En junio de 2003, la Comisión transmitió al Consejo sus propuestas para el segundo plan de acción. 
Una vez discutidas, el Consejo adoptó la versión final del documento, que fue aprobada por el Consejo Europeo en su reunión de los días 16 y 17 de octubre en Bruselas. 
El principal objetivo del segundo plan de acción es, en interés de ambas partes, proporcionar un instrumento para la cooperación regional con nuestros vecinos, la Federación Rusa. 
Además, la intención es que la dimensión septentrional aborde las oportunidades y las dificultades que podrían derivarse de la próxima ampliación. 
En otras palabras, se pretende contribuir a promocionar la estabilidad y la prosperidad de esta zona, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea. 
La política de la dimensión septentrional también contribuirá directamente a conseguir los objetivos que acabamos de discutir en nuestro debate sobre una Europa ampliada y las relaciones con los nuevos vecinos. 
Finalmente, el nuevo plan de acción constituirá una aportación al desarrollo sostenible de la zona del Ártico y los pueblos indígenas que viven allí. 
Además, la Comisión ha trabajado arduamente en torno a la aplicación continuada del primer plan de acción. 
Por supuesto, esta debería concluir a finales de este año. 
En este contexto, vale la pena mencionar algunos de los resultados que se han conseguido más recientemente, por ejemplo: la puesta en práctica de los primeros proyectos de la Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional, la firma del Programa Multilateral Medioambiental en el ámbito Nuclear en la Federación Rusa y la ampliación de la cooperación transfronteriza en el marco de la redacción de los primeros programas de vecindad después de la comunicación de la Comisión de julio de 2003. 
Tampoco debemos olvidar la gran cantidad de proyectos e iniciativas específicas que la Comisión ha llevado a cabo y que ya se han completado o se encuentran en curso en el marco de programas comunitarios, y que también contribuyen a que la dimensión septentrional sea una realidad. 
El informe de progreso anual de 2003 sobre la aplicación del plan de acción para la dimensión septentrional proporcionará una visión general completa de todos los sectores del primer plan de acción. 
La Comisión publicará este informe en las próximas semanas. 
Finalmente, deberíamos recordar también la importante contribución realizada por otras partes implicadas, por ejemplo los Estados miembros, las organizaciones regionales y las autoridades regionales y locales. 
La dimensión septentrional solo podrá tener éxito si cuenta con el apoyo activo de todas las partes interesadas de la región. 
Es un aspecto que hemos resaltado especialmente en el segundo plan de acción. 
Por supuesto, la Comisión seguirá manteniendo informado al Parlamento sobre la puesta en práctica de la iniciativa, y esperamos que el Parlamento participe activamente en las iniciativas de seguimiento y revisión que tendrán lugar en un futuro próximo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Verheugen, si hace falta, siempre se pueden contar buenas y malas noticias sobre el tema de la dimensión septentrional. 
La buena noticia es que el Consejo y la Comisión dicen que la dimensión septentrional sigue con vida y está bien. 
La mala noticia es que en este marco no ocurre gran cosa; excepto que el Parlamento, el Consejo y la Comisión compiten entre ellos para intentar ampliar y a la vez diluir el concepto, de modo que pronto abarcará la totalidad del hemisferio norte. 
Pero en la región de la cuenca del Báltico y el noroeste de Rusia siguen pasando cosas en las que la Unión Europea también debería implicarse económicamente. 
Y una de ellas es el tema de la seguridad marítima, o la falta de seguridad. 
La Unión se amplía y dentro de cuatro meses la frontera entre Rusia y la Unión habrá doblado su longitud. 
El acuerdo sobre Kaliningrado corre el peligro de convertirse en una disputa importante, ya que no parece que nadie esté contando a Lituania lo que está ocurriendo o ni siquiera si está ocurriendo algo. 
Fue divertido leer en las actas de la Cumbre UE-Rusia que antes de que finalizara 2003 se habría llevado a cabo un estudio de viabilidad de la vía rápida. 
Solo quedan seis semanas y los lituanos todavía no saben nada, por lo menos según lo que dijo ayer su ex presidente. 
Probablemente dentro de dos o tres años empezará a construirse el gasoducto del norte, que empezará en el Océano Ártico, pasará por Finlandia y llegará a Europa Central a través del Báltico. 
Su recorrido desde el Ártico hasta el Báltico no tiene infraestructura y presumiblemente también atravesará un bosque primario que necesita protección. 
Los rusos no van a gestionar esto ellos solos. 
De vez en cuando en la Unión se arma un escándalo en relación con los riesgos de las centrales nucleares y sus residuos en la región noroccidental de Rusia. 
Pero en el marco del programa TACIS existe una gran cantidad de recursos no utilizados que se reservan para proyectos de seguridad nuclear, unos 180 millones de euros. 
¿Por qué, pues, no se utilizan para limpiar los residuos nucleares del mar en Litsa Guba y Murmansk, con lo que me refiero a los reactores nucleares submarinos desmantelados y los residuos nucleares de la línea de la costa, o garantizar que las centrales eléctricas de Kandalaksha sean seguras? 
La Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional coordinada por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo es una herramienta excelente. 
Debería utilizarse también en otras partes y no solo en un proyecto. 
La planta de tratamiento de aguas residuales del sudoeste de San Petersburgo no es más que la punta del iceberg en relación con todo lo que hace falta. 
Señorías, el hecho de que la dimensión septentrional siga siendo solo un proyecto verbal no es en absoluto responsabilidad de la Comunidad. 
Y señalo con el dedo al Gobierno actual y a los Gobiernos anteriores de Finlandia, por ejemplo, para quienes la cooperación en las regiones vecinas no parece haber valido la pena el esfuerzo de iniciar ninguna presión apremiante para espolear la acción de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por el hecho de que la dimensión septentrional de la UE se haya convertido en una parte continuada y coherente de la política de la Unión Europea. 
El hecho de que estemos discutiendo hoy aquí el segundo plan de acción demuestra su continuidad. 
Pero, como se ha dicho antes, la dimensión septentrional ha sido tachada de amorfa y carente de contenidos concretos. 
Esperemos que el próximo programa para el período 2002-2006 subsane estos problemas. 
El programa promete poner en marcha un marco operativo coherente para toda la política de la dimensión septentrional fijando prioridades y objetivos estratégicos. 
La dimensión septentrional no adquirirá suficiente credibilidad si no ayuda a mejorar la vida de los ciudadanos de las regiones septentrionales de la UE y de las zonas limítrofes. 
Esto significa desarrollar la economía explotando el potencial que ofrece el comercio y el uso sostenible de los recursos naturales. 
En las regiones septentrionales, las cuestiones medioambientales también son de vital importancia. 
Después de la ampliación, el Báltico se convertirá en un mar interior de la UE, y su protección requerirá una acción rápida no solo en la Unión Europea, sino también en Rusia. 
Es una buena noticia que el Primer Ministro ruso, en su visita a Finlandia esta semana, manifestara su apoyo a los esfuerzos de la Unión Europea para interrumpir el uso de petroleros monocasco en el mar Báltico. 
La cooperación medioambiental debe tener continuidad para mejorar la seguridad nuclear, y la vida salvaje en el Ártico requiere también una atención especial. 
Los planes y los acuerdos elaborados en el ámbito de la sanidad y la protección social deben plasmarse también en proyectos de cooperación concreta. 
La iniciativas de nueva vecindad, que se ha debatido aquí hace un rato, consolidará la dimensión septentrional de la UE. 
Y en concreto el nuevo instrumento financiero que se propone en ella aportará valor añadido, porque, por ejemplo, reducirá la burocracia en la cooperación entre países. 
De todos modos, la dimensión septentrional requiere también nuevos recursos financieros suficientes para ponerla en práctica. 
– Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea reforzará la dimensión septentrional. 
Cuando los países del Báltico y Polonia, que han sido socios importantes en las relaciones exteriores de la UE, se adhieran a la Unión, darán fuerza a la dimensión septentrional tanto en el desarrollo interno de la UE como en sus relaciones exteriores. 
La UE ampliada está reorganizando sus relaciones exteriores con los vecinos del este y del sur mediante la creación de la política de la Europa ampliada y las relaciones con los nuevos vecinos. 
El futuro de la dimensión septentrional depende en gran manera de cómo podamos vincularla con este escenario más amplio. 
En el marco de la política de la Europa ampliada, la UE seguirá mejorando y desarrollando sus relaciones con sus vecinos europeos. 
Además están los aspectos de la dimensión septentrional y la dimensión meridional de la política de la UE, que también se extienden más allá de Europa. 
Es natural que la política de nueva vecindad y el programa de financiación de la cooperación con los nuevos vecinos se apliquen también en las regiones del norte. 
Es precisamente en el norte donde el nuevo programa de financiación podría aplicarse como proyecto piloto antes de adoptarlo de forma general, como se propone en el informe de la Sra. Napoletano. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la dimensión septentrional de la UE no es la política de mercado interior de la Unión, sino una política exterior y de regiones vecinas. 
Se refiere sobre todo a la cooperación con aquellas regiones de Rusia que se encuentran junto a las fronteras de la UE. 
En lo que a nuestro Grupo se refiere, deseamos centrar la atención en el término «cooperación». 
Es necesario fomentar la cooperación entre las personas tanto como entre empresas. 
Además de dinero también debemos exportar bienestar social y democracia a las regiones vecinas del norte. 
Nuestro Grupo apoya proyectos para evitar la explotación sexual de mujeres y niños y combatir las enfermedades y los problemas sociales que la pobreza trae consigo. 
La pobreza causa enfermedades. 
No nos gusta la forma en que la Comisión ha tratado el tema de la dimensión septentrional de la UE. 
Tiene que ser algo más que una política hacia Rusia. 
La Comisión no ha sabido crear ningún contenido para los proyectos incluidos en los programas. 
Y por desgracia se puede decir lo mismo de los países que han ostentado la Presidencia este año. 
Ni Grecia ni Italia han mencionado la dimensión septentrional en su lista de prioridades. 
Han barrido hacia casa, en dirección al Mediterráneo, aunque el país que ostenta la Presidencia tiene la obligación de crear proyectos para la Unión en su conjunto. 
El Primer Ministro Berlusconi se ha interesado más por la dimensión belicista de Rusia que por la paz, la cooperación ordinaria con las personas y su bienestar social. 
Existe el peligro de que las características especiales de la dimensión septentrional de la UE queden atrapadas bajo de la nueva Política de Vecindad en una Europa ampliada. 
La naturaleza impone en el norte unas condiciones de vida distintas de las del sur, y aquellas regiones requieren su propia política diferenciada. 
El proyecto de resolución propuesto conjuntamente por los Grupos políticos es amplio y no necesita más que ser puesto en práctica, cosa que corresponde a la Comisión. 
– Señor Presidente, cuando los «grandes» temas como la política interna de Italia dominan el debate de la UE, los demás puntos cardinales pueden quedar relegados. 
Por esto la dimensión septentrional sigue esperando su gran salto adelante. 
Pero su importancia se pone de manifiesto cuando vemos por ejemplo los riesgos que comporta la energía nuclear en nuestro país vecino, Rusia, o su reciente política interior. 
La estabilidad de la Europa ampliada depende en gran manera, además, de si podemos conseguir una cooperación regional y transfronteriza eficaz. 
Como se ha dicho aquí, cuando la UE se amplíe, el Mar Báltico adquirirá más importancia y esperamos que a la vez también surgirán más oportunidades para una cooperación más sólida con el fin de mejorar su futuro ecológico y político. 
Solo quisiera recordar a todos los presentes los peligros asociados al transporte de petróleo ruso, que aumenta rápidamente. 
Este plan de acción ofrece una visión general muy útil de los principales dificultades regionales, pero le falta una visión estratégica de las áreas principales que habría que promover, en especial unos objetivos mensurables y concretos a corto y medio plazo, o cómo debería explotarse la cooperación con los diversos foros intergubernamentales, de ONG y otros que existen para conseguirlos. 
Finalmente, quisiera plantear un tema independiente: el de la situación del único pueblo aborigen de la UE, los sami. 
Deberían tener mucha más influencia política de la que tienen. 
Habría que proteger los medios de subsistencia originales y el estilo de vida de los sami, lo que significa también resolver de manera satisfactoria los problemas locales de propiedad y uso de la tierra, por duro y doloroso que pueda resultar. 
Pero también en este punto el factor decisivo es la voluntad de hacerlo. 
Señor Presidente, me cuesta entrometerme en lo que es casi un debate exclusivamente finlandés, pero quisiera expresar mi satisfacción por este segundo plan de acción y llamar la atención sobre dos puntos. 
Tuve el privilegio de asistir en representación del Parlamento a las tres reuniones ministeriales que contribuyeron a la preparación de este plan de acción, y hay dos cuestiones que me parece que se han pasado por alto. 
La dimensión septentrional tiene que ver con las relaciones UE-Rusia, pero también con algo mucho más amplio que eso, en todo el norte y el Ártico. 
Celebramos una de las reuniones ministeriales en Ilusissat, Groenlandia, y pensé que se había abierto la ventana al Ártico, pero parece que, en lugar de eso, se ha cerrado. 
El medio ambiente ártico y sus gentes nos preocupan a todos. 
Forman parte de un reto mundial al que tenemos que dar respuesta y que ignoramos, poniéndonos en peligro. 
En la UE teníamos la oportunidad de mostrar liderazgo en esta cuestión trabajando con y a través del Consejo Ártico y también, sobre todo, creando una asociación con los Estados Unidos en esta zona del planeta en la que podríamos colaborar. 
La segunda cuestión que echo en falta es la de la participación parlamentaria y de representantes de todos los niveles. 
La primera reunión ministerial previó la creación de un foro de la dimensión septentrional. 
Esta misma cuestión se mencionó en una reunión de parlamentarios del Consejo Nórdico celebrada ayer en Varsovia. 
Necesitamos la participación parlamentaria en todos los ámbitos para defender esta política, abogar por ella, analizarla y progresar en ella para que no siga siendo una política fantasma, sino que se convierta en una realidad. 
– Señor Presidente, quisiera dirigirme en primer lugar al Sr. Suominen. 
Por supuesto, tiene toda la razón cuando dice que la cuenca del Báltico es una de las regiones más dinámicas de Europa, si no la más dinámica, económicamente hablando. 
Pero también es un hecho que después del 1 de mayo de 2004 todos los países que lindan con el Mar Báltico serán miembros de la Unión Europea, excepto Rusia. 
Habrá un único país del Mar Báltico que no será miembro de la Unión Europea, y este país es la Federación Rusa. 
Todos los demás estarán dentro. 
En el futuro, todos los temas relacionados con la política del Báltico formarán parte de la política UE-Rusia. 
No hay forma de evitarlo. 
Creo que en este sentido las iniciativas que hemos desarrollado en relación con la Federación Rusa consolidan de forma importante la dimensión septentrional. 
También ha mencionado Kaliningrado. 
¡Debo admitir que sus palabras me han sorprendido muchísimo! 
El tema del acceso a y la salida de Kaliningrado no se ha negociado directamente con Rusia, sino que la UE ha hablado primero Lituania y después con Rusia. 
Todos los pasos se han acordado uno por uno con Lituania. 
El estudio de la posibilidad de un enlace con tren de alta velocidad es algo que hemos acordado con Lituania, y la Comisión ha negociado las condiciones de este estudio en todo detalle con el Gobierno lituano. 
Yo personalmente informé al Presidente lituano de los resultados de este trabajo. 
¡El presidente lituano no puede haberle dicho que no sabía nada de ello! 
Es completamente imposible. 
Quiero pedirle que compruebe una vez más su información, porque me interesa mucho evitar la impresión que se está dando aquí de que hacemos algo que afecta a la soberanía de Lituania en relación directa con Rusia. 
No estamos negociando con Rusia nada que afecte a la soberanía de Lituania, futuro miembro de nuestra Unión. 
Puedo darle las máximas garantías al respecto. 
No hay nadie que preste más atención que yo a este tema, y considero que los comentarios que ha hecho al respecto son bastante asombrosos, por no decir otra cosa. 
En cuanto a la región ártica, de la que se ha hablado al final, quisiera señalar que el segundo plan de acción que les he presentado establece específicamente una nueva e importante iniciativa y actividad en la ventana ártica; esta será una de las dos actividades principales de este plan. 
Esto está decidido; está escrito negro sobre blanco. 
Por lo tanto, no comprendo cómo pueden decir que la ventana se ha cerrado de golpe otra vez, porque la realidad es precisamente lo contrario. 
De hecho, la ventana está abierta de par en par y puedo prometerles que la Comisión hará todo lo que esté en sus manos para garantizar que se aprovechen al máximo todas las oportunidades que ofrece esta iniciativa. 
He recibido cinco propuestas de resolución (1) , presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0414/2003). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
La Presidencia italiana de la Unión Europea es favorable a una propuesta de decisión del Consejo basada en el artículo 2.2 del Acuerdo de Schengen, según la cual un Estado miembro que organice una Cumbre u otra reunión de importancia similar puede restablecer temporalmente sus fronteras interiores. 
Paralelamente, los Estados miembros tienen la obligación de facilitar todas las informaciones que obren en su poder para contribuir a localizar a las personas que hayan causado disturbios en circunstancias similares y comunicar los nombres de las personas con antecedentes relacionados con atentados contra el orden público durante manifestaciones en el pasado. 
¿Puede confirmar el Consejo la existencia de semejante propuesta? 
De hacerlo, ¿no considera que ésta viola plenamente las libertades de los ciudadanos tal como se contemplan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? 
El apartado 2 del artículo 2 del Convenio de Schengen establece que cuando la política pública o la seguridad nacional así lo requieran, una Parte Contratante, previa consulta a las demás Partes Contratantes, podrá decidir que durante un período de tiempo limitado se efectúen controles fronterizos acordes con la situación en las fronteras interiores. 
Si la política pública o la seguridad nacional requieren una acción inmediata, la Parte Contratante afectada deberá tomar las medidas necesarias e informar a las demás Partes Contratantes lo antes posible. 
Para la aplicación de estas disposiciones, el Comité Ejecutivo de Schengen de 20 de diciembre de 1995 adoptó la decisión sobre el procedimiento de aplicación del apartado 2 del artículo 2 del Convenio de Schengen. 
En línea con los textos mencionados, es decir, DO L 239, 22.9.2000, p. 133, la acción conjunta de 26 de mayo de 1997 relativa a la cooperación en materia de derecho, orden y seguridad (DO L 147, 5.6.1997, p. 1) y las Conclusiones del Consejo de 13 de julio de 1997 sobre seguridad en las reuniones del Consejo Europeo y demás actos comparables (documento 10916/01 JAI 82) , la Presidencia italiana promovió un proyecto de resolución del Consejo sobre las reuniones del Consejo Europeo y demás actos similares. 
El proyecto de resolución no suprime las libertades civiles que establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, 18.12.2000, p. 1) ; en concreto, contiene disposiciones específicas respecto a la protección de los datos personales para su intercambio. 
En otras palabras, ¿ha sido aceptado en principio por los otros 14 países? ¿Cuáles son las disposiciones básicas que contiene esta propuesta de resolución? 
No estoy en condiciones de responder en detalle sobre estos puntos adicionales. 
Por consiguiente, si es necesario, enviaré una respuesta escrita al Sr. Alavanos en relación con sus preguntas complementarias. 
¿Podría indicar la Comisión qué Estados miembros han modificado su Derecho interno dentro del plazo que se cerraba el 6 de septiembre de 2003, con arreglo a lo previsto en el artículo 42 de la Decisión 2002/187/JAI (1)? 
¿Cuáles son los puntos más característicos de tales leyes y las principales diferencias entre ellas? 
¿Qué normativas nacionales han definido el estatuto y las atribuciones de los miembros nacionales de Eurojust en el período transcurrido desde la entrada en vigor de la Decisión hasta la fecha? 
¿Cuáles son los puntos más característicos de tales actos y las principales diferencias entre ellos? 
El Consejo no ha recibido ninguna información de los Estados miembros en relación con la aplicación de la Decisión 2002/187/JHA por la que se establece Eurojust. 
El Consejo quiere llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que la Decisión no exige que los Estados miembros comuniquen esta información al Consejo. 
No obstante, es consciente del hecho de que la Comisión está redactando un informe sobre la aplicación de la Decisión 2002/187/JAI; ha sido informado de que la Comisión tiene intención de presentar este informe al Consejo antes de fin de año. 
Dada la falta de información sobre la normativa para la transposición nacional, el Consejo no puede facilitar a su Señoría más detalles sobre la normativa nacional que define la situación y los poderes de las naciones que son miembros de Eurojust durante el período que va desde la entrada en vigor de la decisión hasta la fecha. 
Sin embargo, la Presidencia italiana del Consejo organizó una reunión sobre el tema, que tuvo lugar en Roma los días 13 y 14 de noviembre de 2003. 
– Que nosotros sepamos, hasta la fecha solo han respondido ocho Estados miembros, aunque el plazo final previsto para las respuestas era el 6 de septiembre. 
El tema es de lo más engañoso, porque mientras Eurojust está funcionando y se están intercambiando datos personales, algunos de los cuales son muy delicados. 
Creo que el problema respecto a Eurojust es que se ha puesto el carro delante de los bueyes, es decir, que esta estructura burocrática para la cooperación de la ayuda se ha creado sin normas y garantías y sin asegurar que estas normas se puedan cumplir dentro de los plazos establecidos. 
Basta mencionar el caso Möllemann –en el que estuvo implicada Eurojust, con intercambio de datos–, un representante liberal alemán que se suicidó precisamente mientras se estaba llevando a cabo una operación judicial y policial en varios Estados miembros. 
La cuestión sigue siendo: ¿qué normas aplicó el delegado alemán al intercambio de información en el caso Möllemann, dado que Eurojust sostiene que se aplicaron las normas alemanas, mientras que los alemanes dicen que se aplicaron las normas de Eurojust? 
Como puede ver, señor Antonione, existe un problema que requiere una solución urgente. 
No se ha respetado el plazo del 6 de septiembre: hacen falta medidas urgentes. 
Hace dos años se condenó gravemente en Estados Unidos a cinco cubanos que habían infiltrado organizaciones del exilio en Miami vinculadas con actos terroristas cometidos en Cuba que causaron la muerte incluso de algún europeo. 
El proceso se realizó con irregularidades escandalosas, denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional. 
Las condiciones de detención de los presos y los obstáculos a su relación con familiares constituyen violaciones de la legalidad vigente en los Estados Unidos y en el Derecho internacional. 
¿El Consejo, tan preocupado por la situación de los derechos humanos del pueblo cubano, ha tenido conocimiento de este caso? 
¿Podría el Consejo iniciar alguna gestión en torno a este caso para reclamar de las autoridades norteamericanas un comportamiento al menos parecido al que se viene exigiendo del Gobierno cubano en materia de respeto a los derechos humanos y al Derecho internacional en lo que a legislación, procesos judiciales y situación de los presos se refiere? 
Como ya se dijo en octubre, en respuesta a las preguntas orales H-0544/03 y H-0549/03 sobre el mismo tema, el Consejo es consciente del juicio y el arresto de cinco ciudadanos cubanos residentes en Florida desde 2001, y de la preocupación que han expresado las ONG de derechos humanos, especialmente, en relación con las condiciones de la detención. 
El Consejo no ha debatido las condiciones del proceso. 
En cuanto a la actitud general del Consejo y la Comisión respecto a Cuba, remito a su Señoría al debate celebrado en esta Cámara a principios de septiembre. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi pregunta no se refiere ni al proceso de los presos cubanos ni a la situación de detención en la que estos se encuentran. 
Mi pregunta se refiere fundamentalmente al respeto de los derechos de los familiares, a los que se está impidiendo ver a estos presos, a pesar de que les acogen el Derecho internacional y el propio Derecho de los Estados Unidos. 
Se refiere concretamente a dos mujeres, a las que desde hace más de cuatro años no se ha autorizado a visitar a sus maridos, y a una situación tan dolorosa como la que- una vez más- es noticia en los medios de comunicación: hoy, se le acaba de negar nuevamente a una de las esposas el visado para entrar en los Estados Unidos y poder ver a su marido. 
Yo lo que quiero saber es si el Consejo considera que este es un tema que merece su interés o no. 
Debo pedir disculpas a su Señoría porque es evidente que mi respuesta no ha sido la adecuada, por así decirlo, dadas las preguntas. 
Me comprometo a efectuar la investigación necesaria y a responder a su Señoría por escrito en la medida en que pueda hacerlo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, insisto en esta cuestión, puesto que en octubre el Presidente en ejercicio del Consejo nos prometió que daría una respuesta por escrito al conjunto de preguntas que hicimos, y no ha sido así. 
Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. 
Me permito- también en relación con esta cuestión- formular una pregunta complementaria, puesto que, justamente, cuando ha habido una situación de respeto insuficiente de derechos, ustedes como Consejo han actuado respecto a Cuba y, sin embargo, ante esta otra insuficiencia, muy grave, en cuanto al respeto los derechos de los familiares, el Consejo no ha actuado. 
La pregunta complementaria es: ¿ha llevado usted al Consejo esta cuestión concreta que hace un mes planteamos sobre los familiares de los presos de los cinco cubanos que están en Miami? 
Creo recordar que el Sr. Frattini representaba al Consejo el mes pasado; pero yo le ruego al señor Antonione que tome muy buena nota de estas preguntas y del compromiso adquirido. 
¿Qué están haciendo el Consejo y los Estados miembros en el contexto del diálogo trasatlántico para persuadir a los Estados Unidos de que promuevan los derechos humanos, evitando debilitar a la Corte Penal Internacional y garantizando a los detenidos en la Bahía de Guantánamo un juicio justo o la liberación? 
En cuanto a la Corte Penal Internacional, el Consejo resaltaría la importancia que la Unión otorga a la necesidad de preservar la integridad del Estatuto de Roma. 
No debemos dejar piedra sobre piedra en nuestros esfuerzos por promover la firma universal del Estatuto de Roma y su plena aplicación a través de la legislación nacional. 
Los Estados miembros deberían convertirse en parte del acuerdo sobre los privilegios y la inmunidad de la Corte y asegurar que se aplique la normativa de ejecución nacional. 
También deberían evitar hacer declaraciones que expresen reservas que están permitidas según el artículo 120 del Estatuto de Roma. 
Con este fin, la Unión ha promovido un gran número de iniciativas –diálogo político y otras iniciativas– para persuadir a terceros países, como los Estados Unidos, de que firmen el Estatuto de Roma. 
La Unión cree que la ratificación universal del Estatuto de Roma es esencial para que la Corte Penal Internacional sea plenamente efectiva y, con este fin, considera que habría que fomentar iniciativas para aumentar la aceptación del Estatuto, a condición de que sean coherentes con la letra y el espíritu del documento. 
El Consejo quiere mencionar que, en todas las ocasiones posibles –posiciones comunes de la Unión, directrices y demás iniciativas llevadas a cabo por terceros países– ha resaltado de forma clara y coherente su posición respecto a los acuerdos bilaterales de no entrega, negociados o firmados con los Estados Unidos. 
Aquellos Estados miembros a los que los Estados Unidos han propuesto acuerdos de este tipo han pedido inmediatamente un planteamiento común desde la Unión respecto a estas propuestas dentro del marco del Consejo. 
Desde el principio del proceso, el Consejo ha identificado un objetivo político claro para este planteamiento común. 
La base de cualquier solución que tenga en cuenta las preocupaciones de los Estados Unidos debe preservar la integridad del Estatuto de Roma y no debe ir en detrimento del funcionamiento de la Corte Penal Internacional. 
Y les remito, en concreto, a las directrices de la Unión que se adjuntan a las conclusiones del Consejo de 30 de septiembre de 2002, donde el Consejo confirmaba que, según el texto actual, la firma de acuerdos bilaterales con los Estados Unidos sería incompatible con las obligaciones que impone el Estatuto de la Corte Penal Internacional sobre los Estados integrantes, al igual que podría ser incompatible con otros acuerdos internacionales de los que dichos países son también Parte integrante. 
Además, la solución adoptada debería proporcionar un sistema adecuado que significaría que quien haya cometido un delito que entrara en el ámbito de la Corte no quedara impune. 
Este sistema debería garantizar que los jueces nacionales lleven a cabo las pesquisas adecuadas respecto a las personas denunciadas ante la Corte Penal Internacional y, cuando haya pruebas suficientes, ponga en marcha los procedimientos judiciales oportunos. 
En cualquier caso, la solución adoptada en relación con la ciudadanía de estas personas que no se van a entregar solo debería afectar a las personas que no tengan la ciudadanía de un Estado parte de la Corte Penal Internacional. 
En cuanto al ámbito, debería abarcar solo a los ciudadanos que se encuentren en el territorio del Estado al que se haya presentado la solicitud, porque han sido enviados allí por otro Estado, y cuando sean entregados no puede interpretarse de forma que incluya el tránsito. 
Como confirmó el Consejo en la posición común de junio de 2003, los Estados miembros siguen llamando la atención de terceros países, en su caso, sobre las Conclusiones del Consejo de 30 de septiembre de 2002 sobre la Corte Penal Internacional y sobre los principios de la Unión anexos a las mismas, en relación con las propuestas de acuerdos y convenios relativos a las condiciones para la entrega de personas a la Corte. 
Declara que los 10 países candidatos apoyaron la posición común de la Unión de junio de 2003, a la que también se unieron los países asociados, como Rumania, Bulgaria, Turquía y los países de la AELC. 
En cuanto a la Bahía de Guantánamo, como el Parlamento Europeo ya sabe por las respuestas dadas por el Consejo a una serie de preguntas escritas sobre este tema, el Consejo no ha debatido formalmente esta cuestión con los Estados Unidos. 
Además, debo decir, como tema aparte, que hasta ayer, en la reunión celebrada entre el Consejo de Relaciones Exteriores y Asuntos Generales y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, el Sr. Colin Powell, no pudimos plantear este tema y debatirlo directamente con él. 
Por supuesto, todavía no entraré en más detalles sobre esta cuestión porque no se planteó hasta ayer. 
En este sentido, hay que asumir que la protección de los derechos y los intereses de los Estados miembros de fuera de la Unión es, según la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, competencia exclusiva de cada uno de los Estados miembros afectados. 
Por lo tanto, aquellos Estados miembros cuyos ciudadanos estén retenidos en la Bahía de Guantánamo adoptan las medidas que consideran necesarias para asegurar que se respeten los derechos de sus ciudadanos en el contexto de los correspondientes acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. 
El Consejo no está en condiciones de proporcionar detalles sobre la naturaleza de estas medidas, y las peticiones de información deben dirigirse a los Estados miembros en cuestión. 
En cuanto a la pregunta sobre la petición de datos personales de los pasajeros por parte de los Estados Unidos, el Consejo se ha tomado muy en serio las graves preocupaciones expresadas por el Parlamento hace poco en la resolución aprobada el 9 de octubre de 2003. 
El Consejo ha apoyado plenamente a la Comisión en sus esfuerzos sostenidos por conseguir a finales de este año una solución definitiva acorde con las claras disposiciones de la ley. 
Quisiera dar las gracias al Consejo por su respuesta. Ahora tengo una pregunta complementaria. 
En vista de los deplorables intentos de los Estados Unidos de socavar los cimientos de la Corte Penal Internacional y el derecho a un juicio justo de los detenidos en Guantánamo, ¿planteará el Consejo estos asuntos a la administración estadounidense siempre que sea posible y los pondrá en la agenda de la próxima cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Europa? 
En la actualidad no estoy en condiciones de aceptar un compromiso como este porque, como sabe, señor Andreasen, depende claramente también de los demás Estados miembros del Consejo. 
Puedo decirle que sobre este tema, y como ya he tenido ocasión de mencionar hace un momento, hubo un intercambio de opiniones durante la comida de ayer y durante la reunión de la troika. Por lo tanto, creo que un tema como este podría reanudarse también a la luz de los compromisos hechos públicos por Colin Powell cuando respondió a un periodista en una conferencia de prensa, en el sentido de que, cuando volviera a los Estados Unidos, estudiaría el asunto más a fondo e intentaría resolver las situaciones difíciles. 
Espero que habrá una evolución positiva y que ya no será necesario volver a tratar este tema. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 5 y 6 recibirán una respuesta conjunta. 
¿Qué nuevas y eficaces medidas tiene intención de adoptar el Consejo para lograr el pleno reconocimiento a escala internacional de un Estado Palestino, que conviva con el Estado de Israel, ante la crisis de la Hoja de ruta para la paz propuesta por el Cuarteto, mientras continúa la ocupación destructiva y humillante de Palestina por parte del ejército de Israel y una Autoridad Palestina sometida y debilitada es incapaz, precisamente por ello, de ejercer su plena autoridad frente a los grupos que apoyan las acciones violentas contra la ocupación? 
El 16 de octubre de 2003, en Jordania, una serie de personalidades israelíes y palestinas expresaron su conformidad con el principio de un plan de paz para resolver el conflicto israelo-palestino, dando así un nuevo impulso al proceso de paz en la región. 
Está previsto que este plan, que propone una serie de soluciones a los problemas fundamentales existentes entre ambos países, se firme en Ginebra a comienzos de noviembre de 2003 bajo los auspicios del Gobierno suizo. 
El plan ha recibido una valoración positiva por parte de numerosos países europeos. 
¿Puede indicar el Consejo si ha tomado posición sobre el plan de paz propuesto? 
¿Considera el Consejo que dicho plan puede impulsar y completar en gran medida la Hoja de Ruta para la paz en Oriente Próximo, como ha declarado recientemente el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin? 
¿Estará representada la Unión Europea en las negociaciones de Ginebra sobre la aprobación de este plan de paz? 
¿Qué opina el Consejo del rechazo de dicho plan por parte del Primer Ministro israelí, Ariel Sharon? 
Los días 16 y 17 de octubre de 2003, el Consejo Europeo examinó el estado del proceso de paz en Oriente Próximo, y debatió posibles formas de avanzar. 
Se recalcó que la Unión Europea expresa su compromiso firme para con el objetivo de crear dos Estados –Israel y un Estado palestino viable y democrático– que convivan en paz y seguridad dentro de un marco de paz global en Oriente Próximo, como se establece en la hoja de ruta. 
Además, la Unión Europea reiteró su determinación de contribuir a todos los aspectos de la ejecución de la hoja de ruta y recalcó la importancia y la urgencia de establecer un mecanismo de control por terceras partes creíble y eficaz. 
El Consejo Europeo dijo que está muy preocupado por la situación en la zona y observó que, a pesar del apoyo ofrecido por la comunidad internacional en la búsqueda de una solución justa y duradera, las partes afectadas no han realizado un esfuerzo suficiente para aprovechar la oportunidad de paz establecida en la hoja de ruta, subrayada en la declaración ministerial del Cuarteto de 26 de septiembre de 2003. 
Al contrario, el aumento de la violencia implica más sufrimiento y muertes tanto para el pueblo israelí como para el palestino, y está poniendo en situación de riesgo la seguridad de la región y más allá. 
Por lo tanto, el Consejo Europeo pidió a ambas partes, Israel y la Autoridad Palestina, que se adhieran a los compromisos que adquirieron en la cumbre de Aqaba el 4 de junio de 2003. 
El Consejo Europeo instó a todas las partes de la zona a ejecutar de inmediato una política que conduzca al diálogo y a las negociaciones. 
La relación de la UE con aquellos que toman medidas en sentido contrario se verá inevitablemente afectada por dicho comportamiento. 
La Unión aprovechará todas las oportunidades para conseguir que ambas partes acepten estas posiciones. 
El Consejo de la Asociación UE-Israel, que se celebró los días 17 y 18 de noviembre de 2003, constituyó una buena oportunidad para que la Unión expresara un claro mensaje político al Gobierno israelí. 
En concreto, la Unión remarcó su preocupación por el trazado del denominado muro de seguridad y la continua expansión de los asentamientos, y reiteró la necesidad de que Israel, en su lucha contra el terrorismo, evite las muertes civiles y la destrucción con el fin de no exacerbar la difícil situación del pueblo palestino. 
Además, el Consejo recalcó la importancia de que la Unión tenga un papel activo en el proceso de paz. 
En cuanto a la pregunta específica de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, el Consejo cree que el Acuerdo de Ginebra es una aportación positiva al debate para resolver la crisis de Oriente Próximo, de conformidad con la postura de la Unión en este sentido expresada hace muy poco por el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre de 2003. 
El Consejo Europeo acogió las iniciativas de la sociedad civil de ambas partes y dijo que está dispuesta a ayudar aún más en el esfuerzo por promover un acercamiento, la creación de confianza y la búsqueda de un paz duradera. 
Las medidas para conseguir una solución definitiva y global al conflicto israelo-palestino se establecen en la hoja de ruta del Cuarteto. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha reconocido que la Hoja de Ruta atraviesa una grave crisis, todo el mundo parece reconocerlo. 
Se está favoreciendo que los radicales de ambas partes consigan su objetivo, que es que se rompa la Hoja de Ruta, y precisamente nosotros queremos que el Consejo fije ya algo que usted ha dicho: las repercusiones concretas que hay que aplicar a aquellos que no cumplan lo que está establecido por la Hoja de Ruta. 
Nos gustaría que nos explicase cuáles serían esas repercusiones. 
No estoy en condiciones de entrar en detalles sobre las medidas que se podrían adoptar cuando no se cumpla lo que ha pedido la Unión Europea; solo puedo decir que la política y la voluntad están ahí. 
Es evidente que las decisiones sobre la postura práctica y específica deberán tomarse cuando llegue el momento, especialmente en cuanto a las opciones elegidas con posterioridad por los países que no han cumplido nuestras peticiones. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Por supuesto, he observado la repetición de los objetivos y compromisos que hemos oído numerosas veces, junto con una impresión de la trágica situación en la zona. 
Quisiera plantear una pregunta más específica: ¿Cree el Consejo que las observaciones realizadas en Israel durante la reunión del Consejo de Asociación serán suficientes? 
¿Considera la Unión Europea que en estos momentos existe algún margen para una mayor implicación por su parte en el marco de la hoja de ruta o en el apoyo de la iniciativa de Ginebra? 
Me gustaría oír algo más concreto, que es el motivo por el que he formulado la pregunta. 
Lamento tener que decepcionar a su Señoría, pero mi respuesta es básicamente la que estoy en condiciones de darle en estos momentos. 
No puedo adquirir ningún otro compromiso que el que ya he comentado en mi respuesta a su pregunta. 
El Reglamento (CE) 2369/2002 (2) del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento (CE) 2792/1999 (3) , por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, establece en la letra b) del apartado 1 del artículo 9, que podrán concederse ayudas públicas a la renovación de los buques pesqueros únicamente a los buques de menos de 400 GT. 
Asimismo, en el apartado 3 del artículo 1, señala que las medidas adoptadas “no deberán aumentar el esfuerzo pesquero”. 
Ahora bien, existen pesquerías que debido a sus propios condicionantes y a los de las zonas en que se practican (buques de altura, atuneros-congeladores, etc.) , sería impensable que pudieran realizarse de una forma mínimamente rentable con buques menores de 400 GT. 
Sin embargo, en estos segmentos pesqueros mencionados existe un interés real por la renovación de sus buques viejos sin pretensión de que ello suponga aumento de su actual capacidad. 
¿Podría encajar el Consejo en su Reglamento (CE) 2369/2002 que se concedieran ayudas públicas por un importe máximo hasta el equivalente que correspondería a los buques de 400 GT para la renovación de buques de pesca de mayores dimensiones y tonelaje, siempre que cumplieran el resto de requisitos del Reglamento y que dicha renovación no implicara aumento alguno del esfuerzo pesquero? 
En primer lugar, el Consejo quiere resaltar que, en las negociaciones de diciembre de 2002, se prestó especial atención a las medidas estructurales para las flotas que hay que adaptar para reflejar la reforma de la política pesquera común. 
A este respecto, el Consejo es plenamente consciente de la necesidad de asegurar la coherencia entre la política de reestructuración del sector y otros aspectos de la política pesquera común, en concreto el objetivo de conseguir un equilibrio duradero y estable entre la capacidad de la flota y las oportunidades de pesca disponibles dentro y fuera de las aguas comunitarias. 
Por consiguiente, la decisión adoptada en diciembre de 2002 sobre la ayuda pretende concentrar el apoyo financiero de la Comunidad en una serie de medidas que el Consejo considera prioritarias dentro del nuevo marco. 
En cuanto a la construcción de nuevos barcos, el Reglamento nº 2369/2002 establece que la ayuda pública en este sector seguirá estando disponible hasta finales de 2004, pero, a partir de ahora, se concederá para barcos pesqueros que no sobrepasen las 400 GT. 
Dejando de lado el tema de si algunas actividades pesqueras llevadas a cabo con los barcos de pesca que no sobrepasan las 400 GT son suficientemente rentables, hay que resaltar que el Reglamento del Consejo no permite que la ayuda para la construcción de los tipos de barcos de pesca como los que ha mencionado, señor Ortuondo Larrea, se equipare con la establecida para los barcos de pesca de menos de 400 GT. 
No obstante, en lo que se refiere a la inversión directa para la seguridad en el mar, las condiciones de trabajo y la calidad de los productos, el Reglamento nº 2369/2002 dispone ayudas para equipos y para la modernización después de 2004 sin aplicar el límite de 400 GT. 
Pero cualquier medida similar a la sugerida por el Sr. Ortuondo Larrea requeriría una propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta. 
Ciertamente soy partidario de que se respete- cómo no- que todas las especies posibles de pesca tengan un stock mínimo que garantice su supervivencia y su continuidad, y los primeros interesados en no agotar ese recurso, que es su medio de vida, son precisamente los propios pescadores. 
Por eso planteaba la cuestión de que, respetando el esfuerzo pesquero, respetando las cantidades máximas de capturas establecidas, se pudieran autorizar también ayudas financieras para la renovación de buques de pesca que, por su especificidad, no pueden tener menos de 400 GT. 
Le agradezco la información que me ha dado, pero yo no sé si esto cubre las necesidades para la modernización de la flota de todos los tipos de pesquerías. 
Quisiera resaltar, en este sentido, que no podemos considerar a los trabajadores de la mar como trabajadores de segunda. 
La renovación de la flota es algo vital no solo para la supervivencia de las empresas, no solo para el medio ambiente, porque se contamina menos, sino también para la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores. 
¿Presionará el Consejo a las autoridades francesas por la detención continuada de presos políticos sin juicio? 
El autor de la pregunta se refiere, en particular, al caso de seis activistas nacionalistas bretones, cuatro de los cuales han estado encarcelados sin juicio durante más de tres años y otro de ellos, Alain Solé, durante más de cinco años. 
La salud de Alain Solé, detenido en 1999 por su supuesta participación en ataques con bomba, se ha deteriorado gravemente a consecuencia de su encarcelamiento ilegal. 
Actualmente es diabético e insulinodependiente por falta de cuidados médicos durante los meses siguientes a su detención. 
Cada vez que, en virtud de la legislación francesa, se ha ordenado su puesta en libertad, se le ha relacionado con nuevas causas penales y ha tenido que permanecer en prisión preventiva. 
La privación de libertad de los presos viola claramente lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. 
¿Se comprometerá el Consejo a examinar este asunto a la luz de las normativas internacionales por las que se regulan los derechos de las personas en prisión preventiva a que se celebre el correspondiente juicio dentro de un plazo razonable? 
Debo recordar a su Señoría que el Consejo no puede adoptar una posición sobre la manera en que cada uno de los Estados miembros resuelve los casos penales. 
Baso mi pregunta complementaria en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece que: «Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. 
La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.» 
Los Estados miembros deben cumplir las directrices adoptadas por la UE, y Francia está contraviniendo claramente las directrices establecidas por la ley, en lugar de cumplirlas. 
¿Se encargará el representante del Consejo de plantear este asunto en ese órgano y se estudiará la posibilidad de llevar a Francia ante el Tribunal de Derechos Humanos? 
Debo repetir lo que ya he dicho: el Consejo no puede adoptar una posición sobre la manera en que cada uno de los Estados miembros resuelve los casos penales. 
Y así ocurre también en esta ocasión, siempre suponiendo que la situación sea como dice el Sr. Eurig Wyn, cosa que no es segura. 
La posición no puede cambiar. 
Creo que el Consejo se equivoca a este respecto. 
El Tratado de Niza estableció disposiciones que se derivaban de la época en la que el Consejo tomó medidas contra Austria por el incumplimiento de derechos fundamentales. 
Sin duda, en este caso Francia incumple derechos fundamentales nacionales. 
En el Tratado de Niza se estipulan las acciones que pueden emprenderse contra Francia. 
Creo que el Consejo y la Unión Europea en su conjunto están obligados a asegurar que Francia respete los derechos fundamentales. 
Está claro que eso no se ha hecho en este caso. 
Tomo nota de los comentarios expresados por la autora de esta pregunta suplementaria. 
Francamente, creo que la posición que he expresado es correcta, pero dada esta petición adicional, me comprometo a comprobar si la situación debería ser distinta de la que a mí me parece correcta. 
Si es necesario, encargaré una nueva investigación, pero tal como yo entiendo la situación en la actualidad, solo puedo confirmar lo que ya he dicho. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, a la vista de su respuesta, en vez de formularle la pregunta como la tenía pensada, simplemente le voy a hacer una sugerencia: léase usted los artículos 6 y 7 del Tratado y luego conteste. 
El actual conflicto de Chechenia ha dado lugar a dos guerras y ha causado más de 150 000 muertes en la pasada década. 
Sin embargo, a pesar de los incesantes llamamientos en favor de una intervención internacional a través de organizaciones de derechos humanos, Chechenia ha desaparecido recientemente de la agenda de la comunidad internacional para ser relegada al rango de asunto interior ruso. 
Muchos han interpretado esta evolución como una tentativa de los Estados Unidos destinada a asegurar la cooperación de Rusia en la lucha contra el terrorismo y mejorar el acceso a los recursos energéticos rusos como alternativa al petróleo del golfo. 
Los líderes europeos parecen estar también más preocupados por la estabilidad de Rusia y el suministro continuo de gas natural y petróleo al continente que por las violaciones de los derechos humanos. 
¿Qué propuestas ha previsto el Consejo, si es que ha previsto alguna, para plantear y tratar este asunto en la UE? 
El Consejo está muy preocupado por la situación en Chechenia, sobre todo respecto a los derechos humanos, y regularmente resalta la necesidad de una reconciliación auténtica en sus reuniones con las autoridades rusas. 
En muchas ocasiones el Consejo ha señalado a las autoridades rusas el importante papel de las organizaciones internacionales en la promoción y puesta en práctica de un proceso para una solución política en la región. 
Además, ha pedido a las autoridades rusas que investiguen independientemente las violaciones de los derechos humanos perpetradas por ambas partes para llevar a juicio a los presuntos responsables de dichos actos. 
El 8 de octubre de 2003, la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, emitió una declaración sobre las elecciones presidenciales celebradas en Chechenia. 
La Unión expresó serias dudas sobre la imparcialidad del proceso electoral, así como su gran preocupación por las condiciones en que se celebraron las elecciones, pero también expresó la esperanza de que estas elecciones comportarán un esfuerzo posterior significativo para conseguir la paz y una auténtica reconciliación. 
Internamente, la Unión ha debatido sobre Chechenia en muchas reuniones a todos los niveles. 
Chechenia ha figurado en el orden del día de todas las conversaciones políticas recientes con Rusia: la reunión de dirigentes políticos del 12 de septiembre en Moscú, la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia del 20 de octubre, la troika ministerial de 28 de octubre en Moscú. 
También se planteó el tema en la Cumbre UE-Rusia del 6 de noviembre de 2003 en Roma. 
Es deplorable que los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea hayan permitido que esta cuestión quede fuera de la agenda internacional y se convierta en un problema interno ruso, cosa que sin duda no es. 
Durante la Presidencia irlandesa, me gustaría que el Consejo apoyara a los irlandeses, ya que en el parlamento nacional la Comisión de Asuntos Europeos ha nombrado a un ponente sobre Rusia para analizar la cuestión de Chechenia. 
Durante la Presidencia irlandesa se celebrarán dos reuniones, la primera en Dublín, durante la visita del Ministro de Asuntos Exteriores, y la segunda será la cumbre UE-Rusia que tendrá lugar en mayo. 
Es preciso que el Consejo ejerza una fuerte presión sobre la Unión Europea. 
Necesitamos que la UE impulse, a nivel del Consejo, un control internacional irrestricto de los derechos humanos en Chechenia. 
Esta cuestión debe volver a incluirse en la agenda internacional. 
Es completamente inaceptable que más de 150 000 personas hayan muerto durante la última década y que se estén produciendo espantosas violaciones de los derechos humanos. 
La gente está dispuesta a cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo para proteger sus intereses en el petróleo y otros recursos. 
Les recuerdo a los señores y señoras diputados que esto es un turno de preguntas, no de declaraciones. 
Me gustaría señalar a la atención del Consejo el caso de un niño que sufrió heridas graves al caer a través de un panel de cristal, situado en el vestíbulo de un hotel, que contenía una manguera contra incendios enrollada. 
La Recomendación del Consejo relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio establece que los equipos de seguridad contra incendios deben ser visibles y ser mantenidos en buen estado de funcionamiento. 
No obstante, ¿puede indicar el Consejo si, en aras de la seguridad pública, no sería conveniente también que esos dispositivos se fabricaran con cristal de seguridad cuando exista el riesgo de rotura? 
Por supuesto, el Consejo comparte la preocupación expresada por su Señoría en relación con la seguridad en caso de incendio en los hoteles, y la necesidad de adoptar medidas efectivas para adecuarse a la Recomendación del Consejo 86/666/CEE. 
El Consejo quisiera llamar la atención sobre el informe de la Comisión del 27 de junio de 2001 (COM (2001) 348) , sobre la aplicación de la Recomendación mencionada, que examina el estado de su aplicación en los Estados miembros. 
El Consejo cree que la Recomendación y el informe de la Comisión constituyen una base suficiente para que los Estados miembros valoren hasta qué punto se pueden pedir disposiciones específicas, incluido el tratamiento del equipo de seguridad contra incendios, para mejorar aún más la seguridad de los hoteles en caso de incendio. 
Mi pregunta ya ha sido contestada en parte, señor Presidente en ejercicio, porque usted ha hablado de la recomendación vigente. 
Sin embargo, el problema es que la recomendación no incluye ninguna disposición sobre la necesidad de cristales de seguridad. 
Trata del mantenimiento del equipo, pero en este incidente un niño pequeño estuvo a punto de tener un accidente muy grave porque atravesó el cristal. 
Estamos llegando al final de su Presidencia. 
¿Pedirá a la Presidencia irlandesa y a la Comisión que analicen las disposiciones de esta recomendación para ver si cubren todos los aspectos que deben cubrir? 
Por ejemplo, debería ser cristal de seguridad endurecido, como ocurriría en el Reino Unido, pero aparentemente no en España. 
En estos momentos no está contemplado en la recomendación, ni en ninguna directiva de salud y seguridad. 
Esta cuestión del cristal de seguridad es una zona gris en la actualidad y, por lo tanto, quisiera pedirle que retome el tema con la Presidencia irlandesa y la Comisión. 
Tomaré buena nota de estos comentarios, que creo que constituyen una aportación importante. 
Yo le pediría a su Señoría que si es posible presente un breve memorando sobre el tema en cuestión, que podría ser más útil para la Comisión que para la próxima Presidencia –teniendo en cuenta que es la Comisión quien adopta estas medidas, con la plena cooperación del Consejo– precisamente para que podamos tratar de forma activa algunas situaciones que quizás todavía no se han estudiado porque en algunos casos particulares se ha pasado por alto la posibilidad de una tragedia real. 
En una reunión celebrada el 19 de octubre de 2003 con el Primer Ministro español, Sr. Aznar, en Madrid, el Ministro de Estado turco, Sr. Erdogan, advertía en contra de "una división del Mediterráneo en un club cristiano y un club musulmán". 
En su calidad de Ministro de Estado del país candidato Turquía, el Sr. Erdogan declaró en la misma reunión lo siguiente: "No queremos que UE se convierta en un club cristiano" (Frankfurter Allgemeine Zeitung del 20 de octubre de 2003). 
En la Conferencia Intergubernamental en curso se está tratando, entre otras cosas, la cuestión sobre una referencia a las raíces judeocristianas en el preámbulo del proyecto de Constitución de la UE. 
¿Considera el Consejo que esta referencia a un hecho histórico dificultaría de algún modo la adhesión de Turquía a la Unión en un futuro? 
Puesto que la Biblia representa la Sagrada Escritura para los cristianos, los judíos y los musulmanes, pregunto igualmente, ¿opina la Presidencia del Consejo que le sería posible defender la formulación "el acervo bíblico de Europa" -como para precisar los textos comunes del acervo religioso y, de este modo, incluir las tres religiones en el preámbulo? 
El Consejo no tiene una opinión sobre el punto que plantea su Señoría. 
El tema se refiere a la Conferencia Intergubernamental, en la que el Consejo, como institución, no tiene ningún papel. 
Señor Presidente, supongo que debo darle las gracias por su respuesta, pero no puedo decir que me sienta satisfecho con la misma. 
Si alguien tiene algún papel en ella ahora es la Presidencia italiana. 
El Ministro europeo, el Sr. Buttiglioni, es uno de los miembros del Gobierno italiano que más ha luchado para que en el preámbulo de la Constitución se especifique el patrimonio religioso, cultural e histórico. 
La Presidencia italiana, que está representada en la Cámara, presiona a favor de que se especifique que el patrimonio religioso de Europa tiene raíces judeocristianas. 
Por lo tanto, espero de ellos que puedan elaborar un texto que se refiera a las raíces bíblicas o al patrimonio bíblico. 
De esta forma, tendríamos un escenario para que cristianos, judíos y musulmanes se sientan todos reafirmados en esta Constitución. 
Incluso los no creyentes podrían sentir que la Biblia es un tesoro literario y cultural para el conjunto de Europa. 
¿No es importante que la Presidencia italiana encuentre una solución que satisfaga a todo el mundo? 
– Señor Presidente, soy muy consciente de que en la actualidad se está celebrando una Conferencia Intergubernamental que, como sabemos, está formada por el Consejo. 
Una de las preguntas del orden del día se refiere a los valores cristianos y a la cuestión de qué mensaje debería transmitirse en el preámbulo sobre los valores subyacentes en la constitución europea. 
Realmente nos sería de gran utilidad saber cuál es la postura de la Presidencia italiana en este asunto. 
Creo que ya he dado una respuesta a la pregunta anterior con suficiente claridad al decir que el Consejo, como tal, no adopta una postura sobre temas relacionados con la Conferencia Intergubernamental. 
Mi respuesta tiene que ser otra vez la misma. 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para apoyar al nuevo Gobierno constitucional de la República de Bolivia? 
En su declaración del 21 de octubre, la Unión, agradeciendo el nombramiento del Sr. Mesa Gisbert como nuevo representante constitucional, recalcó que seguiría ofreciendo asistencia y ayuda a Bolivia para reforzar las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, y crear un clima que sea más favorable para el progreso social y el desarrollo económico. 
La Unión ha sido y seguirá siendo para Bolivia una fuente importante de ayuda a la inversión, el comercio y el desarrollo. 
Como uno de los principales beneficiarios de la ayuda Comunitaria en América del Sur, Bolivia ha recibido más de 500 millones de euros desde 1976. 
Entre 1996 y 2002, los compromisos de la Comunidad Europea ascendieron a casi 200 millones de euros, mientras que los pagos alcanzaron 183 millones de euros. 
Estas cifras incluyen cooperación financiera, técnica y económica, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, cooperación con organizaciones no gubernamentales y en el campo de los derechos humanos, y otras líneas presupuestarias horizontales. 
El documento de estrategia nacional establece una provisión total de cooperación económica, técnica y financiera de la Comunidad Europea de 126 millones de euros para el período 2002-2006. 
En una reunión reciente del grupo consultivo, que se celebró en París los días 8 y 9 de octubre, los donantes internacionales adquirieron nuevos compromisos. 
Sin embargo, en la fase actual no ha sido posible ofrecer una imagen más precisa de los compromisos generales y las diversas formas que han adquirido como préstamos, subvenciones, cancelación de deudas y swaps. 
Por otro lado, la Unión Europea, como los demás donantes, ha recalcado la necesidad de resolver las causas de la crisis desde la raíz. 
Según la Unión, esto exige nuevas provisiones para asegurar que los grupos más pobres y marginales de la sociedad tengan acceso a los servicios, incluido el refuerzo de los derechos de propiedad de la tierra y una mayor participación política de los pueblos indígenas. 
La Unión Europea acoge con satisfacción el compromiso adquirido por el Gobierno boliviano para combatir la corrupción y tiene intención de resaltar la importancia de aprobar rápidamente una legislación anticorrupción y de aplicar con más eficacia la legislación actual. 
Además, para asegurar una prestación eficaz, transparente y justa de los servicios públicos es condición esencial disponer de una estructura institucional sana. 
Pero el hecho de que la reforma del sector público permaneciera prácticamente congelada el año pasado suscitó cierta preocupación. 
La reforma del sector público debe acercarse al ámbito de las autoridades nacionales y locales. 
La Unión Europea y Bolivia cuentan con una larga historia de estrecha y fructífera cooperación. 
Ahora, la Unión está dispuesta a mejorar aún más su ayuda al Gobierno y al pueblo de Bolivia. 
Para ello, tiene intención de ofrecer más ayuda que nunca al Gobierno boliviano a fin de mejorar la gobernanza y paliar y prevenir los conflictos mediante la consolidación de las instituciones democráticas. 
En la actualidad las autoridades competentes están estudiando medidas específicas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por la amplia explicación que ha dado sobre las ayudas al Gobierno de Bolivia. 
El señor Presidente se ha referido a la intención de la Unión Europea de basarse en las raíces que son motivo de la crisis. 
Al parecer, esas raíces se refieren, sobre todo, a las exigencias de liberalización y de modernización en un país que tiene unos problemas estructurales muy graves, como consecuencia de la situación internacional. 
Concretamente, la pregunta complementaria que quiero hacer es si, a la vista del fracaso del experimento liberalizador de Sánchez de Losada, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la propia Unión Europea, la Unión Europea y el conjunto de instituciones internacionales que rigen hoy el gobierno económico del mundo se han planteado las consecuencias del fracaso de esas políticas que les estamos imponiendo y la necesidad de reconsiderar un nuevo tipo de políticas con respecto a países como Bolivia. 
Todavía no ha habido una valoración crítica que nos haya dado motivos para adoptar medidas alternativas a las que se han tomado hasta ahora. 
Creemos que un estudio detallado de estos aspectos –atajando así las raíces del problema– nos permitirá comprender mejor cómo actuar con una orientación política que ha dado buenos resultados en otras situaciones y que creemos que puede ser un instrumento útil también en relación con la situación de Bolivia. 
En el caso en cuestión, también es evidente que habrá que estudiar concretamente estas cuestiones de detalle. 
Les ruego atención a los señores diputados. 
El señor presidente en ejercicio del Consejo nos comunica que debe ausentarse a las siete. 
En el orden del día propuesto por la Conferencia de Presidentes y aprobado por el Pleno se establece que el turno de preguntas dura hasta las siete y media de la tarde. 
Puedo decirles que el señor Presidente en ejercicio del Consejo informó de que no podría estar presente después de las siete y tras la deliberación por la Conferencia de Presidentes se decidió mantener el orden del día. 
No puedo darles una solución. 
Hoy la Mesa va a tratar los problemas del turno de preguntas. 
Se examinará una serie de propuestas y procuraremos que en el futuro no se planteen estos problemas. 
– Señor Presidente, ya hace bastante tiempo que estoy en esta Cámara, y ya trabajaba aquí incluso antes de ser elegido en 1994. 
Recuerdo, por ejemplo, la última Presidencia italiana y la anterior, entre otras. 
En aquellas ocasiones, el Consejo pasaba la noche aquí y el turno de preguntas se celebraba en la sesión nocturna. 
Solamente quería que recordáramos esto. 
Por consideración al Consejo, después trasladamos el turno de preguntas a la tarde, y desde entonces no ha funcionado. 
En realidad quiero defender la postura de que el turno de preguntas se vuelva a trasladar a la sesión de noche, permitiendo que en el futuro el Consejo pase la noche en Estrasburgo; todavía deben quedar algunas habitaciones de hotel disponibles. 
Es una ciudad bonita y pienso que para los seis meses en cuestión no sería demasiado inconveniente que los representantes de la Presidencia del Consejo pasaran una noche aquí de vez en cuando. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, participo con mucha frecuencia en este turno de preguntas y me resulta vergonzoso observar que últimamente esto se ha convertido en una excusa rutinaria: el representante del Consejo anuncia con antelación que urgente e imperiosamente tiene que abandonar la sala. 
Por ser rutinario, esto suena un poco a- me da vergüenza decirlo- una especie de picaresca de listillos de turno. 
Por tanto, apoyo la propuesta de orden del día de la Comisión de Presidentes, que fija el turno de preguntas en su tiempo reglamentario: una hora y media. 
Voy a formular- porque tengo derecho a ello- mi pregunta complementaria, que se refería a la pregunta 17, sobre una tragedia enorme. 
Mi pregunta complementaria... 
Señora Izquierdo, el Consejo no está presente. 
Me ampara el Reglamento y tengo derecho a hacerla. 
Se refiere a la pregunta 17 y dice: Señor Presidente en ejercicio del Consejo, después de esta tragedia, ¿ha actuado la Unión Europea ante Marruecos con vistas a que el Reino alauita reaccionara positivamente con las medidas que ha adoptado recientemente? 
– Sí, señor Presidente, por supuesto que me sumo a la opinión de los dos oradores que me han precedido sobre el hecho de que es deplorable que el Consejo trate al Parlamento –perdonen la expresión– al desgaire. 
Esta situación es tanto más lamentable cuanto que todos tenemos preguntas muy importantes que formular al Consejo y esperamos una respuesta a ellas. 
No voy a retomar mi pregunta relativa a la prohibición, abusiva a mi modo de ver, de un periódico vasco dictada hace nueve meses por un juez, al parecer bajo la influencia del Ministerio de Interior español. 
Pero, desde hace nueve meses, no se ha realizado ninguna diligencia para determinar las razones que motivaron esta violación manifiesta de la libertad de expresión, pues se trata de un periódico, del único en lengua vasca, que es la lengua, lo recuerdo, más antigua de nuestro continente. 
Semejante situación me parece desastrosa para las libertades. 
La idea de seguridad se adueña de la Unión Europea en detrimento de las libertades, lo cual deploro. 
Habría deseado que el Consejo diese explicaciones sobre este punto. 
Sin duda me habría respondido lo que respondió al diputado Sr. Wynn, y entonces yo le habría recordado lo que mi colega, la diputada Sra. McKenna, le recordó a propósito del Tratado de Niza. 
Señor Mayol, el Consejo, como es preceptivo, le responderá por escrito. 
– Señor Presidente, una razón por la que pediría que se nos den estadísticas sobre la asistencia del Consejo en el transcurso de las últimas Presidencias es porque creo que la prensa consideraría muy interesante ver con qué asiduidad el Consejo asiste a las sesiones de esta Cámara. 
Tengo casi la seguridad de que atenderemos su petición porque es positivo y saludable que conozcamos estadísticamente la situación. 
Le recuerdo que en la Mesa del Parlamento esta tarde a partir de las siete y media vamos a tener un debate sobre el turno de preguntas y que también la Conferencia de Presidentes tendrá noticia. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nos 13 a 32 recibirán respuesta por escrito (4). 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(5) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A5-0370/2003) del Sr. Queiró, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Defensa europea- Cuestiones industriales y de mercado- Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa" (COM (2003) 113- 2003/2096 (INI) ). 
– Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Sr. Queiró por su excelente informe sobre la comunicación de la Comisión relativa a cuestiones industriales y de mercado en materia de equipo de defensa. 
En su resolución de abril de 2002, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a abordar las cuestiones relacionadas con la industria y el mercado en el contexto de la industria europea de defensa. 
Los acontecimientos de los últimos años, como la construcción gradual de una política europea de defensa y de seguridad, y los cambios en la propia industria, han creado un escenario para una reevaluación del tema que hace tan solo algunos años se consideraba prematura. 
La Comisión es perfectamente consciente de lo delicado que es este tema y de las características específicas del sector de la defensa. 
En consecuencia, hemos adoptado un planteamiento prudente, centrándonos en las perspectivas de desarrollo del potencial tecnológico e industrial de Europa a largo plazo y expresando nuestra determinación de realizar una aportación considerable a los esfuerzos de la Unión Europea, siempre que sea posible. 
Como todo el mundo sabe, hemos presentado propuestas para una acción práctica, en concreto sobre la investigación en el ámbito de la seguridad y la defensa y sobre el desarrollo de un mercado de equipos de defensa. 
Nuestras propuestas han sido bien acogidas por los Estados miembros, lo que me complace porque ya desde mayo de este año la Comisión ha ido poniendo en práctica algunas de estas decisiones. 
En este contexto, quiero resaltar que en la actualidad se está llevando a cabo un estudio de evaluación de impacto en relación con la simplificación de las transferencias intracomunitarias de equipos de defensa. 
En cuanto al tema de las convocatorias de concurso público, se está preparando un Libro Verde para abrir el debate sobre un grupo de normas adecuadas para que la compra de productos y servicios por parte de los organismos de adquisición de material de defensa de los Estados miembros, y de la futura Agencia Europea, sea rentable, totalmente compatible e integrada. 
Continúan los esfuerzos conjuntos en el ámbito de la normalización con el Comité Europeo de Normalización (CEN) con el fin de redactar un manual europeo que se pueda aplicar a los contratos de defensa; se han perfilado los principios para asumir el control económico del mercado y la industria de defensa en una Unión Europea ampliada; y ha habido un cambio de planteamiento para controlar la exportación de los productos de doble uso, en el contexto más amplio de la estrategia de la Unión Europea y del plan de acción para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. 
En relación con el tema de la investigación, les comunico que la Comisión está poniendo los toques finales a una comunicación sobre la acción preparatoria para aumentar el potencial industrial europeo en relación con la investigación en materia de seguridad para el período 2004-2006. 
A principios del próximo año, se publicará una convocatoria de concurso público. 
Se ha creado un grupo de expertos con el fin de asesorar y ayudar a la Comisión en esta tarea, lo que esperamos que comportará un considerable programa de investigación europeo en materia de seguridad, a partir de 2007. 
El informe del Sr. Queiró apoya en general el planteamiento de la Comisión de consolidar la base de la defensa europea en temas tecnológicos e industriales, creando gradualmente un mercado europeo para el equipo de defensa y promocionando la investigación en materia de seguridad. 
En concreto, agradece las propuestas de normalización, las normas para las convocatorias de concurso público y para las transferencias intracomunitarias, y resalta, en relación con estas últimas, el vínculo con el control de las exportaciones de armas en las fronteras exteriores de la Unión y, en concreto, las propuestas del Parlamento para un código de conducta de la UE. 
El informe acoge con satisfacción la idea de que se lleven a cabo proyectos piloto de investigación y desarrollo en materia de seguridad. 
Todas estas sugerencias animan a la Comisión en su acción y también nos sentimos alentados por la opinión favorable de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía en torno a la creación de un mercado común europeo para el equipo de defensa y su apoyo explícito a las diversas propuestas de la Comisión en este ámbito. 
En lo que se refiere a la creación de una agencia en materia de defensa, después del mandato emitido por el Consejo Europeo de Salónica, los Estados miembros, a través del Consejo, pidieron a la Comisión que aclarara cómo podría colaborar la Comunidad con la futura agencia o en su seno con el fin de aumentar al máximo las sinergias para conseguir los objetivos comunes. 
La Comisión respondió favorablemente a esta petición y hoy puede confirmar su deseo y su voluntad de contribuir a esta tarea, utilizando los medios ya presentados en la comunicación de marzo de este año, que es el tema del debate de hoy. 
Con este espíritu, la Comisión tiene previsto implicarse en el desarrollo y las operaciones de la Agencia, para ayudarla a conseguir sus objetivos, tal como se definieron en el Consejo Europeo. 
Para terminar, quiero resaltar el agradecimiento y la esperanza de la Comisión respecto al apoyo del Parlamento Europeo a favor del informe del Sr. Queiró, y a favor de una estrecha colaboración con los Estados miembros, con el fin de avanzar en un área que presenta muchas dificultades. 
Los ciudadanos y contribuyentes europeos tienen derecho a esperar que avancemos hacia una mayor eficacia en el sector de la defensa y hacia una mayor credibilidad de la política europea de defensa y seguridad. 
– Señor Presidente, Señorías, no es casualidad que, en vísperas de la votación de la Resolución elaborada por nuestro apreciado colega, el Sr. Queiró, podamos congratularnos con él, como acaba de recordarnos, por el anuncio el pasado lunes de la decisión del Consejo de Relaciones Exteriores de crear la Agencia Europea de Defensa y pedir a un equipo encargado de su creación que proponga las modalidades jurídicas, institucionales y financieras de la misma. 
A lo largo del año pasado, aprovechando el efecto de la crisis iraquí, logramos observar en efecto una nueva convergencia de los enfoques del Parlamento, de la Comisión y del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común. 
Esto deja entrever la esperanza de que al menos en este ámbito los progresos registrados en la Convención no sean puestos esencialmente en entredicho por las decisiones esperadas de la Conferencia Intergubernamental. 
Dicho esto, cuento entre esos progresos la resolución de gastar mejor los fondos que los Estados miembros destinan a la defensa, evitando la actual dispersión de esfuerzos en materia de investigación, desarrollo y producción de los materiales necesarios para la modernización de las fuerzas armadas. 
A tal fin, es de desear, señor Comisario, como pide nuestro ponente, que la Comunicación de la Comisión, titulada «Defensa europea – Cuestiones industriales y de mercado – Hacia una política de la UE en materia de equipos de defensa» , brinde, como espero y como estoy seguro de ello, el marco propicio para una cooperación más intensa. 
Me parece importante destacar que la apertura de los mercados nacionales, que resulta así necesaria, no solo debe tender a conseguir mayores ahorros, desde luego, sino también a garantizar la seguridad del abastecimiento a escala nacional y europea. 
Sé muy bien que es una necesidad difícil de satisfacer, en particular para los Estados que, como mi país, Francia, han procurado hasta ahora mantener la mayor independencia posible en este campo. 
Una de las tareas prioritarias de la Agencia debería ser proponer a tal fin las modificaciones necesarias de las disposiciones actuales de los Tratados. 
Dicho esto, cuidémonos mucho de contentarnos con el efecto del anuncio de la creación de esta famosa Agencia. 
No olvidemos que antes de ella existía el OCCAR, Organismo Conjunto de Cooperación en Materia de Armamento, que, al menos por lo que yo sé, nunca pudo ser muy activo al no disponer del presupuesto comunitario mínimo para ser eficaz. 
Tomemos conciencia, Señorías, en particular los miembros de la Comisión de Presupuestos, de que, si no queremos quedarnos en veleidades, debemos reflexionar sin tardanza sobre estas cuestiones y modificar el presupuesto de 2004 para consignar en él las sumas necesarias para la puesta en marcha de las actividades de la Agencia. 
Tampoco debemos olvidarnos de dotar a nuestro Alto Representante de los medios necesarios para su acción, puesto que, según la propuesta del Consejo, es él quien asumirá la dirección de la Agencia. 
Me ha alegrado oír, señor Comisario, que usted, al igual que nosotros, está convencido de que, en el ámbito que nos preocupa, hay que dar prioridad a la investigación, y que quizás a este nivel podríamos emprender el tipo de proyecto piloto de cuya posibilidad ha hablado. 
Por último, para que la Europa ampliada pueda ocupar el lugar que se espera de ella en la escena internacional, hay que dotarla de los medios necesarios para su acción. 
Es necesario, pues, gastar mejor, ya lo hemos dicho, pero sin duda habrá que gastar más. 
No es fácil para un responsable político reconocer esta evidencia, en especial en un momento en que los equilibrios presupuestarios son tan difíciles de alcanzar. 
Celebro pues la valentía del ponente y de todos aquellos que han apoyado su informe en la comisión por haber escrito o aprobado que la negativa persistente de muchos Estados miembros a aumentar sus gastos de defensa puede poner en peligro la capacidad militar de la Unión Europea y la coherencia misma de su acción en la OTAN. 
Ya lo he dicho en este recinto, señor Presidente, señor Comisario, no olvidemos el viejo refrán francés tan popular en la Francia prerrevolucionaria: no hay dinero, no hay Suiza. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Queiró y la Comunicación de la Comisión están en la línea de nuestras resoluciones parlamentarias anteriores, adoptadas desde 1984, sobre la política europea de seguridad y defensa. 
La Comunicación de la Comisión y este informe llegan en el momento adecuado para prolongar los avances de la política europea de seguridad y defensa (PESD) ya decididos, en particular después del Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999. 
En efecto, desde esa fecha se han creado nuevos órganos: el COPS (Comité Político y de Seguridad) , el Comité Militar, el Estado Mayor, y otros dependientes del Alto Representante encargado de la política exterior. 
Se ha decidido la constitución de una fuerza de reacción rápida de 60 000 hombres. 
Se han celebrado conferencias para evaluar las capacidades militares de que disponemos y las que nos faltan. 
Durante todo este período se han hecho muchas cosas, pero también se ha expresado en muchas ocasiones la constatación de que nuestras industrias de defensa tienen una profunda necesidad de reformas, sin las cuales seguiremos derrochando inútilmente los fondos. 
No volveré sobre los distintos análisis y deseos expresados tanto por la Comisión como por nuestro ponente. 
Los comparto sin reservas, salvo, señor Queiró, su deseo de que votemos su enmienda 1. 
Lo siento, pero me gusta el apartado 15 y votaré, por consiguiente, en contra de su deseo, cosa que lamento. 
Permítame insistir en un punto, porque es importante y también porque está de actualidad, como han dicho antes que yo el ponente y el Sr. Morillon. 
Se trata de la creación de la Agencia Europea de Armamento. 
Desde hace mucho tiempo, el Parlamento Europeo viene apoyando su creación, en la lógica de lo que acaba de decirse. 
Expresaremos de nuevo este apoyo votando mañana a favor de este informe y una excelente enmienda presentada sobre este tema, la Agencia, por el Sr. von Wogau. 
Pero las cosas han ido rápido, lo cual me complace, máxime cuando en este momento las buenas noticias procedentes de Europa son más bien escasas. 
En efecto, el pasado lunes, una decisión conjunta de los Ministros de Defensa y los Ministros de Asuntos Exteriores, incluidos los de los nuevos miembros, lanzó de hecho esta Agencia, cuyo principio se había decidido en la Cumbre de Salónica y que deberá entrar en funcionamiento en enero de 2004. 
Es una buena noticia. 
Esperemos que, a pesar de los inevitables obstáculos y resistencias, la Agencia sea un éxito. 
Debería, y lo espero, ir más allá que el OCCAR, el Organismo Conjunto de Cooperación en Materia de Armamento, que ha sido muy decepcionante. 
La Agencia Europea tendrá misiones amplias. 
Deberá ocuparse de las capacidades militares –armamento y equipos– pero también, e insisto, de la investigación: un sector tan esencial, pero un tanto sacrificado, no solo por la Unión Europea, sino también por sus Estados miembros. 
Le he escuchado con toda atención hace un momento, señor Comisario. 
Espero que la Comisión continúe en la vía que acaba de indicar. 
La Agencia tiene a su favor la voluntad política de quienes la crean y la sitúan cerca del Consejo de Ministros. 
Tiene también el apoyo de los industriales, plenamente conscientes de la necesidad de trabajar juntos a escala europea y entre europeos, y que han comenzado a agruparse ellos mismos. 
Cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
En resumen, muchas hadas buenas asisten a su nacimiento. 
Necesitará de su ayuda para crecer y vivir la bella vida que le deseamos y que deseamos a toda la política europea de seguridad y defensa. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes se opone frontalmente a la idea de que se deban financiar proyectos de investigación militar con el presupuesto comunitario. 
Consideramos totalmente inaceptable que se proponga que los ciudadanos europeos paguen más impuestos para gastos militares, cuando deberíamos ir en la dirección contraria y garantizar que el dinero de los ciudadanos europeos se utilice para el bien de la sociedad y de la humanidad en general, no para fines destructivos. 
Hemos presentado enmiendas a tal fin. 
Estamos convencidos de que este informe, y la comunicación de la Comisión en la que se basa, son fruto de los intereses de los grupos de presión de la industria militar europea, que sin duda son los verdaderos autores de esta política. 
Las instituciones europeas les prestan oído sin cuestionar lo que dicen y se apresuran a cumplir sus órdenes y a hacer lo que quieren. 
Este informe apoya la Agencia Europea de Armamento, creada el pasado lunes por el Consejo de Ministros. 
El grupo de presión de la industria militar ha conseguido incluso que esta agencia aparezca en el proyecto de constitución europea. 
La inclusión en cualquier constitución de un organismo militar cuyo objetivo es promover un sistema de adquisiciones militares común y mejorar la eficiencia de la industria armamentística resulta increíble. 
Con independencia de que se esté a favor o en contra de una constitución de la Unión Europea, no hay ninguna justificación para la inclusión de una agencia que promueve las herramientas de la muerte y la destrucción. 
También está la cuestión de por qué se seleccionó a esta agencia concreta para ser incluida en el proyecto de constitución, en lugar de, por ejemplo, incluir una agencia de prevención de conflictos, que mi Grupo habría apoyado. 
En la cumbre europea de Salónica, el Primer Ministro irlandés, el Sr. Ahern, dio su apoyo a la creación de esta agencia armamentística de la UE. 
Me sorprendió enormemente que el líder de un país que se supone neutral, en el que hay una fuerte oposición pública al inmoral comercio de armas, pudiera dar el visto bueno a esa agencia. 
La decisión no podría haberse adoptado sin el acuerdo de todos los Jefes de Estado. 
Está claro que nuestro Gobierno no puso coto a esta peligrosa e inaceptable decisión, a pesar de que tenía la potestad de hacerlo. 
En las conclusiones de la Presidencia quedó claro que uno de los principales objetivos de esta decisión es reforzar las industrias armamentísticas comunitarias y hacerlas más competitivas a escala mundial. 
Resulta increíble que en un momento en el que los líderes comunitarios están hablando de reducir la amenaza de las armas de destrucción masiva y de convertir el mundo en un lugar más seguro, pudieran acordar esa estrategia. 
En las conclusiones de la Presidencia se decía que esa agencia, que estará sujeta a la autoridad del Consejo y abierta a la participación de todos los Estados miembros, tratará de desarrollar capacidades de defensa en la gestión de crisis, promoverá y mejorará la cooperación armamentística europea, reforzará la base tecnológica de la industria de defensa y creará un mercado competitivo de material de defensa, además de promover, conjuntamente con la Comunidad, actividades de investigación, cuando proceda, con vistas a conseguir el liderazgo en tecnologías estratégicas para futuras capacidades de defensa y seguridad, reforzando así el potencial europeo en este campo. 
Esto supone avanzar en una dirección totalmente equivocada. 
Es evidente que estas decisiones pretenden satisfacer los intereses de las industrias armamentísticas europeas y que los avances y la investigación van a alejarse de objetivos útiles para centrarse en productos que matan y destruyen a personas, en lugar de productos que hacen del mundo un lugar mejor para vivir. 
La actitud del Gobierno irlandés es un escándalo nacional y una de las peores decisiones que ha tomado cualquier líder del Gobierno irlandés desde 1990, cuando nuestro Ministro de Economía apoyó el incremento de los préstamos a bajo tipo de interés para la industria nuclear. 
Otra cuestión que quisiera mencionar en este debate es la cuestión del sonar activo de baja frecuencia. 
Mi Grupo presentó dos enmiendas sobre este informe para subrayar que, aparte de ser contrarios al desarrollo de armas en general, nos oponemos totalmente al desarrollo de tecnología militar cuyo uso perjudica al medio ambiente. 
Estamos convencidos de que, como se propuso el año pasado, debe prohibirse la utilización del sonar de alta frecuencia para detectar submarinos, pero esta tecnología avanzada se está utilizando actualmente en los buques de los países de la OTAN y de los Estados Unidos en ejercicios militares en Europa. 
Hay problemas graves, incluso en la fase experimental. 
El ruido de esos sonares matan a ballenas y a otras especies marinas porque confunden sus sistemas de orientación. 
Esto es completamente inaceptable. 
El dinero comunitario destinado a la investigación debe usarse para proyectos de paz responsables desde el punto de vista ecológico, y no para esto. 
Voy a terminar con un comentario sobre EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) , la segunda compañía aerospacial y de defensa del mundo. 
Su director general se queja de que los Estados Unidos invierten ya seis veces más que Europea en armamento e investigación. 
Aunque los presupuestos de investigación de los Estados Unidos siguen aumentando, en Europa están estancados. 
Me resulta imposible comprender por qué eso es motivo de crítica; yo creo que es algo que deberíamos celebrar. 
Señor Presidente, de conformidad con el Reglamento, quiero tener la oportunidad de defender mi honor. 
La Sra. McKenna ha dicho que este informe era el producto de los grupos de presión de la industria de la defensa o de armamentos, y quiero dejar claro que, en lo que a mi y mis colegas se refiere, ningún grupo de presión... 
Señor ponente, esta Presidencia le concederá la palabra al final del debate. 
No es este el momento oportuno para realizar su intervención. 
Tomo nota de su petición de palabra y se la concederé al final de debate. 
Señor Presidente, está claro que si queremos desarrollar en el futuro una cooperación creíble en materia de defensa –no prejuzgo aquí su forma, sus límites o su estatuto jurídico futuro–, será necesario que los Estados implicados se apoyen mutuamente en materia de equipos militares. 
No obstante, la Comunicación de la Comisión sobre este tema, de 11 de marzo de 2003, resulta decepcionante por tres razones principales. 
En primer lugar, aborda la cuestión de la industria de armamento esencialmente desde el punto de vista del mercado y de la competencia, porque, evidentemente, es ahí donde tiene alguna competencia. 
Pero es un punto de vista extremadamente reduccionista, pues en este campo la preocupación por la seguridad es y debe seguir siendo predominante. 
El menor coste de adquisición de los materiales es una consideración importante, sin duda, sobre todo en un período de déficit presupuestario, pero no es la única, ni mucho menos. 
Los Estados, en nombre de su seguridad, deben seguir siendo los únicos dueños de sus apreciaciones. 
Es lo que reconoce desde siempre el artículo 296 del Tratado sobre la Comunidad Europea, que se prorroga tal cual, se lo recuerdo, por el artículo 342 de la tercera parte del proyecto de Constitución europea. 
En segundo lugar, la Comunicación de la Comisión tiende a comunitarizar demasiado, mediante la codecisión, llegando incluso a la creación de un marco comunitario de los equipos de defensa que querría englobar, al parecer, la Agencia del Armamento. 
Semejante comunitarización no redunda en absoluto en interés de la cooperación en materia de defensa, que requiere unas relaciones intergubernamentales y geometrías variables bajo el control de los parlamentos nacionales, para no desalentar la participación de los Estados miembros. 
Celebro de paso que esta Agencia del Armamento que se está lanzando, al fin, sobre la base del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, sea de naturaleza intergubernamental. 
En tercer lugar, he encontrado en el apartado 6 del informe del Sr. Queiró –y lo felicito por ello muy calurosamente– una idea clave que está ausente en la Comunicación de la Comisión, como también del proyecto de Constitución europea: la idea de la preferencia comunitaria. 
Francamente, Señorías, comprendo mal cómo se puede querer a la vez una Agencia Europea de Armamento, destinada en particular a promover y coordinar la armonización de los equipos militares, y no comprometer paralelamente a los Estados miembros de la Agencia a comprar esos equipos. 
Evidentemente, la preferencia europea debe ser flexible, porque los equipos militares de alta tecnología no son productos agrícolas y, como ya he dicho, los Estados deben seguir siendo dueños de su seguridad. 
Sin embargo, incluso si no se puede contraer un compromiso jurídico estricto, al menos debería existir en alguna parte una declaración de intenciones en este sentido. 
Doy las gracias de nuevo al Sr. Queiró por haberlo dicho claramente. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Queiró se ha visto, hasta cierto punto, superado por los acontecimientos, ya que el lunes el Consejo tomó la decisión de crear una Agencia Europea de Capacidades de Defensa. 
Me pregunto si esta no resultará una contradicción en sus términos, ya que son escasos los indicios de que muchos países europeos tengan la voluntad política de mejorar sus capacidades de defensa o de aportar los recursos financieros adicionales necesarios para ello. 
Como suele ocurrir con las comunicaciones de la Comisión y los informes de esta Cámara, la solución que se ofrece a un problema concreto es ampliar la competencia comunitaria. 
Esa es nuestra objeción fundamental en este terreno. 
Como siempre, se hace especial hincapié en crear las instituciones de una política industrial de defensa comunitaria, en lugar de cubrir las necesidades de equipos militares y las necesidades de la industria. 
La permanente incapacidad de muchos Estados europeos para gastar más en defensa no solo perjudica a la alianza transatlántica, sino que también daña a nuestras industrias de defensa. 
Nuestras fuerzas armadas necesitan el mejor equipamiento interoperable actual para su difícil misión. 
La relaciones y colaboraciones de la industria de defensa deberían entablarse con los socios más ventajosos, estén donde estén. 
Por lo tanto, toda mención de la preferencia comunitaria me parece sospechosa cuando se trata de actividades de los países europeos en este campo. 
Hay graves deficiencias en el equipamiento y en la organización de las fuerzas armadas en numerosos países europeos. 
Por lo tanto, resulta seductor el argumento que se esgrime en el sentido de que hay una duplicación de esfuerzos entre los países europeos y de que se conseguirían inevitablemente economías de escala, así como la mejora de la interoperabilidad, con un sistema de adquisiciones de equipos de defensa más armonizado en el ámbito comunitario. 
Pero, ¿quién nos asegura que esa es la motivación real de una función comunitaria en la adquisición de equipos de defensa, y no –en términos de solidaridad occidental– la intención de crear divisiones en el corazón de la política de seguridad y defensa europea? 
Dado que solo seis países de Europa representan más del 90% de la capacidad industrial de defensa de Europa y el 98% de la totalidad del gasto en I+D, es una lógica muy peculiar sugerir que los representantes de 15 países –por no hablar de 25– deberían participar en la toma de decisiones y el control en este campo. 
El informe Queiró insiste en la necesidad de que la UE se dote de capacidades militares para garantizar la credibilidad de sus objetivos de política exterior y de defensa. 
¿No es ese el objetivo real de la agencia y de una política de equipamiento de defensa de la UE, en lugar de la mejora de las industrias de defensa europeas y el desarrollo de nuestras capacidades militares? 
Recemos por que las fuerzas armadas británicas no tengan que depender de fuentes de suministro dirigidas por Bruselas para conseguir sus municiones y sus vitales equipos de combate. 
Señor Presidente, es cierto que el debate de esta noche se produce tras la decisión del Consejo a favor de una Agencia Europea de Capacidades de Defensa, pero yo acojo con satisfacción esa decisión, y también el informe del Sr. Queiró. 
Me satisface que el informe reafirme que la OTAN es la piedra angular de la defensa colectiva europea, reconociendo que 11 de nuestros actuales Estados miembros –19 de los miembros de la UE a partir del año que viene– son miembros de ambos órganos. 
Sin embargo, si deseamos que la Unión haga una aportación militar seria a la misión de Petersberg de mantener y conseguir la paz, la política europea de seguridad y defensa debe contar con el sustento de una capacidad creíble de las naciones comunitarias para llevar a cabo operaciones militares cuando no participe la OTAN en su conjunto. 
Para los que desean un mayor papel comunitario en los asuntos mundiales frente a los Estados Unidos, es absolutamente correcto decir que Europa está atada al apoyo estadounidense para cada iniciativa y operación militar. 
Por eso es importante apoyar en este debate la creación de una Agencia Europea de Defensa, una agencia que debería centrarse fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades militares comunitarias y en el establecimiento de un marco para evaluarlas. 
También es importante que, en el contexto del debate de esta noche, haya un compromiso más amplio para promover unas adquisiciones y una competencia más rentables. 
Quisiera decir al anterior orador de los conservadores británicos, que ve en cada acción una conspiración para incrementar las competencias comunitarias, que la creación de un mercado interior de defensa realmente competitivo también redunda en beneficio del Reino Unido, no solo en el de la Unión. 
La industria británica siempre ha sido una de las más competitivas y abiertas. 
Hay numerosos ejemplos, desde el reciente contrato del A 400 M, en los que se habrían agradecido unos procedimientos administrativos de contratación más sencillos y claros. 
Espero que las empresas y el empleo del Reino Unido, incluidos los de mi región, el este de Inglaterra, que es la segunda región que más depende de la defensa en el Reino Unido, se beneficien de esta apertura de los mercados. 
Esto me lleva a la última cuestión que quería tocar. 
Aunque el debate de esta noche se centra en las industrias de equipos de defensa y en la adquisición de suministros, no debemos olvidar la importancia de incrementar las capacidades civiles para la prevención de conflictos. 
La importancia de intentar conseguir una paz sostenible requiere también medidas muy serias en materia de prevención de conflictos y estrategias posconflicto. 
Me alegro mucho de que también en este campo se produzcan avances y de su inclusión en las conclusiones del Consejo del lunes. 
A veces se dice que cuando la Unión Europea no puede crear una política, crea una agencia, y este es el riesgo al que nos enfrentamos: abordar la política militar y de defensa desde una perspectiva empresarial y de competencia. 
Si además actuamos desde un punto de vista proteccionista europeo, el riesgo es aún mayor. 
El objetivo debería ser que Europa elaborara una política innovadora de defensa y seguridad que promueva la estabilidad y la paz y se oponga a los dictadores: esta debería ser nuestra política. 
El ponente ha mencionado la necesidad de controlar la exportación de armas a terceros países, y estoy pensando concretamente en las dictaduras. 
Este tipo de control no se está realizando actualmente en Europa: al contrario, estamos dando armas a dictadores de todo el mundo. 
Otro punto se refiere al gasto civil. 
La Unión Europea no está haciendo bastante en este sentido, de hecho no está haciendo casi nada. 
La Comisión sostiene que no debemos copiar a los Estados Unidos. 
Por supuesto, pero para no copiar a los Estados Unidos tendríamos que intentar convertir nuestro gasto militar y estructuras militares en gasto y estructuras civiles, que quizás podrían complementar –no competir con o ser una alternativa a, sino complementar– a los de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, como mi colega, el Sr. Van Orden, no estoy convencido de la necesidad ni de la eficacia de la defensa europea. 
Sin embargo, es preciso reconocer un hecho: antes o después, el hombre de la calle de los Estados Unidos va a despertarse una mañana y a preguntar por qué 3,2 centavos de cada dólar que él paga al Tío Sam va a parar a la defensa europea. 
Es una buena pregunta. 
Si yo fuera un representante electo en Washington, tendría problemas para contestar. 
Parece que todos estamos de acuerdo en que tenemos que asumir una mayor responsabilidad sobre nuestra defensa, ya sea como Estados nacionales independientes, ya como europeos o como socios de la OTAN, cosa que yo prefiero. 
Sea cual sea el camino, tendremos que incrementar nuestros gastos de defensa. 
Si siguiéramos abasteciéndonos como hasta ahora, tendríamos que incrementar los impuestos entre un 3% y un 4%. 
Como político electo, preferiría no tener que decir eso a mis electores. 
Se trata de conseguir más por nuestro dinero. 
Para ello, debemos racionalizar nuestro gasto en defensa, como ha señalado el Sr. Queiró en su informe. 
Sin embargo, debemos enfrentarnos a dos realidades: en primer lugar, el mayor y mejor negocio puede ser el de ir de compras fuera de la UE. 
Por ejemplo, el avión de transporte militar A 400 puede ser un digno sucesor del Hércules, con una mayor capacidad, cuando vuele, pero actualmente los únicos aviones de carga pesada y largo alcance en Europa son los Boeing/McDonnell Douglas C17 que la posee en arrendamiento, no en propiedad. 
Estoy seguro de que los diversos helicópteros de ataque tienen sus virtudes, pero gastar dinero en desarrollar en su totalidad o en parte cuatro de ellos es una locura. 
Y la lista sigue: equipos de comunicaciones, misiles de la próxima generación, vehículos con control remoto. 
Pero el peor ejemplo de duplicación es el avión de combate de la próxima generación. 
El Eurofighter Typhoon es un aparato excepcional. 
Cuatro países europeos han invertido millones de euros en él y en los sistemas de armamento diseñados para él. 
Pero no es el único avión de combate europeo que existe. 
Dassault vende el Rafale. 
¿Por qué será que no me sorprende que sea el Rafale el que cumple los requisitos de la? 
Estoy seguro de que eso no tiene nada que ver con el suministro a las muchas fuerzas aéreas del mundo que han comprado Dassault Mirages con el avión de combate de la próxima generación, a un precio que no sería tan bajo si no fuera por la compra por parte de la Fuerza Aérea francesa. 
Seamos francos. 
Tenemos que hacer una evaluación adecuada del papel y los requisitos de nuestras fuerzas armadas antes de desarrollar capacidades que respondan a esos requisitos. 
Solo en el ámbito de la OTAN se pueden conseguir esa sinceridad y esa falta de parcialidad nacional. 
Es cierto que la cooperación y la economía van de la mano, pero sabemos que lo que cuenta para nuestras tropas es el equipamiento y la instrucción. 
Una buena preparación hace más fáciles las batallas. 
Debemos dar a nuestras tropas lo mejor, tanto en términos de equipamiento como en términos de instrucción. 
Es lo mínimo que les debemos. 
Señor ponente, de acuerdo con el Reglamento el Presidente puede concederle la palabra al ponente al final del debate y se la concede por un minuto y medio, pero no se reabre el debate, Señorías. 
Señor Presidente, no quiero reabrir el debate, solo quiero responder a la Sra. McKenna, que dice que este informe constituye una victoria de los grupos de presión del sector armamentista. 
La insolencia de esta afirmación no merece respuesta, pero la ofensa a mi buen nombre me obliga a protestar. 
Por supuesto, no tengo nada en contra de las opiniones de la Sra. McKenna, que decididamente difieren de las mías. 
Pero lo que no puedo aceptar es su insinuación de que supuestamente he actuado de forma servil doblegándome a los intereses de este sector, o incluso que yo represento dichos intereses. 
Soy bastante consciente de lo que hay que hacer en caso de conflicto de intereses. 
Aparte de ser ofensiva, esta insinuación es falsa y está completamente fuera de lugar en el contexto político serio en el que se ha celebrado este debate. 
La afirmación de la Sra. McKenna y la lamentable falta de ética que revela no son más que un reflejo de la persona que la ha expresado. 
. Señor Presidente, expresaré muy brevemente mi satisfacción por el apoyo, que creo bastante amplio, de esta Asamblea a la Comunicación de la Comisión. 
Quisiera subrayar que la iniciativa de la Comisión en este ámbito se remonta a 1996 y 1997. 
En aquel momento fracasó precisamente debido a algunos argumentos que he oído hoy de nuevo en este recinto. 
Quisiera llamar su atención, sin embargo, sobre el hecho de que la iniciativa adoptada por la Comisión a raíz de las peticiones formuladas por el Parlamento Europeo y el Consejo debe fundamentarse en los Tratados, tal como existen hoy. 
Si es cierto que nos preocupamos por destacar la importancia de una base económica e industrial para el desarrollo de este sector a escala europea, es igualmente importante resaltar las responsabilidades de la Comisión en materia de investigación y, sobre todo, que la estrategia de investigación debe asentarse en el concepto de seguridad. 
No es, pues, una investigación asentada en el concepto de defensa. 
Por ello, la Comisión rechaza algunas consideraciones sobre la naturaleza de esta investigación. 
Me permitiré añadir que, incluso cuando el debate vuelve sobre la gestión de crisis y la prevención de conflictos, no hay que olvidar que la credibilidad y la eficacia de la acción de gestión de crisis en el marco de un conflicto dependen en gran medida de la capacidad de apoyo militar para gestionar esas crisis. 
No vivimos en un mundo ideal en el que todos aceptarían con gusto la acción humanitaria como tal. 
No, para que la acción humanitaria tenga éxito, necesita el apoyo de la fuerza, y esta es la perspectiva desde la que estamos construyendo una política exterior de seguridad y defensa. 
La iniciativa de la Comisión adopta este enfoque, que es nuestro enfoque, que es la perspectiva europea y que ha sido recogida por la Convención en el proyecto de Constitución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0397/2003) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el proceso de estabilización y asociación para la Europa del Sudeste- Segundo informe anual (COM (2003) 139- 2003/2094 (INI) ). 
, Señor Presidente, quisiera aclarar tres puntos de mi informe. 
El primer punto, y seguramente el más políticamente controvertido, es el estatuto definitivo de Kosovo. 
Es una patata caliente que todos, incluso el Parlamento, han preferido evitar. 
Después de varias discusiones en la región, pero también con un gran número de personas aquí, he llegado a la conclusión de que ya no podemos esperar más y retrasar la definición del estatuto definitivo. 
Si observamos los problemas que tiene Kosovo en la actualidad, veremos que es cada vez más evidente que, por ejemplo los problemas socioeconómicos, solo se podrán resolver si se deja claro el estatuto definitivo de Kosovo. 
Al fin y al cabo, muchos inversores se niegan a invertir en Kosovo porque no se sabe seguro de qué estatuto goza este país. 
Lamentablemente, también es cada vez más evidente que se ha iniciado un proceso en el que la comunidad internacional, antes aclamada como liberadora, se considera cada vez más como ocupante. 
Y esto me afecta mucho, porque creo que se hizo un buen trabajo en la zona. 
Sin embargo, esta es la realidad en Kosovo y creo que el Parlamento también debería basar sus conclusiones en ello. 
Es responsabilidad de la UE tomar la iniciativa para asegurar que en un período de dos años –en lo que a mí respecta– quede claro cuál es el estatuto definitivo de Kosovo. 
Y tengo bastante claro que será una opción difícil. 
También pienso que la Unión Europea no necesita elegir todavía, pero los kosovares necesitan saber que se va a tomar una decisión sobre su estatuto en un plazo de dos años. 
Por lo tanto, tengo un doble mensaje para los kosovares: estamos dispuestos a ofrecerles claridad respecto a su estatuto definitivo en un plazo de dos años, pero ellos tienen que demostrarnos que pueden gestionar su país de forma adecuada, es decir, de forma que abarque una política decente respecto a las minorías, incluido el respeto de las fronteras como están actualmente. 
Si los kosovares pueden conseguirlo, creo que deberíamos decir que en un plazo de dos años estaremos dispuestos a tomar una decisión sobre su estatuto definitivo. 
Por consiguiente, me gustaría preguntarle al Comisario si puede confirmar una vez más lo que la Comisión ya ha dicho en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, es decir, que la Comisión Europea se siente satisfecha, y por lo tanto está de acuerdo con que la Unión Europea tome la iniciativa para elaborar una hoja de ruta, un calendario, o como quieran denominarlo, siempre que al final quede claro lo que va a ocurrir en Kosovo. 
Mi segundo punto trata sobre Serbia y Montenegro. 
Creo que hace un par de años el Sr. Solana tenía buenos motivos para intentar que estos dos países permanecieran juntos. 
Entonces era necesario evitar el caos en la región. 
Ahora han transcurrido dos años y después de intentarlo durante un año, estos dos países tienen otros dos años para comprobar si las cosas funcionan. 
Creo que ahora se puede y se debe sacar la conclusión de que las cosas no funcionan. 
Nadie, ni en Montenegro ni en Serbia, está dispuesto a invertir en esta nueva federación, en estas nuevas estructuras. 
Así pues, creo que lo adecuado es que la Unión Europea diga: no seguiremos intentando obligarles a algo que nadie de ustedes quiere. 
Adoptaremos una postura neutral. 
Dejaremos que ustedes decidan, lo que también significa que si invertimos nuestro dinero en Montenegro o en Serbia, lo invertiremos en ámbitos que deban mejorarse de todas formas. 
Hay muchos ámbitos, tanto en Montenegro como en Serbia, que necesitan financiación, al margen de si estos países pasan a ser independientes o siguen juntos. 
Para terminar, el tema final. 
Ahora que la comisión parlamentaria ha llegado a un acuerdo sobre los dos puntos anteriores, el punto siguiente corre el riesgo de ser un punto controvertido en el pleno. 
Trata del hecho de que una serie de países de la región, tres para ser exactos, han firmado un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para excluir a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya. 
Está muy claro lo que dice el informe en este sentido. 
Lamentamos que Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Albania hayan firmado un acuerdo de este tipo. 
En mi opinión, esto no debería haber ocurrido. 
Sin embargo, aplaudimos el hecho de que Croacia no haya firmado un acuerdo de este tipo. 
Además, se ha establecido que la entrada definitiva en la UE de estos países en algún momento futuro no es compatible con este acuerdo bilateral. 
En consecuencia, el mensaje que quiero transmitirles es que deberán cancelar estos acuerdos bilaterales dentro de pocos años. 
¿Pero significa esto que ahora debemos penalizar a Albania y a Bosnia por haber firmado este acuerdo? 
Me dirijo específicamente al Sr. Swoboda al respecto. 
Él ha presentado una enmienda mediante la cual, en mi opinión, pretende penalizar a Albania y a Bosnia por haber cometido este error en el pasado. 
En realidad, quiere cancelar todos los acuerdos del tipo que sean con estos países mientras esté vigente este acuerdo con los Estados Unidos. 
Señor Swoboda, creo que ha cometido un gran error al decir esto. 
Como a usted, me molesta que los Estados Unidos hayan obligado a estos países a firmar un acuerdo de este tipo, pero no quiero penalizar a los albaneses y a los bosnios por este motivo. 
En mi opinión, no deberíamos organizar aquí en el Parlamento una competición sobre quién es el mejor defensor de la Corte Penal Internacional. 
Quiero recordarle que la coalición de ONG a favor de la Corte Penal tampoco lo ha pedido y, para ser sinceros, creo que usted pide demasiado. 
Lo que debe importarnos es conseguir el equilibrio adecuado entre nuestra crítica a los Estados Unidos y dichos acuerdos, por una parte, y el reconocimiento de que nosotros también queremos que estos países estén más cerca de Europa en los próximos dos años, por otra parte. 
Necesitaremos un acuerdo para ello. 
No debemos permitir que se conviertan en víctimas de la presión de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Lagendijk por su excelente informe sobre el informe anual sobre el proceso de estabilización y asociación elaborado por la Comisión en marzo de 2003. 
La Comisión y el Consejo necesitamos el apoyo y el compromiso plenos del Parlamento en nuestros esfuerzos por ayudar a esos países en sus reformas y por acercarlos a la Unión Europea. 
El informe del Sr. Lagendijk toca algunas cuestiones esenciales en nuestras actuales relaciones con los Balcanes Occidentales. 
Hemos tomado nota de todas las sugerencias incluidas en el informe y las estudiaremos muy atentamente. 
En primer lugar, la ayuda financiera. 
Agradecemos el apoyo dado en la agenda de Salónica a la propuesta de la Comisión de incrementar el presupuesto CARDS en más de 200 millones de euros para el período 2004-2006, así como el hecho de que la propuesta de la Comisión para el presupuesto de 2004 se haya aprobado en su primera lectura. 
También tendremos que reflexionar atentamente sobre la ayuda financiera a los Balcanes Occidentales, en vista de las próximas perspectivas financieras que comienzan en 2007. 
En lo que respecta al régimen de visados, los habitantes de la región dan una gran importancia a esta cuestión. 
La Comisión entablará negociaciones con los países a su debido tiempo, en el marco del PEA. 
Sin embargo, estamos ante una cuestión a largo plazo y que debe analizarse en un contexto más amplio. 
Cualquier avance en este campo está ligado también a la capacidad del país en cuestión para poner en práctica importantes reformas en aspectos como el Estado de derecho, la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la inmigración ilegal, así como en la reforma de la capacidad administrativa, el control de fronteras y la seguridad de los documentos. 
En lo que respecta a los compromisos de Salónica, creo que hemos avanzado mucho en nuestra labor de poner en práctica nuestra parte de los mismos. 
Es para mí un placer informarles de que el reglamento marco, que constituirá el fundamento jurídico de las asociaciones europeas, fue aprobado la pasada semana por la Comisión. 
Estas asociaciones ayudarán a los países a centrar su atención en aspectos prioritarios y, por lo tanto, contribuirán a acelerar el proceso de integración europea. 
Ya se está utilizando el hermanamiento, que consiste en la utilización de recursos humanos de los Estados miembros para ayudar a los países de los Balcanes Occidentales. 
TAIEX, la Oficina de Asistencia Técnica en el Intercambio de Información, que ayudará a esos países a armonizar sus legislaciones con el acervo comunitario, comenzará a funcionar en un futuro próximo y los preparativos para abrir la participación en programas y agencias comunitarios siguen su marcha. 
También me complace informarles de que el estudio de viabilidad sobre la apertura de negociaciones sobre un acuerdo de estabilización y asociación con Bosnia-Herzegovina fue aprobado por la Comisión ayer mismo. 
El estudio señala tanto avances como defectos que no han desaparecido. 
En este contexto, la Comisión cree que debería poder recomendar a los Estados miembros la apertura de negociaciones sobre el acuerdo de estabilización y asociación en cuanto Bosnia-Herzegovina haya avanzado lo suficiente para cumplir una serie de prioridades a corto plazo que son vitales para la aplicación de dichos acuerdos de estabilización y asociación. 
La solicitud de Croacia se está tramitando según el procedimiento habitual. 
Recibimos en plazo más de 10 000 páginas de respuestas de Croacia y, si todo va bien, esperamos concluir nuestro trabajo sobre la opinión para marzo o abril. 
También esperamos que Croacia pueda mejorar en determinados campos que, por cierto, se indican en el apartado 37 del informe Lagendijk. 
Tomo nota de la sugerencia de una posición neutral en la relación entre Serbia y Montenegro. 
La política de la Unión Europea es apoyar la unión estatal de Serbia y Montenegro durante los tres años estipulados en el acuerdo de Belgrado. 
Las condiciones del acuerdo establecen que, al finalizar ese período, depende de Serbia y Montenegro decidir permanecer juntos. 
La Comisión ha comenzado a trabajar en un estudio de viabilidad para Serbia y Montenegro. 
Se realizará una evaluación objetiva y exhaustiva diseñada para determinar si ambos países están preparados para iniciar negociaciones para un acuerdo de estabilización y asociación. 
Tal y como están las cosas en la actualidad, es necesario que se produzcan nuevos y sustanciales avances en cuestiones esenciales, como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la cooperación y el desarrollo en el mercado interior de Serbia y Montenegro y una única política comercial, así como reformas políticas y económicas. 
En lo que respecta al proceso previo a la decisión sobre el estatuto final de Kosovo, permítanme recordarles que la Unión Europea apoya la plena aplicación de la Resolución 1224 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la política de «normas antes del estatuto». 
Al igual que el Consejo, acogemos con agrado la intención del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Harry Holkeri, de establecer unas directrices más concretas para los avances, así como de poner en práctica una política denominada «normas antes de estatuto» sobre la base de un plan de trabajo que se deberá coordinar con el seguimiento de normas de la Unión Europea. 
Sabemos que la primera ocasión en la que se realizará una revisión global será a mediados de 2005. 
Por lo tanto, 2004 es un año importante para que las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo consoliden una sociedad verdaderamente multiétnica y democrática. 
Sea cual sea el estatuto definitivo, el pueblo de Kosovo tendrá su lugar en Europa. 
Señora Presidenta, en el marco del segundo informe sobre el proceso de estabilización y asociación para la Europa del Sudeste, la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía apoya la propuesta de la Comisión y, por supuesto, quiero felicitar al ponente. 
Creemos que en el marco de los compromisos adquiridos por el Consejo Europeo de Salónica en junio de 2003, el inicio de las asociaciones de integración europea para los Balcanes occidentales merece establecer un objetivo a medio plazo basado en un plan de acción –esta es nuestra propuesta– que disponga las medidas y las acciones que los países de los Balcanes occidentales y la Unión Europea deben emprender. 
El plan de acción debería reforzar el apoyo a la creación de instituciones, por supuesto, pero también a proyectos de infraestructura y proyectos de cooperación económica y comercio regional. 
En otras palabras, habría que dar prioridad a unas reformas estructurales y económicas que permitan el funcionamiento de economías de mercado y un desarrollo sostenible. 
El ritmo de integración en la Unión Europea dependerá por supuesto de los propios países. 
No obstante, quiero resaltar que el proceso de estabilización y asociación es el marco institucional para el camino hacia Europa por parte de los países de los Balcanes occidentales y marca un cambio en el centro de gravedad desde la estabilización hacia la asociación con la Unión Europea. 
– Señora Presidenta, Señorías, como se estableció en Zagreb y más recientemente en Salónica, cada uno de los países de la Europa del Sudeste tiene sus propias perspectivas respecto a la adhesión. 
De lo que se deduce que tenemos razón al adoptar la estrategia de iniciar las negociaciones para un Acuerdo de Estabilización y Asociación con cada país individualmente. 
Pero también se deduce que los preparativos para la adhesión se encuentran principalmente en manos de los Gobiernos de estos países. 
Aunque todos los países mencionados en el informe tienen problemas específicos, muchas cosas se encuentran más o menos en el mismo mal estado en todos ellos. 
Por este motivo tienen que colaborar con nosotros para mejorar la lucha contra el tráfico de seres humanos, que en realidad se limita al tráfico de mujeres. 
Tienen que combatir el crimen, los negocios con armas y la corrupción. 
Sus sistemas judiciales se encuentran en diferentes fases de evolución, desde el que es aceptable hasta el que es profundamente inadecuado. 
La enseñanza y la formación son aspectos clave en los que estos países tienen que avanzar más, ya que de lo contrario no tendrán futuro, porque sus jóvenes se irán. 
Todavía no se ha encontrado una solución satisfactoria para el problema de los refugiados que vuelven a Bosnia y Herzegovina. 
Apenas ninguno de los croatas expulsados de la regresa, lo que dificulta aún más el regreso de los serbios a Croacia y la recuperación de sus propiedades. 
Un número considerable de serbios están volviendo a Croacia, pero no se está progresando satisfactoriamente en la devolución de la propiedad a los serbios de Croacia. 
En cambio, la coexistencia en Eslavonia Oriental, alrededor de Vukovar, se caracteriza en gran medida por la cooperación. 
Existe una buena ley sobre minorías, que los dirigentes políticos de la comunidad ahora deben poner en práctica. 
Croacia coopera como es debido con La Haya; incluso se han entregado documentos de archivo al tribunal. 
En realidad, fue en la misma Croacia donde tres personas acusadas, incluido un general, fueron condenados a largas penas de cárcel. 
Una persona acusada, el general Gotovina, se ha fugado. 
No pidamos imposibles; el Estado ha ofrecido una recompensa por su captura, pero hasta el momento no ha conseguido dar con él. 
Es miembro de la legión extranjera francesa y tiene pasaporte francés; solo el cielo sabe dónde se encuentra ahora. 
Si la comunidad internacional no pudo atrapar a Karadzic o a Mladic a pesar de que la SFOR ha estado presente en Bosnia y Herzegovina durante siete años, no deberíamos juzgar mal a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y a los croatas. 
Serbia y Montenegro han demostrado su voluntad de cooperar con La Haya. 
Las cosas podrían incluso mejorar. 
Entregaron a Milosevic, gracias a Dios, y a tres carniceros de Vukovar, pero hay muchos más que todavía esperan la extradición. 
Sería beneficioso para Serbia que se permita sentenciar a algunos criminales de guerra en la propia Serbia. 
Y a los serbios les sería más fácil comprender la situación si los dirigentes del KLA también fueran procesados, por fin, en La Haya por sus crímenes. 
Existe una necesidad absoluta de mejorar la mala situación económica de la mayor parte de la región, de modo que el programa CARDS debe facilitar más medidas infraestructurales que antes, ya que de lo contrario no habrá recuperación. 
Ha habido mejoras en la evolución de Bosnia y Herzegovina en el ámbito estatal, pero todavía se observan muchas deficiencias. 
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que el Alto Representante no siempre hace uso de los poderes que posee. 
La metafórica espada de Damocles que cuelga sobre Bosnia y Herzegovina sería innecesaria si la UE, como acaba de decir el Comisario Vitorino, exigiera cosas que Bosnia y Herzegovina puede satisfacer realmente. 
También debería decir algo sobre Albania, pero me lo saltaré; está todo en el informe, y supongo que todo el mundo lo ha leído. 
Mis felicitaciones al Sr. Lagendijk. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Lagendijk por su informe que, como siempre, es un informe amplio y equilibrado. 
He de admitir que no estoy de acuerdo con todos los puntos que plantea, pero así son las cosas en política. 
En lo que a Kosovo se refiere, estoy con él en la cuestión de llegar a una decisión final sobre su futuro lo antes posible. 
Pero esta petición debe dirigirse al Gobierno de Kosovo, y no a la Comisión, porque tal como se dice en el informe y como se nos ha confirmado recientemente en las discusiones en Albania, estoy firmemente convencido de que las autoridades de Kosovo no están haciendo lo suficiente. 
No digo que no hagan nada, pero no hacen lo suficiente para dejar claro que Kosovo es un Estado multiétnico que quiere adherirse a las normas europeas. 
El Comisario Vitorino se ha referido también al tema de «normas antes que el estatuto» , que debería tener una expresión más práctica, por ejemplo con la estipulación de unos plazos más concretos; pero, por encima de todo, son las autoridades albanesas de Kosovo quienes deben tomar las medidas necesarias. 
Aunque personalmente estoy a favor de la independencia, hay que hacer algo para que ocurra; no se nos presentará en una bandeja. 
Volviendo a Montenegro y Serbia, en esencia opino que nadie puede obligarles, ni a ellos ni a nadie, a permanecer juntos. 
Debemos considerar si la existencia de tantos Estados pequeños facilitará el proceso de integración en la Unión Europea. 
No será nada fácil para los Estados, pero si esto es lo que en definitiva quieren, es decisión suya, y tienen que saber cuáles serán las consecuencias. 
Finalmente, permítanme abordar el tema al que ha aludido el Sr. Lagendijk en relación con una de mis enmiendas. 
Si hubiéramos sido tan solo la mitad de valientes y decididos que los Estados Unidos de América, y con voluntad para aplicar nuestras propias decisiones, habríamos conseguido mucho más en los Balcanes. 
Nuestro problema es que decimos cosas como «por favor» y «si fuera usted tan amable» y «hacer algo» , mientras que los norteamericanos fijan unas condiciones estrictas y dicen «sí» o «no». 
Por este motivo no creo que podamos aceptar la evidente voluntad de algunos Estados de cumplir esas condiciones. 
Como ha mencionado el propio Sr. Lagendijk, Croacia no ha firmado el tratado que los Estados Unidos querían. 
Debemos expresar en voz alta y clara nuestra opinión de que no podemos simplemente arrinconar a la Corte Penal Internacional, la causa que su Grupo ha defendido ante esta Cámara con tanto vigor. 
Si leen la enmienda verán que, de todas formas, sí hago una distinción, aunque me adhiero a la opinión de que la adhesión no es una opción práctica, digo solo que en realidad no debería firmarse ningún acuerdo. 
Y es más bien una opinión de esta Cámara y no una condición explícita. 
Si llegamos a un punto en que se nos presentan proyectos de tratado con estos países, de todas formas tendremos que tomar una decisión sobre sus méritos individuales. 
No considero correcto que nos alejemos tanto de una posición de esta Cámara tal como se hizo explícito en una moción, pero sigo estando dispuesto a aceptar un compromiso. 
Deberíamos enviar un mensaje claro de que otorgamos gran importancia a esta Corte Penal Internacional, sobre todo en una región en la que se cometen delitos contra seres humanos y contrarios a la decencia humana, y que pedimos a todos los Estados de la región que no intenten quitar importancia al tema de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, sino que reafirmen sin ambigüedades su responsabilidad política. 
Señora Presidenta, querría, en primer lugar felicitar al Sr. Langendijk por su informe sobre el desarrollo del actual proceso de estabilización y asociación y sobre los desafíos futuros en la zona de los Balcanes. 
Creo que se trata de un informe amplio, exhaustivo y que realmente comprende toda la problemática que afecta a esta región. 
En nombre de mi Grupo parlamentario, el Grupo Liberal, quiero destacar los puntos siguientes: apoyamos plenamente el proceso de integración de estos países del sudeste de Europa y destacamos la necesidad de que cumplan los criterios políticos y económicos establecidos por la misma Unión. 
Por otra parte, la historia de estos países- y concretamente lo que sucedió en el último decenio del siglo pasado- ha sido muy importante y ello exige la plena cooperación de todos ellos con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia- lo han destacado ya otras personas que han intervenido en este debate- y esta exigencia es para todos los Estados. 
Quiero destacar, en este sentido también, que la firma de acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, evidentemente, limita la efectividad del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, lo cual no está en la línea de la Unión Europea. 
¿Qué debe hacer la Unión Europea en estos casos? 
Evidentemente, no aceptar ningún proceso de integración. 
El hecho de firmar acuerdos es un tema discutible y sería bueno que a raíz de la discusión que acaba de tener lugar se buscase una solución de compromiso que indicase que la Unión Europea no está dispuesta a aceptar cualquier acuerdo si no se dan ciertas condiciones. 
Por otra parte, quiero destacar que nuestro Grupo ha presentado algunas enmiendas, sugeridas precisamente por un diputado observador esloveno, sobre Kosovo, sobre la responsabilidad de la población albanesa en Kosovo, para que pueda decidir su futuro en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación. 
También hemos presentado otra enmienda sobre el tema de la pesca en el Adriático. 
Quiero destacar, finalmente, señora Presidenta, que el informe analiza la situación de todos los Estados y, si en algún caso puede parecer excesivamente crítico- así nos lo ha hecho saber el representante de Macedonia, por ejemplo -, que no se entienda como una falta de apoyo de la Unión Europea, sino como una contribución a un diálogo constructivo para mejorar la situación de estos países. 
Señora Presidenta, en primer lugar agradezco al Sr. Lagendijk su informe, su espíritu de colaboración y su receptividad hacia el conjunto de sugerencias que se han hecho en la comisión. 
Estamos de acuerdo con el objetivo último del informe, que es ayudar a la recuperación democrática y económica de esta zona y su posible integración en Europa. 
Sin embargo, pensamos que parte de los problemas se han debido a la evolución de la propia dinámica europea y, también, a que carecíamos en aquel momento de una política exterior y de seguridad coherente, constructiva, democrática y, con nuestro apoyo a las identidades étnicas o religiosas, hemos creado un problema cuyas consecuencias ahora estamos pagando. 
El conjunto de aspectos que señala el informe son positivos. 
Conviene destacar la necesidad de apoyar la colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la crítica de la posibilidad de firmar acuerdos con los Estados Unidos, al margen del Tribunal Penal Internacional, el apoyo al retorno de los refugiados y de los desplazados y, sobre todo- quizás el aspecto más importante- la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, contra la trata de mujeres y de niños, la lucha contra el conjunto de tráficos- de drogas, de armas, etc.-, que es un cáncer que corroe esta zona. 
Pensamos que hay ayudar eficazmente, que es insuficiente el apoyo financiero actual y que, por ello, habría que revisar las perspectivas financieras, en aras de dotar de más recursos la ayuda necesaria en esta zona. 
Pensamos que las precisiones que se hacen sobre el conjunto de distintos países son muy acertadas- como ha dicho el Sr. Vallvé- y, por ello, la Unión Europea debe considerarlas. 
Me refiero al respeto de las minorías nacionales y a la gestión de las fronteras en Albania. 
En el caso de Bosnia, es importante construir estructuras estatales e impulsar la colaboración con los tribunales por crímenes de guerra. 
En el caso de Croacia, debe resaltarse la importancia de las minorías nacionales y la colaboración con ellas. 
En Macedonia hay que desmantelar el Ejército de Liberación Nacional Albanés y luchar contra la corrupción. 
En el caso de Serbia, es necesaria la cooperación con el Tribunal Internacional de La Haya. 
Nosotros no estamos de acuerdo con la insinuación que figura en el informe de una eventual independencia de Kosovo, porque pensamos que hay que respetar lo acordado por la resolución de las Naciones Unidas, que sitúa a Kosovo como una provincia de la República de Serbia y Montenegro y para nosotros la ONU es una instancia de referencia internacional. 
– Señora Presidenta, todos a veces abarcamos demasiado, y esto se aplica también a la política; es lo que puede ocurrir tanto en la Unión Europea como en los países de los Balcanes occidentales durante el Proceso de Estabilización y Asociación de la región. 
Los expertos de los Balcanes, tanto internos como externos, han expresado esta advertencia. 
Según ellos, la Unión Europea está intentando con demasiada insistencia copiar el éxito del proceso de los diez países candidatos de la Europa del Sudeste. 
Y con ello la Unión Europea está exigiendo demasiado a unos Estados que todavía no están preparados para ello. 
El resultado es que el Proceso de Estabilización y Asociación está amenazando con degenerar y convertirse en una evolución ficticia de los países en cuestión. 
Un planteamiento más simple y más realista para acercarse a Bruselas evitaría una decepción mutua. 
Además, ofrecería a los Gobiernos de los Balcanes occidentales una oportunidad real para valorar los éxitos políticos en la dirección de Europa. 
Desde luego, no es nada insignificante desde el punto de vista electoral. 
¿Comparte la Comisión esta opinión y está dispuesta a ayudarnos a darle forma? 
Permítanme que sea muy directo y concreto. 
Estos días me están llegando rumores de que, en general, el nivel académico de los Balcanes occidentales está bajando hasta un grado preocupante. 
Se refiere a la enseñanza primaria, la secundaria y la universitaria. 
Quiero preguntar a la Comisión si eso es cierto. 
Si lo es, aquí tenemos la oportunidad de echar una mano proporcionando a los Balcanes occidentales un libre acceso a los programas educativos europeos. 
En este sentido, el útil informe del Sr. Lagendijk ofrece una gran oportunidad para la autorreflexión europea. 
En primer lugar, en el apartado 10, ¿no da el ponente la vuelta al tema en relación con el actual régimen de visados entre la Unión Europea y los denominados países del Pacto de Estabilidad y Asociación? 
A mí me parece más lógico vincular una posible tolerancia en el régimen de visados a una serie de condiciones de la UE. 
No tiene nada que ver con la humillación de los ciudadanos de los Balcanes a que se refiere el ponente. 
Resulta interesante que en el apartado 42 el Sr. Lagendijk inste a la Unión Europea a desempeñar un papel de mediador neutral entre Serbia y Montenegro. 
Para él no tiene ninguna importancia qué forma asumirá la relación entre Belgrado y Podgonirca al final del proceso. 
Por lo que yo sé, la Unión Europea hasta la fecha no ha practicado esta neutralidad y, por lo que puedo ver, tampoco tiene intención de hacerlo. 
Mi tercera observación se refiere a los apartados 51 y 52. 
En el apartado 51, el ponente todavía es prudentemente positivo sobre el inicio de conversaciones directas entre Belgrado y Pristina, y con razón. 
Por cierto, en este tema, la UNMIK está metiendo prisas con el principio de «normas antes que el estatuto». 
Esto sea dicho de paso. 
Después el Sr. Lagendijk propone un calendario muy breve para hallar una solución definitiva al tortuoso tema político de Kosovo. 
¡En los dos próximos años! 
A mí me parece que una marcha política a alta velocidad como esta, no es buena ni útil para la carrera serbio-albanesa por Kosovo. 
Además, no deberíamos pasar por alto las implicaciones regionales directas de todo intento real de resolver el tema de Kosovo. 
Pensemos en los albaneses de Macedonia y los serbios de Bosnia. 
La estabilidad política en los Balcanes sigue siendo, de momento, muy precaria. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a mi honorable amigo el Sr. Lagendijk por su bien documentado informe. 
Es un trabajo equilibrado y detallado que abarca el tema de forma objetiva y ofrece una imagen global de la situación en la zona y en cada uno de los países. 
Señala las condiciones particulares que prevalecen en cada uno y evalúa los datos más específicos que documentan las diversas manifestaciones de su cooperación con la Unión Europea. 
Dentro de este marco, el informe resalta, correctamente en mi opinión, la gran importancia que debe tener entre las prioridades de la Unión Europea la preparación de los países de la Europa del Sudeste para su futura integración en las estructuras europeas. 
Resalta que el progreso de cada país hacia la adhesión dependerá del grado en que se cumplan los criterios de Copenhague y los términos del proceso de estabilización y asociación. 
De hecho, independientemente de las peculiaridades anticipadas que caracterizan a los países en cuestión, el principio básico debe seguir siendo que todas se aborden y se juzguen de la misma forma cuando se valoren sus virtudes y sus carencias, en cuanto a la posibilidad de una integración plena en la familia europea. 
También quiero expresar mi acuerdo con el ponente en que la «patata caliente» de la zona es el régimen de Kosovo, pero creo que hay que evitar una decisión o una acción precipitada, primero para salvaguardar las condiciones previas necesarias para suavizar la situación, respetando los derechos de todas las partes interesadas y las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas y el principio de salvaguarda de las fronteras exteriores de los países de la zona. 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para referirme al tema concreto que se indica en el apartado 21 del informe y declare expresamente que el Parlamento Europeo lamenta la forma descaradamente inaceptable en que se llevaron a cabo las últimas elecciones locales en Albania. 
Por desgracia, las tristes irregularidades y la flagrante violación de los procedimientos y valores democráticos que han provocado esta observación por parte del ponente –y con la que mi amiga, la Sra. Pack, ha expresado su acuerdo en nombre de mi grupo político– se han repetido, de forma aún más grave, con un sinfín de conflictos, actos de violencia y deterioro de la moral democrática de los ciudadanos y de los candidatos en la repetición de las elecciones que tuvo lugar hace tan solo tres días. 
Quiero esperar que las autoridades albanesas comprenderán el mensaje que el Parlamento les envía a través del informe Lagendijk y reforzarán su compromiso para asegurar un funcionamiento sin conflictos de la democracia y del Estado de derecho en su país, de modo que las relaciones entre Albania y la Unión Europea, así como la satisfactoria ejecución del acuerdo de estabilización y asociación, no se vean adversamente afectadas. 
Señora Presidenta, con este debate del informe Lagendijk sin duda nos damos cuenta de que la situación actual en los Balcanes occidentales, en los países del Pacto de Estabilidad, es claramente mejor de lo que era hace un año. 
Es un gran paso hacia el éxito de la política aplicada en la región por la Unión Europea que, básicamente, tiene la principal responsabilidad en la zona. 
Croacia ya ha presentado la solicitud para unirse a la Unión Europea. 
Parece que las nuevas instituciones constitucionales de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la nueva forma de Serbia con Montenegro empiezan a funcionar. 
También parece que hay indicios de movilidad económica. 
Sin embargo, la situación está lejos de ser calificada de estable por todas las partes. 
Nadie de nosotros debe fomentar nociones falsas. 
El Pacto de Estabilidad se está aplicando en una zona que sigue siendo políticamente frágil e inestable. 
El único enfoque de nuestra política debe ser el interés de los ciudadanos y los pueblos de la región. 
No se puede pensar en beneficios o intereses especiales. 
La única forma de avanzar es insistir en los procedimientos democráticos, los derechos humanos, la cooperación regional, el respeto de las minorías, el regreso de los refugiados, la jurisdicción de la Corte Penal para la Antigua Yugoslavia en La Haya y, en general, la plena aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Quiero mencionar aquí, con pena y con toda seriedad, las condiciones inaceptables de Himara –y en otras partes de Albania– durante las recientes elecciones locales, en las que las autoridades oficiales violaron todos los conceptos del procedimiento electoral, como el respeto de los derechos de la minoría griega. 
Sería bueno que las autoridades albanesas ayudaran a su país a mejorar sus instituciones democráticas si quieren avanzar positivamente en el siglo XXI. 
Hay quien especula sobre el futuro de las zonas en crisis como Kosovo y otros que apuntan bien a la creación de una nueva entidad estatal, bien a una amplia autonomía que, básicamente, equivaldría a la independencia. 
Deben darse cuenta de que el régimen constitucional y estatal, ya sea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, ya sea en Bosnia y Herzegovina, ya sea en Serbia y Montenegro, se basa en un equilibrio delicado, con nacionalismos ocultos, y que se necesita tiempo para que las nuevas instituciones se estabilicen y maduren. 
Es positivo que exista un contacto entre Belgrado y Pristina dentro del marco de las Naciones Unidas, y hay que apoyarlo. 
Sin embargo, todo nuevo movimiento superficial comportará un nuevo efecto dominó con consecuencias imprevisibles. 
En todos los países del Pacto de Estabilidad hay pequeñas minorías étnicas que constituyen una mayoría local y lindan con otros países en los que los correspondientes grupos étnicos son mayoría. 
Todos los Estados deberían proteger a las minorías que viven en ellos. 
También son ciudadanos suyos. 
Todas las fronteras estatales deben permanecer estables. 
Hay que tener cuidado de no exponer teorías que lleven a conceptos como estados-ciudad, o incluso pueden ir más lejos como los barrios-estado o las familias-estado. 
Debemos evitar la movilización de fuerzas por parte de los países vecinos para proteger a las minorías nacionales mal protegidas por los países de los que son ciudadanos. 
Debemos insistir en «paz, democracia, seguridad, cooperación, estabilidad» , y el único mensaje para todos los países es que la Unión Europea les está esperando, no tienen más que acelerar sus esfuerzos. 
Y ahora, un comentario al margen de mi discurso. 
Hay un aspecto técnico. 
En algunas partes, el nombre oficial de la Antigua República Yugoslava de Macedonia no se utiliza correctamente. 
Sería bueno que los textos se corrigieran como es habitual. 
Señora Presidenta, me disgusta mucho ver que una de las condiciones estipuladas en esta resolución para la relación de los Balcanes Occidentales con la Unión Europea es la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). 
Esa cooperación debería condicionar el progreso de los acuerdos de asociación, pero no la ayuda financiera. 
Votaré, junto con mis colegas socialistas, a favor de ese cambio en la votación de mañana. 
En varias reuniones entre el Consejo Europeo y la Fiscal Jefe del TPIY, Carla del Ponte, se ha señalado que esa cooperación no se está produciendo todavía, algo que pone gravemente en peligro la futura integración. 
Según la Sra. Del Ponte, ni siquiera la cooperación más básica, como el acceso a documentos y testigos, así como las detenciones y la entrega de fugitivos, resulta satisfactoria. 
Un gran número de criminales de guerra procesados siguen en libertad en Serbia y Montenegro, entre ellos Ratko Mladic, responsable del asesinato de 7 000 personas en el genocidio de Srebrenica. 
Otro caso que nos preocupa especialmente es el de Croacia. 
Me uno a quienes acogen con agrado las aspiraciones europeas de Croacia. 
Sin embargo, las solicitudes de cooperación realizadas por el tribunal están tardando hasta un año en tramitarse, algo totalmente inaceptable. 
Un ejemplo es la cuestión del General Ante Gotovina, el tercer hombre más buscado por el TPIY, responsable de organizar el asesinato de un mínimo de 150 civiles serbios y la expulsión de otros 150 000 en 1995. 
La Sra. Del Ponte ha destacado que, según informaciones recibidas, el General sigue en Croacia y está siendo acogido por personas que trabajan para las autoridades croatas. 
Se ha informado de que: «está disfrutando de sus vacaciones de verano, navegando en un yate». 
Hasta que no se tomen nuevas medidas para detener a Gotovina, Croacia no está cumpliendo plenamente la Resolución 1503 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no se podrán producir avances significativos para la adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
– Gracias, señor Howitt. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0390/2003) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, relativo al apoyo a la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y a la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina (OAR) [COM (2003) 389 – C5-0325/2003 – 2003/0142 (CNS) ]. 
Señora Presidenta, la Unión Europea ha asumido un papel fundamental dentro del Pacto de Estabilidad para el sureste de Europa. 
Este Pacto ha resultado ser un valioso marco que complementa la política comunitaria relativa a esta región, ya que pretende apoyar a los países de la región en sus esfuerzos por fomentar la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la prosperidad económica, así como conseguir la estabilidad en la región en su conjunto. 
La propuesta que examina hoy el Parlamento, de acuerdo con la cual el Pacto de Estabilidad se incluiría en el ámbito de aplicación del Reglamento del Consejo (CE) 1080/2000, dará al Pacto un fundamento firme y sólido para cumplir el crucial mandato dado por la comunidad internacional. 
El Pacto de Estabilidad se ha concebido específicamente para seguir promoviendo la cooperación regional, tal y como estableció la Agenda de Salónica aprobada por el Consejo Europeo el 20 de junio de 2003. 
Por lo tanto, complementará el proceso de estabilización y asociación iniciado con los Balcanes Occidentales. 
Por consiguiente, la Comisión celebra la opinión positiva sobre la propuesta y espera que el Parlamento comparta el objetivo de que este nuevo marco financiero sea plenamente aplicable a partir del 1 de enero de 2004. 
La Comisión considera superflua la enmienda 1 al apartado 2 del artículo 1, dado que el principio de reparto de costes entre los Estados miembros está contenido implícitamente en el apartado 2 del artículo 2 del reglamento, y dado que la línea presupuestaria 19 07 04 forma parte del debate presupuestario. 
En lo que respecta a la enmienda 2 al artículo 1a, así como las enmiendas 4 y 6, la Comisión puede apoyar la propuesta de que el nombramiento de un coordinador especial del Pacto de Estabilidad se renueve anualmente. 
La Comisión también está de acuerdo con el objetivo general de que el Parlamento participe estrechamente en el seguimiento del trabajo del Pacto de Estabilidad. 
No obstante, y teniendo en cuenta la necesidad de mantener un procedimiento de nombramiento lo más sencillo posible, la Comisión no puede aceptar la propuesta del Parlamento, en la enmienda 2 al artículo 1a, de incluir un procedimiento de consultas formales a la comisión correspondiente del Parlamento Europeo. 
La Comisión tampoco puede aceptar la inserción, en forma de un nuevo artículo 1b, propuesta por las enmiendas 5 y 7, de una audiencia ante la comisión. 
Sin embargo, la Comisión está de acuerdo con las enmiendas 4 y 6, en lo que respecta a garantizar que se informe al Parlamento de la propuesta de nombramiento. 
La Comisión está dispuesta, aunque no es posible incluirlo en el nuevo reglamento, a comprometerse ante el Parlamento a organizar alguna forma de cooperación con el Parlamento en la práctica. 
En concreto, la Comisión informará al Parlamento, con suficiente antelación con respecto a la decisión de nombramiento y a través del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, de su propuesta de nombramiento. 
El coordinador nombrado a tal fin comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores cuando sea necesario, y como mínimo dos veces al año, para informar de sus actividades. 
La Comisión agradecería que el Parlamento aprobara un dictamen positivo en este período parcial de sesiones, dado que desea iniciar la fase de implantación inmediatamente después de que entre en vigor el nuevo reglamento, con el fin de dar al coordinador especial del Pacto de Estabilidad el apoyo puntual que le permitirá cumplir su mandato en 2004. 
En nombre de la Comisión, deseo dar las gracias especialmente al ponente, el Sr. Swoboda, por la calidad de su trabajo preparatorio y las excelentes relaciones que ha mantenido con la Comisión. 
– Señora Presidenta, doy las gracias al Sr. Comisario por su declaración. 
Aunque, por supuesto, estamos convencidos de que nuestras enmiendas son absolutamente correctas y adecuadas, al menos lo que el Comisario ha dicho, en términos de contenido y de lo que significa, va en la dirección que queremos, que el Parlamento debería ser capaz, aunque sea informalmente, de cambiar de opinión sobre el nombramiento de un coordinador especial para el Pacto de Estabilidad. 
Esta declaración de la Comisión lo deja claro. 
Yo le pediría, señor Comisario, que dé las gracias a los servicios, especialmente al Sr. Priebe, por la muy buena cooperación que hemos tenido en este tema. 
También quiero dejar claro que, independientemente de nuestras preocupaciones, nunca hemos tenido la intención de dificultar la vida del Dr. Busek en su calidad de coordinador especial. 
Opino que el Dr. Busek es uno de nuestros colaboradores más importantes en el más amplio sentido de la palabra, que está comprometido en la zona y sabe lo que está pasando allí. 
Puede estar seguro de que, si fuera propuesto de nuevo, con toda seguridad recibirá el máximo apoyo de esta Cámara. 
Si se propone a otra persona, por supuesto consideraremos la cuestión como es debido y expresaremos nuestra opinión. 
Deseo aceptar la propuesta de la Comisión, y mañana recomendaré a la Cámara que emitamos un voto unánime. 
Entonces usted, Comisario, y la Comisión podrán hacer lo que quieran hacer y tener las cosas listas y en marcha a partir del 1 de enero. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, el informe del Sr. Swoboda sobre el Pacto de Estabilidad para la Europa del Sudeste tiene dos objetivos esenciales: uno es hacer que el Pacto de Estabilidad sea más estable y el otro tener en cuenta la opinión del Parlamento e implicarlo en el proceso de nombrar a un coordinador especial. 
Respecto a todo ello, estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Swoboda. 
Hasta ahora, el coordinador era nombrado solo para seis meses cada vez, pero ahora deberá ostentar el cargo durante un año. 
Consideramos que es un progreso. 
También acogemos con satisfacción la implicación del Parlamento, como autoridad presupuestaria y política, en el proceso de nombramiento. 
Sería deseable que este proceso de nombramiento del coordinador del Pacto de Estabilidad fuera cada año un proceso rápido, y lo que ha dicho el Comisario me lleva a creer que existe voluntad para que así sea. 
En cualquier caso, hay que crear la dimensión parlamentaria, y con ello no me refiero solo al Parlamento Europeo, sino también y especialmente a los Parlamentos regionales de los países a los que se aplica el Pacto de Estabilidad. 
Nunca haremos bastante por implicar a los diputados de los Parlamentos regionales en el importante trabajo de estabilizar los Balcanes occidentales. 
El Pacto de Estabilidad y su coordinador actual, Erhard Busek, ya han tenido un gran efecto, cosa que se ha señalado con agradecimiento, como debe ser, tanto en el comercio como en la inversión o en el uso de varias medidas infraestructurales para combatir el crimen. 
Pero todavía queda mucho por hacer, y creo que el informe Swoboda, a cuyo contenido daremos nuestro apoyo mañana, será una importante aportación. 
– Gracias, señora Stenzel. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0398/2003) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) [2003/2180 (INI) ]. 
Señora Presidenta, señor Comisario Vitorino, Señorías, en 1990 se firmó el Acuerdo de Schengen y se reconoció la necesidad de mejorar los controles para evitar las amenazas para la seguridad de nuestros ciudadanos, como el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de seres humanos, las drogas y la inmigración ilegal, entre otras cosas, dentro de nuestra Comunidad. 
El hecho de aplicar el principio de la libre circulación y abolir los controles en las fronteras nacionales ha realzado la importancia de los controles en nuestras fronteras exteriores. 
Sabemos que la libre circulación dentro del territorio de los Estados de Schengen es una libertad que a cambio exige no solo un refuerzo de nuestras fronteras exteriores, sino también un intercambio rápido y eficiente de información en los controles fronterizos y la cooperación policial. 
En este contexto, el Sistema de Información de Schengen (SIS) ha desempeñado un papel bastante importante, que estamos intentando ampliar aún más creando una segunda generación del SIS, que se ha denominado SIS II. El SIS funciona como un sistema de información que permite a las autoridades competentes de los Estados miembros investigar y recibir alertas sobre personas y objetos. 
Actualmente el sistema funciona en trece Estados miembros y en dos Estados más –Islandia y Noruega–, y se espera que pronto estará parcialmente operativo en el Reino Unido y en Irlanda. 
El SIS es la base de datos más grande de Europa y tiene una doble función: contribuye a mantener la seguridad y el orden público, y es útil en la inmigración, porque apoya las medidas que pretenden compensar la libre circulación de personas. 
Con las propuestas que se nos han presentado para la creación del SIS II se pretende ampliar la capacidad del sistema e introducir nuevas posibilidades técnicas y de investigación, aprovechando los avances más modernos en el campo de la tecnología de la información. 
El plan del Consejo es que el sistema debería estar en marcha en 2006. 
Este nuevo sistema se está creando para abordar tres problemas principales: En primer lugar, la ampliación, para poder integrar a los nuevos Estados miembros, que requerirán la capacidad para integrar a más usuarios, más Estados miembros, y también nuevas categorías de usuarios. 
También existe un acuerdo en el Consejo para permitir a otras autoridades que accedan al SIS, pero todavía no se sabe qué autoridades serán. 
El segundo aspecto es que el sistema actual tiene funciones que abarcan dos categorías de información (personas y objetos). 
La intención no es solo aumentar el número de categorías de datos que se incluirán, es decir, nuevos objetos y funciones, sino también aumentar la capacidad para procesar esta información, para interconectar alertas, para modificar la duración de las alertas y para almacenar y transferir datos biométricos, especialmente fotografías y huellas digitales. 
El Consejo no ha tomado ninguna decisión sobre qué nuevas categorías de objetos o personas se incluirán. 
El tercer y último aspecto –el de la economía– es que, a pesar de tener más funciones y más usuarios, el sistema debe ser más homogéneo, más flexible, más seguro y funcionar mejor. También debe ser manejable y de bajo coste. 
Por lo tanto, tenemos razón al considerar que ya no hablamos solo de una medida limitada de compensación, introducida para facilitar la libre circulación de personas, como se indica en el Convenio de Schengen, en los artículos 92 y 102 para ser más concreto. 
En realidad, un documento emitido por la Presidencia en febrero de 2002 sugería incluso que el SIS podía utilizarse con fines de información policial en el sentido más amplio. 
De modo que la naturaleza del SIS ha sufrido una metamorfosis, aunque imperceptible; queda abierto el tema de cuál debe ser exactamente el objetivo del SIS en el futuro o cómo se puede definir este «sentido más amplio» a que se refiere la Presidencia. 
En mi opinión, solo cuando se responda de forma clara y aceptable a la cuestión de la definición de los objetivos del SIS, se podrán debatir temas como las nuevas funciones o los nuevos usuarios. 
En consecuencia, continúan las conversaciones sobre las propuestas para la introducción de nuevas funciones, nuevos usuarios, una nueva arquitectura, nuevas sinergias, en concreto con el sistema de información de visados, y una nueva gestión. Todavía se está debatiendo también el tema de su ubicación. 
Por supuesto, estas enmiendas, que esperamos sean aceptadas, tendrán repercusiones en la protección de datos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Reiteramos que cualquier decisión que se tome debe ir siempre acompañada de los más altos niveles de protección de datos, específicamente los requisitos estipulados en el artículo 118 del Convenio de Schengen, en un intento constante de conseguir el equilibro adecuado entre seguridad y libertad. 
Espero que este informe ayude a conseguir que el debate sobre el SIS II sea más transparente, a acentuar la necesidad de que el Parlamento controle el proceso, a resaltar la necesidad de que su gestión sea supervisada por los organismos comunitarios, y a asegurar que una mayor eficacia vaya siempre de la mano de la deseable y necesaria consolidación de la protección de datos y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. 
– Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Coelho por su informe, que subraya con claridad las principales dificultades que presenta la segunda generación del Sistema de Información de Schengen, llamado SIS II, y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle personalmente por la iniciativa que tomó con respecto a la audiencia del 6 de octubre en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre este tema, porque esta audiencia refleja directamente su preocupación por dar a los ciudadanos explicaciones claras y detalladas sobre la utilidad del trabajo que se ha llevado a cabo en torno al Sistema de Información de Schengen, con el que la Comisión está plenamente de acuerdo. 
Me gustaría reiterar el hecho de que el Sistema de Información de Schengen es un instrumento clave para el principio de abolición de los controles fronterizos internos y que, por supuesto, su desarrollo y su funcionamiento cotidiano deben ajustarse una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales y las libertades de los individuos. 
En cuanto a la cuestión que ha planteado el ponente en relación con la naturaleza del Sistema de Información de Schengen, me gustaría recordar que, ya desde el principio, las autoridades policiales han sido usuarios autorizados del Sistema, sobre todo en el contexto de sus actividades de seguimiento dentro del territorio de la UE. 
Pero ahora el Sistema de Información de Schengen debe establecerse en un contexto distinto, el contexto en el que empezó a existir. 
Inicialmente, el sistema se pensó como una medida de compensación para la abolición de fronteras interiores, establecido en un marco claramente intergubernamental. 
Desde que el acervo de Schengen se integró en la Unión Europea, el Sistema de Información de Schengen ha sido esencial en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. 
La aceptación de la participación parcial del Reino Unido e Irlanda en el sistema de Schengen sin que estos países hayan suprimido los controles en sus fronteras, confirma esa evolución. 
Las iniciativas españolas de ampliar las funciones del sistema existente, para que Europol y Eurojust tengan acceso a algunos datos del sistema –repito, algunos datos del sistema– también forman parte de esta evolución. 
En cuanto al SIS II, hasta la fecha el Consejo se ha limitado a aceptar sus funciones actuales y a emitir unas directrices generales sobre nuevas funciones. 
Todavía está pendiente el debate sobre qué nuevas funciones del sistema se van a poner en práctica exactamente para mejorar su eficacia, y si van a alterar la naturaleza del sistema existente. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento desee desempeñar un papel activo en este debate crucial, que debe ser lo más transparente y amplio posible. 
Como sus Señorías saben, la Comisión recibió el mandato de desarrollar el SIS II, pero el actual Sistema de Información de Schengen, denominado SIS I+, está siendo gestionado por Francia, de conformidad con el artículo 92 del Convenio de Schengen, y, por consiguiente, no entra en el ámbito de competencias de la Comisión. 
El informe del Sr. Coelho sobre el SIS II se basa en el trabajo de la Comisión para desarrollar esta nueva generación, y la Comisión se ha comprometido a adoptar, en un futuro próximo, una nueva comunicación al Parlamento y al Consejo en la que se detallará el estado de los trabajos sobre el desarrollo de SIS II en el primer trimestre de 2003, así como a la importante cuestión que ha resaltado el ponente en relación con las sinergias técnicas que serán posibles con el futuro sistema de información de visados, denominado «VIS». 
Para ofrecerles una breve visión general de lo que se ha hecho me gustaría recordarles que los resultados del estudio de viabilidad llevado a cabo por la Comisión se transmitieron inmediatamente al Parlamento en la primavera de 2003. 
Actualmente, el proyecto para desarrollar el SIS II se encuentra en fase de convocatoria de concurso público. 
Los servicios de la Comisión han pasado los últimos meses redactando las especificaciones para dicho concurso en estrecha cooperación con los Estados miembros, y han ido informando regularmente a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
En su informe, el Sr. Coelho subraya las principales dificultades en términos de protección de datos y la importancia de implicar a las autoridades responsables de la protección de datos en el desarrollo del SIS II. La Comisión es plenamente consciente de estas dificultades, tanto en lo que se refiere al desarrollo del sistema como en relación con la preparación de su fundamento jurídico. 
Este fundamento jurídico incluirá normas sobre la protección de datos que abarcarán también el acceso por parte de individuos privados. La Comisión también mantiene reuniones regulares e intensas con la Autoridad Común de Control, y ha incluido en el concurso especificaciones sobre la protección de datos. 
Por último, el informe del Sr. Coelho se refiere específicamente a la necesidad de armonizar los principios de la protección de datos. 
Aunque esta solicitud de armonización va más allá de la cuestión del SIS II, en el curso del próximo año 2004 la Comisión tiene intención de proponer un documento legal sobre las normas de protección de datos personales de conformidad con el tercer pilar. 
Por lo tanto, una vez más quiero resaltar la importancia que la Comisión otorga a la plena implicación del Parlamento en los debates que tendrán lugar, que espero que sean lo más transparentes posible, y para los que con toda seguridad este informe será una aportación decisiva. Espero que este informe merezca el apoyo de esta Cámara. 
(Hemos oído decir tanto al ponente como al Comisario que decididamente estamos hablando de una nueva generación del Sistema de Información de Schengen, que es muy distinta de la primera y que, por lo tanto, adquiere una importancia nueva y distinta para los ciudadanos europeos y una responsabilidad nueva y distinta para con ellos. 
El SIS I se diseñó como medida compensatoria para permitir la libre circulación de personas, pero en los últimos años ha empezado a verse más como un instrumento que es también útil en términos de cooperación policial. 
En otras palabras, los datos del SIS II y del SIS I pueden convertirse ahora en un recurso útil para una finalidad que no es la que tenía inicialmente. 
Además, la ampliación de la Unión Europea significa que es necesario desarrollar una segunda generación del sistema de información antes de 2006. 
En consecuencia, la decisión marco del Consejo sobre la orden de arresto europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros también dispone que se recurra al SIS y, por lo tanto, la necesidad de que se actualice a su debido tiempo. 
Basándonos en todo esto, es necesario que el Consejo promueva un debate público sobre la naturaleza del SIS y sobre los objetivos políticos que hay que conseguir con el SIS II para asegurar que el desarrollo de este sistema se lleve a cabo de forma democrática y transparente. 
Por supuesto, se realizará una valoración con respecto a los derechos fundamentales, y será necesario confiar la gestión estratégica de este y otros sistemas de información a una agencia europea extremadamente fiable: una agencia gestionada por un consejo de administración formado por representantes de las instituciones europeas y los Estados miembros; una agencia, además, financiada con cargo al presupuesto de la Unión Europea y, por consiguiente, sujeta al control del Parlamento. 
De modo que se requiere una decisión rápida por parte del centro del SIS sobre su ubicación, si es posible una ubicación definitiva. 
Además, hay que llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de unir las diversas bases de datos que existen hoy o que se lanzarán en los próximos meses y años –las bases del SIS, Europol, VIS, Eurojust, etc.– en una única plataforma técnica, para crear un sistema de información global, integrado, en toda la Unión Europea. 
Con este fin, hay que prestar mucha atención a las posibles implicaciones de un sistema de este tipo en la privacidad y los derechos humanos, y los riesgos que implica la inclusión de datos biométricos. 
Por consiguiente, los ciudadanos deberían estar bien informados para evitar sorpresas desagradables. 
Quisiera acabar con un tema que puede parecer algo fuera de lugar, relacionado con la emergencia de la inmigración. 
Todo el mundo puede ver que la entrada ilegal de inmigrantes en la zona de libre circulación de la Unión exige precisamente que el SIS II asuma ahora un papel imprevisto: un papel en la gestión de datos y de la seguridad que no era concebible cuando se inició la primera generación del Sistema de Información de Schengen. 
Señora Presidenta, la propuesta de una recomendación al Consejo sobre la segunda generación del SIS nos ofrece la oportunidad de expresar nuestra gran preocupación por la evolución del Sistema de Información de Schengen. 
En un principio el SIS se creó como medida compensatoria para la libre circulación de personas. 
Sin embargo, poco a poco se ha convertido en un instrumento de cooperación policial, porque el Consejo pretende conferirle progresivamente nuevas funciones y permitir a varias autoridades que accedan a su base de datos. 
Como dice la Autoridad Común de Control de Schengen, las propuestas para desarrollar el SIS y la creación del SIS II implicará que la propia naturaleza del sistema cambie como por arte de magia: mientras que el SIS solo alerta a las correspondientes autoridades en caso de que un individuo, cuyos datos figuren en el archivo, cruce la frontera de Schengen, el SIS II probablemente se convertirá en una herramienta de investigación multifuncional. 
Esto representaría pasar de un planteamiento de seguridad reactiva a un planteamiento de seguridad activa. 
La perspectiva de un nuevo sistema que permitiría a las autoridades compartir información sobre millones de individuos con fines distintos, seguramente mediante las tecnologías más avanzadas como el análisis de datos biométricos, nos obliga a considerar el impacto que este nuevo sistema podría tener en los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. 
En concreto, el derecho a la protección de datos personales confirmado hace poco en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e integrado en el proyecto de Constitución Europea redactado por la Convención. 
Es cierto que la necesidad de mejorar la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, y, en concreto, la vinculación y la interconexión de información entre diversas bases de datos es uno de los objetivos de la Unión Europea que los Estados miembros están obligados a perseguir. 
Todos comprendemos la necesidad de sistemas de información eficientes que sean capaces de superar las dificultades que nos plantea el terrorismo internacional y el crimen transfronterizo, pero esta medida no debe poner nunca en peligro los principios fundamentales en los que se basa la Unión como comunidad regida por el Derecho. 
El equilibrio entre privacidad y seguridad no debe alterarse con la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación que han creado los gobiernos como respuesta a los mayores riesgos que plantean los nuevos y peligrosos fenómenos criminales. 
Cuando las tecnologías disponibles constituyen una amenaza para la integridad de la información personal que debería protegerse, nos vemos obligados a adoptar una legislación adecuada que prevea posibles abusos. 
El informe del Sr. Coelho, y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle, contiene un grupo de propuestas que en general se mueven en la dirección correcta: la necesidad de un auténtico debate público sobre los objetivos del SIS II; la necesidad de desarrollar el SIS II de forma transparente y democrática, que permita a los ciudadanos tener acceso a más información sobre el sistema y dé a las personas cuyos datos se guardan en el sistema derecho a acceder a los mismos y corregirlos; la fusión de las diversas bases de datos existentes, lo que nos permitirá crear un sistema de protección de datos global y coherente con capacidad para realizar análisis detallados; nuevas autorizaciones para conceder acceso al SIS a otras autoridades; la creación de una agencia europea para la gestión estratégica del SIS, bajo el control y la supervisión del Parlamento Europeo. 
Lo que tenemos aquí es una recomendación no vinculante en un ámbito que queda fuera de la competencia del Parlamento. 
Pero esta falta de trascendencia real está en fuerte contraste con la importancia del tema subyacente. 
El tema es espantosamente importante. 
Tiene que ver nada menos que con el uso incontrolado por parte de las autoridades policiales nacionales, supranacionales e internacionales de la información y los sistemas de control que forman parte de lo que se denomina segunda generación del Sistema de Información de Schengen, denominado SIS II. Puedo decir que las pesadillas que George Orwell describió en el no son nada en comparación con la situación que se pretende crear. 
Los sistemas son secretos en gran medida, especialmente para los implicados. 
Cada vez se hace un uso más amplio, oficial y no oficial, de la información recogida. 
En realidad, no hay un control judicial, parlamentario y democrático. 
Hace tiempo que el fundamento inicial que hay detrás del Sistema de Información de Schengen, o lo que se llama SIS I –es decir, ni más ni menos que asegurar los controles fronterizos–, fue sustituido por una ambición de recoger información policial en el sentido amplio de la palabra. 
Con la implicación de más y más información sobre más y más temas, el Sistema de Información de Schengen o SIS y, a estos efectos Sirene, quedan fuera del ámbito de la ley y no están sujetos a control. 
No estoy familiarizado con el historial y los motivos de mi colega diputado, el Sr. Coelho. 
No tengo motivos para poner en duda sus inquietudes. 
Lo que discuto es el realismo y la utilidad de las propuestas. 
Estoy más de acuerdo con las premisas de la declaración minoritaria que, en mi opinión puramente personal, deberían haber resaltado aún más que la amenaza que nos acecha no es simplemente el peligro de un mal uso y de un vacío legal. 
El mal uso de este vacío legal es una consecuencia casi inevitable de los elementos del Estado policial que ya están presentes y que han sido aprobados. 
Señor Comisario Vitorino, quizás, como siempre, podría plantear la cuestión de que esta evolución en cuanto al SIS está ocurriendo sin unas normas comunes sobre la protección de datos. 
Por lo tanto, existe una transformación gradual de un instrumento compensatorio de la libre circulación en un instrumento para la cooperación judicial. 
En cambio, voy a utilizar mi turno de palabra simplemente para pedirle un regalo de Navidad: que, para la Navidad, nos traiga un bonito gráfico que incluya una lista exhaustiva de los datos que se han manejado y la forma cómo se han manejado dentro de todas estas bases de datos, las categorías de datos, el fundamento jurídico, el método de tratamiento de cada tipo de datos, los derechos del individuo a acceder y a corregir los datos que le afecten y los abusos en relación con los mismos, y el método usado para transferir cada tipo de datos fuera de la Unión Europea. 
Señor Comisario, no sé si soy especialmente distraído o incompetente en este tema, pero todavía no he sido capaz de encontrar una fuente, un documento, que indique qué datos se han transferido, cómo, dónde y según qué normas. 
Cuando tengamos este documento, todos podremos saber por fin de qué estamos hablando. 
– Señora Presidenta, tenemos dos razones para rechazar esta recomendación sobre el Sistema de Información de Schengen de segunda generación. 
Nos negamos a aprobar el sistema de archivo electrónico de datos personales, sistema que el autor quiere perfeccionar, pues es una herramienta de represión policial. 
Y rechazamos aún más la política a que esta herramienta está destinada a servir. 
Los Estados, para los que la lucha contra el terrorismo sirve de justificación universal, quieren introducir datos adicionales en este archivo y combinarlo con el sistema de gestión de visados. 
La posibilidad de consulta se ampliaría a las autoridades judiciales que todavía no tienen acceso a ella. 
Esta herramienta de represión se construye en primer lugar contra los trabajadores migrantes, para impedirles que vengan a la Unión Europea, amenazando así la libertad de todos. 
Gastar millones de euros en material sofisticado de vigilancia y en un sistema de puesta en común de información relativa a los migrantes que franqueen una frontera que les estaba abierta y que ahora se encuentran con un palmo de narices, es escandaloso. 
Así se crean y perpetúan situaciones dramáticas sobre las que prosperan contrabandistas sin escrúpulos. 
Nos oponemos a la política de la fortaleza Europa, rodeada de alambradas, ya sean electrónicas o simplemente jurídicas. 
Es una política retrógrada, reaccionaria e inhumana. 
El destino de los pueblos del Sur de la Unión Europea está ligado desde tiempos inmemoriales al de los pueblos del otro lado del Mediterráneo, de Marruecos a Egipto. 
Restringir la libertad de circulación entre la Unión Europea y los países vecinos es un golpe cruel contra estos pueblos. 
Lo rechazamos y votaremos en contra. 
– Señora Presidenta, si reflexionamos sobre el SIS a la luz de la historia, representa una nueva versión europea del racista Registro Central de Ciudadanos Extranjeros de Alemania, en el que durante años figuraron todos los extranjeros que vivían en Alemania, y si queremos hablar hoy, en esta Cámara, en términos de libertad, el Estado es libre de examinar su material humano y de clasificarlo en categorías, y a la vez tiene el deber de hacerlo. 
En su aplastante mayoría, casi todos los datos personales almacenados en el SIS actual se refieren a personas a quienes se les ha negado la entrada en la UE. 
Pero el desarrollo de un SIS de segunda generación no implica solamente un aumento de la capacidad de almacenamiento y la fortificación de las nuevas fronteras en el Este; lo que es aún peor es que sus operaciones se amplían con la introducción de nuevas categorías de bases de datos y opciones de búsqueda, con el objetivo de facilitar el uso del SIS II para la caza de personas. 
Constituye un cambio fundamental del carácter de la base de datos. 
Lo que era un índice racista de personas que no podían entrar en la UE se ha convertido en un poderoso instrumento en manos del aparato estatal de represión que le permite rastrear a las personas. 
El SIS es el primer satélite de la versión europea de la «guerra de las galaxias» para controlar la inmigración; podemos rechazarlo y, por este motivo, debemos hacerlo. 
Señora Presidenta, siento el máximo respeto por quienes critican el Sistema de Información de Schengen. 
Pero, para ser sinceros, no creo que convertir al Sistema de Información de Schengen en el malo de la película sea la mejor estrategia, aunque cada cual es responsable de sus posturas políticas. 
Lo que les diría con toda claridad es que el Sistema de Información de Schengen es esencialmente un sistema para gestionar la frontera exterior de la Unión Europea y que es un requisito previo para salvaguardar la libertad de circulación dentro del espacio europeo. 
En consecuencia, si queremos seguir garantizando el principio de abolir nuestras fronteras interiores, debemos poder asumir nuestras responsabilidades con un mejor control de las fronteras exteriores. 
No se trata solo de las entradas y salidas del territorio de la Unión Europea; se trata también de garantizar la seguridad dentro de la UE. 
La opción política que yo quiero reiterar aquí es de otro tipo. 
Creo que el tema crucial con que nos enfrentamos consiste en reconocer las ventajas del Sistema de Información de Schengen. Tengo un regalo de Navidad para el Sr. Cappato, aunque no es este. 
Porque este sería un regalo menos apasionante. Tengo algo más que darle, pero esperemos a que sea Navidad. 
Es otra cosa. Sobre el tema que ha planteado el Sr. Cappato, quiero decir dos cosas: en primer lugar, no hay planes para ningún método de transferir los datos del Sistema de Información de Schengen a terceros países. 
El acceso a la base de datos de Schengen se reserva exclusivamente a los Estados miembros de la Unión Europea. 
En cuanto al tipo de datos que se incluirán en el sistema, creo que he dado respuesta a este punto en mi intervención cuando he dicho que el debate sobre qué datos específicos hay que incluir en el sistema todavía no ha tenido lugar. 
Hemos elaborado un estudio de viabilidad, que hemos presentado al Parlamento Europeo, en el que se identifican las peticiones que nos han presentado los Estados miembros. 
Todavía no se ha llevado a cabo una identificación adecuada de estos datos y la Comisión está preparando en la actualidad una comunicación que se publicará a finales de año, en la que presentaremos una valoración del estado del debate actual. 
Entiendo las dudas y los temores de las personas, pero quiero decir una cosa: hay una diferencia considerable entre el hecho de que yo, como Comisario, esté hablando aquí sobre el Sistema de Información de Schengen II y el hecho de que, en relación con el primer sistema, no hubiera ningún Comisario para dar una respuesta aquí sobre lo que se estaba haciendo. Hay una diferencia considerable entre esta situación y el hecho de que yo esté aquí diciéndoles que la Comisión presentará una propuesta para armonizar el control y la protección de datos personales de acuerdo con el tercer pilar y que debe haber un control democrático y judicial del funcionamiento del sistema. 
Ahí reside la diferencia entre el primer Sistema de Información de Schengen y el segundo, y esta diferencia solo ha sido posible precisamente porque el sistema se ha integrado en el acervo comunitario con el apoyo de este Parlamento, en el que, dicho sea de paso, espero poder contar con el voto favorable para el informe del Sr. Coelho. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Cumbre UE/Canadá, que tendrá lugar en Ottawa el 17 de diciembre de 2003. 
Señora Presidenta, la próxima cumbre entre la Unión Europea y Canadá estaba programada para el 17 de diciembre de 2003 en Ottawa. 
Ahora la fecha de la cumbre está en el alero. 
Según tiene entendido la Comisión, la Presidencia tiene problemas con la fecha propuesta. 
La Comisión concede una gran importancia a esta cumbre con Canadá y está dispuesta a hacer todo lo que pueda para conseguir que se celebre. 
Desde que se produjo este problema, el Primer Ministro Jean Chrétien ha anunciado su intención de dejar su cargo el 12 de diciembre. 
Por lo tanto, parece improbable que se pueda mantener la fecha del 17 de diciembre. 
Sin embargo, la Comisión sigue teniendo esperanzas de que pueda encontrarse una solución, de forma que nuestra última cumbre con el Primer Ministro Chrétien tenga lugar antes de que deje su cargo. 
Hemos dedicado mucho trabajo a la preparación de esta cumbre, que será la última que acoja el Primer Ministro Chrétien, que lleva muchos años siendo un verdadero amigo de Europa. 
Tenemos la intención de aprovechar esta ocasión para demostrar los estrechos lazos que vinculan a la Unión Europea y a Canadá, así como para hacer gala de nuestra intención común de reforzar esos lazos aún más en los próximos meses y años. 
En este contexto, la Comisión agradece la declaración realizada por el Presidente de la Asociación Parlamentaria Canadá-Europa durante la reciente reunión interparlamentaria UE-Canadá. 
La Comisión se sintió satisfecha al ver el alto grado de consenso existente entre la declaración del presidente, las recientes conclusiones del Consejo de Ministros y la propia comunicación de la Comisión de mayo de 2003 sobre las relaciones UE-Canadá. 
Como dijo el presidente, la UE y Canadá llegaron a un acuerdo, en la cumbre de Ottawa del pasado año, para realizar una revisión exhaustiva de la relación bilateral durante 2003 y dar a conocer sus resultados en la cumbre de diciembre de este año. 
La Comisión está trabajando mucho, junto con la Presidencia y nuestros homólogos canadienses, para ultimar un informe conjunto que llevar a la cumbre. 
Ese informe retomará muchos de los temas desarrollados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento en sus aportaciones a la revisión. 
Uno de los motores que impulsan la revisión en el cambiante carácter de la relación UE-Canadá. 
Dado el cambiante carácter de la propia Unión Europea, Canadá fue el primer país industrializado tercero que inició una relación formal con la Comunidad Económica Europea en 1976. 
De este modo, la relación UE-Canadá se ha centrado habitualmente en cuestiones comerciales y económicas. 
Sin embargo, los intereses comunes de Canadá y la Unión Europea van mucho más allá del ámbito comercial. 
Compartimos modelos sociales e intereses mundiales similares. 
Canadá, al igual que la Unión Europea, es un defensor acérrimo de las Naciones Unidas, del sistema multilateral y del Estado de derecho internacional. 
Por ejemplo, Canadá ha votado de la misma forma que la Unión Europea un 96% de las veces durante la actual Asamblea General de las Naciones Unidas, en las ocasiones en las que la Unión Europea ha mantenido una posición común. 
Deseamos encontrar fórmulas para trabajar juntos de una manera más sistemática en el campo de la política exterior y de seguridad, con el fin de ser más eficaces en la aplicación de las políticas en las que coinciden nuestros objetivos. 
También deseamos mejorar nuestro diálogo en otras áreas políticas en las que, con frecuencia, compartimos valores comunes y nos enfrentamos a desafíos similares. 
Entre ellas cabe citar la educación y la cultura, el medio ambiente y los asuntos de justicia e interior. 
También hemos mantenido nuestro interés por la importante relación económica que existe entre Canadá y la Unión Europea. 
La Unión es el segundo socio comercial de Canadá, por detrás de los Estados Unidos. 
Somos también la segunda fuente de inversión extranjera en Canadá. 
De forma simultánea a nuestra revisión exhaustiva de todos los aspectos de las relaciones UE-Canadá, también hemos estado diseñando el marco de un nuevo tipo de acuerdo bilateral de comercio e inversión, con el objetivo de facilitar los flujos comerciales y de inversión entre la Unión Europea y Canadá. 
El Comisario Lamy y el Ministro de Comercio canadiense, el Sr. Pettigrew, informarán en la cumbre de diciembre sobre los resultados de su análisis del alcance potencial de ese posible acuerdo. 
Esperamos que las conversaciones comiencen inmediatamente en 2004. 
La Comisión Europea cree que la intensificación del diálogo entre los parlamentarios europeos y canadienses es esencial para mantener la buena salud de nuestra relación. 
La Comisión agradece el trabajo de la delegación del Parlamento canadiense y espera que otros diputados y comisiones, que trabajan sobre cuestiones políticas concretas, estudien también la posibilidad de incrementar los contactos con sus homólogos canadienses. 
La relación entre la Unión y Canadá goza de una excelente salud. 
La Comisión Europea está decidida a hacer todo lo que pueda para que siga siendo así. 
Deseamos que la cumbre lleve esta relación a un nuevo nivel, en un momento complicado para la comunidad internacional y en preparación de los importantes cambios que tendrán lugar en Canadá y en la Unión Europea el mes que viene. 
– Señora Presidenta, el Comisario Vitorino tenía razón al hablar de la relación especial que tenemos con Canadá, que está a punto de ascender a un nivel superior. 
Señor Comisario, usted ha mencionado que nuestros modelos de sociedad son idénticos o muy similares. 
La realidad es que Canadá es un país grande, que se esfuerza no solo por permitir, sino también por promover la diversidad cultural en su interior, de modo que presenta ciertas analogías con la situación de la Unión Europea, dado que nuestra estructura difiere de, pongamos, la de los Estados Unidos de América. 
La diversidad cultural está presente también en nuestra Unión Europea, una diversidad que será aún mayor después de la adhesión de nuevos países el año que viene. 
Señor Comisario, usted también ha mencionado que tenemos los mismos intereses en el ámbito mundial, y esto va de la mano del otro aspecto que ha mencionado, nuestro modelo social compartido. 
Nuestros intereses mundiales entran en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Sobre todo después del 11 de septiembre, tenemos que comprometernos en un diálogo cultural global, porque un choque de civilizaciones no nos llevará a ninguna parte. 
En última instancia, no se puede luchar contra el terrorismo internacional con medios militares. 
Esto me lleva a mencionar otro aspecto, que es el de que aunque Canadá, este gran país, se encuentra en América del Norte, es un país donde se habla el francés. 
El diálogo intercultural, sobre todo entre los Estados Unidos de América y el mundo islámico, se interrumpirá si se lleva a cabo solamente en inglés. 
Creo que existe un gran potencial si Francia se une a Canadá en la promoción de este diálogo. 
Canadá puede ser un mediador entre los Estados Unidos y el mundo islámico. 
Y, sobre todo, en beneficio de nuestro socio más importante, los Estados Unidos de América. 
Permítanme acabar añadiendo que creo que nuestra relación con Canadá sirve de modelo. 
Ahora que el telón de acero ha dejado de existir, tenemos bastante razón al trabajar para conseguir una relación equilibrada con la Europa central y oriental, y también con aquellos países de la Europa oriental que probablemente nunca pertenecerán a la Unión Europea, especialmente con Rusia. 
Pero no debemos olvidar jamás que debemos seguir mirando hacia occidente; no solo hacia los Estados Unidos, sino también hacia nuestro gran aliado, Canadá. 
Junto con Canadá debemos trabajar para conseguir un equilibrio global en un mundo multipolar, y creo que una relación productiva con Canadá en este proceso es algo cuya importancia es imposible de sobrestimar. 
Señora Presidenta, es interesante que estemos debatiendo las relaciones UE-Canadá el mismo día en que George Bush visita el Reino Unido y anuncia a bombo y platillo la denominada relación especial entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América. 
En el rincón del Reino Unido del que procedo, la relación especial no se da con los Estados Unidos de América, sino con Canadá. 
Hay pocas familias escocesas que no tengan un pariente, aunque sea lejano, que vive en Canadá. 
Por lo tanto, los lazos que unen a Escocia y Canadá son mucho más fuertes, en mi opinión, que los que unen al Reino Unido con los Estados Unidos de América. 
Eso también es cierto en otras partes de la Unión Europea. 
Como dice, con razón, el Sr. Schröder, los franceses tienen una afinidad natural con Canadá, al igual que los irlandeses, y ante la ampliación que se producirá en breve, los polacos y los ciudadanos de los Estados bálticos también tienen muchos familiares en Canadá y muchas relaciones con ese país. 
Por lo tanto, la relación de la Unión con Canadá es extremadamente importante y deberíamos hacer todo lo posible para fomentarla. 
Por eso me ha causado cierta tristeza lo que nos ha dicho esta noche el Comisario: que parece que la cumbre podría cancelarse. 
Sé, gracias a mis contactos con canadienses, que el Primer Ministro Chrétien, un buen amigo de Europa, creía que celebrar esta cumbre UE-Canadá sería uno de los puntos álgidos de sus últimas semanas en el cargo. 
Que esta cumbre no siguiera adelante de alguna forma sería una bofetada en la cara de un buen amigo de la Unión. 
Ni a él, ni a mí ni a la Comisión nos importa que la cumbre se celebre en Europa o en Canadá. 
Lo importante es que tenga lugar antes del 12 de diciembre. 
Canadá es importante por muchas razones, que voy a comentar de forma telegráfica, ya que tanto el Sr. Vitorino como el Sr. Schröder ya han señalado algunas. 
Los vínculos que tenemos son importantes por razones culturales e históricas. 
Yo tenía la esperanza de que la cumbre pudiera fomentar nuevos intercambios de jóvenes para que podamos conservar los vínculos existentes y ampliarlos en el futuro. 
La UE y Canadá son socios naturales en el contexto mundial. 
Ambos valoramos, de una forma que no se da en otros países, las instituciones multilaterales del mundo y el Estado de derecho internacional. 
Tenemos mucho que ganar si trabajamos con nuestros socios canadienses en cuestiones tan diversas como la aplicación del Protocolo de Kioto, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y las negociaciones comerciales de Doha. 
También, tal y como ha dicho con toda razón el Comisario, nuestras relaciones económicas y comerciales son buenas. 
Y lo que es más importante, son buenas en los dos sentidos: no se trata de una relación comercial unidireccional. 
La disposición de Canadá a llegar a un acuerdo sobre el comercio del vino y los licores demuestra la buena voluntad que caracteriza nuestra relación con los canadienses. 
Por último, en cuanto a los asuntos de justicia e interior, tenemos un enfoque común ante cuestiones tan diversas como el terrorismo, la migración, el asilo y los controles de fronteras, así como ante los problemas derivados de la integración de los inmigrantes. 
Espero –y dirijo esta frase al Comisario Vitorino– que podamos encontrar una solución al deseo de Canadá de que los ciudadanos de ese país dispongan de un visado de mayor duración para visitar la Unión Europea. 
Concluyendo, comparto la opinión de la Comisión sobre la relación de la Unión con Canadá. 
Espero que esta Cámara se una a la Comisión Europea a la hora de insistir ante el Consejo en la importancia de que la cumbre se lleve a cabo sea como sea. 
Señora Presidenta, comparto las opiniones que ha expresado mi colega, el Sr. Martin. 
Espero que se nos perdone por haber pensado durante los últimos meses que Europa tiene solo una relación transatlántica, ya que con frecuencia utilizamos ese término para describir la relación entre nuestra Unión y los Estados Unidos de América. 
El Primer Ministro canadiense, Pierre Trudeau, dijo una vez que vivir cerca de los Estados Unidos era como «dormir con un elefante». 
Incluso sus movimientos más pequeños te mantienen despierto durante la noche. 
La propia sensibilidad de Europa a los movimientos del actual elefante estadounidense puede ensombrecer demasiado fácilmente nuestras relaciones con su vecino del norte. 
La cumbre UE-Canadá es una oportunidad para renovar esta relación. 
La Unión Europea y Canadá parten de una larga historia de fructífera cooperación. 
Compartimos las mismas opiniones sobre la mejor estrategia para vencer al terrorismo y al crimen organizado internacionales. 
También apoyamos a la OTAN, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. 
Compartimos un sólido compromiso con la ayuda al desarrollo del Tercer Mundo y con la protección del medio ambiente. 
Tanto la Unión Europea como Canadá hemos ratificado los protocolos de Kioto y hemos liderado el llamamiento a otros para que lo hagan. 
La Convención de Ottawa contra las minas antipersonales expresa nuestro rechazo conjunto de estas armas y nuestra decisión de tomar medidas al respecto. 
En otra época, Canadá trató activamente de establecer relaciones comerciales bilaterales con Europa con el fin de reducir su dependencia comercial con los Estados Unidos. 
Sería fácil considerar el NAFTA como una rendición de Canadá ante el destino económico. 
Los canadienses siguen invirtiendo significativamente en Europa: el año pasado casi 65 000 millones de euros. 
A su vez, nosotros proporcionamos más de un cuarto de la inversión extranjera en Canadá. 
Recibimos casi el 20% de las exportaciones relacionadas con servicios de Canadá. 
El documento estratégico de la Comisión hace hincapié muy correctamente en la buena voluntad que existe entre nosotros, pero identifica, también con razón, las muy escasas medidas positivas que se derivan de esa buena voluntad. 
Es preciso que tomemos esas medidas. 
Las reuniones de alto nivel entre Canadá y la UE han carecido con frecuencia de unos objetivos claros. 
Esta cumbre debe relanzar nuestras relaciones en términos mucho más activos. 
La Presidencia ha reconocido esta circunstancia, al convertir en una de las prioridades de su Presidencia la negociación de un ambicioso nuevo acuerdo. 
Por lo tanto, es extraordinario que el Presidente en ejercicio del Consejo haya optado por no acompañar a su delegación. 
Esta tarde varios diplomáticos canadienses me han dicho que la decisión, más bien falta de tacto, del Sr. Berlusconi ha hecho que Canadá se plantee la posibilidad de cancelar la cumbre o de reprogramarla para celebrarla en una sede europea en los primeros días de diciembre. 
Dada la importancia de esta cumbre y el hecho de que estaba fijada en el calendario diplomático europeo, el Sr. Berlusconi ha demostrado una inaceptable disposición a ofender a nuestros amigos de Ottawa. 
Por segunda vez en otras tantas semanas ha avergonzado a la Unión y, en este caso, ha ofendido a un importante aliado. 
EDLR exige que la cumbre se celebre en diciembre tal y como estaba previsto, preferiblemente en Canadá, o en Europa como último recurso. 
Incluso en ausencia del Sr. Berlusconi, esta cumbre debe aprobar un acuerdo que elimine barreras normativas que impiden un comercio y unas inversiones más cercanos. 
Dada la importancia de los numerosos valores comunes a los países del Atlántico Norte, esta cumbre debería afirmar que Canadá y la Unión Europea colaborarán de ahora en adelante de forma activa en política de seguridad y exterior y en cuestiones medioambientales. 
Eso significa alinear nuestras posiciones ante las cumbres internacionales importantes. 
De la cumbre deben salir también propuestas concretas para la creación de un grupo directivo que evalúe la futura gestión de nuestra relación. 
Necesitamos más reuniones formales entre funcionarios y entre expertos, así como una relación mucho más centrada. 
En cuanto se llegue a un acuerdo constitucional, debemos actualizar el Acuerdo Marco con Canadá de 1976. 
En conclusión, ya es hora de equipar a nuestra otra relación transatlántica para el nuevo siglo. 
– Gracias, señor Watson. 
El debate queda cerrado. (1) 
Señor Presidente, distinguidos diputados e invitados, me complace aceptar su invitación para dirigirme a este Parlamento y tener el privilegio de hacerlo en lo que constituye una coyuntura extraordinaria en la evolución de nuestra Unión Europea. 
Sé que esta Cámara no solo es la sede de numerosas perspectivas políticas, sino también de muchas culturas, lenguas, identidades, tradiciones y legados. 
Ustedes hablan muchas lenguas distintas y especialmente entienden la conexión entre lengua y cultura, por lo que sé que serán una audiencia especialmente receptiva si aprovecho también esta oportunidad para hablar en la lengua irlandesa durante unos instantes. 
Is mór an onóir dom an deis seo a fháil labhairt le Parlaimint na hEorpa. 
Is ó shaoránaigh na hEorpa a eascraíonn údarás na hinstitiúide seo agus dá bhrí sin tá áit ar leith aici i gcroí an Aontais. 
Is léir dom go maith go bhfuil baill and fhorais ag obair go dícheallach chun an Eoraip seo againne a neartú. 
Glacaim uchtach as seasamh daingean na Parlaiminte agus í ag cur tuairimí mhuintir na hEorpa chun cinn. 
Irlanda asumirá la presidencia de la Unión en enero de 2004, por lo que me parece oportuno mencionar hoy aquí brevemente algunos de los principales puntos que se abordarán durante la Presidencia de Irlanda. 
Por supuesto, el Taoiseach, nuestro Primer Ministro irlandés, los tratará con mucho más detalle cuando se reúnan ustedes en enero, y pueden estar seguros de que él y el Gobierno irlandés lo están deseando. 
Este Parlamento da resonancia a las voces tan diversas de hombres, mujeres y jóvenes de toda Europa. 
Junto con el Consejo y la Comisión, forma una parte crucial de los equilibrios y controles institucionales a través de los cuales ha tenido tanto éxito el proyecto europeo en nombre de todos nosotros. 
Por supuesto, me enorgullece especialmente el hecho de que contemos con dos Presidentes irlandeses hoy en este hemiciclo. 
Pero quizás más importante que el hecho de que compartamos nacionalidad, es el continuo mensaje tranquilizador para las naciones pequeñas que transmite su elección, Señor Presidente, el mensaje tranquilizador que respeta genuinamente nuestra Unión en sus prácticas, los principios de igualdad y mérito. 
Quisiera también decir que su mandato ha despertado gran admiración y en ningún lugar más que en nuestro país. 
La fortaleza de la voz de este Parlamento ha crecido a medida que ha crecido la Unión. 
Ahora, convertida de órgano consultivo a órgano legislativo, una transformación muy apoyada por el pueblo irlandés, esta Cámara demuestra el lugar central de la política democrática justo en el corazón de la Unión, y en sus debates da testimonio de la expansión de los espacios de cooperación dentro de la Unión, mucho mayores hoy que aquellas preocupaciones iniciales que se limitaban simplemente al comercio y la economía. 
El valioso papel desempeñado por los representantes del Parlamento en la Convención Europea es una nueva manifestación reciente de la medida en que ustedes labran el futuro de la Unión. 
Como representantes directamente elegidos por los ciudadanos de la Unión, ustedes están especialmente bien cualificados para informar el debate sobre el acercamiento de Europa a sus ciudadanos, una cuestión que se sitúa ahora en el foco de atención y que constituirá un aspecto en el que se centrará especialmente la Presidencia irlandesa. 
Los fundadores de la Unión conocieron la devastadora tierra yerma a partir de la cual se desarrolló esta apasionante aventura en asociación democrática. 
Conocieron el precio que se había pagado por su nacimiento. 
Todavía es un niño, un niño robusto, aunque un niño en la historia humana, y necesita que los paladines nos sigan recordando lo afortunados que somos porque se concibiese. 
El infanticidio por falta de interés o negligencia no es una opción, y todos los que creemos en esta Unión tenemos el desafío de despertar en sus ciudadanos la pasión y el entusiasmo por su continuo crecimiento y desarrollo. Esto es lo que espera hacer la Presidencia irlandesa. 
Represento, como saben, a un país que podría decirse que ha cambiado más en las tres décadas de pertenencia a la Unión que en cualquier período de nuestra historia anterior: nuestra economía se ha hecho más fuerte, nuestro descenso demográfico se ha invertido; ha aumentado nuestra confianza en nosotros mismos; nuestras relaciones con nuestros vecinos británicos nunca han sido mejores; y nuestra posición en Europa y fuera de ella nos enorgullece. 
Aunque situada geográficamente en la periferia, Irlanda ha tenido una influencia europea muy distintiva y única durante muchos siglos, y de hecho ha desempeñado un papel importante en el desarrollo cultural, religioso, educativo y social de muchas partes de nuestro continente. 
Prácticamente cada vez que visito un Estado miembro me recuerdan que un santo irlandés había llegado primero hace muchos siglos. 
Esto no cambiará con respecto a los países candidatos. 
Cuando nos incorporamos a la Unión, hubo por tanto una especie de regreso a casa, pero en Irlanda también había una valiente mirada al futuro y un reconocimiento de que la insularidad y el proteccionismo del pasado eran pesos muertos que nos frenaban. 
A través de la pertenencia a la Unión nos dimos cuenta por primera vez de nuestro verdadero potencial. 
La Unión Europea constituye posiblemente el mejor ejemplo del mundo de aprendizaje de los errores del pasado. 
Este continente pagó un vergonzoso precio para aprender que la colaboración es mucho más humanamente decente que el colonialismo, que la cooperación es mucho mejor que el conflicto, que la paz es esencial para la prosperidad, que la diferencia no tiene que acarrear desdén. 
A la mesa de la Unión todos aportamos nuestra soberanía nacional, nuestras diferencias, nuestras identidades nacionales y nuestras historias. 
A través del diálogo respetuoso y una creencia compartida en la asociación, nos atrevemos a forjar un equipo de trabajo de vecinos, cada uno de los cuales ama su tierra natal y al tiempo comparte una devoción por nuestra patria continental europea. 
Esta Unión constituye una prueba viva de que la humanidad puede soportar con comodidad diversas identidades, que pueden complementarse y mejorarse unas a otras y que podemos proporcionar un futuro mejor a nuestro pueblo dentro de la Unión que fuera de ella. 
Cuando la Presidencia irlandesa de la Unión comience su andadura dentro de unas semanas, aportaremos el entusiasmo de europeos muy comprometidos y la gratitud de un país que manifiestamente se ha beneficiado de dicho compromiso. 
Sabemos que sin duda esta será la Presidencia que constituya el mayor desafío para nosotros hasta la fecha, pero también sabemos que contaremos con su apoyo mientras tratamos de ser un árbitro eficaz e imparcial en busca de resultados prácticos y equitativos en interés de la Unión Europea en su conjunto. 
Las necesidades son muy simples: la Unión debe ser internamente eficaz, influyente en el exterior y debe equiparse para el futuro. 
Las soluciones, por supuesto, no son tan simples y pondrán en gran medida a prueba toda nuestra ingenuidad. 
Sin embargo, en esta Unión no tenemos falta de ambición ni temor a las responsabilidades añadidas. 
Por supuesto, el momento más importante de la Presidencia irlandesa será la adhesión formal de los diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004. 
Se trata de una extraordinaria respuesta positiva al reto planteado en este mismo foro hace una década por Václav Havel, a quien tuve el placer de recibir en Dublín la pasada semana. 
Este declaró con acierto entonces que la «historia ha lanzado el guante; si queremos, podemos recogerlo. 
Si no lo hacemos, podrá perderse una gran oportunidad de crear un continente de cooperación libre y pacífica». 
Realmente se ha recogido el guante. 
Los ciudadanos y líderes de la Unión Europea, incluido este Parlamento, han estado a la altura de la gigantesca tarea de preparar a la Unión y a los países candidatos para la ampliación. 
Los ciudadanos de los países candidatos han soportado las dolorosas reformas necesarias para incorporarse, y gracias a su determinación han llegado al umbral de la Unión mucho antes que lo que cualquiera podría haber previsto. 
En donde no hace mucho reinaban regímenes totalitarios, ahora han vuelto a arraigar el respeto por el Estado de derecho, las instituciones democráticas, los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Si las tumbas de guerra de Europa pudieran hablar, nos dirían que estamos viviendo un milagro, una transformación radical de la historia humana provocada por un proceso imparable de auténtico esfuerzo e suprema fidelidad a la visión del poder trascendente de la cooperación que constituye la esencia de la Unión. 
Y, por supuesto, el proceso de ampliación no concluye el 1 de mayo de 2004. 
Durante la Presidencia irlandesa proseguirán las negociaciones de adhesión de Bulgaria y Rumania, basadas en los mismos principios que han guiado todas las negociaciones de ampliación hasta la fecha, con el objetivo de su adhesión en 2007. 
Por otra parte, la Presidencia irlandesa controlará muy de cerca los avances con Turquía, en previsión a las decisiones clave sobre las negociaciones de apertura que se tomarán en diciembre de 2004. 
Los nuevos Estados miembros serán ambiciosos respecto a su futuro y queremos ver cómo prosperan a medida que hacen buen uso de las oportunidades su pertenencia a la Unión. 
Se basan en la continuidad de ese apoyo muy fuerte de los Estados miembros existentes que les ha llevado con seguridad hasta este punto. 
Ahora nuestro reto común es garantizar el éxito de una Unión de 25 Estados miembros. 
La Presidencia italiana está demostrando su determinación por hacer todo lo que esté en su mano por alcanzar un acuerdo en la CIG el próximo mes, y por supuesto, Irlanda apoya firmemente este objetivo. 
El nuevo Tratado inyectará un entusiasmo renovado en la Unión, cambiando su desafortunada imagen burocrática, aportando nueva energía a sus relaciones con los ciudadanos europeos, haciéndoles sentirse parte integrante de ella y no simples espectadores. 
El borrador del texto elaborado por la Convención constituye un enorme paso adelante en este sentido. 
Sin embargo, como es natural, todavía quedan varias cuestiones por debatir a fondo y resolver definitivamente, incluida la cuestión de una referencia a Dios en el preámbulo del nuevo Tratado. 
El Gobierno irlandés ha señalado que acogería con agrado dicha inclusión si puede llegarse a un consenso en torno a la formulación adecuada. 
A fin de cuentas, la Unión no vive solo de palabras, sino de acciones que convierten esas nobles palabras en algo real en nuestras vidas. 
Cómo gestionamos el desarrollo económico y social en la nueva Europa, cómo aprovechamos el potencial real ofrecido por la ampliación, cómo respiramos vida en estas palabras, esas son, por lo tanto, cuestiones esenciales que Irlanda intentará abordar durante nuestra Presidencia. 
Una tarea principal durante el mandato de Irlanda será la de llevar adelante la agenda de Lisboa de renovación social, económica y medioambiental. 
En la Cumbre de Lisboa de 2000, la Unión se fijó el ambicioso objetivo de convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para finales de esta década. 
Esta estrategia se acordó en un momento de rápido crecimiento económico en toda Europa y se han hecho grandes logros hasta el momento. 
Pero estos son tiempos menos florecientes, dificultados por la ampliación, y si queremos conseguir nuestros objetivos necesitamos aumentar el ritmo de reforma. 
La Presidencia irlandesa tratará de aumentar la relevancia de la agenda de Lisboa centrándose en aspectos que afectan a nuestras vidas cotidianas, porque no cabe duda de que la competitividad, el crecimiento y la inversión, la creación de empleo, la protección social, la inclusión social y el desarrollo sostenible son todos aspectos críticos para la calidad de vida de los ciudadanos de Europa y para la relevancia de la Unión en sus vidas. 
El ciudadano europeo también está muy preocupado por los problemas mundiales, ya que el nuestro es un mundo cada vez más interdependiente. 
La Unión tiene la obligación y la oportunidad de ejercer su influencia en el mundo, persiguiendo nuestros valores compartidos y, por supuesto, nuestros intereses compartidos. 
La agenda de relaciones exteriores de la Unión es enorme. 
Refleja la influencia y el respeto de que goza la Unión en todos los confines de nuestro mundo. 
He experimentado esto personalmente durante una reciente visita de Estado a China, cuyos líderes ponen mucho interés en el desarrollo de vínculos más estrechos con la Unión. 
Y por supuesto, la ampliación supondrá una autoridad todavía mayor. 
La Presidencia irlandesa se desarrollará en un momento de profunda inseguridad mundial. 
La guerra, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, la hambruna, la enfermedad y el crimen organizado compiten por un lugar en la agenda internacional junto con cuestiones de comercio, aranceles, economía mundial y relaciones internacionales. 
Por lo tanto, las relaciones exteriores serán otro aspecto clave de la Presidencia irlandesa. 
Existen muchos medios con los cuales la Presidencia irlandesa continuará tratando estos y otros problemas, incluido el poder de nuestra propia historia particular, que nos convierte en un puente especialmente eficaz con los Estados Unidos, hogar de tantos de nuestros emigrantes irlandeses. 
Irlanda constituye también un puente especial hacia los países en desarrollo, patrias de adopción para miles de enfermeras, médicos, profesores, misioneros y cooperantes irlandeses que han hecho causa común durante generaciones con los más pobres entre los pobres. 
La seguridad y la paz internacionales se apuntalan a través de una red vital de organizaciones multinacionales y organizaciones multilaterales de relaciones mundiales, bilaterales y regionales. 
Una Unión Europea más sólida refuerza esa red y potencia la voz que aboga por la causa de la coexistencia pacífica y los derechos humanos fundamentales de todo ser humano. 
La cooperación estrecha y directa en torno a cuestiones bilaterales y regionales será una característica de nuestra Presidencia, ya sea en África, Asia, América o más cerca de nuestro hogar, en los países vecinos de la Unión situados al este y al sureste, junto a nuestras nuevas fronteras. 
En ningún lugar es más fuerte el llamamiento al ejercicio responsable del poder que en la conducción de nuestras relaciones con los países en desarrollo. 
La Unión es líder mundial en ayuda al desarrollo y esta generosidad de espíritu es una insignia que podemos llevar con honor. 
La Comisión Europea y los Estados miembros aportan colectivamente más del 50% de la ayuda exterior al desarrollo de todo el mundo: más de 25 000 millones de euros al año. 
La Unión Europea es el principal donante para el alivio multilateral de la deuda. 
Es el mayor donante a los programas sobre el sida. 
Es con diferencia el mayor donante para África. 
He tenido la fortuna de ver con mis propios ojos los beneficios prácticos de esta ayuda en países como Uganda y Kenia, y la verdadera esperanza que aporta a vidas que de lo contrario estarían asoladas por la desesperación. 
Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que el nivel de ayuda al desarrollo de los países ricos ha descendido a un nivel inaceptablemente bajo. 
Aunque ignorásemos el aspecto altruista de la ayuda al desarrollo –lo cual, por supuesto, no deberíamos hacer–, la civilización mundial única en la que todos vivimos ahora resalta la miopía de ese planteamiento. 
La miseria humana causada por la pobreza endémica debería avergonzarnos, pero la inestabilidad engendrada por la misma nos amenaza a todos. 
La reducción de la pobreza en lugar de su simple gestión es fundamental para la futura estrategia de seguridad de Europa, y nos encontramos en una posición ideal para poner fin a la pobreza, la enfermedad, la corrupción, la opresión, los conflictos derrochadores, además del malestar poscolonial que niegan a tantos seres humanos el derecho a una vida decente. 
Quizás este sea el nuevo guante que debería lanzarse a los 25 Estados miembros de la Europa ampliada. 
Una Europa que ha curado sus propias divisiones puede abogar por sus valores con auténtica credibilidad en la escena mundial. 
Sin embargo, los recientes conflictos de Yugoslavia y en mi tierra natal, Irlanda del Norte, además de la miseria implacable de Oriente Próximo, deberían mantenernos humildes y en alerta ante los peligros que todavía merodean ante nuestras puertas o en sus proximidades. 
Es escalofriante darse cuenta de que las personas pueden vivir literalmente puerta con puerta y sin embargo ignorarse peligrosamente y temerse unas a otras. 
Los europeos debemos garantizar que dentro de cada una de nuestras naciones y entre nuestras 25 naciones, nuestros hijos sean formados en el respeto por los demás y que puedan crecer completamente en casa, cómodos, en un mundo de diferencias y diversidad y ser un ejemplo para el resto del mundo. 
El histórico Acuerdo de Viernes Santo estuvo inspirado en muchos aspectos por el ideal europeo. 
Su arquitectura institucional se vio muy influida por la experiencia de resolución de conflictos en Europa Occidental. 
Un diputado de esta distinguida Cámara ha sido un defensor incansable y persuasivo del modelo europeo y fue, sin lugar a duda, un arquitecto clave –si no arquitecto clave– del Acuerdo de Viernes Santo. 
Me refiero, por supuesto, al gran, irlandés y europeo, su colega y Premio Nobel John Hume. 
Es un gran privilegio para mi poder rendir homenaje hoy aquí a su visión, su valor y sus logros, John. 
En Irlanda del Norte, los programas de paz y reconciliación de la Unión Europea, generosamente apoyados por el Parlamento Europeo, han beneficiado a muchas comunidades anteriormente alienadas y excluidas, además de dar un sentido renovado de esperanza y optimismo respecto al futuro. 
Conjuntamente con los Estados Unidos, la Unión Europea ha sido también un contribuyente muy generoso al Fondo Internacional para Irlanda, que ha trabajado con acierto en la reconciliación y la regeneración económica. 
Ahora todo ese trabajo tiene su compensación y es obvio que la voluntad de paz es el mayor impulso en la inmensa mayoría de los corazones. 
Las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte se celebrarán el 26 de noviembre de 2003 y deseo fervientemente –y estoy segura de que muchos de ustedes comparten mi deseo– que las opciones que surjan ayuden a que mi cuna se convierta en lo que sé que es capaz de convertirse: un paradigma de colaboración, tolerancia, igualdad y paz. 
A Uachtaráin, is mór an méid atá déanta ag Parlaimint na hEorpa chun pobal na hEorpa a threorú ar bhóthar a leasa, agus áirim mar chuid den treorú sin méadú an Aontais. 
Is mór an onóir don tír s ' againn féin gur le linn Uachtaránacht na hÉireann a thiocfaidh an méadú seo chun críche. 
Is aisteach agus is iontach é gurb é an Stát is faide siar a chuirfidh fáilte roimh na stáit is faide soir- cruthú eile, má's gá a leithéid, gur I dteannta a chéile is ea a dhéanfaidh muid ár dtodhchai a fhí. 
Hay un proverbio en lengua irlandesa que dice «», nuestra fuerza está en la cooperación. 
Este podría ser el lema de la Unión Europea. 
Su verdad se ha revelado en numerosas ocasiones desde la fundación de la Unión y en ningún lugar es más evidente que en mi propio país. 
Ahora, una nueva generación, probablemente la más privilegiada que ha habitado nunca este continente, tendrá la oportunidad de ver qué gran fuerza se crea cuando los 15 se conviertan en 25, cuando la inquieta energía de 500 millones de personas trabajando juntas y para el bien recíproco se aprovecha para la tarea de escribir el mejor y más feliz capítulo de la historia de Europa. 
La suerte irlandesa nos ha situado en el lugar adecuado en el momento oportuno. 
Nuestra intención es cumplir. 
Doy las gracias a la Presidenta en nombre de la Cámara. 
Quisiera decirle que esta Cámara defiende a ultranza la igualdad entre hombres y mujeres. 
Usted es un perfecto ejemplo de liderazgo político femenino. 
Con esto concluye la sesión solemne. 
– Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento deseo informar al Parlamento de que en el período parcial de sesiones de septiembre este Parlamento aprobó un informe sobre las peticiones de Lloyd’s, en el que se fijaba un plazo hasta el 15 de noviembre para que la Comisión facilitase información al Parlamento sobre su reglamentación de Lloyd´s of London entre 1978 y 2001. 
Tengo que señalar que hasta el 15 de noviembre no se había recibido tal comunicación de la Comisión. 
En mi calidad de ponente, no tengo conocimiento de que el Parlamento haya recibido alguna comunicación, aunque los servicios del Sr. Bolkestein me aseguran que esta carta ya se encuentra en el correo. 
Espero que se reciba en su momento, pero no se ha cumplido el plazo. 
Plantearé esta cuestión por escrito, pues aquí tan solo quería que constara en acta. 
Señor Presidente, se cumplen ahora 14 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Por desgracia, nuestras economías siguen funcionando de forma que son incapaces de tener en cuenta las necesidades de los niños. 
Sigue existiendo el trabajo infantil, también en Portugal, donde se calcula que más del 4% de los niños trabajan en diferentes sectores, debido a la precaria situación económica de muchas familias. 
Acogemos con satisfacción las importantes iniciativas que condenan tales prácticas y protegen los derechos de la infancia, en particular la lucha mundial contra el trabajo infantil. 
Por tanto, insto a todo el mundo, señor Presidente, Señorías, a asumir un mayor compromiso para garantizar que la sonrisa de un niño signifique la esperanza en un mundo más justo, en el que no exista el trabajo infantil. 
Tomamos nota de sus observaciones, señora Figueiredo. 
-el informe (A5-0384/2003) del Sr. Sacrédeus, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para los organismos que promueven la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y algunas regiones del mundo no industrializadas (COM (2003) 280- C5-0350/2003 2003/0110 (CNS)) 
-el informe (A5-0368/2003) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa (civic participation) (COM (2003) 276- C5-0321/2003 2003/0116 (CNS) ) y 
-el informe (A5-0396/2003) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres (COM (2003) 279- C5-0261/2003 2003/0109 (COD) ). 
. Señor Presidente, como este es un debate conjunto, la mala noticia es que mi intervención será larga, pero la buena noticia es que seré lo más breve posible, aunque sin dejar de responder a las cuestiones de detalle que han sido planteadas sor Sus Señorías en el curso de sus actividades, que reflejan la ardua e intensa labor que han llevado a cabo. 
Cómo bien sabe esta Cámara, las tres Instituciones europeas colaboraron para lograr un nuevo Reglamento financiero en 2002, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2003. 
Este Reglamento establece, entre otras cosas, un marco definido para las subvenciones mediante las cuales prestamos asistencia a un gran número de organizaciones europeas en el diálogo con los ciudadanos europeos, y dispone igualmente que cada decisión financiera debe contar con un fundamento jurídico que la justifique. 
Dicho requisito reviste especial importancia en el caso de las subvenciones financiadas con cargo a líneas cuya partida dentro de la estructura presupuestaria –la denominada Parte A del presupuesto– implica que pueden ser asimiladas a gastos administrativos y, por consiguiente, ser desembolsadas sin un fundamento jurídico claro. 
La modificación de la estructura presupuestaria que se introdujo con el nuevo Reglamento financiero ha puesto fin a esta asimilación con los gastos administrativos, lo que significa que ahora estas subvenciones requieren un fundamento jurídico. 
Y fue esta nueva obligación la que hizo que la Comisión presentara en mayo de 2003 siete propuestas de nuevos fundamentos jurídicos. 
Dichas propuestas iban acompañadas de una Comunicación de la Sra. Schreyer, en la que se destacaba el contexto común y se presentaban soluciones idénticas para problemas comunes. 
La Comisión acoge con agrado del informe del Sr. Sacrédeus y aprecia la prioridad que los ponentes y el Parlamento han concedido a la tramitación de su propuesta. 
Con el dictamen del Parlamento, ahora la decisión podrá entrar en vigor en 2004 y, tras la publicación de una convocatoria de propuestas, se procederá a la selección de los beneficiarios para las subvenciones del año próximo. 
El objetivo acordado entre el Parlamento y el Consejo durante el procedimiento de conciliación del 16 de julio consistía en la entrada en vigor en 2004 de los fundamentos jurídicos para las subvenciones que no contaban con esta cobertura. 
El fundamento jurídico presentado hoy, junto con las otras seis propuestas relativas a las subvenciones, resulta importante porque es consecuencia directa de las innovaciones que el nuevo Reglamento financiero ha introducido en materia de subvenciones, y se arraiga firmemente en los principios básicos de transparencia e igualdad de trato para los beneficiarios potenciales. 
La mayoría de las enmiendas que propone la resolución del Parlamento son aceptables para la Comisión y respetan el espíritu de la propuesta de esta última. 
Sin embargo, la Comisión considera oportuno limitar el importe de las subvenciones a un 70% de los gastos subvencionables, en lugar del 80%. 
De forma similar, la Comisión estima que es preferible una tasa de regresividad del 10% anual a una tasa del 2,5 %. 
Entendemos que estos dos requisitos constituyen salvaguardias que garantizarán la sostenibilidad y estimularán a los beneficiarios a buscar otras fuentes de ingresos complementarias. 
Un punto que debo mencionar es la necesidad de garantizar la coherencia entre la propuesta de Decisión del Consejo y el presupuesto. 
En el anteproyecto de presupuesto, la Comisión proponía una línea presupuestaria para reunir los importes que, en el presupuesto de 2003, se distribuían a través de cuatro líneas del capítulo A 30. 
El futuro fundamento jurídico para esta línea única, como exige el Reglamento financiero, es la propuesta de Decisión que hoy presentamos ante esta Cámara. 
Esta Decisión dispone que la selección de beneficiarios se llevará a cabo tras una convocatoria de propuestas que respete los principios de transparencia e igualdad de trato. 
En su primera lectura, el Parlamento reemplazó esta línea única por cinco líneas. 
El título de cada línea es el nombre de una organización. 
Existe una incompatibilidad evidente entre el futuro fundamento jurídico y la división de la línea presupuestaria de este modo. 
La Comisión espera que el presupuesto aprobado corresponderá a la propuesta del APP, lo que nos permitirá ejecutar la propuesta y los créditos en pleno cumplimiento del Derecho comunitario definido por el Reglamento financiero que aprobaron esta Cámara y el Consejo. 
Paso ahora al informe de la Sra. Rühle sobre la propuesta de programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa. 
Agradezco a la Sra. Rühle que haya reconocido la urgencia de esta cuestión y que haya procurado su rápida aprobación por parte de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Esta labor ha sido sumamente útil. 
La propuesta que la Comisión presentada ante esta Cámara pretende asegurar una transición armoniosa entre el sistema anterior y las nuevas disposiciones, así como la continuidad de las actividades que reciben ayudas. 
Nos hemos esforzado por elaborar un texto que, en gran parte, amplía los procedimientos de aplicación de 2003, al tiempo que incorpora los requisitos del nuevo Reglamento financiero por lo que se refiere a la buena gestión financiera de los fondos públicos. 
Por lo tanto, esta propuesta de fundamento jurídico debe considerarse un ajuste técnico. 
No obstante, existe una gran tentación, por lo demás comprensible, de aprovechar esta oportunidad para introducir innovaciones y proponer mejoras. 
Como siempre, la creatividad del Parlamento resulta inmensamente útil. 
Y sin embargo, puede encerrar riesgos, sobre todo si dichos añadidos ponen en peligro la posterior aprobación de la propuesta por parte del Consejo. 
Por ello, la propuesta de la Comisión fue formulada en lo que podemos considerar términos moderados, con el objetivo fundamental de dar continuidad a lo que ya se ha alcanzado y de establecer una estructura jurídica que sea coherente con el nuevo Reglamento financiero. 
Por esa razón invito a sus Señorías a que no se aparten demasiado de las propuestas de la Comisión y a que hagan todo lo posible para que este fundamento jurídico se apruebe lo antes posible. 
Asimismo, en el caso del fundamento jurídico para la participación ciudadana activa, el margen de maniobra es incluso más reducido porque se requiere unanimidad en el Consejo. 
Di deseamos completar este procedimiento lo antes posible debemos explorar todas las vías que conduzcan a una solución de compromiso. 
De hecho, a partir del 1 de enero de 2004, de no haberse adoptado este fundamento jurídico, simplemente no podremos prestar ayuda financiera a todas las organizaciones que participan activamente en la promoción de la ciudadanía europea. Este hecho nos parecería lamentable, como sin duda también lo sería para el Parlamento. 
Ahora esbozaré la posición de la Comisión en relación con las enmiendas recogidas en el informe de la Sra. Rühle. 
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 1, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 13 y 31, que clarifican de forma útil el texto. 
Si bien la Comisión recuerda que es necesario aplicar el nuevo Reglamento financiero, no se opone a la enmienda 45 sobre la simplificación de los procedimientos administrativos. 
Huelga decir que la Comisión impondrá a los beneficiarios de subvenciones europeas la obligación de hacer una publicidad adecuada al respecto. 
Si bien estamos plenamente de acuerdo con el Parlamento en este punto señalado en la enmienda 48, consideramos que sería más oportuno que esta obligación figurara en los acuerdos firmados con los beneficiarios. 
Otro tanto podemos decir de la enmienda 49 sobre la difusión y disponibilidad de los resultados. 
La Comisión está de acuerdo con la enmienda 47, que destaca la necesidad de llevar a cabo intercambios de puntos de vista periódicos con los beneficiarios. 
La Comisión puede aceptar parte de la enmienda 25. 
Puesto que esta enmienda no modifica el fondo de la propuesta de la Comisión, podemos aceptar que la propuesta señale que los créditos presupuestarios programados a partir de 2006 sean objeto de un acuerdo de la autoridad presupuestaria sobre las perspectivas financieras a partir de 2006. 
Sin embargo, la Comisión está dispuesta a aceptar la misma duración para las siete propuestas que forman el paquete hasta 2006 si con ello contribuye a llegar a una fórmula de compromiso para todas las propuestas con el fin de adoptarlas en tiempo útil para la ejecución del presupuesto de 2004. 
En vista de que esta propuesta debe considerarse conjuntamente con otras propuestas de este paquete, las enmiendas sobre «asignaciones» y la posibilidad de crear una agencia ejecutiva deberán resolverse en un marco más amplio. 
De esta enmienda, la Comisión no puede aceptar una referencia al importe total asignado al programa, ya que no es coherente con los procedimientos legislativos contemplados en el procedimiento de consulta. 
Asimismo la Comisión puede aceptar parte de la enmienda 28. 
No nos oponemos al envío de informes sobre la ejecución del programa, pero no podemos aceptar que el contenido del Anexo se transfiera al artículo 8 bis, pues dicha transferencia no coincidiría con el formato habitual de los textos jurídicos. 
Lo mismo podemos decir de las enmiendas 20, 21, 22, 29 y 30, que la Comisión no acepta. 
La Comisión comprende el parecer del Parlamento consistente en concentrarse en la posible ampliación del ámbito de aplicación y de los objetivos de esta propuesta. 
Sin embargo, tenemos intención de garantizar la continuidad de las actividades que ya han recibido anteriormente ayudas de la Comisión, por lo que tenemos que rechazar las enmiendas 14, 40, 41, 42 y 43, con el fin de que el Consejo llegue a una posición unánime sobre nuestra propuesta. 
No aceptamos las enmiendas 6 y 33, relativas al Movimiento Europeo, así como las enmiendas 32, 34, 35, 36 y 37, que introducen nuevas organizaciones en la lista de beneficiarios. 
A fin de garantizar la continuidad de la financiación asignada actualmente, la Comisión no estima oportuno iniciar un debate sobre la lista de organizaciones que figura en la Parte 1. 
De conformidad con el Reglamento financiero, tenemos intención de publicar una convocatoria de propuestas en la que podrán participar todas las organizaciones que operan en este ámbito. 
Sin embargo, para facilitar la transición entre el sistema de «asignación» al sistema basado en convocatorias de propuestas, y teniendo en cuenta el tiempo que queda antes de que este programa entre en vigor, consideramos que resulta más conveniente aplicar el modelo de asignaciones en 2004 y publicar una convocatoria pública de propuestas a partir de 2005. 
De este modo se alcanzaría un compromiso razonable, ya que resultaría técnicamente imposible, con arreglo al Reglamento financiero, publicar una convocatoria de propuestas tras la adopción de este fundamento jurídico que seguiría permitiendo la financiación a partir de 2004. 
A resultas de ello, la Comisión puede aceptar, en principio, la aplicación de un sistema de «asignaciones». 
Sin embargo, consideramos que este planteamiento debería limitarse a 2004 y que las normas de operación deberían figurar en el Anexo y no en el texto del programa. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar, por razones de orden técnico, la parte de la enmienda 23 que hace referencia al Grupo 1. 
La parte de esta enmienda que hace referencia al Grupo 2 y persigue la inclusión de organizaciones que tienen una perspectiva diferente de las políticas de la Unión es considerada superflua y, por ende, no puede ser aceptada. 
La última parte de esta enmienda no se corresponde con el formato habitual de los textos jurídicas y tampoco se acepta. 
En relación con la posible participación de una agencia ejecutiva para gestionar parte del programa, en particular la gestión del gran número de proyectos de hermanamiento de poblaciones que prevé el programa, la Comisión hace hincapié en que dicho enfoque se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
De hecho, la Comisión tiene previsto crear dicha agencia ejecutiva en el ámbito de la educación y la cultura. 
En función de las conclusiones a que llegue el estudio de rentabilidad que está elaborando un consultor externo, la Comisión podría proponer que dicha agencia participara parcialmente en la gestión de este programa. 
Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión presentará esta propuesta al Comité de Agencias Ejecutivas del Consejo. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar en este momento la enmienda 46. 
La Comisión rechaza las enmiendas 2, 8, 10, 17, 19, 24 y 50 por considerarlas superfluas, ya que estos temas se detallan suficientemente en el texto actual o son objeto de otros textos. 
No aceptamos la referencia al pleno empleo que figura en la enmienda 3 por considerarla excesivamente ambiciosa. 
La enmienda 5 que se refiere al proyecto de Constitución resulta prematura, pues dicho proyecto aún puede ser modificado. 
Consideramos que la propuesta de realizar evaluaciones periódicas de las organizaciones que figuran en la Parte 1, a que hace referencia la enmienda 38, resultaría demasiado engorrosa, ya que estas organizaciones figuran como beneficiarios durante todo el programa. 
Por consiguiente, la modificación de esta lista requiere una nueva Decisión del Consejo. 
La enmienda 39 es inaceptable por ser contraria a la misma esencia del programa de acción que pretende fomentar las redes europeas. 
Asimismo rechazamos la enmienda 40 relativa a los medios de comunicación, porque puede poner en peligro las solicitudes de las organizaciones de base. 
La Comisión rechaza la enmienda 44 que constituye una interferencia inadmisible en las competencias de ejecución de la Comisión. 
La propuesta de informar a los Parlamentos nacionales, que figura en la enmienda 27, no resulta oportuna, y la Comisión considera que cualquier evaluación del programa debería basarse en un período de referencia de dos años, por lo cual no acepta la enmienda 26. 
La enmienda 51, que fue presentada tras la adopción del informe de la Sra. Rühle en la comisión parlamentaria, es inaceptable para la Comisión, ya que no garantiza que los programas puedan ejecutarse antes de que se adopte el fundamento jurídico. 
En conclusión y en relación con esta respuesta, de las 51 enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión acepta 14 en su totalidad, 2 parcialmente y rechaza 35. 
Invito a esta Cámara a que haga todo lo posible para no descarrilar la ayuda que concede la Unión Europea a la creación de una ciudadanía europea. 
Si el sistema debe volver a entrar en funcionamiento a principios de 2004, es decisivo llegar en esta fase del procedimiento a un acuerdo, como estoy seguro que comprenden sus Señorías. 
Agradezco la atención que me ha prestado esta Cámara. 
Y me gustaría hacer unos cuantos comentarios antes de concluir. 
Se refieren a la Decisión del Consejo por la que se establece un programa comunitario para promover las organizaciones activas en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres a escala europea. 
En primer lugar, me gustaría felicitar a la ponente, Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por su labor y lo logrado en este expediente, que ha sido considerable en todos los aspectos. 
Me complacen los avance ya logrados tanto en el Consejo como en el Parlamento en relación con este instrumento fundamental que esta destinado a establecer el fundamento jurídico para poder seguir financiando a las organizaciones que promueven a escala europea la igualdad entre hombres y mujeres. 
Acojo favorablemente la mayoría de las 20 enmiendas que figuran en el informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, que fue aprobado el 3 de noviembre de 2003 por la Comisión de Derechos de la Mujer, ya que aportan una mayor precisión y claridad a este instrumento jurídico fundamental. 
Sin embargo, la Comisión no es favorable a algunas enmiendas relacionadas con algunos aspectos de la duración del programa y su evaluación. 
La Comisión propuso una duración de dos años –2004 y 2005– debido a que incluía este tema en las reflexiones generales sobre el futuro de la estrategia en materia de igualdad a partir de 2005. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar la extensión de la duración de este programa hasta 2008, como se propone en la enmienda 8. 
A resultas de ello, la Comisión no acepta las enmiendas 6 y 7 sobre regresividad, la enmienda 9 sobre el aumento del marco financiero, ni la enmienda 10 sobre el acuerdo de la autoridad presupuestaria después de 2006. 
Por lo que se refiere a la evaluación del programa por parte de la Comisión, el Reglamento financiero ya establece el sólido marco necesario para ella. 
La enmienda 11, que propone que esta evaluación se base en un informe externo, resulta en consecuencia innecesaria y parece desproporcionada para las reducidas dotaciones de este programa y su duración. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 19 por considerar que es preferible que los temas tengan un carácter general y no tan concreto. 
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 20 porque vulnerará el papel de la Comisión a la hora de ejecutar el programa. 
La adopción de este instrumento jurídico en un período tan breve reviste gran importancia a fin de no interrumpir la asistencia financiera que la Comunidad presta a estas organizaciones y, en particular, al Lobby Europeo de Mujeres. 
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y rechaza las enmiendas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 20 por los motivos que acabo de exponer. 
Agradezco a esta Cámara la paciencia que ha mostrado durante esta intervención más bien prolongada. 
Señor Presidente, señor Comisario Kinnock, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, ni la vida ni el mundo se acaban en las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Por eso hay que reforzar el diálogo entre civilizaciones y culturas. 
Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento financiero, se necesita una ley fundamental o un nuevo fundamento jurídico para las medidas subvencionadas con cargo al antiguo capítulo A-30 del presupuesto y a determinadas líneas B. En este contexto, la Comisión ha presentado un total de siete propuestas que definen nuevos programas de acción. 
Un diálogo entre culturas y civilizaciones resulta, ahora más que nunca, de vital importancia para garantizar la paz y la estabilidad en el mundo. 
Esta es la contribución y el complemento especial que yo, en calidad de ponente, quiero aportar al informe sobre el establecimiento de un programa de acción comunitario para la creación de organismos que promuevan la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y determinadas regiones no industrializadas del mundo, un informe aprobado por unanimidad el 4 de noviembre de 2003 por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
El centro, instituto o red especializado en el análisis de las relaciones entre la Unión Europea y determinadas regiones contribuye a promover el diálogo entre culturas y civilizaciones. 
Se trata de un diálogo fundamental y absolutamente crucial en este planeta y en este mundo, y constituye nuestra responsabilidad común gestionarlo y velar por su integridad. 
El diálogo entre culturas y civilizaciones tiene que fomentar el valor generalmente aplicable y universal de las libertades y derechos humanos y la defensa de la dignidad humana. 
El concepto del ser humano sobre el que en última instancia se sustenta la Unión Europea consiste en que todas las personas tienen un valor igual, único e inviolable. 
Esta base común de valores que poseemos y este enfoque compartido de los seres humanos tienen que servir asimismo de garantía del respeto de las diferentes culturas y civilizaciones. 
El objetivo general de este programa debe ser apoyar las actividades de estos organismos. 
Según la propuesta de la Comisión, las actividades deberán consistir en cumplir el programa de trabajo anual de un centro, instituto o red. 
Las actividades apoyadas han de contribuir a incrementar la comprensión y el diálogo entre la Unión Europea, las regiones cubiertas por los Reglamentos ALA, MEDA, TACIS y CARDS y los países candidatos a la adhesión. 
En este caso también, el Parlamento Europeo desea añadir algo a efectos de que las actividades tengan asimismo –y lo recalco– que contribuir a reforzar la asociación desde el punto de vista social, cultural y humano y los puntos de encuentro. 
Queremos igualmente ampliar la duración del programa hasta el 31 de diciembre de 2008. 
La publicación del informe de evaluación de la Comisión tendrá que posponerse por tanto hasta el 31 de diciembre de 2007, y los créditos posteriores al año 2006 quedan supeditados a un acuerdo de las autoridades presupuestarias sobre la perspectiva financiera más allá de 2006. 
Para conseguir el objetivo de reforzar el conocimiento y el entendimiento mutuos, los organismos con derecho a subvención tienen que estar profundamente familiarizados con las características culturales, históricas, socioeconómicas y religiosas de las regiones afectadas. 
Esto lo he querido resaltar en el informe. 
Dichas actividades deben contribuir tanto a la cooperación política como al desarrollo de una genuina asociación entre los pueblos. 
La UE ya proporciona ayuda financiera y técnica a otras partes del mundo. 
En el Consejo de Ministros, los Gobiernos de los Estados miembros dijeron que daban gran importancia a estas actividades y expresaron su deseo de incrementar el conocimiento mutuo por parte de la UE y los asociados receptores de ayudas, así como por encontrar un fundamento jurídico dentro de la UE para hacerlo. 
El diálogo y la ayuda tienen que apoyarse en organismos y organizaciones especializadas en las relaciones entre la UE y las regiones afectadas. 
Como ejemplos de las actividades de dichos organismos cabe citar los estudios y análisis sobre la política de la UE, junto a seminarios, debates en mesas redondas y publicaciones. 
Ahora ya existe una serie de organismos y asociaciones dedicadas a la cooperación y el diálogo regionales. 
Por eso, cada vez adquiere mayor importancia garantizar que estas actividades estén coordinadas con el fin de evitar una duplicación de esfuerzos. 
Ni la vida ni el mundo se acaban en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por eso hay que reforzar el diálogo entre civilizaciones y culturas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, agradezco la buena cooperación a lo largo de las últimas semanas; quiero dar las gracias especialmente al secretariado de nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por su apoyo, sin el cual mi informe no habría estado terminado a tiempo. 
Como ya ha expresado el señor Comisario, estamos trabajando con un calendario muy ajustado, ya que las siguientes subvenciones de muchas instituciones europeas, y el apoyo a organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sindicatos e instituciones educativas durante el próximo ejercicio financiero no se puede garantizar sin la aprobación de una disposición legal. 
A raíz de la implantación de la presupuestación basada en actividades, de acuerdo con el nuevo Reglamento financiero, estas instituciones requieren un fundamento jurídico. 
Aun cuando los pagos de estas instituciones han estado cubiertos en el pasado por la línea A 30, en el futuro no podrán ser librados con cargo al capitulo administrativo del presupuesto de la Comisión. 
Se necesita un fundamento jurídico para garantizar que se puedan efectuar los pagos. 
Ese es el trasfondo puramente técnico de mi informe, y por supuesto coincido plenamente con la Comisión en que la adaptación es objeto de una gran preocupación primordial. 
Agradezco al señor Comisario su amplio reconocimiento de mi informe, aunque no obstante quiero contradecirle en un punto. 
Opinamos que una adaptación técnica no sería suficiente. 
La Unión Europea tiene por delante grandes retos, el primero de ellos la ampliación el 1 de mayo de 2004, y la escasa participación en los referendos de los países en vías de adhesión ha venido a reforzar mi idea de que es preciso un mayor número de iniciativas si se desea impulsar la integración europea. 
El segundo reto lo constituye el debate sobre la nueva Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales, que nos plantea asimismo nuevos desafíos, y por último, aunque no por ello sea menos importante, está la armonización del ámbito jurídico europeo, con respecto al cual solo mencionaré el debate acerca de la orden de detención europea. 
Mi objetivo ha consistido, así pues, en ayudar a reducir la carencia democrática y a desarrollar una imagen coherente del planteamiento de la ciudadanía europea y de la participación ciudadana, y ese ha sido el hilo conductor general del informe. 
Lamento sobre todo el hecho de que la Comisión no haya mencionado, ni vaya a apoyar, mi enmienda 35, ya que considero muy necesario que comencemos a cooperar mejor con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que pretende estructurar la jurisprudencia constitucional. 
Existe una necesidad imperiosa de ampliar la base de datos con el fin de proporcionarnos un mejor acceso a la jurisprudencia en el derecho constitucional europeo. 
Considero asimismo muy importante apoyar el sitio web «Agora» , desarrollando con ello un foro virtual en el que los legisladores, a escala nacional y europea, pueden formular consultas entre sí. 
Lo mismo cabe decir de la red para la formación y perfeccionamiento de jueces y fiscales. 
Si vamos a hablar de una orden de detención europea, los jueces y fiscales necesitan con urgencia un mayor conocimiento de la legislación europea. 
A lo largo y ancho de Europa precisamos una interacción mejor entre jueces y fiscales. 
Aun cuando el informe de la Comisión constituye el trabajo ambicioso que yo esperaba, constato también deficiencias en la forma de estructurarlo. 
Son estas las que nos han llevado a prestar especial atención a la simplificación de los procedimientos, a la reducción de la burocracia y al acceso fácil para el cliente a las ayudas económicas europeas. 
Una propuesta consiste, por tanto, en un procedimiento en dos etapas, lo cual significa que primero se estudiarían los aspectos puramente formales, para examinar el contenido en una segunda fase. 
Eso simplificaría el análisis general y agilizaría las decisiones para las organizaciones no gubernamentales en cuestión. 
Queremos también mayor transparencia en la forma en que Europa presta apoyo. 
Si una organización no gubernamental es receptora de subvenciones por parte de Europa, deberá ponerlo de manifiesto. 
Es necesario garantizar el acceso público a los resultados de su labor. 
Como observación final, quiero abordar la cuestión de las asignaciones, que ha sido objeto de gran controversia en esta Cámara. 
En la primera versión de mi informe abogaba por la supresión de las asignaciones, pero me vi obligada a aceptar el hecho de que el Parlamento tenía un visión diferente. 
He llegado a compartir la opinión de muchos diputados de que hemos de mantener un diálogo serio con la Comisión, que se producirá después de 2004. 
Aunque apruebe el ofrecimiento de mantener las asignaciones después de 2004, ¿cómo se va a poner en práctica en 2005 –por poner un ejemplo– la convocatoria de propuestas en relación con los Puntos de Información y en otros ámbitos? 
Hay muchos interrogantes al respecto y me gustaría mantener un diálogo con la Comisión sobre este punto. 
Ello me ha llevado a no retirar la enmienda, que prefería sometiéramos hoy a votación. 
Pienso asimismo que hay que reconsiderar a fondo el asunto de la agencia ejecutiva y sus objetivos. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar expresando tanto nuestra satisfacción por la propuesta de la Comisión que establece el programa en cuestión, como nuestra reivindicación, si se me permite llamarla así, porque los esfuerzos por reunir los medios para subvencionar una serie de organizaciones de mujeres europeas con cargo al presupuesto, tuvieron su origen en nuestro Grupo político. 
Así, para nosotros el objetivo del programa actual ha de consistir en la posibilidad de que el Lobby Europeo de Mujeres prosiga su labor y, al mismo tiempo, en la facilidad de que otras organizaciones de mujeres funcionen y desarrollen actividades integradas dentro del contexto general de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Por eso abogamos en nuestra enmiendas por que las subvenciones no se asignen a acciones especiales, que no pueden garantizar la permanencia o la vida normal de los programas ni la viabilidad de las organizaciones, sino a la financiación del funcionamiento, como en el caso del Lobby Europeo de Mujeres. 
Además, no deberíamos olvidar que las acciones especiales y específicas, tal como contempla la propuesta de la Comisión, se pueden subvencionar en el contexto de otros programas o en el marco de las políticas comunitarias con las prioridades anuales –salario igual, conciliación de trabajo y vida familiar, participación en la toma de decisiones, modificación de estereotipos– todos los años que exista este mecanismo para las organizaciones de mujeres. 
En lo que respecta al periodo de aplicación del programa, comparto su opinión, señor Comisario, de que debería tener vigencia hasta 2006, precisamente porque no podemos predecir ahora las necesidades, sobre todo cuando se haya producido la adhesión de los nuevos países. 
Además, se trata de un programa piloto y necesitamos constatar cómo evoluciona. 
Podemos proseguir ampliándolo tras la evaluación. 
En cuanto a la aplicación de la degresividad gradual del 2,5 % a partir del tercer año de la aplicación del programa, realmente no alcanzo a comprender la lógica de los ponentes que han planteado esta enmienda. 
La Comisión Europea exime de forma expresa a todas las organizaciones de mujeres en este programa de tal reducción gradual sobre la base de las disposiciones del Reglamento financiero. 
¿Por qué habríamos de aplicarla, particularmente a cualquier organización de mujeres distinta del Lobby Europeo de Mujeres? Sobre todo en un momento en que el Lobby Europeo de Mujeres tiene otras prioridades dentro del contexto de la financiación. 
Es un trato discriminatorio para las organizaciones, que ni siquiera se sustenta sobre la base del Reglamento. 
Igualmente consideramos discriminatoria la propuesta aprobada por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades con vistas a diferenciar el porcentaje de financiación para las organizaciones de mujeres. 
No podemos pedir una cofinanciación del 90% para una organización como el Lobby, que goza de un trato preferente, según he manifestado, tal como la financiación de operaciones sin convocar manifestaciones de interés, y reclamar el 80% para otras organizaciones que no gozan de una financiación permanente y que se seleccionan sobre la base de las convocatorias de manifestaciones de interés. 
En cuanto a nuestras enmiendas relacionadas con el traspaso del Lobby Europeo de Mujeres de los artículos al anexo, es debido a razones técnicas por sugerencia del Consejo, precisamente porque creemos que es necesario que intentemos lograr un formato uniforme para todos los programas comunitarios que financian actividades de organizaciones no gubernamentales. 
Y el objetivo concreto de nuestras enmiendas es aproximarnos a un acuerdo final. 
Con nuestras enmiendas tratamos, señor Comisario, de cumplir las normas comunitarias, sobre todo para acelerar la aplicación inmediata del programa, un programa que, no obstante, no limita la acción de las organizaciones de mujeres a ámbitos o grupos específicos ni la abocan a filosofías concretas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la sociedad está evolucionando. 
Las normas están cambiando, las aspiraciones de las mujeres se están haciendo incesantemente más ricas y más amplias. 
Nos corresponde a nosotras demostrar que somos capaces de administrar esta riqueza y de proporcionar a nuestra sociedad y, lo que es más importante, al papel de las mujeres, la oportunidad de expresar su pluralismo. 
. Señor Presidente, señor Comisario, hoy vamos a votar otros tres informes del paquete de siete. 
Todos tienen por finalidad dar una base legal a las distintas subvenciones de las antiguas líneas llamadas A-30, y el próximo lunes 24 de noviembre tendremos la reunión de conciliación con el Consejo, en la que intentaremos lograr un consenso que nos permita aprobar el conjunto de estas propuestas antes de finales de este año, para que puedan ser ejecutables en 2004. 
Precisamente el problema más grave al que nos enfrentamos ahora mismo, es lograr que los créditos destinados a estas subvenciones puedan ser ejecutados en el próximo año. 
Por ello, me dirijo a la Comisión Europea que, en su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, al referirse a las propuestas, hablaba de medidas transitorias en el caso de que los actos de base no estuvieran aprobados antes de finales de este año. 
Parece ser que la medida transitoria en cuestión consiste en alargar el plazo de aprobación hasta finales de enero de 2004, lo que- la verdad- no resuelve el problema, porque tanto la Comisaria Schreyer como la Comisaria Reding han sido muy explícitas al decir que, si no se han aprobado las bases legales antes de finales de enero, los créditos no se podrán ejecutar. 
Por ello, quiero recordar a la Comisión sus propias palabras y cito textualmente: "En caso de no lograrse este objetivo, la Comisión propondrá, a su debido tiempo, medidas excepcionales transitorias que permitan asignar las subvenciones en 2004 a la espera de la adopción de los actos de base". 
Está claro que alargar el plazo hasta finales de enero de 2004 no es ninguna medida transitoria, ya que no permite ejecutar si no se han aprobado estos actos de base. 
El Parlamento se ha empeñado en trabajar muy deprisa para llegar a tiempo, pero no sabemos lo que va a pasar en el procedimiento de conciliación y, si fuera un fracaso, la Comisión tiene la obligación de cumplir con su palabra y buscar una solución- y repito sus propias palabras- para "asignar las subvenciones en 2004 a la espera de la adopción de los actos de base". 
Por lo que se refiere a la conciliación del 24 de noviembre, los temas fundamentales para negociar van a ser, en primer lugar, la dotación financiera de cada programa, la duración de los mismos y la aplicación de la degresividad- a la que ya se ha aludido aquí antes- pero, sobre todo, el asunto de la aplicación de la preasignación en lo que llamamos que, sin duda, señor Comisario, será el principal escollo. Por ello, me extenderé algo más en este punto. 
La preasignación se refiere a la propuesta de cultura y de ciudadanía, y el Parlamento quiere mantener su derecho a esta prerrogativa, y así lo va a defender ante el Consejo. 
Quiero decir, una vez más, que yo nunca he estado a favor de la preasignación, pero, como la Sra. Rühle, tengo que reconocer que, últimamente y sobre todo gracias a la actitud de la Comisión, estoy empezando a cambiar de opinión, porque, cuando veo la falta de disposición de la Comisión para encontrar una solución para la ejecutabilidad de las subvenciones en 2004, cuando veo la actitud de la Comisión para la ejecutabilidad de los proyectos piloto y las acciones preparatorias adoptadas por el Parlamento en su primera lectura, empiezo a hacerme muchas preguntas, señor Comisario, y si la Comisión no hace más que poner trabas a todas las iniciativas de este Parlamento en el presupuesto, no le queda más remedio que luchar con más ahínco para defender sus prerrogativas. 
Y que no me diga la Comisión que sus propuestas ya prevén la preasignación; la Comisión está totalmente convencida y sabe que, en cualquier caso, el escollo lo íbamos a tener con el Consejo. 
Señor Kinnock, siento mucho que la Comisión se convierta hoy en el blanco de mis interpelaciones, pero he visto con sorpresa e irritación que la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 18 de noviembre, es decir, anteayer, la convocatoria de propuestas para 2004 para las organizaciones que promueven la comprensión mutua de las relaciones entre la Unión Europea y algunas regiones del mundo no industrializado, es decir, el informe Sacrédeus, que vamos a votar hoy a partir de las doce. 
Me parece realmente grave que la Comisión se haya permitido publicar esta convocatoria cuando ni el Parlamento ha aprobado todavía su posición y, por supuesto, el Consejo tampoco ha adoptado su decisión. 
Es decir, que en estos momentos, no hay base legal para esta convocatoria. 
Puede ser que, con ello, la Comisión haya querido agilizar los trámites para facilitar la ejecución de 2004 pero, sinceramente, creo que se ha extralimitado. 
De todas formas, con todos los problemas que todavía tenemos que resolver el lunes 24, espero, señor Presidente, que el Parlamento y el Consejo sepan negociar todo esto con éxito. 
. Señor Presidente, señor Comisario, como ponente de opinión de este informe he de reconocer que coincido, en muchos de los aspectos subrayados por la ponente de fondo, la Sra. Rühle. 
El nuevo Reglamento financiero, aprobado el año pasado, prevé en el párrafo segundo del artículo 49 que, salvo en lo que se refiere a las prerrogativas institucionales los proyectos piloto, las acciones preparatorias y los créditos de funcionamiento de cada institución, todos los demás gastos operacionales necesitarán de un acto de base para su ejecución. 
Esto implica, como ya se ha señalado, proponer fundamentos jurídicos para las subvenciones que actualmente se encuentran en la parte A, que es el caso del informe que nos ocupa. 
Ninguno de los presentes se extrañará si digo que el trabajo de preparación de este informe ha sido particularmente delicado, por hallarse en juego los intereses económicos de muchos organismos cuya labor es promover una ciudadanía europea activa. 
Esta propuesta incluye diez líneas presupuestarias que no voy a repetir y cuyo objetivo es estimular a las entidades definidas en las diferentes líneas presupuestarias para que contribuyan a la promoción de una ciudadanía activa y participativa. 
Este es el objetivo común de estas subvenciones, es decir, potenciar el papel de estas organizaciones y promover las acciones que a su vez refuerzan el mensaje europeo. 
El aspecto más controvertido, sin duda, como aquí se ha dicho, ha sido el, al que algunos Estados miembros se oponen. 
Pero nosotros representamos el interés de los ciudadanos y este informe, junto con otro por el que se establece un programa de acción comunitaria para la promoción de organismos activos a escala europea en los ámbitos de cultura, juventud, educación y formación, son de capital importancia para la credibilidad de la Unión Europea, y a través de ellos es posible transmitir el mensaje fundamental de nuestro trabajo, que es el de construir Europa haciendo partícipe al ciudadano. 
Por ello, solicito al Consejo y a la Comisión que, al amparo de la nueva legislación, actúen en beneficio de este interés, eliminando barreras de procedimiento demasiado complejas. 
No olvidemos, para finalizar, que, como decía Salvador de Madariaga, Europa existirá cuando exista en la conciencia de todos sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, felicito a todos los ponentes de los informes que estamos debatiendo hoy, sobre todo al Sr. Sacrédeus y la Sra. KratsaTsagaropoulou, aunque quiero aprovechar este turno de palabra en el debate conjunto sobre el paquete de subvenciones para comentar el informe de la Sra. Rühle y la creación de un programa de acción de la Comunidad para la promoción de la ciudadanía europea activa. 
Felicito a la Sra. Rühle por su labor y en líneas generales apoyamos sus propuestas. 
Le doy las gracias por la buena predisposición que ha demostrado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores para aceptar las enmiendas que he presentado, junto con los Sres. 
Hernández Mollar y Marcelino Oreja. Coincido con la ponente cuando insiste en que hay que clarificar y subrayar el hecho de que el objetivo principal del programa radica en reducir el déficit democrático. 
Algunos de los informes aprobados por este Parlamento refrendan claramente la necesidad de fortalecer y enfatizar la idea de la ciudadanía europea que, a juzgar por los niveles de participación en las elecciones a este Parlamento, exige ser promocionada con carácter de urgencia. 
También estoy de acuerdo con la necesidad de proporcionar una mayor visibilidad al compromiso en pro de la transparencia. 
Las organizaciones que reciban subvenciones tienen que manifestar claramente que lo han hecho y citar además los importes, tanto en las publicaciones que promuevan como en los sitios web de su propiedad o con los que colaboran. 
Tenemos que abogar por la difusión de los resultados de estos programas: la utilización del dinero de los contribuyentes europeos implica en contrapartida una evaluación de los beneficios prácticos de las acciones financiadas. 
Me adhiero a la opinión de la ponente y del orador anterior, el Sr. Ojeda Sanz, cuando solicitan una simplificación de los procedimientos burocráticos. 
Deben quedar reducidos al mínimo imprescindible. 
Señor Comisario, la Comisión debe garantizar que los pagos se efectúen puntualmente. 
Los retrasos injustificables a la hora de transferir los fondos comprometen a menudo la efectividad de las acciones, perjudican la imagen de la Unión Europea y crean dificultades para las organizaciones que, de buena fe, trabajan junto con nosotros en la difusión de este ideal. 
Este programa procura fortalecer los lazos de la ciudadanía europea, estimulando la participación ciudadana y democrática y aumentando la percepción del ideal europeo y el funcionamiento de sus instituciones. 
No existe ninguna duda en cuanto a la necesidad de promover la ciudadanía activa, tanto mediante el apoyo a las organizaciones que trabajan en este campo como a través de la promoción de las acciones con dicha finalidad. 
Por tanto, se trata de un intento por conseguir un acercamiento de los ciudadanos de la Unión Europea, implicándoles en un diálogo directo o indirecto con la Unión y sus instituciones. 
Coincido asimismo en la necesidad de adoptar medidas excepcionales y provisionales para asegurar la subvención y puesta en práctica de acciones durante 2004. 
Por todas estas razones, habida cuenta de las enmiendas que hemos presentado, vamos a votar a favor de este informe. 
– Señor Presidente, el informe Sacrédeus, tal como fue presentado en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, fue aprobado por unanimidad sin enmiendas. 
Mi Grupo acogió con sumo agrado este informe, que habría puesto fin a la vergonzosa falta de transparencia con la que se han concedido subvenciones a diversos organismos de todo el mundo durante muchos años. 
Mientras tanto, sin embargo, el Parlamento se ha pronunciado de nuevo, en el marco del procedimiento presupuestario 2004, a favor de asignar fondos a diversos organismos que son muy queridos para algunos diputados de esta Cámara. 
Personalmente, deploro esta actitud. 
Esta situación nos obliga ahora a aceptar enmiendas presentadas por el Sr. Salafranca, que no tienen nada que ver con el espíritu del informe inicial de mi colega el Sr. Sacrédeus. 
Dicho esto, confiamos en la sabiduría del Consejo para que tome la decisión correcta a fin de asegurar la transparencia de los futuros presupuestos de la Unión Europea. 
Tenemos que garantizar una verdadera competencia entre los organismos regionales y encontrar a los que mejor pueden contribuir a propagar conocimientos sobre la Unión Europea. 
Señor Presidente, en términos puramente formales, los tres informes que estamos debatiendo hoy afectan al tema del fundamento jurídico. 
En consecuencia, la actitud general ha sido que no entraba en discusión ni el presupuesto ni su contenido. Más bien se trataba de la necesidad de fijar el fundamento jurídico. 
Es evidente que hay que fijar el fundamento jurídico. 
En el caso de dos de los informes, eso se consigue con ayuda del artículo 308, lo cual demuestra en cierta forma la importancia de dicho artículo. 
Estamos obligados a contar con un artículo así para el caso de que de repente se plantee una cuestión que, por ejemplo, exija ser corregida. 
Por otra parte, no hay que abusar de dicho artículo, como tal vez se haya tendido a hacer. 
Sin embargo, los informes son en realidad mucho más que una cuestión de fijar formalmente el fundamento jurídico. 
Verdaderamente se trata de una cuestión que tiene un carácter tremendamente político: en primer lugar, una lucha de poder entre las instituciones de la UE y, en segundo lugar, nuestras relaciones con los ciudadanos de la democracia europea en el interior y el exterior de Europa. 
Mucho es lo que se ha hablado acerca del primer asunto. 
Pero en cualquier caso, quiero formular una observación de índole general, a saber, que resulta sorprendente que el programa de las mujeres sea el más breve. 
Discúlpenme, pero no creo que la Comisión haya dado una explicación especialmente válida, ya que todo lo que se ha dicho acerca de los países candidatos puede manifestarse con toda justicia acerca de los tres programas. 
Por consiguiente, mantengo la postura de que, mientras continúa el trabajo, se reflexione acerca de por qué razón las mujeres, como siempre, tienen que estar en la posición más vulnerable. 
He de manifestar que esa es la actitud, tal como yo la percibo. 
En cuanto al segundo asunto, quiero decir que procedo de un país que es miembro de la UE desde 1972. 
Periódicamente hemos sondeado la opinión pública acerca de la UE y hemos celebrado bastantes referendos, y sabemos que si no tomamos medidas para que la gente esté implicada de manera más activa en la UE, tanto en términos de democracia interna como en relación con otros países, entonces el proyecto no prosperará a la larga. 
Será algo que quede al margen del entendimiento de la gente, y corremos el peligro de que acaben mostrando muy poca predisposición hacia el proyecto. 
Por tanto, resulta enormemente importante que nos pongamos a trabajar en involucrar a la gente en esta labor. 
Estoy un poco sorprendida de que se haya otorgado concretamente a las mujeres el programa más breve. 
Me atrevo a manifestar de nuevo que la experiencia de mi propio país demuestra que son las mujeres las más escépticas ante el proyecto. 
Puede existir un sinnúmero de razones para ello, pero no es algo en que pueda entrar en detalle ahora, ya que no dispongo de tiempo. 
Pero justo por esa razón, es increíblemente importante que las organizaciones de mujeres también dispongan de una situación estable en la que trabajar, de manera que no tengan que invertir todo su tiempo en buscar el dinero para su actividad. 
Formularé algunos comentarios acerca de los distintos informes. 
El primero de ellos hace referencia, como ha subrayado el ponente en el propio informe, a un tema de notable importancia, el de las relaciones de la UE con otros países, y podemos constatar en el día a día que cada vez resulta más importante aumentar esta comprensión del hecho de que existen culturas distintas a la cultura aludida específicamente y que es la más difundida en Europa. 
En ese contexto, simplemente me pregunto si este programa permitiría realmente a los países candidatos adherirse sobre la base de tales criterios. 
Me gustaría pedirle al Comisario responsable que lo analice, pues sabemos que los países candidatos utilizan básicamente sus ayudas al desarrollo para favorecer a los países vecinos, en lugar de otros más distantes. 
Tal vez no haya demasiados aspectos básicos sobre los que trabajar en los países candidatos cuando se trata de las relaciones con terceros países. 
El segundo informe afecta al asunto de la ciudadanía, al que ya he hecho referencia. Sin embargo, quiero subrayar que es algo que hay que fomentar continuamente, a fin de garantizar que no solo se conceda la oportunidad de participar en esta labor a las ONG, sino al público en general. 
De esa manera podemos incrementar el conocimiento de las cosas buenas que ofrece la UE. 
Dentro de ese contexto resulta de enorme importancia que no solo estén involucradas las organizaciones tradicionales, sino también aquellas que cuentan con iniciativas culturales muy amplias. 
Creo que es una de las formas de lograr que sucedan las cosas. 
Por último, el tema del programa para las mujeres. 
He cooperado constructivamente hasta cierto punto con la ponente antes de la publicación de este informe, pero existe un desacuerdo notorio en la comisión. 
Así pues, hay una serie de personas que vamos a votar de hecho a favor de ampliar el programa y a favor de otras diversas enmiendas que había oído fueron rechazadas por la Comisión, pero para las que, no obstante, esperamos conseguir una mayoría. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sin querer entrar en polémicas con nuestro ponente, haré una precisión: para mí, los lobbies europeos son una excelente herramienta de información y coordinación sobre una serie de problemas que se plantean en los países de la Unión Europea. 
Deseo, pues, rendir homenaje al trabajo de estos lobbies. 
No obstante, como no quiero entrar en polémica con respecto a esta cuestión, comenzaré por subrayar lo siguiente: al margen de la utilidad del Lobby Europeo de Mujeres, si algunos diputados –y en este punto me sumo a la oradora que me ha precedido– piden la prolongación del programa a favor de las mujeres, es porque saben, por haber dialogado con las asociaciones, que su problema principal es su modo de funcionar. 
Para funcionar correctamente, cualquier asociación ha de saber adónde va y ha de saber organizarse. 
Insisto en que es importante no financiar tal o cual acto de las asociaciones o grupos de asociaciones, sino, por el contrario, que debemos utilizar nuestros fondos para asegurar que estas asociaciones operen en buenas condiciones. 
Añadiré que todo lo que se refiere a la apertura a los nuevos Estados miembros y a terceros países tiene también una importancia fundamental en este contexto. 
Cuando repaso mi experiencia de los últimos cuatro años como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer, me doy cuenta de que hemos ampliado mucho el campo de nuestras preocupaciones. 
Esta es otra dimensión fundamental. 
Hemos penetrado en nuevos ámbitos no solo con los informes que hemos redactado por nuestra propia iniciativa, sino también porque, como dice la Carta de los Derechos Fundamentales, la cuestión de los derechos de la mujer se plantea en todos los ámbitos de actividad. 
He visto tratar informes sobre la salud de las mujeres, sobre la mujer y el deporte, sobre la sociedad de la información y sobre la violencia contra las mujeres. 
Todos esos informes demuestran que debemos interesarnos por la evolución de la financiación de las asociaciones, puesto que cada uno de estos nuevos ámbitos en que nos centramos también evolucionan. 
Por ello, y es mi último punto, que planteo sobre todo al Sr. Comisario, estoy absolutamente extrañada de que la Comisión Europea no haya aceptado la propuesta de la Sra. Diamantopoulou a favor de una directiva de aplicación del artículo 13 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Ámsterdam. 
La Directiva relativa al racismo se aprobó hace tres años sobre la base del artículo 13. 
La Directiva relativa a la discriminación contra las mujeres acaba de verse socavada justo cuando estamos ampliando nuestros horizontes. 
No comprendo que la Comisión Europea pueda ser tan reticente, particularmente con respecto a los medios de comunicación, un sector en el que sin duda necesitamos a las asociaciones y su apoyo para luchar contra todas las formas de discriminación. 
– Señor Presidente, como sabe, son muchos los sondeos de opinión que demuestran hasta qué punto está lejos Europa de los ciudadanos y cuánto queda por hacer para acercarla a ellos. 
Hay iniciativas comunitarias encaminadas a promover la ciudadanía europea, pero desde luego siguen siendo insuficientes. 
La decisión de crear, por un período de cinco años, un programa de subvenciones destinado a promover la ciudadanía europea es una buena cosa. 
Promover la idea de la ciudadanía europea para que los ciudadanos se apropien de Europa y dotarse de los medios para conseguirlo es, desde luego, la finalidad de esta propuesta, destinada a reforzar la legitimidad democrática de la Unión y mejorar su transparencia. 
Para ello debemos simplificar también todos los procedimientos con miras a asegurar que un máximo de asociaciones puedan beneficiarse de esta herramienta. 
Además, observamos una jerarquización entre las organizaciones que, siento decirlo, no siempre está justificada. 
La Comisión Europea debería definir unos criterios objetivos para financiar el funcionamiento y las actividades de las distintas ONG, en particular las que intervienen directamente sobre el terreno para dar vida a nuestros valores de solidaridad. 
No olvidemos que gracias a ellas la cohesión social se mantiene en las zonas socialmente desfavorecidas de Europa, donde reinan la exclusión y la discriminación. 
¿Cómo podemos hacer creer a los jóvenes que Europa es una realidad, y darles confianza, si esa Europa no lucha de forma concreta contra las discriminaciones? 
Se ha oído decir a gente que conoce el terreno que la Comisión mantiene unas relaciones privilegiadas con determinadas asociaciones. 
Si esta afirmación fuese cierta, la situación sería inaceptable. 
Por otra parte, si se hace hincapié en la dimensión social, y damos las gracias por ello a la ponente, no podemos pasar por alto una dimensión política, indispensable para reducir el déficit democrático actual. 
Entonces, ¿de qué ciudadanía hablamos? 
El informe precisa que la ciudadanía de la Unión completa y amplía la ciudadanía nacional al reconocer derechos comunes. 
Se deriva de la necesidad experimentada por los miembros de esta Comunidad de compartir valores democráticos comunes en el proceso de construcción de la Unión. 
¿Podremos hablar aún durante mucho tiempo de una construcción de Europa que excluye de 15 a 18 millones de residentes de Europa que son nacionales de países terceros? 
Por su participación activa en la integración europea, no son menos ciudadanos de Europa que cualquier otro, y sus asociaciones y ONG también participan activamente en el esfuerzo por promover Europa. 
Es cierto que queremos una Europa de los ciudadanos, una Europa verdaderamente democrática y solidaria. 
Para ello debemos innovar y mejorar la ciudadanía europea. 
Ahora que tenemos la libre circulación de los capitales, mercancías y personas, huelga decir que las personas deben poder asumir su responsabilidad y ejercer sus derechos cualquiera que sea el país europeo en que hayan decidido residir. 
Europa no puede aceptar una jerarquización de los ciudadanos en que unos son más iguales que otros. 
Todos los que comparten el mismo espacio europeo deben poder disfrutar de la igualdad de derechos en el país en que viven habitualmente. 
Para ello, debemos fundar una ciudadanía europea sobre la residencia y no ya sobre la nacionalidad. 
Demasiado a menudo, en Europa, nacionalidad y ciudadanía son indisociables. 
A este respecto, los países en vías de adhesión pueden aportarnos una experiencia interesante pues, para ellos, el concepto de ciudadanía es diferente del de nacionalidad. 
Deseamos que nuestra vieja Europa se inspire en este nuevo aliento para dotar a Europa de una nueva ciudadanía, basada en la residencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos llegado a pensar que la ciudadanía europea ha quedado consolidada merced a una serie de acontecimientos, tales como la implantación del euro o la abolición de las fronteras interiores de la Comunidad. 
En situaciones como estas, constatamos cómo la existencia de la ciudadanía europea puede complementar la ciudadanía nacional. 
Sin embargo, existen ámbitos en los que resulta más difícil apreciar este logro. 
Las estructuras creadas por la Comunidad con la intención de promover esta ciudadanía europea perciben subvenciones comunitarias, y tal vez hayan desarrollado alguna labor, pero no llegan a la mayoría de los ciudadanos. 
La falta de conocimiento de la labor realizada en las distintas instituciones es enorme, pero debido a la falta de transparencia, a la burocracia y al abismo perceptible entre los ciudadanos de Europa y las instituciones que se supone les representan y las creadas para atenderles, no existe un conocimiento real de lo que está ocurriendo. 
Recientemente nos hemos visto sorprendidos por los resultados de unos sondeos que demuestran la completa ignorancia por parte de los ciudadanos europeos acerca de los trabajos de la Convención, a pesar de los notables recursos que se han invertido en informar de ellos. 
Hace dos años, yo fui ponente para el euro, un servicio comunitario de extrema importancia, vital para la movilidad y la promoción del empleo transfronterizo, y tome conciencia de la vasta carencia de conocimiento entre el público acerca del euro. 
Dos años después, aun cuando este fue uno de los campos señalados estratégicamente en la resolución que aprobamos, apuntando la necesidad de una notable campaña para aumentar el conocimiento, la situación sigue siendo más o menos la misma, debido a los fallos de la Comisión y a la falta de interés por parte de los Estados miembros. 
Por consiguiente, es crucial que tomemos medidas. 
Por otra parte, hay que exigir una mayor transparencia a las organizaciones que reciben fondos comunitarios. 
Coincido con la Sra. Rühle en lo que respecta a la necesidad de que se hagan públicas las inversiones que realiza la Unión Europea para informar a los ciudadanos y promover la ciudadanía, concretamente en los sitios web de las organizaciones que se benefician de estas subvenciones. 
Es una forma de disipar la idea de que Europa solo existe para los eurócratas y que se encuentra muy alejada de los ciudadanos, haciéndoles saber que esta Europa trabaja para todos nosotros directamente en lo cotidiano, y ofreciendo además a los ciudadanos una participación real en el plano social y político. 
Las instituciones de la Comunidad no son del todo inocentes y pueden mejorar su rendimiento simplificando los procedimientos de presentación de solicitudes de fondos comunitarios asignados para la promoción ciudadana, favoreciendo una acceso sencillo a los documentos a través de sistemas fácilmente accesibles, reforzando las estructuras intermedias entre instituciones y ciudadanos, prestando realmente oído y mostrándose auténticamente abiertas. 
Además, este es el momento oportuno para alentar la participación ciudadana en la construcción de la Unión Europea. 
La Conferencia Intergubernamental está elaborando el nuevo Tratado con aspiraciones constitucionales que tendrá repercusiones enormes para el futuro de la ciudadanía de Europa. 
En consecuencia, lanzo un desafío universal: promover la auténtica ciudadanía europea ahora y obligar a todos los Estados miembros a que celebren referendos sobre este nuevo Tratado, como ya han decidido hacerlo muchos de ellos. 
Hay que celebrar en todos los Estados miembros consultas acerca del futuro Tratado. 
De esta forma, seremos capaces de contribuir al auténtico ejercicio de la ciudadanía europea activa. 
Carece de sentido decirles a nuestros conciudadanos que también somos ciudadanos europeos, y pasarnos la vida diciéndoles que guarden silencio. 
No es correcto, habiéndonos concedido la ciudadanía europea en Maastricht, que nos empeñemos en que no se hable de este tema imponiendo un implacable voto de silencio a las personas. 
No podemos aceptar la idea de que la ciudadanía europea goza de buena salud mientras los ciudadanos no cometan el pecado de solicitar permiso para hablar. 
Asumamos, pues, un compromiso con la ciudadanía europea activa. 
– Señor Presidente, el programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa oculta, bajo un nombre pomposo, una indigna operación de regularización de subvenciones ilegales que concede la Comisión a sus amigos. 
En efecto, desde hace muchos años se venían concediendo subvenciones a asociaciones dotadas de una supuesta «misión europea» , sin ningún fundamento jurídico y a menudo disimuladas en la parte A del presupuesto, es decir, vinculadas, con ayuda de la contabilidad creativa, a los gastos administrativos de la Comisión. 
Cada año protestábamos contra esas subvenciones concedidas selectivamente a organizaciones encargadas de promover la Europa federal: la Asociación Jean Monnet, el Movimiento Europeo Internacional, diversos institutos de reflexión federalistas, etc.; todos los años nos negábamos a votar a favor, todos los años eran prorrogadas por una aplastante mayoría de esta Asamblea. 
Ahora bien, a raíz de las observaciones – ¡oh, cuán justificadas! – del Tribunal de Cuentas, el nuevo Reglamento financiero que entró en vigor en 2002 obliga a encontrar un fundamento jurídico, que por supuesto no tienen. 
De ahí la propuesta de la Comisión, que se presenta hoy y que está concebida para proporcionar dicho fundamento a algunos de esos gastos, agrupados en un denominado «programa de promoción de la ciudadanía europea activa». 
Este modo de proceder, muy revelador de los usos y costumbres comunitarios, y los comentarios que suscita podrían llenar varios libros. 
Yo me limitaré a evocar seis de esos comentarios. 
Primero: incluso si se les diera hoy un fundamento jurídico, ¿qué haríamos con las subvenciones ya abonadas en el pasado sin fundamento jurídico? 
Segundo, es totalmente artificial montar un programa de acción definiendo unos objetivos con arreglo a los cuales se evaluarán las solicitudes de subvención, cuando sabemos muy bien por anticipado qué asociaciones serán finalmente seleccionadas. 
Tercero, las asociaciones subvencionadas tienen una finalidad europea, al menos tal como la define la Comisión. 
Las demás son, por definición, antieuropeas. 
¿Cuándo hará acto de presencia el Consejo en este asunto, ya sea para suprimir todas estas subvenciones, ya sea para repartirlas equitativamente entre las distintas concepciones de Europa? 
Cuarto, las instituciones europeas están tratando paralelamente de establecer un sistema para la financiación con dinero público de los autodenominados partidos políticos europeos. 
¿No creen que, sumando unas subvenciones a otras, el contribuyente va a acabar saturado de este desbarajuste? 
Quinto, la lista de asociaciones subvencionables mencionadas en el informe demuestra que se han mezclado organizaciones muy diferentes, que a menudo no tienen nada que ver con la ciudadanía europea, como el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados. 
Encima, como todo es tan fácil, el Parlamento Europeo no ha podido resistirse a añadir otras con sus enmiendas. 
De paso, me pregunto también por la Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea. 
¿Cómo es posible que una asociación de altos magistrados que se considera juzgan con total independencia pueda recibir dinero para promover la ciudadanía europea activa? 
Sexto y último, el único fundamento jurídico que se ha podido encontrar para este programa es el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ese pérfido artículo cuya supresión hemos reclamado a menudo porque marca unos límites elásticos a las competencias europeas. 
El informe presentado hoy no va a hacernos cambiar de opinión. 
Ahora bien, después de todo, este artículo exige la unanimidad en el Consejo. Entonces, formulo la siguiente pregunta: ¿habrá un solo Gobierno en el Consejo que sea honesto y diga no a este programa amañado, que además contiene en su principio un aspecto totalitario, puesto que la ciudadanía europea, estimados colegas, debe sentirse espontáneamente, por afecto a Europa, a la Unión Europea y a sus logros. 
No se fabrica a golpe de subvenciones. 
– Señor Presidente, la Comisión ha presentado una iniciativa feliz a este Parlamento en el marco de un procedimiento de codecisión, una iniciativa que debe conducir a la adopción de una Decisión que establezca un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Por haber presidido durante diez años una organización de este tipo, como es el Centro Europeo del Consejo Internacional de las Mujeres, con organizaciones afiliadas en la Unión Europea, en los nuevos Estados miembros, en Bulgaria, en Rumania, en Turquía, en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y también en otros países, estoy más capacitada para apreciar en su justo valor este programa destinado a las numerosas organizaciones femeninas que trabajan a escala europea en este ámbito, y que podrán beneficiarse así de una subvención en el marco de un crédito cuyo importe propuesto asciende a 2,222 millones de euros. 
La Comisión de Presupuestos ha propuesto, por su parte, 5,5 millones de euros de 2004 a 2008. 
No es una cantidad enorme, pero las organizaciones femeninas, ya sean nacionales o europeas, están acostumbradas a vivir y funcionar con presupuestos pequeños. 
Por esa razón celebro esta iniciativa, en especial porque pone término por fin a una situación de monopolio en materia de subvenciones operativas de la que se beneficia desde su creación el Lobby Europeo de Mujeres. 
Por haber sido una de las militantes femeninas que idearon y crearon el Lobby, en mi calidad de Presidenta de la organización europea que acabo de mencionar, el CECIF, y ser actualmente Presidenta de una organización nacional adherida al Lobby, no se me puede acusar de perjudicar al Lobby, cuyo trabajo aprecio. 
La Comisión ha entendido bien que en este ámbito como en todos los demás, los monopolios son malos. 
Pero por desgracia no ha llegado hasta el final de su razonamiento, porque el texto que nos propone sigue manteniendo privilegios para el Lobby en el nuevo marco. 
No quiero perjudicar la subvención operativa del Lobby, que está asegurada, pero otras organizaciones activas a escala europea en la lucha contra todas las discriminaciones, en particular las basadas en el sexo, deben poder gozar de un apoyo financiero en el marco del crédito anteriormente citado, en forma de subvenciones de funcionamiento tendentes a garantizar la continuidad de sus acciones. 
Con buen juicio, la ponente había enmendado la propuesta de Decisión de la Comisión Europea. 
Por desgracia, en la Comisión de Derechos de la Mujer, el sectarismo de izquierdas prevaleció de nuevo sobre la igualdad de trato y de oportunidades de todas las organizaciones femeninas afectadas. 
Esto es lamentable. 
Y como el proyecto de informe ha sido completamente desnaturalizado, la Sra. Kratsa y otros miembros de mi Grupo han votado en contra. 
Si nuestros esfuerzos por restablecer el equilibrio entre el Lobby y las demás organizaciones femeninas fracasan, votaré de nuevo en contra, al mismo tiempo que seguiré ayudando a preparar el terreno para la segunda lectura. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar antes de nada a la ponente, la Sra. Rühle, por el trabajo realizado con este informe que, creo, complementa de forma útil los trabajos de la Comisión Europea. 
Sabemos que la ciudadanía de la Unión debe permitir una participación cada vez mayor de los ciudadanos de los Estados miembros en el proyecto común de construcción europea. 
Por desgracia, nos vemos obligados a constatar que la plena materialización de esta ciudadanía tropieza aún hoy con numerosos obstáculos. 
Por esta razón, el informe Rühle, en sus aspectos técnicos, es de hecho un informe totalmente político, ya que permite apoyar a los organismos que trabajan en el ámbito de la ciudadanía europea activa. 
Es absolutamente necesario que los ciudadanos estén mejor informados acerca de lo que hace la Unión Europea en el contexto de la armonización de políticas y en el futuro contexto de la ampliación. 
Es necesario asimismo mejorar la promoción de las iniciativas en curso. 
Así sucede, por ejemplo, con los Puntos de Información europeos, que funcionan en red de forma satisfactoria. 
Tengo que decir aquí solemnemente que el Parlamento Europeo ha intentado poner remedio a las amenazas financieras que pesan sobre los Puntos de Información y que hay que encontrar rápidamente una solución. 
Creo que está a punto de lograrse, pero no hay nada totalmente seguro. 
El concepto de ciudadanía europea debe declinarse, pues, en todas sus dimensiones: política, administrativa, judicial, social o económica. 
Por consiguiente, debemos seguir trabajando para eliminar los obstáculos que todavía impiden –y todavía los hay– a los ciudadanos sacar partido de sus derechos como ciudadanos europeos. 
En 2000, la Carta de los Derechos Fundamentales situó por fin al ciudadano en el centro de la construcción europea, como ya se ha dicho. 
Su integración en el proyecto de Constitución europea representa un paso más en esta dirección. 
Ya era hora, porque, a escala europea, como también a escala nacional o local, ¿cómo se puede pensar en hacer política de un modo que no sea situando al ciudadano en el centro de toda reflexión, de toda acción social y de todo proyecto de sociedad? 
Es imperativo hacer del ciudadano un actor y no ya un mero espectador pasivo, como todavía sucede demasiado a menudo. 
Evidentemente, va a ser aún más difícil comunicarse con los ciudadanos europeos a partir del momento en que seamos cerca de 500 millones de habitantes, en vez de los 370 millones actuales, pero precisamente es nuestro deber hacerlo y utilizar todas las disposiciones que hagan posible esta comunicación y permitan mejorarla. 
Terminaré recordando que uno de los aspectos destacados del informe se refiere precisamente a la falta de información, que tiene como resultado el bajo nivel de conciencia de la ciudadanía europea. 
A este respecto, recordemos con pesar la tasa de participación en las elecciones europeas, con una media inferior al 50%, lo cual es chocante. 
Por tanto, es más necesario que nunca, en vísperas de la cita de junio de 2004, reforzar por todos los medios posibles la política de la Unión Europea en materia de información y comunicación. 
El desafío es realmente grande: se trata de la construcción de una verdadera Europa política, una verdadera Europa de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero comenzar dando las gracias a los ponentes por su labor constructiva. 
Empezaré por el informe Kratsa-Tsagaropoulou. 
Tal como afirma la Sra. Dybkjær, resulta evidentemente sintomático que el programa de igualdad entre hombres y mujeres sea el menos amplio, pero a eso ya estamos bastante acostumbrados, señor Kinnock. 
La igualdad entre hombres y mujeres empieza en el hogar. 
El reto liberal en términos de igualdad de género consiste en garantizar que se conceda a las mujeres más poder sobre su propia vida. 
Incluso yo, como liberal, puedo afirmar que es cuestión de identificar las estructuras que plantean obstáculos a la concesión de las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres. 
Estoy seguro de que usted, señor Kinnock, conoce especialmente bien este terreno. 
La igualdad entre mujeres y hombres ha sido, por supuesto, uno de los principios básicos de la UE desde el Tratado de Roma. 
Ese principio se reforzó en el Tratado de Ámsterdam y ha ido adquiriendo gradualmente mayor relevancia. 
Por tanto, queda claro que acogemos con especial beneplácito este programa de acción y el fundamento jurídico que proporcionan a las organizaciones de mujeres las oportunidades financieras para realizar una labor mejor. 
Considero importante dejar constancia también de que las actividades que desempeña el Lobby Europeo de Mujeres, que fue fundado por la Sra. Lulling, que está representado actualmente en quince Estados miembros y que cuenta con más de 3 000 miembros, deben tener prioridad y merecen nuestro apoyo hoy en esta Cámara. 
La Sra. Kratsa-Tsagaropoulou ha hablado en esta Cámara de otras organizaciones que no están incluidas en el Lobby Europeo de Mujeres, pero sí lo están en el programa de acción. 
Coincido con la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou en cuanto a la importancia de la diversidad y de contar con organizaciones en todos los niveles, pero yo afirmaría que el programa de acción está pensado para apoyar tanto el Lobby Europeo de Mujeres como a otras organizaciones. 
Quiero decirle al Sr. Kinnock que para la UE también resulta importante garantizar que las organizaciones dedicadas a la igualdad entre mujeres y hombres reciban un trato igual y obtengan ayuda financiera durante un periodo superior a los dos años que usted propone. 
Un programa de ayuda de dos años no proporciona seguridad financiera a ninguna organización. 
Otra de las razones para apoyar el programa de acción, que abarca hasta 2008, radica en que tenemos que ser capaces de garantizar que las organizaciones en nuestros nuevos Estados miembros también tengan de la oportunidad de recabar ayuda en el contexto de este programa. 
Considero importante añadir y subrayar que debería proporcionar seguridad más a largo plazo. 
El Sr. Sacrédeus, que lamentablemente parece haber abandonado la Cámara, ha realizado un buen trabajo en relación con el programa abordado en su informe. 
El programa debe ayudarnos y existe para que las personas en los diferentes países, regiones y partes del mundo que cooperan puedan conocerse mejor entre ellas. 
En calidad de liberal, refrendo total y absolutamente este trabajo. 
De todas formas, quiero formular tres deseos basados en la experiencia, de los que creo debemos tomar nota. 
La ayuda tiene que ser sencilla de administrar y de solicitar; tiene que ser poco burocrática; y tiene que concederse sin demora. 
Sabemos que son muchos los que se muestran reacios a solicitar ayuda de la UE y dentro del contexto financiero que tenemos, ya que existe un sinfín de burocracia y tal vez sea demasiado tarde cuando se abone finalmente el dinero. 
No debe darse el caso de que, por culpa de estos programas financieros destinados en parte a hacernos un poco más europeos, la Unión Europea se asocie al papeleo, la burocracia y la tardanza, que es precisamente con lo que se la asocia. 
Esto no debe ocurrir, y espero, señor Kinnock, que en su labor continuada asegure que se nos conceda más ayuda y que exista un mayor acceso a estos programas de acción y al dinero, para que resulten útiles. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en primer lugar quiero subrayar la necesidad de transparencia, información y simplificación en el terreno de las subvenciones comunitarias. 
En segundo lugar, deseo resaltar la importancia de un programa de acción comunitario para promover las organizaciones activas a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, en actividades tan importantes como la integración de la perspectiva de género en la educación, el deporte, la sanidad, la protección social, la cooperación con asociaciones de mujeres en terceros países, sin renegar de la importante labor del Lobby Europeo de Mujeres. 
Quiero reseñar también la necesidad de un número mayor de acciones para combatir la violencia, ya que supone un obstáculo para la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de las mujeres. 
Por último, lamento que las subvenciones para estas acciones sigan siendo tan limitadas, lo cual pone de manifiesto una falta continuada de respeto por la labor emprendida para promover la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en numerosos terrenos. 
Me gustaría que se nos dieran garantías ahora de que los programas van a prorrogarse hasta 2008, ya que tenemos que comprometernos a continuar este trabajo tan extremadamente importante de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, quiero comenzar felicitando a los ponentes, el Sr. Sacrédeus, la Sra. Rühle y específicamente la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, sobre cuyo informe deseo hablar. 
Hemos de tener siempre presente que el objetivo del programa en cuestión consiste en apoyar las organizaciones de mujeres cuya misión primordial es promover, controlar y divulgar las acciones comunitarias concebidas para mujeres, con el propósito de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 
Las enmiendas presentadas en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades han alterado la naturaleza del informe y, lo que es peor, lo han desviado del objetivo global. 
En consecuencia, los miembros de esa comisión pertenecientes al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos, incluida la ponente, han votado en contra de ellas. 
Por tanto, he de felicitar a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por la coherencia y constancia del trabajo que ha llevado a término y que puede apreciarse en las enmiendas presentadas para someter a votación en esta sesión plenaria. 
En realidad, lo que está en juego son temas esenciales; en primer lugar, la referencia al Lobby Europeo de Mujeres en el texto anexo y que no está en la parte dispositiva; en segundo lugar, la idea de conceder subvenciones a las necesidades operativas de las organizaciones y no a acciones específicas; en tercer lugar, las tasas de cofinanciación y degresividad tienen que ser idénticas para el Lobby Europeo de Mujeres y para otras organizaciones que operan a escala europea. 
No vamos a negar ciertamente el papel fundamental del Lobby Europeo de Mujeres, pero también es preciso reconocer la labor de otras organizaciones que comparten estos objetivos y que realizan sus propias actividades sin recibir ayuda financiera. 
En consecuencia, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todas estas organizaciones, sus nombres solo deben aparecer en el anexo. 
Además, este programa debe asignar subvenciones operativas a organizaciones que actúen a escala europea en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. 
El programa no pretende subvencionar determinadas acciones que pudieran recibir ayudas en el contexto de otros programas. 
Este punto ha de quedar totalmente claro. 
Por último, en contra de las propuestas de la Comisión, es preciso adoptar criterios uniformes para las diversas organizaciones en lo referente a la cofinanciación y la degresividad. 
Señor Presidente, quisiera saludar la iniciativa de la Comisión de establecer este programa de acción comunitario y también quisiera felicitar a este Parlamento, que en muy poco tiempo ha tenido que estudiar y elaborar sus enmiendas, por su trabajo. 
Con mi intervención quiero defender el papel fundamental de las organizaciones de mujeres en la promoción de la política de igualdad de oportunidades en el ámbito de la Unión Europea. 
Sin ellas, sin las organizaciones de mujeres, habría sido muy difícil desarrollar y extender los avances en favor de los derechos de las mujeres. 
También habría sido muy difícil tener un diagnóstico de cuál es la situación real de las mujeres en los distintos países de la Unión Europea. 
Los avances del movimiento de mujeres tienen su raíz en el sólido trabajo hecho por sus organizaciones. 
Las organizaciones de mujeres tienen, además, la capacidad de proponer soluciones muy pegadas al terreno y, por lo tanto, muy eficaces. 
Por ello, establecer un programa comunitario para apoyar y promover estas organizaciones me parece fundamental. 
Hay muchas organizaciones de mujeres, cada una con su especificidad y su importancia, y todas ellas con un trabajo a sus espaldas enormemente respetable y muy interesante. 
Pero el problema es que no todas las organizaciones son iguales y el igualitarismo, en este caso, puede producir situaciones de clara injusticia. 
El Lobby Europeo de Mujeres es una gran organización compuesta por muchas otras. 
Es decir, el Lobby Europeo de Mujeres es un gran paraguas bajo el cual se encuentran miles de organizaciones de mujeres, cientos y miles de mujeres que trabajan día a día en favor de los derechos de las mujeres. 
No se puede comparar un paraguas de organizaciones con organizaciones que trabajan individualmente. 
Por eso, desde el principio, la Comisión plantea un tratamiento diferente para el Lobby Europeo de Mujeres y para el resto de las organizaciones. 
Y mi Grupo, desde luego, apoya ese criterio. 
¿Por qué? 
Porque aquellas que venimos del movimiento de mujeres sabemos que atomizar el movimiento, que desagregarlo, disgregarlo, pulverizarlo es ineficaz, que lo interesante es trabajar unidas, porque unidas somos más fuertes. 
Dividir los recursos no sirve absolutamente para nada, excepto para debilitar precisamente al movimiento de mujeres. 
Y, por eso, defendiendo y apoyando a todas y cada una de las organizaciones de mujeres que trabajan en pro de la igualdad, no debemos tratar igual a aquellos que son desiguales. 
– Señor Presidente, votaremos a favor del informe Kratsa porque apoyamos el objetivo que propone, a saber, la creación de un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, incluso si tenemos dudas sobre su alcance. 
¿Cómo no estar de acuerdo con la enmienda 13: participación de las mujeres en el proceso decisorio; lucha contra todas las formas de violencia de que son objeto las mujeres; los estereotipos basados en el sexo; las discriminaciones en el lugar del trabajo; integración de la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas de educación, deporte, sanidad y protección social? 
¿Pero cómo no observar al mismo tiempo que las propias instituciones europeas dan mal ejemplo? 
¿Por qué no intervienen para que cese, en todos los países de la Unión, esa forma de violencia contra las mujeres que consiste en prohibirles elegir si quieren tener un hijo o no? 
¿Cómo podrían influir las instituciones europeas en el esfuerzo de lucha contra la discriminación de las mujeres en las empresas cuando se prohíben a sí mismas adoptar disposiciones coercitivas contra los empresarios, tanto en este ámbito como en otros? 
¿Cómo garantizar la igualdad, no en los discursos sino en la realidad, entre los hombres y las mujeres, si no se construyen guarderías, jardines de infancia, escuelas maternales en número suficiente, cosa que la política de austeridad preconizada por las instituciones europeas y por los Estados nacionales hace cada vez más difícil. 
Así pues, si bien voto a favor del informe, porque algunas ayudas aportadas a las organizaciones de mujeres valen más que nada, observo que las instituciones europeas eluden su responsabilidad en este ámbito, pues se preocupan más de la competencia, del beneficio y del capital que de la vida de los seres humanos. 
– Señor Presidente, me gustaría apoyar la cuestión planteada por la ponente, la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, y aplaudo la iniciativa avanzada por la Comisión consistente en establecer un instrumento básico para financiar y promover las organizaciones que actúan en el ámbito de la igualdad entre los hombres y las mujeres a escala europea. 
Como ya se ha dicho, muchas organizaciones pueden acogerse a esta financiación. 
No podemos permitir que en Europa existan personas más iguales que otras. 
Debemos votar a favor de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero también entre el Lobby Europeo de Mujeres (European Women's Lobby – EWL) y otras asociaciones de mujeres. 
No existe igualdad de trato cuando una organización puede recibir financiación sin necesidad de presentar una propuesta a la Comisión, y al mismo tiempo otras deben competir contra un gran número de propuestas válidas. 
No hay igualdad de trato si existe una enorme diferencia entre la financiación que recibe una organización y la concedida a otras organizaciones de mujeres. 
Sabemos que una buena parte del presupuesto del EWL se destina a la coordinación y la investigación, pero esta organización no ofrece ayudas financieras a las asociaciones que la integran. 
De hecho, estas organizaciones pagan por formar parte del EWL y carecen de ayudas financieras permanentes. 
Esto constituye una discriminación contra las organizaciones que realizan una valiosa labor y que necesitan ayudas a escala europea para hacer oír su voz, y no permite apreciar plenamente la gran calidad de sus trabajos. 
Me gustaría señalar que cuando acababa de ser elegida en 1999, no tenía ni idea de qué era el EWL ni por quién estaba formado. 
Algunas organizaciones de mujeres alemanas y españolas se pusieron en contacto conmigo y me pidieron que abogara por una financiación equitativa en su nombre. 
Estas organizaciones no recibían financiación de la Unión Europea y no podían recibirla a menos que formaran parte del EWL, organización que reivindica ser la única voz de las mujeres en toda Europa. 
No quiero menospreciar la labor del EWL –tiene una finalidad legítima y el derecho a recibir financiación–, sino que simplemente propongo que se conceda financiación a otras organizaciones de mujeres, que consideran que el EWL no habla en su nombre. 
En esta Cámara están presentes muchos partidos y en ocasiones la gente cree que su voz se oirá mejor en un lado de ella que en otra. 
En esta propuesta no deberían mencionarse organizaciones concretas. 
Estas deberían figurar en el Anexo y no deberían concederse subvenciones a acciones específicas que pueden financiarse a través de otros programas. 
Esta posición coincide con la adoptada por el Consejo. 
– Señor Presidente, me dispongo a hablar en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sobre el tema del programa concebido para apoyar a las organizaciones de mujeres y que ha sustituido a la partida presupuestaria que antiguamente financiaba solamente el Lobby Europeo de Mujeres, que es la organización que acoge unas 3 000 organizaciones de mujeres en Europa, incluidas las asambleas nacionales de mujeres, tales como el, que cuenta con unos 11 millones de miembros individuales en Alemania, que van desde grupos parroquiales hasta organismos autónomos, pasando por asociaciones políticas de mujeres y sindicatos. 
El Lobby Europeo de Mujeres ha protagonizado importantes campañas, como la de una mayor implicación de las mujeres en las elecciones europeas, ha promovido un debate sobre la Constitución y supervisa la ampliación prestando especial atención a las cuestiones de igualdad de oportunidades. 
Lo que propugna ahora el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos es desmantelar esta línea. 
Queremos garantizar la calidad. 
Queremos que las mujeres tengan voz propia, en vez de participar en un coro de muchas voces. 
A diferencia de la ponente, mi Grupo desea convertirlo desde el principio en prioritario y garantizar la acción en beneficio de Europa en el terreno de la igualdad de oportunidades. 
Por consiguiente, vamos a rechazar la mayoría de las enmiendas de la ponente a favor de las presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Los socialdemócratas entendemos que la Sra. Dührkop Dührkop también ha presentado una propuesta muy sensata para las subvenciones, totalmente en línea con el Reglamento presupuestario, que garantiza la dotación de subvenciones hasta el año 2008, inclusive, con una dotación de 5,5 millones de euros. 
Esto ofrece a las organizaciones de mujeres la seguridad que necesitan para planificar el futuro y nos ahorra otro laborioso proceso legislativo una vez transcurridos los dos años. 
El acuerdo de cofinanciación, con un 20% para las organizaciones de mujeres, a excepción del Lobby Europeo de Mujeres, que recibe un 10%, excluida la degresividad, constituye una solución aceptable para todos los partidos. 
Cuando se produzca la ampliación, queremos que las organizaciones de Europa Central y Oriental también queden incluidas y queremos que se fijen unas prioridades. 
En consecuencia, se ha propuesto en la enmienda 13 –en la que se ha deslizado un error de traducción que pondré en conocimiento del servicio– que se articule mejor la vida profesional y la vida familiar. 
Queremos alentar a las mujeres a que desempeñen su papel en el proceso de toma de decisiones; queremos que este programa, y las organizaciones, apoyen la lucha contra todas las formas de violencia. 
Queremos apoyar además la lucha contra los estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo basados en el sexo, sobre todo en el lugar de trabajo y en materia de retribución, y acogemos con beneplácito el estímulo a la cooperación con las mujeres de terceros países, recogido por ejemplo en la enmienda 14. 
La Presidencia italiana del Consejo ha intentado en el último minuto presionarnos para que secundáramos las propuestas de la ponente. 
Tanto mi Grupo como yo esperamos una mayoría en esta Cámara, no estamos dispuestos a alentar la fragmentación de la voz de las mujeres. 
Queremos unidad más que polifonía. 
Señor Presidente, jamás he tenido hasta ahora el honor de hablar durante tres largos minutos en esta maravillosa Cámara. 
Gracias por esta cortesía y este regalo, que aprecio especialmente porque voy a hablar de mujeres. 
Es un asunto que me fascina, señor Presidente; me fascina porque creo firmemente que a la lucha de las mujeres se le debe conceder al menos la misma importancia que a los hombres y que el hecho de considerarlas iguales a ellos es justo y sacrosanto, y es necesario poner todo el empeño para conseguir este objetivo. 
Por eso quiero agradecer a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou su compromiso al presentar un informe sobre este documento de la Comisión. 
Sin embargo, deseo formular una pregunta: ¿es suficiente el dinero destinado a este fin? 
Según un proverbio italiano, quien calla, otorga. 
Usted guarda silencio, señor Presidente, pero pienso que coincide conmigo en que no es suficiente. 
He calculado que, cada año, con este programa para las mujeres se gastan al día cinco milésimas de euro –no cinco euros, sino cinco milésimas de euro– por cada mujer: es una cantidad muy pequeña. 
Miren alrededor: ¿cuál es el progreso que han realizado las mujeres en la vida política, en el trabajo, en la vida social? 
En la vida política, señor Presidente, ¿cuántas mujeres ocupan el cargo de Vicepresidentas o Presidentas en el Parlamento Europeo? 
¿Cuántas mujeres han sido Presidentas de la Comisión Europea? 
Ninguna, señor Kinnock, ni en el pasado ni en el presente; esperemos que las cosas cambien en el futuro. 
En la política, las mujeres electas suponen una minoría increíblemente reducida. 
Ahora, las contribuciones realizadas por los programas para mujeres se van a distribuir de manera democrática, no en la forma que ha sido criticada tan claramente por la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou y otros oradores que me han precedido. 
Espero sinceramente que ayuden a las mujeres a tomar conciencia de su potencial y capacidad para asumir un papel protagonista en los diferentes estamentos políticos, con independencia de su afiliación política: da lo mismo que ocupe el poder la derecha o la izquierda. 
Las mujeres han de tener también poder político, además de gobernar nuestros hogares. 
Señor Presidente, señor Comisario, la presentación más o menos simultánea de estos siete programas de acción por parte de la Comisión ha creado la impresión que tienen que ser adaptados y armonizados entre sí, pero me gustaría subrayar que abordan temas bastantes distintos, por lo que en nada beneficia al propósito de los programas intentar hacerlos confluir. 
Es algo que vengo diciendo en relación con cada uno de los informes que tienen que ver con los programas de acción, pero como la Comisión se ha demorado muchísimo en la presentación de los informes al Parlamento, las organizaciones afectadas –incluidos los programas culturales y educativos y, por supuesto, los programas de mujeres– corren ahora el peligro de recibir su dinero correspondiente a 2004 con un retraso notable o que el programa no pueda ejecutase en absoluto –como usted ha expuesto anteriormente– si este tema no queda resuelto en diciembre. 
Eso es, por supuesto, muy desfavorable y pienso que es un momento muy inoportuno para que usted lance una acción importante de este tipo. 
En cuanto al asunto de la etapa transitoria que usted propone en los documentos, quisiera preguntarle qué sugiere hacer si no hay una resolución para finales de diciembre. 
Necesitamos una etapa transitoria en el caso de que no esté listo el fundamento jurídico en la fecha prevista. 
Usted ha rechazado treinta y cinco enmiendas y ha apelado al sentido de la responsabilidad del Parlamento, diciéndonos que deberíamos hacer concesiones para que los programas puedan ponerse en práctica. 
Cuando rechaza treinta y cinco enmiendas de un total de más de cincuenta, no puede decirse que la Comisión tenga demasiado sentido de la responsabilidad ni espíritu conciliador. 
Eso significa que todavía tendrán que celebrarse algunas negociaciones aquí. 
En referencia específica a los programas de mujeres, quiero unir mi voz a lo que han expresado mis colegas diputadas. 
El Lobby Europeo de Mujeres es una organización que se centra en la política de igualdad de oportunidades y se afana en ella con determinación, y pone de manifiesto su fortaleza aunando a muchas organizaciones. 
No entiendo por qué se intenta erosionar esta fortaleza poniéndola en pie de igualdad con otras muchas organizaciones. 
Por tanto, apoyo la condición especial del Lobby de Mujeres y recalco que debería conservarlo. 
Por último, quiero abordar el tema de la ampliación y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a que se tengan especialmente en cuenta las condiciones financieras de la misma, ya que diez Estados miembros más significan que tenemos que hacer mucha más labor en los temas de las mujeres, y un simple vistazo al número de estas en las listas explica a las claras a lo que nos estamos refiriendo. 
No pueden ser válidas las mismas condiciones financieras para 25 Estados miembros que para 15. 
– Señor Presidente, quiero referirme al informe de mi colega, el Sr. Sacrédeus, y empezar dándole las gracias por el excelente trabajo que ha realizado en su propuesta. 
Las enmiendas planteadas en el informe vendrán a facilitar tanto el apoyo a proyectos que tienen importancia para la Unión Europea como su seguimiento. 
La propuesta de la Comisión solo define vagamente quiénes se verán afectados y un número bastante considerable de posibles países destinatarios no son en absoluto no industrializados. 
A mi juicio resulta importante que este proyecto se aplique específicamente a aquellos países y sus regiones interiores que de otra forma pudieran ser más difíciles de alcanzar y con los cuales la Unión Europea puede decirse que tiene una necesidad inminente de desarrollar una comprensión y cooperación mutuas. 
Lo que considero un problema concreto es que los acuerdos de cooperación establecidos con países no industrializados pueden centrarse fácilmente solo en promover el desarrollo económico. 
En esta situación deberíamos recordar que mejorar las condiciones sociales tiene un valor incuestionable para la cooperación internacional y también un efecto claro, si bien indirecto, sobre la forma en que promueve el desarrollo económico. 
Por esta razón creo que resulta esencial en el informe resaltar la importancia del diálogo entre la Comisión y el Parlamento antes de lanzar una convocatoria de propuestas. 
Solo así puede asegurarse el Parlamento de ejercer el control sobre la forma de asignar los recursos y puede además apoyar planes de desarrollo humano. 
Las decisiones adoptadas por la Comisión en relación con las prioridades se sustentan sólidamente sobre los valores de la Unión Europea, y es muy importante que el Parlamento, que a los ojos de los ciudadanos representa a la Unión, pueda influir en tales decisiones. 
– Señor Presidente, los temas abordados en estos tres informes pueden parecer a primera vista de naturaleza técnica. 
El nuevo Reglamento financiero exige fundamentos jurídicos específicos, pero como ya han expuesto otros muchos oradores –y quiero dar expresamente las gracias por ello a los ponentes–, este nuevo fundamento jurídico conlleva de hecho graves consecuencias prácticas para los distintos ámbitos en cuestión. 
Me estoy refiriendo sobre todo al informe sobre la participación ciudadana activa. 
Continuamente estamos hablando de facilitar a los ciudadanos más información acerca del proceso europeo y hacer que se impliquen más en él, pero ahora quiero dejar meridianamente claro que eso entraña un peligro de que nosotros, en aras del nuevo fundamento jurídico y del Reglamento financiero, tiremos al niño con el agua de la bañera, y de que el año que viene estemos lamentándonos de que se nos plantean más problemas con la información pública durante el año de las elecciones europeas de los que jamás hemos tenido antes. 
Por eso hago un llamamiento con tintes de urgencia, sobre todo a la Comisión y al Consejo, para que tengan más cuenta cómo vota el Parlamento sobre estos temas, sobre todo en lo referente al procedimiento de conciliación el lunes próximo. 
Permítanme citar solo dos ejemplos: el primero son los Puntos de Información, a los que acertadamente ha hecho alusión la Sra. Rühle, y yo respaldo firmemente la enmienda que ha presentado. 
Desborda totalmente mi capacidad de comprensión cómo se niega la Comisión a respaldar esta enmienda. Todos ustedes son conscientes de que, en nuestros países de origen, los Puntos de Información sirven de puntos de contacto con fines de información sobre Europa y las instituciones europeas. 
¿Pueden imaginar cómo iban a cumplir su cometido los Puntos de Información de sus países si se vieran restringidos por una convocatoria de propuestas? 
Esta inseguridad financiera y este respaldo institucional insuficiente se traducen en que los Puntos de Información no podrán, en el futuro, desempeñar su función. 
Eso es lo que la Comisión nos está planteando en este informe y por ello quiero llamar enérgicamente su atención sobre este peligro. 
Lo mismo es válido para los hermanamientos de ciudades, de los que todos ustedes, en sus comarcas, reciben apoyo en su trabajo. 
También en este caso, el proceso burocrático asociado a este nuevo fundamento jurídico puede poner en peligro la continuidad del trabajo realizado. 
Y por ello, permítanme terminar reiterando mi llamamiento a la Comisión y al Consejo. Les insto a asumir la votación del Parlamento y llegar a compromisos equitativos que garanticen, en lugar de hacer peligrar, la información pública en el futuro. 
. Señor Presidente, me gustaría responder brevemente a este debate conjunto, en primer lugar para dar las gracias a los diputados, ponentes y demás participantes en los debates de esta mañana, y también para manifestar mi agradecimiento por el gran empeño que han puesto en los temas incluidos en este debate conjunto. 
En segundo lugar me gustaría dejar clara la posición de la Comisión sobre diversos puntos relacionados con los tres informes y, en tercer lugar, para responder a varias cuestiones que se han planteado aquí. 
En relación con el informe del Sr. Sacrédeus, me gustaría decir que comparto el énfasis que pone en el diálogo entre culturas y civilizaciones para contribuir a la paz y el entendimiento. 
Recuerdo la respuesta que dio Abba Eban cuando le preguntaron por qué siempre intentaba entablar conversaciones con sus enemigos. 
Y respondió que lo hacía porque sus amigos ya estaban de acuerdo con él. 
Esta es una máxima que es válida para los asuntos internacionales. 
Y estoy seguro de que el Sr. Sacrédeus está de acuerdo. 
De hecho, no es una mala definición de la relación que en ocasiones sería deseable entre el Parlamento y la Comisión. 
Asimismo me gustaría añadir, en respuesta al Sr. Sacrédeus, que según entiendo se han presentado otras cuatro enmiendas que no recibieron el apoyo del ponente ni fueron propuestas por él. 
De ser aprobadas, estas enmiendas, a saber, la 16, 17, 18 y 19, modificarían radicalmente la propuesta de la Comisión, con el resultado de que se podrían conceder ayudas sin una convocatoria de propuestas, con lo que se socavarían los principios de transparencia e igualdad de trato, por no hablar de los principios de orden de este Parlamento, algo que siempre resulta deseable, pero que no siempre resulta fácil cuando entra gente. 
Concretamente, en respuesta a los comentarios hechos por la Sra. Dührkop Dührkop sobre la publicación de la convocatoria de propuestas en el Diario Oficial de ayer, debo informar a su Señoría que la Comisión tuvo que publicarla para cumplir los plazos contemplados en el Reglamento financiero, que establece que las solicitudes de ayudas al funcionamiento deben presentarse a más tardar el 31 de diciembre. 
Entiendo que su posición es muy sólida por lo que se refiere al fundamento jurídico de esta medida. 
Si su Señoría no tiene tiempo para participar en el presente debate, espero que podrá abordar esta cuestión con las autoridades competentes de la Comisión para obtener una explicación clara. 
En relación con el informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, tengo que añadir que, en aras de la coherencia, la Comisión debe rechazar las siguientes enmiendas. 21, 23, 25, 27, 31 y 32. 
Por lo que se refiere al informe Rühle, me temo que un gremlin se coló en la lista que recibimos y tengo que decir que la Comisión rechaza igualmente la enmienda 18. 
Y sobre todo responderé a la Sra. Rühle que el motivo por el que la Comisión rechaza las enmiendas 35, 36 y 37 es que estas pondrían en peligro la rápida adopción de la propuesta debido a que esta debe ser aprobada por el Consejo por unanimidad. 
Estoy seguro de que su Señoría está de acuerdo con la Comisión en que los retrasos deben evitarse siempre que sea posible. 
Además, se produciría inevitablemente un prolongado debate sobre los beneficiarios que deberían figurar en la lista. 
En vista de que esta propuesta reviste esencialmente un carácter técnico, la Comisión está obligada a garantizar la continuidad de la financiación de las actividades en curso, que carecen a ojos vista de un fundamento jurídico. 
Cualquier ampliación del ámbito de aplicación de esta propuesta puede poner en peligro dicho objetivo, que la Sra. Rühle seguramente comparte. 
Sin embargo, la Comisión comprende la lógica en que se basa la enmienda y podría tener en cuenta la enmienda 35 al elaborar una propuesta de prórroga para este programa. 
Sé que la Sra. Rühle aprovechará la oportunidad que le brinda este hecho. 
A la Sra. Prets, quien junto con otros muchos oradores ha hecho una valiosa contribución a este debate, le diré que hemos acordado con el Consejo que podríamos añadir una cláusula en el fundamento jurídico para permitir la aplicación retroactiva de la financiación de ayudas al funcionamiento de los beneficiarios a partir de enero de 2004. 
La cuestión de la asignación, que han mencionado varios diputados esta mañana, se debatió en el diálogo tripartito de la semana pasada. 
El Consejo propuso que los beneficiarios figuren en una lista adjunta a cada programa en 2004. 
A partir de 2005 se publicará la convocatoria de propuestas en la que podrán participar todas las organizaciones. 
La Comisión ha decidido hacer suya esta propuesta como fórmula de compromiso realista. 
Esta debe considerarse en el marco del esfuerzo general para encontrar soluciones para las siete propuestas. 
La Comisión ya aceptó un compromiso en relación con la duración de los programas, en el que propusimos limitarlos hasta el final de 2006. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Lamento informar a esta Cámara que esta mañana se ha producido una serie de explosiones en Estambul. 
En ellas se han visto afectados diversos objetivos británicos, entre ellos el Consulado del Reino Unido. 
Las informaciones recibidas indican que al menos cinco personas han muerto, más de 100 han resultado heridas y algunos miembros del personal han desaparecido. 
En nombre del Parlamento Europeo deseo expresar mi profundo pésame y condolencias a las víctimas y a sus familiares, nuestra solidaridad con las autoridades turcas para que lleguen a la raíz de este problema y hagan frente a los terroristas, y nuestra solidaridad con la población de Estambul, una ciudad que tradicionalmente ha sido lugar de coexistencia pacífica, pero que lamentablemente se ha convertido en uno de los frentes de una campaña de terror. 
Ruego guardemos un minuto de silencio por las víctimas. 
– Tiene la palabra el Sr. Bowis. 
– Sr. Presidente, en nombre de los diputados británicos a este Parlamento, quiero agradecer al Presidente del Parlamento, a través de usted, sus palabras de condolencia, y trasladar mi pésame a mis compañeros de partido y a los diputados de todos los partidos de mi país que forman parte de esta Cámara por lo que ha sucedido en Estambul. 
Creemos que ha habido unas 107 víctimas; se sabe que cuatro han muerto y que cuatro diplomáticos británicos siguen desaparecidos. 
Esta es una atrocidad que consterna a toda esta Cámara y a la Unión Europea. 
Manifestamos nuestro pesar, desde luego, a todas las personas afectadas, ya sean británicos, turcos o de otras nacionalidades europeas. 
Agradezco al Presidente del Parlamento su muestras de pesar. 
Señor Bowis, me encargaré de informar a la Presidencia acerca del contenido de su intervención. 
Quiero asimismo hacer extensiva mi condolencia a usted y a sus colegas diputados británicos. 
Lamentablemente estamos en una época en la que son muchos los países que se ven afectados por esta terrible oleada de terrorismo. 
Señorías, en nombre propio y en el de todos ustedes, quiero dar la bienvenida a los diputados de la delegación parlamentaria kirguisa que se encuentran en la tribuna oficial y que participan en la cuarta reunión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria Unión Europea–República de Kirguistán, que se celebra en Estrasburgo, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra institución. 
Esta delegación está compuesta por cuatro diputados, al frente de la cual se encuentra el Sr. Sooronbay Jeenbekov, Vicepresidente del Parlamento kirguís. 
Acogemos con satisfacción el desarrollo continuado de las relaciones entre nuestros Parlamentos, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Kirguistán en 1999, así como el progreso logrado por este país en la lucha contra la pobreza y la consolidación de un Estado democrático. 
Estoy seguro de que las tareas de esta cuarta Comisión de Cooperación Parlamentaria constituirán un paso nuevo e importante en el fortalecimiento de la cooperación entre las dos partes, inspiradas por los mismos valores democráticos y que atribuyen una gran importancia a las normas del Estado de derecho. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta que en la Resolución Común de la cumbre UE-Rusia, las versiones no son compatibles por cuanto contienen traducciones diferentes: la versión oficial es la inglesa, que dice «Presidente del Consejo Europeo» , mientras que las versiones francesa y portuguesa dicen «Presidente italiano del Consejo» y, dado que las demás versiones pudieran contener el mismo error y que –huelga decirlo las dos definiciones convierten las disposiciones a continuación del párrafo mencionado en carentes de sentido, quiero preguntar si, antes de proceder a la votación, sería posible homogeneizar todas las versiones o, de lo contrario, si es posible posponer la votación sobre esta resolución para la siguiente período parcial de sesiones en Bruselas. 
Como ha dicho usted, señora Muscardini, el texto inglés es el correcto. 
Se procederá a informar a los servicios competentes de la cuestión y le puedo asegurar que podrá disponer del texto en todos los idiomas antes de la votación. 
Señor Presidente, solo me gustaría saber qué versión se va a entregar a la prensa. 
¿La correcta? 
¿O tiene ya la prensa la errónea? 
¡No podemos seguir haciendo política nacional desde el hemiciclo del Parlamento Europeo! 
Señora Muscardini, no conozco la respuesta a su pregunta. 
Si desea usted iniciar un procedimiento de investigación formal, puede hacerlo. 
A continuación procedemos a la votación. 
Señor Presidente, en el origen de este voto se encuentra un decisión mía: para algunos puede suponer un mérito, para otros un fallo. 
El problema radica en que la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación se hallaba dividida en dos: siete estaban a favor y siete en contra. 
Mi elección podría haber sido política –seguir a pies juntillas la postura de mi Grupo– y, en tal caso, el procedimiento legislativo se habría traducido en una ausencia de acción, es decir, no habría habido directiva. 
Sin embargo, he fundamentado mi decisión sobre una necesidad institucional: estando la delegación dividida por la mitad, he considerado que, en calidad de presidente, la decisión debería remitirse de nuevo al pleno y he contestado negativamente a la pregunta: «¿Es válido que un procedimiento legislativo se traduzca en el rechazo de una medida por un margen tan estrecho cuando la delegación se halla dividida por la mitad?» 
Es mejor que la decisión sea adoptada de forma transparente por el Parlamento. 
Es posible que esta decisión –que ha sido, se lo puedo asegurar, una decisión difícil y ardua de adoptar– sea equivocada, pero he querido exponerles las razones por las que he actuado de esta manera. 
Quiero añadir, señor Presidente, que en coherencia con el voto institucional, hoy me abstendré. 
Por último, quiero agradecer a la delegación del Parlamento Europeo su labor, llena de pasión y sensatez, en el Comité de Conciliación. 
. – Señor Presidente, únicamente en calidad de ponente quiero dar las gracias al Vicepresidente, el Sr. Imbeni. 
Hemos trabajado juntos muy bien. 
Existen diferencias de opinión en cuanto si el resultado es muy bueno o muy malo, pero le estoy agradecido al Vicepresidente. 
Juntos hemos intentado sacar lo mejor para el Parlamento. 
– Señor Presidente, a la vista de la declaración de la Comisión de ayer por la tarde, que se mostró muy proclive a acceder a los planteamiento del Parlamento en esta materia, quiero recomendar también que se celebre una votación completa, inclusive sobre la propuesta legislativa. 
– Señor Presidente, con la aquiescencia de la ponente, la Sra. Rühle, solicito que se incluya la red de Casas de Europa entre las actividades a subvencionar. 
Señor Presidente, con estas propuestas queremos que se pongan en práctica dos acuerdos internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes, denominados también COP. 
La expresión designa un amplio abanico de sustancias muy perniciosas que se encuentran en todas partes. Incluso se han detectado en la sangre de la Comisaria Wallström. 
Con eso quiero decir que están en todos nosotros y que afectan al medio ambiente y a nuestra salud, incluso en concentraciones muy pequeñas. 
Los acuerdos internacionales a que nos vamos a referir se han adoptado para garantizar la abolición gradual de algunas de las sustancias más venenosas del mundo con medidas encaminadas a su eliminación y controles sobre su utilización, importación y exportación, así como sobre las emisiones procedentes de ellas. 
Quiero hacer un par de comentarios sobre el fundamento jurídico de la propuesta original de la Comisión, que recomendaba los dos artículos 95 y 175. 
Dado que el propio Convenio de Estocolmo hace referencia al medio ambiente y a la salud pública, el punto de partida ha de ser el medio ambiente, y por tanto nosotros hemos optado por apostar a favor de la utilización del artículo 175, a saber, el relativo al medio ambiente. 
Quiero resaltar asimismo que los dos acuerdos de carácter obligatorio significan que tenemos que eliminar completamente estas sustancias venenosas. 
Tenemos que garantizar que el procedimiento para incluir nuevos COP en la lista de sustancias proscritas sea lo menos complicado posible. 
Hemos de asegurar que nos ceñimos a las existencias actuales sobre la base del principio de «quien contamina, paga». 
Tenemos que garantizar que no producimos de forma inadvertida contaminantes orgánicos persistentes mediante la incineración de residuos. 
Eso significa que en Europa hemos de reducir el volumen de residuos, en parte mediante la clasificación y en parte, por medio del reciclado. 
Por último, hemos de asegurar que los países en vías de desarrollo se encuentran en situación de cumplir estos acuerdos, que también incluyen, por ejemplo, el DDT. 
Significa que tenemos que estar dispuestos a garantizar la investigación, y el desarrollo, de nuevas sustancias que puedan ser utilizadas y que no posean efectos nocivos. 
Quiero recomendarles el voto a favor de la propuesta y deseo darles las gracias por su cooperación constructiva, así como a mis colegas diputados por su colaboración firme y altamente constructiva. 
(1) 
(2) 
Después de las palabras «neighbourhood policy» es necesario añadir las palabras «is not least». Creo que todos estamos de acuerdo en ello. 
– Sr. Presidente, me gustaría proponer una enmienda oral a la enmienda 2 para que rece así: '... la mejora de la cooperación e interoperabilidad en el ámbito de la defensa europea... ». 
– Señor Presidente, simplemente quiero decir que, como ponente, me opongo a esta enmienda oral, ya que el mismo Grupo ha presentado esta enmienda al considerando b) del informe. 
Deseo manifestar que cualquiera de estas enmiendas modifica el sentido del considerando b) original, que obtuvo una mayoría de votos en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y que, por consiguiente, continúa mereciendo mi apoyo como ponente. Me estoy refiriendo aquí a la formulación original del considerando b). 
– Coincidimos en términos generales con las críticas realizadas a la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo sobre SIS II en lo relativo a sus consecuencias para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos (protección de los datos e intimidad) y al uso creciente del SIS como instrumento para la cooperación policial, dentro de un contexto supranacional cada vez mayor si los controles apropiados. 
Nuestras principales razones para rechazar esta propuesta son: 
la ampliación del SIS II a nuevos ámbitos y funciones, permitiendo el acceso de usuarios no identificados, posiblemente incluso operadores privados; 
una amalgama confusa y opaca, de la cual emerge un planteamiento (ultra) federalista exagerado y acelerado: por ejemplo, la perspectiva de creación de un «sistema de información de la UE» único y centralizado, un auténtico «Gran Hermano»; 
un enfoque peligroso para la cooperación con terceros países, sobre todo con los Estados Unidos y su «guerra contra el terrorismo»; 
una protección de datos insuficiente y mal definida. 
Lo que es más urgente por el momento es mantener el sistema estrictamente dentro de los límites para los que fue creado, denegando el acceso a la información a terceros países, garantizando que los organismos nacionales protegen sus datos, de acuerdo con las disposiciones nacionales que rigen en cada Estado, y planteando un debate sobre el sistema, introduciendo una moratoria. 
–.He votado a favor, aunque temo que algunas de las líneas propuestas para reformar el actual modelo de gestión del Sistema de Información Schengen (SIS) puedan redundar en un control excesivo –que vendría a limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos– o en excesos por parte de las actividades de este Sistema. 
Creo que una solución podría consistir en una propuesta de creación de una agencia europea dirigida por un consejo de administración compuesto por representantes de las instituciones europeas y los Estados miembros, y financiada totalmente con cargo al presupuesto de la UE y sometido al control del Parlamento Europeo. 
Ello nos proporcionaría un equilibrio mucho mayor entre la seguridad y la libertad de movimientos de personas y bienes, favoreciendo asimismo los controles realizados por los Estados en sus propias fronteras. 
Conscientes de la nueva situación que ha surgido a partir del 11 de septiembre de 2001, hay que garantizar el buen uso de nuestros mecanismos para gestionar y compartir la información, sobre todo las nuevas tecnologías, al fin de controlar nuestras fronteras. 
Un tema de especial preocupación lo constituye la agilización de los instrumentos de seguridad colectiva a que se refiere esta propuesta. 
A este respecto, confío en que el acceso de un número mayor de autoridades a los datos del SIS sea moderado y riguroso y estoy convencido de que únicamente podrán acceder los organismos claramente indicados (Europol, Eurojust y las autoridades policiales) y que la justificación para tal acceso será objetiva y documentada, además... 
– Señor Presidente, desde el punto de vista formal, el tema de la autoasistencia fue el que más atrajo la atención durante el debate sobre la Directiva sobre al acceso al mercado de los servicios portuarios. 
Esto está justificado, ya que es el que puede tener un mayor impacto social. 
Durante el proceso, sin embargo, hemos perdido de vista el hecho de que el asunto de la autoasistencia no se puede considerar separadamente de la política de autorizaciones, ya que los Estados miembros pueden someter la autoasistencia a una autorización previa. 
Es lamentable que hayamos perdido la oportunidad de comunitarizar la política de autorizaciones. 
Ahora se cierne una nueva batalla competitiva entre los puertos que impongan unos criterios más estrictos y aquellos con otros más permisivos, lo mismo que ocurre a la hora de emitir autorizaciones. 
. – El proyecto de Directiva sobre al acceso al mercado de los servicios portuarios, objeto del informe Jarzembowski, pretendía crear un marco jurídico transparente para los servicios comerciales prestados a título oneroso a los usuarios de los puertos marítimos, y a abrirlos a la competencia. 
El objetivo era excelente, y debía permitir hacer los puertos franceses más competitivos. 
Sin embargo, el texto tenía poco en cuenta las cuestiones de seguridad y control, que normalmente son prerrogativa del poder público. 
En particular, no habrían debido entrar en su ámbito de aplicación los servicios de practicaje. 
La última versión del texto, tal como resultó del Comité de Conciliación, introducía algunas mejoras al respecto: las autoridades competentes podían limitar estas actividades a un único prestatario por razones de seguridad, y se suprimía la limitación del período de autorización. 
Por último, los Estados miembros podían decidir reservarse o no el ejercicio del derecho de autorización obligatoria. 
A pesar de estas modificaciones, la Directiva seguía siendo insatisfactoria. 
Personalmente, me he abstenido. 
Ha sido rechazada por una exigua mayoría. 
. – Nos hemos pronunciado ya en dos ocasiones sobre el proyecto de Directiva tendente a liberalizar la prestación de los servicios portuarios en los puertos de la Unión (manipulación de cargas, servicios a los pasajeros, pilotaje, praticaje, remolcado). 
Están en juego intereses colosales: intereses económicos y financieros, pero sobre todo intereses sociales y humanos. 
Desde nuestra primera votación sobre este expediente, hace ya tres años casi día por día, los socialistas franceses han luchado por salvaguardar el carácter de servicio público de los servicios portuarios. 
Al cabo de varias batallas de enmiendas, obtuvimos resultados significativos que permitieron, en particular, excluir los servicios de pilotaje y practicaje del ámbito de la Directiva. 
No habiendo podido obtener el mismo éxito con la manipulación de cargas (servicio que prestan los estibadores) , nos opusimos ya en segunda lectura (el 11 de marzo de 2003) a un texto que se inscribe en el marco de una política de liberalización a ultranza de todos los medios de transporte europeos. 
Hoy, el texto sobre el cual debemos pronunciarnos, tal como ha resultado de la conciliación entre Parlamento y Comisión, representa un retroceso muy claro en todos los puntos por los cuales hemos luchado. 
En su estado actual, este texto es inaceptable. 
. 
Acogemos con satisfacción el rechazo de la Directiva sobre los puertos. 
Este resultado pone fin a una intensa lucha por parte de los sindicatos del sector –que gozaba de nuestro apoyo y el de nuestro Grupo político como bien ha podido apreciarse a la vista de las enormes manifestaciones frente al Parlamento Europeo en marzo de este año y en Barcelona y Rotterdam, en septiembre, o incluso esta misma semana, con una petición refrendada por más de 16 000 firmas de trabajadores, además de las huelgas, manifestaciones y demás acciones. 
Todos los sindicatos del sector se oponían tanto a esta Directiva como al acuerdo alcanzado en la reunión de conciliación entre el Consejo y el Parlamento, que ahora ha quedado rechazado. 
Este constituía un elemento más de un paquete global comprendido en la denominada «Estrategia de Lisboa» , que pretende agilizar el proceso de las liberalizaciones y de la apertura de los mercados en diferentes sectores, desde los servicios postales hasta los portuarios. Ello no solo representa un ataque colosal contra el sector público, sino que pone en duda el propio concepto de servicio público. 
El acuerdo que acaba de ser rechazado fomentaría, al introducir el principio de la autoasistencia, el dúmping social y la degradación progresiva de las condiciones salariales y laborales de los estibadores. 
El acuerdo no reconocía el carácter de servicio público de los servicios portuarios, y dejaba todo supeditado a las leyes del mercado y la primacía de la competencia. 
Ni siquiera aceptaba el sistema de autorización previa para los prestadores de servicios. 
. – Desde hace meses, Bruselas y los Gobiernos se han mostrado indiferentes a la suerte de los trabajadores de los servicios portuarios europeos, en particular de los estibadores de los puertos franceses. 
En efecto, estos últimos son los que pagarán más caro esta miserable ofensiva ultraliberal, antinacional y antisocial lanzada contra una profesión injustamente estigmatizada. 
Las supuestas «garantías» introducidas en materia de autoasistencia no engañan a nadie: este dispositivo, querido y preparado por el potente lobby de los armadores, planifica la próxima desaparición del personal de estiba portuario. 
Más exactamente, la Directiva felizmente rechazada hoy habría abierto la puerta de par en par a la contratación masiva de mano de obra extranjera de origen extracomunitario, mano de obra barata destinada a sustituir a los hombres y mujeres que, gracias a su profesionalidad y desvelo, garantizan la competitividad de nuestros puertos. 
Con la complicidad de Gobiernos cada vez más antinacionales (y en particular las autoridades francesas) , Bruselas impone brutalmente su ideología euromundialista de mercados abiertos, con su corolario, la preferencia a la contratación de mano de obra extranjera. 
El, preocupado por defender los intereses de los trabajadores franceses primero, recuerda enérgicamente su oposición a este instrumento legislativo escandaloso. 
Los diputados del han votado, pues, en contra del informe Jarzembowski. 
. – La Comisión Europea prosigue sus esfuerzos por construir de una zona mundial de libre comercio desbocado en la que los trabajadores de los Estados del Sur, cuya única ventaja competitiva es su pobreza, son utilizados en contra de los trabajadores del hemisferio Norte. 
Esta estrategia de regresión, que ha herido ya a las mujeres y los hombres de las industrias textil, del cuero, de la siderurgia, del carbón o de la electrónica, por no hablar del campo, se aplica hoy al sector de los servicios. Siempre en nombre del ultraliberalismo planetario. 
He aquí por qué Bruselas ataca los servicios portuarios, la carga y descarga, a los pilotos y a los estibadores. 
Sin preocuparse por la seguridad y desmantelando las conquistas sociales de un siglo de luchas, los ideólogos del eurofederalismo y los talibanes del libre comercio quieren embarcar mano de obra inmigrada de Asia y del Tercer Mundo en sus buques mercantes, a menudo bajo pabellón de conveniencia, para efectuar en los puertos de Sète a Burdeos o de Marsella a Dunkerque, Le Havre o Anvers, todos los trabajos y servicios en lugar de los trabajadores nacionales. 
Yo, que represento a la ciudad de Sète en el Parlamento Europeo, y el movimiento dirigido por Jean-Marie Le Pen, tenemos que decir no a esta política de negreros del libre comercio planetario que es el azote de las naciones. 
.Acojo con beneplácito el resultado alcanzado en la conciliación y he declarado por escrito mi voto a favor. 
En el transcurso de este proceso complejo, el texto ha variado notablemente, desde una versión que era muy negativa en aspectos esenciales, hasta otra que plantea soluciones equilibradas que han de traducirse en unas reglas más claras y más transparentes sobre el acceso del mercado de servicios portuarios. 
Para quienes deseen acceder a este mercado, naturalmente. 
La polémica «autoasistencia» quedaría restringida a la operación por la propia tripulación del barco y en coordinación con el operador portuario competente. 
En el caso del practicaje, se dejaría a los Estados miembros suficiente margen para someter a la necesaria autorización las normas y cualificaciones exigentes. 
Por último, se respetaría el amplio marco del principio de subsidiariedad. 
Todos y cada uno de los puertos o sistemas portuarios estaría obligado a proporcionar información acerca de sus propias relaciones financieras, evitándose así distorsiones de la competencia. 
Creo, por tanto, que se ha tratado de un resultado positivo, naturalmente dentro de lo que era posible, dada la composición de los intereses en cuestión y la controversia que ha suscitado el tema. 
Lamento que la conciliación haya sido rechazada por un margen estrecho. 
Me temo que retrocederemos a la situación más desfavorable de este proceso, retardando muchos años el desarrollo portuario. 
Estoy igualmente sorprendido de que, en la votación final, más de una docena de dispositivos de voto –todos ellos pertenecientes a diputados que iban a votar a favor– dejaran de funcionar por alguna extraña razón y que, a pesar de sus quejas inmediatas, el Presidente no repitiera la votación. 
. – Los diputados del aprueban el objetivo de transparencia en materia de acceso al mercado de los servicios portuarios. 
Las empresas del sector deben disfrutar de plena igualdad de trato. 
Sin embargo, defendemos a ultranza la seguridad de nuestros puertos. 
A falta de normas suficientemente estrictas y de criterios de selección suficientemente rigurosos, algunas operaciones esenciales desde este punto de vista, en particular de autoasistencia y de pilotaje, podrían ser confiadas por armadores poco escrupulosos a personal de tripulación mal formado y mal pagado, transformando así nuestros puertos en auténticos puertos de conveniencia. 
Porque nos oponemos absolutamente a esta deriva, hemos votado en contra de las medidas propuestas por el Comité de Conciliación, que pueden favorecer la desorganización de servicios directamente ligados a la seguridad de nuestros puertos. 
Consideramos, en particular, que los servicios de pilotaje constituyen un servicio público de seguridad marítima que no depende de medidas destinadas a organizar servicios portuarios de valor comercial. 
Justo un año después del naufragio del, condenamos sin paliativos la actitud común de la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que abre la vía a una relajación inoportuna del esfuerzo de gestión del riesgo en nuestros puertos. 
. – Por una mayoría de 229 votos a favor y 209 votos en contra, hemos rechazado el informe Jarzembowski, que introducía el riesgo de que se produjeran catástrofes del tipo del, el o el, que hasta ahora solo han ocurrido en alta mar, en el interior de los puertos europeos. 
Aplaudo el rechazo de esta Directiva. 
En efecto, esta Directiva proponía ni más ni menos que generalizar los puertos de conveniencia y el dúmping social en detrimento de la seguridad, de los trabajadores y del medio ambiente. 
Autorizaba el empleo de mano de obra sin experiencia, no formada y precaria para la manipulación de su propia carga. 
Habría puesto en peligro las condiciones laborales de los trabajadores de los puertos, y especialmente las de los estibadores. 
Lo mismo ocurría con las demás profesiones, como los pilotos, los remolcadores y los prácticos, poniendo en peligro la calidad y la independencia del servicio prestado. 
Los estibadores nos habían advertido de los peligros de esta Directiva con varias huelgas a escala europea. 
En el lapso de una semana, una petición europea recogió más de 20 000 firmas en contra de la liberalización, fiel reflejo de la preocupación de todo el sector. 
Nosotros, los políticos, debemos seguir escuchando a estos profesionales y crear a escala europea unos servicios portuarios públicos, que es el único modo de garantizar la seguridad, la regularidad, la calidad, las conquistas sociales y el respeto del medio ambiente. 
Deseamos que esta derrota de los defensores del liberalismo sea definitiva, y no una mera tregua. 
. – Sí a la liberalización, pero en buenas condiciones. 
Estoy a favor de la apertura a la competencia de los servicios portuarios, pero en condiciones de seguridad satisfactorias. 
He optado por abstenerme sobre el compromiso resultante de la conciliación porque el resultado de las negociaciones institucionales no se corresponde con el trabajo realizado durante más de dos años. 
Si se hubiera aprobado el texto tal como está, la apertura a la competencia se efectuaría en unas condiciones muy lejanas de la realidad portuaria y, lo que es más grave, en detrimento de la seguridad marítima. 
En cuanto a la cuestión de la autoasistencia, habría habido que adoptar una reglamentación que garantizara que será practicada por personas cualificadas para cada una de las prestaciones efectuadas, cosa que la redacción actual no prevé. 
Estoy a favor de la apertura a la competencia progresiva y estoy convencida de sus consecuencias económicas positivas, pero todo esto hay que prepararlo como es debido. 
Como representante electa de una ciudad costera, considero que la redacción del texto no se ajusta a la realidad sobre el terreno. 
Hay que preparar ese cambio radical en la vida portuaria de otro modo; lo ideal es que cada servicio portuario sea objeto de una reglamentación específica y no englobada, como ocurre en esta última propuesta, en un paquete «cajón de sastre». 
Espero que las futuras propuestas de la Comisión se basen en este enfoque alternativo. 
Señor Presidente, quiero manifestar que la mayoría de mi Grupo político se ha abstenido o ha votado en contra el informe, dado que el resultado final no era el que deseábamos como continuación del empeño en favor de un plan de acción comunitario para las organizaciones de mujeres en el ámbito de la igualdad. 
La propuesta del pleno no es la que queríamos. 
Deseamos que exista una igualdad de distribución y una igualdad de derechos entre las organizaciones de mujeres. 
Reconocemos que el papel y la labor del Lobby Europeo de Mujeres debe salvaguardarse pero, al mismo tiempo, es necesario conceder a otras organizaciones la oportunidad de disfrutar de un programa de acción viable. 
Eso no se desprendía de la propuesta del Parlamento; al contrario, el Parlamento sostiene que debe existir un trato discriminatorio entre organizaciones y que aquellas que no pertenezcan al Lobby Europeo de Mujeres, deben estar encuadradas en una «segunda categoría». 
Esa no es nuestra propuesta, razón por la cual no aprobamos el resultado final. 
Consideramos que este programa representa una oportunidad para demostrar que creemos en el pluralismo y en la diversidad de metas y de intereses de las organizaciones de mujeres, así como de proporcionarles la oportunidad, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, de manifestar toda su riqueza. 
Creemos que constituye un apoyo fundamental para nuestra democracia y nuestro Grupo político continuará trabajando en esta dirección. 
El principio de subsidiariedad es importante para nosotros. 
Queremos ver una UE limitada y eficiente abordando los problemas transfronterizos. 
En la medida en que la igualdad es un tema político, creemos que es un ámbito de responsabilidad para los Estados miembros. 
En consecuencia, no deseamos que la UE utilice su presupuesto para repartir subvenciones a organizaciones preocupadas de la igualdad de géneros. 
Por tanto, nos hemos abstenido a la hora de votar este tema. 
Felicito a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por su excelente informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, que respaldo plenamente, sobre todo en lo concerniente a la necesidad de que este programa garantice que las diferentes organizaciones de mujeres emprendan acciones de alta calidad que se prolonguen el tiempo que precisen para alcanzar su objetivo. 
Quiero subrayar asimismo que la puesta en práctica de este programa no debe provocar recortes en otros programas o subvenciones para la ejecución de temas prioritarios anuales fijados por la Unión en este terreno, tales como la igualdad de salarios, la participación en la toma de decisiones y la articulación de vida profesional y vida familiar. 
He votado a favor de las enmiendas de la ponente encaminadas a mejorar significativamente el texto de la Comisión. 
Condeno la existencia de mecanismos que atribuyen un carácter único, que crean situaciones de privilegio y de discriminación que violan los propios derechos fundamentales, concretamente los consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, ya que estos mecanismos imponen condiciones a, o incluso van en contra de, los principios básicos de las estructuras sociales. 
A este hecho han aludido diversas organizaciones de mujeres que trabajan en este campo a escala europea y que se siente discriminadas. 
En concreto, resaltaría la enmienda 4, con la esperanza de que el texto final de la Decisión progrese abiertamente en esta dirección. 
Todas las disposiciones que privilegian al Lobby Europeo de Mujeres sobre otras organizaciones son políticamente injustas y legalmente discutibles. 
Coincido sobre todo con la intervención de la Sra. Lulling durante el debate. 
No puedo estar más a favor de que se concedan subvenciones a las organizaciones de mujeres, pero al igual que en todos los demás sectores, tenemos que garantizar y promover la pluralidad de intereses específicos y de una visión específica de las mujeres. 
A la luz de las votaciones en la comisión especializada, me he visto obligado a votar en contra del informe en la votación global y esperaré a la segunda lectura. 
He votado en contra del informe en su conjunto y he respaldado así a la ponente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou. 
Sigue existiendo un trato injusto a la hora de distribuir las ayudas financieras entre aquellas organizaciones que forman parte del Lobby Europeo de Mujeres y las que han optado por no adherirse a esta organización paraguas. 
Aun cuando, gracias a la acción de los demócrata-cristianos, no siga existiendo la situación de monopolio, el Parlamento Europeo y la Comisión quieren seguir discriminando contra las organizaciones de mujeres fuera del Lobby Europeo de Mujeres, imponiendo ciertos requisitos especiales de adhesión y aprobando solo dichas actividades cuando son realizadas por organizaciones que combaten los abusos contra las mujeres. 
Lo encuentro injusto y difícil de comprender, y recomiendo un trato justo y equitativo. 
Al igual que el ponente, considero que transferir al primer pilar de las actividades de la Unión la financiación de los costes administrativos relacionados con la actividad del Coordinador Especial para la Europa Sudoriental y su oficina debería realizarse «respetando las competencias de cada institución y debe facilitar el refuerzo del acompañamiento y control político de las actividades del Pacto de Estabilidad por parte de las instituciones europeas con el fin de asegurar su complementariedad con el proceso de estabilización y asociación». 
Dentro de este contexto, y dada la importancia de la tarea, respaldo la propuesta de que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa debe disponer de la oportunidad de celebrar una audiencia sobre la persona nombrada por la Comisión y debe tener la opción de ratificar o rechazar dicho nombramiento. 
La finalidad de las enmiendas propuestas es, por consiguiente, garantizar la participación del Parlamento Europeo en este proceso de toma de decisiones relativo al nombramiento del Coordinador Especial, así como establecer un límite para la duración del mandato de la persona nombrada. 
Considero interesante la propuesta del ponente en cuanto a que el «Pacto de Estabilidad para la Europa Sudoriental» pueda convertirse en una tarea permanente de la Unión Europea, con la subsiguiente creación de nuevas estructuras administrativas permanentes, aun cuando la idoneidad, proporcionalidad y viabilidad de esta propuesta haya que evaluarlas a la luz de los objetivos planteados. 
He votado a favor. 
En el Partido Moderado siempre hemos defendido el parecer de que las organizaciones sin ánimo de lucro son más eficaces que las organizaciones estatales a la hora de combatir la indigencia y las privaciones en el mundo no industrializado. 
Por regla general, los fondos asignados se aprovechan mejor mediante tales acuerdos. 
Naturalmente, este mismo razonamiento resulta válido para la labor de desarrollo y la cooperación recíproca con países en vías de desarrollo por parte de la UE. 
Por tanto, hemos votado a favor del informe. 
No obstante, las organizaciones perceptoras de ayuda de la UE tienen que ser seleccionadas de forma objetiva y sin prejuicios. 
.He votado a favor del informe porque creo que las enmiendas presentadas por el ponente mejorar la redacción de la propuesta de la Comisión, al introducir criterio que son factibles, racionales y, al mismo tiempo, humanos. 
Aunque por una parte existe un intento de evitar la duplicación de los gastos y por mejorar la coordinación de las actividades a fin de prevenir una pérdida de esfuerzos y de inversiones, por la otra el informe se preocupa especialmente de garantizar que a la dignidad de la persona humana –que está tan desatendida en las regiones menos desarrolladas– se le presta el respeto que merece, así como el conocimiento y comprensión recíprocos, unos factores que deberían regir todas las políticas de la Unión dirigidas a terceros países y Estados. 
Estoy de acuerdo con la afirmación del ponente en cuanto a que el diálogo entre culturas y civilizaciones tiene que desempeñar ahora, más que nunca, un papel vital para asegurar la paz y la estabilidad en el mundo. 
Lo mismo resulta válido para el respecto universal por los derechos humanos. 
Quiero resaltar la cobertura geográfica del programa, ya que debería facilitar un diálogo más estrecho con los países de África y Latinoamérica (los países ALA) , los países de la asociación euromediterránea (países MEDA) , los países de la antigua URSS (países TACIS) , los países de la antigua Yugoslavia (países CARDS) y los países candidatos a la adhesión. 
El gran reto a que se enfrenta ahora la UE es el de generar el entendimiento nacional para las medidas transfronterizas y la cooperación europea, nacido del convencimiento de que un enfoque nacional no basta cuando se trata de todos y cada uno de los temas. 
Tiene que existir un planteamiento integrado para la cuestión europea, que se produzca a escala europea y dentro de los partidos nacionales y la sociedad civil, y el tema tiene que ser, por encima de todo, parte integrante de la conciencia política de los europeos. 
Si la percepción de los ciudadanos es que los políticos y los administradores elaboran material de tipo propagandístico, esto puede resultar contraproducente para la idea de Europa. 
Por el contrario, hay que crear comprensión con respecto a aquellos temas a los que los ciudadanos se enfrentan en sus vidas cotidianas y que consideran imposibles de resolver sobre la base desde una perspectiva nacional. 
Siempre existe el peligro de la arbitrariedad a la hora de asignar y distribuir este tipo de ayuda pública. 
Por tanto, hemos optado por abstenernos a la hora de votar este tema. 
.Felicito a la Sra. Rühle por el informe que ha elaborado sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa, al que otorgo mi voto, concretamente por la necesidad de apoyar a las organizaciones que trabajan en el ámbito de promover la ciudadanía europea activa. 
Quiero resaltar asimismo que no basta con desarrollar el concepto de ciudadanía desde un punto de vista jurídico para ejercer los derechos otorgados por el acervo comunitario. 
Los ciudadanos deben estar involucrados en el desarrollo del proyecto europeo y hay que aproximarlos a la realidad europea. 
La consecución de este objetivo va a requerir específicamente difundir, de forma exhaustiva y eficaz, los valores y objetivos de la Unión, utilizando los medios de comunicación, por ejemplo, y haciendo participar a los ciudadanos de la Comunidad en discusiones y debates sobre la integración europea, confiando en el efecto multiplicador de dar a conocer sus opiniones. 
Quiero también resaltar que la promoción la ciudadanía activa debe realizarse para la totalidad de los ciudadanos de la Unión, sin olvidar en ningún caso a aquellos que viven en regiones alejadas del centro de Europa, en concreto los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas. 
–. 
He respaldado este informe, aunque pienso que el problema muchas veces es otro y que tiene fundamentalmente una naturaleza política más amplia. 
Ya he formulado algunas observaciones acerca de los aspectos técnicos durante mi intervención en el debate en la sesión plenaria. 
No obstante, quiero criticar el flagrante favoritismo en el proceso de identificar organizaciones que se han de beneficiar del generoso apoyo financiero de la Comunidad, que al margen de ser discriminatorio y contrario a un entendimiento correcto de los derechos fundamentales, es totalmente contraproducente. 
Ese tipo de planteamiento confunde a los ciudadanos y aumenta su desconfianza en vez de acercarlos. 
El exiguo interés por parte de los ciudadanos europeos respecto de los asuntos europeos pone claramente de manifiesto la necesidad urgente de adaptar algunas variables y de revisar las políticas y las actitudes de fondo. 
El concepto de «ciudadanía europea» no debe constituir un argumento exclusivamente jurídico. 
Hay que fomentar el diálogo entre los ciudadanos y las instituciones europeas y hay que fortalecer las estructuras intermedias que enlazan a los ciudadanos con la Unión Europea y sus instituciones: «medios de comunicación, Parlamentos nacionales, etc.». 
Para tal fin yo subrayo le necesidad de continuar apoyando los esquemas de «hermanamientos» de ciudades entre los diferentes pueblos de la Unión, dado el importante papel que desempeñan en la promoción de la identidad ciudadana y la comprensión mutua entre los pueblos de Europa. 
Resulta importante garantizar la dotación de subvenciones suficientes y sostenibles para apoyar los hermanamientos. 
–.Como ya he manifestado en otras tantas ocasiones, apoyo las medidas que realizan una contribución eficaz y activa a elevar los patrones de calidad medioambiental. 
Esta propuesta busca proteger la salud humana y el entorno de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) , que son sustancias químicas que permanecen en el medio ambiente, se acumulan en los organismos vivos por medio de la red trófica –una compleja interacción en red de las cadenas alimentarias– y en consecuencia corren el riesgo de tener efectos nocivos y particularmente prolongados sobre la salud humana y el medio ambiente. 
Estos contaminantes son transportados muy lejos de su origen, traspasan las fronteras internacionales y pueden afectar, incluso, a regiones en las que jamás han sido utilizados o producidos. 
Estas propuestas plantean la integración de estos dos acuerdos internacionales en el marco jurídico de la Comunidad. 
En lo que respecta a la Convención de Estocolmo, sobre la base de su refrendo por parte de la Unión Europea y todos sus Estados miembros el 22 de mayo de 2001. 
Esto merece mi total apoyo. 
– Sr. Presidente, en nombre de mi Grupo me gustaría destacar que apoyamos con mucha firmeza esta resolución. 
En la Conferencia Intergubernamental, varios Gobiernos ya han presentado numerosas enmiendas al proyecto de Constitución. 
Esto acarrea el peligro de que el proyecto de Constitución resulte confuso, a medida que cada Gobierno lo despoja de pequeños pasajes al oponerse a distintos puntos. 
Aparte de eso, los Consejos sectoriales –las distintas formaciones del Consejo integradas por Ministros de los respectivos ramos– presentan de repente nuevas propuestas en plena Conferencia Intergubernamental. 
Estas propuestas se refieren a los ramos concretos de estos Ministros y no adoptan una visión de conjunto. 
Estas propuestas pretenden, por vez primera, reducir las competencias presupuestarias de este Parlamento en relación con la situación actual. 
Consideramos que este hecho constituye una manera de proceder alarmante e inaceptable. 
Estas posiciones no fueron adoptadas por ningún Gobierno, ni al principio ni al final de la Convención, ni al principio de la Conferencia Intergubernamental. 
El hecho de que los Ministros sectoriales presenten de buenas a primeras, en plena Conferencia Intergubernamental, nuevas cuestiones que ni siquiera formaban parte de las presentadas por sus Gobiernos para ser debatidas en la Conferencia Intergubernamental, supone una nueva amenaza y un nuevo peligro. 
Por ello todo mi Grupo ha apoyado con tanto vigor la resolución que acabamos de aprobar. 
. – El Parlamento Europeo está indignado con la iniciativa de los Ministros de Hacienda nacionales, que han pedido a la Conferencia Intergubernamental que revise en profundidad las disposiciones presupuestarias del proyecto de Constitución europea. 
En efecto, considera que los Ministros quieren menoscabar sus poderes y restablecer los de los Estados miembros. 
De hecho, habría que estar indignado más bien con el proyecto de Convención, que, teledirigido por las instituciones europeas, ha conseguido introducir en los artículos relativos a las finanzas de la Unión un fortísimo aumento de los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo, tendente a darle las mismas competencias que a un Parlamento nacional, salvo para recaudar impuestos; es más, ha encargado al Consejo que legisle sobre las «modalidades» relativas a los recursos propios de la Unión, abriendo así las puertas a un futuro desarrollo a favor del establecimiento de poderes de recaudación fiscal. 
En la medida en que son los Estados miembros los que financian a la Unión –una norma excelente–, es normal que tengan la última palabra sobre el presupuesto, o al menos sobre el marco financiero plurianual. 
De no ser así, el Parlamento Europeo sería libre de votar gastos acordes con su concepción expansiva de sus propias competencias. 
En consecuencia, la iniciativa de los Ministros de Hacienda nos parece justificada, y nos hemos negado a votar a favor de la Resolución del Parlamento Europeo. 
. Los diputados conservadores y del Partido Moderado consideran que la decisión acerca de las perspectivas financieras debe ser tomada por los Estados por unanimidad y que el Parlamento Europeo no debe participar en ese proceso. 
Sin embargo, estimamos que una vez establecidas las perspectivas financieras el Parlamento Europeo y el Consejo deben estar en pie de igualdad a la hora de decidir la forma en que debe gastarse el dinero. 
Hemos rechazado esta tentativa de imponer un pseudoproceso constitucional para legitimar el documento de la Convención y estamos en desacuerdo con el apoyo manifestado a las disposiciones financieras que establece. 
Estas disposiciones pretenden provocar un cambio notable de fondo en relación con el Tratado existente, incluyendo la perspectiva financiera y la aprobación presupuestaria en la denominada «Constitución». 
En otras palabras, desean transformar el acuerdo interinstitucional actual y dotar de carácter constitucional a la perspectiva financiera, erigiendo una barrera mayor, no solo para su revisión o modificación, sino condicionando la aprobación del presupuesto anual al límite superior de la perspectiva financiera, como se desprende claramente de la lectura del apartado 5 del artículo 52 y el apartado 3 del artículo 54, así como de las disposiciones del artículo III–308. 
Siempre hemos abogado por unas perspectivas financieras que salvaguarden el principio de la cohesión económica y social en una UE ampliada y no debemos olvidar que el presupuesto actual es el más bajo desde 1987, en términos relativos, o dicho de otra forma, menos del 1% de la RNB de la Comunidad, lo cual obliga a una revisión de las perspectivas financieras. 
En cuanto a la enmienda relativa al referendo sobre los resultados de la CIG, quiero decir que nuestro voto a favor del referendo es inequívoco y deja claro que estamos en contra de un referendo europeo o uno que se celebre el mismo día que las elecciones europeas, y que exigimos que se respeten las leyes constitucionales de los Estados miembros. 
.– La política de la UE respecto de los demás países del Mediterráneo se está haciendo cada vez más agresiva. 
Su finalidad básica consiste en convertir estos países en sus satélites, penetrar en sus mercados y explotar sus gentes y su riqueza. 
Concretamente, la UE está demandando el alineamiento en temas de «terrorismo» , cooperación judicial y policial, incluso la participación en sus actuaciones dentro del marco de política exterior y política de defensa, ofreciendo adiestramiento para el personal político y militar necesario. 
Al mismo tiempo está exigiendo privatización y liberalización, incluso en el sector de servicios, mientras promete inversiones solo en el sector privado. 
Y por si todo eso no fuera suficiente, está intentando sacar adelante acuerdos para la expulsión de inmigrantes. 
En estas circunstancias, suena ridículo hablar de diálogo entre civilizaciones y nos preguntamos a qué finalidad ha de servir la conferencia parlamentaria propuesta. 
La resolución del Parlamento Europeo sigue esta línea y, al tiempo que imparte lecciones acerca de los derechos humanos, no dice ni una palabra acerca de su flagrante violación en Turquía o acerca de la ocupación de Chipre, mientras que se despacha el tema de Palestina en la forma acostumbrada de acomodarse en la barrera entre el verdugo y la víctima. 
Resulta más que evidente que el desarrollo del Mediterráneo no sobrevendrá a través de la cooperación con la UE. 
Esa es la razón por la que los diputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la resolución. 
. – Se habla aquí de relanzar la cooperación euromediterránea. 
Los pueblos que viven alrededor del Mediterráneo no han necesitado una votación del Parlamento Europeo para tejer relaciones entre sí desde tiempos inmemoriales. 
Durante milenios, el Mediterráneo no ha sido un obstáculo, sino un vínculo entre los pueblos. 
Pero es significativo que, en este siglo XXI, en el que existen medios materiales para que la humanidad forme una sola comunidad unida y fraternal, la sociedad avance hacia atrás. 
Cuando, gracias a los medios de transporte modernos, el Mediterráneo no es ya, por así decir, una barrera física, lo rodeamos de alambradas jurídicas y materiales. 
Los que viven al sur del Mediterráneo, del Marruecos gobernado por «nuestro amigo, el rey» , de la Argelia gobernada por la doble dictadura de los militares y los fundamentalistas islámicos, y de Túnez, que solo la diplomacia francesa considera democrática, tienen cada vez más dificultades simplemente para venir a Francia, cuando existen mil lazos entre estos pueblos del sur y del norte del Mediterráneo. 
Entonces, para poder hablar de «cooperación euromediterránea» , lo mínimo sería permitir a los nacionales del Magreb que viven en Francia vivir en este país dignamente, como seres humanos del siglo XXI, con o sin papeles. 
Habría que concederles todos los derechos civiles, en particular el derecho de voto y la libertad de circular por toda la Unión Europea. 
En lugar de abrir un poquito las fronteras entre los países de Europa para cerrarlas todavía más hacia el exterior, Europa debe ser una Europa abierta, que comparta sus medios con los pueblos de los países que durante tanto tiempo ha expoliado, colonizado y explotado. 
La resolución contiene puntos con los que estoy de acuerdo, concretamente el objetivo de establecer una «auténtica cooperación equitativa» en el Mediterráneo, el apoyo a «las fuerzas que operan en Israel y Palestina en favor de una solución justa al conflicto» , «su oposición a la práctica de la pena de muerte» y fijar una moratoria o el compromiso activo de la UE para «alcanzar una solución al conflicto del Sahara Occidental». 
Tengo que recalcar, no obstante, que entre otros aspectos: 
la resolución aboga por una «política de apertura económica y de liberalización interna en los países socios» y alienta «la generalización de procesos de cooperación Sur-Sur como único medio para llegar a una zona de libre comercio» , que es el auténtico dogma del capitalismo neoliberal; 
defiende la política represiva actual de la UE en materia de inmigración, cuando sugiere como medida prioritaria «fomentar los esfuerzos en materia de readmisión en los países de origen y de tránsito» y rechaza enmiendas presentadas por mi Grupo condenando la reciente creación de «charters europeos» para expulsar a los extranjeros. Recordemos que tales acciones están prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos; 
la resolución no critica la política del Gobierno israelí de ocupar Palestina y reprimir al pueblo palestino. 
De ahí mi voto en contra. 
He votado a favor de la resolución sobre Euromed porque creo que también deberíamos mirar hacia el Sur, donde el Mediterráneo, África del Norte y el Oriente Próximo entrañan la máxima importancia para la Unión Europea y no solo por razones de geografía. 
Nuestra asociación política y estratégica tiene que ir, por tanto, decididamente más allá del plano económico y financiero e intentar salvar el abismo que existe entre los niveles de vida actuales en las diferentes partes del Mediterráneo. 
Contribuir a la privatización de las economías, al apoyo de las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, que ayudan a estabilizar la inmigración en los países de origen, y contribuir a eliminar el analfabetismo, aceptando la educación como uno de los factores más importantes para el desarrollo, y aumentar la cooperación en el ámbito de la justicia, la lucha contra la droga, el delito organizado y el terrorismo, constituyen prioridades clave que se suman al diálogo entre culturas y civilizaciones. 
Por consiguiente, queda mucho por hacer, comenzando por la institucionalización de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Espero, pues, que la Conferencia Ministerial de Nápoles sea un éxito. 
. – En esta propuesta de Resolución común, hay sus más y sus menos. 
Hay algunas protestas contra la guerra de Putin en Chechenia, pero también autofelicitaciones por los progresos en el buen entendimiento en materia de cooperación policial, por no hablar de la esperanza de que continúe «el progreso realizado en Rusia para crear un clima propicio al desarrollo del comercio y la inversión por parte de empresas rusas y extranjeras». 
Hemos votado a favor de las enmiendas que protestan contra la guerra en Chechenia y nos hemos abstenido sobre el resto de la Resolución. 
Hay que destacar que, mientras el Parlamento Europeo se dispone a expresarse en contra de «las violaciones de los derechos humanos en Chechenia» , los Jefes de Estado europeos, de Berlusconi a Chirac, se pelean por recibir a Putin. 
Es cierto que «Dios los cría y ellos se juntan» y que los Estados de los grandes países occidentales tienen en su cuenta tantas y más guerras de opresión que Rusia. 
. 
Rusia es indudablemente un país de notable importancia estratégica, no solo en cuanto al desarrollo de los valores democráticos, sino también de la mejora del Espacio Económico Europeo Común. 
Sin embargo, no debemos permitir que nuestra visión de Rusia como país asociado o incluso aliado nos impida abordar verdaderamente cualquier problema potencial allí. 
Sin pretender, ni por un momento, cuestionar la integridad territorial o la soberanía de Rusia, el hecho es que existen varios asuntos ante los que no podemos hacer la vista gorda. 
Nuestra preocupación por la crisis actual en Chechenia, con la llegada constante de informes acerca de graves violaciones de los derechos humanos, nos obliga a mantenerlo como un tema especial en el orden del día de Europa y solicitar a las autoridades rusas que reabran negociaciones con todas las partes implicadas, a fin de encontrar una solución política al conflicto. 
Aunque este tema no estaba contemplado en las conclusiones de la Cumbre UE–Rusia más reciente, su inclusión en la propuesta del Parlamento Europeo ha decidido mi voto a favor, ya que el párrafo criticando a la Presidencia italiana, que podría haber decantado mi voto en el sentido contrario, se ha votado por separado, y en consecuencia he tenido la oportunidad de manifestar mi oposición al mismo. 
,. – La comunicación de la Comisión hace suya y pormenoriza la doctrina Solana presentada en la cumbre de Salónica, fijando las prioridades para la política exterior de la Unión. 
A raíz de la ampliación, dentro del marco de la competencia con los Estados Unidos por dividir en dos el planeta, la UE está tratando de controlar a sus nuevos vecinos del Este y el Sur. 
Los textos hablan, temerariamente, de crear un «círculo de cooperación» al tiempo que reflejan una coacción directa o indirecta y el palo va detrás de la zanahoria. 
Por ejemplo, para las regiones de Transdniéster y de Moldova, que se consideran focos de inestabilidad, se ha estudiado la posibilidad de enviar incluso fuerzas militares, mientras que a Ucrania se le ofrece la zanahoria de convertirse en aspirante a la adhesión en la Unión Europea al fin de detener su incorporación a la KEK. 
También se plantea la posibilidad de crear una Zona de Libre Comercio, siempre y cuando liberalicen sus mercados y se adhieran al mercado único de la UE, o dicho en otras palabras, una vez que se haya autorizado a los monopolios de Europa Occidental a irrumpir y saquear sus economías. 
En lo concerniente a la seguridad de las fronteras, la posición de la UE se puede resumir como sigue: vallas electrificadas para inmigrantes y «terroristas» , puertas abiertas para el comercio. 
Votamos en contra del informe porque respalda el refuerzo del intervencionismo político y militar de la Unión Europa, aboga en contra del derecho de toda pueblo a elegir su propio camino hacia el desarrollo social y económico y añade nuevas amenazas para la paz. 
Con la ampliación venidera, los futuros Estados miembros de la Unión Europea entrarán en contacto con países que, aunque comparten diversas estrategias y asociaciones con la UE, no poseen ningún vínculo institucional de carácter comunitario con la Unión. 
Así las cosas, la estabilidad y seguridad de todo el continente europeo depende del desarrollo de mejores relaciones entre todos sus Estados: las de la Unión Europea con sus nuevos vecinos, por una parte, y las de estos nuevos vecinos entre sí, por otra. 
Por tanto, una política de buenas relaciones mutuas entre vecinos no solo resulta deseable, sino vital. 
Dado que no existen planes para el futuro previsible en cuanto a nuevas ampliaciones, a pesar de las enormes expectativas de muchos de los nuevos países vecinos, y toda vez que la ampliación es un proceso políticamente autónomo, el objetivo debe consistir en crear una estrategia inclusiva en cuanto a las relaciones con los Estados limítrofes con la Unión ampliada que por ahora no dispone de un encuadre adecuado y que, por consiguiente, es el encuadre que estamos planteando ahora. 
Como ha explicado la ponente, el objetivo consiste en avanzar más allá del planteamiento de relaciones bilaterales entre la Unión Europea y cada uno de los países en cuestión, favoreciendo las relaciones con todos estos países en su conjunto, y al mismo tiempo alentando a todos estos países a desarrollar unas relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas entre ellos. 
Por consiguiente, he votado a favor del informe. 
. 
Desde hace muchos años, Europa se ha promocionado como un crisol de muchas culturas diferentes, cuya constante mescolanza ha producido un impacto en todo el mundo. 
Europa ha crecido, se ha desarrollado y, por último, se ha fusionado como resultado de sus fecundas relaciones con pueblos y culturas de todo el mundo, comenzando obviamente por sus vecinos más allegados. 
En consecuencia, considero esta Comunicación de la Comisión Europea de la máxima importancia, ya que constituye una prueba del cumplimiento de una misión y una responsabilidad históricas y me complace enormemente poder constatarlo. 
Estoy de acuerdo con la idea de crear zonas de cooperación, tal como propone el informe, que incluyan políticas dedicadas a los derechos humanos, la democracia, la sociedad civil, la educación, la investigación la cultura, la circulación de personas, la cooperación judicial, la lucha contra el terrorismo, la prevención de conflictos, la circulación de mercancías, los servicios y el capital, el empleo, las infraestructuras y las redes de información y comunicación. 
En consecuencia, se han de establecer las condiciones generales que nos permitan progresivamente compartir los valores y principios comunes y, por supuesto, el bienestar y el progreso con todos los países implicados. 
Por tanto, he votado a favor. 
Estoy encantado de que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y ahora el Parlamento en su conjunto, hayan aprobado el apartado 15 con su formulación positiva de las posibilidades futuras de los Estados europeos, concretamente de Ucrania, para convertirse en miembros de la UE. 
Originalmente era una enmienda que presenté en la Comisión. 
Me complace igualmente el hecho de que el Parlamento haya aprobado mi enmienda 21, apoyada en su totalidad por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos y que condena abiertamente a «quienes utilizan la violencia en nombre de la religión». 
Resulta especialmente importante expresar tales repulsas en estos tiempos de ataques terroristas islámicos, como el reciente de hoy contra el consulado británico en Estambul y el ataque durante el fin de semana contra dos sinagogas judías en esa misma ciudad. 
. La Comisión ha presentado oportunamente la comunicación sobre «Una Europa más amplia» y ha puesto en claro el modo de configurar las relaciones con sus «nuevos vecinos» a raíz de la ampliación de 2004. 
Resulta lamentable que la región del Cáucaso meridional no esté incluida, aunque vayamos a tener fronteras exteriores inmediatas con ella una vez que Rumania adquiera la condición de miembro. 
No solo tenemos conocimiento de lo explosiva que es la situación en estos países por las imágenes televisadas de las manifestaciones postelectorales en Georgia o de la confusión reinante en Azerbaiyán, también después de la celebración de elecciones. 
Cuando por parte de la Comisión Europea se está recalcando continuamente que Europa tiene una presencia mayor, que ejerce una influencia mayor y que proporciona un apoyo financiero superior de los que se conocen generalmente, resulta tanto más sorprendente que esta región no se mencione ni una sola vez en un documento tan importante sobre las relaciones futuras de la Unión Europea con sus vecinos del Este. 
Por eso estoy doblemente agradecida a la ponente, la Sra. Napoletano, y a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por haber subsanado estas deficiencias y hacer, en su excelente informe, mención explícita a la región del Cáucaso meridional. 
Espero sinceramente que la Comisión se tome en serio las peticiones del Parlamento. 
– Sr. Presidente, mi Grupo ha votado en contra de este informe por considerar que esta cuestión ha sido impuesta y promovida por la industria de armamentos. 
El ponente se ofendió cuando lo dije, pero en realidad basta con echar un vistazo al informe y a las conclusiones de Salónica para ver que es la industria europea del armamento la que marca el paso y que todos los demás le siguen. 
De lo que se trata es de crear una industria europea de armamentos que pueda competir a escala internacional. 
Se trata de canalizar nuestros preciosos recursos dedicados a la investigación para producir armas que provocarán conflictos en otras partes del mundo. 
La política espacial de la Unión Europea, por ejemplo, está muy orientada a las aplicaciones de seguridad y defensa, como las señales. 
Resulta evidente a todas luces que, en el fondo, se trata de promover y apoyar la industria de armamentos. 
El director general de la segunda empresa aeroespacial y de defensa del mundo –EADS– se lamentaba de que los Estados Unidos invierten seis veces más que Europa en la investigación armamentística y de que, mientras los presupuestos de investigación siguen creciendo en los Estados Unidos, los europeos se mantienen en el mismo nivel. 
Esto merece un aplauso, y no una crítica. 
Debemos canalizar nuestros recursos hacia cosas que redunden en mayor beneficio para la humanidad. 
Este señor señala asimismo que nuestra industria de defensa ya sufre una grave desventaja competitiva, pero ha llegado el momento de que esta industria se dé cuenta de que debe dejar de producir armas que provocan desórdenes en el mundo para comenzar a producir algo que contribuya a la mejora de la sociedad y no a su destrucción. 
Cualquier persona que ponga en duda que estas medidas responden a los intereses de la industria de armamentos tan solo tiene que ver lo que hemos votado aquí en este día y lo que decidió el Consejo. 
Esto está fuera de toda discusión. 
Resulta evidente que esto se hace a instancias de la industria de armamentos. 
Y también el informe del ponente deja claro que es así. 
Esto es inadmisible. Consideramos que es un uso incorrecto de los recursos. 
.– El informe que hemos examinado es un monumento a la retórica belicista que pone de manifiesto las auténticas intenciones de la UE de compartir el papel de policía universal con los Estados Unidos, al tiempo que se le asignan miles de millones al complejo militar-industrial. 
El texto lamenta sin ningún rubor la disminución de pedidos de equipo militar tras la final de la Guerra Fría. 
Se muestra preocupado por «las reiteradas negativas de numerosos Estados europeos a aumentar los gastos de defensa» , que «podrá poner en peligro la cohesión de la OTAN» , que «no solo sigue siendo una garantía fundamental para la estabilidad y la seguridad del espacio euroatlántico, sino también un marco fundamental para el desarrollo de operaciones de coalición». 
Por tanto aboga por el desarrollo de una «industria europea de equipo de defensa competitiva y viable» para cumplir la decisión adoptada en el Consejo de Salónica, el informe Solana y la Constitución Europea, que obliga a todo el mundo a mejorar sus capacidades militares. 
Sea esta decisión la respuesta de la UE a todos aquellos que decepcionan al mundo afirmando que la UE es el guardián de la paz mundial y que el objetivo de la política de defensa común consiste en salvaguardar la seguridad. 
Para ellos, paz significa guerra y seguridad significa represión. 
Huelga decir que los diputados del Partido Comunista de Grecia condenan a los belicistas y han votado en contra del informe. 
..Apoyo el informe elaborado por mi compatriota y amigo Luís Queiró, porque estoy de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas que nos permitan establecer condiciones favorables para desarrollar una industria europea de equipamiento de defensa competitiva y viable. 
Se puede y se debe encontrar ahorros y valor añadido en el campo de la defensa, a través de la cooperación que impliquen relaciones de «interdependencia industrial y tecnológica» que contribuyan a que se gestione mejor el gasto público en materia de defensa y se eviten las duplicaciones. 
No es razonable que se prolongue la situación existente en todos los Estados miembros de la Unión Europea, cuando su gasto en defensa asciende al 50% de lo que invierten los Estados Unidos a fin de obtener el equivalente de solo el 10% del potencial militar de dicho país, que es un aliado nuestro. 
La insuficiencia de los medios habilitados por el conjunto de países de la UE no es deseable ni para Europa ni para nuestros aliados en la OTAN. 
Además, cabe hacer referencia a las crecientes responsabilidades en cuanto a gestionar crisis civiles y militares que recaen sobre la UE bajo la PESD. 
. La Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa coinciden ampliamente en lo referente a un papel militar más significativo en el mundo para una Europa unida, es decir, intervención más allá de sus propias fronteras. 
Dicho papel deberá estar respaldado por una industria de armamento que fabrique productos normalizados. 
Los Estados miembros deberán invertir más dinero en ella. 
Este informe incluso se atreve a ir un poco más lejos abogando por una integración mayor de la UE y la OTAN, solicitando que el dinero procedente de los Fondos Estructurales –que se concibieron para el desarrollo regional– subvencione los programas de armamento y proponiendo que el comercio de armas europeo no siga estando frenado por controles nacionales. 
Lo digo con espanto, en parte porque la combinación propuesta de una sólida industria armamentística europea y la libre competencia de mercado se traducirá en que los países dejarán de querer seguir dependiendo de la necesidad variable de los ejércitos europeos en cuanto a nuevo armamento. 
Por tanto, se buscarán nuevos mercados fuera de la UE. 
Un ejemplo reciente de lo dicho lo constituye las exportaciones de armas belgas a Nepal, que permiten al ejército nepalés cometer asesinatos preventivos de agricultores indigentes que en algún momento futuro pudieran estar en situación de ofrecer resistencia armada. 
Aun cuando se opte por conceder al empleo y la economía máxima prioridad respecto de todo lo demás, existen formas mejores de invertir nuestros ingresos fiscales. 
Comparto la posición del ponente acerca de la política comunitaria en materia de equipos de defensa y le felicito por el equilibrio que ha logrado encontrar en un campo de evidente importancia y sensibilidad, y que a menudo constituye el telón de fondo de las discrepancias más profundas. 
Creo que el planteamiento aprobado, que es el de cooperación, no de competencia, entre la OTAN y la Unión Europea en lo referente a sus respectivas funciones es una forma de enfocar de manera realista y nítida el esfuerzo de defensa común que, desde 1949, ha venido dando sus frutos. Es además una forma de respetar a los Estados miembros que no se avergüenzan de conceder un lugar preferente y una importancia a las relaciones transatlánticas y que desean valorar la Alianza Atlántica, en lugar de destruirla. 
El fortalecimiento y racionalización de la industria europea de equipos de defensa con el ánimo de crear un mercado europeo competitivo para dichos equipos es un objetivo que podría justificarse sobre la base de la necesidad de racionalizar su financiación, de armonizar las normas de equipamiento, de ejercer un control político y parlamentario y de establecer investigación y desarrollo, siempre que en la práctica se mantenga una auténtica competitividad en el campo de la defensa y la seguridad y siempre que luchemos contra el centralismo operativo y la concentración industrial, que inevitablemente favorecerían a los países con los mejores equipos de defensa y tecnologías. 
Por consiguiente, este informe nos permite ofrecer a los Estados miembros un encuadre sólido para el debate que, al tiempo que tiene en cuenta los diferentes intereses de los Estados miembros en la PESD... 
El talante general de la propuesta de la Comisión es constructivo. 
La UE tiene que mejorar la coordinación de la producción del equipos de defensa entre los Estados miembros. 
Los contribuyentes obtendrían un mayor rendimiento de sus impuestos. 
Sin embargo, no me he visto capaz de respaldar el apartado 12, que afirma que «se creen programas comunitarios de ayuda al reequipamiento de la defensa» , todo ello en un contexto relativo a las fronteras exteriores de la UE. 
Por el momento, la UE no es una unión en materia de defensa y por tanto no debe describirse tampoco como tal. 
El Parlamento propone igualmente que el aumento de los pedidos de equipamiento militar resulta necesario para «la promoción de un mundo más seguro». 
El terrorismo internacional y otros delitos a escala mundial constituyen ciertamente una amplia amenaza para las democracias occidentales y para la dignidad humana. 
Sin embargo, por definición no hay que combatir este mal por medios militares en todas las situaciones, razón por la que he votado en contra del considerando G. 
La coordinación de la producción e investigación entre los Estados miembros de la UE en materia de equipamiento de defensa conducirá, es de esperar, a una mayor eficiencia y una mejor gestión de los recursos. 
Todo ello puede desembocar de hecho en la posibilidad de reducir las asignaciones militares, sin debilitar la capacidad militar. 
El criterio del Parlamento, por el contrario, es que las dotaciones deben aumentarse. 
Es necesario que haya cierta coordinación dentro de la UE en la utilización de los recursos en el ámbito de la capacidad militar, y esa es una tarea que apoyamos. 
Sin embargo, lo que no podemos respaldar es un incremento del gasto y de la inversión en el ámbito de la defensa. 
Soy contraria asimismo a la idea de los programas de apoyo comunitario para el reequipamiento de defensa. 
Eso es algo que no considero que entre dentro del marco de competencias de la UE. 
No consideramos que un órgano común en el terreno de la defensa constituya un problema en principio, pero presupone que se entable una cooperación a escala intergubernamental. 
Los temas de defensa son, y deben ser, asuntos reservados exclusivamente a la decisión de los Parlamentos nacionales. 
. – El informe Queiró defiende una Europa totalmente opuesta a los valores que yo defiendo. 
«Insiste en la necesidad de que la UE se dote de capacidades militares que garanticen la credibilidad de los objetivos de su política exterior y de su política de defensa» , afirmando que «el éxito de este proceso estriba en el compromiso de los Estados miembros de invertir en gastos militares a largo plazo». 
«Manifiesta su convicción de que la OTAN no solo sigue siendo una garantía fundamental para la estabilidad y la seguridad del espacio euroatlántico, sino también un marco fundamental para el desarrollo de operaciones de coalición». 
Defiende «el desarrollo de una industria europea de equipos de defensa competitiva y viable» , y concluye que hay que promover «programas comunitarios de ayuda al reequipamiento de la defensa». 
Todo esto es un vibrante alegato a favor de un militarismo europeo que defienda los intereses de los traficantes de armas. 
Por mi parte, rechazo la competición militar con cualquier «bloque» que sea. 
Quiero promover la paz en el mundo, que conduce a la mejora de las condiciones de vida. 
Los que justifican el aumento de los gastos militares no hacen nada por satisfacer las necesidades sociales, sino que su preocupación fundamental son los intereses de sus accionistas. 
Por ello, he votado en contra de este informe. 
En los Balcanes Occidentales, en el territorio de la antigua Yugoslavia, existen todavía multitud de problemas sin resolver en cuanto a las relaciones entre los pueblos que viven allí. 
La injerencia exterior en las guerras ha contribuido a esta situación. 
La coacción por medios militares sin poder de persuasión no constituye la clave para un futuro democrático. 
Sigue habiendo tropas extranjeras estacionadas en Bosnia y Herzegovina, Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Se continúa posponiendo hasta fecha venidera la condición administrativa para la República de Serbia en el norte de Bosnia, para los territorios poblados por croatas en las franjas del sudoeste de Bosnia, para Kosovo y para el noroeste de Macedonia de habla albanesa. 
Hay que encontrar, y de forma rápida, soluciones duraderas que cuenten con auténtico apoyo entre los habitantes. 
La admisión en la UE de ciertas zonas de los Balcanes, mientras su futuro administrativo sigue siendo objeto de litigio, podría sumir a toda la UE en unas guerras civiles y en la represión de las mismas. 
Aunque no suscribo el planteamiento del ponente, el Sr. Lagendijk, sobre los aspectos militares, creo que los puntos fuertes de este informe radican en su oposición a la ofensiva contra la Corte Penal Internacional por parte de los Estados Unidos, sus demandas a favor de la igualdad de derechos de los romaníes y su crítica respecto del humillante régimen de visados. 
Apoyo asimismo su llamamiento en pro de un acuerdo rápido sobre la condición permanente de Kosovo sobre la base de una amplia autonomía o de la independencia. 
A diferencia de quienes dentro de mi Grupo se abstienen a causa de Kosovo, yo apoyo este informe. 
. 
La UE, después de haber desmembrado Yugoslavia en connivencia con los norteamericanos, está chantajeando de forma burda a los países que surgieron y que son totalmente dependientes de la ayuda exterior, países que padecen un protectorado miserable. 
Aunque fueron ellos los que crearon el políticamente oportuno Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, están exigiendo que los organismos en estos países desempeñen el papel de autoridades de orden público y arresten y entreguen a otros «criminales de guerra». 
El informe propugna no firmar ningún acuerdo con los Estados Unidos que socave la Corte Penal Internacional, si bien la UE defiende la ampliación de las relaciones transatlánticas y actualmente está negociando con los Estados Unidos en cómo y cuándo va a reemplazar a este país cada vez que retiran de los Balcanes alguna división militar con el fin de enfrentarla contra algún otro pueblo. 
¿Por qué este interés constante por parte de la UE? 
«Los países del proceso de estabilización y asociación» , como se les denomina, «se han convertido en la prueba más difícil para una política exterior y de seguridad común madura y eficaz» , afirma cínicamente la exposición de motivos. 
En otras palabras, los países de los Balcanes Occidentales son simplemente un laboratorio de ensayos para la aplicación de la PESC. 
¡Un laboratorio construido sobre el cadáver de Yugoslavia! 
Esa es la razón por la que los diputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra del informe. 
–.El 16 de junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica aprobó el calendario para los Balcanes Occidentales y, algunos días más tarde, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, de los futuros Estados miembros y de los países del proceso de estabilización y asociación emitieron una declaración conjunta sobre las previsiones para dicho proceso y para la adhesión de estos países a la Unión Europea. 
Este informe recoge las posiciones expuestas en tales iniciativas y su elemento clave es la perspectiva de la adhesión futura de los países de la Europa del Sudeste. Tiene igualmente por finalidad presentar unas directrices claras para los países que participan en el proceso de estabilización y asociación en cuanto a la mejor forma de abordar los desafíos específicos de cada uno de estos países, en su intento por aproximarse a la Unión Europea y dentro del contexto de las negociaciones que tienen entabladas con las instituciones europeas. 
En un momento en el que se están presentando los criterios a estos Estados y se están fijando las normas, haríamos bien en recomendar a los Estados miembros que muestren la misma humildad y la misma capacidad para aceptar las críticas sobre los asuntos que plantean y recapacitar detenidamente sobre ellas, sobre todo en relación con la protección de la vida humana y la puesta en práctica de políticas activas contra la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos, armas y drogas. 
El proceso de estabilización y asociación que se ha propuesto podría constituir una ambiciosa estrategia de adhesión, por lo que ha merecido mi voto a favor. 
. – El informe Lagendijk apoya el sentido de la Declaración conjunta de Salónica de junio de 2003: «una de las principales prioridades de la Unión Europea es la preparación de los países de la Europa Sudoriental para su integración futura en las estructuras europeas». 
El proceso de estabilización y de asociación se considera una etapa decisiva en esta perspectiva. 
Por mi parte, no tengo ninguna idea «cerrada» sobre la construcción europea. Pero nos vemos inmersos aquí en la hipocresía: ¿Debe Bosnia y Herzegovina «asumir responsabilidades en relación con su propio desarrollo y apoyarse en menor medida en la comunidad internacional»? 
Esperamos el balance de los efectos perversos, sociales e institucionales, de un protectorado que se eterniza y produce un «síndrome de dependencia» , como lo denominan los investigadores bosnios independientes. 
Por otra parte, ¿cómo hablar de «neutralidad» cuando las intervenciones económicas, políticas y militares de la UE han incitado sucesivamente a Montenegro y después a Kosovo a tender hacia la independencia para urgirles después a que renunciaran a ella? 
El primer desafío es poner fin a los protectorados. 
Esto requiere, teniendo en cuenta la opinión de las sociedades afectadas, un balance crítico del Parlamento Europeo sobre las decisiones y responsabilidades de la UE y de la OTAN. 
No es el enfoque empleado en este informe, y por ello me he abstenido. 
(4) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0413/2003) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la situación actual de las redes europeas de información y de los Puntos de Información europea. 
– Señor Presidente, señor Comisario, nuestra Comisión ha formulado esta pregunta porque nuestros diputados, los ciudadanos y los responsables de los Puntos de Información europeos se han enterado de que la Comisión escribió a los Puntos de Información en septiembre de 2003, informándoles de que, con efectos a partir del 1 de enero de 2004, fecha de inicio del año electoral, iba a cancelar el pago de las subvenciones a estas agencias de información, tan importantes para el público. 
Esta medida significa el cierre de unos 270 Puntos de Información, cada uno de los cuales recibe aproximadamente 20 000 euros al año de ayuda a su labor, pero no afecta, en principio, a otros puntos de información afiliados a otras estructuras institucionales más amplias, tales como los Parlamentos nacionales o regionales. 
Quisiera comenzar señalando que la Comisión no ha considerado necesario informar al Parlamento acerca de este asunto, ni por escrito ni en el ámbito del Grupo de información interinstitucional que, como usted sabe, está compuesto por los Presidentes de las Comisiones del Parlamento y los Comisarios responsables de la política de información y comunicación. 
¡Dejo a su criterio juzgar la calidad de nuestras relaciones interinstitucionales! 
En esta ocasión, sin embargo, no estamos abordando un simple problema financiero, como sucede a menudo al tratar los programas o proyectos en otros ámbitos políticos. 
Más bien es cuestión de una interpretación estricta del nuevo Reglamento Financiero y de las graves consecuencias –para nosotros y para la Comisión– que se derivan de una aplicación tan rigurosa de este acto jurídico. 
Somos muy conscientes de que el nuevo Reglamento Financiero que hemos aprobado en esta Cámara no permite subvenciones operativas, pero de todas formas hay que encontrar una solución a este grave problema, de manera que los Puntos de Información afectados puedan continuar trabajando a lo largo de 2004 y puedan seguir informando al público acerca de las actividades de la Unión Europea y del trabajo que realizamos día a día. 
La Comisión debería tener presente que las elecciones europeas, aun cuando a menudo se las describe como una cuestión propia del Parlamento, no solo son eso; son más bien un proceso de participación pública activa en el que también debería intervenir la Comisión. 
Los Info-Points y los Carrefours contribuyen de forma notable a la política de información y comunicación de la Unión Europea, y no se debería subestimar su importancia, sobre todo en un momento en el que la ampliación es inminente y a la vista de las campañas de información constantes y cada vez más necesarias. 
Tenemos prácticamente encima las elecciones europeas y la firma de la nueva Constitución de la UE, que, al margen de la información continuada acerca de lo que ocurre en la UE, exigen una atención especial. 
Estas oficinas de información, que se dirigen principalmente a la población local y a la gente que vive en las regiones, resultan indispensables, por lo que me gustaría plantearle tres preguntas, al tiempo que le pido una respuesta con la mayor urgencia. 
¿Qué acciones va a llevar a cabo la Comisión para garantizar que las redes europeas de información y los Puntos de Información puedan seguir desarrollando sin trabas su valioso trabajo en un año en que se van a celebrar las elecciones europeas y se va a producir la ampliación de la UE? 
¿Con qué medios piensa garantizar la Comisión la obtención de financiación en el futuro para ese trabajo? 
¿Cuándo va a adoptar la Comisión una decisión sobre las disposiciones para la financiación en el futuro? 
. Lamento que no se haya informado al Parlamento. 
Esta cuestión no forma parte de mis competencias, pero se me ha informado que no se hizo intencionadamente, y no me gustaría que provocara un deterioro en la indispensable cooperación entre nuestras instituciones. 
Reconocemos la dureza de las reacciones, sobre todo en vista de que la labor del sistema y de los centros de información reviste una importancia evidente, no solo para los miembros de esta Cámara, sino también para cualquier persona que trate de comprender a la Unión Europea, lo que hace y defiende. 
Su Señoría ha dejado claro que, al igual que muchos otros diputados, no está de acuerdo con la decisión del Consejo de cancelar a partir del año próximo las ayudas al funcionamiento que concedía hasta ahora a las redes y puntos de información. 
Por ello quiero clarificar exactamente a qué centros de información nos referimos, quiero explicar el carácter, las dimensiones y el impacto de las subvenciones que les concede la Comisión, e informar a su Señoría y a esta Cámara de las medidas más recientes adoptadas en respuesta a su pregunta y las numerosas preguntas y protestas que, sobre esta cuestión, han formulado los diputados de esta Cámara y otras personas. 
Actualmente existen más de mil puntos de contacto de base y redes de información al público, supervisados por la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión. 
Se encuentran alojados en lo que se conoce como «estructuras de acogida» , que generalmente son autoridades nacionales, regionales o locales, ONG o universidades. 
Entre estos centros hay 126 Carrefours de información y promoción rural; 140 Puntos de Información sobre Europa (Info-Points Europe, IPE) situados en zonas urbanas de la Unión; casi 800 Centros Europeos de Documentación (European Documentation Centres, EDC) ubicados por lo general en instituciones de enseñanza superior en todo el mundo, y una red de 500 expertos en uno o más ámbitos de las políticas de la Unión Europea que actúan en forma de conferencia o como portavoces públicos, conocidos con el nombre de «Team Europe». 
Todos estos puntos de información al público reciben servicios de asistencia en especie de la Comisión. 
Los principales tipos de ayuda son la documentación pública gratuita y la publicación de alrededor de 3 millones de ejemplares anuales y asistencia especializada a través de un centro de asistencia dedicado a tal fin con un coste de 1,5 millones de euros al año; formación gratuita para el personal de los centros por un total de 800 días-persona al año; el acceso a una intranet interactiva, y un programa de intercambio para el personal de estos centros, con más de 3 000 días-persona anuales. 
Estos servicios están destinados a ayudar a estos centros a que suministren a sus corresponsales respuestas rápidas y actuales a sus preguntas sobre las políticas, programas y posibilidades de financiación que ofrece la UE. 
Estos centros no corren peligro. 
Desde hace mucho, la intención de la Comisión es no solo mantener dicha asistencia técnica, sino incluso aumentarla. 
Entretanto cabe señalar, a fin de evitar malentendidos, que tan solo 266 estructuras de acogida de los primeros dos tipos de puntos de contacto y redes –los IPE y los Carrefour– han recibido de la Comisión ayudas para su funcionamiento desde que la DG de Prensa comenzó a supervisarlos en 2001. 
Estas ayudas se elevan a unos 20 000 euros al año, es decir, un total de 5,4 millones de euros. 
En la mayoría de los casos, el dinero concedido a las estructuras de acogida se ha completado con contribuciones de mayor cuantía procedentes de recursos nacionales. 
Como bien sabe esta Cámara, el Reglamento financiero que entró en vigor el 1 de enero de 2003 ya no permite que se concedan directamente ayudas al funcionamiento de organismos externos sin una convocatoria de propuestas o el establecimiento de una base jurídica para estos gastos. 
Yo añadiría que, en su informe de actividades de 2002, el Director General de la DG de Prensa se sintió obligado a introducir una reserva acerca de la gestión de los puntos de contacto, ya que no era posible garantizar, con los recursos que tenía a su disposición, un seguimiento y control adecuados de un número relativamente elevado de pequeñas ayudas. 
Estos recelos fueron refrendados por los resultados obtenidos recientemente por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, el cual recomendó, en primer lugar, la elaboración de nuevos métodos de trabajo y prácticas de control; en segundo lugar, la introducción de herramientas de gestión más adecuadas, y en tercer lugar, la mejora de la calidad de los acuerdos y de la estructura de los gastos financiados. 
Por consiguiente, la Comisión confirma que la propuesta que adoptó el 29 de septiembre de 2003 para poner fin a las ayudas a partir de 2004 cumple plenamente el Reglamento financiero y sus disposiciones de ejecución. 
Por lo tanto, era lo correcto en términos jurídicos y a efectos prácticos. 
La Comisión reconoce, desde luego, que la decisión provocó duras reacciones y propuestas de parte de muchos coordinadores de los puntos nacionales, de varios Estados miembros y de varios diputados al Parlamento. 
Comprendemos sus razones, pero también intentamos ajustarnos a la letra y el espíritu de la legislación de la Unión Europea. 
Aparte de la enmienda al anteproyecto de presupuesto para 2004 que presentó en esta Cámara y de asignar a la reserva los créditos correspondientes a los tres títulos presupuestarios relacionados con las actividades de la DG de Prensa, la Comisión recibió el mandato de intentar llegar a una solución de compromiso que, en la medida de lo posible, cumpliera las exigencias de continuidad de funcionamiento formuladas por el Parlamento, y garantizara al mismo tiempo el seguimiento y control financieros. 
La Comisión es consciente de la gran importancia política que reviste el año próximo y, en respuesta a la pregunta de su Señoría, desea hacer las siguientes observaciones. 
En primer lugar, en nuestra reunión del 11 de noviembre de 2003, la Comisión señaló que debíamos abordar una vez más la cuestión de las ayudas concedidas a las entidades de acogida con el fin de adoptar una decisión definitiva a la vista de los resultados del diálogo tripartito sobre el presupuesto del 13 de noviembre. 
En segundo lugar, a fin de mantener el sistema actual durante 2004, sería necesaria una Decisión de la Comisión que estableciese una excepción a la disposición del Reglamento financiero que exige que las convocatorias de propuestas sean objeto de disposiciones adecuadas en materia de seguimiento y control adaptadas a los resultados del análisis de riesgo, y vayan respaldadas por una declaración política conjunta de las tres instituciones. 
Esta solución podría justificarse únicamente durante un año, pero podría brindar una especie de puente que garantizara la continuidad por la que aboga su Señoría. 
Esta propuesta de solución fue examinada posteriormente en el marco del diálogo tripartito sobre el presupuesto y ahora será presentada para su aprobación en la reunión del Comité de Conciliación que tendrá lugar el 24 de noviembre de 2003. 
En respuesta a la tercer pregunta de su Señoría diré que la Comisión ha dado instrucciones a la DG de Prensa para que elabore propuestas que garanticen la debida disponibilidad de información completa para los ciudadanos de la Unión de 25 Estados miembros. 
Estas propuestas, que figurarán en una comunicación que esperamos presentar antes de Navidad, se basará en la comunicación de julio de 2002 sobre la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea, y tendrá en cuenta los cuatro principios contemplados en esta comunicación para la gestión de los puntos de contacto: una imagen de marca más homogénea, una serie de centros y redes de información más racionalizados y descentralizados, una mayor colaboración con las autoridades de los Estados miembros y una mayor cooperación interinstitucional. 
Los centros de información ejercen una función de puente sumamente importante entre el mecanismo de elaboración de políticas de la Unión Europea y los ciudadanos ante los que todos somos responsables. 
Por ello, la Comisión hará todo lo que esté a su alcance para que sigan prestando esta ayuda a los centros repartidos por toda la Unión, característica que sin duda constituye uno de los factores que les otorga su máximo valor. 
Señor Presidente, señor Kinnock, le agradezco que esté aquí para responder a una pregunta como esta y coincidirá conmigo en que algunas medidas tienen la virtud de concitar la unanimidad, aunque se trate de una unanimidad de rechazo, como es el caso. 
No encontrará en la Cámara a nadie dispuesto a defender la supresión, usted mismo no lo hace y la Comisión no lo hace en absoluto, vuelvo a decirlo. 
Estamos ante una situación peculiar, que es curiosa, porque en un ambiente de previsiones presupuestarias, como el que tenemos en este momento, con una conciliación en puertas para el lunes próximo, estamos asistiendo a la historia de una imprevisión presupuestaria, es decir, un Reglamento, que entra en vigor el 1 de enero de 2003 y que no ha merecido la atención de ningún órgano de la Comisión hasta la comunicación del 29 de septiembre en la que se daba por zanjado el tema de las subvenciones para los centros de información. 
No insistiré en la importancia de los centros de información, pues el propio Sr. Kinnock lo ha señalado- en palabras suyas, se trata de un elemento trascendental -, esta mañana en el debate conjunto lo han puesto de manifiesto las Sras. 
Asimismo, el Parlamento Europeo lo ha resaltado en diversas ocasiones, como en el informe sobre la política de información y comunicación que tuve el honor de exponer ante esta Cámara. 
En ese informe señalaba cómo los centros de información eran útiles para llegar a todos los rincones de la Unión Europea y cómo podían ser puntos de encuentro e instrumentos útiles para la labor de los parlamentarios en sus respectivas circunscripciones. 
La enmienda 42 del informe Rühle, a la cual se ha opuesto la Comisión esta mañana, también destacaba la importancia de estos centros de información. 
Los efectos que tiene la supresión también han sido destacados por el Sr. Kinnock, en el sentido de que 270 pueden verse privados de subvención y unos mil se verían, en cualquier caso, afectados. 
Por eso, me parece importante la medida de encontrar una norma transitoria, como la de mantener una especie de de estas subvenciones durante el año 2004. 
Asimismo, quisiera analizar una cierta contradicción existente entre la postura de la Comisión Europea en el Grupo interinstitucional de información y su actitud con respecto a los centros de información. 
El 23 de septiembre de este año, asistimos a una reunión del Grupo interinstitucional de información y comprobamos de nuevo el entusiasmo del Comisario Vitorino respecto a la necesidad de arbitrar estas medidas y de coordinar las acciones de todos los instrumentos de cara a los tres retos fundamentales que teníamos: la ampliación, la nueva Constitución y las elecciones europeas. 
Seis días después, se hacía pública la comunicación que debatimos. 
Es difícil creer que no había conocimiento de la misma y que no podía haber sido de objeto de comentario en el Grupo interinstitucional de información. 
El Sr. Vidal-Quadras, presidente de ese grupo de información, lo destacó en una carta dirigida personalmente al Comisario Vitorino. 
Por consiguiente, creo que se plantea legítimamente la duda de a qué debemos atender más, a la belleza de sus discursos o a la contundencia de sus acciones, y creemos que una y otra deberían ser coherentes. 
Ante la necesaria búsqueda de una base jurídica para las convocatorias de ofertas de participación, sugeriría a la Comisión que introdujera tres principios. 
En primer lugar, la simplificación del procedimiento- los centros de información son unidades reducidas, no son multinacionales que pueden destinar una unidad a rellenar los miles de formularios para obtener subvenciones o fondos comunitarios -; en segundo lugar, atendería a la profesionalización del personal de estos centros de información, convirtiéndolos en verdaderos profesionales de la información y comunicación, y no simplemente en personales auxiliares que entregan folletos- como ha dicho el Sr. Kinnock -; y, en tercer lugar, el criterio de proporcionalidad para dotar de medios dignos una política esencial como es la de la información y comunicación para el futuro de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate es muy importante porque, de hecho, plantea la cuestión fundamental de la coherencia entre los distintos instrumentos de la Unión Europea. 
Muestra claramente que podemos idear las políticas más innovadoras que, cuando la máquina presupuestaria se pone en marcha, es tuerta. 
Tal como ha destacado la Sra. Bayona de Perogordo, nuestra evaluación de todos nosotros, ya que existe una impresionante unanimidad sobre este punto, es que debemos compensar el déficit democrático que entre los ciudadanos y nosotros. 
De forma secundaria, observo que habría que compensar también el déficit de comunicación e información internas. 
Yo soy producto de la educación para adultos y estoy convencida de que el saber y la información son los primeros instrumentos de una ciudadanía activa y responsable, así que no puedo sino celebrar el excelente trabajo realizado por los Puntos de Información europeos. 
Son pedagógicos, son innovadores, tienen una notable capacidad de iniciativa, nos permiten, sobre todo, divulgar el conocimiento de Europa y multiplicar los mensajes de esta a los ciudadanos de todas las edades, de todos los lugares, de todas las culturas, con una proximidad que no podemos igualar y que otras instituciones no consiguen igualar. 
Por otra parte, quisiera señalar también que esto es posible porque aportamos una contribución financiera. 
De hecho, pedimos a otros poderes que lleven a cabo en nuestro lugar esta tarea de comunicación. 
Esos otros poderes son poderes locales sensibles a la cuestión europea, cierto, pero que, si no redoblamos nuestros esfuerzos, podrían recentrarse en su misión primaria y abandonar quizás este aspecto vital. 
Si la ayuda que se nos va a garantizar para 2004 nos dejara tiempo para idear modalidades de colaboración que permitiesen mantener este dispositivo, pienso que esto sería eficaz. 
Además, ello nos permitiría, porque los demás socios tienen también contingencias presupuestarias, seguir movilizándonos y elaborar perspectivas para los años siguientes. 
Sería insensato abandonar estas propuestas, a riesgo de perder en transparencia y, por tanto, en democracia europea. 
En cuando a las soluciones, creo que son sencillas: simplificación administrativa, respeto del trabajo y, cosa que quizás también sea necesaria, una auditoría. 
– Señor Presidente, la decisión notificada a finales de septiembre por la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea sobre el cese de las subvenciones operativas a los Info-Points (IPE) y los Carrefours europeos sigue suscitando una honda decepción y una profunda extrañeza entre los responsables y el personal de los IPE. 
El cese de las subvenciones operativas en el año 2004 cuenta también entre sus víctimas a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Seamos francos: en un momento en que Europa tiene enormes dificultades para acercarse al ciudadano y darse a conocer, se abre de nuevo una brecha indiscutible. 
Por ejemplo, el cierre de los Carrefours europeos representa una gran pérdida por lo que se refiere a la información difundida en las regiones más rurales. 
Las estructuras descentralizadas constituyen una baza indispensable y, ante el inmenso trabajo de comunicación que hay que realizar, deben mantenerse, incluso financiarse en mayor medida para que puedan desempeñar plenamente su función. 
En un momento en que Europa vive un giro importante en su historia, enriquecida por una próxima ampliación y una próxima Constitución, sería inaceptable poner fin a la ayuda indispensable y vital a los Puntos de Información. 
En este contexto, debemos aunar todas nuestras fuerzas para encontrar una solución equitativa, porque todos resultamos afectados. 
Los Puntos de Información son y deben seguir siendo una de las herramientas de comunicación comunitarias. 
Su actividad y los esfuerzos desarrollados por estas estructuras han demostrado la eficacia de su acción. 
Los Puntos de Información siempre han orientado sus esfuerzos en el sentido de la misión que se les había confiado, en este caso la de interfaz de una plataforma dinámica. 
Cercanos a los ciudadanos, han permitido mantener el tejido social europeo. 
Por tanto, ¿podemos permanecer sordos y mudos ante las expectativas de los ciudadanos, que tienen una necesidad constante de estar informados de las actividades interinstitucionales? 
Consciente de esta necesidad y convencida del importante papel desempeñado por estas estructuras, pido a la Comisión que revise su decisión y permita a las redes europeas de información seguir desempeñando la misión que les hemos confiado, y que es más necesaria que nunca. 
Para responder al Comisario, al que agradezco su presencia, diré que tanto mejor si existen otros centros de documentación y foros que cuentan con el apoyo de la Comisión, pero no es menos cierto que el déficit de información es muy real y que el público no lo aprecia. 
Si es necesario un fundamento jurídico –y puedo comprenderlo–, que se establezca uno. 
Pero hace falta un tiempo mínimo para resolver este tipo de problema y no cuatro meses, señor Comisario. 
Parece demasiado poco y los procedimientos de la Comisión, muy poco corteses. Esperemos, pues, que la propuesta de diálogo a tres bandas encuentre un eco favorable. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta, puesto que yo también opino que la supresión de los Puntos de Información provinciales supondrían una pérdida de imagen de la Unión Europea. 
En primer lugar, estos centros de información están muy próximos a los ciudadanos, cosa que se puede entender de forma literal. 
Los centros de información están presentes físicamente en las provincias. 
La proximidad de los centros garantiza a quienes buscan información, que no tengan que desplazarse un largo trecho, ahorrándoles tiempo y dinero. 
Creo que este es un triunfo en manos de la UE y una forma de ser amable con el cliente. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo ya ha expresado su opinión acerca de la estrategia de la Unión Europea en materia de información y comunicación, y al hacerlo, ha manifestado su deseo de acercar lo más posible la comunicación al ciudadano. 
En su propuesta de resolución, expone su deseo de invertir más en una red de información en perfecto funcionamiento, incluyendo los Puntos de Información. 
La palabra es «invertir» , no «suprimir». 
Cito: «El Parlamento Europeo... considera que existe la necesidad de introducir medidas de ajuste administrativo, estructuración y formación del personal, dirigidas al funcionamiento eficaz de las oficinas externas y la red de centros de información... , que podrían ser utilizados también por los diputados en sus respectivas circunscripciones». 
Cuando hablamos de acercar la Unión Europea a los ciudadanos y salvar el abismo respecto de ellos –porque ciertos estudios ponen de manifiesto que ese abismo existe realmente–, una mayor inversión en los Puntos de Información forma parte de la solución. 
Quiero hacer, por tanto, un llamamiento a que no suprimamos en ningún caso estos Puntos de Información, sino que, al contrario, mejoremos su funcionamiento, sobre todo ahora, a la luz de la celebración de las elecciones y de la ampliación durante el año 2004. 
No tenemos que realizar ningún ahorro a costa de la promoción de la Unión Europea, una Unión que aporta paz, seguridad y prosperidad a los Estados miembros. 
– Señor Presidente, lamento que sea el Comisario Kinnock el que reciba directamente las críticas, porque no lo considero personalmente responsable, ni mucho menos, de la situación en la que nos encontramos. 
Voy a formular algunas preguntas sencillas, cuyas respuestas todos conocemos y en las que todos estamos de acuerdo. 
¿Necesita el ciudadano europeo medio más información sobre la Unión Europea? 
¿Se requiere información en los Estados miembros a escala local y no tanto en Bruselas? 
¿Contribuyen los Puntos de Información a satisfacer esta necesidad? 
En vista de que en el año que viene se producirá la ampliación y se adoptará la nueva Constitución, ¿no resultará más necesario dar información que en tiempos normales? 
¿Ha establecido la Comisión la organización y prioridades correctas en materia de política de información? 
Cabe dudarlo. 
Desde luego, los gastos deben cumplir los requisitos legales y, si se requiere un fundamento jurídico, hay que encontrarlo. 
Contamos con juristas precisamente para que verifiquen estas cuestiones oportunamente, nos asesoren si surgen problemas y nos indiquen una solución. 
Ya teníamos conocimiento de este problema en enero, y la solución de la Comisión consistió en enviar a los Puntos de Información una carta a finales de septiembre. 
No es suficiente. 
Después de todo, la cuantía de estos gastos es realmente nimia. 
Y se ha asignado durante muchos años. 
Si la Comisión pone en duda la necesidad de tener Puntos de Información y de un programa de información más eficaz, me gustaría destacar aquí algunas estadísticas procedentes de sondeos recientes. El 90% de los españoles nunca han oído hablar de la Convención. 
El 31% de los alemanes nunca han oído hablar de la Comisión, y el 25% de los británicos ni siquiera saben que el Reino Unido es miembro de la Unión Europea; en cambio, un 7% creen que los Estados Unidos ¡sí lo son! 
La lengua inglesa es rica en expresiones. 
Permítanme tratar de encontrar algunas que se ajustan a esta situación. 
«The tail is wagging the dog» (el rabo menea al perro). 
Al parecer, de tantos árboles la Comisión no puede ver el bosque. 
Los expertos deberían estar a mano, no en el tejado. 
Podría seguir con expresiones vulgares sobre cervecerías y las fiestas que se organizan en ellas. 
Este no es un grave problema jurídico, sino un problema técnico. 
Si la Comisión contase con prioridades claras y aceptadas y pudiese ver el bosque a pesar de los árboles, esta tarde no estaríamos teniendo este debate. 
Acojo con agrado la declaración del Comisario Kinnock, pero él sabe, al igual que nosotros, que llega demasiado tarde y realmente no habría sido necesaria. 
Tristemente, este es otro gol en propia puerta de la Comisión. 
Espero que la carta que se enviará a los Puntos de Información incluya una disculpa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, no insistiré en la importancia de las redes y los Puntos de Información. Creo que todos nosotros, la Comisión y el Parlamento, estamos de acuerdo. 
Volveré sobre un aspecto un poco más presupuestario. En efecto, el otro aspecto es el Reglamento financiero, el nuevo Reglamento financiero. 
Y también a este respecto, diré que estamos todos de acuerdo. 
Hemos trabajado juntos, el Parlamento lo ha votado, está aceptado. 
No hay más que ponerlo en práctica. 
Y todos estamos de acuerdo en respetar los procedimientos del Reglamento financiero, entre otros los que permiten una verdadera transparencia en la ejecución del presupuesto. 
Además, si hemos comprendido bien, se han dado a la Comisión todos los recursos para esta ejecución. 
Creo, señor Kinnock, que es algo esencial en este asunto, pero también para el futuro. 
Pero también hace falta, a efectos de la ejecución del presupuesto, que las sumas lleguen puntualmente. 
Se habla en la industria del «justo a tiempo» , y ahí está el problema. 
Hoy nos encontramos en una situación en que la Comisión no ha anticipado lo suficiente y, en vez de venir a vernos y explicarnos que quizás había un disfuncionamiento o nuevas dificultades, ha esperado a que nos alertaran los ciudadanos y las redes, y por tanto a que estemos muy preocupados. 
No solo es que la Comisión haya tardado en advertirnos, sino sobre todo, señor Kinnock, que ha habido algunas ocultaciones. 
En efecto, cuando se nos dice que «varias estructuras han aceptado no recibir dinero» , yo digo que no estoy de acuerdo. 
Varias estructuras han aceptado que se pongan medios materiales a su disposición, pero nunca han dicho que no necesitaran dinero. 
Es un modo de proceder que encuentro un tanto desagradable a la vista de la necesidad de que seamos lo más sinceros posible en nuestro trabajo en común. 
Hoy tenemos que encontrar una solución para 2004 y creo que la encontraremos el lunes. 
En todo caso, lo espero, para que pueda prorrogarse en 2005. 
Pero lo que hace falta ahora es que la Comisión nos asegure que podrá aplicar, sin fallos y a tiempo para garantizar el funcionamiento de los Puntos de Información, la solución que estoy segura vamos a encontrar. 
Es esencial, lo hemos dicho, porque Europa no puede soportar ningún quebranto democrático más. 
Europa puede seguir funcionando administrativamente, pero sin los ciudadanos no lo hará por mucho tiempo, y los Puntos de Información son uno de los intermediarios esenciales para que tengamos al fin una Europa de los ciudadanos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Rocard, que ahora se encuentra ausente, por plantear esta cuestión en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. 
Señor Comisario, a menudo ocurre, como ya ha dicho el Sr. Perry, que se critica a la persona equivocada. 
Así pues, no existe un fundamento jurídico, no creo que exista tampoco ninguna voluntad política o, si la hay, al menos es deficiente. 
Y si falta la voluntad política, entonces lo que ocurre –como ha sucedido en este caso– es que la gente intenta solucionar parcialmente el problema durante un breve periodo transitorio, sin proporcionar un arreglo adecuado para el futuro. 
Nosotros, políticos dedicados a Europa, sabemos por experiencia que los políticos nacionales tienen una tendencia muy pronunciada a descargar sus propios defectos, errores e incapacidades sobre Bruselas y soltar improperios contra ella. 
Resulta muy sencillo de hacer, tiene una buena acogida y por regla general no corren ningún riesgo de reclamación. 
Creo que las agencias de información en la Unión Europea contrarrestan este tipo de tendencia. 
Ellos saben la forma en que los medios de comunicación cuentan las cosas, y no solo en su propio país. 
La información acerca de la Unión Europea es deficiente también en otros países; es necesario contrarrestarla allí también y estos Puntos de Información y oficinas, que están en condiciones de suministrar información objetiva, son las oficinas que trabajan a favor de Europa. 
Si se van a suprimir gradualmente los Puntos de Información, lo mismo que los Carrefours, y ahora se nos dice que existe la posibilidad de un periodo transitorio de un año o incluso más, entonces eso no hace nada por contrarrestar esta tendencia. 
No se trata de que precisemos uno o dos años más porque vayamos a celebrar elecciones el año que viene, ¡es que necesitamos una solución para el futuro! 
Señor Comisario, estoy profundamente convencido de que si hablamos en términos –como hemos hecho varias veces hoy– de aunar nuestras fuerzas, entonces tenemos que tener en cuenta también la necesidad de enlazar las oficinas del Parlamento y de la Comisión en los Estados miembros con los Info-Points y los Carrefours, a fin de reforzar nuestra presencia en el territorio en cuestión. 
Tenemos que embarcarnos en una expansión general de los servicios de información y tenemos que modificar nuestras prioridades. 
Es una cuestión de imperiosa necesidad involucrar a los círculos de voluntarios de los Estados miembros en estas oficinas de información y procurar una mejor cooperación con los organismos y entidades locales, buscando una mayor eficiencia y unas mejores condiciones financieras. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sucede que el señor Comisario se ha salvado con este excelente discurso inicial, diciendo lo que realmente queríamos oír. 
Evidentemente es la forma de actuar de un Comisario inteligente y experto, pero muchas gracias, señor Kinnock, por lo que acaba de manifestar. 
Sin embargo, en esa fecha, el 29 de septiembre, en que la Dirección General de Prensa y Comunicación remitió una carta a todos los Puntos de Información, fue como si se hubiera lanzado un bloque de hielo en el agua de la bañera. 
Sacudió el barco y cundió el pánico entre la gente. 
Es evidente que no se puede actuar de esa manera y la prueba de ello somos todos nosotros aquí. 
Estos Puntos de Información han sido instituidos en los últimos años y la Comisión ha efectuado el excelente comentario en cuanto que tales centros tenían una contribución extremadamente valiosa que hacer, ya que atesoraban una experiencia notable y podían actuar de forma flexible y con gran proximidad a la sociedad civil y la población, y de que constituían una herramienta esencial para la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea, representando a la UE sobre el terreno. 
Excelente. 
Usted mismo ha dado muestra de ello en representación de la Comisión, y creo que en el futuro también garantizará que existan Puntos de Información sobre el terreno. 
Ya se ha mencionado aquí que la necesidad de información va en aumento. 
El impacto de la ampliación creará una necesidad continua de información en todos los Estados miembros. 
Los ciudadanos tienen que estar informados acerca de los resultados de la Conferencia Intergubernamental, en otras palabras, del Tratado Constitucional. 
Se trata de un documento de más de 300 páginas, que hasta ahora han leído menos del 2% de los ciudadanos de la Unión. 
Las elecciones parlamentarias y, concretamente, el intento de potenciar el interés de las personas por participar en ellas son, desde luego, tareas ingentes, que afortunadamente pueden soportar los Puntos de Información. 
Es necesario mejorar las normas de supervisión. 
Si se trata de que algunos Puntos de Información funcionan de forma ligeramente dudosa, me gustaría que el señor Comisario lo comentara, pero evidentemente no se puede permitir que eso afecte a la totalidad de la red, aquellas secciones que han actuado de modo correcto. 
Apoyo decididamente la idea de que la Comisión busque el año que viene una solución mejor, más operativa y más sencilla de controlar. 
La necesidad de información crece a medida que es mayor el número de asuntos que se deciden aquí, en el punto central de Europa, y por ello respaldo al señor Comisario en sus reformas. 
– Señor Presidente, quiero agradecer a los diputados que han formulado esta pregunta oral en la Cámara, aunque la encuentro demasiado suave y vaga dada la gravedad y complejidad del tema planteado. 
Las propias respuestas que ha dado el Comisario Kinnock –que de hecho han sido demasiado prudentes, casi avergonzadas– confirman que la inestabilidad que estamos denunciando es real y que los problemas son verdaderos. 
Además, el 9 de octubre de 2003 ya presentamos una pregunta escrita. Fui el primero en estampar mi nombre en ella, pero la firmaron 48 diputados de todos los Grupos políticos. 
Esta pregunta hacía referencia, de una forma mucho más detallada y específica, a las preocupaciones de quienes trabajan –alguno desde hace muchos años– en los Centros de Información, los Info-Points y los Carrefours, todos los puntos de información europeos. 
Dado que todavía no hemos recibido una respuesta por escrito –al menos yo no he visto ninguna–, me voy a tomar ahora la libertad de repasar rápidamente los puntos de esta pregunta. 
Comenzaba recalcando cómo el Parlamento Europeo, exactamente igual a como lo está haciendo hoy, ha llamado a menudo la atención sobre la importancia, en lo que concierne a la política de información y comunicación, de estas redes creadas en más o menos la totalidad de los Estados miembros. 
La Comisión también expresó una opinión similar, concretamente en dos documentos oficiales: la comunicación 354 de 2001 y la comunicación 350 de 2002, que finalizaba más o menos con las mismas palabras, afirmando que los Info-Points, los Centros de Información y los Carrefours constituyen un patrimonio inapreciable debido a su experiencia, flexibilidad y proximidad inmediata a los representantes de la sociedad civil y a los ciudadanos. 
Incluso el Sr. Prodi alabó explícitamente estas instituciones en una respuesta dada a otra pregunta el 27 de septiembre de 2002. 
Cuando menos dijo que la percepción de las medidas propuestas y de los proyectos llevados a la práctica por la Unión Europea está aumentando gracias a las redes de información. 
Por eso estamos aún más perplejos y apenados al leer la carta de 29 de septiembre de 2003, en la que la DG Prensa, en contra de todas estas buenas promesas, notificaba a las estructuras nacionales que acogen a estas redes que la renovación del acuerdo para 2004 ya no incluiría el derecho a subvención, si bien para el futuro, la Comisión estudiará –son palabras textuales– nuevas formas de cooperación. 
Como ha mencionado el Comisario Kinnock, todo esto se debe a la entrada en vigor, el 1 de enero de 2003, de los Reglamentos financieros 1605 y 2342. 
Se trata de una situación nueva y carente de precedentes, que coloca un interrogante sobre la propia supervivencia de estas redes y, en cualquier caso, reduce drásticamente la capacidad de diálogo con los ciudadanos, precisamente en un momento en el que, por el contrario, debería incrementarse dicho diálogo. 
Existe una acuciante necesidad, señor Comisario, una sed infinita de conocimiento –como han manifestado otros diputados, incluso de los bancos opuestos– en este momento, en el que nos acercamos a las elecciones europeas, en el que la Constitución europea está tomando forma y en que la ampliación se va a producir en breve, lo cual se traducirá sin duda en una acentuación de dicha necesidad de información. 
No obstante, quiero recalcar la necesidad de una respuesta inmediata a los interrogantes contenidos en la pregunta escrita. 
¿Qué piensa hacer la Comisión para actuar con prontitud, por ejemplo, para dotar de personalidad jurídica a los Carrefours y los Puntos de Información mediante la aplicación de los artículos 54, 55 y 185 del Reglamento del Consejo 1605 de 2002? 
Pero por encima de todo, es preciso proporcionar una respuesta inmediata para 2004: no basta con decir «ofrecemos garantías para el próximo año, pero después no sabemos». 
Al pronunciar estas palabras estoy pensando, sobre todo, en las zonas más desfavorecidas, en los Carrefours rurales, especialmente en las zonas montañosas, que a menudo constituyen la única e insustituible fuente de información y una señal de que la Institución europea se halla próxima a la gente, concretamente en estas zonas desfavorecidas. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Rocard por plantear este importante asunto. 
Los Puntos de Información Europa en los Estados miembros constituyen un canal natural y simple para que le llegue al público información sobre la Unión Europea. Es algo que desde luego ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, pero considero que debo repetirlo. 
Como canal de comunicación tal vez no sean insustituibles y su labor no depende totalmente del apoyo de la Comisión. 
Pero a pesar de todo son enormemente importantes. 
En mi país, lo mejor de los Puntos de Información Europa es que se encuentran donde está la gente. 
Si la UE se percibe a una distancia tremenda, al menos no es culpa de ellos. 
Al contrario, son los propios Puntos de Información los que hacen la situación más llevadera. 
Los Carrefours de la UE se encuentran en zonas rurales y los Puntos de Información Europa en las bibliotecas regionales. 
Resulta muy fácil para la gente buscar la información deseada y así lo hacen. 
Por ejemplo, en Finlandia la gente busca todos los días información acerca del proyecto de Constitución europea en estos lugares. 
A nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, a menudo nos consulta el público sobre diferentes asuntos. 
Pero dado que nosotros nos dedicamos sobre todo a la legislación, mi propio trabajo se ha visto indudablemente simplificado por el hecho de que en muchos casos puedo remitir a la gente que pregunta a los servicios de los Puntos de Información. 
La participación ha sido escasa en anteriores elecciones al Parlamento Europeo. 
La última vez en Finlandia fue ligeramente superior al 31%. 
Es más, muchos ciudadanos de la Unión Europea piensan que la nueva Constitución es una fuerza motriz de una Unión de corte federalista y que la administración de la Unión se va alejando progresivamente del estamento popular. 
Tenemos que ser capaces de acallar esos temores, aumentando el volumen de información significativa que suministramos. 
En consecuencia, no considero acertado reducir o anunciar la intención de reducir la comunicación directa con los ciudadanos de Europa. 
Es absolutamente vital que las elecciones europeas lleguen hasta los ciudadanos a través de la implicación en la votación por parte de los medios de comunicación públicos, así como de los propios órganos de comunicación de la Unión. 
El efecto combinado de todo esto será conseguir apoyo para la idea de que los ciudadanos experimenten su propia elección y su propia Unión, y lanzar la idea de una Unión Europea humana que está sujeta al influjo de sus ciudadanos. 
. Señor Presidente, responderé brevemente y, espero, con agudeza a las cuestiones planteadas por algunas de sus Señorías. 
Durante este debate se ha dicho que la Comisión es descortés, que nuestras acciones son improvisadas, poco prácticas y se adoptan con retraso. 
Me parece que la Comisión ofrece un blanco fácil para las quejas de la gente, sobre todo cuando haya motivos para creer que algunos problemas han surgido debido a omisiones accidentales, no malintencionadas. 
Me gustaría simplemente subrayar que hay personas que critican a la Comisión cada vez que asoma una duda sobre nuestro cumplimiento de la legislación de la Unión. 
Esa es una crítica política que debemos afrontar. 
Sin embargo, resulta difícil de encajar cuando intentamos hacer que se respete la ley y, por ello, somos castigados por nuestra inflexibilidad y mal funcionamiento. 
Sé que esta Cámara –y sin duda las personas que asisten a este debate– comprenden estos problemas. 
En aras de la plena claridad sobre este tema, cosa que no se ha llegado a ver en todas las intervenciones, repito: si tomamos, por ejemplo, la propuesta del Sr. Bayona de Perogordo, consistente en adoptar un enfoque transitorio, simplemente diría que hemos hecho algo mucho mejor que adoptar un enfoque transitorio. 
No proponemos la publicación de convocatorias de propuestas. 
Tenemos una solución provisional que consiste, como ya he dicho, en una excepción para 2004, aunque, por supuesto, necesitaremos la comprensión y el consentimiento del Consejo. 
La supervivencia de los Puntos de Información no depende de nosotros. 
En la mayoría de los casos e incluso con la propuesta original de poner fin a las ayudas, la Comisión se ofreció a seguir prestando asistencia técnica en 2005 a aquellos puntos de contacto que la deseen. 
Espero que nadie salga de este debate pensando que abandonamos a su suerte de forma desconsiderada y descortés a estas fuentes de información o a las personas que prestan este servicio. 
Seguro que no lo haremos. 
Por último, permítanme volver a los comentarios del Sr. Perry, expresados con su habitual delicadeza y encanto, y con más solidez aún porque están envueltos en seda y untados de jabón perfumado. 
Podría haber citado algunos otros tópicos, pero solo son tópicos porque dicen la verdad. 
Se ha dejado en el tintero las expresiones «keep off the grass» (prohibido pisar el césped) y «a miss is as good as a mile» (por un clavo se pierde una herradura). 
Sin embargo, en el presente caso habría sido totalmente legítimo y lo entiendo perfectamente. 
Todo este asunto ha sido una auténtica lección sobre la gestión de las necesidades transitorias que se plantean automáticamente cuando introducimos cambios muy necesarios pero repentinos en nuestras relaciones de gestión y financiación. 
Espero que las lecciones que hemos aprendido sirvan de algo. 
Igualmente espero que los mecanismos provisionales que ha propuesto la Comisión merezcan la aprobación de esta Cámara. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. 
- (B5-0490/2003) de los diputados John Walls Cushnahan, Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Philip Charles Bradbourn y Bernd Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Sri Lanka 
- (B5-0492/2003) de los diputados Margrietus J. van den Berg y Maria Carrilho, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Sri Lanka; 
- (B5-0495/2003) del Sr. Gerard Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre la amenaza al proceso de paz en Sri Lanka; 
- (B5-0498/2003) del Sr. Ole Andreasen, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación política en Sri Lanka; 
- (B5-0505/2003) de los diputados Reinhold Messner y Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el proceso de paz en Sri Lanka; 
- (B5-0510/2003) del Sr. Luigi Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Sri Lanka. 
– Señor Presidente, cualquier persona que haya tenido el privilegio de visitar Sri Lanka se habrá visto profundamente conmovido por la calidez y generosidad de sus habitantes. 
Esto explica por qué hubo tanta buena fe y apoyo para las audaces medidas adoptadas por el actual Primer Ministro, Ranil Wickremesinghe y los LTTE al poner en marcha un proceso de paz para poner fin al terrible conflicto en el que han perdido la vida 65 000 personas, muchos miles han quedado lisiados y se han inflingido daños indecibles a la economía y, de hecho, a la calidad de vida del pueblo de Sri Lanka. 
En el mes de junio de 2003, la comunidad internacional prometió en Tokio una ayuda de 4 500 millones de USD para apoyar el proceso de paz. 
Por ello resulta trágico que se haya producido una crisis institucional entre la Presidenta y el Primer Ministro, que amenaza con hacer descarrilar el proceso de paz. 
Lamento profundamente las medidas adoptadas por la Presidenta Chandrika Kumaratunga. 
Me gustaría pedirle que hiciese una pausa para reflexionar sobre sus consecuencias. 
Y lo hago porque soy consciente de que, a pesar de las tragedias personales que ha sufrido a manos de los LTTE, puso en marcha acciones valientes que allanaron el camino para la actual iniciativa de paz. 
Ya en 1997 invitó al Gobierno noruego a que se implicara. 
En 2000 presentó un proyecto de constitución que recogía propuestas para establecer una autonomía. 
Creo que la historia reconocerá su contribución si las negociaciones actuales conducen a una paz duradera. 
La colaboración entre Gobierno y oposición en los Parlamentos británico e irlandés ha sido una pieza fundamental para la prosecución del proceso de paz irlandés, sobre todo cuando han surgido problemas. 
Por ello es igualmente importante una colaboración similar en su homólogo de Sri Lanka. 
Con sus actos de este día, el Parlamento Europeo envía una vez más un mensaje de buena fe a Sri Lanka y expresa su deseo de que el Presidente y el Primer Ministro trabajen juntos por el interés nacional. 
Seguimos estando dispuestos a ayudarles a buscar una paz permanente para su hermoso país. 
– Señor Presidente, la crisis política actual que afecta a Sri Lanka tiene enormes repercusiones sobre el proceso de paz y sobre el futuro económico del país. 
Las divergencias políticas y la rivalidad que enfrentan a la Presidenta de Sri Lanka y su Primer Ministro amenazan la estabilidad y la prosperidad de la isla. 
En efecto, la semana pasada, tres Ministros dimitieron de sus funciones, el Parlamento fue suspendido y se declaró el estado de emergencia. 
Este conflicto personal tiene su origen en la actitud ante los separatistas tamiles. 
La Sra. Chandrika Kumaratunga quiere suspender las negociaciones de paz con los separatistas, mientas que el Primer Ministro desea, por el contrario, mantenerlas. 
Es imperativo llegar a un entendimiento para mitigar la crisis de confianza que cunde en la población, muy cansada ya del conflicto con los separatistas tamiles desde hace más de 20 años. 
El pueblo de Sri Lanka sufre y ha sufrido enormemente por los actos de terrorismo perpetrados en su territorio y por el clima de inseguridad resultante. 
Por ello, aspira a la paz en su isla y a un futuro estable. 
Estos son hechos que deben tener en cuenta las autoridades de Sri Lanka. 
Cuando los habitantes se alegraban por los avances en el proceso de paz con los separatistas tamiles, la inestabilidad provocada por la Presidenta hunde al país en una profunda crisis de confianza, tanto desde el punto de vista político como desde el económico. 
En el ámbito político, la marcha de los negociadores noruegos, que desempeñaban un papel clave en las negociaciones de paz entre los separatistas tamiles y el Gobierno de Sri Lanka, es totalmente lamentable. 
Desde el punto de vista económico, en el sector textil, por ejemplo, muchos comerciantes se quejan de muchas anulaciones de pedidos. 
Tampoco otro sector que es asimismo un motor económico para el país, el turismo, se libra por desgracia de esta tormenta. 
En efecto, las agencias de viajes informan de una serie de cancelaciones. 
Muchos habitantes de Sri Lanka piensan que esta grave situación está directamente relacionada con la actitud de la Presidenta, que se niega a proseguir las negociaciones de paz. 
Ante este clima de hostilidad, pedimos a las autoridades de Sri Lanka que resuelvan lo antes posible los litigios que las enfrentan para ofrecer al fin a su pueblo la estabilidad y la seguridad que merece. 
– Señor Presidente, el conflicto que enfrenta al Gobierno de Sri Lanka y los Tigres tamiles dura ya 30 años y ha causado decenas de miles de muertos. 
Tras la suspensión de las negociaciones en abril, la reanudación del diálogo a finales del mes de octubre con el Primer Ministro Ranil Wickremesinghe representaba un gran paso adelante hacia la paz. 
Se habían realizado avances significativos en términos institucionales para la resolución del conflicto. 
Pero el golpe de Estado legal perpetrado por la Presidenta Chandrika Kumaratunga ha provocado un inmenso salto atrás, al interrumpir las negociaciones. 
La proclamación del estado de excepción, la concentración de los puestos más importantes del Estado –Ministerios de Interior, Defensa e Información– en manos de la Presidenta, la intervención del Ejército, la suspensión de las actividades parlamentarias: todos estos hechos testimonian que la situación se ha agravado. 
Y puede empeorar rápidamente, llegando incluso a la reanudación de la guerra y una nueva convocatoria de elecciones de resultados inciertos. 
Las acusaciones de la Presidencia contra el Gobierno y la puesta en peligro del alto el fuego son muy preocupantes. 
Apoyamos los esfuerzos del Primer Ministro en su voluntad de diálogo. 
La Presidenta debe reanudar el contacto con este último lo antes posible, a fin de encontrar una solución constitucional. 
Paralelamente, es necesario ampliar la cooperación a todos los líderes políticos y a todos los grupos de intereses. 
Sea como fuere, el cese inmediato del estado de emergencia es una condición necesaria para la reanudación del proceso de paz. 
En esta perspectiva, apoyamos plenamente al Gobierno noruego en su misión mediadora y deseamos que reanude sus esfuerzos lo antes posible. 
La situación es especialmente preocupante por lo que se refiere a la salvaguardia de los derechos humanos. 
El régimen de excepción no debe provocar un aumento de los atentados a las libertades fundamentales. 
Estamos especialmente preocupados por el riesgo de recrudecimiento de las intervenciones policiales y militares, y sobre todo por el riesgo de torturas o tratos inhumanos. 
Pedimos, para terminar, que el estado de excepción no frene la distribución de la ayuda concedida por la Conferencia de donantes en el mes de mayo. 
Porque somos conscientes de que el proceso de paz no puede progresar mientras no se apacigüen las relaciones internas, llamamos al levantamiento, lo antes posible, del estado de excepción. 
Señor Presidente, Sri Lanka tiene tres grupos de población de orígenes diferentes. 
Además de la mayoría cingalesa, los tamiles –que están relacionados con los habitantes del sur de la India– predominan en el noreste, mientras que los descendientes de los europeos de los tiempos coloniales viven en la capital, Colombo, y sus alrededores. 
A raíz de la independencia, la izquierda y la derecha dentro de la mayoría étnica han estado enfrentados ferozmente entre sí. 
Los dos partidos se han alternado en el Gobierno y entretanto han perdido gran parte de su prestigio político. 
Se han ido superando mutuamente en su aversión a las minorías. 
Los votos cingaleses se pueden conquistar proclamando que los tamiles se tienen que ir a la India y que hay que erradicar las influencias culturales europeas. 
Solo tras una guerra de secesión larga y desesperada ha surgido un Gobierno dispuesto a hablar seriamente con el movimiento de resistencia tamil, que quiere un Estado propio. 
La ayuda noruega ha desempañado un papel imprescindible en este proceso. 
Es el ansia de gloria de la Presidenta, que pertenece a un partido cuyos orígenes encuentro en sí mismos más gratos que los del partido gobernante, lo que ahora amenaza con echar todo por tierra otra vez. 
Europa tiene que enviar una señal clara de que es ineludible un acuerdo de paz duradero y que la reanudación de la guerra devastadora es inaceptable. 
Sin una solución duradera para el noreste, el país sufrirá una fractura y los ciudadanos quedarán desarraigados. 
Cualquier pretensión que pueda tener la mayoría étnica, o la Presidenta, acerca de que las cosas pueden continuar sin una solución a este problema, solo conducirá a una repetición de los desastres de las últimas décadas. 
Por tal razón, el mundo exterior debería dejar lo más claro posible que se trata de una situación inaceptable y que precisa de verdad una solución pacífica. 
– Señor Presidente, en febrero de 2001, una delegación de la SAARC –la Asociación para la Cooperación Regional del Asia Meridional– viajó a Sri Lanka; yo, en calidad de vicepresidente, formaba parte de ella. 
Nos reunimos con el antiguo jefe de la oposición, que ahora es el Jefe de Gobierno. 
Hablamos con budistas, hindúes y cristianos, incluido el obispo Joseph, que desempeñaba el papel de intermediario. 
Volamos en helicóptero a Jaffna, vimos los pueblos que habían sido destruidos y las manifestaciones de personas que deseaban volver a casa. 
La guerra civil había durado veinte años, se había cobrado más de 60 000 muertos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos nos dijeron que «la guerra es una institución». 
Un año después, sin embargo, se produjo un cese de las hostilidades, un triunfo para la misión de paz noruega, cuya labor siempre ha contado con nuestro apoyo. 
Está perfectamente justificado que pongan fin a sus trabajos en respuesta a la crisis de fabricación casera, de la que es responsable la Presidenta Chandrika Kumaratunga. 
Fue ella quien se hizo cargo de tres ministerios gubernamentales, ella quien disolvió el Parlamento elegido democráticamente y declaró sin más el estado de emergencia en el país. 
Acusó al Primer Ministro de hacer demasiadas concesiones a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil. 
Aunque ambos rivales, reunidos en Colombo, acordaron hace dos días crear una comisión para fijar las reglas sobre cuya base podrían cooperar en el futuro, no parece que el conflicto haya quedado resuelto. 
Para que eso ocurra es necesario llegar a un acuerdo que permita que el desarrollo inicial favorable tenga continuidad. 
Esto lo sabe muy bien mi grupo de visitantes. 
Ha disminuido notablemente el número de víctimas de la violencia. 
Las condiciones de seguridad han mejorado en muchas partes del país. 
Aumenta el número de personas que se reúnen a ambos lados de la línea de demarcación, que anteriormente se hallaba herméticamente sellada. 
También en términos económicos existen signos alentadores. 
El crecimiento este año ronda el 5%. 
Cabe esperar un incremento de las ayudas por parte de la comunidad internacional por importe de 4,5 millones de USD en ayudas para la reconstrucción, en virtud de la Conferencia de Tokio, a la que acaba de hacer referencia el Sr. Rod. 
De todas formas, esto depende de que se plasme pronto un tratado de paz. 
También supone un progreso que los representantes de los LTTE hayan aceptado, por primera vez, una elecciones libres en el norte. 
Deseamos al pueblo de Sri Lanka que acaben pronto las rencillas privadas en bien de la paz. 
– Señor Presidente, Sri Lanka se encuentra en una situación de cohabitación, con una Presidenta y un Primer Ministro que pertenecen a dos formaciones políticas competidoras. 
Desde hace 20 años, cada formación política en el poder trata de lograr la paz con los Tigres tamiles y, siempre, la oposición hace fracasar el proceso de paz. 
Así, cuando el actual Primer Ministro estaba en la oposición, hizo fracasar el proyecto de la Presidenta de conceder más autonomía a los tamiles en el noreste del país, donde son mayoritarios. 
Desde que es Primer Ministro ha dado grandes pasos en la negociación con el LTTE, con la ayuda de la mediación noruega, consiguiendo finalmente un alto el fuego que dura ya varios meses y que ha cambiado la vida de la población al mismo tiempo que permite sin duda un despegue económico limitado. 
Por primera vez desde la existencia del movimiento, los independentistas tamiles acababan de publicar propuestas concretas de reparto del poder en una región que, si bien sería autogestionada por los tamiles, seguiría formando parte de Sri Lanka. 
Estas propuestas eran negociables, pero la Presidenta asumió la grave responsabilidad de cortar este proceso de paz aprovechando el viaje a los Estados Unidos del Primer Ministro y utilizando sus prerrogativas constitucionales. 
Así, disolvió el Parlamento y convocó a los Ministros de Defensa, Interior e Información para destituirlos. 
Esta era la situación hasta hace unos días. 
Hoy, el Parlamento reanuda sus actividades y la Presidenta vuelve a negociar con el Primer Ministro, por ello creo que hay que aprovechar esta oportunidad. 
Incluso se ha creado una comisión de conciliación entre las dos ramas del poder ejecutivo. 
En nuestro Grupo creemos de veras que el Parlamento Europeo debe alentar claramente a los responsables políticos de Sri Lanka a encontrar una solución a la crisis política, pero también y sobre todo una solución constitucional que permita un acuerdo duradero con los tamiles, y expresamos todo nuestro apoyo a la mediación noruega en sus esfuerzos por encarrilar de nuevo el proceso de paz. 
,. – Quiero dar las gracias al Sr. Cushnahan por plantear esta cuestión, junto con otros miembros de esta Cámara, los cuales se interesan muy de cerca por los asuntos de Sri Lanka. 
La Comisión ha seguido muy de cerca los acontecimientos de Sri Lanka y siente una profunda preocupación por el grave revés que ha sufrido el proceso de paz debido a los hechos recientes, entre ellos el despliegue de tropas en la capital y la decisión de poner las carteras de Defensa, Interior y Comunicaciones bajo la autoridad de la Presidenta. 
La Presidencia del Consejo y la Comisión han emitido una declaración conjunta con Noruega, Estados Unidos y Japón, en la que expresan su preocupación de que los recientes acontecimientos ocurridos en Sri Lanka pueden poner en peligro el espíritu de cohabitación entre la Presidenta y el Gobierno, que ha sido fundamental para mantener el impulso del proceso de paz. 
La Presidencia y la Comisión instaron a los dos principales partidos a que sigan colaborando para apoyar una solución política negociada a este largo conflicto. 
El Comisario Patten ha llamado por teléfono en repetidas ocasiones al Primer Ministro de Sri Lanka, el Sr. Wickremesinghe, para alentarle a que encuentre una manera de regresar a una cohabitación constructiva y funcional con la Presidenta Kumaratunga. 
La Comisión continuará sus esfuerzos con la esperanza de poder reducir las tensiones. 
La Comisión está coordinando todas sus acciones con Noruega, país que actúa de facilitador del proceso de paz, así como con los demás países de la copresidencia. 
Lógicamente, la Comisión está diariamente en contacto con su Delegación en Colombo a fin de mantenerse al día de la evolución de los acontecimientos. 
El Comisario Patten visitará Sri Lanka los días 25 y 26 de noviembre de 2003, como estaba previsto. 
Esta visita le permitirá hacerse una idea de primera mano de la situación y deliberar sobre todas las cuestiones de importancia con todas las partes implicadas, y volverá a recalcar y reforzar los puntos de vista de la Comisión –y sin duda de esta Cámara–, que ya han sido trasladados a todas las partes del conflicto. 
La Comisión colabora de forma coordinada con el Consejo. 
Acogemos con agrado la resolución de este Parlamento que insta a la Presidenta y al Gobierno de Sri Lanka a retornar a la cohabitación que imperaba desde las últimas elecciones generales celebradas en ese país. 
La Sra. De Keyser hablaba de la esperanza de una incipiente restauración de relaciones normales. 
Esta es una esperanza que compartimos y deseamos reforzar. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates. 
- (B5-0491/2003) de los diputados Margrietus J. van den Berg y Linda McAvan, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh; 
- (B5-0496/2003) de la Sra. Ulla Margrethe Sandbæk, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Aceh; 
- (B5-0497/2003) del Sr. Ole Andreasen, en nombre del Grupo ELDR, sobre Indonesia/Aceh; 
- (B5-0501/2003) de los diputados John Bowis, Charles Tannock y Bernd Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh; 
- (B5-0507/2003) de los diputados Matti Wuori, Nelly Maes y Patricia McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en la provincia indonesia de Aceh; 
- (B5-0508/2003) del Sr. Giuseppe Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Indonesia/Aceh. 
– Señor Presidente, este debate se celebra en un momento muy oportuno de la historia de Indonesia en vista de la grave situación reinante en la provincia de Aceh. 
La decisión adoptada por las autoridades indonesias de prorrogar la ley marcial y de llevar a cabo una ofensiva militar resulta profundamente lamentable y se han producido duras acciones militares. 
Unos 45 000 soldados han sido enviados a esta provincia para luchar contra 5 000 rebeldes. 
Como sucede siempre en estas situaciones, es la población civil la que paga un alto precio, pues se sabe que se han producido trastornos en el suministro de alimentos y se han destruido infraestructuras y escuelas. 
Estas cifras son, por supuesto, tan solo estimaciones, ya que las autoridades indonesias no permiten que los observadores sigan la situación. 
Es necesario poner fin a este estado de cosas. 
No tiene sentido alguno que el Gobierno indonesio se queje de que la comunidad internacional, los Estados Unidos, la UE y Japón, presenten una resolución en la que expresan su preocupación, si a su vez no están dispuestos a dejar entrar observadores internacionales y a dejar que las organizaciones de ayuda humanitaria presten asistencia a la población civil. 
Nuestra resolución conjunta avanza una serie de exigencias al Gobierno indonesio y espero realmente que este escuche y tenga en cuenta dichas preocupaciones. 
Es de vital importancia que las dos partes regresen a la mesa de negociaciones lo antes posible. 
Una y otra vez escuchamos que la acción militar es la respuesta, que será una acción militar breve y, una vez terminada, todo se arreglará. 
Hemos oído ese argumento muy menudo, pero también muy a menudo hemos quedado defraudados. 
Muy a menudo hemos visto el alto precio pagado en vidas humanas. 
Así pues, ambas partes, el GAM y el Gobierno indonesio, deben volver a la mesa de negociaciones, dejar de combatir y reanudar las conversaciones. 
Agradezco a la Comisión lo que ya está haciendo en relación con Indonesia, sobre todo al Comisario Patten, quien siempre ha abordado las cuestiones relacionadas con Aceh cuando se lo hemos pedido. 
Espero que el Consejo y la Comisión harán todo lo que esté a su alcance para ayudar a que Indonesia regrese a la mesa de negociaciones con el GAM y para que dichas conversaciones comiencen lo antes posible. 
Esta es una cuestión urgente y agradezco a mis homólogos de este Parlamento que hayan aceptado que celebráramos hoy este debate y que hayan apoyado esta resolución. 
Señor Presidente, cuando la Presidenta Megawati todavía era candidata a la Presidencia, manifestó que la opresión económica, social y política de la población de Aceh era el origen de su descontento y el motivo de los desórdenes. Además les imploró que no tiñera la tierra ni una sola gota de sangre de sus gentes. 
Actualmente, Aceh se halla en estado de emergencia. 
Se están produciendo violentas operaciones militares y la gente está siendo desterrada, asesinada o violada. 
No existe ningún acceso a la provincia y la ayuda de emergencia está siendo proporcionada, en contra de todas las normas internacionales, por los militares. 
La preocupación por la población de Aceh no hace sino aumentar por varias razones. En mayo, el mensaje era que los insurgentes serían derrotados en plazo breve. 
Tras una ofensiva de seis meses, el 40% de la gente está viviendo por debajo de la línea de pobreza. 
Ahora se ha ampliado el estado de emergencia y el Gobierno ha comenzado a hablar de una guerra duradera, quizás de otros diez años. 
La situación en Aceh es complicada por naturaleza, al abarcar visiones políticas diametralmente opuestas, una competencia por los recursos de gas y de petróleo y una población a la que, durante mucho tiempo, se le ha negado la autonomía prometida durante la guerra de independencia. 
El apoyo a los separatistas no puede ser aplastado, ni ahora ni en el futuro, por las operaciones militares. 
Al contrario, las violentas infracciones de los derechos humanos por parte de los militares se traducirán en un apoyo aún mayor para los insurgentes. 
Me temo que las fuerzas armadas de ambos bandos piensan que pueden escapar impunes de sus fechorías en el caso de que los observadores independientes no dispongan de acceso a Aceh. 
Especialmente preocupantes resultan los últimos rumores de que también está actuando ahora en Aceh un grupo militar sospechoso de haber cometido abusos sistemáticos contra los derechos humanos en Timor Oriental en 1999, junto con un grupo de soldados del ejército indonesio acusados, convictos o sospechosos de graves delitos contra los derechos humanos. 
Ese es uno de los signos de mayor preocupación para el Gobierno indonesio. 
Por consiguiente, es sumamente importante que se dé, tanto a escala internacional como durante las conversaciones de la UE con la Sra. Megawati, la máxima prioridad al acceso a Aceh. 
– Señor Presidente, en Aceh, en el extremo norte de la isla de Sumatra, desde la instauración de la ley marcial el pasado 19 de mayo tras la ruptura del alto el fuego firmado algunos meses antes, no han dejado de aumentar las detenciones arbitrarias de civiles por parte de militares y policías. 
La situación es muy preocupante y el clima de violencia que arrasa en la provincia puede poner en marcha de nuevo una espiral diabólica. 
Desde finales del mes de mayo, los militares indonesios han detenido o matado a cerca de dos mil personas sospechosas de pertenecer al grupo rebelde GAM, un movimiento que reivindica la autonomía de Aceh. 
Ante esta espiral de violencia, pedimos al Gobierno indonesio y al movimiento independentista que reanuden las negociaciones para la aplicación de un acuerdo de cese de las hostilidades. 
Hay que proteger a las poblaciones amenazadas, e Indonesia debe reanudar rápidamente un auténtico diálogo a fin de poner fin a estos combates inútiles, que provocan grandes injusticias y son una puerta abierta a la muerte de inocentes y a la pobreza. 
En Aceh, donde las fuerzas de seguridad están muy presentes y asesinan con total impunidad desde hace muchos años, el clima se deteriora de un día para otro y debilita la confianza de los habitantes de la provincia. 
La pasividad del Gobierno indonesio ante los miles de casos de violación registrados en Aceh, la mayoría de los cuales han sido cometidos por sus propias fuerzas de seguridad en el marco de las operaciones de represión de la insurrección en los últimos años, ha alimentado el resentimiento de la población y creado unas condiciones favorables para el fortalecimiento de una oposición violenta. 
La esperanza de una paz duradera en Aceh solo se hará realidad si se toman medidas para proteger a la población civil contra las violaciones de los derechos humanos. 
Por ello, llamamos hoy a las autoridades indonesias, pero también a los países de la ASEAN, al Consejo y a la Comisión a asegurar que Yakarta haga todo lo posible por apaciguar la situación en la región y condene firmemente los flagrantes atentados cometidos contra los derechos humanos. 
Para terminar, consideramos que el GAM también deberá prestar su cooperación a las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos imputadas a sus miembros. 
– Señor Presidente, en mi opinión este no es debate sobre los derechos y agravios del pueblo de Aceh que lucha por su independencia, ni una crítica del derecho de Indonesia a intervenir para mantener la ley y el orden, siempre que, lógicamente, ese país no permita que sus fuerzas cometan violaciones de los derechos humanos. 
Es un debate sobre una creciente crisis humanitaria. 
Como sabemos, la mayoría de los 4,2 millones de habitantes de Aceh viven fuera de las dos ciudades principales. 
Se ha interrumpido el suministro de alimentos, agua, electricidad y comunicaciones a esta población. 
La atención sanitaria y la educación se han vuelto imposibles. 
Quinientas escuelas han sido quemadas, miles de personas han huido de sus hogares y el gobernador Puteh ha afirmado que el desempleo y la pobreza han alcanzado niveles alarmantes. 
Estamos preocupados por los derechos humanos, y me gustaría plantear dos cuestiones. 
La primera es el hecho de que 77 jefes de comunidad han sido sustituidos por militares, y la segunda es que en Aceh actúan personas como el mayor general Damiri, el general de brigada Suratman y otros militares que han sido condenados por cometer delitos contra la humanidad en Timor Oriental. 
Estas personas están de servicio en Aceh. 
Kofi Annan ha hecho un llamamiento a Indonesia para que permita el acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos. 
Y tiene razón. 
A este acceso se opone el Decreto Presidencial 43/2003, en el que se dispone que las organizaciones internacionales y no gubernamentales no podrán realizar actividades contrarias a los objetivos del estado de emergencia militar. 
Se trata de una disposición comodín que agrava la crisis humanitaria. 
No podemos aceptar que toda la ayuda se canalice a través de las autoridades indonesias ni que la actividad de las ONG se limite a Banda Aceh. 
Por último, pedimos a Indonesia que investigue urgentemente la desaparición del Sr. Abdussalam Deli, defensor de los derechos humanos, y el asesinato de su compañero, el Sr. Raja Ismail. 
Espero que la Comisión y el Consejo nos presten ayuda en este sentido. 
– Señor Presidente, en la provincia de Atjeh (Aceh) el conflicto dura ya 27 años y ha causado miles de muertos. 
La situación se ha deteriorado desde la ruptura el pasado mes de mayo del frágil acuerdo alcanzado para el cese de hostilidades, con la instauración por el Gobierno indonesio del estado de emergencia y el cierre de la provincia. 
La aplicación de la ley marcial mereció una primera Resolución de este Parlamento en junio. 
En ella denunciábamos la falta de libertad de la población y de libertad de prensa, y expresábamos nuestra preocupación por el recrudecimiento de la violencia, los asesinatos diarios y la multiplicación de las detenciones y desapariciones. 
Esta condena no fue suficiente, porque la ley marcial acaba de ser prorrogada por seis meses. Consideramos esta decisión inaceptable. 
Pero nuestra preocupación principal es el cierre de la región y la imposibilidad de acceder a la población, en particular a las víctimas del conflicto, porque, cuando hay un estado de emergencia, los militares son los que gestionan la región y canalizan la ayuda humanitaria. 
Pedimos al Gobierno indonesio que respete el Derecho de guerra internacional y permita el acceso a las organizaciones humanitarias, para que puedan socorrer a los refugiados, a las personas desplazadas y a los prisioneros. 
Estamos preocupados también por la radicalización del conflicto y la marginación de militantes de la sociedad civil, cuando se necesitan voces críticas moderadas para avanzar hacia la paz y la reconstrucción. 
Con la esperanza de restaurar este diálogo, organicé a principios de octubre, en nombre del grupo de derechos humanos de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, un intercambio de puntos de vista sobre la crítica situación que se vive en Atjeh y en Papuasia. 
Por desgracia, la negativa del Gobierno indonesio a sentarse frente a los movimientos separatistas y a los representantes de la sociedad civil nos impidió avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto. 
Tenemos que constatar lamentablemente que la caída de la dictadura de Suharto y el retorno de la democracia a Indonesia no han venido acompañados de una mejora significativa de los derechos humanos. 
En realidad, el Ejército sigue en el poder. 
Las libertades civiles, sindicales y de expresión siguen siendo pisoteadas. 
Al parecer, el drama de Timor Oriental no ha servido de ejemplo al Gobierno frente a las reivindicaciones autonomistas que surgen en Borneo, las Molucas, Atjeh o Papuasia. 
Sin duda, el ascenso de los fundamentalismos y la multiplicación de los atentados terroristas que ocupan las primeras páginas de la prensa internacional son extremadamente preocupantes. Pero, en nombre del mantenimiento de la unidad nacional y de la lucha contra el terrorismo, lejos de los medios de comunicación, las libertades siguen siendo pisoteadas a diario y una represión feroz asola Atjeh, pero también Papuasia. 
Aunque no apoyamos las rebeliones armadas, llamamos al Gobierno indonesio a que entable un diálogo con los combatientes a fin de construir la paz, y llamamos a la Unión Europea a que promueva el proceso de reconciliación. 
Señor Presidente, en el transcurso de un debate anterior, el 5 de junio, manifesté que las fronteras en el mundo en vías de desarrollo son en gran medida producto de la administración colonial europea. 
En este caso, ahora estamos presenciando el resultado de la conquista de Aceh por parte de los Países Bajos hace un siglo o más. 
Los pueblos que han quedado asimilados a vecinos grandes y poderosos corren el riesgo de convertirse definitivamente en ciudadanos de segunda o tercera categoría, sin acceso a las posiciones directivas, sin la posibilidad de una participación política activa y sin poder disponer de sus recursos naturales. 
Estos pueblos solo se pueden proteger mediante un alto grado de autogobierno o la secesión. 
Cuantos más ejércitos se desplieguen para prevenir tal secesión por medio del terror, más odiosos se hacen y más difícil resulta la reconciliación entre los pueblos gobernantes y los demás. 
Así es como se forma el caldo de cultivo para estos movimientos secesionistas. 
En Indonesia, el Gobierno decadente está buscando popularidad entre los habitantes de Java haciendo gala de que está tratando con mano dura a otros grupos de la población y concediendo rienda suelta al ejército. 
Es una situación comparable a la de Sri Lanka que hemos debatido en un punto anterior del orden del día. 
La Presidenta necesita esta guerra para mantenerse en el poder. 
Las negociaciones se alternan con enérgicas intervenciones militares. 
Algunos refugiados de Aceh me han relatado lo desesperada que se ha hecho la situación. 
Cualquiera que haya estado presente en las conversaciones de paz en Japón ya no puede entrar sin contratiempos en Indonesia. 
En Timor Oriental fuimos testigos de las consecuencias devastadoras de este tipo de política por parte de un Presidente anterior. 
Europa no se debe conformar con la desesperada situación actual y no debe anteponer las relaciones comerciales con Indonesia, en concreto los suministros de armas que se reanudaron en 2001, a los derechos humanos. 
Se trata de una situación alarmante y tiene que conducir a que garanticemos un sitio para la autonomía y la emancipación de los pueblos de Indonesia y que no se produzca ninguna victoria militar, opresión o desarraigo de estos pueblos. 
. Señor Presidente, quisiera expresar la gratitud de la Comisión a la Sra. McAvan por abordar esta cuestión y también a los demás miembros de esta Cámara que se interesan constantemente y conocen de cerca la situación de Aceh. 
La situación en esta provincia es, claro está, motivo de preocupación para la Comisión, y en una declaración conjunta, la Presidencia de la Unión y la Comisión, en su calidad de copresidentes de la Conferencia de Tokio sobre paz y reconstrucción en Aceh, manifestaron su inquietud por la prórroga del estado de emergencia militar en dicha provincia. 
Asimismo expresamos la esperanza de que dicho estado finalice lo antes posible. 
La Comisión intenta que el Gobierno de Indonesia suspenda la ley marcial lo antes posible y, entre tanto, le ha recalcado la necesidad de llevar a cabo sus actividades de forma que estas tengan el menor efecto posible sobre el bienestar del pueblo de Aceh. 
En este proceso siempre incluimos referencias a la ayuda humanitaria, al restablecimiento de las instituciones civiles y al respeto del derecho. 
Asimismo, la Comisión exige transparencia en la situación imperante en Aceh y sigue pidiendo, al igual que sus Señorías, que los organismos internacionales y las organizaciones de ayuda humanitaria tengan acceso a Aceh. 
Aunque la Comisión reitera su defensa de la integridad territorial de Indonesia, asimismo está firmemente convencida de que el conflicto de Aceh solo puede ser resuelto por medios políticos. 
A pesar de las dificultades para obtener información fiable y verificable, nuestra Delegación en Yakarta sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en la provincia, en coordinación con las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Indonesia. 
Lamenta que las autoridades indonesias hayan cancelado en el último momento una visita a Aceh, planeada recientemente, de los consejeros políticos de varias embajadas. 
La Comisión seguirá muy de cerca la situación y continuará repitiendo a las autoridades indonesias que deben volver a la mesa de negociaciones lo antes posible y, entretanto, permitir que los organismos dedicados a la ayuda humanitaria actúen en Aceh sin obstáculos. 
El interés demostrado por esta Cámara habla a favor de la causa de la decencia y la humanidad, sobre todo por la manera en que sus Señorías han ilustrado su preocupación y sus argumentos haciendo referencia al sufrimiento real que se ha impuesto al pueblo de Aceh. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates. 
- (B5-0493/2003) del Sr. Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre las libertades religiosas en Viet Nam; 
- (B5-0494/2003) del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la libertad religiosa en Viet Nam; 
- (B5-0499/2003) de la Sra. Anne André-Léonard, en nombre del Grupo ELDR, sobre la ausencia de libertad religiosa en Viet Nam; 
- (B5-0502/2003) de los diputados Hartmut Nassauer, Bernd Posselt y Thomas Mann, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la libertad religiosa en Viet Nam; 
- (B5-0503/2003) de la Sra. Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN, sobre la libertad religiosa en Viet Nam; 
- (B5-0506/2003) de los diputados Patricia McKenna, Marie Anne Isler Béguin y Monica Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la ausencia de libertad religiosa en Viet Nam y la eliminación deliberada de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam; 
- (B5-0509/2003) del Sr. Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Viet Nam. 
Señor Presidente, quiero formular una petición urgente, como hice en mayo, para que se preste atención y se emprenda alguna acción por parte de la Comisión y del Consejo en relación con la ausencia de derechos de la población protestante indígena de los altiplanos centrales de Viet Nam. 
La reunión de mañana de la comisión mixta UE-Viet Nam en Bruselas constituye la gran oportunidad para ello. 
Ayer mismo por la tarde tuve un contacto telefónico directo con Hanoi, del que se desprendía una información de fondo tremendamente sombría. 
El Gobierno vietnamita está llevando una enérgica campaña por televisión contra los montagnard protestantes. 
Se les tilda de «separatistas» y de constituir un «perjuicio social» : al menos, así es como las autoridades de Hanoi interpretan las continuas protestas de estas minorías étnicas contra la abolición irremisible de sus derechos sociales y económicos –simplemente, expolio– y la discriminación y persecución religiosa por parte de la etnia vietnamita, los kinh, que se consideran a si mismos superiores. 
Dicho sea de paso, este mismo Gobierno está impidiendo el paso de los extranjeros a los altiplanos centrales. 
Incluso las ONG locales, respaldadas por organizaciones extranjeras que contribuyen a su financiación, denuncian que pronto se verán obligadas a interrumpir su ayuda a los pueblos indígenas. 
Ante este cuadro tan deprimente, pido que tanto la Comisión como el Consejo demuestren su capacidad de actuación. 
Al fin y al cabo, invierten grandes cantidades de dinero en proyectos del sector público vietnamita, así que no estaría de más que garantizaran que esa ayuda también beneficia a las minorías étnicas oprimidas en los altiplanos centrales. 
Hagan un llamamiento a las organizaciones de cofinanciación extranjeras para este fin. 
Aboguen firmemente en favor de la apertura de los altiplanos centrales a los observadores extranjeros. 
Exijan el cumplimiento del principio constitucional de la libertad religiosa sobre la base de los compromisos internacionales que Hanoi ha suscrito. 
Entretanto, a pesar de toda la opresión, el número de protestantes en los altiplanos centrales crece incuestionablemente. 
Ese es un aspecto interesante de reflexión por parte de la Unión Europea y Viet Nam en la reunión de mañana. 
– Señor Presidente, los acontecimientos recientes en Viet Nam ilustran, una vez más, la represión de que son víctimas los monjes de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam, la IBUV. 
Las autoridades vietnamitas han impuesto a once bonzos disidentes de la IBUV el régimen de arresto domiciliario durante dos años, entre ellos al Patriarca de la Iglesia Budista, el venerable Thich Huyen Quang, que ha pasado ya 21 años en prisión. 
Esta represión se producía a raíz de la primera asamblea extraordinaria de la IBUV desde su prohibición en 1981 por las autoridades comunistas. 
La IBUV, una religión importante en Viet Nam, fundada hace decenios, todavía no está legalizada. 
El Gobierno de Hanoi ha justificado las detenciones aduciendo violaciones de la legislación en materia de seguridad nacional. 
En efecto, la ley vietnamita permite a las autoridades locales someter a personas a detención administrativa durante 6 a 24 meses, sin juicio, por atentado a la seguridad nacional. 
En realidad, con este comportamiento, las autoridades vietnamitas contradicen sus grandilocuentes declaraciones a favor de las reformas y de la democracia. 
Permítanme recordar que la libertad religiosa es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo de cooperación Unión Europea/Viet Nam se basa precisamente en el respeto fundamental de los derechos humanos. 
Esta política de represión, no solo contra los monjes de la Iglesia Budista Unificada, sino también contra los budistas de la Iglesia Hoa Hao, contra la Iglesia católica, contra los Montagnards cristianos, debe cesar. 
Todas estas religiones están prohibidas y no gozan de estatuto legal. 
Viet Nam es un país multiétnico, multicultural y multirreligioso. 
Esta diversidad es una riqueza que no hay que dilapidar. 
El régimen de Hanoi debe dar muestras de buena voluntad y proceder a una serie de reformas concretas, empezando por las que garantizan plena libertad religiosa, e iniciar así un proceso real de democratización. 
Así, podremos confiar de nuevo en él. 
– Señor Presidente, en Viet Nam existe un claro abismo entre lo que se dice que ocurre y los que realmente sucede en lo referente a la libertad de culto religioso. 
La libertad de creer en una religión, o de no creer en ninguna, está garantizada. 
Eso es lo que proclama la Constitución vietnamita; eso es a lo que el país se ha comprometido en una serie de acuerdos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Sin embargo, la realidad es algo distinta. 
Los feligreses, sacerdotes, monjes y dignatarios religiosos eminentes son objeto de acoso, persecución y encarcelamiento. 
Se deniega el reconocimiento estatal a comunidades religiosas como los cristianos montagnard o los budistas Hoa Hao. 
La Iglesia Budista Unificada de Viet Nam fue prohibida en 1975; su Patriarca estuvo encarcelado durante 21 años y no fue liberado hasta 1998 a consecuencia de la presión internacional. 
Su encuentro con el Primer Ministro en abril de este año despertó grandes esperanzas, pero a raíz de estas conversaciones, las autoridades redoblaron sus actuaciones contra los seguidores de este iglesia y las de otras religiones. 
En octubre, el Patriarca y su asistente quedaron sometidos a arresto domiciliario y muchos de sus seguidores fueron sentenciados a penas de cárcel de dos años. 
La cooperación entre la Unión Europea y Viet Nam se fundamenta en la ausencia de cualquier tipo de restricción al ejercicio de los derechos humanos, tal como se dice en nuestro acuerdo de cooperación de 1985. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos condena firmemente los recientes actos de represión. 
Si el Gobierno de Hanoi no quiere poner en peligro su cooperación con la UE, es necesario que legalice todas las iglesias y que ponga en libertad a todas las personas encarceladas por sus creencias religiosas. 
Instamos al Consejo y a la Comisión a utilizar todos los medios diplomáticos para hacer realidad la libertad religiosa en Viet Nam. 
Le ruego, señor Comisario Kinnock, que use su influencia personal para hacer de este asunto el tema central de la reunión de mañana en Bruselas entre los representantes de Hanoi y los de la Comisión de la UE en la comisión mixta UE-Viet Nam. 
Creemos que el Parlamento tiene que enviar una delegación a Viet Nam para examinar la situación sobre el terreno y mantener conversaciones con los responsables de todas las religiones. 
– Señor Presidente, la libertad religiosa constituye un indicador importante del respeto de los derechos humanos: una especie de prueba de tornasol de los derechos humanos. 
Si la situación de los derechos humanos de un país es deficiente, lo más probable es que se detecte en primer lugar entre los grupos religiosos. 
En este entorno podemos constatar si los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión, y a la libertad de culto de una religión se respetan o no. 
La situación en Viet Nam reclama la atención de la comunidad internacional. 
La UE tiene que enviar un mensaje claro de que la discriminación, por ejemplo contra la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam, las congregaciones protestantes y los grupos disidentes, ha de cesar Los miembros de estas comunidades, que practican una religión pacífica, han sufrido privación de libertad y arrestos domiciliarios. 
Además, la comunidad minoritaria cristiana, que originalmente habitaba en las montañas, ha sido perseguida, arrestada y encarcelada continuamente por parte del Gobierno vietnamita. 
Una condición necesaria para la cooperación económica entre la UE y la República comunista de Viet Nam ha sido el respeto de los derechos fundamentales y los principios de la democracia. 
Al violar estos principios, Viet Nam se viola y se daña a si mismo, y la UE tiene que dejar ahora esto bien claro. 
Es deplorable que cualquier crítica contra el partido comunista vietnamita se considere automáticamente una amenaza al propio Estado. 
La práctica de derechos fundamentales, como expresar la propia opinión, puede incluso interpretarse a voluntad como espionaje sobre la base de cierta legislación de seguridad nacional. 
Desde el punto de vista de los derechos humanos también resulta preocupante que los individuos acusados sean considerados culpables antes de la celebración del juicio, y que los juicios, casi sin excepción, se declaren secretos. 
Un Estado de derecho necesita leyes claras y precisas que garanticen igualdad y seguridad legal para todo el mundo. 
En ningún caso puede construirse un Estado de derecho con leyes que permitan la discriminación racial, religiosa o política. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar por recordar que no hace mucho tiempo, seis meses para ser exactos, nos reunimos aquí, en esta Cámara, para analizar la situación de los derechos humanos en Viet Nam. 
También deseo recordarles que existía una cierta esperanza de que la reunión que se celebró en abril, a la que ya ha hecho alusión el Sr. Mann, entre los dirigentes del Estado vietnamita y el Patriarca de la Iglesia Budista Unificada de Viet Nam pudiera propiciar una mayor comprensión de la libertad religiosa por parte del Estado. 
Hoy tenemos que aceptar abiertamente que, por desgracia, esta esperanza carecía en gran medida de fundamento. 
La situación no solo no ha mejorado, sino que en realidad ha empeorado desde todo punto de vista. 
El Patriarca budista se halla en arresto domiciliario y, lo que es peor, las pagodas pertenecientes a la iglesia budista han sido clausuradas, en una ofensa flagrante contra el principio más importante de la iglesia budista. 
Simultáneamente, el ritmo de sentencias de muerte dictadas y de ejecuciones llevadas a efecto por el régimen ha aumentado y ya duplica con creces el registrado en 2002. 
Dada la situación, quiero reiterar lo que se ha dicho aquí y pedir a la Comisión que haga oír en Viet Nam, clara y fuerte, nuestra voz, la voz de la Unión Europea, a fin de garantizar el respeto de la libertad religiosa y los principios de los derechos humanos universales. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, antes de nada quiero dar la bienvenida al Sr. Vo Van Âi, presidente del comité para la democracia en Viet Nam, que se encuentra en la tribuna oficial con la Sra. Volkner, vicepresidenta de esa misma organización. 
Considero –y el Sr. Casaca lo ha manifestado– que el Parlamento está cansado de tener que volver sobre el asunto de Viet Nam, está harto de mentiras y promesas por parte del Gobierno de Hanoi y no creo que podamos continuar en esta situación. 
El Congreso de los Estados Unidos aprobó ayer una resolución muy parecida a la que vamos a someter a votación dentro de unos instantes y tengo la sensación de que es una demostración más de agotamiento desde el otro lado del Atlántico. 
El asunto está en manos de la Comisión. 
Somos bastante conscientes de que existen problemas en la Comisión, en la que un Estado llamado «la cuna de los derechos humanos» cultiva una especie de nostalgia imperialista, está muy atento a la venta de los Airbus y alimenta opiniones antinorteamericanas bastante excéntricas Se trata de un hecho constatado que conviene clarificar. 
Lamento decir que el Consejo y los Estados miembros se encuentran a menudo ausentes de esta Cámara. 
Queda el asunto de la Comisión: mañana se reúne el Comité mixto –la Comisión y las autoridades de Hanoi– y con ese motivo, la Comisión, que cuenta con un programa que asigna decenas de millones de euros de ayuda a la reforma jurídica en Viet Nam, deberá plantear el asunto de la situación legal de la Iglesia Budista Unificada y de otras iglesias. 
La Comisión debería hacer comprender a las autoridades de Hanoi que en caso de no producirse ningún progreso en este ámbito concreto procederá a suspender de inmediato la ayuda para la cooperación. 
Creo que sin un gesto enérgico por parte de la Comisión durante la reunión de mañana, esta enésima resolución del Parlamento resultará inútil. 
Espero del Comisario Kinnock una respuesta muy concreta sobre el planteamiento que mañana va a adoptar la Comisión en Bruselas. 
– Señor Presidente, hace unos minutos, en el salón Robert Schuman hemos entregado a Otto von Habsburg y a Raymond Barre el premio franco-alemán Paneuropa, y hemos recordado cómo durante diez años, bajo la presidencia de Otto von Habsburg, esta Cámara aprovechó los debates de urgencia como este para luchar por una Europa más grande, por la libertad en Europa Central y Oriental y por los derechos humanos al otro lado del Telón de Acero. 
Ya entonces había muchas personas que nos decían que la labor que estábamos realizando no tenía ningún viso de prosperar, que carecía de sentido y que lo que estábamos haciendo no conduciría a ninguna parte. 
Hoy contamos entre nosotros con observadores de diferentes países –el Sr. Landsbergis también ha estado en la ceremonia de antes– que nos pueden confirmar cómo debates parecidos al que estamos celebrando hoy modificaron las condiciones reales bajo las que se hallaban encarcelados como prisioneros políticos y que, sobre todo, les insuflaron esperanza en términos políticos. 
Hoy, de nuevo, estamos ante las puertas de la ampliación de la Unión Europea. 
Quiera que eso nos proporcione valor a la hora de debatir sobre Viet Nam. 
Es un asunto que hemos discutido con frecuencia y, por desgracia, las personas mencionadas en la resolución –algunas de ellas, importantes dirigentes religiosos– continúan todavía en prisión, los defensores de los derechos humanos siguen siendo reprimidos y se esclaviza a los pueblos. 
No obstante, hemos de admitir que llegará el día en que los aires de libertad barrerán Viet Nam. 
Nosotros en este Parlamento Europeo no debemos dejar de movilizarnos por los derechos humanos y por la libertad religiosa, aun cuando haya gente que nos digan que es poco realista y pretendan que hablemos de negocios. 
Tenemos la enorme responsabilidad de estar a la altura de nuestra tradición y de nuestra reputación como Parlamento Europeo. 
Apelamos a la Comisión y al Consejo para que no fallen en estos momentos. 
Viet Nam es un socio importante, tanto en términos políticos como económicos. 
Como país, ha sufrido tremendamente con las guerras, la intervención de países extranjeros, europeos, norteamericanos y rusos soviéticos. 
Al igual que Alemania, ha sido un país dividido, padeció un régimen comunista y sufre sus efectos hasta la fecha, pero logrará convertirse en un socio para la Unión Europea solo cuando se convierta, no únicamente en un mero factor económico, sino en un Estado de derecho libre, en una democracia en la que reine la libertad de credo y de conciencia, y pedimos que, mañana en Bruselas, se haga uso de toda la energía, sin reserva alguna, para que llegue a convertirse en eso. 
. Agradezco al Sr. Belder y a sus compañeros que hayan planteado el tema de Viet Nam en esta Cámara en un momento tan oportuno. 
Asimismo me hago eco de lo que ha dicho el Sr. Posselt en el sentido de que nadie en esta Cámara ni en ningún otro lugar deja de comprender la gran importancia que tiene que personas libres en instituciones libres manifiesten sus preocupaciones por aquellos que no son libres y sufren por mantener o afirmar sus propias opiniones y convicciones. 
Todos los presentes en esta Cámara, incluido yo mismo, han tenido encuentros con personas que han sufrido profundamente a causa de sus convicciones y por resistir a la opresión. 
Oírles decir que, incluso en los momentos más difíciles, en las prisiones más inexpugnables y en las peores condiciones, los mensajes del exterior siempre les habían levantado el ánimo, constituye una gran inspiración. 
El admirado filósofo socialista Aneurin Bevan dijo que para proteger cada libertad es necesario añadirle otra. 
Así pues, cuando luchamos a favor de la libertad en Viet Nam, también luchamos para garantizar nuestras propias libertades y las de todos los pueblos del mundo. 
Siempre resulta alentador ver el entusiasmo y la energía que los miembros de esta Cámara consagran a esa causa. 
La Comisión cuenta con una política general para con Viet Nam, que esta Cámara ya conoce. 
Consiste en estimular y apoyar los avances en materia de derechos humanos y democratización, y en plantear nuestra inquietud cuando se producen abusos o la situación se deteriora de forma evidente. 
La Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros de la Unión Europea en el seguimiento de la evolución de la situación de los derechos humanos en Viet Nam y participa en todos los planteamientos avanzados por la troika de la UE al Gobierno vietnamita en materia de derechos humanos. 
Puedo asegurar a sus Señorías que la Comisión y los Estados miembros han instando en repetidas ocasiones al Gobierno de Viet Nam a respetar las libertades políticas y religiosas, y a reforzar las libertades económicas y sociales. 
El artículo 1 del Acuerdo de cooperación entre la Comisión Europea y Viet Nam de 1995 establece que el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos constituye el fundamento de nuestra cooperación. 
Como informamos al Parlamento el 15 de mayo, esta disposición permite a la Comisión deliberar con Viet Nam sobre derechos humanos, por ejemplo, en las reuniones de la Comisión Mixta creada por el citado acuerdo. 
Desde la reunión celebrada hace seis meses, la Comisión ha propuesto reforzar aún más el diálogo entre la UE y el Gobierno vietnamita sobre derechos humanos, a la vista de la experiencia del diálogo que la UE mantiene con otros países. 
Dicha propuesta, que ha sido aceptada por la parte vietnamita, pretende estimular y apoyar el compromiso sostenido del Gobierno vietnamita en materia de derechos humanos. 
Hasta ahora se ha llegado un acuerdo sobre el diálogo, que abarcará todas las instancias con competencias en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, entre ellas el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina del Primer Ministro. 
Y si bien la Comisión advierte de que no cabe esperar cambios radicales, esperamos que se produzcan pasos cada vez más firmes para responder a nuestras preocupaciones. 
El diálogo con Viet Nam en materia de derechos humanos tiene lugar a dos niveles distintos pero complementarios: el Diálogo UE-Viet Nam sobre derechos humanos entre las misiones de la troika de la UE en Hanoi y el Gobierno, que se reunirá el 26 de noviembre, y la Comisión Mixta CE-Viet Nam, que se reunirá mañana. 
También queremos señalar que el Parlamento vietnamita, la Asamblea Nacional, ha manifestado su interés por entablar un diálogo constructivo con esta Cámara sobre estos temas y otros. 
No corresponde a la Comisión proponer al Parlamento cuál debe ser su respuesta, pero sé que aprovechará con entusiasmo esta oportunidad. 
En relación con la situación de la libertad religiosa en Viet Nam, la Constitución de ese país –como nos acaba de recordar el Sr. Mann– consagra la libertad de religión como una de las libertades fundamentales de la república. 
Sin embargo, algunas leyes limitan –y algunos dirían que contradicen– esta libertad. 
Esperamos que se relajen estas restricciones y hemos comunicado explicita y repetidamente esta cuestión a las autoridades vietnamitas. 
Como ha señalado el Sr. Belder, se han recibido informaciones que hablan de un creciente acoso contra algunos cristianos –en especial los cristianos montañeses y de etnia hmong– desde las insurrecciones que tuvieron lugar en las tierras altas centrales en 2001. 
Supuestamente, las autoridades locales han intentado obligar a los montañeses a renunciar a sus creencias más arraigadas. 
Si echaran un vistazo a la historia, verían lo inútil que han resultado tales esfuerzos a lo largo de los siglos. 
El Parlamento sabe que algunos dirigentes y miembros de la no reconocida Iglesia Budista Unificada de Viet Nam han vuelto a ser detenidos. 
La Comisión Europea y los Estados miembros han expresado la inquietud que les causan estos acontecimientos, y han pedido al Gobierno vietnamita que reanude el dialogo que inició este año entre la IBUV e importantes miembros de la administración del país, entre ellos el Primer Ministro, para restablecer la esperanza de una solución que puedan aceptar todas las partes. 
Terminaré haciendo hincapié en que la Comisión considera que el interés de Viet Nam reside en seguir haciendo avances constantes y rápidos en el marco del programa de reformas de este país, de forma que la administración aprenda a tratar con un espectro más amplio de opiniones y aprecie el valor de dar acomodo a la disidencia. 
Estos elementos esenciales de la liberación aún deben afianzarse en Viet Nam. 
– Señor Presidente, creo que hay un equívoco. No lo entendemos. 
No hay progreso, sino un claro retroceso en Viet Nam. 
La cuestión es sencilla: ¿está dispuesta la Comisión a introducir mañana, como «condicionante» de las negociaciones con Viet Nam, la cuestión de la concesión de un estatuto legal a las iglesias no reconocidas? 
No hay libertad religiosa en Viet Nam. 
Así que hay que dar un paso. 
Ahora bien, ustedes alientan la ausencia de reformas a golpe de millones de euros procedentes de los contribuyentes europeos. 
No se puede seguir así. 
O bien se da el dinero para las reformas y estas se aplican, o bien no se da. 
Pienso que esta es la cuestión a la que la Comisión debe responder. 
,. Señor Presidente, responderé muy brevemente. 
Sé que al Sr. Dupuis le apasiona, con toda razón, esta cuestión. 
Simplemente le diré, sin suavizar en absoluto la actitud de la Comisión, que al intentar que se protejan los derechos humanos y se avance hacia una mayor democracia no siempre resulta conveniente imponer pruebas de papel tornasol. 
Comprendo sin duda los argumentos directos y francos para establecer dichas pruebas. 
Lo que tenemos que evaluar es si servirán para alcanzar el objetivo principal, a saber, que se produzcan avances en los ámbitos que todos deseamos. 
Entretanto, el dinero de los contribuyentes europeos se dedica al desarrollo y la cooperación en Viet Nam. 
Por ello, si no se prestara esta ayuda, se vería arruinada la vida de muchas personas, e incluso se vería amenazada. 
Por consiguiente, aunque entiendo los argumentos a favor de la imposición de condiciones y en muchos casos los llevaría a su conclusión lógica, la Comisión no puede estar segura de que este planteamiento, en las actuales circunstancias, produciría el resultado deseado por los miembros de este Parlamento y por la Comisión. 
Esta cuestión requiere una evaluación muy cautelosa. 
Debemos seguir ejerciéndola de la forma que ya conoce esta Cámara. 
El debate conjunto queda cerrado. 
A continuación se procede a la votación. (1) 
Con esto se ha agotado el orden del día. (1) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
. Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 20 de noviembre de 2003. 
. Quiero informar a la Cámara de que al inicio de la sesión de mañana, el Presidente del Parlamento desea rendir homenaje a los militares españoles asesinados en el Iraq el pasado fin de semana. (1) 
. Se ha distribuido una corrección del orden de las sesiones de los días 3 y 4 de diciembre, que contiene las propuestas formuladas por los Grupos. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, la prensa europea publicó ayer el informe sobre antisemitismo encargado por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. 
Se trata de un informe cuya existencia negaba hasta ayer el propio Observatorio y la Comisión. 
Hace unas tres semanas, conocimos el estudio del Eurobarómetro y ahora recibimos este informe extremadamente preocupante sobre el antisemitismo, cuya existencia se había ocultado. 
Le pido que haga valer sus derechos y exija un explicación a la Comisión durante el actual período parcial de sesiones, o se asegure de que pueda celebrarse un debate sobre esta cuestión en el próximo período parcial de sesiones en diciembre. 
Se ha propuesto un cambio adicional del orden del día del jueves, 4 de diciembre: la inclusión en la votación del informe del Sr. MacCormick (A5-0421/2003) sobre la petición presentada por Giuseppe Gargani para la defensa de su inmunidad y privilegios parlamentarios, aprobada en virtud del artículo 110 bis. 
– Señor Presidente, el corrigendum del orden del día iba a incluir el informe MacCormick sobre la inmunidad del Sr. Gargani, pero los Secretarios Generales acordaron ayer que primero debíamos tener, por supuesto, la oportunidad de examinar dicho informe. 
No podemos ahora modificar retrospectivamente el orden del día sin dejar a los Grupos también la oportunidad de debatirlo. 
Por tanto, le pido que no se incluya retrospectivamente en el orden del día, y que los Grupos tengan la oportunidad de debatir esta cuestión, y creo que otros diputados de esta Cámara piensan lo mismo que yo. 
. Señor Presidente, me inquieta un poco la propuesta de adelantar mi informe sobre la inmunidad del Sr. Gargani. 
El Secretario General de mi Grupo ha dicho que hubiera preferido tener la oportunidad de discutir este informe, junto con otros informes, en la reunión de nuestro Grupo antes del periodo parcial de sesiones. 
Creíamos que el informe se había aplazado a la segunda sesión de diciembre en Estrasburgo, por lo que no hemos tenido oportunidad de discutirlo. 
Además, me he enterado de que había un error en el apartado 2 del informe, tal como lo había aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, pero no he visto ninguna de las correcciones. 
Puesto que soy el ponente, me hubiera gustado verlas. 
Por estas razones, con todos mis respetos y mi pesar por mi colega, el Sr. Gargani, pido que esta cuestión se aplace hasta la próxima sesión de Estrasburgo. 
. Es una sugerencia muy sensata. 
No hay discusión respecto del principio de este informe, y sería una pena que acabáramos teniendo una discusión de procedimiento. 
Propongo que lo aplacemos hasta la sesión de diciembre en Estrasburgo. 
(1) 
– Señor Presidente, le pido que me aconseje sobre los recursos de que dispongo frente al incendiario comunicado de prensa que ha provocado que lleguen a mi oficina mensajes electrónicos de rechazo. 
El diputado Sr. Howitt ha afirmado en un comunicado de prensa que yo he acusado directamente al Primer Ministro turco de apoyar a los grupos activistas islámicos tras los atroces atentados de bomba ocurridos en Turquía la semana pasada. 
De hecho, me refería a informes de los medios de comunicación sobre un antiguo presunto apoyo secreto del Gobierno turco a grupos islamistas en su lucha contra el PKK kurdo, y no hice ninguna referencia al actual Primer Ministro, Sr. Erdogan. 
Además, el Sr. Howitt ha afirmado que yo he hecho caso omiso de la situación de las víctimas civiles turcas. 
El uso por mi parte de la palabra «atroz» demuestra que esto es totalmente falso. 
Lamento cualquier malentendido y extiendo mis condolencias a los que han sufrido, independientemente de su raza o religión. 
El diputado, en su papel de portavoz de Asuntos Europeos de los laboristas, debería haber entendido las sensibilidades en este caso. 
Agradecería una corrección por parte del Sr. Howitt, porque de lo contrario se sofocaría el debate legítimo sobre la inclusión acelerada de Turquía en la UE. 
– Señor Presidente, me complace que el Sr. Tannock lamente la ofensa causada por sus observaciones de la semana pasada en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Asimismo, lamento que haya recibido cartas de rechazo, como ha declarado. 
El Sr. Tannock fue muy claro en sus observaciones al decir que no consideraba a Turquía víctima de los ataques terroristas, y que las víctimas eran «británicos y judíos» , no turcos. 
El Sr. Tannock no solo criticó directamente al Primer Ministro turco, sino que sus observaciones pueden considerarse ofensivas para los musulmanes y, en general, para las víctimas turcas del ataque, independientemente de su religión. 
Me complace que mi declaración le haya llevado a retractarse de esas observaciones originales. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo (Bruselas, 12-13 de diciembre de 2003) , incluida la Cumbre Social, y sobre el informe de progreso de la Conferencia Intergubernamental. 
. Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quiero empezar expresando mi gratitud al Parlamento Europeo por esta oportunidad que me ha dado de ilustrar los principales temas que se debatirán en el próximo Consejo Europeo de Bruselas los días 12 y 13 de diciembre. 
Dicha Cumbre, que marcará el final del semestre de la Presidencia italiana, es un acontecimiento de extrema importancia para nosotros, no solo por la importancia de los asuntos que se tratarán en ella, sino también porque las decisiones que se adopten determinarán el curso del futuro trabajo de la Unión en algunas de las grandes cuestiones contempladas en la agenda europea. 
La Cumbre europea, como saben ustedes, tendrá que dejar también espacio suficiente para el trabajo de la Conferencia Intergubernamental, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno, acompañados por sus respectivos Ministros de Asuntos Exteriores, se reúnan para concluir la última etapa del proceso. 
Vista la importancia de la cuestión, quiero empezar mi intervención con una revisión del progreso de la Conferencia Intergubernamental, para volver después a los preparativos de la próxima Cumbre europea. 
A tan solo unas semanas del final del semestre de la Presidencia italiana, me complace poder informarles de los acontecimientos que han tenido lugar desde el Cónclave de Nápoles. 
Quiero, en primer lugar, reiterar que el enfoque general de la Presidencia italiana sigue siendo el manifestado por mi Gobierno en numerosas ocasiones ante esta Cámara y en el propio marco de la Conferencia Intergubernamental. 
De conformidad con ese enfoque, la propuesta detallada que hemos presentado refleja nuestra intención de respetar el legado constitucional de la Convención, limitándonos a proponer aclaraciones o cambios en el proyecto de la Convención, a la luz de los comentarios recibidos de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Creo poder afirmar con certeza que muchas de las propuestas de la Presidencia han recibido una buena acogida, lo que nos ha permitido acercar las posiciones de los Estados miembros y mantener el equilibrio general logrado por el proyecto de la Convención. 
Además del importante progreso realizado en algunas cuestiones específicas, ha quedado claro que algunas de las divergencias que siguen existiendo en torno a disposiciones específicas se resolverán cuando se alcance un acuerdo sobre el futuro marco institucional de la Unión. 
De hecho, se trata del ámbito donde siguen existiendo las mayores discrepancias, sobre todo en lo que respecta al cálculo de la mayoría cualificada en el Consejo y la composición de la Comisión. 
El análisis detallado de los resultados del Cónclave revela el progreso realizado en los siguientes aspectos de nuestro paquete de propuestas: la introducción de una referencia a la igualdad entre el hombre y la mujer y a la protección de las minorías en la disposición sobre los valores de la Unión; la reafirmación de la primacía del Derecho comunitario; la necesidad de que los actos del Consejo Europeo se sometan a control jurisdiccional en cuanto que el Consejo Europeo se define en el Tratado Constitucional como una institución de la Unión. 
Se han constatado asimismo puntos de convergencia en un ámbito tan delicado como es la justicia y los asuntos de interior, donde para introducir la votación por mayoría cualificada habrá que tener en cuenta las características específicas de algunos ordenamientos jurídicos nacionales y considerar los mecanismos de salvaguardia. 
Las distintas propuestas presentadas por la Presidencia respecto a las políticas específicas de la Parte tercera del proyecto de Tratado constitucional se han sometido a un amplio debate. 
En muchos casos siguen existiendo posiciones divergentes entre los Estados miembros que se basan en puntos de divergencia perfectamente conocidos. 
No obstante, es evidente que las distintas críticas formuladas en este contexto desaparecerán en cuanto se alcance un acuerdo sobre los grandes temas de las negociaciones constitucionales. 
Habrá que seguir debatiendo las siguientes cuestiones: la divergencia que persiste entre los países que no están dispuestos a hacer concesiones en lo que respecta al abandono de la votación por unanimidad en cuestiones como política exterior, fiscalidad y seguridad social, y los Estados miembros que consideran la introducción progresiva de la votación por mayoría cualificada en ámbitos que constituyen elementos clave del futuro Tratado Constitucional; y las múltiples, y a menudo divergentes, propuestas de los Estados miembros para modificar las disposiciones relativas al presupuesto, el marco financiero plurianual, los recursos propios y la gobernanza económica. 
Aquí, la Presidencia trata de conservar, en la mayor medida posible, el equilibrio interinstitucional y las reglas de votación propuestas por la Convención. 
La idea de un procedimiento de revisión simplificado para el Título III de la Parte III del Tratado Constitucional sigue encontrando resistencia, aunque parece existir una mayor convergencia respecto a la «cláusula de pasarela» basada en fórmulas que cuentan también con la participación de los Parlamentos nacionales. 
La Presidencia piensa proponer que sigan debatiéndose todas estas cuestiones en las reuniones finales de la Conferencia Intergubernamental. 
Además, el Cónclave ha conseguido un progreso importante en la definición de la PESD en el futuro Tratado Constitucional. 
De hecho, se ha conseguido redactar de nuevo el artículo I-40 parte 7 sobre la cláusula de asistencia mutua, describir la cooperación estructurada en el artículo III-213 y, sobre todo, presentar un Protocolo que contiene los criterios para la participación en esa cooperación. 
Este grupo de textos volverá a examinarse en la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental del 8 de diciembre. 
No obstante, el intercambio de impresiones que ha tenido lugar durante el Cónclave ha puesto de manifiesto la existencia de cada vez más elementos de convergencia en este delicado ámbito. 
El debate sobre el marco institucional de la futura Unión ha confirmado que este sigue siendo el tema más delicado de toda la negociación. 
El Cónclave ha sido útil para resolver algunos puntos de divergencia y, sobre todo, para favorecer un diálogo más tranquilo y constructivo. 
Los principales elementos del debate pueden sintetizarse del modo siguiente. La propuesta de algunos Estados miembros de elevar el número mínimo de representantes nacionales en el Parlamento Europeo ha recibido una acogida favorable, con la condición de que no aumente el número total de escaños. 
En el tema de las formaciones de la presidencia del Consejo, se ha constatado una convergencia con las líneas recomendadas por la Convención, aunque algunos Estados miembros siguen teniendo dudas sobre las presidencias conjuntas, prefiriendo representantes electos. 
En esta cuestión, la Presidencia italiana se ha reservado el derecho a reflexionar sobre cambios ulteriores. 
La posible solución es que tres Estados miembros ocupen la Presidencia durante 18 meses. 
Los procedimientos para poner en práctica estas soluciones podrían ser objeto de una decisión por parte del Consejo Europeo, en lugar de regularse mediante un protocolo especial. 
Las reacciones a la propuesta de la Presidencia sobre un Ministro europeo de Asuntos Exteriores, cuya finalidad sería clarificar algunos aspectos específicos del funcionamiento de la fórmula «bicéfala» , respetando en todo momento el espíritu del proyecto de la Convención, han confirmado que el enfoque que nosotros hemos escogido es el único posible. 
Con nuestras propuestas tratamos de responder a las críticas de los que temen que esta nueva figura institucional pueda convertirse en el «caballo de Troya» del Consejo en la Comisión, debilitando el poder de esta última en materia de política exterior, y a las críticas de los Estados miembros que quisieran liberar al Ministro de los vínculos de su pertenencia a la Comisión, insistiendo en el papel del Ministro como representante del Consejo. 
La vía del medio que nosotros sugerimos parece ser la única capaz de garantizar un compromiso final, aunque deja dos cuestiones importantes sin resolver: la oposición que siguen mostrando algunos países a que el Ministro de Asuntos Exteriores asuma la presidencia del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, y la petición de otros Estados miembros de no darle a la nueva figura institucional el título de «Ministro» , sino simplemente de «Representante» , lo cual supone un claro retroceso –y no solo un retroceso simbólico– respecto a las disposiciones contenidas en el proyecto de la Convención. 
En el largo debate sobre la composición de la Comisión a partir de 2009, volvieron a exponerse posiciones y argumentos ya conocidos. 
En el transcurso de las negociaciones, tendrá que producirse una reconciliación entre los partidarios de una Comisión más simple, ágil, eficiente y libre de los condicionantes intergubernamentales, y los partidarios de una Comisión que sea representativa de todas las culturas y sensibilidades nacionales y, por tanto, compuesta por un Comisario con pleno derecho de voto por cada Estado miembro. 
Las propuestas sobre la mesa tendrán que examinarse desde una perspectiva a largo plazo y teniendo en cuenta las necesidades institucionales de una Unión que dentro de 10 ó 15 años probablemente será más grande que ahora, razón por la cual tendrá que dotarse de unos procedimientos de decisión adecuados y fácilmente comprensibles para los ciudadanos. 
El debate sobre el tema del cálculo de la mayoría cualificada en el Consejo ha dejado todavía más claras y diferenciadas las distintas posiciones: algunos Estados son firmes partidarios del sistema de Niza; otros consideran indispensable la transición a la votación por mayoría doble. 
Algunos de estos últimos preferirían una mayoría doble totalmente simétrica; en otras palabras, el 50% o 60% tanto de los Estados miembros como de la población de la Unión. 
Al existir posiciones que todavía difieren ampliamente, necesitaremos ideas claras y amplitud de miras. 
En este sentido, reitero lo que ya dije antes: la necesidad de examinar las distintas propuestas con una perspectiva a largo plazo más allá de 2009. 
Por tanto, la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental que se celebrará el 8 de diciembre de 2003 y los encuentros bilaterales que la Presidencia mantendrá en las próximas semanas tendrán que centrarse sobre todo en las cuestiones institucionales para preparar lo mejor posible la reunión final de la Conferencia a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno prevista para el 12 de diciembre de 2003. 
El éxito o fracaso de las negociaciones constitucionales determinará con toda probabilidad el avance del proceso de integración en los próximos años, así como la capacidad de investir a Europa de autoridad en la escena mundial en un momento de grandes retos políticos y económicos. 
Por este motivo, y considerando la importancia de lo que está en juego, las negociaciones constitucionales tendrán que enfocarse con gran flexibilidad por todas las partes que intervengan en la construcción de los cimientos de la Unión del siglo XXI. 
Con el debido respeto al principio de la igual dignidad de todos los Estados miembros –justamente reconocido también en el Cónclave de Nápoles– es necesario que abandonemos los particularismos y nos alejemos de la lógica del «intercambio justo» , en virtud de la cual todas las concesiones se hacen para tratar de obtener algo a cambio que tenga el mismo valor. 
Este planteamiento es contrario al mismo concepto de la integración europea y, de aplicarse sistemáticamente, amenazaría con debilitar los cimientos de la Unión. 
Aunque la equidad es una condición indispensable para cualquier pacto constitucional, nadie puede frenar ya el progreso actual del proceso de integración. 
Quien pretenda actuar así tendrá que responder ante los socios europeos, ante sus ciudadanos y ante la historia del proceso de integración. 
Los sistemas políticos son el resultado del diálogo y de las acciones de hombres y mujeres, y esos mismos hombres y mujeres son plenamente responsables de lo que dicen y hacen. 
A partir de ahora, tenemos que ser conscientes de que la aprobación de la nueva Constitución será «un éxito para todos o un fracaso para la Unión.» 
Ya no existe ninguna diferencia relevante entre los intereses nacionales y europeos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero centrarme ahora, aunque sea brevemente, en los temas que abordará el Consejo Europeo. 
En lo que respecta a las cuestiones económicas y, en particular, al objetivo de promover un crecimiento económico sostenible, el Consejo Europeo supondrá la culminación del largo período de trabajo que se inició con el Consejo Europeo de Salónica y que han profundizado los Jefes de Estado y de Gobierno en la última Cumbre de octubre. 
El Consejo Europeo de diciembre tendrá que dar su aprobación definitiva a la Iniciativa para el crecimiento, ya respaldada por el Consejo Ecofin del 25 de noviembre, adoptando decisiones específicas que puedan hacer una contribución importante para mejorar la competitividad del sistema económico europeo y el pleno desarrollo del potencial de crecimiento de la Unión, favoreciendo unos niveles más altos de inversión en capital físico y en desarrollo del capital humano. 
El principal objetivo en este ámbito será, también con la identificación de una serie de proyectos en los que pueda empezarse a trabajar en el corto espacio de dos o tres años, la creación de un catalizador político que haga posible una marcada aceleración de la creación de infraestructuras y la ejecución de proyectos de investigación avanzada para facilitar la movilización de recursos esenciales tanto del Banco Europeo de Inversiones como del sector privado. 
Desde una perspectiva diferente y más general, pero también en el contexto de la consolidación de la cohesión del mercado interior y la reactivación del crecimiento, la Presidencia italiana alberga grandes esperanzas de que el Consejo Europeo acepte el acuerdo político alcanzado por el Consejo de Transporte sobre la propuesta de la Comisión relativa a la revisión de las redes RTE –que, como ustedes recordarán, constituye la estructura básica para las iniciativas dirigidas a terminar la red de infraestructuras de la Europa ampliada–, considerando, en especial, las recientes decisiones sobre el aumento de las contribuciones comunitarias del 10 al 20% en los proyectos de trayectos transfronterizos. 
Pasando a las cuestiones relacionadas con la agenda de Lisboa, y en particular a los aspectos relativos a las reformas estructurales que atraerán la atención del Consejo Europeo de la próxima primavera, quiero recordar que los Estados miembros de la Unión, cuyo empeño ha sido constante en este ámbito, tendrán ahora una excelente oportunidad para iniciar el diálogo con ocasión de la reunión extraordinaria de la Cumbre Social Tripartita, una buena ocasión para reiterar el compromiso de la Unión Europea con la aplicación de la Estrategia europea de empleo. 
La Cumbre Social será la ocasión de iniciar un análisis sobre los resultados del trabajo realizado por el sobre el empleo, encabezado por Wim Kok, y debatir la Iniciativa para el crecimiento, considerando en particular sus efectos en el empleo. 
Partiendo de estas bases, los participantes en la Cumbre Social podrán examinar la relación entre el crecimiento del empleo y el aumento de la productividad evidenciada por el grupo de trabajo del Sr. Kok, evaluando en particular el efecto –no solo en términos de empleo– de las políticas encaminadas a aumentar la competitividad del sistema económico mediante el desarrollo del capital humano y la mayor flexibilidad de los sistemas socioeconómicos europeos. 
El resultado de esta Cumbre –sobre el que el Sr. Berlusconi informará al Consejo Europeo– será debatido también, por supuesto, en el propio Consejo. 
El Consejo Europeo será también una buena oportunidad para hacer balance de la situación en algunas cuestiones importantes relacionadas con la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, con especial referencia a las estrategias europeas sobre inmigración y en vista de las recomendaciones hechas en las recientes cumbres de octubre en Bruselas y de junio en Salónica. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán que tomar nota, en particular, de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado el 27 y 28 de noviembre sobre los principales elementos de una Agencia europea para la gestión de las fronteras, un programa de medidas dirigido específicamente a la inmigración por mar, y la incorporación de datos biométricos a los visados y los permisos de residencia. 
Estas iniciativas ya se han examinado en la Cumbre de octubre y ahora se pondrán en marcha rápidamente, finalizando en algunos casos con la aprobación formal de las disposiciones legislativas relevantes. 
En este sentido, quiero subrayar, en particular, que el Parlamento Europeo tendrá también que manifestar su opinión sobre los reglamentos relativos a la Agencia y a los datos biométricos. 
Me temo que las noticias en materia de asilo no son tan buenas. 
Pese al gran esfuerzo realizado por la Presidencia italiana que ha permitido un progreso considerable en estas difíciles negociaciones, no se ha podido llegar a un acuerdo sobre la Directiva relativa a las normas mínimas para los procedimientos de asilo, ni salir del punto muerto alcanzado al final de la Presidencia griega sobre la otra Directiva relativa a la condición de refugiado y la protección subsidiaria. 
El Consejo Europeo no puede más que reiterar la importancia política de esta cuestión e invitar al Consejo a alcanzar un acuerdo antes del 1 de mayo de 2004, fecha del quinto aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
En el marco de la política migratoria de la Unión, el Consejo Europeo tratará, por supuesto, el tema fundamental de la acogida y la integración de los inmigrantes legales, recordando, en particular, la importancia de favorecer un diálogo interreligioso como elemento de cohesión social, un tema al que la Presidencia italiana ha dedicado una Conferencia de Ministros de Asuntos de Interior celebrada los días 30 y 31 de octubre de 2003. 
Pero la política migratoria no puede ser eficaz sin una cooperación auténtica y efectiva con los terceros países de origen o de tránsito de los flujos migratorios, una cooperación que tiene que establecerse con un espíritu constructivo de asociación. 
En este sentido, considero oportuno mencionar el acuerdo interinstitucional positivo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que se formalizará en los próximos días sobre la creación de un programa de ayuda económica y técnica a terceros países en materia de asilo, y la introducción de un mecanismo para vigilar y evaluar en estos países la lucha contra la inmigración clandestina, tal como se solicitó en el Consejo Europeo de Salónica. 
Por último, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, el Consejo Europeo expresará su satisfacción con el acuerdo alcanzado tras la tenaz intermediación de la Presidencia italiana respecto a la decisión marco sobre la lucha contra el narcotráfico, una cuestión que preocupa especialmente a la opinión pública europea. 
Señor Presidente, Señorías, el próximo Consejo Europeo de Bruselas tendrá lugar solo unos meses antes de la entrada en vigor del Tratado de Adhesión. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán que dar directrices importantes para la conclusión del proceso de ampliación, sobre todo a la vista de los informes presentados por la Comisión el 5 de noviembre de 2003. 
Como ustedes saben, el 17 de noviembre de 2003 el Consejo manifestó su opinión sobre los informes de seguimiento de la Comisión relativos al estado de preparación de los países candidatos. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores, en particular, expresaron su satisfacción por el alto grado de convergencia conseguido por estos países en los diferentes ámbitos del acervo comunitario y, por tanto, esperamos que los Jefes de Estado y de Gobierno compartan estas opiniones positivas. 
La ampliación que tendrá lugar en 2004 se va perfilando cada vez más como un éxito total, confirmando así que las decisiones tomadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en Copenhague el pasado mes de diciembre fueron las correctas. 
Naturalmente como era de esperar visto el inmenso esfuerzo que han tenido que realizar los países candidatos, existen partes del acervo comunitario donde el proceso de preparación todavía no ha terminado y, en este sentido, tenemos que instar a nuestros futuros socios a que persistan en su esfuerzo. 
El reciente documento de estrategia de la Comisión demuestra, sin lugar a dudas, que Bulgaria y Rumania han hecho un progreso considerable de cara a su ingreso en la Unión. 
Ya están preparadas para dar los pasos decisivos que preceden a la adhesión. 
El Consejo Europeo tiene, por tanto, la responsabilidad de facilitar esos pasos indicando con precisión suficiente el camino que han de seguir. 
Lo mismo puede decirse del calendario, en particular del calendario para la conclusión de las negociaciones de adhesión, la firma del Tratado y, por último, el ingreso en la Unión. 
Estos pasos dependen, sobre todo, de los esfuerzos que hagan los Gobiernos búlgaro y rumano. 
Pero precisamente para facilitar sus esfuerzos, será necesario, a juicio de la Presidencia, que los Jefes de Estado y de Gobierno proporcionen directrices claras sobre las siguientes etapas del viaje, confirmando, por tanto, los plazos de 2004 para la conclusión de las negociaciones; 2005 para la firma de los Tratados de Adhesión y 2007 para el ingreso en la Unión Europea. 
El Consejo Europeo tendrá también que proporcionar indicaciones sobre el calendario para la definición del marco económico de la adhesión de Bulgaria y Rumania, en particular actuando con rapidez ante la voluntad ya manifestada por la Comisión de presentar dicho marco antes de finales de enero de 2004, aplicando los mismos criterios de distribución de recursos adoptados para los países candidatos. 
Señor Presidente, Señorías, creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos motivos para celebrar los importantes esfuerzos que ha hecho Turquía en materia de reforma institucional, y los avances que ha realizado para respetar los criterios políticos de Copenhague. 
Estos avances positivos merecen, por tanto, pleno reconocimiento en las conclusiones del Consejo Europeo. 
No podemos dejar de proporcionar a Turquía sugerencias y ánimos para que prosiga en esa misma dirección, ni podemos dejar de recalcar los ámbitos en los que Ankara tiene que seguir haciendo un esfuerzo especialmente sostenido. 
El objetivo a medio plazo sigue siendo una adecuada preparación de Turquía con vistas a la decisión que el Consejo Europeo adoptará dentro de un año. 
Por último, con respecto a Chipre, la Presidencia cree que los Jefes de Estado y de Gobierno tienen que reiterar el llamamiento que ya hicieron a las partes para buscar una solución negociada antes de la fecha de la adhesión, recordando al mismo tiempo que la solución al problema de Chipre facilitaría considerablemente las aspiraciones turcas de adhesión a la Unión Europea. 
Como siempre, el Consejo Europeo dedicará la debida atención a las relaciones externas de la Unión y a los principales temas de actualidad internacional. 
No me extenderé más sobre este punto, puesto que esperamos los últimos acontecimientos sobre el terreno, particularmente en las zonas en crisis. 
Por otra parte, creo que tendremos que abordar cuestiones como el proceso de paz en Oriente Próximo, la situación en el Iraq y la evolución del diálogo crítico con el Irán. 
El Consejo Europeo concluirá también el debate sobre la Estrategia europea de seguridad iniciado el pasado mes de junio, con la aprobación de un documento excelente que describe los problemas de seguridad de la Unión y la forma de abordarlos. Su finalidad es orientar las decisiones prácticas de los gobiernos, además de concienciar a la opinión pública y conseguir el apoyo de esta última al mayor esfuerzo en materia de seguridad que ahora tiene que realizarse en toda la Unión Europea. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán también que examinar el informe de progreso sobre el desarrollo de la PESD para entregar a la futura Presidencia un mandato detallado en esta materia. 
Nuestro principal compromiso sigue siendo la adquisición de una mayor capacidad. 
Por este motivo también, el Consejo Europeo celebrará en particular la decisión de crear una Agencia europea dedicada específicamente a favorecer el desarrollo y la adquisición de nueva capacidad militar. 
Para concluir, señor Presidente, Señorías, quiero recordar que el próximo Consejo Europeo tendrá que aprobar el primer Programa estratégico plurianual que guiará las actividades del Consejo en los próximos tres años. 
. Me complace dar la bienvenida a la tribuna de personalidades al ex Primer Ministro de Corea del Sur, Sr. Nam, y a su Viceprimer Ministro, Sr. Lee. 
Están aquí para participar en el Foro Parlamento Europeo-Noreste de Asia, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre de 2003. 
Son ustedes muy bienvenidos en esta Cámara. 
. Señor Presidente, señor Antonione, Señorías, el próximo Consejo Europeo de Bruselas será el último de un año plagado de acontecimientos. 
De hecho, casi todas las semanas se producen acontecimientos nuevos y se toman decisiones de gran alcance para nuestro futuro. 
La semana pasada no ha sido una excepción 
Antes de pasar al debate sobre la Constitución, quiero referirme brevemente a otro tema de actualidad para la Unión Europea. 
El próximo Consejo Europeo se verá precedido –como ha dicho el Sr. Antonione– por una Cumbre Social Tripartita extraordinaria, a la que asistirán los Jefes de Estado de la troika y representantes de los agentes sociales y la Comisión. 
Verdaderamente, es fundamental que los agentes sociales participen en esta etapa del proceso constitucional y que escuchemos sus puntos de vista. 
La participación de los sindicatos y la patronal es la mejor garantía de éxito para cualquier iniciativa de promoción del empleo. 
En la reunión se abordarán dos cuestiones que ocupan un lugar central en la Estrategia de Lisboa: nuestra Iniciativa para el crecimiento y la Estrategia europea de empleo. 
El momento decisivo será la presentación del informe del sobre el empleo encabezado por el Sr. Wim Kok. 
En el informe se explica cómo podemos responder a las grandes transformaciones que están teniendo lugar en la economía y el mercado de trabajo. 
Sus principales recomendaciones son aumentar la capacidad de adaptación de las empresas y los trabajadores, incrementar la inversión en capital humano y, por último, crear nuevas dinámicas sociales para sostener las reformas y acelerar su puesta en práctica. 
La Comisión tendrá en cuenta el informe del y las recomendaciones contenidas en él cuando prepare el Informe conjunto sobre el empleo que presentará en el Consejo de primavera del año que viene. 
Señor Presidente, pasaré ahora al tema central de mi discurso, la Conferencia Intergubernamental, que está entrando en su fase final y de la que el Sr. Antonione ha hecho un repaso muy equilibrado y encomiable. 
Nos jugamos mucho en el Consejo Europeo de Bruselas que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre. 
En las decisiones que se tomen veremos el fruto del nuevo método de la Convención, propuesto por el Parlamento Europeo y la Comisión, y aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001. 
El regreso al método de la negociación intergubernamental que se produjo en las próximas horas de la cumbre de Niza sería un fracaso político para la Unión Europea. 
La opinión pública no aceptaría ya algo así. 
La principal tarea de la Conferencia Intergubernamental consiste ahora en decidir cómo puede la Unión ampliada conseguir sus objetivos y aumentar su capacidad de decisión. 
La Unión Europea se enfrenta a tres grandes retos. 
En primer lugar, necesita políticas firmes y una mejor coordinación europea para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la protección social. 
En segundo lugar, tenemos que dar una respuesta común a los problemas internacionales relacionados con la seguridad, la libertad y la justicia. 
En tercer lugar, tenemos que aunar fuerzas para asumir nuestras responsabilidades mundiales y defender nuestros valores e intereses. 
El artículo 3 del proyecto de Constitución formula solemnemente los objetivos de la Unión a lo largo de estas mismas líneas. 
El proyecto de Constitución propuesto por la Convención para acometer estas tareas no es, evidentemente, perfecto. 
Pero aun así, el resultado responde a las propuestas contenidas en la Declaración de Laeken, e incluso puede que supere las expectativas. 
La Conferencia Intergubernamental ha estado hasta ahora más ocupada en resolver disputas internas entre los Estados miembros que en crear los instrumentos adecuados para responder a las necesidades y los problemas de Europa. 
Es desde luego decepcionante que no se haya vislumbrado ningún progreso en la adopción de un procedimiento para modificar la parte de la Constitución relativa a la política. 
La Comisión apoyará todos los esfuerzos de la Presidencia para conseguir este objetivo. 
Considerando los nuevos retos que nos esperan, la Constitución no puede ni debe suponer un freno para nuestra acción futura. 
El único progreso importante que se ha hecho hasta la fecha en el trabajo de la Convención ha sido la definición de la cooperación estructurada en materia de defensa. 
En todas las demás cuestiones, sigue existiendo el peligro de que la Conferencia Intergubernamental pueda dar marcha atrás y acercarse al método intergubernamental. 
Lo mismo puede decirse de la cooperación europea en derecho penal, precisamente en un momento en el que todos los dirigentes reconocen la amenaza de la delincuencia y el terrorismo internacional. 
Es más, algunos quieren debilitar la credibilidad del Ministro de Asuntos Exteriores –como bien ha dicho el Sr. Antonione– mientras afirman, de boquilla, que Europa tiene que hacerse más fuerte y desempeñar un papel de liderazgo en la escena mundial. 
Algunos ministros sostienen que la extensión del sistema intergubernamental reforzaría la coordinación de la política económica, cuando lo que realmente se necesita es una mayor capacidad europea para poner la gobernanza política al servicio de la estrategia de crecimiento. 
Algunos países querrían incluso reintroducir el derecho de veto en ámbitos donde la Convención ya lo ha suprimido, como en la política comercial. 
Está claro, pues, que solo existen dos alternativas: una Europa dividida que se limite al papel de espectadora en la escena política mundial, o una Europa unida que contribuya a la paz, el crecimiento y el desarrollo sostenible. 
Obligada a elegir entre estas dos alternativas contrarias, Europa corre el peligro de verse relegada a un segundo plano en la escena mundial por otros actores más poderosos. 
En su forma actual, el proyecto de Constitución proporciona a una Europa unida instrumentos para actuar con más eficacia. 
Ni más ni menos que eso. 
No crea un proyecto político para el futuro. 
Pero la cuestión básica a la que se enfrentan los dirigentes nacionales en la cumbre de la Conferencia Intergubernamental no es la necesidad de comprometerse con un proyecto político europeo ambicioso. 
La verdadera cuestión es si, en el futuro, tendrán la capacidad colectiva de adoptar los instrumentos necesarios que cualquier proyecto europeo necesitará. 
La Convención ha mantenido y mejorado el equilibrio de poderes entre las distintas instituciones de la Unión Europea. 
Una Comisión fuerte es indispensable para garantizar la aplicación imparcial de las reglas de la Unión, razón por la cual no deben debilitarse en el último minuto los poderes de la Comisión en ámbitos tan fundamentales como el control de las ayudas estatales. 
Nuestra aspiración de convertirnos en una verdadera Unión de Estados y pueblos encuentra su expresión en el sistema de mayoría doble propuesto para la toma de decisiones del Consejo. 
La legitimidad democrática ha aumentado con el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en materia legislativa, política y presupuestaria, y el papel del Tribunal de Justicia en la defensa del Estado de Derecho se ha visto también reforzado en parte. 
Señorías, una cosa está clara: la Comisión resistirá hasta el último minuto de la Conferencia Integubernamental todo intento de socavar los poderes del Parlamento Europeo, sobre todo en materia presupuestaria. 
¿Cómo cabe esperar que el Parlamento Europeo y la Comisión expliquen y defiendan ante los ciudadanos una Constitución que el propio Parlamento habría rechazado? 
Eso sería imposible de explicar. 
Por lo que respecta a la Comisión, acogemos con satisfacción que la Presidencia haya reconocido que la distinción entre Comisarios con y sin derecho de voto es demasiado compleja y, sobre todo, que no puede funcionar. 
Existe una solución sencilla para mantener la igualdad de todos los Comisarios: una Comisión formada por un Comisario por cada Estado miembro, con un proceso más descentralizado de toma de decisiones y un sistema de pesos y contrapesos que garantice la absoluta colegialidad. 
Esta es la solución que la Comisión desea ver reflejada en la Constitución. 
Por último, el sistema de votación por mayoría doble propuesto por la Convención –50% de los Estados miembros en representación del 60% de la población– es sencillo y equitativo. 
Cualquier cambio que se realice en ella debe tener como objetivo facilitar el proceso de toma de decisiones del Colegio. 
La Comisión sigue prefiriendo, obviamente, un sistema basado en el 50% de los Estados miembros con una representación de por lo menos el 50% de la población. 
En ningún caso la Conferencia Intergubernamental debe decidir un sistema de votación que dificulte la toma de decisiones en el Consejo más todavía que el sistema de Niza. 
Una Constitución «peor que la de Niza» es sencillamente injustificable. 
Además, en Bruselas tenemos que evitar a toda costa las concesiones de último minuto, cuyo único resultado sería debilitar la credibilidad de la Constitución antes siquiera de tener la oportunidad de presentarla. 
Recordemos que el primer referendo sobre la Constitución se celebrará apenas seis meses después de que finalice la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Señorías, antes de concluir –y sin entrar en un debate que tendrá lugar en esta Cámara más adelante– quiero hacer un breve comentario sobre la reunión del Consejo Ecofin la semana pasada. 
Mi valoración se basa tanto en el contenido como en el procedimiento de la decisión. 
En cuanto al contenido, el Consejo ha alcanzado un acuerdo general sobre los planes de reducción del déficit que, además, está en línea con los propuestos por los dos países afectados. 
El Consejo acepta, por tanto, los compromisos contraídos por Alemania y Francia de consolidar sus presupuestos de 2005. 
Desde el punto de vista del procedimiento, el asunto tiene implicaciones más serias porque el Consejo ha decidido seguir un curso de acción completamente intergubernamental, en lugar del previsto por los procedimientos institucionales. 
En este caso, tengo que reiterar mi principal crítica: no debemos tomar atajos cuando las disposiciones del Pacto y del Tratado, aprobadas por unanimidad, se vuelven exigentes o incómodas. 
La utilidad y el valor del Tratado y del Pacto dependen de la certeza de las reglas que todos nosotros –Comisión, Parlamento, Consejo y Estados miembros– tenemos que respetar. 
Se trata de una cuestión de tal gravedad que no quiero pasarla por alto. 
Mi esperanza es que, igual que ha ocurrido tantas veces en la historia de la Unión, una grave crisis dé paso a soluciones innovadoras y duraderas. 
Creo, por tanto, que debemos mirar al futuro, teniendo presentes dos objetivos: uno a corto plazo y el otro para el futuro. 
A corto plazo, estoy convencido de que los Estados miembros interpretarán la declaración final del Consejo como una indicación de un compromiso mayor y más decidido con el crecimiento y la estabilidad, y que terminarán aceptando que las reglas están para aplicarlas sistemáticamente. 
Por nuestra parte, seguiremos asumiendo nuestra obligación de aplicar el Tratado y las reglas del Pacto. 
Somos responsables, sobre todo en esta fase, de garantizar a todos los Estados miembros un tratamiento absolutamente igualitario. 
Además, la disciplina presupuestaria y la estabilidad son fundamentales para la Unión Económica y Monetaria. 
En cualquier caso, hemos aprendido una lección para el futuro. 
Todos ustedes recordarán los comentarios críticos que hice hace un año. 
Con ellos no pretendía condenar el Pacto, sino propugnar con fuerza que el Pacto debía convertirse en un instrumento más inteligente para coordinar las políticas presupuestarias a escala europea. 
Ahora que la moneda única es ya una realidad práctica, los mercados y todos los ciudadanos tienen que poder contar con una gobernanza económica adecuada, para lo cual necesitamos una auténtica política económica. 
Tenemos que embarcarnos en una nueva fase de consolidación y de gestión de nuestros logros, adaptándolos a la nueva situación, pero siempre de modo riguroso y, sobre todo, tratando a todos por igual. 
Tenemos que recuperar la credibilidad de nuestros instrumentos de gobernanza económica y del Estado de Derecho ahora que estamos debatiendo nuestra nueva Constitución. 
Hace apenas un año, la Comisión dio un primer paso en esta dirección cuando presentó propuestas concretas para reforzar y coordinar las políticas económicas y para interpretar el Pacto con mayor flexibilidad y rigor. 
Esta línea de acción propuesta por la Comisión fue aprobada por el Consejo Europeo. 
Además, nuestra contribución a la Convención ya contenía una parte relativa al fortalecimiento y la coordinación de la política económica europea, y la Conferencia Intergubernamental ha hecho suyos algunos de los elementos de nuestra propuesta. 
Estos tímidos pasos no pueden ponerse en duda ahora. 
No obstante, las decisiones del Ecofin demuestran que el verdadero problema que sigue sin resolverse es la auténtica debilidad de nuestro actual sistema de gobernanza económica europea. 
El verdadero reto al que nos enfrentamos es cómo resolver este problema. 
Con la mirada puesta en el futuro y después de una reflexión madura, la Comisión preparará una iniciativa en este sentido. 
Desde luego, creo que no basta con revisar las reglas para la aplicación del Pacto. 
Tenemos que profundizar en el debate sobre la política fiscal en un contexto más amplio de control general y coordinación de la política económica. 
Ante todo, tenemos que vincular la política presupuestaria más estrechamente con los objetivos generales de reactivar el crecimiento sin poner en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 
Para ello, debemos utilizar más activamente las orientaciones generales sobre política económica y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como instrumentos para coordinar la política económica, garantizar el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y lograr los objetivos de Lisboa. 
Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equilibrio entre estos dos instrumentos para mantener la disciplina presupuestaria y, al mismo tiempo, favorecer el crecimiento. 
Señor Presidente, Señorías, en los pocos días que nos separan del Consejo Europeo de Bruselas, tenemos que actuar con determinación y optimismo si queremos conseguir los grandes resultados que nos hemos propuesto. 
De este modo, la Constitución que está tomando forma ahora clarificará nuestros objetivos básicos, sabrá definir con mayor precisión el ámbito de acción de la Unión Europea y hará más sencillo y transparente el funcionamiento de nuestras instituciones. 
Estoy seguro de que dejaremos a las generaciones futuras una Unión no solo más grande y más influyente, sino también más coherente, más democrática y más próxima a los ciudadanos europeos. 
No podemos contentarnos con menos en este gran momento histórico. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, permítanme que empiece dándole las gracias a la Presidencia italiana del Consejo por haber respetado hasta ahora su promesa de mantenerse lo más fiel posible al proyecto de la Convención. 
En nombre de mi Grupo, les animo a que sigan cumpliendo su promesa. 
Tenemos que ser muy conscientes de que lo sucedido con el Pacto de Estabilidad ha debilitado nuestra credibilidad en algunos ámbitos, afectando a las relaciones entre los Estados grandes y pequeños en estas negociaciones y, en lo que respecta a dos Estados, no permitiéndoles adoptar una posición negociadora más conciliadora. 
Quiero empezar diciendo algo que me parece importante, y es que estas negociaciones no tienen que interferir con la estabilidad y el poder del Banco Central Europeo, y que los intentos que se han hecho en esta dirección tienen que cortarse de raíz. 
Debemos tener muy claro que se han conseguido grandes progresos en muchos ámbitos, a los que se ha referido el Sr. Antonione. 
Celebro en particular que en Nápoles se haya progresado tanto en el ámbito de la política de seguridad con respecto a la cláusula sobre cooperación estructural y asistencia mutua, incluido el protocolo, de tal manera que puede hablarse sin lugar a dudas de un paso decisivo. 
Creo que la Convención ha pensado siempre que debía dejar las puertas abiertas a otros países, algo que no debe verse en oposición a las relaciones transatlánticas. 
Solo espero que el Ministro de Asuntos Exteriores consiga la misma aceptación, y me parece de extrema importancia desde el punto de vista de la Comisión y del Parlamento que el Ministro de Asuntos Exteriores sea un miembro de la Comisión con pleno derecho de voto, con todo lo que eso supone, aunque desde luego que tendrá obligaciones especiales de lealtad al Consejo, y la aclaración que ha hecho la Presidencia italiana del Consejo en este sentido es también importante. 
Asimismo, me parece de gran importancia que presida a su vez el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores; en realidad, no tendría sentido que no lo presidiera, y solo así tendrá sentido todo el sistema. 
No creo que pueda tomarme en serio la idea de que son los ministros de asuntos exteriores, de todos los ciudadanos, los que consideran problemático el título de «Ministro de Asuntos Exteriores». 
No veo que tiene de problemático. 
Si mi interpretación de Nápoles es correcta, parece también importante que el Presidente del Consejo Europeo no tenga poder para intervenir en el Consejo General y en sus decisiones. 
Espero que las negociaciones no cambien esto. 
El equilibrio institucional- Presidente de la Comisión, Consejo General y Consejo Europeo– depende en parte de ello y hemos aceptado la idea de un Presidente del Consejo Europeo en la medida en que carezca de influencia sobre el resto de lo que haga el Consejo y sobre el proceso legislador. 
Creo que dicho equilibrio resistirá los embates que han llegado a nuestros oídos. 
Tengo que referirme a dos cuestiones que lamento profundamente. 
La segunda cuestión que quiero plantear es la siguiente: si el Parlamento sale perdiendo con los cambios que se hagan en materia presupuestaria, me parecerá un punto de ruptura. 
Si –como nos han dicho los ministros del Ecofin– la intención es que los derechos del Parlamento en materia presupuestaria vuelvan a ser los que eran antes del Acuerdo Interinstitucional, o incluso antes de 1978, me parecerá inaceptable. 
Ahora tenemos una propuesta muy equilibrada, según la cual el propio Consejo es el que tiene la última palabra en lo que se refiere a sus propios recursos. 
En este sentido, existe un equilibrio que se destruirá si se modifica cualquier punto del mismo. 
Aunque me he pasado de tiempo, quiero decir que la aprobación del presupuesto es una prerrogativa del Parlamento. 
Ningún Parlamento puede estar de acuerdo con una Constitución que viole esta prerrogativa. 
Señor Presidente, ante todo me permitirá que haga una observación metodológica, porque el Presidente de la Comisión- creo que con razón- ha entrado en el Pacto de Estabilidad, que es el debate siguiente. 
Me comunica el Presidente en ejercicio del Consejo que ese tema no le toca a él, sino al Ministro Tremonti. 
Tendremos que repetir a ambos lo que pensamos sobre el tema presupuestario y económico. 
Pero en fin, empecemos por el principio. 
En relación con la Cumbre Social- que algunos compañeros tratarán más en profundidad -, quiero señalar, en primer lugar, que es de esperar que no sea un simple añadido. 
Con la estrategia de Lisboa tenemos la experiencia de lo que son los buenos deseos sin compromisos. 
Y creemos que es absolutamente trascendental en este momento que nos ocupemos de formular políticas proactivas para nuestro capital más importante, que es el capital humano. 
Por eso apoyamos las propuestas de Wim Kok y esperamos que el Consejo elabore políticas que no sean solamente un catálogo de buenas intenciones. 
Entrando en el resultado del cónclave- que parece ser que, aunque no hubo del Vesubio, sí hubo una tormenta que ensombreció el final de la reunión -, yo le quiero señalar- y lo digo desde una postura clara de oposición al actual Gobierno italiano- que nosotros seguimos diciendo que queremos un acuerdo el 13 de diciembre. 
Queremos que la Presidencia italiana tenga éxito. 
Y tengo que reconocer que la Presidencia italiana ha mantenido una postura constructiva que ha ido más allá incluso que la postura de muchos Gobiernos. 
Y entrando en concreto en las cuestiones que nos preocupan, quiero llamar la atención al Consejo y a la Presidencia italiana sobre la responsabilidad de esta Conferencia Intergubernamental, que se celebra después de que se hayan abierto las puertas a la democracia en la Unión. 
Después de abrirlas, se han cerrado. 
Y ahora no se pueden aceptar chalaneos y mercadeos de última hora que vayan en contra, no solo del Parlamento, sino de la democracia y de la transparencia. 
Por lo tanto, nosotros, como Grupo Socialista, pensamos que la cuestión del Consejo legislativo no está liquidada. 
Por dignidad y para mantener el proceso legislativo ordinario, la Conferencia Intergubernamental debe reconsiderarla. 
En cuanto a la composición de la Comisión, quiero señalar que, en principio, la postura mayoritaria en mi Grupo es que tiene que haber una solución flexible. 
No apoyamos la postura de un Comisario por Estado miembro, pero, en cualquier caso, hay que ser conscientes de que estamos razonando en términos de períodos de transición, cuando lo que hace falta es que la Comisión sea un ejecutivo europeo responsable. 
En cuanto a la mayoría cualificada, hemos tomado buena nota de la propuesta de la Presidencia italiana, que se basa en la doble mayoría- lo que dice el artículo primero de la Constitución- de ciudadanos y de Estados. 
Hay margen para el ajuste. Lo que no hay que hacer es ir más allá, a la triple mayoría, que fue el resultado de la Cumbre de Niza, porque eso sí que verdaderamente no funciona. 
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, saludamos el avance que se ha producido en términos de cooperación estructurada en defensa y apoyamos a la Presidencia italiana por su propuesta de ampliar la aplicación de la mayoría cualificada. 
En el tercer pilar, lamentamos profundamente las propuestas actuales, en particular las relativas a la cooperación judicial, materias penales y civiles y a las funciones de la fiscalía europea. 
Ahí hay un clarísimo retroceso en relación con el proyecto de Constitución. 
Y concluyo, señor Presidente, en relación al ataque en toda regla por parte del Consejo, que no tiene poder para hacerlo. 
El Ecofin, hay que señalarlo, no tiene legitimación activa de los poderes de esta Cámara. 
Y yo diría ataque del Consejo y del, por decirlo en italiano, porque por debajo del Consejo está el Coreper, que es el que le prepara los papeles al Consejo, porque los ministros no se saben esta asignatura normalmente. 
Quiero señalar que ese tipo de propuestas es absolutamente inaceptable para nosotros, es una línea roja que no se puede franquear. 
Pero digo más: desde el año 1975 hay un acuerdo equilibrado entre el Parlamento y el Consejo, y nosotros no nos vamos a quejar sólo: si el Consejo desmantela el sistema presupuestario, nosotros también daremos respuesta a ello, y ya veremos quién va más allá. 
No se trata sólo de quejarnos. 
Nosotros tenemos poderes y los defenderemos hasta el final. 
– Señor Presidente, todos estamos haciendo esfuerzos por acordar un Tratado Constitucional antes de que acabe el año. 
La ironía de ver a nuestros dirigentes creando nuevas normas para la Unión Europea solo unos días después de haber roto el Pacto de Estabilidad no pasará desapercibida a los ojos de nuestros ciudadanos. 
Al mismo tiempo, queremos que el Consejo Europeo asuma su responsabilidad y defienda los derechos de los ciudadanos europeos que continúan detenidos en Guantánamo. 
En Nápoles, nuestros Ministros de Asuntos Exteriores solo consiguieron acercarse al acuerdo alejándose del texto de la Convención. 
Mi Grupo lamenta que ahora la marea de la reforma no suba hasta el nivel establecido por la Convención. 
La ampliación, por parte de la Convención, del procedimiento de codecisión a las competencias presupuestarias habría hecho a la Unión Europea más responsable y transparente. 
Ninguna democracia parlamentaria viable puede existir sin el poder monetario. 
La inflexibilidad de los Ministros de Hacienda sobre esta cuestión es una batalla que enfrenta a la política bruta contra el principio de reforma. 
Acojo con agrado las observaciones del Presidente de la Comisión. 
No debemos ceder en este punto. 
Asimismo, tenemos que resolver la cuestión de la ponderación de los votos para que la eficacia y responsabilidad prometidas por la Convención no se pierdan completamente. 
Para nosotros, lo que realmente ha acabado con el Pacto de Estabilidad es que ciertos países hayan confundido su poder para violar la ley con el derecho de hacerlo. 
En Guantánamo, los Estados Unidos han sido víctimas de la misma confusión. 
América se fundó sobre el principio de que la ley, y no los hombres, gobierna a los libres. 
Los países tienen fronteras, pero los principios no. 
No hay una línea trazada en un mapa más allá de la cual dichos valores ya no tengan vigencia. 
La prisión de Guantánamo desperdicia un valioso legado norteamericano y renuncia a una postura esencial. 
Durante dos años, los 660 hombres y niños de Camp Delta no han tenido acceso a los derechos de los prisioneros de guerra o de los criminales civiles. 
No se les ha acusado de ningún crimen. 
Los tribunales militares que les juzgarán no les concederán derecho de recurso ni acceso a una defensa efectiva. 
Dostoyevsky escribió una vez: «Solo podemos conocer la naturaleza de una civilización visitando sus prisiones». 
De todos los exámenes que se le pueden hacer a una civilización, el más importante es el uso responsable del poder sobre los indefensos. 
Por desgracia, los estándares de detención y justicia en Guantánamo son atípicos de un país como los Estados Unidos, con una espléndida historia de libertades civiles. 
Aunque acojo con satisfacción las noticias de que algunos detenidos serán repatriados en breve, un aplazamiento para unos pocos australianos y europeos hace más palpable la injusticia cometida con los que se quedan. 
Europa tiene que presionar para que todos los hombres y niños de Guantánamo sean acusados de inmediato, sean juzgados en sus países o se les libere, independientemente de su nacionalidad. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero que esto sea una prioridad en su agenda. 
Insto a esta Cámara a pedir al Consejo Europeo una declaración inequívoca de la consternación de Europa, e insto a nuestro Presidente a que transmita este mensaje. 
Insto a los dirigentes de la Unión Europea a garantizar que los acuerdos bilaterales no silencien a Europa respecto de los importantes principios que están en juego. 
El Grupo Liberal apoya los llamamientos a que el Parlamento Europeo y el Consejo envíen un al Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto a los detenidos. 
Dos de nuestros mayores enemigos en la lucha contra el terror son el miedo que nos hace abaratar nuestras libertades y el poder que nos vuelve cínicos respecto de estas libertades. 
Si en el Consejo encontramos el deseo de hacer justicia a nuestro enemigo, entonces ya habremos ganado. 
Señor Presidente, es difícil intervenir después del excelente discurso del Sr. Watson. 
Estoy plenamente de acuerdo con los comentarios que mi colega diputado ha hecho sobre los presos en la Bahía de Guantánamo, y mi Grupo pedirá también a la Presidencia que adopte una postura firme sobre esta cuestión en la próxima reunión del Consejo. 
Quiero pedir asimismo que el Consejo manifieste en la próxima reunión su apoyo a la Iniciativa de Ginebra para la paz en Oriente Próximo, gracias a la cual algunos valerosos palestinos e israelíes han firmado ahora un acuerdo que podría conseguir el acercamiento de las dos partes. 
Podría ser nuestra esperanza de paz en la región. 
Volviendo a la Convención Europea y a la Conferencia Intergubernamental, cuando la Convención decidió redactar un tratado entero, eso es lo que fue: una decisión. 
En Laeken, por supuesto, se buscaron sobre todo respuestas a varios problemas diferentes y, puesto que la Convención decidió pese a todo redactar un solo tratado unificado, pienso también que ha querido cuestionar en cierta medida el método de trabajo. 
Posiblemente la Convención haya situado tan alto el listón europeo que haya dejado de tener los pies en la tierra. 
Ojalá no sea así, pero quiero decir que su resultado –la Constitución Europea– tiene algunos puntos flacos y también algunos puntos fuertes. 
Ante todo me desconcierta cómo podemos sentarnos en esta Cámara en una asamblea parlamentaria –una asamblea electa– para debatir una Constitución que posiblemente no se someterá a votación, respecto a la cual nuestros ciudadanos no podrán adoptar una posición y con la cual los ciudadanos europeos no tendrán la oportunidad de asentir o disentir. 
En algunos Estados miembros se celebrarán referendos, pero la mera idea de introducir algo parecido a una Constitución sin consultar a los ciudadanos se aleja demasiado, en cualquier caso, de mi idea de democracia. 
Después de todo, la democracia es algo más que solo unas instituciones democráticas, aunque estas formen parte de ella. 
La democracia es algo más que unas elecciones libres y democráticas entre diferentes candidatos y diferentes partidos, aunque estos formen parte de ella. 
La democracia exige también la existencia de un diálogo con los ciudadanos en el proceso. 
Los ciudadanos no deben limitarse a depositar su voto y regresar a sus casas. 
Tienen que ser consultados en momentos importantes, como es la redacción de una Constitución europea. 
Espero que el resultado de la Conferencia Intergubernamental pueda ser aceptado por los ciudadanos a los que se les permita votar sobre ella. 
Pero esa no será tarea fácil, por ejemplo, en el tema de la política económica. 
Acabamos de referirnos brevemente a la UEM, una cuestión que también se debatirá posteriormente en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero las políticas en las que se basa dicho pacto se han incorporado, como es lógico, al proyecto de Constitución y, al mismo tiempo, como ya dijimos con ocasión del referendo danés, estamos empezando a comprobar que los países pequeños tienen que cumplir las normas cuando los grandes no lo hacen. 
Rechazamos esta política y esperamos, por tanto, que en la reunión del Consejo se encuentre una solución al problema, de manera que Alemania pueda resolver sus dificultades económicas y no tengamos que limitarnos a cumplir unos criterios rígidos. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio, la Conferencia Intergubernamental no va bien. 
El resultado que se espera en Bruselas me parece pésimo. 
Creo que una de las grandes capacidades de los políticos que quieren decir «sí» es tener el valor, llegado el momento, para decir «no» o negarse a firmar. 
Creo que la Presidencia, la Comisión y todas las partes implicadas deben tratar de alcanzar un acuerdo en Bruselas. 
Pero si llegar a un acuerdo en Bruselas significa volver a escuchar la misma charlatanería que en la última noche de Niza, la Conferencia Intergubernamental no puede terminar en Bruselas. 
¡Niza no puede repetirse! 
Habrán oído ustedes «morir por Danzig» ; ahora, los polacos nos han traído «morir por Polonia». 
El Sr. Prodi ha dicho: «Vamos a morir por el presupuesto.» 
Yo digo: «No quiero morir por Bruselas.» 
Nadie está obligado a morir, como nadie está obligado a firmar si no le gusta el resultado de la Conferencia Intergubernamental. 
Así son las cosas. 
Sé que los Gobiernos suelen reírse de que este Parlamento no tenga que dar el «sí». 
Sé que dicen que al final el Parlamento saldrá vencido. 
De hecho, la mayoría de este Parlamento resultó vencida por una minoría en Niza y dijo «sí» a Niza, pero nosotros ya advertimos que Niza haría imposible la ampliación o haría imposible el funcionamiento de Europa. 
Señorías, señor Presidente en ejercicio, díganles ustedes que primero tiene que ratificarse esta Constitución, ya sea por vía parlamentaria o a través de un referendo. 
Díganles también que la gran mayoría de nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, no estamos de acuerdo con lo que ellos han firmado, y que somos capaces de inclinar el resultado del referendo a favor del «no». 
Que podemos seguir siendo un obstáculo aunque no nos dejen tomar la decisión con ellos. 
Que si no reciben el apoyo de los más europeos de los europeos, es decir, de este Parlamento, no recibirán el apoyo de los ciudadanos de Europa. 
Tienen que meterles eso en la cabeza. 
Por lo tanto, si revisan el proyecto de Constitución propuesto por la Convención, si no quieren seguir hablando sobre el consejo legislativo, si no quieren seguir hablando sobre igualdad institucional en materia del presupuesto y los derechos del Parlamento, si no están dispuestos a introducir la mayoría doble, si quieren poner en duda la definición del contenido de Europa según se define en la primera parte del texto de la Convención, este se encontrará con la oposición de los más europeos de los europeos. 
Por eso les digo que no tienen que firmar necesariamente y que si no se ponen de acuerdo, tienen que seguir hablando. 
Tienen que hablar con los polacos. 
Tienen que hablar con los españoles. 
Tienen que hablar con mi abuela y con mi abuelo y con todos los demás. 
A mí me parece que firmar antes de hacer eso sería un crimen contra Europa. 
Esto es lo que les diremos a los ciudadanos, y trataremos de convencer a nuestros Gobiernos de que no firmen en Bruselas si el resultado no es satisfactorio y que dejen que la Presidencia irlandesa o la Presidencia luxemburguesa termine el trabajo. 
La realidad es que nunca es demasiado tarde para terminar, pero sí demasiado pronto a veces. 
Eso es lo que me preocupa y por eso les digo que tienen que confiar en Europa y que no pueden sacrificarla firmando algo de lo que se avergonzarán en el futuro, como ya se han avergonzado de Niza. 
Después de todo, ese fue el motivo para poner en marcha la Convención. 
– Señor Presidente, creo que es lícito afirmar que la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Nápoles el pasado fin de semana fue muy productiva. 
Lo digo porque ahora los Gobiernos de la Unión Europea están debatiendo lo que yo describiría como cuestiones fundamentales relativas a aspectos que nos preocupan de las probables disposiciones del nuevo Tratado de la Unión Europea. 
Hay que felicitar al Gobierno italiano por acelerar el ritmo de estas negociaciones, y la celebración de esta reciente reunión en Nápoles ha resultado muy oportuna. 
Los dirigentes de la UE se reunirán la semana que viene, el 12 de diciembre de 2003, para intentar forjar el acuerdo final que regirá el futuro de la Unión Europea. 
Creo que, a la luz del espíritu de cooperación y determinación que prevalece en este momento, se podrá alcanzar un acuerdo en la próxima reunión de Jefes de Gobierno de la Unión Europea. 
Esto no significa que no haya problemas o ámbitos de discrepancia. 
Siempre he creído que es muy importante que haya igualdad de representación respecto de la composición futura de la Comisión Europea. 
Asimismo, los Gobiernos de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tienen diferentes preocupaciones. 
Está claro que la dirección del proceso de toma de decisiones en el seno del Parlamento y del Consejo Europeo estará basada en procedimientos de codecisión y de voto por mayoría. 
Creo que los ciudadanos de Europa están exigiendo conocer las responsabilidades exactas de las nuevas carteras políticas que se están creando en el seno de la Unión Europea. 
Quieren saber cuáles serán las funciones exactas de un probable Ministro de Asuntos Exteriores europeo y de un posible Presidente del Consejo Europeo. 
Es importante clarificar estas preguntas y no duplicar las funciones. 
Esto empañaría lo que la Unión Europea debería estar haciendo en este momento. 
Además, aún existe preocupación en Europa respecto de algunas preocupaciones nacionales delicadas. 
Considero que las cuestiones fiscales deberían limitarse a los Gobiernos de los Estados miembros individuales. 
No creo que la Unión Europea deba tener poderes para aumentar los impuestos mediante un procedimiento de voto por mayoría cualificada. 
Asimismo, creo que el procedimiento de voto por mayoría cualificada no debe aplicarse a decisiones relativas al funcionamiento de los sistemas jurídicos en el seno de la Unión Europea. 
Sería un paso incorrecto a causa de los diferentes sistemas jurídicos que funcionan en Europa. 
No me cabe duda de que durante los próximos diez días se intensificará el diálogo entre todas las partes contratantes en un esfuerzo por mediar en un acuerdo para un nuevo Tratado de la Unión Europea. 
Existe buena voluntad para alcanzar un acuerdo en el próximo Consejo Europeo. 
Aunque el calendario del Gobierno italiano es sin duda ambicioso, puede alcanzarse en las circunstancias adecuadas. 
Le deseo mucho éxito. 
Señor Presidente, probablemente esta sea nuestra última reunión antes de la cumbre del 12–13 de diciembre, y quiero manifestar mi rechazo a la Constitución propuesta. 
La Declaración de Laeken estableció la tarea de acercar la UE a sus ciudadanos. 
Ahora se pretende transferir un gran número de decisiones nuevas de los Parlamentos nacionales a funcionarios que deliberarán a puerta cerrada en Bruselas. 
Son más las decisiones que se quieren transferir de Parlamentos abiertos a grupos de trabajo semisecretos del Consejo que las decisiones que se quieren hacer transparentes en el Consejo. 
La apertura general disminuirá. 
El poder legislativo se está convirtiendo básicamente en un poder ejecutivo. 
En definitiva, el electorado está viendo menoscabada su influencia. 
El déficit democrático aumentará, cuando lo que se pretendía era reducirlo. 
Los federalistas de esta Cámara aplauden con alegría, porque ellos mismos conseguirán más influencia. 
En el fondo, tendrían que oponerse al hecho de que los Parlamentos nacionales cedan mucho más poder del que está ganando el Parlamento Europeo. 
El electorado y los representantes electos saldrán perdiendo. 
Los grupos de presión y los funcionarios verán aumentado su poder legislativo si se aprueba el proyecto actual. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrá derecho a designar a los que ostentarán el poder en la UE. 
El Presidente de la UE, el Ministro de Asuntos Exteriores de la UE, el Presidente de la Comisión y su vicepresidente serán todos ellos nombrados por una alianza de 17 de los 25 Jefes de Estado y de Gobierno. 
Podrá ignorarse el voto y los deseos de ocho países. 
Probablemente 10 de esos 17 podrán continuar como líderes en sus respectivos países. 
Los siete que no sigan en el poder cuando regresen a sus países podrán aceptar algún trabajo en Bruselas. 
Cuando los políticos pierden la confianza de los ciudadanos de su propio país, sus políticas rechazadas pueden mantenerse durante cinco años. 
El monopolio de la presentación de propuestas legislativas estará en manos de personas que ya no podrán ser elegidas. 
Los Comisarios no son elegidos y no tienen que rendir cuentas al electorado. 
La Comisión solo puede disolverse por mayoría de dos tercios, y su disolución crea como mucho una crisis. 
El propio Parlamento Europeo está atravesando una crisis, con una participación cada vez menor de votantes y la incapacidad de lograr que los Comisarios cumplan una ley de contabilidad que se aplica a todos los libreros de la UE, por ejemplo. 
No obstante, existen instrumentos eficaces para luchar contra el fraude, como son la transparencia y la democracia. 
Dejemos que los Comisarios sean nombrados por los Parlamentos nacionales y tengan que rendir cuentas a estos. 
De esta forma, ningún Comisario podrá salir del paso diciendo «no soy responsable; no sabía lo que estaba sucediendo.» 
Tenemos que construir Europa desde abajo y no desde arriba. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, voy a leer algunas declaraciones que se hicieron después de Nápoles. 
El Sr. Fischer dijo: «Me voy de Nápoles más preocupado que cuando llegué.» 
La Comisaria de Palacio dijo: «Está claro que solo una minoría de países apoyan el proyecto de Giscard d’Estaing.» 
El Sr. Villepin dijo: «No aceptaré compromisos diluidos.» 
El propio Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho que, si pudieran elegir, Austria, Estonia, Dinamarca y, en cierta medida, España, Polonia y el Reino Unido preferirían Niza al nuevo sistema. 
Sin comentarios. 
Esa es la situación. 
En su excelente intervención, que todos hemos aplaudido con placer, el Sr. Cohn-Bendit ha dicho que no quiere morir por Dinamarca, por Europa, por América ni por ninguna enfermedad. 
Bravo. 
Yo tampoco. 
Pero esta política, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta ausencia de política por nuestra parte, por su parte, por parte de Europa, está condenando a miles de personas a morir en Oriente Próximo y supone una amenaza para el destino y el futuro de la región. 
En mi opinión, y comparto el llamamiento que ha hecho también el anterior presidente, Sr. Cossiga, en esta cuestión –la cuestión de la guerra y la paz– los pacifistas solo podemos pedir que se retiren nuestras tropas. 
Bravo. 
Usted no es diferente de las personas que vivieron en 1939. 
Ahora es necesario, y esta es nuestra propuesta específica como miembros radicales de la Lista de Bonino, de conformidad con el derecho internacional y las reglas de la guerra, consultar a expertos con carácter urgente. 
Tenemos que actuar rápidamente para legalizar la situación y, por tanto, la Organización de las Naciones Unidas, Europa, la Liga Árabe y pienso que hasta los Estados Unidos, tienen que exigir un proceso oficial de paz. 
El error cometido en Italia por los Aliados, quienes hasta en aquella época eran liberadores, se está repitiendo en Oriente Próximo. 
El 8 de septiembre de 1943, cuando el ejército italiano se dispersó de la noche a la mañana como el ejército de Sadam Husein, Italia podría haber sido liberada en dos meses. 
Tardaron seis meses solo en establecer la República de Salò. 
No habrá República territorial de Salò, pero estamos siendo claros testigos de la reforma clandestina del ejército iraquí, que además sigue sin recibir paga alguna. 
En consecuencia, señor Presidente en ejercicio del Consejo, considero que Italia, y ahora Europa, tienen que tomar la iniciativa de convocar una reunión especial del Consejo para proponer un proceso de paz a la Organización de las Naciones Unidas, a los Estados Unidos y a la comunidad internacional. 
De acuerdo con las reglas internacionales de la guerra, Sadam Husein tiene que caracterizarse como un combatiente clandestino, de manera que –como ya sucedió con Cassibile en Italia, por ejemplo– puede que en el futuro se negocie no sobre la inmunidad de Sadam Husein, pero sí sobre su exilio y su impunidad. 
Esta es una iniciativa política genuina. 
Puede reunir a Francia, a Alemania y hasta a los neoconservadores en los Estados Unidos. 
Italia y Europa se estremecen de nuevo como lo hicieron en el caso de la antigua Yugoslavia. 
La imagen de Srebrenica simboliza nuestra incapacidad de actuar. 
Por eso les pido: vivamos para siempre, como quiere el Sr. Cohn-Bendit. 
Protejámonos de las enfermedades, pero no sigamos condenando a muerte a poblaciones enteras del mundo en nombre de la libertad y la legalidad. 
Señor Presidente, este debate está volviéndose muy emocional; mi intervención no va a ir en esa línea. 
Creo que la Conferencia Intergubernamental va como era previsible que fuera. 
A mí no me está sorprendiendo el desarrollo de la misma. 
Creo que la Presidencia italiana, señor Presidente en ejercicio, está haciendo algunas cosas bien. 
Creo que hay buenos avances en algunos temas, por ejemplo, en la cláusula social. 
Eso no conseguimos hacerlo en la Convención. 
Creo que si ustedes lo ponen sobre la mesa será un buen avance y veremos cuántos Gobiernos socialistas están a favor de ello. 
También creo, por ejemplo, que hay otros temas en los cuales ustedes van a llegar a acuerdos que pueden ser razonables, como el tema de la fiscalía europea. 
Creo que, si ustedes proponen que la fiscalía europea trate de aquellos temas que afectan a los intereses financieros de la Unión, este Parlamento podría aceptarlo a condición de que el fiscal no se creara por unanimidad, sino a través del procedimiento legislativo ordinario. 
Aquí tiene usted una propuesta de consenso que creo que nos permitiría avanzar. 
En cambio, hay alguna otra cuestión en la que no entiendo por qué la Presidencia italiana no ha buscado un compromiso. 
Por ejemplo, en el tema de la doble mayoría. 
No entiendo por qué la Presidencia italiana se ha obstinado en no hacer ninguna propuesta distinta del texto de la Convención, cuando en otros temas sí lo ha hecho. 
Me parece que el tiempo se nos echa encima. 
Me parece que queda solamente una reunión ministerial y, luego, el Consejo definitivo, y no sé si en este asunto conseguiremos avanzar hacia un resultado aceptable para todos. 
Claro que desde un punto de vista político, el momento tampoco es el mejor, pues con la ruptura del pacto de estabilidad da la sensación de que en Europa existen dos varas de medir- me gustaría mucho que le transmitiera eso al Sr. Tremonti -, lo que no contribuye a crear el mejor clima para el consenso. 
Ahora bien, a diferencia de lo que aquí se ha dicho- lo que ha dicho algún colega -, sí creo que tenemos que acabar el 13 de diciembre. 
No creo que por tener más tiempo- por utilizar las palabras de ese colega, que está ausente -, por consultar a la abuela o al abuelo de ese colega logremos un mejor resultado. 
Creo que eso no es así. 
Creo que- como decimos en mi país- el pescado está vendido: todos sabemos cuáles son las soluciones que hay sobre la mesa, cuáles son las alternativas posibles y creo que la señal política que tenemos que dar es aprobar la Constitución el 13 de diciembre. esa es la señal política que tenemos que dar. 
Y creo que, además, tenemos que hacerlo porque la ampliación, que es la gran apuesta de Europa y de este Parlamento, tiene que ir acompañada por la refundación política en la Constitución. 
Se entendería muy mal que la ampliación se llevara a cabo el 1 de mayo y que no tuviéramos Constitución por una razón u otra. 
Por tanto, le animo a usted a seguir perseverando en esa línea y pido a los Gobiernos que hagan uso de un patriotismo constitucional europeo, que olviden los intereses nacionales y que piensen que lo que necesitamos en estos momentos es una Constitución que sea una unión de Estados y también de ciudadanos, que nos permita vivir juntos en esa apasionante tarea en los próximos años. 
Por tanto, ¡adelante! , señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Adelante, intentando buscar acuerdos. 
Adelante, para acabar el 13 de diciembre. 
– Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero agradecer a la Presidencia italiana del Consejo el enorme esfuerzo que ha hecho en las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental para mantenerse lo más fiel posible al texto propuesto por la Convención y también para ofrecer soluciones que van más allá de dicho texto. 
Pondré dos ejemplos: la referencia explícita a la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer como uno de los valores de la Unión Europea no es un mérito que corresponda a la Convención. 
El hecho de que ustedes la propusieran y de que se aceptara es un progreso, y eso es algo que tenemos que dejar claro. 
Su propuesta de que las decisiones en ámbitos específicos de la Política Exterior y de Seguridad Común deban tomarse, sujetas a ciertas condiciones, mediante votación por mayoría cualificada, va más allá de la propuesta de la Convención, y eso es algo que quiero recalcar de forma expresa para dejar claro el papel extraordinariamente positivo que han tenido ustedes. 
Pero tengo que decirle al Sr. Brok, aunque ya no esté aquí presente, que lo que ustedes han propuesto con relación al Banco Central Europeo no interfiere con la independencia de este. 
No va más allá de lo que queremos para otros ámbitos, es decir, que las decisiones sobre cuestiones técnicas específicas puedan tomarse mediante un procedimiento simplificado, lo cual significa que si los Jefes de Gobierno quieren cambiar algo, tendrán que hacerlo por unanimidad. 
La unanimidad sigue existiendo; lo único que sucede es que, cuando queramos resolver cuestiones técnicas, no tendremos que poner en marcha todo el proceso de revisión de los Tratados y la Constitución. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que a todos nos parece este un punto de bastante importancia, y le pido a la Presidencia del Consejo que tenga también eso en cuenta. 
En cuanto a los derechos del Parlamento en materia presupuestaria, tanto en la planificación financiera a medio plazo como en el presupuesto anual, no podemos ni queremos aceptar menos de lo que ya tenemos. 
Una cosa así no puede ser aceptada por un parlamento democráticamente elegido, y nos resistiremos a ello con todos los medios a nuestra disposición. 
Quiero añadir que celebro la postura sin ambigüedades que ha adoptado la Comisión en este punto. 
Puede que no siempre estemos en el mismo lado, pero, en este caso, señor Presidente de la Comisión, celebramos su apoyo, porque contamos con pocos aliados en esta cuestión. 
Me alegro de que esté usted entre ellos, como también lo está la Presidencia del Consejo. 
Yo también tengo mis críticas respecto a Nápoles. 
Al igual que el Sr. Fischer, el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, yo regresé de Nápoles más deprimido de lo que llegué. 
Lo que me preocupa es que hemos dejado sin resolver muchas cuestiones respecto a las cuales ahora tendrán que decidir los Jefes de Estado y de Gobierno, y que terminaremos repitiendo aquella «noche de Niza» y su compromiso, no solamente respecto al mínimo común denominador, sino con un conjunto de compromisos inconexos y mutuamente contradictorios. 
El peligro de que se repita lo de Niza en Bruselas el 13 de diciembre se ha hecho mayor desde Nápoles. 
Mi temor es que terminemos aceptando esta peculiar «cláusula de emplazamiento». 
Durante más de diez años, desde Maastricht, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esa ha sido la respuesta habitual de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
En Maastricht dijimos que necesitábamos la unificación política de Europa. 
Pero la aplazamos, decidiendo que la dejaríamos para más adelante. 
Luego tuvimos Amsterdam, y las célebres cuestiones que quedaron pendientes y se aplazaron hasta Niza, donde tampoco pudieron resolverse y se remitieron a la Convención. 
Ahora la Convención ha presentado una propuesta. 
Por favor, se lo ruego, señor Presidente en ejercicio, ¡no vuelva a hacer lo mismo! 
La situación no ha mejorado. 
Si quedan más cuestiones sin resolver después de las decisiones tomadas el 13 de diciembre, el conjunto de la ciudadanía europea lo tomará como un fracaso de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
Señor Presidente en ejercicio, le ruego que evite un fracaso así. 
A ellos se les juzgará no solo por su capacidad de conseguir resultados, sino también de propagar soluciones, y a usted también. 
– Señor Presidente, este viernes 5 de diciembre de 2003, los parlamentarios de la Convención volverán a reunirse para analizar el progreso de la Conferencia Intergubernamental, para hablar con el Sr. Frattini y con el Sr. Giscard d’Estaing y para hacer propuestas conjuntas a la CIG. 
La idea principal de nuestras deliberaciones será el apoyo al trabajo de la Presidencia italiana en su defensa del trabajo de la Convención, pero estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Hänsch en que lucharemos contra la noción de cláusulas en elementos clave del paquete La falta de resolución no hará que las decisiones difíciles se resuelvan de forma más fácil: ahora es el momento de actuar con decisión. 
Tampoco aprobaremos propuestas que exageren el tamaño y distorsionen la forma de la Comisión –o incluso de este Parlamento– para evitar concesiones a la autoestima de los Estados miembros. 
Tales estratagemas no contribuyen a la eficiencia y eficacia de esas autoridades, e ignorar la voluntad de este Parlamento hipotecaría sin duda las perspectivas de entrada en vigor del nuevo acuerdo. 
Enfriaría el ambiente político y heriría la legitimidad democrática de la Unión. 
Los Presidentes del Consejo y de la Comisión tienen que dejar muy claro que la CIG no puede dar por supuesto nuestro consentimiento. 
Señor Presidente, por supuesto que los trabajadores, los ciudadanos de nuestros países, no esperan que en la cumbre del Consejo se hable sobre la realidad que ellos experimentan todos los días como consecuencia de la política de los Gobiernos de centro derecha o de centro izquierda de la Unión Europea. 
Ellos sufren en carne propia el aumento del desempleo, la disminución de los ingresos, la compaña en contra y hasta la supresión de la jornada de ocho horas y sus otros derechos como resultado de la famosa agenda de Lisboa, cuya aplicación será evaluada por el Consejo. 
Ellos saben que todo esto se está promoviendo en nombre de la competitividad y la productividad, con el único objetivo de aumentar los beneficios que obtienen las grandes empresas en la Unión Europea. 
Este es también el objetivo más general de la reducción constante de los costes de mano de obra, incluso allí donde tenemos índices de crecimiento más altos, como en Grecia, cuyos trabajadores son los más productivos y los peor pagados de toda la Unión Europea. 
Como ocurre con todas las demás cuestiones que se debatirán, sea la Conferencia Intergubernamental, la Constitución europea, que institucionaliza el capitalismo, el aumento de la militarización y la autocracia de la Unión Europea, el reforzamiento de unos mecanismos represivos contrarios a los intereses de los trabajadores, la ampliación –negativa para los ciudadanos– con diez nuevos países o la política en materia de inmigración y asilo, la única finalidad de la cumbre del Consejo es salvaguardar y aumentar los beneficios y el poder de las grandes empresas en la Unión Europea. 
La continuación de la ocupación del Iraq está teniendo como único resultado un aumento de los beneficios y sigue cobrándose víctimas entre la población iraquí, así como entre los conquistadores y sus aliados como consecuencia de la resistencia justificada de los ciudadanos iraquíes. 
Así pues, el Consejo Europeo de Bruselas no solo mantendrá estas orientaciones políticas, sino que además adoptará medidas para reforzarlas y salvaguardarlas legalmente. 
En mi opinión, la única forma de cambiar esta situación es con la resistencia y el contraataque de los ciudadanos, que por fortuna no paran de aumentar. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para reforzar esta perspectiva. 
– Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero manifestar mi apoyo a la decidida protesta del Sr. Watson contra las graves y constantes violaciones de los derechos humanos en los campos de prisioneros de los Estados Unidos. 
Permítanme ahora hablar sobre la Conferencia Intergubernamental. Me pregunto por qué los Gobiernos convocaron una Convención cuando, incluso sin ella, podrían haber presenciado el sempiterno espectáculo de las naciones luchando por defender sus intereses. 
Mientras los Gobiernos dan la vuelta al texto propuesto por la Convención, nosotros en esta Cámara hemos vuelto a proponer resoluciones, repitiéndonos a nosotros mismos, protestando contra el eterno inmovilismo, pero todo ha sido en vano, porque no hemos obtenido ninguna respuesta, ni tan siquiera un debate en serio de la cuestión. 
Ahora procede que nos preguntemos qué debemos hacer. 
Los Gobiernos creen saber cuál va a ser nuestra respuesta; ya se la dimos después del fracaso parcial de Amsterdam: «Esto es mejor que nada». 
Luego, después de Niza, cuando el fracaso fue total, nuestra respuesta siguió siendo la misma: «Esto es mejor que nada». 
Pero ahora he llegado a creer que una mala Constitución no es mejor que nada. 
Tenemos que dejar claro a los Gobiernos que ellos no son los dueños de los tratados, sino los Parlamentos y los ciudadanos representados por estos, que son los únicos que pueden rechazar esta Constitución. 
Se nos dice en un tono muy emotivo que tenemos que salvaguardar la dignidad de todos los Estados miembros. 
¿Y qué pasa con la dignidad de Europa? 
Nadie dice nada sobre ella. 
No puedo creer que la dignidad de un Estado miembro exija renunciar a los principios de la separación de poderes y la naturaleza pública del proceso legislador, o suprimir el consejo legislativo, la gran idea de la Convención para reforzar la democracia. 
No puedo creer que la dignidad de un Estado miembro exija que la indudable legitimidad de la mayoría doble tenga que jugarse a la lotería en Niza. 
No puedo creer que la dignidad de un Estado miembro signifique que el Consejo tenga que aprobar más leyes, o que tengan que lanzarse más ataques contra el parlamentarismo y la naturaleza pública del proceso legislador. 
La dignidad nacional no tiene nada que ver con eso, ni necesita que se menoscaben los derechos presupuestarios del Parlamento. 
En el último debate, así como en los pasillos y entre bastidores, algunas personas se muestran partidarias de llegar a un compromiso. 
Escuchando al Sr. Méndez de Vigo, nos ha parecido entender que esta Cámara debe renunciar a su lealtad hacia la Convención y optar por el traidor hielo del compromiso. 
Se nos ofrecen compromisos solo cuando estamos en retirada. 
Se nos ofrecen negociaciones solo cuando se cuestionan la democracia y los derechos del Parlamento. 
Nadie parece ofrecerse a negociar nuestras demandas respecto a la Conferencia Intergubernamental. 
Esta vez, debemos dejar claro que una mala Constitución no es mejor que nada. 
Presidentes, Señorías, al igual que el Sr. Cohn-Bendit, yo también opino que no tenemos ninguna prisa, porque la declaración de Niza, con la que se inició todo el proceso, estableció 2004 como fecha para la Conferencia Intergubernamental y yo creo que es mejor tardar algún tiempo en llegar a un acuerdo bueno y duradero que llegar rápidamente a un mal acuerdo. 
Tengo que reconocer, no obstante, los méritos de la Presidencia italiana y el progreso que parece haberse iniciado en Nápoles. 
Nápoles representa un paso muy positivo en la evolución de la Conferencia Intergubernamental, por lo cual felicito calurosamente a la Presidencia italiana, y ha generado expectativas positivas en numerosos ámbitos. Sería muy perjudicial defraudar ahora esas expectativas. 
Se ha progresado asimismo en la consagración de la regla de un Comisario por cada Estado miembro con los mismos y plenos derechos. 
Celebro que se hayan impuesto límites a los poderes del Presidente del Consejo Europeo, como la creación de un sistema diversificado y versátil para las presidencias rotativas de las distintas formaciones del Consejo, sustituyendo a la innecesaria eliminación del sistema de presidencia rotativa. 
Celebro también que se hayan rechazado los llamados métodos «simplificados» de revisión de los Tratados, que constituirían un abuso del modelo tradicional del derecho internacional y constitucional. 
Pero una vez dicho eso, algunas cuestiones siguen siendo motivo de preocupación y en relación a ellas quiero apelar al sentido común de los dirigentes europeos y a la imaginación de la Presidencia italiana. 
En primer lugar, tiene qu clarificarse el principio de la primacía del derecho comunitario, sin cuestionar con ello el propio principio de la soberanía nacional. 
En segundo lugar, tiene que garantizarse la transparencia y apertura de los trabajos legislativos del Consejo, pues lamentablemente parece haberse abandonado la perspectiva de que tengamos un Consejo legislativo. En tercer lugar, tenemos que obrar con mucha cautela e imponer limitaciones a las cláusulas de pasarela. 
Estas cláusulas no tienen que verse como un medio de restablecer los llamados métodos simplificados –que también son irregulares, en mi opinión– para la revisión de los Tratados. 
En cuarto lugar, no existe ninguna necesidad de utilizar este vocabulario demasiado «ambicioso» , que utiliza «ministro» o la propia palabra «constitución». Tiene también que encontrarse una solución al problema del reconocimiento de las raíces cristianas, de la religión judeocristiana y de otros aspectos de las raíces históricas y espirituales de Europa, además de confirmar la naturaleza secular de las instituciones. 
Tendríamos que ser muy intolerantes y estar llenos de prejuicios para no aceptar la propuesta de la Presidencia italiana. 
Quiero decir unas palabras sobre el tema de la votación por mayoría cualificada, que a España y Polonia les parece un obstáculo: nosotros somos partidarios de la paridad (60% más 60%). 
España tiene que entender que es el mayor de los países de mediano tamaño y no el más pequeño de los países grandes. 
Europa necesita más países de mediano tamaño, en lugar de países obsesionados con la idea de ser grandes. 
Eso es de extrema importancia para que pueda existir un interés común europeo. 
– Señor Presidente, los comentarios que ha hecho el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Antonione, sobre el progreso que se ha hecho en la Conferencia Intergubernamental, nos permiten albergar grandes esperanzas sobre el resultado final del proceso no solo en términos del cumplimiento del calendario, sino sobre todo en términos de su contenido. 
No se ha producido ninguna concesión respecto al texto adoptado por la Convención, y la decisión de la Presidencia italiana de no aceptar ningún compromiso con el único fin de firmar el Tratado ha merecido la pena. 
Señor Presidente, el Parlamento, que esta semana tiene que instar a los Estados miembros a adoptar un acuerdo que otorgará por fin a Europa su primera carta constitucional, no puede más que compartir la posición adoptada por la Presidencia. 
El Presidente Cox ha insistido con razón en la necesidad de actuar con eficacia y la debida celeridad. 
Compartimos plenamente sus comentarios y sus sentimientos, pero no nos identificamos con los comentarios de los pesimistas que quieren tirar la toalla cuando se les presenta cualquier dificultad. 
Por tanto, Presidente Antonione, comparto sus comentarios a favor de abandonar los particularismos nacionales. 
Europa no puede perder esta extraordinaria oportunidad. 
Estoy convencido de que ningún Estado querrá que le acusen de destruir un sueño. 
Finalmente, como miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, pido a la Conferencia Intergubernamental una vez más que introduzca en el preámbulo una referencia explícita a las raíces judeocristianas de Europa. 
Por último, señor Watson, unas palabras sobre la cuestión de Guantánamo. Usted habla bien el italiano, lo entiende muy bien y espero que también sepa leerlo, porque, según la información aparecida en la prensa italiana, parece ser que, en más de una ocasión, la Presidencia del Consejo ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que respeten los derechos humanos también en Guantánamo. 
– Señor Presidente, los debates sobre política exterior en la Cumbre de Bruselas tendrán lugar en dos contextos, el del debate constitucional y el de los problemas concretos de política exterior. 
Considerando primero el debate constitucional, quiero corroborar plenamente lo que ha dicho el Presidente Prodi. 
Tenemos que ser actores en la escena internacional, no simples espectadores. 
Y como la forma es también importante además del contenido, quiero manifestar mi apoyo al Sr. Antonione, quien ha dicho claramente que se trata y tiene que tratarse de un ministro de Asuntos Exteriores. 
No estamos hablando aquí de un Alto Representante ni de un embajador, sino de un ministro europeo de Asuntos Exteriores, que no suplantará a los ministros nacionales de Asuntos Exteriores, sino que los complementará y organizará su trabajo con mayor eficacia. 
En segundo lugar, la política exterior es mi principal ocupación y permítanme que les diga que tenemos un problema, y –si puedo comentarlo brevemente con el Sr. Antonione– que el problema es Oriente Próximo. 
En los días pasados se ha firmado un acuerdo –conocido como el acuerdo de Ginebra– de carácter privado entre dos personas y muchos otros israelíes y palestinos, y el Consejo quiere debatir ya este asunto cuando solo ha transcurrido una semana y media. 
Nunca antes un acuerdo privado ha ocupado tanto espacio en los medios de comunicación, nunca antes un acuerdo ha hecho albergar tantas esperanzas, y nunca antes un acuerdo ha estado tan perfectamente en consonancia con la política exterior europea, así que espero que el Consejo preste por fin atención a esta iniciativa de Ginebra y manifieste su apoyo a la misma con más contundencia todavía que el Secretario de Estado Colin Powell- ¡a Dios gracias! , porque aunque podría haber sido una iniciativa europea, tiene más valor aún por haberse originado en la propia región, entre hombres y mujeres que saben lo que es el sufrimiento continuado y sin los cuales no sería posible un acuerdo. 
Si pretendemos que la campaña decisiva contra el terrorismo se lance desde Europa, tenemos que ser conscientes de que el terrorismo seguirá propagándose –como ha ocurrido en las últimas semanas– mientras no se vislumbre una solución para Oriente Próximo, una solución a la que solo podrá llegarse, admitámoslo, paso a paso. 
Teniendo esto en mente, lamentamos profundamente los atentados terroristas en Estambul. 
Al igual que Nueva York, Estambul no es solo una ciudad en la que conviven muchas etnias diferentes, sino un símbolo positivo de cómo estas pueden cooperar entre sí, y el terrorismo milita, por supuesto, contra este tipo de asociaciones y relaciones entre grupos étnicos. 
Creo también que tenemos que demostrar a Turquía nuestra solidaridad y nuestro apoyo, lo cual no significa que el terrorismo conlleve algún tipo de bonificación. Al igual que la Comisión y el Presidente en ejercicio del Consejo, estoy totalmente a favor de que procedamos de la misma forma que hasta ahora, con unos criterios que sean objetivos y se sometan a escrutinio. 
No se debe permitir que el terrorismo afecte a la posición de Turquía, ni para bien ni para mal. 
Para terminar, quiero decir algo a lo que ya han hecho referencia muchos otros diputados. 
Rara vez me preocupan los asuntos presupuestarios, pero, sea cual sea nuestra nacionalidad o el grupo social o político al que pertenezcamos, todos los miembros de esta Cámara somos conscientes de la importancia de los derechos de un Parlamento en materia presupuestaria, y solo quiero manifestarle mi apoyo, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
La posición de esta Cámara está clara. 
No estamos presentando simplemente una resolución. 
Podemos preguntarnos, como una vez preguntó Stalin al Vaticano: «¿Dónde están sus ejércitos? », ¿cómo va a aprobarse una Constitución europea por vía de referendos y por los Parlamentos nacionales si se encuentra con la resistencia generalizada de esta Cámara? 
Esto es lo que les pido que acepten: no más recortes, y en ningún caso de los derechos de esta Cámara, una institución europea democrática y libremente elegida. 
– Señor Presidente, Europa sigue valorando más el oportunismo que los acuerdos formales. 
Aparentemente, los grandes países pueden salir ganando más que los pequeños. 
El incumplimiento por parte de Francia y Alemania de los criterios del Pacto de Estabilidad ha supuesto un duro golpe para la confianza de los ciudadanos neerlandeses en la Unión Europea. 
El hombre de la calle se pregunta por qué debe apoyar un nuevo tratado si no se sabe si será respetado. 
Es importante que no se evite el debate sobre el Pacto de Estabilidad, sobre todo a la vista de los referendos sobre la Constitución. 
El referendo será más sobre el contexto que sobre el texto del Tratado. 
Será una vara para medir la confianza. 
Nosotros concedemos mucha importancia a las propuestas de la Convención relativas al procedimiento de votación en el Consejo y los plenos derechos del Parlamento en materia presupuestaria. 
Pero en lo que a nosotros respecta, los Estados miembros pueden mantener sus Comisarios de pleno derecho. 
Si se pretende reforzar su legitimidad, tienen que ser elegidos directamente por el Parlamento Europeo, sin ningún nombramiento del Consejo Europeo. 
Ahora bien, solo cuando en Europa los acuerdos tengan más importancia que el oportunismo político, podrá aumentar la confianza de los ciudadanos. 
– Señor Presidente, quiero abordar una cuestión planteada por el Presidente en ejercicio del Consejo que nadie ha mencionado aún, pero que para más de una persona en esta Cámara es de gran actualidad y trascendencia. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha mencionado que se está planteando la pregunta de si el número mínimo de diputados por Estado es demasiado bajo. 
¿Es un error mantener una presencia básica relativamente baja en una Unión nueva y en proceso de ampliación? 
Detengámonos a reflexionar sobre ello. 
En la actualidad, con respecto Gran Bretaña –que se compone de tres naciones, Inglaterra, Escocia y Gales–, Gales está representada actualmente en esta Cámara por cinco diputados. 
Si la nueva Constitución entra en vigor, el número de diputados que representarán a Gales en esta Cámara bajará a cuatro. 
Malta tendrá cinco. 
No me opongo en absoluto a que Malta tenga cinco diputados: es bueno que los países pequeños tengan una representación adecuada. 
Como escocés, ¿cómo podría pensar de otra manera? 
Sin embargo, no podemos olvidar que el principio de proporcionalidad degresiva tiene una profunda justificación. 
La proporcionalidad degresiva dice que cada Estado en la Unión tiene que estar representado en esta Cámara por un número suficiente de diputados que expresen la diversidad política de ese Estado. 
Por lo tanto, incluso los 400 000 ciudadanos de Malta deberían tener al menos cinco diputados, pero quizá no más. 
Si insistimos con razón en mantener un tope máximo de representación, el resultado de incrementar aún más el umbral de la proporcionalidad degresiva por encima de cinco será el recorte de la representación de partes significativas de Estados miembros actuales. 
En los debates que hemos celebrado sobre las competencias de la Unión, el Sr. Lamassoure ha recordado a la Cámara la importancia de regiones asociadas, países como Flandes, Galicia, Euskadi y, por supuesto, Escocia. 
Se trata de partes significativas de la Unión. 
Si recortan su representación, les están negando la proporcionalidad degresiva en la que acertadamente insisten para países como Malta o Chipre. 
No lo hagan. 
No se trata de una banalidad. 
En la Convención, como diputado representante de Escocia intenté en numerosas ocasiones alertar a los colegas sobre la importancia de frenar ciertos aspectos de la política pesquera común que nos resultan inaceptables. 
No se me ha hecho caso. 
El resultado es que me resultará imposible, como firme partidario de la idea de una Constitución Europea, convencer a mis colegas políticos en Escocia de que apoyen la ratificación del texto, porque ahora sé que no se cambiará en ese punto. 
Se ha ignorado mi llamamiento. 
Si hubiera representado a una fuerza mayor, quizá se me habría escuchado. 
No desprecien la proporcionalidad degresiva para los de los Estados de la Unión exigiéndola para los Estados. 
– Señor Presidente, los Conservadores británicos –es decir, los Demócratas Europeos– no apoyamos la idea de que la Constitución europea propuesta y debatida en este momento en la CIG en Roma sea un mero ejercicio de ordenación. 
Creemos que altera de forma significativa el equilibrio de poder entre los Estados miembros y las instituciones europeas de la Unión Europea. 
Creemos que se trata de una etapa más en el establecimiento de un superestado federal con su bandera, su moneda, su ejército y ahora con su Constitución, en lugar de un tratado simplificador basado en una creación supranacional única entre Estados miembros soberanos. 
Nos preocupa el nuevo papel destacado del Presidente del Consejo y el Ministro de Asuntos Exteriores propuesto y la personalidad jurídica de la UE, que aumentarán la percepción de que la UE es un Estado y que en breve pedirá formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Nos oponemos a las cláusulas «pasarela» que hipotecan nuestros derechos de veto sobre el sistema tributario, la seguridad social y, lo que es peor, sobre la PESC, que incluye la seguridad y la defensa. 
En teoría, será posible que un nuevo Gobierno británico pierda una votación sobre el despliegue de sus propias tropas ya comprometidas por una administración anterior. 
Asimismo, hemos visto concesiones respecto de un cuartel general separado para las operaciones europeas autónomas, que haría el juego a las tendencias aislacionistas norteamericanas, que verían con alegría cómo los europeos van a su aire y mientras cuestionan la necesidad de mantener a los Estados Unidos vinculados a la OTAN, una organización que en mi opinión nos ha hecho un buen servicio durante tanto tiempo. 
Nos oponemos a que la Carta de los Derechos Fundamentales –con sus vagos derechos al empleo, la sanidad y la seguridad social– sea jurídicamente vinculante. 
Constituye una receta para el activismo del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo en su plan por reforzar la economía de mercado social y socavar las reformas económicas thatcherianas de los años ochenta, que convirtieron a mi país en un imán para la inversión extranjera directa. 
Por último, estamos firmemente convencidos de que tales cambios constitucionales requieren un debate público en todos los Estados miembros. 
Con referencia a mi país, insto al Primer Ministro Blair a que permita a los británicos opinar sobre el resultado de la Conferencia Intergubernamental a través de un referendo. 
Si durante las vacaciones de Navidad se encuentra en la maravillosa ciudad de Bolton, por favor venga conmigo al que suelo frecuentar allí, porque se sorprenderá al descubrir que la mayoría de la gente no habla del voto por mayoría cualificada, de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Conferencia Intergubernamental. 
Habla de otras cuestiones. 
Menciono este punto no para desacreditar las discusiones sobre la Constitución, que son importantes, sino para subrayar que el interminable debate institucional no nos acerca al electorado porque no aborda las cuestiones que los votantes consideran importantes. 
Desde que fui elegido diputado en 1989 parece que hemos celebrado debates institucionales interminables. 
Tenemos que detener este debate institucional porque para la legitimidad política de la UE es esencial que alcancemos un acuerdo en esta CIG rápidamente, y lo que es más importante, que alcancemos un acuerdo duradero. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Hänsch en que no podemos continuar interminablemente con una CIG que aborda los flecos de otra CIG. 
Cuando alcancemos un acuerdo duradero, podremos comenzar a centrarnos en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de una Europa de 25 Estados miembros. 
Tenemos que comenzar haciendo progresos prácticos. 
No demos por supuesto que la ampliación se producirá sin contratiempos. 
Tenemos que asegurarnos de que los países candidatos cumplen los requisitos establecidos por la Comisión en su último informe anual. 
Tenemos que asegurarnos de que la adhesión de estos países al Espacio Económico Europeo –cosa que suele olvidarse– se produzca sin contratiempos, porque hasta el momento no ha sido así. 
No podemos perder de vista a Rumanía y Bulgaria, o su objetivo de adherirse en el año 2007. 
Tenemos que continuar nuestro trabajo en Turquía y, como ha dicho el Sr. Swoboda, demostrar una mayor solidaridad con este país, en particular en este momento. 
Asimismo, tenemos que examinar otras cuestiones que preocupan a nuestros ciudadanos: más y mejores puestos de trabajo. 
Tenemos que revitalizar el proceso de Lisboa y garantizar una política social activa que cree empleo. 
Como demuestra el informe del Sr. Kok, hay demasiadas personas excluidas del mercado laboral, y estamos construyendo un muro entre los que tienen empleo y los que no lo tienen. 
Tenemos que hacer mucho más a este respecto. 
En particular, los Estados miembros tienen que dejar de dar largas sobre el asunto. 
Los Estados miembros están dando largas con respecto a Lisboa y a la orden de detención europea. 
La delincuencia es importante para nuestros ciudadanos, y necesitamos que más Estados miembros la ratifiquen. 
Los Estados miembros son responsables de que el Tribunal de Cuentas Europeo, en sus informes anuales, nos diga que no puede hacer un seguimiento de todas las cuentas a causa de la manera en que los Estados miembros gastan el dinero. 
Tenemos que exigir mucho más a los Estados miembros. 
En materia de política de seguridad, acojo con satisfacción los progresos realizados, pero asegurémonos de que nos centramos en la capacidad y no en las estructuras institucionales, porque solo se nos juzgará por nuestra capacidad. 
Si pudiera pedir un regalo de Navidad –puesto que todavía creo en Papá Noel–, quisiera que se llegara a conclusiones en la CIG, que se mantuvieran y que no dejaran flecos. 
Quisiera que nos centráramos en dar satisfacción a nuestros ciudadanos, porque la Unión Europea será juzgada sobre esta base. 
. Muchas gracias por su amable invitación, señor Titley. 
– Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho que la Unión Europea no dejará de acoger a los inmigrantes legales. 
Esto parece hipócrita, porque el Consejo ha acordado un texto muy restrictivo sobre los derechos de reunión familiar. 
En efecto, es tan poco generoso que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior aconseja que el Parlamento Europeo intente anular este texto en el Tribunal Europeo sobre la base de un incumplimiento de las disposiciones en materia de derechos familiares de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
El Consejo no tiene ninguna duda sobre la opinión de esta Cámara respecto del internamiento sin el debido proceso legal de los prisioneros de Guantánamo. 
Como coponente en este tema, estoy ayudando a elaborar una alegación de este Parlamento al Tribunal Supremo, pero solo el Consejo puede hacer declaraciones en nombre del conjunto de la UE. 
Ya ha llegado a un acuerdo de cooperación jurídica con los Estados Unidos, de modo que los norteamericanos no pueden discutir el estatuto jurídico del Consejo. 
Sería indignante que los Gobiernos –como el británico– que suscriben acuerdos bilaterales frustraran la iniciativa del Consejo. 
Incluso si rescatamos a los europeos de la Bahía de Guantánamo, tenemos que abogar por los 650 detenidos. 
Como estamos demostrando con los aranceles del acero, si la UE usa toda su fuerza, los Estados Unidos toman nota. 
Señor Presidente, como ciudadano del estado español, quiero decirle a este Parlamento que las opiniones de la mayoría de mis conciudadanos no están representadas en ningún caso por las posiciones que el Primer Ministro español, José María Aznar, está tratando de imponer y que propugnan la introducción del sistema de votación propuesto en Niza, justamente lo contrario del sistema aprobado por la Comisión, que exige una mayoría doble de Estados y de ciudadanos. 
En su intento de mantener este poder de veto arbitrario, que consiguió con un elevado coste para la representación española en este Parlamento, el Sr. Aznar estará representándose exclusivamente a sí mismo y confirmará que es el dirigente político más poco colaborador e intransigente de Europa. 
José María Aznar está tratando fraudulentamente de entorpecer el proyecto de Constitución Europea para bloquear el progreso de los Gobiernos nacionalistas de Galicia, el País Vasco y Cataluña en el contexto de un Estado federal, tratando de que en el proyecto se incorporen disposiciones que, de aceptarse, impedirían la futura reunificación de Irlanda, puesto que cambiarían las fronteras del Reino Unido y de Irlanda, e impedirían también la devolución de Gibraltar al Estado español. 
Terminaré recordando que ayer quince inmigrantes más perecieron en las costas españolas. Creo que debemos tener en cuenta este hecho y adoptar las medidas políticas que sean necesarias para prevenir que se repita este tipo de episodios. 
Señor Presidente, confío en que el resultado de la Conferencia Intergubernamental no nos satisfaga menos de lo que nos satisfizo el resultado de la Convención. 
Quiero hacer dos o tres breves comentarios al respecto. 
En primer lugar, las disposiciones finales en materia de defensa y política exterior son muy importantes. 
Celebro el progreso que se ha realizado. 
Me gustaría que hubiera sido mayor, sobre todo en lo que respecta a la cláusula de asistencia unificada pero, a pesar de todo, es bueno que demostremos que hemos aprendido con la guerra en el Iraq. 
En segundo lugar, todos los Estados miembros deben estar representados en la Comisión. 
En Grecia, sobre todo, daría muy mala impresión que los países más pequeños no estuvieran representados. 
En tercer lugar, nosotros pensamos que es mejor no llegar a un acuerdo en diciembre si dicho acuerdo no es satisfactorio. 
Dicho lo cual, haré un breve comentario sobre el sector que más me preocupa en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos: el transporte. 
Señor Prodi, está pendiente de debate la iniciativa de desarrollo para poner en marcha el programa de redes transeuropeas prioritarias Quick Start. 
Se tiene la impresión de que el Parlamento está siendo ignorado y de que el Consejo Europeo será el único que tome la decisión, a propuesta de la Comisión. 
Aparte de ser eso incorrecto, es también contrario al Derecho comunitario y el Parlamento no está dispuesto a aceptarlo. 
Nosotros somos colegisladores en materia de redes transeuropeas y debemos defender nuestros derechos hasta el final. 
Dicho esto, está la cuestión del contenido. 
Podemos trazar líneas verdes y rojas en el mapa y decir, «¡Hélas aquí, nuevas carreteras y vías férreas! », pero las redes transeuropeas necesitan financiación. 
De manera que tiene que existir voluntad política por parte de los Estados miembros y de la Comisión Europea, para que, con la participación de los sectores público y privado, podamos proceder lo más deprisa posible en esta dirección. 
– Señor Presidente, Señorías, empezaré pidiéndoles que me perdonen por llegar tarde. 
La vida penaliza a los que llegan demasiado tarde, no como el vicepresidente, el Sr. Dimitrakopoulos, que ha sido indulgente conmigo y me ha dado pese a ello la oportunidad de intervenir, razón por la cual le estoy muy agradecido. 
En nombre de mi Grupo, y en particular también de los socialdemócratas alemanes, quiero dar las gracias a nuestro propio Gobierno y a la Presidencia italiana del Consejo. 
Señor Antonione, mi expresión de gratitud a la Presidencia italiana del Consejo posiblemente parezca algo sorprendente, pero es muy sincera, porque tengo la impresión de que la Presidencia italiana del Consejo está haciendo un esfuerzo respetable para defender el resultado de la Convención y mantener bajo control algunos cursos de acción absurdos que están claramente dominando la Conferencia Intergubernamental. 
Tengo entendido que mi propio Gobierno, el de la República Federal de Alemania, está haciendo en la Conferencia Intergubernamental valerosos intentos de hablar con los Gobiernos de algunos Estados miembros para convencerles de que no tienen por qué aceptar todas las decisiones progresistas que la Convención ha tomado para Europa ni asumirlas como si fueran un compromiso. 
Por esto, nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, tenemos que estar especialmente agradecidos, porque de lo contrario se habría visto gravemente amenazada la Unión Europea, tanto en su situación actual como futura. 
Quiero hacer dos comentarios que consideramos de importancia crucial. 
El primero de ellos tiene que ver con los derechos de esta Cámara en materia presupuestaria. 
Parece ser que algunos ministros de economía han convencido a sus colegas en el Gobierno –y esperemos que no también a los Jefes de Gobierno– para que limiten la unanimidad en lo que respecta a la Perspectiva Financiera y se pase de la aprobación a la mera consulta, restringiendo con ello un derecho del Parlamento Europeo y menoscabando también el derecho del Parlamento a dar su aprobación final en el procedimiento presupuestario –que en realidad es el derecho más poderoso que posee la Cámara en dicho procedimiento–, al convertirlo en un derecho compartido por el Consejo y el Parlamento. 
Parece ser que algunos están decididos, como parte del proceso de redacción de la Constitución, a contemplar entre sus aspiraciones este derecho fundamental del Parlamento Europeo. 
Lo único que puedo decir es que si ustedes quieren dotar a Europa de una Constitución, no pueden atacar en serio de esta forma al derecho a aprobar el presupuesto, que es una prerrogativa del futuro máximo poder legislativo, es decir, el Parlamento Europeo. 
Así pues, permítanme que les diga que los que pretenden recortar nuestros derechos presupuestarios pretenden también recortar la Constitución en su totalidad, de manera que nosotros en esta Cámara haríamos bien en enviar una señal clara a la Conferencia Intergubernamental en el sentido de que esto es algo que el Parlamento se toma muy en serio. 
Ello me lleva a un segundo punto. 
Nosotros creemos que tenemos que comprometernos en lo que respecta a la distribución de los votos y la composición de la Comisión, y que ambas partes pueden y tienen que vivir con esos compromisos. 
A mí me parece muy claro que los Estados miembros más pequeños temen quedarse en minoría. 
Sus temores pueden o no estar justificados; no me corresponde a mí juzgar eso. 
Sea cual fuere el compromiso que resulte finalmente, esta Cámara no tiene que perder de vista el hecho de que en el próximo Parlamento habrá 732 diputados, y ese es un número muy alto para empezar. 
Es muy posible que entre 2007 y 2009 el número de diputados en esta Cámara aumente a 800. 
En el caso de que en el futuro se intente de nuevo aumentar el número de diputados, puedo decir que nosotros no queremos nada parecido al Congreso Popular Chino; queremos un parlamento operativo. 
En este sentido también, le pido al Consejo, a su Presidencia italiana –que me consta que trata de que prevalezca el sentido común– y a la Conferencia Intergubernamental que encuentren realmente una solución que permita a este Parlamento seguir funcionando. 
He llegado tarde y he hablado demasiado tiempo, así que gracias por todo, Señor Presidente. 
. Estoy seguro de que todos los diputados estarán contentos de que por fin haya llegado y haya podido hablar. 
Señor Presidente, la creación de la Convención fue una decisión histórica única basada en la idea de que –a través de un diálogo de amplia base con los ciudadanos– representantes electos, gobiernos e instituciones comunitarias debían preparar a la UE, con un talante abierto y reflexivo, para la ampliación y el futuro. 
A pesar de los muchos escépticos, la Convención resultó ser todo un éxito. 
Se presentó una propuesta de Constitución europea que, aunque deficiente en algunos aspectos, es, en términos generales, un compromiso muy bueno. 
Seguro que Altiero Spinelli habrá sonreído en su tumba cuando se presentó la propuesta en junio de 2003. 
Lo que está sucediendo ahora es vergonzoso. 
Es como si nunca se hubiera celebrado la Convención, y el Consejo hubiera vuelto a la vieja rutina de Niza, con todas las conversaciones y las negociaciones celebrándose a puerta cerrada. 
La UE se enfrenta a enormes tareas. 
Tiene que crecer, reformarse y conseguir una cooperación más profunda. 
Además, sufre graves problemas de legitimidad. 
La polémica sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha contribuido poco a mejorar el prestigio de la UE. 
Los ciudadanos se merecen algo mejor que un compromiso diluido y salpicado de intereses nacionales. 
Se merecen una UE democrática, dinámica y enérgica. 
Se merecen que se les tome en serio y se respete el trabajo que han realizado sus representantes en la Convención. 
Por consiguiente, quiero pedir a la Presidencia italiana que nos les defraude. 
Señoras y señores de la tribuna, comprendo su entusiasmo, pero los visitantes no participan en la sesión. 
Por lo tanto, les ruego que guarden silencio. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, esta es la última oportunidad que tiene el Parlamento de expresar su opinión en forma de una resolución antes de la Conferencia Intergubernamental sobre un nuevo Tratado constitucional europeo, cuyo trabajo esperamos que termine antes de finales de diciembre. 
Nadie discute la importancia del proyecto de la Convención como punto de partida, pero tampoco se discute la necesidad de mejorar algunos de sus puntos. 
Esperamos que todos los políticos quieran terminar el trabajo y alcanzar un compromiso que resulte aceptable para todas las partes, incluido un compromiso sobre la composición de la Comisión, para que cada Estado miembro tenga un Comisario con derecho a voto. 
La opinión pública de la Unión Europea está en contra de que existan Comisarios con distintos derechos. 
Otro aspecto que podemos celebrar es la supervisión de las decisiones del Consejo de la Unión Europea por parte del Tribunal de Justicia Europeo, un hecho que favorecerá el control judicial y la transparencia. 
También es necesario consolidar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no solo para fortalecerlo y afianzar su contenido, sino también para mejorar su flexibilidad, pues no debe repetirse lo que acaba de suceder en el caso de Alemania y de Francia; no puede permitirse que cundan los malos ejemplos. 
En el ámbito de la política de seguridad y de defensa, debe consagrarse el compromiso de asistencia mutua en el sentido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas como un acto de solidaridad evidente en una Europa común. 
No se debe sobrevalorar el tema de la ponderación de los votos en el Consejo, puesto que, en definitiva, la práctica política de la Unión Europea suele basarse en un consenso y un compromiso para los cuales no es decisiva la división en «grandes y pequeños». 
La mayoría doble –15 Estados, un 60% de la población– parece una propuesta razonable y estoy de acuerdo con los diputados que han dicho que los derechos presupuestarios originales del Parlamento son importantes y no se deben recortar. 
– Señor Presidente, me preocupan las prácticas impías de nuestros Gobiernos, que después de llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo y con los Parlamentos nacionales –el llamado proyecto de Constitución que obtuvo una valoración positiva–, hacen luego lo que les place, actuando como de costumbre, y repitiendo las mismas prácticas que motivaron el fracaso de Niza. 
Los ciudadanos pueden salir muy beneficiados con este proyecto de Constitución. 
La Constitución nos ofrece más democracia y nos permite alcanzar resultados más concretos en algunos ámbitos importantes para Europa. 
Las nimiedades que parecen preocupar a todo el mundo no me hacen perder el sueño, ni tampoco a los ciudadanos. 
Un voto más o menos, un Comisario por cada Estado miembro –o incluso dos en el caso de los países más grandes– o una marioneta colgada del timón de la Unión Europea, no son los temas fundamentales. 
Estoy de acuerdo con la idea de que cada país tenga su Comisario. 
Lo importante es que Europa pueda apresar a los delincuentes que hacen caso omiso de sus fronteras nacionales, que hablemos con una sola voz en el ámbito de la política exterior y que haya suficiente empleo de calidad para todos. 
Los Jefes de Gobierno deben dejar de quejarse de una vez y aceptar que el resultado de la Convención –con algunas pequeñas modificaciones de orden práctico– es la mejor solución para todos nosotros y para una Europa ampliada y consolidada. 
No deben pretender que los ciudadanos consideren importantes sus disputas en torno al poder y la población. 
Eso está bien para los niños que miden sus fuerzas en el patio de recreo, pero no para los ciudadanos. 
Los ciudadanos quieren resultados y con la nueva Constitución podemos obtenerlos. 
Más derechos para el Parlamento y mayores poderes de codecisión en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, la agricultura y los presupuestos. 
Muchos de mis colegas han manifestado ya que si los ministros de economía se salen con la suya, los derechos del Parlamento retrocederán a la situación en que se encontraban antes de 1975. 
Esto es absolutamente inaceptable. 
Supondría cruzar un límite que, a nuestro parecer, desde luego no deberíamos rozar siquiera. 
Eso afectaría a todos los referendos que se celebren en Europa. 
Ahora tenemos que actuar con urgencia en nombre de nuestros ciudadanos. 
Por consiguiente, necesitamos disponer de información con tiempo o, de lo contrario, los ciudadanos no podrán expresar su opinión en los numerosos referendos que se van a celebrar sobre la Constitución. 
Europa necesita la Constitución porque el 1 de mayo se van a incorporar diez nuevos países y no deben hacerlo sin unas normas claras. 
Una reunificación histórica de este calado no debe fracasar porque los Jefes de Gobierno estén actuando de un modo totalmente inaceptable, presionando a favor de sus intereses particulares y negándose a aceptar un compromiso maduro. 
En resumen, o bien aceptan la presente propuesta en su calidad de Jefes de Gobierno, o bien se oponen a ella. 
Pero tengan presente que cualquier intento de debilitar la democracia y los derechos del Parlamento se encontrará con la oposición del Parlamento. 
Los Gobiernos no deben pensar que son los únicos que pueden frustrar el acuerdo. 
Deben comprender también que no pueden dejar que las cosas lleguen tan lejos. 
Sería tentar a Dios, tanto si la Constitución incluye una mención a Dios como si no. 
El día de San Nicolás, ya muy próximo, intercambiamos regalos en los Países Bajos. 
Los Jefes de Gobierno deberían hacer también un esfuerzo este año y regalarnos una Constitución digna de los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, en el período previo a la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores en Nápoles, el pesimismo sobre el resultado era evidente. 
Por lo tanto, hay que reconocer que la Presidencia italiana ha logrado un progreso significativo en cuestiones muy delicadas. 
En particular, acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre cooperación estructurada en materia de defensa y las señales positivas relativas a la creación de un Ministro de Asuntos Exteriores europeo y de un Comisario por Estado miembro con pleno derecho de voto, así como de las competencias presupuestarias del Parlamento. 
A pesar de este progreso, todavía queda mucho por hacer. 
Para influir efectivamente en el acontecer mundial, tenemos que acabar con nuestra parálisis en la toma de decisiones en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. 
Las propuestas de la Presidencia sobre el uso del voto por mayoría cualificada y la propuesta de un Ministro de Asuntos Exteriores europeo suponen un paso en la dirección adecuada. 
Sin embargo, me gustaría ver progresos en otros ámbitos: 
la propuesta de un Presidente del Consejo Europeo a tiempo completo podría socavar tanto el papel del Presidente de la Comisión como el del Ministro de Asuntos Exteriores. 
Hasta la fecha, la única presidencia permanente era la de la Comisión. 
Puesto que el Presidente del Consejo tendrá responsabilidades en el ámbito de la PESC, esto podría entrar en conflicto con el papel del Ministro de Asuntos Exteriores y podría causar confusión respecto de quién es el portavoz de la UE en este ámbito. 
Sería más lógico calificar este puesto de «» del Consejo Europeo y no de «». 
Al felicitar a la Presidencia por los progresos hechos hasta el momento, también quiero hacerle una advertencia. 
El proyecto de Constitución representa un compromiso fundamental. 
Por lo tanto, el acuerdo en la Conferencia Intergubernamental no solo incumbe a los Gobiernos de los Estados miembros. 
Si el resultado de la CIG ha de ser ratificado efectivamente, también tiene que obtener el consentimiento de otras instituciones, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los diputados de los Parlamentos nacionales. 
Si la Presidencia italiana ignora esta realidad, será a su cuenta y riesgo. 
– Señor Presidente, las discusiones dejan bastante claro que todos queremos acabar en diciembre. 
El problema es que todos queremos hacer nuestras concesiones en el último minuto, y preferiblemente no hacerlas. 
Así pues, existe el peligro de que a pesar de una voluntad general de concluir en el Consejo Europeo de diciembre, acabemos, como en Niza, a altas horas de la noche y con acuerdos de último minuto. 
Corremos peligro de no alcanzar ningún acuerdo. 
De momento, los Estados miembros aún están, hasta cierto punto, adoptando poses. 
Adoptan posiciones rígidas y firmes, a pesar de que saben que tendrán que llegar a un compromiso si quieren tener éxito en diciembre: ahí se halla el mayor peligro de la Conferencia Intergubernamental. 
Estoy convencido de que se puede alcanzar un acuerdo razonable y aceptable en la mayoría de puntos, pero hay uno que parece muy difícil: el sistema de votación en el Consejo. 
La Convención forcejeó con el viejo problema de si queremos igualdad de Estados o igualdad de ciudadanos. 
Formuló la solución novedosa y equilibrada de la doble mayoría, en que cada Estado cuenta lo mismo con un voto, y con el otro voto los Estados se ponderan según su población: igualdad absoluta de los ciudadanos. 
¿Hay algo más justo? 
Sin embargo, Polonia, España y algunos otros países insisten en volver a la fórmula opaca de Niza, que no es ni muy justa ni muy lógica. 
Lo lamento, y espero que cambien de postura. 
También sé por discusiones –sobre todo con colegas polacos– que el contexto nacional en Polonia es muy difícil y que lamentablemente esto se ha convertido en una, sobre todo para los partidos de la oposición, ya que Polonia tiene un Gobierno en minoría. 
Pero ¿cómo podemos llegar a un compromiso, encontrar una salida entre dos soluciones radicalmente distintas? 
Personalmente, y hablo de memoria, invito a la Presidencia italiana a que examine lo que ocurrió a principios de los años noventa, antes de la ampliación a Suecia, Finlandia y Austria. 
Entonces hubo una gran disputa en el Consejo sobre la adaptación del sistema de la mayoría cualificada, y después sobre el umbral: ¿qué umbral es necesario para obtener una mayoría cualificada y qué es una minoría de bloqueo? 
En aquel momento, un Estado –por desgracia el mío, Gran Bretaña– se negó a cambiar el sistema. 
Quería conservar la misma minoría de bloqueo en una Unión ampliada, lo que habría dificultado aún más la toma de decisiones. 
Se produjo un bloqueo. 
¿Qué ocurrió en su país, señor Presidente? 
Se alcanzó un compromiso en Ioannina –el llamado «compromiso de Ioannina» – mediante el cual la Unión adoptó el nuevo sistema, pero se aprobó una declaración que decía que en el futuro los Estados que estuviesen en minoría, pero que no hubiesen perdido las votaciones según el viejo sistema podrían, sí lo deseaban, oponerse a la decisión e insistir en la continuación de las discusiones. 
En la práctica, esta cláusula nunca se utilizó, pero en aquel momento permitió salvar la cara, permitió la transición al nuevo sistema y en este difícil punto de la doble mayoría quizá la única salida sea algo parecido. 
Quizá deberíamos adoptar el nuevo sistema, pero con una declaración que permitiera a los Estados –quizá durante un período transitorio– recurrir al viejo sistema si se quedan en minoría. 
Estoy seguro de que no lo harían con mucha frecuencia, pero les permitiría salvar la cara y conseguir una solución aceptable. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, se dice que la Constitución contribuirá a que la Unión Europea sea más transparente, comprensible y democrática, pero me parece un riesgo que el mismo Consejo que va a adoptar una decisión sobre la Constitución infrinja la legislación vigente y pisotee los derechos del Parlamento cuando tiene que tomar una decisión sobre las redes transeuropeas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los Tratados actuales establecen que las decisiones sobre las redes transeuropeas, incluida la lista de prioridades… – ¿podría tener el Presidente en ejercicio del Consejo la amabilidad de escucharme y usted, caballero, podría apartarse un poco? – según los Tratados actuales, la revisión de las redes transeuropeas está sujeta a la codecisión del Consejo y del Parlamento y no entra dentro de las competencias de decisión del Consejo Europeo. 
La tarea del Consejo Europeo es marcar las directrices políticas. 
Si, a pesar de todo, en el curso de la revisión de las redes transeuropeas, el Consejo Europeo de Bruselas tomara decisiones sobre la lista de prioridades concretas de los proyectos de transporte, con el resultado de que prácticamente todos los fondos disponibles para los próximos años se gastaran, eso supondría una flagrante violación del derecho del Parlamento a participar en condiciones de igualdad con el Consejo en las decisiones relativas a las redes transeuropeas y su revisión. 
Insto, por lo tanto, a los representantes del Consejo a que procuren que la Cumbre Europea no pisotee los derechos que ya posee el Parlamento actual. 
También hago extensivo mi llamamiento al Presidente de la Comisión: sería desastroso, señor Presidente de la Comisión, que después de haber hecho una declaración tan clara sobre los derechos democráticos y parlamentarios, se aliase usted tan visiblemente, en el momento del Consejo Europeo, con un Consejo que define los proyectos prioritarios de un modo que en la práctica anula los derechos de codecisión del Parlamento Europeo. 
Procuremos que este Consejo Europeo no arrebate al Parlamento los derechos de codecisión sobre las redes transeuropeas que ya posee. 
Queremos más derechos, queremos una Europa democrática y más transparente. 
Espero, señor Presidente en ejercicio, que sepa responder a estas aspiraciones. 
– Señor Presidente, apoyo firmemente la resolución conjunta que mi Grupo ha suscrito en relación con la Cumbre y el Foro Social. 
Lo importante es que de nuevo intenta lograr el equilibrio esencial que se estableció en Lisboa: la panoplia equilibrada que combina políticas económicas, sociales y de empleo en un marco general de desarrollo sostenible. 
Espero que los Gobiernos no sucumban a la tentación de intentar desviar esta combinación de políticas en la próxima cumbre. 
Hay un elemento en la resolución que me preocupa: la segunda parte del apartado 10. 
Mi Grupo pedirá una votación separada sobre este punto y muchos votarán en contra. 
¿Acaso estamos a favor de un reglamento adicional innecesario? 
No. 
La primera parte del apartado 10 –que apoyamos– lo deja totalmente claro. 
Sin embargo, es igualmente cierto que ciertas partes de esta Cámara, y organizaciones empresariales locales fuera de ella, reclaman evaluaciones de impacto empresarial cada vez más estrictas a fin de bloquear el derecho de iniciativa de la Comisión en relación con propuestas muy necesarias. 
No podemos permitir que esas reclamaciones de evaluaciones de impacto de coste-beneficio se usen con este fin. 
En este lado de la Cámara apoyamos la idea de evaluaciones coste-beneficio honestas, que tengan en cuenta todos los costes y beneficios. 
Por ejemplo, en un debate sobre la revisión de la directiva sobre la jornada laboral la semana pasada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, los diputados liberales señalaron muy enérgicamente que necesitamos una evaluación completa del impacto empresarial. 
En respuesta a ello quiero señalar que necesitamos una verdadera evaluación del coste-beneficio que tenga en cuenta todos los costes y beneficios. 
Por ejemplo, ¿cuál es el coste de una cultura de una jornada laboral larga en términos de daño a la vida familiar, daño a los niños y disfunción marital? 
En este tipo de cálculo también hay que tener en cuenta estas cosas. 
Por lo tanto, instamos urgentemente a presentar revisiones de este tipo. 
En relación con el apartado 9 de la resolución, que se refiere a la apertura del mercado en los servicios postales y de pasajeros, es importante que también se aplique una verdadera evaluación del coste-beneficio. 
Finalmente, quiero señalar que de hecho los Tratados son muy claros. 
En el ámbito del empleo y la legislación social, ya existe una exigencia muy clara incorporada en el Tratado: «tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas». 
La Comisión ya aplica estas pruebas a cualquier parte de la legislación que presenta en el ámbito social y del empleo. 
Esto es correcto y oportuno. 
Es bueno que ya ocurra, pero no deberíamos intentar limitarlo para bloquear innecesariamente propuestas sociales y de empleo muy necesarias, que ayudarán a mantener el equilibrio político general establecido en Lisboa. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, mi intervención en relación con este punto está motivada por hecho de que la experiencia de las últimas semanas en el contexto de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, o sea, del derecho comunitario, ha dejado clara la importancia de que la Conferencia Intergubernamental siga incluyendo la estabilidad de los precios en la lista de objetivos comunitarios en la Constitución europea. 
Otro motivo es que la experiencia de los últimos días y las últimas semanas ha demostrado la importancia de que el Protocolo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento figure entre los anexos de la Constitución, como otros protocolos. 
He solicitado el uso de la palabra también porque pienso que la experiencia de las últimas semanas demuestra de manera clara que el debate sobre la Constitución se ha nacionalizado en parte y que debemos procurar que la nacionalización de un gran proyecto europeo no lo ponga en peligro con la celebración de referendos nacionales. 
Si es necesario un referéndum, que sea una consulta a los ciudadanos europeos, con un resultado a escala europea y una mayoría doble de votos y de países. 
Hemos hablado sobre cómo la Constitución tiene que conseguir una Europa más transparente, más democrática y más cercana a los ciudadanos, pues esa es su finalidad. 
Por lo tanto, le pido al Presidente del Consejo que vele para la Comisión salga fortalecida, para que se amplíen los derechos de codecisión de esta Cámara, para que el Parlamento conserve su soberanía en materia presupuestaria, y para que no se haga que le convierta en cómplice de la tentativa de los ministros de economía, en su carta al Presidente del Consejo, de obligar a la Comisión y al Parlamento a guardar silencio respecto a sus derechos. 
Necesitamos una Europa de orientación comunitaria y no intergubernamental. 
La Constitución es la expresión visible de unas instituciones comunitarias fortalecidas, y yo le pido que se oponga a los intentos de algunos grupos del Consejo para devolver Europa a los Estados nacionales. 
– Señor Presidente, realmente me indigna que en la Conferencia Intergubernamental asistamos a lo que yo llamaría una falta lamentable de liderazgo político –una vuelta al chovinismo nacional– en un momento en que necesitamos una Europa democrática, eficaz y de poderes compartidos. 
Esto no es lo que conseguiremos en la CIG si las cosas continúan por ese camino. 
La Convención, de la que yo era miembro, construyó minuciosamente un anteproyecto para el tipo de Europa que acabo de proponer. 
Neutralizar ese texto en los ámbitos de la política exterior y de seguridad común, de la cooperación en materia de defensa y política social, eliminar el voto por mayoría cualificada en relación con estos ámbitos y, lo que es peor, arrebatar a este Parlamento sus prerrogativas presupuestarias, sería una derrota. 
Sería una derrota para el resultado de la CIG, pero también una derrota para Europa. 
Tal derrota sería una victoria para los euroescépticos. 
Sería una victoria para el lamentable espectáculo de pintar el demonio en la pared a que constantemente se dedica en esta Cámara el Sr. Bonde, con sus tópicos simplistas y oportunistas. 
Hago un llamamiento a la CIG para que escuche a este Parlamento, a la Convención y a los 200 parlamentarios –de todo el espectro político, tanto en el Gobierno como en la oposición en toda Europa– que han producido el documento de la Convención. 
Finalmente, Presidente Prodi, le pido que lea el de hoy, que incluye una entrevista con usted con ocasión de su visita de ayer a Irlanda. 
El titular dice: «” Los Estados que rechazan el Tratado quizá tengan que abandonar la UE” , dice Prodi.» 
Es un mensaje espantoso para el pueblo irlandés, que tuvo que votar dos veces sobre el Tratado de Niza. 
Es irrespetuoso con los derechos de los ciudadanos de Europa y con la dignidad del pueblo europeo. 
Si no han reproducido correctamente sus palabras, debería usted corregirlo de inmediato. 
Si las han reproducido correctamente, entonces tiene que dejar claro que se trata de su opinión personal y no de la opinión de la Comisión. 
En Irlanda, tales declaraciones simplemente polarizan el debate sobre si defendemos la nación o construimos Europa. 
Así pues, tiene que corregirlo si es una reproducción incorrecta de su opinión en esa entrevista. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que hemos sobrepasado el tiempo asignado y, por lo tanto, procuraré ser muy breve, con el fin de no restar todavía más tiempo al debate siguiente. 
En primer lugar y puesto que el Sr. Watson y otros diputados que querían debatir el tema de Guantánamo están presentes, quiero exponer algunas consideraciones para que las tengan en cuenta. 
Por lo que respecta a la Presidencia italiana y, por lo tanto, a la Unión Europea, debo decir que cada vez que hemos tenido la oportunidad, hemos manifestado a las autoridades de los Estados Unidos –en la ocasión más reciente, directamente a Colin Powell durante la reunión celebrada en Bruselas– la preocupación de la Unión Europea y de la opinión pública en general en relación con este asunto, que sin duda nos da que pensar y nos causa inquietud. 
Debo recordar, además, que en la conferencia de prensa conjunta, algunos periodistas le plantearon también el tema a Colin Powell, quien se comprometió públicamente a dar una respuesta y a examinar la cuestión; esto es, a dar una respuesta a las cuestiones específicas que allí se plantearon. 
Por lo tanto, tengo que reiterar que se ha prestado atención a este asunto y así se seguirá haciendo sin lugar a dudas en el futuro. 
Por otra parte, en lo que respecta al debate relativo a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, aprovecho esta oportunidad, que será la última de dirigirme al Parlamento como representante de la Presidencia de la Unión Europea, para agradecer a la Asamblea y a todos ustedes su contribución a la tarea y a los esfuerzos de la Presidencia italiana, una contribución fundamental que ha contenido, naturalmente, su buena dosis de crítica y numerosas sugerencias, pero reconozco que también muchos comentarios apreciativos, que siempre son motivo de gran satisfacción y contribuyen a aliviar la carga, a veces pesada, del calendario excesivamente lleno con el que tenemos que lidiar a veces. 
Como he dicho, lo hacemos a sabiendas de que el resultado, si es positivo, no lo será solo para la Presidencia italiana sino para todos nosotros, pues el espíritu que nos guía es un fiel reflejo del espíritu europeo. 
Si fracasamos, será sin duda un fracaso para todos. 
Pero yo sigo siendo optimista y tengo que decir que, a juzgar por el debate celebrado en Nápoles y el encuentro de hoy, creo que podemos contemplar la perspectiva del 12 y 13 de diciembre con confianza, una confianza basada en los indicios que existen de la posibilidad de encontrar alguna solución positiva. 
Me resulta difícil entrar ahora con detalle en los aspectos específicos, pero quiero hacer algunos comentarios generales: en primer lugar, confirmo que vamos a tratar de seguir manteniendo la máxima coherencia posible con el texto de la Convención, que para nosotros constituye el punto de referencia. 
Como ustedes saben, la Convención contó con participación a todos los niveles: diputados nacionales, diputados europeos, miembros de los Gobiernos, representantes de la sociedad civil. 
El resultado es, sin lugar a dudas, un documento muy importante que estamos tratando de mejorar pero que, por lo que a nosotros respecta, constituye el punto de referencia para alcanzar el resultado final. 
No vamos a aceptar compromisos diluidos, ni tiras y aflojas de última hora, como se ha dicho. 
Es normal que haya negociaciones. 
No quiero menospreciarlas, pues los intereses que representa cada país son sin duda respetables e importantes. 
Aunque las negociaciones sean intensas, creo que el espíritu que nos guía, y que he observado en todas las personas que han participado en los trabajos de la Convención, primero, y en los de la Conferencia Intergubernamental, después, es indicativo de que todos esperamos un resultado importante, un resultado digno. 
Asimismo, por lo que respecta a las prerrogativas del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en general, puedo confirmarles que la Presidencia italiana las considera fundamentales, más aun cuando se está redactando un Tratado que tendrá validez constitucional, porque si no existe relación alguna con la fuente democrática primaria que está vinculada al Parlamento, seguro que no obtendremos un resultado positivo. 
Quiero agradecerles una vez más su aportación y espero que el Sr. Berlusconi –que junto con el Sr. Fratini informará a esta Cámara de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental una semana después de que haya concluido esta– podrá anunciarles buenas noticias y entonces tendrán la oportunidad de manifestar sus elogios o sus críticas, de manera que todo el mundo pueda celebrar conjuntamente luego, conforme al deseo expresado, un resultado que todos esperamos que sea sumamente positivo. 
. – Mi agradecimiento a la Presidencia italiana y al Sr. Antonione, quien, a mi parecer, ha expuesto de manera perfectamente ponderada y encomiable los argumentos y las posiciones que tenemos que sostener en la importante reunión de Bruselas. 
Baste decir que le deseo todo el éxito en la defensa de esos argumentos, a la vez que le invito a que no se olvide de ninguna de las cuestiones que han quedado aparcadas de momento. 
Me refiero, por ejemplo, al tema del Consejo Legislativo. 
Es uno de los asuntos que de repente ha desaparecido de la vista a pesar de las energías y reflexiones que se le dedicaron en el marco institucional. 
El problema está en que cuando se modifica una parte de ese marco, todo el conjunto se ve afectado. 
Voy a responder brevemente al Sr. De Rossa. 
No tengo por costumbre retractarme de mis declaraciones, ya que por lo general suelo meditarlas detenidamente antes de pronunciarlas. 
Al periodista del, que se entretuvo sacando de contexto las declaraciones en cuestión, le dije que si un país dice «no, no, no, no» –y repetí cuatro veces «no» –, hay que reconocer que no es justo que ese país pueda mantener paralizada a la Unión de manera permanente. 
Creo que es una posición que todo el mundo comparte. 
Le dije también que, hoy por hoy, no existen los instrumentos adecuados, pero que el problema no podrá eludirse en el futuro. 
No tiene sentido que lo ocultemos. 
Dije que no existen los instrumentos, pero sí el problema. 
El problema, añadí, todavía no se ha planteado, pero se trata de una cuestión insoslayable. 
Creo que es importante que el Presidente de la Comisión plantee estas cuestiones –aunque no sean un problema todavía–, porque constituyen un problema que nos concierne a todos. 
Es inútil que sigamos rehuyendo los problemas, pues de ese modo jamás lograremos resolverlos. 
.Antes de dar por concluido el debate, he recibido seis propuestas de resolución sobre la preparación del Consejo Europeo y siete propuestas de resolución sobre los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– Después de la reunión de la CIG celebrada en Nápoles, ha quedado claro que existe una presión incesante de las instituciones europeas para imponer el proyecto de Constitución de la Convención y, por consiguiente, un poder central y supranacional al frente de la Europa ampliada. 
A nuestro parecer, la solución acertada sería la contraria: aceptar la idea de una Europa diferenciada, garantizar un mayor respeto de la soberanía nacional y organizar claramente el proceso de geometría variable. 
Dicho de otro modo, los países, como España y Polonia, a los que actualmente se acusa de estar frenando, con la defensa de sus intereses nacionales, los progresos de la CIG en relación con la Convención, están en realidad defendiendo el interés general de Europa, que es mantener unas naciones libres y unas democracias nacionales vivas. 
En cuanto a los dos principales temas de debate que se volverán a discutir en el próximo Consejo de Bruselas –la composición de la Comisión y la mayoría cualificada en el Consejo–, reiteramos nuestra propuesta, que no ha variado: lo fundamental es reconocer el derecho nacional a la oposición popular, que cada población ha de poder ejercer formalmente contra una decisión europea. 
Esta innovación, que devolvería el control a las democracias nacionales y contribuiría a compensar el déficit democrático, situaría también en perspectiva todos los debates sobre la Comisión y el Consejo. 
. El modo en que se está desarrollando la CIG resulta cada vez más preocupante, ya que evidencia una clara tendencia a mantener algunos aspectos esenciales aprobados por la Convención, pero que nosotros cuestionamos, como la consagración y profundización del modelo económico y social del capitalismo neoliberal, la mayor militarización de la Unión Europea y la consagración institucional de la Unión como un bloque político y militar, así como la promoción del enfoque institucional federalista. 
El compromiso sobre la militarización de la Unión Europea alcanzado entre Francia, Alemania y el Reino Unido, bajo los auspicios de los Estados Unidos, en virtud del cual se consolidan sus bases institucionales como un pilar más o menos autónomo de la OTAN, es indicativo de esa tendencia. 
Aunque subsisten algunas diferencias sobre cuestiones institucionales, se están alcanzando compromisos en torno a la idea de un gabinete, mientras el chantaje en relación con los fondos comunitarios obliga a los países pequeños y medianos a ir aceptando una posición cada vez más sumisa. Con lo cual solo resta la lucha que mantienen España y Polonia, que pretenden tener el mismo peso que los demás «países grandes» en el proceso de decisión. 
También se insiste en la «primacía» , igualmente inaceptable, de la llamada «Constitución europea» y del Derecho comunitario sobre la legislación y las constituciones de cada país. 
Corresponderá a los pueblos y a las fuerzas progresistas de los Estados miembros de la Unión Europea luchar contra este proyecto, concebido para beneficio de los grupos económicos y financieros europeos y de las ambiciones de las elites que están descaradamente a su servicio en cada país. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
. – Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por invitarme a debatir con ustedes, en esta sesión, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento económico. 
Permítanme que empiece por recapitular los acontecimientos que culminaron con la reunión del Eurogrupo y del Ecofin del 24 y 25 de noviembre. 
Durante el primer semestre de 2003, el Consejo presentó, a propuesta de la Comisión, dos recomendaciones relativas al excesivo déficit de Alemania y Francia, el 21 de enero y el 3 de junio, respectivamente, en las que pedía que estos se redujesen por debajo del límite de referencia del 3% antes de que finalizara el año 2004. 
Conviene recordar que dichas recomendaciones se aprobaron partiendo de la base de que durante el año se registraría un crecimiento económico progresivo, gracias a la desaparición de factores negativos una vez acabada la guerra en el Iraq. 
No obstante, en los meses siguientes resultó evidente que la evolución real de la economía europea era distinta y más negativa de lo previsto. 
El crecimiento económico, casi un punto porcentual más bajo de lo previsto, determinó un aumento de los déficit públicos superior al esperado. 
Como consecuencia, a Alemania y Francia les va a ser imposible reducir su déficit por debajo del 3% en 2004, como se les había pedido inicialmente. 
En el segundo semestre de 2003, entre octubre y noviembre, la Comisión reconoció formal y plenamente esta nueva situación y propuso, en consecuencia, dos nuevas recomendaciones para aplazar hasta 2005 la reducción del déficit por debajo del 3%. 
En el fondo, es razonable suponer que, si a principios de 2003 se hubiese sabido que la evolución de la economía de la zona euro no sería positiva, en las recomendaciones se habría estipulado de entrada el plazo de 2005 como año durante el cual tendría que volverse a controlar el déficit. 
Partiendo de esta base, tanto Alemania como Francia adoptaron medidas para transponer el contenido de las recomendaciones. 
En Alemania, estas se han incorporado directamente a la ley de presupuestos: para 2004, se ha previsto un ajuste estructural del 0,6 % del PIB y para 2005, un ajuste del 0,5 %, o sea, un 1,1 % del PIB en total, lo cual se aproxima mucho a la petición inicial de la Comisión, sin perjuicio de la reducción por debajo del 3% en 2005. 
En el caso de Francia, las recomendaciones se incorporaron primero a la ley de presupuestos y posteriormente a través de otras medidas: para 2004, se ha previsto un ajuste del 0,8 % del PIB y para 2005, un ajuste del 0,6 %, o sea, un 1,4 % del PIB en total, lo cual se aproxima mucho a la petición inicial de la Comisión, sin perjuicio de la reducción por debajo del 3% en 2005. 
Además, Francia y Alemania se han comprometido a destinar a la reducción del déficit cualquier fruto de un mayor crecimiento, tal como solicitó la Comisión. 
Por otra parte, hay que tener presente que Francia y Alemania pusieron en marcha en 2003 un intenso programa de reformas del Estado del bienestar, que está teniendo una repercusión positiva y decisiva en la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Este es un aspecto nada desdeñable relacionado con la economía política en el contexto del debate sobre el Pacto que ha tenido lugar a lo largo de este año. 
En esencia, se ha conseguido un amplio consenso –primero en el marco de los trabajos realizados en octubre y noviembre, después en el Eurogrupo y finalmente en el Ecofin– sobre el contenido de las recomendaciones formuladas por la Comisión y los ajustes introducidos por Francia y Alemania. 
Veamos ahora los aspectos relativos al procedimiento. 
La Comisión propuso las dos recomendaciones de conformidad con el apartado 9 del artículo 104, sobre la base del incumplimiento reiterado de las recomendaciones del Consejo por parte de Alemania y Francia. 
Estos países aceptaron el contenido de fondo de las recomendaciones, pero solicitaron un procedimiento distinto por razones políticas: que se volviese a formular una segunda serie de recomendaciones de conformidad con el apartado 7 del artículo 104. 
El Servicio Jurídico del Consejo, al ser consultado sobre el tema, dijo que la Comisión también podía haber tomado –e insisto en la palabra «también» – este segundo camino. 
La Comisión la descartó y entonces se llegó a un punto muerto, corriéndose el riesgo de que lo más importante, o sea, el fondo del asunto, se perdiese de vista por razones formales. 
Para salir de ese punto muerto sin agravar la situación, el Eurogrupo llegó a un consenso amplio para incorporar el contenido de las recomendaciones a las conclusiones preliminares. 
El servicio jurídico del Consejo confirmó también la validez de este procedimiento. 
Posteriormente, cuando el Ecofin inició sus trabajos, la Comisión manifestó de manera explícita su desacuerdo y solicitó una votación urgente sobre la segunda serie de recomendaciones dirigidas a Alemania y Francia, sin que se obtuviera la mayoría necesaria. 
Hay que decir que la normativa vigente prevé explícitamente la votación de las recomendaciones de la Comisión en el Consejo Ecofin, siendo, por tanto, la votación perfectamente conforme con tales normas. 
Cuando las recomendaciones de la Comisión no resultaron aprobadas, el Consejo procedió a votar las conclusiones elaboradas previamente por el Eurogrupo. estas se aprobaron y el debate concluyó con la aprobación por unanimidad de la declaración del Consejo. 
El contenido de dicha declaración se puede resumir como sigue: la estabilidad y el crecimiento son los objetivos fundamentales de la política económica europea. 
El Pacto constituye un instrumento esencial para la aplicación de dicha política. 
Se ha dicho que el Pacto es «estúpido». 
Nosotros hemos demostrado, por el contrario, que se puede interpretar con flexibilidad e inteligencia. 
El Pacto se puede aplicar adaptando la disciplina presupuestaria de un modo aún más racional al carácter positivo o negativo de los ciclos económicos y fomentando reformas estructurales encaminadas a desarrollar el potencial de crecimiento. 
Desde este punto de vista, la letra y el espíritu del Pacto no están muertos; muy al contrario, hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando en el marco del Pacto y con el apoyo de la Comisión de una manera basada en la cooperación y el consenso. 
En conclusión, hasta el momento se ha hablado mucho de procedimiento y poco de economía. 
Se ha dicho que, en el contexto de la estrategia de crecimiento, es necesario que el Pacto tenga en cuenta los ciclos económicos y las reformas estructurales. Esto es necesario, pero no suficiente. 
Hace seis meses, al principio de la esta Presidencia semestral, presentamos un Plan de acción para el crecimiento a esta Cámara. 
El apoyo del Parlamento a dicho Plan fue decisivo y ahora ha llegado el momento de ponerlo en práctica. 
Seguirán otras nuevas iniciativas a favor del desarrollo. 
La Comisión, los Gobiernos y los mercados tienen un papel que representar en la estrategia de crecimiento, pero el Parlamento Europeo también debe representar el suyo como fuerza impulsora decisiva. En efecto, la política económica o es política, o no lo es. 
. Señor Presidente, durante los últimos meses se han producido diversos acontecimientos en relación con la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que nos han llevado a una de crisis institucional importante. 
Tales acontecimientos son una prueba clara de que necesitamos reforzar la gobernanza económica en la Unión. 
El origen de las dificultades reside en que Alemania y Francia atraviesan serios problemas fiscales, que pueden resumirse de la forma siguiente: sus déficits son excesivos, y ello debido no solo a circunstancias cíclicas; estos elevados déficits pueden tener efectos perversos en el largo plazo porque amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas al provocar un aumento de los niveles de endeudamiento; tienen, además, repercusiones negativas sobre el crecimiento potencial, al afectar a las expectativas de los agentes económicos. 
En ese contexto, y con el fin de que ambos países redujeran sus elevados déficits, y aplicando las reglas previstas en el Tratado, el Consejo envió una primera serie de recomendaciones a Alemania y Francia a principios del año, en las que se les pedía adoptar medidas encaminadas a corregir el déficit excesivo para finales de 2004 a más tardar. 
Sin embargo, en el segundo semestre del presente año, se hizo evidente que las medidas adoptadas por ambos países no serían suficientes para corregir el déficit excesivo en el próximo año. 
En consecuencia, la Comisión aplicó los procedimientos previstos en el Tratado presentando nuevas recomendaciones que incluyen una consideración equilibrada de las circunstancias actuales. 
Como saben, una minoría de Estados miembros ha rechazado la aprobación de las propuestas de la Comisión en el Consejo y, dando un paso sin precedentes, ha llegado a un acuerdo por mayoría al margen del Tratado. 
Las implicaciones del acuerdo en forma de "conclusiones del Consejo" son de gran alcance, y van mucho más allá de la mera aplicación del Pacto a Francia y Alemania. 
La Comisión lamenta profundamente que el Consejo no haya seguido ni el espíritu ni la letra del Tratado y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fueron acordados por unanimidad. 
Creemos que solo un sistema basado en normas puede garantizar el cumplimiento de los compromisos y la igualdad de trato para todos los Estados miembros. 
Debemos ser conscientes de que las decisiones del Consejo van a dificultar una aplicación rigurosa del Tratado. 
Los procedimientos relativos a otros países se verán afectados. 
Será muy difícil que el Consejo adopte decisiones formales de conformidad con el procedimiento del déficit excesivo, incluyendo la posibilidad de formular advertencias preventivas. 
Los dictámenes sobre los programas de estabilidad y convergencia podrán verse debilitados si el Consejo no acepta un procedimiento de vigilancia multilateral riguroso. 
En cuanto a los nuevos Estados miembros, la aplicación estricta de los criterios de convergencia podría verse dificultada, dado que a los países participantes en el euro se les permite, sin aplicar los procedimientos del Tratado y el Pacto, mantener déficits superiores al 3% durante varios años consecutivos. 
El acuerdo político alcanzado en el Consejo implica la aplicación de acuerdos intergubernamentales para la gestión de nuestra moneda y establece un peligroso precedente para el futuro. 
El Tribunal de Justicia deberá probablemente clarificar si los Gobiernos tienen la facultad de crear nuevos procedimientos, sustituyendo de facto un marco comunitario existente en el Tratado, para determinados aspectos de las políticas económicas. 
Sin embargo, debemos tener presente que la declaración del Consejo al término de la reunión del Consejo Ecofin muestra que los Estados miembros comprenden la necesidad de un compromiso con el crecimiento y la estabilidad, así como la necesidad de aplicar las normas de forma sistemática. 
En todo caso, la Comisión seguirá aplicando el Tratado y las disposiciones del Pacto. 
Ello permitirá tratar a todos los Estados miembros en condiciones de igualdad y garantizará unas finanzas públicas saneadas en la Unión. 
La Comisión velará por que los procedimientos se apliquen de forma adecuada y no partidista. 
Al mismo tiempo, necesitamos reforzar la gobernanza económica en la Unión con el fin de asegurar un correcto funcionamiento de nuestro mercado único con una moneda única. 
Creemos que las decisiones tomadas en el Ecofin demuestran que el auténtico problema por resolver es la debilidad del sistema actual de gobernanza económica a nivel europeo. 
Con el fin de abordar este problema, y tras una serena reflexión, la Comisión preparará una iniciativa relativa a una mejor gobernanza económica en la Unión. 
Pero esta reflexión no partirá de cero, sino que seguirá la senda ya emprendida por la Comisión en el pasado. 
En línea con la Comunicación de Noviembre 2002 sobre el reforzamiento de la coordinación de políticas presupuestarias, parece necesario analizar cómo combinar mejor disciplina y flexibilidad asegurando un mejor cumplimiento de las reglas. 
Creemos que, entre otras cosas, hay que poner mayor énfasis en la sostenibilidad y en la deuda, permitir diferenciar entre situaciones específicas de los países, y aumentar la simetría a lo largo del ciclo, con especial rigor en los años de bonanza económica. 
Asimismo, la Comisión llevará a cabo la supervisión multilateral de manera más eficaz, utilizando todas las posibilidades para hacer públicas sus opiniones sobre las políticas económicas y presupuestarias. 
Es necesario encuadrar el debate presupuestario en el marco general del actualmente bajo crecimiento potencial de la economía europea. 
En este sentido debemos prestar más atención a la calidad de las finanzas públicas sin comprometer la estabilidad ni la sostenibilidad a largo plazo. 
Ello implica situar de forma más prominente el debate sobre la política presupuestaria en el contexto de la coordinación de las políticas económicas dando un papel más relevante a las orientaciones de política económica y a su puesta en práctica para asegurar el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y la consecución de los objetivos de Lisboa. 
En este proceso, la contribución activa del Parlamento será fundamental. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Solbes, Señorías, el 25 de noviembre de 2003 no fue un buen día para Europa debido a las decisiones adoptadas por el Consejo Ecofin. 
No fue un buen día para el Derecho europeo. 
No fue un buen día para la Unión Monetaria Europea. 
No fue un buen día para las relaciones entre los países más pequeños y los más grandes, ni tampoco fue un buen día para la futura ampliación. 
Quienes defendieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la década de los noventa son ahora responsables del daño que se le ha causado ahora, como también lo son quienes han ayudado a causar ese daño. 
En nuestro Grupo estamos plenamente convencidos de que no se puede hacer un uso oportunista del Derecho europeo. 
Mientras existan unos reglamentos europeos, mientras exista un Derecho europeo, habrá que cumplirlos, no tergiversarlo. 
No creemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento haya muerto; sería un error decir que está muerto, pues así podrían eludir su responsabilidad, ahora y también en el futuro, todos cuantos lo incumplan. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha quedado, no obstante, seriamente tocado. 
De manera muy general, en política lo que se necesita es confianza; la moneda europea, esta joven moneda europea, necesita una confianza muy particular, y esa confianza ha quedado dañada. 
Comisario Solbes, permita que le exprese la gratitud y el aprecio de nuestro Grupo por la lucha que ha librado hasta el final. 
Puede que no haya conseguido un apoyo mayoritario para sus propósitos, pero estamos convencidos de que tiene razón. 
A veces, perder puede ser algo honroso, pero usted ha ganado su causa. 
También queremos expresar nuestro apoyo al Banco Central Europeo y le deseamos a su Presidente, Sr. Trichet, mucho éxito para que pueda seguir luchando con eficacia a favor de la estabilidad de la moneda europea en el futuro. 
Acabamos de escuchar, en boca de un ministro de economía en particular, argumentos absurdos para justificar la necesidad actual de este déficit para el crecimiento. 
Ese argumento es totalmente falso. 
Las deudas de hoy son los impuestos de mañana. 
Lo que ahora debemos se lo arrebataremos mañana a la población. 
Quienes se endeudan en exceso en el presente actúan exactamente igual que los que expolian nuestro medio ambiente, pues las generaciones más jóvenes de hoy y las generaciones venideras tendrán que pagar un precio por ello. 
Por eso pedimos sostenibilidad no solo de una política financiera y presupuestaria moderada, sino también en el ámbito de la política medioambiental, porque todo va unido. 
El endeudamiento produce una subida de los tipos de interés y esta, una mayor inflación. 
De este modo acabamos quedándonos sin dinero para solicitar créditos de bajo interés que permitan invertir a las grandes empresas y a las pequeñas y, como resultado, no se crean puestos de trabajo por falta de recursos financieros a unos tipos de interés razonables. 
Al final, acaban siendo las personas de renta baja, lo que se antes se conocía como hombre de la calle, las que tienen que pagar la factura, razón por la cual la política de endeudamiento es, en el fondo, antisocial, porque perjudica más a quienes menos tienen. 
Esta política perjudica también a las relaciones entre los países de la Unión Europea. 
Hemos visto como se les exigía a Portugal y a Irlanda que adoptasen medidas de estabilidad, y con toda razón según se pudo constatar. Pero si esos países lo hicieron y otros países lo hacen, mientras que otros piensan que su tamaño les exime de adoptar medidas de este tipo, resulta que los que cumplen los criterios acaban pagando por los que no los cumplen. 
Por eso se trata de una política equivocada. 
Me gustaría que escuchara mi intervención, o demostrara que entiende mi lengua. 
Se lo pido muy en serio. 
Actualmente, en mi país –y ahora no hablo como alemán, aunque procedo del país más grande de la Unión Europea–, muchas personas han dejado de confiar en que el Consejo de Ministros europeo sea capaz de defender la estabilidad de la moneda europea. 
Queremos que la moneda europea tenga futuro; si acaba fracasando, eso significará el fracaso de todo el proyecto de integración europea. 
Visito con mucha frecuencia a los países candidatos y hablo a menudo con nuestros homólogos en sus Parlamentos y Gobiernos. 
En Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, en Hungría y en Eslovenia –la situación es distinta en Malta y Chipre–, nos preguntan cómo podemos exigirles a ellos, a los centroeuropeos que desean ingresar en la Unión Europea, que sigan una política de moderación presupuestaria y hagan esfuerzos de reforma, cuando algunos países de la Unión Europea están dando tan mal ejemplo. 
Esto es una mala señal, una señal espantosa, no solo desde el punto de vista de la política económica, sino de manera más general, y mi recomendación es que regresemos todos a la senda de la virtud, pues no es admisible que algunos países grandes hagan cosas que a los más pequeños no se les permiten. 
Esto tiene que ver también con la psicología europea y con la dignidad de los Estados y, por lo tanto, lo que sucedió el 25 de noviembre no debe repetirse. 
Espero que sea la vez que nuestro Grupo se vea obligado a criticar con toda franqueza una acción de esta índole. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista Europeo quiero expresar nuestra profunda preocupación por la crisis que estamos viviendo en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Señor Ministro, usted que es un jurista de prestigio, tendría que reconocer que no se pueden saltar las normas de esa manera. 
Cuando se habla de las formas dice que hay que hablar de política; hablemos de política, pero primero, si hay formas, si hay normas, hay que respetarlas, y uno de los más graves conflictos, aquí, en este momento, es que el Ecofin, en su conjunto, no tiene una cultura comunitaria. 
No la ha tenido al comportarse como lo hizo en la reunión sobre el Pacto de Estabilidad, como tampoco la ha tenido cuando ha planteado enmiendas que rompen el equilibrio de poderes entre el Consejo y el Parlamento, sin estar legitimado para ello. 
Por lo tanto, creo que lo primero que tendría que hacer el Ecofin es leerse los Tratados y respetarlos. 
Hay tres cuestiones fundamentales ahora mismo en juego: la primera es el presente y el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue creado antes de que hubiera unión monetaria. 
Ahora que tenemos unión monetaria, habría que actualizarlo en función de los nuevos elementos; lo que no puede ser, y ya lo señalamos hace meses, es que en el año 2000 se violara el Pacto y, además, se diera un mal ejemplo. 
Estamos debatiendo, y esta no es una asamblea de forenses, si ha muerto o no el Pacto de Estabilidad. 
El problema es a qué país se le va a aplicar el Pacto de Estabilidad ahora mismo. 
¿Qué pasa con Portugal? 
¿Qué pasa con Irlanda? 
¿Es que son de otra condición? 
Por lo tanto, es muy importante que volvamos a poner en los raíles el Pacto de Estabilidad y que la Comisión pueda hacer propuestas constructivas. 
El tema no es si ha muerto o si no ha muerto el Pacto, el tema es que no se respeta y que no se aplica, cosa más grave en este momento. 
La segunda cuestión- y estoy de acuerdo con el Ministro Tremonti cuando la planteó y el Parlamento le apoyó y hemos conseguido resucitar el plan Delors -, es que la economía europea en este momento no es una locomotora aunque tiene la potencialidad para serlo. 
Por eso, nosotros apoyamos desde el principio el plan de acción. 
Ahora bien, con esta situación, desde luego, la locomotora no arranca, y es más, se va generando una desconfianza cada vez mayor. 
Y yo creo que, independientemente de la necesidad de actualización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tenemos que reflexionar sobre algo que ha dicho el Comisario Solbes, que es la Gobernanza económica. 
Nosotros no pretendemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre en la Constitución, pero sí hay que recordar que en la Convención, en el grupo de trabajo que presidió mi compañero, el Sr. Hänsch, todos los representantes económicos fueron a jugar al cerrojo- en italiano, , por decirlo en términos futbolísticos- y a impedir cualquier avance en la gobernanza económica de la Unión; y eso es muy grave. 
Es muy grave porque ahora mismo no disponemos de instrumentos más importantes. 
Por hacer una comparación con los Estados Unidos: aquí tenemos un Banco Central que solo se preocupa de la inflación y un Pacto de Estabilidad y de Crecimiento que no se cumple y que no tiene en cuenta ese elemento de Gobernanza económica. 
El ministro ha hablado de incluir los ciclos económicos; la verdad es que en los Estados Unidos, ante una propuesta del Congreso, la Reserva Federal tiene la obligación de tener en cuenta la inflación, el empleo y la actividad económica. 
Tenemos que tomar en serio esos elementos, y este es el momento para plantear estas cuestiones. 
Y es el momento para conseguir que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda tener un futuro; por tanto, Presidente, creo que tenemos la responsabilidad de respetar los Tratados y de que el Ecofin lo haga como lo hacemos los demás. 
– Señor Presidente, la esquela del Pacto de Estabilidad se escribió antes y se guardó mientras se mantenía con vida al paciente de forma artificial. 
La semana pasada los Ministros de Hacienda hicieron las exequias de unas normas que habían sido concebidas para garantizar la estabilidad a largo plazo de nuestra moneda y nuestra economía. 
Por supuesto, los culpables niegan toda responsabilidad, o exclaman: «el Pacto ha muerto, larga vida al Pacto». 
Pero lo cierto es que las dos economías líderes de la zona del euro han enviado un mensaje a todos los países pequeños de la zona del euro y a los países candidatos que dice: «haced lo que digamos, no lo que hagamos». 
Y quiero señalar al Sr. Tremonti que la Presidencia italiana ha incumplido su deber al asociarse a los esfuerzos de los países implicados en el incumplimiento del Pacto, en lugar de garantizar el respeto de las normas. 
Pagaremos un precio elevado por la arrogante desconsideración de los Ministros de Hacienda hacia las normas del Pacto de Estabilidad. 
Pagaremos un precio en términos de pérdida de confianza entre Estados miembros, en términos de pérdida de credibilidad a los ojos de nuestros ciudadanos y, a largo plazo, en términos de tipos de interés más elevados, menor crecimiento e inestabilidad monetaria. 
A menos que nuestros dirigentes acuerden un marco de estabilidad fiscal revisado y viable, y lo inscriban en nuestra ley fundamental, solo nos quedará un pacto entre caballeros quebrantado. 
Los países que dejaron sus monedas sobre la base de que no tendrían que pagar las deudas de sus vecinos tienen derecho a exigir más que esto. 
Por esta razón mi Grupo acoge con satisfacción la postura del Comisario Solbes y las intenciones de la Comisión de hacer propuestas para reconstruir las normas. 
Si eliminan ustedes el Pacto en su forma actual, tienen la responsabilidad de ajustarse a una interpretación acordada de un conjunto de normas para impedir una «barra libre» crediticia. 
Los Demócratas Liberales creemos que una economía bien gestionada y una moneda estable requieren que los impuestos y el gasto estén equilibrados en el curso del ciclo económico. 
El problema no es el límite del déficit del 3%; el problema es el fracaso de los países en consolidar sus presupuestos en términos de crecimiento. 
Mi sorpresa al saber que el líder del Grupo Socialista en esta Cámara está de acuerdo con nosotros solo es comparable a mi satisfacción por su conversión. 
Las normas revisadas deberían utilizar palos y zanahorias para garantizar que aprovechamos los períodos de crecimiento económico para gestionar presupuestos equilibrados o con superávit y reducir la deuda nacional. 
Los países que aplican una política responsable en períodos de crecimiento se beneficiarían de una mayor flexibilidad en períodos de bajo crecimiento dando rienda suelta a los préstamos. 
Estas normas permitirían actuar anticipadamente contra los países que no controlan su déficit en períodos de crecimiento, obligándoles a tomar medidas correctivas. 
Podría añadirse un nuevo objetivo al equilibrio presupuestario subyacente, y el gasto público en inversión también debería tenerse en cuenta. 
La Comisión Europea debería tener más autoridad para controlar estas nuevas normas, porque los Gobiernos nacionales han demostrado no ser fiables. 
Ha sido una mala semana para el Estado de derecho en la Unión Europea. 
Mi Grupo espera que en la cumbre de Bruselas nuestros dirigentes reconozcan su responsabilidad de rescatar de las ruinas del Pacto de Estabilidad un poco de credibilidad para la política fiscal europea. 
– Señor Presidente, acogemos con gran satisfacción el debate político que acaba de iniciarse sobre el Pacto de estabilidad. 
El Sr. Prodi dio el pistoletazo de salida y el Consejo Ecofin lo ha relanzado. 
La Comisión comete un grave error cuando contrapone el cumplimiento de las normas al criterio político. 
Las leyes son flexibles cuando la realidad así lo requiere y los políticos tienen entonces el deber de interpretarlas. 
El Pacto, que la realidad está poniendo a prueba, se firmó en 1997 en un momento en que la Comisión, el Banco Central y muchos estados anunciaban una era de crecimiento sostenible. 
Después de negar primero que hubiera una recesión, declararon luego que esta sería breve y que la economía se recuperaría deprisa. 
Quienes se equivocaron tanto no deberían dar lecciones. 
Actualmente, la mejora de la situación es endeble. 
No se debe poner en peligro, sobre todo cuando nos enfrentamos al riesgo de la caída del dólar y de graves desequilibrios americanos. 
Algunos Gobiernos se las dan de virtuosos frente a los grandes países considerados culpables. 
Pero la actuación de esos críticos parece a menudo oportunista. 
De hecho, sus tasas de inflación son en muchos casos superiores a la media –lo cual reduce su deuda–, practican el dúmping fiscal para atraer capitales y se olvidan de los Fondos estructurales, cuyos principales beneficiarios son algunos de ellos. 
Por lo tanto, existen buenas razones para introducir flexibilidad en el Pacto. este no tiene en cuenta el ciclo económico, mantiene las divisiones, intenta imponer penalizaciones sin ofrecer incentivos y es incapaz de dar respuesta al problema persistente del debilísimo potencial de crecimiento de Europa. 
Por consiguiente, no sería una exageración si se llegase a representar a la Comisión como guardiana de los procedimientos. 
Necesitamos un agente político en Bruselas. 
La política económica europea no existe y queremos crearla. 
Es urgente hacerlo. 
El Pacto no está muerto, como lo demuestran los compromisos contraídos por Francia y Alemania para 2005. 
Pero si el crecimiento económico no se confirma o es débil, resultará sumamente difícil cumplir dichos compromisos. 
Insisto: la reforma es esencial. 
Para llevarla a cabo es tan importante el método como el contenido de fondo. 
Todas las disputas entre instituciones y entre Estados ponen de relieve una flagrante falta de capacidad y legitimidad democráticas. 
La evaluación mutua de la disciplina y la calidad de las políticas presupuestarias nacionales es, sin duda, necesaria, pero no suficiente, como se ha dicho antes. 
Se necesita solidaridad y una mayor participación para formular una política económica. 
En este sentido, creo que el diálogo interactivo entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, así como la consulta de las sociedades civiles, son elementos esenciales. 
Por lo que respecta al contenido, necesitamos reglas y actos. 
No rechazamos el principio de un pacto para establecer unas reglas que intenten combinar la estabilidad y el crecimiento. 
Pero somos muy exigentes en lo que se refiere a su contenido. 
Necesitamos unas reglas que promuevan actuaciones oportunas y que mejoren la calidad del gasto y de la recaudación. 
¿Cómo podemos pretender que se legitime una disciplina presupuestaria cuando la Unión Europea favorece descaradamente la competitividad fiscal? 
Francia y Alemania piden con razón la armonización fiscal que otros Estados se niegan a concederles. 
Estas reglas deben garantizar asimismo la capacidad de financiar proyectos que se consideren de interés general. 
Necesitamos también actos. 
El Pacto no se podrá reformar con éxito si no formulamos, como complemento, una política presupuestaria europea, con un verdadero presupuesto que contribuya a financiar los objetivos de desarrollo sostenible y cohesión acordados en las cumbres de Lisboa y de Gotemburgo. 
¿No creen que es injusto impedir por lo menos a los países de la zona euro que cuenten con una capacidad de acción conjunta en materia presupuestaria cuando comparten una política monetaria única, pero en cambio se les prive de una segunda gran palanca de actuación en materia de política económica? 
Lamentablemente, corremos el riesgo de que la CIG no abra esas puertas y que la reforma del Pacto sea demasiado limitada. 
Cabe esperar, por lo tanto, que aumenten las tensiones, de las cuales nuestro debate de hoy es solo un preludio. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Pacto de estabilidad está muerto. 
Es lamentable que el Consejo Europeo lo haya destruido como consecuencia de las dificultades específicas de dos países grandes, debilitando con ello la credibilidad de las instituciones, que se apoya en un sistema de reglas aceptadas por todos. 
Ahora bien, por lo que respecta a su forma, este Pacto ha estado siempre sujeto a un acuerdo intergubernamental más que al control de nuestro Parlamento, único representante de la soberanía de los ciudadanos europeos. 
Lo que ha hecho la «intergubernamentalidad» es arruinarlo, señor Karas. 
Los federalistas y los verdes no lamentarán la muerte de este pacto –un pacto que el propio Presidente Prodi calificó ayer de estúpido–, sobre todo teniendo en cuenta que venimos criticando su contenido desde la Cumbre de Amsterdam. 
En efecto, fue un pacto estúpido, y por partida doble. 
En las circunstancias actuales, agrava las recesiones al penalizar a los países que intentan favorecer la demanda real en el mercado interior de la Unión, en particular los países grandes que tienen mayores responsabilidades en este sentido. 
En su lugar, sería preferible penalizar a los países que incurren en déficit en períodos de crecimiento. 
Desde un punto de vista estructural, un verdadero Pacto de estabilidad debería proteger las inversiones futuras y, en particular, las enormes inversiones necesarias para respetar los criterios de Kioto. 
Ya no queda tiempo para vacilaciones. 
Hay que aprobar un nuevo pacto que sea inteligente. 
Solo un pacto de esas características merecerá incluirse en la tercera parte de la Constitución. 
En efecto, solo una Constitución inteligente merecerá la aprobación y el respeto de los ciudadanos de Europa. 
El Pacto tiene que ser contracíclico y, al mismo tiempo, no tiene que poner trabas a los países en dificultades sino, por el contrario, sancionar a los países que abusen de sus facilidades y proteger así las inversiones futuras frente a la coyuntura actual, mediante una suerte de regla de oro climática. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado atentamente las intervenciones del Sr. Poettering y el Sr. Barón Crespo, dos diputados a quienes tengo en gran estima, y he observado que a veces debatimos este asunto desde una perspectiva demasiado centrada en nuestros propios países y en nuestros propios partidos políticos. 
No es una coincidencia que la posición de la Comisión coincida con la del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Por el contrario, yo creo que debemos hacer un esfuerzo de imaginación en este tema tan delicado y complejo. 
Europa tiene sus reglas –y el Pacto es una regla– pero de momento ya no necesitamos más reglas. 
Creo que Europa necesita imaginación, valor y dinamismo, y me parece que estos problemas no se pueden afrontar si no se comprende que en esta Cámara no se debe apoyar a la Presidencia italiana y al Sr. Tremonti por lo que dicen, sino que una presidencia se debe apoyar por lo que hace, por tomar en cuenta los problemas graves que afectan a los países grandes de esta Comunidad. 
Además, por tercer año consecutivo nos hemos visto obligados a constatar –soy ponente de las finanzas públicas europeas– un estancamiento de la economía europea. 
Me parece que de las intervenciones de otros diputados se desprende también que la política europea tiene algunos problemas, algo que ayer comentábamos también con el Comisario Solbes en nuestra comisión. 
¿Por qué no hacemos pues un esfuerzo para pasar por fin de la estabilidad al crecimiento? 
Creo que esto deben hacerlo quienes, en lugar de erigirse en guardianes de las reglas, quieran ser políticos, que es a lo que se refería Platón cuando hablaba del político y de su supremacía. 
Desde este punto de vista, me parece que estamos haciendo exactamente lo que tiene que hacerse. 
– Señor Presidente, ¿qué sentido tiene concluir un nuevo tratado en Europa si nos negamos a respetar los acuerdos existentes? 
Y si nos negamos a cumplir el Pacto de estabilidad cuando no nos conviene, ¿por qué no lo reconocemos sin ambages? 
¿Por qué no empezamos a trabajar en la consecución de acuerdos que estemos dispuestos a cumplir? 
Muchas personas se hacen estas preguntas, por lo menos en mi país. 
Su confianza ha sufrido un duro golpe. 
¿Por qué todos los países son iguales, pero algunos países grandes son más iguales que el resto? 
Los comentarios demoledores de los medios de comunicación están justificados y son muy elocuentes. 
Todo esto socava la confianza en la política y nos desprestigia. 
Señor Tremonti, ¿por qué ha renunciado a su función como presidente independiente en defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como propuso la Comisión? 
¿Tiene claro lo que supone la función de presidente? 
Algunos puntos del informe del Eurogrupo y la reunión del Consejo Ecofin me recuerdan también esta cuestión. 
En dicho informe, el Comisario Solbes dice que la Comisión ha remitido a Francia y Alemania recomendaciones con un contenido similar, lo cual significa que ambos países se encuentran en las mismas condiciones. 
Dice también que hemos alcanzado a tiempo un momento crítico. 
Unas decisiones erróneas pueden perjudicar seriamente el procedimiento. 
Las decisiones pueden crear un precedente importante y afectar a los tipos de interés. 
Esta cuestión está relacionada con la igualdad de trato de los Estados miembros grandes y pequeños. 
El Comisario Solbes sigue diciendo que si no se respetan las recomendaciones de la Comisión, existe un riesgo considerable de que Francia y Alemania continúen rebasando el límite del 3% incluso en 2005. 
La Comisión ya se ha mostrado extremadamente flexible. 
Las recomendaciones que tenemos sobre la mesa en verdad representan las concesiones máximas que estamos dispuestos a hacer. 
El Comisario Solbes recuerda también que de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 del Tratado CE, no es admisible que se vuelva a incurrir en un déficit excesivo, porque en ese caso jamás se impondrían sanciones. 
Además, el Tratado y el Pacto no establecen distinciones entre los países que cooperan y los que no cooperan. 
La Comisión, como guardiana de los Tratados, no tiene más alternativa que seguir el camino propuesto ahora. 
– Señor Presidente, el Consejo Ecofin del 25 de noviembre no incumplió el Tratado cuando suspendió los procedimientos de sanción contra Francia y Alemania por incurrir en un déficit excesivo. 
Al contrario, interpretó correctamente el artículo 104, que concede al Consejo un margen de maniobra político durante todo el procedimiento, al otorgarle la posibilidad de decidir si lo lleva adelante o no. 
Las disposiciones del Pacto de estabilidad endurecieron dichas normas en 1997 cuando privaron al Consejo de ese margen de maniobra. 
Pero con ello incumplieron el Tratado. 
Sería interesante saber qué opinaría el Tribunal de Justicia si examinase este asunto. 
Francia, por su parte, infringió su Constitución en 1997 cuando aprobó, a pesar de nuestras advertencias, un Pacto de estabilidad estúpido que ahora se vuelve en su contra y que se ve obligada a incumplir otra vez, creando un conflicto con sus socios. 
Es un buen ejemplo de una mala maniobra. 
Espero que no demos un nuevo traspié con la aprobación del proyecto de Constitución europea, que se inspira exactamente en los mismos principios que el Pacto de estabilidad: centralización y rigidez. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar, ya que este Parlamento suele ser tan crítico con la Comisión, felicitarla y felicitar al Comisario responsable de los asuntos económicos y monetarios, Sr. Solbes, por la entereza y por la dignidad con la que han defendido las atribuciones que le asigna el Tratado, precisamente como guardiana de los Tratados. 
No quiero culpabilizar a la Presidencia italiana, pero, señor Tremonti, la decisión del Ecofin es una auténtica chapuza. 
Porque la Unión Europea, señor Presidente, es una comunidad de valores y es una comunidad de derecho, y las normas jurídicas- y las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son normas jurídicas- sólo se conciben por la obligación de cumplirlas, y ese cumplimiento se tiene que predicar por igual a grandes y pequeños. 
No se puede construir Europa sobre la ley del más grande. 
No se puede, señor Presidente, aplicar a rajatabla a Portugal las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y exonerar a otros países más grandes. 
Una cosa es aplicar las normas en función de las circunstancias y con flexibilidad, y otra es intentar cambiar las normas cuando el juego ha empezado, cuando el resultado nos es favorable o cuando no nos conviene; y esa actitud, señor Presidente, tendrá consecuencias, porque un mercado que no es capaz de respetar sus propias reglas genera inseguridad, genera desconfianza sobre la credibilidad de la moneda única y, como decía el presidente de nuestro Grupo político, el Sr. Poettering, el déficit de hoy es la deuda de mañana y los impuestos de pasado mañana. 
Y lo que es peor, esta decisión llega en un momento muy malo, justo en las vísperas de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental que van a alumbrar la Constitución Europea. 
Yo me pregunto cuál es la autoridad moral de Estados miembros que critican a otros por ejercer sus derechos legítimos en la formación del voto de mayoría cualificada, cuando defienden descaradamente sus intereses nacionales en violación del espíritu y de la letra de los Tratados, como ha reconocido la Comisión? 
Por eso, Sr. Presidente, felicito a la Comisión por la entereza que ha mostrado en la defensa de su papel como guardiana de los Tratados y pregunto si, en ejercicio de su coherencia, piensa la Comisión presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra el Consejo de Ministros por violación de los Tratados. 
– Señor Presidente, el hecho de que el Consejo Ecofin no adoptara una decisión sobre el déficit de Alemania y Francia deja un regusto amargo. 
Nunca es prudente saltarse unas normas que han sido libremente aceptadas. 
Es vergonzoso que la opinión pública reciba la opinión de que en la Unión hay algunos Estados que son más iguales que otros, de que la República Federal de Alemania y Francia tienen derecho a recibir un trato especial por ser el motor de Europa. 
En opinión de los socialistas, la estabilidad es un bien público que es preciso defender. 
Ahora bien, no puede haber estabilidad sin crecimiento. 
El Grupo Socialista viene solicitando desde hace años una revisión inteligente del Pacto, que pone todo el acento en la estabilidad y ninguno en el crecimiento. 
El Pacto es demasiado rígido. 
Es rehén de unos criterios que, si bien se aceptaron libremente, no tienen en cuenta la realidad de los ciclos económicos. 
En este aspecto coincido con el Sr. Tremonti. 
En primer lugar, adopta el enfoque de «lo mismo vale para todos». 
Algunos Estados funcionan con una deuda pública del 60% de su producto interior bruto, mientras que otros superan el 100%. 
El Pacto no tiene en cuenta estas diferencias sustanciales. 
Además, prevé sanciones que son imposibles de imponer. 
Exigirle a un Estado que efectúe un depósito o pague multas elevadas cuando está pasando por un momento de recesión económica es como tratar de curar a una persona aquejada de anemia mediante sangrías. 
Ante los déficit alemán y francés, la Comisión quiso imponer el cumplimiento de las normas. 
No podía hacer otra cosa. 
Pero ahora que se han hecho trizas las normas, la Comisión no puede seguir blandiendo las Tablas de la Ley. 
Cuando la realidad de un país va por delante de su ordenamiento jurídico, los procedimientos tienen que adaptarse. 
En cualquier caso, la política económica no puede limitarse al mero cumplimiento de los procedimientos. 
También en este aspecto coincido con el Sr. Tremonti. 
Por los mismos motivos, mi Grupo no es partidario de acudir al Tribunal de Justicia europeo. 
Nos encontramos ante un problema político que requiere una solución política. 
No necesitamos recurrir a las instancias judiciales. 
El Pacto tiene que mejorarse, ya que el precedente político establecido por el Consejo Ecofin ha dejado claramente obsoletas algunas de sus disposiciones fundamentales. 
Es impensable que si Portugal, Grecia o Luxemburgo incurriesen en un déficit excesivo mañana, la Comisión pudiera proponer medidas que fuesen más lejos que las aceptadas por el Consejo Ecofin en el caso de Alemania y Francia. 
La regla absoluta de la igualdad de trato entre los Estados miembros simplemente lo prohíbe. 
El Presidente Prodi acaba de destacar que tras una crisis grave se precisan soluciones innovadoras. 
Ruego, por tanto, al Comisario Solbes que, después de haber predicado la virtud, ahora predique la inteligencia. 
Tras haber defendido gallardamente los principios, solo la Comisión tiene ahora las manos libres para proponer un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sea a la vez riguroso y más flexible. 
Tiene que ser riguroso a la hora de exigir a los Estados que mantengan un presupuesto equilibrado cuando el crecimiento supere el 3%, por ejemplo. 
Tiene que ser más riguroso a la hora de exigir a los Estados que reduzcan su deuda cuando el crecimiento supere el 3%. 
Pero tiene que ser más flexible en los momentos en que la coyuntura no sea tan favorable y permitir, en particular, que los Estados deduzcan el gasto de inversión antes de calcular el déficit presupuestario, conforme a la regla de oro británica. 
Según la Comisión, un gasto de inversión del 1% genera un crecimiento adicional del 0,6 % del PIB. 
Por ejemplo, los Estados Unidos invierten actualmente un 3% de su PIB, mientras que Europa apenas invierte el 1%. 
El crecimiento económico en ambas orillas del Atlántico demuestra el dogmatismo europeo y el pragmatismo americano. 
No estoy abogando a favor de un déficit al estilo americano… 
– Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones constructivas sobre la forma de salir del embrollo actual. 
La primera es que tiene que haber un sentido de responsabilidad compartida. 
Recuerden que el problema tanto para Alemania como para Francia comenzó a causa de la relajación presupuestaria, la reducción de impuestos y el aumento del gasto público entre 1999 y 2002. 
En ambos países esta relajación presupuestaria ascendió a más del 1,5 % del PIB. 
Si eso no hubiera ocurrido, ambos países estarían hoy dentro del límite del 3%. 
Sin embargo, ninguna institución, ni la Comisión ni el Banco Central Europeo, ni ningún diputado de esta Cámara advirtió a aquellos Gobiernos en contra de dicha relajación. 
El sistema ha fracasado y todos tenemos la obligación de restablecerlo. 
Esto es importante, porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es un procedimiento judicial, sino un procedimiento político basado en el apoyo de los Ministros de Hacienda a las recomendaciones y, en última instancia, a las sanciones. 
Los Ministros y la Comisión deben tener una comprensión común de la forma en que tiene que aplicarse el Pacto. 
Debería existir un código de conducta claro sobre la interpretación del Pacto de forma que en el futuro sea creíble. 
La disciplina tiene que reforzarse en los períodos de crecimiento y, a corto plazo, tiene que haber un acuerdo sobre el tamaño y la velocidad de los ajustes, necesario para que los países que han incumplido el Pacto recuperen el equilibrio. 
El Pacto reconoce que no siempre será posible remediar el déficit excesivo de forma inmediata si se producen circunstancias especiales. 
Dichas circunstancias especiales deberían definirse ahora para incluir el riesgo de una mayor prolongación de la recesión en Alemania y Francia que, juntos, representan la mitad de la zona del euro. 
A nadie le interesa prolongar la recesión, ni socavar la credibilidad del Pacto. 
Hay que respetar la ley. 
Puede lograrse la cuadratura de este círculo con buena voluntad e imaginación. 
Instamos a la Comisión y a los Ministros de Hacienda a que lo hagan. 
Señor Presidente, ante todo me congratulo por la celebración del presente debate, que yo solicité en septiembre, antes de la reciente decisión de los ministros de economía de la Unión Europea de no imponer sanciones a Francia y Alemania por el incumplimiento de los criterios del Pacto de estabilidad. 
Al final, se ha demostrado que teníamos razón al denunciar la irracionalidad de los criterios de convergencia nominal, que han tenido las consecuencias bien conocidas y desastrosas de recesión económica y aumento del desempleo y de los niveles de pobreza que está sufriendo ahora Portugal. 
Ya hemos dicho aquí en más de una ocasión que este Pacto de estabilidad no sirve. 
En el debate de octubre del año pasado, reiteramos nuestro apoyo a las declaraciones del Presidente Romano Prodi y del Comisario Lamy en el sentido de que este Pacto es estúpido, como todas las decisiones rígidas, y un burdo instrumento de gobernanza económica que se debe reemplazar por otro más inteligente, puesto que el criterio del 3% es claramente medieval. 
Lamentablemente, estos caballeros no fueron coherentes con sus declaraciones y no presentaron una propuesta de revisión del Pacto. 
Temieron iniciar contra Francia y Alemania el procedimiento de déficit excesivo, como habían hecho antes contra Portugal. 
Y luego ocurrió lo inevitable: Alemania y Francia no aceptaron la propuesta de la Comisión. 
Evidentemente, la Comisión ha dicho que seguirá aplicando el Tratado y que se reserva el derecho a examinar las consecuencias de las conclusiones del Consejo y decidir qué medidas puede adoptar. 
Pero ¿hay alguien que crea que la Comisión va a actuar contra Francia y Alemania sin el consentimiento de los Gobiernos de esos países? 
No lo hará, como todos sabemos. 
La pregunta que queda pendiente es: ¿por qué se mantiene un Pacto que no tiene sentido? 
Sabemos que el texto aprobado por el Ecofin solo impone las reglas anunciadas previamente por los Gobiernos de Alemania y Francia, con lo cual acepta que estos países han incumplido los criterios de Maastricht por tres años consecutivos. 
Además, no cabe la menor duda de que, si necesitan más tiempo, podrían prolongar la situación hasta cuatro o cinco años… Ahora ha quedado claro quién controla el Pacto de estabilidad, quién detenta el poder y la fuerza en la Unión Europea incluso antes de que haya entrado en vigor el nuevo Tratado constitucional. 
Conviene recordar que fue Alemania quien exigió el Pacto de estabilidad, con esos criterios inaceptables de convergencia nominal. 
Pero como ahora hemos visto, lo hizo para obligar a los demás a cumplirlos. 
El Comisario Solbes Mira ya puede decir que la decisión del Consejo no respeta las reglas ni el espíritu del Pacto de estabilidad. 
¿Va a dimitir después de semejante desautorización? 
Francia fue, por supuesto, más realista al manifestar que el Consejo tiene otro modo de aplicar el Pacto de estabilidad, justificando con ello su incumplimiento del mismo, además de proponer cambios a través de lo que calificó de «enriquecimiento» del Pacto de estabilidad. 
Un enfoque que otros han propugnado también aquí. 
Algunos han afirmado, de hecho, que el Pacto no está muerto, sino meramente congelado hasta que los países ricos y poderosos decidan que pueden descongelarlo porque sus problemas se han resuelto. 
Sabemos que el Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo apoyó también la aprobación de las propuestas de la Comisión. 
¿Va a dimitir también el Consejo de Gobierno por haber permitido que el Consejo lo ignore? 
Por nuestra parte, siempre nos hemos opuesto al Pacto de estabilidad y hace tiempo que pedimos su suspensión para revisar los estúpidos criterios de convergencia nominal, que no tienen en cuenta la situación real de cada país ni sus distintos niveles de desarrollo socioeconómico, y que confunden el gasto productivo y el no productivo al calcular el déficit presupuestario. 
Pero una cosa es segura: ahora ha quedado más patente todavía la hipocresía de las personas –y en Portugal también las hay– que utilizan el argumento del Pacto de estabilidad para justificar unas políticas antisociales. 
¡Busquemos políticas alternativas que den prioridad al empleo, a los servicios públicos de calidad, al desarrollo sostenible y al bienestar de los ciudadanos! 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Solbes, llegados al punto en que nos encontramos y con solo 114 segundos a mi disposición, sería estúpido y de mal gusto pretender analizar aquí, en este «votódromo» , el informe del Sr. Tremonti y todo lo ocurrido. 
Lo único que podemos decirle, señor Tremonti, es que, en lo que a nosotros respecta, la posición del Parlamento está clara. 
Los diputados comunistas y los diputados de la izquierda estatalista socialdemócrata le apoyan, le valoran y comparten su modo de pensar, pero tiene usted en contra a los que representan el bastión del Sr. Berlusconi y de sus aliados en Europa: el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y sus satélites. 
Por el momento, solo diremos que nos ha dado una lección del espíritu italiano que usted representa. 
Incumplir las reglas es un arte de la clase gobernante italiana; incumplirlas según la regla de la urgencia. 
Los pactos se pueden respetar cuando quienes no los respetan pueden decidir que existen causas de fuerza mayor que les eximen de su cumplimiento. 
Sabemos que es usted también un legendario miembro de esta Cámara, aunque lo fuese en su calidad de periodista. 
A principios de los años noventa escribió maravillas sobre la condonación de la deuda, sobre el gasto basado en el déficit. 
A mí, como liberal, no me parecían tan buenas, puesto que introducía consideraciones éticas y decía que la condonación de la deuda y el modo de actuar de las antiguas clases dirigentes no eran demasiado éticos. 
Le felicito, pues me parece que ahora representa magistralmente el papel de la antigua clase dirigente con una gran capacidad técnica para decir –con perdón– una sarta de sandeces. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el señor Presidente en ejercicio del Consejo ha tenido que presidir en dos ocasiones un Consejo Ecofin, que por dos veces en el espacio de cuatro semanas ha cometido una falta grave contra el proyecto de la Comunidad Europea; la primera vez con su carta al Sr. Berlusconi tras un Consejo Ecofin, en la cual formulaba una andanada de críticas contra las propuestas de la Convención a la Conferencia intergubernamental, y la segunda vez, la semana pasada. 
Esto no puede quedar sin una réplica. No podemos pasar tranquilamente al siguiente punto del orden del día. 
Ya se mire desde el punto de vista de la política democrática, de la política económica o de la política monetaria, desde una perspectiva jurídica o desde un ángulo europeo, su manera de proceder en este asunto es perjudicial, inaceptable y condenable. 
Hoy, el Comisario Solbes nos dice que el Consejo no se ha mantenido fiel al espíritu del Tratado. 
El lunes, el Sr. Trichet, Presidente del BCE, comunicó a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que el Banco Central Europeo considera muy importante que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se modifique en ningún caso, pues ha demostrado su eficacia en términos de política económica y monetaria, e instó al Consejo, a la Comisión, al Parlamento y a los Estados miembros a que se tomen en serio sus respectivas responsabilidades. 
Por mi parte, insto especialmente a Alemania y a Francia a que se abstengan de culpar a la Unión Europea en general y al Pacto de estabilidad, en particular, de sus dificultades internas. 
La atribución de culpas no es el camino adecuado para contribuir a alcanzar unos objetivos decididos de común acuerdo. 
La Unión Europea somos todos. 
Alemania y Francia han traspasado el límite con su interpretación de las normas y han transformado un asunto comunitario en un tema meramente intergubernamental. 
Han ignorado las reglas por decisión política, pero la Comunidad no es una alternativa a la política. 
Los ministros de economía han dañado su credibilidad, han minado la confianza y han creado otros problemas. 
Esto es inaceptable. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el método intergubernamental prevaleció sobre el método comunitario en las deliberaciones del Ecofin cuando se adoptó la decisión meramente contemporizadora de suspender el procedimiento, sin imponer unas condiciones precisas a la prórroga concedida a la República Federal de Alemania y a Francia para conseguir un presupuesto equilibrado. 
Esto es muy grave. 
Se ha establecido un precedente importante, que podría beneficiar en el futuro a otros países y que, como ha dicho el Sr. Prodi, actúa en detrimento de una coordinación eficaz, de una gobernanza de las políticas económicas y sociales basada en objetivos transparentes y vinculantes, no solo en lo que respecta a la estabilidad sino también, sobre todo en este momento, en términos de crecimiento. 
Este incidente solo está poniendo de manifiesto, empero, las insuficiencias y contradicciones que aún subsisten en la gestión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mientras el Parlamento Europeo sigue excluido de cualquier procedimiento de codecisión. 
Este incidente pone de relieve las deficiencias de la propia formulación del Pacto de estabilidad, que es mucho más restrictiva y mecánica que el texto del Tratado, sobre todo por sus problemas de flexibilidad. 
Lo cual significa que las instituciones de la Unión, empezando por la Comisión, se ven obligadas a adoptar dos enfoques totalmente incompatibles para realizar los dos cometidos que se ha propuesto la Unión en el ámbito de la política económica, social y medioambiental. 
Me refiero a las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo –esta última sin unos objetivos vinculantes–, y al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Estas graves deficiencias, que también existen en la iniciativa de la Comisión, explican que se haya adoptado un modelo de gestión flexible, pero inadecuado desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin establecer unas condiciones mínimas, pero específicas, que justifiquen el plazo fijado para equilibrar los presupuestos. 
Me refiero a la estrategia de Lisboa, a los objetivos vinculantes de la estrategia de Lisboa, que tienen que figurar entre las condiciones que se deben cumplir al aplicar el Pacto de estabilidad. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, de los diversos aspectos tratados en este debate, desearía comentar los siguientes: primero, indudablemente ha habido una grave crisis en la aplicación de uno de los fundamentos de la unión monetaria y del euro, que afectan negativamente la credibilidad de los mismos. 
Segundo: retengo la famosa frase de que la Unión Europea se ha ido construyendo a base de crisis y aprendamos la lección de esta crisis, sobre todo en un aspecto que ya ha mencionado el Comisario Solbes, y que apoyo plenamente, que es en tener una auténtica dirección en la política económica, lo que él ha llamado la gobernanza europea. 
Tenemos una situación asimétrica en una política monetaria mucho mejor definida que la económica. 
Espero que esta crisis sirva para tener esta Gobernanza económica que siempre ha reclamado el Parlamento, y la última vez, si me permiten la inmodestia, en mi Informe sobre el papel internacional del euro. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, ya celebramos un debate sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el 21 de octubre de 2002 en Estrasburgo. 
Entonces dejé claro que no estamos en contra de limitar el nuevo endeudamiento público de los Estados, siempre que eso vaya acompañado del requisito de generar crecimiento y estimular la demanda. 
Ahora bien, el crecimiento y un aumento de la demanda no se conseguirán recortando los salarios o alargando la jornada de trabajo, sino aliviando la carga fiscal de los colectivos de renta baja y media, a través de inversiones públicas, inversiones en ampliación de capital de las empresas y aumento del consumo privado. 
La decisión de los ministros de economía de la zona euro de suspender el procedimiento de déficit excesivo iniciado contra Alemania y Francia, y de concederles una prórroga hasta 2005 para alcanzar el límite del 3% sobre el nuevo endeudamiento anual, es un compromiso poco meditado, que no modifica la falsa premisa básica de que, en momentos de dificultades económicas, el cumplimiento riguroso del límite del 3% tiene un efecto de expansión y no de recesión. 
Para reactivar la inversión en todos los ámbitos, cualquier reforma del Pacto de estabilidad debe ir acompañada de más políticas europeas en materia económica, social, laboral, fiscal y medioambiental. 
Tienen que poderse utilizar créditos para financiar inversiones públicas, aunque eso implique que el déficit supere el límite del 3% durante un tiempo. 
Ese sería, a mi parecer, un curso de actuación honesto y adecuado, sin el cual perderemos toda credibilidad y dejaremos que el mismo problema vuelva a plantearse año tras año en un número cada vez mayor de países. 
Tal vez ustedes no opinen lo mismo, pero yo creo que deberíamos corregir los errores en vez de tratar de ocultarlos cometiendo otros nuevos. 
Señora Presidenta, señor Comisario Solbes, Señorías, he observado que en algunos casos se han hecho afirmaciones exageradas y se han extraído conclusiones precipitadas con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Mi comentario se refiere también al Sr. Poettering. No creo que el Sr. Tremonti haya invitado a los Estados miembros a aumentar su deuda, sino más bien a prestar más atención al fondo de lo ocurrido, y no tanto a los procedimientos. 
Tampoco estoy de acuerdo con la intervención del Sr. Watson, cuando ha hablado de un Pacto diluido. 
La Presidencia italiana lo ha sacado del agua donde se estaba ahogando. 
Comparto menos aún la opinión de quienes afirman que el Pacto está muerto. 
Por el contrario, si nos atenemos a los hechos, tenemos que reconocer que el Pacto está vivo y que la Presidencia italiana ha logrado salvarlo cuando se encontraba en una situación realmente muy difícil. 
La Presidencia ha conseguido la aprobación por unanimidad, es decir, con el apoyo de incluso los Estados más rigurosos, de unas conclusiones que incluyen compromisos importantes para respetar el Pacto, aumentar la disciplina presupuestaria y poner en marcha reformas estructurales. 
De esto no se ha hablado en los Estados miembros, ni mucho menos en el Parlamento Europeo. 
Por lo que respecta a la recomendación de la Comisión, la cuestión es sencilla: la Comisión presentó unas recomendaciones que, de plena conformidad con el Tratado, se sometieron a votación en el Consejo. este las rechazó, puesto que no obtuvieron la mayoría exigida por el mismo Tratado. 
¿Qué tendría que haber hecho la Presidencia italiana? 
¿Tomar nota del rechazo de las recomendaciones de la Comisión sin adoptar ninguna otra medida? 
¿Dejar libertad de actuación a Francia y Alemania? 
¿Invalidar todo el proceso utilizado hasta entonces? 
Me parece que entonces sí que hubiésemos tenido motivos para hablar de la muerte del Pacto y de una conducta irresponsable por parte del Consejo. 
La Presidencia italiana optó, en cambio, por seguir el único camino posible para salvar el Pacto. 
Ante la imposibilidad de aprobar las recomendaciones de la Comisión, propuso que se aprobaran las Conclusiones –en las que Francia y Alemania se comprometían a actualizar las medidas encaminadas a reducir el déficit– y que se suspendiera temporalmente el procedimiento. 
– Señora Presidenta, no es el momento de pronunciar elogios, ni de declarar que se ha incumplido la legislación, la legislación europea. 
Los procedimientos se describen claramente en el Tratado de Maastricht y también en el Pacto de estabilidad. 
Tanto la Comisión como el Consejo de Ministros tienen cada uno su papel. 
El hecho de que no tengan que coincidir plenamente en sus valoraciones guarda cierta relación con la forma en que todos insisten en la necesidad de que el Pacto se respete y en la necesidad de reglas, pero sin que esté claro en qué medida puede ser eficaz un pacto de estas características, que solo establece sanciones en previsión de que las cosas vayan mal y no otorga ningún papel a la Comisión cuando las cosas vayan bien. 
El Pacto resulta deficiente no solo porque la Comisión carezca de atribuciones cuando las cosas vayan bien, sino también porque solo destaca las dificultades a las que se enfrentan los Estados miembros en los momentos de recesión. 
¿No son acaso los efectos de un período de tres años de estancamiento, que ha afectado y golpeado a las grandes economías nacionales de Europa en particular, tan perjudiciales como los de una recesión? 
En este momento creo también que hay que subrayar que se ha demostrado la eficacia del Pacto, razón por la cual podemos hablar de reformarlo sin escrúpulos. 
Cualquier reforma debe conducir a que la Comisión suprima sus rígidos procedimientos de ajuste cíclico y permita que sea juzgada utilizando los métodos elegidos por el Fondo Monetario Internacional. 
Si así lo hiciera, nuestros debates serían posiblemente muy distintos, pues no debemos olvidar que las cifras que discuten el Consejo de Ministros de Economía y la Comisión en los casos de Francia y de Alemania discrepan únicamente en un 0,2 %, incluido el coeficiente de error de nuestras estadísticas. 
En mi opinión, lo que de verdad se necesita en este momento es un debate a fondo sobre la reforma del Pacto de estabilidad; sobre todo, me parece que tenemos que combinar una definición seria de la estabilidad monetaria y de la solvencia financiera con el crecimiento y la estabilidad social. 
Ese es otro reto, además de la austeridad, al que debe responder Europa. 
– Señora Presidenta, el 25 de noviembre se respetaron los procedimientos desde un punto de vista formal, pero todos sabemos perfectamente que el espíritu comunitario se está deteriorando. 
Algunas demostraciones de fuerza son el reconocimiento de una debilidad y el oxígeno de la confianza escasea en la Unión Europea desde ese día. 
No habrá sanciones, pero subsiste la obligación de reducir el déficit. 
De hecho, una de las conclusiones del Consejo así lo destaca. 
Por consiguiente, tenemos que salvar lo que todavía queda del Pacto; esto es, su espíritu, el afán de estabilidad y crecimiento, utilizando lo uno para conseguir lo otro. 
Lo ocurrido plantea también el tema de la relación francoalemana. 
No es cuestión de su necesidad para que Europa pueda avanzar, sino de su credibilidad para conseguir que los progresos se acepten. 
La relación francoalemana es una fuerza motora, pero no debe convertirse en un detonante que haga explotar a Europa. 
Señora Presidenta, la situación de crisis en la que se encuentra el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pone de manifiesto de manera muy clara la inestabilidad de la Unión Monetaria Europea. 
Podemos ver que, con el modelo actual de Unión Monetaria, una crisis económica se transforma muy rápidamente en una crisis también política. 
Podemos constatar que, en la práctica, existen reglas muy distintas para los países grandes, como Alemania y Francia, y para los países pequeños, como Portugal e Irlanda. 
La crisis no está motivada únicamente por el incumplimiento de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En su origen hay otros problemas mucho más profundos. 
Los problemas de Alemania y de Francia están relacionados básicamente con un crecimiento escaso y un nivel de empleo excesivamente bajo. 
El problema reside en que, en la práctica, la Unión Europea y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no tienen nada que ofrecer desde el punto de vista de la promoción del crecimiento y la creación de unos niveles más altos de empleo. 
Así pues, existe el riesgo de que la crisis se acentúe. 
También podemos apreciar claramente que algunos países de la zona euro están obteniendo buenos resultados, seguramente porque aplican políticas distintas. 
Unos países con tasas de crecimiento y de inflación distintas necesitan unos tipos de interés y de cambio también distintos. 
No es casualidad que los países de Europa Occidental que no forman parte de la Unión Monetaria estén disfrutando, por término medio, de un desarrollo económico muy superior al de los países de la zona euro. 
El euro forma parte del problema. 
Tenemos que reconocer que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya no funciona y que hay que modificarlo. 
Tiene que permitir una política económica más expansiva en los períodos de recesión, que permita evitar las crisis económicas. 
La inmensa mayoría de los suecos votó en contra de la moneda común en un referéndum celebrado en septiembre. 
La crisis del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una prueba más de lo acertada que fue la decisión de permanecer fuera de la Unión Monetaria Europea. 
Ahora ha llegado el momento de dar un paso más y, en la Conferencia Intergubernamental actualmente en curso, confirmar el «no» de Suecia con una exención legalmente vinculante tan completa, por lo menos, como la británica. 
– Señora Presidenta, creo que si se siguen los debates celebrados en esta Cámara, se ponen de manifiesto las diferencias de opinión muy sustanciales que existen y pocas veces he escuchado un comentario tan absurdo como la declaración que acaba de hacer la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, cuando ha acusado a la Comisión de aplicar procedimientos rígidos como un método de ajuste cíclico. 
Me ha dejado atónito, señora Randzio-Plath. 
¿En qué Europa, en qué zona euro vive usted, para ser capaz de acusar a la Comisión de algo así? 
Solo nos queda ofrecer todo nuestro apoyo al Comisario Solbes e instarle a que actúe por vía judicial contra los Jefes de Estado y de Gobierno, pues semejante incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede aceptarse sin un protesta. 
Cuando se le dice a esta Cámara que la Presidencia italiana del Consejo ha conseguido elaborar unas conclusiones magníficas, yo me pregunto si ese documento vale más que un tratado internacional, como puede ser el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
¿Qué motivo hay para esperar que Alemania y Francia respeten ese documento cuando no han sido capaces de respetar las reglas? 
El principal diario alemán, , habla de Alemania y Francia como un «dúo infernal» que está cavando la tumba de la Unión Europea en vez de dar ejemplo a los demás Estados miembros de cómo se deben hacer las cosas. 
El Pacto ya es suficientemente flexible. 
No dice que tenga que haber un déficit del 3%, sino que utiliza el término «compensación presupuestaria». 
La diferencia entre el 0 y el 3% permite que los Estados miembros dispongan de una reserva de 250 millardos de euros para hacer frente a las dificultades derivadas del ciclo económico, a la gestión de las crisis internacionales y a los desastres naturales; por lo tanto, el problema en realidad reside en que Alemania y Francia ya no disponían de margen de maniobra cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles. 
Es decir, señor Comisario, que tiene que preocuparse de introducir reformas, y no solo del crecimiento. 
Por esto nos oponemos firmemente a que se modifique el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. este se debe respetar y se deben otorgar más poderes a la Comisión en sus negociaciones con el Consejo. 
Señora Presidenta, me sorprende que en este debate solo se hable del Pacto. 
El problema no es tanto el Pacto, sino que hemos formado una unión monetaria cuando no existe una unión económica. 
Algunas personas han calificado el Pacto de estúpido. 
Aun así, yo opino que la Comisión ha demostrado cierta inteligencia en su capacidad de interpretarlo. 
Me sorprende, en cambio, que se hable de someter el asunto al Tribunal de Justicia y que a nadie se le haya ocurrido jamás someter al Tribunal de Justicia otras infracciones del Tratado cometidas de manera continuada por prácticamente todos los miembros de la zona euro, cuando no han considerado su política económica como un asunto de interés común, tal como sugiere el Tratado. 
Este es el origen del problema. 
El Pacto de estabilidad solo es la regla que permite contabilizar los puntos al final del proceso. 
El Pacto de estabilidad no indica en ningún momento cómo se debe jugar a un juego que solo puede jugarse en equipo. 
Se ha tachado al Pacto de estabilidad de estúpido o rígido. 
Lo es mucho menos que las devaluaciones competitivas que estuvieron de moda antes de la transición al euro. 
Ahora bien, el Pacto no es suficiente por sí solo. 
Así pues, creo que tenemos que considerar tres aspectos. 
Desde el punto de vista de las políticas económicas, disponemos del instrumento estratégico necesario para asegurar la recuperación del crecimiento en Europa: la estrategia de Lisboa. 
No disponemos del instrumento para poner en práctica esa estrategia y no será, desde luego, el Pacto de estabilidad lo que se utilice para ese fin. 
Algunas personas han propuesto una estrategia de grandes obras. 
Pero los ministros de economía y finanzas todavía no se han decidido a financiarla. 
Todo el mundo habla de coordinación, pero esta solo pasa a un primer plano cuando permite que Francia y Alemania se alíen en contra de la Comisión. 
No se trata de una coordinación a priori, que es la que permitiría obtener los máximos beneficios de la zona euro. 
Este no para de hablar de reformas estructurales y los Gobiernos no le escuchan. Hay que encontrar otra forma de diálogo con los Gobiernos. 
Finalmente, hay que tener en cuenta el trabajo de la Convención para conseguir que progresen los resultados de la CIG y consolidar el poder de la Comisión en lo que se refiere a la consecución de una unión económica. 
Señora Presidenta, la mayor parte de lo que me proponía decir ya se ha dicho y apoyo la intervención del Sr. Poettering, que lamentablemente ya no se encuentra aquí. 
Quiero centrar su atención en lo siguiente: todos, grandes y pequeños, fuertes y débiles, debemos respetar las reglas que hemos aceptado y suscrito libremente, nos gusten o no. 
Pobres de nosotros si considerásemos que los principios y los reglamentos de la Unión Europea deben aplicarse «a la carta» y si los respetásemos cuando nos fueran favorables, pero los ignorásemos cuando no fueran de nuestro agrado. 
El principio más fundamental de la democracia es que todos deben respetar la ley. 
Si no nos gusta, la cambiamos. 
Si el Pacto de estabilidad no nos gusta, deroguémoslo o modifiquémoslo. 
Pero en ningún caso podemos permitir que, considerándose válido, no sea respetado por aquellos a quienes no les gusta, como está ocurriendo ahora. 
Cuando se descubrió que algunos Estados miembros pequeños de la Unión Europea, como Portugal, habían incumplido las condiciones del Pacto, se les obligó a aplicar duras medidas y recortes presupuestarios para reducir su déficit por debajo del 3% y ninguno de los grandes Estados miembros que ahora incumplen el Pacto pidieron que este no se aplicase. 
Ahora que el problema ha afectado inesperadamente a su economía, han descubierto que el Pacto es inadecuado o hasta inaceptable. 
Dos varas de medir. 
La reacción de los países pequeños –que están viendo que «unos son más iguales que otros» , como dijo Orwell– es, por tanto, razonable. 
Todo lo cual aumenta su falta de fe en las nuevas disposiciones del proyecto de Constitución, con el posible riesgo de que esta no se ratifique y la Unión Europea alcance un terrible punto muerto. 
– Señora Presidenta, el Sr. Watson ha hablado de «palos y zanahorias» : había muchos palos y zanahorias en el Pacto de Estabilidad: palos para los trabajadores y zanahorias para los gerentes, palos para los desempleados y zanahorias para los financieros. 
El Pacto de Estabilidad no solo era socialmente injusto, sino totalmente inviable, y la tragedia de haberlo roto no es que no quisiéramos que se respetara, sino que nunca se estableció. 
Esta fue la verdadera tragedia. 
Si nos hubiésemos atenido a los criterios de Maastricht con la misma intransigencia que nos exige el Pacto de Estabilidad con respecto al tres por ciento, ¿existiría hoy el euro? 
¿Existiría hoy el euro, señor Comisario? 
Pido a todos que se pongan la mano en el corazón y respondan a esta pregunta con honestidad, como gente honesta que quiere que se respeten las normas. 
El segundo punto es que la Comisión nos dice que continuará aplicando el Pacto. 
Si vuelve a ocurrir lo mismo, ¿cómo se aplicará el Pacto? 
Espero que con la misma flexibilidad que con respecto a Francia y Alemania. 
Sería injusto que se aplicara un rasero diferente a un país pequeño en el futuro. 
Asimismo, se ha sugerido que los déficit de hoy son los impuestos de mañana. 
Los déficit de hoy también pueden ser las inversiones de hoy, que generarán ingresos más altos en el día de mañana, de los cuales se podrán pagar fácilmente impuestos más altos. 
Por lo tanto, sugiero que dejemos de hacer discursos virtuosos y nos inscribamos en un buen curso de macroeconomía básica, porque parece que algunos lo necesitamos; por supuesto, no incluyo al Ministro en este comentario. 
Parece que conoce bien el tema –o ha aprendido– y se lo agradezco. 
La esencia de la cuestión es que hoy necesitamos una política económica expansiva, y no contractiva. 
Al igual que hay estabilidad inflacionista, también puede haber estabilidad deflacionista. 
Desde este punto de vista la desaparición del Pacto de Estabilidad es buena para la estabilidad. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, para empezar, quiero mencionar a Aníbal Cavaco Silva, profesor de economía y ex-Primer Ministro de mi país, bajo cuyo mandato se introdujo el euro en Portugal. 
Sus palabras pueden ser duras, pero certeras: «el Pacto de estabilidad ha sido una puñalada en la espalda para el eje francoalemán, que ha pasado de ser el impulsor de la Europa comunitaria a convertirse en un factor de inestabilidad. 
El Pacto de estabilidad está ahora muerto, al menos en lo que respecta a su capacidad de imponer sanciones, y eso indica que la Europa comunitaria ha perdido el rumbo.» 
No es mi intención contribuir al debate sobre si el Pacto de estabilidad es estúpido o no. 
Hemos visto cómo, en el espacio de unos pocos días, quienes lo consideraban inteligente decidieron no respetarlo y quienes lo consideraban estúpido protestaron por su incumplimiento. 
Reconozco que se necesitan otros indicadores y que tal vez sea necesario que los mecanismos aplicables en los períodos de crecimiento sean distintos de los que tengan que aplicarse en los períodos de recesión. 
En cualquier caso, estoy seguro de una cosa: necesitamos mecanismos que permitan disciplinar las finanzas públicas, en interés del euro y de Europa. 
Lo que no podemos aceptar es una dualidad de criterios: algunos países están obligados a cumplir, mientras que a otros se les disculpa. 
Es perjudicial para la unidad de Europa que exista la sensación de que a los países pequeños no se les permite actuar de igual forma que a los grandes. 
Es inaceptable que quienes han actuado de un modo indebido hagan comentarios despectivos y de mal gusto sobre los que han respetado los compromisos suscritos. 
Un ejemplo de ello es la actitud deplorable de los ministros de economía francés y alemán con respecto a la valerosa posición del Gobierno portugués en materia presupuestaria. 
Resulta preocupante que el relajamiento en el cumplimiento de los criterios del Pacto pueda causar una subida de los tipos de interés, como ha reconocido el Sr. Solbes. 
Es un escenario preocupante para las familias y las empresas que están fuertemente endeudadas. 
Señora Presidenta, nuestro objetivo debe ser fortalecer los instrumentos de la integración europea, no debilitarlos, sobre todo en el contexto del debate sobre el nuevo Tratado constitucional y la culminación de la ampliación. 
– Señora Presidenta, Señorías, en estos momentos estamos dedicando un gran esfuerzo y concediendo una gran importancia al debate de un nuevo Tratado constitucional que nos dotará de un nuevo marco jurídico para el futuro, mientras, al mismo tiempo, los países grandes demuestran su indiferencia frente a la legislación vigente. 
Permítanme que, en mi calidad de bávaro, establezca un paralelismo. 
Cuando se celebraron elecciones en Austria y se formó la coalición, acusamos de ilegalidad a este país que siempre ha cumplido la ley e intentamos utilizar todo nuestro poder para imponer nuestro criterio, y ahora está ocurriendo lo mismo. 
Los países más grandes están demostrando que el Derecho europeo les es indiferente. 
No puedo dejar de animar a la Comisión a que examine críticamente lo ocurrido, también desde el punto de vista jurídico, pues el Consejo, además de rechazar la propuesta de la Comisión –cosa que tenía derecho a hacer–, también la ha ignorado y se ha limitado a establecer nuevos parámetros. 
El Consejo no tiene competencias para ello y, por lo tanto, solo me resta animar a la Comisión. 
La manera de actuar de los países grandes en la Unión Europea tiene, evidentemente, un efecto muy perjudicial en los países candidatos, diez de los cuales, como es sabido, van a introducir el euro, seguidos luego por otros dos, y ya hemos discutido reiteradamente la necesidad de que los criterios se cumplan. 
¿A qué argumentos van a recurrir en el futuro la Comisión o el Consejo para decirles a estos países que tienen que cumplir los criterios? 
Si nosotros no lo hacemos, no podemos esperar que ellos lo hagan. 
En realidad, lo único que puedo hacer es ofrecer mi apoyo a la Comisión. esta debe proceder con rigor y coherencia en este caso, y permítanme que haga una advertencia contra la negociación de un nuevo Pacto; considerando la situación actual en Europa, cualquier nuevo Pacto no sería merecedor de tal nombre, sino que acabaría siendo un batiburrillo de ilusiones y aspiraciones de flexibilidad sin ninguna relación con las exigencias económicas. 
Europa está pagando el precio de que Alemania no haya hecho sus deberes en los últimos años y el objetivo es, a fin de cuentas, que la moneda única europea siga garantizando la estabilidad económica. 
Muchas gracias. 
– Señora Presidenta, Señorías, la Unión Europea es una comunidad fundada sobre el derecho; la Unión Europea está basada en la primacía de la ley. 
El Ministro de Hacienda alemán, actuando en nombre de Alemania, ha pisoteado esta ley uniéndose a Francia y causando un grave daño al Pacto de Estabilidad. 
De este modo, Alemania no solo ha violado la ley, sino también ha destruido la confianza, no solo en nuestro país, sino también entre sus vecinos en Europa y, sin duda, también en los países que desean adherirse a la Unión Europea. 
Las normas pueden cambiar, pero no quebrantándolas. 
Esto equivaldría a gobernar por la fuerza y no por la ley: es la antítesis de lo que mantiene unida a la UE. 
Este malévolo espíritu de egoísmo nacional y arbitrariedad franco-alemana perseguirá a Europa todavía durante mucho tiempo. 
Berlín no se ha atrevido a recortar la cifra de 6 000 millones de euros de un gasto total de un billón de euros. 
Dicha cifra no es en modo alguno fundamental para la recuperación, y no es que haya señales de que se vaya a producir una. 
Los cimientos de la UE han sido desnaturalizados y se ha forjado una alianza planeada desde hace tiempo en contra de la Comisión Europea. 
En esencia, esta es la posición estratégica, la estrategia que subyace a esta medida, el corazón estratégico del eje Berlín-París. 
Así pues, ¿quién podrá culpar a los Estados más pequeños y a los euroescépticos de desconfiar aún más? 
Tampoco nadie volverá a fiarse de la Comisión para que les proteja. 
El día en que se quebrantó el Pacto de Estabilidad fue un día negro para Europa, y ha provocado una crisis de confianza y una crisis política en el seno de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, se ha criticado a la Presidencia de no ser neutral. 
La Presidencia italiana, y cito al Comisario Solbes, ha hecho un gran esfuerzo por encontrar una solución, pero también es cierto que no ha votado a favor de las recomendaciones de la Comisión. 
El sentido del voto de una persona es una extraña manera de definir la neutralidad. 
La posición de la Presidencia ha sido totalmente imparcial. 
No tiene nada que ganar y creo que este debate debería llevarse a cabo en el plano europeo, sin seguir las convenciones de la política interior. 
Creo que puedo decir esto como representante de un Gobierno que cree que la Comisión –como guardiana– es importante, pero que considera que el mercado financiero es igual de importante. 
Lamento que el presidente del Grupo, el Sr. Poettering, no se encuentre presente en la Cámara. 
Si no me equivoco, el presidente ha puesto el ejemplo de dos países que han cambiado de posición: Irlanda y Portugal. 
Lamento que Irlanda y Portugal, junto con Francia y Alemania, así como Bélgica, Grecia y Luxemburgo, hayan votado a favor de las conclusiones de la Comisión. 
Si bien hoy no se encuentra presente, creo que hay que hacer una observación sobre la posición en el Eurogrupo y después en Ecofin del Sr. Junker, quien no creo que piense de otra manera que la Unión Europea. 
El debate sobre países «grandes» y «pequeños» no tiene sentido. 
Estamos hablando de un proceso político. 
Sinceramente, no creo que la Comisión tenga un monopolio político y no creo que las normas se puedan equiparar a las sanciones. 
Los monopolios no son nada bueno ni para la economía ni desde un punto de vista jurídico. 
Las normas pueden interpretarse de formas diferentes: el Servicio Jurídico del Consejo las ha interpretado de una manera y el Consejo de otra. 
Además, las normas prevén una votación. 
Pero eso no es todo: las sanciones no son el todo, sino solo una parte, y las normas son algo más que sanciones. 
En esencia, la decisión del Consejo puede acogerse con satisfacción en cuanto que las medidas recomendadas a Francia y Alemania son sustancialmente las mismas que las propuestas por el Sr. Prodi a la Comisión. 
La esencia es la misma. 
La diferencia no radica en el procedimiento: el requisito de cumplir las recomendaciones de la Comisión sigue siendo el mismo, independientemente de si el procedimiento y las sanciones son lo mismo o de si el procedimiento puede interpretarse de modo distinto. 
Creo que las sanciones son esenciales, pero son más útiles si no tienen que aplicarse. 
Las sanciones funcionan bien si no tienen que funcionar. 
Las sanciones funcionan bien si sirven para lograr ampliación, prevención y ajuste. 
Así ha sido y esto está totalmente claro. 
No creo que nuestro objetivo fuera la aplicación de las sanciones; creo que nuestro objetivo era el respeto de las normas, y así ha sido. 
Creo que no habríamos llegado a aplicar las sanciones, ni siquiera a un país pequeño. 
Nunca habría votado a favor de sanciones contra un país pequeño que hubiera cumplido las exigencias de la Comisión como dos países grandes. 
Las sanciones son una parte de las normas; no son todas las normas. 
La parte principal de las normas es algo diferente, y estipular sanciones es importante. 
Lo esencial es que las sanciones funcionen mediante la ampliación del proceso. 
El cumplimiento ha sido total. 
He concluido mi intervención diciendo que la sustancia es más importante que la forma, o que ambas son importantes, pero que, hasta la fecha, nos hemos centrado demasiado en un aspecto del procedimiento, como si solo consistiera en sanciones, y esto no es así. 
Además, no se ha hablado de la sustancia. 
La sustancia es muy sencilla, y esto ha emergido del debate con fuerza e inteligencia política. 
Estamos atravesando una etapa difícil en Europa, en la que existe una sorprendente correlación entre el alcance de los problemas y la capacidad de gobernanza. 
El alcance de los problemas: dos guerras en dos años, el hundimiento del equilibrio geopolítico del mundo, el colapso de los mercados financieros, la competencia no regulada creada por China, los efectos causados –quizás más de lo que se predijo– por la transición en algunos países, las crisis locales y sectoriales. 
Todo esto se produce en una situación de capacidad de gobernanza limitada. Los antiguos Estados nacionales ya no disponen de instrumentos de gobernanza nacional y Europa aún no dispone de una gobernanza europea. 
No disponemos de márgenes amplios para las políticas monetarias, porque no se está cuestionando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
No disponemos de márgenes para las políticas de tipos de interés, que se deciden de forma imparcial usando el razonamiento constitucional del Banco Central Europeo. 
En el año 2000 la economía europea funcionaba bien, los presupuestos estaban en orden, la cotización del euro estaba por debajo de la del dólar. 
En el año 2003, la economía no está funcionando demasiado bien, los presupuestos no están particularmente en orden y la cotización del euro ha subido respecto del dólar. 
Creo que a Isaac Newton le costaría entender la relación de causa y efecto entre estos dos fenómenos. 
Necesitamos una gobernanza europea. 
Creo que el Tratado Constitucional proporciona una base para el desarrollo de la gobernanza europea: creo que en el plan de crecimiento –propuesto por la Presidencia, pero que ahora se ha convertido en un plan europeo–, Europa ha encontrado una iniciativa común beneficiosa en forma de política económica común: la primera desde el euro. 
En el año 2003, Europa ha iniciado un ciclo muy intenso de reformas estructurales. 
Un ciclo coordinado por la lógica europea y en un espíritu europeo de reformas estructurales del mercado de trabajo y del Estado del bienestar. 
Las reformas se han extendido desde Finlandia, los Países Bajos y Alemania hasta Austria, Francia e Italia. 
Europa se está renovando, invirtiendo en su futuro y cambiando las expectativas de crecimiento a través de un ciclo de medidas estructurales y de reformas estructurales esenciales. 
Creo que estas son las cosas de las que deberíamos estar hablando. 
. Señora Presidenta, quisiera hacer tres comentarios muy rápidos. 
En primer lugar, un tema de hecho, la Comisión nunca propuso sanciones, la Comisión propuso mayor flexibilidad dando un año adicional para el respeto del 3%. 
En segundo lugar, la Comisión seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con su responsabilidad en el tema de vigilancia presupuestaria. 
Sabemos que el respeto del pacto en el contexto actual planteará algunos problemas, algunas dificultades, pero vamos a hacerlo garantizando el trato absolutamente igual a todos los Estados miembros. 
En tercer lugar- como he señalado en mi intervención inicial -, la Comisión ha emprendido una reflexión serena sobre todos estos hechos, lo que ello significa para la gobernanza económica futura de la Unión, y prepararemos una iniciativa para mejorarla en el marco del actual Tratado. 
. Gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate queda cerrado. 
. – La reina de los Consejos de Ministros, el Ecofin, se ha caído de su pedestal con un golpe sordo. 
En el invernadero de Bruselas aún continúa el debate sobre los detalles del Pacto de Estabilidad, mientras los ciudadanos normales, al menos en los Países Bajos, hace mucho tiempo que están debatiendo otras cuestiones. 
¿Por qué las normas que acordamos se aplican a unos países y no a otros? 
¿Qué ocurrirá con las normas que acordaremos en el nuevo Tratado Constitucional, sobre las que el pueblo neerlandés puede votar en un referéndum? 
Para ganar credibilidad, este Tratado Constitucional tendrá que contener procedimientos estrictos para que se apliquen las normas monetarias. 
Estoy a favor de que la Comisión desempeñe un papel mucho más destacado. 
Los países que incumplen las normas deberían quedar excluidos de la votación que evalúa a otros países que infringen las mismas normas. 
Los Gobiernos francés y alemán han abierto la caja de Pandora. 
Tal vez esto sirva a un interés a corto plazo, pero han perdido toda credibilidad como eje de la cooperación europea. 
Como tal, tienen una gran responsabilidad. 
– Quiero hablar del Acuerdo de Ginebra y decirles que, al igual que Jimmy Carter y Nelson Mandela, ambos ex presidentes y Premios Nobel de la Paz, el Parlamento Europeo tiene que hacer suya y apoyar la iniciativa lanzada por Yossi Beilin y Yasser Abbed Rabbo, que el lunes 1 de diciembre propusieron en Ginebra un plan de paz entre israelíes y palestinos. 
Creo que se trata de un acto valeroso y simbólico que subraya y refleja la aspiración de la inmensa mayoría de israelíes y palestinos de vivir en un mundo de paz y solidaridad mutua. 
Como ha dicho Kofi Annan, este plan no sustituye a las propuestas de la ONU. 
Asimismo, no nos corresponde a nosotros comentar exhaustivamente, punto por punto, todas las propuestas. 
Se ha mantenido el elemento clave, es decir, la creación de un Estado palestino y el rechazo de toda forma de violencia, en especial los atentados suicidas. 
Tenemos que apoyar una señal fuerte en un momento en que ciertas personas en ambos lados se oponen con virulencia a este plan de paz. 
Se les tiene que dar una verdadera lección de paz y obligarles a sobreponerse al odio para poder vivir juntos. 
Lamento que el Consejo no esté presente. 
La urgencia es evidente, sobre todo porque la crisis iraquí solo sirve para agrandar el problema. 
Creo que ha llegado el momento de ofrecer a toda una generación de palestinos e israelíes un verdadero futuro, y a una generación en todo el mundo la capacidad que tienen los políticos de garantizar que todos puedan vivir juntos. 
– Señora Presidenta, me levanto para pedirle que se una a mí y exprese su preocupación a las autoridades judiciales turcas por los retrasos en los juicios de los implicados en la reyerta ocurrida en Galatasaray, Turquía, con ocasión del partido de fútbol con el Leeds United en abril de 2000. 
Este terrible acontecimiento provocó el asesinato de mis electores Christopher Loftus y Kevin Speight. 
Un ciudadano de Galatasaray, Ali Umit Demir, ha sido condenado por estos asesinatos. 
Sin embargo, ha recurrido la sentencia original y ahora, junto con otros implicados en la reyerta original, está a la espera de un nuevo juicio. 
El nuevo juicio preliminar se ha aplazado dos veces, una en julio y de nuevo en septiembre de este año. 
La tercera fecha de la audiencia es ahora el 11 de diciembre de 2003. 
Aunque estoy muy agradecido por el interés, preocupación y asistencia demostrada en esta cuestión por parte del embajador turco en la UE, Sr. Oguz Demiralp, agradecería que el Presidente del Parlamento me apoyara enviando una carta a las autoridades turcas pidiendo que el proceso judicial siga adelante sin más dilación. 
Estoy seguro de que el Presidente entiende la angustia de las familias de los hombres asesinados, provocada por los trámites interminables del nuevo juicio, y que ha venido a sumarse a su angustia inicial sobre esta cuestión. 
– Señora Presidenta, como sin duda sus Señorías ya saben, a raíz de las diferentes iniciativas presentadas este año en el Parlamento, el 1 de diciembre teníamos que recibir al Sr. Oswaldo Payá, a quien el año pasado otorgamos el premio Sajarov. 
Por desgracia, las autoridades cubanas no le han permitido venir. 
Ha enviado un mensaje al Parlamento, y me ha pedido que lo lea. 
He leído el mensaje íntegramente en la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
No lo voy a repetir aquí; simplemente deseo que la cuestión quede registrada en el pleno. 
Se trata de un mensaje fuerte y conmovedor en el que explica las dificultades a las que se enfrentan los demócratas en Cuba, y también habla de la determinación en curso del Proyecto Varela (llamo la atención de todas sus Señorías sobre este hecho) y condena el hecho de que se le impidiera venir aquí. 
Condena la situación en los campos de concentración y la situación de los detenidos, que son precisamente asuntos sobre los que nos gustaría escucharle y poder debatir con él. 
Asimismo, insta a la Unión Europea a prestar apoyo moral para la cooperación, que ciertamente no le negaremos, y afirma que la Unión Europea tiene que debatir de forma constructiva con toda la sociedad cubana. 
Por lo tanto, pido al Presidente del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes que vuelvan a considerar este asunto, porque nuestra invitación del 13 de noviembre ha sido frustrada y es muy importante que consigamos la liberación de Oswaldo Payá para que pueda venir a explicarnos lo que está ocurriendo en su país. 
– Señora Presidenta, quiero plantear el caso de un británico que está en el corredor de la muerte en Ohio, en los Estados Unidos. 
Kenny Richey fue condenado hace 16 años por provocar un incendio y el asesinar a una niña de dos años que murió en el incendio. 
Pero puede que las nuevas pruebas médico-forenses presentadas hace seis años establezcan su inocencia. 
No obstante, sigue en el corredor de la muerte y podrían asignarle una fecha de ejecución en cualquier momento. 
Esto se debe a que la ley de los Estados Unidos establece que no se pueden aducir nuevas pruebas después de cierta fase del procedimiento. 
El fiscal ha dicho: «Aunque estas nuevas pruebas puedan establecer la inocencia del Sr. Richey, la Constitución de Ohio y de los Estados Unidos, no obstante, permite ejecutarlo porque la acusación no sabía que el testimonio científico presentado en el juicio era falso y poco fiable.» 
Así que saben que la declaración de culpabilidad es insegura, pero aun así podría ser ejecutado. 
Ese es el motivo de que Amnistía Internacional lo haya considerado uno de los casos más imperiosos de inocencia que jamás hayan visto los defensores de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, voy a hacer circular una petición por correo electrónico, y le pediría a todos los colegas que la apoyaran, exigiendo que se revise el caso a la luz de las nuevas pruebas o, en última instancia, para pedir clemencia. 
– Señora Presidenta, en virtud de nuestra Constitución el proceso de ratificación irlandés exige un referendo para todas las revisiones del Tratado. 
Hoy, los titulares, los informes y las editoriales de un diario serio, el, afirman que el Sr. Prodi pensaba que cualquier Estado que votara en contra del tratado constitucional –que se encuentra ahora en la fase final de negociación– debería lógicamente abandonar la UE. 
Dijo que puede que tengan una segunda oportunidad: puede que no sea la primera vez que hayan votado en contra. 
Sin embargo, mi opinión en este caso es que lo que podría percibirse como un ultimátum –acepte o abandone la Unión– no es nada útil en la antesala de un proceso de ratificación que ya va a ser bastante difícil, no solo en Irlanda, sino en muchos Estados miembros. 
También se dice que el Sr. Prodi ha afirmado que cualquier enmienda futura o revisión del Trabado debería ratificarla el Parlamento o el Gobierno en vez de un referendo popular. 
Quiero pedir que se le conceda al Sr. Prodi la oportunidad de venir y explicar con más detalle su opinión sobre estas cuestiones tan delicadas, porque la interferencia o los comentarios insensatos en este momento no serán útiles si queremos que el tratado constitucional actual sea aceptado en los 15 Estados miembros, por no decir en los 25. 
A veces es mejor callarse que hablar demasiado en estas cuestiones. 
Señora Presidenta, creo que tengo el deber de hablar de una cuestión referida al dramático acontecimiento jurídico en Italia que afecta al actual senador vitalicio, Giulio Andreotti. 
Se trata de una figura pública bien conocida en el ámbito europeo, una figura que ocupa un lugar destacado en los asuntos comunitarios. 
He esperado el veredicto del Tribunal de Casación antes de hablar del asunto. 
Con mayor urgencia he esperado las explicaciones dadas hace unos días por el Tribunal de Casación, en las que no solo absolvía al senador Andreotti de un tormento que ha durado años y de unas acusaciones ridículas de homicidio, sino que en las explicaciones que acabo de mencionar criticaba la absurda decisión del Tribunal de Apelación al condenarle: teorías personales que no podían probarse. 
Por lo tanto, creo que hay que resaltar el calvario que ha sufrido este hombre, senador vitalicio, una de las figuras públicas que más han contribuido al desarrollo de la democracia en el país y uno de los padres de Europa, y tiene que quedar claro que una parte del sistema judicial italiano, que es claramente ineficaz y subversiva, ha reforzado esta situación que tanto ha preocupado a Italia y a Europa durante 10 años. 
Por lo tanto, señora Presidenta, le insto, y estoy seguro de que no estoy interpretando solamente la voluntad del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sino también la opinión de todo el Parlamento Europeo, a que reconozca formalmente la claridad, prudencia y gran honradez democrática que distingue a la valiosa y útil figura europea del Senador Andreotti. 
– Señora Presidenta, como queda tiempo, permítame llamar la atención del Comisario Fischler sobre una cuestión relativa a sus propuestas de desvinculación y a la superficie que tiene que cultivarse una vez desvinculada. 
Si los agricultores tienen que cultivar el 100% de la superficie que cultivaron durante los años de referencia 2000 a 2002 con el fin de recibir el pago desvinculado o el pago basado en la superficie, eso presionará mucho sobre el precio de la tierra arrendada –o como decimos en Irlanda–, tanto en Irlanda como en otros países. 
Me pregunto si el Sr. Fischler puede plantear que los agricultores deban cultivar un 80% o más de su tierra. 
Si no, pondremos un falso piso debajo de la tierra arrendada y los agricultores en activo no podrán permitírsela. 
Los agricultores que quieran completar el 100% de su superficie del año base van a tener que tomar esa tierra. 
A causa de este requisito se introduce una distorsión del mercado, y yo instaría al Sr. Fischler a que hiciera todo lo que pudiera para garantizar que la tierra esté en manos de los mejores agricultores para cultivarla. 
Ese es uno de los principios de la desvinculación. 
. Esta cuestión ya ha sido tratada. 
-A5-0402/2003 del Sr. Van den Berg, sobre la gobernanza europea (COM (2002) 704- COM (2002) 705- COM (2002) 713- C5-0200/2003- 2003/2085 (INI) ); y 
-A5-0401/2003 del Sr. MacCormick, sobre la Comunicación de la Comisión titulada "Un marco para los contratos y convenios tripartitos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales" (COM (2002) 709- C5-0202/2003- 2003/2088 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Europa tiene que mejorar en nombre de sus ciudadanos. 
Esto significa abordar con éxito y de forma más democrática un mayor número de problemas transfronterizos. 
Tenemos que restablecer el orden en nuestra casa europea, que muchos ciudadanos de toda la UE contemplan con escepticismo. 
El año pasado celebramos una Convención que elaboró una Constitución, al menos en forma de proyecto. Esto es muy positivo para los ciudadanos europeos, como hemos mencionado antes. 
Sin embargo, existen otras maneras de restablecer el orden en nuestra casa europea. 
El informe que les presento esta noche en nombre de nuestra comisión también trata de una gobernanza mejor, más democrática y más transparente. 
Incluso sin adaptar los tratados europeos, podemos aplicar reformas sustanciales. 
La mejora de la gobernanza europea es uno de los objetivos estratégicos clave de la Comisión Prodi para el período 2000-2004. 
En 2001 publicamos el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, sobre el cual dimos nuestra opinión en esta Cámara. 
Dos años más tarde, volvemos a hacer lo mismo, solo que esta vez se trata del progreso de aquel Libro Blanco. 
Se han conseguido algunos logros importantes. 
Por ejemplo, en abril de 2002 la Comisión comenzó a simplificar la legislación, que se redujo a no menos de 35 000 páginas. 
Se trata de una importante contribución a la simplificación de la gobernanza europea. 
Además, la Comisión ha publicado planes en el ámbito de la consulta a las autoridades regionales y locales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los expertos. 
Volveré a tratar estas cuestiones, pero ahora lo que importa es que todos estos planes se apliquen. 
¡No meras palabras vacías, sino acción concreta! 
La Comisión puede hacer mucho más para acercar Europa al ciudadano de forma activa. 
En mi opinión, la primera y más importante es que todas las propuestas legislativas se sometan al llamado criterio ciudadano. 
Esto significa que para cada ley que la Comisión proponga, hay que pensar en su impacto social, ecológico y económico en la vida cotidiana de los ciudadanos para los que se establecen estas leyes. 
Esta es la única manera de garantizar que salimos de nuestra torre de marfil y de que no volvemos a dictar leyes en el vacío o de arriba abajo. 
Insto a sus Señorías y a la Comisión a que apoyen esta iniciativa. 
Paralelamente, quiero subrayar especialmente el hecho de que la Comisión recurre a expertos en una etapa temprana del proceso legislativo. 
En primer lugar, he de decir que los expertos resultan muy útiles. 
En segundo lugar, tengo que destacar que existe una gran jungla y una proliferación de grupos de expertos, tanto permanentes como. 
Hay 850 grupos de expertos y otros 500 subgrupos o más. 
Nadie, ni siquiera en la Comisión, sabe exactamente quién está implicado en estos grupos. 
El Parlamento ya ha pedido a la Comisión que publique listas claras que especifiquen qué expertos pueden consultarse y sobre qué temas. 
De esta forma, el Parlamento y el Consejo, y creo que incluso la Comisión, tendrán una visión clara y exacta de quién examina estas propuestas legislativas y de las opciones políticas fundamentales que se hacen durante el proceso de elaboración de políticas. 
Cuando estas listas estén disponibles, todos nos beneficiaremos. 
Insto a la Comisión a que finalmente haga algo respecto de estas listas tras tres años de promesas, porque queremos una democracia parlamentaria y no una democracia de expertos. 
Otro punto importante que he mencionado es la Gobernanza Mundial. 
El multilateralismo y un amplio concepto de la seguridad, que incluye la paz y la seguridad, pero también la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible, siempre han sido el núcleo de la política exterior. 
Es hora de que la Unión Europea, la mayor superpotencia económica de la ONU, se comprometa a extender sus valores a escala mundial durante la reforma de las instituciones multilaterales. 
Sin embargo, queremos que la UE hable con una sola voz a este respecto, comenzando, si es posible, con un escaño en el Consejo de Seguridad. 
Finalmente, respecto de la consulta a las organizaciones, he subrayado de forma bastante específica la necesidad de que las autoridades locales y regionales se incluyan entre los órganos consultados. 
«Europa empieza en las regiones». 
Después de todo, es en las regiones donde hay que aplicar la política y donde se gastan muchos de los fondos europeos. 
Asimismo, las regiones son lugares con los que los ciudadanos se identifican, a veces incluso más que con sus propias capitales, sin duda cuando las regiones transcienden las fronteras. 
Por esta razón, es importante que las autoridades regionales tengan su propia voz y que la tengan en el proceso legislativo. 
La Comisión así lo ha entendido y se muestra dispuesta a hacer algo al respecto. 
Ahora nos gustaría que esto se tradujera en acción. 
A este respecto, el Sr. MacCormick ha elaborado un informe muy importante sobre los contratos y los acuerdos tripartitos. 
Estos contratos con los Estados miembros y las autoridades regionales pueden resultar un instrumento muy útil, que permita a Europa comenzar a acercar la región y darle forma. 
Así, la gobernanza europea resulta más eficaz y se acerca al ciudadano. 
Apoyamos encarecidamente las líneas generales del informe del Sr. MacCormick. 
Finalmente, quiero subrayar que es responsabilidad de todas las instituciones alcanzar una gobernanza creíble, transparente y democrática. 
No es simplemente responsabilidad de la Comisión, sino de todas las instituciones. 
Por esta razón, en este informe pedimos un acuerdo interinstitucional en el ámbito de la consulta, que sea vinculante para todas las instituciones. 
Las reformas contenidas en el Libro Blanco sobre la gobernanza tienen gran importancia para Europa y para sus ciudadanos. 
Lo que importa ahora es que nos arremanguemos y nos pongamos a trabajar. 
Les agradezco que haya ampliado un poco mi tiempo de uso de la palabra. 
. – Señor Presidente, mi informe trata de la propuesta de contratos y convenios tripartitos entre las autoridades europeas y los Estados miembros, y las autoridades locales y regionales. 
Cabría pensar que esto es un gran bocado para lo que en el fondo es una idea muy simple. 
La cuestión es, como ha señalado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en su opinión sobre este tema, que gran parte de la aplicación de aspectos importantes de la política europea –política medioambiental, política regional y otras políticas, incluida la de transporte– se lleva a cabo en los Estados miembros en un nivel de gobierno inferior al del Gobierno central del Estado. 
Y en este terreno existe un peligro de comunicación insuficiente entre la Comisión, en el centro, y el gobierno local y regional. 
Cualquier medida que se pueda tomar para mejorar estas comunicaciones es bienvenida y se fomentará al máximo. 
La propuesta de la Comisión sobre contratos y convenios tripartitos es una propuesta dedicada precisamente a esa mejora, y por ello mi Grupo la acoge con gran satisfacción. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la Comisión de Medio Ambiente también la acogen con satisfacción y quieren que siga adelante. 
Uno de los primeros acuerdos piloto en términos de convenio tripartito se llevó a cabo entre ciudades. 
Se basaba en la idea de una ciudad sostenible, como por ejemplo Birmingham, Estocolmo y otras ciudades de la Unión. 
Se trataba de imaginar modos de dar sentido a la sostenibilidad. 
Uno de los datos interesantes que descubrí leyendo un informe sobre aquel proyecto piloto fue que el Ayuntamiento de Birmingham podía escribir al Gobierno central de Londres y estar semanas o meses sin recibir una respuesta. 
A los Gobiernos centrales de los Estados miembros se les da muy mal mantener un contacto adecuado con las autoridades locales y regiones. 
Si queremos progresar en la aplicación de políticas en Europa, es obvio que debemos asegurarnos de que exista una interacción entre el gobierno central, el gobierno local y el gobierno a nivel europeo. 
Es importante subrayar –y me dirijo en particular a mi amigo y oponente, el Sr. Bradbourn, en este punto– que esta propuesta de contratos y convenios tripartitos no es simplemente una propuesta relativa al gobierno regional –que sé que el Sr. Bradbourn desaprueba–, sino que también es una propuesta que atañe al gobierno local, que creo que él y su partido aprueban firmemente. 
Tenemos que asegurar que exista una conexión y comunicación real y que la cosa se ponga en marcha. 
A veces en esta Cámara utilizamos la palabra «región» en un sentido muy engañoso. 
Por ejemplo, Escocia, la circunscripción que represento, se denomina región a determinados efectos. 
Pero la mayoría de los habitantes de Escocia piensan que es una nación dentro de un Estado multinacional. 
Y la propia Escocia tiene regiones muy variadas. 
Ayer mismo estuve visitando la Mancomunidad del Sur de Escocia, en la que se discutían algunos de los problemas especiales a los que se enfrenta el sur rural de Escocia, que es muy diferente –desde el punto de vista lingüístico, cultural, social y agrario– del centro de Escocia y de las tierras altas. 
Me plantearon el problema de la pequeña ciudad o pueblo, el antiguo burgo. 
Hoy en día es muy difícil sostener las pequeñas ciudades o pueblos. 
Las grandes ciudades y las regiones tienen una identidad sólida, pero las ciudades pequeñas y los pueblos, en nuestro sistema de gobierno local, la han perdido. 
Actualmente, la ciudad sostenible se ensaya como proyecto piloto. 
¿Y qué pasa con el pueblo sostenible? 
Debemos considerar la gobernanza en Europa en muchos niveles: la región, la localidad y las entidades inferiores a la localidad en términos de estructuras gubernamentales existentes. 
Todas estas cosas son importantes. 
El informe aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales necesita modificaciones, sin romper el espíritu de lo acordado en esa Comisión y complementando ese espíritu mediante la incorporación de algunos de los puntos acordados por la Comisión de Medio Ambiente, todos los puntos acordados por la Comisión de Asuntos Jurídicos y algunas de las cosas que se derivan de los proyectos piloto en curso. 
Recomiendo firmemente a la Cámara el informe en su versión modificada, y espero de todo corazón que salga adelante en la votación de mañana. 
. – Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción los dos informes de los Sres. Van den Berg y MacCormick. 
La Comisión agradece el apoyo del Parlamento en sus iniciativas encaminadas a elaborar una legislación mejor, por ejemplo las evaluaciones de impacto, el establecimiento de requisitos mínimos para la consulta de las partes interesadas, el establecimiento de directrices para la convocatoria y consulta de expertos y la simplificación de la legislación comunitaria. 
La semana que viene la Comisión presentará su informe anual titulado «Legislar mejor 2003» , que por primera vez proporcionará una visión general de todo el trabajo que se está llevando a cabo actualmente para mejorar los procesos de elaboración de la normativa y las políticas de la UE. 
Con la misma intención el Parlamento, el Consejo y la Comisión han concluido recientemente el Acuerdo Interinstitucional 2003 sobre Legislar Mejor. 
Se trata de un gran avance por el buen camino y garantiza que las competencias de todas las instituciones se respetarán plenamente en nuestro futuro trabajo para alcanzar una legislación mejor. 
Sin embargo, hoy quiero centrarme en dos aspectos clave que ha planteado el Sr. Van den Berg, es decir, la consulta de las partes interesadas y el asesoramiento de los expertos. 
¿Cuáles son los principios y los criterios mínimos para la consulta de las partes interesadas? 
Nuestra primera labor es proporcionar un marco coherente y transparente para la consulta de estos grupos. 
La Comisión comparte plenamente la opinión del Parlamento Europeo de que la consulta no puede sustituir a la democracia parlamentaria, y subraya que el objetivo de disponer de requisitos mínimos para la consulta es dar voz a las partes interesadas, pero no voto. 
Dicho de otro modo, no se trata de decidir, sino de ser escuchado. 
Los representantes de los ciudadanos de Europa son quienes deciden. 
Estas medidas tampoco tendrán un impacto en el papel institucional de los dos órganos consultivos, el CESE y el Comité de las Regiones. 
Los principios generales y los requisitos mínimos para la consulta establecidos por la Comisión también podrían servir de base para un acuerdo interinstitucional posterior. 
Asimismo, la Comisión comparte con el Parlamento la opinión de que el proceso de consulta no puede retrasar el proceso legislativo, y subraya que el período mínimo de ocho semanas para las consultas públicas consigue un buen equilibrio entre la necesidad de una toma de decisiones eficaz y la obtención de la aportación necesaria de agentes externos. 
Para que el proceso de consulta sea más transparente, la Comisión ha publicado una lista formal y estructurada de órganos consultivos. 
Esta información puede obtenerse a través de la base de datos de los órganos consultivos. 
El establecimiento de directrices para la convocatoria y consulta de expertos es otra medida importante de la Comisión para mejorar la manera en que se preparan las iniciativas. 
Como hemos subrayado en el Libro Blanco, tenemos que mejorar los niveles de gobernanza europea para la convocatoria y consulta de expertos. 
Las directrices, que se aplican a cualquier servicio de la Comisión que utilice asesoramiento de expertos, están precisamente encaminadas a garantizar que los criterios estrictos y las prácticas de probada eficacia formen parte integrante de la cultura de trabajo de todos los servicios de la Comisión. 
Sin embargo, la preparación minuciosa no es la única manera en que la Comisión tiene que mejorar la calidad de su trabajo; también tiene que hacer que este proceso sea más transparente. 
Por esta razón, la semana que viene la Comisión aprobará una nueva exposición de motivos para todas sus propuestas, que hará necesario explicar las razones y hechos subyacentes a cada una. 
Esta decisión también abarca el conocimiento experto y la consulta de las partes interesadas. 
Ahora quiero centrarme en el informe del Sr. MacCormick sobre los contratos y los acuerdos tripartitos. 
El enfoque adoptado en este informe se ajusta a la propuesta de la Comisión y es tan ambicioso como razonable. 
Es ambicioso porque está encaminado a reforzar el papel de las autoridades locales y regionales y a darles mayor responsabilidad para aplicar la normativa y las medidas comunitarias, cosa que se defiende cada vez más abiertamente. 
Esto acercará más a las regiones de la Unión entre ellas. 
La conclusión de los contratos o acuerdos tripartitos puede ser un acontecimiento interesante cuando se apliquen las políticas comunitarias particulares. 
Sin embargo, al mismo tiempo también es un enfoque razonable, porque no cuestionamos la necesidad de proceder paso a paso. 
La Comisión tenía la misma idea al aprobar la comunicación sobre los contratos y los acuerdos tripartitos el pasado mes de diciembre, como había prometido hacer en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea. 
También propusimos un período de prueba en este ámbito. 
Esta fase ya ha comenzado. 
En el ámbito de la política medioambiental ya se está trabajando en tres ciudades europeas en una iniciativa para concluir un acuerdo tripartito. 
Los acuerdos tripartitos pueden concluirse pronto al amparo de las medidas para aplicar la iniciativa de los Pactos de Sostenibilidad. 
En el ámbito de la política regional, la Comisión está convencida de que se necesita una mayor descentralización. 
Los contratos tripartitos entre la Comisión, el Estado miembro y la región quizá puedan formar parte de un nuevo sistema de aplicación de los Fondos Estructurales. 
Además, esto trasladaría aún más responsabilidades a las regiones y a los implicados en el desarrollo regional. 
Sin embargo, tenemos que ser precavidos. 
En primer lugar, como ha pedido el ponente, tenemos que evaluar la fase piloto y los resultados. 
En segundo lugar, tenemos que estudiar los obstáculos jurídicos, políticos o institucionales que en algunos casos pueden dificultar el uso de dichos acuerdos. 
En particular en el ámbito de la política regional, quiero hacer una distinción entre dos fases: la fase en la que se determina la estrategia de desarrollo, en la que es deseable una mayor implicación por parte de las autoridades por debajo del nivel estatal –si es compatible con el sistema constitucional del Estado miembro implicado–, y después la fase de aplicación. 
Tenemos que estudiar el impacto que estos nuevos contratos pueden tener al aplicar las normas sobre el uso de los recursos presupuestarios y sobre las obligaciones de la Comisión como guardiana de los tratados. 
Además, tenemos que comprobar hasta qué punto hay riesgo si la Comisión se ve obligada a desempeñar tareas administrativas y de seguimiento adicionales. 
Finalmente, quiero asegurar al ponente que, de acuerdo con sus deseos, la Comisión implicará plenamente al Parlamento en la aplicación y evaluación de los acuerdos tripartitos futuros. 
. Señor Presidente, quiero, en primer lugar, agradecer al Sr. van den Berg el magnífico informe que ha presentado y quiero también agradecerle el hecho de que haya cogido las ideas que, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos he formulado en mi informe de opinión, sobre la idea central de que en las sociedades modernas la sociedad civil se expresa a través del voto y a través de los órganos representativos elegidos por los ciudadanos. 
Esta es la idea central que ha recogido muy bien el ponente en su informe principal. 
En segundo lugar, creo que se ha hecho un avance bastante importante en los últimos meses con la firma de un acuerdo interinstitucional, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, sobre la mejora de la reglamentación comunitaria. 
Creo que es un tema en el que vamos a seguir trabajando, como ha dicho el propio comisario, Sr. Fischler. 
Pero me parece capital señalar que hay una idea equivocada de que la reducción de la legislación comunitaria reduce el total de las normas jurídicas. 
Nada más equivocado, porque cada vez que adoptamos una norma comunitaria estamos simplificando la legislación al suprimir quince legislaciones nacionales. 
Y no es que yo sea partidario de adoptar normas comunitarias por gusto, pero, en este momento, nos encontramos con una verdadera selva legislativa. 
Solo una acción muy positiva por parte de la Unión Europea puede acabar con la selva legislativa nacional que impide el buen funcionamiento de las instituciones europeas y del mercado europeo, el mercado interior, que es uno de nuestros objetivos. 
Por tanto, yo no soy de los que piden a la Comisión que legisle menos o que proponga menos legislación. 
Yo le pediría que legisle más cuando sea necesario, porque si no cumple con su función legislativa seguiremos con esta selva que, además, va a aumentar. 
Con veinticinco Estados miembros cada norma comunitaria supone una verdadera simplificación legislativa y el camino no consiste en la reducción del acervo comunitario sino en su reforzamiento y en su consolidación. 
En todo caso, mis felicitaciones al ponente, Sr. van den Berg. 
Espero que mañana podamos aprobar este informe sin grandes dificultades. 
– Señor Presidente, Señorías, mi intervención trata del informe MacCormick, que aborda el tema de la gobernanza europea y –como el ponente ha dicho acertadamente– de la Europa unida en la diversidad. 
La comunicación de la Comisión en la que se basa el debate y a la que el Comisario Fischler se ha referido antes de manera oportuna, propone contratos y acuerdos tripartitos que comprometen a la Comunidad, a los Estados y a las autoridades locales y regionales. 
Los propone para adaptar las normas comunitarias a situaciones caracterizadas por diversidades medioambientales y demográficas significativas, así como por las diversidades políticas de la Unión, desde la política de transporte hasta las políticas regionales y territoriales. 
Se trata de una decisión importante, si bien cabe señalar que comenzará una fase experimental en la que tenemos que evaluar para aprender las lecciones necesarias, que en parte serán de procedimiento pero que –como ya se ha dicho– también se referirán a la mejor gestión de las políticas regionales comunitarias. 
Sabemos que, de cualquier modo, son acuerdos sujetos al requisito de compatibilidad con los Tratados que regulan la vida de la Unión Europea y ajustes que no deben dificultar el funcionamiento del mercado interior. 
Básicamente, el principio al que se refiere la Comisión en esta comunicación, correctamente interpretado en el informe MacCormick, es el de la flexibilidad. 
Este principio comporta el respeto de los diferentes sistemas constitucionales de los Estados de la Unión, pero reconoce que en algunos Estados hay sistemas constitucionales que asignan enormes responsabilidades a las autoridades regionales y locales, que no deben reducirse a pesar de que, en tales casos, la necesidad de una mayor participación democrática no debe causar desequilibrios que vayan en contra de las directrices producidas por la Convención constituyente. 
Sin embargo, los contratos tripartitos no pueden apartarse de las disposiciones del derecho secundario aplicable en todo el territorio de la Unión Europea, porque –como he mencionado antes– solo de esta manera seguirán siendo coherentes con las directrices de la Convención constituyente. 
Tenemos que mejorar la aplicación de la política comunitaria. 
Además, es importante que los acuerdos y los contratos tripartitos definan objetivos claros basados en la necesidad de considerar debidamente la diversidad en todo el territorio de la Unión Europea, si bien, sobre la base de estas experiencias, será posible volver a estudiar una política para la gestión de las políticas comunitarias que vaya más allá de la cuestión de la diversidad y aborde la cuestión más general de la democracia con mayor profundidad y sin comprometer –y creo que esto hay que subrayarlo– la aplicación uniforme del derecho comunitario en todo el territorio europeo. 
Señor Presidente, debatimos el marco regulador de los futuros contratos y convenios tripartitos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales. 
Quiero resaltar lo necesario de la colaboración entre las administraciones intraestatales, profundizando en la subsidiariedad, para el buen fin y el logro de los objetivos que nos hemos marcado en la mayoría de los programas y proyectos derivados de las políticas europeas de cohesión y medioambientales, así como para asegurar su sostenibilidad. 
Y estoy pensando en los fondos y programas IFOP para el sector de la pesca, o en el LEADER + para la agricultura en las zonas objetivo del FEDER o en los proyectos URBAN e Interreg, entre otros, donde tan imprescindible es la participación y responsabilización de las entidades territoriales. 
Pero también estoy convencido de que buena parte de los importantes recursos comunitarios que se encuentran presupuestados pero no utilizados- los denominados RAL- se debe a que los Gobiernos autónomos regionales y locales, que son los ejecutores de la mayoría de los proyectos, no han podido participar hasta ahora en una fase temprana, ni en la elaboración de las políticas, ni en la adopción de estrategias, ni en la identificación de obligaciones jurídicas previas al diseño de los respectivos programas europeos. 
Es hora de rectificar, de bajar del Olimpo y de compartir las decisiones con las demás instituciones más próximas a la realidad de la calle y de los ciudadanos. 
– Señor Presidente, tomo la palabra para responder específica y directamente al informe del Sr. MacCormick sobre los contratos tripartitos. 
Espero poder responder a una serie de puntos que ha mencionado en sus observaciones iniciales. 
A la luz de los hechos actuales en el Reino Unido, este informe se centra en una cuestión muy importante. 
El Viceprimer Ministro del Reino Unido –un tipo desventurado donde los haya– está intentando colar la gobernanza regional en el ánimo de nuestro electorado. 
Esta instancia no deseada y totalmente innecesaria de los políticos simboliza el reciente cambio del Reino Unido hacia la regionalización. 
No me cabe la menor duda de que este cambio está relacionado directamente con el llamamiento del Presidente de la Comisión a favor del desarrollo de una «Europa de las regiones». 
Este informe y la propuesta subyacente de la Comisión se hacen eco sin duda de este llamamiento. 
Mediante el establecimiento de contratos directos con las regiones, la Comisión puede suscribir convenios legalmente vinculantes con organismos locales y regionales y otras cuestiones políticas como el medio ambiente. 
Si estas propuestas siguen adelante, uno se puede imaginar toda clase de proyectos y políticas que podrían colarse el Reino Unido por la puerta de atrás. 
Este paso representa sin duda una pendiente resbaladiza hacia un sistema en el que se reducen las prerrogativas de los Gobiernos nacionales y se refuerzan las de las regiones. 
Me parece que la Comisión está intentando descomponer progresivamente el Reino Unido y el resto de Europa en trozos pequeños, ayudada e incitada, en este caso, por nuestro propio Gobierno. 
Los Conservadores británicos nos oponemos a cualquier medida que impulse semejante desarrollo. 
Sin duda, voy a votar en contra de este informe en el pleno de mañana. 
Simplemente no podemos aceptar una situación en la que la Comisión nos cuele cualquier cambio de las estructuras de gobierno del Reino Unido. 
Si aceptamos que la UE puede tratar directamente y de cualquier manera con las regiones, estamos comprometiendo la integridad nacional, y la nación como principal elemento constitutivo de la UE. 
Este informe representa una interferencia inaceptable en la gobernanza de cada país, y rechazo el enfoque en su totalidad. 
– Señor Presidente, Señorías, felicito al ponente por su excelente trabajo. 
Quiero subrayar la importancia de una cultura administrativa cada vez más transparente en la Unión Europea si queremos obtener la aprobación de sus ciudadanos. 
Como sabemos, la opacidad conduce a la oscuridad total. 
Es esencial simplificar la legislación. 
La opinión pública tiene que entender que este conjunto funciona, es absolutamente necesario sustituir los textos jurídicos alucinantes por algo más racional, y yo estoy a favor de ello. 
Es innecesario regular los detalles, como se ha mencionado aquí. 
Ese es nuestro mal. 
Sin embargo, quiero hacer una enmienda adicional, que ya está contenida en este informe. 
La Unión apoya el principio de «ventanilla única» en todos los ámbitos: Según esto, los ciudadanos siempre pueden obtener la información y los formularios que necesitan en el mismo lugar. 
Sin embargo, las diferentes instituciones de la Unión no comparten un sitio web común en el que los ciudadanos puedan seguir el progreso legislativo. 
Las discusiones del Parlamento, la Comisión y el Consejo sobre las cuestiones jurídicas y otros proyectos tendrían que ser accesibles en una misma página web. 
Las instituciones necesitan al menos un portal común, como una ventanilla única, en la que figuren todos los vínculos necesarios. 
La Comisión y el Parlamento se han vuelto más transparentes, pero el Consejo no. 
El Consejo tendrá más poder, lo que significa mayor oscuridad. Hay que abordar este problema. 
. – Señor Presidente, Señorías, seré breve. 
En primer lugar, quiero darles las gracias por sus constructivas contribuciones a este debate sobre los dos informes. 
Creo –como ha señalado acertadamente el Sr. Medina Ortega– que la mejor manera en que las iniciativas legislativas europeas se simplificarán es que en el futuro será posible consolidar 25 medidas legales diferentes en una sola. 
No creo que esto pueda recalcarse suficientemente, en particular porque como sabemos se acusa constantemente a las instituciones de la Unión Europea de crear demasiadas leyes. 
La realidad es bastante diferente. 
Probablemente ya saben que estudiamos esta cuestión hace algunos años y resultó que los Estados miembros introducen más elementos legislativos nuevos cada año de los que la Comunidad ha introducido desde su creación. 
Es una indicación clara de que tienen razón al hacer esta afirmación. Sin embargo, esto no nos exime de nuestra obligación de organizar nuestras leyes europeas adecuadamente: organizar su preparación, pero también la manera en que están estructuradas, de forma que cumplan los niveles adecuados de transparencia y claridad. 
Sin embargo, por encima de todo, será importante identificar lo que actualmente denominamos a menudo «valor añadido europeo» , porque debería cuestionarse cualquier iniciativa legislativa sin ese valor añadido. 
Se trata de un aspecto importante, en particular a la luz de la nueva Constitución europea, que afirma concretamente que la legislación debería estar sujeta a esta prueba. 
Respecto de los contratos tripartitos, creo firmemente que es razonable concluirlos, y discrepo del Sr. Bradbourn, quien piensa que pisotearían los intereses nacionales. 
Para empezar, una de las tres partes de estos contratos será el Estado miembro. 
Sin el acuerdo del Estado miembro, dicho contrato ni siquiera existirá. Por lo tanto, no entiendo en absoluto sus temores. 
Yo veo esto al revés. Creo que es importante, en particular en el ámbito de la política estructural o en el mío, la política de desarrollo rural, que hagamos un mayor uso del planteamiento ascendente y permitamos que se haga realidad, porque esto hace que las personas sobre el terreno tengan una mejor idea de quién es el responsable de sus problemas. 
Así es como debería verlo, y por esta razón también hemos tomado la precaución de hacer primero un período de prueba y después una evaluación. 
Esto es, por así decirlo, la guinda sobre el pastel. 
Dicho esto, quiero agradecerles su respuesta favorable a estos informes. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0393/2003) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión relativo a la evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (COM (2003) 154- 2002/2237 (INI)) 
. – Señor Presidente, permítame comenzar con una breve retrospectiva. 
Hace casi exactamente cinco años, el dos de diciembre de 1998, esta Cámara celebró un acalorado debate aquí en Bruselas con el ex Presidente de la Comisión, Jacques Santer. 
En retrospectiva, este debate marcó el principio del fin de la antigua Comisión. 
Entonces, igual que ahora, la cuestión era combatir el fraude y que la Comisión sacara las conclusiones necesarias de varios casos graves. 
En aquel momento, el Presidente de la Comisión decidió enfrentarse al Parlamento. 
En contra de la voluntad expresa de esta Cámara, quería descargar a la Comisión de la mayor parte de la responsabilidad en la lucha contra el fraude y pasarla a una agencia exterior, sobre la base de que era la única manera de garantizar la independencia de las investigaciones. 
Nos opusimos con firmeza, porque nadie fue capaz de decirnos de dónde iba a obtener esta agencia su autoridad y cómo se iba a asegurar la eficacia de su trabajo. 
Esta fantasía de una agencia exterior ha resurgido en los últimos meses en relación con el debate del caso Eurostat, afortunadamente parece que solo en las mentes de un puñado de altos funcionarios de la Comisión. 
Las señales que hemos recibido del Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, en Estrasburgo en noviembre apuntaban en otra dirección más constructiva. 
Hoy, cinco meses antes de que los diputados a esta Cámara se despidan unos de otros y comience la campaña electoral, se trata de identificar lo que es factible y abordarlo juntos, de forma que en una cuestión tan decisiva como proteger los intereses financieros de la Unión no nos presentemos ante nuestro electorado con las manos vacías. 
Paso a tratar los distintos puntos. Mi informe deja muy claro que nuestra principal preocupación es que la OLAF está rindiendo por debajo de sus posibilidades, cosa que el caso Eurostat ha sacado a la luz de manera dramática. 
No es el momento de repartir culpas, pero si señalamos que de los 300 empleados de la OLAF menos de 15 están actualmente trabajando en investigaciones internas en las instituciones, queda claro que algo ha fallado. 
Si es así, entonces esta oficina es, por decirlo claramente, totalmente innecesaria. 
Necesitamos un cambio rápido y radical. 
La OLAF tiene que centrar sus investigaciones en aquellos ámbitos en que los órganos relevantes de los Estados miembros no pueden o no quieren intervenir, es decir, en investigaciones en el seno de las instituciones y sobre el gasto gestionado directamente por la Comisión. 
Mi segundo punto es el respeto de los derechos fundamentales de los implicados en las investigaciones. El Reglamento de la OLAF es totalmente claro al respecto. 
Cito: «estas investigaciones deben efectuarse... respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, el principio de equidad, el derecho de la persona implicada a manifestarse sobre los hechos que le afectan y el derecho a que solo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de las conclusiones de una investigación.» 
Los informes y opiniones del Comité de Vigilancia de la OLAF, así como de los informes del Defensor del Pueblo afirman que ahí es donde radica el mayor peligro. 
A este respecto, los investigadores de la Oficina simplemente pasan por alto el Reglamento. 
Les recuerdo el ejemplo más reciente: la reprimenda del Defensor del Pueblo la semana pasada a la OLAF respecto de la difamación de un periodista en declaraciones públicas hechas por la Oficina. 
Si no se respetan las libertades fundamentales de los implicados, al final los resultados de las investigaciones también resultan inútiles y me temo que, debido a ello, la OLAF aún nos tiene reservadas algunas sorpresas desagradables en relación con Eurostat. 
Hace falta un mecanismo de seguimiento eficaz y, sobre todo, preventivo para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento. 
Debemos tomar contramedidas en este ámbito mediante la reforma del propio Reglamento. 
No queremos menoscabar la capacidad de decisión del Director, pero necesitamos un mayor contrapeso. 
Este contrapeso es el Comité de Vigilancia de la OLAF, pero con tres condiciones: primera, que la enmienda en cuestión le confiera explícitamente la capacidad de garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los implicados en las investigaciones; segunda, que reciba los recursos adicionales que le permitan desempeñar esta labor, y tercera, que tenga más independencia del Director de la OLAF, no solo incrementando el personal en la secretaría del Comité, sino también eliminándolo del marco organizativo tanto de la OLAF como de la Comisión. 
Los elementos clave que ahora hay que abordar en la OLAF son la obtención de recursos para las actividades de investigación y el aumento del seguimiento de dichas actividades. 
Señorías, creo que hemos hecho un buen trabajo en la comisión. 
Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades ante nuestro electorado y ante los contribuyentes de la Unión. Ruego a la Cámara que vote a favor de este informe. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Bösch, como usted ha mencionado, la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude, se estableció en 1999. 
Esta oficina se convirtió en el centro de la mayor parte de la labor de la Comisión en la lucha contra el fraude, y la OLAF recibió el mandato y el derecho de llevar a cabo investigaciones en cualquiera de las instituciones europeas por presunto fraude. 
Se le confiaron amplias responsabilidades y, como demuestra el último informe de actividades de la OLAF, ya ha tenido éxitos claros en muchos ámbitos. 
OLAF desempeña sus investigaciones administrativas, internas o externas, de forma totalmente independiente, si bien la oficina está integrada en la Comisión. 
Este doble estatuto ha planteado tanto problemas como preguntas, como se desprende del informe que hoy estamos debatiendo. 
El debate de hoy se refiere al informe del Sr. Bösch sobre el llamado informe del artículo 15 de la Comisión. 
Esto suena muy técnico, pero se trata de un debate extremadamente importante, porque trata del futuro de la OLAF, que, no lo olvidemos, aún es una oficina muy joven. 
La Comisión quiere dar las gracias al ponente, el Sr. Bösch, por su gran esfuerzo. 
La evaluación de las actividades de la OLAF durante los últimos tres años, que constituye el tema del informe, ha quedado eclipsada en gran medida por el asunto Eurostat. 
Sin embargo, los resultados y los análisis del informe aún son básicamente válidos, incluso si la opinión del ponente, el Sr. Bösch, difiere de la nuestra en muchos aspectos. 
No obstante, es cierto que el asunto Eurostat ha puesto de manifiesto algunas deficiencias, en particular la cuestión de la comunicación entre la OLAF y la Comisión, y es preciso ajustar el marco jurídico de la OLAF, que se aprobó en un tiempo récord en 1999. 
Sin embargo, esto no significa –y en esto la Comisión está de acuerdo con el ponente– que tengamos que volver al principio. 
En este momento, esto no sería conveniente ni realista. 
De cualquier modo se esperan grandes cambios para la OLAF, a más tardar en cuanto hayamos conseguido establecer una fiscalía financiera europea. 
La Comisión continúa presionando enérgicamente para que la fiscalía financiera europea se consagre en la nueva Constitución, y después proponemos presentar un Libro Blanco. 
Paso a comentar su informe. En el mismo, la Comisión de Control Presupuestario critica varios aspectos del trabajo de la OLAF, en particular sus actividades de investigación y sus prioridades. 
Si bien entiendo el descontento del ponente, no creo que sea una crítica totalmente justa. 
OLAF ha dejado atrás un difícil período transitorio. 
Sería injusto valorar a la OLAF solo bajo el prisma de Eurostat y no incluir otros logros esenciales en la valoración, ya sea en materia de aduanas o de la cooperación con los países en vías de adhesión para combatir el fraude –un ámbito muy importante–, ya sea en el ámbito legislativo. 
A pesar de las críticas por parte de la Comisión de Control Presupuestario, no creo que las posiciones del Parlamento y de la Comisión estén de hecho tan alejadas una de otra. 
Todos queremos una reforma proporcionada de la OLAF que pueda tratarse si es posible en esta sesión parlamentaria. 
Es un punto de partida para que trabajemos juntos. 
El 18 de noviembre, el Presidente Prodi señalaba las características esenciales de las mejoras propuestas en la Comisión de Control Presupuestario y deduzco de su informe, señor Bösch, que usted también comparte su idea central. 
La Comisión Europea y la Comisión de Control Presupuestario están de acuerdo en que la OLAF tiene que centrarse más en sus actividades básicas. 
Sin embargo, también quiero desmentir los rumores que se han escuchado tras la intervención del Presidente de la Comisión, es decir, que si un funcionario de la Comisión comete un presunto fraude la Comisión quiere tomar el control de las investigaciones internas. 
Para que quede claro: eso no es cierto. 
Tenemos que estudiar la posibilidad de devolver las tareas que no están estrechamente relacionadas con la experiencia específica de la OLAF a las direcciones generales sectoriales. 
En mi opinión, esto podría aplicarse por ejemplo a la liquidación de cuentas en el ámbito de la política agrícola. 
Además, los límites entre la OLAF y otras entidades con poderes de investigación, en particular el IDOC, tienen que definirse más claramente. 
Además, habría que establecer claramente en el Reglamento que el Director de la OLAF decide si se abre o no una investigación, es decir, que se aplica el principio discrecional. 
Esto también contribuirá a garantizar que la oficina se concentre en sus verdaderas prioridades. 
El nivel de información entre la OLAF y las instituciones tiene que mejorar considerablemente. 
El asunto Eurostat ha puesto de manifiesto las limitaciones actuales de los canales de comunicación. 
Incluso cuando se están llevando a cabo investigaciones, la Comisión tiene que ser capaz de tomar medidas cautelares para proteger los intereses financieros de la Comunidad, por supuesto que sin poner en peligro las investigaciones de la OLAF. 
En nuestra opinión, el memorando de acuerdo entre la Comisión y la OLAF constituye un avance importante y oportuno. 
Sin embargo, en interés de la seguridad y la claridad jurídica, el Reglamento de la OLAF también tendría que clarificarse, y por supuesto discutiremos dónde tienen que introducirse dichas clarificaciones y qué forma deben adoptar. 
Un punto importante e indiscutible es el refuerzo de los derechos de defensa de los implicados en las investigaciones. 
El Manual de la OLAF ya contiene una serie de normas internas detalladas al respecto. 
Sin embargo, los principios más importantes que subyacen a los derechos de las personas implicadas, como su derecho a examinar los expedientes y a ser escuchadas, deberían constar explícitamente en el propio Reglamento. 
En su intervención del 18 de noviembre, el Presidente Prodi habló de potenciar el papel del Comité de Vigilancia o de crear un foro interinstitucional como formas posibles de mejorar la gobernanza de la OLAF. 
La Comisión aún no ha concluido sus reflexiones al respecto. 
Sin embargo, puedo decir que, en conjunto, el refuerzo del Comité de Vigilancia, tal como ha propuesto la Comisión de Control Presupuestario, es algo con lo que podemos estar de acuerdo, en particular cuando se trata de examinar reclamaciones. 
Por supuesto, el propio Comité de Vigilancia ha formulado en su dictamen una propuesta interesante al respecto. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar la propuesta del ponente de que la secretaría del Comité de Vigilancia pase a formar parte de la secretaría del Parlamento Europeo. 
La propuesta plantea cuestiones fundamentales de equilibrio interinstitucional, así como cuestiones jurídicas. 
La cuestión de la ubicación de la secretaría tiene que examinarse cuidadosamente. 
La Comisión tampoco puede apoyar las demás propuestas sobre el estatuto presupuestario de la OLAF o sobre el mecanismo de control en el seno de la Comisión, porque cuestionarían aspectos clave de la reforma de nuestra gestión financiera. 
Asimismo les recuerdo que, tras el intenso trabajo del Parlamento y del Consejo, el nuevo Reglamento Financiero entró en vigor el 1 de enero de este año. 
Primero tenemos que adquirir experiencia con este nuevo Reglamento. De cualquier modo, es demasiado pronto para hacer cambios significativos. 
Ahora se trata de actuar con rapidez –la Comisión está totalmente de acuerdo con ustedes– y de presentar una propuesta legislativa que tenga una posibilidad real de ser abordada en este Parlamento. 
Por desgracia, no será posible hacerlo antes de finales de año, como la Comisión de Control Presupuestario sugiere en su informe, y les pido su comprensión a la luz de la compleja y delicada naturaleza del tema. 
Sin embargo, la Comisión confía en que será posible presentar una propuesta legislativa muy rápidamente a principios del año próximo. 
Tendremos en cuenta su informe y las opiniones del Comité de Vigilancia en nuestro trabajo y nuestros planteamientos. 
La Comisión está dispuesta a cooperar extensamente con el Parlamento y, en interés de una eficaz prevención del fraude en la Unión Europea, nuestro objetivo primordial conjunto tiene que ser la creación de una base sólida y viable para el futuro trabajo de la OLAF. 
– Señor Presidente, el trabajo sobre el informe Bösch ha quedado obviamente eclipsado por el asunto Eurostat. 
En sus esfuerzos por arrojar luz sobre el asunto Eurostat –sus cuentas bancarias secretas, su mala gestión y su nepotismo–, la Comisión de Control Presupuestario también ha descubierto deficiencias significativas en el seno de la OLAF. 
En este caso, el mayor fracaso de la OLAF ha sido trabajar con demasiada lentitud. 
Así, ha perdido la oportunidad de recuperar una proporción considerable de al menos 8 millones de euros que se han malversado. 
Sin embargo, creo que el informe refleja adecuadamente las diferentes críticas al trabajo de la OLAF. 
Hemos de tener clara una cosa, a saber: el verdadero culpable en este dramático caso de fraude no es la OLAF, sino la Comisión. 
Lo ocultaron y negaron durante tanto tiempo que no les quedó más remedio que continuar haciéndolo. 
Y los Comisarios responsables, incluido el Presidente de la Comisión, aún se resisten a aceptar la responsabilidad política por esta malversación. 
Además, la Comisión ha presentado su informe –el informe del artículo 15– con más de un año de retraso. 
Esto no es muy respetuoso con la legislación, señora Comisaria. 
En nuestra opinión, Eurostat ha demostrado sobre todo la necesidad de una oficina antifraude, si no queremos que la tolerancia cero al fraude declarada por Prodi se convierta en tolerancia plena al fraude. 
Queremos una OLAF independiente y seguimos necesitando un Comité de Vigilancia sólido, formado por expertos externos. 
Una OLAF independiente todavía es una realidad lejana, porque por desgracia la Comisión consigue ejercer su influencia una y otra vez debido a sus vínculos con la OLAF en términos de organización y personal. 
El intento de la Comisión de alejar las investigaciones internas de la OLAF, que solo ha salido a la luz recientemente, constituye un perfecto ejemplo. 
Señora Comisaria, no era un rumor, como usted ha afirmado; realmente se ha celebrado una reunión. 
Si sus altos cargos no le han informado, le puedo pasar las actas de dicha reunión. 
La Comisión tiene una inagotable riqueza de ideas a este respecto, con la cual ahora parece que incluso quiere honrar al Comité de Vigilancia de la OLAF. 
Hasta ahora solía considerarse una molestia, pero ahora la Comisión afirma que intervendrán representantes de la Comisión, del Parlamento y del Consejo para hacerlo más democrático. 
Sin embargo, esto solo serviría para socavar aún más la independencia de la OLAF y sin duda no le acompañaremos en este precario camino, señora Comisaria. 
Asimismo, el trabajo de la OLAF continuará siendo difícil. 
Somos conscientes de ello. Por esta razón, junto con gestores solventes también necesitamos unas condiciones marco claras. 
Aún queda mucho camino por recorrer antes de disponer de una fiscalía financiera europea, pero espero que no haya vuelta atrás. 
No puedo apoyar la mayoría de las enmiendas presentadas por los Liberales y los Verdes, con dos excepciones, pero estamos de acuerdo con la mayoría de las enmiendas del PSE y les pido su apoyo a nuestras diez enmiendas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, como nos recuerda el meticuloso y exhaustivo informe del Sr. Bösch, el actual director de la OLAF asumió su cargo hace tres años y medio. Este organismo ha crecido tanto que ahora tiene 364 funcionarios. 
Por lo tanto, ya ha pasado el momento de las expectativas, de las transiciones y de las adaptaciones. 
Ha llegado el momento del balance, de la evaluación y de las responsabilidades. 
La auditoria prevista para la OLAF es esencial, al igual que lo es pasar del actual «Comité de Vigilancia» , que simplemente es una figura decorativa, a un organismo de seguimiento, evaluación y toma de decisiones con autoridad definitiva. 
Nuestra Comisión de Control Presupuestario siempre ha considerado a la OLAF un instrumento de trabajo para una Fiscalía Europea, una institución que es cada vez más necesaria debido al crecimiento y sofisticación de la delincuencia transfronteriza europea. 
En consecuencia, el resultado de la actual Conferencia Intergubernamental será esencial. 
Tenemos que preguntarnos si, hasta que la OLAF tenga el estatuto de Fiscalía Europea, tiene sentido continuar invirtiendo en acción policial que esta organización no puede legalmente desempeñar y en su lugar emplear métodos de auditoria que se usan en la lucha contra el crimen financiero y de los que ningún organismo de investigación financiera puede prescindir. 
Huelga decir que la falta de comprensión de los conceptos básicos de comunicación e información, así como el desequilibrio entre los intereses en juego han contribuido a la actuación deficiente de la OLAF en el reciente caso Eurostat. 
También ha contribuido la falta de auditores, cuya capacidad siempre tiene que ser el núcleo del combate contra el fraude o las irregularidades financieras. 
Es el momento del rigor, la exigencia, el trabajo duro, la profesionalidad, el equilibrio, la razón y el sentido común, y esto es precisamente lo que esperamos que consiga la OLAF. 
– Señor Presidente, los acontecimientos recientes, que han puesto en el candelero a la OLAF, han conferido a esta evaluación gran importancia y relevancia. 
Quiero subrayar que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya una OLAF fuerte e independiente. 
Yo también opino que la OLAF tiene que reformarse, que necesita una reforma que tiene que estar centrada en las cuestiones siguientes: la cuestión de la independencia de la OLAF y el hecho de que tiene que priorizar más sus actividades y concentrar sus recursos en su actividad básica, que es aclarar casos que impliquen fraude e irregularidades. 
Hay que reducir el tiempo que se emplea en estos casos, y hay que mejorar los canales de comunicación entre la Comisión y los Comisarios responsables. 
En interés de la división de responsabilidades y de la posibilidad de reducir las pérdidas, es esencial que se informe al Director General y al Comisario responsable lo más pronto posible y con todo detalle. 
El Sr. Bösch ha hecho un excelente trabajo en esta Cámara en relación con la OLAF durante un largo período de tiempo. 
Sin embargo, en nuestra opinión, este informe no está a la altura de nuestros objetivos. 
No creo que corresponda al Parlamento determinar la organización interna y la política de personal de la OLAF. 
Tampoco creo que sea correcto someter al Comité de Vigilancia de la OLAF al Parlamento Europeo. 
Tiene que ser totalmente independiente de todas las instituciones. 
Tampoco creo que sea necesariamente una buena idea dotarnos de un funcionario jurídico especial para los derechos del individuo. 
El Defensor del Pueblo debería desempeñar y desempeñará las tareas en este ámbito. 
Finalmente, también creo que es importante que este informe trate de la OLAF. 
Hay que tratar otras cosas separadamente. 
Un ejemplo es la propuesta relativa al contable de la Comisión en el considerando 16. 
Finalmente, lamento que nuestra comisión no haya tenido la oportunidad de debatir como es debido las amplias enmiendas al texto original de este informe, y quiero instar al Parlamento a que apoye las enmiendas propuestas por el Grupo ELDR, para que nosotros también podamos apoyar o votar a favor del informe final en la votación final. 
– Señor Presidente, quiero elogiar el espléndido informe del Sr. Bösch, que es penetrante y exhaustivo, y quiero decir a la Sra. Schreyer, que es mi Comisaria preferida: debería pedirle a otra persona que escriba sus discursos en lugar de decir las tonterías que hemos escuchado esta noche. 
Es inadmisible. 
Se ha criticado mucho a la OLAF, y con razón, pero la OLAF no puede ser el chivo expiatorio del caso Eurostat, por ejemplo. 
La Comisión no puede usar a la OLAF como una papelera de todos los casos que no tiene ganas de abordar por sí misma. 
Incluso si se remite un caso a la OLAF, esto no exime a la Comisión de su obligación de actuar. 
OLAF tiene que ser totalmente independiente, y tenemos que admitir que estábamos equivocados al establecer a la OLAF como una parte administrativa de la Comisión. 
La secretaría del Comité de Vigilancia tiene que ser totalmente independiente de la Comisión. 
El personal que trabaja en la OLAF tiene que ser independiente de todas las instituciones, y es importante que el personal no pueda solicitar después un puesto de trabajo en la Comisión, porque por supuesto hemos visto ejemplos de casos que han quedado aparcados porque las personas tenían que regresar a la Comisión. 
Telefoneé a la OLAF sobre Eurostat en la primavera de 2002, después de que Dorte Schmidt-Brown se hubiera puesto en contacto conmigo por primera vez. 
La OLAF me dijo que no tenía ni el tiempo ni la predisposición ni el personal para estudiar el caso Eurostat. 
En sus palabras, Dorte Schmidt-Brown era una histérica que debería intentar relajarse un poco. 
Hasta que el Parlamento no protestó clamorosamente no se aceleraron las investigaciones. 
Es muy preocupante que la OLAF solo priorice las investigaciones que interesan al Parlamento o a la prensa, y también es muy preocupante que la OLAF no se tome en serio a los denunciantes. 
Espero que no volvamos a ver un caso de este tipo. 
Es absolutamente esencial que podamos confiar en la objetividad de la OLAF, y que las personas trabajen con rapidez y eficacia en el futuro, pero también quiero decir que la OLAF no es la herramienta más afilada de la caja. 
– Señor Presidente, Señorías, nosotros también queremos dar las gracias al ponente por su exhaustivo trabajo. 
Por desgracia, en esta ocasión no podemos apoyarle en todos los puntos, y lamentamos que no nos quede tiempo suficiente para discutir las enmiendas individuales antes de votar en comisión. 
Vemos dos problemas principales en las enmiendas. 
En primer lugar, estamos a favor de reforzar el Comité de Vigilancia, pero también estamos en contra de ubicarlo en el Parlamento Europeo. 
Si un Comité de Vigilancia ha de ser verdaderamente independiente en sus evaluaciones, también debería serlo del Parlamento. 
En la actualidad podemos percibir otra tendencia en el debate en curso sobre el Comité de Vigilancia. 
Es muy lamentable que aún no haya una Fiscalía Europea y que probablemente tengamos que esperar algún tiempo para tenerla. 
Sin embargo, ahora no deberíamos cometer el error de intentar alcanzar una solución transitoria que atribuya esta función al Comité de Vigilancia, porque este no sería un papel adecuado. 
Lo que necesitamos a largo plazo es un control judicial de la OLAF, pero esto solo puede proporcionarlo la Fiscalía Europea, no un comité sucedáneo. 
Tenemos una opinión igualmente crítica de otro problema. 
El Parlamento está intentando implicarse cada vez más en los asuntos internos de la OLAF, y creemos que no está bien. 
Creemos que la OLAF tiene que ser –y seguir siendo– verdaderamente independiente, pero esto no significa que su independencia de la Comisión se refuerce necesariamente si esta Cámara se implica en microgestionar a la OLAF al mismo tiempo. 
En nuestra opinión esto no es justo. 
La verdadera independencia también significa independencia administrativa. 
Por consiguiente, creo que necesitamos reconsiderar a fondo las enmiendas. 
Espero que podamos alcanzar un compromiso que la mayoría de la comisión pueda apoyar. 
Sin embargo, también quiero dejar clara una cosa a la Sra. Stauner. 
No apoyaremos la mayoría de sus enmiendas, porque creemos que no es justo que contengan un voto implícito de desconfianza hacia la OLAF y repartan culpas –también de forma tendenciosa– respecto del papel de la Comisión en el asunto Eurostat. 
No podemos estar de acuerdo con esto. 
– Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Bösch por su espléndido y muy exhaustivo informe, cuyas conclusiones apoyamos en general. 
Por supuesto, podríamos afirmar que dudamos de la conveniencia de que el Parlamento dicte normas tan detalladas para la reforma de la OLAF, pero puesto que la Comisión ha sido incapaz de crear un órgano de observación que funcione, por supuesto el Parlamento tiene que ocuparse de ello. 
Somos nosotros quienes tenemos que responder ante los ciudadanos en última instancia de la forma en que se gestiona su dinero. 
En el pasado tuvimos la UCLAF, pero no funcionó perfectamente. 
Después llegó la OLAF, y ahora nos damos cuenta, por supuesto, de que no ha mejorado las cosas como deseábamos. 
Estoy de acuerdo con las críticas que varios de mis colegas han hecho respecto de la causas de la incapacidad de funcionar de la OLAF. 
A finales de los años setenta corría un chiste en mi país acerca del hecho de que había una oficina central de correos que no funcionaba como es debido. 
Estábamos discutiendo sobre lo que haríamos si se construía una central nuclear. 
Había un problema con los residuos, y el chiste decía que la solución era empaquetarlos y enviarlos a la oficina central de correos, donde estarían dando vueltas y más vueltas en un ciclo eterno hasta que la radiación hubiera disminuido. 
La Comisión ha utilizado a la OLAF de la misma manera. 
Esto ha durado demasiado tiempo, se ha descuidado demasiado tiempo, y es incomprensible, especialmente en relación con el caso Eurostat, que la dirección de la OLAF haya podido decir a la Comisión de Control Presupuestario que ha ocultado casos a la Comisión para no cargar sobre sus espaldas el desagradable conocimiento de lo ocurrido. 
Esto da una fuerte impresión de falta de profesionalidad. 
De hecho, la Comisión podría estar seriamente amenazada, desde luego, por no haber sido informada. 
Realmente no creemos que sea muy útil situar a nuevos comités por encima del Comité de Vigilancia, como tampoco tenemos mucha fe en la idea de una Fiscalía Europea. 
En efecto, es importante llevar a cabo un cambio radical en nuestro enfoque de la economía de la UE en su conjunto. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, este debate debería haberse celebrado el año pasado. 
No podemos culpar al ponente de ello, porque ha preparado un informe sólido en el menor tiempo posible. 
Cuando la Comisión tomó posesión de su cargo, volvió a anunciar que se aplicaría plenamente a combatir el fraude y las irregularidades en las instituciones de la UE, y con toda la razón, porque están en juego miles de millones de euros. 
La Comisión continúa funcionando de manera totalmente insatisfactoria ahora que ha presentado este informe de situación al Parlamento con más de un año de retraso. 
Las prácticas fraudulentas que rodean el asunto Eurostat han demostrado que la OLAF ya no puede entrar dentro de las competencias, desde un punto de vista administrativo, de la Comisión. 
La oficina debe tener la mayor independencia posible y ser responsable ante el Parlamento. 
Quiero que la Comisaria cumpla la promesa que ha hecho hace un momento de presentar su propuesta al Parlamento en el plazo de dos meses. De lo contrario, su credibilidad realmente quedará en entredicho. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe del Sr. Bösch es crítico pero muy constructivo, y le felicito por su intenso trabajo. 
Por supuesto, podríamos haber votado sobre sus resultados y su posible aplicación en una fase más temprana si la Comisión hubiera presentado a tiempo su evaluación de los tres años de trabajo de la OLAF como preveía el Reglamento, y no con nueve meses de retraso. 
Algunas de las irregularidades y de la mala administración podrían haberse abordado de forma más eficaz de lo que ahora es posible, al final de la legislatura parlamentaria y del mandato de la Comisión. 
Eurostat es un buen ejemplo de ello. 
Conocemos el contexto del establecimiento de la OLAF: todo lo que pudo conseguirse era una estructura provisional, porque en aquella fase no estaba prevista una modificación del Tratado. 
En consecuencia, la OLAF estaba en una posición paradójica desde su inicio. 
En su trabajo es independiente –insistimos en ello–, pero está subordinada a la administración de la Comisión en los aspectos organizativos. 
Sin embargo, por desgracia los retrasos, los procesos engorrosos y la aplicación insuficiente del Reglamento de la OLAF por ambas partes –la Comisión y la OLAF– han caracterizado a esta agencia hasta la fecha. 
Permítanme mencionar tan solo unos ejemplos: su largo proceso de contratación de personal, sus investigaciones excesivamente largas, su fracaso en informar al Comité de Vigilancia cuando es necesario, y sobre todo la falta de formación y el respeto insuficiente de los derechos de defensa de los individuos investigados. 
Me tomo particularmente en serio la afirmación clara del Comité de Vigilancia sobre este último aspecto, porque ilustra directamente la necesidad de crear una Fiscalía Europea para proteger los intereses financieros de la Unión. 
Esta Cámara ha pedido este nombramiento durante mucho tiempo y ahora la Comisión ha unido su voz a este llamamiento en la Convención y en la Conferencia Intergubernamental. 
Agradezco al Sr. Prodi que haya abordado esta cuestión en su plan de acción. 
Los derechos fundamentales del individuo solamente pueden garantizarse dentro de un marco judicial basado en el Estado de derecho. 
Hasta que no se alcance este objetivo, apoyo totalmente el refuerzo del Comité de Vigilancia, tanto respecto de la Secretaría –tenemos que discutir su asignación al presupuesto del Parlamento Europeo– como del nombramiento de personas altamente cualificadas e independientes como miembros del Comité de Vigilancia. 
En resumen, no necesitamos un nuevo Reglamento, sino una serie de enmiendas, como deja claro el informe. 
Necesitamos una OLAF fuerte. 
Pido a la Comisión que se tome nuestras peticiones en serio para que podamos acercarnos a la política de tolerancia cero. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Bösch por su informe y expresar mi reconocimiento por la posición firme que ha adoptado hacia los responsables directos y los responsables políticos del fraude que han sido acusados. 
Una petición a la Comisaria Schreyer: le ruego que no intente restar importancia al caso Eurostat, que continúa siendo uno de los episodios más alarmantes y desagradables a los que nunca ha tenido que enfrentarse el Parlamento Europeo. 
El enorme daño económico causado no se ha cuantificado y quizá nunca se cuantifique. 
Pasemos a hablar del informe. 
Si se aplicara lo que el Sr. Bösch ha escrito en el informe, entonces viviríamos en Europa en una situación de tranquilidad. 
Los intereses financieros apenas se protegerían; la legalidad sería el elemento clave en todas las cuestiones europeas. 
Sin embargo, si los principios establecidos, que están resumidos en el considerando G, que afirma, y cito, que «la Comisión se prescribió una "política de tolerancia cero" en lo que respecta al fraude y las irregularidades» , no se ponen en práctica, todo lo que se ha escrito no compensará el inmenso esfuerzo hecho por el ponente y no se alcanzarán objetivos concretos. 
Ahora, dado lo que ha salido a la luz sobre Eurostat, ¿no hubiera sido más apropiado someter a votación en comisión una enmienda presentada por mí –si bien me complace decir que el Sr. Bösch ha explicado este asunto– que afirma, y cito: «Solo puede condenar todos los casos en que la OLAF ha sido incapaz de concluir sus investigaciones dentro del plazo fijado de nueve meses, en particular el caso Eurostat, que ha estado suspendido durante más de tres años y con respecto al cual una investigación realizada a tiempo podría haber roto la cadena de acontecimientos que ahora han resultado ser todo menos claros y algunos de cuyos elementos están siendo investigados por las autoridades judiciales»? 
Esta enmienda se someterá a votación, y espero que se apruebe mañana en esta Cámara. 
Al mismo tiempo no quiero que se malinterprete lo que he dicho sobre la OLAF, porque no puede ser un chivo expiatorio del fraude cometido por otros. 
Por esta razón, la OLAF tiene que continuar recibiendo la financiación suficiente para reforzar el personal, en particular los funcionarios de investigación. 
Estoy totalmente de acuerdo con el ponente en el apartado 1 del artículo 33, en el que exige a la OLAF que informe al Parlamento Europeo en detalle si una investigación dura más de los nueve meses previstos. 
Volviendo al caso Eurostat, que molesta e irrita a muchos de nosotros, puedo decir que estoy de acuerdo en que nuestras posiciones tienen que ser prudentes, pero al mismo tiempo no podemos aceptar un acuerdo, que significaría que sería considerado contraproducente poner en peligro a las instituciones europeas en este caso. 
Tendríamos que estar discutiendo y debatiendo algo diferente: en el asunto Eurostat, ¿se concluyeron los contratos como es debido o salió a la luz el fraude? 
Si, como aparece tras la lectura de los informes, se concluyeron muchos contratos sin signatarios legales, si hubo conflictos de intereses que condujeron a ciertos beneficios económicos ilegales, si se perdieron de forma sistemática documentos que deberían haber estado sujetos al control y se publicaron noticias en el exterior con el único propósito de facilitar las negociaciones, si más del 50% de los contratos se concluyeron con una única oferta, entonces es evidente que se ha causado un daño de millones de euros a la Comunidad Europea y este aspecto tiene que prevalecer sobre todo lo demás, incluida la preservación de las instituciones europeas. 
. Señor Presidente, Señorías, con su permiso quiero responder brevemente a una serie de puntos. 
No cabe duda de que en el asunto Eurostat no solo se ha producido una mala administración en Eurostat, y me abstengo de usar el término «fraude» simplemente porque el asunto aún se está investigando y no quiero que se me acuse de hacer comentarios perjudiciales. 
También la Comisión ha cometido errores, y la OLAF tendría que haber llevado a cabo las investigaciones con más rapidez. 
Por esta razón, el Sr. Prodi también ha concebido un plan de acción que, por una parte, contiene medidas exhaustivas respecto de Eurostat y, por otra parte, aborda la cuestión de la comunicación entre los departamentos y los Comisarios, así como las medidas relativas a la OLAF. 
Permítanme volver a decir a la Sra. Stauner: las medidas relativas a la OLAF no incluyen la transferencia a la Comisión de las investigaciones internas sobre los funcionarios de la Comisión. Por el contrario –y permítanme citar la intervención del Sr. Prodi–, el objetivo es reforzar la independencia operativa de la OLAF reorientando sus actividades. 
Por lo tanto, quizás se reasignen a los departamentos de la Comisión ciertas tareas horizontales que no están relacionadas con las investigaciones. 
Creo que saben igual que yo que las responsabilidades centrales de la OLAF –dicho de otro modo, lo que se reforzó y, en parte, lo que se estableció en 1999– son las investigaciones internas, los derechos a llevar a cabo investigaciones internas, y las tareas para hacerlo. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Bösch en que se tienen que establecer más capacidades en estos ámbitos. 
Sin embargo, al mismo tiempo es cierto –como ha demostrado el caso Eurostat– que a veces una investigación externa se convierte en una investigación interna porque la investigación externa de repente plantea la siguiente pregunta: ¿por qué se produjeron estos errores en el concurso? 
¿Por qué siempre se concluyen aquí estos contratos específicos? 
Permítanme reiterar un punto: el proyecto de plan de acción presentado por el Sr. Prodi en la Comisión de Control Presupuestario está muy avanzado y dispondrán del texto para modificar el Reglamento a principios de enero, o en cualquier caso lo más pronto posible en enero. 
Considero que hay enfoques muy similares en la cuestión de la modificación del Reglamento. 
La Sra. Theato acaba de mencionarlos de nuevo. 
Como ha prometido el Presidente de la Comisión, trabajaremos muy estrechamente con la Comisión de Control Presupuestario en estos puntos, incluso antes del proceso de redacción. 
. – Señor Presidente, la Comisión quizás debería decidir finalmente si está o no satisfecha con el trabajo de la OLAF. 
Casi tengo la impresión de que estamos criticando a la OLAF desde el vacío, pero he tenido la sensación de que el Presidente Prodi destrozaba a la OLAF con sus críticas mientras nosotros la defendíamos, porque muchos diputados de esta Cámara, en sus intervenciones en el debate de hoy, han afirmado que Eurostat no es un asunto de la OLAF, sino de la Comisión. 
La Comisión tiene que adoptar su propia postura identificable en este asunto. 
De lo contrario, me complace que esté satisfecha con todo lo que guarda relación con la OLAF. 
Sin embargo, en ese caso no quiero volver a escuchar ningún otro comentario por parte del Presidente de la Comisión respecto de las deficiencias evidentes, en términos de calidad, que han surgido en relación con Eurostat. 
Esto no significa que no hayamos cambiado nuestra postura, y creo que aún existen toda una serie de malentendidos respecto de la independencia del Comité de Vigilancia. 
Al igual que el Director General de la OLAF, el Comité de Vigilancia tiene que nombrarse sobre una base interinstitucional; hoy forma parte de la Comisión y –para que no surjan mitos– no está en el vacío. 
Creemos que tiene que haber una separación, y esto incluye una separación física y financiera. 
Es inadmisible que el personal del Comité de Vigilancia, que ejerce una función de vigilancia, se halle en última instancia bajo la responsabilidad de un órgano que está sujeto a dicha vigilancia. 
Hemos adoptado una posición firme al respecto, y espero que esta Cámara la apoye mañana. 
– Señor Presidente, el mensaje a la Sra. Schreyer esta noche está muy claro: debería decirle al Sr. Prodi que no necesitamos sus planes de acción. 
Solo los ha presentado para ganar tiempo, para dar carpetazo a todo el asunto. No podemos tolerarlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0407/2003) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a que modifica el Reglamento (CE) n° 2561/2001 por el que se fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos (COM (2003) 437- C5-0357/2003- 2003/0157 (CNS) ). 
. Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dándole las gracias, señora Miguélez Ramos, por su excelente informe y por apoyar nuestra propuesta. 
La Comisión ha propuesto varios cambios del sistema para fomentar la reconversión de los barcos pesqueros y de los pescadores que, hasta 1999, dependían del acuerdo pesquero con Marruecos. 
Proponemos las enmiendas siguientes: ahora se pagará una indemnización a cada pescador que haya perdido su puesto de trabajo porque el barco en el que trabajaba se ha unido a otra industria pesquera, por ejemplo creando una sociedad mixta. 
Esto ampliará el grupo de beneficiarios, por lo que también tenemos que ampliar los plazos en un año de forma que todos los nuevos beneficiarios puedan solicitar asistencia y para dar a las autoridades españolas y portuguesas tiempo suficiente para tomar una decisión. 
Acepto las enmiendas 2 y 3. 
Sin embargo, no puedo aceptar la enmienda presentada por el Sr. Varela Suanzes-Carpegna porque exige una modificación del artículo 12 del Reglamento, que gobierna el apoyo estructural del sector pesquero respecto de las medidas socioeconómicas. 
No podemos modificar este Reglamento en este momento. 
Señor Presidente, el 30 de noviembre de 1999 expiró el Acuerdo de pesca entre la Comunidad y Marruecos, lo que condenó a cuatro mil trescientos pescadores y a cuatrocientos barcos a la paralización. 
A partir de entonces, entraron en vigor las ayudas a los afectados, al amparo del Reglamento (CE) nº 2792/1999, a cargo del IFOP. 
Estas ayudas se prolongaron hasta el 31 de diciembre de 2001, pero fue necesario, a continuación, llevar a cabo una política de reconversión de la flota, que en buena parte no pudo ser reubicada en otros caladeros. 
Aprobamos para ello, y a partir de planes nacionales, una medida, que fue el Reglamento (CE) nº 2561/2001, para la diversificación socioeconómica de estas zonas afectadas por la paralización. 
En zonas especialmente afectadas, como el Morrazo, Barbate, Algeciras o Lanzarote, la actividad pesquera se vio drásticamente reducida o simplemente desapareció, lo cual tuvo efectos en muchos otros sectores ligados a esta actividad y al conjunto de la producción local. 
Para financiar estas acciones se recurrió, como ustedes saben, al Fondo de Solidaridad, por un total de 197 millones de euros. 
El Reglamento preveía también medidas derogatorias y excepciones a la normativa que define las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca. 
Sin embargo, el carácter excepcional de la medida determinó que el Consejo aprobara un período limitado para la misma, que no ha resultado suficiente para que pudieran acogerse muchos de los afectados. 
A ello han contribuido también las rigideces que el Reglamento encerraba y que ahora, mediante esta modificación impulsada por el Parlamento Europeo, se van a eliminar. 
Por eso me alegra tanto que el Sr. Fischler diga que la Comisión aceptará estas modificaciones y las enmiendas que yo propongo en mi informe, porque los dos- el Sr. Fischler y nosotros, el Parlamento Europeo- queremos que los pescadores afectados reciban un trato equitativo, de tal manera que puedan acogerse a las ayudas para su reconversión, independientemente de la suerte corrida por el barco en el que trabajaban, porque la vinculación del pescador a la suerte corrida por el barco ha sido una de las grandes dificultades. 
En algunos casos, los barcos pudieron ser reubicados en otros caladeros, pescando menos de lo que pescaban en el caladero marroquí y, por lo tanto, perdiendo rentabilidad. 
Estos barcos tuvieron que reducir su tripulación. 
Sin embargo, el Reglamento no cubría a estos pescadores porque ligaba la suerte de la embarcación a la de los pescadores, lo que impedía a estos percibir la prima global para su reconversión. 
Por ello, y para que esta norma- tal y como desea la Comisión y tal y como desea el Parlamento Europeo- pueda en la práctica abarcar al mayor número posible de afectados, es necesario eliminar las disposiciones por las que las primas globales individuales solo pueden concederse a un barco o a unos pescadores que faenaban en un barco cuyas actividades pesqueras hayan cesado definitivamente. 
Y la modificación que ahora debatimos, como ha dicho el Comisario, supone también prolongar doce meses la fecha límite de admisibilidad de los gastos, que ahora será el 31 de diciembre de 2004, y la fecha final para presentar a la Comisión la solicitud de pago del saldo, que pasará a ser el 30 de junio de 2005. 
Así nos lo pidieron en la Comisión de Pesca representantes de los afectados por el cierre del caladero, como era la Cooperativa Loitamar, en la península del Morrazo (Galicia) , compuesta por casi sesenta trabajadores reconvertidos de Marruecos, pero que no han sido capaces todavía de poner plenamente en marcha su proyecto empresarial. 
Ahora, con este margen de tiempo mayor que se les concede, sí que lo podrán hacer, y todos los socios de esa cooperativa podrán- tal y como exige el Reglamento- empezar a trabajar para poder percibir esas ayudas individuales. 
También nos lo pidió así el Gobierno de Andalucía que, junto a Galicia, Canarias y Algarve, es una de las regiones que ha sufrido más profundamente esta no renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos. 
Tengo que decir a sus Señorías que esta modificación, tal y como yo la planteo, no tiene repercusión financiera alguna, sino que los recursos financieros asignados pueden ejecutarse debidamente, cumpliendo así el objetivo pretendido por el legislador cuando aprobó el Reglamento que ahora revisamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero, en primer lugar, felicitar a nuestra ponente, la Sra. Miguélez, por su informe sobre una causa justa- como aquí se ha expresado -, que todos apoyamos, desde hace mucho tiempo, incluido el Gobierno español, como le consta al Comisario. 
He querido aprovechar esta modificación al Reglamento de ayudas para la reconversión de la flota que faenaba en Marruecos para señalar que lo que se hizo entonces no debe ser la excepción, sino la regla. 
Es decir, que cuando haya que reconvertir flotas comunitarias, bien sea por la falta de renovación de los acuerdos internacionales de pesca, bien por la reducción drástica de capturas debido a planes de recuperación- y nuestros compañeros británicos lo saben bien, sobre todos los escoceses en relación con el bacalao -, la Comisión Europea debería prever automáticamente medidas adicionales para compensar a esas flotas y hacer frente a la nueva situación. 
No se deben, por tanto, hacer modificaciones parciales del Reglamento general de ayudas estructurales IFOP cada vez que se produce una situación de este tipo, sino que debería existir ya un marco general permanente para hacerlo en cualquier momento en que esto se produzca, bien sea por planes de recuperación de especies en aguas comunitarias o en aguas exteriores si afectan a nuestra flota, a la flota comunitaria. 
Este ha sido el caso reciente de la flota comunitaria de fletán en el caladero NAFO, donde la Comisión propuso un plan de recuperación para el fletán que fue aceptado y que implica pasar de 42 000 toneladas en este año 2003 a 16 000 toneladas en el año 2007, una reducción del 62%. 
Y como aquí parece que no ha pasado nada, yo lo que digo es que la Comisión tiene que estar obligada a hacer algo para no hipotecar el futuro de esta flota. 
Y debe actuar en consecuencia adoptando medidas extraordinarias como la reubicación en otros caladeros, la promoción de campañas experimentales y la concesión de otras ayudas socioeconómicas que venimos pidiendo para compensar la situación que se ha creado. 
Que se solucionen estos problemas y los que puedan venir en el futuro es lo que pretendemos con esta enmienda que, señor Comisario, no es una enmienda "Varela" sino una enmienda de la Comisión de Pesca. 
Si mañana nuestro Parlamento la aprobase, le pido a usted, señor Comisario, que la Comisión reflexione al respecto puesto que el sector afectado se lo está pidiendo. 
Está pidiendo que ustedes hagan algo. 
El Parlamento Europeo quiere ayudarles y ser aliado de ustedes y del sector y, por lo tanto, hacer que, de esta manera, se pueda apreciar un gesto por parte de la Comisión Europea. 
Esta es mi opinión y espero, señor Fischler, que reflexione usted sobre lo dicho antes de tomar la iniciativa que ha anunciado. 
Quiero finalizar- puesto que no tendré tiempo después- felicitando al presidente Stevenson, ponente del informe sobre Mozambique, que se va a ver a continuación, porque es un magnífico informe y merece nuestra aprobación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el fracaso de la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos ha sido un duro golpe para la estrategia externa de la política pesquera y ha tenido consecuencia trágicas para ciertas zonas pesqueras, especialmente Andalucía y, en menor escala, la región del Algarve en Portugal. 
Hay que decir que la Comisión y el Parlamento han conseguido aprobar un plan de apoyo de las actividades afectadas, aunque con algunas limitaciones que ahora se están corrigiendo. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción esta propuesta de la Comisión, que ha surgido gracias a la presión del Parlamento así como de peticiones de los dos países directamente afectados, Portugal y España. 
Cabe decir que quizás esta propuesta no hubiera sido necesaria si la Comisión hubiera escuchado al Parlamento cuando se debatió el Reglamento 2561/2001. 
Incluso entonces ya se habían identificado claramente los problemas potenciales derivados de la aplicación de este Reglamento. 
Apoyamos el informe Miguélez Ramos, y no podemos más que alabar el trabajo de la ponente y las iniciativas que ha presentado, que sin duda son el origen de las correcciones que se han hecho a la propuesta. 
Tenemos que garantizar un trato igualitario para todos los pescadores y que el Reglamento abarque al mayor número posible de personas que trabajan en este sector. 
Por lo tanto, tenemos que eliminar las disposiciones que impiden la ayuda ya prevista dentro de plazos más razonables. 
Apoyamos las enmiendas de la ponente, que están tan claramente justificadas que no necesitan más comentarios. 
Es justo que también se conceda compensación económica a los pescadores que están desempleados a causa de otras decisiones y no solo porque sus barcos se han desguazado, incluidos los pescadores que han decidido dedicarse a otros tipos de pesca, por ejemplo, o los que ya han cambiado a otro tipo de pesca. 
Señor Presidente, quiero hacer una última observación respecto de la necesidad futura de proporcionar medidas de emergencia para situaciones de vulnerabilidad cuando los acuerdos con terceros países puedan conducir a situaciones de colapso y perjudicar las actividades pesqueras. 
Creo que necesitamos una estrategia global para no tener que responder a estas situaciones cuando y a medida que surjan. 
. Señor Presidente, Señorías, estoy muy agradecido a todos los que han intervenido en este debate. 
Estoy totalmente de acuerdo con la ponente en que es positivo e importante llevar a cabo un ajuste en este caso específico de las flotas española y portuguesa en relación con el Acuerdo con Marruecos, o con la expiración del Acuerdo con Marruecos. 
Sin embargo, aún creo que no deberíamos haber recurrido a ningún tipo de legislación instintiva. 
A pesar de que comprendo la cuestión planteada por el Sr. Varela Suanzes-Carpegna, creo que es algo que deberíamos estudiar durante la evaluación intermedia de las medidas estructurales. 
De cualquier modo, está prevista una evaluación intermedia, y creo que será el momento adecuado para debatir todos los elementos y experiencias que hemos acumulado durante la aplicación en la primera mitad del período de aplicación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0406/2003) del Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y la República de Mozambique (COM (2003) 419- C5-0354/2003- 2003/0154 (CNS) ). 
. Señor Presidente, Señorías, puedo continuar donde lo dejé. 
Estaba hablando del Acuerdo Pesquero y de la renovación del Protocolo del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Mozambique. 
En primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Stevenson por su informe y también por apoyar la propuesta de la Comisión para concluir este Protocolo. 
Con ayuda de este Acuerdo, los barcos pesqueros de la Comunidad podrán reanudar sus actividades pesqueras en las aguas de Mozambique. 
Asimismo, el nuevo Acuerdo amplía los acuerdos sobre la pesca del atún concluidos por la Comunidad en esta región. 
Además, hemos conseguido establecer un acuerdo de asociación muy innovador, porque Mozambique destinará la cantidad total de compensación económica a subvencionar la vigilancia marítima, la investigación, la formación y otras medidas encaminadas a desarrollar la pesca de Mozambique y a mejorar sus capacidades de gestión pesquera. 
Respecto de las otras enmiendas propuestas, permítanme decir que las enmiendas 1 y 2 no nos parecen necesarias, porque ya facilitamos al Parlamento esta información de conformidad con el acuerdo marco vigente entre el Parlamento y la Comisión. 
La enmienda 3 –realmente es una vieja historia– se refiere a la renovación de un Protocolo. 
Puesto que se refiere a la renovación del Protocolo, no se necesita un mandato de negociación separado, ya que entra dentro del ámbito de las directrices de negociación existentes. 
Por esta razón, he de rechazar esta enmienda. 
. – Señor Presidente, este nuevo acuerdo entre la Comunidad Europea y Mozambique se suscribió el 21 de octubre de 2002. 
El acuerdo es para tres años, y el protocolo que establece las posibilidades de pesca, la compensación financiera y el anexo técnico forman parte del acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004. 
Las pesquerías principales relacionadas con este acuerdo son, por supuesto, la gamba de altura y el atún. 
De hecho, el año pasado trabajamos estrechamente con la Comisión para elaborar una plantilla: el acuerdo de Senegal. 
No me voy a disculpar por pasar de la costa este de África a la costa oeste: el acuerdo de Senegal rompió barreras al introducir nuevos modos pioneros de tratar los acuerdos con terceros países, que hemos seguido utilizando desde entonces. 
En el caso de Senegal, insistimos en que el 60% de la compensación financiera debería corresponder a las posibilidades de pesca y el 40% debería corresponder a la conservación y el desarrollo. 
Insistimos en que la mitad de la tripulación de los buques de la UE debería ser senegalesa, que una cantidad considerable de la captura debería ser procesada en las factorías de transformación de pescado de Senegal y que el seguimiento por SMV se instalara en todos los buques implicados. 
En todos los aspectos, esto se consideró un buen paquete que tenía en cuenta los valores de desarrollo y conservación, proporcionaba una pesca sostenible, seguía dando empleo a los pescadores de la UE y seguía suministrando pescado de alta calidad a la UE. 
En la UE solo somos un 60% autosuficientes en productos de pesca; existe una demanda creciente de pescado por parte del consumidor, y las poblaciones de peces están disminuyendo en aguas comunitarias. 
Es importante que a través del acuerdo de Senegal y los acuerdos posteriores que hemos alcanzado desde entonces, tratemos de seguir este modelo con el fin de continuar estableciendo acuerdos de pesca sostenibles de este tipo. 
Si abandonamos estos acuerdos, tendremos la ley de la selva. 
Se dará una situación en la que países como Senegal, Mauritania, y en este caso, Mozambique, se sentirán libres de celebrar contratos con los coreanos, los japoneses o los rusos, y entonces no habrá ningún elemento de conservación, de desarrollo o de preocupación por los pescadores indígenas o por su bienestar. 
En estas circunstancias, si actuamos a través de la UE tenemos una mejor oportunidad de realizar un seguimiento del funcionamiento de estos acuerdos. 
En el caso del acuerdo de Mozambique, vamos a pedir a la Comisión que informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación y ejecución del acuerdo un año antes de su fin. 
Si descubrimos que no se han respetado las condiciones, entonces no autorizaremos a la Comisión a celebrar más acuerdos con Mozambique. 
En este caso, tenemos un informe sobre la abundancia de gambas de altura y atunes en esta zona. 
Vamos a conceder posibilidades de pesca a diez buques que pesquen 1 000 toneladas al año de gamba de altura –y 535 toneladas adicionales de capturas accesorias–, 35 atuneros cerqueros congeladores y 14 palangreros de superficie que pesquen 8 000 toneladas de atún. 
El paquete financiero es de 4 090 000 euros al año. 
En este caso no se trata de un 60% para las posibilidades de pesca y un 40% para el desarrollo; todo esto se destina a la conservación y al desarrollo: 1 500 000 euros para realizar un seguimiento de las pesquerías marinas, 1 millón de euros para el desarrollo institucional, 1 millón de euros para la investigación, 430 000 para la formación, 100 000 euros para el control de calidad y 60 000 euros para ayudar a Mozambique a participar en reuniones internacionales. 
Se trata de un paquete muy bueno y lo recomiendo a la Cámara. 
Agradezco a la Comisión que lo haya elaborado, ahora estamos trabajando en un nuevo espíritu de asociación en estos acuerdos con terceros países y deberíamos seguir haciéndolo. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Stevenson, por haber incluido las enmiendas de la Comisión de Presupuestos en su informe, y también quisiera que nos felicitáramos todos porque con este Protocolo los buques comunitarios retornan a las aguas de Mozambique, en las que faenaron hasta 1993, año en el que Mozambique denunció el Acuerdo entonces existente. 
Aunque el Sr. Stevenson ya ha hecho una breve exposición presupuestaria, querría insistir en que la ficha financiera para la propuesta del Consejo, efectivamente, prevé una compensación para los años 2004, 2005 y 2006 en créditos de compromiso de 12 270 000 euros, que se destinan exclusivamente- tal como han dicho el Comisario Fischler y el ponente Sr. Stevenson- a lo que llamamos las medidas específicas, a lo cual la Comisión de Presupuestos también da la bienvenida. 
Asimismo, se prevé que puede haber un máximo de 15 870 000 euros, cuando se establezca el presupuesto anual. 
Por lo demás, la Comisión de Presupuestos acoge favorablemente este Protocolo con la República de Mozambique, que prevé nuevas oportunidades de pesca para la flota comunitaria en el Océano Índico. 
Sin embargo, señor Fischler, la Comisión de Presupuestos lamenta- como tantas veces- que la Comisión esperara hasta finales de julio de 2003 para transmitir su propuesta inicial, pese a que el Protocolo se rubricó en octubre de 2002. 
– Señor Presidente, la principal preocupación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación en relación con este acuerdo es asegurar que su efecto esté en consonancia con los objetivos de desarrollo más amplios de la Unión. 
Estamos muy interesados en asegurar que la política de desarrollo no se convierta en un coto privado de la Comisión, y que sus objetivos se ajusten a todas las políticas de la UE que tengan que ver con el mundo en desarrollo. 
¿Qué significa esto en concreto en relación con este acuerdo? 
Significa que queremos ver beneficios reales para las comunidades locales y garantías de que este acuerdo no tendrá un efecto negativo para las poblaciones locales que dependen de la pesca. 
Queremos que la Comisión maximice las posibilidades de empleo local derivadas del acuerdo, considerando el acceso de los pescadores al sector de la pesca del atún. 
Estamos interesados en que las mujeres desempeñen un papel en la comercialización y la transformación de los productos pesqueros. 
La gestión de las poblaciones de peces también es importante. 
Queremos que la Comisión se asegure de que el acuerdo tenga en cuenta la gestión sostenible de los recursos pesqueros, especialmente en relación con los bancos de atún. 
Debería hacerse hincapié en la producción descentralizada a base de métodos de explotación sostenibles y de bajo coste. 
Al igual que el Sr. Stevenson, acogemos con satisfacción las propuestas de la Comisión de asignar la compensación financiera a medidas de promoción del desarrollo institucional, la vigilancia marítima, la investigación, la formación y el control de calidad. 
Este es un paso en la dirección correcta porque es importante que el dinero también se dedique a fomentar nuestros objetivos de desarrollo. 
Por último, estoy de acuerdo con todos los que dicen que es muy importante que el Parlamento sea mantenido al corriente de la aplicación de este acuerdo. 
Necesitamos evaluaciones frecuentes de lo que pasa sobre el terreno antes de poder acordar una renovación del acuerdo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para superar el problema de las escasas reservas pesqueras, la Unión Europea ha concluido acuerdos con terceros países, entre otras medidas, con vistas a usar las aguas territoriales de estos países a cambio de una compensación económica. 
En 2002, la Unión Europea firmó un acuerdo de esta naturaleza con Mozambique, que a muchos les pareció el acuerdo perfecto, porque combinaba la cooperación con el interés mutuo: durante los tres próximos años la flota comunitaria podrá pescar en las aguas territoriales de Mozambique a cambio de una compensación económica de cerca de cuatro millones de euros. 
Este acuerdo equilibrado es ideal. 
En primer lugar, porque cubre especies cuyos recursos son abundantes en Mozambique: el camarón y el atún. 
En segundo lugar, porque está encaminado a desarrollar la pesca local a través de la formación de tripulaciones mozambiqueñas. 
En tercer lugar, porque la compensación de la Comunidad se ha destinado a objetivos tangibles en el sector pesquero. 
El cuarto y último punto es que se controlará la aplicación del acuerdo, con especial atención a los aspectos sanitarios de las capturas. 
Estoy de acuerdo con el requisito establecido por el Parlamento Europeo, a través de su ponente, el Sr. Stevenson, de recibir un informe anual sobre la aplicación del acuerdo y sobre la aplicación de sus medidas, lo que permitirá a esta institución vigilar estrechamente este acuerdo –de importancia estratégica para la política pesquera común de la Unión Europea– manteniéndose al corriente ante cualquier negociación, cuando llegue el momento de renovar el acuerdo. 
Quiero concluir expresando mi plena satisfacción por la firma de este equilibrado acuerdo. 
Estoy plenamente convencido de que, a diferencia del acuerdo anterior, Mozambique no tendrá motivos para estar insatisfecho con este texto. 
Señor Presidente, otra vez yo. 
Los acuerdos internacionales de pesca con terceros países han constituido siempre uno de los ejes sobre los que se basa la política pesquera comunitaria. 
La mitad de los productos de la pesca, consumidos en fresco o utilizados para la transformación, provienen de aguas exteriores a la Comunidad sobre las que terceros países ejercen derechos de aprovechamiento exclusivo sobre los recursos. 
La Unión Europea, en términos económicos, es un gran mercado de más de 370 millones de habitantes, mercado en expansión y deficitario en productos de la pesca. 
Esta situación determina la política comercial de la Unión Europea en el ámbito pesquero. 
El mercado comunitario es, por su volumen, el primer mercado de productos del mar del mundo. 
Por ello, el Grupo Socialista expresa su apoyo a la celebración de este acuerdo entre la Comunidad y Mozambique y felicita al ponente, Sr. Stevenson, que ha hecho un magnífico informe. 
Este acuerdo contribuirá a estrechar relaciones en beneficio mutuo con aquella República, no nos cabe ninguna duda. 
Contribuirá no solo al suministro del mercado comunitario sino que también supondrá- como dijo el Sr. Piscarreta- una ayuda al desarrollo del sector pesquero mozambiqueño, todo ello en un marco de desarrollo sostenible. 
Creemos, Señorías, que el estrechamiento de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Mozambique, más que la demagogia, puede ayudar a la subsistencia del pueblo mozambiqueño. 
Seguramente es una buena política de ayuda al desarrollo que el llamado primer mundo compre a los países en vías de desarrollo sus productos más valorados, ya sean diamantes o gambas, y que el producto de esa venta pueda impulsar sectores estratégicos básicos como la agricultura local. 
El Grupo Socialista apoya por tanto las enmiendas del ponente, Sr. Stevenson, y las de la Comisión de Presupuesto. 
Hacemos nuestros los anhelos de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, lamentando, sin embargo, no poder apoyar sus propuestas, ya que no han sido presentadas en forma de enmiendas al texto legislativo, como procede siempre en estos casos. 
Señora Miguélez, ha empezado usted su intervención diciendo "otra vez yo". 
Lo único que indica que usted intervenga más de una vez en una noche es que es usted muy trabajadora. 
Ya sabe que la Presidencia la escucha siempre con mucho agrado. 
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción la vuelta de los buques pesqueros comunitarios a aguas mozambiqueñas. 
Como ciudadano portugués, hago esta declaración sin ningún tipo de nostalgia colonial o ansia de retorno a los viejos tiempos, pero creo que el hecho de que los barcos comunitarios vuelvan a aguas mozambiqueñas también es una señal de la madurez democrática alcanzada por Mozambique y de la normalización de las relaciones diplomáticas que se han establecido entre este país y la Unión Europea. 
De hecho, como ya se ha dicho, este acuerdo proporciona ventajas mutuas y representa verdaderamente la culminación de un proceso de elaboración de acuerdos de pesca con terceros países en los que la Comisión y el Parlamento llevan trabajando bastante tiempo. 
Este acuerdo es fruto de las discusiones y de una rica experiencia, que deberían aplicarse en el futuro a casos similares a los de Mozambique. 
A este respecto, el Presidente de la Comisión lo ha llamado un acuerdo modelo, y yo comparto esa opinión. Esto podría proporcionar un modelo para acuerdos futuros con terceros países, países pobres, subdesarrollados, para los que el tipo de mecanismo y sistema contenidos en este acuerdo suponen la mejor manera de proteger sus intereses, de apoyar su pesca de manera que sea ventajosa en el ámbito ecológico, científico y económico. 
Por ello, debo felicitar a la Comisión por haber logrado resultados tan positivos en sus relaciones diplomáticas con Mozambique, y al presidente de la Comisión de Pesca por el excelente informe que ha elaborado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0362/2003) del Sr. Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la aprobación de medidas relativas a la repatriación de restos mortales (2003/2032 (INI)) 
. – Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a los miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores su apoyo unánime a este importante informe. 
Por describir el contexto, actualmente no existe ninguna disposición de la UE que regule uniformemente la repatriación de restos mortales de un Estado miembro a otro. 
En ausencia de tales disposiciones, el transporte transfronterizo de restos mortales se rige por dos instrumentos de derecho internacional, pero sobre todo por el acuerdo de Estrasburgo concluido en 1973. 
El mundo, los métodos y la tecnología han cambiado mucho desde entonces. 
También es interesante observar que solo algunos Estados miembros se han adherido a este acuerdo de Estrasburgo, que, en muchos aspectos, es obsoleto. 
A causa de los acuerdos mencionados anteriormente, la muerte de un ciudadano comunitario en un Estado miembro distinto de su país de origen ocasiona trámites mucho más complejos, un período de espera mucho más largo antes del entierro o la incineración, y costes más altos que si la muerte hubiera ocurrido en el país de origen de la persona fallecida. 
Animamos a la gente a que viva, trabaje y se establezca en otros países distintos de su propio Estado miembro. 
Actualmente, más de 5 millones de personas residen fuera de su Estado miembro; si añadimos a esto los millones de ciudadanos de la UE que pasan sus vacaciones por toda la Unión Europea cada año, tenemos un número creciente de personas que mueren en el extranjero. 
La Comisión ha afirmado recientemente de nuevo que los ciudadanos de la UE deberían poder circular entre Estados miembros en condiciones similares a las que se aplican a los nacionales de un Estado miembro, y las obligaciones administrativas o jurídicas adicionales deberían mantenerse en el mínimo necesario por el hecho de que la persona en cuestión es ciudadano de otro país. 
Tal y como están las cosas actualmente, no es ni mucho menos cierto que a un ciudadano comunitario que muere en un Estado miembro distinto del suyo se le trate de la misma manera que a un nacional que muere en su país natal. 
Muchos diputados al Parlamento Europeo lo han señalado a la Comisión y al Consejo en numerosas ocasiones. 
Se nos presenta la absurda situación de que se supone que somos una Europa sin fronteras interiores, y en cuanto alguien muere, cuando hay una mayor necesidad de comprensión y solidaridad, levantamos las fronteras simplemente porque hay que transportar el cadáver de un país a otro. 
Eso significa que se necesita un ataúd de zinc, cuyo coste es enorme. 
Una familia de Coventry, en el Reino Unido, tuvo que repatriar a su hijo, que murió trágicamente en la primera noche de vacaciones en España. 
No recibieron ninguna ayuda. 
Les impusieron muchísimo papeleo –en un idioma extranjero– que tuvieron que sortear. 
No se les facilitó ninguna traducción, ninguna ayuda por parte de los servicios consulares y tuvieron que correr con los gastos de más de 3 000 libras esterlinas solo por el ataúd de zinc. 
Se nos presenta una situación absurda en la que la repatriación de un cadáver de Salzburgo a Freilassing –una distancia de diez kilómetros– requiere un ataúd de zinc, pero el traslado de un cadáver de Ivalo a Helsinki –una distancia de 1.120 kilómetros– no lo requiere. 
Está bastante claro que necesitamos un enfoque uniforme de esta situación. 
Actualmente somos 15 Estados miembros, pronto seremos 25. 
Estamos animando a la gente a que viva en otros países, a abrazar otras culturas; y cuando mueren, de repente se erige la frontera y la burocracia entra en juego. 
Es muy simple: en 1973 nos preocupaba el deterioro de los cadáveres durante el tránsito. 
El embalsamamiento ya es práctica común, la tecnología ha avanzado. 
Tenemos que decir a la reticente Comisión que esta cuestión no se va a quedar en el tintero. 
Todos nosotros estamos protegidos, tenemos organizaciones, sindicatos e instituciones que devolverán nuestros cuerpos a donde nuestras familias quieran que estén. 
Pero imagínense por un momento la difícil tesitura de una madre, Dolores Shambley, enfrentada a la muerte de su hijo, Kris Shambley, de tan solo 20 años en 1998. 
Dolores Shambley es una mujer con muy poco dinero a la que se ofreció muy poca ayuda. 
Este es un derecho fundamental. 
Si de verdad nos interesa defender los derechos de nuestros ciudadanos, insto a la Comisión a que presente propuestas y acepte el principio de la libre circulación. 
Creo que el derecho a la libre circulación solo termina cuando el cuerpo está enterrado. 
Ha habido reticencias por parte de la Comisión a aceptar este informe de propia iniciativa. 
Sean valientes. 
Sean osados. 
Acepten el reto. 
La buena voluntad está ahí. 
Ahora quiero iniciativa política. 
Señor Presidente, permítame que en primer lugar dé las gracias al Sr. Cashman por su informe detallado y preciso sobre esta cuestión tan delicada e importante. 
Este informe expresa de forma muy clara los problemas relativos a la repatriación de restos mortales que existen actualmente en la Unión. 
Sé lo importante que es esta cuestión para muchas de sus Señorías. 
Muchos diputados a esta Cámara han intervenido personalmente para ayudar a las familias de los votantes que se han encontrado con estas dificultades al intentar repatriar los restos mortales de sus seres queridos. 
Por ello, aprecio la importancia particular que merece esta cuestión. 
La Comisión está de acuerdo con el Sr. Cashman en que estos problemas se multiplicarán cuando los ciudadanos de la UE usen cada vez más su derecho a trabajar y residir en otros Estados miembros. 
A pesar de que la Comisión reconoce plenamente la importancia de esta cuestión y la necesidad urgente de abordarla, debo admitir que se ha mostrado algo vacilante, como ha señalado claramente el informe, a la hora de definir exactamente lo que hay que hacer al respecto. 
La Comisión ha señalado, en respuesta a una serie de cuestiones planteadas por diputados al Parlamento, que no cree, en este momento, que sea necesaria una armonización específica. 
Sin embargo, quiero subrayar hoy que esto no implica que no podamos movernos para resolver estos problemas. 
En las próximas semanas, pediré a mis colegas que aprueben una directiva sobre los servicios en el mercado interior, y creo que esa directiva ayudará a resolver una serie de problemas planteados por el informe del Sr. Cashman en la medida en que reflejan restricciones al ejercicio y la prestación de servicios funerarios transfronterizos. 
En particular, simplificará los procedimientos administrativos y eliminará los requisitos de autorización que no son coherentes con el principio de proporcionalidad. 
También espero poder tratar el problema concreto relacionado con los ataúdes de zinc en la medida en que un ataúd es, sin duda, un elemento esencial de los servicios funerarios. 
Quedarán problemas derivados de los diferentes requisitos nacionales, como los certificados de defunción y las autopsias. 
En estas cuestiones, la Comisión duda de que sea legalmente posible aplicar el principio de la libre circulación de las personas para oponerse a las restricciones a la transferencia de restos mortales. 
También cree que la armonización de estas cuestiones sería probablemente rechazada por motivos de subsidiariedad. 
Quiero dar de nuevo las gracias al Sr. Cashman por este informe y quisiera asegurar a la Cámara que la Comisión tratará de resolver tantos problemas planteados en él como sea posible, pero no puedo garantizar que resolvamos todos los problemas, dada la situación jurídica incierta en cuanto a la libre circulación de personas. 
Al resolver las restricciones a la prestación de servicios funerarios, la Comisión hará todo lo que pueda por sensibilizar a los Estados miembros en torno a los importantísimos problemas planteados en este informe con respecto a las diferentes disposiciones en materia de autopsias y certificados de defunción. 
En particular, indicaremos que la legislación nacional en este ámbito debería respetar los derechos fundamentales, y en particular la dignidad de las personas. 
Señor Presidente, no es fácil intervenir después de la intervención del Sr. Cashman, y mis primeras palabras son de felicitación por haber tenido la idea de lanzar este informe de iniciativa, por la forma en que lo ha redactado y conseguir el apoyo unánime en comisión. 
Quiero felicitar también a la Comisión por anunciarnos que va a proponer una Directiva de servicios y simplificar algunos de los trámites necesarios para la libre circulación- en este caso, de los cadáveres -, y esperamos con impaciencia la presentación de esta propuesta por parte de la Comisión. 
Creo que este es un asunto de especial importancia. 
Se dice que las sociedades se miden por el respeto que tienen a sus mayores, y tanto más por el respeto que tienen a sus muertos. 
Creo que es nuestra obligación avanzar lo más posible en simplificar todo lo que podamos los trámites necesarios- que tanto afectan a las familias- para la circulación dentro de la Unión de los cadáveres cuando la muerte se produce lejos de sus lugares de origen. 
Creo, además, que el señor Cashman- y permítanme que haga una pequeña ironía en algo tan grave- está demostrando su alta calidad como político, porque está preocupado por aquellos que nunca más le van a votar. 
Yo creo que el hecho de que algunos países de la Unión Europea no hayan firmado, como bien ha dicho el ponente, el Acuerdo de Estrasburgo nos obliga aún más como Unión Europea- ante la inminente entrada de diez nuevos países- a establecer alguna normativa para simplificar al máximo todos los trámites necesarios para la libre circulación de cadáveres dentro de la Unión Europea. 
– Me ha sorprendido ver este informe y su contenido en el orden del día. 
En mis 35 años en la profesión funeraria, nunca me he encontrado con problemas por no poder enviar a casa restos mortales o recibirlos. 
No obstante, lo que sí he experimentado son las condiciones espantosas en las que se han recibido algunos cadáveres por la falta de embalsamamiento o de cuidados en algunos países. 
Lamentablemente, este informe no intenta abordar esta grave cuestión, a pesar de que hace una referencia a la misma en la introducción a la exposición de motivos, en la que se deja entrever que este es el problema principal. 
El ponente me ha informado de que la Comisión no aceptaría enmiendas a esta cuestión esencial, así que las posibilidades de que se introduzcan normas de embalsamamiento son nulas. 
No obstante, este informe se adoptará, sin duda, sin que se aborde la verdadera cuestión. 
Al votar a favor de este informe, sus Señorías deberían ser conscientes de que no harán nada por aliviar el estrés y la emoción sufridas por las desconsoladas familias que con frecuencia son víctimas de las trágicas catástrofes de la repatriación de restos mortales. 
Lamentablemente, los errores reales de este informe dejan claro que ha sido escrito por un profano sin conocimiento real de los problemas de la repatriación o de la profesión funeraria, y por ello considero que no ha abordado la verdadera cuestión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Cashman por el informe que ha presentado, que se ganó el apoyo unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Como ha afirmado el Sr. Cashman, y como ha reiterado el Comisario Bolkestein, la lógica fundamental de la libertad de circulación hará de la necesidad de adoptar reglas en estos ámbitos una necesidad cada vez más imperiosa, porque la libre circulación de ciudadanos en territorio comunitario multiplicará el número de casos que vemos hoy en día y que justifican nuestra atención. 
De hecho, es incomprensible que la muerte de un ciudadano comunitario en un Estado miembro distinto de su país de origen dé lugar a procedimientos mucho más complejos, un período de tiempo más largo antes del entierro o la incineración y costes más elevados. 
Esto va claramente en contra del enfoque comunitario. 
Siendo así, deben adoptarse medidas para simplificar o incluso armonizar el proceso de repatriación de los restos mortales de las personas que han fallecido para alinear este proceso más con el enfoque comunitario, que desde luego no se tiene en cuenta en los acuerdos internacionales que rigen este ámbito. Estos son el acuerdo de Berlín de 1937 y el acuerdo de Estrasburgo de 1973, que debido a su antigüedad no son relevantes respecto a la situación que tenemos en Europa hoy, y por ello se han vuelto bastante obsoletos. 
Además, estos acuerdos establecían una forma de discriminación indirecta porque se aplican únicamente a «no nacionales» , lo cual contraviene el principio fundamental de no discriminación consagrado en el derecho comunitario, violando así reglas esenciales del mismo. 
Por consiguiente, es tarea de la Comisión, como guardiana de los Tratados, asegurar que estos sean compatibles y adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. 
Por último, conviene señalar que no todos los Estados miembros han ratificado estos acuerdos, que es otro motivo de la disparidad inaceptable de las medidas adoptadas por cada uno de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Cashman. 
Su informe se basa en una resolución presentada por mí. 
Continuando con los comentarios del Sr. Titford, hoy he intentado ponerme en contacto con un amigo director de pompas fúnebres para ver si tenía algo que añadir esta noche, pero parece que por casualidad está de vacaciones en alguna parte. 
Todos aceptamos que el excelente informe del Sr. Cashman sigue siendo –y lo digo sin ánimo de desacreditarlo– un informe aspiracional. 
Aspira a mejorar una situación que efectivamente es común. 
Cada año oigo uno, dos e incluso a veces tres casos en los que algunas personas tienen problemas con la repatriación de restos mortales. 
Si miramos las fechas de los distintos instrumentos legislativos que el Sr. Cashman ha mencionado en su informe, veremos que todas tienen como mínimo 30 años de antigüedad. 
Hace 30 años el mundo era muy diferente. 
Como ha dicho el Sr. Cashman, ahora mucha gente se está moviendo y pasando las vacaciones en otros Estados miembros. 
En dos de los casos que he oído recientemente, el fallecido había muerto en lo que se consideraban circunstancias sospechosas. 
Esta misma mañana he recibido una llamada de la madre de un joven. 
Lleva 17 meses esperando que repatríen los restos de su hijo, y los tribunales locales han cambiado constantemente de opinión sobre el enjuiciamiento de la persona que se cree que estaba envuelta en la muerte de este joven. 
Así que no solo se trata de las cuestiones técnicas relacionadas con la repatriación. 
Muy a menudo, también surgen retrasos –como menciona el informe– que tienen que ver con las circunstancias de la muerte. 
Acabo de recibir una copia de una de las preguntas a que se ha referido el Sr. Comisario. 
Esta fue la respuesta a una pregunta que presenté el 11 de octubre de 2000: «la Comisión, después de consultar ampliamente con todas las partes implicadas, ha concluido que una armonización detallada de las reglas nacionales en este ámbito, por encima de las que ya existen, no es deseable ni necesaria, y no estaría justificada desde el punto de vista de la subsidiariedad o la proporcionalidad». 
Esa es una respuesta deprimente, señor Comisario, así que sinceramente espero que, en la directiva de prestación de servicios que propone, reconozca que esta es una cuestión importante, sobre todo que en estas situaciones discutimos muchas veces profundas tragedias humanas. 
. – Señor Presidente, creo que debo dejar constancia de una cuestión con respecto a la intervención del Sr. Titford. 
Quisiera señalarle que el informe trata de la adopción de medidas relativas a la repatriación de restos mortales. 
Se trata de barreras a la traslado en lugar de las condiciones del cadáver. 
Quiero que se acepte el principio. 
El Sr. Titford podría haberme sugerido enmiendas en cualquier momento. 
A pesar de las discusiones habidas en Estrasburgo sobre mi informe, no propuso ninguna enmienda posteriormente. 
Estoy muy triste. 
Siempre trato honesta y abiertamente con todos mis colegas, pero él me halagó en privado y no actuó públicamente. 
Tengo que dejar constancia de esto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0400/2003) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima (COM (2002) 595- C5-0154/2003- 2003/2064 (INI)) 
. – Señor Presidente, quiero empezar con palabras de elogio para la Comisión. 
En la primera lectura sobre los niveles de azufre en los combustibles marítimos, el Parlamento Europeo reclamó unos niveles más estrictos de azufre en los combustibles marítimos, y como primer paso en esta dirección, me complace que la Comisión haya solicitado un estudio –que acaba de presentarse– que investiga las cuestiones específicas implicadas, derivadas de un sobreprecio potencial por el 0,5 % de azufre en los combustibles marítimos. 
Así que me complace ver que la Comisión se tome tan en serio la iniciativa del Parlamento, y esto es un punto muy positivo para empezar. 
No obstante, también existe un punto negativo: todavía estamos esperando una posición común sobre esa propuesta. 
La primera lectura del Parlamento Europeo se realizó en junio de 2003, así que una pregunta preliminar que tengo es: ¿por qué el Consejo no ha avanzado más? 
¿Podría aclararnos la Comisión para cuándo podremos esperar esa posición común? 
Espero que podamos tenerla a principios de 2004 a más tardar. 
En cuanto a la estrategia de la Comunidad sobre la contaminación atmosférica procedente de los buques de navegación marítima, como he dicho antes acojo con gran satisfacción la publicación por parte de la Comisión de esta comunicación sobre una estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas. 
Tal y como afirma, la Comisión ha establecido una amplia serie de objetivos, acciones y recomendaciones para reducir las emisiones de contaminantes del aire procedentes de los buques de navegación marítima en los próximos diez años con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y los problemas de salud humana en la UE. 
Sin embargo, muchas de las propuestas señaladas se quedan cortas y en mi informe intento animar a la Comisión y a los Estados miembros a que vayan un poco más allá de lo que se señala en la comunicación de la Comisión. 
La Comisión establece de manera muy útil la magnitud del impacto de las emisiones procedentes de los buques. 
Es muy importante que reconozcamos que esos impactos no son ni mucho menos insignificantes. 
En mi exposición de motivos subrayo la gravedad de estos impactos a los que nos enfrentamos. 
Por ejemplo, las emisiones procedentes de los buques contribuyen a que las cargas críticas de acidez se superen en más de un 50% en la mayor parte de las zonas costeras a lo largo del Canal de la Mancha y el mar del Norte, en el mar Báltico a lo largo de la costa de Polonia y Alemania, y también en grandes zonas del sur de Suecia y Finlandia. 
Así que los tipos de impacto de los que estamos hablando aquí son, sin duda, muy graves. 
En cuanto a las principales emisiones atmosféricas que debería tratar la comunicación de la Comisión, ya menciona el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, las partículas, el dióxido de carbono y el halón: todos ellos están incluidos como es debido. 
Sin embargo, en mi informe intento añadir dos categorías más de emisiones que debería cubrir la estrategia: los metales pesados y policíclicos aromáticos, que son esencialmente hidrocarburos asociados al cáncer. 
Me gustaría que la propuesta se ampliara para incluir estos últimos. 
La Comisión tiene razón al afirmar que la normativa comunitaria sobre los niveles de emisiones es el mejor modo de reducir las emisiones de los buques en los puertos, en las aguas territoriales y en las zonas económicas exclusivas de la UE. 
Pero, sin duda, es correcto observar que los instrumentos económicos constituyen uno de los mejores medios de promoción de un buen rendimiento medioambiental siempre que lo que hagan sea proporcionar incentivos para llegar más allá de la normativa y, de hecho, utilizar la mejor tecnología disponible. 
Otro aspecto del objetivo de la comunicación es que tiene que propugnar de modo más explícito la reducción de las emisiones por los buques de gases de efecto invernadero en particular, considerando especialmente su impacto en el recalentamiento global. 
En relación con esto, mi informe también solicita que la Comisión estudie la manera en que las emisiones generadas por el tráfico marítimo internacional podrían incluirse en la Directiva 2001/81/CE sobre topes nacionales de emisión cuando se revise. 
Además, mi informe recuerda a la Comisión el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, que solicita que la Comisión identifique y lleve a cabo acciones específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo si dichas acciones no son acordadas por parte de la Organización Marítima Internacional en 2003. 
Puesto que vemos que no se han acordado estas acciones por parte de la OMI, espero sinceramente que la Comisión siga adelante y emprenda dichas acciones sin más dilación. 
En cuanto a las emisiones de azufre, cabe mencionar la propuesta de la Comisión sobre la revisión de la Directiva 99/32/CE relativa al contenido de azufre de los combustibles marítimos. 
La Comisión tan solo proponía reducir las emisiones de azufre procedentes de buques de navegación marítima en zonas marítimas europeas en un 10% con respecto a los niveles de emisión de 2000. 
Pero a fin de alcanzar los objetivos del Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, las emisiones tienen que reducirse al menos un 80%. 
Por tanto, la Comisión tiene que ser mucho más ambiciosa en cuanto a los valores límite que ha propuesto, y las zonas marítimas en que deben regir dichos valores límite. 
Por lo tanto, mi informe pide a la Comisión que modifique su propuesta de revisión de la Directiva 99/32/CE de acuerdo con la primera lectura del Parlamento Europeo del mes de junio, cuyo objetivo era reducir las emisiones de azufre un 80%. 
La Comisión también debería publicar, antes de finales de 2004, propuestas de instrumentos económicos comunitarios destinados a reducir las emisiones atmosféricas de los barcos. 
Por último, me gustaría que los Estados miembros, la Comisión y los países candidatos ejercieran una presión real sobre los países que todavía no han ratificado el Anexo VI del Acuerdo Marpol. 
Tan solo cinco Estados miembros lo han hecho hasta ahora, y parece llegado el momento de pedir urgentemente una ratificación más amplia por parte de los países en vías de adhesión. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Lucas, por su minucioso y bien redactado informe sobre la estrategia de la Comisión respecto a las emisiones procedentes de los buques. 
La reducción de las emisiones de contaminantes del aire y gases de efecto invernadero procedentes de los buques es una prioridad para la Comisión, puesto que sabemos que si no se toman medidas, en 2020 los buques emitirán en los mares de la Unión Europea más contaminantes del aire que todas las fuentes terrestres juntas. 
Por tanto, acojo con satisfacción la mayoría de las propuestas del proyecto de resolución del Parlamento y me complace decir que la Comisión ya está trabajando para llevarlas adelante. 
Por ejemplo, respecto a los instrumentos basados en el mercado, estamos examinando una serie de posibles opciones. 
En septiembre de 2003 celebramos un fructífero seminario con las partes interesadas al que se invitó a parlamentarios. 
En la cuestión de la consideración de las emisiones procedentes de buques internacionales y los topes nacionales de emisión de la UE, queremos lanzar en breve un estudio para conseguir una mejor perspectiva de la envergadura de las emisiones procedentes de buques en los Estados miembros comparadas con las emisiones de fuentes terrestres. 
En cuanto al uso de electricidad del litoral y tecnologías de reducción para los contaminantes del aire, tenemos la intención de utilizar el mismo estudio para examinar los costes y los beneficios y presentar ejemplos positivos. 
Incorporaremos los resultados de este trabajo en el Programa «Aire Limpio para Europa» en 2005 y presentaremos las propuestas adecuadas. 
La cuestión del azufre de los buques es, sin duda, objeto de negociaciones para la codecisión sobre la propuesta de la Comisión relativa al azufre de los combustibles marítimos. 
La propuesta, tal y como está redactada, comportaría una reducción significativa del 40% de las emisiones de dióxido de azufre centrada en el norte de Europa. 
El avance del Consejo en relación con la propuesta ha sido más lento de lo que nos habría gustado, pero hemos utilizado el tiempo adicional para investigar los costes y beneficios de los límites de azufre más estrictos que propuso el Parlamento Europeo en junio de 2003. 
Para responder más concretamente a los puntos planteados por la Sra. Lucas, compartimos su preocupación por el lento avance del Consejo y esperamos que se pueda acordar una posición común bajo la Presidencia irlandesa a principios de 2004. 
Hemos visto que el límite del 0,5 % de azufre en el combustible propuesto por el Parlamento Europeo daría lugar a un suplemento de precio de unos 70 euros por cada tonelada de combustible. 
Los beneficios medioambientales y humanos del límite más estricto de azufre todavía pesarían más que los costes, pero los costes totales para el sector naviero se duplicarían hasta sobrepasar los 2 000 millones de euros. 
Debemos considerar si esto es proporcionado, teniendo en cuenta el compromiso de la Comisión de promover un cambio modal del transporte por carretera al marítimo. 
Por último, en respuesta directa a una cuestión planteada por la Sra. Lucas sobre la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, me complace informarle de que la Organización Marítima Internacional va a adoptar una estrategia sobre dicha cuestión esta misma semana. 
– Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Lucas por su informe y también rendir homenaje a la Sra. Hautala, en cuyo informe original se basa el presente informe y que ahora ha vuelto a la política nacional en Finlandia. 
El informe subraya una cuestión de la que ni siquiera son conscientes los ciudadanos de la Unión Europea, a pesar de que lo que dice el Comisario es totalmente cierto. 
Si las tendencias actuales continúan, más de la mitad de la contaminación producida en la UE estará en el mar. 
Es cierto que el uso del transporte marítimo y la navegación fluvial es el modo de transportar mercancías que menos daña al medio ambiente, con la posible excepción de una locomotora que use electricidad producida en una central nuclear. 
Es importante que se desarrolle este tipo de transporte en particular. 
También es cierto que aliviamos las carreteras. 
En mi país, la falta de inversión en las carreteras significa que una alternativa podría ser el desarrollo del transporte costero, usando puertos, por ejemplo Scarborough y Whitby en mi región. 
No obstante, hay inconvenientes respecto a las mejoras que hemos alcanzado en tierra y en la calidad del combustible. 
Si llenas el coche con el último gasóleo de 10 partes por millón, el inconveniente es que el azufre, que se ha sacado del gasóleo, se queda en el combustible que va a los buques, y podría ser de 26 000 partes por millón. 
El informe Hautala, en primera lectura, solicitaba reducciones hasta un 1,5 % en zonas sensibles como el Canal de la Mancha, el Báltico y el mar del Norte. 
Es muy alentador que las enmiendas que presenté en primera lectura en relación con la tecnología de reducción se aceptaran. 
Los transbordadores P [amp] O, que operan la ruta Dover-Calais, tienen dos buques idénticos operativos, uno con la tecnología de reducción y otro sin ella. 
Espero que la Comisión considere los resultados iniciales de estas pruebas para ver si esta tecnología es un modo alternativo más rentable de alcanzar los objetivos que nos proponemos. 
Espero que la Comisión se tome estas enmiendas más en serio que algunas de las enmiendas a las que el Comisario se ha referido, que solicitan unos niveles todavía más estrictos que podrían no ser rentables. 
Hemos de tener en cuenta que si reducimos los niveles de azufre del combustible para los buques, aumentamos las emisiones en la refinería de petróleo en la que se reducen estos niveles de azufre. 
Es importante que actuemos a nivel internacional, y no de modo unilateral, a través de la Organización Marítima Internacional y el Anexo VI del Marpol. 
Es especialmente decepcionante que solo cinco Estados miembros hayan ratificado el Anexo VI del Marpol. 
A menos que haya habido un cambio de situación al que el Comisario pueda referirse, entiendo que el Reino Unido –que siempre critica a otros países que no ratifican acuerdos como el de Kioto– no ha ratificado el Anexo VI del Marpol. 
Es sumamente importante, desde el punto de vista de las emisiones, ver dónde ocurren. 
Las emisiones en medio del océano Atlántico no causan problemas en tierra. 
Me preocupa que algunas de las propuestas más ambiciosas del informe de la Sra. Lucas, como por ejemplo el recorte del 80%, estén desproporcionadas en cuanto al coste. 
Pero ahora contamos con un informe razonablemente equilibrado que apoyaremos complacidos en la votación del pleno de mañana. 
– Señor Presidente, señor Comisario, respecto al tema de la Directiva, no se puede negar la necesidad de reducir las emisiones atmosféricas de azufre causadas por el transporte marítimo, que debe esforzarse lo mismo que el transporte terrestre a este respecto. 
Las zonas graníticas son especialmente vulnerables al fenómeno de la acidificación causada por estas emisiones de azufre y por ello deben recibir un tratamiento prioritario. 
Sin embargo, debemos asegurarnos de no penalizar a nuestros propios armadores estableciendo normas que no tengan suficientemente en cuenta la naturaleza internacional del transporte marítimo. 
En este ámbito, como en muchos otros, la Unión es un mero intermediario. 
El foro relevante para impulsar los reglamentos es en este caso la OMI. 
Por este motivo estamos a favor de las medidas encaminadas a limitar el contenido máximo de azufre de los combustibles marítimos utilizados en el Mar del Norte, el Canal de La Mancha y el Mar Báltico, puesto que se ajustan a los topes establecidos por la Convención Marpol de la OMI. 
También podría haber ampliaciones en este ámbito si estuvieran definidas dentro del marco OMI. 
Sin embargo, no creemos que las propuestas adicionales de la ponente sobre los otros dos aspectos de la Directiva relativa a los niveles aplicables a los buques de pasajeros y a los buques en los puertos sean apropiadas. 
No incorporan la necesidad de proceder de forma gradual en estos ámbitos con el fin de tener en cuenta los grandes imperativos técnicos impuestos a nuestros armadores por estas nuevas directrices, ni la necesidad de desarrollar estas reducciones de emisiones en el marco de la OMI, que parece estar dispuesta a actuar. 
Por el contrario, suscitan la discriminación que podría perjudicar los intereses europeos. 
Señor Presidente, como he dicho antes, la Comisión acoge con satisfacción, en términos generales, este informe. 
Sin embargo, hay dos puntos que la Comisión considera difíciles de aceptar. 
En primer lugar, creo que una propuesta que incluya hidrocarbonos poliaromáticos y metales pesados en la estrategia de emisiones procedentes de buques puede ser un poco prematura. 
El seguimiento de estos contaminantes no es actualmente obligatorio en la Unión Europea y no se han establecido valores límite. 
Sin embargo, esto se contempla en una nueva propuesta de la Comisión sobre la calidad del aire ambiente. 
En segundo lugar, la Comisión está algo decepcionada por la propuesta de que los buques que viajan a regiones insulares remotas deberían estar exentos de los límites de emisiones. 
En nuestra opinión, el aire limpio es un derecho humano para todos los ciudadanos de la UE, independientemente de dónde vivan. 
Mis servicios han recibido recientemente una carta de una mujer de Creta que protestaba por el humo negro y sucio que los buques expulsan al interior de su casa en el puerto de Iráklion. 
El uso de electricidad costera en los puertos, que la Sra. Lucas, la ponente, intenta promover, reduciría drásticamente las emisiones de los contaminantes del aire y el ruido, ofreciendo unas mejoras reales en la calidad de vida de las ciudades portuarias. 
Por último, quisiera subrayar que el puntal esencial de la estrategia de la Comisión es colaborar con los Estados miembros para promover soluciones mundiales a través de la Organización Marítima Internacional, la OMI. 
A este respecto, quisiera acoger con satisfacción y hacerme eco del llamamiento del Parlamento a los Estados miembros de la UE y países en vías de adhesión a que ratifiquen, con carácter urgente, el Anexo VI de la Convención sobre la Contaminación del Aire, Marpol, de la OMI, y que envíen propuestas a la OMI a favor de unas normas mundiales más estrictas. 
En conclusión, quisiera decir al Sr. Goodwill que la Comisión tiene mucho interés en su comparación entre los dos transbordadores que viajan entre Calais y Dover. 
Se trata de un experimento controlado que debería beneficiar a todos nosotros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0410/2003) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido (COM (2003) 397- C5-0359/2003- 2003/0169 (CNS) ). 
Señor Presidente, el 23 de julio de 2003 la Comisión presentó su propuesta para simplificar y racionalizar la situación actual en relación con los tipos reducidos del IVA. 
Esta propuesta, basada en el artículo 93 del Tratado, tiene por objeto armonizar la legislación en la medida en que sea necesario para asegurar el buen funcionamiento del mercado interior. 
Por lo tanto, la Comisión no podría apoyar modificaciones a esta propuesta que supusieran un paso atrás. 
Dicho eso, quisiera hacer los siguientes comentarios relativos al informe presentado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que no es el momento de realizar cambios drásticos. 
Por esa razón, la Comisión no ha propuesto ningún cambio con respecto a los tipos o la naturaleza opcional de los tipos reducidos para los Estados miembros. 
Por otra parte, es necesario racionalizar la situación actual. 
El alcance limitado del anexo H, propuesto por la Comisión, tiene por objeto reducir las discrepancias entre los Estados miembros en lugar de aumentarlas, de acuerdo con los objetivos del mercado interior. 
Las discusiones sumamente difíciles en el Consejo sobre esta cuestión han puesto de manifiesto las posturas radicalmente divergentes sobre la cuestión del IVA y el uso de tipos reducidos. 
Esto refuerza mi opinión de que la propuesta de la Comisión es equilibrada. 
Cualquier enmienda que introduzca nuevos tipos reducidos en sectores en los que en la actualidad se aplica el tipo normal, como para los CD, sería inaceptable, máxime porque la aplicación de tipos reducidos podría crear distorsiones a la competencia. 
La inclusión del calzado y la ropa infantiles también es inaceptable. 
Solo tres Estados miembros pueden aplicar tipos cero o superreducidos por derogación temporal. 
Los demás Estados miembros están obligados a aplicar los tipos normales. 
La ponente propone mantener las derogaciones actuales, pero propone elaborar un nuevo anexo a la sexta directiva, que incluiría todos los suministros para los que solo un Estado miembro tiene una derogación específica, permitiendo así a todos los Estados miembros aplicar un tipo reducido a dichos suministros. 
No estoy convencido de que esta solución sea factible. 
Quiero subrayar que la Comisión todavía está a favor de una eliminación progresiva real de estas derogaciones. 
En términos políticos, siempre se han considerado transitorias y destinadas a desaparecer en un momento dado. 
Ya en 1967, 1977 y de nuevo en 1992, en el momento de la introducción del mercado interior, el Consejo decidió autorizar a los Estados miembros en cuestión a mantener estas derogaciones. 
Sin embargo, el Consejo no estableció un plazo límite absoluto. 
No obstante, esto no significa que puedan permanecer indefinidamente. 
Por ese motivo sigo estando convencido de que hay que actuar en vista de la próxima ampliación, con el fin de asegurar a todos los Estados miembros, actuales y nuevos, la igualdad de oportunidades y unas condiciones equitativas. 
Quisiera recordarles en este contexto que se han fijado plazos límite concretos para todas las derogaciones de los países en vías de adhesión. 
Por último, quisiera volver a los resultados de la última reunión del Ecofin, que invitó a la Comisión a prorrogar el anexo K durante dos años más. 
También he recibido una carta de su ponente que insta a la Comisión a que amplíe la vigencia del anexo K al menos seis años, con el fin de tener un período de aplicación total de diez años. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para explicar por qué estoy convencido de que una prórroga del Anexo K no es una solución realista. 
En primer lugar, los informes de los Estados miembros y de la Comisión han demostrado claramente que los tipos reducidos no son una manera rentable de crear empleo. 
Sin embargo, ya he indicado al Consejo que estaba dispuesto a hacer la vista gorda con aquellos Estados miembros que, después del 1 de enero de 2004, siguieran aplicando los tipos reducidos introducidos en el marco del experimento de los tipos reducidos por servicios intensivos en mano de obra. 
El motivo era proporcionar al Consejo más tiempo para encontrar una solución basada en la propuesta de la Comisión. 
Dicha situación solo podía continuar por un corto período de tiempo: por eso hablé de un período de seis meses. 
Una prórroga simplemente pospondría, una vez más, la solución de este problema. 
Además, podría dar lugar a la expectativa de que el experimento devendría permanente. 
Es más, una simple prórroga excluiría a otros Estados miembros, y en particular a los nuevos Estados miembros, de la posibilidad de introducir tipos reducidos en los sectores implicados y por lo tanto sería una fuente añadida de discriminación. 
En ese contexto, quisiera recordar al Parlamento que la Comisión ya ha propuesto la introducción, de una vez por todas, de la vivienda y los servicios de atención doméstica en el anexo H. Eso forma parte del ejercicio de racionalización de la situación actual y tiene en cuenta el hecho de que los tipos reducidos ya se están aplicando en la mayoría de Estados miembros. 
Para concluir, por las razones que he señalado, la Comisión sigue convencida de los méritos de su propuesta y quiero invitar a sus Señorías a que reconsideren con sumo cuidado su postura respecto a esta cuestión. 
. – Señor Presidente, a la vista de los comentarios del señor Comisario, pediría a la Mesa de la Cámara que considere una vez más si podría ser importante permitir que la ponente hable en primer lugar, puesto que formamos parte del proceso legislativo y la Comisión está simplemente realizando una propuesta. 
En cuanto a la cuestión que nos ocupa, quisiera empezar con el último punto. 
Esta Cámara ha presionado a favor de un tipo reducido de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra. 
Lamentablemente, esto no se adoptó con carácter obligatorio por parte del Consejo de Finanzas, sino que simplemente se introdujo como una opción, y algunos Estados miembros lo han puesto en práctica. 
Sin embargo, se ha aplicado de forma muy provisional, por lo que tenemos muy poca experiencia para poder evaluar el impacto de este tipo reducido de IVA sobre el trabajo y la economía sumergida. 
Esto significa que después de dos años ni siquiera sabíamos si esta disposición se prorrogaría durante un año más, y somos conscientes de que muchas empresas no estaban dispuestas a correr el riesgo y por este motivo no participaron en el experimento. 
Así que permítame preguntarle lo siguiente, señor Comisario. Si cogemos una actividad de prestación de servicios sencilla como la peluquería, en la que podemos ver que ha habido un aumento del número de empleados por cuenta propia y ajena –miles en España y cientos en Luxemburgo y Bélgica–, ¿no deberíamos tomarlo como señal de que lo que ha estado ocurriendo es algo que tenemos que evaluar? 
Además, ¿piensa usted que es correcto que después de tan poco tiempo y sobre la base de análisis tan escuálidos por parte de los Estados miembros, usted concluya que los tipos reducidos de IVA no han tenido un impacto real en el empleo, máxime cuando en algunos sectores las cifras cuentan una historia muy diferente de las de sus informes? 
Por este motivo le insto a que prorrogue esta disposición –si no por diez años, entonces por seis años, no seis meses–, porque de otra manera no habrá seguridad jurídica para las empresas implicadas y tampoco podremos determinar si ha habido algún cambio de comportamiento por parte de los clientes y de los propios empresarios. 
Permítanme referirme ahora al principio fundamental subyacente a su propuesta. 
Simpatizo mucho con la idea de un enfoque sistemático de los tipos reducidos de IVA, pero debo preguntarle lo siguiente, señor Comisario: la cuestión es introducir un sistema de IVA definitivo, basado en el principio de devengo en el país de origen, para que podamos implantar esto y establecer por fin una claridad genuina y sistemática. 
Todavía nos queda mucho camino hasta esa meta. 
En efecto, ni siquiera vemos cómo se va a avanzar en la cuestión del IVA. 
Por lo tanto, como una de las diputadas al Parlamento Europeo implicadas, la pregunta que tengo es esta, y se la planteo en nombre de mi comisión y también en nombre de este pleno: ¿Necesitamos reglas en sectores en que la competencia no está distorsionada y en que el funcionamiento del mercado interior no está afectado? 
Ha mencionado usted la ropa y el calzado infantiles, pero usted mismo pretende aplicar el tipo reducido de IVA a los asientos de coche para niños. 
Ya no entiendo el argumento, señor Comisario. 
También creo que es muy importante dejar claro que en la Unión Europea debe permitirse promover la cultura utilizando instrumentos y enfoques diferentes. 
Si algunos Estados miembros deciden seguir la senda del tipo impositivo y otros prefieren las subvenciones directas, debemos decirnos a nosotros mismos que esta Cámara respeta el principio de subsidiariedad, y solo aplica el principio comunitario donde se dan distorsiones reales de la competencia. 
No veo que en los ámbitos especificados en nuestro informe se impida de algún modo el funcionamiento del mercado interior, y tampoco veo que se invite a los consumidores a cruzar fronteras con el fin de adquirir productos o servicios o distorsionar el mercado. 
Realmente esto no es así. 
Por esa razón creo que todavía no estamos en condiciones de aplicar sus ideas. 
Le pido también que muestre comprensión para con los ciudadanos que quieren tratar el mercado interior como su mercado nacional. 
Por lo tanto, opino que la legislación fiscal debe tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. 
Creo que nuestro informe ofrece un enfoque prometedor para compromisos que sirven a los intereses de un mercado interior de la UE que funciona bien. 
– Señor Presidente, la Comisión ha adquirido recientemente la mala costumbre de presentarnos propuestas, entre otras cosas, con el pretexto de que desmantelan distorsiones de la competencia en el mercado interior y racionalizan el sistema de IVA. 
Lamentablemente, en el clima actual estas propuestas son contraproducentes. 
La propuesta que tenemos antes nosotros es un ejemplo. 
Nuestra ponente, la Sra. Randzio-Plath, ha hecho gala de moderación y realismo al elaborar su informe, por lo que merece un aplauso. 
También ha demostrado de nuevo estas cualidades de modo exhaustivo en su discurso. 
En general, hemos seguido su línea porque quiere que los Estados miembros puedan mantener sus tipos reducidos de IVA. 
Esto se aplica especialmente a los tipos reducidos para los servicios de gran intensidad de mano de obra, como los de peluquería y otros, que se introdujeron en 2000. 
En el clima económico actual, sería un error generar una mayor inflación aumentando de modo sustancial los tipos de IVA. 
Por ejemplo, en mi país, este aumento conllevaría un salto del tipo de IVA del 6% al 15% por los servicios de gran intensidad de mano de obra enumerados en el anexo K. Esta disposición particular tenía por objeto crear empleo y reducir el trabajo no declarado. 
Expira a finales de año y no se renueva en la propuesta de la Comisión, porque según el informe de esta, su doble objetivo –que ya he mencionado– no se ha logrado. 
Sin embargo, nosotros no compartimos esta visión de las cosas ni –como ha explicado la Sra. Randzio-Plath– tampoco lo hacen las otras muchas personas a las que hemos consultado. 
También es dudoso que un experimento realizado durante tan solo tres años pueda calificarse de fracaso después de tan poco tiempo. 
Sería prematuro sacar conclusiones en este momento. 
Lamentablemente, no veo buena voluntad por parte de la Comisión, y nuestra comisión ha incorporado la mayoría de los servicios del anexo K en el anexo H bis ampliado, de manera que los tipos reducidos seguirán aplicándose si el Estado miembro así lo desea. 
En nombre de mi Grupo, hemos presentado enmiendas que permiten a los Estados miembros continuar el experimento al menos hasta que entre en vigor la nueva directiva. 
Si estas dos enmiendas son rechazadas, las disposiciones del anexo K –Señor Presidente, todavía me quedan los dos minutos asignados al Sr. Karas, que no está aquí– expirarán a finales de mes. 
Los Estados miembros tendrían entonces que aumentar los tipos antes de que se les permitiera reducirlos de nuevo en cuestión de meses cuando entre en vigor la nueva directiva y muchos de estos servicios podrán acogerse a los tipos reducidos. 
La situación se volvería bastante absurda. 
La tercera enmienda, que he presentado en nombre de mi Grupo, permitiría a los Estados miembros retener los tipos intermedios del 12% por lo menos durante un período adicional de 15 años, para que el cambio no tuviera que ocurrir de modo brusco de la noche a la mañana, cosa que en mi opinión es razonable. 
A pesar de lo que el Comisario nos quiere hacer creer, tampoco hay necesidad de seguir su línea en aras de la ampliación. 
Espero que la Comisión le vea sentido a nuestra razonable propuesta y la apoye, y si no lo hace, confío en que el Consejo de Ministros vote unánimemente a favor. 
– Señor Presidente, ¿son los impuestos únicamente un medio para generar ingresos para el Tesoro o pueden utilizarse también para otros propósitos de política gubernamental? 
Esta es, de hecho, la cuestión subyacente en la que yo, junto con otros, y el Comisario Bolkestein diferimos fundamentalmente. 
Es más, parece que cada vez se queda más solo en su rechazo puritano del uso del instrumento de los tipos reducidos de IVA, que todavía se halla en fase experimental, para promover el empleo. 
En la época de la cumbre del empleo de otoño de 1997 en Luxemburgo, la idea de los tipos reducidos de IVA se propuso aquí en este Parlamento. 
Esta idea ya chocó con la resistencia de la Dirección General que se ocupa de los impuestos y de una serie de Estados miembros. 
A pesar de esto, se decidió realizar, en una serie de sectores de gran intensidad de mano de obra muy selectivos, un experimento que no comportaría ninguna distorsión transfronteriza de la competencia. 
En estos sectores se permitió a los Estados miembros aplicar los tipos reducidos de IVA. 
Sin embargo, tenía que seguir siendo un experimento, limitado en el tiempo. 
No fue posible acordar de antemano unos criterios claros para evaluar los resultados del experimento. 
Esta evaluación también se realizó demasiado tarde: primero hubo que prorrogar el experimento y la evaluación se dejó a merced de los Estados miembros y se coordinó mal. 
En los Países Bajos, el primer informe de evaluación despertó grandes críticas, y una reevaluación realizada a petición del Parlamento dio muchos resultados positivos. 
No dispongo de tiempo para entrar en detalles, pero creo que está usted familiarizado con estos informes. 
Sin embargo, he observado que finalmente solo ha adoptado usted el tenor negativo de estas evaluaciones y ha dado por terminado el experimento con lo que no son otra cosa que los prejuicios que le precedieron. 
Hubo una gran indignación en los Países Bajos por la simple cancelación de un experimento que había demostrado ser efectivo para los peluqueros, zapateros, decoradores y reparadores de bicicletas, y nada menos que en tiempos de recesión. 
Después de todo, no se necesitan modelos económicos para imaginarse por uno mismo que la reintroducción de los tipos altos costará un número muy alto de puestos de trabajo. 
Me complace que esta indignación también la comparta ampliamente esta Cámara. 
Además, aquí se aplica la siguiente lógica: si no hay efectos transfronterizos o que distorsionen la competencia, ¿por qué debería prohibir la UE que los Estados miembros apliquen los tipos de IVA que consideren adecuados? 
¿Por qué no permitir a los Gobiernos y Parlamentos calibrar ellos mismos los objetivos para recaudar el máximo de impuestos o promover el empleo y legalizar el pluriempleo? 
El Consejo de Ministros Ecofin ya ha anunciado de modo claro y unánime su deseo de prorrogar el experimento y de eliminar la inseguridad actual de los implicados. 
En mi opinión, su respuesta a esta cuestión, ignorando esta petición y prometiendo únicamente tolerar la continuación ilegal del experimento, no muestra mucho respeto por las normas europeas y por el modo en que se aplican en los Estados miembros. 
«Tolerancia» : sin duda se trata de un chiste por parte de la Comisión, guardiana de los Tratados. 
Por ello quisiera instar al Comisario una vez más a que realice una propuesta formal definitiva para prorrogar el experimento, y que lo haga antes de finales de mes, y en definitiva antes del 1 de enero de 2004. 
Después de todo, está bastante claro que hay un gran apoyo aquí en el Parlamento Europeo para incluir el experimento del anexo K en una incorporación estructural de estos servicios de gran intensidad de mano de obra al anexo H de la Directiva. 
También está claro que esto no se hará antes del 1 de enero. 
Cuanto antes esté operativo el instrumento estructural, mejor. 
Recibirá nuestro apoyo incondicional y mientras este no sea el caso, el experimento debe seguir en vigor sobre una base formal. 
– Señor Presidente, un experimento trienal para la aplicación de tipos reducidos de IVA a servicios de gran intensidad de mano de obra es corto, demasiado corto, en mi opinión, y sin duda demasiado corto si tenemos en cuenta el clima económico que ha tendido más a la baja que al alza en los tres últimos años. 
Señor Comisario, usted también sabe que en estas circunstancias es difícil dilucidar el efecto a largo plazo del IVA reducido en el empleo. 
A esto se añade el hecho de que nos estamos bombardeando mutuamente con varios informes de investigación que formulan conclusiones contradictorias sobre el impacto en el empleo. 
En resumen, que ya va siendo hora de que la Comisión acepte el veredicto unánime del Consejo y siga con el experimento. 
Señor Bolkestein, sin duda me concederá que en tiempos de estancamiento económico virtual no es acertado aumentar el IVA. 
– Señor Presidente, apoyamos firmemente la ampliación a todos los Estados miembros de las derogaciones concedidas a algunos de ellos con respecto a los tipos reducidos de IVA, por ejemplo para los servicios de restaurante. 
También estamos a favor de mantener los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, aplicados a título experimental a partir de 1999. 
En el informe en que se evalúa la experiencia, la Comisión se mostraba escéptica, especialmente respecto a los efectos sobre el empleo. 
Por último, propone ciertas continuaciones, lo cual es positivo, pero las incluye en un plan más amplio cuyo objetivo es eliminar las derogaciones, lo cual suscita debates absurdos. 
Como representantes elegidos, vemos los beneficios de estas reducciones del IVA sobre el terreno. 
El informe aportado por Francia también hacía hincapié en esto. 
Por lo tanto, creemos que deben continuar, o al menos, mientras tanto, que el experimento debe continuar varios años a lo largo del camino demostrado por el Consejo Ecofin de 25 de noviembre, por ejemplo, durante seis años, como acaba de proponer nuestra ponente. 
También nos parece que de acuerdo con el principio de subsidiariedad este tema debería ser, sin discusión, competencia exclusiva de los Estados. 
Completaré estas observaciones en mi explicación de voto. 
– Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por el trabajo que ha realizado en este informe. 
Es muy bueno, y como el resto de mi Grupo, mañana lo apoyaré. 
En particular, quisiera dar las gracias a la Sra. Randzio-Plath por incluir una serie de enmiendas que reflejan las preocupaciones del sector de las asociaciones caritativas de la Unión Europea y también del Reino Unido. 
Las asociaciones caritativas se enfrentan a muchas dificultades causadas por el sistema del IVA, y las enmiendas relativas a dichas asociaciones en el informe, que de hecho han sido presentadas por el Grupo del PPE-DE, son esenciales para intentar mitigar esos problemas. 
Existen otros problemas relativos al IVA irrecuperable, que lamentablemente no podemos resolver con este informe, pero también son muy importantes. 
Estas cuestiones son importantes para las asociaciones caritativas del Reino Unido, incluidos lugares como Chipping Barnet, en mi circunscripción. 
También es vital que el Parlamento apruebe la enmienda para asegurar que los Estados miembros concedan un tipo reducido a las reparaciones de los edificios catalogados. 
Eso es crucial, especialmente para las iglesias del Reino Unido, muchas de las cuales están catalogadas. 
En muchos casos, las reparaciones de estas iglesias son increíblemente caras para los feligreses. 
Estas iglesias no solo tienen un significado religioso: también tienen una función social y cultural dentro de la comunidad. 
La carga que supone pagar un tipo completo del IVA hace que mantenerlas reparadas resulte mucho más difícil, así que espero sinceramente que el Parlamento y el Consejo apoyen los tipos reducidos de IVA para este tipo de reparaciones de edificios históricos protegidos. 
También es vital preservar los tipos cero existentes en los Estados miembros. 
No hay razón por la que no puedan decidir ellos mismos imponer los tipos cero. 
Yo defiendo firmemente los tipos cero del Reino Unido, especialmente en relación con la ropa y el calzado infantiles. 
No veo ninguna razón por la que deban eliminarse. 
Desempeñan una función social importante, y mis colegas conservadores británicos y yo defendemos firmemente estos tipos cero y seguiremos defendiéndolos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera hacer un comentario sobre el anexo K, acerca del cual han expresado su opinión una serie de ponentes. 
Este Consejo había establecido estas reglas, incluidas las de la directiva para la evaluación, sobre el anexo K. El Consejo –y no la Comisión– también estableció que el experimento debería llevarse a cabo durante tres años. 
De hecho, duró cuatro años, puesto que la Comisión quería más tiempo para analizar los resultados. 
Quiero subrayar que el Consejo estipuló cuáles deberían ser las reglas. 
La Comisión no ha propuesto mantener el anexo K. Y lo hace porque no es efectivo. 
Los informes que ha recibido la Comisión de la mayoría de Estados miembros –incluidos los Países Bajos y Francia, cuyas opiniones difieren– indican que no existe un efecto positivo visible sobre el empleo. 
La razón es muy simple: en poquísimos casos la reducción de impuestos llega al consumidor. 
De hecho, cito a mi esposa, que dijo que nunca había visto una reducción de los precios de los peluqueros. 
No sé si la Sra. Lulling está de acuerdo con esto, o si sabe de algún una reducción de los precios de los peluqueros. 
Mi esposa no lo ha visto, y la razón es que los peluqueros se guardan la reducción de impuestos en el bolsillo y, por tanto, el anexo K es un subsidio a los peluqueros. 
No tengo nada en contra de los peluqueros, pero ¿por qué deberíamos subvencionarlos? 
Esto no tiene un efecto positivo en el empleo, y si se quiere estimular el empleo, es mejor reducir los gastos sociales adicionales del trabajo por la misma cantidad de dinero. 
Se crea el 52% más de empleo reduciendo los gastos adicionales del trabajo en lugar del IVA. 
La Comisión no ve ninguna razón por la que deba realizar una propuesta, y eso es precisamente la razón por la que la unanimidad en el Consejo no funciona. 
Solo funciona si existe una propuesta, y entonces se anula. 
En este caso, no habrá propuesta, y por lo tanto, la unanimidad en el Consejo no puede anular lo que no existe. 
La misma situación se ha dado previamente en el caso de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos. 
No había propuesta, y por lo tanto, nada que anular. 
La Sra. van den Burg ha dicho que no respeto las reglas de la Unión Europea. 
Quisiera saber qué regla no respeto. 
Soy escrupuloso en el respeto de todas las reglas de la Unión Europea. 
Es el Consejo el que estableció todo este experimento por un período de tres años. 
La Comisión lo hizo de cuatro años. 
Es el Consejo, y no la Comisión, quien dijo que esto se hacía con el fin de incrementar el empleo. 
Por tanto, la idea en su conjunto tiene su origen en el Consejo. 
Es un experimento, y se supone que los experimentos deben interrumpirse si no funcionan. 
Por eso son experimentos. 
Por lo tanto, ¿por qué debería la Comisión proponer una prórroga del anexo K si no ha funcionado? 
Señora van den Burg, no veo dónde este Comisario no obedece o sigue las reglas. 
En la cuestión más amplia de los tipos reducidos, el tipo normal es el comúnmente usado. 
Ronda en torno al 20% en la mayoría de los países. 
Ese es el tipo normal. 
Todas las derogaciones deben interpretarse estrictamente, y por lo que respecta al mercado interior y a las distorsiones de los mercados, deberíamos ser muy estrictos. 
La Sra. Randzio-Plath ha mencionado el calzado infantil, que tiene el tipo cero en el Reino Unido e Irlanda. 
Pero si miran las cifras, está claro que de nuevo no existen beneficios visibles para el consumidor. 
Las diferencias entre los precios del Reino Unido y los precios del Continente son las mismas, ya se aplique el tipo alto o el tipo reducido. 
Eso demuestra que es el fabricante o el comerciante a quien se subvenciona, pero sin duda no es el consumidor final. 
En cuanto a los CD, por su naturaleza son fácilmente transportables, y por tanto, si los tipos difieren, ha una distorsión inevitable del mercado interior. 
En este momento, ningún Estado miembro aplica los tipos reducidos a los CD, y por tanto, si lo hiciéramos, sería de nuevo un paso atrás. 
Por eso vuelvo al Anexo K. He comunicado al Consejo de Ministros que la Comisión no presentará cargos o iniciará un procedimiento de infracción por incumplimiento en contra de aquellos Estados miembros que sigan aplicando el anexo K como si todavía estuviera en vigor, que no lo estará. 
Pero reconozco que puede que los Estados miembros necesiten cierto tiempo para organizar sus asuntos, y por eso he dicho que durante los primeros seis meses del año que viene no emprenderé ningún procedimiento de infracción. 
Pero el anexo K ya no existirá. 
. – Señor Presidente, el Sr. Comisario no ha dado una explicación suficiente de por qué presenta esta propuesta en este preciso instante. Tampoco ha dado una explicación suficiente de por qué no quiere permitir que este experimento con tipos de IVA reducidos para servicios de gran intensidad de mano de obra continúe, aunque debe darse cuenta de que el análisis de los hechos es equivocado, dado que los informes de los Estados miembros son tan generales que no se resisten el escrutinio científico. 
La Comisión está obligada a proporcionar al Parlamento una opinión bien fundada, no solo una opinión general con retales de información que simplemente sugieren que no se detecta un impacto tangible en la reducción del trabajo no declarado. 
Señor Comisario, existen institutos de investigación económica que pueden realizar este estudio para usted. 
También existen institutos de ciencias sociales que lo pueden hacer. 
Este Parlamento –y de hecho, usted mismo– debe tener una base sólida para una decisión, y usted sabe perfectamente que un período de seis meses no es tiempo suficiente para realizar estudios de ningún tipo. 
Por tanto, le insto a que sitúe este experimento, que nadie se ha tomado en serio, al menos sobre una base seria y deje que funcione durante los próximos seis años. 
Señor Presidente, en respuesta a la última observación de la Sra. Randzio-Plath –que le agradezco– quisiera decir que la base de las decisiones de la Comisión son los informes elaborados por los Estados miembros; estos informes no los redacta la Comisión. 
Según las reglas establecidas hace cuatro años, confiamos en estos informes. 
No veo por qué la Sra. Randzio-Plath necesita más pruebas. 
Puedo enviarle los informes si quiere, pero en ellos se basan las decisiones de la Comisión. 
Yo no soy responsable del modo en que los Estados miembros redactan sus informes: eso es asunto suyo. 
I use them as they come in. 
La Comisión los ha considerado y ha visto que las pruebas son insuficientes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas. 
Es un placer para mí dar la bienvenida de nuevo a esta Cámara al Presidente del Tribunal y antiguo colega nuestro, el Sr. Fabra Vallés. 
. 
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señores miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, el Tribunal ha estado firme en su apoyo a las reformas de la Comisión, y reconoce en su informe de 2002 que estas han realizado un gran progreso. 
No solo por eso, sino también por la profundidad y amplitud de su trabajo, como también por sus claras recomendaciones de futuras acciones concretas, hay que dar las gracias a todos los miembros del Tribunal de Cuentas. 
En cuanto al Presupuesto, no cabe duda de que los aspectos principales de 2002 fueron la redacción del Reglamento Financiero y la conclusión de las negociaciones financieras con los países candidatos, mediante las cuales se situó la ampliación sobre una base financiera sólida. 
Estas dos cosas eran objetivos que me había fijado yo personalmente y a la Comisión. 
Porque estamos en la antesala de la ampliación me complace que el Tribunal de Cuentas pueda afirmar, en su informe anual de 2002, que no se habían cometido errores significativos en la gestión de la ayuda de preadhesión. 
El esfuerzo realizado no solo por los países candidatos, sino también por todas las instituciones europeas, para apoyar unos controles financieros más amplios y funcionales en los países candidatos está dando su fruto. 
Esto adquiere más importancia por el hecho de que la aplicación de la ayuda de preadhesión está por fin cogiendo ritmo y, a partir del año que viene, los diez Estados participarán en todos los programas de ayuda financiados con cargo al Presupuesto Europeo. 
El Tribunal de Cuentas tiene la función de comprobar los libros de la Unión Europea, es decir, de examinar el modo en que lleva sus cuentas. 
Es nuestro contable. 
Y, de nuevo, ha expresado una opinión favorable acerca de la exactitud de las cuentas: la contabilidad de la Unión Europea refleja fielmente los ingresos y gastos de 2002, y el balance financiero presenta una imagen fiel de los activos de la Unión Europea a final de año. 
Quisiera añadir que los gastos de 2002 ascienden a 85 000 millones de euros, en lugar de los 100 000 millones de euros que siempre se citan en los medios de comunicación, y esta diferencia entre 100 000 millones de euros y 85 000 millones de euros es algo más que marginal no solo para una Comisaria encargada del Presupuesto. 
Los comentarios del Tribunal de Cuentas sobre el balance financiero de 2002 también demuestran que los derechos y obligaciones de la Unión Europea no están grabados en piedra, sino que varían en función de las tareas: el ejemplo que pondría es nuestra participación en Galileo, que representa un reto no solo para la tecnología, sino también en términos de auditoría y de balance financiero. 
El Tribunal de Cuentas también emite una declaración de fiabilidad positiva respecto a los ingresos, examinando la imposición de aranceles aduaneros y el cómputo de los ingresos por IVA de la Unión Europea y las contribuciones nacionales basadas en la renta nacional bruta que –a pesar de los varios rumores engañosos relativos al asunto Eurostat– declaran los Estados miembros, y no Eurostat. 
A pesar de que el Tribunal da fe de la fiabilidad de los créditos comprometidos y del gasto administrativo, no lo hace respecto a otros gastos. 
Esto demuestra claramente dónde están las nuevas prioridades para mejorar la gestión financiera en la Comisión y en los Estados miembros. 
Subrayo que el Tribunal reconoce que la Comisión ejerce controles más estrictos, y resalta los problemas que conlleva la gestión conjunta, que se aplica al 80% del gasto. 
El presupuesto agrícola requería que el Tribunal realizara la auditoría de 64 agencias de pago, y durante este proceso descubrió tres en las que aparecían errores con tanta frecuencia que no podían declararse fiables. 
Una de ellas estaba en Portugal, y las otras dos están en Alemania, una en Baden-Württemberg y la otra en Baviera. 
El Tribunal ha vuelto a formular críticas acerca de los Fondos Estructurales, en el sentido de que, mientras no se espera que los fondos se utilicen plenamente, el excedente no se devolverá a los Estados miembros el año que viene, sino en un presupuesto suplementario en el año en curso. 
Este año hemos tenido en cuenta esta crítica y hemos presentado un presupuesto suplementario de un total de 5 000 millones de euros, y esta Cámara probablemente lo aprobará el 18 de diciembre. 
Puede que el hecho de que haya debates cada año acerca de la gestión de las finanzas de la UE dé la impresión de que no se progresa. 
Sin embargo, es el Tribunal de Cuentas el que subraya la naturaleza fundamental y amplia de las reformas financieras de la Comisión, que es precisamente lo que el Tribunal había reclamado. 
El núcleo de estas reformas es la adaptación de la gestión financiera a las realidades de un presupuesto que, durante el próximo año, se acercará a la marca de los 100 000 millones de euros e incluirá más de un millón de transacciones de pagos cada año, repartidas en 35 Direcciones Generales y 15 –pronto 25– Estados miembros, y administradas por organizaciones internacionales y no gubernamentales. 
La responsabilidad del control previo de las transacciones financieras se ha transferido a los departamentos operativos, y cualquier intento de revocar esto –incluso la petición de que las comprobaciones previas las realice el contable– no tiene en cuenta las necesidades de la gestión financiera del sector público moderno. 
Las comprobaciones no son menos exhaustivas desde el fin del control presupuestario centralizado, que en cualquier caso solo era capaz de realizar comprobaciones limitadas sobre el terreno. 
En cada una de las direcciones generales, los nuevos circuitos financieros, que deben incluir expertos financieros formados en todos los servicios y controles a posteriori por parte de los auditores, reforzados todos por la adición de recursos humanos en este ámbito y por un nivel de gasto no observado hasta ahora en formación inicial y continua en auditoría, permiten que cada Director General proporcione a la Comisión un informe regular sobre la gestión de las finanzas. 
Si también se tienen en cuenta las auditorías realizadas por el servicio de auditoría interna, la evaluación regular del examen de los sistemas de control por parte del Servicio Financiero Central, las investigaciones de la OLAF y, sin duda, las auditorías cada vez más amplias por parte de los auditores externos de la Comisión, entonces parece claro que existe una estructura extensiva para realizar un seguimiento del presupuesto europeo, a la que debemos añadir las comprobaciones realizadas en los Estados miembros respecto del 80% del Presupuesto. 
Según los Estados miembros, 16 000 personas se dedican a la auditoría de los fondos agrícolas y 6 700 a la de los Fondos Estructurales. 
Estoy de acuerdo con el Tribunal de Cuentas en que aquí es donde tiene que haber una mayor convergencia para que estos controles sean eficientes. 
Los controles requieren reglas, para las que se crearon las condiciones cuando entró en vigor, el 1 de enero, el nuevo Reglamento Financiero completamente refundido. 
Lo que hay detrás de esto lo ilustra el ejemplo del apoyo financiero otorgado a las instituciones, que, aun siendo un instrumento central de gasto comunitario, no estaban sujetas a ningún tipo de regla antes del primer Vademecum de la Comisión en 1999. 
Ahora existen reglas detalladas y vinculantes para ellas en el nuevo Reglamento Financiero y en la legislación secundaria, y los nuevos instrumentos jurídicos necesarios para estos subsidios serán aprobados en breve por esta Cámara. 
Además, las reformas constituyen, sin duda, un proceso en el que la Comisión aprende constantemente de la experiencia práctica y que el Tribunal de Cuentas y el Parlamento recomiendan. 
Tanto es así que se han realizado nuevas mejoras sustanciales del proceso de elaboración de los informes de las Direcciones Generales, especialmente en aras de una mayor comparabilidad. 
El Presidente del Tribunal de Cuentas acaba de mencionar la aplicación de las normas de auditoría interna, que ha calificado de modo muy acertado de elementos centrales y cruciales de la reforma, con los que estamos avanzando ahora con cierto empuje, especialmente respecto a la rotación de funcionarios en posiciones delicadas, y, en los casos en que esto no se ha llevado a cabo todavía, se han fijado plazos precisos al respecto. 
Estamos aprendiendo la lección de la experiencia de Eurostat, ante todo, sin duda, dentro de la propia Eurostat, pero también respecto a la OLAF y a la relación entre las Direcciones Generales y el ámbito político. 
Lo ocurrido en Eurostat en los años anteriores a 1999 no es una prueba del fracaso de la reforma; al contrario, es la prueba de lo necesaria que era la reforma y de que los pasos que dimos eran los acertados. 
Donde se ha hecho patente la existencia de insuficiencias, las estamos subsanando. 
Permítanme destacar de nuevo el gran alcance de estas reformas. 
Lo que de hecho hacen es introducir, por fin, unas reglas y normas uniformes en todos los ámbitos de gestión de esta autoridad internacional. 
Eso equivale a una revolución cultural, en que las distintas culturas estaban unidas previamente por muy distintas reglas, la mayoría de las cuales no estaban escritas. 
En el futuro, si me permiten citar al Sr. Fabra Vallés, no habrá más «principados» , sino una administración que debe cumplir –y lo hará– normas exigentes en todos los ámbitos y rendir cuentas respecto del modo en que lo hace. 
La presentación del informe anual del Tribunal marca el principio del procedimiento de aprobación del presupuesto. 
La Comisión espera que haya una buena cooperación con el ponente, el Sr. Bayona de Perogordo, y con la Comisión de Control Presupuestario en su conjunto. 
Cualquier presupuesto público dedicado en gran parte a la concesión de subsidios, y en lo que ahora somos 15 Estados miembros y en breve seremos 25, siempre tendrá que defender sus intereses financieros con uñas y dientes. 
La Comisión se ha comprometido con el objetivo de hacerlo; lejos de dejarse desanimar por los contratiempos, redoblaremos nuestros esfuerzos, y el Tribunal de Cuentas nos da nuevos alientos en pos de este objetivo. 
– Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, señora Comisaria, señores miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, quiero darle las gracias, señor Fabra Vallés, por su presentación del informe anual del Tribunal de 2002, y más todavía por haber presentado este importante documento a la Comisión de Control Presupuestario hace quince días. 
Hoy podemos arrojar más luz sobre ciertos aspectos del informe anual y debatirlos con usted, y con esto empieza nuestro trabajo sobre la aprobación de la gestión de 2002, sobre la base del informe del Tribunal. 
Al considerar los puntos que usted mismo ha planteado, permítame comenzar con la declaración de fiabilidad. 
Usted ha descrito el modo en que el Tribunal ha refinado todavía más sus técnicas de auditoría, y esto es algo que acogemos con gran satisfacción. 
Sin embargo, la realidad es que, debido a un porcentaje de errores que por mucho que difiera del año anterior todavía es demasiado alto, no puede emitirse una declaración de fiabilidad positiva respecto a 2002 en su conjunto. 
En los ámbitos de la agricultura, los Fondos Estructurales y las políticas interiores y exteriores, solo se han certificado los ingresos, y tan solo otorga un certificado de buena salud al gasto administrativo. 
Se gastó tan poco en ayuda de preadhesión para los países candidatos que una declaración de fiabilidad positiva tampoco dice mucho. 
En general, diría que este es un resultado totalmente deplorable en cuanto a la calidad de la aplicación del Presupuesto por parte de la Comisión, aunque buena parte de la culpa la tengan los Estados miembros. 
Estos aspectos se reflejarán sin duda en el informe de aprobación de la gestión por parte del Parlamento. 
En segundo lugar, es motivo de gratitud que el Tribunal haya hecho lo que el Parlamento quería y haya introducido un capítulo que resume la aplicación del Presupuesto y refleja una visión general de los ingresos y de los gastos. 
¿Por qué, nos preguntamos, hay todavía unos excedentes tan grandes en el Presupuesto de 2002? 
Puede que sean solo la mitad de los del año pasado, pero considero que 7 000 millones de euros de dinero no utilizado no son un ahorro, sino un déficit que resulta de las acciones no realizadas, y por tanto, un incumplimiento de los objetivos fijados. 
Si año tras año los Estados miembros sobreestiman los fondos necesarios en las medidas gestionadas conjuntamente por ellos mismos y por la Comisión, esta tiene que ser todavía más decidida al tomar contramedidas, cosa que ya hace, aunque en grado insuficiente, pero podría, por ejemplo, presentar presupuestos rectificativos y suplementarios. 
La defensa abierta por parte del Tribunal de la idea de que la administración del Fondo de Desarrollo debería mejorarse incluyéndola en el presupuesto general es exactamente lo que el Parlamento lleva pidiendo desde hace varios años. 
En tercer lugar, señor Fabra Vallés, usted ha hablado de la reforma administrativa y las auditorías internas, en las que, a la luz del asunto Eurostat, esta Cámara tiene un interés especial. 
Lo que usted dice suena muy positivo, pero nos preguntamos si estas reformas están teniendo algún efecto en realidad. 
Veamos el lema «descentralizar el modo en que funciona la Comisión» , que, como tal, acojo con satisfacción. 
Los informes de actividad y las garantías ofrecidas por los Directores Generales de modo individual representan una mejora, pero ¿no deberían estar firmados también por la oficina responsable de las finanzas y el personal? 
¿No debería haber una línea divisoria más clara entre el contable y el ordenador? 
¿Debería estar también el auditor interno, a través de sus informes, en estrecho contacto con el servicio de auditoría interna? 
El Tribunal ha prestado atención a los informes de auditoría, pero ¿va a echar también un vistazo a los procesos administrativos en su conjunto? 
La Comisión de Control Presupuestario tendrá otras preguntas acerca de la reforma del sistema contable. 
En las próximas semanas, nuestra comisión tendrá mucho que hacer para preparar la aprobación de la gestión de 2002. 
Le estamos muy agradecidos por proporcionar la documentación e información necesarias y por la franqueza con la que usted y todos los miembros del Tribunal de Cuentas han cooperado con nosotros. 
Permítame un breve comentario en respuesta a sus últimas observaciones sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Sabrá que el Parlamento –y en este caso, también la Comisión de Control Presupuestario– considera que es sumamente importante que el Tribunal de Cuentas se sitúe en pie de igualdad con las demás instituciones. 
Por ese motivo verá en los documentos que, como ponente, solicité a la Conferencia Intergubernamental que añadiera el Tribunal de Cuentas a la lista de las distintas instituciones, garantizando así el lugar adecuado para el Tribunal y asegurando que el público pueda ver que disponemos de los instrumentos y organismos necesarios para vigilar el modo en que se maneja el dinero de los contribuyentes. 
– Señor Presidente, permítame, en nombre de mi Grupo, dar las gracias al Presidente del Tribunal de Cuentas por su informe, aunque lo que tengo que decir está destinado a la Comisión. 
Después de nueve años de diputado al Parlamento Europeo –de ellos, cuatro y medio en la Comisión de Control Presupuestario–, uno se imagina que ya no quedan experiencias ilustrativas. 
Mi creencia de que esto era así se ha desvanecido esta semana; se me encendieron las luces hace exactamente dos días cuando, en la Comisión de Control Presupuestario, un Comisario que ya estaba bajo presión se encontró en una situación en que el aparato de la Comisión todavía no había respondido a cuatro preguntas formuladas por otro diputado sobre el caso Eurostat, aunque esas respuestas tenían que haberse dado a mediados de octubre. 
Lo que encontré ilustrativo fue que, por primera vez y durante apenas cinco minutos, tuve que apreciar el gran logro que esto suponía por parte del aparato de la Comisión y lo que dice sobre la profundidad de su lealtad para con un Comisario. 
Le planteo mi problema político no a usted personalmente, señora Comisaria, sino, por decirlo así, a la Comisión como colegio de Comisarios. 
He comenzado a sentirme tentado de dejar de dirigir críticas políticas a los Comisarios y empezar a sentir pena por ellos. 
Si en los meses que les restan de mandato no pueden proporcionar a su aparato algún tipo de estructura, para que sus funcionarios teman a sus jefes y sientan un mínimo de lealtad hacia sus líderes políticos, entonces nos espera mucha diversión en los próximos meses. 
Si la Comisión actual no recibe de una vez este mensaje, entonces que el cielo ayude a sus sucesores en la próxima Comisión. 
Si no cambia este estado de cosas, entonces tampoco cambiará ni un ápice la percepción que tiene el público de la Comisión; en todo caso empeorará. 
Ha llegado la hora de decirlo en voz alta, y creo que es necesario hacerlo. 
– Señor Presidente, yo también quiero expresar mi gratitud al Tribunal de Cuentas por redactar el informe anual que he leído, como siempre, con gran interés. 
Nos encontramos en vísperas de nuevas elecciones, y solo me queda mirar hacia atrás al debate que tuvimos aquí hace cuatro o cinco años cuando estábamos en plena discusión sobre las dificultades financieras que atravesaba la Comisión Santer en ese momento. 
Prometí al electorado que se reforzaría notablemente el control financiero en la nueva Comisión Europea. 
Ahora han pasado cuatro años y lo que más nos sorprende es que –ni siquiera al cabo de nueve años trabajando en declaraciones de fiabilidad– el Tribunal de Cuentas todavía no haya conseguido emitir una declaración de fiabilidad positiva. 
Eso está bastante claro para todos los ciudadanos de Europa, y la falta de resultados a este respecto es muy lamentable. 
Esto se compensa con el hecho de que el Tribunal de Cuentas ha concluido que la Comisión va por buen camino, y si me permiten citar al Presidente: «El plan de reforma es concreto y coherente, y debe ser apoyado». 
Por tanto, las cosas están avanzando en la buena dirección, pero la gran pregunta es cuánto más podemos esperar, especialmente cuando la ampliación es inminente y será muy difícil decir a esos países qué tienen que hacer si ni siquiera nosotros mismos sabemos aplicarlo en nuestros antiguos Estados miembros. 
Este es, en mi opinión, el meollo de la discusión. 
Ya se ha dicho antes que el principal centro de gravedad se halla en los propios Estados miembros, pero la responsable es siempre la Comisión. 
A principios de este año, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas presentó una propuesta de iniciativa sobre el gasto agrícola, que este año se enfrenta de nuevo a fuertes críticas. 
Esta propuesta afirmaba que si se da el caso de que un Estado miembro sigue gestionando mal los fondos agrícolas, la Comisión debería dejar de pagar anticipos a dichos Estados miembros. 
Ese informe ha recibido el apoyo unánime del Parlamento, y según el Sr. Fischler, también ha sido apoyado por la Comisión. 
En respuesta a una pregunta escrita realizada por mí, los Estados miembros lo han rechazado. 
¿Qué instrumentos de poder le quedan a este Parlamento? 
Por último, incluso después de este informe, no sabemos cuántas cosas han cambiado para bien o para mal. 
Según el Tribunal de Cuentas, las cosas están mejorando. 
La palabra «indicadores» se ha puesto muy de moda. 
¿Es posible desarrollar indicadores? 
El Tribunal de Cuentas ha dicho que ellos no pueden, y que son los Directores Generales los que deberían hacerlo. 
¿Piensa la Comisión en empezar con esto? 
¿Podemos decir que las cosas mejoran cierto porcentaje cada año, hasta que se alcance el 100%, esperemos que más pronto que tarde? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas y a su Presidente por este valioso informe. 
Nos vemos obligados, una vez más, a observar que el Tribunal de Cuentas critica abiertamente el modo en que la Comisión llevó sus asuntos durante el anterior ejercicio presupuestario. 
Hay tantas sombras y tantos errores importantes que, en la práctica, el Tribunal de Cuentas censura aspectos cruciales del presupuesto de la UE. 
El problema es que resulta difícil juzgar si la tendencia es positiva o negativa. 
Hubiese sido deseable que, como en años anteriores, el Tribunal de Cuentas hubiera podido expresar un porcentaje de los fondos que considera que han sido malgastados. 
Ahora que ya no se nos proporciona este porcentaje, es difícil decidir si la tendencia apunta en la buena dirección, como se mantiene a menudo. 
De nuevo, el Tribunal de Cuentas formula una reserva general con respecto al propio sistema contable, que es, sin duda, el punto más grave sobre el que tenemos que adoptar una postura. 
No sabemos si podemos confiar plenamente en ellas. 
Se nos ha prometido una profunda reforma para 2005, pero hoy hemos oído de nuevo que el Tribunal de Cuentas duda de si será posible llevar a cabo esta reforma de modo suficiente en 2005. 
Por tanto, todavía hay peligro de nuevos escándalos, porque sin duda la Comisión carece de una visión general del modo en que se ejecuta el presupuesto. 
Eso se ve con toda la claridad que uno quisiera en el escándalo de Eurostat, en particular. 
También quería decir unas palabras sobre el Fondo Europeo de Desarrollo, del que seré ponente cuando toque aprobar su gestión este año. 
Resulta que los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo han sido mal utilizados por las mismas empresas involucradas en el escándalo Eurostat. 
Se ha utilizado dinero del Fondo Europeo de Desarrollo para financiar contratos entre Comesa (Mercado Común del África Austral y Oriental) y CESD, la empresa que defraudó a Eurostat como mínimo 3 millones de euros. 
El servicio de auditoría interna concluye que existe un grave riesgo de haber cometido errores, de que haya habido dobles pagos y de la existencia de conflictos de intereses, etc. La Dirección General de Desarrollo incluso suscribió un contrato con esta empresa en abril de 2001, con una vigencia de 33 meses. 
Quisiera preguntar a la Comisión si este contrato ha sido rescindido. 
Una de las principales propuestas por parte del Tribunal de Cuentas en cuanto al Fondo Europeo de Desarrollo es que se incorpore al presupuesto ordinario. 
Estoy plenamente convencido de que dicha medida facilitaría la reforma y favorecería el control en este ámbito, en el que actualmente muchas cosas no están claras, especialmente cuando se trata, por ejemplo, del control de la ayuda presupuestaria directa a diferentes países. 
– Señor Presidente, hoy quiero expresar mi gratitud hacia el Tribunal de Cuentas por la excelente calidad y el notable volumen de su trabajo. 
Sus numerosos informes individuales, y ahora su exhaustivo informe anual nos proporcionan una imagen clara de los defectos y virtudes de la Unión Europea, de sus problemas y de los intentos de resolverlos. 
Siendo este el año anterior a las elecciones europeas, quiero volver a afirmar que la labor del Tribunal puede ayudar a calificar la amplia sospecha que se cierne sobre las instituciones europeas. 
Los errores cometidos deben sacarse a la luz y corregirse. 
El caso Eurostat, en particular, demuestra la necesidad que tenemos de una mayor transparencia y de menos burocracia en las instituciones europeas, pero su informe va más allá, citando asuntos importantes para mostrar los retos a que se enfrenta la Unión Europea. 
La ampliación es un ejemplo. 
Los programas de ampliación como Sapard tienen por objeto ayudar a asegurar el buen funcionamiento, tras la ampliación, de los programas agrarios, los programas estructurales y las estructuras administrativas. 
Es lamentable que persistan los retrasos; por ejemplo, la tasa de aplicación de Sapard fue mayor que el año anterior, pero un 2% es todavía una cifra lamentablemente baja. 
Sin embargo, señor Fabra Vallés, su informe también hace referencia a los problemas estructurales y a los errores en las políticas de la Unión Europea. 
Permítame tomar la política agrícola común como ejemplo y citar lo que dice su informe, que me asombra por lo instructivo que es. 
Sobre el tema de hacer más ecológica la política agrícola común, el Tribunal llegó a la conclusión de que los métodos de producción agrícola más intensivos habían causado problemas medioambientales que eran motivo de preocupación. 
De hecho, eso es lo contrario de lo que teníamos que lograr con el uso de nuestros recursos. 
Hay muchos defectos por eliminar –en la Directiva del Consejo y en los criterios medioambientales–, porque los contribuyentes tienen todo el derecho a esperar no solo la imposibilidad del fraude sino la sabia inversión de su dinero. 
La responsabilidad de esto no solo recae en la Comisión y el Parlamento, sino principalmente en el Consejo. 
Quisiera referirme a un ejemplo que ha mencionado y que me sorprende por lo ilustrativo que es, y es la cuestión de los piensos animales secados artificialmente. 
Dijo usted que el porcentaje de ayuda que se paga por el pienso secado artificialmente es casi el doble del que se paga por el pienso secado al sol. Esto animó a los productores a abandonar el secado al sol y a producir pienso secado artificialmente al máximo posible. 
La producción de la UE ha seguido aumentando desde 1995 y la CMG se ha superado desde 1998/99. 
Creo que es un escándalo que hay que airear, y debemos hacer algo para asegurar que la postura cambie. 
Otro ejemplo, que considero igualmente importante, es el del algodón. 
En términos generales, los mecanismos de ayuda a los productores de algodón tienen por objeto apoyar la producción de algodón y permitir que sus productores disfruten de un nivel de vida suficiente. 
Aunque este es un objetivo correcto que podemos apoyar, en mi opinión constituiría un mal uso de los fondos si el resultado fuera un aumento de la producción de algodón sin controlar al mismo tiempo sus efectos en el medio ambiente. 
No solo tenemos que considerar el fraude y las irregularidades, sino también el uso adecuado de nuestro dinero. 
Permítanme poner otro ejemplo, el de los reembolsos a la exportación que, en 2002, ascendieron a unos 3 622 millones de euros, un dinero que no creo que se haya usado de modo adecuado, porque llega a nuestros oídos diariamente cómo los reembolsos a las exportaciones ocasionan irregularidades y fraude, y, aparte de eso, dichos reembolsos a las exportaciones también son injustos, porque destruyen mercados en el mundo en desarrollo. 
Soy de la opinión de que, si queremos que el contribuyente europeo siga aportando de buena gana su contribución a la Unión Europea, las políticas de la UE han de discutirse con mayor profundidad. 
Esto no solo conlleva luchar contra el fraude y las irregularidades, sino que esta Cámara plantee sin rodeos la cuestión de qué servicios recibimos a cambio del dinero que invertimos. 
Tenemos que redefinir nuestros objetivos, y tenemos que ahondar mucho más con el fin de evaluar lo que se está haciendo con estos fondos en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, yo también quiero extender mi gratitud al Tribunal de Cuentas por un informe excelente, y al mismo tiempo agradecerle los muchos y excelentes elementos informativos que recibimos del Tribunal de Cuentas a lo largo del año. 
Sin duda, no hace falta repetir en esta Cámara todas las opiniones expresadas de forma tan excelente por otros diputados. 
Me contentaré con decir que nos enfrentamos a dos problemas. 
El primero es el número imposible de sistemas administrativos, y el segundo es la baja moral de la administración. 
Como ha dicho el Sr. Sjöstedt en esta Cámara, sin duda es verdad que la firma repetida de contratos con empresas que se han comportado de forma nada aceptable es inadmisible y que la Comisión simplemente debería haber evitado cualquier relación con tales empresas. 
Igual que el diputado Sr. Kuhne, también yo he de decir que el sentimiento más fuerte es la simpatía por la Comisión. 
Cuando una y otra vez escucho a los Comisarios en la Comisión de Control Presupuestario, pienso en un hombre armado únicamente con un permiso de conducir, sentado solo a seis millas de altitud en la cabina de un Boeing 767 y sin idea de cómo aterrizar. 
Cuando consideramos los problemas a los que nos enfrentamos, ahora que la UE tiene 46 años de existencia, no podemos sino observar que todo el problema está en el intento de resolver problemas que simplemente no deberían resolverse. 
La política agrícola en los 15 países es bastante perjudicial, además de superflua. 
Los 15 países son tan ricos que nosotros mismos podríamos proporcionarnos fácilmente las subvenciones necesarias. 
Lo mismo vale para la política de fondos estructurales, y como ha dicho recientemente el Primer Ministro sueco, en realidad no tiene sentido para los países de elevada presión fiscal cobrar impuestos al hombre de la calle cuando hay países que no gravan a sus ciudadanos, ni siquiera a los más ricos, y que luego redistribuyen estos fondos a través de la UE. 
Por cada euro que enviamos a la UE nos devuelven por tanto, en promedio, el 80%. 
Sin duda, es una política totalmente absurda que podemos revisar de pies a cabeza. 
Podríamos cumplir todas las tareas de la UE con el 10% del presupuesto, por lo que solo deberíamos tener un 10% del fraude que observamos hoy. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, quiero iniciar mi intervención agradeciéndole el excelente informe que nos ha presentado, así como los trabajos que normalmente realiza el Tribunal y que son fundamentales para el desarrollo de nuestra labor en la Comisión de Control Presupuestario. 
Para nosotros es un instrumento de enorme utilidad el poder analizar y estudiar los informes que el Tribunal de Cuentas nos pasa y, en particular, el informe anual que hoy se presenta ante esta Cámara. 
Entre ellos, la reforma de la Comisión, la responsabilidad de los ordenadores delegados, el control interno y la introducción de un servicio de auditoría interna. 
A mí me parece que éstos son unos asuntos clave para un mejor funcionamiento de la Comisión Europea y de la ejecución del presupuesto de la Comisión Europea. 
Entre ellos, creo que es fundamental el control interno y el seguimiento de la reforma, de la que hablaré más adelante. 
También creo que es muy importante todo el análisis que se hace sobre la ampliación, las deficiencias que todavía hay en las estructuras y en la aplicación del acervo comunitario- aunque se haya mejorado -, así como en la ejecución de los instrumentos de preadhesión, que aunque realmente ha mejorado algo, sigue siendo muy insuficiente, de hecho, muchas de las deficiencias y carencias con las que nos encontramos ahora en esos países, habrían podido quizás solucionarse si se hubiera puesto un mayor interés o énfasis en que esos instrumentos funcionaran mejor. 
En cuanto a la gestión presupuestaria, continúa habiendo un excedente significativo, y aunque ha disminuido, lo que representa un pequeño avance, sigue siendo bastante grave el que exista un excedente tan grande por ejecutar. 
Esto puede ser- como se ha dicho aquí- responsabilidad de los Estados miembros, pero desde la Comisión Europea debería haber un control mayor para que no se diera una situación como ésta, que nos impide realizar los programas comunitarios de una manera más efectiva. 
Esto está en relación con uno de los puntos que analiza el informe del Tribunal este año en mayor amplitud, como es la gestión compartida con los Estados miembros y, en particular, el FEOGA y los Fondos Estructurales, donde esta falta de ejecución se da de una manera más acusada. 
Creo que es un asunto en el que hay que insistir y espero que a lo largo de este año y en la aprobación de la gestión de este año 2002, que estamos analizando, se siga insistiendo en ello. 
Los controles de los Estados miembros tienen que mejorar y tiene que mejorar el porcentaje del gasto, como repetidamente venimos diciendo. 
Insisto también en la necesidad de analizar más exhaustivamente la reforma, la situación en la que se encuentra, sus posibles deficiencias y, en el caso de que fuera necesario, los cambios que hubiera que realizar. 
La reforma es fundamental para una mayor agilidad en la gestión de la Comisión Europea. 
Hay deficiencias importantes que proceden de una cultura antigua dentro de la propia casa. 
Hay una mentalidad entre los funcionarios- como aquí se ha puesto de manifiesto- que hace que, a veces, sean los comisarios los que tienen que asumir la responsabilidad, pero, efectivamente, los comisarios terminan su mandato y vienen otros con buenas ideas, buenos propósitos… Pero si la estructura interna no se ha modificado, si la reforma no se ha aplicado hasta sus últimas consecuencias, esa buena voluntad y buena intención de los comisarios no puede llevarse a cabo. 
Para terminar, señor Presidente, quiero también señalar que la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en el control y en la gestión de la Comisión, así como en el control presupuestario por parte de nuestra comisión, sería muy importante. 
– Señor Presidente, como ponente para la aprobación de la gestión de 2002 por el Parlamento Europeo, me satisface comprobar que el Tribunal de Cuentas ha tratado algunos de los puntos de interés planteados en el Parlamento. 
El informe pone de manifiesto que sigue habiendo problemas. 
Las normas sobre las dietas de secretariado todavía contienen lagunas, lo que significa que el dinero no se gasta siempre en el personal, tal y como se debería. 
A pesar de las anteriores advertencias del Tribunal de Justicia, las normas sobre la financiación de los Grupos políticos siguen presentado deficiencias. 
Prueba de ello ha sido un informe de la OLAF de esta semana, que demuestra que un antiguo Grupo político de este Parlamento había malversado fondos. 
Finalmente, el fondo de pensiones sigue careciendo de una base legal apropiada y ni siquiera cuenta con los fondos suficientes para cubrir todas sus obligaciones. 
El Parlamento Europeo, como todos sabemos, siempre es muy bueno criticando a otras instituciones, como hemos hecho hoy, pero también tenemos que poner orden en nuestra propia Cámara. 
Ayer, una coalición de egoístas, ingenuos y codiciosos bloqueó una vez más una propuesta de reforma del sistema de pago y de gastos de los diputados al Parlamento Europeo, lo que habría solucionado este problema de una vez por todas. 
La oposición a esta propuesta estaba dirigida por el Sr. Schulz y el Sr. Nassauer. 
Son las mismas personas que le escribieron a usted, señor Presidente, pidiendo una reforma del sistema de gastos de viaje, porque un periódico alemán publicó sus fotografías y les obligaron a actuar por vergüenza. 
La Mesa, según tengo entendido, pospuso ese debate. 
Espero que la propuesta alemana sea aceptada, a pesar de que el SPD, CDU y CSU –no los Verdes– han puesto de manifiesto, en privado, que esperan que no sea aceptada. 
La prueba más evidente de esta hipocresía se produjo la pasada noche, cuando la Mesa debatió la reforma de las dietas de secretariado, tal y como había ordenado el Tribunal de Cuentas. 
¡Me han dicho que la primera reacción del Sr. Friedrich fue preguntar si los diputados podrían seguir contratando a sus familiares si se aprobaban las nuevas normas! 
No estoy en contra del hecho en sí de que los diputados contraten a familiares, cuando se haga de una manera honesta y transparente, aunque personalmente no creo que sea una acción inteligente. 
Sin embargo, la reacción del Sr. Friedrich demuestra que, desgraciadamente, para algunos diputados de ambos lados de la Cámara, el único propósito de su cargo de diputados en este Parlamento es el enriquecimiento y el engaño. 
Afortunadamente, hay muchos diputados, incluidos colegas como el Sr. Kuhne, que quieren reformar nuestro sistema de gastos. 
Esta cuestión será un aspecto central de mi informe sobre la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo para el ejercicio 2002. 
El año 2004 es un año de elecciones; no nos podemos permitir celebrar estas elecciones con el sistema actual, que es moralmente corrupto. 
Si es necesario, debemos avergonzar públicamente a nuestra Cámara para que actúe. 
– Señor Presidente, escucho con cierta satisfacción los elogios del Tribunal de Cuentas por los esfuerzos de reforma de la Comisión. 
Al mismo tiempo, es bueno que, por primera vez, el Tribunal de Cuentas no haya descubierto errores sustanciales en la aplicación de la ayuda de preadhesión a los países candidatos. 
Por último, también vale la pena observar que el Tribunal de Cuentas ha aprobado la contabilidad de 2002 del Fondo Europeo de Desarrollo, aunque haya observaciones críticas relativas a su inspección. 
Quiero subrayar que los miembros del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoyamos plenamente la propuesta del Tribunal de Cuentas de que el Fondo Europeo de Desarrollo se integre en el presupuesto general. 
Al mismo tiempo, es muy preocupante que el Tribunal de Cuentas de nuevo no pueda aprobar las grandes líneas presupuestarias como el gasto de ayuda agrícola, los fondos estructurales y las políticas internas, es decir, líneas que constituyen aproximadamente el 80% del presupuesto de la UE. 
En este terreno debemos ser conscientes del hecho de que los propios Estados miembros se encargan, en gran medida, de la administración y el control de esos presupuestos. 
También existen partidas presupuestarias que, año tras año, no llegan ni de lejos al tope en términos presupuestarios. 
Este año, el total no utilizado asciende a 7 400 millones de euros, y eso es sumamente insatisfactorio. 
Se trata de dinero que debería y podría haber sido utilizado para cumplir objetivos políticos y, al no utilizarse para esos propósitos, se podría haber utilizado en otros ámbitos presupuestarios de la UE, como por ejemplo en investigación y desarrollo. 
Creo que estos problemas deberían hacernos reflexionar sobre las estructuras de control en el ámbito presupuestario, con competencias compartidas entre la Comisión y los Estados miembros. 
En primer lugar, creo que deberían realizarse esfuerzos por coordinar y mejorar el control de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros. 
Se podría establecer un grupo de trabajo que estuviera compuesto por representantes de los respectivos organismos de control de los Estados miembros. 
Por supuesto, el Tribunal de Cuentas debe formar parte del el grupo de trabajo, y el objetivo debe ser desarrollar una norma de control uniforme sobre el modelo de la «mejor práctica». 
A largo plazo debería considerarse si el incentivo para el control eficiente de los fondos de la UE es simplemente demasiado débil en los Estados miembros. 
Si ese es el caso, debería darse prioridad al establecimiento de una fiscalía común europea. 
En conclusión, tengo una pregunta práctica para el Sr. Fabra Vallés. 
En relación con la publicación del informe, y también hoy en esta Cámara, ha dicho que el plazo límite para la reforma del sistema contable por parte de la Comisión, es decir, enero de 2005, es muy optimista. 
Quisiera preguntar en qué se basa esta declaración, porque he observado que el Tribunal de Cuentas no ha evaluado las reformas contables en el informe. 
– Señora Presidenta, Señorías, tras el discurso de mi amigo el Sr. Van Hulten, ya no estoy seguro de si estamos hablando del informe del Tribunal de Cuentas o del informe de la reunión de la Mesa. 
Si estamos hablando del informe del Tribunal de Cuentas, no hay problema, porque este es el debate al que me apunté. 
En primer lugar, quisiera elogiar el trabajo del Presidente del Tribunal de Cuentas, el Sr. Fabra Vallés, y el trabajo del Tribunal en su conjunto. 
Creo que, una vez más, el Tribunal de Cuentas nos ha presentado un documento que merece y requiere toda nuestra atención. 
Lamentablemente, no creo que este documento sea ampliamente leído fuera de nuestra institución, por ejemplo, por parte de los Gobiernos nacionales, por la gente del Consejo y en el Consejo Ecofin, que piensan que lo suyo es quitar poder al Parlamento Europeo, cuando lo que deberían hacer en primer lugar es examinar y comprobar sus cuentas y tomarse en serio la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas. 
El Sr. Van Hulten tenía razón cuando dijo que el Tribunal de Cuentas ha llamado la atención sobre una serie de cosas que esta Cámara también necesita poner en orden. 
Es lamentable que a veces tendamos a mirarnos demasiado el ombligo. 
Podemos ver claramente las cosas que no funcionan bien en el Parlamento, y con razón deberíamos arreglarlas, y de hecho, el Tribunal de Cuentas nos ha dicho durante años que el 80% de nuestros gastos, que está controlado por los Estados miembros, encierran un número improbable de errores, falsas asignaciones y problemas que el propio Tribunal no ha podido identificar de modo específico. 
Así que me pregunto cuándo vamos a aclarar las cosas y a poner en orden este sistema. 
Es nuestro deber ser quisquillosos y mirar con lupa lo que hace la Comisión y las demás instituciones. 
Como saben, señora Schreyer y señor Fabra Vallés, en la Comisión de Control Presupuestario hemos formulado doscientas preguntas a la Comisión –quizá incluso más–, basadas en el informe del Tribunal de Cuentas. 
Sin embargo, lamentablemente, no hemos realizado ninguna a los Estados miembros, porque no podemos hacerlo. 
Creo que este es un problema real. 
Debemos encontrar un modo de hallar una solución, y de hacer vinculante el informe del Tribunal de Cuentas no solo para la Comisión, a la que se pedirá que rinda cuentas, sino también respecto a las cuentas de los Estados miembros. 
El otro problema es cómo realizar un seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. 
Durante años, el Tribunal de Cuentas no ha realizado auditorías o revisiones específicas, por ejemplo, de Eurostat. 
Y durante años ha destacado una serie de problemas que nunca se han tomado en serio. 
Por ejemplo, en la cuestión de reembolsos a la exportación, el Tribunal de Cuentas ha identificado durante años un problema que nunca se había tomado en serio, y el resultado de esto fue que acabamos con el escándalo que todos bien sabemos. 
Para que este ejercicio tenga sentido, creo que hay que darle un contenido más específico, en todo caso con respecto a estos dos puntos: el modo en que las medidas de seguimiento se organizan en cada Estado miembro y la razón por la que la Comisión, y nosotros mismos, no tenemos suficientemente en cuenta las conclusiones del informe. 
Señora Presidenta, quisiera empezar agradeciendo al Presidente del Tribunal de Cuentas su presencia y su presentación, y me alegro de que vaya acompañado por algunos de los magistrados de este Tribunal para felicitarles por el trabajo realizado. 
No me resisto a destacar una vez más el esfuerzo pedagógico que contiene el informe que nos ocupa. 
Junto a esta característica, yo destacaría también que se trata de un informe de transición, en el sentido de que se inserta en el curso de una reforma de la Comisión, de una reforma administrativa importante, y me complace comprobar que, en todos los momentos en que se alude a esa reforma, el Tribunal de Cuentas destaca que la Comisión ha mejorado, ha iniciado, ha presentado algún plan, y, por tanto, está en el camino de una reforma seria. 
Sería absurdo, por otra parte, que la Comisión se resistiera a hacer su propia reforma, cuando ésta surge de una iniciativa propia. 
Por lo tanto, quedan muchas cosas por hacer, es cierto, pero se está en el camino de la colaboración. 
Por eso me parece oportuno lo que ha destacado el Presidente del Tribunal en el sentido de solicitar una reforma del calendario, porque a lo mejor los cálculos son optimistas. 
En cuanto a la fiabilidad de las cuentas, destacaría que las reservas mencionadas son concretas y subsanables. 
No son reservas básicas, no son reservas de fondo: son reservas importantes, pero subsanables. 
Y por otra parte, el informe contiene algunos aspectos como la infrautilización, la gestión compartida, el proceso de la reforma, que serán objeto de tratamiento en el informe sobre la aprobación de la gestión del año 2002. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente del Tribunal de Cuentas y otros miembros del Tribunal, permítanme sumarme a la felicitación al Tribunal por el excelente trabajo que nos ha presentado, pero permítanme también destacar dos informes especiales sobre reembolsos a la exportación que son ejemplares y expresan ampliamente la calidad del trabajo que el Tribunal de Cuentas ha realizado en los últimos años. 
Están escritos en un lenguaje claro, que no da lugar a la hipérbole o a la metafísica burocrática que lamentablemente todavía encontramos en algunos de los textos del Tribunal, y repiten un diagnóstico realizado originalmente en 1990. 
El sistema de reembolso a las exportaciones es sumamente complejo y muy propenso al fraude, y no sigue las reglas más elementales de transparencia. 
En trece años nada ha cambiado esencialmente en el modo en que se dirige este programa; abarca muy pocos intereses y empresas, que la Comisión se niega a nombrar. 
Los Comisarios van y vienen, las reformas pasan, pero los reembolsos a las exportaciones todavía están ahí y representan un reto para todo y para todos. 
Tres años después de que se descubriera la red que falsificó decenas de miles de toneladas de mantequilla en Europa, y después de que la llamaran a proteger los intereses financieros de Europa y los derechos de los ciudadanos y de los ganaderos, la Comisión todavía se niega a tomar medidas en contra de cualquiera de los infractores, y de hecho se permite dar un trato privilegiado a las grandes empresas de productos lácteos involucradas en este escándalo en comparación con el trato que otorga a los ganaderos cuya producción de leche supera su cuota. 
Estas son las prácticas y realidades que es esencial combatir, y es útil ver que se examinan de modo efectivo y diligente, como ha sucedido con estos informes del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la exportación. 
Por tanto, mis felicitaciones más sinceras, una vez más, al Tribunal de Cuentas por el trabajo realizado. 
– Señora Presidenta, quizás pueda dar al Sr. Fabra Vallés, Presidente del Tribunal de Cuentas, un consejo sobre cómo su institución puede ser más apreciada por las demás instituciones, porque –como usted, señor Fabra Vallés, ha dicho, y yo comparto su opinión– es lo que hace falta actualmente. 
Quizás sus informes deberían ser un poco más claros. 
Quizás podría afirmar simplemente que no hay declaración de fiabilidad o que no cree que las reformas se apliquen en el plazo prometido, o quizás podría simplemente afirmar que, en lo que respecta a la agricultura, no ha habido preparación alguna para la ampliación. 
Si se puede decir que solo un 2% de los fondos llegan a su beneficiario previsto, entonces esta política ha demostrado ser un fracaso. 
Este es el simple punto de vista que han tomado nuestros conciudadanos. 
No veo ningún modo de maquillar estas cosas. 
Si la cuestión es la reforma, entonces tenemos nuestros propios indicadores. 
No estoy hablando del período previo a 1999, sino de la actualidad, cuando digo esto, cuando una Comisión nos dice que el informe se presentará un año después, contraviniendo la ley que debe guardar y hacer guardar, entonces algo no ha ocurrido, y ese algo es un proceso de aprendizaje en el seno de la Comisión. 
Cuando hay que esperar meses para obtener una respuesta a preguntas relacionadas con lo que está ocurriendo en Eurostat –es decir, preguntas relacionadas no con el pasado distante, sino con los errores que se están cometiendo ahora mismo y con el continuo derroche del dinero de los contribuyentes–, entonces no ha pasado nada. 
Cuando nos dicen que si queremos reformas y propuestas legislativas para finales de diciembre, las tendremos en enero, entonces, de nuevo, alguien no ha aprendido nada. 
Son estos los criterios que utilizamos para juzgar si una reforma ha tenido lugar y ha dado resultado. 
Como habrá comprobado hasta ahora, somos bastante escépticos. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su informe. 
Estamos estudiando la reforma de una administración multinacional potente y no va a ser fácil cambiarla de un día para otro. 
Sin embargo, en el informe del Tribunal se reconoce que las cosas marchan en la dirección correcta, lo que nos llena de satisfacción. 
Sigue habiendo importantes problemas con las cuentas y queremos que esos esfuerzos se redoblen en la Comisión. 
Desde la publicación de este informe, en el Reino Unido hemos sido objeto de grandes titulares sobre el fraude existente dentro de la Unión Europea. 
Es la novena vez que el Tribunal de Cuentas no confirma la corrección de las cifras en los principales capítulos de gasto. 
Debemos recordar siempre que el 80% del dinero se gasta dentro de los Estados miembros y, hasta que no haya una mayor responsabilidad por parte de los Estados, la Comisión posiblemente no podrá responder por todos y cada uno de los euros. 
La cuestión en la que me gustaría centrarme es la ingente suma invertida en pensiones de invalidez para el personal de las instituciones. 
Cada año se gastan 74 000 millones de euros en personas enfermas que pertenecen a las instituciones. 
Por supuesto, tenemos la responsabilidad de cuidar de las personas que están enfermas, pero los esfuerzos realizados para ayudar al personal a regresar al trabajo son absolutamente penosos, especialmente en el caso de los afectados por problemas psicológicos. 
El 50% del personal afirmó de que no se había examinado su estado de salud ni la posibilidad de que regresase al trabajo mientras estaba de baja por enfermedad. 
En las categorías C y D, el 62% de las personas se jubiló con pensiones de invalidez y el 21% con pensiones de jubilación. 
Quiero preguntar tanto al Tribunal de Justicia como al Tribunal de Cuentas si presionará a los Estados miembros para que firmen declaraciones de garantía –tanto para los Fondos Estructurales como en el ámbito agrícola– en las futuras reformas. 
Hasta que no lo consigamos, no podremos asistir a una mejora de toda la cuestión de la contabilidad, de los Fondos Estructurales ni de los responsables. 
Si nos mantenemos firmes con respecto a esta cuestión, intentaremos detener el proceso en el Parlamento Europeo hasta que los Estados miembros comiencen a asumir su responsabilidad. 
¿Van a presionar ustedes para que los Estados miembros firmen declaraciones de garantía? 
Señora Presidenta, antes que nada, ya que no ha habido ninguna pregunta concreta, pero sí varias intervenciones que han rozado el tema, me gustaría hacer una aclaración sobre Eurostat. 
Como ya informamos a la Cocobu en repetidas ocasiones, el Tribunal no ha realizado ninguna auditoría completa sobre la Oficina de Estadística, sobre Eurostat. 
Sin embargo, el Tribunal sí ha examinado algunos programas ejecutados por Eurostat en el marco de otras auditorías. 
Los resultados de estas auditorías fueron incluidos en nuestros informes anuales de 1993, 1998 y 1999, este último publicado en noviembre de 2000. 
Nuestras observaciones sobre la gestión de Eurostat se refieren a los procedimientos deficientes para la adjudicación de algunos contratos y a la mala utilización de las oficinas de asistencia técnica, los llamados BAT. 
Conviene señalar que el Tribunal ya había realizado observaciones sobre los BAT como resultado de otras auditorías. 
Como seguimiento a estas observaciones, en 1999 la Comisión revisó los procedimientos de adjudicación de contratos y utilización de los BAT. 
La Comisión introdujo nuevas normas de gestión y control en estos dos ámbitos. 
También a mediados de 2000, la OLAF lanzó una investigación interna sobre Eurostat. 
Teniendo en cuenta estos elementos, nuevas normas e investigación de la OLAF, no hubiera sido oportuno lanzar una auditoría sobre Eurostat en ese momento. 
Quiero subrayar que, en principio, el Tribunal se abstiene de efectuar auditorías en los departamentos y áreas donde la OLAF procede a sus investigaciones. 
Queremos evitar con ello toda interferencia o actuación que pueda perjudicar la investigación antifraude. 
El Tribunal tendrá en cuenta las enseñanzas de Eurostat cuando efectúe sus análisis de riesgo para el año próximo. 
Por otro lado, el Sr. Kuhne ha hecho un comentario que le agradezco, pero creo que no había ninguna pregunta dirigida al Tribunal de Cuentas. 
Yo creo que, si vamos por el buen camino, hay que mantenerlo. 
Pues todo depende de la organización, de la institución, de si es más o menos complicada, o más o menos extensa. 
Yo creo que estamos en la buena dirección, y para eso además está el Parlamento, para estar continuamente pinchando a la Comisión para que no se duerma, y que esta reforma sea continua y continuada. 
La verdad es que, desde 1994, se está dando una DAS positiva a pesar de que hay una serie de deficiencias en el sistema contable. 
Por esta razón, en diciembre de 2002, la Comisión decidió hacer una reforma contable con el objetivo de que entrara en funcionamiento en el año 2005. 
Yo sigo creyendo que la fecha es optimista, y lo digo no por discutir con la Comisión, sino a efectos de que ustedes no se desanimen si llega el año 2005 y no está terminada la reforma al cien por cien. 
Creemos que es mejor dar cada paso de una forma segura, que no con prisas, para que las decisiones tomadas aguanten y que las reformas no sean un eterno "penelopismo" de hacer y deshacer. 
Por otro lado, ya que hablamos de reforma, creo también que es importante que este golpe que hemos recibido todos los europeos con el caso de Eurostat, cuando creíamos que se habían terminado los BAT y ciertas situaciones, no debe echar abajo la reforma. 
Lo que precisamente esta situación deja muy claro es la urgencia de continuar la reforma y de acabarla lo antes posible. 
Ésta es la situación. 
El problema está en cifrar la mejora. 
Ustedes saben que el Tribunal nunca ha sido amigo de hablar de tasa de error. 
Porque induce a error y, por lo tanto, no ganamos nada. 
Y sin embargo, está trabajando con los estándares. 
Yo estoy seguro de que, a través de los estándares presentados este año, podremos incrementar los estándares para los próximos años, y con un acuerdo entre a qué llamamos pan y a qué llamamos vino dentro de la Comisión, del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, que es la mejor forma de entenderse. 
El Sr. Sjöstedt dice que hablamos de una mejora general. 
Pero, ¿hay mejora o no hay mejora? ¿Y en cuánto? 
Por eso hablamos de los estándares, para que ustedes lo puedan comparar. 
Yo le digo que sí, que hay mejora. 
La Sra. Rühle hablaba de disipar la desconfianza y aumentar la transparencia, y de más democracia. 
Y luego hablaba también de agricultura- y ahí voy a contestar también al Sr. Sørensen -: el problema de la agricultura es que sigue habiendo excesivos pagos erróneos. 
Y hemos encontrado que aumentan los errores en los pagos que están fuera del sistema integrado de gestión y control. 
Claro, hablar de esto no es hablar de una pequeña parte del presupuesto. 
¡Estamos hablando de más del 40% del presupuesto! 
Y quizás para el beneficiario final sea una pequeña cantidad respecto a toda la parte de agricultura, pero hablar del 40% del presupuesto es mucho presupuesto, y por tanto no hay que dejar pasar esos pequeños errores. 
Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la mejora de la Comisión si no contamos con la ayuda del control de los Estados miembros? 
Lo que sí les puedo decir es que durante todo el año organizamos seminarios a los que invitamos ya a parlamentarios, a otras instituciones, a miembros de los Tribunales de Cuentas nacionales. 
Les hacemos pasar por Luxemburgo, les invitamos a venir, y es una forma de mantener una buena relación con ellos, de darles información, de que vayamos armonizando poco a poco los procedimientos, porque no todos trabajamos con los mismos sistemas. 
Está el sistema sajón y el sistema europeo y nosotros hacemos esa labor de armonización. 
Por otro lado, recuerdo una frase bíblica: "Id y predicad". 
Bueno, pues la verdad es que los miembros del Tribunal vamos y predicamos. 
Cada uno de nosotros estos días ha estado en su propio país haciendo un trabajo de explicación. 
La misma función que hacemos aquí la hacemos en los Estados nacionales, en el Parlamento y en el Tribunal de Cuentas, y todo ello en aras de que los Estados miembros puedan ver la importancia que tiene para nosotros su ayuda y su colaboración a la hora de controlar los fondos comunitarios. 
Para no prolongar más esta intervención, a los Sres. Camre, Avilés, Bayona, Van Hulten, Dell ' Alba, Casaca, Bösch y Morgan les contestaré por escrito. 
Muchísimas gracias, y ya saben que, como siempre, nos tienen a su entera disposición. 
. – Gracias por ser tan comprensivo, señor Fabra Vallés. 
Tenemos que atenernos a horarios muy estrictos. 
El debate queda cerrado. 
. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0399/2003) de la Sra. Jensen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº1408/71, en lo que se refiere a la armonización de los derechos y la simplificación de los procedimientos [COM (2003) 378 – C5-0290/2003 – 2003/0138 (COD) ]. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, hoy tengo el placer de anunciar un verdadero éxito para nuestro debate. 
Tras dos años y medio de negociaciones y cinco Presidencias que han prestado una gran atención al asunto, se ha alcanzado un acuerdo en el Consejo sobre el Reglamento nº 1408/1971, un Reglamento especialmente importante porque tiene que ver con los derechos de los trabajadores en la Unión Europea. 
El informe de la Sra. Jensen tiene que ver precisamente con la postura del Parlamento sobre la armonización de los derechos y la simplificación de los procedimientos relativos a los trabajadores de la Unión Europea que trabajan y viven en lugares distintos, y hoy tenemos la primera lectura. 
Este Reglamento reviste una importancia excepcional para los derechos de los asegurados. 
La propuesta presentada por la Comisión en junio refuerza esencialmente los derechos de los asegurados –todas las personas aseguradas que viven temporalmente en otro Estado miembro tendrán los mismos derechos sanitarios–, pero también simplifica el procedimiento para garantizar la atención sanitaria durante la residencia temporal. 
Así que tenemos un instrumento muy concreto de las instituciones europeas que es comprensible, claro y tiene un efecto inmediato sobre la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. 
Esencialmente afecta a dos cuestiones fundamentales en la Unión Europea: el concepto de ciudadano europeo, por una parte, y el derecho a la libre circulación de los trabajadores, por otra. 
Sin embargo, además y por encima del funcionamiento independiente y significativo del Reglamento y la simplificación y el refuerzo de los derechos de los trabajadores, favorecerá la introducción de la tarjeta europea del seguro de enfermedad que, como saben, estará lista el 1 de junio de 2004 y facilitará significativamente la libre circulación en Europa. 
Debo felicitar a la Sra. Jensen, que con un profundo conocimiento del tema y con una flexibilidad creativa, ha conseguido formular la postura del Parlamento en relación con esta propuesta en un período de tiempo relativamente corto, diría que en un período de tiempo excepcionalmente corto. 
Con la cooperación tan creativa que ha habido entre la Comisión y el Parlamento, quizás nos encontremos hoy ante una decisión que se tomará en un tiempo récord, quizás en la primera lectura si hay acuerdo, y tendremos un acuerdo final entre las tres instituciones sobre el Reglamento y su funcionamiento tan pronto como sea posible. 
Quiero recordar a la Cámara que en el plazo de seis meses, desde junio hasta hoy, ha habido esfuerzos muy importantes, una colaboración excepcionalmente creativa, y estoy muy satisfecha de que la Comisión pueda aceptar la mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento, porque la aprobación de estas enmiendas permitirá al Consejo proceder a su aprobación final, tras la lectura del Parlamento. 
Señorías, muy a menudo, y también a causa de la naturaleza de las instituciones y la forma en que funcionan, nos preocupamos muchísimo por los procedimientos, que son complicados. 
Hoy, con el fin de los procedimientos, con el acuerdo de las instituciones, tenemos delante de nosotros esencialmente una decisión que tiene repercusiones muy específicas y tangibles en la vida de los ciudadanos europeos, todavía más en una Europa de 25, en la que la circulación de los trabajadores y la cooperación entre Estados miembros tendrán que simplificarse y estar sujetas a procedimientos mucho más sencillos y claros. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar dándoles las gracias por la cooperación que hemos mantenido respecto a la tarjeta europea del seguro de enfermedad, porque lo que dice usted es cierto, señora Comisaria. 
Es una verdadera historia de éxito, a resultas de la cual, con muy pocos cambios y una reforma bastante modesta, obtendremos beneficios muy importantes para el ciudadano individual. 
Además, me complace que el Parlamento haya apoyado nuestra insistencia en finalizar el trabajo rápidamente para que la gente pueda tener la tarjeta en sus manos el 1 de julio de 2004. 
No ha sido tan sencillo, puesto que sin ir más lejos el viernes pasado fue cuando el Consejo aprobó el texto que tenemos ante nosotros. 
Debo dar las gracias a los ponentes alternativos de los otros partidos por haber sido tan flexibles y haber confiado tanto en el trabajo en torno a esta tarjeta y habernos apoyado en la búsqueda de una solución tan pronto como hoy, cuando también espero que podamos sentar las bases para alcanzar un acuerdo en primera lectura, pudiendo así llevar a cabo la propuesta en tan solo seis meses. 
Lo que aprobamos hoy significa que una serie de formularios que tenemos actualmente serán sustituidos por una tarjeta. 
Inicialmente se sustituirá un simple formulario llamado E111. 
Después le seguirán una serie de otros formularios, que normalmente se rellenan cuando alguien se traslada de un país a otro o necesita un seguro de enfermedad –pagado por su país de origen– cuando reside en el extranjero de forma temporal. 
Simplificará la cuestión y facilitará las cosas a las personas, incluidos los que viajan, de muchas maneras prácticas. 
Entonces no solo serán los estudiantes y los jubilados que residen temporalmente o trabajan en otro país, sino también la gente que viaja la que sin duda hará más uso de la nueva tarjeta del seguro de enfermedad, porque ya no tendrá que ponerse en contacto con las autoridades sociales, sino que tendrá la tarjeta y podrá ir directamente al médico. 
Sin embargo, si somos capaces de diseñar una tarjeta para todos, todo el mundo necesita que se le concedan los mismos derechos, y esto ha significado que a algunos ciudadanos se les concedan más derechos. 
En el futuro, todos tendrán derecho a todo el tratamiento médico necesario mientras hasta ahora algunos solo tenían derecho a un tratamiento médico de urgencia. 
En el futuro, será lo mismo para todos, y esto significa, por ejemplo, que alguien que sufre enfermedades crónicas, como enfermedades del riñón, en el futuro podrá llegar a un acuerdo con un hospital del país al que viaja y estar seguro de recibir diálisis. 
Por lo tanto, esta propuesta supondrá una mejora y les facilitará las cosas. 
Las reglas más concretas para la tarjeta del seguro de enfermedad las establecerá un comité administrativo en que estarán representados todos los Estados miembros. 
El contenido de las reglas y la lista de enfermedades para las que se admitirá, en términos puramente prácticos, obtener un tratamiento serán especificados por representantes de los Estados miembros. 
Lo que estamos creando aquí es una situación en la que se concede a todos los mismos derechos y en la que es posible ir directamente al médico sin tener que pasar antes por las autoridades sociales. 
También vale la pena mencionar que será más fácil rembolsar los gastos. 
Esto puede simplificarse y agilizarse. 
Actualmente, puede pasar mucho tiempo hasta que se reembolsen los gastos. 
Esto se simplificará. 
Se simplificará para el individuo, pero de hecho también se simplificará para los médicos y el personal sanitario, al igual que se simplificará para las autoridades. 
Por lo tanto, la situación puede complacer a todos y hacer que se alegren por lo que está ocurriendo, porque de hecho, todos nos beneficiaremos de ella. 
Por último, quiero insistir en lo importante que es afirmar que lo que estamos preparando en este caso es una tarjeta de seguro y no una tarjeta que proporciona información sanitaria en el sentido general del término. 
La única información que aparecerá en la tarjeta será el nombre de la persona y los detalles del seguro, pero no información sanitaria. 
En el contexto del programa e-Europe se está trabajando en una tarjeta que contendrá información sanitaria, pero no estamos hablando de eso hoy. 
Por lo tanto, no hay problemas de protección de datos, porque los datos que van a intercambiarse por medio de esta tarjeta del seguro de enfermedad son exclusivamente los mismos datos que intercambiamos con los formularios. 
Se trata de una reforma pequeña, pero que creo que será muy efectiva en la práctica. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, me sumo a las felicitaciones a la Sra. Jensen, no sólo por el trabajo realizado, sino por su capacidad y sus esfuerzos para lograr el consenso entre todos los colegas de la Comisión de Empleo. 
La Comisión Europea había lanzado oficialmente la idea de crear una tarjeta sanitaria europea al comienzo de la Presidencia española de la Unión Europea, de enero a junio de 2002, en la reunión informal de Ministros de Empleo y Política Social, celebrada en Burgos los días 18 y 19 de enero de 2002. 
Esa propuesta fue apoyada por el entonces Ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de Empleo y Política Social, D. Juan Carlos Aparicio Pérez, que es por cierto hoy alcalde de esa hermosa ciudad castellana. 
Luego, el Consejo de Barcelona de marzo de 2002 decidió crear la tarjeta de seguro de enfermedad europea, tarjeta que sustituirá a los actuales formularios en papel que necesitan para poder obtener asistencia sanitaria en otros Estados miembros los ciudadanos europeos. 
Cuando se realizan desplazamientos de los ciudadanos comunitarios entre los Estados miembros pueden producirse y, de hecho, se producen incomodidades y restricciones a su libre circulación intracomunitaria. 
La posibilidad- en realidad inmediata, después de escuchar a la Sra. Comisaria -, de una tarjeta sanitaria europea ha de contribuir a la eliminación y a la superación de estas dificultades y, además, va a facilitar a los europeos comunitarios el ejercicio de sus derechos. 
La situación era muy distinta en el momento inicial, ya que se partía de una situación diferente en cada Estado miembro. 
Sin embargo, las ventajas de esta tarjeta sanitaria europea son evidentes. 
Para mi país, que recibe más de 40 millones de ciudadanos europeos cada año y en el que, además, muchos ciudadanos comunitarios fijan su residencia, es muy importante. 
Los habitantes de países fuertemente regionalizados tendrán también ventajas especiales. 
La tarjeta para todos los europeos comunitarios viene a simplificar los trámites necesarios en la actualidad para acceder a la asistencia en el país de estancia temporal, garantizando también a los organismos que financian dicha asistencia el reembolso de los gastos por el país de procedencia del beneficiario-usuario. 
Me parece, pues, que las ventajas entre otras son, desde luego, la correcta aplicación de la coordinación comunitaria en materia de asistencia sanitaria; crear confianza en la ciudadanía europea en cuanto al cuidado de su salud cuando se desplazan por el territorio comunitario; facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a una asistencia sanitaria mediante la simplificación de la documentación requerida, concretándola en una simple tarjeta, en una única tarjeta para asegurar la asistencia sanitaria, con un uso integrado de tarjetas y terminales; y, por último, la contemplación del mecanismo de sustitución en casos excepcionales, entiéndase pérdida o robo de la tarjeta. 
Con esta tarjeta que, en principio, va a reemplazar al formulario actual E-111, utilizado en estancias cortas, y como dijo en su momento la Sra. Comisaria, tendremos, después del euro, otro trocito de Europa en nuestros bolsillos. 
Simplemente, volviendo a la Presidencia española de la Unión Europea y a su eslogan, con esta tarjeta tendremos "más Europa". 
En cualquier caso, "más Europa" creo que significa una Europa más próxima, más cercana a los ciudadanos europeos, que la van a percibir mejor y, sin duda- y termino, señora Presidenta–, un paso más en la construcción europea como habrían dicho los precursores. 
También quiero agradecer a la ponente su trabajo rápido y flexible y, sobre todo, la excelente cooperación mantenida con los Grupos políticos. 
También estoy en deuda con el Consejo por su positiva actitud en este asunto. 
Señora Comisaria, estamos siendo testigos de un verdadero pequeño milagro: un Reglamento que tiene que ser aprobado unánimemente por el Consejo en codecisión con el Parlamento, cuya tramitación se completa en el espacio de una lectura. 
Creo que esto no ha pasado nunca en este Parlamento. 
Y el Reglamento que estamos debatiendo hoy es muy importante, puesto que refuerza de modo considerable, de dos maneras, los derechos de los ciudadanos que hacen uso de la libertad de circulación de las personas. 
En primer lugar, a partir de ahora, todos disfrutarán de los mismos derechos a la atención médica esencial, lo cual es una mejora enorme para muchísima gente. 
Hasta ahora, los estudiantes y los jubilados han tenido derecho a la atención médica en los Estados miembros en los que residen, si la necesitan, mientras que los trabajadores y sus familias solo pueden obtener tratamientos esenciales en estos países. 
Por tanto, esta discriminación ya ha sido subsanada. 
En segundo lugar, los procedimientos también se simplificarán para el público. 
Actualmente, las personas que residen en un Estado miembro diferente llevan sus formularios E111 al seguro de enfermedad local, donde obtienen nuevos formularios y solo entonces pueden visitar al médico o al dentista. 
Esto es desesperadamente complicado. 
Por lo menos ahora pueden ir al facultativo directamente. 
Eso también es una gran mejora. 
Señora Comisaria, también me complace que el Consejo y la Comisión hayan acordado el principio de que los Estados miembros tengan que informar a sus ciudadanos sobre sus derechos a la asistencia sanitaria, porque naturalmente estos no son ilimitados. 
Por último, señora Comisaria, comparto la esperanza de mis colegas eurodiputados de que este Reglamento será, sin duda, un nuevo paso importante hacia la introducción de una tarjeta europea general del seguro de enfermedad que proporcionará un acceso directo a la asistencia sanitaria en toda Europa para todos los asegurados europeos que posean derechos de residencia. 
– Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pero también como antiguo comisario gubernamental para la simplificación administrativa en mi país, no me queda sino acoger con satisfacción la aprobación unánime, por parte de nuestra comisión, del informe de la Sra. Jensen. 
En efecto, la introducción de una tarjeta europea del seguro de enfermedad, que sustituirá a los impresos actuales necesarios para obtener tratamiento médico en otro Estado miembro, constituye un avance considerable para los europeos. 
La armonización de los procedimientos llevará a un bienestar mayor, evitará que la gente se enfrente al papeleo interminable, pero sobre todo proporcionará una movilidad real a los ciudadanos europeos. 
Este paso es un excelente ejemplo de la eficacia que puede resultar de una reorganización de procedimientos. 
Así, el famoso formulario E111, tan familiar para los turistas y necesario para estancias cortas, será el primero en desaparecer. 
La tarjeta europea simplificará las vidas de nuestros conciudadanos sin cambiar los derechos y obligaciones existentes. 
Esto es algo en lo que todos insistimos. 
Este acto práctico y muy visible incrementará nuestro sentido de pertenencia a la Unión Europea, del mismo modo que reforzará la ciudadanía europea. 
Está claro que tendremos que proseguir rápidamente con nuestros esfuerzos y ampliar la esfera de acción de la tarjeta para que incluya datos de emergencia médica e información sobre la salud del titular. 
Por ahora, demos la bienvenida a esta nueva cultura administrativa que, sin ninguna duda, será apreciada por los ciudadanos de Europa, que han quedado desilusionados con demasiada frecuencia por la naturaleza lenta y engorrosa de nuestros procedimientos. 
– Señora Presidenta, las medidas que favorecen la simplificación de los procedimientos y de las formalidades son siempre positivas, y en este caso particular de prestación de asistencia sanitaria todavía son más importantes porque ayudarán a facilitar la libre circulación de las personas. 
Estos derechos tienen que extenderse al mayor número posible de personas, y por tanto es un paso positivo que se haya creado con éxito la tarjeta europea del seguro para todos los que viajan, estudian o trabajan –y también para los miembros de sus familias– en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sustituyendo así los formularios que existen actualmente, pero sin contener datos que puedan poner en juego su privacidad. 
También considero un paso positivo proporcionar a todos los ciudadanos información sobre los derechos que tienen en este ámbito en los distintos Estados miembros, y esto debería estar garantizado. 
Por ello, felicito a la Sra. Jensen por el trabajo que ha realizado. 
Espero que los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea ganen acceso directo a un tratamiento sanitario completo y que esto ocurra tan pronto como sea posible, según un calendario establecido. También espero que la votación de hoy ayude a asegurar que este plazo se respete y que la tarjeta sanitaria se haga realidad durante el próximo año. 
– Señora Presidenta, yo también acojo con satisfacción la decisión de introducir una tarjeta sanitaria europea y felicito a la ponente por su claridad y perseverancia. 
En efecto, se trata de un gran paso adelante para nuestros ciudadanos y un ejemplo concreto de la forma en la que la Unión Europea puede beneficiarles directamente. 
Por ejemplo, en lugar de tener que recoger un formulario E111 antes de viajar y después realizar diversos trámites burocráticos antes de recibir atención, podrán, a través de la tarjeta, tener acceso inmediato a la atención que necesiten. 
Los Estados miembros son los responsables de la sanidad y existe, sin duda, una gran diversidad de planteamientos en este ámbito. 
Sin embargo, finalmente ha sido posible alcanzar un acuerdo en el Consejo. 
Felicito a todos los implicados por alcanzar ese acuerdo, de modo que la tarjeta pueda utilizarse efectivamente antes del 1 de junio de 2004. 
Sin embargo, la ponente tiene razón al señalar que el Parlamento Europeo debe ser consultado de nuevo si se propone una ampliación de la tarjeta para incluir los datos médicos personales, como de hecho ya se ha propuesto, dado que la debida protección de los datos personales –especialmente los de naturaleza médica– nos preocupa sobremanera. 
– Señora Presidenta, yo también quiero, al igual que mis colegas, felicitar tanto a la Comisaria como a la ponente por su trabajo en esta cuestión. 
Por un lado, ayuda a promover el ideal de integración de la Unión Europea y una mayor movilidad entre los Estados miembros cuando, en nuestra opinión, hace poco tiempo teníamos dificultades para acordar un formato común para el pasaporte. 
Teníamos incluso mayores dificultades para acordar algún tipo de formato común con respecto a un diseño de una moneda o un billete cuando apareció el euro. 
Sin embargo, durante muchos años, a través del formulario E111 y otros impresos, hemos llegado a un acuerdo con respecto a la capacidad de ofrecer servicios a las personas que se sienten mal y están lejos de sus Estados miembros de origen. 
La mayor dificultad con el formato del formulario era que resultaba demasiado burocrático y no había seguridad o garantía de que uno conseguiría el nivel de atención necesario –o incluso de que recibiría alguna atención– cuando sufría una enfermedad o cierta condición médica durante un viaje. 
Esta tarjeta única eliminará al menos muchas de esas dificultades. 
En segundo lugar, los acuerdos entre los Estados miembros –relativos a los tipos de atención y a la gama y al nivel de los servicios disponibles para las personas– también ayudarán a aclarar la situación de muchas personas. 
En tercer lugar, y por encima de todo, también dará una gran sensación de seguridad a las personas que se desplazan al extranjero, ya sea de vacaciones, por motivos de trabajo o por cualquier otra razón. 
Las cifras relativas a esta cuestión son interesantes. 
Desde 1970, el número de personas de los 15 Estados miembros que viven fuera de sus Estados miembros de origen ha aumentado un 61%. 
El número de personas de la Unión Europea que trabajan fuera de su Estado miembro de origen ha aumentado un 51% desde 1970. 
El número de estudiantes que estudian fuera de su Estado miembro de origen se ha incrementado un 71% desde 1970. 
Esto ilustra que la necesidad de prestación de servicios es todavía mayor. 
Finalmente, para garantizar que los médicos de los Estados miembros entiendan qué significan estas tarjetas, debería ponerse en marcha un programa de formación o publicidad. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señora Jensen, Señorías, apoyo las líneas generales de este informe. 
Es importante promover la libre circulación en la Unión Europea y crear las condiciones para ello. 
Si queremos promover la libre circulación de personas y deseamos alcanzar una integración mayor del mercado interior, también habrá que encontrar una solución para las cosas no tan placenteras, como acudir al médico en el extranjero. 
Esta solución está ya al alcance de la mano con la introducción de la tarjeta europea del seguro de enfermedad. 
Sin embargo, junto con las claras ventajas también veo algunas objeciones respecto a la introducción de una tarjeta de este tipo. 
En su informe, la Sra. Jensen menciona dos medidas necesarias para dicha tarjeta. 
En primer lugar, la armonización de los derechos de todas las categorías de asegurados. 
Yo no comparto este deseo de armonización. 
El modo en que funcionan los sistemas de asistencia sanitaria es distinto en cada Estado miembro, y la financiación también varía desde las primas hasta el pago con cargo a los impuestos. 
Además, no considero que el valor simbólico de dicha tarjeta tenga una importancia vital. 
Después de todo, cuando alguien enferma en el extranjero, necesita tratamiento, no un símbolo. Pronto podrán recibir el tratamiento con una tarjeta. 
Sinceramente no descubro ningún sentimiento europeo en esta cuestión. 
Sin embargo, apruebo la segunda medida, que debería llevar a la simplificación de las formalidades. 
Los procedimientos administrativos y las formalidades deben reducirse al mínimo. 
El hecho de que el aumento de la movilidad entre los ciudadanos lleve a que soliciten tratamiento médico en otro Estado miembro no debería penalizarse con la burocracia. 
Quisiera finalizar mi intervención con una pregunta a la Comisaria Diamantopoulou. 
La tarjeta que se va a introducir ¿también deberá ser introducida y emitida por nuevos organismos oficiales o se podrá prescindir de nuevos organismos o personal adicional? 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea no puede ser simplemente una zona de libre circulación de capitales, productos y servicios; también debe ser una Europa de libre circulación de ciudadanos sin perjuicio de sus derechos. 
La entrada en vigor de la tarjeta europea del seguro de enfermedad será un gran paso hacia la consecución de este objetivo fundamental. 
En las conclusiones de Barcelona de marzo de 2002 se había acordado crear una tarjeta sanitaria europea para eliminar las barreras a la movilidad geográfica. 
Por tanto, facilitar la libre circulación de las personas en la Unión Europea es el objetivo. 
El apoyo a este informe ahora es condición necesaria para que todos nos beneficiemos de este paso adelante para la Comunidad en 2004. 
Felicito a la Sra. Jensen, la ponente, por el buen trabajo que ha realizado. 
También aplaudo a la Comisión por su diligencia y compromiso al poner en práctica esta ambición, al igual que la colaboración tan positiva del Consejo. 
La entrada en vigor de la tarjeta europea del seguro de enfermedad tendrá supondrá la armonización de los derechos de los asegurados y de sus familiares que estén de viaje, estudiando, trabajando o buscando trabajo o sean camioneros de transporte internacional. 
Todos los ciudadanos tendrán derecho a prestaciones en especie cuando soliciten tratamiento médico durante su estancia en un Estado miembro, y evitarán el complicado proceso burocrático que actualmente implica la intervención de varios organismos diferentes. 
Con el fin de crear las condiciones necesarias para la adopción de esta tarjeta, primero deben modificarse los Reglamentos de ejecución de los sistemas de seguridad social, es decir, los Reglamentos nº 1408/71 y nº 572/72. 
Me complace observar el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre la revisión del Reglamento nº 1408/71. 
Con la adopción de este documento individual, personalizado, se eliminarán los distintos formularios que están en uso actualmente, se armonizarán los derechos de los asegurados y se simplificarán las formalidades. 
Sin embargo, la eliminación de los formularios existentes se realizará en fases. 
Dichos cambios significan que el asegurado debe estar debidamente informado de sus derechos y obligaciones que se derivan de la nueva legislación, y será tarea de los Estados miembros garantizar que sus ciudadanos dispongan de esta información. 
Por lo tanto, la creación de la tarjeta europea del seguro de enfermedad es una ambición que se ha hecho realidad, pero también es un símbolo de Europa y una herramienta que refuerza el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, quisiera hacerme eco de aquellos que han felicitado a la ponente, a los ponentes alternativos y también a la Comisaria por su trabajo dinámico, cuyo resultado permite concluir este asunto en una sola lectura. 
¡Estupendo! 
No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para realizar algunas observaciones. 
Sin duda, es estupendo que vayamos a tener este permiso el año que viene, pero creo que estas cosas a veces se hacen demasiado rápido. 
El tratamiento médico no es un mero producto comercial o un servicio con el que se comercia en el mercado libre. 
No se puede considerar simples consumidores a quienes hacen uso del tratamiento médico, y a quienes prestan el tratamiento simples empresas y autónomos que realizan su trabajo en el mercado «con o sin ánimo de lucro». 
Los sistemas de los Estados miembros para tratar los costes sanitarios dentro de los sistemas de seguridad social que están financiados en su mayoría colectivamente y sobre la base de la solidaridad entre los que tienen una salud delicada y los que gozan de buena salud, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres y, hasta cierto punto, ricos y pobres. 
Estos sistemas se encuentran actualmente sometidos a fuertes presiones debido a una población que envejece, a las posibilidades médicas que aumentan, a la privatización y otras tendencias, y yo pediría a la Comisión que le preste más atención a todas ellas. 
Es totalmente insuficiente regular únicamente la libre circulación del tratamiento médico para titulares de la tarjeta y tratar de que Europa intervenga en el tratamiento sanitario solo mediante sentencias del Tribunal de Justicia y a través de la nueva directiva sobre la libre circulación de servicios que está elaborando la DG Mercado. 
No debemos permitir que el elemento solidario se vea mermado. 
No es nuestra intención animar a los ciudadanos calculadores que pueden permitírselo a que vayan por ahí de compras de tratamiento médico, mientras en su país se recorta dicho tratamiento. 
No puedo entrar en detalles sobre todo esto en los dos minutos que se me han asignado, pero quisiera alertarles al respecto y añadir que, por mucho éxito que tenga la tarjeta del seguro de enfermedad, existe una necesidad urgente de que el llamado proceso de reflexión de alto nivel que inició el Consejo el año pasado culmine en la coordinación firme y bien estructurada del tratamiento sanitario en la que la solidaridad y los aspectos de calidad ocupen un lugar central. 
– Señora Presidenta, los acuerdos propuestos para la tarjeta del seguro puede que eliminen algunos procedimientos burocráticos, pero en la práctica cualquier punto positivo lo anula la política de reducción del gasto y los beneficios sociales, de acuerdo con los criterios de Maastricht, so pretexto de un déficit excesivo del sector público, y la política de comercialización de los sistemas sanitarios. 
Estos ajustes ayudarán a acelerar la aplicación de la política de la Unión Europea, de las reformas capitalistas en los Estados miembros, so pretexto de armonizar los sistemas sanitarios, por lo que queremos decir equilibrar los beneficios sociales a la baja, eliminar la naturaleza pública y privatizar y comercializar la sanidad y los sistemas de seguridad social, reduciendo las pensiones y aumentando las contribuciones de los trabajadores a los fondos de seguros. 
Todo esto anuncia un ataque a los trabajadores. 
¿Qué bien podrá hacer la tarjeta cuando el acceso al sistema sanitario nacional se está haciendo cada vez más problemático y el privilegio del derecho a la asistencia lo siguen teniendo los que pueden permitirse pagar, dado que incluso los hospitales nacionales funcionan con criterios de empresa? 
Los fondos de seguro están en números rojos porque el Estado está sacando recursos de los fondos de seguridad social a fin de financiar los mercados de dinero y ayudar a los empresarios reduciendo sus contribuciones. 
Las medidas propuestas probablemente agravarán la situación financiera de los fondos de seguro. 
Cuando la seguridad social esté privatizada, ¿qué clase de seguro habrá para el 20% de la población de la Unión Europea que vive por debajo de la línea de pobreza y el 8,8 % de parados, según el reciente estudio de Eurostat? 
Así que los trabajadores no tienen nada que esperar de la tarjeta de seguro tan anunciada. 
Por el contrario, pueden esperar una mayor inseguridad, pobreza y aumento de los pagos con el fin de tener protección y cuidados sanitarios preventivos. 
Estamos seguros de que lucharán para darle la vuelta a estas políticas. 
Nosotros, el Partido Comunista de Grecia, estamos a su lado. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, los Demócrata-Cristianos de este Parlamento Europeo y, por supuesto, también el Partido Demócrata-Cristiano sueco, acogemos con satisfacción la clara y significativa simplificación administrativa que conlleva la tarjeta europea del seguro de enfermedad. 
A partir de 2004, esta tarjeta también será electrónica, y será posible leer datos de ella. 
La introducción de la tarjeta del seguro de enfermedad debe acogerse, sin duda, con la mayor satisfacción. 
Simplificará significativamente la salvaguardia de los derechos sociales de las personas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea sin molestias administrativas. 
Los distintos formularios desaparecerán, primero el E111 y después también los demás: E110, E119 y E128. 
Al mismo tiempo, es importante subrayar que esta nueva tarjeta europea del seguro de enfermedad no proporciona ningún derecho social nuevo. 
Es solo una simplificación administrativa. 
También en el futuro, sobre una base puramente constitucional, serán los Estados miembros los responsables de la asistencia sanitaria en la Unión Europea. 
La responsabilidad del pago también recae en los Estados miembros. 
Es importante en el debate europeo que veamos los derechos sociales asociados a cuestiones de solidaridad y responsabilidad de pago. 
También quiero subrayar que hoy en muchos Estados miembros de la UE hay una crisis económica en los sistemas de seguridad social y de seguro de enfermedad. 
El objetivo de la armonización, o de la creación de un catálogo europeo de derechos sociales sin relacionar esto con la financiación por parte de los Estados miembros, es muy dudoso. 
Debemos facilitar los asuntos desde un punto de vista administrativo, pero también debemos permitir que sean los propios Estados miembros los que aborden estas cuestiones en el futuro. 
Señora Presidenta, efectivamente, las felicitaciones rituales que hacemos en estos momentos a los ponentes y a la Comisaria, están hoy plenamente justificadas, porque hoy sí, hoy realmente este Parlamento, junto con la Comisión y el Consejo, da un paso importante para hacer coincidir nuestra agenda con la agenda de los ciudadanos y simplificar su vida y, aunque no se les conceda nuevos derechos, sí se les facilita por lo menos el ejercicio de los que ya tienen reconocidos. 
Es muy importante la simplificación administrativa, como ya han subrayado otros colegas, pero yo aprovecharía también para decir que por primera vez modificamos el viejo Reglamento (CEE) nº 1408/71 y empezamos a hablar, no sólo de la libre circulación de los trabajadores en Europa, sino también de la libre circulación de los ciudadanos, y empezamos a ordenar un discurso y una práctica política donde el derecho a la ciudadanía empieza a ser una realidad en elementos tan fundamentales como el derecho a la salud. 
Es, por tanto, un primer paso importantísimo de carácter estratégico. 
También diría, señora Presidenta, que estos éxitos y esta felicitación que todos nos hacemos no debe llevarnos a la autocomplacencia: tenemos que seguir siendo exigentes porque esto no es más que un primer paso. 
Ni siquiera tenemos una tarjeta europea. 
Se trata de una simplificación de formularios; la tarjeta aún no es una tarjeta inteligente, aún quedan muchos pasos para que verdaderamente el derecho a la salud de los europeos quede garantizado, coordinado y justificado desde una instancia comunitaria. 
Por eso, señora Comisaria, creo que tenemos que seguir avanzando; éste es el primer paso, como digo, de una larga batalla hasta conseguir que la Europa social sea una realidad más simple administrativamente, pero también más profunda y más seria en nuestro estatuto de ciudadanía. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero felicitar sinceramente a la Comisión y a la Comisaria Diamantopoulou por este excelente documento, así como a la ponente, la Sra. Jensen, y a todos los diputados que han acudido multitudinariamente a esta Cámara para escuchar mis palabras, dado que no cabe duda de que no han venido a votar. 
Quiero darles las gracias porque nunca se habían reunido aquí tantos diputados para escucharme como hoy. 
Les estoy enormemente agradecido. 
Debo decirles que he soñado que el Sr. Berlusconi venía a esta Cámara a finales de diciembre para informar sobre el trabajo realizado durante este mandato en Europa. 
En mi sueño, el Sr. Schultz se levantaba una vez más y, girándose hacia el Sr. Berlusconi, decía: «Señor Berlusconi, ¿qué haría usted si cayese enfermo durante un viaje por Europa, por ejemplo, aquí en Francia?» 
Al escuchar esto, el Sr. Berlusconi se agarraba sus genitales –como solemos hacer en Italia– para evitar el peligro y afirmaba: «Mi querido señor Schultz, yo iré mucho más allá que esta Carta de la Comisión, que ya es importante. 
Cuando Italia ocupe la Presidencia del Consejo y yo sea de nuevo Presidente en ejercicio, dentro de trece años y medio, me esforzaré por garantizar que todos los ciudadanos puedan viajar por toda Europa para recibir tratamiento para todas las enfermedades. 
Así pues, no olvide votar a favor de este documento y mostrar mi satisfacción por esta magnífica Carta sanitaria.» 
– Señora Presidenta, es fantástico que estemos hablando sobre esta tarjeta sanitaria europea en primera lectura. 
Deberíamos tener en cuenta, como ha señalado la Comisaria, que hemos necesitado dos años y medio para llegar a este punto, a través de las negociaciones con cinco Presidencias. 
Sin embargo, se trata de una realidad tangible para los ciudadanos europeos. 
Es una forma palpable de acercar Europa a los ciudadanos y apoyo la opinión de que esta tarjeta debería, de hecho, tener un logotipo europeo y estar muy claramente identificada como un beneficio europeo para los ciudadanos. 
Los formularios a los que sustituye –E111, E128, E110 y E119– suenan más a aditivo alimentario que a pasaporte sanitario, pero me satisface que esta tarjeta vaya a sustituirlos ahora oportunamente. 
También tenemos que insistir –en lugar de simplemente recomendar– que los Estados miembros se aseguren de que la gente sepa que esta tarjeta está disponible, que sepa cómo solicitarla, cómo utilizarla y qué derechos le confiere. 
– Señora Presidenta, tengo una audiencia aún mayor que el Sr. Fatuzzo, así que permítame ser positivo y decir que, tras la introspección del debate del Tribunal de Cuentas y las críticas que hemos escuchado, resulta verdaderamente agradable celebrar un debate sobre algo tan poco criticado, algo tan positivo para los ciudadanos europeos. 
Quiero subrayar lo que ha dicho la Sra. Comisaria: Se trata de un beneficio tangible que hace que la libre circulación se convierta en una realidad para los ciudadanos europeos de a pie. 
Al mismo tiempo que felicito a la ponente, también quiero pedir –si queremos que esta tarjeta sea una realidad– a la Comisión y a todos los diputados que insistan a los Gobiernos de los Estados miembros en que no deben considerar esto como un simple adelanto técnico. 
La publicidad es necesaria y, como ha dicho el Sr. Crowley, también lo es una formación adecuada de los médicos, para que acepten la tarjeta sanitaria y aseguren que se perciba realmente como la historia de éxito que sin duda es. 
Hay muy pocas críticas aquí. 
Vayamos y difundamos a los cuatro vientos el hecho de que la tarjeta sanitaria es un beneficio que hace de la libre circulación, establecida en los Tratados, una realidad. 
. Señora Presidenta, me ha impresionado el consenso de todas las tendencias del Parlamento. 
Se ha alcanzado un acuerdo y todos creemos que tenemos ante nosotros una historia de éxito. 
Hemos intentado simplificar los procedimientos, por lo que me gustaría asegurarles que no habrá ninguna nueva institución responsable de emitir la tarjeta, ni nuevos servicios o nuevo personal. 
Las mismas personas de la Comisión continuarán encargándose de esta cuestión y los Estados miembros continuarán con los mismos procedimientos. 
Por lo que respecta a la tarjeta, me gustaría aclarar que la tarjeta sanitaria europea no es una tarjeta sanitaria como otras que conocemos en ciertos Estados miembros. 
No contiene información relativa al estado de salud del titular. 
Es interesante que ahora contemos con un Reglamento claro, simple y que facilite la vida diaria de los trabajadores en la Unión Europea. 
La amplitud de las diferencias existentes entre los sistemas sanitarios de los Estados miembros ha hecho que no sea fácil ponerse de acuerdo, pero finalmente –gracias al consenso y a la voluntad política de los Estados miembros– hemos alcanzado un acuerdo con respecto a este Reglamento. 
Mi segundo comentario tiene que ver con los procedimientos. 
Creo que este acuerdo responde a algunas de esas voces a nivel europeo que afirman que Europa se está volviendo cada vez más complicada. 
Afirman que es muy difícil ponerse de acuerdo con respecto a cuestiones sociales complicadas, pero aquí, los 15 Estados miembros con sistemas de protección social diferentes han alcanzado un acuerdo y ahora tenemos un Reglamento único común. 
Mi tercer comentario hace referencia no solo a la sustancia, sino también al simbolismo de la tarjeta europea. 
Como muchos diputados al Parlamento ya han comentado, los ciudadanos europeos tendrán el euro en un bolsillo y la tarjeta sanitaria europea en el otro: un verdadero símbolo de una Europa social. 
La Sra. Jensen ha hecho un excelente trabajo y quiero felicitarla de nuevo. 
No ha sido fácil conseguir un equilibrio y alcanzar un acuerdo de todas las tendencias del Parlamento. 
La Comisión acepta las enmiendas 8 a 34. 
A la luz del acuerdo, las enmiendas 1 a 7 ya no son aplicables. 
Creo que ahora, tras la primera lectura en el Parlamento, será posible aprobar el Reglamento antes de que finalice la Presidencia italiana. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en breve. 
– Señor Presidente, con respecto a la observancia del Reglamento. 
¿Puede alguien explicarme quién toma la decisión de cambiar arbitrariamente la hora de la votación en este Parlamento sin pedir la venia? 
Se nos dice que la votación va a tener lugar a cierta hora y nunca parece ser el caso. 
Si es posible interrumpir una sesión para celebrar una sesión solemne fácilmente, ¿por qué no se puede votar en la hora en la que se anunció sin que resulte demasiado difícil? 
Muchos diputados de esta Cámara están totalmente desquiciados con estos retrasos y quiero saber cuál es la respuesta. 
. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre una solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia a la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las medidas transitorias que habrán de adoptarse con vistas a la reforma del Estatuto de los funcionarios, en particular, en lo que respecta a las retribuciones y pensiones [COM (2003) 612- C5-0492/2003 2003/0241 (CNS) ]. 
. 
La Comisión Europea quiere aprovechar la votación del Parlamento Europeo sobre la llamada solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia para la reforma del Estatuto de los funcionarios, para señalar que tiene la intención de cumplirla a pies juntillas, mediante su propuesta de reforma general del mencionado Estatuto. 
Esta propuesta fue aprobada por la Comisión el 18 de noviembre. La propuesta en cuestión tiene en cuenta una serie de modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo y aceptadas por la Comisión, incluidas las disposiciones relativas a los funcionarios que trabajan para los Grupos políticos del Parlamento Europeo. 
(1) 
. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los que van a apoyar la conclusión en primera lectura del debate sobre un reglamento que esperamos que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2004, tal y como estaba previsto. 
Quiero dar las gracias a la ponente de opinión, la Sra. Sauquillo, a la Comisión, al Consejo y a todos aquellos que aceptarán mis enmiendas transaccionales, permitiendo así que el informe sea aprobado hoy, justo a tiempo para garantizar que el reglamento entre en vigor el 1 de enero del año próximo. 
Este es un informe extremadamente innovador que, por primera vez, ofrece recursos comunitarios a terceros países, para que puedan ayudarnos a combatir la inmigración ilegal en su territorio. 
. – Señor Presidente, como ponente me veo obligada a hacer un comentario y a recomentar el rechazo de las enmiendas que no procedan de la comisión parlamentaria que presido. 
Sin embargo, quiero decir antes de nada que, independientemente del Grupo político al que pertenezcamos, hemos trabajado muy bien juntos en este expediente, y esto es especialmente cierto en el caso de la Sra. Hermange –la ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales– y yo. 
A pesar de que ya no fuera posible que esa comisión elaborase una opinión y celebrase una votación sobre la misma, vamos a votar en el mismo sentido. 
Por otra parte, me gustaría dejar claro que hemos pasado por alto las fronteras políticas entre los Grupos a la hora de votar juntos con respecto a un punto sobre el que la Cámara ha tomado una decisión política, concretamente el tipo reducido de los impuestos aplicados a los servicios de gran intensidad de mano de obra, y que nos sentimos indignados al escuchar decir ayer por la tarde al Comisario Bolkestein que tiene previsto prorrogar esto solo seis meses, a pesar de que incluso el Consejo está pensando en plazos de dos años y nosotros en plazos de seis. 
El Servicio Jurídico dijo a la comisión que la enmienda 22, que tenemos hoy ante nosotros, no era admisible, y la comisión la rechazó por ese motivo. 
Sin embargo, me temo que la enmienda 22 podría dar hoy, en términos políticos, un mensaje equivocado. 
Indudablemente, el Pleno puede ser más sabio que una comisión, por lo que recomiendo que apruebe la enmienda 22, manifestando así claramente que continuaremos aplicando el tipo reducido de IVA a los servicios de gran intensidad de mano de obra después del 31 de diciembre de 2003. 
Exactamente de la misma manera, mediante la enmienda 21, podemos hacer otro tanto con las películas. 
– Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo. 
La Sra. Randzio-Plath ha hecho bien en corregir la lista de su Grupo. 
Nosotros presentamos la enmienda 22 para garantizar que el ensayo con los tipos reducidos de IVA para servicios de gran intensidad de mano de obra pudiese continuar después del 31 de diciembre del presente año. 
Eso es lo que quiere la ponente y todos nosotros. 
La enmienda oral se refiere puramente a la redacción. 
En lugar de estipular que la fecha del 31 de diciembre es sustituida por la fecha mencionada en el artículo 2 de la nueva directiva, que hace referencia a la fecha de entrada en vigor de esa nueva directiva, lo hemos redactado de forma más clara, de forma que el 31 de diciembre de 2003 es sustituido por la fecha de entrada en vigor de la nueva directiva. 
Así pues, es lo mismo, aunque nuestros expertos jurídicos piensan que era mejor redactarlo de este modo. 
Así pues, todo aquellos que deseen indicar que debería ser posible mantener los tipos reducidos de IVA si el Estado así lo desea, deberían votar a favor de nuestra enmienda corregida. 
– Yo sólo quiero que la redacción sea más precisa, porque pienso que la redacción original no era fácil de entender. 
Al final de la enmienda propuesta por el Sr. Corbett, y con su consentimiento, propongo que la redacción de la enmienda sea la siguiente: «la introducción, en el apartado 2 del artículo 1, de la igualdad entre mujeres y hombres, que debería considerarse, sin embargo, un valor y no simplemente un principio». 
. Señorías, hemos esperado a que se llenara la Cámara, porque estoy seguro de que todos ustedes desean rendir tributo conmigo a los ciudadanos españoles asesinados en el Iraq el pasado sábado, 29 de noviembre de 2003. 
Dada la gravedad de la situación y puesto que todos nosotros queremos presentar nuestros respetos, tanto a los afectados como a sus familias, les ruego que se unan a mí ahora y guardemos un minuto de silencio en honor de los ciudadanos españoles asesinados en el Iraq. 
– Señor Presidente, nosotros los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia aceptamos su propuesta de guardar un minuto de silencio en memoria de los siete españoles que perdieron la vida en el Iraq. 
Lamentamos profundamente la pérdida innecesaria de vidas humanas, incluso de agentes secretos que cumplen una oscura misión, y damos nuestro más sentido pésame a sus familias. 
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el Gobierno español que los envió allí es el único responsable de sus muertes. 
Sobre todo, lamentamos las decenas de miles de iraquíes asesinados por los invasores extranjeros y conquistadores de sus territorios, y condenamos amargamente el hecho de que usted no los haya mencionado, como si se tratase de una clase inferior de seres humanos. 
Esperamos que prevalezca el sentido común y que los invasores extranjeros se retiren del Iraq antes de que la resistencia del pueblo iraquí les obligue a batirse en retirada. 
. –Ahora continuamos con la votación. 
– El debate queda cerrado. 
.– A pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no es un tribunal, la respuesta «normal» a los documentos aportados por el magistrado encargado del caso, el Sr. Courroye, relativos a Jean-Charles Marchiani, sería permitir que la justicia siguiese su curso, dado que los cargos que existen en su contra son extremadamente graves: concretamente, el diputado europeo está acusado de apropiación indebida de 5,5 millones de euros en el caso Falcone. 
Está acusado de participar en el tráfico de armas ilegales con Angola y en dos casos de corrupción vinculados con contratos públicos, en los que están implicados los tanques Leclerc y el Aeropuerto de Roissy. 
Su única defensa es confiar en el, es decir, la sospecha de que los procedimientos legales se han iniciado en primer lugar y principalmente con el fin de atacar a un político por el mero hecho de ser político. 
Sin embargo, por lo que respecta a las autoridades francesas, y a las autoridades fiscales en particular, pero también a los diputados de todos los partidos que componen la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al parecer Jean-Charles Marchiani saca más provecho del. 
Se trata de una actitud inaceptable, que nos desacredita a todos nosotros. 
Renunciar a la inmunidad de Jean-Charles Marchiani sería rechazar un mundo dominado por los paraísos fiscales, los traficantes de armas y las compañías petroleras. 
Sería un rechazo del pacto entre Francia y África, que está corrompiendo el mundo político y que demuestra un absoluto desprecio por la justicia y por la soberanía de los pueblos de África. 
Por estas razones hemos votado a favor de la renuncia a la inmunidad. 
.– Este proyecto de presupuesto rectificativo propone recortar 5 000 millones de euros en créditos de pago para los Fondos Estructurales anteriores a 2000 y ratifica el acuerdo de principio que el Parlamento Europeo alcanzó con el Consejo en la conciliación presupuestaria del 24 de noviembre de 2003. 
La Comisión justifica el recorte afirmando que se debe a dificultades en la tramitación de reclamaciones de pago y a la escasa aplicación de los presupuestos frente a las previsiones de reclamaciones de pago de los Estados miembros. 
Sin embargo, falta por ver cómo se aplicarán estos pagos en el futuro, teniendo en cuenta que en 2004 se han incluido menos de 1 000 millones de euros para los programas anteriores a 2000. 
La cuestión es que, si hay casi 13 000 millones de euros en autorizaciones pendientes para los programas anteriores a 2000, estas autorizaciones deberían aplicarse plenamente y no canceladas, de acuerdo con el principio de la finalidad del gasto, para defender el principio de la cohesión económica y social. 
Más que estar relacionado con la aplicación, esto es un intento de responder a las limitaciones del Pacto de Estabilidad, reduciendo de este modo las contribuciones presupuestarias nacionales de la Unión Europea, y especialmente las de los países grandes como Alemania y Francia. 
.– El programa para la reconversión de la flota que operaba en el marco del acuerdo pesquero con Marruecos fue aprobado hace dos años, después de que no se renovase el acuerdo, poniendo 197 millones de euros a disposición de las flotas portuguesa y española, que eran las dos afectadas. 
En la opinión de la Comisión de Pesca que elaboré para el Presupuesto Comunitario de 2003, expresé mi preocupación acerca de la aplicación y financiación de este programa. 
La propuesta de la Comisión pretende modificar el Reglamento de base para facilitar la aplicación del programa actual, concretamente ampliando los criterios necesarios para poder ser beneficiaros y los plazos para conceder pagos compensatorios individuales (en 12 meses). 
Esta flexibilidad, con la que estoy de acuerdo, debería extenderse también a la cofinanciación de los planes nacionales de jubilación anticipada y a los pagos compensatorios individuales vinculados a un plan de conversión social, como propuso la ponente y aprobó el Parlamento. 
Me gustaría destacar la propuesta de incluir medidas similares a este Reglamento en el ámbito del Reglamento sobre ayuda estructural en el sector pesquero, siempre que se aprueben planes de recuperación de las poblaciones de peces o que no se renueven acuerdos pesqueros. 
Este podría ser un medio para aliviar las consecuencias socioeconómicas cuando se imponen severas restricciones sobre las oportunidades de pesca. 
En lugar de realizar esfuerzos constructivos, la política pesquera actual todavía significa que la propia Unión Europea compra el derecho a abusar de los recursos naturales de los pobres. 
Se trata de una forma moderna de colonialismo. 
Es necesario realizar una verdadera reforma de la política pesquera y adquirir una visión totalmente distinta de nuestras relaciones con los países pobres. 
Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de este informe en su totalidad. 
.– El acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos finalizó en 1999. 
Desde entonces, las demandas marroquíes han provocado que sea imposible alcanzar otro acuerdo. Debido a esta falta de renovación, la flota comunitaria ha sido víctima de un gran número de restricciones. 
Esta situación ha afectado a 400 barcos y a 4 300 pescadores. 
Este era un sector que no necesitaba que esta situación alcanzase el grado de crisis, dado que los principales países afectados eran España y Portugal, especialmente el Algarve. 
La flota comunitaria no debe ser la víctima silenciosa del callejón sin salida al que han llegado las negociaciones con Marruecos. 
La reconversión de la flota y las restricciones sobre la pesca no se produjeron por elección de los propios pescadores, sino que les fueron impuestas. 
Algunos de ellos se han visto forzados a abandonar sus barcos, mientras que otros han tenido que cambiar la orientación de su trabajo. 
Por lo tanto, se necesitan medidas socioeconómicas complementarias sostenidas, para aliviar los graves efectos de esta falta de renovación del acuerdo con Marruecos. 
La Unión Europea tiene la de ayudar a salvar este sector en crisis. 
Esta propuesta prevé precisamente una mayor flexibilidad, aumentando el plazo para la concesión de ayudas y eliminando ciertas restricciones. 
De este modo, los pescadores podrán percibir sus pagos, al margen de la destrucción o exportación del barco en el que trabajaban. 
El objetivo es tratar a todos los pescadores de manera justa e incluir a tantos pescadores de la flota comunitaria como sea posible. 
.– Esta propuesta de Reglamento pretende mantener el programa actual de apoyo a la comercialización de ciertos productos pesqueros de las regiones más alejadas, un programa que funciona con acierto desde 1992 y que forma parte de los objetivos de los programas POSEI. 
La propuesta pretende compensar los costes adicionales de desechar estos productos a través de una compensación financiera por la producción, el procesamiento y la comercialización, teniendo en cuenta los costes derivados de la insularidad, la lejanía del mercado, el pequeño tamaño de los mercados locales, la topografía y el clima. 
En este sentido, estamos de acuerdo con la ponente, no solo por lo que respecta a su aprobación del programa actual, sino también a la sustitución del fundamento jurídico del artículo 37 por el apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, relativo a las características específicas de las regiones más remotas. 
También es necesario garantizar que este programa sea continuo, dado que los imperativos que afectan a estas regiones son permanentes. 
Sin embargo, lamento el recorte presupuestario para el programa de 17 a 15 millones de euros anuales de 2003 a 2007, cuando debería aumentar. 
La enmienda 3 propuesta por la ponente es discutible, considerando que la deseada flexibilidad en relación con la subutilización de los importes concedidos podría hipotecar la clave de su distribución entre los Estados miembros. 
.– Ofrezco todo mi apoyo al Reglamento que está sobre el tapete y que, teniendo en cuenta las características específicas de las regiones más alejadas, permitirá la continuidad del programa de compensación de los costes adicionales generados por su aislamiento en la producción, el procesamiento y la comercialización de productos pesqueros, asignando un presupuesto de 15 millones de euros anuales a las siete regiones más alejadas. 
Se trata de un intento de garantizar que los agentes económicos regionales que operan en el sector pesquero disfruten de unas condiciones de producción y competencia similares a las existentes en el mercado continental. 
El Parlamento Europeo también apoya que este programa de compensación sea permanente, de acuerdo con la naturaleza permanente de los imperativos asociados a las características específicas de las regiones más alejadas. 
.– Ofrezco todo mi apoyo a esta propuesta de Reglamento. 
Las dificultades especiales que afectan a las regiones más alejadas son bien conocidas, especialmente las relacionadas con la comercialización de sus productos fuera de sus propios territorios. 
Se enfrentan a costes adicionales, que incluyen los gastos de transporte en sí y los gastos de embalaje, seguro y energía relacionados con el transporte. 
También están sujetos a unos costes operativos superiores que en Europa continental (precios del combustible, falta de técnicos de reparaciones y mantenimiento cualificados para los barcos, retrasos y precios más altos en la entrega de piezas de repuesto procedentes del continente, e inactividad de los barcos debido a averías o tormentas). Esto hace que sus productos sean más caros y menos competitivos que los de los productores comunitarios de Europa continental o los productores de los países ACP. 
Por lo tanto, considero que es totalmente justo promover medias de compensación para la comercialización de importantes productos pesqueros; además, mantienen el programa introducido por primera vez en 1992 y ponen en práctica los objetivos del apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Unión Europea. 
.– En el momento de la revisión de la política pesquera común, en diciembre de 2002, el Consejo consideró que las regiones más alejadas merecían un trato especial, específicamente por lo que respecta a la gestión de las flotas pesqueras comunitarias. 
Esta propuesta de la Comisión aparece en ese contexto, aunque se queda corta, a la vista de las verdaderas dificultades de las regiones en cuestión, que cuentan con flotas no industriales y pequeñas empresas, que han provocado un aprovechamiento insuficiente de la ayuda destinada a la modernización y renovación de la flota. 
Por lo tanto, es importante garantizar que este proceso de modernización y renovación pueda continuar sin limitaciones derivadas de la legislación comunitaria. 
Las propuestas de la ponente mejoran la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, proponen un fundamento jurídico más adecuado, el apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, que reconoce las limitaciones especiales que afectan a la situación social y económica de las regiones más alejadas. 
Por otra parte, derogan la provisión de ayudas públicas para la renovación de la flota durante otros dos años, hasta el 31 de diciembre de 2006. 
Finalmente, la ponente también propone la elaboración de un informe para evaluar la aplicación de estas medidas, con el fin de examinar si deberían continuar hasta 2006. 
Sin embargo, es lamentable que no se incluya el refuerzo necesario de la ayuda estructural del IFOP. 
.– A la vista de las características específicas de las regiones más alejadas en el sector pesquero (la naturaleza no industrial de su flota, el reducido tamaño de sus mercados y de sus empresas, y el retraso en la modernización y reestructuración de la flota) , el reglamento que está sobre el tapete permitirá excepcionalmente, derogando normas recientemente aprobadas para toda la Unión Europea, la concesión de ayudas financieras a las regiones más alejadas para la modernización y renovación de las flotas pesqueras locales. 
Esta derogación es fundamental para las regiones más alejadas y será todavía más valiosa si el Consejo acepta las siguientes propuestas del Parlamento: 
-la ayuda pública para la renovación de la flota debería concederse hasta finales de 2006, en vez de hasta diciembre de 2004; 
-debería realizarse una evaluación de estas medidas, para poder estudiar si deberían mantenerse después de 2006; 
-debería permitirse que los anticipos de la ayuda alcanzasen el 14%, en lugar del actual 7%. 
.– Esta resolución no supone un gran avance con respecto a las posiciones que el Parlamento ha venido defendiendo con respecto a la llamada «gobernanza europea» , un eufemismo utilizado por federalistas de todas las tendencias para el movimiento hacia la creación de un futuro gobierno europeo – «obviamente» la Comisión Europea– con interlocutores sociales «europeos» , destinado a una llamada «opinión pública europea». 
Así, en el ámbito exterior, apunta hacia una representación de la Unión Europea en organizaciones internacionales, con el Ministro de Asuntos Exteriores propuesto a la cabeza de un servicio diplomático europeo común. 
También es importante la consideración de que «el reciente fracaso de la Conferencia de la OMC de Cancún pone de manifiesto la necesidad de reformar las normas, los métodos de trabajo y los mecanismos de toma de decisiones de la OMC». 
En otras palabras, frente a otro tropiezo de la agenda neocapitalista liberal, sus representantes están intentando encontrar procedimientos que pasen por alto la posición adoptada por ciertos países para defender sus intereses nacionales frente a los principales poderes capitalistas, especialmente la Unión Europea. 
Sin embargo, acojo con satisfacción la demanda de claridad y transparencia en el uso de expertos, así como de publicación de la composición de las comisiones y grupos de trabajo consultados por la Comisión para la elaboración de sus propuestas, lo que sin duda pondrá de manifiesto el papel desempeñado por UNICE, la confederación de grandes empresas europeas. 
.– Como ha venido sucediendo en anteriores informes, el primer elemento que se ha tenido en cuenta en este informe es un conjunto de medidas destinadas a simplificar y mejorar el marco regulador. 
Subrayo la intención de reforzar los objetivos de transparencia y simplificación de los procesos legislativos, de toma de decisiones y de participación de los ciudadanos, que son fundamentales para que la legislación comunitaria resulte más accesible e inteligible. 
La Comisión propone simplificar el contenido y la forma de la legislación vigente, mediante la reformulación de los actuales textos legislativos. 
Esto representaría un paso positivo, aunque el proceso debe ser controlado, para que no se pierda ningún elemento valioso del acervo comunitario y para garantizar que no se perjudique la legitimidad democrática. 
El «criterio de los ciudadanos» , que se utilizaría para evaluar el impacto de las propuestas sobre su vida cotidiana y podría conducir a medidas informativas o compensatorias, podría, por su parte, beneficiar a los pueblos y ayudar a incrementar su interés por las cuestiones comunitarias, como el aumento de los niveles de participación en la integración europea. 
En mi opinión, igualmente importante es la creación de un único portal de Internet para todas las instituciones, a través del que los ciudadanos podrían seguir el proceso de toma de decisiones, de principio a fin, y el uso de expertos externos. 
A pesar de los puntos positivos mencionados, me he abstenido porque creo que el informe ha adoptado un planteamiento «estatalista» y «federalista »... 
. Apoyo totalmente las ideas de la comunicación de la Comisión. 
Creo que la Comunidad debe encabezar los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima. 
Esta estrategia contribuye al programa «Aire limpio para Europa» , para el que fui ponente del Parlamento. 
Son objetivos y valores que todos compartimos, hecho que se desprende de la aprobación unánime del informe de la Sra. Lucas. 
Sin duda, este tema está estrechamente relacionado con el mantenimiento de los controles más estrictos, para garantizar la protección de nuestros mares de los daños medioambientales de los buques. 
La directiva propuesta sobre la mejora de la calidad de los combustibles de los buques es importante, dado que armonizará la calidad de dichos combustibles con la de los combustibles del transporte por tierra. 
Actualmente existe demasiada contaminación en el aire, particularmente en los puertos y sus alrededores. 
Finalmente, quiero hacer constar que rechazo firmemente las amenazas para el entorno marino alrededor de las costas irlandesas y otras costas del noroeste de Europa que suponen las llamadas «flotas fantasma» de barcos norteamericanos viejos que se envían a los desguaces británicos. 
.– Aplaudo a la Comisión por esta iniciativa de adoptar medidas para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos emitidos por los barcos. 
El transporte marítimo es el responsable de una parte importante de la contaminación en las regiones costeras y también contribuye al calentamiento global. 
En contra de lo que mucha gente cree, los barcos pueden resultar uno de los medios de transporte más contaminantes, un hecho que se ha agravado a causa de la legislación cada vez más estricta sobre los combustibles para motores de vehículos de carretera. 
De ahí, la importancia de que se adopten estas medidas también para los motores de los barcos. 
Sin embargo, considero que las medidas propuestas por la Comisión no alcanzan los objetivos que pretende conseguir esta iniciativa. 
Sin correr el riesgo de caer en un programa utópico, creo que podríamos ir un poco más allá, en la línea de lo que propone la ponente, hacia la creación de un plan más atrevido. 
Como también se señala en el informe, la propuesta de la Comisión tampoco establece el vínculo necesario con el quinto y el sexto plan de acción en materia medioambiental de la Unión Europea. 
Así pues, es acertado mejorar el texto, siguiendo una línea coherente con la que ya existe en la legislación comunitaria relativa a esta materia. 
He votado a favor del informe. 
Hoy hemos votado a favor de este informe. 
Hay que combatir la corrupción a todos los niveles: internacional, nacional, regional y local. 
Sin embargo, creemos que la mejor manera de crear una cultura de oposición a la corrupción en la sociedad pasa por un planteamiento de «abajo arriba» y no es algo que se pueda promover a base de programas comunitarios. 
Del mismo modo, creemos que la supervisión de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales se garantiza mejor a través de los propios partidos y en la normativa nacional. 
Apoyo este informe, destinado a dar un nuevo impulso a las medidas para combatir la corrupción, detallando lo que se ha hecho y lo que es preciso mejorar, e identificando las áreas en las que la Unión debe concentrar sus esfuerzos por lo que respecta a la lucha contra la corrupción. 
La globalización, junto con otros factores, ha provocado un incremento del comercio transfronterizo. 
Por lo tanto, la corrupción en un Estado miembro ya no es solo un problema doméstico; se convierte en un problema transnacional, que se podría combatir de forma más efectiva mediante una acción conjunta de la Unión Europea. 
La Unión debe demostrar determinación a la hora de introducir y ejecutar una cultura anticorrupción en todos los planos de la actividad política, en el sector público y en el privado, y tanto a nivel nacional como comunitario, porque la corrupción constituye una amenaza para la sociedad que cumple la ley, distorsiona la competencia y frena el desarrollo económico. 
Quiero recordar, teniendo presente el reciente caso de Eurostat, que, además de la corrupción de representantes de las instituciones comunitarias, existe otro problema preocupante: la pérdida de confianza de los ciudadanos en el proceso de integración europea. 
El papel de los organismos europeos responsables de fomentar la cooperación entre Estados miembros es crucial para eliminar la corrupción. 
Una acción coordinada de estos organismos (Eurojust, Europol, OLAF y la red judicial europea) reforzará las acciones emprendidas por las fuerzas policiales nacionales y facilitará las investigaciones transnacionales, compartiendo las capacidades de información de los Estados miembros. 
. 
Existen aspectos positivos en este informe, que expone interesantes planteamientos para prevenir, regular, controlar y supervisar la corrupción en diversos ámbitos, tales como la actividad política y administrativa, los contratos públicos y las relaciones internacionales, entre otras cosas. 
-un grado de federalismo que no aprobamos y que se pone de manifiesto, por ejemplo, en su defensa de la orden de detención europea, del incremento de los poderes de Europol y Eurojust, e incluso de la creación poco definida, torpe e injustificada de la figura del fiscal europeo. 
-cierta confusión entre medidas para la transparencia y medidas para la normalización (aduanas) , prestando menos atención a los intereses de los pueblos y las naciones; 
-una perspectiva muy federalista, burocrática y administrativa, no demasiado participativa y que ejercería un escaso control político sobre los principales poderes económicos y financieros, concretamente: sociedades de inversión extraterritoriales, banca, oficinas de compensación, es decir, auténticas instituciones de blanqueo de dinero. 
Por este motivo, nos hemos abstenido en la votación. 
. Los diputados conservadores creen que la corrupción es mala y que debe erradicarse a todos los niveles. 
Sin embargo, hay formas y maneras de hacerlo. 
En nuestra opinión, la orden de detención europea y el fiscal europeo intervienen innecesariamente en los sistemas legales de los Estados y son, por lo tanto, indeseables. 
Por esta razón nos hemos abstenido en la votación del informe Rutelli. 
. 
A pesar de las preocupaciones del ponente, que incluyen el hecho de que estos créditos no se pueden utilizar para financiar políticas de repatriación, concretamente para pagar vuelos chárter que devuelvan a los inmigrantes «ilegales» a sus países de origen, así como la introducción de enmiendas destinadas a minimizar los efectos negativos del Reglamento, el hecho es que este Reglamento tiene por objeto «fomentar la firma de acuerdos de readmisión» con terceros países. 
De hecho, como señala el ponente: 
- «Resulta evidente que la intención de la Comisión es crear un instrumento que pueda constituir una contrapartida para los terceros países a cambio de la firma de acuerdos de readmisión»; 
- «La promesa de ofrecer ayudas financieras y apoyo puede constituir un incentivo para que los terceros países firmen los acuerdos y para que la opinión pública los acepte, aunque, por el momento, dichos países obtienen muchos más ingresos procedentes de sus emigrantes en la Unión Europea que del conjunto de las ayudas correspondientes a los programas de apoyo financiero de la UE.» 
En otras palabras, se trata de otro instrumento destinado a apoyar la política de inmigración de la Unión Europea, que da prioridad a una mentalidad represiva, intentando, en este caso, garantizar la compensación financiera de los países de origen de los inmigrantes «ilegales» por la firma de acuerdos de readmisión. 
.– De acuerdo con las conclusiones de las cumbres europeas de Tampere y Sevilla, la Unión Europea se ha comprometido a pagar 250 millones de euros a terceros países, en el período de 2004 a 2008, para ayudarlos a controlar la migración de sus nacionales a Europa. 
Este programa de ayuda técnica y financiera en materia de asilo y migración es simplemente la «externalización» de la gestión del flujo migratorio. 
En lugar de tener campos de refugiados en los Estados miembros, los tendremos a las puertas de la Fortaleza Europa, en las peores condiciones sanitarias y sociales, y sin ninguna garantía de respeto de los derechos humanos. 
Sin embargo, las cifras mínimas y los reglamentos europeos esconden las verdaderas razones de la migración: pobreza, desesperación social, subdesarrollo y situaciones insostenibles desde el punto de vista político y democrático. 
Estas son las razones por las que la Unión Europea debería luchar junto con los terceros países, garantizando al mismo tiempo a todos los seres humanos el derecho a trasladarse y a establecerse en el lugar que consideren oportuno. 
Para combatir la «inmigración ilegal» , es necesario luchar contra el mercado negro laboral, regularizar la situación de los inmigrantes no registrados y concederles derechos políticos y sociales, empezando por el derecho de residencia para todos los inmigrantes que viven en Europa. 
En lugar de esto, la Unión Europea se degrada ordenando deportaciones colectivas. 
En lugar de votar a favor de este informe, invitamos a los diputados al Parlamento a firmar el llamamiento europeo contra las «cartas de humillación». 
La Unión se juega en gran medida su futuro en el acierto o fracaso de una política común de inmigración. 
Es un reto y una oportunidad. 
Este programa, dirigido a los países de emigración o tránsito para ayudarles a gestionar los flujos migratorios, es esencial y merece nuestro apoyo. 
La gestión de los flujos migratorios afecta a la demografía, el equilibrio económico y social y la cohabitación armoniosa de los ciudadanos comunitarios. 
La política de inmigración común debe tenerlo en cuenta y asegurar un margen de maniobra a los Estados miembros para gestionar sus flujos migratorios. 
Este programa contribuye a crear una cultura legal y administrativa común en el manejo del fenómeno de la migración basada en nuestros principios y valores de respeto a las personas. 
Sólo así se puede luchar eficazmente contra la marginación y el crimen organizado de tráfico de seres humanos, que tantas víctimas ocasiona anualmente. 
Hay que fortalecer la política de inmigración europea con actuaciones concretas: repatriaciones conjuntas de inmigrantes ilegales, puesta en marcha de un banco europeo de visados o gestión común de las fronteras exteriores. 
Este último asunto, de responsabilidad compartida, debe extenderse a los países terceros, socios de la Unión, mediante la inclusión en los Acuerdos de una cláusula de cooperación en materia inmigratoria. 
. 
Acojo con plena satisfacción esta propuesta de la Comisión de aplicación de la decisión del Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en marzo de 2002, de introducir una tarjeta europea de seguro de enfermedad. 
La tarjeta no modificará los derechos y obligaciones existentes y tiene por objeto simplificar el acceso al tratamiento en el país visitado y, al mismo tiempo, ofrecer una garantía a las instituciones que financian el sistema sanitario en ese país de que el paciente está totalmente asegurado en su país de origen y que, por lo tanto, las instituciones de su país de origen reembolsarán debidamente todos los costes. 
Por lo tanto, creo que esta medida incluye uno de los principios más importantes que sustentan la Unión Europea: garantizar en todo el territorio comunitario un alto grado de protección sanitaria para todos los ciudadanos y contribuir a la libre circulación de la que todos deseamos disfrutar, eliminando barreras y obstáculos para la movilidad geográfica de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Finalmente, creo que es fundamental promover acciones que garanticen que los beneficiarios de los sistemas de seguros de enfermedad están suficientemente informados de sus derechos y obligaciones derivados de este Reglamento. 
Empezando por la necesidad de garantizar que los ciudadanos estén informados acerca de la introducción de esta tarjeta. 
. 
Esta propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento sobre agricultura biológica pretende, en primer lugar, aclarar los problemas de terminología, en un momento en que este concepto está siendo utilizado de manera inapropiada por cadenas de supermercados y por algunas empresas agroalimentarias multinacionales. Otro de los objetivos de la propuesta es reforzar el control sobre todos los operadores en todas las fases de la producción. 
Sin embargo, la propuesta no cumple las expectativas de este sector, que representa actualmente unas 150 000 explotaciones y el 4% de las tierras de cultivo de la Unión Europea. 
En este contexto, estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que los agricultores biológicos, que son los principales actores implicados en esta forma de producción, deben desempeñar un papel activo en este proceso de modificación del Reglamento. 
También estoy de acuerdo en que el etiquetado no debe contener ninguna ambigüedad con respecto a los nombres, y precisamente por esta razón las excepciones de las que disfrutan algunas marcas, como Danone por ejemplo, deberían anularse inmediatamente. 
Sin duda, el etiquetado y las normas también deben ser las mismas para los productos importados. 
Estoy sumamente decepcionada por el hecho de que el informe no mencione el conjunto de cuestiones relativas a los OMG, incluido lo que se conoce por «coexistencia» o cuestiones de contaminación genética, y de que ignore también la ayuda y protección otorgadas a las semillas biológicas. 
La introducción de los OMG comprometerá la elección de los agricultores biológicos, dado que los riesgos económicos derivados de esta contaminación afectarán a sus posibilidades de acogerse a la ayuda existente y no hay una definición clara de las responsabilidades de quien contamina. 
. Acojo con satisfacción la propuesta de modificar el Reglamento vigente y aclarar la definición de «orgánico». 
Esto llega en un momento en el que la Comisión también propone un importante instrumento legislativo relacionado con la cuestión de las reclamaciones sanitarias de productos alimentarios. 
Es fundamental proteger los intereses del consumidor en estos ámbitos. 
Los productos y cultivos orgánicos continúan adquiriendo importancia proporcional en nuestra producción y es necesario hacer todo lo posible por impulsar el sector. 
Procedente de Irlanda, que intenta venderse a sí misma como la «isla de los alimentos» , creo que el marketing y el potencial de creación de empleo de los productos orgánicos es enorme. 
Quiero ver cambios particularmente en este ámbito, en vista del pilar de desarrollo rural recientemente relanzado. 
Las pequeñas industrias artesanales locales tienen grandes posibilidades de impulsar las economías locales. 
Como siempre, la ponente, la Sra. Auroi, ha elaborado un buen informe para nuestra Comisión y muchas de sus enmiendas propuestas son acertadas mejoras del texto de la Comisión. 
Es importante, por ejemplo, que reconozcamos la lenguas de los nuevos Estados miembros. 
También es importante dejar claro que los minoristas que importan productos ya envasados directamente de terceros países también están sujetos a la normativa de la Unión Europea. 
– A pesar de que no tengo grandes problemas con la mayor parte de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, he votado en contra de este informe, porque algunas enmiendas van más allá del ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Un ejemplo de ello, en particular, es el considerando que propone un calendario para definir las que deberían ser las normas específicas que regulen a los viticultores «biológicos». 
La definición del producto que se propone es similar a la de una denominación de origen controlada. 
Por supuesto, podemos reconocer la legitimidad del vino producido a partir de uvas cultivadas biológicamente. 
Sin embargo, de esto a intentar definir un vino «biológico» , cuyo proceso de elaboración no sea diferente del proceso tradicional utilizado para producir un vino con una denominación de origen controlada, sería ignorar el hecho de que el concepto de la «denominación de origen controlada» se basa en zonas de terreno designadas de acuerdo con sus suelos y en condiciones de producción definidas según las costumbres locales, mientras que los vinos «biológicos» se puede producir utilizando uvas de viñedos que no estén autorizados para utilizar una denominación de origen controlada. 
Por otra parte, aceptar la imagen de dos tipos de producción de vinos daría la sensación de que uno es mejor que el otro, ignorando así el hecho de que la viticultura tradicional ofrece todas las garantías de calidad necesarias para contar con la confianza del consumidor. 
. 
He votado a favor, porque creo que es fundamental explicar a los consumidores qué son productos biológicos y qué productos son biológicos. 
Dada la creciente demanda y el interés suscitado entre un gran número de agricultores por la aplicación de buenas prácticas, que sean saludables y respetuosas con el medio ambiente, la propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre el seguimiento del desarrollo de la agricultura biológica en la Comunidad Europea está totalmente justificada. 
Estoy de acuerdo con las medidas planteadas por la ponente, en particular por lo que respecta a la eliminación de cualquier ambigüedad relativa a los nombres de los productos, lo que crearía confusión y un concepto falso de los productos biológicos entre los consumidores. 
De hecho, existe una creciente necesidad de certidumbre con respecto a la terminología en las diversas lenguas comunitarias, identificando los métodos de producción biológica, que deberán contar con una etiqueta cuyo símbolo sea inmediatamente reconocible para todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión y que deberá ofrecer información precisa, independientemente del origen del producto. 
Del mismo modo, deberá preservarse la biodiversidad, los cultivos y productos deberán estar protegidos y deberá evitarse cualquier tipo de contaminación de los cultivos biológicos por organismos modificados genéticamente (OMG). En este sentido, es importante proteger y apoyar las semillas biológicas. 
– Hemos votado a favor del informe Auroi, porque estamos de acuerdo con la actitud de la ponente y con su temor a presenciar una proliferación de productos pseudobiológicos, que pueden crear confusión entre los consumidores si no se establecen unos controles suficientemente rigurosos y armonizados. 
Por supuesto, estos controles deben realizarse en la fase de producción y, en este sentido, estamos de acuerdo con la postura de la ponente sobre el posible riesgo de contaminación derivado de los OMG. 
Sin embargo, estos controles también deberían aplicarse en la fase de comercialización del producto y, por lo tanto, sobre los productos importados, con el fin de evitar los abusos y engaños en un mercado que atrae a más consumidores cada día. 
. 
Este informe aprueba el nuevo acuerdo pesquero con Mozambique, que estará en vigor durante tres años y prevé una cuota de pesca de 1 000 toneladas de camarones de alta mar, con otras 535 toneladas de capturas accidentales de otras especies y posibilidades de pesca para 35 atuneros cerqueros congeladores y 14 palangreros mecanizados. La principal beneficiaria de este acuerdo será la flota española. 
La compensación económica total ascenderá a más de cuatro millones de euros anuales. 
Queremos señalar que el primer acuerdo, firmado en 1988, fue denunciado por Mozambique en 1993, al evaluar la evolución de su propia industria pesquera. 
Este informe merece mi apoyo en términos generales, aunque quiero expresar mis reservas con respecto a tres cuestiones. 
En primer lugar, Portugal solo obtendrá 150 toneladas de camarón (más 80 de capturas accidentales de otras especies) y permisos para cinco palangreros mecanizados, a pesar de las necesidades de su flota y de su tradición pesquera en aguas de Mozambique. 
En segundo lugar, la flota debe comprometerse a una gestión sostenible de los esfuerzos pesqueros en aguas de Mozambique, cosa que, según el ponente, parece estar garantizado. 
Finalmente, debemos apoyar el desarrollo del sector pesquero local, no solo en virtud de las disposiciones de este acuerdo, sino también en el contexto de nuestra política de desarrollo y cooperación con Mozambique. 
En lugar de realizar esfuerzos constructivos, la política pesquera actual todavía significa que la propia Unión Europea compra el derecho a abusar de los recursos naturales de los pobres. 
Se trata de una forma moderna de colonialismo. 
Es necesario realizar una verdadera reforma de la política pesquera y adquirir una visión totalmente distinta de nuestras relaciones con los países pobres. 
Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de este informe en su totalidad. 
– Ayer por la tarde, al final del debate, nos quedamos sorprendidos al ver cómo la Comisión se quitaba la máscara y declaraba que no iba a proponer, en ningún caso, prorrogar el experimento de los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, aunque los Estados miembros lo solicitasen unánimemente (como sucedió el 25 de noviembre de 2003). 
Esto nos confirmó la naturaleza antidemocrática del derecho de iniciativa exclusivo y, al mismo tiempo, la arrogancia de la Comisión al utilizarlo para proteger sus intereses de poder. 
Esto se debe a que realmente se trata de un caso de intereses de poder. 
La Comisión quiere llegar a un sistema de IVA basado en el «país de origen» , lo que le daría un papel central y más poder. 
Por este motivo, propuso su llamado plan de racionalización, en el que la continuación de algunos impuestos reducidos tenía el único fin de servir de cebo. 
De este modo, las profesiones, particularmente las de la restauración y construcción, están siendo utilizadas como meros instrumentos por la Comisión. 
Esperamos que, en la labor de la Conferencia Intergubernamental, los Ministros tengan en cuenta estas consideraciones y sean rotundos al llamar la atención sobre las mismas. 
Mientras tanto, apoyamos el excelente informe de la Sra. Randzio-Plath, que supo entender lo que estaba en juego. 
. – Coincido con nuestra ponente en que no creo que sea pertinente armonizar los tipos de IVA sin haber mejorado primero todo el sistema fiscal y económico de los Estados miembros. 
En el difícil período económico y social al que nos enfrentamos, se precisa al menos cierto grado de flexibilidad, dado el sistema económico defendido por la Comisión y la absoluta necesidad de respetar los criterios de Maastricht. 
Cada Estado debería contar con toda la panoplia de instrumentos económicos, financieros y monetarios para poder actuar de la forma más apropiada. 
Los impuestos directos e indirectos se encuentran entre estos instrumentos, que deberán poder utilizarse a discreción, porque cada economía sigue siendo diferente, aunque forme parte de un sistema globalizado. 
Dado que los problemas no son necesariamente los mismos para cada Estado, debería permitirse que las soluciones sean diferentes. 
Por todas estas razones, yo y mis colegas de mi Grupo hemos solicitado, en nombre de Francia, una prórroga de los tipos reducidos de IVA del anexo H, en particular para los servicios de grabación de música, vivienda y restauración. 
. 
La propuesta de racionalizar los tipos debe analizarse en el contexto del proceso que se está llevando a cabo para establecer un sistema de IVA definitivo, basado en la imposición en el país de origen y con un calendario armonizado, con el mínimo número de excepciones posible, para los tipos fiscales de los diferentes Estados miembros. 
Esta idea, que ha sido planteada por los Estados miembros en vista de los posibles efectos sobre su política fiscal, goza del apoyo del Parlamento Europeo, aunque es extraño que, en este caso, el Parlamento haya adoptado una postura más realista, particularmente al opinar que no es el momento de una mayor armonización y apoyando las intenciones del Consejo de prorrogar la aplicación experimental de los tipos reducidos de IVA a ciertos servicios de gran intensidad de mano de obra. 
El Comisario Bolkestein se negó a presentar esta prórroga en la última reunión del Consejo Ecofin, del 25 de noviembre. 
Sin embargo, con respecto a la cuestión de los tipos reducidos y teniendo en mente el concepto de la soberanía fiscal, cabe recordar que los Estados miembros deben mantener la flexibilidad necesaria para la aplicación de políticas sociales y culturales, en particular a la hora de establecer los tipos reducidos de IVA. 
Por tanto, dado que ya existe un tipo mínimo, los Estados miembros deben tener capacidad para establecer los tipos de acuerdo con sus opciones políticas, por lo que respecta a la redistribución fiscal y a la financiación de los presupuestos nacionales. 
– Cuatro años de tipos reducidos de IVA no nos permiten comprobar todos los efectos de este experimento; es más, al saber que es provisional, algunos empresarios no lo han aplicado. 
Sin embargo, todos los sectores consultados afirman que los tipos reducidos de IVA tienen efectos económicos positivos muy importantes. 
De este modo, el número de asalariados empleados en el sector del mantenimiento de viviendas ha aumentado en Francia un 8,6 % en dos años. 
Esta es la razón por la que debemos continuar por este camino. 
Como ponente de opinión, no puedo sino acoger con satisfacción el texto de la Comisión y, en particular, el anexo H, haciendo extensivo el anexo K a ciertos servicios, como la restauración. 
Dado que cada Estado miembro elige libremente la aplicación de un tipo reducido a una categoría incluida en el anexo H, todos los sectores que se han beneficiado del experimento deben estar incluidos ahora en el ámbito de aplicación de la Directiva. 
Por este motivo, hemos votado a favor de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por otra parte, las enmiendas 22 y 23 que he presentado junto con la Sra. Lulling para el período parcial de sesiones son extremadamente importantes; de hecho, permiten que el experimento se prorrogue hasta que entren en vigor los cambios en curso de la Directiva, lo que resulta absolutamente necesario para evitar consecuencias desastrosas en términos de puestos de trabajo. 
.– Las normas de la Unión Europea establecen los bienes y servicios a los que los Estados miembros pueden imponer tipos elevados de IVA y a los que, mediante una excepción, pueden aplicar los tipos reducidos. 
Esta excepción ya se aplicaba a los sectores de la alimentación y la ropa, aunque en 1999 los servicios de gran intensidad de mano de obra también pasaron a formar parte, de forma experimental, del grupo beneficiario de los tipos reducidos de IVA. 
Esto ha tenido un efecto positivo sobre el empleo. 
Según una reciente audiencia del Parlamento, la utilización de este instrumento ha creado 250 000 nuevos puestos de trabajo en toda la Unión Europea. 
También hay otros efectos positivos. 
Si el taller de reparación de bicicletas no es caro, esto promoverá el ciclismo. 
Es sorprendente que la Comisión quiera ahora poner freno a esto. 
La Comisión respalda su decisión con estudios deficientes e incompletos y no cuenta con pruebas suficientes para demostrar que el experimento ha dado resultados insatisfactorios. 
Si se interrumpe el experimento, en Europa desaparecerán numerosos puestos de trabajo, 8 500 de ellos en los Países Bajos. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, considera que los impuestos son un instrumento útil para conseguir una seguridad social sólida y ofrecer servicios públicos, aunque denuncia esta forma de imponer las subidas de impuestos. 
Queremos mantener los tipos reducidos de IVA para los peluqueros, los mecánicos de bicicletas y los zapateros. 
Solicito que se ejecute el derecho de los Estados miembros a mantener los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, cuando esto esté justificado con argumentos sólidos desde el punto de vista social y del empleo. 
. Aunque este ámbito de los impuestos indirectos se revisa cada dos años, la delegación laborista del Reino Unido no ve ningún motivo para cambiar el actual anexo H. En nuestra opinión, esto debería ser responsabilidad de los Gobiernos nacionales, siempre que no distorsionen el comercio ni la industria. 
– Tres sectores prioritarios deberán poder beneficiarse a largo plazo del tipo reducido de IVA en Francia: la construcción, la restauración y las grabaciones de música. 
Dado que no afecta a la competencia, la decisión sobre esta cuestión debería corresponder exclusivamente a los Estados miembros y tomarse en función de sus prioridades. 
Las prioridades de Francia son: crear puestos de trabajo, reducir el pluriempleo y promover el desarrollo cultural. 
Sin embargo, la Comisión Europea no escucha: en lugar de abandonar sus infructuosos intentos de armonizar el IVA y permitir que los Estados miembros recuperen su libertad, quiere, por el contrario, aumentar sus poderes, obligando a eliminar rápidamente las excepciones. 
Ayer por la tarde, el Comisario Bolkestein afirmó con cinismo que, a pesar de que el Consejo solicita unánimemente que se mantengan los tipos reducidos para los servicios de gran intensidad de mano de obra, la Comisión no tiene intención de realizar una propuesta en ese sentido y que, por el contrario, iniciará acciones legales a partir del 1 de julio de 2004 contra los Estados miembros que mantengan esos tipos reducidos. 
Esta bloqueo por parte de la Comisión, que secuestra a nuestros profesionales para incrementar su propio poder, es inaceptable y demuestra claramente que cualquier transferencia de competencias debe ser reversible. 
. 
Cabe señalar que esta resolución, firmada una vez más tanto por la derecha como por los socialdemócratas, supone un buen comienzo, al subrayar el actual estancamiento económico y los elevados niveles de desempleo en la Unión Europea. 
Sin embargo, en lugar de avanzar hacia la tan necesaria modificación de las políticas capitalistas neoliberales causantes de la actual crisis social y económica, las reafirma. ¿Qué otra cosa se podría esperar de las fuerzas políticas que son responsables de esta situación? 
La resolución también confirma una política que criminaliza y penaliza la inmigración, chantajea a los países de la ampliación en la medida en que, si no adopta la legislación comunitaria, se recortarán sus fondos, confirma su apoyo a la situación actual en el Iraq, que se encuentra bajo ocupación militar, así como a la militarización de la Unión Europea sin la implicación de la OTAN. 
La resolución confirma también el deseo de conseguir un nuevo equilibrio en las relaciones con los Estados Unidos, que respondan a las «capacidades e intereses comunes reales de los socios» , lo que podríamos considerar que se refiere a los principales grupos económicos y financieros. 
Estas prioridades políticas están muy alejadas de las necesidades reales y urgentes de los trabajadores y de nuestras comunidades. 
Por eso hemos votado en contra de la resolución. 
– La resolución común del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre la preparación del Consejo Europeo de Bruselas refleja la Europa liberal, militarista y antidemocrática que están construyendo. 
La petición de transferencia de la soberanía de las fuerzas ocupantes estadounidenses a los representantes iraquíes o incluso la petición de un juicio justo para los prisioneros de la Bahía de Guantánamo no basta para engañar a los ciudadanos con respecto a la verdadera naturaleza de Europa. 
En primer lugar, es esclava de la ideología liberal. 
La competencia, el crecimiento, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la liberalización del transporte y los servicios postales se han presentado como si no necesitasen justificación, aunque la población está sufriendo todo el impacto de esta política, empezando por el desempleo y la precariedad laboral. 
La gestión de los flujos migratorios y el control de las fronteras es la horrible respuesta a los desdichados pueblos de esta Tierra que están dispuestos a hacer lo que sea por escapar de la pobreza, del subdesarrollo, de las dictaduras y las guerras. 
Finalmente, la Conferencia Intergubernamental continúa celebrándose a puerta cerrada y está negociando la constitucionalización del liberalismo, pasando por encima de los 450 millones de europeos. 
Esta es una Europa a la que no pertenecemos y por eso no podemos apoyar esta resolución. 
Somos «viejos europeos» que, junto con miles de personas más en el Foro Social Europeo de París/Saint-Denis, hemos propuesto una Europa diferente, basada en la paz, la democracia, los derechos sociales y los servicios públicos. 
. – La Conferencia Intergubernamental de Nápoles no tuvo ningún problema en acordar una mayor militarización de la Unión Europea, dado que nadie planteó la más mínima objeción a que la Unión se convierta en un cuerpo de policía mundial paralelo al de los Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, quedó perfectamente claro que la famosa solidaridad, en caso de que un Estado miembro sea atacado, no solo no es obligatoria, sino que además quedaría claramente bajo el paraguas de la OTAN. 
Esto en respuesta a todos aquellos que mantienen que Grecia podría confiar en la Unión Europea en caso de ataque de Turquía. 
No existe ni un mínimo de sensibilidad en la resolución del Parlamento Europeo por las consecuencias extremadamente negativas que tendrá, como hemos subrayado repetidamente, el nuevo Tratado «Constitucional» para los pueblos. 
Por el contrario, lo único que les preocupa es que no se modifique el texto elaborado por la «Convención» y que no se reduzca su papel en el marco de los mecanismos de la Unión Europea. 
Por este motivo, nosotros, los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo, hemos votado en contra. 
Hacemos un llamamiento a los pueblos para que redoblen su lucha contra la Unión Europea y contra las obligaciones que está intentando imponernos a través de la Constitución europea. 
Hemos votado «sí» en la votación final de la propuesta de resolución común sobre la Conferencia Intergubernamental, aunque queremos aprovechar esta oportunidad para subrayar nuestro desacuerdo con respecto a varias cuestiones. 
En nuestra opinión, la Comisión debería tener un Comisario de pleno derecho (con derecho a voto) por cada Estado miembro. 
Creemos que un posible procedimiento simplificado para modificar la Constitución en el futuro no debe significar que se hará caso omiso de la exigencia de ratificación por parte de todos los Parlamentos nacionales. 
No creemos conveniente que la denominada cláusula «pasarela» sea aplicable con carácter general. 
No creemos que deba ampliarse el voto por mayoría cualificada en el ámbito de la PESC. 
No consideramos necesario exigir al Consejo que divida sus actividades entre un Consejo legislativo, por una parte, y otras constelaciones del Consejo, por otra. 
Hoy hemos decidido votar en contra de la resolución del Parlamento sobre el progreso de la Conferencia Intergubernamental. 
Muchas partes de la resolución van más allá que las propuestas de la Convención. 
Un Tratado constitucional y consolidado para la Unión Europea es positivo en sí mismo, aunque deberá basarse en una demarcación clara del poder de los políticos y las competencias de la Unión Europea. 
Estamos particularmente en desacuerdo con el apoyo de la resolución a la denominada cláusula «pasarela» , por la que los Jefes de Estado o de Gobierno podrán eliminar el derecho de veto de los Estados miembros, sin necesidad de que esto sea ratificado por los Parlamentos nacionales. 
También nos oponemos a lo que dice la resolución acerca de reducir el número de Comisarios, lo que significaría que cada país perdería el derecho a nombrar un Comisario. 
Asimismo nos oponemos a que se conceda al Parlamento el pleno derecho de codecisión con respecto al presupuesto comunitario. 
Finalmente, también es inaceptable que, como se propone en la resolución, sea posible modificar la Constitución sin que haya unanimidad y sin ratificación por parte de los Parlamentos de los Estados miembros. 
Esto afectaría al actual sistema por el que los Estados miembros son titulares de los Tratados. 
También insistimos en nuestra oposición a que se nombre a un Presidente permanente del Consejo en lugar de la Presidencia rotativa. 
. 
¿Qué cabe esperar de una resolución sobre la CIG firmada por la derecha, los socialdemócratas y los Verdes? 
¿Qué se puede decir acerca de una resolución que pretende imponer la inaceptable «Constitución europea» propuesta por la «Convención» a los Gobiernos, los Parlamentos nacionales y los ciudadanos de los distintos países que componen la Unión Europea y que defiende la ampliación del voto por mayoría cualificada y la simplificación de los procedimientos, para facilitar el paso de la toma de decisiones por unanimidad a la mayoría cualificada, comprometiendo el derecho de los países «pequeños» a defender sus intereses? 
¿Qué se puede decir acerca de una resolución que, a propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) –al que pertenece el Partido Socialista portugués–, apoya la existencia de una Comisión Europea en la que no haya un Comisario por país con derecho a voto, eliminando el derecho de los países «pequeños» a estar representados en la única institución con iniciativa legislativa y que propone que sea posible modificar la parte III de la llamada «Constitución» a través de lo que se viene en llamar un procedimiento «ligero» , en un intento de sortear la CIG y la ratificación de sus conclusiones por parte de los Parlamentos nacionales? 
¿Qué se puede decir acerca de una resolución que, porque apoya la idea, no menciona ni condena la forma en que las bases del capitalismo neoliberal, el militarismo y el ataque a la soberanía de los Estados se han consolidado debido a una centralización del poder en las instituciones supranacionales de la Unión Europea? 
¡Esto es sencillamente inaceptable! 
. 
He votado en contra en el primer caso y me he abstenido con respecto a la segunda parte del punto 9 porque: 
-no está claro si del cónclave de Nápoles se derivará la idea de un Comisario por Estado miembro. 
De hecho, la alternativa a lo acordado en la Convención, basada en la exigencia de un Comisario por Estado, llevará nuevamente a imponer la exigencia de dos Comisarios para los Estados con mayor población, lo que no solo marca diferencias entre los Estados, dado que los Estados mayores contarán el doble que los demás, sino que además favorece la creación de concentraciones de poder en doce Comisarios de esos Estados en detrimento de los demás; 
-la enmienda plantea una falsa idea de igualdad, que, en mi opinión se consigue más fácilmente con la igualdad rotativa, en la que cada Estado miembro pueda decidir si desea pertenecer al Colegio de Comisarios con o sin derecho de voto, alternándose de acuerdo con la composición específica de las sucesivas Comisiones. 
Esto concede a los países una igualdad de oportunidades en el tiempo, sin que ninguno tenga más derechos que otro. 
. 
He votado en contra porque la resolución transaccional adolece de una grave falta de equilibrio. 
El Parlamento Europeo debería adoptar ahora una postura objetiva, realista e imparcial, en lugar de insistir en una postura no comprometida y en falsas «actitudes negociadoras» ; el Parlamento no participa en ninguna negociación. 
Deberíamos contribuir responsablemente a un consenso visible, en lugar de insistir obstinadamente en un supuesto «consenso de la Convención» , que todos sabemos que no existe. 
Me ha molestado particularmente que las enmiendas 8 y 9, que presenté en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, no hayan sido aprobadas. 
Rechazar la opción del cónclave de Nápoles a favor de la solución de un Comisario por Estado miembro, en pie de igualdad y de pleno derecho, desde luego no contribuye al éxito de la CIG y revela una mentalidad reaccionaria inesperada por parte de la mayoría parlamentaria, máxime cuando, lamentablemente, en su lugar se pregona una verdadera sandez, como es la idea de que «nombrar a un Comisario por Estado miembro le daría un carácter intergubernamental» (¡?). 
Con respecto a la falta de apoyo al equilibrio por parte de la Presidencia italiana, dada su propuesta de superar las diferencias relativas al preámbulo, haciendo una referencia explícita al legado cristiano o judeocristiano de Europa, confirmando al mismo tiempo la naturaleza secular de las instituciones europeas, simplemente demuestra la intolerancia y el prejuicio que sustentan la resistencia política a la petición de cambio social, cada vez más generalizada, de millones de ciudadanos europeos. 
He votado en contra de la resolución (que, no obstante, ha sido aprobada por 346 votos a favor, 106 votos en contra y 58 abstenciones) porque, en puntos cruciales, no cumple las exigencias de los rasgos fundamentales de los Demócrata-Cristianos suecos y de nuestra labor por proteger los derechos de los pequeños países de la Unión. 
Queremos ver una referencia al legado judeocristiano y bíblico en el preámbulo de una futura Constitución europea. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción de la enmienda 7, que apoya los esfuerzos de la Presidencia por incorporar el legado judeocristiano de Europa. 
Esto ha sido rechazado por el pleno (por 213 votos a favor, 293 en contra y 17 abstenciones). 
También he apoyado la enmienda 8, que exige una composición de la Comisión basada en la igualdad, con un Comisario con derecho a voto por cada Estado miembro. 
Sin embargo, el Parlamento votó en contra de esto (por 349 votos contra 147 y 49 abstenciones). 
Así pues, el apartado 8 afirma ahora, erróneamente, que la Comisión correría el riesgo de adquirir un carácter intergubernamental si se nombrase a un Comisario por cada Estado miembro. 
Tampoco apoyamos el apartado 5, en el que el Parlamento aprueba la propuesta de una cláusula «pasarela» en la futura Constitución europea. 
La cláusula permitiría al Consejo Europeo conceder mayores poderes a sí mismo y a la Unión Europea, así como cambiar las normas de las votaciones a favor de la mayoría cualificada en lugar de la unanimidad, sin la aprobación de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Me he abstenido en la votación de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre el progreso de la Conferencia Intergubernamental. 
En general, la resolución en sí contiene muchas opiniones y exigencias acertadas. 
Sin embargo, no puedo apoyar el apartado 8, porque afirma que no todos los países podrán nombrar a un Comisario. 
La resolución lo justifica afirmando que la Comisión correría el riesgo de adquirir un «carácter intergubernamental» si se nombrase a un Comisario por Estado miembro. 
Se trata de un curioso razonamiento, dado que ese principio ha funcionado tan bien hasta ahora y que, por lo que sé, nunca se ha acusado a la Comisión de tener un «carácter intergubernamental». 
Se trata en el fondo de una cuestión de democracia. 
Es importante que cada país pueda estar representado en el más alto nivel de la Comisión. 
Esa es la explicación de la postura que he adoptado. 
He votado en contra del informe MacCormick, por las razones explicadas en mi opinión minoritaria adjunta al mismo: los «contratos» o «convenios tripartitos basados en objetivos» no son más que un arma de la Comisión contra los Estados miembros, con el fin de pasar por encima de ellos estableciendo lazos directos entre Bruselas y las autoridades regionales. 
Esta innovación aportará su granito de arena a la vasta empresa de «desmantelamiento» de los Estados miembros, dirigida por la Comisión y los grupos de presión federalistas. 
Esta empresa pretende destruir sistemáticamente una vieja obra, cuyo menoscabo dejará indefensos en el futuro a los pueblos ante un poder europeo mal controlado. 
El informe del Parlamento Europeo, a pesar de sus errores, parece en ocasiones advertir los peligros del nuevo sistema y se alarma por ello. 
Solicita que los contratos tripartitos sigan siendo excepciones, con el fin de no «generar una complejidad extrema y vaciar de contenido concreto el objetivo normativo [de la administración del derecho] » (apartado 8) , y para no favorecer que los Estados miembros eludan su responsabilidad (apartado 14). 
Sin embargo, para evitar más eficazmente esos peligros, habría sido preferible que el Parlamento Europeo no hubiese aprobado sus causas. 
. 
Estoy de acuerdo con quienes han señalado que la creación de programas piloto para «contratos y convenios tripartitos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales» solo puede interpretarse correctamente si tenemos en cuenta las intenciones que justifican esta acción. 
De hecho, dado que el objetivo que se propone –mediante «acciones coordinadas oficialmente» , capaces de «mejorar la aplicación de las políticas» , es decir, de establecer normas comunitarias que solo se puedan aplicar con convenios particulares, teniendo en cuenta realidades existentes muy diferentes y específicas– ya aparece en los Tratados, concretamente con la aplicación del principio de subsidiariedad y mediante un proceso mucho más directo y apropiado, consistente en fijar los objetivos a conseguir y dejar en manos de los Estados miembros el modo de conseguirlo mediante una directiva. 
Así pues, lo que esconde esta iniciativa no es la necesidad crucial de combatir los procedimientos excesivamente burocráticos o centralizados ni del aumento real del poder de las autoridades locales para gestionar su propio dominio, sino simplemente elevar a las autoridades locales al nivel de socios directos de las instituciones europeas en la aplicación de sus orientaciones, en un intento de sortear a los Estados como interlocutores nacionales. 
De ahí el apoyo y las sinceras felicitaciones de la ultrafederalista Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento. 
. 
Me he abstenido en la votación de este informe porque creo que las razones que da el ponente para «lamentar la falta de unas relaciones plenamente eficaces entre las instituciones europeas, especialmente la Comisión, y las entidades territoriales de los Estados miembros de carácter nacional interno, regional o local» no bastan para justificar la celebración de «acuerdos y convenios tripartitos por objetivos». 
De hecho, al igual que el Sr. Berthu, creo que el sistema jurídico comunitario ya cuenta con un mecanismo que nos permite perseguir el mismo resultado con diferentes medios, que es la directiva. 
Así pues, este instrumento legal, que está estrechamente relacionado con el principio de subsidiariedad (aunque solo por lo que respecta a la aplicación de medios) , podría ser una opción para las áreas que se sugieren, que son el desarrollo económico, la política medioambiental, el transporte, la agricultura y la pesca, manteniendo al propio Estado como interlocutor directo y exclusivo de las instituciones europeas. 
Creo que la medida recomendada de elevar a las autoridades locales a la categoría de interlocutores directos de las instituciones europeas forma parte del conocido proceso de centralización europea y de pasar por encima de los Estados. Yo creo que si se extiende la práctica de celebrar estos contratos, la complejidad de las relaciones interinstitucionales aumentará desproporcionadamente, al igual que la burocracia asociada. 
Reconozco la prudencia de la Comisión al proponer la adopción de programas piloto experimentales, sujetos a la futura presentación de un informe de evaluación. 
. 
De acuerdo con el Tratado de la CE, la Comunidad y los Estados miembros están obligados a aprobar medidas para combatir el fraude y proteger los intereses económicos de la Comunidad. 
Solo en 2002 se perdieron unos 2 000 millones de euros debido a irregularidades y fraudes, en detrimento de la Comunidad, y esta suma puede que solo sea la punta del iceberg –con repercusiones económicas claras–, resaltando la necesidad de redoblar la lucha contra la corrupción. 
Comparto muchas de las críticas y preocupaciones del ponente acerca de la evaluación de las actividades de la OLAF. 
Como afirma el ponente, «el caso Eurostat ha puesto de manifiesto deficiencias en las actividades de investigación de la Oficina» , en particular el hecho de que la investigación se ha alargado durante años y que las reglas de protección de los investigados no se han cumplido. 
Por consiguiente, también estoy de acuerdo con la necesidad de conceder a la OLAF una mayor autonomía y más medios, particularmente para aumentar el número de investigadores. 
Sin embargo, hay cuestiones fundamentales que es preciso abordar y que provocan muchos casos de irregularidades y fraudes, particularmente con respecto a la contratación externa de servicios de la Comisión. 
Por otra parte, tengo serias dudas con respecto a la necesidad de un fiscal europeo, un paso en el proceso de creación de una fiscalía europea, respaldada por Europol, Eurojust y la OLAF. 
.– Para la opinión pública, la Unión Europea es sobre todo una vasta organización muy alejada del ciudadano y un buen caldo de cultivo del fraude. 
El fraude lo cometen directores, Comisarios de la Unión Europea y sus gabinetes, implicando a empresas privadas y ofreciendo un beneficio sin esperar nada a cambio. 
Existen fraudes para llenar los bolsillos propios, fraudes para comprar amigos y fraudes para asegurar el futuro del propio puesto de trabajo, independientemente de la planificación empresarial. 
Para combatir este tipo de fraude, se ha establecido un creciente número de normas de control burocrático, así como diferentes servicios de control que trabajan paralelamente, cada uno dedicado a su propio ámbito de actividad. 
La existencia de la OLAF y anteriormente de la UCLAF no hizo nada por detener el fraude en el pasado, incluido el escándalo de Eurostat que se ha conocido recientemente. 
El planteamiento hasta ahora se ha caracterizado por incrementar el control interno en lugar de aumentar la transparencia, que permitiría juzgar a la opinión pública. 
Los investigadores intervienen en cuestiones que tienen que mantener en secreto, por miedo a cruzar el umbral de los procedimientos judiciales La función de la OLAF sería mucho más útil si se centrase también en eliminar los caldos de cultivo del fraude y en sacar a la luz los delitos. 
Sin embargo, para ello puede que necesitemos una investigación parlamentaria. 
. 
La transparencia de los procesos de toma de decisiones, por la que siempre hemos luchado, no puede desaparecer cuando se trata de aprobar instrumentos legislativos. 
La creciente complejidad y el número de competencias concedidas a las instituciones y organismos de la Unión Europea exigen una vigilancia más estrecha de la idoneidad, por una parte, y la legitimidad, por otra, del uso que se hace del patrimonio de los ciudadanos europeos, representado por el presupuesto. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción el informe de evaluación de la Comisión sobre las actividades de esta organización. 
Debemos seguir algunos de los planteamientos propuestos por el ponente, como una coordinación más estrecha entre las diversas estructuras de control de las instituciones, una mejor definición de las normas operativas de la OLAF y la definición de una política clara sobre la prioridad de las investigaciones. 
También cabe destacar un aspecto al que a menudo no se da mucha importancia –con enormes consecuencias para el éxito de la OLAF–, que es la receptividad de las instituciones y organismos con respecto a las advertencias e informes emitidos por esta organización. 
. 
Actualmente no hay ninguna disposición que defina una forma estándar para repatriar los restos mortales de personas que han fallecido en otro Estado miembro. 
Dada la falta de este tipo de disposiciones, el transporte transfronterizo de restos mortales se rige por dos instrumentos legales internacionales: el Acuerdo de Berlín de 1937 y el Acuerdo de Estrasburgo de 1973, celebrados bajo los auspicios del Consejo de Europa, a los que solo se han adherido algunos Estados miembros y que, en opinión del ponente, son totalmente obsoletos. 
El ponente opina que, según estos acuerdos, en caso de que un ciudadano de un Estado miembro fallezca en otro Estado miembro, los trámites son más complejos, el tiempo transcurrido hasta el entierro o la incineración es mayor y los costes son superiores que si la muerte se hubiera producido en el país de origen del fallecido. 
Por este motivo y dado que existen grandes comunidades de inmigrantes en algunos Estados miembros procedentes de otros Estados miembros, como Portugal, debemos reforzar el peso de medidas que puedan satisfacer las necesidades específicas de esas comunidades, especialmente con respecto al conjunto de problemas mencionado en el informe. 
. 
Las diferencias jurídicas existentes entre los sistemas legales nacionales de los diversos Estados miembros de la Unión Europea ponen a los parientes de las personas que han fallecido en un Estado miembro diferente del suyo en una situación particularmente angustiosa. 
Los trámites precisos, que son inevitablemente más complejos en estos casos, el tiempo adicional necesario y los costes superiores que soportan las familias de las víctimas hacen que un momento tan doloroso y delicado resulte todavía más triste. 
Por otra parte, los instrumentos legales internacionales que se aplican a estas situaciones son inadecuados, dado el actual nivel de movilidad de los ciudadanos, un aspecto que adquiere más importancia para la libertad de circulación de las personas en el territorio intracomunitario y que hace que las posibilidades de que se den estas situaciones aumenten. 
Estoy especialmente de acuerdo con el ponente cuando afirma que la libertad de circulación se ve empañada por este marco legal, especialmente porque no existe una plena igualdad de trato entre los ciudadanos comunitarios y los nacionales. 
Dado que, en mi opinión, las sugerencias del ponente apuntan en la dirección correcta, previendo la adopción práctica de medidas y poniendo fin a la inactividad de la Comisión Europea a este respecto, he votado a favor. 
Señor Presidente, quiero añadir algo a lo que ya se ha dicho con respecto a la forma en la que organizamos estas reuniones. 
Creo que es escandalosa la forma en la que concluimos las cuestiones sin respetar la manera establecida y la forma en que tratamos a nuestros Comisarios. 
Esto último lo digo por el momento en el que el Presidente ha dicho que íbamos a votar: es completamente inaceptable que el Parlamento trate así a nuestros Comisarios. 
He visto que no ha podido realizar ningún comentario en respuesta al diputado británico que ha planteado la cuestión. 
Sin embargo, me gustaría pedir que se debata la cuestión en una Conferencia de Presidentes y se encuentre una solución, porque creo que la dignidad del Parlamento está muy deteriorada por la forma en la que todos nosotros nos comportamos. 
. Transmitiré sus comentarios al Presidente del Parlamento, que planteará la cuestión en la Conferencia de Presidentes. (1) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 4 de diciembre de 2003. (1) 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 11 de diciembre de 2003. 
El problema, señor Papayannakis, es que de conformidad con el Reglamento, los servicios han de recibir las peticiones de cambios del orden de los trabajos al menos una hora antes de que comience la sesión. 
No se ha recibido ninguna y, por lo tanto, si me atengo al Reglamento, he de rechazar su petición. ¿Algún otro comentario sobre este asunto? 
– Señor Presidente, aunque puede que sea formalmente incorrecto, debo suponer que se ha llegado al acuerdo de aplazar la votación. 
Los grupos creyeron que podríamos tratar de resolver el problema –o los problemas– a tiempo y así mantener el calendario original, pero entretanto se ha comprobado que ese intento, al menos hasta ahora, es infructuoso. 
Siendo así, nosotros también apoyaremos la propuesta si usted la considera factible. 
– Señor Presidente, he de llamar la atención de esta Asamblea sobre el hecho de que se trata de un importante texto de codecisión en segunda lectura, por lo que necesitamos una mayoría cualificada para aprobar enmiendas. 
Dado que la asistencia a esta Asamblea es relativamente baja los jueves –no voy a comentar los motivos de ello– es inaceptable que se tome una decisión sobre un importante texto de codecisión el jueves. 
Desaconsejo encarecidamente que consideren este texto. Les hablo en calidad de coordinador adjunto de mi Grupo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que es competente para este texto. 
El Sr. Papayannakis quiere que la votación tenga lugar el miércoles en lugar del martes, en cuyo caso sería razonable presuponer que habrá el número de diputados necesarios. 
De conformidad con el Reglamento, no debe efectuarse ningún cambio puesto que no he recibido ninguna petición por escrito. 
Sin embargo, si la Asamblea quiere avenirse a la petición, estoy dispuesto a utilizar colectivamente nuestro sentido común para que así sea. 
La semana pasada, en la Conferencia de Presidentes anuncié que habían concluido los trabajos de sustitución del equipo de interpretación simultánea de Estrasburgo. 
Sin embargo, por motivos técnicos, el anillo de sus micrófonos, que normalmente se enciende con una luz de color rojo al hablar, no funcionará durante esta sesión. 
¿Sabe usted, señor Presidente, que los ciudadanos italianos residentes desde hace tiempo en Bélgica todavía se ven obligados hoy a desplazarse a su lugar de nacimiento para renovar su documento de identidad? 
Además, si por casualidad deciden prescindir de él y utilizar en su lugar el pasaporte –cuyo coste se puede usted imaginar–, y tienen la mala suerte, o la suerte, de estar divorciados, todavía deben pedir el acuerdo de su antiguo cónyuge. 
Todo esto puede parecer anecdótico, pero pienso que la Presidencia italiana debería comprender que, de este modo, se impide a una parte de su población tener una movilidad plenamente europea y, por consiguiente, tener un poco más fe en Europa. ¿Podría transmitir usted estas observaciones a la Presidencia italiana? 
¿Podría pedir usted al Sr. Denktash que reabra las negociaciones urgentemente y acepte que el gran viraje que se ha producido en su contra en las elecciones indica un deseo de sus empobrecidos habitantes de que se llegue a un arreglo en torno a la isla? 
Esto con el telón de fondo de un atentado suicida en Moscú la semana pasada que mató a seis civiles inocentes. Quiero pedirle que exprese al Presidente de la nueva Duma, que se reunirá la semana que viene, las condolencias e indignación de esta Asamblea por este tipo de acciones terroristas. 
Por último, en otro orden de cosas, felicito al Primer Ministro Berlusconi que haya conseguido para la histórica y gastronómica Parma la sede de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 
– Señor Presidente, estoy seguro de que habrá una serie de diputados como yo que estarán alarmados ante los indicios de que Francia se plantea prohibir que las jóvenes musulmanas lleven pañuelos de cabeza en sus escuelas públicas. 
De hecho, un estudio en Francia sugiere ahora que estos pañuelos, los solideos de los jóvenes judíos y otros símbolos religiosos son ostentosos y provocadores. 
Se ha afirmado que el Presidente Chirac ha dicho que el hecho de que las jóvenes musulmanas lleven pañuelos de cabeza es una forma de agresión. 
– Señor Presidente, quisiera responder con todo a nuestro colega, que se ha permitido dirigirse al Parlamento sobre una cuestión que es exclusivamente competencia de la política interior francesa. 
Me gustaría resaltar que no es de recibo que los diputados al Parlamento Europeo interfieran en los asuntos de política interior de un país. 
Es bueno recordar esta regla, sobre todo cuando se acusa a Europa en general y a nuestro Parlamento en particular de entrometerse en todo. 
Señor Presidente, creo que puedo decir, en línea con las opiniones expresadas por el Comisario Bolkestein, que hemos perdido otra oportunidad para modernizar el mercado de capitales, sobre todo con unas reglas capaces de garantizar una mayor competitividad de las empresas europeas y, por lo tanto, una protección más eficaz de los accionistas. 
Creo que tendríamos que haber ido mucho más lejos y decidir entre crear un mercado europeo de capitales integrado, eficiente y competitivo que ofreciera nuevas oportunidades de crecimiento a la Unión Europea, sobre todo en materia de empleo, o rechazar este llamado «riesgo» y quedarnos en la situación actual. 
En Italia, donde la legislación vigente – la ley Draghi – es extremadamente abierta y eficaz desde este punto de vista, ya se nos está pidiendo que demos un paso hacia atrás, y yo diría que no vamos a llegar tan lejos en Europa en cuanto a la competitividad de las empresas. 
Espero que si esta medida –que, repito, no es una Directiva de ofertas de adquisición– se adopta mañana también en el Parlamento, genere una auténtica competencia entre los sistemas jurídicos y consiga que los que penalizan y dificultan las ofertas de adquisición paguen un precio por ello al obligar a sus inversores internacionales a «votar con los piés». 
Hay muy pocos elementos positivos: el reconocimiento de la protección de los derechos de las minorías y la cláusula de suspensión – la idea de que el debate sobre el tema se puede reabrir. Quizás solo por este motivo valga la pena adoptar esta medida, que no es una ley europea sobre ofertas públicas de adquisición. 
Terminaré, señor Presidente, diciendo que el empleo en Europa, los intereses de los trabajadores y los desempleados, debe protegerse también con unos mercados de capital efectivos. 
Señor Presidente, es inaceptable que una Directiva sobre responsabilidad ambiental no incluya la contaminación por el uso de plantas modificadas genéticamente (OMG). 
En las lecturas de directivas como las del maíz de siembra y la trazabilidad y el etiquetado de los OMG en este Parlamento, ha quedado claro que existe un riesgo de contaminación no intencionada, incluso con un uso correcto de los OMG. 
Estamos hablando de contaminación producida por la diseminación de polen y semillas residuales guardadas en los bancos de semillas. Los expertos discuten sobre cuántas semillas residuales se pueden acumular en los bancos de semillas de la tierra y por cuánto tiempo. 
Dicho esto, la contaminación por OMG no se incluye en la propuesta de una Directiva sobre responsabilidad ambiental. Eso es increíble, en parte por el hecho de que en los Tratados se establece el principio de «quien contamina, paga». 
Por lo tanto, puedo apoyar las propuestas sobre los OMG presentadas por el Sr. Lannoye y otros. 
Creo que el principio de «quien contamina, paga» debe ser algo más que palabras. 
Ha llegado el momento de que la UE defienda sus ideales. 
La UE debe exigir a los Estados miembros que graven un impuesto sobre las semillas y la harina de maíz modificado genéticamente, un impuesto que se utilizaría para financiar las labores de control y supervisión, así como para indemnizar por los daños que puedan derivarse de un uso correcto. 
Por lo tanto, en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quiero remarcar el excelente equilibrio conseguido por el Sr. Manders con la presentación de las enmiendas adecuadas sobre un tema en el que se ve fácilmente que tanto la exageración como la subestimación son igual de inútiles. 
La Directiva es compleja y su repercusión – positiva o negativa – en el medio ambiente y el sistema de producción en su conjunto dependerá precisamente de que consigamos el equilibrio adecuado. 
Una Directiva que fuera más allá de lo razonable correría el riesgo de imponer en la práctica a las empresas unas obligaciones y unos costes pesados e insoportables, posiblemente incluso obligándolas a trasladarse a otros países donde no hubiera normas de este tipo – aunque lo hicieran a disgusto – para poder competir en el mercado internacional. 
Creo que la posición común del Consejo es, en sí misma, una contribución útil en este sentido, y debemos apoyarla. 
Me limitaré a añadir a las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Sra. Niebler – la ponente alternativa, que realmente ha hecho un trabajo excelente, como quedó claro también en su intervención de ayer – una enmienda que creo que es especialmente importante para aclarar la definición de operador que, tal como está redactado ahora el texto, no permite eximir a los bancos y demás instituciones financieras implicadas de la responsabilidad por los daños medioambientales ocasionados por operadores financieros. 
Tal como yo lo entiendo, la Comisión no está de acuerdo en este punto, que me gustaría que se estudiara más a fondo, para considerar más detenidamente si es razonable presentar una definición que no contempla todas las posibles eventualidades y que podría, de hecho, dar lugar a la reclamación de daños a un intermediario financiero. 
En resumen, creo que la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha vinculado a una posición común; espero que en la votación obtenga un amplio apoyo de la Cámara. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente. 
También quiero dar las gracias a los ponentes alternativos porque han trabajado muy duramente y en estrecha colaboración con el ponente para intentar llegar a un compromiso en torno a esta directiva. 
Me gustaría comentar un par de puntos. Primero, esta noche ha salido a relucir varias veces el principio de «quien contamina paga». 
Es un cambio fundamental en la legislación. Si queremos que entre en vigor tenemos que echar un vistazo a los sistemas de seguridad financiera subyacentes. 
Por este motivo creo que es importante que la seguridad financiera sea obligatoria. 
Es un punto esencial. Acepto la opinión de la Sra. Niebler y del Comisario de que el mercado todavía no está preparado. 
Por este motivo, en varias enmiendas pedimos a la Comisión que estudie el conjunto del mercado y asegure que cuando al final tengamos un sistema obligatorio, en una fecha posterior, se abarque todo el sector. 
Pero tenemos que llegar a una situación en la que si alguien comete una infracción, o si un operador no es solvente y no tiene este seguro, alguien tenga que limpiar. ¿Quién va a hacerlo? 
Brevemente, en cuanto a las circunstancias atenuantes, me complace ver que el Comisario acepta las enmiendas 40 y 61. 
Espero que se aprueben. Y me complace ver que se tienen en cuenta las circunstancias atenuantes, junto con la garantía jurídica por autorización. 
Esto es evidente, entre otras cosas, por la lucha que han entablado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El Consejo ha alcanzado un compromiso poco convincente, que solo tendrá efecto después de la revisión dentro de unos años. 
De momento, es poco convincente en todos los aspectos y no ayudará mucho a mejorar la situación del medio ambiente. 
Nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, consideramos muy importante que se amplíe el ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Ya se ha dicho antes. En primer lugar, a la energía nuclear; en segundo lugar, a la contaminación de los barcos; y en tercer lugar, a los daños causados por los cultivos modificados genéticamente. 
Comisario Bolkestein, usted tiene fama de hablar sin ambigüedades y de no andarse con rodeos, pero debo decirle que no tiene sentido que ponga como pretexto la norma de la coexistencia. 
Lo que ocurre aquí es que la Comisión tiene miedo de la presión de los Estados Unidos, y eso es algo que debería admitir simplemente. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor estaba a favor de ampliar la Directiva con esos tres suplementos; el ponente liberal, lamentablemente, no lo estaba. 
Es esencial. Lamentablemente, los Demócrata-Cristianos se oponen a ello, igual que el ponente liberal. 
La pregunta crucial es: ¿Quién debe pagar la factura de los daños ambientales? En este proyecto, la Comisión ha querido pasarle el problema a los gobiernos, y hemos tenido suerte de que éstos, en la posición común, se hayan negado a ello. 
El ponente ha acabado de estropear las cosas. 
Solo ha tenido en consideración las opiniones de la derecha, como demuestran las enmiendas relacionadas con las buenas prácticas agrícolas. Él es el responsable de la falta de poder del Parlamento, y a él tendrá que agradecérselo la industria. 
Señor Presidente, la Comisión agradece al Sr. Koch su excelente informe. Esta propuesta de modificación de la Directiva del Consejo, de 22 de julio de 1974, relativa a los vehículos de motor, en cuanto a los asientos, sus anclajes y reposacabezas, es una de las dos propuestas asociadas a la Directiva de 1977 sobre la instalación de los cinturones de seguridad. 
Por lo demás, esta última Directiva se modifica para hacer obligatoria la instalación de los cinturones de seguridad en todos los vehículos. Estas disposiciones suceden al uso obligatorio del cinturón de seguridad en los vehículos en virtud de la Directiva de 8 de abril de 2003. 
Actualmente, solo los asientos de los turismos deben responder a los criterios técnicos previstos en la Directiva de 1974 y pasar las pruebas de resistencia contempladas en ella. 
A partir de ahora, todos los asientos, y en particular los de los autocares, que se instalen en los vehículos puestos en circulación en la Comunidad a partir de julio de 2004 deberán ensayarse de conformidad con la Directiva. 
Deberán ser compatibles con la instalación de cinturones de seguridad. 
La Comisión no puede apoyar la propuesta del ponente de permitir, a pesar de todo, la instalación de asientos orientados hacia los lados en los autocares. 
Hay que recordar que ya se había debatido esta cuestión con ocasión de la elaboración de la Directiva de 20 de noviembre de 2001 relativa a la seguridad de los autobuses y autocares. 
Dicho estudio demostró la inexistencia de soluciones técnicas adaptadas a esta disposición de los asientos y recomendó la prohibición de los asientos orientados hacia los lados en todos los vehículos destinados al transporte de personas. 
Otro estudio, promovido por la Comisión en 1996, había demostrado ya los daños que corren los pasajeros que llevan un cinturón de seguridad no adaptado a esta configuración de los asientos. 
(1) 
Señor Presidente, Señorías, hoy me encuentro ante ustedes para ilustrar la labor del Gobierno italiano, que ha presidido el Consejo de la Unión y la Conferencia Intergubernamental durante este mandato de seis meses, que está a punto de acabar. 
Con respecto a la Conferencia, debo decir que desde el principio Italia se ha sentido comprometida a conseguir el consenso sobre un documento destacado, sin ningún tipo de acuerdo débil; un documento que permitiría a la Unión funcionar, a la vez que sobresalir en la escena mundial. 
Además de este acuerdo, hemos albergado la esperanza de que, con una Unión más amplia, se podría establecer una auténtica Constitución a partir del borrador esbozado en la Convención, dentro de los plazos acordados en Salónica y, por tanto, a tiempo para las elecciones al Parlamento Europeo de junio próximo. 
Sabemos que no se ha visto cumplida la esperanza común de concluir las negociaciones sobre la Constitución en los 60 días de los que disponíamos desde la apertura de la Conferencia de Roma. 
Debemos aceptar este hecho con calma, sin dramatismo ni recriminaciones mutuas, a la vez que mantenemos una perspectiva clara de cómo debemos actuar ahora. 
Hemos respetado por completo nuestro compromiso de no tratar acuerdos que son difíciles de entender para nuestros ciudadanos. 
Se trataba de una obligación en la que se centró nuestra Presidencia desde el principio de este complejo proceso de negociación, ya que pensábamos que la contribución de los Parlamentos nacionales y las instituciones de la Unión, en primer lugar –como ya ha apuntado usted, señor Presidente– la suya propia, y la labor del presidente, el Sr. Giscard d’Estaing, así como los vicepresidentes, el Sr. Amato y Sr. Dehaene, se combinaran en un documento, que formaría la base sobre la que edificar un acuerdo unánime, sin más demora en cuanto a los puntos clave del borrador aprobado el pasado julio. 
En la apertura oficial de la Conferencia Intergubernamental, la intención de la Presidencia consistía en reafirmar estos conceptos mediante la Declaración de Roma adoptada por los Jefes de Estado o Gobierno de los Estados miembros, los países en vías de adhesión y los candidatos a la Unión Europea, Presidente Cox y Presidente Prodi. 
Hemos permanecido fieles a esta perspectiva a lo largo de las negociaciones, reconciliando el deseo de preservar el borrador de la Convención lo máximo posible con el deber de mostrar el justo respeto hacia las necesidades legítimas de todos los Estados miembros con respecto a sus problemas prioritarios. 
Nuestro método de trabajo ha sido visible y transparente. 
Hemos involucrado por completo a los representantes del Parlamento Europeo en la labor de la CIG, yendo más allá de lo que se había logrado en conferencias intergubernamentales anteriores, y nos hemos asegurado de que todos los documentos presentados durante las negociaciones se hicieran públicos y estuvieran disponibles para su consulta. 
Gracias a esta labor admirable, paciente y meticulosa –por la que me gustaría agradecer a todos los que han colaborado, en particular al Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Frattini, sentado a mi derecha hemos logrado resolver la mayoría de las cuestiones planteadas por los asistentes a la CIG, sin disminuir el nivel global de ambición del borrador de la Convención. 
Durante los intercambios preliminares de la Conferencia, revisamos alrededor de 80 puntos polémicos sobre los que había desacuerdo entre distintos Estados, y se han encontrado soluciones adecuadas para cada uno de ellos, a excepción de un punto puramente institucional. 
Permítanme añadir que, en algunos aspectos en concreto el tema tan fundamental de la defensa la CIG ha complementado y mejorado el borrador de la Convención, consiguiendo definir una cooperación estructurada permanente, totalmente compatible con el marco del Atlántico y respetuosa con las necesidades políticas de determinados Estados miembros. 
Este significativo paso adelante se dará de acuerdo a los procedimientos de toma de decisiones de la Unión, a través de una visión global que permitirá a algunos países actuar con mayor rapidez, según el protocolo específico que rige la capacidad militar necesaria para participar en esta cooperación estructurada permanente. 
En la práctica, para empezar, este punto parecía muy problemático. 
Conseguimos alcanzar un acuerdo, sin contradecir ninguna cumbre de la OTAN, y como saben, todos hemos asumido los tres pilares sobre los que el Consejo de primavera puede iniciar acciones y tomar decisiones. 
El primer pilar, la regulación que establece la cooperación estructurada y la hace operativa, deberá ser aprobado en el Consejo Europeo; el segundo pilar hará posible que cada Estado miembro entre a formar parte de dicha cooperación en cualquier momento; el tercer pilar estipula que la defensa europea –necesaria para aportarle dignidad y poder independiente a Europa, permitiéndole sentarse a la misma mesa con otras potencias militares del mundo– no se puede considerar opuesta a la OTAN sino todo lo contrario, una colaboración estrecha con dicha organización, ya que se han encontrado los medios para establecer una planificación militar y célula de mandato europeas en la base operativa de la OTAN en Europa. 
La sesión final de la CIG ha debido concentrarse en los problemas institucionales más importantes que, debido a su especialmente elevada delicadeza política, no se habían podido resolver en las fases anteriores de las negociaciones. 
Por tanto, la reunión final era decisoria para la composición del Parlamento Europeo y la Comisión, había que aclarar algunos aspectos en relación con la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo y, aún más importante, quedaba por definir el método para calcular dicho voto. 
En el curso de las reuniones bilaterales más recientes que la Presidencia dirigió a paso rápido durante los días y noches del jueves, viernes y sábado, parecía posible una solución a estos problemas, a pesar de que todos los Jefes de Estado o de Gobierno reunidos veían la necesidad de subrayar que, en última instancia, el marco institucional de la futura Unión se debe evaluar en su totalidad mediante un acuerdo general e integrado. 
Estaba a nuestro alcance lograr un acuerdo sobre la composición de la Comisión y en el tema de la mayoría cualificada. 
En cuanto al número de diputados al Parlamento, señor Presidente, no hubo apenas discusión: los países con menos población pidieron un diputado adicional, aumentando la cantidad de cuatro a cinco, mientras que los demás países lo aceptaron. 
Por otro lado y a pesar de nuestros esfuerzos, no fue posible acercar las posturas lo suficiente en lo que respecta al voto por mayoría cualificada y, por tanto, tras consultar a todas las delegaciones, decidimos poner punto final a un debate que estaba amenazando con causar un conflicto y, en el mejor de los casos, habría llegado a un débil acuerdo que ya habíamos rechazado desde el principio. 
Dicho acuerdo habría supuesto un verdadero fracaso, al ser incapaz de asegurar el funcionamiento adecuado de la Unión en el futuro, así como su capacidad de actuar como una entidad política decisiva en el panorama mundial. 
Cuando concluyeron las reuniones, todos mis colegas expresaron su agradecimiento a la labor de la Presidencia italiana lo que, por supuesto, nos causó a mi equipo y a mí gran agrado; sin embargo, lo más destacable es que percibí el firme deseo de no malgastar la herencia que hemos edificado en las negociaciones de los últimos meses. 
De hecho, hemos calculado 82 puntos en los que hemos alcanzado un acuerdo, 82 puntos que con anterioridad se encontraban a debate y muchos de los cuales parecían imposibles de resolver. 
Por tanto, queda un conjunto de negociaciones desde la Conferencia que todos consideramos importantes y que, añadiría, no se deben volver a plantear. 
Por este motivo, todas las intervenciones realizadas ante el Consejo recomendaban que la siguiente tarea de la Conferencia consistiera en concentrarse en los puntos o, mejor dicho, el punto, sobre los cuales aún no se ha alcanzado un acuerdo. 
No deberíamos reabrir los capítulos que tratan la labor principal llevada a cabo sobre los demás aspectos, de los que todas las delegaciones de los Estados miembros formaron parte. 
Por tanto, será posible reanudar el proceso constitutivo, finalizando el gran proyecto iniciado por la Convención, según el valioso conjunto de negociaciones reunidas por la Conferencia, que trata la mayoría de los puntos anteriormente polémicos. 
Debo admitir que estuvimos realmente cerca de llegar a un acuerdo. 
A últimas horas de la noche del viernes parecía posible alcanzarlo, puesto que algunos países que inicialmente habían adoptado una postura más defensiva, se mostraron mucho más abiertos; no obstante, a la mañana siguiente se dio un paso atrás y, de mutuo acuerdo con todos los jefes de las delegaciones, decidimos que necesitábamos más tiempo. 
Algunos incluso solicitaron la posibilidad de consultar con sus Parlamentos nacionales. 
Por tanto, en lugar de comenzar un debate que habría fracasado en lograr un acuerdo, decidimos cerrar este capítulo mientras aún nos sentíamos positivos. 
Todos expresamos nuestro deseo de reanudar este debate, con el fin de preservar el conjunto de acuerdos que habíamos aceptado, así como para continuar con el objetivo de otorgar a Europa una Constitución que le permita funcionar correctamente, tomar decisiones oportunas y actuar en el panorama mundial como un gigante no solo económico sino también político. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme ahora poner de manifiesto los resultados más significativos del Consejo Europeo con los que han concluido los seis meses de mandato de la Presidencia italiana. 
Lo hago con particular satisfacción, no solo porque hemos tratado asuntos importantes, sino también porque las decisiones adoptadas constituyen el resultado de una labor intensa llevada a cabo con todos los países que comparten responsabilidad. 
Los resultados palpables afectan a los intereses directos de los ciudadanos europeos y refuerzan la imagen global de la Unión. 
Estos resultados se han conseguido gracias a una excelente relación de cooperación con la Comisión, a la que me gustaría mostrar mi agradecimiento, y al espíritu continuado de diálogo abierto y constructivo con el Parlamento, por el que deseo mostrar mi aprecio una vez más. 
Deseo comenzar precisamente con los asuntos económicos que hemos tratado con el objetivo de estimular el desarrollo y el empleo, para aumentar la competitividad de la industria europea y completar todos los elementos del mercado interno. 
En primer lugar, el Consejo Europeo de diciembre aprobó oficialmente lo que hemos denominado la «Iniciativa Europea para el Crecimiento» , una medida propuesta por la Presidencia italiana que desarrollaron el Ecofin y la Comisión con una contribución del BEI. 
Se trata de una iniciativa con la que ustedes están familiarizados, que busca promover un programa destacable de inversión en el sector de la infraestructura transeuropea más importante, que incluye el transporte, las redes de energía transeuropeas y el campo de las telecomunicaciones, así como inversión en capital humano, es decir, en la investigación y desarrollo, innovación y tecnología. 
Nos hemos marcado un doble objetivo: crear, por medio de estos proyectos, las condiciones para mejorar la calidad de las redes de infraestructura con relevancia o no, dedicadas a unir el gran mercado europeo, especialmente con vistas a ampliarlo, aunque también ayudar a estimular el crecimiento económico global y por tanto el empleo, con el apoyo financiero adecuado. 
Esperamos utilizar los fondos públicos –del presupuesto de la Unión y, en parte, de cada Estado miembro– y la financiación del sector privado, gracias a (aunque no únicamente) el papel decisivo de garante que desempeñó el Banco Europeo de Inversiones. 
A este respecto, subrayo que se trata de la primera maniobra político-económica seria a escala europea, decidida en un marco que complementa totalmente la Estrategia de Lisboa, además de ser enteramente compatible con el Pacto de Estabilidad. 
De nada sirve ocultar el hecho de que, como Estados individuales, ahora que hemos adoptado la moneda única, no tenemos medios de aplicar la política económica o monetaria, no podemos devaluar nuestra divisa con el fin de apoyar nuestros productos y exportaciones, no podemos utilizar políticas de gastos basados en el déficit, incluso las políticas a medio plazo, para respetar los criterios de Maastricht. 
Este derecho, este poder, del que ya no disponen los Estados individuales, debe por tanto ser sustituido por un poder superior. 
Por desgracia, nuestro banco europeo, el Banco Central Europeo, debe asumir la tarea de controlar las subidas de precios, es decir, la inflación; no está en sus manos la tarea de apoyar la economía, a diferencia de, por ejemplo, su homólogo en Estados Unidos de América, la Reserva Federal. 
Por tanto, Europa debe reunir la voluntad y otorgarle la posibilidad de tomar medidas para apoyar la economía. 
Con respecto a un asunto diferente, más específico, aunque aún en conexión con el reforzamiento del mercado interno y la estimulación del crecimiento, hemos alcanzado un acuerdo sobre la adaptación de las redes transeuropeas de transporte (RTE) al nuevo contexto de una Europa más amplia. 
En este mismo marco, el Consejo Europeo ha ratificado el acuerdo sobre la decisión de doblar la contribución del presupuesto de la Unión para las intervenciones en las secciones transfronterizas, aumentando del 10% estipulado hasta ahora a un 20%. 
Se trata de un resultado de enorme relevancia en lo que se refiere a la capacidad de movilizar fondos privados para proyectos de infraestructura a gran escala. 
El Consejo Europeo ha subrayado la importancia, en lo que respecta a la libre circulación de mercancías, de superar las dificultades que implican los puertos de montaña y las barreras naturales, así como la congestión del tráfico en las rutas de comunicación principales. 
Esperamos que, a este respecto, en un futuro cercano la Comisión podrá evaluar y cuantificar el impacto negativo de los puertos de montaña y las barreras naturales en el funcionamiento adecuado del mercado único. 
Asimismo apunto que, en lo que respecta a las redes transeuropeas, se ha llevado a cabo una labor de extrema importancia, ya que nos encontramos sin ningún tipo de vía de comunicación, ya sea en tren o en carretera, que nos una con los países que van a entrar a formar parte de la Unión a partir del 1 de mayo. 
Era totalmente fundamental actualizar el plan de redes transeuropeas, que se trazó hace unos años, y así se ha hecho. 
Permítanme añadir algo más: hemos elaborado una lista, conocida como la lista de inicio rápido, que prevé la realización de una serie de proyectos. 
No obstante, deseo dejar patente que no se trata de una lista cerrada: todo lo contrario, es una lista abierta en la que se pueden agregar todos los proyectos que están listos para aplicarse, proyectos preparados para que la presentación otorgue la aprobación de contratos y para que se busquen los fondos necesarios. 
Entre los asuntos de la agenda de Lisboa, nos hemos centrado en concreto en el problema del empleo y la competitividad, a fin de resaltar una vez más la necesidad de lograr reformas estructurales. 
Dichas reformas ya se han lanzado en algunos Estados miembros; se trata de medidas que algunas veces imponen costes y sacrificios a corto plazo a la sociedad, aunque constituyen las condiciones necesarias para asegurar la revitalización de la economía. 
Me refiero a las reformas de las pensiones y el mercado laboral. 
En cuanto al empleo, hemos valorado y evaluado el informe del grupo de trabajo del Sr. Wim Kok, así como sus recomendaciones. 
Debo decir, señor Presidente, que el Sr. Kok ha llevado a cabo una labor realmente impecable y su trabajo supone el fruto de su experiencia como líder sindical y jefe de Gobierno. 
Todos debemos estarle agradecidos, ya que no solo ha identificado soluciones para problemas generales, sino que además su grupo de trabajo ha indagado en las situaciones particulares de los países y le ha recomendado las medidas necesarias a cada uno. 
Puedo afirmar que, en lo que respecta a mi propio país, el análisis del grupo de trabajo es totalmente acertado. 
A este informe se dedicó la extraordinaria Cumbre Social, que presidí en la víspera del Consejo Europeo, una cumbre de asociaciones comerciales y sindicatos. 
Esta cumbre puso de manifiesto el deseo compartido de los socios sociales de continuar aplicando la Estrategia Europea de Empleo dentro de un marco de mayor flexibilidad y compromiso para mejorar más el capital humano. 
En cuanto a la competitividad, el Consejo Europeo ha notado el avance logrado en estos seis meses en línea, o casi en línea, con las expectativas de las empresas y los operadores económicos europeos. 
Sobre este punto, dejaré algo claro: Tuve la oportunidad de participar en un congreso mantenido por UNICE el mes pasado en Bruselas. 
El símbolo del mismo era un gigante creado por Jonathan Swift, el gigante Gulliver, prisionero de los liliputienses. 
Esta imagen iba dirigida a transmitir a los representantes políticos de los Estados individuales y de Europa que la economía europea es un gigante aprisionado en demasiadas trampas, lo que los industrialistas llaman una cantidad excesiva de reglamentos, directivas y leyes que les evitan competir enteramente con las economías externas. 
Debemos darle a este hecho la consideración que se merece, ya que la economía europea está atravesando dificultades, que me temo se harán más graves puesto que se encuentra atrapada en un vicio que consiste, por un lado, en la economía de EE.UU., que se expande rápidamente gracias a una inyección de 350.000 millones de dólares decidida por la Administración Bush, una economía que se mantiene principalmente por las tasas impositivas que representan las más bajas en el mundo occidental y, por otro lado, por la economía del Extremo Oriente, que se encuentra en un estado de casi total anarquía, sin el respeto a las normas en cuanto a los trabajadores o el medio ambiente se refieren y en donde no hay un mínimo de control fiscal. 
Los empresarios europeos acogieron con agrado la creación del Consejo de Competitividad, que a partir de ahora asumirá la tarea de valorar el impacto de las medidas que adopten las autoridades e instituciones europeas sobre la competitividad de nuestros negocios. 
Todos debemos concienciarnos de sus dimensiones, si queremos evitar que nuestra economía deje de ser competitiva con otras. 
Permítanme además mencionar el entendimiento alcanzado recientemente con respecto a la propuesta de una directiva sobre ofertas públicas de adquisición. 
Esto supone un acuerdo político de relevancia extrema, que zanja casi 15 años de negociaciones. 
Gracias a este acuerdo, podemos decir que hemos contribuido a definir un elemento clave para la finalización del mercado interno. 
A este respecto, debe agradecer al Ministro italiano, el Sr. Buttiglione, por ser el motor del mismo. 
Queda aún mucho por hacer, sin embargo, para darles a las firmas que funcionan en Europa las condiciones generales asociadas con el marco legislativo y el estado del mercado laboral, que pueden garantizar la competitividad genuina en los mercados del mundo. 
Se trata de una tarea importante que hay que perseguir en los próximos meses y formalizar en el Consejo Europeo de primavera. 
Llegamos así al tema de la seguridad. 
Con el objetivo de que las instituciones comunitarias entren en mayor contacto con las necesidades e intereses reales de los ciudadanos de la Unión, la Presidencia italiana se ha esforzado por fortalecer la seguridad de los mismos a sabiendas de que, en mayor medida que por otros asuntos, la opinión pública juzgará las acciones de la Unión por este tema, dado que tiene especial relevancia para la vida cotidiana de todos nosotros. 
Uno de los temas centrales de nuestro trabajo ha sido el desarrollo de estrategias comunes en el sector de la administración de flujos migratorios. 
En primer lugar, el concepto de «fronteras exteriores comunes» se ha reforzado aún más y, en ese sentido, el Consejo Europeo ha tomado nota del acuerdo alcanzado sobre los elementos constitutivos de una agencia de gestión fronteriza comunitaria. 
Se ha decidido establecer dicha agencia y la Comisión se ha comprometido a ponerla en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2005. 
El Consejo Europeo también ha tomado nota de la adopción, ante la propuesta de la Presidencia, de un programa especial de medidas sobre inmigración marítima, que prueba la especial preocupación de la Unión hacia el a menudo trágico fenómeno que suponen los intentos por parte de inmigrantes ilegales de llegar a nuestras costas, con resultados totalmente catastróficos. 
También en cuanto a este punto, debemos informar al Parlamento Europeo de la reunión, celebrada ante la Presidencia y la Comisión, entre los cinco países europeos que tienen frontera con el Mediterráneo y los cinco países de la costa norteafricana. 
Dichos países son atravesados por flujos migratorios cada vez más grandes, descritos como característicos de nuestro tiempo, por ciudadanos que viajan de África a Europa, a la que ven como un paraíso terrenal. 
Estos países, al recibir la invitación para formar parte de acuerdos bilaterales con cada país europeo por separado, manifestaron su voluntad de participar en conjunto, para hacer posible el control de salidas desde sus costas. 
No obstante, durante esta reunión de «cinco más cinco» , ellos exigieron mayor implicación en esta medida y, por supuesto, que nosotros nos hiciéramos cargo de los importantes costes financieros en los que incurren en beneficio de Europa. 
El Consejo ha invitado a la Comisión a que examine este asunto y proponga soluciones. 
La Presidencia ha prestado la atención debida a la recepción e integración de inmigrantes legales, así como a las personas en necesidad de protección internacional. 
En concreto, estamos a la espera de un estudio de la Comisión acerca de la relación entre la inmigración legal e ilegal, que debería también tratar el establecimiento de cuotas de entrada. 
Sin embargo, hemos tomado nota del avance logrado en lo que respecta al asilo, aunque me temo que no ha sido posible alcanzar un acuerdo tal y como esperábamos sobre las dos directivas que se debaten y que guardan relación, respectivamente, con las regulaciones mínimas sobre procedimientos y la definición del estado de refugiado y beneficiario de protección subsidiaria. 
La gestión eficaz de los flujos migratorios debe además ir acompañada de una cooperación fructífera con los países terceros de origen y tránsito. 
Con este objetivo, hemos continuado con el proceso de integrar por completo el tema de la inmigración en las relaciones exteriores de la Unión. 
Hemos observado la aplicación de un mecanismo de evaluación de los países terceros, a fin de combatir la inmigración ilegal. 
Se trata de un mecanismo que se exigió en la Cumbre de Salónica, en donde rápidamente alcanzamos un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo por medio de una regulación que establece un nuevo programa de ayuda técnica y financiera a terceros países en el sector del asilo y la inmigración. 
Este programa dotará recursos financieros a un sector sensible, 250 millones de euros para el próximo período de 5 años, como primer paso en un aumento más sustancial de los fondos para inmigración, aumento que debe tener lugar con la próxima Perspectiva Financiera. 
Aún en relación con la inmigración, aunque con aspectos asociados claramente a la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo, al igual que el Consejo Europeo hemos constatado el acuerdo alcanzado sobre la inclusión de datos de biometría en los visados y permisos de residencia. 
Asimismo, se han obtenido resultados significativos en cuanto a la lucha contra la drogadicción. 
Destaco, en concreto, el acuerdo político sobre la decisión de combatir el tráfico de drogas, un acuerdo favorecido por la Presidencia. 
El Consejo Europeo ha resaltado la importancia de que exista un diálogo de mutua confianza, un tema al que la Presidencia italiana dedicó un congreso especial en Roma en octubre como instrumento para la integración de las comunidades de inmigrantes en Europa y, de forma más general, como herramienta para comprender y cooperar en las relaciones internacionales. 
Las relaciones entre Occidente y el Islam, entre cristianos y musulmanes, constituyen un tema que surge cada vez que nos reunimos con países de la Liga Árabe. 
Necesitamos empeñarnos en este punto, ya que constantemente emerge una minoría árabe que percibe este desafío como algo que hay que asumir a toda costa. 
No hay nada peor que proceder en esta dirección. 
Creo, por tanto, que debemos reunir todos nuestros esfuerzos para alcanzar un diálogo auténtico, constante, continuado y fructífero entre los países occidentales y musulmanes. 
Destaco además que los Jefes de Estado o de Gobierno han confirmado oficialmente su firme oposición a toda forma de extremismo e intolerancia, su condena al terrorismo y toda demostración de violencia, así como su repulsa inequívoca a todo tipo de antisemitismo. 
El Consejo Europeo ha adoptado también la estrategia europea de seguridad: un documento excelente, trabajo del Sr. Solana y su equipo, que analiza las amenazas a la seguridad de la Unión y cómo tratarlas. 
Basándonos en el mismo, deberíamos ser capaces de mejorar nuestra capacidad de intervención en la prevención de conflictos y la gestión de crisis. 
Por último, el Consejo Europeo ha notado el avance logrado en el desarrollo de la PESC. 
Nuestro principal compromiso sigue consistiendo en adquirir más capacidad y, con este fin, reviste especial importancia la decisión tomada de crear una agencia europea específicamente dedicada a fomentar el desarrollo y adquirir capacidad militar nueva. 
En este contexto, toma especial relevancia la decisión del Consejo Europeo de aceptar la propuesta presentada por la Presidencia, a raíz de las conversaciones mantenidas con diversos socios, para estimular la capacidad de planificación de la Unión, según los procedimientos compatibles con el papel de la OTAN en los acuerdos «Berlín Plus». 
Con dicha decisión, un asunto que hasta hace unos meses era objeto de extrema división entre los Miembros de la Unión Europea ha concluido positivamente dentro de un marco institucional. 
Por último, menciono el hecho de que en la Cumbre de Bruselas concluyó el acuerdo sobre la ubicación de 10 agencias europeas, asunto que ha estado aparcado durante unos dos años. 
Sobre la base de este acuerdo, resultado de la labor diplomática preparatoria durante los meses anteriores a la Cumbre, seremos ahora capaces de trabajar con mayor tranquilidad para ofrecer las condiciones operativas en las ubicaciones respectivas de las agencias que complementarán la tarea de las instituciones de la Unión en determinados sectores importantes. 
La Presidencia italiana se siente con razón orgullosa de este acuerdo tan importante, que merece especial hincapié puesto que se logró en circunstancias adversas, dadas las complicadas negociaciones sobre el Tratado Constitucional que estaban teniendo lugar simultáneamente. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Bruselas ha tenido lugar solo unos meses antes de la entrada en vigor del Tratado de adhesión. 
La ampliación que va a tener lugar en 2004 cada vez más parece que será un completo éxito, lo que confirmará lo acertado de las decisiones tomadas por los Jefes de Estado o Gobierno en Copenhague en diciembre de 2002. 
Hemos constatado que los países candidatos continúan la total transposición del acervo comunitario y estoy seguro que, dentro del plazo del 1 de mayo de 2004, serán capaces de asumir las responsabilidades que tendrán como nuevos miembros. 
El reciente documento sobre estrategia de la Comisión ha confirmado sin dejar lugar a dudas que Bulgaria y Rumania han avanzado considerablemente en vistas a su acceso a la Unión. 
Ambos países se encuentran listos para completar los pasos decisivos que preceden a la adhesión. 
El Consejo Europeo ha definido un calendario con fechas específicas: 2004 para la conclusión de negociaciones; 2005 para la firma del Tratado de adhesión y, por último, la entrada en la Unión en enero de 2007. 
Turquía también ha terminado una parte fundamental de sus reformas institucionales y ha avanzado más hacia el respeto de los criterios políticos de Copenhague. 
En consecuencia, hemos señalado estos avances positivos en las conclusiones del Consejo Europeo. 
Además, le hemos ofrecido a Turquía nuestras recomendaciones y ánimos para que continúe en esta dirección, a la vez que hemos resaltado las áreas en que Ankara debe esforzarse con mayor intensidad. 
A medio plazo, Turquía debe prepararse con vistas a la decisión que adoptará el Consejo Europeo de aquí a un año. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo también ha prestado gran atención a los avances importantes que se han producido en estos seis meses en las relaciones de la Unión Europea con sus socios, vecinos y el resto del mundo. 
En primer lugar, hemos constatado que se ha avanzado considerablemente hacia la consecución de los objetivos del Proceso de Estabilización y Asociación de los Balcanes, así como la gran labor realizada por la Presidencia italiana a este respecto. Asimismo, hemos reiterado la determinación de la Unión de apoyar las posibilidades de los países en dicha región, invitándoles a intensificar su compromiso de reformas, especialmente en los sectores fundamentales para integrarse en la Unión. 
Igual importancia se le ha concedido a los resultados logrados en estos seis meses con respecto a la Asociación Euromediterránea y, en particular, durante la Conferencia de Ministros de Exteriores celebrada en Nápoles los días 2 y 3 de diciembre de 2003. 
Deseo destacar que, en dicha ocasión, se formalizó la creación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, acordamos establecer la Fundación para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones y previmos un aumento considerable en el mecanismo euromediterráneo del BEI, todo ello en anticipación y con la esperanza de establecer un verdadero Banco Euromediterráneo, para también manejar capital de los países del continente africano. 
Las relaciones transatlánticas siguen representando la piedra angular irremplazable de las relaciones externas de la Unión. 
A este respecto, el Consejo Europeo ha dedicado una declaración específica de gran importancia política. 
Además, nos llega en un período que recordaremos como uno de los más difíciles en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. 
Entre los puntos más destacados de dicha declaración, deseo mencionar la afirmación de la necesidad de mantener un diálogo constante entre la Unión y los Estados Unidos en pie de igualdad, a fin de tratar correctamente los retos mundiales. 
Por tanto, la Unión se deberá comprometer a reforzar la cooperación con Estados Unidos, a fin de convertir esa comunidad de valores enraizados con nuestra relación histórica en una comunidad de acciones. 
A este respecto, resulta fundamental llegar a un compromiso común para combatir el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Por último, el desarrollo de la PESC y la asociación estratégica UE-OTAN aumentará la eficacia global de la comunidad transatlántica. 
Además, hemos enfatizado el valor estratégico de nuestra relación con la Federación Rusa y la importancia de desarrollar una colaboración estrecha con Moscú para facilitar y promover el aumento de la integración de Rusia con las instituciones europeas. 
Señor Presidente, Señorías, como Presidente en ejercicio saliente del Consejo de la Unión Europea, deseo marcharme con un mensaje de confianza. 
Puedo asegurar absolutamente que todos los países han defendido intereses legítimos con razonamientos respetables y, aún más importante, que ninguno ha negado que prevalece un interés europeo común. 
Es normal que ahora se produzca una pausa durante la cual nuestros países y la opinión pública podrán meditar con mayor profundidad sobre este debate, aunque tenemos la seguridad de que las negociaciones se reanudarán sobre la base del borrador de la Convención y de los resultados logrados a partir de la labor realizada por nuestra Presidencia y todos los Estados miembros conjuntamente. 
Cada Estado miembro deberá contribuir en los futuros meses en el proceso de integración, ya que la iniciativa europea debe permanecer unificada y global, sin recortes ni fragmentaciones. 
El Tratado Constitucional es un objetivo que sin lugar a dudas se alcanzará. 
Las próximas presidencias, con el apoyo de los aquí presentes y el apoyo del futuro Parlamento Europeo, podrán trabajar con este objetivo en primer lugar gracias a la labor que ya se ha llevado a cabo y los resultados conseguidos. 
Señor Presidente, Señorías, terminaré agradeciéndoles que hayan respondido tan activamente a mi invitación de cooperar estrechamente en cada fase del trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
He entregado los textos de los acuerdos ya concluidos a la Presidencia irlandesa con mis mejores deseos de éxito en esta labor de crear la gran Europa que todos deseamos. 
Señor Presidente, Señorías, los seis meses a punto de concluir han estado llenos de eventos y proyectos. 
Recordarán que, en la sesión de apertura del 2 de julio de 2003, enumeré 13 propuestas legislativas que la Comisión esperaba que se consiguieran para finales de ese año. 
Me siento muy satisfecho de comprobar que, gracias a los esfuerzos de la Presidencia italiana, se ha alcanzado un acuerdo sobre cinco elementos destacados incluidos en dicha lista. Me refiero, en concreto, a la directiva modificada sobre la trazabilidad de los OMG y el acuerdo marco con la Agencia Espacial Europea, que dará un gran impulso al desarrollo de nuestra política espacial; la introducción del cielo único europeo y las normas sobre contratación pública constituyen los logros más significativos de estos seis meses y ambos se aprobarán oficialmente a principios del año que viene; por último, se han perfilado con claridad los acuerdos políticos sobre ofertas públicas de adquisición, que el Parlamento examinará durante ese período parcial de sesiones. 
La Presidencia italiana ha portado la antorcha con responsabilidad y con un gran espíritu de cooperación, por lo que la Comisión se siente agradecida. 
Por todo ello y por su tenacidad, deseo manifestar mi agradecimiento públicamente a los líderes políticos del Gobierno y de todo el equipo, tanto los que trabajan en diversas instituciones en Italia como la Representación Permanente en Bruselas. 
El último acto de estos seis meses fue la cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno que finalizó en Bruselas el pasado sábado. 
La parte dedicada a la Conferencia Intergubernamental atrajo la atención de la mayoría del público, aunque no debemos pasar por alto los otros asuntos importantes que se resolvieron con éxito. 
Obviamente, el tema al que concedo mayor importancia es la Iniciativa Europea para el Crecimiento, que el Consejo aprobó por unanimidad. 
Esta iniciativa representa la parte más visible de un plan general de medidas para estimular la economía europea. 
De hecho, entre las medidas adoptadas por el Consejo se incluyen la mejora de nuestra competitividad y la estimulación de la creación de empleo. 
Señorías, la oportunidad que nos ofrece la recuperación actual ha de ser aprovechada sin demora de modo que podamos volver a vigorizar la agenda de Lisboa, que sigue siendo la estrategia clave para lograr un crecimiento sostenible en todo el continente. 
Por último, acojo con agrado el acuerdo alcanzado en el Consejo sobre las siete nuevas agencias europeas que tratarán la seguridad en el transporte (seguridad aérea, marítima y por ferrocarril) , seguridad alimentaria, pesquerías, productos químicos y prevención y control de enfermedades. 
Subrayo el papel que ha jugado la Comisión durante lo que son ya cuatro años de trabajo para llegar a este logro. 
Este resultado es incluso más satisfactorio si tenemos en cuenta que el camino ha sido cuesta arriba todo el tiempo. 
Resultó ser una tarea dificultosa y requirió un esfuerzo acompasado entre bastidores, aunque la Comisión nunca dudó que tendríamos éxito en nuestra empresa. 
Existen dos motivos para explicar la relevancia de los acuerdos sobre las agencias: en primer lugar, proporciona un modelo más flexible y eficaz para las estructuras comunitarias, un modelo que acercará la Unión más a los ciudadanos europeos. 
En segundo lugar, supone el resultado de un enfoque amplio que reconcilia los intereses particulares de cada país, que pueden detener o impedir el avance hacia el interés común si no están alineados. 
Me detendré ahora en el otro tema importante de la Cumbre de Bruselas: Me siento triste y decepcionado por el fracaso para adoptar una Constitución para la Unión Europea. 
Recordemos hace dos años el Consejo Europeo en Laeken y los motivos que inspiraron sus conclusiones históricas. 
Dichas conclusiones fueron la respuesta a una necesidad que todos sentíamos en ese momento: la de que la Unión recibiese un marco institucional mejor estructurado y más coherente. 
En aquel momento, los Estados miembros acordaron tres puntos básicos. 
Primero, la necesidad de mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, después de la famosa noche de Niza. 
Segundo, la necesidad de racionalizar nuestras estructuras legislativas e institucionales. 
Durante décadas, estas estructuras se han hecho tan complejas que ha disminuido la coherencia de los procedimientos y las políticas de la Unión. 
Tercero, la necesidad de implicar más a los ciudadanos europeos en la integración europea. 
La gran innovación en Laeken fue la Convención, el proyecto institucional más ambicioso y democrático de nuestra historia. 
Hemos invertido años de trabajo en esta tarea, reuniendo bajo en la misma habitación a 105 delegados de organismos democráticos de toda Europa: Gobiernos y Parlamentos nacionales, representantes del Parlamento Europeo y miembros de la Comisión. 
La Convención llevó a cabo una labor óptima. 
Después de 18 meses, presentó un borrador de la Constitución de la que determinamos que representaba una base positiva para que la Conferencia Intergubernamental siguiera trabajando. 
Asimismo, como ya hemos afirmado en repetidas ocasiones, el texto necesitaba algunas enmiendas en algunos puntos, por el convencimiento, aún ahora, de que afecta al delicado equilibrio de todo el sistema que sostiene a la Unión Europea y su labor. 
En los aspectos más relevantes, el trabajo de la convención resultó excelente. 
Me refiero a la Carta de los Derechos Fundamentales, el método de votación por mayoría cualificada y la distribución de responsabilidades políticas. 
También me refiero al aumento del papel del Parlamento Europeo, al que el borrador de la Constitución da, al menos, más poder de decisión en el área del presupuesto de la Unión. 
En cuanto a otros temas, en concreto el procedimiento para enmendar la Constitución, no hubo suficiente tiempo. 
Por último, en lo que respecta a la elaboración del borrador de la Constitución, el principio de un Comisario por Estado miembro ya aparecía en esencia. 
Los planes prácticos no resultaron satisfactorios, aunque la labor realizada tras la Conferencia Intergubernamental solucionó este contratiempo. 
Como en toda tarea desempeñada, el borrador de la Convención estaba destinado a hacernos avanzar, pero algunos Estados miembros lo utilizaron para hacernos retroceder. 
Por todo ello, Señorías, estoy aquí hoy manifestando mi tristeza y decepción. 
La semana pasada, el proyecto de integración europea se detuvo y absolutamente todos nosotros perdimos una gran oportunidad. 
Las consecuencias no serán trágicas, sin embargo, si podemos seguir con decisión el camino establecido por la Convención. 
Aún quedan por resolver los problemas identificados en la declaración de Laeken, el texto básico es aún el resultante de la Convención. 
Aunque carece de sentido señalar y culpar a delegaciones nacionales concretas, debo subrayar el hecho de que no podemos dar forma a nuestras instituciones si el único parámetro consiste en la posibilidad de bloquear decisiones. 
No es este nuestro papel, como no lo es del Parlamento o la Comisión. 
El punto muerto llegado en Bruselas significa que el Consejo en su totalidad no pudo alcanzar un consenso en una propuesta unificada. 
No obstante, compartir la culpa no es suficiente, Señorías. 
Ahora debemos explicarles a los ciudadanos cuál es la mejor forma de proteger su futuro. 
¿Juntos o por separado? 
¿Divididos o unidos? 
Solo hay una respuesta: necesitamos abrir los ojos. 
En línea con la declaración de Laeken, aún creo que la solución no se encuentra en una combinación de vetos sino en la convergencia de intereses y propuestas. 
El derecho a veto no supone una expresión de voluntad democrática y nuestras instituciones no pueden dejar a un lado las leyes de la democracia. 
Señorías, estamos buscando una solución común y soy consciente de que es tremendamente difícil, ya que aún existen demasiados temas importantes en los que se debe alcanzar un acuerdo. 
Sin embargo, estoy convencido de que la solución correcta se encontrará con tiempo y paciencia. 
Por tanto, espero que los futuros Consejos europeos traten de nuevo el tema de nuestra Constitución con un calendario realista, además de con una perspectiva global, que quizás hemos perdido en los últimos meses. 
Todos debemos mostrar valor e imaginación, las cualidades necesarias para tomar decisiones políticas de gran calibre. 
Solo han pasado unos días desde la Cumbre de Bruselas. 
Es aún demasiado pronto y sería incluso presuntuoso presentar una respuesta completa. 
No obstante, tenemos el deber inequívoco de reflexionar sobre lo que ha pasado y lo que necesitamos realizar en el futuro. 
Algunos están considerando una vanguardia de Estados pioneros para preparar el terreno hasta una mayor cooperación y para servir de fundador de una Unión más fuerte y más integrada, abierta a todos. 
Las soluciones de este tipo forman parte de la tradición de integración europea y, si echamos la vista atrás, podremos ver que tales soluciones surgen en primer lugar cuando las cosas han llegado hasta los momentos más difíciles y complejos. 
Hoy nos encontramos en uno de esos momentos de crisis, por lo que necesitaremos ser valientes, responsables y de miras amplias cuando empecemos a reflexionar sobre el futuro. 
Señorías, deseo acabar este breve discurso con un llamamiento desde el corazón. Les pido que utilicen su sabiduría política, su visión de futuro y su experiencia para permanecer al servicio de la primera Constitución de una Europa unida. 
Sé que muchos de los presentes en esta Cámara vemos la Unión Europea como la única respuesta factible a los retos de la historia y la política. 
Puesto que somos representantes elegidos directamente por nuestros ciudadanos, estamos muy familiarizados con sus puntos de vista: por tanto, son plenamente conscientes de que Europa no es una idea abstracta ni un capricho, sino una necesidad histórica. 
Simplemente consideren los países fuera de nuestras fronteras: desde una perspectiva china, india o estadounidense, los países individuales de nuestro continente representan una visión vaga y se unen; cada vez más las personas consideran a Europa como un todo; tan solo rememoren el pasado: a los ojos de la historia, la integración de todo el continente constituye la única oportunidad de supervivencia para los Estados individuales. 
Únicamente Europa puede concedernos la fuerza para mantener y desarrollar nuestras culturas y las tradiciones regionales y locales de las que nos sentimos tan orgullosos. 
Si no trabajamos codo con codo para defender esta Unión que empezamos a construir hace medio siglo, perderemos nuestra autonomía y nuestra influencia en el mundo. 
La Unión se convertirá en un fracaso, aunque los mayores perdedores serán los Estados miembros y nuestros ciudadanos y acabaremos sin remedio al margen de la historia. 
– Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo Europeo, Señor Presidente de la Comisión, Señorías, en nombre de los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, deseo indicar que el 13 de diciembre de 2003 no fue un buen día para Europa. 
Nos sentimos decepcionados aunque, en nuestra desilusión, en la oscuridad, hay una luz que brilla, ya que fue en ese día cuando nos llegó la noticia de que se había concedido el Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán al Presidente del Parlamento Europeo y, por tanto, al propio Parlamento, lo que demuestra que tenemos aliados en la causa de una Europa fuerte, activa y democrática. 
Señor Presidente, nuestra enhorabuena por tal distinción. 
Que la Conferencia Intergubernamental haya fracasado no significa que la Constitución lo haya hecho. 
Permítanme manifestar, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que no debe haber lugar a dudas sobre nuestro deseo por una Constitución europea, declaramos nuestra determinación de la necesidad de su existencia y debemos esforzarnos para lograr una lo más rápido posible, puesto que sin una Constitución, Europa no tiene futuro en el siglo XXI. 
Deseamos una Constitución europea, porque en una comunidad de 450 millones de personas –y quizás más con el tiempo– se trata de la única base para nuestro avance pacífico por este siglo. 
Necesitamos una Constitución para que los problemas que surjan en nuestra sociedad se puedan resolver según la ley. 
Precisamos una Constitución europea a fin de poder defender nuestros valores europeos en el mundo. 
No dudemos sobre nuestro anhelo por una Constitución europea basada en el derecho comunitario. 
Resistiremos con tenacidad ante cualquier intento de devolvernos a la mera cooperación intergubernamental o a la formación de ejes en nuestro continente, puestos en guardia los unos frente a los otros. 
Agradezco a la Presidencia italiana y al Presidente del Consejo Europeo por haber logrado alcanzar un acuerdo en 82 puntos, como ha mencionado anteriormente. 
Mi llamamiento a todos aquellos en la posición de liderazgo es el siguiente: no empecemos desde cero otra vez, sino que permítannos concentrarnos en los pocos temas polémicos que quedan. 
Ningún Gobierno europeo tiene toda la razón y no vamos a tratar de decidir quién fue responsable porque, de intentarlo, pronto tendremos que admitir que casi todos nosotros compartimos una gran parte de culpa de que la cumbre de Bruselas haya quedado inconclusa. 
En lugar de culpar a uno, dos o tres países, ahora necesitamos la buena voluntad de todos. 
Necesitamos un compromiso; nuestro deseo de llegar a acuerdos ha sido siempre una característica distintiva de Europa, ya que representa nuestra buena voluntad compartida, nuestra confianza mutua y nuestro deseo de avanzar juntos. 
Permítanme que deje patente que –lo voy a plantear en términos muy abstractos– si un Gobierno opina que puede dejar a un lado la solidaridad europea y defender únicamente sus propios intereses nacionales y actúa según esa idea, tal Gobierno se estará excluyendo a sí mismo de la solidaridad europea. 
La solidaridad no es una carretera de único sentido, nos vincula a todos, por lo que la práctica de la solidaridad es por el interés nacional, ya que dichas naciones que no la practiquen acabarán sin tener un papel en Europa. 
Hoy hemos oído las reflexiones acerca de la idea de una «Europa nuclear» , pero ¿cómo puede funcionar? 
Una «Europa nuclear» no ofrece una solución, ya que los problemas en los que unos cuantos están de acuerdo son siempre distintos. 
Un grupo estará de acuerdo en asuntos monetarios; otro en materia de defensa y otro en temas relacionados con el medio ambiente. 
Por este motivo, una «Europa nuclear» no representa la solución. 
Debemos dialogar entre todos y tomar el camino que nos lleve al futuro de Europa. 
Les insto a que se unan en la búsqueda de este camino. 
Las preguntas de los ciudadanos delatan su preocupación; esta misma mañana, un conocido periodista europeo me preguntó si el euro existirá aún dentro de 10 años. 
Defendamos lo que hemos conseguido en Europa en lugar de ponerlo en peligro. 
Sin lugar a dudas, lo que necesitamos ahora mismo es una pausa que sirva de consolidación, aunque sigo afirmando que hoy debemos pensar en la necesidad que tiene Europa de una base clara en la forma de una Constitución. 
No debemos comenzar a hablar sobre más ampliaciones de la Unión Europea, porque se podría poner el concepto de integración europea en un peligro aún mayor. 
Concluyo reiterando mi gratitud a la Presidencia italiana por su buena voluntad. 
Conocemos los momentos difíciles que atraviesa Europa, pero nuestro continente sufrirá daños si no mantenemos la voluntad de seguir trabajando en base a los resultados de la Convención. 
El jueves y viernes próximo estaremos en Dublín y espero que la Presidencia irlandesa haga todo lo que esté en sus manos, empezando con tantear las posturas de los Gobiernos individuales, por que los ministros de Asuntos Exteriores puedan lograr un resultado que permita, llegado el momento, celebrar una cumbre de la Unión Europea en la que se pueda adoptar la Constitución Europea. 
Todos compartimos esta responsabilidad. 
No estamos aquí para culpar a nadie, sino que vivimos hoy un día en que, a pesar de la difícil situación en Europa, hay que mantener la fe y seguir trabajando en Europa, con paciencia pero también con la pasión que esta tarea exige. 
Nuestro Grupo tiene la determinación de que esta Europa salga adelante con éxito y, para ello, necesitamos una Constitución europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, cuando se inició su período de Presidencia en ejercicio del Consejo, usted dijo que lo que le preocupaba era el fútbol en Tokio y hay que señalar que el equipo del llegó hasta la tanda de penaltis. 
Usted ni siquiera jugó el segundo tiempo. 
Ahí se ven los resultados. 
Y eso, a pesar del trabajo serio y profesional que ha hecho la Presidencia italiana- y quiero agradecer públicamente los esfuerzos del Ministro Frattini y del Secretario de Estado Antonione-. 
Mi Grupo lamenta profundamente el resultado de la Conferencia Intergubernamental y la imposibilidad de lograr la aprobación de una Carta Magna, lo cual nos puede plantear una crisis existencial si no damos una respuesta política seria. 
Desde nuestro punto de vista, tenemos que saber recuperar el espíritu comunitario, que es decidir juntos poniendo en común los intereses y la solidaridad y no tratando de bloquear. 
Y lo digo con un sentimiento especial, porque mi propio país siempre estuvo en la vanguardia en la construcción europea y ahora está a la zaga, en la retaguardia. 
He de decir también, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que usted ha dicho- y creo que debe constar en acta- que el 95 % de la Constitución ya no está sometida a debate, sino que es parte del acervo. 
Esto creo que es un dato importante. 
Ahora, para resolver el otro 5 %, hay algo que se demostró en Niza y ahora se ha ratificado: que los métodos de negociación durante toda una noche, regateando, no resuelven el problema. 
Y, por lo tanto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo le hago una pregunta: de Niza no salió la Convención, la conseguimos en Laeken. 
La Convención ha hecho este texto. 
¿Usted es partidario de que volvamos a un método abierto y democrático- del tipo de la Convención- o cree que es posible resolverlo en otra noche en vela como ahora? 
Creo que tenemos que ser muy claros en este planteamiento. Y, por eso, es importante también que la Presidencia irlandesa recoja este testigo. 
Me ha llamado particularmente la atención el hecho de que usted haya sido especialmente crítico con la situación actual, y se comprende, en el terreno económico. 
Lo que ha dicho usted justificaría que se replanteara el tema de la gobernanza económica. 
Usted ha hablado de Gulliver y yo tengo una gran admiración por Jonathan Swift, pero creo que el ejemplo no es el adecuado. 
Aquí no estamos como Gulliver, sino como el de Italo Calvino, tenemos la mitad, el Banco Central Europeo, pero no tenemos un responsable económico. 
¿Está usted dispuesto a plantear una enmienda a la Constitución y una reforma del Pacto de Estabilidad en el sentido de darnos fuerza a los europeos? 
Creo que esa es una cuestión importante a la que hemos de responder. 
También le tengo que decir, por parte de mi Grupo- y creo que del Parlamento Europeo -, que estamos dispuestos a continuar con el trabajo para conseguir la Constitución. 
Tenemos el 95 %. 
Lo importante ahora es conseguir culminar una Carta Magna que es absolutamente necesaria para nuestro futuro y también para la ampliación. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales de esta Cámara esperaba un resultado más destacado de la Presidencia de un país con una digna tradición europea. 
En el breve período de seis meses, la Presidencia ha conspirado con la intención de debilitar el Pacto de Estabilidad, ha despreciado la política de la Unión Europea en relación con Rusia y ha ofendido a Canadá. 
El Presidente en ejercicio ha expuesto en cuarenta minutos una serie de logros alcanzados durante su mandato. 
Sin embargo, no se puede evitar la conclusión de que tanto la Presidencia como la Conferencia Intergubernamental han constituido un fracaso personal para el Presidente del Consejo Europeo. 
El «trozo de papel» que se guardaba en el bolsillo del Sr. Berlusconi se ha convertido en una servilleta manchada de en la que aparecen anotados unos cuantos chistes malos. 
El Presidente asistió a la Conferencia con una escasa preparación; hizo caso omiso de las advertencias de esta Cámara en las que se decía que un retraso de las propuestas de compromiso acabaría llevándonos a este punto muerto. 
Mientras los norteamericanos sacaban a Sadam Husein de un agujero en el Iraq, hecho mundialmente aplaudido, nuestros líderes se metían a sí mismos en un agujero en Bruselas. 
Para que la cumbre fuera un éxito, eran necesarias dos cosas: la existencia de voluntad política por parte de los principales países y un hábil liderazgo diplomático. 
No hemos visto nada de eso. 
La Conferencia Intergubernamental no estaba destinada al fracaso; el fracaso fue la opción elegida. 
Cinco países se alejaron de un acuerdo que, a pesar de resultar necesario para todos, ninguno de ellos deseaba suficientemente. 
Es cierto que más vale un acuerdo aplazado que un acuerdo malo, pero el problema de posponer una decisión y enterrarla bajo la maleza radica en que quizás luego no se pueda encontrar. 
En especial, si se tiene que hacer frente a una apretada agenda en la que se incluyen negociaciones sobre las próximas perspectivas financieras, conversaciones acerca del ingreso de Turquía y las elecciones en España, Gran Bretaña e Italia. 
Por lo tanto, es preciso que la Conferencia Intergubernamental, tras un breve periodo, reanude su actividad y concluya su labor bajo la Presidencia irlandesa. 
Irlanda cuenta con el Sr. Ahern, uno de los negociadores europeos más experimentados, y con el Sr. Cox, el Presidente de nuestra Cámara, cuya alegría por el Premio Carlomagno compartimos. 
Es posible lograr un nuevo despegue de la Unión Europea. 
Nuestra primera Constitución se merece el debate y la aprobación pública, lo cual exige la elaboración de un Tratado antes de las elecciones europeas de junio de 2004. 
Quiero destacar el alcance de la preocupación de los Liberales, Demócratas y Reformistas en esta Cámara y más allá, así como nuestra impresión de que las acciones de los Estados miembros más importantes están sumiendo a la Unión Europea en una crisis que podría hacer peligrar su naturaleza democrática. 
Asimismo, también nos sentimos decepcionados por las conclusiones de la cumbre. 
No se ha decidido nada con respecto al asunto de Guantánamo, a pesar de que en esta Cámara se instó de forma explícita a nuestros líderes a que defendieran los derechos de los presos. 
En cuanto a Rusia, es vergonzoso el modo en que las conclusiones ignoran unas elecciones que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa calificó de «un retroceso en el proceso democrático». 
La decisión de incorporar a la República Popular China en el programa Galileo parece haber animado las conversaciones acerca del levantamiento del embargo europeo sobre la venta de armas a la única dictadura comunista que aún existe en el mundo. 
A la hora de abordar todos estos asuntos, el Consejo se comportó como si se avergonzara de nuestros valores, o como si los ignorara por completo. 
En la conferencia de prensa que dio tras la cumbre, señor Presidente en ejercicio, usted comentó que, sin tener en cuenta el fracaso de la Conferencia Intergubernamental, su Presidencia sería recordada como «la más gloriosa de los últimos años». 
No obstante, el acuerdo alcanzado sobre las cinco cuestiones mencionadas por el Presidente de la Comisión representa un pobre resultado para un Presidencia en la que se habían depositado tantas esperanzas. 
Si considera este acuerdo como un éxito glorioso, me encantaría saber qué entiende usted por un fracaso. 
Estableció como objetivo para su Presidencia la implantación de una Constitución en Navidad. 
De acuerdo con sus propios principios, ha fracasado. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el pasado 3 de septiembre, aquí mismo, el Sr. Giscard d ' Estaing nos presentó el proyecto de Constitución para Europa. 
Entonces critiqué vivamente ese texto, que, a mi modo de ver y a juicio de mi Grupo constitucionalizaba el modelo liberal, perpetuando, tanto por su orientación como en las instituciones, la parte más controvertida del Tratado de Maastricht. 
Ahora, este proyecto ha quedado congelado durante varios meses. 
Hay quien puede pensar que eso nos produce alguna satisfacción, pero en mi caso esto no es así, ni mucho menos. 
En primer lugar, porque el curso de la Europa liberal no se ve afectado por este fracaso. 
Prosigue por una razón muy simple: por desgracia no es para nada este tema el que divide a los 25 Gobiernos. 
Desde el Sr. Berlusconi hasta el Primer Ministro polaco, todos se deleitaron en destacar que había consenso sobre la práctica totalidad de los puntos del proyecto de Constitución, excepto sobre el modo de cálculo de la mayoría cualificada en el Consejo. 
Todos los problemas que se plantearon con fuerza en el debate público surgido sobre el proyecto de Constitución, por ejemplo en el reciente Foro Social Europeo, siguen sobre la mesa. 
No hay, por tanto, de qué alegrarse. 
Además, se ha producido el espectáculo desolador de las ambiciones y sueños de poder, al margen de cualquier confrontación de opciones sobre las políticas, sobre los objetivos y sobre los valores de la Unión, como un eco de la consigna estúpida de «Niza o la muerte» , una negación absoluta de la política y del espíritu de responsabilidad. 
Esta Europa de dientes largos e ideas cortas, ajena a las expectativas e insensible a las frustraciones que surgen por doquier, es un auténtico regalo para los populistas y los demagogos de toda calaña. 
En aquellas y aquellos que albergan una verdadera ambición para Europa –una ambición alternativa a la de los Tratados actuales, pero con todo una gran ambición–, este preámbulo fallido de la Europa ampliada puede tener un efecto devastador. 
Por último, este punto muerto hace resurgir los viejos tiempos del núcleo duro. 
Demasiado contentos con la ocasión salirse con la suya, los países más ricos airean la amenaza de una reducción de los fondos destinados a los menos desarrollados. 
Una evolución de este tipo, al liquidar la idea de solidaridad entre los países miembros, acabaría con cualquier comunidad en beneficio del sueño de los más liberales, la zona de libre cambio. 
No podemos aceptar esa perspectiva. 
Es una caricatura de la idea de cooperación reforzada entre naciones, algunas de las cuales desean ver un modelo social más avanzado y otras una política internacional más autónoma y ofensiva sin esperar una imposible unanimidad de los 25. 
Pero para ello haría falta un verdadero proyecto político europeo en el seno del Consejo Europeo y, a decir verdad, ese proyecto no existe, si no es el sumamente ambiguo de la defensa europea, agravado por la nueva doctrina estratégica de la Unión, cuya sola lectura da escalofríos. 
Ahí es donde aprieta el zapato. 
El desarrollo y los resultados de este Consejo Europeo deberían convencer a los dudosos de un punto: debido a los cambios importantes que requerirá en las instituciones y orientaciones actuales, un proyecto en el que nuestros conciudadanos puedan reconocerse y comprometerse no nacerá, nunca nacerá espontáneamente de un cónclave de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Tampoco bastará una convención. 
Ahora, quienes deben superar ese desafío son los ciudadanos que aspiran a ello y los partidos en los que se reconocen. 
Y, a mi entender, la próxima fase de la política europea deberá configurarse, más que nunca, en este nivel de ambición. 
Señor Presidente, a modo de evaluación de su labor al mando del Consejo Europeo, tan solo necesitamos indicar que la Unión no se encuentra más fortalecida ni más unida que hace seis meses, que la contribución de su Gobierno a aumentar la cohesión perdida durante la batalla sobre el Iraq ha resultado infructífera y que sus declaraciones sobre Chechenia, el fracaso en producir una iniciativa sobre la pena de muerte y el apoyo y falta de criticismo que ha mostrado ante los Gobiernos de Bush y Sharon han reducido la ya empobrecida credibilidad de la Unión como agente en el panorama mundial. 
O bien podríamos señalar la participación sin interés del Sr. Tremonti en el intento del Ecofin de deshacer los acuerdos alcanzados en la Convención sobre el presupuesto o también el indignante comportamiento del Sr. Lunardi, que presiona para que Europa financie las redes transeuropeas que su empresa construiría. 
Sin embargo, su Presidencia será recordada por los europeos sobre todo por la incapacidad para alcanzar un acuerdo sobre el texto de la Convención. 
Este será el caso incluso si, con la ayuda de sus redes televisivas, logró convencer a los italianos de la consecución de un triunfo porque ha logrado un lugar en la Agencia de Seguridad Alimentaria para Parma y por llegar a un acuerdo –aunque aún está en la mesa de trabajo– para la financiación de un par de túneles y un puente inútil. 
Obviamente, no sería justo si dijera que el motivo de este fracaso radica totalmente en una preparación relajada o en el enfoque original de celebrar reuniones bilaterales que no ofrecieron un debate plenario, además de evitar que todos se formaran una idea clara de cuáles eran las misteriosas propuestas para un acuerdo o quién estaba a favor o en contra. 
No obstante, estamos totalmente seguros de que el acuerdo que se estaba formando habría creado más problemas que la crisis actual. 
Diré algo más: en mi opinión, no podemos realmente decir que tenemos un acuerdo consolidado sobre la mayoría de los 82 puntos presentados por la Presidencia italiana, puntos que, además, son en buena parte inaceptables puesto que representan un paso atrás y no solo con respecto a la Convención sino también a Niza. 
Nos guste o no, el único texto sobre la mesa es el adoptado por la Convención. 
Su Presidencia tan débil, así como los Gobiernos español y polaco no son los únicos culpables de esta crisis. 
Existen muchos más responsables, empezando por los que rechazaron el voto de doble mayoría en Niza y que ahora se las dan de héroes políticos europeos improbables. 
Por tanto, aceptamos el reto que supone esta crisis: puede que nos lleve a una mejor Constitución en el futuro. 
No obstante, necesitamos constatar el hecho de que los Gobiernos de Estados miembros tanto nuevos como antiguos de la Unión no son capaces de llegar a un consenso unánime sobre una Constitución viable para Europa. 
Es inútil: ¡no lo podrán hacer solos! 
La Presidencia irlandesa no logrará lo que no ha podido Italia. 
Para ofrecerle una Constitución a Europa, nos necesitan a nosotros, a los ciudadanos, los Parlamentos, si desean evitar que el proyecto por una Europa unida y ampliada se desplome pronto debido a las disputas catastróficas sobre la perspectiva financiera o la soberanía nacional. 
La Constitución no está muerta, los Gobiernos no son los amos de Europa, porque cuando lo intentan, pierden el rumbo con las disputas dentro de su territorio. 
Debemos reanudar la iniciativa sin demora para evitar que la labor llevada a cabo por la Convención se quede acumulando polvo en un cajón para siempre, con la excusa de que necesitamos tiempo para pensar o para cumplir con nuestras obligaciones electorales. 
Con este objetivo, debemos encontrar aliados tanto en los Parlamentos nacionales como entre aquellos Gobiernos que, como nosotros, pueden percibir la urgente necesidad de superar la crisis con rapidez, restaurando la confianza en el proyecto europeo y su credibilidad, reafirmando la exigencia de abolir el derecho a veto para las reformas institucionales. 
Lamento, Señor Berlusconi, que no quede claro si Italia es uno de estos Gobiernos o no. 
Tenga en cuenta, no obstante: aún no nos hemos resignado a la idea de que, con la Unión Europea recién unida, ya debería estar dividida o que ha llegado el momento de establecer la velocidad de avance en base a los intereses de una reducida elite: no creemos que deban existir dos grupos o facciones diferentes. 
Nuestro objetivo debe seguir siendo darle nuevo ímpetu al proyecto de una Europa democrática y eficaz, con la que todos nos podamos identificar. 
Quizás sea cierto que casi llegamos al acuerdo en Bruselas. 
De ser así, exigimos a la Presidencia irlandesa que convoque otra Convención sin demora para determinar a la luz del día si aún es posible alcanzarlo. 
De lo contrario, el plan debe consistir en volver a abrir el proceso constitutivo después de las elecciones europeas. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la Presidencia italiana su trabajo durante una situación difícil, debido a las circunstancias internacionales y a las tragedias que han golpeado varios países europeos, Italia en particular. 
Aquellos que han dado sus vidas por la libertad y la democracia en el Iraq quedarán para siempre grabados en nuestra memoria, mientras seguimos con nuestra tarea política. 
La Presidencia italiana ha afirmado que los bienes primordiales para la sociedad son el mantenimiento de la paz –y, por tanto, la lucha contra el terrorismo y las fuerzas perjudiciales– y la búsqueda de una prosperidad estable para todas las personas y para todos los países cuyos habitantes viven en condiciones difíciles y trágicas, ya sea debido al hambre, la pobreza, la falta de progreso o, como suele suceder demasiado a menudo, debido a sistemas políticos opresivos. 
La Presidencia resaltó que, si deseamos lograr una Europa más fuerte, libre, independiente y global, son necesarios cambios institucionales, que no se logren mediante acuerdos débiles. 
Los ciudadanos europeos necesitan claridad y eficacia y el Consejo tiene el deber de definir sin ambigüedades el papel político, económico y cultural que Europa debe tener en la escena mundial. 
El terrorismo no se puede vencer con tan solo métodos convencionales, sin la implicación de los ciudadanos. 
La globalización de los mercados exige nuevas normas financieras y económicas, para sustituir las ya obsoletas del siglo pasado. 
Se debe producir una cooperación renovada con respecto a las zonas geográficas más cercanas a nosotros en especial, a la vez que en este contexto se debe otorgar distinta consideración a los países cuyos idiomas y culturas son parecidos a los nuestros. 
Señor Presidente, deseo expresar que y yo personalmente lamentamos, como miembros de la Convención, que no se haya alcanzado ningún acuerdo sobre un nuevo Tratado. 
La Unión no puede tener un sistema de dos niveles, con Estados de primera y de segunda clase, ni individuos o alianzas de Estados dominantes, mostrando dos caras al mundo. 
Precisamos un nuevo Tratado y cada Estado debe dejar a un lado las reservas mentales, que suponen un obstáculo para la unión política. 
Se deben proporcionar las tareas asignadas a los ciudadanos y debemos cerciorarnos de que Italia dará total apoyo a la Presidencia irlandesa para que lo que no se logró ayer se pueda obtener lo más rápidamente posible. 
Los ciudadanos de 25 Estados miembros de la Unión no desean un superestado federal ni una Europa consistente tan solo en una zona de libre comercio. 
– Fractura en el tema del Iraq, fracaso en Cancún, desaire en Suecia, naufragio del Pacto de Estabilidad, fiasco constitucional por último, ¡2003 ha sido sin duda un para Europa! 
Así pues, no habrá Constitución europea, pero, ¡tranquilícense, ni un solo ciudadano lo lamenta, ni siquiera se dan cuenta de ello, tanto se ha alejado Europa del corazón y el espíritu de los europeos! 
No sé muy bien a quién debemos este «milagro» , señor Berlusconi; hayan sido los españoles, los polacos o, como murmuran muchos aquí, los franceses, creo que han actuado sabiamente, pues resulta evidente que la Europa de los 25 no es adulta, y que era como poco prematuro dotarla de esta consagración, de la madurez política y democrática que constituye una constitución. 
Entonces, por favor, señor Presidente Berlusconi, con respecto a Turquía, reflexionemos aún un siglo o dos, quizás incluso más. 
Por mi parte, pienso que debemos el fracaso de Bruselas tanto al corporativismo de las instituciones europeas, y en primer lugar de la Comisión de Bruselas, como a la defensa de sus intereses legítimos por parte de determinados Estados miembros. 
Esto es lo que ocurre, señor Prodi, cuando Penélope, contrariamente a lo que enseña la Odisea, desteje en vez de tejer. 
Pero, en fin, tranquilicémonos y consolémonos: ¡no tendremos Constitución europea, pero hemos ganado a la! 
¡Entonces puede que se inmortalice, como la Constitución! 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, esta Europa ha actuado de la misma forma que hizo durante la crisis en los Balcanes y las atrocidades de Milosevic; al igual que la Europa que, incluso hoy en día, la única postura sobre Oriente Próximo que mantiene son las miras estrechas de cada uno de sus partidos y facciones. 
Hemos fracasado, ustedes han fracasado en producir una Constitución, un Tratado Constitucional, puesto que ahora vivimos un período de regreso de la burocracia y falsas esperanzas nacionalistas, que cargan con el peso de nuevas ideologías en esta Cámara. 
No estamos en los Estados Unidos de Europa, la Europa de Altiero Spinelli, de Ernesto Rossi, la Europa que en prisión concibieron los liberales, demócratas y federalistas intransigentes. 
Tampoco se trata de la Europa de Robert Schuman o Konrad Adenauer. 
Las palabras del Sr. Barón Crespo al respecto son idóneas. 
Vivimos en una Europa que ha decepcionado al Sr. Pasqua de algún modo, aunque hoy encuentra en el Sr. Chirac la postura antigua, en esencia antieuropeísta y antifederalista. 
Usted ha pagado, Señor Primer Ministro, por pretender el arbitraje. 
Ha tratado las pequeñas y egoístas, aunque muy comprensibles, preocupaciones económicas de España y Polonia de igual forma, pero se rindió al constante chantaje arrogante y nacionalista de Francia, país acostumbrado a ser el único en salir ganando en Europa. 
Había llegado el momento de que Francia empezara a pagar también, como lo hemos hecho todos. 
Pues bien, señor Primer Ministro de Italia, sin lugar a dudas no ha recordado, no ha tenido fe en aquellos que, más en prisión que en conferencias lujosas, perfilaron el camino establecido por el Parlamento en el período de 1982-1984. 
Necesitamos regresar a esos tiempos, a la Europa de nuestro Parlamento, cuya tarea principal debe ser librarse de sus ataduras. 
Es un símbolo: ni siquiera tenemos la potestad para decidir dónde, cuándo o cómo nos reuniremos. 
Estamos obligados a hacerlo en Estrasburgo. 
En primer lugar, debemos dar ejemplo a los europeos. 
Como diputados al Parlamento, debemos decidir sobre la ubicación de nuestra Cámara, en la que debatiremos los asuntos que nos preocupan a todos. 
– Señor Presidente, para empezar me pregunto si la Conferencia Intergubernamental ha sido un fracaso. 
Sin duda, se trata de un reflejo de la opinión que existe actualmente en el plano gubernamental acerca de la estructura y la aplicación de una nueva Constitución de la Unión Europea. 
La falta de unanimidad refleja las diferencias reales que existen entre los Estados miembros, diferencias que se arrinconan fácilmente y que quizás se han olvidado con demasiada rapidez en este debate concreto. 
Desde mi punto de vista, la cuestión está en determinar el camino a seguir a partir de ahora. 
¿Se trata de un problema con posibilidades realistas de registrar avances en el transcurso de la Presidencia irlandesa? 
Suecia afirmó al término de la Conferencia Intergubernamental que es probable que esta cuestión no se retome en el Consejo antes del año 2005, al tiempo que otros aseguran que pasarán como mínimo dos años antes de que eso suceda. 
Quiero decir al Presidente en ejercicio del Consejo que debería descartar gran parte de los comentarios realizados en las últimas intervenciones. 
Especialmente aquellos procedentes del Sr. Watson, el líder del Grupo Liberal, quien ha mostrado su lado más moralista durante lo que yo considero una serie de reproches baratos contra el Sr. Berlusconi. 
Al Presidente en ejercicio quizás le interese saber que mientras se esforzaba por alcanzar un acuerdo en la Conferencia Intergubernamental el pasado viernes, el nombre del Sr. Watson aparecía en portada de la prensa Murdoch, donde abogaba por la celebración en el Reino Unido de un referendo sobre el resultado de estas conversaciones constitucionales. 
Esto sucedía solo un día después de que todos los diputados votaran en esta Cámara en contra de dicho referendo. 
Esta actitud contradictoria es un aspecto que hemos podido apreciar en el Sr. Watson. 
Cabe mencionar que el Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, el Sr. Robin Cook, anterior Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, ha explicado cómo debería ser el camino a seguir según su opinión. 
Ha señalado que conviene alejarse de este debate constitucional introspectivo en Europa, ya que ha consumido demasiado tiempo y energía; asimismo, ha comentado que debemos centrarnos en aquellas cuestiones que preocupan a los ciudadanos europeos, tales como el empleo y el crecimiento, el medio ambiente, los derechos humanos y la calidad de vida. 
Afirma que es preciso aproximarse a los ciudadanos que nos eligieron para representarles. 
El Sr. Cook realizó estos comentarios para la BBC en el Reino Unido. Puede que no los repita al dirigirse al Grupo del Sr. Barón Crespo aquí. 
No obstante, celebro el hecho de que el Sr. Cook haya apoyado un enfoque que yo he defendido en casi todos los debates sostenidos en relación con el problema constitucional. 
El proyecto de Constitución contenía numerosas cuestiones con las que discrepo. 
Aunque no es momento de entrar en ese tema, considero que todos deberíamos comprometernos con la idea de retomar el interés por los asuntos que preocupan a nuestros electores, cuya opinión, les recuerdo, conoceremos en junio del año que viene. 
Señor Presidente, debo confesar que, mientras escuchaba la intervención del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, me dio la impresión de que el fracaso de la Conferencia Intergubernamental se consideraba como un dato nimio dentro de seis meses triunfales de Presidencia. 
Este no es el caso. 
Esta Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunió ayer por la tarde con gran cantidad de representantes de Parlamentos nacionales, ha manifestado su sentimiento común y profundo de decepción y preocupación, además de la determinación común de ayudar en cada aspecto posible para que se reanude el proceso constitucional y se concluya de forma apropiada. 
No debemos restarle importancia a lo que ha ocurrido, no podemos escondernos tras el motivo reconfortante de que la Comunidad Europea se estaba enfrentado a otras crisis y que las ha superado. 
Esta vez es muy probable que se produzca una profunda brecha en la Unión, en la víspera de la gran ampliación. 
Esta vez la opinión pública de todos los países probablemente sufrirá una grave crisis de confianza en una Europa unida. 
Ayer por la tarde dialogamos sobre la forma de evitar que el camino hacia la Constitución siga bloqueado. 
Es un hecho que, cuando el proceso de elaborar el borrador de la Constitución o revisar los Tratados dejó de ser una exclusiva de los Gobiernos y se confió a un organismo europeo en el que los representantes de los Parlamentos nacionales y europeo se sentaron en la misma mesa –es decir, en la Convención–, la labor continuó con un espíritu europeo y se alcanzó un acuerdo basado en los intereses comunes de Europa. 
Una vez que este proceso ha regresado a manos de los Gobiernos con la Conferencia Intergubernamental, los intereses particulares e incluso asuntos de puro prestigio nacional prevalecieron en las áreas más críticas. 
¿Qué podemos hacer? 
En primer lugar, el enfoque que el Sr. Berlusconi ha mencionado sigue siendo válido. 
La Constitución no puede surgir a partir de un acuerdo débil. 
Sin embargo, sería una buena idea clarificar lo que la Presidencia italiana quiere decir con esto. 
¿Cuál fue el compromiso que se evitó? 
¿Volver a Niza, la intangibilidad del Tratado de Niza en cuanto al sistema para calcular un voto por mayoría? 
Nos sería de utilidad que la Presidencia italiana saliente nos explicara con mayor claridad en lugar de alabar a todos los que participaron en la CIG. 
En segundo lugar, no debemos menospreciar todo lo que se ha negociado en los últimos meses. 
Todavía queremos saber qué soluciones se han encontrado para los 82 puntos y se tienen que hacer públicas, a fin de poder ver el fundamento de las mismas. 
Se necesita además mantener más conversaciones sobre un tema que ha quedado sin resolver: el procedimiento para revisar el Tratado. 
Por último, la Presidencia irlandesa va a ejercer un mandado extremadamente limitado. 
Nuestro mensaje –como usted, señor Cox, ha mencionado– es que la Presidencia irlandesa debe interpretar este mandato de una forma más amplia y global, extendiendo sus consultas para hacer buen uso de las contribuciones y los consejos de la Convención. 
Señor Berlusconi, aunque ha terminado su trabajo, las responsabilidades de Italia no acaban aquí: como uno de los países fundadores, debe representar una fuerza decisiva e impulsora en estos momentos críticos, para asegurar que el proceso de integración continúa. 
– Señor Presidente, lo que resulta verdaderamente frustrante en relación con el fracaso de la Conferencia Intergubernamental celebrada en Bruselas es que, dejando a un lado a Polonia, la posibilidad de lograr un acuerdo sólido estuvo más cerca de lo que a menudo se considera. 
Aún es posible obtener un acuerdo respetable a través de una mediación hábil partiendo del resultado del trabajo del Sr. Giscard d ' Estaing y la Convención. 
El hecho de que la Conferencia haya fracasado hace que el proceso y el resultado de la Convención resulten más interesantes. 
Sin duda, conviene que la Presidencia irlandesa adopte medidas rápidas encaminadas a completar la labor de la Conferencia Intergubernamental, para lo cual necesitarán ayuda. 
Y no existe nadie más capacitado a la hora de proporcionar asesoramiento que la propia Convención, a la cual habrá que instar en enero a que estudie todo el paquete de propuestas de la Presidencia publicado el pasado 9 de diciembre. 
El Primer Ministro Berlusconi sostiene que se ha llegado a un acuerdo en numerosas cuestiones, pero ¿en qué consiste ese acuerdo exactamente? 
¿Acaso se ha pactado en el ámbito del tercer pilar que la cláusula del «freno de emergencia» pueda acabar con el procedimiento de codecisión y la votación por mayoría cualificada? 
¿Se ha aprobado la votación por mayoría cualificada para la política exterior y de seguridad, como proponía la Presidencia? 
En cuanto a la cláusula «pasarela» , ¿podrá el bloqueo de un único Parlamento paralizarlo? 
El Parlamento necesita y tiene derecho a conocer las respuestas a estas preguntas concretas. 
– Señor Presidente, creo que es imposible no darse cuenta de que nos hallamos ante un revés. 
Parece que el problema sabe de qué tipo de revés se trata. 
Creo que es el fracaso de la construcción que ustedes han elegido. 
¿A quién me refiero con «ustedes»? 
La Presidencia italiana, la Convención del Tratado y la CIG. Han reducido el conflicto que Europa está experimentado a un enfrentamiento sobre el aspecto político de Europa –que tenga que ser tanto como sea posible o tan poco como sea necesario– en resumen, un enfrentamiento entre eurófilos y euroescépticos. 
Con ello están ensombreciendo el verdadero conflicto y el dramatismo de las opciones que Europa está llamada a elegir. 
De este modo se han mantenido en el mismo modelo real y han llamado a este conflicto –que tiene que ver con quién y cómo ha de tomar decisiones– un modelo cuando no lo es, distanciándose incluso todavía más de los ciudadanos de Europa. 
De hecho, el modelo es un modelo social de una construcción política: es su aspecto internacional. 
Han elegido constitucionalizar el mercado en un momento en que el neoliberalismo fracasa y, aunque prefieren ustedes la paz, han considerado que la guerra es posible, en estos momentos terribles cuando el mundo está sacudido por guerras y terrorismo. 
El alineamiento ciego con el marco Atlántico niega cualquier ambición de una Europa independiente. 
No han elegido la ambición de un modelo sino que se han conformado con un acuerdo y con mantenerse a flote, lo que en la práctica ha demostrado ser un marco de arenas movedizas, lo que ha exaltado la lucha de poder entre potencias y entre países. 
Es así cómo ha volado en mil pedazos la construcción. 
Estaría bien si por lo menos no negaran su fracaso, tal como ha hecho el Primer Ministro italiano. 
El Presidente del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas ha utilizado la palabra en toda su crudeza. 
Creo que el Sr. Prodi también lo ha reconocido, pero creo que está equivocado cuando piensa que la solución vendrá dada manteniéndose firme por parte de la Convención. 
En realidad, creo que la respuesta está en no seguir caminando por un sendero equivocado que, si continuamos por él, nos llevará a la última crisis de Europa. 
Entonces, tendremos que volver a empezar, pero ¿a partir de qué punto? 
El primer punto es uno de método: desde una relación diferente con los ciudadanos, los movimientos y la opinión pública democrática de Europa. 
El segundo es uno de contenido. 
Se nos plantean tres cuestiones esenciales: la economía, las condiciones sociales y el aspecto internacional, y son ineludibles. 
No solo está el fracaso de ayer; también está la crisis de Maastricht, el paradigma de una Europa de mercados. 
Europa, tal como ha dicho el Presidente en ejercicio, está atrapada entre el proceso político de los Estados Unidos, donde el dólar favorece su competitividad, y la agresividad de economías como la de China. 
En esta situación, la respuesta de la CIG no es de ninguna manera la de convencer, situada como está entre una perspectiva Keynesiana bastarda y un ataque a las condiciones sociales de los trabajadores. 
Señor Presidente, lo que realmente necesita que se le preste atención son los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía. 
Si no comenzamos de nuevo basándonos en esta realidad, Europa no puede tener futuro. 
– Señor Presidente, señor Berlusconi, en la inauguración de la Conferencia Intergubernamental, divirtió usted a sus colegas con un chiste sobre la forma en que iba a hacer feliz a la gente. 
El chiste consiste en que alguien le aconseja que se tire usted de un helicóptero. 
Nos alegra mucho que no lo haya hecho, pero no nos divierte la forma en que tiró en su lugar la Constitución europea. 
Hay tres tipos de fracaso: puede perder frente a sus opositores, puede no cumplir las metas que se han fijado demasiado altas, y puede ser usted su propia perdición. 
La Conferencia Intergubernamental se abatió a ella misma. 
Nadie estaba en contra de ella. 
La Convención le respaldaba, con un amplio consenso de los Estados miembros más grandes y de los pequeños, los antiguos y los nuevos, de los Parlamentos y los Gobiernos. 
Sólo tenía opositores en sus propias filas. 
¿Fracasó por aspirar demasiado alto? 
No, puesto que, aparte de las propuestas de la Convención, no había controversias; incluso con sus 300 enmiendas, no se acercó en absoluto por lo que respecta a lo que la Convención había propuesto, y ni siquiera con respecto a los Tratados de Niza. 
Usted fue la causa de su propio fracaso. 
Habiéndole pedido que asumiera la responsabilidad de Europa, luchó por egoísmos nacionales; habiéndole pedido que creara un equilibrio entre las instituciones y una democracia europea, intentó construir a partir de ella su propia ventaja de poder, y no perder tiempo en adquirir ventajas para los Gobiernos nacionales. 
Tuvo la ocasión de defender el consenso de la Convención –que fue el más grande que podía lograrse– pero en lugar de ello, lo perdió. 
Creo que nos queda algo de esperanza. 
Usted, Señor Presidente en ejercicio, lo ha intentado; los Gobiernos lo han intentado, y han fracasado. 
Tras el fracaso a medias de Amsterdam y el fracaso total de Niza, por fin, ahora, han fracasado. 
Todo lo que podemos hacer ahora es apelar al buen juicio de los Gobiernos para persuadirles a que acepten el proyecto de la Convención, que es, después de todo, el más alto denominador común de Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, desde que formo parte de esta Asamblea ya no me sorprende nada. 
Eso al menos creía, porque esta mañana, lo reconozco, me he sorprendido, pero no por el resultado del Consejo Europeo de Bruselas y el fracaso de la Conferencia Intergubernamental. 
Lo he dicho en varias ocasiones, en especial aquí mismo, no he pensado ni un solo segundo que los Jefes de Estado y de Gobierno, que representan la más alta instancia democrática en el seno de la Unión, pudieran aceptar razonablemente, tal cual, sin modificarlo –eso al menos exigían los dictados de la mayoría de este Parlamento– el proyecto de Constitución europea elaborado por la Convención. 
No, lo que me sorprende es el comportamiento de la mayoría federalista aquí presente, cuya ceguera, hay que decirlo, va más allá de lo comprensible. 
Ustedes nunca reconsideran su postura. 
No he oído ni a uno de ustedes decir: «Quizás nos hayamos equivocado. 
Sin duda tomamos el camino erróneo.» 
No. 
Mejor aún, como dignos émulos del triste Lysenko, buscan culpables a los que cargar la responsabilidad del fracaso. 
Como furiosos miembros de la Convención, quieren que rueden cabezas. 
Pero miren serenamente las cosas de cara y vean que la causa de este fracaso no es ni la Presidencia italiana, cuyo excelente trabajo celebro de paso, ni la actitud de algunos Estados miembros, que, como exigían sus pueblos, defendieron valientemente sus intereses nacionales, sino simplemente su Convención y su rocambolesco proyecto de Constitución. 
Por muy generoso que sea, ese proyecto estaba condenado antes mismo de ver la luz, porque entraba radicalmente en contradicción con la realidad política europea, una realidad que, lo quieran o no, sigue estando determinada por la existencia de los pueblos y de las naciones. 
Al rechazar un reparto del poder calcado del modelo federal, España y Polonia prestaron un gran servicio a Europa, diciendo al fin bien alto lo que muchos otros pensaban por lo bajo desde hacía meses, que la vieja Europa de Jean Monnet heredada del reparto de Yalta está caduca. 
No se obstinen en exhumar un federalismo en desuso. 
A diferencia del Presidente de la Convención, el proyecto de Constitución no es inmortal, así que déjenlo descansar en paz. 
Aprovechemos mejor la ocasión que se nos brinda para sentar las bases de una Europa joven, la que ha recuperado sus fronteras naturales. 
Construyamos una Europa política que, sin renegar nunca de su historia y teniendo en cuenta las exigencias de la modernidad, tienda hacia un ideal de libertad y no de uniformidad. 
– Señor Presidente, me alegra que ahora se nos dé un poco más de tiempo para debatir la Constitución. 
Se han concluido las negociaciones en un 99%. 
Solo falta un aspecto muy importante: la definición de la mayoría cualificada. 
Y luego está el encuentro con el electorado. 
¿Por qué no utilizar el tiempo disponible para preparar referendos en todos los países? 
Paralelamente con la cumbre, la Campaña Europea para el Referendo se reunió en Bruselas con 100 asistentes de numerosas organizaciones diferentes. 
Tanto el Sr. Leinen como yo participamos como oradores. 
En nombre de S.O.S. Democracia y del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, me gustaría participar en algún tipo de trabajo de información concienzudo sobre el proyecto de Constitución. 
Dejemos que los federalistas y los eurorrealistas presenten sus diferentes visiones de Europa, junto con ediciones accesibles de la redacción de la Constitución. 
Pidamos juntos referendos en todos los países de la UE bajo un lema común: ¿Constitución de la Unión Europea? 
Pregunten a la gente. 
En Dinamarca, se va a convocar un referendo, pero el Movimiento de Junio quiere ayudar reuniendo firmas para convocar referendos en todos los países de la UE. 
Cuando hay un referendo y votamos «no» en Dinamarca, se convoca otro. 
En lugar de dar a los daneses y a los irlandeses una segunda vuelta de votación, sería mejor consultar a toda la UE. 
Por lo tanto, me gustaría recoger firmas para solicitar que se convoquen referendos en toda la UE. 
No se puede dar una Constitución a los ciudadanos sin su permiso. 
– Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Berlusconi por haber asumido la Presidencia de la Unión Europea durante seis meses y, en particular, por esa parte de su discurso que no solo se centraba en la Convención, la Constitución o la Conferencia Intergubernamental, que no llegó a buen término Esto no quiere decir que Europa esté muerta o acabada. 
Los Tratados siguen siendo plenamente vigentes y seguirán siendo válidos y estarán en vigor hasta que sean substituidos con un nuevo texto. 
En el discurso del Presidente en ejercicio, me ha alegrado oír la referencia que ha hecho a cuestiones más próximas a los ciudadanos, quienes, creo, no tienen un interés particular en si la votación es por mayoría doble, si España tendrá 27 en lugar de 28 votos o este tipo de cosas. 
Creo que a los ciudadanos les interesa mucho más las obras públicas importantes, no tener que hacer caravanas en las autopistas, poder viajar en trenes rápidos, que se preste una especial atención al empleo y –tal como ha dicho el Sr. Berlusconi– emprender acciones contra los países cuyas actividades comerciales en el libre mercado incumplen la normativa sobre la protección del medio ambiente y de los trabajadores. 
En este Parlamento, hace diez años, planteaba exactamente los mismos puntos, por lo que me alegró escuchar al Presidente en ejercicio del Consejo exigir lo mismo. 
También he de añadir que este tipo de competencia desleal también se puede observar en la piratería de productos y marcas, y en este contexto, ahora que se ha pasado el bastón de mando a Irlanda, a mi entender, deberíamos hacer un gran esfuerzo en proteger a nuestras industrias, nuestros productos, nuestros trabajadores y, en última instancia, nuestro nivel de vida. 
Las instituciones son importantes y su reforma también. 
Sin embargo, tal como ha hecho el Sr. Berlusconi, tenemos que prestar atención a las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, durante el fin de semana, a veces tengo la impresión de que hemos estado debatiendo las cláusulas de emplazamiento en lugar de tener una cita con la historia, y de que la razón por la que no hemos llegado a ninguna conclusión ha sido la de que quizá no hemos sido conscientes de nuestras responsabilidades en todos los ámbitos. 
Ahora, mi gran preocupación es de que todo se nos escape de las manos. 
Cuando contemplo la enorme escala temporal, que se extiende hasta 2005, temo que va a restarle impulso a la Convención. 
Creo que es debido a ello que, sobre dos puntos, hemos de dejar claro qué es lo que no queremos. 
No quiero una «Europa nuclear» ; en vez de ello, no debemos perder tiempo en una nueva tentativa, con el texto de la Convención, para sacar más provecho de una Constitución para una Europa de mayor escala con veinticinco Estados miembros. 
En segundo lugar, no quiero un compromiso si no aumenta nuestra capacidad de actuar. 
El debate sobre este punto provocó que la CIG fracasara. 
No puede haber ningún compromiso si, habiéndolo obtenido, existe una menor transparencia -–me viene a la mente el Consejo Legislativo– o menos democracia, de lo cual tanto el debate presupuestario como los derechos presupuestarios del Parlamento nos proporcionan ejemplos. 
A pesar de estas críticas, quiero agradecer a la Presidencia italiana del Consejo por haberse mantenido cerca del texto de la Convención durante todas estas semanas y meses y por haber mantenido su compromiso respecto a ello. 
Esta es la razón por la que todavía sigue en pie el texto de la Convención: ahora, nos incumbe a nosotros insuflarle nueva vida. 
En estas circunstancias, y en vista de la declaración del Sr. Berlusconi de que una serie de puntos críticos anteriores –--al parecer, 82 de ellos– se han abordado satisfactoriamente en Bruselas, tendría sentido que nos aferremos firmemente a ello si queremos mantener el impulso. 
Por este motivo, creo que los ministros de Asuntos Exteriores deberían reunirse en enero a más tardar para consolidar lo que se ha conseguido. 
De esta forma, creo que podríamos mantener el impulso y usted, señor Presidente, quizás podría inducirles a que tomaran esta senda. 
Esto proporcionaría una base sobre la que la Presidencia irlandesa del Consejo podría formular propuestas para la celebración de una nueva reunión de los Jefes de Estado o Gobierno a la mayor brevedad posible, aunque el calendario debería programarse de forma que se pudiera llegar a compromisos. 
Esta reunión tiene que celebrarse, y tiene que resolver asuntos, antes del 1 de mayo, cuando la ampliación ha de tener lugar, ya que el objetivo de este proyecto es, hablando con lógica, que la ampliación de la Unión Europea sea posible. 
Quiero dar una segunda razón por la que esta reunión tiene que celebrarse antes del 1 de mayo, y es que no sé cómo, si las cosas siguen tal como están en estos momentos, los jefes de Gobierno y nosotros en esta Asamblea podemos dirigirnos a los electores el 13 de junio. 
Es por esta razón –para que los electores tengan una perspectiva que no les haga perder la confianza en Europa– por lo que es desde este punto desde donde los jefes de Estado o de Gobierno han de volver a empezar antes del 1 de mayo. 
Espero, señor Presidente, que en las semanas que le quedan de Presidencia, se unirá a sus sucesores en la puesta en marcha de un proyecto de este tipo 
– Señor Presidente, la cumbre del fin de semana es fuente de peligro para Europa, pero quiero que seamos coherentes. 
Durante años, hemos condenado compromisos con el más bajo denominador común; en esta ocasión, el denominador común más bajo habría sido «Niza II» , que hubiera destruido el proyecto de Constitución. 
Permítanme que diga que es mejor que la cumbre haya fracasado a que se pierda el proyecto de Constitución para Europa. 
En el Parlamento de Europa no vamos a permitir ahora que el proyecto desaparezca en los archivos de la historia. 
Sigue estando sobre la mesa. 
Trabajar para que continúe allí será nuestra primera prioridad en los meses y años venideros, y tendremos que seguir trabajando con este fin e incluso después de las próximas elecciones europeas con nuestros nuevos colegas diputados, aquí, en el Parlamento Europeo. 
Europa se encuentra en una situación de crisis, y tenemos que hacerle frente con firmeza. 
No tenemos que dejar influenciarnos por palabras zalameras sobre que todo sigue igual. 
Superaremos crisis como ésta no permaneciendo quietos sino continuando actuando. 
¿Dónde está este peligro que se cierne sobre el futuro de Europa? 
No reside en la posibilidad de que la Constitución llegue con dos años de retraso. Reside en una nueva división que se abre en Europa. 
En una Europa más fuerte y unida, de un lado, hay Gobiernos que buscan utilizarla como un medio para promover sus intereses nacionales y, de otro, hay Gobiernos que quieren defender sus intereses contra ella. 
No hay que permitir que esta brecha se agrande, por lo que nuestra tarea más importante es tender un puente sobre ella. 
Al final, la controversia en su cumbre consistía en la división de poder en Europa, que los poderes mundiales hace tiempo que ignoran. 
Es aquí donde reside el peligro al que se enfrenta Europa. 
Mientras se encuentran ustedes en Bruselas luchando a brazo partido sobre la influencia, Europa se encuentra en el proceso de perder todo tipo de influencia en el mundo. 
Este es el peligro cuya fuente es esta cumbre. 
Me atrevo a decir que es fácil superar las diferencias que se han puesto tan de manifiesto entre los Gobiernos, pero será difícil restaurar la confianza de los ciudadanos en el futuro de Europa. 
Y sin embargo, esta será nuestra tarea, tarea que deberemos llevar a cabo durante los años y décadas venideras, una tarea en la que deseo a todos mucho éxito. 
– Señor Presidente, el fracaso de la CIG podría muy bien llevar a un fracaso de Europa puesto que, si bien es una meta histórica maravillosa, todos sabemos que la ampliación a 25 Estados miembros sin voto mayoritario será una pesadilla, una pesadilla en la que Europa estará dividida, paralizada e impotente en un mundo mundializado. 
El informe final que el Sr. Berlusconi expuso en esta Asamblea durante tres cuartos de hora –82 puntos «con una excepción» , que deben ser el éxito de la CIG– es una forma burda de darnos una mayor dosis de sufrimiento. 
Lamentablemente, de nuevo le preocupa distanciarse de una señal de fracaso en lugar de indicar la buena ruta en nombre de un gran país fundador como Italia. 
El Sr. Prodi ha expresado honestamente el alcance del fracaso y los riesgos que conlleva, y ha empezado a señalar un posible camino para el futuro. 
Señor Prodi, digo que sí a una iniciativa de los Estados pioneros para una Europa que en ningún caso descalifica la importancia de que esta Unión amplia se extienda desde Portugal a los Estados Bálticos, pero sabe usted muy bien que tenemos que avanzar hacia una integración efectiva y democrática de la Comunidad basada en los resultados de la Convención. 
Sí, por lo tanto, a empezar con aquellos que comparten los resultados de la Convención –un compromiso honroso– en el nuevo camino de la Comunidad Europea. 
De este modo, se puede ayudar a que todos los 25 logren la meta. 
Este es el objetivo en torno al cual tenemos que unirnos y podemos hacerlo a partir de mañana mismo. 
– Señor Presidente, no cabe duda de que el fiasco de Bruselas ha sumido a Europa en una grave crisis. 
Se trata del primer fracaso de una Unión Europea ampliada, incluso antes de la adhesión de nuevos Estados miembros. 
Representa un revés para la integración de Europa, pero ¿qué lo ha provocado? 
La Cumbre de Bruselas no se centraba en la creación de una Europa democrática, social y pacífica. 
En lugar de ello, se ha discutido el poder y la influencia, y un nacionalismo estrecho de miras ha vuelto a prevalecer en otra demostración de que las Conferencias Intergubernamentales son totalmente inadecuadas para hacer avanzar la integración europea. 
La idea europea ha resultado gravemente perjudicada en la cumbre, donde fue la verdadera perdedora. 
Aunque también hubo vencedores; entre los cuales se incluyen, por ejemplo, los Estados Unidos, ya que es este país quien se beneficiará de las conclusiones de la cumbre sobre la política europea de defensa y seguridad, que ha mantenido unidas a Europa y a la OTAN como hermanos de armas y nos ha puesto bajo la custodia estadounidense en asuntos de política de seguridad. 
Estoy a favor de una Constitución europea, moderna y progresista. 
Fue con esto en mente por lo que me impliqué en la Convención, pero los políticos tenemos que estar muy recelosos de que –hablando de modo figurado– nadie se haya echado a la calle para manifestarse a favor de la Constitución elaborada por la Convención. 
Solo el 38% de los ciudadanos como mucho han oído hablar de algo sobre la Convención y sólo un pequeño porcentaje de ellos están familiarizados con el texto. 
Independientemente de esto, el verdadero problema ha de buscarse en otra parte, y es que los ciudadanos no están convencidos de que sus principales problemas y necesidades son una prioridad. 
El grado en que están en lo cierto sobre este punto se demuestra, a modo de ejemplo, en el hecho de que la CIG en su conjunto no prestara atención ni por un momento a las contradicciones inherentes entre la Parte 3 y la Parte 1 del proyecto de Constitución, y por el hecho patente de que en el texto de la Constitución han de mantenerse dos filosofías económicas mutuamente antiéticas: la economía de mercado social por un lado y la libre competencia por otro. 
Esta no es la forma de entusiasmar a los ciudadanos con la Constitución Europea. 
Espero que el momento de reflexión –la crisis– se entienda como una oportunidad. 
Les pido que mantengan un debate abierto con los ciudadanos sobre el proyecto de Constitución, y por encima de todo se tomen en serio las críticas que la sociedad civil hace al proyecto de la Convención. 
Señor Presidente, acabamos de asistir a un estrepitoso fracaso en la construcción europea protagonizado por Jefes de Estado y de Gobierno que no han sabido tener la suficiente talla de estadistas como para ver y preservar el interés colectivo de todos los ciudadanos. 
Muchas veces he tenido que oír en este Parlamento calificaciones peyorativas de los nacionalismos históricos democráticos, como el vasco, cuando lo único que pretendemos es salvaguardar nuestra identidad y nuestra cultura en tanto que estamos dispuestos a compartir nuestras leyes y competencias políticas con los demás europeos. 
Para ello, no solo pedimos un reconocimiento como naciones históricas, sino también un lugar en los procesos de decisión democráticos. 
No somos nosotros, sino algunos exacerbados nacionalismos estatales, los que frenan Europa, como es el caso del Sr. Aznar, que sólo piensa en cómo bloquear para imponer sus criterios a los demás, en lugar de pensar en cómo construir una Europa más fuerte, próspera y unida en su diversidad. 
Estoy convencido de que, para poder avanzar, la Unión tiene que dejar de ser dominada por los Gobiernos estatales, es decir, por los ejecutivos, y convertirse en una verdadera unión federal, donde los ciudadanos y sus representantes, los eurodiputados, seamos los que hagamos la Constitución y las demás leyes comunitarias. 
Es hora de abandonar el intergubernamentalismo y de profundizar en una entidad política plena, en un supraestado de Derecho común para todos los pueblos y naciones del continente o, al menos, para los que quieran construir un futuro común basado en el diálogo, la confianza, el entendimiento entre iguales y el bien para todos. 
– Señor Presidente, más allá de las apariencias, el Consejo de Bruselas sobre la Constitución europea fracasó por tres razones. 
Primera, la Convención pretendía haber llegado a un consenso, pero era falso. 
La Conferencia Intergubernamental no hizo más que desenmascarar la mentira de la Convención. 
Segunda, la oposición de España y Polonia sobre el método de cálculo de la mayoría cualificada estaba motivada en realidad por divergencias profundas, compartidas por otros Estados que no lo decían abiertamente: el rechazo de una Europa unitaria dirigida de forma supranacional por una elite cooptada. 
Doy las gracias a esos países, que defendieron el verdadero interés europeo. 
Tercera y última, la intransigencia de quienes se aferraron a la fórmula de mayoría cualificada propuesta por la Convención demostró en realidad su voluntad de no llegar a un resultado. 
Quizás porque pensaran que las conclusiones de la Convención no eran tan buenas como para eso. 
Pero quizás sobre todo, porque, conociendo el estado de ánimo de sus conciudadanos, quisieron dejar el problema para después de las elecciones europeas. 
En realidad, señor Presidente, los ciudadanos fueron los que, sin ni siquiera ser consultados directamente, bloquearon la Constitución europea. 
Señor Presidente, prácticamente todos los grupos parlamentarios y- según parece- todos los Estados miembros manifiestan querer un nuevo marco legal para la Unión que tome la forma de una Constitución. 
El trabajo de muchos meses y muchas personas ha dado como resultado una propuesta con la que la gran mayoría parece estar de acuerdo. 
Los buenos oficios de la Presidencia italiana han permitido además que durante el fin de semana se sumara al acuerdo algo muy importante, como es el establecimiento de una doctrina de defensa europea. 
Todo ese patrimonio o acervo, producto de la negociación- como ha dicho el Sr. Berlusconi -, hay que rescatarlo y consolidarlo como un texto aprobado. 
¿Dónde está, por lo tanto, el origen del fracaso? 
A mi juicio, el fracaso nace de una propuesta de reforma institucional que el Presidente de la Convención se sacó de la manga en el último momento, que no fue suficientemente debatida, ni mucho menos consensuada en el seno de la Convención. 
Por lo visto, en Bruselas, seis meses no han sido tiempo suficiente para madurar un compromiso. 
No es un drama. 
Hay que recordar que de las cinco anteriores Conferencias Intergubernamentales que negociaron reformas de los Tratados, sólo una finalizó en el semestre en que se inició. 
La Presidencia irlandesa simplemente debe seguir el trabajo allí donde lo dejó la Presidencia italiana. 
Lo que a mi juicio, señor Presidente, hay que descartar es lo siguiente: primero, la peregrina idea de aplazar el debate hasta después de las elecciones europeas; segundo, la pretensión de que lo que me interesa es europeísta y lo que no me interesa es antieuropeo; tercero, la elucubración de dividir Europa incluso antes de su propia ampliación; y cuarto, las recriminaciones que no llevan a ninguna parte a nadie salvo, naturalmente, a algunos- como el Presidente del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo- que no ven más culpable que el Gobierno de su país, haga lo que haga y pase lo que pase. 
Yo creo que la única frase que sabe en italiano es aquella de. 
Con esa forma de hacer oposición nacional en el Parlamento Europeo después se extrañará de que pierda una elección tras otra. 
De todas maneras, ahora la responsabilidad es de todos. 
Señor Presidente, hay que mantener la CIG abierta, hay que contribuir al diálogo y al compromiso al que todos aspiramos. 
Ojalá que lo logremos antes del próximo 13 de junio. 
– Señor Presidente, resulta evidente, en vista del debate de esta mañana y de la discusión de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que el Parlamento se encuentra dividido en dos bandos. 
Estos dos bandos están formados por los optimistas y los pesimistas. 
Los pesimistas afirman que hacemos frente a una crisis importante, quizás, según he podido escuchar, la más grande desde el rechazo del Tratado de la Comunidad Europea de Defensa en 1954. 
Los optimistas dicen que esto no es cierto, ya que el 95% del proyecto de Constitución ha sido prácticamente aprobado sin ser cuestionado, aunque quisiera ver el texto de las versiones finales de esos artículos acordados en la Conferencia Intergubernamental. 
Aún queda por discutir y resolver un tema importante, relacionado con el sistema de votación en el seno de una de las instituciones. 
Todavía estamos a tiempo de hacerlo. 
Después de todo, de acuerdo con el calendario original, nadie pensó que acabaríamos antes de Navidad, así que no hay motivo para alarmarse. 
Todo se puede solucionar a su debido tiempo. 
¿Cuál de los puntos de vista anteriores es el acertado? 
Aunque por naturaleza tiendo a ser optimista, me considero un optimista prudente. 
Podemos salvar esta Conferencia Intergubernamental, pero exigirá que todos nosotros –especialmente los Estados miembros en la CIG– nos concentremos, que centremos nuestra atención en los problemas pendientes de solución y que tratemos de resolverlos a la mayor brevedad posible. 
Si tardamos demasiado, existe el riesgo de que se vuelva a abrir el debate sobre prácticamente todos los artículos del proyecto de Constitución, lo cual se debemos evitar a toda costa. 
Hay que centrarse en los puntos pendientes. 
Debemos instar a la Presidencia irlandesa a que abandone su calendario y su programa original para dedicarse en primer lugar a esta cuestión. 
Si bien es cierto que podemos seguir actuando hasta cierto punto basándonos en la vieja Constitución, a saber, los diferentes Tratados de que disponemos, estos no resultan satisfactorios. 
Requieren ser actualizados, necesitan aumentar su eficacia y modernizarse. 
Necesitamos la nueva Constitución. 
La Presidencia irlandesa no puede desarrollar su actividad como si no hubiera pasado nada, sino que ha de buscar con ahínco una solución al respecto tan pronto como sea posible. 
– Señor Presidente, la importancia de las libertades fundamentales, incluida la libertad de información, se reafirmó en el último Consejo Europeo de Bruselas. 
En este sentido, ¿cómo alguien puede poner en duda la contribución efectuada por el Presidente en ejercicio del Consejo? 
Es por ello por lo que me dirijo a usted y a los diputados que se encuentran aquí presentes para subrayar el ataque extremadamente grave sobre la multiplicidad de información que supone la ley Gasparri en materia de radiodifusión. 
Todos los servicios de radiodifusión pública y privada de Italia están virtualmente controlados por el Primer Ministro. 
También el mercado de la publicidad está en la práctica dominado por las compañías de su propiedad. 
No se trata de una exageración llamarlo un golpe de Estado de los medios de comunicación, lo que sienta un precedente muy peligroso para los países comunitarios. 
Si el problema del enorme conflicto de intereses que golpea la esencia de la democracia en mi país no se aborda ni resuelve en la Comunidad, se consolidará el régimen sigiloso que ahoga a la sociedad italiana. 
¿Qué significado tendrán las elecciones si el Primer Ministro controla la mayoría de los medios de comunicación? 
Me dirijo a ustedes, Señorías, con amargura, preocupación y ansiedad, y les pregunto: ¿qué puede hacer este Parlamento para proteger la libertad de información en Italia? 
Les ruego que nos ayuden, ruego que ayuden a mi país a salvar la democracia por la que combatieron los antepasados de nuestra Europa. 
– Señor Presidente, entre el euroescepticismo y la arrogancia de algunas personas y la terquedad de otras, los Gobiernos de los Estados miembros y sus dirigentes ponen en peligro la adopción de la Constitución que los pueblos y los ciudadanos quieren y necesitan. 
Su lucha exclusiva sobre el derecho de veto no sólo ha causado el fracaso de la Conferencia Intergubernamental de Bruselas, que es lo que ocurrió en Niza hace tres años, sino que también consiguieron ocultar los aspectos positivos y los puntos flacos del proyecto de Constitución, reprimiendo el verdadero debate en la sociedad europea en nuestros diversos Estados y Naciones. 
Estos factores han ocultado el valor extraordinario de la existencia de la Constitución, los progresos realizados en materia de política exterior desde la crisis del Iraq, el papel destacado dado al Parlamento y, por lo tanto, a los ciudadanos, y los puntos flacos de nuestra política para la cohesión social y territorial, el fracaso por reconocer la diversidad política nacional en Europa así como en los Estados miembros, que quiero destacar en calidad de diputado del Parlamento Europeo para Galicia y como Presidente del Intergrupo de las Naciones sin Estado. 
Señor Presidente, quiero dejar bien claro, puesto que la mayoría de nosotros somos ciudadanos del Estado español, que no estamos emitiendo un juicio sobre la Constitución sobre la base de nuestro poder potencial de veto del Gobierno estatal y que no compartimos la terquedad del Presidente actual, José María Aznar, quien se distingue ahora y antes por su talento de hacerse enemigos obstruyendo la solución a todos los problemas. 
Hay muchos otros de nosotros que queremos que avance la unión política y social, unida en la diversidad. 
Señor Presidente, permítame felicitarle por la concesión del Premio Carlomagno, una buena noticia también para este Parlamento; un Parlamento que, desde 1984, quería una Constitución, con el Tratado Spinelli, luego con los proyectos Herman, Oreja y Colombo, que pidió la convocatoria de la Convención en 1997 y que, después de Niza, apostó por la Convención. 
Por eso hay aquí hoy un deje de melancolía. 
Quiero decir, aunque sea para llevar la contraria al filósofo, que dicha melancolía no proviene de un esfuerzo inútil. 
La Convención no ha hecho un esfuerzo inútil, porque- y lo creo firmemente- esta Constitución es necesaria para la Europa ampliada y no tiene alternativa. 
Como al Parlamento Europeo- como diría el poeta- le queda la palabra, nosotros tenemos que ver en estos momentos cómo vamos a actuar en el futuro. 
En primer lugar, debemos recuperar el sentido común, y hay una serie de cosas que no hay que hacer: no se debe hablar de dividir Europa, dividirnos entre nosotros, los europeístas; no hay que hablar de países fundadores, pioneros o de vanguardia, como si castigáramos a aquéllos que no nos parece que están a la altura; y, en este momento, tampoco hay que enviar cartas al Presidente de la Comisión diciéndole que reduzca el presupuesto al 1 % del producto nacional bruto. 
Hay que recuperar nuevamente el sentido común. 
Hay que consolidar el acervo constitucional. 
Usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha dicho que hay 82 medidas de solución propuestas. 
Diga usted a esta Cámara si esto es así y, si lo es, hay que consolidarlas. 
Consolidémoslas bajo la Presidencia irlandesa y, antes del 1 de mayo de 2004, resolvamos las cuestiones institucionales pendientes y vayamos a las elecciones del 13 de junio pidiendo a los europeos que voten esta Constitución. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, apenas pueden sorprenderse de que no me levante para preguntarles qué se ha conseguido con respecto a la Constitución. 
Ya lo han hecho numerosos diputados. 
Quiero referirme a lo que dije el 2 de julio cuando, en esta Asamblea, le pregunté a usted, señor Presidente del Consejo Europeo: «¿Qué pretende hacer para acelerar la introducción de la orden de arresto europea?» 
En esa ocasión, demostrando una falta manifiesta de encanto, declinó responderme. 
Más tarde, en septiembre, le volví a preguntar qué progresos habían recompensado sus esfuerzos, y puedo decir a la Asamblea que he recibido una respuesta. 
La respuesta a la pregunta sobre lo que tiene intención de hacer para acelerar la introducción de la orden de arresto europea es «nada». 
El 1 de enero del año que viene, no habrá orden de arresto europea. 
El ámbito de la seguridad, la libertad y la justicia están en el centro de la política jurídica europea, una política central de la Unión Europea, tal como, de hecho, usted mismo dijo en su primera declaración en esta Asamblea. 
Soy de la opinión de que tendría que haber sido una de sus tareas como Presidente en ejercicio del Consejo hacer que este hito fuera realidad, ya que lo que ocurre de verdad es que la incapacidad de introducir la orden de arresto europea significa que, a partir del 1 de enero de 2004 en adelante, la posición respecto a los enjuiciamientos penales en Europa será peor que la que existía el 31 de diciembre de 2003. 
La ausencia de una orden de arresto europea hará que sea más difícil perseguir a los delincuentes a partir del 1 de enero de 2004 en adelante. 
No tengo ni idea, señor Presidente en ejercicio, a quién se pretende favorecer con esta situación, pero sé muy bien a quién se perjudica, a saber los ciudadanos de Europa. 
Si queremos establecer esta zona de seguridad, libertad y justicia, si queremos que Europa sea más segura, si queremos garantizar una mayor actuación judicial eficiente entre países, si queremos luchar contra el crimen organizado más eficientemente, lo que necesitamos es este hito histórico en el ámbito de la seguridad, la libertad y la justicia. 
Lo siento muchísimo. 
En septiembre, creí que se encontraba usted en el buen camino. 
Hoy, he de decir, con pesar, que, sobre esta cuestión –y permítame que me repita, estamos hablando aquí sobre la introducción acelerada de la orden de arresto, que se necesitaba en julio– no solo no ha hecho, lamentablemente, sus deberes sino que, a mi entender, ha demostrado usted ser un auténtico fracaso. 
– Señor Presidente, la Directiva en materia de licitaciones, la Directiva sobre la creación de un cielo único europeo, la Directiva en materia de ofertas públicas de adquisición, las agencias, el trabajo concreto sobre el crecimiento económico –uno solo necesita recordar las decisiones que se han tomado sobre obras públicas de importancia y los mecanismos financieros relacionados con ellas– y el análisis minucioso lanzado por la Presidencia italiana, seguido de propuestas específicas sobre competitividad, un tema que está en la raíz del proceso de Lisboa que sólo está tomando forma lentamente tal como queremos, las medidas específicas sobre inmigración –que debería tener lugar legalmente con flujos regulados por disposiciones de los países a nivel individual– con especial atención para la agencia de control de fronteras, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y la Fundación para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones, cuya tarea principal es una evaluación del diálogo entre religiones con la esperanza de frenar el fundamentalismo, por representar un cultivo de terrorismo, la acción en el Oriente Medio –donde hemos trabajado duro para un diálogo entre las dos partes, e Italia en particular ha proporcionado también un lugar de reunión– con el lanzamiento de un plan de intervención con un presupuesto de 5 000 millones de euros durante los próximos cinco años: se trata de logros innegables que dan fe de la generosidad de la Presidencia italiana. 
Naturalmente, hay una nota discordante: se ha atrancado el mecanismo de dar a la Unión Europea una nueva Constitución formal. 
En estos momentos, tenemos que prestar especial atención a las sirenas de la Constitución esencial. 
Necesitamos tiempo para reflexionar ya que lo que surgió en un momento de acaloramiento es ciertamente preocupante. 
No voy a citar a las partes implicadas sino más bien las cuestiones: una Europa de dos velocidades, el énfasis en una cooperación más estrecha, una Europa formada por círculos concéntricos, en los que todos compartimos las mismas políticas pero en la que cada Grupo sigue abierto a nuevas asociaciones: éste no es el escenario político que la Europa de 25 Estados miembros necesita. 
No tenemos que perder lo que ocupa un lugar primordial en la Convención: el interés general de Europa, que dio lugar a la decisión de suprimir los derechos de veto nacionales en la mayoría de casos y las propuestas de un sistema de votación transparente y creíble. 
En interés general de Europa, tenemos que volver a empezar de nuevo y trabajar con nuevas fórmulas que podemos crear si queremos hacerlo así. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la hiperpotencia norteamericana acaba de obtener una doble victoria. 
Después de dividir a Europa desencadenando la guerra en el Iraq, acaba de impedir que se dote de la Constitución que necesita para funcionar con 25 miembros en el momento mismo en que detenía a Sadam Husein. 
Durante el siglo pasado, el único muro de la libertad fue el muro del Atlántico. 
Después, conocimos el muro de Berlín y el muro de Jerusalén. 
No es así como se construye la paz. 
Quiero decir a los que este fin de semana colocaron una piedra en el muro del atlantismo que con muros como estos no se construirán los cimientos de la paz, de la seguridad y de la estabilidad que necesita nuestro continente. 
Desde 1986, la Unión Europea sufre un divorcio entre la naturaleza de su proyecto y las instituciones que pueden llevarlo a cabo. 
Hasta ahora, no teníamos derecho a plantear la cuestión en estos términos. 
Pero la ampliación, al invertir la relación numérica, nos obliga a plantear la cuestión de las instituciones en toda su crudeza. 
Y los Jefes de Estado y de Gobierno no tienen capacidad para abordarla, porque entonces sólo podrían volver a su país con malas noticias, y carecen de la doble legitimidad de los pueblos y los Estados. 
Esa doble legitimidad existía en la Convención. 
Por ello, llegamos a un resultado que ustedes habrían debido ratificar a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Hoy, la contribución de Europa al equilibrio mundial no se consolidará sobre el poder de bloqueo que algunos han querido instituir este fin de semana. 
Los que se congratulan de este fracaso para imaginar un núcleo duro que renunciaría al funcionamiento de la Europa de los 25, dejando instalarse este muro del atlantismo, serían factores de división y nuevas fracturas en nuestro continente. 
Tomemos nota de aquello sobre lo cual podemos avanzar, pero no demos una firma en blanco a estos 82 puntos. 
Examinémoslos uno a uno y ratifiquemos lo que puede hacerse. 
La conclusión de su Presidencia, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en la que han prevalecido los egoísmos nacionales, da la espalda a las esperanzas que habían nacido de la Convención. 
El mandato otorgado a la Presidencia irlandesa no está a la altura de los desafíos. 
Los que no renuncian a dotar a nuestro continente de las condiciones de su estabilidad deben recoger de nuevo la antorcha. 
– Señor Presidente, sería erróneo decir que la Conferencia Intergubernamental celebrada hace unas semanas fue un fracaso. 
Por el contrario, desde la Presidencia italiana pudimos conservar prácticamente intactas las ideas fundamentales de la Convención y llegar a acuerdos conjuntos en 22 de los ámbitos afectados. 
Se llegó a un consenso en una cuestión importante relacionada con la futura seguridad: el desarrollo de las estructuras europeas de defensa básicas comunes. 
Cuando la CIG se dio cuenta que tenía que incluir la redacción original de la Convención respecto a la relación entre la posición de los países no alineados y las garantías de seguridad, Finlandia, Suecia y Austria también pudieron participar plenamente en la cooperación sobre seguridad. 
Un subproducto de la cumbre fue el modo en que también se resolvieron puntos de conflicto sobre el emplazamiento de las agencias de la UE, disputas que habían generado irritación durante largo tiempo. 
Por lo tanto, Italia puede marcharse feliz para alardear sobre el jamón de Parma y, por otra parte, los finlandeses supervisarán la situación desde la Agencia de Control de Productos Químicos y asegurarán que no utilizan los ingredientes equivocados en su producción. 
El argumento sobre de qué forma se deben asignar los derechos de voto de los países en el Consejo deja abierto todo cuanto ya se había acordado. 
Tal como admitió el propio Presidente Chirac, el fracaso de la Cumbre de Niza fue la razón de ello. 
No podemos estar predispuestos en contra de ello y señalar con un dedo acusador al país que actualmente asume la Presidencia ni tan siquiera a Polonia o España. 
Es natural que Alemania no pudiera aceptar la decisión de Niza. 
Sin embargo, es tan natural que no puede imponer la solución; en vez de ello, ahora tenemos que mantener conversaciones con el fin de establecer un equilibrio, conversaciones que tengan en cuenta la perspectiva de la situación de los países pequeños, y no solo de los países grandes como España y Polonia. 
Un regreso al voto legítimo por doble mayoría –la mitad en relación con la población y la otra en relación con los países– ha de ser ciertamente un aspecto de la solución que también tranquilizará a los países pequeños de que los países más grandes no les van a imponer su voluntad en el futuro. 
Sin embargo, es importante que los debates en asuntos que ya se han acordado no vuelvan a plantearse debido a una disputa sin resolver. 
Si esto ocurriera podríamos realmente decir que tanto la Cumbre de Bruselas como la CIG han fracasado. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el fracaso del proyecto de Constitución ha ocultado que se tomaron toda una serie de decisiones positivas en la Cumbre de Bruselas, en asuntos como puede ser la Estrategia de Seguridad Europea. 
Ahora bien, ¿cómo se pretende que este tipo de estrategia se ponga en marcha si tanto la voluntad política común como las instituciones comunitarias –como puede ser un ministro europeo de Asuntos Exteriores– están ausentes? 
Hoy, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha declarado usted, y con acierto, que nos encontramos en una situación extremadamente precaria en lo que respecta a la competencia con los Estados Unidos de América y con Asia, y también se ha referido a la situación del Extremo Oriente, que equivale casi a la anarquía. 
Tenía razón al hacerlo así; ¿cómo vamos a competir con ellos sin una voluntad común y unas instituciones comunes, si no nos juntamos como europeos para asegurar, por ejemplo, que Kioto se aplica en su conjunto? 
Ya escucho a numerosos industriales europeos que dicen: «No podemos ser los únicos en aplicar los acuerdos de Kioto o vamos a perder nuestra ventaja competitiva.» 
Esto solo es posible siempre y cuando se aplique un mínimo de derechos sociales y humanos, junto con la protección del medio ambiente, siempre que vea la luz esta Europa constitucional compartida. 
Se ha demostrado la capacidad de propósito común para cumplir algo en la forma en que los estadounidenses han prescindido de los aranceles sobre el acero. 
Si Europea actúa conjuntamente y presenta un frente unido, también tenemos la oportunidad y la capacidad de lograr hacer cosas juntos. 
Esto me lleva a estar de acuerdo incondicionalmente con el Sr. Poettering sobre la necesidad de tener una Constitución Europea como símbolo e instrumento si queremos lograr que este propósito común sea una realidad también en el escenario mundial. 
Es por este motivo por lo que no veo la creación, llegados a este punto, de una Europa nuclear como una salida. 
Puedo añadir que, por lo general, lo interesante no es el corazón del fruto sino su pulpa, por lo que la creación de una Europa nuclear más pequeña no es una salida. 
En vez de ello, Europa tiene que ser grande, y tenemos que sostenerla en común. 
Si unos pocos no están dispuestos a unirse a ello, tendremos que considerar la manera de lograr esta Europa constitucional, esta Europa que pueden compartir tantos como sea posible y que está abierta a todos. 
Esto significa que tanto las Presidencias italiana como irlandesa del Consejo tienen que llevar ahora este mensaje de que hemos de trabajar para lograr una Europa común con una Constitución común y con el mayor número de Estados miembros como sea posible. 
No hemos de permitir que nuestra visión se desvanezca, ni tampoco, bajo ninguna circunstancia, abandonar una Europa común con una Constitución común. 
– Señor Presidente, Señorías, Europa nunca se acabará, pero tenemos que seguir adelante con el proyecto de una unión política con determinación y visión, y sobre una base comunitaria. 
Si no es así, los ciudadanos dejarán de confiar en nosotros. 
Si no lo hacemos, no lograremos ni la integración ni la consolidación. 
Si no lo hacemos, no podremos eximirnos de nuestras responsabilidades de nuestro continente en el escenario mundial, y se pueden cometer errores. 
Se pueden corregir, y hay que hacerlo. 
Sin embargo, lo sucedido no es solo una cuestión de haber cometido equivocaciones; lo que encuentro lamentable es la falta de suficiente voluntad política por parte de los jefes de Estado o de Gobierno que participaron y, por lo tanto, la ausencia de líderes europeos, en realidad, hombres de estado europeos. 
Voluntad, valor, emoción, entusiasmo: todos son cualidades exigentes y, por lo tanto, también lo son la credibilidad y la confianza. 
Siempre que el futuro de Europa dependa de la aprobación unánime por parte del Consejo en lugar de depender de un acuerdo entre las instituciones comunitarias, la crisis está en el aire. 
Sucedió con las sanciones impuestas contra Austria, con la crisis del Iraq y con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Cada vez con más frecuencia, culpamos a los objetivos comunitarios de los problemas a escala nacional. 
Por lo que permítanme que concluya que al decir que la Convención no ha fracasado, la Comisión no ha entorpecido el proceso, el Parlamento no frena Europa, la cual es más democrática, más transparente y más cercana a los ciudadanos. 
Damos un «no» directo a la unanimidad y un «sí» a una doble mayoría, lo cual es democráticamente justo, «no» a un reparto de la culpa y «sí» a la responsabilidad compartida en Europa, «no» a una política interior y a un proceso de ratificación más nacionalizados y «sí» a ser más europeos, «no» al método de la Conferencia Intergubernamental y «sí» a la Convención en la que los Gobiernos y los Parlamentos están representados, «sí» a una Unión Europea de pueblos y ciudadanos, «no» a una Europa central intergubernamental, «sí» a respaldar nuestras responsabilidades en Europa y en todo el mundo, «no» a una reducción de las aportaciones de los Estados miembros. 
Decimos «sí» a la idea de convocar una reunión de la Convención para después de Navidad para debatir el fracaso de la Conferencia Intergubernamental y para aplicar rápidamente todos los resultados de la Convención, o que se acordaron en la Conferencia Intergubernamental, y son factibles sobre la base de la legislación vigente. 
Señor Presidente, lancemos un mensaje positivo a la ciudadanía, que ha apoyado de forma masiva el trabajo de la Convención y el proyecto de Constitución que ésta ha elaborado: el año 2004- pese a quien pese -, Europa va a tener Constitución. 
De lo contrario, nos enfrentaríamos a funcionar con un bodrio, como el Tratado de Niza, a llevar a cabo una ampliación sin profundización, en malas condiciones y a discutir unas perspectivas financieras en una atmósfera política irrespirable. 
El proyecto de Constitución de la Convención, por su contenido y por su elaboración, es bueno para la ciudadanía y hoy, tras el fracaso de la Cumbre de Bruselas, incluso los que lo criticaban por algunos aspectos concretos, lo abrazan como un buen documento. 
La Convención fue un éxito y la Conferencia Intergubernamental es un fracaso. 
En el fracaso de la Cumbre de Bruselas hay contribuyentes netos y, para mí, como español, es muy significativo escuchar los elogios de los euroescépticos de esta Cámara al Presidente del Gobierno de mi país, que es el mismo de la "Carta de los ocho" y de la pasada Cumbre de Bruselas. 
El proceso constituyente debe continuar y debe culminar con esa Constitución europea en el año 2004. 
Desde luego, no queremos una Europa a varias velocidades, ni grupos pioneros. 
Queremos una Europa unida políticamente, una Europa autónoma en la acción exterior, una Europa con competencias y recursos para solucionar las demandas de la gente y, por eso, tenemos que pedir con fuerza a la Presidencia irlandesa que convoque ya en enero la Conferencia Intergubernamental para que se consolide ese 95 % acordado y se resuelvan de forma negociada y adecuada los asuntos pendientes. 
¿Por qué no convocar también a la Convención, que tiene legitimidad? 
Y, desde luego, el Parlamento Europeo tiene que desempeñar su papel histórico de motor, en este caso, de motor de la Constitución europea. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, creo que tenemos que supeditar todo lo que sucedió el pasado fin de semana a un análisis muy serio. 
Puede que entonces lleguemos a la conclusión de que, en los últimos años, no nos hemos ocupado muy seriamente sobre la cuestión de si la UE se puede profundizar y ampliar al mismo tiempo. 
Permítanme que exponga esta cuestión con términos muy gráficos. 
El motivo por el que la Convención tuvo tanto éxito fue debido a que esta cuestión era en sí el cemento que sostenía todo. 
Fue porque existía un interés común –por parte de los actores, pero no por parte de los Estados miembros– y, por lo tanto, ahora es importante que pensemos un poco sobre cuáles son en realidad los intereses comunes de los 25 Estados miembros que se unirán en esta Unión Europea a partir del 1 de mayo. 
Es necesario que se analice esto de forma muy realista. 
¿Cuáles son las tareas que tenemos que llevar a cabo a escala europea? 
¿Cuáles son las herramientas, los procedimientos que necesitamos para ejecutarlas? 
¿Qué tipo de marco financiero necesita esta Europa si tiene que llevar a cabo las tareas que le han sido asignadas? 
Solo cuando hayamos hallado respuestas serias a estas preguntas estaremos en situación de sacar las conclusiones necesarias, y aprender las lecciones necesarias, a partir de lo que se concluyó durante el fin de semana, y esto significa que también tenemos que preguntarnos si, en este momento, una EU más profunda es quizá más importante que su ampliación a más de veinticinco, lo que querría decir que se debería analizar qué es lo que una Europa de 25 Estados miembros tiene en común. 
Creo que deberíamos empezar a cumplir el cuarto criterio de Copenhague, que, de hecho, se determinó en esta ciudad. 
Es necesario que podamos concentrarnos sobre qué es lo que tenemos en común. 
Lo que está dentro de la UE ha de poder respaldar la ampliación. 
Esta es la tarea que hemos de emprender el año que viene, y con un gran compromiso, y a partir de allí podremos sacar conclusiones útiles que necesitamos. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, nuestros sentimientos se pueden resumir en una palabra: decepción. 
No solo nos sentimos decepcionados, sino que la gran mayoría de los ciudadanos europeos, quienes están a favor de una Constitución Europea, también se sienten decepcionados y perplejos. 
Por suerte, y para desesperación de los euroescépticos, la Constitución Europea es una idea popular y que moviliza a la gente. 
El proyecto europeo es la mejor idea que el siglo XXI ha heredado del violento siglo XX. 
Hoy, Europa se encuentra en una etapa decisiva. 
La ampliación conllevará un cambio; estamos creando otra entidad política. 
Con esto, no estoy hablando de metafísica política: es la realidad de la situación. 
La ampliación sin una Constitución es algo que no se puede ya contemplar y menos aún aceptar. 
Es algo que los Estados miembros contumaces tienen que aceptar. 
Lamentablemente, existen unos pocos Estados que intentan evitar el espíritu de Europa con los antiguos mitos y delirios de grandeza o de importancia nacional y seguir defendiendo el fósil político, aunque reciente, del Tratado de Niza. 
Sin embargo, Europa tiene que construir un espíritu positivo, no uno que sea negativo. 
Algunos dirigentes actúan como si la Unión les confiriera derechos pero ningún tipo de obligaciones. 
Ni podemos ni debemos fracasar en nuestra confrontación con la historia. 
Europa necesita urgentemente una Constitución y esto está a nuestro alcance. 
¡Larga vida a la Constitución! 
– Señor Presidente, el decepcionante resultado de la Conferencia Intergubernamental no ha sido una sorpresa para nadie. 
Ha sido una decepción anunciada, quizás –pero no por ello menos decepcionante–, que un año de trabajo de los 105 miembros de la Convención se haya puesto en entredicho en algunas horas por fútiles consideraciones sobre el peso respectivo de los distintos países miembros de la Unión. 
Si hay una consecuencia que podemos y debemos sacar de ello, es que no podemos esperar que se realice ningún progreso hacia la conclusión de la construcción europea en un marco intergubernamental, puesto que en ese marco –el Sr. Pasqua lo ha dicho bien– los Jefes de Estado no pueden hacer otra cosa que defender con uñas y dientes los intereses nacionales a costa incluso del interés general. 
No soy de los que piensan que la Presidencia irlandesa será capaz de invertir en las próximas semanas la tendencia que se ha establecido. 
Por consiguiente, debemos prepararnos, Señorías, para plantear las verdaderas cuestiones que subsisten con ocasión de la próxima campaña para las elecciones europeas. 
Después de todo –no hay mal que por bien no venga–, ello dará más interés a la campaña. 
Dicho esto, ha abordado usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la cuestión general de la seguridad, una preocupación fundamental –como bien ha comprendido– de nuestros conciudadanos europeos. 
A este respecto, si bien celebro las buenas intenciones manifestadas, no puedo dejar de recordar el dicho francés que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. 
Espero, pues, que Europa vaya más allá de las meras palabras y se comprometa, de forma real y no solo virtual, a construir los instrumentos necesarios para el establecimiento de sus objetivos y la realización de sus estrategia en este ámbito. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, han escuchado muchas críticas que respaldo pero que no creo que sean necesarias repetir. 
Quiero detenerme en algo correcto que ha dicho cuando, al hablar sobre el estatuto del Banco Central Europeo, ha señalado que era inferior al del estatuto del Banco de la Reserva Federal, ya que no contiene el objetivo de apoyar la actividad económica ni el objetivo de estabilidad de precios. 
Es importante que sea usted el primer Primer Ministro y Presidente del Consejo Europeo que haga resaltar las carencias del estatuto del Banco Central Europeo desde una tal tribuna oficial y le doy las gracias por ello. 
Confío en que la propuesta de la Presidencia italiana sobre la conveniencia de que el Consejo tenga la posibilidad de modificar el estatuto del Banco Central Europeo por mayoría cualificada sea aceptada y espero que este estatuto se modifique pronto siguiendo las líneas generales que ha indicado, para que el Banco Central Europeo pueda por fin fomentar las inversiones, en especial en el sector público en lugar de intentar estrangularlas a cada paso, como si fueran hijos ilegítimos. 
– Señor Presidente, todos hubiésemos querido acoger el acuerdo que habría dado lugar a la creación de la primera Constitución Europea, pero habría sido un grave error político –que algunos ya han cometido– decir que Europa se ha acabado, perseguir a los responsables y abandonar ante las dificultades encontradas en el camino. 
Es por ello por lo que hemos de seguir avanzando en el espíritu de la Convención y con la fuerza de los considerables resultados alcanzados gracias al duro trabajo de la Presidencia italiana, y con la certidumbre de que el objetivo final puede alcanzarse realmente. 
Vale la pena recordar que el 95% de lo que se decidió en la Convención fue aprobado por todos los que tomaban parte en la CIG. 
Asimismo habría que recalcar que la Presidencia italiana ha sido fiel a los compromisos hechos en esta Cámara hace seis meses, empezando por la decisión de no poner su nombre a un compromiso de bajo perfil que sería una afrenta al trabajo de la Convención. 
Otro aspecto positivo ha sido la relación con este Parlamento, al que, por primera vez, se ha implicado realmente como agente principal en el trabajo de la CIG y se ha mantenido informado constantemente acerca del trabajo del Consejo. 
Por ello habría que juzgar favorablemente las demás decisiones de la Presidencia italiana que ha mencionado el Sr. Fiori. 
De hecho, el trabajo de estos últimos seis meses no puede evaluarse tan solo superficialmente, de forma mordaz y con un espíritu partidista, o peor aún, preocupándose tan solo de los asuntos internos de los países de la Unión. 
El Sr. Barón Crespo no practica lo que predica cuando habla del espíritu comunitario, pues solo parecen preocuparle las elecciones españolas, y lo mismo puede decirse del Sr. Watson, quien a menudo se preocupa por asuntos italianos, pero se olvida de los intereses de Europa. 
Algunos miembros de mi propio país que buscan visibilidad o pierden consenso también parecen preocuparse poco por los asuntos europeos cuando utilizan a esta Asamblea para hablar de cuestiones locales, y por cierto de manera poco convincente. 
Unas palabras para el Sr. Schulz, quien ha planteado la cuestión de la orden de arresto europea por enésima vez. 
La Presidencia italiana ha preguntado, como es su deber, a todos los Gobiernos qué progresos han realizado con sus medidas legislativas nacionales para adaptar sus leyes a la decisión sobre la orden de arresto europea. 
La respuesta ha sido clara: solo tres países de los 15 habrán tomado las medidas necesarias en diciembre; otros cuatro han dicho que necesitarán otros tres o cuatro meses; los restantes ocho países están aún más atrasados. 
Señor Schulz, realmente no puede usted pedir a la Presidencia italiana ni a ninguna presidencia que desautorice la voz soberana de los Parlamentos nacionales, eso sería impensable. 
En conclusión, quiero hacer un llamamiento para que nos dediquemos al trabajo que implica a todos los países, abandonando la idea de que unos pocos deberían avanzar y dejar al resto detrás y mirar hacia una Europa de valores que no quiere dejar sus raíces judeocristianas. 
– Pese a las conclusiones del Sr. Tajani, he de dirigirme a usted señor Presidente en ejercicio, para decirle que en su declaración tendió a minimizar el fracaso de la Conferencia Intergubernamental. 
Es la segunda vez en poco tiempo que el método intergubernamental ha fracasado y esta vez tenía detrás un proyecto completo, ampliamente apoyado y preparado por la Convención. 
Lo que aún resulta más desconcertante es la falta de perspectiva que puede inferirse de su breve declaración para ceder el puesto a la Presidencia irlandesa. 
En este contexto, existe un riesgo real de enfrentarse a las elecciones europeas y a la ampliación sin un tratado constitucional, pero eso no parece preocuparle demasiado. 
Le estaría muy agradecido si en su respuesta quisiera detenerse un poco en las perspectivas. 
El final de un periodo de presidencia también es un momento para sopesar las cosas. 
En la política exterior no se ha intentado asegurar un papel político activo para la Unión Europea y las Naciones Unidas: se acogió con frialdad la importante iniciativa de paz para Oriente Próximo en Ginebra, que usted ni siquiera ha mencionado; se han ignorado los compromisos hechos, como la aceptación de una orden de arresto y la moratoria sobre la pena de muerte. 
Aplaudimos la iniciativa de crecimiento, pero no será suficiente porque solo el control de la economía, por lo menos en la zona euro, puede asegurar la recuperación y la calidad de la economía europea. 
Por último señor Presidente en ejercicio, la información. 
Es usted consciente de que, durante los seis meses de su Presidencia, este Parlamento ha decidido mejorar el estado de la libertad y el pluralismo de medios de comunicación en Europa, especialmente en Italia. 
El hecho de que el Presidente de la República Italiana devolviera al Parlamento la terrible y peligrosa ley sobre esta cuestión, que fue presentada por su Gobierno y aprobada por una mayoría del mismo, confirma estas preocupaciones. 
En resumidas cuentas, desde la bastante encomiable conclusión de algunos expedientes mencionados por usted y por el Sr. Prodi, ¿cómo describiría usted lo que han significado los seis meses de esta Presidencia italiana? 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a usted y a las Señorías que han intervenido en este debate. 
En general, han expresado ustedes su decepción con el hecho de que, en los sesenta días disponibles a la Presidencia de la Conferencia Intergubernamental, no se hayan logrado resultados concretos. 
En realidad, todo el mundo había dicho que tales resultados serían un milagro y desde hace algunas semanas estaba claro que no sería posible alcanzar ninguno. 
Sin embargo, creo que esta decepción no debería impulsarnos a adoptar una actitud pesimista hacia el futuro. 
Creo que las recriminaciones no sirven de nada y que siempre es preciso ser optimista. 
Nunca he conocido a un pesimista que consiga resultados concretos; solo el optimismo, la fe y la fuerza de voluntad pueden conllevar resultados positivos. 
Asimismo creo que Europa no debería dividirse en una Europa de primera y de segunda clase, eso sería profundamente equivocado y solo reduciría el entusiasmo, la pasión y el deseo de Europa y de una acción común de los que he sido testigo a lo largo de estos meses en estrecho contacto con los jefes de Gobierno, y no solo los jefes, de los diez países que se preparan para ser miembros de la Unión Europea. 
Ellos representan un gran número de europeos –una fuerza joven, altamente preparada– y un gran mercado para nosotros. 
Por ello creo que deberíamos hacer todo lo posible para garantizar que la vieja Europa se reavive gracias a la contribución de esta nueva Europa, que, repito, está entusiasmada de unirse a nosotros. 
Es preciso mejorar y mantener los considerables logros de la Convención y de todos los países durante estos seis meses: no olvidemos que la Conferencia Intergubernamental empezó el 5 de octubre y prosiguió hasta el 13 de diciembre. 
En este sentido, quisiera tranquilizar a todos los que han hablado acerca de lo que queda entre el trabajo de la Convención –un trabajo que siempre hemos intentado alabar y mejorar– y el trabajo de la Conferencia. 
Es evidente que las decisiones finales de la Conferencia que he insertado en la declaración final aprobada unánimemente por todos los miembros no han sido examinadas con detenimiento. 
Por ello quisiera leerles un párrafo que, aunque quizás parezca carecer de sentido, creo que he recalcar: «La Presidencia italiana ha dirigido la Conferencia Intergubernamental intentado respetar al máximo el proyecto de Convención, fruto de un debate democrático y profundo, dispuesta también a examinar con un espíritu constructivo las propuestas de cada Estado miembro a fin de considerar las necesidades legítimas». 
Un segundo punto: este trabajo duro ha desembocado en la definición de un texto sobre el cual ha habido acuerdo entre la gran mayoría de los Estados miembros y que, a partir de este punto, será considerado como un acervo indiscutible, completando así un significativo paso adelante hacia una mayor integración de los países y ciudadanos de la Unión ampliada. 
Esto significa que los Estados que forman parte del Consejo adoptaron unánimemente un compromiso político de no reabrir los puntos –prácticamente todos ellos– sobre los cuales no existía previamente un acuerdo. 
En respuesta a las preguntas de sus Señorías, quisiera señalar que todos estos puntos se encuentran en la propuesta presentada por la Presidencia italiana después de la Cumbre de Nápoles; esta propuesta está disponible en la página web de la Presidencia italiana junto con el texto del acuerdo europeo de defensa alcanzado en Bruselas el primer día de la nueva reunión. 
Es algo específico y sobre este trabajo base hemos de ir ahora hacia un acuerdo sobre una toma de decisiones por mayoría, que es el fulcro del acuerdo a alcanzar a fin de tener una Europa capaz de tomar decisiones, no solo correctas, sino también rápidas, sobre todo al adoptar posturas internacionales. 
Únicamente de este modo no solo tendremos una Europa capaz de ser un líder en el mundo junto con otras grandes potencias, y de ser un factor decisivo en el desarrollo del comercio y un mayor bienestar –como nos hemos comprometido a hacer, también en la Declaración del Milenio– sino una Europa que también sea decisiva a la hora de difundir la democracia y exportar la libertad en todo el mundo; una Europa que, junto con los demás países de Occidente, esté comprometida con quienes necesitan alimentos, agua, salud y educación. 
Todos ellos son valores que no pueden garantizarse si no se garantiza el valor del que proceden todos los demás: es el valor de la libertad, que solo puede garantizarse y mantenerse a través de las formas democráticas de gobierno. 
Creo que este es el deber de Occidente y por consiguiente el deber de Europa, y creo que Europa será capaz de alcanzar este resultado solo si puede dotarse de un método de toma de decisiones que no se base en la unanimidad: como vimos hace tan solo dos días en Bruselas, solo hace falta que un país se oponga a una decisión para que esta no se tome. 
Solo responderé a una de las objeciones formuladas: el hecho de que la Presidencia italiana no haya tenido fórmulas para un compromiso débil sobre el método de decisión por mayoría antes mencionado. 
La Presidencia italiana ha defendido el sistema previsto por la Convención: el del 50% de los Estados y el 60% de la población. 
Hemos hecho lo posible por persuadir a los países, pero no han querido escucharnos. 
Cuando nos dimos cuenta de que sería imposible alcanzar un acuerdo, y dado que era posible llegar a un acuerdo sobre otros puntos, recurrimos a fórmulas temporales, proponiendo mantener el Tratado de Niza hasta 2014 e introduciendo el sistema previsto por la Convención a partir de 2015. 
Algunos Estados miembros lo aceptaron, otros no. 
Así que propusimos otra fórmula que era aceptable para los Estados miembros que antes se habían mostrado menos dispuestos: el Tratado de Niza se aplicará y se pondrá a prueba durante cuatro años. 
A finales de 2008 decidiremos en votación por mayoría si el Tratado de Niza ha funcionado y si debe mantenerse (si es preciso, se realizarán mejoras) ; o si es posible pasar a la doble mayoría –de Estados miembros y ciudadanos–, o si han de encontrarse otros sistema de votación. 
No ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre estas propuestas, que no son compromisos débiles ni nada parecido, sino que tienen únicamente por objeto proporcionar enseguida a Europa un nuevo Tratado Constitucional. 
Por lo tanto todos los participantes han optado por posponer la toma de decisiones. 
Por consiguiente esto no es la conclusión de un debate sino la continuación de la búsqueda de un acuerdo que estoy seguro pronto se alcanzará, espero que bajo la Presidencia irlandesa o la posterior Presidencia neerlandesa. 
Por ello, el proyecto de Constitución no ha fracasado. 
Quisiera acabar, señor Presidente con una palabra de optimismo. 
El deseo de todos nuestros Gobiernos de alcanzar un tratado constitucional para Europa era fuerte y todo el mundo se sintió responsable del fracaso de alcanzar una decisión. 
Por desgracia no tuvimos éxito, pero creo que si no pudimos hacerlo, con toda la paciencia y determinación con que intentamos tomar estas decisiones hasta el final, nadie más podría haberlo logrado tampoco. 
Todo el mundo está de acuerdo conmigo en este sentido. 
No obstante, creemos que aún puede encontrarse una solución sobre la votación por mayoría para sustituir a más de 50 años de votación por unanimidad, y el deseo de encontrarla es unánime. 
No se trata de un problema sencillo puesto que, con la votación por mayoría, los Estados miembros cederían claramente su soberanía en muchos ámbitos, y ello significa que será un nacimiento difícil. 
Este nacimiento necesitará el apoyo de los diversos Parlamentos nacionales y probablemente también tendrá que someterse a un referendo en diferentes países. 
Los sesenta días de trabajo en la Conferencia Intergubernamental fueron fructíferos. 
Los resultados, como he dicho, están ahí y también está el compromiso político de los miembros del Consejo de considerar estos resultados como válidos y no deberían estar abiertos al debate por más tiempo. 
Luego está el trabajo que queda por hacer sobre el método de votación por mayoría, y estoy convencido de que, al final Europa tendrá instituciones y métodos de trabajo que le permitirán desempeñar un papel importante para el bienestar, la paz, la libertad y la democracia de sus ciudadanos y de los ciudadanos del mundo. 
Señor Presidente, quiero hacer una pregunta urgente al Sr. Prodi antes de que hable. 
Acabamos de oír que la Sra. De Palacio ha anunciado en la reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía que el Protocolo de Kioto está muerto. 
Me gustaría que me dijera usted cuál es la posición de la Comisión a este respecto y si la Sra. De Palacio ha actuado dentro de su mandato. 
La Sra. De Palacio ha expresado unas preocupaciones bien conocidas dentro de la Comisión con respecto a los peligros que implica el no adoptar el protocolo de Kioto y por consiguiente la necesidad de reaccionar ante esta situación. 
La Comisión desea seguir trabajando con Rusia y otros países que no lo han ratificado a fin de lograr la ratificación. 
No hemos dado ningún otro mensaje, y puedo asegurarle que también la Sra. De Palacio está comprometida con la ratificación de Kioto. 
Por supuesto, el hecho de que Rusia esté dudando y proponiendo continuamente estrategias alternativas constituye un serio motivo de preocupación para nosotros. 
Una breve observación, señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, Señorías: me gustaría darles las gracias a todos ustedes por el debate que hemos tenido, sobre todo porque ha estado dirigido más hacia el futuro que hacia las recriminaciones por el pasado, porque ha buscado más solucionar nuestras preocupaciones actuales que culparse mutuamente. 
Sin embargo, me gustaría hacer una observación que creo es de vital importancia: tengan cuidado, Señorías, de no tirar por la borda en pocos minutos todo el trabajo realizado en la preparación de la Conferencia Intergubernamental de Bruselas, calificando apresuradamente de acervo a propuestas sobre las que aún no hay un acuerdo. 
Aunque es cierto que parece haber surgido un consenso en muchos aspectos, en especial en Nápoles, por ejemplo sobre las presidencias del Consejo, las políticas de investigación y un gran número de otras cuestiones fundamentales, este consenso no existe realmente. 
No nos engañemos: no existe. 
Me refiero ante todo al gran número de decisiones sobre el regreso a la unanimidad, que degradan no solo el texto de la Convención sino también el Tratado de Niza; por no mencionar, Señorías, el menor papel previsto para el Parlamento Europeo en la aprobación de los procedimientos presupuestarios. 
Está claro que el resultado global de las negociaciones y las concesiones bilaterales no significa la aceptación total por todos, ni siquiera si se busca un acuerdo en base al menor común denominador. 
Asimismo está claro que nada se habrá aceptado hasta que se haya aceptado todo, y que las condiciones para la aceptación dependerán de nuestro futuro. 
Por lo tanto no hemos de tirar por la borda el gran trabajo que se ha realizado, aunque hemos de reconocer abiertamente los problemas que existen. 
Es el mejor modo de solucionarlos, y por esta razón el texto de la Convención sigue siendo nuestro continuo punto de referencia. 
Señorías, esta es la última reunión antes de la quinta Navidad que habremos pasado juntos, y la última de este Parlamento y esta Comisión. 
Me gustaría cerrarla ofreciéndoles a todos ustedes y a sus familias mis mejores deseos de paz y felicidad y darles las gracias por su valiosa colaboración. 
. 
Es preciso aplaudir el fracaso de la Conferencia Intergubernamental. 
La incapacidad de alcanzar un acuerdo se vio causada por las enormes contradicciones entre las potencias europeas más grandes y sus intereses divergentes. 
La posiciones intransigentes de Francia y Alemania eran inaceptables para España y Polonia, que habrían perdido derechos de votación en comparación con Niza. 
Sin embargo, es evidente que contaban más o menos con el apoyo abierto de otros países. 
Aunque los intereses del capitalismo neoliberal unen a la derecha y a los socialdemócratas de Europa, los intereses de las naciones individuales, las alianzas internacionales y diferentes grupos económicos no coinciden con los intereses franco-alemanes. 
Un ejemplo es cómo la Administración Bush ha repartido los contratos entre sus amigos, permitiendo a empresas estadounidenses y europeas trabajar en el Iraq. 
No todo el mundo ha conseguido una parte justa del saqueo. 
Sabíamos que nos hallábamos en un momento especialmente crítico para la integración europea, debido a la toma de decisiones cada vez más centralizada, la forma de capitalismo más agresiva y el enfoque cada vez menos democrático y peligrosamente militarista. 
Sabemos que el fracaso de la Cumbre de Bruselas no ha resuelto los problemas, pero tampoco los ha empeorado. 
Esto ofrece nuevas esperanzas para la batalla que hemos de seguir librando para conseguir una Europa de mayor justicia social, desarrollo, cohesión económica y social y de paz y cooperación con las personas de todo el mundo. 
.– Tras el fracaso de las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental acerca del proyecto de Constitución de la Unión Europea, celebro el margen de tiempo con el que contamos. 
Insto al Gobierno del Reino Unido a que aproveche al máximo este intervalo para revisar su postura en relación con las principales cuestiones que afectan a Escocia. 
Hay que eliminar de la lista de competencias exclusivas la referencia a la conservación de los recursos biológicos marinos. 
Asimismo, es preciso ofrecer garantías con respecto a la protección de las reservas submarinas de gas y petróleo de Escocia y la necesidad de asegurar que no se confieran a la Unión Europea poderes de control y otorgamiento de licencias. 
El ejemplo dado por varias de las pequeñas naciones, que negocian por separado sus propias cláusulas y condiciones en la CIG, subraya la necesidad de que Escocia recupere su independencia y, por tanto, los derechos plenos de participación y votación en todas las negociaciones internacionales. 
. – La Cumbre europea ha acabado en un completo fracaso; no se ha establecido ningún Tratado Constitucional. 
Ello no ha sido una sorpresa total, ni es un desastre total por ahora, Europa puede seguir funcionando de la misma forma destartalada como ha hecho hasta ahora. 
Sin embargo, por desgracia, esto ilustra una vez más que esta forma de tomar decisiones, implicando a los jefes de Gobierno que han de llegar a un consenso a puerta cerrada, no funciona. 
Asimismo es lamentable que estos días, los Gobiernos tengan que demostrar su valía en su país por la medida en que consiguen evitar que el resto de Europa haga algo. 
Para mi Grupo, lo que sigue siendo importante es que el Tratado Constitucional culmine en un Comisario con derecho a voto por Estado miembro, y en la elección del Presidente de la Comisión Europea por el Parlamento Europeo. 
Es lo que defendemos en La Haya y en Estrasburgo. 
La UE será más eficiente en la medida en que sea más democrática y, para lograrlo es crucial que haya codecisión en general para el Parlamento Europeo y que se refuerce en gran medida el papel de los Parlamentos nacionales. 
. – Mi enhorabuena y mi más sentido agradecimiento al Sr. Berlusconi, cuyo semestre de actividad en la Presidencia del Consejo se inició de un modo espectacular en esta Cámara en julio de 2003 y condujo al fracaso en Bruselas este fin de semana. 
Puede que haya contribuido a poner fuera de juego a esta pésima Constitución. 
Ojalá. 
La Unión Europea no puede admitir un NO por respuesta. 
Así se demostró por primera vez cuando los daneses vetaron Maastricht. 
No hay duda de que se ejercerá una terrible presión sobre los osados polacos, entre otros, para garantizar una ceremonia de firma el día 9 de mayo de 2004. 
De no ser así, algunos Estados seguirán adelante con el proceso y emergerá una Unión Europea de dos velocidades. 
En mi país, algunos serían felices con un ritmo relajado. 
Pero desde mi punto de vista, esto lo único que hace es prolongar la agonía y llevarnos en la dirección equivocada. 
Cada vez más, los pueblos de Europa gritan «demos media vuelta». 
No obstante, se harán llegar sus comentarios al Presidente del Parlamento para que esté al tanto de la postura y los deseos de esta Cámara. 
Sin embargo, debo aclarar que ya se ha mantenido un debate al respecto: en este momento estamos en las votaciones. 
Señor Comisario, de sus palabras solo puedo deducir que no retira el texto. 
He votado a favor de este informe porque creo que hay que tener en cuenta las circunstancias especiales y las necesidades de esta preciosa región insular portuguesa –la Región Autónoma de las Azores– donde el sector lácteo desempeña un papel crucial. 
Es preciso alcanzar el proceso de estabilización del mercado de la leche y de los productos lácteos, al tiempo que se garantiza que los campesinos de las Azores tengan una cantidad razonable de tiempo para adaptarse a las limitaciones impuestas por los instrumentos reguladores y que se respeten sus tradiciones y su estilo de vida, en un marco amplio de comprensión de los problemas específicos que surgen de su situación en una región ultraperiférica. 
Sin este esfuerzo, el desempleo, la pérdida de carácter y la (e) migración que resultan del posible declive del sector lácteo podrían amenazar a las Azores, como ya sucedió anteriormente, en especial durante la «crisis de la naranja» que tuvo efectos devastadores en el archipiélago en el siglo XIX. 
Dado el incremento en el consumo de drogas sintéticas creo que las medidas que se han tomado representan un paso importante hacia un control más flexible y eficaz de muchos tipos de precursores disponibles en el espacio comunitario en grandes cantidades, impidiendo su utilización ilícita. 
La simplificación recomendada de la legislación, que intenta solucionar las deficiencias del actual sistema, podría facilitar mejoras en la fiscalización y el control, que significarían un progreso en la lucha contra las drogas. 
De un modo parecido y dado que estas sustancias no se utilizan tan solo en la fabricación ilícita de drogas, sino también para fines legales, hemos de garantizar una cooperación más estrecha entre la industria y las autoridades públicas. 
He votado a favor porque creo que ha habido una importante mejora entre la primera y la segunda lectura, que se refleja en la votación unánime que ha recibido esta última en la comisión. 
Señor Fatuzzo, el orden de la Asamblea me obliga a llamarle a usted ahora. 
Al parecer ahora tiene usted más público del que haya tenido a veces en el pasado. 
. 
. 
La delegación Liberal Demócrata no ha votado con el resto del Grupo ELDR sobre el informe Schmidt. Hemos votado en contra de las enmiendas 1 a 13 y de la propuesta, porque queríamos que se retirara esta en su forma actual. 
El motivo que nos ha llevado a actuar así es que nos parece mejor dejar el asunto del IVA sobre los servicios postales, especialmente con respecto a la garantía de un servicio universal de paquetes de menos de dos kilogramos, en manos de los Gobiernos nacionales al amparo del principio de subsidiariedad. Sin embargo, estamos abiertos a estudiar futuras propuestas destinadas a asegurar una mayor competencia. 
(2) 
Me temo, Sr. Patakis, que no le puedo dar la palabra, porque ésta no se le concedió en su momento, y de acuerdo con el Reglamento, no puedo dársela ahora. 
¿Podría decirme, si no lo sabe ahora, si tendré la oportunidad de expresar mi posición durante este periodo parcial de sesiones, y en caso afirmativo, cuándo? 
Transmitiré su petición, Sr. Patakis, y estoy seguro que encontraremos la forma de que usted pueda tomar la palabra. 
Lo primero que viene a la mente es el ataque de los Estados Unidos sobre el Iraq, que era ilegal visto desde la perspectiva del derecho internacional, pues se llevó a cabo sin un mandato de la ONU. 
En la Conferencia de Donantes de Madrid, la UE prometió 200 millones de euros para ayudar a los Estados Unidos de América en los trabajos de reconstrucción de postguerra en el Iraq. 
Este habría sido el caso si se hubiera activado el instrumento de flexibilidad, como se ha llamado, y si se hubiera incrementado el gasto de la UE con un importe correspondiente. No habría significado abandonar la disciplina financiera porque el total en el presupuesto de la UE para el año que viene es el más bajo desde hace casi 20 años en cuanto a PIB. 
Esto significa que la UE no ha jurado el mismo tipo de política keynesiana sobre deuda que Alemania y Francia, que no se hacen los mismos tipos de exigencias a sí mismos con respecto a la disciplina en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como hacen a otros. 
Tal como funcionan las cosas actualmente es que el instrumento de flexibilidad solo se ha activado parcialmente y parte del dinero para la ayuda al Iraq se está utilizando para otras líneas presupuestarias. En este sentido, la reconstrucción del Iraq está siendo pagada por los beneficiarios a quienes se está privando de los correspondientes importes de dinero. 
Nuestro Grupo no puede apoyar el hecho de que la destrucción causada por la guerra de los Estados Unidos en un Iraq pobre, pero rico en petróleo, sea pagada por otras personas pobres: los pobres en Asia, América Latina y los países del Mediterráneo. 
La Constitución de la UE no fue aprobada el fin de semana pasado en Bruselas. 
Habría que observar cómo la elite política de Alemania y Francia amontona negociaciones continuadas sobre la Constitución y conversaciones sobre el marco financiero. 
Es evidente que, según el Tratado de Niza, España y Polonia tienen una gran voz en la UE, pero el presupuesto de la UE no se utilizará para ejercer presión política en relación con estos países. Sin embargo, si hay que tratar de este modo a algunos países, que se haga lo mismo con todos los países, utilizando los mismos criterios. 
En lo que respecta al propio presupuesto del Parlamento, nuestro Grupo adopta un punto de vista crítico sobre las propuestas para que los fondos del Parlamento se utilicen para ayudar a partidos políticos a escala europea, es decir a partidos de partidos. 
Quiero dar las gracias al ponente del presupuesto y a los diversos coordinadores de Grupo por su excelente cooperación, aunque he señalado algunos puntos de vista que difieren del enfoque general. 
Señor Presidente, los ponentes, el Sr. Mulder y la Sra. Gill, han trabajado duro a lo largo del pasado año para presentar un presupuesto que refleja las prioridades del Parlamento Europeo, pero que al mismo tiempo se ajusta al marco estricto de las perspectivas financieras. 
Lo han logrado y quisiera darles las gracias a ambos por sus esfuerzos, su trabajo, y también por el buen espíritu de equipo y la agradable cooperación que he tenido con ambos. 
A pesar de los sólidos preparativos, este debate sobre el presupuesto de la semana pasada resultó ser tenso porque en la CIG, se vio que diversos jefes de Gobierno estaban hartos de la democracia parlamentaria y amenazaron con retirar los derechos presupuestarios que el Parlamento ha tenido durante más de 30 años. 
Consideran que el Parlamento tiene demasiado poder y que a veces abusa de él para imponer sus puntos de vista en otros ámbitos en los que no tiene autoridad. 
Por supuesto esta es una razón un poco extraña. Si gozamos de derechos parlamentarios, podemos usarlos, pero también de un modo que no guste a los jefes de Gobierno. 
Aunque no dudo de la legitimidad de las decisiones de esta Cámara, a veces dudo de su inteligencia. Mi Grupo en particular desaprueba el hecho de que en cada ocasión, la mayoría de esta Cámara quiera poner parte de los fondos en reserva para marcar un tanto político. 
Los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, en especial son muy adeptos a ello. 
Por ello, algunos de los fondos destinados a la reconstrucción de Afganistán se han colocado en reserva y no se liberarán hasta que la Comisión haya emprendido acciones contra el tráfico de drogas a gran escala en el terreno. Al igual que ustedes, por supuesto yo también tengo mucha confianza en la Comisión, pero esto me parece excesivamente ambicioso para nuestros funcionarios en Bruselas. 
Sin embargo, esto no significa que Afganistán tenga menos dinero que gastar o ¿acaso el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos pretenden liberar este dinero en una fecha posterior sin tomar ninguna medida contra el tráfico de drogas? 
Algunas de las subvenciones para las organizaciones no gubernamentales también se han colocado en la reserva. La mayoría de los diputados de esta Cámara aquí presentes quisieran que la Comisión ofreciera un poco más de información acerca de cómo se ha gastado este dinero en años anteriores, y esto por supuesto está bien; yo también lo quiero. 
Sin embargo, una reserva no sólo funciona como una espuela, también causa víctimas. 
A fin de cuentas, provoca mucho papeleo y, con ello, gastos, porque la Comisión solo puede conceder subvenciones a organizaciones hasta el importe que se menciona activamente en la línea presupuestaria. 
Así pues, la Comisión tiene dos opciones: o bien retrasar los procedimientos para la concesión de subvenciones y esperar hasta que se haya liberado todo el dinero –pero en tal caso el Parlamento le dará una reprimenda por no gastar con suficiente rapidez el dinero– o bien atravesar el procedimiento dos veces, con todo el papeleo que ello conlleva y, por supuesto, nosotros nos oponemos firmemente al papeleo. 
El mismo problema se produce en la contratación del personal. Ahora se pone en reserva una pequeña proporción de nuevos puestos de trabajo que la Comisión necesita para garantizar que la ampliación transcurra bien. 
Señor Presidente, señora Comisaria, permítanme empezar –como han hecho los portavoces de otros Grupos– expresando mi más sincero agradecimiento a los dos ponentes por el trabajo realizado este año. El Sr. Mulder y la Sra. Gill han producido un informe excelente. 
Me gustaría dar las gracias una vez más a nuestro Presidente de la Comisión de Presupuestos por su cooperación a lo largo de los últimos dos años. 
Él ha dicho que ya no desea presidir la comisión, pero estoy seguro de que mantendrá su escaño en el próximo Parlamento y que la Cámara seguirá beneficiándose de su entendimiento y su sabiduría, salvo que los británicos estén tan locos como para no reelegirlo. 
Sin embargo, no puedo imaginar que los británicos sean capaces de hacer semejante cosa. 
Por supuesto que le reelegirán y lo volveremos a tener aquí. 
Mientras otros siembran cizaña, nosotros hemos demostrado solidaridad. Mientras otros incitan a la desconfianza, nosotros nos hemos atrevido a construir la democracia y la confianza en la capacidad mutua. 
Mientras otros provocan el miedo, nosotros ofrecemos perspectivas frescas y mientras otros ambicionan el poder, nosotros buscamos compromisos. El resultado es la capacidad de producir un presupuesto como el que tenemos ante nosotros. 
Sí, es económico, en contra de la opinión popular. Esta mañana, el Presidente de esta Cámara, hablando en este debate, señaló que en los últimos años, el gasto discrecional total añadido por el Consejo asciende de 33 000 millones de euros, mientras que el aumento propuesto por el Parlamento es tan solo de 21 millones de euros. 
Es decir, que hemos sido mucho más moderados en este ámbito, y a pesar de las frecuentes acusaciones, no somos nosotros los que ampliamos constantemente el presupuesto. 
De hecho, el presupuesto de 2004 representa un descenso del 0,26 % en compromisos para la UE de los Quince, y, en efecto, una reducción del 3% de los pagos. 
Aunque incluyéramos a los nuevos países en la ecuación, la proporción entre personal y población descendería de 0,8 funcionarios por cada 10 000 habitantes a 0,7 por 10 000. Permítanme que haga una comparación: según la OCDE, España, por ejemplo, tiene 388 funcionarios por cada 10 000 habitantes. 
Esta es la base de personal sobre la cual formamos el futuro de la Unión Europea. 
Este año, hemos formado relativamente pocas reservas. Las que hemos creado están vinculadas a condiciones específicas. 
Por ello hemos de optar por un camino intermedio. Como socialdemócratas, intentamos trabajar con unas reservas establecidas adecuadamente y muy limitadas. 
Este presupuesto ha demostrado que estamos orientados al futuro. Es por ello por lo que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (el Grupo del PSE) puede decir que estamos muy, muy satisfechos del resultado. 
Lo que hemos logrado es que en el futuro trabajaremos a través de la OLAF para combatir el fraude del IVA en Europa. 
Aquí, hemos de generar los recursos financieros que podamos generar. 
También el año que viene, al igual que en anteriores años, seguiremos promoviendo a las pequeñas y medianas empresas, pues son la columna vertebral de la economía europea. 
Queremos prepararnos para el cambio demográfico, pues los niveles de población están descendiendo en toda Europa. En España e Italia, las cifras de población ya están bajando. 
En Alemania, esto sucederá a partir del año que viene. Esto tendrá un impacto en la vida en nuestras comunidades. 
¿Cómo elegiremos los Fondos Estructurales para tener en cuenta el hecho de que en el futuro, Europa tendrá cerca de un 15% menos de habitantes? 
En virtud del Título 4: las políticas exteriores, en parte estamos consolidando las medidas existentes. Sin embargo, también tendremos que dominar los nuevos retos. 
Ofreceremos los fondos adecuados para el Iraq para medidas que puedan aplicarse realmente. 
No obstante, seguiremos ofreciendo 168 millones de euros para Afganistán, y seguiremos participando en la financiación de medidas en los Balcanes. 
Sin embargo, lo que necesitamos no es únicamente ayuda de remedio después del suceso; sino también trabajar pensando en el futuro. Es por ello por lo que nos complace que hayamos podido ampliar los recursos para las medidas preventivas: promover los derechos humanos y la democracia en el mundo, y combatir las armas de destrucción masiva y las minas terrestres. 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos, incluida la Comisaria. Creo que tenemos ante nosotros un presupuesto muy bueno. 
En el marco de la conciliación pasamos momentos difíciles, y la Presidencia italiana ha contribuido mucho, pienso, al resultado final, en especial por lo que se refiere a la movilización del instrumento de flexibilidad. 
Considerando lo que pasa en el Iraq y las perspectivas que se nos ofrecen, es lamentable haber tenido que discutir y pelearnos por cacahuetes, cuando las necesidades de la región y el papel que Europa podría desempeñar en ella son muchísimo más importantes que los 95 millones de euros arrancados al término de las negociaciones. 
Es posible imaginar todas las reservas que abrigamos al votar este presupuesto a la vista de las amenazas que pesan sobre nosotros, las represalias, las mezquindades. 
Seis países, algunos de ellos fundadores, nos dicen ahora que hay que limitar todavía más un presupuesto ya ridículamente bajo en relación con las necesidades y las ambiciones de la Europa que representa la nota rectificativa que hemos debatido esta tarde. 
Creo, realmente, que hemos caído muy bajo en nuestro debate de política financiera y presupuestaria. 
En efecto, nos percatamos de que algunos países, al poner en ejecución su amenaza, querrían tanto lanzar un desafío a los países que, por así decir, impidieron la adopción de la Constitución como, sobre todo, dar marcha atrás sin tener en cuenta nuestro papel institucional ni las ambiciones que Europa debería tener. En un momento en que Europa se amplía a 25 y mañana a 27, en un momento en que las nuevas democracias están ansiosas de democracia, esta amenaza consiste en aportar todavía menos de lo que hicimos por España y Portugal, y de hecho en aportar todavía menos que la oferta de por sí modesta que formulamos hoy. 
Podríamos renunciar a las restituciones a la exportación, pues, de todos modos, se han detectado casos de fraude evidente. 
Por lo que se refiere al papel del Parlamento, pienso en efecto que ha mostrado más rigor, más espíritu europeo en el trabajo de elaboración del presupuesto. En este sentido, rindo homenaje al ponente, Sr. Mulder, por haber sabido mantener el rumbo a pesar de un Consejo que no llevó la negociaciones como lo hizo por casualidad, sino deliberadamente para llegar a las conclusiones que conocemos. 
– Señor Presidente, quiero felicitar a los ponentes y, de hecho, a todas las personas relacionadas con el proceso presupuestario. Yo soy un miembro bastante poco asiduo de la Comisión de Presupuestos. 
Esta tarde quiero hablar de un programa pequeño pero muy delicado: la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, que es la línea 1904 del presupuesto y a la que se han presentado enmiendas que votaremos mañana. 
Actualmente soy ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa en relación con los dos reglamentos financieros que cubrirán la financiación de este programa en 2005 y 2006, así como la comunicación de la Comisión llamada «Reintegrar los derechos humanos y la democracia en el Mediterráneo». 
Me parece que debemos ser muy conscientes del arco de inestabilidad que va desde Marruecos, pasando por los países casi vecinos, hasta la Unión Europea a medida que nos vayamos ampliando el año que viene. 
De hecho, el Presidente Bush llamó a toda esta región «arco de reforma» , pero no lo es. 
Hay muchos problemas, algunos de los cuales los acaba de mencionar el Sr. McCartin, así como otros oradores. 
El Parlamento Europeo, que estableció esta Iniciativa para la Democracia y los Derechos Humanos, debería animar ahora a la Comisión a volver a centrar sus prioridades de 2004 en este programa europeo más amplio, y en particular en los países árabes. 
El informe de 2003 contiene estudios de opinión pública en esos países que demuestran que los árabes tienen en realidad la mayor demanda y apetito de democracia de cualquier otra región del mundo. 
Por lo tanto, nosotros en el Parlamento Europeo tenemos la obligación especial de defender, promover y desarrollar estos programas, en especial en 2004. 
Es mi intención utilizar la codecisión sobre estos dos reglamentos financieros para exhortar a la Comisión y al Consejo a que permitan al Parlamento Europeo supervisar, como solía hacerlo, estos programas y proporcionar la cobertura política que el Consejo de Ministros no puede proporcionar. 
Señor Presidente, Señorías, como último orador de mi Grupo antes del ponente, quiero rendir homenaje al amplio consenso que hemos conseguido aquí. 
La pregunta fundamental es la siguiente: ¿se puede utilizar el presupuesto con fines políticos? ¿Se pueden colocar partidas en la reserva para lograr objetivos políticos? 
Por favor, suminístrennos información acerca de lo que están ustedes haciendo y liberaremos las subvenciones.» El presupuesto de la Sra. Gill está lleno de reservas que pretendemos utilizar como medio de persuasión para que actúe la administración y garantice que se logren al menos ciertos avances. 
A este respecto, este presupuesto constituye efectivamente un instrumento para manifestar los objetivos políticos de esta Cámara. 
Se nos dijo: «No se pueden suspender su financiación.» Eso fue exactamente lo que hicimos, aunque el Sr. Walter no se enteró. 
Cuando al fin despertó, emitió una serie de comunicados de prensa afirmando: «El Sr. Laschet carece de toda pericia. La Comisión de Presupuestos no puede hacer esto.» 
Señor Walter, habría esperado que usted presentara hoy aquí una propuesta para sacar los fondos de la reserva. Al fin y al cabo, el Pleno podría haberlo autorizado. 
Por el hecho de que usted no se entere de las decisiones que adoptamos en la Comisión de Presupuestos, no es justo que acuda a la prensa y emita este tipo de comunicados. 
A eso de las 17.00 horas le daré un grito, ¿de acuerdo? «Buenos días, señor Walter, los asuntos han quedado congelados, y la Comisión de Presupuestos solo los liberará una vez haya quedado disipada toda confusión entre política y academia en el EUMC». 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0416/2003). 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, una de las preguntas que he formulado se refería a su declaración de que toda resistencia en el Iraq es terrorismo. 
Creo que, como mínimo, debería responder a esta pregunta, ya que considero que es profundamente relevante. 
– Señor Presidente, no se trata, hablando con propiedad, de una pregunta complementaria, sino, si me permiten, de un recordatorio del Reglamento muy breve, con referencia al artículo 43. 
Creo –escuchando las respuestas del Presidente del Consejo a nuestros colegas– que estas son extremadamente importantes y que merecerían ser escuchadas por más diputados. 
Además, de acuerdo con nuestro artículo 43, esta hora se denomina «Turno de preguntas al Consejo y a la Comisión» , y me parece que sería muy interesante, aunque sea el Consejo el consultado sobre dichas preguntas, que las respuestas se dieran en presencia de un representante de la Comisión, porque así podríamos tener, en su caso, respetando más la letra del Reglamento, una visión más exacta de lo que piensan las distintas instituciones de las preguntas que se les formulan. 
Señor Gollnisch, ya veo que es usted un perfeccionista del Reglamento, pero lo que dice el Reglamento está claro y es que los diputados pueden preguntar y preguntan a quien quieren, al Consejo o a la Comisión. 
Me parece muy bien, pero esa reflexión la puede hacer usted de otra manera y no restar tiempo, como estamos restando, a los diputados que sí han hecho preguntas y quieren que les llegue la respuesta. 
El Consejo desea asegurar a su Señoría que, desde la presentación de la propuesta en cuestión, varias Presidencias han intentado progresar en este tema con la idea de elaborar una posición común del Consejo en la materia. De hecho, ya se ha asignado una cantidad considerable de recursos para las negociaciones sobre el tema. 
Los órganos del Consejo han evaluado recientemente, bajo la Presidencia italiana, la posibilidad de alcanzar una posición común en cuanto a la propuesta de Reglamento en cuestión. 
– En mi circunscripción hay organizaciones como la Shropshire Playbus Association, muy preocupadas porque podría peligrar el valioso servicio local prestado por áreas móviles de recreo educativas si se revocara la exención especificada en la letra f) , apartado 1, del artículo 13 del Reglamento del Consejo (CEE) nº 3820/85 sobre las horas de conducción en el marco de una propuesta de sustituir o actualizar este reglamento. 
Quiero preguntar al Presidente en ejercicio, primero, si valora el trabajo de estas organizaciones, y, segundo, si es así, si defendería que el Consejo hiciera lo que fuera necesario en una revisión del reglamento para que estas organizaciones sigan prestando este importante servicio a la sociedad. 
El Consejo desea manifestar su desaprobación general de cualquier situación en la que no se garanticen debidamente los derechos humanos y el respeto de las personas. 
Como ya se ha dicho en las respuestas a las preguntas H-0544 a H-0549/03 del turno de preguntas de septiembre, el Consejo es consciente del juicio y encarcelamiento de cinco ciudadanos cubanos que han sido residentes en Florida desde 2001 y las protestas manifestadas por las ONG de derechos humanos con respecto a sus condiciones de detención. Sin embargo, el Consejo no se halla en condiciones de comentar las condiciones del juicio. 
Estamos ante la situación, no solo de unos prisioneros que han sido juzgados, en nuestra opinión, de manera absolutamente arbitraria, injusta y ajena al Estado de Derecho, sino también de las mujeres de dichos presos, a quienes se niega el derecho a visitar a sus maridos. 
Estamos ante el derecho de unas mujeres, independientemente de su nacionalidad y de la de sus maridos, a las que se les niega el derecho que, como seres humanos, les reconoce el Derecho internacional. 
Ya pregunté sobre este tema el mes pasado y ahora pregunto al Sr. Antonione si no entiende que ha llegado el momento de hacer alguna gestión, para que a estas mujeres se les respeten los derechos que la Administración norteamericana les está negando. 
Mi pregunta complementaria se refiere, en este sentido, a si el Consejo velará por que esa migración temporal se realice dentro del respeto de las condiciones sociolaborales vigentes en la Unión Europea y por que se oferte también a las mujeres, en igualdad de condiciones, dentro de acciones positivas de promoción de la mujer. 
Creo que, aunque concisa, mi respuesta ya contiene todo lo que puede servir para contestar a las preguntas complementarias que me ha formulado su Señoría.Sin embargo, quiero subrayar que el compromiso de continuar trabajando en el asunto de la migración temporal me parece claro, lo mismo que la necesidad de que el Consejo, la Comisión y las autoridades competentes verifiquen, desde un punto de vista jurídico, que todos los derechos sancionados y respetados dentro de la Unión son igualmente respetados en lo que afecta a estos temas. 
Creo que el tema de las políticas de empleo activo, sobre todo en lo que atañe a las mujeres, se está estudiando en el marco de la actual labor de investigación, y no tengo ninguna razón para creer que no se está tratando este asunto. 
A pesar de que este diputado había intentado, presentando el 4.11.2003 una pregunta al respecto (Η-0669/03) (2) , señalar a su debido tiempo a la atención del Consejo la inaceptable situación reinante en Albania durante las elecciones municipales del 12 de octubre, de modo que se produjeran las oportunas intervenciones y advertencias de la UE a las autoridades albanesas y se evitaran nuevos casos de vulneración del proceso democrático durante la repetición de las elecciones el pasado 16 de noviembre, el Consejo lamentablemente no actuó, tal como se refleja en su respuesta escrita del 19.11.2003, a resultas de lo cual se registraron nuevos casos de agresiones físicas y falseamiento de las convicciones democráticas de los candidatos y de los ciudadanos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿puede indicar el Consejo qué medidas se propone tomar ahora en el marco de la colaboración entre Albania y la UE con el fin de hacer frente a la ya reiterada y evidente vulneración de los derechos humanos y civiles en el país citado? 
He tomado nota de las advertencias formuladas por el Consejo al Gobierno de Albania y confío en que el Consejo controle estrechamente la implantación de las condiciones previas necesarias para el desarrollo tranquilo de las relaciones entre Albania y la Unión Europea en lo concerniente al respeto de los derechos humanos y políticos en Albania. 
Así pues, tendría usted que preguntar a la Comisión qué dificultades existen, su tipo y naturaleza, y si son las mismas para todos los países o si son diferentes. 
En términos más generales, por lo que concierne a las medidas que el Consejo puede adoptar para atajar las dificultades financieras –y probablemente no solo financieras–, creo que la institución ya ha hecho todo lo posible por asegurar que se pueda encontrar algún tipo de solución al problema general de la inmigración ilegal por medio de acuerdos de readmisión, por un lado, y mediante ayuda material a las economías y las poblaciones de los países en que se originan las corrientes de inmigrantes ilegales, por otro. 
No estoy en condiciones de dar una respuesta precisa a esta pregunta complementaria. 
Tomo nota de sus observaciones, señor Rübig. Creo que estas son políticas que, hasta cierto punto, competen a cada país concreto. 
No obstante, tomo nota de dichas consideraciones y, en este caso también, investigaremos si pudieran ser útiles, cuando menos con vistas a emprender un camino que proporcione mejores resultados a la hora de combatir estas formas de crimen, que son sin lugar a dudas muy nocivas para nuestra sociedad. 
Durante la Presidencia italiana no se han registrado progresos sobre la creación de nuevas agencias o sobre la decisión de la ubicación de las agencias ya creadas. 
El Consejo recuerda a su Señoría que los representantes de los Estados miembros decidieron, durante una reunión de Jefes de Estado o de Gobierno del día 13 de diciembre, ubicar definitivamente la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en Parma. 
Dentro del contexto del acuerdo político alcanzado sobre la reforma de la PAC, el Consejo de Agricultura y Pesca decidió, en la reunión del pasado junio en Luxemburgo, prorrogar hasta el final de la campaña 2004/2005 la derogación de ciertas medidas de aplicación del régimen de cuotas en el sector lácteo de las Azores. Además, el Consejo concedió a esta región una cuota adicional de 50 000 toneladas a partir del año de comercialización 2005/2006. 
– Quiero preguntar al Presidente en ejercicio cuándo pidió el Consejo a la Comisión que presentara la propuesta modificada. Además, ¿podría indicar específicamente a qué tipos de productos va a afectar el reglamento modificado que ha solicitado el Consejo? 
Es asombroso que sigamos permitiendo la exportación de instrumentos de la Unión Europea que utilizan para torturar agentes de países a los que dejamos que se exporten. 
De hecho, estos productos, debido a que se exportan desde la Unión Europea, llevan un logotipo de la UE. 
– Parece que el Presidente en ejercicio no ha entendido bien mi pregunta. 
Como acabo de decir, añadiremos ciertos detalles sobre todos los equipos y productos afectados: no sé cómo definirlos, ya que estos son temas en los que los sentimientos predominan naturalmente sobre el aspecto material. Por tanto, seremos más precisos en lo referente a la definición de estos equipos. 
Le comprendo, algunas lenguas son difíciles de comprender y por tanto me reservo el derecho de formular de nuevo mi pregunta complementaria como pregunta oral en el siguiente período parcial de sesiones. 
– Siempre soy educada. Eso significa que siempre me encuentro presente en esta Cámara para escuchar las respuestas del señor Comisario. 
Mrs Oomen-Ruijten, you know that this is not a point of order. 
– Señor Presidente, la mía es una cuestión de observancia del Reglamento tanto como las dos últimas. 
He formulado dos preguntas específicas sobre la Directiva relativa a los medicamentos de uso humano, en concreto acerca de la definición de un producto médico y del considerando 7 sobre la legalidad de la misma. 
Tal vez el señor Comisario pueda contestar a esas dos preguntas concretas. Son importantes. 
En primera lectura quedó limitada claramente a los medicamentos o la actividad farmacológica a base de plantas y excluía los complementos alimenticios. Son muchos los que piensan que es sumamente importante proteger los complementos a base de plantas que ya están en el mercado en la mayoría de los Estados miembros. 
Hay que permitir a los Estados miembros promulgar leyes nacionales en su territorio para dar acomodo a cualquier planteamiento tradicional o no convencional de sanidad que no esté contemplado en la Directiva. 
La sanidad tiene que tener prioridad sobre las consideraciones de índole comercial. 
Siempre que los Estados miembros deseen tener el control sobre cualquier práctica sanitaria tradicional que consideren valiosa para sus ciudadanos, deben poder hacerlo, con independencia de los planteamientos a favor de la armonización comercial. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a preservar sus tradiciones culturales locales. 
Esto entraña una importancia especial en aquellos casos en que las tradiciones culturales se refieren a productos sanitarios que no hayan sido todavía explicados de manera científica. Los medicamentos tradicionales estar protegidos a modo de tradiciones vivas. 
En muchos países de la UE, la medicina tradicional es una tradición viva que ha continuado evolucionando a lo largo de muchos años y tiene la capacidad de seguir evolucionando. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Estatuto de los diputados. 
– Señor Presidente, Señorías, celebro la oportunidad de participar en este debate sobre el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, cuando la Presidencia del Consejo le escribió el 21 de noviembre de 2003, dejamos claro que el Consejo estaba totalmente abierto al diálogo con el Parlamento sobre esta cuestión. 
Además, dicha declaración confirmó la oferta realizada por la Presidencia griega, en la persona del Sr. Papandreou, el 20 de junio de 2003. 
Por este motivo es importante el debate de hoy, que nos proporciona una oportunidad para avanzar y explorar la posibilidad de llegar finalmente a un acuerdo después de 25 años. 
Señor Presidente, el Consejo respeta plenamente el papel esencial desempeñado por el Parlamento Europeo en la elaboración del Estatuto de sus diputados. 
Conforme al procedimiento que se establece en el Tratado, es responsabilidad del Parlamento finas las normas y condiciones generales que rigen el desempeño de las funciones de sus diputados, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo, que ha de decidir por unanimidad en lo que respecta a la tributación. 
Por lo tanto, queda claro que el Parlamento Europeo no puede introducir el Estatuto sin el consentimiento del Consejo y que este no puede aprobarlo si el Parlamento no presenta propuestas que pueda aceptar. 
Convendría recordar esto. 
Señor Presidente, sé que muchos de ustedes están deseosos de conocer la postura del Consejo sobre el Estatuto en general y, más concretamente, sobre varias propuestas que se han presentado en distintos niveles durante las últimas semanas. 
Cuando el Parlamento remitió su propuesta de Estatuto al Consejo el pasado mes de junio, quedó claro que existían importantes diferencias entre nuestras respectivas posturas, lo que impedía al Consejo dar su aprobación. 
Usted recordará que antes de eso el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Papandreou, de Grecia, indicó a una delegación parlamentaria qué partes del Estatuto eran aceptables para el Consejo y cuáles no. 
Lamento decir que la propuesta de junio del Parlamento estaba demasiado alejada de las posturas del Consejo y esto hizo imposible que diéramos nuestra aprobación. 
Quisiera, si es posible, esbozar una vez más la postura del Consejo sobre los principales aspectos. 
En primer lugar, el Consejo tiene la opinión unánime de que no podemos modificar el derecho primario a través del Estatuto: los aspectos relativos al derecho primario deberán regularse por lo tanto a través de un instrumento distinto. 
El Consejo celebra las medidas adoptadas recientemente por la Mesa del Parlamento Europeo sobre el reembolso de gastos. 
Según la opinión del Consejo, este reembolso debe realizarse basándose en los costes realmente devengados. 
Respecto a la tributación de los salarios de los diputados –un punto que requiere el acuerdo unánime en el Consejo para que este pueda dar su consentimiento–, las disposiciones relativas al impuesto comunitario que se aplicarán a los salarios percibidos por los diputados al Parlamento Europeo no deben afectar al derecho de los Estados miembros a someter dichos salarios a su sistema fiscal nacional, siempre y cuando estos salarios no tributen dos veces. 
En lo que respecta a la edad de jubilación, pese a que en el Consejo se manifestó una preferencia clara por una edad de jubilación de 65 años, con ánimo de consenso constructivo estaríamos dispuestos a aceptar un límite de 63 años. 
Con relación a la difícil cuestión del salario, el Consejo no tiene objeción alguna para determinar la cifra teniendo como referencia un porcentaje concreto del salario de un juez del Tribunal de Justicia, un planteamiento que resolvería el problema del ajuste anual. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que todas las posturas que acabo de señalar son resultado de largos y minuciosos debates del Consejo que se celebraron mucho antes de que el Parlamento aprobase su Estatuto el 3 de junio de 2003. 
Con respecto a algunas iniciativas recientes planteadas en el Parlamento, la Presidencia italiana ha sido testigo de una respuesta inicial positiva de todas las delegaciones en el Consejo. 
En caso de que estas iniciativas obtengan el apoyo del Parlamento, estaríamos más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo sobre esta vieja cuestión. 
Tal y como he destacado al inicio de mi intervención, el diálogo es el único modo para salvar nuestras diferencias y el Consejo está dispuesto al diálogo. 
La Presidencia italiana, por su parte, siempre ha estado dispuesta a encontrar una solución y sé que la Presidencia irlandesa entrante refrenda totalmente este planteamiento. 
. Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme decirles, en primer lugar, que la Comisión ha acogido con gran satisfacción las iniciativas del señor ponente y de la Presidencia italiana acerca del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
Espero sinceramente que, tras tan dilatados debates a lo largo de tantos años, nos hallemos ante la posibilidad, de verdad, de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión que se arrastra ya desde hace mucho tiempo. 
Quiero, en ese sentido, saludar una vez más el esfuerzo y el trabajo realizado durante todo este tiempo por el Sr. Rothley, trabajo de una tenacidad y dedicación de primer orden en favor de esta Cámara, que todo el mundo debe agradecerle. 
En estos momentos, la Comisión no quiere entrar en el contenido detallado de esta iniciativa, ya que no disponemos todavía de la propuesta oficial. 
No obstante, quizá pudiera recordar a sus Señorías la postura que adoptamos tras la aprobación del Estatuto el pasado mes de junio. 
La Comisión emitió entonces un dictamen que contenía dos observaciones generales: la primera, en relación con las disposiciones del Estatuto que se rigen por el derecho primario; la segunda, respecto a las implicaciones financieras del Estatuto. 
En el primer caso decíamos que las disposiciones del Estatuto no pueden ser modificadas por un acto fundamental, basándose en el artículo 190 del Tratado, y en el segundo caso, señalamos que los importes en juego supondrían una importante carga para la categoría 5 de las perspectivas financieras. 
Como es lógico, todo eso se refería a un texto distinto del actual. 
Ahora habrá que ver exactamente cuál es la concreción del texto para poder manifestarnos con todo detalle. 
En cualquier caso, Señor Presidente, la Comisión siempre va a mostrarse constructiva y, desde luego, deseamos fervientemente que se pueda alcanzar un acuerdo entre las instituciones. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme ser franco y decir que muchos de nosotros no nos sentimos hoy a gusto. 
¿Por qué? 
Si nos tomásemos seriamente a nosotros mismos y nuestras resoluciones, esta pregunta oral no podría plantearse, y realmente no habría ninguna resolución que se desviase del Estatuto de los diputados aprobado el 3 de junio de este año. 
Otro motivo por el que no nos sentimos a gusto es porque parece extraño que, cuatro días después del colapso de la Conferencia Intergubernamental sobre «El futuro de Europa – una Constitución europea» , nos encontramos, en una petición de debate urgente, solicitando al Consejo que alcance un acuerdo sobre un Estatuto de los diputados, aunque hasta la fecha no lo haya hecho ni haya demostrado deseo alguno de hacerlo. 
La Constitución sería más importante que el Estatuto para nosotros, aunque no exista relación real entre ambos, pero sin embargo hacemos esto y, del mismo modo, los Grupos más grandes presentan una propuesta de resolución común. 
¿Por qué? 
Lo hacemos porque un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo no trata sobre intereses de partidos políticos, nacionales o individuales y tampoco es un juego; al contrario, el procedimiento y el contenido deberían seguir siendo un tema de preocupación común. 
Lo hacemos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, porque lamentamos profundamente la falta de honradez, las consideraciones tácticas, las estrategias de elección individual y las falsas nociones de nuestras funciones que aparecen implicadas. 
El hecho es que no se pretende que entablemos un diálogo unos con otros, sino que corresponde a ustedes decir «sí» o «no» 
a lo que hemos aprobado como propuesta para nuestro Estatuto de los diputados, y porque queremos abandonar este camino compartido. 
Esto se debe a que queremos dejar claro que es el Consejo, que representa a los Gobiernos nacionales, y no esta Asamblea, quien debe asumir la responsabilidad por esta lamentable situación. 
Esta es nuestra oferta definitiva; nuestro nuevo mensaje para ustedes es que deben decir «sí» o «no» antes del 15 de enero. 
Aunque muchos de nosotros consideramos la propuesta sobre la tributación contraria a la legislación comunitaria, injusta y errónea en esencia, planteamos esta propuesta como muestra de buena voluntad y de nuestra conciencia de los problemas en el Consejo. 
Teniendo en cuenta los debates realizados a nivel nacional sobre las pensiones, aumentamos tres años la edad para tener derecho a una pensión. 
Aunque el estatuto también debería regir las funciones de un diputado a esta Asamblea, lo dividimos y eliminamos los elementos del derecho primario, pero aquí es donde ponemos un alto, porque también tenemos nuestra dignidad, y aquellos que no se respetan a si mismos no serán respetados por otros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, espero, en nombre de mi Grupo, que haya llegado la hora de la verdad para el Estatuto de los Diputados. 
Quiero, ante todo, saludar la perseverancia y la tenacidad del ponente, Sr. Rothley, no como miembro de mi Grupo sino como representante de todo el Parlamento, y también la perseverancia del Presidente, porque llevamos trabajando juntos mucho tiempo y, antes de que lo fuera, ya habíamos emprendido acciones que quiero recordar para explicar los puntos que están en discusión. 
Al comienzo de esta legislatura y después de la adopción del informe Rothley en la anterior, creamos un grupo de trabajo para poder delimitar las cuestiones más controvertidas del Estatuto y quiero recordar que en ese grupo de trabajo participaron activamente un ex-Secretario del Consejo y un ex-Secretario de la Comisión, además de otras relevantes personalidades, porque queríamos objetivar una cuestión que tiene una dimensión constitucional. 
Siempre hablamos de las instituciones, pero en las instituciones trabajan personas, y nosotros, como representantes de los ciudadanos europeos, tenemos que ser iguales a la hora de legislar. 
No puede ser que estemos haciendo una legislación aplicable por igual a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de la Unión y que nosotros estemos en una situación tan diferente y, en algunos aspectos, tan criticable. 
En esto hay que reconocer que a la opinión pública y a los medios de comunicación no les falta razón cuando plantean determinadas críticas. 
No se ha aprobado la Constitución- es cierto -, pero en este año- y también con la participación del Consejo- hemos podido dar un paso adelante con la aprobación del Estatuto de los Partidos Políticos europeos. 
Y no es que nosotros seamos los soldados de los partidos políticos, pero sí somos parte de esas formaciones que ya desde el Tratado de Maastricht- cuando fueron reconocidas- contribuyen a la formación de la voluntad democrática de la Unión. 
Por lo tanto, dentro de este apasionado y complejísimo debate, creo que éste es un momento en el que- espero que se demuestre en la votación- hemos podido encontrar la unidad en la Casa- en el Parlamento- para poder expresarnos claramente. 
Como ha recordado el Presidente en ejercicio del Consejo, nos corresponde a nosotros decidir sobre el Estatuto que ustedes tienen que aprobar. 
Creo que el paso que hemos dado responde a una filosofía de poder legislativo compartido que es la que nosotros hemos defendido para la legislación en la Unión Europea. 
Es decir, no queremos hacerlo en contra de su voluntad o enfrentándonos con los Estados y ésa es la razón que lleva en este momento al Parlamento a tenderles la mano para poder resolver esta espinosa cuestión. 
Sobre los tres temas planteados- que espero que se aprueben en la resolución -, que mi Grupo defiende, creo que el Presidente en ejercicio del Consejo ha sido claro y explícito en relación con el Derecho primario, con el reembolso de gastos y con la imposición. 
También se ha manifestado sobre el nivel de la remuneración e incluso creo que ha hecho una observación interesante sobre los problemas que puede evitar. 
Queda un último tema sobre el que no se ha pronunciado explícitamente, pero entiendo que también el Presidente en ejercicio del Consejo ha hablado en nombre de la próxima Presidencia, declarando la voluntad de la Presidencia irlandesa de seguir con una voluntad compartida en este proceso. 
Entiendo, por lo tanto, que antes del 15 de enero podremos tener ya una solución positiva para el Estatuto, que creo que es uno de los avances más importantes que podemos conseguir en relación con la dignificación del trabajo de los parlamentarios y en la resolución de uno de los temas constitucionales más complejos y difíciles de la Unión. 
– Señor Presidente, me estoy quedando sin inspiración para hablar sobre la cuestión del Estatuto de los diputados. 
Ya se ha dicho todo al respecto. 
Cada vez decimos que «esta es la última oportunidad» y, desde luego, esta debe serlo. 
Quizás debería empezar por donde lo dejé en esta Cámara en el mes de junio, cuando ofrecí una explicación, en nombre del Grupo ELDR, de la abstención del mismo y del voto de mi delegación nacional en contra de lo que entonces era una resolución. 
Afirmamos que no podíamos apoyarla entonces, debido a la inclusión de derecho primario y a la ausencia de la posibilidad de una fiscalidad nacional. 
Podría decir, en nombre de mi Grupo, que «ya lo dijimos» , ya que ahora parece que, en conjunto, la mayoría de esta Cámara ha llegado a la misma conclusión; así que estamos avanzando. 
Pero la última vez, antes de sentarme también dije que esperaba que el Consejo hiciera un mejor trabajo sobre esto que el que hicimos nosotros. 
Bueno, ahora estamos aquí otra vez, ofreciendo al Consejo un paquete claro y aceptable. 
Por desgracia, todos sabemos que el Consejo no ha tenido un fin de semana muy bueno. 
Sin embargo, esta es una oportunidad para que consiga un éxito para Europa antes del final de esta legislatura. 
Puede parecer un éxito muy pequeño, pero sus consecuencias para el buen nombre de la democracia europea son inmensas. 
El verano que viene, cuando estemos frente a los ciudadanos europeos en las elecciones, podríamos tener un Parlamento con su propia casa en orden, con los diputados de todos los países europeos tratados y respetados con igualdad y de forma transparente, o podríamos seguir teniendo el actual y penoso embrollo que nos deja expuestos al ridículo. 
Lo he dicho antes y lo volveré a decir. 
Creo que todos venimos a esta Cámara a trabajar en representación de los ciudadanos de Europa, no a dedicar nuestro tiempo a debatir sobre nuestras propias remuneraciones y condiciones. 
Señores y señoras del Consejo, ustedes tienen la oportunidad de sacarnos de esta ridícula situación y, por lo tanto, de mejorar la Unión a los ojos de sus ciudadanos. 
Les ruego que no lo estropeen esta vez. 
– Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario está totalmente a favor de un Estatuto de los diputados. 
Siempre hemos estado convencidos de que necesitamos establecer un Estatuto que garantice la misma dignidad política y económica para los representantes de los ciudadanos de Europa. 
A este fin hemos seguido de forma sistemática y apoyado activamente todas las medidas que han conducido a la propuesta que se discute actualmente en el Consejo. 
Quisiera decir también, francamente, que nos oponemos a cualquier táctica dilatoria. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica reclama que este Estatuto se apruebe cuanto antes. 
Creemos que el principio de igualdad entre los diputados al Parlamento Europeo es un elemento de justicia y transparencia necesario para nuestros ciudadanos. 
Por supuesto, como es el caso de todas las propuestas de compromiso, no estamos totalmente satisfechos con la que se está examinando, pero no dejaremos de hacer una contribución constructiva, que estará abierta al diálogo entre todos los Grupos parlamentarios. 
La cuestión que sigue siendo objeto de desacuerdo es la edad de jubilación. 
La propuesta actual es dar a los diputados al Parlamento Europeo una pensión a la edad de 63 años, mientras el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea cree que la edad debería reducirse a los 60 años. 
Esta propuesta no pretende proteger los privilegios de los diputados; planteamos esta propuesta porque estamos convencidos de que todos los ciudadanos europeos deberían jubilarse a los 60 años a más tardar. 
Mis colegas y yo siempre nos hemos opuesto a la reforma de los sistemas de pensiones basados en el aumento del período de cotización, que considero injusto. 
Estamos convencidos de que existen recursos financieros suficientes para permitir a todos los ciudadanos europeos, incluidos los diputados al Parlamento Europeo, que son ciudadanos como cualquier otro, jubilarse a los 60 años. 
En lo que respecta al principio del salario único, estamos convencidos de que representa un principio de democracia e igualdad de trato. 
¿Por qué debería cobrar menos un diputado de Estonia que uno alemán? 
Sin embargo, al mismo tiempo somos conscientes de que en determinados Estados miembros de la Unión Europea esto podría dar lugar a situaciones insostenibles en las que un diputado al Parlamento Europeo reciba un sueldo varias veces mayor que el de su Presidente. 
Por esta razón debemos ser políticamente flexibles. 
Quizás podríamos cubrir la laguna entre las distintas remuneraciones de los diputados al Parlamento Europeo basándonos en los salarios mensuales de los funcionarios públicos de nivel superior del país en cuestión; pero, para nosotros, el principio del salario único para todos es irrevocable. 
Por último, en lo que respecta al pago de los gastos de viaje de los diputados, quisiera recordarles que la Mesa del Parlamento Europeo ha elaborado una propuesta que una mayoría de mi Grupo ha solicitado que se ponga en práctica cuando el Estatuto entre en vigor. 
– Señor Presidente, Señorías, lo que refrenda ahora nuestro Grupo con toda modestia es lo que podríamos haber hecho hace meses si hubiésemos escuchado a los Grupos pequeños, pero la historia es la historia y el futuro nos pertenece a todos, así que valoramos muy positivamente que hayamos llegado a la situación actual. 
Una cosa que esto implica es que queremos aprobar una resolución básica de forma que se apliquen las mismas disposiciones a todos los diputados a esta Cámara, ya que todos hacemos el mismo trabajo. 
Sin embargo, al aprobarla, al mismo tiempo decidiremos poner fin a las normas sobre la facturación de los gastos de viaje, que están lejos de ser transparentes y, desde mi –nuestro– punto de vista, simplemente no son justas ni adecuadas. 
Esto es algo que debemos dejar siempre claro. 
Mediante la aprobación del estatuto único también votamos por eliminar los reembolsos de gastos de viaje que son totalmente absurdos. 
Es importante que esto pase a ser una cuestión de dominio público. 
En segundo lugar, también dejamos claro que somos lo suficientemente inteligentes como para hacer posibles los acuerdos de transición, de forma que los países de la ampliación tengan realmente tiempo para incorporarse a este acuerdo conjunto, ya que sería absurdo que alguien, al convertirse en diputado al Parlamento Europeo, pasase, de la noche a la mañana, a ganar más que el Primer Ministro de un país. 
Se trata de hacer una elección y no de excluir, ya que el mismo Estatuto se aplicará a todos nosotros. 
Exactamente cuando se incorporen los diputados al Parlamento Europeo de estos Estados, tendrá que estar establecido por el Consejo en forma de normas inteligentes, es decir, mediante un acuerdo optativo. 
Cuando exista uno, entonces el futuro de nuestros estatutos estará garantizado. 
Varios diputados a esta Cámara están un tanto indignados porque hayamos estipulado que nuestro derecho a una pensión comience cuando hayamos cumplido sesenta y tres años. 
Habría pensado que sesenta y cinco estaría bien, ya que deberíamos pedirnos a nosotros mismos lo que pedimos, en la actualidad, a la sociedad en su conjunto, sin recibir un trato especial. 
Por lo tanto, me opongo firmemente a la idea de reducir la cifra adoptada en esta resolución. 
Hacerlo sería transmitir un mensaje erróneo al público. 
Permítanme concluir diciendo que bien está lo que bien acaba. 
Muchas gracias a todos aquellos que han aportado su ayuda en esta cuestión. 
Señor Presidente, pronto celebraremos un vigésimo quinto aniversario: este Parlamento es un órgano elegido directamente desde hace 25 años. 
Sin embargo, el estatuto jurídico de los diputado es un que se está deshaciendo por todas partes. 
La remuneración conforme a las normas nacionales es tan diferente que no guarda relación con la responsabilidad y la carga de trabajo. 
Al mismo tiempo, el reembolso de los gastos de viaje está alcanzando cifras que cada vez son más desproporcionadas con respecto a los gastos reales, especialmente debido a la competencia en el transporte aéreo. 
En la Cumbre de Ámsterdam, celebrada en junio de 1997, se incorporó un fundamento jurídico al Tratado permitiendo al Parlamento elaborar un estatuto, que debía aprobar el Consejo. 
En la actualidad, seis años y medio después, no se ha aprobado todavía ese Estatuto. 
Con la cercanía de la adhesión de diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo y las elecciones del próximo mes de junio, este es el momento crucial. 
¿Pretendemos presentarnos ante el electorado una vez más con un sistema injustificado de reembolso de gastos y una diferencia inexplicable entre las pagas de los diputados? 
Me parece que es hora de que comencemos a debatir cuestiones políticas de distinta clase. 
Un estatuto común para los diputados de todos los Estados miembros hace justicia al ideal de igual remuneración por igual responsabilidad. 
Al mismo tiempo, esto contraviene la subsidiaridad. 
En lo que respecta a muchos miembros del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, este es un motivo para mantener un estatuto jurídico determinado nacionalmente. 
Al mismo tiempo, todo el Grupo desea una reorganización radical del reembolso de los gastos de viaje. 
Año tras año, nuestro Grupo presenta una enmienda al presupuesto de forma que el reembolso se base en los gastos de viaje realmente devengados y cada año una mayoría en este Parlamento rechaza dicha propuesta. 
Por muy indiscutible que pueda ser mi último comentario, nos lleva a mis colegas diputados neerlandeses y a mi a la conclusión de que el reembolso de los gastos de viaje no puede conseguirse por sí solo, sino en combinación con un estatuto. 
Por este motivo, creemos que el Estatuto debería haber estado en vigor hace mucho tiempo. 
Hasta hace poco, esto lo impedían los tres obstáculos de siempre, sobre los que diré unas palabras. 
El primero es el derecho primario, la inmunidad y cosas por el estilo: afortunadamente, las resoluciones finalmente eliminaron este cabo suelto. 
Esta parte debe seguir inevitablemente su propio curso. 
El Consejo ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de cooperar al respecto, y debemos hacer que cumpla su palabra. 
El segundo es la edad de jubilación: se ha sabido que, en general, los diputados al Parlamento Europeo se jubilan en la práctica a los 62 años. 
Vista la evolución social, la edad de 63 años preferida por el Consejo no deja de ser razonable. 
El tercero es la tributación nacional. 
Hace años, la entonces Presidencia belga propuso un compromiso que nos permitía acomodar la subsidiaridad sobre este aspecto. 
Un aspecto que todavía hay que solucionar tiene que ver con la paga. 
Las actuales cifras nacionales incluyen extremos superiores e inferiores. 
En lo que respecta a las cifras más bajas, asumo que, históricamente, estas no se basaban en un puesto de plena dedicación. 
En nuestra opinión, una media ponderada de las 15 cifras actuales representaría un buen sistema de remuneración de acuerdo con el trabajo realizado. 
La idea de expresarlo como porcentaje de la remuneración de un juez del Tribunal de Justicia parece ser una buena solución, incluso en lo que respecta a la vinculación a los índices. 
El Primer Ministro italiano expresó ayer el orgullo de que la cumbre del pasado fin de semana tomase tantas decisiones con gran energía. 
En lo que a nosotros respecta, el Estatuto es la prueba. Si esta Presidencia puede comunicar que el Consejo aprueba el Estatuto, puede considerarse un éxito. 
De no ser así, el tema pasará a la Presidencia irlandesa. 
Un buen comienzo es la mitad de la batalla. 
Los irlandeses han demostrado su capacidad para el trabajo duro y por lo tanto espero sinceramente que puedan dar luz verde al Estatuto el 15 de enero. 
– Señor Presidente, quisiera recordar una vez más, en nombre de mis colegas de la delegación del Movimiento por Francia en el Parlamento Europeo, que nos oponemos por completo al pago de la retribución principal de los diputados al Parlamento Europeo con cargo al presupuesto comunitario. 
En aplicación del Tratado, los diputados al Parlamento Europeo son los representantes de sus respectivas naciones y, por consiguiente, son estas últimas las que deben pagarles. 
Del mismo modo, no puede aceptarse el mal compromiso fiscal actualmente en estudio. 
Hace falta un principio simple y claro: los diputados al Parlamento Europeo deben estar sujetos a los mismos impuestos que sus conciudadanos. 
Si, por desgracia, el Estatuto hoy en debate condujese –como cabe temer– a un aumento de la retribución parlamentaria y a una reducción de los impuestos sobre la renta, si además diese la impresión de que los diputados al Parlamento Europeo escapan a los controles financieros de su país y se convierten en asalariados de Bruselas, entonces, se lo digo claramente, nuestros conciudadanos no lo aceptarían y se asestaría un nuevo y terrible golpe a la credibilidad de la Unión. 
Por tanto, es preciso que los Gobiernos resistan hoy a la presión de los federalistas, que quieren apartar a los diputados al Parlamento Europeo de sus países respectivos, con el pretexto de un principio de igualdad entre diputados que no existe en ninguna parte en los Tratados, y que es totalmente inventado. 
Al contrario, debemos reforzar el vínculo entre el diputado y su nación, para aproximar Europa a los ciudadanos. 
Resumiendo, señor Presidente, la retribución parlamentaria principal debe ser pagada por el país de origen al cual representa el diputado. 
El impuesto sobre la renta debe ser nacional. 
Las compensaciones de gastos deben cubrir los gastos reales. 
Por último, a modo de compromiso, se podría admitir que las dietas fueran consideradas una renta complementaria pagada por las instituciones europeas y, como tal, sujeta al impuesto comunitario. 
Para nosotros, es lo máximo que podemos aceptar. 
– Señor Presidente, Señorías, esta ha sido una interminable historia trágica desde 1998, y creo que se debe a la ausencia de una indicación clara de la postura del Consejo en todas sus declaraciones de los últimos años. 
Todas las cartas a las que se ha hecho referencia estaban redactadas en jerga jurídica y no daban indicaciones claras sobre lo que el Consejo estaba dispuesto a aceptar; incluso hoy no hemos oído nada en esta línea. 
Tras escuchar la presentación del Consejo de esta mañana, simplemente no puedo sacar otra conclusión. 
Dicho esto, la postura del Consejo, tal y como se ha cristalizado durante los últimos meses, es deshonesta y falaz; no tengo reparos en afirmarlo y me refiero a un punto decisivo, el modo en que se ha tratado la cuestión de la tributación. 
El Consejo acusa a esta Asamblea de aprovechar el Estatuto como una oportunidad de interferir en cuestiones de legislación primaria, pero el propio Consejo evidentemente no ve nada problemático en el modo en que pretende, en este Estatuto, tratar cuestiones de derecho primario como los impuestos. 
Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué es lo que quieren ustedes realmente y cómo se pretende que funcione una vez que lo consigan? 
A través de la información que nos han proporcionado los tres servicios jurídicos –el del Parlamento, el del Consejo y el de la Comisión–, sabemos que lo que se propone realmente en este caso es contrario a la ley, aunque este Parlamento está dispuesto a aceptarlo. 
Sin embargo, puedo decirles aquí y ahora que, en caso de que se apruebe esta resolución y que algún Estado miembro u otro se acoja a esta opción, es seguro que este asunto terminará ante los tribunales, y finalmente ante el Tribunal Europeo de Justicia, que tendrá que emitir un fallo. 
Con el proyecto de resolución que se ha puesto ahora sobre la mesa, creo que hemos llegado al límite; ya no podemos hacer nada más. 
El Sr. Karas estaba en lo cierto cuando dijo que en esta Asamblea también tenemos dignidad. 
Creo que la oferta ya se ha hecho y lo que esperamos ahora es que se produzca una declaración definitiva de la postura del Consejo antes de 15 de enero a más tardar. 
Esto también trata de lo que puede esperarse de nuestros futuros colegas, cuyos procesos de nombramiento están actualmente en marcha en los Estados miembros. 
También ellos deben saber en qué condiciones trabajarán en el futuro en este Parlamento. 
La fecha límite es el 15 de enero. 
Para entonces queremos saber a ciencia cierta qué quiere el Consejo, y qué no quiere. De no ser así, a este estatuto se le habrá acabado el tiempo en la vida de este Parlamento. 
– Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, permítame expresar unas palabras de agradecimiento a la Comisión por el apoyo que siempre hemos recibido de ella y también, en muchas ocasiones, a la Presidencia italiana del Consejo. 
Considero que lo que tenía que decir ha sido claro y preciso. 
Permítanme decir que la resolución que hemos elaborado, y las declaraciones de hoy de la Presidencia italiana, permiten llegar a un acuerdo, pero hagámoslo rápido, ya que no podemos dejar que esto eclipse las elecciones. 
¿De qué se trata? 
Tras casi un cuarto de siglo de elecciones directas al Parlamento Europeo, todavía tenemos la estructura de una asamblea parlamentaria, pero debemos desarrollarnos como un Parlamento real, y para eso sirve este Estatuto. 
Por supuesto, se trata solamente de un primer paso al que desde luego debe ir lo que ya está establecido en el Protocolo de 1965. 
Solamente entonces tendremos un verdadero Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y por lo tanto hago un llamamiento a los Gobiernos para que asuman esta cuestión y la impulsen. 
El segundo comentario que quiero hacer se refiere a que todos sabemos que la situación actual, con la desigualdad de salarios y este desafortunado sistema de reembolso de los gastos de viaje, es insostenible, pero permítanme recordarles una verdad simple: estos aspectos solamente pueden solucionarse de forma conjunta. 
No habrá un Estatuto si no se reforma el modo en que se reembolsan los gastos de viaje, pero esto no se reformará sin un Estatuto. 
Si se quiere separar un aspecto del otro, entonces acabarán proponiendo una solución que carece de justicia y de solidaridad. 
Aquí es donde necesitamos claridad y transparencia; así es como tratamos con respeto a las personas que nos eligen y con cuyo dinero se nos paga. 
Quisiera dar las gracias a los presidentes de todos los Grupos por hacer posible la presentación de una resolución común, pero hay tres personas a las que me gustaría nombrar, sin las que no habríamos llegado al punto en que nos encontramos, que son el presidente de mi Grupo, el Sr. Barón Crespo, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, el Sr. Gargani y, por supuesto, el Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Cox. 
Después de lo que espero que sea un colapso simplemente temporal de la nueva constitución, transmitamos hoy un mensaje muy tranquilo al respecto de que después de todo quizás estemos avanzando en Europa. 
– Señor Presidente, es un gran placer que se me conceda la palabra inmediatamente después del Sr. Rothley, que ha trabajado tanto durante toda esta legislatura para llevar este asunto a la conclusión que ahora parece que estamos a punto de alcanzar. 
Él ha felicitado a otros colegas, así que permítanme hacerle llegar a él una cordial felicitación. 
Ha sido un gran placer trabajar con él en esta cuestión. 
Todos debemos celebrar que, siempre que el Consejo no pierda de vista el balón, tendremos un Estatuto de los diputados apropiado antes de las próximas elecciones. 
Es absolutamente esencial para esas elecciones. 
Yo no voy a ser candidato, así que no hablo por intereses personales en este tema. 
De hecho, tendré 63 años cuando me jubile, pero no con este plan de pensiones. 
Es esencial tener un régimen de gastos adecuado y un sueldo común. 
He sido ponente en varias ocasiones sobre los privilegios e inmunidades estipulados por el protocolo actual. 
Hay que decir que se trata de un sistema extremadamente laberíntico y misterioso y que no es un fundamento satisfactorio para los privilegios e inmunidades de una Cámara de este tipo. 
Por lo tanto, aunque este asunto no se va a aprobar en esta fase, quisiera hacerme eco de la propuesta de que trabajemos arduamente en el futuro próximo para conseguir que toda la cuestión de los privilegios y las inmunidades tenga también una base adecuada. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como puede observar en esta Cámara, el sentimiento es unánime: después de 25 años, es hora de que el Parlamento Europeo y los diputados tengan un único Estatuto o un único conjunto de normas. 
Por otra parte, después de 25 años, también podría decidir sobre nuestro lugar de trabajo. 
Sin embargo, quizás a diferencia de mis colegas, personalmente creo que esto está bien. 
Existe un problema real: la opinión pública se fija en nosotros y este sistema no funciona. 
Por supuesto, considero que la palabra «Estatuto» es un poco pomposa. 
La idea básica era incorporar en el Estatuto una auténtica carta de los diputados al Parlamento Europeo, que también incluiría las prerrogativas del diputado, un paquete común que habría dado significado a la palabra «Estatuto». 
Si queremos que avance el importantísimo sistema de disposiciones financieras para los diputados al Parlamento Europeo, llamémoslo por su nombre. 
Sin embargo, deberíamos reservar la palabra «estatuto» para un tiempo en el que, al igual que los parlamentarios nacionales, tengamos normas comunes para las demás cuestiones que también se habían incorporado –y que hoy deben eliminarse, o que imaginamos que tendrán que eliminarse, por distintos motivos– pero que siguen siendo fundamentales. 
Nuestro estatuto solamente será válido cuando hayamos dispuesto prerrogativas y funciones y una igualdad efectiva con los diputados nacionales, como, por ejemplo, en Italia, donde los diputados pueden visitar las cárceles siempre que lo deseen. 
Este me parece el significado correcto de «Estatuto de los diputados». 
Señor Presidente, creo que cuando existen problemas importantes, como es el caso del Estatuto, simplemente debemos ser pacientes, ya que finalmente prevalecerá la razón, se despertará la conciencia y todo el mundo actuará de forma responsable por un momento. 
Personalmente, debo decir que, en el curso de mi dilatada carrera política, esta es una de las pocas ocasiones en que realmente debo expresar mi satisfacción de forma simple y sin retórica. 
No puedo evitar hacerlo y debo darle las gracias, señor Presidente; con este acuerdo interinstitucional y este Estatuto usted ha hecho, de forma discreta y sin alboroto, una importante contribución a la causa del Parlamento. 
Creo que si esta unanimidad que observamos realmente da sus frutos, este será recordado como un día importante. 
Con su orientación, el Sr. Rothley y yo hemos insistido con tesón –e incluso diría que con terquedad– en debatir esta cuestión y plantear argumentos que finalmente han prevalecido. 
Aunque la Constitución no haya visto la luz, si el Sr. Antonione me permite decirlo de este modo, creo que la Presidencia italiana tiene en su haber este punto, que realmente es el más importante. 
Señorías, podríamos haber alcanzado un resultado incluso antes del 9 de diciembre, pero esto no se entendió totalmente cuando convoqué a la comisión, los días 9 y 10 de diciembre, para obligar al Consejo a afrontar sus responsabilidades. 
Sin embargo, todavía tenemos tiempo y creo que si queremos otorgar un significado fundamental a la fecha del 15 de enero, debemos actuar ahora. 
Si usted, señor Presidente, está de acuerdo, personalmente no veo ningún problema en convocar ahora la comisión para el 12 de enero, ya que sería, señor Antonione, un acto claro, transparente y específico del Parlamento. 
Esta es la primera vez que estoy en el Parlamento Europeo en este período legislativo, pero he estudiado este tema durante todo el largo proceso. 
La primera parte otorga autonomía, garantías, visibilidad, transparencia y unanimidad a las normas que rigen a los diputados al Parlamento Europeo y al Parlamento en su conjunto. 
Esto tiene que ver con la modificación del derecho primario. 
La segunda parte es la necesaria parte organizativa, en la que hemos alcanzado el equilibrio mediante un compromiso que considero que acredita al Parlamento. 
Es cierto que se han hecho pequeños sacrificios, pero ahora la cuestión parece bastante clara y aceptable. 
Si, como ha dicho el Sr. Rothley, las palabras de la Presidencia italiana son ahora claras, si la Presidencia ha hablado en nombre de todos los Estados miembros y todos los Gobiernos, creo que el 15 de enero, tras la reunión previa de la comisión del 12 de enero, este importante problema puede quedar realmente resuelto y el Parlamento habrá dado un gran salto adelante. 
Señor Presidente, soy testigo privilegiado, como compañero de escaño de Willy Rothley durante los últimos diez años, de su tesón para sacar adelante este expediente. 
Quiero felicitarle y expresarle mi reconocimiento, pues realmente se lo merece. 
Por otro lado, quiero resaltar que, tanto el Presidente en ejercicio del Consejo y la Vicepresidenta de la Comisión como mi colega, el Sr. Lehne, han señalado que el respeto del Derecho primario incluye un principio muy importante, el de la unidad de la legislación fiscal comunitaria. 
En nuestra propuesta hay una modificación del estatuto fiscal excepcional, recogida en el llamado "compromiso belga", que solamente tiene sentido en cuanto que es una delegación, una especie de con respecto al Derecho general, pero que no puede ser interpretado como una facultad general para que los Estados puedan establecer fiscalidad sobre cantidades pagadas por las instituciones comunitarias. 
Con esta salvedad, la propuesta que presentamos los diferentes grupos políticos en este momento en el Parlamento Europeo podría constituir, en efecto, un paso adelante para el establecimiento del estatuto unitario con respecto a la Unión Europea. 
Creo que ahora no es el momento de invocar el principio de subsidiariedad, sino todo lo contrario: estamos construyendo una Unión Europea que ha de basarse en unas instituciones comunes que tengan un funcionamiento común, y esto es lo que explica la propuesta de un estatuto parlamentario europeo y de un estatuto de los partidos políticos europeos. 
No se trata de otorgar privilegios de ningún tipo, sino de establecer una situación de igualdad entre todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Espero que podamos aprobar el texto sin ninguna de las enmiendas que se han presentado al mismo. 
– Señor Presidente, la historia del paquete de condiciones de los diputados de esta Cámara no es muy gloriosa y no dice mucho de todos los que han intervenido en ella, que parecen embrujados por el tema. 
No quiero remover el pasado. 
La actual versión del Estatuto de los diputados no es perfecta, ni mucho menos. 
Pero probablemente en el mundo real es la mejor que podemos esperar. 
Desde nuestro punto de vista, los Conservadores británicos tenemos cuatro principios esenciales: en primer lugar, el salario debe ser similar al de nuestros diputados nacionales; en segundo lugar, debemos tributar en el mismo régimen que los ciudadanos de nuestras circunscripciones; en tercer lugar, el régimen de gastos debe reformarse; y, por último, debemos romper claramente con el pasado. 
El salario propuesto no es idéntico al de un diputado nacional británico, pero el paquete global no es muy distinto si se tienen en cuenta todos los aspectos. 
Pagaremos impuestos de acuerdo con el mismo régimen fiscal que los habitantes de nuestras circunscripciones. 
Se va a reformar el régimen de gastos y, aunque no se rompe totalmente con el pasado, las anomalías no son demasiado grandes, a mi juicio, y por supuesto desaparecerán con el tiempo. 
Por consiguiente, vamos a votar a favor. 
Quisiera concluir diciendo a todos los que probablemente serán importantes jugadores en la final: no pierdan el tiempo con tonterías. 
A ver si conseguimos solucionar todo el asunto lo antes posible. 
– Señor Presidente, hoy tenemos la oportunidad de suprimir los obstáculos que han frenado un debate significativo sobre toda la cuestión del Estatuto de los diputados. 
Si podemos avanzar en el tema del Estatuto, podremos abordar la complicada cuestión de nuestros gastos. 
Debido a la forma encubierta de pagarnos los gastos a los diputados del Parlamento Europeo, estamos totalmente expuestos a las críticas. 
El Estatuto y la reforma de los gastos están entrelazados de un modo inextricable; van de la mano, como ha señalado claramente el Sr. Rothley. 
Por lo tanto, aunque pedimos al Consejo que avance en la cuestión del Estatuto, ruego al Parlamento que avance en la reforma del régimen de gastos, porque si creamos un sistema claro, sin ambigüedades y justo en materia de gastos, podemos volver a presentarnos con confianza ante el electorado el próximo mes de junio. 
Señor Presidente, en primer lugar hay que decir que el contenido del compromiso que parece haber tomado forma últimamente no puede considerarse aceptable, ya que varios aspectos de la propuesta original eran inaceptables. 
Sin duda podemos respaldar el principio subyacente: otorgar a cada diputado al Parlamento Europeo la misma dignidad y, sobre todo, un recordatorio constante de un único punto de referencia durante el ejercicio de su mandato, con los mismos derechos y responsabilidades comunes. 
Muchos aspectos de la ley propuesta van en contra de este principio: el primero tiene que ver con el momento en que esta entraría en vigor. 
En mi opinión, se han dicho y escrito muchas palabras sobre la ampliación de la Unión Europea, para apoyar y comentar de forma positiva las numerosas facetas del procedimiento; por lo tanto, no pretendo añadir mis valoraciones positivas sobre el tema. 
Sin embargo, no ha sido poco frecuente, sobre todo últimamente, que las instituciones comunitarias adoptasen disposiciones legislativas y con numerosas expresiones de pesar, reconociendo la necesidad de implicar a los futuros Estados miembros solamente en la fase de conciliación. 
Siendo este el caso, es difícil comprender por qué tanta urgencia por aprobar el mencionado Estatuto, ya que se hará sin la contribución de los diputados al Parlamento Europeo de los futuros Estados miembros. 
Quiero decir que estamos siendo deliberadamente «olvidadizos». 
Por otra parte, si se trata de un principio de igualdad, de hecho de igualdad material, es difícil entender por qué un diputado al Parlamento Europeo, sea del Estado que sea, en el desempeño de su mandato, que al menos es igual, si no mayor, que el de un diputado nacional, puede tener menos prerrogativas que este. 
Al destacar este punto, por supuesto me refiero a los sistemas nacionales que proporcionan las mayores garantías, porque considero que es inaceptable un sistema de derecho que, en la práctica, tiende a simplificar las garantías establecidas. 
Sin embargo, todavía hay más y concierne a puntos que son menos nobles, por así decirlo, pero que también cuestionan el concepto de dignidad. 
Realmente nadie pondría objeciones a que una única fuente fuese responsable del pago de los salarios, pero no cabe duda de que uno de los principales problemas en este caso es el importe de los mismos, es decir, la referencia a la cantidad que debería pagarse en el futuro en oposición a la remuneración actual, sea mayor o menor. 
Desde el punto de vista de la ética en su propio país, no puedo ver cómo se puede justificar que un diputado al Parlamento Europeo reciba de repente un salario mayor, y en ocasiones mucho mayor, aunque sea de una fuente distinta de la actual. 
Del mismo modo, no puedo imaginar cómo otros diputados podrían entender que reciban un salario más bajo que el que reciben en la actualidad, especialmente teniendo en cuenta los mayores salarios percibidos por los diputados nacionales, si no por los asesores regionales, del mismo Estado. 
Sin embargo, si examinamos por un momento el principio de igualdad y lo consideramos un factor positivo, la preocupación expresada sobre la tributación implicaría volver a la trampa de las disparidades extremas. 
Entonces el compromiso sobre la edad de jubilación tampoco parece ser válido. 
La gran mayoría de los Estados miembros establecen en la actualidad la edad de jubilación en los organismos públicos a los 65 años o más. 
Así que, o tenemos el valor de ignorar el hecho de que, debido a que el sistema de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo prácticamente se autofinancia, queda fuera de los costes de pensiones de cada Estado miembro y, en nombre de la coherencia puramente política, optamos por un límite de 65 años para la jubilación; o mostramos el mismo valor para admitir que el fondo es, en esencia, de naturaleza privada y que las únicas reglas válidas son las dictadas por el cálculo actuarial. 
Creo que, en caso de que las otras dos instituciones no aborden esta cuestión, el primero en situarse en una posición de subordinación no será tanto el Parlamento como sus propios diputados. 
Señor Presidente, quisiera hacer tres observaciones, sobre lo que hemos oído aquí esta mañana. 
La primera observación se refiere a esa dificultad puesta por algunos colegas sobre la diferencia, a su juicio escandalosa, entre la retribución de un diputado europeo y la de determinados cargos políticos en países candidatos. 
Señor Presidente, creo que esta dificultad no tiene ningún sentido, porque, también dentro de los quince Estados miembros actuales hay diferencias de renta, y no por eso vamos a establecer una retribución distinta para cada uno. 
Y dentro de cada uno de los Estados miembros hay regiones con diferentes niveles de renta y, que yo sepa, a los diputados nacionales no se les retribuye de manera distinta en función de la región de la que proceden. 
Por tanto, señor Presidente, es absolutamente lógico que el Estatuto sea único y la retribución sea la misma para todos los Estados miembros, y observaciones de este tipo me parecen incluso ofensivas para los países candidatos. 
La segunda observación se refiere a esa idea de que los diputados europeos deben ser pagados con cargo a los presupuestos de sus respectivos Estados. 
Señor Presidente, esto es absurdo también, porque si nuestra función es europea, nuestra retribución debe venir del presupuesto europeo, ¿o es que a los diputados de los Estados nacionales les paga su circunscripción dentro del Estado? 
Les paga el conjunto del Estado. 
Y la tercera observación, señor Presidente, se refiere a la idea que hemos escuchado sobre la homogeneidad que debe existir entre el sueldo de diputado europeo y el de diputado nacional. 
Otro absurdo, señor Presidente, ¿o es que dentro de los Estados miembros cobra lo mismo un concejal de un pueblo que el de una gran ciudad, o un concejal que un senador? 
Cada función tiene su retribución de acuerdo con su nivel y con su alcance. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, todos los factores para solucionar este problema están sobre la mesa; la pelota está en su tejado. 
Resuélvanlo de una vez, porque este problema ha durado ya demasiado. 
Señor Presidente, son muchas cosas las que se han dicho y, en el minuto de que dispongo, no seré capaz ni de tratar los aspectos más importantes. 
Creo que no cabe duda de la necesidad de adoptar un estatuto, incluso desde el punto de vista de la función y la legitimidad de este Parlamento. 
Es más, todos los miembros de mi Grupo, especialmente el Sr. Rothley y el Sr. Barón Crespo, además de la delegación italiana, siempre se han manifestado a favor del Estatuto y siempre han apoyado su necesidad, votando por éste con convicción el pasado mes de junio. 
Sin embargo, creo que no deberíamos engañarnos, señor Presidente. 
De hecho, lo que estamos debatiendo hoy –y, si es necesario, permítanos hacerlo– no es el Estatuto, sino los ajustes salariales. 
Creo que es un poco humillante para el Parlamento, pero esto es lo que estamos debatiendo. 
Llamemos a las cosas por su nombre. 
Si es todo lo que podemos hacer –y esto es responsabilidad del Consejo–, déjennos hacerlo; pero no debemos llamarlo estatuto, porque no es un estatuto. 
Quisiera dar las gracias al Consejo y a la Comisión por las útiles declaraciones que han hecho hoy en esta Cámara, así como a todos los que han intervenido en el debate, sobre todo al Sr. Rothley y al Sr. Gargani, por sus excepcionales contribuciones entre bastidores, durante un largo período de tiempo y, sobre todo, durante la Presidencia italiana. 
Quisiera también recalcar al Consejo que si hoy mismo tenemos la inteligencia necesaria para conseguir una clara mayoría, tenemos que tratar este tema con la máxima urgencia. 
Si eso ocurre, esperamos poder trabajar con ustedes sobre ese urgente asunto. 
El debate queda cerrado. (1) 
La votación tendrá lugar a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el papel de la Unión en la prevención de conflictos en África, en particular en la aplicación del Acuerdo Linas-Marcoussis en Côte d ' Ivoire. 
. – Señor Presidente, Señorías, quisiera hacer varios comentarios sobre el tema de la prevención, gestión y resolución de conflictos en África, un tema que ha estado en el centro de la labor de la Presidencia italiana con respecto al continente africano durante estos seis meses. 
La tarea más urgente parece ser, en la práctica, estabilizar el continente, es decir, impedir o eliminar el conflicto armado allí donde esté presente. 
De hecho, todos estamos de acuerdo en que solamente creando condiciones de paz y seguridad en todas partes podemos promover el desarrollo. 
Sin estas condiciones, la erradicación de la pobreza, la promoción de los derechos humanos, el empleo de calidad y la protección medioambiental son sueños vacíos o logros efímeros. 
No habrá regateo de desarrollo para las operaciones de mantenimiento de la paz, simplemente necesitamos adoptar un planteamiento integral. 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dejó esto bastante claro cuando dijo en la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Maputo que es necesario un enfoque integral que se centre a su vez en la paz y la seguridad, los derechos humanos y la democracia, la reconstrucción y el desarrollo. 
Los primeros que fueron conscientes de esto fueron los propios Gobiernos africanos, que ya en el documento programático de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África indicaron que la guerra y el subdesarrollo son dos aspectos del mismo problema que se alimentan mutuamente. 
Ateniéndose a esta hipótesis, han establecido los órganos necesarios para impedir, gestionar y resolver sus crisis, en concreto el Consejo de Paz y Seguridad y el comité conjunto de los Estados africanos más grandes. 
El nuevo elemento político que conviene destacar es esta nueva determinación por parte de los africanos de asumir sus responsabilidades en el campo de la paz y la seguridad también sobre la base del principio de propiedad. 
Esta es una actitud que la Unión Europea ha fomentado y apoyado sistemáticamente a través de medidas destinadas a reforzar la capacidad africana, tanto a escala panafricana como subregional, a través de la CEDEAO, la IGAD y la SADC. 
Ante esta situación política en proceso de cambio, la Presidencia italiana ha trabajado de forma activa para promover una respuesta europea que pudiese afrontar el desafío. 
Con este fin promovimos, en primer lugar y por encima de todo, una reflexión teórica sobre prevención, gestión y resolución de conflictos en África a través de un seminario de investigación organizado en Roma el 28 de julio. 
Reforzamos el diálogo entre la UE y África, que había llegado a un punto muerto tras posponerse la Cumbre de Lisboa, a través de dos reuniones de la troika, la segunda de las cuales se celebró el 10 de noviembre en Roma. 
Este refuerzo se centró principalmente en los aspectos de la paz y la seguridad, en los que se registró una importante convergencia con los africanos. 
Por último, aplicamos medidas continuas para apoyar los procesos de paz en marcha en Côte d’Ivoire, Liberia, Sudán, Somalia, Etiopía/Eritrea, Uganda del norte, la República Democrática del Congo, Burundi, etc. Mantuvimos una constante actividad diplomática, que tomó la forma, entre otras, de una serie de numerosas misiones de la troika ministerial de la UE en África. 
Señor Presidente, Señorías, los resultados, al menos a corto plazo, son muy positivos. 
La gestión en tiempo real de la crisis de Liberia en el ámbito político, diplomático y financiero contribuyó decisivamente a poner fin al conflicto, a concluir un acuerdo de paz y a establecer el actual Gobierno de transición. 
En la misma región, ahora que se ha consolidado la recuperación de Sierra Leona, es Côte d’Ivoire el país que se enfrenta a la mayor prueba. 
Côte d’Ivoire es la verdadera fuerza impulsora de la economía de la región y es en este país donde se está librando la más importante batalla. 
Los avances hechos hasta el momento son apreciables. 
La creación de un Gobierno de reconciliación nacional, la adopción de una ley de amnistía, el acuerdo del 4 de julio de 2003 entre las fuerzas armadas nacionales y los rebeldes, son fases importantes de un proceso que debe completarse con el acuartelamiento y el desarme de las tropas y la extensión de la administración del Estado a todo el territorio hasta las elecciones presidenciales programadas para 2005. 
La Unión Europea ha hecho y sigue haciendo todo lo que está en su mano para garantizar que se encuentre una salida del actual punto muerto, que la reunificación devenga irreversible y que se lleve a cabo la aplicación de los Acuerdos Linas-Marcoussis. 
Las declaraciones del 22 de septiembre y el 9 de diciembre, la visita de una troika ministerial europea a mediados de octubre y la labor del representante de la Unión Europea en el Comité de seguimiento son prueba de ello. 
Gracias a la rápida intervención de las fuerzas armadas francesas y las tropas de la CEDEAO, fue posible evitar el conflicto abierto. 
Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en la que las tropas africanas puedan seguir operando. 
Esta es la solicitud realizada por la CEDEAO en Nueva York, solicitud que merece el apoyo de la Unión Europea. 
Estas referencias a situaciones conflictivas concretas nos hacen valorar, por una parte, la determinación mostrada por los africanos para gestionar sus conflictos, y por otra, el enorme trabajo que queda por hacer para reforzar las capacidades operativas, especialmente aquellas de las que son responsables las organizaciones subregionales. 
En este sentido, la asociación UE-África solamente puede evolucionar hacia la cooperación tripartita entre la Unión Europea, las Naciones Unidas y África, en la que cada componente complemente a los demás. 
La operación Artemisa –la primera operación militar dirigida por europeos que tiene lugar fuera del campo de instrucción– mostró la eficacia de una intervención rápida por parte de fuerzas entrenadas y bien organizadas, que pueden detener una situación de conflicto crítica y abrir paso a una mayor fuerza de las Naciones Unidas con un mandato adecuado para que realice tareas de estabilización de mayor envergadura. 
Las fuerzas de las organizaciones subregionales africanas también pueden desempeñar esta función de intervención rápida para resolver una crisis con la intención de ser reemplazadas por la maquinaria de las Naciones Unidas, más lenta y mejor organizada. 
Este podría ser el caso de Burundi, donde opera actualmente la primera fuerza de mantenimiento de la paz africana, que podría ser sustituida por las Naciones Unidas en el plazo de un año. 
Hasta el momento hemos mencionado medidas específicas realizadas por la Unión Europea bajo la presión de crisis y emergencias humanitarias. 
Sin embargo, la innovación más destacada es la creación de un Fondo de Apoyo a la Paz –con una asignación de 250 millones de euros y financiada por el FED–, decidida por el Consejo de la Unión Europea el 18 de noviembre de 2003. 
De este modo, la Unión Europea se dota de un instrumento formal de intervención rápida que encaja con la relación de asociación estratégica que vincula a la Unión Europea con África y con el principio de propiedad africana. 
El Fondo de Apoyo a la Paz permitirá, con todas las garantías que suponen los procedimientos de toma de decisiones, financiar una serie concreta de actividades que forman parte de las operaciones de mantenimiento de la paz realizadas por ejércitos africanos. 
Esta petición presentada por la Cumbre de la Unión Africana de Maputo se encontró así pues con una respuesta de la Unión Europea que formalizó los compromisos y promesas tantas veces repetidos. 
Durante al menos una década, conjuntamente con las Naciones Unidas, hemos instado a África a que tome el control de su futuro y, con la ayuda de la comunidad internacional, a que rompa el círculo vicioso del conflicto y la pobreza. 
Ahora que los propios líderes africanos han retomado el lema, como muestra la nueva filosofía que sostiene la creación de la Unión Africana y la NEPAD, poner en práctica las promesas con decisiones adecuadas se convierte en una cuestión de credibilidad política. 
Si se aplica de forma inteligente, el Fondo de Apoyo a la Paz podría resultar ser uno de los instrumentos más importantes para el futuro de las relaciones entre Europa y África. 
En conclusión, quisiera destacar que en el campo de la prevención, gestión y resolución de conflictos en África, se han trazado importantes avances en la planificación y el funcionamiento. 
Estamos tratando de establecer estos avances a través de la revisión del documento de base, sobre el que se ha asentado la acción general de la Unión Europea en el sector hasta el momento: Me refiero a la posición común de la Unión Europea sobre la prevención, gestión y resolución de conflictos en África del 14 de mayo de 2001. 
La operación que hemos lanzado requiere, en primer lugar y por encima de todo, que integremos la actual posición común, actualizándola, con una referencia a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que se alimentan de las situaciones de conflicto; por lo tanto, con una referencia firme al papel de la sociedad civil y, dentro de la sociedad civil, al papel de la mujer; centrándonos entonces especialmente en la dimensión económica de los propios conflictos y, a este respecto, en la explotación ilegal de las riquezas naturales; por último, con una referencia a la gravísima situación de los denominados «Estados fracasados» , o territorios sin control ni instituciones públicas que puedan ejercer la autoridad necesaria y asegurar los servicios básicos. 
Es una operación en curso, que confiamos a la futura Presidencia irlandesa y que afianzará el planteamiento general de la Unión Europea de la importante cuestión de la prevención, gestión y resolución de conflictos en África. 
. – Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento por la situación política en Côte d ' Ivoire. 
A pesar de que se han realizado algunos avances en la aplicación del Acuerdo Marcoussis, es preciso romper el actual bloqueo. 
Las nuevas fuerzas han estado boicoteando el Consejo de Ministros durante dos meses y este boicot, unido a la desconfianza mutua, impide iniciar el proceso de desmovilización, desarme y reintegración que es una condición necesaria para la reunificación del país. 
Sigue habiendo graves violaciones de los derechos humanos y la Comisión está también muy preocupada por la situación humanitaria. 
Desde el estallido del conflicto en septiembre de 2002, la Comisión ha entregado 7,24 millones de euros para operaciones de ayuda de emergencia en Côte d ' Ivoire y seguirá prestando ayuda humanitaria en 2004 en el marco del plan global para la costa del África Occidental. 
La Unión Europea participa activamente en la aplicación del Acuerdo Marcoussis, tanto financiera como políticamente. 
Desde el comienzo de la crisis el 19 de septiembre de 2002, ha hecho públicas nueve declaraciones y ha pedido en repetidas ocasiones a todos los habitantes de ese país que trabajen en armonía para conseguir la reunificación del país y la preparación de unas elecciones democráticas pacíficas en 2005. 
La Comisión y la Presidencia de la Unión Europea son miembros de la comisión supervisora del Acuerdo Marcoussis en Abiyán. 
Los 10 signatarios del acuerdo recomendaron la creación de una comisión internacional con el fin de garantizar su aplicación. 
La comisión se ha mostrado bastante activa. 
Desde su primera reunión a finales de febrero, se ha reunido en más de 50 ocasiones, lo que no ha impedido que sus acciones fueran criticadas por las 10 fuerzas políticas, con la única excepción del partido del Presidente Gbagbo, el FPI. 
Es preciso que en breve se celebren conversaciones entre todos los miembros de la comisión sobre la forma de mejorar su eficacia. 
Para restaurar su credibilidad, la comisión debe llevar a cabo una profunda reflexión sobre su actual función, no solo para actuar de árbitro, sino fundamentalmente para trabajar de una forma más abierta con el fin de generar más confianza en lo que respecta a la forma en que se ve su trabajo. 
Debe establecerse una especie de sistema de información obligatoria a la central, con actas de las reuniones, para mejorar su transparencia con respecto a las instituciones representadas en esta comisión. 
Hasta ahora ha tenido un funcionamiento demasiado introvertido y podría ser ventajoso realizar cambios. 
Pero lo más importante es garantizar que los agentes políticos de Côte d ' Ivoire entiendan realmente la necesidad de crear un espíritu de coexistencia y compromiso. 
Deben hacer un esfuerzo para coexistir dentro de una nación. 
Sin esa actitud, será muy complicado conseguir progresos reales. 
En lo que respecta a la capacidad de la Unión para prevenir, gestionar y solucionar conflictos, se están realizando esfuerzos para definir una estrategia común apropiada. 
Los principales aspectos de esta estrategia incluyen el fortalecimiento de la integración regional mediante el apoyo a la CEDEAO, el refuerzo de la coordinación con las Naciones Unidas y la mejora del diálogo político nacional y regional. 
Participamos directamente en todo esto y hacemos lo que podemos en todas estas relaciones. 
Las iniciativas de la Unión Africana sobre paz y seguridad y las acciones contra la explotación ilícita de los recursos naturales se tendrán en cuenta en el marco de este proceso. 
Considero bastante correcto que el Parlamento analice estos aspectos en una situación como esta. 
En lo que respecta a las enmiendas de la Sra. McKenna para suspender el acuerdo de pesca con Côte d’Ivoire debido a las incoherencias de las políticas comunitarias y a que no es posible controlar las aguas nacionales, quisiera hacer el siguiente comentario. 
La Comisión ha sugerido prorrogar el acuerdo de pesca por un año, teniendo en cuenta que, con este acuerdo, Côte d’Ivoire seguirá beneficiándose de acciones específicas de control, vigilancia e investigación científica. 
Las actividades y la formación del Ministerio de Pesca y la inversión en la economía de Côte d’Ivoire, sobre todo a través de las tres fábricas de atún, solo están garantizadas si se prorroga el acuerdo. 
La quiebra de las fábricas de conservas de atún, que actualmente generan 5 000 puestos de trabajo directos y más de 30 000 indirectos, crearía mucho desempleo y podría incluso dar lugar a disturbios sociales en Abiyán. 
También significaría que el puerto de Abiyán quedaría definitivamente condenado como puerto de entrada de pescado durante varios años. 
No hay duda de que la ausencia de prórroga del acuerdo tendría consecuencias negativas de gran alcance y no haría más que empeorar la actual crisis en Côte d’Ivoire, así que no recomendaría incluir este elemento en una situación que ya es suficientemente problemática. 
Señor Presidente, desgraciadamente la crisis en Costa de Marfil hace que hoy tengamos que ocuparnos nuevamente de este país- que en un tiempo no muy lejano fue un ejemplo de estabilidad política -, de su progreso económico y de las condiciones de vida de sus habitantes. 
Seis grupos políticos de esta Cámara patrocinamos una resolución, que aprobaremos seguramente esta misma mañana, en la que fundamentalmente pedimos la estricta aplicación del Acuerdo Linas-Marcoussis como el camino más seguro para conseguir el restablecimiento del Estado de Derecho y la convivencia pacífica de todas las partes en conflicto. 
Estoy absolutamente de acuerdo con el Comisario, Sr. Nielson, que acaba de afirmar que todos los esfuerzos están condenados al fracaso si las partes en conflicto no dan muestras claras de buena voluntad para alcanzar esos acuerdos y convivir en paz unos con otros. 
Debo decir que esta falta de vocación o capacidad para el acuerdo entre ellos me parece que es el obstáculo más grave al que nos enfrentamos para alcanzar la paz en Costa de Marfil. 
Hace unos meses, este Parlamento visitó el país y nos entrevistamos con representantes de toda la sociedad civil, de las autoridades y de la oposición. 
Lo que vimos no fue, en todos los casos, un ejemplo de buena voluntad para solucionar la crisis. 
Es bien sabido que el Acuerdo Linas-Marcoussis no fue aceptado con satisfacción por importantes sectores de la sociedad marfileña. 
Cuando el Sr. Gbagbo regresó a Abiyán, fue recibido con unas multitudinarias manifestaciones de protesta contra los acuerdos que él mismo había aceptado- luego nos dijo que no los había firmado, en una especie de doble lenguaje que a mí me pareció poco aceptable-. 
Dentro del propio Gobierno, alguno de los ministros representantes de lo que podríamos calificar como el "sector rebelde" hizo una clara demostración de lo que es ser rebelde. 
Sus palabras no fueron nada amistosas con la otra parte del Gobierno del que él mismo formaba parte. 
El propio Sr. Gbagbo, que fue muy amable y muy simpático y que, en el curso de una comida a la que fuimos invitados en el mismo palacio presidencial, nos informó de su visión del problema, dijo cosas en presencia de muchos de los que estábamos allí- no menos de 10 o 15 personas- que creo que no apuntan en la buena dirección, como, por ejemplo, que tenía que fortalecer su ejército y que tenía proyectos para comprar algún material militar en países del Este. 
Nos parece que eso es contrario a la buena dirección. 
Hay otros ejemplos, como la cuestión étnica, que, como decimos en la resolución, no está en la base del conflicto y que probablemente no sea la única causa. 
Pero debo decir que esta cuestión de la etnicidad y la ciudadanía marfileña estuvo presente en todas las entrevistas- varias docenas -, en las que ninguno de nuestros interlocutores dejó de hablar de los problemas planteados por los miles, cientos de miles de personas procedentes- sobre todo- de Burkina Faso que crean problemas y que son víctimas- en muchos casos ellas mismas- de la violencia. 
Por lo tanto, creo que debemos seguir haciendo todos los esfuerzos por el cumplimiento del Acuerdo Linas-Marcoussis, estableciendo una mayor coordinación entre todas las partes con la CDA, las Naciones Unidas y la propia Unión Europea. 
Pero visto lo que vimos, y explicado lo que en pocas palabras he resumido, no puedo ser muy optimista con el futuro inmediato de aquel país que tanto necesita de la paz. 
– Señor Presidente, desde aquella misión a Côte d ' Ivoire de diputados de los países ACP y del Parlamento Europeo en mayo de 2003, ha ido quedando cada vez más claro que el Acuerdo Linas-Marcoussis es un instrumento bastante imperfecto. 
Sigue existiendo, como han dicho otros, una reticencia extremadamente preocupante de todas las partes a trabajar juntas, a coexistir, a cooperar y a trabajar por la reconciliación. 
Eso quedó absolutamente claro cuando estuvimos allí y sigue siendo así. 
Es imperativo poner fin a la impunidad y, como ha dicho el Comisario, es necesaria una determinación mucho más clara para conseguir la desmilitarización, la desmovilización y, posteriormente, la rehabilitación en ese país. 
El Sr. Prodi visitó Côte d ' Ivoire en noviembre y realizó importantes promesas sobre esos asuntos. 
Este Parlamento quisiera que esas promesas se convirtieran en ayuda financiera real e inmediata tan pronto como sea posible. 
ECHO sigue necesitando más ayuda para llevar a cabo su esencial tarea de poner en práctica los acuerdos. 
Esa es la clave para conseguir la paz, junto con la necesidad de dar ayuda humanitaria, protección para los civiles, etc. 
En el contexto de nuestras obligaciones con la Unión Africana y los países ACP, el Comisario Nielson sugirió una forma extremadamente innovadora y bien acogida para apoyar los propios esfuerzos africanos para gestionar el conflicto. 
Según tengo entendido –y quisiera que me aclararan esto porque no me quedó claro de lo dicho por el Consejo–, determinados Estados miembros quieren utilizar el fondo de paz, que está bien diseñado, para financiar directamente a organizaciones subregionales, aparentemente sin consultar a la Unión Africana, o incluso pidiendo el respaldo de la misma. 
Para mí, esta es una propuesta increíble que quisiera que se me explicara esta mañana. 
¿Está el Consejo de acuerdo con que la Unión Europea debe dar apoyo sostenible a largo plazo a los esfuerzos continentales para conseguir la paz que ha realizado la Unión Africana, así como dar ayuda a la arquitectura que ha construido dicho organismo para conseguir la seguridad en el continente? 
¿Considera el Consejo que los Estados miembros estarían de acuerdo en apoyar el deseo declarado de todos los Jefes de Estado africanos de que la financiación se gestione bajo la autoridad de la Unión Africana y de ninguna otra forma? 
Agradecería cualquier aclaración sobre en qué punto estamos en estos momentos en relación con la propuesta, extremadamente importante, que hizo el Comisario Nielson. 
Señor Presidente, durante mucho tiempo el futuro de Côte d’Ivoire parecía prometedor. 
Era uno de los países de África que servían de ejemplo de estabilidad y crecimiento económico. 
Poco a poco, Côte d’Ivoire entró en un ciclo de violencia, principalmente desde la introducción de la, o identidad marfileña, un concepto de hecho comparable con el. 
Está absolutamente claro que la clase política dirigente, el Presidente incluido, es capaz de cualquier cosa con el fin de reforzar su poder, y al hacerlo ni siquiera duda en emprender el camino de la limpieza étnica. 
Las similitudes con los acontecimientos que tuvieron lugar hace dos años en vísperas del genocidio de Ruanda son muy alarmantes. 
Por supuesto, no existe una alternativa inmediata a los Acuerdos Marcoussis, pero la Sra. Kinnock está en lo cierto cuando dice que es posible que tengan que ser evaluados y que haya que realizar los ajustes necesarios. 
En cualquier caso, el principal problema es su aplicación. 
La comunidad internacional no debe seguir limitándose a las meras palabras. 
Señor Comisario, la Unión Europea debe considerar todos los instrumentos e iniciativas posibles, incluida la de aplazar la ayuda a Côte d’Ivoire hasta que el Gobierno esté dispuesto a aplicar los Acuerdos Linas-Marcoussis de forma sistemática y en su totalidad. 
Guardar silencio y mirar desde las gradas en estos momentos podría interpretarse el día de mañana como una complicidad pasiva. 
Evitemos que se repita lo de Ruanda. 
– Señor Presidente, la situación en Côte d ' Ivoire no deja de degradarse. 
Hemos condenado el concepto de «marfileñidad» , que manchó la legitimidad electoral de Laurent Gbagbo, pero también condenamos la sublevación militar, inaceptable en democracia. 
Éramos escépticos en cuanto a la firma del Acuerdo de paz de Marcoussis, que llevaba el cuño de la imposición de la antigua potencia colonial, y, como cabía esperar, no fue viable y se tradujo en la dimisión, en septiembre, de los Ministros rebeldes del Gobierno de reconciliación nacional. 
Si en los últimos meses se realizaron avances, la reanudación de los enfrentamientos hace quince días ha menoscabado las posibilidades de relanzamiento del proceso de paz. 
Hoy, la violencia en el Norte, como en el cinturón del cacao, y las extorsiones de las denominadas fuerzas patrióticas conducen a una multiplicación de las violaciones de los derechos humanos. 
Pedimos que cesen lo antes posible y que el Gobierno y las fuerzas rebeldes dejen de instrumentalizar estas manifestaciones, que en realidad no tienen nada de espontáneo. 
Exigimos el establecimiento de procesos de investigación para castigar a los culpables de las extorsiones. 
Condenamos vivamente también el asesinato del periodista francés Jean Hélène y pedimos una investigación internacional para que los responsables sean llevados ante la justicia. 
Llamamos a la reanudación de unas verdaderas negociaciones que pongan fin al conflicto. 
Solo teniendo en cuenta a todas las fuerzas políticas del país y el equilibrio entre las mismas se podrá encontrar una solución pacífica y democrática para el relanzamiento del proceso de paz, que ha de pasar por el desarme de las milicias y por la organización de unas elecciones generales legislativas y presidenciales libres bajo supervisión internacional. 
Para ello, la política de prevención de la Unión Europea debe atajar las causas estructurales, es decir, la pobreza, el reparto desigual de la riqueza, la injusticia social, la opresión de las minorías y la desorganización del Estado. 
Paralelamente, la Unión debe adoptar una política comercial y de desarrollo coherente para ayudar a las economías africanas y, en particular, a la población del continente. 
En este contexto, pedimos a la Comisión que no prolongue el acuerdo de pesca con Côte d ' Ivoire mientras esté suspendida la aplicación de la cooperación al desarrollo en el marco de los Acuerdos de Cotonú. 
Para concluir, queremos expresar nuestro apego al respeto de las minorías, base indispensable para una solución pacífica de los conflictos en África. 
– Señor Presidente, no cabe duda de que el papel de la Unión, junto con el de las Naciones Unidas y la Unión Africana, es muy importante en la prevención de conflictos y el proceso de paz en el continente africano, que sigue estando desgarrado por las discrepancias y el conflicto armado. 
La situación en Côte d ' Ivoire es un ejemplo típico de tensión basada en diferencias étnicas y sociales. 
El asesinato del periodista francés Jean Hélène, corresponsal de Radio France Internationale, revela la profundidad de la crisis y el desdén por el acuerdo Marcoussis. 
Este acuerdo, junto con el de Cotonú, constituye un marco excelente para resolver crisis y asegurar el respeto de los derechos humanos y las reglas de la democracia. 
Sin embargo, generalmente, cuando hablamos de democracia y coexistencia pacífica en una zona en la que la violencia es una realidad diaria, necesitamos tener en cuenta dos factores de peso. 
En primer lugar, los planteamientos tradicionales y locales para solventar conflictos. 
Las soluciones viables dependen en gran medida de la capacidad de la sociedad local para consolidar una relación de confianza y cooperación entre grupos opuestos. 
La experiencia ha demostrado que las soluciones basadas en valores locales y técnicas de mediación tienen un potencial mucho mayor para conseguir una paz duradera. 
Por este motivo también necesitamos incorporar las prácticas y percepciones locales en los mecanismos internacionales. 
En segundo lugar, hay que tener seriamente en cuenta el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y en el proceso de reconciliación, y agradezco al Sr. Antonione que haya mencionado esto. 
Esta cuestión ha preocupado en repetidas ocasiones a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo y hemos debatido posiciones relativas sobre el papel de la mujer en los procesos de paz. 
Las Naciones Unidas también han realizado análisis y durante la Presidencia griega hubo un informe asociado y conclusiones del Consejo Europeo de Tesalónica. 
El Consejo y la Comisión Europea, por lo tanto, han de tener en cuenta este factor y reforzar las iniciativas de las mujeres en los procesos de paz a través del presupuesto; 250 millones de euros sería una suma respetable. 
Por ultimo, señor Presidente, quisiera mencionar que el 10 de diciembre, que fue el Día internacional de los derechos humanos, la Red de Paz de Mujeres de la Unión del Río Mano recibió el premio 2003 de derechos humanos concedido por las Naciones Unidas. 
Esta es una organización formada por mujeres de tres países: Liberia, Sierra Leona y Guinea, que desempeñó un papel fundamental en la prevención de hostilidades entre los tres países obligando a los líderes políticos a volver a la mesa de negociaciones, y de este modo se granjeó los elogios del Secretario General de las Naciones Unidas en abril de 2002. 
Menciono esto para destacar la importancia del papel de las mujeres, que a menudo no se tiene en cuenta. 
– Señor Presidente, en la noche del 11 al 12 de diciembre, nuevos enfrentamientos homicidas asolaron Côte d ' Ivoire. 
Esos enfrentamientos, entre militares marfileños y desconocidos armados, han hecho resurgir el miedo a un bloqueo del proceso de paz en Côte d ' Ivoire. 
Estos sucesos se han producido en el momento en que las fuerzas de la antigua rebelión habían decidido anunciar su próximo retorno a las instituciones del Gobierno de reconciliación nacional. 
Por desgracia, observamos que la proliferación de las milicias es una consecuencia muy peligrosa del conflicto. 
Numerosos testimonios recogidos por la organización informan de múltiples abusos cometidos con absoluta impunidad por las milicias progubernamentales. 
Cuando el país se disponía a franquear una etapa decisiva en el camino hacia la paz, esta nueva llamarada de violencia –en un contexto caótico– es motivo de preocupación para los defensores de los Acuerdos de Linas-Marcoussis. 
Dichos acuerdos, recordémoslo, tenían por objeto el cese de las hostilidades, el retorno a la paz y a la estabilidad y el mantenimiento de la integridad territorial y étnica de Côte d ' Ivoire. 
A la luz de los Acuerdos de Linas-Marcoussis, la prioridad actual es proseguir el proceso de desarme y reinserción de las fuerzas presentes en Côte d ' Ivoire. 
Por ello, el Gobierno marfileño, y sobre todo el Presidente Gbagbo, deben garantizar a los ciudadanos la protección de los derechos y libertades, y poner fin lo antes posible a las hostilidades, a falta de lo cual podríamos vernos obligados a pedir la suspensión de la ayuda a Côte d ' Ivoire, una ayuda que es indispensable –somos conscientes de ello– para el pueblo marfileño. 
En efecto, señor Comisario, nos tememos que, por desgracia, la ayuda de la Unión sirve en gran parte para la compra de armas. 
Entonces, seamos prudentes, por no decir ingenuos o cómplices de un nuevo genocidio. 
Apoyar a un Gobierno en una situación complicada como esta tiene siempre el problema y el riesgo de que se produzcan consecuencias indirectas. 
Sin embargo, estamos haciendo lo correcto, si bien con muchas precauciones, no dando la espalda al país, sino buscando aspectos en los que podamos hacer algo significativo, teniendo también en cuenta que hay un Gobierno legítimo en el país. 
Hemos utilizado el sistema de Cotonú para organizar el diálogo y establecer referencias comparativas en el proceso de normalización, y vinculamos y condicionamos nuestro apoyo al Acuerdo Marcoussis y al proceso que está teniendo lugar. 
Ya he comentado la cuestión concreta de la pesca. 
Permítanme decir unas palabras sobre el fondo de paz en respuesta a la Sra. Kinnock y la Sra. Karamanou. 
Acogí con sumo agrado las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada sobre el fondo de paz. 
En dichas conclusiones, quedó perfectamente claro que el Consejo reconoce la importancia de este fondo de paz y también deja bastante claro que la financiación de estas operaciones de paz generará un impulso notable e importante para reforzar la capacidad de los africanos para alcanzar y conservar la paz en todo el continente. 
Por lo tanto, no hubo ninguna referencia a la forma de hacer esto aparte de la referencia implícita que se hace aquí a que se trata de un esfuerzo panafricano. 
Eso es lo que prevemos, y la Unión Africana y la Comisión también creen que se deben utilizar organizaciones regionales como agentes de aplicación para gestionar casos individuales. 
Sin embargo, de toda la arquitectura de la propuesta se deduce claramente que se supone que la toma de decisiones corresponde a la Unión Africana. 
Esa es también la opinión mayoritaria en los debates que están teniendo lugar dentro de la Unión Europea. 
Eso es muy importante, porque la estabilidad y la titularidad africana de este proceso son las claves del éxito del mismo. 
Esperamos con interés los próximos pasos de la aplicación, que se producirán en breve. 
Quisiera decir a la Sra. Karamanou que el fondo de paz no cubriría el coste del apoyo a organizaciones de mujeres u otras actividades similares. 
Es muy importante que este fondo cubra únicamente las acciones relacionadas directamente con actividades de mantenimiento de la paz o de consecución de la paz que no pueden financiarse por otros medios. 
Eso es lo que es nuevo y la razón por la que entramos en un nuevo campo de actividad y un nuevo método de financiación y toma de decisiones. 
Todo esto es nuevo por buenas razones, y tenemos que tener mucho cuidado en no solaparlo con lo que se puede financiar mediante otras fuentes, porque de lo contrario perderíamos la oportunidad. 
Mis últimos comentarios sobre la situación en Côte d ' Ivoire y lo que intentamos hacer: no estamos en una situación en la que hayamos cortado o congelado el gasto. 
No hemos suspendido las relaciones de trabajo de Cotonú, pero tenemos que adaptarnos a la situación. 
Estamos intentando avanzar y vincularlo a un proceso de reconciliación. 
De hecho, el documento de estrategia nacional y el programa indicativo nacional, por un importe total de 298 millones de euros, se debatieron en la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) el 20 de noviembre e intentaremos garantizar que su aplicación esté vinculada a la aplicación del Acuerdo Marcoussis. 
Incluiremos intervenciones como la promoción de la seguridad de la posesión de la tierra, con la buena gobernanza también como un elemento importante, junto con el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2005. 
Se trata de un caso muy triste, pero estamos obligados a ser obstinadamente optimistas. 
Para concluir el debate, he recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre el levantamiento del embargo impuesto por la UE sobre la venta de armas a la China. 
. – Señor Presidente, Señorías, el embargo sobre la exportación de armas a la República Popular China fue adoptado por la Unión Europea en 1989 tras los sucesos de la Plaza de Tiananmen. 
El embargo permitía solamente las exportaciones que no estuvieran asociadas con actividades represivas o lesivas para los derechos humanos, que debían examinarse caso por caso. 
La China cree que en la actualidad el embargo está desfasado y que el nivel de cooperación en todos los sectores entre este país y Europa, además de los rápidos cambios que se están produciendo en la República Popular China, justifican que se levante. 
Nuestros interlocutores chinos destacan este hecho cada vez con más frecuencia y de forma más vehemente en cada ocasión posible, tanto multilateral como bilateral, e incluso han mencionado recientemente que el levantamiento del embargo constituye una prioridad a corto o medio plazo en las relaciones de la China con la Unión Europea. 
Desde el punto de vista de las implicaciones, si se levantase el embargo contra la China, el Código de Conducta Europeo seguiría siendo aplicable en cualquier caso, con el resultado de que en realidad las exportaciones de armas no variarían sustancialmente. 
El tema del posible levantamiento del embargo se ha debatido en la Unión Europea durante los últimos meses, pero no se ha llegado a ningún consenso sobre si esta revisión es oportuna. 
La Unión Europea reconoce que desde 1989 hasta la actualidad la situación política en la China ha evolucionado notablemente y que se han producido cambios importantes en las relaciones de la Unión Europea con este país, incluida la calidad del diálogo político. 
De hecho, con la creación del diálogo UE-China sobre derechos humanos se ha creado un importante vehículo en el que ambas partes pueden intercambiar opiniones y desarrollar proyectos con el objetivo de fomentar mejoras tangibles. 
Por otra parte, y los chinos insisten especialmente en esto, el Gobierno chino experimentó un cambio completo en el Congreso del Partido celebrado el pasado año y los líderes actuales declaran que no tuvieron nada que ver con los acontecimientos de la Plaza Tiananmen. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la Unión Europea, cuya opinión pública todavía tiene muy presentes aquellos acontecimientos, la cuestión se considera extremadamente sensible, ya que en la China persisten graves problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos. 
De hecho, la liberalización económica y la gradual integración del país en la comunidad internacional no vienen acompañadas de una liberalización política similar, y la China todavía tiene un largo camino que recorrer antes de alcanzar los niveles de respeto de los derechos humanos considerados normales en nuestras sociedades. 
La política de la Unión sobre este tema es objeto de un minucioso escrutinio y las organizaciones no gubernamentales y la opinión pública esperan resultados tangibles. 
Además, también conviene señalar que Pekín ha rechazado la idea de que el levantamiento del embargo dependa de avances tangibles en los derechos humanos. 
En cualquier caso, las condiciones necesarias para levantar el embargo todavía no están reunidas en la Unión Europea: esto se explicó de forma clara a nuestro homólogo chino durante la reciente Cumbre Unión Europea-China. 
Por otra parte, está claro que existen posturas diferentes dentro de la Unión Europea sobre este tema y, en concreto, sobre la actitud ante las repetidas solicitudes de los chinos. 
Por lo tanto, el tema deberá seguir discutiéndose en el futuro. 
A este respecto, el Consejo Europeo del 12 de diciembre de 2003, que solicitó al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que revisase esta cuestión, le ha dado un impulso decisivo. 
. – Señor Presidente, comparto plenamente las opiniones de la Presidencia. 
Quisiera añadir unos comentarios adicionales, a pesar de que obviamente no se trata de un asunto en el que la Comisión tenga una posición destacada, dada la forma en que funciona la PESC. 
No obstante, el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, dijo recientemente durante su reunión en Harvard que las reformas y el proceso de apertura chinos pretenden promover los derechos humanos. 
Se trata de dos factores interdependientes y que se refuerzan mutuamente. 
Son palabras alentadoras que demuestran que los chinos presentan los derechos humanos en un contexto que está vinculado a la orientación general de la evolución que desean tener, y lo hacen por propia iniciativa. 
Sin embargo, no podemos sacar conclusiones precipitadas y la realidad sobre el terreno es la vara de medir que debemos utilizar para medir los progresos, también en este campo. 
Hemos visto algunos cambios reales, pero sigue habiendo buenas razones para mantener un diálogo sistematizado con China en el campo de los derechos humanos. 
Llevamos años haciendo esto sistemáticamente. 
Por supuesto, la cuestión es que varios Estados miembros son favorables a estudiar un levantamiento del embargo de armas y han hecho pública su posición. 
Estos Estados miembros creen que el embargo ya no es una necesidad técnica, puesto que las ventas de armas a China ya están sujetas al Código de Conducta comunitario de 1998, o que la cuestión debería estudiarse en el contexto global de nuestras relaciones. 
Otros Estados miembros creen que levantar el embargo sería prematuro. Subrayan la necesidad de nuevos avances en el campo de los derechos humanos. 
El Consejo Europeo de la semana pasada remitió la cuestión al primer Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que se celebre bajo la Presidencia irlandesa. 
La Comisión apoya plenamente que se lleve a cabo un debate político en profundidad sobre esta cuestión. 
Elaborar una clara línea de acción comunitaria sobre esta cuestión al más alto nivel es importante. 
En la práctica, levantar el embargo tendría pocas consecuencias para la exportación de armas europeas a China, dado que el Código de Conducta comunitario de 1998 prohíbe las exportaciones a países que no hayan renunciado a la utilización de armas para la represión interna o de forma agresiva contra otro país. 
De hecho, es el Código de Conducta el que debe aplicarse en esta cuestión. 
Dicho eso, y dado el alto valor político y simbólico de todo el problema, cualquier análisis del mismo debe incluir una evaluación política actualizada de los avances en el frente de los derechos humanos desde 1989. 
Naturalmente, nos interesan las opiniones del Parlamento sobre esa cuestión, así que la Comisión acoge con agrado el debate que se está celebrando hoy en esta Cámara. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos rechaza firmemente los últimos intentos del Canciller alemán, Gerhard Schröder, de levantar el embargo de armas a la República Popular China. 
Me complace que el representante del Consejo haya dejado claro que en la actualidad el Consejo opta por mantener el embargo de armas. 
Usted ha descrito la situación, señor Comisario, pero lo insto a que tenga cuidado. 
El Consejo Europeo de 1989 hizo bien en imponer el embargo de armas después de que se pusiese fin a las manifestaciones de la Plaza de Tiananmen de forma tan sangrienta. 
Señor Comisario, nosotros también creemos que se han producido mejoras en la situación de los derechos humanos en la China desde entonces, pero no han sido suficientes. 
Solo hasta hace poco, el 13 de octubre, el Consejo reconsideró la situación en la China y, al igual que había hecho el Parlamento durante el mismo mes, observó que la actual situación de los derechos humanos en este país, en lo que respecta a las libertades fundamentales civiles, culturales y políticas, no cumplía ni siquiera los estándares internacionales reconocidos por la propia China. 
Así las cosas, aunque queremos que la China progrese, deberíamos esperar a que esto se haga realidad, por lo que levantar el embargo en estos momentos sería transmitir un mensaje totalmente erróneo. 
Por el contrario, deberíamos decir a nuestros amigos chinos que necesitan hacer avances perceptibles en lo que respecta a los derechos humanos en su país. 
Hay un segundo motivo por el que deberíamos hacer esto. 
Sabrán que el 20 de marzo del año que viene se celebrarán elecciones presidenciales en Taiwán y que la República Popular China ha adoptado una postura verdaderamente hostil hacia este país durante las últimas semanas. 
El pasado 23 de octubre, esta Asamblea manifestó su opinión de que la China debería retirar los cohetes que tiene situados en las provincias costeras frente a Taiwán y debería iniciar el diálogo pacífico a través del estrecho de Taiwán. 
Este es el segundo motivo por el que el levantamiento del embargo de armas no tiene ningún sentido. 
Por eso espero que no transmitamos ahora un mensaje erróneo, aunque solo sea corrigiendo lo que decimos, creyendo que podemos levantar el embargo de armas porque todo está previsto en el código de conducta. 
Al contrario, creo que las tensiones y la situación de los derechos humanos, que todavía es insatisfactoria, implican que debemos mantenerlo. 
Señor Presidente, mi Grupo se opone al levantamiento del embargo de armas, y por lo tanto apoyamos la línea general de no levantar el embargo a la China en este momento. 
Sin embargo, quisiera añadir un par de cosas. 
Quien haya tenido la oportunidad de visitar la China en varias ocasiones durante los últimos diez años –como es mi caso– sabrá que se puede observar allí un tremendo dinamismo económico, con importantes diferencias regionales y con lo que casi podría describirse como un capitalismo rígido en el plano interno, que genera numerosos e importantes problemas sociales. 
Una sociedad que se desarrolla de este modo también necesita un sistema político capaz de gestionar esto. 
Está claro que existe una enorme tensión entre esa libertad económica que, por una parte, no deja espacio suficiente para que los agentes sociales, como son los sindicatos y otros, se formen en el nivel social, y por otra, el nivel político que no admite la democracia política. 
Por supuesto, todos nosotros observamos el conjunto del proceso con ansiedad. 
La China no es un pequeño país. 
Es grande y poderosa tanto en términos económicos como de población. 
Por lo tanto, cuando tratemos de analizar esta región desde un punto de vista geopolítico, no nos limitemos a considerarla en relación con Taiwán. 
Por supuesto, este es un aspecto, pero hay factores más amplios que afectan a la región. 
Está claro que la China quiere convertirse poco a poco en protagonista mundial. 
Trata de lanzar una ofensiva diplomática: después de todo, sabe muy bien que mucha gente tiene miedo ante su enorme poder económico y está tratando de ser un factor positivo a escala mundial. 
Para ello, debe dar efectivamente más cancha a la democracia y al respeto de los derechos humanos en su país. 
Todavía no se las arregla muy bien para controlar esta tensión, y algunos incluso no quieren controlarla o se involucran en algo que no consideramos posible, que es tener la libertad en una mano y la falta de libertad política en la otra. 
Sin embargo, en Europa tenemos mucho que ganar ayudando a la China a desempeñar este nuevo papel. 
Por lo tanto, todos los colegas diputados están en lo cierto al decir «no al levantamiento del embargo de armas» : eso transmitiría una señal incorrecta. 
Sin embargo, al mismo tiempo, Señorías, pongamos esto en una perspectiva más amplia y dejemos claro que realmente deseamos ese diálogo profundo con la China –esto se refiere también al Consejo– y que también queremos ayudar en ese proceso. 
Es fundamental que la China asuma un papel en el mundo y que este sea compatible con el orden jurídico internacional. 
Señor Presidente, hay países en el mundo que no se toman los derechos humanos muy en serio, incluida la China, la última gran dictadura comunista del planeta. 
La falta de respeto de los derechos humanos es, para mí, el principal motivo por el que no deberíamos levantar aquí y ahora el embargo europeo sobre la venta de armas a la China. 
El pasado fin de semana el Consejo acordó que debería considerarse la posibilidad de levantar el embargo. 
No creemos que haya llegado el momento. 
Por supuesto que es cierto que ha habido avances en la China desde la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989, y también es un hecho que el diálogo político entre la UE y la China ha mejorado, pero todavía existen motivos de gran preocupación sobre la falta de comprensión por parte de la China de los derechos humanos y del imperio de la ley. 
Sabemos que se producen violaciones de las libertades fundamentales, torturas y encarcelamientos arbitrarios, que las autoridades chinas no respetan a las minorías y que se celebran muchas ejecuciones, más que en ningún otro país del mundo. 
También sabemos que la China ha desplegado cohetes que apuntan por encima de los estrechos hacia la democrática Taiwán y que ahora ha aumentado la tensión en los Estrechos de Taiwán. 
¿Debemos cerrar los ojos ante el hecho de que una dictadura –la China– está amenazando a Taiwán, una de las más importantes democracias de Extremo Oriente? 
En lo que respecta a los derechos humanos y la democracia, Taiwán es ejemplar, mientras que la China es motivo de alarma en muchos aspectos. 
¿Vamos a ayudar ahora a los chinos a que se rearmen? 
Creemos que esta sería realmente una mala idea. 
– Señor Presidente, Señorías, de vez en cuando, y solamente por un instante, los Jefes de Estado simplemente se hacen ilusiones, y creo que una de sus ilusiones es que pueden decir simplemente que quieren que se elimine el embargo de armas sobre la China. 
El embargo de armas es un instrumento de presión política, y esto significa que cualquier respuesta a la pregunta de qué ha cambiado en la China debe ser de naturaleza política. 
La China sigue teniendo al Tíbet bajo ocupación militar; todavía amenaza a Taiwán; sigue sin respetar los derechos humanos. 
Allí no hay perspectivas de democracia. 
Pueden hacer negocios con la China, así que sigan haciéndolos. 
Vender centrales nucleares a la China no tiene sentido y es peligroso, pero esta es otra cuestión, que tendremos que debatir con el Canciller federal alemán. 
Lo que pretendo decir es que no solo sería un error expresar el deseo de levantar el embargo de armas, sino que también sería un error decir que en la actualidad se plantea la cuestión de hacerlo. 
Hacerlo implicaría manifestar a los chinos «estáis haciendo un excelente trabajo. 
Seguid deteniendo a la gente por decir lo que piensa; no nos preocupa en absoluto. 
Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de negocio con vosotros». 
En segundo lugar, hay otra cuestión, a saber, el Presidente Chirac y el Canciller Schröder, dos Jefes de Gobierno a los que apoyo en determinadas situaciones políticas, como en torno a la guerra en el Iraq. 
Se me ocurre esta terrible idea: ¿se ha utilizado una estrategia similar para comprar la asociación con la China? 
Es impensable que considerásemos posible comprar a Putin a cambio de no decir nada sobre Chechenia y a los chinos a cambio de suministrarles armas, solamente con el fin de tener una posición común en el Consejo de Seguridad. 
Eso resultaría terrible. 
Permítame decir, para concluir, que el Presidente Chirac y el Canciller Schröder han dicho que quieren la constitución, que quieren ser europeos, que simplemente quieren reforzar el Parlamento Europeo. 
Pero por supuesto, el Consejo no puede levantar el embargo de armas sin el beneplácito del Parlamento, y se supone que esto se hará mediante un código de conducta mutuamente acordado. 
Lo que esto significa es que el levantamiento del embargo de armas no es posible ni admisible sin el consentimiento del Parlamento, y me alegro de que, en la actualidad, ninguno de los Grupos políticos lo desee. 
¡Excelente! 
Señor Presidente en ejercicio, sería realmente estupendo e importante poder informar a los millones de personas que han salido a las calles de Europa para prestar apoyo al Canciller Schröder e incluso a Jacques Chirac como símbolos de la Europa de la paz, que precisamente el Canciller Schröder, uno de esos grandes símbolos de la paz europea, propone hoy levantar el embargo sobre la venta de armas a la China. 
Estos millones de personas no son conscientes de ello y tampoco, espero, los que eligieron al Gobierno de Schröeder. 
Es una propuesta que, de hecho, no debería estar en nuestro orden del día; me complace decir que la decisión no debe tomarse hoy, pero parece que está casi implícito que tendrá que tomarse mañana o pasado mañana. 
Detalles técnicos y formalidades aparte, una decisión como esta solamente podría tomarla una Europa que ha abandonado la promoción de la democracia y el Estado de derecho como puntos de referencia de su política internacional –y, por lo tanto, de su política de defensa y seguridad– de una vez por todas. 
La promoción de la democracia y el Estado de derecho no son puntos de referencia para esta Europa, sobre todo no son puntos de referencia para la Europa que se quiere la Europa de la paz, la Europa del Canciller Schröder, la Europa de Jacques Chirac; es la Europa de la vergüenza por China, Rusia y Chechenia, esta es la Europa que puede debatir esta cuestión. 
– Señor Presidente, es esencial que la Unión Europea tenga una relación constructiva con China, dado que es el país más poblado de la Tierra y –según determinadas medidas de paridad del poder adquisitivo– una economía que adelantará a mi país, el Reino Unido, y quizás incluso a Alemania, durante las próximas dos décadas. 
China es un vasto país con una mano de obra bien formada y productiva, pero no es una democracia y sigue siendo en esencia un Estado comunista de partido único y autoritario, aunque el marxismo no tenga mucho peso en su pensamiento político y económico actual. 
Sin embargo, celebro la colaboración de China en la lucha contra el terrorismo internacional y su acercamiento a la India, cuyo territorio sigue ocupando, tras haber sido tradicionalmente un aliado de Pakistán, cuya bomba atómica ayudó a construir. 
China también está ayudando a presionar a Corea del Norte para impedir que ese país haga realidad su idea de construir sus propias armas nucleares. 
No obstante, me parece criticable el inhumano tratamiento dado por China a los refugiados norcoreanos, que devuelve a ese país para que sean torturados o incluso ejecutados. 
Sin embargo, la China Roja sigue siendo una grave amenaza para Taiwán, que ha sido un modelo de democracia, prosperidad y gobernanza. 
China tiene un miedo irracional a que Taiwán desee ir por el camino de la autodeterminación y la independencia, quizás porque el modelo de pluralismo y democracia es lo que menos desean los jefes del Partido Comunista. 
Sin embargo, dada la actitud de China hacia Taiwán, el Tíbet y sus propios disidentes –desde los practicantes pacíficos de Falun Gong hasta los activistas por la democracia que fueron encarcelados tan brutalmente tras los acontecimientos de Tiananmen–, apoyo el mantenimiento del embargo de armas comunitario. 
Después de todo, el Estrecho de Taiwán sigue siendo uno de los puntos más peligrosos del mundo y los Estados Unidos están obligados a intervenir para proteger militarmente a Taiwán en el caso de que se desaten hostilidades. 
Por lo tanto, no queremos hacer nada que pueda contribuir a incrementar la tensión en la región. 
– Señor Presidente, un debate sobre el levantamiento del embargo de armas a China tiene una tendencia natural a producir discusiones y debates toscos, y puesto que creo que algunos diputados simplifican excesivamente las cosas, trataré de introducir algunos matices en el debate. 
De entrada quisiera decir que considero que el levantamiento del embargo de armas no es aconsejable ni acertado. 
No cabe la menor duda de que me opongo a ello. 
Sin embargo, la China debe ser considerada de forma más sutil que la que se ha mostrado en los puntos de vista manifestados hasta el momento, y a este respecto, por una vez, estoy más cerca de la postura del Sr. Tannock que de la de otros diputados que han intervenido hoy. 
La China –seamos francos– es un gran sistema económico capitalista con un Estado de partido único montado encima. 
Está tratando de proporcionar a su población una parte de la creciente prosperidad mundial, y el mayor peligro reside en si la China se las arreglará para mantener la estructura política de un Estado común y para cubrir las necesidades sociales de la población. 
El hecho es que el principal problema de la China no tiene que ver con las armas, sino con el aumento del hambre y la pobreza en sectores de la población. 
También tiene el importante problema de que cuenta con distintas culturas, lenguas y grupos étnicos en un solo país, y hasta el momento no ha logrado –quisiera añadir que no está sola en esto– conceder a estas diversas culturas y grupos étnicos el espacio que hará posible mantener la unidad política del país. 
Así que, aunque China no necesita nuestras armas, sí necesita nuestra solidaridad y apoyo en lo que es un difícil proceso de desarrollo. 
No deseo a nadie de esta Asamblea una responsabilidad de alto nivel en un gran Estado problemático como la China. 
Este es, en mi opinión, otro motivo por el que la resolución no da en el clavo al considerar el problema de Taiwán en lo que son, lo admito, términos correctos –que la China se convierte en una amenaza–, pero excluyendo todos los demás. 
Solamente en un aspecto estoy más cerca de la opinión del Presidente Bush que del Sr. Cohn-Bendit, y es la creencia de que está en lo cierto al advertir también a Taiwán de que no tome medidas desacertadas. 
No me refiero a si estas acciones pueden estar o no justificadas, ya sea moralmente o de otro modo. 
En los momentos en que se forjan las crisis, hay medidas que quizás pueden estar justificadas desde un punto de vista objetivo y abstracto, pero sin embargo pueden contribuir a precipitar las hostilidades o una situación de crisis. 
No corresponde a esta Asamblea advertir solamente a una de las partes de que no tome medidas unilaterales y peligrosas, sino que también debería instar a la otra parte a que sea sensata y se detenga, para intentar por todos los medios dejar el camino expedito para un acuerdo pacífico. 
Este es, en mi opinión, el mensaje importante que lamentablemente está ausente en esta resolución. 
De ahí mi conclusión de que la respuesta al levantamiento del embargo de armas sea «no». 
La China necesita toda la ayuda y apoyo que podamos darle, pero no en lo que respecta al armamento. 
Deberíamos instar a ambas partes en este punto conflictivo, la China y Taiwán, a que sean prudentes con las medidas que toman y recordarles que vivimos en un tiempo en que hay que encontrar soluciones pacíficas y no bélicas. 
– Señor Presidente, la UE debe ser una organización para la paz y no un traficante de armas. 
Por lo tanto, no debería vender armas, especialmente a países que corren peligro de utilizarlas en guerras. 
En esta lógica no deberíamos, en primer lugar, vender armas a los Estados Unidos, pero tampoco a la China. 
Mi «no» a las exportaciones de armas a la China no está dirigido solamente a este país, sino que constituye la expresión de un principio general. 
Todo lo que se ha dicho en esta Asamblea sobre la China es cierto, pero también existen aspectos positivos. 
Por ejemplo, se ha abierto un diálogo con representantes del Dalai Lama, respecto al cual el propio Dalai Lama se muestra muy esperanzado. 
Evidentemente, este pequeño paso no es suficiente para cambiar el panorama general. 
Por lo tanto, sería harto erróneo levantar el embargo de armas contra la China, pero no olvidemos que también hay otros países a los que no deberíamos vender armas. 
– Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que mis críticas, en boca de un miembro de la oposición alemana, no pueden ser más mordaces que las pronunciadas en esta Asamblea hace diez minutos por un diputado que pertenece al mismo partido que el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, que ha declarado que, al menos en este tema, el Canciller federal alemán sufre alucinaciones. 
Desafortunadamente, en este caso se trata de una nueva iniciativa franco-germana, pero no destinada a devolver a estos dos países a su posición como motor de Europa en un sentido positivo, sino que, en lo que a esta cuestión respecta –al igual que otras recientes–, conduce a otros Estados miembros a sospechar de algo que cada vez es más una conspiración franco-germana que no una asociación franco-germana. 
De hecho, no me parece aconsejable la forma en que Alemania y Francia colaboran en esta cuestión o en el asunto del Pacto de Estabilidad, y lamento que últimamente cada vez veamos con más frecuencia a estos dos países actuando de forma muy egoísta, aunque realmente se supone que deben asumir seriamente sus responsabilidades para con el conjunto de Europa. 
Ya se ha dicho –y en esto estoy de acuerdo con el Sr. Swoboda– que debemos tener una visión muy matizada de la China. 
Hace poco volví a ese país y cuando, por una parte, se ven los avances económicos, que son muy dinámicos, y por otra, la disposición –tras las puertas cerradas de las conferencias en cualquier caso, pero también de forma más abierta– a debatir cualquier cuestión con gran franqueza, entonces se ve a todas luces que la gente en la China está pensando. 
La situación en este país no está consolidada; de hecho, especialmente en la esfera política, los líderes ya se están esforzando por reflexionar sobre el modo de mantener la estabilidad del país por una parte –y este es un objetivo legítimo– y, por otra, sobre la manera en que el dinamismo presente en la esfera económica puede encontrar también una expresión política, ya que es en la política en donde se han hecho todavía pocos avances. 
Tampoco es el momento oportuno para levantar nada, ya que lo que provocó la imposición del embargo no ha desaparecido todavía. 
No hemos olvidado la Plaza Tiananmen, ni ha habido ningún cambio de las condiciones del marco político que provocaron aquellos acontecimientos. 
Por otra parte, también se ha dicho que Taiwán está amenazada; se trata de un país que en realidad, desde el punto de vista de la política de una sola China, es territorio chino. 
¿Cómo puede amenazase el propio territorio con cohetes como estos? 
Quizás la China debería reflexionar sobre esto. 
En cualquier caso, no es Taiwán quien representa una amenaza para la China, sino al revés. 
Estas dos consideraciones –los derechos humanos y la amenaza a Taiwán– deberían hacer que el Consejo se detuviese por un momento antes incluso de considerar el levantamiento del embargo de armas. 
Hacerlo sería transmitir un mensaje totalmente erróneo. 
– Señor Presidente, si no quieren incumplir los principios de nuestra comunidad europea de valores, aquellos que pretenden eliminar el embargo de armas impuesto a la China deben tener en primer lugar una prueba clara de un cambio de la situación de los derechos humanos. 
El Canciller Schröder quería tratar de congraciarse con el Primer Ministro chino Wen Jiabao. 
Con la esperanza de mejorar el clima para las exportaciones, sumó precipitadamente su voz a la de los que solicitaban poner fin al embargo, dando un paso al frente de forma poco profesional, sin consultar con otros países. 
En esto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit. 
Lo suyo no es Confucio, sino confusión. 
Ya en 1989, el embargo fue una respuesta a la severidad con la que se eliminó el movimiento democrático; en la actualidad se encuentra entre los instrumentos más importantes que ejercen presión política en favor del cambio en la República Popular China. 
Los que piensan en términos exclusivamente económicos hacen la vista gorda. 
Puedo decirle al Sr. Swoboda que Amnistía Internacional habla de unas 1 500 ejecuciones al año, con cientos de miles de personas en prisión, maltratadas, torturadas y esperando en vano un juicio justo. 
Las condiciones de los tibetanos, los mongoles y otras minorías siguen siendo intolerables y nuestro silencio al respecto no servirá para mejorar las cosas. 
Todos aquellos que se han dirigido a nosotros, y todos nuestros invitados que conocen bien la China, no nos dejan dudas de que, en lo que respecta a los derechos humanos, prácticamente no ha habido avances. 
También pienso en Taiwán. 
Durante semanas, Pekín ha amenazado con un ataque militar en caso de que Taiwán decidiese celebrar un referendo sobre la independencia formal. 
Celebro la iniciativa de la Comisión de inspeccionar la venta prevista de una central nuclear alemana a la China. 
La exportación de bienes utilizables está sujeta a la aprobación de la Unión Europea; me complace ver que el Sr. Cohn-Bendit está de acuerdo conmigo en este punto. 
Se necesitan dos cosas: una es que los Estados miembros mantengan sus restricciones sobre las ventas de armas y otra es que tenemos que abordar los datos reales sobre la República Popular China, tanto a escala nacional como a escala comunitaria, y cabe esperar que finalmente, a principios de 2004, a escala internacional en la Convención de los Derechos Humanos de Ginebra. 
– Señor Presidente, hacía bastante tiempo que no veía tanta unanimidad en la Cámara sobre una cuestión. 
Parece que son los Gobiernos francés y alemán los principales partidarios del levantamiento del embargo de armas a la China, así como los controles sobre las exportaciones de tecnología nuclear de doble uso. 
Dado su historial durante el pasado año, hay razones para sospechar de cualquier iniciativa de política exterior procedente de esos Gobiernos. 
Considero muy preocupante que, en determinados aspectos, Francia y Alemania prefieran aparentemente la idea de una asociación estratégica con países como China, en lugar de los Estados Unidos. 
Me refiero a propuestas relativas al proyecto Galileo que tienen implicaciones militares. 
¿Por qué el Consejo Europeo ha decidido en este momento que hay alguna razón para replantear el embargo de armas comunitario contra la China? 
¿Qué avances positivos concretos en la China dan pie a esa medida? 
Por supuesto, todos queremos que las relaciones con la China mejoren, pero no a expensas de nuestra seguridad. 
La China todavía tiene que hacer grandes avances para introducir la democracia y el respeto de los derechos humanos y para convencernos de que desea ser un socio pacífico de la comunidad internacional 
Es prematuro estudiar cualquier levantamiento generalizado del embargo de armas. 
Para concluir el debate, he recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento (1). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, antes de que empiece la votación. 
Ya tuve la oportunidad de hablar sobre esta misma cuestión la última vez. 
El Vicepresidente en ese momento, el Sr. David Martin, se comprometió a investigar y remitirle la cuestión a usted, pero, aprovechando que ahora preside usted la sesión, se lo voy a preguntar directamente. 
Cada vez pasa más que, aunque se fija una hora para la votación, esta se retrasa día tras día. 
No parece razonable ni competente esperar que los diputados estén aquí a la hora y luego no proceder. 
Aunque el retraso de hoy es de solo siete minutos, no había ningún asunto previo que nos haya demorado. 
Incluso si hay asuntos previos, creo que las votaciones, que son tan importantes para esta Cámara, deben tener lugar siempre puntualmente, sin ninguna concesión. 
Todo lo demás debe quedar supeditado a las votaciones. 
Espero que tenga en cuenta que yo también estaba aquí a la hora, preparado para empezar. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
(1) 
–Señorías, quisiera dar las gracias en su nombre al ponente, el Sr. Rothley, y al Sr. Gargani, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por ayudarnos a alcanzar este hito. 
La Cámara ha votado sabiamente y bien. 
Ahora es nuestra obligación cumplir lo que hemos votado, nada más y nada menos. 
Junto con el Consejo, avanzaremos en esta cuestión. 
. – Señor Presidente, el 18 de noviembre, este Parlamento rechazó por amplia mayoría la propuesta de la Comisión sobre los impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 68 del Reglamento, y tras la negativa de la Comisión a retirar su propuesta, vuelvo a presentarme ante ustedes para informarles de que el 2 de diciembre la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios volvió a estudiar la cuestión y a confirmar su decisión anterior de rechazar la propuesta. 
En representación de la ponente, la Sra. Kauppi, que no puede estar presente hoy aquí, reitero nuestra convicción de que este esfuerzo de armonización no está justificado ni desde el punto de vista medioambiental ni desde el de la competencia. 
Solicitamos a la Comisión que presente una nueva propuesta y retire la actual con el fin de tener un texto más acorde con la Directiva de fiscalidad de la energía recientemente aprobada. 
Un enfoque que evite la armonización absoluta, por ejemplo con una banda de tipos con un límite superior y uno inferior, sería una opción más realista, tanto en cuanto a las posibilidades de avanzar en el Consejo como para permitir cierta competencia fiscal entre Estados miembros. 
También es necesario coordinar la fiscalidad de los carburantes con las tasas sobre las infraestructuras con el fin de garantizar unas reglas del juego equitativas. 
Por todas esas razones, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios solicita al pleno del Parlamento Europeo que vuelva a confirmar su rechazo de la propuesta de la Comisión sobre los impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo. 
La Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone, por lo tanto, que el Parlamento apruebe la resolución legislativa para rechazar la propuesta de directiva. 
. Señor Presidente, en estos días he hecho un último intento por llegar a acuerdos, y he ofrecido un paquete de compromiso sobre este tema. 
Desgraciadamente, no ha habido manera, pese a todos los esfuerzos por parte de los ponentes alternativos, por los que quisiera expresarles mi gratitud. 
En cualquier caso, podemos afirmar que, pase lo que pase, hoy es un verdadero «día del medio ambiente» , porque ahora, por primera vez en la historia de la Unión Europea, vamos a aprobar una legislación que nos proporciona un fundamento jurídico para hacer pagar a los contaminadores por los daños que ocasionan. 
Creo que este es un tanto que nos hemos anotado. 
. – En mi calidad de ponente, quisiera hacer una breve declaración en beneficio de los diputados. 
Hoy vamos a votar sobre el paquete de compromiso relativo a la legislación sobre medicamentos, un compromiso que refleja la influencia de muchas ideas diferentes de esta Asamblea. 
Por ello pido a sus Señorías que apoyen los bloques 1, 2 y 3, pero en ningún caso el bloque 4 o partes del mismo. 
Si se aprueba solamente una enmienda del bloque 4, tendremos que recurrir a la conciliación y no será posible aprobar hoy la posición común; de ahí mi petición. 
El paquete que hemos elaborado en el Consejo es bueno, por lo que les pido que apoyen el compromiso. 
– Señor Presidente, gracias por concederme la palabra ahora, porque, en realidad, los tres informes que vamos a votar constituyen un paquete. 
Junto con mi colega, la Sra. Müller, hemos obtenido excelentes compromisos que nos permiten realizar avances muy importantes en materia de legislación farmacéutica. 
Quisiera decir, como acaba de indicar la Sra. Müller, que es esencial que votemos los compromisos tal como se presentan, y no votar a favor de las enmiendas que no han sido objeto de los mismos. 
La votación de una enmienda que no forme parte de los compromisos pondría en peligro los compromisos a que hemos llegado con la Presidencia italiana. 
Quisiera llamar realmente la atención de sus Señorías sobre esto: voten a favor de los compromisos y no voten a favor de las otras enmiendas que no forman parte de los mismos. 
. Señor Presidente, quisiera reiterar que la Comisión apoya plenamente el paquete de compromiso presentado por las dos ponentes, la Sra. Müller y la Sra. Grossetête, y aceptado por los Grupos. 
Sin embargo, tras el debate de anoche y a petición de varios diputados, quisiera reiterar y aclarar la posición de la Comisión sobre las enmiendas relativas a medicamentos homeopáticos. 
La Comisión también está de acuerdo con el paquete de compromiso en este campo. 
Por lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas que introducen conceptos técnicos no definidos que pretenden ampliar el procedimiento de registro más allá de los requisitos que definen este procedimiento simplificado o que son contrarias a la armonización que se pretende conseguir. 
En lo que respecta a la enmienda transaccional 20, que la Comisión acepta, quisiera puntualizar lo siguiente. 
En un primer momento, la enmienda presentada pedía a los Estados miembros que tuvieran debidamente en cuenta los registros entregados por otros. 
Quedó claro que la posición común ya había previsto en su artículo 39 el hecho de que el procedimiento regulador comunitario debe aplicarse también a este tipo de productos, así que la posición común ya ha sobrepasado el objetivo. 
La enmienda transaccional 20 aclara la situación jurídica estableciendo que el procedimiento regulador comunitario será de aplicación a las medicinas homeopáticas registradas y que debe aceptarse. 
Este paquete de compromiso mejoraría esencialmente la posición común aceptada por el Consejo. Por eso, la Comisión apoya las propuestas de la Sra. Müller y la Sra. Grossetête. 
. – Señor Presidente, quisiera informar a la Cámara de que, tras el debate de anoche y las conversaciones con la Presidencia, y con el espíritu de compromiso que refleja nuestro trabajo sobre este conjunto de propuestas, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía me ha pedido que retire las enmiendas 3 y 11. 
Por lo tanto, doy por hecho que la Comisión apoya plenamente todas las enmiendas y la Presidencia ha indicado ya su apoyo. 
Por lo tanto, ruego a mis colegas que voten a favor del resto de las enmiendas. 
El bloque 1 sintetizará en la práctica otras tres enmiendas. 
(2) 
(3) 
El turno de votaciones queda cerrado. 
– Señor Presidente, Señorías, una vez más abordamos el Estatuto de los diputados, en un momento en que Europa ha sido incapaz de resolver la cuestión de la constitución, en un momento en que, tan solo hace unas semanas, el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea ha demostrado ser un fracaso, en un momento en que, enfrentados a problemas económicos en la Unión Europea, estamos tratando de desterrar el desempleo. 
En un momento como este, el Parlamento ha considerado oportuno una vez más prestarse atención a si mismo. 
El Estatuto de los diputados volvió al orden del día de esta Asamblea y –aparte de la cuestión de si necesitamos normas que se apliquen desde Finlandia hasta Sicilia– creo que es un mal espectáculo que tratemos de resolver de nuevo el problema antes de que los Estados de Europa Central y Oriental se hayan incorporado a la Unión Europea y antes de que los diputados a esta Cámara hayan sido capaces de tomar una decisión. 
Esto es lo que yo critico, y por este motivo he votado «no» a la cuestión del estatuto en su forma actual. 
– Señor Presidente, he apoyado el Estatuto de los diputados porque necesitamos una reforma urgente de nuestro sistema de gastos de viaje, a tiempo para la próxima legislatura que comenzará en julio. 
Ahora que tenemos esta resolución, podemos abrir negociaciones con el Consejo sobre el Estatuto de los diputados. 
Espero que cuando analicemos el nivel salarial, volvamos a leer el informe de los expertos independientes, que nos mostró un excelente camino para avanzar en el análisis de la cuestión salarial. 
– Señor Presidente, mi Grupo me ha pedido que dé una explicación en su nombre. 
Simple y brevemente, se trata de una cuestión que afecta al apartado (b) del artículo 2. 
Como dije en el debate de esta mañana, estamos totalmente a favor de la reforma del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades. 
Las actuales normas sobre privilegios e inmunidades no son satisfactorias. 
Sin embargo, como dijimos en el debate que dio lugar a la decisión los días 3 y 4 de junio, el texto que se aprobó entonces llega demasiado lejos en los privilegios e inmunidades que estipula. 
Así que hemos votado en contra del apartado (b) del artículo 2, no porque nos opongamos a la reforma, sino porque es un modelo de reforma demasiado generoso. 
– Los motivos por los que he votado en contra del Estatuto son los siguientes. 
Permítanme decir sin rodeos que considero que es importante y oportuno que nuestros gastos de viaje sean los reales, pero todos los presentes en esta Asamblea sabemos que esto no tiene en absoluto nada que ver con el Estatuto. 
Podríamos cambiar mañana el vínculo entre los gastos de viaje y los gastos reales; no tiene en absoluto nada que ver con el Estatuto. 
Sin embargo, celebro la perspectiva de que pronto tengamos normas al respecto. 
En lo que se refiere al Estatuto, acepto que lo que se decidió en verano se ha mejorado, especialmente lo que respecta a la edad de jubilación. 
Sin embargo, sigo sin poder estar de acuerdo, ya que realza un desequilibrio social en un momento en el que, en toda Europa, se están haciendo recortes profundos en los presupuestos de la seguridad social, y no está bien que nosotros, en esta Asamblea, insistamos de nuevo en una especie de regalo de Navidad, de forma que por ejemplo los diputados alemanes al Parlamento Europeo obtengan aumentos del 20%. 
Creo que esto es inaceptable. 
Tampoco me parece bien que debamos basar nuestros cálculos en los ingresos de un juez, al que, permítanme recordarles, no se le permite ningún otro empleo. 
Yo habría considerado más correcto tomar como base el promedio de ingresos de todos los diputados al Parlamento Europeo, que para mí habría sido un planteamiento más adecuado, y sigo sin considerar conveniente que pueda permitirse a un diputado al Parlamento Europeo tener otras fuentes de ingresos cuando a los jueces esto no se les permite. 
Sigue sin parecerme bien que no esperemos a que mejore el nivel de vida en general antes de hacer algo con respecto al de los diputados al Parlamento Europeo. 
Mi rechazo del Estatuto se basa en mi creencia de que los aumentos de este tipo dan lugar a un desequilibrio social; yo recibiría mucho más en concepto de pagos relacionados con el salario que mis homólogos del, lo cual también considero una injusticia. 
Considero que con esto el Parlamento se está haciéndose a si mismo un regalo de Navidad en lugar de ponerse a tono con lo que comenta el público. 
Quizás se me permita hacer un comentario final, a saber, que espero que sea posible introducir nuevas mejoras con el fin de cambiar el desequilibrio resultante del Estatuto, especialmente en su dimensión social. 
No sé qué problema ha habido con el Grupo Verts/ALE, pero el Reglamento establece muy claramente que deben notificar las explicaciones de voto. 
Sin embargo, señora McKenna, aceptaré su explicación de voto. 
Al final he decidido apoyarlo, pero tengo muchos problemas porque la cuestión de los gastos no se ha separado de la cuestión de los salarios. 
Muchas personas de mi país se sentirán decepcionadas porque, técnicamente, muchos diputados han votado para incrementar enormemente sus salarios. 
Eso no va a sentar bien en los Estados miembros. 
.– La retractación del Parlamento Europeo sobre las propuestas para el Estatuto de los diputados cerró la posibilidad de encontrar una solución al problema durante la Presidencia italiana. 
La resolución de hoy pretende recuperar una vez más la posibilidad de resolver el problema, motivo por el cual he votado a favor de ella. 
El Parlamento Europeo está expuesto a la opinión pública; no puede fiscalizar a las demás instituciones comunitarias cuando su propia casa no está en orden. 
Concretamente en el caso del sistema de los gastos de viaje, debe hacerse todo lo posible por mejorarlo antes de las elecciones europeas. 
Quisiera destacar la importancia de que finalmente nos acerquemos más a la obtención de un Estatuto de los diputados que significaría el final del sistema de compensación encubierto que ha existido hasta el momento en el Parlamento. 
Queremos un sistema a través del que se reembolsen los gastos de viaje reales. 
Un sistema que implique un salario –aunque sea mayor que el actual de muchos diputados al Parlamento Europeo– es mejor porque se trata de un sistema abierto que puede ser examinado y evaluado por el electorado. 
Pese a este planteamiento básico, queremos dejar claro que consideramos que el nivel salarial recomendado en el informe del Parlamento de junio de 2003 es demasiado alto y que deberíamos seguir presionando a nuestros Gobiernos para que luchen en el Consejo por un nivel salarial más sensato. 
.– Por las razones de principio que indiqué en mi intervención en el debate, he votado en contra de la resolución de nuestra Asamblea, que una vez más apela a un Estatuto unificado de los diputados europeos. 
Quisiera añadir que, cuanto más se avanza en la negociación de dicho Estatuto, más dificultades surgen, más complicaciones se inventan para resolver esas dificultades, y más insostenible resulta el sistema propuesto. 
En particular, no se comprende cómo, en nombre de un principio de igualdad inexistente entre diputados al Parlamento Europeo, se podrían crear desigualdades profundas y muy reales dentro de cada país. 
Por ejemplo, ¿cómo podría ser que un diputado europeo de un nuevo Estado miembro recibiera una retribución equivalente a veinte veces el sueldo de un diputado nacional? 
¿Y cómo corregir semejante desigualdad? 
Cuestiones del mismo tipo se plantean con la fiscalidad: ¿cómo pensar que un diputado al Parlamento Europeo, ya bien remunerado, pague un impuesto sobre la renta a un tipo muy inferior al de sus conciudadanos? 
Como he destacado en el debate, la obstinación dogmática de algunos diputados federalistas está creando una confusión que será nefasta, una vez más, para la imagen de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio ha optado hoy por no votar ni en contra ni a favor de la propuesta de resolución común RC-B5-0543/2003 sobre el Estatuto de los diputados. 
El Movimiento de Junio se ha abstenido de votar porque la enmienda 1, que habría implicado la regulación completa del modo en que se reembolsan los gastos de viaje y habría aportado una transparencia mucho mayor, ha sido rechazada. 
El sistema actual, que implica el reembolso poco transparente y libre de impuestos de los gastos de viaje, además del reembolso de los gastos generales, es inaceptable. 
Sin embargo, el actual borrador de Estatuto de los diputados no resuelve los problemas de forma satisfactoria. 
No es aceptable 
-que la remuneración de los diputados daneses al Parlamento Europeo se vea incrementada en más de un 50%; 
-que todavía se emita, además del reembolso de los gastos de viaje reales, un pago libre de impuestos basado en la distancia del viaje y el tiempo invertido en el mismo; 
-y que el reembolso de los gastos generales (en la actualidad unas 26 000 DKK por mes) siga pagándose libre de impuestos y sin tener que justificarlo. 
Debido a las diferencias de los sistemas nacionales de los diputados al Parlamento Europeo y a la falta de voluntad de la mayoría para trazar una línea bajo los mecanismos libres de impuestos, sería mejor dejar que cada Estado miembro o los movimientos/partidos relevantes en cada Estado miembro establezcan las normas adecuadas para sus diputados al Parlamento Europeo. 
. 
Aunque el compromiso que propone el Parlamento Europeo al Consejo introduce algunas enmiendas en su propuesta del 3 y el 4 de junio (sobre aspectos fiscales y sobre privilegios e inmunidades, por ejemplo) , conserva aspectos con los que no estamos de acuerdo, como el de fijar un salario parlamentario mensual igual para todos los diputados, independientemente del país al que representen. 
La cuestión no es establecer o no un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. La cuestión es su contenido. 
Como hemos dicho, los diputados a esta Cámara son elegidos para representar circunscripciones nacionales. 
Por lo tanto, están vinculados a las mismas y deben seguir estándolo. 
Esto significa que el salario de un diputado al Parlamento Europeo debe basarse en el salario pagado a los diputados de los parlamentos nacionales del país en el que fue elegido. 
Del mismo modo, no podemos ignorar la existencia de realidades sociales muy distintas en los países de la UE. 
Pagar un salario parlamentario igual para todos los diputados al Parlamento Europeo dará lugar a situaciones de gran desigualdad y disparidad en distintos países, como Portugal, entre los salarios de los trabajadores y los de los representantes políticos y titulares de cargos públicos. Eso sería totalmente incomprensible. 
De ahí nuestro voto en contra del informe. 
Hoy hemos optado por no votar ni en contra ni a favor de la propuesta de resolución común RC-B5-0543/2003 sobre el Estatuto de los diputados. 
El sistema actual, que implica el reembolso poco transparente y libre de impuestos de los gastos de viaje, además del reembolso de los gastos generales, es inaceptable. 
Sin embargo, el actual borrador de Estatuto de los diputados no resuelve los problemas de forma satisfactoria. 
No es aceptable 
-que la remuneración de los diputados daneses y suecos al Parlamento Europeo se vea incrementada en más de un 50%; 
-que todavía se emita, además del reembolso de los gastos de viaje reales, un pago libre de impuestos basado en la distancia del viaje y el tiempo invertido en el mismo; 
-y que el reembolso de los gastos generales (en la actualidad unas 26 000 DKK por mes) siga pagándose libre de impuestos y sin tener que justificarlo. 
Debido a las diferencias de los sistemas nacionales de los diputados al Parlamento Europeo y a la falta de voluntad de la mayoría para trazar una línea bajo los mecanismos libres de impuestos, sería mejor dejar que cada Estado miembro o los movimientos/partidos relevantes en cada Estado miembro establezcan las normas adecuadas para sus diputados al Parlamento Europeo. 
Hace ahora casi veinticinco años que los diputados al Parlamento Europeo fueron elegidos directamente por el pueblo por primera vez. 
Esto fue un hito. 
Sin embargo, hasta la fecha no existe una Ley sobre el estatuto jurídico de los diputados que regule sobre una misma base los derechos y deberes de los diputados al Parlamento Europeo, y esto es una vergüenza, pero hay que reconocer que no es esta Asamblea la que debería avergonzarse, sino el Consejo 
Fui elegido por primera vez a este Parlamento en 1994. 
Desde entonces he tenido, en repetidas ocasiones, la experiencia de ver cómo el Consejo, cuando se trataba de la cuestión del Estatuto de los diputados, nos dejaba dar vueltas en círculos. 
El segundo intento conjunto que he experimentado se produjo este verano, y cuando finalmente habíamos aprobado un Estatuto lleno de concesiones y disposición al compromiso, pensé que estábamos en tierra firme. 
Todo lo que hacía falta era la aprobación del Consejo, pero este adopta su postura habitual de no darse por enterado. 
¡Qué vergüenza! 
He votado en contra de la resolución porque no puedo entender por qué deberíamos descartar el Estatuto que hemos aprobado y presentar al Consejo no una ley sobre la situación jurídica de los diputados al Parlamento Europeo, sino simples escalas salariales, de las que no podemos evitar avergonzarnos y por las que el público nos ridiculizará. 
. 
Estoy convencida de que el Estatuto de los diputados, reclamado con tanta vehemencia por esta Asamblea, es una señal más del fracaso de la Presidencia italiana del Consejo. 
La solución elegida para la cuestión de la tributación de los diputados al Parlamento Europeo es una chapuza temporal, pero, sobre todo, no hay normas sobre el estatuto jurídico legal de los diputados. 
En ninguna circunstancia puedo votar a favor mientras la cuestión de la inmunidad siga sin resolverse, ni puedo aceptar la reducción de derechos que garantiza el ejercicio de un mandato independiente, como los que se acuerdan para nuestros homólogos de los parlamentos nacionales y regionales. 
Por lo tanto, ya no confío para nada en la voluntad del Consejo, en la actualidad, para crear un estatuto único de los diputados al Parlamento Europeo y por ese motivo voto en contra de la resolución RC B5-543-/2003. 
. 
He votado en contra de la resolución, creyendo como creo que es el peor momento posible para reanudar un debate sobre el Estatuto de los diputados. 
En la actualidad, la Unión Europea tiene tareas esenciales y fundamentales que atender. 
En el período inmediatamente posterior a una cumbre fallida, y enfrentándose a todos los problemas de la integración europea, en esta Asamblea debemos limitarnos a lo que es esencial y necesario. 
La importancia de un estatuto común significa que debe buscarse una solución conjuntamente con el Consejo y sin premuras de tiempo. 
Es importantísimo establecer lo antes posible normas comunes abiertas, claras e inequívocas. 
Por lo tanto, hemos optado por votar a favor de la resolución, pero no de las propuestas que reclaman la reducción de la edad de jubilación. 
También creemos que los salarios deberían ser similares a los de los diputados al Paramento sueco y que estos deberían tributar en el país respectivo. 
,. – La introducción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo ha sido defendida durante años a modo de cura milagrosa para el enriquecimiento de los diputados al Parlamento Europeo. 
En lugar de permitir a los diputados aumentar sus ingresos de forma considerable mediante prestaciones en exceso no registradas por las administraciones tributarias nacionales, haría una distinción muy clara entre los ingresos y los gastos realmente ocasionados. 
Al mismo tiempo, pondría fin a la igualdad salarial de los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de los parlamentos nacionales de su país. 
De hecho estoy de acuerdo con esta igualdad salarial, aunque en la práctica conduce a diferencias extremas de ingresos entre los diputados al Parlamento Europeo y por lo tanto se considera un fraude alentador. 
Los menos pagados compensan su deficiencia y los más pagados, por voluntad propia, también sacan provecho. 
Por lo tanto, siempre he apoyado los esfuerzos por elaborar dicho estatuto. 
Sin embargo, votaciones anteriores han revelado que no se podría obtener el apoyo de la mayoría para esto sin recortes fiscales y enormes aumentos salariales para los diputados al Parlamento Europeo de un gran número de Estados miembros, incluido mi país, los Países Bajos. 
La propuesta actual se basa en la resolución del 3 de junio de 2003, en contra de la cual he votado por este motivo. 
Hace algunas concesiones a las objeciones del Consejo, especialmente en materia de tributación nacional, que no mejoran suficientemente la propuesta para permitir votar a favor en estos momentos. 
. La delegación del Partido Laborista en el Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de la retirada de cualquier obstáculo que impida la aprobación de un Estatuto de los diputados. 
También ha votado a favor de que comiencen las negociaciones con el Consejo sobre el nivel adecuado de remuneración de los diputados al Parlamento Europeo. 
La base de ese nivel debe ser el estudio realizado por el grupo de expertos. 
Otro aspecto que apoyamos es la fiscalidad nacional. 
En todo momento hemos apoyado el concepto de que los diputados al Parlamento Europeo no deben recibir un tratamiento distinto en el campo de la fiscalidad que los demás residentes de sus Estados miembros. 
También es importante que hoy vayamos a ultimar la reforma de toda la cuestión de los gastos. 
Durante demasiado tiempo, la cuestión de los gastos ha perseguido al Parlamento y ahora tenemos la oportunidad de dejarla zanjada. 
. – He votado a favor de la propuesta porque si queremos un cambio del sistema actual, es este o ninguno. 
He votado a favor de esta propuesta basándome en que el sistema de gastos de viaje se reformará de tal modo que estos se paguen en función de los costes realmente devengados. 
Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que puede poner fin al debate de este año sobre el salario, la pensión y las condiciones de viaje de los diputados al Parlamento Europeo. 
Con este acuerdo, el Parlamento Europeo ha ido tan lejos en complacer al Consejo que ahora finalmente existe la posibilidad de que se adopte un Estatuto de los diputados. 
Me complace mucho este resultado, que significa, por ejemplo, que los diputados al Parlamento Europeo estarán obligados a justificar sus gastos de viaje. 
La conformidad del Parlamento se basa en un acuerdo relativo a que todos los diputados al Parlamento Europeo deberían recibir los mismos salarios. 
La suma es una media ponderada de la remuneración recibida por los diputados al Parlamento Europeo de los cuatro países más grandes. 
Esta equivale a 8 600 EUR, de la que los propios diputados tendrán que cotizar para sus pensiones. 
Por otra parte, cada Estado miembro podrá decidir que sus diputados al Parlamento Europeo paguen sus impuestos al Estado miembro. 
Por último, la edad de jubilación para los diputados al Parlamento Europeo aumentará de 60 a 63 años. 
Este es un compromiso sensato por el que todos hemos tenido que sufrir. 
Creo que el salario establecido es muy alto, pero este es el precio de haber logrado llegar a un compromiso. 
. 
Confirmamos el rechazo de la propuesta de la Comisión que, en nombre de la lucha contra las distorsiones de la competencia en el mercado interior y en la protección medioambiental y, basándose en el principio de que «quien contamina paga» , trata de alcanzar la armonización gradual al alza de la fiscalidad del gasóleo profesional, y separar los sistemas de tributación reservados a fines profesionales de los que tienen fines privados. 
Esta propuesta de directiva, que ya había sido rechazada por el Parlamento Europeo, forma parte de la estrategia planteada en el Libro Blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» , cuya intención declarada es tratar de redistribuir la carga fiscal entre los «usuarios» y los «contribuyentes» y cargar los costes «reales» del transporte a los «usuarios». 
La Comisión propuso «instaurar una tarificación progresiva del uso de las infraestructuras de transporte y reforzar la coherencia del sistema fiscal» y crear, en el plazo de diez años, un sistema tributario europeo que incluya los impuestos de matriculación y circulación, un sistema «inteligente» para cobrar por el uso de las infraestructuras y armonizar la tributación sobre el combustible. 
También estableció tipos mínimos del impuesto especial sobre la gasolina sin plomo y un tipo central para el gasóleo profesional. 
Sin embargo, dado nuestro desacuerdo con la mayoría de estas propuestas, apoyamos las posiciones planteadas para rechazar la propuesta de la Comisión, que es lo que ha vuelto a suceder. 
.– Legislar sobre responsabilidad ambiental equivale a abrir la caja de Pandora, por lo mal definido que está el daño ambiental y por lo impreciso que es su ámbito de aplicación, en particular en materia de biodiversidad, ya regida por dos grandes convenios internacionales, el de Berna y el de Bonn. 
La reparación debería limitarse a las zonas Natura 2000 y habría que excluir de las actividades profesionales las actividades no lucrativas, como el ocio. 
Sin embargo, la Directiva no distingue entre estos dos tipos de actividades. 
Para aplicar la responsabilidad, esta debe basarse en criterios objetivos y cuantificables: la naturaleza del daño y su impacto, el estado del medio ambiente en el momento del daño y, sobre todo, las circunstancias locales. 
El permiso para contaminar y el concepto de «estado de los conocimientos científicos y técnicos» deben mantenerse para aplicar, eficazmente, el principio de que «quien contamina paga» , y no sustituirlo por el principio de que «el contribuyente paga». 
La responsabilidad debe englobar los organismos modificados genéticamente y los hidrocarburos, temas sensibles que están excluidos de su ámbito de competencia. 
Más en general, ¿qué interés puede haber en ceder una competencia a la Comisión Europea cuando la penalización del delito medioambiental depende de la cooperación judicial y se podrían utilizar otros instrumentos jurídicos como el Convenio de Lugano del Consejo de Europa? 
. 
Estamos elaborando la propuesta de una directiva, presentada en enero de 2002, sobre la responsabilidad medioambiental con respecto a la prevención y reparación de los daños medioambientales, que es especialmente importante para garantizar una mayor protección del medio ambiente y para combatir todo tipo de contaminación, estableciendo nuevos principios y proponiendo nuevas obligaciones, concretamente para las empresas. 
Sin embargo, resulta que no es ni mucho menos un proceso rectilíneo, especialmente en el Parlamento Europeo, donde se ha hecho sentir la presión ejercida por los diversos intereses económicos, y por este motivo ha sido la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y no la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor la que ha negociado esta directiva. 
La posición común del Consejo rechazó algunas de las propuestas del Parlamento Europeo, solamente algunas de las cuales se han aceptado ahora en segunda lectura. 
Los resultados de la votación revelan ciertas contradicciones y debilidades en la postura final del Parlamento, que ha rechazado la mayoría de las propuestas de mi Grupo, aunque la mayoría de las propuestas negativas de la Comisión también han sido rechazadas. 
Veremos cuál será el resultado final, pero todo indica que se quedará corto con respecto a lo que se necesita. 
,. – El principio de que «quien contamina paga» cuenta con una gran aceptación en la actualidad. 
Sin embargo, ¿implica esto que los que tienen mucho dinero pueden causar una gran contaminación? 
Es más, ¿qué sucede si el culpable no puede pagar o si no se encuentra al autor, o si todo se lleva conforme a las normas sobre la autorización? 
Mientras se siga considerando más importante la economía que el medio ambiente, siempre se buscarán circunstancias atenuantes y excepciones. 
Deben tomarse más medidas para hacer que los desastres que implican a los petroleros en el mar y a las centrales nucleares sean prácticamente imposibles, pero si estos desastres se producen, el daño es enorme. 
En la situación actual, el seguro obligatorio para todas las actividades económicas constituye el arma más importante para prevenir este tipo de desastres. 
Las compañías aseguradoras, a las que no les gusta pagar grandes sumas, obligarán a las empresas aseguradas a que mejoren su seguridad. 
En el debate preliminar quedó claro que no se trata solamente de una cuestión de régimen técnico que nadie discute. 
Los desastres relacionados con el petróleo y los que implican la energía nuclear están exentos debido a los regímenes internacionales insuficientes. 
La derecha afirma que los seguros obligatorios no constituyen una práctica habitual, pasarán a ser prohibitivamente caros y darán lugar a un exceso de burocracia. 
La alternativa sería que nadie pagase la limpieza y recuperación en el caso de desastres naturales, o que esto se pagase con nuestros impuestos. 
Apoyo todos los esfuerzos por hacer más estricta esta Directiva. 
Acojo con agrado la labor que se ha realizado en un ámbito que cada vez preocupa más a los ciudadanos europeos: el de la protección medioambiental y la responsabilidad de los operadores económicos por los daños al medio ambiente. 
Por lo tanto, considero que obligar a los operadores a adoptar las medidas necesarias para impedir las amenazas inminentes de daño medioambiental y para establecer mecanismos de compensación por los daños ocasionados está justificado, es necesario y útil. 
Además, estoy de acuerdo con la distinción que se ha hecho entre algunas actividades comerciales de alto riesgo, para las que todo daño medioambiental está cubierto y a las que se aplica una responsabilidad objetiva, y las actividades comerciales distintas de las mencionadas, en las que solamente los daños ocasionados a especies protegidas y al hábitat natural estarán cubiertas en caso de intención o negligencia probada por parte del operador. 
Las soluciones equilibradas y realistas que estamos dispuestos a fijar en este campo ayudarán a alcanzar el objetivo de prevenir y reparar el daño medioambiental y proteger los intereses económicos y competitivos de las empresas en cuestión, y además constituyen el camino correcto para conseguir los objetivos declarados por la Comunidad para alcanzar el desarrollo y el crecimiento sostenibles. 
El Parlamento Europeo ha votado hoy sobre una propuesta de directiva con objeto de normalizar las reglas aplicables a la responsabilidad medioambiental en la UE. 
El principio general debe ser «quien contamina paga». 
La idea es que las empresas y otros agentes en la UE deben ser objeto de la misma legislación en lo que respecta a sus obligaciones para prevenir los daños medioambientales y ocuparse y pagar por los daños de que son responsables. 
He optado por seguir una línea más respetuosa con el medio ambiente que la del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos y por lo tanto he votado, por ejemplo, a favor de requisitos más estrictos con respecto a la contaminación nuclear (enmienda 42) y la cuestión de los organismos modificados genéticamente u OMG (enmiendas 43 y 44). 
A pesar de que las enmiendas 42 y 44 hayan obtenido una mayoría de votos, no han alcanzado los 314 votos necesarios y por tanto han sido rechazadas. 
. En relación con las enmiendas presentadas por el Partido Verde, quisiera hacer la siguiente explicación de mi voto en contra de las mismas. 
Cuando las enmiendas proponían incorporar cuestiones relacionadas con los organismos modificados genéticamente y con la energía nuclear en el ámbito de la Directiva, he votado en contra de las mismas, porque actualmente se está revisando la responsabilidad civil en materia nuclear estipulada en los Convenios de Viena y París. 
Cualquier intento en ese sentido en esta Cámara supondría dar por supuesto el resultado de esa revisión. 
En lo que respecta a los organismos modificados genéticamente, está claro que todavía hay que averiguar cuál es la responsabilidad, ya que la legislación en materia de esos organismos acaba de llegar a los códigos legislativos. 
Vamos a ver primero cómo funciona. 
Cualquier otra cosa supone socavar los convenios o la legislación actual. 
.– La recomendación relativa a un código comunitario sobre medicamentos resulta sumamente importante en un ámbito en el que, a pesar de la especial sensibilidad de los ciudadanos europeos, gobiernan los intereses especuladores de las grandes empresas. 
Sobre esta base, he votado a favor de todas aquellas enmiendas en las que se propone lo siguiente: 
-supervisar el mercado independientemente de la industria farmacéutica; 
-proteger al público de medicamentos caducados; 
-reducir el período de confidencialidad comercial que exigen las grandes empresas farmacéuticas, ya que impide el acceso al mercado de medicamentos más baratos; 
-limitar la publicidad de los medicamentos; 
-configurar bases de datos independientemente de las empresas farmacéuticas. 
.– El informe Grossetête relativo al establecimiento de un código comunitario sobre medicamentos para uso humano se dirige, en lo esencial, a proteger los intereses de la industria farmacéutica. 
Es indignante que, en última instancia, la sed de beneficios de los grandes grupos farmacéuticos prevalezca en un ámbito en que debería darse prioridad a la salud pública. 
En efecto, la protección del monopolio de las patentes, que garantiza los beneficios a esta industria al tirar de los precios de los medicamentos hacia arriba, tiene la dramática consecuencia de impedir que cientos de miles de seres humanos accedan a los medicamentos. 
Si bien hemos apoyado las enmiendas que favorecen la información al público sobre los efectos de los medicamentos o un etiquetado mejor, hemos votado en contra de aquellas que protegen el monopolio de los laboratorios farmacéuticos. 
En nuestra opinión, la salud pública y los intereses de los enfermos están muy por delante de la libertad de comercio y de los beneficios de los accionistas. 
. 
El acuerdo que se acaba de alcanzar en el Parlamento se basa en una desafortunada propuesta de la Comisión, en la cual se planteaba el asunto exclusivamente desde el punto de vista comercial y se pretendía revisar el proceso legislativo en el sector de los medicamentos, con el objetivo básico de aumentar la competitividad a corto plazo de la industria farmacéutica. 
Ante esta postura se alzaron de inmediato las protestas de varias organizaciones sociales, familiares, de consumidores y mutuas de diferentes países, que defendían una política responsable al servicio de la salud pública y de la protección del consumidor. 
En consecuencia, en primera lectura el Parlamento logró introducir algunos cambios esenciales en las propuestas de la Comisión, aceptadas solo en parte por el Consejo. 
En segunda lectura, se aceptaron algunas de las propuestas originales, y aunque el compromiso votado hoy en el Parlamento Europeo no contempla todas las propuestas que presentamos, mejora de forma significativa la posición del Consejo, especialmente en lo que respecta a la definición de los medicamentos genéricos, a la solicitud de que se distinga entre publicidad e información, y a la invitación a la Comisión a que lleve a cabo un estudio de las prácticas actuales en el ámbito de la información con vistas a mejorar la calidad. 
. – El compromiso representa un avance para la competitividad de la industria farmacéutica, la economía basada en el conocimiento y la disponibilidad de los medicamentos en la Unión Europea. 
El período de protección de expedientes de productos farmacéuticos en la Unión Europea oscila entre seis y diez años. 
A raíz de ello, la oferta de medicamentos y su precio varían considerablemente entre los Estados miembros. 
El compromiso «8+2+1» implica la protección de expedientes durante ocho años, más dos años para los medicamentos genéricos, para poner en orden el expediente y tramitar el acceso al mercado, y luego un año de protección adicional para la industria innovadora en caso de que un medicamento posea al mismo tiempo indicaciones terapéuticas para otras enfermedades; asimismo, aumenta la competencia de precios, mejora la distribución de los medicamentos e impulsa la economía basada en el conocimiento. 
El Consejo ha cometido un error al no incluir los medicamentos homeopáticos en el paquete de compromisos, ya que, debido a ello, estos productos se mantienen en la sombra legal que hace que los medicamentos homeopáticas seguirán circulando ilegalmente en el mercado. 
Por lo tanto, insto a la Comisión Europea a que presente una propuesta lo antes posible en la que se regule el registro de medicamentos homeopáticos en el ámbito comunitario; solo entonces estará completo el mercado europeo de medicamentos. 
Los medicamentos homeopáticos constituyen una alternativa importante para muchas personas. 
Me incluyo a mí mismo entre aquellos que confían mucho en los efectos terapéuticos de este tipo de medicamentos. 
En el artículo 152 del Tratado CE se consagra el concepto de un alto nivel de protección de la salud pública. 
Celebro los esfuerzos realizados por todos los operadores institucionales y privados para mejorar el contenido del código comunitario relativo a los medicamentos de uso humano. 
Las enmiendas hacen referencia principalmente a la definición de los medicamentos, los medicamentos genéricos y los medicamentos orgánicos. En mi opinión, esta definición pretende satisfacer las exigencias crecientes de los ciudadanos europeos y la necesidad de proporcionar un marco más fiable para la comercialización de medicamentos de uso humano. 
Por último, tal y como ya comenté acerca del otro informe presentado por la Sra. Grossetête, debemos considerar la posibilidad de otorgar una protección razonable (a modo de un período definido de tiempo) para los derechos de los productos farmacéuticos, especialmente para aquellos con indicaciones terapéuticas innovadoras que ofrecen a los pacientes beneficios clínicos significativos en comparación con las terapias existentes. Así podremos alcanzar el equilibrio sugerido por la ponente (que si bien no es optimista, al menos es realista) entre competitividad, investigación, necesidades del sistema sanitario y desarrollo de los medicamentos genéricos. 
El compromiso general alcanzado con el Consejo bajo la Presidencia italiana, incluido el referente a la Agencia contemplado en el informe Müller, es sumamente importante. 
.– Acabamos de pronunciarnos sobre la revisión de la legislación farmacéutica. 
La Directiva modificada permitirá mejorar el grado de armonización de las normas que regulan los medicamentos en los distintos Estados miembros. 
También puede aumentar la eficacia de funcionamiento de los procedimientos centralizados y descentralizados. 
Pero nosotros queremos que los Estados miembros velen por que se favorezcan los medicamentos homeopáticos fabricados y comercializados en la Comunidad. 
Hemos votado a favor de las enmiendas que pueden resolver algunos de los problemas ocasionados por el vacío jurídico en que todavía se encuentran determinados medicamentos homeopáticos. 
Estos medicamentos, que son utilizados por más de cien millones de europeos, no solo no provocan efectos secundarios, sino que permiten ahorrar a los sistemas sanitarios. 
Estamos absolutamente empeñados en preservar los medicamentos homeopáticos, que responden a la demanda de los ciudadanos de nuestros países. 
También nos hemos expresado a favor del desarrollo de la industria farmacéutica genérica europea, ya que si queremos mantener nuestra protección social, debemos ahorrar, y los medicamentos genéricos nos ayudan a ello. 
Felicito a la ponente por su gran trabajo sobre esta cuestión vital. 
En su redacción actual, la posición común presenta un importante problema para mi Estado miembro, Irlanda, relativo al artículo 67 sobre las medicinas de uso veterinario exclusivamente con receta. 
Por eso he vuelto a presentar la enmienda correspondiente de la primera lectura, que aceptamos por amplia mayoría la primera vez. 
Es esencial que prevalezca la subsidiaridad y que cada Estado miembro sea libre de decidir qué medicinas necesitan receta. 
Esa es la situación actual, que ha resultado fiable en términos de la protección de la salud pública. 
Mi enmienda permitiría a los Estados miembros actuar a su entera discreción, aunque supervisando atentamente la autorización de los farmacéuticos que vendan los medicamentos. 
Eso significaría que podría seguir usándose el sistema de licencias y controles basado en el comerciante que existe en Irlanda. 
Este sistema permite los máximos niveles de seguridad alimentaria y de trazabilidad, pero evita costes y papeleos innecesarios a los ganaderos y propietarios de animales. 
Celebro los esfuerzos realizados para establecer el código comunitario para los medicamentos veterinarios. 
Si se pretende garantizar un alto nivel de protección de la salud pública en la Unión Europea, es necesario que se adopten disposiciones generales sobre la comercialización de estos medicamentos veterinarios. 
Lamentablemente, no faltan razones para reforzar la vigilancia de los productos puestos a disposición de los profesionales de la sanidad pública. 
El control de la precisión y la fiabilidad de la información sobre los medicamentos cobra cada vez más importancia, debido al mayor grado de sensibilización del consumidor. 
Por lo tanto, opino que sería bastante acertado por nuestra parte insistir en la necesidad de diferenciar de un modo más claro lo que es la «información sobre medicamentos» de la «publicidad sobre medicamentos». 
Para terminar, apoyo la idea de que se fijen plazos razonables para la protección de los derechos de los productos farmacéuticos. Esta simple medida –siempre sobre una base razonable, por supuesto, lo cual creo que se ha conseguido gracias a la actuación del Parlamento Europeo– mantendrá el interés de las industrias del sector por desarrollar e intensificar sus estudios e investigaciones tecnológicas con el fin de elaborar nuevos y mejores productos. 
He votado a favor de las enmiendas 20-23, que sin embargo han sido rechazadas. 
Esto los convertiría en productos menos accesibles en una situación en la que mucha gente añade a su dieta complementos nutricionales para aumentar el bienestar y conservar la salud. 
Por lo tanto, la directiva podría, si finalmente se redefinen como medicamentos estos complementos, tener un fuerte efecto en los precios, lo cual privaría al consumidor particular de adquirir estos complementos nutricionales por ser demasiado caros. 
La consecuencia última sería un aumento de las tasas de morbilidad y de los costes para la sociedad. 
. Agradezco al ponente su gran trabajo en este importante asunto. 
Las medicinas tradicionales a base de plantas se han utilizado en nuestras sociedades desde tiempos muy remotos. 
En los últimos años, la producción y la venta de esos productos se han estructurado y comercializado. 
Se ha producido una creciente concienciación de que los medicamentos modernos no siempre alivian todos los problemas médicos y muchas personas han encontrado en los medicamentos a base de plantas un importante elemento de su régimen de salud. 
Creo que, como legisladores, tenemos ante todo la obligación de garantizar los máximos niveles de protección de la salud pública. 
La venta de medicamentos, basados en las plantas o de otro tipo, no puede producirse en un entorno no regulado. 
Eso sería irresponsable. 
Sin embargo, debemos prestar la debida atención a prácticas arraigadas desde hace mucho tiempo en un sector que en gran medida se ha autorregulado en muchos países. 
Hay muchos productos disponibles en tiendas de alimentación natural que se han clasificado como alimentos o suplementos alimentarios y no como medicamentos, a pesar de que pueden tener propiedades terapéuticas. 
Pero debemos recordar que todos los alimentos que forman parte de una dieta equilibrada pueden tener un efecto positivo sobre la salud. 
Lo que debemos evitar es imponer una legislación restrictiva que impida el libre comercio y la competencia y que dañe a un floreciente sector de tiendas de productos para la salud. 
El funcionamiento de este sector puede controlarse con cuidado a través de la legislación nacional correspondiente. 
He apoyado esta recomendación para la segunda lectura, que al presentar de nuevo las enmiendas parlamentarias aprobadas en la lectura anterior y mejorando el texto de la posición común del Consejo, se ajusta mejor al objetivo de armonizar la legislación nacional en el ámbito de los instrumentos de medida. 
La complejidad creciente de las economías actuales y la necesidad de asegurar un comercio justo exigen que se garantice un nivel mínimo de precisión estableciendo requisitos legales. 
Esta exigencia, en el contexto de un mercado común como el de la Unión Europea, está más que justificada. 
No obstante, este punto de vista se ve perjudicado por la posición común del Consejo, en la que se contempla una «cláusula de opcionalidad» , en virtud de la cual los Estados miembros podrán decidir los instrumentos que se someten a reglamentación, fomentando así la pervivencia de un sistema dual formado por una parte regulada y otra sin regular. 
Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación del ponente en que declara que «si se tienen en cuenta las consideraciones relativas al comercio intracomunitario, las legislaciones nacionales no deberían ser incompatibles entre sí ni tampoco con la legislación comunitaria». 
Por consiguiente, tal y como señala el ponente, solo si se logra que esta cláusula cumpla determinados requisitos generales y se introduce un período de transición para que los Estados miembros puedan abandonarla progresivamente, conseguiremos alcanzar el nivel de armonización que tanto deseamos. 
Soy consciente de que la seguridad vial constituye uno de los puntos de máxima prioridad de la Unión Europea y reconozco que este informe supone un paso adelante en la consecución de este objetivo comunitario. 
Por lo tanto, he votado a favor del informe que tenemos hoy ante nosotros. Apoyo la adopción de la mayoría de las medidas propuestas y la aplicación de estas a los minibuses, autobuses y autocares, así como a los vehículos ligeros, medianos y pesados. 
Estoy de acuerdo con la opinión del ponente, no obstante, de que prohibir los asientos orientados hacia los lados en determinados vehículos resulta excesivo. 
La cuestión fundamental es que no se ha demostrado que dichos asientos sean inseguros en todos los vehículos afectados. 
Si bien es cierto que la Comisión ha presentado un estudio al respecto, este no justifica una prohibición de esta magnitud, ya que se limita a evaluar accidentes ocurridos en una única categoría de vehículos –los minibuses– y se basa en parámetros aplicables solo a este tipo de vehículos. 
Además, la información sobre los autocares de la categoría M3 que pertenecen a las clases III o B no revela ningún riesgo específico que justifique una prohibición total. 
En consecuencia, considero que las conclusiones de la Comisión Europea resultan, desde este último punto de vista, precipitadas. 
El uso del cinturón de seguridad conlleva una serie de ventajas, entre las que destaca la de evitar que los pasajeros salgan despedidos de los vehículos. 
Por lo tanto, cabría la posibilidad de considerar que el uso del cinturón de seguridad es beneficioso desde una perspectiva social, ya que contribuye a reducir en gran medida el número de muertos y heridos en caso de accidente. 
Asimismo, es importante recordar que este informe aprueba una propuesta de la Comisión que se debería contemplar en el contexto de las enmiendas a las directivas de 1974, 1976 y 1977 del Consejo sobre la mejora de la seguridad vial. 
Es posible predecir razonablemente que las propuestas de la Comisión incluidas en este paquete de medidas lograrán resultados positivos. 
Sin embargo, en un momento en que los índices de mortalidad en carretera son elevados, es preciso aumentar las medidas de seguridad en todos los vehículos, y no solo en los vehículos ligeros (categoría M1) , sino también en minibuses y autocares (categorías M2 y M3) , y en camiones ligeros y pesados (categorías N1, N2 y N3). 
La seguridad vial ha de ser una prioridad. 
Por todos estos motivos, he votado a favor. 
Dado el elevado número de víctimas registrado cada año, el aumento de la seguridad del transporte se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea, al tiempo que ha provocado la aparición de diversos informes del Parlamento Europeo y de un Libro Blanco. 
Considero que la ampliación del uso obligatorio del cinturón de seguridad, de acuerdo con la propuesta de la Comisión apoyada por el ponente, contribuye a incrementar la seguridad de los pasajeros. Y por este motivo he votado a favor de este informe. 
En concreto, estamos hablando de los minibuses, los autocares y los camiones ligeros, medianos y pesados. 
Ahora bien, lo único que hace esta medida es minimizar las consecuencias de los accidentes en carretera. Por tanto, recomiendo que las inversiones se destinen a otro tipo de medidas, de carácter realmente preventivo, que permitan reducir de forma más efectiva los índices de mortalidad en las carreteras al disminuir el número de accidentes. 
Por ejemplo, propongo que se asigne una cantidad importante de fondos a la educación escolar y cívica, al fomento de una cultura de responsabilidad y respeto, a la mejora del estado de las carreteras y autopistas, cada vez más congestionadas, y a la introducción de avances tecnológicos en los coches y en todos los tipos de vehículos. 
Otra sugerencia que vengo defendiendo desde hace tiempo consiste en invertir en el desarrollo del sector ferroviario. Este representa sin duda un medio de transporte más seguro que el transporte por carretera, capaz de proporcionar una alternativa realmente sostenible al sector viario, cada vez más saturado. 
Aunque soy consciente de los problemas que conlleva este asunto, sobre todo en lo que respecta a la coordinación internacional y al establecimiento de la propiedad, creo que se trata de una propuesta positiva ya que, en la medida de lo posible, garantizará la devolución de los bienes culturales robados. 
A este respecto, nos encontramos claramente en una situación de inseguridad jurídica, de la que se aprovechan aquellos que se apropian de este tipo de bienes para traficar con ellos de forma ilegal, sin que los propietarios legítimos puedan acogerse a protección jurídica alguna. 
Cabe citar como ejemplo el saqueo de innumerables artículos durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales aún no han sido recuperados por sus propietarios o los sucesores de estos. 
En este ejercicio de malabarismos entre diferentes intereses, hay que tener en cuenta además los derechos adquiridos por terceros que han comprado los artículos de buena fe. 
Por consiguiente, comparto la postura del ponente sobre la necesidad de abordar la complejidad del problema moral y ético subyacente, y de establecer un marco institucional y jurídico más justo para aquellos que solicitan la devolución de sus bienes, los propietarios actuales, los organismos estatales y las organizaciones sin ánimo de lucro. 
La coordinación presenta una serie de claras ventajas sobre el enfoque incoherente que reinaba hasta la fecha. En particular, celebro la idea de establecer un sistema común de catalogación, de crear una base de datos centralizada y de facilitar el acceso a los archivos públicos y privados con fines de investigación, lo cual proporcionaría una mayor transparencia y permitiría controlar de forma más eficaz la circulación de los bienes. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
. –La resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2004 contiene pasajes muy severos, que apoyo plenamente, sobre el asunto Eurostat y sus secuelas. En efecto, nadie se explica la falta de reacción de la Comisión durante un período tan largo. 
No solo hay que tomar medidas serias con respecto a Eurostat, sino que en el futuro habrá que reforzar la independencia y la capacidad de funcionamiento de la OLAF, mejorar la transmisión de la información interna, reformar urgentemente el sistema contable de la Comisión, y poner fin a la cultura del secretismo, así como a la negligencia frente a las exigencias de control financiero. 
Estos imperativos son tanto más urgentes cuanto que se descubren sin cesar nuevas malversaciones, por ejemplo los delitos de iniciados para la fijación de precios en los comités de gestión agrícolas, o incluso recientemente el asunto «Blue Dragon 2000» , relativo a la utilización de fondos comunitarios en Cataluña. 
Estas desviaciones no dejan de guardar cierta relación con la arrogancia general de la Comisión hacia los países miembros. 
Todos estos comportamientos proceden de una misma causa: la Comisión se cree la única poseedora de una verdad superior. 
Por desgracia, el proyecto de Constitución europea la confirma en esta idea, cuando habría que hacer de ella un órgano claramente subordinado. 
.– Esta resolución no solo no cuestiona ninguno de los pilares y políticas fundamentales de la Unión Europea –sus políticas capitalistas neoliberales, el federalismo, su creciente militarismo– y deja de condenar sus consecuencias perjudiciales para los trabajadores y las comunidades de los diferentes países, sino que además confirma estas orientaciones y prioridades, al tiempo que enmascara su verdadera naturaleza mediante la introducción de algunas preocupaciones sociales. 
Un ejemplo de ello es la insistencia de la resolución en la necesidad de la denominada «Constitución europea». 
Rehúsa debatir las próximas perspectivas financieras (a partir del año 2006) –lo cual resulta sencillamente increíble– argumentando que pronto se celebrarán las elecciones europeas. 
Celebra la militarización de la Unión Europea. 
No pone en duda las políticas de liberalización; solo hace referencia a un análisis más detenido de sus «posibles consecuencias». 
Rechaza la propuesta de enmienda en la que se contempla una reevaluación del mandato de la Comisión para la Organización Mundial del Comercio. 
En resumen, otorga otra función más a la Comisión. 
No se analiza el deterioro de la situación económica y social en los diferentes países de la Unión Europea ni se realiza crítica alguna de las políticas que han provocado esta situación. 
Para ser sincera, no cabe esperar nada más de las fuerzas políticas que, en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en los distintos Gobiernos, toman decisiones sobre las políticas comunitarias. 
– Señor Presidente, hoy hemos presentado una enmienda sobre Côte d ' Ivoire. 
Es deplorable que este Parlamento no haya apoyado esa enmienda. 
Es completamente inaceptable que, en relación con los acuerdos de pesca, los barcos de pesca comunitarios tengan preferencia sobre los derechos de los habitantes de otros países. 
Estamos hablando de un país destrozado por la guerra. 
Creemos que el acuerdo debe suspenderse hasta que se resuelva el conflicto. 
Es completamente inaceptable que se permita a los barcos comunitarios seguir pescando tranquilamente a pesar de que haya un conflicto en el país. 
.– El papel de las fuerzas extranjeras resulta especialmente evidente en los conflictos militares que están asolando Côte d ' Ivoire, donde se registran decenas de miles de víctimas inocentes. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha convertido este país en un laboratorio experimental en el que poner a prueba su política de «gestión de crisis» , que es en esencia una política de imposición de sus intenciones imperialistas. 
La Unión Europea no ha perdido nada en Côte d ' Ivoire. 
Las tropas francesas deberían retirarse de inmediato para que el problema se aborde exclusivamente en el marco de las Naciones Unidas y de la Unión Africana. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra de la resolución, no solo porque en ella no se nombran a los culpables, sino porque se celebra el papel intervencionista de la Unión Europea. 
Estas posturas convierten los elementos positivos de la resolución en una mera lista de buenos deseos. 
. – Aunque no podemos sino estar de acuerdo con la condena del concepto de «marfileñidad» y los asesinatos cometidos en su nombre, no hemos votado a favor de este informe. 
Por un lado, oculta la responsabilidad de los sucesivos gobiernos franceses, que, tras un largo período de opresión colonial, apoyaron la dictadura de Houphouët-Boigny y, después, el régimen autoritario de su sucesor Bédié, que inventó la demagogia sobre la «marfileñidad» para luchar contra sus rivales por el poder. 
Y todavía hoy el Ejército francés, presente sobre el terreno, no protege a la población, sino los intereses de capitalistas franceses en Côte d’Ivoire. 
Por otro lado, ¿qué significa «la restauración de la autoridad del Estado» sin ofrecer medios para poner fin a «la pobreza, al reparto desigual de la riqueza, a la injusticia social, a las violaciones de derechos humanos, a la opresión de las minorías… » en los que el propio informe ve otros tantos factores de desestabilización que han conducido a los conflictos actuales? 
En cuanto a las supuestas fuerzas de mantenimiento de la paz, como las de la Comunidad Económica del África Occidental (CEDEAO) , los precedentes de Sierra Leona y de Liberia demuestran que, en general, no hacen más que añadir otra banda armada a las que ya se enfrentan de espaldas a la población. 
No hemos avalado con nuestro voto un texto hipócrita con el que los diputados al Parlamento Europeo únicamente quieren tranquilizar sus conciencias. 
. – La resolución común adopta desde el principio un tono paternalista asegurando que el conflicto de Côte d ' Ivoire «no puede atribuirse únicamente al factor étnico »... lo que de todos modos revaloriza dicho factor. 
Pero ¿no fueron la neoliberalización de la economía marfileña, el descenso de las cotizaciones de las materias primas y la consiguiente depauperización de la población y la manera en que las multinacionales han enfrentado abiertamente las facciones neocoloniales marfileñas entre sí, los que favorecieron la receptividad al discurso de la «marfileñidad» y los golpes de Estado? 
En la resolución común no se menciona la necesidad de que se retiren las tropas francesas de mantenimiento de la paz. Ahora bien, debido a la relación histórica del Ejército y las empresas francesas con la clase política marfileña y de los Estados vecinos, no puede considerarse que el Ejército y la diplomacia francesa ocupen una postura neutral, de modo que habría que promover a otros agentes. 
Por consiguiente, el marco de Linas-Marcoussis está viciado en muchos aspectos. 
La mejor política de prevención de conflictos es la de erradicación de sus causas y, en el caso que nos ocupa, los pirómanos no pueden ser buenos bomberos. 
Hay que abandonar la lógica neocolonial profundamente antidemocrática para avanzar hacia otra forma de cooperación entre Europa y África. 
Me he abstenido, por tanto, sobre una resolución que no encara con determinación estos problemas. 
. – Una vez más, el Parlamento ha adoptado, a propósito de la desastrosa situación en Côte d’Ivoire, una resolución mediocre, que no distingue entre su causa principal de la situación y los factores de importancia secundaria. 
Lo esencial es que un conjunto de fuerzas, apoyándose en una base étnica y practicando abiertamente el racismo (intertribal, antiblanco, antifrancés) , está dilapidando la herencia de estabilidad y prosperidad que ha recibido. 
Las arbitrariedades cometidas desde hace quince días en Abiyán por los denominados milicianos «patriotas» contra representantes de ONG humanitarias, que realizan un notable trabajo, en particular al servicio de los niños y de los representantes diplomáticos, son tanto más escandalosas e inaceptables cuanto que tienen lugar en la más completa impunidad y bajo la mirada cómplice de las fuerzas del orden. 
Hay que denunciar claramente el doble juego de las autoridades gubernamentales. 
Estas manifestaciones no tienen nada de espontáneo. 
Están organizadas en secreto por el Presidente Gbagbo y su entorno, cuyo arte en el doble lenguaje alcanza altas cotas. 
Los «jóvenes patriotas» son armados, financiados y utilizados por un Gobierno legal que comete dejadez de sus funciones. 
Ante la magnitud de estas arbitrariedades, Francia y la Unión Europea deben adoptar con urgencia un lenguaje de firmeza y establecer un vínculo claro entre la ayuda y el respeto de los derechos, si no quieren dar la impresión de indiferencia o complicidad. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(4) 
– Señor Presidente, durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre de 2003, el número de víctimas inocentes de la invasión criminal en el Afganistán por las fuerzas armadas norteamericanas aumentó con la muerte de quince niños, asesinados en los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas de ocupación. 
Desde el comienzo de la invasión del Afganistán, se ha puesto fin a la vida de miles de niños y civiles con el pretexto de derrocar al régimen talibán. No obstante, el objetivo real es el de ocupar este país. 
Una situación similar, incluso peor, la encontramos en el Iraq, a raíz de la invasión ilegal y brutal de esta región por las fuerzas norteamericanas y británicas. 
Sin embargo, mientras que el Parlamento Europeo ha demostrado una sensibilidad especial ante las muertes acontecidas entre los invasores, guardando un minuto de silencio en su memoria, permanece indiferente ante las innumerables víctimas que estos han ocasionado. 
Señor Presidente, quisiera pedir a la Mesa que, en el transcurso de la próxima sesión plenaria, invite a la Cámara a guardar un minuto de silencio en memoria de los niños y de los miles de civiles fallecidos durante las invasiones mencionadas. 
La Presidencia ha tomado nota de su propuesta y la transmitirá a las autoridades competentes para su consideración. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0435/2003) de la Sra. Sommer, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la generalización y la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras en la Comunidad [COM (2003) 132- C5-0190/2003- 2003/0081 (COD) ]. 
. – Para empezar quiero expresar mi caluroso agradecimiento a mis colegas de esta Cámara por su constructiva colaboración, especialmente a los ponentes alternativos. Muchas gracias. 
La propuesta presentada por la Comisión es sin duda muy ambiciosa, ya que promete grandes avances gracias a una progresista e innovadora tecnología basada en la localización por satélite y en las comunicaciones móviles. 
De acuerdo con la propuesta, se exigirá a los Estados miembros que apliquen esta tecnología al cobro de los peajes para el año 2012 a más tardar. Y los demás sistemas técnicos utilizados en la actualidad, basados una tecnología de microondas de corto alcance, deberán ser suprimidos. 
La intención de esta medida es la de lograr la interoperabilidad técnica, el objetivo real de la legislación. 
Esta propuesta es acertada. 
En un mercado interior común, resulta inaceptable la existencia de barreras técnicas que frenan el flujo del tráfico y, en consecuencia, del transporte de mercancías. 
El resultado derivado de la incompatibilidad entre los sistemas de peaje nacionales no podía ser otro: dificulta el tráfico internacional por carretera e interfiere en el buen funcionamiento del mercado interior. 
La propuesta legislativa pretende lograr además la interoperabilidad contractual; la emisión de un único contrato para cada usuario, con validez en toda Europa, constituye claramente un aspecto positivo. 
Asimismo, he de mencionar que se trata de un objetivo ambicioso dada la constante necesidad de un mayor nivel de armonización en el seno de la Unión Europea, ya sea en el ámbito fiscal, administrativo o jurídico. 
No obstante, como ponente de esta Cámara, no he podido secundar la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la interoperabilidad técnica. 
¿Por qué? 
El problema al que nos enfrentamos es que la nueva tecnología de peaje propugnada por la Comisión, desarrollada por el momento solo en Alemania, todavía no funciona. 
Si una tecnología no funciona no existe en términos reales. 
Por tanto, ¿pueden los legisladores imponer la aplicación de algo que aún no existe? 
En cualquier caso, ¿corresponde a los legisladores prescribir una tecnología u otra? 
No, no creo que sea así. 
Puesto que la mayoría de mis colegas diputados comparten mi opinión de que compete al mercado decidir las tecnologías específicas que han de ser utilizadas, hemos acordado no apoyar a la Comisión en este punto. 
Preferimos que se adopte un enfoque más neutral desde el punto de vista tecnológico. 
Tenemos claro que es preciso alcanzar el objetivo real: la interoperabilidad técnica de los diferentes sistemas. 
Y según los usuarios –la empresas que operan en los distintos Estados miembros en que se utilizan sistemas de peaje electrónicos–, esto es posible. 
Con propuesta actual, ahora modificada, pretendemos hacer hincapié en este aspecto; hay que lograr la interoperabilidad técnica, lo cual significa en última instancia que la tecnología usada actualmente solo debe cambiarse cuando no permita establecer comunicación con otros sistemas tecnológicos. 
Asimismo, creemos que es importante salvaguardar el principio de subsidiariedad. 
La decisión básica sobre el hecho de cobrar o no un peaje, así como sobre la clase de vehículos, tramos o carreteras sobre los que se impondrán los cánones, ha de mantenerse entre las competencias de los Estados miembros. 
Es importante también que aproveche esta oportunidad para señalar que es esencial conferir la máxima prioridad al asunto de la protección de datos para evitar que la información sobre los conductores pase a ser del dominio público. 
Permítanme añadir que, en todos nuestros debates, he destacado con insistencia la extraordinaria relevancia de la tecnología de satélite. 
Estoy convencida de que vamos en la dirección correcta al desarrollar el programa Galileo, el sistema por satélite europeo. 
Para que esta convicción conste en acta, acabo de presentar, en primera lectura, una enmienda redactada en términos aún más contundentes. 
Quiero subrayar que fue mi estimada colega, la Sra. Langenhagen, quien presentó originalmente esta enmienda en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, donde me pareció demasiado rigurosa como para contar con una mayoría. 
No obstante, en lo que respecta a la votación de mañana en sesión plenaria, tengo la sospecha de que esta Cámara otorgará un rotundo voto a favor de que Europa disponga de su propio sistema de navegación por satélite, que nos permita a los europeos ser independientes de los demás. 
Por este motivo, les pido una vez más su apoyo. 
Para terminar, les ruego que me crean cuando digo que para mí, como ponente alemana, no ha sido un asunto fácil –bien lo sabe Dios– proponerles esta perspectiva. 
El proyecto original de la Comisión habría proporcionado finalmente a la industria alemana una excelente oportunidad: comercializar la innovadora tecnología de tarificación en toda Europa. 
Esta nueva tecnología es fantástica. 
No solo se trata –estoy segura– de la única solución técnica apropiada para las condiciones alemanas, sino que además presenta otras muchas aplicaciones potenciales aparte del simple cobro de peajes. 
Sin embargo, he de repetir que la ley no puede declarar obligatoria una tecnología que no existe en términos reales. 
Me angustia amargamente el hecho de que el enfoque diletante aprobado por el Gobierno federal alemán, en especial en lo que respecta a la negociación de los contratos para la introducción de la tecnología de cobro de peajes, haya ocasionado un desastre de este tipo, el cual no nos permite adoptar, en el ámbito comunitario, otra solución que la que acabo de proponerles. 
. – El mensaje de las estadísticas es claro, especialmente en lo que se refiere al tráfico de mercancías a través de los Alpes. 
En Suiza, un 66% de las mercancías se transporta en tren y un 30% por carretera; en la Unión Europea, estos porcentajes se invierten y la diferencia es aún más acusada. 
Desde un punto de vista político, esto significa que los suizos han conseguido poner en práctica algo de lo que somos incapaces los demás países de Europa, de la Unión Europea. 
Fijan los gravámenes sobre el tráfico pesado en un nivel que permite internalizar por completo todos los costes externos, cubriendo así todos los gastos derivados del mantenimiento de las superficies viales, los accidentes y el daño medioambiental causado por la contaminación acústica y atmosférica. 
De estos ingresos, un 80% se destina a la alternativa de transporte: a la construcción de túneles, a las medidas de protección frente al ruido de los ferrocarriles y a la mejora de los servicios ferroviarios. 
Por otro lado, en el terreno tecnológico, los suizos, desde su pequeña Suiza, también se encuentran más avanzados que la Unión Europea. 
Los suizos cuentan con un sistema que funciona sin problemas, basado en la tecnología de microondas, que se combinará en el futuro con los tacógrafos digitales. 
La pregunta es: ¿por qué no podemos conseguir lo mismo en la Unión Europea? 
La propuesta de euroviñeta vuelve a plantear un nivel máximo, tan bajo que nadie puede creer seriamente que ofrezca incentivos apropiados para fomentar el uso del ferrocarril frente al transporte por carretera; tampoco, de hecho, se permite a los Estados miembros destinar la mayor parte de este dinero a este otro modo de transporte. 
Por lo tanto, se trata de una política poco entusiasta, cuyas consecuencias se pueden apreciar al observar las estadísticas sobre el cambio climático, los accidentes, etc. 
De forma bastante parecida al Ministerio de Transportes alemán, la Comisión se ha dejado presionar para favorecer a dos grandes agentes y pretende imponernos una tecnología por satélite que aún no está completamente desarrollada. 
Opino que convendría que nosotros, desde la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, así como los miembros de las demás comisiones, hiciéramos ver a la Comisión la prosaica realidad y exigiéramos neutralidad en los asuntos tecnológicos. 
Para concluir, quiero decir algo acerca del efecto que la competencia distorsionada entre el transporte por carretera y ferrocarril tiene en la sociedad. 
Tras la aprobación en esta Cámara, en una única lectura, de la directiva del Sr. Markov sobre las horas de conducción y los períodos de descanso, el Sr. Berlusconi y su Gobierno ni siquiera consideraron necesario incluir este asunto en el orden del día del Consejo. 
Pienso, simplemente, que esto es un escándalo. 
¿Cómo pretendemos avanzar en el frente social y en el medioambiental en Europa si no se permite que directivas tan significativas se tramiten en el Consejo? 
Gracias Señoría. 
El Presidente es tolerante con los ponentes, pero ha rebasado en más del cincuenta por ciento su tiempo de uso de la palabra y luego sus colegas se van a quejar. 
Les agradecería que se atuvieran al tiempo especificado. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecerles su apoyo a nuestra iniciativa sobre la interoperabilidad del telepeaje, que constituye un elemento esencial de la política europea de tarificación de infraestructuras y de gestión de la demanda de transporte. 
Esta Directiva figura entre las propuestas del Libro Blanco sobre la política de transportes y, evidentemente, es un paso previo para instaurar los nuevos sistemas de euroviñeta y para facilitar el pago por parte de los usuarios de los costes que supone la utilización de las infraestructuras rodoviarias. 
La Directiva tiene los tres objetivos siguientes: en primer lugar, la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje; en segundo lugar, la implantación de un sistema de telepeaje europeo; y, en tercer lugar, la introducción de la tecnología de satélites. 
El principio de la interoperabilidad permite eliminar los obstáculos que se oponen a la realización del mercado interior del telepeaje y, por lo tanto, evitar barreras; también permite extender el telepeaje a mayor escala y limitar la congestión que se produce en las zonas de cobro. 
El servicio europeo de telepeaje que proponemos, al igual que la interoperabilidad de los sistemas, responde a una auténtica necesidad de los usuarios, en especial de los transportistas, que desean disponer cuanto antes de un medio de pago electrónico, único para toda la red. 
El servicio que proponemos, basado en el principio del contrato único, brinda, tanto a los usuarios como a los explotadores, la protección de un documento jurídico claro y utilizable en caso de litigio. 
Se trata de realizar en este terreno lo que ya existe, por ejemplo, en el de la telefonía móvil o en el de los sistemas de tarjetas bancarias. 
Con relación a la migración de los sistemas de telepeaje actuales, basados en los sistemas de microondas, hacia la tecnología de satélite, diré que ésta es la única solución de futuro que permite responder a la diversidad de necesidades de la política de tarificación de la Unión Europea y que permitirá, además, mejorar considerablemente la calidad del transporte por carretera, gracias a la implantación de nuevos servicios telemáticos y de nuevas posibilidades, especialmente sistemas de seguridad, como limitadores de velocidad, dispositivos anticolisión, seguimiento del tráfico de materias peligrosas, información a los viajeros- en función de su posición- sobre la situación de las distintas carreteras y sobre la fluidez del tráfico en los distintos puntos, etc. 
Señor Presidente, la ausencia de un compromiso firme en favor de la tecnología de satélite no resultaría del todo coherente con la política decisiva que están manteniendo esta Comisión y este Parlamento muy especialmente, así como el Consejo y la Unión Europea en su conjunto, a favor del sistema Galileo. 
Quiero decir que son numerosos los Estados miembros- con las notorias excepciones de Alemania e Italia- que desean seguir utilizando sistemas de microondas en paralelo a los sistemas de satélite. 
Este deseo, que resulta comprensible dadas las inversiones ya realizadas, puede atenderse integrando una firme recomendación de la solución de los satélites- en vez de adquirir ya el compromiso pleno y cerrado- que permita que a medio plazo ésta sea una realidad. 
Esto lo acepta también el Consejo. 
Voy a escuchar el resto del debate, pero espero que, gracias a la labor realizada por la ponente, Sra. Sommer, y por el coponente, Sr. Turmes, así como gracias al trabajo efectuado por el Consejo, podamos adoptarlo en primera lectura- importantísima, insisto- para facilitar, de cara al futuro, la utilización de los sistemas de peaje en las carreteras. 
Señor Presidente, hoy no íbamos a hablar de la "Directiva euroviñeta", pero quiero decir al Sr. Turmes que el grupo de trabajo de transportes ya se ha reunido en varias ocasiones con objeto de avanzar en el debate de esa compleja Directiva, y que estamos intentando conseguir un resultado tan exitoso como el que espero en la "Directiva telepeaje", es decir que, en primera lectura- antes, por tanto, de que termine el actual mandato del Parlamento -, éste y el Consejo puedan adoptarla. 
– Señor Presidente, felicito a la ponente, la Sra. Renate Sommer, por la labor realizada en la elaboración de su informe. 
Sin duda, se trata de un trabajo tan excelente que creo que se llegará a un acuerdo con el Consejo en primera lectura, lo cual resta interés al debate de hoy. 
No obstante, en cualquier caso, esto no impide que recordemos que la Sra. Sommer ha desarrollado su trabajo de un modo extraordinario y sistemático, y ha conseguido que la propuesta inicial de la Comisión sea aceptada por casi la mayoría de los miembros de nuestra comisión. 
Al mismo tiempo, ha acordado con el Consejo que se actuará con mucha rapidez en el asunto primordial, es decir, en la interoperabilidad de los sistemas de peaje en el seno de la Unión Europea. 
En principio, apoyamos la propuesta de la Comisión porque facilita las cosas a los usuarios, los conductores, quienes encontrarán menos impedimentos en el transporte transfronterizo con este enfoque. 
Tan solo tenemos unas pocas objeciones que hacer –y me complace que tanto la Comisión como el Consejo las comprendan–, las cuales giran en torno a dos puntos. 
En primer lugar, quisiera saber cuándo se empezará a aplicar este nuevo concepto de peaje. 
Sugerimos que se aplace el calendario de 2005 a 2007 para los autobuses y los camiones, ya que consideramos que harán falta dos años más para que puedan adaptarse todos aquellos que deban hacerlo y que así el sistema se pueda poner en marcha. 
En segundo lugar, ¿se aplicará el nuevo sistema de localización por satélite con carácter exclusivo o no? 
Este sistema provocó un sinfín de problemas cuando se empezó a introducir en Alemania. 
Opino que la ponente se puede enorgullecer por mostrar una auténtica percepción europea de este problema concreto; en otras palabras, ella no trata de imponer el sistema alemán exclusivamente, sino que propone, junto con todos sus colegas diputados, que esta decisión se adopte por mutuo acuerdo entre el sector pertinente, los Estados miembros y los demás organismos implicados. De este modo, podremos garantizar la existencia de sistemas interoperables y eficientes para todos. 
– Señora Comisaria, señor Presidente, en primer lugar quisiera presentar mis más profundos respetos a la Sra. Sommer por la calidad del trabajo que hemos tenido ocasión de realizar juntos –por su capacidad de escucha, por su flexibilidad también todas las veces que hemos tenido divergencias– y que debería, espero, permitirnos disponer de un texto muy bueno desde la primera lectura, un texto que espero que sea definitivo. 
Creo que esta Directiva es muy importante, por una parte, porque su vocación es facilitar la vida a todos los profesionales del transporte por carretera, que naturalmente pasan por estaciones de peaje y a menudo necesitan cambiar de sistema o de modo de pago, pero también porque es una Directiva que está muy abierta a perspectivas de futuro, en particular en lo que se refiere a la implantación del sistema Galileo. 
En el Partido de los Socialistas Europeos considerábamos inicialmente que esta Directiva era un tanto rígida y muy restrictivo para el sector de autopistas. 
En efecto, le exigía realizar muy pronto la interoperabilidad de los sistemas actuales a base de microondas, es decir, efectuar grandes inversiones para migrar muy rápidamente, dos años después, a otro sistema. 
Sin duda era inaceptable pedir semejante esfuerzo por duplicado, y celebro que hayamos llegado a un acuerdo en torno a la enmienda 48, de la Sra. Sommer, que recomienda vivamente Galileo y recomienda encarecidamente esperar un informe intermedio de la Comisión para determinar en qué condiciones efectuaremos dicha migración. 
Sin embargo, tenemos gran interés en el sistema de localización por satélite y consideramos que es el futuro, no solo para los peajes, sino para otros muchos servicios. 
En segundo lugar, consideramos que hemos favorecido la interoperabilidad de los sistemas, es decir, que la mayoría de las enmiendas que hemos presentado, ya se trate de la 11, presentada por nosotros mismos, o de la 46, presentada por la Sra. Sommer, tienen como objetivo esencial, no forzosamente la uniformidad del sistema, sino la interoperabilidad de los sistemas, y pensamos que, a corto plazo, es lo que hay que exigir. 
En otros términos, se trata también de hacer que determinados sistemas microondas puedan ser interoperables con el GPM-GPRS. 
Además, hemos reconsiderado el calendario. 
Creo que el calendario que la Comisión nos proponía era simplemente irrealista, porque no tenía en cuenta el tiempo necesario para la labor legislativa y no podíamos exigir tan rápidamente una adecuación del sistema europeo de telepeaje, es decir, hasta el 1 de enero de 2005. 
Por último, por parte del Partido de los Socialistas Europeos, propusimos, a petición de la ciudad de Londres –que no me parece especialmente socialista y que está muy atenta a este debate–, restringir un poco el ámbito de aplicación y prever al menos una fase transitoria para los sistemas locales de peaje. 
En efecto, esta ciudad acaba de implantar su propio sistema. 
Es una experiencia muy prometedora y creo que no hay que forzarla demasiado. 
En cambio, nos oponemos ferozmente –sin duda es un término excesivo– a las enmiendas presentadas por nuestros colegas italianos –las enmiendas 19, 23, 26, 27 y 29–, que tienden a proponer un sistema de normas contractuales, más que un servicio europeo de telepeaje. 
Creemos que es necesario un servicio europeo de telepeaje. 
Es jurídicamente más claro, más estable, más sencillo, más legible. 
Por tanto, nos oponemos a las propuestas de nuestros colegas italianos. 
En contrapartida, abundaremos en el sentido de la enmienda 39 para la protección de la privacidad, desde el momento que se prevé una migración hacia Galileo. 
Nos parece que estas precauciones no son vanas. 
Por último, aprobaremos y apoyaremos la enmienda 40 presentada por el Grupo Verts/ALE, porque pensamos que un peaje no puede limitarse a ser un impuesto o un tributo más. 
Un peaje tampoco puede ser simplemente un medio de amortizar la infraestructura vial. 
Un peaje debe ser también un instrumento de la política de transporte y debe poder garantizar la transferencia modal y la financiación cruzada hacia otros modos de transporte alternativos en el futuro. 
Señor Presidente, empezaré felicitando a la ponente por el excelente trabajo realizado. 
Actualmente, vemos que cada vez son más los países de la Unión Europea que implantan el cobro de peajes en el transporte por carretera, a menudo basándose en sistemas técnicos diferentes. 
Considero que este es uno de los puntos principales que hay que destacar: debemos evitar centrarnos exclusivamente en un único sistema técnico, como la navegación por satélite, para, justo al contrario, permitir el funcionamiento de diferentes sistemas que sean interoperables. 
Basta observar la situación en Alemania, donde se ha adoptado unilateralmente un sistema específico que, a la vista está, no funciona según lo esperado. 
Hay que evitar seguir el ejemplo de este país en el ámbito comunitario. 
En relación con el sistema alemán, existía otro problema: no había suficientes cajas disponibles y, en consecuencia, los transportistas de los diferentes países no han tenido la oportunidad de instalarlas en sus vehículos. 
Asimismo, hay otro aspecto que debemos evitar en el futuro. 
Creo que, para llegar a ser un sistema centrado en los usuarios, tiene que garantizar, desde un punto de vista estrictamente técnico, que los transportistas y los conductores solo necesiten instalar una única caja en cada vehículo. 
De este modo se reducirán las cargas administrativas de las empresas de transporte, al tiempo que aumentará la seguridad vial, ya que los conductores solo tendrán que concentrarse en un aparato. 
Además, es importante que se garantice el acceso de los usuarios a una red coherente a través de un único contrato relativo a la red general de carreteras de peaje. 
Es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos durante la lectura de este informe. 
Por consiguiente, confío en que alcancemos un acuerdo que permita a los usuarios tomar las riendas de la cuestión. 
Por otro lado, espero que se hayan dado cuenta de que no he agotado todo mi tiempo para compensar el hecho de que algunos, a diferencia de mí, han sobrepasado su turno. 
– Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, he de repetir que no estoy de acuerdo con la Comisaria y que, en realidad, este informe guarda estrecha relación con el tema de la euroviñeta, entre otros. 
El hecho es que la introducción de una euroviñeta depende de la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje. Esto significa que la tecnología debe estar disponible y en funcionamiento antes de que se pueda implantar el cobro por la euroviñeta, y todos sabemos que necesitamos el dinero con mucha urgencia. 
Sabemos que hay una importante escasez de fondos en el sector ferroviario. 
En efecto, en los últimos debates celebrados sobre el volumen de los presupuestos comunitarios pudimos comprobar que en este sector es preciso distribuir de forma realista tanto los ingresos como los costes. 
Es decir, el transporte por ferrocarril, que ha de sufragar sus propios gastos, ha de ser tratado en igualdad de condiciones que el transporte por carretera en lo que respecta a los costes. Y por otro lado, conviene que los vehículos de transporte pesado y otro tipo de tráfico de mercancías paguen también por el uso de las carreteras. 
Por lo tanto, apoyamos sin reservas a la Sra. Sommer en relación con las orientaciones establecidas y secundamos su declaración relativa a la necesidad de hallar una solución independiente de la tecnología. 
El objetivo consiste en poder utilizar la tecnología actual en cualquier parte y tan pronto como sea posible. 
Esto es lo que pretendemos conseguir, y el hecho de que el Parlamento se mantenga en esta línea resulta verdaderamente positivo. 
Gracias, señora Sommer: debemos encontrar una solución viable, para lo que cuenta con todo nuestro apoyo. 
La introducción del instrumento que necesitamos –la euroviñeta, el instrumento político que pretende establecer este informe de indudable marcado carácter técnico– depende por completo del hallazgo de una solución factible. 
Así, en calidad de representante de un Gobierno que ha mostrado el camino que no hay que seguir, puedo afirmar que los Verdes –y comparto absolutamente la opinión de los Verdes alemanes al respecto– consideran que la viabilidad constituye un factor decisivo de toda solución. 
Permítame prevenirle, señora Comisaria, contra la idea de tratar por todos los medios de conseguir una gran tecnología que no siempre funciona, a costa de descuidar los demás aspectos prácticos. 
Opino que el informe de la Sra. Sommer impone las condiciones acertadas y demuestra el modo en que se debe proceder. 
– Señor Presidente, Señorías, aprovecho la oportunidad que me brinda el debate de este informe para subrayar la distinción que debemos mantener entre la armonización de los sistemas de cobro de peajes y la percepción uniforme de cánones a modo de impuesto. 
Me refiero, por un lado, a los aspectos técnicos que se están discutiendo, a través de los cuales se pretende alcanzar la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de cobro de peajes en toda la Unión. 
Nadie en su sano juicio se opondría a esta idea. 
No obstante, me asombra que en este informe se deje de lado una serie de problemas políticos relevantes planteados durante el debate de este tema, así que sería conveniente llevar a cabo un debate más exhaustivo. 
En particular, quiero destacar el hecho de que han de ser los propios Estados miembros quienes evalúen la conveniencia de un sistema de telepeaje para los camiones y los vehículos de pasajeros. 
Me parece bastante lógico que en un Estado periférico o insular, como Portugal o Malta (cuya adhesión está prevista para dentro de poco) , las consideraciones económicas y políticas sean diferentes de las reinantes, por ejemplo, en Flandes, que al estar ubicada entre Alemania, Francia, los Países Bajos y Gran Bretaña, se convierte en una intersección central del tráfico de la Unión Europea. 
Las autopistas flamencas corren el riesgo de verse colapsadas por el aumento exponencial del tráfico de mercancías. 
Con el fin de estimular el transporte marítimo y por ferrocarril, por ejemplo, sería preciso que Flandes aplicara criterios diferentes de los utilizados en los demás Estados miembros si decidiera introducir sistemas de cobro de peaje por el transporte de mercancías en un futuro, ya que actualmente no cobra ningún peaje. 
Lo mismo se aplica al cobro de peajes por el transporte de pasajeros, en el que diversos factores, incluidos el turismo, la densidad del tráfico, la contaminación atmosférica, las estructuras económicas y otros, influyen a la hora de determinar la conveniencia de la recaudación de peajes. 
Es preciso que cada Gobierno tenga derecho a sopesar por su cuenta si se deberían aplicar más impuestos a unos conductores que ya soportan fuertes tributos; estamos hablando de trabajadores que mantienen engrasadas las ruedas de la industria. 
En este momento, Europa tiene que armonizar los aspectos técnicos –y quisiera que quedara claro este punto– de los sistemas de telepeaje. 
En cuanto a la toma de decisiones políticas y económicas en este ámbito, sería aconsejable que el Parlamento y la Comisión mostraran un poco más de respeto al principio de subsidiariedad, del que solo se suele hablar de boquilla. 
– Señor Presidente, en primer lugar me gustaría sumar mis felicitaciones a las ya recibidas por la ponente, que ha realizado una excelente labor al revisar algunos de los aspectos menos realistas de la propuesta. 
Sin embargo, todavía persisten algunas cuestiones que requieren clarificación. 
Una de mis principales preocupaciones se refiere al tema tan familiar de la subsidiariedad, que ya ha mencionado el orador precedente. 
En este caso en particular, no creo que la UE deba imponer el precio de los peajes al Reino Unido o a ningún otro país, y por ello me complace ver en este informe una enmienda que garantiza el principio de subsidiariedad. 
Así pues, ha quedado claro que la propuesta no debe implicar la introducción obligatoria de sistemas de peaje en toda la UE. 
Dicha medida significaría sin duda que, por ejemplo, el Gobierno británico, que actualmente está considerando la posibilidad de introducir peajes, simplemente eche la culpa de una medida tan impopular a la Unión Europea. 
También me complace comprobar que dejaremos que el mercado dicte la tecnología que deba utilizarse. 
La idea de que un sistema por satélite sería nuestro único sistema me parece sumamente ridícula. 
De hecho, es la propuesta de utilizar tecnología de satélite la que más me irrita. 
En varias ocasiones he expuesto en la comisión parlamentaria que este tipo de tecnología plantea problemas en materia de libertades civiles que constituyen una grave amenaza para la vida cotidiana de las personas. 
Todos sabemos que el rastreo por satélite, mal utilizado, no es sino otra forma del Gran Hermano de Orwell. 
Y también tenemos el coste, no despreciable, para las empresas y los particulares, los cuales probablemente tendrán que pagar los gastos de instalación de esta tecnología. 
En un punto mucho más positivo, la decisión de la comisión parlamentaria de volver a introducir las fechas de aplicación propuestas por la Comisión ha sido muy bien acogida. 
La solicitud original era muy ilógica y poco realista. 
Pero desgraciadamente, a menos que se resuelvan plenamente los problemas a los que he hecho referencia, en particular la referencia al uso de sistemas de satélite, no podré votar a favor de la propuesta general de la ponente. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para empezar quiero felicitar igualmente a la Sra. Sommer por su riguroso y exhaustivo trabajo, aunque admito que hubiese preferido un informe más cercano a la propuesta de la Comisión. 
Opino que la propuesta de la Comisión era –o es– más atrevida y progresista, si bien es cierto que también un poco más arriesgada. 
Lamentablemente, he de añadir que los funcionarios de la Comisión quizás no han puesto el suficiente entusiasmo o energía a la hora de elogiar los méritos técnicos de esta propuesta. 
Aunque está claro que podemos aceptar el trabajo que ha realizado la Sra. Sommer y que ha aprobado la comisión parlamentaria, quisiera señalar que la imagen de Europa resultaría más favorecida si aplicáramos la tecnología más moderna, no solo porque es la más actualizada, sino porque es sumamente flexible. 
Los defensores de los sistemas de telepeaje, en cualquier caso, son conscientes de la importancia de este tipo de gravámenes en lo que respecta a la regulación del flujo de tráfico y a la desviación del mismo de las zonas saturadas o más vulnerables desde el punto de vista medioambiental a otras rutas alternativas. 
Saben que es preciso alcanzar un alto grado de flexibilidad que solo puede proporcionar la tecnología de satélite, que precisa menos infraestructuras que los peajes que utilizan tecnología de microondas. 
Reconozco, no obstante, que las experiencias negativas afrontadas en estos momentos por los alemanes no contribuyen a la aceptación de este principio. 
Precisamente por este motivo la Sra. Sommer, quien debería haberse mostrado más favorable a un sistema de este tipo, no ha podido defender su causa. Siempre ha tenido presentes las noticias de prensa de Alemania y no ha podido avanzar más en este terreno. 
Dirigiré mis últimos comentarios a la Comisión, que quizás informará acerca de la situación en torno al programa Galileo y el sistema de navegación por satélite en una de las próximas reuniones de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Al principio de mi intervención he calificado la propuesta de la Comisión de atrevida, aunque bastante arriesgada: esto último en la medida en que dependemos de un sistema de navegación por satélite, Galileo en particular. 
Tengo la impresión de que el uso de este tipo de sistemas en Europa originará importantes problemas. Al parecer, los norteamericanos están tratando de presionar –mantenemos conversaciones independientes y específicas con ellos– en lo que respecta a la influencia de su país en el sistema, el cual resulta cada vez menos preciso y puede incluso, llegado el caso, ser desconectado. 
No sé si la Comisaria tendrá algo que decir sobre este tema al final del debate o si podrá, cuando surja la oportunidad, informar a la comisión parlamentaria sobre la situación real en este ámbito. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, ante todo doy las gracias a la Sra. Sommer por el importante trabajo llevado a cabo. 
Quisiera incidir en el objetivo de esta directiva, que no es otro, claro está, que el de la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de cobro de peajes. 
No obstante, no hay duda de que el objetivo real va más allá para tratar de conseguir la internalización de los costes medioambientales externos. 
Varias han sido las enmiendas presentadas con esta intención. 
Después de todo, aún persisten los problemas principales relacionados con el tráfico. 
En este momento, transcurridos más de cuatro años desde que entré a formar parte de esta Cámara, se sigue debatiendo sobre la misma cuestión. 
Los problemas son evidentes: el medio ambiente, el ruido, las emisiones, la congestión, la falta de seguridad; podría mencionar unos cuantos más. 
Estos problemas se encuentran vinculados de forma inextricable al crecimiento económico. 
Casi todos los economistas del transporte coinciden en que la imposición de sistemas de peaje es el único modo de limitar el tráfico y solucionar el problema. 
En los titulares de la prensa de hoy de los Países Bajos se hace alusión a la reducción de los atascos gracias al cobro de peajes en diferentes niveles. 
Aunque en teoría esto es cierto, es indudable que el origen del problema se encuentra en cierto modo en la actitud del Consejo de Ministros. 
A principios de este mes se nos ha informado desde el Consejo de Ministros de que los Ministros en general y los Ministros de Transportes, en todos los niveles, se muestran totalmente indecisos acerca de la tarificación por kilometraje. 
Tras escuchar las propuestas de la Sra. Peijs, ex diputada y actual Ministra de Transportes en los Países Bajos, podría afirmar que equivalen a imponer una «tarifa plana». 
Es preciso implantar un sistema de cobro basado en el precio, la ubicación, el tipo de vehículo y un sinfín de aspectos adicionales, lo cual requiere el uso de tecnología moderna. 
A pesar de esto, compartimos la opinión de la ponente de que, por el momento, conviene evitar deshacerse sin más, de pasada, de otras técnicas como la comunicación por microondas. 
Eso sería ir demasiado lejos. 
Asimismo, creo que nos estamos precipitando al utilizar la denominada tecnología Galileo. 
¿Por qué nos empeñamos en seguir adelante con ella? 
Ya existen las tecnologías GSM y GPS, y la GPS2 está a la vuelta de la esquina. 
El debate en torno a Galileo es de sobra conocido; también en esta Cámara se ha discutido al respecto. 
Lo que estamos a punto de poner en marcha ahora es una especie de sistema para camiones, que yo no considero estrictamente necesario. 
Al observar los ejemplos de Suiza, las, etc., se puede llegar a la conclusión de que es conveniente disponer de diferentes tecnologías innovadoras. 
En mi opinión, deberíamos contar con otra tecnología aparte de Galileo, quizás GSM. 
Con otra tecnología que sea al mismo tiempo compatible, según lo acordado anteriormente, para así poder registrar avances destacados en este terreno. 
Esperamos poder resolver este problema futuro. En cualquier caso, insto a los Ministros de Transportes a que se expresen acerca del modo en que se utiliza el dinero, si las cantidades recaudadas se destinan o no a finalidades como, por ejemplo, la mejora de los sistemas ferroviarios, entre otras, es decir, la llamada «tarificación cruzada». 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Sommer, a quien doy las gracias por su trabajo, opino que en ocasiones nuestros debates serían más sencillos si estuviéramos un poco más informados del orden del día. 
Estoy de acuerdo con la idea de que esta propuesta de directiva permitirá simplificar y, en consecuencia, fomentar en cierto modo el uso generalizado de los sistemas de cobro a través de peajes, derechos de uso y otros medios, si bien la directiva no versa tanto sobre la tarificación como sobre la cuestión de la interoperabilidad de los diferentes sistemas. 
Para nosotros, este objetivo resulta completamente indispensable, ya que las barreras comerciales y las distorsiones potenciales del mercado interior solo se podrán eliminar si se garantiza la interoperabilidad. 
En este sentido, lo que hacemos no es apoyar los monopolios de explotación o tecnológicos, sino manifestar que resulta imprescindible lograr la interoperabilidad. 
No tengo nada en contra de la inversión en tecnologías innovadoras o en el sector de la navegación por satélite según lo expuesto por la ponente. 
En diversas ocasiones he podido escuchar distintas objeciones que aluden al riesgo denominado «gran hermano». 
No soy defensor del «gran hermano» , y con total sinceridad les diré que no me agradaría que se diese esa situación, independientemente del país de procedencia. 
No sería correcto que permaneciéramos completamente indiferentes ante el «gran hermano» del Sr. Bush y que solo nos preocupara el «gran hermano» europeo. 
Aunque, sin lugar a dudas, si tuviera que elegir entre los dos, me quedaría con la rama europea de la familia. 
Un último comentario: el compromiso de la interoperabilidad debe aplicarse también a las normas contractuales, simplificando las cosas también para los usuarios y los contribuyentes. 
Es preciso establecer normas claras para que las normas y las relaciones contractuales aplicables a cada operador sean flexibles y se encuentren disponibles para el uso común por parte de todos los operadores. 
Las barreras jurídicas, fiscales y de otro tipo dificultan la referencia obligada a un sistema de contrato único. 
– Señor Presidente, los diputados laboristas británicos al PE apoyan plenamente el principio de quien contamina paga y, teniendo esto en cuenta, creo que el coste del transporte por carretera debería reflejar más fielmente los costes reales para la sociedad y, sobre todo, para el medio ambiente. 
La mejor manera de hacerlo es introduciendo sistemas de pago, en los casos adecuados y donde exista apoyo local. 
El cobro de peajes desempeña un papel destacado en la lucha contra los atascos, la contaminación y el calentamiento del planeta. 
El acertado y popular sistema de peaje que se aplica en el centro de Londres constituye un ejemplo de este planteamiento y representa el sistema de peaje urbano más ambicioso de Europa. 
Otros centros urbanos británicos están llevando a cabo iniciativas similares. 
Para los camiones, el Partido Laborista británico propone la introducción de una tasa por el uso de camiones que se implantará en 2006 y que, por cierto, cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de transportistas. 
Por ello, aunque apoyamos plenamente la interoperabilidad de los sistemas de peaje, es indispensable que estas iniciativas pioneras británicas no se vean perjudicadas de modo alguno. 
Por esa razón apoyamos que la UE adopte normas técnicas mínimas para permitir la interoperabilidad de las tecnologías usadas por los sistemas de peaje a fin de evitar que los propietarios de vehículos tengan que instalar varias unidades distintas, lo que implica mayores costes e incomodidades. 
Sin embargo, no sería correcto imponer un tipo determinado de tecnología. 
Por ello acogemos con agrado el informe Sommer y queremos dar las gracias a la ponente por su labor, que aborda plenamente estas cuestiones, buscando la compatibilidad en lugar de prescribir rígidamente el tipo de tecnología que debe usarse, dejando esta decisión al mercado, o, con arreglo al principio de subsidiariedad, a los Estados miembros. 
Un ámbito en el que podrían ofrecerse clarificaciones es el papel de las autoridades regionales y locales, e instamos a sus Señorías a que apoyen la enmienda 45, que deja claro que este es el nivel en que deben tomarse las decisiones en determinados casos. 
También pedimos apoyo para la enmienda 44, que pretende dejar claro que el equipo de a bordo no es obligatorio. 
Por último, todos debemos tener claro que si mañana adoptamos este informe no obligaremos a Estado miembro o autoridad local a cobrar peajes a los automovilistas o transportistas. 
Pretendemos asegurar de forma cabal y razonable la compatibilidad entre sistemas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ante todo quiero felicitar a la Sra. Sommer por el excelente informe presentado, que cuenta con todo mi apoyo. 
Al igual que la ponente, considero que la propuesta de la Comisión ha de contribuir a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. 
Así, desde el punto de vista de los usuarios, la directiva facilitaría el cobro de peajes en los diferentes Estados miembros, se eliminarían los tiempos de espera y, a raíz de ello, aumentaría la capacidad de uso de las infraestructuras. 
El sistema actual carece de sentido, en particular en lo que respecta a los transportistas internacionales de mercancías, que se pueden ver obligados a adquirir aparatos diferentes, cada uno con su propio contrato, para instalarlos en sus vehículos. 
No obstante, quiero comentar algunos puntos que considero relevantes y a los que, en mi opinión, convendría que la Cámara prestara especial atención. 
El primero de ellos está relacionado con la necesidad de dejar absolutamente claro que la directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros para decidir sobre su propio régimen de tarificación del uso de las infraestructuras viarias. 
En la directiva solo se contempla el sistema de cobro, sin incluir ninguna política de tarificación como tal. 
Además, en lo que respecta al calendario para la interoperabilidad, comparto la opinión de la ponente de que habría que fijar la fecha de inicio para el día 1 de enero de 2007. De este modo, la industria y los gestores de infraestructuras dispondrán del tiempo necesario y suficiente para determinar e instalar equipos que cumplan las nuevas normas. 
Por último, quiero resaltar que la directiva ha de tener en cuenta los elementos esenciales de los que depende el éxito. 
A saber: el desarrollo de actividades de sensibilización de los usuarios en relación con los avances tecnológicos, la implementación de procedimientos legales para el control y la prevención del fraude, y el análisis de distintos tipos de compensaciones por las inversiones realizadas por los operadores en procesos tecnológicos, financieros o comerciales paralelos cuya viabilidad se ve amenazada ante la obligación de cambiar al nuevo sistema. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, una vez subsanado el defecto estructural de la propuesta de la Comisión, es decir, la exigencia de que los sistemas sean interoperables antes de que se supriman, el informe marca unas directrices con las que todos podemos estar de acuerdo. Por este motivo hemos de dar las gracias a la ponente. 
Nuestra necesidad básica pasa por el establecimiento de un sistema de telepeaje que sea compatible en toda Europa y cuyo diseño según las normas garantice su durabilidad. 
Desde los años noventa, Europa ha sido testigo de la introducción de infinidad de sistemas de telepeaje diferentes, como retales cosidos en una misma colcha. Y si no fuera por esta directiva, el número de retales sería mayor. 
El propósito de la directiva es el de lograr, en el futuro, la implantación en toda Europa de un único equipamiento tecnológico y un solo contrato, lo que significa que los sistemas deberán ser compatibles de aquí al año 2007. 
Mirando más allá, recomienda la introducción de un sistema de peaje basado en la tecnología de satélite, al tiempo que insta a la Comisión a que presente, para el año 2009, una estrategia para la conversión de los servicios. 
Este ha sido el planteamiento exigido siempre por nuestro Grupo, por lo que me complace saber que contamos con el respaldo de la ponente en este sentido. 
La razón por la que recomendamos un sistema de peaje basado en este tipo de tecnología es que tiene el potencial necesario para añadir valor a nuestra política de transportes. 
Tratando de utilizar una analogía más elaborada, diré que no es cuestión de comprar una máquina de escribir y luego un ordenador si lo que se pretende es publicar documentos en Internet. 
Asimismo, los sistemas de peaje basados en la tecnología de satélite prometen más ventajas de cara al futuro. 
En primer lugar, porque pueden –siempre que exista la voluntad política necesaria– proporcionar una cobertura transfronteriza y exhaustiva de los vehículos. En segundo lugar, porque –tal y como ha señalado mi colega el Sr. Swoboda– ofrecen una base sobre la que podrán canalizarse los flujos de tráfico futuros e interrelacionar de forma logística los diferentes medios de transporte. 
Y en tercer lugar, porque se podrán utilizar en combinación con la tecnología de comunicaciones móviles a fin de introducir otros servicios, como por ejemplo la asistencia rápida en caso de accidentes, la advertencia de riesgos locales y el seguimiento de mercancías peligrosas, por citar algunos. 
Puede que la Comisión tenga que hacer más hincapié en estos aspectos técnicos. 
Me complacería que se completara esta directiva durante esta legislatura, preferiblemente tras la primera lectura. 
– Señor Presidente, Señorías, llevamos unos veinte años hablando en Europa en términos de lo que denominamos el nuevo enfoque. 
Ahora contamos con otra palabra de moda: la Unión Europea va a dejar de regular cada detalle de cada aspecto para concentrarse principalmente en la interoperabilidad de los sistemas. 
Lamentablemente, no siempre se respeta este principio, lo cual supone un problema en este caso, si bien este no afecta a la propia directiva, que ya ha sido blanco de numerosas críticas. 
La Comisión ha propuesto un sistema para el futuro, cuya fecha de implantación se sitúa sin duda en un punto bastante lejano en el tiempo. 
Tal y como ha afirmado la Comisaria, lo más probable es que no funcione, y esto no es lo que queremos. 
Necesitamos sistemas viables –obsérvese el uso del plural– que se instalen, funcionen y sean interoperables. 
Aunque no tengo nada en contra de la tecnología de satélite, sobre la que cabe resaltar diversos factores positivos, no estoy a favor del modo en que se pretende introducir. 
¿No tenemos suficiente con el fracaso experimentado en Alemania? 
Lo que necesitamos en este momento es neutralidad tecnológica, necesidad que se mantendrá durante unos años más. 
Visto de ese modo, hemos de dar las gracias sinceramente a nuestra ponente, la Sra. Sommer, por guiar los debates de la comisión, desde una fase temprana –la más apropiada–, en la dirección acertada, centrándose en la necesidad de garantizar la interoperabilidad, y sobre todo, además, en la simplificación de las cosas para el usuario y en el buen funcionamiento del sistema. 
Esto me lleva a darle las gracias también al Sr. Turmes, quien nos ha advertido acerca del riesgo de perder el contacto con la realidad al abordar el tema de los peajes y los sistemas de cobro. 
Al inicio de su intervención, parecía que ya estuviéramos discutiendo sobre los ecopuntos, el siguiente punto del orden del día. Puedo decir que estoy de acuerdo con él en esa cuestión y también en sus comentarios sobre este punto del debate: debemos mantener los pies en tierra en este sentido. 
Es preciso garantizar la implantación de sistemas viables para la totalidad del sector del transporte. De lo contrario, aunque puede que acabemos organizando mejor algunos aspectos, está claro que arruinaremos muchos más. 
– Señor Presidente, como ha señalado mi colega, el Sr. Watts, apoyamos decididamente el principio de interoperabilidad de los sistemas de peajes en toda Europa, pero voy a hablar en particular de Londres. 
En mi calidad de diputado al Parlamento Europeo en representación de Londres, obviamente me preocupan los efectos que este informe pueda tener sobre el sistema de peaje en horas punta que funciona en Londres desde hace más o menos un año. 
No deseamos poner en peligro de modo alguno ese sistema, y la Comisión nos ha garantizado que nuestras preocupaciones serán tenidas en cuenta. 
Sin embargo, me gustaría mencionar otras dos cosas. 
La primera es que, en este momento, el sistema londinense no utiliza tecnología de microondas, pero es posible que avance en esa dirección, lo que requeriría la instalaciones de unidades a bordo y haría que este sistema quedase dentro del ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Si a continuación se nos exige que utilicemos algún tipo de sistema de satélite, eso realmente provocaría problemas enormes, ya que los sistemas de satélite no han sido diseñados para entornos urbanos y plantearía dificultades de visibilidad, es decir, de observación efectiva del tráfico en la forma requerida. 
Y tenemos también la cuestión de las barreras, pues evidentemente una ciudad necesita un entorno sin barreras. 
Así pues, si adoptamos la tecnología de satélite, su explotación plantearía problemas técnicos muy reales, no solo en Londres, sino en cualquier otro entorno urbano que decida introducir sistemas similares. 
Por ello nos preocupa sobremanera este aspecto y los efectos que esta Directiva podría tener sobre lo que es un sistema nuevo en Londres, pero que ha tenido un gran éxito. 
El peaje londinense en horas punta ha reducido de forma importante la circulación en el centro, con los evidentes beneficios para el medio ambiente, etc. Por eso esperamos obtener las garantías que pedimos. 
– Señor Presidente, seóra Comisaria, Señorías, los sistemas de telepeaje de las carreteras nunca han tenido aceptación, en especial si uno debe sufragar todos los gastos por su cuenta. Sin embargo, de todos modos son una realidad vigente hoy día en Europa. 
Son necesarios. 
Se trata simplemente de hallar el modo de minimizar los problemas que originan y los costes derivados. 
Aunque ya se han implantado diferentes sistemas en el ámbito local y nacional, estos no son compatibles. 
El excelente objetivo de esta propuesta de la Comisión consiste en que cada usuario disponga de un único contrato y cada vehículo de una sola caja, para así asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior. 
Esto es del todo razonable. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Sommer en que el objetivo es lograr la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje, y no los medios que se utilicen para este fin. 
He de discrepar con la Comisión en una cuestión: en mi opinión, debemos ser más flexibles en lo que respecta a las entidades locales, ya que de este modo no será necesario abandonar los planes viables y útiles que ya se encuentran en funcionamiento debido simplemente a la adopción precipitada de los sistemas de satélite. 
El objetivo se basa en conseguir el funcionamiento compatible de los diferentes sistemas, y no en el hecho de que estos utilicen microondas u ondas de cualquier otro tipo. 
Por este motivo, basta con determinar los requisitos generales para alcanzar el propósito esencial de la directiva, que no es otro que la interoperabilidad de los sistemas. 
Esto es esencial. 
Una Europa dinámica no puede existir sin el transporte por carretera. 
Una Europa cada vez más próspera no puede prescindir de la movilidad. 
Aunque quizás resulte conveniente estandarizar estos sistemas, debemos asegurarnos de que los costes se mantengan en un nivel razonable y evitar ponernos límites de forma voluntaria. 
– Gracias, señor Presidente; señora Comisaria, Señorías, también doy las gracias a la ponente por el trabajo realizado y por la voluntad de diálogo que ha demostrado en todo momento a la hora de abordar un expediente nada fácil. 
Resulta sin duda tentador tratar el tema de los peajes como si todo estuviera bastante claro, ya que en él confluyen numerosos aspectos diferentes. 
La regulación que comportan puede beneficiar al medio ambiente, aumentar la seguridad y, al mismo tiempo, generar ingresos, sobre cuyo empleo es cierto que también se podrían entablar apasionantes debates. 
No obstante, opino que no sería aconsejable mezclar los dos asuntos. 
La experiencia pasada nos ha enseñado que el debate sobre este tema resulta sumamente útil. 
Hemos presenciado el caos que se puede producir cuando un país se empeña en usar su propia tecnología, tal y como demuestra la política de peajes aplicada en Alemania. 
No creo que los monopolios ofrezcan la solución acertada en este ámbito; simplemente tenemos que tratar de implantar una tecnología viable. Considero que la propuesta de la Comisión y el planteamiento sugerido por la ponente marcan el camino apropiado para conseguir este objetivo. 
Desde mi punto de vista, es conveniente, y seguirá siéndolo con el paso del tiempo, adoptar el principio del «contracto único por usuario». 
A diferencia de la Sra. Honeyball y el Sr. Watts, yo no resido en Londres, sino en un punto situado a tan solo siete kilómetros de distancia de dos países, y puedo asegurarles que para los conductores de vehículos de tráfico pesado sería una auténtica pesadilla tener que instalar un equipo de control diferente para cada país. 
Esta idea no es viable, por lo que convendría descartarla en el futuro. 
En segundo lugar, no hay que especificar con demasiada precisión la tecnología que se debe implantar, sino indicar tan solo que ha de ser una tecnología fiable, eficiente y compatible; es decir, es preciso garantizar la interoperabilidad de la misma. 
Las experiencias anteriores nos han demostrado las consecuencias derivadas del incumplimiento de estos criterios. 
Por lo tanto, diré para concluir que espero que, sea cual sea el sistema implantado, no se repita el fracaso vivido hace poco. 
Los operadores del transporte han perdido cientos de horas de trabajo en la instalación de sistemas, para que luego un país y una región decidan sin más no utilizarlos. 
No tiene sentido ni justificación llevar a cabo algo parecido, ya que, en mi opinión, no contribuye en absoluto a alcanzar un objetivo realmente deseable. 
– Señor Presidente, la propuesta de la Comisión merece el apoyo del Parlamento. 
Nuestra misión debería ser la de alentar la adopción de medidas aún más ambiciosas, pero el informe de la comisión parlamentaria resulta decepcionante en este sentido. 
En primer lugar, aunque la comisión plantea el problema desde diferentes puntos de vista, no cuestiona el hecho de que el sistema solo se aplica al transporte comercial. 
En segundo lugar, parece que la comisión sigue pensando que los peajes por el uso de las infraestructuras de carretera deberían cubrir los costes del mantenimiento de las carreteras. 
En tercer lugar, con el enfoque propuesto por la comisión, la Unión Europea no logrará el suficiente impulso en lo que respecta al desarrollo sostenible. 
A continuación pasaré a analizar la cuestión con más detenimiento en relación con estos tres puntos. 
A la hora de adoptar sistemas de telepeaje, no conviene fiarse de una situación en la que un aumento del transporte privado anula por completo las ventajas derivadas de una reducción del transporte comercial. 
La única solución sostenible radica en asegurar que, desde el principio, el sistema se aplique del mismo modo a todos los transportes por carretera. 
Esta solución no es injusta para con los conductores particulares, ya que cada vez más coches incluyen equipos de localización por satélite. 
Para el año 2008, cuando ya esté en funcionamiento el sistema europeo Galileo, habrá un porcentaje significativo de vehículos con este tipo de equipos. 
Es fundamental tener en cuenta los costes externos del tráfico para que con cada peaje percibido el coste marginal equivalga a la cantidad máxima cobrada. 
De este modo, el tráfico no tendría que pagar el coste externo actual, sino un gravamen equilibrado que refleje el volumen de tráfico. 
Por consiguiente, el principal objetivo ha de ser el de mantener en todo momento el volumen de tráfico de una ruta o zona en la que se aplique el pago de este tipo de cánones en un nivel óptimo, determinado por mecanismos de mercado. 
En mi opinión, los sistemas de localización por satélite permiten cumplir estas condiciones de forma más sencilla y, por este motivo, tendríamos que atrevernos a adoptar sin más demora esta tecnología como base para un sistema europeo, de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 
Así, la incorporación de la tecnología al mercado reportará además una serie de ventajas a gran escala, ventajas que se traducirán en una reducción de los costes para las empresas de transporte. 
Imagino que la gente debe andar murmurando acerca de la incompetencia de los poderes legislativos. 
Les recordaré, no obstante, que el tráfico es responsable en gran medida de las emisiones de dióxido de carbono. 
Aunque la industria automovilística, con el apoyo de la Unión Europea, ha dedicado y dedica considerables esfuerzos al desarrollo de vehículos de baja emisión, hay una razón de peso para imponer sistemas de cobro de peajes con el fin específico de reducir las emisiones. 
Me remito al artículo 174 del Tratado de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, estoy de acuerdo con la ponente en que no corresponde al legislador imponer al mercado una tecnología concreta en detrimento de las demás, pero, a fin de cuentas, a todos nos interesa poder utilizar en el futuro los mejores sistemas de tarificación disponibles en Europa. 
La tecnología de microondas compite con las comunicaciones móviles y la localización por satélite. Actualmente hay importantes enmiendas que destacan sus ventajas en comparación con otros sistemas. 
Sistemas que, por cierto, se utilizan de forma paralela en determinados tramos de carretera, y quizás no sea solo durante un período de transición. 
El hecho es que la progresiva conversión a la tecnología de comunicaciones móviles y de localización por satélite ofrece una posibilidad más realista de alcanzar la interoperabilidad y garantizar, por tanto, la ausencia de problemas relativos al tráfico por carretera a través de un sistema viable de cobro de peajes, y sin necesidad de realizar inversiones demasiado cuantiosas en infraestructuras. 
Ya se ha explicado el modo en que, en el ámbito de la localización por satélite, el sistema europeo de navegación Galileo, aún en desarrollo, proporcionará a partir del año 2008 información de calidad superior a la que ofrecen los actuales sistemas GPS y se adecuará a la perfección a los servicios telemáticos del tráfico por carretera. 
Se trata simplemente de aprovechar las oportunidades que nos brinda Galileo en relación con el cobro de peajes. 
No se trata en absoluto de presentar la tecnología de telepeaje como argumento para justificar el alcance de Galileo. 
No cometamos el error de utilizar el fracaso ocurrido en Alemania con la aplicación de peajes sobre el tráfico pesado como excusa para negar una oportunidad a la tarificación basada en la tecnología de satélite. 
Debemos evitar actuar con exceso de celo. 
Esto no implica que se vayan a repetir los errores financieros, la mala suerte y los accidentes que han acompañado a la implantación de los peajes en Alemania, así que no perdamos la calma. 
Tal y como he dicho, no apoyo la imposición obligatoria de sistemas de telepeaje basados en la tecnología de satélite, pero confío en que, finalmente, prevalezca en el mercado el sistema más apropiado, de acuerdo con los intereses implicados en este asunto. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer el magnífico trabajo realizado por la ponente, Sra. Sommer, y las discusiones y los avances que han resultado del trabajo conjunto de las tres instituciones para conseguir una aprobación en primera lectura, porque entiendo que las objeciones que teníamos en relación con algunos de los puntos que se habían adoptado en el primer informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se ven totalmente adaptadas en unas enmiendas de transacción que pueden ser aceptables para la Comisión y que creo que también serán aceptables en su momento para el Consejo. 
Quiero señalar que mañana, con la ratificación en este Pleno de lo planteado por la ponente, podremos asistir a una aprobación por parte del Consejo de la propuesta del Parlamento, que- insisto- la Comisión podría aceptar en esos términos. 
Asimismo, quiero contestar brevemente a algunas de las preocupaciones que han manifestado sus Señorías. 
En primer lugar, respecto al asunto de la subsidiariedad, Señorías, les diré que está garantizado. 
Lo que estamos planteando fundamentalmente es un contrato jurídico único que permite un cobro del uso de esa infraestructura, dondequiera que se haga ese uso, en el lugar de origen, en la cuenta corriente del usuario. 
Es decir, por ejemplo, al igual que los cargos por la utilización de un teléfono móvil o de una tarjeta de crédito en cualquier lugar de la Unión Europea son repercutidos posteriormente en nuestra cuenta bancaria, tratamos de conseguir una situación similar con los peajes: que la utilización de una infraestructura en un país tercero nos sea cargada en nuestra cuenta bancaria. 
Eso habrá de hacerse con contratos y con las garantías suficientes, como sucede en los sectores de los ejemplos citados. 
Para poder hacer eso no solo necesitamos tener un contrato único sino también avanzar para aprovechar plenamente esas condiciones en la interoperabilidad, en la compatibilidad de los sistemas. 
Tengo que decir que, a pesar de que la Sra. Sommer y algunos otros oradores decían que comprometerse ahora con un sistema- como el sistema de satélite, que no está totalmente probado- es prematuro, y de que creo que quizás podríamos haber avanzado más, el resultado final del debate mantenido es positivo. 
Creo también que una fuerte recomendación de cara al futuro por el sistema Galileo envía la señal adecuada a todo el sector que va a invertir, que está invirtiendo o piensa en poner en marcha el sistema Galileo y, por lo tanto, compatibilizamos el apoyo al sistema Galileo- que es un sistema europeo- con la necesaria flexibilidad para que cada país pueda, sin embargo, tomar las medidas correspondientes, siempre y cuando sean unos sistemas compatibles e interoperativos, aunque eventualmente pueda haber otras soluciones en caso de darse, por ejemplo, problemas de inversiones, de amortización de inversiones, etc. 
Contestando muy brevemente a la pregunta que ha formulado el Sr. Swoboda sobre las negociaciones con los Estados Unidos, aprovecho para decir que éstas han avanzado muy positivamente. 
En los últimos tiempos, en lo relativo al problema del solapamiento de frecuencias hemos resuelto ya plenamente- de manera satisfactoria para ambas partes- el solapamiento del código M del GPS norteamericano- que es el código de máxima seguridad- con nuestra propia señal- señal cerrada, de seguridad, reservada a las autoridades públicas en el sistema Galileo -, y hemos encontrado fórmulas que no dañan en absoluto la calidad del sistema Galileo y que a la vez dan las garantías de seguridad que reclaman los Estados Unidos. 
Nos queda por resolver el solapamiento que se produce- según dicen los norteamericanos- entre nuestra señal abierta y una de sus señales. 
Ahí hemos dicho muy claramente que lo que no podemos aceptar es la propuesta inicial de los Estados Unidos- consistente en pasar del 1 5 1 5 (lo que nosotros querríamos) al 1 1 (pretensión de los norteamericanos) -porque entendemos que perderíamos mucha calidad en el servicio. 
Además, entendemos que en el 1 5 no generamos dificultades de seguridad para el sistema de seguridad norteamericano. 
De todas formas, estamos terminando estas discusiones pero espero, Señorías, que no se presenten mayores dificultades y que tengamos una solución total, ya que casi todas las cuestiones están prácticamente resueltas, de lo cual me alegro muchísimo. 
A ello hay que añadir el interés mostrado por países como la China, la India, el Brasil u otros terceros países en participar en este proyecto. 
El siguiente asunto que quiero señalar muy brevemente es el caso de Londres, aunque puede pensarse en otras ciudades. 
Señorías, el ámbito donde exigimos la interoperabilidad y la compatibilidad no se aplica al peaje londinense, entre otras razones, primero, porque es un ámbito local, que no incide en nuestras competencias y, sobre todo, porque en Londres no hay equipo instalado. 
Además, se señala que en aquellos casos en los que supusiera un coste desorbitado y desequilibrado para el objetivo perseguido no se aplicaría. 
Señor Presidente, concluyo diciendo que, por motivos de concisión y para velar por la precisión en un ámbito que tiene un componente técnico muy fuerte, entendemos que convendría revisar parcialmente la redacción- no el fondo- de las enmiendas 2, 14, 18 y 32. 
Por lo demás, señor Presidente, solo me queda agradecer a la Sra. Sommer su magnífico trabajo, a sus Señorías su colaboración y concluir que éste es el sistema tecnológico que más tarde nos permitirá aplicar adecuadamente la Directiva de la "euroviñeta". 
Hoy no hablamos de los peajes en sí, sino de los métodos para poder cobrar los peajes de una forma más sencilla, que creen menos problemas a los usuarios y que faciliten el funcionamiento del mercado interior. 
Gracias, señora Comisaria y Vicepresidenta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0475/2003) del Sr. Costa, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un sistema provisional de puntos aplicable a los camiones que transiten por Austria para 2004 en el marco de una política de transportes sostenible (PE-CONS 3689/2003 – C5-0562/2003 – 2001/0310 (COD) ). 
. – Señor Presidente, el ponente, el Sr. Paolo Costa, me ha pedido que intervenga en su lugar porque, debido al cambio del orden del día de la sesión, no podía asistir al tener asuntos que atender en Italia. 
El procedimiento de conciliación del informe Costa sobre los camiones que transitan por Austria resultó sumamente complicado y desalentador, por así decirlo, para todos los implicados, al tratarse de un acuerdo que afecta a un Estado miembro específico, Austria. 
Algunos diputados, diputados austriacos, manifestaron una gran sensibilidad –lo cual es bastante comprensible, en mi opinión– ante los problemas sometidos a debate. Los ciudadanos austriacos han tenido, y tienen, una sensibilidad especial sobre este asunto concreto, razón por la cual, además, se redactó el protocolo pertinente cuando Austria se unió a la Unión Europea en 1995. 
Sin embargo, dado que estas disposiciones ya no están vigentes, el Parlamento Europeo decidió, en primera lectura, fijar 2006 como el último año durante el que se podrían establecer acuerdos específicos para Austria, sobre todo porque se ha registrado una mejora en lo que respecta a la protección medioambiental, información que también aparece reflejada en las estadísticas facilitadas por la Comisión. 
Como saben, hubo diferencias de opinión entre el Parlamento y el Consejo. 
Por un lado, el Parlamento sostenía que las medidas que otorgaban a Austria un trato de favor se tendrían que limitar exclusivamente a la región alpina, mientras que, por otro, el Consejo defendía la aplicación de dichas medidas a toda Austria. 
Acerca de la cuestión sobre qué camiones podrían circular, el Parlamento resolvió de nuevo permitir el paso de un mayor número de vehículos. 
Las posturas de las dos instituciones se fueron aproximando en el transcurso del procedimiento de conciliación. 
Nosotros aceptamos la opinión del Consejo de que había que aplicar las medidas especiales a todo el Estado austriaco y, por su parte, el Consejo aprobó la idea del Parlamento de permitir el libre tránsito a algunos de los camiones a los que proponía vetar el paso o imponerles cuotas; esta era la lógica subyacente a las propuestas del Parlamento, que no afecta a todos los tipos de camiones, sino solo a algunos. 
Por último, quedaba un problema: el número de camiones sujetos a las cuotas era limitado, y había que decidir la cantidad de ecopuntos disponible. A este respecto, el Parlamento, haciendo alarde de solidaridad con Austria y nuestros colegas austriacos, solicitó reducir el número total de ecopuntos en un porcentaje considerable. 
Esta posición del Parlamento fue finalmente aceptada por el Consejo y, de este modo, se llegó al resultado de la conciliación. 
Nuestros colegas austriacos votaron en contra porque consideraban que las medidas eran demasiado estrictas para Austria, mientras que otros diputados, como el Sr. Ferber, de Baviera, también votaron en contra por creer que el resultado de la conciliación era muy indulgente con este país. 
He de decir, como miembro del Comité de Conciliación y como representante del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que el resultado es equilibrado, el acuerdo alcanzado es, en última instancia, un acuerdo positivo, y prueba de ello es, si lo prefieren, el hecho de que las partes con intereses directos votaron en contra, algunas por considerar las medidas poco rigurosas y otras por juzgarlas estrictas. 
En cualquier caso, tras unas negociaciones tan complicadas y prolongadas, me veo hoy obligado a recomendar a todos los diputados, señor Presidente, que voten a favor del resultado obtenido en el procedimiento de conciliación, porque es preciso aplicar estas medidas hasta la fecha límite fijada para el año 2006. 
Si, mientras tanto, se consigue avanzar en el tema de la euroviñeta, el acuerdo pertinente también tendrá que aplicarse a Austria. 
De todos modos, a partir de 2006 se impondrán en Austria las mismas medidas que en el resto de los países europeos, sobre la base de que, al menos según las estadísticas, se han producido mejoras de los indicadores medioambientales, a las que han contribuido de forma decisiva las modificaciones de la flota de camiones. 
Ha habido avances, por lo tanto, en lo que respecta al rendimiento medioambiental de los camiones que transitan por Austria. 
Naturalmente, soy consciente de que algunos diputados no están contentos. 
A nuestros colegas austriacos en particular les diré que hemos tomado debida cuenta de sus comentarios y de las observaciones del Gobierno austriaco, el cual libró una dura batalla para respaldar las posturas austriacas. 
Sin embargo, no pudimos hacer nada más. 
La misma respuesta vale para los diputados de los demás Grupos políticos. 
Ha sido imposible aproximarse más a las posturas austriacas, porque esto habría ocasionado problemas con los miembros de otras representaciones. 
Se trata de un resultado positivo, todo lo positivo que podía ser, y por esta razón creo que será aprobado por la amplia mayoría de los diputados en la votación. 
– Señor Presidente, mi comportamiento se debe a que, hasta esta mañana, estaba incluido en la lista de oradores y, posteriormente, el director de asuntos parlamentarios del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha cancelado mi intervención, privándome del derecho a expresar mi postura. 
Durante el tiempo que habría durado mi intervención, pretendía demostrar, al menos de forma simbólica, lo que significa ser independiente en esta Cámara, incluso cuando alguien de tu propio Grupo impide que participes. 
No obstante, le agradezco su comprensión, señor Presidente. 
Señor Martin, se trata sin duda de un asunto que afecta solo a su Grupo, y nada tiene que ver con esta Cámara. 
En este sentido, deberá usted llamar al orden a la dirección de su Grupo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Parlamento y al Comité de Conciliación por el trabajo efectuado con la propuesta de prórroga del sistema de ecupuntos. 
Quiero dar las gracias en particular al Sr. Imbeni y al ponente, Sr. Costa, así como al Consejo, por los esfuerzos realizados durante todo este tiempo para encontrar una solución al problema, discutiendo con el Consejo para lograr un acuerdo. 
Quiero decir muy claramente, y para que no haya dudas, que la Comisión apoya este compromiso. 
Sé que las autoridades y los diputados austríacos lo consideran insuficiente, y entiendo que pueden tener una sensibilidad muy especial, por cuanto es verdad que estamos hablando del tránsito a través de Austria. 
Pero quiero declarar una vez más, Señorías, que este compromiso mejora las condiciones del tráfico a través de Austria, por la sencilla razón de que el protocolo nº 9 del Acta de Adhesión de Austria a la Unión Europea prevé, en el apartado 5 del artículo 11, que, al final de una serie de prórrogas- que ya se han cumplido todas -, será de aplicación la totalidad del acervo comunitario. 
La última de esas prórrogas ya se ha adoptado y vence el día 31 de este mismo mes. 
Por tanto, si no se aprobara este compromiso, los principios de libre circulación dirían que por Austria circularían todos los camiones que lo hacen por el resto de la Unión Europea. 
Todos somos conscientes de la especial sensibilidad que plantea esta cuestión y por eso hemos hecho todos un esfuerzo para conseguirlo. 
Insisto una vez más en que entiendo que las autoridades y los parlamentarios, incluso, muy posiblemente, los ciudadanos austríacos- al tratarse de un asunto ante el que toda Austria se muestra muy sensible- hubieran deseado una protección aún mayor, pero creo que con este régimen transitorio se consigue mantener, a pesar de todo, una situación de privilegio- digámoslo claramente- en aras a la protección del medio ambiente de Austria. 
En efecto, estamos prohibiendo el tránsito de los camiones más contaminantes a través de dicho país; camiones que, sin embargo, pueden circular- y van a seguir circulando- por el resto de la Unión Europea. 
Es decir, estamos desviando los camiones más contaminantes a otras rutas y dejando que únicamente los camiones más limpios atraviesen Austria. 
Creo que es un elemento de solidaridad europea que, aunque les puede parecer insuficiente, insisto en que es un paso importantísimo, porque seguimos manteniendo el sistema de puntos, que, además de suprimir el tráfico de los camiones más contaminantes, limita el de los camiones con un nivel de contaminación intermedio, de manera que únicamente pueden circular libremente por Austria los camiones más modernos y más eficientes. 
Y, por tanto, insisto, todos los camiones más contaminantes o menos eficientes, estarán circulando por el resto de la Unión Europea. 
Resulta crucial que el Parlamento vote hoy, ya que el sistema actual expira el 31 de diciembre próximo. 
Sin embargo, los operadores dejarán de tener ecopuntos a partir del 1 de enero de 2004 y, por consiguiente, procede adoptar una decisión en cuanto a la aplicación inmediata del futuro sistema provisional de puntos y permitir la circulación de los camiones en tránsito a través de Austria de modo claro y decidido, con esas limitaciones que, una vez más, señalo. 
Sé muy bien que ésta no es la solución; que la solución hay que buscarla a través de una adopción urgentísima del sistema de euroviñeta. 
Hoy hemos adoptado el sistema de telepeajes, que comprende los elementos técnicos que facilitarán la implantación de un sistema de euroviñeta y, si conseguimos ponernos todos de acuerdo y mostrar flexibilidad, podríamos adoptar el sistema de euroviñeta en los próximos tres o cuatro meses, con este mismo Parlamento y esta misma Comisión, durante la Presidencia irlandesa. 
Por parte de la Comisión, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir este objetivo, y espero que el Sr. Cocilovo y este Parlamento continúen trabajando como hasta ahora para lograrlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, opino que los comentarios del Sr. Hatzidakis, en nombre del ponente, explican con absoluta claridad el contenido técnico de esta complicada conciliación. Asimismo, las palabras de la Comisaria, con las que estoy de acuerdo, ponen de manifiesto el contenido político de esta decisión realmente compleja y difícil, que cuesta describir en otros términos. 
Asumiendo los problemas del pueblo austriaco –que comprendemos a pesar de que no podamos justificar sus demandas–, hemos decidido conceder otro privilegio –porque según la Comisaria se trata de esto precisamente– y hacerlo extensivo a una zona especialmente sensible como la región alpina y a la totalidad del territorio austriaco, duplicando por tanto dicho privilegio. Además, en lugar de fijar el límite en el año 2004 y plantearnos después qué medidas adoptar para el período 2005-2006, lo hemos prorrogado automáticamente hasta el año 2006. 
Este es el asunto en torno al que gira el acuerdo que vamos a apoyar, plenamente conscientes de que nuestra actuación va más allá de la llamada del deber. 
No obstante, creemos que, por el bien y la conservación del auténtico espíritu de la Comunidad Europea, hacemos lo correcto con este sacrificio y que, por tanto, está fuera de lugar plantear cualquier otra objeción. 
En términos generales, cabe decir que se ha alcanzado un compromiso excelente, el mejor compromiso posible, ya que establece el equilibrio justo entre el derecho a la movilidad y el respeto del medio ambiente: adopta un enfoque gradual, sanciona lo que se podría llamar el comportamiento incorrecto de los que no renuevan sus flotas de camiones y premia a aquellos que actúan de forma apropiada, manteniendo el debido respeto a la sensibilidad y las condiciones específicas de una región. 
Si alguien desea prescindir de este compromiso, es libre de hacerlo, pero estará cometiendo un error: esta es la mejor decisión que se podría haber conseguido y, por consiguiente, merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, creo que el comentario del Sr. Hatzidakis acerca del carácter laborioso de la tarea correspondiente a todos los diputados constituye la mejor y más concisa descripción del trabajo llevado a cabo. 
Ha sido una tarea complicada porque trabajábamos de forma temporal con un Consejo que se mostraba con frecuencia despreocupado, inconsciente y propenso a retrasar el tratamiento o la resolución de los problemas hasta el último minuto. 
En la conciliación se logró un resultado equilibrado, con el que todas las instituciones se mostraron conformes. 
Un resultado que establece el equilibrio entre las dos necesidades siguientes: por un lado, la necesidad de garantizar la libre circulación de mercancías y el cumplimiento del Tratado, y, por otro –un aspecto al que el Parlamento, al igual que Austria, concede gran importancia–, la necesidad de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. 
Esto significa luchar a favor de una situación de desarrollo sostenible, que, si pretendemos abordar el problema más tempranamente en el proceso de contaminación, deberemos alcanzar a través de la intermodalidad, el desarrollo de túneles ferroviarios y el fomento del transporte por tren en detrimento del transporte por carretera. 
Con gran prudencia, el Parlamento evitó la adopción de una serie de soluciones simplistas apoyadas en el debate por determinados elementos con opiniones extremas: aquellos que defendían a los transportistas, por una parte, y los que protegían el medio ambiente y la salud, por otra. 
Las cosas no funcionan de este modo, tal y como ha dicho también el Sr. Lisi. 
Según parece, en las conclusiones del procedimiento de conciliación se resaltan varios puntos en los que se tienen muy en cuenta las necesidades de Austria. Cabe mencionar sobre todo el hecho de que la última ampliación, cuya fecha definitiva se había fijado para el 31 de diciembre de 2003, se haya prorrogado con una nueva ampliación, cuyo límite se establece a finales del año 2006. 
La Comisaria ha señalado que dado que los camiones más contaminantes podrán seguir circulando por el resto de Europa, solo Austria se verá protegida frente a una situación de hecho que otros países deberán soportar. 
De acuerdo con la petición de Austria, la aplicación de este reglamento y del sistema de ecopuntos se ha ampliado a todo el territorio del país, no solo a los pasos alpinos; por encima de todo, el sistema de cuotas, establecido en la propuesta de la Comisión, que ha hecho un excelente trabajo, constituye la opción que más se acerca a las demandas de Austria. 
La Comisión merece ser elogiada por su esfuerzo y el Parlamento, por su parte, por el equilibrio mostrado en la ejecución de esta complicada tarea. 
Se dice que Austria ya no desea beneficiarse más de la excepción realizada hasta ahora a su favor. 
Esperamos que esto no suceda y que se tenga en cuenta debidamente la excelente calidad de la labor del Parlamento. 
Por los motivos expuestos, tras dos años de trabajo, puedo comunicarles que nuestro Grupo votará a favor de las conclusiones alcanzadas en el procedimiento de conciliación. 
– Señor Presidente, no ha sido fácil llegar a un acuerdo en el tema de los ecopuntos. 
Quiero dar las gracias a mi colega diputado, el Sr. Costa, por los esfuerzos realizados al respecto, y a su predecesor, el Sr. Caveri, Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quien también ha trabajado arduamente en este asunto. 
En efecto, se dedicaron muchas energías a la búsqueda de un compromiso y al cambio del régimen transitorio puesto en marcha con la adhesión de Austria a favor de un sistema más general. 
A pesar de que comprendo perfectamente los problemas específicos de Austria y el modo en que este país intenta hallar una respuesta a los mismos, opino que no se puede permitir que ningún Estado miembro disfrute de una derogación permanente en este ámbito. 
Es evidente, no obstante, que hay que establecer un equilibrio entre los problemas medioambientales generales y la situación geográfica de Austria, por un lado, y la libre circulación de mercancías, por otro. 
No creo que sea tarea fácil conseguir un equilibrio entre estos dos aspectos. 
Aunque podríamos establecer una serie de teorías muy afinadas sobre la materia, en la práctica es preciso tomar a veces decisiones firmes. 
Asimismo, pienso que es fundamental adoptar un enfoque a largo plazo y tratar de elaborar un reglamento para el tráfico a través de los Alpes en general. 
Convendría además que estudiáramos este problema en el contexto del informe Cocilovo sobre la euroviñeta. 
En cualquier caso, consideramos que el acuerdo alcanzado en el procedimiento de conciliación es aceptable y, en consecuencia, contará con el apoyo de mi Grupo. 
Sin embargo, me preocupan un poco las declaraciones emitidas por el Ministro austriaco tras la conciliación. 
A mi juicio, es más probable que unas declaraciones de ese tipo compliquen la situación en lugar de contribuir a mejorarla. 
– Señor Presidente, ya contamos con el resultado del Comité de Conciliación en lo que respecta al tránsito a través de Austria. 
Aunque intervengo en nombre de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, que se opone a este compromiso porque supondría el deterioro general del medio ambiente, puedo afirmar, tras analizar la propuesta por mi cuenta, que se trata de un compromiso útil en el que el Parlamento ha visto cumplidos gran parte de sus deseos. 
Se ha encontrado un equilibrio aceptable entre el respeto del medio ambiente y de la libre circulación de mercancías. 
La propuesta defiende la persistencia del sistema de ecopuntos a lo largo del año 2004, con la opción de prorrogarlo hasta 2005 y 2006. 
Para esa fecha se espera que hayamos alcanzado por fin un sistema general de peaje para las redes de carreteras de toda la Unión Europea. 
Antes de llegar a esa situación, no obstante, existen todavía diversos problemas en relación con Austria que deberían ser tenidos en cuenta tanto por los opositores como por los partidarios de este compromiso. 
Si pretendemos acabar de una vez por todas con el problema de la contaminación, tendremos que plantearnos la cuestión desde puntos de vista nuevos y diferentes. 
Es preciso traspasar el transporte de mercancías de las carreteras a los ferrocarriles. 
Dadas las circunstancias actuales, no parece que haya voluntad suficiente de aumentar la capacidad de esta infraestructura. Pero hemos de tener presente que, como sucede con todo en esta vida, no conseguiremos nada sin dar algo a cambio. 
Esto quiere decir que los austriacos deberán dedicar sus esfuerzos a aumentar la capacidad ferroviaria en todo el territorio del país. 
Como he dicho, aunque el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica se opone a la propuesta del Comité de Conciliación, pero yo personalmente votaré a su favor. 
Asimismo, quiero decir al colega diputado que se ha manifestado en esta Cámara que me parece estupendo que ya haya iniciado su campaña electoral, pero que sería más aconsejable que, en lugar de manifestarse aquí en el Parlamento, lo hiciera en su país, en Austria, en cuyo caso está claro que, sin embargo, ni él ni su insustancial protesta serían fotografiados. 
Gracias, señor Presidente, Señorías, la decisión del Comité de Conciliación ha provocado en Austria el enfado y la consternación del Gobierno, el Parlamento, el conjunto de la población, los partidos y los medios de comunicación. 
No cabe hablar de campañas electorales en este sentido. 
Las sillas vacías de esta sala podrían haber sido ocupadas hoy por miles de personas deseosas de mostrar su enojo y consternación. 
Es la primera vez en la historia jurídica de la Unión que se le otorga semejante trato a los intereses vitales de un Estado miembro. 
Muchos de ustedes hablan de indulgencia; piensen en la palabra: Austria es tratada con indulgencia, se le conceden privilegios, se amplían las prerrogativas. 
Muchos de aquellos que hablan en estos términos parecen creer que hemos llenado de rencor la región de los Alpes y que hemos sembrado en nuestros campos las plantas más delicadas del continente con la intención de despertar la histeria nacional. 
Lo que la gente de Austria piensa es que el peligro que existe es enorme, y que no afecta solo a los intereses austriacos. 
Se corre el riesgo de que el derecho a la libre circulación de mercancías, con el que todos estamos de acuerdo, se convierta en un derecho religioso que acabe violando el derecho humano a la salud y la protección del medio ambiente, y de que solo apliquemos medidas complementarias sin garantizar a la gente este derecho básico. 
No añadiré ningún comentario más sobre esta historia interminable y su lamentable resultado. 
Sin embargo diré, señor Presidente, que con la postura de hoy se está planteando una cuestión de política jurídica. 
Se está transformando un problema medioambiental, un desastre ecológico, en un conflicto jurídico sin precedentes. 
Austria no quiere esta solución. 
Nadie la quiere. ¿Pretenden de veras imponer el reglamento contra la voluntad de este país, un reglamento que es una cortina de humo y que Austria se negará a aplicar? 
¿Es esta realmente su intención? 
– Señor Presidente, tras este inspirado esfuerzo de uno de nuestros diputados austriacos al Parlamento Europeo, he de devolver el debate a la realidad, aunque soy consciente de los sentimientos que hay en juego. 
El próximo 31 de diciembre caduca el acuerdo excepcional sobre el sistema de ecopuntos. 
Este año hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a decidir si sería conveniente continuar con este sistema y a determinar, en tal caso, el modo de hacerlo. 
En el informe presentado en primera y segunda lectura se abordaba el asunto de forma clara. 
Lo único que pretendía el Parlamento era establecer un régimen transitorio que permitiera pasar del sistema actual de ecopuntos a una situación en la que los camiones extranjeros también disfrutarían del libre tránsito a través de Austria. 
Sin embargo, parece que esto no es lo que esperaba Austria. 
En un principio, el Consejo decidió secundar esta idea. 
En este momento, llegados al final de la conciliación, el Consejo y el Parlamento parecen, después de todo, estar de acuerdo en lo esencial. 
El compromiso instaura un régimen en el que se impide el acceso a los vehículos más contaminantes y se favorece a los «ecológicos» , al tiempo que se reduce cada año el número de puntos disponibles. 
Se trata de un equilibrio realista en vista del conflicto existente entre la necesidad de proteger la región alpina –cuya naturaleza es sin duda vulnerable– y el principio de la libre circulación de mercancías, que es, después de todo, una realidad en la Unión Europea. 
Por este motivo, nos sentimos tremendamente decepcionados cuando Austria comunicó su deseo de abolir el sistema de ecopuntos a partir del 1 de enero de 2004. 
En este debate, quisiera realizar tres llamamientos. 
En primer lugar, a Austria, para que comprenda las interminables hostilidades mutuas que podría conllevar su actitud. 
La indignación interna innecesaria no resulta en absoluto constructiva. 
En segundo lugar, insto a la Comisión a que estudie con atención la admisibilidad de potenciales acciones austriacas que podrían poner en peligro la libre circulación de mercancías. 
En tercer lugar, ruego a mis colegas diputados que revisen sin demora la directiva relativa a la euroviñeta. 
Con su nueva redacción, es posible que ofrezca una respuesta al punto muerto en el que nos encontramos. 
Estoy satisfecho con el compromiso acordado con el Consejo y, por lo tanto, lo respaldamos con firmeza. 
Señor Presidente, mañana tendrá lugar la votación sobre un informe en el que ya no se aborda el problema original, a saber, la reducción de los agentes contaminantes atmosféricos a través de la restricción cuantitativa y cualitativa del tráfico que transita por Austria. 
El resultado del Comité de Conciliación consiste en poner a disposición de aquellos vehículos que siguen en el sistema de ecopuntos bastantes más puntos de los que realmente son necesarios. 
La consecuencia final es que el sistema vigente ya no impone límites sobre el tráfico que transita por Austria, y deja de tener sentido alguno. 
Además, se exige a Austria que implante un costoso sistema de cómputo, el cual, aparte de resultar prácticamente imposible desde el punto de vista técnico, tan solo reportaría gastos, sin conllevar ninguna ventaja ecológica. 
En vista de lo anterior, el hecho de que el acuerdo se aplique durante tres años y a la totalidad del territorio austriaco, en lugar de solo a los pasos alpinos, es del todo irrelevante. 
Apoyar este compromiso sería un auténtico y completo disparate, y empañaría en última instancia el prestigio de esta Cámara. 
En consecuencia, les pido que mañana rechacen este informe, que irá a parar a la lista de decisiones sin sentido, una lista que ya es bastante larga. 
Con cada voto emitido a favor del informe, nosotros, el Parlamento Europeo, nos estaremos poniendo en ridículo seis meses antes de las elecciones. 
La fecha de debate y resolución del informe Costa representa un día negro para un Estado miembro, Austria. 
Pese a quien pese, no se tiene la menor consideración con nuestro país y sus ciudadanos. 
Pero no constituye un día negro solo para Austria; en relación con este asunto, el Parlamento Europeo pone en juego su reputación como representante de los ciudadanos y de los intereses medioambientales, poniéndola en manos del grupo de presión de los gases y el ruido. 
Después de todo, fue el Parlamento Europeo el que modificó la propuesta legislativa original de la Comisión por amplia mayoría y el que logró imponer su postura. 
El resultado del procedimiento de conciliación consiste en eliminar los controles sobre el tráfico que circula por Austria. 
No se imponen límites al impacto medioambiental y se anula la protección de la población de la zona. 
La orden del día es «Carreteras despejadas para la libre circulación de camiones». 
Si, tal y como han mencionado algunos, esto supone un privilegio para Austria, tan solo puedo pedir que Dios nos libre de amigos de este tipo. 
En estas circunstancias, no hay duda de que los austriacos rechazarán el reglamento propuesto. 
Rogamos a aquellos diputados preocupados por la reputación del Parlamento Europeo como institución próxima a los ciudadanos y respetuosa con el medio ambiente que secunden nuestra postura. 
Sea cual sea el resultado de la votación, no se solucionarán los problemas. 
La República de Austria prevé que será bastante complicado implementar las medidas que debe aplicar en el futuro y que para los ciudadanos será difícil convivir con las nuevas normas. 
Hay un aspecto positivo en este avance: el año que viene debatiremos en esta Cámara la directiva sobre tarificación por el uso de las infraestructuras, que se aplicaría en toda Austria. 
Y ya no se trataría de favores especiales para un país y sus ciudadanos. 
Veremos entonces cómo se comportan este Parlamento y sus diputados en la votación: como amigos de los ciudadanos y del medio ambiente, o según los deseos del grupo de presión de los gases y el ruido. 
Los votantes europeos expresarán su gratitud el próximo 13 de junio. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo como diputado austriaco pero, sobre todo, como alguien que siempre ha defendido el medio ambiente y como concejal de la ciudad de Viena responsable del transporte, quien creía que el crecimiento del tráfico y de la economía no se debía producir a costa del medio ambiente y de la salud. 
Quizás en ocasiones hayamos presentado las normas de tránsito como un privilegio o un acuerdo especial para Austria. 
Puede que en realidad se tratara de un acuerdo especial, pero con una función particular y pionera para el conjunto de Europa. 
Esta norma sobre el tránsito ha supuesto la introducción de mejoras en la flota de camiones de toda la Unión, que se ha modernizado. 
Se podría decir, si lo prefieren, que se ha hecho más ecológica, más respetuosa con el medio ambiente. 
Y ahora se pretende poner fin antes de tiempo a una función tan positiva. 
El ponente, quien por desgracia no se encuentra presente –es interesante que esta sea la segunda vez que se debate el sistema de ecopuntos en esta Cámara sin que el ponente nos acompañe; y su predecesor tampoco ha podido asistir, lo que demuestra la seriedad con la que se aborda este asunto–, presentó al menos en una ocasión una propuesta que todavía incentivaba el cambio. 
Sin embargo, liego volvió a desaparecer. 
El «régimen transitorio» con el que contamos en la actualidad no incluye ningún incentivo que estimule el cambio de camiones más peligrosos para el medio ambiente a camiones más respetuosos. 
Y este es el mayor inconveniente, el mayor problema que origina este régimen en Austria. 
Se hacen continuas referencias a la directiva sobre tarificación por el uso de infraestructuras. Sin embargo, ya puedo predecir la polémica en torno a dicha directiva. 
Si observamos la propuesta del Sr. Cocilovo, queda claro que él no acepta de ningún modo lo que propone la Comisión. 
No hacemos más que aplazar las cuestiones de una propuesta a otra. 
En lugar de eso, tendríamos que redactar una norma general. 
Aunque me complace este reglamento, creo que no es suficiente. 
En mi opinión, deja de tener sentido desde el momento en que este Parlamento y determinados Grupos y diputados lo recortan más y ni siquiera quieren aceptar la propuesta de la Comisión de realizar una mínima desviación del transporte por carretera a la red ferroviaria. 
Esta es mi postura. 
Para terminar, pediré a mis colegas diputados que rechacen este informe mañana porque no es más que una farsa. 
Pediré a mis colegas diputados que recapaciten seriamente y digan «no» a una propuesta que se quiere hacer pasar por solución. 
Austria necesita una solución real, y eso no es lo que tenemos hoy ante nosotros. 
Espero que consigamos más apoyo cuando se debata la directiva sobre la tarificación por el uso de infraestructuras. 
– Señor Presidente, aunque se ha registrado algún avance en las negociaciones, no hay duda de que este no es suficiente. 
Solicitamos protección para la totalidad del territorio austriaco y esta petición sí que se ha concedido. 
Sin embargo, es preciso aprobar la enmienda relativa a los camiones más contaminantes, ya que no existen camiones respetuosos con el medio ambiente Esta es una condición imprescindible. 
No se han tenido en cuenta los factores relativos al ruido. 
Tal y como he manifestado en anteriores ocasiones, en el transcurso de este procedimiento –primera lectura, segunda lectura, debates previos–, nos encontramos ante un problema de naturaleza democrática, cosa que también ha comentado mi vecino. 
Por este motivo, Austria considera que el reglamento es inaceptable. 
Austria ha señalado que, en los próximos dos años, en parte debido a la adhesión de más países, el transporte a través de su territorio se duplicará, o puede incluso que se cuadruplique. 
En última instancia, decidió de forma unilateral abolir el sistema de ecopuntos el 31 de diciembre. 
Puesto que esta decisión nos obliga a plantearnos qué medidas se adoptarán en el futuro, quisiera que la Comisaria nos explicara el modo en que cree que se desarrollará esta cuestión en el Consejo del 22 de diciembre. 
Después de todo, si Austria se mantiene firme en su postura, no sé cómo habrá que actuar ante esta decisión. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque los puntos suelen representar elementos positivos en la vida, por desgracia este tipo de puntos son inapropiados. 
Nuestro apreciado colega diputado, el Sr. Swoboda, acaba de afirmar que Austria quiere más. 
Comprendo perfectamente la postura de los austriacos, pero, Señorías, no estamos en Viena, en el parlamento austriaco: nos encontramos en el Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, ¿cabría la posibilidad de preguntarnos si Europa quiere más? 
Si hubiera nacido en un valle en Austria, podría considerar el problema desde su punto de vista. 
Pero si analizamos la situación desde la perspectiva europea, debemos tener en cuenta que las mercancías se seguirán transportando de todas maneras entre el sur y el norte del continente. 
Y si no toman una ruta directa, si no siguen el camino más barato posible, buscarán cualquier otro camino para llegar a su destino. 
En consecuencia, los viajes llevarán más tiempo, las carreteras se desgastarán más y aumentará la contaminación. 
Hemos de aceptar que en el seno de la Unión Europea debemos cumplir las normas comunes, aunque esté de moda –cosa que entiendo perfectamente– tratar de ocultar una política proteccionista tras un sistema de ecopuntos. 
Tenemos que ver el bosque, no solo los árboles. 
Es preciso contemplar la situación desde una perspectiva más amplia, como suele decirse, ya que si las mercancías se transportasen en Europa del modo más caro y se incrementaran los niveles de contaminación, ¿quién se haría responsable de estos gastos? 
Como siempre, el consumidor final, el ciudadano europeo que ingresa solo 1 000 euros al mes, acabaría pagando estos costes. 
¿Cuál podría ser la solución? 
Utilizar camiones que contaminen lo menos posible y, por supuesto, siempre que sea viable, aumentar el uso de los ferrocarriles. 
Aunque en la práctica sabemos que este tipo de transporte no dispone de la capacidad suficiente, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para incentivar su uso. 
Si bien deberíamos introducir desgravaciones fiscales para fomentar el cambio a los camiones más modernos, no es aconsejable que cada uno aplique su propio sistema cuando de lo que se trata es de construir una Europa común. 
Tenemos que tener presente que para que un beneficio sea global, ha de favorecer también al ciudadano europeo particular. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ¿por qué ha costado tanto llegar a un acuerdo? 
Porque teníamos que encontrar una solución para un país que nunca ha participado de forma constructiva en el proceso. 
Sabemos qué es lo que Austria no quiere desde la primera lectura aquí en el Parlamento de las decisiones del Consejo. 
A decir verdad, a día de hoy todavía desconozco cuáles son los deseos de Austria. 
Solo sé que no están de acuerdo con este compromiso. 
Por lo tanto, les pido que me comprendan cuando digo que es preciso abordar este asunto con más seriedad. 
¿Cómo lograremos determinar un modo de prorrogar el sistema de ecopuntos que favorezca los intereses legítimos de Austria si este país no interviene en el proceso decisorio? 
Simplemente puedo manifestar que tanto mi Grupo como yo estamos de acuerdo con este compromiso, a pesar de que los periódicos, las actas del Parlamento y los comunicados de prensa sostengan que yo voté en su contra: tan solo voté en contra del número de puntos propuesto por considerar que la cifra de 6,9 millones era demasiado baja. 
Aunque la Comisión también había presentado otros cálculos, no logré salirme con la mía en la delegación parlamentaria. 
No obstante, y sin lugar a dudas, apoyo el compromiso alcanzado. 
El Sr. Swoboda está en lo cierto al afirmar que logramos introducir con éxito la tecnología moderna en Europa, tien razón salvo en lo que respecta a un país. 
Quiero insistir en este punto: debido al sistema de ecopuntos, los camiones que circulan por las carreteras del sur de Alemania y del norte de Italia son más modernos que los que la Republica de Austria ha autorizado en su propio país, donde no se aplica este sistema de ecopuntos. 
Austria podría haber dado un buen ejemplo al respecto en sus normas nacionales. 
En la directiva sobre la introducción de las fases Euro 3 y Euro 4 se incluían disposiciones en este sentido, relativas a la atribución de desgravaciones fiscales para motivar la modernización de la flota de vehículos de transporte pesado. 
Si estas se hubieran aplicado, gran parte de los emotivos comentarios emitidos hoy aquí habrían sido más fáciles de creer. 
Confío en que mañana se apruebe este compromiso por una amplia mayoría. 
Tras ocho años de acalorado debate, tenemos al fin en perspectiva una solución al problema de los ecopuntos. 
En efecto, hay que celebrar las conclusiones del procedimiento de conciliación, ya que con ellas se logra restaurar el equilibrio en una situación compleja, según la cual en Austria se aplica un instrumento que disuade a los vehículos de transporte pesado y, sin embargo, luego se permite que estos se desplacen sin obstáculos a cualquier parte, incluidas las regiones alpinas de Francia e Italia, sin tener que afrontar el pago de peajes medioambientales. 
Repito: incluidas las regiones alpinas. Y en este sentido me dirijo al diputado austriaco que hablaba como si la cuestión de los Alpes solo afectara a Austria. 
Nos enfrentamos a los mismos problemas que denuncia Austria y el impacto medioambiental es idéntico. 
Todos estamos a favor de proteger nuestras montañas y nuestros países de un flujo excesivo de tráfico de camiones. Pero la solución no consiste en desplazar el origen de la contaminación a cualquier otra parte. 
Tampoco sirve de consuelo que el daño medioambiental se subsane con el pago de peajes muy elevados, ya que esto llevaría al borde de la quiebra a las empresas de transporte, en especial a las más pequeñas y débiles. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Lisi: esta solución constituye el mejor compromiso posible y Austria también debería estar satisfecha. 
Puede que este país se haya acostumbrado demasiado a la situación o quizás, según el modo en que se mire, puede que no se haya adaptado lo suficiente. 
¿Qué tenemos que hacer entonces en este momento? 
Debemos empezar a trabajar con decisión en la cuestión de las redes transeuropeas, sobre todo en lo que respecta al túnel del Brennero y a la puesta al día de las cuatro líneas de alta velocidad del corredor ferroviario Munich-Verona, para que así el transporte por ferrocarril se convierta en una alternativa viable al transporte por carretera. 
Sin embargo, es preciso dejar las cosas claras a las empresas responsables de la intermodalidad. 
Si bien es cierto que la intermodalidad se implementa en la actualidad de forma bastante satisfactoria, es necesario que los precios, horarios y servicios ofrecidos resulten realmente competitivos y atractivos –o mejor dicho, convincentes– con el propósito de desviar todo el tráfico de las carreteras a los ferrocarriles. 
– Señor Presidente, aunque comprendo perfectamente la postura de Austria y de los diputados austriacos, opino que la libre circulación de personas y mercancías representa uno de los logros más importantes de la Unión Europea. 
Al aceptar la adhesión, Austria obtuvo una derogación cuyo vencimiento estaba fijado para el 31 de diciembre de este año. 
A modo de excepción de la derogación, el Consejo y el Parlamento decidieron ampliar el acuerdo hasta finales de 2006 durante el procedimiento de conciliación. 
Si se analiza en el contexto del principio de la libre circulación, esta decisión no resulta acertada. 
Sin embargo, dadas las circunstancias imperantes en Austria, considero que se trata de un compromiso aceptable entre el principio de la libre circulación y la protección de los intereses medioambientales. 
Sin lugar a dudas, apoyo la idea de que siempre se debe dar cabida al transporte sostenible. 
En la última reunión del Comité de Conciliación, el Ministro de Transportes austriaco echó a perder la alegría por el acuerdo. 
Considero equivocado oponerse a que se cumpla una decisión democrática recién adoptada. 
Mientras tanto, a juzgar por los reportajes de prensa que se hacen eco del Consejo Europeo del fin de semana pasado, parece que esta emotiva declaración se ha convertido en la postura del Gobierno austriaco. 
Aunque insisto en que se acepte el compromiso, me pregunto cuáles serán las consecuencias de esta decisión, que habrá de tomarse democráticamente. 
Quisiera que la Comisión explicara el modo en que las disposiciones contempladas en el acuerdo alcanzado en el compromiso sobre contaminación medioambiental permitirán garantizar el libre tránsito a través de Austria si el Gobierno de este país decide hacer caso omiso del acuerdo pensando que puede regular el asunto a su antojo. 
¿Acaso la Comisión cree que actualmente hay posibilidades de convencer al Gobierno austriaco de las ventajas de este acuerdo, un acuerdo que, en cualquier caso, fomenta el uso de vehículos menos contaminantes? 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, quiero aclarar algo que se ha comentado en esta Cámara. 
Señorías, al mirar al diputado austriaco que ha hecho alusión a un derecho básico a la salud, que supuestamente todos pisoteamos, me gustaría pedir que se detuvieran todos los desplazamientos nocturnos de los trenes de mercancías, ya que la salud de las personas se resiente cada vez que los trenes atraviesan las ciudades y pueblos durante la noche debido al enorme ruido que producen. 
O quizás debería solicitar a los austriacos que cerrasen todas sus pistas de esquí, porque les aseguro que hay expertos capaces de demostrar que las consecuencias del turismo en esas zonas son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. 
Hay que procurar no exagerar lo que se dice. 
A menudo debemos hacer frente a situaciones en las que confluyen dos factores de naturaleza jurídica entre los que es preciso encontrar un equilibrio. 
Opino que este compromiso, alcanzado tras una serie de largos debates, constituye una solución equilibrada, ya que prohíbe el tránsito de los camiones más contaminantes. Si no se aprueba, entonces podrán circular a través de Austria no solo los camiones griegos, que casualmente se pretende autorizar a pesar de ser los más sucios de la carretera, sino todos los camiones sucios. 
Esto no es más que un ejemplo para afirmar, primero, que su postura no es tan maravillosa como parece, y segundo, que este compromiso tiene sus ventajas. 
Para terminar diré que conviene tener cuidado en todo momento con lo que se pontifica. 
Recuerde que en 1994 los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron que la construcción del túnel del Brennero se convirtiera en uno de los catorce proyectos prioritarios. 
Hasta hace un año, el propio plan austriaco preveía que este túnel estaría terminado para el año 2021. 
Y en respuesta a la presión de este Parlamento y otros elementos, Austria ha decidido ahora adelantar la construcción del túnel del Brennero al año 2012. 
Aquellos que aseguran que la justicia está de su parte tendrían que actuar con prudencia y pensar si de veras son tan santos como creen. 
. Señor Presidente, en primer lugar, tiene razón el Sr. Swoboda, el sistema de ecopuntos va a beneficiar a todo el mundo, pues acelerará la modernización de la flota de camiones; en segundo lugar, se sigue manteniendo, aunque no como querría su Señoría. 
Por eso, porque se sigue manteniendo un sistema de ecopuntos, que supone una protección especial para todo el territorio austríaco- lo cual ya es mucho decir -, pido a todas sus Señorías el apoyo a esta propuesta, recordando que en el procedimiento de codecisión no es la Comisión la que negocia ni la que hace, sino que son este Parlamento y el Consejo. 
La Comisión no tiene más capacidad que la de intentar facilitar un acuerdo. 
– Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0464/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarques y anulación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento nº 295/91 (PE-CONS 3676/2003 – C5-0518/2003 – 2001/0305 (COD) ). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, al fin, esperemos, esta propuesta de la Comisión sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarques y anulación o gran retraso de los vuelos ha llegado al final de su viaje. 
Antes de proseguir, he de decir que en mi opinión la conciliación ha obtenido el mejor resultado posible, dado que el proceso ha sido tan difícil y complejo como el que acabamos de tratar. 
Ahora resumiré los aspectos básicos de esta conciliación, que se ha centrado en los elementos que no se resolvieron en la primera y la segunda lectura, pero también quisiera hacer hincapié en el concepto esencial y bastante sencillo que sustenta este compromiso: en otras palabras, hemos de considerar que los derechos de los pasajeros aéreos forman parte de un contexto más general, de todo el sistema de transporte aéreo. 
Un sistema donde todos los protagonistas, incluidas las autoridades de control, las autoridades de gestión, las compañías aéreas y los propios pasajeros, son interdependientes. 
Por tanto, la mejor forma de garantizar que los derechos de los pasajeros son eficaces consiste en garantizar el buen funcionamiento de este sistema: asegurar que ninguna de las normas que queremos introducir obstaculizan este mecanismo a gran escala y extremadamente delicado. 
Tal y como recordarán los Diputados, la propuesta inicial de la Comisión generó muchas preocupaciones. 
El Parlamento intentó abordarlas con la aprobación de 40 enmiendas. 
Después llegó una posición común del Consejo, y enseguida nos dimos cuenta de que había mejorado el texto, en particular en lo que se refiere a la espinosa cuestión del importe de las compensaciones, aunque no se había hecho un seguimiento de otras cuestiones planteadas por el Parlamento. 
¿Cuáles de estas eran las cuestiones más importantes? 
Aquellas referentes a procedimientos de aplicación de varios niveles de asistencia a los pasajeros en caso de anulación o grandes retrasos de los vuelos. 
Ahora, en lo que respecta a estas dos cuestiones, los grandes retrasos y la anulación de vuelos, me parece que el resultado que hemos logrado refleja en gran medida lo que las mejores compañías aéreas ya ofrecen a los pasajeros con carácter voluntario, y solo introduce un nuevo elemento, a saber, la certeza de estos derechos de los pasajeros, certeza ilimitada, a pesar de que no se excluyan las circunstancias extraordinarias. 
De hecho, hemos convencido al Consejo, lo que satisface al Parlamento, de que solo hay un mensaje posible: «Estimado pasajero, no podemos garantizarle muchos derechos, solo unos pocos, pero los que le garantizamos son seguros, no están sujetos a ninguna condición». 
En realidad, sería un error y contraproducente crear esperanzas para después comprobar que se niegan esos derechos y que las esperanzas quedan aplastadas bajo el comportamiento de las compañías aéreas. 
Hablo de los derechos más básicos, como por ejemplo, el derecho a poder tomar una bebida, a poder hacer una llamada telefónica, a poder establecer contacto con amigos o familiares. 
Por lo tanto, hemos creado un mecanismo que introduce un sistema de niveles para los servicios que deben prestarse a pasajeros y, lo que es más importante, una gama completa: desde servicios mínimos, asistencia in situ en aeropuertos en caso de anulación de vuelos o retrasos excesivos de más de cinco horas, hasta algún tipo de compensación por daños, especialmente compensación económica, que es el mayor nivel de protección que hemos establecido. 
Me parece importante mencionar el acuerdo sobre el derecho mutuo de compensación: este es un aspecto importante del texto de conciliación porque permite, por ejemplo, a los operadores turísticos que deben cumplir estos reglamentos reclamar compensaciones a la compañía aérea que presta el servicio cuando la prestación de un mal servicio es responsabilidad de la compañía aérea. 
Como ya saben ustedes, los otros aspectos son menos importantes, por ejemplo, la coherencia con todo lo que habíamos introducido en la primera lectura. 
Señor Presidente, terminaré dando las gracias a todos quienes han contribuido a lograr este resultado, que en mi opinión ha de apoyarse, a pesar de la presión que han ejercido en las últimas horas una serie de grupos interesados que hacen lo posible por detener la aprobación del texto. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación y, en particular, a su presidenta, la Sra. Cederschiöld, así como al ponente, Sr. Lisi, por el magnífico trabajo realizado en un asunto tan complicado. 
Este Reglamento pretende disminuir la frecuencia con que se producen, en el ámbito del transporte aéreo, dos prácticas totalmente censurables y que causan graves perjuicios a los pasajeros, que a veces se sienten- nos sentimos- tratados como maletas, no como personas, ni como ciudadanos, ni como consumidores con derechos. 
Una de estas prácticas consiste en el hecho de que, teniendo un billete perfectamente conformado, con todas sus condiciones reunidas, se nos deniega el embarque cuando llega el momento de utilizarlo. 
La otra práctica consiste en que, teniendo el billete perfectamente conformado, es decir, un contrato con una compañía aérea, ésta suspende el vuelo, no por razones ajenas y extraordinarias que impiden volar- como puede ser una situación de niebla -, sino por razones comerciales como, por ejemplo- supongo que no solo me ha ocurrido a mí y que alguna de sus Señorías también se habrá visto en la misma situación -, que había pocos pasajeros para ese vuelo. 
Las disposiciones que aquí se plantean tratan de establecer unas compensaciones que supondrán para las compañías aéreas una falta de incentivo o un elemento disuasorio para llevar a cabo estas prácticas y, además, de limitar al mínimo los inconvenientes y los problemas causados a los pasajeros y a los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones. 
No voy a entrar en los detalles, porque el ponente, Sr. Lisi, los ha explicado muy bien. 
Espero que, con la entrada en vigor del Reglamento, se produzca un descenso drástico del número de pasajeros a los que se deniega el embarque y que, si esto sucede, que gracias a la utilización del sistema de subasta o de voluntariado- que se pone en marcha con este sistema -, se ocasione el menor número de dificultades y problemas a los ciudadanos. 
Sé que algunas de sus Señorías están preocupadas, y también que con algunas de sus Señorías han hablado largamente representantes de algunas compañías aéreas, defendiendo sus legítimos intereses. 
Entiendo esta preocupación, pero quiero decirles que las compañías aéreas están saliendo ya claramente de los baches sufridos durante estos últimos años. 
La primera responsable y la primera preocupada por el éxito económico de nuestras compañías aéreas es la Comisión. 
En este sentido, hemos llevado a cabo, a lo largo de todos estos años, una serie de medidas cuyo objetivo ha sido respaldar, apoyar, sostener y defender a nuestras compañías aéreas en Europa y fuera de ella. 
Les recuerdo alguna de estas medidas: la iniciativa "cielo único", que va a suponer reducción de gastos y mejor rotación de la flota, la autorización de las alianzas, la lucha contra las distorsiones de las condiciones de competencia- concretamente, la cuestión del apoyo a nuestras compañías aéreas frente a prácticas anticompetitivas o predatorias por parte de terceros países- y el respaldo que les dimos con cuestiones como los seguros cuando ha habido dificultades en los tiempos pasados. 
Señorías, es evidente que nos ocupamos de las compañías aéreas europeas y de defender sus intereses, que es lo que tenemos que hacer: ahora estamos negociando concretamente los acuerdos con los Estados Unidos, para que haya una zona transatlántica común de aviación Estados Unidos-Unión Europea. 
Pero no se trata solamente de esto, porque también debemos ocuparnos de defender los derechos de los pasajeros, de los ciudadanos. 
Y eso es lo que vamos a apoyar y reforzar con estas medidas. 
Quiero decir también que las compañías serias y responsables ya están aplicando la mayor parte de estas medidas de manera voluntaria. 
Señor Presidente, espero que este Parlamento respalde mañana el resultado de esta conciliación, y quiero repetir mi agradecimiento a la presidenta, Sra. Cederschiöld, y al ponente, Sr. Lisi. 
– Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que el pasajero, y por pasajero entiendo la persona que ha decidido viajar en avión y que va al aeropuerto solo para que le digan que no puede volar o que su vuelo viene con un gran retraso, de modo que su viaje no tiene sentido, debe contar con una protección básica. 
Es por este motivo por lo que, todos nosotros, desde el principio, al centrarnos en los intereses de los usuarios, decíamos que había que apoyar esta opinión. 
Por otro lado, también nos hemos fijado en los intereses de las compañías aéreas, especialmente en este período crítico que sufre el sector del transporte aéreo, y por este motivo el Parlamento Europeo ha estado a favor, desde el principio, de adoptar medidas equilibradas que, por un lado, sirvan al consumidor sin que, por el otro lado, perjudiquen a las compañías aéreas y a su competitividad. 
Nuestro ponente, el Sr. Giorgio Lisi, quien ha hecho un trabajo excelente, que durante el procedimiento de conciliación se ha visto finalmente coronado por el éxito, también ha adoptado personalmente esta actitud. 
Personalmente he estado a favor, incluso durante el procedimiento de conciliación, y mañana también votaré a favor del resultado del acuerdo con el Consejo, porque creo que, sin perjudicar a las compañías aéreas, proporciona un buen marco donde trabajar para proteger al consumidor, al pasajero. 
Las he tenido en cuenta, pero no estoy de acuerdo con ellas. 
Me parece que exageran, creo que el acuerdo que tenemos es un buen acuerdo y que deberíamos aceptarlo tal y como está. 
– Todos los años se niega el embarque a mil cincuenta pasajeros en Europa a pesar de contar con un billete válido. 
Las anulaciones y los retrasos de vuelos también van en aumento, especialmente en la temporada más turística. 
Esto no redunda en interés de los consumidores. Por tanto, mi grupo acoge con satisfacción el reglamento. 
Nos proporcionará un marco jurídico europeo uniforme, probablemente a partir de 2005. 
Estoy seguro de que hemos conseguido un equilibro justo entre los intereses de los consumidores y los transportistas. 
Se ha recortado el nivel excesivo de compensación que busca la Comisión a un importe realista. 
La referencia a las circunstancias extraordinarias reduce la responsabilidad de los transportistas a un nivel razonable. 
Por tanto, preveo que el Consejo estará de acuerdo con el Parlamento en cuanto al resultado de la conciliación. 
Esto representa un adelanto con respecto a los acuerdos existentes porque ahora tenemos una lista de beneficios a los que tienen derecho legalmente los pasajeros, no solo en casos de sobrecontratación como antes, sino también cuando los vuelos se anulan o retrasan. 
El núcleo de la mejora son los pagos compensatorios, que son el doble de los que hasta ahora eran la norma en Europa al amparo de acuerdos voluntarios. 
Por ejemplo, si llego a Tegel antes de saber que mi vuelo de Berlín a Mallorca ha sido anulado, no solo me dan un billete nuevo, sino que me dan una compensación de 400 euros. 
Y me dan lo mismo si he de quedarme en tierra por motivos de sobrecontratación. 
Esta también es una medida de presión sobre las compañías aéreas para que sean más razonables a la hora de utilizar el sistema de sobrecontratación, a pesar de que es necesario. 
Por supuesto, también esperamos que se hagan más esfuerzos por reducir los retrasos y la abusiva anulación ocasional de los vuelos cuando no van lo suficientemente llenos. 
Un efecto colateral del reglamento será la reducción de la diferencia en cuanto a la competencia entre el compañías aéreas económicas y tradicionales. 
En estos momentos estamos estableciendo las normas para los derechos de los pasajeros aéreos que tarde o temprano también deberían aplicarse a otras modalidades de transporte. 
– Señor Presidente, finalmente hemos obtenido una propuesta de compromiso relativa a la compensación a pasajeros aéreos, y en el Parlamento Europeo en especial nos ha de satisfacer esta propuesta. 
De las asambleas de Europa, la nuestra probablemente sea la asamblea cuyos Diputados viajan más como parte de nuestro trabajo diario. 
Por tanto, somos demasiado conscientes de los vuelos sobrecontratados, retrasados y malos servicios, así como de la frustración resultante. 
Por consiguiente, creo que la propuesta, que impone límites a los retrasos y compensación en caso de anulaciones, presionará a las compañías aéreas, lo que servirá de incentivo para que se ajusten al número de salidas y que los aviones salgan puntuales, en beneficio de los pasajeros. 
Esperemos que también promueva horarios de salida más razonables y una compensación evidente para los pasajeros siempre que los vuelos no salgan puntuales. 
Sin embargo, es preciso publicar las compensaciones que deben pagar las compañías aéreas para poder ver claramente en qué consisten. 
En relación con la legislación, se ha introducido el principio, que también ha de aplicarse a los viajes organizados, de rembolsar los billetes de avión. 
Yo solo puedo aplaudir esto, pues coloca a los consumidores europeos en una mejor posición. 
El problema es que a menudo puede ser difícil descubrir el precio correcto de un billete de avión que forma parte de un viaje organizado. 
Sin embargo, estoy seguro de que esto puede resolverse sobre la marcha, cuando surja el problema. 
En general, estoy satisfecho con la propuesta del Comité de Conciliación y espero que se apruebe. 
– Señor Presidente, mi Grupo acoge muy favorablemente este informe. 
La propuesta es importante, porque debemos acoger con satisfacción la mejora de las condiciones y criterios en que los pasajeros tendrán derecho a reembolso y recibirán asistencia en caso de que no puedan abordar su vuelo o este se cancele o sufra un retraso prolongado. 
Asimismo debemos tener en cuenta los casos de cancelación o retraso prolongado debido a razones técnicas válidas en aras de la seguridad. 
No deseamos crear una situación en que las compañías aéreas decidan volar sin saber el resultado. 
Sin embargo, se han producido numerosos casos en los que no se ha permitido a algunos pasajeros subir a bordo debido al overbooking –como muchos de los diputados a este Parlamento han experimentado con algunas compañías aéreas en Europa– y se han quedado en la estacada, ya sea en Bruselas o en algún otro lugar. 
Un habitante de mi circunscripción compró un billete en Internet de la conocida compañía Ryanair, pero cuando fueron a recoger el billete no se les permitió el acceso porque tenían un carné internacional de estudiante y no se les permitió subir a bordo porque dicho carné había caducado. 
Así que presentaron un carné nacional de estudiante válido, pero éste no fue aceptado. 
Así que existe un verdadero problema para saber qué es un documento de identidad aceptable. 
Esta persona pagó mucho dinero por el billete, pues no era uno de esos billetes que cuestan unos cuantos euros, sino que era bastante caro. 
¿Cuánto ganan las compañías aéreas con estas prácticas? 
Otro habitante de mi circunscripción viajó hasta Londres, donde no se le permitió subir a bordo de un vuelo de conexión entre Londres y Europa. 
Las compañías aéreas deben asumir responsabilidades ante sus pasajeros. 
No se puede seguir permitiendo que traten a los pasajeros de esta manera. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera felicitar al Comité de Conciliación y al Sr. Lisi por el acuerdo que hemos alcanzado. 
Este Reglamento, espero, alentará a los operadores aéreos y a los organizadores de viajes a reducir sus prácticas habituales. 
Celebro asimismo la referencia en el Reglamento a las sanciones, que deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
En tal concepto, los pasajeros aéreos deberán recibir una compensación, un vuelo alternativo y ayuda acorde con los inconvenientes sufridos, y ello en el plazo más breve posible, lo que no siempre sucede. 
La extensión de los derechos de los pasajeros aéreos a todos los tipos de vuelos es una buena noticia: así, los pasajeros de los vuelos regulares –que solamente representan la mitad del mercado– y de los no regulares –en particular los viajes que forman parte de un paquete turístico– podrán hacer valer sus derechos del mismo modo. 
Como se indica en el Libro Blanco sobre «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» , el objetivo de la Comisión es recentrar dicha política en las exigencias y las necesidades de los ciudadanos. 
Contamos con ello. 
Los trastornos ocasionados por la denegación de embarque –estrés, fatiga, humillación– pueden tener muchas consecuencias para las personas afectadas: perder un negocio, imposibilidad de asistir a unos funerales, etc. Los miembros de este Parlamento que tienen que utilizar a menudo el transporte aéreo para sus desplazamientos entre Bruselas, Estrasburgo y su región, son especialmente conscientes de estos trastornos y de las pérdidas de tiempo ocasionadas. 
Por otra parte, como vicepresidente del Intergrupo de Personas Discapacitadas, celebro que en el artículo 11 se mencione la prioridad de la atención a las personas con movilidad reducida. 
No obstante, la lista podría ampliarse a las personas que viajen con niños de corta edad. 
En cuanto a las exenciones por causa de huelga, los preavisos prescritos deberían permitir a las compañías reaccionar con anterioridad y atenerse a las exigencias de este Reglamento. 
Por otra parte, acojo con satisfacción la disposición relativa a la obligación de informar a los pasajeros de sus derechos mediante un anuncio en caracteres bien legibles colgado en la zona de facturación, prestando una atención especial, más explícita que la definida en el Reglamento, a la información por medios adecuados de las personas con problemas visuales o invidentes. 
Un sistema de protección de los pasajeros como este debería extenderse a otros modos de transporte. 
Por último, parece fundamentalmente necesario que las líneas aéreas traten de asegurar de antemano la prestación de un servicio de calidad a los pasajeros para que estos no tengan que sufrir más tales inconvenientes. 
Espero que los diputados a este Parlamento apoyen este acuerdo, que quiere ser respetuoso con los derechos de los usuarios para que este tipo de prácticas sean lo más raras posible. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, como el ponente Sr. Lisi ya nos ha dado una excelente explicación del compromiso, en mi intervención solo quiero tratar unos pocos rumores o argumentos. 
Hace poco algunos Estados miembros han tenido dudas sobre el compromiso, porque creen que impone una carga demasiado pesada a las compañías aéreas. 
Pero esto no es así en absoluto. 
El Parlamento Europeo ha reducido claramente los tipos de compensación a favor de las compañías aéreas. 
El Parlamento Europeo ha introducido normas evidentes para los casos de fuerza mayor, de modo que las compañías aéreas no tienen que actuar si no son responsables de las circunstancias que conducen a una anulación o a una sobrecontratación. 
El Parlamento incluso ha atrasado la entrada en vigor durante 12 meses porque nos tomamos en serio la difícil y particular situación económica de las compañías aéreas. 
Así, estos acuerdos no entrarán en vigor en su totalidad hasta 2005. 
Si la industria del transporte, ya sea el sector turístico u otro, ahora plantea dudas sobre este compromiso, entonces he de decir que esto es muy injusto y en absoluto aceptable. 
Muchos gobiernos deben pensar si quieren arriesgarse a que, como Parlamento, aparezcamos claramente hostiles al consumidor si adoptan esta actitud en el Consejo. 
Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, en caso de que el Consejo quiera retomar este asunto. 
¿Puedo hacer otra observación para concluir? 
Las compañías aéreas económicas, que al principio no se tomaron nada de esto en serio, ahora vienen diciendo que estos niveles de compensación son demasiado altos. 
Si una compañía aérea económica ofrece un vuelo por 50 euros, sigue estando obligada a hacer el vuelo, a pesar del bajo precio. 
Porque los derechos del ciudadano que quiere ir a algún sitio en un momento concreto, ya sea por negocios o turismo, se han violado y ha de ser compensado si se le obliga a quedarse en tierra o solo puede volar un día más tarde. 
Incluso las compañías aéreas económicas deben compensar a sus pasajeros. 
– Señor Presidente, comenzaré esta intervención felicitando al Comisario por presentar esta propuesta, y a nuestro ponente, Sr. Liese, por su informe. 
Podría asimismo dar las gracias al Sr. Jarzembowski por decir muchas de las cosas que iba a decir yo, cosa que, de hecho, sucede rara vez. 
Estoy completamente de acuerdo con él, por ejemplo, en que no tiene sentido decir que las compañías aéreas no podrán hacer frente a sus responsabilidades. 
Seamos honestos, el transporte aéreo se duplicará en Europa en los próximos 30 años, de modo que no se trata de que las compañías aéreas no puedan permitirse ofrecer un vaso de agua y una galleta si se produce un retraso. 
Este es el tipo de norma básica que debemos esperar en el futuro, si se aprueba. 
Acojo con agrado muchos de los aspectos. 
Por ejemplo, demasiados pasajeros han sufrido inconvenientes cuando las compañías aéreas han cancelado o retrasado vuelos por motivos exclusivamente comerciales. 
Espero que esto se acabe. 
Por fin se obligará a las compañías aéreas a ofrecer a los pasajeros la comida y bebida que merecen, con la dignidad y respeto que merecen. 
Espero que todo esto signifique que se habrán acabado para siempre las cancelaciones por motivos comerciales y los largos retrasos. 
Este es un gran paso adelante para todos los pasajeros de líneas aéreas y también para las compañías aéreas, pues no afectará a las buenas compañías aéreas que cuidan de sus pasajeros. 
En conclusión, diré que este acuerdo habría resultado aún mejor si los diputados del otro lado de la Cámara se hubieran mantenido más firmes en el procedimiento de conciliación. 
Pero no ha sido posible. 
Parafraseando a Neil Armstrong, diré que quizá no sea un gran salto para la humanidad, pero es un primer paso importante. 
Por último, quiero recordar al Comisario que quedamos a la espera de recibir pronto normas similares para el transporte internacional de pasajeros por ferrocarril, transbordador y autocar. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Watts: nos merecemos más que una galleta y un vaso de agua. 
En los últimos 30 años he volado por todo el mundo con una frecuencia media de dos veces por semana, que quizá sea más de lo que vuelan muchos de los aquí presentes. 
En general, no estoy de acuerdo con la declaración de muchos de mis colegas Diputados de que se trata mal a los pasajeros aéreos. 
Nos merecemos más derechos, pero ¿deberíamos meter a presión el mayor número posible de regalos navideños en este paquete? 
Porque, Señorías, ¿qué hacen las compañías aéreas por dinero? 
Operan con el dinero que reciben de nosotros, los pasajeros. 
¿No sería mejor resolver estas situaciones problemáticas mediante una mayor competencia, la eliminación de los monopolios y una menor regulación? 
No podemos prestar a los pasajeros mejores servicios aumentando la legislación y presionando a las compañías aéreas, porque incluso el sistema actual funciona perfectamente en los países donde se aplica. 
Vivimos en un mundo de libre competencia y esto solo significa que los países terceros disfrutarán de la ventaja competitiva. 
El consumidor europeo se merece tantas opciones como sea posible y unos billetes lo más baratos posible. 
Más burocracia de este tipo no ayudará. 
En cuanto a la intercalación, me parece que si un vuelo de British Airways sale de Tokio y llega a Helsinki y Finnair sale de allí hasta Oulu y el vuelo que sale de allí se anula debido al mal tiempo, es injusto que Finnair deba pagar todo el coste del billete. 
Sinceramente creo que es preciso proteger los derechos de un pasajero aéreo, pero los pasajeros aéreos y las compañías aéreas van de la mano y, al final, sus intereses no pueden separarse. 
Es fácil que al final de la pista nos esperen tarifas más elevadas. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Comisión por esta iniciativa y el excelente trabajo que el Sr. Lisi ha llevado a cabo a través del distinto proceso parlamentario al que hemos asistido. 
Creo que la importancia del sector aéreo no es discutida por nadie pero yo pertenezco a un país para el que el sector aéreo es absolutamente estratégico. 
Creo que aquellos países que tienen un alto nivel de turismo están más interesados que nadie en que el sector aéreo tenga la mayor solvencia y la mayor capacidad, puesto que de ello dependen elementos de desarrollo vitales para no pocos países europeos. 
Pero es verdad que ello es compatible perfectamente con que los perjuicios de los pasajeros sean compensados. 
¿Cuál es el perjuicio que recibe un pasajero cuando tiene un retraso? 
¿Es sencillamente que se le hace esperar dos, tres o cuatro horas en el punto de salida? 
Cuando hay un, ¿cuál es el perjuicio que recibe el pasajero? 
Sería muy difícil evaluar ese perjuicio, pero tengo la absoluta seguridad de que es un perjuicio que va muy por encima de las indemnizaciones que estamos estableciendo aquí, algunas veces sin comparación posible. 
Estimo que este Parlamento ha hecho un ejercicio muy importante e interesante con este informe. 
Por ello, le agradezco al Sr. Lisi, precisamente, la atención que ha tenido. 
El Parlamento ha mesurado- incluso reducido, en algunas ocasiones- las propuestas que nos llegaban de la Comisión y el Consejo. 
Hemos tenido en cuenta, precisamente, los intereses objetivos y de supervivencia de las compañías, lo que honra a este Parlamento y, desde luego, me parece absolutamente fundamental que dejemos de contabilizar como circunstancias extraordinarias muchos argumentos sofistas que ponen las compañías, en no pocas ocasiones, a los pasajeros. 
Ojalá se extienda al resto de los modos de transporte y profundicemos en esta dirección. 
– Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al ponente, el Sr. Lisi. 
Huelga decir que yo, al igual que mis colegas, espero que los pasajeros que viajan con compañías aéreas europeas sean tratados de forma justa y respetuosa. 
Asimismo creo firmemente que si no se cumplen los planes de vuelo y ello es imputable a la compañía aérea, esta debe asumir toda la responsabilidad. 
Desgraciadamente, este Reglamento, en su estado actual, causará graves daños a las compañías aéreas y, en particular, a las compañías regionales y de bajo precio, poniendo así en peligro puestos de trabajo y reduciendo las oportunidades que el consumidor espera en términos de libertad de elección y tarifas aéreas competitivas. 
Por ello lamento no poder votar a favor de este Reglamento, por las siguientes razones. 
En primer lugar, en el proyecto final, el artículo 6, que hace referencia a los retrasos, presenta graves defectos. 
La exclusión de circunstancias extraordinarias hace caer un peso económico inaceptable sobre la compañía aérea. 
Ninguna compañía aérea puede prever situaciones como huelgas, retrasos en el tráfico aéreo, condiciones meteorológicas adversas y posibles amenazas terroristas. 
Por ello resulta totalmente inadmisible contemplar el reembolso completo, así como un vuelo de regreso al primer punto de partida. 
Sugerir que las compañías aéreas podrán obtener compensación de proveedores terceros no es más que un mito. 
Quizá apelen al cielo si se presenta un problema meteorológico. 
En segundo lugar, quiero repetir mis argumentos anteriores en relación con el artículo 5 sobre las cancelaciones. 
El impacto de este Reglamento no ha tenido en cuenta el apoyo del Parlamento al fortalecimiento de nuestros aeropuertos regionales. Y la Comisión no ha considerado plenamente el efecto que tendrá sobre los operadores de vuelos chárter, que a menudo solo tienen uno o dos vuelos por semana a determinados destinos. 
En conclusión, diré que al principio de este proceso critiqué a la Comisión por esta propuesta mal redactada y presentada en un momento poco oportuno. 
Ignora el nuevo compromiso voluntario y no ofrece una evaluación de su impacto económico. 
Un coste adicional de 1 000 millones de libras esterlinas para las compañías aéreas no beneficiará a los pasajeros, sino que los penalizará a través del aumento del precio de los billetes y la reducción de opciones. 
La ironía está en que ninguna de estas normas se aplicaría a las compañías de países terceros que vuelan hacia la UE. 
Si la intención de la Comisión era ceder este negocio al resto del mundo, realmente ha hecho una excelente labor. 
Consideramos que hemos llegado a un texto más o menos equilibrado con respecto a la propuesta inicial, que a nuestro juicio encerraba una serie de peligros. 
Está claro que los derechos de los pasajeros son sagrados. 
Sin embargo, las compañías aéreas los tratan, muy a menudo, con gran ligereza, tanto en materia de asistencia como de información a los pasajeros. 
Está claro también que la práctica de la sobreventa ha demostrado en muchos casos sus limitaciones y se ha utilizado como herramienta comercial. 
Se ha visto incluso aviones que no partían porque no estaban llenos, lo que es absolutamente inadmisible para alguien que ha firmado un contrato de compraventa en el marco de la adquisición de un billete. 
Pienso que el texto a que hemos llegado es globalmente equilibrado. 
Por un lado, se esfuerza por garantizar que la práctica de la sobreventa no sea una práctica puramente comercial, limitándose a ser una práctica de flexibilidad. 
Sabemos muy bien que la sobreventa nunca se reducirá a cero en las compañías aéreas, porque de ese modo se gestionan los imponderables. 
En esta Cámara somos unos cuantos los que tomamos a menudo el avión. 
No obstante, también somos muchos los que nos beneficiamos de las prácticas de sobreventa cuando llegamos tarde o cuando las cosas no salen bien y hay atascos para acceder al aeropuerto. 
Por tanto, creo que no deberíamos dar demasiada importancia a este tema. 
Por otro lado, es necesario que el régimen de indemnización sea justo y equitativo, que no sea demasiado complejo para evitar contenciosos sin fin y, sobre todo, que no constituya un incentivo para que las compañías aéreas asuman riesgos en materia de seguridad. 
No hay que ir demasiado lejos, para que las compañías no digan: salimos a cualquier precio, incluso si tenemos un incidente técnico, porque nos va a costar demasiado indemnizar a los pasajeros. 
Espero que hayamos llegado a este equilibrio en el marco de este informe. 
Lo deseo, pero no estoy totalmente seguro. 
No obstante, la daremos nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, quizá valga la pena reflexionar durante un momento en por qué se consideró necesario adoptar una legislación que haga de la indemnización un derecho legal para aquellos pasajeros aéreos que sufren cancelaciones y retrasos sin tener la culpa de ello. 
Se consideró necesario porque algunas compañías aéreas tienen la mala costumbre de cancelar vuelos en el último momento, de practicar el overbooking, de imponer retrasos debido a prácticas poco eficientes, y luego, para colmo de males, tratan a sus víctimas –sus pasajeros– con total desdén y muy poca o ninguna condescendencia. 
Sus Señorías deben recordar que ya existía un código de conducta voluntario con las compañías aéreas de mayor fiabilidad. 
Sin embargo, la negativa de las denominadas compañías aéreas de bajo precio a firmar este acuerdo voluntario y las bajas indemnizaciones que ofrecen a sus víctimas significaba que era necesario adoptar medidas más formales. 
El péndulo ha oscilado a favor del consumidor, adoptando así una posición más razonable y equilibrada. 
La propuesta que tenemos ante nosotros constituye un primer paso para proteger a los viajeros cuando los transportistas no cumplen sus promesas y obligaciones. 
Espero que se introduzcan regímenes similares para otros modalidades de transporte, en particular para los transbordadores y los denominados buques de alta velocidad. 
Lo que hoy tenemos ante nosotros no es perfecto. 
Lamento que el Consejo de Ministros haya insistido en incluir los vuelos chárter. 
Lamento igualmente que se hayan suprimido las circunstancias extraordinarias en el artículo consagrado a los retrasos, pero me complace la exención para los operadores de aviones de hélice, el nivel acordado para las indemnizaciones y la inclusión de los transportistas de bajo precio. 
Esta propuesta no es ideal, pues plantea muchas preguntas en relación con la legislación vigente y destaca ámbitos en los que dicha legislación no es suficiente. 
Mencionaré, a modo de ejemplo, la Directiva sobre paquetes de viaje. 
Sin embargo, debemos reconocer que por fin se concede a los consumidores y viajeros los derechos que merecen, acompañados de indemnizaciones cuando las compañías aéreas no cumplan sus promesas. 
En los últimos meses, algunas compañías aéreas e incluso algunos diputados a este Parlamento me han abrumado con escenarios catastróficos. 
Pero hay que recordar que si las compañías aéreas no cancelan vuelos ni practican el, si operan los servicios que anuncian a tiempo y se atienen a su contrato con los viajeros, esta propuesta no les costará ni un solo euro. 
Los gastos para las compañías aéreas surgirán cuando no cumplan lo prometido, ¿y qué hay de malo en eso? 
Como otros ya han mencionado, no es una solución ideal, pero es necesaria en este momento. 
No tendríamos necesidad de un Reglamento como este de no ser por que cada año en Europa más de 500 000 pasajeros se ven afectados por cancelaciones y la imposibilidad de emprender su vuelo. 
Es importante que se vea que el Parlamento Europeo y la Comisión sirven al público europeo. 
Este Reglamento demuestra el valor añadido que la Unión Europea puede brindar a los derechos de los ciudadanos europeos. 
Probablemente es cierto que todos los diputados a esta Cámara han experimentado algunos de los problemas a los que tienen que hacer frente los pasajeros ordinarios, y es positivo que ahora abordemos este problema. 
. Señor Presidente, efectivamente, la perfección no es de este mundo, pero creo que es un paso adelante en la protección de los derechos de los pasajeros y espero que mañana el Parlamento pueda respaldar esta iniciativa. 
Muchas gracias a todos los parlamentarios que han trabajado en ella, muy especialmente al ponente, Sr. Lisi, y a la Sra. Cederschiöld. 
Muchas gracias Sra. de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0416/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
¿Qué acciones ha emprendido la Comisión para convencer al Gobierno turco de que, para poder soñar con adherirse a la Unión, tiene que cortar el enorme flujo de heroína afgana que barones de la droga turcos introducen de contrabando en la Unión utilizando la tecnología y las técnicas más recientes con el fin de ganar dinero y arruinar la vida de jóvenes europeos? 
. – Señor Presidente, Señoría, la Comisión Europea comparte su preocupación por las drogas que llegan a través de Turquía. 
El Acuerdo de Asociación con Turquía dispone que las instituciones permiten a la Comisión supervisar muy de cerca si Turquía adopta y aplica medidas comunitarias en relación con el crimen organizado y las drogas y cómo lo hace. 
En estos momentos también se están celebrando negociaciones relativas a la categoría de observador para Turquía en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. 
Creo que Turquía disfrutará de la categoría de observador el próximo año. 
El 1 de enero de 2004 empezará a trabajar al amparo de un acuerdo de cooperación para establecer un punto de contacto nacional para la Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías y para promover el desarrollo y la aplicación de una estrategia nacional sobre drogas. 
La Comisión también cree conveniente que se establezca lo antes posible en Ankara un pequeño Grupo de Dublín. 
Me alegro de pode decirles que Turquía ha hecho y está haciendo grandes esfuerzos por impedir el tráfico de drogas. 
Turquía participa activamente en medidas internacionales para impedir la canalización de heroína procedente de Afganistán a la Unión Europea. 
Precisamente por el carácter de este asunto, Señoría, no puedo decirle nada sobre la naturaleza de estas medidas, porque algunas conllevan operaciones por parte de los servicios secretos. 
Solo puedo decirle que la información de que dispone la Comisión demuestra que Turquía está cooperando totalmente y que el tono que subyace a su pregunta está injustificado. 
En 2002, las autoridades turcas se incautaron de 2 124 kg de heroína; menos que en años anteriores. 
El motivo es que los traficantes internacionales de drogas han cambiado sus rutas a raíz de los estrictos controles aplicados en Turquía. 
En 2003, las aduanas turcas introdujeron los sistemas más modernos en tres pasos fronterizos, que permitían examinar mediante escáner los coches que pasaban por estos tres pasos. 
Cuando se trata de la cooperación internacional, las autoridades aduaneras turcas celebran reuniones mensuales con agentes de enlace asociados a la cuestión de las drogas que se envían a Turquía. 
No hace falta decir que en su cooperación con Turquía, la Comisión presiona para que se cumplan en su totalidad todos los acuerdos y las disposiciones relativas a la lucha contra las drogas. 
– Su respuesta ha sido muy completa y útil, señor Comisario. 
Respecto a su comentario en el sentido de que no podía deducir necesariamente las cuestiones que se plantean en mi pregunta, me gustaría señalar que citaba directamente al jefe de un servicio de inteligencia policial de Londres al comentar los efectos que tiene la heroína turca en el Reino Unido. 
A título complementario, me gustaría preguntar acerca del «pequeño grupo de Dublín» que se creará en Ankara. 
¿Podría definir este término con sus propias palabras? 
. – Señoría, hice esta misma pregunta cuando me puse a trabajar con su asunto. 
Por lo tanto, estoy en situación de poderle dar una respuesta precisa. 
Primero, ha de saber usted lo que es un Grupo de Dublín. 
El Grupo de Dublín es la agrupación de países industrializados, es decir, todos los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y Australia, que coordina iniciativas para combatir las drogas y el tráfico de drogas. 
En cooperación con terceros países que no pertenecen a este Grupo de Dublín, este grupo despliega «mini Grupos de Dublín» con una cobertura regional, por tanto, un mini Grupo de Dublín en Ankara significa que los miembros del Grupo de Dublín y Turquía cooperan en estos asuntos en la propia Turquía. 
La Comisión ha adoptado en los últimos años una serie de decisiones relativas al deporte en materia de política y competencia. 
La mayor parte de dichas decisiones, teniendo en cuenta las características específicas de la competición deportiva, llegan a soluciones satisfactorias para el Derecho comunitario. Dado el interés de dichas decisiones y la doctrina que han ido creando, 
¿No juzga la Comisión oportuno preparar, antes del fin de su mandato, una comunicación sobre la manera en que las normas de competencia se aplican al deporte, de forma que puedan servir de guía en casos futuros y para que las organizaciones deportivas sepan a qué atenerse en sus reglamentos? 
. – Señoría, en estos momentos la Comisión no tiene previsto una comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia en el deporte. 
La Comisión cree que la práctica establecida de acción sobre una base de caso por caso, que ahora se remonta a siete años, proporciona orientaciones sólidas sobre cuándo y en qué medida se aplican las normas de competencia. 
En cualquier caso, los órganos deportivos internacionales que son principalmente responsables de regular el deporte conocen en general estas normas. 
Las normas de competencia del Tratado de la CE solo se aplican a actividades económicas en relación con el deporte; por supuesto, no se aplican a actividades genuinamente deportivas. 
Hay casos ambiguos y también puede haberlos cuando es difícil distinguir entre actividades económicas y no económicas. 
Pero estos problemas se tratan mejor sobre una base de caso por caso porque puede tenerse en cuenta el carácter particular del deporte en cuestión. 
Señor Comisario, gracias por su respuesta. 
Quisiera preguntarle si no cree usted que el hecho de que la Comisión haya tenido que adoptar en los últimos años esta serie de decisiones relativas al deporte en materia de política y competencia viene a resaltar con más fuerza todavía- si cabe- la necesidad de que se incluya en el futuro Tratado de la Unión Europea un artículo relativo al deporte. 
. – Esta, Señoría, es una interesante referencia al debate actual sobre la constitución De hecho, la Comisión puede muy bien imaginar que en la constitución propuesta se preste especial atención al deporte. 
Sin embargo, si he entendido bien la discusión que ha habido al respecto en la Convención y entre el público, no se trata tanto de la aplicación de normas de competencia, sino más bien de si las instituciones europeas también pueden tener una competencia «blanda» en materia deportiva. 
Retomando la cuestión de la política sobre competencia, la Comisión no descarta de cara al futuro una definición que entonces se plasmaría en una comunicación. 
Pero por el momento solo puedo repetir nuestra posición de que nos parece mejor para todos los afectados que los casos dudosos se decidan a medida que se plantean a la luz de las decisiones ya tomadas. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 27 decae. 
¿Ha mantenido la Comisión, durante los preparativos para la adhesión de los países candidatos, contactos personales con los representantes de las etnias y las minorías residentes en dichos países? ¿Piensa reunirse de nuevo con ellos durante los últimos meses de la fase previa a la adhesión? 
. – Señoría, le agradezco enormemente que haya hecho esta pregunta porque de hecho afecta a un aspecto muy importante de todo el proceso de adhesión. 
Y puedo informarle de que la cuestión de los derechos humanos y, por tanto, el respeto y la protección de las minorías han sido elementos básicos para iniciar negociaciones en torno a la adhesión desde la introducción del proceso de adhesión por parte del Consejo Europeo de Copenhague hace más de 10 años. 
Quiero decir aquí otra vez y expresamente que el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague es un requisito previo para comenzar y concluir las negociaciones con los países candidatos, y por ello entendemos que los candidatos deben ser democracias plenamente desarrolladas, donde el estado de derecho esté plenamente desarrollado, donde los derechos humanos se respeten totalmente, y que es preciso proteger a las minorías de acuerdo con la norma europea relativa a las minorías. 
La Comisión siempre ha seguido de cerca los desarrollos que afectan a las minorías en todos los países candidatos para las estrategias de preadhesión y los acuerdos europeos. 
Todos los años, los informes periódicos de situación de los países candidatos han tratado esta cuestión al detalle, y no solo han informado de mejoras y adelantos, sino que, tal y como usted sabe, también han sido muy claros en cuanto a las deficiencias se refiere. 
Todo esto ha sido posible porque hemos estado y estamos en contacto permanente con las partes implicadas en el proceso, incluyendo a representantes de grupos étnicos y minorías. 
Aparte de los contactos periódicos de los servicios de la Comisión a través de delegaciones de la Unión Europea que visitan un país o un centro administrativo, la Comisión ha patrocinado o participado en muchos comités y seminarios sobre diferentes cuestiones que afectan a las minorías. 
Se seguirán cultivando estos contactos en los próximos meses incluso después de la adhesión. 
Quiero asegurarle que la Comisión siempre ha cultivado estrechos contactos con minorías y sus representantes o con las organizaciones no gubernamentales pertinentes de Europa y, naturalmente, seguirá haciéndolo. 
– Solo quiero hacer una pregunta relativa al grupo de países que se adhesionarán el 1 de mayo. 
¿Hasta el 1 de mayo seguirá siendo usted el punto de contacto para cualquier representante de una minoría de estos países candidatos que quiera expresar alguna preocupación antes de esa fecha? 
¿Sigue siendo de su competencia? 
Esta es una pregunta, y la segunda es, ¿quién será el punto de contacto de la Comisión después de la adhesión? 
. – Esta pregunta me brinda la oportunidad de aclarar esta cuestión porque es obvio que no todo el mundo la ha entendido aún. 
Mi competencia para las relaciones con los países en vías de adhesión es completa e íntegra hasta el 1 de mayo de 2004. 
Por tanto, esto significa que todo lo que haya que hablar con estos países pasará por mí y si los representantes de minorías quieren hablar o si hay algo que aún deba plantearse con los gobiernos en este ámbito, por supuesto lo haré. 
Hace unos días, bastante casualmente, me reuní con los representantes de la minoría alemana que viven en Polonia en Wroclaw. 
Así, si hubiera alguna preocupación estoy preparado para ello. 
Después del 1 de mayo, después de la adhesión, los comisarios se encargarán de los ámbitos del acervo que recaigan en sus carteras. 
Por tanto, en cuanto a la protección de las minorías, me parece que será mi colega el Sr. Vitorino quién se encargará de este asunto a partir del 1 de mayo de 2004, y, si le conozco bien, seguro que se compromete firmemente a controlar que los derechos de las minorías se protejan en todas partes. 
– Señor Comisario, ya sabe usted que nuestro partido, el Partido Comunista de Grecia, ha planteado en numerosas ocasiones el problema de los derechos de la minoría que habla en ruso en los Estados Bálticos. 
La situación es inaceptable. 
Un tercio de la población de dos de estos tres Estados no tiene derecho a ser ciudadano o, por supuesto, a participar en el referendo sobre la adhesión de estos países a la Unión Europea, y no tiene ninguna oportunidad de estudiar en la universidad en su idioma y otra serie de cosas. 
No hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria de usted o de la Unión Europea en general, y realmente no puedo entender cómo pueden demostrar tanta sensibilidad, por ejemplo, con respecto a los derechos de las personas que hablan albanés en Kosovo y al mismo tiempo bombardear Kosovo y bombardear Serbia; cómo pueden ustedes hablar de los derechos de unos pocos oponentes al Gobierno de Cuba y no tener el más mínimo interés en las políticas, que no dudo en llamar políticas neofascistas, de los gobiernos de los Estados bálticos. 
En mi opinión, es un ejemplo de grave hipocresía. 
. – La Comisión no está de acuerdo con usted, Señoría. 
Al igual que el Consejo de Europa y la OSCE, la Comisión opina que los Estados bálticos cumplen totalmente las normas sobre derechos humanos y que el tratamiento de las minorías en estos países también se ajusta del todo a las normas europeas. 
Los trabajadores sociales y las organizaciones que observan la situación en la República Checa han llamado la atención sobre el importante comercio sexual en la zona fronteriza entre la República Checa y Alemania. 
Entre otras cosas, se han recibido noticias alarmantes sobre venta de niños para su utilización sexual. 
En vista de esto, ¿ha examinado la Comisión este problema o ha impuesto determinadas condiciones a la República Checa en la ronda final de las negociaciones de adhesión? 
¿Existe algún proyecto específico de la UE para ayudar a las víctimas del comercio sexual en la República Checa? 
. – Señoría, este es un asunto especialmente grave y doloroso, y, como usted sabe, durante años ha sido motivo de gran preocupación para la Comisión. 
Primero quiero hacer una observación. 
A este respecto mi estrategia personal siempre ha sido tener mucho cuidado con las insinuaciones dramáticas o las acusaciones dramáticas. 
Y he de señalar con horror, debo decir que estoy realmente horrorizado, que las publicaciones de algunas organizaciones no gubernamentales, que se han hecho con las mejores intenciones y que llaman la atención sobre problemas graves, han propiciado la aparición de información dramática y sensacionalista en los medios de comunicación, especialmente en los países limítrofes con la República Checa, lo que ha tenido consecuencias nefastas. 
Han acarreado un flujo de turistas del sexo que ahora van a esas áreas fronterizas porque han visto por televisión que se dice que allí hay niños que se prostituyen y ahora piden niños. 
Y me preocupa mucho que esta información sensacionalista esté creando una demanda que, al final, generará una oferta, aunque al principio no haya existido tal oferta. 
Por tanto, hemos de ser muy cautos y sensibles al tratar este asunto. Estoy seguro de que está usted de acuerdo conmigo. 
No es un asunto que es exclusivamente competencia de las autoridades checas y que no tiene nada que ver con nosotros; es un problema que pertenece al ámbito de la cooperación policial y judicial y, estoy firmemente convencido, que también al ámbito del respeto por los derechos humanos. 
En vista de todo esto, la Comisión ha instado repetidamente a las autoridades checas a que adopten las medidas necesarias. 
En el informe de situación de 2002 la Comisión señala que el Gobierno checo ha adoptado medidas importantes para luchar contra el comercio de seres humanos. 
Entre ellas se incluye en particular la mejora del marco jurídico con una enmienda al código penal en 2002. 
Este cambio legislativo amplió la definición de comercio y también se hizo extensivo a los niños. 
Una enmienda acelerada al código de procedimientos penales también garantiza que los procedimientos por casos de abuso infantil se simplifiquen y aceleren. 
En el año 2000 el Gobierno checo aprobó un plan nacional para luchar contra el abuso sexual comercial de niños y en 2003 un plan nacional de gran alcance para luchar contra el comercio de seres humanos para su explotación sexual. 
La ejecución de este plan se examina constantemente. 
La Comisión ha llegado a la conclusión de que la situación en la República Checa, especialmente a lo largo de las fronteras entre la República Checa y Alemania y entre la República Checa y Austria, sigue siendo motivo de preocupación. 
A la luz de los informes más recientes de organizaciones no gubernamentales, la Comisión va a exhortar a las autoridades checas a adoptar más medidas. 
Las autoridades checas tienen la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para impedir el comercio de seres humanos y la prostitución infantil. 
En mi opinión, lo más importante en estos momentos es utilizar una vigilancia eficaz para obtener una visión general de la verdadera situación. 
Esto también permitiría seguir la pista y procesar a los delincuentes. 
Para ello se necesitará una cooperación bastante estrecha entre las fuerzas policiales competentes, tanto en el interior como entre fronteras. 
He de hacer especial hincapié en el aspecto transfronterizo porque, estoy seguro, Señoría, los clientes no proceden de la República Checa. 
Los clientes proceden de países vecinos que son miembros de la Unión Europea desde hace mucho tiempo. 
La Comisión mantiene estrechos contactos tanto con las autoridades Checas como con las alemanas y austríacas para obtener información precisa sobre la situación in situ y para poder responder a nuevos desarrollos. 
Lamentablemente, las normas financieras por las que debemos regirnos no permiten dar ayuda directa a las víctimas del tráfico humano para su explotación sexual. 
Pero la Comisión dedica sustanciales cantidades de dinero a la lucha contra el crimen organizado y el comercio de seres humanos a través del programa PHARE. 
En los últimos cuatro años, la República Checa ha recibido 5,5 millones de euros con este fin. 
Tras la adhesión se concederá más ayuda con este objetivo mediante el instrumento de ayuda económica conocido como «servicio de transición». 
Además, desde el año 2000 organizaciones no gubernamentales checas han participado en cinco proyectos en el marco del programa Daphne con objeto de prevenir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, incluyendo la violencia en forma de explotación sexual. 
Las organizaciones no gubernamentales de la República Checa también podrán solicitar fondos similares del programa Daphne para los años 2004 – 2008. 
Señor Presidente, gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Como dicen las organizaciones voluntarias, hay muchos motivos para sentirse preocupados por el comercio de mujeres y niños en la región fronteriza entre Alemania y la República Checa, pero también en otras partes de Europa. 
Es un problema grave y común que también existe en las regiones fronterizas con los otros países que comparten frontera con la Unión Europea actual y ampliada, pero que no son miembros de la Unión Europea. 
Yo vivo en el norte de Suecia y tenemos este mismo problema en la región del Mar de Barents. 
A diferencia del Comisario, no creo que los informes de los medios de comunicación sean motivo del aumento del comercio. 
Creo, más bien, que se trata de una cuestión de pobreza y de subordinación de las mujeres. 
Esto promueve el comercio de mujeres y niños. 
Debemos trabajar en un frente amplísimo. 
También creo que la prostitución legal promueve el comercio de mujeres y niños. 
Por lo tanto, quiero ver que se procesa a quienes compran sexo. 
Creo que sería un proceder firme. 
He oído que la Comisión y el Comisario se toman este asunto muy en serio, y creo que esto es importante. 
También quiero llamar la atención sobre el programa Daphne. 
¿Cree el Comisario que la policía de los países de la Unión Europea y los países candidatos cooperan suficientemente bien para abordar este enorme problema? 
¿Se avanza cuando se trata de cooperación policial? 
. – Dos comentarios breves, Señoría. 
Creo que no deberíamos malinterpretarnos mutuamente. 
No he dicho que los medios de comunicación estén exagerando. 
He dicho que en el caso concreto de la información sobre la situación de las áreas fronterizas checas, la información sensacionalista ha propiciado que la demanda de prostitución infantil salga realmente a la luz. 
Y con esto hago una llamada a los medios de comunicación para que sean un poco comedidos en sus informes. 
Estoy del todo de acuerdo con usted en que es básicamente un problema de pobreza que es consecuencia de la transición, y que este problema en modo alguno se limita a la República Checa, sino que hay incluso situaciones mucho peores en Europa. 
Hace unos días estuve en Moldova y allí el problema es mucho más espeluznante por su magnitud y con bastante claridad se debe a la amarga pobreza en que vive la gente, por lo que la estrategia de aumentar las posibilidades de prosperidad económica para los países en transición en Europa es bastante acertada. 
La otra es cooperar más en el ámbito de la policía y la justicia. 
Entonces, en cuanto al problema específico de la República Checa se refiere, puedo decirle, por mis contactos con los Gobiernos alemán y austríaco y también por mis contactos directos in situ, con comisarías de policía de Bavaria, por ejemplo, que según nuestra evaluación la cooperación con la policía checa y la judicatura checa ahora cumple los requisitos. 
Hubo una época en que esta cooperación no estaba suficientemente desarrollada. 
– Mi pregunta nº 54, prevista para más tarde, pero que sospecho no llegaremos a tratar, está estrechamente relacionada con esta cuestión. 
En el Reino Unido, la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Sociedad nacional para la prevención de la crueldad contra los niños) ha presentado pruebas convincentes que demuestran que los pedófilos se trasladan de un Estado miembro de la Unión Europea a otro para aprovechar las diferencias entre legislaciones. 
Por ejemplo, en el Reino Unido existe un registro de delincuentes pedófilos. 
Hemos observado que las personas que no pueden trabajar con menores en el Reino Unido se trasladan a otro Estado de la Unión para aprovechar la inexistencia de dicho registro. 
En vista de lo manifestado por el Comisario sobre la necesidad de una mayor cooperación judicial y policial, ¿piensa la Comisión adoptar una iniciativa para crear un registro europeo de delincuentes sexuales, a fin de que pueda hacerse un seguimiento de estas personas? 
. – No lo sé, Señoría. 
No lo sé porque este asunto no es de mi competencia y no quiero anticiparme a quien competa esta cuestión, uno de mis colegas que se habrá preparado para responder a esta cuestión más tarde en este turno de preguntas. 
Le ruego que comprenda que no me corresponde a mí responder a su pregunta. 
¿Está al corriente la Comisión de que en cuatro países adherentes, a saber, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia, se siguen usando camas-jaula? 
Esta práctica consiste en encerrar en camas-jaula a los ancianos que padecen demencia y a otras personas de todas las edades con problemas de salud mental o desórdenes de comportamiento. 
Tanto a escala internacional como en los países interesados, esto se considera una violación de los derechos humanos y un método arcaico de represión y de reclusión. No se emplea en ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea ni en ningún otro Estado adherente. 
¿Va a acoger la Comisión favorablemente las iniciativas que puedan adoptar estos cuatro países con vistas a revisar y reducir la utilización de estas camas-jaula? 
¿Está dispuesta a colaborar con ellos para acordar un calendario para la desaparición de las mismas? 
. – ¿Puedo a este respecto también hacer un breve comentario político preliminar? 
A veces me sorprende un poco que las preguntas que se dirigen a la Comisión dan la impresión de que somos responsables de todas las posibles circunstancias de los futuros Estados miembros, como si tuviéramos competencias en ámbitos donde la Comunidad no tiene en absoluto competencia alguna. 
Con respecto a esta cuestión ni siquiera conocemos la situación en los Estados miembros. 
De todas maneras, algo hemos podido hacer, porque los criterios de Copenhague se aplican a los futuros Estados miembros y los criterios de Copenhague nos ayudan a actuar en estos asuntos. 
Pero después siempre hemos de tratarlos como asuntos de derechos humanos. 
Primero tenía que decir esto. 
En cuanto al problema de las camas-jaula, que ha planteado usted en su pregunta, el 17 de junio el, una organización internacional para la promoción y la protección de los derechos de personas con discapacidades mentales, presentó un informe al Parlamento Europeo. 
Ya lo sabe usted, por supuesto. 
Este informe señala que las camas-jaula siguen utilizándose para sujetar a personas con discapacidades en cuatro países en proceso de adhesión, en concreto, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia. 
Por la gravedad de las conclusiones del informe, la Comisión se puso inmediatamente en contacto con los países afectados para investigar con precisión la situación actual y exhortó a las autoridades de los países en cuestión a informar a la Comisión de la situación existente. 
Entonces la Comisión recibió la información solicitada y parece que la situación ya ha mejorado en comparación con el informe simplemente a raíz de las preguntas de la Comisión. 
Las autoridades eslovenas nos informaron de que en Eslovenia ya no se utilizan más camas-jaula. 
En Eslovaquia, la República Checa y Hungría siguen utilizándose en casos muy excepcionales y deben seguir directrices muy estrictas. 
Sin embargo, los países en cuestión han reconocido que en estos momentos la falta de recursos de personal puede obstaculizar los esfuerzos por introducir métodos más modernos de la asistencia psiquiátrica. 
La Comisión dispone de información de que el Gobierno eslovaco ha adoptado medidas pertinentes y en estos momentos trabaja en torno a un plan para eliminar gradualmente las camas-jaula. 
El Gobierno checo ha asegurado a la Comisión que está investigando más a fondo este asunto para facilitarnos información más precisa sobre el uso ocasional de las camas-jaula. 
En Hungría el número de camas-jaula ha ido disminuyendo constantemente. 
Los escasos establecimientos donde se utilizan estas camas se supervisan regularmente y se buscan métodos que permitan la eliminación de estas terribles camas. 
Si se me permite una breve valoración, creo que aquí tenemos un fenómeno que nos deja entrever el pasado a veces horripilante de la psiquiatría y que realmente debemos horrorizamos ante lo que vemos. 
Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que estos métodos no tienen cabida en la psiquiatría moderna. 
Por tanto, la Comisión empleará todos los medios a su alcance para seguir investigando sobre este asunto y no cejaremos hasta que haya desaparecido la última cama-jaula de cada uno de estos países. 
– Señor Presidente, acojo con sumo agrado la última declaración del Comisario, que tiene toda la razón. 
En un servicio psiquiátrico moderno no hay lugar para camas con rejas ni nada parecido. 
Su declaración política inicial me dejo atónito. 
Si no lo sabe, puedo asegurarle que no hay camas con rejas en ninguno de los actuales Estados miembros. 
No existen camas con rejas en ninguno de los demás países candidatos, aparte de estos cuatro. 
Estas son un legado del Imperio Austrohúngaro y, por ello, el único otro país que podría haberlas tenido anteriormente era Austria, y esto ya no es así. 
Hace poco hablé en una conferencia del Senado en Praga, en la que se debatía este tema. 
Uno de los oradores era un joven llamado Michael, de 29 años, que había sido encerrado en una de esas camas con rejas durante una semana y sin posibilidad de salir. 
No resulta sorprendente que su salud se haya visto afectada. 
Estas camas tienen barras de hierro o redes y representan un riesgo para la seguridad, pues algunas personas han muerto en ellas. 
Como señala el Sr. Comisario, se trata de una cuestión de derechos humanos. 
Por ello es una cuestión que tiene que ver con la adhesión. 
Por ello, cuando examinamos el caso de Eslovenia, en nuestro informe de hace dos años incluimos una pregunta acerca de su nueva legislación en materia de salud mental. 
Y por ello acojo con sumo agrado la presión que ejerce la Comisión sobre estos países. 
Hungría ya ha respondido; 
Eslovenia responde ahora; la República Checa aún no lo ha hecho, y en el caso de Eslovaquia estamos a la espera de ver qué pasa. 
. – Señor Dunn, me complace reconocer que la Comisión no puede saberlo todo. 
Por desgracia, no hay ningún acervo que nos permita reunir suficiente información de los actuales Estados miembros No obstante, es un placer escuchar sus comentarios. 
Aún más, creo que nuestras valoraciones coinciden. Si recibe usted información sobre personas o casos recurrentes de este tipo, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente y en persona. 
En estos casos, no tengo ningún problema en coger el teléfono y ponerme en contacto con el jefe de Gobierno correspondiente para explicarle lo que esperamos de él y de su país. 
En cuanto a la República Checa, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con los miembros correspondientes del Gobierno durante una visita a Praga. 
Espero una respuesta de Praga para muy pronto, y esta nos indicará qué camino seguir. 
– Estoy de acuerdo con el Sr. Bowis. 
Esta es una cuestión de derechos humanos y la Unión Europea cuenta con algunas posibilidades para abordarla. 
El Tratado de Niza contiene disposiciones que contemplan que una vez que estos países sean Estados miembros de pleno derecho, no podrán ser sancionados. 
Austria, por ejemplo, fue sancionada por la Unión Europea a pesar de no violar realmente los derechos humanos, sino por la elección de un partido político con el que la mayoría de nosotros no podíamos estar de acuerdo. 
Así pues, es necesario advertir a los países candidatos que pueden ser sancionados si continúan violando los derechos humanos. 
Esto permitirá acelerar el proceso para poner fin a esta situación inaceptable. 
Quiero recordar a los señores diputados que esto es un turno de preguntas, no de opiniones y de aclaraciones. 
Lo digo a todos, para que lo tengan en cuenta, naturalmente. 
. – Tal y como yo lo veo, la declaración política de la Sra. McKenna incluye la pregunta de cuál es mi opinión al respecto. 
Me complace responder a esta pregunta. 
Estoy de acuerdo con usted, señora McKenna. 
Estoy de acuerdo con usted excepto en un aspecto: la Unión Europea nunca ha aplicado sanciones contra Austria. 
Estoy hay que dejarlo claro. 
Fueron los Estados miembros, en calidad de Estados soberanos, los que introdujeron restricciones a las relaciones bilaterales. 
La Unión Europea como tal nunca ha impuesto ninguna sanción a Austria. 
Como usted, creo que no podemos permitir dobles normas sobre derechos humanos en la Unión Europea. Esto significa que si abordamos un asunto como un asunto de derechos humanos, así será tratado en todas partes. 
Por consiguiente, si encontramos abusos de los derechos humanos relacionados con el tratamiento psiquiátrico, tenemos que abordar la cuestión en todos los Estados miembros, tanto nuevos como antiguos. 
Por supuesto, esto todavía puede hacerse después de la adhesión, ya que las disposiciones del Tratado pertinente –las disposiciones que se refieren a la necesidad de obedecer y respetar los valores fundamentales sobre los que se basa la Unión Europea– seguirán vigentes. 
Es indudable que estos valores incluyen el respeto de los derechos humanos. 
De todos es sabido que la Comisión sigue atentamente la evolución de Chipre, en particular lo relativo a las "elecciones" que se celebrarán en la parte norte de la isla el 14 de diciembre. 
A principios de este mes, la Comisión indicaba que, si bien es cierto que la solución al problema de Chipre no es una condición formal para la apertura de negociaciones con Turquía, constituye, sin embargo, un grave obstáculo. 
¿Cómo evalúa la Comisión los resultados de las "elecciones" de la parte norte de Chipre? 
¿Cuáles son las próximas medidas que la Comisión tiene previsto adoptar para favorecer la solución al problema de Chipre en las actuales circunstancias? 
¿De qué modo van a influir los últimos acontecimientos de Chipre en la cuestión de Turquía? 
. – Señora Zorba, permítame empezar diciendo que ningún país del mundo excepto Turquía reconoce la República turca del norte de Chipre, y no tengo previsto cambiar esta situación. 
Por tanto, las elecciones celebradas el pasado domingo se han visto como una maniobra política que tendrá repercusiones que ciertamente serán significativas para nosotros. 
La respuesta inicial de la Comisión es que, tres día después de las elecciones, sigue habiendo posibilidades de lograr una solución justa, duradera y viable al conflicto en Chipre para el 1 de mayo de 2004. 
La Comisión sigue instando a todas las partes a que utilicen el Plan Annan como base para buscar una solución de amplio alcance al problema chipriota. 
En cuanto a su relación con la solicitud de adhesión por parte de Turquía, la Comisión ha dejado claro en el documento de estrategia publicado a principios de noviembre que sí ve una correlación política. 
La Comisión también ha advertido de que el fracaso en la búsqueda de una solución podría obstaculizar gravemente los esfuerzos de Turquía por unirse a la Unión Europea. 
El pasado fin de semana el Consejo Europeo respondió afirmativamente a la propuesta de la Comisión de vincularlos políticamente. 
Sin embargo, a diferencia de la Comisión, el Consejo no eligió la forma de un aviso, sino más bien de un premio, indicando que una solución a la cuestión de Chipre supondría notablemente contribuir a los esfuerzos de Turquía por entrar en la Unión Europea. 
Por supuesto, el mensaje subyacente sigue siendo el mismo y demuestra al Gobierno turco que no solo la Comisión, sino también los 15 Estados miembros con los 10 países entrantes consideran que ambas cuestiones están políticamente relacionadas, sin querer crear nuevas situaciones o un nuevo requisito. 
Con la vista puesta en las futuras medidas, la Comisión desea contribuir a todo lo que ayude a alcanzar una solución rápida y a preparar las medidas necesarias para acelerar la adopción del derecho comunitario en la parte norte de la isla. 
Permítame recordarle que, en caso de encontrar una solución, la Comisión se ha ofrecido a organizar una conferencia de donantes internacionales para encontrar fondos internacionales dirigidos a corregir los desequilibrios económicos y sociales de la parte norte de la isla. 
Además, quiero hacer hincapié en que la Unión Europea está dispuesta a acoger en el derecho comunitario los términos de una solución y la Unión ya ha asignado 206 millones de euros para el norte de Chipre, que se entregarán una vez acordada una resolución. 
Para concluir, permítame decir que espero fervientemente que el Gobierno turco de Ankara comprenda que apoyar la iniciativa actual de reanudar las conversaciones sobre Chipre y aprovechar la oportunidad mientras exista redundará en su propio interés y beneficio. Esta oportunidad es limitada, pero sigue estando ahí. 
Independientemente de cómo se mire, sería mejor si la adhesión de Chipre el 1 de mayo se acordara sobre la base de una solución política al conflicto. 
– Señor Comisario, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con usted en que estos son procesos políticos y quiero preguntarle por la última declaración del Sr. Giul, que dijo que Turquía y la parte de los chipriotas turcos están preparando un compromiso sobre la isla que se publicará la semana que viene. 
Estas son declaraciones recientes, de ayer u hoy. 
Por tanto, quiero preguntarle si sabe usted algo más sobre este compromiso y, asimismo, quiero preguntarle sobre la declaración del Sr. Erdogan, quien dijo que nadie puede hacer la vista gorda ante la voluntad del pueblo y que los votantes querían pasar página. 
Así es como interpreta él los resultados. 
En su opinión, ¿constituye esto el reconocimiento de la victoria de la oposición en el norte de Chipre y considera usted que esto marca un cambio en la posición de Ankara? 
Por último, quiero plantear otra cuestión: había un grupo de observadores de la facultad de derecho de la Universidad de Oslo, que ha enviado hoy un comunicado diciendo que lo que vieron fue la producción de votantes para aumentar el apoyo a los partidos del gobierno durante las últimas elecciones. 
Quiero pedirle que comente esta cuestión. 
. – Señora Zorba, el Ministro turco de Exterior ha estado en Bruselas hace unos días. 
Mantuve una larga charla con él. 
No me dijo lo que podría contener el compromiso que su Gobierno busca actualmente con los chipriotas turcos. 
Sin embargo, después de haber hablado con él tenía la impresión, y posteriormente lo declaró públicamente, al igual que el Primer Ministro Erdogan, de que después de las elecciones del norte de Chipre puede ser un buen momento para relanzar las conversaciones sobre la base del Plan Annan. 
Espero que sigan pensando así. 
Considero que la declaración del Primer Ministro Erdogan, que también ha citado usted, es una señal positiva. Apoyo esta declaración y me parece que estas elecciones han demostrado clara e inequívocamente la voluntad de los verdaderos chipriotas turcos, a saber, aquellos que viven en Chipre. 
Demuestra que quieren, por un lado, una solución al conflicto que se base en el plan de las Naciones Unidas y, por el otro, acceder a la Unión Europea. 
Lo inteligente y apropiado sería respetar la clara voluntad de la mayoría de la población. 
Tercero, en cuanto a la cuestión de los observadores de las elecciones y sus conclusiones, puedo decirle que incluso antes de las elecciones yo ya había recibido informes periódicos suyos en relación con lo que allí observaban. 
En varias ocasiones antes de las elecciones subrayé públicamente la manipulación de los censos electorales y también pedí al Gobierno turco que se asegurara de que esto se rectificaba. 
No tengo ninguna duda de que el número de votantes en estas elecciones de hecho se infló artificialmente, con la intención de manipular los resultados. 
Muchas gracias Sr. Verhaugen por su cooperación esta tarde. 
Hay una cuestión de orden. 
Le ruego, Sr. Posselt, que sea una cuestión de orden porque no podemos debatir temas políticos en el turno de preguntas. 
– Ayer ocurrió algo que no pertenece a las Actas, allí simplemente estaría fuera de lugar, sino más bien al informe completo de la sesión. 
Debo aprovechar que está usted presente otra vez. 
Ayer dirigí una pregunta al Presidente en funciones del Consejo italiano y recibí una respuesta. 
A continuación hice otra pregunta relacionada. 
En el informe completo de la sesión, lo recordará usted, pregunté si decía sí o no, y su respuesta fue que no. 
Este «no» no aparece en el informe completo de la sesión, aunque lo grabé en una cinta. 
Y aún hay más, el informe completo de la sesión repite la segunda parte de sus respuesta escrita, lo que distorsiona todo el sentido del turno de preguntas. 
Por lo tanto, quiero pedir, ya que estoy seguro de que todavía recuerda usted todo este asunto del sí y del no de ayer, que se corrijan los informes. 
Tiene usted toda la razón, Sr. Posselt. 
Recuerdo perfectamente su pregunta y la contestación contundente con el "no". 
Tomaré todas las medidas oportunas para que así conste, porque el Acta debe reflejar lo que ocurre en la sala, y no tratar de otras contestaciones que se hubieran dado si no se hubiera realizado esto. 
De acuerdo con usted tomaré todas las medidas oportunas. 
Teniendo en cuenta el debate y la controversia en curso sobre si es adecuado o no que, en el ámbito del Programa Marco comunitario, se autorice la financiación de trabajos de investigación sobre las células madre embrionarias, ¿qué tipo de presupuesto prevé la Comisión para estos trabajos? 
¿Por qué apoya la Comisión la investigación sobre células madre embrionarias cuando está demostrado que las células madre adultas constituyen una alternativa científicamente válida? 
Las decisiones relativas al quinto y sexto Programas Marco para la investigación comunitaria y a sus respectivos programas concretos no prevén la asignación de un presupuesto específico para la investigación sobre células madre embrionarias. 
Por lo que se refiere al quinto Programa Marco, dos proyectos de investigación incluyen actividades que contemplan la utilización de líneas de células madre embrionarias humanas. 
En cuanto al sexto Programa Marco, por un lado, a día de hoy ningún proyecto ha recibido financiación para este tipo de investigación y, por otro, solo un proyecto que comprende un capítulo de investigación sobre una línea de células madre embrionarias humanas podría ser seleccionado a raíz de la primera convocatoria de propuestas. 
Todas las líneas consideradas son líneas existentes, creadas sin la utilización de fondos comunitarios y fuera de la Unión Europea. 
La Comisión no dispone de más información, en particular sobre la cantidad de embriones humanos que podrían ser utilizados en los Estados miembros para la obtención de células madre. 
Los Estados miembros que autorizan o regulan la utilización de embriones humanos para la obtención de células madre son, a día de hoy: Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. 
Las decisiones relativas al quinto y sexto Programas Marco para la investigación comunitaria y sus respectivos programas específicos autorizan la financiación de la investigación sobre células madre de todas las procedencias. 
El Parlamento Europeo, en su Resolución del pasado 19 de noviembre, se pronunció a favor de la financiación comunitaria de actividades de investigación sobre células madre embrionarias y sobre células madre adultas. 
– Una vez decidida esta financiación, sería conveniente contar con un desglose como el que solicité, pues es muy importante, teniendo en cuenta que en algunos Estados miembros está prohibida la investigación con células madre embrionarias y, sin embargo, algunos de esos Estados miembros –como por ejemplo, Alemania– serán los principales financiadores de este tipo de investigación. 
En aras de la apertura y la transparencia se podría presentar un desglose claro y una descripción clara del destino de los fondos y de los resultados. 
. Estoy seguro de que el Sr. Busquin podrá responder con más detalle, pero me gustaría hacer una observación de carácter general sobre la manera en que funciona el presupuesto de investigación comunitario. 
No determinamos los temas de ese tipo de antemano, sino que se publican licitaciones, se establecen prioridades temáticas y se reciben evaluaciones de expertos independientes. 
Y los proyectos se seleccionan en función de esta evaluación. 
En los proyectos de investigación comunitarios no se elaboran desgloses como los que menciona su Señoría, pero puedo trasladar sus observaciones al Comisario Busquin. 
Hay varios diputados que han pedido la palabra para preguntas complementarias, y además están todos sentados juntos. 
Los dos primeros que han pedido la palabra son el Sr. Purvis y el Sr. Rübig, también la había pedido el Sr. Posselt, pero saben que solamente pueden hablar dos. 
Voy a utilizar el orden cronológico, no tengo otro criterio; si alguno de ustedes desiste de hacer la pregunta, pues quedan los dos restantes. 
–Me gustaría preguntar al Sr. Comisario si podría confirmar que está a punto de levantarse la moratoria de la investigación con células madre embrionarias, y que la Comisión está dispuesta a considerar y, posiblemente, a financiar proyectos de investigación con células madre embrionarias sobre la base de la Resolución del Parlamento de 19 de noviembre de 2003, que ha mencionado. 
. –Se trata de un expediente sumamente delicado, que el Comisario Busquin ha tratado con mucho sentido común y conocimiento de causa, por lo que seré muy cauto con mis respuestas. 
Según las respuestas preparadas, hay dos partes. 
. Según esta moratoria, solo está permitida la investigación sobre células madre embrionarias humanas reservadas en bancos o aisladas en cultivos. 
Esta moratoria obedece a un acuerdo político entre el Consejo y la Comisión y carece de valor jurídico. 
Concluye el 31 de diciembre de 2003 y, después, a falta de un nuevo texto legislativo, la Comisión está legalmente obligada a aplicar el sexto Programa Marco, que autoriza esta investigación. 
Lo hará, tanto más cuanto que ha recibido una señal política muy fuerte del Parlamento, que es favorable a este tipo de investigación. 
– Señor Comisario, no solo el Parlamento está dividido en torno a esta cuestión, sino también el Consejo. 
Hay incluso divergencias en las disposiciones del derecho penal en los diferentes Estados miembros. 
Así, permítame preguntar una vez más: dado que el Consejo no puede estar de acuerdo en este asunto de extrema importancia, y dado que existe una minoría que hace bloqueo, ¿no puede la Comisión decidir aparcar el asunto hasta que el Consejo haya alcanzado un acuerdo? 
Ésa es mi primera pregunta. 
Mi segunda pregunta es si sabe usted por qué el Comisario Busquin nunca participa en los debates del turno de preguntas sobre esta cuestión. 
No es la primera vez que ocurre. 
Quizá esta segunda pregunta, Sr. Posselt, habría que trasladársela al Sr. Busquin en todo caso. 
. – El Sr. Busquin acude con mucha frecuencia al Parlamento Europeo y a todas las instituciones comunitarias. 
Personalmente he sido testigo de un gran número de debates sobre esta cuestión a los que ha dedicado un gran esfuerzo personal. 
Me comprometo a dar a su Señoría una respuesta sobre esta tema en esta semana. 
Quiero asegurarle que hablamos con precisión cuando decimos que se trata de cuestiones jurídicas delicadas. 
Muchas gracias Sr. Liikanen por su cooperación. 
A comienzos de noviembre de 2003, el Ministro federal belga de movilidad abogó en favor de una prohibición de los vuelos nocturnos a escala europea. 
No considera conveniente una prohibición belga unilateral de los vuelos nocturnos, puesto que ello- debido a las posibles deslocalizaciones- podría tener unas consecuencias graves para el empleo en Bélgica. 
Estas consecuencias serían menos graves en caso de una prohibición europea de los vuelos nocturnos. 
¿Está dispuesta la Comisión a elaborar una propuesta de reglamento o directiva que persiga una prohibición total de los vuelos nocturnos dentro de la Unión, preservando así el descanso nocturno de centenares de miles de europeos, y a someterla al Consejo y al Parlamento? 
En caso negativo, ¿sobre la base de qué argumentos decide no hacerlo? 
. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión no tiene previsto presentar una propuesta de prohibición a escala comunitaria de los vuelos nocturnos, por varias razones. 
En primer lugar, la situación en cuanto a la contaminación acústica no es la misma en todos los aeropuertos europeos. 
Algunos deben hacer frente a impactos negativos de emisiones de ruido- al estar situados en áreas residenciales, y por la densidad del tráfico -, circunstancias que en otros aeropuertos no se dan, o se dan en menor medida. 
Teniendo en cuenta que la introducción de una prohibición de los vuelos nocturnos tiene repercusiones en la economía y en el empleo, debe considerarse atentamente el equilibrio entre los diversos elementos, lo que obliga a realizar un estudio de costes y beneficios caso por caso para cada aeropuerto, antes de imponer tal prohibición. 
En segundo lugar, las medidas unilaterales pueden aislar a Europa de la red internacional de aviación; el cierre nocturno de todos los aeropuertos de la Unión Europea puede obstaculizar seriamente el funcionamiento normal de dicha red internacional. 
En muchos casos, resulta inevitable que las operaciones de vuelo tengan lugar por la noche, especialmente los vuelos intercontinentales, debido a la existencia de diversas zonas horarias internacionales y tipos de carga. 
No obstante, la Comisión está supervisando los problemas del ruido y su impacto en los ciudadanos que residen en las proximidades de los aeropuertos. 
Por ello, la Comisión insistió sistemáticamente, en el contexto internacional de la OACI, para que se adoptaran decisiones que permitieran acomodar soluciones para abordar las necesidades específicas de la Unión en el ámbito del ruido de los aeropuertos. 
Partiendo de las decisiones adoptadas con ocasión de la trigésimo tercera asamblea de la OACI en 2001, en las que se establece el marco para introducir restricciones, incluidas las de los vuelos nocturnos, la Comisión presentó una propuesta de Directiva, que se adoptó en marzo de 2002. 
Esta Directiva permite, mediante un procedimiento preliminar de análisis y consulta, imponer prohibiciones de vuelos nocturnos en los aeropuertos comunitarios en que esté justificado según criterios objetivos. 
– Señora Comisaria, me pregunto dónde vive usted cuando está en Bruselas; probablemente no resida en la parte norte de la ciudad. 
Me imagino que vive usted en un lugar donde los vuelos nocturnos son pocos y espaciados, porque de lo contrario su respuesta sería diferente. 
¿Se da usted cuenta de que la falta de una prohibición europea general de los vuelos nocturnos comportará la competencia entre aeropuertos y la competencia con un efecto descendente, donde el ruido se cambiará por puestos de trabajo. 
¿Se da usted cuenta de que de esta forma contribuye usted a una economía donde el volumen y el ritmo de trabajo aumentan constantemente, en detrimento de la calidad de vida? 
Las normas de la Organización Mundial de la Salud son claras como el agua: el ruido nocturno produce más irritabilidad y depresión. 
¿Podría pedirle, señor Comisario, que revise su intervención, y podría invitarle a pasar una tarde o una noche conmigo en la parte norte de Bruselas, para que pueda ver por usted mismo lo que estas personas tienen que soportar día y noche? 
. 
Señoría, yo vivo en un barrio de Bruselas muy agradable- como todo Bruselas -, muy bonito, cerca de un parque estupendo y tengo una vía férrea que pasa al lado de mi casa y con ello una serie de trenes que pasa cada noche. 
Con ello le quiero preguntar, ¿vamos a prohibir que pasen los trenes porque hacen ruido y me despiertan? 
En mi caso, ya que le interesa, he de decirle que oigo de vez en cuando el tren y alguna vez me he despertado, por no dormir siempre con un sueño suficientemente profundo. 
Señoría, también he de decirle que cuando compré la casa estaba ya la vía del tren. 
En segundo lugar, como he dicho, somos conscientes del problema de los ruidos y por ello se ha acordado en el ámbito de la Aviación Civil Internacional reglas internacionales para hacer unos análisis y unos estudios, ver qué soluciones hay para mitigar el impacto acústico en las zonas habitadas próximas a los aeropuertos y resolverlos. 
Es verdad que una de las posibilidades es suspender los vuelos nocturnos. 
Esa posibilidad existe y hay varios aeropuertos en Europa que lo están haciendo. 
En tercer lugar, lo que me pide usted, Señoría, es que, además de suspender los vuelos y para seguir gozando de esa tranquilidad, los aeropuertos cierren. 
Pero hay aeropuertos que no tienen esos problemas, porque no tienen esos vecindarios, porque están más aislados, porque tienen unos trazados diferentes. 
Usted pide que, por ejemplo, cierren en el norte de Finlandia para no crearles problemas a los trabajadores en Bruselas. 
Señoría, yo eso no lo voy a proponer. 
Entre otras cosas porque, de ser así, se trataría de una ventaja comparativa. 
Y la competencia en Europa se hace sobre una serie de valores y uno de ellos es éste. 
Y eso no es competencia desleal. 
Se trata, sencillamente, de situaciones diferentes. 
Y si Bruselas tiene problemas, hay que ajustarse y adaptarse a las situaciones y, quizá, suprimir los vuelos de noche, pero lo que no puede usted pedir es que se suspendan los vuelos de noche en Atenas porque hay problemas en Bruselas. 
Quizá UPS vuele a Atenas. 
Si es así, ¿qué le voy a hacer? 
Y ahí es donde juega la competencia. 
Lo siento, Señoría, pero desde luego no seré yo quien presente esa propuesta. 
Tengo que comunicarles que han pedido la palabra varios diputados. 
Los dos primeros que han pedido la palabra son, sin duda, el Sr. Alavanos y el Sr. Rübig. 
Además el Reglamento aconseja dar la palabra a diputados de diferente Grupo político y nacionalidad que el interpelante. 
– Señora Comisaria, evidentemente se ha adelantado a mi pregunta y ha mencionado el aeropuerto de Atenas. 
He escuchado su opinión en general sobre los vuelos nocturnos y estoy de acuerdo, y su opinión sobre las vías férreas, que de hecho no pueden moverse. 
Sin embargo, ¿qué pasa cuando los aviones, para ahorrar unos pocos minutos de vuelo o unos pocos litros de combustible, vuelan sobre áreas residenciales en lugar entrar a tierra por mar, que es exactamente lo que ocurre en el aeropuerto internacional de Atenas, molestando así a áreas residenciales donde viven cientos de miles de residentes? 
Que yo sepa la Comisión Europea ya tendría que haber recibido una queja en torno a esta cuestión sobre el aeropuerto internacional de Atenas y quiero preguntarle qué pasa en este caso. 
. 
Señor Alavanos, tiene toda la razón en lo que acaba de decir. 
Pero eso es otra historia. 
Se trata de buscar rutas que reduzcan el impacto y, eventualmente, imponer obligaciones a las compañías aéreas para reducir el impacto. 
Eso tiene que ir, si es necesario, hasta el punto de prohibir los vuelos; yo no digo que no haya que prohibir los vuelos. 
Y no sé si también en Atenas será necesario prohibir los vuelos nocturnos. 
Las condiciones de población, de posibles soluciones, de sonoridad, y de otra serie de cuestiones son las que indican que haya que prohibir o no los vuelos nocturnos, pero no el hecho de que haya que prohibirlos en Bruselas. 
Es decir, no se puede prohibir en Atenas porque hay que prohibir en Bruselas. 
Eso es lo que la Comisión no está dispuesta a apoyar. 
Pero tiene toda la razón en lo que ha dicho. 
Las rutas y las huellas de vuelo son importantísimas, así como la forma de hacer los despegues y, como bien dice usted, es cierto que a veces, al tratar de ahorrar algo de combustible, se produce mucho más ruido del necesario en condiciones normales. 
Esa gestión corresponde a los aeropuertos. 
– Señora Comisaria, permítame empezar diciendo que yo duermo especialmente bien en Bruselas, no estoy seguro de por qué. 
Pero quiero hablar en calidad de miembro de la delegación para las relaciones entre la Unión Europea y Suiza, y tenemos un problema con las limitaciones de vuelos nocturnos y el aeropuerto de Zúrich. 
¿Qué opina usted de cómo se han desarrollado los vuelos entre el sur de Alemania y Zúrich, y cómo evolucionará la situación jurídica en los próximos años? 
Lo cierto es que hay numerosas quejas, que, por un lado, se refieren a que los aviones no deberían acercarse a Zúrich, mientras que los alemanes tampoco las quieren. 
En consecuencia, en estos momentos se prohiben las rutas de acercamiento hacia el sur de Alemania, lo que a su vez ha propiciado el aumento del número vuelos que se aproximan a la ciudad de Zúrich. 
Por tanto, me gustaría saber cómo espera la Unión Europea, y en particular la Comisión, que evolucione este problema en el futuro. 
. 
La semana pasada contestamos a esta petición que había formulado, precisamente, el Gobierno alemán, de llevar a cabo cierto tipo de limitaciones. 
Son unas limitaciones en los vuelos nocturnos hacia Zúrich y, sencillamente, conforme a los acuerdos existentes entre Suiza y la Unión Europea en el ámbito del transporte y del transporte aéreo, concretamente, y conforme a las reglas de la OACI y demás, son correctas y son compatibles. 
Eso es lo que le hemos contestado hace unos pocos días. 
La puesta en marcha en 1998 del Plan del Carbón ha supuesto para Minero Siderúrgica de Ponferrada SA (MSP) ayudas millonarias que debían orientarse a la generación de empleo y la creación de industrias alternativas. 
Transcurridos cinco años, el empleo ha disminuido de forma alarmante (se han perdido en los últimos años más de 1 500 puestos de trabajo) y no se han creado industrias que pudieran compensar tal disminución. 
Las ayudas recibidas deberían permitir a MSP hacer frente a la competencia del mercado, en torno al año 2005, y diversificar la economía de la comarca. 
Sin embargo, lo que se ha hecho ha sido desviar estas ayudas hacia empresas que nada aportan a la economía local. 
Se han cerrado prácticamente todos los grupos de minería subterránea, por lo que una gran parte de la producción se está sacando de las explotaciones a cielo abierto de Fonfría y del Feixolín. 
Estas dos explotaciones, las terminadas y las que se pretenden realizar, suponen la destrucción del Valle de Laciana (reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera, zona ZEPA y LIC). 
Si de lo que se trata es de mantener una Reserva Estratégica de Carbón ante una situación de emergencia, ¿no opina la Comisión que sería razonable dejar sin explotar los yacimientos fáciles y rápidos de extraer, que son precisamente la explotaciones a cielo abierto, y mantener en explotación la minería de interior, necesaria para las necesidades presentes y generadoras de puestos de trabajo? 
. 
Señor Presidente, la Comisión ha recibido un amplio respaldo a los planteamientos del Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético", en lo relacionado con el mantenimiento del acceso a las reservas comunitarias de hulla y el mantenimiento de un nivel básico de producción a tal efecto. 
De acuerdo con esta idea, la Comisión ha propuesto y el Consejo ha aprobado- con el dictamen previo del Parlamento Europeo- el Reglamento (CE) nº 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón. 
Los objetivos contemplados en este Reglamento difieren de los mencionados por su Señoría en relación con la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA. 
Las empresas del carbón que reciben ayudas estatales siempre han tenido la obligación de tender a la viabilidad económica. 
Además, una novedad importante en el nuevo Reglamento del Consejo es que la contribución del carbón autóctono al objetivo de la seguridad energética debe realizarse en un marco de desarrollo duradero. 
La Comisión considera, pues, que tanto las explotaciones a cielo abierto como las explotaciones subterráneas pueden respetar los principios de desarrollo duradero en la medida en que cumplan la legislación comunitaria. 
– Señora de Palacio, desde hace meses me resulta difícil a veces seguir su argumentación, y es lo que me ocurre con su respuesta sobre el carbón. 
Dice que debemos continuar la explotación a cielo abierto de carbón en Europa porque hay un problema de abastecimiento. 
En el mercado mundial del carbón no hay ninguna escasez. 
Desde hace decenios no hay fluctuaciones de precios, nunca ha habido presiones sobre Europa, que no tiene ninguna dificultad para comprar carbón. 
Esto demuestra que no tiene usted un criterio objetivo. 
El criterio del porcentaje de las importaciones no puede considerarse una amenaza para la seguridad del abastecimiento. 
De ser así, estaríamos mucho más seriamente amenazados por lo que se refiere a los virus informáticos, por ejemplo. 
Volviendo al caso español considerado, tenemos la impresión de que, en la región afectada, el Sr. Victorino Alonso, que es el jefe de varias empresas, utiliza equivocadamente el dinero que Europa le da, porque lo emplea para mejorar la competitividad de sus empresas, cuando es dinero que debería servir para mantener los puestos de trabajo en la región. 
Ya se lo he dicho hoy. 
Las declaraciones y los debates tienen otro marco reglamentario. 
. 
Señor Presidente, Señorías, creo que el Sr. Turmes está hablando de una cosa diferente, porque si no, no entiendo. 
Las ayudas al carbón no son ayudas europeas, porque Europa no le da nada a la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA, sino que son ayudas que recibe del Gobierno nacional español, no de Europa. 
La Comisión y la Unión Europea, a nivel comunitario, no financian las ayudas al sector del carbón. 
El Sr. Turmes debe estar hablando de las ayudas nacionales percibidas por la citada compañía, en el marco del plan de reestructuración del carbón presentado, en su momento, por España. 
También le digo, señor Turmes, que la Comisión no tiene constancia de las cosas de las que usted está hablando. 
¿Cuáles son las previsiones de ejecución de la línea de ferrocarril de alta velocidad que unirá Galicia y Portugal, de Ferrol a Lisboa? 
¿Para qué año se prevé finalizar las obras? 
Señor Presidente, Señorías, los tramos mencionados en la pregunta oral forman parte del proyecto prioritario nº 8, eje multimodal Portugal-España-resto de Europa, incluido en la Decisión de la Comisión de 1996 relativa a las directrices comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes. 
La iniciativa de crecimiento también ha considerado que el tramo transfronterizo Vigo-Oporto reunía las condiciones para ser recogido dentro de la llamada "lista de inicio rápido" donde, como saben sus Señorías, además de formar parte de las redes transeuropeas, tiene que tener el componente transfronterizo y el de su inmediatez en cuanto al inicio de las obras, es decir, en los próximos tres años (2004-2006). 
En el período 2000-2006 el Fondo de cohesión está financiando la línea del Miño, al norte de Oporto. 
Las decisiones relativas a la concesión de una ayuda total de 87 millones de euros para los tramos Nine-Braga-Lousada-Nine se adoptarán en los próximos días. 
Desde 1987, los estudios sobre la línea ferroviaria atlántica gallega Ferrol-frontera portuguesa se han beneficiado de una ayuda comunitaria, que ha alcanzado en el año 2003 un total de casi 6 millones de euros. 
Para el período 2004-2006 está previsto destinar otros 5 millones de euros para financiar estudios sobre este eje ferroviario, en respuesta a una nueva solicitud de las autoridades españolas. 
En lo que se refiere al tramo ferroviario español entre Ferrol y la frontera portuguesa, ya están terminados varios estudios técnicos y muchos están todavía en fase de realización. 
Las obras ya han empezado al norte de Vigo. 
De acuerdo con la información recibida de las autoridades nacionales- portuguesas y españolas -, está previsto que el tramo Vigo-La Coruña entre en servicio en 2007 y el enlace Vigo-Oporto en 2009, y el tramo La Coruña-Ferrol, que completaría el tramo de línea en territorio español, estaría listo y en funcionamiento a partir del año 2010. 
La Comisión, en su recurso relativo a la aplicación por Grecia del Reglamento (CEE) 3577/92 (1) , en concreto del apartado 2 de su artículo 3, afirma que el derecho del Estado de acogida de regular las cuestiones relativas a la tripulación de los buques de cabotaje se limita al personal de cubierta y de la sala de máquinas. 
Sin embargo, en su respuesta a la pregunta Ρ-3616/97 (2) de este diputado, la Comisión defendía una opinión totalmente diferente: " El artículo 3 del Reglamento (CEE) 3577/92 cubre todos los aspectos referentes a la tripulación. 
En el informe, al evaluar el número de puestos de trabajo necesarios para los servicios de pasaje y transbordadores y las actividades de crucero, se contó la tripulación de cabina y el personal de servicios de restauración entre la tripulación ". 
¿Puede indicar la Comisión por qué motivo y por qué procedimiento ha cambiado de opinión y excluye a la tripulación de cabina y el personal de servicios de restauración de la tripulación contemplada en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento? 
¿Ignora los problemas de seguridad que originará la existencia de tripulaciones heterogéneas en los buques de pasaje y transbordadores de carga rodada, sobre todo tras los trágicos accidentes ocurridos en la Unión Europea? ¿Asume la Comisión la responsabilidad a este respecto? 
¿Piensa apoyar la Comisión el principio del "host state", especialmente en relación con los buques de crucero? 
. 
La Comisión entiende que su Señoría se refiere a un asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia referente, entre otras cosas, a las condiciones aplicables a la tripulación impuestas por la legislación griega a los buques que efectúan servicios de cabotaje. 
En la petición relativa a este asunto la Comisión no hizo distinción entre las normas aplicables al personal de puente y las aplicables al personal del cuarto de máquinas. 
Las normas sobre tripulación son aplicables a la tripulación del buque en su conjunto. 
Lo que la Comisión reprocha al Estado griego en este asunto es la aplicación de las normas del Estado de acogida a los buques de crucero para los que el Reglamento (CEE) nº 3577/92 prevé la aplicación de las normas del Estado de pabellón. 
La aplicación de las normas sobre tripulación del Estado de acogida para el cabotaje insular está prevista únicamente para los servicios de línea. 
Por otra parte, incluso en este caso, las normativas nacionales aplicables no pueden ser contrarias al principio de libre prestación de servicios. 
Por lo tanto, toda exigencia impuesta por la legislación nacional en cuanto a la tripulación no puede introducir restricciones que no estén justificadas por razones imperiosas de interés general y las restricciones deben ser proporcionadas respecto al objetivo perseguido. 
En este contexto, la Comisión observa que los convenios SOLAS y STCW- ratificados por todos los Estados de la Unión- contienen normas en cuanto a las tripulaciones de los buques, cuyo objeto es, precisamente, la seguridad en la navegación. 
Como destacó en su reciente comunicación sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 3577/92, la Comisión considera que, por lo que se refiere a las normas en materia de seguridad y formación, toda condición que vaya más allá de las normas contenidas en dichos convenios constituiría una restricción desproporcionada a la libre prestación de servicios. 
– Señor Presidente, creo que las posiciones de la Comisión son contradictorias y haré una pregunta para que la señora Comisaria pueda resolver mi duda: aparte de la cuestión de los buques de crucero, quiero preguntar a la señora Comisaria, en relación con los demás buques de pasajeros, si cree que el Estado de acogida puede regular la dotación de tripulación de los buques de cabotaje no solo en cuanto al personal de cubierta y de la sala de máquinas se refiere, sino también a la tripulación de cabina y al personal de servicios de restauración. 
En otras palabras, ¿los derechos del Estado de acogida son los mismos cuando se trata de la tripulación de cubierta y de la sala de máquinas que cuando se trata de la tripulación de cabina y del personal de servicios de restauración? 
. 
Señor Presidente, tenemos esta cuestión ante el Tribunal, y lo que sucede es que, a partir del 1 de enero, en Grecia también se termina el período transitorio especial, del que ha disfrutado este país, en aplicación de la Directiva en vigor, y, por lo tanto, no se podrá hacer discriminación alguna. 
Además, señor Alavanos, estamos hablando de la tripulación en su conjunto. 
En cualquier caso, el Tribunal nos va a dar todos los elementos y nos va a sacar de dudas, si es que éstas existen. 
Muchas gracias, Sra. de Palacio, por su cooperación con el Parlamento esta tarde. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 37 a 72 recibirán respuesta por escrito. (3) 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0457/2003) , en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, relativa a la posición común del Consejo aprobada con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE (10345/2/2003- C5-0444/2003 2002/0185 (COD) ) (Ponente: Norbert Glante). 
– Señora Comisaria, le deseo muy buenas noches. 
He llegado a tiempo para el comienzo. 
El debate de esta noche, que celebramos en el acogedor círculo de personas con acceso a información privilegiada, gira en torno a una tecnología, la cogeneración, que es una herramienta ambiental reconocida. 
La cogeneración puede utilizarse de muy diversas formas, desde la calefacción urbana, principalmente en el norte de Europa, hasta plantas de producción, como en las industrias de cerámica y papel de otros países. 
La cogeneración implica la producción simultánea de electricidad y calor en un proceso que suele ahorrar energía. 
Esta directiva se centra principalmente en la cogeneración de alta eficiencia, a saber, procesos que ofrecen ahorros energéticos del 10 % como mínimo. 
Este es uno de los motivos principales favorables al uso de la cogeneración como medio para aumentar la eficiencia de la energía y de por qué contribuye a una mayor seguridad en el suministro. 
Los apagones del mes pasado han demostrado que es preciso hacer algo para mejorar la seguridad del suministro. 
Quiero empezar comentando la forma en que el Consejo trata con el Parlamento. 
Esta directiva es objeto de debate desde septiembre de 2002, casi 18 meses. 
La primera lectura en el Parlamento fue muy polémica. 
La segunda lectura buscaba mucho más el consenso. 
Por desgracia, la posición común del Consejo aceptó muy pocas de las enmiendas propuestas por esta Asamblea. 
Durante la segunda lectura, el Consejo mostró de nuevo poca flexibilidad y apertura a nuestras demandas. 
Tal y como yo lo veo, el Consejo adoptó una posición de «el ‘no’ funciona» desde el principio y nos decían repetidamente que no se podía ir más allá de la posición común. 
En mi opinión, a veces las negociaciones parecían más un procedimiento de consulta que de codecisión. 
Al final se aprobaron soluciones de compromiso, no porque como ponente estuviera totalmente satisfecho con el resultado, sino por que el Consejo presionó al Parlamento, porque no había tiempo suficiente para un procedimiento de conciliación si se quería que el Consejo cumpliera el programa. 
Se presionó más a través de las declaraciones de una serie de delegaciones en el Consejo que cuestionaban la necesidad de una directiva que promueva la cogeneración, y que dejaban claro que la directiva se bloquearía si el Parlamento solicitase algo más que este apoyo. 
Permítanme decirles lo que creo merece elogiarse en esta directiva. 
El objetivo de la directiva consiste en promover las tecnologías de la cogeneración, que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la energía y la seguridad del suministro. 
La cogeneración ocupa ahora un lugar en la agenda política de la Unión Europea. La directiva significa que ahora la Unión cuenta con una política de cogeneración. 
Europa tiene una definición armonizada de cogeneración, lo que significa que ahora hay un entendimiento común de lo que es la cogeneración. 
La clasificación como cogeneración de alta eficiencia se ha determinado mediante el uso de un proceso de dos fases, definidas en los Anexos II y III de la directiva. 
En primer lugar, la electricidad cogenerada se calcula utilizando el método Prothermo descrito en el Anexo II. Basándose en este método y teniendo en cuenta los resultados de un taller CEN/CENELEC actualmente en curso, la Comisión va a diseñar un cálculo estándar para la electricidad cogenerada y las directrices necesarias para utilizarla. 
En segundo lugar, para que se considere una cogeneración de alta eficiencia, el proceso debe arrojar ahorros energéticos del 10 % como mínimo, tal y como establece el Anexo III. La Comisión facilitará valores de referencia armonizados para calcular los ahorros energéticos. 
Este ha sido un paso adelante importante y una demanda importante por parte del Parlamento. 
No se ha armonizado el orden de aplicación de los Anexos II y III. 
Por tanto, los métodos de cálculo alternativo seguirán siendo válidos, y, en caso necesario, se armonizarán en un nuevo proyecto de directiva de la Comisión. 
Ya se ha facilitado un procedimiento estándar para emitir certificados de origen, lo cual es importante para el comercio transfronterizo y, por tanto, para el mercado único. 
Se ha pedido a los Estados miembros que recopilen datos estadísticos sobre la generación nacional de electricidad y calor mediante el uso de la cogeneración. 
Los Estados miembros también deben evaluar el potencial para utilizar la cogeneración e informar a la Comisión de sus conclusiones. 
La Comisión debe evaluar estos informes y, en su caso, presentar un plan de acción para desarrollar la cogeneración en la Unión Europea. 
Los instrumentos nacionales y la ayuda económica deberían centrarse en los ahorros de energía primaria. 
Es preciso eliminar barreras jurídicas y de otro tipo. 
La directiva establece una definición y una categoría especial para la microgeneración. 
Al amparo de esta directiva, la microgeneración se refiere a las instalaciones con una capacidad máxima de 50kWe. 
Los operadores de la microgeneración pueden utilizar valores certificados para hacer cálculos, reduciendo así su carga administrativa. 
Los Estados miembros pueden facilitar el acceso a la red de pequeñas instalaciones y operadores de microgeneración. 
Evidentemente, nos habría gustado que se hubieran logrado más cosas a este respecto. 
Entonces, ¿qué no aparece en la directiva que nos habría gustado que apareciera? 
No se han fijado objetivos para la Unión Europea o los Estados miembros individuales, ninguna asistencia especial y el apoyo a las instalaciones de microgeneración es insuficiente, lo que por desgracia significa que no hay ayudas para aumentar la penetración de mercado en los próximos años. 
No hay medidas prácticas dirigidas a aumentar la cogeneración como una parte de la generación total de electricidad en Europa, y el acceso a la red de distribución de electricidad cogenerada no está suficientemente regulado desde el punto de vista de las medidas de apoyo. 
En estos momentos los métodos de cálculo existentes no han sido armonizados –de hecho, los métodos alternativos son válidos hasta 2010–. 
No se ha excluido la cogeneración mediante energía nuclear del ámbito de la directiva. 
Sin duda alguna, al Parlamento Europeo le habría gustado una directiva más ambiciosa. 
Pero al menos esta directiva establece un entendimiento común de la cogeneración y sienta las bases para la promoción de la cogeneración en Europa. 
Se ha determinado el camino para armonizar los métodos de cálculo de la electricidad cogenerada y los ahorros en energía primaria. 
Los Estados miembros deberán tener en cuenta la tecnología, porque han de evaluar las capacidades y el potencial de generación nacionales, para después informar a la Comisión. 
Se ha pedido a la Comisión que presente un plan de acción para desarrollar la cogeneración si no aumenta su uso. 
De esta forma la política de cogeneración se sitúa en la agenda de ámbito de la Unión Europea, lo que constituye un gran éxito para la Unión Europea. 
Permítanme termninar instando a los Estados miembros a informar sobre el potencial nacional para ampliar la cogeneración lo antes posible, a fin de aprovechar ese potencial, y a eliminar todas y cada una de las barreras al aumento de la cuota de la cogeneración. 
Además, quiero decir a la Comisión que necesitamos lo antes posible una nueva directiva sobre planes de ayuda europeos y la total armonización del mercado energético. 
Para concluir, permítame agradecer a mis componentes, a los ponentes alternativos, a todos los colegas que han contribuido y también a la Comisión. 
Creo que hemos trabajado bien juntos. 
En nuestras conversaciones he hecho repetidamente hincapié en que por compromiso entiendo una solución que es ligeramente dolorosa para todas las partes. 
Espero que todos hayan sufrido lo mismo, y espero que cuando aprobemos mañana enmiendas de compromiso obtengamos una directiva razonable. 
. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero decir que es para mí una satisfacción el pensar que estamos a punto de culminar el trámite de adopción de la Directiva sobre el fomento de la cogeneración. 
En ese sentido, doy las gracias muy especialmente al ponente, Sr. Glante, y también a los otros ponentes alternativos y a los demás responsables del Parlamento, que han trabajado intensamente en esta Directiva tan importante para la política energética en Europa y, a la vez, tan compleja, en muchos casos, desde el punto de vista técnico. 
La Directiva sobre el fomento de la cogeneración es un paso adelante, que pretende ayudar a resolver los problemas que tiene nuestro sector energético en Europa, como la necesidad de llevar a cabo un ahorro energético y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La cogeneración de alta eficacia supone una mayor eficiencia, pues implica ahorros de energía y, por tanto, reducción de emisiones. 
También estamos contemplando la cogeneración con energías renovables, en un momento en que esto nos ayuda a aumentar la seguridad del abastecimiento y a reducir la vulnerabilidad que supone el transporte de la electricidad, a veces a través de largas distancias; en efecto, la cogeneración supone normalmente una mayor cercanía entre la producción eléctrica de la electricidad y la demanda de la misma y, por tanto, aproxima la generación al consumo. 
También supone una mayor flexibilidad en el abastecimiento energético, ya que- insisto- puede producirse la cogeneración a base de cualquier combustible, incluidas las energías renovables. 
La industria europea demanda desde hace tiempo una regulación de este tipo; sigue muy de cerca nuestros trabajos y creo que todo el mundo aprecia como un buen acuerdo- antes decía el Sr. Glante que "hace un poco de daño a todo el mundo", quizá en parte por eso es un buen acuerdo- el que podemos obtener esta noche y mañana, en la votación. 
Hay un punto importantísimo, que ha señalado el Sr. Glante, y es que en la cogeneración hay distintos conceptos, que se esconden dependiendo de los distintos países. 
Gracias a esta discusión hacemos converger esos distintos conceptos, llevándonos a algo que parece esencial: que la cogeneración sea auténtica cogeneración y suponga una mejora en el balance global energético real. 
La fijación de objetivos de fomento de la cogeneración ha sido una de las cuestiones fundamentales en el debate entre el Consejo y el Parlamento, y el conseguir que los Estados miembros estén dispuestos a determinar y notificar sus potenciales, creo que es un paso adelante muy importante, y que es el adecuado. 
Estos informes deberán publicarse y someterse a examen por todas las partes interesadas, y no me cabe duda de que a los potenciales viables sucederán las medidas necesarias para poner en marcha y utilizar esos potenciales de cogeneración de mayor eficacia energética. 
Señor Presidente, Señorías, las enmiendas del Parlamento han mejorado claramente no solo la Directiva inicial, que habíamos presentado al Parlamento y al Consejo, sino también la Posición Común y, muy especialmente, en este punto al que se refería el ponente, la microgeneración, una nueva y prometedora tecnología. 
Me alegro de la iniciativa de este Parlamento al insistir sobre esta cuestión y al aportar las modificaciones que permiten incorporarla directamente en nuestra Directiva. 
El Parlamento también ha contribuido a otras mejoras de la Posición Común, tales como la autorización al comité encargado de los detalles técnicos complejos y de ajustar los umbrales del desarrollo técnico, y quiero expresarles mi agradecimiento una vez más, por la labor que han hecho, dando pruebas, de nuevo, de la seriedad y del buen hacer de este Parlamento, incluso cuando se están barajando, tratando y discutiendo asuntos enormemente técnicos, como en este caso. 
Les felicito por el magnífico nivel demostrado. 
Agradezco, una vez más, al ponente, Sr. Glante, a todos los ponentes alternativos y a los demás participantes en estos debates, sus aportaciones. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, permítame empezar agradeciendo sus palabras de reconocimiento hacia los esfuerzos del Parlamento. 
Sabemos que no solo son los ingenieros que ocupan un asiento en el Parlamento, sino también los buenos políticos elegidos quienes intentan sacar lo mejor de cada una de las propuestas. 
En particular, quiero dar las gracias al Sr. Glante y también al Sr. Vidal-Quadras Roca, que han estado muy implicados en este debate. Me parece que hemos aprendido mucho en los últimos meses sobre esta tecnología, para concluir, al final, que en última instancia sigue siendo una decisión política. 
También quiero dar las gracias por la solución de compromiso, que ha recibido un apoyo sustancial de nuestros colegas. 
Creo que el trabajo de nuestros colegas representa un logro aún mayor dada la complejidad del asunto que han tenido que abordar. 
La forma en que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha votado indica que esta directiva se aprobará mañana. 
Me parece algo positivo que hayamos evitado un procedimiento de conciliación. Quizá podríamos haber incluido algunos elementos más, pero me parece que los aspectos principales de nuestro enfoque general ya están presentes. 
Queríamos ir sobre seguro y asegurarnos de que tenemos una directiva, ya que, sobre todo el próximo año, cuando el mercado interior se financie con el presupuesto, la directiva será claramente importante para establecer desde el principio un campo de acción para todos los protagonistas del mercado. 
Por este motivo las definiciones pertinentes son muy importantes. 
Nuestro objetivo es mejorar la seguridad de nuestro suministro energético. 
Evidentemente, para empezar podemos utilizar la microgeneración. 
Queremos que haya muchos agentes en el mercado, que mejorarán la seguridad del suministro energético, pero también aumentarán la eficiencia energética y, sobre todo, y creo que este es el factor realmente decisivo, mejorarán la seguridad de la red. 
Los apagones nos han enseñado a todos que a menudo existe una gran diferencia entre la electricidad comercializada y la que realmente se suministra, y, por consiguiente, que necesitamos muchos puntos en la red para tener una red estable. 
Así, los usuarios residenciales tienen la oportunidad de recuperar más tarde parte de su factura de energía como suministro de electricidad. 
La microgeneración brinda una oportunidad para los dueños de las viviendas de obtener energía más eficiente y barata, además de una mayor seguridad energética de la industria energética como usuarios domésticos. 
Todo esto beneficia tanto al sector público como a los consumidores domésticos, y aquí estamos para trabajar por el bien de nuestros ciudadanos. 
Me parece que la rebaja de las facturas energéticas redundará en un balance bancario más saludable para cada uno de los ciudadanos. 
Es esencial una definición estándar de la cogeneración. 
Creo que el aspecto más importante es, en realidad, nuestra declaración de que aceptaremos distintos métodos de cálculo, especialmente la propuesta CEN, que esperamos con gran interés. 
Tenemos Prothermo como base, pero la Comisión también debería examinar con cuidado nuestras propuestas para calcular la electricidad neta. 
Otro elemento especialmente importante es el mismo peso que se da al propio consumo, por parte de los productores, de electricidad producida por cogeneración y de electricidad que alimenta la red, y, por tanto, a plantas mecánicas y de otro tipo que no alimentan la red. 
La energía es muy importante en este sistema de apoyo. 
Creo que hemos logrado el mejor resultado posible. 
Nadie consigue todo, pero me parece que esta solución óptima también nos permitirá demostrar lo importante que es Europa, también en nuestras elecciones del próximo año. 
– Señor Presidente, agradezco al ponente, el Sr. Glante, la notable tarea que ha realizado. 
Una mayor CHP es uno de los mejores métodos para mejorar la eficiencia de la economía energética y reducir los gases de efecto invernadero que se derivan de este tipo de generación. 
Luchemos contra las emisiones con ciencia, eficiencia y moderación. 
En Finlandia podemos decir cosas muy buenas de la cogeneración. 
Somos pioneros en este campo. La cogeneración constituye actualmente un tercio de la electricidad producida en Finlandia. 
Apoyo la directiva, ya que impulsará la mayor generación de este tipo en toda Europa. 
Realmente, la Unión debe ser un ejemplo en este ámbito. 
Esperemos que nuestros nuevos vecinos también aprueben iniciativas de este tipo lo más rápido posible, para que pueda aumentarse la producción de esta forma en las regiones vecinas de la Unión. 
En nuestra estrategia nacional casi se ha llegado al final de este camino y las plantas de calefacción urbana y las industrias en general ya han explotado la cogeneración. 
Nuestra economía energética es muy diversa, versátil y eficiente. 
Habría que reducir el precio de la electricidad y a este respecto estoy de acuerdo con el orador anterior. 
Nos parece importante que sean los Estados miembros quienes decidan qué medios van a utilizarse para aumentar los objetivos comunes. 
A este respecto en la Unión no vamos al mismo paso. 
Estoy a favor del apoyo del Consejo a la enmienda del informe que establece que correspondería a la Comisión evaluar los efectos de un método de cálculo armonizado y proponer más medidas dirigidas a promover la armonización. 
Apoyo este enfoque porque armonizar las definiciones empleadas en los objetivos nacionales debe ser el objetivo a largo plazo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias al Sr. Glante, en nombre de mi partido, por un informe tan encomiable. 
Ha trabajado mucho para promover esta idea, ha escuchado a los diferentes partidos y ha logrado un buen resultado final. 
Apoyo totalmente la cogeneración, que es un instrumento de la política ambiental y energética para aumentar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de los suministros energéticos. 
Como acaba de decir el Sr. Paasilinna, en Finlandia podemos hablar muy bien de la cogeneración. 
Hacer una directiva que se aplique al conjunto de la Unión es un proceso difícil, porque la directiva plantea muchos retos técnicos y las circunstancias y las prácticas varían mucho entre los Estados miembros. 
Nuestro grupo apoya los compromisos propuestos por el ponente y espera que la directiva siga adelante a un ritmo más acelerado. 
En mi opinión, es importante el hecho de se haya propuesto esta cuestión, aunque muy poco a poco. 
La Unión Europea es muy dependiente de las importaciones de energía. 
Esto crea incertidumbre y el aumento de las cuotas de importación intensifica el riesgo que de se interrumpan los suministros. 
Es vital aumentar la proporción de cogeneración. 
Los Estados miembros deben aprobar conjuntamente los criterios definidos que permitirán conseguir los objetivos vinculantes. 
La experiencia ha demostrado que si los objetivos no son vinculantes para los Estados miembros los avances son lentos. 
El potencial de la cogeneración puede optimizarse cuando los diferentes operadores conocen las oportunidades existentes para explotar la tecnología y encuentran sistemas compatibles. 
Por consiguiente, es especialmente importante que exista cooperación entre los diferentes operadores y que puedan intercambiar información sobre buenas prácticas. 
Señor Presidente, queridos colegas, señora Comisaria, hemos añadido un piso más al edificio de la política energética de la Unión que la Comisión- y en particular la Vicepresidenta de Palacio- viene impulsando desde el principio de este período legislativo. 
Esta política energética tiene como ejes conocidos la seguridad en el suministro, la disminución de nuestra factura energética y la preservación de la calidad del medio ambiente. 
La cogeneración es un instrumento muy valioso para cumplir estos propósitos y, por tanto, esta Directiva era oportuna y necesaria. 
Se ha visto claro en la discusión y elaboración de esta importante iniciativa legislativa que hay veces en que se enfrentan claramente dos intereses, dos sectores. 
En este caso, los dos intereses a armonizar eran el de aquellos que producen calor y el de los que utilizan el calor en un proceso industrial. 
Estos dos intereses en pugna venían representados curiosamente por dos parámetros físicos: la eficiencia energética de la instalación y el ahorro de energía primaria. 
Lo que hemos hecho con nuestro trabajo en común ha sido procurar obtener al final un planteamiento equilibrado que sentara las bases para la promoción de la cogeneración, contemplando de manera objetiva todos los intereses que confluían en esta importante actividad. 
Creo, señor Presidente, que lo hemos conseguido gracias al excelente trabajo del ponente, Sr. Glante, de los diversos colegas que han contribuido a este propósito y al final hemos demostrado que no siempre el consenso consigue estropear las cosas, sino que hay ocasiones en las que el consenso, al final, consigue un resultado que hoy podemos todos celebrar. 
Por lo tanto, quisiera terminar, señor Presidente, expresando mi satisfacción por este logro. 
Sin duda alguna hemos dado un paso adelante en esa política energética que todos compartimos y esperemos que pronto esta Directiva se concrete en un método armonizado y en un esquema unificado de promoción de la cogeneración que nos permita conseguir los objetivos que todos estamos persiguiendo desde hace tiempo. 
– Señor Presidente, para completar la imagen, permítame decir que el Consejo envió ayer una carta al Secretariado y a mí, de modo que se han cumplido las formalidades. 
El Consejo ha reconocido nuestro compromiso. 
Ayer tuve la oportunidad de hablar sobre el informe del Sr. Chichester. 
Entonces todavía no habíamos recibido ninguna carta. 
Así pues, hemos avanzado algo. 
Ahora quiero asegurarme de que todos los interesados tienen claro lo que significa CHP. 
Significa «Christmas Holiday Package» (Paquete de Fiestas de Navidad). 
Creo que todos merecemos una palmadita en la espalda y les deseo feliz Navidad. 
– Señor Presidente, esta cuestión se ha debatido en muchos foros y agradezco al ponente su notable aportación con respecto a este asunto, que está básicamente conectado con el funcionamiento del mercado interior y la cogeneración y que, esperemos, ahora se llevará a término. 
De hecho, con las últimas propuestas de compromiso la directiva ha avanzado en la dirección correcta. 
Es bueno que no se hayan fijado objetivos nacionales: el enfoque es positivo y alentador. 
Habría que promover el CHP, puesto que es un modo eficiente y natural de producir electricidad y calor. 
También es importante no limitar la ayuda económica para el CHP a plantas de energía eléctrica que generan menos de 50 megawatios. 
Hemos de oponernos a la ayuda económica propuesta para la CHP a pequeña escala, por ejemplo, proporcionando una conexión gratuita a la red y garantizando los precios. 
Esto distorsionaría la competencia en el libre mercado de la electricidad que ahora mismo estamos intentando crear en la Unión Europea. 
La CHP a pequeña escala hay que apoyarlo de otras formas, con carácter voluntario, sin distorsionar la competencia y cuando la CHP sea una tecnología rentable. 
La biomasa tendría que convertirse en una opción más frecuente como combustible para la cogeneración. 
Sería una forma de impulsar la consecución de objetivos relacionados con el uso de las renovables y de reducir las emisiones. 
Las conversaciones sobre el comercio de emisiones pueden contribuir a que la ayuda económica especial para la cogeneración resulte ser superflua. 
Se espera que, en cualquier caso, el comercio de emisiones propiciará el aumento de los precios energéticos, presionando, en consecuencia, a los consumidores del mercado. 
Es importante promover la cogeneración, al igual que una buena solución desde el punto de vista tanto económico como ambiental. 
Las propuestas de compromiso acordadas constituyen ahora un paso adelante con respecto a esta cuestión. 
. 
Señorías, quiero agradecer todas sus intervenciones. 
Quiero señalar que, como muy bien ha dicho Alejo Vidal-Quadras, con esta definición se ha conseguido combinar y acoger bajo el concepto de cogeneración los dos tipos de cogeneración que además suelen presentarse divididos en la geografía europea; el que persigue la eficiencia energética en un proceso industrial y el que la persigue en el ámbito de una producción de calor asociado fundamentalmente a la tarea de la calefacción, en colectividades. 
Al final, se ha dado esa definición global, hay un balance energético positivo, que supone que, a través de la cogeneración, esos resultados se obtienen con menor consumo de energía de lo que reclamaría la producción de esas dos actividades por separado. 
Eso es lo que perseguimos: una mayor eficiencia energética global. 
En esta ocasión el consenso- decía hace un momento su Señoría- da unos resultados positivos. 
Efectivamente, yo creo que cuando se logra un buen consenso se combina, se supera, no se agua ni se debilita, sino que, como en este caso, se forja, se construye y se refuerza el apoyo a esa serie de medidas que, sumadas, han configurado, a lo largo de este tiempo, una política energética europea. 
Queda todavía, como posible asunto pendiente, el paquete de seguridad nuclear, sobre el que espero que en breve se pronuncie este Parlamento; vendrá luego el paquete que presentó el otro día el Consejo, el nuevo paquete energético, que será el tercer paquete después de los paquetes de gas y de electricidad, para garantizar una mayor seguridad en esos suministros en un mercado liberalizado y para acoger la realidad de la ampliación. 
Éste es el último Pleno de este año, el último fin de año de esta legislatura. 
Habrá otra legislatura y deseo que en la próxima estén todas sus Señorías- si así lo desean- aquí sentadas, pero creo que es importante hacer el balance de lo que hemos hecho. 
Hemos pasado de hacer declaraciones de eficiencia energética, de cogeneración, de utilización de energías renovables, -en muchas ocasiones magníficas y llenas de buena voluntad, pero meras declaraciones- a tomar medidas con objetivos concretos para impulsar la eficiencia energética, la cogeneración o la utilización de energías renovables en distintos terrenos y en distintas aplicaciones. 
También hemos trabajado en otros ámbitos, como la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento eficaz del mercado, cuestiones que plantean problemas en ese elemento vital que es la energía, por no hablar de cuestiones como la seguridad en el terreno nuclear al que me refería hace un momento. 
Aprovecho esta intervención para agradecerles a todas sus Señorías su trabajo y su colaboración a lo largo de todo este tiempo, especialmente, en esta Directiva, que es compleja, pero que creo que tendrá unos efectos muy positivos, y les deseo unas Felices Navidades y todo lo mejor para el Año 2004. 
Gracias, señor Comisario, y que pase una feliz Navidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A5-0431/2003) del Sr. Zimmerling, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se prorroga y modifica el Reglamento (CE) nº 1659/98 relativo a la cooperación descentralizada (COM (2003) 413- C5-0319/2003 2003/0156 (COD) ). 
. – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Zimmerling, por la labor realizada en relación con este Reglamento, y en particular por los esfuerzos que ha llevado a cabo para concluir el proceso legislativo en primera lectura. 
El objetivo de nuestra propuesta es primordialmente prorrogar la base jurídica de la línea presupuestaria destinada a la cooperación descentralizada durante un período adicional de tres años. 
Esta prórroga garantizará la continuidad de esta línea presupuestaria hasta el final de 2006, fecha en que se establecerán las nuevas perspectivas financieras. 
Asimismo dará tiempo para un debate más amplio con todas las partes interesadas sobre el papel de esta línea presupuestaria y su dotación financiera. 
El resultado de este debate deberá constituir la base para revisar las directrices estratégicas para el instrumento de la cooperación descentralizada a más largo plazo. 
En la última evaluación de la ejecución de esta línea presupuestaria que se envió al Parlamento en el mes de julio se insistía en el gran valor añadido que tiene la cooperación descentralizada como instrumento complementario para efectuar acciones en el marco de los programas indicativos nacionales a favor de la sociedad civil local. 
Las enmiendas que propuso la Comisión de Desarrollo tienen por principal intención clarificar la elegibilidad de algunos agentes de la cooperación descentralizada para lograr una mayor coherencia con la comitología empleada y para garantizar mejores informes sobre la ejecución de las acciones financiadas con cargo a esta línea presupuestaria. 
La Comisión acepta con mucho gusto todas estas enmiendas, pues reflejan los fructíferos debates sostenidos entre el ponente, el Grupo de Trabajo del Consejo y los servicios de la Comisión. 
La única excepción sería la enmienda 5 relativa al aumento de la dotación financiera de 18 a 36 millones de euros. 
Entiendo que el Parlamento desee que se haga más hincapié en el refuerzo del papel de los agentes locales y, en particular, a la sociedad civil de los países del Sur, en la cooperación al desarrollo. 
Ya estamos haciendo un esfuerzo considerable en este sentido. 
Sin embargo, como explicaba en la carta que envié al Parlamento hace dos semanas, no es necesario buscar fondos adicionales para la cooperación descentralizada en esta línea presupuestario, ya que en nuestra propuesta deja claro que la financiación prevista se utilizará sobre todo en situaciones de difícil cooperación. 
En otros ámbitos se podrán utilizar los instrumentos geográficos. 
Tengo que confirmar aquí que la Comisión, con el pleno apoyo del Consejo, no puede aceptar la propuesta de aumento del presupuesto. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy vamos a estudiar un reglamento que expira a finales de este año. 
La función de este informe es proporcionar un sucesor. 
En el período 2004-06 queremos seguir con las valiosas disposiciones existentes y a fin de que el fundamento jurídico permita una transición perfecta queremos intentar tener éxito en la primera lectura, con el Consejo y la Comisión. 
Parece que hasta la fecha hemos tenido éxito, porque todas las enmiendas que se han propuesto hoy son, en general, merecedoras de apoyo. 
Hemos intentado hacer hincapié en las iniciativas y los grupos interesados de la cooperación descentralizada en los propios países en desarrollo en lugar de los de la Unión Europea. 
El texto de la Enmienda nº 10 procede de un compromiso propuesto por el Sr. Sauquillo Pérez del Arco y yo mismo, y ahora establece, entre otras cosas, que también se incluya a las instituciones independientes. 
Hemos adoptado el texto utilizado en el Considerando 11 sobre el estatus de las iglesias y los grupos ideológicos del Anexo al Tratado de Ámsterdam para garantizar que los ministros puedan aceptarlo sin dificultades. 
El Comisario ya ha dicho que la Enmienda nº 5 es el verdadero escollo. 
Todo lo demás también se ha acordado en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
La Enmienda nº 5 establece un aumento de 18 millones de euros a 36 millones de euros. 
He de decir que, si bien, naturalmente, me complace un aumento así, dada la situación actual no creo que este informe y el nuevo reglamento sean los lugares apropiados para pedir uno. 
Sin duda alguna supondría, tal y como ha dejado claro el Consejo, que en la primera lectura no se acordaría ninguna solución. 
Por este motivo, prefiero los 18 millones de euros, conforme a la propuesta, y después fijar una cifra más alta en las nuevas negociaciones para el período de 2007 en adelante. 
Señor Presidente, felicito, en primer lugar, al ponente, Sr. Zimmerling, por su trabajo, que ha facilitado que consensuemos un buen reglamento de cooperación descentralizada, necesario en el proceso de modernización de la política comunitaria de desarrollo. 
Se trata de un consenso alcanzado no solo en el Parlamento, sino a nivel interinstitucional, lo que permitirá que contemos, a la mayor brevedad y para los próximos tres años, con una base jurídica renovada para llevar a cabo esta política. 
La cooperación descentralizada, es decir, la participación de los agentes no estatales y de las entidades subestatales- tanto de los países europeos como de los receptores- es condición necesaria de un desarrollo participativo que responda a las necesidades e iniciativas de la población a la que, en definitiva, se dirige la cooperación. 
Es un factor añadido de democratización real de las sociedades en desarrollo, ya que a través de la cooperación descentralizada se refuerza el tejido social, y es también un elemento probado de eficacia de la ayuda y un vector para hacer efectivo el concepto de apropiación de los procesos de desarrollo. 
La cooperación para el desarrollo dejó hace tiempo de ser únicamente bilateral o multilateral y gubernamental o no gubernamental. 
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo apoya con entusiasmo una cooperación descentralizada cada vez más perfeccionada. 
Consideremos, por tanto, que no tienen razón- desde la perspectiva del desarrollo local sostenible y participativo- ni quienes en Europa consideran que esta línea pudiera ser utilizada para alentar movimientos extraños ajenos a los Estados ni las autoridades de los países receptores que temen perder el control sobre una ayuda que consideran propia. 
La cooperación descentralizada tiene su mira más en los actores que en los recursos económicos o que en los contenidos sectoriales de la cooperación. 
En cuanto a los recursos económicos- citados por el ponente- hemos renunciado en aras del acuerdo interinstitucional a nuestra pretensión inicial de una mayor asignación de fondos, pero contamos con el compromiso de la Comisión de mantener una adecuada ejecución del programa y consideramos, sin embargo, que la línea de cooperación descentralizada debe ir aumentando progresivamente y no constituir una línea menor del presupuesto de la que se puedan sacar fondos para tapar otros agujeros. 
De momento contamos con 9 millones de euros el primer año y 6 millones de euros los dos siguientes en la línea B7-6002, sin perjuicio de que recursos de las líneas geográficas puedan redundar en acciones de cooperación descentralizada. 
Ello no nos satisface- nos gustaría contar con más- pero, en razón del consenso, podemos llegar a ese acuerdo. 
Como se trata de una línea transversal, no tiene límites sectoriales y desde el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo hemos procurado abrir al máximo a los posibles beneficiarios de la misma, de manera que la articulación social se vea efectivamente favorecida. 
Se explicita que los poderes públicos locales también se consideran autoridades municipales y nos congratulamos por la prórroga del Reglamento y las modificaciones que se han introducido, teniendo en cuenta las referencias a los informes Gemelli, Carrilho y Howitt y esperamos que la Comisión cumpla de ahora en adelante con los plazos de evaluación y presentación de resultados establecidos por el Parlamento para que podamos analizar la eficacia de este instrumento en términos de desarrollo. 
– Señor Presidente, para los Verdes, la cooperación descentralizada es un elemento esencial de la política de cooperación y desarrollo. 
En efecto, es un de los pocos elementos que garantizan que los fondos sean realmente utilizados por las naciones del Sur. 
El informe del Sr. Zimmerling es un paso en la dirección acertada, en la medida en que ha creado un auténtico instrumento para garantizar la participación de los ciudadanos en los países en desarrollo. 
El informe Howitt había abierto algunas líneas de acción interesantes, y este nuevo informe tiende a mejorar aún más la colaboración con organizaciones no gubernamentales. 
Acogemos con satisfacción la ampliación de la lista de socios potenciales. 
Es especialmente importante para nosotros que se tenga en cuenta a las organizaciones de las poblaciones indígenas. 
En efecto, suelen ser minoritarias y sufren la oposición de las autoridades públicas, que a menudo representan a fuerzas autoritarias. 
No obstante, en lo que se refiere a los realmente implicados, la cuestión de las iglesias plantea problemas. 
Si es evidente para todos que las asociaciones caritativas, incluidas las religiosas, deben poder beneficiarse de fondos para la cooperación descentralizada, me parece inconcebible en cambio que la Unión Europea financie en tal concepto a iglesias, cuyo fin es por definición el proselitismo. 
¿Vamos a financiar iglesias católicas o templos protestantes en países musulmanes o la construcción de mezquitas en países cristianos? 
Esto ya lo habíamos discutido con el ponente, que parecía haber comprendido el problema planteado. 
El mantenimiento de este punto de vista antes de la votación en comisión podía parecer un olvido. 
Pero hoy, cuando la Comisión de Desarrollo rechazó mayoritariamente este término, su reintroducción a través de la Presidencia del Consejo, que ha utilizado un texto del Tratado de Ámsterdam –amputado de los elementos filosóficos–, me deja perplejo en cuanto al objetivo final de este texto. 
Sin aclaraciones sobre este punto, no podremos votar a favor de este informe. 
Pido por tanto firmemente a mis colegas que vuelvan a la enmienda votada en comisión, que se limita a las organizaciones caritativas. 
Es esencial que el mayor número posible de representantes de la sociedad civil puedan dar a conocer su opinión y recurrir a una financiación independiente de las autoridades estatales, para reforzar más la independencia de los movimientos sociales que luchan por el desarrollo sostenible, por los derechos humanos y los derechos sociales, por la democratización o por el pluralismo cultural. 
Por ello, pedimos que la dotación financiera se eleve de 18 a 36 millones de euros. 
Nos parece capital para que todos los implicados participen en el debate. 
En efecto, no basta con hacer una buena política: todavía más importante es dotarse de medios financieros suficientes. 
– Señor Presidente, la mejor forma de facilitar ayuda al desarrollo es haciendo justicia al contexto local de los países en desarrollo. 
Es lógico que sea preciso consultar a los partidos locales. Sin embargo, el instrumento de la cooperación descentralizada ha suscitado algunas preguntas. 
En primer lugar, la línea presupuestaria aparte; una línea para la cooperación descentralizada es un experimento de los últimos años. 
La evaluación que ha encargado la Comisión no da muestras de ejecución eficaz. 
Por tanto, no es razonable insistir en una línea presupuestaria aparte. 
Por desgracia, no puedo encontrar esta consideración en el informe. 
La selección de proyectos, en particular, es problemática. 
Se precisa un marco transparente donde las delegaciones seleccionen los proyectos apropiados. 
Los criterios para esta selección han de ser sólidos y su aplicación perspicaz. 
No obstante, de acuerdo con la evaluación del informe, el proceso de selección no es del todo transparente. 
Además, el seguimiento y la evaluación son insuficientes; de hecho, de acuerdo con el informe de evaluación, no existen. 
Si bien las delegaciones de la Comisión reconocen la flexibilidad del instrumento, la falta de transparencia y de evaluación me llevan a concluir que su flexibilidad es excesiva. 
Por último, la Comisión ha propuesto un aumento en el presupuesto; el informe Zimmerling va más allá y propone un gran aumento, pero ni el documento de la Comisión ni el informe aducen argumentos convincentes para este aumento. 
En pocas palabras, no hay motivos para tener una gran fe en la corrección del enfoque adoptado. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay que ver la cooperación descentralizada como un elemento de desarrollo sostenible, que valora la función de los operadores locales, proporciona incentivos a la consolidación de la sociedad civil y promueve socios, no solo protegidos. 
Debemos apoyar totalmente la propuesta de la Comisión examinada en el informe. 
Sin embargo, he de hacer hincapié en que la cuestión de la cooperación descentralizada ha de abordarse con mayor coherencia. 
Por ejemplo, esta propuesta debería haberse presentado hace tiempo. 
He de señalar que, en el momento de la primera ampliación, cuando me pidieron que elaborara un informe, la presentación ya era muy tardía. 
Es preciso hacer hincapié en las cuestiones relativas al marco financiero: predecir un aumento transmite sin duda un mensaje positivo, quizá el único posible, pero sigue estando lejos de ser suficiente, principalmente porque no podemos limitarnos a hacer que los fondos estén disponibles. 
Además, hemos de hacer un esfuerzo más serio para que se conozca más este tipo de ayuda, para que no sean siempre los mismos los que se benefician de ella, como los que, porque tienen mejores contactos, están mejor situados para acceder a la información y a las explicaciones necesarias. 
Que se presenten o no más candidatos depende sobre todo de nosotros, de cómo divulgamos la información, de que hagamos que los procesos de solicitud sean menos burocráticos. 
Las delegaciones de la Comisión podrían prestar alguna ayuda en la fase de la presentación de solicitudes. 
Por último, quiero felicitar al Sr. Zimmerling por el trabajo que ha emprendido y por apoyar las enmiendas que se han presentado, en particular las referentes a la ampliación de la gama de posibles beneficiarios, y aquí destacaría todos los que he mencionado, y al fortalecimiento de redes que operan en el ámbito de los derechos humanos y los procesos de democratización. 
. – Señor Presidente, permítame comenzar expresando mi aprecio por el mensaje político manifestado en las diversas intervenciones. 
Estoy de acuerdo con todos aquellos que han dicho que este es un ámbito de actividad importante e interesante. 
También aprecio la respuesta realista y constructiva a la necesidad de mantener el nivel presupuestario que es necesario para sacarlo adelante. 
Me gustaría hacer otra observación, a saber, que si observamos el volumen y esta actividad, el principal problema es la financiación de los agentes no estatales de los países ACP a partir de ahora. 
En general, el dinero disponible se sitúa entre el 5% y el 10% de la dotación de cada país, si tomamos en cuenta a todo el grupo de países ACP. 
Este dinero se destina a la financiación de las ONG locales, los agentes no estatales y la sociedad civil en sentido amplio. 
La idea consiste en que la toma de decisiones en esta materia se encuentre en manos de los jefes de nuestras delegaciones en esos países. 
Esa es una auténtica cooperación descentralizada. 
Lo que tenemos aquí es una línea presupuestaria gestionada desde Bruselas a la que cooperación descentralizada, es decir, un enfoque un tanto burocrático que refleja una época en la que no contábamos con la nueva dimensión de financiación directa de los agentes de la sociedad civil en esos 78 países que contempla el Acuerdo de Cotonú. 
Esto no significa que esta línea presupuestaria y este instrumento estén perdiendo importancia, ya que abarcan toda la geografía y no solo la de los países ACP. 
Sin embargo, destaca que las actividades actuales son algo más de lo que estamos debatiendo aquí. 
De este modo, considero que esta línea presupuestaria, el Reglamento y su tramitación por el Parlamento constituye una forma de clarificar intenciones. 
Sin embargo, al igual que un iceberg, hay algo más grande por debajo de la superficie de esta línea presupuestaria, y es importante tenerlo en cuenta. 
Permítanme agradecerles una vez más la constructiva respuesta del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
,. – La cooperación descentralizada es una forma de intervención que complementa la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Su objetivo principal consiste en mejorar la calidad de la ayuda y crear condiciones para emprender más acciones y cooperar más. 
Por lo tanto, su característica principal no debería ser el importe de la financiación. 
Además, hasta ahora no parece que el desarrollo del marco legislativo haya propiciado una mayor demanda de créditos, aunque el importe de la referencia financiera de la propuesta de la Comisión Europea para 2004-2006 contempla una suma anual media que es superior a la del período anterior de aplicación de la acción y que, en mi opinión, corresponde al objetivo fijado. 
Estoy de acuerdo con los objetivos y la necesidad de seguir actuando. 
Además, el volumen de la ayuda y su carácter experimental imponen un procedimiento flexible para optimizar su eficiencia. 
Sin embargo, es comprensible que la transparencia y la gestión financiera honesta deban caracterizar la acción de estas agencias y la gestión de los fondos comunitarios por su parte. 
Por último, quiero decir que esta forma de cooperación tiene una naturaleza dinámica. 
En la evaluación anual de la acción es importante no limitarse a una presentación cuantitativa de las acciones financiadas, sino incluir también una evaluación cualitativa de la cooperación para identificar las tendencias que van tomando forma de cara a los años venideros. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A5-0447/2003) de la Sra. Zrihen, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo (COM (2003) 465- C5-0367/2003 2003/0176 (COD) ). 
. – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la ponente, la Sra. Zrihen, por su excelente cooperación y por todos los esfuerzos que ha hecho para asegurar la aprobación de este Reglamento en primera lectura. 
Espero sinceramente que aún pueda lograrse. 
Nuestra propuesta de Reglamento relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo reviste una gran importancia, pues marca una clara meta política y pone de relieve que la consecución de la igualdad de hombres y mujeres es crucial para el desarrollo en general. 
Desde la Declaración de Pekín y la Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 se han realizado mejoras a escala mundial para fomentar la igualdad de género en los países en vías de desarrollo. 
Se han efectuado avances sobre todo al adoptar una amplia estrategia en materia de igualdad de hombres y mujeres en el marco general de la cooperación al desarrollo de la UE. 
Sin embargo, si bien este proceso va camino de fijar prioridades, aún queda mucho por hacer en lo referente a la obtención de resultados, como la mejora de las condiciones de la mujer en los países en vías de desarrollo en un plazo definido. 
Por ello es necesario un enfoque estratégico más amplio para apoyar la actual estrategia de ejecución. 
En particular, este Reglamento presenta una orientación más firme que hará que este proceso sea más claro y visible, y que le permitirá impulsar con mayor facilidad los cambios necesarios para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo, estableciendo un vínculo sólido con la consecución de los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas en materia de desarrollo. 
Todos sabemos que la promoción de la igualdad de hombres y mujeres es un proceso a largo plazo. 
No cabe duda de que hemos tardado mucho tiempo en llegar a donde nos encontramos, con lo que la realidad nos demuestra, desgraciadamente, que hablamos de largo plazo. 
Por ello es vital reforzar el papel de catalizador y estratégico que desempeña el presente Reglamento. 
De hecho, es necesario que este Reglamento financie medidas innovadoras que sean rentables y puedan ser reproducidas en otros ámbitos o ampliadas mediante otras fuentes de financiación. 
Esa es la verdadera clave para comprender la finalidad de este Reglamento. 
En un principio, el Parlamento propuso aumentar el presupuesto de este Reglamento, pero creo que esa no es la solución que buscamos. 
Como ya explicaba en mi carta a los Presidentes de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, así como al ponente, no podemos hacer frente a este aumento relativamente pequeño. 
Simplemente no disponemos de los recursos para ello. 
Este año ya hemos realizado grandes esfuerzos en la lucha contra las principales enfermedades relacionadas con la pobreza y en el fomento de la salud sexual y reproductiva. 
Simplemente resulta imposible encontrar más dinero. 
En todo caso, como deja claro una enmienda a los considerandos, es la totalidad de la financiación comunitaria destinada al desarrollo la que debe contribuir de forma general a la igualdad de hombres y mujeres. 
Por ello tengo que confirmarles que la Comisión, con el pleno apoyo del Consejo, no puede aceptar la propuesta de aumento del presupuesto. 
Espero que también sea esta la respuesta que dé esta noche el Parlamento. 
Estoy seguro de que con su apoyo a este Reglamento, el Parlamento nos permitirá financiar operaciones y organismos que trabajan para alcanzar los objetivos del desarrollo internacional a fin de fomentar la igualdad de hombres y mujeres, capacitar las mujeres y contribuir a la reducción de la pobreza. 
La existencia de esta línea presupuestaria y de este Reglamento tiene mucho sentido, pues es en él donde encontramos la inspiración y el impulso para orientar el esfuerzo de integración de esta igualdad en nuestras políticas, pero nunca podremos hacer lo necesario en materia de igualdad de hombres y mujeres mediante una línea presupuestaria especial. 
Esta es la realidad y aprecio que se comprendan las proporciones y mecanismos para hacerlo. 
Espero que se reflejen en la forma en que reaccione el Parlamento. 
Y espero que podamos hacerlo en una lectura del Parlamento. 
Lamentaría mucho que no pudiéramos lograrlo. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera decirles que este informe me parece totalmente fundamental. 
Es fundamental porque uno de los objetivos primordiales de la política de desarrollo de la Unión Europea es favorecer la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo. 
Del mismo modo, pensamos que la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, son metas que debemos aspirar a alcanzar. 
Ahora bien, sería ilusorio creer que podemos ganar la batalla contra la pobreza sin la ayuda de las mujeres. 
Las mujeres son los pilares de la sociedad, en particular en las sociedades de que estamos tratando. 
Al mismo tiempo, nos vemos obligados a constatar que, junto con los niños, se encuentran entre las personas más vulnerables ante la enfermedad, la pobreza, el analfabetismo y la guerra. 
Por tanto, todas las estrategias que pongamos en práctica y todas las acciones que queremos desarrollar deben contribuir a la emancipación y a la acción de las mujeres en todos los ámbitos y en todos los países. 
Las mujeres deben participar muy concretamente en el desarrollo de sus países, ya que cada mujer es una agente potencial de éxito, de cambio y de desarrollo. 
El informe que debatimos hoy constituye precisamente, así lo espero, una de las etapas fundamentales en este enfoque de la cooperación, porque contempla muchas medidas para promover, desarrollar y apoyar proyectos prácticos en este terreno. 
Es importante que sean prácticos. 
Queremos que este Reglamento sea un catalizador, un motor de las iniciativas de igualdad de género, que rentabilice las iniciativas piloto, que defina buenas prácticas y las difunda. 
Abarca el periodo que va de 2004 a 2006. 
Por tanto, nos parece imperativo que el Reglamento pueda ser aplicable desde enero, y que a partir de esa fecha puedan lanzarse las convocatorias de ofertas para los proyectos. 
En efecto, pienso que cientos de personas están esperando, sobre el terreno, nuestra decisión y que, si titubeamos, las consecuencias serán perjudiciales para todos los implicados a escala local, que quieren participar y actuar, de forma práctica, a favor de la igualdad de oportunidades. 
En este informe me ha parecido fundamental hablar ante todo del acceso de las mujeres de todas las edades a todos los recursos y servicios, como la salud, la educación, la formación, las infraestructuras. 
Señalemos así que las mujeres quedan excluidas de la participación, del acceso y del control en todos estos sectores. 
Como mujer, pero sobre todo como demócrata, espero poder alentar esta participación en todos los países afectados. 
Espero también que los principales beneficiarios de nuestra ayuda sean los agentes locales y las organizaciones de mujeres que trabajan incansablemente por un cambio de mentalidades favorable a la igualdad de género. 
Pero he aquí que, en todo lo que decimos, y en todo lo que esperamos, siempre hay una vertiente presupuestaria. 
La Comisión Europea nos concede para este Reglamento nueve millones de euros. 
Quizás no sea mucho para nosotros, pero representa una verdadera fortuna para los implicados sobre el terreno para abordar proyectos concretos. 
Sea como fuere, queríamos pedir once millones de euros, porque nos parecía que dos millones de euros más no es gran cosa. 
No obstante, como acaba de explicar el Comisario Nielson, parece que será imposible. 
Acepté, por tanto, el informe en primera lectura, con el apoyo de mis compañeros, para favorecer la acción de forma pragmática, es decir, para que se adoptara este Reglamento lo antes posible, mañana en este caso, a fin de que estuviera en vigor desde enero de 2004. 
Parece que no es la opinión de los demás Grupos políticos. 
Parece que tendremos que reanudar la batalla, porque quizás podamos juntar aún algunos céntimos más, y eso cuenta sobre el terreno. 
No obstante, quisiera pedir a todos los que vayan a intervenir en el debate que tendremos mañana en el Parlamento que tengan muy en cuenta que al hacerlo asumimos una responsabilidad clara y neta de iniciar un proceso de segunda lectura cuyos plazos desconocemos. 
Pienso también que todas las organizaciones afectadas por nuestra incapacidad para llegar a un acuerdo tienen derecho a esperar de nosotros, y del Consejo y la Comisión, un comportamiento maduro y una señal concreta de nuestra voluntad de alcanzar estos objetivos. 
Por lo que a mí respecta, si tengo algún poder de decisión como ponente, abogaría de nuevo por que este texto entrase en vigor en enero de 2004. 
Sea como fuere, si las negociaciones que mantendremos esta noche y mañana nos obligan, en un momento dado, a reconsiderar nuestra posición, no podré sino lamentarlo, pero solicitaré de inmediato una reunión con el Consejo y la Comisión para poder llegar a un acuerdo lo antes posible. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea da mucho valor a la igualdad de derechos para hombres y mujeres y también a la política de cooperación al desarrollo. 
Todos conocemos ejemplos dolorosos: la mujer nigeriana, Amina Lawal, que iba a ser lapidada mientras su amante había salido impune; mujeres que, simplemente por ser mujeres, no tienen acceso a préstamos para abrir pequeños negocios; chicas a las que se sigue negando la educación porque como mujeres de todos modos no la necesitarán y mientras tanto pueden ayudar en la casa. 
Todavía queda mucho por hacer. 
Lo incorporamos en todos los reglamentos, pero el «papel es paciente» y es difícil aplicarlo. 
Especialmente en las delegaciones, se precisa experiencia en este ámbito. 
Me parece un poco decepcionante que la Comisión, durante la revisión del reglamento, que vence a finales de 2003, presentara una propuesta que solo pretende servir de catalizador. 
De hecho, de los informes de los resultados de acciones anteriores se deducía que estos no eran impresionantes, mientras que, además, el presupuesto planificado solo se utiliza parcialmente. 
No quiero entrar en los motivos, pero espero que este nuevo enfoque que apoya la Comisión sea más eficaz. 
Señor Comisario, el presupuesto de este reglamento es pequeño, demasiado pequeño de acuerdo con mi comisión, aunque la Comisión quiere que se logren los objetivos mediante la sinergia y otras acciones y programas. 
Quiero destacar el hecho de que es esencial contar con expertos sobre el terreno. 
Eso cuesta dinero. 
Entonces, ¿deberíamos ser capaces de encontrar el dinero? 
Para ello se precisa formación y formación actualizada, según pude oír a la delegación de Perú la semana pasada. 
Sin embargo, también en otras partes se pide constantemente una regulación más eficaz de estas materias. 
Tres años no es mucho tiempo, pero estaría bien si pudiéramos decir: «Mira, se van haciendo progresos, hay más mujeres que tienen posibilidades de hablar en los ámbitos político, social y económico; hay más chicas que pueden ir a la escuela y más mujeres con derecho a una salud mejor». 
Señor Comisario, estoy haciéndole un llamamiento urgente. 
– Señor Presidente, señor Comisario, el artículo 3 del Tratado declara el deseo de la Comunidad Europea de prohibir todas las formas de desigualdad y de promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
El Consejo ha señalado que la igualdad de género es la base para la cooperación al desarrollo. 
En Pekín se ha aprobado un programa de acción de 10 puntos sobre esta cuestión y todos los países lo han firmado. 
La situación sigue dejando mucho que desear, no solo en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
De los aproximadamente 1 500 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza, el 70 % son mujeres. 
No solo carecen de recursos financieros, sino también, en la mayoría de los casos, de derechos sociales, como el derecho a una alimentación adecuada, agua potable, educación, cuidados sanitarios y derechos humanos fundamentales. 
Resulta decepcionante que, desde que el Consejo ha definido la integración del género como el principio rector para la política de cooperación al desarrollo, han ocurrido muy pocas cosas. 
Por este motivo celebro el programa de acción. 
Este programa debería suponer para la igualdad de género en la política de cooperación al desarrollo un estímulo extra. 
En los debates y documentos de esta Asamblea ya se ha hecho referencia al vínculo entre la pobreza y la desigualdad de género. 
Los países donde existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres son también los más pobres. 
Hay menos pobreza en los países donde la desigualdad entre hombres y mujeres no es tan pronunciada. 
El grado de éxito de los proyectos de desarrollo en los ámbitos de la asistencia sanitaria, los programas de alfabetización y la agricultura, por ejemplo, parece más alto si participan las mujeres. 
Invertir en las chicas parece reducir la mortalidad infantil y la mortalidad entre las mujeres, ofrecer mayor seguridad alimentaria y supone una mejora en la lucha contra la pobreza. 
Por desgracia, estas ideas no están muy extendidas y a mí también me complace la publicación de UNICEF del pasado 11 de diciembre, que subrayaba esto tajantemente. 
El informe, de hecho, establece que sin medidas para llevar a las chicas a los colegios será imposible lograr los objetivos del milenio. 
Es evidente que la asistencia de las chicas a los colegios no solo les beneficia a ellas, sino también a los chicos y a sus países. 
El informe describe que la discriminación de género frena los desarrollos por el camino. 
Además, el informe describe que, salvo unas pocas excepciones, los países industrializados y las instituciones financieras internacionales no han logrado cumplir sus propias promesas. 
De ahí mi apoyo al programa de acción cuyo objetivo es promover el análisis y la integración del aspecto del género en los ámbitos prioritarios de la cooperación al desarrollo comunitario, la integración horizontal del aspecto del género en proyectos y programas, y el fomento de la capacidad de género en la propia Comunidad Europea. 
Estos tres puntos son importantes, en particular el último: se necesita un cambio de mentalidad, sobre todo en los órganos de la propia Unión Europea. 
A la luz del carácter urgente y de las oportunidades, apoyo la enmienda de aumentar el presupuesto de 9 a 11 millones de euros. 
Espero sinceramente que la Comisión sea capaz de estar de acuerdo con esto. 
Señor Presidente, ya es una costumbre que en este Parlamento hablemos de igualdad entre hombres y mujeres en las sesiones nocturnas. 
No importa, pero desde luego, es un dato de la realidad que no deja de ser, cuanto menos, pintoresco. 
A mí me gustaría que también alguna tarde pudiéramos hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. 
La política de igualdad entre hombres y mujeres es una de las mejores aliadas en el compromiso de la Unión Europea de lucha contra la pobreza. 
Lo hemos repetido hasta la saciedad en estas sesiones nocturnas, y casi todos y todas los que aquí nos sentamos estamos convencidos de ello. 
Se trata de hacer de ello una verdad también en el presupuesto. 
Desde los años 90 hemos avanzado mucho en cuanto a estas políticas, pero todavía no hemos obtenido los resultados que serían deseables. 
Todos y todas lo sabemos también. 
Es necesario, como reza el documento de la Comisión, explorar nuevas pistas y, sobre todo, conseguir una aplicación efectiva de las medidas que aprobamos a escala nacional, que es donde encontramos mayores dificultades. 
Si en 2001 destacábamos en el programa de acción la necesidad de integrar el factor de género, es decir, reflexionar, diseñar y evaluar los objetivos con la perspectiva incluyente de las mujeres, ahora hay que completar esta estrategia dotándonos de un fundamento sólido para esta política vinculado a la realización de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Como siempre repetimos, es necesario intensificar el mensaje político relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, tanto dentro de la Unión como, sobre todo, en los países en desarrollo. 
Pobreza, analfabetismo, enfermedad, desempleo, falta de autonomía, dependencia, vulneración de sus derechos más fundamentales, son una realidad para la mayoría de las mujeres del mundo en desarrollo. 
Perspectiva de género, políticas específicas, sensibilización y respaldo a las capacidades públicas y privadas de los países en desarrollo, para que puedan asumir la iniciativa de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, son algunas de las medidas imprescindibles para avanzar en esta estrategia. 
Cooperación transnacional y regional, fomento de una política y de programas complementarios relativos, por ejemplo, a la salud reproductiva y sexual, hoy gravemente atacados y en peligro por las políticas conservadoras de inspiración religiosa, son condiciones imprescindibles para el logro de nuestros objetivos. 
El Reglamento que hoy debatimos contribuirá, sin duda, a mejorar nuestra acción. 
En su trámite parlamentario ha sido claramente mejorado, insistiéndose en cuestiones clave, como son la participación de las organizaciones de mujeres sobre el terreno, verdaderas protagonistas del avance de sus comunidades; también, el acceso y control, por parte de las mujeres, a los servicios de formación, salud y a los procesos de toma de decisiones. 
Es necesario destacar la necesidad de asistencia técnica, incluida la evaluación de impacto sobre la igualdad en ámbitos como la educación, la formación o los medios de comunicación. 
La lucha contra el sida y contra la violencia de género, y el dar poder a las mujeres siguen siendo deudas pendientes. 
Es necesario y urgente adoptar este Reglamento sin alargar excesivamente los plazos. 
Por tanto, sería necesario alcanzar un compromiso para que fuera efectiva la aplicación de este Reglamento a partir de enero de 2004. 
Eso es lo que yo quiero reclamar en este momento. 
– Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad de hablar sobre la educación de las niñas, porque sin ella no hay igualdad para las mujeres. 
Nuestra colega la Diputada al Parlamento Europeo, la Sra. Martens, también ha mencionado que realmente da miedo leer el informe de UNICEF, «The State of the World's Children, 2004» (La situación de los niños del mundo, 2004) , publicado la semana pasada. 
Hacemos promesa tras promesa, por ejemplo en la declaración del milenio. 
A raíz de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia nos propusimos reducir la diferencia entre niñas y niños cuando se trata de alfabetización y en mejorar el acceso a la educación para las niñas. 
En el seno del Comité de desarrollo del Banco Mundial hemos adoptado las iniciativas de la vía rápida, pero ¿qué está ocurriendo? 
Hoy día, sabemos que más de 120 millones de niños no están escolarizados. 
El quince por ciento de todos los niños y el 21 % de todas las niñas no van al colegio. 
En el sudeste de Asia y en los países subsaharianos la situación es especialmente dolorosa. 
Al amparo de las iniciativas de vía rápida del Banco Mundial los países desarrollados aprobaron el año pasado un fondo de 326 millones de dólares USA, pero, hasta la fecha solo se han dado 207 millones de dólares USA en forma de créditos. 
Esto se traduce en un déficit financiero de casi 118 millones de dólares USA en año y medio. 
No hemos cumplido nuestras promesas. 
Nosotros los de los países desarrollados no hemos cumplido nuestra parte. 
Los países en desarrollo han presentado sus planes y han hecho lo que deberían haber hecho. 
Entre los países de la Unión Europea, Italia solo destina el 0,3 % y Alemania solo el 2,1 % de sus presupuestos de ayuda al desarrollo. 
Solo los Países Bajos han cumplido sus promesas para con los niños de todo el mundo. 
¿Cuál será la situación tras todas las declaraciones y, en particular, a raíz de la Sesión especial sobre niños de Naciones Unidas, a la que asistieron los propios jóvenes para pedir el derecho a la educación? 
Después de todo, los importes que se manejan son pequeños, en comparación con los de otras muchas promesas. 
Creo que la Unión Europea y la Comisión podrían actuar juntas y cumplir las promesas hechas, por ejemplo, en el Banco Mundial. 
– Señor Presidente, en relación con el fomento de la igualdad de hombres y mujeres en los países en vías de desarrollo resulta evidente que la pobreza es uno de los problemas que tenemos que resolver. 
Las mujeres y los niños son los más afectados por la pobreza, pero son las mujeres que están en el tajo las que realmente pueden marcar la diferencia. 
Resulta increíble ver cómo la Comisión regatea aquí por dos míseros millones de euros. 
El Comisario nos dice que el Consejo y la Comisión –ambos dominadas por hombres– han decidido que consideran que los dos millones de euros adicionales no son aceptables. 
Esperan intimidar a este Parlamento para que acepte lo que han decidido dos instituciones dominadas por hombres. 
Y resulta increíble si consideramos que incluso los 11 millones de euros son auténticas migas en comparación con el presupuesto general, y aun así desean que este Parlamento renuncie a los dos millones suplementarios ya desde su primera lectura. 
Es totalmente inadmisible. 
Espero que mañana el Parlamento vote a favor de este aumento, tal como hizo la comisión parlamentaria, de 9 a 11 millones de euros. 
Si deseamos fomentar la igualdad de hombres y mujeres, tenemos que estar dispuestos a hacer este esfuerzo adicional para garantizar nuestro auténtico compromiso con ella. 
Resulta totalmente inadmisible que nos diga que envidia tener esos dos millones de euros y que no puede encontrarlos en el presupuesto para incrementar esta línea presupuestaria, y espero que el Parlamento envíe un firme mensaje a la Comisión y al Consejo de que no lo aceptaremos. 
En la Unión Europea hablamos de igualdad de hombres y mujeres, pero tenemos que demostrarlo aceptando pagar por su promoción en los países en vías de desarrollo, pagar para apoyar a las mujeres de los países en vías de desarrollo que, en muchos casos, han sido perseguidas y que son las que han presionado para hacer avanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y para paliar la pobreza. 
Ese dinero lo tienen bien merecido y no podemos regatear estos dos millones de euros. 
– Señor Presidente, la eficacia de la ayuda al desarrollo sigue siendo un problema. 
Además, es un hecho que los equivocados sentimientos de culpabilidad por nuestro pasado colonial han convertido este problema en tabú, un tabú en el que, por fortuna, empiezan a salir grietas. 
Un creciente número de observadores y los que están en primera línea ven con ojos críticos la forma en que se organiza en general la ayuda al desarrollo. 
Los recursos utilizados no suelen alcanzar su destino. 
Además, la simple donación de dinero no siempre es la respuesta. 
Más bien al contrario, hay otros factores que contribuyen a determinar el éxito. 
Estoy pensando en, por ejemplo, la presencia de una economía de libre mercado y de libertad, y punto. 
A este respecto, la igualdad de género, el tema de este informe, es un elemento muy importante. 
Se ha declarado, justificadamente, que la discriminación en contra de la mujer constituye una barrera al desarrollo sostenible y eficaz. 
Por tanto, debemos concentrarnos en mejorar la educación, la formación y la participación, tanto en términos económicos como políticos. 
En este sentido, la Comisión presta, entre otras cosas, «apoyo desde el punto de vista del análisis y la mejora de las estadísticas de acuerdo con el género, la edad, el desarrollo y la distribución de métodos, directrices, informes sobre el impacto del género, estudios temáticos, indicadores y otros instrumentos operativos». 
Todo esto es, sin duda alguna, útil y necesario, pero deberíamos asegurarnos de que no perdemos de vista una serie de hechos esenciales. 
Muchos países en desarrollo están infestados por una plaga de patrones culturales arcaicos a los que puede atribuirse directamente la posición desaventajada de las mujeres. 
A este respecto, es sorprendente que ni el informe Zrihen ni el de la propia Comisión hagan referencia alguna al Islam. 
En el mundo islámico las mujeres son, por así decirlo, estructuralmente inferiores, y no tiene sentido en absoluto pasar de puntillas por este hecho desagradable. 
Mientras la gente se niegue a aceptarlo, este reglamento será, en el mejor de los casos, una fuente de empleo para expertos en género y otros empleados del desarrollo de Europa, pero solo eso. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como todo el mundo sabe, el objetivo principal de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea consiste en combatir y, en última instancia, erradicar la pobreza. Por consiguiente, las medidas específicas dirigidas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la independencia de las mujeres y su papel en los ámbitos económico, social y medioambiental contribuyen notablemente, además de ser lo justo. 
Esto es así porque las víctimas de la pobreza más frecuentes suelen ser las mujeres y los niños. 
Es preciso reconocer y destacar los progresos alcanzados a raíz de la aprobación de una estrategia mundial para integrar la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, pero hay mucho por hacer. 
Hay aspectos cruciales para la igualdad de género y la independencia de la mujer y a ellos hay que prestar especial atención, haciendo hincapié en ámbitos como la salud, la educación, la formación, el acceso a actividades económicas y sociales, y también el acceso al empleo y a infraestructuras y la participación en procesos de toma de decisiones. 
Los proyectos deben corresponderse con la realidad y para ello hemos de tener datos y estadísticas desglosadas por género, que nos permitirán evaluar las acciones antes de seleccionarlas y una vez emprendidas. 
Tenemos que destacar el papel crucial de las organizaciones que trabajan en este ámbito, teniendo en cuenta su conocimiento directo y más amplio de las verdaderas necesidades y de los medios necesarios para emprender acciones. 
Otra cuestión que quiero destacar es la necesidad de crear cooperaciones. 
Los protagonistas principales, incluyendo las autoridades regionales, deben formar redes para intercambiar experiencias y buenas prácticas con objeto de definir mejor las acciones y lograr una mejor participación en su ejecución. 
Para concluir quiero recalcar que la promoción de la igualdad de género en la cooperación al desarrollo para el período 2004-2006 debe recibir un presupuesto que se corresponda con las necesidades. 
Entiendo los motivos que ha aducido la Comisión en este debate y de la ponente, a quien felicito, pero, teniendo en cuenta las medidas que sigue siendo necesario aplicar y los esfuerzos que todavía hay que hacer, la línea presupuestaria correspondiente debe aumentarse a 11 millones de euros. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme empezar agradeciendo a la ponente la preparación de este informe. 
La Unión Europea ha declarado que la igualdad de género es uno de sus objetivos principales y creo que es muy importante incluir esta prioridad como factor en la cooperación al desarrollo. 
Siguen siendo predominantemente las mujeres y las niñas quienes no saben ni leer ni escribir y a quienes se discrimina en cuanto a la educación se refiere. 
Sin embargo, la educación es la clave para escapar del círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad. 
Quienes no saben leer ni escribir no tienen ninguna oportunidad en nuestro mundo dominado por los ordenadores e Internet. 
Ocurra lo que ocurra, es esencial que a la hora de promover la igualdad de oportunidades, nos aseguremos de que todas las mujeres se benefician, independientemente de la edad. 
El informe se centra principalmente en fortalecer las organizaciones locales ya existentes, porque ellas tienen a los expertos sobre el terreno, a los expertos sobre las estructuras subyacentes, quienes saben lo que es realmente necesario. 
Las mujeres son indispensables en todas las áreas rurales y esenciales para desarrollar más las regiones. 
Tal y como han indicado oradores anteriores, a las mujeres de los países en desarrollo suelen darles un papel pasivo en proyectos y procesos de planificación. 
Ello significa que no pueden aportar lo suficiente en proyectos y, por consiguiente, se presta menos atención a las necesidades de las mujeres. 
Por tanto, es preciso incluir a las mujeres como participantes activas en los procesos de planificación local, para que puedan configurar activamente su entorno y para que también puedan afrontar nuevos retos con un compromiso del 100 %. 
Tal y como se ha dicho, el marco financiero para aplicar este reglamento debe contener 11 millones de euros, para introducir medidas eficaces que también tengan efectos cuando se aplican. 
Por lo tanto, quiero pedir al Parlamento que mañana apruebe estos 11 millones de euros. 
Es posible que el término de integración del género esté muy manido, y quizá parezca a veces hasta desgastado, pero sigue siendo un concepto fundamental que debe aplicarse en todas las áreas políticas. 
. – Señor Presidente, comenzaré diciendo, no con placer, sino con cierto pesar, que el lenguaje elegido por la Sra. McKenna es decepcionante. 
No acepto que la Comisión esté dominada por hombres. Este aspecto no forma parte de la manera en que trabajamos profesionalmente en este ámbito. 
Afirmarlo no es agradable y, objetivamente, también es erróneo. 
En este ámbito hacemos cosas que normalmente o no siempre se califican de actividad de género. 
Participamos en cuestiones relacionadas con la reforma agraria y en la modificación de la legislación de numerosos países sin decir que se trata de medidas de género. 
Sin embargo, es sumamente importante elaborar una legislación moderna que otorgue igualdad de derechos en materia de propiedad sobre la tierra y, en un país como Kenia, que ha decidido implantar la enseñanza primaria gratuita en un solo paso, ofrecer ayudas presupuestarias que permitan que las niñas se beneficien igualmente de esta oportunidad. 
La ayuda presupuestaria de 50 millones de euros destinada a Kenia no fue calificada de ayuda a la igualdad de género, sino que en realidad es una política básica y con una elevada dotación relacionada con dicha igualdad. 
Tengo que insistir en que es aquí donde se desarrolla la gran batalla. 
Podría entender este debate si se tratara de una diferencia entre 9 y 200 millones de euros, y no de una diferencia entre 9 y 11 millones de euros. 
Pues así vería algo de lógica en lo que se ha dicho aquí esta noche. 
Pero la línea presupuestaria para esta actividad concreta es un catalizador para hacer avanzar ideas buenas y novedosas, enfoques innovadores, etc. para inspirar la labor, de carácter más general, de integración de la igualdad de hombres y mujeres en las políticas comunitarias. 
Por ello es un error aumentar y disminuir de este modo el nivel de financiación. 
Considerar que la actitud y la sinceridad de la lucha a favor de la igualdad de hombres y mujeres se refleja en la elección entre 9 u 11 millones de euros es un error. 
Debemos ser juzgados por nuestra labor en general y confiamos bastante en ese juicio. 
– Señor Presidente, no pretendía ofender personalmente al Comisario, pues entre los actuales miembros de la Comisión, él es probablemente uno de los más progresistas en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Pero la realidad es que tanto la Comisión como el Consejo están dominados por hombres. 
Si observamos los números, están fundamentalmente dominados por hombres. 
Si existiera más igualdad tanto en la Comisión como en el Consejo en lo referente al número de mujeres, las cosas serían algo distintas. 
No se trata de un ataque personal contra usted, señor Comisario. 
En materia de cuestiones relacionadas con la mujer, usted es mejor que algunos de nuestros Comisarios, incluido el Sr. Flynn, que estuvo aquí hace algunos años. 
Sin embargo, la realidad es que tanto la Comisión como el Consejo están dominados por hombres. 
Lo consideraremos una rama de olivo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0465/2003) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la coexistencia entre las plantas cultivadas modificadas genéticamente y las plantas cultivadas convencionales y ecológicas (2003/2098 (INI) ). 
– Señor Presidente, señor Comisario, este es un informe de iniciativa propia que ha presentado el Parlamento a instancias de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Por lo tanto, no es una respuesta a una propuesta legislativa de la Comisión. 
Más bien, nos parece que este asunto requiere acción y por esto nos hemos tomado la molestia de preparar este informe. 
El informe representa un compromiso logrado a través de la cooperación de todos los grupos y que ha aprobado por amplia mayoría la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Ahora quiero dar las gracias a cada uno de mis coponentes: La Sra. Schierhuber, la Sra. Scheele, el Sr. Olsson, y el Sr. Garot. 
Todos hemos intentado que la objetividad sea la norma mientras hemos trabajado en esta tarea parlamentaria. 
Permítanme hacer hincapié una vez más en que este informe no pregunta si convendría o no permitir la modificación genética. 
Se centra en la coexistencia. 
Ya se ha decidido, previa consulta con esta Asamblea, que los organismos modificados genéticamente existirán y se liberarán. 
Nuestro objeto de estudio es la forma de que haya cooperación, coexistencia y libertad de elección tanto para agricultores como para consumidores, porque esta será la cuestión si liberamos organismos modificados genéticamente en plantas o animales. 
La naturaleza a menudo tiende al intercambio, y no va a hacer excepciones con los organismos modificados genéticamente. 
Por tanto, en lugar de centrarnos en el hecho de que muy pronto se liberarán plantas y animales modificados genéticamente, ahora tenemos que garantizar que existen plantas y animales sin OMG para que haya libertad de elección. 
Este es el tema del informe. 
Tenemos que asegurarnos de que se aclaran todos los procedimientos antes de ejecutarlos. 
La Comisión no ha presentado ninguna propuesta legislativa con este fin, en su lugar se han propuesto directrices. 
Ahora intentamos aplicar estas directrices, tal y como se señala en el informe. 
Exhortamos a la Comisión a que investigue los requisitos técnicos, que consulte con expertos científicos y también que aborde la cuestión de la potencial responsabilidad. 
El hecho es que, si bien la industria tiene perfecto derecho a ganar dinero, no se le podrá permitir que lo haga si, al final de la cadena, los agricultores se acusan unos a otros. 
Es preciso que haya claridad. 
Las reacciones a esta legislación señalan que algunas regiones quieren declararse libres de OMG, porque les preocupa la posibilidad de contaminación entre pequeñas parcelas; esto está relacionado con el artículo 26 de la directiva de liberación, introducida gracias a los esfuerzos del Parlamento, que dispone que los agricultores deben tener derecho a establecer una región sin OMG a condición de que hayan dispuesto que los alimentos y los piensos con más del 0,9 % de contaminación se etiquetarán como modificados genéticamente. 
Todos los que quieran operar en el mercado, no solo las tierras de cultivo ecológico, que legalmente deben estar libres de OMG, sino también las grandes parcelas de agricultura convencional, lo ven como parte de su mercado. 
Tienen todo el derecho a hacerlo. 
Todos tienen que tomar su propia decisión en torno a este asunto, y debemos asegurarnos de que pueden hacerlo. 
Por este motivo ahora proponemos que se regule la responsabilidad. 
Espero que una gran mayoría de esta Asamblea apruebe este informe mañana, que la Comisión satisfaga entonces nuestras expectativas y que estas cuestiones sobre la coexistencia se traten empleando el procedimiento de codecisión, tal y como ocurrió con la legislación sobre modificación genética. 
Esto nos permitirá estar incluidos y utilizar nuestros conocimientos especializados, que son evidentes en este informe, para lograr una legislación razonable que no permita que la coexistencia sea un caballo de Troya. 
No queremos encontrarnos en un par de años para concluir con lamentos de que nuestro enfoque no ha funcionado. 
Tenemos que garantizar el carácter a largo plazo de la coexistencia y la libertad de elección para agricultores y consumidores. 
Espero que la Comisión se tome en serio nuestro trabajo y que pronto tengamos una propuesta legislativa en torno a este asunto para someterlo a debate en esta Asamblea. 
Una última reflexión: un factor básico en este ámbito es si las líneas de semillas no modificadas genéticamente siguen estando libres de organismos modificados genéticamente. 
Es indudable de que la semilla modificada genéticamente existirá. 
Tenemos legislación a este respecto. 
Sin embargo, también debemos garantizar que existen semillas no modificadas genéticamente. 
Por tanto, ese es el quid de la coexistencia. 
Nuestro informe hace mucho hincapié en esta cuestión. 
. – Señor Presidente, me gustaría comenzar pidiendo disculpas, pues veo que se me han asignado dos minutos y medio, pero he preparado una declaración algo más amplia. 
Al no saberlo de antemano, iré al grano sin preocuparme tanto del tiempo. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Graefe zu Baringdorf y a los diputados que han contribuido a este informe de iniciativa. 
La Comisión acoge con agrado este informe por considerarlo una contribución oportuna al debate sobre la coexistencia. 
Estoy plenamente de acuerdo con que la coexistencia es una cuestión de suma importancia que debe abordarse de forma transparente y con la mente abierta. 
Con el nuevo procedimiento de autorización de los OMG y la legislación sobre rastreabilidad y etiquetado, la Unión Europea ha creado un marco normativo completo que debería abrir el camino para la introducción de los OMG en la agricultura. 
Al establecer las condiciones para la coexistencia debemos garantizar que los agricultores que deseen utilizar métodos agrícolas convencionales y biológicos puedan hacerlo. 
Este informe aparece en un momento en el que varios Estados miembros están elaborando enfoques nacionales y regionales para la coexistencia. 
Asimismo llega en un momento en el que la Comisión intenta dilucidar la mejor manera de colaborar con los Estados miembros para apoyar este proceso, tras la publicación de la Recomendación de la Comisión sobre las directrices relativas a la coexistencia en el pasado mes de julio. 
Si bien la Comisión considera que este informe de iniciativa constituye una valiosa contribución en general al debate debido a las declaraciones y recomendaciones que avanza, solo puede aceptar plenamente unas cuantas de ellas. 
En relación con el umbral para las simientes, estamos de acuerdo que la información sobre la presencia de OMG en las simientes es necesaria para aplicar correctamente la legislación sobre OMG, sobre todo en lo referente a su etiquetado y rastreabilidad. 
Sin embargo, estos umbrales se aplican únicamente a las trazas adventicias de OMG autorizados que han sido objeto de una amplia evaluación medioambiental y sanitaria. 
No pretenden ser una herramienta para la gestión de riesgos. 
Asimismo reconocemos la importancia y urgencia de definir umbrales para la presencia adventicia de OMG en lotes de simientes de variedades no manipuladas genéticamente, y actualmente estamos redactando una propuesta al respecto. 
Para ello nos basamos en recomendaciones científicas comprobadas, basadas en los trabajos preparatorios que se han venido llevando a cabo en los últimos dos años. 
Me complace que el informe haya sustituido un proyecto anterior en el que se recomendaba un umbral del 0,1 % para las simientes por un nuevo texto que tiene en cuenta las evaluaciones científicas sobre su aplicabilidad en la práctica. 
La Comisión siempre ha considerado que los umbrales deben ser viables y practicables en un entorno de OMG. 
Siempre ha insistido en que se necesitan pruebas científicas sólidas para establecer dichos umbrales. 
Por lo que se refiere a la solicitud de adoptar normas uniformes y vinculantes a escala comunitaria en materia de coexistencia, no estamos convencidos de que esta sea una solución viable. 
En vista de la diversidad que caracteriza a la agricultura europea, creemos que sería imposible adoptar normas uniformes de aplicación universal. 
Un enfoque universal no es el adecuado. 
Los científicos han apoyado en numerosas ocasiones el planteamiento basado en la subsidiariedad, incluso en la audiencia preliminar sobre la coexistencia que tuvo lugar en septiembre de 2003. 
Asimismo, cada vez son más los Estados miembros que consideran que este es el camino a seguir. 
Además, al incluir un artículo sobre la coexistencia en la Directiva 2001/18/CE a petición del Parlamento Europeo, los Estados miembros tienen ahora la posibilidad de adoptar medidas a favor de la coexistencia. 
Con esta cláusula para la adopción de medidas nacionales a favor de la coexistencia y las directrices de la Comisión, creemos que ya existe un marco suficiente para las soluciones de ámbito nacional para la coexistencia. 
La coexistencia no puede justificar un nuevo retraso para la autorización de los nuevos OMG. 
No comparto la opinión expresada en el informe, según la cual debería obligarse a los Estados miembros a dictar leyes para garantizar la coexistencia. 
Al contrario, deberíamos permitirles que exploraran el uso de distintos instrumentos, como los acuerdos voluntarios y la legislación blanda, y que eligieran la combinación de instrumentos y el nivel de regulación que mejor se adapte a sus condiciones específicas. 
En relación con la cuestión de quién debe encargarse de la aplicación de las medidas necesarias, estamos totalmente de acuerdo. 
De hecho, las directrices de la Comisión establecen que los agricultores que introduzcan un nuevo tipo de producción deben asumir dicha responsabilidad. 
Este principio es recíproco, aunque en un principio corresponderá sobre todo a aquellos agricultores que deseen cultivar OMG. 
En relación con la responsabilidad, no comprendo por qué serían necesarias normas de responsabilidad civil de ámbito comunitario. 
La cuestión de la responsabilidad no puede tratarse aisladamente. 
La responsabilidad está determinada por el planteamiento general sobre la coexistencia que adopten los Estados miembros. 
Por consiguiente, debe abordarse como parte integrante del paquete de medidas nacionales en materia de coexistencia. 
Un gravamen de tipo general sobre las simientes y piensos modificados genéticamente para sufragar los gastos administrativos, así como el coste de las pruebas y seguimiento de la legislación sobre OMG, no sería compatible con el principio del mercado común. 
A modo de principio general, los Estados miembros no deben restringir ni impedir la comercialización de los productos que han sido autorizados con arreglo a la legislación comunitaria y se consideran seguros para la salud humana y el medio ambiente. 
Por supuesto, la fiscalidad en este ámbito ha llegado para quedarse: gravamos muchas cosas por ser actividades económicas en general, y por ende, yo diría que este debate no resulta tan extraño. 
En el informe se pide a la Comisión que adopte definiciones jurídicamente vinculantes de los términos «adventicio» y «técnicamente inevitable». 
Nuestra legislación es muy clara al respecto: los operadores deben poder demostrar que han intentado evitar la presencia de OMG. 
Por lo que respecta a los efectos transfronterizos, la Comisión podría aceptar un examen más detenido de esta cuestión. 
Reflexionaremos sobre cómo hacerlo y sobre la contribución que puede hacer la Comisión. 
Asimismo podríamos considerar si sería útil crear un registro público de estrategias y mejores prácticas nacionales que tienen efectos transfronterizos. 
Por lo que se refiere a las zonas libres de OMG, tenemos una opinión diferente. 
Estamos firmemente convencidos que no es posible imponer una prohibición absoluta de todo tipo de OMG en una región, a menos que esta sea voluntaria. 
Las restricciones regionales de determinados tipos de OMG deben estar científicamente justificadas, cultivo por cultivo, y solo deberían ser un último recurso si las medidas de gestión a nivel de explotación resultan insuficientes. 
La Comisión está de acuerdo en que se necesitan más estudios sobre la coexistencia. 
Por ello apoya la realización de estudios científicos efectuados por el Centro de Investigación Común y dentro del Sexto Programa Marco Comunitario de Investigación. 
Estos estudios abarcarán el análisis de costes, las buenas prácticas agrícolas para la coexistencia y cuestiones relacionadas con la responsabilidad. 
Sin embargo, solo podrá elaborarse un informe exhaustivo que abarque todos los aspectos económicos de la existencia en las distintas condiciones de coste existentes en la UE una vez que los Estados miembros cuenten con más experiencia práctica. 
La Comisión asumirá un papel de coordinación y facilitará el intercambio de información sobre mejores prácticas y experiencias concretas con la coexistencia entre los Estados miembros, incluyendo los aspectos transfronterizos. 
La Comisión presentará un informe, basado en los datos así reunidos, al Parlamento y el Consejo en un plazo de dos años. 
A continuación, la Comisión realizará en su caso una evaluación de las medidas posibles y necesarias que deban adoptarse. 
Ha sido para mí un placer tener la oportunidad de ofrecer esta respuesta completa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, han pasado casi seis meses desde que el asunto de la coexistencia tuvo por última vez un papel protagonista en esta Asamblea. 
Ya por entonces hablábamos del reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
Yo era la ponente y tuvimos que luchar con la Comisión y ciertos Estados miembros para asegurar la flexibilidad de acuerdo con la letra a) del artículo 26. 
Tuvimos éxito y felicitamos al Sr. Graefe zu Baringdorf, cuyo informe de propia iniciativa sobre esta cuestión constituye otra señal política importante de esta Asamblea. 
Me parece muy importante que ahora exhortemos a los Estados miembros a utilizar esta flexibilidad, y a que le den forma, por la que en el Parlamento hemos luchado en su nombre. 
Sin embargo, también estoy de acuerdo con el Sr. Graefe zu Baringdorf en que será necesario establecer reglamentos europeos sobre la coexistencia. 
No entiendo cómo puede la Comisión decir que puede autorizar esto centralmente, y que tiene la competencia para ello, cuando no conoce las respuestas a las cuestiones planteadas por la coexistencia. 
Otro motivo por el que creo que el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf de propia iniciativa es muy importante es que muy pronto se votará la Directiva sobre semillas en el marco del procedimiento de comitología, que, por desgracia, deja al Parlamento fuera. 
También creo que el capítulo donde establecemos que el valor de contaminación de las semillas está determinado por el valor de la proximidad es extremadamente importante. 
No deberíamos reprocharnos nada a nosotros mismos: el valor umbral que acordamos, el 0,9 %, es muy difícil de mantener, a pesar de que no exigimos la pureza absoluta de las semillas. 
Por consiguiente, espero que mañana esta Asamblea pueda enviar esta importante señal política. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Graefe zu Baringdorf, por la auténtica iniciativa de haber elaborado este informe de propia iniciativa sobre la coexistencia y por haber aunado con éxito todos los puntos de vista en un informe. 
El hecho es que las opiniones sobre la coexistencia varían entre los distintos países e incluso dentro de mi grupo no podemos ponernos de acuerdo sobre esta cuestión. 
Seamos claros: hace ya mucho tiempo que la cuestión ha dejado de girar en torno a sí decimos «sí» o «no» a la ingeniería genética. 
Es lo que ha dicho el ponente. 
Hace tiempo que esta cuestión está decidida. 
Tenemos que mirar adelante y actualmente ya estamos hablando sobre cómo pueden coexistir los cultivos modificados genéticamente y los no modificados, y sobre cómo garantizar que todas las partes puedan operar paralelamente sin que haya nadie en desventaja. 
La coexistencia debería garantizar la libertad de elección para los agricultores y los consumidores, y es preciso crear normas más claras a favor de todos los agricultores europeos, para que cada uno haga una elección independiente sobre qué métodos agrícolas debe utilizar y para garantizar que estos métodos puedan coexistir sin generar problemas. 
Tras unos intensos debates entre partidos e internos, la Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales ha alcanzado un compromiso y ha aprobado un informe que contiene demandas específicas y claras. 
Nuestro informe de propia iniciativa solicita un reglamento exhaustivo de ámbito comunitario, ya que las directrices propuestas por la Comisión son una colección de recomendaciones no vinculantes. 
Por tanto, esperamos que la Comisión, cuando la política sea de ámbito comunitario, como en el caso de la política agrícola, aporte un marco reglamentario común. 
Otro rasgo importante de nuestro informe es la reivindicación de la Comisión de presentar una propuesta sobre la responsabilidad y el seguro a escala comunitaria. 
Hay que establecer disposiciones por adelantado para abarcar la posibilidad de la contaminación adventicia, en lugar de simplemente dejar que los agricultores se las arreglen entre ellos y sálvase quien pueda. 
No existe ninguna posibilidad de dejar que los agricultores resuelvan la cuestión de la posibilidad. 
Además, la contaminación por OMG en las semillas debe establecerse utilizando valores umbral viables y precisos, a fin de asegurar que la producción agrícola cumple el umbral de etiquetado existente del 0,9 % para los alimentos. 
Este asunto ya lo ha abordado la Sra. Scheele. 
Un informe de iniciativa propia permite al Parlamento enviar una clara señal política. 
Si ahora atenuamos las demandas y los comentarios de la Comisión de Agricultura y desenvolvemos el paquete existente, nuestras demandas dejarán de estar claras. 
En su lugar, tendremos una mezcolanza de declaraciones vagas sin ninguna forma clara. 
Como Diputados al Parlamento Europeo, hemos de preguntarnos si realmente queremos enviar una señal política sin contenido real. 
Por tanto, me uno al ponente en la esperanza de que mañana se apruebe su informe de propia iniciativa con una mayoría auténticamente convincente, pues ya ha recibido un gran apoyo en la Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales. 
– Señor Presidente, señor Comisario, no nos preocupa la existencia continuada, o no, de los organismos modificados genéticamente. 
Me cuento entre los que creen que ni la humanidad en su conjunto ni su componente meramente europeo pueden pasar sin estos conocimientos y esta tecnología. 
Sin embargo, es muy importante que apliquemos los principios de precaución de «quien contamina paga» y que respetemos la preocupación de la gente cuando se enfrenta a algo nuevo. 
Por tanto, hemos de poder etiquetar los OMG y facilitar información adecuada sobre ellos. 
Hemos tenido, y seguimos teniendo, diferentes opiniones sobre este asunto, pero, sin embargo, quiero felicitar al Sr. Graefe zu Baringdorf por su informe. 
Básicamente hemos podido estar de acuerdo en que el Parlamento Europeo adopte una actitud y espero que envíe una señal a la Comisión y al Consejo. 
Creo que el informe está muy bien equilibrado, pero quiero hacer algunos comentarios. 
Me siento decepcionado cuando oigo al Comisario declararse tan categóricamente en contra del apartado 3 sobre las normas comunes. 
En realidad, el viento sopla a través de las fronteras nacionales. 
No es razonable que a un lado de una frontera nacional se aplique una norma y al otro lado otra norma. 
Aquí nos preocupa la vida y en qué consiste la vida. 
Si queremos conseguir algo con lo que hacemos, hemos de tener normas comunes. 
Piensen sobre ello en la Comisión antes de que tomen ustedes ninguna decisión demasiado precipitada. 
No obstante, puedo estar de acuerdo con la Comisión cuando se trata del apartado 9. 
Creo que sería peligroso seguir con una moratoria si no conseguimos lo que queremos. 
En realidad, estoy de acuerdo con el apartado 9, pero creo que quizá va demasiado lejos. 
No estoy preparado para votar a favor de ese apartado. 
Es el único apartado del informe sobre el que tengo una opinión diferente. 
Cuando se trata de la renuncia regional, el Comisario dice que solo puede convertirse en realidad si es voluntaria. 
En mi simplicidad me había imaginado que las decisiones democráticas siempre eran voluntarias. 
Entonces, ¿no significa esto que no puede haber motivos de preocupación? 
Creo que una región o un país tiene derecho a decir «no queremos esto». 
No podemos obligar a las personas a utilizar una tecnología si no quieren, a pesar de que la tecnología me parece sólida. 
Es muy importante que enviemos esta señal y que mañana podamos llegar a un acuerdo relativo al adoptar una decisión. 
Es cierto que tenemos diferentes opiniones sobre la existencia continuada, o no, de organismos modificados genéticamente, pero queremos ser cautelosos. 
Ahora queremos presentar una propuesta sobre cómo lograr la coexistencia, y esto de forma que resultemos creíbles ante los ojos de quienes tienen que vivir de los alimentos producidos de una u otra forma. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión fundamental que abordamos aquí es si la coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y cultivos convencionales y ecológicos es realmente posible. 
A menos que encontremos una respuesta práctica y precisa a esta cuestión no puede haber ninguna base para la tan cacareada libertad de elección. 
Los agricultores que producen cultivos convencionales y ecológicos no podrán elegir y los consumidores no podrán elegir si los cultivos modificados genéticamente afectan a los cultivos convencionales y ecológicos. 
No hemos de permitir dejarnos llevar por un poderoso grupo de interés formado por un conjunto cada vez más limitado de grandes multinacionales que comercializan cultivos modificados genéticamente y que quieren controlar la agricultura y la producción de alimentos en contra de los deseos de los agricultores y los consumidores europeos que, en incontables sondeos de opinión, ya han expresado sus reservas e incluso temen a los organismos modificados genéticamente. 
Por tanto, celebro este informe de propia iniciativa del Parlamento, que es muy importante porque la propia Comisión estaba demorando este debate. El informe también prepara el camino para levantar la moratoria que ha existido desde 1998. 
De hecho, esta demanda la hice yo mismo en una resolución de iniciativa conjunta con miembros de mi grupo en marzo de 2003. 
Todos son conscientes de los riesgos inherentes de contaminación de la liberación de OMG al ambiente. 
Los estudios científicos sobre la polinización cruzada y la diseminación de OMG siguen siendo muy limitados para que tengamos una evaluación precisa y fiable de todas las consecuencias. 
Sin embargo, en todo este debate, teniendo en cuenta las opiniones presentadas en la audiencia parlamentaria, la conclusión a la que debemos llegar es que la contaminación no puede realmente evitarse en la presencia a gran escala de los cultivos modificados genéticamente, y las consecuencias oscilan entre la pérdida de biodiversidad y los daños económicos para la agricultura convencional y ecológica. 
Por consiguiente, a pesar del riesgo de que la diseminación varíe en función del tipo de cultivo modificado genéticamente, su gestión no puede controlarse de forma eficiente y viable. 
Una explotación agrícola que opta por un cultivo modificado genéticamente no puede volver a la agricultura convencional o ecológica. 
Nuestras experiencias con enfermedades animales, específicamente la encefalopatía espongiforme y la fiebre aftosa, deberían advertir de los problemas de fiabilidad y del coste que afrontarán los sistemas de supervisión que se apliquen. 
Por lo tanto, tal y como establece el ponente en su informe, por el que le felicito, la forma más eficaz y económica de asegurar la coexistencia es la renuncia, voluntaria o limitada al ámbito regional, al cultivo de OMG. 
Además, las disposiciones comunitarias establecidas no pueden poner en peligro el derecho de cada Estado miembro a prohibir los cultivos modificados genéticamente en todo su territorio o en áreas limitadas geográficamente. 
En todo este proceso lo que es evidente es que, si no es posible la coexistencia, la moratoria debería seguir existiendo para respetar el principio de precaución. 
– Señor Presidente, he añadido dos enmiendas al informe. 
Con ellas se ordenaría (apartado 7 a [nuevo] ) o recomendaría (apartado 7 b [nuevo] ) la introducción de una tasa sobre las semillas de OMG y los piensos de OMG. 
Los ingresos cubrirían la administración diaria y los análisis de la tierra agrícola cultivada ecológicamente y convencional sin OMG. 
Los ingresos también compensarían los daños causados por la contaminación de OMG que se produce a pesar de la práctica correcta por parte de agricultores de OMG. 
Quiero hacer hincapié en que los daños que se producen a pesar de unas prácticas correctas también debe cubrirlos el contaminante y no las autoridades públicas a través de impuestos pagados por ciudadanos inocentes. 
Sin embargo, un Estado miembro debe poder estar exento si se adopta una decisión a este respecto en una sesión pública del parlamento nacional del Estado miembro en cuestión y la presenta el jefe de Gobierno en una reunión del Consejo de la Unión Europea. 
De esta forma se garantizaría la soberanía de los Estados miembros y al mismo tiempo una campaña medioambiental de base podría lograr resultados transfronterizos. 
– Señor Presidente, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que plantean los organismos modificados genéticamente (OMG) , con respecto a los cuales no hay ninguna conclusión científica evidente, la cuestión de la coexistencia entre la producción a base de OMG y la producción no basada en OMG debe contemplarse de forma duradera, y no como una situación transitoria que gestionar en espera que la producción a base de OMG se imponga como método dominante, o incluso exclusivo, de producción agrícola. 
La norma son la agricultura convencional y biológica, y la producción a base de OMG es la excepción sujeta a observación, y no la inversa. 
Hemos de preguntarnos, no por la viabilidad de la producción no basada en OMG, sino por las precauciones que hay que tomar con la producción a base de OMG para proteger esa producción de toda contaminación por OMG. 
El ponente tiene razón al resaltar la insuficiencia probada de nuestros conocimientos en una serie de ámbitos cruciales, lo que debe incitarnos desde luego a continuar las investigaciones, pero también a adoptar un comportamiento muy prudente. 
Se trata de la fertilización cruzada (alofecundación) , de la hibernación de las semillas, de la concentración en los suelos, de la resistencia, de la difusión y de la diseminación. 
Debemos mantenernos muy atentos para evitar que las disposiciones que se adopten en materia de autorización, trazabilidad y etiquetado sean cortocircuitadas por unas disposiciones demasiado vagas, inciertas o poco claras en materia de coexistencia, creando así un hecho consumado que barrería con todos estas disposiciones cautelares. 
Tengamos cuidado de no poner a nuestros agricultores en una situación de aprendices de brujo, a los que la opinión pública atribuiría infaliblemente las consecuencias negativas de una diseminación generalizada de los OMG. 
Ya han sacrificado mucho con las harinas animales y el Gaucho. 
Velemos, pues, por no complicar tanto el mantenimiento de los cultivos tradicionales que los agricultores se vean impelidos a abandonarlos en beneficio de los OMG. 
A quien introduce un cultivo de riesgo es a quien corresponde asumir todas las consecuencias de dicho riesgo. 
Quien corre el riesgo de contaminar es el que debe soportar los costes de prevención y gestión de dicho riesgo con respecto a los demás cultivos y sus usuarios, y asumir en exclusiva la responsabilidad por haber corrido el riesgo. 
La cuestión de la gestión de la coexistencia de los diversos métodos de producción va a convertirse en una cuestión capital de ordenación del territorio. 
A escala nacional o regional, deben poder elegirse libremente orientaciones específicas. 
Si los representantes electos, los agricultores y otros implicados a escala regional en una determinada zona desean, por ejemplo, que dicha zona esté exenta de OMG, deben poder decidirlo con plena libertad, sin que la Comisión ponga trabas en nombre de no sé qué distorsión de la competencia que puede ser más o menos imaginaria. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por haber elaborado un excelente informe gracias a una buena cooperación, cuya necesidad urgente es evidente, según se desprende de la reacción del Comisario. 
De hecho, ha señalado que es un asunto de actualidad, pero que, al mismo tiempo, aleja cada vez más la responsabilidad de la Comisión. 
Se dice que esta responsabilidad reside en los Estados miembros y otros. 
Sin embargo, es una cuestión por excelencia para la acción de ámbito comunitario. 
Señor Comisario, el Parlamento está de su lado y, también en el debate sobre la constitución europea, sería muy beneficioso que la Comisión y el Parlamento pudieran alcanzar acuerdos sólidos a través de una buena cooperación. 
Hay otra cosa que me ha chocado de la reacción del Comisario. 
Ha mencionado la agricultura ecológica. 
Pero, señor Comisario el propio centro de conocimientos de la Unión Europea ha calculado que en caso del uso incontrolado de esta tecnología genética, también en la agricultura tradicional, los costes aumentarían del 1 al 41 %, en función del cultivo, porque no tenemos ni idea de cómo reaccionará el consumidor. 
Es por esto también por lo que, antes de obtener más legislación, debemos examinar más detenidamente las implicaciones, no solo en la explotación agrícola, sino también en la venta de los productos. 
¿Cómo reacciona el consumidor? 
Sabemos muy poco sobre esto. 
Antes de lanzarnos a utilizar esta tecnología en Europa es esencial saberlo. 
No solo necesitamos saber cuál es el impacto sobre la agricultura ecológica, sino también sobre la agricultura tradicional, y también cómo reaccionarán los consumidores. 
Después de todo, tenemos una Asamblea con una Política Agraria Común que presume de tener un número elevado de productos regionales y una gran diversidad en Europa, mayor que en cualquier otra parte del mundo. 
Esto significa que los riesgos que comporta el uso de esta tecnología también serán mayores que en cualquier otra parte del mundo. 
Esto significa que en este ámbito necesitamos más que nunca una política comunitaria. 
A la luz del informe de incalculable valor del Sr. Graefe zu Baringdorf, quiero pedir a la Comisión, en su calidad de institución europea importante, que acepte esta tarea con dinamismo renovado y presente propuestas sólidas tras una investigación a fondo, para lograr una legislación realmente sólida. 
– Señor Presidente, el debate de hoy refleja claramente cómo va tomando cuerpo la presión ejercida por Bush el pasado verano. 
No solo por el movimiento de los organismos modificados genéticamente, sino también por su cultivo libre en la Unión Europea. 
Quiero declarar desde el principio nuestra categórica oposición al cultivo de productos modificados genéticamente y señalar por enésima vez la hipocresía de la Comisión que, a la vez que aplica la reforma de la Política Agraria Común, supuestamente con el principio básico de mejorar la calidad de los productos agrícolas para garantizar unos alimentos saludables y seguros, la protección medioambiental, etc., por otro lado, promueve el cultivo de productos modificados. 
El ejemplo más típico de su hipocresía es el tabaco, para el cual, con el pretexto de proteger la salud pública y el desarrollo sostenible, se están recortando drásticamente las subvenciones en un intento de abolir el cultivo definitivamente. 
Hace poco, el Sr. Michael Meacher, el ministro de Medio Ambiente del primer Gobierno de Blair, hizo unas declaraciones, que se publicaron en el periódico británico, según las cuales no podía entender cómo el Gobierno Blair podía emitir licencias de forma responsable para cultivos modificados. 
Todas las pruebas de la investigación han resultado ser negativas y esta posición del Sr. Meacher es especialmente significativa porque en 1999, mientras era ministro, inició intensivos cultivos de prueba de plantas modificadas genéticamente. 
De los 210 campos cultivados, la mitad eran modificados y la mitad convencionales. 
Los resultados de la investigación revelan especialmente los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud de los consumidores. 
Incluso el argumento básico de las empresas multinacionales que producen semillas modificadas genéticamente, sobre todo en los Estados Unidos, ha resultado ser una perogrullada. 
Durante la realización de las pruebas, que duraron varios años, no solo no disminuyó la necesidad de insecticidas, sino que también los insecticidas especiales requeridos para los cultivos modificados genéticamente resultaron ser más perjudiciales que los requeridos para cultivos convencionales. 
La investigación ha demostrado que las plantas de colza, maíz y remolacha azucarera dañan la flora y la fauna más que los cultivos convencionales. 
Además, el premio Nobel Profesor Sherwood Rowland solía recalcar que, en cuanto se liberan organismos modificados al medio ambiente y se confirma que están perjudicando el medio ambiente, es imposible detener su efecto perjudicial. 
Los organismos modificados seguirán, multiplicándose constantemente, haciendo estragos como armas de destrucción ambiental masiva. 
El objetivo del informe del Parlamento Europeo es básicamente transmitir la idea de que los organismos modificados genéticamente pueden coexistir con los productos convencionales y ecológicos, lo que plantea ciertas cuestiones relativas a las condiciones previas y a los acuerdos para la coexistencia, mientras que sabe muy bien que numerosos estudios señalan que es excepcionalmente difícil, imposible si se prefiere, protegerse de la contaminación cuando estos cultivos coexisten. 
En cuanto a la cita hipócrita del principio de «quien contamina paga» , no entiendo, por un lado, qué cálculos pueden utilizarse para evaluar el posible coste medioambiental y los daños de la salud del consumidor, a la vez que temo, por el otro lado, que en última instancia echen las culpas indirectamente, si no lo hacen de forma clara, a los propios productores. 
Por último, señor Presidente, el Parlamento Europeo solo tiene una obligación con respecto a los agricultores, a los consumidores y al medio ambiente de Europa: decir un «no» categórico y general al cultivo de cultivos modificados. 
Solo así puede cumplir su función, dejando que la presión de los Estados Unidos, cuyo objetivo es servir a los intereses de sus multinacionales para poder amasar beneficios a expensas de la salud de las personas y del medio ambiente, caiga en un pedregal. 
– Señor Presidente, señor Comisario, queremos elogiarle por haber trabajado tan duro en torno a esta cuestión. 
Tal y como ha podido escuchar no estamos de acuerdo con usted, pero si hubiera usted compartido nuestras opiniones, no tendríamos que haber elaborado este informe. 
Este debate acaba de empezar, y espero que pueda darse un proceso auténticamente positivo entre la Comisión y el Parlamento. 
Le ruego que transmita esto a los colegas que se ocupan de este ámbito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, procede el debate del informe (A5-0459/2003) des Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo en forma de canje de notas sobre la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Côte d 'Ivoire sobre la pesca en aguas de Côte d' Ivoire para el período comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 (COM (2003) 556- C5-0458/2003 2003/0219 (CNS) ). 
. – Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a su Señoría por su informe sobre la prórroga durante un año del protocolo de pesca del Acuerdo entre la Comunidad y Côte d ' Ivoire. 
Me complace observar su apoyo al espíritu de esta propuesta, ya que la Comisión ha tenido –por razones políticas y sociales– que proceder a la prórroga y no a la renovación de dicho Protocolo. 
Desgraciadamente, debido a la difícil situación política reinante en el otoño de 2002 y la primavera de 2003, no fue posible proseguir con las negociaciones. 
Este protocolo es importante para la industria pesquera de la UE, que pesca y utiliza el puerto de Abiyán para desembarcar sus capturas de toda la región y no solo de las aguas de este país. 
Y este hecho es, a su vez, una ventaja para Côte d ' Ivoire. 
Asimismo, el Protocolo concede ayudas a la investigación científica, que es indispensable para garantizar la sostenibilidad de los caladeros y para constituir capacidades para gestionar estos en el país. 
Gracias al protocolo anterior, las empresas europeas han invertido en Côte d ' Ivoire. 
Actualmente existen tres conserveras de atún en el puerto de Abiyán que procesan atún para el mercado europeo. 
Estas plantas generan más de 30 000 puestos de trabajo locales. 
La prórroga durante un año del protocolo contempla posibilidades de pesca para 71 buques atuneros, así como cierta pesca demersal. 
Las medidas adoptadas siguen siendo las mismas y representan un 71% de la contribución financiera, de una contribución total que se mantiene en el mismo nivel, a saber, 957 500 euros. 
Habida cuenta del alto nivel de utilización de los caladeros de atún, por una parte, y del uso que hace el Ministerio de las medidas selectivas para garantizar la sostenibilidad de los caladeros, la Comisión considera esta prórroga ventajosa para ambas partes. 
Está claro que no podemos estar totalmente satisfechos con que esta prórroga, que entró en vigor el 1 de julio de 2003, tan solo se haya presentado ante este Parlamento el 23 de septiembre. 
Uno de los motivos de este retraso es que el Ministro de Pesca de Côte d’Ivoire no firmó la carta de prórroga hasta el 16 de mayo de 2003. 
Sin embargo, quiero agregar, con toda honestidad y equidad, que estos retrasos nunca son imputables exclusivamente a una de las partes. 
Lamento este retraso. 
Si fuera diputado de esta Cámara, consideraría esta declaración con cierto escepticismo. 
Sin embargo, me complace saber que el 24 de noviembre sus Señorías recibieron un informe de evaluación sobre la aplicación del Protocolo, que responde a algunas de sus exigencias para las futuras negociaciones sobre la renovación de dicho protocolo. 
El informe presentado es un estudio en el que se evalúan las poblaciones de peces y la aplicación del protocolo desde el mes de agosto de 2003. 
En relación con las enmiendas 1 y 2, la Comisión comparte plenamente que se mantenga informado al Parlamento sobre los aspectos de la aplicación del protocolo. 
Sin embargo, la Comisión ya facilita esta clase de información, de conformidad con los acuerdos interinstitucionales vigentes y, en particular, con el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento de 5 de julio de 2000. 
Por consiguiente, la Comisión considera que estas dos enmiendas resultan superfluas. 
Respecto a la enmienda 3, el Acuerdo, con arreglo a su artículo 13, será renovable por períodos adicionales de tres años, a menos que una de las partes notifique por escrito su intención de denunciarlo. 
Sin embargo, el protocolo por el que se fijan las oportunidades de pesca y la contribución financiera tan solo tiene una vigencia de tres años y tendrá que ser renovado una vez transcurrido dicho período. 
Si la enmienda se refiere a la renovación del protocolo y no a la del Acuerdo, esta enmienda va en contra de los principios relativos al carácter de los protocolos de los acuerdos de pesca. 
Puesto que los protocolos van anejos a los acuerdos marco, su renovación periódica no requiere una nueva directriz para la celebración de negociaciones. 
En referencia a la enmienda 4 y considerando la importancia que tiene el Acuerdo de Pesca para Côte d ' Ivoire –pues las conserveras de la UE sitas en Abiyán generan 30 000 puestos de trabajo y la contribución financiera va destinada sobre todo a la investigación científica, el control y la vigilancia– la falta de prórroga de este Acuerdo significaría un desastre para este país. 
También provocaría graves problemas a los pescadores de la UE y a las inversiones realizadas en Côte d ' Ivoire. 
No prorrogar el Acuerdo implicaría el asilamiento de Côte d ' Ivoire. 
Y esta no es la señal que la UE desea enviar a un país que lucha por encontrar un camino de retorno a la paz. 
. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Comisario por su efusiva presentación. 
Uno de los grandes placeres de presidir la Comisión de Pesca reside en tener que venir aquí, a altas horas de la noche, para dirigirse a una Cámara vacía y hablar de acuerdos internacionales de pesca con países situados en todos los rincones del globo. 
Y esta no es una excepción. 
Sin embargo, el debate de esta noche sobre Côte d ' Ivoire ha sido provocado, no por las cuestiones habituales relacionadas con los acuerdos de pesca con terceros países, sino por los Grupos Verts/ALE y ELDR, los cuales han expresado su legítima preocupación por la guerra civil que tiene lugar actualmente en ese país, y sus temores de que la financiación comunitaria se envíe a una zona de conflicto, lo que equivale a echar gasolina al fuego. 
Como sabe esta Cámara, el principal ejército rebelde en Côte d ' Ivoire, que se denomina a sí mismo Nuevas Fuerzas, firmó un acuerdo de paz, alcanzado con mediación francesa, con el Primer Ministro Seydou Diarra el pasado mes de enero. 
Desgraciadamente, este pacto de paz se derrumbó en parte en el mes de septiembre, cuando Nuevas Fuerzas abandonaron el Gobierno, acusando al Presidente Laurent Gbagbo de acumular poder y de negarse a aplicar las condiciones del acuerdo de paz. 
Entretanto, el Presidente Gbagbo ha anunciado su intención de liberar las zonas que están en manos de los rebeldes en el Norte y el Oeste del país, en caso de que Nuevas Fuerzas se nieguen a desarmarse. 
Esa es la situación en la que se encuentra Côte d ' Ivoire actualmente. 
En vista de estos antecedentes más bien desfavorables, mi informe sobre la propuesta de la Comisión intenta prorrogar el Acuerdo de pesca vigente entre la Comunidad y Côte d ' Ivoire durante un año más, si bien este período comenzó en realidad el pasado mes de julio –como ha señalado el Comisario Nielson–, antes incluso de que se consultase al Parlamento. 
El Comisario ha dicho que los diputados a este Parlamento considerarían desagradable este hecho y así es. 
Resulta sumamente desagradable que la Comisión nos ponga, una y otra vez, ante hechos consumados. 
Y en este caso, el pago a Côte d ' Ivoire debe efectuarse el 31 de diciembre de 2003. 
Por consiguiente, debemos resolver esta cuestión con gran urgencia. 
Es lamentable que la Comisión de Pesca se vea una vez más en esta tesitura. 
No obstante, espero que la Comisión valore los esfuerzos que hemos realizado para acelerar el proceso a fin de que este contrato se cumpla a tiempo. 
Este acuerdo será el sexto protocolo sucesivo entre la UE y Côte d’Ivoire. 
Celebramos nuestro primer acuerdo en materia de pesca en 1990 y hemos continuado haciéndolo de forma amistosa desde entonces. 
Sin embargo, resulta inevitable –como ha señalado el Comisario Nielson– que la inestabilidad política de la región no nos haya permitido aprovechar algunas de las oportunidades de pesca demersal que negociamos en 2002. 
Sin embargo, a medida que la situación se fue estabilizando se pudieron reanudar una vez más las capturas. 
La pesca del atún, que es el otro gran recurso contemplado en este Acuerdo, nunca se ha visto afectado por la guerra civil y, por lo que hace al aprovechamiento de las oportunidades negociadas en el Acuerdo, hemos continuado en un nivel próximo al 85%. 
Como ha señalado el Comisario Nielson, existen 71 licencias disponibles para buques atuneros, aunque, como siempre sucede en estos acuerdos de cooperación, más del 70% de la compensación financiera está destinada a acciones selectivas para garantizar la continuidad de una pesca sostenible y apoyar las medidas de conservación, la investigación científica, el control y la vigilancia. 
La Comisión sigue de muy cerca el uso de estos fondos para asegurarse de que cumplen los objetivos del Protocolo. 
Sin este Acuerdo, no podríamos garantizar la sostenibilidad de la pesca. 
De hecho, podría producirse una pesca incontrolada, y la pesca ilegal, no reglamentada y no documentada saquearía completamente las poblaciones y provocaría el colapso de los caladeros. 
Por ello, aquellos que se oponen a la renovación de este acuerdo deben comprender las consecuencias de su oposición. 
El Comisario Nielson ha destacado que existen tres grandes conserveras de atún en Abiyán, financiadas con inversiones de la UE. 
De hecho, Abiyán es el centro de gran parte de los desembarques de atún en África Occidental, y si como proponen los Grupos Verts/ALE y ELDR abandonamos este acuerdo, desaparecerían 5 000 empleos directos y hasta 30 000 empleos indirectos. 
Dicho resultado tendría consecuencias catastróficas para la situación social de Côte d ' Ivoire y desestabilizaría gravemente ese país, hundiéndolo aún más en el conflicto. 
Por ello hago un llamamiento a los Grupos Verts/ALE y ELDR para que vuelvan a reflexionar y retiren sus enmiendas que solo agravarían una situación que ya es mala. 
– Señor Presidente, al igual que el presidente de nuestra Comisión de Pesca, yo también tengo el privilegio de hablar tarde esta noche y tengo el privilegio especial de actuar en nombre de mi coordinador, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna. 
Coincido con las palabras del presidente de la Comisión de Pesca, también en relación con la difícil cuestión que se debate allí. 
Si se toma la situación de las franjas costeras con tanto malestar y guerras nacionales, todavía queda por ver hasta qué punto, una vez mejorada la situación, podemos también emplear la política de pesca para mejorar la situación en el propio país. 
Si el dinero que invertimos en los acuerdos de pesca se gasta bien, Europa podría desempeñar un papel mayor también en este campo. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, me han decepcionado las enmiendas a este respecto presentadas por el Grupo Liberal. 
Habría preferido ver un componente social en ellas, y apoyo todo lo que pueda mejorar la situación de los países africanos en relación con los acuerdos de pesca. 
Sin embargo, es esencial discutir a fondo todos los aspectos. 
Pero, una vez, más coincido con las palabras del presidente de la Comisión de Pesca. 
Asimismo, he observado que cuentan con un gran apoyo, y quiero pedir a la Comisión, por un lado, un enorme esfuerzo por los países africanos, que incluyan un plan de gasto inteligente del dinero de los acuerdos de pesca, pero, por otro lado, nos parece esencial que también se tengan en cuenta los componentes sociales. 
Por tanto, estoy impaciente por conocer la reacción de la Comisión, así como la del Parlamento. 
Señor Presidente, hoy mismo hemos aprobado en este Parlamento una resolución sobre el papel de la Unión en la prevención de conflictos en África, y en particular, en la aplicación del Acuerdo de Linas-Marcoussis en Costa de Marfil. 
En este resolución, el Parlamento Europeo, pidió a todas las partes en conflicto, la aplicación escrupulosa del Acuerdo de Linas-Marcoussis. 
La Unión Europea tiene una responsabilidad a la hora de prevenir conflictos, y sus diferentes políticas enfocadas a fomentar relaciones comerciales entre Europa y los países en vías de desarrollo, es una forma de prevenir este tipo de conflictos. 
Las relaciones comerciales y humanas acercan a los pueblos, contribuyen a su desarrollo y al desarrollo de sus diferentes sectores económicos. 
Por eso, mi Grupo apoya los acuerdos de pesca, porque los acuerdos y las relaciones comerciales entre los distintos pueblos fomentan la paz y, en el caso de los acuerdos de pesca, también el desarrollo del sector pesquero de los países en vías de desarrollo. 
Apoyamos pues el informe del Sr. Stevenson, en favor de la prórroga de un año del actual protocolo con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca. 
Costa de Marfil es un país en guerra civil al que debemos ayudar para que alcance la paz y el progreso económico. 
Por ello, los socialistas entendemos que la señal que lanzamos para la prórroga de este acuerdo de pesca es una señal de positiva. 
La situación bélica no es motivo, desde luego, para poner fin a un acuerdo pesquero. 
De hacerlo así estaríamos ante un absurdo que nos llevaría también a aumentar el castigo a este país que sufre, y la misma lógica nos conduciría a suspender las importaciones de sus productos, como el café, el cacao o el aceite de palma y, también, a suspender las explotaciones incipientes de petróleo y a no comprar más sus diamantes, su manganeso, su hierro, cobalto, bauxita o cobre. 
¿Por qué existe este empeño en poner fin a los acuerdos comerciales pesqueros que unen a la Unión Europea con países en vías de desarrollo para, sin embargo, fomentar las exportaciones procedentes de esos países de productos agrícolas, por ejemplo, pero también de minerales, de petróleo o de gas? 
Pese a la situación bélica, la ejecución de las cuotas asignadas por el acuerdo, como en el caso de los túnidos, ha sido buena, y está mejorando el nivel de captura de las especies demersales. 
Entendemos, dentro del Grupo socialista, que este acuerdo es de gran interés para el puerto de Abidjan, que es la primera base atunera del África Occidental, donde las descargas constituyen la materia prima de una numerosa industria de transformación local que constituye un polo de desarrollo básico para Costa de Marfil. 
Yo creo que este es, precisamente, un buen acuerdo de como aún, ante un país que se enfrenta con graves dificultades los acuerdos de pesca pueden funcionar bien para ambas partes, la Unión Europea y el país en vías de desarrollo que lo firma con nosotros. 
– Señor Presidente, resulta interesante observar cómo ha cambiado el planteamiento de los diputados a este Parlamento y de la Comisión, en términos de lenguaje, desde que planteé por primera vez esta cuestión. 
La Comisión Europea acudió a la Comisión de Pesca para decir que no había forma de negociar un nuevo Acuerdo, por lo que debemos simplemente prorrogarlo durante un año más. 
Los diputados señalaron que la finalidad de dicha prórroga era permitir que los buques de la UE siguieran pescando a pesar del conflicto. 
Y ahora intentan dar la impresión de que con ello se ayuda al pueblo de Côte d ' Ivoire: Pero en realidad de lo que se trata es de ayudarnos a nosotros mismos. 
Se trata de un país que se encuentra virtualmente en guerra civil. 
El Gobierno no puede garantizar el control y la vigilancia; de hecho, estos nunca fueron satisfactorios, incluso en tiempo de paz. 
Lo que sucede ahora es que las flotas de la UE pueden hacer lo que les plazca sin ninguna supervisión. 
La Comisión prometió un planteamiento diferente para los acuerdos con terceros países y eso no es una buena señal. 
En el caso de Côte d ' Ivoire, la propia Comisión ha señalado que ese país se enfrenta a graves problemas de control y vigilancia en sus aguas. 
Se señala que el estado de la supervisión constituye una importante limitación. 
Asimismo, la Comisión señalaba que no se ha recibido información sobre las capturas de los palangreros de superficie y buques arrastreros congeladores. 
La Comisión indicó igualmente que, con arreglo a las condiciones vigentes de sus acuerdos con terceros países, no es posible conocer si los fondos destinados a las denominadas acciones selectivas, como el control y las medidas de vigilancia, se gasta realmente de forma correcta. 
Hemos pedido que estos fondos se sitúen en un presupuesto por separado. 
Y en relación con las conserveras de atún, basta con ver dónde van a parar los principales beneficios; se trata de una enorme hipocresía. 
Este país es víctima de un conflicto y, al parecer, el planteamiento de la UE consiste en permitir que nuestras flotas continúen trabajando sin molestias, a pesar de que se está desarrollando un conflicto en ese país. 
Este es el peor ejemplo de acuerdo de pesca, y la Comisión debe cumplir sus compromisos y su promesa de adoptar un enfoque distinto para los acuerdos de pesca que redunde en interés del país tercero y no en interés de la sobrecapacidad pesquera de la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, no estoy de acuerdo con que este sea el peor acuerdo de pesca que hayamos celebrado. 
Lo cierto es que, desgraciadamente, hemos celebrado muchos acuerdos peores que este. 
Estamos renovando y modernizando estos acuerdos, haciéndolos más pertinentes y centrándolos en el desarrollo social. 
La generación anterior de estos acuerdos, no obstante, sí que merece una mala nota, y por ello es de suma importancia cambiar esta situación. 
Este cambio se está llevando a cabo país por país. 
El conflicto que tiene lugar actualmente en Côte d ' Ivoire no constituye un buen telón de fondo para poner fin a este acuerdo. 
Debemos tener mucho cuidado de no politizar esta cuestión y utilizar el acuerdo para presionar al Gobierno para que logre la paz y la reconciliación. 
Resulta muy difícil presionar a la oposición de esta manera. 
Por lo que hace a la vigilancia y gestión de los recursos marinos, este conflicto no se desarrolla realmente en el mar, por lo que me parece bastante artificial vincular los problemas del país a la prórroga de este acuerdo. 
Estamos intentando hacer cosas positivas en Côte d ' Ivoire, y al mismo tiempo presionamos a todas la partes para que lleguen a un compromiso. 
Si comenzamos a politizar esta actividad, enviaremos la señal errónea a las partes implicadas. 
Por ello recomiendo al Parlamento que deje de hacerlo. 
No obstante, la Sra. McKenna ha mencionado elementos sumamente pertinentes. 
Actualmente se está llevando a cabo un proceso para que los acuerdos de pesca se centren aún más en el desarrollo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(1) 
(1) 
– Señor Presidente, ya que estamos en época de buena voluntad, ¿podría usted emplear los buenos oficios de la presidencia del Parlamento para resolver una situación que se ha producido en Londres? 
Me he enterado de que el Independence Party (Partido por la Independencia) del Reino Unido, esa augusta organización, ha echado a todo el personal de la oficina del Parlamento Europeo en Londres. 
En esta época del año no queremos ver a más gente en las calles. 
¿Podría el Presidente intervenir e intentar resolver el problema de esta pobre gente que han dejado tirada en la calle? 
Señor Miller, aunque mi sospecha inicial es que todo esto no tiene nada que ver con el orden del día, puedo entender que desee que su intervención conste en el Acta, y es allí donde ahora se encuentra. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0451/2003) de la Sra. Aaltonen, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición 842/2001 relativa a las consecuencias del trato discriminatorio de los pacientes que sufren de esclerosis múltiple en la Unión Europea (2003/2173 (INI) ). 
. – Señor Presidente, Comisario, Señorías, estimados invitados, en el último día de pleno del Año Europeo de las personas con discapacidad me siento muy satisfecha de poder presentarles, en nombre de la Comisión de Peticiones, el informe que he preparado relativo a las consecuencias del trato discriminatorio de los pacientes que sufren de esclerosis múltiple en la Unión Europea. 
El antecedente de este informe es la petición de una joven inglesa presentada hace dos años y me es grato comunicar que Louise McVay se encuentra en este momento en la tribuna de visitantes, observando lo que su determinación y valentía han logrado. 
Louise descubrió que padecía esclerosis múltiple y quedó tremendamente decepcionada al enterarse de que no se le daba acceso a los beneficios de una medicación que podía mejorar su calidad de vida. 
En su país y en otros lugares de Europa, a la gente se le otorga un trato desigual por lo que se refiere a la disponibilidad de la medicación y rehabilitación según su lugar de residencia. 
Louise escribió al Presidente del Parlamento Europeo, quien envió su carta a la Comisión de Peticiones. 
Existen más de 400.000 personas enfermas de EM en la Unión Europea y, siendo yo misma una de ellas, empecé a trabajar en el Parlamento y en el Comité de Peticiones la primavera pasada, en el momento justo en que la petición de Louise iba a debatirse. 
Se me encomendó la tarea de redactar este informe, cuyo objetivo es presentar vías concretas con las que poder mejorar las vidas de los pacientes de esclerosis múltiple en toda la UE. 
La esclerosis múltiple afecta a la gente joven en un momento de sus vidas en que los estudios, el inicio de su carrera profesional y fundar una familia son cuestiones importantes. 
Dos de cada tres pacientes son mujeres. 
El informe muestra en qué medida puede variar la obtención de un diagnóstico y de tratamiento en la Unión Europea. 
Esta diferencia en la adquisición de la mejor medicación y la mejor terapia posible viola el derecho fundamental de las personas a la asistencia médica. 
Estoy segura de que con mejores niveles de cooperación y con el pleno apoyo de todas las instituciones de la Unión, sobre todo y principalmente del Parlamento, los Ministros de sanidad serán capaces de concentrar los recursos de forma más eficaz para apoyar a las personas que padecen esta enfermedad. 
Opino que la naturaleza imprevisible de la enfermedad debería tomarse en consideración de forma que los pacientes no fueran tan vulnerables cuando se trata de mantener su trabajo y su entorno social. 
En estos momentos, la esclerosis múltiple es una enfermedad incurable y todo aquel que ha sido diagnosticado no puede adaptarse sólo de forma psicológica a este cambio en su vida. 
Esta enfermedad supone una gran presión tanto para el paciente como para su familia, también en el aspecto económico. 
He presentado la enmienda 3 en relación con este aspecto y a petición de Louise McVay. 
Como sus síntomas eran tan variables, se pensó que no cumplía los requisitos que le habrían dado derecho a recibir atención médica. 
El informe propone una serie de medidas para la cooperación y la investigación internacional, y se espera que la Comisión contribuya a su realización. 
El informe insta a que en la próxima reunión de Ministros de Sanidad de los Estados miembros se incluya un debate sobre estas exigencias en el orden del día, y espero que se informe al Parlamento de las decisiones tomadas y de las propuestas para pasar a la acción. 
También he presentado dos enmiendas sobre la necesidad de cumplir con el principio de precaución, en especial en la manipulación de sustancias químicas tóxicas. 
La cuestión surgió cuando en Escocia comenzaron a sospechar que existía un vínculo entre el tributilo de estaño (TBT) y la esclerosis múltiple. 
En cualquier caso, se conoce que esta sustancia afecta al sistema nervioso central. 
Aunque mi informe se centra de forma específica en la esclerosis múltiple y sus características particulares, también existe un cierto número de otras enfermedades similares y, tras deliberar sobre esta cuestión con mis compañeros, he decidido presentar otra enmienda oral para que se incluya una mención a estas otras enfermedades. 
En mi país, Finlandia, sólo somos 6.000 pacientes de esclerosis múltiple, pero cada uno de nosotros está relacionado con muchos otros de los cientos de miles de personas que comparten el mismo destino en la UE. 
Aquellos de nosotros que nos hemos podido beneficiar de los nuevos y valiosos medicamentos nos solidarizamos con aquellas personas cuya enfermedad ha progresado hasta el extremo de haberlas convertido en discapacitados. 
Podríamos esforzarnos todavía más para mejorar las condiciones de todos. 
Espero que este informe, el primero que elaboro, sea leído con atención por los responsables de la atención médica en los Estados miembros. 
Después de todas las controversias políticas y constitucionales, el Parlamento puede demostrar esta semana que nosotros también escuchamos a los ciudadanos, y no sólo al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Sería positivo que la gente pensara que el Parlamento está al servicio de las expectativas humanas y las peticiones de ayuda, y que no sólo se trata de un puñado de edificios en una jungla de asfalto en algún país de Europa Central. 
Parece ahora se dará curso a la petición del público que se menciona en mi informe; como la Comisaria Diamantopoulou manifestó a principios de diciembre, la Comisión tiene pensado proponer una directiva especial para garantizar los derechos de los discapacitados. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores: en nombre de la Comisión acojo muy favorablemente su informe. 
Ofrece una extensa visión del complejo y complicado tema de la esclerosis múltiple y clarifica una amplia gama de asuntos conexos en los que es necesario seguir trabajando, y doy la bienvenida a las personas afectadas que se encuentran hoy aquí entre nosotros. 
Puedo comprender la frustración de aquellos que tienen que vivir con la enfermedad. 
La atención sanitaria disponible puede variar ampliamente, al igual que puede hacerlo la manera en que se ven tratados por sus vecinos en el día a día. 
Ya es bastante terrible tener que enfrentarse al diagnóstico de una enfermedad tan grave como ésta, pero lo que es aún peor es darse cuenta de que, aunque existe ayuda a la que se tiene derecho, uno no puede acceder a ella, o que la empresa no está dispuesta a tomar los pasos necesarios para que la persona enferma pueda continuar llevando una vida laboral activa. 
Así que quiero dar las gracias a la peticionaria, Sra. McVay, por poner el tema sobre la mesa, y también a la ponente, Sra. Aaltonen, por redactar un informe tan exhaustivo con el que poder afrontar dicho problema. 
Aunque la prestación y organización de la atención sanitaria es competencia de los Estados miembros, eso no significa que nosotros, a escala europea, no podamos contribuir a la solución de los problemas que este informe presenta. 
Muchas de las diferencias en materia de prestación que existen en Europa podrían eliminarse simplemente por medio del intercambio de información y mejores prácticas. 
Con el fin de que la cooperación resulte más sencilla en este ámbito tan general, la Comisión ha reunido a Ministros de Sanidad, pacientes, personal de los servicios sanitarios y proveedores de servicios, así como a aseguradores, para que colaboren todos juntos en un proceso a alto nivel de reflexión sobre la movilidad de los pacientes y la evolución de las disposiciones sanitarias en la Unión Europea. 
En la sesión de clausura a principios de la semana pasada, se llegó a un acuerdo sobre un informe que contiene 19 recomendaciones para emprender acciones en una variedad de asuntos, incluyendo el intercambio de información y mejores prácticas. 
Esto facilitaría la promoción de ideas como el desarrollo de centros de referencia europeos, que a su vez podrían desarrollar la excelencia profesional y la formación que beneficiarían tanto a los pacientes como a aquellos que trabajan en el sector sanitario. 
La Comisión tiene previsto publicar una comunicación en marzo de 2004, donde presentará propuestas en respuesta a estas recomendaciones. 
La Sra. Aaltonen también ha hablado del problema de la discriminación de las personas que sufren de esclerosis múltiple. 
De acuerdo con la Directiva 2000/78, la esclerosis múltiple se considera una discapacidad, y la discriminación por razones de edad, discapacidad, religión o creencia, u orientación sexual está prohibida. 
Así que los pacientes de esclerosis múltiple están protegidos contra el trato discriminatorio en el trabajo por causas de enfermedad. 
Las empresas han de tomar las medidas necesarias para permitir que los trabajadores realicen su trabajo. 
La Comisión ha organizado una gran campaña de información en todos los Estados miembros para acompañar a la legislación e informar a las empresas y a los trabajadores de sus derechos. 
Además, la Comisión pretende celebrar, a principios de 2004, una consulta pública sobre su estrategia futura para luchar contra la discriminación, que posiblemente también conllevará la adopción de disposiciones legislativas antidiscriminatorias fuera del ámbito del trabajo y el empleo. 
El informe hace hincapié, además, en la necesidad de conocer mejor científicamente la esclerosis múltiple. 
A escala europea, los programas marco de investigación contribuyen a ello. 
El Quinto programa marco de investigación ya promueve proyectos en estos sectores, y el tema de la disfunción neuroinmune podrá incluirse en futuras convocatorias del Sexto programa marco que ahora está en marcha. 
Podemos concluir que el informe hace un llamamiento a nivel tanto nacional como europeo para una mayor sensibilización sobre la esclerosis múltiple. 
Como ya se ha dicho, el problema de la desigualdad en los servicios sanitarios suministrados es en principio un problema del que los Estados miembros deben responsabilizarse, y yo espero que tomarán nota de este informe y del debate que se está desarrollando hoy. 
Por lo que respecta a la Comisión, he citado un número de ámbitos donde la acción a escala europea puede contribuir a plantear las cuestiones que hemos mencionado. 
Permítanme concluir alabando de nuevo el excelente trabajo realizado por la ponente en la redacción de este amplio y útil informe, que ayudará a concienciar todavía más a la sociedad sobre la esclerosis múltiple y los problemas asociados a ella. 
. – Señor Presidente, me gustaría unirme a las felicitaciones a Louise McVay por el gran logro que supone haber llevado esta cuestión hasta este punto, así como dar las gracias por la excelente cooperación a nuestra ponente, la Sra. Aaltonen. 
Además, me gustaría destacar la labor de los diputados al Parlamento Europeo por la circunscripción electoral de Louise, la Sra. Read y el Sr. Whitehead, quienes han seguido de cerca esta cuestión a través del trámite parlamentario. 
Este debate, esta resolución y este informe son un hito histórico para 400 000 personas enfermas de esclerosis múltiple en Europa, y van a desembocar en acciones concretas. 
Estoy convencido de que, de la misma forma que resoluciones de este Parlamento sobre los derechos de las personas con autismo y el reconocimiento del lenguaje de los signos para sordos han representado logros reales, esto también va a ocurrir a partir de hoy en el caso de las personas que sufren esclerosis múltiple. 
Estoy muy satisfecho de que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales haya expresado una opinión para contribuir a la autoría de este informe porque, en el plazo de siete años, el 50% de las personas con esclerosis múltiple pierden su puesto de trabajo, a pesar de que desean trabajar y son capaces de hacerlo. 
No se trata solamente de contar con un acceso adecuado al sistema sanitario, se trata de que la obtención de un acceso a ese sistema podría marcar una gran diferencia en la vida laboral, social y personal de los enfermos. 
Sarah Philips, su presidenta, se encuentra también presente en la tribuna del público. 
A raíz de sus campañas, en 2002 se presentó un nuevo plan, gracias al cual 3 000 personas más con esclerosis múltiple se benefician ahora de los tratamientos más innovadores y más eficaces del Reino Unido, Estado miembro al que pertenezco. 
Se trata de un verdadero logro de las personas discapacitadas que trabajan y luchan juntas; un logro que nosotros, al igual que nuestros colegas de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple, queremos ver extendido en toda Europa. 
Estamos hablando de personas que sufren esclerosis múltiple. 
Pero no me gustaría que a las personas discapacitadas se las considere víctimas, queremos que se las considere luchadoras, como Louise McVay, cuyos logros podamos celebrar en este Año Europeo de las personas con discapacidad. 
– Señor Presidente, me gustaría expresar también mi agradecimiento a Louise McVay, a la ponente y a mis dos colegas de mi región, el Sr. Helmer, que se encuentra hoy aquí presente e intervendrá más tarde, y el Sr. Heaton Harris, quien también ha seguido esta cuestión muy de cerca. 
Estoy seguro de que muchos de nosotros conocen a alguien que ha sufrido o está sufriendo esclerosis múltiple, y estoy de acuerdo con la última afirmación del Sr. Howitt. 
Pero permítanme empezar recordando, como ha dicho el Comisario, que la salud no es competencia de la UE. 
Es un aspecto en el que podemos prestar ayuda, pero no debemos engañarnos pensando que es un poder del que disponemos. 
Es más, ni siquiera es competencia de los Estados miembros. 
En su proceso de transferencia de competencias, el Gobierno británico ha transferido la política sanitaria a Escocia, porque a menudo los mejores remedios son los que se encuentran cerca de casa. 
Es más, si pretendemos aplicar el principio de cautela, este debería aplicarse sobre todo al alcance de la legislación de la UE sobre materias que se tratan mejor a escala local. 
Dicho esto, acojo con agrado este informe, que contiene muchos aspectos positivos. 
En primer lugar, el código de buenas prácticas, y en segundo lugar una colaboración científica internacional más estrecha. 
He dicho que hay cosas que a menudo resultan mejor si se hacen a escala local, pero también hay muchas cosas que pueden hacerse a escala europea o incluso a una escala más amplia. 
No deberíamos olvidar los centros de excelencia científica, sobre todo de los Estados Unidos, y deberíamos buscar una colaboración tan extensa como fuera posible. 
Realmente deberíamos intentarlo en la medida en que la UE pueda dar su apoyo, por medio de programas de investigación, etc. Está claro que, tal como afirma el informe, deberíamos involucrar a los usuarios de los servicios en la investigación. 
Necesitamos hacer cosas con la cooperación de las personas, y no para ellas. 
Como personas que somos, nuestro Grupo también apoya firmemente el llamamiento a que se lleve a cabo un estudio a escala europea, claramente en cooperación con la OMS, porque queremos divulgar el conocimiento y juntarlo de la forma más amplia posible. 
Acogemos con satisfacción, como dice el informe, la evaluación comparativa llevada a cabo por el Centro Europeo de Esclerosis Múltiple. 
Todas estas cosas son buenas y positivas. 
Volviendo al problema de los medicamentos –que es un verdadero problema porque, en Gran Bretaña, el lugar de residencia puede determinar lo que recibes– podemos elaborar información, pero no podemos ordenar a la gente cómo gastar sus recursos sanitarios, y me alegra poder decir que este informe no lo hace. 
Pero está claro que debe animarse a las personas con esclerosis múltiple a participar plenamente en la comunidad, y no se puede permitir que se siga dando una discriminación como la que existe en la comunidad. 
Uno de los aspectos en el que tenemos que estar continuamente alerta es la necesidad de ofrecer a las personas unas condiciones justas y darles la oportunidad de participar plenamente en la comunidad, igual que cualquiera de nosotros. 
Me gustaría comentar dos de las enmiendas que tratan de la introducción de este principio de cautela. 
Son innecesarias y solo provocarán división. 
La Directiva y la política sobre sustancias químicas son objeto de un esfuerzo separado por parte de este Parlamento. 
Si se pretende aplicar el principio de cautela a los productos químicos tóxicos, hagámoslo en el contexto de la Directiva sobre sustancias químicas. 
Quizá también deberíamos tener en cuenta que algunas personas podrían considerar la aplicación del principio de cautela a los nuevos tratamientos. 
El principio de cautela es un tema aparte y, en consecuencia, nuestro Grupo no puede dar su apoyo a las enmiendas 1 y 2. 
Esto no tiene nada que ver con que no deseemos el mejor tratamiento para los enfermos de esclerosis múltiple, sino que tiene que ver con el más puro sentido común y con abordar estos aspectos en el lugar apropiado. 
Me gustaría terminar diciendo que acojo con agrado este informe. 
Felicito a todas las personas que han contribuido a elaborarlo y estamos deseando darle nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, es costumbre que en las intervenciones se dé las gracias al ponente, pero hoy me gustaría saltarme esta regla y dar las gracias a la peticionaria, Sra. Louise McVay, por presentar esta petición y de esta forma llamar la atención no sólo sobre su propia situación, sino sobre las inmensas dificultades a las que se enfrentan los pacientes de esclerosis múltiple en la UE, y el trato desigual que reciben. 
Aunque la respuesta inicial de la Comisión a esta petición no fue precisamente alentadora, estoy muy satisfecha de que la Comisión de Peticiones haya tomado la iniciativa y haya elaborado este informe y que, una vez más, se haya tomado muy en serio un tema que preocupa a la opinión pública europea; estoy convencida de que el informe de la Sra. Aaltonen dará lugar a cambios que mejorarán la calidad de vida de los pacientes de esclerosis múltiple en la Unión Europea. 
La urgencia de todo esto queda demostrada por las considerables diferencias cualitativas entre las respuestas que han dado los Ministerios de Sanidad de los Estados miembros a los tratamientos y terapias para los pacientes de esclerosis múltiple, lo que también refleja que todavía no se trata a las personas que sufren esclerosis múltiple con la consideración que necesitan de forma apremiante. 
Este informe es una evaluación inicial, y las conclusiones a las que llega son importantes, ya que reflejan, entre otras cosas, las demandas hechas por la Asociación Alemana de Esclerosis Múltiple, que celebró su cincuenta aniversario en noviembre. 
Considero que es de suma importancia que se consideren y tengan en cuenta las necesidades de la gente joven que sufre de esclerosis múltiple; también opino que debe darse la posibilidad de trabajar y de gozar de igualdad de derechos en la esfera laboral, en la medida de lo posible y durante el máximo tiempo posible, a aquellos que se vean afectados por la enfermedad. 
Nuestra ponente, la Sra. Aaltonen, demuestra que con la terapia y el tratamiento adecuados, las personas que sufren de esclerosis múltiple pueden llevar vidas muy activas en el mundo laboral y en el conjunto de la sociedad. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al que pertenezco, aprueba todas las enmiendas presentadas por la ponente, así como el informe en su totalidad. 
Los múltiples y trágicos efectos de esta enfermedad, que afectan a las vidas de los pacientes y de sus familias, obliga a la gente que sufre de esclerosis múltiple a dedicarse a una lucha de por vida contra una enfermedad que todavía es incurable y cuyo avance es impredecible. 
La UE debe desempeñar un papel estratégico en la igualdad de acceso a terapias y tratamientos, pidiendo a los Estados miembros que coordinen sus acciones, incluyendo la investigación, y faciliten el acceso a las mejores prácticas en materia de tratamiento y rehabilitación. 
Los pacientes de esclerosis múltiple de los futuros Estados miembros se beneficiarán de ello. 
– Señor Presidente, como ya se ha dicho, en toda la Unión Europea hay 400 000 enfermos de esclerosis múltiple, pero gracias a tan solo uno de ellos hemos iniciado este debate: se trata de una joven excepcional de la que ya se ha hablado, Louise McVay, que en estos momentos se encuentra en la tribuna. 
Demuestra lo que la tenacidad puede llegar a lograr. 
También me alegra que este tema esté incluido en la agenda del Año Europeo de las personas con discapacidad. 
Me gustaría felicitar a la ponente, como ya han hecho otros, por este informe tan amplio. 
Habla de la igualdad de acceso a las prestaciones sanitarias. 
Existen diferencias dentro de los Estados miembros y también en toda la Unión Europea. 
Algunos medicamentos, como el interferón beta, que pueden ayudar a algunos enfermos de esclerosis múltiple, no se encuentran disponibles comúnmente. 
La investigación sobre la esclerosis múltiple también debería incluirse en la séptima directiva marco. 
Me siento muy decepcionada, no soy la única, porque la sexta directiva marco no ha estado a la altura del compromiso al que se llegó con respecto a la integración de las cuestiones de discapacidad. 
También debemos asegurar que los jóvenes discapacitados, entre ellos los enfermos de esclerosis múltiple, no acaben recibiendo cuidados junto a la gente mayor. 
Esta es la razón por la que debemos luchar por una forma de vida independiente y por la que es tan importante que la Directiva de empleo se aplique plenamente en todos los Estados miembros. 
Lamento decir que muchos Estados miembros no han cumplido la fecha límite del 3 de diciembre de este año. 
Debemos aprovechar ahora esta oportunidad para garantizar que esto no volverá a suceder, y debemos conseguir una directiva específica sobre la discapacidad. 
Me alegra que la Comisaria hiciera mención de este aspecto en su discurso de clausura del Año Europeo en Roma. 
Esperemos que ahora consigamos fijar ese calendario. 
Señor Presidente, compañeros y compañeras de esta Cámara, en primer lugar quiero agradecer este magnífico trabajo que ha realizado la Sra. Aaltonen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Peticiones. 
Espero que en esta Cámara también sea aprobado por unanimidad. 
Es importante que se traten estos problemas de salud, a raíz de la petición de una ciudadana, por el trato discriminatorio de los pacientes que sufren esclerosis múltiple. 
Sabemos que muchas enfermedades crónicas de larga duración no son atendidas satisfactoriamente, siendo insuficiente el trato dado a estas personas enfermas en la actualidad. 
Este informe aporta propuestas para resolver la situación de las personas que padecen esclerosis múltiple en todos los países miembros, no sólo terapéuticamente, sino también proponiendo unos servicios eficaces para atender otras necesidades que sufren estos pacientes, así como su integración en la sociedad, aplicando terapias efectivas y medicamentos que modifiquen su enfermedad. 
Aporta a estos enfermos una información útil y un apoyo solidario, cosas muy importantes para ellos. 
Ilustraré lo dicho con un ejemplo. 
En el Estado español hay 40 000 enfermos de esclerosis múltiple. 
Algunos son tan valientes y tan constantes como la Sra. Louise McVay, y pondría el ejemplo de Martí i Pol, un escritor catalán que ha muerto hace poco y que ha conseguido superar y convivir con su enfermedad por su entorno solidario y por la ayuda de todas las personas que le rodeaban, no solamente familiares, sino también toda la sociedad, en general, de su pueblo y de su región. 
Es absolutamente prioritario dedicar fondos a programas de investigación para dar solución a esta enfermedad, en todos los Estados miembros. 
El Grupo GUE/NGL apoya el informe en su totalidad, así como aquellas enmiendas que pensamos que aportarán soluciones para paliar esta enfermedad. 
Por otra parte, me gustaría subrayar la importancia de la Comisión de Peticiones, que mantiene la relación con la ciudadanía y hace posible, a través de sus peticiones, generar en algunos casos, como en éste, informes que tienen como objetivo la mejora de la ciudadanía en aspectos importantes de su vida cotidiana. 
Reitero, una vez más, mi agradecimiento por este valioso informe, del que esperamos que tenga efectos eficaces en los Estados miembros, a través de las propuestas que, sin duda, hará la Comisión. 
– Señor Presidente, me gustaría sumarme a las felicitaciones a la ponente y en especial a la peticionaria, Louise McVay, por su iniciativa y determinación al presentar esta cuestión en el Parlamento Europeo. 
Se necesita resolución conseguir que un asunto llegue al hemiciclo del Parlamento Europeo, y para ser alguien que está sufriendo los estragos de esta enfermedad, muestra una fuerza de voluntad extraordinaria. 
También me complace que haya sido el sistema de peticiones del Parlamento Europeo el que haya posibilitado que esto sucediera. 
Permítanme que cuente una historia personal. 
Hace unos diez años mi cuñada, casada con mi hermano gemelo, me invitó a su casa a pasar el fin de semana. 
Me pidió que observara a mi hermano. Daba la impresión de que no podía sostenerse de pie correctamente, algo fallaba en su equilibrio. 
Ella me dijo que yo debía convencerle de que acudiera a un médico. 
Lo conseguí y de entrada el medico diagnosticó que se encontraba en una fase temprana de esclerosis múltiple. 
Posteriormente se probó que ese no era el caso: se trataba de una enfermedad parecida, llamada ataxia nerviosa. 
Al igual que la esclerosis múltiple, afecta a la movilidad del paciente y no a la parte pensante del cerebro. 
En el periodo de dos terribles años se vio confinado a una silla de ruedas y, finalmente, la enfermedad le causó la muerte. 
En un sentido fue muy afortunado, ya que trabajaba en una empresa extraordinaria. Diré su nombre: Shell UK. 
Le pagaron el tratamiento, un chófer que lo llevaba al trabajo y lo traía a casa, y un asistente personal que ponía su ordenador en funcionamiento y empujaba la silla de ruedas. 
Tuvieron el sentido común, la decencia y la visión, y además, supongo, los medios para tratar a una persona discapacitada como a una verdadera persona. 
Eso es lo que cualquier persona pide y precisamente también este informe. 
He contado esta historia por dos razones. 
En primer lugar, para recordarnos a todos los que hoy nos encontramos en forma y activos que mañana podríamos estar en una silla de ruedas. 
Si esto ocurre a causa de un accidente, se suele recibir una indemnización. 
Si ocurre a raíz de una enfermedad, no hay ni seguro, ni indemnización, y las personas como nosotros pasamos a depender de la sociedad. 
En segundo lugar, para algunas enfermedades no existe ningún tratamiento, o este sólo está disponible de forma incompleta, y la investigación es muy limitada. 
Se necesita una mayor investigación y debemos estar preparados para animar y apoyar esa investigación, tal y como exige el informe. 
Louise tiene razón: si existe una terapia que ayuda, por ejemplo los interferones beta, esta debe ponerse a disposición de todas las personas que sufren la enfermedad. 
Quiero dar las gracias en particular a la ponente por presentar las enmiendas orales que permitirían hacer uso de la presión ejercida por esta petición para ayudar no solo a cientos de miles de enfermos de esclerosis múltiple, sino también a pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas similares o que menoscaban la movilidad, que también necesitan ayuda. 
Debemos aprender unos de otros y debemos aprender a ayudar a Louise y a cientos de miles de personas como ella. 
– Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar a Louise McVay y a la ponente, la Sra. Aaltonen, por presentar este informe de la Comisión de Peticiones. 
Existe una clara necesidad, basada en la información que se nos ha facilitado, de que la Unión Europea se comprometa al fomento del desarrollo de mejores prácticas en toda la Unión Europea, con el fin asegurar que los ciudadanos de Europa cuentan con un acceso adecuado a servicios, terapias, medicamentos y, además, asistencia durante el periodo de reinserción, y que no se les discrimina en sus trabajos. 
También existe la necesidad de un estudio epidemiológico a escala europea que debería ser financiado por la Unión, y esto debería llevarse a cabo urgentemente. 
También existe la necesidad de una nueva directiva sobre los derechos de los discapacitados, que garantice que a las personas que sufren condiciones de este tipo, no se las discrimine en el acceso a un puesto de trabajo. 
Una cosa es tener un trabajo y estar enfermo, pero si uno está enfermo es virtualmente imposible acceder a un puesto de trabajo con posterioridad. 
En rigor, estas son cuestiones que entran dentro de la competencia de los Estados miembros, pero está claro que como Unión y como Parlamento tenemos la obligación de intentar asegurar que se trate como es debido a los ciudadanos europeos. 
Se estima que en Europa unas 400 000 personas sufren esta enfermedad. 
En Irlanda, por ejemplo, hay cerca de 500 000 personas que están afectadas por enfermedades neurológicas de distintos tipos. 
No conozco a ciencia cierta cuántas de ellas son pacientes de esclerosis múltiple, pero un estudio reciente ha demostrado que existe una proporción de 2 a 1 en el número de especialistas que faltan para aplicar un tratamiento, prestar cuidados y concertar visitas a las personas que sufren enfermedades de este tipo. 
La lista de espera llega a los dos años y se necesitaría algo así como el doble de clínicas para poder hacer frente a las cifras implicadas. 
Está claro que existen grandes lagunas en nuestros servicios, y nosotros tenemos la obligación de intentar llenarlas. 
Señor Presidente, Comisario, no suelo formar parte de las diputadas que dan las gracias a los ponentes sin razón alguna, pero en este caso existe una razón de peso para decir gracias. 
Es un placer especial para mí, que he tenido el privilegio de conocer a la Sra. Aaltonen desde hace mucho tiempo, felicitarla por su primer informe en el Parlamento Europeo. 
Es una persona positiva que ha luchado en muchas batallas políticas importantes a favor de la gente joven, las mujeres y, ahora, los discapacitados. 
El Parlamento Europeo tiene el privilegio de acceder a sus conocimientos, energía y experiencia. 
Estas cualidades han sido realmente valiosas en la preparación del informe. 
También me siento agradecida por el hecho de que la Sra. Aaltonen haya tomado en cuenta mi propuesta relativa a las cuestiones genéticas. 
Pentti Tienari, un profesor universitario de neurología experimental de Finlandia, ha investigado estas cuestiones y el hecho es que, lamentablemente, existe un factor genético. 
Se sospecha que los vikingos propagaron la enfermedad, porque ésta se da principalmente en las islas Orkney y Shetland, y también en el área del río Kyro en Finlandia. 
La enfermedad también existe en aquellos lugares donde ha habido movimientos de pueblos germánicos. 
Espero que en investigaciones futuras también se tenga en cuenta el factor genético. 
También me gustaría decir que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que normalmente es escrupuloso con el tema de la subsidiariedad, aprobará la mayoría de estas enmiendas. 
Se dice que los Estados miembros deben cooperar, y yo creo que es importante que lo hagan para poder alcanzar criterios vinculantes. 
Esto podría suceder fuera de la estructura de la UE, por ejemplo, a través de la cooperación entre los Ministros en el marco del Consejo de Europa. 
Es ahí donde deberíamos elaborar recomendaciones vinculantes sobre atención sanitaria. 
Deberíamos contar con una división precisa entre los ámbitos de competencia respectivos de la UE y de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, al final del Año Europeo de las personas con discapacidades es particularmente significativo que este Parlamento examine un caso concreto y aborde el tema del trato discriminatorio al que son sometidos los pacientes de esclerosis múltiple. Esta enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central y de las fibras nerviosas desarrolla de forma gradual lesiones que impiden el funcionamiento de los nervios, lo que a su vez causa una discapacidad generalizada e impredecible. 
Felicito a la ponente por el trabajo que ha realizado y espero que la Comisión y los Estados miembros se comprometerán cada vez más para resolver los innumerables problemas a los que tienen que hacer frente las personas afectadas por esta enfermedad –teniendo en cuenta este informe y el trabajo hecho por las organizaciones que representan a los pacientes de esclerosis múltiple– en su lucha por la igualdad de acceso a tratamientos y servicios, y en defensa de su dignidad. Se calcula que hay más de 400 000 ciudadanos enfermos en los distintos países de la Unión Europea, como ya se ha mencionado. 
Se requiere una mayor dedicación a la investigación de esta enfermedad, en concreto dentro del próximo programa marco de investigación ya que, lamentablemente, no se ha incluido en el actual, como ya se ha mencionado también. Asimismo necesitamos medidas eficaces contra el trato discriminatorio en la atención sanitaria y la eliminación de todas las barreras y obstáculos que dificultan la igualdad de acceso a productos y servicios, así como prestar mayor atención al empleo y al respeto de la dignidad personal. 
Aunque apoyo el informe y las propuestas relacionadas con esta cuestión en concreto, considero que debo subrayar la necesidad de situar estas medidas dentro del contexto más global de la lucha para eliminar el trato discriminatorio contra las personas con discapacidades. 
A medida que finaliza este año, que ha puesto los problemas de los discapacitados en primer plano, es necesario asumir el compromiso de que todas las instituciones de la Unión Europea se mostrarán firmes en la lucha contra la discriminación. 
Quiero destacar especialmente la necesidad de una política comunitaria en materia de discapacidades y que se dé máxima prioridad en las diversas políticas comunitarias a las cuestiones relacionadas con el trato discriminatorio y los derechos humanos de las personas discapacitadas. 
Sólo de esta forma se conseguirá una inclusión social eficaz. 
Lo que se necesita es una propuesta de directiva basada en el artículo 13 del Tratado para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad. 
Esta nueva directiva deberá prevenir el surgimiento de nuevas barreras y estipular que las barreras existentes a las que se enfrentan los discapacitados deben eliminarse en toda la Unión Europea. 
Sería positivo que esto pudiera suceder a corto plazo, pero sabemos que eso sólo será posible si los Estados miembros hacen un gran esfuerzo para adoptar medidas concretas, en especial financieras, que se han visto afectadas por los criterios irracionales del Pacto de Estabilidad y los recortes presupuestarios resultantes, tal y como ha ocurrido en Portugal. 
Promover la integración de los discapacitados también requiere la correcta transposición de la directiva del Consejo que establece un marco legal para la igualdad de trato en cuestiones laborales y de empleo. 
También expreso mi apoyo por la Convención de las Naciones Unidas Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. 
Por lo tanto espero, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, que este informe y este debate sean una contribución importante a la lucha contra el trato discriminatorio que sufren los discapacitados y que la Comisión y los Estados miembros lo tomarán en su debida consideración. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de vez en cuando es necesaria una dosis de ímpetu para que una cuestión llegue a considerarse y, en este caso, ha sido Louise McVay quien la ha proporcionado. 
En este caso, y en otros similares, comprobamos una y otra vez que en esta nuestra Unión Europea, de cuya necesidad estoy plenamente convencido y para la que todos estamos trabajando juntos, existe una gran insensibilidad. 
Al fin y al cabo, es necesaria cierta dosis de optimismo para no caer en las críticas, que hasta cierto punto son estereotipos, es decir, que Europa sólo existe para los rápidos, los grandes, los ricos, los sanos y los fuertes, en lugar de creer que esta Europa también existe para los miembros vulnerables de la sociedad, para aquellos que son lentos y no pueden seguir el ritmo – y no estoy hablando aquí del «núcleo europeo» , sino de individuos que son más lentos y no pueden mantener el ritmo –, para los enfermos, para los bajitos. 
No tenemos problemas para viajar. 
Transportamos dinero, bienes y coches de un Estado miembro a otro. 
Los usamos, tenemos un único permiso de conducir y un reglamento único de normas de tráfico. 
Pero por lo que respecta a la acción común en asuntos sociales, o a la acción común en la esfera cultural, es lamentable que esta Europa no pueda mostrar el ritmo y la velocidad que ya posee en otras esferas, velocidad que agradezco. 
Estoy seguro de que tendría sentido ser igual de rápidos en las esferas social y cultural, como ya los somos en otras. 
Algunos diputados –entre los que quiero dar las gracias en particular a la ponente, Sra. Aaltonen– ya han hablado extensamente de la necesidad y la importancia de las medidas para tratar la esclerosis múltiple. 
Por lo tanto, quiero llamar la atención especialmente sobre la incongruencia de tener tal necesidad de ponernos al día en la esfera social. 
Señor Comisario, no existe una tarjeta única de asistencia social para los discapacitados; una persona discapacitada que viva en Alemania no puede ir a Francia, ni un discapacitado italiano a Alemania y recibir el mismo trato, lo que representa una desventaja, ya que no cuenta con ningún reconocimiento cuando tiene que estacionar su vehículo, por no mencionar el caso de los asientos en los transportes públicos y otros casos similares. 
Aquí es donde debemos recuperar urgentemente el tiempo perdido. 
Pienso – es más, estoy convencido – de que no basta con decir «no somos responsables de ello». 
Debemos hacer mucho más en este ámbito y ser más consecuentes cuando nos pongamos a ello. 
Espero también que este debate nos haya hecho más conscientes de lo que esta problemática representa. 
– Señor Presidente, mi honorable compañero ha mencionado que hay 400 000 personas en la Unión Europea que sufren de esclerosis múltiple. 
El 60% de ellas son mujeres. 
Gracias a los recursos científicos actuales, el diagnóstico se realiza en una fase precoz y, con el tratamiento adecuado, puede controlarse o reducirse el avance de la enfermedad, con lo que la calidad de vida de los pacientes mejora de forma considerable. 
Sabemos que de conformidad con el Tratado de la Unión, la Comunidad aplica políticas y acciones con el propósito de mantener un alto nivel de protección sanitaria. 
Sin embargo, para que esto sea posible, uno de los requisitos es la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios y la igualdad de prestación de todos los medios eficaces. 
Así que el argumento de que ocuparse de las consecuencias de esta enfermedad en concreto es competencia de los Estados miembros no se sostiene y no debería existir. 
Lo que se necesita, lo más rápido posible, es un nuevo estudio epidemiológico a escala europea en colaboración con la OMS, de forma que el alcance del problema pueda verse reflejado a partir de los datos recopilados y pueda subrayarse la necesidad de una investigación intensiva y de la cooperación internacional. 
El informe de la Comisión de Peticiones es revelador y esclarecedor y, por supuesto, está claro que estoy completamente de acuerdo con la propuesta de establecer un código de mejores prácticas, porque éste nos permitirá definir métodos uniformes para las actividades de tratamiento y rehabilitación. 
De forma similar, estoy totalmente de acuerdo con que las autoridades sanitarias de los Estados miembros deben promover programas de autoayuda entre los pacientes de esclerosis múltiple, los cuales, junto con la aplicación de condiciones especiales de trabajo, constituirán dos factores importantes en el mantenimiento de la buena salud mental que, como sabemos, se ve dañada de forma significativa a causa de la naturaleza de la enfermedad. 
Finalmente, quiero felicitar a la ponente y a la Sra. Louise McVay, quien nos ha demostrado que una persona que lucha puede obtener resultados para mucha gente. 
– Señor Presidente, a mí también me gustaría dar la bienvenida a Louise McVay, ciudadana de mi circunscripción electoral en Loughborough, East Midlands, quien se encuentra en la tribuna. 
Ella ha sido una defensora incansable de los enfermos de esclerosis múltiple y la felicito por su valentía y el arduo trabajo que ha llevado a cabo. 
También me gustaría dar las gracias a la Sra. Aaltonen por la excelente labor realizada en relación con el informe. 
La esclerosis múltiple es la forma más común de discapacidad que afecta a los adultos jóvenes en la UE, y dos tercios de los que la padecen son mujeres. 
De los 400 000 enfermos que hay en la UE, 85 000 se encuentran en mi país, el Reino Unido. 
La esclerosis múltiple exige nuestra atención. 
Este informe propone el mejor tipo de cooperación europea. 
Reconoce que la UE no tiene competencias para determinar las políticas sanitarias de los Estados miembros, y todavía menos para establecer sus presupuestos o las prioridades de los servicios sanitarios de dichos Estados miembros. 
Así es como debería ser. 
Lo que la UE puede y debería hacer es ofrecer un intercambio de mejores prácticas, evaluar el rendimiento y fomentar un alto nivel uniforme de atención médica. 
Tiene también otro papel vital, que se enmarca en el área de la investigación médica. 
Como portavoz de la delegación conservadora para asuntos de investigación, comparto el punto de vista de la señora Lynne de que deberíamos dar más prioridad, en los programas marco de investigación de la UE, a las enfermedades crónicas. 
Aunque se ha puesto de moda centrar la atención en enfermedades de nueva aparición, no podemos permitirnos perder de vista los consabidos problemas que afectan a un gran número de pacientes. 
Todavía no tenemos un conocimiento completo de las causas de la esclerosis múltiple, y no deberíamos descansar hasta resolver el problema. 
Por supuesto, queda mucho por hacer en mi país, el Reino Unido. 
Nuestro Gobierno laborista ha fracasado en el intento de solucionar el problema de la lotería de los códigos postales, lo que significa que el nivel de atención y la disponibilidad de medicamentos pueden variar de una calle a otra. 
Tuve conocimiento por primera vez del problema de los enfermos de esclerosis múltiple cuando, en el Reino Unido, durante la campaña a las elecciones generales de 2001, una mujer joven a la que se le acababa de diagnosticar la enfermedad, la Sra. Peel, se acercó en Nottingham a uno de nuestros candidatos conservadores. 
La Sra. Peel, que en aquella época estaba embarazada, se sentía inquieta porque descubrió que la autoridad sanitaria local le estaba negando terapias y tratamientos simplemente a causa de su lugar de residencia. 
Me sentí muy complacido de que el portavoz en materia de sanidad de los conservadores en aquella época, el Dr. Liam Fox, visitara personalmente a la Sra. Peel y escuchara su relato. 
También me gustaría elogiar a la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple por su labor. 
Me complace haberles apoyado en el Día Europeo de la Esclerosis Múltiple en el Parlamento Europeo en Bruselas, en junio del pasado año. 
Acontecimientos de este tipo son inestimables para instruir a los diputados sobre los aspectos relacionados con la enfermedad y a los problemas a los que tienen que hacer frente quienes la sufren. 
A medida que nos acercamos al fin del Año Europeo de las personas con discapacidad, debemos centrar nuestra atención en las necesidades de los pacientes de esclerosis múltiple y en las oportunidades derivadas de la investigación para acelerar el desarrollo de tratamientos más eficaces. 
– Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Aaltonen, la ponente, y a Louise McVay, quien presentó la petición que ha desembocado en este informe sobre la esclerosis múltiple. 
El Sr. Whitehead, uno de los diputados al Parlamento Europeo por la región de Louise, East Midlands, ha tenido que ausentarse para participar en una votación sobre otra cuestión sanitaria vital, y presenta sus excusas. 
La esclerosis múltiple afecta a las personas de maneras diversas: algunos días se encuentran bien, otros mal. 
Sin embargo, se trata de una enfermedad degenerativa sin causa ni cura. 
Empecé a trabajar sobre este tema después de encontrarme con un grupo activo de pacientes de esclerosis múltiple escoceses. 
Se pusieron en contacto conmigo, me hablaron del impacto que la enfermedad tiene en su vida diaria, y me llamaron la atención sobre el hecho de que Escocia cuenta con el porcentaje más alto de enfermos de esclerosis múltiple en el mundo. 
Desde entonces he patrocinado el primer Seminario Europeo sobre la Esclerosis Múltiple, celebrado en el Parlamento Europeo, y he fundado el grupo de interés parlamentario sobre la esclerosis múltiple. 
Fundamentalmente, la petición que tenemos ante nosotros intenta llamar la atención sobre el acceso no solo a los medicamentos, sino también al tratamiento de los pacientes que sufren esclerosis múltiple. 
Viene muy que, cuando concluye el Año Europeo 2003 de las personas con discapacidad, reflexionemos sobre qué es lo que podemos hacer en positivo para ayudar a las personas que sufren esclerosis múltiple. 
La no discriminación en el puesto de trabajo sería un buen inicio. 
Varias personas con las que he hablado han perdido sus trabajos porque sus empresas no eran flexibles ni comprensivas respecto a la esclerosis múltiple. 
Por esta razón es tan importante implementar una directiva de la UE sobre la igualdad de trato en el trabajo. 
El acceso a medicamentos y a nuevos tratamientos es esencial. 
Este Parlamento votó justamente ayer, muy oportunamente, un nuevo paquete farmacéutico que esperamos que no solo derive en una mayor innovación, sino también en un mejor acceso a medicinas más baratas. 
Estoy satisfecha de que algunos hospitales británicos hayan empezado a contratar a enfermeras especializadas en esclerosis múltiple. 
Muchos de los empleados del sector médico no saben cómo tratar a pacientes de esta enfermedad. 
Yo no tenía ni idea de que una aguja en la piel pudiera quizá causar un dolor insoportable a alguien que la sufre. 
Se necesita un mayor reconocimiento y mejor comprensión de la esclerosis múltiple. 
Los pacientes de esclerosis múltiple se merecen algo mejor. 
Quiero dar las gracias de nuevo a Louise por habérnoslo mostrado hoy. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos por sus intervenciones y su apoyo. 
Quiero informar a todos aquellos que opinan que este tema es sólo responsabilidad de los Estados miembros, que he estado en contacto con los Ministros de Sanidad de todos los Estados miembros y éstos, en cierto modo, ya se han comprometido personalmente de forma distinta con este informe, pues se han permitido involucrarse en su redacción. 
El debate queda cerrado.. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (primera fase: Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2003). 
Señor Presidente, Señorías, la primera fase de la Cumbre de la Sociedad de la Información tuvo lugar en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de este año. 
A la Cumbre asistieron cerca de 11.000 participantes y puede considerarse como un éxito multilateral al que la Unión Europea contribuyó considerablemente. 
El 12 de diciembre, los delegados adoptaron una Declaración de Principios y un Plan de Acción. 
Ahora, estos documentos son la base de un concepto común de la Sociedad de la Información en todos los Estados miembros de Naciones Unidas, inspirándose en gran parte inspirado en la política europea de una Sociedad de la Información para Todos. 
En cualquier caso, las contribuciones hechas por la Unión Europea en las distintas fases del proceso preparatorio de la Cumbre fueron posiciones europeas coordinadas que habían sido desarrolladas por la Comisión en colaboración con los Estados miembros y la Presidencia, y siempre fueron presentadas en las negociaciones por el Presidente del Consejo competente en nombre de la UE de los 15 más 10. 
La Cumbre ha posibilitado que se logren mayores progresos en varios campos. 
La importancia de la Sociedad de la Información como fuerza motor para el desarrollo social y económico se ha reconocido por vez primera en una Cumbre mundial. 
Se reconoció el papel clave que desempeñan los marcos legales y reglamentarios para fomentar la competencia y permitir la prestación de una mayor gama de servicios a todos los ciudadanos. 
Se reconoció la importancia de la solidaridad en el contexto de la lucha contra la fractura digital, junto con el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) , para potenciar los objetivos de desarrollo acordados de forma internacional y definidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. 
En el ámbito del Gobierno de Internet, es decir, las estructuras administrativas y reglamentarias futuras que gobernarán Internet, se estableció un grupo de trabajo bajo los auspicios del Secretario General de la ONU. 
Este grupo está abierto a todos los participantes, y su misión es debatir las distintas opciones que luego se presentarán en la segunda fase de la Cumbre en Túnez. 
También se alcanzaron resultados satisfactorios en todos los otros puntos que todavía quedaban abiertos al principio de las negociaciones más recientes a primeros de diciembre, en particular los apartados que se refieren a los derechos humanos, el acceso libre a la información y a los medios, así como las cuestiones sobre propiedad intelectual, el software de código fuente abierto y la seguridad de las redes y de la información. 
Respecto a los aspectos financieros, el texto aceptado por todos los participantes reconoce que algunos países desean crear un Fondo de Solidaridad Digital voluntario y que otros pretenden llevar a cabo una evaluación de los mecanismos de financiación existentes y realizar un estudio sobre la eficiencia y la viabilidad de un fondo de este tipo. 
Un Grupo Operativo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas llevará a cabo estos trabajos durante el transcurso del próximo año. 
La Comisión hará el seguimiento de las conclusiones de esta Cumbre Mundial y las incorporará a sus propias políticas, en especial en el ámbito de las políticas de desarrollo. 
– Señor Presidente, me gustaría empezar dando la bienvenida a la Sra. Schreyer, que habla en representación del Sr. Liikanen, y agradeciéndole enormemente que se haya tomado la molestia de informarnos con tanta rapidez sobre la Cumbre de Ginebra. 
Tuve el privilegio de participar allí junto con un pequeño grupo de diputados al Parlamento. 
Quiero felicitar tanto a la Comisión como a la Presidencia italiana por el papel sumamente activo que desempeñaron. 
Lamento que la Presidencia italiana no se encuentre hoy aquí presente, pero tuve la oportunidad de reunirme con el Ministro italiano y su equipo, quienes representaron un papel crucial en la negociación de lo que resultaron ser una declaración y un plan de acción muy bien equilibrados. 
Por lo que respecta al Parlamento Europeo, la unidad STOA, Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento –que había encabezado la iniciativa para que estar representados allí– contó con un stand propio compartido con la Comisión. 
Con anterioridad también habíamos estado representados en una conferencia muy importante sobre el papel de la ciencia en la sociedad de la información, de forma que no había duda alguna de nuestro compromiso con el proceso. 
La cuestión más importante sobre la que debemos reflexionar es que no solo contamos con una declaración política, sino también con un plan de acción, y que tenemos dos años en los que realizar algunos progresos reales y demostrables antes de que la cumbre vuelva a convocarse en Túnez. 
En el contexto de estas complejas discusiones multilaterales, dos años no son mucho tiempo. 
Mostrar que nosotros, en la Unión Europea y en los Estados miembros, nos estamos tomando en serio la necesidad de aplicar y extender los beneficios de la información y de la tecnología de la comunicación a los países en desarrollo es un gran desafío. 
Como ha declarado la Sra. Schreyer, la aplicación de estos instrumentos al desarrollo económico, social, sanitario, educativo, así como a toda una gama de otros desarrollos, es sumamente importante. 
Para mí, una de las lecciones cruciales de Ginebra –donde tantos países en desarrollo nos mostraron cómo aplican la tecnología de la información– es que debemos desarrollar capacidades en esos países para darles la posibilidad de que desarrollen proyectos sobre el terreno que respondan a sus necesidades particulares, porque cada país parte de una posición diferente en términos de infraestructura, desarrollo económico, capacidades de aprendizaje, etc. No estamos buscando la fórmula mágica que lo arregle todo de una vez, sino que lo que queremos es divulgar nuestra experiencia. 
Una de mis reivindicaciones particulares es que centremos la atención allí donde realmente podamos ayudar, que es en la extensión y el fomento de la capacidad de investigación y desarrollo en los países en vías de desarrollo. 
Queremos una red más sólida de científicos informáticos y de especialistas que trabajen en universidades y en institutos tecnológicos que estén vinculados entre ellos gracias a una red de investigación global. 
De ese modo podrán desarrollar sus propias soluciones, y también recurrir a una comunidad de aprendizaje mucho más amplia que les ayude a desarrollar las herramientas que ellos quieren –las aplicaciones estándar, las otras ideas–, e intercambiar sus trabajos mutuamente. 
La Unión Europea ha invertido en la red de investigación más grande del mundo y ya estamos viendo cómo se extiende por todo el mundo. 
En Ginebra recibimos la buena noticia de que África del Sur, por ejemplo, quiere unirse a esta red. 
Así que somos capaces de dar ejemplo. 
Mi última cuestión tiene que ver con nuestro compromiso como parlamentarios. 
Fue decepcionante que en la declaración de la cumbre no se hiciera referencia alguna al compromiso parlamentario. 
Hubo mucha decepción por el hecho de no estar más comprometidos, pero también el firme deseo de comprometernos más en la próxima fase del proceso. 
Me gustaría que –quizás con la ayuda de los Estados miembros y de la Comisión– desarrolláramos un parlamento electrónico verdadero que se centre en estos aspectos, de forma que cuando vayamos a Túnez, y espero que en esto se nos unan más colegas, seamos capaces de entablar el debate político. 
Es un campo en que Europa tiene mucho que ofrecer, pero todo el compromiso tiene que intensificarse e integrarse en una política de desarrollo global. 
– Señor Presidente, es posible que el debate sobre la Sociedad de la Información y la globalización no impida que dicha globalización ocurra y/o la facilite; sin embargo, nos ayuda a interpretar las condiciones en las cuales tiene lugar. 
Además, ésta es nuestra función básica como diputados del Parlamento Europeo: identificar los componentes políticos, los choques, y encontrar soluciones para los problemas económicos y sociales causados. 
Los ciudadanos europeos están esperando respuestas a los procedimientos dinámicos que están teniendo una gran influencia en sus vidas en el siglo XXI. 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones tomó la iniciativa en esta primera Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra, pero Naciones Unidas le puso su sello al proporcionar principalmente a los países en desarrollo una oportunidad para reivindicar la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos y reclamar una Sociedad de la Información más justa. 
La creación de un fondo solidario es, en mi opinión, la petición básica. 
En el año 2010 tendrán que haberse cumplido los requisitos de acceso a Internet y de comunicación por telefonía móvil, de forma que las comunidades más remotas en las aldeas del mundo en desarrollo puedan disfrutar de un acceso real. 
El plan de acción es algo muy importante para este objetivo. 
Por supuesto, además de todo lo que se debatió en Ginebra, esperamos que se dé continuidad a otras iniciativas importantes, como la promoción del Observatorio Mundial de los Medios de Comunicación y la nueva Agencia de Seguridad Europea que debería ponerse en marcha a principios de 2004. 
Se trata de herramientas necesarias para enfrentarse a las nuevas condiciones. 
Sin embargo, también hay toda una serie de cuestiones que necesitan respuestas. 
Tal vez la democracia electrónica sea el asunto central. 
Sin embargo, al mismo tiempo, también estamos interesados en temas como la educación, la sanidad, la propiedad intelectual, la seguridad, los derechos humanos y las prácticas económicas y sociales. 
Todos ellos requieren sus propios marcos operativos dentro del entorno digital. 
Y las respuestas no son siempre fáciles. 
Esta es la razón por la que la Unión Europea necesita llevar a cabo un seguimiento de proximidad y ser capaz de estar presente con sus opiniones. 
Lamento que el debate se celebre tanto tiempo después de la Cumbre, pero debemos actuar de forma eficaz en el futuro si queremos poder expresar en él nuestras opiniones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero darle las gracias a usted y a mi estimado compañero diputado, el Sr. Harbour, por los informes que han presentado. 
Sin embargo, es un poco irónico que la mejor información sobre lo que ocurrió en la Cumbre haya aparecido en las páginas web de los partidos radicales. 
La propia página web de la UE contiene muy poca información sobre este evento. 
¿En qué tipo de Sociedad de la Información vivimos? 
Está muy bien que se haya celebrado una cumbre, porque la cooperación internacional es necesaria cuando se ve afectada la seguridad de Internet. 
Creímos haber conseguido algo en la lucha contra el correo indeseado cuando adoptamos la directiva relativa a la protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas. 
Como he dicho, es necesaria la cooperación internacional. 
Es positivo que el documento final contenga disposiciones sobre la libre competencia, valores, métodos y la neutralidad de la tecnología, que mostraron que en Europa se está alcanzando el éxito en la creación de una Sociedad de la Información. 
Como suele ocurrir en las conferencias internacionales, el plan de acción y el documento final contenían muchas promesas firmes relativas a cómo debe desarrollarse todo esto y cómo podemos ayudar a los países en desarrollo. 
Ahora ya han tenido lugar un número interminable de cumbres internacionales en las que hemos hecho promesas como, por ejemplo, una educación para todos y la iniciativa Vía Rápida del Banco Mundial para ayudar a la infancia, sobre todo a las niñas, para que se beneficien de la educación. 
A pesar de ello, no ha ocurrido nada. 
Si echamos un vistazo a la iniciativa Vía Rápida del Banco Mundial, veremos que incluso los países desarrollados no han sido capaces de cumplir con su modesta promesa de facilitar algo más de 300 millones de dólares. 
Transcurrido menos de un año y medio, ya tenemos un déficit de más de 100 millones de dólares. 
¿Cuándo dejarán los países en vías de desarrollo de creer en lo que se dice en estos foros internacionales? 
Antes de que se celebrara esta Cumbre, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas afirmó que no podemos aceptar que Túnez sea el país anfitrión de la segunda fase de la conferencia mientras siga violando la libertad de expresión. 
En este sentido, nos sentimos defraudados por el resultado. 
– Señor Presidente, en un momento en que dos tercios de la población mundial es víctima de la pobreza, el hambre y las enfermedades, el hecho de que Naciones Unidas organizara una cumbre mundial en Ginebra sobre la Sociedad de la Información suena un poco extraño. 
Uno se pregunta si el objetivo final del debate no era otro que el de incrementar las ventas y los beneficios de los monopolios de las tecnologías de la información, en otras palabras, IBM para ordenadores, Microsoft para el software y las empresas de telecomunicaciones. 
Con el lastre de estas contradicciones, no resulta nada extraño que la cumbre no diera resultados específicos. 
No solo la proclamación de principios, sino también el plan de acción adoptados son simples listas de buenas intenciones. 
No se ha adoptado medida alguna para alcanzar el objetivo consistente en que la mitad de la población pueda acceder a Internet en el año 2015 y el objetivo de que todo el mundo tenga acceso a la radio y la televisión en ese mismo año. 
De forma similar, no se abordaron las cuestiones de la ayuda económica o de los asuntos reglamentarios para Internet. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el problema que debemos resolver no es el de cómo algunas personas, que no tienen nada para comer, se planten delante de una pantalla y se pongan a teclear frenéticamente. 
El problema es la prosperidad de la humanidad y la condición para dicha prosperidad es la paz. 
Sin embargo, este problema no se resolverá mientras los monopolios exploten la riqueza de nuestro planeta para su propio beneficio, mientras controlen la tecnología de la información, mientras los imperialistas masacren a otros seres humanos. 
Se resolverá mediante la lucha de los pueblos por un cambio social radical y revolucionario. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, la iniciativa de una Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información es una buena iniciativa. 
Sociedad de la información quiere decir libertad, libertad de información, libertad de circulación de la información, y ahí es donde está el problema: que una sociedad de la información libre se reúna en Túnez para hablar de la libertad de la sociedad de la información, es como mandar a un niño pequeño a la jaula de los leones para que aprenda a comer. 
Hay que tener en cuenta que en Túnez se detiene a los cibernautas, que en Túnez se encarcela a los que utilizan Internet, a los que utilizan la sociedad de la información por la libertad que ofrece. 
Así pues, vamos a participar en una segunda Cumbre mundial en Túnez, pero es probable que, de aquí a nuestra llegada, el Sr. Ben Ali haya encarcelado a doscientos o trescientos cibernautas más para proteger la sociedad de la información de quienes utilizan la libertad que ofrece. 
Creo realmente que, si no protestamos –nosotros quiere decir en este caso la ONU y la Unión Europea–, será señal de que vamos por mal camino. 
Según ese razonamiento, ¿por qué no vamos a la China? 
¡Allí también se encarcela a todos los cibernautas! 
Vendemos armas a los chinos y, ya que estamos, vamos a organizar una gran convención internacional sobre la libertad de la información en la China. 
¿Por qué no? 
Seamos lógicos con nosotros mismos. 
Haremos el viaje directamente de Túnez a la China, donde gritaremos a la gente: «¡comed y callaos, pero sobre todo no utilicéis la libertad de la información, que para eso queremos hacer una gran reunión en la China! ». 
Por otra parte, esta manifestación organizada por iniciativa de la ONU está marcada por la represión que algunos Estados ejercen contra las ONG. 
Así sucede, por ejemplo, con Reporteros sin Fronteras, una organización que lucha por la libertad de información. 
A raíz de una petición de Irán que fue firmada por un montón de países, Reporteros sin Fronteras fue excluida de las ONG reconocidas por la ONU. 
Como ven, no basta con tomar una iniciativa loable por la libertad y por la sociedad de la información. También hay que ser consecuentes. 
Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha luchado por conseguir una directiva sobre la patentabilidad de los programas informáticos radicalmente distinta de la propuesta por la Comisión. 
Sabemos qué quiere decir luchar por defender la propiedad intelectual y, si queremos ser consecuentes en este proceso de organización de la sociedad de la información, debemos luchar por la libertad y la protección de la propiedad intelectual. 
Esto quiere decir que, cuando se organiza algo como la Cumbre de Ginebra, tiene que ser algo más que un gran mercado para que Microsoft u otros se apropien de nuevos mercados en todo el mundo. 
La libertad de la sociedad de la información no quiere decir. 
Eso no puede funcionar. 
A este respecto también, debemos aprovechar precisamente el marco que ofrece una organización multilateral para elaborar unas normas que garanticen justamente la igualdad para los que acceden al mercado y para los que ya están dentro del mercado. 
Para concluir, señor Presidente, señora Comisaria, la Unión Europea no debe simplemente estar presente en este tipo de manifestaciones: también debe intervenir. 
Ahora bien, donde callamos, donde no encontramos las palabras, es cuando se trata de defender la libertad de la sociedad de la información. 
La sociedad de la información no es simplemente un mercado. 
La sociedad de la información es también establecer la democracia y la libertad. 
– Señor Presidente, ante todo quiero dirigirme a la diputada que se ha quejado de que el Parlamento Europeo no adoptó una posición con anterioridad a la Cumbre, y la invito a remitirse al portavoz de los Grupos de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, quien consideró que el tema no era lo suficientemente relevante como para ser debatido en el hemiciclo antes de la Cumbre. 
En segundo lugar, quiero destacar que la declaración política de la Cumbre, tras meses de negociaciones, incluye afortunadamente una referencia a la libertad de expresión. 
Países como la China, Cuba y otros regímenes comunistas –y en este punto quiero pedir disculpas al Sr. Alyssandrakis, quien cree que la pobreza es la raíz de todos los males, pero quizás la falta de libertades tenga también algo que ver– intentaron, sin éxito, eliminar esta referencia de los textos de Naciones Unidas. 
El problema actual es que contamos con un plan de acción para los próximos dos años sobre cuya base decenas de miles de millones serán canalizados a los países en desarrollo para fomentar la Sociedad de la Información. 
Comisaria Schreyer, creo que la Comisión Europea debería vigilar muy de cerca la manera en que estos fondos se usan, condicionando el uso que se hace de ellos a la apertura y toma de medidas específicas a favor del mercado libre, la democracia y los derechos fundamentales. 
De lo contrario, corremos el riesgo de continuar haciendo lo que hasta ahora: con nuestro dinero, dinero público y privado, estamos creando y financiando sistemas de software que permiten a regímenes dictatoriales y, de forma creciente, también a nuestros países, censurar, filtrar e impedir el acceso a la Sociedad de la Información. 
Esta cuestión no es la única: también existe el problema del libre mercado. 
En los países en desarrollo, las empresas que llevan el negocio de Internet y de las telecomunicaciones son en general monopolios u oligopolios corruptos que usan esta corrupción para restringir las oportunidades individuales de acceso a Internet y a la Sociedad de la Información. 
Si estamos dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero en estos países, como lo estamos haciendo, por lo menos debemos asegurarnos de que estas cantidades también se destinen al desarrollo de la democracia y de los derechos humanos. 
Asegurémonos de sacar a la luz el tema de Túnez, donde va a celebrarse una cumbre que será presidida, tal y como nos ha recordado la Organización Mundial Contra la Tortura, por el General Ammar, es decir, por la persona que con anterioridad estaba a cargo de la tortura en el régimen tunecino. 
También me gustaría desaconsejar a los diputados a que se anden con remilgos, pues eso dejaría a algunos tratando temas incómodos, mientras que otros podrían permitirse el lujo de hablar únicamente de planes, cooperación y mercado, lo que también favorecemos y queremos promover, pero no en detrimento de la libertad ni del derecho. 
– Señora Comisaria, Señorías, quiero empezar dando sinceramente las gracias al Sr. Harbour por haber dirigido la iniciativa, junto al grupo de trabajo del Parlamento sobre Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas, para que el Parlamento Europeo pudiese participar en esta Cumbre Mundial. 
Todos sabemos que, desde la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, hemos promovido de forma intensiva Internet y la liberalización de las telecomunicaciones en Europa. 
Europa se ha puesto a la cabeza del mundo en este aspecto. 
Creo que también debemos contribuir al proceso globalizador, y esta contribución significa naturalmente promover ante todo la libre competencia. 
Desde mi punto de vista, las empresas familiares y las pequeñas y medianas empresas podrán también finalmente participar del comercio mundial gracias a Internet. 
Hemos aprendido que, en particular, en los servicios de «cliente a cliente» –es decir, de las empresas a los clientes y entre empresas– Internet ofrece oportunidades totalmente nuevas. 
A través de- bay y de otros sistemas, ahora existen plataformas donde incluso las microempresas pueden comercializar sus productos utilizando servicios en el mercado mundial. 
Contamos con sistemas de pago internacionales como tarjetas de crédito, y con empresas que se encargan de realizar transferencias de dinero. 
Tenemos compañías internacionales de logística que transportan bienes por todo el mundo. 
Europa tiene una gran demanda en este sector a causa de la presión ejercida por las importaciones de muchos países, estoy pensando, por ejemplo, en China, cuya tasa de crecimiento en la actualidad es del 8%, comparada con sólo el 1% de crecimiento en Europa. 
Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para garantizar que nuestras empresas establezcan un perfil internacional de exportaciones más sólido. 
Es en este sentido donde una conferencia como ésta puede ofrecer oportunidades para estimular nuestra participación. 
También nos demuestra una vez más la urgente necesidad de contar con una Asamblea Parlamentaria de la OMC. 
Observo que, ahora, Naciones Unidas y la sociedad civil también participan en estas cuestiones. 
Sin embargo nosotros, los legisladores, no estamos lo suficientemente involucrados en este ámbito. 
Creo que será esencial para el futuro que participemos de estos foros internacionales y garanticemos que se establezcan las infraestructuras necesarias para las pequeñas y medianas empresas en Europa. 
Por lo tanto me felicito de que el Parlamento Europeo cuente con una Comisión de Comercio Exterior más fuerte en el próximo legislatura. 
En última instancia también necesitamos más pequeñas y medianas empresas y empresas familiares en todo el mundo. 
Así que debemos establecer relaciones de cooperación entre las pequeñas empresas de todo el mundo, ofrecer plataformas y proporcionar apoyo a nuestras 18 millones de PYME, que pronto serán 22 millones, las cuales emplean a dos tercios de los trabajadores europeos, de forma que puedan convertirse en actores globales y podamos, a través de ellas, tener éxito en el mercado mundial. 
– Señor Presidente, mis compañeros diputados ya han destacado, y de forma indirecta se ha hecho evidente, cuán difíciles resultaron las negociaciones en Ginebra. 
La Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información ha vuelto a demostrar que las negociaciones internacionales, independientemente del marco en que se celebren, ya sea la OMC o Naciones Unidas, se han vuelto sumamente complejas. 
La petición del Sr. Rübig es muy razonable: necesitamos una mayor participación parlamentaria. 
Eso no simplificará necesariamente el proceso, pero al menos demostrará de forma más clara y tangible el deseo de los ciudadanos de estar representados adecuadamente por medio de una voz legítima. 
En Ginebra se hizo evidente cómo negociaciones complejas de este tipo –en este caso sobre la forma en que debería desarrollarse una Sociedad de la Información mundial– pueden ser moldeadas por los distintos actores. 
Por norma, estos actores continúan siendo los gobiernos, por supuesto, y son los gobiernos quienes elaboran las leyes y tienen que negociar a escala internacional. 
Sin embargo, en este caso, también participaron un gran número de empresas y lo que ahora se conoce bajo el nombre de «sociedad civil». 
No debemos olvidar que la Cumbre de Ginebra estuvo a punto de venirse abajo. 
Fue sumamente difícil llegar por lo menos a una conclusión en las negociaciones. 
Cualquier persona que lea el texto y el compromiso, y se lo recomendaría a todo el mundo, puede comprobar las dificultades que existieron para llegar a dicho compromiso. 
Sospecho que tendremos que esperar hasta Túnez para poder reconocer que tenemos ante nosotros un documento que podemos presentar y defender con cierta credibilidad en nuestros países. 
Permítanme mencionar las cuestiones más importantes que están en juego. 
En primer lugar, tenemos el asunto financiero. 
El Sr. Cappato ha mencionado que la UE debe proceder con mucha cautela cuando se trata de participaciones financieras. 
Debemos considerar a qué gobiernos estamos apoyando de forma indirecta, ya que ellos tienen sus propias ideas sobre lo que constituye la Sociedad de la Información. 
En segundo lugar, tenemos la cuestión de los derechos humanos. 
En este caso, la clave es de nuevo la libertad de la información o las restricciones de acceso a Internet. 
Desde luego existen otras muchas cuestiones. 
La ciberseguridad es un aspecto concreto que la Unión Europea ha incluido en su agenda, un aspecto donde espero seremos capaces de contribuir por medio de nuestra propia agencia que estamos creando en la actualidad. 
Luego está la cuestión de la gestión de Internet, que todavía está por resolver. 
Se trata de algo lamentable, incluso aquí en Europa. 
Ni siquiera hemos conseguido lanzar a la palestra europea con éxito nuestro dominio de nivel superior de la UE. 
Finalmente, existen cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y con la forma de desarrollar el código fuente de dominio público. 
Simplemente considero que es necesario mencionar estos puntos. 
Espero que el año próximo podamos volver a abordar este tema, y que este Parlamento adopte una resolución al respecto antes de la Conferencia de Túnez. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta Comunicación de la Comisión sobre la Cumbre mundial sobre la sociedad de la información nos plantea más interrogantes que soluciones. 
Evidentemente, es bueno analizar a nivel mundial lo que es, tal vez, la mejor expresión de la globalización o la mundialización, es decir, una sociedad donde el tratamiento y la difusión de la información resulta de lo más característico en este inicio del siglo XXI. 
La señora Comisaria nos ha hecho una descripción excesivamente breve de los resultados de la cumbre mundial y esto nos obliga a interrogarnos en dos ámbitos. 
El primero, en el seno de la propia Unión Europea, dado que precisamente el avance y el uso de las tecnologías en las que se basa la sociedad de la información resultan absolutamente claves para cumplir los objetivos de Lisboa y convertir a la Unión Europea en la sociedad más avanzada económica y socialmente en el año 2010. 
Y, el segundo, a nivel exterior, donde hay una serie de elementos que se han citado, como propiedad intelectual, libre acceso a las comunicaciones, seguridad en la información, solidaridad digital, utilización de la sociedad de la información para reequilibrar los diversos niveles de las sociedades menos favorecidas, etc. 
Simplemente, para sintetizar, diría que esta cumbre mundial nos ha de servir para una acción mucho más intensa en el ámbito de las instituciones europeas y también, obviamente, para realizar el debate antes de que se celebre la próxima cumbre mundial y para hacer balance de las cuestiones aquí planteadas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es sumamente positivo y gratificante que la Comisión –como mis compañeros diputados ya han apuntado en el debate de hoy– haya contribuido a la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información y que continúe haciendo grandes aportaciones a esta cuestión. 
Esto es especialmente gratificante dado que en otros sectores – permítanme citar algunos ejemplos de mi esfera de interés, como el Convenio de los Alpes – ha renunciado de forma desconcertante a su responsabilidad y ha contribuido, de este modo, al estancamiento y a la paralización de esta iniciativa. 
Esperemos que la Comisión reconsidere su posición al respecto. 
Por lo que respecta al tema de la Sociedad de la Información, creo que el derecho a acceder a la red no debería entenderse únicamente como la facilitación del acceso. También debería incluir la promoción del acceso, en especial en las regiones alejadas, en regiones con desventajas geográficas, es decir, también en las regiones montañosas. 
La población de esos lugares, que está de entrada en desventaja en términos del tipo de asentamiento, la distribución de los asentamientos y su lejanía, también debería contar con la oportunidad de acceder a la red en condiciones preferentes. 
Eso significa que deben adoptarse enfoques diferentes, ya se trate de conurbaciones o de zonas con baja densidad de población. 
Me gustaría destacar ante sus Señorías una iniciativa adoptada por el Estado Libre de Baviera hace algunos años. 
Se trató de una campaña y una iniciativa muy interesantes que tenían como objetivo crear oportunidades que cubrieran en todos los sectores. 
Lamentablemente, se consideró que estas oportunidades infringían las leyes de la competencia. 
Sin embargo, pienso que debería adoptarse un enfoque más indulgente respecto a la cuestión de la competencia cuando criterios objetivos hacen necesarias otras soluciones. 
Creo que la Sociedad de la Información debe tener más en cuenta, sin duda, toda una serie de temas, como la protección de datos, la privacidad y por supuesto también la protección de la propiedad intelectual. 
Se trata de aspectos que en el pasado no se tuvieron suficientemente en cuenta debido al carácter innovador de este medio. 
Espero que podamos sentar estas bases incluso en la práctica. 
– Señor Presidente, al igual que el Sr. Harbour, me gustaría dar las gracias a la Comisión por su aportación tan positiva a la cumbre mundial, y también al mismo Sr. Harbour por haber llevado este asunto con tanto tesón. 
Esta es una iniciativa sumamente importante que apunta justamente al centro del cambio social que está afectando al mundo en estos momentos. 
Esto es así porque el cambio tecnológico llega con algo más: con una enorme transformación de los valores y las normas de nuestra sociedad, así como con una gran transformación de la economía global. 
Por lo tanto, la manera en que solventamos esta cuestión políticamente tiene una importancia vital. 
El enorme abanico de oportunidades y amenazas que plantea la era de la información es demasiado variado como para poder describirlo en los tres minutos que tengo, de forma que presentaré algunos ejemplos de la circunscripción electoral del nordeste de Inglaterra a la que pertenezco. 
Mi región ha cambiado de rumbo en los últimos treinta años. 
Antaño estaba en el vertedero de la Revolución Industrial, pero ahora está dispuesto a sacar partido de la era de la información que estamos cincelando de forma tan rápida pero a la vez tan ambigua. 
Esta era requiere una infraestructura firme, así como capacidad, conocimientos y contenidos sólidos. 
Sin embargo, regiones de la Unión como la mía, por no nombrar las regiones de los países en desarrollo, podrían verse afectadas de forma adversa o perderse sencillamente los beneficios de la era de la información debido a que estos beneficios están distribuidos de forma tan desigual. 
Dado que mi región sufre una gran desventaja en términos educativos y nuestra infraestructura todavía no está a la altura de la labor, todavía nos queda un largo camino por recorrer para ser capaces de sacar provecho. 
Tanto la cumbre como el plan de acción son llamadas de atención a nuestros Gobiernos que cuentan con mi visto bueno. 
El acceso universal, el desarrollo generalizado de la banda ancha y el desarrollo cualificado son fundamentales para el éxito de la transición. 
Pero tenemos que ser conscientes de que, a pesar de que es correcto tener aspiraciones globales, hay mucho trabajo serio por hacer en nuestros propios países. 
Si todos queremos participar en este juego, debemos crear unas reglas equitativas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, el desarrollo de la Sociedad de la Información ha sido el mayor paso adelante que ha hecho el mundo en los últimos diez años. 
Ha revolucionado completamente la gestión, la transferencia y el uso de la información. 
Mientras en el pasado solíamos necesitar miles de páginas de papel impreso y grandes bibliotecas y archivos para almacenar la información, ahora la misma cantidad de información se almacena en sitios en Internet y discos informáticos. 
La transferencia de información implicaba trasladarse a los archivos, copiar documentos y enviarlos por correo. 
Ahora, para encontrar los mismos datos, se puede navegar por Internet desde la propia oficina o estudio. 
Para mandar información había que hacerlo por correo y esperar a que llegara; ahora, el correo electrónico sólo tarda segundos en llegar a cualquier parte del mundo. 
No existen límites para el desarrollo basado en el conocimiento. 
La UE lo ha tomado en cuenta de formas muy distintas, incluyendo el Programa de una Sociedad de la Información para Todos. 
Por esta razón, la estrategia de desarrollo de la UE de convertir nuestro continente en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo es, rotundamente, la correcta. 
A pesar de ello, este desarrollo lleva aunadas unas cuantas condiciones. 
Una Sociedad de la Información debidamente equilibrada no puede desarrollarse si es únicamente dirigida por el mercado. 
La sociedad debe participar en el desarrollo y la construcción de la infraestructura. 
Debemos asegurarnos de que los menos favorecidos, los jóvenes y aquellos que corren el riesgo de exclusión, sean capaces de usar estos servicios. 
En el ámbito regional debemos asegurarnos de que las redes también se extiendan a las zonas periféricas y menos pobladas. 
Debe hacerse un uso adecuado de los Fondos estructurales de la UE. 
Al mismo tiempo, es necesario acabar con los monopolios. 
Los precios de las conexiones a Internet deben ser razonables, lo que se puede conseguir abriendo el último kilómetro de conexión a la competencia real. 
También deberíamos ser capaces de impedir la cartelización y la monopolización del software y de las aplicaciones. 
El abuso es un problema aparte. 
Debe castigarse el envío de correos indeseados y la creación deliberada de desorden y fallos. 
El desarrollo de la Sociedad de la Información proporciona oportunidades magníficas para mejorar el bienestar espiritual, intelectual y material. 
En consecuencia, debe prestarse mayor atención a esta labor. 
– Señor Presidente, el Parlamento Europeo aprobó recientemente el informe de propia iniciativa que yo redacté en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades relativo a lugar que debe ocupar la mujer en la nueva Sociedad de la Información. 
Me satisface en particular que la proclamación hecha en la cumbre de Ginebra incluya la necesidad de promover la igualdad entre los géneros, en otras palabras, la integración de la igualdad entre los géneros en la Sociedad de la Información. 
Sin embargo, la simple adopción de medidas legales y reglamentarias no garantiza el correcto desarrollo de las nuevas tecnologías, porque, como sabemos, los recursos financieros disponibles son muy limitados. 
Lo que tendría que haberse destacado con más énfasis en Ginebra es la necesidad de renovar los códigos de conducta que gobiernan el uso y el desarrollo de la Sociedad de la Información. 
En otras palabras, estamos hablando de democracia digital. 
La participación de las mujeres en esta cuestión puede llegar a ser muy importante, porque las mujeres pueden promover una dimensión ética distinta basada en el sistema de valores distinto que las caracteriza. 
Lamentablemente hasta la fecha, en el debate público sobre el desarrollo y las consecuencias de las nuevas tecnologías, el interés se ha centrado principalmente en las repercusiones económicas, ignorando el análisis que examina las cuestiones democráticas y la dimensión de genero, con el resultado de que las cuestiones tecnológicas se interpretan de forma errónea como «neutras» en materia de democracia y género. 
La falta de acceso a las nuevas tecnologías y el analfabetismo digital se están convirtiendo cada vez más en nuevas formas de exclusión social, a las que las mujeres están más expuestas. 
El informe que elaboré en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades enumera las razones que perpetúan esta situación, como los estereotipos sociales y los prejuicios culturales que limitan las opciones de las mujeres y ponen obstáculos a sus carreras, lo que da lugar a consecuencias adversas de carácter más general para la economía debido al uso irracional de los recursos humanos. 
Lamentablemente, la cumbre no analizó en profundidad las razones sociales que conducen a la perpetuación de este fenómeno. 
Espero que la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información de Naciones Unidas contribuya al debate público sobre cuál es el tipo de Sociedad de la Información que queremos. 
– Me gustaría hacer una precisión: este es un debate sin texto, pero de hecho sí que hay un texto, un texto que trata la cuestión de la segunda fase de la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información, y que presenta el hecho de que vaya a celebrarse en Túnez como una oportunidad, no como una señal del final de la Sociedad de la Información. 
El texto no es el que podría haberse debatido en el pleno, si los grupos así lo hubieran querido, sino que es el texto de una declaración por escrito sobre la necesidad de convertir esta segunda fase de la Cumbre en una oportunidad para promover la libertad y la democracia, una declaración firmada por el Sr. Cohn-Bendit y por mí mismo, e invito a todos los diputados a que la firmen. 
Tomo nota de sus comentarios, señor Cappato. 
El debate queda cerrado.. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
. – La Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra no ha tenido prácticamente repercusión alguna sobre la agenda del Parlamento Europeo, aparte de los intereses internos de un pequeño número de diputados. 
Lamentablemente, a resultas de ello, el Parlamento y, de hecho, las otras instituciones no estaban prácticamente representadas – más allá de las declaraciones oficiales de los Estados miembros y de la Comisión – como participantes activos. 
La evaluación de la Cumbre de Ginebra y las medidas de aplicación subsiguientes ahora deben orientarse hacia la segunda fase de la Cumbre en Túnez que tendrá lugar en noviembre de 2005. 
Por primera vez en una de las conferencias importantes de Naciones Unidas participaron grupos de la sociedad civil, lo que demostró ser muy beneficioso. 
La presentación de iniciativas multifacéticas para superar la fractura digital por parte de los países en vías de desarrollo fue impresionante. 
Sorprendentemente, el Consejo de Ministros ACP elaboró una posición común ACP/UE lista para ser firmada. 
Por lo tanto, finalmente se han echado las bases para la estrategia de aplicación, que yo exigí en mi informe general de 2001, y que debería haberse adoptado mucho antes, y que debe centrarse en los beneficios sociales para todos los sectores de la población. 
Debe incluirse también el derecho a la libertad de opinión. 
La Declaración de Principios y el Plan de Acción deben ser evaluados por la Comisión y el Parlamento de acuerdo con su posibilidad de aplicación. 
Al mismo tiempo, deben resolverse las cuestiones polémicas pendientes antes de la Conferencia de Túnez, como la forma de desarrollar de forma razonable el Fondo de Solidaridad Digital. 
– Deseo informarles que a fecha de hoy, 18 de diciembre de 2003, la mayoría de los diputados al Parlamento han firmado la Declaración por escrito nº 17/2003 presentada por el Sr. Stevenson, el Sr. van de Bos, la Sra. Maes, el Sr. Papayannakis y el Sr. Whitehead, sobre la prohibición de comercializar pieles de perro y de gato y por consiguiente, de conformidad con el apartado 4 del artículo 51 del Reglamento será transmitida a su destinatario y publicada en el Acta de esta sesión, junto con los nombres de los firmantes. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados a esta Cámara que han firmado esta declaración. 
Se trata de tres aspectos distintos: crueldad, fraude a los consumidores y, como se ha descubierto recientemente, toxicidad de estas pieles. 
La mayoría de los Ministros del Consejo han expresado su acuerdo con la prohibición en la reunión de noviembre. 
La mayoría de los diputados a esta Cámara han expresado su acuerdo con la prohibición. 
La mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea quieren la prohibición. 
Ahora corresponde a la Comisión imponer la prohibición. 
Espero que la Comisión preste atención a la voluntad de esta Cámara para apoyar dicha prohibición. 
Para los diputados que deseen sumarse a esta historia con final feliz, la declaración seguirá abierta durante 20 minutos después de esta sesión. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
. – Señor Presidente, antes que nada quisiera aclarar para nuestros colegas de los futuros nuevos Estados miembros que hoy votamos un presupuesto de la UE de 15, lo que significa que las dotaciones que hemos votado para la UE de 10 en nuestra primera lectura se tendrán en cuenta en el Presupuesto Rectificativo. 
Algunas cifras de la UE de 10 han sido modificadas como resultado de la concertación, incluidos los 100 millones de euros más en pagos para el fondo de cohesión, frente a las cantidades propuestas por la Comisión y el Consejo, es decir, la enmienda 335 en el Bloque 1. 
También deseo hacer algunas correcciones y precisiones técnicas. 
En relación con la enmienda 308 sobre la OLAF, la nota 16 debe ajustarse para la votación. 
En lugar de dos puestos temporales A3 para el Comité Supervisor debería decir «dos puestos temporales A7». 
Con respecto a la enmienda 378, relativa a la Acción Preparatoria para apoyar a la sociedad civil en los nuevos Estados miembros, debería haber un concepto «pm» en lugar de «cero». 
Por último, sobre todo, los diputados deberían tener presente que se tendrá que hacer un ajuste técnico de conformidad con el voto, de modo que el Capítulo XX sea coherente con el resultado de la votación teniendo en cuenta los diferentes ámbitos políticos. 
. – Señor Presidente, si se aprueba esta enmienda, debería ir después del apartado 28 y no después del apartado 4, porque este trata de otras instituciones. 
No existe una recomendación específica de la Comisión de Presupuestos sobre este aspecto concreto. 
Personalmente, no me parece problemático. 
Sin embargo, confío en la sabiduría de esta Cámara para que tome una decisión, ya que está muy familiarizada con este asunto. 
Los servicios pueden hacer el ajuste que usted ha recomendado. 
. – Quisiera felicitar y dar las gracias a todos los participantes. 
Sin embargo, necesitamos una declaración del Presidente en ejercicio del Consejo que confirme que el presupuesto es correcto y que el Consejo no tiene objeciones al mismo. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme empezar destacando la constructiva cooperación interinstitucional de la que hemos sido testigos durante el procedimiento presupuestario de 2004. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar de nuevo las gracias a la Comisión y al Parlamento, al Presidente, Sr. Wynn, y también al Sr. Mulder, a la Sra. Gill, al Sr. Böge y al Sr. Colom i Naval –debo mencionarlos a todos– por su constructiva participación. 
También me gustaría dar las gracias a la Comisión y, en particular, a la Sra. Schreyer por hacer una contribución tan importante a este proceso, así como a la Secretaría del Consejo. 
Hemos concluido esta segunda lectura del proyecto de presupuesto para 2004, que históricamente es un año importante porque es el año de la ampliación de la Unión Europea a 25 países. 
Nos sentimos satisfechos de comprobar que su voto a favor ha convertido en realidad el acuerdo interinstitucional, resultante de las reuniones de conciliación de 24 de noviembre de 2003. 
Aunque reconozco que todavía quedan algunas discrepancias sobre la clasificación del gasto – una cuestión en la que el Consejo se reserva sus derechos – me gustaría terminar esta breve intervención de la misma forma en que he empezado, diciendo que hoy es un día histórico, y dando las gracias a todos, instituciones incluidas, por haber hecho posible la conclusión feliz de un día que pasará a los anales de la historia de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, ustedes han concluido con éxito el procedimiento presupuestario para 2004 y me gustaría enfatizar que dicho éxito es resultado de la excelente cooperación entre las instituciones europeas. 
Han hecho los deberes y, desde una perspectiva presupuestaria, los preparativos para la ampliación están ahora completos. 
Permítanme decir lo siguiente: de acuerdo con los resultados del presupuesto de 2004, quienes desconozcan esta materia podrían pensar que los especialistas en presupuestos son capaces de hacer pequeños milagros. 
Sin embargo, esto no es un milagro, sino el resultado de una gran cantidad de trabajo arduo y bien hecho. Este resultado se ha alcanzado gracias a la excepcional Presidencia del Sr. Wynn y al excelente trabajo de los ponentes, en especial del Sr. Mulder y de la Sra. Gill. 
El último presupuesto de este legislatura es una verdadera obra de arte. 
En nombre de la Comisión, ¡muchas gracias! 
Lo mismo digo para los autores de la obra maestra de este año. 
. – Señor Presidente, a mí también me gustaría dar las gracias a todos los que han participado en el procedimiento presupuestario de este año. 
Ya he expresado mi gratitud a la señora Comisaria y a sus funcionarios, y habiendo mencionado ya la excelente cooperación con la Presidencia italiana y, anteriormente, con la Presidencia griega, para finalizar me gustaría expresar abiertamente mi admiración por las cualidades de la Secretaría de la Comisión de Presupuestos de este Parlamento y a su Presidente, quien nos ha guiado en este procedimiento de forma ejemplar. 
. – Señor Presidente, mi intención ha sido garantizar que la Unión Europea, al menos en términos administrativos, esté lista para ponerse manos a la obra cuando se convierta en una Unión de 25 y también tratar de lograr un equilibrio entre el necesario aumento de recursos y, al mismo tiempo, asegurar que el dinero del contribuyente europeo se utilice eficazmente. 
Este presupuesto garantiza esta eficiencia y podemos felicitarnos por haber logrado el malabarismo de financiar la ampliación sin superar el tope presupuestario del título 5. 
Este presupuesto completa básicamente el proceso de presupuestación de la ampliación y es un buen resultado para el contribuyente europeo. 
Para aquellos colegas que no son especialistas en temas presupuestarios, los pagos presupuestados para el año que viene suponen un total de 94 600 millones de euros para la UE de 15 y de 99 700 millones de euros para la UE de 25. 
A la luz de los comentarios hechos por el Consejo y la Comisión, quisiera recordar, particularmente al Consejo, por qué es importante no cuestionar la prerrogativa parlamentaria en la elaboración del presupuesto en la próxima CIG. 
– Señor Presidente, Señorías, este informe demuestra de nuevo que el Parlamento Europeo está dispuesto a comprometerse y es capaz de hacerlo. 
Hemos concluido esta cuestión en segunda lectura. 
Me hubiera gustado que la cooperación, en especial con el Consejo, hubiera sido tan positiva como lo fue en materia comercial. 
En estas negociaciones, el Consejo se mostró un poco menos dispuesto a llegar a un compromiso que en los demás casos. 
A pesar de todo, hemos conseguido un resultado en el que podemos confiar y que podemos aceptar. 
Así que insto a mis compañeros diputados a que voten a favor de las enmiendas del Bloque I; pienso que, aunque uno o dos diputados puedan sentirse incómodos con el resultado del procedimiento de conciliación, este informe resulta en general aceptable. 
(1) 
Tenemos la oportunidad de concluir este informe en primera lectura, es decir, durante la legislatura actual. 
Permítanme comentar brevemente la votación: les insto a que apoyen mis enmiendas, que he presentado en nombre de mi Grupo. 
Me gustaría rechazar las enmiendas sobre la internalización de los costes externos porque no tienen nada que ver con este informe. 
Este informe es técnico, y la internalización de los costes externos se regulará el año que viene cuando nos ocupemos de los sistemas de gastos de infraestructura. 
Los dos asuntos deben tratarse por separado. 
Las enmiendas relativas a la protección del sistema de Londres, es decir, las enmiendas 22 y 44, y también la 41 y la 45, son completamente superfluas, ya que el proyecto de directiva no tiene nada que ver con los sistemas urbanos ni con otras soluciones para islas, y con isla no me estoy refiriendo necesariamente a las islas británicas. 
Permítanme hacer un comentario sobre Galileo. 
Las enmiendas 43 y 48 son idénticas. Ambas quieren alcanzar el mismo objetivo. 
La enmienda 48, que yo presenté, es a mi parecer más apropiada. 
Por lo tanto, les pido que la apoyen. 
Señorías, les ruego que se armen de valor. 
Voten con mi Grupo para que podamos hacer bien las cosas y concluir la cuestión durante esta legislatura. 
– Señor Presidente, no comparto el punto de vista de la Sra. Sommer de que los prerrequisitos para la internalización de los costes externos no deberían ser elaborados en términos técnicos en este informe. 
Si el Grupo del PPE-DE no lo acepta en principio, debería votar en contra, pero no debería usar argumentos técnicos como pretexto. 
Este tema ya se ha debatido. 
Ahora vamos a votar. 
. – Señor Presidente, Señorías, les pido que rechacen la enmienda 5, ya que es la única forma de asegurarnos de que el Reglamento entrará en vigor inmediatamente en primera lectura, estableciendo de este modo una base jurídica para normas futuras a partir del próximo mes de enero. 
Así que, por favor, rechacen la enmienda 5. 
. – Señor Presidente, me gustaría proponer una enmienda oral y modificar la formulación de los puntos 4, 9, 11, 13 y 15 para que en lugar de «esclerosis múltiple» conste «esclerosis múltiple y otras enfermedades similares». 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Estimados colegas, gracias por su cooperación hoy y a lo largo de este año. 
Les deseo a todos felices Navidades. 
Deseo que todos volvamos a trabajar con energía y vigor renovados el año que viene. 
. – Aunque el presupuesto de la UE para 2004 es uno de los más bajos de los últimos años y mientras el gasto de los Fondos estructurales y de la PAC se está recortando, la agresiva «política de defensa y seguridad» y la «reconstrucción» de Iraq están recibiendo fondos generosos. 
Estos fondos se insertan en el marco de las decisiones tomadas por el Consejo Europeo, el cual decidió por unanimidad que «la estabilidad de Iraq es un interés compartido» , enfatizando «el compromiso de la Unión al apoyo en la reconstrucción política y económica del país». 
Sin embargo ¿cómo se puede financiar un país que sufre una ocupación y cómo es que nadie habla de ello? 
Hablando objetivamente, este dinero no irá a parar a la población iraquí, irá a parar a la administración ocupante y a unas cuantas organizaciones «no gubernamentales». 
El dinero se está dando sin haber establecido unas condiciones fundamentales que exijan el fin de los asesinatos de gente inocente y de la destrucción de la infraestructura y el medio ambiente del país. 
En esencia, la invasión de los EE.UU. y de sus aliados está siendo financiada y legalizada. 
Se trata de otro de los ejemplos de la excesiva hipocresνa de la UE. 
We condemn and vote against the funding proposal, which has been tabled solely so that the ΕU has a right to a share in the booty. 
Lo que los iraquíes necesitan es que los conquistadores se marchen, de modo que puedan tomar en sus manos su propio destino. 
. 
Tal y como ha manifestado el ponente, se ha decidido movilizar el instrumento de flexibilidad por cuarto año consecutivo, lo que muestra que las necesidades de la categoría 4 del presupuesto comunitario –acciones exteriores– son sistemáticamente mayores que los límites máximos de las perspectivas financieras. 
Desde el año 2000 han surgido nuevas prioridades derivadas de la necesidad de reconstrucción tras guerras ilegales e injustas en la región de Kosovo, en Serbia y en el Afganistán. 
Además, han aparecido otras prioridades como la reconstrucción de Timor Oriental, la reconversión de la flota pesquera que solía operar en Marruecos, y el Fondo Mundial de Salud. 
Estas prioridades han sido financiadas en detrimento de la política de cooperación y desarrollo para otras regiones del mundo, lo que no es aceptable. 
La historia vuelve a repetirse este año. 
De acuerdo con el Consejo Europeo de Salónica, donde la Comisión propuso que la contribución de la Comunidad a la reconstrucción de Iraq ascendiera a los 200 millones de euros (40 millones en 2003 y 160 millones en 2004) , el acuerdo de concertación prevé una dotación con cargo al instrumento de flexibilidad por un importe de 95 millones de euros. 
El resto deberá obtenerse por medio de recortes financieros en otros ámbitos, a lo que tienen que añadirse 15 millones de euros para la PESC, lo que es totalmente inaceptable. 
En cualquier caso, la financiación que las fuerzas invasoras del Iraq requieren es inaceptable mientras esta ocupación ilegal sea mantenida por las fuerzas angloamericanas. 
,.– (NL) Cualquier persona que haya sufrido una guerra y destrucción tiene derecho a pedir ayuda para la reconstrucción a la relativamente próspera Europa. 
La decisión de ir a la guerra en Iraq no fue, por fortuna, idea de la UE, pero eso no debería impedirnos contribuir de forma solidaria una vez que esa guerra ha terminado. 
El problema es que esta guerra todavía no ha terminado por completo; todavía hay tropas extranjeras en territorio iraquí, no existe ningún gobierno legítimo y cada día los ataques de la oposición contra los ocupantes se cobra víctimas. 
De hecho, Iraq es un protectorado norteamericano, y parece que va a seguir siéndolo en un futuro próximo. 
Por mucho que estemos satisfechos por la captura de Saddam Hussein, ello no significa que la paz esté en camino. 
En la medida en que esta ocupación continúe, la responsabilidad de la recuperación y la reconstrucción recae en los norteamericanos. 
Europa no debería ceder a las demandas de ser siempre quien paga con el fin de que la industria europea pueda participar en la recuperación. 
Por lo tanto, no abogo por el pago inmediato de estos 200 millones de euros, sino que estoy a favor de una cantidad mayor a largo plazo. 
Además, esto no debería suceder a expensas de la ayuda para el desarrollo de los países más pobres, como es el caso de la propuesta actual. 
Por estas dos razones pienso votar en contra. 
Yo he votado a favor del informe porque creo que la Unión Europea debería superar la escisión sufrida a raíz del inicio de la última guerra en Iraq y debería unirse en vista de la necesidad de establecer las condiciones para que surja un Iraq libre y democrático de los escombros de la brutal dictadura de Saddam Hussein. 
En este sentido, me gustaría recordar los momentos en que este Parlamento fue incapaz de adoptar posición alguna respecto a la crisis de Iraq. 
Las dificultades reales de las que yo avisé en este Parlamento en aquella época todavía siguen vigentes, como el llamamiento que yo hice entonces para un diálogo serio, respetuoso y honesto entre iguales. 
En vista de los acontecimientos más recientes que han tenido lugar en Iraq, es obvio que su rehabilitación y reconstrucción deben ser prioridades para toda la comunidad internacional. 
Así que creo que esta propuesta contribuye a establecer una posición responsable de la Unión sobre este tema tan importante, y le proporciona los medios que se consideran necesarios para asumir nuestras responsabilidades. 
.– Porque el presupuesto presentado es –a imagen de las políticas europeas actuales, con las que no estoy de acuerdo– un presupuesto que ilustra perfectamente las razones de la crisis en que se encuentra hoy Europa, he votado en contra. 
Con esto no pretendo poner en duda el trabajo realizado por los diputados de la Comisión de Presupuestos. 
. 
Hay dos elementos que caracterizan el presupuesto para 2004: 
-será el presupuesto del ingreso a la UE de diez nuevos países con rentas per cápita que ascienden aproximadamente al 40% de la media comunitaria. 
Podríamos presenciar un aumento de las desigualdades dentro de la UE, así como mayores necesidades en el campo de la cohesión económica y social; 
-a la inversa, será el presupuesto más bajo de la Comunidad desde el año 1987 en términos relativos, o sea, el 0,98 % de la RNB de la Comunidad, menos de 100.000 millones de euros, cuando podría llegar al 1,06 % de la RNB de la Comunidad. 
No es casual que el tamaño del presupuesto haya venido disminuyendo desde 1997. 
Este presupuesto no solo financia de forma insuficiente la ampliación en detrimento de la cohesión económica y social, sino que también da una clara señal de alarma sobre el futuro marco financiero de la Comunidad. 
Es lamentable que el Parlamento Europeo haya aceptado tomar este camino al aprobar en el procedimiento actual un crecimiento de los créditos de pago de sólo el 2,3 %, lo que penalizará la ejecución, una reducción en los créditos de pago para los Fondos Estructurales, un paquete financiero para los programas de codecisión que se queda corto frente a lo que realmente se necesita, y la financiación de la reconstrucción de Iraq en detrimento de la cooperación y el desarrollo de otras regiones del mundo. 
Por eso, he votado en contra del presupuesto. 
. – El pasado 28 de abril, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural organizó, a petición mía y de mi colega, el Sr. Souchet, una audiencia sobre los problemas experimentados por el sector apícola en Europa. 
Las alarmantes conclusiones de esta audiencia condujeron a la Comisión de Agricultura a designar al Sr. Souchet y a mí misma coponentes de esta resolución de iniciativa. 
La resolución fue un éxito; fue aprobada por una gran mayoría en el pleno en el mes de octubre pasado y denuncia las graves dificultades registradas por los apicultores europeos. 
Paralelamente, me propuse como cuestión de honor seguir la evolución del presupuesto 2004. 
Así, cuando se consultó a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, propuse duplicar el presupuesto propuesto de 16,5 millones a 30 millones de euros. 
En efecto, en 2004 llegan nuevos países que son grandes productores de miel y que padecen problemas similares. 
Y dado que el importe de la dotación de la «ayuda a la apicultura» está estancado desde hace varios años, pensé con razón que si había que aumentar esta línea presupuestaria sería este año o nunca. 
Lamentablemente, como la Comisión de Presupuestos debía seguir un plan drástico, solo nos concedió 20 millones de euros (es decir, 3,5 millones más). 
¡Vale! 
De todos modos estábamos satisfechos, ya que son pocas las líneas presupuestarias que han aumentado. 
. – El presupuesto de la política agrícola común es un presupuesto engañoso. 
Su aumento en cifras brutas se debe, en la mitad, al importante aumento de las sumas dedicadas al desarrollo rural. 
Pero la agricultura europea no debería necesitar estos remedios. 
Debería poder vivir de la venta de sus productos. 
Habría que alentar francamente los productos de calidad: ¿qué son 500 000 euros para estudiar las posibilidades de creación de etiquetas de calidad europeas? 
¿Por qué la ayuda a los jóvenes agricultores ha quedado finalmente amputada con respecto al proyecto de presupuesto inicial, cuando esos jóvenes son el futuro de nuestra agricultura? 
Desde hace años disminuye sin cesar la parte del presupuesto agrícola en el presupuesto europeo. 
Hoy, la Unión Europea no utiliza todo el margen de maniobra de que dispone para financiar una verdadera política agrícola, que permita responder a este nuevo desafío que es la ampliación. 
Por ello, mi Grupo y yo votaremos en contra de este informe. 
Yo he votado a favor del proyecto del Parlamento Europeo para el presupuesto general de la UE para 2004. 
Aunque incluye compromisos por un valor total de 200 millones de euros para el periodo 2003-2004 para la rehabilitación y reconstrucción de Iraq, el presupuesto está limitado en términos generales, llegando a la cifra final de aproximadamente el 1% del total estimado del PIB de los Estados miembros para 2004. 
También es importante que el Parlamento mantenga la presión sobre la Comisión de forma constante para mejorar el control y la información. 
Deben tomarse medidas para combatir las estafas y el fraude. 
Es importante, y una cuestión de urgencia, que exista un vínculo más claro entre la agricultura y el medio ambiente. 
El ajuste de la política agrícola común debe incluir, por ejemplo, inversiones para aumentar la calidad de los alimentos y la lucha contra las enfermedades animales, un parecer que comparte el Parlamento. 
Los demócratas cristianos también creen que deberían suprimirse gradualmente las subvenciones para el cultivo de tabaco, así como las subvenciones a la exportación que distorsionan los precios en el mercado mundial y son injustos para los países en desarrollo. 
Sólo puedo decir que es lamentable que estas propuestas no hayan recibido el apoyo del Parlamento. 
En calidad de Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, mi compañero, el Sr. Wijkman, ha hecho campaña con éxito a favor de que la política de desarrollo de la UE se oriente principalmente hacia la consecución de los llamados objetivos del Milenio en materia de desarrollo, sobre todo en relación con la lucha contra la pobreza. 
El Parlamento ha adoptado esta posición, así como textos que figuran en el presupuesto de ayuda que tienen por objetivo basar la política de desarrollo en resultados. 
. – La delegación del CPNT (Caza, Pesca, Naturaleza y Tradición) en el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias deplora, como justamente ha destacado mi colega la Sra. Mathieu, que el presupuesto de la PAC no esté a la altura de las necesidades del mundo agrícola, y ello responde tanto a los intereses del público de disponer de una producción de calidad como a los intereses de la planificación regional. 
Los fondos asignados a las acciones estructurales se utilizan mal o se infrautilizan, y confirman las carencias y los vicios de esta política gestionada por Bruselas. 
Estos fenómenos se ven agravados por una ampliación mal pensada, que penalizará a los Estados miembros actuales sin responder a las necesidades de los nuevos miembros. 
Paralelamente, los gastos de funcionamiento de la burocracia (personal e inmuebles) registran un aumento notable. 
Además, el ejercicio 2004 demuestra una vez más que una serie de asociaciones y organizaciones, acordes con los puntos de vista de la Comisión sobre el futuro de la Unión Europea, o más concretamente con las perspectivas de una política como la de medio ambiente, se benefician cada ejercicio de subvenciones directas o mediante programas concebidos a propósito. 
Estas prácticas no están a salvo de derivas y hacen que cada euro adicional del presupuesto europeo pueda convertirse en una fuente de preocupación para la Comisión de Control Presupuestario. 
Por todas estas razones, el presupuesto para 2004 no responde a las prioridades de los diputados del EDD/CPNT, que en efecto han votado en contra. 
. – El título del informe es explícito: «Informe sobre las futuras necesidades presupuestarias para las acciones exteriores». 
Es hoy ya la tercera partida presupuestaria para unos resultados cuando menos decepcionantes. 
Pedir más dinero en un contexto presupuestario difícil para nuestros Estados miembros equivale a sacrificar otras políticas y sectores de actividad, que el Parlamento se guarda mucho de designar. 
Esta actitud no es responsable. 
Lo es tanto menos cuanto que en materia de política exterior la Unión Europea no existe políticamente y sigue condenada a conciliar las posiciones de los Estados miembros, algunos de los cuales expresan abiertamente una solidaridad sin fisuras con las posiciones norteamericanas, por ejemplo... 
Las respuestas son, pues, eminentemente políticas y proceden de los Estados miembros. 
No pueden venir de la creación de un Ministerio europeo de Asuntos Exteriores, aunque se le dote de importantes medios financieros, como parece creer la Cámara. 
La delegación del EDD/CPNT, al oponerse a este informe, recuerda que la política exterior, menos aún que cualquier otra, no puede hacerse mediante una armonización sobre la base de promedios y tampoco puede construirse a golpe de millones de los que no disponemos. 
. 
Este informe tiene la virtud de reconocer que el financiamiento de la categoría 4 (Medidas exteriores) ha demostrado ser insuficiente en las perspectivas financieras actuales. 
La solución presupuestaria que propone, que incluye la redistribución dentro de este título, y entre éste y otros títulos, como los Fondos estructurales, no es, sin embargo, enteramente aceptable, en particular porque las prioridades para las medidas exteriores son, al final, casi exclusivamente la política exterior y de seguridad común (PESC) y la política europea de seguridad y defensa (PESD) , en detrimento de la política de cooperación y desarrollo, que casi queda olvidada en este informe. 
La idea básica que domina aquí es la de una Unión Europea que se ha transformado en un bloque político y militar que apoya la estrategia presentada por el Alto Representante de la PESC, junto con el proyecto de Constitución para Europa surgido de la Convención Europea. 
Nosotros rechazamos esta idea. El ponente apoya la comunitarización de la PESC, el refuerzo de sus mecanismos operativos y su financiación, la creación de una fuerza de intervención rápida (el ejército europeo) , la financiación de equipos de defensa dentro de la PESD, y la creación de un ministerio de asuntos exteriores de la UE para reforzar la presencia de la UE en el mundo y su capacidad de respuesta en la lucha contra el terrorismo y las distintas amenazas militares. 
Por ello, hemos votado en contra de este informe. 
.– Los miembros del VVD, Partido del Pueblo Neerlandés para la Libertad y la Democracia, se abstuvieron en la votación del informe Podestà. 
Podemos apoyar lo esencial del informe, pero tenemos reservas en cuanto a las frases que se refieren a la financiación de acciones futuras. 
La delegación del VVD cree que es innecesario recurrir a los márgenes contemplados en las perspectivas financieras, en otras palabras, a nuestros recursos propios, si no es absolutamente necesario. 
– Señor Presidente, me gustaría informar a sus Señorías que están abandonando la sala que yo he votado en contra del informe Costa. 
Lo hice por voluntad propia, porque apreté el botón equivocado. 
Estoy absolutamente convencido de que este compromiso no es un compromiso firme. 
El hecho de que aquellos que se vieron afectados sintieran que era mejor permitir una batalla campal que alcanzar este compromiso habla por sí solo: en la práctica, una batalla campal es mejor que este compromiso. 
Espero que, durante las debates sobre la Directiva relativa a los peajes de las próximas semanas y meses, buscaremos los canales y usaremos las oportunidades disponibles para establecer garantías para la salud de las comunidades locales en zonas conflictivas, como los valles estrechos, que son necesarias para cumplir con las normas actuales. 
Por lo tanto, pido al Parlamento que preste asistencia y apoyo a la Directiva sobre peajes. 
Aunque no hemos podido escucharlos claramente, quedará constancia en acta de sus comentarios. 
Espero que podamos tratar el tema de las euroviñetas alguna vez en la vida de este Parlamento. 
. – El asunto de las molestias ocasionadas por los camiones que atraviesan Austria es significativo de la carencia de una política por parte de las instituciones europeas, que la sustituyen por medidas «temporales». 
En efecto, las instituciones europeas, al igual que los Estados nacionales, son incapaces de elaborar una estrategia a largo plazo para el transporte de mercancías que favorezca en particular el transporte combinado por tren y carretera. 
El resultado es que el desarrollo del comercio intraeuropeo provoca molestias crecientes en los países de tránsito, como Austria. 
En lugar de encarar el problema, se implanta así un complicado sistema de ecopuntos, contingentes y sanciones administrativas. 
Hemos votado en contra de este texto y queremos destacar que su implantación no hace más que alimentar los conciliábulos y los regateos, pero no pone fin en absoluto a los perjuicios para la población y para el medio ambiente. 
,.– Un pequeño Estado miembro es objeto de una medida que la opinión pública de ese país ha rechazado de plano por unanimidad. 
En este país, la impresión que se tiene ahora es que la adhesión y la toma de decisiones democrática de la UE sobre el medio en el que viven ya no es tan compatible. 
La arrogancia de los países grandes y sus intereses en el comercio y el transporte han sido el factor decisivo en este denominado compromiso en tercera lectura. 
Para Alemania e Italia, Austria sólo es una barrera molesta para sus actividades comerciales entre ellos dos, a la que está completamente subordinado el impacto sobre la calidad de vida en los valles alpinos. 
Esta es la forma de actuar si uno quiere provocar el odio de la UE. 
Probablemente Austria no se hubiera convertido en un miembro de la Unión Europea sin los compromisos que se le dieron a su ingreso para limitar de punta a punta el tráfico de mercancías en las carreteras. 
No espero que Austria renuncie ahora, pero no la culpo de ninguna manera por hacer caso omiso de la decisión que se va a tomar ahora. 
Desde que comenzó este conflicto, he apoyado a los representantes austríacos en este Parlamento, el 4 de septiembre de 2001 y el 12 de febrero de 2003 para ser exacto, frente a la total ignorancia por parte de la mayoría. 
Hoy, vuelvo a unirme a ellos para votar en contra. 
La propuesta presentada tiene por objeto reducir el impacto medioambiental negativo debido al tráfico de vehículos pesados de transporte de mercancías que circulan a través de Austria, debido a la particular situación geográfica y medioambiental de esta región. 
Se sancionará a los vehículos que utilizan 6, 7 u 8 puntos (camiones de la categoría EURO 2). 
En Austria, se prohibirá la circulación de los camiones con una elevada contaminación (categorías EURO 0 y 1) , mientras que a los que contaminen menos (categorías EURO 3 y 4) se les permitirá el paso libre. 
La propuesta implica prolongar un sistema de ecopuntos que actualmente se encuentra vigente y, como tal, he votado a favor. 
También coincido con el acuerdo de extender el sistema de ecopuntos a los países que se adherirán a partir del mes de mayo de 2004. 
. – En lecturas anteriores votamos a favor de este informe. 
En efecto, se proponía aumentar de forma significativa las garantías ofrecidas a los usuarios del transporte aéreo, aunque, como ya hemos destacado, se esforzara por proteger los intereses de las compañías aéreas. 
Sin embargo, en el curso de las conciliaciones y otros arreglos, no dejaron de reducirse las ventajas concedidas a los pasajeros en beneficio de las compañías. 
Sin duda, estas ventajas no han desparecido por completo, y únicamente por no obstaculizarlas, no hemos votado en contra de este informe. 
Pero, como no queremos avalar los sucesivos retrocesos de este texto frente a los intereses de las compañías aéreas, hemos optado por abstenernos en la votación final. 
. Los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe Lisi, pero con una serie de importantes reservas sobre la posición final adoptada por el Parlamento y el Consejo. 
Nuestra preocupación se ha centrado en que los niveles de compensación no se hacen depender del coste de los billetes, lo cual podría tener graves implicaciones para las compañías de bajo precio, y, más importante todavía, la eliminación de la cláusula de fuerza mayor obliga a las compañías aéreas a responder del pago de compensaciones en circunstancias que realmente escapan a su control. 
Sin embargo, dado que esta medida aumenta la protección otorgada a los consumidores y proporciona un incentivo para que las compañías aéreas mejoren su desempeño con respecto a los servicios que proporcionan a los consumidores, los diputados conservadores han pensado que esta era una razón convincente para apoyar la medida a pesar de las reservas antes mencionadas. 
. Si bien estoy de acuerdo en que es necesario proteger a los pasajeros, he votado en contra del informe Lisi por una serie de preocupaciones graves centradas en torno a los artículos 5 y 6 del texto final que el Parlamento y el Consejo han aprobado. 
En el proyecto final del artículo 6 relativo a «retrasos» , la exclusión de «circunstancias extraordinarias» supone una carga financiera inaceptable para el transportista. 
Las situaciones que están fuera del control de una compañía aérea no pueden preverse. 
Por ello la inclusión del reembolso completo y del vuelo de vuelta al primer punto de partida es totalmente inaceptable. 
Además resulta muy poco realista sugerir que las compañías aéreas podrán obtener compensaciones de proveedores terceros. 
Con relación al apartado 3 del artículo 5 sobre cancelaciones, solamente se aplica en caso de compensación, pero no de transporte alternativo. 
La Comisión no ha facilitado una evaluación del impacto financiero. 
Costes extras estimados en 1 000 millones de libras esterlinas para las compañías aéreas no beneficiarán a los pasajeros, sino que los penalizarán al aumentar el precio de los billetes y reducir la libertad de elección. 
Ninguna de estas normas se aplicará a las compañías aéreas que vuelan hacia la UE, y más bien afectarán a la competencia. 
. 
Felicito al Sr. Lisi por el informe excelente que ha elaborado sobre el texto conjunto aprobado por la Comisión de Conciliación para un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se establezcan normas comunes relativas a un sistema de compensación y asistencia a los pasajeros por negación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos, y que deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91, lo cual respaldo, en particular en lo que se refiere a la garantía de protección de los derechos de los pasajeros en caso de retrasos o anulaciones de los vuelos. 
En virtud de las normas así establecidas, los transportistas estarán obligados en todo momento a prestar asistencia inmediata a los pasajeros en caso de retraso o de anulación de vuelos y, por lo tanto, a los ciudadanos les será más fácil hacer prevalecer sus derechos. 
. 
Las ventajas que la liberalización del transporte aéreo, en particular la caída considerable de las tarifas, ha aportado a los usuarios no deben distraernos de las cuestiones relacionadas con los retrasos y las anulaciones de vuelos. 
Las soluciones indicadas con respecto al sistema de indemnización económica en caso de una sobrecontratación o de anulación de vuelos, el reembolso por retrasos, el sistema de la responsabilidad del transportista y la asistencia al pasajero en caso de anulaciones de vuelos son satisfactorias y protegen los diversos intereses involucrados, en particular los de los pasajeros. 
Debido a esta evaluación positiva, he votado a favor de la propuesta de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, firmada por el Sr. Lisi. 
Elogio el trabajo del ponente por haber encontrado una solución a un problema cada vez más común, puesto que considera que las compañías aéreas que operan en la Unión Europea asumen la responsabilidad en caso de producirse situaciones anómalas como las que se han descrito anteriormente. 
De hecho, la caída de los precios y el considerable incremento resultante del número de pasajeros, tanto a consecuencia de la liberalización del transporte aéreo como del desarrollo del sector en los últimos años, ha dado lugar a que cada vez con más frecuencia se produzcan situaciones en las que se infringen los derechos de los pasajeros. 
En este contexto, esta propuesta sugiere que en casos de exceso de reservas, grandes retrasos y anulación de vuelos, se deberá reembolsar o indemnizar a los usuarios por todo perjuicio causado, dependiendo de la situación. 
El acuerdo también estipula que se preste asistencia en el aeropuerto o el hotel, según corresponda. 
Es necesario reforzar los derechos de los pasajeros aéreos, y de hecho, la comisión responsable aprobó por unanimidad las propuestas del ponente. 
Por último, acojo con satisfacción la intención de la Comisión Europea de extender estas disposiciones a otros medios de transporte, y destaco que la base de esta regulación protegerá los derechos de todo tipo de pasajeros. 
. – Nadie puede decir, por supuesto, que está en contra del ahorro energético o de las energías renovables. 
Sin embargo, con el propósito de promover lo que podría ser un progreso, el informe hace hincapié también en la apertura del sector a la competencia y en las garantías a los inversores privados. 
Todo esto para pedir a los Estados miembros y al servicio público de distribución de electricidad que asuman los sobrecostes de la aplicación de las nuevas tecnologías. Y ello en espera de entregarlas totalmente al sector privado, si la operación resulta rentable desde el punto de vista capitalista. 
Si bien somos favorables al progreso, en este ámbito como en los demás, nos hemos abstenido. 
. 
El simple hecho de que esta recomendación para una segunda lectura tenga como objetivo proporcionar los medios para el verdadero desarrollo de la cogeneración, que se espera que aporte una mayor eficiencia energética y mejore la seguridad del suministro, me ha llevado a apoyar este informe, aunque entiendo que la Comunidad y los Estados miembros adoptarán los objetivos vinculantes y se establecerá un calendario más ajustado para la transposición de la directiva correspondiente, lo que puede causar dificultades a algunos Estados miembros. 
Acojo con satisfacción la perseverancia del ponente (quien ha contado con el respaldo unánime de la comisión) al invitar al Consejo a que se comprometa a un debate constructivo y fructífero tras ver que se ha rechazado un gran número de enmiendas en primera lectura. 
Creo que es necesario estimular este debate, en concreto, con vistas a que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de esta solución energética, teniendo en cuenta sus efectos medioambientales positivos. 
En realidad, esta recomendación de segunda lectura tiene por objeto proporcionar el medio para un verdadero desarrollo de la cogeneración, que se prevé aumente la eficiencia energética –con los ahorros resultantes– y mejore la seguridad del suministro. 
Por consiguiente, estas ventajas tienen que llevar a que la Unión Europea realice una evaluación y preste un apoyo especial a esta actividad. 
Sin prejuicio del cumplimiento más estricto del principio de subsidiariedad, tal y como requiere la situación, creo que podemos establecer objetivos más ambiciosos y un calendario más adecuado mediante la promoción constructiva de plataformas para su acuerdo con el Consejo, tal como se sugiere aquí. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos deseo anunciar que apoyamos la resolución aprobada sobre la CIG y lo tomamos como un llamamiento a la Presidencia irlandesa para avanzar. 
No es un tema en el que podamos esperar indefinidamente. 
Es necesario que la Conferencia Intergubernamental vuelva al terreno de juego. 
Nos hemos centrado en la Presidencia irlandesa porque la pelota está actualmente es su campo. 
Pero volveremos sobre ello el año que viene y examinaremos con lupa en qué ámbitos ha habido progreso. 
Si hay, en opinión del Parlamento, y por supuesto en opinión de mi Grupo, un progreso insuficiente, buscaremos adoptar otra resolución, que detalle posibles iniciativas que este Parlamento deberá adoptar en conjunción con los Parlamentos nacionales y también consecuencias para nuestra propia actividad parlamentaria, porque no podemos seguir como si nada. 
La CIG debe llegar a una conclusión. 
Necesitamos la Constitución Europea; no podemos dejar que sigan mandando balones afuera durante meses y años. 
Las cosas no pueden seguir así indefinidamente: debemos resolver este tema. 
– Señor Presidente, los representantes socialistas de la comunidad francesa de Bélgica y otros diputados me han pedido que justifique su voto negativo. 
El Parlamento no se honra al seguir defendiendo ciegamente un proyecto de Constitución que no colma en nada el déficit democrático que denunciamos desde hace más de diez años, y que se destaca por varias carencias flagrantes, empezando por el ámbito social y la falta de gobernanza del euro. 
El Parlamento no se honra tampoco al callar, en contra de la evidencia, que la Convención ha resultado dramáticamente incapaz de lograr un consenso duradero, y no más al ocultar la responsabilidad de la Comisión y de su Presidente, que ocultaron su oposición en el momento del consenso para revelarla mejor después, cuando habían decidido guardar silencio sobre el Tratado de Niza. 
Consideramos, por otra parte, que el Parlamento haría mejor en denunciar la aparición de un G 6 europeo, cuya torpe intervención no hace más que complicar un debate de por sí difícil. 
Por último, como otros, esperamos mucho de la Presidencia italiana, pero consideramos que un Parlamento hace el ridículo pidiendo lo imposible. 
. – Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la resolución debido a que, a diferencia del Parlamento Europeo, los trabajadores no tienen ningún motivo para lamentar el fracaso de la Conferencia Intergubernamental sobre la «Constitución Europea». 
Si bien el fracaso fue debido, principalmente, a diferencias internas sobre la distribución de poder, desde un punto de vista objetivo, brinda nuevas oportunidades para que evolucione la reacción popular en toda la UE contra la monstruosidad del nuevo Tratado. 
Por lo demás, la Conferencia Intergubernamental de Bruselas volvió a confirmar las evaluaciones del Partido Comunista de Grecia de que el debate está lejos de los intereses populares, dado que nadie pone en entredicho ni la introducción del neoliberalismo ni la promoción de la UE a policía adjunta de los Estados Unidos o el ataque de los derechos democráticos y las libertades. 
. – La Resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre los resultados del Consejo de Bruselas y el bloqueo (definitivo o provisional) de la Constitución europea pone en entredicho una vez más el método de trabajo de las conferencias intergubernamentales, y alaba «la eficacia de la Convención europea». 
Sin embargo, hay que recordar de nuevo que la Convención propuso una Constitución supranacional mediante el acuerdo interno del núcleo duro federalista, pero que no se puede llamar a esto «eficacia» , desde el momento en que dicho acuerdo no respondía ni a la voluntad del conjunto de los Estados miembros ni probablemente a la de los pueblos. 
En efecto, no olvidemos que si la Presidencia francesa prefirió hacer fracasar la negociación con el argumento falaz de «mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo» , fue sobre todo porque temía enfrentarse a un referendo negativo (a pesar de los torrentes de propaganda y de sondeos sesgados que pretendían, y siguen pretendiendo, que los pueblos desean la Europa supranacional). 
Sin embargo, la Resolución del Parlamento Europeo tiene razón en un punto: es extraño que una semana después del Consejo de Bruselas todavía no hayamos conseguido saber exactamente en qué estaban de acuerdo los Gobiernos y en qué divergían. 
. –A diferencia de la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, no puedo lamentar el fracaso del Sr. Berlusconi y del Consejo con respecto a la Conferencia Intergubernamental y el proyecto de Constitución europea. 
Aunque las razones de este fracaso no son las mismas que aquellas por las cuales habría rechazado personalmente el proyecto presentado por el Sr. Giscard d ' Estaing, pienso que la crisis actual solo puede ser saludable. 
Espero que haga tomar conciencia de que Europa necesita un nuevo proyecto y una nueva inspiración social de los ciudadanos a favor de una Europa diferente. 
. 
De todas las conclusiones principales de la Cumbre de Bruselas creo que he de destacar la adopción de la estrategia de defensa europea y la declaración sobre las relaciones transatlánticas, que el Parlamento comparte y acoge con satisfacción, pero que nosotros rechazamos. 
Estos dos documentos –quizás adoptados creyendo que la CIG llegaría a su conclusión, y en un momento en que los Estados Unidos excluía a algunos de sus socios del «negocio» del Iraq– muestran claramente las ambiciones de las fuerzas que dominan la Unión Europea: las grandes potencias y los grandes negocios. 
Para los Estados Unidos son un llamamiento a un compromiso de una asociación «equilibrada» , que busca la acción conjunta y el uso de todos los medios posibles, y muestra la determinación de la Unión Europea de consolidar sus capacidades con la intención de compartir la ambición de la dominación del mundo junto con los Estados Unidos. 
La llamada estrategia de «defensa» marca la pauta, cuando estipula que la primera línea de defensa tiene que situarse a menudo en el extranjero, que tenemos que estar preparados para crisis preventivas, que hemos de desarrollar una cultura estratégica que promueva una intervención anticipada, rápida y, en caso necesario, enérgica, que tenemos que ser capaces de mantener varias operaciones simultáneamente, y que al actuar juntos, la Unión Europea y los Estados Unidos pueden ser una fuerza extraordinaria en el mundo. 
Esto es militarismo puro, y es por esto por lo que hemos votado en contra. 
. 
El fracaso de la Cumbre de Bruselas con respecto a los resultados de la CIG fue positivo. 
Sin embargo, es lamentable que el Parlamento no haya aprendido la lección y continúe respaldando la llamada «Constitución europea» mediante esta resolución apoyada por la derecha, los Social-Demócratas y los Verdes. 
Lo que ocurre es que esta vez las contradicciones en torno a la división de poder entre los países «más grandes» han sido más evidentes en la CIG, lo que ha llevado al fracaso del intento de acuerdo para imponer un proyecto antidemocrático, neoliberal y militarista, en un contexto en que las rivalidades interimperialistas, en particular con los Estados Unidos, no son desconocidas. 
Mientras tanto, al ser demasiado pronto para juzgar cómo y cuándo se volverá a poner en marcha el proceso, el chantaje en torno a la futura perspectiva financiera gana fuerza, con la exigencia de seis países de un umbral anual inaceptable del 1% del PNB comunitario. 
Por nuestra parte, continuaremos la tan necesaria revelación de los verdaderos objetivos y peligros asociados a la inaceptable «Constitución Europea» , que implica graves consecuencias para los trabajadores y para Portugal. 
Seguiremos luchando por una Europa de cooperación entre Estados soberanos e iguales, cuyo objetivo es la mejora del nivel de vida de los trabajadores y de la población, y la paz y la solidaridad con todos los pueblos del mundo, un camino que sirva efectivamente a los intereses de Portugal. 
. – La Conferencia Intergubernamental (CIG) se cerró con un fracaso sobre la Constitución. 
Pero ¿quién se quejará de la falta de acuerdo sobre un texto que constitucionaliza el liberalismo y el militarismo? 
Ciertamente, no los ciudadanos de Europa, a los que la Convención dejó fuera del proceso constituyente desde el comienzo. 
Ciertamente, no los movimientos sociales y sindicales, que los eurócratas manipularon desde el principio, para no tener en cuenta al final sus aportaciones sobre los derechos sociales y democráticos. 
El fracaso de la CIG no es resultado de divergencias sobre el proyecto europeo, sino sobre una oscura historia de votación por mayoría cualificada. 
¡Incomprensible e irrisorio! 
Hace falta una ruptura. 
Hay que construir la Europa política, pero no puede hacerse sin los ciudadanos y en contra de ellos. 
Habría que comenzar por redefinir un proyecto europeo que rompiera con los dictados de los mercados. 
Esta Europa sería más ventajosa desde el punto de vista social y democrático. 
Debería darse prioridad a la democracia, a los derechos sociales, a los servicios públicos y a la paz. 
Esa es la otra Europa que hemos trazado con otros en el Foro Social Europeo de París. 
Porque estamos a favor de esa otra Europa, rechazamos esta Resolución común presentada por los conservadores, los liberales, los socialdemócratas y los Verdes. 
– ¿Alguien pensaba seriamente que el Consejo Europeo aceptaría sin modificarlo –como exigían los dictados del Parlamento– el proyecto de «Constitución europea» elaborado por la Convención? 
Seguro que nadie. 
Sin embargo, cegados por utopías de otra época, los federalistas no se replantean su postura en absoluto. 
Como dignos émulos del malogrado Lyssenko, hasta buscan culpables que asuman en su lugar la responsabilidad del fracaso de la CIG. 
Como muestran las primeras represalias contra los beneficiarios del presupuesto, los miembros de la Convención, furiosos, quieren ahora que rueden cabezas. 
Este fracaso no se puede achacar ni a la Presidencia italiana ni a la actitud de ciertos Estados –que han defendido valientemente sus intereses–; simplemente, es el resultado de esta Convención y de su extraña Constitución. 
Este proyecto estaba condenado de antemano porque es radicalmente contrario a la realidad política europea, que sigue estando determinada fundamentalmente por la existencia de personas y naciones. 
Al rechazar un reparto del poder calcado del modelo federal, España y Polonia han prestado un gran servicio a Europa. 
Estos dos países han dicho finalmente bien alto lo que otros muchos pensaban por lo bajo, a saber, que la vieja Europa de Jean Monnet heredada del reparto de Yalta está obsoleta. 
. 
Todas las partes interesadas son conscientes de las posiciones que he mantenido públicamente con respecto al proceso de revisión del Tratado, el trabajo de la Convención y el alcance legal y político de las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental. 
Están debidamente expuestas en este proyecto de resolución y también en el proyecto de resolución que mi propio Grupo ha presentado en la Cumbre de los Jefes de Estado o de Gobierno en la CIG. 
Son las mismas razones que, por otro lado, me llevan a que me oponga a la resolución de compromiso que los partidos del centro de este Parlamento presentaron sobre el mismo tema. 
En realidad, todavía creo que la Unión Europea es una Unión de Estados y que es su responsabilidad tomar una decisión final sobre este asunto. No compete al Parlamento Europeo probar formas de presión política que pudieran acelerar la aprobación de un acuerdo insatisfactorio, ni permitir amenazas veladas sobre la emergencia de una Europa de velocidad variable, introduciendo nuevamente tensiones innecesarias en un proceso que requiere madurez, responsabilidad y sentido común en las políticas difíciles a adoptar. 
Por desgracia, existe una mayoría en esta Asamblea que no aprende. 
Rehusando con terquedad enfrentarse a los hechos, crea crisis que nadie entre la población siente realmente y, al promover una ilusión, provoca la decepción y siembra la frustración. 
No fue el método de la CIG el que fracasó y la Convención la que tuvo éxito. 
Todo lo contrario. 
El método de la Convención ha demostrado sus limitaciones y su falsedad fundamental: el tan alardeado «consenso» nunca ha existido. 
Es un grave error insistir en que la Presidencia irlandesa tiene que actuar ahora con la prontitud que ha provocado el revés de Bruselas. 
Necesitamos tiempo y tenemos que llevar a cabo una nueva evaluación en profundidad y en calma para no volver a cometer las mismas equivocaciones o encaminarnos hacia otro fracaso 
Durante todo el año he citado una frase de la famosa Declaración Schuman: «No se va a construir Europa de golpe, o de acuerdo con un plan único. 
Se construirá mediante logros concretos que primero crean una solidaridad» Esto es lo que ha ocurrido: no se ha aprobado la Constitución, ya que Europa «no se va a construir de golpe, o de acuerdo con un plan único» , pero se ha lanzado la importante Iniciativa para el Crecimiento, ya que Europa «se construirá mediante logros concretos que primero crean una solidaridad.» 
Fue el espíritu fundador de Robert Schuman lo que sopló en la Cumbre de Bruselas. 
Sin embargo, apoyo el párrafo que intenta aclarar los puntos del acuerdo. 
. – Tras su paso ante los Jefes de Estado y de Gobierno, el proyecto de Giscard parece estar bloqueado. 
La delegación de (CPNT, Caza, Pesca, Naturaleza y Tradición) en el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias (EDD) espera que haya llegado la hora de que primen las personas y la democracia. 
La proximidad de las elecciones y la fuerte presión a favor de los referendos que pesaban sobre el proyecto de Constitución han influido sobremanera en el resultado del Consejo Europeo de Bruselas. 
Tanto si ha sido un paso calculado como un repentino ataque de sabiduría por parte de nuestros Jefes de Estado, nuestra delegación puede sentirse satisfecha de que las certezas hayan sido cuestionadas ante el riesgo de rechazo popular en varios países. 
Este rechazo no se limitaría a la cuestión de la ponderación de los votos de España o Polonia, sino que habría sacudido también los fundamentos del proyecto. 
Como recordó el CPNT al inicio de los debates, ni el proyecto de Giscard ni ningún parche de última hora podían dar pie a buenas políticas basadas en el principio de la democracia. 
Hay que pasar página y volver a encarrilar la construcción europea; el Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2003 ha puesto punto final a una larga deriva. 
Los seis próximos meses deben ser la ocasión de escuchar atentamente a los ciudadanos. 
La delegación del CPNT en el Grupo EDD no comparte, pues, la opinión de la mayoría, y se ha pronunciado en contra de la Resolución común. 
.– Los jefes de Gobierno han fracasado. 
En este Parlamento Europeo pedimos ahora que la Presidencia irlandesa presente en enero de 2004 un plan de acción concreto para completar la Constitución antes del mes de mayo de 2004. 
Llegados a este punto, quiero decir que si esto no ocurre, una mayor ampliación de más de Diez está fuera de lugar hasta que se establezca la Constitución. 
Las perspectivas financieras se examinarán con extremado escepticismo y la legislación (tras la primera lectura) se recibirá con fuertes protestas. 
Esta Asamblea no quiere que se siga como si «aquí no ha pasado nada» , incluso si tenemos que apelar a la Convención, a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo para que se ayuden los unos a los otros a emprender acciones. 
Por lo tanto, pido encarecidamente a los ciudadanos que apoyen «su» Constitución y presionen a sus gobiernos. 
. – Hemos votado en contra de este texto y las enmiendas en su conjunto. 
En efecto, somos contrarios a cualquier forma de peaje, que representa una discriminación económica y, además, sólo sirve para engordar las arcas de las empresas implicadas y a los gigantes de la construcción y las obras públicas. 
. – He votado en contra del informe Sommer porque la propuesta de implantar un sistema europeo de telepeaje va demasiado lejos. 
El objetivo, recogido en el Libro Blanco, de luchar contra la congestión del tráfico vial podría alcanzarse por otros medios. 
El telepeaje europeo no constituye una prioridad en este ámbito. 
Por ejemplo, sería más razonable reducir el tráfico de mercancías alentando el transporte combinado por tren y carretera. 
La adaptación de las infraestructuras de los Estados miembros para la implantación de este sistema generaría unos costes desproporcionados que se repercutirían una vez más en los usuarios. 
Los sistemas actuales de peaje funcionan relativamente bien, y no es urgente implantar este sistema. 
En nombre del principio de subsidiariedad, la elección de optar por tal o cual sistema de peaje y por la tecnología pertinente debería dejarse a la discreción de los Estados miembros. 
. 
Estamos de acuerdo con la posición que quiere aplazar la creación del sistema europeo de telepeaje hasta el 1 de enero de 2007 y recomienda que la meta de la directiva sea la de asegurar la interoperabilidad general de los diversos sistemas. El 31 de diciembre de 2009, la Comisión tendrá que presentar un estudio sobre la diseminación e interoperabilidad de las diversas tecnologías y un análisis de costes y beneficios. 
Sobre esta base, se podrá entonces presentar una propuesta para una estrategia de migración. 
El objetivo de la Comisión al presentar esta propuesta es crear un servicio europeo de telepeaje en el conjunto de la red de carreteras de peaje, puesto que la existencia de diferentes sistemas de peaje nacionales, incompatibles entre ellos, crea problemas en el tráfico internacional, en especial a los vehículos pesados de transporte de mercancías, que necesitan tener diferentes contratos y diferentes cabinas, y para el funcionamiento adecuado del mercado interior. 
En resumen, el objetivo es un único contrato por cliente, una única cabina por vehículo. 
Sin embargo, la Comisión intenta imponer un sistema que todavía debe ponerse a prueba. 
Asimismo, todavía quedan por resolver otros aspectos, como el proceso de transferir peajes cobrados en un Estado miembro a un contrato subscrito en otro Estado miembro. Intenta forzar a los operadores a que garanticen la interoperabilidad en 2005 sobre la base de tres tecnologías, y seguidamente adoptar un sistema único. 
Es una posición que rechazamos. 
,.– En su momento, la abolición, no hace mucho, de peajes de carretera vigentes desde hacía siglos, se consideró que era una modernización necesaria en nombre de la libertad de movimiento. 
Entretanto, la red de carreteras ha crecido enormemente. 
Los costes de instalación y mantenimiento de carreteras cada vez más anchas y libres de encrucijadas se están volviendo prohibitivos para poder pagarlos con el dinero de los contribuyentes sin la necesidad de acudir a enormes aumentos fiscales o sin recortes en otras prestaciones del Estado. 
Sin peajes en las carreteras, el conductor del automóvil se encuentra en una situación de ventaja con respecto al usuario del tren, y se da un trato de favor en las carreteras al transporte de mercancías mucho menos respetuoso con el medio ambiente. 
Debido a ello, a pesar de todo se están volviendo a introducir los viejos peajes de carretera, dotados con nueva tecnología electrónica. 
La Comisión ha dado la impresión de querer utilizar esta recaudación de los peajes como un medio para realzar la interferencia de la UE y promover sus proyectos. 
¿Acaso se trata de establecer un servicio central de peaje, fomentando las nuevas tecnologías a expensas de la tecnología existente y encontrar una nueva justificación para Galileo, un prestigioso proyecto engullidor de dinero? 
¿O bien de lo que se trata es de eliminar las irritaciones que provocan los largos tiempos de espera para los pagos en metálico, sobre la necesidad de abarrotar todos los automóviles con dispositivos de registro electrónico y sobre tener que pagar continuamente facturas de los diferentes Estados miembros? 
Una mayoría de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha cambiado el tono de la propuesta substituyendo la palabra interferencia por soluciones prácticas. 
Apoyo este cambio. 
Estoy ampliamente de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea. 
Si existe un capítulo en el que Portugal ha realizado verdaderos progresos sobre cuestiones europeas, éste es el relativo a la integración de las tarifas de peaje, introduciendo la «Vía Verde» [Green Route] , que ha demostrado ser el sistema más efectivo, práctico y adecuado de Europa. 
Ciertamente, la integración de las tarifas de peaje en toda la Unión Europea hará la vida más fácil para los ciudadanos europeos, en particular para los profesionales del transporte y también representa un paso considerable hacia la profundización del mercado interior. 
Estoy plenamente de acuerdo con las ideas expuestas por el ponente sobre la necesidad –sin perjuicio del concepto de interoperabilidad, que se recomienda y apoya– de no pasar por alto el cumplimiento del principio de subsidiariedad con respecto a las opciones técnicas de cada país, lo que tendría consecuencias financieras inevitables. 
También estoy de acuerdo con las recomendaciones de prudencia en la adopción conjunta de nuevas tecnologías; han de existir realmente y demostrar tener un valor para los usuarios y que la necesidad de su introducción no distorsione las normas del mercado ni su funcionamiento. 
He votado a favor de esta propuesta para extender el reglamento en cuestión. 
Comparto la evaluación del ponente sobre la propuesta de la Comisión Europea. 
En particular, acojo con satisfacción la idea de extender el reglamento a las organizaciones locales de los países en vías de desarrollo, como las organizaciones culturales, las fundaciones políticas, las asociaciones de medios de comunicación, las organizaciones de consumidores, las universidades o incluso las autoridades municipales. 
Existe lo que llamamos «el alma» de la sociedad y, por consiguiente, tienen que ser los principales arquitectos del proceso de desarrollo en sus países, regiones, ciudades y pueblos. 
Con este fin y en consonancia con sus compromisos históricos, la UE tiene que promover y apoyar esta forma de cooperación descentralizada. 
Puede que también tengamos que considerar un incremento gradual de esta forma de cooperación; si su aplicación está sujeta a un control de calidad riguroso, podría convertirse en una forma preferida de cooperación y ayuda al desarrollo. 
Deploro la intolerancia que han demostrado algunos de la izquierda al exigir que la palabra «iglesias» se substituya por «organizaciones religiosas o filosóficas» , que, en el contexto de los debates actuales sobre el texto del Tratado, es por supuesto una frase neutral. 
Por lo tanto, he votado a favor de la enmienda nº 10, que rectifica este punto, y acojo con satisfacción que se haya adoptado en el Pleno por amplia mayoría. 
. 
Acogemos con satisfacción el contenido de este informe, que busca fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación para el desarrollo y, por lo tanto, hemos votado a favor. 
El amplio objetivo expuesto en la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea es combatir la pobreza y, finalmente, erradicarla. 
Sin embargo, para combatir la pobreza efectivamente hay que prestar un mayor apoyo práctico y hay que promover otras políticas para la cooperación y el comercio justo. También tenemos que luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y para que las mujeres desempeñen un papel más importante en la esfera política. 
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se estableció una agenda clara por primera vez sobre el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
En la Unión Europea esto ha dado lugar al Reglamento (CE) nº 2836/98 del Consejo sobre la integración de las cuestiones de género en la cooperación para el desarrollo. 
En 2001, se aprobó un programa de acción sobre la integración de la perspectiva de la igualdad de género en la cooperación comunitaria para el desarrollo, pero expira en 2006. 
Esto sirve de base legal para la línea presupuestaria B7-6220 (21.02.06) – «Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de la cooperación para el desarrollo». 
Expira el 31 de diciembre de 2003, y deberá ser substituida por esta propuesta, que la Comisión presentó con mucho retraso. 
. 
Felicito a la Sra. Zrihen Zaari por el informe excelente que ha redactado sobre la propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de la cooperación para el desarrollo, cuyas propuestas de enmiendas apoyo plenamente. 
En este contexto, quiero expresar mi especial apoyo para el establecimiento de un texto regulador que no contiene una lista exhaustiva de proyectos que han de respaldarse y que proporciona un verdadero incentivo para emprender acciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación para el desarrollo. 
También quiero poner énfasis en la importancia de dar apoyo a la recogida y divulgación de estadísticas en este ámbito, ya que a menos que se recojan correctamente las estadísticas, se deteriorará todo el proceso de analizarlas y a menos que se divulguen debidamente, la sociedad no tendrá la imagen completa. 
Los aspectos más importantes de la cooperación para el desarrollo son los de financiar medidas para combatir la pobreza y la enfermedad y encontrar soluciones a los problemas de educación al tiempo que se establece una cultura de salvaguarda de los derechos humanos fundamentales. 
Estoy plenamente a favor de adoptar medidas que puedan ayudar a conseguir estos objetivos de ayuda a los miembros más pobres de la sociedad y, puesto que creo que las sugerencias del ponente pueden contribuir a conseguir estos objetivos, he apoyado este informe. 
Sin embargo, he de expresar algunas preocupaciones que, me temo, no se han considerado debidamente. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta las terribles disparidades entre las realidades a las que se enfrentan los países en vías de desarrollo y las de los nuestros. 
En las sociedades donde la lucha principal es la supervivencia, no hemos de atenuar de ningún modo estos objetivos fundamentales. 
Por otra parte, tenemos que definir claramente qué es lo que entendemos por «salud sexual y reproductiva» para asegurar que el significado subyacente en esta preocupación razonable no se distorsiona y transforma en un sinónimo para el desarrollo de programas internacionales que fomentan el aborto, que tendré que rechazar categóricamente. 
Siempre debe estipularse que «salud sexual y reproductiva» significa prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida, y garantizando condiciones decentes para las mujeres en el embarazo, el parto y el cuidado postnatal. 
. 
El Quinto Protocolo de Pesca entre la Comunidad Europea y Costa de Marfil expiró el 30 de junio. 
Con esta propuesta, la Comisión pretende prorrogar un año más el protocolo actual, lo que merece nuestro apoyo. 
Sin embargo, comparto la opinión del ponente de que la Comisión tiene que consultar al Parlamento Europeo, en lugar de presentarnos un hecho consumado, y un retraso de más de tres meses está totalmente injustificado. 
La ampliación de este protocolo brindará oportunidades de pesca a 71 buques de la flota comunitaria, en particular a los atuneros cerqueros, incluyendo a cinco palangreros de superficie portugueses, así como dará un plazo de tiempo razonable para las negociaciones sobre la renovación de este acuerdo. 
Este acuerdo ha sido ventajoso para ambas partes y demuestra claramente la importancia de los acuerdos de pesca internacionales, no solo para las flotas comunitarias sino también para el desarrollo local. 
Aunque en los últimos años las capturas de atún han estado ligeramente por debajo del tonelaje de referencia, el valor de las capturas sobrepasa el coste del protocolo, que ha sido beneficioso para la Comunidad desde el punto de vista económico. 
Asimismo, el acuerdo ha contribuido al desarrollo local. 
El puerto de Abiyán es la base principal de atún del África occidental, y el pescado descargado refuerza la industria conservera local. 
,.– La cada vez mayor y que va a peor escasez de pescado en los mares europeos da lugar a que la firma de acuerdos con las antiguas colonias europeas de África sean una propuesta atractiva. 
La Unión Europea paga a estos países pobres para brindar a buques pesqueros modernos europeos la oportunidad de retirar grandes cantidades de pescado en los mares adyacentes. 
Aunque se trata de una fuente de ingresos bien recibida por estos países a corto plazo, no se trata de una solución a largo plazo, y dificulta el desarrollo de una industria pesquera moderna a nivel local. 
Cuando estos países sean capaces de poner en marcha este tipo de industrias pesqueras, estos mares también habrán sido vaciados por pescadores de países lejanos. 
Al margen de mi crítica general sobre este tipo de acuerdos de pesca neocoloniales, en esta ocasión tengo otra objeción. 
Costa de Marfil, que solía ser un país relativamente rico gracias a las exportaciones de cacao, se ha partido en dos debido a una guerra civil. 
La animosidad entre grupos étnicos nos da pocos motivos para esperar que se llegue a un acuerdo de paz. 
La reunificación y un gobierno que pueda ejercer la autoridad efectivamente son perspectivas improbables. 
Tal como sucede en situaciones de guerra, esto da lugar a que se puedan saquear las poblaciones de peces en las aguas costeras más de lo que se había acordado. 
Por lo tanto, apoyo la enmienda de suspender el acuerdo hasta que la guerra civil termine. 
Un rechazo de esta enmienda es la causa de mi voto en contra. 
Es importante que mantengamos el acuerdo de pesca, no solo por su importancia para las flotas pesqueras que operan al amparo de este acuerdo sino también como una señal de la confianza de la Unión Europea en el proceso de estabilización política de Costa de Marfil. 
La propuesta de la Comisión contiene una petición de ampliar el acuerdo que rige las relaciones pesqueras entre la Unión Europea y Costa de Marfil, durante un periodo de un año, entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004, en consonancia con las disposiciones previstas en el protocolo vigente desde el punto de vista tanto de la compensación económica como de las oportunidades de pesca. 
Esta ampliación posibilitaría que los armadores llevaran a cabo sus actividades sin interrupción y la Comisión dispondría de más tiempo para negociar y renovar este acuerdo. 
Respaldo las recomendaciones del ponente a la Comisión que son coherentes con la evaluación del estado de las poblaciones, y con el nivel real de actividad de las flotas comunitarias, para evitar obtener concesiones que los armadores no necesitan realmente. 
También pido a la Comisión que en lo sucesivo sea puntual al presentar las propuestas que quiere que adopte el Parlamento. 
.– En la Cumbre de Bruselas no hubo nada original si se compara con las cumbres anteriores con respecto al carácter popular de sus decisiones. 
Mencionaremos en concreto el nuevo paso que se ha dado hacia la subyugación a los planes imperialistas de los Estados Unidos con el texto adoptado sobre las posiciones transatlánticas, el posterior proceso de la política de «seguridad» agresiva en el segundo documento de Solana, mejorado y procesado si se compara con el que se presentó en Salónica, y la prontitud en enviar el «ejército europeo» a Bosnia y Herzegovina. 
Por enésima vez, felicitaron al Gobierno turco por sus «reformas» y reiteraron la lista de objetivos políticos para la resolución del problema de Chipre, sin atreverse a cerrar la puerta de adhesión a Chipre si no se cumple. 
Observamos además que el ataque a los derechos democráticos se ha intensificado, con la cooperación policial y judicial, la gestión de las fronteras comunes y la confirmación y especialización de la decisión de Salónica de introducir elementos biométricos en los pasaportes. 
En el sector económico, confirman su regalo a los monopolios en forma de redes transeuropeas y prometen mejorar la competitividad, intensificar las reformas antilaboralistas e incrementar la «adaptabilidad» de compañías y trabajadores. 
La resolución del Parlamento Europeo, a pesar de balbucear unas pocas reservas sobre los elementos biométricos, acoge plenamente con satisfacción las decisiones del Consejo e incluso llega a lamentar que la mayoría de los Estados miembros no haya transpuesto la «orden de arresto europea» a la legislación nacional. 
. – El Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 12 y 13 de diciembre marcó el fin de la última Presidencia completa antes de las elecciones europeas y abrió un período de «final de mandato» para el Parlamento y la Comisión. 
Este final de mandato parece caracterizado por un ahogo de las instituciones a causa del bloqueo del proyecto constitucional –véase al respecto mi explicación de voto sobre los resultados de la Conferencia Intergubernamental–, de la no recuperación de las riendas por parte de la Comisión, sacudida por escándalos sucesivos –véase al respecto mi explicación de voto sobre el programa de trabajo 2004 de la Comisión–, pero también de dos conclusiones muy reveladoras del Consejo de Bruselas. 
En primer lugar, la decisión de anunciar un programa «urgente» de grandes obras sin que alcance a comprender cómo se financiará. 
Después, la preocupación motivada por la ausencia prácticamente total de seguimiento, en los Estados miembros, de la estrategia de Lisboa, inicialmente destinada a reforzar la competitividad de la economía europea. 
Da la impresión de que el sistema europeo funciona en vacío, y que los Estados miembros apenas tienen más objetivos que la visibilidad. 
¿No es un inevitable tiro por la culata, consecuencia de una voluntad desmedida de hacerlo todo y dominarlo todo? 
Todas las partes interesadas conocen las posiciones que he mantenido públicamente con respecto al proceso de revisión del Tratado, el trabajo de la Convención y el alcance legal y político de las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental. 
Están debidamente expuestas en este proyecto de resolución y también en el proyecto de resolución que mi Grupo ha presentado en la Cumbre de los Jefes de Estado o de Gobierno que se celebró bajo los auspicios de la CIG. 
Son estas mismas razones las que, sin embargo, me han llevado a oponerme a la resolución de compromiso que los principales partidos de este Parlamento presentaron sobre esta cuestión. 
En realidad, todavía creo que la Unión Europea es una Unión de Estados, que son estos Estados los que tienen que tomar la decisión final en este ámbito y que el Parlamento Europeo no tiene derecho de practicar formas de presión política que podrían precipitar la aprobación de un acuerdo insatisfactorio, o permitir que se hicieran amenazas veladas acerca de la emergencia de una Europa de varias velocidades, introduciendo nuevamente tensiones innecesarias en un proceso que requiere madurez, responsabilidad y sentido común en las decisiones políticas difíciles y sensibles que hay que tomar. 
Aunque he votado a favor de este documento, quiero subrayar que la reciente reunión del Consejo Europeo en Bruselas no ha sido un fracaso. 
Ha sido un éxito, de hecho un éxito doble: no ha habido acuerdo en torno a la temeraira fantasía constitucional; y además ha introducido la Iniciativa de Crecimiento. 
De aquí a 2010 habremos movilizado inversiones por importe de varios millones de euros en proyectos de verdadera armonización, cohesión y crecimiento: redes transeuropeas (transportes, telecomunicaciones y energía) , así como innovación, investigación y desarrollo. 
¡Esto sí que es de verdad integrar a Europa! 
Como declaré en otra explicación de voto sobre la CIG, en esta doble decisión se detecta la influencia del espíritu fundador del propio Robert Schuman: «No se va a construir Europa de golpe, o de acuerdo con un plan único. Se construirá mediante logros concretos que primero crean una solidaridad.» 
Por eso mismo, es muy deplorable y eso hemos de rechazarlo firmemente– que tras la Cumbre de Bruselas, Alemania y Francia – ¡siempre los mismos! acompañadas lamentablemente, esta vez, por el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos y Austria, han ejercido una presión intolerable para limitar el Presupuesto de la UE de 2004 al 1% of PIB. 
Esta actitud ignora todos los desarrollos en curso, daña a Europa y la divide. Además, traiciona a Schuman y el espíritu europeo. 
También acojo con agrado la inclusión del apartado 49 sobre Cuba y Oswaldo Payá, fruto de mi propuesta en el texto original de la UEN. 
Deseo expresar mi satisfacción por el hecho de que la enmienda 5 del el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha sido rechazada (por 229 votos, con 209 a favor y 22 abstenciones). 
Criticaba a la Presidencia italiana por no haber presionado a favor del Sexto Programa Marco de Investigación que debe adoptarse en relación con la investigación con células madre embionarias. 
En Estados miembros como Alemania, Austria, Portugal e Irlanda, es ilegal, y en el caso de Irlanda incluso anticonstitucional, realizar investigaciones con embriones humanos. 
Por ello es sumamente positivo, y entra dentro del espíritu de la sana idea europea, que una mayoría del Parlamento Europeo muestre respeto por la legislación de estos países y no olbigue a sus contribuyentes a financiar una actividad ilegal. 
Los esfuerzos de la Presidencia italiana en el Consejo con respecto a esta cuestión, por tanto, no puede ser criticada del modo en que trata de hacerlo el Grupo del PSE. 
Al contrario, sus esfuerzos pueden considerarse loables y merecen respeto. 
. – Esta Resolución común contiene muchos «buenos sentimientos» hipócritas en materia de derechos humanos, y el habitual cinismo diplomático-comercial de las grandes potencias. 
¿Que China no respeta los derechos humanos? 
No, claro que no, como decenas y decenas de Estados y de dictaduras innobles a los que la Unión Europea ha vendido, vende y venderá armas para que opriman a sus ciudadanos o la emprendan con sus vecinos y para enriquecer a los traficantes de armas occidentales. 
Desde el Iraq de Sadam Husein, armado por Francia, el Reino Unido, Alemania, Rusia y los Estados Unidos, hasta Israel, pasando por las dictaduras de América Latina, Asia, África y otros lugares, jamás un embargo ha detenido a las empresas de armamento, en particular a las europeas. 
Eluden fácilmente los embargos –en China como en otros lugares– porque cuentan con la complicidad de los Gobiernos europeos. 
. – Apoyo plenamente las conclusiones del informe Graefe zu Baringdorf, así como las de mi colega, el Sr. Souchet, en su intervención de ayer, sobre la coexistencia de cultivos OMG y no OMG. 
Es un problema fundamental, que no tenemos derecho a ignorar concediendo de inmediato autorizaciones de cultivo y comercialización de OMG, como habría querido la Comisión. 
Primero hay que estudiar cuidadosamente los riesgos de contaminación de los cultivos tradicionales, que el 70% por lo menos de los consumidores quieren preservar. 
Después, hay que establecer (si es posible) unas normas de coexistencia prudentes, y hacer que las empresas beneficiarias de las autorizaciones sean las que asuman las responsabilidades y los costes de introducción de los OMG. 
Por último, hay que prever garantías financieras para cubrir esas responsabilidades. 
Ahora bien, nada de esto se ha aclarado. 
Por ello, es indignante ver que la Comisión está dispuesta a dar autorizaciones con el pretexto de la subsidiariedad, trasladando a los Estados la tarea casi imposible de establecer unas normas de coexistencia, y prohibiendo a esos mismos Estados declarar determinadas áreas regionales exentas de OMG (Decisión de 2 de septiembre de 2003 de la Comisión contra Austria). 
Este expediente se ha enfocado con un intolerable desprecio hacia los ciudadanos. 
. – El ponente propone separar rigurosamente cultivos tradicionales y cultivos OMG. 
Manifiesta una firme opinión preconcebida, puesto que él mismo practica la denominada agricultura biológica. 
No obstante, la separación que propone presenta al menos la ventaja de que deja la elección a los consumidores. 
No hay ninguna necesidad de compartir su actitud anticientífica, que consiste en hacer decir a la ciencia lo que no dice, para aprobar una delimitación que permite reservar a la investigación en el sector de los OMG un ámbito de experimentación y comprobación, al mismo tiempo que se toma la precaución de no mezclar cadenas de producción. 
El principio de cautela es oportuno, no tanto con respecto a los investigadores como a los grandes grupos capitalistas –en este caso concreto, productores de semillas y gigantes del sector agroalimentario– para los cuales los avances científicos son un medio de aumentar los beneficios. 
Y allí donde prima el beneficio, siempre puede prevalecer la irresponsabilidad, con consecuencias desastrosas para los seres humanos y la naturaleza. 
. – Estoy satisfecho con la positiva acogida que el Parlamento ha dado al informe Graefe zu Baringdorf, pero sorprendido por el voto de algunos diputados, en particular franceses, favorables a la diseminación de nuevas variedades de OMG antes de la adopción de unas normas vinculantes sobre la coexistencia. 
Sí, la ambición de las empresas de semillas que han dedicado importantes inversiones a la investigación y la puesta a punto de variedades modificadas genéticamente es con toda lógica obtener en el plazo más breve posible el máximo retorno de la inversión. 
Tienden así, como es natural, a dar crédito a la idea de la generalización ineluctable de una nueva generación de semillas, llamada a sustituir rápidamente a la semillas mejoradas sin modificación genética, como si se tratara de un fenómeno análogo a la sustitución de la tracción animal por la tracción mecánica. 
Un vuelco como este hacia la uniformización de las semillas –OMG para todo– y la consiguiente desaparición de la agricultura tradicional y biológica pondría en peligro la diversidad agrícola de los territorios europeos y, por tanto, la especificidad de lo que se produce. 
La lucha por la diversidad agrícola, por la pluralidad efectiva y duradera de estos sectores es, pues, parte integrante y esencial de la lucha por la diversidad cultural. 
Los Moderados nos oponemos a un desarrollo en el que el Parlamento Europeo tenga puntos de vista relativos al modo en que se tratan las enfermedades graves en los Estados miembros. 
La política sanitaria no entra dentro de las competencias de la UE. 
Pedimos a los diputados de la Comisión de Peticiones que se centren en asuntos que entren dentro del ámbito de competencia de la Unión Europea. 
El principio de subsidiariedad tiene que respetarse plenamente. 
En última instancia, los pacientes y sus familias han de poder influir considerablemente en la elección de la asistencia sanitaria y sus profesionales. 
Finalmente, estos últimos son responsables de la asistencia y tratamiento que dan, pero tienen que orientar a los pacientes y exponer las posibles alternativas. 
Los derechos y la influencia de los pacientes también pueden reforzarse si pueden optar por cambiar de médico cuando la relación es insatisfactoria o existe una falta de confianza. 
Esta forma de garantizar la asistencia y tratamiento óptimos del paciente está diametralmente opuesta a la interferencia por parte del Parlamento Europeo en las cuestiones sanitarias a nivel individual. 
. 
Tras una reclamación efectuada a la Comisión de Peticiones relativa a la disparidad en el tratamiento de los Estados miembros de la Unión Europea para personas a quienes se les ha diagnosticado esclerosis múltiple, hoy el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión que desglose un debate sobre las cuestiones planteadas en este informe en una próxima reunión de los ministros de Sanidad de la Unión Europea, con vistas a desarrollar un «Código de Mejores Prácticas» que todos los Estados miembros deberían seguir y que pone un gran énfasis en la cooperación internacional en el ámbito de la investigación para combatir esta enfermedad. 
Otro punto muy interesante que el ponente ha abordado es el del tratamiento psicológico de la esclerosis múltiple, enfermedad que, dado que por lo general afecta a personas jóvenes en un momento en que sus vidas deberían ser más productivas, tienen que hacer frente a un futuro incierto, tanto desde el punto de vista social como profesional. 
Por los motivos que acabo de citar y dado que creo que esta enfermedad merece un mayor reconocimiento por parte de las autoridades públicas, que tienen que demostrar que están comprometidas en hallar soluciones efectivas a los problemas con los que se enfrentan las personas afectadas, he aprobado el informe con mi voto incondicional. 
También he recibido una respuesta decepcionante por parte de la Comisión Europea sobre la sensible cuestión sanitaria, cuando pregunté sobre la posibilidad de introducir una carta europea para los niños hospitalizados. 
Se trata de una cuestión espinosa: el principio de subsidiariedad sólo se puede cuestionar mediante una revisión de los Tratados. 
Todo aumento de los derechos y responsabilidades que la Unión Europea quiera imponer a los Estados miembros tiene que estar acompañado con un incremento de los recursos comunitarios asignados, lo que plantea cuestiones y problemas que no son nada fáciles de resolver y que son bastante graves. 
Dicho esto, la Unión Europea tiene que presentar instrumentos apropiados para promover una mayor protección de las personas con menores recursos y más necesitadas. 
Existen maneras de conseguirlo que no implican hacer caso omiso de la subsidiariedad. 
Sería difícil explicar por qué las lámparas tienen que estar homologadas y por qué elaboramos iniciativas y legislación sobre el asunto cuando, al mismo tiempo, estamos demasiado ocupados para cuidar a nuestros ciudadanos. 
Y lo que es peor, esta necesidad se percibe con mucha más fuerza en la infancia, en la enfermedad y en la vejez. 
El Comisario Byrne ha vuelto a informar a un colega diputado de que la Comisión es sensible a «una mayor interacción entre los sistemas sanitarios». 
Esta es precisamente la Europa que los ciudadanos quieren ver: una Europa con o sin Constitución pero que tenga corazón de verdad. 
Una Europa que promueva las «mejores prácticas» , empezando por responder a las mayores necesidades de los ciudadanos. 
He dado mi apoyo a esta propuesta equilibrada y adecuada, con la esperanza de que pueda representar un punto de inflexión. 
El Pleno ha hablado. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(4) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre las catástrofes del sur de Francia y de las regiones "Languedoc-Roussillon" y "Provence-Alpes-Côte d ' Azur". 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión desea expresar ante todo su solidaridad con los ciudadanos afectados por las inundaciones recientemente acaecidas en varias regiones del sur de Francia. 
Lamentablemente, mi colega, el Sr. Barnier, no ha podido venir hoy a Estrasburgo. 
Como saben, la cuestión de las catástrofes naturales fue ampliamente debatida aquí mismo, el 1 de septiembre, al término de un verano canicular. 
En los últimos años, la Comisión ha trabajado activamente en la cuestión de las catástrofes naturales en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo. 
Ante catástrofes cuyo ritmo parece acelerarse, dos palabras clave fundamentan las acciones de la Comisión: reparación y prevención. 
Por lo que se refiere a la reparación, es una cuestión de solidaridad. 
Tras las inundaciones del verano de 2002 en Austria, en la República Checa y en Alemania, la Comisión, a iniciativa del Sr. Barnier, propuso la creación del Fondo de Solidaridad. 
Gracias al apoyo de esta Cámara y del Consejo, este nuevo instrumento funciona desde hace un año y, desde su creación, se ha solicitado su movilización en 14 ocasiones y ha sido efectiva en 8 casos. 
En la actualidad, la Comisión no dispone todavía de información suficiente sobre las recientes inundaciones del sur de Francia para decir si se podrá movilizar el Fondo. 
En todo caso, solo podemos actuar previa solicitud oficial de las autoridades nacionales francesas. 
Si recibimos dicha solicitud, la examinaremos lo más rápidamente posible. 
Estén seguros de que tendremos en cuenta la situación del sur de Francia en el balance que hagamos con ocasión de la Conferencia que la Comisión Europea organizará el 5 de marzo de 2004, cuyo objetivo es, en efecto, hacer balance de la utilización del Fondo de Solidaridad en varias regiones de Europa. 
Debo indicarles asimismo que las regiones de Languedoc-Rosellón y Provenza Alpes-Costa Azul disfrutan ya de una importante ayuda de la Unión Europea a través del objetivo nº 2 de los Fondos Estructurales. 
Para el período 2000-2006, dicha ayuda asciende a 316 millones de euros para Languedoc-Rosellón y 340 millones para Provenza Alpes-Costa Azul. 
Con ocasión de las inundaciones que afectaron a estas regiones en el mes de septiembre de 2002, se previeron medidas específicas para reparar las pérdidas sufridas. 
La revisión intermedia ofrece la posibilidad de hacer nuevamente hincapié en acciones de prevención o de reparación. 
En la hipótesis probable de que las regiones afectadas se beneficien de la asignación de la reserva de resultados y en el supuesto de un buen resultado de los programas considerados, esto podría representar en torno a un 4% más por encima de su dotación, es decir, 10,8 millones de euros para el Languedoc-Rosellón y 12,3 millones de euros para Provenza Alpes-Costa Azul. 
El reparto será propuesto a la Comisión por el Estado francés antes del próximo 31 de diciembre. 
Podrán financiarse medidas importantes en el contexto del desarrollo regional. 
Permítanme ahora pasar a la segunda palabra clave: en efecto, no debemos contentarnos con reparar, también debemos dar prioridad a la prevención. 
Estas catástrofes naturales plantean la cuestión fundamental del cambio climático y su prevención, para la cual es necesaria la investigación. 
Estén seguros de mi compromiso en este ámbito, así como el de la Sra. Wallström y el de la Comisión en su conjunto. 
Como el Sr. Barnier ha tenido ocasión de decir recientemente ante la Comisión de Política Regional, tiene la intención de proponer la inclusión de una línea de «prevención de los riesgos naturales» en cada programa de los Fondos Estructurales para el próximo período de programación. 
En la misma óptica, el tercer informe sobre la cohesión económica y social, que será adoptado por la Comisión a principios del año que viene, propondrá que la prevención de los riesgos forme parte de los objetivos de los Fondos Estructurales en el próximo período de programación, después de 2006. 
Además, la Comisión reflexiona sobre una intensificación de la coordinación europea en materia de protección civil, incluso mediante la creación de una fuerza europea común de protección civil, una idea a la que el Sr. Barnier tiene especial apego y en la que trabaja en estrecha colaboración con la Sra. Wallström. 
Esta nueva iniciativa, prevista para comienzos del año próximo, debería basarse en las estructuras existentes, dotándolas de medios adecuados para intervenir rápida y puntualmente en caso de catástrofe, independientemente de la naturaleza de la misma. 
– Señor Presidente, señor Comisario, calles inundadas, casas invadidas por el barro, redes deterioradas, poblaciones desesperadas: ¿estamos condenados acaso a habituarnos a estas imágenes de catástrofe que por desgracia se repiten cada año? 
La gravedad de estas inundaciones, lamentablemente repetitivas, nos afecta profundamente. 
Quisiera reiterar aquí a todas las víctimas nuestra profunda simpatía, pero también expresar nuestro reconocimiento a los servicios de protección civil y a los voluntarios, que han demostrado una extraordinaria entrega. 
No podemos sino felicitar a los servicios de socorro y de ayuda mutua europea por su buena coordinación, que verdaderamente ha sido eficaz. 
Por otra parte, nuestro Parlamento también se mostró muy activo a este respecto para pedir que se activara la ayuda mutua. 
Una vez más, en esta Cámara tenemos que hablar de catástrofes naturales, cuyas consecuencias sin embargo podrían contenerse mejor. 
Sanear temporalmente, restablecer de inmediato las infraestructuras, alojar provisionalmente, todo esto es solo labor de reparación. 
Ahora bien, sabemos que la reparación es mucho más cara que la prevención. 
La prevención exige valentía política y pasa por el control de la planificación urbana y un desarrollo regional coherente. 
Prevenir es más barato que reparar, pero hemos de ser capaces de poner los medios. 
Es cierto, como nos ha recordado usted, señor Comisario, que a escala europea el recurso a los Fondos Estructurales es una buena solución para reconstruir diques, reforzarlos, mantener simplemente los cursos de agua y hacer cuencas de retención. 
Sin embargo, la política de los Fondos Estructurales tiene dos limitaciones. 
La primera reside en el hecho de que los Fondos Estructurales responden actualmente a la norma de la zonificación y, por tanto, no sitúan a todas las víctimas en pie de igualdad. 
La segunda es que el importe de dichos Fondos a veces no es suficiente. 
Pongo como prueba mi propia región, la región de Ródano-Alpes, que por desgracia no se cita hoy, cuando ha sido duramente afectada al mismo tiempo que la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y la de Languedoc-Rosellón. 
Ha resultado siniestrada últimamente, pero no podrá disponer ya de Fondos Estructurales para el período 2003-2006: se ha gastado todo. 
Me dirijo en esta ocasión a aquellos de mis colegas parlamentarios que a veces se sienten un poco tentados de suprimir o reducir el presupuesto de la política regional. 
Yo les digo: atención, no se equivoquen. 
Estas financiaciones son las que tocan más de cerca a nuestros conciudadanos, son las que traducen la solidaridad europea, fundamento de la Unión. 
Todos debemos apoyar al Comisario Barnier en su propuesta de revisar los Fondos Estructurales. 
Señor Comisario, usted mismo nos ha hablado de ello. 
En el futuro, estos fondos no deberían obedecer ya a las zonificaciones, sino corresponder a objetivos concretos, uno de los cuales sería el medio ambiente y la prevención de riesgos. 
Ante la evolución de nuestro planeta, necesitamos coraje colectivo para responder a los desafíos ecológicos. 
Espero que la Comisión en su conjunto siga las propuestas del Comisario Barnier y que el Parlamento apruebe el presupuesto necesario para los Fondos Estructurales. 
Entre tanto, hay que reparar pensando en las familias damnificadas. 
Europa ha creado ya un Fondo de Solidaridad para las regiones y Estados que han sufrido una catástrofe natural. 
También debe poner en común las tecnologías de prevención, basándose en experiencias de éxito, como en los Países Bajos, y estableciendo cooperaciones transfronterizas. 
Espero, señor Presidente, señor Comisario, que no tengamos en el futuro más debates sobre catástrofes naturales. 
– Señor Presidente, señor Comisario, mi colega acaba de decir que espera que en el futuro no tengamos que añadir nuestras lágrimas a las aguas que devastan regularmente nuestras regiones. 
Por desgracia, soy mucho menos optimista que ella. 
Mucho menos optimista, porque sé muy bien que es un deseo lo que usted expresaba, señora Grossetête. 
Pero no podemos contentarnos con deseos a la vista del cambio climático que se está produciendo en el planeta. 
Hace unos días estaba en mi región del Languedoc y me decían: lo que vivimos actualmente no había pasado ni una vez en todo el siglo. 
Ahora, lo hemos vivido tres veces en dos años. 
Está claro que hay un cambio de frecuencia, de magnitud y de escala. 
Siempre me sorprende ver a las autoridades, no solo de mi país, sería demasiado fácil, sino de todos los países afectados, ir un poco a rastras de la catástrofe. 
Este verano, en las regiones afectadas del sudeste de Francia, los habitantes apilaban ya sacos de arena. 
¿Cómo puede ser que los habitantes lo supieran pero las autoridades no actuaran hasta que ocurrió la catástrofe? 
Está claro que hay un desfase entre los que están sobre el terreno y sufren las destrucciones, y los responsables de la toma de decisiones, que todavía siguen visiblemente alejados. 
El clima cambia, con las canículas, temporales y subidas repentinas de las aguas. 
No tengo la impresión de que las políticas públicas cambien a la misma velocidad. 
Creo que habría que tomar todo un arsenal de medidas para hacerles frente, en particular en materia de fiscalidad. 
¿Cuántas veces hemos dicho en esta Cámara, los Verdes y los regionalistas, que ciertamente había que utilizar el arma fiscal para modificar los comportamientos de riesgo desde el punto de vista climático? 
Y seguimos esperando el impuesto sobre la contaminación, el impuesto sobre los residuos que alteran la atmósfera del planeta y que, finalmente, están destruyendo regiones enteras. 
Las ayudas están cambiando. 
Comprendo, señor Comisario, que efectivamente hemos puesto en práctica, poco a poco, catástrofe tras catástrofe, fondos financieros para la reparación y para la prevención. 
La reparación está bien, la prevención está mejor, han dicho mis colegas. 
No obstante, la prevención, y me sumo totalmente a ellos en este punto, no es concebible sin una reforma en profundidad de los Fondos Estructurales. 
Mientras exista la zonificación, será ineficaz. 
Comprendan bien que los temporales y las inundaciones, a menudo, se burlan de las zonas que doctamente definimos lejos del terreno, sobre un mapa, en Bruselas o en otra parte. 
Así que hay que reformar los Fondos, y quizás todos esos Fondos Estructurales que no llegan a ser utilizados sobre el terreno, que se devuelven a las arcas comunitarias y después a las nacionales, podrían emplearse mejor en prevención para hacer frente a este cambio climático. 
Para concluir, decía que estos problemas han cambiado visiblemente de frecuencia y de magnitud. 
Las políticas públicas europeas están cambiando, cosa que percibo y celebro, pero no tengo la impresión de que cambien con la misma rapidez y la misma magnitud, y lo lamento. 
– Señor Presidente, señor Comisario, quisiera rendir homenaje a las víctimas, a sus familias, a los que lo han perdido todo, así como al extraordinario trabajo realizado en las operaciones de salvamento por mujeres y hombres que son empleados municipales, bomberos, gendarmes, policías, personal militar y voluntarios. 
El balance provisional de esta catástrofe es especialmente grave: treinta departamentos afectados, de los cuales ocho severamente, en particular Bouches-du-Rhône, Vaucluse y Gard. 
En cuanto a la población, siete personas han muerto y 32 500 han sido desplazadas o llevadas a lugar seguro. 
Podemos preguntarnos por el origen de estos dramas y su frecuencia. 
Algunos hablarán del recalentamiento de la Tierra, del choque entre masas de aire caliente procedentes del Mediterráneo y masas de aire frío que se estacionan en mi región, Rosellón. 
Pero ¿qué podemos hacer? 
Otros evocarán la locura urbanística del hombre deseoso de construir cada vez más, en detrimento del mundo rural y de su población, condenada a la indiferencia. 
Sin embargo, estas inclemencias han sido consideradas excepcionales por los expertos en previsiones debido a una conjugación de varios factores: su duración –cerca de cuatro días–, su extensión geográfica y su intensidad. 
Quisiera destacar la inadmisible inercia administrativa de las autoridades ante las revelaciones del informe realizado por la Oficina de asistencia técnica de Lyon en noviembre de 2002. 
En efecto, en dicho informe se hacía un diagnóstico completo de los peligros del río y se recomendaban una serie de medidas para restringir los posibles daños por inundaciones. 
Ahora bien, este estudio, que movilizó a muchas personas y que costó 3,5 millones de euros, quedó en letra muerta y no suscitó la preocupación de las autoridades, al menos en el momento adecuado. 
Una vez más, estas inclemencias han demostrado la pasividad de los hombres ante unas catástrofes que han costado, recordémoslo, la vida a siete personas. 
No se ha tenido para nada en cuenta la importante señal lanzada hace más de un año, que destacaba la imperiosa necesidad de una ordenación armónica del espacio rural teniendo en cuenta todo el territorio y a sus habitantes. 
El Gobierno francés ha desbloqueado 24 millones de euros para reparar los diques del delta del Ródano, que cedieron en varios puntos por efecto de las crecidas. 
Ahora bien, sobre el terreno, esta suma resulta ya insuficiente. 
Espero que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, creado tras las devastadoras inundaciones de agosto de 2002, ayude, a escala europea, a otorgar una compensación rápida y justa a las víctimas, para que puedan reanudar su vida normal. 
Pero, ¿por cuánto tiempo? 
Algunas van por su tercera declaración de siniestro y por la tercera limpieza en unos meses. 
Acojo con interés los ejes que acaba de definir el Sr. Comisario, y en particular la utilización de los Fondos Estructurales, pero sumándome a las observaciones de mis colegas, la Sra. Grossetête y el Sr. Onesta en cuanto a sus limitaciones. 
Por supuesto que hay que reparar los daños, pero ¿no deberíamos iniciar de inmediato grandes obras de prevención en esta región mediterránea afectada regularmente en los últimos años? 
Nîmes, Vaison-la-Romaine, Aramon, Lezignanais, Narbonnais, Minervois, Rennes-les-Bains, Couiza, Estagel, Saint-Laurent-de-la-Salanque, y estos días Arles, Marsella, Montpellier, nombres e imágenes que hablan, dramas insoportables, cuantiosos daños y pérdidas en vidas humanas. 
Esto es inadmisible en la era de la prevención y la previsión por satélite, de los radares de vigilancia, de los servicios especializados y también del gigantismo de la mecanización, que debería permitir la realización de obras de protección. 
El acueducto romano de Ansignan, cerca de mi ciudad, el puente de Gard, más conocido, y otros tantos testimonios de la ingeniería humana han resistido todos los asaltos. 
¿Cómo concebir que las obras del siglo pasado no tengan la fiabilidad suficiente? 
Por lo demás, no es momento para los comentarios, sino para la acción, con los medios necesarios, aunque sean excepcionales en cuanto a su magnitud. 
La Europa solidaria no debe dejar morir a sus ciudadanos por falta de precauciones y de prevención. 
Es, me parece, una prioridad y una exigencia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, mi región, Languedoc-Rosellón, Provenza, todo el sur de Francia han sido damnificados de nuevo por las inundaciones. 
Sin duda, hemos contado con la solidaridad de los bomberos alemanes e italianos, pero la realidad, en el momento en que les hablo, todavía ahora, está hecha de cientos y cientos de cadáveres de toros y corderos que aún no se pueden recuperar de las manadas, de las ganaderías, de las granjas inundadas. 
La realidad está hecha de muchos pequeños pueblos, como el de Codole, en Gard: el 98% de las casas destruidas a siete días de la Navidad, cientos de familias sin hogar, y realidades presupuestarias concretas. 
Se necesitan 700 000 euros para un solo kilómetro de dique, 150 000 euros para rehacer las vías públicas de un pequeño pueblo, millones de euros para reconstruir los edificios públicos, las escuelas, los centros polivalentes, las estaciones de depuración, las redes de alcantarillado. 
La realidad, en un pequeño pueblo, son 5 000 euros cada día para alimentar a las personas sin hogar, a los servicios de seguridad, a las familias, incluso a los militares que montan guardia para evitar los pillajes; son al menos de 40 000 a 80 000 euros por casa siniestrada, y hay miles. 
Esto es lo esencial. 
¿Qué hacer? 
¿Quién paga? 
¿Con cargo a qué presupuesto? 
¿Los municipios, la región, Francia o Europa? 
En teoría, señor Presidente, señor Comisario, hay mecanismos de solidaridad. 
Hay incluso un principio de solidaridad, en el artículo 2 del Tratado. 
Hay mecanismos sobre el papel: el FEDER, el objetivo nº 2, el FEOGA-Garantía, que intervino con motivo de la enfermedad de las vacas locas, los anticipos directos a los agricultores que se desembolsaron después de las inundaciones de agosto de 2002, el programa 2000-2004 de protección civil y el Fondo de Solidaridad, recién estrenado. 
A este respecto, todos sabemos, señor Comisario, Señorías, que el rigor de los criterios de admisibilidad a este Fondo y la modesta cantidad de mil millones de euros con que está dotado, que ya se han gastado en los incendios de Portugal o en los terremotos de Italia, dejan a mis compatriotas de Languedoc-Rosellón muy solos en vísperas de Navidad. 
Si, en el caso que nos ocupa se han visto llegar las olas, pero no los euros, hay que trabajar al menos de cara al futuro. 
Primero, financiando un sistema de información en tiempo real, que no existe, puesto que los alcaldes no fueron avisados. 
En la época en que vivimos, hay que tener, de Lyon a Arlés, un sistema informático electrónico que permita seguir todos los ríos, los diques, los canales, los brazos y los afluentes de la cuenca del Ródano en tiempo real, y avisar a los representantes electos locales en caso de peligro. 
Señor Presidente, la provincia de Murcia, en España, lo ha hecho: deberíamos ser capaces de hacerlo. 
Pero lo esencial está en otra parte. 
Más allá de la prevención, de la reconstrucción, de las indemnizaciones, hay que ver que estas inundaciones de agua ocultan la realidad de una inundación demográfica. 
Personas de la tercera edad de Europa del norte, por no hablar de los directivos de la región parisina, vienen a instalarse en Languedoc-Rosellón, en Provenza, en todo el sur de Francia. 
Hay expropiaciones de terrenos, impermeabilizaciones del suelo, 150 000 hectáreas de viñedos desbordados, y he aquí por qué, en pocas palabras, la zona está inundada. 
Además, los personas mayores activas neerlandesas, inglesas, belgas, europeas del norte van a convertirse en ancianos y reclamarán cuantiosas instalaciones sanitarias en nuestra región. 
Para concluir, la reforma de los Fondos Estructurales debe anticipar la justicia territorial: desde el momento en que se trasladan poblaciones del norte al sur, hay que transferir también las financiaciones, si no, seríamos los palestinos de Europa, viendo cómo colonias de personas mayores procedentes de la Europa del norte se instalan en nuestra región. 
¡No queremos ser una Cisjordania permanentemente devastada en el sur de Francia! 
El debate queda cerrado. 
. – El sur Francia acaba de sufrir una catástrofe natural sin precedentes. 
Hoy empezamos a medir la magnitud de los daños, que son considerables. 
Siete personas han muerto y se cuentan más de 100 000 damnificados. 
Decenas de miles de personas han tenido que refugiarse en polideportivos o alojamientos improvisados. 
Solo en la ciudad de Arles, un tercio de la población ha sido evacuada. 
Miles de puestos de trabajo han desparecido bajo las aguas. 
Cientos de empresas inundadas han tenido que cerrar sus puertas, hundiendo a sus trabajadores en la incertidumbre de un paro técnico. 
La Camarga, cuyo ecosistema es tan frágil, está totalmente sumergida: 250 km de diques dañados, 560 hectáreas de cultivos cubiertos por las aguas, más de 1 000 animales ahogados, todo el sector del arroz destruido. 
El perjuicio sufrido por la región va a superar los mil millones de euros. 
La solidaridad europea debe expresarse de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento que instituye el Fondo de Solidaridad. 
Se trata de una catástrofe excepcional, la región ha sido víctima de la «crecida del siglo» del Ródano, la más grave en cien años. 
En nombre de los socialistas franceses, pido que la Unión Europea desbloquee rápidamente esos fondos. 
Los damnificados del delta del Ródano esperan este gesto. 
. – Una vez más, dramáticas inundaciones han afectado severamente a mi región, Provenza-Alpes-Costa Azul, y Languedoc-Rosellón. 
En primer lugar, quisiera testimoniar toda mi simpatía a las víctimas. 
Aunque el Gobierno francés ha tomado las medidas de emergencia necesarias decretando el estado de catástrofe natural, necesitamos la solidaridad europea. 
Se ha manifestado ya sobre el terreno, y quisiera dar las gracias a los contingentes alemanes, italianos, belgas y checos que vinieron a ayudar a las víctimas. 
Espero que se manifieste también con la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: el Gobierno francés prepara actualmente una solicitud en este sentido, que presentará a comienzos de 2004. 
Mi región se benefició ya de este Fondo tras las tormentas y crecidas torrenciales de septiembre de 2002 y puedo asegurarles su importancia. 
Si los Fondos Estructurales permiten cofinanciar algunas medidas de prevención y de ayuda, pero la zonificación y el consumo ordinario de los créditos limitan su capacidad. 
No bastan, pues, para ayudar a las poblaciones y las regiones siniestradas. 
En cambio, deseo que en el futuro incluyan la prevención de las catástrofes naturales en sus objetivos: si la reparación de los daños es un deber, solo la prevención constituye la única verdadera política de ayuda. 
- (B5-0547/2003) de la Sra. Anne André-Léonard, en nombre del Grupo ELDR, sobre Georgia: elecciones presidenciales y parlamentarias; 
(B5-0550/2003) de los diputados Demetrio Volcic y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre Georgia: elecciones presidenciales y parlamentarias; 
(B5-0554/2003) del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre Georgia: elecciones presidenciales y parlamentarias; 
(B5-0556/2003) del Sr. Helmuth Markov, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre Georgia; 
(B5-0560/2003) de los diputados Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin y Miquel Mayol i Raynal, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre Georgia; 
(B5-0566/2003) de los diputados Marielle De Sarnez, Bernd Posselt y Ursula Schleicher, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Georgia: elecciones presidenciales y parlamentarias. 
– Señor Presidente, soy miembro de la Delegación de la Comisión de Cooperación Parlamentaria para las relaciones UE-Armenia, UE-Azerbaiyán y UE-Georgia, y he visitado este último país. 
Mi impresión ha sido que los georgianos son buenas personas. 
Es un país hermoso, la comida es excelente, tuene una rica historia y posee un gran sentido del humor. 
Visitamos el lugar de caimiento de Stalin y fuimos a un museo muy grande. 
Subiendo las escaleras hay una sala circular y en uno de sus extremos hay unas citas sobre Stalin de otros líderes mundiales contemporáneos. 
Están escritas en georgiano y con el alfabeto georgiano, de modo que tuve que preguntar a la guía qué había dicho Winston Churchill sobre Stalin y de lo que están tan orgullosos. 
Contestó que Winston Churchill había dicho que Stalin sería recordado por la historia. 
Me pareció divertido. 
Georgia tiene también muchos problemas. 
Sufre la injerencia rusa –soldados rusos–, aunque han prometido retirarse. 
Hay tendencias separatistas que dividen el país, destrozándolo, y sobre todo hay una corrupción profunda. 
Se gana dinero con el secuestro de extranjeros. 
Por tanto, el primer paso, la revolución pacífica que han protagonizado, es un primer paso maravilloso que este Parlamento acoge con gran satisfacción. 
Sin embargo, deben recorrer un largo camino, aunque nos gustaría ayudarles. 
Deben eliminar la corrupción para generar confianza para la inversión extranjera y ésta creará comercio, empleo y prosperidad. 
A largo plazo no veo ninguna razón por la que no podrían convertirse algún día en miembros de nuestra Unión. 
– Señor Presidente, nuestro documento pide a la Unión Europea que se comprometa a hacer que el sur del Cáucaso sea pionero en el fomento de la paz, la estabilidad y el desarrollo económico. 
Sin embargo, sin la cooperación constructiva tanto de Rusia como de los Estados Unidos, será difícil encontrar una solución que no sea meramente abstracta. 
La palabra «abstracto» parece ser la adecuada para nuestro documento, que en realidad está repleto de principios y grandes esperanzas, pero no da ninguna indicación de si algún día se harán realidad. 
En la resolución de hoy espero, por ejemplo, que las elecciones del 4 de enero –es decir, dentro de pocos días– incluirán a los ciudadanos de las regiones de Abjacia y Osetia del Sur: dos regiones disidentes. 
Lo pedimos a pesar de saber que es una quimera, que se trata de una cuestión de principios, aún cuando no sabemos si es algo que se puede exigir o si es meramente –por decirlo así– una declaración sumamente abstracta. 
Europa debería pedir, por ejemplo, que se dé un paso adelante para la autorización de documentos de identidad rusos a los ciudadanos de Abjacia y, ahora, tras la dimisión forzada del Sr. Shevardnadze, para la tercera región disidente que está emergiendo: Ajaria. 
Tras la caída de Shevardnadze, la reunión de Moscú de las tres regiones –repito, ya no son dos sino tres– que quieren separarse de Georgia en mayor o menor medida, también aumenta la incertidumbre. 
¿Puede la Unión Europea utilizar sus instrumentos y relaciones diplomáticas para desvelar las intenciones políticas de las grandes potencias, de los principales agentes de la región? 
Toda la cuestión de la presencia de tropas extranjeras en el sur del Cáucaso tendría que encontrar un foro donde se pudiera debatir. 
Queremos entender si el control y presencia de tropas extranjeras sirve para aportar estabilidad o si siembra más incertidumbres. 
Forma parte de nuestro deseo de estabilidad, pedir al Consejo y a la Comisión que organicen, junto con las Naciones Unidas, la OSCE y los demás agentes, el envío de una misión para mantener la paz en la región y volver a lanzar el proceso de paz. 
Sin embargo, el proceso de desintegración ha alcanzado un punto en que es difícil prever qué tipo de coexistencia se podría establecer, en particular, –y repito– si no hay colaboración entre las grandes potencias. 
No obstante, hay que esforzarse en lo posible, incluyendo aquellos que parecen algo abstractos, con la esperanza de crear un punto de partida para el nuevo grupo gobernante que ha heredado una situación que es difícil desde todos los puntos de vista. 
Los obstáculos específicos que existen en las tensas relaciones entre Moscú y Tbilisi son suficientemente conocidos. 
El mantenimiento por parte de Rusia de una presencia militar en el territorio de Georgia y su protección de las regiones de este país amenazan con romper la unidad política de esta república transcaucasiana de forma permanente. 
El primer obstáculo es el compromiso internacional de 1999, por el cual el Kremlin se comprometió a retirar su presencia militar de Georgia. 
El segundo obstáculo se volvió a poner de relieve a finales de noviembre durante una consulta en Moscú, que contó con gran publicidad, entre Rusia y los representantes de Abjacia, Osetia del Sur y Ajaria. 
La presente resolución se opone claramente a las mencionadas violaciones de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Georgia. 
Esta Asamblea espera la misma claridad política por parte del Consejo y de la Comisión en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. 
Entretanto, el gobierno interno de Georgia tiene la tarea colosal de que su país vaya otra vez por el buen camino, desde el punto de vista constitucional. 
Esto también reclama la atención de la Unión Europea. 
Durante los últimos años, un millón y medio de la población de Georgia ha sido obligada a abandonar su país a una gigantesca fuga de cerebros. 
Esta nación que existe desde hace siglos seguramente debe tener otra perspectiva de futuro que la de este tipo de triste diáspora. 
– Señor Presidente, todo el mundo comparte la euforia sobre los últimos acontecimientos en Georgia: el asalto del Parlamento y la dimisión del Presidente Shevardnadze, que en su momento fue largamente elogiado. 
Tras haber sido tradicionalmente la primera colonia de la Rusia zarista y, posteriormente, el lugar de nacimiento de Stalin, y finalmente de Edvar Shevardnadze, ahora llega la democracia. 
Recuerda a la Europa Central de hace ałos: Rumania tras Ceaucescu, o Serbia tras Milosevic. 
Muchos países europeos se inclinarán a pensar: se trata de una región cercana, cristiana, junto con Armenia, pero al mismo tiempo muy distante de nosotros, solo accesible por el Mar Negro, a través de Turquía o de Rusia. 
¿Qué relaciones puede tener la Unión Europea con este país en el futuro? 
Además, el Sr. Belder ya ha llamado la atención sobre el problema de sus minorías nacionales, y Abjacia, en particular, ha sido una región georgiana disidente durante mucho tiempo. 
Los habitantes de Osetia del Sur no están realmente contentos de formar parte de Georgia, y los habitantes de Ajaria dan apoyo a un dirigente que se hubiera alegrado de permanecer leal a Edvar Shevardnadze. 
Por lo tanto, siguen existiendo muchísimos problemas por resolver y creo que, si no se encuentra una solución a estos problemas internos, la democracia que ahora está en condiciones de despegar en Georgia comenzará en desventaja. 
Por ello es muy importante que se trabaje en este sentido. 
En la enmienda nº 3, mi Grupo pide a la Unión Europea que asegure que su participación, que se supone contribuye a la democracia, no da lugar a interferir en la política nacional de Georgia. 
No creemos que la Unión Europea sirva al propósito de la democracia adoptando una actitud equivocada, poniendo demasiado énfasis en forzar juntos a grupos de población diferentes que tienen dificultades para vivir juntos. 
Tendría que ser un proceso prudente, uno que se base principalmente en los propios esfuerzos de los pueblos de Georgia: los georgianos son el grupo más numeroso, pero también se deberán tener en cuenta las tres minorías nacionales más grandes. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, tras la euforia que despertó la revolución pacífica que tuvo lugar hace unas semanas, ahora nos preocupa una serie creciente de cuestiones principales. 
En primer lugar, está la cuestión de la terrible situación económica. 
Todos sabemos, en parte por comparación con otros países, que si la situación sigue siendo tan mala, si no hay ninguna perspectiva de mejora de la situación económica, esto va a tener un impacto muy negativo en las oportunidades de mejorar el funcionamiento de la democracia. 
Todos apoyamos esto: así se establece en nuestra resolución. 
Sin embargo, también sabemos que la perspectiva de mucha gente se determina principalmente por su situación económica, y que la confianza en la democracia parlamentaria –y esta confianza no es tan grande en Georgia tal como está– se desvanece si no hay una mejora de la situación económica. 
En pocas palabras: sin comida o sin calefacción, la democracia pronto se convierte en un lujo. 
Una situación como ésta ha de evitarse a toda costa, pero es un gran peligro, que supone una amenaza en estos momentos. 
Mi segunda gran preocupación es el papel de Rusia. 
Naturalmente, el Sr. Ivanov, el ministro de Asuntos Exteriores, desempeñó un papel muy positivo en la salida del Sr. Shevardnadze, por lo que es digno de crédito. 
Al mismo tiempo, sin embargo, sabemos que la influencia de Rusia en Georgia es muy negativa a largo plazo desde el punto de vista estructural. 
En primer lugar, existen bases militares, que Rusia dijo hace años que eliminaría. 
Esto no ocurrió, lo que es muy negativo. 
En los últimos años, naturalmente, Rusia ha apoyado a los tres movimientos separatistas de Osetia del Sur, Abjacia y Ajaria. 
Esta asistencia es de carácter militar, pero la asistencia es a menudo mucho más sutil: por ejemplo, haciendo que sea más fácil a las personas de las regiones viajar a Rusia o adoptar la ciudadanía rusa. 
Esto debe parar. 
Para cambiar el papel que desempeña Rusia, es necesaria la asistencia por parte de la Unión Europea. 
Georgia no puede hacerlo sola. 
Una manera es ofrecer mediación. 
Estoy a favor de esto: también se establece así en la resolución. 
Si Europa puede desempeñar un papel en esta cuestión, tiene que estar segura de que lo hace. 
Sin embargo, estoy seguro que esto no va a ser suficiente. 
Creo que también nos corresponde presionar a Rusia para que termine el papel negativo que desempeña en Georgia. 
Para ser honesto, la Unión Europea no es muy diestra en esto. 
El ejemplo de Chechenia muestra que a menudo tratamos a Rusia con guantes de seda en lo que respecta a su comportamiento en el norte del Cáucaso y ahora de modo similar en el sur del Cáucaso. 
Esto, en verdad, debe parar. 
Apoyar las elecciones está muy bien, pero solo es un grano de arena en el desierto. 
Ni nuestra ayuda para impulsar la economía será suficiente –lo cual también es esencial para conservar la confianza en la democracia– si, al mismo tiempo, sabemos que el gran vecino del norte, Rusia, se dedica muy activamente a dividir el país en tres partes. 
La Unión Europea tiene que desempeñar un papel de vanguardia para impedirlo: si es posible, convenciendo a Rusia; pero si es necesario, buscando la confrontación. 
– Señor Presidente, debido a los desarrollos dramáticos en Georgia de las últimas semanas y a las inminentes elecciones presidenciales del 4 de enero, seis Grupos del Parlamento Europeo han presentado una moción para este debate urgente. 
Con su revolución pacífica y gracias a Dios sin derramamiento de sangre, el pueblo georgiano merece consideración y todo nuestro respeto. 
Se trata de una prueba convincente de que, a pesar de las graves dificultades económicas que le aflige, el pueblo de Georgia ansía la democracia. 
Ahora hay una oportunidad para un nuevo comienzo. 
Que las elecciones se celebren debidamente son una condición para la estabilidad y el desarrollo de Georgia. 
Se ha perdido mucho tiempo desde los acontecimientos transformadores de hace doce años. 
Sorprendentemente, las arcas estatales de Georgia están casi vacías. 
Georgia ha recibido asistencia financiera no sólo de la Unión Europea sino también de otras muchas partes del mundo, pero sus habitantes se han marchado con las manos vacías. 
El pueblo de Georgia tiene grandes esperanzas puestas en su nuevo Presidente. Tiene que crear un orden democrático pero también satisfacer las necesidades básicas de su pueblo. 
Quiero agradecer al Parlamento Europeo el haber hecho posible que nuestra delegación especial se desplace a ese país para las elecciones. 
De este modo, también mostramos que en el Parlamento Europeo asumimos la tarea de apoyar el desarrollo pacífico de Georgia muy seriamente. 
En la Cumbre de Bruselas, los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea acaban de reafirmar nuevamente la determinación de la Unión para crear una asociación estratégica equilibrada y recíproca con Rusia, basada en los valores del Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en una economía de libre mercado. 
Sin embargo, los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo tiene que aceptar que este tipo de asociación estratégica solo es posible con Estados que hagan honor a sus compromisos. 
Rusia ha incumplido los compromisos internacionales que hizo a Georgia en Estambul en 1999 y al adoptar esta posición, ha obstaculizado en gran medida el desarrollo democrático de una región que ya era frágil en el pasado. 
Solo puedo esperar que en el futuro Rusia apoye negociaciones constructivas en todas las partes de Georgia, tal como acordó en los acuerdos de la OSCE en 1999, y no dificulte más el desarrollo democrático. 
Rusia desempeña un papel fundamental en Georgia y en todo el sur del Cáucaso. 
En el Parlamento Europeo tenemos que tener esta cuestión en cuenta cuando deliberamos sobre nuestras relaciones con Rusia. 
Sin embargo, nuestra tarea en estos momentos es ayudar a Georgia a superar esta crisis. 
– Señor Presidente, inmediatamente después de la revolución de terciopelo que ha conducido a la dimisión del Presidente Shevardnadze, se abre una nueva página en Georgia. 
Más que nunca, Georgia tiene una oportunidad que aprovechar, la de mirar hacia la Unión Europea y profundizar el acuerdo de cooperación existente. 
Georgia es una puerta estratégica hacia Asia Central, pero los georgianos deben saber que su futuro no puede limitarse a elegir entre dos influencias, la de Rusia o la de los Estados Unidos. 
La reciente crisis política constituye una importante señal del pueblo de Georgia, que ha sabido mostrar su determinación de luchar por la democracia, y ello cuando la situación financiera y económica del país es catastrófica y la corrupción no hace más que aumentar. 
A algunas semanas de las elecciones presidenciales anticipadas, que tendrán lugar el 4 de enero de 2004, la Unión Europea debe aportar una asistencia política, financiera y técnica eficaz a las nuevas autoridades georgianas, para ayudarles a realizar las reformas necesarias a fin de estabilizar la situación del país y permitir que las próximas elecciones se desarrollen en un clima de serenidad. 
Asimismo, debemos ofrecer nuestra ayuda para encontrar al fin una salida pacífica al conflicto persistente en las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur. 
Además, la situación financiera y económica del país deberá ser objeto de serias reformas para contener la corrupción. 
La Unión Europea ha aportado ya una ayuda financiera global de unos 342 millones de euros en forma de subvenciones. 
El proceso de reforma económica ha de seguir contando más que nunca con la ayuda de la Unión Europea, a fin de restablecer un clima propicio para las inversiones extranjeras y nacionales. 
Por último, la Unión debe incrementar los esfuerzos encaminados a alentar la instauración de instituciones democráticas y a apoyar y promover medios de comunicación independientes, a través de programas de ayuda al desarrollo como TACIS. 
Georgia debe saber que puede contar con un fuerte apoyo de la Unión para encontrar al fin cierta estabilidad en un clima de democracia y de transparencia. 
¿Hay alguien entre nosotros que no crea que la ampliación a los diez países que van a entrar en la Unión el año que viene es la razón principal por la cual, al menos en parte de ellos, no se han hundido en la dictadura o el caos, en una situación que casi ha vivido Georgia? 
Pienso que Europa es realmente esto, hoy. 
De acuerdo, estamos deprimidos, la Cumbre de Bruselas terminó mal, pero pienso que, históricamente, la ampliación que ha salido bien, es la demostración de que la Unión Europea ha tenido éxito. 
Hoy, el problema que se plantea en Georgia es exactamente el mismo. 
Georgia era más rica que la mayor parte de la Unión Soviética, y hoy es la región más pobre. 
Si hace diez años hubiéramos ofrecido una perspectiva de adhesión a Georgia, sin duda estaría en la misma situación que los países que próximamente van a adherirse a la Unión Europea. 
No se trata de hacer como el Sr. Meijer. 
No solo nos hace un mal servicio a nosotros, sino también al Sr. Shevardnadze, una personalidad que tiene sus defectos pero también ha tenido sus méritos, y que sin duda no es un Ceaucescu o un Milosevic. 
La cuestión no es la alternativa, señora De Sarnez, que podemos ofrecer a los georgianos ante la opción potencial a que se enfrentan entre Rusia y los Estados Unidos; lo que podemos ofrecer es la opción entre la adhesión a la Unión Europea y el caos. 
He aquí lo que está en juego. 
No es, señor Volcic, una cuestión de nostalgia de un mundo bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. 
El desafío a que nos enfrentamos, a que se enfrenta la Unión Europea, es crear una alternativa para esos países de Transcaucasia. 
Por tanto, espero que hayamos visto el último de los comentarios subrepticios y la incapacidad para reflexionar más allá del Mar Negro. 
El Consejo nunca ha reflexionado sobre ello, como repitió anoche. 
Hay que incluir en seguida a Georgia en la lista de países candidatos, para darle la posibilidad de construir, como han hecho los países bálticos, como han hecho los países de la Europa central, un camino hacia la estabilidad, hacia el desarrollo, hacia la democracia, ofreciendo la adhesión a la Unión Europea dentro de ocho o diez años. 
– Señor Presidente, un antiguo reino cristiano que durante largo tiempo ha repelido a todos los invasores pasó a ser una colonia rusa. 
Posteriormente, tras la Primera Guerra Mundial, Georgia disfrutó de un breve periodo de independencia que podemos denominar la «Primavera caucasiana» , hecho que generalmente se ha olvidado. 
Lenin puso fin a este período, e incumplió sus propios principios de nacionalidad. 
Más tarde, surgió un fuerte movimiento de liberación a finales de la era soviética. 
No hemos de olvidar que el movimiento de liberación de la Unión Soviética empezó con gran vigor y muy pronto en Georgia. 
Nosotros mismos tenemos muchas cosas que agradecer a Georgia cuando cayó el Telón de Acero. 
Seguidamente el Presidente Gamsakhurdia fue asesinado. A esto le siguieron disturbios civiles, los movimientos separatistas y la era Shevardnadze, que ahora acaba de terminar, gracias a Dios, sin derramamiento de sangre. 
Ahora el país se encuentra en una etapa en que finalmente tiene una oportunidad de establecer un sistema realmente arraigado en la libertad. 
Hemos de asegurarnos de que tras décadas de tutela extranjera, el país tiene la oportunidad, por fin, de convertirse en lo que en una ocasión fue en la historia, a saber, un factor realmente independiente y pacífico en una región muy importante y muy peligrosa. 
Por este motivo tenemos que presionar para asegurar que Rusia cumple los compromisos vinculantes que hizo en la OSCE en 1999. 
A menudo, exigimos con gran arrogancia a los Estados pequeños que cumplan sus compromisos que con frecuencia se les han impuesto, por lo que tenemos que ser rigurosos al exigir que cuando una gran potencia llega a un compromiso de forma voluntaria, sea escrupulosa en cumplirlo. 
La Sra. Schleider está en lo cierto, a mi entender, cuando dice que Rusia no puede ser nuestro socio si incumple sus compromisos sobre esta cuestión clave. 
Vemos que también existen otros poderes que, por motivos geoestratégicos y energéticos, aspiran a establecer un determinado dominio en la región. 
Por ello es nuestra obligación, como europeos, estabilizar Georgia en calidad de socio, aunque no iré tan lejos como el Sr. Dupuis, que exige la plena adhesión. 
Georgia es un país con una gran tradición europea. Se trata de nuestro apreciado socio y puede ser un modelo de libertad en una región extremadamente peligrosa. 
. Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea ha acogido con gran satisfacción el pacífico desenlace de los cambios políticos sucedidos en Georgia a raíz de las elecciones legislativas del 2 de noviembre y la dimisión del Presidente Shevardnadze. 
Georgia tiene ahora una ocasión única de dejar atrás el pasado y construir para todos sus ciudadanos un futuro mejor, basado en un compromiso claro a favor de la democracia, del Estado de derecho y de la economía de mercado. 
Pero no hay que subestimar los desafíos por venir. 
No obstante, dado que Georgia se ha comprometido en la vía de las reformas, el Comisario Patten desea que les asegure la voluntad de la Unión Europea de hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a este país a superar dichos desafíos. 
El desafío más inmediato para Georgia consiste en celebrar elecciones presidenciales democráticas el 4 de enero, seguidas en su caso de elecciones legislativas que respeten los compromisos suscritos en el marco de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y del Consejo de Europa. 
La Comisión tiene intención de conceder al país una dotación por un importe máximo de dos millones de euros para contribuir a los preparativos de las elecciones. 
Por otra parte, Georgia se enfrenta a una situación presupuestaria muy difícil. 
La Comisión acaba de ordenar, en el marco de un procedimiento acelerado, el pago de un importe de cinco millones de euros con cargo al programa de seguridad alimentaria para que este país pueda afrontar las necesidades más urgentes durante los meses de invierno. 
Tras la celebración de las elecciones democráticas, la Comisión está dispuesta a apoyar al presidente recién elegido si está resuelto a emprender reformas. 
Nuestra estrategia para con Georgia, que acabamos de revisar, ofrece una base sólida para ayudar a este país a emprender las reformas indispensables en los ámbitos prioritarios. 
Combatir la plaga de la corrupción será de crucial importancia para que todo el programa de reforma pueda dar resultados duraderos. 
La Comisión estudiará los medios de movilizar importantes recursos en apoyo de las reformas. 
Quisiera resaltar asimismo que la Comisión aporta ya, en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, una ayuda a Georgia para ayudarle a asegurar que se respeten. 
Trabajamos, en particular junto al Consejo de Europa, por el desarrollo de la democracia a escala local y de los mecanismos de protección de los derechos humanos. 
En los próximos meses nos proponemos examinar si conviene ajustar estas actividades a la luz de la evolución política reciente en Georgia. 
La Unión Europea ha manifestado hace mucho su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Georgia. La búsqueda de soluciones a los conflictos que desgarran el país es importante para lograr la estabilidad a largo plazo en esta región del sur del Cáucaso. 
El establecimiento de buenas relaciones de trabajo entre Georgia y Rusia, basadas en el respeto mutuo, tendrá gran importancia a este respecto. Por su parte, la Unión Europea examina nuevos modos de apoyar la prevención y la resolución de conflictos. 
La Comisión está dispuesta a apoyar los esfuerzos de rehabilitación después de los conflictos. 
Señor Presidente, en estrecha colaboración con el representante especial de la Unión Europea para el sur del Cáucaso, el Sr. Heikki Talvitie, la Comisión se esfuerza con determinación por contribuir a la instauración de una política más amplia de la Unión Europea en sus relaciones con la región del sur del Cáucaso. Nuestros esfuerzos de apoyo a Georgia son tanto un elemento importante como, en este momento, cruciales. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates. 
(B5-0545/2003) del Sr. Bob van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre el fin de la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas; 
(B5-0551/2003) del Sr. Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre el fin de la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas; 
(B5-0557/2003) de los diputados Giuseppe Di Lello Finuoli y Lucio Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el fin de la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas; 
(B5-0562/2003) de los diputados Patricia McKenna y Matti Wuori, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el fin de la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas; 
(B5-0567/2003) de los diputados Bernd Posselt y Ilkka Suominen, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el fin de la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas; 
(B5-0569/2003) de los diputados Cristiana Muscardini y Luís Queiró, en nombre del Grupo UEN, sobre el fin de la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas. 
Señor Presidente, la situación que inspira esta Resolución de hoy demuestra que los derechos humanos y el respeto por la vida, como valores superiores, nunca están del todo adquiridos y que los demócratas de todo el mundo debemos estar siempre alerta. 
A pesar de que la pena de muerte no ha reducido los índices de criminalidad en ningún país, vemos con gran preocupación que todavía 83 países del mundo la siguen manteniendo y aplicando. 
Hoy debemos lamentar y denunciar que la Presidenta Arroyo haya cambiado su posición respecto de la pena de muerte en Filipinas. 
Además, no debemos olvidar que en la República de Filipinas hay casos de menores pendientes de una condena a pena de muerte. 
La Unión Europea debe marcar algunas líneas rojas, que jamás debemos traspasar. 
Una de ellas es, precisamente, la de la pena de muerte. 
Que un país como la República de Filipinas pueda retroceder en lo que era una conquista a través de la moratoria, nos preocupa mucho en este momento a todos los demócratas del mundo y, muy especialmente, a los demócratas de la Unión Europea. 
Por eso, en esta situación, hemos inspirado esta Resolución, que debe ser absolutamente tenida en cuenta por las autoridades filipinas, para que sigamos considerando que es posible que los valores que hemos defendido como superiores nunca se pongan en riesgo. 
Hoy mi Grupo votará a favor de esta Resolución. 
– Señor Presidente, la pena de muerte es una abominación. 
Se trata de un fenómeno medieval que utilizaban los gobiernos que no podían custodiar a sus prisioneros y, por lo tanto, les mataban antes de que pudieran escapar. 
Hoy en día, sin embargo, incluso es peor; y el fenómeno de la pena de muerte es de la peor especie cuando se utiliza como instrumento político por parte de gobiernos contra sus oponentes. 
Filipinas tiene un pasado histórico que ha sido una fuente constante de violencia y, hoy en día, aquellos problemas siguen sin resolver. 
Esto está claro incluso de lo que se desprende de la historia de los últimos cien años: la toma de poder de las colonias españolas por los Estados Unidos en 1898, seguida por una especie de autodeterminación en 1946 y, seguidamente, la toma de poder por parte de gobiernos que gobernaron la población de forma muy dictatorial, en particular la antigua dictadura de Marcos. 
Desde entonces, solo ha habido gobiernos débiles. 
Puede que se hayan producido cambios de presidentes, pero con un poderoso ejército de fondo, y sin tener ninguna consideración por los oponentes, y menos aún por los movimientos independentistas, movimientos que consideraron un futuro fuera de Filipinas o en una vaga alianza con los otras partes de Filipinas. 
Debido a ello, Filipinas está constantemente acosada por diversas formas de guerra de guerrillas. 
En la Filipinas actual, puede que el ala izquierda tenga una representación parlamentaria tres veces más fuerte, pero en realidad solo lo está pseudolegalmente, mientras que a las otras partes de la misma ala izquierda se las consideran organizaciones terroristas. 
En estas circunstancias, la pena de muerte es un instrumento altamente peligroso en manos de un gobierno que rechaza escuchar las opiniones divergentes y obstaculiza las soluciones alternativas. 
Mientras tanto, la sucesión de gobiernos de Filipinas de los últimos tiempos nunca ha conseguido solucionar los principales problemas de la pobreza, las penurias, la opresión y la violencia. 
Hay que hacer cuanto sea posible, tanto desde fuera como desde dentro, para dar a Filipinas un futuro pacífico y próspero, y esto no se puede lograr con la pena de muerte. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Sr. Meijer en muchos puntos. 
Sin embargo, me temo que es bastante simplista describir la pena de muerte como una reliquia de la Edad Media. 
Me temo que la pena de muerte es también, muy en particular, una característica de la edad moderna. 
La guillotina y la silla eléctrica son símbolos de la edad moderna. 
Por lo que para que este fenómeno desaparezca de la edad moderna, hemos de ejercer presión activamente para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, independientemente del individuo o del Estado afectado. 
Sentimos gran compasión y comprensión por Filipinas, un país que está mucho más amenazado por el crimen organizado, el separatismo y el terrorismo que muchos otros países del mundo. 
Por otra parte, sin embargo, tenemos que dejar bien claro que el terrorismo y la violencia solo pueden superarse a través de la justicia y el Estado de derecho, y que los miles de detenidos y personas condenadas a muerte en Filipinas tienen tanto derecho a la vida como cualquier otro. 
Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de si la persona afectada es Sadam Husein o el autor de graves crímenes. 
Naturalmente, lo mismo se aplica a los detenidos en Filipinas. 
Tenemos que dejar muy claro una cosa. Ningún Estado tiene derecho –a menos que sea en defensa propia– a desafiar el derecho de vida de una persona. 
Por este motivo, la Unión Europea se opone a la pena de muerte por cuestión de principio y ha hecho que sea un criterio para la adhesión. 
Sin embargo, también tenemos que hacer que sea un punto de referencia con el que medir a nuestros socios. 
Por consiguiente, hacemos una petición clara a Filipinas: a) mantener la moratoria, b) revisar los cerca de mil juicios, muchos de los cuales son de legalidad dudosa con fallos injustos y caprichos políticos, y c) abolir la pena de muerte en general, puesto que no puede desempeñar ningún papel en hacer cumplir el Estado de derecho. 
– Señor Presidente, me preocupa mucho la decisión de la Presidente Arroyo de dejar de presionar y poner fin a una moratoria de casi cuatro años, a pesar de que se opone, en principio, a quitar la vida humana. 
Esta decisión pone énfasis a la necesidad crucial de una moratoria de la ONU sobre la pena de muerte, lo que hará mucho más difícil ceder ante la presión para volver a llevar a cabo ejecuciones. 
También pondrá fin a las ejecuciones totalmente inaceptables de personas con discapacidades psíquicas y de las personas acusadas de abusos deshonestos a niños que tienen lugar en muchos países y que tendrán lugar en Filipinas a partir de enero de 2004. 
Naturalmente, Filipinas solo es uno de los muchos lugares en el mundo donde existe el peligro de ser sentenciado a la pena de muerte por delitos sin violencia. 
Otros países incluyen al Pakistán y China donde, respectivamente, la blasfemia y la evasión de impuestos son condenables con la muerte. 
Las personas inocentes también corren peligro. 
En 2003, nueve personas fueron indultadas en los Estados Unidos porque eran inocentes. 
Hay que aceptar que el sistema penal de un país refleja las tradiciones y circunstancias históricas especiales, pero la pena de muerte implica negar a una persona su dignidad. 
Por lo tanto, hay que dejar claros y explícitos a todos los socios de la Unión Europea los esfuerzos de la Unión Europea por abolir la pena de muerte e introducir una moratoria universal. 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea está enormemente preocupada por la decisión de la Sra. Arroyo de levantar la moratoria sobre la pena de muerte en Filipinas. 
La Unión Europea se opone a la pena capital en todas las circunstancias, pues cree en la dignidad inherente de todo ser humano y en la inviolabilidad de la persona. 
La Unión Europea ha pedido, pues, a la Sra. Arroyo que reconsidere su decisión de no impedir las ejecuciones, invitándola a mantener la moratoria en vigor desde marzo de 2000. 
Estamos especialmente preocupados por la condena a muerte de quince menores por parte del Tribunal Supremo, cosa que vulnera el apartado 5 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión apoya esta política con acciones específicas. 
En su Comunicación sobre el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países, de mayo de 2003, reafirmó la prioridad otorgada a la financiación de proyectos a favor de la abolición de la pena capital. 
Después inscribió la abolición de la pena de muerte entre las prioridades temáticas de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos en el período 2002-2004 y concedió un presupuesto específico para acciones en este ámbito de 12 millones de euros para 2000-2004. 
Fieles a nuestro compromiso, hemos contribuido, en este caso con unos 500 000 euros, a la lucha contra la pena capital en Filipinas en 2002, en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
En la Comunicación de la Comisión titulada «Nueva cooperación con el sudeste asiático» se precisa que todos los nuevos acuerdos bilaterales celebrados con países de la región deberán contener la cláusula del «elemento esencial» relativa a los derechos humanos. 
En este contexto, dicha cláusula del «elemento esencial» , en la que la pena de muerte es un aspecto fundamental, será una prioridad en todo acuerdo bilateral celebrado entre la Unión Europea y Filipinas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates. 
(B5-0546/2003) de los diputados Ole Andreasen, Anne André-Léonard y Bob van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre Moldova; 
(B5-0555/2003) del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre Moldova; 
(B5-0558/2003) de los diputados Giuseppe Di Lello Finuoli y Helmuth Markov, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Moldova; 
(B5-0559/2003) de los diputados Jan Marinus Wiersma, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación política en Moldova; 
(B5-0561/2003) de los diputados Marie Anne Isler Béguin y Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación política en Moldova; 
(B5-0568/2003) de los diputados Michael Gahler, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus y Charles Tannock, en nombre del Grupo PPE-DE sobre Moldova. 
– Señor Presidente, creo que al ver la caída del Telón de Acero y el desmoronamiento de la Unión Soviética, todos estuvimos convencidos de que había surgido una gran oportunidad para el desarrollo, la paz y el progreso en toda la Europa Central y Oriental. 
Nos convencimos de que era el final de la historia, que nos hallábamos ante un nuevo amanecer. 
Quizás una de las más trágicas refutaciones de esta esperanza es el caso de Moldova, que es un ejemplo perfecto de cómo la historia no siempre toma la dirección que sus dirigentes le fijan y es uno de sus peores ejemplos en la Europa moderna. 
Es un ejemplo de país dividido por conflictos étnicos, con parte del mismo ocupado por fuerzas militares, con su economía en un estado de quiebra, con mafias que mandan y con los habitantes del país que intentan abandonar el país por cualquier medio disponible. 
No debemos olvidar que, a partir de 2007, según el calendario oficial para la ampliación, la Unión Europea compartirá una frontera con Moldova. 
En consecuencia, y en este punto dirijo mis palabras al Comisario, Moldova no debe ser visto como una cuestión de menor importancia, sino como una prioridad de la diplomacia europea. 
No se puede permitir que continúe el estado de cosas actual, y esta resolución ha de ser vista como un fuerte llamamiento de alarma a todas las instituciones que prestan la mayor atención a Moldova, e intentar hallar una solución al conflicto actual, que está debilitando la estabilidad de ese país y la del conjunto de Europa central y del este. 
– Señor Presidente, las palabras que el Comisario Verheugen ha dirigido a Moldova el 5 de diciembre durante su visita a Chisinau fueron impresionantes. 
Entre otras cosas, habló de «perspectivas europeas». 
El Sr. Verheugen también anunció un plan de acción especial de la Unión Europea para Moldova en mayo de 2004. 
Espero sinceramente que se tratará principalmente de un plan de apoyo práctico, lo que no siembra esperanzas falsas en Chisinau. 
Entretanto, la República de Transnistria, que no está reconocida por la comunidad internacional, sigue siendo la herida abierta política en Moldova. 
El papel político-militar de la Federación Rusa es evidente aquí. 
Constituye una prueba de fuego para el próximo futuro sobre si la Unión Europea y Rusia aspiran realmente a la estabilidad común y a los objetivos de seguridad en nuestro continente. 
¿Qué es lo que decíamos sobre las buenas relaciones de buena vecindad? 
Transnistria, un asunto urgente para el Consejo y la Comisión en sus relaciones con el Kremlin. 
¿Qué es lo que decíamos sobre las prioridades de la Unión Europea? 
– Señor Presidente, la región de habla predominantemente rumana, conocida antes como Besarabia y que ahora se llama Moldova formaba parte de Rumania en el período comprendido entre las dos guerras mundiales, pero pertenecía a Rusia antes y después. 
Tras el derrumbamiento de la Unión Soviética, se eligieron los mismos colores nacionales que los de la bandera rumana, y muchos consideraron la posibilidad de la devolución a Rumania. 
Desde entonces, el país está dividido por opiniones divergentes sobre su futuro político. 
Son muchos los que, en los dos grupos de población en conflicto, dan apoyo a una especie de comunista autoritario anticuado, en quien ven su mejor posibilidad de sobrevivir a pesar de sus bajos ingresos. 
Sin embargo, es en lo único con lo que están de acuerdo. 
La minoría de habla eslava, principalmente en la franja de tierra de la orilla oriental del río Dniester, quiere conservar el fuerte vínculo tradicional con Ucrania, Rusia y Belarús. 
La mayoría de habla rumana en el resto del país se hubiera unido a Rumania hace tiempo si este país no estuviera tan rezagado de Europa occidental. 
Tal como Rumania está ahora, pocos consideran que sea una cuestión de urgencia unirse a este país mucho más grande. 
También en Rumania, ahora el empeño por recuperar Moldova reviste menos urgencia. 
Cuando el año pasado visité Rumania, llegué incluso a oír decir con orgullo a un diputado del Parlamento rumano que Rumania es el único país que todavía cumple debidamente el Pacto de Molotov-Ribbentrop, que establecía las nuevas fronteras occidentales de la Unión Soviética en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. 
La Unión Europea debe tener cuidado de no designarse a sí misma guardiana de este efímero acuerdo entre Stalin y Hitler de por vida. 
Los dos grupos de población en conflicto en Moldova acordaron una vez separarse pacíficamente si la mayoría se unía a Rumania. 
Por lo tanto, sería prudente tener en cuenta la posibilidad de que el río Dniester volviera a ser la frontera entre Rumania y Ucrania en el futuro. 
Esta es otra posibilidad que hay que tener en cuenta. 
– Señor Presidente, me disculpo pero quiero pedirle que haga sonar la campana muy fuerte, ya que muchos diputados de la Asamblea presuponen que la votación tendrá lugar dentro de una hora como muy pronto, y les va a llevar algún tiempo llegar hasta aquí. 
La última vez, fueron muchos los que se perdieron la votación ya que la campana sonó demasiado tarde. 
Le comunico, Sr. Posselt, que hemos dado instrucciones para que los timbres de la casa funcionen y esperemos que los diputados estén atentos. 
Ya conocen las reglas del juego los señores diputados. 
Muchas gracias por su advertencia positiva. 
– Señor Presidente, si examinamos las exigencias y expectativas que hemos establecido en nuestra resolución sobre Moldova, observamos cuán arcaico sigue siendo el país en cuanto a nivel de democracia y desde el punto de vista de la sociedad civil. 
Entre otras cosas, esperamos que el gobierno respete los principios democráticos, respete y defienda los derechos humanos y de las minorías, permita que la sociedad civil y una oposición parlamentaria ejerzan sus derechos constitucionales, y ponga freno al tráfico de seres humanos en general y al tráfico de mujeres y niñas en particular. 
Son exigencias que hicimos a otros países hace años y que ya se han cumplido en numerosas regiones de Europa central y oriental. 
Es evidente que en Moldova todavía no se han establecido estos cimientos de la democracia y una economía de mercado. 
La situación está agravada por el estatuto del régimen de Transdniéster, que solo puede sobrevivir con la ayuda de Rusia. 
Aquí también, tal como ocurre en Georgia –tal como deliberamos en el debate anterior– vemos que Rusia no utiliza su influencia para estabilizar, sino, desgraciadamente, para desestabilizar la situación. 
Quiero realmente que nuestros gobiernos aborden claramente esta cuestión, también en relación con Moldova, en sus frecuentes contactos con Rusia. 
Está claro que la estabilización económica y política en Moldova sólo se puede conseguir si se resuelve este conflicto. 
Esto no puede suceder sin Rusia. Es una dura crítica que Rusia no haya retirado sus tropas a finales de 2003, tal como prometió. 
No contribuye a encontrar una solución si Rusia presenta un plan unilateralmente que simplemente afianza el. 
Por este motivo, no solo debe anunciarse un plan de paz sino que, en realidad, tiene que presentarse a la propia Moldova. 
Quisiera ver al gobierno y a la oposición trabajar juntos sobre esta cuestión. 
Como Unión Europea, hemos de contribuir a asegurar, por ejemplo, que se pueda conseguir un mandato de la OSCE, el cual se ha discutido en esta Asamblea. 
Creo que todavía tenemos que volver a destacar que las soluciones multilaterales son importantes en este contexto, y hay que pedir a Rusia, Ucrania y Rumania que se abstengan de tomar medidas unilaterales. 
Señor Presidente, Señor Comisario, como Demócrata-Cristiano y diputado sueco del Parlamento Europeo, me alegra mucho que se vuelva a abordar la cuestión de Moldova. 
Moldova no ha conseguido estabilizar su evolución democrática tras la caída de la Unión Soviética. 
Tal como bien sabe el Comisario Busquin, la cuestión del idioma y la identidad cultural son fuentes de división para el pueblo moldavo en su conjunto. 
La cuestión se refiere al lugar que debería ocupar la lengua rumana y el movimiento nacional moldavo en la sociedad, frente al del idioma ruso y de las tendencias hacia Rusia y el este. 
Los Demócratas Europeos y Demócrata-Cristianos suecos queremos expresar nuestro apoyo a la oposición de Moldova, liderada por Iurie Rosca del Partido Demócrata-Cristiano. 
Les pedimos que defiendan abiertamente que la sociedad moldava vaya en la dirección europea, democrática y pluralista sobre la base de los valores comunes sobre los que la Unión Europea se asienta en definitiva. 
Lo que dice esta resolución sobre que la democracia moldava no se ha estabilizado es totalmente cierto. 
La situación en Transdniéster, que en la práctica es una república disidente, no hace que la situación sea más fácil. 
Creo que la Comisión y el Consejo Europeo deberían emprender acciones para reforzar el desarrollo cultural de Moldova, para que el país pudiera adquirir una independencia en la que su propia lengua, el moldavo, ocupe el lugar que le pertenece. 
Las manifestaciones masivas que se han llevado a cabo en Chisinau en los últimos años muestran que hay que dar todo el apoyo posible al país para que evolucione hacia una democracia pluralista en la que la oposición no se suprima por el liderazgo comunista del país. 
. Señor Presidente, Señorías, el problema de Transdniéster es una antigua preocupación de la Unión Europea. 
En la declaración efectuada en la reciente cumbre ministerial de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) de Maastricht, a la que la Comisión se asocia plenamente, la Presidencia de la Unión Europea reafirmó nuestro compromiso de velar por la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldova y confirmó su pleno apoyo al marco de negociaciones de cinco interlocutores que agrupa a la OSCE, la Federación Rusa, Ucrania y las dos partes afectadas. 
La Unión Europea considera que este marco constituye un espacio transparente y adecuado para encontrar una solución política al conflicto. 
En Maastricht, la Unión Europea manifestó su decepción por la falta de progresos registrados por Rusia en la realización de los compromisos contraídos en Estambul en 1999, a saber, la retirada de sus tropas y municiones de Transdniéster. 
La Unión Europea ha pedido a Rusia que cumpla sus compromisos, ya que considera que solo un compromiso realmente multinacional gozará de legitimidad internacional, y ha reiterado su voluntad de ayudar a encontrar una solución multinacional bajo la égida de la OSCE. 
La Unión Europea actúa también de forma concreta para favorecer una solución del conflicto. 
La Comisión y Moldova están ultimando la elaboración de un acuerdo que instituya un sistema de doble control de las exportaciones de acero procedentes de Moldova a la Unión Europea. 
Este sistema reforzará el control de Moldova sobre las exportaciones procedentes de la región secesionista. 
La Comisión alienta asimismo a Moldova a mejorar el control de sus fronteras y de su territorio aduanero. 
En marzo de 2003, la Comisión organizó una primera reunión entre Moldova y Ucrania con vistas al establecimiento de controles conjuntos a lo largo de las fronteras comunes y para debatir cuestiones bilaterales. 
En enero de 2004 se celebrará una segunda reunión. 
La iniciativa «Una Europa más amplia. Nueva vecindad» abre nuevas perspectivas para hacer llegar a Moldova la estabilidad, la seguridad y la prosperidad que hemos instaurado en la Unión Europea ampliada. 
La perspectiva europea muy clara que se ofrece a Moldova en el marco de la iniciativa «Una Europa más amplia» actuará, esperamos, como un incentivo adicional para lograr una solución al conflicto de Transdniéster. 
La Comisión seguirá con atención la evolución de la situación y continuará recordando a la Federación Rusa la cuestión del respeto de los compromisos que contrajo en Estambul. 
– Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado, pasamos a la votación. (1) 
– Con esto se ha agotado el orden del día del Parlamento. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo y les deseo a todos que pasen unas excelentes vacaciones para que recuperen sus energías y a fin de concluir la quinta legislatura en 2004. 
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
(1) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 18 de diciembre de 2003. 
Señorías, como saben, el 26 de diciembre de 2003 perdieron la vida al menos 30 000 personas en la antigua ciudad de Bam, en Irán, a causa de un terremoto. 
Hubo miles de heridos y decenas, si no cientos, de miles de personas de esa ciudad y de la región han tenido que ser evacuadas. 
Quisiera que quede constancia claramente en esta Cámara de la expresión de nuestras sinceras condolencias por todas las víctimas de este terremoto y nuestra decisión de mostrar nuestra solidaridad práctica con ellas y sus comunidades en las próximas semanas y meses. 
Quisiera también recordar el accidente del 3 de enero de 2004 de un avión chárter egipcio que se estrelló en el Mar Rojo, en el que perdieron la vida 148 personas. 
Ya he transmitido en nombre del Parlamento nuestras condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades francesas. 
En señal de respeto por las víctimas del terremoto, una terrible catástrofe natural, y del accidente de tráfico aéreo, les ruego que guardemos un minuto de silencio. 
– Señorías, quisiera informarles de que la noche pasada en este edificio de Estrasburgo se produjo una fuga de agua en un calentador que está justamente encima de esta Cámara. 
El agua pasó al techo falso de la Cámara y parte de ella cayó sobre los asientos y pupitres de algunos diputados. 
Lamento informar a los colegas del Grupo Socialista que su zona es la más afectada. 
Los servicios del Parlamento Europeo descubrieron la fuga a eso de las 4.30 de la mañana e inmediatamente se adoptaron las medidas necesarias para proteger la Cámara y sus instalaciones y localizar y detener la fuga. 
Los servicios técnicos y los contratistas han recogido el agua del falso techo y lo han secado, han limpiado los muebles y han comprobado si el equipo técnico para la interpretación y la votación electrónica funcionan correctamente. 
Nuestro servicio técnico nos ha asegurado que no hay peligro por lo que respecta al techo falso ni ninguna amenaza de derrumbe. 
Por lo que sabemos, no se ha producido ningún daño sustancial en el equipo de votación o interpretación, fuera de los 11 sistemas y estaciones que han sido sustituidos esta tarde. 
Por tanto, la Cámara debería estar totalmente operativa. 
Si hubiese algún problema de funcionamiento, por favor informen a los servicios urgentemente de modo que pueda solucionarse. (1) 
– Señor Presidente, en el orden del día de esta tarde se encuentra el informe del Sr. Pex acerca de las sanciones para los delitos de contaminación marítima. 
El Sr. Pex se encuentra bien, al igual que el Sr. Doorn y otros, algo que les digo para que no se alarmen por la noticia que tengo que darles, y es que han sufrido un accidente aéreo. 
Según se me ha informado, parece ser que el avión se salió de la pista, pero todos se encuentran bien. 
El Sr. Pex ha pedido que se debata hoy este informe, en lugar de posponerlo. El Sr. Bremmer se hará cargo de la presentación del mismo, ya que, aunque no es miembro de la comisión pertinente, está bien informado sobre el tema. 
Personalmente, me complace transmitirles esta petición. 
Como la Sra. Comisaria está presente y parece que la Cámara está de acuerdo, procederemos con el orden de los trabajos previsto para hoy. 
– Señor Presidente, aunque es cierto que lo anunciamos con relativamente poca antelación, nos gustaría que se introdujese una modificación en la votación del jueves. La Sra. Gebhardt estará encantada – suponiendo que eso sea posible – de explicarles las razones. 
– Señor Presidente, el jueves está previsto que debatamos y votemos el informe Zappalà sobre el reconocimiento de títulos. 
Aunque no haya razón alguna para que el debate no pueda celebrarse el jueves por la mañana, quiero pedir que pospongamos la votación sobre dicho informe hasta el período de sesiones de Bruselas, a finales de este mes. 
Esta petición, que realizo en nombre de mi grupo, está motivada por dos razones. 
La primera es que algunas enmiendas tienen todavía que ser revisadas antes de proceder a su traducción hoy, y queda muy poco tiempo para hacerlo. 
Creo que el número total de enmiendas superará las 300. 
La otra razón es que muchos de los diputados de esta Cámara volarán el jueves por la mañana a la India con motivo del Foro Social. 
El reconocimiento de las titulaciones profesionales es un tema de importancia tal y que afecta a tantos ciudadanos, que realmente sería conveniente y adecuado contar con la asistencia de un amplio número de diputados de esta Cámara a la votación. 
Esa es razón suficiente para que votemos cuando podamos garantizar la presencia de muchos diputados, por lo que solicitamos que la votación sobre este informe tenga lugar en Bruselas a finales del mes, aunque el debate debe seguir celebrándose el jueves por la mañana. 
. – Señor Presidente, quiero hablar sobre este tema en nombre del ponente. 
Tengo entendido que a él le hubiera gustado que su informe se sometiera a votación esta semana, y una de las razones es que sabemos por experiencia que la asistencia es mayor en las sesiones de Estrasburgo que en las de Bruselas. 
Este tema es de particular importancia; además, se ha venido debatido durante muchos meses y nuestra comisión ha pospuesto su votación una y otra vez, entre otras cosas por ser un tema de tanta actualidad y tan polémico. 
Pero esta vez creemos que ha llegado el momento de tomar una decisión al respecto y que puede tomarse esta semana. 
Sobre este asunto me encuentro en un dilema, no solo porque se han hecho distintas sugerencias, sino también porque mi oficina privada se ha puesto en contacto con el ponente y he entendido que él apoyaba una actuación diferente de la que se ha propuesto. 
Sugiero que realicemos un sondeo en la apertura de la sesión de mañana por la mañana para ver si podemos reconciliar las distintas preferencias expresadas esta tarde en la Cámara. 
¿Está la Cámara de acuerdo? 
Señor Presidente, ¿no sería posible hacerlo mañana antes de la votación a la hora del almuerzo? 
Sí, de hecho es preferible así, pues mañana habrá más diputados presentes al inicio de la votación. 
Invito a sus Señorías a utilizar el tiempo que queda para realizar consultas y, ojalá, llegar a un consenso. 
Procedemos a la votación sobre una solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. 
Es una solicitud que se discutió al final de la última sesión. 
– Señor Presidente, en primer lugar tengo que excusar a la Sra. Randzio-Plath, que se ha visto impedida para venir. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios votará esta tarde sobre esta cuestión de la prórroga según el procedimiento simplificado, apartado 1 del artículo 158, de modo que el resultado se conocerá en breve. 
En efecto, pienso que llegaremos a un acuerdo, pero la votación tendrá lugar esta tarde. 
Entiendo entonces que después de la reunión de esta noche estarán definitivamente en condiciones de emitir una recomendación. 
¿Quieren entonces que tratemos este asunto de la urgencia mañana por la mañana al abrir la sesión? 
– Podemos aceptar la propuesta hoy, ahora mismo. 
– Señor Presidente, como ya sabrá, el lunes pasado mi oficina recibió una bomba incendiaria dirigida a mí, pero que fue abierta por mi personal. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los colegas por su solidaridad y apoyo. 
Sin duda se trata de un hecho chocante, pero tenemos que situarlo en perspectiva: otros diputados a esta Cámara han sufrido cosas mucho peores. 
Lo especialmente aterrador del caso es que fue mi personal quien abrió esa carta y eso podría haber afectado, por ejemplo, a estudiantes en prácticas. Ese era el aspecto más cobarde del tema. 
Si bien tenemos que tomar precauciones de seguridad, espero que no permitamos que se creen barreras entre nosotros y el electorado, porque eso es exactamente lo que los autores quieren: socavar la sociedad democrática. 
Quizás el aspecto más chocante haya sido la decisión del Sr. Farage, del Partido por la Independencia del Reino Unido, de publicar un comunicado de prensa oportunista que, en el mejor de los casos, era de un pésimo mal gusto y en el peor, una apología del terrorismo. 
Desde ese comunicado de prensa el personal de mi oficina ha sumado a las heridas los insultos, recibiendo un montón de correos electrónicos de seguidores del Partido por la Independencia del Reino Unido o de sus afiliados, que han sido francamente ofensivos exaltando los ánimos hasta el extremo, incluida la sugerencia de que la bomba debía haber sido más grande. 
Esto ha reforzado mi opinión de que el Partido por la Independencia del Reino Unido es un grupo de reaccionarios paranoicos marginados de la sociedad que ahora están a todas luces dispuestos a sumarse a aquellos que defienden el derrocamiento violento de los gobiernos. 
Ya ha habido apologistas de terroristas en esta Cámara antes, particularmente Herri Batasuna. 
Me siento decepcionado y me avergüenzo de que un partido político británico haya asumido la misma postura y espero que usted lo condene, señor Presidente. 
Señor Titley, la Cámara expresa su plena solidaridad con usted y su equipo. 
Algunos colegas más desean hablar sobre este tema, pero después quisiera hacer algunos comentarios a la Cámara sobre los datos disponibles para extraer lecciones de los sucesos de la semana pasada. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer las innumerables pruebas de afecto y solidaridad que he recibido prácticamente de todas las partes del mundo, de todas las instituciones- y veo aquí a la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. de Palacio- y de muchísimos miembros de esta Cámara, de todos los Grupos políticos sin excepción, después del envío del paquete de Bolonia. 
Señor Presidente, creo que las instituciones no deben dejarse intimidar por estos actos y que, hoy más que nunca, debemos seguir trabajando en pro de una Europa unida- tomando en consideración las prioridades que va a presentarnos la Presidencia irlandesa pasado mañana -, en pro de una Constitución para Europa; Europa quiere y necesita una Constitución, señor Presidente, una Constitución donde debemos caber todos. 
Señor Presidente, creo que es importante que, ante la amenaza terrorista, que nos afecta a todos por igual- y creo que es un buen momento para reconocer y expresar, como español, el agradecimiento por el aliento constante que hemos venido recibiendo del Parlamento Europeo en la lucha contra la banda terrorista ETA -, tenemos que seguir unidos, y la respuesta debe ser también de todos por igual. 
Y, como decía el Sr. Titley, esa respuesta se tiene que hacer desde la calma y la serenidad, sin estridencias y movilizando todo nuestro esfuerzo y nuestra determinación para que la libertad- y quiero señalar, señor Presidente, que esta es la casa de las libertades de los ciudadanos de Europa- no sea salvaje ni impunemente agredida por la barbarie, que es lo único que representan los movimientos terroristas. 
– Señor Presidente, en realidad no quería hacer ninguna declaración, pero al final he decidido hacerlo, ya que un número importante de diputados lo ha hecho. 
Todos los diputados de esta Cámara debemos tener muy claro que no permitiremos a nadie –ya sean terroristas, anarquistas, o quien sea– que nos presione. 
Afirmamos que la integración europea es una tarea basada en la paz, el entendimiento y la reconciliación, y un propósito del que no conseguirá desviarnos nadie, ni en Europa ni en el resto del mundo. 
Así pues, debemos considerar la manera de mejorar nuestra seguridad, pero demostrando al mismo tiempo nuestra firme determinación a presionar con nuestro trabajo por la paz para la unificación de Europa. 
– Señor Presidente, he dicho desde el inicio de este episodio que condeno el uso de la violencia para lograr fines políticos. 
Lo dije a lo largo de toda la semana pasada, y me decepciona que el Sr. Titley no lo haya querido escuchar. 
Si, como dice, ha recibido amenazas directas de personas que, pretendidamente, son simpatizantes o miembros del Partido por la Independencia del Reino Unido, debería remitirme esos nombres inmediatamente porque inmediatamente se sometería a esas personas a un proceso disciplinario y se las expulsaría de nuestro partido. 
Somos un partido político democrático que no es racista ni sectario, pero que se atreve a decir que continuar con la integración europea sin el consentimiento entusiasta de los ciudadanos europeos es peligroso. 
¿No sería mejor someter la Constitución europea propuesta a una votación democrática en cada uno de los países de la Unión Europea y dejar que los ciudadanos, y no los políticos profesionales, decidan su destino? 
No hacerlo así podría ser un error de consecuencias históricas que podría generar desórdenes muy graves en el futuro. 
Invito al ex alcalde de Bolonia, nuestro Vicepresidente, el Sr. Imbeni. 
Señor Presidente, no tomo la palabra en calidad de antiguo alcalde de Bolonia, ni como diputado al Parlamento Europeo por la ciudad de Bolonia. 
Por supuesto, ya he expresado mi solidaridad con todos aquellos que se han visto afectados directamente por estos actos de violencia, pero estoy de acuerdo con quienes dicen que no debemos dar mucha publicidad a los que desean debilitar las instituciones democráticas con actos violentos e intimidación. 
Al tomar la palabra, lo hago para pedirles a usted, señor Presidente, y a todos mis colegas diputados que apoyen una idea presentada por el antiguo Primer Ministro noruego hace unos días: conceder el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. 
Como el Sr. Poettering ha dicho hace un momento, esta es el mayor y más extraordinario trabajo por la paz jamás realizado. 
Creo que estaría completamente justificado que la Unión Europea –y no digo el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, sino la Unión– pidiera y apoyara la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión. 
Espero que todos los diputados, empezando por usted, señor Presidente, apoyen esta idea. 
Respecto a los incidentes de la semana pasada puedo asegurarles, Señorías, que hemos mantenido intensos contactos con los servicios de seguridad de los Estados miembros, particularmente a la luz de la experiencia del Sr. Titley. 
Hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de los dispositivos de seguridad de nuestros edificios. 
Durante la revisión se plantearon una serie de cuestiones operativas. 
Las hemos abordado y seguiremos haciéndolo prestándoles gran atención. 
El tema se debatió a fondo la semana pasada en la Conferencia de Presidentes y se volverá a debatir en detalle esta noche en la Mesa. 
Puedo asegurarles que se está tratando de la forma que sus Señorías esperan. 
Lo que corresponde en este caso es que sepamos cuál es y cuál debería ser nuestra respuesta, pero que la mantengamos para nuestros adentros. 
Con relación al asunto final abordado en el curso de estos comentarios sobre los incidentes de la semana pasada, queremos decir claramente que no existe justificación para los actos de terrorismo contra personas elegidas democráticamente sin importar la causa o el lugar, incluidos, a la luz de lo ocurrido la semana pasada, los diputados a esta Cámara. 
Ningún diputado a esta Cámara debería intentar apoyar, directa o indirectamente, lo que no puede apoyarse ni aceptarse. 
– Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre un tema completamente distinto, a saber, la ley de expropiación especial de la Comunidad Valenciana que regula las actividades urbanísticas: la LRAU o Ley Reguladora de Actividades Urbanísticas. Esta ley, en mi opinión, constituye una clara violación de los tratados internacionales, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Parece como si las autoridades valencianas hubieran redactado esta ley estalinista para poder lograr sus objetivos sin un excesivo coste. 
La ley establece la posibilidad de realizar expropiaciones de interés general, pero en la práctica eso significa que los promotores están autorizados para llevar a cabo sus lucrativos planes. 
La indemnización que reciben los propietarios expropiados es ridículamente pequeña. No hay modo de recurrir, y los residentes, a menudo jubilados extranjeros procedentes de toda la UE, ni siquiera reciben información. 
Esta es una situación propia de la Edad Media. 
Por lo tanto, quiero pedir a una de las comisiones de investigación del Parlamento que examine esta ley para ver si viola los tratados internacionales y que no se aplique durante el tiempo que dure la investigación. 
– Señor Presidente, en esta semana se cumplen dos años de la detención sin cargos ni juicio de aproximadamente 660 personas en la Bahía de Guantánamo. 
Amnistía Internacional asegura que algunos de ellos son menores. 
Esta Cámara ha expresado recientemente su preocupación por el hecho de que estas personas sigan detenidas sin cargos ni juicio y ha instado a que se les conceda un juicio público y justo y el derecho a elegir a su propio abogado defensor. 
Le ruego, señor Presidente que se ponga en contacto directo con el Congreso de los Estados Unidos para expresar la preocupación de este Parlamento y también instar al Presidente en ejercicio del Consejo a ponerse en contacto con las autoridades de los Estados Unidos para expresar nuestra inquietud. 
Si en la lucha para derrotar al terrorismo negamos los derechos civiles y políticos de las personas, estamos socavando nuestras democracias. 
En mis comentarios en nombre del Parlamento durante la cumbre de diciembre de 2003 en Bruselas, me expresé exactamente en esos términos en relación con todos los contactos de las instituciones con los Estados Unidos, su Gobierno y su Congreso. 
– Señor Presidente, la semana pasada, en el marco de la Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional, la India y Pakistán anunciaron que volverían a reunirse dentro de un mes para adoptar medidas tendentes a aumentar la confianza, con inclusión de conversaciones sobre Cachemira. 
Esta Cámara acogería con satisfacción un relajamiento de las tensiones en el foco de conflicto más peligroso del planeta, que hace solo dos años estuvo al borde de una guerra nuclear. 
Ambos países han anunciado recientemente un alto el fuego a lo largo de la línea de control de Cachemira, han restablecido las conexiones aéreas y por autobús y han firmado un acuerdo comercial. 
En marzo, el equipo de críquet de la India visitará Pakistán por primera vez después de 10 años. 
Deporte y amistad van de la mano. 
Insto al Presidente Musharraf, sin embargo, a que al mismo tiempo ponga fin a la infiltración terrorista a través de la frontera y celebro las noticias de hoy sobre el arresto de los acusados de intentar asesinarlo. 
Estoy seguro de que esta Cámara desea expresar su aliento y apoyo al proceso de paz. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a los diputados que han apoyado un documento solidario con las mujeres acusadas por abortar y que están siendo juzgadas de nuevo en Portugal. 
El juicio continúa mañana en el tribunal penal de Aveiro. 
Tras el caso Maia, hace alrededor de dos años, han surgido casos nuevos continuamente. 
A pesar de la resolución del Parlamento Europeo, adoptada el 3 de julio de 2002, que recomienda a los Estados Miembros no emprender acciones penales contra las mujeres que aborten, la ley en Portugal se mantiene alejada de la realidad social. Es una ley cruel que empuja a las mujeres a someterse a abortos “ilegales” , que las trata como criminales, que las sube a un estrado y que las puede condenar a hasta tres años de prisión. 
Así pues, Señorías, les pido que muestren solidaridad con estas mujeres y hagan un llamamiento a la Asamblea Nacional portuguesa para que afronte el problema de los abortos ilegales y elimine la legislación que condena a estas mujeres. 
Señor Presidente, a principios de diciembre se anunció que la Comisión Europea había entablado negociaciones para un Acuerdo de Asociación con Siria y desde entonces no hemos vuelto a saber nada sobre el tema. 
Creo que, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, no es necesario que nos explayemos demasiado sobre los lazos que existen entre Siria y organizaciones como, y ni sobre las ayudas directas que dicho país les proporciona. 
Teniendo en cuenta que, a lo largo de estos años, la Unión Europea ha demostrado su incapacidad de garantizar el respeto de la cláusula sobre derechos humanos en todos los acuerdos de asociación, sería bueno que el Parlamento fuera debidamente informado por la Comisión, antes de debatir este asunto, sobre cómo se ha podido firmar un acuerdo de asociación con un país como Siria. 
Señor Presidente, en el aeropuerto de Tel Aviv se ha estado entregando un documento con el que se pretende impedir el movimiento dentro de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza. 
Todos aquellos que deseen ir a los territorios de la Autoridad Palestina deben obtener una autorización por escrito, sin la cual las autoridades israelíes pueden – y cito textualmente – «deportar, detener y perseguir a cualquiera que entre en los territorios autónomos». 
Desde mi punto de vista, se trata de un acto extremadamente grave y constituye una violación de la soberanía de la Autoridad Palestina. 
El muro impide la movilidad de los palestinos: ahora son las autoridades israelíes quienes deciden qué palestinos pueden o no reunirse. Dicho de otro modo, los carceleros están concediendo autorizaciones a los prisioneros. 
Ese mismo documento fue enviado a contratistas y funcionarios de la Unión Europea. 
Por lo tanto, insto al Presidente, a la Comisión y a la Presidencia Europea a que intervengan y pregunten a las autoridades israelíes por qué restringen de este modo la circulación de las personas. Les haré llegar el documento que han recibido varios ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, quisiera intervenir sobre las polémicas que, la semana pasada, enfrentaron al Congreso Judío Mundial y a la Comisión de la Unión Europea. 
Mi objetivo no es avivar esas polémicas, sino recordar que en su origen se encuentra un informe, que todavía no ha sido difundido por las Instituciones europeas, sobre una realidad por desgracia demasiado vigente. 
Esa realidad es un rebrote del antisemitismo en una serie de países, en particular en Francia, donde cada día niños judíos, por ser judíos, son objeto de acoso y persecuciones por parte de árabes que les aplican perniciosamente lo que está ocurriendo en el conflicto de Oriente Próximo. 
Me gustaría, señor Presidente, que interviniese para que este informe sea difundido, de modo que los seminarios previstos sobre esta cuestión puedan organizarse efectiva y rápidamente, y que la Unión Europea, de acuerdo con sus competencias, pueda cumplir los compromisos que ha contraído, en particular a través de nuestro Parlamento. 
Señor Nordmann, creo que la expresión de su interés por la transparencia mediante la publicación es algo que encontraría aceptación en la Cámara. 
En primer lugar quiero decir claramente que cuenta con mi apoyo y solidaridad incondicionales. 
No sabemos todavía quién es responsable de ese inadmisible comportamiento. 
Ha mencionado que la Cámara escucha cómo Herri Batasuna elogia el terrorismo. 
Quisiera decir al Sr. Titley que, como diputado a esta Cámara, está actualmente bajo la Presidencia irlandesa. 
Puede examinar todos los registros de esta Cámara y si encuentra una sola palabra elogiando a los terroristas en mis intervenciones, que lo diga. 
No creo que encuentre nada. 
Si tiene alguna prueba, que la presente ante la Presidencia irlandesa. 
Señor Presidente, el Sr. Gorostiaga nunca ha condenado ningún atentado de ETA, sean cuales sean sus víctimas. 
A veces se ha lamentado cuando ha habido muertes y siempre ha justificado las acciones terroristas de ETA. 
Eso es precisamente lo que se llama apología del terrorismo y por eso quiero expresar mi solidaridad con el Sr. Titley, por lo que le ha pasado y por lo que ha dicho hoy aquí. 
Señor Presidente, en la última sesión plenaria solicité a la Cámara que se guardara un minuto de silencio por la muerte innecesaria de niños y civiles en Irak y Afganistán como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas de ocupación, y que ese minuto se guardara en la sesión de hoy. 
El Presidente de dicha sesión me dijo que plantearía la cuestión a la Mesa. 
Por tanto, quiero saber si lo han debatido y si se ha planteado la posibilidad de guardar un minuto de silencio. 
– Señor Presidente, poco antes de Navidad asistimos a la pantomima anual de Bruselas, también llamada Consejo de Ministros de Pesca, que deliberaba sobre las cuotas de captura para 2004, junto con las medidas de recuperación a largo plazo del bacalao. 
Por segundo año consecutivo, los resultados para las comunidades costeras e insulares escocesas han sido desastrosos. 
Si bien se han aumentado las cuotas de eglefino, cosa que se ha acogido favorablemente, el Consejo ha reducido la actividad de la flota escocesa a solo 15 días en el mar, y también ha restringido el acceso a ciertas zonas cruciales. 
Probablemente esto llevará a la quiebra a muchos barcos. 
Increíblemente, el equipo ministerial dirigido por el Gobierno del Reino Unido ha hecho que Escocia acepte de buena gana este paquete suicida. 
No es de extrañar que muchos escoceses hayan perdido ahora completamente su fe en la Política Común de Pesca. 
Solicito a la Comisión Europea que revise de nuevo este paquete y acepte que su reglamento, de naturaleza claramente impracticable y discriminatoria, debe ser reexaminado. 
– Señor Presidente, me han informado de que el 29 de diciembre de 2003, hacia las 2 de la madrugada, un grupo de personas desconocido atacó el Centro Cultural Casal Jaume I de Russafa, un barrio de Valencia. 
Todos los centros Casal Jaume I son miembros de la asociación Acció Cultural del País Valencià, cuyos objetivos son el estudio, apoyo y promoción del acervo cultural de Valencia. 
Acció Cultural tiene más de 9 000 socios. 
Muchos jóvenes son también socios de los centros Casal Jaume I. Al día siguiente se ofreció una conferencia de prensa en el centro y los periodistas pudieron ver los daños por sí mismos. 
El Secretario General de Acció Cultural hizo referencia a 21 ataques desde julio de 2001 en los centros Casal Jaume I de Valencia y las ciudades cercanas de Llíria, Carlet, Sueca y Vila-Real. 
También ha sido atacada la sede central del partido Bloc Nacionalista Valencià. 
En Valencia existe una violencia continua contra partidos y asociaciones que promueven y apoyan el patrimonio cultural y los valores progresistas. 
Se ha informado a la policía de todos estos ataques. 
La violencia va en aumento; algunas personas han sido amenazadas, otras han sido atacadas. 
Hasta la fecha, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente. 
– Señor Presidente, estoy seguro de que usted y toda la Cámara me acompañarán para expresar nuestro aflicción y nuestras condolencias por los 21 albaneses que perdieron sus vidas cuando su barco naufragó recientemente cerca de Vlora, frente a la costa albanesa. 
Cuando con razón nos esforzamos por desarrollar una política europea común de asilo y paralelamente una política europea común sobre la inmigración legal, esta tragedia y otras similares nos señalan con mayor claridad la necesidad de que la UE sea consciente en todo momento de los países menos prósperos a su alrededor y actúe cada vez más para apoyar a estos países, de los que Albania es solo un ejemplo. 
– Señor Presidente, siento verme obligado otra vez a presentar una queja sobre Air France. 
En esta ocasión sobre el embarque. 
Antes solíamos salir por la terminal 2D, donde hay muchas máquinas de seguridad y las cosas iban rápidas, pero desde hace dos meses salimos por la terminal 2B, donde solo hay una pequeña máquina de seguridad. 
Hoy hemos tardado un promedio de 40 a 45 minutos para pasar. 
En realidad hablo en nombre de algunos pasajeros muy estresados del Servicio de Interpretación y del personal que estaban al borde de un ataque de nervios ante la idea de que no pudieran tomar el avión. 
Algunos diputados que fueron a la sala de preembarque y fueron llamados en el momento oportuno, se encontraron con que de hecho tuvieron que hacer cola durante 40 minutos. 
Después el avión despegó con mucho retraso. 
¿Podría usted, quizás, solicitar que se mejoren estas instalaciones? 
Yo estaba en ese avión, señor Corrie, y en efecto tomaré cartas en el asunto. 
2b o no 2b: esa es la cuestión que debemos plantear. 
– Señor Presidente, quisiera llamar la atención de esta Asamblea sobre unos estudios recientes, particularmente sobre los efectos del cambio climático, publicados en la revista científica. 
Documentan una desaparición masiva de especies vegetales y animales por culpa del cambio climático. 
El sapo dorado es la especie más memorable, aunque probablemente no la más meritoria. 
A la luz de estos hechos quisiera solicitar a la Comisaria de Palacio que se retracte de los comentarios que hizo en diciembre sobre la muerte del Tratado de Kioto y pedirle que se esfuerce en reactivar este tratado y redoblar sus esfuerzos para lograr la adhesión de Rusia. 
La Comisaria puede tomar nota de ello. 
Para que conste en Acta, creo que su copresidente ya ha planteado esta cuestión en la Cámara y en aquella ocasión recibió una respuesta exhaustiva de la Comisaria, desmintiéndolo. 
Quizá después desea hacer un breve comentario. 
Ahora no vamos a abrir un debate al respecto. 
La Comisaria ha escuchado lo que usted quería decir y puede responderle oportunamente. 
Puedo asegurarle que comprobamos aquel día que los comentarios que atribuimos a la señora Comisaria eran exactos. 
El Sr. Prodi no negó esos comentarios. 
Simplemente dijo que el Tratado de Kioto era importante y seguiría adelante. 
Quisiera que la Comisaria dijera por sí misma exactamente lo que dijo o no dijo. 
Cuando lleguemos al informe sobre seguridad aérea, la Comisaria puede hacer una breve digresión. 
Sin embargo, no daré la palabra a la Comisaria en este momento. 
– Señor Presidente, mi honorable amigo, el Sr. Patakis, ha planteado hace un momento lo que en mi opinión constituye un asunto serio. 
En la última sesión parlamentaria ya solicitó que la Cámara guardara un minuto de silencio en memoria de los 16 niños asesinados por los invasores americanos en Afganistán a principios de diciembre y en memoria de otros miles de civiles que han sido víctimas de las intervenciones en Afganistán e Irak. 
El Presidente de dicha sesión le aseguró que se lo notificaría a usted. 
Hoy, mi honorable amigo el Sr. Patakis ha reiterado su petición. 
Periódicamente, el Parlamento guarda un minuto de silencio en memoria de distintas víctimas, entre ellas las víctimas entre los invasores. 
Creo que la más elemental compasión, señor Presidente, exige que la petición de mi honorable amigo sea aceptada. 
Tomo nota de la solicitud. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre seguridad aérea así como el acuerdo UE/Estados Unidos sobre la transmisión de datos personales en el marco de los vuelos transatlánticos. 
Señor Gorostiaga, esto no es un debate. 
Siempre trato de tener en cuenta a todos los diputados, usted incluido. 
Si desea hacer algún otro comentario tendrá que hacerlo bilateralmente con los colegas. 
. Señor Presidente, Señorías, hemos tenido en estos últimos días demasiadas ocasiones para interesarnos por el problema de la seguridad en el transporte aéreo. 
Y antes de abordar el tema de los vuelos transatlánticos quiero expresar también mi dolor por el terrible accidente del avión de la Compañía ocurrido el 3 de enero pasado y que ha causado 148 víctimas, en su mayoría ciudadanos europeos. 
Estoy segura de que todos compartimos el sentimiento de las familias afectadas. 
Pero antes de nada quiero recordar que, una vez más, tenemos que esperar las conclusiones de la investigación para conocer exactamente las circunstancias en que ocurrió. 
Durante los últimos años, la seguridad aérea ha sido una de las principales preocupaciones y ocupaciones de la Comisión, mía personalmente y de toda la Dirección General de Transportes. 
Es un ámbito en el que hemos avanzado de manera clara: hemos aprobado la Directiva sobre la notificación de sucesos en aviación civil; hemos aprobado la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que ya está en funcionamiento; hemos aprobado las normas sobre certificación y mantenimiento de aeronaves que debe aplicar dicha Agencia y, hemos avanzado, también, en la iniciativa de "cielo único", que es un elemento que debe reforzar la seguridad en el sector aéreo en Europa. 
Lamentablemente todas estas medidas no entran en línea de cuenta- no sé si lamentablemente -, en el caso en cuestión. 
Se trata aquí de un supuesto distinto. 
Había conocimiento de algunos problemas con el avión- por ejemplo, los incidentes ocurridos cuando se le desvió por razones técnicas al aeropuerto de Atenas -, y era lógico pensar que hubieran sido registrados en la base de datos prevista en la Directiva que aprobaron ustedes el año pasado, pero hay que decir que dicha Directiva no entrará en vigor hasta dentro de un año. 
En cuanto a la Agencia de Seguridad Aérea, que ejerce desde el 28 de septiembre pasado, su responsabilidad respecto a las competencias nacionales de certificación se limita a las naves registradas en la Comunidad, es decir, que tienen pabellón comunitario y, por lo tanto, no cubre naves como las de la Compañía. 
Conforme al Convenio de Chicago, es el Estado de pabellón- aquel en el que están registradas las naves- el responsable de que esos aviones reúnan y cumplan todas las normas de seguridad internacionales, todo ello bajo la supervisión de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
No obstante, los Estados se reservan la posibilidad de verificar que las aeronaves de países terceros que viajan a ellos respetan estas normas. 
Para facilitar esta vigilancia los Estados de la Unión y algunos terceros países europeos crearon en 1996 un sistema de inspección de aeronaves y de intercambio de información correspondiente, llamado SAFA, dentro de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC). 
La Comisión Europea cofinancia este programa y participa en él como observador. 
Este programa es el que ha permitido el intercambio de información sobre las seis inspecciones efectuadas por Francia, Alemania y Polonia tras las prohibición suiza de los Boeing 737 de. 
Sin embargo, aunque se realizan alrededor de 3 000 inspecciones cada año, nada garantiza que cada Estado de la Unión las efectúa y cómo las efectúa. 
Por otra parte, este sistema no garantiza ni la aprobación de medidas colectivas ni, sobre todo, la transparencia de las inspecciones y medidas y, además, carece de mecanismos de sanción contra los Estados que no cumplan con las reglas. 
Es más, considero que esta falta de transparencia es perjudicial para las compañías más respetuosas con las normas de seguridad ya que ese respeto no se conoce o, la mayor calidad de las compañías más serias no se conoce y da oportunidades a aquéllas que son menos serias. 
Por el contrario, una mayor transparencia haría que todo el mundo supiera cómo son las cosas y, evidentemente, el pasajero, el consumidor, podría elegir y elegiría claramente la máxima seguridad. 
La Comisión está al corriente de estas lagunas de la organización actual del sistema del control de las aeronaves. 
Y quiero recordar que, como consecuencia de un accidente parecido al de, que ocurrió en 1996 en Puerto Plata, en la República Dominicana, en un vuelo operado por una compañía chárter turca por cuenta de una agencia de viajes alemana, la Comisión presentó en 1997 una propuesta de directiva sobre el control de las aeronaves de terceros países que aterrizan en aeropuertos de la Comunidad. 
Quiero señalar que la Comisión presentó, además, una propuesta modificada sobre este texto en enero de 2002 que retomaba esencialmente el texto de 1997 con correcciones que mejoraban el propio texto y que, además, permitían su adopción rápidamente. 
Estamos en este momento, y sus Señorías lo saben, en la fase del procedimiento de conciliación, que espero avance en los próximos días, y el accidente de demuestra hasta qué punto este texto es absolutamente necesario y urgente: en primer lugar, está claro que el plazo de transposición de la Directiva debe ser el más breve posible- los últimos acontecimientos lo demuestran -, y que no debemos exceder los dos años habituales en la incorporación al derecho nacional de las directivas. 
Nadie entendería que después de lo que acaba de suceder hubiera mayores dilaciones por parte de los Estados de la Unión en este tema. 
En cuanto al informe anual que debe publicar la Comisión, creo que debe ponerse a disposición de todas las partes interesadas. 
Debe proporcionar los datos necesarios para la elección de las compañías aéreas por los organizadores de viajes para estimularles a preocuparse aún más por los temas de seguridad. 
Por supuesto, los datos de este informe solo pueden reflejar la realidad en un momento dado y no permiten siempre sacar conclusiones generales sobre la seguridad o la falta de seguridad de un aparato o de los aparatos en general de una compañía concreta. 
No obstante, la iniciativa británica de publicar una lista de las compañías que no pueden acceder al espacio aéreo británico pone de manifiesto que, de todos modos, la transparencia no solo es posible sino que se va a producir. 
Y el informe de la Comisión deberá llevarse a cabo y concebirse teniendo en cuenta este aspecto. 
La Comisión respalda al Parlamento cuando propone que una medida adoptada por un Estado de la Unión- tras una inspección- surta efecto en el conjunto de la Comunidad. 
Así la actitud del Estado más riguroso de la Unión será la actitud del conjunto de la Unión respecto a este tipo de aviones. 
Este accidente no exige únicamente un esfuerzo y un refuerzo de los controles y de la transparencia de estos controles. 
Nos exige también que consideremos la necesidad de una mayor disciplina de los operadores turísticos en lo relativo a la información a los pasajeros sobre la compañía aérea que va a transportarles y sobre la elección de la misma. 
No se entiende por qué cuando se coge un paquete turístico se da todo tipo de información en cuanto al hotel, el régimen de comidas, incluso a veces sobre los lugares que se van a visitar, ofertas de actividades complementarias... , pero no se suele señalar exactamente cuál va a ser la compañía aérea responsable de llevar a cabo el vuelo. 
He pedido a los servicios de la Comisión que estudien de manera prioritaria esta cuestión que me parece esencial. 
Este dramático asunto, Sr. Presidente, sin embargo, no es el único elemento que ha producido polémica y preocupación en cuanto a las cuestiones relacionadas con la seguridad, -en el sentido de, entre el público en el sector de la aviación civil, ya que todos hemos tenido conocimiento durante estas Navidades de asuntos relacionados con suspensiones de vuelos desde países europeos a los Estados Unidos, con los correspondientes problemas y dificultades para todos aquellos viajeros que habían planeado tomar dichos aviones. 
No hay duda de que la situación actual justifica una cooperación reforzada y más activa con las autoridades americanas para reforzar los aspectos de seguridad frente a los nuevos riesgos terroristas. 
Pero, aunque compartimos estos objetivos, nos vemos confrontados a menudo con medidas que se adoptan de manera unilateral y, en ese sentido, quiero decir que, reiteradamente desde la Comisión, hemos manifestado a las autoridades americanas la necesidad de llevar a cabo un diálogo y un acuerdo previo a la toma de decisiones que, además, no solo facilitaría la puesta en marcha de las mismas, sino también podría ofrecer mejores resultados teniendo en cuenta la experiencia de la que, por suerte o por desgracia, disponen algunos Estados de la Unión en esta materia. 
Las difíciles negociaciones llevadas a cabo por el Sr. Bolkenstein sobre la transferencia automática de datos personales a las autoridades americanas ponen, además, de manifiesto que al final se pueden encontrar soluciones aceptables por ambos lados, aunque lleva más tiempo y crea más dificultades. 
En ese sentido quiero decir, hablando ya de la transferencia de datos, que el pasado mes de diciembre tuve ocasión de presentar a la Comisión LIBE, junto a los Sres. Vitorino, Patten y Bolkenstein, los resultados de estas negociaciones. 
Como indicamos entonces, creemos que los resultados obtenidos sobre transferencia y almacenamiento de datos personales permiten a la Comisión preparar una decisión de equivalencia, una " ", ajustándose a la Directiva sobre la protección de datos, que complementarán una iniciativa en el seno de la OACI para crear un marco internacional y una información adecuada a los pasajeros. 
Debe quedar claro que el comportamiento en estos últimos tiempos de nuestro amigo y socio norteamericano, no se refiere a estos puntos. 
Tenemos que decir que los datos que han inducido a algunas dificultades no eran los datos que aparecen en el " " (PNR) y que son lo suficientemente detallados como para evitar cierto tipo de errores que se han producido en este terreno. 
No obstante, y aunque no se demostrara la justificación de la anulación, por ejemplo, de los vuelos de y Airway, shay que ser siempre precavidos ante las amenazas del terrorismo y más vale un exceso de precaución que encontrase confrontados al hecho consumado. 
También quiero referirme a otra cuestión que ha aparecido en los medios de información y que crea una cierta preocupación, como es la presencia de personal de seguridad a bordo de los aviones que viajan hacia los Estados Unidos, extremo que plantea problemas de todo tipo. 
En primer lugar, quiero señalar que esta cuestión es competencia de los Estados miembros. 
Que no existe competencia comunitaria en este terreno. 
En segundo lugar, quiero señalar que, como quiera que la Comisión tenía organizada una reunión el próximo 16 de enero, es decir, al final de esta semana, del Grupo de aviación, en el que participan todos los directores de aviación civil de los Estados de la Unión, a la larga lista de asuntos de la agenda se va a añadir este punto y se va a discutir. 
Señor Presidente, concluyo diciendo que lo sucedido en los últimos tiempos demuestra, en primer lugar, que la seguridad es un aspecto central de la actividad del transporte aéreo, que no se debe descuidar ni su mantenimiento ni su refuerzo. 
Que la seguridad hay que plantearla de una manera global y que no basta hablar de garantías y de seguridad de las compañías aéreas de nuestros territorios, es decir, de las compañías aéreas y aviones europeos, porque también a nuestros aeropuertos llegan aviones de terceros países y nuestros ciudadanos viajan de manera masiva en dichos transportes. 
Por lo tanto, hay que reforzar su seguridad y hay margen para hacerlo y espero que haya un acuerdo entre Parlamento y Consejo sobre este punto de la seguridad de los aviones de terceros países. 
Por último, quiero decir que las cuestiones de seguridad, para evitar problemas relacionados con el terrorismo en el sector de la aviación civil, deben de tratarse desde el punto de vista de lo que es la máxima garantía y seguridad para los pasajeros y para los ciudadanos. 
En cualquier caso, no debemos olvidar que el número de accidentes aéreos ha disminuido en los últimos 10 años en un 45 % a la vez que se duplicaba el tráfico aéreo. 
No obstante, como en el año 2003 se produjeron 576 víctimas en vuelos comerciales a nivel mundial, debemos seguir trabajando para intentar evitar que haya este tipo de accidentes y para conseguir una todavía mayor disminución de los mismos. 
Señor Presidente, el accidente del avión de Flash Airlines fue sin duda trágico. Yo viví esa tragedia personalmente, ya que me encontraba en Francia y pude ver la reacción de la sociedad francesa. 
Quiero decir que el Parlamento Europeo tiene buenas razones para sentirse satisfecho por la preocupación que ha mostrado desde hace mucho tiempo por la seguridad en el transporte aéreo. 
Su postura respecto a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la AESA, es prueba de ello. 
Nosotros apoyamos su compromiso desde el principio y este año hemos votado a favor de todas partidas presupuestarias necesarias para dotar de personal a dicha agencia rápidamente. 
Al mismo tiempo, en el informe Maes sobre los aviones de terceros países, propuesto por iniciativa de la Comisión, el Parlamento adoptó una postura estricta desde el principio, y celebro que la Sra. de Palacio haya expresado hoy su acuerdo con la posición del Parlamento Europeo en cuanto a nuestras diferencias con el Consejo sobre el procedimiento de conciliación. 
Es muy importante, y espero que el Consejo lo tenga en cuenta, que los reglamentos que se introduzcan en relación con esta cuestión sean acertados y que garanticemos un alto nivel de seguridad, no solo para nuestros aviones, sino para los aviones de países terceros que vuelan a la Unión Europea. 
Por otra parte, como saben ustedes, está la cuestión de la seguridad que surgió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. 
Sigue habiendo problemas, pero por desgracia y a pesar de las conversaciones mantenidas periódicamente, ha sido imposible resolverlos correctamente. 
Creo que, al otro lado del Atlántico, aunque entiendo su reacción, se ha adoptado una postura arrogante frente a Europa, y pretenden abordar los problemas de forma unilateral. 
Creo que debemos que dejarles claro que nosotros queremos trabajar de manera conjunta, pero también queremos trabajar en condiciones de igualdad, y la Comisión Europea puede ayudar de forma decisiva en esa dirección. 
– Señor Presidente, al tener que asumir la presidencia, he intercambiado el puesto con el Sr. Simpson, que hablará más tarde en nombre de nuestro grupo. 
Desde comienzos del año pasado, los estadounidenses vienen exigiendo los datos de los pasajeros antes de aceptarlos en un vuelo, algunos de los cuales son muy personales. 
Las autoridades estadounidenses tenían la intención de guardar estos datos durante 50 años, y utilizarlos no solo para luchar contra el terrorismo y los posibles peligros asociados al mismo, sino también ponerlos a disposición de otras agencias de seguridad. 
Se amenazó con que, si las compañías no cumplían esta exigencia, tendrían que pagar elevadas multas o arriesgarse a perder sus derechos de aterrizaje. 
Eso suscitó violentas críticas en esta Cámara, señalando en particular que eso era ilegal, ya que atentaba gravemente contra dos medidas legislativas de la UE, a saber, la Directiva relativa a la protección de datos y el Reglamento sobre el tratamiento de los datos en la reserva de vuelos. 
Como la señora Comisaria ha dicho, la Comisión se vio obligada a actuar. 
¿En qué punto nos encontramos ahora? 
Los cincuenta años durante los cuales se iban a guardar los datos se han reducido a tres y medio. 
Hemos conseguido que se pongan limitaciones al uso de los datos, que se utilizarán únicamente para combatir el terrorismo y los delitos asociados al mismo. 
Estas normas se aplicarán durante tres años y medio en primera instancia, después de lo cual volverán a negociarse, sin que vaya a entregarse todos los datos que piden sobre los pasajeros. 
En concreto, las autoridades estadounidenses han confirmado que se suprimirá la “información del servicio especial” muy personal y delicada, así como la obtenida por " petición del servicio especial”. 
Es más, se ha reestablecido la paz jurídica con la petición del consentimiento previo de los pasajeros, y la Comisión tratará de que seamos nosotros quienes transmitamos esos datos de forma activa – lo cual significa que también podremos filtrarlos –, cuando en la actualidad siguen siendo recogidos por los estadounidenses. 
Aunque, lamentablemente, no se han alcanzado los niveles de protección de datos que existen en Europa, sería injusto decir que no se ha conseguido algo importante. 
Terminaré señalando a la Comisaria que considero significativa la cláusula sobre la caducidad de los datos a los tres años y medio, en el sentido de que siempre existe una cierta tensión entre la necesidad de intervenir en la esfera privada, por un lado, y la necesidad potencial de seguridad interna, por otro. 
Si queremos considerar la posibilidad de que este sistema se prolongue durante más de esos tres años y medio, tiene que demostrarse durante ese tiempo que obtiene resultados reales. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero darle las gracias a la Sra. de Palacio por su presentación. 
Me ceñiré al tema de los datos sobre vuelos y a la relación con los Estados Unidos. 
Quisiera resaltar que, en la actualidad, ese país sigue recibiendo información no filtrada. 
Siguen sin cumplirse el artículo 6 del Reglamento (CEE) 2299/89 y el artículo 26 de la Directiva 95/46/CE. 
Mientras tanto, como ha dicho la Comisaria, se han cancelado varios vuelos sobre la base de información no filtrada y, además, Estados Unidos ha pedido permiso para la presencia de agentes de seguridad armados en los vuelos. 
Es más, como ha afirmado la Comisaria, esta última petición en particular ha suscitado muy diversas reacciones por parte de algunos países. 
En cualquier caso, señora Comisaria, debo decir que todo esto no ha resultado en un enfoque común y que resulta muy confuso tanto para los pasajeros como para las compañías aéreas. 
Por lo tanto, soy de la opinión de que no existe todavía una protección adecuada por parte de Estados Unidos ni protección de los intereses de los pasajeros y las compañías aéreas. 
Tampoco estoy convencida de que dicho acuerdo ofrezca las garantías necesarias. 
Por ello reitero mi deseo de encontrar una solución permanente mediante un acuerdo internacional entre Estados Unidos y Europa, con la plena participación del Parlamento Europeo y el Congreso americano, que sería una fórmula de mayor peso. 
Por lo tanto, reitero mi propuesta respecto a la Comisión, basándome en el apartado 6 del artículo 300 del Tratado de Niza, de pedir al TJE que nos asesore sobre este acuerdo. 
Si no lo hacemos, creo que el propio Parlamento tendrá que asumir esa responsabilidad. 
Después de todo, estamos hablando de un aspecto del derecho internacional, respecto al cual tendremos que mantener unas normas muy estrictas. 
Lo que aún no consigo entender, por ejemplo, es cómo se tomaron esas decisiones sobre la base de elementos del comunicado, como la más amplia relación entre la UE y Estados Unidos, la seguridad y la confianza de los pasajeros y el aspecto del coste para las compañías aéreas. 
Incluso después de consultar a un Ministro de Asuntos Exteriores, o a varios, se tomó la decisión unilateral de cancelar los vuelos. 
¿De qué modo afecta esto, por ejemplo, a los acuerdos comerciales internacionales? 
En general, antes de debatir el acuerdo final dentro de seis meses, me gustaría que me dijeran de qué forma se ha conseguido la cooperación entre las autoridades europeas y estadounidenses en materia de seguridad. 
Resumiendo, creo que las señales que recibimos el pasado mes son un ejemplo precisamente de cómo no deben hacerse las cosas y, por lo tanto, espero recibir una respuesta clara ahora, o al menos una respuesta a mis preguntas por escrito. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, las únicas palabras que se ajustan a la terrible catástrofe de Charm el Sheij son tristeza y compasión, y quiero expresar de nuevo mi solidaridad a las familias de las víctimas y sumarme a su dolor. 
Evidentemente, es imposible determinar hoy las causas de este accidente y decir quién es responsable. 
Soy consciente también de que el transporte aéreo no está exento de riesgos. 
Ninguna compañía está a salvo de un accidente. 
Dicho esto, quienes tenemos responsabilidades políticas estamos implicados, tenemos unas responsabilidad especial porque este accidente plantea una serie de cuestiones que no se pueden eludir. 
Quisiera abordar las que me parecen más importantes en el tiempo que se me ha concedido. 
La primera cuestión se refiere a los Estados. 
¿Por qué dos Estados, Francia y Suiza, adoptaron decisiones diferentes sobre el estado en que se encontraba una aeronave perteneciente a una misma compañía? 
¿Se debió a una colaboración insuficiente, a controles insuficientes? 
¿Cómo se aplican los programas SAFA? 
Por muy importantes que sean, no sustituyen a los controles técnicos en profundidad. 
La información debería ser automática y transparente, con inspección obligatoria a la menor sospecha. 
Tal como están las cosas, como usted ha dicho, no se prevé ninguna sanción contra un Estado si no se lleva a cabo una inspección. 
Suscribo la preocupación de la Sra. De Palacio de que pueda hacerse extensiva a toda la Comunidad una medida de protección especial o reforzada adoptada por un Estado miembro. 
La segunda cuestión se refiere a las consecuencias de la liberalización del transporte aéreo sobre la seguridad. 
Se trata de un problema global, como usted ha dicho, señora Comisaria. 
Las compañías libran una competencia feroz: aumentan los vuelos chárter y crecen las compañías de bajo coste. 
La reducción de los costes es sin duda un aspecto, pero ¿en qué condiciones es posible? 
Es muy grande la tentación de hacer recortes en formación, en mantenimiento o en personal, y la seguridad está amenazada. 
La obsesión de la Unión Europea de privilegiar el menor coste económico en el transporte aéreo, ¿acaso no contribuye a convertirlo en el regulador exclusivo? 
La tercera cuestión se refiere al control de los aparatos que suponen un riesgo para la seguridad. 
La propuesta de directiva, que se presentó de nuevo en enero de 2002, todavía no ha sido adoptada. 
Debemos exigir rigurosas garantías de seguridad para todos los aviones que utilicen los aeropuertos de la Unión, aumentar los controles, armonizar también los reglamentos técnicos conjuntos, incluidos los relativos a los tiempos de vuelo y de descanso. 
Sería necesario que el Consejo dejara de andarse con rodeos y se dedicara verdaderamente a adoptar disposiciones mucho más estrictas y transparentes en materia de seguridad. 
Por último, para ser legisladores eficientes, debemos recurrir a los profesionales del sector. 
Los pilotos, los técnicos y otros profesionales tienen una experiencia insustituible en este ámbito. 
Es muy útil escucharlos. 
Este es el sentido de la iniciativa, adoptada por mi Grupo, de celebrar una audiencia el miércoles por la tarde aquí mismo. 
Quiero manifestar también, en pocas palabras, mi opinión en relación con el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre la transmisión de datos personales en el marco de los vuelos transatlánticos. 
Los datos transmitidos por mor de la lucha contra el terrorismo abarcarían 34 ámbitos, entre ellos el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o el estado de salud de los pasajeros, mientras que las autoridades nacionales competentes en materia de protección de la intimidad han reducido esta lista a 19. 
Además, las autoridades de los Estados Unidos quieren introducir estos datos en las redes de vigilancia norteamericanas. 
Este acuerdo, me parece, se aparta de la Directiva europea sobre la protección de los datos y pienso que, a la luz de la legislación europea, no se puede aceptar la transferencia de estos datos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, el accidente del avión egipcio ha conmocionado a los ciudadanos europeos. 
La trágica muerte de esos turistas, la mayoría franceses, ha demostrado que las medidas de seguridad actuales son aún insuficientes. 
Los ciudadanos quieren saber cómo es posible que, existiendo normas de seguridad internacionales ampliamente conocidas y aplicables de forma generalizada, que un avión al que se ha denegado el acceso al espacio aéreo suizo reciba autorización para volar en otros países europeos. 
La Comisión tomó una iniciativa hace más de seis meses, y celebro que la Comisaria nos informara de dichos acontecimientos. 
Desgraciadamente, seguimos esperando la Directiva. 
La disputa sobre Gibraltar entre España y el Reino Unido lleva años retrasando esta Directiva. 
Después del 11 de septiembre, y sobre todo en vista de la crisis aérea posterior, los ciudadanos han vuelto a darse cuenta de lo importante que es la seguridad. 
Como ponente sobre la seguridad en los aviones de terceros países, me complace la rapidez con la que al menos este Parlamento ha actuado y ha aceptado una serie de enmiendas en su primera y segunda lectura que aún tienen que debatirse. 
Celebro que la Comisaria haya prometido su apoyo al Parlamento y estoy convencida de que el diálogo tripartito será muy fructífero. 
Espero que la respuesta del Consejo sea igualmente positiva. 
La principal diferencia de opinión entre la Comisión y el Consejo tiene que ver con la información al público. 
Pensábamos que la Comisión era bastante reservada en este sentido. 
Como ponente, opino que tenemos que garantizar a todos los ciudadanos europeos que se suban a un avión en uno de nuestros aeropuertos que dicho avión ha sido inspeccionado aplicando la misma normativa y que se cumplen también los reglamentos. 
Por ello necesitamos más soluciones europeas. 
La Agencia Europea de Seguridad Aérea debería poder desempeñar plenamente su función de informar a nuestros ciudadanos. 
Tenemos que preguntarnos si el mantenimiento de datos en el anonimato no constituye una omisión culpable en algunos casos. 
No puedo aceptar que si a una compañía se la considera poco segura, no se ponga ese hecho en conocimiento del público. 
Lamento no disponer de más tiempo, pero quiero dar las gracias a la señora Comisaria y a mis colegas diputados por el apoyo que han querido manifestar a este informe, y por la iniciativa que han tomado. 
Vendré sin falta a escucharles. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, he escuchado con la mayor atención su declaración sobre la seguridad aérea, en un contexto especialmente difícil para Francia tras la catástrofe de Charm el Sheij, y he comprendido sus preocupaciones. 
Quiero expresar, en mi nombre y en nombre de los miembros de la delegación francesa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad a las familias de las víctimas. 
Dado que a día de hoy no han podido analizarse las cajas negras del aparato, sería irresponsable sacar conclusiones prematuras sobre este drama. 
Por el momento, ningún elemento tangible permite poner en duda ni el estado del avión, ni la profesionalidad de la compañía egipcia de vuelos chárter, ni la seriedad de la autoridad egipcia de aviación civil o la fiabilidad de los controles técnicos efectuados en el aparato. 
Por lo que sabemos actualmente, no se puede descartar por completo ni siquiera la hipótesis de un atentado, aunque parezca muy poco probable. 
No obstante, me parece esencial dar a los usuarios europeos de transportes aéreos todas las garantías que puedan ofrecerles tranquilidad. 
Quisiera aprovechar esta sesión para transmitirle, señora Comisaria, algunos de los interrogantes más frecuentes que se refieren muy especialmente a las compañías de vuelos chárter. 
¿No se podría obligar a los operadores turísticos europeos a informar a los turistas que recurren a sus servicios, en el momento de adquirir el billete, de la identidad exacta de la compañía aérea con la que van a viajar? 
Además, para garantizar mejor a los operadores turísticos europeos el nivel de seguridad de las compañías aéreas con las que trabajan, ¿no sería deseable ir más allá de los controles aleatorios que se efectúan actualmente? 
¿No convendría preconizar unas auditorías técnicas reales y en profundidad de compañías que no son europeas pero que son utilizadas por nuestros operadores turísticos? 
– Señor Presidente, me centraré en la cuestión de la seguridad en la aviación civil. 
De entrada quiero expresar, en nombre de mi Grupo, nuestras condolencias a los familiares y amigos de todas las víctimas de accidentes de aviación, no solamente el último en Sharm el Sheikh. 
Sin embargo, creo firmemente que la seguridad en la aviación debe situarse en la debida perspectiva. 
Este sector es el más regulado y posee el mejor historial de seguridad de todos los medios de transporte público. 
Si comparamos el historial de la aviación con la auténtica carnicería que se produce en nuestras carreteras y si consideramos que el número de accidentes aéreos está disminuyendo mientras el número de accidentes de carretera está aumentando, entonces un debate sobre la seguridad aérea deberá tener en cuenta estos hechos. 
Sin embargo, la aviación civil debe continuar mejorando su nivel de seguridad. 
Deseo resaltar cuatro ámbitos que se pueden mejorar. 
En primer lugar existe el peligro de que un sistema similar al de los pabellones de conveniencia del transporte marítimo pueda introducirse sigilosamente en la aviación civil. 
Espero que la AESA, la nueva agencia de seguridad, examinará esto urgentemente. 
Los Estados miembros deben aumentar las inspecciones en pista para descartar aquellas líneas aéreas con base en un país pero registradas en otro y que cuentan con menores niveles de seguridad de los que cabe esperar en la Unión Europea. 
En segundo lugar, existe una necesidad urgente de un sistema de operaciones armonizado para toda Europa por medio de un EU-ops. 
Este asunto particular es especialmente urgente si tenemos en cuenta la inminente ampliación de la Unión Europea, e incluiría aspectos como el tiempo de vuelo y de servicio de la tripulación de cabina y de mando. 
En tercer lugar, debe abordarse todo el tema de la seguridad en cabina, particularmente el número de salidas de emergencia, la cantidad de equipaje de mano –intenten tomar el avión de Air France de hoy desde París, por ejemplo–, y el recurso a agentes especiales aéreos. 
En cuarto lugar, existe la necesidad de revisar la Directiva vigente sobre paquetes de viajes que actualmente no solo está anticuada, sino que también es inútil y permite a algunas líneas aéreas ofrecer paquetes que no están contemplados en la Directiva. 
El Parlamento, con ayuda de la Comisión, ha trabajado mucho y arduamente para mejorar la seguridad aérea y hemos tenido cierto éxito. 
Existen todavía ámbitos donde hay que progresar. 
Sin embargo, repito que la aviación es la forma de transporte público más segura y los accidentes, aunque trágicos, son afortunadamente escasos. 
Sería aconsejable que la Cámara espere los resultados de toda la investigación oficial antes de pasar a elaborar conclusiones que a menudo pueden ser desacertadas y erróneas. 
– Señor Presidente, yo también quiero expresar mis condolencias por las víctimas del accidente de avión en Egipto. Los ciudadanos están preocupados. 
En mi región, también, hay un aeropuerto que parece ser que ha sido o está siendo utilizado por esa compañía aérea, de modo que me parece evidente que debemos conocer si la evaluación de todos los aviones que vuelan en la UE es positiva o no. 
Contamos con el informe de la Sra. Maes sobre los aviones de terceros países, en el que, afortunadamente, exigimos nuestras propias inspecciones, la posibilidad de mantener al avión en tierra y el intercambio de información entre los Estados miembros. 
Hemos alcanzado ya la etapa de conciliación, y espero que hagamos uso de ella para endurecer las medidas. 
Uno de los interrogantes que surgieron tras el accidente en Egipto es: ¿Qué les decimos a los ciudadanos, qué información podemos hacer de dominio público? 
Está claro que el Consejo ha bajado el tono de las preguntas que el Parlamento había preparado al respecto. 
Quiero pedirle al Consejo, tras los últimos acontecimientos, que reconsidere este asunto. 
Es evidente que no podemos hacer de dominio público cualquier tipo de información, ya que si lo hiciéramos, sería incontrolable. 
Pero si se prohíbe a una compañía aérea volar en un país, los ciudadanos tienen, por supuesto, derecho a saberlo, para poder evitar el uso de esa compañía en el futuro. 
Creo que debemos tener normas claras en este sentido. 
He leído que se va a aprobar una ley en Francia que obligará a los operadores turísticos a informar a los clientes de qué compañía se utilizará para el viaje, de forma que los viajeros sepan con quién volarán. 
Creo que los pasajeros tienen derecho a tal información, de manera que en el caso de existir alguna imputación con respecto a una compañía, los clientes puedan establecer esa relación por sí mismos. 
¿Por qué no incorporar eso a la legislación de la UE? 
También he leído que la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos está examinando la calidad de las inspecciones en terceros países, o lo que el Sr. Simpson ha dado en llamar el papel de los Estados de abanderamiento. 
Esto me recuerda a la seguridad en la navegación. 
¿Controlamos la calidad de los Estados de abanderamiento? 
¿No podríamos hacer lo que están haciendo los americanos? 
Creo que la calidad que ofrece la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) es razonable, pero debemos aplicar nuestros propios sistemas y hacer lo que están haciendo los estadounidenses. 
En mi opinión, no es mala idea que nosotros, como europeos, comprobemos si se están respetando las normas de calidad. 
Por último, he leído que existen bastantes diferencias entre las inspecciones nacionales, y que algunos países son más estrictos que otros, o al menos realizan sus inspecciones aplicando criterios distintos. 
Me gustaría que se establecieran prohibiciones en todos los países de acuerdo con los mismos criterios, ya que puede suceder que la prohibición de volar sea demasiado estricta en algunos países o no lo sea lo suficiente en otros. 
En cualquier caso, ahora tenemos una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y podría ser conveniente que realizara una auditoría independiente sobre las diferentes formas que tienen los Estados miembros de evaluar la seguridad de los aviones. 
Señora Comisaria, señor Presidente, señora Maes y todos los miembros que han participado en esta conciliación, espero que podamos utilizar este proceso de conciliación relacionado con su informe para garantizar que se haga hincapié en los puntos en los que ha insistido aquí el Parlamento a la vista de los recientes acontecimientos. Por desgracia, con mucha o demasiada frecuencia no tomamos decisiones más que cuando ya se ha producido alguna catástrofe. 
Señora Maes, espero que pueda usted, junto con los diputados de esta Cámara, salvar todavía algunos aspectos. 
– Señora Comisaria, señor Presidente, la catástrofe de Charm el Sheij pesará durante mucho tiempo sobre el transporte aéreo. 
Compartimos el pesar de las víctimas, ¡pero hay más! 
Pienso que muchos franceses, muchos europeos, se han identificado con las víctimas porque expresan una parte de nuestro modo de vida. 
Buscamos romper con lo cotidiano y, para ello, viajamos lejos. 
Buscamos el cambio de costumbres, el sol en invierno, y para eso, hay que ir lejos. 
Después, buscamos servicios baratos y para esto también hay que ir lejos. 
Si queremos que esta libertad y esta movilidad perduren, entonces tenemos que reforzar la seguridad aérea y ser más rigurosos, como se hace con la seguridad en otros sectores. 
En consecuencia, la seguridad aérea va a convertirse de nuevo en la máxima prioridad, porque al menos en ella podemos y debemos influir. 
Por supuesto, primero hay que conocer las causas del accidente. 
Se habla mucho de ellas en este momento, sin conocerlas realmente. 
Pienso que, para todos nosotros, es una necesidad, aunque para algunos se trate ante todo de encontrar a un culpable. 
Hace ya mucho tiempo, en 1996, la Comisión presentó una propuesta a raíz del accidente de un avión de una compañía turca. 
No llegó a buen fin porque algunos Estados, en aquel momento España y el Reino Unido, estaban disputando sobre Gibraltar. 
Después se creó una Agencia de Seguridad Aérea, pero no puede entrometerse en el control del tráfico aéreo de los Estados, y estos, en particular Francia, frenan a menudo sus actividades en nombre de su soberanía. 
Desde 2002 está en debate otro texto. 
Espero que esta vez llegue pronto a buen puerto y que este accidente acelere la obtención de una solución. 
Se han redactado listas de barcos basura. 
Ahora hay que ocuparse de los aviones. 
Si hay que descartar algunos, hagamos una lista, señora Comisaria. 
Por último, quisiera destacar, como han hecho otros antes que yo, que sí, que no es normal que el pasajero que adquiere un billete para un vuelo chárter no sepa con qué compañía volará. 
No se pueden exigir normas de etiquetado y trazabilidad en materia de organismos modificados genéticamente y, al mismo tiempo, no preocuparse de los aviones. 
Etiquetado y trazabilidad son necesarios, también en la aviación. 
Señor Presidente, hasta la fecha se ha permitido que dos rigurosas resoluciones de este Parlamento hayan comprometido el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de los datos personales. 
Las agencias estadounidenses pueden acceder directamente a los datos de la lista de pasajeros de un vuelo sin ofrecer garantías de que se vaya a pedir permiso a los afectados, y sin garantías tampoco de que se vaya a respetar su derecho a la corrección de los datos, o de que puedan recurrir a un abogado o a una autoridad independiente. 
No existen garantías sobre la duración y el propósito de la autorización de los datos y, a pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión, las perspectivas de futuro no son alentadoras: los datos de millones de ciudadanos europeos que reservan vuelos a Estados Unidos se mantendrán en las bases de datos americanas durante años. 
Ahora bien, ¿cómo mejorará nuestra seguridad por guardar todos los datos de las tarjetas de crédito? 
¿Cómo el día de mañana vamos a negar a otros países lo que hoy estamos concediendo a los Estados Unidos? 
Nosotros pedimos reciprocidad en materia de derechos humanos, pero lo que la Comisión está haciendo, irónicamente, es proponer la reciprocidad en el intercambio de datos entre agencias de seguridad. 
Tengamos cuidado. 
Si el control se convierte en la norma y no en la excepción, si la mayoría de la población en lugar de solo un ciudadano se encuentra bajo sospecha, y si todos los ciudadanos se convierten en sospechosos, nos encaminamos hacia un futuro preocupante. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. de Palacio por los esfuerzos que hace para promover la seguridad aérea. 
Estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho. 
También deseo expresar mis condolencias a las familias de las víctimas del accidente aéreo de el-Sheikh en Egipto, antes de centrarme en los aspectos sensibles de las conversaciones con Estados Unidos en materia de seguridad aérea. 
La Comisión merece todo nuestro reconocimiento por su lucha a favor de la privacidad en las negociaciones con los Estados Unidos sobre las listas de los pasajeros de los aviones. 
Algunos de nosotros, como miembros de la delegación para las relaciones con los Estados Unidos, estuvimos allí y debatimos estas cuestiones. 
En particular, sabemos lo extremadamente difícil que es lograr que Estados Unidos consiga, desde nuestro punto de vista, un equilibrio justo y considerado entre la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos. 
El resultado de las negociaciones ha sido un éxito en algunos sentidos, pero en otros ha sido poco satisfactorio. 
No obstante, Estados Unidos ha realizado concesiones importantes. 
El hecho de que se pueda conservar la información durante tres años y medio es un aspecto positivo desde la perspectiva americana. Pero desde la perspectiva europea, es algo difícil de aceptar. 
Sin embargo, en este caso se trata también de establecer contactos eficientes entre la UE y los Estados Unidos para impulsar y desarrollar los negocios, el comercio y la aviación. 
Bajo ese prisma, es importante encontrar una solución que no paralice completamente los contactos en este momento en el que la situación económica está mejorando. 
Personalmente, quiero, no obstante, advertir de un posible contagio. 
Tres años y medio no deben constituir un modelo para la UE cuando adoptemos nuestra propia legislación sobre la protección de datos y la lucha contra la delincuencia. 
En Europa disfrutamos de una mayor protección de los derechos humanos que en los Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la protección de la privacidad. 
Y debemos sentirnos orgullosos de esa protección. 
Cuando en la UE adoptemos nuestras propias medidas para combatir el terrorismo –en muchas ocasiones similares, pero no idénticas a las adoptadas en los Estados Unidos– tendremos que defender nuestra protección de la privacidad. 
La cooperación y coordinación con los Estados Unidos en estos asuntos es ciertamente necesaria, pero no podemos renunciar a nuestros principios en materia de derechos humanos. 
¿Quién desea ver en los aviones europeos policías armados y la exigencia de tomar huellas dactilares? 
El acuerdo debe quedar invalidado si Estados Unidos no garantiza la protección de los derechos humanos. 
No podemos permitirnos, ni en términos económicos ni humanos, que haya lugar a interpretaciones confusas por cualquiera de las dos partes. 
En este terreno, se debe garantizar a la Comisión una interpretación y un cumplimiento sin ambigüedades. 
Otro paso importante podría ser la firma de un acuerdo internacional más amplio sobre seguridad aérea. 
– Señor Presidente, apoyo la iniciativa británica de publicar los nombres de las líneas aéreas que no tienen acceso al espacio aéreo del Reino Unido. 
En este momento no podemos suponer que el reciente accidente aéreo ocurrido en Egipto fuese causado por un fallo mecánico. 
Por ello es prudente que esperemos el informe de investigación del accidente. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la Comisión en que las agencias de viajes y los operadores turísticos deberían informar a los pasajeros sobre las líneas aéreas que intervienen en su viaje combinado. 
Quizás podamos hacer algo al respecto. 
Debe existir también un medio de intercambio de información mucho mejor, ya sea mediante la Organización de la Aviación Civil Internacional, la UE o los Estados miembros. 
Además creo que el informe Maes sobre inspecciones en pista, que está llegando a su conclusión, debería tratar algunos de estos temas. 
Con respecto a la transmisión de datos, deberíamos recordar que 3 000 personas perdieron sus vidas en los horribles ataques del 11 de septiembre y que muchas de ellas eran de la Unión Europea. 
Por ello no debe sorprendernos que los norteamericanos hayan reaccionado de la forma que lo han hecho. 
Dicho esto, acojo con plena satisfacción los resultados de las negociaciones llevadas por los Comisarios Bolkestein y De Palacio. 
Las conclusiones extraídas de esas negociaciones son muy positivas, especialmente, en mi opinión, las relativas a la recopilación y almacenamiento de la información. 
Espero que esto satisfaga al Parlamento. 
Estoy de acuerdo en que una mejor cooperación entre los Estados Unidos y la UE probablemente resolvería los problemas antes de que estos surgieran. 
Por ello insto a los Estados Unidos a que no actúen unilateralmente. 
Creo que podemos hacer las cosas mejor. 
En cuanto a la suspensión y retrasos de vuelos durante el período de Navidad y Año Nuevo, se trataba claramente de decisiones que debían adoptar los Gobiernos nacionales. 
Por ello, pienso que es necesario revisar el informe Lisi, que acaba de aprobar el Parlamento, en el sentido de que no hace referencia a las materias que se englobarían dentro de los casos de fuerza mayor. 
. 
Señorías, quiero agradecer todas las intervenciones que se han producido y, en primer lugar, quiero agradecer a la señora Maes el trabajo que está haciendo como responsable y ponente sobre la seguridad de los aviones de países terceros. 
Espero que rápidamente podamos tener una conciliación y que este accidente sirva para que aceleremos y consigamos superar algunas reticencias y dificultades que planteaban desde el Consejo para los puntos a los que me he referido antes, ya sean los relacionados con la rápida transposición a los derechos nacionales, ya sean los relacionados con una mayor transparencia en cuanto a la seriedad y la calidad de la seguridad y del estado de mantenimiento de los aviones por parte de las distintas compañías aéreas que operan en la Unión Europea. 
Creo que, entre lo que era la propuesta inicial del Parlamento- que quizá era demasiado exhaustiva- y el no dar ninguna información, hay un término medio, y, claramente, la Comisión apoya, como he dicho en mi primera intervención, que se incremente la transparencia sobre cuál es la situación real de los aviones de las compañías aéreas, o sea la seriedad en cuanto al seguimiento de las normas de seguridad. 
Señorías, además de esta cuestión, querría referirme muy brevemente a que hay algunas cuestiones que todavía habrá que impulsar en los próximos años, pero la puesta en marcha de la Agencia de Seguridad Europea de Aviación Civil es un paso adelante importantísimo. 
Cuando adoptemos esta normativa respecto a aeronaves de países terceros, daremos otro paso adelante importantísimo. 
En el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional, tenemos que reforzar sus controles, ya que, en principio, el control de cómo se desarrollan las actividades en los distintos Estados respecto a sus aeronaves corresponde precisamente a la Organización de Aviación Civil Internacional. 
Es decir, no se trataría de que la Agencia Europea de Aviación Civil fuera a un país tercero a verificar cómo desarrollan allí su trabajo y sus controles. 
Esta tarea le corresponde a la Organización de Aviación Civil Internacional. 
Otra cosa es que en la Unión Europea tengamos competencia para que las aeronaves que aterricen en nuestro territorio cumplan todos los requisitos y controlemos cómo se cumplen esos requisitos en esas aeronaves. 
Hay que dar un paso adelante suplementario, en el sentido de que, a nivel comunitario, haya reglas comunes, de que si un país prohíbe el sobrevuelo o el aterrizaje a ciertas aeronaves, que esa norma se extienda al conjunto del espacio aéreo de la Unión Europea. 
Que si un país detecta cierto tipo de problemas en alguna aeronave concreta, esa información, obligatoriamente, se disemine y se pase a todos los países de la Unión; y también que haya normas comunes sobre la forma en que se realicen esos controles, en el porcentaje, en fin, en el sistema. 
Tenemos que llegar a acuerdos que permitan garantizar que el conjunto de la Unión toma las medidas adecuadas y que se aplican en todo nuestro espacio aéreo. 
El siguiente punto que hoy ha surgido es el problema de las transferencias de datos de los pasajeros a los Estados Unidos. 
Y quiero aclarar algo que ha dicho la Sra. Ainardi, y es que los Estados Unidos no solicitan los datos sensibles a los que ha hecho referencia su Señoría. 
Los llamados datos sensibles- salud, religión... -según la Directiva de protección de datos en Europa, los Estados Unidos no los reclaman. 
Esto lo tiene que saber su Señoría. 
No son esos los datos que se van a transmitir. 
La siguiente cuestión es sobre la transmisión de datos. 
Señorías, hemos llegado a un acuerdo que la Comisión considera que permite una protección de la privacidad de nuestros ciudadanos, porque, como se ha dicho antes- creo que era el Sr. Poignant -, estamos en una tensión entre el componente "seguridad" y el componente "privacidad". 
Se trata de resolver la tensión entre los dos elementos de una manera adecuada y equilibrada. 
Hemos llegado a un acuerdo- entre otras cosas, gracias a este Parlamento, digámoslo claramente- que incluye, al final, una serie de garantías que exigía la Unión Europea- reducción del número de datos, del tipo de datos, limitación en cuanto al objetivo para los cuales van a ser utilizados, limitación en el tiempo de su utilización, en fin, todos los elementos que conocen perfectamente sus Señorías -, que permite decir que, con este acuerdo, se garantizan los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos que protege nuestra legislación, también de cara a la utilización que van a hacer los Estados Unidos de esta información, a la vez que ayudamos y cooperamos en mejorar la seguridad en el sector aéreo y en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Creo, Señorías, que con todo esto respondo fundamentalmente a los elementos que aquí se han suscitado. 
Quiero agradecer una vez más la cooperación de este Parlamento en los distintos pasos que hemos dado. 
Creo que han sido importantísimos. 
Los podemos culminar rápidamente con esta Directiva sobre seguridad de las aeronaves de países terceros, y, Señorías, una vez más quiero manifestar nuestro dolor por las víctimas y decir que hay que seguir trabajando para mejorar la seguridad en el sector aéreo, en primer lugar, por supuesto, en el espacio aéreo europeo, en los aviones que salen desde Europa hacia otros lugares, pero también a nivel mundial, porque, por mucho que informemos- y desde luego hay que hacerlo, aumentar la transparencia en cuanto a la información que ofrecen los a sus clientes, diciendo qué compañía va a efectuar el transporte, diciendo exactamente cuáles son las compañías con las que se trabaja, eso es importante y mejorará la garantía y la información a nuestros ciudadanos y a nuestros pasajeros -, qué duda cabe que- europeos o no europeos- hay que luchar por mejorar la seguridad en el tráfico aéreo y en la aviación civil internacional. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
-A5-0388/2003 del Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación (COM (2003) 92- C5-0076/2003- 2003/0037 (COD) ); 
-A5-0413/2003 del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transferencia de buques de carga y de pasaje entre registro de la Comunidad (COM (2003) 478- C5-0366/2003- 2003/0180 (COD) ); y 
-A5-0373/2003 del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de buques (COM (2003) 227- C5-0244/2003- 2003/0088 (CNS) ). 
. 
Señor Presidente, hace un momento hablábamos de seguridad aérea. 
Ahora vamos a hablar de seguridad marítima. 
Señorías, este paquete que hoy vamos a discutir constituye la penúltima etapa y supone, desde luego, completar el trabajo realizado a lo largo de estos cuatro años. 
Quiero recordar a sus Señorías que, en diciembre de 1999, nos enfrentábamos con el problema del hundimiento del, tragedia que todas sus señorías conocen; después ocurrió el hundimiento del. 
Estos dos accidentes han hecho que los ciudadanos de los distintos países europeos miraran hacia Europa y exigieran respuestas. 
Hemos dado muchos pasos importantísimos, y creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que durante esta legislatura se ha producido una revolución en la seguridad marítima en el ámbito de la Unión Europea y una mejora espectacular de las garantías para proteger nuestras costas y a nuestros ciudadanos. 
Hoy, Europa puede decir que tiene un sistema, al menos equivalente, a los de los países del mundo que mejor se protegen, y ahora no hay ningún país en el mundo- al contrario de lo que ocurría hace cuatro años y medio- que tenga medidas más exigentes. 
Los riesgos y los mares son distintos, pero, por fin, tenemos un sistema realmente ambicioso y adecuado. 
Tenemos que seguir avanzando y hoy vamos a debatir un elemento fundamental del mecanismo de lucha y prevención de la contaminación causada por los buques, concretamente el sistema de sanciones penales para los delitos de contaminación para el que una parte de una directiva establece el marco, y luego existe el instrumento en el terreno penal. 
En marzo de 2003 la Comisión presentó su propuesta de Directiva sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación. 
Con esta propuesta de Directiva, la Comisión se propone alcanzar fundamentalmente tres objetivos: en primer lugar, definir en el Derecho comunitario el concepto de vertido ilegal de sustancias contaminantes en el mar; la propuesta pretende incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones del convenio internacional para la prevención de la contaminación originada por buques, es decir, del Convenio Marpol. 
En segundo lugar, garantizar que los responsables de los vertidos ilegales- no solo los capitanes y los armadores, sino también fletadores y sociedades de clasificación que pueden verse, en algunos casos, inmersos en este tipo de responsabilidad- puedan ser demandados y estén también sujetos a sanciones penales en determinadas condiciones. 
Y, en tercer lugar, definir con precisión las condiciones en las que se podrán exigir responsabilidades a cada uno de los implicados; en opinión de la Comisión, podrán exigirse responsabilidades penales cuando los vertidos sean intencionados y también, en caso de accidente, si el vertido se debe a una negligencia grave. 
Es decir, intención y negligencia grave. 
Como saben sus señorías, en mayo del año pasado, la Comisión también presentó una propuesta de Decisión marco sobre la contaminación procedente de buques. 
Esta segunda propuesta completa la propuesta de Directiva y regula esencialmente los aspectos del ámbito penal, es decir, la armonización en materia de sanciones y las cuestiones de cooperación judicial en asuntos penales. 
Ahora bien, el principio de incriminación e imposición de la sanción correspondiente debe establecerse jurídicamente y, en opinión de la Comisión, mediante la Directiva, que, en el estado actual de los Tratados, es el único instrumento realmente eficaz para que las sanciones puedan incorporarse realmente al Derecho de todos los Estados miembros y ser, por lo tanto, efectivamente disuasorias. 
Los tres objetivos a que me he referido son claros, viables y, para nosotros, ineludibles. 
Sin embargo, para algunos Estados miembros, la propuesta de Directiva que está actualmente sobre el tapete va demasiado lejos: sus objetivos les parecen demasiado ambiciosos. 
El Consejo aún no ha definido su posición al respecto, pero he podido comprobar las dudas de la mayoría de los ministros, que no parecen convencidos de que debamos seguir por este camino. 
Algunos tienen la intención clara de revisar muy a la baja las aspiraciones que contiene la propuesta de Directiva de la Comisión. 
Les confieso que el resultado de los trabajos en el seno del Consejo me decepciona profundamente. 
Los trabajos progresan con mucha lentitud y el retraso no nos ha permitido responder ni a las expectativas de nuestros conciudadanos ni a las demandas formuladas por los Jefes de Estado y de Gobierno que habían reclamado que, antes de finales de 2003, el Parlamento y el Consejo adoptaran esta Directiva. 
Estoy convencida de poder contar, una vez más, con el apoyo de esta Cámara. 
La postura que adopte el Parlamento será determinante y contribuirá a desbloquear la situación. 
Ahora vamos a pasar al tercer asunto, el relacionado con la transferencia de buques entre registros de la Unión Europea. 
Además de los aspectos sobre la penalización- el tratamiento o el castigo con penas de ciertas actuaciones en el terreno de la contaminación de los mares y de producción de vertidos -, vamos a discutir la transferencia de buques de carga y de pasaje entre registros de la Comunidad. 
Transcurridos doce años desde la adopción del actual Reglamento, es urgente- con arreglo a la experiencia adquirida y en el contexto de la inminente ampliación de la flota comunitaria- actualizar el texto más antiguo de nuestro acervo en materia de seguridad marítima. 
Según el Reglamento actual, solo los buques de carga pueden acogerse en determinadas condiciones al régimen previsto. 
El primer objetivo de la propuesta de la Comisión es que los buques de pasaje también puedan beneficiarse de una transferencia entre registros de países comunitarios rápida, menos onerosa para nuestros operadores y, por lo tanto, que facilite el funcionamiento del sector y que lo haga más competitivo. 
Obviamente, esto se llevará a cabo manteniendo el elevado nivel de seguridad marítima resultante del respeto de los convenios internacionales en la materia. 
Además de este objetivo, la propuesta pretende mejorar la circulación de la información entre las administraciones marítimas de los Estados de la Unión y articular mejor el régimen aplicable a las transferencias entre registros con el acervo comunitario, especialmente con las Directivas de control por el estado del puerto y las sociedades de clasificación que hemos adoptado en los paquetes. 
Los debates en el Consejo han puesto de manifiesto el consenso que existe sobre la conveniencia de reforzar el régimen actual de cambio de registro. 
Las modificaciones contenidas en el texto de las orientaciones generales del Consejo del 5 de diciembre de 2003 contribuyen a definir el ámbito de aplicación del Reglamento y, al articularlo mejor, con los procedimientos de detención y de denegación de acceso de la Directiva de control por el estado del puerto. 
La Comisión suscribe totalmente estos planteamientos. 
Señor Presidente, con estos dos paquetes de medidas damos un último paso en la mejora y refuerzo de la seguridad marítima en el ámbito de la Unión Europea, un área donde, a lo largo de esta legislatura, creo que hemos avanzado de manera notable. 
Una vez más, quiero agradecer a este Parlamento su apoyo y respaldo sistemáticos a las medidas que hemos ido proponiendo y también su colaboración y su aportación de propuestas positivas durante todo este tiempo. 
. – Señor Presidente, es una sorprendente coincidencia que debatamos esta mañana la cuestión de la seguridad aérea y marítima. 
Justo esta misma tarde, el Sr. Pex, junto con el Sr. Doorn y la Sra. Plooij-van Gorsel, tres miembros de la delegación holandesa, subieron a bordo de un pequeño avión al que le fallaron los frenos y terminó chocando contra un hangar, razón por la cual no pueden estar hoy aquí. 
Por ello se me ha pedido que presente su intervención a la Cámara. 
Así pues, cuando hable de «mí» , estaré hablando en nombre del Sr. Pex, quien, por cierto, se encuentra bien. 
Es de vital importancia que se eviten los vertidos de petróleo en el mar. 
Los desastres producen vertidos de grandes cantidades que, con toda razón, reciben una gran atención. 
Ahora bien, los vertidos ilegales de otros buques distintos a los petroleros constituyen también un problema de gran importancia, sobre todo porque ocurren con frecuencia y rara vez se localizan. 
En los pocos casos en que se han localizado esos vertidos, las acciones legales son muy pocas y apenas se impone sanción alguna. Esta es una situación que nos deja perplejos. 
El proyecto de Directiva que se está debatiendo actualmente debe rectificar esta situación de inmediato. 
Disponemos de suficientes normas internacionales para abordar la situación. 
Pero el problema es que los Estados miembros no respetan las normas a las que se han comprometido en los tratados. 
La solución pasa por incluir los reglamentos sobre vertidos con validez internacional en la legislación comunitaria y adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de la ley. 
Cualquier infracción debe tener carácter de delito y justificar el inicio de acciones penales. 
Tras el desastre del, los Jefes de Gobierno pidieron en dos ocasiones (el 21 de marzo y el 13 de diciembre de 2002) que se adoptaran medidas estrictas antes de que finalizara el año 2003. 
La Comisión presentó una propuesta razonable a tiempo, que yo –es decir, el Sr. Pex– he tenido la oportunidad de corregir con la ayuda de mis colegas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, junto con las comisiones coasesoras a través de una serie de enmiendas. 
Quiero dar las gracias a la Comisión y a mis colegas diputados por su amable colaboración. 
Quiero hacer algunos comentarios sobre la propuesta. 
Las normas europeas deben aplicarse a los vertidos ilegales en las vías navegables interiores y en el mar, tanto dentro como fuera de las aguas territoriales. 
Es importante que seamos críticos con la tripulación, pero también con los armadores y las autoridades en tierra. 
Es conveniente que se cree un cuerpo de guardacostas europeo para localizar los vertidos de manera más eficaz y para que las autoridades puedan actuar con más rapidez y acierto. 
Es importante que este cuerpo de guardacostas y la ya creada Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) , dispongan de poderes suficientes para promover la seguridad marítima. 
Se han presentado diez enmiendas relacionadas con mi informe que han sido aprobadas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
De esas diez enmiendas, me complace aprobar las dos enmiendas técnicas presentadas por el Sr. Sterckx, cuya intención es aclarar el texto. 
Como ya he dicho antes, la introducción de sanciones penales es un buen instrumento. 
Por desgracia, el mismo Consejo que las pidió ya no está dispuesto a aceptar esa propuesta, al considerar que el Derecho penal pertenece al tercer pilar. 
Aunque como ponente he tratado de trabajar conjuntamente con el Consejo, puesto que la pronta adopción de medidas mejoraría la seguridad marítima, el Consejo no ha colaborado. 
Parece que en esos círculos, las discusiones de principios tienen prioridad sobre las cuestiones de seguridad marítima. 
Dicho de otro modo: la conducta del Consejo deja mucho que desear. 
Los Jefes de Gobierno que han pedido medidas en dos ocasiones deben actuar para que aún sea posible su rápida adopción. 
Sería preferible que esas medidas se adoptaran ya, en lugar de esperar a que ocurra un nuevo desastre, ¡Dios no lo quiera! 
En nombre del Sr. Pex, puedo decir que «he hablado». 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, es cierto que nuestra legislatura ha estado jalonada por importantes avances en materia de seguridad marítima, y quisiera felicitar a la Comisión por su trabajo. 
Para mí, el deber –o más bien el derecho– de criticarla cuando hace falta va de la mano del deber de felicitarla cuando corresponde. 
Y por lo que se refiere a la seguridad marítima, pienso que la Comisión ha realizado un buen trabajo en nombre del interés general europeo. 
Este informe, si bien no es el más importante de todos los informes, se inscribe sin embargo en el conjunto de los logros de los últimos cuatro años. 
Dicho esto, la tarea no está terminada, y basta leer el informe Sterckx para darse cuenta de hasta qué punto es necesaria una nueva legislatura para completar el dispositivo. 
Sea como fuere, el punto de partida es simple: todo barco tiene un pabellón que pertenece a un país, puesto que no existe un pabellón europeo. 
Hace quince años se hizo una tentativa en ese sentido, pero no cuajó. 
El primer texto relativo al cambio de registro data de hace más de diez años. 
La propuesta de la Comisión y el informe del Parlamento que la acompaña tienen por objeto adaptarse a la nueva situación, pues ha llovido mucho desde entonces. 
Este informe, al igual que el texto de la Comisión, se articula en torno a tres ejes. 
En primer lugar, integra los buques de pasajeros, que no se habían incluido en la primera Directiva por la razón, aducida en su momento, de que las normativas eran muy diferentes de un Estado miembro a otro. 
Por ese motivo, en aquel momento, nuestra comisión y el Parlamento no incluyeron los buques de pasajeros en el texto. 
Pero desde entonces se han tomado muchas decisiones importantes –pienso en particular en el Convenio SOLAS–, se han conseguido muchas mejoras, se han aproximado las normas en muchos aspectos, de modo que hoy parece normal integrar los buques de pasajeros en la normativa. 
El segundo eje del informe consiste en un argumento bastante cercano, pues se trata de coordinar los instrumentos comunitarios en materia de seguridad marítima, en resumen, de integrar toda la legislación que se ha adoptado sucesivamente, y en particular los paquetes denominados Erika I y Erika II. Por último, el tercer eje pretende reforzar la cooperación entre las administraciones marítimas nacionales. 
Estos son, pues, los tres ejes de mi informe, que se corresponden, por supuesto, con los de la propuesta de la Comisión. 
Si es importante llevar a cabo estas reformas, es también porque Europa va a crecer y ampliarse a diez nuevos Estados. 
Recuerdo a sus Señorías que vamos a acoger a diez Estados, pero sobre todo a dos Estados insulares que poseen una flota muy importante, Malta y Chipre, y parece oportuno cerrar esta normativa antes del 1 de mayo de 2004. 
Por este motivo, convendría aprobar el texto en una sola lectura en el Parlamento, como hicimos en su momento con los buques monocasco, evitando pérdidas de tiempo y haciendo de la seguridad marítima el objetivo, en vez de pelear por cuestiones de procedimiento puro y simple, con la idea de encontrar el compromiso más inteligente o, al menos, el menos tonto posible. 
El Consejo ha presentado varias enmiendas y el ponente propone aceptarlas, puesto que no cambian la esencia del texto. 
Algunas contemplan cambios técnicos, por ejemplo, precisando los buques a los que no se aplica la normativa, en particular los buques de guerra. 
Algunas enmiendas precisan también que los Estados pueden aplicar normas diferentes de las del Convenio SOLAS, siempre que no sean menos estrictas, y otras enmiendas imponen a cada Estado la obligación de presentar un informe anual e insisten en el primero de ellos para facilitar la aplicación del Reglamento. 
La petición más importante procede de la Comisión, que insiste en que un buque que haya sido retenido más de una vez a raíz de una inspección en un puerto en los tres años anteriores a la solicitud de cambio de registro no podrá acogerse a un régimen simplificado, a diferencia de los demás buques. 
En resumen, es una precaución para los buques que hayan revelado una serie de puntos débiles durante los controles. 
Uno de nuestros colegas presentó una enmienda con vistas a poner el emblema de la Unión sobre el pabellón que cambie de registro. 
Encuentro esta modificación simpática y simbólica, y nuestra comisión votó a favor de ella, pero el Consejo no desea aceptar esta enmienda porque solo afectaría a los barcos que cambien de registro y no a todos. 
Acepto renunciar a ella, pero espero que algún día pongamos el emblema de la Unión sobre el pabellón de nuestros barcos, de modo que mientras siga figurando el pabellón nacional, también pueda surcar los mares del mundo el pequeño rincón de Europa. 
Este es, Señorías, el sentido de este informe, que espero obtenga su respaldo. 
. Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio –ambos españoles, afortunadamente–, dentro de este mismo tema tan importante, nos hemos referido al en diciembre de 1999 y al en noviembre de 2002 como dos desastres a los que solo siguieron palabras y ninguna acción, aunque eso no puede aplicarse desde luego a la Comisión, que, como ya se ha dicho, hizo mucho. 
Lo que deploramos es que siga sin haber una legislación general sobre protección del medio ambiente en el Derecho penal. De hecho, el conflicto entre el Consejo y la Comisión, con el conocido recurso posterior al Tribunal de Justicia, ha destrozado todas nuestras esperanzas, al menos las de los ecologistas. 
Por otra parte, en el campo concreto de la contaminación marina – ya se ha dicho y no es necesario repetirlo –, la propuesta de Directiva es muy digna de elogio, así como el trabajo del Sr. Pex, que ha aportado mejoras considerables. 
Creo, no obstante, que esta Directiva solo tendrá consecuencias si existe voluntad política para hacer que se cumpla, sobre todo porque la historia reciente nos enseña que los Estados miembros casi siempre hacen caso omiso de las Directivas de la Unión Europea. 
El verdadero problema es la falta de voluntad por parte de los Estados miembros de respetar estas disposiciones y el hecho de que, siento decirlo, se tengan que tomar medidas correctoras inmediatas hoy, cuando ya se han producido terribles desastres. 
La propuesta de una decisión marco es simplemente una decisión complementaria a la Directiva. 
Existe un consenso excelente y, por tanto, es necesario que ambas propuestas reciban una buena acogida en el Parlamento con todas las enmiendas presentadas que, en mi opinión, son excelentes, aunque personalmente tengo algunas reservas en cuanto al cuerpo de guardacostas europeo, ya que nos preocupa que la propuesta de crear ese cuerpo esté tan poco esbozada. 
La esencia de la Directiva apunta en la dirección correcta, aunque debe quedar claro que no será suficiente si no existe un marco general de protección del medio ambiente en su conjunto, sin el cual la protección marítima seguirá siendo escasa. 
Debemos volver a una legislación comunitaria general sobre la totalidad del medio ambiente. Creo que el Consejo debe ser razonable y adoptar la propuesta de Directiva sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, una propuesta que, repito, se vio bloqueada por un recurso ante el Tribunal de Justicia. 
Esto significaría dar un gran paso, porque contaríamos con una protección marítima adecuada, que estaría dentro del marco de la protección del medio ambiente, el cual a su vez podría también protegerse a nivel penal, puesto que sin duda alguna las sanciones penales conseguirán muy probablemente que los trabajadores del sector cumplan las disposiciones. 
En mi opinión, la Directiva apunta en la dirección correcta y hace algo de justicia a todos los trabajadores, puesto que permitirá controlar por completo a muchos trabajadores que hasta ahora quedaban excluidos. 
Sabemos muy bien que las convenciones internacionales eximían de responsabilidad a los armadores de los buques y a toda una serie de personas que, de hecho, eran directa o indirectamente responsables. Prueba de ello fue el, donde el único que pagó por ello fue el pobre capitán del buque griego que, por lo menos, hizo todo lo que pudo para evitar el desastre. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con el informe sobre la propuesta de Directiva y con el informe sobre la propuesta de decisión marco, y espero que el Parlamento apruebe las dos. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, las circunstancias nos llevan a hablar esta noche de seguridad, de la seguridad de nuestros conciudadanos. 
Hemos hablado primero de la seguridad aérea y seguimos ahora con la seguridad marítima. 
Llevamos cuatro años hablando de estos problemas y de la contaminación marítima, y espero que, de aquí a algunos años, no tengamos ya que hablar mucho más de ello. 
Por nuestra parte, no podemos sino desearlo, pero cuando el fin de semana pasado vi de nuevo, en las imágenes de la televisión francesa, las playas del Atlántico manchadas con galletas (que no se sabe si proceden del o de vertidos incontrolados en alta mar) , me dije que tenemos motivos para preguntarnos por la eficacia de la legislación que hemos establecido durante cuatro años. 
No obstante, quisiera asociarme a las felicitaciones que se han dirigido a la Sra. Comisaria por la energía que ha desplegado para vencer la inercia de nuestros Gobiernos y nuestros Ministros en este ámbito. 
Si la hubieran escuchado, pienso que no estaríamos donde estamos. 
Estamos aquí para apoyarla y para demostrar una vez más a nuestros conciudadanos que nos preocupa realmente establecer toda esta legislación y hacer que se respete. 
Ahora bien, sabemos muy bien que para que se respete una legislación hacen falta sanciones. 
Mientras no existan las sanciones y no se apliquen, no conseguiremos nada. 
Por esta razón nos hemos reunido esta tarde y quisiera felicitar a los autores de los textos que son objeto de este debate, recordando cuán importante es que definamos el delito de «vertidos ilegales» y que insistamos en la coordinación necesaria para que los Estados miembros trabajen por fin de común acuerdo. 
Terminaré diciendo que la redacción de un documento de seguimiento claro, basado en los trabajos de la Comisión Temporal del Parlamento Europeo sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima, debería permitirnos apoyar a la Sra. Comisaria en estos problemas de contaminación marítima y de responsabilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio, creo que no debo extenderme demasiado en recalcar, como varios ponentes han hecho y también los oradores que han intervenido antes que yo, la importancia de los temas que estamos tratando, la seguridad marítima en particular, y que son objeto de las disposiciones que estamos considerando en este debate conjunto. Sin añadir nada más a todo lo que ya se ha dicho, simplemente diré que yo también soy partidario de que se apruebe una iniciativa muy firme, que la Comisión ha hecho muy eficaz en esta dirección. 
Esperamos que en el Consejo encuentre también convergencia y una dirección común, para que pueda concluirse así la legislación que necesitamos. Esperamos también que, con la aceptación de las propuestas que se debaten hoy aquí, hagamos una contribución parcial a ella, aunque concreta e importante. 
En lo que a mí respecta, fui ponente alternativo de uno de los informes que componen un paquete –el informe del Sr. Poignant sobre la transferencia de buques, tanto de carga como de pasajeros, entre distintos registros navales nacionales– y debo destacar la calidad y la utilidad de esta propuesta de la Comisión y de la reacción del Parlamento, tal como apunta el informe Poignant, que apoyamos por completo. Estamos de acuerdo con las sugerencias y directrices, que además se han reiterado esta tarde, sobre la posible aceptación de sugerencias tanto del Consejo como de la Comisión en un punto que considero muy importante. 
Por último, el texto nos ha permitido poner fin a las diferentes interpretaciones de las Convenciones, lo cual contribuirá a una mayor seguridad jurídica, al simplificar también el procedimiento para cambiar el pabellón de los buques de pasaje matriculándolo en otro registro. De esta forma, se reducirán los trámites reglamentarios dentro de la UE, haciéndolos menos burocráticos. 
Más importante aún, desde mi punto de vista, es que se garantiza el control de los aspectos de seguridad, que consideramos indispensable, puesto que el procedimiento propuesto contempla no solo una mejor cooperación y el intercambio de información entre autoridades marítimas nacionales, sino también, en caso de ser necesario, inspecciones adicionales en los buques. Se ha resaltado la importancia de todo ello de cara a una ampliación que también incluye a países como Malta y Chipre, que son un importante punto de referencia en esta cuestión por sus tradiciones, su compromiso con la producción y sus vínculos entre buques y flota. 
Una vez más, me gustaría alabar al ponente y la propuesta de la Comisión y, en nombre de mi grupo, doy mi total apoyo a las posiciones que se han presentado. 
– Señor Presidente, en lugar de centrar siempre nuestra atención en los desastres relacionados con los buques y sus consecuencias, creo que deberíamos hacer algo más para poner freno a lo que yo llamo la contaminación diaria de los océanos. 
Así pues, señora Comisaria, le doy mi más sincera enhorabuena por esta propuesta. 
Creo que es una buena propuesta, y me gustaría también felicitar al Sr. Pex –que por desgracia no se encuentra con nosotros– por su excelente informe. 
Lo cierto es que tenemos que hacer algo al respecto. 
Solo en el año 2001 se produjeron miles de vertidos ilegales en el Mar del Norte y en el Báltico. 
Estos actos no deben seguir considerándose ni tratándose como una falta menor, ya que no estamos hablando de aparcar mal o de superar el límite de velocidad, sino que deben castigarse como un delito penal a través del Derecho penal, lo cual significa la imposición de penas duras y estrictas, como multas, prisión y, como ha solicitado la comisión pertinente, el embargo de los buques. 
El ponente tenía razón al recordarnos que varias leyes adoptadas por el Parlamento y el Consejo aún no se han aplicado. 
Dichas leyes tienen que ver con las infraestructuras de recepción de los puertos y con el control estatal de los mismos. 
Señora Comisaria, si quiere llevar ante el TJE a los Estados que no han incorporado adecuadamente esta Directiva a su legislación nacional, para sacar este asunto a la luz y presionar para que por fin se incorpore, sepa que cuenta con el apoyo de esta Cámara. 
Incluso las mejores leyes resultan ineficaces si no se aplican ni se vigilan. 
Por ello necesitamos un cuerpo de guardacostas europeo, otro aspecto sobre el que existe consenso en esta Cámara, ya que el control de los puertos debe ir acompañado del control en alta mar. 
Nos hemos acostumbrado y vemos como normal la idea de realizar inspecciones no solo en los parques de camiones, sino también en las carreteras. 
En el futuro, eso tendrá que poderse hacer también en el mar. 
Señora Comisaria, ha dicho usted que el Consejo considera demasiado ambicioso ese objetivo. 
Ese tipo de argumentos no deben ni escucharse. 
Creo que no debemos alentar la tendencia del Consejo a ocultarse tras los formalismos, sino obligarlo a actuar. 
Si Europa se une y actúa al unísono, podremos avanzar en el transporte y la seguridad marítimos también en la esfera internacional. 
Lo importante es que hagamos todo lo posible no solo para evitar los desastres, sino también para poner fin a la tolerancia de actos deliberados, maliciosos y criminales en nuestras aguas. 
Podemos hacer algo al respecto. 
Cuenta usted con todo nuestro apoyo en esta tarea y en su esfuerzo por estigmatizar públicamente a los gobiernos que no se comporten correctamente. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero desearles suerte en su trabajo al Sr. Pex y también a los demás ponentes. 
Un refrán holandés dice que la suma de muchas cosas pequeñas hace una grande, lo que se puede aplicar a la contaminación: muchos pequeños accidentes contaminantes llegan con el tiempo a ser tan importantes como los mayores desastres. 
Yo añadiría que hace mucho tiempo que establecimos el principio de «quien contamina, paga» , y creo que ha llegado el momento de decir también «quien contamina, es penalizado» , lo que en mi opinión está perfectamente justificado. 
Estoy de acuerdo con el texto adoptado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo en que se debemos centrar la atención en los vertidos ilegales e intencionados, y no tanto en los que resultan de accidentes que ocasionan algún daño, ya que un accidente sigue siendo distinto de un vertido intencionado. 
Creo que debemos hacer esa distinción. 
El Sr. Piecyk ha dicho hace un momento que ya existen bastantes directivas, como la relativa a las infraestructuras portuarias de recepción, que mi país aún no ha incorporado. 
Considero que esto es un hecho lamentable que debe rectificarse sin más dilación. 
Ya ha pasado un año. 
Además, tenemos que empezar a evaluar su aplicación, la reacción de los propios buques a la directiva y la conveniencia de realizar algunos cambios para ver si efectivamente funciona y, en ese caso, cómo funciona. 
Quiero referirme también a la Directiva relativa al seguimiento y a la utilización de la caja negra. 
Tendremos que ver cómo el uso que puede hacerse de la caja negra para saber quién contamina, dónde ocurre la contaminación y, en caso necesario, qué cantidad de contaminación se produce. 
Creo que esto debe tenerse en cuenta, ya que es una Directiva que puede ser también importante en ese sentido. 
Me complace enormemente que los vertidos en alta mar se hayan incluido en el texto y que no existan restricciones geográficas, sino que el mar se considere como un patrimonio común que pertenece a todos y en el que tiene lugar la contaminación. 
Por supuesto, todo depende de las inspecciones y de la forma en que sorprendamos a los contaminadores en el acto. 
Creo que sería bueno crear un cuerpo de guardacostas europeo, o cuanto menos, antes de llegar a eso, mejorar la cooperación mutua entre las guardias costeras nacionales, además de realizar inspecciones de las cuentas de los buques y ese tipo de medidas. 
Si podemos utilizar un satélite para leer el número de matrícula de un coche sospechoso en un cierto país, ¿qué nos impide utilizar ese tipo de tecnología para localizar a tiempo delitos de vertidos? 
Por ejemplo, cuando el fue rescatado, otros buques aprovecharon ese accidente para verter su petróleo, ya que se demostró que el petróleo encontrado no procedía del, sino de otros buques. 
En cualquier caso, tenemos que asegurarnos de establecer una distinción entre accidente y contaminación intencionada. 
En los círculos del transporte marítimo hay malestar por el tratamiento que reciben las tripulaciones en algunos casos. 
En mi opinión, lo que está ocurriendo con el capitán del es bastante deplorable, y espero que podamos volver a hablar con él pronto. 
He leído que se ha producido un desastre marítimo en Karaj y que la tripulación ha sido acusada de un delito penal. 
Tenemos que tener cuidado con eso. 
Tienen razón al decir que en la anterior sesión trabajamos mucho y conseguimos un progreso importante. 
A veces fue frustrante. 
Antes de finalizar el paquete del nos sorprendió el, lo cual es muy frustrante. 
Sin embargo, señora Comisaria, creo que el Parlamento y la Comisión, a pesar de la oposición del Consejo, han logrado algunos resultados positivos, y espero que podamos hacer lo mismo en la próxima sesión. 
Señor Presidente, el desastre del en noviembre de 2002 tuvo consecuencias devastadoras, que aún se están dejando sentir en el norte de Portugal. Ahora bien, sabemos que la contaminación marítima, por vertidos de petróleo o de otras sustancias tóxicas, continúa existiendo incluso cuando no se producen accidentes. 
Los vertidos ilegales y el vaciado de tanques, ya sea en altamar o cerca del litoral, deben castigarse con sanciones. 
Sabemos también que la lucha contra los vertidos no solo requerirá más legislación, sino también medios más eficaces para lograr que se cumpla la ley. 
De esta forma, los Estados miembros tendrán a su disposición los recursos y equipos apropiados para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. Es necesario eliminar los pabellones de conveniencia, mantener registros exactos y bien estructurados del historial de los buques, sus movimientos y su carga, establecer rutas de navegación más alejadas de la costa, realizar inspecciones suficientes de los buques en puerto, así como mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad a bordo. 
Sabemos que muchos de los buques que navegan por aguas comunitarias incumplen a diario el Convenio MARPOL, ya que el principal objetivo de algunos armadores y compañías petrolíferas es obtener el máximo beneficio con un mínimo coste. 
Pero la lucha contra los vertidos contaminantes no solo requiere medidas eficaces a escala comunitaria y una mayor cooperación entre los Estados miembros, sino también una aplicación más eficaz en todo el mundo. 
La creación de un cuerpo de guardacostas no solucionará este problema, ni el problema de la falta de recursos suficientes para limpiar los vertidos de los buques o la exigencia de que los buques utilicen esos recursos. 
Lo que necesitamos es que se cumplan las directivas y la demás legislación vigente, incluido el sistema de información y vigilancia –ya establecido en otra directiva–, concretamente en lo que se refiere a la instalación de aparatos de registro de datos durante las travesías de algunos buques, sin los cuales es difícil demostrar la culpabilidad o la inocencia de la tripulación, que debe considerarse inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. 
Asimismo, es esencial que la tripulación haya recibido la debida formación y que se garanticen los derechos de los trabajadores. 
Además, los buques tienen que construirse más fuertes. Los Estados miembros y sus gobiernos deben asumir la plena responsabilidad del cumplimiento de las distintas convenciones y directivas en vigor. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar a los tres ponentes por sus informes. 
Durante el descanso de las últimas Navidades, se ha vuelto a encontrar un número sorprendente de aves marinas muertas en las playas del Mar del Norte. 
Eso no es ninguna coincidencia. 
De hecho, cada invierno por esta época se produce un aumento del número de vertidos ilegales en el mar. 
Esos vertidos los hacen los capitanes que no son tan estrictos con el cumplimiento de la legislación y que saben que hay menos vigilancia durante ese periodo y que las tormentas de invierno hacen que el petróleo no deje un rastro claro. 
Por eso este informe es tan importante. 
Europa tiene que actuar. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya el informe Pex que ahora estamos debatiendo, ya que mejora considerablemente el proyecto de Directiva, lo cual indica que Europa ha decidido por fin sancionar los delitos medioambientales marítimos, incluidos lo que se cometen fuera de sus aguas territoriales. 
Por lo tanto, rechazamos los argumentos del Consejo según los cuales este tema pertenece al tercer pilar. 
¿Cómo reaccionará la Comisión ante esto? 
¿Cómo reaccionará la Comisión si el Consejo rehúsa formalmente las sanciones penales que impone la Directiva? 
El accidente del hizo nacer sentimientos en esa dirección, porque también queremos tratar con las autoridades portuarias el problema de los daños medioambientales que se producen cuando a un buque en dificultades se le niega la entrada a puerto o a un refugio seguro. 
El cuerpo de guardacostas europeo es necesario para que realmente se puedan emprender acciones legales. 
Hay que aceptar lo positivo y lo negativo. 
Mañana votaremos una propuesta presentada por mi grupo para vincular esta Directiva Pex con la Directiva Bouwman relativa a las infraestructuras portuarias. 
De este modo, podremos mejorar las posibilidades de localizar a los que contaminan. 
Además, queremos pedirles su apoyo para otras enmiendas, como la referente a la participación de la EMSA durante la transposición de esta Directiva. 
– Señor Presidente, quiero aclarar que lo que voy a decir no debe entenderse como una investigación sobre la catástrofe del frente a la costa hispanofrancesa: afecta a la seguridad de toda la costa europea. 
A menudo petroleros monocasco deteriorados, auténticos montones de chatarra, transportan enormes cantidades de petróleo que constituyen de hecho armas de destrucción masiva medioambientales. 
No puedo imaginarme lo que habría ocurrido si ese desastre hubiera ocurrido frente a la costa de Irlanda. 
No sé cómo habríamos podido sobrellevarlo. 
Existen muchas medidas a nuestro alcance, tal como se ha dicho hoy en la Cámara. 
Una medida en la que debemos insistir es que en aguas europeas y sus alrededores solo se admitan barcos de doble casco. 
Necesitamos, dentro de la Unión Europea, voluntad política, cosa que no existe y no es probable que exista en el futuro, para evitar que una catástrofe como la del pueda repetirse. 
Es un hecho por todos conocido que las organizaciones de seguridad marítima carecen de personal y financiación suficientes. 
Y van a seguir así, y, debido a de ello, la seguridad de nuestros mares seguirá amenazada. 
Gran parte de la contaminación que se produce en aguas comunitarias, como ya se ha dicho, es o bien deliberada o evitable. 
Este tipo de acciones entran claramente dentro del ámbito penal y por ello deben aplicarse sanciones penales. 
Soy consciente de que el derecho penal es básicamente una competencia de los Estados miembros y debemos evitar posturas que puedan infringir los derechos de los Estados miembros en este ámbito. 
No obstante, hay muchos aspectos interesantes en la propuesta de la Comisión, y ya existe un camino claro adelante para la armonización de sanciones penales mediante un instrumento del tercer pilar. 
Otro elemento clave para asegurar un medio ambiente marino más limpio y seguro es la Agencia Europea de Seguridad Marítima recientemente creada. 
Esta agencia tendrá que desempeñar un papel fundamental en las medidas encaminadas a evitar la contaminación y aumentar la seguridad de los buques. 
La agencia debería disponer de financiación y personal suficientes. 
En este momento no es así. 
Finalmente, quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre la iniciativa de un grupo de Estados miembros que poseen territorios costeros en el Atlántico noroeste para la creación de zonas marinas especialmente sensibles. 
Espero que esta iniciativa, presentada por Irlanda, Francia, Portugal, España, el Reino Unido y Bélgica en el seno de la Organización Marítima Internacional, dependiente de la ONU, tenga el apoyo pleno de todos los Estados miembros actuales y futuros. 
Esto permitirá que se avance en esta materia en 2004. 
Sin embargo, hay que decir que no cabe duda alguna de que sin voluntad política nada cambiará. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, la seguridad sigue siendo un tema importante en la esfera marina y marítima. 
Hasta hoy, el desastre del ha seguido demostrándolo. 
Recientemente se ha alcanzado un acuerdo en el seno de la OMI (Organización Marítima Internacional) sobre la magnitud de un fondo adicional para los daños causados por la contaminación de petróleo. 
En ese sentido, se han hecho comentarios sobre los posibles contribuyentes a dicho fondo. 
Creo que las propuestas expresadas en los informes del Sr. Pex y el Sr. Di Lello Finuoli son una contribución valiosa a este reglamento. 
Se establecen claramente las responsabilidades y se imponen sanciones sin ambigüedades en caso de incumplimiento. 
Celebro que se impongan sanciones penales. 
Pero no celebro tanto la propuesta de crear un cuerpo de guardacostas europeo, porque en mi opinión eso sería añadir un nivel más a las actividades que ya existen en lugar de realizar una contribución útil a las tareas que ya están realizando los guardacostas nacionales individualmente. 
Lo mismo puede decirse de la propuesta contenida en el informe Poignant de que los buques con pabellón europeo lleven un distintivo claro y físico de la UE. 
Puesto que no disponemos de un registro marítimo común europeo, no me parece que esa medida vaya a ser útil. 
Además, retrasará el debate de esta propuesta con el Consejo. 
Salvo algunas reservas, en general considero que estas propuestas son muy positivas. 
– Señor Presidente, evidentemente estamos de acuerdo con el objetivo de la nueva legislación que se nos propone hoy y con los hallazgos en que se basa. 
La amenaza creíble de incurrir en graves sanciones financieras y penales constituye sin duda la forma de prevención más eficaz para disuadir a todos los agentes de la cadena del transporte marítimo de utilizar barcos peligrosos. 
La constatación que está en la base es cierto laxismo en materia de observancia de las normas sobre vertidos, tanto por una parte del sector marítimo como de determinados Estados del puerto y sobre todo, Estados del pabellón. 
Tenemos en cambio muchas reservas en cuanto al mecanismo elegido. 
En primer lugar, siempre es peligroso dictar normas –algunas de las cuales no se ajustan al Convenio MARPOL y que tienen graves repercusiones financieras– que únicamente se aplicarán a los buques que enarbolen pabellones de los Estados miembros de la Unión, cuando son los menos susceptibles de contaminar. 
Proponer, así, la confiscación de un buque que navegue bajo pabellón europeo sin que pueda hacerse lo mismo con un buque tercero, es dispararse al pie. 
Nuestras flotas, que son las que más se ajustan a las normas, se verían así discriminadas por nosotros mismos. 
Les aseguro que no tienen ninguna necesidad de ello. 
Por esta razón, debemos favorecer siempre, en materia de seguridad marítima, el nivel internacional sobre el nivel europeo. 
Los Estados de los Quince que lo deseen deben ser, pues, los defensores ardientes e incansables de un alto nivel de exigencia, pero que se aplique a todos en el marco de la OMI. 
Mi segundo comentario es que los textos que tenemos sobre la mesa, curiosamente dicen muy poco sobre la responsabilidad del Estado del pabellón. 
Sin embargo, como sabemos, mientras sigan prosperando los pabellones de conveniencia para amparar buques no inspeccionados o en todo caso inspeccionados por sociedades de clasificación que también son «de conveniencia» , subsistirá la principal amenaza que se cierne sobre la seguridad marítima. 
Esta cuestión es muy candente cuando que el director de la autoridad marítima de Malta, responsable de la matriculación del, recibe la orden de su Gobierno de negarse a acudir a la citación por parte del juez encargado del expediente, y cuando las autoridades de Bahamas manifiestan su evidente falta de buena voluntad retrasando sin cesar la publicación de su informe sobre la catástrofe del, que enarbolaba su pabellón. 
Es imprescindible que nuestra Comisión Temporal aborde esta importante cuestión. 
Por último, quisiera descartar la idea de los guardacostas europeos, que a mi juicio obedece más a un alarde ideológico que a un enfoque oportuno y realista de los problemas. 
Nadie puede decir quién estaría facultado para movilizar y desplegar un instrumento como este, que afecta muy directamente a la seguridad de los Estados miembros, si alguna vez se encontrara la forma de financiarlo. 
En su lugar conviene apoyar los modos de mando operativos y de coordinación de los medios de intervención de que se han dotado países como Francia o el Reino Unido, en su caso ampliándolos, y compartir los costes de los equipos pesados de que se doten los Estados miembros que contribuyan más que otros, en beneficio de todos, a la gestión de las rutas de navegación marítima que enlazan el mundo con Europa. 
Esta sería, señor Presidente, una clara manifestación de verdadera solidaridad europea. 
– Señor Presidente, desearía comenzar lamentando que el beneficio, la competitividad y el acaparamiento de recursos hagan demasiado a menudo que las personas se vuelvan sordas y ciegas. 
La guerra económica impuesta a todas las naciones es devastadora por sus costes humanos y medioambientales. 
El mar es, sin duda, un espacio sin fronteras, regido por el principio de la libertad de navegación, pero nuestra tarea es hacer que los transportistas sean conscientes de su responsabilidad y, por tanto, obligarles a responder de sus actos. 
Por ello, es importante asegurarse, con esta decisión marco, de que se aplicarán sanciones adecuadas, y en particular penales, a las personas responsables de vertidos ilegales de hidrocarburos y de sustancias líquidas nocivas. 
Es absolutamente necesario que los Estados miembros adopten disposiciones comunes estrictas y un régimen enérgico de sanciones penales. 
Hoy, francamente, los Estados no suelen estar en este terreno a la altura de sus obligaciones y responsabilidades. 
Cierto, la Unión Europea ha reforzado ya considerablemente la legislación en materia de seguridad marítima, pero la primera Directiva de 1995, relativa al control de los buques que transitan por los puertos, ha sido muy mal aplicada en la mayoría de los Estados miembros. 
Debido a ello, al día siguiente de la catástrofe del, en diciembre de 1999, la Unión Europea adoptó cinco textos importantes sobre seguridad marítima. 
Los dos paquetes legislativos se adoptaron en plazos excepcionalmente cortos, pero el 19 de noviembre de 2002, día del naufragio del, solo un Estado miembro –Dinamarca– había traspuesto uno de esos cinco textos a su Derecho nacional. 
En el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002, la Unión Europea expresó su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse una catástrofe como esta. 
La decisión marco que vamos a adoptar mañana es complementaria de la Directiva de 2003 sobre la contaminación procedente de los buques, que constituyó una primera etapa importante. 
La Comisión Temporal del Parlamento Europeo sobre el naufragio del se constituyó por fin el pasado mes de diciembre, tras diez meses de obstrucciones. 
Esta Comisión tendrá que evaluar las responsabilidades de las autoridades marítimas y de los Gobiernos de los Estados miembros en la gestión de catástrofes marítimas. 
Debemos encontrar una solución para asegurarnos de que los Estados miembros respeten las medidas adoptadas por la Unión Europea en materia de seguridad marítima y acepten acoger en puertos de refugio a los buques en peligro. 
Repito, debemos exigir todas las responsabilidades implicadas en los delitos medioambientales, ya sean privadas o públicas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, el informe del Sr. Sterckx adopta una posición muy importante frente al medio ambiente marino. 
Con una acción eficaz protegeremos las aguas en las que se bañan nuestros ciudadanos, protegeremos el suministro de pescado limpio que nos sirve de alimento y mejoraremos la ecología marítima, sobre todo en zonas de mar cerradas. 
El petróleo procedente de los buques es muy peligroso en muchos sentidos, razón por la cual los delitos de contaminación deben tratarse con firmeza, responsabilizando a los que contribuyen a ellos. 
La comisión pertinente ha alcanzado una excelente conclusión, que se concreta más en las enmiendas del Sr. Sterckx. 
Sin embargo, hay un punto que no puedo apoyar tal como aparece formulado. La propuesta de un cuerpo de guardacostas común va demasiado lejos. 
Puesto que los guardacostas tienen muchas otras responsabilidades, esta debería situarse en un contexto más amplio. 
El Sr. Poignant ha realizado un gran trabajo con su informe. 
Solo hay un detalle en él, sin embargo, que deberíamos abordar. 
Yo también estoy a favor de que los buques lleven el distintivo de la Unión Europea. 
La enmienda que propone añadir el distintivo a las banderas nacionales es, sin embargo, problemática, como ha reconocido el propio ponente. 
Requeriría un debate sobre legislación relativa a las banderas en los Estados miembros. 
Señor Presidente, la propuesta de un Reglamento para transferir los buques de carga y de pasaje entre registros forma parte de una política más general de la Unión Europea contraria a los intereses de los trabajadores. 
Con el pretexto de reforzar la competencia, pretende aumentar los beneficios de la industria marítima a costa de reducir los salarios de los trabajadores del mar y recortar sus derechos sociales, y de conceder escandalosas ventajas fiscales a las compañías navieras en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La recomendación contenida en la exposición de motivos del Reglamento en cuestión, de que los Estados miembros reconsideren la creación de un registro marítimo europeo, es una decisión de importancia estratégica para que las grandes empresas puedan aumentar sus beneficios. 
Esta propuesta fue presentada por la Comisión en 1989. 
Si hoy se aprueba, aparte de los nuevos beneficios para los armadores de los buques, reducirá los niveles de seguridad del transporte marítimo, con nuevos peligros para la vida humana y el medio ambiente. 
De esta formarán se crearán las condiciones adecuadas para que se cometan más delitos en el mar, como sucedió con el, el y otros. 
La propuesta de reforzar el marco penal para acabar con la contaminación de los buques no logrará reducir los delitos marítimos, al quedar todo sujeto a la protección y al aumento de los beneficios de los armadores y las grandes empresas en general, que controlan las fuentes de energía y los medios de transporte y de producción. 
Desde aquí queremos aprovechar esta oportunidad para instar al Parlamento Europeo a que intervenga y obligue al Club de Protección e Indemnización y a las compañías propietarias del y el a pagar las multas por los dos naufragios, de forma que sus tripulaciones, retenidas como cabezas de turco en España y Pakistán respectivamente, puedan ser liberadas. 
Señor Presidente, el partido Comunista de Grecia rechaza las tres propuestas de Reglamento... 
Señor Presidente, señora Comisaria, como bien señala el Sr. Poignant en su informe, ya en 1989 la Comisión presentó su propuesta de registro europeo de buques, llamada "Euros", y, recientemente, el Parlamento Europeo aprobó el informe Sterckx con ocasión del accidente del, pidiendo que se examinara de nuevo esta posibilidad. 
Siendo consciente de que los Estados miembros no quieren renunciar hoy por hoy a su identidad en los mares, pero también siendo consciente de las ventajas de que todos nuestros buques tengan un distintivo europeo, planteé la idea de que en uno de los vértices de las banderas de pabellón se contemplara el símbolo de la Unión Europea, la corona de estrellas sobre fondo azul. 
Creo que mis compañeros británicos en la Comisión de Transportes se sintieron ofendidos por esto. 
Quisiera aclararles que mi idea no va en contra de su. 
Una bandera tiene cuatro vértices y la suya tiene tres disponibles. 
Yo creo que es muy positivo y tiene muchas sinergias para todos nosotros que en todos los mares del mundo se identifique a los buques de la Unión Europea. 
Señor Presidente, los vertidos ilegales de petróleo por parte de los buques es un problema de enorme gravedad en las aguas danesas. 
No se trata solo de que se esté contaminando el mar y causando un gran daño a la pesca. 
A menudo, las manchas de petróleo alcanzan el litoral y contaminan nuestras playas. 
Nuestros puertos tienen que estar dotados con equipos adecuados para limpiar fácilmente estos vertidos, lo cual debería financiarse con una tasa portuaria general, de manera que nadie pueda beneficiarse del vertido de petróleo al mar. 
La Comisión propone ahora que las condenas pecuniarias por los vertidos ilegales se transfieran a la legislación de la UE. 
Ciertamente, debe haber condenas pecuniarias por los vertidos ilegales. 
Si estos se producen en aguas danesas, deben ser penalizados aplicando la ley danesa. 
Si se producen en aguas internacionales, deben ser penalizados por un tribunal medioambiental internacional. 
La Comisión propone la creación de un cuerpo de guardacostas europeo para localizar a los infractores de la ley. 
En Dinamarca, los contaminadores son controlados y localizados con aviones cedidos por los militares. 
Por lo tanto, no necesitamos ni una ley europea ni un cuerpo de guardacostas europeo, con su consiguiente burocracia. 
Pero nos gustaría que la UE tomara la iniciativa de crear un tribunal medioambiental internacional bajos los auspicios de las Naciones Unidas. 
Al mismo tiempo, la Comisión sugiere que se promueva el cambio de pabellón de los buques aplicando a los de pasaje las actuales normas más blandas y limitando lo que ha dado en llamar el periodo de cuarentena. 
El cambio de pabellón perjudicaría a los acuerdos de los países pioneros en materia de salarios, condiciones de trabajo y seguridad. 
Los armadores evadirían también el pago del IVA y las leyes fiscales que sustentan el Estado de bienestar. 
Eso sería inaceptable. 
Por último, la propuesta de que los buques lleven el distintivo de la UE con las doce estrellas sobre fondo azul en el vértice superior de sus banderas de pabellón es ridícula. 
Lamentamos no poder apoyar ninguna de las propuestas. 
Una vez más. 
Señor Presidente, es realmente sorprendente que se haya vuelvo a comprobar que el problema de la contaminación marítima se debe principalmente, no a los naufragios en sí, sino a los vertidos de desechos ilegales por parte de los buques, ya sean productos de petróleo u otro tipo de desechos, y que todavía este problema no se haya abordado adecuadamente. 
Tenemos el Convenio MARPOL, que se aplica de forma distinta en los Estados miembros en lo referente a las sanciones impuestas, razón por la cual la iniciativa de la Comisión Europea es útil, ya que aportará un mismo enfoque desde el punto de vista de las sanciones. 
Exista ya también una Directiva sobre esta materia, la Directiva 2059 relativa a las infraestructuras para recibir desechos de los buques, que los Estados miembros no aplican por completo. 
Esta Directiva tiene que ser aplicada. 
Por supuesto, no es una excusa para los buques que vierten petróleo en el mar, pero, por otra parte, los Estados miembros tampoco deben limitarse a defender en teoría la protección del medio ambiente; tienen que aplicar en la práctica las disposiciones que ellos mismos votaron a favor en relación con este tema. 
Por consiguiente, hoy estamos dando un paso positivo, pero lamento que el Consejo, después de haber pedido a la Comisión Europea que presentara este Reglamento sobre las sanciones para los casos de vertidos ilegales de desechos, no parece dispuesto a actuar rápidamente ni a aceptar las propuestas de la Comisión y del Parlamento, y está retrasando todo el procedimiento. 
En nuestro nombre, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quiero hace hincapié en esto y destacar la actitud negativa del Consejo, pero también afirmo que lucharemos hasta el final para que el informe Pex se haga realidad. 
Señor Presidente, Señorías, a mí también me gustaría llegar hoy aquí contenta y optimista por estos avances legislativos y felicitar a la Comisaria y a mis colegas, ponentes y no ponentes, e incluso felicitarme a mí misma, pero como ciudadana originaria de Galicia y puesto que estas propuestas legislativas nacen- como hemos oído aquí hasta la saciedad- de la catástrofe del van a permitirme que haga una reflexión diferente aunque- deseo- complementaria. 
Señorías, me parece positivo que esta tragedia, que la Comisión califica eufemísticamente de "accidente de gran repercusión mediática", motive importantes cambios legislativos capaces de perseguir penalmente comportamientos delictivos. 
Pero me preocupa que se pueda generalizar la idea de que resolviendo la cuestión de las descargas ilegales resolvemos más de la mitad del problema de contaminación marítima por hidrocarburos, puesto que la Comisión afirma que la mayor parte de dicha contaminación no se debe a los accidentes sino a las descargas deliberadas. 
Temo también que el futuro pueda hacernos olvidar el presente y este es una catástrofe aún no concluida, como lo demuestra la nueva oleada de fuel que está llegando estos día a las costas francesas o las 14 000 toneladas de fuel aún encerradas en el pecio a la espera de una solución. 
Por eso digo que la preocupación por el futuro no puede hacer que los legisladores olvidemos el presente. 
El presente, Señorías, son los tres grandes interrogantes que los ciudadanos de mi región, con todo el derecho, aún se plantean y que no han recibido respuesta europea: las indemnizaciones a los afectados, los problemas medioambientales y la solución al pecio. 
Señorías, estoy contenta de que nuestra catástrofe haga avanzar la legislación comunitaria, pero también estoy firmemente convencida- y espero convencerles a ustedes- de que Europa debe dotarse de mecanismos para dar a estas catástrofes- que van a seguir produciéndose- una respuesta europea que aún no existe. 
– Es escandaloso que antes de adoptar directivas más o menos vinculantes para hacer que se apliquen por fin normas que datan de hace 30 años haya habido que esperar al naufragio del. 
Como es escandaloso que las víctimas de los naufragios anteriores, del por ejemplo, todavía no hayan sido debidamente indemnizadas y que el grupo petrolero Total, responsable del naufragio, tenga el cinismo de reclamar el reembolso de los gastos de bombeo. 
Algunas enmiendas pretenden atenuar las formulaciones de la Comisión so pretexto de no emprender una caza de brujas contra los capitanes y las tripulaciones. 
Muy bien. 
Pero ¿por qué las directivas solo se refieren a estos últimos? 
¿Por qué no acusar a los verdaderos responsables, que son quienes organizan los transportes? 
¿Por qué no impedirles que causen daños aplicando sanciones realmente disuasorias? 
Porque si los buques pueden navegar bajo pabellón de conveniencia y si la identificación de sus propietarios es a veces un verdadero quebradero de cabeza, las grandes empresas beneficiarias de este transporte, en particular los grupos petroleros, son, a su vez, perfectamente identificables. 
Contra estos grupos deberían adoptarse medidas draconianas a fin de impedir que la carrera por el beneficio se traduzca en tragedias colectivas. 
– Señor Presidente, conociendo la severidad con la cual se reprimen las infracciones al Código de Circulación, es difícil comprender el laxismo de que gozan, por el momento, los que manchan nuestro medio ambiente marítimo y consideran el mar un basurero. Tanto más cuanto que la mayor parte de la contaminación por hidrocarburos procede de vertidos deliberados y no de accidentes. 
Todas las partes implicadas en el transporte marítimo deben responsabilizarse. 
En nuestra opinión, hay que instaurar un sistema de sanciones penales acompañadas de importantes multas, de fianzas y de inmovilizaciones de buques. 
En Francia, la Prefectura marítima de Brest acaba de dar ejemplo imponiendo recientemente multas de 250 000 euros. 
Se trata también de desterrar definitivamente de los puertos de la Unión a los buques infractores en caso de reincidencia, de reforzar los equipos comunes de investigación entre los Estados miembros –la Decisión marco de 13 de junio de 2002 lo permite–, de utilizar plenamente las investigaciones penales en el Estado del puerto para inspeccionar a bordo, oír a los testigos y tomar muestras, de reforzar también la cooperación de las policías marítimas en la detección de las contaminaciones y la identificación de sus autores, de crear con el tiempo un cuerpo de guardacostas europeo, de incitar a los Estados miembros a transponer a su legislación las directivas europeas relativas a la seguridad marítima y de sancionarlos en caso de retraso. 
Actualmente, ocho Estados miembros, algunos de los cuales se apresuran a dar lecciones de ecología, no respetan al parecer la legislación comunitaria sobre sociedades de clasificación y el control por el Estado del puerto. 
No olvidemos que si se hubiera respetado el paquete Erika I, la catástrofe del habría podido evitarse. 
Con el proyecto de autopista del mar, el mar se presenta más que nunca como una alternativa a la carretera. 
Por ejemplo, cada año, 350 000 camiones deberían embarcar en Montoire para viajar a España. 
Es absolutamente necesaria una reglamentación marítima estricta, y aplicada estrictamente, pero debería aplicarse a todos y no solo a los buques europeos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que la Comisaria y nosotros como Parlamento tenemos razón en asumir la responsabilidad de una medida adoptada durante esta legislatura que por fin es eficaz en materia de seguridad marítima. 
Lo que estamos debatiendo es un conjunto de disposiciones que completan el marco de un trabajo fructífero, entre ellas la disposición de que los petroleros de doble casco pasen a la lista negra de buques que no ofrecen confianza para navegar en el mar, y la petición a los Estados miembros de que proporcionen una lista de los puertos de refugio. La Comisión merece nuestro reconocimiento por el conjunto de medidas adoptadas durante esta legislatura, pero hay que decir también que nosotros hemos hecho nuestra parte del trabajo. 
Por todo ello, mi grupo y yo apoyamos sin reservas el informe Pex. Quiero destacar en particular una de las enmiendas, ya que he oído que se cuestionaba, porque creo que debemos darnos cuenta de lo útil que sería la creación de un cuerpo de guardacostas europeo lo antes posible. 
No podemos pedir mayores controles, ni podemos esperar que se apliquen las sanciones, si nosotros no disponemos de los instrumentos necesarios para hacerlo con eficacia. 
Eso supondría un gran paso hacia adelante también para otra serie de cuestiones que tenemos que afrontar en la Unión Europea, como la inmigración ilegal. 
Creo que tenemos que realizar un análisis general. 
En cuestiones de seguridad – ya sea aérea, como hemos escuchado hace un momento, marítima o, yo añadiría, alimentaria –, la opinión pública europea va en ocasiones por delante de los gobiernos, pidiendo más reglamentos europeos. 
Deberíamos sentirnos alentados por esta iniciativa de los ciudadanos y pedir al Consejo, que hasta ahora se ha mostrado algo reticente en estos temas, que no defraude tan importantes expectativas que han crecido recientemente entre nuestros conciudadanos y que nos pueden dar importantes resultados en el futuro. 
– Señor Presidente, igual que otros yo acojo con agrado estos informes sobre la lucha contra la contaminación procedente de los buques. 
El Reino Unido, por ser una isla, es especialmente vulnerable, y la historia de nuestra costa está plagada de accidentes espantosos y catástrofes parecidas a la del. 
Estoy seguro de que tiene sentido la idea de la armonización de las sanciones, pero deben ser medidas muy enérgicas, y sobre todo no deben debilitar la legislación actual de los Estados miembros. 
Armonizar hacia arriba, sí, pero nivelar hacia abajo, no. 
Después debemos preguntarnos a quién pretendemos realmente hacer responsable. 
El Sr. Andrews hablaba antes de «montones de chatarra» al referirse a los viejos buques que navegan en nuestros mares y constituyen una amenaza para las costas, la seguridad marítima y la vida marina. 
En caso de accidente, no son los capitanes de esos buques los que merecen una pena de prisión, sino que los verdaderos responsables son los propietarios. 
Parece que, con demasiada frecuencia, los que están arriba y son responsables en última instancia siempre quedan libres de responsabilidad ante la justicia. 
El Sr. Ortuondo Larrea y otros se han referido a los pabellones. 
Pero ese no es el punto central. 
El problema real es la farsa mediante la cual se permite a los buques navegar con pabellones de un país con el que no tienen ninguna conexión. 
Finalmente, debemos asegurar que se protejan los derechos de las personas que viven cerca de las zonas vulnerables a los desastres. 
Debemos pensar en las consecuencias para los ciudadanos que viven cerca de zonas afectadas por la contaminación. 
Todos estos aspectos varían de un país a otro y, escuchando este debate, me reafirmo en mi convicción de cómo estos instrumentos de armonización realmente servirán para tomar medidas enérgicas contra aquellos que son los responsables reales y llevarlos a los tribunales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el debate de hoy es sumamente importante, y con él estamos cumpliendo las expectativas de los ciudadanos, que nos demandan más seguridad marítima. 
Los gallegos conocemos bien el problema, por desgracia, pero creo, sinceramente, que estamos en el buen camino. 
La Comisión ha reaccionado con prontitud y acierto y debemos felicitar una vez más a la Comisaria, Sra. de Palacio, por sus propuestas. 
Ahora nos toca hacerlo a nosotros y, fundamentalmente, al Consejo. 
Y quiero subrayar el paso importante que estamos dando también en el tema de la codecisión, al pretender ya, desde un principio, llegar a posiciones comunes con el Consejo que permitan agilizar la tan necesaria entrada en vigor de las normas legislativas. 
Espero, por tanto, que el Consejo acepte nuestras propuestas, y creo que debemos estar firmes desde el Parlamento, como han señalado nuestros colegas, especialmente el Sr. Piecyk. 
Vayan por ello mis felicitaciones a nuestros ponentes- los Sres. Pex, Poignant y Di Lello- por sus esfuerzos y sus aportaciones para complementar y mejorar las propuestas de la Comisión en torno a estas medidas disuasorias imprescindibles. 
La mar es de todos, y quien la contamina debe pagar por ello, lo haga intencionada o negligentemente, incluidas las sanciones penales o criminales que puedan incluso acarrear penas de prisión. 
Y la Unión Europea debe dar ejemplo y liderar a nivel mundial estas conductas de persecución eficaz de las prácticas delictivas contra el medio ambiente marino. 
Por ello, apoyamos también medidas, como el embargo preventivo del buque, para garantizar así un cumplimiento de las sanciones impuestas. 
También estamos de acuerdo con la propuesta del informe del Sr. Pex de que debe existir un servicio europeo común de guardacostas, encargado de vigilar esta legislación internacional y europea para que se pueda cumplir al cien por cien. 
No queremos decir con ello que esto implique la sustitución de los medios nacionales de los Estados miembros. 
Estamos hablando de una medida complementaria de supervisión y de coordinación, así como de un auténtico sistema comunitario de seguimiento del tráfico marítimo de mercancías peligrosas vía satélite, con cajas negras, etc. 
Otra cuestión clave para la seguridad marítima, como se ha venido demostrando, son los controles de los pabellones de conveniencia. 
Debemos fomentar e incentivar los pabellones europeos, y por ello comparto también la opinión que se vierte en el informe de mi colega, el Sr. Poignant, para que empiecen a incluirse ya en los pabellones de los buques los símbolos europeos, como ocurre en la Unión Europea en estos momentos con las matrículas de los vehículos. 
Con estos informes el Parlamento Europeo se alía con la Comisión y contribuye a dotar a la Unión Europea de mayor seguridad marítima y de mejor protección del medio ambiente. 
Solo falta, señor Presidente, queridos colegas, que el Consejo los apruebe y que entren pronto en vigor. 
– Señor Presidente, comienzo dando las gracias a nuestro ponente, el Sr. Pex, aunque está ausente esta tarde, por su trabajo en este importante informe que apoyamos ampliamente. 
Es muy importante disponer de una normativa vigente con la que poder enjuiciar a los responsables de descargas ilegales de petróleo o productos químicos procedentes de buques. 
No estamos ya dispuestos a soportar un comportamiento temerario que con demasiada frecuencia ha generado daños irreparables al medio ambiente. 
No obstante, es necesario diferenciar entre contaminación deliberada y accidental. 
El Reino Unido ya establece sanciones penales para descargas ilegales procedentes de buques, tal como se especifica en el Convenio Marpol, y los asuntos relativos al derecho penal deberían se competencia de los Estados miembros y no de la Comunidad. 
Además, como no ha habido dificultades prácticas entre los Estados miembros para decidir dónde deben efectuarse las acciones judiciales, esta propuesta debe eliminarse de la decisión marco. 
Por último, sobre este tema pienso que la introducción de una unidad de guardacostas europea no es práctica ni necesaria, ni es coherente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo nos oponemos a esas enmiendas. 
Con respecto al informe Poignant, en principio apoyamos esta propuesta y aceptamos que el nuevo reglamento mejorará la cooperación entre los administradores de los registros marítimos de los Estados miembros. 
Tal como señalé claramente antes de la votación en el debate de la Comisión de Política Regional Transportes y Turismo, los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo se opondrán con vehemencia a la integración del emblema de la Unión Europea en nuestro Pabellón Rojo. 
No ayudaría a mejorar la seguridad y podría convertir incluso a los buques registrados en la Unión Europea en blancos potenciales. 
Además, no se puede argüir la necesidad de identificación, puesto que todos los buques muestran sus números OMI únicos así como el nombre de sus puertos de registro. 
Para terminar, los principios de registro están fijados internacionalmente en las Naciones Unidas y el sistema de la OMI, que es mundial y no solo europeo. 
La UE no es un Estado nación, afortunadamente, y no es seguro que otra nación reconozca un pabellón de la UE en el ámbito de las convenciones internacionales. 
Señor Presidente, como suele decirse, más vale tarde que nunca. 
La actual propuesta de una decisión del Consejo se basa en la idea de depurar responsabilidades civiles y penales en los casos de contaminación producida por el transporte marítimo. En línea con las posiciones de la Directiva de la Comisión y con las posiciones tradicionales del Parlamento Europeo, la propuesta le ha permitido a este mejorar el texto original con dos enmiendas aprobadas por unanimidad que considero muy importantes. 
La primera extiende el ámbito de la responsabilidad penal al comportamiento que cause un daño sustancial a personas, yendo más allá del criterio limitado a muerte o lesiones graves. 
La segunda enmienda, con una lógica similar, extiende la responsabilidad de los infractores, pasando de daños a especies de fauna y flora a daños sustanciales al medio ambiente natural protegido, lo cual se refiere a toda la vida marina y costera que corre el riesgo de sufrir contaminación. 
Por lo tanto, quiero rendir tributo al ponente, el Sr. Di Lello Finuoli, por presentar estas enmiendas. 
De hecho, el nuevo marco jurídico sobre la contaminación marítima y la futura Agencia de Seguridad Marítima con sede en Lisboa, aprobados por el Consejo de Bruselas el mes pasado, nos lleva a pensar que Europea por fin está asumiendo sus responsabilidades. 
Sería absurdo que Europa se hiciera responsable de regular los recursos marinos sin haberse dotado antes de los medios necesarios para protegerlos. 
– Señor Presidente, cuando ocurre un accidente en el mar, sus consecuencias son devastadoras y casi irreparables para el medio ambiente inmediato en su conjunto. 
El medio ambiente marino se está viendo contaminado también por prácticas que hacen caso omiso de las leyes y el bienestar medioambiental, como el vaciado de las aguas de sentina en mar abierto. 
Los que contaminan el medio ambiente tienen que responder por sus acciones. 
El endurecimiento del marco penal debe actuar como disuasorio suficiente para los que transportan cargas peligrosas para el medio ambiente en buques en malas condiciones o inadecuados para ese fin, y también para los que contaminen el medio ambiente por negligencia o indiferencia. 
Por ejemplo, en el Mar Báltico, que es un mar interior muy vulnerable y poco profundo rodeado de varios países, se corren muchos riesgos que podrían resultar desastrosos para el medio ambiente. 
Se transporta petróleo en buques de casco único y en condiciones dificultosas durante el invierno, cuando existe la presión del hielo. 
Tienen que realizarse además un mayor número de inspecciones y supervisiones rutinarias para conseguir controlar la contaminación ilegal. 
Espero que tras la entrada en vigor de las directivas para mejorar la seguridad marítima en la UE, todas las partes responsables del transporte marítimo consideren cuidadosamente la manera de transportar la carga utilizando equipos apropiados y con la máxima seguridad posible para el medio ambiente. 
Se tiene que evitar la apatía y la asunción de riesgos innecesarios. 
Celebro que la legislación de la UE se endurezca y se armonice en esta materia. 
Quiero dar las gracias a la Comisión y a los ponentes por el trabajo que han realizado y espero que esta legislación reformada y más estricta entre pronto en vigor. 
–Señor Presidente, felicito a los ponentes por sus informes. 
Deberían aplicarse sanciones penales contra los responsables de la contaminación medioambiental causada por los vertidos deliberados y las catástrofes marítimas. 
Las consecuencias de la catástrofe del todavía se hacen sentir en España, Portugal y Francia. 
Ya es hora de que las normas internacionales que regulan las descargas marinas se incorporen a la legislación comunitaria y que, igualmente importante, tales normas se hagan cumplir. 
Discrepo básicamente de la oposición de la Sra. Foster y de sus colegas a la idea de una unidad de guardacostas europea. 
Llevo ya cierto tiempo solicitando la creación de una unidad de guardacostas comunitaria y acojo con satisfacción que el Sr. Pex haya reconocido que ese organismo tiene que desempeñar un papel importante en la aplicación de estas normas, llevando a cabo inspecciones aleatorias. 
También podría desempeñar una serie de funciones adicionales en las aguas comunitarias, como la creación de un mecanismo adecuado de respuesta de emergencia en caso de que se produzca nuevamente una catástrofe medioambiental como la del. 
Si consideramos los problemas que tenemos en aguas comunitarias, podemos ver el potencial de una unidad de guardacostas de la Unión Europea. 
Por ejemplo, el crimen organizado se está sirviendo de nuestras aguas para el tráfico de armas, drogas y seres humanos. 
El tráfico ilegal de seres humanos en la Unión Europea representa un valor de 4 000 millones de euros anuales. 
El tráfico de drogas sigue siendo un gran problema y se estima que el comercio ilegal de armas pequeñas, cuyos principales destinatarios son terroristas y delincuentes, representa el 10% del comercio de armas mundial. 
El contrabando de cigarrillos casi ha reemplazado al tráfico de drogas gracias al enorme margen de beneficios que puede obtenerse sin necesidad de incurrir en el mismo grado de riesgo en lo que a sanciones penales se refiere. 
Sostengo, por tanto, en contrate total con lo que dice la Sra. Foster, que una unidad de guardacostas comunitaria podría vigilar eficazmente las aguas comunitarias: podría acabar con los vertidos ilegales, hacer cumplir la política de pesca común, ayudar con servicios de rescate de emergencia y restringir el tráfico ilegal. 
Espero que la Comisión responda positivamente a la solicitud del Sr. Pex para la creación de una unidad de guardacostas comunitaria y que la Presidencia irlandesa del Consejo prestará atención a esta solicitud, particularmente porque, al venir de una isla, apreciará mejor el valor de un organismo de este tipo en la vigilancia de nuestros mares. 
. 
Yo, señor Presidente, aprovecho la ocasión para decir que los gestores del edificio deberían hacer algo, porque creo que este edificio está algo enfermo o, por lo menos, provoca enfermedad en algunos de los que por aquí venimos. 
Y le aseguro que no me pasa en otros sitios. 
Me pasa aquí y lo que no puede ser es que se pase del frío al calor y otra vez al frío de manera totalmente descontrolada, por no hablar de todas las corrientes de aire que hay en distintos puntos de este edificio. 
Señor Presidente, Señorías, quiero decir que agradezco al Sr. Pex su trabajo, que respalda fundamentalmente la posición de la Comisión. 
En este sentido, quiero decir que la mayor parte de las enmiendas tienen por objeto clarificar el texto de la propuesta de Directiva, y mejoran el texto de la Directiva, y, por lo tanto, las aceptamos todas y, en particular, las 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 20 y 23. 
Por ejemplo, la 6 y la 22, relativas a la creación de un cuerpo de guardacostas europeo. 
En sus respuestas a preguntas parlamentarias, la Comisión ha tenido ocasión de expresarse sobre este punto, y apoyamos la idea, pero habrá que estudiar previamente los aspectos presupuestarios y operativos de tal iniciativa, y en particular clarificar las relaciones entre este futuro cuerpo de guardacostas, la Agencia de Seguridad Marítima, la futura Agencia para la gestión de las fronteras exteriores y las estructuras nacionales competentes que existen hoy día y que, eventualmente, podrán evolucionar en el futuro. 
La Comisión acometerá con determinación el examen de estas complejas cuestiones, pero tenemos que decir que no es un asunto fácil y que tomará un cierto tiempo. 
Hay algunas enmiendas, sin embargo, que no pueden ser aceptadas y, por ello, las rechazamos, ya que son redundantes o porque no corresponden a los objetivos que persigue nuestra propuesta inicial. 
Para concluir con el informe del Sr. Pex, tengo la sensación- insisto una vez más- de que estamos muy cerca, de que el Parlamento- una vez más- nos da su respaldo a la hora de reforzar la seguridad marítima, y espero con gran interés la votación de mañana, y espero que el Parlamento adopte cuanto antes este informe y esta posición en primera lectura, para impulsar el debate con el Consejo, donde las cosas están mucho más difíciles. 
Agradezco al Parlamento que este informe se debate conjuntamente con el informe del Sr. Di Lello y la Decisión marco, y también en este caso quiero agradecerle al Sr. Di Lello su trabajo y el respaldo que da a las propuestas de la Comisión y la determinación, compartida por todos nosotros- Parlamento y Comisión -, para seguir luchando contra el azote que representa la contaminación por parte de los buques, y muy especialmente en el caso de los vertidos voluntarios que- lo digo en nuestro texto- suponen más del cincuenta por ciento de la contaminación de las aguas en la Unión Europea. 
Quiero decir, señor Presidente, que no podemos aceptar tal cual la primera enmienda, habida cuenta de su carácter no jurídico. 
Sin embargo, deseamos destacar que somos muy sensibles al apoyo que vuelve a recibir nuestra posición relativa a la competencia de la Comunidad para prever el principio de las sanciones penales en la aplicación de una política comunitaria. 
Ello hace que nos sintamos respaldados por parte del Parlamento en el recurso interpuesto por la Comisión contra la Decisión marco sobre protección del medio ambiente a través del Derecho penal. 
Quiero señalar, respecto a las reflexiones de algunas de sus Señorías, que la Comisión va a seguir trabajando para que las propuestas legislativas sean una realidad, y que si los países no transponen, no incorporan en tiempo y forma a su Derecho nacional las Directivas aquí adoptadas en el marco de la lucha contra la contaminación marina y a favor de la seguridad marítima, no dudaremos en ir ante los tribunales para exigir esa aplicación por parte de los Estados de la Unión. 
En esa lucha se incluyen las instalaciones portuarias para recoger los vertidos, que son absolutamente claves para la aplicación de estos textos, que espero que mañana respalde el Parlamento. 
Respecto al otro aspecto que hoy debatimos, la transferencia de buques de carga y de pasaje entre registros de la Comunidad, quiero agradecer al Sr. Poignant su trabajo, así como las conversaciones y los contactos con el Consejo, que espero que permitan al final, si el Parlamento respalda el informe del ponente y las enmiendas que este apoya, la adopción en primera lectura de este Reglamento, algo absolutamente clave en vísperas de una ampliación, con gran impacto en el sector marítimo de manera especial. 
Quiero decir que la Comisión ha aceptado gran parte de las enmiendas y reitero mi agradecimiento al Sr. Poignant. 
La Comisión puede aceptar la enmienda 3 y, sin embargo, tenemos que rechazar la 1 y la 2, referentes a la integración del distintivo de la Unión en los pabellones de todos los buques registrados en los Estados de la Unión, ya que sería un obstáculo para poder alcanzar en primera lectura un acuerdo con el Consejo, y, además, porque no es el instrumento jurídico adecuado para tomar una medida de estas características. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
La Mesa toma nota de que hay diferencias significativas de temperatura en el edificio y espera que, gracias a las precauciones que están tomando ustedes, no se pongan enfermos. 
Intentaremos mejorar las condiciones del edificio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
Informe (A5-0442/2003) del Sr. Vidal-Quadras Roca, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo relativa a la gestión de combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos [COM (2003) 32 – C5-0229/2003- 2003/0022 (CNS)] 
Informe (A5-0441/2003) del Sr. Mr Seppänen, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo por la que se definen las obligaciones básicas y los principios generales en el ámbito de la seguridad de las instalaciones nucleares (COM (2003) 32 – C5-0228/2003 – 2003/0021 (CNS)) 
. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecerle sus palabras, y espero que pueda sobrevivir en esta ocasión y me pueda librar de un nuevo catarro. 
Hablando más en serio, señor Presidente, quiero agradecer al Parlamento Europeo y, en particular, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y a los dos ponentes, Sres. 
Seppänen y Vidal-Quadras, todo lo que hemos trabajado conjuntamente y los resultados, que considero muy razonables, sobre las propuestas de Directiva de la Comisión respecto a la seguridad en las instalaciones nucleares y la gestión de los combustibles gastados y los residuos radioactivos. 
Tanto las discusiones en el seno de la Comisión, como las de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, han hecho gala de una voluntad clara de contribuir a la instauración de un planteamiento comunitario sobre la seguridad nuclear en su sentido más amplio, es decir, englobando a la vez la seguridad de las instalaciones y la gestión de los residuos. 
No cabe ninguna duda de que el dictamen del Parlamento Europeo no solo será una fuente de reflexión complementaria a las propuestas de la Comisión, sino que también dará un apoyo político importante, teniendo en cuenta que nos encontramos con algunas dificultades por parte de algunos Estados de la Unión en el Consejo. 
Es especialmente importante que el Parlamento apoye la iniciativa de la Comisión referente al uso de los instrumentos jurídicamente vinculantes para enmarcar la seguridad nuclear y la gestión de los residuos radioactivos en los veinticinco Estados de la futura Europa ampliada. 
Este planteamiento es el único que permitirá obtener unas normas jurídicas generales, claras y estables, que ofrezcan una perspectiva de futuro a las inversiones de las compañías eléctricas y que, a la vez, ofrecen tranquilidad e información a la opinión pública sobre las condiciones en que se usa la energía nuclear en el ámbito de la Unión Europea. 
En cuanto a la propuesta de Directiva que define las obligaciones básicas y los principios generales en el campo de la seguridad de las instalaciones nucleares, la Comisión ha satisfecho la petición del Parlamento Europeo de que se garantice la seguridad nuclear también durante el proceso de desmantelamiento. 
Se trata de un asunto delicado en el que interviene la preocupación por la seguridad nuclear y el deseo de una competencia leal en el mercado de la electricidad. 
La propuesta de la Comisión, que se fundamenta jurídicamente en el Tratado Euratom, permite satisfacer las expectativas del Parlamento de una manera equilibrada. 
El análisis de las enmiendas del Parlamento demuestra claramente que el dictamen que se enviará al Consejo permitirá evitar, en particular, cualquier intento de desnaturalización de las propuestas iniciales de la Comisión por parte de algunos Estados. 
La Comisión podrá mostrarse en cierta medida flexible, pero no piensa volverse atrás sobre los objetivos políticos que había establecido al elaborar las propuestas. 
Consideramos, pues, que es indispensable garantizar que se disponga de recursos financieros suficientes para que las operaciones de desmantelamiento se lleven a cabo en las condiciones de seguridad adecuadas. 
En lo relativo a la propuesta de Directiva sobre la gestión de los combustibles nucleares gastados y los residuos radioactivos, tomo buena nota de las propuestas de modificación del calendario de autorización de la creación y puesta en servicio de los lugares de almacenamiento definitivo. 
Las primeras discusiones en el Consejo han suscitado comentarios acordes con esta idea. 
Está claro que las dos instituciones consideran que el calendario que la Comisión propone es demasiado ambicioso. 
Por mi parte, sigo considerando que la dificultad no está en las fechas propuestas, sino en que la mayoría de los Estados no han avanzado suficientemente en sus decisiones y trabajos. 
No quiero decir que este sea el caso de Finlandia, por ejemplo, que va muy adelantada y que ha tomado decisiones concretas, ni el de Suecia, que también ha dado pasos adelante importantísimos. 
En cuanto al calendario, la Comisión también puede mostrar una cierta flexibilidad, siempre y cuando hablemos de plazos concretos y razonables. 
Esto, además, es lo que propone el Parlamento: dar más tiempo, pero poner fechas concretas. 
En ese sentido, entendemos que ese margen de flexibilidad se puede aceptar. 
El almacenamiento definitivo de los residuos de alta radioactividad y los de vida larga en formaciones geológicas profundas goza de un consenso técnico internacional que reconoce que actualmente es la mejor solución para aislar los residuos radioactivos de las personas y el medio ambiente durante los largos períodos necesarios. 
Lo que no quiere decir que no estemos trabajando en otras soluciones. 
La Comisión no quiere cerrar ninguna puerta y el hecho de que hoy esa sea la solución más adecuada no significa que lo sea dentro de diez años. 
Por lo tanto, nos guiamos únicamente por el deseo de garantizar una gestión segura y duradera de los residuos radioactivos, con el fin de asegurar una protección eficaz de los ciudadanos. 
En ese sentido, se podría proponer un aumento en el terreno de la investigación y el desarrollo, si fuera necesario, y no descartamos otras soluciones, insisto, sino al contrario, respaldamos que se siga investigando en ese terreno. 
Como resumen, señor Presidente, quiero confirmar que el objetivo primordial de la propuesta legislativa de la Comisión es sencillamente garantizar un nivel de seguridad lo más elevado posible dentro de la Unión Europea ampliada. 
Y, además de garantizar ese nivel elevado de seguridad, queremos dar una mayor transparencia a este asunto de cara a los ciudadanos y, muy especialmente, de cara a este Parlamento. 
Y también que se haga frente al problema que supone, dentro del sector nuclear, la gestión de los residuos radioactivos, de manera que los distintos Estados miembros se enfrenten a esta cuestión de manera decidida. 
Insisto en que la aplicación de esta legislación comunitaria aportará al sector europeo comunitario unas normas generales estables y equilibradas que permitirán un desarrollo del sector sin discriminación ni ventajas para nadie. 
Señor Presidente, me va a permitir que conteste a la Sra. McNally sobre un asunto planteado al inicio de esta sesión. 
Quiero reiterarle a la Sra. McNally que quien dijo que el Protocolo de Kioto está muerto fue una colega suya en este hemiciclo. 
Yo no he utilizado esas palabras. 
Lo que sí he dicho y lo repito ahora es que, por desgracia, existen graves riesgos de que no obtenga el número de ratificaciones que permita su entrada en vigor, que es otra cosa. 
También quiero reiterar que, si por una casualidad, por desgracia, y lo digo así de claro, no se obtuvieran las firmas y las ratificaciones necesarias y adecuadas- cosa que puede suceder, porque algunos países como los Estados Unidos, Australia y parece ser que ahora algún otro más, quizá por las declaraciones que se han hecho en Rusia- la Comunidad tendría que considerar si, en un nuevo marco, es decir, sin que el Protocolo de Kioto entrara en vigor, las medidas que hemos adoptado hasta la fecha son las mejores para obtener los resultados deseados-la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -, o si habría que considerar otro tipo de posibilidades. 
Creo que es de pura racionalidad, como también lo es- y científicamente está probado- que, por desgracia, la aceleración del cambio climático está asociada a los efectos tremendamente nocivos de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por lo tanto, desde Europa debemos seguir abanderando, luchando y trabajando para conseguir una reducción eficaz, real y suficiente de esas emisiones. 
Pero no estamos solos en el mundo; en el planeta hay otra serie de países y nosotros solo somos un porcentaje. 
. Señor Presidente, este llamado paquete nuclear, que esta noche debatimos, tiene su origen en dos estímulos: el primero, la ampliación de la Unión y el segundo, sin duda alguna, el Libro Verde sobre seguridad en el suministro de energía. 
La ampliación ha incorporado a la Unión una serie de países que están dotados de producción de energía eléctrica mediante centrales de fisión, con una cultura de la seguridad distinta a la de Europa Occidental y con criterios tecnológicos diferentes de los que son habituales hoy en los Quince. 
El proceso de adhesión ha conseguido que se cumplan todos los objetivos respecto a seguridad que a estos países se les exigía y, por tanto, hoy podemos estar absolutamente tranquilos. 
Sin embargo, como la energía nuclear, quizá, por desgracia, no solo se considera en términos estrictamente técnicos o científicos o prácticos, sino que, muchas veces, está impregnada de ideología y demasiadas veces de emoción, era absolutamente imprescindible que Europa proporcionase a la ciudadanía europea un marco regulador de dimensión europea para tranquilizar determinadas y legítimas preocupaciones. 
El Libro Verde establece como una de sus conclusiones básicas que para el futuro de la energía en Europa debemos mantener abiertas todas las opciones y subrayo el "todas". 
Ese "todas" incluye, naturalmente, también la producción de energía eléctrica a partir de la fisión nuclear. 
Precisamente por los factores emocionales a los que antes me refería, la existencia de un marco regulador europeo vinculante jurídicamente que nos garantice que la seguridad nuclear es un objetivo común de la Unión, tratado por una metodología compartida y con las debidas garantías de que cualquier anomalía o incidente va a ser contemplado de acuerdo con los últimos avances técnicos disponibles, todo eso, Sr. Presidente, es lo que el paquete nuclear proporciona también a la opinión pública de la Unión. 
Se ha discutido, Sr. Presidente, si eran necesarias directivas para este paquete nuclear, si no habría bastado con recomendaciones, orientaciones o figuras jurídicas más débiles. 
Debo decir que si se hubiera recurrido a este nivel normativo más suave, todo el ejercicio habría carecido de valor porque, realmente, lo que necesita la ciudadanía europea es verse asegurada en su exigencia del máximo nivel para este tipo de instalaciones y eso solo lo garantiza una norma jurídicamente vinculante como es una directiva. 
En lo que se refiere a las dos iniciativas legislativas concretas que hemos estudiado, todas las inquietudes del Parlamento han sido debidamente recogidas en nuestros respectivos informes. 
Señora Comisaria, este paquete nuclear, sin duda, representa un paso adelante y aunque usted hoy sienta frío en su epidermis, que haya usted abordado esta problemática de la manera que lo ha hecho demuestra que en su interior late permanentemente el fuego de la decisión. 
En cualquier caso, este paquete nuclear demuestra otra cosa y es que cuando hay un problema que a nivel nacional es difícil de resolver, como decía uno de nuestros grandes pensadores españoles del siglo XX, "en Europa se encuentra la solución". 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión ha tenido buenas intenciones en proponer una Directiva para mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares. 
Sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes. 
La propuesta de Directiva elaborada por la Comisión es inapropiada y no debería aprobarse en su forma actual. 
La producción de electricidad a partir de energía nuclear es un hecho. 
Cuando se utiliza energía nuclear, deben garantizarse los más altos niveles de seguridad de los equipos como sea técnicamente posible. 
La mejora de la seguridad en las centrales nucleares actuales tiene que ser un proyecto en el que participen tanto los defensores como los detractores de la energía nuclear. 
En esta Directiva, la Comisión propone una transferencia de competencias de los Estados miembros a la propia Comisión. Ahora bien, no se especifican los principios en los que se basaría para ejercer esas nuevas competencias. 
Si se aprobara la Directiva, la Comisión tendría prácticamente carta blanca para adoptar una postura sobre los criterios de seguridad de las instalaciones nucleares. 
Los representantes de muchos Estados miembros se oponen a esta Directiva, lo cual es comprensible, ya que temen que se utilicen procedimientos de control arbitrarios. 
Si la seguridad de las instalaciones nucleares ha de ser regulada por una directiva, esta debe definir con precisión las competencias de la Comisión y los principios en los que se basará el ejercicio de dichas competencias. 
No es el caso de esta propuesta de la Comisión. 
La responsabilidad por la seguridad de las instalaciones nucleares debe seguir recayendo en la propia central; es decir, que el que contamine, pague. 
Las centrales nucleares tienen que cumplir las leyes y los reglamentos nacionales establecidos por las autoridades nacionales. 
No se debe tratar de transferir la responsabilidad de esas centrales a la Comisión. 
Las autoridades deben intervenir para mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares en colaboración con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Este último ha sentado los principios que constituyen la mejor experiencia mundial compartida en seguridad de las centrales nucleares y en vigilancia de la seguridad. 
Hemos de avanzar sobre esa base. 
La Comisión no dispone de recursos similares. 
De hecho, ha sido incapaz de demostrar al Parlamento que dispondrá de recursos humanos suficientes para asumir esas nuevas responsabilidades de vigilancia de la seguridad nuclear. 
En este sentido, la Directiva debilitaría la seguridad, no la mejoraría. 
Los representantes de un buen número de Estados miembros han llegado a esta misma conclusión. 
En las reuniones lideradas por la Presidencia italiana, se propusieron algunas enmiendas fundamentales a la propuesta de la Comisión, y nuestra comisión vio con simpatía la postura del Consejo en nuestro informe. 
La Comisión propuso en su Directiva que la gestión de los fondos de desmantelamiento de las centrales nucleares se reformara de tal manera que se hicieran independientes de otros fondos de las empresas nucleares. 
Era acertado insistir en ello. 
Para la seguridad de las instalaciones nucleares, es fundamental que se reserven fondos suficientes para el desmantelamiento de las centrales cuando aún siguen operativas. 
Estos fondos tienen que administrarse de forma que no produzcan distorsiones de la competencia en el precio de la electricidad en el mercado. 
La propuesta de la Comisión está justificada en este sentido. 
Pero teniendo en cuenta la oposición de los Estados miembros, la Comisión no ha sido capaz de presentar una propuesta equilibrada, razón por la cual solo puede dejarse esto fuera del ámbito de aplicación de la Directiva y pedir una nueva Directiva sobre este mismo asunto. 
La Comisión ha justificado la necesidad de la Directiva haciendo referencia indirecta a la adhesión a la UE de los nuevos Estados miembros. 
Según los informes recibidos por la comisión pertinente, las normas de seguridad en las instalaciones nucleares de los Estados miembros que accederán a la UE en mayo no son peores que las de los actuales Estados miembros, sobre todo si consideramos que la central nuclear de Ignalina en Lituania se está desmantelando. 
Nosotros, en la comisión pertinente, hemos trabajado sobre esa base. 
Si alguien puede demostrar que las normas de seguridad de las instalaciones nucleares de los nuevos Estados miembros son significativamente peores que las de los actuales Estados miembros, sería un elemento de información nuevo e importante. 
En mi opinión, la propuesta de compromiso de la comisión pertinente puede aprobarse en su forma actual. 
Por último, quiero decirle a la Comisaria que evidentemente malinterpretó la opinión de la comisión sobre esta cuestión. 
En su informe, el Parlamento está más a favor de la opinión de algunos Estados miembros representados en el Consejo que de la Comisión, y no tiene la intención de aprobar la propuesta de la Comisión en su forma actual. 
– Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, quiero hacer algunos comentarios sobre la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos. 
En primer lugar, me referiré a su fundamento jurídico. 
La Comisión está equivocada al referirse a los artículos 30, 31 y 32 del Tratado Euratom, relacionados únicamente con la salud y la seguridad de los trabajadores. No hacen referencia a las normas de seguridad para las instalaciones nucleares. 
La Comisión tendría que haber adoptado el fundamento jurídico correcto, que es el artículo 203 del Tratado Euratom. 
Según la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, esta Directiva relativa a los residuos trata principalmente de establecer unos calendarios unificados. 
Este enfoque no beneficiará ni al sector de la energía, ni al medio ambiente, ni tampoco a los ciudadanos. 
En lo que respecta a las opciones para la eliminación o el almacenamiento de los residuos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor opina que no existe un consenso internacional amplio. 
Incluso en Francia, el país de la energía nuclear por excelencia, la legislación nacional obliga a considerar una serie de opciones distintas. 
En cuanto a los calendarios, ni un solo nuevo Estado miembro podrá cumplir el calendario en las circunstancias actuales, ni siquiera Finlandia, que necesitará otros dos años. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor opina que la exportación de residuos fuera de Europa tendrá que prohibirse y que la Directiva propuesta debe ser modificada en consecuencia. 
La Comisión tiene que dar a conocer sus planes actuales de gestión, eliminación y almacenamiento de residuos radiactivos de todos los Estados miembros y permitir que se hagan los comentarios oportunos. 
Tiene que confeccionar una lista de residuos cuya exportación esté prohibida (ni a la atmósfera ni al mar) y cuya eliminación o almacenamiento no proceda. 
Por otra parte, se tiene que presentar una propuesta al estilo de Aarhus después de realizar la debida consulta a los ciudadanos. 
En lo que respecta a la seguridad de las centrales nucleares, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor opina que la actual enmienda a la directiva no supondrá una mejora, puesto que toma como más o menos como base las directivas internacionales y mundiales ya existentes. 
También tenemos que decir claramente que los fondos de desmantelamiento tendrían que ser aportados por el propio sector de la energía nuclear y no por los contribuyentes. 
Así pues, creemos que esta Directiva debe endurecerse drásticamente para que incorpore las últimas normas de seguridad, cuyo cumplimiento puede vigilarse eficazmente. 
Esto es algo que también se echa en falta en las propuestas actuales. 
Por último, quiero comentar las observaciones de la Comisaria de Palacio sobre Kioto. 
Supongo que estaba expresando su opinión personal y que no representaba la opinión de toda la Comisión, ya que no es la responsable de este expediente. 
Por lo tanto, haré caso omiso de sus comentarios sobre Kioto. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a mis colegas por el excelente trabajo que han realizado con estos informes. 
Este ha sido un proceso largo, que ha requerido mucha energía y durante el cual se ha puesto realmente a prueba la paciencia de muchos. 
La preparación de un informe sobre normas de calidad en particular ha sido en ocasiones un auténtico juego del gato y el ratón con la Comisión y el Consejo. 
Pero por suerte, estas instituciones empezaron a entenderse el otoño pasado y el Parlamento ha podido debatir esta versión actual. 
En sus propuestas, la Comisión partió de una serie de supuestos un tanto curiosos. 
Se sacó de la manga el calendario relativo a los residuos, que carece por completo de realismo. 
En cuanto a los fondos, los Estados miembros han de tener la oportunidad de decidir la forma de los fondos y las reservas, siempre y cuando garanticen la disponibilidad de una cierta cantidad de financiación en caso de necesitarse. 
En este sentido, la Directiva sobre las normas de seguridad resultó divertida en su forma original, ya que no hablaba mucho ni de seguridad ni de normas. 
Por otra parte, en cuanto a las definiciones, muchos conceptos quedaron en el aire, algunos de los cuales siguen así. 
Durante mucho tiempo, ni siquiera estuvo claro si habría normas, cuándo podrían introducirse, qué forma adoptarían, quién las formularía, dónde se aplicarían, etc. 
Como ya se ha dicho, ambos ponentes han realizado un excelente trabajo perfeccionando los informes para hacerlos más realistas y prácticos. 
Durante su presidencia, Italia desempeñó un papel importante y notorio en el Consejo y contribuyó a que se avanzara con este paquete. 
Espero que Irlanda siga utilizando el mismo enfoque constructivo y colaborador que su predecesora, Italia, y creo que así será. 
Aún no está claro cuál será el valor añadido de la propuesta relativa a las normas de seguridad. 
No hace falta decir que habrá que cuestionar el papel de las autoridades supervisoras nacionales. 
La cooperación entre la UE, la Agencia Internacional de la Energía Atómica y la asociación de órganos de control de la energía atómica de Europa Occidental tiene que intensificarse. 
Debido a su evidente falta de recursos y conocimientos, la Comisión no puede desempeñar ahora ni en el futuro más que un papel de coordinación en cooperación en materia de seguridad nuclear. 
En su forma actual, no tenemos un paquete completo de Directivas, aunque, desde mi punto de vista, los partidarios de una energía nuclear respetuosa con el medio ambiente no tendrán más alternativa que la de apoyar ambos informes en su forma actual. 
Personalmente, estoy a favor de aplicar unas normas más estrictas de seguridad y de que exista cooperación voluntaria entre los Estados miembros y las autoridades. 
– Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias de todo corazón a los ponentes, así como a aquellos que han participado en la preparación de este debate. 
También quiero darle las gracias a la Comisión, porque durante muchos años, casi 25, en esta Cámara jamás una Comisión había asomado tanto la cabeza por encima de su parapeto como esta en el tema de la seguridad de las instalaciones nucleares y la eliminación segura de los residuos radioactivos. 
Considero que estamos progresando, avanzando con respecto a lo que teníamos hasta ahora, pero es evidente que existe una contradicción. 
Por una parte, no podemos negar que, por supuesto, los riesgos radioactivos existen y que, por naturaleza, son riesgos de carácter transnacional. Pero por otra parte, nos negamos a reconocer que esos riesgos transnacionales tienen que ser gestionados a escala europea. 
Estas Directivas no resuelven esa contradicción, pero, a pesar de todo, hemos avanzado un poco. 
Así pues, prefiero una Directiva en lugar de la recomendación que algunos Estados miembros están pidiendo, a veces con consideraciones muy diferentes en su mente. 
Otra razón por la que estoy a favor de una Directiva es la posibilidad de ampliarla en el futuro. 
Tenemos que admitir que, como muchos ya han dicho, estas Directivas dejan la responsabilidad en manos de los Estados miembros, pero, dada la situación actual, eso es algo razonable y hay que decirlo. 
Además, ofrecen la ventaja añadida de que, si la responsabilidad recae en los gobiernos nacionales, habrá mayor transparencia en el futuro. 
Lo cual significa que nosotros, o mejor dicho, los que de nosotros seamos reelegidos, tendremos la oportunidad de celebrar un debate en esta Cámara sobre los informes de inspección. 
Mi siguiente comentario se refiere brevemente al informe Vidal-Quadras Roca. 
¿Qué entendemos por residuos? 
Se ha polemizado mucho sobre la definición bastante política de los residuos, algo que también ha hecho en cierta medida el texto de la Comisión, es decir, que los residuos son residuos si no se vuelven a utilizar. 
Pero, físicamente hablando, los residuos sí que pueden volverse a utilizar, y por eso su recuperación es extraordinariamente importante. 
Es posible que dentro de uno o dos siglos lo que ahora son residuos se utilicen en combustible, algo factible en términos físicos. 
Puesto que debemos dejar esa opción a las generaciones futuras, la recuperación tiene que ser una posibilidad. 
Yo añadiría que también debe hacerse por razones ecológicas; tal vez hoy pensemos que no es posible, pero puede que algún día lo sea. 
Ahora permítanme hablar de reducción (de residuos, de volumen, de toxicidad) y, en particular, de una cuestión que no se ha debatido en esta Cámara, pero que con toda seguridad tendremos que tratar en el futuro, a saber, la transmutación de los isótopos de larga vida. 
En principio, es muy posible que la transmutación reduzca la semivida de los isótopos de larga vida, sobre todo los actínidos menores, así como el volumen de esos contaminantes o de sus residuos, de forma que no se tenga que almacenar tanta materia tóxica. 
Pero por muy interesante que eso sea, requiere investigación y una nueva generación de tecnología, sin que pueda descartarse la posibilidad de que llegue a formar parte de las tecnologías y de la filosofía intrínseca de los reactores, quizá en la cuarta generación de centrales nucleares. 
Aunque menciono esto solo de pasada, es algo que no se debe descartar. 
En cualquier caso se está trabajando en ello y en la Generación 4, con la participación de la Comisión. 
El siguiente punto al que hemos tenido que dedicar una gran atención es la cuestión de los fondos, es decir, la manera de financiar el desmantelamiento de una central o instalación nuclear. 
Lo que tenemos ahora y que nos ha sido presentado por el Consejo es una versión muy reducida de ello, y es probable que la mayoría de esta Cámara vote a su favor. 
Aunque me parece razonable, una cuestión que quedará sin resolver es la de la competencia, ya que no solo tenemos el Tratado Euratom, sino los artículos sobre la competencia. 
Es muy posible que alguien se dé cuenta y advierta que algunas empresas tienen que ahorrar mucho dinero para reunir esos fondos, mientras que otras obtienen esa financiación de los gobiernos. 
¿No es esta una situación de desventaja competitiva para las empresas que contribuyen con dinero a esos fondos? 
La Directiva no hace referencia a nada parecido, ni creo que eso sea lo que pretendía el Consejo de Ministros, pero estoy seguro de que esta cuestión tendrá que debatirse de nuevo en los próximos años. 
En general, considero que este debate y esta Directiva constituyen un avance, y espero que mañana aprobemos los informes por una amplia mayoría. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en el importante debate sobre el paquete nuclear, mi postura, y la de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, son claras. 
En esta ocasión no tenemos que tomar partido entre los que están «a favor» y los que están «en contra» de la energía nuclear. 
Debemos partir de la situación actual en términos de necesidades de energía en el planeta y en términos de respuesta a dichas necesidades. 
Les recordaré algunas cifras: actualmente consumimos el equivalente a 10 000 millones de toneladas de petróleo, de las que un 90% es combustible fósil. 
Mirando hacia el futuro en el siglo XXI veremos que nuestras necesidades se habrán duplicado en 2050 ó 2060, incluso manteniendo un esfuerzo constante en pro del ahorro energético. 
No tenemos, por tanto, los medios para privarnos de la energía nuclear, si no queremos sufrir carencias de energía ni agravar la contaminación del planeta. 
Así pues, debemos hacer todo lo necesario por mejorar la gestión de la energía nuclear. 
Por ello, en lo que se refiere a la gestión de los residuos radiactivos y los combustibles gastados, felicito al Sr. Vidal-Quadras por la calidad de su trabajo. 
Nos propone, en particular, una modificación esencial. 
Cada Estado miembro fijará sus propios plazos, en términos de gestión, para la elaboración y la presentación de un programa antes del 31 de diciembre de 2006. 
Esto me parece más realista que la propuesta de la Comisión. 
El informe plantea también el problema de la naturaleza de los residuos en cuestión. 
¿Son mercancías en libre circulación? 
Para nosotros, no son mercancías ordinarias y estamos de acuerdo en precisar que, si el programa de un Estado miembro puede prever la transferencia de residuos nucleares a otro Estado miembro, ningún Estado miembro estará obligado a aceptar tales importaciones. 
Por último, en lo que se refiere a la seguridad de las instalaciones nucleares durante su funcionamiento y su desmantelamiento, quiero felicitar también a mi colega, el Sr. Seppänen, que ha realizado con mano maestra su labor de ponente. 
La propuesta de la Comisión no era realmente satisfactoria, y el Sr. Seppänen no se contentó con pedirle que viniera con algo mejor, sino que hizo una lista de las carencias y emitió críticas constructivas, a las que me sumo y que mi Grupo aprueba. 
Sí, señor Presidente, señora Comisaria, se puede decir de veras que, en conjunto, el Parlamento Europeo y nuestra comisión han trabajado bien en torno a este paquete nuclear. 
– Señor Presidente, lamento que la Comisaria esté enferma esta tarde. 
Creo que los comentarios que hizo antes a la Sra. McNally estaban en realidad dirigidos a mi persona, pero me alegro de que no esté luciendo simbólicamente un pañuelo en solidaridad con los fundamentalistas islámicos. 
Esa idea me horrorizaría, pero estoy segura de que es algo que jamás haría. 
Sus propuestas, señora Comisaria, son totalmente engañosas. 
Mientras superficialmente se propone aumentar la seguridad nuclear, ocultan su auténtico propósito, que es revitalizar una industria nuclear totalmente caduca. 
El paquete nuclear representa un esfuerzo coordinado para la preparación de un mayor desarrollo de la energía atómica en una Unión Europea ampliada y ha sido despojado de todos los requisitos de seguridad importantes. 
No recibirá el apoyo de mi Grupo. 
Señora Comisaria, quizás ha tratado de abarcar más de lo que puede, pero eso debe decidirlo usted misma. 
En mi calidad de diputada irlandesa al Parlamento Europeo insto enérgicamente a los países no nucleares como Irlanda a que adopten una posición contraria a este paquete nuclear y lamento que no lo hayan hecho hasta ahora. 
Seguiré instando a que adopten tal posición porque esa directiva no es un primer paso en la dirección correcta, sino de hecho un gran salto hacia atrás. 
Es la receta para lograr una pesadilla burocrática con una ganancia nula en seguridad. 
En lo relativo a la seguridad, el proyecto de directiva sostiene que introducirá normas de seguridad comunes, pero esta directiva, en su redacción actual, no fija estas normas de seguridad. 
Solamente expone obligaciones básicas y principios generales. 
De hecho, aboga en favor de revisiones organizadas con anterioridad, efectuadas por las autoridades de seguridad nuclear, en lugar de inspecciones propias de las instalaciones nucleares, y esto es claramente una tontería. 
El proyecto actual no generará un aumento de la seguridad nuclear en la Unión Europea y los países candidatos porque todos los Estados nucleares de la Unión Europea y los países candidatos forman ya parte de la Convención sobre seguridad nuclear del Organismo Internacional para la Energía Atómica y están obligados a informar sobre la seguridad de las centrales nucleares. 
Algunos inspectores piensan que, de hecho, tendrá un efecto negativo. 
En cuanto al reprocesamiento, una cuestión especialmente espinosa, tenemos residuos de alta actividad que debemos conseguir que sean seguros más rápidamente de lo que hoy en día se hace, y este procesamiento debe continuar. 
¿Qué justificación tiene esta directiva? 
Es ilógica dadas la grandes diferencias de tamaño de los programas nucleares. 
Debemos exluir la exportación de residuos, y de hecho, como ya se ha dicho, el calendario es totalmente desproporcionado en relación con lo que los Estados miembros pueden lograr. 
Piénselo otra vez, señora Comisaria. 
Es una pesadilla burocrática y un sinsentido. 
– Señor Presidente, lo que tengo que decir fundamentalmente es que no existe ninguna justificación para privar al Parlamento del derecho de codecisión en materia nuclear. 
El hecho de que haya que tomar decisiones sobre medidas de apoyo para una fuente de energía que, ya de por sí, recibe un trato preferencial, sin la aprobación de los representantes de la ciudadanía europea es contrario a todo principio democrático. 
En definitiva, no se trata ni más ni menos que del dinero de los contribuyentes europeos. 
Debemos rechazar con firmeza cualquier aumento del máximo de los empréstitos Euratom. 
Todavía no se ha alcanzado el límite de transacción, por lo que ni siquiera hay necesidad de aumento alguno. 
Las mejoras de la seguridad y las medidas de desmantelamiento pueden y deben financiarse con los fondos disponibles. 
Los empréstitos Euratom son básicamente incoherentes con la Directiva relativa al mercado interior de la energía y colocan en desventaja a otras fuentes de energía. 
En mi opinión, la Directiva relativa a las instalaciones nucleares no contempla más que el control de los controladores, pero desgraciadamente no establece las normas uniformes, rigurosas, transparentes y jurídicamente vinculantes que el Parlamento lleva años pidiendo en el campo de la seguridad nuclear. 
Si queremos evitar mayores obstáculos para la libre competencia en el mercado de la energía, los fondos para desmantelamiento y eliminación de residuos deben administrarse de forma transparente, con una separación estricta e invariable entre ellos, además de someterse a la supervisión de una autoridad independiente. 
La forma de aplicar las normas en Francia y Alemania, donde las reservas se utilizan con fines muy diferentes, es una amenaza para la libre competencia en el sector de la energía. 
Lo que se puede decir en términos generales sobre el almacenamiento de residuos radiactivos es que el mero hecho de que no exista una solución segura para eliminar los residuos nucleares demuestra lo irresponsable que es la construcción de nuevas centrales nucleares. 
También nos hace creer que algunos países pueden deshacerse de los residuos radiactivos exportándolos a terceros países que no son tan escrupulosos con la seguridad nuclear. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con la señora Comisaria sobre los caprichos de la temperatura en este edificio. 
Parafraseando a William Shakespeare, no vengo a enterrar los residuos radiactivos, sino a ensalzar la energía nuclear: es decir, recordar que la energía nuclear es de importancia vital para la electricidad europea y, por ello, nuestros ciudadanos deben tener gran confianza en las normas de seguridad aplicadas a su generación. 
Ha habido un interesante debate sobre si esta norma debía ser una directiva, que es vinculante, o un instrumento no vinculante. 
Quisiera recordarles, Señorías, que los actuales instrumentos de seguridad nuclear, la normativa nacional y la Convención sobre seguridad nuclear, son perfecta y plenamente adecuados. 
Recordemos que la responsabilidad es de los Estados miembros. 
Sin embargo, lo que una directiva puede hacer es cambiar la percepción que las personas tienen de la energía nuclear y su opinión sobre si es o no segura. 
Eso es de vital importancia. 
Acojo con satisfacción los cambios del tratamiento de los fondos de desmantelamiento en el texto principal, que era un cuestión muy importante. 
También acojo favorablemente el principio implicado en la propuesta sobre los residuos de desmantelamiento, el principio de fijar plazos para la adopción de un programa y la elección del emplazamiento. 
Digo esto porque los Estados miembros deben tomar decisiones y hay que presionarles, incluido el mío, para que tomen esas decisiones. 
Ese es el papel vital de esta propuesta. 
Seamos flexibles, pero fijemos plazos. 
Esto también mejorará la confianza de la gente. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes y a la señora Comisaria, y decirle que lamento que esté enferma. 
Aunque en realidad estaba dirigiéndose a la Sra. Ahern, espero que pase lo que pase con Kioto, continuaremos con nuestras políticas sin lamentarnos continuamente, lo que, además de ayudar al clima, es lo más adecuado económicamente. 
El paquete, como ha dicho la señora Comisaria, es una respuesta al Parlamento Europeo, que a su vez responde a los miedos y preocupaciones, muy reales, de los ciudadanos europeos, tal como es nuestra obligación (mi voz suena parecida a la suya, señora Comisaria, lo siento: yo también estoy resfriada). 
Sea cual sea la opinión de cada uno sobre el futuro de la energía nuclear, la mía es bastante menos optimista que la de otros que ya han hablado. 
Creo que la liberalización del mercado significa que prácticamente no existe futuro para la energía nuclear sin un cambio sustancial de la capacidad de los Estados para promocionarla. 
Creo que el avance técnico en otras formas de energía, incluida quizás la fusión nuclear, hacen que el futuro sea muy incierto. 
Estamos hablando del presente, concretamente de los peligros presentes de accidentes nucleares y la incertidumbre presente sobre la evacuación de los residuos radiactivos existentes. 
Lamento mucho que la Convención y los Estados miembros, muy cobardemente, no hayan aprovechado la oportunidad que brindaba la Convención para cambiar el Tratado Euratom. 
En lo relativo a los residuos radiactivos no existe una solución unánime. 
La Royal Society del Reino Unido señaló que la llamada solución de enterramientos geológicos profundos plantea muchas incertidumbres que deben resolverse técnicamente. 
No existe una aceptación pública ni en mi país ni en muchos otros del almacenamiento a gran profundidad. 
Debemos ver otras posibilidades, incluidas la partición y la transmutación. 
Con mucha razón se ha planteado el asunto de los fondos de desmantelamiento, el cual nos preocupa mucho. 
Me alegra que haya sido abordado. 
El riesgo de accidentes, del que se ocupan el informe del Sr. Seppänen y su proyecto de directiva, se ha fortalecido a causa del 11 de septiembre, añadiendo la cuestión todavía más grave de la seguridad a que debemos enfrentarnos ahora. 
He leído hoy que Alemania ha planteado una solución curiosa, consistente, al parecer, en cubrir las centrales nucleares con niebla artificial. 
Francamente, debemos ser más constructivos que todo esto. 
Tengo mis dudas sobre la capacidad de la Comisión Europea para contar con los recursos y el rigor que nuestros ciudadanos demandan. 
Por ello, mi Grupo, aunque apoya los dos informes, espera mucho más de usted, señora Comisaria, y de nuestros Estados miembros. 
Espero que este diálogo prosiga. 
Los ciudadanos están realmente preocupados por estos temas. 
– Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, aunque la tendencia actual en Europa sea al abandono de la energía nuclear, la Comisión está trabajando duramente en defensa de la debilitada industria nuclear. 
En lugar de apostar por las energías del futuro –me refiero con ello a las energías renovables–, está tratando de revitalizar el sector de la energía atómica, utilizando medios artificiales para dar nueva vida a un sector que ya está muerto. 
Esto demuestra sus estrechos lazos con los grupos de presión nucleares. 
Lo que usted, señora Comisaria, ha presentado bajo el pretexto de unificar las normas de seguridad en una UE ampliada es, en realidad, un programa masivo de apoyo a la industria nuclear europea, que no puede sustentarse a sí misma. 
En lugar de imponer verdaderas normas de seguridad, lo que está haciendo fundamentalmente con esas normas blandas y mal definidas es dar, en mi opinión, un tranquilizante a la opinión pública. 
Su paquete nuclear no refuerza para nada las disposiciones en materia de seguridad. 
Por si no fuera poco, está intentando imponer la responsabilidad de la vigilancia de las instalaciones nucleares a los Estados miembros. 
Sabemos que no tiene la solución al problema de la eliminación de los residuos, de manera que no sirve de nada que trate de fijar unos plazos muy poco realistas para instalaciones individuales, y todavía encuentro más escandaloso que esté invitando indirectamente a los Estados miembros a trasladar al Este de Europa los problemas de eliminación de residuos que no han podido resolver. 
Considero que eso es extremadamente peligroso, sobre todo en términos de la dispersión ilegal y la emisión de radioactividad al medio ambiente. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la señora Comisaria por el brillante trabajo que ha realizado en esta materia. 
Quiero comentar dos puntos. 
El primero tiene que ver con los residuos. 
Considerando que Suecia, con su proyecto modelo de Oskarhamn, ha demostrado que es posible deshacerse de los residuos nucleares altamente radiactivos, yo les recomendaría a aquellos que tienen dudas que fueran allí para ver cómo se hace. 
Si cogen un autobús y viajan cinco kilómetros en dirección a la montaña, podrán ver cómo se hace. 
El acceso es público y fácil. 
El método parece estar claramente delineado, además de bien aceptado, y la designación de sitios para el posible almacenamiento final de los residuos ha sido bien acogida por las municipalidades, donde más del 70% de los ciudadanos lo han aceptado. 
Considero que el problema de los residuos está resuelto en el aspecto técnico. 
Si alguien quiere emprender una campaña de difamación contra los residuos nucleares, que lo haga. 
Tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. 
Celebro saber que está permitido exportar los residuos nucleares. 
En Dinamarca, tenemos 230 kilos procedentes de nuestro reactor experimental y de otras instalaciones que, con la normativa actual, tenemos que almacenar nosotros mismos con un coste adicional de aproximadamente 100 millones de euros, o más. 
Si no se nos permite depositarlos junto con las muchas toneladas de residuos que existen en otros países, tendremos que pagar un gasto adicional sin ningún motivo. 
Por lo tanto, nos complace saber que podemos exportar residuos a países que los aceptan, que cumplen los requisitos de seguridad de la UE y en los que sabemos que las inspecciones garantizan que los residuos están en todo momento controlados. 
– Estoy en contra de la energía nuclear y en contra del paquete nuclear. 
No obstante, deseo un año excelente, y sobre todo muy buena salud, a la Sra. De Palacio. 
Dicho esto, el Parlamento no debe dejarse despistar por la Comisión en materia nuclear. 
Insisto en que se trata de una vasta campaña de desinformación y lavado de cerebro de nuestras poblaciones, cada vez más escépticas con respecto a la cuestión nuclear. 
La Comisión quiere hacer creer que resuelve con un toque de varita mágica la cuestión de la gestión de los residuos nucleares, cuando treinta años de investigación se saldan con un fracaso. 
Se garantizaría mejor la seguridad nuclear de las centrales de los nuevos Estados miembros sin adoptar ninguna norma nueva o proponiendo conceder préstamos a la industria nuclear, dándole así una ventaja con respecto a las energías renovables y limpias, que tienen dificultades para abrirse camino. 
Cuando todos los sondeos de opinión demuestran que el problema de los residuos nucleares, algunos de los cuales –hay que recordarlo– tienen una duración de vida de millones de años, es la principal preocupación de nuestros conciudadanos en materia medioambiental, la Comisión, con su proyecto, estima que el enterramiento de los residuos nucleares es la solución, y ello sin pruebas científicas. 
Si el Parlamento Europeo se pronunciara a favor del enterramiento de los residuos radiactivos, sería una señal política catastrófica para los habitantes de Bure en Lorena, primer lugar de excavación de un laboratorio destinado a probar, en un estrato arcilloso profundo, la reacción de los residuos nucleares altamente radiactivos. 
Sin ningún estudio comparado, sin ningún debate democrático europeo sobre el futuro de los residuos nucleares, esta decisión daría al emplazamiento de Bure un billete sin retorno para el enterramiento de los residuos nucleares europeos y sería el basurero nuclear de Europa. 
Todavía hay tiempo para reaccionar pidiendo a la Comisión que venga con algo mejor en lo que se refiere a la gestión de los residuos, proponiendo su almacenamiento en superficie, en el recinto de las centrales, y sobre todo, estableciendo nuevas normas exigentes en materia de seguridad nuclear. 
Para terminar, una última cuestión, si me permiten: ¿qué piensa hacer la Comisión para pedir a Francia que garantice una amplia información al público en materia de transporte de material nuclear, cuando esta cuestión está clasificada de materia de defensa confidencial desde el pasado mes de agosto? 
– Señora Comisaria, comenzaré con una nota humorística. 
Me parece que su atuendo le sienta muy bien. 
En efecto, siempre la he calificado de de la energía nuclear, y encuentro que la foto de esta tarde resulta casi perfecta. 
Me limitaré a los fondos de desmantelamiento segregados. 
Estos fondos son la mayor distorsión individual del mercado de la electricidad de la Unión Europea desde su liberalización. 
EDF, EON y RWE están comprando otras empresas con miles de millones de estos fondos. 
Señora De Palacio, cuando debatimos la Directiva de liberalización, este Parlamento dijo que debíamos abordar este problema en el marco del Tratado del Unión Europea. 
Usted dijo: «No se preocupen, lo abordaremos en el marco del paquete nuclear en el marco del Tratado Euratom, porque es un buen modo de hacerlo.» 
Yo no confié en usted en aquella ocasión. 
Hoy sabemos que usted se burló de nosotros. 
Usted sabía desde hacía un año y medio, a través de sus servicios jurídicos, que no es posible, de conformidad con los artículos 31 y 32, disponer de fondos de desmantelamiento segregados. 
Usted esperó a que los servicios jurídicos del Parlamento y el Consejo lo señalaran, pero usted lo sabía. 
Le desafío a publicar el dictamen de su servicio jurídico sobre el paquete nuclear, de modo que todo el mundo sepa que usted se burló de nosotros en este asunto. 
Señor Chichester, hablando de forma bien clara y precisa, usted ha señalado directamente el meollo de la cuestión cuando ha preguntado por el valor añadido que tiene esta directiva. 
Se trata de un ejercicio de relaciones públicas para la opinión pública europea. 
Usted ha entendido muy bien que de eso se trata. 
. 
Señor Presidente, hemos visto muy claramente dónde están los. 
Qué le vamos a hacer. 
Así es la vida. 
Señor Presidente, yo creo que estamos hablando de cosas demasiado serias como para tener planteamientos religiosos respecto a una cuestión como es la energía nuclear. 
Creo que hemos de hacer un ejercicio de racionalidad, que considere la situación actual del desarrollo tecnológico, la situación actual de la Unión Europea, la situación actual de las instituciones internacionales y europeas y la situación actual de las necesidades energéticas y también de problemas como el cumplimiento de los objetivos de Kioto. 
Estamos hablando de cosas demasiado serias para hacer pura demagogia. 
Y yo entiendo preocupaciones, posiciones distintas de la mía, entiendo incluso que se pueda tener una posición contraria a las propuestas de la Comisión para resolver estos problemas, porque son estos los problemas que estamos tratando. 
Señor Presidente, lo que no entiendo son las posiciones sencillamente irracionales en un tema que, lamentablemente, supone muchísimo para el porvenir de la Unión Europea, para la seguridad y para el bienestar de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, estamos hablando de unas iniciativas que se refieren a la seguridad en las centrales nucleares, pero también al tratamiento de residuos radiactivos. 
Residuos radiactivos que provienen no solo de las centrales nucleares. 
Residuos radiactivos que les recuerdo provienen de una serie de aplicaciones industriales distintas de la generación de la electricidad o, sencillamente, de aplicaciones médicas. 
¿Acaso sus Señorías rechazan las aplicaciones médicas? 
¿Acaso sus Señorías quieren paralizar el desarrollo científico asociado a todos los avances, por ejemplo en la lucha contra el cáncer, utilizando este tipo que tecnologías? 
Entonces, ¿por qué no hablamos de todas las cosas? 
¿Por qué no hacemos sencillamente unos planteamientos totalmente maniqueos y totalmente irracionales? 
Yo, Señorías, en este asunto entiendo todas las posiciones; lo que no entiendo es que, cuando hablamos de cosas tan serias, no se haga un esfuerzo mínimo de racionalidad. 
Segunda cuestión: se dice que no aporta nada lo que aquí tenemos sobre la mesa. 
Bueno, pues entonces, ¿qué hemos estado haciendo con todos los países candidatos durante todos estos años? 
Se nos dice que con la Agencia Internacional de la Energía es suficiente. 
Bueno, entonces ¿qué es lo que estamos intentando negociar con los rusos, por ejemplo, para reforzar la seguridad de sus instalaciones nucleares? 
Porque todos los países candidatos son socios de la Agencia Internacional de la Energía y, además, desde el principio. 
Si no hubiera un plus añadido en todas estas medidas que estamos gestionando y que estamos poniendo sobre la mesa, nada de esto habría sido necesario. 
Sencillamente, habría sido suficiente dejar a los Estados candidatos que siguieran cumpliendo con las normas de la Agencia Internacional de la Energía Atómica tal como ellos las interpretan. 
Yo creo que se cae por su propio peso la posición de aquellos que dicen que esto no aporta nada. 
¡Vaya que si aporta! 
¡Aporta muchísimo! 
Aporta que en toda la Unión Europea tengamos unos niveles equivalentes de seguridad en todas las instalaciones. 
Aporta que lo que hemos exigido a los países candidatos de reforzamiento y mejora y, en algunos casos, sencillamente, de cierre de sus centrales o de cierre de sus reactores, sea exigible para todo el mundo y se pueda aplicar a todo el mundo y se pueda aplicar en el futuro. 
Aporta, por lo tanto, Señorías, garantías. 
Mal que les pese a algunos, que lo que querrían- parece- es que hubiera un accidente que echara todo por los aires, porque, si no, no se puede entender la posición que toman algunos. 
No se puede entender la posición que toman algunos. 
Señorías, no puedo entender que se diga que, porque reforzamos la seguridad, estamos haciendo el caldo gordo al sector nuclear, lo que equivale a decir que lo que hay que hacer es dejar las cosas con riesgos mayores. 
Aporta, y aporta mucho en el terreno de la seguridad de las centrales nucleares, y aporta en la gestión de los residuos. 
Partimos de la base de que no se dice que el enterramiento profundo sea la única solución por la que haya que apostar; al contrario, estamos financiando estudios en el tratamiento de residuos; estamos financiando toda la investigación en la transmutación, que es una de las posibilidades más prometedoras de cara al futuro. 
Pero eso no quiere decir que no haya que ir adoptando cierto tipo de medidas y, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con lo que planteaba la Sra. Isler Béguin, en cuanto al depósito transitorio pero geológico, que es, de hecho, lo que se ha decidido en Finlandia. 
Se tomó una decisión de un depósito geológico, que no es definitivo, sino que es un depósito geológico durante cincuenta años y da margen a otro tipo de posibles actuaciones. 
Que lo que se está haciendo por ejemplo en Finlandia pueda y deba tomarse también en cuenta en todos los países de la Unión y que no se sigan dejando al Gobierno siguiente las decisiones y la responsabilidad de ir adelante con estas cuestiones. 
Porque esta no es una cuestión que puedan resolver las compañías. 
Es una cuestión que obliga a una decisión de los Gobiernos y de las autoridades responsables en cada uno de los Estados de la Unión Europea. 
Aporta también de cara a los fondos. 
Y la propuesta que tenemos es la que ha hecho y respalda la Comisión. 
Cuestión distinta es que quizá haya que aceptar elementos menos radicales que lo que ahí se plantea, pero tengo que decir que eso será en el ámbito de un acuerdo global con el Consejo y que, en cualquier caso, lo que aportará es mucha más transparencia también en la existencia y gestión de los fondos. 
Porque hemos visto cómo ha habido una quiebra y, a la hora de la verdad, luego no había fondos disponibles, porque los fondos del desmantelamiento se habían ido en el fondo de la quiebra. 
A partir de ahí, señor Presidente, he de decir que en el ámbito del Consejo se está trabajando, y que hay propuestas de la antigua Presidencia italiana, que retomará- espero- la futura Presidencia irlandesa, que suponen avanzar en un elemento clave y trabajar también en este sector, como lo hemos hecho en otros sectores. 
Lo único que les pido a algunas de sus Señorías es que me enseñen las Directivas anteriores a la Comisión actual que, de verdad, respaldaban y apoyaban a las energías renovables en Europa. 
Que me las enseñen. 
No me refiero a declaraciones, sino a lo concreto. 
Porque yo puedo enseñar algunas que se han presentado y se han adoptado durante esta legislatura. 
Que me enseñen, de verdad, lo que había antes de llegar esta Comisión en el ámbito de la eficiencia energética. 
Aparte de declaraciones, no había prácticamente nada. 
Y yo sí puedo enseñar lo que hemos hecho durante estos cuatro años. 
Yo quiero decir, señor Presidente, que la Comisión no tiene planteamientos ideológicos respecto a la energía. 
Que lo que hay son sencillamente objetivos y criterios. 
Los objetivos son garantizar la seguridad a las poblaciones, dar la máxima transparencia a los ciudadanos, garantizar el abastecimiento energético seguro y fiable a la Unión Europea. 
Y, por lo tanto, trabajar al servicio de los ciudadanos siempre, con unos instrumentos o con otros, impulsando la eficiencia energética, impulsando las energías renovables e impulsando la seguridad en el ámbito de la energía nuclear y también de los residuos radiactivos, que, como he dicho en un momento dado, van mucho más allá de lo que son, sencillamente, los residuos que tienen su origen en las centrales nucleares. 
– Gracias, señora Comisaria. 
Veo que el ponente pide la palabra, así que vamos a escucharle. 
. Señor Presidente, al final de su intervención, mi querida y respetada colega, la Sra. Ahern, ha utilizado la palabra inglesa "nonsense". 
Ha calificado el paquete nuclear, el trabajo de la Comisión y, por extensión, el trabajo de los ponentes, en la medida en que hemos procurado, con buena voluntad, perfeccionar el trabajo de la Comisión, de tontería. 
Repito, en inglés "nonsense". 
Me parece, señor Presidente, que esta expresión es excesivamente despectiva. 
Yo nunca calificaría de tonterías las ideas y las opiniones de la Sra. Ahern. 
Todo lo contrario; diría, señor Presidente, que son errores, que carecen de rigor, que faltan al realismo, pero nunca las calificaría de "nonsense". 
Por tanto, pido, por el afecto personal que tengo a la Sra. Ahern, que- en aras de la cortesía parlamentaria- retire la expresión "nonsense", que me parece, como digo, demasiado peyorativa. 
– Señorías, dada la hora que es y la marcha del debate, si concedo la palabra a todos los oradores que la piden, nos pasaremos aquí toda la noche, sin que nadie consiga convencer a nadie en esta Cámara. 
Esta es en todo casi mi impresión. 
Por tanto, solo concederé la palabra por 30 segundos al Sr. Turmes, porque me parece que tiene una auténtica pregunta que formular a la Comisaria. 
Después, concluiremos. 
He hecho una pregunta sobre el fundamento jurídico, artículos 31 y 32, y los fondos de desmantelamiento. 
No confío en la Comisaria. 
La única forma de que crea a la Comisaria sería que la Comisión publique su dictamen jurídico sobre el paquete nuclear. 
¿Está de acuerdo con esto la Comisaria? 
. Diré simplemente que el fundamento jurídico, los artículos 30 y 31 del Tratado Euratom, ha sido aceptado por los servicios jurídicos del Consejo y de la Comisión. 
– Si lo entiendo bien, señora Ahern, pide la palabra sobre la base del Reglamento para una cuestión personal. 
Solo le doy la palabra sobre esa base y durante un minuto como máximo. 
Señor Presidente, deseo hablar a título personal sobre la observancia del Reglamento, porque esta noche me ha difamado el ponente, el Sr. Vidal-Quadras Roca. 
Tengo derecho a manifestar mi opinión y por ello repito que se ha despojado a esta directiva de todos los requisitos de seguridad significativos. 
No tiene nada que añadir a los requisitos de seguridad existentes de la IEA y por tanto es una tontería. 
No solo es una tontería, es una tontería escandalosa. 
El auténtico trabajo que se ha hecho es, como ya se ha dicho, una operación de relaciones públicas, una operación de encubrimiento. 
Esto está muy claro a la luz de la respuesta del Consejo. 
El Consejo tiene y va a mantener la responsabilidad última de la seguridad nuclear de nuestros ciudadanos. 
– Su minuto ha transcurrido, señora Ahern. 
Creo que todo el mundo ha podido entender básicamente cuáles son las posiciones en los distintos sectores de la Cámara. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0443/2003) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 77/270/Euratom con objeto de habilitar a la Comisión a contraer empréstitos Euratom para contribuir a la financiación de centrales nucleares [COM (2002) 456 – C5-0570/2002 – 2002/0246 (CNS) ]. 
. 
Señor Presidente, quiero presentar las disculpas de mi colega Solbes, a quien sustituyo en esta intervención. 
El instrumento de préstamo de Euratom fue establecido por decisión del Consejo en 1977. 
Se trata de un mecanismo que permite a la Comisión efectuar préstamos para contribuir a la financiación de centrales nucleares en los Estados miembros. 
Como consecuencia del accidente de Chernobil en 1986, el Consejo amplió en 1994 el alcance y el instrumento del préstamo a fin de contribuir a financiar los proyectos que mejorasen la seguridad y la eficiencia de las centrales nucleares en dichos países. 
Se declaró explícitamente elegible para su financiación el cierre definitivo de instalaciones y se consideró que el instrumento animaría a estos países a llevar a cabo las necesarias mejoras en su seguridad nuclear. 
La participación máxima de Euratom se fijó en el 50 % del coste del proyecto. 
A finales de los 90 se alcanzó un acuerdo de préstamo a Bulgaria y Ucrania y, dada la proximidad del límite máximo de los préstamos de Euratom, la Comisión se vio en la obligación de informar al Consejo de la necesidad de presentar una propuesta de aumento de dicho límite. 
Existe en estos momentos una solicitud de préstamo de Rumania que la Comisión debe estudiar este mes. 
En caso de aprobarse, se alcanzaría el límite actual del préstamo. 
No habría más posibilidades de financiación y el instrumento de Euratom dejaría de ser operativo. 
Por tanto, hoy por hoy, no puede aceptarse ninguna solicitud de préstamo con esta base. 
Ahora bien, hay sectores importantes en los cuales el instrumento podría ser de ayuda a la política de la Comisión en materia de seguridad nuclear. 
En primer lugar, existen ocho centrales nucleares en tres países candidatos cuya seguridad es motivo de inquietud y cuyo cierre ha solicitado la Unión cuanto antes dentro del ejercicio de ampliación. 
Otra posible medida de importancia es la que se refiere a los reactores de primera generación en Rusia. 
La Comisión podría influir en su cierre así como en mejorar la seguridad de varias unidades en Rusia cuyas obras no avanzan según lo previsto por falta de financiación. 
Por último, otro posible proyecto candidato a financiación por Euratom es la mejora de la seguridad y eficacia de catorce unidades actualmente en funcionamiento en Ucrania. 
En vista de todos estos posibles proyectos, que se refieren todos ellos a reforzar la seguridad y a favorecer el cierre de centrales poco seguras, comprenderán, Señorías, por qué se propone desde la Comisión el aumento del mecanismo de Euratom en 2 000 millones de euros. 
Las propuestas garantizarían que los países que entrarán a formar parte de la Unión este año, así como los demás países candidatos sigan pudiendo optar a los préstamos para seguridad, eficacia y cierre definitivo tras la adhesión. 
Nuestras propuestas permitirían que estos proyectos de seguridad siguieran siendo elegibles en una Unión ampliada para su financiación de Euratom. 
Las propuestas no excluyen formalmente nuevas inversiones dentro de los Estados miembros, si bien, la Comisión entiende que debe darse prioridad a la seguridad nuclear y al cierre definitivo. 
Al estudiar cada solicitud la Comisión tendrá la oportunidad de comprobar los méritos individuales de cada una; de común acuerdo con el Consejo la Comisión estaría dispuesta a combinar ambas propuestas. 
No obstante, antes de presentárselas al Consejo, les rogaría a sus Señorías que manifestaran su apoyo a las orientaciones generales que la Comisión ha dado a las mismas y que animarán al Consejo a aprobarlas. 
. – Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en noviembre de 2002, la Comisión propuso que se concedieran dos mil millones de euros más en empréstitos Euratom, lo que hizo que la cantidad ya prestada pasara de 4.000 millones a 6.000 millones de euros. 
Al mismo tiempo y como consecuencia de la ampliación de la UE, la Comisión modificó la finalidad del este instrumento de préstamo y las condiciones a las que estaba sujeto. 
Los empréstitos Euratom se establecieron por primera en 1977, y desde entonces la cantidad se ha multiplicado por cinco. 
La última vez que se amplió, en 1990, hasta 4.000 millones de euros, se tomó la decisión de que tenía que alcanzarse el límite máximo de empréstitos de 3.800 millones antes de considerar cualquier otro aumento. 
Es poco afortunado que la comisión pertinente no haya dado ninguna respuesta a la pregunta de cuánto se había gastado realmente. 
Los cálculos de la Comisión incluyeron 688 millones de euros para el cierre de K2R4 en Ucrania, aunque tuvo que admitir el mes de octubre pasado que no era esa la cantidad gastada en el cierre de esos reactores y que Ucrania recibiría una cantidad de 175.000 millones de euros como mínimo, y 500.000 millones de euros como máximo. 
Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el hecho de que este cambio de situación con respecto a los reactores K2R4 no es compatible con la resolución de 1990, sobre todo en vista de las posibles dificultades jurídicas. 
Aunque el Consejo debate las cantidades de los empréstitos Euratom y el uso que se hace de ellos, el Parlamento no ha sido oficial ni formalmente consultado acerca del aumento de 2.000 millones de euros. 
Este enorme aumento del volumen de las transacciones ha sido objeto de un crítico debate, y mi informe lamenta el hecho de que el Parlamento no haya sido consultado al respecto y advierte de su posible efecto adverso sobre el mercado interior europeo. 
Por otra, parte, mi informe insta al Consejo a consultar al Parlamento sobre cualquier enmienda sustancial a la propuesta de la Comisión, sobre todo en vista del hecho de que las propuestas de la Comisión se combinan en un único documento. 
Precisamente porque el Consejo está trabajando en un único documento, debatiendo tanto la cantidad de los préstamos como sus condiciones, sería muy lamentable que esta Cámara diera una opinión, hoy o mañana, sobre un documento que está completamente obsoleto, como muy probablemente será el caso. 
Quisiera pedirles que reconsideraran este asunto, porque sería una pérdida de tiempo para nuestra institución y contribuiría poco a la dignidad de esta Cámara que celebráramos un debate y una votación sobre un documento totalmente obsoleto, un documento que está siendo debatido en el Consejo de manera muy distinta. 
En esta Cámara esperamos que la Comisión sea sincera a este respecto. 
Como ya se ha dicho muchas veces, la propuesta de la Comisión contiene dos decisiones, y eso significa que la Comisión está desmontando las propuestas, sin que a nosotros en el Parlamento se nos haya consultado sobre el incremento. 
Pero también significa que la Comisión no ha incorporado en sus propuestas las resoluciones que esta Cámara discutió durante el debate sobre el proyecto de constitución de la Convención, en el que instábamos a que el Tratado Euratom expirara en 2004, por analogía con lo que ocurrió con el carbón y el acero. 
Creo que debería tener en cuenta eso también, señora Comisaria. El Parlamento se lo ha pedido en muchas ocasiones. 
Anteriormente en el debate, usted misma dijo que las energías renovables se quedan prácticamente sin nada, de manera que en realidad solo una única fuente de energía recibe empréstitos de ese tipo. 
Quiero terminar con un breve comentario. Soy consciente de que lo que digo en calidad de ponente tiene que reflejar la postura tomada por la comisión pertinente. 
En dicha comisión, hubo una votación muy igualada sobre la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que contempla la concesión de empréstitos a instalaciones ya operativas y solo fuera de la Unión Europea, para evitar una distorsión de la competencia. 
La comisión rechazó la enmienda por un margen muy estrecho, pero debemos tener mucho cuidado mañana y tener en cuenta este asunto cuando votemos. 
Habiendo debatido y adoptado recientemente la Directiva relativa al mercado interior europeo de la electricidad y el gas, no debemos tolerar ninguna distorsión de la competencia. 
. – Señor Presidente, la Comisaria ha recibido numerosas críticas; permítame pues, fuera de mi tiempo de uso de la palabra, correr en su ayuda y darle las gracias por poner ante nosotros dos propuestas que nos permiten, por primera vez en este Parlamento, debatir la seguridad nuclear. 
Eso es algo tremendamente importante y muy novedoso, por lo que, señora Comisaria, le doy las gracias de todo corazón. El Sr. Linkohr sabe de lo que habla cuando dice que la Comisaria ha asomado la cabeza muy por encima de su parapeto. 
En cuanto al informe Breyer, permítanme decir, como ponente de la Comisión de Medio Ambiente y también por auténtica convicción, que no nos podemos imaginar a esta Cámara aprobando sus propuestas en su forma actual. 
La concesión de empréstitos Euratom para nuevas centrales nucleares no puede ser aceptada bajo ningún concepto. 
Todos sabemos que los empréstitos Euratom apoyan a la industria nuclear de un modo que distorsiona la competencia; con sus tipos de interés más favorables y los altos riesgos políticos cubiertos, no hay ninguna otra forma de inversión comparable en el sector de la energía. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha dejado muy claro que, de los quince Estados de la Unión Europea, seis nunca han producido energía nuclear, y seis han decidido abandonarla, lo que nos deja con solo tres Estados miembros. 
Esto es algo que hay que tener en cuenta. 
También hemos dejado muy claro que el tema del almacenamiento final de los residuos sigue sin resolverse hasta que no se resuelva a escala mundial. 
Puede que sepamos dónde nos gustaría emplazar esos depósitos, pero no los tendremos durante otros veinte años más, por lo que la construcción de nuevas centrales nucleares es simplemente inaceptable. 
Solo se debería conceder financiación a los proyectos cuyo fin sea mejorar la seguridad nuclear y el desmantelamiento de las instalaciones, y no, como pretende la Comisión, financiación a centrales todavía operativas. 
Esto no es aceptable. 
Sin embargo, queremos tener proyectos de investigación sobre instalaciones piloto para un almacenamiento final seguro de los residuos y sobre las centrales nucleares, y queremos que se financien esos proyectos. 
La introducción de unas normas de seguridad armonizadas y vinculantes en toda la UE es un objetivo que hay que abrazar sin reservas, y por eso debemos dar las gracias a la Comisaria. 
Estas normas deben reflejar los últimos avances en la materia. 
Creo que estamos haciendo lo mismo que hacían los habitantes de la Edad Media, cuando tiraban su basura a la calle y luego se preguntaban por qué se ponían enfermos. 
El hecho de que no dispongamos de depósitos finales, y pese a ello sigamos produciendo residuos, demuestra que seguimos aún en la Edad Media. 
Creo en la inteligencia humana. Deberíamos hacer nuestras investigaciones, buscar soluciones y, solo cuando las tengamos, empezar a producir. 
– Señor Presidente, a mi colega, la Sra. Breyer, le gusta comparar este instrumento de préstamo que hoy nos ocupa con la ayuda estatal a una forma de producción energética que crea distorsiones en el mercado. 
A veces parece que se ha olvidado del significado de la palabra «préstamo» mientras hacía el análisis. 
El otro tema ha sido las distorsiones del mercado que se derivan de los sistemas de ayudas económicas. 
¿En qué medida se están subvencionando las fuentes de energía renovables? 
¿Estamos realmente hablando de empréstitos, cuando se devuelve cada céntimo con intereses? 
El instrumento de préstamo Euratom nos ha servido a los europeos occidentales durante muchos años. 
En los últimos años, los beneficios se han canalizado principalmente hacia los países candidatos. 
Es cierto que en los decenios de 1970 y 1980 se construyeron centrales nucleares en Europa Occidental con ayuda de esos empréstitos. 
Pero desde hace mucho tiempo no se utilizan esos empréstitos para construir nuevas capacidades. 
El mejor ejemplo de ello es la financiación destinada a la construcción de una nueva unidad en cierto país del norte de Europa. 
Los inversores privados estaban interesados en construir nuevas instalaciones nucleares, de forma que una unidad de 1.600 megavatios hubiera recibido financiación para la construcción de una instalación con 2 capacidades de 500 megavatios. 
Esto constituye una prueba irrefutable, si alguna vez hubo alguna, de que los empréstitos Euratom no son necesarios para financiar nuevas capacidades. 
No hay nada malo en que las centrales nucleares de los países candidatos u otros países del Este de Europa reciban financiación por esta vía a fin de mejorar la seguridad de las instalaciones. 
Es interesante oír a la Sra. Breyer animar al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para que inicien una campaña en contra de la seguridad nuclear. 
Estoy a favor de mantener el mecanismo de préstamos de Euratom. 
Es importante para mejorar los niveles de seguridad en las plantas nucleares de terceros países. 
– Señor Presidente, permítame solo unas palabras sobre las medidas de apoyo. Sin lugar a dudas, en décadas anteriores se canalizó una gran cantidad de fondos a promover la energía nuclear, como hoy, por cierto, se canaliza a las energías renovables. 
Creo que eso es acertado. 
Si lo planteamos en términos de kilowatios-hora, en el caso de la energía nuclear podemos estar hablando de miles, mientras que con la energía renovable estamos hablando de decenas de cientos. 
No digo que esté en contra, solo quiero que queden claras las proporciones. 
Mañana, la cuestión de los empréstitos Euratom probablemente quedará reducirá a la cuestión de si debemos subvencionar las centrales nucleares en proceso de construcción o ya operativas, asunto sobre el cual lo único que tengo que decir es que indirectamente estamos subvencionando la energía nuclear en Rusia mediante la compra de cada vez más gas a los rusos. 
Rusia será incapaz de suministrarnos gran parte de ese gas en el futuro si no reduce el consumo interno de gas, que tendrá que sustituir por la electricidad generada por las centrales eléctricas que utilizan carbón como combustible y las centrales nucleares que se están construyendo. 
Tal vez deberíamos pensar en eso cuando hablemos de la estrategia energética de Europa. 
Es cierto que el aumento de nuestro consumo de gas significa que estamos mejorando nuestro índice de emisiones de CO2, pero en otros lugares se está produciendo más CO2 procedente de las centrales que utilizan carbón como combustible, o se está promoviendo la energía nuclear. 
Eso es algo que también deberíamos tener en cuenta, ya que demuestra que nuestra propia estrategia energética no siempre es coherente. 
Creo que debemos votar a favor de estos empréstitos Euratom, simplemente por la mejora de la seguridad. 
Fue esa la razón por la cual el Consejo de Ministros, después de Chernobyl, aumentó la financiación para empréstitos Euratom. 
Me parece que ese argumento todavía se sostiene hoy. 
– Señor Presidente, no existe justificación en el marco de Euratom para permitir que la Comisión amplíe el préstamo Euratom en 2 000 millones de euros, tal como se propuso en noviembre de 2002, con lo que el préstamo ascendería a un total de 6 000 millones de euros. 
Este préstamo se ha aumentado unas cinco veces desde que se estableció en 1977 y es un intento sutilmente velado de promocionar la industria nuclear: a la vez que solicita la ampliación del préstamo, también cambia las condiciones y el tipo de proyecto que va a financiarse a la luz de la ampliación de la UE. 
Esto se parece mucho a la contabilidad creativa de Enron. 
De hecho, incluso podríamos llamarlo práctica contable fraudulenta. 
Va a lograr un escándalo parecido, del tipo Enron, a raíz de todo esto. 
Combina cuestiones de transparencia y si las propuestas no son ya obsoletas. 
Además, se han planteado cuestiones sobre la distorsión del mercado, particularmente en relación con la construcción de centrales. 
No acabo de creer que estos préstamos sirvan a fines de seguridad y no para la construcción de nuevas centrales. 
De hecho, tengo pruebas de que se están llevando a cabo actividades de construcción. 
. 
Señor Presidente, de común acuerdo con el Consejo, la Comisión estaría dispuesta a combinar ambas propuestas- en respuesta a la Sra. Breyer- y, por lo tanto, podríamos, eventualmente, combinar las dos cuestiones: es decir, los techos y las condiciones. 
Si el Parlamento lo aprobara, no sería, en principio, un problema. 
Entendemos que habría acuerdo con el Consejo. 
De lo que se trata es de facilitar el desmantelamiento de varias centrales, la mejora de la seguridad en otras existentes, fundamentalmente de cara a los países que van a entrar en la Unión dentro de 4 meses, a partir del primero de mayo, y en países que son candidatos y, eventualmente, en algún caso, en Rusia. 
Quiero decir a la Sra. Maitikainen-Kallsstron, que, efectivamente, también estamos haciendo un esfuerzo en este momento en la Unión Europea con las energías renovables; tengo que decir que fundamentalmente el esfuerzo se ha intensificado en estos últimos 4 años, y me siento muy orgullosa de ello, porque entiendo que la Unión Europea tiene que impulsar al máximo las energías renovables, lo cual no quiere decir que no tenga que reforzar al máximo la seguridad nuclear, en el ámbito de la Unión Europea, como decía hace un momento. 
Entiendo, señor Presidente, que como cualquiera de los aquí presentes o ausentes me puedo equivocar, pero que desde luego lo que no voy a hacer es mentir ni ocultar las responsabilidades que cada uno tenemos; entre las responsabilidades que cada uno tenemos, entre otras cosas, está no solo garantizar una seguridad de abastecimiento sino la máxima seguridad para los ciudadanos y el cumplimiento de los compromisos de acuerdos internacionales, como es el Acuerdo de Kioto. 
– Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(1) 
Pasemos ahora a la resolución sobre el procedimiento de urgencia: 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ya ha aprobado un informe a este respecto. 
– Señor Presidente, le agradezco que me conceda la palabra para expresarme a favor del procedimiento de urgencia para esta propuesta de decisión. 
El texto prevé el mantenimiento del régimen del arbitrio insular, con un mecanismo de exención para determinadas producciones locales en los cuatro departamentos de ultramar franceses –Guadalupe, Guyana francesa, Martinica y Reunión– por un período de diez años a partir del 1 de julio de 2004. 
La propuesta prorroga asimismo el régimen actual por un período de seis meses, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2004, para colmar un vacío jurídico que existe desde el pasado 31 de diciembre, fecha de vencimiento del último estatuto. 
Quisiera saludar el contenido de este texto, fruto de una intensa labor de consulta entre la Comisión, el Gobierno francés y los representantes de las cuatro regiones más remotas de Francia. 
Mi única reticencia se refiere a la falta de flexibilidad del mecanismo de exención para las producciones o actividades nuevas. 
Con todo, esta propuesta permitirá preservar una fuente de ingresos indispensable para nuestras autoridades locales, en particular para las de las comunidades más pequeñas. 
Contribuirá así a mantener el esfuerzo actual por impulsar el desarrollo económico de estas zonas en aplicación del apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
Lamento que nuestro Parlamento no haya podido dedicar tiempo suficiente a la elaboración de un informe preciso sobre este texto, que es esencial para el futuro de nuestras regiones más remotas. 
No obstante, quisiera alentar a sus Señorías a que voten a favor del procedimiento de urgencia, a fin de colmar este vacío jurídico que puede ser muy perjudicial para nuestras regiones, y permitir así una aprobación rápida de este nuevo régimen para el próximo decenio, dejando a las autoridades francesas el tiempo necesario para transponer esta decisión a su Derecho nacional antes del 1 de julio. 
Señora Sudre, el punto de vista puramente jurídico es si podemos votar sobre el contenido de la propuesta el próximo jueves. 
Procedemos a la votación sobre la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. (1) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0484/2003) del Sr. Herzog, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Libro Verde sobre los servicios de interés general (COM (2003) 270 – 2003/2152 (INI) ). 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, nuestro voto sobre este informe despierta muchas expectativas. 
A lo largo de este año de trabajo he podido vivir la vehemencia y la pasión del debate político que suscita este tema. 
Antes de Maastricht, las decisiones de las autoridades públicas, locales y nacionales coexistían sin dificultades con el mercado común. 
Con el mercado único, los conflictos y preocupaciones se han agudizado. 
Ahora bien, la solución de estos problemas sigue literalmente impedida por la existencia de tabúes. 
Unos decretan que el balance de la liberalización es formidable. 
En el lado opuesto, otros consideran incompatibles servicio público y competencia. 
Otros, y espero que seamos muchos, pensamos que la liberalización ha producido efectos positivos y negativos, que es necesario mejorar el equilibrio entre los principios comerciales y no comerciales en la sustancia de las leyes, y que ello mejoraría la cohesión y la eficacia. 
Es necesaria una evaluación objetiva de las realidades, ya que la certeza de que el mercado lo hace todo mejor se convierte en verdad dogmática y divide a Europa en dos campos. 
Me parece crucial que el legislativo se comprometa a restablecer el equilibrio y conciliar estos principios conflictivos en la gran tradición de la civilización europea. 
Muchos colegas aceptan la idea del equilibrio, pero consideran que solo las autoridades públicas locales, regionales y nacionales están facultadas para decidir. 
Estoy absolutamente de acuerdo en defender y reforzar la libertad de la administración descentralizada, pero estoy convencido de que el mercado va a reducirla cada vez más si la Unión no asume también su parte de garantías y de corresponsabilidad. 
Es más, nuestra Comunidad solo tendrá verdaderamente sentido si ofrece también bienes públicos complementarios, por ejemplo en materia de educación, ferrocarril o información. 
Mis colegas han rechazado esta línea argumental, pero yo mantengo mi punto de vista de que la subsidiariedad y la corresponsabilidad han de ir de la mano. 
A lo largo de toda la historia, los europeos, ya fueran cristianos o humanistas, liberales o socialistas, consideraron esencial asegurar que los servicios de interés económico general estén organizados de manera que promuevan el desarrollo del individuo y refuercen la vida en sociedad. 
No renunciemos a esos ideales. 
Trabajemos firmemente para colmar las brechas que dividen a nuestras colectividades nacionales en relación con la ética del acceso universal a los servicios de interés general. 
En el futuro inmediato, ¿por qué una directiva marco? 
No por el placer de legislar, pues ya hacemos más que suficiente al respecto. 
Pero en este caso es necesario. 
Ya es hora de que el legislativo interprete por sí mismo los Tratados en lugar de dejar todos los poderes a la Comisión: el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y el poder de autoevaluación. 
La Convención, que incluye a tal fin un nuevo artículo en el proyecto de Tratado constitucional, reconoce nuestro derecho a hacerlo, y la situación reinante exige que lo hagamos. 
En primer lugar, un marco jurídico debe otorgar a los servicios de interés general la condición de derecho legal positivo, en vez de simplemente conceder la protección de dichos servicios como excepción de la norma; las normas que rigen el mercado y la competencia tendrían que respetar entonces la condición de estos servicios. 
En segundo lugar, hay que disipar la grave incertidumbre asociada a la distinción entre servicios de interés económico y no económico. 
Ámbitos esenciales como la educación, la sanidad y el agua no deben liberalizarse, y hay que reconocer las situaciones híbridas, cada vez más numerosas, donde se imbrican factores sociales, económicos y medioambientales. 
A tal fin, mis propuestas pretenden proporcionar a las autoridades locales, las empresas con fines no lucrativos, las empresas semipúblicas y las asociaciones del sector público y privado, un marco general de garantías más sólidas en el que puedan desarrollarse. 
En tercer lugar, hay que aclarar los principios relacionados con la financiación y la organización. 
La sentencia Altmark sobre las ayudas estatales es positiva, pero deja grandes interrogantes en cuanto al cálculo de los costes, y hay que velar por no criminalizar a los operadores públicos. 
En cuarto lugar, queremos que se instituya un método de evaluación pluralista e independiente. 
Rechazarlo sería una denegación de la democracia. 
Añadiré que, por supuesto, la directiva marco sería coherente con las directivas sectoriales. 
Pedimos, pues, a la Comisión que responda rápidamente a los resultados del proceso de consulta que ha lanzado y al voto parlamentario respondiendo a esta pregunta: ¿qué compromisos está dispuesta a contraer con respecto al marco jurídico, la financiación y la evaluación? 
Además, rechazamos que utilice el apartado 3 del artículo 86, que no nos da ningún derecho de codecisión, en su respuesta a la sentencia Altmark a través del. 
Quiero agradecer muy sinceramente a las numerosas asociaciones, ONG, sindicatos, redes de autoridades locales, así como a las empresas consultadas, cuyas opiniones me han ilustrado y me han servido de apoyo. 
Al igual que los políticos electos, desean contar con medios legítimos para expresarse mucho más sobre las políticas y las reglas de la Unión. 
Quiero dar las gracias también a mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que se han implicado mucho, y especialmente a los que han buscado compromisos. 
Por desgracia, una mayoría ha dicho no a una directiva marco y no a una evaluación democrática. 
Al hacerlo, no solo ha rechazado mis propuestas y nuestros compromisos; simplemente ha dado la espalda a la resolución aprobada por este Parlamento en 2001. 
Mañana, esta Cámara podrá reafirmar su apoyo a esa resolución. 
Señorías, estoy convencido de que, tanto a derecha como a izquierda, muchos de ustedes se han ocupado de defender y promover los servicios de interés general. 
Por ello, les ruego que no sigan una lógica de bloque partidista o nacional y que voten a conciencia sobre cada enmienda y cada artículo motivados exclusivamente por el interés general de los europeos. 
. Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias a esta Asamblea, y en particular al Sr. Herzog, su ponente, por el notable trabajo dedicado a esta cuestión compleja y delicada que la Comisión ha planteado en su Libro Verde sobre los servicios de interés general. 
La Comisión considera que los servicios públicos ocupan un lugar central en el debate sobre el futuro de la construcción europea. 
Todos los países de la Unión disponen de servicios públicos que hincan sus raíces en tradiciones y situaciones exclusivas, en particular las de naturaleza local. 
Para nosotros, los servicios de interés general constituyen un elemento esencial del modelo de sociedad europeo. 
Consideramos que estos servicios contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos, a la competitividad de nuestras industrias y al fortalecimiento de la cohesión social y territorial. 
Esto también es cierto con respecto a los futuros Estados miembros, ya que la prestación eficaz de servicios de interés general es una de las claves de su integración sin contratiempos. 
Con el Libro Verde del pasado mes de mayo, la Comisión se comprometió, por primera vez, a revisar por completo las políticas comunitarias en materia de servicios de interés general. 
Esta reflexión era esencial, en particular a la luz de su propia petición, expresada en el informe Langen de noviembre de 2001, que abrió un debate sobre la cuestión de saber si convenía o no crear un marco jurídico general para los servicios de interés general a escala comunitaria. 
En la actualidad estamos ultimando el análisis de las contribuciones recibidas durante la consulta pública. 
A fecha de hoy hemos recibido casi 300 contribuciones, muchas de las cuales son sustanciales, y merecen evidentemente un trabajo en profundidad. 
Por tanto, sería prematuro en esta fase sacar conclusiones concretas de este trabajo. 
No obstante, tenemos intención de formular conclusiones políticas antes del cierre efectivo de esta legislatura, dando curso así a una petición expresada de forma unánime por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por supuesto, habrá que decidir sobre el tipo de instrumento que la Comisión puede proponer para garantizar unos servicios públicos de calidad en Europa. 
Entre las opciones posibles, cabe pensar en una directiva marco en la que figuren una serie de principios comunes: la igualdad de acceso para los usuarios, la universalidad, la continuidad, la adaptabilidad, la evaluación. 
Sé que esto ha sido objeto de acalorados debates en esta Cámara. 
Se puede pensar también en la adopción de un Libro Blanco, a la espera del Tratado constitucional, que contiene lo que consideramos ciertos avances en la materia. 
Mientras tanto, un Libro Blanco podría definir el marco político de nuestra acción futura o incluso jalonar la continuación del enfoque sectorial. 
A título complementario, seguimos trabajando en otros expedientes relativos a los servicios de interés general y, en particular, a la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales, a raíz de la sentencia Altmark. 
La consulta pública sobre este punto es clara. 
Necesitamos más seguridad en este ámbito, y en particular un mecanismo de exención de notificación de alcance suficiente, habida cuenta del número de casos a los que afectaría potencialmente la aplicación de la sentencia Altmark. 
Para concluir, nuestro proyecto es sentar las bases para que la Comunidad pueda desempeñar un papel más activo, a fin de prestar servicios de interés general de alta calidad a los ciudadanos y a las empresas. 
Este enfoque debe tener en cuenta evidentemente el principio de subsidiariedad, y nuestro objetivo es permitir la formulación de una política coherente a favor de los servicios de interés general en la Unión, que ofrezca la mejor articulación posible de las relaciones y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. 
Su resolución aportará una contribución esencial e indispensable a la definición de este enfoque; por ello, la Comisión espera el resultado de su votación con gran interés. 
. Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Herzog, por la admirable cooperación que hemos tenido durante la preparación de este informe, que se ha elaborado con una mejor cooperación entre la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Sin embargo, lamento el resultado de la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que rechazó las propuestas básicas de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
El enfoque que hemos adoptado conjuntamente con el ponente no hace la vista gorda a los problemas que ha suscitado la actual situación. 
La pregunta vital no es de quién son los servicios de interés general. 
Está claro que los actuales desarrollos permiten que los sectores públicos y privados colaboren. 
Sin embargo, a fin de evitar que la privatización tenga un carácter negativo, es preciso respetar las reglas básicas que rigen la misión de los servicios de interés general, incluidos sus principios básicos de funcionamiento y financiación. 
Entre otras cosas, es importante que se asegure en todos los casos que se satisfarán las necesidades de toda la población. 
Por ello es preciso garantizar a escala comunitaria los principios de universalidad, continuidad, asequibilidad y calidad. 
La diferencia entre nuestra percepción y la de los liberales es que la privatización no es un fin en sí y que no ha de significar bajo ningún concepto que los servicios de interés general dependan plenamente de las reglas del mercado, pues tal dependencia llegaría al punto de impedir que las autoridades financien los servicios de interés general que sirven a la sociedad local. 
En el caso de determinados servicios, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, las autoridades han de tener el derecho de establecer reglas que rijan la prestación de estos servicios por parte de agencias privadas y con ánimo de lucro. 
Por ello pido a esta Asamblea, especialmente a quienes creen en el modelo social europeo como parte del sistema productivo europeo, que vote a favor de las enmiendas relacionadas con lo que acabo de decir. 
Nuestra resolución será una resolución equilibrada si aceptamos la compatibilidad de la norma de competencia con la misión del Estado social. 
Además, la propuesta de adoptar una directiva marco debería aceptarse como en la anterior resolución del Parlamento. 
Si queremos garantizar que se satisfagan los requisitos básicos de las clases trabajadoras en conjunto, hemos de trabajar para salvaguardar el futuro de los servicios de interés general. 
. – Señor Presidente, quiero empezar expresando mi más sincero agradecimiento al Sr. Herzog, quien ha tenido una tarea difícil como ponente y a quien, al mantener una postura claramente de izquierdas, no siempre le ha resultado fácil expresar su posición. 
Ha demostrado estar muy dispuesto a cooperar. 
Quisiera decir que desde el principio, él y yo hemos estado en polos opuestos sobre cuestiones fundamentales y de contenido. 
Lo que digo ahora lo digo en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que, por amplia mayoría, hizo una recomendación que fue aceptada en su práctica totalidad por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y cuya premisa básica es que la definición es asunto de los Estados miembros. 
No necesitamos un modelo europeo, sino que son los Estados miembros o los subniveles que actúan en su nombre los que tienen competencias sobre estas cuestiones. 
En segundo lugar, en el debate que hemos iniciado no se trata de cuestionar los esfuerzos para liberalizar determinados sectores; al contrario, creemos que esta liberalización en el mercado interior ha tenido mucho éxito, en conjunto, aunque con algunas excepciones, y que la legislación marco europea no ha de ponerla en peligro. 
En tercer lugar, hemos debatido el marco jurídico. 
El 13 de noviembre de 2001, exigimos una directiva marco sobre la base del artículo sobre el mercado interior. 
Hasta la fecha no ha habido indicaciones de que sea posible, y es por ello por lo que la mayor parte de nuestro Grupo ha cambiado su postura sobre esta cuestión. 
Comisario Lamy, acaba usted de darnos una excelente lista de las opciones disponibles –directiva marco, Libro Blanco, orientaciones, exención de notificación, etc.–, pero todo esto ha de ser coherente. 
Llevamos debatiendo sobre este tema durante más de tres años, y hasta ahora la Comisión ha sido incapaz de darnos detalles acerca de las diversas opciones jurídicas disponibles. 
Por muy bonito que sea lo que nos ha contado usted hoy, no creo que la Comisión haya hecho sus deberes. 
Una de las razones por las que llevamos tanto tiempo debatiendo es que hasta ahora solo ha habido listas de cuestiones, pero no soluciones. 
Por ello, nuestro Grupo considera que el Libro Verde ha de ir seguido cuanto antes de un Libro Blanco en el que por fin la Comisión se defina, elabore las cuestiones jurídicas en una directiva marco y aclare cuáles son las posibles opciones. 
Hemos estado esperando durante dos años; por ello no podemos sino alentarles, no solo a empezar cuanto antes después de la decisión del miércoles, sino también a presentarnos algunas propuestas. 
Por último quiero referirme a las cuestiones polémicas del suministro de agua y de las regiones individuales. 
Por supuesto hay algunos servicios locales que, también en el futuro, deberán seguir siendo ofrecidos por las autoridades locales responsables. 
No nos interesa liberalizar los mercados que no son aptos para la liberalización; lo que decimos es que cada uno puede decidir si es preciso hacer algo independientemente o si debería ponerse en otras manos. 
Pero, si ha de entregarse a una tercera parte, habrá que sacarlo a concurso, para que el contrato se conceda de una forma honesta y transparente. 
Este es el consenso al que hemos llegado, y espero que, después de haber formado nuestras opiniones hoy, mañana podamos aprobar todo el informe Herzog 
– Señor Presidente, recordemos simplemente que el debate de hoy sobre el futuro de los servicios de interés general no se celebra en un momento cualquiera de la historia de Europa, puesto que Europa se encuentra actualmente en pleno debate sobre su futuro, sobre su Constitución, y nos disponemos a acoger a muchos nuevos ciudadanos de la Unión de los países del Este. 
Recuerdo esto porque existe un vínculo, me parece, entre, por un lado, las dificultades que hemos tenido en el debate sobre el proyecto de Constitución para ponernos de acuerdo e inscribir una ley europea y un reconocimiento del derecho positivo para los servicios de interés general y, por otro, los obstáculos, no de los menores, que hemos encontrado, o que al menos el excelente ponente, Sr. Herzog, ha tenido que afrontar en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, para hacer avanzar esta idea. 
Es más, creo que sería extremadamente perjudicial que este informe fuera menos ambicioso que el compromiso –insuficiente, cierto, pero que de todos modos significa una mejora– que hemos obtenido en el marco del debate sobre el proyecto de Constitución. 
En estas condiciones, Señorías, sería difícil hacer creer a los ciudadanos que los representamos debidamente, porque nos parece, a mí y a otros, que los ciudadanos están convencidos precisamente de que el futuro de Europa pasa por más servicios, mejores servicios, más protección, más seguridad –seguridad alimentaria, seguridad marítima, seguridad de todo tipo– en esta sociedad de riesgos. 
Además, es manifiesto que el ejercicio concreto de derechos esenciales para la participación de los ciudadanos en la sociedad es reivindicado hoy por amplios movimientos en las sociedades europeas. Se trata de derechos a la educación, a la cultura, a la salud, al medio ambiente, a un agua limpia y un aire de calidad, y también derechos de acceso a la vivienda, al transporte, a la comunicación y la información, a la energía, etc. 
En resumen, todos estamos convencidos, eso espero, de que estas funciones son esenciales, pero tengo la impresión de que, en esta Cámara, algunos se obstinan y recuperan apartados vergonzosos que mancillan el excelente trabajo del Sr. Herzog. 
Por ejemplo, insisten en las inestimables ventajas del liberalismo, pero no conseguirán convencernos: el mercado no puede desempeñar todas estas funciones respetando los principios de igualdad, accesibilidad y universalidad. Por esta razón, tenemos una necesidad absoluta del reconocimiento de un derecho positivo para los servicios de interés general. 
Deseo, pues, que las enmiendas que ustedes voten mañana nos liberen de un documento que, por el momento, es extremadamente comprometedor para el Parlamento Europeo, y que menoscaba seriamente la calidad del diálogo que vamos a mantener los próximos meses con los ciudadanos de todos los países de Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, a diferencia del Sr. Langen, quiero decir que mi comisión ha esbozado una imagen más sutil que la ofrecida lamentablemente en las contribuciones a este informe por parte de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer sinceramente al Sr. Herzog y decir que, aunque es una lástima que en esta propuesta no se hayan incluido suficientes ideas suyas, quizás podamos realizar algunas correcciones. 
Puede que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, con el apoyo de los votos procedentes del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, haya optado por una legislación marco europea, pues nuestra comisión considera que los servicios de interés público son algo especial; son una característica, una marca distintiva del modelo social europeo, y esto es algo que queríamos que quedara bien claro en el informe. 
Tomemos por ejemplo los servicios postales. 
No nos oponemos a las medidas de liberalización, al contrario; también nuestra comisión las ha preparado en diversos sectores. 
Sin embargo, sabemos lo importante que es para muchas personas en Europa que en su vecindad haya una oficina de correos –quizás «oficina» no sea la palabra adecuada–, un servicio postal. 
Esto también desempeña un papel en el grado de satisfacción del público europeo con los servicios públicos. 
O pensemos en el transporte local. 
Una mayoría de esta Asamblea ha rechazado las propuestas de liberalización de la Comisión –que quisiera calificar de obstinadas– y ahora a la Comisión le resulta sumamente difícil encontrar propuestas nuevas, cuando nuestro punto de vista era que el tráfico de pasajeros público no puede considerarse de forma tan sencilla como el transporte de mercancías transeuropeo o el tráfico aéreo, y que implica intereses especiales, incluidos los regionales. 
Por ello, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo también considera que las autoridades locales y regionales en especial han de tener una mayor libertad, la libertad de definir. 
El hecho es que esto también desempeña un papel en la política democrática, dado que el público, si está insatisfecho con los servicios, puede reaccionar votando en contra de determinados gobiernos municipales y a favor de otros partidos. 
Especialmente en la prestación de servicios públicos no debería pasarse por alto este elemento democrático, y espero que el informe Herzog permita hacer aún más para reforzar la cohesión social en Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, yo también quisiera dar las gracias al Sr. Herzog por su cooperación. 
Aunque nuestros diferentes puntos de vista políticos han dificultado el trabajo conjunto, hemos logrado poner en marcha el informe. 
¿Cuál fue el punto de partida de este tema? 
La Comisión es la única que posee poderes para tomar decisiones con respecto a los servicios de interés general –y en los últimos años ha tenido una creciente tendencia a retomar estas cuestiones– también en lo que respecta al proceso legislativo en relación con la legislación en materia de competencia. 
Teniendo en cuenta el tratado constitucional, consideramos que este era un ámbito en el que el Parlamento debía tener una mayor competencia. 
Por esta razón, en un principio optamos por una directiva marco. 
Sin embargo, al debatir la directiva marco, también nos hemos formulado preguntas acerca de su contenido. 
¿Podemos resolver los problemas con la legislación en materia de competencia? 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos llegó a la conclusión de que la directiva marco era inherentemente inadecuada para hacerlo. 
El hecho es que quienes abogan a favor de ello han de preguntarse, una y otra vez, qué se supone ha de contener una directiva marco de este tipo. 
Subyacente al debate sobre los servicios de interés general está, por un lado, la legislación europea en materia de competencia en el mercado europeo, y, por otro, el modo en que se definen los «servicios de interés» , subsidiariamente, en los Estados miembros o incluso a escala regional y local. 
Bajo ningún concepto queremos servicios de interés general definidos a escala europea en el futuro, ya sea en una directiva marco o en un tratado constitucional. 
Somos partidarios de la competencia y la responsabilidad a escala local, donde la competencia pueda introducirse a través de la licitación, en cooperación con el sector privado. 
Sin embargo, la UE del futuro, con sus 25 Estados miembros, será demasiado diversa para que podamos establecer a escala europea lo que significa esta expresión. 
Por ello decimos «no» a una directiva marco y «sí» a la competencia local, especialmente en lo que respecta al suministro de agua. 
La Comisión debería empezar demostrándonos que la competencia es algo bueno en los servicios postales, en el transporte local público de pasajeros y en otros ámbitos como la energía. 
En especial pensando en Francia es preciso recuperar mucho terreno perdido y usted, Comisario Lamy, debería resolver estos problemas antes de emprender nuevos proyectos. 
– Señor Presidente, Señorías, no es la primera vez, sino la enésima, que el debate sobre el Libro Verde demuestra que los servicios de interés general, la forma en que se prestan y se estructuran, están más que nunca en el centro de atención, no solo en los debates políticos, sino también en relación con las preocupaciones del público acerca del acceso universal a los servicios. 
Nosotros en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos consideramos que constituyen un componente indispensable de cualquier modelo de sociedad europea –utilizo expresamente la palabra «componente» , pues no se trata de desarrollar un modelo europeo de servicios de interés general; son un componente esencial y elemental de un modelo social europeo con objetivos comunes para todas las sociedades europeas. 
Desempeñan un papel crucial a la hora de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y superar el estancamiento económico, la exclusión social y el aislamiento. 
Por ello quiero intentar aclarar un malentendido. 
La cuestión no es que tengamos por un lado el mercado y la competencia y por otro los servicios de interés general. 
Los servicios de interés general pueden facilitarse muy bien a través de instrumentos de mercado en un contexto competitivo, pero hemos de tomar nota del hecho de que también hay situaciones en que el mercado no ofrece tales servicios con eficacia, y entonces la comunidad democrática ha de poder garantizar que se prestará estos servicios fuera de la maquinaria de mercado. 
Esta interacción recalca nuestra necesidad de tener algo más de claridad jurídica. 
Es por ello por lo que nuestro Grupo apoya el modo de pensar del ponente, y quiero aprovechar este momento para dar mis más sinceras gracias al Sr. Herzog, quien ha hecho realmente todo lo posible para alcanzar un compromiso; a pesar de ser el ponente, ha cambiado su postura en ámbitos esenciales, y creo que es más bien una lástima, en vista de este logro, este intento del llegar a un consenso, que haya elementos en esta Asamblea que sencillamente se hayan negado a darle el reconocimiento que se merece por ello. 
Apoyamos el informe porque lo necesitamos si queremos tener una certidumbre jurídica y un marco jurídico común dentro del cual se puedan tratar estas cuestiones, pero, sobre todo, queremos que el Parlamento tenga un papel en él, y sobre esta cuestión quiero decir algo en respuesta a la afirmación del Sr. Langen de que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos haya alcanzado, entre tanto, un acuerdo de que al final no quieren una directiva marco, basándose en que el artículo 95 no lo permite. 
No veo que este sea el caso en absoluto; ustedes decidieron que no la querían y la razón es que una mayoría de ustedes ya no la consideraba políticamente aceptable. 
Sean cuales sean las razones que les indujeron a hacerlo, podemos comprenderlas, podemos aceptarlas, pero por favor no intenten explicarme que no puede hacerse por falta de una base jurídica adecuada. 
Esto nunca antes nos había preocupando, y con razón; cuando queríamos que se hiciera algo políticamente, encontrábamos la base jurídica para hacerlo, y, dado que la Comisión es una verdadera experta en hacer este tipo de cosas, ahora ha llegado el momento de ofrecerle nuestro apoyo para encontrar una. 
No cabe la menor duda de que lo queremos, pero si lo hacemos ha de protegerse el derecho de codecisión del Parlamento. 
Por supuesto, un marco jurídico de este tipo debe contener cierta sustancia, y pido encarecidamente que en el futuro dediquemos más tiempo a debatir la sustancia que a debatir las posibles bases jurídicas. 
De esto deberían tratar nuestros debates; hay toda una serie de cuestiones que tienen que incluirse en un marco de este tipo, y quiero limitarme a enumerar seis de ellas. 
Como ya he dicho anteriormente, el objetivo de la directiva marco ha de ser dar a las partes interesadas una seguridad jurídica cuando se aplique la legislación comunitaria actual a lo que hacen. 
Claramente no hay desacuerdo acerca del hecho de que la actual definición, estructura, organización y financiación de los servicios de interés general son competencia de los Estados miembros y sus subdivisiones, es decir, por supuesto, los municipios, cuando estos tengan competencias relevantes. 
Por consiguiente no vale la pena trabajar hacia una definición europea uniforme y que lo abarque todo, pero hay diversas normas y algunos criterios que por supuesto son iguales y también hay que incluirlos. 
Por ejemplo, la universalidad es una de ellas, así como la continuidad, la calidad del servicio, la eficacia, la asequibilidad y también la implicación de los usuarios y el control democrático del proveedor de servicios. 
Mucho más que en el pasado, hemos de concentrarnos en el punto realmente esencial: ¿cuándo se trata de una actividad económica y cuándo no? 
Este es el criterio con el que hemos de determinar si han de aplicarse o no las reglas de la competencia o el mercado interior, y considero que este es el ámbito en el que hemos de proseguir el debate. Así pues, tal como está la situación, decimos «sí» a un marco jurídico de este tipo, y debatamos su contenido en lugar de sus bases jurídicas. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente por sus considerables esfuerzos, a pesar de que él y yo no estemos en absoluto de acuerdo. 
Sin embargo, me complacen mucho los debates a los que ha llevado este informe que se centran en una lista de cuestiones importantes relativas a los servicios de interés general. 
Ha sido un debate político refrescante, que refleja las diferencias políticas en esta Asamblea. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, quiero expresar nuestro apoyo por el informe, tal como ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Para el Grupo ELDR es importante recalcar que la liberalización que ya se ha puesto en práctica en una diversidad de sectores ha sido por lo general un gran éxito. 
Esto ha significado la creación de aproximadamente un millón de nuevos puestos de trabajo y, en especial, un mejor servicio por menos dinero. 
Al mismo tiempo, la cuestión de si el Parlamento debería o no pedir una directiva marco ha sido muy importante para que el Grupo ELDR concediera su apoyo al presente informe. 
Quiero recalcar que el Grupo ELDR no apoya una directiva marco. 
El objetivo de una directiva horizontal sería congelar diversos ámbitos que, como sabemos por experiencia, evolucionan constantemente. 
No hay ninguna necesidad de esto en un momento en que Europa ya va rezagada con las reformas económicas Por el contrario, deberíamos apoyar una mayor liberalización, pero en igualdad de condiciones. 
Sin embargo, esto ha de tener lugar a través de directivas sectoriales del tipo que ya se utiliza con mucho éxito en diversos sectores. 
Como ya he dicho, en el Grupo ELDR estamos convencidos de que no es posible ni deseable que una directiva marco establezca definiciones útiles de servicios de tipos tan diferentes como los que se están examinando en esta Asamblea, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las grandes diferencias regionales y nacionales que existen en el ámbito de los servicios de interés general. 
Sin embargo, reconocemos la duda y la incertidumbre que ha provocado lo que se ha dado en llamar el juicio Altmark, en relación con la financiación de servicios locales de interés general. 
Por ello apoyamos de todo corazón las reflexiones de la Comisión en relación con una iniciativa jurídica para aclarar esta cuestión. 
Sin embargo, como ya he señalado, tampoco creemos que una directiva marco sirva de algo en este contexto. 
No obstante, si fuera una cuestión de iniciativa jurídica, lamentaríamos mucho el hecho de que el Tratado existente no da al Parlamento Europeo poder de codecisión en relación con tal iniciativa. 
Para disipar cualquier duda, me gustaría recalcar que nuestra oposición a la directiva marco no significa en modo alguno que el Grupo ELDR quiera que desaparezca el deber de suministrar ciertos servicios de interés general. 
Por el contrario creemos que tal deber podría ir fácilmente de la mano con la liberalización y, por ejemplo, los requisitos medioambientales, con tal de que la autoridad política lo exigiera. 
La responsabilidad para exigir vínculos de calidad, por supuesto, va de la mano de la autoridad política, que también ha de asegurar que se cumplen las exigencias. 
Quiero que obtengamos una mejor relación calidad-precio. 
– Señor Presidente, antes de nada, quisiera decir cuán alejado está el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a pesar del enorme trabajo realizado por el Sr. Herzog, de las expectativas y esperanzas de una normativa europea vigorosa en el ámbito de los servicios de interés general. 
Mi Grupo no puede aceptarlo. 
El texto se ha convertido en una oda a la liberalización, con un propósito: hacer de la ley de la competencia el único regulador. 
Así, en el considerando H se hace hincapié en que la liberalización de sectores importantes del mercado interior es un factor de progreso tecnológico y de eficiencia económica, o en el apartado 13 se acoge con satisfacción la liberalización en los ámbitos de las telecomunicaciones, los servicios postales, el transporte y la energía. 
Incluso la propuesta moderada que pedía a la Comisión que llevara a cabo en breve plazo una evaluación precisa y comparativa de la repercusión real de la política de liberalización antes de embarcarse en nuevas liberalizaciones, propuesta contenida en el informe Langen, aprobado por esta misma Cámara, no recibe el apoyo de este informe. 
El informe descarta asimismo, con falsos pretextos, el objetivo de una directiva marco que permita definir más precisamente los servicios de interés general y las obligaciones derivadas de los mismos para los Estados y los operadores públicos o privados. 
Solo la educación básica y la protección social permanecerían en el sector público. 
Estamos muy lejos de un enfoque que es absolutamente indispensable para proteger los derechos fundamentales de las personas a la energía, al agua, al transporte, a la vivienda, a la comunicación y a la información. 
La finalidad de los servicios de interés general debería ser la de garantizar estos derechos a los ciudadanos a través de una serie de principios: igualdad de acceso para todos, información, consulta, participación de los usuarios y trabajadores, viabilidad financiera. 
Alcanzar esta ambición es imposible si el único objetivo perseguido es continuar sin cesar la liberalización iniciada. 
Este texto, tal cual, es inaceptable. 
Las esperanzas y expectativas despertadas por el Libro Verde eran que los servicios públicos desempeñarían una función central en la garantía de los derechos económicos, sociales y medioambientales, que la verdadera ambición de Europa era satisfacer las necesidades del mayor número de personas en una sociedad caracterizada por la solidaridad. 
A partir de estas observaciones, mi Grupo apoyará todas las enmiendas tendentes a retirar las referencias constantes a la liberalización, así como las que refuerzan la idea de unos servicios de interés general dignos de tal nombre. 
Mi Grupo reafirma la necesidad de una evaluación. 
Recuerda que los servicios de interés general incluyen servicios primordiales para los ciudadanos. 
Expresa también su voluntad de confirmar sin ambigüedades el derecho de las autoridades territoriales a conservar la libre elección sobre el modo de gestión de los servicios de interés general de los que son responsables. 
Es lo mínimo para que los servicios de interés general puedan servir de motor de la solidaridad en Europa. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo de los ecologistas, también yo quisiera rendir homenaje a los logros políticos e intelectuales del Sr. Herzog en esta Asamblea a lo largo de muchos años, y en particular su labor en relación con este informe. 
Como han dicho ya otros oradores, este informe, elaborado a iniciativa de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, pretende en esencia aclarar los términos del debate y en particular asegurar que la apertura de sectores individuales de la economía a la competencia en la Unión Europea venga acompañada de una mayor seguridad jurídica, de garantías de financiación y de la exigencia de evaluación. 
Quisiera decir que los Verdes apoyarán las enmiendas que han vuelto a presentarse en el pleno para recuperar el espíritu original de la propuesta presentada por el Sr. Herzog. 
Quisiera añadir dos elementos al debate. 
En primer lugar, tengo que recordar al Parlamento Europeo que la Convención también ha debatido este tema y ha concluido en sus trabajos que era necesario un fundamento jurídico distinto del contemplado actualmente en los Tratados. 
Por consiguiente, si el Parlamento Europeo rechazara, en su votación de mañana, la posición de la Convención, tendríamos un interesante conflicto de legitimidad política entre ambas entidades. 
En segundo lugar, añadiré que lo que hemos comprobado nosotros, los ecologistas, en este debate, es que hay finalmente una curiosa alianza subyacente entre los defensores de la máxima subsidiariedad –que, por lo demás, defienden también el Sr. Herzog y nuestro Grupo– y los que consideran que no puede haber barreras al ejercicio de la libre competencia. 
Esta alianza hace que, finalmente, no haya acuerdo en el Parlamento Europeo, como tampoco hay acuerdo en el Consejo para avanzar hacia una legislación marco. 
Así que quisiera plantear simplemente la siguiente pregunta: ¿quién ganará en este debate, una vez hayamos pronunciado nuestros? 
Evidentemente, no son los defensores de la subsidiariedad, sino los que defienden la libertad de competencia sin obstáculos. 
El hecho es que votamos, mes tras mes, directivas sectoriales, y comprobamos que el Tribunal de Justicia tiene dificultades para justificar la imposición de cualquier obligación de prestar servicios de interés público. 
El resultado es el refuerzo de un modelo europeo que se basa en gran medida en la competencia fiscal, salarial y de riqueza entre territorios. 
Si queremos contrarrestar un poco esto, necesitamos, en efecto, más seguridad jurídica para garantizar la financiación de los servicios de interés general, sea cual fuere la definición que tengan en los Estados miembros. 
Por ello, pido a cada uno de ustedes que reflexionen sobre esta dudosa alianza entre, por una parte, los que pretenden definir, en su país, en su región, los servicios de interés público, y los que solo creen en la competencia completamente libre y sin limitación. 
Estamos de acuerdo con los primeros, pero les pedimos que rompan la alianza con los segundos. 
Señor Presidente, aún puedo recordar muy bien el momento, en nuestro periodo de sesiones de noviembre de 2002, cuando se aprobó con un solo voto de diferencia el informe del Sr. Herzog sobre la ayuda estatal. 
No obstante, el informe aprobado había sido modificado hasta tal punto que no quedaba nada de la propuesta original. 
Todo parece indicar que el Sr. Herzog tiene problemas también ahora, con el punto de vista de la mayoría del Parlamento, que con razón se opone a la introducción de una directiva marco sobre los servicios de interés general. 
Incluso antes de que la Comisión Europea presentara su Libro Verde en mayo de 2003, el ponente había presentado un documento de trabajo que contenía sus puntos de vista. 
Era demasiado rápido y demasiado pronto para responder a las preguntas que la Comisión presentó al Parlamento en su Libro Verde. 
Es lamentable que el Libro Verde no fuera un documento visionario, pero el hecho de que el ponente ya tuviera una visión sobre la propuesta de la Comisión antes de que se hiciera tal propuesta es claramente prematuro. 
El Libro Verde llama con razón la atención sobre los poderes de las autoridades nacionales y regionales con respecto a los servicios de interés general. 
Por ello estoy firmemente convencido de que es competencia de los políticos nacionales y regionales tomar decisiones sobre los servicios de interés general. 
Y por consiguiente, no veo ninguna necesidad de conceder nuevos poderes a la Comisión en este ámbito. 
Apoyo la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría elogiar al Sr. Herzog por el trabajo que ha realizado demostrando a la vez entusiasmo y seriedad. 
Sin embargo, creo que el texto que ha salido de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ofrece, de una manera más acorde al clima actual, una imagen exacta de la situación y de las perspectivas en lo que respecta a los servicios de interés general. 
Los servicios de interés general constituyen una parte sustancial de la economía europea, que se está convirtiendo cada vez más en una economía de servicios; la liberalización y la competencia, también dentro de este sector sumamente importante, son esenciales para el carácter dinámico de la economía europea y su capacidad de crecer y crear puestos de trabajo. 
Creo que sería un error creer que es posible cristalizar la situación con respecto a la prestación de servicios de interés general dentro del contexto de una directiva marco o dentro de una nueva legislación. 
No resulta fácil definir estos sectores, que son sectores que evolucionan continuamente: lo que hoy es un servicio público, mañana puede ser un sector en el que la prestación de productos y servicios está completamente asegurada por el mercado. 
Creo que, como se dice en el artículo 19 del informe, las actuales prestaciones para el mercado interior y la competencia garantizan en sí que en este y en otros sectores, se adoptan las medidas públicas, siempre que sea necesario, dentro del contexto de las normas ya establecidas por los Tratados, garantizando que la economía que ofrece servicios públicos es competitiva y dinámica. 
De lo contrario, habría estancamiento y la economía europea se vería amenazada. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Herzog, por un trabajo muy extenso y por los muchos y fructíferos debates, aunque no hayamos estado del todo de acuerdo. 
Asimismo quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han contribuido a través de los numerosos debates y las numerosas y sólidas enmiendas de forma que, al final, hemos obtenido un resultado de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que creo es muy bueno. 
No soy muy partidaria de una directiva marco general. 
En mi opinión, ello no ofrecería ventajas sino que, al contrario, sería confuso. 
Sería como añadir una capa de legislación entre las reglas de competencia del mercado interior y las directivas sectoriales, y también eso sería un obstáculo para el desarrollo del producto. 
El proceso de liberalización gradual de los mercados de la UE ha sido el principal componente para mejorar los servicios de interés económico general durante la última década. 
Otra de las razones de la liberalización ha sido, por supuesto, la calidad por lo general mala de los servicios antes de que se abriera el mercado. 
No me gustaría que nos volviésemos a encontrar en una situación de monopolio. 
Por ello quiero pedir al Parlamento que acepte lo que salió del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, lo que se dice en el informe del Sr. Herzog y que no vote a favor de las enmiendas de la izquierda. 
Si aceptamos la postura de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, estimularemos la competencia y el desarrollo del producto y brindaremos oportunidades para ofrecer a los consumidores unas alternativas más baratas y mejores. 
– Señor Presidente, felicito al Sr. Herzog por su excelente informe. 
Espero que mañana el Parlamento rectifique las cosas revocando el rechazo de la propuesta de directiva marco por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Este no es el final del debate: este es un debate sobre un Libro Verde y es el inicio de lo que creo será un debate bastante largo. 
El Parlamento está buscando, al menos en este debate, dar algunas directrices a la Comisión sobre cómo debería proceder con respecto a los servicios de interés general, tanto económicos como no económicos. 
Para mí, la cuestión de los servicios de interés general –tanto económicos como no económicos– es una línea divisoria entre quienes están a favor de un modelo de economía social de mercado y quienes están a favor de una economía de mercado neoliberal. 
No es aceptable que nos movamos a escondidas para negar a los ciudadanos sus derechos como tales, que la ciudadanía les concede en Europa, convirtiendo la competencia en la única medida de la prestación de servicios. 
La OCDE ha calculado que en la década de los noventa los Gobiernos europeos transfirieron cerca de 300 000 millones de propiedades de los servicios públicos a operadores privados, en algunos casos con resultados desastrosos en términos de prestación de servicios e incluso de pérdidas de vidas humanas. 
Como Unión y como Parlamento hemos de apoyar el acceso de todos a unos servicios de alta calidad y asequibles, y hemos de reconocer que estos servicios determinan la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Hemos progresado en Ámsterdam, en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el nuevo proyecto de Constitución sobre el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos a los servicios públicos. 
Hemos de defender estos derechos. 
No es cuestión de defender un antiguo régimen, sino de examinar cómo se pueden garantizar con carácter general unos servicios de alta calidad a nuestros ciudadanos en lo que son circunstancias nuevas. 
En concreto hemos de defender los avances que hemos realizado en la Constitución en este terreno. 
Señor Presidente, el mercado único es sin duda el logro más importante del proceso de integración europeo en el ámbito económico. 
Europa nos ha dado un único gran espacio de comercio sin barreras, que en estos momentos cuenta con 375 millones de consumidores y pronto aumentará hasta 450 millones. 
En los últimos diez años, el mercado se ha ampliado cada vez más a otros sectores, como las telecomunicaciones, los servicios postales, el transporte y la energía. 
El mercado europeo es un mercado libre socialmente corregido, lo que significa que los mercados en estos sectores se han abierto de una manera gradual, controlada y lograda. 
Ello ha tenido como resultado una mayor competencia y una prestación de servicios moderna con una mejor calidad y unos precios más bajos. 
Por consiguiente, esta liberalización no ha tenido en absoluto efectos perjudiciales, y el ejemplo ha de ser una inspiración para otros sectores. 
El Libro Verde de la Comisión no llega en absoluto prematuramente y es muy loable. 
En efecto es necesario examinar si podemos aplicar el funcionamiento del mercado interior y la apertura de las fronteras a otros servicios de interés general y especialmente económico. 
¿Qué otras posibilidades existen para romper los monopolios de Estado, al tiempo que se sigue garantizando que todos los ciudadanos obtendrán el mejor servicio a un precio asequible? 
Al igual que muchos otros pienso en el suministro de agua, la gestión de residuos e incluso los sectores de la información, por ejemplo. 
Sin embargo, el debate sobre este tema no solo ha de celebrarse aquí, sino también con las autoridades nacionales o incluso regionales, que ahora son a menudo responsables de gestionar estos sectores. 
Hemos de utilizar los resultados de este debate interesante, de gran alcance y de hecho ya productivo para examinar si tiene utilidad y, en caso afirmativo, qué beneficio puede tener la legislación europea, sobre todo para los ciudadanos. 
Señor Presidente, el Sr. Herzog ha tenido realmente una tarea ingrata. 
Si hay un ámbito en el que la opinión de esta Asamblea y la opinión general en toda la UE está profundamente dividida es precisamente este ámbito. 
El problema es que tenemos una legislación para el mercado interior que de hecho es una invitación para la competencia desenfrenada e ilimitada en que están implicados los bienes y los servicios. 
Es algo que no podemos aceptar. 
Se dice que se trata principalmente de una cuestión de servicios de interés económico. 
¿Qué servicios no son de interés económico? 
¿Acaso el sector de la educación no es de interés económico? 
¿Acaso el sector de la salud no es de interés económico? 
¿Acaso todos los servicios sociales no son de gran interés económico? 
Estamos hablando acerca de política de bienestar en su conjunto y acerca de algo que realmente es dinamita política 
Si existe un deseo de lograr un desarrollo equilibrado y de detener este ataque general contra los sectores de bienestar, ¿qué hay que hacer? 
¿Hemos de centrar nuestras esperanzas en una directiva marco? 
No estoy del todo seguro. 
Para mí, una directiva marco podría poner límites a la legislación que rige el mercado interior. 
Por supuesto sería bueno para calmar las cosas y reducir la intensidad de los antagonismos. 
Sin embargo, en el clima político de hoy y en los próximos años, me temo que una directiva marco se vería dominada fuertemente por los adeptos al mercado y por las fuerzas de la derecha. 
En tal caso, una directiva de este tipo sería un paso en la dirección equivocada y podría convertirse en una trampa. 
¿Es la descentralización una mejor alternativa? 
¿Es mejor concentrarse en proteger las actividades locales y regionales? 
Quizás abriría otras posibles vías para asegurar un tipo de protección y mayores oportunidades para celebrar una campaña para proteger lo que queremos preservar. 
Sin embargo, lo que más necesitamos es tiempo para investigar y debatir como un contrapeso a la gigantesca batalla que nos espera en los próximos años 
– Señor Presidente, resulta interesante ver que ninguno de nuestros colegas conservadores británicos esté hoy aquí para apoyar su historial de liberalizaciones en ámbitos como los ferrocarriles. 
Un reciente informe parlamentario del Reino Unido sobre la privatización del agua ha demostrado que muchas personas pobres, como los pensionistas, han tenido tantas dificultades para pagar sus facturas que se les ha recortado el consumo de agua al mínimo. 
En algunos casos se ha dicho que esto nos aboca a una crisis de salud pública. 
El impulso privatizador ha venido acompañado de una reducción de costes del sector público y ello ha comportado a menudo recortes salariales que han afectado a los peor pagados. 
Las arcas públicas aún han de pagar la cuenta subvencionando efectivamente los salarios en este ámbito. 
Estas personas puede que tengan un salario mínimo, pero no es necesariamente un salario digno. 
Ello no significa que todo en el sector público tenga que ser perfecto, pero a nuestro juicio muchas de las afirmaciones a favor de la liberalización en este informe son muy dudosas. 
Mi Grupo no cree que se puedan tratar los servicios de interés general del mismo modo que las empresas que producen, por ejemplo, llaveros de plástico. 
No es un ámbito que deba someterse a una política de competencia general y hemos presentado enmiendas en este sentido. 
Creemos que las normas de competencia han de dar paso a servicios de interés general, y no al revés. 
Estamos plenamente de acuerdo con la Comisión en que es necesaria una clarificación jurídica. 
Se trata de una cuestión que hemos planteado a menudo en relación con el AGCS y es el tema de la enmienda que hemos presentado y que esperamos sea apoyada. 
– Señor Presidente, creyendo que ponen coto a los excesos del Derecho comunitario en materia de competencia, algunos disputados juegan con fuego. 
La respuesta a esos excesos es cambiar la ley o, al menos, prever explícitamente una excepción no cualificada para los servicios públicos. 
El objetivo debe seguir siendo alto nivel de servicio igual para todos y no la búsqueda de rentabilidad que conduzca a la apertura de estos servicios públicos a la competencia. 
Es peligroso, por tanto, querer definir a escala europea los servicios de interés general. 
En primer lugar, una definición coherente sería imposible a la vista de la diversidad de estructuras territoriales y prácticas nacionales y, además, falta voluntad política para formular tal definición, como falta incluso una mayoría simple a favor de la definición. 
Mi Grupo está a favor de una reflexión a fin de identificar intereses comunes de todos los usuarios europeos de servicios y de medidas que garanticen la financiación de los servicios identificados. 
Este Libro Verde y este informe, que proclama los éxitos de las medidas de liberalización adoptadas hasta la fecha, están muy lejos de satisfacer esta necesidad. 
El proyecto de Constitución de la Convención, rechazado por el Consejo Europeo de Bruselas, no habría cambiado nada, ya que los servicios de interés general seguían estando supeditados al derecho de competencia. 
Se ha creado una estructura, cuyo objetivo es claramente desmantelar los servicios públicos existentes en algunos Estados miembros. 
Para mi Grupo, es importante debatir esto de forma democrática con nuestros ciudadanos, reconociéndoles el derecho que tienen a elegir en última instancia el modelo que consideran que debe desarrollarse en el futuro para garantizar la cohesión social y territorial de sus respectivos países. 
En conclusión, no apoyaremos este texto, aunque evidentemente apoyaremos aquí y allá las propuestas menos malas. 
Respondemos así al llamamiento del ponente, pero le pedimos que reflexione sobre los fines que saldrían favorecidos si se aprobara el informe en su totalidad. 
– Señor Presidente, el ponente, el Sr. Herzog, está descontento con la versión modificada de su informe sobre los servicios de interés general aprobado en comisión, y en cierto modo esto es comprensible, porque, al margen de las posiciones políticas, el texto no es muy coherente. 
Muchos apartados son contradictorios. 
Por ejemplo, mientras que el apartado 36 reclama la adopción de una directiva marco con normas comunes europeas, el apartado 20 que condena firmemente este mismo planteamiento. 
Por nuestra parte, y en este punto diferimos del ponente, pensamos que la directiva marco, que era una idea de la anterior Presidencia francesa, solo conduciría a restar a los Estados miembros poderes de reglamentación esenciales, ya que los servicios de que hablamos están estrechamente asociados al carácter singular de cada sociedad. 
Además, sería demasiado generalizada, inaplicable a cada caso concreto y generaría dificultades interminables. 
Estos problemas son muy delicados y deben ser resueltos lo más cerca posible de los ciudadanos, por cada Gobierno, en el marco de su sistema democrático nacional. 
Y solo me sorprende a medias, a este respecto, que la izquierda se muestre en este punto favorable a la centralización y a la uniformidad impuesta. 
Por ello, no somos favorables tampoco al artículo III-6 del proyecto de Constitución europea, que prevé que la ley europea, y por tanto la mayoría del Consejo y la mayoría del Parlamento Europeo, pueda definir los principios y condiciones de los servicios de interés económico general. 
Si se adoptara este artículo, tendría muy pronto repercusiones adversas para la libertad de elección de las democracias nacionales y la subsidiariedad. 
– Señor Presidente, Señorías, lo primero que hemos de recordar es que este no es un procedimiento legislativo, sino que debatimos nuestra posición sobre el Libro Verde de la Comisión. Aunque habíamos pedido otra cosa, la Comisión ha respondido al informe Langen presentándonos este Libro Verde. 
En segundo lugar, quiero dar las gracias a todos los ponentes que han enfocado esta cuestión desde muchos ángulos diferentes en el transcurso del proceso de debate, por haber preparado, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, una resolución muy buena, que probablemente consiga un apoyo mayoritario ahora que va ha celebrarse la votación en el pleno. 
En tercer lugar, ¿qué son los servicios de interés general? 
Por servicios de interés general entendemos los servicios para el público que se proporcionan en interés de todos. 
Tienen por objeto ofrecer servicios cuando el mercado por sí solo no puede hacerlo sobre una base universal, a un precio razonable o, en muchos casos, gratuitamente. 
Los servicios de interés general garantizan la seguridad de suministro. 
Los proveedores de servicios pueden competir entre sí, pero no están obligados a hacerlo. 
Se necesita el apoyo de los fondos públicos. 
Lo que es crucial no es quién ofrece los servicios, sino el hecho de que se ofrezcan. 
Los servicios de interés general son una expresión del modelo social europeo y de la economía de mercado ecológicamente responsable. 
Lo que era crucial para mí era salvaguardar el principio de subsidiariedad; puedo apoyar la enmienda 18 de los socialdemócratas. 
Aplaudo la declaración de que las profesiones liberales proporcionan servicios de interés general para el bien de todos, y me complace que nos hayamos ocupado de que la definición de servicios de interés general y la responsabilidad de los servicios debería ser un asunto de los Estados miembros, más que de Europa en su conjunto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, por supuesto, mil gracias al ponente, el Sr. Herzog, por la calidad de su trabajo y la posibilidad que nos ofrece hoy de poder debatir este tema de los servicios de interés general. 
Aunque no tenga lugar en el marco de un procedimiento legislativo, el debate de hoy es fundamental, pues tiene que ver con la frontera entre el mundo del mercado, donde debe prevalecer la competencia, y este otro mundo en el que deben prevalecer la solidaridad, la igualdad y la democracia, es decir, la cohesión social. 
Es fundamental, pues está en juego nuestro modelo europeo, que todo el mundo nos envidia, así como los derechos más elementales de los ciudadanos, consagrados principalmente en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
En la población europea, entre las asociaciones, los sindicatos y las autoridades locales, existe una gran preocupación, porque las distintas experiencias de liberalización o privatización, y me basta citar la experiencia del Reino Unido, han tenido más bien consecuencias negativas. 
Por esta razón proponemos que este informe, que en su forma actual es totalmente inaceptable, se modifique sustancialmente. 
En primer lugar, proponemos una evaluación seria, pública, pluralista y abierta de la evolución de los servicios de interés general a través, quizá, de un observatorio de los servicios de interés general. 
De hecho, nos cuesta comprender la oposición de la derecha a esta propuesta si, realmente, como sus miembros pregonan a bombo y platillo, la liberalización no ha tenido más que efectos beneficiosos. 
Debido a los ambiguos criterios aplicados para distinguir las actividades económicas de las no económicas, así como para garantizar la subsidiariedad que todo el mundo reivindica, hay que sustraer expresamente determinados sectores –educación, salud, vivienda social– del ámbito de aplicación de las normas de la competencia. 
Por otra parte, hay que proteger el derecho de los ayuntamientos y otras autoridades locales a elegir democráticamente el modo en que gestionan ciertos servicios –relativos por ejemplo al agua y los residuos– de acuerdo con las necesidades locales. 
Por último, por supuesto, los Estados miembros y sus subdivisiones territoriales, así como las autoridades locales, son responsables de los servicios de interés general, y de ahí la necesidad de una directiva marco que establezca verdaderamente los principios comunes a los mismos. 
Se trata claramente de la voluntad, en un momento dado, de proteger a los ciudadanos de nuestros países. 
Así es como se puede comprender una visión de Europa. 
– Señor Presidente, si bien yo también celebro la gran energía desplegada por el Sr. Herzog y su ardua labor, quiero decir muy claramente que mañana no podré votar a favor de este informe tal como ha sido modificado y aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Me opongo a este informe porque expresa una voluntad ultraliberal. `Ha sido secuestrado para utilizarlo como arma en la campaña por la demolición de nuestro modelo social, la destrucción de puestos de trabajo y el abandono de la política de desarrollo regional. 
Si el pleno de mañana apoyara la posición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, no tendríamos más opción que rechazar este texto –como ya han dicho varios oradores– y exigir una verdadera directiva marco y verdaderos servicios públicos europeos. 
Todavía tenemos tiempo de enderezar las cosas. 
Hay que hacerlo por el bien de la gran mayoría de ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, Señorías, apoyo a todos los que creen, como yo, que los servicios de interés general se deben, ante todo, al bien común. 
Creemos que el modelo social europeo ha de significar que se garanticen estos servicios al público, y es por ello por lo que no son en primer lugar una tarea política para la Comisión, sino una cuestión para las autoridades locales y regionales. 
La tarea de la Comisión es garantizar que estos servicios se faciliten y se aseguren en las comunidades locales; tiene que defender los servicios de interés general en las negociaciones del AGCS, donde ha de garantizar que las comunidades locales tienen margen de maniobra, para que se puedan garantizar estos servicios al público en interés de la justicia social, la solidaridad y la cohesión territorial. 
La Comisión ha de establecer el marco de forma que se proteja a los servicios de interés general. 
– Señor Presidente, el informe del Sr. Herzog, acorralado entre las ambiciones del ponente y la cautela –a mi modo de ver la excesiva timidez– de la comisión parlamentaria, ilustra nuestras dificultades para definir juntos un modelo de sociedad europeo. 
Creo que debemos zafarnos de este dilema, pero debemos hacerlo de manera ordenada y por la puerta principal. 
En primer lugar, es necesario afirmar la legitimidad fundamental de los servicios de interés general. 
Hay una serie de bienes públicos que deben organizarse más o menos en forma de exenciones con respecto a las reglas del mercado, ya sea porque deben ser subvencionados por las autoridades públicas para garantizar el acceso igual para todos, ya sea porque el principio de igualdad es incompatible con las excesivas fluctuaciones de precios. 
Hay que reafirmar, pues, el axioma de que estamos en una economía de mercado, no en una sociedad de mercado. 
En segundo lugar, hace falta un marco jurídico, pues, si no, renunciaríamos todos a nuestra ambición común. 
Este marco jurídico debe precisar, primero, el nivel de competencias, de acuerdo con el principio de subsidiariedad: en qué nivel –europeo, nacional, local– conviene organizar los servicios. 
Por otra parte, el marco jurídico debe precisar el alcance, la extensión legítima del ámbito de los servicios de interés general. 
Y, por último, debe definir sus modalidades de organización. 
Hay que velar, en particular, por que ningún servicio de interés general no sea objeto de abuso o se convierta en un monopolio que genere ingresos seguros a quienes prestan los servicios más que a sus beneficiarios. 
Todo esto hay que decirlo. 
Por último, el marco jurídico ha de estructurarse democráticamente. 
En este Parlamento no podemos desentendernos de nuestras responsabilidades. 
No podemos ser como las ranas que reclamaban un rey. 
Es una cuestión que concierne a los ciudadanos, que concierne a los pueblos de Europa. 
Junto con la Comisión, debemos establecer un fundamento jurídico que permita inscribir esta cuestión en un marco democrático, sobre la base de la propuesta de la Comisión, y con el Consejo y el Parlamento actuando en codecisión, pues de lo contrario faltaríamos a nuestra obligación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, no podemos separar este informe del contexto europeo. 
Recuerda la división en materia de política exterior, recuerda el divorcio en materia de política presupuestaria, recuerda el bloqueo de la Constitución y recuerda la impotencia cuando ve cómo el dólar sube de valor. 
Si les quitamos el modelo social, ¿qué va a quedar en los meses que vienen? 
El modelo social es su única fuente de orgullo en Europa actualmente, y los servicios de interés general forman parte de este modelo social. 
El mercado está muy bien, pero no vamos a sustituir la dictadura del proletariado por la dictadura de los accionistas. 
No vamos a consagrar un mercado todopoderoso, que conocen tan bien quienes viven en el país de las Rocosas, ni volver a un Estado todopoderoso, que conocían tan bien los del país de los Urales. 
El informe y las propuestas del Sr. Herzog establecen un buen equilibrio. 
Hemos de redescubrir esa armonía, ese compromiso razonable, sobre todo por el bien de nuestros conciudadanos europeos. 
Hay una sólida base sobre la que podemos apoyarnos: las disposiciones del Tratado constitucional, el progreso prometido por la directiva marco y las implicaciones de la financiación garantizada y adecuada de los servicios de interés general. 
Hay que recuperar el espíritu que inspiró el informe inicial del Sr. Herzog, antes de que la comisión fuera carcomiendo su sustancia. 
Hay que recuperar su espíritu sobre todo en beneficio de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, el objetivo de las medidas propuestas es facilitar la entrega de los servicios públicos de interés general a intereses privados. 
En un periodo de crisis económica, la única certidumbre que tenemos es que las grandes empresas querrán poner sus manos sobre la riqueza pública para maximizar sus beneficios. 
Las empresas de interés general aparte del importante papel que desempeñan en el desarrollo de la economía, también tienen un papel estratégicamente importante con respecto a la seguridad y la independencia de cada país, especialmente en tiempos de crisis económicas y otras crisis. 
La privatización de estas empresas y la liberalización de sus mercados limitará finalmente su desarrollo y sin duda enriquecerá a sus accionistas en lugar de reforzar la economía nacional. 
La afirmación de que la liberalización es un factor del progreso tecnológico y de la eficacia económica no es cierta porque, la experiencia que tenemos hasta la fecha con su aplicación práctica demuestra que probablemente ha tenido el efecto opuesto. 
La privatización tiene como resultado la destrucción de las fuerzas productivas, unos resultados problemáticos, una caída de la calidad de los servicios ofrecidos, unas inseguridades sociales terribles, unos precios más altos y menos puestos de trabajo. 
La privatización tiene un efecto negativo en los trabajadores, no solo como resultado del aumento de los precios de los servicios, sino también, y esto es más importante, como resultado de las oleadas de despidos y la sustitución resultante del régimen laboral con formas flexibles de trabajo. 
Cualquier restricción aplicada a las acciones de una gran empresa en el sector de los servicios de interés general y cualquier buena intención de garantizar determinados principios que rijan el funcionamiento y los servicios ofrecidos, aunque se apliquen en un principio, acabarán degenerando y las únicas víctimas serán los ciudadanos. 
Nos oponemos a la venta de la riqueza pública en beneficio de las grandes empresas. 
Apoyamos el carácter público de las empresas de interés general, que han de mejorarse, ofreciendo unos servicios buenos y baratos a los trabajadores, y hacer la veces de palanca en una economía e titularidad pública. 
. Señor Presidente, he escuchado con atención, en nombre de la Comisión, a todos los oradores. 
La diversidad de puntos de vista expresados, es lo menos que puede decirse, no me ha sorprendido y no habría intervenido si no hubiera creído oír, en la intervención del Sr. Langen, una especie de crítica hacia la Comisión en este asunto, una alusión a que la Comisión ha formulado muchas preguntas pero no ha aportado respuestas claras o, más exactamente, que ha tardado en aportar respuestas jurídicas claras. 
Este es, pues, el punto que quisiera abordar para dedicar unos instantes a aclararnos entre nosotros. 
Si la Comisión fuera capaz de proponer hoy una respuesta jurídica clara, significaría que se habría encontrado una solución al problema que hemos debatido. 
De hecho, el Libro Verde que publicamos el año pasado tiene por objeto justamente abrir un debate lo más amplio posible sobre una cuestión muy compleja, y tenemos la sensación, en la Comisión, de que un año para un debate como este con la sociedad civil, con ustedes y con una serie de representantes de intereses económicos y territoriales, no es demasiado. 
En efecto, el problema es difícil, y nuestro debate lo ha demostrado. 
En términos políticos, esta cuestión se centra visiblemente en una panoplia específica de políticas europeas para la que todos proponemos una receta un poco diferente, en función de si nuestras preferencias políticas favorecen la economía de mercado, que reconocemos por su competitividad y eficacia, o las virtudes colectivistas en el terreno de la cohesión social o territorial. 
Todas estas son dimensiones de la solidaridad, pero cada uno de nosotros tiene su propia idea de las proporciones en que deben mezclarse los distintos ingredientes. 
Por tanto, desde el punto de vista político, el problema está relativamente claro y no observo realmente grandes diferencias en lo que ustedes han dicho sobre lo que serían los contornos de estos servicios de interés general, o servicios públicos, si hubiera que definirlos con mayor precisión a escala europea. 
La dificultad estriba sin duda en el modo en que debieran definirse. 
Esta cuestión sigue sin resolver en esta fase. 
¿Es suficiente lo que hacemos en estos momentos, con nuestras directivas sectoriales y nuestras decisiones, tomadas sobre una base en cierto modo puntual, en materia de ayudas estatales? 
Esta es sin duda la pregunta que se plantea. 
Ustedes lo han recordado: la Convención lo ha debatido y ha llegado a la conclusión de que podría ser necesaria una ley europea que proporcione ese fundamento jurídico sobre el que debatimos en estos momentos en el contexto del Tratado CE en su forma actual. 
Esta es desde luego la cuestión que debemos aclarar. 
Como he dicho en mi introducción, la Comisión examina varias opciones. 
Para tranquilizar al Sr. Langen, repito que teniendo en cuenta en particular el debate que concluirá con la votación de una resolución mañana, la Comisión comunicará sus propias posiciones antes de que finalice esta legislatura. 
Tanto si favorecemos un instrumento que implique la codecisión con el Parlamento Europeo como si nuestras conclusiones favorecen un enfoque diferente, insisto en nombre de la Comisión en que en este momento están abiertas todas nuestras opciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
En este debate sobre el informe Herzog relativo al «Libro Verde sobre el futuro de los servicios de interés general» , que fue debilitado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, reiteramos la necesidad de aprobar propuestas que reconozcan la importancia de servicios públicos de alta calidad, que garanticen a todos los ciudadanos el derecho al acceso a estos servicios, respetando al mismo tiempo las características específicas de cada país. 
Las consecuencias de las liberalizaciones son evidentes en los sectores afectados, no solo en forma de despidos y una mayor inseguridad laboral, en los ferrocarriles, en la energía, los servicios postales y las telecomunicaciones, sino también, en algunos casos, en aranceles y precios más elevados y en una menor calidad de los servicios ofrecidos. 
Esta situación está afectando gradualmente a esferas más y más grandes de actividad, especialmente en Portugal. 
A pesar de reconocer el papel de los servicios públicos, conocidos como servicios de interés general, someterlos a las reglas de la competencia devalúa el papel social de los servicios públicos que son esenciales para la población, para combatir la pobreza y la exclusión, para garantizar los derechos humanos, para el desarrollo regional de las zonas afectadas, la protección medioambiental y la cohesión social y económica. 
Insistimos en que deberíamos aprobar propuestas para fomentar la protección de los servicios públicos y una evaluación democrática y pluralista del impacto del mercado y la competencia, teniendo en cuenta la necesidad de unos servicios públicos de alta calidad y las perniciosas consecuencias de las liberalizaciones y privatizaciones que ya han tenido lugar en diversos ámbitos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0471/2003) de la Sra. Almeida Garrett en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la comunicación de la Comisión: «Encuadramiento de las agencias reguladoras europeas» (COM (2002) 718 – 2003/2089 (INI) ). 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Parlamento contesta hoy a la comunicación de la Comisión sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas, donde, como seguimiento del Libro Blanco sobre la Gobernanza, la Comisión presentó las condiciones generales para crear nuevas agencias, el marco dentro del cual han de realizar sus actividades y las propias responsabilidades de la Comisión a la hora de supervisar a estas agencias. 
En primer lugar, señor Comisario, deseo felicitarle por esta iniciativa y también por los amplios criterios que contiene. 
Al Parlamento le complace observar que se han tenido debidamente en cuenta sus posiciones, que ya se habían formulado en la resolución sobre el Libro Blanco, atribuyendo la responsabilidad de la creación de agencias a la elección explícita del legislador, caso por caso, a través de una ley basada en la disposición del Tratado que constituye la base legal para la política comunitaria específica que ha de ejecutarse. 
El punto importante que queremos recalcar es que la Comisión haya aceptado que se establezcan nuevas agencias con precaución y selectivamente. 
El uso de tales agencias solo está justificado en ámbitos científicos o técnicos altamente especializados, con una demarcación precisa de las tareas a realizar y dentro de un marco de responsabilidad y autonomía que no cuestiona la unidad ni la integridad de la función ejecutiva ni disminuye la responsabilidad política de la Comisión hacia el Parlamento y el Consejo. 
Pero, como con todo en la vida, siempre hay un «pero». 
El informe que estoy presentando hoy lamenta el hecho de que la Comisión haya limitado el alcance de su comunicación a las llamadas agencias reguladoras que han de crearse en el futuro dentro del marco institucional del Tratado de la CE. 
Es lamentable que no se haga ninguna referencia a las agencias existentes, cuando todos estamos de acuerdo en que es preciso realizar una evaluación profunda del trabajo de estas agencias, proponer una reformulación de algunas de sus tareas y poderes y, posiblemente, actualizar la estructura y la composición de sus órganos. 
Se trata de preocupaciones, como sabe usted, señor Comisario, que el Parlamento expresó a la Comisión a través de las comisiones parlamentarias más directamente implicadas en el control del funcionamiento de las agencias y que hoy, una vez más, recalcamos. 
Asimismo deploramos el hecho de que no se haya celebrado ningún debate sobre las consecuencias que tendrían los profundos cambios propuestos en el proyecto de Constitución Europea, especialmente el fin de la estructura de pilares, la introducción de una jerarquía de normas y la disposición expresa de un control judicial de los actos de las agencias. 
Estas han de comprenderse adecuadamente para poder definir el entorno legislativo futuro de las agencias de una forma más completa, coherente y valiente. 
En lo que respecta al alcance limitado de la comunicación, las principales preocupaciones del Parlamento serán siempre garantizar la unidad y la integridad de la función ejecutiva a escala europea y la correspondiente responsabilidad política de la Comisión. 
Sin embargo, comprenderá usted también que el Parlamento prestará especial atención a las reglas que permitan un desempeño transparente y eficaz de las tareas, a los nombramientos para los puestos de trabajo y la gestión de costes en las futuras agencias. 
Por ello, en la propuesta de un marco legislativo futuro prestaremos especial atención a las reglas que imponen sobre las agencias todos los requisitos para una gestión sólida, para el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, acceso a los documentos, con las reglas para la protección contra el fraude y para proteger los intereses financieros de la Comunidad. 
Quiero finalizar dando las gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario por sus opiniones competentes y juiciosas, y a todos mis colegas que, al participar, han sido coautores de este informe. 
Señor Comisario, esperamos confiadamente la iniciativa para un marco jurídico de las agencias, que la Comisión presentará en el futuro. 
. Señor Presidente, antes que nada la Comisión quisiera dar las gracias a la Sra. Almeida Garrett por el muy buen trabajo realizado sobre la Comunicación de la Comisión relativa al encuadramiento de las agencias reguladoras. 
Partamos de los hechos: existen en la actualidad 16 agencias instituidas en el marco de los Tratados en oleadas sucesivas para responder caso por caso a necesidades específicas. 
Lo que caracteriza a esas 16 agencias hoy es su diversidad, tanto en el modo de funcionamiento como en las tareas que tienen asignadas o en su denominación. 
Como destacamos en 2001, consideramos que la creación de nuevas agencias reguladoras contribuye a mejorar la aplicación de las normas comunitarias. 
El Libro Blanco de 2001 propone que la Comisión proceda a la definición de parámetros, de criterios más precisos para la creación, el funcionamiento y la supervisión de dichas agencias. 
Por tanto, nuestra comunicación, que hoy someten sus Señorías a debate, pretende sobre todo iniciar un proceso de reflexión con ustedes, y por otra parte con el Consejo, en un marco común, sobre la creación, el funcionamiento y la supervisión de las futuras agencias reguladoras que por definición participan activamente en el ejercicio de la función ejecutiva a escala comunitaria. 
Como acaba de precisar su ponente, la labor que desempeñan se sitúa en efecto en el centro mismo de la función ejecutiva. 
Para evitar malentendidos –volveré sobre ello en mi respuesta al debate, en particular sobre el punto que ha planteado la ponente–, esta iniciativa no se refiere a las agencias «ejecutivas» que participan en la gestión de programas comunitarios. 
En pocas palabras, ¿cuál es el razonamiento subyacente a la propuesta de la Comisión? 
Es un equilibrio entre, por un lado, el refuerzo de la integridad y la unidad de la función ejecutiva –y sabemos que esto incumbe en primera instancia a la Comisión– y, por otro, la autonomía de que deben gozar dichas esas agencias para planificar su labor a largo plazo. 
El quid de la cuestión es encontrar este delicado equilibrio. 
Las agencias tienen la vocación de liberar a la Comisión de tareas muy técnicas para que pueda centrarse en políticas esenciales. 
No obstante –usted nos lo ha recordado, Sra. Almeida Garrett–, la Comisión debe conservar la responsabilidad política última sobre los reglamentos de ejecución, pues de esto somos responsables en particular ante ustedes y por ello tenemos que identificar claramente a personas responsables para que comparezcan ante esta Asamblea. 
Es, pues, este difícil equilibrio el que se trata de mejorar, de explicitar y de formalizar, en el bien entendido de que, cada vez más, las agencias reguladoras responden a una necesidad de conocimientos expertos cuyo nivel va en aumento en una serie de ámbitos, independientemente de consideraciones a corto plazo. 
Para que esos conocimientos especializados sean constantes y para garantizar un determinado nivel de transparencia, es necesaria asimismo cierta dosis de autonomía y, por supuesto, de supervisión. 
Este es el equilibrio que buscamos, y esperamos su debate para saber si el modo en que lo hemos formulado refleja el tipo de compromiso que pueden ustedes aceptar con respecto a estas tensiones, que son inevitables, pero que deseamos gestionar de forma positiva. 
. Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo a la Comisión la presentación de esta Comunicación y a la Sra. Almeida Garrett su informe. 
Observará la Comisión que hay un acuerdo sustancial entre la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y el texto presentado por la Sra. Almeida Garrett. 
En materia de agencias reguladoras, existe el peligro de que caigamos en el vicio norteamericano de la multiplicación de agencias, que actúan con un carácter totalmente autónomo y sin control real por parte del poder legislativo. 
Los apartados 2 y 3 de la Resolución contenida en el informe de la Sra. Garrett son bastante significativos. 
Concretamente, cuando entramos en materia estrictamente reguladora, se trata de un poder legislativo y no de un poder ejecutivo. 
Por tanto, pediría a la Comisión que, al redactar un texto con propuestas concretas, evitara cualquier referencia que pudiera suponer la asunción de poderes legislativos por parte de estas agencias. 
Es decir, habría que tratar de que hubiera, para cualquier tipo de delegación legislativa, un acuerdo interinstitucional, con el Consejo y el Parlamento como poder legislativo. 
En segundo lugar, hay que evitar una proliferación de las agencias, reguladoras y no reguladoras, porque parece que, en este momento, se han convertido en una especie de regalo de Navidad, que se da cada año a los Gobiernos, para que puedan decir en sus capitales respectivas que han conseguido algo, desde el punto de vista institucional. 
En cuanto al fundamento jurídico y la tendencia a recurrir al artículo 308, las agencias reguladoras solamente tendrían sentido si hubiera una competencia concreta de la Unión Europea en esa materia, pero no mediante la creación de formas especiales con objeto de justificar ese tipo de creación. 
Por último, es importante que las agencias reguladoras estén sometidas al mismo tipo de controles que la Comisión. Yo diría que incluso más, a consecuencia de su alejamiento. 
Señor Presidente, la legislación sobre las agencias europeas, sobre la cual hemos expresado nuestra opinión en el informe de la Sra. Almeida Garrett, es un tema que llega al núcleo del debate sobre el futuro de Europa, es decir, la lucha contra la burocracia europea. 
Precisamente ahora que Europa atraviesa una crisis de la que hemos de salir juntos, es importante que nos preguntemos cómo podemos insertar a las diversas instituciones europeas, incluidas las agencias existentes y futuras, en la estructura democrática de Europa: una Europa democrática, transparente y eficiente. 
Me gustaría reiterar que 2004 es un año decisivo para Europa. Es el año en que es de vital importancia recuperar la confianza del electorado europeo. 
Este electorado nos mira y considera que el sistema europeo es aparatoso y burocrático. 
Por cierto, que en este sentido los Jefes de Estado o de Gobierno, que con bastante frecuencia fracasan, tienen gran parte de la responsabilidad. 
Los ciudadanos que principalmente ven las peleas entre Jefes de Estado o de Gobierno sobre la distribución del poder y del dinero, son por supuesto cada vez más incapaces de comprender qué significa realmente esta cooperación europea. 
Por algo decimos que es preciso llenar el vacío democrático en la Unión Europea. 
Europa es demasiado lenta, ineficaz e incomprensible para sus ciudadanos y por lo tanto no consigue suficientes cosas. 
Esto ha de cambiar, especialmente en vista de la ampliación de la UE con diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo. 
Es por ello por lo que hemos de conseguir que Europa sea más eficaz, más democrática. 
Hemos de arrancar de raíz la burocracia paralizante. 
En primer lugar, ello se logrará por supuesto por medio de propuestas en la Constitución Europea, que esperamos se haga realidad cuanto antes. 
Sin embargo, también se realizará en el caso de temas como el de hoy –el encuadramiento de las agencias europeas– que no se tratan en la Constitución Europea. 
El tema central es la ejecución de tareas esenciales que son financiadas con fondos europeos. 
Quisiera mencionar diversas cosas que creo son esenciales dentro de este marco. 
En primer lugar, es preciso garantizar el control directo por parte de la Comisión Europea y la rendición de cuentas política al Consejo y al Parlamento cuando se creen las agencias, y ni que decir tiene que estas agencias han de tener una dirección que, so pena de destitución, presente todos los problemas de carácter genuinamente político directamente al Comisario políticamente responsable. 
Estoy seguro de que todos recordamos el caso Eurostat. 
En segundo lugar, la confusa situación en la que nos encontramos en estos momentos, en que tenemos hasta doce estructuras diferentes, ha de ser reemplazada por una estructura uniforme que pueda controlarse y sea comprensible para todos. 
En tercer lugar, la sede de una agencia habrá de depender de criterios como la eficacia y los análisis de rentabilidad. Esto significa que no hay que pelearse sobre el jamón de Parma y los modelos suecos. 
Este enfoque se aplica no solo a las agencias nuevas, sino también a las existentes. 
Solo entonces afrontaremos seriamente la burocracia. 
Damos nuestro pleno apoyo al informe de la Sra. Almeida Garrett. 
Señor Presidente, en la cumbre de Bruselas de diciembre de 2003, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron los domicilios de diez nuevas agencias, incluida una agencia de seguridad de las TI. 
En la zona de Øresund, las universidades y la empresas tanto del lado danés como del lado sueco formaron un consorcio y presentaron propuestas de cómo en la práctica se podían crear las condiciones adecuadas para ubicar esta agencia de seguridad de las TI en esta zona. 
La región de Øresund tiene una infraestructura sólida, unas buenas conexiones de transporte internacional, unas instalaciones de TI muy amplias y unos entornos fuertes para la investigación y el desarrollo de las TI. 
Las universidades podrían poner a disposición las instalaciones para que los empleados de la agencia pudieran tener un estrecho contacto con los entornos de investigación, y existía el deseo de crear edificios capaces de satisfacer las demandas de la agencia. 
En resumidas cuentas, había una oferta, en cuanto a la ubicación, que podía garantizar una rápida puesta en marcha de la agencia en una zona capaz de atraer mano de obra cualificada. 
Sé que existen otros entornos atractivos en perspectiva en los Países Bajos y en Alemania. 
Sin embargo, ¿qué se obtuvo de los esfuerzos realizados? 
Fueron un despilfarro de energía. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE acordaron que esta agencia debía estar situada en una ciudad de Grecia. 
No tengo nada malo que decir acerca de Grecia, pero sencillamente el proceso de toma de decisiones no puede tomarse en serio. 
Tampoco es transparente ni comprensible para el público. 
Por ello me complace mucho el informe que estamos debatiendo hoy, porque establece una lista de principios importantes y claros, acerca del modo en que han de tomarse las decisiones sobre las agencias en el futuro, acerca de su encuadramiento y acerca de cómo deberían colocarse en relación con las instituciones de la UE, y quiero felicitar a la Sra. Garrett por el buen resultado. 
La decisión relativa a una nueva agencia ha de ser transparente y ha de basarse en análisis de las ventajas y los inconvenientes. 
Ha de ser la base de un profesionalismo sólido, y crear una agencia no ha de ser una forma de aumentar los gastos administrativos. 
Es importante que la Comisión tenga una responsabilidad continua y que al Parlamento se le adjudique el papel de autoridad de control y no sea gobernado por las agencias. 
Las enmiendas del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas lo recalcan y espero realmente que estas propuestas sean apoyadas ampliamente. 
.– Señor Presidente, como ponente permanente de las agencias, quiero hacer las siguientes observaciones relacionadas con el presupuesto además de la opinión sobre este proyecto, que ha llevado la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Mi primera observación es que, por razones de costes, esta agencia reguladora debería tener su sede cerca de la Comisión. 
La segunda es que las funciones de las agencias reguladoras deberían limitarse a la creación de una legislación secundaria vinculada a las iniciativas de la Comisión y deberían estar sujetas a la aprobación de la autoridad presupuestaria. 
En tercer lugar, creo que es importante que las nuevas agencias reguladoras ejerzan su autonomía bajo el control directo de la Comisión y el control político del Parlamento Europeo. 
En cuarto lugar, debería consignarse que todas las disposiciones del Reglamento Financiero y del Estatuto del Personal se aplicarán a las agencias reguladoras. 
En quinto y último lugar, antes de presentar una propuesta legislativa para la creación de una agencia reguladora, la Comisión debería presentar una evaluación de sus consecuencias presupuestarias y de su rentabilidad, así como propuestas para la reorganización y la gestión de los recursos humanos. 
– Señor Presidente, estamos de acuerdo con el Sr. Prodi, el Presidente de la Comisión, cuando nos dice que la UE ha de tener la administración más moderna del mundo. 
Si queremos alcanzar este objetivo, habrá que modernizar todas las unidades administrativas; no solo las oficinas principales de la Comisión, sino también las oficinas subordinadas, las agencias y también veo que el establecimiento, la organización y el control de estas agencias son aspectos en los que impera el crecimiento incontrolado. 
La transparencia es demasiado escasa, a menudo también falta la eficacia necesaria y el control adecuado, y es por ello por lo que es preciso dar una nueva base a las agencias del futuro. 
En su informe, el Parlamento pide ahora que el establecimiento de una agencia tenga lugar por medio de una ley aprobada a través del procedimiento de codecisión. 
La implicación conjunta de la Comisión, el Parlamento y el Consejo en esta decisión ha de convertirse en la norma para el futuro. 
El acto legislativo de establecimiento también ha de estipular dónde tendrá su sede la agencia. 
Podría dedicar toda mi intervención a lo que sucedió entre Helsinki y Parma en relación con la agencia alimentaria. Fue una tragedia. 
No podemos permitir que se repita, y la elección de la sede principal ha de tomarse teniendo en cuenta la competencia y la rentabilidad. 
Hemos de reducir el número de tipos de agencias, pues tener quince agencias divididas en doce tipos hace que la situación sea insostenible. 
Todas estas agencias dependen de la Comisión, es la Comisión la que debería nombrar a sus directores. 
Quiero concluir dando las gracias a la Sra. Almeida Garrett por su informe, y expresando la esperanza de que será aprobado. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Almeida Garrett, cuyo informe, a mi entender, consigue ofrecer un análisis claro y conciso de todas las cuestiones implicadas con las agencias, entre las que recalcaré muy brevemente las siguientes, debido a su importancia: 
– la urgente necesidad de que la Comisión expliqué cuál es el instrumento jurídico adecuado para definir el marco de condiciones generales que rijan la creación de estas agencias, que podría evitar los riesgos a los que se ha referido el Sr. Medina Ortega; 
– la necesidad de que el Parlamento esté plena y permanentemente implicado en el nombramiento de los miembros del consejo de administración y en el control de la actividad de estas agencias; 
– la necesidad crucial de controlar la legalidad de las acciones emprendidas por las agencias reguladoras y por sus consejos de administración de acuerdo con las disposiciones del proyecto de Constitución elaborado por la Convención Europea. 
Esperamos que la Comisión tenga en cuenta las propuestas realizadas en el informe de la Sra. Almeida Garrett, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales y una vez más felicito a la ponente por el excelente trabajo que nos ha presentado. 
. Señor Presidente, me esforzaré por responder muy rápidamente a intervenciones que me parecen en general convergentes y que expresan puntos de vista similares. 
En primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación del texto, la ponente indicaba hace un momento que quizás habría deseado que la Comisión fuera un poco más ambiciosa en esta fase. 
Es cierto que por el momento solo proponemos instrumentos para las futuras agencias reguladoras. 
¿Por qué? 
La razón es simplemente que queremos empezar por lo que es factible de inmediato y tenemos la impresión de que si tuviéramos que ocuparnos, en un primer momento, de racionalizar las agencias existentes con sus características muy dispares, habría sido difícil, si no imposible, adoptar un enfoque realmente uniforme. 
Favorecemos, pues, un enfoque uniforme y deseamos aplicarlo primero a todas las agencias futuras. 
Por lo que respecta al instrumento jurídico, creo que no hay desacuerdo entre nosotros: es necesario un reglamento marco, como usted propone, que sea un instrumento jurídico vinculante para la aplicación de principios comunes, y, en este caso, es precisamente lo que buscamos. 
La ventaja de disponer de un instrumento como este sobre las agencias reguladoras es que tendría un paralelismo con el reglamento marco adoptado en diciembre de 2002 por el Consejo para el estatuto de las agencias ejecutivas. 
Volviendo ahora sobre el fondo, he seleccionado, y creo que en todos estos puntos estamos plenamente de acuerdo, algunos principios que se desprenden de su debate: eficacia, supervisión, responsabilidad y, para acabar, un principio general de parsimonia que me parece que su ponente ha expresado muy bien. 
En cuanto al principio de eficacia, estamos de acuerdo y hay que aplicar, en particular, nuestras buenas resoluciones en materia de eficacia a la estructura y la composición de las agencias. 
Está claro que si los consejos de administración tienen un número excesivo de miembros y si la selección de los directores exige consultas permanentes, no conseguiremos nuestros fines. 
Por tanto, hay que tener el rigor necesario, y creo que en este punto podremos trabajar juntos. 
El segundo principio es la supervisión. 
Como han dicho muchos de ustedes, ya se trate del punto de vista jurídico, administrativo o financiero, estas agencias, que son, por así decirlo, avanzadillas de la Comisión, deben estar tanto más supervisadas cuanto más se alejan del centro de la autoridad ejecutiva. 
El tercer principio es el principio de la responsabilidad. 
Ustedes lo han dicho y nosotros estamos de acuerdo en este punto: el responsable político es la Comisión, y sus agencias, incluso las agencias reguladoras, trabajan bajo la responsabilidad política de la Comisión, que ustedes deben poder cuestionar: este es después de todo su derecho y su deber. 
A fin de cuentas, todo esto, y terminaré con este punto, implica un principio de parsimonia. 
En efecto, a veces es tentador resolver tal o cual problema creando una agencia; debemos saber resistir juntos a esa tentación. 
Necesitamos buenos medios de prevención de la proliferación, y parece, tras haber seguido su debate, que sus intenciones a este respecto están perfectamente en consonancia con las de la Comisión. 
Supongo, pues, que disponemos de un viático en términos de criterios y principios que nos permitirá mejorar la situación actual, que, es cierto, empieza a parecerse mucho a un plato de espaguetis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las perspectivas para el Ciclo de Doha tras la reunión del Consejo general de la OMC de 15 de diciembre de 2003. 
. Señor Presidente, han querido ustedes que revisemos de nuevo la marcha de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la denominada Agenda de Doha para el Desarrollo, tras el período de reflexión, trabajo y contactos concedido a la Comisión después del fracaso de la Conferencia de Cancún. 
Está claro que, desde nuestro último debate sobre este punto, que tuvo lugar justo después de Cancún, el pasado 24 de septiembre, la situación ha evolucionado, tanto en la Unión como en la OMC. 
Abordaré tres aspectos del proceso posterior a Cancún: nuestra política tras la comunicación de la Comisión del pasado mes de noviembre y el Consejo de Asuntos Generales; la situación en la OMC desde el 15 de diciembre y, por último, las perspectivas para 2004. 
Ocupémonos primero de nuestra propia política. 
Como ya saben, después de Cancún la Comisión emprendió una fase de profunda reflexión y de consultas con este Parlamento, los Estados miembros, los interlocutores sociales y la sociedad civil. 
Todo esto condujo, a mediados de noviembre, a una comunicación sobre el relanzamiento del proceso de negociación, que, seguimos pensando, reviste un interés primordial para la Unión Europea. 
Ustedes recibieron dicha comunicación, que fue objeto de debates en su comisión encargada de los problemas de comercio exterior, como por lo demás, bilateralmente, con algunos de los Grupos políticos. 
Es clara. 
Ante todo, seguimos enormemente apegados al multilateralismo, que sigue siendo la máxima prioridad de la política comercial de la Unión, y deseamos que la negociación se reanude lo antes posible. 
Sobre los temas de fondo, hemos flexibilizado nuestra postura en cuando a los denominados temas de Singapur, y esto satisfará a una serie de Grupos de este Parlamento. 
Hemos adoptado también un enfoque más flexible en materia de indicaciones geográficas, incluso de medio ambiente, con el fin de facilitar la negociación. 
En el ámbito agrícola, hemos renovado nuestro deseo de activar una negociación que va muy lenta, aunque solo sea porque desde que implementamos nuestras propias reformas tenemos los medios de contribuir a ello activamente. 
En este asunto, la Unión Europea ha dejado, al fin, de estar a la defensiva en este terreno. 
Unas palabras sobre la situación en la OMC, y en particular desde la reanudación de los trabajos el 15 de diciembre. 
La buena noticia es que, después de un Cancún que puso de manifiesto ciertas divergencias de matiz, incluso algunas sustanciales, en cuanto a la necesidad de continuar estas negociaciones, ahora todo el mundo está de acuerdo en la OMC en que es importante relanzarla. 
Estamos todos de acuerdo en decir que el mundo será probablemente peor sin resultados de negociación que con ellos, lo que constituye una motivación política importante. 
¡Esta es la buena nueva! 
Sin embargo, ¿significa esto que las negociaciones seguirán a un ritmo que, en nuestra opinión, permita alcanzar objetivos ambiciosos en 2004? 
Todavía es demasiado pronto para juzgar. 
Paso al tercer punto, las perspectivas de negociación para 2004. 
Creo que el verdadero desafío no es reanudar las conversaciones. 
Hay acuerdo en este punto y el proceso está en curso. 
El verdadero desafío es hacer que avancen a buen ritmo y con la energía y la ambición necesarias. 
Vamos a pasar por una fase técnica durante uno o dos meses, en Ginebra. 
Es absolutamente necesario que esta fase técnica desemboque lo antes posible en una fase política que permita a los distintos Ministros pronunciarse sobre el calendario y el contenido de las negociaciones finales. 
Desde este punto de vista, la Unión Europea ha trabajado arduamente desde mediados de diciembre. 
Nos complace que desde finales de la semana pasada se nos han sumado los norteamericanos, pues mi homólogo norteamericano ha tomado partido por un relanzamiento claro de las actividades en Ginebra y ha señalado, como nosotros hemos hecho por nuestra parte, que hay un margen de flexibilidad en algunos puntos. Creo que es una iniciativa bienvenida. 
Permite corregir esa sensación que se extiende aquí o allá de que, al ser el año 2004 un año de elecciones en los Estados Unidos, de algún modo se pondría entre paréntesis la negociación. 
Mi homólogo norteamericano ha desmentido felizmente esas previsiones pesimistas. 
¿Qué vamos a hacer en las próximas semanas? 
En primer lugar, continuaremos el diálogo con los países en desarrollo, y en particular con países del G20 o del G90. 
Yo mismo he tomado las iniciativas necesarias desplazándome a América Latina a mediados de diciembre y proseguiremos el diálogo que, creo, se entabló fructíferamente en esa ocasión. 
Lo mismo vale para el G90. 
La próxima semana estaré en Bangladesh, la India e Indonesia, para tratar estos distintos temas con interlocutores que son evidentemente cruciales. 
Como acabo de decir, lo esencial ahora es ver si, con respecto a los temas agrícolas, a las tarifas industriales, a los servicios y a los temas de Singapur que consideramos prioritarios, es decir, la facilitación del comercio y la transparencia de los contratos públicos, podemos avanzar rápidamente. 
Mi impresión es que unos y otros, en todo caso los Estados Unidos y Europa, disponen de márgenes de maniobra suficientes. 
Ahora debemos hacer que Brasil, Sudáfrica, la India, la China y nuestros amigos japoneses alimenten el fuego de esta negociación con tanta energía como nosotros estamos dispuestos a hacer. 
En todo caso, el mensaje sobre el cual deseo que ustedes se pronuncien claramente, el mensaje de la Comisión, es que deseamos que en 2004 se recupere, y pensamos que podemos hacerlo, gran parte de lo que en el año 2003, en Cancún, fuimos incapaces de conseguir. 
Señor Presidente, Señorías, solo deseo hacer unos cuantos comentarios desde el punto de vista agrícola en relación con lo que ya ha dicho mi colega Comisario el Sr. Lamy. 
Han oído ustedes hablar de los pasos que ha emprendido la Comisión para relanzar las negociaciones y estoy seguro de que sintieron decepción al enterarse de que los miembros de la OMC, ya en diciembre, fueron incapaces de reiniciar las negociaciones sobre la agenda de desarrollo. 
Lo que sucedió en la fase preliminar a la reunión de 15 de diciembre en Ginebra me dio la impresión de que este fracaso tenía que ver, entre otras cosas, con el carácter del procedimiento. 
Los miembros de la OMC no negociaban directamente entre sí, sino que todo se hacía por mediación del presidente del Consejo General de la OMC, y este modo de hacer las cosas sin duda no favorecía llegar a un acuerdo. 
Me convencí aún más cuando, poco después, en los márgenes de la Conferencia de la FAO en Roma, me encontré con muchos ministros que también lamentaban la ausencia de un contacto directo que, según me dijeron, habían esperado. 
Llegué a la conclusión de que, si queremos llegar a un acuerdo, es imprescindible que los miembros de la OMC mantengan un mayor diálogo y realicen unos esfuerzos más intensos. 
Como ya ha dicho el Sr. Lamy, por nuestra parte, haremos todo lo posible para asegurar que 2004 no sea un año perdido. 
Desempeñaremos un papel especialmente activo en ello. 
En lo que respecta a la cuestión de las negociaciones, he de decir que no podemos aceptar todos los marcos para las modalidades de negociación a cualquier precio. 
Consideramos que una condición fundamental es que un marco de este tipo refleje el espíritu y el contenido de la Declaración de Doha. 
Entre otras cosas, un requisito esencial es que las restricciones en las medidas de la «caja ámbar» sean más estrictas que en las medidas de la «caja azul» , que distorsionan el comercio en menor medida. 
En segundo lugar, cuando se considera la competencia de las exportaciones, es preciso abordar paralelamente todas las formas de subvención a la exportación. 
Serán ustedes conscientes de que hemos pasado a la ofensiva en el debate acerca de las subvenciones a la exportación, proponiendo que se permita caducar a todas las formas de subvención a la exportación para una gama de productos importantes para los países en vías de desarrollo. 
Aún seguimos esperando la respuesta a esta oferta. 
Al mismo tiempo no podemos sino observar la continua falta de disposición para llegar a compromisos comparables con respecto a otras formas de subvención a la exportación; por ejemplo, que yo sepa, el Gobierno canadiense compensó al Canadian Wheat Boardpor las pérdidas sufridas últimamente. 
Otro ejemplo es Argentina, que utiliza impuestos diferenciados a la exportación sobre las habas de soja y la harina de soja para subvencionar indirectamente la construcción de su mayor molino de soja. 
Los Estados Unidos siguen utilizando los suministros de ayuda alimentaria para reducir sus excedentes. 
Desde el principio, hemos dejado claro que todas las medidas para hacer frente a la competencia de las exportaciones han de tratarse simultáneamente y que han de ejercer disciplina en el mismo grado. 
Es algo en lo que seguiremos trabajando. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a los dos Comisarios por sus esfuerzos y por las cuestiones que han planteado aquí. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos aprecia en gran medida su compromiso y sus esfuerzos, cuyo objetivo ha de ser que 2004 sea un mayor éxito que 2003. 
Comparto la visión del Comisión de que hemos de dar a los Estados miembros más información sobre la oferta hecha por la Unión Europea en el ámbito de la agricultura. 
En Cancún ya era evidente que la gente no lo creía, y pienso que es útil y necesario seguir explicando esta oferta. 
Me sorprende que, aunque es cierto que el Sr. Zoellick está haciendo un gran gesto, sigue sin estar claro qué propone exactamente. 
Por supuesto aplaudimos la mayor flexibilidad en este punto que está demostrando en estos momentos el Gobierno de los Estados Unidos, pero la pregunta que quiero formular a ambos Comisarios es la siguiente: ¿se aplica esto también al algodón, por ejemplo? 
Lo pregunto porque, que yo sepa, la posición de los Estados Unidos con respecto al algodón sigue siendo bastante rígida. 
¿Quizás puedan ustedes contarnos algo más al respecto? 
Asimismo me pregunto hasta qué punto Japón está preparado en estos momentos para flexibilizar su política con respecto al arroz, porque, como saben ustedes, el tema del arroz fue otro de los obstáculos en Cancún. 
¿Quizás puedan ustedes darnos más detalles a este respecto? 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos cree que la oferta que hemos hecho en el ámbito agrícola, que incluso considera la posibilidad de reducir las subvenciones de la exportación hasta prácticamente cero, además de una mayor flexibilidad en relación con las denominaciones de origen, es suficiente para que iniciemos las negociaciones. 
Asimismo aplaudimos el hecho de que la oferta se considere desde una perspectiva más amplia y que no solo examinemos la agricultura, sino también los servicios y las temas de Singapur. 
Por desgracia, también tendremos que aceptar que hay un grado inherente de flexibilidad, pero creo que el paquete que tenemos ahora ante nosotros ofrece suficiente margen para poner en marcha las negociaciones. 
Algo que tiende a perderse es todo el debate sobre algún tipo de reforma de la OMC. 
Todos sabemos que Cancún también reveló que la organización no podía seguir funcionando tal como lo hace ahora. 
Por ello espero que esto también se incluya en el paquete. 
La pregunta que nos ha formulado el Comisario Lamy era si le daríamos rienda suelta para entablar negociaciones con el paquete que ha propuesto. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, puedo darle una respuesta directa: sí, creemos que puede hacerlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, están ustedes familiarizados con la postura del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Una rápida reanudación de la Agenda de Desarrollo de Doha favorece la recuperación económica de Europa. Una pronta reanudación favorece a todas las partes del mundo. 
Hemos de cumplir nuestras promesas de desarrollo: acabar con las subvenciones agrícolas que han crecido enormemente y en lugar de ello utilizarlas para el medio ambiente, los consumidores y la agricultura beneficiosa para el Tercer Mundo. 
La agenda comercial europea ha de acercarse más al ciudadano. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiere que se conceda una mayor prioridad a la agenda de los ciudadanos. 
Y esta sería la siguiente: contrafuerza. 
Los ciudadanos quieren protección contra la competencia desleal en el trabajo: esto es un tributo a sus esfuerzos contra EE UU en la guerra del acero y la injusta ayuda a los astilleros de Corea del Sur. 
Los ciudadanos también quieren respeto por la naturaleza y el medio ambiente, y una agricultura ecológica: nada de transportes de animales, calidad por encima de cantidad y respeto por la naturaleza. 
Quieren poder social. 
No quieren productos que se hayan fabricando explotando a las mujeres o recurriendo al trabajo infantil. 
Quieren que se apoyen los productos del comercio justo y los sindicatos libres. 
Señor Comisario, por medio del SGP podríamos ofrecer un mayor apoyo a países que se toman en serio la educación, la sanidad y los sindicatos libres, pero queremos hacerlo a través de un enfoque multilateral. 
En lo que a nosotros respecta, este enfoque exigiría dejar de lado los temas de Singapur: eliminarlos del compromiso único. 
Ahora es el momento de hacerlo. 
Sin embargo, la verdad es que muchos países en vías de desarrollo creen que, al igual que los Estados Unidos, no lo queremos de verdad. 
En el ámbito de la agricultura, en especial, y con respecto a los temas de Singapur, el mensaje no se ha transmitido con claridad. 
Esperamos que seremos generosos con la nueva alianza, es decir que interrumpiremos las subvenciones a las exportaciones de productos sensibles para ellos, que abriremos nuestros mercados y que les ayudaremos a comercializar sus productos en sus propias regiones y en nuestro mercado. 
Como ha dicho usted, hemos de ser claros sobre el G-21. 
Necesitamos esta nueva potencia mundial como un agente multilateral, pero el G-21 también ha de ser consciente de que, si nos exigen algo, también ellos han de contribuir. 
Han de garantizar a sus ciudadanos el derecho a un movimiento sindicalista libre, y poner fin al trabajo infantil y a la explotación de las mujeres. 
¿Por qué no iban a ser ellos los primeros en dar una oportunidad a la nueva alianza, tal como hicimos nosotros con «Todo menos armas» , y permitir que sus países importen mercancías? 
Esto daría credibilidad a la agenda de Lula. 
El compromiso de Europa con los medicamentos baratos contra el sida ha dado por fin frutos. 
Ello demuestra que Europa no se centra en los beneficios a corto plazo para sí misma, sino en una imagen más amplia. 
Este enfoque del libre mercado mundial, con reglas justas, nos dará mucha más credibilidad. 
Creo que una rápida aplicación de este enfoque en los Estados miembros y en la Unión Europea es el rumbo que hemos de seguir. 
Señor Presidente, parece que la sesión de esta mañana se esté convirtiendo en una charla privada entre el contingente neerlandés, así que seguiremos adelante. 
A fin de cuentas, los Países Bajos son una nación principalmente comercial. 
En septiembre, durante el debate en este Parlamento sobre el fracaso de la ronda de negociaciones de Cancún, recordé a los Comisarios Lamy y Fischler el apoyo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y de mí misma para que se reanudaran pronto. 
En este sentido, el multilateralismo sigue siendo la mejor vía para el libre comercio mundial, y la firma de acuerdos bilaterales va en detrimento de los países más pequeños y de los países en vías de desarrollo. 
De hecho, lo que beneficiaría a estos países son unas normas generales que se apliquen en todo el mundo. 
La Comisión considera la reforma de la OMC como otra prioridad, y estoy de acuerdo con el Comisario Lamy a este respecto, porque la forma en que está funcionando la organización es mejorable en estos momentos y ya no es adecuada para 2004. 
Sin embargo, el Comisario ha de recordar que los culpables del fracaso de las negociaciones fueron los miembros. 
Por ello, lo principal es lograr un apoyo constructivo entre los miembros de la OMC para seguir con la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Sin embargo, esto no será sencillo, en vista de las elecciones presidenciales de EE UU, porque las campañas sin duda estarán impregnadas de retórica proteccionista. 
Creo que un mejor papel para la Secretaría en Ginebra y para el Director General sería un paso en la buena dirección. 
Es preciso dar al Director General el derecho de iniciativa a fin de generar más apoyo y un mayor compromiso por parte de los Estados miembros para encarrilar de nuevo las negociaciones; y asimismo para conseguir que los miembros cumplan los acuerdos a los que han llegado. 
Frente a este mandato mejorado para el Director General ha de existir un control democrático por parte de una asamblea parlamentaria. 
En Cancún, le dimos un fuerte impulso por medio de una conferencia parlamentaria. 
Esto ha de continuar, porque realmente no podemos dejar este control democrático en manos de las ONG. 
En primer lugar, porque carecen de legitimidad democrática y en segundo lugar, porque Cancún demostró una vez más que estas organizaciones no aspiran precisamente al éxito de la ronda de negociaciones. 
Desde mi punto de vista, el tema de la presente agenda debería seguir siendo el mismo, y los temas de Singapur y el acceso al mercado desempeñan un papel clave en este sentido. 
Son precisamente los países en vías de desarrollo los que tienen interés en un clima de inversión favorable, la reducción de los gravámenes a la importación y una legislación transparente. 
Los países del sur se beneficiarían con una simplificación del comercio; de hecho, el 80% de todos los gravámenes a la importación son pagados mutuamente por los países en vías de desarrollo. 
Sin embargo, la Unión Europea también ha de ofrecer mejor información a otros miembros, como ya ha dicho mi colega el Sr. van Velzen. 
Por último, el Grupo ELDR da vía libre a los Comisarios Lamy y Fischler para promocionar su estrategia y el paquete propuesto en este ámbito, y para continuar por este camino. 
Señor Presidente, agradezco este debate que solicitamos, aunque lamento que otros grupos políticos no permitieran que se presentara una propuesta de resolución sobre las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. 
El fracaso a la hora de lograr un acuerdo en la reunión ministerial de la OMC en Cancún confirma la necesidad de suspender e invertir las actuales políticas de liberalización del comercio. 
Hemos de aplicar políticas que promuevan sistemas de comercio justos y equitativos, orientados al desarrollo sostenible del verdadero potencial de cada país, sin imponer relaciones de dominio y dependencia, y orientados asimismo a mejorar las condiciones de vida de los pueblos del mundo como una cuestión urgente y a reforzar sus derechos y acervo social. 
Sin embargo, el actual mandato de la Comisión contradice esta necesidad. 
Los grandes actos de movilización social que han tenido lugar en todo el mundo, sobre todo en el Foro Social Europeo, contra la OMC y sus diversas propuestas, en concreto el acuerdo sobre los servicios, que pone en peligro los servicios públicos de alta calidad, demuestran la necesidad de que revisemos el mandato de la Comisión. 
No podemos permitir que la Unión Europea siga alineándose con los Estados Unidos de América en ámbitos de negociación fundamentales, en concreto la agricultura, la liberalización de los servicios, que conocemos como los «nuevos temas de Singapur» , inversión, competencia y mercados públicos. 
Asimismo han de tenerse en cuenta los ámbitos que son importantes para la industria textil y de la confección, especialmente en los países del sur de Europa como Portugal, a fin de salvaguardar el empleo y el desarrollo en grandes zonas donde estas industrias son cruciales. 
Por consiguiente, reiteramos la necesidad de revisar el actual mandato a fin de evitar los desastrosos efectos sociales y medioambientales de los sistemas comerciales que ha puesto en práctica la OMC. 
Queremos un comercio justo y equitativo, orientado al desarrollo, la salud pública, el respecto por el medio ambiente y la diversidad cultural. 
Hemos de aprovechar la oportunidad que nos ha brindado el fracaso de alcanzar un acuerdo en Seattle, Cancún o recientemente en Ginebra, para revisar las propuestas presentadas por la Comisión y para tener en cuenta este muy necesario equilibrio. 
Es por ello por lo que pregunto a la Comisión Europea si está dispuesta a revisar su actual mandato y a emprender negociaciones en un marco nuevo, respetando los principios que acabo de mencionar. 
– Señor Presidente, ya he tenido ocasión de manifestar al Comisario Lamy en una reunión de la comisión mi decepción ante las nuevas propuestas de la Comisión y, finalmente, ante la posición del Consejo, que las ha ratificado. 
En efecto, después de las fuertes palabras pronunciadas inmediatamente después del fracaso de Cancún, esperaba que estuviéramos más en una lógica de revisión profunda del sistema comercial internacional, y no en una lógica de mero reposicionamiento táctico. 
Ahora bien, en lugar de cambio estratégico, es más bien de reposicionamiento táctico de lo que hablamos hoy. 
Por lo que se refiere, en particular, a los temas de Singapur, el Comisario Lamy habla de una mayor flexibilidad por parte de la Comisión, flexibilidad que se había manifestado al final del proceso de Cancún y, a mi entender, demasiado tarde. 
¿Pero es de flexibilidad de lo que se trata hoy? 
Debo recordar de todos modos que la declaración de Doha exigía un acuerdo unánime y explícito sobre las modalidades de las negociaciones relativas a estos temas. 
Ahora bien, sabemos que, en las circunstancias actuales, un acuerdo de este tipo no tiene posibilidades. 
Los países del G90, que son los más pobres, han reafirmado su oposición a una apertura de las negociaciones sobre los temas de Singapur. 
Pienso que está claro que no tienen nada que esperar para su desarrollo de tales negociaciones; sus prioridades no son esas, y podemos comprenderles. 
Desde los puntos de vista técnico y de los recursos humanos, estos países no se han equipado para desempeñar un papel efectivo en dichas negociaciones, que no harían sino sobrecargar un calendario que todo el mundo reconoce ya muy cargado. 
Pienso que, abandonando provisionalmente, o al menos poniendo entre paréntesis, los temas de Singapur hoy, la Unión Europea lanzaría una señal significativa y fuerte hacia el G90, a fin de mostrarle que somos sensibles a sus preocupaciones. 
Esta actitud sería incluso hábil estratégicamente, en la medida en que posicionaría a la Unión Europea de forma más positiva en materia agrícola: tendríamos más margen de maniobra. 
Por lo demás, en cuanto a la agricultura, el marco de la Organización Mundial del Comercio no es adecuado, a mi entender, para abordar los derechos y obligaciones de cada cual. 
Sería esencial y urgente relanzar un proceso de diálogo en el seno de una instancia como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) , a fin de debatir con serenidad sobre seguridad alimentaria y protección y desarrollo del medio rural. 
Pienso, en particular, que un expediente urgente como el del algodón, que se puso sobre la mesa en Cancún, debería recibir por parte de la Unión Europea una prioridad absoluta, y agradecería a los Comisarios que lo tuvieran en cuenta. 
– Señor Presidente, aplaudimos el reciente anuncio realizado por los norteamericanos de que vuelven a pensar otra vez multilateralmente. 
Después del fracaso de las conversaciones de Cancún, había algunos signos preocupantes de que los Estados Unidos querían abandonar las reglas multilaterales y forzar una serie de acuerdos bilaterales en todo el planeta. 
En el contexto de las conversaciones de la OMC, me preocupa sobre todo la agricultura. 
Me parece preocupante el ruido que arman ahora los norteamericanos a este respecto y creo que están intentando cambiar las reglas del juego en lo que respecta a la agricultura. 
Los agricultores europeos han suscrito un acuerdo de reforma que implica un tremendo trastorno en el sector, pero por lo menos saben adónde van. 
Es totalmente inaceptable sugerir una reapertura del Acuerdo de Luxemburgo del año pasado. 
Nuestros agricultores necesitan estabilidad política para planificar el futuro de sus empresas y el sustento de sus familias. 
No es cuestión de que nos retractemos, presionados por los norteamericanos, de cualquiera de los compromisos que hemos asumido con nuestros agricultores. 
Pido a la Comisión que declare sin rodeos que no tolerará tal presión y que defenderá rigurosamente el acuerdo vigente. 
Por último, también quiero recordar a la Comisión que no existe ningún mandato para negociar la supresión del actual régimen de restituciones a la exportación. 
No podemos permitir que los norteamericanos reclamen el fin de las restituciones a la exportación mientras siguen utilizando un gran número de mecanismos que tienen exactamente el mismo efecto con respecto a los agricultores norteamericanos. 
Señor Presidente, como he observado antes en esta Asamblea, la caridad cristiana nos obliga a adoptar un enfoque más constructivo de la agenda de desarrollo. 
Y desde este punto de vista quiero hacer diversos comentarios sobre la estrategia actual. 
El primero tiene que ver con la agricultura. 
La UE acordó un marco con los Estados Unidos antes de Cancún. 
El Representante de Comercio de los Estados Unidos, el Sr. Zoellick, se ha declarado recientemente a favor de reanudar las negociaciones en la actual ronda comercial. 
Supongo que el Comisario estará manteniendo consultas con él con miras a llegar a un marco que esboce unos compromisos claros. 
Un segundo elemento en la Agenda de Desarrollo de Doha es la fabricación e importación de productos medicinales no patentados para los países en vías de desarrollo que están atravesando una grave crisis sanitaria. 
Es preciso simplificar el complejo procedimiento de importación de medicinas baratas. 
Los Estados Unidos son un agente estratégico en este sentido, por lo que es preciso acordar con ellos una solución más viable. 
En el documento de la Comisión no encuentro la aclaración necesaria acerca de este punto. 
Por último, esta ronda comercial es una ronda de desarrollo. 
Las negociaciones no han de centrarse en los temas de Singapur, sino sobre todo en los temas de desarrollo. 
Señor Presidente, Comisario Lamy, Comisario Fischler, aprecio y apoyo la estrategia de la Comisión orientada al multilateralismo. 
Mucho más que los Estados Unidos, Europa necesita bases multilaterales a fin de desarrollar el comercio internacional. 
Hay un punto, señor Presidente, señores Comisarios, sobre el cual estoy en total desacuerdo. 
El Comisario Lamy ha dicho que, en lo que respecta a la agricultura, se han reanudado las negociaciones y la Unión Europea ya no siempre está a la defensiva. 
Creo que, a nivel político, no es del todo cierto. 
Por supuesto, los Estados Unidos también tienen problemas agrícolas, desde el punto de vista del proteccionismo, al igual que el Japón; pero Europa sigue siendo una piedra angular del sistema mundial de proteccionismo y las ayudas estatales para los agricultores de los países ricos. 
La llamada reforma no ha logrado suficientes progresos en este sentido. 
Basta con mirar los presupuestos de la Unión Europea: seguimos gastando el 40% del presupuesto de la Unión en subvencionar y proteger a los agricultores ricos, que representan un sector en declive en la economía europea. 
¿Es posible que algunas personas no comprendan que estamos discutiendo acerca del futuro del comercio internacional de Europa? 
¿Hemos de discutirlo con el Comisario Lamy – ¡y eso sería el colmo! – y con el Comisario Fischler? 
Personalmente no tengo nada en contra del Comisario Fischler, pero tenemos el representante de la Comisión o del Consejo para agricultura, y no para tecnología o para industria. 
¿Cómo es eso posible? 
Para finalizar, señor Presidente, la agricultura sigue siendo el obstáculo en las negociaciones clave sobre el comercio mundial de Europa y el proteccionismo agrícola está perjudicando a Europa ante los países en vías de desarrollo. 
– Señor Presidente, el reiterado apoyo dado hoy a las posiciones negociadoras de ambos Comisarios por nuestro Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, indica que también nosotros estamos a favor de que todo el mundo se mueva, cuando hay negociaciones sobre agricultura, para garantizar que tales negociaciones se mantienen realmente, y que los demás participantes en ellas nos seguirán, no solo anunciando reformas, sino también aplicándolas. este es mi primer punto. 
El segundo es que nuestro actual apoyo para el mandato dado a la Comisión y al Consejo también significa que en este parlamento Europeo hemos de ser coherentes. 
No es aceptable que, en esta Asamblea, apoyemos a la Comisión por una amplia mayoría, al tiempo que en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, el mismo Grupo y el mismo ponente preparen informes que son diametralmente opuestos a lo que hemos dicho a la OMC. 
Me refiero a las negociaciones sobre los acuerdos de asociación regionales en que han de aplicarse los mismo principios, incluyendo cosas como los temas de Singapur. 
Lo que consideramos de máxima importancia es la apertura recíproca de los mercados y, por supuesto, el tratamiento preferente de nuestros amigos de ACP. 
Sin embargo, no podemos enviar dos mensajes contradictorios y en el Grupo del Partido Popular Europeo, quizás junto con otros diputados que forman una mayoría de esta Asamblea, nos aseguraremos de que sigamos siendo coherentes. 
El tercer punto es que, si queremos activar nuestra dimensión parlamentaria, en esta Asamblea hemos de intentar desempeñar un papel significativo y destacado que –por muy difícil que sea– significará la constante implicación de nuestros socios en el Congreso de los Estados Unidos. 
A fin de cuentas, son nuestros principales socios comerciales y no queremos vernos arrastrados detrás de los indios o chinos. 
– Señor Presidente, quisiera decir en primer lugar, en respuesta a la observación que acaba de hacer la Sra. Plooij para destacar el gran número de colegas neerlandeses presentes, que no es únicamente porque ni nombre de pila sea de origen neerlandés –lo es en efecto– que participo hoy en este debate, sino porque creo que todos estamos, como representantes electos de la Unión Europea, muy preocupados por el relanzamiento de las negociaciones comerciales multilaterales. 
Creo, señores Comisarios, que el elemento más notable de la comunicación que ustedes presentaron al Consejo el 26 de noviembre es en efecto el giro en redondo sobre los temas de Singapur. 
Como ha dicho el Comisario Lamy, me alegro de haber sido uno de los diputados de esta Cámara que le indicaron hasta qué punto las negociaciones sobre los temas de Singapur suponían una carga que hundía inútilmente toda la empresa. 
Por lo demás, tal como ha recordado el Sr. Lannoye, creo que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no es el foro adecuado para tratar algunos de estos temas. 
Quisiera decirle simplemente hasta qué punto sería una vergüenza, hoy, hacer demasiado poco y demasiado tarde. 
Usted tuvo ocasión de comprobarlo al final de la Conferencia de Cancún: cuando el último día quiso indicar que estaba dispuesto a retirar algunos de estos temas, ya no había confianza, y esa iniciativa no fue suficiente para relanzar la conversación. 
De hecho, hoy acepta usted excluir varios de los temas de Singapur –las inversiones y la competencia– del, del acuerdo global, manteniéndolos sin embargo en la negociación potencial a través de los acuerdos plurilaterales que quiere negociar: así va a alimentar la desconfianza y la hostilidad. 
Creo que, al contrario, hay que realizar todos los esfuerzos posibles por restablecer la confianza entre la Unión Europea y los países en desarrollo. 
Esto apunta al problema que tenemos al leer su comunicación. 
Da la sensación de que intenta sacar consecuencias del fracaso del Cancún, pero al mismo tiempo parece que recorre solo la mitad del camino y lo hace andando hacia atrás. 
Como si quisiera que todo cambiase a condición de que nada cambiase, por retomar la expresión de Lampedusa. 
Por ejemplo, quiere mantener su mandato de negociación, que es anterior a Seattle, pidiendo que sea modificado lo menos posible. 
Quiere mantener sus posiciones sobre la agricultura. 
Quiere mantener los objetivos iniciales de la Unión Europea en materia de liberalización de los mercados de los países en desarrollo, o de liberalización de los servicios, con una ambigüedad muy significativa por lo que se refiere a los servicios públicos, como se nos ha recordado. 
En efecto, dice que no deben verse afectados, pero al mismo tiempo indica que quiere liberalizar los servicios medioambientales, que figuran entre los servicios públicos más importantes. 
Pienso evidentemente en el agua. 
Hace usted incluso una afirmación muy discutible. 
Dice que en su opinión, y le cito, «la OMC no es un sistema estructuralmente no equitativo que necesita ser reequilibrado». 
Creo que, al afirmar algo así, da la espalda al espíritu de Doha, que era precisamente reconocer ante nuestros interlocutores de los países en desarrollo que el sistema comercial, desde el final del ciclo de Uruguay, no había cumplido sus promesas, no había funcionado de forma equitativa en beneficio del desarrollo de todos y era necesario equilibrarlo. 
Desde este punto de vista, la comunicación de la Comisión se caracteriza por unas posiciones que pueden frenar la reanudación del diálogo. 
Pienso, por ejemplo, en la muy severa crítica al sistema de preferencias o al sistema de trato especial y diferenciado. 
El año 2004 no debe ser un año perdido. 
Celebro que haya retomado usted su cayado de peregrino para reanudar el diálogo con los países del G20 y del G90. 
Es una actitud que rompe con el discurso mantenido en Cancún, que en ocasiones resultaba muy despreciativo para con esos países. 
Hay que reformular la agenda, hay que recrear la confianza en torno a la Agenda de Doha –pero una Agenda de Doha mejorada– y en torno a una profunda reforma de la OMC, de su funcionamiento, de sus reglas, de sus dogmas, de forma que esta organización esté realmente al servicio del desarrollo de todos. 
Hay que reequilibrar, pues, este sistema comercial internacional, y no mantener solo la prioridad de la liberalización y el libre comercio, que solo pueden ser injustos cuando los diversos agentes son tan diferentes. 
Señor Presidente, es sabido que la más reciente conferencia ministerial en Cancún acabó en un triste fracaso. 
Por ello es bueno que ahora la Comisión Europea quiera emprender una nueva acción para reanudar las actuales negociaciones. 
La ronda de desarrollo propuesta no debe fracasar; ha de cerrarse con éxito. 
A fin de cuentas, hay mucho en juego. 
Existe un potencial riesgo de que la Organización Mundial del Comercio y el sistema de comercio multilateral se vean completamente socavados. 
Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales no son una alternativa viable en un mundo cada vez más globalizado, y en un sistema que ha contribuido a un crecimiento estable y sostenible durante casi 55 años. 
Por ello, va siendo hora, no solo de mantener debates de contenido, cosa que aplaudimos, sino también de mejorar los métodos de trabajo de la OMC. 
Negociar y tomar decisiones por consenso en un foro con 148 miembros exige unos procedimientos actualizados, simples y eficaces, y esto es lo que precisamente no son los procedimientos de la OMC en estos momentos. 
Estoy profundamente convencido de que la OMC es más necesaria que nunca, porque, sobre todo en lo que respecta a la Unión Europea, una mayor liberalización del comercio mundial y la eliminación de barreras al comercio son la clave para incrementar el crecimiento económico y el empleo. 
– Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, tras el fracaso de la conferencia de la OMC en Cancún, la reunión de diciembre del Consejo de la OMC en Ginebra tampoco dio resultados, por consiguiente, una vez más, se demuestra que la OMC atraviesa una crisis y que las políticas comerciales que practica ya no son sostenibles. 
Más pruebas de ello las ofrece la creciente resistencia a la política comercial de la OMC por parte del movimiento social internacional. 
La Comisión desempeña un papel decisivo en la actual política comercial de la OMC. 
Su enfoque táctico demuestra que lo que realmente le importa no es una política de desarrollo y un comercio justo mundial, sino únicamente el libre comercio. 
Han preguntado ustedes si mi Grupo les daría un mandato para hacer las cosas que han descrito. 
Solo puedo decir que no lo haremos. 
¿Para qué deberíamos darles un mandato? 
Para empezar, va siendo hora de que cumplamos las exigencias de muchos países en vías de desarrollo y procedamos a evaluar lo que han logrado hasta la fecha las políticas de la OMC. 
En segundo lugar, las subvenciones a la exportación agrícola, que están arruinando a millones de agricultores en los países del sur, han de acabarse de una vez por todas. 
En lugar de inundar a los países en vías de desarrollo con productos agrícolas europeos a precios de «dumping» , la Unión Europea ha de ayudar a estos países a desarrollar unos mercados interiores y una actividad económica regional sólidos. 
En tercer lugar, es preciso detener las negociaciones del AGCS, que conllevarán unas rondas masivas de liberalización en ámbitos de prestación de servicios de interés general que hasta ahora se habían salvado. 
Es otro ejemplo de que, en lugar de señalar el principio de nuevas rondas de liberalización, la Comisión haría mejor en prestar más atención a la evaluación de lo que se ha logrado hasta ahora. 
Voy a hacer una predicción: el balance no será muy positivo, ya se trate en cuanto a la calidad, la seguridad de suministro o la estabilidad de precios. 
En cuarto lugar, no es necesario realizar cambios en lo que llamamos los temas de Singapur; simplemente hay que eliminarlos. 
En lugar de explayarse interminablemente sobre las competencias de la OMC y añadir nuevos temas de negociación a la agenda, es preciso tratar las tareas pendientes en la agenda de desarrollo. 
En concreto, el trabajo de la OMC ha de volver a centrarse en tareas horizontales como el desarrollo sostenible y la salud pública. 
En quinto lugar, hemos de someter a control las estructuras de la OMC y la manera en que trabaja. 
Pedimos que sea democrática, con transparencia en todas las negociaciones, que todos sus Estados miembros sean tratados como iguales y que se revise todo el procedimiento de solución de litigios. 
En especial, pedimos que la OMC sea una parte en los tratados internacionales de la ONU y la OIT. 
– Señor Presidente, observo que el fracaso –realmente dramático– de la reunión de Cancún, que habría debido tener un efecto de electrochoque, en especial para los europeos, de hecho no ha dado pie a ninguna verdadera reflexión de fondo sobre la naturaleza del proceso de liberalización del comercio mundial que se ha emprendido. 
Desde entonces, no se ha hecho ninguna propuesta realmente innovadora para mejorarlo de forma sustancial. 
Dada la importancia que reviste la cuestión agrícola, habría estado bien preguntarse, en particular, si es pertinente integrarla en un proceso que, en su forma actual, no permite tener en cuenta sus especificidades, a pesar de tratarse de un sector que condiciona la soberanía alimentaria y constituye la base del desarrollo. 
Cabía pensar que los países europeos, por la importancia que han concedido a estos dos parámetros, eran los indicados para plantear esta cuestión clave. 
No ha sido así, como hemos visto. 
Lamentamos esta omisión, ya que hipoteca seriamente el futuro mismo del proceso. 
Dado que ha llegado a la hora de la votación, suspenderemos el debate y proseguiremos esta tarde. 
– Señorías, antes de empezar la votación, quiero dar la palabra al Sr. Zappalà para una propuesta sobre una cuestión que no resolvimos al inicio de la sesión de ayer, a saber, cuándo votar sobre su informe: el jueves aquí en Estrasburgo, o durante el periodo parcial de sesiones en Bruselas, teniendo en cuenta, sin embargo, el hecho de que, según nuestro orden del día, el debate sobre esta cuestión se ha planificado en cualquier caso para el jueves por la mañana. 
. 
Señor Presidente, nosotros –y por consiguiente, yo personalmente como ponente– estamos de acuerdo con la solicitud de Grupo del Partido de los Socialistas Europeos de celebrar, si es posible, el debate el jueves por la mañana a las 10.00 horas y aplazar la votación –que fue definitiva en la primera lectura– hasta el siguiente periodo parcial de sesiones, es decir hasta el periodo parcial de sesiones a finales de mes en Bruselas. 
. – Señor Presidente, mi intervención será muy breve. 
Este Convenio constituye el primer instrumento global de lucha contra las redes delictivas que contiene unas definiciones universales de conceptos fundamentales de Derecho penal en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. 
La comunidad internacional dispone ahora de un instrumento completo para luchar de forma concertada contra el desarrollo creciente del crimen organizado. 
Pido, pues, a los Estados miembros de la Unión Europea que todavía no han ratificado este Convenio que lo hagan rápidamente. 
. – Señor Presidente, el Consejo de la Unión Europea ha afirmado tres veces en sus cumbres que en el futuro, la agricultura también podrá practicarse en aquellas regiones que tienen problemas especiales. 
Ganarse la vida con la agricultura tiene una considerable importancia para estas regiones pues allí existe un deseo de mantener el campo vivo y habitable. Asimismo tiene un valor cultural y medioambiental. 
Creo que es importante que cualquier reforma en la política rural tenga en cuenta los criterios que se aplican a las zonas agrícolas septentrionales. 
En mi informe propongo que la Comisión establezca unas definiciones y criterios claros, basados en el clima, la duración de la temporada de crecimiento, la baja densidad de población y la posición ultraperiférica, para garantizar que puedan tenerse en cuenta las desventajas permanentes de las regiones agrícolas septentrionales. 
Mi premisa básica es que es preciso desarrollar una gama de medidas en la política agrícola común de forma que tenga más en cuenta las condiciones especiales que prevalecen en las zonas agrícolas septentrionales. 
Una idea es regionalizar la PAC y hacerla más flexible, para que puede identificar con mayor eficacia que ahora las condiciones previas necesarias para que las granjas que funcionan en diferentes zonas puedan competir en pie de igualdad en el mercado único. 
. – Señor Presidente, lamento haber reaccionado con demasiada lentitud. 
Quiero borrar mi nombre del informe Breyer en vista de la decisión de la mayoría de esta Asamblea de apoyar las centrales nucleares en construcción dentro y fuera de la UE, que es diametralmente opuesta a mi propia posición. 
Por ello quiero pedirle que haga constar en acta que deseo dimitir como ponente de este informe. 
Señor Breyer, un ponente suele hacer su explicación antes de la votación final, pero comprendo que quizás hayamos procedido demasiado rápido en la votación. 
Sin embargo su explicación se hará constar en acta. 
A pesar de la evidente diversidad vegetal inherente en la naturaleza en el ámbito que tratamos, que se merece su propio Instituto Comunitario, durante mucho tiempo las variedades vegetales no han sido solamente bienes de estudio y de consumo, y la actividad creativa humana ha desempeñado claramente un papel en su desarrollo. 
Dada la multiplicidad de los derechos de propiedad industriales que está en juego en esta cuestión y las características específicas inherentes a ella, he votado a favor porque acepto la necesidad, recalcada por el Consejo y la Comisión, de compatibilizar el sistema comunitario para la protección de las variedades vegetales con la directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
El valor de la certidumbre jurídica y de la protección de los creadores e inventores, el entretejido de estas situaciones y su importancia hoy aconsejan que se asegure la coherencia de los sistemas de los derechos de explotación y de las licencias recíprocas de variedades vegetales que incorporan invenciones protegidas por patentes. 
Esta armonización garantizará en concreto que el titular de una patente biotecnológica pueda utilizar una variedad vegetal que contenga su invención, siempre que el titular del derecho de protección de la variedad vegetal se niegue a conceder una licencia contractual y aquella invención represente un progreso técnico significativo de considerable interés económico. 
. 
La pesca ilícita, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es una práctica muy destructiva, una modalidad de pesca que daña la conservación y la gestión sostenibles de las poblaciones de peces. 
La pesca del atún es uno de los tipos de pesca más afectados por estas prácticas ilegales. 
Habría que añadir que las flotas comunitarias se encuentran entre los más grandes explotadores de estas poblaciones. 
En este contexto, la UE ha desempeñado un papel destacado a la hora de combatir este tipo de pesca, especialmente luchando contra los pabellones de conveniencia. 
Sin embargo, estas medidas han demostrado ser claramente inadecuadas. 
En Portugal, sobre todo en la costa del Algarve, estamos muy familiarizados con la pesca INDNR, pero no repetiré las acusaciones que ya he hecho en esta Asamblea. 
Sin embargo, apoyo este informe que, en mi opinión, ayudará a preservar las poblaciones de peces y a calmar algo las aguas comunitarias. 
Apoyo este informe porque insta a los Estados miembros a hacer esfuerzos para evitar que sus ciudadanos tomen parte en actividades de pesca ilícita. 
Felicito a la Sra. McKenna por este informe que, cuando se ponga en práctica, podrá resolver eficazmente problemas con los que estamos familiarizados, aunque nos resulte difícil combatirlos. 
la cuestión que tenemos ante nosotros tiene que ver con la adecuada propuesta de actualizar un reglamento comunitario que aúna las medidas de control acordadas por diferentes Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). Desde la aprobación del reglamento, las ORP han adoptado nuevas medidas que han de transponerse a la legislación comunitaria. 
En especial, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) , una ORP que ha desempeñado un destacado papel a la hora de combatir la pesca ilícita, no reglamentada y no declarada, propone ahora un paquete de medidas con las que hacer frente a esta práctica destructiva, concentrándose en la pesca realizada por buques que enarbolan pabellones de conveniencia 
Otra situación que hay que solucionar es la mala calidad de los datos presentados por los países de pabellón que, aparte de ser una de las obligaciones más fundamentales del país del pabellón, hace menos viable la evaluación de las poblaciones. 
Dado que los buques comunitarios constituyen una de las principales flotas que pescan estas poblaciones, la UE ha de adoptar una postura responsable y dar ejemplo. 
Me uno al ponente para aplaudir los esfuerzos realizados por la OCCAT para abordar estos problemas en este ámbito de reglamentación, aceptando una postura que inspirará a otras ORP y otros desarrollos internacionales en este ámbito. 
He apoyado este informe y he votado a favor del mismo. 
. 
Apoyo este excelente informe del Sr. Pirker, que propone una remodelación de la acción común de 1997, con el objetivo de luchar contra las nuevas drogas sintéticas de forma más rápida y eficaz. 
Nos enfrentamos al problema de un aumento progresivo de la fabricación y comercio de drogas sintéticas y deben establecerse urgentemente formas de control rigurosas y eficaces. 
Esta propuesta pretende actualizar esta acción común y, al mismo tiempo, garantizar una mayor transparencia y ampliar su ámbito de aplicación en lo que respecta al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas. 
Este ha sido un instrumento extremadamente eficaz para garantizar un rápido intercambio de información, y el ámbito de aplicación se amplía ahora a todas las nuevas drogas sintéticas y nuevos estupefacientes, incluidas las drogas que podrían calificarse de medicamentos. 
También es positivo que se simplifiquen las estructuras, tal como propone el ponente, de forma que los intercambios de información y las evaluaciones del riesgo se realicen de la forma más simple y eficaz posible. 
Esperamos que la acción común no se limite a funcionar como un simple mecanismo de respuesta rápida, sino que también sirva en el futuro para proporcionar un control a largo plazo de las sustancias sintéticas a través de un constante intercambio de información entre los Estados miembros, Europol y el OEDT. 
Este informe de carácter principalmente técnico pretende actualizar y ampliar el ámbito de aplicación de la acción común y mejorar el intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las drogas sintéticas y los estupefacientes basándose en procedimientos actuales como el «sistema de alerta rápida» , mecanismo de evaluación de los riesgos sociales para la salud, entre otros –por parte de un comité científico– y el procedimiento de control por parte de los Estados miembros. 
Se espera que, en el futuro, no nos limitemos a aplicar el mecanismo de respuesta rápida, sino que también se controlarán, a largo plazo, las nuevas drogas sintéticas mediante un proceso continuo de intercambio de información. 
Al igual que mi Grupo, comparto la intención del ponente de destacar como objetivo la simplificación de la estructura de intercambio de información, proponiendo un conjunto de enmiendas que pretenden hacer que todo el proceso sea más eficaz. 
Por ello, este informe merece nuestro amplio apoyo. 
La propuesta de la Comisión pretende actualizar, mejorar y ampliar la acción común de junio de 1997 sobre el intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas a través de Europol y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT). 
Articulándose en torno a tres elementos –un sistema de alerta rápida, la evaluación del riesgo por parte de un comité científico, la acción de la UE para someter las sustancias notificadas a medidas de control en los Estados miembros–, la acción común ha probado su eficacia, justificando totalmente su existencia y los procedimientos de aclaración, y yo, al igual que el ponente, celebro que se extienda su ámbito de aplicación a las nuevas drogas, además de la introducción de fechas límite para cada fase del proceso. 
Habiendo recibido el apoyo de una amplia mayoría en la comisión parlamentaria competente, esta propuesta, con las enmiendas presentadas por el ponente, responde a los deseos de aquellos que no desisten en la lucha contra las drogas ni optan por el camino de una menor resistencia, que elimina cualquier responsabilidad. 
He votado a favor porque considero que esta es un área de enorme importancia para el futuro de las poblaciones de los Estados miembros, sobre todo para los más jóvenes, que justifica en gran medida acciones estrechamente coordinadas que permitirán una rápida reacción y un control eficaz de la naturaleza, el origen, el tráfico y el consumo de nuevos estupefacientes y nuevas drogas sintéticas. 
. 
Celebro la firma por parte de la Comunidad Europea de la convención contra el crimen organizado, es decir, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los respectivos protocolos contra el tráfico de personas y la introducción clandestina de inmigrantes. 
Esta convención tan importante constituye el primer instrumento legalmente vinculante de las Naciones Unidas en este campo, además de ser el primer instrumento mundial diseñado para luchar contra las redes delictivas, estableciendo definiciones universales de determinados conceptos de derecho penal relativos a la lucha contra el crimen organizado. 
Es necesario instaurar una cooperación lo más amplia posible, basada en procedimientos comunes y la armonización mínima de las normas jurídicas. 
Este es el único modo en el que podemos luchar de forma más eficaz contra el crimen internacional, evitando que las redes delictivas exploten las diferencias y lagunas que existen en la legislación de los Estados miembros. 
Esta Convención debe permitir que los estados signatarios cooperen de forma más eficaz en la lucha contra el crimen organizado armonizando las definiciones de infracciones en los distintos sistemas legales nacionales. 
Existirán cuatro tipos de infracciones graves: implicación en una red delictiva organizada, blanqueo de dinero, obstrucción a la justicia y corrupción. 
Dadas las condiciones de vida de extrema pobreza de millones y millones de inmigrantes y víctimas del tráfico de personas en todo el mundo y en Europa, que son obligados a soportar situaciones de humillación y explotación inaceptables, sin ningún derecho, celebro la conclusión del acuerdo del Consejo sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus correspondientes protocolos contra el tráfico de personas y la introducción clandestina de inmigrantes. 
Se trata de un instrumento de derecho internacional que contribuirá a una cooperación más estrecha entre los países en la lucha contra el crimen organizado, en concreto mediante la armonización de la definición de las infracciones (implicación en una red delictiva organizada, blanqueo de dinero, obstrucción a la justicia y corrupción) , a través de medidas que incluyen la mutua asistencia jurídica y las investigaciones conjuntas. 
Los protocolos, a su vez, están diseñados para habilitar medidas que deben desarrollarse para luchar contra el tráfico de personas –en especial mujeres y niños– protegiéndolas de la esclavitud, la explotación sexual y el trabajo ilegal. Estas medidas incluyen la ayuda y el apoyo a las víctimas. 
Se trata de medidas que deben aplicarse de forma urgente y eficaz, y que deben complementarse con otras políticas para combatir las causas sociales profundamente arraigadas de la actual delincuencia económica organizada, desde el crimen financiero hasta la explotación de hombres, mujeres y niños. 
. Los diputados conservadores al Parlamento Europeo apoyan la cooperación en cuestiones relativas al crimen organizado internacional sobre una base intergubernamental en el marco de la ONU. 
Sin embargo, no podemos apoyar la creciente tendencia a la armonización del derecho penal a escala europea, pues es innecesaria y poco práctica. 
Por ello nos abstendremos en la votación sobre este informe. 
La Convención de las Naciones Unidas tiene la intención de permitir a los países signatarios que cooperen de forma eficaz en la lucha contra el crimen organizado, mediante la armonización de la definición de crimen en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, de forma que un acto que constituye un delito en un Estado signatario también se considere un delito en los demás países signatarios. En este contexto, este será el primer instrumento global para luchar contra las redes delictivas, que proporcionará definiciones universales de determinados conceptos fundamentales de derecho penal en la lucha contra el crimen organizado. 
Con respecto a los dos Protocolos, estos establecen rigurosas medidas concebidas para luchar contra el tráfico de personas –en especial mujeres y niños–, protegiéndolas de la esclavitud, la explotación sexual y el trabajo ilegal. 
En este contexto conviene señalar que se incluyen medidas para proporcionar asistencia jurídica y material a las víctimas del tráfico de personas. 
El artículo 6 obliga por lo tanto a los Estados signatarios no solo a garantizar que se facilita información sobre los procedimientos administrativos y judiciales en vigor, sino también a adoptar medidas concebidas para garantizar la recuperación física y psicológica de las víctimas del tráfico de personas. 
Dada la importancia de los temas en cuestión y la naturaleza auténticamente pionera de esta Convención, mi voto solamente podría ser favorable. 
. 
Apoyo esta iniciativa y destaco la necesidad urgente de adoptar una serie de normativas sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. 
Se han producido varios desastres medioambientales, como el reciente hundimiento del, frente a las costas de Galicia. 
Deberían adoptarse las medidas necesarias relativas a la contaminación de los barcos, con el fin de evitar que este tipo de catástrofes se repita. 
Estoy de acuerdo con la declaración del ponente de que la propuesta de una directiva sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal deberá adoptarse lo más rápidamente posible, previendo la armonización de las sanciones penales y otras sanciones disuasivas aplicables a los actos graves de contaminación por incumplimiento de la legislación comunitaria. 
Esta Decisión marco tiene el propósito de reforzar este marco de legislación penal con medidas concebidas para armonizar las disposiciones normativas y legislativas de los Estados miembros sobre la contaminación procedente de los buques, para establecer la competencia jurisdiccional (mediante la prevención de conflictos de competencia) y promover la cooperación entre Estados miembros (mediante el establecimiento de puntos de contacto para el intercambio de información). 
Debemos poner fin a la variación de los actuales niveles de sanción, que en definitiva distorsiona las posibles consecuencias, en concreto las financieras, de un incidente de contaminación para el lugar en el que se produce, debido a que esta contaminación puede afectar a varios Estados miembros de la Unión. 
. Los diputados conservadores al Parlamento Europeo creen que la contaminación provocada por los barcos es un problema que hay que abordar. 
Estamos de acuerdo con algunas de las medidas propuestas en el informe, incluido el establecimiento de equipos de investigación conjunta. 
Sin embargo, no podemos apoyar la creciente tendencia a la armonización del derecho penal dentro de la UE y por ello no podemos apoyar este informe. 
A la luz de la catástrofe del petrolero y la propuesta aprobada por esta Asamblea, por iniciativa del signatario, para crear un programa comunitario con el exclusivo objetivo de desarrollar mecanismos para proteger las fronteras exteriores de la UE, en concreto sus fronteras marítimas, he seguido este debate con gran interés. 
Cualquier medida adoptada en nombre de la seguridad marítima es positiva y corresponde a una necesidad general correctamente identificada. 
Conviene centrarse no solo en los accidentes, sino también en las principales fuentes de contaminación marítima, que son las infracciones sistemáticas de la legislación en este terreno. Esto también refleja la sensibilización política en torno a los problemas medioambientales que nos afectan. 
Por lo tanto, he votado a favor de los informes sobre seguridad marítima, a excepción del informe Pex, ya que no estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de crear un cuerpo de guardacostas europeo. 
La UE tiene la obligación de promover la seguridad marítima y no debe estar exenta de esta obligación en ninguna circunstancia. 
Sin embargo, la creación de un cuerpo de guardacostas europeos significaría ir demasiado lejos. Sería mejor fomentar el aumento de la cooperación más estrecha entre los Estados miembros, que a su vez promueva una mayor interoperabilidad y compatibilidad de los recursos disponibles en el plano intracomunitario e impida duplicaciones y solapamientos inútiles. 
Con respecto a la enmienda 22, creemos que es extremadamente importante tomar medidas contra las infracciones medioambientales en el mar. 
Celebramos el aumento de la cooperación europea entre los guardacostas nacionales en lo que respecta a las operaciones comunes, la planificación y el desarrollo de competencias. 
Por lo tanto, no creemos que exista la necesidad de desarrollar una nueva organización paralela de ámbito europeo. 
Estamos deseando ver la labor de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
. – He votado a favor del informe Pex porque supone un gran paso en la lucha por la mejora de la seguridad marítima. 
¿Es necesario recordar que más de 6 millones de toneladas de residuos contaminantes se vierten al mar cada año de forma voluntaria? 
¡Es imperativo luchar implacablemente contra los filibusteros del mar, que consideran los océanos un vertedero! 
Los contaminadores deben ser sancionados severamente y todas las partes implicadas en el transporte de mercancías deben ser conscientes de sus responsabilizadas. 
Vale más prevenir que curar. 
La lucha contra estas personas sin escrúpulos debe ser más eficaz y reflejar más la realidad. 
En efecto, el número de personas cogidas en flagrante delito es mínimo en comparación con el número real de contaminaciones deliberadas. 
Además, a menudo hay un largo procedimiento antes de que esas personas sean juzgadas y severamente sancionadas, lo cual no siempre sucede, para que no reincidan. 
Apoyo, como primer paso, la cooperación entre las policías marítimas de los distintos Estados costeros. 
Después, podría constituirse un servicio de guardacostas europeo, siempre que su eficacia sea estrictamente controlada. 
Este informe forma parte del paquete de propuestas sobre seguridad marítima planteado tras la catástrofe del petrolero. 
Conviene señalar que la contaminación marítima por parte de los petroleros no se produce solamente a raíz de accidentes; también la provocan los vertidos ilegales. 
Por este motivo, la propuesta trata de incorporar a la legislación comunitaria las normas internacionales vigentes que regulan las descargas –como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL) – y para fijar directrices orientativas sobre la naturaleza de las penalizaciones a imponer. 
Sin embargo, debemos recordar que esta batalla no se ganará solamente con una nueva legislación; esta legislación debe aplicarse y controlarse de forma eficaz, lo que requiere medios adecuados. 
Rechazo la propuesta de crear un cuerpo de guardacostas europeo (enmienda 6) , no solo por los problemas de soberanía que plantea, sino también porque no es la mejor solución para garantizar el cumplimiento de las leyes y el control, ni responde al problema fundamental de los recursos. Esta propuesta contiene por lo tanto ideas más amplias que la de simplemente luchar contra la contaminación. 
Lo que se necesita es una cooperación eficaz y los intercambios de información entre las diversas guardias costeras nacionales y garantizar que cada Estado miembro aporte la financiación de recursos adecuados para el control de la contaminación marítima y la lucha contra esta; en este terreno, el presupuesto comunitario podría hacer una contribución importante. 
. Los diputados conservadores al Parlamento Europeo acogen con gran satisfacción las propuestas de establecer una legislación que permita enjuiciar a los responsables de los vertidos ilegales de petróleo o productos químicos de los barcos. 
El Reino Unido ya aplica sanciones penales a los vertidos ilegales, tal como se especifica en el Convenio MARPOL y, como tales, las cuestiones relacionadas con el derecho penal deberían ser competencia de los Estados miembros y no de la Comunidad. 
Sin embargo, no creemos que la creación de un servicio de guardacostas europeo sea práctica o necesaria, dado que es contradictoria con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Por esta razón no podemos apoyar las enmiendas que piden la creación de un servicio europeo de guardacostas. 
A la luz de la catástrofe del petrolero y la propuesta aprobada por esta Asamblea, por iniciativa del signatario, para crear un programa comunitario con el exclusivo objetivo de desarrollar mecanismos para proteger las fronteras exteriores de la UE, en concreto sus fronteras marítimas, he seguido este debate con gran interés. 
Cualquier medida adoptada en nombre de la seguridad marítima es positiva y corresponde a una necesidad general correctamente identificada. 
Conviene centrarse no solo en los accidentes, sino también en las principales fuentes de contaminación marítima, que son las infracciones sistemáticas de la legislación en este terreno. Esto también refleja la sensibilización política en torno a los problemas medioambientales que nos afectan. 
Por lo tanto, he votado a favor de los informes sobre seguridad marítima, a excepción del informe Pex, ya que no estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de crear un cuerpo de guardacostas europeo. 
La UE tiene la obligación de promover la seguridad marítima y no debe estar exenta de esta obligación en ninguna circunstancia. 
Sin embargo, la creación de un cuerpo de guardacostas europeos significaría ir demasiado lejos. Sería mejor fomentar el aumento de la cooperación más estrecha entre los Estados miembros, que a su vez promueva una mayor interoperabilidad y compatibilidad de los recursos disponibles en el plano intracomunitario e impida duplicaciones y solapamientos inútiles. 
Consciente de las consecuencias del desastre ecológico ocasionado por el petrolero siniestrado en noviembre de 2002, creo que los graves daños ocasionado por los vertidos ilegales de petróleo u otras sustancias líquidas nocivas ponen en peligro a las comunidades y al medio ambiente y por lo tanto deben estar sujetos a sanciones penales. 
El principio de «quien contamina paga» debe aplicarse en este terreno, tras la aprobación el pasado diciembre de una recomendación para una directiva que establece leyes comunitarias más estrictas sobre responsabilidad medioambiental. 
Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente legal, creo que esta situación no es ni mucho menos simple, dado que la directiva propuesta se basa en el artículo 80 relativo al transporte, aunque también trata de la definición de un delito. 
Por lo tanto, es legítimo cuestionar la idoneidad del procedimiento. 
También tengo ciertas reservas sobre la creación de un cuerpo de guardacostas europeo, dado que esta es una atribución propia de los Estados miembros, sin afectar a la estrecha cooperación intergubernamental y de responsabilidad comunitaria en materia de equipos y medidas modernas y eficaces. 
Aunque estoy incondicionalmente a favor de los objetivos finales, no he tenido más opción que abstenerme, ya que creo que esta cuestión merece una mayor consideración, con el fin de encontrar una solución técnica a este grave problema. 
Cada año se producen miles de vertidos deliberados en el mar de desechos y restos de carga, incluidos productos químicos y petróleo. 
Por lo tanto, es indiscutible la necesidad de una legislación común en este terreno medioambiental. 
Sin embargo, no se ha demostrado, y menos todavía probado, que el método más adecuado y eficaz para afrontar estos incumplimientos de la ley sea establecer una nueva agencia europea ni un cuerpo común de guardacostas europeo. 
Una mejor coordinación entre los Estados miembros, junto con un aumento de la responsabilidad por parte de los Gobiernos de los respectivos países, puede ser igualmente eficaz. 
Por este motivo, he votado en contra de las enmiendas 6 y 22, que sin embargo han sido aprobadas (con 382 votos a favor, 82 votos en contra y 20 abstenciones, y 392 votos a favor, 71 votos en contra y 33 abstenciones, respectivamente). 
– Señor Presidente, en referencia al informe del Sr. Poignant he votado en contra de que la bandera de la UE deba ondear en todos los buques de la UE. 
La diversidad de la Unión Europea es algo que hay que aplaudir y no eliminar. 
Espero el día en que una Escocia independiente tenga su bandera en sus buques y en muchos otros lugares, pudiendo optar cuando y donde lo considere oportuno por colocar al lado una bandera de la UE. 
No creo que esta sea una de las ocasiones en que sea oportuno, necesario o deseable. 
. En principio, los diputados conservadores al Parlamento Europeo aplauden la propuestas de reglamento sobre la transferencia de buques de mercancías y pasajeros entre registros dentro de la Comunidad y admiten que esto mejorará la cooperación entre los administradores de los registros marítimos de los Estados miembros. 
Las propuestas que facilitan que los barcos de un Estado miembro de la UE entren y salgan de los puertos de la Comunidad, y por consiguiente facilitan la libre circulación de mercancías, merecen ser acogidas con agrado. 
Sin embargo, los diputados conservadores al Parlamento Europeo han votado en contra de las enmiendas que piden que los Estados miembros exhiban el emblema de la Unión Europea –es decir, un círculo con 12 estrellas doradas sobre fondo azul– en el ángulo de sus banderas porque estas enmiendas no harán nada por mejorar la seguridad marítima e incluso podrían convertir los barcos registrados de la UE en objetivos potenciales. 
. – Hemos apoyado las enmiendas encaminadas a reforzar la seguridad marítima. 
Aprobamos la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento a los buques de pasajeros, la coordinación con los demás instrumentos comunitarios y la intensificación de la cooperación entre las administraciones marítimas nacionales. 
En un momento en que la Unión Europea se amplía a Malta y Chipre y se convierte así en la primera potencia marítima mundial, estos cambios son urgentes e indispensables. 
Los dos Estados insulares deben elevar a cualquier precio el nivel moral de sus pabellones, que son auténticos pabellones de conveniencia al servicio de los «filibusteros de los mares». 
Pero también debemos denunciar a aquellos que, como Francia, han instaurado un «pabellón bis». 
Los armadores franceses ya solo utilizan el pabellón de los Territorios Australes y Antárticos Franceses. 
Así, en sus buques matriculados en Francia (lo que les permite, en particular, percibir sustanciosas ayudas y subvenciones) , emplean hasta un 65 % de marinos de nacionalidad extranjera. 
La remuneración y las condiciones de trabajo y de vida dependen, evidentemente, del país de origen del marino y no de su cualificación. 
Esta sobreexplotación permite obtener beneficios colosales al precio de la dignidad, de los derechos, de la salud y a veces incluso de la vida de tripulaciones procedentes esencialmente de los países más pobres del planeta. 
Este es el verdadero escándalo del registro de buques. 
A la luz de la catástrofe del petrolero y la propuesta aprobada por esta Asamblea, por iniciativa del signatario, para crear un programa comunitario con el exclusivo objetivo de desarrollar mecanismos para proteger las fronteras exteriores de la UE, en concreto sus fronteras marítimas, he seguido este debate con gran interés. 
Cualquier medida adoptada en nombre de la seguridad marítima es positiva y corresponde a una necesidad general correctamente identificada. 
Conviene centrarse no solo en los accidentes, sino también en las principales fuentes de contaminación marítima, que son las infracciones sistemáticas de la legislación en este terreno. Esto también refleja la sensibilización política en torno a los problemas medioambientales que nos afectan. 
Por lo tanto, he votado a favor de los informes sobre seguridad marítima, a excepción del informe Pex, ya que no estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de crear un cuerpo de guardacostas europeo. 
La UE tiene la obligación de promover la seguridad marítima y no debe estar exenta de esta obligación en ninguna circunstancia. 
Sin embargo, la creación de un cuerpo de guardacostas europeos significaría ir demasiado lejos. Sería mejor fomentar el aumento de la cooperación más estrecha entre los Estados miembros, que a su vez promueva una mayor interoperabilidad y compatibilidad de los recursos disponibles en el plano intracomunitario e impida duplicaciones y solapamientos inútiles. 
Creo que el planteamiento adoptado por este informe, relativo a la transferencia de los barcos de mercancías y pasajeros entre registros de los Estados miembros de la UE, consigue alcanzar el equilibrio adecuado entre los diversos elementos implicados. 
Mientras el Reglamento de 1991 logró su objetivo de reducir las obligaciones administrativas relativas a los cambios de bandera entre los Estados miembros, el ponente, y la Comisión Europea en su propuesta, no han perdido de vista la indispensable necesidad de seguridad, trágicamente confirmada por la catástrofe del petrolero en 2002. 
Creo que es posible hacer que resulte atractivo navegar bajo las banderas de los Estados miembros –la UE necesita tener una flota considerable– sin ser negligentes en cuestiones de seguridad. 
Lejos de centralizar todo, el ponente optó por no proponer la creación de un único registro de la UE. 
Pese a que un registro así podría abaratar los costes, solamente sería válido si pudiese sustituir a los registros nacionales por completo, lo cual no parece ser posible de acuerdo con los expertos. 
Son preferibles la cooperación y, en concreto, el establecimiento de responsabilidades recíprocas entre las autoridades marítimas nacionales, que realmente contribuirán al establecimiento de la interacción regular. Esto también se verá reforzado por la propuesta del ponente de que la Comisión prepare un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las nuevas normas. 
– Señor Presidente, la votación de hoy sobre los residuos nucleares es muy oportuna, dado que recientes estudios han demostrado que más de la mitad de los lugares del Reino Unidos identificados como posibles vertederos nucleares están ubicados en Escocia. 
Mi Grupo ha votado hoy en contra el paquete nuclear porque no ofrece nada en términos de seguridad medioambiental. 
Además, mi partido sigue luchando por impedir que Escocia se convierta en un basurero nuclear. 
La visión del Partido Nacional Escocés de una Escocia independiente es la de una Escocia limpia, verde, que se beneficia de su patrimonio natural y su entorno sano. 
En cambio, Londres parece pensar que la regla a aplicar a los residuos nucleares es «cuanto más lejos, mejor» , y por ello considera que Escocia es el lugar ideal. 
La gente en Escocia sencillamente no consentirá este tratamiento y mi partido seguirá luchando contra esa sucia industria. 
. – En el informe Vidal-Quadras Roca, dedicado a la gestión del combustible nuclear irradiado y los residuos radiactivos, así como en el informe Seppänen, que trata de la seguridad de las instalaciones nucleares, hemos apoyado todas las enmiendas tendentes a imponer una mayor seguridad en el funcionamiento de las instalaciones, así como en el tratamiento y el almacenamiento de los residuos radiactivos. 
En cambio, no hemos apoyado las enmiendas que descartaban la adopción de un calendario para este refuerzo de la seguridad, en ocasiones por razones técnicas, pero dejando a fin de cuentas que los Estados miembros obren a su modo. 
Sin negar los peligros intrínsecos de la energía nuclear, el hecho de que no se pueda confiar en los gobernantes, porque siempre ponen los intereses financieros de los grupos privados por delante de los intereses humanos de la sociedad, sigue siendo el mayor peligro. 
Creemos que la necesidad de encontrar soluciones aceptables a la gestión de residuos radiactivos es uno de los principales problemas, si no problema principal que afecta a la energía nuclear. 
La Comisión considera que la política actual en la mayoría de los Estados miembros y los países candidatos no trata de forma eficaz el problema de los residuos nucleares. Es fundamental que los Estados miembros desarrollen estrategias adecuadas y preparen programas detallados con calendarios fijados para la gestión a largo plazo de todo tipo de residuos dentro de su jurisdicción. 
El objetivo de la Directiva es fomentar el progreso en este sentido, destacando la importancia de las distintas vertientes de la cuestión: la identificación y preparación de lugares de depósito, el desarrollo de trabajo de I+D necesario para identificar y aplicar las mejores soluciones técnicas de eliminación de residuos y también de tecnologías que permitan reducir significativamente la cantidad y el nivel de peligrosidad de los residuos generados durante el proceso de la producción de energía nuclear. 
Debe alentarse a los Estados miembros a que trabajen juntos sobre la gestión de residuos, sin perder de vista el principio de que cada país debe tratar sus propios residuos, excepto en circunstancias especiales, y ninguna actividad de este campo debe poner en peligro la salud pública ni el medio ambiente. 
Celebro esta Directiva, que parece estar totalmente justificada. 
Existen determinadas propuestas en el informe que no parecen ser esenciales y algunas no merecían... 
. 
Casi treinta años después de la publicación de la Directiva CEE de 1975 sobre la gestión de residuos sólidos, las instituciones de la Unión Europea han decidido finalmente tratar el tema de la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. 
En la realidad, la directiva propuesta, además de hacer un refrito de unos cuantos términos generales que se aplican a todos los residuos, no contiene ninguna referencia sustancial a la naturaleza sensible y especial, en lo que respecta a la salud pública, de los residuos radiactivos. 
Las propuestas de crear instalaciones de vertido geológico profundo dentro de plazos específicos están tan escasamente sustanciadas que de hecho no son más que simple palabrería. 
El informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía se esfuerza por apoyar el texto insuficiente de la directiva con comentarios que no son ni neutros ni mucho menos negativos. 
Por ejemplo, el informe acepta la exportación del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos a terceros países, con lo que disentimos radicalmente. 
La propuesta de directiva y el informe de la Comisión de Industria confirman una vez más nuestra evaluación de que existe un enorme vacío entre la seriedad y la naturaleza aguda de los problemas medioambientales creados por la acción incontrolada de las grandes empresas y las medidas tomadas para tratarlos. 
Por eso los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo votan en contra de los textos en cuestión. 
. – La proliferación de residuos radiactivos constituye un problema capital para el medio ambiente y la salud pública. 
Ahora bien, países como Francia relanzan su programa de construcción de nuevas centrales nucleares, que no son mejores que las antiguas desde este punto de vista. 
Al mismo tiempo, la lógica de la liberalización encierra peligros sociales y ecológicos, en particular por el recurso cada vez más masivo a la subcontratación para el mantenimiento de las instalaciones nucleares. 
En este contexto, el informe Vidal-Quadras Roca, tal como ha sido modificado, pretende contribuir sin duda a un mejor control de los residuos nucleares, pero presenta graves carencias en dos puntos: mantiene la posibilidad de que un Estado exporte residuos a un tercer país (incluso si, y es una mejora, prevé «el consentimiento informado previo» de dicho Estado) , y favorece el enterramiento profundo de los residuos radiactivos, una práctica a que se oponen firmemente las poblaciones vecinas y muchos científicos. 
Por ello, hemos votado en contra de este informe. 
El sector nuclear confirma su coste prohibitivo y se beneficia de condiciones escandalosamente ventajosas con respecto a los sectores de producción de energía «limpia». 
Hay que invertir esta lógica. 
Nos sumamos así a la manifestación unitaria a favor del abandono de la energía nuclear que tendrá lugar el sábado 17 de enero en París. 
Cuando en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado se promovió la fisión nuclear como una fuente inagotable de energía para el futuro, prácticamente no se pensó en los residuos. 
La radiactividad de este material tarda mucho tiempo en reducirse y puede durar decenas de miles de años en un nivel inferior. 
Este problema sin solución de los residuos debería ser una razón convincente para abstenerse de usar la fisión nuclear. 
En su lugar, está aumentando la presión para incrementar la capacidad de almacenaje bajo tierra para este material peligroso, por ejemplo en las cuevas de sal subterráneas en la provincia neerlandesa de Drenthe. 
En junio de 2003, pedí a la Comisión Europea aclaraciones relativas a los planes para hacer obligatorio que los Estados miembros de la UE utilizasen vertederos geológicos para el vertido permanente de las formas más peligrosas de residuos radiactivos a partir de 2018. 
En respuesta, se me dijo que un estudio sobre la evaluación del funcionamiento de los sistemas de contención geológica había demostrado que los países europeos cuentan con un subsuelo adecuado de estratos de roca cristalina, sal y arcilla. 
Por otra parte, parece que ahora se deja abierta la posibilidad de considerar estos residuos como un producto cuya entrada debe permitirse en todos los Estados miembros de la UE sin una licencia de importación en virtud de la libre circulación de mercancías. 
Dado que el Parlamento no tiene autoridad para prohibir esto, la única vía que queda para impugnar las importaciones es a través del Tribunal de Justicia de la CE. 
A mi entender, esto es un motivo suficiente para votar en contra de esta directiva en su conjunto. 
En la votación sobre los tres informes relativos a la energía nuclear, he optado por la que considero la línea política más prudente para aquellos que, al igual que yo, están a favor de esta fuente de energía, siempre y cuando se mantengan los más altos niveles de seguridad. 
Esto exigiría contar con instalaciones seguras –no solo las que están en funcionamiento– además de residuos radiactivos y combustibles gastados seguros, tanto en su destino final como en cada una de las fases en la ruta hacia el lugar para depósito de desechos. 
Todos los Estados miembros producen residuos radiactivos provenientes de plantas de procesamiento nuclear, reactores de investigación y diversas aplicaciones industriales y médicas. 
Ya es malo que estos materiales se almacenen en instalaciones temporales, pero es todavía peor que no existan planes inmediatos para construir instalaciones permanentes para el vertido de desechos en ningún Estado miembro. 
En sus propuestas, la Comisión argumenta que siempre que se explota la energía nuclear con fines comerciales, deben garantizarse niveles de seguridad adecuados y que debe obligarse consecuentemente a los países a aplicar una serie de normas. 
Es este concepto de obligación el que establece estas propuestas aparte de las convenciones internacionales ya en vigor. 
Por lo tanto, también he votado a favor de estas propuestas. 
Todos los Estados miembros y países candidatos producen residuos radiactivos, cuyas formas más tóxicas desde el punto de vista radiológico se mantienen en la actualidad en instalaciones de almacenaje temporal. 
En primer lugar, cada Estado miembro debería establecer, antes del 31 de diciembre de 2006, sus propios plazos para preparar y remitir a la Comisión un programa detallado para la gestión a largo plazo de todo tipo de residuos radiactivos dentro de su jurisdicción conforme a estándares internacionales. Una vez remitido el programa, cada Estado miembro debe establecer sus propios plazos para poner en práctica el programa, elegir un lugar, construir las instalaciones de vertido y comenzar a utilizarlas. 
Trabajar de este modo hará posible alcanzar el objetivo establecido, garantizando la flexibilidad necesaria para afrontar las diversas situaciones en la UE respecto a este tema. 
Esta solución, acorde con el principio de subsidiariedad, constituye un importante paso adelante en respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos europeos relativas a la regulación en este campo tan sensible. Mediante el establecimiento de plazos, calendarios y objetivos, también crea un marco eficaz de responsabilidad. 
Por lo tanto, he votado a favor. 
. Los moderados damos la máxima prioridad al mejor nivel posible de seguridad para la energía nuclear. 
Creemos que la organización de seguridad sueca, junto con la labor realizada por el OIEA, la WENRA y otras organizaciones existentes, cubren debidamente los requisitos para la elaboración de normas de seguridad y el control del cumplimiento de las mismas. 
Sin embargo, dudamos si la UE cuenta con la competencia necesaria basada en un Tratado para tomar decisiones sobre las directivas relativas a la seguridad de las instalaciones nucleares, al menos en lo que respecta al informe Seppänen. 
En la votación final hemos optado por votar a favor del informe, ya que no ha sido posible votar sobre la base legal propuesta para la directiva y dado que el informe es claramente mucho mejor que la propuesta de la Comisión. 
Es esencial que creemos un marco legislativo legalmente vinculante en el terreno de la seguridad de las instalaciones nucleares, dado que todavía existen importantes discrepancias entre las medidas de seguridad nuclear en los distintos Estados miembros. 
El objetivo es garantizar que se mantengan altos niveles de seguridad nuclear en la UE, dado que el sistema que se pondrá en marcha estará dentro de las competencias de las autoridades nacionales de seguridad. 
El objetivo del sistema comunitario es complementar a los sistemas nacionales. 
El control comunitario consistirá en verificar el modo en que las autoridades nacionales realizan su trabajo. 
La intención no es realizar inspecciones de seguridad sobre el terreno en las instalaciones nucleares. 
La propuesta de la Comisión podría parecer justificada. 
Sin embargo, los Estados miembros que consideran que la Comisión está interfiriendo en cuestiones de soberanía nacional podrían plantear algunas objeciones, desde el punto de vista de la competencia para tomar decisiones relativas a las condiciones para garantizar la seguridad y el funcionamiento las instalaciones nucleares. 
Por este motivo se está teniendo tanto cuidado en la redacción de las disposiciones sobre la interacción con las autoridades nacionales de seguridad y la forma que adoptará el control comunitario, lo cual consideramos el enfoque correcto. 
Por lo tanto, he votado a favor. 
En la votación sobre los tres informes relativos a la energía nuclear, he optado por la que considero la línea política más prudente para aquellos que, al igual que yo, están a favor de esta fuente de energía, siempre y cuando se mantengan los más altos niveles de seguridad. 
Esto exigiría contar con instalaciones seguras –no solo las que están en funcionamiento– además de residuos radiactivos y combustibles gastados seguros, tanto en su destino final como en cada una de las fases en la ruta hacia el lugar para depósito de desechos. 
Todos los Estados miembros producen residuos radiactivos provenientes de plantas de procesamiento nuclear, reactores de investigación y diversas aplicaciones industriales y médicas. 
Ya es malo que estos materiales se almacenen en instalaciones temporales, pero es todavía peor que no existan planes inmediatos para construir instalaciones permanentes para el vertido de desechos en ningún Estado miembro. 
En sus propuestas, la Comisión argumenta que siempre que se explota la energía nuclear con fines comerciales, deben garantizarse niveles de seguridad adecuados y que debe obligarse consecuentemente a los países a aplicar una serie de normas. 
Es este concepto de obligación el que establece estas propuestas aparte de las convenciones internacionales ya en vigor. 
Por lo tanto, también he votado a favor de estas propuestas. 
He votado a favor de este importante informe por los mismos motivos que he expresado en mi explicación de voto sobre los demás informes de este «paquete nuclear». 
Los puntos de vista sobre esta sensible cuestión difieren notablemente entre los Estados miembros. De igual modo, el nivel de aceptación del riesgo nuclear por parte de los ciudadanos varía notablemente de un Estado miembro a otro. 
Sin embargo, por fortuna parece haberse prestado especial atención a la cuestión crucial de promover y compartir «mejores prácticas» en numerosas ámbitos de la vida europea. 
El objetivo de la Comisión con esta propuesta es garantizar que se apliquen las mejores prácticas en el campo de la seguridad nuclear en todos los Estados miembros y todas las instalaciones nucleares civiles. 
Creo que la intención de esta propuesta no es la de sustituir a la Convención sobre seguridad nuclear –pactada bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica–, de la que todos los Estados de la UE forman parte. Esta se propone más bien mantener un alto nivel de seguridad mínima bajo los auspicios y la responsabilidad de los Estados miembros, sobre la base de una cooperación más estrecha y una mayor solidaridad, dando lugar a «mejores prácticas». 
Votaría en contra de la propuesta que tenemos ante nosotros si esta implicase un cambio a favor de competencias compartidas con respecto a lo que hasta la fecha ha sido tradicional y exclusivamente una cuestión de competencia nacional. 
Esta es una preocupación muy razonable por parte del ponente, y que ha sido siempre una especie de «señal de advertencia» y una clara delimitación del espíritu del legislador. 
He optado por votar a favor de la enmienda 29 del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, destinada a aclarar y hacer más estricta la redacción sobre la protección del público en general cuando se manipula material radiactivo. 
Además, también he votado a favor de la enmienda 30 sobre la eliminación de obstáculos en el mercado energético en interés de una competencia más justa entre la energía nuclear y otras fuentes de energía. 
La cuestión que se nos plantea es si la Decisión 77/270/Euratom que otorga poder a la Comisión para emitir préstamos de Euratom con el fin de contribuir a la financiación de las centrales nucleares, debe adaptarse a las circunstancias de determinados terceros países que están a punto de incorporarse a la UE, en los que dichas inversiones tienen sin duda gran importancia. 
No parece que haya cabida para consideraciones técnicas nucleares con relación a esta propuesta de enmienda. 
Otra cuestión es saber si el principio de estos préstamos es aceptable. 
Sin embargo, se trata de una cuestión que surgiría independientemente de la enmienda que tenemos ahora sobre la mesa. 
Conviene señalar que el mecanismo de préstamos se introdujo en 1977 y entonces solamente abarcaba a los Estados miembros. Se modificó en 1994, cuando surgió la cuestión de la contribución de la UE al fomento de las mejoras de seguridad en las instalaciones nucleares de terceros países, en especial reactores de diseño soviético de países del bloque del Este. 
. Mi postura de oposición absoluta al uso de la energía nuclear es bien conocida. 
Respeto el derecho de cada Estado miembro a decidir sobre su propia política energética. 
Sin embargo, esta elección ha de respetar plenamente las opciones de otros Estados que quieren estar libres de energía nuclear. 
Las actividades de las centrales nucleares y las plantas de reprocesamiento tienen implicaciones que van más allá de las fronteras. 
Como representante público de la costa este de Irlanda, soy en todo momento consciente de la amenaza que suponen para mis electores y para nuestro entorno las instalaciones nucleares situadas al otro lado del mar de Irlanda, en particular la planta de Sellafield, en Cumbria, que es anticuada, está decrépita y encierra un grave riesgo de accidente. 
Si los Estados miembros que insisten en generar energía nuclear quieren tranquilizar a sus vecinos, han de dar pleno acceso a la información a las autoridades competentes de estos Estados vecinos. 
El Instituto de Protección Radiológica de Irlanda ha afirmado recientemente que en los últimos años se ha vuelto más difícil obtener información sobre Sellafield por parte de las autoridades británicas. 
Sin duda esto no es un signo de buena vecindad ni refleja un espíritu comunitario. 
Es hipócrita gastar fondos de la UE para prolongar la vida de instalaciones peligrosas. 
Las plantas que no puedan cumplir las estrictas normas internacionales, han de desmantelarse. 
Los eurooptimistas declaran a menudo que hubo un enorme aumento en los poderes del Parlamento Europeo en la década de los noventa. 
Esto es cierto en lo que respecta al número de temas en los que se aplica la codecisión, pero no con respecto a las decisiones finales. 
En una democracia parlamentaria normal, el Parlamento tiene el derecho de iniciativa y también la última palabra sobre la legislación, el presupuesto y la formación de coaliciones. 
Esta propuesta revela una vez más de forma clara el déficit democrático de la Unión Europea, ahora que el aumento del techo para los préstamos de Euratom, de 4 000 millones de euros a 6 000 millones, no parece estar dentro de la competencia del Parlamento, sino exclusivamente del Consejo. 
El elemento más positivo de esta propuesta es la ampliación de la acción para mejorar la seguridad nuclear de los Estados miembros de la UE a Rusia, Ucrania y Armenia. 
Sigue existiendo una diferencia de opinión sobre el formato que debe adoptar esta acción. 
Algunos quieren centrales nucleares más modernas; otros quieren que se cierren. 
Estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Breyer, en que el objetivo de los préstamos para la financiación de centrales nucleares no debería servir para extender la energía nuclear, sino para abolirla. 
La votación en la comisión competente ha invertido prácticamente la orientación de este informe y por ello, al igual que la ponente, ya no puedo seguir apoyándolo. 
. – Esperemos que el sobresalto de este Parlamento con ocasión del informe Breyer no solo ponga un freno a las intenciones dogmáticas de los ayatolasantinucleares, sino que permita una reflexión serena que propicie un verdadero cambio de rumbo. 
En efecto, solo la energía nuclear –enriquecida con los progresos espectaculares de la investigación, que hace ya disponible una energía de calidad en abundancia y con toda seguridad– es capaz de responder a la vez a la preocupación de salvaguardia del medio ambiente, al imperativo de independencia energética y al enorme desafío que representa el auge de los países emergentes. 
En efecto, ¿es razonable pensar que la demanda de energía, corolario del desarrollo, podrá satisfacerse con las energías renovables en países como la India o la China? 
¿Es responsable condenar la energía nuclear europea a un cese definitivo cuando solo ella puede contribuir, con su experiencia y excelencia en este ámbito, a hacer realmente seguras las nuevas unidades que, en esos terceros países, no esperarán la luz verde de la Unión para implantarse? 
La problemática energética, sensible para la Unión Europea, primordial para las tres cuartas partes del planeta, solo encontrará solución con un enfoque desapasionado y pragmático, lejos de las quimeras y fantasmas del fundamentalismo ecológico. 
En la votación sobre los tres informes relativos a la energía nuclear, he optado por la que considero la línea política más prudente para aquellos que, al igual que yo, están a favor de esta fuente de energía, siempre y cuando se mantengan los más altos niveles de seguridad. 
Esto exigiría contar con instalaciones seguras –no solo las que están en funcionamiento– además de residuos radiactivos y combustibles gastados seguros, tanto en su destino final como en cada una de las fases en la ruta hacia el lugar para depósito de desechos. 
Todos los Estados miembros producen residuos radiactivos provenientes de plantas de procesamiento nuclear, reactores de investigación y diversas aplicaciones industriales y médicas. 
Ya es malo que estos materiales se almacenen en instalaciones temporales, pero es todavía peor que no existan planes inmediatos para construir instalaciones permanentes para el vertido de desechos en ningún Estado miembro. 
En sus propuestas, la Comisión argumenta que siempre que se explota la energía nuclear con fines comerciales, deben garantizarse niveles de seguridad adecuados y que debe obligarse consecuentemente a los países a aplicar una serie de normas. 
Es este concepto de obligación el que establece estas propuestas aparte de las convenciones internacionales ya en vigor. 
Por lo tanto, también he votado a favor de estas propuestas. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de decisión que tenemos ante nosotros. 
También creo que el aumento de las asignaciones debe dirigirse principalmente a mejorar la seguridad en los reactores existentes. Sin embargo, a diferencia de la ponente, creo que esto no debería excluir la financiación de proyectos que tienen como objetivo garantizar la seguridad o mejorar los equipos existentes. 
Este es el caso de un préstamo de Euratom en desarrollo activo para completar un reactor diseñado y construido en Rumania por empresas canadienses, francesas, italianas y estadounidenses – Cernavoda 2. 
Por lo tanto, me opongo a estas medidas restrictivas que tienen el único objetivo de desmantelar las instalaciones. 
Al igual que todos los ciudadanos europeos, me preocupa la seguridad de las instalaciones –especialmente tras los cambios sociopolíticos que tuvieron lugar en Europa oriental después de noviembre de 1989– y sobre los actuales programas de desmantelamiento. 
El apoyo a esta propuesta de decisión proviene de estas preocupaciones y de la idea de que la cohesión económica y social en Europa también debe contribuir de forma más activa a revitalizar las economías de muchos de los países en los que se encuentran estas instalaciones, a los que la seguridad y la suficiencia energética contribuirán considerablemente. 
He votado a favor de la enmienda 19 del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (rechazada por 235 votos, con 71 votos a favor y 11 abstenciones). 
Esta enmienda destaca el hecho de que los habitantes de zonas potencialmente afectadas de países vecinos deben tener los mismos derechos que la gente del país en el que están situadas las instalaciones, por ejemplo, en el caso de una consulta pública cuando van a darse préstamos del presupuesto comunitario. 
Es una cuestión de urgencia que se aplique en la práctica el Convenio Espoo. 
. A petición del Parlamento, la Comisión ha presentado dos directivas marco. 
Dado que son competencia de las instituciones Europeas, hemos votado a favor, aunque no estamos de acuerdo con todo su contenido. 
La delegación socialdemócrata danesa ha votado hoy a favor de una serie de enmiendas que, desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente, harán más estrictas las propuestas originales. 
Sin embargo, hemos optado finalmente por abstenernos de votar a favor de estos informes en su conjunto, porque no creemos que las propuestas vayan lo suficientemente lejos con respecto a la seguridad y la protección medioambiental y porque en general nos oponemos al uso de la energía nuclear. 
Es realmente importante que tratemos los problemas específicos a los que se enfrenta el sector agrícola en las regiones árticas y subárticas de Finlandia, Suecia, Escocia, Austria y Estonia. 
El frío clima de estas regiones implica una temporada de cultivo más corta y mayores costes para la agricultura y la ganadería. Las cosechas de cereal son igualmente escasas y faltas de variedad. 
Además del clima adverso, y en parte como consecuencia de este, también existen dificultades desde el punto de vista del transporte y la comercialización del producto. 
Por lo tanto, apoyo la necesidad, ya destacada por varios Consejos Europeos, de garantizar la sostenibilidad y la redistribución de la agricultura en toda Europa y mantener no solo la imagen bucólica del paisaje rural, sino también la vitalidad del campo en su conjunto. 
Hablando como firme defensor de la convergencia auténtica y de la lucha contra las discrepancias regionales, especialmente en las regiones más alejadas, apoyo que se reconozca el estatuto especial de las regiones del norte. Creo que la UE tiene la obligación de fomentar un planteamiento equilibrado a las zonas agrícolas, basado en criterios de proporcionalidad e idoneidad, sin pasar por alto las identidades nacionales o los efectos secundarios de la agricultura. 
Dado que constantemente me estoy refiriendo a las características y problemas específicos de la agricultura portuguesa, también estoy obligado a reconocer los problemas específicos a los que se enfrentan otros Estados miembros. 
Como he defendido en numerosas ocasiones, el contenido de la reglamentación y la aplicación de la legislación de la UE (y las normas de funcionamiento de las instituciones de la UE) debe tener una redacción lo más clara posible. Si esto se consigue, los que operan en los sectores sujetos a esta disciplina gozarán de mayor protección y lo mismo sucederá con los ciudadanos. 
Hablamos mucho sobre acercar Europa a los ciudadanos, mientras en realidad sigue distante de ellos. La contribución más eficaz que podemos hacer para reducir estas diferencias es simplificar las normas y hacerlas más comprensibles. 
Esto también garantizaría la idoneidad y la proporcionalidad de las acciones a escala comunitaria, por supuesto, al tiempo que el respeto del principio de subsidiariedad. 
Felicito a la ponente por su trabajo, que, entre otras cosas, destaca la importancia de revisar la legalidad de las agencias «ejecutivas» europeas, las que asumen determinadas responsabilidades de gestión de programas comunitarios. 
Apoyo especialmente el requisito de que estas agencias deben cumplir el principio de transparencia y las normas que regulan el acceso a sus documentos. 
Por último, celebro la sugerencia de una audiencia de todas las personas nombradas para dirigir las agencias ante la comisión parlamentaria competente y la idea de que, por recomendación de la comisión, el Parlamento emita una opinión sobre el candidato propuesto. 
Este papel de escrutinio político previo desempeñado por el Parlamento sería el complemento natural al escrutinio político a posteriori, en forma de aprobación de la gestión para la ejecución del presupuesto. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la declaración de la Comisión relativas a las previsiones para la ronda de desarrollo de Doha después de la reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio del 15 2003 (1). 
– Señor Presidente, señor Comisario Fischler, señor Comisario Lamy, Señorías, el comercio internacional global desempeña un papel esencial para garantizar los puestos de trabajo en Europa, y especialmente en la creación de nuevos empleos. 
Hemos llegado ahora a una ronda de desarrollo cuya labor principal es provocar los cambios adecuados en las importaciones internas en Europa. 
Aunque, en un principio, las importaciones constituyen un modo muy importante y bueno para prestar apoyo a la ayuda al desarrollo, por otra parte no debemos pasar por alto la necesidad de animar a su vez a nuestras pequeñas y medianas empresas a que exporten sus productos. 
La paridad del euro y el dólar estadounidense y el actual potencial de crecimiento de China, que supera un 8% anual, deben alentarnos a plantearnos cómo vamos a mantener nuestro equilibrio comercial en el futuro. 
Para ello, por supuesto, debemos ser capaces de competir en los mercados mundiales. 
Creo que es positivo, y que en el futuro será importante, que Europa asuma cierto papel de liderazgo en este ámbito, que deberíamos emplear las conferencias regulares en Europa como medio para afirmar nuestro compromiso al respecto y, lo antes posible, plantear objetivos y estrategias viables, con un calendario definido. 
Por supuesto, es especialmente interesente que exista un único marco legal multilateral para las pequeñas y medianas empresas de Europa, que en cualquier caso emplean a dos tercios de nuestros trabajadores. 
No estamos interesados en una compleja estructura internacional a la que solamente puedan hacer frente los grandes conglomerados y sus abogados. 
Los países en desarrollo no están solos en la necesidad de estructuras claras y simples que, en el futuro, aporten disponibilidad para el cumplimiento, el consecuente acceso a la prosperidad y finalmente la paz. 
En este caso también necesitamos distinguir entre la equidad basada en la distribución y la basada en lo que aportan los ciudadanos, y deberíamos tener presentes estos dos aspectos. 
Sin embargo, abrir nuestros mercados acarrea problemas, por lo que debemos seguir siendo capaces de competir internacionalmente en el futuro. 
Por este motivo, el Parlamento debe tratar este tema no solamente en términos generales; en su lugar, esta Asamblea parlamentaria debería poner en acento en Europa en el futuro. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Lamy y señor Comisario Fischler, quisiera retomar dos breves comentarios que los dos Comisarios han hecho esta mañana. 
El Comisario Lamy ha comentado que, por así decirlo, estábamos pasando de la fase técnica a la política del proceso de negociaciones, dado que los funcionarios habían alcanzado en diciembre una especie de acuerdo sobre el modo de proceder con las negociaciones, aunque todavía no está claro cómo pueden los negociadores traducir esto en un calendario de trabajo activo. 
El segundo comentario que me pareció muy interesente lo ha hecho el Comisario Fischler, que ha afirmado que lo conseguiríamos y añadido que no sería a cualquier precio. 
Por supuesto, esta es una alusión a la agenda europea y a la cuestión de cómo nuestro pensamiento puede tener alguna influencia en el contexto de las negociaciones de la OMC. 
Sin embargo –permítanme el atrevimiento de preguntarle a los dos Comisarios– ¿qué significa esto concretamente? 
El año que viene es un año electoral y difícil; ustedes dos estarán aquí todavía durante la primera mitad, luego las cosas se pondrán críticas y a continuación –por así decirlo– ustedes dejarán de estar aquí. 
No sabemos quién estará en su lugar. 
La situación es similar en América –Bob Zoellick tampoco repetirá– y la situación geoestratégica tampoco es sencilla; observen la forma que están adoptando las cosas en la India, la China o Brasil. 
Por tanto, les pregunto a ambos: ¿qué esperan que sucederá y cómo se están preparando para ello? 
¿Qué incluyen sus calendarios para enero, febrero y marzo, y cuándo creen que comenzará la fase política? 
Y en cuanto a mi segunda pregunta, ¿dónde está el umbral de dolor? 
¿Dónde creemos realmente que está? 
¿Qué es la cuestión de «no a cualquier precio» ? ¿las cuestiones de Singapur? 
Creo que no. 
¿La agricultura? 
Quizás, pero he visto el borrador del documento de trabajo para la organización de mercado del azúcar. 
Señor Comisario, ¿presentará usted una redacción definitiva antes de que se termine su mandato? 
Como ve, ¿dónde está nuestro umbral de dolor? 
Si sabemos un poco más al respecto, creo que quizás podamos ser un poco más activos a la hora de dirigir el proceso que usted y todos nosotros deseamos. 
Con respecto a esto, le ruego que me permitan plantear una última pregunta a los dos Comisarios: ¿que opinan realmente ahora sobre la última operación de Bob Zoellick? 
He oído ligeras indicaciones de que ustedes la consideran positiva, pero ¿podrían describir con más detalle en qué medida la consideran positiva? 
– Señor Presidente, entre los numerosos fracasos que marcaron la historia de la Unión Europea en 2003 –fractura con respecto al Iraq, rechazo del euro por Suecia, naufragio del Pacto de Estabilidad, fracaso del proyecto constitucional–, la derrota de la Comisión en Cancún –aquí mismo debatimos sobre ella hace poco– habría podido pasar finalmente por un incidente menor. 
En efecto, la gran mayoría de los países y los pueblos se alegraron del fracaso de la Conferencia de Cancún. 
La Tierra no paró de girar por ello, como tampoco el mundo de comerciar. 
Podríamos habernos quedado ahí y, por tanto, preservar nuestros modos de vida, porque de eso se trata, de la codicia de los mercados multinacionales. 
Pero no contábamos con el activismo de la Comisión, con su activismo, señor Comisario Lamy, si me lo permite. 
Ahora bien, este activismo no obedece a ninguna necesidad económica o social, no hemos oído a nadie lamentarse del fracaso de Cancún; en cambio, obedece mucho a su voluntad de ejercer y defender el monopolio de representación y de negociación de la Comisión en el ámbito del negocio internacional y del comercio exterior. 
En efecto, esta verdadera huida hacia delante que nos propone no está guiada para nada por el interés de Europa, sino que por el propio interés de la Comisión de Bruselas, en un momento en que el peligro que acecha a nuestro comercio exterior, señores Comisarios, no es la ausencia de nuevas salidas para nuestros productos, sino evidentemente la desventaja insuperable, insoportable, que nos impone el autismo del Banco Central Europeo, que nos proporciona la moneda más cara, y en absoluto la más fuerte, del mundo. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero decir a los dos Comisarios que están presentes hoy –uno de ellos estuvo en Cancún–, que han realizado un buen trabajo y un gran esfuerzo para llegar a una solución en las negociaciones de la OMC. 
¿Adónde vamos desde nuestra nueva posición? 
La Sra. Mann ha dicho, con razón, que tendremos personas nuevas, tanto de América como de la Unión Europea. 
Hemos de asegurarnos de que las personas comprendan la posición en que se ha puesto la Unión Europea. 
El Comisario Lamy ha dicho en su intervención que hemos reformado correctamente para avanzar. 
Una de las razones del fracaso del debate de Cancún fue el uso y abuso que se hizo de él, por ejemplo por parte de las ONG. 
Tenemos dos comunicados de prensa, uno de Oxfam y otro de Amigos de la Tierra, uno de los cuales afirma que el G21 hoy se ha negado a aceptar los planes europeos de ampliar la OMC e iniciar nuevas negociaciones para liberalizar la inversión. 
El Sr. Rübig ha hablado de las pequeñas y medianas empresas, las cosas que realmente se necesitan en la Unión Europea y en los países en vías de desarrollo para ayudarles. 
Son la columna vertebral de su futuro. 
El otro comunicado de prensa habla de intimidación. 
¿Me permiten que pregunte a esta augusta Cámara si los dos Comisarios parecen matones? 
¿Acaso han hablado en tono autoritario a la OMC intentando intimidar a las nuevas democracias para que se sometan? 
En absoluto. 
Reformamos. 
El Comisario Fischler ha realizado una ardua labor para reformar la política agrícola común. 
Esta es la forma de avanzar. 
Hemos de transmitir el mensaje: la Unión Europea está allí para negociar. 
El Comisario Lamy ha puesto «todo menos armas» en las nuevas propuestas que ayudan a estos países subdesarrollados. 
Hemos de hacer llegar estas cuestiones y asegurarnos de que tenemos debates multilaterales con implicación de la UE. 
Llegados a este punto, he de decir lo bien que fueron recibidas las reuniones del Parlamento Europeo en Cancún, y cuánto nos apoyaron algunos de los países en vías de desarrollo. 
Es importante que en las próximas negociaciones desempeñemos un papel firme y orientado al futuro. 
Confío en los nuevos negociadores, sean quienes sean, para asegurar que se comprenda esta cuestión. 
– Señor Presidente, el 30 de agosto del año pasado se tomó una decisión importante. 
En vísperas de Cancún, los Estados Unidos, la UE y los países en desarrollo acordaron reforzar el apartado 6 de la Declaración de Doha, que tiene que ver con la producción de medicamentos para países en desarrollo que sufren graves crisis sanitarias. 
El acuerdo no es excelente, pero constituye un comienzo, aunque ahora tenemos que pensar sobre el modo de aplicarlo. 
Entretanto, he leído en la prensa que los Estados Unidos están dando marcha atrás. 
Por ello es el momento de que la Unión Europea tome algunas medidas convincentes. 
Sin embargo, hasta ahora, la Unión Europea está mostrando escasa iniciativa. 
Hace poco se perdió una oportunidad de llevar a la práctica la decisión del 30 de agosto con la revisión de la legislación sobre fármacos. 
La Comisión parece considerar que esta cuestión pertenece a la legislación nacional y comunitaria en materia de de patentes, pero esto es insuficiente. 
La patente comunitaria todavía queda lejos y no implica a las patentes existentes. 
Por otra parte, la patente comunitaria no afecta de ningún modo a la protección de datos. 
La crisis sanitaria de África constituye un problema urgente. 
El pasado mes se supo que el sida se cobró cinco millones de vidas el año pasado. 
No entiendo por qué la UE no se ha preparado hasta el momento para hacer lo que acordó con anterioridad a la Conferencia de Cancún. 
Señor Comisario, lo que quiero que me diga es cuándo habrá tomado la Unión Europea las medidas legales para acelerar la producción de medicamentos genéricos para los países en desarrollo. 
¿Qué garantías puede dar hoy al Parlamento? 
Señor Presidente, desarrollaré varias ideas relativas al sector que más aprecio, el de la agricultura, porque, pese a que apoyo la política de garantizar los mayores beneficios de la ampliación del comercio mundial para los países en desarrollo, quisiera destacar que la Unión Europea ya ha concedido estas preferencias comerciales y muchas otras para convertirse en el mercado principal para la exportación de productos agrícolas. 
Quisiera volver a examinar las concesiones adicionales y la propuesta de acceso libre de impuestos, ya que desde mi punto de vista este no es el modo más eficaz de ayudar a los agricultores de estos países, además de que haría peligrar de forma permanente numerosos productos europeos estratégicos. 
Como táctica de negociación, reforzaría el argumento en defensa del sistema comunitario, para garantizar los mecanismos de estabilidad en el mercado mundial, sabiendo que la estabilidad de los precios mundiales es beneficiosa para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. 
Para ello, y para no ocasionar una crisis estructural en el sector agrícola, sostengo firmemente que los resultados de las negociaciones de la OMC no deberían ir más lejos que las decisiones tomadas en Berlín en el contexto de la Agenda 2000, y el apoyo a los precios y los mercados debería seguir siendo un elemento fundamental de la política agrícola común. 
Después de los cambios del sistema de apoyo de los Estados Unidos, que fueron, en mi opinión, muy inteligentes, necesitamos revisar nuestro apoyo interno para examinar en qué medida se respeta el acuerdo del GATT y evaluar el efecto de la ayuda sobre los precios del mercado y las posiciones competitivas de los productos. 
Por ultimo, es importante que la cuestión de los grandes desafíos planteados a la Unión Europea a raíz de la ampliación se trate en las conversaciones de la OMC. 
Este es un proceso de importancia mundial que, en mi opinión, debe reconocerse en la mesa de negociaciones. 
Señor Presidente, señores Comisarios, muchas gracias por su presencia hoy aquí, que yo voy a aprovechar para hablar del algodón, que es un problema de España y de Grecia, pero que a mí me gustaría que todo el resto de Europa lo hiciese suyo. 
El cultivo del algodón en Europa, en efecto, solo representa el 1 % de la superficie mundial y el 15 % de las necesidades europeas. 
El 85 % restante se importa principalmente de países más pobres, sin aranceles. 
Por otra parte, tenemos otros terceros países, como los Estados Unidos, que es el primer exportador de algodón del mundo, o China, que domina el mercado al ser el primer productor mundial, el primer consumidor de algodón industrial y el primer exportador de textiles. 
No obstante, a pesar de la insignificancia del algodón en Europa, se han formulado ciertas declaraciones contra la política comunitaria del sector que a mí me parecen absolutamente demagógicas, ya que en la Unión Europea no se conceden restituciones a la exportación y la importación se realiza libremente, sin aranceles. 
Concretamente, Francia lideró en la Conferencia ministerial de la OMC en Cancún el planteamiento por parte de cuatro países africanos de la supresión de las ayudas al algodón y posteriormente ha presentado una iniciativa europea del algodón en la que se intenta impulsar un programa de actuaciones a favor de las economías algodoneras de África, por parte de la Comisión y, al mismo tiempo, incluye una referencia que insta a la reforma del régimen de ayudas al algodón, desacoplándolas, en parte, de la producción. 
Me gustaría que el Comisario Lamy me escuchase: señor Comisario, creo que esta actitud solo puede interpretarse como un guiño o un gesto de acercamiento por parte de Francia a estos países y a los fuertes intereses del capital francés en el sector algodonero africano a través de la Compañía francesa para el desarrollo de las fibras textiles y sus filiales en África, con la participación mayoritaria del Estado francés en su capital. 
En ningún caso esto puede justificar la beligerancia permitida por parte de la Comisión en Cancún, con una propuesta poco adecuada para plantearse en ese foro y que condena injustamente la política comunitaria en este sector. Ni justifica la reforma del régimen comunitario de las ayudas al algodón tal como ha sido planteada por la Comisión, cuya aprobación supondría la muerte social y económica de muchos pueblos, sin que por ello- y eso es lo grave- se solucionaran los problemas de competitividad que tiene el sector en África. 
Por último, en cuanto a la agricultura europea en general, quiero señalar que el objetivo acordado en el G20 es obtener un acuerdo en el desmantelamiento de las ayudas a la exportación, así como una reducción importante de los aranceles y de las ayudas directas que distorsionan el mercado. 
Sin embargo, al parecer, Sr. Lamy, en su encuentro con los países del G20, mantenido en Brasilia, la Unión Europea habría aceptado la demanda de redefinir de forma más restrictiva los criterios relativos a la caja verde. 
Quisiera que me confirmase o desmintiese esta noticia porque, Sr. Comisario, el aceptar discutirlo va más allá del mandato que usted había recibido, pero, sobre todo, afecta directamente a los principios mismos de la reforma de la PAC que aprobamos hace seis meses y no solo a la del algodón que estamos discutiendo. 
Está bien que se tomen medidas en favor de los países menos desarrollados, pero a ellos les beneficia más, y así lo manifiestan, una mayor rentabilidad de sus exportaciones que un crecimiento de los volúmenes de exportación, que en realidad beneficia a las empresas comercializadoras asentadas en los países más desarrollados. 
Por ejemplo, los productores de azúcar estiman que los contingentes de exportación de azúcar a precios garantizados son más rentables para sus economías que la posibilidad de exportar sin restricción. 
Invito a todos a reflexionar detenidamente sobre todo esto y a escuchar a los teóricamente beneficiados con todas estas políticas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la reciente declaración del representante norteamericano en la Organización Mundial del Comercio (OMC) es sin duda el único elemento nuevo del cual hemos tenido conocimiento desde nuestra última conversación. 
Creo que es una declaración interesante, en la medida en que parece reflejar un cambio de actitud por parte de los Estados Unidos y una posibilidad de relanzamiento de las negociaciones en la OMC. 
Por otra parte, se suma a las iniciativas que la propia Comisión ha adoptado con vistas a relanzar dichas negociaciones. 
Pero relanzar no significa dejar ir, facilitar no significa abandonarlo todo, y debo reconocer que, después de las intervenciones de esta mañana, estoy un poco preocupado por la actitud manifestada por algunos de nuestros diputados en particular sobre los denominados temas de Singapur. 
Siempre nos hemos expresado aquí, en el Parlamento Europeo, a favor de una facilitación regulada de los intercambios. 
Estamos a favor de una liberalización de los intercambios con normas, con reglas, y es evidente que los temas de Singapur son temas que deben conducir a la Organización Mundial del Comercio a establecer una serie de reglas. 
Se puede lamentar que no incluyan algunas otras dimensiones. 
Por mi parte, hubiera querido que se integraran, en este contexto, las dimensiones sociales, pero en Doha nos vimos obligados, por la presión, a abandonar las normas correspondientes. 
Lo que considero preocupante es que hoy parece que se quieren abandonar los temas de Singapur. 
¿Qué posibilidades tenemos, si adoptamos esta actitud, de volver a ver sobre la mesa de negociación temas como las materias sociales, si se abandonan hoy los pocos temas que se habían aceptado como una base potencial de negociación? 
Creo que la Unión Europea, a través de usted, ha tomado una serie de iniciativas para facilitar las cosas. 
Pienso que hay que atenerse a esto. 
El debate de hoy no tiene por objeto reabrir la negociación de Doha, sino aplicar todos los acuerdos, incluidos los relativos a los temas que nos preocupan con respecto al tipo de globalización que queremos desarrollar. 
Señor Presidente, señores Comisarios, decía esta mañana el Sr. Comisario Lamy que, para que el mundo sea mejor, necesitamos Doha. 
Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación y de ahí que, al igual que, en su momento, lamenté el fracaso de Cancún, hoy deba lamentar los escasos avances de la reunión de Ginebra del pasado mes de diciembre, aun reconociendo que el solo hecho de haber reemprendido las conversaciones es ya positivo, aunque estas solo hayan servido- como reconoció el Presidente del Consejo General- para tener una visión más clara de las cuestiones clave y conocer las dificultades que nos vamos a encontrar, así como para reafirmar, por parte de los miembros de la OMC, el compromiso con el programa de Doha y, sobre todo, con el sistema multilateral de comercio, lo cual, de por sí, ya es suficientemente importante. 
Ahora ha llegado el momento de flexibilizar las posturas, para poder pasar de las palabras a los hechos y hacerlo, además, al ritmo que requiere el calendario fijado en Doha. 
Por eso, creo que hay que agradecer a los Sres. Comisarios Lamy y Fischler sus esfuerzos para abrir vías de diálogo con todos y entre todos, así como el trabajo llevado a cabo, en un claro intento de hacer avanzar la agenda de Doha sin perder de vista los legítimos intereses de la Unión Europea. 
En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con el análisis y las propuestas que ha formulado la Comisión en su Comunicación, en especial en lo que respecta a los aranceles industriales y a la necesidad de conseguir unos niveles de compromiso, sobre todo por parte de los países emergentes, mucho más altos de los que se proponían en el documento Debray y, en todo caso, equivalentes a los de la Unión Europea. 
En lo que respecta, más concretamente, a los aranceles de los productos textiles, en el documento de la Comisión se habla de negociar nuevas reducciones que se aproximen al máximo cero, propuesta con la que estoy totalmente de acuerdo, siempre que ello suponga- y espero que me lo aclare el Sr. Comisario-- que la Unión Europea no se verá obligada a rebajar sus aranceles, en tanto los demás no hayan alcanzado un nivel equivalente a los suyos. 
Quisiera hacer una última pregunta, señor Presidente. 
Esta mañana el Sr. Lamy se refería también a la flexibilización por parte de la Unión Europea en materia medioambiental. 
Quiero preguntarle hasta dónde piensa llegar en esta flexibilización, porque no hay duda de que los elevados costes en materia medioambiental son una de las causas de deslocalización de muchas empresas comunitarias, pero solo hay un planeta Tierra, y la normativa que se exige para alcanzar un desarrollo medioambiental a nivel planetario debe ser también planetaria. 
. Señor Presidente, Señorías, seré breve. 
Quisiera expresar mi gratitud por las contribuciones constructivas, muchas de las cuales hemos escuchado durante el día de hoy. 
Simplemente quisiera comentar las cuestiones relacionadas concretamente con la agricultura y a continuación mi colega el Comisario Lamy hablará del resto. 
Me han preguntado si existen indicios de que los Estados Unidos muestran actualmente una mayor flexibilidad en la cuestión del algodón. 
Bien, como saben, Bob Zoellick ha remitido una carta a todos los miembros de la OMC en la que trata específicamente la cuestión del algodón. 
De hecho, le dedica un apartado entero y, de acuerdo con el modo en que lo presenta, realmente existen indicios de una mayor apertura en esta cuestión. 
En cualquier caso, muestra que está abierto a las reformas no solo sobre las ayudas a la exportación –que estas deberían eliminarse, también en lo que respecta a la liberalización del mercado y la adopción de un sistema de apoyo interior que distorsione menos el mercado–, pero también indica que las vías para prestar un apoyo mayor a los países muy pobres, que son totalmente dependientes de la producción de algodón, deberían pasar por la ayuda al desarrollo. 
Permítanme comentar lo que ha dicho la Sra. González sobre el cultivo del algodón y la importancia de este producto para Europa. 
Debo destacar, una vez más, que es cierto que la producción europea asciende solamente a alrededor del 2% del mercado mundial. 
También es cierto que no concedemos ninguna ayuda a la exportación y que hemos abierto totalmente nuestros mercados de algodón a los países menos desarrollados (PMD) a través de la decisión de la EBA. 
De hecho, como saben, existe una propuesta para modificar nuestro régimen del algodón, que podría dar lugar a medidas menos distorsionadoras del comercio de este producto; en otras palabras, una mezcla de medidas de caja azul y caja verde. 
Propugno que se adopte una decisión sobre este tema en el Consejo de Ministros de Agricultura de marzo. 
Sobre la política de Japón relativa al arroz, todos sabemos que este producto es muy sensible para Japón y siempre se ha considerado así. 
Sin embargo, hemos observado que este país ha iniciado recientemente negociaciones bilaterales con varios países miembros de la OMC. 
La cuestión del arroz está de hecho incluida en la agenda para estas negociaciones bilaterales y forma parte de las mismas, y el resultado es que los japoneses han comenzado a adoptar en Ginebra una postura más constructiva o menos rígida al respecto, por así decirlo. 
Se ha afirmado que no existe un mandato para negociar el actual régimen de restituciones a la exportación. 
De hecho, esto es erróneo; nuestro mandato establece de forma específica que de hecho podemos proponerlo para varios productos. 
La Sra. Mann me ha preguntado sobre los avances en nuestra propuesta relativa al azúcar. 
Nos esforzamos por elaborar una propuesta y ya he dicho que mi objetivo es remitirla a la Comisión a mediados de 2004, y posteriormente presentarla ante el Parlamento y el Consejo. 
Permítanme hacer un último comentario; quisiera pedir a esta Asamblea que participe en la intensificación del diálogo que propusimos en nuestra declaración inicial. 
Necesitamos conversaciones más intensas y quisiera pedirles concretamente que profundicen en los debates con las ONG, ya que algunas de estas en ocasiones proponen ideas que son contrarias a los intereses de Europa. 
Quisiera solicitarles a todos que consideren que esperar es en cualquier caso malo para nosotros, para la Unión Europea, y también para la agricultura europea. 
Tengan en cuenta lo siguiente: las reacciones muy positivas en todo el mundo ante nuestras reformas se irán atenuando a medida que se amplíe la distancia existente entre la adopción de estas reformas y el avance de las negociaciones de la OMC. 
. Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias a los oradores de los Grupos del Partido Popular Europeo, del Partido de los Socialistas Europeos y de los Liberales, que han manifestado su apoyo a las propuestas que el Sr. Fischler y yo hemos desarrollado y al documento que hemos puesto sobre la mesa del Consejo, así como sobre la mesa de ustedes. 
Nuestros principales objetivos en esta negociación son constantes: primero, una etapa adicional de apertura de los intercambios; después, mejores normas para encuadrar los intercambios en el plano multilateral y, por último, una mejor inserción de los países en desarrollo, que hasta ahora solo se han beneficiado de forma muy desigual del aumento de los intercambios internacionales. 
Si intentamos traducir todo esto en una respuesta a sus preguntas –qué hay que hacer, cuál debe ser nuestro objetivo para 2004–, la respuesta es bastante sencilla. Nuestro objetivo para 2004 es hacer que antes del verano lo que no se pudo hacer en Cancún, es decir, recorrer las dos terceras partes del camino de la negociación. 
Ese es nuestro objetivo político para el año 2004. 
Entonces, me dirán ustedes, teniendo en cuenta lo que he dicho en la introducción al debate sobre la marcha de los trabajos en Ginebra, este objetivo exige energía y aceleración, sin duda. 
Con respecto al nivel actual de los trabajos y a la presión en la caldera ginebrina, exige una aceleración y, al igual que otros, vamos a echar carbón en la caldera ginebrina para hacer avanzar las cosas. 
Desde este punto de vista, he dicho y repito, para responder a la pregunta de la Sra. Mann, que la carta que mi homólogo norteamericano ha hecho circular los últimos días, y que comentó en la prensa ayer, es una buena noticia, en la medida en que desmiente una tesis que empezaba a difundirse y según la cual 2004, un año electoral en los Estados Unidos, sería un año perdido. 
¡Pues no! El año 2004 puede muy bien no ser un año perdido, y es importante que dos de los grandes elefantes del comercio mundial, los Estados Unidos y Europa, se sumen a esta idea. 
Por supuesto, para conseguirlo, va a haber que moverse, y, como hemos empezado a hacer desde que se renovó nuestro mandato, vamos a trabajar con el G20, con el G90, con los Estados Unidos, con el Japón, por citar solo a los principales actores del momento, en el marco de una geometría variable que nos permita hacer avanzar nuestra posición en las mejores condiciones. 
Como ha dicho el Sr. Fischler con razón, en esta empresa de trabajo y de animación, para que suba la temperatura, les necesitamos a ustedes y los contactos que mantienen con sus colegas en cada uno de los grandes bloques que acabo de citar. 
Esto es lo que tenía que decir en respuesta a la posición muy mayoritaria de apoyo que se ha expresado en el curso de este debate. 
Dos palabras para responder a algunas críticas. 
El Sr. Lannoye nos reprocha, a grandes rasgos, dos cosas: primero, no hemos reformulado nuestro mandato, solo lo hemos reposicionado y, en segundo lugar, sigue habiendo, en dicho mandato, trazas de los denominados temas de Singapur. 
En efecto, el Sr. Lannoye tiene razón, no hemos reformulado nuestro mandato, lo hemos reposicionado. 
Y si hay que sacar una enseñanza de lo que pasó entre Cancún y hoy, y hay que tenerlo bien presente, es que nadie en la mesa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pidió que se renegociara el programa de negociaciones adoptado en Doha. 
Es el programa que está sobre la mesa y es el programa que hay que negociar. 
En cuanto a los temas de Singapur, es cierto que hemos flexibilizado nuestra posición, consideramos prioritarias la facilitación del comercio y la transparencia de los contratos públicos por razones que el Grupo de los Verdes debería comprender por su apego a la transparencia. 
En cierto número de casos, la transparencia sería en efecto muy beneficiosa para facilitar los intercambios comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas que a menudo no disponen, por desgracia, de medios para pagarse a los facilitadores que pueden permitirse los grandes grupos nacionales para acelerar las decisiones y superar los procedimientos, las aduanas y otras redes con mayor soltura. 
A la Sra. Figueiredo y al Sr. Désir diré simplemente una vez más que, por lo que se refiere a los servicios públicos, sus preocupaciones no están fundadas. 
Mi mandato al respecto es claro y sin ambigüedades. 
Nunca me he apartado de él y no tengo intención de hacerlo. 
Paso ahora a dos puntos concretos en respuesta a las observaciones de la Sra. Ferrer y de la Sra. Corbey. 
Señora Ferrer, en el sector textil estamos dispuestos a disminuir lo que queda de protección industrial sobre nuestros aranceles textiles con una condición, evidentemente, y es que los otros hagan lo mismo, lo cual forma parte de la negociación. 
A la Sra. Corbey, que se preocupaba por saber dónde nos encontramos en materia de acceso a los medicamentos, diré que trabajamos en ello en los dos escenarios en que continúa ahora esta labor. 
Primero en Ginebra, donde tenemos que transponer, al acuerdo ADPIC, los términos del acuerdo del mes de agosto y trabajamos en ello. 
No es algo que caiga por su propio peso, ya que el equilibrio alcanzado entre las distintas partes y las distintas exigencias en el mes de agosto debe recogerse tal cual en un texto que será ahora un texto legal y, evidentemente, esto supone un poco de trabajo. 
También trabajamos en ello en la Unión Europea, porque deseamos, en cierto modo por adelantado, ajustar nuestro mecanismo de licencia obligatoria en las legislaciones europeas para adaptarlo a este nuevo acuerdo en la OMC y permitir un acceso más fácil en su caso en una serie de países en desarrollo. 
Lo haremos en forma de propuesta de recomendación al Consejo de Ministros, puesto que, en espera de la entrada en vigor de la legislación europea sobre patentes, que está decidida pero no surtirá efecto hasta dentro de algunos años, para implantar este acuerdo sobre el acceso a los medicamentos, debemos modificar las leyes nacionales vigentes una por una. 
Por tanto, vamos a hacer que el Consejo adopte, si está de acuerdo, y tenemos todas las razones para pensar que así será, una recomendación para velar por que se introduzcan las adaptaciones necesarias en cada una de las legislaciones nacionales, en espera, por supuesto, de la actualización del dispositivo europeo, que les recuerdo no entrará en vigor hasta dentro de algunos años. 
Estas son las respuestas que quería dar en este momento, dándoles las gracias por su atención. 
– El debate queda cerrado. 
– ¿Está sorda la Comisión Europea? 
Es la pregunta que viene inevitablemente a la mente cuando se conocen sus orientaciones para la reanudación de las negociaciones comerciales internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la ronda de Doha. 
En efecto, tras el fracaso de Cancún, nos parecía claro –así lo dijimos en el Parlamento Europeo– que el punto muerto de las negociaciones demostraba la necesidad de revisar el objetivo del libre comercio mundial y de reintroducir la idea de una globalización controlada por los ciudadanos. 
Ahora bien, el programa de la Comisión recomienda textualmente «una revisión de la estrategia para alcanzar los objetivos de la UE, en la forma de una posición de negociación remozada... ». 
Esta frase contradictoria anuncia que no habrá una revisión en profundidad, sino simples ajustes al margen. 
La Comisión mantiene sus objetivos prioritarios de libre acceso a los mercados, de libre competencia mundial y de libres inversiones (los denominados temas de Singapur) , que son ciertamente interesantes, pero que ahora deberían dejar paso justamente a otras preocupaciones, tanto en nuestro interés como en el de los países en desarrollo. 
A partir de ahora, hay que fijar las reglas de un comercio internacional que respete más la soberanía de los pueblos y sea más compatible con la salvaguardia del medio ambiente así como de la saluda pública. 
– ¿Ha tenido en cuenta la Comisión la Conferencia de Cancún? 
¡Leyendo su comunicación, presentada para una posible reanudación de las negociaciones de la Agenda de Desarrollo lanzada en 2001, parece difícil de afirmar! 
Su supuesta «flexibilidad» con los temas de Singapur no es más que un lavado de cara; el llamamiento al equilibrio entre los derechos y el mercado y su propósito reconocido de adoptar posiciones más flexibles no hacen merman en nada las política neoliberales europeas. 
Desprecio, falta de autocrítica o de voluntad de reconsideración siguen siendo los credos de la Comisión. 
Ante las afirmaciones del Sr. Lamy, ratificadas por el Consejo, los países más pobres no conceden ni una firma en blanco a las supuestas nuevas propuestas ni el visto bueno de las políticas aplicadas desde Seattle. 
Al contrario, las poblaciones del Sur se organizan y se unen frente a las pretensiones europeas y a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
La apertura del comercio a los servicios prevista en el AGCS, la no menos sacrosanta apertura del mercado – ¡impuesta como un beneficio evidente para los países en desarrollo! – son peligros que han identificado claramente los países del Sur. 
Unas relaciones internacionales, de cooperación y de intercambio de igual a igual, respetuosas de los derechos fundamentales individuales y colectivos, merecen algo mejor. 
Resulta ahora ineludible un debate público, del que se hagan eco los representantes electos, para demostrar la falacia de este modo de pensar. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (Α5-0355/2003) del Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la Petición 461/2000 relativa a la protección y conservación de los grandes simios y otras especies en peligro por el comercio ilegal de carne de animales silvestres (2003/2078 (ΙΝΙ) ). 
. – Señor Presidente, evidentemente me será imposible hacer justicia a esta cuestión en cinco minutos. 
Quiero empezar dando las gracias a mis colegas del Parlamento por la oportunidad de celebrar este debate. 
Es importante que en esta Cámara prestemos atención a una petición firmada por 1,9 millones de ciudadanos de Europa. 
Durante un tiempo esto parecía poco probable, por ello doy las gracias a todos los que han trabajado tan arduamente para garantizar que así fuera. 
Quiero dar especialmente las gracias el Sr. Corrie, ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, quien también ha ayudado a elaborar el presente informe, porque este ha sido un informe de cooperación reforzada compartido por la Comisión de Peticiones y la Comisión de Desarrollo. 
Llegados a este punto quisiera dejar claro que este informe no trata de la caza en Europa. 
Por ello las tres enmiendas presentadas no son necesarias y quiero pedir a sus Señorías que no las apoyen. 
El término «bushmeat» o «carne de animales silvestres» hace referencia a los productos cárnicos de animales silvestres consumidos localmente o comercializados. 
Aunque el consumo excesivo de carne de animales silvestres es un problema que crece rápidamente en todas partes, este informe se centra en África, porque allí el problema de la carne de animales silvestres es más significativo y está mejor descrito en la bibliografía. 
Sin embargo, el comercio ilegal de carne de animales silvestres no se limita a África. 
En Asia, muchas especies se explotan de forma insostenible, bien para suministrar alimentos al comercio de animales de compañía, bien porque la gente cree que comer determinadas partes de un animal puede curar enfermedades o reforzar sus capacidades sexuales. 
El comercio en el mundo silvestre en América del Sur también está creciendo y se venden animales salvajes como monos, pájaros, capibaras y otros roedores grandes, así como tapires, armadillos y ciervos. 
En principio, cualquier animal silvestre sirve para abastecer a un mercado de carne de caza. 
En África, más de 50 especies están a la venta en mercados y restaurantes, inclusive antílopes, monos, simios, pangolines, cerdos, grandes roedores, elefantes, reptiles –como serpientes, lagartos y cocodrilos–, invertebrados –como caracoles e insectos–, y pájaros como los búceros. 
Sin embargo, la mayor parte del comercio se realiza con mamíferos, que suelen pesar más de un kilogramo. 
Los cálculos actuales demuestran que la carne de animales silvestres se consume masivamente en los trópicos húmedos, especialmente en África. 
Las estimaciones más recientes de la producción anual de carne de animales silvestres ascienden a 23 500 toneladas en Sarawak, de 67 000 a 164 000 en la Amazonia brasileña y entre un millón y cinco millones de toneladas –sin huesos– en la cuenca del Congo. 
Ello da lugar a la sobreexplotación. 
En África, en el año 2000, al menos una especie de mono colobo rojo probablemente se extinguió debido a la caza, y se prevé que dentro de poco le sigan muchas otras especies. 
El sustento y la biodiversidad sufren menoscabo a causa de la sobreexplotación de la vida silvestre para abastecerse de comida. 
De los 1 200 millones de personas que se estima viven con menos del equivalente a un euro al día, cerca de 250 millones viven en zonas agrícolamente marginales, y otros 350 millones viven dentro o cerca de bosques, y se estima que 60 millones son indígenas que viven en la selva. 
Un reciente estudio realizado del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido calcula que 150 millones de personas –una octava parte de los más pobres del mundo– ven en la vida silvestre un importante bien para el sustento. 
Por ello es evidente que no se trata de un problema fácil de abordar. 
El crecimiento de la población humana, la pobreza, la mala administración y la comercialización del consumo y distribución de animales cazados furtivamente son las causas subyacentes al problema de la carne de animales silvestres. 
Los recursos naturales no pueden reponerse por sí solos frente a la creciente demanda. 
Las comunidades rurales pequeñas y estables podían subsistir con los recursos naturales en su entorno sin agotarlos. 
Sin embargo, la explosión de la población humana, combinada con un sistema de mercado urbano –y mundial– en expansión, ha cambiado esta situación. 
La explotación de los recursos naturales se ha vuelto insostenible, con las naciones industrializadas y desarrolladas que dominan la adquisición de recursos. 
La pobreza supera inevitablemente las preocupaciones acerca de la conservación y hace que las medidas de cumplimiento parezcan injustificadas y difíciles de aplicar cuando la gente depende de la carne de animales silvestres para sobrevivir. 
Muchas de las causas subyacentes del comercio insostenible con carne de animales silvestres también originan la pobreza: una mala administración local y unas condiciones comerciales desfavorables. 
Por ello es importante que las comunidades de conservación y desarrollo cooperen con las poblaciones indígenas y la sociedad civil en esta agenda compartida a fin de tratar las causas subyacentes de la pobreza y la pérdida de biodiversidad. 
He enumerado cerca de 20 cuestiones que la Comisión debería abordar. 
Evidentemente se necesitan recursos. 
Hemos evitado cifrar estos recursos, pero la Comisión debería comprometer un volumen concreto de recursos para garantizar que se tratará esta cuestión efectivamente y que es posible trabajar con las organizaciones correspondientes y con las personas sobre el terreno que dependen de la carne de animales silvestres para sus ingresos o para obtener las proteínas necesarias para sobrevivir. 
. Señor Presidente, es sumamente importante abordar la crisis de la carne de animales silvestres. 
Como saben ustedes muy bien, la caza furtiva y los niveles de caza insostenibles amenazan la existencia de algunos de nuestros parientes más cercanos en el reino animal: los gorilas, los chimpancés y otros tipos de simios. 
Esta cuestión preocupa claramente al público en general, como indican los casi dos millones de firmas que respaldan la petición. 
Asimismo es una cuestión que preocupa mucho a la Comisión, en línea con el compromiso global de detener la pérdida de biodiversidad en 2010. 
Por ello acogemos con agrado el informe del Sr. De Rossa, que encuentro equilibrado y oportuno. 
Estamos trabajando para abordar la cuestión de diferentes maneras, pero en primer lugar he de recalcar la necesidad de distinguir claramente entre la crisis de la carne de animales salvajes –que amenaza a determinadas especies de animales– y el consumo cotidiano de carne de animales silvestres, que forma una parte esencial de la seguridad alimentaria de las personas pobres en el mundo en vías de desarrollo. 
Somos conscientes de que hay diversos aspectos relacionados con la carne de animales silvestres que van más allá de la agenda de desarrollo; entre ellos se encuentran las cuestiones sanitarias en Europa, algunas cuestiones comerciales, así como cuestiones científicas. 
Pero dado que la mayor parte de la sobreexplotación de la carne de animales silvestres tiene lugar en los países en vías de desarrollo, la mejor solución consiste en prestar apoyo a estos países mediante nuestros esfuerzos de cooperación al desarrollo, y en abordar la crisis de la carne de animales silvestres en su origen. 
Esta crisis puede enfocarse en el contexto de los recursos naturales, el desarrollo rural o las cuestiones de gobernanza, o como una cuestión transversal a abordar entre otras cosas por medio de evaluaciones de impacto ambiental y de evaluaciones medioambientales estratégicas. 
Estas evaluaciones deberán identificar los riesgos y las posibles medidas de mitigación con respecto a la carne de animales silvestres para todas las actividades de desarrollo. 
En este sentido, me complace informarles de que el manual para «la integración de las preocupaciones medioambientales en el desarrollo y la cooperación económica» se concluirá y se pondrá en práctica durante la primera mitad de este año. 
El manual revisado deberá garantizar en gran medida que se preste una atención adecuada a las cuestiones relacionadas con la carne de animales silvestres en las evaluaciones medioambientales y por ello en todas nuestras actividades de desarrollo relevantes. 
Las revisiones intermedias de nuestras estrategias de cooperación este año se utilizarán para reforzar la integración de las preocupaciones medioambientales, en especial promoviendo un uso más sistemático de los perfiles medioambientales de los países, las evaluaciones medioambientales estratégicas y, como he dicho antes, las evaluaciones de impacto ambiental. 
Todo eso está bien; puede que no sea una reacción muy directa, pero no obstante crea el trasfondo necesario para considerar debidamente la cuestión. 
La titularidad nacional es muy importante. 
De hecho, las actividades para frenar la sobreexplotación de la carne de animales silvestres no significan si los propios países que consumen carne de animales silvestres no llevan la voz cantante. 
Podemos ayudar apoyando como es debido la capacitación y aportando los puntos de vista expresados cuando revisamos las estrategias nacionales, pero la implicación en el problema es crucial. 
Me gustaría añadir un punto especial y es que la paz es esencial. 
Si miramos el conflicto de la República Democrática del Congo y de otros países de la región durante los últimos 10 años, la realidad es que estos conflictos han bloqueado cualquier intento de crear siquiera un mínimo de gobernanza en relación con el problema que estamos debatiendo. 
Los soldados y las personas desplazadas internamente, los refugiados, no han tenido restricciones, ni incentivos, ni orientación, ni castigo, ni gobernanza de ningún tipo sobre cómo comportarse en este sentido. 
Ha sido una zona fuera de la ley y del orden, y hemos visto sus terribles consecuencias. 
Quisiera situar esto en el primer lugar de la lista de prioridades y, de hecho, para mí un dividendo de paz para el medio ambiente y para la crisis de la carne de animales silvestres es uno de los muchos aspectos importantes para asegurar la paz en la República Democrática del Congo y en otros lugares de la región. 
La Comisión no está convencida de que un plan de acción específico sea el mejor modo de abordar la crisis de la carne de animales silvestres, y esto refleja lo que he dicho acerca de la implicación. 
Este año se revisan tanto la estrategia de la CE para integrar la cooperación medioambiental en la cooperación económica y la cooperación al desarrollo como el Plan de Acción de Biodiversidad para la cooperación al desarrollo. 
Es preferible asegurar que las cuestiones relacionadas con la carne de animales silvestres se aborden adecuadamente en estas dos estrategias, en lugar de crear una estrategia específica para la carne de animales silvestres que exigiría muchos recursos en cuanto a personal, pero no conllevaría necesariamente una acción suplementaria para solucionar el problema. 
Considerando las implicaciones multisectoriales de la cuestión de la carne de animales silvestres, tal enfoque no sería el mejor. 
Muchos proyectos comunitarios en África Oriental, del Sur y Occidental asumen este reto de una forma muy práctica. 
Aunque el gasto medioambiental dentro del conjunto del programa de ayuda suponga un porcentaje bastante bajo, hemos invertido bastante en la protección y la gestión del medio ambiente en países clave. 
Por ejemplo, en África Central, la Comisión ha invertido desde 1992 cerca de 67 millones de euros en el Programa Ecofac para los ecosistemas forestales centroafricanos, que dirige una gestión innovadora de zonas protegidas en hábitats cruciales de los grandes simios. 
La Comisión también financia la labor de control de la caza legal y la caza furtiva en las concesiones forestales privadas, y promueve el ecoturismo en la región en el marco de su gestión responsable de la iniciativa. 
Además, trabajamos a nivel político para abordar la crisis de la carne de animales silvestres. 
Por ejemplo, recientemente hemos otorgado una subvención de 500 000 euros para ayudar a lanzar el Proceso Ministerial Africano para la Aplicación de la Legislación y la Gobernanza en el Sector Forestal. 
Aunque el principal objetivo de este proceso es mejorar la gobernanza en el sector forestal y combatir la explotación ilegal, la inclusión de varias referencias importantes a la carne de animales salvajes y la vida silvestre en la declaración de la conferencia ayudará a perfilar más esta cuestión. 
Acogemos con sumo agrado mucho la iniciativa de presentar este compromiso de amplia base por parte del público al Parlamento. 
Esto, en mi opinión, es una manera muy constructiva de prestar a esta cuestión la atención que se merece. 
. – Señor Presidente, cualquier petición respaldada por 1,9 millones de firmas merece ser tratada seriamente. 
Felicito al Sr. De Rossa por su excelente informe y por el modo en que lo ha presentado hoy. 
En primer lugar, ¿podría confirmar el Comisario que el plan de acción solo abarca las zonas tropicales y en concreto el continente africano, y no afecta en modo alguno a la caza en la Unión Europea, como han interpretado algunas personas? 
Una acción razonable es vital y urgente por tres razones. 
En primer lugar, como ha dicho el Sr. De Rossa, al menos 150 millones de las personas más pobres del mundo consideran la vida salvaje como un bien vital para su sustento. 
La caza comercial, la explotación de madera y la tala de los bosques están destruyendo el equilibrio ecológico y privando a los habitantes locales de sus alimentos y de su sustento. 
En segundo lugar, la matanza totalmente indiscriminada de grandes simios acabará con los gorilas y los chimpancés, que en países como Ruanda constituyen una importante atracción turística sostenible y una fuente de ingresos que se perderá para siempre. 
La devastación de los bosques también destruirá un ecosistema si no se controla urgentemente la explotación forestal. 
Hay un tercer punto incluso más importante. La exportación ilegal de carne de animales silvestres a todos los rincones del mundo podría tener un efecto devastador sobre la salud que haría que el SRAS pareciera un resfriado común. 
Muchos gorilas y chimpancés tienen el VIS, el equivalente animal del VIH, que puede transmitirse a los humanos, y que lo ha hecho. 
Esto sería suficientemente grave, pero si la carne contaminada con ébola llega al mercado mundial, podríamos encontrarnos con una catástrofe peor que el VIH. 
Recientemente se han descubierto 2 000 narices de monos en una maleta en el aeropuerto de Ámsterdam, lo cual demuestra que el comercio ilegal está floreciendo. 
Esta resolución pide a la Comisión que adopte una serie de medidas, que espero hará. 
Sin embargo, conseguir que los jefes de Estado de los países donde se consume carne de animales silvestres sean conscientes de la situación y, como ha dicho el Comisario, conseguir que lleven la voz cantante en la acción para salvaguardar los ecosistemas y la vida salvaje que sostienen, sería un gran paso adelante. 
– Señor Presidente, apoyo las ideas que subyacen a las propuestas del excelente informe del Sr. De Rossa y le felicito por ello. 
Una de las cuestiones que hemos de abordar es la definición de carne de animales silvestres. 
No es suficientemente precisa. 
Sabemos o creemos que todos estamos hablando de lo mismo: principalmente, de especies amenazadas, en particular de los grandes simios. 
Sin embargo, hay un comercio de productos gastronómicos que abarca el consumo de carne animales silvestres fuera de África. 
Evidentemente es muy difícil, tanto en África como en Sudamérica, impedir que personas que se mueren de hambre o que tienen cantidades sumamente limitadas de alimentos practiquen la «caza furtiva» en la selva vecina. 
Sin embargo, hay especies tanto en América del Sur como en África que pueden gestionarse y que forman la base de un comercio organizado, con las garantías adecuadas. 
Lo que me preocupa es que en Europa haya un gran mercado para la carne de animales silvestres. 
Cada año, varios miles de libras de peso de carne de animales silvestres importada ilegalmente son incautados tan solo en el aeropuerto de Heathrow en Londres, la mayoría en un estado espantoso. 
Hay un número razonablemente grande de residentes y ciudadanos de la Unión Europea, y de los países africanos y sudamericanos que, quizás legítimamente, quieran consumir este tipo de carne si se puede conseguir de forma sostenible. 
Esta demanda no desaparecerá como tampoco lo hará la demanda de los compatriotas irlandeses del Sr. De Rossa de cerveza Guinness, estén donde estén. 
El riesgo es que lo empujemos hacia la ilegalidad incluso más de lo que ha sucedido. 
Una de las opciones que la Comisión ha de investigar de forma más honesta es la propia gestión del comercio, que podría implicar estudios amplios y, por desgracia, caros de las poblaciones de animales, el control de las matanzas selectivas y, en lo que respecta al comercio de exportación, una regulación adecuada para la salud pública. 
Como ha dicho el Sr. Corrie, si se empuja hacia la ilegalidad, las implicaciones de este comercio para la salud pública son espantosas. 
Es un escándalo que, en el interés de la gestión de un país, los multimillonarios norteamericanos puedan dedicarse a matar elefantes, mientras que no se permite a personas de origen africano comprar y consumir carne de animales silvestres en un comercio gestionado. 
Doy las gracias al Sr. De Rossa por asegurar que este informe no hace referencia ni puede hacer referencia a la gestión de ciervos y alces en Europa. 
Asimismo quisiera señalar que cualquier referencia a los rifles de alta potencia es innecesaria. 
En África hay aproximadamente 20 millones de AK-47, y cualquier control que tengamos sobre los rifles en la Unión Europea no cambiará nada. 
Sin embargo, al igual que otros diputados, pido a la Comisión que emprenda pronto una acción. 
– Señor Presidente, felicito al Sr. De Rossa por su informe sobre la protección y la conservación de los grandes simios y otras especies amenazadas por el comercio ilegal de carne de animales silvestres. 
Este informe, como se nos ha dicho, surgió a partir de una petición firmada por 1,9 millones de personas de toda la UE, que impulsó a la Comisión de Peticiones a elaborar el presente informe. 
He de decir que no fue sin la resistencia de ciertos Grupos políticos de esta Cámara. 
Los Demócrata-Cristianos, cuyos comunicados de prensa ensalzando las virtudes del informe De Rossa están inundando el centro de prensa en Estrasburgo, votaron en un principio contra la elaboración del informe. 
Los que participamos en los movimientos a favor del bienestar y la conservación de los animales aplaudimos la tardía conversión de los Conservadores británicos al bando del bienestar animal en este sentido. 
Lo mismo puede decirse del Grupo de los Verdes y de los Liberales, que al comienzo también votaron en contra de la elaboración de este informe. 
En interés de la salud pública, la seguridad pública y la protección de las especies amenazadas, apoyaremos las exigencias de que la UE utilice tanto la zanahoria como el palo para estimular la conservación de estas especies amenazadas en sus hábitats indígenas, para permitir que las comunidades locales encuentren fuentes alternativas de alimentos y para evitar la importación ilegal de carne de animales silvestres en la UE. 
La mención por el Sr. Corrie de la reciente incautación en Ámsterdam de 2 000 narices de monos indica perfectamente la envergadura del comercio y el sufrimiento y la devastación ocasionados a estos animales. 
No apoyaremos ninguna de las tres enmiendas, que creemos son descabelladas y, deliberadamente o no, maliciosas. 
El informe del Sr. De Rossa tiene que ver con la caza ilegal de especies amenazadas y no supone en modo alguno una amenaza para la caza dentro de la Unión Europea, como afirma la enmienda del Grupo EDD. 
Aparte de Gibraltar, donde salvaguardar a los monos puede ser una buena forma de desviar la amenaza española, Europa no tiene grandes simios. 
Igualmente, la enmienda del Grupo ELDR es una contradicción en sus términos: no existe nada parecido a un nivel sostenible de caza para las especies en peligro de extinción. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. De Rossa por su informe. 
Que conste, señor Ford, que fui yo quien hizo la propuesta formal a la comisión de elaborar este informe. 
Por tanto, no puede decirse que los Verdes se opusieran a ella. 
Quisiera recalcar varias cuestiones, y una de ellas es el papel de las empresas de explotación forestal. 
En el informe se hacen propuestas sobre cómo podríamos ayudarles a enfrentarse a sus responsabilidades, dado que, a veces, utilizan carne de animales silvestres como fuente de alimentos aparentemente barata y disponible para sus trabajadores y utilizan sus vehículos para transportar la carne obtenida de la caza furtiva. 
La propuesta consiste en incorporarlo en el proceso de Aplicación de la Legislación, Gobernanza y Comercio en el sector Forestal, cosa que celebro. 
En segundo lugar, ya se ha planteado la cuestión de la importación en la Unión Europea y las muy cuestionables y terribles circunstancias que la rodean. 
Podríamos hacer más en este sentido, educando a los consumidores y a los proveedores de la Unión, ayudándoles a darse cuenta de cuál es el efecto de sus acciones en la ecología y el desarrollo en los países de origen y ayudando a la gente a dejar de considerar la carne de animales silvestres como un manjar de lujo, cuando son animales en peligro de extinción en algunos lugares. 
– Señor Presidente, antes de exponer la enmienda que he presentado, tengo interés en afirmar el apoyo de mi Grupo a la protección y la conservación de los grandes simios, en especial en África. 
Aunque los grandes simios están ya protegidos por el Convenio de Washington, y por tanto no pueden ser cazados, deben ser objeto de una vigilancia reforzada para luchar contra la caza furtiva, como hace el proyecto ABAC (Alternativas a la caza furtiva en África Central). 
Pero como explica el ponente, la caza no es, ni mucho menos, la única causa de desaparición gradual de estas especies. 
La deforestación masiva y mecanizada del África ecuatorial, así como la explosión demográfica de todo el continente, desempeñan un papel de primer orden en la destrucción del hábitat de los grandes simios, sin olvidar que el virus del ébola ha causado en los últimos años estragos sin precedentes. 
Por esta razón, es preciso redefinir, a mi entender, el concepto de crisis de la carne de animales salvajes, para no reducirla únicamente a las capturas excesivas. 
Las causas profundas de la desaparición de estas especies son múltiples. 
En cuanto a la definición de la carne de animales silvestres, no es aceptable en su estado actual, en mi opinión. 
En efecto, introduce una confusión sobre la procedencia de la carne de caza. 
Y pienso que, en un texto legislativo, para responder a mi colega el Sr. Ford, cualquier precisión es siempre útil y, en todo caso, creo que definir el marco de forma muy estricta es sumamente importante. 
En este informe, que trata de las zonas tropicales y ecuatoriales, habría que limitarse únicamente a la denominación carne de animales salvajes. 
La denominación genérica de carne de caza silvestre es mucho más vaga. Engloba asimismo las poblaciones de caza existentes en los Estados miembros de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias nuevamente al ponente por este informe muy necesario. 
Lamento que el Sr. Ford quiera convertirlo en una cuestión política, porque creo que es algo en lo que todos los partidos políticos podrían trabajar conjuntamente para mayor provecho a fin de detener este terrible comercio. 
Mientras nos reunimos aquí en Estrasburgo, grandes simios, gorilas, chimpancés y monos están siendo cazados hasta la extinción para conseguir carne de animales silvestres Al ritmo actual, las personas están pagando una prima por comer más grandes simios cada año que ahora están encerrados en los zoos y laboratorios del mundo. 
La espantosa estadística es que si continúa la matanza al ritmo actual, los simios salvajes que quedan en África habrán desaparecido en los próximos 15 a 50 años, un plazo largo, pero pronto se acabará si no detenemos este comercio. 
Rindo tributo al doctor Brian Carroll, del zoológico de Bristol, en mi región, que ha trabajado con zoológicos de Gran Bretaña para recoger un contundente medio millón de firmas en el marco de la campaña emprendida en toda Europa. 
Nos enfrentamos a una catástrofe que afecta tanto a la supervivencia de nuestros parientes más próximos como a las personas que dependen de los bosques para su subsistencia. 
El mayor reto al que se enfrentan ahora los conservacionistas es reducir la demanda de carne de animales silvestres. 
Es esencial que mantengamos un programa de educación que haga comprender y conciencie a la gente que no ha de comprar ni comer carne de los grandes simios. 
Sin embargo, aquí en Europa podemos hacer más. 
Me horroriza la escala de este repugnante comercio cada año. 
En los aeropuertos de Europa se confiscan toneladas de carne de animales silvestres. 
Hemos de tener controles más estrictos en todos los puertos y aeropuertos de la UE para impedir que esta carne entre en Europa, como atestigua, Señorías, la devastación causada por los brotes de fiebre aftosa en toda Europa. 
Hemos realizado nuestra propia investigación. 
La fiebre aftosa prevalece en partes de África occidental. 
La carne de animales silvestres introducida de contrabando no solo podría provocar un nuevo brote en Europa, sino que también expondría nuestro ganado a las enfermedades y epidemias que hay en el continente africano. 
Cada kilo de carne de contrabando en la cadena alimentaria de la UE supone una amenaza real no solo de enfermedades animales, sino también de enfermedades humanas, como el ébola. 
Señorías, su apoyo a las conclusiones de este comité temporal sobre el brote, y a la petición de medidas más estrictas para evitar que las enfermedades entren en la UE ha sido abrumador, aunque en mi país solo disponemos de seis perros rastreadores para buscar este comercio oculto. 
No estamos tomando suficientemente en serio esta amenaza y los Estados miembros podrían hacer más. 
La vida salvaje y los hábitats amenazados son un bien precioso e irremplazable. 
Hemos de detener este comercio de bárbaros antes de que sea demasiado tarde. 
– Señor Presidente, creo que hemos de establecer desde el principio que las razones por las que este comercio ilegal lucrativo está floreciendo son exactamente las mismas que las que están en la base del tráfico ilegal de estupefacientes y el tráfico ilegal de armas. 
El análisis de estas actividades exige comprender mejor de qué forma contribuyen, como ha dicho el Comisario, el conflicto y la mala administración en especial a este problema, y en la Unión Europa, como donantes, quizás deberíamos tomarnos más en serio el apoyo a los proyectos de conservación y biodiversidad. 
Junto con ello, los esfuerzos que hacemos por prevenir los conflictos y facilitar la paz propuesta por la Unión Africana, etc. desempeñarán su papel a la hora de abordar las preocupaciones planteadas hoy aquí. 
Se trata de una cuestión que se ha debatido con regularidad en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y que ha recibido el constante apoyo de nuestros colegas parlamentarios de los países ACP. 
Ellos nos hablan, y hemos mantenido debates con ellos, de la importancia –también recalcada por el Comisario– que sus Gobiernos han de dar a la prioridad de convertir la gestión y la conservación sostenibles de las fuentes naturales en una parte clara de sus programas indicativos nacionales. 
Es algo en lo que tenemos un papel que desempeñar en la Asamblea Parlamentaria Paritaria, y en la Comisión de Desarrollo y Cooperación y en otros lugares, porque, salvo que los Gobiernos le den carácter prioritario, me temo que no consigamos nada. 
Asimismo hay que decir que la carne de animales silvestres es una importante fuente de proteínas. 
En algunas partes de Nigeria, hasta el 84% de las proteínas obtenidas procede de la carne de animales silvestres, que desempeñan una parte importante en la vida de las personas. 
Allí donde el acceso a la vida salvaje está limitado, las personas tendrán que adaptarse y seguir adaptándose de maneras que conllevan riesgos aún mayores. 
Es mucho mejor hablar acerca de controlar el comercio que sugerir acabar con él. 
Si hablamos de acabar con el tráfico ilegal de carne de animales silvestres, lo único que haremos es llevarlo a la clandestinidad y hacer que sea más difícil enfrentarse a él. 
Nunca se ha evaluado la importancia de la carne de animales silvestres para la subsistencia de las personas pobres. 
Esta tarde hemos hecho muchas declaraciones, pero no se ha hecho una evaluación clara de la importancia de la carne de animales silvestres para la subsistencia de las personas. 
Quisiera acabar diciendo que una mejor gestión del comercio puede contribuir de forma importante a lograr nuestro objetivo de alcanzar los objetivos de erradicación de la pobreza. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. De Rossa por este informe muy importante. 
El comercio ilegal de carne de animales silvestres está devastando a las especies y los hábitats amenazados en muchos países en vías de desarrollo. 
En concreto aplaudo y apoyo una recomendación: intensificar las medidas para detectar y prevenir las importaciones ilegales de carne de animales silvestres en Europa. 
Increíblemente, sigue siendo bastante fácil introducir en Europa carne ilegal de contrabando a través de puertos y aeropuertos, a pesar de que esta haya sido casi con total seguridad la causa de la epidemia de fiebre aftosa de 2001, a la que se ha referido el Sr. Parish. 
La Unión Europea ha de dar ejemplo y enviar un mensaje claro a los contrabandistas de que cualquier carne de animales silvestres que lleguen a los puertos de acceso se detectará y que serán perseguidos judicialmente. 
Lamentablemente, este comercio violento y rentable continúa y miles de toneladas de carne ilegal de animales silvestres, procedentes sobre todo de África Occidental, entran a escondidas en Europa cada año, y las bandas organizadas quedan impunes. 
He de decir que, en esta ocasión, los Estados Unidos nos están mostrando el camino: cualquiera que haya viajado recientemente pasando por un aeropuerto estadounidense habrá tenido que vérselas sin duda con un sabueso que husmeaba cada pieza de equipaje en busca de alimentos importados. 
Imploro a la Comisión Europea que sea dura con los Estados miembros. 
Finalmente también pido a sus Señorías que rechacen las enmiendas poco relevantes hechas a este informe que intentan defender las prácticas de caza europeas y que debilitarán innecesariamente sus recomendaciones. 
. Señor Presidente, nos faltó imaginación cuando preparábamos esta declaración, para incluir el aspecto de la caza en Europa. 
Simplemente creo que queda fuera del alcance de lo que normalmente cabría esperar que abarcara esta iniciativa y estoy plenamente de acuerdo con el Sr. De Rossa, el Sr. Corrie y otros que se han referido a este malentendido. 
Es muy importante tener presentes las observaciones de la Sra. Mathieu y otros acerca de que la caza no es la única amenaza para estas especies. 
Hay dos aspectos independientes: el de una amenaza deliberada, empujada por la codicia, y la de una amenaza empujada por la necesidad de sobrevivir de las personas. 
Ambas son igualmente peligrosas para las especies de que hablamos. 
En este debate, veo un paralelismo con la difícil cuestión de la necesidad de que los africanos cambien y pasen a un estilo de vida pastoral, en el que recorran el campo para que paste su ganado, pero en que hay un desequilibrio entre el número de personas y el ganado y los kilómetros cuadrados disponibles. 
Es esta presión sobre el uso de la tierra, que refleja la urbanización y el crecimiento de la población, lo que muchas personas no esperan que sea un problema en un lugar tan grande como África. 
Sin embargo, si se consideran las limitaciones medioambientales, como el acceso al agua, África no es tan grande. 
La presión sobre los bosques es una presión tan sistemática, continua y dramática que presenta quizás el mayor obstáculo para establecer una alternativa sostenible, porque la cuestión tiene que ver con la pobreza y con problemas reales. 
Deberíamos organizar un frente sólido para abordar el problema de los actos criminales movidos por la codicia. 
Intentar convencer a las empresas de explotación forestal de que actúen de acuerdo con la ley y se adhieran a la normativa, y para que ello sea reconocido de forma más amplia por los Gobiernos, forma parte del impulso a favor de observar un mínimo de decencia en cuestiones relacionadas con la silvicultura en los países africanos. 
Esto forma parte sin duda de la acción y de nuestra política. 
Por último, hay muchos otros aspectos relacionados con la cuestión del comercio. 
Uno es simplemente nuestra defensa legítima de nuestros niveles de salud. 
Pusimos coto a las importaciones de perca del Nilo procedentes del lago Victoria durante varios años, hasta que conseguimos con éxito –y este es uno de mis casos preferidos– establecer un control fitosanitario eficaz. 
Ahora estas importaciones están aumentando y hemos creado de nuevo miles de puestos de trabajo de forma sostenible. 
Sin embargo, me parece un poco extraño que no hayamos hecho algo similar en lo que respecta a la carne de animales silvestres. 
Lo que se ha dicho en este debate es bastante correcto: el ébola es una amenaza y hay muchos otros aspectos muy difíciles de este comercio que exigen bastante atención. 
Al mismo tiempo, muchas personas dependen para su supervivencia de la caza y la ingesta de carne de animales silvestres en su entorno tradicional normal. 
Deberíamos respetarlo. 
Hemos celebrado el debate sobre la fuga de cerebros. 
Quizás podamos empezar debatiendo acerca de la fuga de proteínas, cuestión en que deberíamos contrarrestar la tentación de conseguir proteínas exóticas llamando la atención del público sobre las cuestiones implicadas. 
Quiero dar las gracias al Parlamento y al ponente por esta iniciativa. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Sr. Ford tiene la palabra para contestar por alusión personal de conformidad con el artículo 122 del Reglamento. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, la Sra. Lambert y más indirectamente el Sr. Parish han sugerido que he engañado a esta Cámara al afirmar que los Grupos del PPE-DE, ELDR y Verts/ALE han intentado impedir que el informe De Rossa se incluyera en el orden del día. 
Aunque acepto el entusiasmo personal de la Sra. Lambert por este informe y el hecho de que haya propuesto que se elaborara, mis críticas iban dirigidas a la actitud de su Grupo y la de los demás Grupos. 
La cuestión fue planteada por el Presidente de la Comisión de Peticiones en una reunión de la Conferencia de Presidentes de Comisiones durante el pasado otoño. 
Se opusieron a que la Comisión de Peticiones utilizara el Reglamento para elaborar este informe. 
La cuestión se remitió a la reunión de Presidentes de los Grupos Políticos, donde en un principio el único voto a favor del informe fue el del Sr. Barón Crespo, del Grupo del PSE. 
Los demás Grupos tuvieron que ejercer una presión considerable para convencer a sus presidentes de que cambiaran de opinión y permitieran que se elaborara este informe sobre el importante tema que tenemos hoy ante nosotros. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión relativa a la ayuda de la UE a Irán tras el terremoto. 
. Señor Presidente, la magnitud del terremoto de Bam y el grado de devastación que ocasionó dio lugar a un llamamiento a la ayuda internacional por parte de las autoridades iraníes y a una respuesta internacional y europea masiva transcurridas tan solo unas horas después el desastre. 
El número de muertos ha ascendido ahora a 30 000, hay una cifra similar de heridos, 45 000 personas sin hogar y el 85% de Bam ha quedado destruida. 
La Comisión ha prestado activamente ayuda humanitaria de emergencia coordinando los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate de los Estados miembros de la UE y el EEE, países candidatos y en vías de adhesión. 
El sábado, 27 de diciembre de 2003, la Comisión, a través de la ECHO, su oficina de ayuda humanitaria, adoptó una primera decisión de emergencia destinando 2,3 millones de euros para cubrir las necesidades más urgentes originadas por el terremoto. 
Se han concedido 1 452 129 millones de euros a la familia de la Cruz Roja –la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Cruz Roja Finlandesa y la Cruz Roja Alemana– para prestar apoyo a las medidas de ayuda a los damnificados de la Sociedad Iraní de la Media Luna Roja, proporcionando paquetes de comida, tiendas de campaña, mantas, calefactores, equipos de cocina y equipos higiénicos, además de tratar las necesidades sanitarias mediante el establecimiento de un hospital de campaña y de unidades sanitarias básicas. 
Otros 813 577 euros se asignaron al y a para actividades sanitarias y similares, y por último se otorgaron 34 294 euros a para establecer una red de comunicaciones por satélite para facilitar la comunicación y la coordinación entre las organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan en la zona catastrófica. 
Además de la respuesta de ayuda humanitaria, el Centro de Control e Información de Protección Civil de la UE, un organismo de la Comisión, había iniciado, con el consentimiento de las autoridades iraníes, el envío de equipos de respuesta urgente. 
Inmediatamente después del terremoto, en la mañana del 26 de diciembre, el Centro de Control e Información de Protección Civil de la UE ofreció ayuda a Irán y emitió una alarma avanzada a sus 30 Puntos de Contacto en países que participan en el Mecanismo de Cooperación de Protección Civil. 
El 26 de diciembre, los primeros equipos partieron de sus respectivos países y el 27 de diciembre, la coordinación comunitaria de las medidas de búsqueda y rescate, dirigida por la unidad de protección civil italiana, ya estaba funcionando en Bam. 
En total, 18 países participaron en esta iniciativa conjunta prestando ayuda que iba desde equipos de búsqueda y rescate –perros rastreadores, bomberos y otros especialistas– hasta el suministro de artículos de ayuda a los damnificados, hospitales de campaña y otros equipos. 
Una vez concluida la fase de búsqueda y rescate de la respuesta de emergencia, la atención se centró en garantizar que las necesidades humanitarias básicas de los supervivientes del terremoto están cubiertas durante los próximos meses. 
El 8 de enero de 2004, tanto la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzaron llamamientos para contribuir a la respuesta de socorro y recuperación en Bam. 
Tras una primera misión de evaluación que tuvo lugar del 29 al 31 de diciembre, la ECHO envió una segunda misión de expertos a Bam, entre el 5 y el 8 de enero, para examinar la situación, evaluar las necesidades adicionales y coordinarse con las demás agencias presentes sobre el terreno. 
Como resultado de esta segunda evaluación, varios factores destacan como áreas prioritarias de intervención: la salud; las condiciones de salubridad e higiene; el apoyo y seguimiento psicosocial; y la concentración en los grupos más vulnerables, especialmente niños y ancianos. 
Basándose en sus propias evaluaciones y en los llamamientos de las Naciones Unidos y la Cruz Roja, la Comisión se plantea tomar una segunda decisión a favor de las víctimas del terremoto de Bam en las próximas semanas. 
Al responder como lo hicimos, pudimos utilizar los primeros 2,3 millones de euros para cubrir todas las peticiones que teníamos en ese momento y ahora podemos considerar nuevas peticiones. 
Es muy importante que la comunidad internacional pueda hacer algo que vaya más allá de la ayuda inmediata necesaria en situaciones como esta. 
– Señor Presidente, el terremoto del 26 de diciembre prácticamente destruyó la ciudad de Bam. 
El alcance de la devastación y el sufrimiento humano resultante nos han impactado a todos. 
Sin embargo, esta tragedia ha tenido algo positivo: la inmediata, rápida y completa asistencia de todo el mundo, incluida la UE, sus Estados miembros e incluso los Estados Unidos, que Irán aceptó. 
Solamente rechazó la ayuda ofrecida por Israel. 
Esta Asamblea desea expresar su gratitud a la Comisión por actuar con tanta rapidez el 27 de diciembre. 
Esto muestra al Gobierno de Irán, pero sobre todo al pueblo iraní, toda la solidaridad humana que existe con ellos en su difícil situación actual, independientemente de las relaciones políticas con su país. 
Estoy convencido de que esta es también una respuesta a la firma por parte de Irán del Protocolo Adicional al Tratado de no proliferación, cumpliendo así las expectativas de la comunidad internacional sobre esta importante cuestión. 
Sin embargo, al mismo tiempo, todavía existen muchos motivos de crítica por nuestra parte, especialmente sobre la situación de los derechos humanos, aunque celebramos el hecho de que haya comenzado el diálogo UE/Irán sobre derechos humanos. 
Yo mismo asistí a la última reunión celebrada en Bruselas; fue un diálogo abierto, no solo entre la delegación de la UE y la parte iraní, sino también dentro de la propia delegación iraní. 
Sin embargo, en el Parlamento Europeo ya manifestamos en otoño nuestras preocupaciones ante la posibilidad de una ofensiva contra los parlamentarios reformistas antes de las elecciones de febrero. 
Tristemente, eso es exactamente lo que ha sucedido esta semana: más de 80 parlamentarios y miles de candidatos fueron inhabilitados por el Consejo de Guardianes, incluido el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el Sr. Mirdamadi, principal interlocutor y anfitrión de una delegación del Parlamento Europeo que visitó Irán, y que estuvo aquí con una delegación el pasado año. 
Creo que deberíamos dejar claro que igual que mostramos solidaridad humana en respuesta a las catástrofes naturales, también debemos mostrar solidaridad política con los movimientos reformistas en Irán, que –dentro de los parámetros limitados que existen actualmente en ese país– ejercen presión a favor de una mayor democracia y unas elecciones más libres. 
Este es un importante punto y asumo que el Alto Representante, el Sr. Solana, que actualmente se encuentra en Irán, encontrará las palabras para dejar clara esta postura. 
Creo que sería enviar la señal equivocada si la Unión Europea mirara hacia otro lado y actuara como si no hubiera pasado nada en esta situación. 
Esto sería muy desalentador para los que quieren unas elecciones relativamente libres en febrero, justo el mes que viene. 
Lo que se necesita ahora no es solo solidaridad con las víctimas de Bam, sino también con los reformistas de Irán. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera expresar nuestras sinceras condolencias y solidaridad con el pueblo iraní. 
Esta terrible tragedia no solo ha destruido una región y una ciudad; también ha afectado a un país entero y a su pueblo. 
Me complace mucho –y quisiera dejar esto muy claro al Comisario Nielson– que la Comisión, como también Europa en su conjunto, hayan mostrado esta solidaridad y hayan respondido tan rápida y eficazmente a la tragedia. 
Sin embargo, también creo que, ante este terrible desastre, es especialmente importante para Irán mostrar que está unido y trabajando hacia el futuro. 
Mi Grupo y yo estamos muy preocupados debido a que con anterioridad a las elecciones se hayan producido inhabilitaciones de candidaturas que impiden a los votantes hacer su propia elección. 
La democracia –e Irán está muy orgulloso de su democracia– consiste en que los propios votantes elijan a las personas que quieren que les representen en el Parlamento. 
Espero que todavía haya una oportunidad de que Irán dé marcha atrás a esta decisión y confirme al público qué candidatos se presentarán a las elecciones. 
La elección debe ser entonces del pueblo iraní. 
Este no es el momento ni el lugar para enzarzarnos en una discusión sobre los movimientos reformistas frente a los conservadores; solamente quería dejar muy claro, en nombre de mi Grupo, que el pueblo debe decidir. 
No creo que nadie en Irán deba alarmarse por dejar al pueblo decidir. 
Su pueblo es lo suficientemente inteligente para tomar sus propias decisiones. 
En segundo lugar, quisiera rendir tributo al hecho de que Irán –en respuesta a la iniciativa de varios Ministros de Asuntos Exteriores europeos– haya firmado el Protocolo Adicional ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Entiendo los temores en algunos sectores de Irán y el deseo de poseer la tecnología nuclear más avanzada. 
Después de todo, algunos países vecinos ya poseen armas nucleares y han establecido programas de investigación en tecnología nuclear. Pienso concretamente en la India, Pakistán e Israel. 
Sin embargo, la región no pasará a ser más segura si cada vez más países poseen armas nucleares. 
Después de todo, estamos a favor del desarme en todos estos países, y creo que Irán está haciendo lo correcto al abandonar sus esfuerzos por obtener armas nucleares y en su lugar está desarrollando un concepto de seguridad diferente, más racional y, por así decirlo, europeo. 
Claro que estaremos dispuestos a prestar nuestro apoyo a Irán en este contexto. 
Sé que Irán está haciendo contribuciones muy positivas y constructivas al desarrollo regional; sé que esto es cierto en el caso del Líbano y también parece ser el caso del Iraq. 
Naturalmente, me gustaría poder decir lo mismo sobre Israel y Palestina. 
Como persona que siempre critica al Gobierno de Israel, pienso sin embargo que todos los países de esta región y de fuera de la misma deberían hacer su contribución a la paz en Oriente Próximo. 
Teniendo en cuenta todo esto, quisiera concluir reiterando la solidaridad de mi Grupo con el pueblo iraní, pero también me gustaría pedir e instar al Consejo que haga más por fomentar el pleno desarrollo de la democracia y los derechos humanos en Irán, en el propio interés de ese país. 
Señora Presidenta, señor Comisario Nielson, como es natural conocimos las terribles noticias del terremoto de Bam con gran consternación. 
Justo en medio de las vacaciones navideñas, las pantallas de televisión se llenaron de terribles imágenes de muertos y heridos y de miles de personas buscando desesperadamente a sus familiares en una ciudad en ruinas. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas quisiera expresar nuestras condolencias y profunda solidaridad con el pueblo iraní en este difícil momento. 
Como es natural, la UE debe continuar su trabajo con las autoridades iraníes para ayudar a las personas afectadas a recibir atención, un techo bajo el que protegerse y otras necesidades. 
También deberíamos ayudar en la reconstrucción de esta bella ciudad histórica. 
Nuestra preocupación por el pueblo iraní y nuestra solidaridad con el mismo también se extiende a su acceso a la democracia y los derechos humanos. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está muy preocupado por estos temas. 
Queda mucho por hacer, porque el régimen iraní es cualquier cosa menos democrático. 
Desgraciadamente, los graves ataques a las mujeres, las minorías, los miembros de la oposición y los disidentes forman parte de la vida cotidiana. 
Nos preocupa mucho los últimos acontecimientos y la implicación del Consejo de Guardianes en las próximas elecciones. 
Al no aceptar a miles de candidatos de todo el país –más de la mitad de los que se han presentado–, el Consejo de Guardianes de Irán muestra una vez más su falta de disposición para reformar el sistema de gobierno iraní. 
Calificar a los rechazados de puñado de delincuentes por el hecho de que habían tenido contactos, por ejemplo, con una serie de grupos que no agradaban al Consejo de Guardianes, suena vacío. 
Si Irán quiere que algún día se le considere entre los Estados democráticos, debe aceptar que la legitimidad política se obtiene del pueblo en elecciones libres, no a través de la caprichosa interpretación de la voluntad de Dios hecha por los ayatolas. 
Al igual que todo el mundo, el pueblo iraní quiere democracia y derechos humanos. 
El Grupo ELDR quiere solicitar a los líderes iraníes que no interfieran en las elecciones, sino que permitan a los candidatos presentarse, de forma que las elecciones sean lo más justas y abiertas posible. 
A este respecto, quisiera, al igual que mis colegas diputados al Parlamento Europeo, solicitar a la Comisión que refuerce y desarrolle el diálogo sobre derechos humanos con Irán. 
Debe ser algo más que una charla política. 
Si queremos que sea significativo, debe ser claro, persistente y coherente, además de evaluarse regularmente. 
Espero que usted, señor Comisario Nielson, junto con el Comisario Patten y el Sr. Solana, puedan actuar de forma que inyecten nueva vida a estos debates, en parte a la luz del esfuerzo por conseguir que Irán ratifique y aplique el Tratado de no proliferación. 
– Señora Presidenta, el pasado domingo regresé del Irán tras una visita política por parte de diputados irlandeses a ese país. 
Durante esta visita nos reunimos con el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, el Sr. Kharrazi, y con otros miembros del Gobierno y el Parlamento, para discutir sobre la ampliación de las relaciones entre Irán y la UE en este momento. 
El Gobierno y el Parlamento iraní han expresado su gratitud a la UE y a la comunicad internacional en general por la ayuda que han recibido para contribuir a la reconstrucción de Bam y ayudar a los miles de personas desplazadas en esta región. 
En esencia, la tragedia de Bam fue realmente terrible, con decenas de miles de muertos y la destrucción de la infraestructura de su histórica ciudad. 
El punto de partida con respecto a la reconstrucción de Irán desde la perspectiva de la UE es el siguiente: va a llevar meses y años reconstruir la ciudad y ayudar a reconstruir las vidas de miles de personas que simplemente han sido destruidas por este terrible terremoto. 
Insto enérgicamente a los Gobiernos de la UE y a la Comisión Europea a que proporcionen apoyo financiero a largo plazo para ayudar al Gobierno iraní en esta difícil tarea de recuperación. 
La Unión Europea ha comprometido más de 200 millones de euros durante los últimos años para ayudar a reconstruir el Afganistán y debe tomar la decisión de apoyar económicamente al Gobierno iraní durante varios años con el fin de garantizar que se atienden las necesidades básicas de educación e infraestructuras sociales en el proceso de reconstrucción de Bam. 
No basta con limitarse a la ayuda económica a corto plazo. 
Se necesita una ayuda económica a más largo plazo y los Gobiernos de la UE deben tomar las decisiones políticas necesarias para poner a disposición del Gobierno iraní estos compromisos financieros más amplios. 
Por otra parte, creo que debería reanudarse el diálogo político entre la Unión Europea y el Gobierno iraní. 
Todos somos conscientes de las dificultades que la comunidad internacional ha tenido con el Gobierno de este país respecto a su cumplimiento del Tratado de no proliferación nuclear. 
Sin embargo, el Gobierno de Irán ha firmado protocolos de este tratado, lo cual celebramos. 
Deberían retomarse las negociaciones entre la Unión y el Gobierno iraní en el contexto de un acuerdo comercial y de cooperación entre ambas partes, además de establecerse un diálogo político estructurado entre nuestros respectivos socios. 
Es preferible consolidar relaciones estrechas entre la Unión e Irán –que cuenta con una población de más de 70 millones de personas– sobre la base del diálogo y la consulta, y no de supuestos políticos, prejuicios políticos y coacción política. 
Por último, apoyo plenamente los apartados 6, 7, 8 y 9 de la resolución. 
Ha sido un impacto terrible conocer la decisión de impedir a candidatos presentarse a las elecciones. 
No podemos aceptar esto. 
Estoy seguro de que el ayatola Jomeini reconsiderará esta decisión –como debe ser– a favor de los que pretenden traer paz y reformas a Irán. 
Señora Presidenta, felicito al diputado que ha superado el tiempo de intervención, ya que considero que saltarse las restricciones inútiles es positivo. 
Comenzaré diciendo que estamos asombrados, sorprendidos y que queremos luchar contra una mayoría de las personas elegidas en el actual Parlamento iraní que –por así decirlo– no fueron previamente vetadas y que han aplicado una política verdaderamente terrible desde 1997, con el pretexto de las deficiencias debidas al excesivo poder fundamentalista del ayatola. 
El problema es que este Irán –de candidatos y representantes electos que no han sido vetados– es un Irán que solamente está detrás de la China en lo que respecta al número de casos de aplicación de la pena capital. 
El Irán del presidente Jatami es un país en el que, conforme a los datos oficiales, no solo siguen lapidando a hombres y mujeres hasta la muerte, sino también en el que, el 3 de febrero de 2003, el ayatola Mahmud Hashemi-Shahrudi dijo a Chris Patten que, por el momento, no dispone de una alternativa a la lapidación hasta la muerte. ¡Y nos lo dijo! 
Ahora bien, si me lo permiten, por supuesto es una terrible atrocidad en lo que respecta a la democracia impedir a estos candidatos, los mencionados reformistas, que sean elegidos, pero lo que me preocupa es que, si salen elegidos, continuarán conviviendo con las lapidaciones, las penas de muerte injustificadas y la moderación hipócrita. 
En Europa estamos con Jatamí, que reconoce las lapidaciones y más, mientas nos impacta, Señorías, que en Nigeria –donde hay más que un ligero indicio de democracia– existía el riesgo real de que una sola mujer fuese lapidada; y no han lapidado a más. 
Por ello, simplemente quisiera pedirle a quienes presentan esta resolución que acepten un tipo de enmienda oral que introduzca datos sobre la pena de muerte y las personas ejecutadas, celebrando el hecho de que los condenados no han sido ejecutados. 
Espero que mañana reunamos 32 firmas o aceptemos la enmienda oral. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Irán acaba de sufrir, en pocas semanas, dos seísmos. 
El primero, el terremoto de Bam, que ocasionó 40 000 víctimas. 
El segundo, de índole política, descalifica más de 3 000 candidaturas a las elecciones del 20 de febrero. 
¿No es indecente comparar estos dos acontecimientos, uno de los cuales es una catástrofe natural, y el otro, simplemente, un abuso de autoridad político-religiosa? 
No lo creo. 
La catástrofe de Bam conmovió al mundo entero. 
La Unión Europea, por su parte, ha liberado ya una ayuda humanitaria de 2,3 millones de euros y contempla otras acciones. 
Las apoyaremos sin reserva y pase lo que pase para aliviar el sufrimiento de las víctimas y expresar nuestra solidaridad con todo el pueblo iraní. 
Pero la descalificación de 3 000 candidaturas reformistas para las próximas elecciones parlamentarias ha causado estupor en el mundo. 
Europa, confiada en el proceso de democratización puesto en marcha por el Gobierno iraní, había avanzado en las negociaciones bilaterales, y los acuerdos se perfilaban en el horizonte. 
Sin duda, no nos corresponde dictar a un país su política ni inmiscuirnos en sus asuntos internos, pero nos reservamos el derecho de elegir a nuestros amigos, aquellos con los que queremos colaborar y que tienen nuestra confianza. 
Si la crisis actual no encuentra una solución justa, aceptable para toda la opinión iraní, no tendrá incidencia sobre la ayuda humanitaria, pero afectará, de forma profunda y duradera, a las relaciones entre Irán y la Unión Europea. 
Sería otra catástrofe de incalculables consecuencias. 
– Señora Presidenta, en primer lugar quisiéramos felicitar al Comisario y a la ECHO por la ayuda que han facilitado. 
Las críticas a la UE son con frecuencia injustas y todos los informes provenientes de Irán indican que los 2,3 millones de euros aportados por la Unión Europea en un plazo de 72 horas al amparo de una decisión de emergencia primaria, fueron bien recibidos y bien empleados. 
Pese a la gravedad de las pérdidas, más de mil equipos de búsqueda y rescate internacionales lograron salvar mil vidas, y este Parlamento debería sumarse a las declaraciones del jefe del equipo de las Naciones Unidas en Bam, que ha calificado la respuesta al desastre de la mejor que ha visto en 20 años. 
Cuando hablamos de la ayuda del sur para el sur deberíamos aprovechar para felicitar a la Media Luna Roja iraní por movilizar a más de 8 000 socorristas y, diga lo que diga Robert Kilroy-Silk en el Reino Unido, a los países árabes, que han ofrecido 400 millones para la reconstrucción de Bam. 
No es sorprendente que una catástrofe humanitaria en Navidad provocase una respuesta pública tan grande entre los pueblos de Europa, pero es justo que en este debate llamemos la atención sobre las emergencias desatendidas a las que no hemos dedicado los mismos medios ni atención pública: en Angola, por ejemplo, donde el llamamiento de las Naciones Unidas solamente recaudó la mitad de los 300 millones que se pretendían reunir, o Mozambique, donde la cifra representa el 12% de los 1,6 millones necesarios, o Zambia, donde solamente se ha recaudado el 10% de la cifra necesaria. 
Señor Comisario, por último necesitamos que nos garantice hoy que no se desviará a Irán dinero destinado a estos países, donde las vidas humanas corren el mismo riesgo. 
Para concluir, es correcto incluir en nuestra resolución un mensaje al pueblo iraní de que nuestra solidaridad internacional reclama por su parte el compromiso con los derechos humanos y las normas de la democracia. 
El procedimiento acordado por el Consejo de Guardianes Iranípara evaluar a los candidatos electorales no cumple estas normas. 
Por supuesto, en Europa no deseamos poner condiciones a nuestra ayuda, pero estamos con los numerosos iraníes cuyas vidas fueron salvadas mientras esperaban y anhelaban unas elecciones justas y libres en su país. 
. Señora Presidenta, quisiera comenzar diciendo al Sr. Howitt que puedo garantizarle que no estamos desviando dinero de Angola, Zambia y otros lugares a Irán. 
Para la ECHO, en términos administrativos, no se trata de una situación dramática ni difícil a la que responder. 
He tomado nota de los comentarios políticos realizados en las distintas intervenciones. 
Políticamente, estoy de acuerdo en que existen otras catástrofes. 
También me alienta lo que se ha dicho en varias de las intervenciones. 
En conjunto, el intento de establecer el diálogo tiene mucho sentido. 
Es muy importante que sigamos manteniendo separada la ayuda humanitaria de la política. 
Trataremos con las autoridades iraníes el tema de cómo garantizar el acceso a todos los cooperantes, la emisión ahora y durante los próximos meses de exenciones de visado a las diversas ONG que están trabajando sobre el terreno y cómo garantizar el acceso normal en beneficio de las víctimas y otras personas del país. 
Estas son algunas de las cuestiones que plantearemos en el marco del proceso de prestación de ayuda humanitaria. 
Proseguirá el diálogo político con Irán –la otra parte del debate de esta tarde–, que se incluirá en los diversos marcos relevantes. 
Quisiera recalcar mi comentario sobre la necesidad de mantener las cuestiones separadas para ser coherentes, porque a veces nos enfrentamos a situaciones todavía más difíciles en las que incluso es más importante cumplir el mandato humanitario. 
Celebro los comentarios formulados durante el debate. 
Para concluir, como acertadamente ha señalado el Sr. Howitt, este es un caso que ilustra la capacidad que tenemos ahora –dados los cambios introducidos durante los últimos meses en el modo en que la Comisión lleva la administración– de responder muy rápidamente. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Como conclusión de este debate, he recibido seis propuestas de resolución. (1) 
La votación tendrá lugar el jueves. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0412/2003) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el Atún: flota e industria. 
Situación y perspectivas de futuro en la UE y en el mundo [2003/2017 (INI) ]. 
Antes de concederle la palabra, señor ponente, debo indicarle que, de acuerdo con el orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes, a las 17.00 horas exactamente interrumpiremos el debate para dar la palabra al representante de la Comisión para una comunicación sobre los servicios en el mercado interior. 
Como el orden del día se adoptó con precisión y dicha comunicación debe tener lugar a las 17.00 horas exactamente, interrumpiremos el debate sobre el informe del Sr. Varela, que se reanudará después de la comunicación de la Comisión. 
. Señora Presidenta, pido, por favor, que no me cuenten el tiempo de lo que voy a decir ahora porque quiero, en nombre de todos mis colegas, expresar una pequeña protesta por esta situación. 
No es su culpa, señora Presidenta, lo sé, pero se trata de una situación molesta, porque, en principio, nuestro debate estaba previsto para la mañana, luego lo han puesto a primera hora de la tarde y ahora se ha dejado para la noche y esto en la pesca nos ocurre con frecuencia. 
Pido, por favor, que esto no vuelva a ocurrir, porque evidentemente, rompe completamente el debate. 
Hasta las 5 voy a intervenir, espero que usted, por lo menos deje al ponente hablar con tranquilidad, porque creo que no le va a dar tiempo al Comisario para contestarme. 
Lo tendrá que hacer a las 9. 
En cualquier caso, los miembros de la Comisión de Pesca opinan que esto no es bueno y esperamos que no se repita con nosotros en el futuro. 
Muchas gracias. 
Mi Grupo político pidió elaborar este informe porque considera que la Comisión de Pesca debe ir ya profundizando monográficamente en el estudio y el análisis de pesquerías determinadas, analizando su situación, sus funciones, sus problemas y su futuro. 
Podría hacerse con distintas pesquerías, pero hemos decidido empezarlo con el atún por la sencilla razón de que esta especie es la más globalizada del planeta, tanto en su extracción como en su transformación y comercialización. Lo que origina grandes intereses y complejos problemas a nivel internacional. 
En el atún existe una clarísima interrelación flota-industria, y el papel de la Unión Europea es fundamental al ser nuestro mercado el primero del mundo para esta especie, en la que nuestra flota es también la más importante del mundo, y el atún supone el 60 % de la producción total de conservas de pescado, siendo actualmente la Unión Europea- con una producción de unas 400 000 toneladas de conservas de atún- la primera productora mundial. 
Ello genera un importantísimo empleo- muy localizado además- en regiones marítimas periféricas muy dependientes de la pesca. 
Para los datos concretos remito a mi informe. 
Con él pretendemos hacer una reflexión técnica y política sobre el conjunto del sector tanto extractivo como transformador, analizar su posición en la Unión Europea y en el mundo para extraer consecuencias que elevamos a la Comisión y al Consejo como toma de conciencia y de sensibilización acerca de esta importante industria y, por último, proponer una serie de medidas concretas para profundizar en la defensa del mismo. 
Hemos empezado por definir las especies a las que va dirigido el informe, que se centra fundamentalmente en los túnidos tropicales, que constituyen el 90 % de lo que es transformado por la industria conservera. 
Abogamos por la defensa de una pesquería sostenible y responsable, como base misma de su futuro. 
Defendemos una pesquería respetuosa con otras especies, como pueden ser los delfines. 
Apoyamos así el etiquetado de la APICD, órgano intergubernamental del que forma parte la Unión Europea; pedimos transparencia y claridad para el consumidor; denunciamos la pesca ilegal --, las banderas de conveniencia que la cobijan y apoyamos las organizaciones regionales de pesca y el papel de la Comisión en las mismas, propugnamos la creación de otras nuevas y solicitamos también el mantenimiento y la ampliación de la red de acuerdos internacionales de pesca atuneros, debido al carácter de gran migrador de estas especies y a la garantía que estos acuerdos internacionales de pesca suponen para una pesca responsable frente a los acuerdos privados. 
Creo que el consenso alcanzado en la Comisión de Pesca de este Parlamento en el que el ponente aceptó enmiendas de todos los grupos políticos y propuso compromisos concretos, que han sido incorporados, como es el caso del apoyo a las enmiendas del Grupo de los Verdes/ALE, muestran nuestro interés sincero en apoyar unas pesquerías que tienen que ser sostenibles tanto ecológicamente, como económica y socialmente. 
Agradezco a todos los colegas su colaboración. 
Resumiendo mucho los contenidos del informe, pedimos que se ayude a la flota comunitaria a no perder competitividad en el mundo globalizado del atún, abogamos por un registro específico para esta flota que estructuralmente se verá sin ayudas tras la reforma de la política pesquera. 
Que se le den incentivos para mantener el pabellón comunitario frente a las tentaciones de acogerse a los pabellones de conveniencia; que se cree un censo autorizado por las ORP respectivas y que se controle eficazmente la pesca ilegal y los desembarcos de esas flotas para frenar la competencia desleal. 
Para ello se pide una unidad específica en la DG Pesca sobre grandes migradores con medios y personal adecuados para defender en todo momento los intereses europeos en esos foros. 
Se pide, también, que la Comisión cree un Comité Consultivo específico sobre los túnidos tropicales. 
En cuanto a la importante industria conservera, se reclama un marco legal estable que permita planificar mejor la actividad y garantizar sus inversiones. 
Y se reclaman las mismas exigencias para la industria comunitaria que para aquella que exporta sus productos a nuestros mercados para poder competir en igualdad de condiciones en un mercado comunitario muy liberalizado y que se sigue abriendo con concesiones a terceros países, sobre todo al Sureste Asiático. 
Para ello se pide también la creación de una red de laboratorios europeos de referencia para controlar la calidad de los productos y las condiciones técnico-sanitarias, a los que habrá que aplicar las reglas estrictas de origen de las mercancías en la Unión Europea. 
Ante la globalización del mercado del atún nos encontramos con cuestiones muy complejas que exigen una atención constante y prioritaria, como ocurre con el abastecimiento de la materia prima a la industria comunitaria, por lo que reclamamos un nuevo estudio de las necesidades de abastecimiento reales que permitan a la Administración comunitaria tomar en cada momento las decisiones adecuadas. 
Nuestro informe, Sr. Comisario, trata de ayudar a la Comisión a actuar correctamente. 
Por eso pedimos cosas concretas, como son: un plan de acción específico, un marco global de apoyo estructural, un plan de defensa frente a terceros Estados y, para ello, crear unidades y comités consultivos como acabo de decir en mi intervención. 
Este es, pues, nuestro dictamen, es el dictamen del Parlamento Europeo, esperamos ahora que la Comisión Europea sea sensible al mismo y actúe en consecuencia. 
Desde el Parlamento Europeo hoy hemos iniciado nuestra labor y a partir de ahora vamos a reclamar el cumplimiento de nuestras peticiones. 
– Gracias, señor Varela. 
Evidentemente, tomo buena nota de sus protestas por el anuncio de la interrupción de este debate. 
Asimismo, debo tranquilizarle: el tiempo que ha empleado para manifestar su legítima protesta no se descontará de su tiempo de palabra, así que no hay problema al respecto. 
Por otra parte, como el Comisario Bolkestein no ha llegado aún, tengo el placer de conceder la palabra al Comisario Fischler, de forma que puede responder de inmediato a sus comentarios. 
. Señora Presidenta, Señorías, quiero comenzar dándole las gracias, señor Varela, por elaborar este excelente informe de propia iniciativa. 
En general refrendo su análisis sobre la situación del sector del atún. 
En mi opinión, todos los agentes del sector –desde los pescadores hasta la industria transformadora– forman una cadena, y como sabemos, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. 
Desde la perspectiva de la Comisión, son tres las cuestiones especialmente importantes para apoyar los intereses del sector del atún. 
En primer lugar, en el futuro seguiremos necesitando el acceso a las poblaciones de atún en las aguas de terceros países. 
En segundo lugar, debemos defender los intereses del sector a través de nuestro mandato en las organizaciones pesqueras regionales, y en tercer lugar, queremos utilizar nuestras políticas de mercado para crear una red de seguridad para las partes interesadas. 
Sobre el acceso a las poblaciones de atún en aguas de terceros países, nuestra industria pesquera solamente puede beneficiarse del nuevo formato de los acuerdos de asociación, que esta Asamblea también apoya. 
En su resolución, ustedes solicitan un estudio sobre el estado de los recursos atuneros. 
En la actualidad, la Comisión está elaborando una especie de acuerdo marco para la evaluación de los capítulos sobre el atún de los diversos acuerdos pesqueros, y me complacerá adoptar su propuesta dentro de este contexto. 
Sobre las organizaciones pesqueras regionales, puedo confirmar que estoy decidido a defender los intereses de la Comunidad en la pesca sostenible dentro de las organizaciones pesqueras regionales. 
En este contexto, mantendremos varias prioridades, que también coinciden con las establecidas por este Parlamento. 
En primer lugar, queremos acabar con la pesca ilegal, porque no es más que competencia desleal y la explotación destructiva de las poblaciones de peces. 
Nuestro plan de acción comunitario para la erradicación de la pesca ilegal, no notificada y no regulada cuenta con el apoyo tanto de este Parlamento como del Consejo. 
Esta es una prioridad política para la Comisión y ya hemos emprendido iniciativas adecuadas en diversas organizaciones pesqueras. 
En segundo lugar, debemos adaptar la capacidad de la flota para que sea adecuada a la pesca disponible. 
La Comunidad no puede aceptar una expansión agresiva de las flotas de terceros países en un momento en el que la suya propia está sufriendo recortes. 
En tercer lugar, necesitamos una estrategia de medio a largo plazo para la gestión sostenible de los recursos. 
Algunos ejemplos son los planes de gestión para el atún rojo del Norte y el pez espada en el Atlántico, además de las restricciones de la capacidad de la flota atunera del Océano Índico. 
En primer lugar, quisiera dejar claro que los pagos de compensaciones dentro del marco de la organización común de mercado deben seguir siendo un instrumento regulador para las situaciones de crisis; no pueden convertirse en una especie de mecanismo de intervención a largo plazo. 
Quisiera recordarles también que se aplica una exención arancelaria independiente a las importaciones de atún procesadas por la industria comunitaria. 
En contraste, las importaciones de atún en conserva y de productos semiprocesados, como los filetes de atún, están sujetos a una tasa arancelaria del 24%. 
Este es el mayor arancel del sector pesquero y ha estado en vigor y se aplica desde hace más de treinta años. 
Por otra parte, el atún en conserva y los filetes se clasifican como un producto sensible en las negociaciones internacionales, motivo por el cual se han concedido muy pocas licencias comerciales para estos productos. 
La combinación de aranceles comunitarios y preferencias comerciales ha mejorado claramente la competitividad del sector del atún. 
Como saben, la Comunidad ya ha introducido una prohibición sobre la importación de productos derivados de la pesca ilegal. 
La Comisión otorga una gran importancia a un planteamiento multilateral en este caso. Este es el motivo por el que también nos ajustamos a las recomendaciones de las organizaciones pesqueras regionales. 
En segundo lugar, también es importante que apliquemos las normas de origen y las normas sanitarias a las importaciones sin discriminación. 
La Comisión es reacia a continuar trabajando con el sector en la identificación de lagunas en el sistema de control veterinario. Sin embargo, la responsabilidad del control recae principalmente en los Estados miembros. 
Mi comentario final es la siguiente: el etiquetado de los productos tiene el propósito de garantizar prácticas comerciales justas. 
En este contexto, debemos distinguir entre las responsabilidades de los participantes en el mercado y la competencia de las autoridades reguladoras. 
La Comisión pretende retomar pronto esta cuestión. 
Por supuesto, consultaremos al Parlamento y al sector del atún en el marco de este proceso. 
Quisiera concluir destacando que la Comisión está deseosa de participar en un diálogo con todos los grupos interesados. 
Con este fin, estamos celebrando reuniones preparatorias sobre las negociaciones relativas a acuerdos pesqueros o a la hora de fijar nuestras posturas con anterioridad a las reuniones de las organizaciones pesqueras regionales, que también implican al propio sector. 
– Señora Presidenta, espero que no penalice mi tiempo de intervención si sumo mi protesta a la del Sr. Varela. 
Como presidente de la Comisión de Pesca, estoy harto de que los temas de esta se trasladen en la agenda de un día para otro. 
Estaba programado para el debate de esta mañana y aquí estamos, teniendo que volver esta tarde la mitad de los miembros de la comisión que han pedido intervenir en el debate. 
¿Qué forma es esta de organizar una agenda? 
En primer lugar, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe de propia iniciativa. 
Fue idea del Sr. Varela que la Comisión de Pesca realizase investigaciones a fondo sobre algunas de las principales especies de peces, y qué podría ser más adecuado que comenzar por el atún, una especie de importancia global que en la actualidad tiene un valor de más de 2 000 millones de dólares al año. 
La producción mundial de atún en conserva supera los dos millones de toneladas al año, al tiempo que la comercialización de atún fresco también está floreciendo. 
Celebramos una audiencia especial en nuestra Comisión sobre esta cuestión, en la que participaron numerosos expertos del sector. 
Además, el Intergrupo para el desarrollo sostenible organizó un seminario en Bruselas el pasado mes de noviembre con el título «Flota e industria del atún: perspectivas de futuro» , en el que contamos con la presencia de numerosos oradores internacionales. 
Quisiera centrarme en un importante aspecto del informe, el AIDCP –o Acuerdo sobre el Programa Internacional de Conservación del Delfín–, del que la UE es signataria, al igual que los Estados Unidos y la mayoría de las naciones productoras de atún de Centroamérica y América del Sur. 
Es el método más fiable para garantizar que en la pesca de un atún se ha tenido en cuenta la seguridad de los delfines. 
Agradezco al Sr. Varela que haya destacado este dato en su informe de forma muy positiva. 
En su informe afirma que «el sistema de protección de delfines en las pesquerías de cerco establecido por el APICD... no tiene parangón con el de otros sistemas privados de certificación instituidos hasta la fecha». 
Uno de estos programas de certificación privada, promovido por la ONG californiana Earth Island, ha dominado el mercado de atún en conserva durante varios años. 
Se calcula que más del 97% de todo el atún en conserva de Europa lleva su etiqueta «». 
Sin embargo, su etiqueta «» no es segura para las tortugas ni los tiburones. 
El método de pesca que apoya Earth Island, en su formato actual, causa la muerte de innumerables tortugas, tiburones y otras especies, además de matar a miles de jóvenes atunes claros, devueltos una vez muertos al mar tras ser descartados por estar por debajo del peso de comercialización. 
Refrendo en gran medida el apoyo que el informe del Sr. Varela ha dado a la etiqueta AIDCP y espero que la Comisión presione para que esta etiqueta se utilice de forma exclusiva en el atún en conserva en la UE. 
Señora Presidenta, siento que el informe que discutimos esta tarde, por el hecho de ser de iniciativa, no cuente con el correspondiente procedimiento legislativo en la Comisión y que el Consejo de Ministros no se vaya a pronunciar sobre él. 
Creo que es un excelente enunciado de los problemas que aquejan a la flota atunera comunitaria, así como a su industria de transformación. 
Es verdad, y así lo hemos reconocido muchas veces en la Comisión de Pesca, que el atunero es el segmento más globalizado del sector pesquero, y que el mercado comunitario demanda más producto- tanto atún fresco como atún transformado- de lo que su flota y su sector conservero le pueden suministrar. 
Por eso, creemos que es importante el compromiso que ha adquirido el Sr. Fischler de defender sin paliativos nuestro sector atunero, nuestra flota y nuestro sector conservero y transformador, de la misma manera que los Gobiernos de terceros Estados promueven acciones en favor de sus propios sectores pesqueros. 
De esta manera, y actuando así, la Comisión defenderá el modelo social europeo y la cohesión económica y social de regiones como la mía, que dependen, en gran medida, de esta industria. 
Nosotros nos unimos a la voz del ponente, el Sr. Varela, para pedir a la Comisión que defina una estrategia respecto al atún, de preservación de las especies más amenazadas, como el atún rojo, y de los caladeros más vulnerables. 
Queremos que la explotación y la comercialización respondan a criterios sostenibles y medioambientales, así como a los principios de seguridad alimentaria y que, por lo tanto, se establezcan mecanismos de control en las fronteras para que los productos importados tengan las mismas garantías fitosanitarias que los procedentes de nuestra propia flota e industria. 
Esta estrategia comunitaria que pedimos a la Comisión resulta aún más urgente si consideramos la vulnerabilidad de nuestro sector frente a eventuales competencias desleales y la precariedad de muchos miles de empleos de nuestra industria, la mayoría de ellos desempeñados por mujeres. 
Animamos, pues, a la Comisión, a que continúe ejerciendo presión a nivel internacional para hacer respetar los principios de pesca responsable, y que siga fomentando los controles y la inspección, pero esperamos que con el atún no ocurra lo que hemos visto en otras ocasiones: lo que teje de noche, lo desteje durante el día. 
Esperamos, por lo tanto, que los criterios que hoy nos ha manifestado el Comisario Fischler sean los que triunfen. 
– Señora Presidenta, el informe del Sr. Varela trata un tema muy interesante e importante, el de la pesca del atún. 
Quisiera darle también las gracias por haber hecho suyas muchas de las propuestas del Grupo Verts/ALE. 
El modo en que se gestiona la pesca del atún enseña muchas cosas. 
Por ejemplo, los órganos regionales dedicados a la gestión del atún, como el ICAT, han realizado grandes avances en la lucha contra los barcos que emplean banderas de conveniencia. 
Otro ejemplo proviene del Océano Pacífico, donde el órgano regional, la IATTC, ha tenido un éxito considerable en la reducción de determinados tipos de capturas accidentales, como las de delfines. 
Por ultimo, varias entidades dedicadas al atún se proponen establecer límites a la capacidad de las flotas pesqueras a las que se permite pescar. 
Las iniciativas mencionadas en el informe del Sr. Varela son excelentes, pero el informe no elude los problemas restantes, especialmente la sobrepesca de varias especies como el patudo y el atún de aleta azul, además del volumen inaceptable de pesca accidental que implica a un gran número de especies capturadas a través de la pesca denominada FAD, el método preferido de los barcos de la UE. 
Creo que es esencial que la UE elimine estos aspectos de sus pesquerías si quiere comprometerse con una política pesquera sostenible. 
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, Señorías, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quisiera en primer lugar felicitar al Sr. Varela por su excelente trabajo. 
Por supuesto, mi Grupo apoya totalmente su informe. 
Quisiera destacar dos puntos que consideramos especialmente sensibles. la salud de los consumidores y el empleo en el sector pesquero y en el sector de procesado del atún. 
Tras años de pruebas, análisis científicos y opiniones de expertos, todos sabemos que el consumo de pescado va en aumento: el pescado es sano, el consumo de productos de pescado –ya sean frescos, ahumados, congelados o en conserva– por parte de los ciudadanos europeos aumenta cada año y también se debe a varias eficaces campañas de información y publicidad. 
También sabemos demasiado bien que en los Estados miembros deben cumplirse varios requisitos, especialmente los relativos a la salud y la higiene, para poder comercializar productos de pescado en conserva producidos en Europa. 
Para poder proteger adecuadamente la salud de los consumidores, también deberían extenderse los mismos requisitos a los productos de terceros países en los que, desgraciadamente, las normativas sanitarias en esta área son a menudo muy indulgentes o incluso, en algunos casos, totalmente inexistentes. 
Por lo tanto, respaldamos e insistimos en las peticiones formuladas en los puntos 8 y 10 de la propuesta de resolución, que señalan, respectivamente, la necesidad de intensificar las inspecciones de productos de terceros países –que ya se prevén, por otra parte, en la Directiva 91/493/CEE– y la necesidad de crear laboratorios comunitarios para proteger la calidad, la seguridad alimentaria y la seguridad de los consumidores frente a la llamada piratería alimentaria. 
La cuestión de la competitividad –igualmente importante– y por lo tanto del empleo en el sector pesquero y la industria conservera del atún, está asociado a la sensible cuestión de proteger la salud de los consumidores.Si, con el fin de proteger adecuadamente a los consumidores, se imponen determinados requisitos, incluidos los que acabo de mencionar en materia de salud, lo cual implica la inversión de una considerable suma de dinero, y si los mismos requisitos no se aplican a los productos de terceros países, entonces, con la entrada inevitable en el mercado comunitario de productos con precios muy bajos en comparación con los productos europeos, la competitividad en la industria pesquera y la industria conservera del atún europea se verá injustamente dañada. 
Existe un grave riesgo de pérdida de puestos de trabajo en un sector que ya se ha visto duramente afectado en los últimos años por una preocupante crisis socioeconómica. 
A resultas de ello, quisiéramos señalar la necesidad de apoyar, con todos los medios económicos y normativos posibles, al sector en cuestión, que constituye una importante fuente de empleo también en otras regiones del Mediterráneo, incluida Sicilia, en donde la pesca y el procesado del atún rojo han proporcionado durante siglos apoyo económico a un porcentaje considerable de la población activa. 
Con este mensaje de esperanza también queremos ver una garantía de algo tangible. 
–Señora Presidenta, el excelente informe de iniciativa de nuestro colega el Sr. Varela será desde ahora un documento de referencia sobre una actividad cuya importancia tienden a subestimar los europeos pese al hecho de que tenemos el sector pesquero más grande del mundo. 
Esta actividad genera muchos empleos, directa e indirectamente, tanto en Europa como en los países en desarrollo a los que estamos vinculados por acuerdos internacionales y donde el sector europeo ha realizado importantes inversiones. 
Ahora bien, lo que se desprende del análisis muy completo que ha realizado el ponente de las distintas políticas comunitarias que tienen una incidencia en el sector, no es en absoluto una estrategia comunitaria global y coherente de fomento del desarrollo de esta actividad; al contrario, es como si la Comunidad se las ingeniase para penalizar a su propia flota atunera y a su propia industria de transformación y para favorecer a flotas e industrias de terceros países. 
Así, en un momento en que están aumentado considerablemente en el mundo las capacidades de pesca incontroladas pertenecientes a pabellones poco preocupados por el respeto del Derecho marítimo internacional, la Comisión propone proscribir todas las ayudas públicas para nuevas construcciones en Europa y supeditar la construcción de barcos nuevos a la destrucción de los antiguos sin compensación de ningún tipo. 
Parece que desea que los armadores de la Comunidad naveguen bajo el pabellón de un tercer país que de otro modo no habrían elegido. 
Por otra parte, se procede a rebajas considerables de los derechos de aduana sobre las conservas de atún de terceros países y, al mismo tiempo, se multiplican las exigencias de todo tipo que pesan sobre nuestros propios transformadores, sin tomar en consideración su incidencia sobre la competitividad de nuestras empresas. 
Es hora, pues, de revisar las políticas comunitarias que pueden comprometer el futuro de un sector que sin embargo representa un éxito ejemplar. 
No dejemos que la incoherencia de las políticas y la falta de una visión de conjunto y de una estrategia definida lo pongan en peligro. 
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, realmente debemos felicitar al Sr. Varela Suanzes-Carpegna, que ha realizado este excelente trabajo que, al menos según el señor Comisario, también obtendrá la aprobación de la Comisión con respecto a los objetivos y metas que hemos establecido. 
Sin duda, esto nos consuela y nos anima. 
La cuestión de las artes de pesca y la sostenibilidad medioambiental en este sector pesquero tan importante se tratan muy bien, y hay dos cuestiones más en las que debemos procurar mantener un equilibrio, y en este punto quiero apelar a mis colegas diputados. 
Dentro del sector pesquero, la pesca del atún es muy importante para la Unión Europea en las dos áreas que abarca: por una parte, la pesca de extracción –flotas que pescan el atún en nuestras aguas y fuera de la Unión Europea– y, por otra, el importante pilar representado por el sector de procesado, que procesa el atún de origen europeo pero también, como se ha dicho, el atún originario, en particular, de mares de Asia y de otros mares. 
Por supuesto, debemos centrarnos en la seguridad, especialmente en lo que respecta a estas producciones, pero –y en este punto me complace que el ponente estuviese de acuerdo conmigo en que no debemos actuar precipitadamente– también debemos ser muy cautelosos respecto a los regímenes aduaneros. 
Con este informe solicitamos un estudio y que la Comisión realice una evaluación. 
Estoy de acuerdo con el Comisario en que una de las preferencias es un régimen que hasta la fecha ha dado resultados mientras que, en comparación con otros países, contamos con uno de los aranceles aduaneros más altos. 
Así que, equilibrando los dos pilares de la industria pesquera europea –el procesado y las flotas que pescan atún– es un objetivo que no podemos abandonar y en el que debemos centrarnos. 
Creo que, con la sabiduría que distingue a esta Asamblea –y el informe que tenemos ante nosotros es prueba de ello– lograremos garantizar ambos aspectos y, por lo tanto, una industria pesquera del atún más próspera y sostenible en la Unión Europea. 
– Señora Presidenta, el atún es uno de los pescados más populares en la UE y también uno de los más valiosos desde el punto de vista comercial. 
La mayoría de las personas comen el atún enlatado. 
Sin embargo, el atún fresco ha ganado popularidad y está disponible para los consumidores de mi país, Escocia. 
Por este motivo es tan importante el apartado 11 de la resolución, que establece que debe identificarse el origen del producto y que debe haber información exacta y completa para los consumidores sobre el tipo de atún envasado y los ingredientes. 
Como han dicho muchos de mis colegas, el etiquetado exacto del atún es importante con el fin de garantizar a los consumidores que lo que están comiendo no daña a especies vulnerables. 
Esto está directamente relacionado con la reciente propuesta de la Comisión sobre capturas accidentales de cetáceos y la protección resultante de estas especies amenazadas. 
La protección de delfines y otros cetáceos preocupa a muchos habitantes de mi circunscripción, especialmente a muchos niños en edad escolar con los que me he reunido. 
Por este motivo es importante inspeccionar los productos de terceros países, no solo en términos sanitarios, sino también en términos de información al consumidor. 
Este informe destaca los planteamientos a favor de la conservación y lo celebro como una base para la pesca sostenible. 
– Señora Presidenta, en primer lugar quisiera decir que no la culpo personalmente, pero muchos colegas no han podido intervenir en el debate porque han abandonado la Cámara mientras esperamos a otro Comisario. 
El Comisario Fischler está sentado pacientemente, escuchando nuestro debate, y la mitad de nuestros colegas no han podido intervenir. 
Esa no es manera de organizar las cosas. 
Este debate debería concluirse ahora y las personas que se encuentran en la lista deberían ser llamadas de nuevo para intervenir. 
Antes de comenzar con mis comentarios al ponente, quisiera pedirle que me descuente los 38 segundos durante los que acabo de hablar. 
Quisiera empezar dando las gracias al ponente por su exhaustivo informe. 
Sin duda hay que acoger con agrado muchas de las cuestiones que plantea. 
Me ha complacido especialmente el énfasis que se ha puesto en la necesidad de impedir la mortalidad imprevista de delfines y otras especies asociada a la pesca de atún. 
Aparte de la pesca del atún, muchos delfines mueren en el suroeste, de donde soy, debido al arrastre en pareja. 
Por lo tanto, se trata de una cuestión importante. 
También me complace oír al ponente insistir en que los productos de terceros países deben cumplir los mismos estándares de seguridad alimentaria y calidad que los nuestros. 
Esto es algo por lo que en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hemos hecho campaña con respecto a los productos agrícolas. 
Lo mismo debería aplicarse naturalmente a los productos pesqueros. 
Nuestros consumidores tienen derecho a alimentos seguros y las importaciones de terceros países deben tener la misma calidad elevada. 
El Comisario Fischler ha hablado de acuerdos con terceros países. 
Siempre me preocupan este tipo de acuerdos porque, aunque muchos acuerdos nuevos incluyen medidas de conservación, en realidad es poca la conservación que se practica. 
Lo que está sucediendo frente a las costas de África es mucho más que la explotación de las aguas. 
Creo que representamos una amenaza para los pescadores indígenas. 
Si se van a producir acuerdos con terceros países, estos deberán estar mucho mejor controlados y debemos estar seguros de que los peces se pescan de forma segura y que nuestro dinero se gasta de forma sensata. 
Mi ultimo comentario es que, con respecto al etiquetado de las capturas como (pescado sin daño para los atunes) y la compra de atún (pescado sin daño para los delfines) , debemos estar seguros de que dichas prácticas son realmente seguras para los delfines y el atún, y de que no existe una enorme captura accidental con el atún pescado, además de que la gente no compra estos productos porque crea que favorecen la conservación y evitan las capturas accidentales, cuando en la práctica es evidente que se captura un gran número de tortugas, tiburones y delfines. 
Esto es engañoso y debemos ser muy cuidadosos cuando utilizamos la etiqueta «». 
– Señora Presidenta, supongo que aquellos que nos hemos quedado podemos estar agradecidos al Comisario Bolkestein por llegar tarde. 
Al menos nos ha permitido no tener que volver después de las 9 de la noche. 
Estoy seguro de que el Comisario Fischler también está contento. 
Sin embargo, esto no debería pasar en esta Asamblea y deberíamos organizar nuestros debates de forma más eficaz. 
Celebro este excelente informe y felicito al ponente por su elaboración. 
Como han dicho otros, el atún es tan importante para las regiones del sur de Europa como el bacalao y la merluza para las del norte, y por lo tanto los que venimos de la región septentrional podemos entender las preocupaciones. 
Un porcentaje muy significativo de las capturas va a la industria transformadora, lo que significa que muchos empleos dependen del atún, tanto en el mar como en tierra. 
Hasta el 60% de los peces capturados se enlatan, tal y como ha dicho la Sra. Stihler, y gran parte de ellos la comemos en el hemisferio norte. 
A mi, al igual que a mucha gente, me encanta. 
Sin embargo, en este caso hay varias cuestiones en juego que me preocupan. 
Solamente podemos respaldar la pesca responsable y sostenible. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Parish y otros que han expresado sus preocupaciones con respecto a los delfines. 
Esto preocupa a muchos habitantes de mi circunscripción. 
Sin embargo, en última instancia, nuestras flotas deben mantenerse competitivas a largo plazo. 
Debemos tener un control de calidad y debe controlarse estrechamente la talla de los peces capturados. 
El Comisario mencionó tres cuestiones importantes, una de las cuales es el acceso a terceros países. 
Si vamos a tener acceso a terceros países, lo que probablemente sea necesario, debe supervisarse de cerca y deben existir estrictos controles. 
Sobre todo debemos descartar la pesca ilegal y proteger las especies amenazadas. 
Necesitamos un mecanismo para las estrategias a largo y a corto plazo del sector, pero estas deben tener en cuenta los requisitos del mismo y ser sensibles al problema de la biomasa y las poblaciones de atún. 
Debemos trabajar a favor de una industria más sostenible en el futuro. 
–Creo, señor Comisario Fischler, que no desea usted responder. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Quisiera recordar a aquellos de ustedes que hubieran deseado intervenir esta tarde pero que están ausentes debido a la ligera confusión que ha habido en el orden de nuestros trabajos, que tienen la posibilidad de entregar su intervención por escrito. 
Los diputados presentes pueden informar a los ausentes de esta posibilidad. 
Como el Comisario Bolkestein todavía no ha llegado, la comunicación de la Comisión sobre los servicios en el mercado interior no puede tener lugar ahora. 
En estas circunstancias, tendremos que modificar el orden del día. 
Propongo, pues, que la comunicación de la Comisión sobre los servicios en el mercado interior se aplace a las 21.00 horas de esta noche. 
Para modificar el orden del día adoptado por la Conferencia de Presidentes, es necesario, en aplicación del apartado 2 del artículo 111 del Reglamento, someter la propuesta a la aprobación del pleno. 
Por tanto, señor ponente Varela, al final hemos cumplido su deseo. 
Su informe ha sido examinado íntegramente, y lo celebro. 
. – Es un hecho que el atún es el producto más importante de la industria conservera, no solo en esta Comunidad, sino también en todo el mundo. 
Varios países que pertenecen a esta Comunidad mantienen tradicionalmente una fuerte posición en el sector atunero y son vulnerables a los cambios del mercado. 
Está claro, no solo por la audiencia de la Comisión de Pesca, sino también por lo que ha dicho mi colega el Sr. Varela, que ha llegado el momento de actuar. 
Una explicación del éxito de nuestros competidores no europeos es el hecho de que cuentan con una ventaja desde el punto de vista de los costes con respecto a los propietarios de los barcos que pertenecen a la flota comunitaria. 
Los armadores europeos deben cumplir las normas comunitarias sobre higiene, supervisión de la actividad pesquera, condiciones de producción, protección del medio ambiente y seguridad social para sus trabajadores. 
Aunque sea importante y adecuado, esto cuesta dinero. 
Para impedir que los armadores abandonen la bandera comunitaria en nombre de la ventaja competitiva, solicito una acción defensiva. 
En primer lugar, existe la necesidad de coordinación de las medidas políticas comunitarias que afectan a la flota atunera y a la industria conservera; en segundo lugar, se necesitan acuerdos pesqueros adicionales; en tercer lugar, si terceros países quieren vender sus productos en el mercado de la UE, deben cumplir taxativamente las normas sanitarias y de higiene; y, en cuarto lugar, los aranceles sobre el atún en conserva deben mantenerse hasta el momento en que se levanten las restricciones al comercio e importación. 
Todo esto se reduce a que la estrategia de la UE debe estar coordinada y concebirse a nivel internacional. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0002/2004). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
La violencia contra las personas de edad avanzada, ya sea en el hogar o en residencias de la tercera edad y centros de asistencia u hospitales, aumenta constantemente en todos los Estados miembros de la UE. 
¿Qué piensa hacer la Comisión para combatir en toda Europa el problema de la violencia contra las personas de edad avanzada? 
En vista de la urgencia del asunto, ¿está dispuesta la Comisión a tomar medidas para que, en un plazo de cuatro años, los Estados miembros promulguen las leyes necesarias para proteger los derechos de las personas de edad avanzada y garantizar su participación sin menoscabos en las actividades sociales? 
. 
Señor Presidente, en una Europa en la que existe un agudo problema demográfico y el número de ancianos aumenta constantemente, es obvio que surgirán nuevos problemas en las políticas relativas a las personas mayores. 
Quisiera recordarles que la Comisión Europea ya ha tenido en cuenta el factor de la edad en la Directiva que fue presentada y aceptada por el Consejo en 2000 sobre la necesidad afrontar todas las formas de discriminación en el lugar de trabajo por razones de edad. 
Del mismo modo, quisiera recordarles que, en el articulo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales, hay una referencia clara que reconoce el derecho de las personas mayores a una vida digna y su derecho a participar en la vida económica y política. 
Cuando se trata del tema más específico de la violencia contra las personas mayores, cosa que actualmente es un hecho en varios países europeos y tiene mucho que ver con el cambio del modelo familiar y con la población de personas mayores, que está en constante aumento, quisiera decir que es muy difícil para nosotros encontrar un fundamento jurídico sobre el que proceder con la legislación. 
Quisiera recordarles que, durante los debates en la Convención Constitucional, se hizo un gran esfuerzo por incluir un fundamento jurídico en el nuevo Tratado que diera a la Unión Europea la posibilidad de legislar sobre cuestiones de violencia en general, ya sea contra mujeres, niños o ancianos. 
Finalmente, no se alcanzó ningún acuerdo y en la actualidad no hay ninguna referencia, ni siquiera en la propuesta de la Convención, a un fundamento jurídico en materia de violencia. 
Así que en lo que se refiere a la cuestión jurídica, esto corresponde a la jurisdicción de los Estados miembros. 
En lo que respecta a las políticas y programas, la Comisión cuenta con el programa DAPHNE, con un planteamiento más global de las cuestiones de violencia, y contamos un varias iniciativas importantes en los Estados miembros relacionadas con la violencia contra las personas mayores. 
La Comisión pretende financiar el programa DAPHNE en la medida de sus posibilidades. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por su respuesta. 
Usted está en lo cierto, por supuesto: son los Estados miembros en primer lugar los responsables en este caso. 
Como miembro del consejo de la Unión Europea de Ciudadanos Ancianos (ESCU) , últimamente me he ocupado muy intensamente de estas cuestiones, y hemos observado –dado que nuestra organización cuenta con miembros en veinte Estados europeos– que existe un debate cada vez mayor en todos los países europeos sobre la situación en los hogares para ancianos Nuestra pregunta es la siguiente: ¿no sería posible elaborar algún tipo de recomendación sobre cómo deberían formalizarse los contratos con estos hogares? 
Conocemos el caso de hogares en los que los residentes son tratados a menudo con muy poco respeto, incluso se les retiene en sus camas en contra de su voluntad, se les impide salir, se les sirve la cena tan temprano que pronto vuelven a tener hambre y no tienen oportunidad de comer nada después de las 8 o las 9 de la noche, y si se ensucian, tengan o no una almohadilla de incontinencia, a menudo se les deja acostados en su propia suciedad durante horas, o son tratados de forma hostil por el personal, son agredidos verbalmente e incluso son objeto de violencia. 
Creo que es esencial que haya directrices para los contratos con estos hogares. 
Ya saben ustedes que es un turno de preguntas; conviene que hagan preguntas concretas. 
No es un turno de declaraciones y debates, pero hemos escuchado con mucha atención a la Sra. Flemming. 
No sé si la señora Comisaria quiere reaccionar con alguna contestación. 
. Como he dicho, la Comisión no tiene ningún mecanismo para este tipo de intervención. 
No tiene justificación conforme a ningún fundamento jurídico. 
Sin embargo, creo que es importante que en el futuro el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales, especialmente la referencia a una vida digna para las personas mayores, también constituirá una base para las asociaciones de ancianos a los que la Sra. Flemming ha hecho referencia, de forma que puedan recurrir a los tribunales y que la Unión Europea, y por supuesto las autoridades nacionales, tengan la posibilidad de intervenir en determinados casos. 
–Me complace la pregunta de la Sra. Flemming y también quisiera sugerir a la señora Comisaria que existe una salida. 
Existe un ámbito de competencia dentro de la Unión Europea que es el de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, que incluye las enfermedades y el sufrimiento que puede causar la violencia contra las personas de edad avanzada. 
Cuando era responsable de este ámbito político en mi país, investigamos mucho, al igual que en los Estados Unidos y en otros países, para ver cómo puede prevenirse la violencia contra las personas de edad avanzada. 
Con mucha frecuencia la violencia contra las personas de edad avanzada la ejercen personas malvadas que cometen delitos, pero también con mucha frecuencia la ejercen personas dentro del entorno familiar, cuidadores y asistentes profesionales que llegan al límite de su paciencia porque no se sienten respaldados. 
Personas que nunca se habrían considerado capaces de ejercer la violencia contra personas de edad avanzada se encuentran con que de repente se produce la explosión y que arremeten contra alguien a quien quieren, haciéndole daño. 
Por lo tanto, sugiero que juntemos la experiencia que poseemos en los distintos Estados miembros con el fin de establecer buenas prácticas en este campo dentro del ámbito de competencia al que he hecho referencia. 
. Creo que podemos identificar de forma clara posibles ámbitos de cooperación en la política de atención sanitaria. 
Quisiera informarles de que ya hemos comenzado a aplicar el método de coordinación abierta en la atención de personas ancianas. 
Se trata de una oportunidad excelente. 
Los Estados miembros ya están trabajando conjuntamente en este terreno. 
Aunque estas medidas no adopten la forma de recomendaciones, reflejan nuestro objetivo final. 
He tratado de responder a la cuestión específica de la violencia. 
Esta es una cuestión bastante diferente. 
Podría incluirse entre los problemas de la atención sanitaria, pero es un problema que no se limita meramente a la atención sanitaria. 
Los Estados miembros deberían haber incorporado la Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) antes del 31 de octubre de 2003. 
El 5 de diciembre de 2003, la Comisión Europea anunció que había incoado procedimiento por incumplimiento contra nueve Estados miembros por el retraso en la entrada en vigor de la Directiva. 
En la actualidad, la mayoría de los mensajes electrónicos son basura. 
¿Qué medidas concretas proyecta adoptar la Comisión para alcanzar los objetivos de la Directiva? 
No está garantizada la seguridad del correo electrónico y su desarrollo se ha estancado. 
¿Cómo vela la Comisión por que los Estados miembros comiencen a aplicar asimismo las medidas coercitivas necesarias, por ejemplo a los prestadores de servicios, para asegurar el principio básico de los mensajes electrónicos, es decir, su fluidez? 
. Es cierto que el correo electrónico comercial no solicitado, o correo basura, ha alcanzado proporciones preocupantes: de acuerdo con muchos expertos, en la actualidad más del 50% del tráfico de correo electrónico es correo basura. 
La Comisión está asimismo de acuerdo en que el correo basura no solo socava la privacidad y la protección del consumidor, sino también la productividad en el trabajo y el aumento de la productividad en general. 
De acuerdo con algunos estudios, la confianza de los consumidores en el correo electrónico está disminuyendo. 
Sin embargo, representa un requisito para el desarrollo efectivo del comercio electrónico y la sociedad de la información en general. 
La Comisión responde en varios frentes. 
En primer lugar, la Unión Europea ha actuado en el frente legislativo mediante la adopción, en 2002, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, como sabrá el Sr. Paasilinna, ya que contribuyó de forma importante al debate. 
En noviembre de 2003 se iniciaron procedimientos de infracción contra varios Estados miembros que no habían adoptado las medidas de transposición necesarias. 
En segundo lugar, la Comisión sabe que la legislación es solamente una parte de la respuesta. 
La Comisión ha discutido con las partes interesadas una serie de acciones que deben emprender los Estados miembros, la industria y los consumidores. 
Estas acciones complementarán la legislación y tratarán de hacer tan eficaz como sea posible la prohibición del correo basura. 
Dichas medidas se centran en que los Estados miembros aseguren el cumplimiento efectivo, en medidas de autorregulación de la industria, en soluciones técnicas como los filtros y la seguridad, y en la sensibilización de los consumidores. 
Concretamente con respecto al cumplimiento, los Estados miembros no solo deben establecer mecanismos adecuados de reclamación, indemnización y penalización, sino también perseguir efectivamente a los remitentes de correo basura y controlar este tipo de correo. 
La cooperación entre la industria y las autoridades públicas es importante en este aspecto. 
La Comisión también va a adoptar medidas para mejorar la cooperación transfronteriza dentro de la Unión mediante reuniones de las autoridades competentes. 
Dado que gran parte del correo basura se origina fuera de la Unión Europea, también será fundamental la cooperación internacional. 
Ya existen varias medidas en curso al respecto. 
En primer lugar, la declaración y el plan de acción acordados en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información solicitan que se tomen medidas adecuadas contra el correo basura tanto en el ámbito nacional como internacional. 
En segundo lugar, la Comisión organiza en Bruselas, los días 2 y 3 de febrero, un seminario de la OCDE sobre el correo basura. 
En tercer lugar, existen contactos en curso con terceros países, incluidas las autoridades competentes de los Estados Unidos, ya que gran parte del correo basura parece provenir de empresas de este país. 
Estas medidas son el tema de una comunicación sobre el correo basura que la Comisión adoptará en los próximos días. 
Por último, el Plan de acción por una Internet más segura y, en mayor medida, su posible sucesor, Safe Internet Plus, también financiarán actividades relacionadas con el correo basura, incluso con el que se remite a los niños. 
Sin embargo, para terminar, quisiera destacar un elemento: ninguna parte que actúe aisladamente será capaz de resolver el problema; el éxito dependerá del firme compromiso de todas las partes interesadas. 
– Señor Presidente, agradezco al señor Comisario su muy detallada y, en mi opinión, muy positiva respuesta. 
No obstante, quisiera hacer una pregunta más. 
Hace poco, los responsables de la creación y la propagación de un virus han utilizado los ordenadores de otras personas para enviar correo basura. 
Esto se denomina el principio del caballo de Troya. 
Aunque, digamos, el 60% de los ordenadores puedan estar protegidos, siempre existen algunos que cuentan con una protección insuficiente y los y pueden emplearlos como bases y plataformas para distribuir el correo basura. 
¿Ha considerado la Comisión cómo puede responderse a este problema tan internacional de los virus y de que se utilicen los ordenadores de personas inocentes para convertir el correo basura en un problema a gran escala? 
. – Este caso del caballo de Troya que menciona el Sr. Paasilinna es uno de los modos más repugnantes de hacer un mal uso de Internet para ocasionar problemas a las personas y limitar su capacidad de trabajo. 
Este es uno de los problemas que pretendemos tratar en nuestra comunicación, que se publicará muy pronto, y también en un seminario que celebrará la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en Bruselas en el mes de febrero. 
Confío en que el Sr. Paasilinna pueda asistir. 
Al mismo tiempo, por supuesto, dado que actualmente estamos creando una Agencia de Seguridad de las Redes, sobre la cual el Sr. Paasilinna ya ha presentado un informe aquí en el Parlamento, este problema también aparecerá en el marco de todo el proceso. 
Estamos dispuestos a prestar especial atención a este problema del caballo de Troya y el modo en que genera correo basura. 
Gente inocente se convierte sin darse cuenta en autora de una actividad delictiva que también contraviene esta Directiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, comparto su punto de vista de que la cuestión planteada por el Sr. Paasilinna es importante. 
Espero que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información también pueda hacer una evaluación del correo basura y que podamos obtener distintas evaluaciones sobre los programas para el correo basura. 
Cuando el señor Comisario envió un correo electrónico a varios diputados finlandeses al Parlamento Europeo la semana pasada, el programa de correo basura del Parlamento lo etiquetó de presunto correo basura, aunque no con la etiqueta de alto nivel de sospecha, sino de bajo nivel. 
Necesitamos una evaluación del modo en que los programas de correo basura operan si queremos que la protección sea eficaz. 
También espero que juntos podamos desarrollar herramientas para revelar las identidades falsas. 
En Internet no solo hay caballos de Troya, sino también muchas identidades falsas. 
. Señor Presidente, sin duda tendré que hablar con los departamentos del Parlamento que no saben quiénes son los Comisarios. 
Si un Comisario envía un correo electrónico a quince diputados al Parlamento Europeo, debe considerarse información genuina y objetiva. 
Dado que, pese a sus promesas de mayo de 2000, la Comisión no ha investigado a través de su Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente (CCTEMA) los nuevos datos científicos y de otro tipo sobre los efectos de los compuestos fluorados en el agua potable, esta omisión amenaza ahora la credibilidad de la nueva Directiva sobre agua potable. 
En aras de la credibilidad de la nueva Directiva y del proceso de su elaboración, ¿puede la Comisión introducir una mayor transparencia en su propuesta de valores paramétricos para el flúor? 
Esto es necesario para poder proceder a un análisis, no por tardío menos conveniente, del razonamiento que permite la adición de una sustancia química de riesgo en los programas de fluoración artificial previstos en la Directiva sobre el agua potable. 
Además, mientras no se disponga de un análisis científico adecuado y global sobre los efectos de la adición artificial de compuestos fluorados al agua potable en la UE, la Directiva debe adoptar el principio de cautela y prohibir completamente su utilización en el agua potable destinada a consumo humano en los Estados miembros. 
. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Sra. Doyle por su pregunta. 
La Directiva sobre agua potable de 1998 establece normas de calidad para una serie de parámetros químicos, incluido el flúor. 
El valor paramétrico del flúor incluido en la Directiva se basa en pruebas científicas disponibles y está en consonancia con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 
En segundo lugar, existe un acuerdo generalizado en la comunidad científica de que el flúor en el agua potable puede tener efectos positivos o negativos en función de su concentración. 
El valor máximo permitido, 1,5 mg/litro, mantiene un buen equilibrio entre los efectos negativos y positivos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. 
La Comisión se siente respaldada en esta evaluación por los documentos de la Organización Mundial de la Salud publicados a partir de 2003, es decir, un nuevo borrador de sus «Directrices sobre la calidad del agua potable». 
Estos documentos mantienen el mismo valor para el flúor. 
Al mismo tiempo, la cuestión de la fluoración artificial del agua potable es responsabilidad de los Estados miembros, y en efecto los planteamientos varían de un país a otro. 
El algunos países está prohibido y en otros se permite decidir a las autoridades locales. 
Sin embargo, en cualquier caso debe respetarse el valor máximo permitido. 
En tercer lugar, con el fin de reunir los conocimientos y experiencias más recientes, la Comisión organizó un seminario sobre agua potable en octubre de 2003. 
En el mismo se congregaron expertos de toda la Unión Europea, incluso de los nuevos Estados miembros y de la Organización Mundial de la Salud, y se trató, entre otros temas, la cuestión de los compuestos fluorados y la fluoración. 
Se ha reconocido que, en el caso de los valores del flúor, el valor actual de 1,5 mg/litro refleja los actuales conocimientos científicos. 
Por último, conforme a una petición de la Comisión, el Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente evaluó un estudio sobre la calidad del agua potable en determinadas ciudades europeas. 
En su evaluación de 2003 mencionó los efectos de protección y perjudiciales del flúor, en consonancia con la postura científica adoptada por la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos, pero no propuso cambiar el valor del flúor en la Directiva. 
– Agradezco a la Comisaria que haya respondido hoy aquí a mi pregunta. 
Sin embargo, todavía no estoy satisfecha. 
En respuesta a una pregunta parlamentaria –PQ 1434/00– planteada en mayo de 2000, usted afirmó, señora Comisaria, que examinaría si existía alguna evidencia nueva significativa sobre la fluoración artificial. 
Esto incluiría, como dijo, «obtener una actualización adecuada mediante consulta al Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente de la Comisión». 
Aparentemente, usted no ha consultado a dicho comité, se dirigió inmediatamente a la OMS y sigue haciendo referencia a lo que esta organización considera niveles aconsejables. 
Las pruebas son muy poco sólidas en este terreno. 
Sí, el jurado científico sigue ahí, pero 13 de 23 países en desarrollo que actúan conforme a las directrices de la OMS tienen graves problemas con el envenenamiento con flúor o fluorosis en la atención dental de su población. 
En mi país la fluorosis es un problema dental creciente, especialmente entre los adolescentes. 
Quisiera pedirle que se centre en el problema de los neonatos y lactantes, que son alimentados con fórmulas lácteas preparadas con agua del grifo fluorada y reconstituida. 
Dado que esta constituye una gran parte de su dieta, el agua del grifo fluorada que no se inspecciona, en la que los niveles de flúor no se comprueban regularmente, constituye un grave riesgo para la salud de nuestros neonatos y lactantes en Irlanda y en partes del Reino Unido en donde todavía se sigue fluorando el agua del grifo. 
Además de la cuestión ética de medicar en masa a la población, que no quiere que su agua del grifo esté fluorada, ¿podría comentar los aspectos éticos y los relacionados con los lactantes? 
. El asesoramiento científico sobre este tema lo obtenemos de la Organización Mundial de la Salud. 
También preguntamos al comité que usted ha mencionado. 
Este nos dio su dictamen sobre el flúor recientemente, en 2003, y afirmó que las concentraciones de flúor normalmente presentes en el agua potable fluorada no representan un riesgo sanitario conforme a un gran número de estudios en animales y de epidemiología humana. 
La directriz sobre agua potable de la Organización Mundial de la Salud es la misma que la de la Directiva comunitaria: 1,5 mg por litro. 
La fluorosis dental se produce con concentraciones superiores a 1,5 mg y 2 mg por litro. 
La fluorosis del esqueleto se produce con concentraciones mayores, entre 3 mg y 6 mg. En Dublín, por ejemplo, el agua está fluorada, pero el valor paramétrico de 1,5 mg por litro no se ha superado y, conforme a este informe, la mayor concentración registrada ha sido de 0,9 mg. 
Pedimos a cada Estado miembro que cumpla la legislación vigente, que se elaboró de acuerdo con el dictamen científico. 
No ha habido motivos para reevaluar dicho dictamen. 
Hemos reunido a un grupo de expertos de nuevos y viejos Estados miembros –todos a los que hemos podido convocar–, y su conclusión es que no encuentran motivos para modificar la Directiva al respecto. 
Este también es un asunto de los Estados miembros. 
Así que, en su caso, señora Doyle, se trata de intentar modificar la política de Irlanda al respecto si considera que es errónea y si cree que su país no se ajusta a los valores establecidos en la Directiva. 
Conforme al dictamen que hemos recibido, no existen motivos para que modifiquemos los parámetros que establece la Directiva sobre el flúor en el agua potable. 
– Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho mi colega, la Sra. Doyle, y no considero que la Sra. Comisaria haya respondido suficientemente a sus preguntas. 
En relación con la medicación en masa, es totalmente inaceptable en términos de libertad de elección que 9 millones de ciudadanos del Reino Unido y 2,7 millones de ciudadanos irlandeses estén siendo medicados masivamente a la fuerza. 
En Irlanda, el 91% de las solicitudes estaban de hecho en contra de la fluoración del agua. 
Está claro que en este caso existe una falta de consentimiento por parte del público. 
La UE no respeta el principio de cautela como se supone que debe. 
Quisiera ver cómo presiona la Comisión para que se suspenda la fluoración del agua potable en toda la UE hasta que exista una evaluación correcta y suficiente de la situación. 
Por ejemplo, el hecho de que exista una gran diferencia en el consumo de agua entre los países cálidos y los países fríos no se tiene en cuenta cuando se debate cuánta agua bebe la gente. 
En los países más cálidos, mucha gente bebe mucha más agua y por lo tanto consumen mucho más, y en algunos de los nuevos Estados miembros incluso el agua caliente también contiene flúor. 
El comentario de la Sra. Doyle sobre los lactantes constituye una cuestión muy grave, ya que las fórmulas para lactantes se mezclan con agua fluorada y creo que en este caso existen graves consecuencias para los niños. 
En cualquier caso, en mi opinión tampoco deberíamos utilizar la fórmula. 
. El dictamen científico de la Organización Mundial de la Salud y de nuestro propio comité lo tiene en cuenta. 
El flúor puede estar presente de forma natural. 
Por ejemplo, el agua del pozo de nuestro jardín trasero tenía una concentración de flúor muy elevada. 
Puede aparecer de forma natural hasta el punto de que se recomiende no utilizar esa agua para los niños, ya que puede afectar a sus dientes. 
Sin embargo, el establecimiento de normas compete a cada Estado miembro, siempre que sigan las recomendaciones y los valores límite que establece la Directiva. 
Hemos pedido un dictamen científico, que seguiremos muy de cerca. 
Garantizamos que nos mantenemos al corriente del dictamen científico más reciente. 
Como he dicho, a raíz de las averiguaciones y el trabajo realizado en los diversos grupos de trabajo, y después de convocar a todos los expertos, no tenemos motivos para modificar, al menos por el momento, las recomendaciones sobre los valores límite que establece la Directiva. 
Si recibimos nuevas pruebas científicas u observamos algún motivo para cambiar, así lo haremos. 
Sin embargo, de lo contrario, usted tendrá que tratar de influir en la política de Irlanda al respecto, dado que esto se decide en cada Estado miembro. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Comenzamos la segunda parte de preguntas a los tres Comisarios que hoy están convocados. 
¿Está dispuesta la Comisión a exponer su punto de vista sobre los progresos realizados en el camino hacia el logro de los objetivos del Consejo de Tampere sobre inmigración y asilo, en particular respecto de la gestión de la inmigración y del estrechamiento de las relaciones con los países de origen de los emigrantes? 
La pregunta de su Señoría pide a la Comisión que comente los avances alcanzados en la aplicación de los objetivos de Tampere relativos al desarrollo de una política común sobre inmigración y asilo. 
La pregunta es muy oportuna, ya que estamos llegando al final de la primera fase del desarrollo de estas políticas, tal y como se detalla en la agenda de Tampere. 
Por otra parte, el plazo de cinco años establecido en el Tratado de Ámsterdam para alcanzar ciertos objetivos, especialmente con respecto a la política de asilo, se cumplirá el 1 de mayo de 2004. 
El debate parlamentario anual sobre el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, que se celebrará durante el período parcial de sesiones de febrero, constituirá la primera oportunidad para debatir con el Parlamento la evaluación de nuestras políticas en estos campos. 
En junio de 2004, la Comisión pretende presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una comunicación que evaluará los avances realizados en la aplicación de los objetivos de Tampere. 
Esta comunicación incluirá una evaluación de todos los aspectos relativos a la inmigración, el asilo, la integración de inmigrantes en nuestras sociedades y el desarrollo de relaciones con terceros países. 
Espero que esta comunicación también pueda incluir algunas directrices para lo que podría convertirse, en el futuro próximo, en la agenda «Tampere II». 
No quiero adelantarme a la comunicación de la Comisión de junio de 2004, pero quisiera pedir al Sr. Comisario su impresión personal sobre si espera que, dentro de dicha comunicación, se establecerá cierto avance sobre los vínculos entre los Estados miembros y la Unión Europea con los países de origen de los emigrantes. 
Puede que ya sepa que la cuestión de la gestión de la inmigración está saltando ahora al primer plano de la agenda en la Unión Europea, especialmente a causa de su trabajo y del de muchos otros. 
Quisiera pedirle su opinión personal sobre si cree que, una vez que se publique la comunicación, él u otra persona tendrá noticias positivas que darnos sobre la cuestión de la gestión de la emigración y las asociaciones específicas entre nuestros países y otros países. 
Puede que conozca ejemplos relativos al Reino Unido y Filipinas, que ha enviado trabajadores sanitarios, y problemas de este tipo. 
¿Tiene algo que decir al respecto? 
Le agradezco esta pregunta suplementaria, ya que me permite decir que espero que el Parlamento y el Consejo hayan llegado entretanto a un acuerdo sobre la adopción de una normativa relativa al programa plurianual para financiar las asociaciones con terceros países en la gestión conjunta de flujos migratorios. 
Durante los próximos 5 años se asignarán 250 millones de euros a este programa y pretendemos dar prioridad en la evaluación de este instrumento financiero a los países implicados en la negociación de los acuerdos de readmisión con la Unión Europea. 
La segunda medida será un informe, que la Comisión presentará al Consejo en abril, sobre las relaciones entre la migración legal e ilegal, que sobre todo expondrá las conclusiones del estudio que actualmente está realizando la Comisión sobre la posibilidad de establecer algún tipo de sistema para coordinar la migración legal en los Estados miembros. 
Este sistema podría ser útil para terceros países en sus asociaciones con el objetivo de luchar contra la trata de seres humanos y la migración ilegal. 
La tercera medida será el informe que la Comisión presentará al Consejo antes de junio de 2005, en el que plantearán nuevas formas de mejorar la protección internacional y, sobre todo, la posibilidad de establecer programas de reasentamiento en toda Europa y proporcionar una mejor protección a los refugiados en la región. 
Espero poder comunicarles algunos progresos en todos estos aspectos cuando vuelva en junio para la evaluación de conjunto de la agenda de Tampere. 
– Como de costumbre, he escuchado con admiración la presentación y los comentarios del señor Comisario. 
Ha hablado de gestionar la migración y la migración legal. 
¿Podría aprovechar la oportunidad, dada la histeria de ciertos sectores de la prensa británica sobre lo que sucederá en términos de migración cuando se produzca la ampliación, para destacar algunas de las iniciativas que sé que ha puesto en marcha y que garantizarán que la emigración de los nuevos miembros de la UE de Europa del Este será razonable y estará controlada de forma que será beneficiosa para los ciudadanos de estos países y para los Estados miembros de la Unión Europea? 
Responderé a su Señoría con mi propio ejemplo. 
Vengo de Portugal, país que antes de entrar en la Unión supuestamente se estaba preparando para invadirla. 
Había asimismo muchos temores de que los portugueses y los españoles, señor Presidente, si mal no recuerdo, iban a invadir Europa. 
En términos reales, nuestra evaluación es que la adhesión a la Unión representa una oportunidad tan grande para el desarrollo económico de estos países que se adhieren que los flujos migratorios son limitados. 
Existen normas especiales dentro de los tratados de adhesión sobre la libre circulación de trabajadores durante los períodos de transición. 
Por lo tanto, contamos con el marco legal necesario para garantizar que todo se llevará de forma cuidadosa, ágil y razonable. 
Espero que este mensaje llegue al público británico. 
El 25 de junio de 2003 se firmó en Washington el Acuerdo UE-EE.UU sobre Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (1). 
¿Puede confirmar la Comisión que los Estados Unidos no tienen derecho, en virtud de dicho Acuerdo, a solicitar de los Estados miembros la extradición de personas cuyos delitos hayan cometido en dicho Estado miembro, pero hayan prescrito de acuerdo con la correspondiente legislación nacional o a petición del Estado, ni la extradición de personas de Estados miembros por delitos por los que ya hayan sido condenados por dicho Estado o a solicitud del mismo? 
¿Ha entrado en vigor este Acuerdo? 
En caso negativo, ¿cuál es el calendario de la Comisión? 
Señor Presidente, Señorías, el 23 de junio de 2003 se firmaron dos acuerdos entre la Unión Europea y los Estados Unidos relativos a la extradición y la asistencia mutua en materia penal. 
Estos acuerdos los negoció la Presidencia del Consejo con la asistencia de la Comisión en todo momento, conforme a los artículos 38 y 24 del Tratado. 
El acuerdo de extradición no contiene ninguna disposición específica que otorgue a los Estados Unidos el derecho a solicitar la extradición por parte de un Estado miembro de una persona que ha cometido un delito en dicho Estado miembro que haya prescrito conforme a su legislación. 
Sin embargo, los Estados miembros pueden acogerse a los motivos de rechazo basados en cuestiones que no contempla el acuerdo aplicable conforme a los tratados bilaterales en vigor entre un Estado miembro y los Estados Unidos. 
Esto se dispone en el artículo 17 del acuerdo de extradición entre la UE y los Estados Unidos. 
El mismo criterio se aplica a su segunda pregunta; es decir, cuando se solicita la extradición por parte de un Estado miembro de una persona por un delito por el que ya ha sido condenado por dicho Estado miembro. 
Ninguno de los dos acuerdos entre la UE y los Estados Unidos han entrado en vigor todavía, habiendo declarado algunos Estados miembros que se ven obligados a acatar el procedimiento constitucional nacional para que dichos acuerdos entren en vigor y que son necesarios instrumentos bilaterales escritos entre cada Estado miembro y los Estados Unidos para que los acuerdos se apliquen entre ambos. 
Estos instrumentos bilaterales complementarios se encuentran en estos momentos en fase de negociación. Una vez que todos los instrumentos bilaterales se hayan acordado, deberán ser ratificados por el Congreso de los Estados Unidos. 
Los galgos criados para carreras en Irlanda se exportan con frecuencia a España, una vez finalizada su vida activa en las carreras. En este país se les trata mal y las autoridades españolas muestran escaso interés por su bienestar. 
Ciertamente, la Comisión debe tener conocimiento de que, hasta 2002, la UE concedió ciertas ayudas a la cría de galgos en Irlanda. 
¿Podría indicar el Comisario competente para el bienestar animal qué medidas está adoptando la Comisión para velar por el bienestar de esos galgos cuya cría se financió parcialmente con fondos de la UE? 
¿Podría señalar la Comisión cuántos de esos galgos financiados por la UE han sido exportados de Irlanda a España y con arreglo a qué condiciones? 
. Agradezco a la Sra. McKenna su pregunta. 
La Comisión está muy preocupada por el bienestar de los animales y le otorga una gran prioridad. 
Existen normas comunitarias con respecto a los animales, incluidos los perros, para su protección durante el transporte. 
Conforme al protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales anexo al Tratado CE, la Comunidad y los Estados miembros deben atender en su totalidad los requisitos de bienestar de los animales en la formulación y aplicación de las políticas comunitarias sobre agricultura, transporte, mercado interior e investigación, al tiempo que deben respetar las disposiciones legislativas o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, especialmente, a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y el patrimonio regional. 
Por tanto, las condiciones en las que se mantienen perros como los galgos para las carreras o los utilizados para cazar en los Estados miembros no están reguladas por la legislación comunitaria. 
Son aspectos que se competen exclusivamente a la jurisdicción del Estado miembro en cuestión. 
Ya que es obligación de cada Estado miembro encontrar una solución a este problema, la Comisión solamente puede solicitar a las autoridades responsables que eliminen el maltrato al que su Señoría se refiere. 
En este contexto, es importante que el año pasado la mayor organización española para el bienestar de los animales reconociese que se están haciendo avances para mejorar el bienestar de estos animales, incluso a través de la actualización de la legislación por parte de las regiones autónomas. 
Por otra parte, la acción policial ha reducido los crueles métodos de sacrificio de estos perros al finalizar la temporada de caza. 
Pese a que la crueldad general con los perros o el uso de estos animales para las carreras o la caza es competencia exclusiva de los Estados miembros, el transporte comercial de los mismos a distancias de más de 50 kilómetros compete a la Directiva del Consejo 91/628/CEE, modificada por la Directiva 95/29/CE. 
Se han presentado quejas formales ante las autoridades irlandesas, españolas y del Reino Unido. 
Las autoridades irlandesas dieron una respuesta exhaustiva el 5 marzo de 2002, destacando las diversas medidas adoptadas para proteger a los galgos que son transportados a otros Estados miembros y facilitando también otros datos sobre los aspectos de la cría y las carreras de galgos que no entran en el ámbito de la legislación comunitaria. 
La respuesta de Irlanda no ofrecía ninguna base para incoar un procedimiento de infracción. 
En lo que respecta a aspectos de competencia comunitaria, como el transporte comercial de animales, las autoridades españolas indicaron que no podían controlar envíos particulares de galgos transportados desde Irlanda. 
La Comisión continúa haciendo averiguaciones. 
La Comisión confirma que actualmente no existe ninguna ayuda comunitaria disponible para la inversión en la cría o las carreras de galgos. 
Pese a que programas operativos anteriores permitían las ayudas a las inversiones en las instalaciones para albergar y criar galgos, no se ha desembolsado ninguna ayuda comunitaria desde 1993. 
En lo que respecta a la falta de regulación comunitaria, tengo entendido que antes de 2002 cierta parte de los fondos de la UE se dedicaba a la cría de galgos en Irlanda tras ponerse fin a la financiación de la cría de ovejas debido a que existía un exceso de capacidad en su producción. 
De ser así, la Comisión debería preocuparse de los animales cuya cría ha sido parcialmente financiada por la UE. 
En España la situación no ha cambiado. 
Hace unos días hablé con una persona que había asistido a uno de estos circuitos de carreras ilegales en España, donde encontró nueve galgos procedentes de Irlanda corriendo en terribles condiciones. 
En lo que respecta a la falta de seguimiento de los animales, quisiera que la Comisión considerase algún tipo de regulación estricta sobre la cría y la exportación de galgos. 
Sobre la correcta identificación, sería muy útil introducir un microchip para controlar el lugar de origen del animal. 
La Comisión podría tomar la iniciativa de aprobar una especie de ley al respecto, y también hacer que los propietarios de los galgos sean responsables de estos, no solo durante los dos años y medio que son económicamente beneficiosos para sus dueños en Irlanda, sino durante toda su vida. 
Es inaceptable que estos animales corran hasta la muerte en lugares como España y se mantengan en condiciones terribles. 
Debemos responsabilizarnos de ello. 
Por este motivo la Comisión debe adoptar alguna iniciativa introduciendo una legislación que garantice la resolución de este problema. 
. Su Señoría está en lo cierto: hubo financiación en este terreno y para la cría de galgos antes de 1992. 
En 1993 se puso fin a esta financiación, como ya he dicho, por varios motivos, en parte debido a preocupaciones en la UE y en la Comisión por motivos de bienestar animal. 
Repito que se trata de una cuestión de competencia. 
No compete a la Comisión ni a la Unión Europea realizar consultas a los Estados miembros relativas a cuestiones que están estrictamente fuera de la competencia de la Unión Europea. 
Tratar de crear una competencia de la UE en este terreno simplemente porque hubo financiación antes de 1992, que mientras ha cesado, es una misión imposible. 
Esto significa que es muy poco lo que podemos hacer. 
Sin embargo, tal y como he indicado, en respuesta a las consultas de la Comisión, las autoridades de Irlanda y España, y las principales organizaciones españolas para el bienestar de los animales, han indicado que la situación ha mejorado considerablemente, incluso en España, a raíz de la promulgación de leyes en las comunidades autónomas y también de la mayor vigilancia por parte de las autoridades policiales en la persecución de los infractores. 
¿Desde cuándo ha estado informada la Comisión de que los Países Bajos infringen la Directiva de la UE sobre plantas? 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión y qué medidas se propone adoptar y cuándo para asegurar el inmediato cumplimiento de la Directiva? 
¿Tiene la Comisión la intención de apoyar el principio de compensación para los agricultores británicos que han comprado plantas y semillas enfermas procedentes de los Países Bajos? 
. Agradezco al Sr. Bushill-Matthews su pregunta sobre este tema. 
La Comisión no tiene conocimiento de incumplimientos específicos de la Directiva de la UE sobre la salud de las plantas por parte de los Países Bajos. 
De hecho, la Directiva del Consejo 2000/29/CE, que constituye la base del régimen comunitario de salud de las plantas, ha sido totalmente transpuesta por los Países Bajos. 
Supongo que la pregunta de su Señoría está motivada por el hecho de haber encontrado podredumbre anular de la patata en patatas de siembra en Gales, ya que su pregunta no apuntaba a ninguna cuestión concreta. 
Estas patatas crecen a partir de semillas importadas de los Países Bajos, tal como sucedió en 2002. 
Puedo confirmar que la Directiva 93/85/CE sobre el control de podredumbre anular también ha sido transpuesta por las autoridades neerlandesas. 
Cuando las autoridades del Reino Unido nos informaron de este brote, la Comisión examinó inmediatamente con gran atención la información facilitada por el Reino Unido. 
La Comisión dio al Reino Unido la oportunidad de informar a otros Estados miembros en las últimas reuniones del Comité permanente de salud de las plantas de noviembre y diciembre de 2003. 
Sin embargo, todavía se está investigando el origen del brote y es demasiado pronto para sacar conclusiones en firme. 
Quisiera destacar que la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión ha realizado una serie de auditorías en los Estados miembros durante los últimos años con el fin de evaluar de forma clara la situación de la producción de patatas en la Comunidad. 
Puedo garantizar a su Señoría que la Comisión seguirá controlando de cerca la situación. 
A estas alturas la Comisión está satisfecha con las medidas preventivas adoptadas por el Reino Unido, en seguimiento del brote, y con las investigaciones actuales iniciadas por el Reino Unido y los Países Bajos con el fin de identificar los posibles orígenes y vías de transmisión de la enfermedad. 
Volviendo a la pregunta sobre la compensación, conforme a la legislación comunitaria actual existe la posibilidad de conceder una contribución económica calificada de «solidaridad» a los Estados miembros. 
Está destinada a cubrir los gastos de las medidas necesarias para combatir organismos nocivos para las plantas procedentes de otras zonas de la Comunidad. 
La Comisión ha informado a la representación galesa en Bruselas de la existencia de dicha contribución y de los procedimientos prácticos que deben seguir en caso de que deseen solicitar dicha compensación. 
Una vez recibida cualquier solicitud, la Comisión verificará si se cumplen los requisitos comunitarios para conceder dicha contribución. 
Agradezco al Sr. Comisario su clara respuesta. 
Quisiera ampliar la pregunta –y pedir disculpas por no haberlo aclarado antes– en el sentido de que no hace referencia solamente a la podredumbre anular de la patata, sino también a una enfermedad denominada «muerte repentina de los robles» , observada por primera vez en la UE en los Países Bajos en 1997 y que ahora ha llegado al Reino Unido. 
Se encuentra en los rododendros, las camelias y especies autóctonas de árboles y, el mes pasado se encontró en bosques silvestres del Reino Unido. 
Sin duda es un problema importante para nuestro país. 
Los principales exportadores de dichos productos son las subastas de plantas neerlandesas. 
También se ha afirmado que algunos operarios de este país han estado pulverizando estas plantas con un fungicida para ocultar los signos de esta enfermedad, lo que implica que esta se muestra en una etapa posterior. 
Agradecería que la Comisión pudiese estudiar estas afirmaciones, especialmente para averiguar si incumple la Directiva sobre la salud de las plantas, ya que es obvio que la enfermedad ha cruzado la frontera. 
Esperamos que se erradique en los lugares en que está presente y también deseamos que ningún otro país sufra como lo están haciendo nuestras plantas y bosques. 
. 
Quisiera asegurar a su Señoría que haré que mis servicios investiguen y preparen una respuesta adecuada a su pregunta suplementaria relativa a la muerte repentina de los robles. Después le escribiré para informarle oportunamente. 
Sin duda la Comisión es consciente de la importancia del control y de la cooperación en red en los ámbitos del cáncer, de la tuberculosis y del VIH/sida. 
La financiación de la UE en este contexto está a punto de expirar con motivo de los cambios en el programa de acción en el ámbito de la salud. 
La financiación se va a interrumpir, por lo que se refiere a la tuberculosis y al VIH/sida, hasta que se cree en 2005 el Centro europeo de prevención y control de enfermedades. En cuanto al cáncer, no se sabe durante cuánto tiempo va a estar interrumpida la financiación. 
¿Qué medidas ha podido tomar la Comisión para asegurar que no se interrumpa el control en el ámbito de estas enfermedades graves? 
. 
Permítanme comenzar diciendo que el control del VIH/sida, la tuberculosis y el cáncer constituyen problemas sanitarios importantes para la Comunidad en su conjunto, y siguen siendo importantes prioridades para mi. 
Sin embargo, la responsabilidad de dicho control –las pruebas de detección precoz del cáncer– recae en los Estados miembros. 
El papel de la Comunidad es el de proporcionar el marco adecuado para la coordinación de estas actividades, facilitar que se compartan y divulguen las buenas prácticas y promover el desarrollo de procedimientos y metodologías comunes. 
Con este fin, la Comisión proporciona financiación para el establecimiento de redes que facilitan métodos normalizados de recogida y procesado de información sobre enfermedades como el sida, la tuberculosis y el cáncer en el ámbito comunitario. 
Una vez desarrolladas las redes de este modo, sus estructuras de participación deberían estar en condiciones de proseguir con las actividades rutinarias de la red. 
La Comunidad debería centrarse en el desarrollo del trabajo en red y la Comisión continuará haciéndolo, dentro de las actuales posibilidades presupuestarias, hasta que se establezca el propuesto Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. 
Los Estados miembros deben aportar los recursos para asegurar que las actividades de vigilancia sigan realizándose correctamente en su territorio. 
La Comisión continuará promoviendo la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros a través de la Red de Enfermedades Transmisibles. 
Las decisiones de financiación mencionadas por su Señoría no comportarán por lo tanto un vacío en la vigilancia. 
Esto no quiere decir que la Comunidad no esté contribuyendo a medidas contra el cáncer, la tuberculosis y el VIH/sida. 
Ya financiamos actualmente 15 proyectos sobre el sida que suponen una contribución total de 4,2 millones de euros. 
También tenemos previsto apoyar un proyecto dentro del presupuesto de 2003 para reforzar la coordinación del seguimiento de infecciones en la región norte, incluido el VIH/sida y la tuberculosis. 
Esto incluirá a Rusia, Ucrania y Belarús, todas ellas zonas con preocupantes tasas de infección de VIH/sida y tuberculosis, y en las que la mejora del seguimiento debe tener alta prioridad, especialmente en el contexto de la ampliación. 
Respecto al cáncer, prevemos financiar tres proyectos con cargo al presupuesto de 2003, dos sobre la prevención del hábito de fumar y uno sobre información relativa al cáncer, que ascienden a un total de 4,4 millones de euros. 
Esto además de la inversión masiva que se ha realizado durante los últimos 15 años en la prevención del cáncer, que ya ha contribuido a que la epidemiología del cáncer sea una de las áreas más desarrolladas de la estadística sanitaria. 
En 2003 se plantearon numerosas propuestas valiosas para el programa de salud pública, que el presupuesto disponible no nos permitió financiar. 
Entiendo los problemas a los que se han enfrentado las personas implicadas en las redes de seguimiento, cuyo desarrollo ha financiado la Comisión desde 1996. 
La Comisión ha tomado varias medidas para mejorar la situación. 
En primer lugar, hemos movilizado a expertos para prestar asesoramiento sobre las prioridades de financiación para el seguimiento de enfermedades dentro del plan de trabajo para 2004 y para futuras rondas de financiación dentro del programa de salud pública. 
En segundo lugar, hemos difundido orientaciones sobre proyectos relativos a redes de seguimiento específicas para cada enfermedad con el fin de mejorar la calidad y su potencial de financiación. 
En tercer lugar, este año nos planteamos con carácter urgente las posibilidades que ofrecen otros mecanismos de financiación, incluido el programa de investigación, para la recopilación de datos y el procesado sobre el VIH/sida y la tuberculosis, además de la detección precoz del cáncer. 
También deberíamos recordar que el presupuesto de 2003 no es el fin de la historia. 
Futuros planes de trabajo incluidos en el programa de salud pública, comenzando por el de 2004, tendrán el alcance y el potencial de financiar proyectos sobre el cáncer, la tuberculosis y el VIH/sida. 
Se destacará especialmente la importancia de garantizar la continuidad del apoyo a redes importantes en el campo de las enfermedades transmisibles hasta que se establezca el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades que se ha propuesto. 
Mis servicios están trabajando para garantizar que esto se refleje en futuras rondas de financiación. 
Espero que esta disposición, además de los numerosos proyectos que he descrito y la coordinación de las actividades de seguimiento que seguimos proporcionando, respondan a la pregunta planteada por su Señoría. 
Al igual que el Sr. Comisario, creo que el seguimiento de estas enfermedades es muy importante y por eso me preocupa que no exista ningún vacío. 
Como ponente sobre el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, sé que este no estará establecido y en funcionamiento antes de 2005 en el mejor de los casos, así que es el vacío existente entre la actualidad y dicho plazo el que me preocupa. 
Por supuesto, el centro no tratará el cáncer, ya que no es una enfermedad transmisible, sino que tratará las otras dos enfermedades mencionadas. 
Sé que el Sr. Comisario ha estado buscando soluciones para el cáncer, porque lo ha debatido con nuestra comisión en el pasado. 
Sin embargo, le pido que examine muy detenidamente a las organizaciones que han estado encargadas del seguimiento, especialmente sobre la tuberculosis y el VIH/sida, y vea cómo apoyarlas durante los dos próximos años. 
En este terreno nos enfrentamos a un problema doble: el primero, como ha mencionado el señor Comisario, es el aumento exponencial de casos en Europa del Este, y el segundo es el aterrador aumento que estamos observando actualmente, aquí y al otro lado del Atlántico, en varios casos recientemente diagnosticados que son multirresistentes. 
Potencialmente existe por lo tanto una crisis dual que nos ataca desde ambas partes. 
. 
Como he indicado anteriormente al Sr. Bowis, soy consciente de estos problemas y solo puedo subrayar que la responsabilidad sobre toda esta cuestión corresponde a los Estados miembros. 
Observamos muy de cerca esta cuestión a través de mecanismos de seguimiento y vigilancia. 
Abordaré este tipo de cuestiones cuando debatamos el presupuesto de este año en las próximas semanas o quizá meses. 
El pasado mes de noviembre, España tuvo que cerrar las importaciones de cítricos frescos de Argentina y Brasil tras detectar la presencia de enfermedades muy dañinas para las producciones comunitarias como la denominada "chancro de los cítricos", que constituye el organismo más nocivo para la citricultura española. 
España adoptó medidas de urgencia para evitar la propagación de esa bacteria, denominada "Xanthomonas campestris (axonopodis) pv. citri", así como de otros dos hongos, el "Guignardia citricarpa" y el "Elsinoe spp." 
¿Tiene previsto la Comisión Europea adoptar algún tipo de medida de precaución de cara a la próxima campaña citrícola de los países del cono Sur para preservar al territorio comunitario de la introducción de esos organismos, teniendo en cuenta además de que, en el caso concreto del "chancro de los cítricos", éste último se ha detectado este año en España por primera vez? 
. 
La Comisión comparte plenamente la inquietud de su Señoría en relación con la amenaza que representan los organismos dañinos interceptados en España para las cosechas comunitarias de cítricos. 
Según la notificación española sobre las medidas preventivas que ese país ha adoptado contra los cítricos originarios de Argentina y Brasil, y de conformidad con las disposiciones correspondientes del régimen fitosanitario comunitario, la Comisión inició una discusión sobre este problema en la reunión del Comité Permanente Fitosanitario de los días 11 y 12 de diciembre de 2003. 
Entretanto, la Comisión ha solicitado igualmente con carácter urgente a Argentina y Brasil información técnica complementaria sobre la situación a la que se enfrenta España, y respecto a la cual la Comisión comparte plenamente la preocupación de esta última. 
La Comisión y los Estados miembros acordaron revisar la situación en la próxima reunión del Comité Permanente de 22 de enero de 2004. 
A continuación, la Comisión considerará medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Comunidad de organismos dañinos para los cítricos, como el chancro cítrico, que no existe en la comunidad. 
La Comisión espera llegar a una solución satisfactoria antes de la próxima campaña de importaciones. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Comisario su respuesta. 
La pregunta que he formulado era muy clara; la respuesta que ha proporcionado la Comisión, también. 
Los hechos son absolutamente claros y respecto a ellos coincido con la Comisión. 
El diagnóstico no se discute; lo que se discute ahora es la terapia que debe aplicarse. 
Me congratula que el 22 de enero se tomen medidas, y me gustaría saber qué tipo de medidas ha previsto la Comisión, porque en este momento no se trata de discutir, sino que se trata- como en el famoso opúsculo de Lenin- de qué hacer. 
Qué hacer y cuanto antes, porque la introducción de una plaga de este tipo podría producir consecuencias dañosas y de muy difícil reparación si no se llegasen a atajar a tiempo. 
Señor Comisario, me gustaría saber qué va a proponer la Comisión en esa reunión que se celebrará los días 22 y 23 de enero próximos: las medidas concretas que va a proponer, desearía conocer el análisis concreto de la realidad concreta. 
. 
Como sabe su Señoría, la legislación europea contempla una serie de medidas para hacer frente a tales situaciones. 
No deseo prejuzgar el resultado de los debates que tendrán lugar el 22 de enero, pero existe una serie de medidas, entre ellas medidas temporales de emergencia, que pueden aplicarse a la próxima campaña de importaciones. 
Estoy seguro de que su Señoría conoce el tipo de medidas posibles. 
Dichas medidas son muy eficaces y la legislación comunitaria permite aplicarlas, y son este tipo de medidas las que se considerarán en caso de que el debate ponga de manifiesto que es necesario adoptarlas. 
No puedo decir más en este momento, pues no deseo prejuzgar el resultado de dichos debates. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 21, 22 y 23 se contestarán conjuntamente. 
Es preciso abordar con tecnologías modernas y respetuosas con el medio ambiente el problema que plantean las 20 000 toneladas de plaguicidas repartidas por más de 5 000 lugares de Ucrania, para lo que se necesitan en total entre 60 y 100 millones de dólares estadounidenses. 
¿Podría establecer la Comisión un programa concreto para resolver el problema ucranio en el marco del sistema financiero vigente? 
La situación en Ucrania se está deteriorando con el problema que plantea la presencia de 20 000 toneladas de plaguicidas en desuso en más de 5 000 puntos diferentes, que pueden contaminar el agua potable y poner en peligro la salud de la población local. 
Pese a la adopción en junio de 2001 del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, que contiene un apartado específico sobre los plaguicidas que incluye medidas concretas para la eliminación de los peligros derivados de los plaguicidas en desuso, la situación no ha mejorado sustancialmente en los 3,5 años transcurridos desde entonces. 
¿Está la Comisión en condiciones de presentar un instrumento o una solución financiera constructiva para Ucrania? 
Es necesario encontrar urgentemente una solución al enorme problema que plantea la existencia de más de 20 000 toneladas de plaguicidas en desuso repartidos por toda Ucrania en al menos 5 000 puntos diferentes, con las consiguientes repercusiones sobre la salud y el medio ambiente. 
En el apartado 74 de su Resolución de 23 de octubre sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2004, el Parlamento Europeo toma nota del peligro que los contaminantes orgánicos persistentes (POP) representan para el medio ambiente, en particular las existencias de plaguicidas en desuso, e insta a la Comisión a que haga los esfuerzos extraordinarios necesarios para encontrar en los actuales instrumentos los fondos suficientes para su eliminación en Ucrania. 
¿Está la Comisión en condiciones de tomar medidas para encontrar una solución adecuada? 
Somos conscientes de la amenaza que los plaguicidas obsoletos que se utilizan en Ucrania representan para el medio ambiente y la salud de los consumidores, así como de la magnitud del problema que su eliminación plantea a ese país. 
Ucrania ha adoptado medidas adecuadas para eliminar algunos de estos plaguicidas obsoletos, sobre todo aquellos que constituyen contaminantes orgánicos permanentes, mediante la firma del Convenio de Estocolmo sobre la eliminación y reducción de estas sustancias contaminantes. 
Pero todavía no ha ratificado dicho Convenio. 
La Comisión insta a Ucrania a que ratifique el Convenio y coopere con la comunidad internacional para resolver este difícil problema. 
La responsabilidad de hacer frente a estos plaguicidas obsoletos corresponde en primer lugar al propio país. 
Si bien la Comisión está dispuesta a ayudar a Europa en la medida de lo posible –y solo quiero señalar que nuestra asistencia a Ucrania se eleva a 126 millones de euros anuales–, los actuales programas de ayuda de la UE no contemplan la financiación para eliminar los plaguicidas obsoletos en Ucrania. 
De hecho, el Gobierno de Ucrania no ha elegido las cuestiones medioambientales como uno de los principales ámbitos de cooperación con la Unión Europea. 
Sin embargo, en los pequeños proyectos del programa TACIS pueden encajar propuestas de proyectos relacionados con la eliminación de plaguicidas obsoletos. 
Habida cuenta de la cantidad de plaguicidas que debe eliminarse, una contribución de la UE solo paliaría parcialmente este vasto problema. 
En su calidad de signataria del Convenio de Estocolmo, Ucrania puede recibir financiación del Fondo provisional para el Medio Ambiente Mundial, que es el mecanismo financiero de dicho Convenio. 
Siempre nos hemos mostrado muy activos, y seguimos haciéndolo, en la lucha contra las consecuencias del desastre de Chernóbil y otras catástrofes medioambientales, pero me gustaría preguntar al señor Comisario qué más podemos hacer para evitar que ocurra otra catástrofe medioambiental en la que se vean implicados plaguicidas. 
¿Podría plantear estas cuestiones a las autoridades ucranias, pues las abordaremos en este Parlamento en la próxima reunión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Ucrania que tendrá lugar el mes próximo? 
¿Qué otra cosa puede hacer además de ponerse en contacto con el Gobierno ucranio y revisar una vez más la contribución del programa TACIS a este problema? 
Tras la experiencia de Chernóbil, debemos instar a Ucrania a que haga algo. 
El Sr. Comisario sabe tan bien como yo cómo funciona ese país. 
Este problema no será su mayor prioridad. 
Debemos indicar a Ucrania que abordar este tipo de métodos es una prioridad absoluta para la UE. 
Estoy totalmente de acuerdo con su Señoría en que los plaguicidas obsoletas constituyen un problema real y grave, y no solo para Ucrania, pues son un problema que comparten demasiadas regiones de la antigua Unión Soviética, así como algunos de los nuevos Estados miembros y países candidatos. 
Se calcula que en Ucrania existen unas 20 000 toneladas de estos plaguicidas repartidas en 5 000 lugares y, como sabe su Señoría, pueden afectar a la salud humana debido a la contaminación de acuíferos, suelos, alimentos e incluso el aire. 
Su Señoría ha mencionado Chernóbil: Yo estuve ahí hace poco. 
Hemos dedicado mucho tiempo y dinero a ese problema medioambiental tan extraordinariamente complejo y peligroso. 
En Chernóbil colaboramos con el Gobierno de Ucrania, que desea otorgar prioridad a este asunto. 
Pero no ha sido fácil, ni siquiera en esas circunstancias. 
Lo más difícil para nosotros es insistir en nuestra prioridades a través de un programa como TACIS, en el que se supone que el país asociado asume la responsabilidad del programa al que prestamos ayuda. 
Puedo asegurar a su Señoría que seguiremos planteando esta cuestión y cualquier otra cuestión medioambiental en el subcomité competente del Acuerdo de asociación y cooperación. 
Plantearemos estos temas durante dichas reuniones y si el Gobierno ucranio nos indica que le gustaría dedicar una parte de nuestra ayuda a esta cuestión, examinaremos con mucho gusto las posibilidades. 
Sin embargo, las cifras de que estamos hablando son muy considerables. 
Se estima que la eliminación del problema que acabo de describir costaría al menos 100 millones de euros, y es por eso que, desde nuestra perspectiva, probablemente sería más oportuno acudir al Fondo para el Medio Ambiente Mundial para lograr un objetivo que su Señoría tiene toda la razón en destacar. 
– Quisiera agradecer al Sr. Comisario su aclaración. 
También sé que es un problema en Ucrania a nivel de gobierno, pero hay también fuerzas políticas en ese país que actualmente están abordando con claridad este problema; están del lado del Parlamento Europeo, que ha declarado que debe resolverse este problema. 
Quisiera preguntar al señor Comisario si está dispuesto a alentar a estas fuerzas en Ucrania que actualmente no están en el gobierno pero podrían estarlo en el futuro, y ayudarles a buscar una solución a este problema extremadamente difícil y peligroso de Ucrania. 
Su Señoría tiene toda la razón cuando dice que la cuestión a debate constituye un motivo de grave preocupación para numerosos grupos ucranios y muchas de las ONG de defensa del medio ambiente que han comenzado a movilizarse. 
La cuestión por la que muestra especial interés –la contaminación del agua– preocupa a mucha gente. 
Tan solo puedo reiterar que plantearemos esta cuestión a las autoridades ucranias. 
Si estas lo desean, nos mostraremos dispuestos a estudiar formas de asistencia a través del programa TACIS. 
Sin embargo, el importe necesario para eliminar totalmente los plaguicidas en Ucrania supera los recursos presupuestarios actuales de la Unión Europea, si bien podemos invitar a Ucrania a que acuda a otras posibles fuentes de financiación para hacer frente a este problema tan tremendamente difícil. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta 24 decae. 
¿Cómo reaccionaría la Comisión ante las cuestiones derivadas de la necesidad de compaginar los objetivos de la PESC con el apoyo a los objetivos de la cooperación para el desarrollo relativos a la erradicación de la pobreza? 
El debate sobre desarrollo y seguridad no comporta una única elección entre hacer una cosa u otra. 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea reside en aprovechar mejor todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el ámbito de las relaciones exteriores. 
Esta fue una de las principales tareas de la Convención Europea. 
El objetivo de lograr una mayor coherencia implica un uso continuo y coordinado de la política exterior y de seguridad común y de todos los demás instrumentos de relaciones exteriores, incluido el presupuesto anual comunitario para acciones exteriores que se eleva a unos 10 000 millones de euros, de los cuales 6 000 millones se destinan a la ayuda oficial al desarrollo. 
Hace mucho que reconocimos que la política de desarrollo y los demás programas de cooperación constituyen los instrumentos más valiosos con que cuenta la Comunidad para atacar las raíces de los conflictos. 
Este hecho se refleja en la recientemente adoptada Estrategia de Seguridad de la Unión Europea. 
La lógica es sencilla y directa: una de las causas a las que se deben las desastrosas condiciones en que vive la gente en el Afganistán y el sur de Sudán, por ejemplo, es el conflicto. 
Si realmente deseamos resolver el problema de la pobreza, debemos enfrentarnos a los conflictos. 
No puede haber desarrollo sin paz. 
Por ello, a instancias de nuestros socios africanos, el Comisario Nielson y yo presentamos hace poco una ambiciosa propuesta para crear un fondo africano para la paz dotado de unos 250 millones de euros, destinado a apoyar los esfuerzos que hace la Unión Africana para el mantenimiento de la paz. 
Es lógico que una persona con amplia experiencia en asuntos de desarrollo como yo –y como usted mismo– nos mostremos algo escépticos acerca de lo que podemos realizar, en particular las cuestiones de coherencia entre desarrollo, política exterior y otros ámbitos políticos, como agricultura y comercio en la Unión Europea. 
Así pues, aún quedan cuestiones pendientes. 
Ha mencionado usted el fondo para la paz que, desde luego, acogemos con satisfacción al tratarse de una iniciativa de la Unión Europea, pero según entiendo, algunos Estados miembros de la Unión proponen que la financiación se realice a través de organizaciones regionales y subregionales, como ECOWAS, y me pregunto si estaría usted de acuerdo conmigo en que deberíamos trasladar nuestros puntos de vista a los Jefes de Estado africanos, que proponen que la financiación, organización, gestión y procesos decisorios deberían corresponder a la propia Unión Africana y no ser encargados a las diversas organizaciones regionales. 
Por último, ¿cómo valora las consecuencias del rechazo por parte de la Conferencia Intergubernamental de la propuesta –que usted tanto ha apoyado– de crear el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores europeo para gestionar algunas de estas cuestiones? 
En primer lugar, en relación con el tema concreto del fondo para la paz, sería extraño que no intentásemos dar el mayor apoyo posible a las instituciones de la Unión Africana en un momento en que tratamos de apoyar y mantener la solidaridad institucionalizada en África. 
Por ello estoy de acuerdo con su Señoría en este punto. 
En segundo lugar, respecto a la coherencia general, es posible que las cosas hayan cambiado desde que yo era Ministro de Desarrollo del Gobierno británico hace muchos años. 
Pero tengo que decir que me parece que los programas comunitarios presentan mayor coherencia que cuando yo era Ministro británico. 
Eso no significa que seamos perfectos, pues aún tenemos mucho camino que recorrer, sobre todo en el ámbito de las acciones exteriores en general. 
No me refiero únicamente a la PESC y a la ayuda oficial al desarrollo. 
Espero que en la próxima Comisión haya dos antiguos Ministros de Desarrollo a cargo de la labor que actualmente realizamos el Sr. Nielson y yo, cosa que resultara útil. 
En relación con la cuestión de un Ministro de Exteriores y la suspensión temporal de las tentativas de crear este puesto tras la Convención, sigo creyendo que si esta persona –sea un hombre o una mujer– surge en los próximos años de la Conferencia Intergubernamental, es absolutamente necesario que aprovechemos los puntos fuertes que ofrecen tanto el Consejo como la Comisión. 
No es muy acertado tener un Ministro de Exteriores que se vea cauterizado en cierto modo por la Comisión con el ridículo argumento de que sus actividades pueden verse contaminadas por un contacto excesivo con la Comisión. 
Es perfectamente posible mantener la integridad de la Política Exterior y de Seguridad Común, y la relación con el Consejo y los Estados miembros, y al mismo tiempo aprovechar todas las competencias de la Comisión que, en su conjunto, nos ofrecen una auténtica oportunidad de configurar una estrategia para las acciones exteriores a la altura de las exigencias del siglo XXI. 
La política exterior de seguridad ya no es –si es que lo fue alguna vez– una agenda que se decide simplemente en las cancillerías de las capitales europeas. 
La política exterior y de seguridad, la política de desarrollo, la política comercial, la política agrícola y la política exterior en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, influyen en el impacto que tiene Europa sobre el resto del mundo y en la contribución positiva que podemos hacer en este terreno. 
– Señor Presidente, ¿cómo valora el señor Comisario las conversaciones que iniciaron ayer los Estados Unidos y Latinoamérica? 
¿Fortalecerán o debilitarán los objetivos de la Comunidad citados en la pregunta de la Sra. Kinnock, y, cuál es la respuesta de la Unión Europea a esta iniciativa de los Estados Unidos? 
Estaré en mejores condiciones de responder a esta pregunta tras las reuniones que tendrán lugar en el mes de abril en el marco del proceso ASEM. 
En abril, tras la reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores que tendrá lugar en Tullamore, Irlanda, celebraremos reuniones con nuestros socios de la Conferencia Asia-Europa (ASEM). 
Asimismo celebraremos reuniones con Indonesia y otros países asociados. 
Espero que estas reuniones pongan de relieve la importancia de nuestra cooperación. 
Europa es el mayor proveedor de ayuda al desarrollo y el principal socio comercial de numerosos países asiáticos, y sin duda es el mayor proveedor de inversiones financieras exteriores en la mayoría de los países asiáticos. 
No estoy convencido de que nuestra influencia política en esos países sea tan grande como nuestra influencia económica, y espero que podamos cambiar esta situación. 
Hemos hecho mucho por mejorar nuestras relaciones con China. 
Soy partidario de hacer otro tanto con la India, y espero que este año podamos elaborar un documento de estrategia sobre nuestra relación con ese país. 
Ya hemos redactado un documento de estrategia sobre nuestra relación con el Sudeste asiático. 
Estamos empezando a hacer que las cosas avancen y para ello hemos contado con la ayuda del Parlamento, el cual ha apoyado la apertura de cinco nuevas Delegaciones de la Comisión en países asiáticos. 
El 9 de diciembre de 2003, la Comisión Europea y Siria alcanzaron un acuerdo sobre la conclusión de un Acuerdo de asociación de dicho país con la UE conforme con el modelo de los acuerdos concluidos con los restantes países mediterráneos asociados, que incluya un capítulo político, otro económico-financiero y un tercero social y cultural. 
En este contexto, ¿cómo enjuicia la Comisión las perspectivas del acuerdo para las dos partes? 
¿Opina que la firma de dicho acuerdo en un futuro próximo contribuirá a la integración regional, la creación de un clima favorable para solucionar el problema político del conflicto árabe-israelí y la democratización de Siria? 
¿Cómo enjuicia las posiciones diametralmente opuestas de los Estados Unidos, donde el Congreso y el Presidente Bush (pocos días antes) han adoptado una ley que prevé sanciones y restricciones económicas y diplomáticas contra Siria? 
¿Comparte la Comisión las razones que han invocado los EE.UU. para adoptar esta política contra el país en cuestión? 
El acuerdo que hemos estado debatiendo con nuestros homólogos sirios, pero que aún no ha sido rubricado, constituiría, en mi opinión, una base sólida para la reforma económica y política en Siria. 
La supresión de aranceles y la apertura de mercados será un importante incentivo para que Siria emprenda reformas jurídicas e institucionales. 
Asimismo, este acuerdo ayudará a Siria a integrarse en la economía mundial y podría ser un paso importante hacia otras iniciativas, como la adhesión de Siria a la Organización Mundial del Comercio. 
Confío en que las disposiciones relativas al respeto de los derechos humanos, la no proliferación y la cooperación en la lucha contra el terrorismo facilitarán que entablemos conversaciones con Siria sobre otras cuestiones. 
Por lo que respecta a facilitar la integración regional, el acuerdo completará la red de acuerdos de asociación euromediterráneos con nuestros socios de esa región. 
Constituye el último paso para la Zona Euromediterránea de Libre Comercio que contempla la Declaración de Barcelona. 
Ahora seguiremos colaborando para lograr la liberalización de los intercambios entre los propios países mediterráneos. 
Este acuerdo será el elemento más importante de nuestra política de diálogo constructivo con Siria. 
Consideramos que el acuerdo debería reforzar los incentivos para la reforma de Siria, mediante la creación de una economía y una sociedad más abiertas, y a través de un diálogo político sobre cuestiones como el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos. 
Creo que los Estados Unidos comparten nuestro objetivo fundamental de integrar a Siria en la comunidad internacional, como país que cumple el Derecho internacional y coopera, así lo esperamos, en la no proliferación y la lucha contra el terrorismo. 
El acuerdo de asociación debe considerarse como un marco para un compromiso a largo plazo con Siria a este respecto. 
Señor Comisario, muchas gracias por indicar los objetivos y el procedimiento para lograr el acuerdo de cooperación con Siria. 
Sin embargo, quisiera pedirle que aclare la última parte de mi pregunta: ¿comparte usted las opiniones expresadas por los Estados Unidos sobre las relaciones con Siria y su papel en la región y para lograr la paz? 
La metodología seguida por la Unión Europea es diferente de la seguida por los Estados Unidos. 
Puede ser que el objetivo sea el mismo dentro de un marco general, pero la metodología es diferente. 
¿Comparte usted los temores que los Estados Unidos han expresado específicamente? 
¿Tienen estos temores alguna influencia en la política de la Unión Europea? 
Cuando el Secretario de Estado norteamericano, el Sr. Colin Powell, a quien respeto y admiro mucho, se sometió a las audiencias ante el Congreso antes de su confirmación como Secretario de Estado, observé que esgrimió un argumento muy sólido –y quizá no use exactamente las mismas palabras que él, pero sí palabras parecidas– contra las sanciones viscerales y contra la tentativa de alcanzar siempre los propios objetivos políticos eliminando a otros mediante sanciones. 
Siempre ha sido un destacado exponente del diálogo constructivo y realista. 
No quiero decir que estaría necesariamente de acuerdo con nosotros en el tema de Siria, pero creo que eso es lo que hemos intentado hacer en Siria, al igual que hemos intentado en Irán. 
Esto no significa que seamos ingenuos, ni que lo que estamos intentando hacer no presente problemas, pero si entablamos un diálogo sobre temas como los derechos humanos, el terrorismo, las armas de destrucción masiva y la liberalización del comercio, debemos estar dispuestos a tender la mano y alentar a nuestros interlocutores. 
Hemos celebrado una serie de negociaciones sumamente útiles con Siria en los últimos meses. 
La Comisión ha invertido mucha energía y esfuerzo en este proceso, al igual que la parte siria. 
En cuestiones como la supresión de aranceles, la parte siria ha ido más lejos y más rápido en los últimos meses de lo que la mayoría de nosotros creía posible. 
Cuando estuve en Damasco hace unos meses, negocié o prácticamente negocié la cláusula sobre derechos humanos, y mis funcionarios han estado negociando sobre otras cuestiones, entre ellas las armas de destrucción masiva. 
Ahora las propuestas que debatimos con los sirios están siendo debatidas en el Consejo. 
El Consejo tendrá que decidir si debemos volver a reunirnos con la parte siria para intentar obtener más de lo que hemos alcanzado hasta ahora. 
No tengo duda alguna de que si alcanzamos un acuerdo sólido y sensato con Siria –que sería la última pieza del rompecabezas de nuestra asociación euromediterránea–, todo el mundo saldría ganando: todos los que quieran un futuro más próspero para la región, todos los que deseen evitar un conflicto de civilizaciones entre los mundos europeo, norteamericano e islámico, y todos los que quieran luchar contra el terrorismo y la seguridad de forma eficaz y sostenible. 
Señor Comisario, la palabra «esperanza» aparece varias veces en su respuesta inicial. 
Al parecer, hay más «esperanza» que «expectativas». 
¿Podría darme su opinión sobre lo que cree que podemos obtener de Siria en lo referente a su relación con el Líbano, así como a su ocupación de ese país y su apoyo a Hezbolá? 
Hay que decir que, en el marco de las negociaciones que hemos celebrado con Siria, hemos entablado un diálogo cada vez más sincero y amplio sobre temas de política regional. 
Entre ellos la situación en el sur del Líbano, Palestina e Israel, y la situación existente en los Altos del Golán. He manifestado mi esperanza –y espero no resultar totalmente necio en mis observaciones geoestratégicas– de que Siria avance en una serie de cuestiones. 
Prefiero hablar e intentar llegar a un acuerdo, que leer las posiciones sirias en los periódicos. 
Así pues, cuando hablo de «esperanza» se trata de una pequeña palabra frágil. 
Tal vez no sea tan fácil, pero antes de abandonar la Comisión Europea me gustaría mucho ser testigo de la firma de un acuerdo con Siria. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 27 a 47 serán contestadas por escrito. (2) 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los servicios en el mercado interior. 
Tras el discurso del Comisario aplicaremos el procedimiento de solicitud incidental de intervención. 
. 
Señora Presidenta, supongo que espera que diga algo; antes solía hablar su lengua, pero no lo he hecho desde hace unos cuarenta años. 
He venido esta noche a esta Cámara para hacer dos declaraciones: la primera sobre la Directiva de servicios, que la Comisión ha adoptado esta tarde, y la otra es un breve anuncio en nombre de la Comisión y, en particular, del Comisario Solbes, sobre la estrategia para la coordinación y vigilancia de la política económica. 
Comenzaré por la Directiva de servicios. 
Es para mi un placer poder anunciar hoy a sus Señorías que la Comisión ha adoptado una propuesta de Directiva para crear un auténtico mercado interior en el sector de los servicios. 
Se trata de una propuesta ambiciosa, pero equilibrada y gradual que pretende liberar a las empresas de servicios de los obstáculos legales y administrativos que impiden el desarrollo de sus actividades transfronterizas. 
Se trata posiblemente del mayor impulso al mercado interior desde su puesta en marcha en 1993. 
Mejorará la competitividad no solo del sector de los servicios, sino también de toda la economía europea, incluida la industria de fabricación. 
La propuesta constituye un elemento importante para volver a poner en marcha la Agenda de Lisboa. 
Es resultado de un largo proceso iniciado con la estrategia en materia de servicios de la Comisión de diciembre de 2000. 
Aborda los obstáculos al mercado interior que figuran en el Informe sobre el estado del mercado interior de servicios de la Comisión, publicado en el mes de julio de 2002. 
El Parlamento Europeo intervino a lo largo de todo este proceso y aprobó dictámenes favorables sobre estos dos documentos. 
Por ello me complace poder acudir primero aquí para presentar a sus Señorías la solución que proponemos. 
La propuesta responde a la petición del Parlamento Europeo de una propuesta exhaustiva para garantizar la libre circulación de servicios mediante la aplicación del principio del país de origen, la cooperación administrativa y, en los casos estrictamente necesarios, la armonización. 
La propuesta de Directiva es exhaustiva, pues abarca todos los servicios que actualmente no pueden beneficiarse del mercado interior debido a obstáculos legales o administrativos. 
Comprende tanto la libertad de establecimiento como la libertad de prestación de servicios. Beneficiará a una amplia variedad de servicios, como los servicios profesionales, los servicios empresariales, los servicios de seguridad, los servicios medioambientales, los servicios de distribución, las agencias de viajes, los hoteles, restaurantes y centros de ocio, así como los servicios sanitarios. 
Quedan excluidos únicamente aquellos servicios que ya son objeto de una legislación comunitaria específica de gran alcance, como los servicios financieros, las telecomunicaciones y el transporte. 
A fin de facilitar el establecimiento de empresas de servicios en otro Estado miembro, la propuesta suprimirá trámites burocráticos a través de un proceso a gran escala de simplificación administrativa. 
Se suprimirá una serie de restricciones al establecimiento, como los requisitos de nacionalidad o las «pruebas de necesidad económica». 
Además, los Estados miembros deberán establecer procedimientos electrónicos y facilitar a los proveedores de servicios ventanillas únicas para la tramitación de autorizaciones y otras formalidades. 
Se examinarán y suprimirán los procesos de autorización superfluos; los regímenes de autorización que se mantengan serán más transparentes y previsibles, al basarse exclusivamente en criterios objetivos conocidos de antemano. 
Otras limitaciones, como los requisitos que limitan el número de centros de venta por habitante, o las tarifas fijas, también serán sometidas a un proceso transparente de examen y evaluación mutua. 
A fin de facilitar la prestación de servicios transfronterizos, la propuesta de Directiva pretende aplicar en la práctica el principio del país de origen, según el cual una vez que un proveedor de servicios opere legalmente en un Estado miembro, podrá prestar sus servicios en otros Estados miembros sin tener que cumplir otras normas en dichos Estados miembros «de acogida». 
Con el fin de apuntalar este principio, la propuesta contempla una mayor cooperación administrativa entre los Estados miembros y algunos requisitos básicos y armonizados de calidad en toda la UE. 
Por ejemplo, exigirá un seguro de responsabilidad profesional adecuado para aquellos servicios que presenten determinados riesgos. 
La propuesta de directiva reconoce el carácter específico de las profesiones reguladas y el papel especial que desempeña la autorregulación, y pide a las asociaciones profesionales que establezcan códigos de conducta europeos de ética profesional. 
Esta propuesta es totalmente compatible con la propuesta de directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la complementa. 
A fin de permitir el uso de los servicios ofrecidos en otros Estados miembros, la propuesta dilucida y refuerza igualmente los derechos de los usuarios de servicios. 
Por ello deja claro que dichos derechos impiden a los Estados miembros imponer limitaciones, como exigir una autorización para el uso de servicios (por ejemplo, servicios de arquitectos o constructores de otros Estados miembros) , o normas fiscales discriminatorias que hagan que los servicios procedentes de otros Estados miembros de la UE resulten más costosos. 
La propuesta de Directiva clarifica los derechos de los pacientes al establecer, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, las condiciones en las que los regímenes nacionales de la seguridad social deben reembolsar los gastos médicos incurridos en otros Estados miembros. 
La propuesta de Directiva pretende crear una mayor actividad transfronteriza de servicios, lo que dará a las empresas nuevas oportunidades en nuevos mercados, de forma que puedan crecer y crear más puestos de trabajo. 
Asimismo, el incremento de la competencia probablemente dará lugar a reducciones de precios y contribuirá a difundir las mejores prácticas y a fomentar la innovación. 
Sobre todo las PYME se beneficiarán de la mayor seguridad jurídica y del mayor número de oportunidades para la oferta transfronteriza. 
El efecto sobre la economía en su conjunto será una mayor competitividad y un mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad. 
Por eso es necesario adoptar esta propuesta, transponerla a la legislación nacional y aplicarla lo antes posible. Esto significa que debe recibir el mayor apoyo político de todas las instituciones implicadas. 
La Comisión es consciente de que, desgraciadamente, esta propuesta llega demasiado tarde para su primera lectura en esta legislatura. 
Sin embargo, en vista de que satisface las demandas del Parlamento Europeo relativas a un enfoque exhaustivo para crear un verdadero mercado de servicios, confío que sus Señorías le prestarán la debida consideración y comenzarán a debatirla a fin de ofrecer una base sólida para los trabajos del nuevo Parlamento y mostrar el camino a seguir al Consejo de Ministros. 
Eso es lo que quería decir sobre la directiva de servicios. 
Ahora me referiré muy brevemente al otro tema; me gustaría decir que la Comisión ha decidido hoy entablar acciones judiciales ante el Tribunal Europeo de Justicia contra las conclusiones del Consejo. 
Sin embargo, esta acción se centrará exclusivamente en los elementos de procedimiento y no abordará los aspectos de vigilancia económica de países concretos que se recogen en las conclusiones del Consejo. 
Para más información remito a sus Señorías a un documento que acaba prácticamente de publicarse con el número de referencia IP/04/35. 
Muchas gracias, Comisario Bolkestein. 
Le quedaríamos especialmente agradecidos si nos informa inmediatamente de los resultados. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior quiero expresar cordialmente que acogemos con agrado esta propuesta de la Comisión. 
Como ha señalado tan cortésmente el señor Comisario, la Comisión ha tenido en cuenta varios de nuestros informes. 
Yo fui el ponente en la última ronda y actualmente estamos redactando un nuevo informe sobre el mercado único. 
De este modo tendremos la oportunidad de entrar en los detalles, y concuerdo con el señor Comisario en que sería muy conveniente iniciar el debate en esta legislatura. 
Espero que mi comisión parlamentaria pueda hacerlo para que podamos comenzar a consultar a un amplio espectro de intereses en esta propuesta tan extensa. 
Asimismo es absolutamente necesario iniciar su tramitación en el Consejo. 
Las cuestiones políticas que deseo exponer al señor Comisario esta noche, y sobre las que me gustaría obtener sus comentarios, se refieren más que nada al Consejo. 
Me complace observar que tenemos un representante en las filas del Consejo. Aunque resulta decepcionante que no tengamos más. 
Como ha indicado el señor Comisario en su declaración, el factor crucial para que esto funcione será la voluntad del Consejo de aceptar los principios fundamentales del mercado interior: el principio del «país de origen» para la prestación de servicios transfronterizos, el reconocimiento mutuo de las condiciones de establecimiento y una conducta sensata para captar algunos de estos problemas. 
No necesito recordar al señor Comisario –aunque este quizá quiera referirse a ello– que el historial del Consejo en esta materia ha sido hasta ahora francamente deplorable. 
La Directiva sobre reconocimiento mutuo de las promociones de ventas –que forma parte integrante de este paquete– ha estado en la mesa del Consejo durante 15 meses. 
Con arreglo a la propuesta del señor Comisario, nos encontraremos en una posición en la que podremos establecer libremente agencias de comercialización en otros países, pero estas no tendrán principios comunes. 
Me gustaría conocer la opinión del señor Comisario sobre la forma en que colaborará con nosotros para hacer que el Consejo acepte un calendario serio para resolver estas cuestiones y sobre la manera en que el Consejo desempeñará su papel en el paquete legislativo presentado. 
Señorías, si no contamos con el apoyo del Consejo no iremos a ninguna parte. 
Ha llegado la hora de la verdad para el mercado interior. 
A menos que el Consejo se reconcilie con esta propuesta, no se toma en serio la Agenda de Lisboa ni el mercado interior. 
Hablando con franqueza diré que la aceptación de esta directiva por parte del Consejo constituye el mayor reto al que se enfrentan las propuestas realizadas en Lisboa. 
El Consejo debe ponerse a trabajar en ello. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, acojo con gran satisfacción su segunda declaración, a saber, que la Comisión está solicitando al Tribunal de Justicia Europeo la clarificación de los aspectos de procedimiento del control presupuestario. 
El euro, admitámoslo por una vez, ha logrado en los últimos cinco años mayor estabilidad que la que logró el marco alemán. 
Por otra parte, el euro es una moneda difícil porque dirige no una sino quince políticas económicas y financieras nacionales, tiene una política de puertas abiertas y todavía es una moneda joven. 
Por eso es especialmente importante la aplicación rigurosa del artículo 104 del Tratado y del Pacto de Estabilidad asociado y los ocho países que han hecho sus deberes, junto con sus ciudadanos, tienen derecho a esperarlo así. 
Por esto consideramos que la Comisión está actuando adecuadamente aclarando estos derechos y aplicando una disciplina presupuestaria. 
Esto por sí mismo sirve para impulsar la confianza en esta nueva moneda. 
Todavía tenemos mucho trabajo por delante. 
Señora Presidenta, mi pregunta es también sobre la breve declaración o anuncio sobre la intención de iniciar acciones legales contra el Consejo. 
Me gustaría preguntarle al Comisario: ¿qué espera el Comisario en el mejor de los casos? , es decir, ¿espera ganar el caso? 
¿Cuáles serían las consecuencias? 
¿Sería posible, de algún modo, intervenir en las decisiones adoptadas por el Consejo? 
¿Qué quiere decir la Comisión al indicar que el reto se concentrará exclusivamente en los elementos de procedimiento? 
Señora Presidenta, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las dos declaraciones del Sr. Comisario. 
Acojo con agrado la propuesta sobre servicios. Es una pena que no abarque los servicios financieros. 
A menos que haya habido un cambio de último minuto, estos fueron excluidos de la propuesta general, cosa que resulta desafortunada debido a que los principios generales del país de origen y del reconocimiento mutuo, que se recogen en la propuesta sobre servicios, son de aplicación a los servicios financieros, y habría sido positivo reforzar dichos principios mediante la inclusión de estos servicios en la propuesta. 
El principal asunto que deseo comentar es la decisión que ha tomado la Comisión de proceder judicialmente contra el Consejo ECOFIN por su suspensión del Pacto de estabilidad. 
Se trata de una disputa grave, que hoy se ha hecho mucho mayor. De este modo se ilustran gráficamente los problemas que se plantean inevitablemente cuando se gestiona una moneda única en 12 países distintos. 
Estas tensiones continuarán y se agravarán, ya que realmente es imposible aplicar una única política económica que se adapte a cada una de estas doce economías. 
Estas tensiones se harán más –y no menos– importantes a medida que se extienda la zona del euro y se amplíe la Unión Europea. 
Espero que se encuentre una solución satisfactoria para este problema, pero por el momento el hecho de que los Ministros de Hacienda del ECOFIN no apliquen las normas constituye otro duro golpe para la credibilidad del euro. 
Se nos dijo que estas normas eran fundamentales para el funcionamiento del euro, y ahora la Comisión se ve obligada a adoptar esta drástica medida y, al parecer, este pleito aún durará mucho tiempo. 
A la luz de las circunstancias que hemos visto hoy, no es sorprendente que los pueblos del Reino Unido, Dinamarca y Suecia pronuncien un rotundo «no» al euro. 
. Señora Presidenta, quiero dar las gracias a los diputados que han formulado preguntas a la Comisión. 
En primer lugar, me gustaría abordar el tema de la directiva sobre servicios. 
A continuación pasaré al otro tema. 
Agradezco al Sr. Harbour y a la Sra. Villiers su apoyo a la directiva o, al menos, a lo que he dicho en términos generales acerca de la directiva. 
El Sr. Harbour ha dicho con toda franqueza que la aprobación por parte del Parlamento está muy bien, pero ¿qué pasa con la otra mitad del órgano legislativo de la Unión, el Consejo? 
Tiene toda la razón cuando dice que el Consejo se encuentra rezagado, no solo en esta cuestión que he mencionado, sino también en otras. 
Y eso es muy negativo. 
La promoción de ventas, el ejemplo mencionado por el Sr. Harbour, es un ejemplo, pero hay otros. 
El Sr. Harbour pide al Consejo que acepte un calendario serio. 
Me gustaría poder lograrlo. 
Como sabe el Sr. Harbour, la Comisión es muy poderosa, pero no lo es tanto como para obligar al Consejo a atenerse a un calendario. 
Estamos en manos de la Presidencia. 
El Sr. Harbour puede contar con la Comisión para presionar a la Presidencia irlandesa para que trabaje seriamente sobre este expediente. 
Sin embargo, una vez dicho esto, la Presidencia preside y la Comisión desempeña el papel del coro en las tragedias griegas: observa, pero no puede hacer gran cosa excepto mostrar su aflicción. 
Sin embargo, apremiaremos a la Presidencia irlandesa y le diremos que se ponga a trabajar. 
La Sra. Villiers se queja de que no se incluyan los servicios financieros. 
El motivo de ello es que contamos con un marco muy detallado para los servicios financieros, como la Sra. Villiers sabe mejor que nadie. 
El plan de acción para los servicios financieros, con sus 42 medidas, se encuentra casi terminado. 
No deseamos enturbiar las aguas ni volver a recorrer el camino ya andado, y es por ello que, al igual que otros ámbitos regulados por otros instrumentos legales, consideramos preferible dejar fuera los servicios financieros. 
En relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el hecho de que la Comisión haya decidido proceder judicialmente contra la decisión del Consejo ante el Tribunal de Justicia, el Sr. Mombaur ha dicho que la Comisión debe insistir en la disciplina presupuestaria. 
Y eso es lo que hace la Comisión y por ese motivo acudimos al Tribunal. 
Me complace comprobar que en general –aunque no en su totalidad– el Parlamento apoya esta acción de la Comisión. 
La Comisión considera que vivimos en una comunidad de derecho. 
El Pacto de Estabilidad es un acuerdo entre partes y un acuerdo entre partes es la ley entre estas partes, y la ley debe ser respetada. 
Ya he dicho que la acción que la Comisión interpondrá ante el Tribunal de Justicia se referirá a los aspectos de procedimiento. 
No creemos que el papel del Tribunal Europeo de Justicia consista en dictar a la Unión cómo formular su política económica. 
Por ello, el Tribunal se centrará en los aspectos de procedimiento, los ámbitos en los que considera que el Consejo ECOFIN ha ido por mal camino. 
Una vez dicho esto, me gustaría señalar que el procedimiento y el fondo forman un todo. 
Compete al Tribunal de Justicia decidir si los Estados miembros –o el Consejo– han ido por mal camino. 
Y espero que lo haga pronto. 
No deseamos que este procedimiento se prolongue durante años. 
Esperamos que se pueda seguir un procedimiento por la vía rápida, y recibir la opinión del Tribunal en el otoño. 
La Sra. Villiers ha repetido su tan conocida cantinela de que está en contra del euro o, al menos, de que el Reino Unido se una a la UEM. 
En este momento no entraré en ese debate. 
Sé que los tontos se atreven a entrar donde los ángeles no osan, así que no me meteré en el debate británico sobre el euro. 
Asimismo ha señalado que estos problemas surgen «inevitablemente» –esa fue la palabra que ha utilizado– cuando existen 12 países que no cuentan con una política económica común seguida por todos los doce países. 
Doce países firmaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Mientras cumplan lo firmado, los doce países no tendrán problemas en seguir políticas económicas distintas. 
Mientras sus déficit presupuestarios se sitúen por debajo del famoso límite del 3%, no veo que más podríamos necesitar. 
La Comisión presentará sin duda nuevas propuestas en este sentido. 
Esa es mi respuesta a la Sra. Villiers sobre el vínculo entre la soberanía en asuntos económicos y los déficit en política fiscal. 
Gracias, Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A5-0455/2003) del Sr Nobilia, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los detergentes (1095/3/2003 – C5-0521/2003 – 2002/0216 (COD)) 
. 
Señora Presidenta, señor Comisario Liikanen, hace dos años cuando el Parlamento comenzó a analizar este reglamento parecía realmente impensable que el proceso legislativo pudiese culminar con un acuerdo casi unánime. 
Y sin embargo, con la votación de mañana y la conclusión de la segunda lectura podemos decir que el proceso básicamente ha concluido con el acuerdo de todos los involucrados. 
Debe decirse que el primer texto de la Comisión reformaba radicalmente las disposiciones legales en cuestión, pero las enmiendas hechas al texto original también fueron importantes. 
La definición de tensioactivo, ensayos adicionales, la derogación de la autorización, el etiquetado, mayor y mejor información para los consumidores son aspectos que genuinamente amplían la protección medioambiental y la protección de la salud humana y que tienen en cuenta el bienestar de los animales en el contexto de la investigación para el desarrollo de productos. 
Debe destacarse que el texto en cuestión considera las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para las que los procedimientos se han simplificado sin despreciar la necesaria protección. 
No añadiré nada más a mi explicación del texto que espero apruebe mañana el Parlamento con una amplia mayoría. 
En lugar de ello, quisiera dar las gracias a todos los grupos y sus ponentes alternativos que durante esta larga etapa elaboraron el texto en cuestión tras un diálogo muy efectivo. 
Creo que todos tienen razones para estar satisfechos con aspectos o secciones del texto por lo que respecta a las contribuciones constructivas y que pueden aceptar el texto en su conjunto por lo que respecta a las evaluaciones arriba mencionadas. 
Además quisiera agradecer a la Comisión por estar dispuesta a reconsiderar sus propuestas y por el compromiso que hubo para armonizar un texto que ciertamente no es fácil, para hacerlo satisfactorio a la vista de los diferentes puntos de vista. 
Debo añadir que incluso al enfrentarse a un continuo intercambio de propuestas y tener que entender las demandas de todos, nosotros también hemos preparado un producto legislativo junto con la Comisión que ha satisfecho a amplios sectores. 
Es verdad que también una importante contribución al texto vino por parte del Consejo, que, enfrentado al inmenso compromiso de la Presidencia italiana que acaba de terminar, siguió con eficacia el progreso del texto e intervino de repente, solamente cuando parecía que la posición común que precisamente pretendía abrir una segunda lectura iba a retrasarse; no quiero olvidar tampoco el compromiso e interés mostrados por la delegación del gobierno irlandés mucho antes de asumir la presidencia actual, mostrando así un deseo real de definir mejor el texto en cuestión. 
Dicho esto, como signo del largo camino recorrido juntos, me resisto a creer que el único punto en el que parece haber diferencias pueda constituir una razón para iniciar el procedimiento de conciliación. 
Me refiero a la disposición para revisión en la que la Comisión se compromete a proporcionar al Parlamento y al Consejo un informe sobre la biodegradación anaeróbica de los no tensioactivos y sobre la biodegradación de otros componentes en un plazo de cinco años y a presentar propuestas sobre fosfatos en un plazo de tres años. 
El problema, sin embargo, no parece tanto este como la posibilidad de que esto suceda en la próxima legislatura y esto porque la fase normativa de entrada en vigor del actual Reglamento impediría cumplir de hecho el compromiso mencionado anteriormente durante la próxima legislatura. 
Como sabemos se han presentado textos de compromiso sobre los que existe, como ya se ha dicho, un acuerdo general. 
La solución al problema que acabo de explicar se encuentra en los textos arriba mencionados. 
Estoy seguro de que todos los grupos estarán contentos con esta solución y, apelando a la Comisión, quisiera esperar que el asunto pueda resolverse felizmente para concluir un procedimiento de algún modo problemático de forma satisfactoria globalmente. 
. Señora Presidenta, me gustaría comenzar felicitando al Parlamento por los excelentes avances que ha hecho para llevar a buen término esta propuesta tan compleja desde una perspectiva técnica. 
La segunda lectura se llevó a cabo con gran rapidez a pesar del número de problemas que había que resolver. 
En particular quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Nobilia, por el gran esfuerzo personal que ha consentido a este respecto. 
La Comisión se alegra de que esta propuesta entre en su fase final. 
La propuesta se presentó con dos amplios objetivos: mejorar la protección del medio ambiente y los consumidores, y al mismo tiempo mantener y mejorar el mercado único de detergentes. 
La propuesta moderniza la legislación sobre detergentes en tres aspectos importantes. 
En primer lugar, introduce pruebas más estrictas sobre la biodegradabilidad de los tensioactivos. 
En segundo lugar, amplía el ámbito de aplicación de la legislación para incluir todos los tipos de tensioactivos. 
Y en tercer lugar, introduce requisitos en materia de etiquetado en beneficio de la salud de los consumidores. 
Cabe recordar igualmente que esta propuesta simplifica la legislación de la UE, pues reemplaza cinco Directivas y una Recomendación de la Comisión por una única normativa. 
Así pues, se trata de una verdadera simplificación, pues se habla mucho de ella, pero se hace muy poco en realidad. 
No obstante, la Comisión lamenta que el Parlamento haya decidido hacer hincapié en las medidas nacionales en materia de detergentes en una propuesta de legislación comunitaria que pretende ampliar el ámbito armonizado y fomentar el mercado único. 
La propuesta de Reglamento representa, no obstante, un importante paso adelante, ya que impone pruebas más estrictas, extiende el ámbito legislativo de los tensioactivos y mejora la información al consumidor. 
Es en estos aspectos que debemos concentrarnos en la fase actual. 
Es en interés de la Comisión y del Parlamento que el texto se adopte definitivamente antes del final de la presente legislatura. 
Si dejamos a un lado los problemas secundarios y nos concentramos en alcanzar las principales ventajas hay buenas posibilidades de lograrlo. 
Por ello, la Comisión apoya el paquete de compromiso propuesto por el ponente, es decir, las enmiendas 30 a 37. Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar ninguna de las demás enmiendas. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, señor Nobilia, quiero agradecerles su agradable y productiva cooperación durante los últimos años. Me complace que en esta etapa final hayamos podido lograr un acuerdo en siete importantes enmiendas de transacción y puedo decirles que tras una evaluación crítica, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoyará las siete enmiendas. 
Personalmente me complace que podamos mantener las medidas nacionales sobre detergentes. 
En su país, por ejemplo, existen ya importantes prohibiciones sobre el uso de fosfatos, igual que en el mío. 
Creo que es el enfoque adecuado porque esto significa que no se impedirá avanzar a los países que deseen hacerlo, ni tampoco tendrán que volver atrás. 
En lugar de esto, podrán mantener sus actuales normas exitosas. 
Creo que esto envía una señal positiva para la política medioambiental y una señal especialmente positiva para la ampliación de la Unión Europea. 
La enmienda con el período de cinco años, los expertos saben lo que esto significa, se mantendrá, pero globalmente, mi grupo apoyará el plazo de tres años en el compromiso. 
También pienso que es importante que este Reglamento encuentra realmente el justo medio en lo relativo a las excepciones y me complace ver que prácticamente no hay excepciones para las obligaciones que deben aplicarse. 
Me complace también que en otros ámbitos en los que, sabiendo que las excepciones son necesarias hemos tenido el valor suficiente para introducirlas, concretamente para los pequeños fabricantes de detergentes especializados para uso industrial, que después de todo han tenido que buscar un nicho de mercado en el que no se usan los detergentes generales, como los hospitales y las cocinas industriales. 
Creo que hemos tenido éxito al sopesar los diversos aspectos de la sostenibilidad: medioambiental, económico y social. 
Hace diez años las montañas de espuma de nuestros ríos fueron el disparadero para enmendar la legislación sobre fosfatos en el agua. 
Realmente hemos dado un paso adelante. Me complace enormemente que ya no estemos adoptando un enfoque de «final de tubería» centrándonos en los procesos de purificación del agua sino que estemos estableciendo normas innovadoras en Europa sobre los vertidos de sustancias en origen. 
Lo que es más, lo hacemos no solo con todo el peso de la ley, Alexander, sino también adoptando enfoques innovadores para animar a nuestras empresas a continuar su trabajo en este campo. 
Pienso que este enfoque ha sido exitoso. 
Hay una aspecto que nos concierne a todos y sigue sin resolver. 
El legislador puede imponer condiciones solamente en lo relativo a cantidades y productos; no puede reglamentar el uso de jabones en polvo y detergentes. 
Si se usa la misma cantidad de jabón en polvo para un kilo de ropa que para cinco kilos, ahí es donde se produce la auténtica contaminación medioambiental. 
Hay mucho que hacer en este ámbito para concienciar a los consumidores europeos, y me incluyo a mí mismo. 
Señora Presidenta, el procedimiento en cuestión es claramente importante y todos estamos de acuerdo en ello. 
La posición común del Consejo ofrece la base para un compromiso aceptable pero no se han tomado en cuenta suficientemente algunos ámbitos que fueron debatidos y aprobados por el Parlamento en la primera lectura. 
Por ello también pienso que este equilibrio debe mejorarse, a la luz de los objetivos fundamentales de este Reglamento, en los ámbitos de la salud, la seguridad del consumidor y la protección medioambiental. 
Las enmiendas que volvió a presentar mi grupo con el consentimiento del ponente quieren garantizar que se logren estos objetivos en interés de los principios clave de la estrategia medioambiental: el principio de cautela, el principio de que «quien contamina paga» y el principio de sustitución. 
La limitación del alcance del reglamento a tan solo la biodegradación de los tensioactivos contenidos en los detergentes no va en contra de estos principios. 
De hecho, creo que la biodegradación anaeróbica, la biodegradación de los principales ingredientes orgánicos no tensioactivos y, especialmente, el uso de fosfatos debería ser objeto de un control especial por tratarse de una sustancia que es subsidiaria para el Reglamento de los detergentes. 
La comisión es casi unánime a la hora de solicitar que se presente una nueva propuesta legislativa que intente la prohibición gradual de estas sustancias o su limitación a un uso específico durante tres años desde la publicación del actual Reglamento. 
Esto es lo que han acordado de antemano los representantes del Parlamento y el Consejo a la vista del intento de concluir el proceso legislativo en segunda lectura, un paquete que considero razonable sobre todo para lograr una rápida aprobación del Reglamento. 
Por ello creo que la adopción de alguna otra enmienda que se aparte de este compromiso ofrece un margen muy estrecho de mejora, si es que no pone en peligro todo el Reglamento. 
Por ello estoy de acuerdo en que el Parlamento no debe desviarse de este equilibrio y sería irónico que lo hiciese si analizamos la importancia medioambiental de esta disposición. 
Solo me queda felicitar a los ponentes y los ponentes alternativos de todos los grupos políticos por su disposición y compromiso. 
Señora Presidenta, nuestro grupo ha decidido apoyar las enmiendas de transacción presentadas por el ponente. 
Hubiéramos deseado ir más lejos en algunos ámbitos y tener una legislación más estricta pero pensamos que es muy importante tomar una decisión y que entre en vigor lo antes posible. 
Las propuestas para permitir que cada Estado miembro pueda mantener e introducir normas más estrictas en este ámbito, tal como algunos Estados miembros ya han hecho son particularmente importantes para nosotros. 
Uno de los aspectos importantes es la necesidad de dejar de usar fosfatos. 
Existen argumentos sólidos para dejar de usarlos inmediatamente. 
Sabemos que los fosfatos generan una eutrofización grave. 
En el entorno marino, por ejemplo, suscitan problemas medioambientales todavía mayores. 
Sabemos que existen sustitutos perfectamente satisfactorios y que los países en la práctica han ido eliminando paulatinamente el uso de fosfatos. 
En política existe a veces un conflicto entre lo que es políticamente posible y lo que es deseable. 
Por ello hemos elegido apoyar un compromiso que es políticamente factible, que es decir que se eliminarán paulatinamente los fosfatos en un plazo de tres años. 
Lo ideal sería eliminarlos de forma inmediata. 
Debemos intentar elegir ambos caminos. 
Votaremos a favor de las enmiendas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para eliminar los fosfatos inmediatamente, pero creemos que finalmente aprobaremos un compromiso político. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Nobilia por su excelente cooperación. 
Como solo tengo un minuto seré breve. 
En realidad, solo queda un problema importante, concretamente los fosfatos. 
Los detergentes sin fosfatos son obligatorios en varios países, ya sea de acuerdo con un acuerdo voluntario con los productores o en algunos casos con base en la legislación. 
Sin embargo, en algunos países de los antiguos Quince, como España, todavía se comercializan detergentes que contienen fosfatos. 
En muchos de los nuevos países que ingresarán pronto, a veces dos tercios de los detergentes todavía contienen fosfatos. 
Sería muy sencillo sustituirlos y esto es de hecho lo que la Comisión debía haber sugerido hace mucho tiempo. 
Entiendo también que la Comisión ha preparado una propuesta a tal efecto. 
¿Qué es entonces lo que impide que la Comisión produzca esta propuesta ahora en lugar de esperar tres años? 
Tengo también una pregunta para la Comisión. 
¿Es verdad que un país, en concreto Francia, ha bloqueado el compromiso? 
Si no lo hubiese hecho esta sesión habría sido innecesaria y habríamos llegado a un compromiso hace mucho tiempo. 
Quisiera tener una respuesta para esta pregunta. 
¿Es Francia el único que ha bloqueado el compromiso? 
– Señora Presidenta, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias quisiera felicitar al Sr. Nobilia, el ponente, por el compromiso alcanzado con el Consejo. 
Con relación a la evaluación de los detergentes esta legislación tiene suficientemente en cuenta los efectos para la salud y el medio ambiente. 
Se ha alcanzado un acuerdo sobre exenciones, fosfatos y etiquetado y he mostrado mi apoyo al firmar junto a otros diputados las enmiendas de transacción. 
Concretamente con relación a los fosfatos celebramos que los Estados miembros puedan prohibirlos, tal como algunos ya han hecho. 
Una prohibición de los fosfatos tiene también el efecto positivo de que limita la propagación del cadmio nocivo en el medio ambiente puesto que cuando se extraen los fosfatos se libera el cadmio. 
Sin embargo, las últimas conclusiones alcanzadas por el comité científico sobre toxicología, ecotoxicología y medio ambiente han provocado que se vuelva a considerar una prohibición de los fosfatos a nivel comunitario. 
El comité científico ha demostrado los efectos nocivos de los fosfatos para el medio ambiente y ha autorizado las alternativas. 
Me gustaría saber qué piensa el Comisario al respecto. 
Finalmente, me complace que se haya alcanzado un acuerdo sobre el etiquetado. 
Debería ser suficiente presentar textos sencillos en los productos aprobados con una estricta evaluación. 
Si los consumidores desean saber más deberían consultar a los fabricantes a través de sus sitios web y por teléfono. 
Señora Presidenta, el principal objetivo de la política de la UE en materia de detergentes ha sido proteger el mercado único de estos productos y, sobre todo, garantizar un alto nivel de protección medioambiental y humana. 
Esta propuesta consolida y moderniza cinco Directivas anteriores, como nos ha dicho el Sr. Comisario, para constituir una norma única sobre la biodegradabilidad de los tensioactivos, que son las sustancias indispensables que se utilizan como catalizadores en los detergentes para fracturar la tensión superficial del líquido en el que están disueltos, como por ejemplo el aceite o la grasa que flota en una palangana de lavado. 
Se centra en resolver el problema de la espuma que producen los tensioactivos en nuestros sistemas de alcantarillado. 
Uno de los peores errores de la instalación de los lavavajillas y lavadoras en todos estos años –al menos en mi país, pero sospecho que también en otros– ha contribuido en gran medida a la aparición de este problema de la espuma en los sistemas de alcantarillado. 
A menudo, estos electrodomésticos se conectan erróneamente al alcantarillado de aguas de superficie que conducen directamente a los ríos y no al alcantarillado de aguas negras, que canalizan las aguas residuales a las depuradoras, provocando así una contaminación innecesarias de los cursos de agua. 
La armonización de la legislación comunitaria sobre detergentes que lleva a cabo este reglamento garantizará la igualdad de condiciones y coincide con las propuestas hechas en Lisboa. 
Asimismo tendrá en cuenta los principios de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente que figuran en la Estrategia de Gotemburgo. 
Sin embargo, resulta difícil cuantificar el coste de un medio ambiente y un suministro de aguas más limpios. 
Este enfoque integrado de dos aspectos, que concilia los intereses medioambientales con los económicos, es un punto de partida positivo. 
Acojo con agrado esta propuesta tanto porque ofrece mayor información a los consumidores –sobre todo a aquellos que sufren alergias– como porque establece un alto nivel de seguridad de los productos mediante una mayor transparencia y responsabilidad del productor por las que vela un sistema de sanciones nacionales en caso de incumplimiento. 
Todas las partes interesadas –fabricantes, autoridades nacionales y consumidores– participan en este proceso y deben beneficiarse con este reglamento. 
Además del acertado énfasis en la biodegradabilidad de los tensioactivos, me complace el cambio introducido en la cláusula de revisión del paquete de compromiso que concede prioridad al estudio de la posible necesidad de adoptar una legislación sobre fosfatos en un plazo de tres años en lugar de cinco. 
Necesitamos detergentes libres de fosfatos. 
Los estudios efectuados en mi país han demostrado la existencia de un sólido vínculo estadístico causal entre la eutrofización o floración de algas, que tiene un enorme efecto perjudicial sobre la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos, y la concentración de fósforo. 
Un reciente estudio realizado en Irlanda puso de manifiesto que, si bien las aguas dulces irlandesas siguen presentando una contaminación considerablemente inferior a la media europea, hasta un 30% del curso de los ríos se ha visto contaminado por fosfatos. 
Nuestras normativas administrativas fueron introducidas en 1999 para contrarrestar esta tendencia, que ha sido mencionada en varias ocasiones desde los años ochenta como principal problema de las aguas dulces de Irlanda. 
Sin embargo, este problema debe examinarse a escala europea de acuerdo con la Directiva sobre sustancias peligrosas en el agua y de la Directiva marco sobre el agua, adoptada en octubre de 2000. 
En conclusión, me gustaría repetir el apoyo que la Presidencia irlandesa ha concedido al paquete de compromiso acordado por la Presidencia italiana, la Comisión y el ponente. 
– Señora Presidenta, al igual que todos los demás oradores, yo también puedo aprobar el paquete elaborado como fórmula de compromiso. Agradezco al ponente la labor que ha realizado sobre este tema. 
El proceso para llegar a un compromiso ha resultado muy útil y ha sido rápido. 
Sin embargo, como muchos otros, mi aprobación va acompañada de algunas reservas. 
En los últimos años hemos observado, al menos en Europa Occidental, que los niveles de fosfatos en el agua potable han experimentado un descenso del 50% al 80%. 
Han descendido constantemente desde los años ochenta. Una de las principales causas de ello ha sido el control de los detergentes. 
Ahora optamos, espero, por una legislación todavía más estricta. 
Se aplicará a un ámbito más amplio, desde Limerick –que la Sra. Doyle conoce muy bien– hasta nuevos lugares como Letonia, Nicosia y otras partes de Europa Central y Oriental. 
Cabe esperar que todos los ríos que desembocan en el Báltico y en el Mar del Norte estarán más limpios. 
En los ríos de Europa habrá menos burbujas que en las bañeras de los europeos. 
Estas nuevas medidas en materia de etiquetado de los detergentes y su degradación en componentes inocuos cuando se viertan al agua, no son suficientes. 
Este problema podría resolverse simplemente y mejorado en muchos aspectos mediante la supresión de los fosfatos de los detergentes. 
Pero no lo hemos logrado en esta propuesta. Creo que el Parlamento desea esta supresión y que la Comisión aborde esta cuestión. 
Algo que no han mencionado otros oradores es que continúan las pruebas con animales para la evaluación de los detergentes. 
Esta práctica no puede aceptarse durante mucho tiempo más. 
La Comisión debe fijar un calendario claro para el desarrollo de pruebas alternativas, pues ya es tiempo de hacerlo. 
Al parecer, la Comisión ha dejado pasar una vez más su oportunidad. 
Sin embargo, al igual que todos los demás, apoyaré mañana este compromiso. 
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando al ponente y las partes implicadas en la propuesta presentada. 
Pienso que se ha elaborado un trabajo sorprendentemente sólido. 
Es un informe importante para el medio ambiente, pero también aborda un tema grave e importante para el consumidor porque los detergentes son productos importantes de uso diario. 
Debe darse a los consumidores información completa y suficiente de modo que puedan dirigir el desarrollo del mercado al escoger productos respetuosos con el medio ambiente. 
En el tema de los fosfatos, se arguye en Suecia, donde todavía tenemos una serie de detergentes que contienen fosfatos, que, en primer lugar, tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales para tratar los fosfatos y que, en segundo lugar, las alternativas tampoco están totalmente libres de problemas. 
He aceptado estos argumentos. 
En las enmiendas nº 40-46 que presenta ahora el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea tomamos como punto de partida la afirmación del Comité Científico de que los fosfatos causan problemas graves y que las alternativas existentes no causan esos problemas. 
Dicho esto, creo que realmente ya es hora de prohibir los fosfatos si son tan peligrosos y si contaminan el Mediterráneo, etc. No esperemos a que esto suceda. 
Quisiera por ello votar a favor de estas enmiendas para que la Comisión pueda presentar una propuesta sobre esta materia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tal como afirmé durante el debate en primera lectura creo que el Reglamento que tenemos ante nosotros representa progreso, especialmente para los productores, los consumidores y en lo relativo a la protección medioambiental. 
En realidad estamos avanzando hacia la modernización del marco legal relativo al control de la biodegradabilidad de los detergentes que se retrotrae a principios de los años 70. 
Sin embargo, permítanme dejar constancia de mi disconformidad con relación a dos aspectos que considero especialmente relevantes y sensibles. 
Mi primera observación es sobre la necesidad de armonizar la legislación sobre etiquetado adicional, especialmente la prohibición de imágenes que puedan probablemente aumentar el riesgo de que los detergentes sean ingeridos, como las imágenes de frutas y otros productos alimenticios. 
Estas imágenes son especialmente peligrosas para los niños, porque al ser llamativas aumentan el riesgo de que los niños ingieran los productos. 
El sistema actualmente en vigor prohíbe solamente sustancias peligrosas y preparados, lo cual es a todas luces insuficiente. 
Por ello sugiero que vayamos más allá para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables. 
Además quisiera expresar mi incomprensión por la imposición en el Reglamento de métodos de ensayo nacionales no armonizados sin que se haya incluido en el Reglamento ningún calendario para su publicación. 
Creo que en todos estos aspectos las soluciones que hemos encontrado están muy lejos de ser ideales. 
. Señora Presidenta, quiero agradecer a sus Señorías este constructivo debate. 
Deseo volver a abordar la cuestión de los fosfatos, que ha sido planteada por varios diputados. 
Debemos recordar que los fertilizantes son una fuente muy importante de fosfatos: alrededor del 50% de estos últimos proceden de fertilizantes. 
Hace años, en el país que conozco bien, propuso que se impusiera un elevado impuesto sobre los fosfatos. Esa medida resolvió hasta cierto punto el problema. 
En muchos países, las autoridades han tomado cartas en el asunto. El uso de fosfatos en los detergentes ha sido prohibida por la legislación nacional o mediante acuerdos voluntarios en los Estados miembros que han considerado necesarias tales medidas. 
Actualmente existen medidas nacionales en la mayoría de los Estados miembros que, en algunos casos, fueron adoptadas hace muchos años. 
Por ello, la Comisión se concentrará ahora en que cualquier propuesta en este ámbito cuente con una sólida base científica y ofrezca un valor añadido a nivel comunitario. 
El Comité Científico ha considerado que el informe de los consultores sobre los fosfatos presentaba graves deficiencias, por ejemplo, en lo referente al impacto de las alternativas, y ha identificado una serie de otros ámbitos en los que falta información. 
Quiero asegurar a sus Señorías que la Comisión se ha comprometido plenamente a subsanarlo antes posible estas lagunas de información y a proponer las medidas que resulten necesarias sobre esta base. 
Gracias, Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0474/2003) de la Sra. Sandbaek, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada Datos recientes sobre el programa de acción comunitario: aceleración de la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza – Cuestiones políticas pendientes y desafíos futuros» (COM (2003) 93 – C5-0384/2003 – 2003/2146 (INI) ). 
Señora Presidenta, en febrero de 2001 la Comisión aprobó el programa de acción «Aceleración de la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza». 
La Comisión acaba de presentar una evaluación de su aplicación y nos ha informado de los asuntos pendientes y los desafíos futuros. 
Se necesita una estrategia más fuerte y coherente. 
Desafortunadamente todavía quedan bastantes desafíos. 
Casi 20.000 muertes, no anuales, ni mensuales sino diarias y es precisamente la población de los países más pobres la que recibe realmente la peor parte. 
La crisis causa un enorme sufrimiento humano y pone en grave peligro las posibilidades de desarrollo de esos países. 
Por ello se necesita un mayor esfuerzo concertado en una serie de ámbitos relacionados. 
Se necesita desarrollar nuevas medicinas. 
Se tienen que producir una cantidad suficiente de medicinas de calidad adecuada. 
Los precios deben situarse dentro de las posibilidades financieras de los gobiernos y la población y las medicinas deben estar a disposición de todos. 
En este contexto quisiera enfatizar particularmente la necesidad de un apoyo mayor y continuado para el fondo global para combatir el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria. 
África es el objetivo principal para la labor de este fondo. 
Este continente recibe el 60% de los recursos. 
Este fondo constituye la mejor oportunidad que tenemos por una parte para reducir la propagación de estas tres enfermedades y, al mismo tiempo, para mitigar sus consecuencias para aquellos que ya están padeciendo los síntomas. 
Por ejemplo una contribución del fondo a Haití en 2002 situó al país en posición de reabrir una clínica de salud pública y un quirófano, suministrar medicamentos importantes a cinco clínicas públicas y suministrar servicios básicos de laboratorio a cuatro clínicas. 
Más de 600 personas han recibido tratamiento antirretrovírico y se han descubierto más de 300 casos de tuberculosis. 
En ese caso los recursos del fondo no solo están contribuyendo con los esfuerzos de Haití en la prevención y tratamiento del VIH y la tuberculosis sino también a una mejora general de la salud en un área de 250.000 habitantes. 
Anteriormente el presidente Prodi se comprometió a que la Unión Europea y los Estados miembros contribuirían con 1000 millones de euros al fondo. 
Quisiera hacer un urgente llamamiento a la Comisión y los Estados miembros para que contribuyan con esa cantidad como mínimo y apoyo las enmiendas del Grupo del Partido Socialista Europeo que hacen más clara y precisa esta iniciativa. 
La prevención es todavía de vital importancia, pero esta desafortunadamente ha sido saboteada por la política del Presidente Bush para la ciudad de México que literalmente mató a millones de hombres y ahora, particularmente, de mujeres porque significa que se han retenido artículos de salud reproductiva esenciales. 
Esto es totalmente inmoral y es imperativo que la Unión Europea responda a esta situación catastrófica. 
También es esencial asegurar que los esfuerzos de investigación y desarrollo se dirijan a resolver las necesidades especiales de los países en desarrollo. 
Las reflexiones de la Comisión sobre instrumentos legislativos específicos para promover la investigación y el desarrollo sobre enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza podrían señalar una de estas soluciones. 
Una vez que el medicamento se desarrolla debe suministrarse a todos los pacientes que lo necesiten. 
Para lograrlo debemos apoyar la aplicación de la Declaración de Doha sobre el vínculo entre el Acuerdo ADPIC y la salud pública. 
Se necesita también un debate continuado sobre la importancia del Acuerdo ADPIC para la accesibilidad de medicamentos genéricos a precios realistas. 
Ha habido intensos debates sobre si los esfuerzos deben concentrarse más en la prevención o en la salud. 
Debemos hacer claramente esfuerzos en los dos ámbitos. 
Si no hay posibilidad de tratamiento no habrá incentivo para ensayarlo. 
Existe, sin embargo la posibilidad del tratamiento. 
La producción de genéricos y la competencia han generado una apreciable caída de los precios de los medicamentos antirretrovíricos y actualmente algunos de los países más pobres del mundo pueden ofrecer un tratamiento por menos de un dólar al día. 
Por ello no podemos dejar de recalcar la importancia del apoyo a los programas de tratamiento para la producción de medicamentos antirretrovíricos de calidad a bajo precio. 
En el África subsahariana se ofrece el tratamiento a solo el uno por ciento de los cuatro millones de personas que lo necesitan. 
Un informe publicado recientemente por la OMS y el Banco Mundial muestra que no se ha hecho ningún progreso para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio relativos a la salud propuestos por las Naciones Unidas. 
El lento progreso en el ámbito de la salud es especialmente preocupante porque muchas de las tecnologías que se necesitan para mejorar la salud están disponibles de hecho a precios razonables. 
El problema es ponerlas a disposición de la gente y crear sistemas de salud sólidos en todos los países. 
Asociados con los países ACP es muy importante centrarnos en los recursos no utilizados del Fondo Europeo de Desarrollo para tratar de ayudar a los países vulnerables a combatir estas enfermedades que tienen efectos muy negativos en las oportunidades económicas de los países y destruyen su cohesión social. 
También quisiera destacar la extraordinaria importancia de la epidemia del VIH/sida para los niños. 
Actualmente hay más de 13 millones de niños que han perdido al menos a uno de sus padres por causa del sida. 
Se necesita una política comunitaria clara y mayor prioridad para esta área. 
Por ello me complace que la presidencia irlandesa afirme que las cuestiones africanas son importantes para la planificación de la Unión Europea y que la Unión Europea desea cooperar con los socios africanos de forma coherente, seria y decidida y apoyar iniciativas que ayuden a solucionar los enormes desafíos a los que África debe hacer frente. 
En este sentido el nombramiento de un embajador de la Unión Europea para coordinar y dirigir el trabajo de la Unión Europea en este ámbito sería un símbolo claro y bien recibido del compromiso de la Unión Europea. 
. La Comisión acoge con agrado el interés que el Parlamento muestra en su informe sobre el Programa de acción. 
Compartimos la evaluación general de que se ha avanzado considerablemente, pero se requieren nuevas actuaciones –por parte de los países en vías de desarrollo, los Estados miembros de la UE y los demás donantes, el sector privado, las ONG y las instituciones europeas– para hacer frente y luchar contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria. 
Reconocemos que estas enfermedades afectan a personas distintas de diferente manera, y que las mujeres, los niños y los sectores más desfavorecidos de la población son a menudo los más vulnerables y afectados. 
Los países en vías de desarrollo deben documentar este hecho, cuando sea posible en la práctica, con el apoyo de la comunidad internacional de donantes. 
Al mismo tiempo, debemos dejar de considerar a las mujeres como las únicas víctimas y consentir un esfuerzo para reconocer la enorme contribución que hacen al cuidar de las personas que sufren del VIH/sida o de los huérfanos de estas. 
Las mujeres constituyen el grupo demográfico más afectado, en un sentido negativo, por la pobreza y la enfermedad, pero resulta extraño que, al mismo tiempo, dicho grupo muestre las mayores posibilidades de cambio y esperanza. 
Observo con satisfacción la importancia que el informe concede a nuestra cooperación con la Organización Mundial de la Salud. 
Actualmente, esta cooperación resulta más visible gracias a la asociación estratégica que están desarrollado ambas instituciones y que, por ejemplo, ha permitido la firma de un acuerdo para facilitar fondos comunitarios por importe de 25 millones de euros para contribuir al desarrollo de las políticas farmacéuticas de la OMS. 
Comprendo igualmente la insistencia del ponente en el acceso a los servicios básicos de sanidad y el deseo de que se aumente la dotación destinada a este sector. 
La Comisión está dispuesta a aumentar –siempre que pueda– las ayudas a los servicios sanitarios y otros servicios sociales. 
Sin embargo, este es un proceso impulsado por la demanda en el cual nuestros socios tienen la iniciativa. 
En relación con el Fondo Mundial, nuestra contribución ha aumentado constantemente con el apoyo vital del Parlamento. 
Actualmente hemos garantizado la financiación para los próximos cuatro años, tanto con cargo al presupuesto comunitario como al Fondo Europeo de Desarrollo. 
A pesar de ello, los recursos con que cuenta el Fondo Mundial aún están lejos de ser suficientes. 
Nos hemos comprometido a colaborar con los Estados miembros para encontrar una solución duradera. 
La UE en su conjunto –los Estados miembros y la Comisión– han aportado hasta ahora más del 50% del dinero del Fondo Mundial. 
Esta es una cifra que hay que tener en cuenta en vista de las reclamaciones que hacen de vez en cuando otros países donantes. 
El acceso a medicamentos asequibles constituye un elemento importante de nuestro Programa de acción. 
Mediante distintos niveles de precios y la desvinculación de la ayuda hemos logrado contribuir a un proceso mediante el cual los precios de los medicamentos se han reducido hasta en un 90%. 
La oferta de medicamentos a distintos niveles de precios es indispensable, y la Unión europea ha adoptado un Reglamento para evitar la reimportación a Europa de los medicamentos vendidos a dichos precios en los países en vías de desarrollo, algo que es muy importante. 
El informe señala acertadamente el importante papel que podrían desempeñar la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas para luchar contra estas tres «enfermedades asesinas». 
Son necesarios redoblados esfuerzos en la investigación pública y privada para desarrollar nuevos productos dirigidos contra estas enfermedades. 
Es evidente que las empresas farmacéuticas podrían desempeñar un papel constructivo para satisfacer estas necesidades. 
La cooperación de Europa y los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP) pretende facilitar dicha contribución del sector farmacéutico. 
La Comisión ya contribuye a esta iniciativa, pero espera igualmente que los Estados miembros y el sector le asignen recursos. 
Me gustaría responder a las observaciones de la Sra. Sandbæk sobre los efectos negativos que ha tenido la Política de Ciudad de México que ha llevado a cabo la Administración Bush en Washington. 
Concuerdo con los términos utilizados por la Sra. Sandbæk. 
Hemos respondido a esa política, que fue anunciada cuando entró en funciones el Presidente Bush, diciendo claramente que Europa está lista y dispuesta para colmar esta falta de decencia y eso es precisamente lo que estamos haciendo. 
– Señora Presidenta, algunos países en desarrollo están experimentando una crisis sanitaria sin precedentes y, en interés de todo el planeta se debe dar los pasos necesarios para paliar esta crisis y sobre todo superarla. 
Aunque la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es consciente de su contribución limitada a la solución de este problema desea acentuar que su contribución es esencial. 
En nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía quisiera comentar tres aspectos. 
En primer lugar la dimensión industrial. 
Todavía hay muchas enfermedades desatendidas sobre las que no se investiga porque ninguna industria ve rentabilidad en esa actividad. 
Con ello la industria europea no solo ha quedado desacreditada sino que también ha perdido una oportunidad. 
A la industria farmacéutica europea le hace mucha falta una dosis de innovación, y la orientación hacia las enfermedades desatendidas podría darle un nuevo impulso. 
La Unión Europea debe mostrar ahora liderazgo político para convencer a la industria de que invierta en enfermedades que hasta ahora no eran rentables. 
Se necesita con urgencia una directiva o marco para enfermedades desatendidas y no deberíamos retroceder ante medidas poco ortodoxas, subvenciones, protocolos de asistencia, exención de tasas e incluso la transferencia de derechos de patentes. 
La Unión Europea debe crear un marco sobre el que iniciar el diálogo y las negociaciones con la industria farmacéutica sobre inversiones en investigación en enfermedades como la malaria, la tuberculosis o la enfermedad del sueño africana entre otras. 
Un segundo aspecto es la investigación. 
La Unión Europea debe ocuparse por si misma de sus programas de investigación. 
La plataforma de ensayos clínicos fue un paso en la dirección correcta pero ¿qué se está haciendo en la práctica? 
La Unión Europea debería proponer un plan de investigación e identificar todas las lagunas. 
Posteriormente se invitaría a los institutos de investigación y las empresas a inscribirse. 
A propósito, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía aprecia todos los esfuerzos del Comisario Busquin en este punto. 
En tercer lugar, está el problema del comercio. 
En este sentido, la decisión de 30 de agosto de 2003 en vísperas de la Conferencia de Cancún es obviamente de gran importancia. 
De hecho, nuestra comisión quisiera que esta decisión se aplicara al ámbito farmacéutico. 
Solicitamos la rápida aplicación de esta legislación. 
Doha no debe seguir siendo una promesa vacía. 
. Señora Presidenta, señor Comisario, quisiera en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, de la que soy presidenta, presentar nuestra opinión sobre el excepcional informe de la Sra. Sandbaek, que presento en ausencia de la Sra. Valenciano. 
Desafortunadamente, señor Comisario, después de medio siglo de promesas, análisis y planes de ayuda al desarrollo, la mayoría de los países menos desarrollados no solamente no están en el sendero del desarrollo sino que se hunden cada vez más en la pobreza y las fatales enfermedades de nuestro tiempo. 
Las víctimas de esta situación son, por supuesto, las mujeres, el grupo social que todavía no tiene acceso a los cuidados médicos y farmacéuticos más básicos ni a los servicios de salud sexual y reproductiva. 
Por supuesto, señor Comisario, como usted ha dicho, la contribución de las mujeres es muy importante, incluso en los países donde no se reconocen sus libertades fundamentales y los derechos humanos. 
Sin embargo, señor Comisario, si las mujeres gobernasen, creo que el mundo sería un lugar mucho más humano. 
Pienso que es una vergüenza para nuestra civilización que 30.000 personas en los países en desarrollo mueran cada día a causa de enfermedades que son curables en el mundo civilizado. 
La tuberculosis en la principal causa de muerte entre las mujeres en edad fértil, superando incluso a la muerte por maternidad. 
El número de mujeres infectadas con el virus del sida es elevado y aumenta constantemente. 
Esto tiene un impacto no solo en las mujeres mismas sino también, en caso de que estén embarazadas, en sus hijos. 
Como la Sra. Sandbaek ha dicho, 13 millones de niños han quedado huérfanos y se espera que su número, para gloria de nuestra civilización, alcance los 25 millones en 2010. 
En nuestra calidad de Comisión de Derechos de la Mujer solicitamos a los gobiernos de los países en desarrollo y a la Unión Europea y otras organizaciones internacionales que trabajan en este sector que garanticen la plena incorporación de la dimensión de género a todas las políticas de salud, tomando en cuenta el papel principal desempeñado por las mujeres. 
Quisiera también dar la bienvenida al acuerdo de los miembros de la OMC en agosto de 2003, a pesar de las diferencias y los largos procedimientos y demoras que se produjeron, los esfuerzos de las Naciones Unidas para suministrar medicamentos de alta calidad a pacientes con el virus del sida y la decisión del Consejo de la Unión Europea de aumentar los incentivos para la industria farmacéutica con el objetivo de vender los medicamentos más baratos. 
Pienso que debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer frente a este terrible azote, señor Comisario. 
– Señora Presidenta, el Programa de Acción contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis se remonta al año 2001 y lleva en vigor dos años. 
La situación sigue igual de angustiosa. 
Las tres enfermedades combinadas son responsables de más de 20.000 muertes diariamente. 
Solo el año pasado, de acuerdo a la OMS, se infectaron con VIH/sida diariamente unas 40 000 personas, y basados en las últimas informaciones 16 millones de niños menores de 15 años han perdido actualmente uno o dos de sus padres a causa de la enfermedad. 
La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más importantes del mundo. 
Una tercera parte de la población mundial está infectada y se espera que entre un 5 un 10% de la misma desarrollará la enfermedad. 
La malaria avanza rápidamente; solo en África aproximadamente un millón de personas muere cada año por su causa, la mayoría mujeres embarazadas y niños de corta edad. 
No es exagerado seguir insistiendo sobre la gravedad de la situación. 
La tasa de mortalidad como consecuencia de esta enfermedad sigue aumentando y todo indica que así será durante algún tiempo. 
Dejemos claro que los países menos desarrollados están sufriendo la peor parte y por esta razón estas enfermedades se llaman enfermedades debidas a la pobreza. 
Dificultan el desarrollo económico y social trastocando completamente las sociedades de muchos países en desarrollo. 
Las muertes afectan a amplios sectores de la población activa, y las empresas y organizaciones deben seguir adelante sin trabajadores. 
En muchos países la falta de profesores implica que el sistema educativo ya no puede funcionar y como ya indicamos el número de huérfanos crece dramáticamente. 
Se corre el riesgo de perder toda una generación. 
Las enfermedades exigen de los sistemas de cuidados sanitarios mucho más de lo que estos pueden gestionar. 
El Programa de Acción puede considerarse un programa sólido pero puede mejorarse en una serie de puntos. Después de todo, la evaluación de la política de desarrollo europea muestra que los programas actuales tienen un impacto demasiado pequeño. 
La Unión Europea se ha fijado objetivos para el milenio. 
Uno de estos puntos es detener el aumento constante de la propagación del sida en 2015, pero todavía no estamos haciendo lo suficiente para lograr esos objetivos. 
Por ello le insto a que se reserve más dinero para este programa y se intensifique la investigación sobre las causas y la reducción de las enfermedades. 
Como sabemos, el mayor problema con la malaria es que debido a la resistencia creciente deben desarrollarse nuevas medicinas continuamente. 
Pienso que el informe ofrece una indicación clara del compromiso del Parlamento, tal como ya se ha mencionado, en lo relativo a la importancia de la disponibilidad y accesibilidad de los cuidados sanitarios básicos, los medicamentos, la prevención, del posible papel de la sociedad civil, de la investigación y del control. 
Quisiera resaltar un aspecto que merece una especial atención, concretamente la posición especial de las mujeres. 
En estas enfermedades las mujeres son las primeras y más afectadas. 
En el grupo de edad de 15 a 24 años hay casi dos veces más víctimas mujeres que hombres. 
Un peor acceso a la educación y los cuidados sanitarios, un mayor riesgo biológico de infección y una posición social difícil, todo ello contribuye a esta situación. 
Este grupo de población merece por ello atención y políticas específicas, sobre todo si tenemos en cuenta que, al parecer, los proyectos de cuidados sanitarios, entre otros, son más exitosos si hay mujeres implicadas. 
Parece que la inversión en mujeres genera índices de mortalidad más bajos entre mujeres y niños, ofrece mayor seguridad alimentaria y beneficia la lucha contra la pobreza. 
Esto se evidenció una vez más desde el estudio publicado por el UNICEF el pasado 11 de diciembre. 
De hecho, el informe afirma que, por ejemplo, sin las campañas para escolarizar a más niñas sería imposible lograr los objetivos del milenio. 
Además resulta que cuando más niñas asisten a la escuela esto no solo beneficia a las niñas sino también a los niños y los países. 
Finalmente quisiera agradecer y felicitar a la ponente, que es una experta en este campo y una vez más ha elaborado un informe excelente. 
Todavía queda mucho por hacer para la Unión Europea y cada uno de los Estados miembros. 
– Señora Presidenta, hoy, como sucede cada día, han muerto más de 8 000 personas de sida por falta de tratamiento. 
Más de 4 millones de enfermos africanos tienen una necesidad vital de tratamiento y solo 50 000 personas pueden acceder a él. 
El sida no es, por lo demás, la única plaga que abruma a los países del Sur: la tuberculosis está en plena expansión y mata a 2 millones de personas cada año, el paludismo provoca cada año de 1 a 2 millones de muertes y afecta a un total de 300 a 500 millones de personas. 
Ahora bien, disponemos de medios terapéuticos para curar estas enfermedades o reducir de forma significativa su mortalidad. 
Pero son tratamientos caros, muy caros, para unos países que solo pueden dedicar sumas irrisorias a sus sistemas sanitarios, de modo que los medicamentos son para el Norte y los ataúdes para el Sur. 
Felizmente, las cosas empiezan a cambiar. 
En el año 2003 se realizaron avances que lanzan un rayo de esperanza: la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con vistas a facilitar tratamiento a 3 millones de enfermos de aquí a 2005, el acuerdo alcanzado el 30 de agosto de 2003 en Ginebra por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , la decisión del Gobierno de Sudáfrica de lanzar un programa nacional de tratamiento, la continuación del descenso de los precios de los medicamentos antirretrovirales en el mercado mundial y el programa de ensayos clínicos en cooperación entre Europa y los países en desarrollo, dotado con un presupuesto de 600 millones de euros. 
Estas iniciativas son muy alentadoras, pero todavía no son ni mucho menos suficientes. 
La propia Unión Europea tarda en concretar sus promesas financieras y el informe Sandbæk acaba de consagrar oportunamente el compromiso de la Unión Europea formulando un objetivo que está a la altura de lo que está en juego. 
Recuerda que la prioridad absoluta debe ser el acceso a los medicamentos para todos los enfermos, de acuerdo con la declaración de Doha. 
La existencia de patentes no debe constituir una barrera a la producción o a la compra de medicamentos vitales. 
Además, el informe destaca enérgicamente que la prevención y el tratamiento de las enfermedades transmisibles son cosa de todos, puesto que constituyen un bien público mundial. 
Fija un objetivo ambicioso para el compromiso financiero de la Unión Europea y sus Estados miembros, un objetivo de mil millones de euros al año. 
Aprobando este informe, Europa reafirmará su voluntad de desempeñar un papel importante en la lucha contra estas terribles enfermedades. 
– Señora Presidenta, quisiera expresar mi apoyo al informe y al mismo tiempo mi gratitud a la Sra. Sandbaek. 
Este informe envía señales alarmantes y nos desafía, en concreto, a combatir la pobreza y las enfermedades devastadoras como el sida, la malaria y la tuberculosis más decididamente que antes. 
Mi grupo no subestima los esfuerzos de la Comisión. 
Sin embargo, los hechos presentados en el informe nos cuentan su propia historia. 
El impacto es probablemente más grave en África. 
Al morir la gente, mueren también los poblados. 
Como resultado de la pobreza y las enfermedades hay vastos territorios prácticamente despoblados, incluso sin guerra. 
Por supuesto, el asunto actual es la adopción de medidas prácticas y programas para controlar esas enfermedades. 
No obstante, el contexto social general no puede ignorarse. 
La gente que vive en la pobreza no tiene fuerzas para luchar contra estas enfermedades mortales ni el dinero para pagar los medicamentos. 
Los ejércitos de refugiados establecidos en campos abiertos o en tiendas son presa fácil de las pandemias. 
Cuando el mercado está dominado por los intereses económicos es difícil suministrar medicamentos de alta calidad a bajo precio en los países en desarrollo. 
Sin embargo, es justamente aquí donde la política debe aceptar su responsabilidad y hacer más para remediarlo. 
Lamentablemente las conferencias de la OMC están más orientadas a reforzar los privilegios que disfrutan los grandes monopolios que a suministrar servicios exhaustivos y confiables de interés general, que se necesitan con tanta urgencia. 
Si ignoramos ahora las señales enviadas por el Foro Social Mundial, las oiremos mucho más allá de Mumbai. 
A la luz de esta emergencia, cuyas raíces se retrotraen a la era colonial no es sorprendente, y ciertamente solo puede considerarse propio y adecuado, que las antiguas colonias soliciten una compensación de las antiguas potencias coloniales. 
Aquí es donde, como dice el informe, la Unión Europea, la Comisión y este Parlamento tienen que redoblar sus esfuerzos. 
– Señora Presidenta, la lucha contra el sida, el paludismo y la tuberculosis ocupa desde hace mucho tiempo un lugar central en las preocupaciones de los Verdes. 
Celebramos el consenso que hoy reina en torno a este informe, y que no habría parecido posible hace cuatro años. 
Es preocupante comprobar que los muertos se cuentan ahora por millones, en especial cuando se observa que estas enfermedades afectan a muchos niños o mujeres embarazadas. 
Es triste y abrumador comprobar que estas enfermedades siguen matando, cuando existe tratamiento. 
Hay que garantizar el acceso a los medicamentos. 
Más que una simple reducción del precio, lo que debe facilitarse es la cesión de las patentes, necesaria para que los países en desarrollo puedan producir o importar, a bajo precio, productos para su población. 
Los esfuerzos que se realicen deberán dirigirse ante todo a los niños y las mujeres embarazadas. 
Hay que aportar una ayuda real a las mujeres, que llevan en ellas el futuro del continente. 
Dicha ayuda comprende, además de los tratamientos, información sobre estas infecciones, ámbito en el que es necesario mejorar las estructuras sanitarias en estos países. 
La aprobación de este informe confirmará la implicación de la Unión Europea en la lucha por la salud de África. 
Señora Presidenta, la Unión Europea y cada uno de los Estados miembros tienen la obligación moral de esforzarse lo más posible para combatir el sida, la malaria y la tuberculosis. 
Veinte mil muertes por día o más de siete millones de muertes al año son cifras horribles. 
Se viene a la memoria la Peste Negra que hizo estragos aquí en Europa durante la Edad Media. 
La Peste Negra ha vuelto. 
Cuarenta y un por ciento de la población mundial está en peligro de infectarse con la malaria. 
A la luz de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y de la Cumbre del G8 en Evian sobre desarrollo sostenible, por ejemplo, deseo decir al Sr. Nielson que no debe ahorrarse ningún esfuerzo para ayudar a las personas afectadas por la malaria, la tuberculosis y el VIH/sida y para prevenir estas enfermedades. 
De hecho nos ocupamos aquí del rearme de toda la civilización en esta tierra. 
Es preciso terminar con la explotación y degradación sexual de las mujeres y su exposición a una forma de esclavitud completamente indigna de una sociedad que se llame moderna y civilizada. 
En todo el mundo los hombres deben comenzar a reconocer la dignidad de las mujeres. 
Se necesita una sociedad marcada por una nueva y más potente administración en la que los hombres muestren respeto por las mujeres y por la dignidad humana. 
Quiero hacer un llamamiento al Comisario Nielson para que aborde el tema de los estilos de vida, especialmente cuando se trata del estilo de vida de los varones, sobre todo en lo referente a la propagación del VIH/sida, que degrada a las mujeres y contribuye a la propagación completamente inmoral de esta enfermedad. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la ponente por su excelente informe y por seguir mostrando interés y dedicación a estas cuestiones. 
Al igual que ella, me complace que la Comisión siga centrándose en las acciones contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria y en su tratamiento. 
El programa puesto en marcha en 2001 ha arrojado algunos resultados sumamente importantes e impresionantes. 
En este informe y en este Parlamento debemos recalcar la importancia que tiene seguir haciendo hincapié en la lucha contra estas enfermedades en el marco de nuestras medidas destinadas a erradicar la pobreza. 
Es absolutamente crucial reconocer la importancia de concentrar nuestros esfuerzos en estas enfermedades, que como otros ya han dicho de forma muy ilustrativa esta noche, se cobran tantas vidas y causan tanto sufrimiento. 
Confío en que la Comisión proseguirá con sus esfuerzos para conseguir la necesaria voluntad política, que desde 2001 se basa en un creciente conocimiento de lo que realmente funciona actualmente sobre el terreno. 
Sigue existiendo una gran necesidad de recursos de los donantes y de recursos nacionales, y la Comisión debe lograr nuevos compromisos para que los programas bilaterales apoyen la lucha contra el sida, el programa y el Fondo Mundial de la Salud. 
Me complace que se reconozca, como la ponente y otros ya hacen en el informe, la crisis probablemente menos reconocida provocada por la pandemia del VIH/sida: la suerte que corren millones de niños profundamente vulnerables que han quedado huérfanos debido a esta enfermedad. 
Las cifras, como algunos de nosotros hemos podido observar sobre el terreno, superan la capacidad de las familias y comunidades para hacer frente a esta crisis. 
Es evidente que nos enfrentamos a una catástrofe para el desarrollo causada por la pandemia del sida. No hay mejor medida de su escala y crueldad que la crisis de los huérfanos. 
Insto a la Comisión a que reúna datos sobre el impacto que tienen estas enfermedades sobre los niños y las mujeres. 
Todos estos esfuerzos no se verán favorecidos por la peligrosa desinformación que impulsa la Iglesia Católica, con sus pronunciamientos pseudocientíficos sobre la permeabilidad de los preservativos al paso de los espermatozoides. 
Estas afirmaciones carecen de fundamento, así como las opiniones norteamericanas sobre la abstinencia sexual antes del matrimonio, son erróneas y simplemente muy peligrosas. 
Las políticas de los Estados Unidos no salvan vidas, sino que están dirigidas a atraer a los votantes conservadores fundamentalistas de ese país. 
Kofi Annan ha dicho que la crisis del sida es un arma de destrucción masiva. 
Queda mucho por hacer, lo que exigirá fondos considerables de nuestros programas en los países en vías de desarrollo. 
El sida debe ser uno de los temas centrales de nuestra ayuda al desarrollo. 
– Señora Presidenta, votaremos a favor de este informe porque describe el desastre que constituyen las enfermedades asociadas a la pobreza. 
Para cualquiera que lea este informe con un mínimo de humanidad y de razón, la mera constatación constituye una verdadera acusación contra nuestro sistema económico y social, que tolera que millones de seres humanos mueran de enfermedades que se pueden curar, en particular la tuberculosis y el paludismo. 
Todo el resto del texto no es más que un reconocimiento de impotencia. 
La impotencia no es solo de la ponente, sino de todo el sistema. 
Se pide al Parlamento que vote, pero no tiene poder para llegar a la raíz del mal. 
Solo se combatirán eficazmente las enfermedades asociadas a la pobreza combatiendo la pobreza y, por consiguiente, combatiendo las escandalosas desigualdades de una organización social en la que algunos individuos pueden apropiarse y acumular más riquezas que países enteros. 
¿Qué significa, por ejemplo, la propuesta –y cito– de involucrar a la industria farmacéutica europea en la lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza? 
Todo el mundo sabe que los grupos farmacéuticos buscan el beneficio, incluso en detrimento de los más pobres, y que ni siquiera se plantean distribuir medicamentos, incluso cien veces amortizados, a enfermos que no tienen medios para comprarlos. 
Además, cuando estos grupos no tienen la esperanza de hacer beneficios porque la enfermedad solo afecta a los países pobres, paran la investigación, como señala el propio informe, citando por ejemplo la enfermedad del sueño. 
La industria farmacéutica debería funcionar bajo el control de la sociedad, sin generar beneficios privados, y producir los medicamentos necesarios para distribuirlos a todos aquellos que los necesiten. 
Esto no pondría fin aún a la pobreza, pero contribuiría a cierta igualdad en materia de asistencia médica. 
Señora Presidenta, pienso que el informe actualizado de la Comisión ha sido muy constructivo. Pienso también que la Sra. Sandbaek ha elaborado un informe muy sólido. 
Ha elaborado numerosas propuestas que fortalecen los ámbitos en los que la Comisión ha afirmado que ese fortalecimiento era necesario para alcanzar los objetivos de combatir la pobreza y estas enfermedades. 
Deseo tomar como punto de partida el apartado 26 del informe de la Sra. Sandbaek, que considero muy importante. Recuerda que el reembolso de la deuda y su servicio absorbe cada año cerca del 40% del PIB de los países menos desarrollados. 
Esto es increíble. 
Creo que la Unión Europea debería tomar la iniciativa en el tema de la condonación de las deudas. 
Las deudas condonadas podrían ser reservadas, para usarlas en primer lugar en el esfuerzo para combatir el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis y quizás también para la educación. 
De este modo podría fortalecerse y dar nuevo ímpetu a la lucha contra la pobreza. 
Señora Presidenta, cuando redacté mi informe sobre el VIH/sida hace dos años, no estaba seguro del resultado que tendría. 
Sin embargo, me complace que la UE, la Comisión y este Parlamento hayan hecho tanto, como han señalado muchos oradores, incluido el señor Comisario. 
Sin embargo quiero que se fijen en una mujer africana que sufre y está muriendo debido al VIH/sida, la tuberculosis o la malaria. 
Si pudiera ver la cadena CNN, ¿que vería y escucharía? 
Vería los conflictos del Iraq, Congo, Afganistán, Burundi, Zambia, Zimbabwe, etc. Vería la pérdida de vidas, el despilfarro de miles de millones de euros, entre ellos los 75 000 millones de euros que el Presidente Bush ha prometido para la construcción de Iraq. 
Esta ayuda es indispensable, pero es mucho dinero en comparación con la contribución norteamericana de 15 000 millones de euros repartidos en cinco años para luchar contra el VIH/sida, enfermedad que provoca la muerte de 10 000 personas cada día. 
Así pues, esta señora vería los actos terroristas de Estambul, Nueva York y Arabia Saudita. 
Vería un desastre natural en Irán –20 000 muertos y una ciudad arrasada– y se diría: «Tengo tuberculosis y ni siquiera tengo diez dólares o diez euros para curarme. 
Me estoy muriendo». 
¿Cómo se sentiría al ver todos los miles de millones de euros que nos gastamos en renovar edificios que han sido destruidos y vueltos a destruir? 
La promesas de fondos –muy loables sin duda– para la reconstrucción del Iraq que han hecho países como los Estados Unidos se elevan a 75 000 millones de euros. 
¿Cuál es su contribución a la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria? 
Es en ese aspecto en el que la Unión Europea ha sido tremendamente generosa y ha mostrado el camino al resto del mundo. 
Y veo también lo que hacen los países productores de petróleo. 
¿Qué hacen? 
¿Cuánto contribuyen? 
Y si no lo hacen, ¿por qué no? 
¿Y que sucede con Japón y otros países? 
Si deseamos resolver este problema debemos ser serios y situarlo en su contexto, porque la gente que sufre es pobre, está enferma, oprimida, no es libre de trabajar y vive en pésimas condiciones. 
Carecen de agua o electricidad, no tienen aperos para labrar su tierra y no están cerca del mar. 
¿Qué oportunidades tienen? 
Por eso es importante la ayuda de la UE y volver a los aspectos básicos, como el agua y el acceso a la energía, porque esta gente se pasa todo el día buscando agua y leña para cocinar su próxima comida. 
Sé que el señor Comisario está comprometido con esta causa y que es una persona brillante. 
Sé que este Parlamento lo apoya. 
Vamos a por ello y asegurémonos de que este año y los siguientes podamos alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. 
– Señora Presidenta, Señorías, me limitaré a hacer algunos comentarios sobre el tema del VIH/sida. 
Aunque ya se ha hecho mucho, no es suficiente y a largo plazo los costes serán mayores si no actuamos que si suministramos ayuda masiva ahora y gastamos lo que a primera vista parece un montón de dinero. 
Sin embargo el VIH/sida no es solamente un problema sanitario. 
El VIH/sida es una amenaza a la sociedad en su conjunto. 
El peaje de muerte del sida revierte los modestos éxitos logrados en el pasado. 
En varios países del África subsahariana la esperanza de vida está disminuyendo dramáticamente. 
El número muertes entre los hombres y las mujeres en edad de trabajar está aumentando y esto genera déficits educacionales porque hay regiones donde el número de profesores que mueren de sida supera al de los nuevos profesores que pueden formarse para reemplazarlos. 
El resultado es un descenso del nivel de educación. 
Esto viene agravado con el hecho de que las chicas jóvenes ya no pueden asistir a la escuela porque tienen que cuidar a sus padres que están enfermos de sida. 
En Swazilandia, por ejemplo, la asistencia escolar femenina ha descendido un 36%. 
El VIH/sida también causa desnutrición e inanición porque una población rural enferma no puede cultivar sus campos o solo puede hacerlo de forma limitada. 
En Burkina Faso la producción agrícola ha descendido casi un 20%. 
Millones de niños han quedado huérfanos y deben enfrentarse a un futuro incierto. 
Podría añadir ejemplos indefinidamente. 
Muestran que el VIH/sida empeora enormemente la difícil situación de los pobres. 
Dicho de otro modo, cada euro gastado en prevención, tratamiento e infraestructura de cuidados sanitarios vale la pena, no solo para beneficiar a las personas, sino también para impulsar las capacidades económicas y sociales. 
Con esta finalidad los 1.000 millones de euros solicitados es dinero bien gastado. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha dicho esta noche. 
Me gustaría centrarme en la contribución de la UE al Fondo Mundial de la Salud. 
Se han presentado dos enmiendas que dejan claro que estamos hablando de 1 000 millones de euros procedentes de la UE y los Estados miembros. 
Me complace que la Sra. Sandbæk acepte esta enmienda. 
El Presidente Prodi ha apoyado igualmente este objetivo. 
Parece mucho dinero, sobre todo en una época de escasez presupuestaria, pero es realista. 
De hecho, equivale aproximadamente a una tercera parte del aumento anunciado este año para el presupuesto agrícola de la UE, así que no resulta impensable que podamos lograr esta cifra. 
Podemos permitírnoslo y también pueden hacerlo los demás países desarrollados. 
El Sr. Khanbhai se preguntaba lo que pensaría una mujer que sufre estas enfermedades. 
¿Que habría pensado, al encender su televisor la semana pasada, para ver al Presidente Bush anunciando un programa espacial de muchos miles de millones de dólares, un importe realmente astronómico? 
Ya es hora de que resolvamos los problemas de este mundo antes de salir a la búsqueda de otros. 
– Señora Presidenta, estamos acostumbrados al hecho de que la gente siga muriendo de hambre y enfermedades en nuestra comunidad desarrollada y globalizada. 
Podrían salvarse con las medicinas modernas y la comida que se tira. 
Programas de ayuda baratos equivaldrían a salvar cada año las vidas de seis millones de niños de menos de cinco años. 
Aceptamos el hecho de que las personas amasen grandes sumas de dinero en beneficios a nivel mundial. 
Es común robar miles de millones. 
No es verdad que si los individuos amasan riqueza a una escala colosal, esto beneficiará a la larga a la comunidad. 
Hay un límite para el hambre, pero no para la codicia. 
El mejor remedio son los impuestos. 
El rico se opone a ellos. Significan compartir. 
La caridad no es solidaridad; compartir sí lo es. 
El capitalismo crece con la codicia y también la pobreza. 
Señorías, resolvamos el problema de las penurias de la misma forma que con las guerras en Europa: mediante la cooperación. 
. Señora Presidenta, la Sra. Sandbæk ha mencionado los recursos no gastados del FED que podrían dedicarse a este fin. 
El importe de los créditos no desembolsados hasta ahora en la parte del presupuesto dedicada a la cooperación al desarrollo se eleva a 11 000 millones de euros. 
En el caso del FED se eleva a 8 000 millones de euros. 
Actualmente nos encontramos en un puno en el que la Comisión y los Estados miembros requieren más o menos el mismo tiempo para aplicar sus decisiones. 
Hoy día no somos más lentos, pero tenemos por aplicar un montón de decisiones ya tomadas, tanto en el presupuesto como en el FED. 
A finales de 2003 descubrimos que el gasto del FED había llegado a un nivel de unos 2 500 millones de euros, el más alto de su historia, aproximadamente un 60% superior al nivel existente cuando entró en funciones esta Comisión. 
Se notificó a los Estados miembros que sería mejor que estuvieran listos para pagar el último trimestre del año a fin de lograr un mejor rendimiento. 
Sin embargo, por desgracia los Estados miembros no desembolsaron sus contribuciones, así que tuvimos que pedirles que reflexionaran sobre si realmente deseaban que la Comisión tuviese un mejor rendimiento, pues la Comisión sí lo desea. 
La Comisión está examinando el Acuerdo ADPIC. 
Nos complace que fuera posible, antes de Cancún, concluir este acuerdo, después de estar a la espera de los Estados Unidos desde el mes de diciembre del año anterior. 
Ahora estamos ideando la forma de aplicarlo en la legislación. 
Estamos a la espera de poder hacerlo. Y daremos a esta cuestión una alta prioridad. 
Los fondos que la Unión, los Estados miembros y la Comisión destinan al Fondo Mundial se elevan a 2 600 millones de euros. 
El importe total de los recursos prometidos al fondo es de 4 800 millones de euros. 
Estoy de acuerdo con quienes han dicho que no es suficiente dinero, pero hay que tener en cuenta que nuestras ayudas presupuestarias al sector sanitario e incluso las ayudas presupuestarias en general permiten a nuestros socios en vías de desarrollo aumentar su esfuerzo en el sector de los servicios sanitarios básicos. 
El gasto anual por habitante en servicios de sanidad pública en el África subsahariana se sitúa entre dos y seis dólares. 
De forma que incluso si bajan los precios de los antirretrovirales, no existe un sistema para administrarlos y asegurarse de que son manipulados correctamente. 
Con esto no quiero decir que deberíamos abandonar el tratamiento, pero insisto en que la prevención, para decirlo muy claramente, es la única cura para el VIH/sida. 
Estoy más o menos de acuerdo con el Sr. Sacrédeus acerca de los cambios de estilo de vida, especialmente entre los hombres. 
Es por ello que toda la agenda sobre salud y derechos reproductivos y sexuales es la clave para la solución del VIH/sida. 
En África mueren más personas –sobre todo niños– de malaria que de VIH/sida. 
Estas son enfermedades relacionadas con la pobreza y la ignorancia, por lo que su vinculación con la lucha contra la pobreza y el reto de alcanzar los objetivos del Milenio en materia de desarrollo resulta obvia. 
Agradezco cordialmente al Parlamento la cooperación y apoyo que hemos recibido. 
Gracias, Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe (A5-0329/2003) del Sr. Bébéar en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD) [2003/2106 (INI) ]. 
. – Señora Presidenta, Señorías, la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano –la NEPAD– es una iniciativa política adoptada en octubre de 2001 por cinco Jefes de Estado africanos: los Presidentes Mbeki de Sudáfrica, Buteflika de Argelia, Mubarak de Egipto, Obasanjo de Nigeria y Wade del Senegal. 
Estos cinco países constituyen ahora el Comité director de la NEPAD. 
La NEPAD se inscribe, en realidad, en el marco de un ambicioso proyecto conocido con el nombre de «Renacimiento de África». 
En efecto, esta cooperación tiene por objeto convertir a África en dueña de su destino y basa su originalidad en la voluntad de establecer una dinámica intraafricana basada en el ejemplo. 
Los Estados miembros de la NEPAD se comprometen al respeto de los derechos humanos, la prevención y la resolución de los conflictos, los principios de democracia y gobernanza, pero también, y es una revolución cultural, a la lucha contra la corrupción. 
En resumen, se trata de una integración regional africana que creará las condiciones óptimas para incitar a los inversores privados a participar en el desarrollo económico y social de estos países de África. 
He aquí, al fin, una iniciativa africana creíble, que parte del principio de que la participación del sector privado es un complemento indispensable de la ayuda pública, ante las inmensas necesidades del continente africano. 
Este informe se basa en dos ejes esenciales: la prevención y la solución de conflictos, por una parte, y la gobernanza, por otra. 
En efecto, la paz y la estabilidad son condiciones necesarias para cualquier desarrollo. 
Es cierto para las inversiones públicas, pero aún más para las inversiones privadas. 
Después de un conflicto, los poderes públicos pueden reanudar bastante rápidamente las inversiones, pero no sucede lo mismo con los inversores privados, que deben recuperar la confianza. 
Desde este punto de vista, el conflicto de Côte d ' Ivoire puede tener consecuencias negativas para la economía de la región, y ello durante muchos años. 
La gobernanza es indispensable al igual que la estabilidad. 
La democracia y el respeto del Estado de derecho son condiciones necesarias para el desarrollo económico y humano. 
Con la NEPAD, son los propios africanos los que velan por el respeto de estos principios y contraen compromisos importantes. 
La NEPAD comprende diez temas prioritarios, de los cuales los más importantes son: la gobernanza pública, la gobernanza de la economía privada, las infraestructuras –cuya importancia conocemos–, la educación y la sanidad, y también, por supuesto, la agricultura, el medio ambiente, la energía y, por último, el acceso a los mercados de los países desarrollados, cosa que actualmente resulta difícil. 
La NEPAD ha suscitado ecos muy favorables en los países industrializados, y en particular en la Unión Europea y el G8, como pudimos ver el año pasado en Évian, incluso si, de hecho, la ayuda resultante no siempre respondió a las expectativas de los países promotores. 
De forma general, el informe de la Comisión acoge con satisfacción la iniciativa NEPAD y pide que se aplique pronto. 
No obstante, resalta algunos ámbitos que requieren mejoras y advierte de los peligros potenciales. 
El informe toma nota de las críticas de numerosos agentes de la sociedad civil africana y alienta a los Estados miembros de la Unión Africana, y en particular a los países promotores, a permitir la participación activa y democrática de todos los segmentos de la sociedad civil: ONG, sindicatos, organizaciones empresariales e iglesias. 
El informe recuerda también que la NEPAD es un programa socioeconómico de la Unión Africana para el desarrollo de África, y no una institución independiente. 
Reitera su convicción de que todo lo concerniente al impulso y el control parlamentario de la NEPAD debe incumbir evidentemente a los parlamentos panafricanos que se instituirán de aquí a finales de año, evitando al mismo tiempo las duplicaciones de esfuerzos, las duplicaciones de gastos y la proliferación de instituciones y sus interferencias. 
Por último, este informe concede la máxima importancia a la aplicación y el control parlamentario democrático del mecanismo de evaluación por homólogos africanos. 
En conclusión, el informe es equilibrado. 
Representa adecuadamente lo esencial de las sensibilidades políticas y de este Parlamento. 
Desearía que se votase tal cual, sin modificaciones, aparte de unas pocas enmiendas orales. 
. Señora Presidenta, la Comisión manifiesta su satisfacción por el apoyo del Parlamento a la NEPAD y a la Unión Africana. 
La nueva realidad panafricana surgida de la NEPAD y de la Unión Africana merece una atención especial y nuestro pleno apoyo. 
No podemos desaprovechar el impulso creado por los recientes grandes cambios acontecidos en África, cuyos líderes han tomado la iniciativa de sacar al continente de la pobreza y la marginación según el principio rector de la propiedad. 
De hecho, podría decirse que aquellos a los que yo llamo héroes de la NEPAD han demostrado que la propiedad es algo que se toma, y no algo que se recibe. 
Esta ha sido la inspiración real de la totalidad de la iniciativa. 
La Comisión está comprometida con el apoyo a las iniciativas panafricanas. 
Nos encontramos en el proceso de construcción de relaciones estructuradas con la Unión Africana y las instituciones de la NEPAD. 
La Comisión Europea sigue estando totalmente comprometida con el apoyo a la NEPAD y a las prioridades y objetivos de la Unión Africana. 
La presencia del Presidente Prodi en la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Maputo en julio de 2003 y el desarrollo del diálogo entre nuestra Comisión y las nuevas estructuras panafricanas ponen esta postura de manifiesto. 
El hecho de que su brazo administrativo y ejecutivo reciba el nombre de Comisión Africana es un grato detalle de lo que nosotros representamos en Europa, y nuestra posición es por supuesto la de prestar ayuda a iniciativas a escala continental para demostrar esta estrecha colaboración. 
Los numerosos contactos políticos que se han dado hasta la fecha entre la Comisión Europea y la Comisión de la Unión Africana han servido para preparar el terreno con vistas a iniciar un diálogo estratégico y estructurado entre los dos organismos. 
De forma conjunta se ha ido desarrollando un diálogo regular con la Secretaría de la NEPAD. 
La creación de otras instituciones panafricanas, incluido el Consejo de Paz y Seguridad y el Parlamento Panafricano, ofrecen nuevas perspectivas para el diálogo entre la Unión Europea y África en su conjunto. 
La semana pasada, el proceso de ratificación del Protocolo del Consejo de Paz y Seguridad en los Estados miembros de la Unión Africana llegó a la fase de inauguración formal de esta institución. 
Esperamos que el Parlamento Panafricano siga muy pronto el mismo desarrollo. 
Al mismo tiempo, la Comunidad Europea presta un apoyo concreto a las iniciativas panafricanas. 
La paz y la seguridad revisten especial importancia en este aspecto: son un requisito imprescindible para cualquier tipo de desarrollo. 
La creación de una línea de crédito para la paz, para apoyar las acciones de construcción de la paz patrocinadas y dirigidas por África, marcará un avance importantísimo. 
El liderazgo de la Unión Africana en este campo ha sido esencial y todavía lo es. 
Voy a centrarme un poco en la creación de la línea de crédito para la paz. 
Respondiendo a la solicitud formulada por los Jefes de Estado africanos en Maputo en julio de 2003, de que parte de sus asignaciones nacionales fuesen «recortadas» para destinarlas a la creación de una línea de crédito para la paz, la Comisión se puso rápidamente manos a la obra. 
Tras intensas discusiones con el Consejo Europeo y con nuestros socios de los países de África, el Caribe y el Pacífico, ambos dieron luz verde a la línea de crédito. 
Ahora entramos en una fase más operativa, en la que estamos elaborando una propuesta financiera específica por un importe de 250 millones de euros; está previsto presentarla en la próxima reunión del Comité del FED. 
Así que estamos avanzando. 
Hay tres principios fundamentales que apoyan la filosofía de la línea de crédito para la paz. 
En primer lugar, el concepto de propiedad ha de fortalecer la capacidad de la población africana de tratar los conflictos africanos. 
Esperamos que la línea de crédito proporcione el poder financiero necesario para acompañar a la determinación política de la Unión Africana y consolidar la arquitectura que ha diseñado, con el Consejo de Paz y Seguridad como institución clave. 
En segundo lugar, la solidaridad debe repartirse entre las contribuciones financieras de todos los países africanos. 
En tercer lugar tenemos el desarrollo, pues ya se sabe que sin paz ni estabilidad no puede haber desarrollo en África. 
Queremos desarrollar una respuesta apropiada al nuevo contexto panafricano. 
Nosotros, la Unión Europea, todavía nos enfrentamos al desafío de tratar a África como una entidad única. 
Nuestra ayuda en el conjunto del continente debe insertarse en un marco coherente. 
Esto requiere, entre otras cosas, asegurar que nuestros programas de cooperación nacionales y regionales concuerdan con las prioridades y los objetivos de la NEPAD y la Unión Africana. 
Este proceso se encuentra en manos de nuestros socios africanos, y la Comisión se asegurará en los meses venideros de que esto quede reflejado en nuestras «evaluaciones intermedias» del Acuerdo de Cotonú y también en vista de otras estrategias nacionales que sean importantes para el resto de África. 
La Comisión presentó el mes de julio pasado propuestas concretas en sus comunicaciones sobre el diálogo UE-África para construir puentes entre los distintos acuerdos que vinculan a la Unión Europea y África. 
Dicha comunicación tenía por objeto la promoción de una discusión de peso sobre las vías más prometedoras y las disposiciones prácticas futuras para la cooperación y el diálogo entre la UE y África. 
Concluyo mi intervención manifestando mi satisfacción por la contribución a esta discusión del informe del Sr. Bébéar y del debate que se ha celebrado aquí hoy. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Bébéar por su excelente informe. 
La NEPAD es una visión, un concepto en las mentes de los Jefes de Estado africanos que cubre la totalidad del continente africano y que instaura un marco estratégico para la renovación de África. 
Esta visión debe incluir una voz democrática, por medio de un Parlamento, y la implicación de la sociedad civil. 
Sin embargo, es la Unión Africana quien debe impulsar principalmente las políticas establecidas por la NEPAD basándose en la integración regional. 
Los objetivos y principios son todo lo que nosotros, desde Europa, pedimos y sobre lo que insistimos, y que incluyen: la erradicación de la pobreza, elevar la posición de África en el escenario mundial, convertir la gobernanza en un requisito básico, construir un continente pacífico, seguro y estable capaz de activar las economías con el fin de sacar partido del comercio mundial, e intentar asegurar que se cumplan los objetivos de desarrollo del milenio en los campos de la sanidad y la educación. 
En Europa ya hemos empezado a colaborar con todos estos objetivos. 
Debemos continuar apoyando y animando a la visión de la NEPAD, pero de forma que la acción tenga más protagonismo que las palabras. 
Se necesitarán grandes sumas de dinero para alcanzar estos objetivos. 
Solo cabe esperar que los Estados ricos en petróleo contribuyan. 
Existen grandes reservas naturales que, con paz y estabilidad, podrían también ayudarles a alcanzar su visión. 
Se espera que, gracias a un organismo de revisión paritaria, los Jefes de los Estados africanos comiencen a asumir la responsabilidad de su propio destino y que los problemas de inestabilidad y pobreza sean erradicados, siendo los derechos humanos la prioridad principal, en especial para las mujeres y los niños. 
– Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo en que la NEPAD y su organismo de ejecución, la Unión Africana, no ofrecen ningún arreglo rápido a los problemas de África. 
No será fácil cumplir las promesas, y África y, de hecho, países ajenos como nosotros se embarcarán en una travesía larga y difícil. 
Como destaca el informe, la NEPAD quedó inicial y intelectualmente marcada, de forma sistemática, por un sistema de consultas insuficiente, en particular entre las bases; ha sido una iniciativa dirigida por los líderes. 
Esperamos poder garantizar que, por lo que se refiere al trabajo futuro de la Unión Africana, haya muchas más consultas en la base con la sociedad civil. 
Quizá el resultado de todo esto, por lo que respecta a la NEPAD, por ejemplo en relación con nuestro último debate, sea la modesta referencia que se hace en esa institución a todas aquellas cuestiones relacionadas con el sector social. 
El tema del VIH/sida casi no se menciona, y esto supone una contradicción muy grave y que salta a la vista en la propuesta de acción de la NEPAD. 
Como ha dicho el Sr. Comisario, ahora estamos empezando a cooperar con la Unión Africana, a la que se encomendará la tarea de elaborar las políticas e implementarlas. 
¿Cómo va a apoyar la Comisión los esfuerzos para construir el tipo de coherencia que será ahora necesario entre la NEPAD y la estrategia de la UA? 
¿Es por ejemplo motivo de preocupación que el mecanismo de revisión paritaria se institucionalice cada vez más y se separe del resto como una especie de secretariado aparte? 
¿No debería ser todo esto motivo de preocupación para nosotros? 
El Comisario ha hablado de forma muy correcta sobre la importancia de la línea de crédito para la paz. 
¿Pretende la Comisión ofrecer fondos adecuados para la otra labor, para el trabajo de desarrollo autodirigido, de la UA en cuestiones como la democracia, los derechos humanos o la gobernanza? 
¿Ofreceremos un apoyo similar a esa labor, que tiene que estar estrechamente relacionada con el trabajo que deberá llevarse a cabo en la resolución de conflictos y la construcción de la paz? 
Como afirma el informe, es importante que la UA sea la institución política y autorizada legítima en esta fase. 
La paz y la gobernanza no pueden resolverse con declaraciones como la NEPAD. 
Lo que ahora necesitamos, como se ha dicho en la última intervención, es mejorar el enfoque y la acción. 
– Señora Presidenta, ¿será la NEPAD el instrumento del renacimiento de África tras el fracaso de los demás planes? 
Los Verdes son quizás los únicos que lo dudan. 
Apoyamos, evidentemente, el capítulo de los derechos humanos de la NEPAD, aunque lamentemos su aspecto a menudo meramente teórico. 
No nos detendremos aquí en el desprecio, por parte de los autores de la NEPAD, de cualquier consulta previa a las poblaciones para la elaboración del plan, y recordaremos que la represión contra los opositores políticos y los periodistas sigue de actualidad en África, e incluso en el Senegal. 
Desde el punto de vista económico, la NEPAD promueve el mismo liberalismo que el banco Mundial y el FMI, el liberalismo de los planes de ajuste estructurales, el mismo que puso de rodillas a Argentina, que ataca los servicios públicos, los servicios sanitarios, la distribución de agua y la educación, el mismo que, al final, aumenta las desigualdades y la pobreza, en particular para las mujeres. 
Es hora de proceder a una evaluación de la repercusión de las políticas anteriores de liberalización comercial sobre el desarrollo socioeconómico y la protección del medio ambiente. 
La NEPAD no escatima la palabra libertad: libertad de capitales, libertad de circulación de mercancías o libertad de prestación de servicios. 
Pero ¿qué pasa con la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad de Estados Africanos? 
¿Qué es de la libertad de los pueblos de elegir su futuro? 
Además, me gustaría llama sur atención sobre la regionalización progresiva que contempla la NEPAD. 
Es problemático que la Unión Europea apoye este tipo de zonas que tienden a parecerse hoy a una situación de tutela política y económica de los países africanos vecinos por parte de los países iniciadores de la NEPAD. 
Por lo demás, la NEPAD no puede aspirar a una solución viable ignorando lo que está en juego debido a la terrible carga de la deuda que pesa sobre los países africanos. 
Así, únicamente se contemplaría una disminución de la deuda para los países que sigan estos principios neoliberales. 
La Unión Europea debe pedir y aplicar la anulación total e incondicional de la deuda. 
Promover el desarrollo sostenible en África no es convertir este continente en pasto de las multinacionales y los inversores extranjeros. 
No es favorecer la explotación de sus recursos por potencias extranjeras. 
Por ejemplo, los sectores agrícola y minero, a los que la NEPAD otorga prioridad, serán totalmente dependientes de los precios fijados por los países del Norte. 
África no está a la venta. 
África debe ser construida por y para los africanos. 
– Señora Presidenta, quisiera comenzar dando las gracias al Sr. Bébéar por elaborar este excelente informe de propia iniciativa. 
La Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD) es un programa ambicioso y debemos felicitar a nuestros socios africanos por él, porque es realmente un programa desarrollado por africanos para africanos. 
Este concepto tiene más de dos años de existencia y después de la exitosa creación de la Unión Africana y la organización de la primera sesión del Parlamento Panafricano programada para la tercera semana de marzo ha llegado el momento de ponerlo en práctica. 
Quisiera centrarme especialmente en el Mecanismo de evaluación inter pares africanos y analizarlo más detalladamente. 
Tengo la impresión de que algunos de sus arquitectos tienen miedo de su propio valor. 
El Comisario acaba de hablar de los héroes de la NEPAD, pero debería decir los cobardes de la NEPAD pues aprobar principios como la buena gobernanza y los derechos humanos significa también aplicarlos, y aplicación significa control efectivo y evaluación de los compromisos asumidos. 
Desafortunadamente es evidente que aquellos que son responsables de los peores excesos en África, especialmente el Sr. Mugabe en Zimbabwe, naturalmente no están suscribiendo este mecanismo en absoluto. 
En total solamente dieciséis de más de cincuenta Estados se han unido al mecanismo hasta ahora. 
Creo que ahí es exactamente donde deberíamos asumir un papel positivo ya sea a través de la Unión Europea o del G8. 
Después de todo el G8 se comprometió a un Plan de acción africano en 2002. 
Deberíamos dirigir nuestro apoyo específicamente a aquellos que están mejorando su situación y están cumpliendo en la práctica con el mecanismo. 
Este es el único camino para asegurar que tratamos a África individualmente y no como una entidad, que era por lo que se quejaba el Comisario. 
Para este propósito la Unión Europea pero también el G8 deben proponer un calendario específico para cumplir los compromisos que han asumido de forma teórica. 
Entonces se pueden anticipar también resultados positivos en África. 
– Señora Presidenta, la mayoría de los países africanos que han adoptado la iniciativa NEPAD son países ACP. 
Esto ofrece a la Comisión la oportunidad de apoyar la iniciativa NEPAD sobre una base de asociación mediante su cooperación con los ACP. 
También ofrece al Parlamento Europeo la oportunidad, mediante la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de comprometerse en un diálogo regular con los países concernidos sobre sus necesidades y, en realidad, sobre los éxitos logrados. 
Las nuevas comisiones parlamentarias creadas por la Asamblea ACP ofrecen un foro excelente para este proceso, permitiendo abordar los problemas sobre la base de la esencial solidaridad. 
Con su iniciativa, indudablemente, los países de la NEPAD han colocado la piedra fundacional para un desarrollo exitoso basado en la responsabilidad personal. 
La tarea ahora es establecer una base sólida para una fructífera cooperación y crear una casa panafricana en la que todas las personas tengan un hogar que respete la dignidad humana. 
El logro de la paz en las regiones en crisis es un prerrequisito básico para mejorar las condiciones de vida en muchas partes de África. 
Para lograr un éxito a largo plazo, especialmente al combatir la pobreza, es esencial una estabilidad política duradera. 
Esto puede lograrse solamente sobre una base confiable si aquellos que tienen responsabilidad política aseguran el apoyo de la sociedad civil. 
Esto quiere decir que debe haber participación activa, democrática y pluralista por parte de los grupos clave de la sociedad civil: las organizaciones no gubernamentales así como las asociaciones y organismos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales y las iglesias, lo mismo que las asociaciones culturales y los organismos de educación por citar solo algunos ejemplos. 
Se necesita particularmente una igualdad de participación de hombres y mujeres en el diseño y la estrategia para el desarrollo porque las mujeres son las figuras clave en la organización de la vida diaria y a menudo son también responsables de asegurar la supervivencia de sus familias. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, al analizar la historia de la NEPAD de alguna forma tenemos sentimientos encontrados. 
Incluso si el informe de nuestro colega es positivo, y lo apoyamos en su conjunto, la experiencia reciente nos lleva a tener todavía algunas dudas. 
La historia de la NEPAD fue la respuesta de los líderes africanos a la globalización de la economía mundial. 
Esto es comprensible, porque África corre el riesgo, en muchos sentidos, de convertirse en el continente perdedor mientras todos lo usan para aprovisionarse de suministros. 
Constituye una prueba de visión, pero tiene la desventaja también de ser un gran plan que no ha sido desarrollado de abajo a arriba. 
Un temor grande es que la NEPAD podría generar el enriquecimiento de los que ya son ricos y el desafío es ver que la NEPAD no contravenga los objetivos del milenio, como la reducción a la mitad del número de pobres que tienen que sobrevivir con menos de 1 dólar diario. 
Este problema no puede resolverse con grandes flujos comerciales porque el comercio nunca ha garantizado una distribución realmente justa. 
– Señora Presidenta, hemos escuchado esta noche cosas que suenan muy bien, pero permita que recuerde que la NEPAD, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, era un trato. 
Por una parte, los países desarrollados se comprometieron a suministrar miles de millones de dólares en nuevos recursos; por su parte, los Gobiernos africanos se comprometieron con la gobernanza, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Un hecho es cierto: sin gobernanza en África, el incremento de la ayuda solo tendrá un valor marginal. 
Quiero destacar la estimación de la Comisión, mencionada por el Sr. Bébéar, de que los fondos adquiridos de forma ilegal depositados en bancos en su mayoría extranjeros llegan a acumular más de la mitad de la deuda externa de África. 
Me pregunto qué proporción de este dinero robado pertenece al Sr. Mugabe y a sus socios. 
Al fin y al cabo, el Sr. Mugabe y sus compinches de la ZANU-PF (Unión Nacional Africana-Frente Patriótico de Zimbabwe) son los que han saqueado y brutalizado un país, Zimbabwe, que una vez fue próspero, han llevado anarquía y hambre a su población, y han forzado a tantos de sus ciudadanos a vivir en el miedo y la desesperación. 
Cada día llegan a mis oídos nuevos casos terribles. 
Lamentablemente, muchos de los vecinos de Zimbabwe no solo han animado al régimen de Mugabe, sino que también han permitido que sea él quien dicte las condiciones de la relación de África con nosotros. 
En estos momentos, las condiciones en Zimbabwe están fuera de control. 
Este Parlamento ha solicitado al Consejo en seis ocasiones distintas que ponga en marcha una acción efectiva. 
Hasta la fecha, el Consejo no ha prestado atención a estas peticiones. 
¡El jueves volveremos a insistir en que queremos una acción efectiva ya! 
Esto no significa solamente la renovación de las sanciones emitidas por la UE antes de que expiren el 18 de febrero, sino también la introducción de nuevas medidas más duras. 
En concreto, África del Sur tiene que ejercer algún tipo de liderazgo moral y político real. 
Al fin y al cabo, África del Sur es responsable explícita de los aspectos de la gobernanza en la NEPAD. 
Quiero decirle al Presidente Mbeki que la diplomacia silenciosa no funciona. 
No funcionó para eliminar el y no funcionará con Mugabe. 
Tiene que mostrarse más duro. 
Suplico a la Unión Africana y a los países africanos que usen todos los recursos que tienen a su disposición para persuadir a Mugabe y a su camarilla de que se retiren. 
Debemos liberar a la población de Zimbabwe. 
No nos hagamos ilusiones: Zimbabwe es la prueba de fuego de la NEPAD. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente por elaborar este informe de propia iniciativa que nos ha ofrecido la oportunidad de debatir una iniciativa tan importante. 
Proviene de las naciones africanas. 
Aunque se expresen reservas, este aspecto es sumamente importante. 
En nuestro continente fuimos capaces de crear la Unión Europea y seguir adelante en el momento en que nos dimos cuenta de que la pobreza, el desempleo, la dictadura y la guerra no llevaban a ninguna parte. 
Ahora que África toma esta decisión política, esperemos que también pueda continuar adelante. 
En la Europa de la posguerra no pudimos hacerlo todo solos. 
Necesitamos ayuda del exterior. 
El ponente ha hablado en la conclusión de su informe del Plan Marshall. 
En 1948, el Plan Marshall ascendía a 13 400 millones de dólares repartidos en cuatro años. 
Eso era mucho dinero. 
La ayuda debe gastarse de forma adecuada pero, en primer lugar, esa ayuda adecuada debe coexistir con un mejor sistema de libre comercio y con la liberación de la ayuda a los países africanos, de forma que el dinero se gaste en lo que es necesario, y no en las cosas en que nos gustaría que se gastara. 
En la UE podemos hacer muchas más cosas para apoyar esta importante iniciativa. 
Espero que la Comisión representará el papel que le corresponde para asegurar que colaboremos con los líderes africanos que desean este tipo de cambio y para garantizar que esto así ocurra. 
– Señora Presidenta, la lista de objetivos para la NEPAD es muy larga: incluye conceptos muy distintos como la prevención de conflictos, la democracia y la integración económica regional. 
El informe de mi amigo y compañero, el Sr. Bébéar, es excelente. 
Sin embargo, quiero destacar que si, como él dice, tuvieran que alcanzarse todos estos objetivos, costarían 64 000 millones de euros al año. 
No creo que esta cantidad de dinero esté disponible. 
Como se ha dicho en la última intervención, aunque haya corrupción, la mala gestión, el fraude y la falta de gobernanza, debemos abordar el problema de la pobreza en África. 
Si la NEPAD es una solución avanzada por los Gobiernos africanos, entonces puede que exista una posibilidad. 
Tenemos ejemplos de mala gestión y fraude: solo hay que echar un vistazo a las noticias de hace unas semanas, cuando Parmalat perdió 10 000 millones de euros en Italia, ¡un país occidental sofisticado y moderno! 
Así que no es sorprendente que en África haya dificultades. 
No es que las apruebe; siempre he estado en contra y he rechazado de plano la corrupción, allí donde esta ocurra, especialmente en África. 
Debemos animar a la NEPAD, en particular para la creación, el crecimiento y el sostenimiento de pequeñas y medianas empresas en África, de propiedad africana y dirigidas por africanos que usen recursos naturales de sus países y contraten a su propia gente, gracias a la formación y la ayuda adecuadas que podamos proporcionarles. 
Este es el motor de la NEPAD, el motor económico que puede generar desarrollo. 
Primero debe evolucionar en sus países, apoyar la economía regional y, más tarde, saltar a los mercados de la UE y de todo el mundo. 
La NEPAD fue concebida para convertirse en esto. 
La Unión Africana es el techo; las paredes podrían ser el Parlamento Panafricano, pero los cimientos del crecimiento económico y de la erradicación de la pobreza en África deben ser algo parecido a la NEPAD. 
Deberíamos darle nuestro apoyo. 
. Señora Presidenta, quiero empezar comentando la observación de la Sra. Kinnock sobre la necesidad de movilizar un apoyo similar para otras situaciones, tal y como hemos hecho en el caso de la línea de crédito para la paz. 
No gastamos cantidades de dinero similares en todas las demás cuestiones, sino que gastamos mucho más. 
La novedad de la línea de crédito para la paz es que estamos sentando las bases para gastar dinero en cosas en las que antes nunca fuimos capaces de hacerlo. 
La financiación de la implementación de las operaciones de paz decididas por África y ejecutadas en un contexto africano es algo nuevo. 
Debemos asegurarnos de que solo usamos ese dinero para cosas que no pueden financiarse a través de los sistemas regulares que ya existen. 
Me ha gustado la observación del Sr. Corrie sobre los Estados africanos ricos en petróleo que podrían implicarse más. 
Habría que volver a este punto. 
También creo que sería muy significativo discutir en la Asamblea Parlamentaria Conjunta sobre el rendimiento de las economías exportadoras de petróleo y otras industrias extractivas similares en África. 
Esta discusión acaba de iniciarse, pero en la mayoría de los casos ahí es donde deberían encontrarse las grandes cantidades de dinero para fines sociales. 
Lo fantástico de la NEPAD ha sido la fecha en la que ha surgido y su carácter, así como la ambición de aceptar el riesgo y la dimensión con respecto a los criterios globales relacionados con la democracia. 
Estos países africanos están manifestando que quieren ser juzgados a la luz de los mismos principios, repitiendo lo que todos acordamos en el marco de Cotonú. 
Querían que esto fuera así. 
Lo querían así a pesar del G8, que atrajo mucho la atención en todo el mundo y que, en ese sentido, fue el impulsor del proceso de democratización en África. 
La NEPAD y la democracia en África son todavía muy recientes. 
Los que mejor se han portado han organizado hasta la fecha dos, como máximo tres, elecciones razonablemente justas. 
Solemos olvidar lo siguiente: los países más avanzados han experimentado dos elecciones democráticas aceptables. 
No existe más que un puñado de casos como estos. 
Sin embargo, las cosas están evolucionando en la dirección correcta. 
La revisión por homólogos es un intento fantástico y muy atrevido. 
Por supuesto han tenido que institucionalizarse. 
Fue una iniciativa inteligente establecerla en el contexto de la Unión Africana tan pronto como ha sido posible, porque, como ha destacado correctamente el Sr. Van Orden, ¿qué habrían hecho con Zimbabwe y con un gran número de otros casos si los cinco héroes originales de la NEPAD hubieran tenido que resolver estas cuestiones? 
Se habrían quedado sin autoridad política. 
Mostrar a otros cómo hacer las cosas habría sido percibido como un tipo de confabulación. 
En lugar de ello, se incrustó de forma inteligente, si me permiten usar esta expresión para referirme al continente, en la Unión Africana, que lo aceptó. 
Esta tarea continúa. 
Es fantástico que estén alineando criterios para superar la revisión en el proceso de revisión por homólogos. 
En una discusión les conté que parece más difícil conseguir buenas notas en el proceso de revisión por homólogos que cumplir los criterios que hemos definido para la adhesión a la Unión Europea. 
Es algo muy ambicioso. 
Solo puedo recomendar que todo aquel que esté interesado en África estudie cómo están sentando allí un hito. 
Les he advertido de que quizás son demasiado ambiciosos, pero ellos quieren que esto se convierta en un criterio global para la gobernanza. 
Saben que no será fácil. 
Por lo que se refiere al aspecto institucional, esperamos con ansiedad que se produzca una colaboración sistemática, estrecha y bien organizada con la Comisión que se está formando en Adis Abeba. 
Espero que volvamos a encarrilarnos y seamos capaces de gestionar las dificultades, también respecto a Zimbabwe. 
Espero que el año 2004 represente un punto de inflexión positivo, que nos permita retomar a toda velocidad el diálogo entre la UE y África. 
Gracias, Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0477/2003) de la Sra. Prets, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural en una Europa ampliada: el cometido de la regiones europeas y organizaciones internacionales como la UNESCO y el Consejo de Europa (2002/2269 (INI) ). 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es difícil definir la diversidad cultural, un concepto tan complicado y complejo como el de cultura. 
Las culturas están sometidas a cambios constantes y este dinamismo constituye un impulso para el progreso humano. 
No obstante, se antoja necesario elaborar una definición formal de política cultural, bienes y servicios culturales y, por supuesto, diversidad cultural, en particular, en el contexto de los acuerdos con organizaciones internacionales como la OMC, o para un futuro instrumento internacional de la diversidad cultural. 
En una encuesta del Eurobarómetro sobre la ampliación realizada en abril de 2003 los ciudadanos europeos describían la cultura como uno de los grandes ganadores del proceso de ampliación junto con el medio ambiente y el comercio. 
Esto da fe del compromiso de las organizaciones internacionales para el mantenimiento y la promoción de la diversidad cultural. 
La diversidad cultural forma parte integrante de la identidad de la Unión Europea e incluirá a otras culturas después de la adhesión de los nuevos países. 
Las fronteras exteriores de la Unión Europea están avanzando hacia una falla con regiones culturales muy diversas. 
A partir de 2004 la Unión Europea será vecino directo de Rusia, Belarús, Ucrania y Moldova. 
A pesar de las diferencias existentes pueden identificarse paralelismos y semejanzas, explicables por la migración y el diálogo intercultural. 
El objetivo, especialmente con miras a la ampliación, es la creación de relaciones más estrechas entre las culturas minoritarias y marginadas y las culturas más fuertes de modo que no se produzca un conflicto cultural sino que el diálogo cultural fomente el entendimiento mutuo en interés de la paz. 
Salvaguardar la diversidad cultural no significa cercarla y preservarla. 
Significa abrirla, ofreciendo oportunidades de desarrollo y comercialización individuales sin sujetarla a los actuales mecanismos del mercado. 
Es al mismo tiempo el pilar básico de la identidad y un factor económico. 
Esto significa que tenemos que trabajar no solo para proteger sino también para fomentar la diversidad cultural. 
Debemos situarla en un contexto internacional de modo que sea posible el intercambio, el desarrollo y el diálogo. 
Por ejemplo parece que las industrias de la música y del cine son sectores muy lucrativos en el contexto del comercio internacional, especialmente si analizamos con más detalle las cuotas de mercado en la Unión Europea en 2000: las películas estadounidenses representaron el 73%, las películas nacionales en el país de origen el 15%, y las películas nacionales fuera del país de origen el 8%. 
Mucha gente no era consciente de las negociaciones de la Comisión en el marco de la OMC hasta que se produjo la campaña para parar el AGCS. 
Por su falta de transparencia, estas negociaciones provocaron mucho malestar y así se convirtieron en el centro de la atención pública. 
Esta falta de transparencia ha causado también dudas y temores de que la liberalización esté yendo demasiado lejos, y ha reforzado entre los actores culturales la opinión de que el objetivo de la competitividad internacional prevalece sobre el de la defensa de la diversidad cultural. 
Los servicios y productos culturales todavía están exentos de la liberalización del comercio actualmente, pero no es seguro que esto siga así a largo plazo. 
Los sistemas de enseñanza pública también quedan fuera del ámbito del AGCS actualmente. 
Esto debe seguir así para garantizar el libre acceso, la igualdad de oportunidades y la calidad. 
Los mercados de la enseñanza con financiación privada llevan mucho tiempo liberalizados. 
Lo que pedimos es que deje de haber liberalización obligatoria en este ámbito. 
Debemos impedir que el objetivo de la competitividad internacional tenga un impacto negativo en la diversidad cultural. 
Esto significa que la protección de los instrumentos de financiación y por tanto de la diversidad cultural no debe lograrse dentro de la OMC y el AGCS, sino mediante la adopción de una Convención sobre Diversidad Cultural en el marco de la UNESCO. 
Es gratificante que la UNESCO haya aprobado por amplia mayoría el inicio de trabajos destinados a la elaboración de un borrador de Convención, y espero que estos avancen velozmente, porque necesitamos una decisión muy rápida en este ámbito. 
La promoción, al igual que la protección, es esencial, como ya he dicho, para mantener la diversidad cultural. 
La política cultural europea debe ir de la mano de políticas culturales nacionales proactivas y autónomas y, en algunos ámbitos, de mayor descentralización en las regiones y los municipios. 
Los distintos niveles deben complementarse, no sustituirse. 
El mercado interior, y por ende el libre comercio de servicios, no debe prevalecer sobre los mecanismos de financiación nacional. 
Mediante una mayor cooperación entre las organizaciones internacionales debe salvaguardarse y fomentarse el carácter único de las culturas a nivel mundial. 
. Señora Presidenta, señora Prets, Señorías, este informe no es el primero que aprueba el Parlamento Europeo en materia de diversidad cultural. 
Se inscribe en una larga cadena de ideas que se complementan, se repiten y se refuerzan. 
En esto precisamente reside la importancia de informes como este, en que nos llaman cada vez al orden y nos demuestran que el Parlamento está ahí y está ojo avizor, y no está dispuesto a dormirse: vela por que la diversidad cultural sea un elemento de las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea. 
Quisiera dar las gracias vivamente a la Sra. Prets por este informe, que se sitúa en la línea de lo que el Parlamento Europeo, portavoz de los ciudadanos europeos, siempre ha deseado. 
Tiene razón, señora Prets, la diversidad cultural es una lucha, una lucha de cada día, y no estamos solos en esa lucha: necesitamos aliados, en efecto. 
A este respecto, me complace el apoyo constante, permanente, del Parlamento Europeo, un apoyo que me calienta el corazón y no se debilita, un apoyo que ayuda a la Comisión a avanzar en su acción en pro de la aplicación del Tratado en el ámbito de la diversidad cultural. 
A este respecto, señora Presidenta, el informe Prets nos invita a reflexionar sobre lo que está en juego. Hay muchas cosas que están en juego, y la Sra. Prets las enumera. 
En primer lugar, las políticas nacionales, con unos presupuestos cada vez más difíciles, cierto, pero es preciso que una parte de ellos se siga destinando a la cultura, a su diversidad, a la protección sobre todo, en el marco de la producción cultural, de los más débiles, para que puedan seguir vivas las grandes riquezas culturales de Europa. 
Están después nuestras políticas exteriores, y celebro, como todos ustedes, la batalla –no la guerra, sino la batalla– que acabamos de ganar a escala internacional convenciendo a una mayoría de naciones del mundo de que nos sigan en nuestra lucha, para que, también en materia de comercio internacional, podamos preservar nuestras bazas culturales. 
Sí, necesitamos unos principios que seguir para que la acción de la Unión, dentro y fuera de sus fronteras, refleje nuestro compromiso a favor de la diversidad cultural, que es nuestra fuente de vida. 
Creo que este proceso, que es absolutamente único en Europa –y que hemos tenido que inventar porque no era posible copiarlo, no existía aún en ninguna otra parte–, ha servido de ejemplo en todo el mundo. 
Oigo a menudo expresar esta sensación en mis viajes a diversos países, pequeños o grandes, donde me dicen: «el modo que tienen ustedes de proteger a sus minorías, de apoyar sus culturas, grandes o pequeñas, importantes o menos importantes, es para nosotros una vía a seguir». 
Qué cosa más bella podemos dar al mundo que mostrar la vía a seguir en la preservación de la diversidad cultural, la preservación de lo que es más importante para los pueblos; la vía que implica la voluntad de dar prioridad a nuestros corazones sobre el mercado. 
En efecto, de eso se trata: de preservar nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestros talentos de mañana, nuestros jóvenes que se expresan, preservarlos para que esos jóvenes puedan seguir expresándose mañana. 
Es esta dimensión humana de la política la que debemos reforzar, a escala local, regional, nacional, internacional, porque la diversidad cultural, Señorías, es universal, y no podemos decir «mi diversidad cultural». No, es también la diversidad cultural del otro, es también la de aquel que, normalmente, no puede expresarse si no le ayudamos a hacerlo. 
Considero, por lo demás, que es importante que este informe sobre la diversidad cultural venga justo después de un informe sobre la ayuda al desarrollo. 
Es un bello símbolo, porque la ayuda al desarrollo es también una ayuda a la preservación de la cultura de los que no tienen medios para preservarla. 
Por tanto, nuestra acción universal en este sentido es muy importante. 
Es evidente que en la Unión debemos preservar nuestra capacidad para apoyar nuestras culturas con financiaciones locales, regionales, nacionales y europeas, y la Comisión debe dedicarse a la plena aplicación del apartado 4 del artículo 151, que impone la consideración horizontal de la diversidad cultural en todas las demás culturas. 
Puedo decirles, Señorías, que se ha convertido en un reflejo natural para la Comisión, incluso para los Comisarios que tienen responsabilidades en sectores como la economía, el comercio exterior o los asuntos internacionales, tomar en consideración el hecho de que la diversidad cultural es parte de nuestras vidas. 
Por tanto, nuestra acción en este sentido es muy importante, y no escatimamos esfuerzos al respecto. 
No tengo los recursos humanos suficientes para comprometerme a elaborar informes sobre lo que hacemos. 
Prefiero invertir los pocos recursos humanos de que dispongo en la acción, mejor que en el comentario de una posible acción. 
Por esta razón no podré encargar informes adicionales, pero estamos elaborando un informe sobre los gastos culturales en el marco de los Fondos Estructurales. 
Pienso que es muy importante, porque los gastos más importantes en la Unión a favor de la cultura no dependen del programa «Cultura 2000» , sino de los Fondos Estructurales. 
Por tanto, pienso que es muy importante poner las cifras sobre la mesa. 
Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo en reforzar la diversidad en nuestras políticas de cooperación y desarrollo con terceros países. 
No puede haber diversidad sin intercambios, en todos los países y en todas las formas de expresión, y me comprometo a recordar siempre a los Comisarios responsables de las relaciones exteriores –lo cual no es difícil, porque están ya convencidos– la importancia de prever, en nuestras políticas exteriores, un capítulo cultural, que es el capítulo humano y que reviste una importancia primordial. 
No necesito recordarles lo que hacemos desde hace muchos años con nuestros interlocutores ACP, lo que hemos puesto en marcha con los interlocutores mediterráneos. 
Pero lo que hacemos con todos nuestros interlocutores es nuevo y está convirtiéndose quizás, gracias también al Parlamento, en una de las nuevas políticas que avanzan. 
He estado recientemente en China. ¿De qué hablaba la gente allí? 
Hablaba de cultura, de diversidad cultural. 
Por lo demás, los chinos nos apoyan en la UNESCO. 
Los chinos también hablaban de educación también, todo esto en un inmenso país como China, que cuenta con Europa para ayudarle a preservar su diversidad cultural. 
Como ven, nos hemos comprometido en una vía mundial que es muy importante, de ahí mi satisfacción por la batalla ganada en la UNESCO. 
No era fácil, pero aún así conseguimos, en la UNESCO, convencer a las naciones del mundo de que se pusieran de nuestro lado para preservar lo que todos tenemos de más querido. 
No dudo ni por un instante que, habiendo decidido la Asamblea General de la UNESCO crear un instrumento internacional para la preservación de la diversidad cultural, dicho instrumento va a ver la luz y será un instrumento fuerte. 
Trabajaremos en ello, no solo en Europa, sino también en nuestras relaciones internacionales, y como hicimos para ganar la batalla, seguiremos trabajando para ganar la guerra. 
Como ustedes saben, nos encontramos aún en la fase preliminar de las negociaciones, pero debo decirles también que hemos enviado una señal muy fuerte a nuestros interlocutores con la publicación, por vez primera, por la Comisión, es decir, por el ejecutivo europeo en su conjunto, de una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre las relaciones de la Unión Europea con la UNESCO. 
Era un punto de partida fuerte para nuestros interlocutores, capaz de apoyarnos en nuestros esfuerzos en este sentido. 
Nos queda tiempo antes de pasar a la acción. 
La UNESCO va a necesitar tiempo, y les pido que utilicen ese tiempo para reflexionar en profundidad sobre los distintos aspectos que pueden desarrollarse en esta futura Convención, para ponernos a la escucha de los interlocutores interesados, a la escucha de los profesionales de la cultura, a la escucha de las industrias culturales. 
Debemos trabajar juntos en la definición de las modalidades de cooperación con los presidentes sucesivos de la Unión, que van a llevar las negociaciones en la UNESCO, para que la Unión Europea dé muestras de unidad en esta ocasión. 
Es importante: el resto del mundo, los demás continentes, esperan que hablemos con una sola voz, que la Europa de la diversidad cultural, el ejemplo a seguir, no se disgregue, no caiga en la cacofonía. 
En esto es, Señorías, en lo que debemos trabajar, y desearía concluir, señora Presidenta, testimoniándole mi satisfacción por haber podido disfrutar constantemente del apoyo sin fisuras del Parlamento Europeo. 
Me ha ayudado enormemente y los éxitos que se han obtenido son también suyos. 
Muchas gracias, han hecho un gran servicio a la diversidad cultural de los europeos. 
. – Señora Presidenta, el concepto de diversidad cultural es muy popular en la Unión Europea. 
Sin embargo, casi siempre evitamos el problema de la identidad cultural, porque, ciertamente, su definición es mucho más sensible. 
Por eso quisiera hablar de este tema. 
El informe de la Sra. Prets recurre ampliamente a mis ideas y las de otros diputados y quisiera agradecerle por la forma en que hemos podido trabajar juntas. 
Por ello refrendo lo que la ponente y la Comisaria Reding han dicho en sus elegantes discursos a esta Cámara. 
Mi principio rector es que el respeto a la identidad cultural de una comunidad es una condición para la coexistencia pacífica. 
También es una condición para la integración de las personas en otra comunidad cultural de modo que esta no genere frustración y alienación. 
Todo el que no respeta la cultura de una persona no respeta a la persona misma, dificulta el respeto mutuo y no muestra signos de estar dispuesto a comprometerse en un diálogo cultural que, en un mundo de globalización cada vez más amplia, resulta necesario para el desarrollo cultural. 
El esfuerzo por mantener la propia cultura no debe generar aislamiento, xenofobia o racismo. 
Sin embargo, debemos tener presente que el mercado no salvará a la diversidad. 
Por esto necesitamos instrumentos y recursos para preservar la diversidad, así como oportunidades de establecer el mantenimiento de la identidad cultural. 
A pesar de esto, las lenguas y las culturas desaparecen muy rápidamente y por ello me complace enormemente que usted haya puesto tanto énfasis en este principio que debe servirnos de guía también, por ejemplo, en los contactos con los países en desarrollo. 
Estoy convencida de que toda comunidad debe tener la oportunidad de salvaguardar su propia cultura de la opresión, por ejemplo del imperialismo lingüístico. 
El respeto a las lenguas es uno de los mayores activos de la ampliación de Europa, y que hemos tenido el placer de experimentar entre nosotros. 
Finalmente espero que los instrumentos que se están desarrollando a nivel internacional, junto con los instrumentos que usted y la Unión Europea desarrollarán, servirán a la causa de la diversidad y facilitarán la identidad cultural en el sentido propio de la palabra. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señora Prets, he escuchado muy atentamente la intervención de nuestra Comisaria. 
Perdóneme, pero no he entendido bien la respuesta a las preguntas claras y precisas que figuran en este informe. 
Si he comprendido bien, el apartado 45 contiene una pregunta dirigida directamente a usted, señora Comisaria: ¿tiene intención, sí o no, de presentar, en nombre de la Comisión, una comunicación al Consejo y al Parlamento referida específicamente a la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural? 
Si he comprendido bien, usted ha hablado detenidamente de esta cuestión, pero no he entendido si el Parlamento debe esperar o no una comunicación de su parte. 
Y, si la respuesta es afirmativa, ¿puede decirme en qué fecha, en el curso de este año, tiene previsto presentar esta comunicación? 
Se podrían decir muchas cosas sobre la diversidad cultural y su importancia. 
Este debate no nos da tiempo suficiente. 
Es significativo que estemos discutiendo este tema a las 23.50 de la noche. 
Harold Macmillan, Primer Ministro británico y abuelo de uno de los diputados actuales a este Parlamento, quien solicitó hace más de cuarenta años el ingreso del Reino Unido en la Unión Europea, dijo que cuando se discuten cuestiones que son valiosas para la gente, uno no hipoteca el futuro. 
Esto puede aplicarse perfectamente a los valores culturales. 
Por lo tanto, la ponente tiene razón cuando afirma que los productos y servicios culturales no deberían ajustarse al mercado libre normal de opciones comerciales. 
¿Podemos confiar en nuestros Gobiernos para preservar nuestras culturas nacionales, europeas y regionales? 
En mi país, donde podría decirse que ya no se enseñan lenguas extranjeras, donde la historia se ha convertido simplemente en un telón de fondo de los asuntos cotidianos y donde por lo visto Shakespeare es demasiado difícil para los estudiantes de inglés, aquellos que dicen «sí, podemos confiar en que nuestro Gobierno conservará nuestras culturas» son quizás unos insensatos. 
Las propuestas de que debería llegarse a un acuerdo a escala internacional sobre este tema son correctas, pero también deberíamos dirigirnos directamente a nuestros conciudadanos y a nuestros estudiantes. 
Tenemos muchas cosas que temer de la internacionalización, en particular de los medios televisivos. 
Espero que el Parlamento continúe haciendo propuestas positivas que sean aceptadas tanto por la Comisión como por el Consejo, y espero una respuesta específica de la Comisión en la cuestión que he planteado al principio. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quisiera abordar un problema concreto en el que hasta el momento no ha habido protección de la diversidad cultural en el sentido en que este Parlamento desearía y en el que es probable que esta situación continúe. 
Me refiero a la concentración de los medios de comunicación electrónicos, especialmente la televisión, que, como sabemos, es el medio clave para influir en la opinión pública. 
La protección de la diversidad de los medios de comunicación es también un elemento importante para la protección de la diversidad cultural y de la identidad cultural. 
No podemos dejar la tarea de proporcionar esta protección en manos del sistema judicial europeo, por muy gratificante que sea la sentencia de hoy del tribunal constitucional italiano. 
Seriamente, lo máximo que podemos esperar del instrumento legal internacional es que establezca condiciones que realmente ayuden a fomentar la diversidad en los medios de comunicación. 
Señora Comisaria, usted ha hablado de batallas y guerras, y aquí tenemos en nuestras manos una gran batalla. 
Sin querer restar importancia a sus logros en otros ámbitos, hasta ahora nos han dejado sin tropas en este campo de batalla, lo cual deja un sabor de boca bastante amargo. 
La diversidad de opiniones y el pluralismo en los medios de comunicación son activos valiosos y hay muchos ejemplos positivos de ellos en Europa, a pesar de las crecientes amenazas a las que nos enfrentamos. 
Esta es la razón por la que el Parlamento ha solicitado durante años de forma reiterada pero lamentablemente sin éxito una directiva para limitar la concentración de medios de comunicación. 
Quisiera reiterar esta solicitud hoy. 
Por ello mi grupo también apoya una enmienda suplementaria de la Sra. Fraisse que expone los argumentos para ello y que merece el apoyo de esta Cámara. 
Espero que tenga también el apoyo de la Comisión. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente, la Sra. Prets, por su informe, y también a la Sra. Maes, por la opinión que ha elaborado desde la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Europa es unidad y es pluralidad, y en el ámbito de la cultura es donde esta pluralidad se manifiesta de una forma más clara y contundente. 
Existe pluralidad a nivel europeo, pero también en el interior de cada Estado europeo; y muchas veces, estas distintas culturas que se manifiestan en el interior de los Estados transcienden las fronteras que limitan los territorios estatales. 
En este sentido, la existencia de distintas lenguas en los Estados, como es el caso de mi lengua materna, el catalán, usada por diez millones de personas, es una manifestación de esta pluralidad. 
Si hablamos de pluralidad cultural, en los casos en que esta cultura tiene también una historia diferenciada, unas características lingüísticas propias y una forma estructural de la sociedad, estaremos hablando de naciones sin Estado, fenómeno que también existe en la Unión Europea. 
Por otra parte, estas naciones sin Estado se manifiestan en muchos casos por la existencia, en esta misma Cámara, de partidos políticos que no tienen un ámbito estatal, sino que corresponden a unos territorios determinados, y me refiero, por ejemplo, al, al Partido Nacionalista Vasco y al propio partido al que pertenezco. 
En este sentido, creo que la Unión Europea debe velar por el reconocimiento de esta pluralidad existente en su interior, que debe ser reconocida. 
Algunos Estados, como el español, la reconocen en su estatuto de oficialidad, pero este reconocimiento estatal no existe referido a la Unión Europea. 
Es de lamentar que la Constitución europea no haya avanzado en este sentido con medidas progresivas, como lo ha hecho en otros temas. 
La pluralidad también es un reconocimiento del hecho inmigratorio en la Unión Europea, que será relevante en el futuro. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, no creo que al hablar de diversidad cultural mi discurso tenga un tono tan optimista como el de los primeros oradores, y en particular el suyo, señora Comisaria, y ello por varias razones. 
La primera es que esta Convención o este instrumento internacional era una utopía hace aún muy poco tiempo. 
Recuerdo haber organizado con mi Grupo una audiencia pública en otoño de 2002 para lanzar esta idea en el Parlamento. 
Creo que debemos ser modestos y no digo que esta idea viniera de Europa y de la Unión Europea. 
Por tanto, no puedo sino aplaudir que esta utopía se haga realidad en la Unión Europea, pero pienso que debemos ser modestos. 
Si hago este llamamiento a la modestia, es porque me gustaría que esta futura Convención no sea una declaración más de una larga retahíla. 
Ya lo sabemos todo de las declaraciones a favor de la diversidad cultural. 
Podemos hacerlas, pero ahora se trata de elaborar una Convención vinculante y normativa que permita resolver diferencias en un contexto que es el del mercado. 
Quiero decir que la diversidad cultural se articula también con la cuestión del mercado. 
No hay que ocultar el hecho de que combinar diversidad cultural y mercado representa una dificultad no despreciable. 
He aquí por qué, también a este respecto, soy modesto y no siempre optimista. 
La tercera razón por la cual tampoco soy muy optimista es que no estoy segura de que seamos un ejemplo a seguir, aunque nos guste decirlo. 
En efecto, ¿estamos realmente de acuerdo en la Unión Europea en promover la diversidad cultural y, en caso afirmativo, qué diversidad? 
Creo que, como demuestran los hechos, tendremos algunas dificultades para estar totalmente contentos de nosotros. 
La Sra. Junker ha planteado algunos problemas, otros diputados también. 
Creo que nos enfrentamos, dentro de Europa y no solo en el exterior, con problemas de preservación y promoción de la diversidad cultural. 
Mencionaré simplemente la cuestión del apoyo prestado por las ayudas públicas estatales, por ejemplo, que como todos saben, es un elemento a la vez provisional y de excepción, y que todavía no está inscrito en absoluto en la lógica, constitucional o no, de los Tratados. 
La diversidad cultural es, pues, un derecho, pero es un derecho que tenemos que construir y que no es un simple derecho a la cultura, a la educación, etc. El derecho a la diversidad cultural no existe aún y deseo que sepamos cómo construirlo. 
– Señora Presidenta, el mundo no es una mercancía. 
Este lema del movimiento antiglobalización podría servir de epígrafe para nuestro debate. 
Para que el mundo no sea una mercancía hay que luchar contra la ley de hierro de la oferta y la demanda financieramente solvente, que invade todos los aspectos de la vida. 
Felizmente, se está organizando la resistencia contra el desencanto del mundo. 
Pronto, algunos de los miembros de esta Asamblea nos volveremos a encontrar en el Foro Social Mundial. 
Las lenguas, las culturas, las identidades colectivas, los pueblos tienen el derecho imprescriptible a resistir a. 
En este sentido, el informe que se nos presenta apunta en la dirección acertada. 
Tanto en la naturaleza como en la cultura, la diversidad es la vida. 
El brote permanente de la vida debe preservarse, alentarse, estimularse. 
Solo podrá ser así si se asienta el principio de la igualdad de derecho de todas las lenguas y culturas. 
Me gustaría convocar aquí, como ante un tribunal, el testimonio de esas lenguas y culturas milenarias, objeto aún hoy de discriminaciones en sus Estados respectivos, pero también en nuestras Instituciones europeas. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el tema de la diversidad cultural debe tratarse de forma permanente. 
De hecho, no hace falta llegar hasta la OMC, en el Parlamento hemos debatido repetidamente si la cultura y el mercado son compatibles, por ejemplo en el tema de la fijación del precio de los libros y en el tema de los derechos de autor y hemos visto que hay opiniones muy divergentes no solo dentro de esta Cámara sino también entre esta Cámara y la Comisión. 
En el interior de la Comisión también las opiniones eran muy variadas y me refiero en este contexto especialmente a la Comisión anterior Ciertamente, luchamos por este tema con el comisario van Miert en varias ocasiones. 
Creo que la diversidad cultural, en cuanto sensata contramedida al crisol es una necesidad absoluta y agradezco enormemente a la Sra. Prets que haya elaborado este exhaustivo y detallado informe. 
Agradezco también a la Comisaria Reding que nos haya proporcionado una visión general detallada del trabajo desde su propia perspectiva y por señalar que esta Cámara es, y debe seguir siendo, el aliado natural de la Comisión y especialmente de la misma comisaria Reding. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Prets especialmente por afirmar en el apartado 15 que el Parlamento reitera que vigilará atentamente el trato dado a las poblaciones minoritarias y los idiomas minoritarios, incluidos los idiomas autóctonos, en el marco de la Europa ampliada. 
Esto debe ser una condición si la Cámara aprueba este informe. 
Creo que en una Europa ampliada esto debería aplicarse no solamente para los países candidatos a la adhesión sino también para los actuales Estados miembros. 
Sin duda existe aquí un inconveniente en el sentido de que, en el campo cultural, debido al principio de unanimidad, en mi opinión algo desastroso, no hemos sido capaces de iniciar políticas comunes para proporcionar a las comunidades e idiomas comunitarios opciones sensatas para su desarrollo. 
Aquí tenemos un núcleo europeo que incluye una serie de países, como Italia, del que procedo, que han abierto camino y lo digo en calidad de miembro de una minoría que no es de origen italiano sino una minoría austríaca germanófona en Italia. 
Hay otros países donde este desarrollo, desafortunadamente, ha sido muy lento y pienso que este esfuerzo y la abolición del principio de unanimidad pueden lograr aquí algún progreso. 
Sobre todo debemos hacer frente a los miedos de aquellos países que tienen preocupaciones. 
Pienso que debemos mirar a las minorías y sus culturas como puentes y no como cargas y aquí es donde este informe puede hacer un gran aporte. 
– Señora Presidenta, se ha hablado mucho sobre la preservación y mejora de la herencia cultural europea. 
Para que las culturas realmente prosperen necesitamos acciones concretas además de discursos. 
Creo que el informe de mi colega, la Sra. Prets, nos ayudará a hacer algunos progresos. 
Debería haber apoyo para la Convención sobre diversidad cultural tal como propone la Conferencia General de la UNESCO. 
Creo que se acoge satisfactoriamente el enfoque de la ponente de examinar la cultura como parte de todos los ámbitos de políticas diferentes La forma de considerar el asunto debería ampliarse a la acción práctica. 
El programa Cultura 2000 es el instrumento más llamativo pero de ningún modo el único. 
El dinero se canaliza desde los Fondos Estructurales a proyectos en el campo de la cultura pero la tasa de participación podría elevarse con sistemas de información más eficaces. 
La legislación sobre el mercado interior tiene un impacto parcial en la movilidad de los productos culturales, es decir el arte y los artistas. 
Todavía con demasiada frecuencia tenemos problemas en este ámbito, especialmente en lo relativo a la fiscalidad. 
El objetivo fijado en Lisboa sobre la sociedad de la información europea ha traído una nueva dimensión al campo de la cultura. 
La tecnología ofrece más oportunidades y herramientas pero debe ser utilizada al servicio de la cultura y no al revés. 
Las redes culturales europeas son un recurso clave para la promoción de la diversidad cultural. 
Espero que establezcamos una base legal para asegurar que reciben la financiación adecuada lo antes posible. 
Deseo dar las gracias a la ponente, la señora Prets, por su aportación personal a la promoción de la diversidad cultural. 
Ha organizado varios talleres sobre arte europeo durante esta legislatura. 
Señora Presidenta, como nuestra ponente dijo correctamente es difícil e incluso arriesgado hacer una definición de diversidad cultural al igual que definir la cultura misma. 
Sin embargo la resolución propuesta precisamente sobre la base de un concepto que es difícil y arriesgado, no duda en exigir, en al menos 47 apartados, la regulación, normalización y promoción de la llamada diversidad cultural, haciéndose la falsa ilusión de que, en la era de Internet se puede detener la liberalización y globalización de la cultura, la información y el conocimiento. 
De este modo, después de haber estado a punto de morir de nacionalismo, fascismo y comunismo, hoy Europa corre el riesgo de morir de legalismo. 
El texto de esta resolución es un ejemplo claro de ello. 
Sus contenidos desafían el principio de no contradicción, e incluso del sentido común más básico y terminan conformándose con la vulgar hipocresía. 
Además es hipócrita considerar que todos los tipos de productos culturales son igualmente dignos, no solo de sobrevivir, sino también de ser fomentados y equiparar la cultura liberal y la cultura autoritaria, la cultura de la infibulación y la cultura de la igualdad de los sexos, la cultura de la tolerancia y la del racismo y el antisemitismo. 
En verdad las contradicciones de esta resolución reflejan las de nuestra política, que busca aliados en el mundo en desarrollo para protegerlos y protegerse de la intrusión del sector audiovisual norteamericano, en nombre del respeto a la diversidad cultural, pero sujeta a financiación completa, por ejemplo, el África francófona; la cultura que en nombre de la asimilación prohíbe el velo y otros signos religiosos en las escuelas y que sin embargo no tiene objeción a que se impongan de forma autoritaria en otros países; la cultura que ensalza la democracia europea incluso cuando está notablemente ausente y reclama de forma racista, sin embargo, que el mundo en desarrollo no está preparado para ella; la cultura que se resiste a exportar libertad no duda en colaborar con dictadores y tiranos, ignorando hoy la lucha de los disidentes islámicos, tal como en el pasado ignoró a los comunistas disidentes de Europa oriental. 
En todo esto yo no veo una elección más justa, más respetuosa para proteger la herencia de los pueblos de Europa y del mundo sino proteccionismo amorfo, hipócrita y contradictorio que protege a las élites intelectuales nacionales y regionales del dinamismo y el conflicto cultural que, en sustancia, siempre es... 
Señora Presidenta, leyendo el informe pareciera que el enemigo de la cultura es la liberalización de los mercados y la Organización Mundial del Comercio y que los Estados individualmente son el bastión de la cultura o las culturas. 
Pero no es así: fueron los Estados individualmente y las ideologías nacionalistas los que exterminaron culturas y personas en el pasado. 
Comisaria Reding, China ha llevado adelante los peores casos de genocidio de personas y de cultura y sigue haciéndolo: el pueblo tibetano y su cultura, el pueblo uighur y su cultura. 
China no puede presentarse en esta Cámara como ejemplo de cooperación fructífera de diversidad cultural, a menos que estemos usando la vieja idea de la revolución cultural como referencia para la palabra «cultural». 
La diversidad cultural no es un derecho en abstracto, puede también, por supuesto, ser resultado de reglas, pero de reglas que deben basarse en la libertad de comunicación y de expresión y no en el proteccionismo, proteccionismo o ayudas estatales a la cultura, o en el relativismo cultural de los Estados individuales. 
Por supuesto, queremos estas reglas particularmente para contrarrestar la destrucción de las lenguas pero la política de enseñanza de una sola lengua extranjera en los Estados miembros y los reglamentos de las instituciones europeas van en contra del espíritu de diversidad que la resolución exige: instituciones europeas con agencias monolingües o bilingües que publican informes públicos incluso sin redactarlos en las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
En la explicación de voto los diputados radicales haremos referencia a nuestras propuestas sobre el Observatorio para las políticas lingüísticas para fomentar la lengua internacional Esperanto, el derecho a la comunicación internacional libre y no discriminatoria y a preservar y mantener la diversidad lingüística. 
Señora Presidenta, gracias a las señora Comisaria por todos sus esfuerzos en pro de la cultura europea y gracias a la ponente, nuestra compañera Christa Prets, por el trabajo que ha realizado y, sobre todo, por el gran número de enmiendas con el que ha tenido que tratar. 
Mi país, España, es un país con una gran diversidad y riqueza cultural y, como no puede ser de otra manera, estamos completamente a favor de la diversidad cultural. 
Sin embargo, quisiera decir que nos habría gustado que el informe- en vez de referirse a las identidades culturales no uniformes- se hubiese referido a la pluralidad de identidades culturales en la Unión Europea. 
El enfoque utilizado nos parece, en general, un poco negativo. 
Y la realidad es que, en muchos países de Europa, las identidades culturales no son uniformes, precisamente porque son plurales y no tenemos que olvidar que esa es una de nuestras grandes riquezas. 
No debemos olvidar que el derecho de cada Estado miembro a definir, aplicar y adaptar las políticas culturales está sujeto a la legislación nacional y, por lo tanto, esto debe de hacerse de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. 
Por último, quisiera decir que, dado que en la Unión Europea existen diferentes posiciones y cautelas respecto a este tema, me parecería correcto que lo dejáramos también en manos de la UNESCO. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar, cómo no, a la ponente por su iniciativa, y felicitar también a la Comisaria por su intervención- y me permito tomar algunas notas de su intervención, que utilizaré citándola a ella cuando vuelva a hablar de la diversidad cultural. 
Intervengo en este Hemiciclo como español, como miembro del Partido Popular y como vasco. 
Provengo de un país en el que tenemos una lengua propia, una lengua autóctona además del castellano, que es el euskera, y que posee una cultura milenaria, como también lo es nuestro idioma. 
Coincido con la ponente en la importancia de preservar la diversidad lingüística. 
Coincido también en que debe vigilarse el tratamiento de los idiomas minoritarios, incluidos también los autóctonos. 
En una Europa cada vez más unida, en un mundo cada vez más globalizado, debemos prestar una especial atención a la diversidad cultural. 
La riqueza de Europa- y lo que nos diferencia de otras regiones del mundo, como ha dicho la Comisaria- es, sin duda, nuestra diversidad cultural, y debemos tratar de exportar ese modelo. 
Debemos evitar que la Unión se convierta en una uniformización, y quiero recordar que el preámbulo del proyecto de Constitución hablaba de "Europa unida en la diversidad". 
Sin embargo, debemos evitar la apropiación de la diversidad cultural y lingüística con fines políticos. 
No debemos aceptar que la defensa de una lengua o de una cultura, que es de todos, se convierta en un arma política, en un arma arrojadiza e, incluso, en la posibilidad de discriminar y de dividir a unos y a otros. 
Ni la lengua ni la defensa de una lengua pueden ser una razón de discriminación. 
Recordemos que en el proyecto de Constitución se contempla este aspecto. 
Respetemos la diversidad cultural y lingüística, sí, pero no la impongamos. 
El respeto a la diversidad también consiste en respetar a aquellos que hablan otra lengua. 
En el País Vasco hay que preservar el euskera, sin duda, pero no debemos imponerlo ni discriminar a aquellos que no lo hablan. 
Algunos partidos nacionalistas han pretendido utilizar la lengua como herramienta política y han pasado del nacionalismo racial a un nacionalismo lingüístico. 
Creo que la cultura es patrimonio de todos, todos debemos defenderla y nadie debe apropiarse de ella. 
Permítanme que acabe citando el preámbulo de la Constitución, donde puede leerse que "los pueblos deben sentirse orgullosos de su identidad y, sin embargo, luchar estrechamente unidos para forjar un destino común". 
. Señora Presidenta, comprenderá que, a falta de combatientes en el pleno, no vaya a responder a todos aquellos que –y lo entiendo muy bien a las doce y cuarto de la noche– han abandonado el hemiciclo. 
Pero permítanme de todos modos decir algunas palabras que me preocupan enormemente. 
Les hablo como luxemburguesa, como la luxemburguesa que ha desarrollado con ustedes el Año Europeo de las Lenguas, de todas las lenguas, sin excepción: de las lenguas reconocidas, de las lenguas no reconocidas, de las lenguas mayoritarias, de las lenguas minoritarias, porque siempre he dicho que no hay lenguas grandes y lenguas pequeñas, hay lenguas maternas, y todas son grandes, por definición. 
Hemos elaborado el plan de acción relativo a las lenguas precisamente sobre la base del multilingüismo, y permítanme decirles que el multilingüismo incluye las lenguas que no son oficiales, pero seguramente no el esperanto, porque tenemos bastantes lenguas vivas con dificultades como para crear, junto a estas, lenguas artificiales. 
Entonces, enseñemos lenguas a nuestros hijos y, en este sentido, me alegra ver que la práctica totalidad –diría incluso la totalidad– de nuestros Ministros de Educación hacen esfuerzos en este ámbito, y algunos parten de cero. 
Se esfuerzan por introducir las lenguas en la enseñanza primaria. 
Desde hace dos años se ha producido un progreso enorme. 
Todavía estamos muy lejos del objetivo, pero avanzamos y, por lo menos, los Ministros que no se esfuerzan tienen mala conciencia. 
A ustedes, Señorías, corresponde seguir dándoles mala conciencia, para que se lleven a cabo las reformas a escala local, regional y nacional. 
Por lo demás, la Comisaria repite a cada Ministro que ve que el mantenimiento del multilingüismo en Europa es una cuestión de supervivencia. 
Ahora quisiera responder a algunas preguntas concretas, aunque los diputados que las han formulado no estén ya presentes. 
Por lo que se refiere a la UNESCO y nuestros aliados, está claro que, en la UNESCO, necesitamos a todos los países para construir una mayoría y adoptar una Convención sobre la diversidad cultural, y necesitamos, a escala mundial, dar ejemplo de diversidad cultural. 
Entonces, lo que intentamos hacer, y lo conseguiremos, dando ejemplo e insistiendo en el respeto de las minorías, es hacer evolucionar las mentalidades, sobre todo en los países –y algunos se han citado– que están muy lejos de ser perfectos, y todos lo sabemos. 
Sus Señorías, que son diputados y diputadas al Parlamento Europeo, lo saben, porque hablan de ello continuamente, pero solo podemos ayudar a esas minorías acogiéndolas y diciéndoles que no aceptaremos que se les deje de lado, y no construyendo un muro entre los que tienen razón y los que están equivocados. 
Quisiera ponerles un ejemplo muy concreto. 
Por primera vez, el pasado mes de mayo, inauguramos el Festival de Cannes con el Día del Cine Europeo. 
Veinticinco Ministros, orgullosos de su producción cinematográfica nacional, acompañados de realizadores jóvenes y muy conocidos, mostraron al mundo la importancia que dan al cine. 
Y por la tarde de ese Día del Cine Europeo organizamos, con nuestros interlocutores de todo el mundo, una Conferencia sobre los cines del mundo, precisamente para conceder la palabra a los que no la tienen y dar una oportunidad al cine de estas minorías, que sin la ayuda de Europa no tendrían nunca la posibilidad de expresarse. 
Esta debe ser la política europea. 
Es una política que da ejemplo y que presenta nuestro modelo singular. 
Me dirijo ahora al Sr. Beazley, que me ha hecho una pregunta muy concreta, si vamos a elaborar una comunicación relativa a la UNESCO. 
Señor Beazley, no sé si se ha dado cuenta, pero en agosto la Comisión publicó, que yo sepa por primera vez en la historia de la Unión Europea, una Comunicación sobre la UNESCO que constituyó un instrumento para hacer avanzar las cosas. 
Ahora hemos ganado una batalla. 
Digo una batalla, porque esto no ha terminado. 
Los grupos esperan –el primero ha empezado a reunirse– que haya ahora debates en la UNESCO. 
Pienso que a finales de 2004 o principios de 2005 podrán comenzar las negociaciones internacionales propiamente dichas. 
En ese momento, cuando tengamos un principio de texto, es cuando podremos definir qué quiere obtener Europa en el marco de esas negociaciones. 
No basta con presentar cada tres meses una comunicación que no serviría de nada. 
Soy una defensora de lo que los alemanes llaman: quiero tomar medidas que produzcan un resultado. 
La Comunicación del verano pasado permitió poner en marcha las cosas y mostrar que Europa participaba en la elaboración de un instrumento internacional. 
Ahora, tan pronto el debate haya dado lugar a los primeros resultados, precisaremos las orientaciones que queremos dar al debate. 
Por tanto, seamos eficaces y no hagamos activismo por mor de hacer activismo. 
Lamento tener que decir a la Sra. Junker que, por lo que se refiere a la concentración de los medios de comunicación, quizás tengamos la misma idea de partida, pero nos basamos también en el mismo Tratado. 
Y este impide a la Comisión presentar un instrumento de armonización, de preservación de la diversidad y del pluralismo de los medios de comunicación. 
Siendo el Tratado el que es y siendo la Comisión la guardiana de los Tratados, no puedo hacer otra cosa. 
No obtendré jamás la aprobación sostenida de la Comisión si me aparto del Tratado. 
Solo podemos esperar, señora Junker, que el nuevo Tratado, como por lo demás han dicho claramente varios diputados, contenga elementos mucho más fuertes en relación con la diversidad en todos sus aspectos, porque es multiforme. 
No solo concierne a la danza y las artes, sino también y sobre todo a la lengua, a las minorías, al cine, así como al pluralismo de las expresiones, por tanto a los medios de comunicación y la tecnología audiovisual. 
Por esta razón, me gustaría que el nuevo Tratado confiriera más posibilidades a los representantes del pueblo primero, pero también a la iniciativa de la Comisión, para franquear una etapa más. 
Se dice que el mundo no es una mercancía, y esto es todavía más válido para la cultura. 
A este respecto, creo que la Comisión, en su acción, ha mostrado muy claramente –en el ámbito del comercio exterior, pero también en lo referente a la autorización de las ayudas nacionales, por ejemplo, a favor del cine y de las televisiones públicas y de otro tipo– que no está dispuesta a aceptar que la cultura se considere una mercancía. 
Pero, aunque no sea una mercancía, la cultura tiene un precio y hay que pagarlo. 
Entonces, nos incumbe convencer a los Gobiernos nacionales y hacer que Europa sea capaz de invertir suficientes recursos para que esas culturas vivan. 
Es preciso que Europa tenga la posibilidad de ser un ejemplo vivo a los ojos del mundo, para cambiar el mundo, porque nuestro ejemplo sigue siendo valioso aunque lo que vivimos en materia de diversidad y de respeto de los demás no sea perfecto. 
Mostremos el camino y el mundo será mejor. 
Gracias, Comisaria Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(1) 
– Yo vengo de un país, Flandes, cuya cultura quedó lisiada durante décadas por la dominación de los belgas francófonos. 
Incluso actualmente la minoría francófona numéricamente dominante trata con desdén la lengua y cultura neerlandesas, especialmente en la periferia flamenca alrededor de Bruselas. 
Incluso dentro de la Unión Europea se ignora a veces el neerlandés, por ejemplo, ha desaparecido como lengua de trabajo en instituciones como la oficina de marcas europea. 
Por ello me encuentro bien situado para saber que las instituciones europeas mismas son culpables cuando se habla de la falta de respeto a la diversidad cultural o cuando se afirma que también debe respetarse la diversidad lingüística. 
Este informe, que contiene muchas recomendaciones valiosas, ha llegado en un momento muy oportuno y de hecho espero que las buenas intenciones, después de la ampliación de la Unión Europea, de proteger todas las lenguas que se hablan en una Europa de 25 Estados miembros no seguirá siendo esta vez una promesa vacía. 
Insisto en que las lenguas minoritarias, como el galés y el bretón merecen ser fomentadas con apoyo europeo. 
En lo que a la cultura se refiere, Europa debería poner en orden su propia casa antes de adoptar una postura moralista en nombre de todo el mundo. 
– Señorías, es un gran placer para mí dar la bienvenida al Parlamento Europeo en Estrasburgo al Presidente de Serbia y Montenegro, el Sr. Marović. 
Señor Presidente, ha venido usted al Parlamento Europeo en un momento crucial de la relación entre Serbia y Montenegro y la Unión Europea, y de hecho, en algunos sentidos, en un momento determinante para Serbia y Montenegro.En los últimos años, la nueva Unión, que pronto estará compuesta por 25 Estados miembros, ha esperado con ilusión y expectación el proceso de reforma y cambio en su país y en el entorno más amplio de la región. 
Asimismo observamos con tristeza y profunda inquietud el despreciable asesinato de Zoran Djindjić el año pasado. 
Fue un momento oscuro que, una vez más, nos hizo comprender que, como demócratas, no podemos dar por sentado el progreso real que se ha realizado y que se necesita realizar en Serbia y Montenegro, y en el entorno más amplio, y que nos recuerda nuestra obligación de implicarnos recíprocamente y de apoyar las fuerzas del cambio, la reforma y la democracia. 
Por esta razón, nosotros, en el Parlamento Europeo, esperamos que los resultados de las recientes elecciones en Serbia no provoquen el resurgimiento del tipo de nacionalismo que ha tenido consecuencias tan trágicas para la región.Hoy le doy la bienvenida como líder cuyas palabras y hechos nos dan razones para el optimismo. 
Usted, señor Presidente, simboliza de muchas maneras lo mejor de lo que esperamos para su región. 
Sus recientes actos de reconciliación, que inició usted, primero entre usted mismo y el Presidente de Croacia y luego, en noviembre, entre usted y el Presidente de Bosnia y Herzegovina, son actos de reconciliación encomiables. 
Estos actos son la quintaesencia de Europa. 
Nos recuerdan las palabras de uno de los padres fundadores, Robert Schuman, cuando hablaba del poder de la reconciliación creativa. 
Hoy necesitamos estas ideas, y estos hombres y mujeres con visión y coraje políticos, en los Balcanes occidentales. 
Le doy las gracias por el liderazgo que ha demostrado usted a este respecto.Es importante que ahora desarrollemos, más allá de las declaraciones y conclusiones de las reuniones en la cumbre del Consejo, la comparación práctica del progreso democrático entre la Unión Europea y los Estados de su región.Señor Presidente, a través de usted queremos decir a los pueblos de Serbia y Montenegro –y en general a los pueblos de los Balcanes occidentales– que en este Parlamento estamos dispuestos a recorrer el camino con ustedes. 
No es un camino que piensen que deben recorrer solos.Es un placer para mí invitarle a dirigir la palabra al Parlamento Europeo. 
Quiero darle las gracias, Presidente Marović, por haberse dirigido hoy a esta Cámara y por haber trasmitido a este Parlamento un mensaje de perspectiva y compromiso europeo por su parte. 
(1) 
– De conformidad con el orden del día se procede al debate de la declaración del Consejo sobre el programa de la Presidencia irlandesa. 
Por motivos que sé que van a comprender, hoy me complace especialmente poder conceder la palabra a An Taoiseach, el Sr. Ahern, en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, señor Presidente de la Comisión, me siento a la vez honrado y complacido de estar hoy aquí para presentar las prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Antes de esta presentación, quiero darles las gracias por el recibimiento que dieron a la Presidenta de Irlanda, la Sra. Mary McAleese, durante su visita el pasado mes de noviembre. 
Su calurosa acogida fue muy apreciada en Irlanda. 
Hemos elegido «Europeos – trabajando juntos» como lema de nuestra Presidencia. 
Es un tema que capta una visión de los ciudadanos de la Unión Europea trabajando en asociación, esforzándose juntos por lograr nuestras metas y objetivos comunes. 
Necesitamos la cooperación de todos para la consecución de nuestras ambiciones. 
Sé que puedo contar con los diputados al Parlamento Europeo para que trabajen con nosotros durante nuestro mandato y en mayor beneficio de la Unión Europea. 
Esta es la sexta Presidencia irlandesa. 
Asumimos nuestra labor en un momento histórico y lleno de desafíos, pero nos hemos preparado bien para lo que tenemos ante nosotros. 
El máximo objetivo de nuestra Presidencia es asegurar resultados que repercutan favorablemente en las vidas de los ciudadanos de Europa. 
Al igual que todas las Presidencias, nuestro objetivo es escribir otro capítulo en la historia de éxitos que es la Unión Europea. 
Esta tarea merece nuestra plena atención y cada uno de nosotros tenemos que desempeñar un papel en ella. 
El Parlamento es único entre las instituciones por tener un mandato directo de los ciudadanos. Es fundamental para una Unión efectiva que tiene éxito y que cumple. 
Ni que decir tiene que una buena relación entre el Consejo y el Parlamento es vital para el éxito de la Unión. 
Las elecciones de junio significan que el tiempo durante el que trabajaremos juntos será más corto de lo habitual. 
Por lo tanto, como Presidencia, tenemos el compromiso de trabajar intensamente con el Parlamento a todos los niveles de modo que nuestra interacción sea lo más constructiva y productiva posible. 
El Presidente Pat Cox –de cuyo liderazgo en el Parlamento estamos muy orgullosos en Irlanda– me ha asegurado que están ustedes dispuestos a desempeñar su papel íntegramente. 
Hay trabajo importante por hacer. 
Como europeos que trabajamos juntos, hemos de asegurarnos de que la Unión puede beneficiarse de la recuperación económica mundial. 
Tenemos que crear un entorno que fomente más y mejores puestos de trabajo para nuestros ciudadanos. 
Hemos de tomar las medidas necesarias para que nuestros ciudadanos puedan vivir y moverse con libertad y seguridad en toda la Unión Europea. 
Y tenemos que asegurar que la Unión puede desempeñar un papel positivo y constructivo en el mundo. 
La Presidencia irlandesa es la primera que ve la plena aplicación de las decisiones del Consejo Europeo de Sevilla encaminada a asegurar un enfoque más coherente y estratégico de nuestro trabajo. 
Por consiguiente, nuestro programa es coherente con ello y refleja las prioridades en el programa operativo anual para 2004, elaborado junto con la futura Presidencia neerlandesa. 
También es coherente con el programa estratégico plurianual para 2004-2006. 
La preparación de los programas anuales y plurianuales con los Países Bajos y con las próximas cuatro Presidencias han sido tanto una innovación como un ejemplo práctico de «Europeos – trabajando juntos». 
Estos son tiempos de cambio histórico para la Unión. 
Hemos de estar preparados para el futuro. 
Queremos una Unión más democrática, más responsable, más transparente y más efectiva. 
Tenemos que asegurar que la Unión está, y se considera que estará, lo más cerca posible de sus ciudadanos. 
Para ello, es fundamental una nueva Constitución. 
La Convención Europea ha llevado a cabo una labor destacada para presentar un proyecto de texto excelente. 
Rindo un caluroso homenaje a todos los que han participado en su labor. 
En particular, rindo homenaje a los representantes del Parlamento Europeo que han aportado a la Convención no solo una gran vitalidad, sino también una gran perspicacia. 
Entiendo muy bien la importancia que da el Parlamento a que el proyecto constitucional concluya pronto y satisfactoriamente. 
En mis contactos con muchos de ustedes aquí en el Parlamento desde que se celebró el Consejo Europeo de Bruselas, hemos dejado claro nuestro firme apoyo para obtener unos resultados rápidos y satisfactorios en la Conferencia Intergubernamental. 
Puede tener la seguridad de que he escuchado este mensaje y que comparto su punto de vista. 
Doy las gracias a la Presidencia italiana por la buena labor realizada durante su mandato, y quiero agradecerle el apoyo y ayuda que ha dado a nuestra Presidencia. 
Todos esperábamos que se pudiera llegar a un acuerdo el mes pasado y nos sentimos decepcionados cuando no fue así. 
Ahora corresponde a Irlanda continuar avanzando. 
Hemos retomado este desafío y vamos a hacer cuanto esté en nuestro poder para llevarlo a cabo. 
Estamos decididos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para estimular y facilitar el acuerdo a la mayor brevedad posible. 
Falta ver si esto será posible durante nuestra Presidencia. 
Conocemos cuáles son las cuestiones pendientes. 
Pero, en última instancia, si tenemos que llegar a los compromisos necesarios, lo que se necesita es suficiente voluntad política. 
Estoy convencido de que esto interesa profundamente a la Unión y sus ciudadanos, y a los Estados miembros individualmente: nuevos y antiguos, grandes y pequeños. 
Una nueva Constitución contribuiría a que la Unión respondiera a las demandas y expectativas de sus ciudadanos. 
Ayudaría a la Unión a desempeñar un papel más coherente y efectivo en un mundo más amplio. 
Por otro lado, un retraso excesivo perjudicaría y debilitaría nuestra posición. 
Llegar a un punto muerto no es una opción que cualquiera de nosotros pueda contemplar. 
Me he comprometido a mantener consultas intensivas y redactar un informe para el Consejo Europeo del mes de marzo. 
Este proceso de consultas se encuentra en el buen camino. 
Ya he hablado con muchos de mis colegas del Consejo Europeo. 
Todos ellos han confirmado su compromiso de ayudarnos a encontrar una forma de avanzar. 
Seguiré explorando con ellos la forma y el momento en que esto se puede lograr. 
Quiero poder redactar el informe más completo posible en marzo. 
Puedo asegurar al Parlamento que si mis consultas sugieren que existe una verdadera posibilidad de llegar a un acuerdo, actuaré inmediatamente para aprovechar la oportunidad. 
Les prometo nuevamente que la Presidencia irlandesa no escatimará esfuerzos en avanzar y facilitar el consenso durante nuestro mandato. 
Esta cuestión tendrá la máxima prioridad durante nuestra Presidencia. 
Las negociaciones sobre las futuras perspectivas financieras serán de importancia fundamental para la futura configuración y orientación de la Unión ampliada. 
También esperamos entablar conversaciones una vez que se haya presentado la Comunicación de la Comisión este mismo mes. 
Nuestro objetivo desde la Presidencia será buscar primeras reacciones de los Estados miembros y trabajaremos para conseguir el acuerdo en el Consejo Europeo de Primavera sobre el calendario y el proceso para las negociaciones. 
La Presidencia irlandesa ha empezado con una Unión de 15 Estados miembros y la terminará con una Unión de 25. 
Es un privilegio especial ocupar la Presidencia en un momento en que se hace historia. 
Esperamos con gran interés acoger a los nuevos miembros de la familia en una ceremonia oficial en Dublín el 1 de mayo. 
Nos proponemos que sea una real bienvenida en Irlanda. 
Se están organizando actos culturales comunitarios y habrá una real participación local e intercambio internacional. 
Creemos que la diversidad del patrimonio cultural europeo es algo que hay que compartir y celebrar. 
Queremos que la ampliación formal de la Unión Europea se haga sin problemas y lo más satisfactoriamente posible. 
Que la ampliación funcione reviste la máxima importancia para nosotros. 
La integración de los nuevos Estados miembros y asegurar que el Consejo siga funcionando efectivamente tendrá una gran prioridad. 
Vamos a proseguir con la agenda de la futura ampliación. Vamos a dar preferencia al trabajo en relación con Rumania y Bulgaria con el objetivo de concluir negociaciones este año. 
También acogemos con satisfacción los esfuerzos de Turquía por cumplir los criterios necesarios con vistas a una decisión por parte del Consejo Europeo el próximo mes de diciembre. 
Estoy convencido de que la adhesión de Chipre sigue proporcionando el contexto para una solución completa, que permitiría la adhesión de una isla unificada el 1 de mayo. 
Acogemos con satisfacción los indicios de progreso de los últimos días. 
Desde la Presidencia, apoyaremos plenamente el papel central del Secretario General de las Naciones Unidas en este proceso. 
Insto a todas las partes para que en el período que sigue demuestren de manera concluyente su compromiso de negociar un acuerdo sobre la base de sus propuestas. 
La Unión recién ampliada ha de trabajar para todos sus ciudadanos. 
Por ello, para la Presidencia irlandesa el crecimiento sostenible y la cohesión social se sitúan en el mismo centro de su programa de trabajo. 
Hace cuatro años, en Lisboa, llegamos a un acuerdo sobre la meta de convertir la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
La Agenda de Lisboa es el mejor mecanismo para conseguir esta meta en un contexto mundial exigente y competitivo. 
Es el medio con el que los Estados miembros y las instituciones europeas pueden trabajar juntos para desarrollar la economía europea, crear más empleo, asegurar la protección social e invertir en un futuro sostenible para todos nosotros. 
El año que viene estaremos a medio camino de la fecha objetivo de 2010 fijada en el Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000. 
Ya hemos conseguido mucho. 
Hemos visto realizar progresos en los ámbitos de investigación y desarrollo, en los servicios financieros, en la liberalización de los mercados energéticos, las telecomunicaciones, la protección del medio ambiente y la reforma legal. 
Actualmente, para los trabajadores y los estudiantes es mucho más fácil moverse en Europa, acceder a puestos de trabajo y a la educación; es más fácil establecer y dirigir una pequeña empresa; los consumidores ya gozan de llamadas telefónicas más baratas; se han llevado a cabo estudios relevantes sobre igualdad y protección social. 
Y el compromiso de Europa con el medio ambiente significa un mundo más limpio y seguro para nuestros hijos y nietos. 
A pesar de estos logros, cada vez está más claro que a menos que redoblemos el esfuerzo, no vamos a conseguir que Europa sea la economía más competitiva del mundo en 2010. 
Tenemos la intención de utilizar el Consejo Europeo de Primavera de este año para dar un renovado enfoque e ímpetu a la Agenda de Lisboa. 
En este contexto, esperamos con interés la publicación, la semana que viene, del informe de la Comisión sobre el Consejo Europeo de la Primavera. 
Se están dando signos positivos de progreso económico, tanto en Europa como a escala internacional. 
Es imperativo que le saquemos el máximo provecho. 
Tenemos que esforzarnos por aplicar en cada uno de los Estados miembros las reformas y cambios legislativos que ya han sido acordados, si hemos de cosechar todas las ventajas sociales y económicas. 
También vamos a seguir poniendo en marcha más reformas. 
El mantenimiento del no mejorará la situación económica, la competitividad ni los índices de empleo de Europa. 
Le he escrito, señor Presidente, así como a mis colegas del Consejo Europeo, exponiendo el enfoque que propongo y los elementos clave de la Agenda de Lisboa, sobre los que tengo la intención de centrarme en el Consejo Europeo de Primavera. 
Nuestro principal enfoque está claro: el crecimiento sostenible y el empleo de alta calidad son nuestras dos prioridades. 
Mi intención es que, durante el Consejo Europeo de Primavera, tengamos un verdadero debate sobre los desafíos sociales y económicos más apremiantes con los que se enfrenta Europa. 
La inversión en capital material y humano, que apoye índices de crecimiento más altos en toda la economía de la Unión Europea y, de la misma manera, seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica son solo algunos de estos desafíos. 
Un desafío fundamental al que se enfrenta Europa sigue siendo la competitividad. 
Mientras que el mercado interior ha sido uno de los logros más importantes de la Unión, consideramos que un mayor desarrollo del sector de los servicios es el motor clave del crecimiento y la creación de empleo. 
Sin embargo, quizás el mayor desafío al que se enfrenta Europa es la necesidad apremiante de crear más y mejor empleo. 
Acogemos con satisfacción el enfoque y los mensajes prácticos, específicos de cada país, en el informe del Grupo Europeo de Empleo presidido por el Sr. Wim Kok. 
Sobre la base de las directrices de empleo, vamos a trabajar con nuestros socios europeos, el Parlamento y la Comisión, para asegurar que se avanza realmente en este sentido. 
El diálogo social nos ayudará en gran medida a abordar estos retos. 
Durante nuestra Presidencia espero poder trabajar con los interlocutores sociales europeos, a través de la Cumbre Social Tripartita del mes de marzo y, en otros aspectos, impulsar su participación en la consecución de la meta general de Lisboa. 
Antes de dejar la Agenda de Lisboa, también quiero señalar que 2005 brindará una oportunidad única para una revisión en la mitad del proceso general. 
Mantener el rumbo para alcanzar la meta de Lisboa en el nuevo clima representa un desafío muy considerable. 
La Presidencia irlandesa contribuirá al proceso de evaluación coherente de la Agenda, en cooperación con nuestros socios, incluida la Presidencia entrante. 
Durante los últimos 50 años, en Europa hemos creado una zona de paz y prosperidad. 
También hemos creado un mercado único en el que nuestros ciudadanos comercian y realizan actividades comerciales sin barreras. 
Hemos de asegurarnos de que las libertades de las que disfrutamos no sean explotadas por elementos criminales para obtener ganancias ilícitas. 
Desde la Presidencia, Irlanda trabajará en pro de los más altos niveles de libertad y seguridad para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
En el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, nos centraremos en la creación de requisitos destacados con arreglo al Tratado de Ámsterdam y el más amplio programa Tampere, actualizado por los Consejos Europeos posteriores. 
Esto implicará una agenda amplia que incluye el asilo, la inmigración, la policía, la cooperación judicial en materia penal y la cooperación en materia de derecho civil. 
El Consejo Europeo de junio posiblemente iniciará una evaluación de los logros del programa de Tampere, con vistas a lanzar un mayor desarrollo de las políticas de justicia y asuntos de interior de la Unión. 
También nos centraremos en la cooperación práctica de la policía. 
Haremos hincapié en la lucha contra las drogas y el crimen organizado y en el combate contra la inmigración ilegal. 
La serie de cuestiones de política exterior de las que ahora se ocupa la Unión y la amplitud e intensidad de los contactos de la Unión con los socios de todo el planeta es realmente extensa. 
En todos los sentidos, la Unión Europea es un actor mundial. 
Durante nuestra Presidencia nos centraremos en una serie de ámbitos clave, y nos aseguraremos de que se cumplan los compromisos internacionales de la Unión. 
Nuestro compromiso es trabajar aún más estrechamente con las Naciones Unidas. 
En particular, queremos apoyar el esfuerzo de reforma del Secretario General de las Naciones Unidas y trabajaremos para dar forma a una contribución positiva y progresiva de la Unión Europea en el Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambio. 
Celebro la decisión del Parlamento de conceder el premio Sajarov al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La participación del Sr. Kofi Annan en la sesión plenaria del Parlamento Europeo durante este mes envía un mensaje claro: el multilaterismo efectivo es un valor que ocupa un lugar preponderante y que informa la política exterior de la Unión. 
En esta importante ocasión, el Consejo estará representado por el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen. 
También trabajaremos para que avance la cooperación de la UE con las Naciones Unidas en la gestión de crisis. 
La Unión Europea y las Naciones Unidas son socios naturales. 
Durante la Presidencia italiana, la Unión firmó una declaración con la ONU sobre cooperación en la gestión de crisis. 
El reto de nuestra Presidencia es poner en práctica esta declaración. 
La Política Europea de Seguridad y Defensa es el modo en que la Unión contribuye a la prevención de conflictos y la gestión de crisis. 
Desde la Presidencia también avanzaremos el trabajo sobre las capacidades de gestión de crisis de la Unión. 
Europa trabajará con la comunidad mundial para luchar contra la proliferación de armas de destrucción masiva y fomentará el desarme. 
Nuestra Presidencia será práctica e imaginativa en el fomento de los derechos humanos en todo el mundo. 
Durante nuestra Presidencia adoptaremos las directrices de la UE para apoyar a los defensores de los derechos humanos. 
También tenemos la intención de aplicar la Estrategia de la UE sobre niños en conflictos armados. 
El año pasado ha sido testigo de graves tensiones y desacuerdos sobre el Iraq, tanto entre uno y otro lado del Atlántico como dentro de Europa. 
El mundo es un lugar más seguro y mejor cuando la Unión Europea y los Estados Unidos trabajan juntos, haciendo fondo común de sus considerables recursos y energía para lograr alcanzar nuestras metas comunes basadas en nuestros valores comunes. 
Los Estados Unidos han destacado la importancia que otorgan a la colaboración con socios clave, incluida Europa. 
Seguiremos centrándonos en las relaciones de la UE con los Estados Unidos en lo que podamos y tengamos que conseguir juntos. 
Nuestro objetivo será consultar y cooperar con los Estados Unidos sobre el amplio abanico de cuestiones, tanto de índole política como económica, que se nos plantean a todos. 
En particular, tenemos la intención de trabajar estrechamente con los Estados Unidos en ámbitos como el Próximo Oriente, el Iraq, Afganistán y el multilateralismo efectivo, así como sobre la agenda económica y del comercio extensivo. 
No siempre vamos a estar de acuerdo, pero podemos y tenemos que centrarnos en aquellos ámbitos en que nuestra cooperación redunda en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos y la más amplia comunidad internacional. 
La Unión Europea valora sus relaciones con las Américas en su conjunto. 
Esto queda reflejado en que la Unión Europea celebrará cumbres con los Estados Unidos, Canadá, países latinoamericanos y del Caribe durante nuestra Presidencia. 
Estas reuniones brindarán oportunidades fundamentales para reforzar nuestras relaciones. 
En el Próximo Oriente continuaremos fomentando la aplicación de la hoja de ruta como base para el progreso hacia una solución justa y duradera de dos Estados. 
Nuestra participación en el Cuarteto se basará en este principio y trabajaremos estrechamente con nuestros socios en un esfuerzo por avanzar hacia el proceso de paz. 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, el Sr. Brian Cowen, en su calidad de Presidente del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, viaja a Próximo Oriente esta noche. 
La ampliación da un impulso renovado a la relación estratégica de la Unión con Rusia. 
Nuestra seguridad y bienestar están cada vez más entrelazados y necesitamos trabajar juntos de manera efectiva. 
La Cumbre UE-Rusia durante nuestra Presidencia representa una oportunidad de fijar un rumbo a nuestra futura relación. 
En el ámbito de la prevención de conflictos, queremos centrarnos, en particular, en el papel de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la prevención de conflictos. 
También queremos integrar la ayuda para la prevención de conflictos en nuestro compromiso y diálogo con el resto del mundo. 
Esto es especialmente importante en el caso de África. 
En el África subsahariana hay 290 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza. 
Se estima que 30 millones de personas están infectadas con el virus del HIV/sida. 
Más de doce situaciones de conflicto agravan todavía más esta crisis humanitaria. 
Tenemos que trabajar con nuestros socios africanos para hallar soluciones globales a estos problemas. 
Desde la Presidencia, nuestro enfoque absoluto será la de dar apoyo a iniciativas africanas para tratar de resolver los enormes desafíos a que se enfrenta el continente. 
Quisiera ver una mayor convergencia entre la política exterior y de desarrollo y esto formará parte de nuestro enfoque desde la Presidencia. 
La Unión desempeña un papel crítico en responder a los principales nuevos desafíos, como pueden ser la mitigación de la pobreza, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la degradación medioambiental. 
La Unión tiene que dar ejemplo en relación con el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la creación de un orden mundial más justo y estable. 
También necesitamos extender a nuestros vecinos próximos las condiciones de seguridad, estabilidad y prosperidad que disfrutamos en la Unión Europea. 
Tras la ampliación el 1 de mayo, habrán 385 millones de personas que vivirán en los países que lindan con las fronteras terrestres exteriores y marítimas de la Unión. 
A través de nuestra iniciativa europea vecindad mejoraremos las relaciones con estos países hacia el este y el sur sobre la base de los valores de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. 
La Unión ha llegado a un entendimiento compartido con los países de los Balcanes Occidentales de que su futuro reside en la Unión Europea. 
Desde la Presidencia nos comprometemos a la plena aplicación de la agenda acordada el pasado mes de junio en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales de Salónica. 
El ritmo en que ahora se avance depende de los Gobiernos elegidos democráticamente de la región. 
La Unión apoyará especialmente sus esfuerzos mientras continúan las reformas difíciles y de enorme alcance. 
También defendemos un enfoque multilateral en política comercial. 
Desde Cancún, la Unión Europea ha estado reflexionando sobre la forma de avanzar para lograr un relanzamiento con éxito de la Agenda de Desarrollo de Doha. 
Es vital que se llegue a una conclusión satisfactoria en la actual ronda de conversaciones sobre comercio para un crecimiento económico y un desarrollo a largo plazo en el mundo. 
La Presidencia trabajará en el Consejo y con la Comisión para obtener un avance equilibrado en las negociaciones. 
Las relaciones de la Unión con Asia son un elemento clave de nuestra agenda. 
Nuestro compromiso se sellará en todos los niveles de la región. 
Continuaremos el diálogo político con todos los países, incluida una reunión Asia-Europa a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores en abril. 
También esperamos celebrar una Cumbre UE-Japón durante nuestro mandato. 
Tal como ya he dicho, la Presidencia irlandesa espera con interés trabajar estrechamente con el Parlamento en los meses venideros. 
Es esencial que cooperemos efectivamente y que nos pongamos a trabajar sin demora. 
Hay una serie de importantes expedientes que requieren una cooperación estrecha si es que tienen que avanzar satisfactoriamente durante le tiempo del que disponemos. 
Las conversaciones sobre el Estatuto de los diputados tienen especial importancia. 
Rindo homenaje al Presidente Cox por su compromiso personal en concluir estas conversaciones. 
El voto del Parlamento en diciembre proporciona la base para que avancemos juntos para llegar a un acuerdo que nuestras instituciones han eludido durante demasiado tiempo. 
La Presidencia irlandesa espera concluir este asunto rápidamente y está haciendo cuanto está en sus manos para que el resultado sea positivo. 
A medida que avanzamos en el sigo XXI, no me cabe duda de que la Unión continuará desarrollándose y creciendo, ampliándose y profundizando. 
La Unión tiene que enfrentarse a nuevos desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades que nos aguardan. 
Continuarán existiendo debates saludables y perspectivas diferentes entre nosotros. 
Continuaremos trabajando para tener en cuenta esta diversidad enriquecedora. 
Hemos de hacer frente a estos desafíos y aprovechar estas oportunidades juntos, unidos por nuestro interés común en el éxito de la Unión. 
Los padres fundadores se inspiraron en el sueño de un futuro en el que los europeos nunca más volverían a luchar a muerte unos contra otros por cuestiones de recursos, territorios o creencias; un futuro en el que los europeos nunca más estarían divididos entre sí. 
Este año verá este sueño –una Europa entera y curada– acercarse más a la realidad. 
Los padres fundadores soñaban también con una Europa en la que una cooperación cada vez más estrecha aportara una mayor seguridad y prosperidad a sus ciudadanos. 
Comparezco ante ustedes como un firme partidario de este sueño. 
Provengo de un país cuyo ingreso en la Unión Europea –una Unión que hemos contribuido a configurar– nos ha permitido desarrollar en todo nuestro potencial y prosperar en él. 
Deseo profundamente lo mismo para los nuevos Estados miembros. 
Seis meses no es mucho tiempo. 
Pero les prometo una Presidencia irlandesa que no escatimará esfuerzos para conseguir tanto como sea posible en este tiempo. 
Espero con sumo interés cooperar estrechamente con nuestros socios y con las instituciones de la Unión, en especial con el Parlamento Europeo. 
Nuestra agenda es exigente y compleja. 
Hemos empezado a trabajar con ambición y humildad. 
Pido a todos que nos ayuden en esta tarea llena de desafíos durante los próximos seis meses. 
Sabemos que, como europeos, nuestra fuerza está en nuestra unidad. 
Conseguimos mucho más, y estamos en nuestro mejor momento, como «Europeos – trabajando juntos». 
Señor Presidente, Primer Ministro Ahern, Señorías, estoy convencido de que la mejor manera de abrir este debate es hacer una reflexión final sobre el futuro, dado que lo que ocurra en los próximos meses marcará el curso de la Unión durante muchos años. 
Me refiero a hechos institucionales clave como las elecciones parlamentarias a mitad de junio y la finalización del mandato de esta Comisión a finales de octubre. 
Además, las negociaciones sobre el establecimiento de las futuras perspectivas financieras de la Unión están a punto de empezar, y la Comisión empezará a presentar sus propuestas en breve. 
Finalmente, y ahora paso a las cuestiones que hoy vamos a discutir, esta Presidencia será testigo de la formalización de la ampliación y se tendrán que dar pasos adelante en el Tratado Constitucional y en nuestra estrategia de crecimiento. 
Así que, Señorías, el intercambio de buenos deseos de los últimos días es especialmente valioso y estoy seguro de que el Sr. Ahern y sus colaboradores usarán toda su determinación y sus habilidades para asegurar el éxito de esta Presidencia. 
Empezaré mi breve discurso hablando de la ampliación. 
Tras años de preparativos minuciosos, el 1 de mayo será un día de fiesta. 
Me alegro de que dichas celebraciones se centren en Dublín, porque los irlandeses son conocidos por su entusiasmo y cordialidad. 
Me satisface que esta celebración esté orientada sobre todo hacia los jóvenes, de quienes tenemos mucho que aprender, en especial en tiempos difíciles donde parece existir falta de entusiasmo por el futuro. 
La ampliación provocará cambios importantes en todas nuestras instituciones. 
A escala práctica, el trabajo continuará en torno a la organización interna de la Comisión, y les informaré de ello a su debido tiempo. 
Además, estoy intensificando las consultas con los Gobiernos de los nuevos Estados miembros con el fin de designar nuevos Comisarios. 
El trabajo se está desarrollando de forma muy rápida, de manera que puedo confirmar que a finales de febrero, tal y como solicitó el Parlamento, les comunicaré los nombres de los Comisarios, de modo que ustedes podrán proceder como es debido a las audiencias que han sido propuestas. 
El objetivo es, por supuesto, integrar a los nuevos miembros del Colegio a partir del 1 de mayo de 2004, una vez hayan sido aprobados por el Parlamento. 
Las celebraciones en Dublín serán un momento simbólico que abrirá nuevos horizontes. 
Esta etapa tan importante es como un paso de montaña: cuando lleguemos allí, un nuevo paisaje se extenderá de manera natural ante nosotros. 
Divisaremos las fronteras finales de la Unión, que se completarán cuando acoja a los países de los Balcanes Occidentales. 
Desde esa altura seremos capaces de ver a los nuevos vecinos de la Europa ampliada con quienes, como ha mencionado el Sr. Ahern, queremos crear un área de cooperación, estabilidad, seguridad y paz. 
Ya nos hemos embarcado en esta tarea con el círculo de países amigos, lo que aumenta la posibilidad de una cooperación con la Unión Europea de gran alcance y sistemática, desde el Mediterráneo hasta Rusia. 
Proponemos el modelo europeo como una forma de estructurar las relaciones entre países de fuera de Europa; todo el mundo está enormemente interesado en este modelo: en Asia, América Latina, en todo el mundo. 
En los últimos años, el mundo, que cada vez es menos seguro, ha pasado por un periodo de profundas incertidumbres. 
Así que estoy muy satisfecho por el llamamiento de la Presidencia irlandesa a promover un multilateralismo fuerte y efectivo, el respeto de los derechos humanos y la prevención de conflictos: estos principios son principios europeos. 
La Unión debe reforzar las relaciones con las Naciones Unidas e intentar encontrar más puntos en común con todos los protagonistas de la escena mundial, empezando por los Estados Unidos y Rusia, y de esta forma nos encontraremos en el buen camino. 
Debemos trabajar juntos con los Estados miembros para ayudar al Secretario General Kofi Annan, a quien recibiremos dentro de dos semanas, a seguir adelante con la reforma de las Naciones Unidas, una organización que deseamos que sea fuerte, eficaz y que esté allí donde la paz se encuentre amenazada, donde haya personas necesitadas de ayuda, donde haya derechos humanos que proteger. 
Señorías, las amenazas a la seguridad y a la paz mundial no provienen únicamente de los conflictos armados y de los grupos que están dispuestos a combatir con el fin de alcanzar sus objetivos. 
Aunque debemos mostrarnos decididos oponiéndonos a las organizaciones terroristas y neutralizándolas, las situaciones de conflicto deben resolverse en el plano político. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con las propuestas de la Presidencia irlandesa de concentrar las medidas de la Unión en la ayuda humanitaria, el respeto de los derechos humanos y en los factores políticos, económicos y sociales que alimentan la guerra y la violencia. 
A continuación me gustaría tratar brevemente la cuestión del Tratado Constitucional, que ha sido la más espinosa de la agenda de la Presidencia que acaba de concluir. 
En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el anuncio de la Presidencia de que el trabajo de la Conferencia Intergubernamental se va a reanudar. 
La aprobación de la Constitución es una prioridad absoluta para la Comisión: tanto la Presidencia irlandesa como la neerlandesa pueden contar con nuestro apoyo continuado. 
2004 debe ser el año de la Constitución Europea. 
La cumbre de diciembre demostró claramente que los escollos existentes no serían insalvables si los Estados miembros hiciesen un esfuerzo adicional para extender el consenso, que era inmenso, sobre las propuestas de la Convención. 
Si se diera esta evolución, y me consta que el Sr. Ahern es un maestro en paciencia y persuasión, entonces podría ser que un acuerdo no quedara lejos. 
El coste de la prolongación del proceso de integración es demasiado grande. 
Sin duda existen riesgos inherentes a cualquier situación y la Comisión insiste en que todos avancemos juntos hacia una forma de integración que sea más sólida y que disfrute de un acuerdo más amplio. 
Si los esfuerzos en este sentido fracasaran de forma repetida, y tengo la esperanza de que esto no ocurra, entonces está claro que no podríamos oponernos a mejores soluciones pero, repito, esto no es aplicable a la fase histórica en la que nos encontramos trabajando en estos momentos: en estos momentos estamos trabajando todos juntos para contar con una Constitución compartida por todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, me gustaría terminar mi discurso con las medidas europeas para el crecimiento económico, a las que usted se ha referido de forma muy clara. 
En este tema, su programa contiene muchas ideas y también es ambicioso; no podía ser de otra forma, puesto que esta Presidencia presidirá la cumbre de primavera, que es la reunión principal para establecer la estrategia económica. 
Tras varios años difíciles, parece que finalmente la economía está levantando cabeza: no de forma demasiado entusiasta, pero al menos han habido algunas mejoras. 
El clima se torna favorable al estímulo de la actividad económica. 
Este no es el lugar para repetir el análisis de los objetivos establecidos en el programa de la Presidencia –que garantizo que recibirá el pleno apoyo de la Comisión–, de forma que me limitaré a resumir brevemente las ideas de fondo de la estrategia en cuestión. 
El Consejo de primavera continuará en la dirección trazada en la estrategia de Lisboa, que es la única base que permitirá a Europa y a su economía mantener –no estoy diciendo incrementar, sino simplemente mantener– su prosperidad, seguridad y justicia social en un mundo globalizado. 
Por lo tanto, la Comisión presentará sus propuestas y el Consejo tomará las decisiones; ninguna decisión podrá dar fruto hasta que dichas decisiones se conviertan en políticas reales a escala nacional, así que necesitamos armonizar la cooperación de los Estados miembros. 
Las prioridades clave deben ser el conocimiento y la innovación, es decir, una prioridad única: los recursos humanos, y punto. 
Esta es la prioridad. 
La inversión en educación, en formación continua y en investigación no son problemas teóricos, sino objetivos que deben alcanzarse de una vez por todas porque la competencia internacional nos está adelantando, o ya lo ha hecho. 
Por lo tanto, debemos intensificar nuestros esfuerzos para convertirnos en una economía basada en el conocimiento. 
Señorías, si miramos más allá del aquí y ahora, está claro que nuestro crecimiento depende principalmente del desarrollo de los recursos humanos y del conocimiento. 
De nuevo me gustaría recalcar la necesidad de crear centros de investigación de prestigio en Europa y a escala mundial o, incluso mejor, que se conviertan en los mejores del mundo. 
Deben ser el símbolo tangible y fundamental de nuestra fe en el futuro, que, como ha dicho el Sr. Ahern, es algo que podemos modelar y convertir en realidad. 
Las estrategias nacionales solas no producirán una investigación de vanguardia; necesitamos una estrategia para el continente, necesitamos que la Unión entera una sus esfuerzos. 
Nuestro continente debe convertirse de nuevo en lo que fue hace siglos: el punto de referencia para investigadores de todo el mundo. 
Debemos implantar medidas que permitan a los jóvenes que ahora se están especializando volver a Europa cuando hayan completado sus estudios. 
Es inútil que les presente hechos y cifras: la cuestión es que cientos de miles de jóvenes se educan aquí y luego se marchan a otros lugares, o estudian en otros lugares y se van a otros lugares. 
Por lo tanto, nos encontramos fuera de ese círculo que es el cultivo de los recursos humanos en el mundo: o nos reenganchamos, o no cumpliremos plenamente la estrategia de Lisboa. 
Solo existe un camino posible hacia delante: investigación fundamental y difusión de la educación por toda la población activa europea. 
Nuestros jóvenes deben poder encontrar oportunidades para estudiar, trabajar y tener éxito en Europa: este es su derecho. 
No solo digo esto por el bien de la gente joven, sino también porque su éxito es la clave de nuestra propia supervivencia. 
En consecuencia, este debe ser el objetivo de nuestras políticas y nuestro esfuerzo para cumplir las expectativas de los ciudadanos de Europa. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, justo antes de Navidad los presidentes de los grupos parlamentarios tuvieron la oportunidad de dirigirse a la entonces entrante Presidencia irlandesa, con el Taoiseach, el Ministro de Asuntos Exteriores Brian Cowen y el Ministro para Europa, Dick Roche. 
Puedo decirles que la reunión fue profesional, eficiente y amistosa. 
Pienso que esto promete una Presidencia irlandesa fructífera y, por una agradable coincidencia, contamos con un Presidente irlandés del Parlamento Europeo. 
También quisiera mencionar a Gerard Collins, el copresidente de un Grupo importante de este Parlamento Europeo, a quien ya hemos conocido en su calidad de Ministro de Asuntos Exteriores. 
Por aquel entonces, la Presidencia irlandesa ya desempeñó su papel de forma excelente, y les deseo asimismo que el éxito esté de su parte en los próximos seis meses. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha mencionado la Constitución. 
Para mi Grupo, para la sección del Partido Popular Europeo de este Grupo, la Constitución es la prioridad número uno. 
No puede permitirse que el proyecto de Constitución fracase simplemente porque la Cumbre de Bruselas no tuvo éxito. 
Usted puede contar con nuestro pleno apoyo si logra resolver estos asuntos durante la Presidencia irlandesa. 
Ha llegado la hora de que todo el mundo comience a moverse. 
Puede que nosotros, en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, apoyemos el principio de la doble mayoría para la toma de decisiones en el Consejo de Ministros, pero no puede pretenderse ahora que se trate de un principio fundamental del que afirmamos que, si no se acepta, la totalidad del proyecto de Constitución fracasará, esto no es así. 
La Constitución es una cuestión tan importante que debemos movernos todos a una. 
Hay que encontrar un compromiso, y necesitamos que todos colaboren para lograr ese objetivo. 
Además existe la discusión sobre el «corazón de Europa» o la Europa a dos velocidades. 
Quisiera prevenirles ante cualquier discusión de ese tipo. 
Es errónea en sí misma. 
¿Cómo debería funcionar una Europa a dos velocidades? 
Se trata del enfoque equivocado, pero también se considera una amenaza en el sentido de que obliga a algunos Gobiernos a moverse en una dirección en particular. 
Dejemos de hablar de una Europa a dos velocidades, creemos esta Constitución y vayamos adelante todos juntos. 
Señor Presidente en ejercicio, las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar durante su Presidencia. 
El proyecto de Constitución de la Convención dice –aunque por supuesto todavía no ha entrado en vigor– que los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo se tendrán en cuenta cuando se designe el Presidente de la Comisión. 
No sé si su Presidencia presentará de hecho una propuesta para el cargo de Presidente de la Comisión a finales de junio, después de las elecciones. 
En ese caso, solo puedo alentarle y pedirle que respete los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Se trata de una cuestión de principio. 
Nuestro Grupo no está dispuesto a que se repitan los hechos de 1999, cuando unos ganaron las elecciones y los otros ocuparon los cargos de la Comisión. 
Esta vez deben tenerse en cuenta los resultados de las elecciones europeas. 
La Comisión en su conjunto debe estar equilibrada. 
Como Presidente de la Comisión –usted se ríe, y siempre me complace verle feliz–, ya le piden su opinión, incluso ahora, en el asunto de la designación de los diez Comisarios de los países en vías de adhesión. 
Por favor, garantice que habrá un equilibrio político entre los distintos partidos cuando nombre a los Comisarios. 
Señor Presidente en ejercicio, usted ha continuado hablando sobre la relación con los Estados Unidos de América. 
Permítame subrayar todo lo que usted ha dicho. 
No queremos ser los vasallos de los Estados Unidos, pero tampoco somos sus rivales. 
Queremos ser socios de los Estados Unidos, con los mismos derechos, hablar en pie de igualdad con nuestros amigos norteamericanos, y es que en muchas cuestiones compartimos los mismos objetivos. 
Cualquiera que crea que Europa debe definirse en contraste con los Estados Unidos no solo se ha equivocado al tratarlos como si fueran el enemigo, sino que también está dividiendo a Europa, porque entonces tendríamos distintos puntos de vista sobre la manera de estructurar nuestra relación con los Estados Unidos. 
En consecuencia, solo puedo aconsejar que nos consideremos socios e iguales de los Estados Unidos. 
Depende de nosotros establecer esa igualdad. 
Antes que seguir criticando continuamente el predominio norteamericano, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestras manos por asegurar que nosotros, como europeos, estamos unidos y, entonces, conseguiremos estar en igualdad de condiciones con los Estados Unidos. 
Esto no significa que no debamos criticar a nuestros amigos norteamericanos en absoluto. 
Por ejemplo, considero que la situación actual en la bahía de Guantánamo es inaceptable. 
Ninguna persona sobre la Tierra –ningún terrorista, nadie– debe vivir sin derechos. 
Toda persona de este mundo está sujeta a un sistema de derecho. 
Deberíamos decírselo así a nuestros amigos norteamericanos. 
Les ruego que lo incluyan en todos los documentos que intercambiemos con ellos. 
Lo mismo es válido para Chechenia. 
Siempre se nos dice: sí, sí, hemos hablado con el Presidente ruso sobre Chechenia. 
Nos gustaría verlo por escrito: una declaración de que también se tratará la cuestión de Chechenia, de que intervendremos para que se respeten los derechos humanos y de que tendremos la valentía de dirigirnos a los líderes mundiales, o a aquellos que se consideran tales, con respecto a estos temas. 
Así que mi petición es la siguiente: demos una oportunidad a los derechos humanos refiriéndonos a ellos de nuevo en los documentos y en los acuerdos. 
Esto se aplica tanto a Guantánamo como a Chechenia. 
Respetémonos mutuamente: los pequeños a los grandes, los grandes a los pequeños, la mayoría a las minorías. 
Europa solo puede funcionar si entendemos a los demás y si nos respetamos unos a otros. 
No tendría que existir ninguna dominación, y pienso que sería bueno pedir, con toda la modestia, que todo el mundo ponga un poquito de su parte. 
Esto es exactamente lo que necesitamos. 
Todo el mundo tiene que aportar su granito de arena para una Europa unida. 
Nuestro Grupo estará a su lado. 
Le deseamos mucho éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, Taoiseach, , que en mi mal gaélico, quiere decir "cien mil bienvenidas": son ustedes más generosos que los españoles que damos los buenos días en plural. 
Quiero saludar la llegada de la Presidencia irlandesa porque el destino y el calendario les han colocado a ustedes justo en las encrucijadas políticas importantes en la Unión Europea. 
Fueron ustedes los que iniciaron el proceso- yo era entonces Presidente del Parlamento Europeo- en Dublín, en marzo de 1990, que llevó a Maastricht, jugaron un papel decisivo como Presidencia en el Pacto de Estabilidad y ahora tienen una enorme responsabilidad. 
Además de participar en la Conferencia de Presidentes, en diciembre, la Mesa de mi Grupo la semana pasada visitó Dublín y tuvimos oportunidad de debatir ampliamente con el y con el Gobierno irlandés; quiero decir, en nombre de mi Grupo que nos encontramos, por fin, con un interlocutor fiable, con experiencia y seriedad. 
Y después de lo que hemos vivido- una Presidencia llena de extravagancias políticas y de fanfarronadas mediáticas- creo que es un paso adelante muy importante. 
Podemos confiar en usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Personalmente fui a pedirle que nos apoyara en la Convención- usted no es de mi familia política -, pero nos apoyó desde el principio en este desafío. 
Además de tener la experiencia, -desde ser negociador en el Acta Única y participante en las siguientes reformas de los Tratados -, usted sabe de qué habla y ha demostrado su seriedad. 
En relación con la Constitución quiero tomar nota, en primer lugar, de la actitud decidida de la Presidencia irlandesa, una actitud prudente pero firme -, decían los latinos, (hay que apresurarse con lentitud y con prudencia) -y espero que en el mes de marzo nos pueda hacer propuestas. 
No quiero entrar en polémicas, creo que la postura del Parlamento ha sido también una postura prudente, firme y seria y espero que con la Presidencia irlandesa consigamos desatascar un asunto tan importante. 
Porque tenemos una absoluta necesidad de una Constitución para consolidar la Unión ampliada y, además, para hacerla funcionar de manera democrática. 
He tomado buena nota, señor Presidente, de las manifestaciones que ha hecho el en relación con el Estatuto de los diputados que, a criterio de mi Grupo, es una cuestión de dignidad constitucional. 
El segundo desafío importante es el tema económico. 
El Presidente ha hablado de una cuestión que es muy importante y en la que Irlanda constituye un ejemplo para la Unión actual y para la ampliada, que es el desarrollo de la estrategia de Lisboa. 
Es decir, el conseguir, y así pensamos los socialistas, que haya pleno empleo, con igualdad de géneros- quiero saludar que ha sido el Gobierno irlandés el primero en nombrar a una embajadora en el Coreper, ya hemos conseguido entrar en el dominio más machista de la Unión, le doy la enhorabuena -, cohesión social y desarrollo tecnológico. 
Ustedes pueden dar también ejemplo en el terreno de la solidaridad, porque, ahora vamos a empezar a renegociar las perspectivas financieras, porque en definitiva, si nos vamos a casar hay que hablar también de la dote y de las capitulaciones matrimoniales, y ahí se va a ver la solidaridad. 
En este sentido, quiero decir, Presidente, que, claramente, apoyamos el que la Comisión haga propuestas que, por lo menos, mantengan el esfuerzo actual. 
No se pueden fijar muchos más objetivos poniendo menos medios y no es aceptable que uno o varios gobiernos nos digan que para hacer muchas más cosas tenemos que poner muchos menos medios. 
Hay que respetar el trabajo de la Comisión y su responsabilidad, espero que haga propuestas cuanto antes, y que la Presidencia irlandesa lo pueda interpretar. 
Hay que dar también un futuro al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En relación con la política internacional quiero subrayar dos elementos: uno es la insistencia del Presidente en ejercicio del Consejo en el valor de los derechos humanos a nivel mundial, la importancia de la visita de Kofi Annan, porque es una afirmación de la adhesión europea al multilateralismo. 
Creo que la Presidencia irlandesa también tiene capacidad y experiencia para llevar esto adelante. 
Por último, señor Presidente, una cuestión importante ya que estamos en campaña electoral y mi estimado colega el Sr. Poettering ha lanzado el tema. 
Creo que lo importante, desde el punto de vista del Parlamento Europeo y de la democracia en Europa, es que la Presidencia irlandesa aplique al pie de la letra el acuerdo Simitis-Cox, concretado en un intercambio epistolar, según el cual el candidato a la Presidencia de la Comisión lo tendrá que proponer el Consejo después de que se celebren las elecciones europeas. 
Hasta ese punto estamos todos de acuerdo y espero que la Presidencia irlandesa lo cumpla. 
En relación con las elecciones europeas, el tema está abierto, nadie las ha ganado y quiero pedir a mi distinguido colega, el presidente del grupo técnico de los conservadores europeos, que me explique qué tienen ustedes en común sobre Europa con los conservadores británicos. 
Aquí no hay mayorías. 
Las mayorías, en regímenes democráticos europeos, cuando no hay mayorías absolutas, se construyen a partir de acuerdos programáticos. 
Acepto que ustedes defiendan un programa conservador, nosotros defendemos un programa progresista, pero todo está abierto y vamos todos a ganar las elecciones, por lo menos nosotros también. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, a principios del siglo pasado, un escritor descontento de Dublín se marchó a vivir a Italia. 
Escribió una famosa novela en Trieste, ciudad que unos años después de su fallecimiento vino a señalar el extremo sur de una línea que dividió nuestro continente durante medio siglo. 
Este año, bajo la Presidencia irlandesa, esta línea se borrará por fin. 
La historia, tal como Stephen Daedelus nos recuerda en el de James Joyce, es una pesadilla de la que intentamos despertar. 
La Presidencia irlandesa hace bien en centrarse en la ampliación. 
Se trata de un momento histórico: el acto final de las revoluciones de 1989. 
Es lo suyo que un país que habla a favor del poder transformador de la Unión Europea supervise este proceso. 
Pero no debemos estar tentados de creer que podemos separar la ampliación del acuerdo sobre el instrumento designado para que este paso sea posible. 
La integración de los nuevos Estados miembros en el proceso de Lisboa y Schengen no pueden ocultar que, sin el marco adicional de un nuevo acuerdo constitucional, lo único que estamos haciendo es cambiar el aceite en una Unión que necesita un nuevo motor. 
Los Liberales de esta Asamblea acogen con satisfacción el firme compromiso del Taoiseach de impulsar la labor de la CIG. 
Los ánimos de diciembre se han calmado. 
El destino de Europa se encuentra en un par de manos mucho más seguras. 
Esta vez, los dirigentes europeos han de optar por el éxito. 
Mi Grupo también acoge con satisfacción la intención de la Presidencia de mantener el impulso de la ampliación mediante conversaciones de adhesión concluyentes con Rumania y Bulgaria y respondiendo a la petición de Croacia. 
Nosotros, también, vemos que este es el momento de lograr un acuerdo histórico con Chipre. 
La Presidencia también se centra acertadamente en la Agenda de Lisboa en lo que solo se puede llamar su hora de necesidad. 
La mayoría de los problemas estructurales identificados en Lisboa siguen representando obstáculos para la creación de riqueza. 
La voluntad política necesaria para emprender la reforma y dar credibilidad a la zona del euro todavía no se ha asumido claramente. 
Durante mucho tiempo el tigre celta ha sido sinónimo de ventajas de competitividad y disciplina económica. 
Ha llegado la hora de que ahora sea usted el que ruja en el Consejo. 
Acogemos con satisfacción los compromisos en torno a la Directiva marco sobre servicios, que ayer publicó la Comisión, y sobre el Plan de acción de servicios financieros. 
Celebramos el compromiso de trabajar con el Parlamento Europeo para asegurar que se adopten las propuestas sobre redes transeuropeas. 
Pero su modestia sobre lo que puede conseguir no debe obscurecer la necesidad de resucitar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una u otra forma durante esta Presidencia. 
La evaluación de la Presidencia sobre nuestra agenda en el exterior es también sensata. 
Apreciamos el enfoque sobre las cuestiones africanas, sobre el holocausto del sida, la pobreza y el hambre. 
Aceptamos la necesidad de trabajar de forma constructiva con Rusia, aunque esperamos que se pronuncien duras observaciones sobre Chechenia y la desaparición del pluralismo político en Rusia. 
Elogiamos los intentos de reconstruir los puentes con nuestras amistades trasatlánticas. 
Pero aquí la lealtad del Consejo con los valores europeos significa que la Bahía de Guantánamo ha de estar incluida en la agenda de la Cumbre UE-Estados Unidos. 
Es preciso que la UE actúe conjuntamente para exigir un trato justo para todos los detenidos en Camp Delta, incluidos los europeos que hasta el momento han sido retenidos durante dos años sin cargo alguno. 
Acojo con satisfacción, señor Presidente en ejercicio del Consejo, su compromiso de revisar la justicia y los asuntos de interior de la Unión. 
Espero que no pasará por alto el informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos en algunos de nuestros países miembros. 
Mi Grupo celebra el compromiso político de la Presidencia de avanzar en el Estatuto de los diputados. 
En estos momentos, es preciso que se lleve a cabo este compromiso de reforma tanto por el Parlamento como por el Consejo para que el Estatuto pueda entrar en vigor después de las elecciones. 
Señor Presidente en ejercicio, su programa de trabajo es encomiable. 
Si mi Grupo puede ofrecerle un lema para este, sería el de «restaurar la confianza». 
Haga una gran aportación sobre la Constitución y asegúrese de la ampliación y hará que Europa e Irlanda se sientan orgullosas. 
Lleve este espíritu hasta las elecciones europeas de junio, a una campaña paneuropea con conciencia continental en lugar de 25 campañas nacionales y la historia le recompensará ampliamente. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, cuando los observadores mencionan las dificultades a que se va a enfrentar la Presidencia irlandesa, insisten todos en el bloqueo del proceso constitucional. 
Temo que esto nos lleve a que el árbol no nos deje ver el bosque. 
En mi opinión, el desarrollo y el resultado de la Cumbre de Bruselas solo fueron en definitiva los síntomas de un mal más profundo: la ausencia de un proyecto común, en todo caso de un proyecto con el que los europeos pudieran identificarse. 
El desafío que hay que afrontar es, pues, más ambicioso, mucho más ambicioso que la búsqueda de un compromiso de poder con dos ovejas negras del Consejo Europeo. 
Es atreverse a ir más allá de lo que no se ha dicho, de las palabras tranquilizadoras, de la resaca comunitaria y atreverse a llamar al pan pan y a la crisis crisis. 
El espíritu crítico es un bien raro tanto en el Consejo como en la Comisión. 
Por ello, estoy convencido de que nuestros conciudadanos apreciarían el cambio significativo de decir la verdad y hablar de forma responsable sobre lo que no funciona en la Unión y que hay que cambiar. 
La actualidad nos ofrece numerosos ejemplos de tabúes que hay que eliminar. 
Me detendré en tres de ellos, que son especialmente importantes. 
En primer lugar, las crisis del euro y del Pacto de Estabilidad, porque los dos problemas van asociados. 
La creación de la moneda europea debía estimular el crecimiento, favorecer el empleo y reforzar a la Unión frente a sus principales competidores. 
¿Cómo están hoy las cosas? 
La economía anda floja, el desempleo es masivo y la zona euro sufre sin rechistar la política monetaria predadora de Washington. 
Esto tiene que cambiar. 
Las soluciones avanzadas a este respecto no parecen creíbles, o al menos ya no. 
Así, se nos anuncia que la estrategia de Lisboa va a registrar un nuevo impulso. 
¿Pero a dónde nos han conducido, en términos de crecimiento y empleo, todos los impulsos en la materia desde hace casi cuatro años? 
Se otorga asimismo gran importancia a las grandes obras. 
Nadie duda de que responden a necesidades muy reales. Pero al recurrir prioritariamente a capitales privados, se limita considerablemente su alcance. 
El sector privado, reconoce el Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , Sr. Philippe Maystadt, a quien cito, «se interesa siempre y cuando los proyectos sean suficientemente rentables» , y esto no es un secreto. 
Y precisa, lo cito de nuevo: «la expresión “iniciativa de crecimiento” puede prestarse a confusión. 
No se trata en absoluto de una medida para intentar provocar el relanzamiento a corto plazo». 
Y, en este contexto, se supone que el Pacto de Estabilidad debería continuar como si nada penalizando los gastos públicos, aunque se destinen, como desearíamos, por ejemplo, a renovar los hospitales o a desarrollar la investigación. 
El Comisario Solbes va a llevar ante el Tribunal de Justicia Europeo a los Estados que han cometido el crimen, y cito, de «sustituir un sistema basado en el respeto de las normas por un sistema basado en decisiones políticas». Como si esta crisis de la Unión no nos obligase precisamente a revisar las normas y a emprender discusiones políticas detalladas. 
Esto debe cambiar. 
Segundo ejemplo de crisis, y no de las menores: la de las perspectivas financieras, por tanto de la política de solidaridad en el momento de la ampliación. 
Es la Comisión la que, hace varios meses, disparó primero. 
Sobre la base del famoso informe Sapir, redactado a petición suya, asumió la responsabilidad de acreditar la idea inaceptable de una reducción de los Fondos Estructurales después de 2006. 
Más recientemente, la iniciativa vergonzosa de los seis países más ricos de la Unión remachó las cosas: la congelación del presupuesto en el 1% del producto interior bruto a partir de 2007, a pesar de que nos disponemos a acoger a diez nuevos países cuyas rentas por habitante son inferiores a la mitad de la media de los Quince. 
Ahora bien, como está fuera de su mente cuestionarse el principio del reembolso al Reino Unido, arrancado hace veinte años por la «dama de hierro» , la variable de ajuste serán los fondos de solidaridad. 
¿Hablaremos de esto el 1 de mayo, cuando celebremos la ampliación? 
Si queremos que este gran proyecto sea un éxito, también esto debe cambiar. 
Por último, hay una verdadera crisis en el ámbito de la acción exterior de la Unión. 
Un año después de la gran confrontación de opciones a escala planetaria sobre el tema del Iraq, hemos ganado mucha experiencia. 
Hoy sabemos que hubo una mentira de Estado a propósito de las armas de destrucción masiva. 
Hoy sabemos que una gran potencia puede ganar sola una guerra, pero que es impotente para ganar la paz. 
Y sabemos que la ocupación del Iraq alimenta de hecho el terrorismo, que se suponía debía vencer. 
Todo el mundo sabe todo esto ahora. Pero la Unión es incapaz de decirlo y de sacar consecuencias. 
Esto debe cambiar. 
En Oriente Próximo, desde donde se nos lanzan apremiantes llamamientos para que revitalicemos el papel del Europa, la construcción, piedra a piedra, del muro de anexión solo suscita tímidas declaraciones. 
¿Qué hacemos para proteger al pueblo palestino? 
¿Qué hacemos para apoyar los valientes esfuerzos de las personalidades israelíes y palestinas comprometidas en una acción sin precedentes para relanzar el diálogo y las negociaciones? 
¿Qué hacemos para acelerar la convocatoria de la Conferencia internacional prevista en la hoja de ruta? 
Pocas cosas en realidad. 
Esto debe cambiar. 
Todas estas expectativas que se manifiestan en todas las regiones del mundo con respecto a Europa constituyen a los ojos de mi Grupo una formidable oportunidad que debemos aprovechar. 
Pienso en América Latina, en plena efervescencia democrática, que resiste a las intenciones hegemónicas de la Casa Blanca y que busca auténticos socios que respeten su identidad y su soberanía. 
Pienso en los países más endeudados, que, ante el patente fracaso de las iniciativas de las instituciones financieras internacionales, están asfixiados sin que la comunidad mundial se alarme por ello. 
Pienso en nuestros socios decepcionados del proceso de Barcelona, cuyas quejas debemos escuchar para relanzar sobre nuevas bases las relaciones euromediterráneas y, más en general, euroárabes. 
Ojalá la Presidencia irlandesa, , emprenda una acción enérgica en estos distintos ámbitos que den vida a la imagen de una Europa más receptiva a las críticas que recibe y las esperanzas que alimenta. 
Esta es a mi juicio su tarea principal. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, Señorías, se nos plantea una cuestión muy simple: ¿es Europa como tal sostenible? 
Y cuando digo «nosotros» me refiero al Consejo, a la Comisión, al Parlamento. 
He escuchado aquí algunas afirmaciones sorprendentes. 
He oído decir que Europa es una historia de éxitos, ¡qué bien! , y que contamos con una oportunidad histórica, ¡qué bien! 
Luego, señor Presidente en ejercicio, usted ha manifestado cuán maravilloso es que la Convención haya realizado un trabajo tan excelente. 
A lo que yo respondo: siga así, si todo va tan bien. 
No hay que preocuparse por los 82 puntos por resolver de la Presidencia italiana, son un espejismo, ¡olvidémonos de ellos! 
A continuación usted dice: olvidémonos de las «líneas rojas» del Sr. Blair. 
La Convención ha realizado un trabajo excelente, así que sigamos así. 
Y entonces llega el Sr. Poettering y dice que debemos comprometernos. 
Por supuesto tendremos que contraer compromisos, pero ¿basados en qué? 
¿Basados en el interés propio, lo que convertiría a Europa en algo insostenible? 
El principio de la doble mayoría no es una criatura mítica. 
Debemos decidir de una vez por todas si Europa será capaz de tomar decisiones en el futuro. 
Si cada uno de los Estados tiene poder para bloquear las decisiones, tomarlas ya no será viable. 
Si quieren recibir el aplauso de los españoles, quizás podrían explicarme cómo Europa puede tener un proceso eficaz de toma de decisiones si usa enfoques como los sugeridos por el Sr. Aznar. 
Su propuesta no permitirá una toma de decisiones eficaz. 
Esto debe reconocerse ahora, de lo contrario tiene poco sentido continuar. 
Las discusiones en la Cámara no han terminado ahí. 
Señor Presidente en ejercicio, usted ha hablado de Lisboa, de estar preparado para el futuro, de la cohesión social, excelente. 
A continuación leemos una carta de un tal Sr. Schröder, un tal Sr. Blair, un tal Sr. Chirac, y de alguien más, un Primer Ministro neerlandés, que afirman que Europa se amplía, pero con menos dinero. 
¡Se trata de la economía más creativa que nunca he visto! 
Cuanto más grandes, menos gastos: ¿qué lógica es esa? 
Sí, eso también se lo digo al Sr. Fischer. 
Señor Poettering, quizás usted podría preguntar a sus propios Ministros, al Sr. Schäuble y al Sr. Lamers, ¿a quién se le ocurrió la idea de la Europa de las dos velocidades? 
No fue idea de un estúpido socialdemócrata o comunista: fue su mismísimo Sr. Schäuble, potencialmente el próximo Presidente de la República Federal de Alemania, y lo hizo con el fin de mantener a España y a Italia fuera del euro. 
Esa es la verdadera historia de la Europa de las dos velocidades. 
Y su mismo Helmut Kohl también hizo de las suyas con el documento Schäuble/Lamers. 
Parece que usted reescribe la historia según le conviene. 
Y ya que tengo la palabra, permítame añadir lo siguiente: señor Poettering, usted se ha alzado aquí y ha dicho «no lo permitiremos». 
Usted tendrá que aceptar lo que la mayoría de este Parlamento vote. O bien 
usted tendrá la mayoría, o bien la tendremos nosotros, y el Presidente de la Comisión será designado según ese resultado. 
Puede que usted pertenezca al mayor Grupo, pero están lejos de representar a la mayoría. 
El Sr. Barón Crespo tiene razón: siga adelante y forme una mayoría con los Conservadores británicos, será interesante ver entonces qué tipo de Presidente nombran para la Comisión. 
Eso es algo que me gustaría ver. 
Hay algo más que quiero decir, permítame añadir algo más. 
Usted se levanta aquí y habla de lo que hace y de lo que no quiere. 
Díganoslo de una vez por todas y dígaselo a la Presidencia. 
Si queremos una Europa basada en los derechos humanos y en el Estado de derecho, entonces solo existe un camino ante nosotros, a saber, ser honestos. 
Estamos de acuerdo en que debemos decirle al Sr. Putin la verdad sobre Chechenia, y eso es lo que la Presidencia debería estar haciendo. 
Debemos decírselo a la cara a China: eso es lo que debería hacer el Sr. Schröder. 
No solo es una locura levantar el embargo de armas, por lo que hace referencia a los derechos humanos en China, a su política hacia Taiwan, o hacia el Tíbet, 
sino que también es criminal. 
Se lo tenemos que decir. 
También debemos hablar claramente con Irán. 
Por otra parte está Hanau: debemos ser claros con China acerca del absurdo de Hanau. 
Es una locura operar como traficante de armas y favorecer el aumento del número de instalaciones de tratamiento de uranio. 
La lista continúa: también debemos ser honestos con Irán. 
Dar dinero para la destrucción, tal y como se está haciendo en Irán en estos momentos, es un desastre político para la democracia. 
Tenemos que decírselo a Irán. 
Así que, si realmente apoyamos el Estado de derecho y la democracia, sigamos simplemente el ejemplo de Brasil. 
En Brasil han decidido que, si sus ciudadanos van a ser fotografiados y se les van a tomar las huellas dactilares cuando viajan a los Estados Unidos, entonces todos los ciudadanos de ese país que quieran entrar en Brasil tendrán que hacer lo mismo. 
Eso significa que si los norteamericanos vienen a Europa, 
también deberán tomárseles las huellas y dejarse fotografiar. 
Solo entonces seríamos socios dignos de respeto. 
Para terminar, me gustaría mencionar el tema del Pacto de Estabilidad y de la Comisión. 
Presidente Prodi, su declaración de que el Pacto de Estabilidad no tenía sentido fue heroica. 
Su decisión de emprender la acción judicial contra el Consejo fue una locura porque usted ha sido incapaz de reformar el Pacto de Estabilidad, a pesar de que no está funcionando. 
Es igual de estúpido defender una norma que no funciona que defender una norma estúpida. 
Todos debemos reconocerlo. 
Gracias. 
– Señor Presidente, es un gran placer para mí y mis colegas irlandeses del Grupo Unión por la Europa de las Naciones dar la bienvenida en esta Asamblea al Taoiseach, el Sr. Ahern, el líder de nuestro partido político, como Presidente en ejercicio del Consejo. 
Europa es muy afortunada, en este preciso momento, de que la Presidencia la ostente un Primer Ministro que es uno de los jefes de Gobierno con más años de mandato que en ningún otro de nuestros Estados miembros. 
De hecho, el Presidente en ejercicio y yo mismo somos cofirmantes del Tratado de Maastricht. 
Respecto a la CIG, el fracaso en alcanzar un acuerdo en la Cumbre de Bruselas del mes de diciembre es, sin lugar a dudas, un grave revés para la Unión Europea, pero no es ninguna crisis. 
La Unión seguirá funcionando sobre la base de los Tratados y el proceso de ampliación existentes, con la adhesión de diez nuevos países el 1 de mayo de 2004. 
Sin embargo, volver a convocar una cumbre a toda prisa y un segundo fracaso en alcanzar un acuerdo sobre un tratado constitucional sumiría rápidamente a la Unión Europea en una crisis. 
Tras el fracaso de la cumbre, la necesidad inmediata era la de un período de reflexión en calma por parte de los Gobiernos de los Estados miembros y de las instituciones de la UE. 
Me alegra que la Presidencia irlandesa se haya embarcado ya en un programa intensivo de consultas con los Gobiernos de los Estados miembros durante la primera semana de trabajo de su Presidencia. 
También me place observar que el Gobierno irlandés sea sumamente diligente en aclarar los resultados de las reuniones bilaterales que se celebraron a finales de la última Presidencia. 
Es importante –de hecho, es fundamental– determinar la posición exacta en la que nos encontramos lo más rápidamente posible. 
Ya es hora de que todos los que participan en la toma de decisiones de la UE demuestren la disciplina y paciencia necesarias para impedir que se produzcan más fracasos y esperen el informe de la Presidencia para la Cumbre de Primavera. 
Es preciso que evitemos todos echar leña al debate planteando cuestiones que podrían ser interpretadas como amenazas en muchas capitales nacionales. 
No es de gran ayuda en estos momentos que algunos Estados miembros amenacen con reducir el volumen del presupuesto de la Unión Europea. Ni tampoco ayuda que algunos Estados miembros sugieran una Europa de dos velocidades. 
La Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, tiene que esforzarse en lo posible por asegurar que la idea de una Europa de dos velocidades no gane impulso. 
Si algunos Estados miembros quieren avanzar a un ritmo más rápido en algunas cuestiones específicas, ya existe un mecanismo de cooperación reforzada para que así lo hagan. 
Algunos Estados miembros, aunque no todos, ya están implicados en la zona del euro y el Acuerdo de Schengen. 
Estos métodos podrían aplicarse a otros sectores o cuestiones, en caso necesario. 
Sin embargo, la sugerencia de que un grupo pequeño de Estados miembros puedan seguir adelante, con la creación de una Europa de dos velocidades, es enormemente diferente en cuanto al alcance. 
Se trata de una propuesta extremadamente destructiva, que podría poner en peligro la efectividad e incluso la propia existencia de la Unión Europea. 
El debate sobre la CIG y la reforma de tratados tienen que caracterizarse por la cautela y la reflexión madura. 
Es mucho más importante obtener un buen resultado que un resultado temprano. 
La Cumbre de Primavera también se centrará en la Agenda de Lisboa y acojo con satisfacción la propuesta de la Presidencia de dar un impulso renovado a las metas de reforma acordadas en Lisboa. 
Es del interés de todos que se cumpla el objetivo de que Europa sea la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo en 2010. 
Se han realizado algunos progresos y todavía tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar los objetivos acordados. 
Tenemos que centrarnos en políticas que mejoren la competitividad y productividad europeas, y al mismo tiempo realizar más inversiones en investigación y desarrollo de nuevo producto. 
Este es un ámbito en que la Unión Europea puede tener un efecto práctico en las vidas de los ciudadanos mejorando su calidad de vida e incrementando las oportunidades del entorno. 
Es lamentable que algunos Estados miembros defiendan ahora la reducción del volumen del presupuesto de la UE. 
En un momento en que se está ampliando la Unión Europea para incluir a diez nuevos países y cuando estos países están realizando enormes esfuerzos para fomentar el crecimiento económico, nuestra obligación es al menos dar acceso a recursos a estos países, a los que han podido acceder los quince existentes en el pasado. 
Redunda en interés de todos nosotros estimular a estos países para que alcancen su máximo potencial lo más pronto posible. 
En breve, la Comisión presentará propuestas sobre las próximas perspectivas financieras. 
La Comisión deberá asegurarse de que los recursos en los futuros presupuestos de la UE son suficientes para dar continuación a los programas existentes de la UE en una Unión ampliada de 25. 
Una cuestión relacionada con ello se refiere a las competencias presupuestarias del Parlamento, en que se han presentado diferentes sugerencias para aumentar y reducir el papel del Parlamento en este ámbito. 
Apoyo la opinión del Parlamento de insistir en mantener las capacidades vigentes sobre el presupuesto. 
En cuanto a las relaciones exteriores, tal como en las anteriores Presidencias, el Próximo Oriente será de nuevo una cuestión prioritaria. 
Me alegra observar que esta semana el Ministro Cowen, en su calidad de Presidente en ejercicio, está realizando una visita oficial en el Próximo Oriente, donde, confío, hará cuanto esté en sus manos para avanzar en el proceso de paz en esta región. 
La Presidencia irlandesa tiene que concentrar sus esfuerzos en la aplicación de la hoja de ruta y asegurar que sus socios en el Cuarteto se comprometen con esta meta. 
Únicamente la hoja de ruta proporciona la base sobre la que se puede avanzar hacia una solución de dos Estados justa y duradera. 
La prioridad que la Presidencia da a las relaciones con los Estados Unidos ha de acogerse con satisfacción. 
Los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial y es un país con el que Europa tiene fuertes vínculos culturales e históricos. 
Últimamente hemos tenido diferencias políticas, pero ahora ha llegado el momento de dejar atrás estos problemas. 
De hecho, soy de la opinión de que la relación trasatlántica todavía no se ha adaptado plenamente a la nueva serie de circunstancias que existen tras la caída de cortina de hierro, la eliminación efectiva de una amenaza de seguridad del Este para Europa y la emergencia de los Estados Unidos como única superpotencia del mundo. 
Irlanda está especialmente bien situada para mejorar las relaciones con nuestros amigos estadounidenses y espero que la Presidencia irlandesa reforzará y profundizará más las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
– Señor Presidente, antes de Navidad, los presidentes de grupo fueron a Dublín a negociar con la Presidencia irlandesa. 
Pasamos algunas horas muy útiles con Bertie y con Dick, a quienes pudimos dar así la bienvenida. 
En esta Cámara les daré la bienvenida al Sr. Ahern y al Sr. Roche de una forma más oficial. 
Estoy convencido de que siendo un país pequeño, Irlanda protagonizará una Presidencia excepcional. 
Yo mismo provengo de un país pequeño donde tuteamos al Primer Ministro y a sus rivales más cercanos por el puesto. 
Mis amigos de Dublín a veces se encuentran a Bertie Ahern en el pub local. 
Esta cercanía al electorado es algo sobre lo que pediría a la Presidencia irlandesa que llamara la atención en el próximo Consejo Europeo. 
¿Cómo podemos hacer que la gente se sitúe en el centro de los debates relacionados con el Tratado? 
¿Cómo hacer que los votantes decidan también en la UE? 
No nos involucremos en la lucha actual en torno al peso de los votos en el Consejo de Ministros. 
No rompamos el acuerdo celebrado con Polonia. 
Fijémonos en la declaración minoritaria de la Convención que, de hecho, contiene la clave del futuro. 
Como norma principal proponemos que las decisiones se aprueben por una mayoría del 75% de los países en el Consejo de Ministros, siendo todos los países iguales y teniendo un voto cada uno. 
El 75% también debe representar a la mitad de los votantes. 
Esto queda fuera de consideraciones particulares para los países más poblados, pero también proponemos que se tengan en cuenta de forma especial todos los electorados: todos los países de la UE, tanto grandes como pequeños, deberían tener derecho de veto en las cuestiones realmente vitales. 
Aceptamos que las decisiones por mayoría son el punto de partida. 
Debería ser posible usar el derecho a veto si así se decide en una reunión pública en el Parlamento nacional, y si el Primer Ministro está dispuesto a defender su uso en la siguiente cumbre de la UE. 
Se trata de un compromiso sostenible que combina el principio democrático de que los votantes siempre tienen la última palabra con una toma de decisiones internacional eficaz. 
Sin el derecho a veto sobre temas vitales, no se alcanzará eficacia alguna. 
Allí donde los Estados miembros no administran las decisiones comunes solo existen batallas y confusión permanentes. 
Echen sin embargo un vistazo a las estadísticas sobre la implementación de la legislación de la UE. 
Esta es la realidad. 
La democracia parlamentaria no debe ser ignorada. 
Sin embargo, sin decisiones por mayoría, el resultado es también una discusión permanente sobre asuntos prácticos en relación a los cuales todos los países tienen un interés común en contar con la posibilidad de elegir, por regla general, su propia vía de solución. 
Debemos tomar con la misma seriedad ambas consideraciones. 
El proyecto de la Convención ha olvidado satisfacer la democracia parlamentaria en nuestros Estados miembros y, por lo tanto, será prácticamente imposible ponernos de acuerdo sobre este tipo de democracia en forma de referendos justos, facilitando toda la información. 
No obstante, permitan que al menos se haga una prueba. 
En lugar de organizar un segundo referendo en Irlanda si el electorado vota que no, deberían involucrar a los demás países en la demanda de que el proyecto de Constitución se vote en referendos en todos los países, preferiblemente el mismo día en toda la UE. 
Estimada Presidencia irlandesa, estamos deseosos de cooperar con ustedes y les ofrecemos nuestra más afectuosa, crítica, constructiva y democrática oposición. 
Señor Presidente, al Presidente en ejercicio del Consejo le puede parecer extraño que yo dé hoy la bienvenida a la Presidencia de la República de Irlanda, pero sé que entenderá mis intenciones porque en los próximos seis meses estará tan ocupado que no tendremos que soportar su presencia en reuniones en Irlanda del Norte. 
Nosotros podremos seguir avanzando en nuestros asuntos, tal como ha decidido de modo tan apabullante el electorado, y él puede dedicarse a los suyos. 
Le deseamos viento favorable con respecto tan solo a esta cuestión. 
En Irlanda del Norte tenemos problemas. 
El nuevo Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho que no admitiría tener miembros del IRA/Sinn Fein en el Gobierno de Dublín, pero insiste en que nosotros los admitamos si queremos contar con un Gobierno en Irlanda del Norte en el marco del Reino Unido. 
Espero que en los próximos seis meses aprenda a ser coherente y deje de decirnos que aceptemos algo que él mismo no toleraría. 
Entiendo muy bien su forzado optimismo en el día de hoy con respecto a la nueva propuesta constitucional, pero estoy de acuerdo con el último orador en que la Unión debería decidir sobre esto democráticamente, celebrando en toda la Unión referendos para decidir sobre esta cuestión de manera que los ciudadanos puedan expresar su opinión. 
Esto sería un paso hacia la estabilidad y el progreso. 
Desde un punto de vista realista, no creo que pueda haber un gran salto adelante durante esta Presidencia. 
Hay muchas cosas que atender. 
El Presidente en ejercicio ha hecho algunos comentarios sobre los derechos humanos, que para mí son una parte muy importante de nuestra agenda. 
En este terreno, la cuestión de los sacerdotes pedófilos y sus víctimas, que afecta al conjunto de la Unión Europea, tiene consecuencias muy serias para todos nosotros. 
Confío en que esta cuestión, de la que el Presidente en ejercicio sabe algo ya que afecta al país del que es Primer Ministro, sea debidamente abordada. 
No debe haber escamoteos y el problema debe afrontarse sin rodeos en este Parlamento y la Unión Europea. 
Hay también otras cuestiones que tratar, como la agricultura y la pesca. 
Las personas a quienes represento en esta Cámara estaban muy decepcionadas y enfadadas con la actitud que ha mostrado el Gobierno encabezado por el Presidente en ejercicio hacia el sector pesquero. 
En los próximos días tendrá ocasión de apreciar el efecto de su decepción y su enfado. 
En cuanto a la agricultura, sabemos que es un sector que necesita toda la ayuda posible en las dos partes de Irlanda. 
Es inútil ayudar a Polonia a ocupar una posición de poder cuando esto podría ser desastroso para los intereses agrícolas de otras partes de la Unión. 
Estas son cuestiones que el Presidente en ejercicio del Consejo y esta Cámara deben examinar con detenimiento. 
– Señor Presidente, esta última aportación es un triste recordatorio de que la doctrina de la intolerancia sigue existiendo en determinadas partes de la Unión. 
Todavía tenemos que trabajar mucho en este ámbito. 
Taoiseach, Ministro Roche, Embajador Anderson, me uno a mis colegas para darles la bienvenida en esta Asamblea esta mañana, en particular en nombre de mis colegas irlandeses del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Nuestra presencia aquí, así como la suya, señor Presidente, en la Presidencia de esta augusta Asamblea, emite una intensa señal a todos los Estados miembros de pequeño tamaño de que los sistemas y los procesos en Europa permiten que la más pequeña de las naciones llegue a la cima cuando se dan las circunstancias apropiadas. 
Estoy sumamente orgulloso de su presencia en la Presidencia y de la presencia del Taoiseach aquí en su calidad de Presidente del Consejo de la Unión Europea durante los próximos seis meses. 
Le agradezco el honor que hace a nuestro país en este sentido. 
Taoiseach, hay quienes argumentan que la única cuestión verdaderamente importante que debe abordarse durante la sexta Presidencia irlandesa de la Unión Europea es la de la culminación de la CIG, la cuestión de la Constitución. 
Durante las últimas semanas ha estado usted minimizando sus oportunidades de conseguir algo al respecto, por supuesto en el escenario nacional. 
Sin embargo, tras escucharle a usted aquí esta mañana, creo que solo se trataba de una mera estratagema política, puede que para desalentar las expectativas y por lo que ha dicho –espero que esté en lo cierto en mi interpretación–, esto es justamente una de las prioridades de su agenda y cuenta usted con todo nuestro apoyo en este sentido. 
De nuevo vemos sacar a relucir la Estrategia de Lisboa: el mantra de Lisboa. 
Para ser franco, en esta etapa muchas empresas piensan que a Lisboa se le acaba el tiempo, si es que no se ha agotado ya. 
Necesitamos acciones concretas, no solo repeticiones de listas de deseos y palabras. 
¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer con respecto a Lisboa? 
¿Qué es lo que vamos a hacer respecto a la desregulación para que las empresas florezcan, para permitir la innovación? 
Hechos, por favor, Toiseach, detalles, por favor, no más listas de deseos, ya que esta es la octava vez que me he sentado aquí escuchando esto al comienzo de una Presidencia y me resulta muy difícil al final de cada una de ellas intentar ver qué es lo que realmente se ha hecho respecto a la Estrategia de Lisboa. 
Ruego que nos diga hoy antes de que se marche exactamente qué es lo que tiene la intención de hacer para que los objetivos de Lisboa sean una realidad durante su seguimiento. 
En particular, merece la pena observar que el crecimiento de la economía estadounidense, que ha obtenido mejores resultados que la economía europea desde Lisboa –la brecha ha crecido, no ha disminuido– está impulsada por una investigación y desarrollo superiores. 
De hecho, la brecha de riqueza es más grande cada día. 
Es hora de actuar. 
La Presidencia irlandesa ha de centrarse en un marco sólido para la investigación e innovación europeas. 
Le pido que examine en especial el séptimo programa marco de la UE y cumpla lo mejor que pueda. 
Quisiera hacer mención del período histórico de la ampliación que tendrá lugar bajo su supervisión y dar la bienvenida en la Comunidad a nuestros diez nuevos Estados miembros con sus considerables aptitudes en investigación e iniciativa científica, que deben aprovecharse y desarrollarse en su plena capacidad. 
Tenemos que hacer hincapié en el crecimiento económico general, pero nuestra prioridad debe ser fomentar el empleo y más y mejores puestos de trabajo en nuestra Unión Europea. 
En beneficio de la equidad, la productividad y la estabilidad social, tenemos que abordar la grave cuestión del envejecimiento de la población europea y, por lo tanto, tenemos que crear las condiciones óptimas para los puestos de trabajo. 
Dos tercios de la mano de obra europea trabajan actualmente en empresas con una plantilla inferior a 250 empleados. 
Como tales, estas PYME son la fuerza motriz de la creación de puestos de trabajo en Europa. 
Tenemos que centrarnos en la simplificación y estabilización de un marco regulador del entorno de apoyo que fomente el espíritu empresarial y reduzca la burocracia y el papeleo. 
Si es usted sincero con lo que dice al abogar para el resto de Europa por una economía basada en el conocimiento, quizás podría empezar asegurando que nuestras universidades irlandesas y las instituciones de tercer nivel están debidamente financiadas para permitir el acceso al mayor número posible de jóvenes. 
Quiero pedirle que ponga la ratificación del Protocolo de Kioto, que es fundamental para el progreso y para nuestro futuro, al principio de los temas de la agenda de la cumbre de la UE-Rusia. 
Por último, dada la afirmación bien conocida de los miembros de su Gobierno de que Irlanda está más cerca de Boston que de Berlín –una afirmación de la cual me desvinculo–, ¿podría usted por lo menos hacer que esto sea beneficioso para sus planes de restablecer vínculos trasatlánticos estrechos dado el distanciamiento que ha tenido lugar tras la invasión del Iraq? 
De nuevo, Taoiseach, le doy la bienvenida aquí esta mañana y le deseo sinceramente lo mejor para un mandato lleno de éxitos al mando de Europa. 
No me gusta molestar a sus Señorías interrumpiéndoles, pero tengo que pedir su ayuda. 
Todavía hay 40 oradores que tienen que intervenir en este debate y la votación está prevista para el mediodía. 
No terminaremos a tiempo si no se respetan los tiempos de intervención. 
– Señor Presidente, quiero dar la bienvenida al Taoiseach, al Ministro Roche y al embajador Sr. Anderson esta mañana. 
Acojo con satisfacción la trascendental intervención que ha hecho aquí el Taoiseach, que abarca muchas cuestiones fundamentales que preocupan a esta Asamblea. 
Les deseo que les vaya bien a usted y al Gobierno irlandés con la agenda tan ardua que le corresponde llevar adelante. 
No me cabe ninguna duda de que cumplirá sus responsabilidades con eficiencia. 
La cuestión más importante, tal como usted, Taoiseach, y cada uno de los demás ponentes han puesto de relieve, es el proyecto de Constitución. 
Todos queremos que la CIG pueda concluir en diciembre. 
Que no tenga repercusiones negativas para los que bloquearon la conclusión, y no solo incluyo a Polonia y a España en esta crítica. 
El objetivo principal es asegurar que haya dinamismo en esta cuestión. 
Europa necesita esta Constitución, lo que redundará en una Unión más democrática, más comprometida socialmente y más comprensible para sus ciudadanos y que nos permitirá desempeñar un papel más importante en el escenario mundial. 
Pero tenga cuidado, el Parlamento no aceptará ningún resultado obsoleto. 
La Constitución elaborada por la Convención ha de mantenerse prácticamente intacta. 
Los valores, objetivos y derechos de los ciudadanos no deben atenuarse. Ni tampoco las competencias presupuestarias de este Parlamento deben diluirse de ningún modo. 
Otra cuestión clave es el proceso de Lisboa. 
Europa tiene que avanzar con progreso social de la mano del progreso económico. 
No hay tiempo de entrar en detalles sobre esta cuestión, pero será un ejemplo de un compromiso serio por parte del Gobierno irlandés si dejara de oponerse a la Directiva sobre los trabajadores de empresas de trabajo temporal, que ayudará a desarrollar una mano de obra más flexible y adaptable si abordamos esta cuestión de la manera correcta. 
Afecta a millones de trabajadores en toda la Unión Europea. 
Por último, le ruego encarecidamente que incluya la cuestión de la condonación de la deuda para los países en vías de desarrollo. 
Atender el servicio de la deuda cuesta a los países más pobres más de lo que reciben en ayuda para el desarrollo. 
Un enfoque de desarrollo humano para la sostenibilidad de la deuda con los países muy endeudados significaría que la primera petición sobre los recursos gubernamentales de los países pobres serían los gastos necesarios para cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio. 
Para los países más pobres, esto exigirá el 100% de la condonación de sus deudas. 
Sé que el Gobierno irlandés se ha comprometido con esta cuestión como Gobierno que adopta el enfoque irlandés, pero quiero pedirle que lo incluya en la agenda para los demás Estados miembros de Europa y mire de asegurar que se avanza en este tema durante sus seis meses de mandato. 
Existen muchas otras cuestiones que quisiera plantear, incluidos los prisioneros de Guantánamo y el terrible sufrimiento del pueblo palestino, pero el tiempo que me queda no me lo permite. 
– Señor Presidente en ejercicio, las prioridades que usted ha propuesto hoy aquí se merecen en general una buena acogida y solo un par de comentarios que me gustaría hacer. 
Su complejo y variado programa muestra que ahora existe un acervo programático para Europa, un patrimonio común de ideas y de objetivos que convertirá cada vez más a la Unión en una institución necesaria para Europa y para el mundo entero. 
Para empezar, este acervo programático requiere que contemos con las normas y las instituciones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos comunes e, incluso con anterioridad a ello, requiere que se restablezca la confianza en el gran designio de la integración de Europa. 
En los últimos meses hemos sido testigos de demasiados signos de una actitud egoísta respecto a la aventura europea, reduciendo la Unión a una institución de autoservicio donde cada país reexamina periódicamente su pertenencia sobre la base de sus propios objetivos a corto plazo. 
El incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por parte de Francia y Alemania, autorizado por el ECOFIN el 25 de noviembre, o los vetos provenientes de todas partes que impidieron que la Constitución Europea fuera aprobada, son justamente los ejemplos más flagrantes del tipo de euroegoísmo que debe ser rechazado de plano con firmeza antes de que la complejidad de todo ello aumente en la Europa de los 25. 
Señor Presidente en ejercicio, le ruego que haga todos los esfuerzos posibles para que la Conferencia Intergubernamental concluya su trabajo con la aprobación de la Constitución durante su Presidencia. 
Estoy seguro de poder decir que el Parlamento le apoya en el deseo de lograr esta Constitución, basada en gran medida en el trabajo de la Convención, tan pronto como sea posible. 
Se trata de algo que todos los proeuropeos declarados están esperando. 
Con la finalidad principal de dar un nuevo ímpetu al gran designio para Europa, me gustaría destacar dos puntos de su programa de trabajo. El primero es la escasa atención que se presta a las políticas de cohesión, y el segundo es la necesidad urgente de desarrollar una integración física real para Europa por medio de la promoción de la movilidad en todas las partes de su territorio a través de la implantación de la red europea de transportes. 
La cohesión de Europa entera y la participación de todas las regiones en el proceso europeo sostenible son una expresión de la solidaridad que, en mi opinión, es fundamental si los ciudadanos europeos han de identificarse con el proceso que estamos llevando a cabo. 
Señor Presidente, la Presidencia irlandesa merece una buena acogida. 
Tenemos grandes expectativas porque sabemos que los países pequeños como Irlanda son normalmente capaces de protagonizar Presidencias eficaces y enérgicas. 
También es importante ante el hecho de que la Presidencia italiana precedente ha sido tan deficiente. 
Usted no solo tiene que solucionar sus propios problemas, sino también los creados por la Presidencia anterior. 
Quiero mencionar dos de ellos. 
La Presidencia italiana se olvidó de criticar las terribles violaciones de derechos humanos que se dan en Chechenia. 
Ahora esperamos que se hable claramente a Rusia en referencia a este aspecto fundamental de los derechos humanos para la población civil de Chechenia. 
Por lo que respecta a Palestina, también se produjo otra desventura italiana. 
Intentaron seguir una política más proisraelí y se reunieron de forma unilateral con el Sr. Sharon. 
En el caso de Palestina, la realidad sobre el terreno es sin embargo que, por medio de la construcción del muro y de la expansión de los asentamientos, Israel está en vías de destruir una posible solución a base de dos Estados y de destruir las esperanzas palestinas de vivir vidas normales. 
En este caso también existe la necesidad de utilizar un lenguaje claro por parte de la UE. 
Justamente en los últimos días, Israel también ha introducido una especie de requisito de visado aplicable a los territorios ocupados, algo que también afecta a los ciudadanos de la UE, a los trabajadores humanitarios, a los periodistas y demás. 
Esperamos que la UE proteste. 
Sin embargo, cuando pasamos a la esfera medioambiental, que es precisamente mi especialidad, creo que el programa de la Presidencia se queda corto y no es suficientemente práctico. 
Hubiera sido bueno haber ido un poquito más lejos en este terreno. 
Por ejemplo, usted podría haber mencionado la importancia de lograr rápidamente una legislación sólida sobre sustancias químicas y de cooperar con el Parlamento en esta cuestión. 
Se menciona la importancia de dar más ímpetu a las negociaciones sobre el clima, pero la UE tiene ante sí una enorme tarea en este campo en los próximos seis meses, cuando el Protocolo de Kioto corre peligro de venirse a bajo. 
Otros temas importantes son el Protocolo de Cartagena y la Conferencia sobre la Diversidad Biológica de Kuala Lumpur, donde van a tomarse decisiones importantes sobre el comercio relacionado con los productos modificados genéticamente. 
Esta ha sido la materia de preocupación preferida de la UE durante mucho tiempo y necesitamos dedicarle toda nuestra atención. 
Hay otra esfera que creo que se ha ignorado en este programa, que por lo demás es muy sólido. 
Me refiero a la crisis de la unión monetaria. 
Ya es hora de dejar de hacer teatro. 
La unión monetaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se enfrentan a una seria crisis económica y política. 
Esto quedó claro justamente ayer, cuando la Comisión decidió interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia de la CE contra la decisión del Consejo. 
La crisis consiste en el hecho de que se han ideado normas muy poco realistas. 
Cuando la realidad choca con las reglas, no es raro que surja una crisis como esta, y entonces solo hay una solución: revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento actual. 
– Señor Presidente, damos nuestra más sincera bienvenida a la Presidencia irlandesa, ya que sabemos que se trata de una oportunidad para Europa cuando un país pequeño como el suyo se pone a trabajar siendo plenamente consciente de su deber europeo y mundial. 
Ustedes también son un ejemplo para los nuevos Estados miembros, en el sentido de que han convertido en un éxito su integración, tanto para sus ciudadanos como para el conjunto de Europa. 
Como regionalistas y de representantes de pueblos sin Estado, esperamos de Irlanda una mayor comprensión para nuestras aspiraciones hacia la autonomía y el mantenimiento de nuestra identidad por lo que respecta a la participación directa en el proceso de toma de decisiones a escala europea. 
Tanto si nos encontramos en Escocia, como en Gales, el País Vasco, Cataluña, Galicia o Flandes, esperamos el mismo nivel de respeto por parte de la UE que los Estados bálticos o los países escandinavos. 
Puede contar con nuestro apoyo incondicional cuando da prioridad a una Constitución Europea fuerte y en su ambición de convertir a Europa en un agente más eficaz a escala mundial que actúe en beneficio de la paz y el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, albergamos la esperanza de que usted, por ejemplo, continuará poniendo coto al comercio de armas y asegurará que se observen las normas del código de conducta en el proceso. 
Irlanda puede alardear de una larga experiencia en el diálogo entre los pueblos de Oriente Próximo, así como de ser donante y socio de países en África; sin embargo, la agenda del milenio debería incluirse de forma más efectiva en nuestros objetivos cotidianos, también como Unión Europea. 
Tener la ambición de disminuir a la mitad el número de pobres que tienen que sobrevivir con menos de un dólar al día para el año 2015 no es nada fácil. 
¿Qué progresos hemos hecho en este sentido? 
Ahora bien, también podría mencionar los demás objetivos. 
Me gustaría hacer un llamamiento particular con respecto a la reducción de la deuda, porque muchos países pobres se ven obligados a nadar en este mar mundial global con la carga de la deuda atada al cuello. 
Finalmente, espero que el desarrollo sostenible no se quede en agua de borrajas por lo que se refiere a nuestra política europea en productos como el azúcar, el algodón o el arroz, ya que se nos juzgará precisamente por ello. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hereda usted una Unión Europea en un estado lamentable, que a lo largo de todo el año 2003 demostró su incapacidad congénita para responder a los grandes desafíos tanto externos como internos a los que se enfrentan los pueblos de Europa. 
En estas condiciones, hubiera sido totalmente prematuro, por decirlo suavemente, dotar a esta Europa de 25 –que es lo que es– de una Constitución, que simboliza la madurez política y democrática de un pueblo. 
Hace un momento ha dicho, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que nos encontramos aquí los representantes electos del pueblo. 
No, somos los representantes electos de los pueblos europeos, hasta que se demuestre lo contrario. 
Entonces, señor Presidente en ejercicio del Consejo, dese prisa sin precipitarse. 
La prioridad de las prioridades no es la que reclama a voz en grito el Sr. Poettering, que es todo lo que pueden ver quienes le apoyan. 
El pueblo europeo no tiene las mismas prioridades que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cirstianos) y Demócratas Europeos, y poco le importa el color político de los comisarios. 
El pueblo europeo no necesita una Constitución, que es cosa de las instituciones. 
Necesita crecimiento y puestos de trabajo. 
Me parece que emplearía mucho más útilmente su Presidencia enfilando de nuevo a la Unión por este camino, en vez de perderse en los meandros de esta supuesta Constitución. 
Y para recuperar crecimiento y empleo, hay que cambiar de política. 
La política seguida desde el Tratado de Maastricht ha encallado. 
Europa, y concretamente la zona del euro, pierde cada año un punto de crecimiento debido únicamente a la política restrictiva, maltusiana y en definitiva un tanto sádica del Banco Central Europeo, que hace que hoy tengamos una moneda muy sobrevalorada. 
¿Vamos a aceptar durante mucho tiempo aún que el futuro de la economía europea esté hipotecado por los fantasmas de aquellos a los que el General de Gaulle habría llamado seguramente «los gnomos de Francfort»? 
El mayor peligro para Europa, señor Presidente, para el proceso de Lisboa, para el crecimiento y para el empleo, lamento decirlo, es mi antiguo compatriota, el Sr. Trichet. 
Su Presidencia será juzgada no en función de la Constitución, no lo dude, sino en función de su capacidad para volver a poner la moneda europea al servicio de la economía europea. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Presidencia irlandesa recibe hoy la pesada tarea de proseguir la Conferencia Intergubernamental e intentar acercar posiciones que no solo divergen en aspectos técnicos, sino también por razones asociadas al concepto de soberanía. 
Ha dicho usted hace un momento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que la nueva Constitución debería colmar las expectativas de los ciudadanos y permitir a la Unión desempeñar un papel más coherente en el mundo. 
Si solo se tratase de eso, todo el mundo estaría acuerdo. 
Pero hay otra cuestión esencial y mucho más difícil: ¿cómo cooperar preservando la democracia? 
¿Hay que tender a suprimir la independencia de las soberanías nacionales, en particular mediante votaciones por mayoría, de acuerdo con la fórmula del proyecto de Constitución, o bien hace falta, por el contrario y como pensamos, preservar las soberanías, es decir, las democracias nacionales de los países miembros? 
Debemos exponer esta cuestión claramente a los ciudadanos y, con este fin, pedimos con insistencia a la Presidencia irlandesa, para comenzar, que haga un balance público y preciso de los puntos de acuerdo y de desacuerdo en la CIG. 
Por supuesto, este balance no prejuzgaría el resultado, pues sabemos bien que no hay acuerdo sobre nada mientras no haya acuerdo sobre todo, pero permitiría al menos entablar un debate concreto e informar seriamente a los ciudadanos. 
Esperamos también que los Gobiernos aprovechen los meses que vienen para evaluar mejor las consecuencias del proyecto. 
Por ejemplo, se lee en las prioridades de la Presidencia irlandesa, publicadas en el sitio «Sources d’Europe» , que usted esperaría –digo bien «esperaría» – que las negociaciones para la adhesión de Turquía pudieran iniciarse a finales del año 2004. 
¿Podría decirnos, por consiguiente, cuál sería el lugar de Turquía en las instituciones de la futura Constitución, que estaría hecha para durar, como todo el mundo nos dice continuamente? 
¿Cuál sería su lugar en el Consejo dentro de cuarenta años? 
¿Cuál sería su lugar en el Parlamento Europeo? 
¿Cuál sería su lugar en la nueva fórmula de decisión por mayoría? 
Sus respuestas permitirían, señor Presidente en ejercicio del Consejo, alimentar verdaderamente el debate. 
– Señor Presidente, Taoiseach, quiero empezar deseando éxito a la Presidencia irlandesa en su labor durante los próximos seis meses. 
Han expuesto una serie de prioridades importantes para emprender acciones en el futuro próximo, en especial la de impulsar la Agenda de Lisboa sobre la reforma económica y la competitividad. 
Hoy quiero concentrarme en la cuestión del proyecto de Constitución y la situación tras el fracaso de la Cumbre de Bruselas de diciembre. 
Sin embargo, tal como hemos dejado claro en anteriores ocasiones, la Unión también tiene que asumir la situación impulsando el estancado proceso de Lisboa. 
Irlanda ha hecho grandes progresos económicos en los últimos años, pero en toda la Unión sigue habiendo reticencias a emprender una verdadera reforma económica. 
Me alegró observar en la prensa de esta semana que la Comisión quiere sacar adelante la liberalización del mercado interior en servicios. 
Este tipo de cuestiones merecen la pena que se aborden a medio y corto plazo pero, con respecto al largo plazo, los Estados miembros de la UE necesitan ser más ambiciosos en su enfoque. 
Sin embargo, mi entusiasmo está atenuado por la realidad de que la liberalización en ámbitos como la medicina, el asesoramiento legal y fiscal y las oficinas de empleo, aunque valiosas, son fundamentalmente una distracción del panorama general de mayor liberalización en los sectores de las telecomunicaciones, la energía y los servicios financieros. 
Pido encarecidamente al Taoiseach que ejerza su influencia en la agenda de la Unión en los meses venideros para fomentar una reforma económica real y duradera. 
Si establece la agenda, tendrá nuestro apoyo total y entusiasta. 
Sobre la cuestión del proyecto de Constitución, que se fue al traste en Bruselas en diciembre pasado, solo diré lo siguiente: nuestra opinión siempre ha sido que el proyecto de Constitución estaba moviendo a la UE en la dirección equivocada. 
Las aspiraciones de la Cumbre de Laeken de hace dos años, cuando los Jefes de Gobierno manifestaron su esperanza de que la Convención acercaría la Unión a sus ciudadanos, no ha podido materializarse. 
En cualquier caso quiero pedir al Taioseach, dado el fracaso de las conversaciones, que responda a una pregunta muy específica. 
En la correspondencia que he mantenido últimamente con el Sr. Peter Hain, principal representante del Gobierno británico en la Convención, se refiere al «Tratado que hemos acordado con el Consejo Europeo... ». 
¿Reconoce la Presidencia que se ha «acordado» un tratado, o si por el contrario, tal como se ha dicho anteriormente, no se ha acordado nada hasta que se haya acordado todo? 
Todos necesitamos una aclaración urgente al respecto. 
– Señor Presidente, podemos dar nuestro pleno apoyo a dos observaciones sobre el proyecto de Constitución y sobre la Conferencia Intergubernamental hechas por el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Usted ha mencionado, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el excelente trabajo realizado por la Convención. 
El Sr. Cohn-Bendit se ha burlado de sus comentarios. 
Yo los tomaré en serio y al pie de la letra. 
Sus palabras indican que no permitirá que sus colegas en la CIG destruyan ese excelente trabajo ni que lo dejen de nuevo hecho jirones. 
Sabemos que la CIG no aprobará el borrador exactamente tal como está. 
Sin embargo, el proyecto de Constitución es más que un solo punto de partida, es equilibrado, justo y contiene todos los elementos clave para una solución. 
En una Unión de Estados y ciudadanos, señor Poettering, el sistema de doble mayoría forma parte de ese factor esencial: el equilibrio. 
Esa es la razón por la que se incluye en el proyecto de Constitución, para no favorecer a un Estado miembro más que a otro. 
Su segundo comentario, señor Presidente en ejercicio, ha sido que quiere avanzar rápidamente. 
Usted quiere presentar un informe en marzo y nosotros apoyamos ese objetivo plenamente. 
En este aspecto, estoy de acuerdo por una vez con usted, señor Poettering. 
Los rumores y las predicciones sobre un sistema de dos niveles o de dos velocidades, sobre centros de gravedad, etc., deben cesar, y la mejor manera de hacerlo es proponiendo una Constitución Europea, y haciéndolo rápido. 
Señor Presidente en ejercicio, usted ha expresado su convicción de que la Unión Europea necesita una Constitución. 
Está claro que compartimos su opinión. 
Sin embargo, no necesitamos una cualquier Constitución antigua, necesitamos el texto propuesto por la Convención. 
Es más, lo necesitamos ahora, no de aquí a dos o tres años. 
El mundo y los nuevos desafíos que comporta no van a esperar a Europa. 
Si me lo permiten, me gustaría también dirigirme al Sr. Poettering. 
Señor Poettering, usted ha exigido que se tomen en cuenta los resultados de las elecciones en el momento de nombrar al próximo Presidente de la Comisión. 
Me satisface oírle hablar tan claro a favor de un Presidente de la Comisión procedente de las filas de los socialdemócratas. 
– Señor Presidente, el tono del debate en esta Asamblea está claro: la mayoría de nosotros quiere ayudar a la Presidencia irlandesa para que se alcance un rápido acuerdo sobre la Constitución a través de nuestros contactos políticos, y con nuestra experiencia sobre estas cuestiones podemos prestar apoyo tanto desde un punto de vista práctico como moral. 
La programación del trabajo de la CIG es extremadamente importante ya que, si se planifica y programa debidamente, la presión crecerá en los Estados miembros para que se tomen más seriamente su deber compartido de liderazgo para con la Unión Europea. 
¿Por qué no anotar en el calendario una cumbre de la CIG antes del 1 de mayo? 
La forma en que se elige al nuevo Presidente de la Comisión servirá como una nueva manera de restaurar la confianza política en Europa. 
Se trata de una función de la Presidencia sobre la que el Taoiseach ha sido curiosamente discreto. 
La forma en que se elige a esta persona será un factor en la lucha para restablecer y reforzar la autoridad política de la Comisión. 
No se trata simplemente de encontrar a un único candidato. 
Todos los partidos políticos tendrán que encontrar a su propio paladín, y el procedimiento previsto por la Convención podría, de forma fácil y simple, ser utilizado anticipadamente por todos nosotros en junio y julio. 
– Señor Presidente, Señorías, la Presidencia irlandesa se enfrenta a numerosos desafíos. 
Destacaré tres, empezando por las negociaciones de la perspectiva financiera para el periodo posterior a 2006 y las propuestas para el futuro de la política de cohesión. 
El contexto en el que estas deberán presentarse no augura nada bueno para la tan necesaria cohesión económica y social en la UE. 
Desde luego estamos siendo chantajeados de forma inaceptable por los firmantes de la llamada «carta de los seis» , que tiene por objeto limitar el presupuesto comunitario al 1% del PNB comunitario en represalia a la falta de acuerdo en la Cumbre de Bruselas sobre el nuevo proyecto de Tratado Constitucional. Actualmente el debate dentro de la Comisión fluctúa entre mantener el límite actual de las perspectivas financieras, que es del 1,24 % del PNB, y reducirlo a un 1,15 %, a pesar del ingreso de países con rentas inferiores al 50% de la media comunitaria, y a pesar del aumento de las desigualdades sociales y de las disparidades nacionales y regionales en la UE. 
Existe el peligro de que la nueva perspectiva financiera socave lo que deberían ser prioridades urgentes, como puestos de trabajo con derechos, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la cooperación y el desarrollo en relación con los países en desarrollo. 
Por lo tanto, la cuestión fundamental es incrementar la perspectiva financiera. 
El segundo desafío que me gustaría destacar es la revisión necesaria del Pacto de Estabilidad, que ha demostrado haber perdido el paso con la realidad económica y social. 
Todos sabemos que se trata de un instrumento cuyos criterios son estúpidos, que penaliza el crecimiento económico, los puestos de trabajo y la inversión pública, y que tendría que ser abolido. 
Simplemente hacerlo más flexible no resolverá el problema. 
Los debates en curso se refieren a la evaluación de la política económica y monetaria actual, en especial la introducción de la moneda única y la sobrevaloración del euro, mientras que la coyuntura económica actual ilustra ampliamente las carencias estructurales de la política que se ha seguido y la necesidad de una revisión radical. 
También es esencial que modifiquemos la llamada estrategia de Lisboa con el fin de lograr servicios públicos de calidad y para promover una inclusión social efectiva. 
Finalmente, con respecto a la Conferencia Intergubernamental para la revisión de los Tratados, mi sugerencia es que ignoren el proyecto actual. 
– Señor Presidente, quiero dar la bienvenida al Taoiseach, al Sr. Bertie Ahern y a sus colegas que se encuentran hoy aquí. 
La Presidencia irlandesa no debería permitir que se la secuestrara o intimidara ni que se la presionara para asegurar que se hiciera aprobar una Constitución de la UE durante su mandato de seis meses. 
El fracaso del acuerdo final sobre la controvertida Constitución no significará un fracaso de la Presidencia irlandesa, a menos, por supuesto, que el Gobierno sea tan insensato como para dar la impresión de que se pudiera llegar a este tipo de acuerdo de alguna manera. 
Podrían creer que si la Constitución se adoptara durante la Presidencia irlandesa, habría más posibilidades de que tuviera éxito en un referendo irlandés. 
Esto no será así, puesto que aquellas personas a las que les preocupan estas cuestiones no se dejarán influir para darle apoyo por el simple hecho de que se haya concluido durante esta Presidencia. 
Como bien sabe usted, Taoiseach, en Irlanda las personas que son críticas con la UE lo son principalmente debido a las implicaciones militares de esta Constitución. 
Si la Constitución debe ser una prioridad, hay que abordar algunas cuestiones clave. 
Esto se refiere, en particular, a aspectos militares, incluida la cooperación estructurada, pero también a la cuestión del Tratado Euratom, que claramente tiene que llegar a su fin, en especial para un país que está en contra de la energía nuclear. 
Se necesita mucho más tiempo para tratar la Constitución y las decisiones monumentales que conlleva, y cuanto más tiempo se destine mucho mejor. 
Esto también dará tiempo a la gente corriente de toda la Unión Europea para presionar para que se convoquen referendos sobre esta cuestión. 
Sería un golpe terrible para el proceso democrático si a los ciudadanos de Europa no se les preguntara su opinión sobre este asunto. 
El privilegio del que gozamos en Irlanda tendría que extenderse a todos los Estados miembros. 
Su colega de partido, el Sr. Collins, estaba en lo cierto al decir que todo puede continuar de acuerdo con las normas vigentes. 
Se nos dijo que el Tratado de Niza era fundamental para la ampliación. 
Ahora se nos dice que es insuficiente. 
Dejemos que la Presidencia irlandesa sea constructiva y positiva. 
Dejemos que las cuestiones que realmente importan a la gente tengan prioridad, como el apoyo del Gobierno irlandés a la condonación del 100% de la deuda a los países más pobres del mundo. 
Esta iniciativa cuenta con un amplio apoyo, por lo que aprovechemos esta oportunidad para presionar para su realización. 
Ha mencionado usted brevemente las cuestiones medioambientales y tiene que aprovechar esta ocasión para asegurar que se aborden y resuelvan todas las reclamaciones pendientes contra Irlanda en relación con los incumplimientos de la legislación de la UE. 
Sobre la cuestión de la cumbre UE-Rusia, que también ha mencionado, es esencial que se plantee con los rusos la cuestión principal de Chechenia. 
Una cuestión que también inquieta en gran medida a las personas que sienten preocupación por el comercio de armas es la del embargo de armas a China. 
En cuanto al Próximo Oriente, pido encarecidamente al Ministro Cowen, que viaja hoy allí, que plantee las preocupaciones de muchos de los diputados a este Parlamento. 
Algunos diputados que acaban de regresar de Palestina dicen que la situación es realmente espantosa. 
Los muros que se han construido allí desafían completamente todo tipo de lógica o ley internacional. 
– Señor Presidente, así pues, a la Presidencia irlandesa se le entrega la patata caliente del proyecto de Constitución europea. 
No cabe duda de que la reconciliación de los amores propios de tantos líderes masculinos de edad va a representar todo un desafío; aumentar la oposición pública contra la Constitución tampoco será de gran ayuda. 
Simplemente no sé si es posible llegar a un acuerdo durante los próximos diez meses. 
Sin embargo, del programa irlandés se desprende claramente que con o sin Constitución, esta Presidencia tiene la intención de aplicar una profunda agenda integracionista. 
Todavía hay que establecer más agencias, todas sin responsabilidad democrática y todas ellas aumentando el control distante y burocrático. 
¡Esta nueva forma de gobierno simplemente no funciona! 
Desde la política común de pesca hasta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, todo el sistema al completo está inmerso en el fracaso. 
Lamentablemente, el antídoto irlandés a todo esto parece ser «más de lo mismo». 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, si se me permiten hacer un comentario personal, me gustaría expresar mis mejores deseos a la Presidencia irlandesa. 
Tenemos en común muchas más cosas de las que podríamos haber imaginado en el pasado, quizás porque una gran parte de la Europa presente hoy aquí es de origen italiano o irlandés. 
Fuimos a Nueva York y a América a probar suerte con el fin de encontrar paz y nuestro pan de cada día, libertad y trabajo. 
Tuvimos que partir e ir a la búsqueda de estas cosas y, además, Irlanda e Italia también tuvieron que elegir entre el papismo de la Contrarreforma, que todavía pesa sobre nuestras dos sociedades, y una Europa de las libertades y de la reforma política, civil y económica. 
Esto es lo que yo quería recordar y situar en su contexto. 
¡Tenga cuidado, señor Presidente en ejercicio! 
Con el veto inspirado en el Vaticano sobre la libertad de investigación, Europa se ve de nuevo amenazada por la pérdida de una parte sumamente peligrosa de la cultura, la industria y la civilización de nuestros países. 
Señor Presidente en ejercicio, seré breve: preste mucha atención a la reforma, que es ahora internacional; preste mucha atención –y también me estoy dirigiendo al Presidente de la Comisión– a esa comunidad de democracias hacia las cuales la Unión Europea se ha mostrado o bien indiferente, o bien ciegamente hostil. 
En Ginebra, hablaremos nuevamente de ello esta tarde, en la Comisión de Derechos Humanos. 
Señor Presidente en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, ¡cambien de táctica! 
Les pedimos un discurso decisivo sobre este tema, como hicimos con la Sra. Bonino, como también hicimos hace algunos días con un discurso brillante del Sr. Cox en Sanaa, Yemen, con aquella carta y declaración de los derechos humanos redactadas principalmente por países árabes, que espero que no tengamos que llevar adelante por mucho tiempo como una medida temporal respecto a la Unión Europea y a nuestros países. 
Así que le ofrezco mis mejores deseos, pero le ruego que elija el camino hacia una Europa de libertad y reformas, ¡y no el camino que dirige hacia la contrarreforma y el oscurantismo! 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, nos es grato dar la bienvenida a la decisión irlandesa de empeñarse en construir una Europa más segura, que cada vez esté más cerca de los ciudadanos y que por fin cuente con su primera Constitución, fruto de los trabajos de la Convención. 
Usted, señor Presidente en ejercicio, tendrá nuestro apoyo incondicional para alcanzar estos objetivos. 
Irlanda tiene la tarea de concluir el buen trabajo de la Presidencia italiana, como usted ya ha manifestado esta mañana. 
Señor Presidente de la Comisión, para que el próximo semestre pueda tener éxito, debemos solucionar un problema político de gran magnitud: ¿cuál será la función del poder ejecutivo de la Comunidad? 
Para responder a esta cuestión, necesitamos saber qué es lo que pretende hacer el Presidente de la Comisión. 
Cuando, a principios de este año, usted atacó a la Presidencia italiana, aunque usted la había alabado en sus discursos oficiales, confirmó su intención de participar personalmente en la campaña electoral italiana. 
Nos gustaría que nos diera alguna aclaración, una respuesta clara a la cuestión vital que el Parlamento le formula: ¿pretende continuar como jefe del ejecutivo, o ha decidido presentar su candidatura a las próximas elecciones europeas? 
Tomar una decisión es su deber, tal y como el Sr. Poettering y el Sr. Barón Crespo le han recordado más de una vez. 
Para este mandato presidencial y para el siguiente, Europa necesita una Comisión con un líder a jornada completa. 
El Consejo y el Parlamento necesitan una Comisión que represente su papel de promotora de las iniciativas legislativas incluso de forma más intensa que hasta ahora. 
Los procedimientos para designar a los Comisarios de los países de la ampliación, la opinión sobre Turquía, la propuesta de perspectiva financiera de la Unión y el apoyo que usted ha anunciado para la firma del Tratado Constitucional requieren estabilidad y un Presidente cuyos compromisos se encuentren únicamente en Bruselas y en Estrasburgo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo y señor Presidente, me alegra mucho que el Taoiseach y sus Ministros estén hoy aquí y que ocupen la Presidencia de Europa en este momento particularmente crucial. 
Debido al fracaso en el establecimiento de un acuerdo sobre la nueva Constitución europea durante la anterior Presidencia, su primera tarea principal es lograr este acuerdo. 
Espero que podrán, ya que hay una necesidad manifiesta de un marco constitucional a largo plazo para la nueva Europa de 25 países, que podría incluso ser más amplia durante esta década. 
Los principios de la Unión Europea nos han servido bien y deben conservarse en la nueva Constitución: la plena representación de cada uno de los Estados miembros en todas las instituciones, instituciones que respetan nuestras diferentes identidades, y en las que podemos trabajar juntos en beneficio de nuestro interés común. 
Confío en que la Presidencia irlandesa trabajará duro para asegurar un acuerdo capaz de ganar el respaldo de todos los pueblos de la Unión Europea, en que todos los ciudadanos y todos los Estados miembros tienen iguales derechos, no existen miembros de segunda clase y que vamos a progresar juntos. 
Una Europa de dos velocidades o de dos niveles no logrará cumplir las aspiraciones de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente en ejercicio, el trabajo que tanto usted como su Gobierno han llevado a cabo, y que todavía continúan haciendo, para la paz en Irlanda del Norte es excelente. 
La Unión Europea es el mejor ejemplo de resolución de conflictos en la historia del mundo: la primera mitad del siglo pasado fue la peor en la historia mundial: 50 millones de muertos. 
¿Quién, en aquel entonces, hubiera jamás soñado que, en la segunda mitad de ese siglo, esos mismos pueblos se unirían? 
Por lo tanto, los principios en el centro de la Unión Europea pueden resolver conflictos en cualquier lugar del mundo puesto que esos tres principios también están en el centro de nuestro acuerdo en Irlanda del Norte. 
En consecuencia, dada nuestra historia de éxitos en la resolución de conflictos en Europa, ¿acaso no sería una muy buena cosa si, durante la Presidencia irlandesa, se pudiera persuadir a la Comisión de que establezca un departamento especial para la paz y la reconciliación de modo que, en lugar de enviar fuerzas armadas a zonas de conflicto, se enviara a estas zonas un equipo de personas dotadas de la filosofía y principios de la Unión Europea, puesto que hoy en día ocupamos una posición más fuerte para conformar el mundo? 
La tecnología, las telecomunicaciones y el transporte han hecho que el mundo sea un lugar mucho más pequeño. 
La Unión Europea podría, por lo tanto, desempeñar un papel más importante en asegurar que no se produzcan conflictos ni guerras en el mundo. 
El modo de hacerlo es trasladar la filosofía de la Unión Europea a las zonas de conflicto: el diálogo que se desarrolle allí permitiría llegar a un acuerdo en consecuencia. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, durante los próximos seis meses usted se enfrentará a grandes retos, en parte en conexión con el Tratado Constitucional. 
Tengo grandes esperanzas en usted y me gustaría hacer una propuesta especial que, estoy convencida, muchas mujeres europeas, y no pocos hombres, considerarán importante. 
Poco antes de la Conferencia Intergubernamental, la Presidencia italiana presentó una propuesta para añadir –cito a continuación– «el principio de igualdad entre hombres y mujeres» en el artículo 2 del Tratado Constitucional. 
La igualdad entre hombres y mujeres no es solo un principio. 
Es, y debe continuar siéndolo, un valor fundamental en la UE, al igual que los otros valores (la dignidad humana, la democracia, etc.) no son meros principios, sino valores fundamentales. 
En la reunión extraordinaria de miembros anteriores de la Convención, los Ministros de Asuntos Exteriores italianos prometieron llevar adelante la siguiente propuesta: después de la palabra «igualdad» en la primera cláusula, se añadirá la frase «incluida la igualdad entre hombres y mujeres». 
Les presentaré a ustedes la propuesta, por escrito y en inglés. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero empezar felicitando a la Comisión por asumir su responsabilidad en lo que se refiere a exigir judicialmente el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. 
Las normas deben ser iguales para todos, porque, de lo contrario, no podríamos decir que vivimos en un Estado de Derecho. 
Sin embargo, lamento que algunos miembros del colegio de Comisarios hayan hecho declaraciones refiriéndose a una Europa de dos velocidades, es decir, proclamando la división de Europa precisamente a las puertas de su reunificación. 
No es así como se ejerce una función esencial de la Comisión, como es la de guardián de los Tratados. 
Y, dicho sea de paso, es razonable que en un régimen democrático se pida que el jefe del poder ejecutivo responda a la mayoría parlamentaria. 
Quiero elogiar la claridad con la que se ha expresado la Presidencia irlandesa de la Unión sobre las dos velocidades. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, esperamos mucho de los próximos seis meses y compartimos plenamente las prioridades políticas marcadas y su compromiso, reiterado aquí esta mañana, con la Constitución europea. 
Creemos que es preciso afrontar un proceso de reformas para la modernización económica y social de la Unión, garantizar la libertad, la seguridad y la justicia a las personas que en ella viven o se encuentran y, por último, definir unas relaciones más profundas con los Estados Unidos, para combatir de manera más eficaz las nuevas amenazas que se ciernen sobre nuestras democracias y nuestros derechos fundamentales. 
Irlanda es una buena muestra de lo que debe ser la solidaridad en la Unión, que encuentra su máxima expresión en la política de cohesión económica y social. 
También mi país, España, aspira a alcanzar la convergencia real con la media de la Unión Europea porque, desde nuestra filosofía política, el objetivo no es constituir sociedades permanentemente subsidiadas, sino que nuestro nivel de desarrollo permita contribuir al equilibrio económico interno de la Unión. 
Deseamos a la Presidencia irlandesa mucho acierto y éxito en los próximos meses. 
– Señor Presidente, también quiero dar la bienvenida al Presidente en ejercicio. 
Es agradable ver a los profesionales de nuevo al frente del negocio. 
Por supuesto, el verdadero reto para esta Presidencia es la de facilitar la ampliación, y no hay que subestimar las dificultades que quedan. 
Es necesario que esta Presidencia presione a los nuevos países para que continúen las reformas necesarias para el éxito de su adhesión a la Unión. 
Tenemos que continuar nuestro claro compromiso con Rumania, Bulgaria y Turquía para asegurar que el proceso de ampliación sigue adelante. 
La ampliación es desafío de la década. 
No es solo una cuestión de facilitar la ampliación sino de conseguir que funcione. 
La ampliación puede crear o poner fin a la Unión Europea. 
Francamente, sin una reforma de nuestras estructuras de toma de decisiones, la ampliación pondrá fin a la Unión: es tan sencillo como esto. 
Sin embargo, hemos de tener un tratado constitucional. 
Me temo que muchos colegas que se encuentran hoy aquí han subestimado los intereses creados que existen en algunos Gobiernos para no llegar a un acuerdo, al menos por el momento. 
¿Cómo si no explica los mecanismos de votación que no entrarán en vigor hasta 2009 provocando el fracaso de la CIG? 
Es increíble que esta haya sido la única razón. 
La verdadera tragedia de este desastre es que nos distrae de otras tareas que son mucho más importantes. 
La Constitución se refiere a cómo hacemos las cosas, cuando nuestra atención debería centrarse en lo que hacemos. 
Para ello es fundamental el proceso de Lisboa, al que se le está acabando el tiempo, atado de pies y manos por una plétora de generalidades, la falta de objetivos específicos y el fracaso de los Estados miembros a la hora de aplicar lo que han acordado. 
En particular, esta Presidencia tiene que hacer avanzar el informe de Wim Kok. 
Es preciso que tengamos más y mejores puestos de trabajo; tenemos que hacer que merezca la pena trabajar; tenemos que tener un modelo social más dinámico. cuyo objetivo sea el de incorporar más gente al mundo laboral, en particular a las personas tradicionalmente excluidas; hemos de evitar tener una mano de obra de dos niveles y necesitamos que esta sea más productiva. 
Para ello es necesario que fijemos a todos los Gobiernos objetivos claros que deben cumplir. 
Los nuevos Estados miembros están acostumbrados al examen anual. 
Tenemos que extender esta disciplina a los Estados existentes. 
Hagamos más para poner a los países bajo los focos. 
Mi pregunta al Presidente en ejercicio es muy concreta: ¿cómo pretende hacer avanzar el informe de Wim Kok, que es tan importante? 
Porque, por encima de todo, si crean más puestos de trabajo van a ganar la eterna gratitud de nuestros electores. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Taoiseach, Bertie Ahern, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Presidente en ejercicio del Consejo ha iniciado su discurso en su lengua propia, el gaélico; también lo han hecho usted, señor Presidente Cox, en la sesión de investidura, y la Presidenta de Irlanda. 
Sin embargo yo no puedo utilizar la mía, el catalán, hablada por más de siete millones de personas y el Gobierno catalán o el Parlamento de Cataluña no pueden dirigirse en catalán al Tribunal de Justicia en cuestiones de aplicación de legislación de la Unión Europea, que constituye un 80 % de nuestra normativa jurídica. 
Por ello, le rogaría, dado que usted entiende especialmente lo que es la defensa de la identidad de un pueblo y de un país en Europa, que la Constitución Europea, que usted se ha comprometido a impulsar, tenga en cuenta los derechos de estos pueblos, de sus idiomas, de sus culturas y también de las regiones constitucionales. 
Hay bastantes referencias para ello y muchos motivos para defenderlo. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el semestre que se abre, y en el que Irlanda asume la Presidencia del Consejo, está marcado por dos acontecimientos: la unificación histórica de Europa, con la adhesión de los diez nuevos Estados el 1 de mayo, y las elecciones europeas del próximo mes de junio en los 25 Estados miembros. 
La actualidad de estos seis meses estará dominada sin duda por la continuación de la Conferencia Intergubernamental, que se encarga de preparar una nueva Constitución para Europa tras el fracaso de la Cumbre de Bruselas el pasado mes de diciembre. 
Ahora bien, está claro que la Unión Europea habría acogido en mejores condiciones a los nuevos miembros si se hubiera dotado de una Constitución. 
Fue usted pragmático, señor Presidente en ejercicio del Consejo, cuando se pronunció recientemente en contra de la idea de fijar un plazo final para llegar a un acuerdo sobre el futuro Tratado constitucional. 
Pero también fue sabio cuando advirtió contra una prolongación excesiva de la CIG. 
Al igual que usted, creo que, cuanto más duren las negociaciones, menores serán las posibilidades de llegar a un acuerdo. 
Por ello, espero haber entendido bien su voluntad de hacer todos los esfuerzos necesarios para favorecer el proceso de decisión, ya que la confusión institucional no debe hacernos olvidar el acontecimiento histórico que constituye la adhesión de los diez nuevos Estados miembros a la Unión, de países que han hecho muchos méritos para unirse a una Comunidad de valor y de libertad. 
Hagamos que la indecisión de que somos culpables no paralice todo el proyecto europeo. 
En menos de seis meses, los ciudadanos de la Europa unida deberán decidir juntos el futuro de nuestro continente en las elecciones europeas. 
Tradicionalmente, por desgracia, los electores se desinteresan de este escrutinio, pues lo que está en juego les parece demasiado lejano o demasiado oscuro. 
Deseo que la Presidencia irlandesa y todos los Estados miembros de la Unión se ocupen de este problema e intenten movilizar a los ciudadanos organizando un debate europeo que les brinde una verdadera elección entre las distintas opciones que se ofrecen a Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero dirigir mis primeros comentarios a un diputado ausente, que seguramente ha tenido que marcharse debido a su apretada agenda. 
De hecho quería responder al Sr. Poettering. 
En este momento no se encuentra en la sala, pero sin duda oirá lo que tengo que decir. 
En el transcurso de la discusión de hoy sobre la Presidencia italiana, hemos vuelto a oír mencionar al Sr. Poettering, quien siempre vuelve sobre el mismo tema, la cuestión de quién va a ser el próximo Presidente de la Comisión. 
Por lo que a él respecta, es obvio que el próximo Presidente de la Comisión será propuesto por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Para empezar, permítanme decir que las elecciones europeas tendrán lugar el 13 de junio. 
No depende del Sr. Poettering determinar en el pleno qué Grupo será el más fuerte en el hemiciclo tras esas elecciones, sino que lo decidirán los votantes europeos. 
Todavía tenemos intención de hacer mucha campaña. 
No estoy seguro de que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos vaya a ser el más fuerte en este Parlamento tras las elecciones. 
Señor Poettering, podría ser que las fuerzas unificadoras que operan en este Grupo fracasaran de aquí a esa fecha. 
Pienso en el Partido Conservador británico y en otros, que ya no quieren pertenecer a este Grupo, y podría ser que un par más se les unan. 
Quizás el Sr. Fini, no lo sabemos. 
Al fin y al cabo, se trata de un proceso dinámico. 
Sin embargo, sea quien sea el que se convierta en el próximo Presidente de la Comisión, necesitará un gran apoyo por parte de este Parlamento y solo lo recibirá si él o ella tiene al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos de su parte. 
Por lo tanto, sería aconsejable que nuestros colegas conservadores favorecieran un enfoque inclusivo en la Cámara y que no hicieran campaña electoral aquí. 
Permítanme hacer un comentario más. 
Esta crítica se dirige a todo aquel que se refiera a la situación política interna de un Estado miembro en particular. 
Pienso en la Presidencia anterior, que me enseñó una dura lección. 
Sin embargo, de momento solo diré, sin más comentarios, que todos los diputados a este Parlamento que pertenecen a se aprovechan del cargo del Presidente de la Comisión para hacer campaña en su país. 
Opino que esto es algo que debería rechazarse rotundamente por el bien de las instituciones europeas. 
Señor Presidente en ejercicio, me gustaría preguntarle lo mismo que le pregunté a su predecesor, y espero que no terminemos con vuelos de fantasía cinematográfica. 
¿Qué pretende hacer para garantizar una rápida implantación de la orden de detención europea? 
Le hago la misma pregunta a cada Presidencia. 
Si en sus comentarios usted sugiere que debería revisarse el proceso de Tampere, entonces permítame recordarle de nuevo que la orden de detención europea fue uno de los componentes clave de las Conclusiones de Tampere que no entró en vigor, a pesar de los compromisos adquiridos en Tampere el 1 de enero. 
Permítanme repetir un aspecto que presenté en nuestro último debate: no es culpa de un solo Estado miembro, sino culpa de muchos Estados miembros. 
Así que, por esta razón también le pido que usted sea el Presidente en ejercicio que finalmente se tome esta cuestión en serio. 
Porque si queremos implementar Tampere, necesitamos la orden de detención europea. 
Le estaría muy agradecido si pudiera comentar este punto en su respuesta. 
– Señor Presidente, el año pasado fue un año lamentable para Europa, y ahora el reto es restaurar la confianza en las instituciones y en los acuerdos que estas han concluido. 
Esta confianza también se verá reflejada en el número de votantes de las elecciones al Parlamento Europeo en junio. 
Una forma de restaurar dicha confianza pasa por más transparencia y democracia. 
Estamos buscando a un nuevo Presidente de la Comisión, y estamos buscando a una persona independiente y enérgica que cuente con el respaldo de una mayoría del nuevo Parlamento. 
Por lo tanto, me gustaría pedirle al Presidente del Consejo que considere la participación del Parlamento en la selección de candidatos, por ejemplo haciendo que las familias políticas propongan nombres. 
En cualquier caso deberíamos alejarnos de decisiones a puerta cerrada tomadas en mitad de la noche. 
En segundo lugar, la confianza puede recobrarse por medio de una intervención eficaz en los problemas transfronterizos. 
Esto es lo que la opinión pública espera de nosotros. 
Las grandes epidemias son un ejemplo de ello. 
El hecho de que el SRAS no nos haya afectado en las anteriores crisis epidémicas se debe más a la suerte que al buen criterio. 
Una nueva epidemia de SRAS está al acecho, por lo que le a la Presidencia que tome la iniciativa para garantizar que los Ministros de Sanidad otorguen a la Comisión, en este caso al Comisario Byrne, amplios poderes para tomar medidas de gestión de crisis, como controles regulares en los aeropuertos, en caso de que esto sea necesario. 
En cualquier caso, tengo la certeza de que esta Presidencia podrá restaurar la confianza en las instituciones, y su inspirado discurso de hoy me lo ha confirmado. 
– Señor Presidente, yo también estoy satisfecho de que la Presidencia irlandesa priorice el objetivo de volver a unir a los pueblos de Europa después de que las divergencias sobre puntos clave de la propuesta de la Convención derivaran en su fracaso en Bruselas. 
No debe permitirse que las elecciones de junio agranden la división en la Unión, sino que, en lugar de ello, debe darse un nuevo impulso democrático al sentimiento proeuropeo. 
El Parlamento desea reemprender inmediatamente el camino hacia la Constitución y aprecia el compromiso de volver a convocar la Conferencia Intergubernamental y actuar de forma transparente, por el bien de unas relaciones cada vez más cercanas entre las instituciones de la Unión y sus ciudadanos. 
También compartimos la posición multilateral a favor de una política exterior y de defensa común, de una asociación sólida con los Estados Unidos, de la reafirmación de las Naciones Unidas y de la reanudación de las negociaciones sobre el comercio internacional. 
Sin embargo, la opinión pública está preocupada por el futuro. 
El Consejo de primavera informará de los éxitos que se han logrado, pero también existe el riesgo de que el modelo social se vea debilitado si la economía europea deja de ser competitiva en el mundo. 
Debemos pensar con cuidado sobre las opciones que debemos tomar para relanzar la estrategia de Lisboa y también sobre la perspectiva financiera de la Unión: es decir, los recursos de que dispone Europa para enfrentarse a los retos expuestos claramente por el Sr. Prodi. 
Estos desafíos están relacionados, en primer lugar, con la ampliación de la Unión, y también, sobre todo a largo plazo, con el futuro de las generaciones jóvenes de nuestro continente. 
– Señor Presidente, Taoiseach, le insto a que se enfrente al lenguaje y a la cultura de la burocracia. 
Las organizaciones de ciudadanos se desesperan cuando leen los formularios y las solicitudes de subvención en una jerga comunitaria que hace que los ciudadanos se sientan alienados. 
Tiene mucho mérito que la Presidencia irlandesa se proponga simplificar los formularios, los reglamentos y los textos y convertirlos en más legibles para el ciudadano. 
El ataque a esta lengua y cultura burocráticas podría consistir en la abolición de los formularios burocráticos y la sustitución de los textos de los reglamentos por textos modernos, comprensibles y legibles. 
En segundo lugar, podríamos emplear una red de acción de organizaciones públicas nacionales y de diputados nacionales como contribución a la conferencia irlandesa de abril con el fin de acercar la lengua y la cultura al ciudadano. 
En tercer lugar, durante los próximos meses podríamos usar anuncios en televisión para explicar a los ciudadanos de todos los países europeos en un lenguaje franco cuál es el mensaje central de Europa: seguridad en las calles, seguridad mundial, protección del medio ambiente, más democracia y menos burocracia. 
Europa empieza por los ciudadanos en sus propias regiones. 
En cuarto lugar, deberíamos apoyar medidas para una gobernanza adecuada. 
Necesitamos reducir el número de páginas de los reglamentos de 80 000 a 50 000 y reducir el número de tipos de decisiones de 23 a 6 en un intento de lograr una gobernanza clara, democrática y orientada a los resultados. 
En consecuencia, la Constitución Europea tiene la máxima prioridad y no deberíamos hacer como si no hubiera pasado nada hasta que se apruebe. 
Los Jefes de Gobierno han fracasado en sus negociaciones sobre la Constitución en Bruselas. 
Sin una Constitución no es posible concebir ninguna ampliación adicional ni ninguna discusión seria sobre las perspectivas financieras. 
Tampoco existen posibilidades de que avance la integración política mientras no exista un control democrático del Parlamento Europeo. 
En quinto lugar, deberíamos apoyar la propuesta del Parlamento de que todas aquellas propuestas de la UE que vayamos a recibir en un futuro previsible se sometan a la prueba del ciudadano. 
En este caso, es mejor prevenir que curar. 
En sexto lugar, deberíamos respaldar la propuesta de subsidiariedad del Parlamento. 
Mantengamos en los niveles inferiores lo que puede mantenerse a ese nivel y a pequeña escala lo que puede hacerse a esa escala, con los Parlamentos nacionales ejerciendo el control. 
Estas son nuestras propuestas para enfrentarnos a una Europa empalagosamente burocrática y convertirla en una Europa distinta y democrática. 
Taoiseach Ahern, ¿apoya usted este programa y lo apoyará en abril? 
Por lo demás, me gustaría instarle a que apoye no solo a la Comisión Europea en el mantenimiento de las normas en los tribunales, sino también la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de obtener un mayor crecimiento europeo a pesar de la fortaleza del euro. 
Le pido que respalde las propuestas de Wim Kok, así como las propuestas de alivio de la carga de la deuda asociadas a los objetivos del milenio para los países en desarrollo. 
¿Pretende tomar la iniciativa en este sentido y apoya usted a la troika en el caso de Etiopía y Eritrea, donde amenaza el estallido de otra guerra? 
El acuerdo de Nápoles es un paso importante en el camino hacia una política amplia de seguridad europea. 
Todos los estudios han mostrado que todos los ciudadanos la consideran prioritaria, así que le instaría a que estuviera dispuesto a establecer la Constitución de la Convención. 
La ampliación con la adición de diez nuevos países en ausencia de una Constitución es un insulto para los ciudadanos europeos, ya que ellos deberían ser la figura central de este año de júbilo para Europa; la manera en que usted ha formulado su programa de trabajo me lleva a depositar toda mi confianza en usted. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero desear suerte a la Presidencia irlandesa y felicitarle por el lema que ha elegido, "Ciudadanos trabajando juntos por Europa", que es lo que realmente necesitamos para afrontar los problemas que tenemos pendientes. 
Hay que celebrar el enfoque activo de la Presidencia irlandesa en el embrollo institucional. 
Europa necesita y quiere una Constitución donde se reconozcan todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Es evidente, señor Presidente, que hay que recuperar la senda del crecimiento sostenible y de la creación de empleo. 
La Presidencia irlandesa está muy bien situada, habida cuenta de la competitividad que necesita la Unión Europea, para recorrer el camino de la Cumbre de Lisboa. 
Al mismo tiempo, creo que sería importante- y me parece que la Presidencia no lo ha considerado- prever un debate sobre las perspectivas financieras que nos ha anunciado el Presidente Prodi esta mañana. 
Es evidente que un problema que habrá que afrontar es la decisión coherente que tomó ayer la Comisión, de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia con motivo de la decisión tomada por el Consejo Ecofin. 
La Unión Europea es una comunidad de Derecho, y las normas jurídicas solo se conciben cualificadas por la obligación de que todos, grandes y pequeños, las cumplan. 
Hemos recibido con mucha satisfacción la evaluación de la Presidencia en ejercicio del Consejo respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia y de los avances que se han producido desde la Cumbre de Tampere. 
Creemos que está muy bien situada también para afrontar las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y para tratar de transformar de alguna manera las discordias del pasado en las armonías del presente y del futuro. 
Quisiera señalar, porque me parece importante, que ayer se produjo el fin de la Cumbre de las Américas- no en las mejores condiciones posibles- y decir a la Presidencia en ejercicio que se abre un espacio muy interesante para que la Unión Europea apueste de una forma decidida por esta prioridad en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea/América Latina, en México. 
Termino, señor Presidente, lamentando que no esté el Sr. Schulz entre nosotros. 
Lo que el Presidente, Sr. Poettering, ha dicho con toda claridad es que no hay que proceder con precipitación. 
Ha habido una serie de candidaturas prematuras. 
Las urnas determinarán cómo se van a conformar las mayorías y es evidente que, en su propuesta, el Presidente de la Comisión deberá tomar en consideración precisamente los resultados de las elecciones europeas. 
Eso es lo que ha votado este Parlamento. 
Nuestro Grupo- es evidente- es el grupo mayoritario y tiene la vocación de seguir siéndolo en la próxima legislatura. 
–Señor Presidente, estimado Taoiseach, un dicho popular irlandés dice que Dios inventó el whisky para que los irlandeses no dominaran el mundo. 
Sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, los irlandeses son europeos serios. 
Mi Grupo político lo comprobó cuando visitamos Dublín. 
Usted va a atajar, sin ruido pero con determinación, los verdaderos problemas de la Unión. 
Después de las payasadas y las bromas de dudoso gusto del Sr. Berlusconi, es reconfortante tener a los mandos de Europa a personas que no son engreídas y tienen los pies sobre la tierra. 
Por desgracia, la realidad europea es cruel. 
A la Unión le falta crecimiento. El desempleo aumenta. 
La ambición europea pierde fuerza, del proyecto de Constitución al proceso de Lisboa. 
La necesaria estabilidad se erige en ortodoxia, cuando los Estados Unidos reanudan el crecimiento por medios totalmente no ortodoxos. 
Su Ministro, el Sr. Dick Roche, ha comparado el proceso de Lisboa con una especie de árbol de Navidad del que los Presidentes sucesivos hubieran colgado sus adornos favoritos. 
La imagen ilustra perfectamente el ritual estacional en que se ha convertido esta gran ambición del año 2000. 
La Presidencia irlandesa propone ahora una vuelta a los orígenes. 
La Cumbre de primavera deberá centrarse en lo esencial, el crecimiento y el empleo, que deben volver a ser las ambiciones principales de la Unión. 
Pero sigue sin respuesta una pregunta acuciante: ¿dónde está el dinero, dónde están los presupuestos para dar a Europa los medios que permitan colmar su ambición? 
El presupuesto de la Unión es una miseria. Representa menos del 1% del producto europeo bruto. 
En 2003, la Comisión ni siquiera consiguió gastar estos escuálidos fondos. 
Para la financiación de la Unión a partir de 2006, la Comisión propondrá utilizar todo el margen presupuestario actualmente posible, es decir, el 1,24 % del producto europeo bruto. 
Pero seis países han anunciado ya que no piensan aumentar su contribución. Ahora bien, la Europa de los 25 no se desarrollará con un grado de solidaridad mínimo. 
La Presidencia haría bien en proponer nuevos recursos propios, por ejemplo un impuesto europeo sobre las emisiones de dióxido de carbono, o un impuesto en origen sobre los productos del ahorro en lugar del sistema burocrático ideado en Feira. 
Un impuesto europeo de un único céntimo por litro de carburante vendido en Europa permitiría financiar las redes transeuropeas. 
Ello crearía más crecimiento al mismo tiempo que descargaría los presupuestos nacionales. 
La política sin medios financieros no es más que pura gesticulación. 
¡Saque a Europa de su estancamiento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ármese de valor y hágalo! 
Quizás también debería hacer un pequeño comentario respecto al discurso del Sr. Poettering. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos quiere un Presidente de la Comisión salido de sus filas. Eso está muy bien. 
Sin embargo, en ese caso, el Sr. Poettering debería presentar candidatos antes de las elecciones. 
No puede pretender que a los ciudadanos europeos les den gato por liebre. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, tienen ante ustedes seis meses emocionantes, con la ampliación, la Constitución y la cumbre de primavera. 
Sin embargo, pienso que tendrán más cosas de las que ocuparse. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, usted deberá decidir qué dirección toman muchas de las políticas, así como dar forma al trabajo del Consejo. 
Espero que el periodo navideño, el traspaso de la Presidencia y el inicio de un nuevo año hayan sido aprovechados evaluar la situación, que le hayan proporcionado una mejor comprensión y que esté ahora dispuesto a distanciarse de una Europa intergubernamental de las dos velocidades que usa el veto a ton ni son para avanzar hacia una Europa comunitaria más fuerte; a distanciarse del incumplimiento del derecho comunitario –en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento– para ir hacia una aplicación activa de las normas y las pautas, por lo que acogemos con satisfacción la demanda judicial de la Comisión; de la nacionalización de las políticas europeas para aplicar una política interior centrada en Europa; de una cultura de echarle la culpa a la UE para impulsar la voluntad de compartir las responsabilidades; del fin de la moratoria de la investigación de embriones humanos para llegar a un acuerdo sobre sus límites; de un sistema en el que las cuestiones se eluden y se dejan para más tarde para tomar decisiones sobre las directivas que están sobre el tapete (pienso en la Directiva relativa a la transparencia, la Directiva relativa a la competencia en los servicios públicos, la Directiva sobre las OPA, señor Presidente en ejercicio) ; de continuar con el nuevo debate populista sobre el estatuto de los diputados para abrir camino a una decisión. 
Todavía le quedan 30 horas para dar respuesta a la petición del Parlamento Europeo de un calendario. 
Distánciese de la atmósfera negativa que suele prevalecer entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento y establezca un clima de discusión y de relaciones públicas que sean cercanas a los ciudadanos, optimistas, honestas, que hagan uso de las oportunidades ofrecidas por la ampliación, por la Constitución, el crecimiento y el empleo, la estabilidad, el mercado interior, la competencia y la subsidiariedad. 
Le pido que dé esta media vuelta y que, al hacerlo, imprima un nuevo rumbo a nuestras prioridades. 
– Señor Presidente en ejercicio, para empezar me gustaría expresar todos mis respetos por la difícil tarea que la Presidencia tiene ante sí. 
Todos nos damos cuenta de cuán difícil será conseguir el éxito en la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, dado que solo hace unas semanas se fue a pique en Bruselas. 
Por lo tanto, el mensaje que nos gustaría que transmitiese a todos los Gobiernos de Europa es simple y claro: acepte la responsabilidad de proporcionar a Europa una Constitución antes de las elecciones europeas. 
Cada vez es más cierto que lo que hacemos está estrechamente vinculado a cómo funcionamos: debe esforzarse por superar las disputas que nos han llevado a esta crisis, por el bien de un interés mayor. 
El hecho de que la Convención lograra elaborar un texto constitucional que recibió el amplio apoyo de este Parlamento demuestra que las diferencias políticas y geográficas no son un obstáculo insalvable. 
Usted debe oponerse rotundamente al conflicto antihistórico entre intereses nacionales y Europa, porque se trata de una enfermedad que puede llegar a carcomer las razones más fuertes por las que seguimos juntos. 
Una última pregunta, señor Presidente en ejercicio: en el debate final del mandato italiano, el Sr. Berlusconi mencionó un acuerdo al que se llegó en la CIG sobre 85 puntos y un acervo, lo que solo dejaría un punto sin resolver. 
Señor Presidente en ejercicio, ¿podría por favor explicarnos qué es exactamente lo que la Presidencia italiana le ha transmitido? 
Le pregunto porque el Parlamento le ha preguntado al Consejo sobre este tema, pero en vano. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, si he entendido el discurso del Presidente en ejercicio correctamente, creo percibir detrás del mismo una visión que nos permite preservar el ímpetu de la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que debemos considerar si realmente existe todavía una oportunidad de llegar a una decisión antes de las elecciones europeas. 
Será muy difícil mantener la sensibilización pública de lo que la Convención y la Conferencia Intergubernamental han acordado hasta el momento, pero que no se ha registrado formalmente, hasta diciembre de este año. 
Debemos ser conscientes de que si no hay Constitución, tampoco habrá Carta de los Derechos Fundamentales. 
En consecuencia, los ciudadanos no votarán al Presidente de la Comisión en las elecciones europeas, no habrá ningún mandato para ello ni participación de los Parlamentos nacionales. 
En lugar de ello, se formará una unión de defensa fuera del marco de la Unión Europea, con todo lo que ello supone para la OTAN, la alianza transatlántica y el acceso de todos los Estados miembros europeos de la Unión Europea. 
Pienso que esto nos devolvería al proceso de creación de una Europa de alianzas individuales, que poco a poco nos llevaría a la situación existente en 1914. 
Por esta razón, señor Presidente en ejercicio, creo que contrae usted una gran responsabilidad. 
Pase lo que pase, no podemos permitir que los mecanismos de toma de decisiones en el Consejo sobrepasen los umbrales establecidos en Niza. 
En efecto, debemos mantenernos por debajo de los umbrales en todas las fases de las negociaciones, porque debemos preservar nuestra capacidad para actuar y no podemos permitir que todo acabe en medias tintas. 
También necesitamos un equilibrio adecuado entre los Estados grandes y pequeños. 
Pienso que los Estados grandes como España y Polonia, que son tan importantes para la Unión Europea, deben ser tratados con la consideración adecuada, pero también deben ser conscientes de que comparten la responsabilidad de garantizar que la Unión Europea continúe desarrollándose. 
Confío en que sus habilidades diplomáticas conseguirán la respuesta apropiada de estos países. 
– Señor Presidente en ejercicio, quiero plantear dos cuestiones. 
En primer lugar, está bien escuchar que la CIG tiene para usted la máxima prioridad. 
Sin embargo, estoy un poco desconcertado con ello, ya que ha agradecido usted a los italianos su buen trabajo, pero al mismo tiempo entendemos, a través de la prensa, que no ha hecho ningún comentario ni ha dado ninguna indicación sobre si se ha alcanzado un acuerdo. 
Al mismo tiempo, los italianos se enorgullecen de que han alcanzado un acuerdo en el 95% de los asuntos. 
Si esto es verdad, le insto a que encuentre estos comentarios en Bruselas, concluya el 95% y emplee su tiempo en completar el 5% remanente. 
Le pido encarecidamente que tenga en cuenta que esto no solo implica efectuar consultas e informar en marzo, sino que también exige que se fijen plazos estrictos para volver a convocar la cumbre en mayo, y que se adopte una posición muy firme a este respecto o de otro modo no habrá ninguna oportunidad de concluir la CIG antes de las elecciones. 
La otra cuestión es el Estatuto de los diputados. 
Sin duda, habrá una campaña populista en contra del Estatuto durante las próximas semanas. 
El principal argumento que se exhibirá será que el salario es demasiado alto. 
Es alto, estoy de acuerdo, pero es vital recordar el precio pagado por este salario: acuerdo sobre las normas de gastos de viaje, que actualmente permiten a los diputados embolsarse, libres de impuestos, miles de euros al año según un sistema muy discutible. 
Tenemos que ser conscientes del vínculo existente entre las normas de gastos de viaje y el salario. 
Le deseo muchísima suerte en sus esfuerzos. 
– Señor Presidente, quiero desear al Presidente en ejercicio y a los colegas de su Gobierno mucho éxito durante la Presidencia irlandesa. 
Mientras que reconozco que la Presidencia irlandesa ha de andar con pies de plomo al continuar avanzando en el tema del proyecto de Constitución, apoyo la advertencia del Comisario Prodi de que un fracaso en la conclusión de un acuerdo conduciría inevitablemente a la creación de una Europa de dos velocidades. 
Si no se alcanza un acuerdo unánime sobre el tratado constitucional, la única alternativa que queda es la creación de una Europa de dos velocidades. 
Hacerlo de otro modo sería dar el poder de veto a cualquier Estado miembro euroescéptico. 
Ya existe una Europa de dos velocidades en al menos dos ámbitos: a saber, el acuerdo de Schengen y la moneda única. 
Schengen posibilitó la plena aplicación en los países que subscribieron el Acta Única, en particular con respecto a la libre circulación de las personas. 
La decisión por parte del Reino Unido e Irlanda de desmarcarse –si bien en nuestro caso fue por razones inevitables debido a la posición del Reino Unido– no impidió que ocurriera. 
Además, la decisión del Reino Unido, Suecia y Dinamarca de desmarcarse de la moneda única no impidió su establecimiento, que, dada la magnitud de los problemas técnicos que implicaba, fue un éxito enorme de la Comisión. 
Su puesta en marcha fue un hito histórico y memorable, que representó el paso adelante más grande hacia la unión política. 
Dadas estas experiencias, no debe inquietarnos la perspectiva de tomar decisiones similares en otros ámbitos en vez de tener que enfrentarnos a la parálisis y el estancamiento en las manos de los Estados miembros euroescépticos. 
Algo que era fundamental en el sueño de los padres fundadores de nuestra Unión, hace 50 años, era el imperativo de ceder soberanía nacional a cambio de una mayor soberanía de un continente unido. 
La Constitución propuesta es el cumplimiento de ese sueño, que ha de continuarse, en caso necesario, sin los Estados en que sigue reinando el nacionalismo chauvinista. 
Señor Presidente en ejercicio, su desafío es asegurar que el debate sobre la Constitución concluya en el curso de los próximos seis meses; es una tarea difícil, pero permítame que le desee mucho éxito en esta misión especialmente histórica. 
– Señor Presidente, Taoiseach, permítanme decir antes que nada unas palabras sobre Lisboa antes de pasar a la cuestión de las relaciones exteriores. 
Estoy de acuerdo con usted y le deseo todo lo mejor en su intento de revitalizar la agenda de Lisboa. 
A la vez, sin embargo, pienso que debemos ser conscientes de que Lisboa no solo tiene que ver con la reforma económica. 
También implica una mayor inversión en formación y en formación profesional permanente para las personas. 
Si esperamos una mayor movilidad entre los trabajadores europeos, también debemos ofrecerles a cambio una cierta estabilidad y seguridad social. 
Esta es la única forma de que la gente se muestre inclinada a contribuir a la parte social de este proceso de modernización económica. 
Pero permítanme ahora abordar el tema de las relaciones exteriores. Mi colega, el Sr. Van den Berg, ya se ha referido a la grave situación de Etiopía y Eritrea. 
Podríamos añadir Cachemira, otro lugar donde se ha solicitado el apoyo de la Unión Europea en lo que parece ser un acercamiento limitado entre la India y Pakistán. 
Pienso que depende de su Presidencia, Taoiseach, intentar una mayor implicación con el fin de asegurar que la Unión Europea tenga una presencia destacada en Oriente Próximo. 
Lamentablemente, durante los últimos seis meses se han perdido gran número de oportunidades en esa zona. 
En relación con ello, le insto a que intente todo lo posible para lograr que el acuerdo de asociación con Siria, que ya está casi a punto de firmarse, pueda concluirse. 
Tengo constancia de que la Comisión ha realizado un gran trabajo, pero el Consejo o algunos miembros del Consejo han protestado y lo han vetado. 
Sean cuales sean los detalles, pienso que necesitamos este tipo de acuerdo con Siria para poder hacer presión sobre ella con el fin de negociar con Israel y llevar adelante el proceso de paz. 
Opino que es esencial que de hecho aprovechemos los leves signos de una mejoría en las relaciones entre Israel y Siria. 
Sin embargo, hablando en un sentido más general, sin olvidar simplemente este foco de conflicto, la Unión Europea debe hacer más en ambos bandos para impulsar el proceso de paz. 
Hace muy poco fuimos testigos del plan de Ginebra, que también causó un cierto malestar positivo en Israel, porque aquellos que están a favor de la paz ahora también cuentan con algo sobre en lo que basarse. 
Para terminar, permítanme añadir también que en un inflamado artículo del periódico, el ex embajador israelí en Alemania, Avi Primor, instó a la Unión Europea a implicarse más para establecer la paz en Palestina e Israel. 
Yo también le pido a usted, Taoiseach, que implique más a la Unión Europea en este proceso de paz tan importante. 
– Señor Presidente, la Presidencia irlandesa marca el inicio de un nuevo periodo más liberal tras el mandato presidencial sudeuropeo. 
Los Estados miembros más septentrionales se han mostrado realmente a favor tanto del mercado interior como de la ampliación. 
A veces parece que cuanto más lejos nos desplazamos del centro de la UE, hacia su periferia geográfica exterior, más sincero es el espíritu comunitario y mayor es la imaginación para construir una Europa común. 
La promoción del crecimiento económico y el avance de la agenda de Lisboa serán los aspectos más importantes durante el mandato presidencial irlandés. 
Año tras año, la Unión Europea continúa bastante rezagada con respecto a los Estados Unidos de América. 
La cifra del crecimiento del PNB para este año en los Estados Unidos es portentosa: el 3,9 %. 
Los objetivos de la agenda de Lisboa se nos están escapando y creo que la totalidad de la estrategia de competitividad está decayendo. 
Todos los proyectos acordados a escala de la UE están listos, pero los Estados miembros todavía no han interiorizado la necesidad de los cambios estructurales que la estrategia requiere. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está empezando a chirriar. 
Es especialmente importante reforzar la labor del Consejo de Competitividad. 
Debe ser más activo, asumiendo una responsabilidad mayor con respecto a la cuestión básica que se le ha encomendado: ¿cuál es el efecto de cada proyecto legislativo en la competitividad de la UE? 
Por ejemplo, ¿qué importancia tendrán el paquete de sustancias químicas de la UE y la reevaluación de Kioto para la competitividad de la UE? 
Con estos proyectos, la UE corre el grave peligro de serrar la rama en la que está sentada y pone en juego su competitividad y su prosperidad. 
Si el país que ostenta la Presidencia ya tuvo antes dificultades para encontrar puntos que atacar en el Consejo de Competitividad, ahora se los sirven en bandeja. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, acertadamente ha hecho usted hincapié en el deseo de cumplir las expectativas de nuestros pueblos. 
Le puedo decir que los habitantes de Essex y de otras partes del este de Inglaterra que represento querrían que la Unión Europea interfiriera menos en sus vidas. 
Quieren tener en sus manos sus propios asuntos. 
Nuestras empresas quieren intensificar su capacidad para competir en mercados mundiales y no que se les abrume con burocracia innecesaria y regulación socialista, que en gran parte se origina en Bruselas y luego recibe la bendición de nuestro Gobierno laboralista. 
En particular, quieren que se les dé todas las oportunidades. 
El único aspecto de la Unión Europea por el que existe cierto entusiasmo es el mercado único, pero los agricultores británicos y los empresarios siempre han sospechado que las circunstancias les fueron deliberadamente desfavorables debido a que determinados Estados miembros simplemente ignoraron las normas. 
Ahora la Comisión ha confirmado esta sospecha con su anuncio del lunes de que Francia, Bélgica y Alemania, estos grandes entusiastas de la UE, están a la cola en la aplicación de las normas de mercado interior, y Francia encabeza la lista de casos de violación. 
Pienso inmediatamente en el embargo ilegal y que viene de largo sobre la carne de vacuno británica. 
Ha dicho que quería centrarse en la Agenda de Lisboa. 
Para darle a usted un poco de respiro, le sugiero que la primera cosa que haga es que mande la Constitución propuesta fuera del campo de juego. 
La noción de que la Constitución era fundamental para una Unión ampliada es claramente un mito. 
Solo era un vehículo para una mayor integración política y esto es algo que nuestros ciudadanos simplemente no quieren. 
De modo similar, no quieren que la Unión Europea participe en asuntos militares, complicando y duplicando a la OTAN y creando tensiones adicionales con nuestros aliados trasatlánticos vitales. 
La realidad es que los presupuestos de defensa se recortan en toda la Europa continental e incluso las espléndidas fuerzas armadas británicas ya no dan más de sí y están infraequipadas. 
Los políticos de la Unión Europea que se entretienen con juegos burocráticos en Bruselas no ayudarán a solventar esta situación. 
Por último, señor Presidente en ejercicio, ha destacado con acierto su intención de centrarse en cuestiones prácticas sobre derechos humanos. 
Una de las primeras decisiones que necesitará hacer aprobar al Consejo es la renovación de las sanciones con un objetivo preciso contra el régimen ZANU-PF de Zimbabue. 
Le pido que responda a las demandas del Parlamento sobre este asunto. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted se ha declarado hoy sin ambigüedades a favor del multilateralismo. 
Ha pedido que las Naciones Unidas se refuercen y ha mencionado la visita del Secretario General de la ONU al Parlamento Europeo, que está prevista para finales de este mes. 
No me consta que muchos Presidentes en ejercicio hayan empezado hablando de forma tan clara a favor del multilateralismo y de las Naciones Unidas en este Parlamento. 
Además, creo que los desafíos que discutiremos detalladamente durante las próximas semanas –el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva, los Estados en proceso de desintegración, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos– son demasiado incluso para que la nación más fuerte del mundo pueda abordarlos ella sola. 
Lo que necesitamos son soluciones multilaterales. 
Señor Presidente en ejercicio, creo que esta es otra de las rezones por las que, sin embargo, necesitamos la Constitución. 
La Unión Europea no está dispuesta a alzar un frente común contra el sistema de las Naciones Unidas. 
Hay demasiadas partes interesadas. 
La Unión Europea es miembro con voz y voto de la FAO. 
Sin embargo, la Unión Europea no tiene estatuto jurídico por lo que se refiere a las relaciones exteriores. 
Contamos con una oficina de la Comisión en Nueva York. 
Contamos con una oficina del Consejo en esa ciudad. 
Necesitamos que esta Constitución permita a la Unión Europea conseguir ese estatuto jurídico, así como actuar en esta esfera. 
En consecuencia, tanto a efectos de las relaciones exteriores, como por lo que se refiere al trabajo en el seno del sistema de las Naciones Unidas, donde la Unión Europea es el principal contribuyente, necesitamos aumentar nuestra influencia política y expresar todos juntos nuestra fuerza política. 
Esta es la razón por la que necesitamos contar muy pronto con una Constitución, y le pido que tenga esto en cuenta en sus consultas. 
Si Europa quiere tener influencia, no hay lugar para la división. 
La única forma es actuar como una comunidad, y su declaración a favor del multilateralismo es un punto de partida muy significativo. 
– Señor Presidente en ejercicio, prácticamente todos los diputados se han hecho eco de la esperanza de este Parlamento de que usted logrará concluir con éxito esta tarea extraordinaria, la Conferencia Intergubernamental y la Constitución. 
Sin embargo, aparte de estas tareas extraordinarias, usted también deberá enfrentarse a tareas ordinarias, sobre las cuales me gustaría llamar su atención. 
Solo mencionaré los principales espígrafes: la primera tarea es la investigación, que el Sr. Prodi ha vuelto a presentar y en la que todos estamos de acuerdo. 
Sin embargo, también existe un componente ético en la financiación de dicha investigación –mi colega, el Sr. Liese, hablará de ello– y nos gustaría que usted nos diera su respuesta al respecto, dejando de lado el vago oscurantismo mencionado por el Sr. Pannella, que en realidad no existe. 
Hay dos cuestiones más que me son muy cercanas y sobre las que me gustaría llamar su atención: la seguridad del transporte aéreo y los derechos de los pasajeros. 
Lamentablemente, tuvo que producirse la tragedia de Sharm el Sheikh para mostrarnos la intensidad con la que la opinión pública siente estos desastres y la urgencia con que necesitamos llevar a término una medida que está bloqueada en el Consejo de forma inexplicable desde octubre del año pasado. 
Aunque se encuentre bloqueada de forma inexplicable, señor Presidente en ejercicio, se trata de una medida que este Parlamento aprobó por abrumadora mayoría: una mayor protección para los pasajeros que viajan por avión si se les deniega el embarque o en caso de cancelaciones o retrasos. 
Un Gobierno, concretamente el alemán, ha cambiado de parecer de forma inexplicable, quizás porque es más sensible a los argumentos de Lufthansa que a los de los pasajeros. 
Soy consciente de que su Gobierno, señor Presidente en ejercicio, se opuso a esta medida, pero no puedo criticarles porque ustedes siempre mantuvieron una posición coherente, sino que me refiero más bien a esos cambios de opinión tan extraños de última hora. 
Estoy seguro de que en su nuevo cargo de Presidente en ejercicio del Consejo será usted capaz de promover estas medidas y de llevarlos a buen puerto, porque interesan al público europeo y nuestros conciudadanos las están esperando. 
– Señor Presidente, ahora voy a plantear un punto diferente para el Taoiseach. 
Quiero comentar el tema que ha planteado sobre seguridad, en particular en relación con las políticas sanitarias y del consumidor. 
En primer lugar, Taoiseach, espero con interés trabajar con el Ministro Martin sobre el Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades, que es de vital importancia en un momento de amenazas de enfermedades mundiales y de bioterrorismo. 
En segundo lugar, espero trabajar con su Presidencia en la puesta en marcha de la movilidad de los pacientes. 
Lamentablemente, en el Reino Unido, debido al fracaso de las políticas sanitarias del Gobierno británico, cientos de miles de personas tienen que hacer largas colas, cosa que es inaceptable, para someterse a operaciones quirúrgicas y recibir tratamientos. 
Esta medida les dará algo de esperanza de recibir más pronto un tratamiento. 
En tercer lugar, en su discurso ha hecho referencia a las personas del África subsahariana: 30 millones con VIH/sida y 291 millones que viven por debajo del umbral de pobreza. 
Les recuerdo el vínculo inextricable que existe entre la salud y la pobreza y le pido encarecidamente que asegure un impulso renovado sobre las políticas en materia de salud y agua potable, y sobre el alivio de la deuda. 
En cuarto lugar, Taoiseach, permítame guiarle por un largo sendero en el condado de Meath, hasta un pequeño establecimiento situado allí y que se conoce por la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
Esta oficina controla e inspecciona los alimentos, los piensos, el bienestar animal y la salud de las plantas de la Unión Europea: de los Estados miembros, los Estados de en vías de adhesión y países de todo el mundo, desde la Polinesia Francesa hasta las Islas Malvinas. 
Es fundamental para la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Dispone únicamente de 90 inspectores que cubren el planeta y pido a la Presidencia que lo examine cuidadosamente para saber qué se puede hacer para que este rincón de Irlanda, con sus implicaciones en toda la UE, pueda ser más efectivo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, estoy de acuerdo con todos aquellos que han dicho que la tarea más importante de la Presidencia irlandesa es garantizar la aprobación de una Constitución que sea lo más parecida posible a la propuesta de la Convención. 
Pienso que en diciembre nos pusimos de acuerdo de forma explícita para pedirle la elaboración de un texto consolidado. 
La ampliación y las elecciones están programadas para este año, y ambas sufrirán menoscabo si no empezamos con un claro mensaje respecto a esta cuestión. 
Señor Presidente en ejercicio, usted ha mencionado la política de investigación, que es una cuestión muy importante. 
Debemos hacer más en este sentido, en especial en comparación con los Estados Unidos. 
La disparidad es particularmente acusada en los campos de la biotecnología y la medicina. 
En los Estados Unidos, los NIH (institutos nacionales de salud) recibieron 28 000 millones de dólares cada año para la investigación médica y biotecnológica. 
La UE gasta 2 250 millones de euros repartidos en cuatro años bajo el Sexto programa marco, e incluso si sumáramos todo lo que se gasta en los Estados miembros, las cifras serían mucho más bajas. 
Esta es la razón principal por la que los médicos y los investigadores jóvenes siguen emigrando a los Estados Unidos. 
Dicho esto, también necesitamos un marco ético claro para la investigación, y sé que en su propio país, al igual que en el Parlamento Europeo, hay distintas opiniones: por ejemplo, en la cuestión de si la Unión Europea debería apoyar la investigación sobre embriones humanos. 
Lamentablemente, no se llegó a ningún acuerdo sobre el tema bajo la Presidencia italiana. 
El comportamiento del Comisario Busquin también fue un tanto ambiguo. 
Creo que ha llegado la hora de que usted recoja el guante. 
Es su responsabilidad trabajar junto a su Ministro de Investigación y concebir una solución que sea aceptable para todos. 
No podemos permitir que esta cuestión se resuelva a puerta cerrada de acuerdo con el procedimiento de comitología. 
La responsabilidad política recae en el Consejo de Ministros, y le insto a que tome nota de ello. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en mi calidad de conservador sueco, doy la bienvenida a la Presidencia irlandesa. 
Dentro de seis meses entregarán al próximo país que ostentará la Presidencia una nueva Unión Europea. Con la ampliación que tendrá lugar durante su Presidencia, la UE incrementará su importancia y sus palabras tendrán más peso. 
Irlanda tiene una gran confianza en el trabajo por la paz. 
Ustedes tomaron la iniciativa, ayudaron a encontrar una solución al prolongado conflicto interno en Irlanda y ayudaron a normalizar allí la situación. 
A pesar de lo que se dijo en la última cumbre celebrada entre la UE y Rusia, yo apelo ahora a usted y a la Presidencia irlandesa a hacer uso de la confianza de que gozan y a aprovechar la importancia creciente de la UE para tomar la iniciativa y promover un diálogo de paz verdadero entre las partes involucradas en la guerra de Chechenia con objeto de lograr el fin de las atrocidades. 
La guerra en Chechenia es un foco para la expansión del terrorismo. Se trata de una abominación tanto para Rusia como para Europa, y puede que la guerra tenga consecuencias trascendentales para la paz en nuestra parte del mundo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo que usted pueda lograr en términos de paz y libertad en Europa será acogido con infinita gratitud por parte de los pueblos de la Unión Europea. 
. Señor Presidente, intentaré responder a una serie de cuestiones lo más rápidamente que pueda. 
Quiero dar las gracias a sus Señorías por sus comentarios sobre el programa de la Presidencia irlandesa, y por su apoyo y buenos deseos por el éxito de la misma. 
He escuchado con atención las intervenciones de más de 40 diputados en el debate de hoy y confirman mi creencia no solo de que este es un momento lleno de desafíos para la Unión, sino también que si los Estados miembros y las instituciones trabajan conjuntamente será un momento lleno de oportunidades para la Unión. 
El enfoque de nuestra Presidencia, en lo que se refiere a las políticas internas, será el de impulsar el trabajo en una serie de frentes y mejorar la vida de los ciudadanos de Europa; tal como muchos de ustedes han señalado, esto es lo que tenemos que hacer. 
No escatimaremos esfuerzos por avanzar en torno a un nuevo tratado constitucional. 
Puede que vuelva a retomar este tema al final de mi intervención. 
Si creemos que existe una verdadera posibilidad de llegar a un acuerdo, no escatimaremos esfuerzos por facilitar el acuerdo a la mayor brevedad, y para ello el apoyo del Parlamento tendrá especial importancia. 
He de hacer algunas observaciones sobre lo que han dicho algunos diputados. 
Damos la bienvenida a los nuevos Estados miembros de la Unión. 
Esperamos poder completar nuestro trabajo con el Presidente Prodi el 1 de mayo, y espero también hacer avanzar con éxito el proceso de la ulterior ampliación. 
Seguimos adelante con las reformas necesarias para que la economía europea sea más competitiva y capaz de ofrecer más y mejores puestos de trabajo. 
También trabajaremos por asegurar una Europa más segura que siga la agenda de la Unión en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. 
He hablado sobre ello con cierto detalle al principio. 
He tomado cuidadosa nota de los numerosos puntos planteados por los diputados y quiero agradecer a mis colegas irlandeses en particular los aspectos importantes que han planteado. 
Aprecio en gran medida la oportunidad que esta ocasión me ha brindado para asegurar que la Presidencia conoce las cuestiones y las preocupaciones. 
Les puedo asegurar que reflexionaremos sobre todas ellas en cuanto adelantemos nuestro trabajo presidencial. 
Mi colega, el Sr. Roche, hablará más tarde sobre derechos humanos y también retomará algunas de las preguntas sobre cuestiones que se han planteado hoy. 
Quiero reflexionar sobre la recomendación que me han hecho muchos de los dirigentes de los Grupos al principio. 
He tomado debida nota de lo que se ha dicho, no necesariamente en orden o por quién, aunque esto también se ha registrado en otra parte. 
Sin embargo, todos tienen que reconocer sus propias palabras. 
Han dicho que tenemos que insistir en el respeto mutuo, restaurar la confianza, crear solidaridad, decir la verdad y actuar unidos. 
Intentaré hacerlo todo lo mejor que pueda. 
Quiero que hoy conste en acta que estos son valores que compartimos y vamos a orientar nuestra Presidencia en este sentido, valores que son no solamente importantes en sí mismos y fundamentales para la visión de Europa, sino también esenciales para el funcionamiento con éxito de la Unión. 
No siempre podremos conseguir cumplir los criterios exigentes que nos hemos fijado, pero les prometo que estos valores –respeto, confianza, solidaridad, honestidad y unidad– son buenos valores, y con seguridad los recordaré y los repetiré a mis colegas, que van a intervenir en esta Asamblea durante los próximos seis meses. 
Quiero dar las gracias al Presidente Prodi por su promesa de apoyo a la Presidencia. 
Puedo decir que, en lo que a mí se refiere, el trabajo del Presidente Prodi y de sus colegas en la preparación de la Presidencia durante muchos meses ha sido extremadamente importante para nosotros. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por ello. 
El Sr. Barón Crespo, el Sr. Poettering y otros han planteado la cuestión del nombramiento del nuevo Presidente de la Comisión. 
He tomado debida nota de todos sus comentarios y puedo asegurarles que la opinión del Parlamento se tendrá muy en cuenta. 
Solo han transcurrido 14 días de la Presidencia irlandesa, pero una de las cosas de las que ya estoy seguro es de que no me faltará asesoramiento sobre este nombramiento concreto. 
Quisiera darles las gracias a todos por ello. 
El Sr. Watson ha recordado que un escritor irlandés escribió una vez que «la historia es una pesadilla de la que intentamos despertar». 
Quiero recordar una frase sobre la historia del último ganador irlandés del Premio Nobel de Literatura, Seamus Heaney. 
Al trabajar juntos durante la Presidencia irlandesa y más allá, el Parlamento, el Consejo y la Comisión «pueden esperar que llegue un tiempo en que la esperanza y la historia rimen». 
Estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Watson sobre la importancia de restaurar la confianza en la Unión y sus potenciales. 
Trabajaremos con el Parlamento para lograr estos potenciales en los próximos seis meses. 
El Sr. Bonde se ha referido a la posición de los países pequeños de la Unión Europea. 
Es un placer para mí, a este respecto, comparecer ante usted en un momento en que tanto el Presidente del Parlamento como el Presidente del Consejo proceden de pequeños países. 
Mi colega, el Sr. Collins, ha dicho que Europa no podía tolerar este fracaso, incluida la CIG. 
La próxima vez que se pida al Consejo de Europa que apruebe una Constitución para Europa, es fundamental que el resultado sea un éxito. 
Ahora nos hemos embarcado en este proceso de consultas y evaluación y mi mayor deseo es que la CIG llegue a buen término. 
Permítame asegurar al Parlamento, una vez más, que la Presidencia irlandesa no escatimará esfuerzos en intentar facilitar un consenso. 
Quiero agradecer al Sr. Paisley su bienvenida auténtica y calurosa, aunque un tanto condicional. 
Tengo algunas malas noticias para él y es que he aprendido un poco de él en el curso de los años. 
Siempre le he admirado y se lo he dicho cada vez que nos hemos encontrado. 
Ha conseguido con mucho éxito combinar la pertenencia a la Asamblea de Westminster con la pertenencia al Parlamento Europeo, de modo que quizá yo pueda hacer mi trabajo en casa y estar aquí al mismo tiempo, para ayudarles de la mejor manera posible. 
Admiro sinceramente al Sr. Paisley y respeto el mandato que ha asumido. 
Sería muy injusto si no lo reconociera. 
Apostó firmemente por la democracia en Europa, diciendo que al redactar constituciones debíamos someterlas a los ciudadanos para garantizar un mandato popular. 
En su intervención, ha hecho hincapié varias veces en este punto. 
Todo cuanto puedo decir en respuesta es que siempre lo hacemos así en la República. 
Esta es naturalmente una razón más por la que aprecia tanto a mi país. 
El Sr. Wurtz y el Sr. Collins, en particular, han destacado la necesidad que tiene la Unión de fomentar activamente los progresos en el Próximo Oriente mediante la aplicación de la hoja de ruta. 
El Parlamento puede confiar en que la Presidencia irlandesa así lo hará. 
La Unión continuará, durante nuestra Presidencia, manifestando su gran preocupación por la construcción de la llamada «valla de seguridad». 
El Ministro irlandés de Asuntos Exteriores, en su calidad de Presidente, mantendrá conversaciones en el Próximo Oriente esta noche. 
He tomado nota sobre lo que han dicho los Sres. Poettering, Watson y Cohn-Bendit y otros sobre Chechenia. 
De nuevo, son cuestiones que abordaremos. 
Se me ha preguntado y, muy en particular el Sr. Schultz, sobre la orden de detención europea. 
Quiero dejar claro que durante su Presidencia, Irlanda concertará reuniones para revisar el estado actual de puesta en práctica de la orden de detención en toda la Unión Europea y cuestiones relacionadas con ello. 
De hecho, Irlanda, junto con otros siete países, están en condiciones de aplicarla desde el 1 de enero de 2004. 
Ahora tenemos que completar el proceso. 
La situación de los derechos humanos en muchos lugares de África continuará siendo motivo de preocupación y le prestaremos nuestra constante atención. 
De hecho, esta Presidencia trabajará para obtener un mayor compromiso con la prevención de conflictos en África. 
Esta cuestión tiene muchas facetas, puesto que las causas de conflicto en África y en otras partes son diversas. 
El último acuerdo del Consejo sobre la recuperación de la paz en África es un importante paso adelante en el compromiso de Europa con este continente. 
Vamos a prestar ayuda en el desarrollo de las capacidades de mantenimiento de la paz en África y esta Presidencia ejercerá presión para una pronta acción de la UE a favor de la aplicación de los compromisos de los Estados miembros, con vistas a realizar los Objetivos del Milenio. 
Al examinar el proyecto de orden del día de mañana he observado que está previsto considerar una propuesta de resolución conjunta sobre el asesinato del Arzobispo Courtney, un irlandés. 
Quiero dar las gracias al Parlamento por prestar su atención a este asunto. 
Fue un hombre que trabajó arduamente en muchos países, pero en su último cargo como nuncio papal en Burundi creía firmemente en el proceso de paz en ese país. 
Quiero dar las gracias por recordarle en el Parlamento Europeo. 
Algunos diputados han mencionado la cuestión del alivio de la deuda. 
Creo que saben cuál es la posición irlandesa sobre esta cuestión; pero, para reiterarla, la posición de la Presidencia irlandesa es que la Unión Europea ha sido un donante extremadamente generoso a efectos del alivio de la deuda. 
Ha aportado más de 900 millones de dólares estadounidenses al Fondo Fiduciario del Banco Mundial con este fin. 
Además, la Comisión se ha comprometido a cancelar deudas bilaterales de países que tienen derecho al alivio de la deuda. 
Esto supone un éxito considerable y utilizaremos cualquier oportunidad que se nos brinde durante nuestra Presidencia para fomentar el alivio de la deuda. 
Ocupamos una posición especial y, en consecuencia, podemos hacer muchas cosas. 
Quiero pasar rápidamente a la cuestión de los derechos humanos, ya que muchos oradores y todos los líderes la han mencionado, y numerosos diputados han suplicado enérgica y emotivamente que Europa sitúe los derechos humanos en el centro de su política exterior. 
Esta súplica tiene gran resonancia en la Presidencia, puesto que ha promovido efectivamente los derechos humanos como objetivo de vital importancia. 
Nos esforzaremos en lo posible por avanzar en la agenda de los derechos humanos en todo el espectro de la política exterior de la Unión, incluida la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra. 
Como ya he dicho, mi colega, el Sr. Roche, efectuará una declaración más tarde en el día de hoy en nombre de la Presidencia. 
Algunos oradores me han pedido que precise más sobre la Estrategia de Lisboa. 
Voy a decir tres cosas al respecto. 
Está claro, debido a la situación económica de Europa y en todas partes del mundo, que no ha sido posible avanzar en la puesta en marcha de la estrategia en la medida que esperaba António Guterres hace cuatro años cuando se encontraba aquí. 
Todos los años hemos intentado identificar cuestiones y lo que necesitamos hacer en Europa. 
La Presidencia irlandesa está decidida a centrarse en la aplicación de los objetivos centrales del crecimiento sostenible y el empleo: son las dos cuestiones que hemos elegido entre lo que es sin duda una larga lista. 
Esto no quiere decir que tengamos que tener empleo y crecimiento a cualquier precio. 
No es esto lo que decimos. 
Este tipo de enfoque sería corto de miras y contraproducente. 
A los diputados que han mencionado la integración social, les digo que esta es una de las cuestiones que significan mucho para mí y que de ningún modo vamos a sacrificar. 
Estamos comprometidos con políticas que desacoplan el crecimiento y el uso de los recursos, y con el modelo social europeo. 
Defiendo firmemente el modelo social europeo. 
Se me recuerda que la Carta Social Europea se introdujo hace 14 años cuando yo era Presidente del Consejo de Asuntos Sociales. 
Desde entonces hemos hecho un seguimiento continuo, con resultados positivos. 
El segundo punto que quiero exponer es que el informe de Wim Kok es, a mi entender, excelente. 
Se centra en cuatro ámbitos específicos con los que estamos comprometidos. 
Se están celebrando numerosos seminarios e iniciativas, no solo en Irlanda, sino en todas partes de Europa, y otros Estados miembros han establecido una conferencia social tripartita con los interlocutores sociales –empresarios y sindicatos– para intentar avanzar partiendo de la base del informe Wim Kok. 
Tenemos que hacer lo posible para ponerlo en práctica. 
Unas pocas palabras más para terminar. 
Todos los oradores menos dos han hablado de la CIG. 
Las dos personas que no hablaron sobre la Oficina Alimentaria y Veterinaria de Meath, que yo inauguré. 
Me tomo muy en serio lo que han dicho. 
La seguridad alimentaria es, hoy en día, una cuestión extremadamente importante y nuestro colega ministerial, el Sr. Martin, continuará persiguiendo este objetivo. 
Todos los demás han hablado de la Convención Europea. 
Hay que reconocer que una minoría de personas que han hablado querrían que me olvidara de ello, pero aproximadamente el 95% han defendido la opinión contraria. 
El motivo por el que no estoy exagerando lo que puede hacer la Presidencia irlandesa es que no puedo hacerlo yo solo. 
No quiero volver al recién elegido Parlamento en julio y presentar mis excusas por no haber conseguido X, Y o Z. 
Me propongo firmemente intentar llevar a buen término la Constitución. 
Haré cuanto esté en mis manos para concluirla. 
Seguiré el mandato que me ha dado el Consejo Europeo, que consiste en consultar, llevar a cabo una evaluación e informar en marzo. 
Si podemos proceder entonces a una CIG, actuaré en consecuencia; si creo que no es posible llegar a un consenso, no lo haré, ya que creo que un segundo fracaso solo hará que la vida sea más difícil en el futuro. 
Creo apasionadamente que avanzar en un corto plazo será mejor y más seguro. 
Comparto esta opinión tanto con el Presidente del Parlamento como con el Sr. Prodi. 
Necesitamos la ayuda del Parlamento. 
Necesitamos la ayuda de los Estados miembros, y del Consejo Europeo, de modo que las personas cambien de postura. 
Los hechos son sencillos. 
El 19 de diciembre, en Dublín, dije a los Jefes de Estado que si todas las partes mantenían sus posiciones actuales no hay esperanzas de que pueda concluir este asunto. 
No quiero mencionar a ningún país en particular, ya que no está bien hacerlo y las cosas no son tan sencillas. 
No he dicho en mi discurso de apertura, al contrario de lo que algunos han recogido, que la labor de la Presidencia italiana relacionada con la cumbre de Bruselas no fuera útil. 
Es inútil que me refiera a compromisos que nunca estuvieron sobre la mesa. 
La labor realizada por la Convención Europea el pasado verano, de la que todos ustedes pueden enorgullecerse, y el trabajo posterior de Nápoles concluido hacia finales de noviembre y a comienzos de diciembre, representan el punto de partida de la Presidencia irlandesa. 
Todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo en otras cuestiones, por lo que este será nuestro punto de partida. 
Insto al Parlamento a que haga lo que pueda y ayude en lo que pueda, para dar pie a que se tomen decisiones más pronto que tarde. 
Señor Presidente, le digo tanto a usted como al Presidente Prodi que habrá una nueva Presidencia –lo cual no supone un problema, puesto que las Presidencias vienen y van–, pero que también habrá un nuevo Parlamento, una nueva Comisión y una nueva serie de circunstancias. 
Muchas de las personas que negociaron la Convención estarán o no allí para continuar el proceso. 
Al menos están claras un gran número de cuestiones en las que casi se ha alcanzado un acuerdo, aunque no se haya ultimado; dentro de un año no estarán tan claras. 
Será muchísimo más difícil concluir la Constitución. 
Haré cuanto pueda; no lo puedo hacer por mi propia cuenta. 
Si trabajamos juntos –el Parlamento, la Comisión y la Presidencia irlandesa– e intentamos que la gente cambie de postura más pronto que tarde, podremos completar esta tarea. 
Si no es así, se convertirá en una cuestión larga e interminable. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el discurso que Bertie ha pronunciado me facilita el trabajo muchísimo, porque la Presidencia y la Comisión están plenamente de acuerdo. 
La reunión celebrada en Dublín puso los cimientos para una cooperación estrecha y la Comisión comparte los puntos esenciales que él ha presentado. 
En los pocos minutos que tengo a mi disposición, me gustaría recordar un número de aspectos que son de la mayor importancia política: en primer lugar, un llamamiento para hacer un esfuerzo general y apoyar el pluralismo político. 
El discurso sobre las Naciones Unidas y la función que deberían tener, así como el llamamiento urgente en favor de los derechos humanos, deben constituir la base de nuestro trabajo futuro; estamos de acuerdo en ello. 
También ha sido sumamente importante la mención de la relación fuerte y positiva entre los Estados Unidos y Europa, y es interesante que la totalidad del Parlamento lo haya aceptado, añadiendo que la relación debería darse en condiciones de igualdad. 
Recuérdese, sin embargo, que las condiciones de igualdad no son algo que se consigue como si nada: solo podemos ganar esas condiciones si logramos construir una Europa fuerte que pueda tomar decisiones, una Europa que sea verdaderamente capaz de negociar en igualdad de condiciones. 
Esta es la tarea que, junto con la Presidencia irlandesa, debemos llevar a cabo. 
Por lo que respecta a la ampliación, y en respuesta a varias de las cuestiones de los diputados, puedo asegurar al Parlamento que nos estamos moviendo a la máxima velocidad para designar a los nuevos Comisarios. 
Repito, a finales de febrero, una vez haya pasado por todas las capitales y preseleccionado a todos los Comisarios, les presentaré aquí sus nombres. 
Deben ser conscientes de que estos Comisarios –ustedes ya son plenamente conscientes de ello– solo estarán aquí durante unos meses, porque después tendrán que ser propuestos candidatos. 
Sin embargo, he pedido a los Jefes de Estado o de Gobierno de los nuevos Estados miembros que presenten a candidatos fuertes, a personas que sean capaces de seguir aquí, de forma que pueda haber una continuidad de la acción política, de modo que la continuidad de los Comisarios que ellos designen pueda equilibrar el hecho de que esos países habrán acabado de ingresar en la Unión. 
En respuesta al Sr. Poettering, durante las entrevistas se podrán apreciar el equilibrio político y las cualificaciones personales de estos nuevos Comisarios. 
Puedo asegurarle que los resultados han sido hasta el momento bastante halagüeños: los Gobiernos de los distintos Estados nos han ido proponiendo candidatos que han ocupado, o todavía ocupan, los cargos más altos en sus respectivos países. 
Estoy seguro de que esta práctica también será imitada por los Estados miembros actuales cuando llegue el momento de proponer a sus nuevos Comisarios, porque la Comisión se está convirtiendo cada vez más en un órgano político con responsabilidades cada vez mayores. 
En el tema de la Constitución, ha habido un llamamiento generalizado que debemos reconocer: ¡Convención, Convención, Convención! 
Cualquier intento de movernos en una dirección distinta está condenado al fracaso, condenado a no producir resultados, y creo que la forma en que Bertie Ahern ha enfocado este reto es la mejor que podemos esperar y la que más probabilidades de éxito tiene. 
Todos somos muy conscientes, señor Presidente, de que no hay ningún éxito asegurado y que la situación es difícil, pero observando cuidadosamente nuestras dificultades actuales y el excelente resultado que la Comisión nos ha brindado, seguramente lograremos buenos resultados. 
Finalmente, me gustaría mencionar la cuestión de Lisboa. 
Me hago cargo del llamamiento apasionado del Sr. Doyle, cuando ha puesto el dedo en la llaga y con mucho acierto ha dicho que ya hemos hablado mucho de Lisboa pero que hemos conseguido muy poco. 
Lamentablemente esto es cierto. 
Llevamos hablando de Lisboa durante cuatro años, así que voy a suplicarlo de nuevo: dirijamos todos los esfuerzos posibles hacia los recursos humanos. 
Necesitamos recursos humanos en todos los ámbitos: a escala nacional en la educación obligatoria y universitaria, y a escala de la Unión Europea con respecto a la investigación de primera línea. 
Necesitamos un esfuerzo conjunto. 
No podemos alcanzar los resultados esbozados en Lisboa cuando sabemos que actualmente hay 400 000 investigadores europeos trabajando en los Estados Unidos –repito, 400 000 investigadores europeos están trabajando actualmente en los Estados Unidos– y cuando nos demos cuenta de ello, si queremos lograr los objetivos de Lisboa, tendremos que aumentar el número de investigadores propios a 700 000 en diez años, sino no alcanzaremos los objetivos de Lisboa. 
La sociedad más competitiva del mundo no surge porque sí, como ya saben todos ustedes, y en este punto nos topamos con una grave contradicción. 
En varias ocasiones –en mi discurso de hace un momento y en otras ocasiones– he propuesto que deberían establecerse grandes laboratorios, incluso hemos incluido esta cuestión en la perspectiva financiera; también hemos hablado de que la Fundación Europea de la Ciencia se encargue de coordinar la investigación de vanguardia, ya que si no es así la investigación no obtendrá los resultados que deseamos. 
Está bastante claro que esto es lo que realmente debemos hacer, pero no podemos hacerlo cuando nos llegan cartas proponiendo recortes en el presupuesto europeo, como si el dinero gastado a escala europea fuera dinero tirado, como si este dinero no lograra mayores sinergias ni tuviera un efecto incluso mayor para el desarrollo que el dinero gastado a escala nacional. 
Hasta que no nos quitemos esta idea de encima y, por supuesto, elijamos los campos en los que el dinero gastado en Europa es más eficaz –aunque no hay duda alguna de que la investigación es un área donde es extremadamente eficaz–, no seremos capaces de contar con una verdadera gran Europa. 
Por último, una observación final sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: el Sr. Cohn-Bendit, con su enérgica y juvenil vehemencia 
–o más bien con su enérgica y antiguamente juvenil vehemencia– ha pronunciado un discurso sobre la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ha criticado a la Comisión por su decisión. 
Debo confesarles que se trató de una decisión dolorosa que me costó mucho hacer. 
Soy plenamente consciente de que tomar decisiones como estas tiene consecuencias. 
Tuve que tomarla por una sencilla razón: las normas deben obedecerse, incluso si no me complace hacerlo. 
Este es un principio democrático, de manera que el deber de la Comisión era exigir que se obedezca la norma, pero al mismo tiempo también ha sido el deber de la Comisión preparar los cambios necesarios para el futuro. 
Señorías, muy a menudo he sido generoso en este sentido, quizás demasiado, pero los Ministros de finanzas nunca me han dado mucha libertad de acción en este aspecto. 
Por lo tanto, les insto a que ayuden a la Comisión –o más bien nos insto a que nos ayudemos mutuamente– en la presentación de propuestas que puedan traer verdaderamente un nuevo desarrollo y nueva energía a la política económica de Europa. 
El debate queda cerrado. 
. – Quiero llamar la atención de la Presidencia sobre el Tratado Euratom. 
Después de 50 años, este Tratado que fomenta la energía nuclear es obsoleto. 
Sin embargo, junto con todo nuevo tratado constitucional, será un Tratado de la UE. 
Muchos ciudadanos no aceptarán que forme parte de la Constitución de la UE, y si se somete a referendo, tal como se hará en algunos Estados, creo que no existirá mayoría para una Constitución que fomenta la tecnología nuclear. 
Quiero dar las gracias en particular al Sr. Ahern, Presidente en ejercicio del Consejo, por adherirse a Austria y proponer una nueva convención sobre Euratom para revisar este tratado. 
Le deseo que tenga éxito, puesto que estoy segura de que el futuro de esta nueva Constitución depende de que esto sea así. 
Lamento que la Convención evitara esta cuestión, y lamento en particular que el delegado del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Johannes Voggenhuber, descuidara avanzar en este tema, y en vez de ello se dejara arrastrar por un gran designio para una nueva Constitución. 
No obstante, no es demasiado tarde: Austria e Irlanda han abierto el camino que otros deben seguir. 
. – La Presidencia irlandesa, vista desde la perspectiva escocesa, demuestra muy claramente por qué sería mejor para Escocia ser independiente. 
Irlanda, un país más pequeño que Escocia, establecerá la agenda y liderará el proceso de toma de decisiones de la UE, mientras que Escocia ni tan siquiera tiene un voto en el Consejo de Ministros. 
Irlanda liderará el proceso de dar la bienvenida a los diez nuevos Estados miembros –muchos de ellos más pequeños que Escocia– en la UE. 
Estos nuevos miembros tendrán plenos derechos de participación, incluida la votación sobre la política de pesca, mientras que Escocia es un simple observador. 
Deseo a Irlanda éxito en su Presidencia y espero con interés el día en que una Escocia independiente ocupe su lugar legítimo en el mundo: ¡mucho mejor independiente! 
– No sé si Sir Robert Atkins quiere hacer su tradicional observación –que apoyaré plenamente– en este momento, pero si es así puede hacerla. 
– Señor Presidente, puesto que me invita –y ha habido colegas que me han provocado–, ¿de qué sirve dirigir una asamblea que indica que las votaciones deben celebrarse a las 12 del mediodía, pero que luego empiezan a las 12.40 horas? 
A buen seguro podemos ser capaces de gestionar nuestros asuntos de forma eficiente. 
¿Podría usted transmitir esta preocupación a la Presidencia del Parlamento? 
Así lo haré. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
. – Señor Presidente, habida cuenta de la complejidad del expediente y de su carácter altamente político, solicitaré un inciso entre la votación sobre el conjunto de las enmiendas y artículos y la votación final. 
El Reglamento lo permite. 
Vamos a abordar las enmiendas y, seguidamente, los demás informes de modo que tienen tiempo para considerar el resultado. 
. – Señor Presidente, propongo al Partido Socialista que cambie su terminología para ser coherente con una votación anterior sobre el marco jurídico. 
Propongo sustituir marco jurídico por directiva marco, para ser coherentes con la votación anterior y para dar una oportunidad al voto positivo en apoyo al texto del Tratado constitucional. 
. – Señor Presidente, con respecto a la cuestión de la liberalización del mercado del agua, hay una contradicción en la versión francesa. 
La versión francesa está redactada de tal modo que da la impresión de que la enmienda 48 indica que hay que proceder a la liberalización del mercado del agua sin tener en cuenta las características regionales, cuando la versión inglesa dice lo contrario. 
Los que quieran rechazar la liberalización del mercado del agua deben votar pues por el texto original, si no aceptan la enmienda 103. 
Primero tienen que votar a favor de la enmienda 103, que rechaza la liberalización del mercado del agua, y si la enmienda 103 no es aprobada, queda el texto original de la enmienda 48, que también, en su primera parte, rechaza la liberalización. 
Los servicios han observado la discrepancia y puedo confirmar que la versión inglesa es correcta. 
– Señor Presidente, ahora que ya hemos votado todas las enmiendas referentes al punto 51, me gustaría volver a la enmienda 36. 
Nuestro Grupo ha solicitado que se vote en dos partes; de momento solo hemos votado la primera. 
Por lo tanto, le pido que se prosiga con la votación de la segunda mitad de la enmienda 36, de acuerdo con la solicitud que presentamos. 
Los servicios lo están verificando, pero no he recibido ninguna solicitud para que la votación se realice por partes. 
– Bono estará contento. 
– Señor Presidente, me levanto para volver a preguntarle si ya ha terminado de examinar la votación por partes de la enmienda 36. 
Usted se disponía a examinarla y a anunciar el resultado. 
Mi Grupo pidió una votación por partes de la enmienda 36. 
Solo se ha votado la primera parte. 
Me gustaría que ahora se votara la segunda parte. 
No he sometido a votación la Parte I. He sometido 36 a votación. 
No he recibido ninguna petición para que se realice una votación por partes. 
Hemos votado sobre 36. 
Todos los demás Grupos tienen un voto, pero el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos parece ser que tiene dos votos sobre esto. 
Ahora vamos a esperar brevemente la votación sobre la propuesta de resolución a menos que haya objeciones. 
– Señor Presidente, como parece que nos tomamos un pequeño descanso, quisiera preguntar al Sr. Corbett si cree que el procedimiento de votación que hemos adoptado es conforme con el nuevo Reglamento que elaboramos para esta Asamblea a fin de intentar simplificar la votación. 
Las enmiendas relacionadas con el informe del Sr. Nobilia, elaboradas en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, se sometieron a votación en bloques. 
Sin embargo, ahora la votación resulta ser muy polémica y larga sobre un informe elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que creo no es conforme con el Reglamento. 
Ahora nos piden que aplacemos la votación final. 
¿En virtud de qué artículo lo está usted haciendo, Señor Presidente? 
En el Reglamento se contemplan disposiciones para un aplazamiento. 
Por esto he preguntado si había alguna objeción. 
No concederé la palabra al Sr. Corbett porque no voy a dejar que presida la sesión plenaria desde la tarima. 
Por supuesto, hemos cumplido el Reglamento, de otro modo no hubiera procedido. 
– Señor Presidente, este informe surgió a raíz de una petición efectuada al Parlamento Europeo, firmada por 1,9 millones de ciudadanos de Europa. 
La organización que lideró esta petición, la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, está hoy representada en la tribuna de invitados y quiero agradecerle encarecidamente el esfuerzo que ha hecho para presentar este asunto a la Asamblea. 
– Señor Presidente, no queremos causar dificultades en la votación final sobre el informe del Sr. Herzog, pero le ruego que la votación se realice ahora, porque muchos diputados ya se están marchando. 
– Señor Presidente, con todos los respetos por el Sr. Poettering, que quiere ir a comer, esto es tan complicado que podríamos votar primero las demás enmiendas y luego dejar que el Sr. Herzog diga lo que tiene que decir. 
Opino que estas tácticas son indignas de un parlamento. 
Si tienen ustedes dificultades, la gente puede pensar que… 
¡Bueno, la vida es así! 
Seguiremos debatiendo hasta que haya emitido su opinión. 
¿Es eso así? 
¿No tiene nada más que decir? 
Bueno, ¡pues debería hacerlo! 
Señorías, el Reglamento es claro. 
El ponente tiene derecho a solicitar un aplazamiento a menos que existan objeciones. 
Como está claro que ahora hay objeciones al respecto, voy a conceder la palabra al ponente y, a continuación, se procederá a la votación de la resolución. 
. – Señor Presidente, aunque desde mi punto de vista sigue habiendo muchos puntos negativos en cuanto al fondo del texto, considero que permitimos la continuación del proceso de debate sobre este tema importante con un acto legislativo, con el rechazo del procedimiento de la Comisión sin codecisión, y con señales muy claras sobre el rechazo de la liberalización en una serie de sectores, e introducimos un proceso de evaluación concreto, así que voy a votar a favor. 
– Señor Presidente, señora Sandbæk, el ponente ha acordado cambiar la palabra «trabajando» por «siendo explotadas» , lo que quiere decir que la redacción ahora será la siguiente: «esto debe extenderse a las mujeres que están siendo explotadas». 
. – Señor Presidente, quisiera presentar simplemente una enmienda oral a la enmienda de la Sra. Boudjenah e incluir la palabra «constata» al comienzo: «Constata que el Plan de acción para África anunciado por el G8 en 2002 no se ha traducido en compromisos concretos; pide al G8 y a la Unión Europea que contribuyan rápidamente a movilizar los recursos necesarios para contribuir a realizar los objetivos de la NEPAD.» 
Con esto concluye la votación. 
. –El objeto de este informe es proteger la pesca y la industria de la transformación del atún de la Unión Europea frente a la competencia procedente de otros lugares. 
Esta preocupación es tanto más discutible cuanto que la flota atunera comunitaria es ya la más importante del mundo y explota los recursos pesqueros de todo el planeta, entre ellos los de muchos países pobres. 
Además, la competencia procede a menudo de flotas que no por funcionar bajo pabellones de otros países dejan de pertenecer a inversores de la Comunidad Europea. 
El informe se preocupa prudentemente por el descenso de los recursos atuneros. 
En efecto, la competencia, fuente de derroches y crisis en todos los sectores de la economía, tiene consecuencias más desastrosas aún cuando se trata de recursos naturales que una competencias salvaje e irracional puede agotar por completo. 
La única conclusión lógica que se puede sacar de este informe es que el sistema basado en la competencia es perjudicial, y que la única forma sana de gestionar los recursos naturales sería gestionarlos colectivamente, de forma planificada. 
Esta gestión debería realizarse a escala planetaria y no con la única preocupación de proteger la producción de la Unión, ya que los atúnidos tienen la mala costumbre de no respetar las fronteras ni las aguas territoriales. 
Nos hemos abstenido. 
Las flotas comunitarias son responsables de más del 20% de las capturas mundiales de atún y se encuentran entre las principales fuentes de suministro de materia prima para la industria de las conservas de pescado. 
La producción de atún en conserva asciende en Portugal al 6% de la UE, que a su vez representa cerca del 40% de la producción portuguesa de conservas de pescado. Estas cifras ilustran la importancia de la flota y la industria del atún en las regiones menos desarrolladas y más alejadas, que son altamente dependientes del sector pesquero. 
Este sector ha perdido su competitividad frente a la presión de las importaciones extranjeras, como resultado de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, y también se ha visto afectada de forma adversa por la última reforma de la política pesquera común, que entró en vigor en diciembre de 2002. 
Por lo tanto, apoyo la idea principal subyacente de este informe, es decir, que la Comisión elabore un estudio sobre el estado de los recursos de atún, de la flota y de la industria en su conjunto, y que presente posteriormente un plan de acción para el sector del atún que facilite un marco global de ayuda estructural y un plan para proteger el sector frente a la competencia de terceros países. 
Siempre hemos abogado por la necesidad de compensaciones o de ayudas al consumo para apoyar al sector de las conservas, y de importaciones controladas para garantizar que el pescado importado satisfaga los mismos criterios de seguridad y calidad alimentarias que los productos de la industria comunitaria. 
A pesar de algunos esfuerzos correctos, la actual política pesquera todavía significa que la UE está comprando el derecho a abusar de los recursos naturales de los pobres. 
Se trata de una forma moderna de colonialismo. 
Lo que se necesita es una reforma verdadera de la política pesquera y un enfoque totalmente distinto de nuestras relaciones con los países pobres. 
Por lo tanto, he decidido votar en contra del susodicho informe en su totalidad. 
– El objetivo del informe es reforzar las pocas grandes empresas pesqueras con medidas económicas e institucionales con el fin de mejorar la competitividad. 
Como excusa para este refuerzo, el ponente cita el indisputable alto valor nutricional del producto, su valor económico, el empleo, la preservación de las poblaciones, etc. 
Estas excusas ocultan el hecho de que esta actividad solo incumbe a algunas grandes empresas de la UE y que los países desarrollados sobreexplotan la riqueza marítima mundial a expensas de los países pobres y en desarrollo, ya que los acuerdos pesqueros internacionales no son equilibrados y salvaguardan los derechos de los fuertes. 
La aprobación en el informe de las subvenciones para renovar la flota, de las subvenciones a la exportación y de los aranceles y obstáculos tecnócratas a las importaciones refuerzan de modo provocador a determinados hombres de negocios y convierten incluso en más injusta la división internacional del trabajo en este sector, a expensas de los países pobres y en desarrollo. 
Nos gustaría destacar que, en el informe, las subvenciones para la retirada de los grandes buques de la flota del atún se describen como lo que realmente son, contraproducentes y catastróficas, que es la razón por la que se propone que sean abolidas y redirigidas hacia la renovación de la flota. 
Sin embargo, las mismas subvenciones para la retirada de barcos pesqueros de corto recorrido y de bajura, pequeños y medianos, son presentadas por la UE como fondos estructurales, supuestamente para reestructurar los sectores correspondientes. 
Esta contradicción confirma de nuevo la política de clases de los círculos gobernantes de la UE a expensas de las industrias pesqueras pequeñas y medianas en beneficio de las grandes empresas pesqueras capitalistas. 
Dado que el atún es el recurso pesquero con más éxito comercial en el mundo, quiero felicitar al ponente y a la Comisión de Pesca por este informe de iniciativa propia sobre la flota y la industria del atún. 
El informe concluye que los Estados miembros solo se beneficiarán si la UE decide implicarse más en este sector de la industria pesquera. En vistas de la pérdida de competitividad de la flota y del sector del atún de la Comunidad, es imposible aducir una conclusión de este tipo, además de la gran contribución de estas áreas a la UE: la industria conservera proporciona unos 40 000 puestos de trabajo en la UE y el atún representa casi el 60% de la producción total de pescado en conserva. 
Apoyo la propuesta de que la Comisión debería presentar un plan de acción específico y un marco de apoyo global estructural para el sector del atún. 
Reconozco la importancia de que la UE insista en que, en el seno de las organizaciones pesqueras regionales, la flota se adapte a los recursos disponibles, lo que asegurará, donde sea posible, estabilidad y renovación. 
Esta adaptación debe incluir la lucha contra la pesca excesiva practicada por barcos ilegales con banderas de conveniencia, lo que podría implicar, tal y como el informe tiene previsto, elaborar una lista de aquellos barcos que cumplen las normas relevantes y que serán autorizados, e imponer sanciones comerciales a los barcos que no las cumplan. 
. – Todo debería sonreír a la pesca y a la industria atunera comunitarias. 
Cuentan con profesionales emprendedores, de gran calidad, en particular en Francia y en España, y ofrecen un alimento sano y natural, que es objeto de una demanda fuerte y creciente. 
Sin embargo, la competitividad europea se ha debilitado por culpa de la Comisión, aunque esta pretende encarnar en exclusiva el «bien común europeo». 
Las exigencias draconianas y cada vez más mayores de la legislación comunitaria, en particular en materia de seguridad, control, condiciones sanitarias de producción, protección del medio ambiente y protección social, acarrean a la flota y a los transformadores comunitarios unos costes muy superiores a los de sus competidores. 
La ideología de la apertura sistemática y total que anima a la Comisión se aplica a los productos del mar, con la ampliación permanente de la lista de países beneficiarios de preferencias arancelarias, que gozan de un sistema de certificados de origen especialmente opaco, así como el contingente de filetes de atún y el contingente de conservas de atún abiertos a Tailandia, a Filipinas y a Indonesia. 
Nuestro ponente destaca «... la apertura del mercado comunitario a productos foráneos con menores exigencias y controles insuficientes que merman la competitividad de los productos de la Comunidad». 
Es hora de poner fin a estas discriminaciones impuestas por la Comisión en detrimento de nuestras economías y nuestros empleos. 
Este reglamento tiene por objeto la actualización del marco legislativo comunitario actual relativo a los detergentes, que data de principios de los años setenta y que se ha extendido por varios instrumentos legislativos. 
A pesar de algunas limitaciones y del hecho de que no va lo suficientemente lejos, el reglamento contiene algunas propuestas excelentes dirigidas a preservar el medio ambiente, como el control de la biodegradabilidad, y a proteger a los consumidores, a quienes debe garantizárseles información sobre la composición de los productos, listas de ingredientes y un etiquetado efectivo. 
Así que apoyamos las enmiendas de transacción presentadas respecto al informe que tenemos ante nosotros y que ha sido respaldado por siete Grupos parlamentarios. 
Sin embargo, lamentamos que no se exija que en las etiquetas se incluyan avisos sobre los riesgos, sobre todo para los niños, de la ingesta de detergentes, ni que se prohíba el uso de imágenes que puedan inducir a malentendidos, como por ejemplo las imágenes de frutas. 
No olvidemos que tras la armonización de reglamentos siempre existen segundas intenciones políticas hacia una mayor integración del mercado y la eliminación de obstáculos para la libre circulación de mercancías. Esto nos lleva a albergar grandes reservas, ya que podría socavar el derecho de los Estados miembros a legislar de forma eficaz sobre cuestiones cruciales como la protección de la salud humana, del medio ambiente o de los derechos de los consumidores, ya que impondría restricciones sobre los productos que no cumplieran dichas reglas. 
Lo negativo de esta propuesta es que da prioridad a la eliminación de las barreras a la libre circulación. 
Sin embargo, un aspecto positivo es que los Estados miembros que ya han puesto en marcha una legislación para la protección del medio ambiente más estricta que este reglamento no se verán obstaculizados cuando entre en vigor. 
La razón de este reglamento es que, cuando lavamos y limpiamos, no solo añadimos contaminantes al agua limpia, sino también componentes del jabón y de otros agentes tensioactivos. 
Durante muchos años se han llevado a cabo intentos para animar a la producción de detergentes libres de fosfatos. 
Ahora, esta propuesta intenta desalentar las pruebas con animales, la adición de sustancias que se descomponen con dificultad, las sustancias químicas tóxicas y las sustancias con características perjudiciales para las hormonas. 
La revelación de la composición de los detergentes es realmente un gran paso adelante. 
A este efecto se están haciendo intentos de exigir que los productores informen al Gobierno sobre la composición de sus productos y de obligarles a indicar en el envase el contenido real de los conservantes, de los productos que preservan el color y de sustancias aromáticas. 
Debemos dar la bienvenida a la transparencia frente a lo dañino, e intentar convencer al Consejo de ello, a pesar de que una prohibición general de las sustancias nocivas sería preferible. 
Puede que las adaptaciones propuestas al reglamento a largo plazo sean capaces de contribuir a ello. 
Tal vez los productores protesten, pero unas medidas más estrictas son inevitables. 
– Señor Presidente, solo quiero decir que yo he votado a favor del informe del Sr. De Rossa porque estoy convencido de que los grandes simios y otras especies exóticas se encuentran entre los recursos valiosos de nuestro planeta y de que cualquier sistema moderno y altamente desarrollado de protección de la naturaleza y del medio ambiente debería proteger y preservar estos recursos por el bien de las generaciones futuras. 
Considero que el informe del Sr. De Rossa representa un trabajo excelente a este efecto, que contribuirá a la protección y a la preservación de las especies en peligro. 
También nos llama la atención sobre la necesidad de proteger a dichas especies y aumenta la sensibilización pública de tal necesidad. 
Ha sido positivo que se haya aprobado la enmienda 2, yo esperaba que las otras dos enmiendas también lo serían. 
No ha sido así, pero como lo que aquí tenemos es en cualquier caso una solución viable, yo he votado a favor. 
. – ¿Quién no estaría de acuerdo con la idea general de proteger las especies animales silvestres, algunas de las cuales están amenazadas de extinción? 
Pero el informe señala los límites de sus propias propuestas al afirmar, con razón, que «la caza de animales salvajes y la amenaza que supone para las especies en peligro, en particular los simios antropomorfos, debe tratarse en el contexto de una estrategia general de desarrollo y de lucha contra la pobreza». 
Pero en este ámbito no se hace ninguna propuesta. 
Y, por lo demás, ¿cómo hacerla sin cuestionar el sistema económico y social existente, un sistema que hace que pasen hambre millones de seres humanos para los cuales el consumo de la carne de animales silvestres es a menudo la única fuente de proteínas animales, en particular en las zonas tropicales? 
En estas condiciones, las medidas de control o de represalia propuestas serán totalmente ineficaces en la mayoría de los casos, en especial contra las bandas organizadas que practican cazas masivas, a menudo para los mercados occidentales, y solo se volverán contra unos pocos hambrientos. 
Nos hemos abstenido sobre este informe. 
Este tema no estaría en el orden del día si no hubiera sido por la petición firmada por casi 2 millones de personas y si no hubiera sido por la Comisión de Peticiones, que hace un año tomó la decisión de elaborar un informe sobre la cuestión. 
El fenómeno de la carne de animales salvajes ya goza de una gran atención del público en Gran Bretaña, pero no así en otros lugares. 
A pesar de ello, es importante para la cooperación al desarrollo, la salud pública y el medio ambiente que aumente la sensibilización sobre este fenómeno en Europa y que de hecho se adopte una política sobre la cuestión. 
La población en los países en desarrollo está creciendo rápidamente, mientras que el alcance del comercio y de los transportes también está aumentando. 
En el pasado, pequeños grupos de personas solían cazar animales salvajes que vivían en la jungla para su propio consumo. 
Hoy en día, la carne de monos, reptiles y serpientes no solo es consumida por la población local pobre, sino que también se vende en los pueblos africanos e incluso se exporta a Europa como manjar para los ricos. 
La caza comercial de animales y la tala de las selvas tropicales provocan una rápida extinción de las especies, incluyendo gorilas y chimpancés. 
Enfermedades animales difícilmente controlables, como el ébola, se extienden entre la raza humana. 
La cooperación al desarrollo por parte de la UE no tiene en cuenta esta destrucción ni el medio ambiente en general. 
Yo apoyo propuestas relacionadas con el ecoturismo, la protección, la educación y la legislación, a pesar de que probablemente estas dejen algo que desear. 
A pesar de la naturaleza potencialmente ambigua de la palabra «carne de animales salvajes» y de pruebas de que la caza no es la única responsable de diezmar las poblaciones de animales salvajes –en Europa este es a menudo un factor protector y de estabilización de las cifras–, yo he votado a favor. 
El término «carne de animales salvajes» describe un producto alimenticio proveniente de los animales salvajes, cuyo comercio ha tenido un efecto devastador sobre la población de los grandes simios africanos. 
El PNUMA y la UNESCO han establecido GrASP (Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios) y existen muchas otras organizaciones que trabajan para encontrar formas de abordar el problema. Sin embargo, hasta el momento, la UE solo ha mostrado una escasa atención sobre el tema, como ha destacado el ponente. 
El 12 de julio de 2000, la Comisión de Peticiones recibió una petición relativa a la protección de las especies en peligro a causa de la caza y el comercio ilegales, en el marco de la campaña contra la carne de animales salvajes. 
Con mi voto a favor estoy expresando simplemente mi acuerdo con el hecho de que los países en desarrollo necesitan un mayor apoyo para asegurar que, aunque se respeten las tradiciones locales y se tenga en cuenta en particular la escasez de alimentos, creemos que un mayor rigor… 
Yo he votado a favor del informe tan pronto como el Parlamento ha aprobado la enmienda 2, donde se define la carne en cuestión se define como carne de «animales salvajes de zonas tropicales». 
De lo contrario, se habría dado una situación desafortunada en la que las restricciones a la caza y la protección a los animales tendrían que aplicarse a la carne de todos los animales salvajes, incluso especies suecas como el alce. 
El número de alces suecos es estable, y la caza se lleva a cabo de una forma en que la especie no entra en declive, ni se ve mucho menos amenazada de extinción. 
La caza reglamentada del alce sueco y la caza ilegal de simios y otros animales salvajes amenazados de extinción son dos realidades totalmente distintas. 
. – Al aprobar el informe Herzog, el Parlamento Europeo acaba de aprobar algunas excelentes afirmaciones sobre «el carácter primordial del principio de subsidiariedad» y sobre la necesidad de respetar la libre elección de los Estados miembros en lo que se refiere a las misiones, la organización y la financiación de los servicios de interés general a escala nacional (véase el apartado 18). 
Pero al mismo tiempo deja la puerta abierta a un proceso de reglamentación europeo que, de desarrollarse, vulneraría esta subsidiariedad y provocaría una vez más, en algunos años, manifestaciones de protesta contra el intervencionismo de Bruselas. 
Como he dicho en el debate, lamento comprobar que la anterior Presidencia francesa estuvo en el origen de la idea de un marco jurídico europeo. 
El actual Gobierno francés parece haber vuelto a posiciones más prudentes, puesto que, si bien sigue pidiendo un «instrumento jurídico transfronterizo» , quiere limitar su contenido al reparto de responsabilidades entre los Estados miembros de la Unión, a las financiaciones autorizadas y a los procedimientos de control. 
Sigue siendo demasiado, y la Comisión encontrará aún argumentos para infiltrarse y querer reglamentarlo todo. 
En nuestra opinión, basta afirmar que los servicios de interés general son competencia de los Estados, que escogen sus misiones, su organización y sus límites. 
. –A pesar de todas las concesiones hechas por el autor del informe a las fuerzas políticas reaccionarias que trabajan por la privatización de los servicios públicos, hoy parece desbordado por aquellos cuyo apoyo quería obtener. 
Modificado o no, el informe Herzog legisla a favor de la desaparición de los servicios públicos, incluido su nombre, que se convierte en «servicios de interés general». 
Nos oponemos a este informe y, por supuesto, a las enmiendas que lo empeoran. 
La educación, la sanidad, el transporte público, los servicios postales, las telecomunicaciones, el suministro de agua y energía, la electricidad y la eliminación de residuos, deben seguir siendo o volver a ser servicios públicos independientes de las estúpidas e inhumanas leyes del mercado, pues no están destinados a generar beneficios privados, sino a satisfacer necesidades colectivas. 
Además, el proceso expresado en el informe se traduce en reducciones drásticas de personal, es decir, en una catástrofe social. 
So pretexto de armonizar las prácticas entre los distintos países que integran la Unión Europea, sus autoridades se convierten en artesanos de una regresión social grave. 
Sin embargo, la armonización podría llevarse a cabo sobre la base de un desarrollo de los servicios públicos y de su ampliación, en particular con la construcción de viviendas sociales, si las instituciones europeas, al igual que los Estados miembros, estuvieran al servicio del interés colectivo y no de intereses privados. 
En consecuencia, hemos votado en contra de este informe. 
. – La tendencia del voto sobre los considerandos, los apartados y las enmiendas del informe Herzog es una ilustración perfecta, incluso una caricatura, del peso del liberalismo y del mercado único y de su preeminencia sobre cualquier otra consideración en la Europa de hoy. 
«Nadie murió por su culpa, pero afectaron a todos» , podría decirse, parafraseando a Jean de la Fontaine, de los grandes partidos y las fuerzas políticas del Parlamento Europeo. 
Para una gran mayoría del Parlamento, y por tanto para buena parte de la Europa institucional, el servicio público es en el mejor de los casos una mercancía como las demás cuando no es una «barrera» a la felicidad que proporciona el dinero. 
Por tanto, he votado en contra de este informe sin dudar ni vacilar. 
. –Establecer unos servicios de interés general rentables y eficaces para todos, es decir, que desempeñen plenamente su papel de cohesión social y territorial, no solo es reconocer y afirmar que estos servicios de interés general constituyen un objetivo esencial de las políticas económicas y sociales de los Estados miembros, que son uno de los fundamentos de nuestro modelo europeo de sociedad, sino también asumir y defender los principios fundamentales que sirven de base de funcionamiento a estos servicios de interés general, a saber, la universalidad de los servicios, la continuidad, la accesibilidad de las tarifas y la calidad. 
Sin la aprobación de determinadas enmiendas, entre otras las relativas a la directiva marco, estos propios principios fundamentales pueden caer en el olvido; las derivas ultraliberales arrastradas por las directivas sectoriales pueden convertirse en su suerte común. 
No quiero correr semejante riesgo. 
Sin la votación de las enmiendas sobre la exigencia de una directiva marco, he rechazado el texto en la votación final. 
. –El informe Herzog intentaba conciliar lo irreconciliable, cantando loas a la liberalización y defendiendo los servicios de interés general. 
De ahí una cacofonía en las votaciones: ¿había que apoyar este producto «híbrido» que «destaca que la liberalización no ha ido en detrimento de la prestación del servicio universal» , que considera que «la liberalización actual en el mercado del gas es insuficiente» , estimando al mismo tiempo que los problemas encontrados por la liberalización en determinados sectores requieren una evaluación pluralista y abierta de su impacto sobre el empleo? 
El ponente, ante su proyecto mutilado y habiendo tomado rehenes a las fuerzas ultraliberales del Parlamento, estimó que, en conjunto, merecía ser apoyado. 
Por mi parte, junto con todos aquellos que no han sido víctimas del síndrome de Estocolmo, he mantenido la cabeza fría. 
El texto enmendado es indefendible y, por tanto, he votado en contra. 
. – He votado en contra de la propuesta de resolución sobre los servicios de interés general porque las orientaciones votadas por una mayoría de diputados al Parlamento Europeo no reflejan una imagen objetiva de las consecuencias de las liberalizaciones llevadas a cabo hasta ahora. 
Además, abren la vía a la liberalización en otros sectores. 
Hoy, como hemos pedido ya en el pasado, tenemos que proceder a una evaluación seria, pluralista y abierta de la política de liberalización, y publicar sus conclusiones. 
Es necesario replantearse las liberalizaciones emprendidas a fin de dar todo su alcance a la adopción de una directiva marco. 
Por otra parte, ya va siendo hora de excluir definitivamente determinados sectores de la política de competencia que prevalece a escala comunitaria. 
Así sucede, en particular, con la sanidad, la educación y los servicios sociales, incluida la vivienda social. 
Por último, hay que garantizar la subsidiariedad a cuyo amparo se ejercen los poderes locales o territoriales. 
Esta resolución no consagra los servicios de interés general europeos como un valor añadido de la construcción europea, sino como un medio para realizar los objetivos de cohesión territorial, económica, ecológica y social de la Unión. 
Los servicios de interés general son un elemento esencial de nuestro modelo social, que debemos defender y promover. 
Hemos votado en contra el informe Herzog en la votación final porque consideramos que no está a la altura de las circunstancias, diluido por las propuestas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
La extraña mejora del informe se hizo en sesión plenaria, pero las enmiendas que se habían presentado no lo modificaron notablemente. El resultado final ilustra la agresividad de la ofensiva neoliberal y conservadora que arrasa en la UE, como consecuencia de las precipitadas privatizaciones consagradas en la «Estrategia de Lisboa» y los intentos de consagrarlas en la Constitución el mes de diciembre pasado. 
El informe está fundamentalmente dirigido contra el sector público y contra el papel del Estado en la economía, ya que se basa en la falsa premisa de que es la propiedad lo que determina una buena gestión. El objetivo claro es alimentar la avaricia de los principales grupos económicos y financieros en los sectores más lucrativos y los servicios públicos. 
El informe apoya y alienta el proceso de liberalización/privatización en varios sectores clave y hace una glosa lamentable de las consecuencias económicas y sociales, desde la calidad y el acceso a los servicios públicos hasta las pérdidas de puestos de trabajo en los sectores afectados. 
Todos sabemos que la expresión «servicios de interés general» no se eligió por accidente. 
Su claro objetivo es poner fin al concepto de servicio público y, de esta forma, aliviar la carga de responsabilidad del Estado. 
. – Hemos votado en contra del informe Herzog, que demuestra una vez más que este Parlamento no es más progresista que la Comisión o el Consejo de la Unión Europea. 
Este informe ha sido asediado por la mayoría ultraliberal del Parlamento para hacer de él un himno a la destrucción de los servicios públicos. 
Por citar solo un punto entre los 10 ó 20 artículos que abundan en el mismo sentido, se lee que el Parlamento «acoge con satisfacción la liberalización en los ámbitos de las telecomunicaciones, los servicios postales, el transporte y la energía, que ha dado lugar a la modernización, la interconexión y la integración de los sectores, ha causado reducciones de precios a raíz del incremento de la competencia y ha supuesto la creación de cerca de un millón de puestos de trabajo en toda la Unión Europea». 
Y quiere acelerar la marcha. 
Nos encontramos aquí con un dogmatismo mentiroso que choca frontalmente con las aspiraciones de los ciudadanos europeos. 
Es lamentable que el ponente, como una parte importante de los socialistas europeos, opte a pesar de todo por votar a favor de este informe porque abre la perspectiva de una directiva marco sobre los servicios de interés general. 
Pero ¿debemos hacerlo sobre semejante base liberal? 
En este contexto, solo la movilización en la calle de una mayoría puede abrir una perspectiva positiva frente a la destrucción de los servicios públicos. 
. – Este informe es pura y simple superchería política, porque, a pesar de la triste farsa representada en este Parlamento, derecha e izquierda están fundamentalmente en la misma línea, que es la de destruir los servicios públicos sometiéndolos definitivamente al Derecho comunitario de la competencia, un Derecho que, como todo el mundo sabe, siempre ha sido el instrumento menos distinguido del libre mercado. 
Los diputados franceses al Parlamento Europeo del partido de la UMP, maniatado por las decisiones de su Grupo parlamentario ultraliberal, han votado en contra de los intereses superiores de Francia al aprobar un texto del que numerosas disposiciones condenan pura y simplemente la existencia de servicios públicos en Francia. 
En cuanto a la izquierda socialcomunista, no ha dejado de reclamar, en nombre de un federalismo europeísta ciego, la adopción de una «directiva marco» sobre los servicios públicos, un texto que implicaría inevitablemente la transferencia de las competencias de los Estados miembros a la Comisión Europea. 
Porque nos oponemos resueltamente a la ideología euromundialista que ha inspirado este informe, y que es en sí mismo producto de la vergonzosa alianza del federalismo político y el ultraliberalismo económico, los diputados del hemos sido los únicos diputados franceses en haber expresado de forma clara y coherente nuestro rechazo a esta nueva ofensiva antinacional y antisocial contra nuestros servicios públicos. 
. – Los trenes marchaban, los aviones despegaban, el correo llegaba, la atención sanitaria existía, la escuela enseñaba y había luz, todo esto gracias a los servicios públicos nacionales. 
Pero la Comisión de Bruselas quiere privatizarlos, en contra de la razón, los hechos y los intereses sociales. 
La inteligencia retrocede cuando nos deslizamos del hermoso concepto de servicios prestados al público, en nombre del bien común y de la, al miserable concepto de servicios prestados por interés general. 
Los hechos se niegan cuando el integrismo del mercado se niega a ver que los trenes privados del Reino Unido descarrilan, la electricidad de California se apaga, los aviones de compañías aéreas privadas como Flash Airlines se estrellan y las escuelas comerciales norteamericanas dejan el alma en vilo. 
El interés social se sacrifica porque, con la liberalización, el acceso a la asistencia sanitaria, la universidad, los transportes o incluso el agua se dividen en dos niveles: servicios para los ricos y servicios para los pobres. 
Todo esto orquestado por el Sr. Herzog, ponente comunista convertido en «compañero de derrota» de la democracia económica y social. 
Defiendo una Europa en que la economía se someta gradualmente al control democrático. Ello exige una actuación totalmente distinta de la que se está llevando a cabo en la actualidad por medio del Libro Verde sobre los servicios de interés general, lo que hace que Europa sea todavía más neoliberal. 
El Pacto de Estabilidad se usa con mano dura para obligar a los Estados miembros a liberalizar y privatizar importantes sectores de sus economías, a expensas de la supervisión y el control democráticos sobre los sectores sociales y públicos. 
A pesar del reconocimiento de que algunos servicios deben ser accesibles y asequibles para todo el mundo, porque la coherencia y la solidaridad social dependen de ello, ya no queda casi ninguna parte del sector público que sea sacrosanta. 
De hecho, se están ofreciendo oportunidades para colocar la educación superior, la sanidad pública, los servicios sociales y el suministro de agua potable en manos privadas. 
Además, se están cumpliendo a rajatabla los antiguos planes de liberalización sectorial para los servicios postales, el gas, la electricidad y los transportes públicos. 
El resultado de los programas de liberalización del pasado está siendo ensalzado, pero equivocadamente: la experiencia de los Países Bajos y de otros países ha demostrado, en cambio, que la liberalización del transporte público y de la energía ha sido altamente perjudicial para los habitantes. 
A pesar de las afirmaciones del Libro Verde, se han encarecido. 
El suministro de servicios ha disminuido y el empleo está pendiente de un hilo. 
Mi partido defiende una actuación totalmente distinta de la aquí descrita y, en consecuencia, votará en contra de la propuesta. 
. Acojo con satisfacción este informe sobre el Libro Verde sobre servicios de interés general. 
Brinda al Parlamento la oportunidad de tratar el futuro de los servicios públicos No debe conllevar una liberalización desenfrenada; ha de implicar una reflexión cuidadosa sobre lo que ha sido antes y sobre lo que ha funcionado y lo que no. 
Existen algunos ámbitos en los que difiero de mis colegas del Grupo Socialista. 
Creo que las emisoras de radio y televisión que desempeñan un papel principal en la conservación de la diversidad y de la identidad deberían estar exentas de las normas sobre competencia. 
Y lo mismo debería aplicarse a las organizaciones caritativas que prestan un servicio público. 
El último punto que quiero exponer es que, cuando se devuelva la legislación al Parlamento, es preciso que exista un compromiso pleno por parte de esa institución y esto quiere decir codecisión. 
. – Aunque no carece de críticos, el Derecho comunitario de la competencia no impide en absoluto el mantenimiento de servicios públicos. 
Esta compatibilidad se consagra en el artículo 295 del Tratado CE, y se dispone de manera que los servicios públicos deben respetar las normas de la competencia. 
Hemos de constatar que, aunque ha suscitado las protestas corporativistas de los eternos partidarios del –que, so pretexto de defender el servicio público, aspiran únicamente a conservar sus privilegios legales–, la apertura a la competencia de los servicios públicos es en definitiva un vehículo de modernización y competitividad. 
El auténtico problema reside en el reparto de las competencias entre la Unión y los Estados miembros. 
Ahora bien, sobre este punto, una «directiva marco» que defina «la gobernanza en materia (…) de servicios de interés general» , propuesta defendida por la izquierda del Parlamento, es totalmente inaceptable para los auténticos defensores del servicio público: los que rechazan la demagogia ambiente y apoyan una Europa de las naciones, porque conduciría a comunitarizar los servicios públicos. 
Lo esencial, en este asunto, es que las competencias relativas a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos sigan siendo únicamente competencia de los Estados soberanos. 
La creación y mantenimiento de los servicios de interés general representa uno de los pilares del «modelo europeo» de desarrollo, ya que garantiza que, en el seno de una economía de mercado, o más bien de una economía social de mercado, algunos derechos fundamentales sean sacrosantos. 
El ciudadano es portador de derechos, y no es una mera unidad de producción o un peón del mercado libre. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que debe prestarse atención especial a las zonas rurales y socialmente desfavorecidas, haciendo hincapié especialmente en las zonas ultraperiféricas. También apoyo su punto de vista de que los servicios sociales de interés general que desempeñan funciones de seguridad social e integración social deberían estar exentas de las reglas de la competencia. 
Respaldo la idea de que, de acuerdo con los Tratados y con el respeto necesario del principio de subsidiariedad, la Comunidad debe mantenerse neutral en relación con las opciones de los Estados miembros sobre las distintas formas de propiedad. 
No debe permitirse que la definición propuesta del concepto de servicios de interés económico general y de los criterios para distinguir entre las categorías de servicios de interés general deriven en una mayor centralización o en una normalización artificial. Es esencial que las autoridades públicas responsables de dichos servicios puedan disfrutar de libertad de elección. 
A la luz de la votación en la sesión plenaria sobre la cuestión que tenemos sobre la mesa, dado que no se aprobaron propuestas para una directiva marco, he votado a favor. 
. Dado a que la experiencia británica de liberalización ha sido, por lo general, positiva, aunque con ventajas desiguales para los consumidores y la economía, los diputados del Partido Laborista al Parlamento Europeo (EPLP) están de acuerdo con el enfoque de la Comisión. 
Sin embargo, el EPLP cree que es necesaria la universalidad del servicio y la protección de los derechos de los trabajadores y otras prestaciones sociales, medioambientales y económicas, tanto a nivel individual como colectivo. 
Con este fin, el EPLP ha votado a favor de esas enmiendas que se centran en estos ámbitos. 
En vez de una directiva marco, tal como solicita el ponente, el EPLP cree que las decisiones sobre estas cuestiones han de tomarse según unos criterios de sector por sector. 
El EPLP no quiere detener la liberalización ni tampoco perjudicar la legislación y reglamentación en materia de competencia. 
Son necesarias para que la reforma del mercado lleve a cabo el mercado único y alcanzar los objetivos de Lisboa. 
. – Como antiguo alumno del departamento de «Servicio público» del Instituto de Estudios Políticos de París, y concejal municipal responsable específicamente del mantenimiento de los servicios públicos locales, considero que la mejor vía para preservar el concepto de servicio público no es una directiva marco europea, que menoscabaría la libertad de los Estados miembros de definir las misiones que desean confiar al servicio público conforme a los deseos de su población. 
No corresponde a países que no tienen históricamente una cultura de servicio público impedir a aquellos que la tienen disponer de tales servicios cuando lo consideren justificado. 
Por desgracia, el texto incoherente y contradictorio resultante de la votación sobre el informe Herzog no aclarará el debate. 
Si tiene cosas buenas, como el recordatorio del «carácter primordial del principio de subsidiariedad, según el cual las autoridades competentes de los Estados miembros tienen libertad para elegir las misiones, la organización y el modo de financiación de los servicios de interés general» , deja abierta al mismo tiempo la posibilidad de imponer una definición europea uniforme de estos servicios, que desposeería a los Estados de su poder de reglamentación y estaría inspirada necesariamente por una mayoría ajena al concepto de servicio público. 
Por esta razón, me he abstenido de votar sobre el texto final. 
Hoy he votado a favor del informe del Sr. Herzog sobre servicios de interés general y, a ese respecto, también he dado mi apoyo a una lista de enmiendas que respaldan la idea de una directiva marco en este ámbito. 
En este sentido, tiene que quedar claro que solo queremos una directiva marco que respete el principio de subsidiariedad y que esté confinada a regular los servicios de carácter económico general y, por lo tanto, no pretenda regular ámbitos como la educación, la salud pública y los servicios de interés social general. 
El VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria matan cerca de 20 000 personas cada día y se diagnostican otros miles más de nuevos casos clínicos. Donde están más extendidas estas enfermedades es en los países en vías de desarrollo, en particular, en los países menos desarrollados asolados por la guerra, el declive económico y el desmoronamiento de los servicios públicos esenciales, en especial los sistemas de asistencia sanitaria. 
La dura realidad es que «millones de personas en los países en vías de desarrollo continúan muriendo todos los años a causa de enfermedades infecciosas, muchas de las cuales pueden prevenirse y curarse con la medicina». 
Este es el enfoque lucrativo, un enfoque que comercializa la salud, adoptado por las grandes multinacionales farmacéuticas cuya sede se encuentra situada principalmente en países desarrollados. 
Las patentes de medicamentos y la falta de inversión en la producción de medicamentos locales son, por lo tanto, importantes obstáculos que hay que superar. Todo progreso por pequeño que sea en el marco de la OMC sigue dándose de bruces con tremendos intereses económicos. 
Hay que acoger con satisfacción el programa de la UE que se debate actualmente, y cuyo objetivo es combatir estas enfermedades, pero todavía no llega lo suficientemente lejos. 
Los esfuerzos de la comunidad internacional tienen que centrarse especialmente en reforzar los recursos humanos, institucionales y de infraestructura de los países en vías de desarrollo, en especial, para restablecer los servicios públicos y los sistemas de asistencia sanitaria básicos y asegurar que los medicamentos se puedan producir de modo independiente. 
El programa de acción de la Comisión titulado «aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza; cuestiones políticas pendientes y desafíos futuros» se basaba en tres enfoques: mejorar la eficacia, hacer más accesibles los medicamentos e incrementar la I+D (Investigación y Desarrollo). 
Respaldo la propuesta del ponente de estimular a las compañías titulares de patentes para que concedan licencias que permitan que otras compañías puedan fabricar sus productos a un coste más bajo; utilizando salvaguardas en acuerdos de comercio internacional que puedan ayudar a los gobiernos a ampliar el acceso a los medicamentos y proteger la salud pública. 
Necesitamos ver que hay más I+D y nuevos medicamentos e instrumentos de diagnóstico más fáciles de usar, más eficaces y más accesibles. 
De modo similar, hay que poner un mayor énfasis en difundir la asistencia sanitaria maternal e infantil rutinaria, para reducir el índice de mortalidad. La UE no debe permanecer indiferente a estas cuestiones y se ha de incrementar su contribución financiera en consecuencia. 
He votado a favor, ya que creo que los problemas derivados de las enfermedades vinculadas a la pobreza son tan graves que solo con el establecimiento de un amplio abanico de políticas y estrategias de largo alcance podremos resolverlos en todos sus aspectos. 
. La OCDE destaca que la «inversión en salud es un medio importante de desarrollo económico y la mejora sustancial de la salud es un requisito imprescindible para que los países en vías de desarrollo rompan el ciclo de la pobreza. 
Si la salud de los pobres ha de mejorar, es necesario un enfoque sanitario “a favor de los pobres”. 
Esto va más allá del sector sanitario e incluye políticas en ámbitos que afectan de modo desproporcionado a la salud y seguridad económica de los pobres, como la educación, la alimentación, el agua y la salubridad.» 
El VIH/sida, la malaria y la tuberculosis son causas y consecuencias directas de la pobreza, a las que están expuestas en especial las mujeres y los niños. 
Acojo con satisfacción la buena voluntad de la comunidad internacional e insto a nuestros Gobiernos a que mejoren la colaboración respetuosa, en particular en el ámbito sanitario. 
Sin embargo, he de abstenerme: los medios propuestos para luchar contra el «elevado y cada vez mayor» número de mujeres infectadas por el VIH/sida, han de suministrar «información y servicios adecuados sobre salud sexual y reproductiva» para evitar, entre otras cosas, «los embarazos no deseados». 
El embarazo no es una enfermedad: los niños son una riqueza en los países en vías de desarrollo. 
Esto revela la existencia de otro plan que interpreta la salud reproductiva para incluir el aborto. 
Sin embargo, esta no es la posición del Consejo, que ha dejado claro que la «salud reproductiva» NO incluye el «aborto». 
Hasta que la Comisión no aclare esta cuestión, no puedo respaldar esta terminología ambigua. 
. – Hemos votado en contra de este informe, que demuestra un paternalismo cínico hacia los países africanos. 
¿Cómo atreverse, por ejemplo, a afirmar que estos países «deben dotarse de los medios para desarrollar una estrategia de desarrollo sostenible, equitativo y viable, que abra el camino hacia la realización del derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al alojamiento y a las demás necesidades de las poblaciones africanas»? 
¡Incluso en los ricos países de occidente la clase dominante priva de esos derechos a una parte importante de la población! 
Pero las poblaciones africanas tienen que soportar, además de las imposiciones de su propia clase privilegiada, otras mucho más considerables de los grupos industriales y financieros de los países imperialistas. 
Desde el comercio de esclavos hasta hoy, donde estos países son desangrados por el sistema bancario mundial, pasando por el pillaje colonial, el capitalismo occidental nunca ha dejado de empobrecer este continente. 
Hoy, el Parlamento Europeo, el parlamento de los países cuyos líderes pueden ser acusados de haber reducido a los países africanos a la miseria, deja majestuosamente que esos países reparen ellos mismos los daños que se les ha causado a lo largo de los siglos. 
Es deplorable. 
. – El tema es controvertido, pues las orientaciones muy neoliberales de la NEPAD suscitan interrogantes legítimos en todos los que sueñan ver a África salir al fin del subdesarrollo. 
También apoyo las críticas emitidas por el informe, en particular sobre la ausencia de consulta democrática a la «sociedad civil» , los sindicatos e incluso los parlamentos nacionales. 
La realización de un estudio independiente sobre las consecuencias de la NEPAD para los derechos sociales, la seguridad alimentaria, el acceso a las materias primas y la protección del medio ambiente es sin duda el mejor estímulo que puede darse. 
No es menos cierto que no hay que desembarazarse de las responsabilidades de la UE y del G8, ya se trate de la condonación necesaria de la deuda –que sigue asfixiando dramática e injustamente los presupuestos– o de una reforma y un aumento de la ayuda pública al desarrollo. 
Las necesidades se han estimado en 64 000 millones de dólares al año para materializar los objetivos declarados de la NEPAD. 
Los proveedores de fondos deben asumir sus responsabilidades. 
Recibir con gran pompa en el G8 a los Jefes de Estado promotores de la NEPAD es una cosa, respaldar las palabras con actos es otra muy distinta. 
Por último, la elaboración de un marco jurídicamente vinculante acompañado de sanciones para las empresas que contribuyan a los conflictos sería también adecuado para prevenir conflictos que a menudo son asesinos. 
.La NEPAD es sin duda un proyecto de desarrollo concebido y adoptado por los Estados africanos, pero no puede considerarse un proyecto que emancipará a los pueblos africanos. 
De hecho, cada vez más es objeto de denuncia, del mismo modo que el Acuerdo de Cotonú, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de ajuste estructural del FMI, por parte de sectores de la sociedad civil, como el Foro Social Africano de Adis Abeba y el Foro de los Pueblos de Siby en Malí en 2003. 
En efecto, se inscribe en una lógica neoliberal cuyas consecuencias reales son contrarias a los objetivos enunciados. 
No puede haber apropiación del desarrollo tanto nacional como regional cuando el Consenso de Washington, impuesto a los actuales gobernantes africanos para después ser asumido, organiza la adquisición privada del patrimonio económico más rentable por parte de las multinacionales. 
Así, los derechos sociales y las libertades adquiridos durante los tres primeros decenios de independencia se están desmantelando a través de la revisión de los códigos nacionales del trabajo y de los inversores. 
Que los promotores de la NEPAD hayan consultado a las multinacionales y al G8 en vez de los pueblos africanos es muy revelador de la idea de democracia que tiene la NEPAD. 
Por ello, no podemos votar a favor de una resolución que se limita a criticar la falta de consulta ocultando al mismo tiempo la nociva lógica de fondo en que se basa la NEPAD. 
Este informe sobre la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD) , iniciativa política de la mayor importancia emprendida por cinco Jefes de Estado africanos y que se inscribe en un proyecto ambicioso conocido como «Renacimiento de África» , pone énfasis en la prevención de conflictos y en la aplicación de mecanismos de apoyo para restablecer y mantener la paz y en acciones contra la corrupción, lo que es fundamental para la buena gobernanza. 
Asimismo, estoy de acuerdo en que es fundamental estimular la participación de los miembros de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos. El papel de las mujeres en la sociedad africana también ha de ocupar un lugar preponderante en los proyectos de desarrollo. 
A pesar de alguna que otra crítica que recibe la NEPAD por su enfoque verticalista, creo que tenemos que dar a la iniciativa nuestro apoyo incondicional y contribuir a mejorar su impacto humano y social eficaz. Tenemos que ayudar a sacar a cientos de personas del fango del subdesarrollo y desempeñar un papel activo en la lucha contra la corrupción y la tiranía endémicas en amplias regiones del continente africano. 
Por lo tanto, he votado a favor. 
Acojo con especial satisfacción este informe, ya que he luchado por conseguir una nueva perspectiva de África, una nueva perspectiva de un continente olvidado y una perspectiva de fraternidad y solidaridad hacia un continente hermano. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, como ciudadano de Venecia que, por lo tanto, ha heredado una fuerte identidad histórica, cultural y lingüística –recuerdo la Serenísima República de Venecia–, espero que todos los países de la Unión Europea adopten políticas cuyo objetivo sea la devolución de las competencias del Estado a las regiones, en especial las políticas en materia de educación pública, la cultura y la protección de los activos culturales. 
Creemos que es precisamente nuestra diversidad e identidad cultural lo que representa la principal atracción de esta Europa, que no debe intentar centralizar sino dejar espacio a los regionalismos e identidades de todos los pueblos que integra. 
Por lo tanto, quiero subrayar la necesidad de volver a enfocar estas identidades en sus propias zonas locales, para que el gran patrimonio cultural que une a todos los pueblos de Europa pueda ser un ejemplo de democracia y, en particular, de gran solidez de nuestra diversidad en esta identidad europea nuestra. 
– Tal como expone el informe, es necesario llegar a un marco legal con arreglo al Derecho internacional para el derecho a la diversidad cultural. 
Asimismo, –algo que es muy importante desde el punto de vista de la independencia y los movimientos regionalistas como el que represento en este Parlamento, la Lega Nord– el informe subraya con bastante acierto la necesidad de vigilancia en lo que concierne al trato que se da a los pueblos e idiomas minoritarios, incluyendo, en particular, las lenguas indígenas en el contexto de una Europa ampliada. 
En cuanto a la protección de las lenguas de las poblaciones minoritarias, se invita a los Estados miembros, cuando proceda, a que presten una atención especial a la conservación de los monumentos, edificios y objetos que forman parte de la historia fundamental de estas culturas. 
Sin embargo, es necesario que exista una medida mucho más amplia y rigurosa para proteger todo aquello que configura el inmenso patrimonio cultural de lenguas y pueblos minoritarios: la literatura, el arte, el folclore, los libros y manuscritos, que están en peligro de desaparecer. 
En Padania, por ejemplo, existe un inmenso patrimonio cultural lingüístico, que abarca desde la lengua piamontesa a la veneciana, tal como ha mencionado el Sr. Gobbo, hasta el lombardo, el ladino y muchísimas lenguas minoritarias en vías de extinción. 
Para ellas, es vital que se adopte la política de devolución patrocinada por el actual Gobierno italiano. 
Señor Presidente, tenemos el compromiso de salvaguardar la diversidad cultural de la Unión y promover unos medios de comunicación plurales. 
Sin embargo, nos hemos abstenido en las propuestas presentadas simplemente porque creemos que en general no son practicables y que se pueden utilizar otros instrumentos para conseguir nuestros objetivos. 
En conjunto, coincidimos con la ponente en que sería deseable conseguir la diversidad lingüística, la definición de los bienes culturales como bienes públicos, que la difusión por parte del sector público es buena y que la concentración de medios no es deseable. 
Pero los apartados 23, 24, 26, 29, 31, 32 y 33 impiden innecesariamente que en 2005 se redacten las conclusiones de la UNESCO, sin hablar de que reducen, como lo hacen, el margen de maniobra en ámbitos culturales en las negociaciones de Cancún. 
Señor Presidente, como la mayoría de esta Cámara, he votado a favor del excelente informe de la Sra. Prets sobre este tema tan delicado. 
El problema es que siempre que las naciones sin Estado de la Unión Europea, como el País Vasco, intentan poner en práctica las directrices aprobadas, las autoridades francesas y españolas adoptan una actitud profundamente despectiva. 
La semana pasada, en Bayona, se expulsó a unas personas de un juzgado y fueron rociadas con gas lacrimógeno solo porque se atrevieron a hablar en vascuence y a promover el uso de la lengua vasca en los servicios públicos. 
Los miembros de esta Cámara recibirán en breve toda la información sobre este lamentable incidente. 
Debo decir que en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que se adjunta a este informe, se declara que la política de cooperación en la Unión Europea es «impensable sin respeto y fomento de la diversidad cultural como parte integrante de la identidad de los órganos políticos y las comunidades en cuestión». 
. – Los eurodiputados de la Alianza Radical Europea han votado en contra del informe no solo porque se oponen a la liberalización del comercio internacional y renuncian al relativismo cultural, así como al proteccionismo, sino también porque no parecen entender los peligros de aniquilación cultural y lingüística en manos de nacionalistas y defensores del control del Estado. 
Las políticas nacionales que socavan la diversidad lingüística en la enseñanza de lenguas extranjeras –es decir, la obligación de aprender solo una lengua extranjera: el inglés– dominan tanto en la Unión Europea como en los países de adhesión. 
Las propias instituciones europeas son a menudo monolingües o bilingües. 
La resolución no hace ninguna referencia a soluciones innovadoras para los requisitos de comunicación de forma no discriminatoria, como por ejemplo, previendo el uso de lenguas neutrales como la lengua internacional esperanto. 
Tampoco hace ninguna referencia a la escasa protección concedida a las lenguas de las poblaciones indígenas y de los inmigrantes y a la lengua de signos. 
De las propuestas concretas que ya han encontrado un cierto consenso a escala internacional, quisiera mencionar la propuesta de la Asociación Radical del Esperanto de un Observatorio de Políticas sobre Lenguas, que también ha sido recomendada hace poco por la 32ª Conferencia General de la UNESCO. 
Es ciertamente necesario una imagen actualizada de las prácticas y legislación en materia de lenguas y del uso y reconocimiento de lenguas minoritarias dentro de los Estados. 
Acojo con gran satisfacción este informe de iniciativa propia de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre la preservación y fomento de la diversidad cultural, en particular, como se ha hecho en una reciente ronda de conversaciones de la OMC. 
Por lo tanto, la UNESCO ha tomado la iniciativa, en su Conferencia del 17 de octubre de 2003, de empezar a trabajar en la elaboración de un proyecto de Convención sobre la diversidad cultural, con el objetivo de crear un instrumento legal internacional que proteja y fomente la diversidad cultural. 
El informe que se encuentra ante nosotros contribuye de forma positiva a conseguir este objetivo, con una serie de recomendaciones a los Estados miembros y a la Comisión con relación al trabajo de la UNESCO, como puede ser la consolidación de los derechos culturales, el fomento del desarrollo de políticas culturales públicas en cada uno de los Estados y comprometiendo a todas las partes involucradas en la cooperación internacional. 
Entre otros puntos del informe, acojo con satisfacción su reafirmación del principio de preservar y fomentar la diversidad cultural y el acceso a la cultura, como una contribución al entendimiento mutuo entre las personas y a la paz. Respaldo la posición del informe de que los Estados tienen derecho a definir sus propias políticas culturales. 
Por lo tanto, he votado a favor. 
Compartimos plenamente el punto de vista de que es necesario reconocer la diversidad cultural como un derecho fundamental y, por lo tanto, elegimos apoyar el informe de la Sra. Prets sobre diversidad cultural. 
La Unión Europea es, y tiene que continuar siendo, un mosaico de minorías y culturas. 
Como Liberales, siempre tenemos que situar al individuo en el centro de todas las decisiones políticas. 
Por lo tanto, creemos que es de la mayor importancia tanto confirmar en Derecho internacional que cada Estado o grupo de Estados posee un derecho legítimo para decidir libremente la política cultural que quiere seguir, como reforzar la política de cooperación internacional y la solidaridad sobre cuestiones culturales. 
En la UE también se tiene que conservar la diversidad lingüística. 
Sin embargo, tenemos dudas sobre la idea de que la UE esté legalmente autorizada a tomar medidas en el ámbito de la cultura y los medios de comunicación para preservar y fomentar la diversidad cultural. 
Por consiguiente, no queremos respaldar que la UE desarrolle un instrumento jurídico para la diversidad cultural. 
La UE está haciendo todo lo posible por involucrar a una generación joven en proyectos que tienen por objeto vincular la unidad europea y las ideas sobre el progreso. 
Estos proyectos podrían terminar rayando en ser propaganda en lugar de educación. 
Al canalizar dinero hacia organizaciones culturales que propagan «la idea europea» que reivindica un interés europeo general, el objetivo de la UE es crear una elite europea más homogénea. 
En el escenario del peor de los casos, la UE evolucionará hacia un centro de poder, con este acabando en manos de una elite de angloparlantes en toda Europa, poniendo a todos los que no hablen este idioma en casa, o a los que tengan un dominio suficiente de este en desventaja en el trabajo y en cuanto a su capacidad para participar y tener voz en la política. 
Luego, la desviación de las costumbres regionales y nacionales se trata como una forma de handicap. 
Es por este motivo por lo que es positivo que establezcamos ahora, por fin, la defensa de la diversidad cultural contra el comercio y la gobernanza centralista. 
Comparto plenamente el punto de vista de la Sra. Prets, la ponente, de que los servicios y productos culturales y, sin lugar a dudas, la diversidad de opiniones, no son bienes de consumo capaces simplemente de lanzarse al mercado. 
Apoyo su ambición de excluir todo lo que tiene que ver con esto de la liberalización del comercio por parte de la OMC/GATT y protegerlo mediante una convención que se concluya en el marco de la UNESCO. 
Por cuestiones de principio, estamos de acuerdo con la necesidad de salvaguardar el derecho de la autodeterminación cultural y la diversidad cultural de los pueblos de Europa y del mundo entero. 
El informe formula parcialmente de forma correcta algunas de las causas de homogeneización cultural gradual y la comercialización de la cultura (presión por parte de la OMC, rivalidades internas entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea y dentro de la propia UE, incapacidad de la UNESCO de desempeñar su papel, etc.) 
Puesto que creemos firmemente en la diversidad cultural, como uno de los últimos bastiones que defienden la existencia histórica y que continúa la identidad de los pueblos y en tanto que una necesidad histórica (tal como también reconoce el informe) , consideramos que las medidas propuestas son totalmente insuficientes. 
No se puede resolver el problema en un marco de organizaciones como la UNESCO o el Consejo de Europa, y menos aún la Unión Europea. 
La única forma de comprobar e invertir este avance planificado de antemano y catastrófico desde el punto de vista cultural es que los pueblos tomen cartas en el asunto por su propia cuenta, para luchar contra la lógicas y prácticas de las leyes del mercado dictadas por la mundialización imperialista y exigir el respeto de los valores de su cultura. 
Por estos motivos, el Partido Comunista de Grecia no ha apoyado el informe y se ha abstenido en la votación final. 
Tal como ha expresado con tanta elocuencia nuestra ponente (y el ponente de nuestra opinión) , «la conservación del patrimonio cultural, en tanto que patrimonio común de la humanidad, constituye una exigencia de nuestra sociedad civil y el mantenimiento y el fomento de la diversidad cultural, una garantía de paz, estabilidad y desarrollo». 
Esta conservación exige que se tomen acciones específicas. 
Fue desde esta perspectiva desde donde salieron a la luz la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural elaborada por la UNESCO y la Declaración del Consejo de Europa sobre Diversidad cultural. Estas declaraciones consiguieron ir más allá de los meros aspectos comerciales de los servicios educativos y culturales y de los bienes culturales, abarcando objetivos específicos como el desarrollo de industrias culturales locales y mejorando la distribución mundial de obras culturales. 
El respeto y la protección de la diversidad cultural son de crucial importancia, desde el punto de vista no solo de la concienciación colectiva sino también, es de esperar, del desarrollo sostenible. La diversidad cultural, a su vez, está en armonía con el mundo que nos rodea y es algo que cada generación hereda y transmite. 
Creo que la UE debe desempeñar un papel activo en el debate y emergencia de nuevos instrumentos en la Conferencia General de la UNESCO, capaces de abordar las necesidades de un nuevo mundo en el que Europa tiene que promover, con determinación férrea, el fomento de la diversidad cultural, contribuir al diálogo cultural y promover el entendimiento y respeto mutuos. 
. Al mismo tiempo que nos ha deparado una excelente discusión sobre la importancia y riqueza de la diversidad cultural, el informe reivindica expresamente la aplicación de la regla de la unanimidad. 
No se trata de una táctica obstructiva, acusación que se formula demasiadas veces, sino de la mejor garantía de obtener el consentimiento de los Estados y los ciudadanos. 
Otra razón que tenemos para estar satisfechos es la defensa contundente que hace el informe de la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y el «derecho del Estado miembro, las regiones y las entidades subestatales, en su caso, a definir, aplicar y adaptar las políticas culturales» , haciendo hincapié en que «los servicios y productos culturales y la educación no son mercancías… y por ello […] deben estar sujetos a condiciones especiales orientadas según el principio de que el mercado no puede regularlo todo, salvaguardando al mismo tiempo de manera especial la diversidad de opiniones y el pluralismo». 
Los miembros de la delegación de en el Grupo para la Europa de las Democracias y las Diferencias no tienen ninguna propuesta alternativa. 
Apoyamos el concepto de servicio público y rechazamos la liberalización de estos sectores al socaire del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
Es lamentable y preocupante que todas estas directrices no se hayan extendido a todos los servicios de interés general con el voto sobre el informe Herzog, pero damos nuestro apoyo sin reservas a la resolución sobre la conservación y promoción de la diversidad cultural en asociación con la UNESCO. 
. – Continuando con las explicaciones de voto del Sr. Cappato, he de destacar la importancia de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
La OSCE promueve la seguridad en todas las formas posibles salvo la intervención directa y armada y, por lo tanto se esfuerza en lo posible por fomentar el respeto por la diversidad cultural y lingüística. 
Hay dos instituciones de la OSCE que trabajan para conseguirlo: el Alto Comisariado para las Minorías Nacionales y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, que han prestado una atención continua al tema de las lenguas. 
Hace poco, en su reunión de Maastricht en diciembre de 2003, los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OSCE aprobaron una decisión sobre la tolerancia: Decisión 4/03. 
El Artículo 10 alude al Alto Comisariado para las Minorías Nacionales y sus recomendaciones sobre la educación y las lenguas, incluyendo en las emisiones de radio y televisión. 
La decisión también se refiere a las recomendaciones sobre este tema por parte del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, cuyo texto puede encontrarse en www.osce.org. 
En 2002 y 2003, llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre los medios de comunicación en sociedades multilingües, tomando como ejemplo a cinco países: Luxemburgo, Suiza, la antigua República yugoslava de Macedonia, Moldova y Serbia- Montenegro. 
El 13 y 14 de septiembre, la OSCE organiza una conferencia sobre racismo y xenofobia, que se celebrará en Bruselas, durante la cual espero se aborde el tema de la diversidad lingüística. 
El informe anual 2002 sobre igualdad de oportunidades es importante para los objetivos de la UE. 
Sin embargo, hemos observado una serie de defectos en el informe. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, creo que es esencial adoptar un enfoque sobre dos flancos, con el objetivo de asegurar una igualdad de trato y de retribución, y una auténtica integración política de la cuestión del género. 
Dado que el crecimiento del empleo, en particular de las mujeres, está vinculado directamente a si es posible combinar el trabajo con la vida familiar, la estrategia del empleo tiene que incluir referencias a la financiación y establecimiento de instalaciones para el cuidado de los niños y de las personas dependientes, y el acceso al permiso parental retribuido. 
También debe incluir medidas de apoyo centradas en ayudar a las mujeres a volver al mundo laboral después de dedicarse a formar una familia. 
Hay que esforzarse en lo posible por abarcar ámbitos tan diversos como la seguridad social, la formación, las iniciativas empresariales, la inclusión de las mujeres en el proceso de la toma de decisiones, prolongar la vida laboral, la violencia doméstica y el tráfico de mujeres. 
El informe de iniciativa propia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades llama la atención con acierto sobre aspectos importantes de la estrategia marco y sobre programas de trabajo anuales e informes sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UE. 
Esto incluye que todavía hay que definir los objetivos para la estrategia en términos mensurables y que los informes anuales no logran combinar el abordar los objetivos políticos que he destacado y un análisis y evaluación exhaustivos de la situación actual. 
Aunque contiene determinados aspectos que considero que son contradictorios, estoy de acuerdo con el informe cuando pone de relieve la falta de coherencia entre la política de las Naciones Unidas –según se definen en la Plataforma de Acción de Pekín– y la política de la UE sobre igualdad de oportunidades. 
También celebro que destaque la falta de información con relación a la ejecución de una serie de programas comunitarios, y cuando expresa su decepción de que el programa de trabajo 2003, relativo a acciones prioritarias, no haga más que reiterar las intenciones anteriores. 
También estoy de acuerdo con la ponente cuando subraya la necesidad de un informe que resuma la Plataforma de Acción 1995 en los Estados Miembros, a presentar antes del fin de este período legislativo. 
Lamentablemente, las buenas intenciones no se han traducido a la realidad. 
En la ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, los derechos sociales y otros logros sociales, las primeras que se ven afectadas son siempre las mujeres, quienes se enfrentan al desempleo y a una retribución desigual. 
. La Comisión tiene que proporcionarnos informes anuales sobre la situación actual en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres en la Unión Europea. 
Hoy, tenemos que pronunciarnos sobre el informe anual de 2002, una buena práctica que nos permite evaluar cómo están las cosas cuando se trata de aplicar las buenas directivas y programas europeos que tienen por objeto garantizar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres. 
Todos sabemos que, cuando esto procede, no es oro todo lo que reluce en los Estados miembros o en los países de adhesión, y que esta Asamblea tiene y debe denunciar esto no es discutible. 
Sin embargo, existen algunos pasajes en esta propuesta de resolución de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, por lo demás, sorprendentemente sensata, que hay que modificar. 
Varios diputados de esta Asamblea han puesto objeciones a la exigencia de que los Estados miembros y los países de adhesión proporcionen antes de 2010 unas buenas instalaciones para el cuidado de los niños asequibles para al menos un 90% de los niños de entre tres años y la edad escolar y para el 33% de los niños de menos de tres años. 
Se preguntan si esto es conveniente o realista, es decir, asequible. 
– Por término medio, las mujeres de la UE ganan un 84% de lo que ganan los hombres, y el índice medio de desempleo de las mujeres en 2001 fue de un 2,3 % más alto que el de los hombres. 
En la exposición de motivos, la ponente demuestra con agudeza que las muchas palabras bien sonantes sobre la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres son debidas, en la práctica, a una ausencia de resultados mensurables. 
No se han establecido de antemano objetivos claros y los criterios de evaluación establecidos por la Comisión Europea en esta Estrategia marco para el periodo 2001-2005 no vuelven a aparecer en su Informe anual para 2002. 
Por lo tanto, no está claro qué es lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, y cuáles son los resultados. 
Asimismo, la Comisión y el Consejo trabajan independientemente una de otro. 
Durante la Presidencia finlandesa a finales de 1999, el Consejo estableció nueve indicadores con respecto a las mujeres que ocupaban puestos de trabajo de responsabilidad y de toma decisiones, a los que se les añadió indicadores franceses de la reconciliación del trabajo y la vida familiar, indicadores belgas de desigualdad en las retribuciones e indicadores daneses de la violencia doméstica contra las mujeres. 
Todo esto son cosas muy bonitas que los ministros pueden decir a sus grupos de apoyo de regreso a casa. 
No se hace ninguna otra mención en los informes anuales, y los documentos en que se basan continúan siendo confidenciales. 
Es vergonzoso que la propuesta de resolución adoptada por unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades carezca de la firmeza de una exposición de motivos clara. 
Me temo que, una vez más, poco va a cambiar aquí. 
Creo que la igualdad entre hombres y mujeres es de suma importancia, y he condenado siempre la discriminación por cuestión de sexo. 
Sin embargo, me veo forzado a estar en desacuerdo con la posición de la ponente, que, en lugar de luchar por la igualdad, pretende imponer el extremismo igualitario. 
Para conseguir que la igualdad sea una realidad no es necesario tener el mismo número de hombres y mujeres desempeñando un determinado trabajo, es mucho más importante primero asegurar que existe igualdad de acceso a las oportunidades. 
El igualitarismo en el informe que tenemos ante nosotros es una imposición absurda, que ofrece una impresión superficial de igualdad y solo reflejará la representación real, si es que lo hace, por coincidencia. 
Creo que muchas de las ideas de la ponente, en cuanto a derecho comunitario, no podrán aplicarse en la Unión Europea, ya que son de la competencia de los Estados miembros. 
A pesar de todo, respaldo algunos de los puntos expuestos en su informe de propia iniciativa, que, en cualquier caso, no atañen exclusivamente a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Estoy de acuerdo, por ejemplo, con la crítica de la ponente sobre la falta de transparencia en las decisiones tomadas por el Consejo, que impide que el Parlamento y los ciudadanos hagan una evaluación adecuada de sus actividades y decisiones. 
(1) 
– De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los preparativos para la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, todos los años, tenemos este debate sobre los derechos humanos inmediatamente antes de que se reúna la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y todos los años podemos incondicionalmente aprobar lo que la Comisión y el Consejo tienen que decir. 
Lo que ocurre es que los principios que proclamamos son comunes a todos nosotros y nadie duda que les damos nuestro pleno apoyo. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho con acierto que los derechos humanos son un requisito indispensable si se quiere garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad. 
Sin embargo, esto nos lleva muy rápidamente a los déficits, y el Comisario ha destacado que la Comisión de Derechos Humanos no aprovecha las oportunidades que se le brindan tal como debería. 
Creo que la Presidencia irlandesa no quiere honestamente que la acción para los derechos humanos sea una tónica de su presidencia. 
La trayectoria de Irlanda en esta materia es muy buena; ha producido figuras destacadas como Mary Robinson, que se han distinguido en este ámbito. 
Con referencia a otra cosa –el Tratado Constitucional– su Primer Ministro ha dicho hoy que quiere hacer lo mejor que pueda, pero que no está solo. 
En lo que respecta a los derechos humanos, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, por desgracia, no está usted solo. 
El Presidente de mi Grupo ha dicho algo sobre este tema esta mañana, diciendo que estaría bien si se diera una expresión más substancial a la acción para los derechos humanos en los principales Estados, es decir, en comunicados conjuntos. 
De acuerdo con el viejo principio de administración prusiano de que «el gobierno se hace por escrito» , de que lo que no está archivado no existe, y si, en sus relaciones con Rusia y China, debate sobre asuntos detrás de puertas cerradas sin mencionarlos en un comunicado, entonces –desde el punto de vista político– nada ha sucedido. 
Por lo tanto, le pido que, cuando represente usted a la Unión Europea en reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, apoye las resoluciones sobre China, Rusia y también sobre Irán. 
Soy el ponente sobre Irán y creo que la situación actual hace que sea necesario que se haga así. 
Permítanme que recurra a una propuesta de la Asamblea de hace algunos años y aconsejarle que no se concentre en nuestros 15 o 25 Estados miembros, sino que actúe en coordinación con todas las democracias que forman parte de esta Comisión, consultando a todas las democracias que funcionan en todo el mundo y llegando a acuerdos sobre sus preocupaciones. 
Volviendo a los africanos, uno no puede sino preguntarse qué es lo que quieren realmente: por un lado, reconocimiento por la forma en que están estableciendo altos niveles con arreglo a la NEPAD, el nuevo programa para el desarrollo africano, e incluso por establecer el mecanismo de evaluación inter pares que estuvimos debatiendo ayer por la tarde, pero cuando se trata de ser prácticos, rehuyen la cuestión, incluso poniendo objeciones a que Australia asuma la presidencia, posiblemente debido a que Australia desempeña un papel preponderante en Zimbabwe. 
Considero que todo esto es muy dudoso, y tenemos que preguntarnos qué es lo que vamos a hacer con los africanos. 
Ayer dije que estoy profundamente a favor de que apoyemos a los que hacen algo práctico en defensa de los derechos humanos, pero, por el contrario, esto también quiere decir que tenemos que imponer sanciones a los que no lo hacen. 
– Señor Presidente, el Parlamento Europeo se alegra, por supuesto, de que el Consejo y la Comisión tengan en cuenta su opinión antes de la sesión de Ginebra. 
El Parlamento ha expresado, en el curso de esta legislatura, varias preocupaciones que le gustaría ver reflejadas en esta sesión, y me limitaré a citar cinco de ellas. 
La primera es asegurar que los derechos humanos no se sometan a un doble rasero. 
La falta de denuncia de las violaciones flagrantes de los derechos humanos en grandes potencias como China –tortura, desapariciones y pena de muerte–, Rusia –con Chechenia– y los Estados Unidos –con Guantánamo–, por ejemplo, sería inaceptable para la opinión pública. 
Grandes y pequeños deben ir en el mismo barco. 
La segunda cuestión tiene que ver con las decisiones de la Unión Europea: sus votos deben reflejar las preocupaciones que el Parlamento ha expresado en sus informes anuales y sus resoluciones, y en particular el refuerzo del Derecho internacional como garante de los derechos humanos en el mundo. 
El Parlamento ha reiterado en muchas ocasiones la importancia de que todos los países suscriban los convenios internacionales que contemplan la abolición de la pena de muerte, de la tortura y de las minas antipersona. 
Ha lamentado y juzgado severamente las presiones ejercidas por los Estados Unidos sobre determinados países para obligarles a no ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional. 
Por otra parte, ha insistido en temas concretos, como la violencia contra las mujeres y los niños, en particular, que usted ha mencionado como una de las cuestiones temáticas. 
La tercera preocupación es que la condena del terrorismo y de los países que acogen a terroristas debe ir acompañada de la condena de todos los abusos y violaciones de los derechos humanos que se perpetran hoy en muchos países en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
La lucha contra el terrorismo es sin duda importante, pero no debe librarse pisoteando el Derecho internacional, ni violando los derechos humanos. 
Esta preocupación del Parlamento Europeo, ya evocada en su resolución de enero de 2003, quedará claramente reflejada en el informe 2003 sobre los derechos humanos en el mundo, del que soy ponente. 
La cuarta cuestión, el derecho a la salud reproductiva, que abarca todos los servicios relativos a la vida sexual y reproductiva, también tiene prioridad en ese mismo informe. 
No hace falta que les recuerde que la mortalidad materna e infantil, las epidemias de enfermedades sexualmente transmisibles y los fallecimientos a causa de los abortos practicados clandestinamente ocasionan hoy más muertes que cualquier conflicto armado. 
Esas muertes trágicas e inútiles siguen siendo la suerte del Tercer Mundo, en particular de África. 
Esperamos del Consejo y de la Comisión un compromiso muy firme en relación con este derecho a la salud reproductiva. 
En quinto lugar, por último, el Parlamento Europeo acoge con agrado la coordinación entre la Comisión y el Consejo y espera que se mantenga. 
Le gustaría que, como en 2003, una delegación pudiera asistir a la próxima sesión de Ginebra. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor representante de la Comisión, creo que es una satisfacción para este Parlamento que pueda celebrarse este debate de preparación de la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Los derechos humanos son un hecho prioritario, que debe extenderse de forma universal e indivisible, independientemente de las culturas en las cuales cada país esté fundado. 
Me complace enormemente haber escuchado decir al Presidente en ejercicio del Consejo que los derechos humanos iban a ser un apartado clave la Presidencia irlandesa. 
También me ha complacido escuchar que la Unión Europea no debe únicamente defender los derechos humanos para exportarlos, sino que debe existir, también, un trabajo y una preocupación para que, en los distintos Estados de la Unión Europea, los derechos humanos sean siempre protegidos y respetados. 
En este sentido, los actos vandálicos, de racismo o de xenofobia, o aquellas asociaciones que defienden determinadas identidades culturales deben ser absolutamente proscritos. 
Igualmente, señalo que, siendo la Unión Europea un continente con una inmigración importante, es posible que algunos de estos actos estén dirigidos contra los colectivos de inmigrantes. 
Como no puedo, naturalmente, referirme a todos los puntos que creo que deben defenderse en dicha sesión de Ginebra, voy solamente a referirme a tres concretos: el primero, es el tema de Cuba, en la que se están produciendo detenciones ilegales, precisamente por delitos de opinión; en este sentido, la garantía de la libertad de expresión, de asociación y de reunión es un tema prioritario. 
El Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a Oswaldo José Payá en el año 2002 y creo que este es un tema que debe preocuparnos. 
En la misma isla de Cuba, está Guantánamo- segundo punto-. 
No me voy a extender, pero hay 700 personas que están allí pendientes de un juicio y en una situación que legalmente no se puede defender. 
Por último, hay otros países, como Corea del Norte, en los que hay reclusiones que son abiertamente condenables. 
Yo mismo he estado viviendo muchos años en un país en el que los derechos humanos no estaban garantizados y creo que debe ser una preocupación de la Unión Europea el defenderlos aquí y en todo el mundo. 
– Señor Presidente, en este comienzo de año 2004, el clima de obsesión por la seguridad se ha acentuado. 
La lucha contra el terrorismo se esgrime para justificar ahora cualquier medida represiva, autoritaria o discriminatoria. 
Las libertades de expresión y de circulación, y en ocasiones el conjunto de los derechos democráticos, pasan por momentos difíciles en muchos países, a semejanza del Gobierno de George Bush, que acaba de instaurar un procedimiento específico de entrada al territorio norteamericano para los agentes de las compañías aéreas originarios de diez países. 
En el mundo, muchos ejemplos testimonian asimismo una ofensiva contra aquellos y aquellas que militan incansablemente por el respeto de los derechos humanos. 
En previsión de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quiero citar aquí algunos. 
Pienso en Sihem Bensedrine, escritora, periodista, antigua portavoz del Consejo Nacional por las Libertades de Túnez, que fue agredida hace unos días en plena calle en Túnez cuando regresaba a su domicilio. 
Un colectivo de quince abogados ha presentado en su nombre una demanda y Sihem Bensedrine ha acusado, y cito, a «la policía política». 
Las autoridades tunecinas se han apresurado a desmentir, como es habitual, la existencia de dicha policía. 
Al régimen de Ben Ali no le hacen gracia, sin duda, las recientes y numerosas intervenciones de esta militante valiente e implacable para denunciar los atentados contra los derechos humanos cometidos en su país, y ello en los medios de comunicación europeos, ante una comisión parlamentaria en Alemania o también con ocasión de la publicación de su último libro. 
En oposición a las sorprendentes declaraciones del Presidente francés en Túnez el pasado mes de diciembre, los actos de acoso de que son víctimas cada día los militantes tunecinos por los derechos humanos no atestiguan que el régimen tunecino esté adelantado, como ha dicho el Sr. Chirac. 
Al contrario, libertades tan fundamentales como las de expresión, de opinión, de asociación o de reunión siguen siendo violadas cada día, haciendo caso omiso, por lo demás, de las peticiones reiteradas del Parlamento Europeo. 
Esta observación es compartida por la Sra. Hina Jilani, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos. 
Me parece que las instituciones europeas, el Consejo y la Comisión, deben dejar de tergiversar y deben afirmar, con ocasión de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en general, una posición sin ambigüedades hacia este régimen y usar su influencia para exigir el respeto de todas las libertades. 
La credibilidad de los lazos UE-Túnez debe estar a la altura de esta exigencia. 
Acogemos con agrado la muy reciente liberación de presos políticos en Marruecos, en particular la del periodista Ali Lmrabet y varios detenidos saharauis que estaban encarcelados desde hace muchos años. 
Esta liberación demuestra la importancia de la solidaridad internacional. 
Quiero aprovechar este debate y también la próxima visita de Kofi Annan a Bruselas para recibir el Premio Sajarov a fin de reiterar exigencias ya expresadas aquí pero que siguen estando de actualidad. 
Quiero hablar de la cuestión del Sahara occidental y pedir a los Gobiernos de los Estados miembros que apoyen firmemente a las Naciones Unidas en sus esfuerzos actuales. 
En efecto, dado que el plazo se ha fijado para el 31 de enero, es urgente influir en Marruecos para que acepte, como hizo valientemente el Frente Polisario, y aplique sin más retrasos el plan de paz de la ONU, que prevé al fin la autodeterminación del pueblo saharaui con la celebración de un referendo libre y democrático. 
El Consejo y la Comisión disponen de medios para conseguirlo. 
Por último, quisiera mencionar la situación en Palestina. 
La población palestina ya no puede más. 
Cada gesto de buena voluntad, como la iniciativa de Ginebra a favor de la paz adoptada por líderes israelíes y palestinos, es despreciada al instante, por no decir más, por Sharon. 
Las acusaciones de traición, la circulación de listas negras, los disparos mortales del Ejército israelí en los territorios ocupados, las condenas de jóvenes soldados objetores, son otros tantos golpes que se dan a la idea misma de paz en Oriente Medio. 
La escalada sigue siendo peligrosa y sangrienta. 
No puedo felicitarme a este respecto de la apertura de la próxima sesión del Tribunal de La Haya, que debe decidir sobre la legitimidad del «muro de la vergüenza». 
Pero en materia de denuncia de las violaciones, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Unión Europea tienen que asumir sus responsabilidades. 
– Señor Presidente, 2003 ha sido un año excepcionalmente sombrío en lo que respecta a los derechos humanos internacionales. 
Para mí el año empezó en Sudáfrica, donde me encontraba trabajando para la Comisión de la Verdad y Reconciliación que había investigado la legalidad del, y no quiero volver a ver la desigualdad, el racismo o la discriminación del en ningún otro lugar en la misma escala. 
Sin embargo, ahora corremos verdadero peligro –el terrorismo real o imaginario habiéndose convertido en un factor de un análisis del orden mundial– de deslizarnos hacia el mundial. 
Mientras alegremente somos entusiastas de la noción de seguridad multilateral basada en la cooperación, la Unión Europea, como Comunidad de valores y en su labor de derechos humanos, que tiene un impacto clave en la seguridad, ha decepcionado en cuanto a trabajo práctico en este ámbito. 
Esta semana, Amnistía Internacional ha publicado un informe denominado, en el cual la política de derechos humanos de la Unión Europea es objeto de duras críticas. 
Por ejemplo, Amnistía se queja de que los gobiernos de los Estados miembros de la Unión a menudo no se molestan en responder cuando se ponen en contacto con ellos. 
Sin embargo, nosotros también hemos experimentado cierta frustración en las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Los principales violadores de los derechos humanos, como China y Rusia, se salen con la suya año tras año. 
Las muestras de preocupación del Parlamento en estos casos, como en muchos otros, no han llegado a nada debido a la actitud pasiva de los Estados miembros, a las diferencias de opinión entre ellos, y los intereses comerciales y otros sórdidos intereses que tienen, acechando entre bastidores. 
Es por ello por lo que las buenas intenciones, tanto en el sentido temático como geográfico, con frecuencia siguen siendo gestos vacíos inexcusablemente fútiles. 
Lo que se necesita es poder efectivo y efecto: con esto me refiero, por ejemplo, a las declaraciones sobre derechos humanos y democracia. 
El país que asume la Presidencia, Italia, en todo caso ha elegido los derechos de los niños como su tema para el foro de derechos humanos. 
En cuanto a esto, uno no obstante teme que las directrices para los niños y los conflictos armados acordadas en diciembre no se van a aplicar efectivamente, tal como fue el caso con el programa de acción contra la tortura en 2001. 
Entre tanto, la nueva estrategia europea de seguridad seguirá sin ningún contenido sostenible a menos que se base en una política sobre derechos humanos coherente y creíble que el Consejo también abarca incondicionalmente. 
Ahora todos los ojos se vuelven hacia Irlanda. 
A menos que soplen vientos nuevos tanto en nuestras relaciones bilaterales como en las Naciones Unidas, tendremos que preparar, no solo una combinación de farsa y desastre virtual, como la que vimos en la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos, sino también debido a que vamos a perder lo que históricamente es una oportunidad de oro, justo ahora cuando nuestra labor podría ser crucial, por no decir de una importancia tal que hace época. 
– Señor Presidente, tal como nos ha recordado el Sr. Ahern esta mañana, en el respeto por los derechos humanos reside el núcleo de la política europea. 
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de la Unión, se siguen violando los derechos humanos en demasiados ámbitos, no solo en el resto del mundo sino incluso en la misma Unión Europea. 
El tráfico de seres humanos y de órganos, nuevas formas de esclavitud que exigen nuestra atención en el tercer milenio, el uso no regulado de Internet que, con demasiada frecuencia, infringe las legislaciones de nuestros países y se convierte en un vehículo de la pedofilia, del comercio de seres humanos y de la difusión de información entre terroristas que no tienen ningún respeto por la vida humana y la dignidad; estos son solo unos pocos ejemplos que podemos dar. 
Hay que hacer un llamamiento a las Naciones Unidas para que garanticen que se respetan los derechos que se violan en tantos países hoy en día. 
Los niños que se obligan a trabajar o a ser guerrilleros para poder sobrevivir también son los niños que en nuestras sociedades opulentas ven sus imágenes y sus cuerpos utilizados para actividades comerciales, en violación de los derechos que su edad les confiere. 
Se han proferido demasiadas palabras y declaraciones como reacción a situaciones urgentes que, en realidad, exigen decisiones políticas firmes, como la decisión de dejar de utilizar niños en la publicidad o promocionar actividades generadoras de ingresos, y la decisión de establecer determinadas relaciones económicas con terceros países a condición de respetar los derechos humanos. 
A estos países que no poseen un sistema secular sino uno basado en imponer la, con todo lo que comporta esta ley religiosa en la violación de los derechos humanos, la Unión Europea y la comunidad internacional deberían hacer que tuvieran que hacer frente a decisiones claras. 
Aunque la cooperación sigue siendo una forma de acercarse más a la población, manteniendo relaciones económicas normales con los gobiernos que incumplen el principio de los derechos humanos, estaría equivocado y contradiría claramente todas las palabras bien sonantes que hemos pronunciado en los últimos años. 
Pedimos a la Presidencia irlandesa, con el apoyo del Parlamento, que presente la necesidad de declaraciones más enérgicas y más políticas en su próxima reunión con las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad que se brinda en este debate de pedir al Consejo y a la Comisión que incluya la situación de Vietnam en la agenda en la próxima 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Varias fuentes fiables, algunas de ellas locales, hablan de un panorama de represión del gobierno cada vez mayor y esto se aplica incluso más a los últimos seis meses del año pasado, 2003. 
A modo de ilustración, quiero darles algunos detalles de la situación nacional. 
Incluso las cifras oficiales muestran que se ha doblado el número de sentencias de penas de muerte en 2003 si se compara con 2002, en particular por drogas y delitos de tipo económico. 
Asimismo, se detiene a los ciudadanos alegando espionaje o críticas contra el gobierno en Internet. 
Los Protestantes de las tierras altas centrales de Vietnam están sometidos a grandes sufrimientos. 
Son objeto de persecución étnica y religiosa continua, incluyendo la máxima sanción del gobierno de privarles de su medio de vida: su tierra. 
Casualmente, Hanoi ha prohibido estrictamente a estas tribus de las montañas mantener contacto con el mundo exterior. 
Las reuniones de más de dos personas también están prohibidas. 
No es de extrañar que estas personas, conocidas como los «Montagnards» , intenten huir de su territorio fuertemente militarizado lo que deriva en una crisis de refugiados. 
En general, aquí observamos violaciones escandalosas de los derechos humanos. 
Comisión y Consejo, confío en que exigirán a las autoridades vietnamitas que rindan cuentas sobre estos asuntos a través del foro mundial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Es de importancia vital que las Naciones Unidas exijan que Hanoi conceda a sus ponentes especiales para la libertad de religión o creencias y para los refugiados el acceso a las tierras altas centrales. 
El Consejo y la Comisión también deberían presionar para que así sea, sin demora, en Ginebra. 
– Señor Presidente, Señor Ministro, Señor Comisario, les agradezco la información, pero quiero formularles una pregunta, hacer un comentario y, por último, puede que plantearles una propuesta. 
La pregunta es la siguiente: ¿estamos de acuerdo en que, cuando hablamos de «derechos humanos» , también queremos decir derechos civiles y políticos? 
En otras palabras, ¿estamos de acuerdo con la posición de Kofi Annan, quien hace poco ha declarado que la democracia es un derecho humano en sí mismo, tal como se desprende del Artículo 21 y otros de la Declaración Universal? 
La pregunta que formulo es muy importante, y que también se derivó de una conferencia sobre democracia y derechos humanos celebrada en Yemen hace unos pocos días, organizada por, en la que cincuenta países del mundo árabe emitieron una declaración que así lo afirmaba muy claramente. 
El segundo punto es un comentario: la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra es, por descontado, no solo un instrumento reciente –se fundó en 1993– sino también uno muy débil, y es precisamente por su debilidad por lo que se ha visto extremadamente politizada. 
Se trata de un órgano que nunca dispone de medios económicos suficientes y claramente definidos, por no citar competencias instituciones o recursos humanos. 
En resumen, en el mejor de los casos se trata de un organismo que denuncia la existencia de prácticas ilegales dentro de su organización, pero que incluso en estos términos nunca ha hecho su trabajo adecuadamente, precisamente porque está compuesto de bloques opuestos en los que cada uno protege a los miembros de su propio grupo regional. 
Señor Comisario, aunque está muy bien preocuparse sobre el cuestionamiento del Grupo africano sobre la nominación de Australia para ocupar la presidencia, hay que añadir que también es cierto que el año pasado Europa se abstuvo de votar contra la nominación de Libia para la Presidencia basándose en fundamentos regionales. 
Puede que sea bueno recordarlo, Señor Comisario y Señor Ministro, ya que si el año pasado adoptamos una posición más clara –no por lo que concierne al país de origen de la Presidencia sino respecto al nivel de aplicación de los derechos humanos en ese país –quizás hoy podamos tener algunas cartas extra en nuestras manos con las que apoyar al candidato australiano. 
Por último, una propuesta: No creo que podamos realizar más progresos con simples críticas, aunque necesarias, hacia varios países, desde Túnez a Vietnam, y podríamos añadir una lista de nombres completa. 
Creo que el problema radica en reforzar las instituciones responsables y, seguidamente, las políticas. 
Por ejemplo, todavía sigo sin entender –y lo he estado preguntando desde 1995 – por qué la Comisión Europea no tiene un Comisario para los Derechos Humanos. 
Es un completo misterio para mí, y nadie me ha dado nunca una respuesta. 
Finalmente, creo que el episodio de la candidatura australiana en sí mismo refuerza la necesidad de crear una comunidad de democracia y de democracias en las Naciones Unidas. 
Solo el fortalecimiento de las instituciones puede hacer que una política avance de las palabras a los hechos; hasta ahora han habido muchas palabras pero ciertamente muy pocos hechos. 
Señor Presidente, el respeto, el fomento y la salvaguardia de los derechos humanos son una de las piedras angulares de la integración europea. 
Por ello, la Unión tiene la obligación y la responsabilidad moral de defender y promover los derechos y las libertades fundamentales. 
La obligación y la responsabilidad, en consecuencia, de mejorar el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hacer de ella la conciencia política del mundo, y por ello me alegro de las palabras que se han pronunciado aquí en este sentido. 
Pero tiene también la obligación y la responsabilidad de denunciar con toda claridad, con toda valentía, las violaciones que de estos derechos se están realizando, dondequiera que se produzcan y cualesquiera que sean los intereses económicos o extranjeros que existan entre la Unión Europea y los países donde estas violaciones tienen lugar o las motivaciones que mueven a vulnerar o a poner en peligro las libertades fundamentales y los principios del Estado de Derecho. 
No hacerlo significa encubrirlas, hacerse cómplices de las mismas, cómplices de lo que ocurre en Chechenia o en Guantánamo o en Cuba o en el Tíbet o en Irán. 
De ese modo la Unión entraría, además, en clara contradicción con los principios y valores sobre los que se sustenta y perdería toda credibilidad, y sin credibilidad no se tiene la autoridad necesaria para impulsar y exigir a los demás el respeto de los principios que decimos defender. 
Pero no basta con denunciar. 
Hay que aplicar también- y hacer aplicar- las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
De lo contrario, nuestro compromiso será pura retórica, y solo con retórica, por larga que sea la lista de las declaraciones adoptadas, difícilmente podremos hacer realidad entre todos un mundo más humano. 
Esta mañana, el Primer Ministro de Irlanda, al presentar el programa de la Presidencia irlandesa del Consejo, ha hecho una referencia especial al tema de los derechos humanos. 
La sesión de Ginebra ofrece una magnífica oportunidad de demostrar que las palabras pronunciadas esta mañana, que todos hemos aplaudido, responden realmente a la voluntad de hacer que la Unión asuma activamente ante el mundo su compromiso con la defensa de las libertades fundamentales que sirven de base al edificio comunitario. 
Estoy convencida, después de oírle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que así será. 
– Señor Presidente, aplaudimos la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo de que no puede haber compromisos sobre el tema de los derechos humanos. 
Por desgracia, la experiencia de las instituciones europeas demuestra que la realidad es, a menudo, el caso contrario. 
Quiero decir algunas palabras sobre dos temas sobre los que creo que Europa debería reunir todo su prestigio político y utilizarlo en Ginebra. 
El primero es la pena de muerte. 
La media vuelta de la Presidencia italiana sobre la resolución para una moratoria sobre la pena de muerte en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue anunciada por la Presidencia pero que nunca se presentó, es un acontecimiento grave que ha dejado expuesta a la Unión Europea y, por encima de todo, ha erosionado parte de su autoridad política. 
Esto muestra que incluso sobre un tema aparentemente tan ampliamente acordado y tan valioso como son los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte como una solución jurídica, dependemos del interés mezquino de numerosos gobiernos. 
Se trata de una batalla que hay que librar a nivel político, empezando en Ginebra. 
El año pasado, en China se registraron 3 138 ejecuciones; también hubo numerosas ejecuciones en muchas de las denominadas democracias liberales, desde Taiwán a Tailandia, desde Japón a la India hasta los Estados Unidos. 
No podemos abordar un asunto como este en el terreno resbaladizo de la conveniencia política y, por encima de todo, no podemos esperar que sea una batalla basada puramente en principios y pruebas, ya que esto no es así. 
Esto se demuestra en que el Gobernador de Illinois ha decidido hace poco conmutar 167 penas de muerte, y creo que se ha debido a que sintió el ímpetu y presión de la opinión pública internacional. 
Otro punto importante, Señor Presidente, se refiere a los periodistas; en otras palabras, el derecho a hablar y no permanecer en silencio, lo que es un buen indicador de la verdadera calidad de una democracia. 
En los últimos diez años han matado a más de 400 periodistas y para muy pocos de ellos tenemos algún tipo de seguridad jurídica. 
En los últimos seis meses, se han producido 228 arrestos y 250 juicios injustificados, muchos de los cuales en países que pertenecen al denominado grupo de las democracias occidentales; el último caso surgió hace solo dos días e involucra a Turquía. 
Entre otras cosas, creo que las fuerzas de represión contra los periodistas y la libertad de prensa han aprendido a utilizar más métodos poco limpios. 
La violencia contra la libertad de expresión y a no permanecer en silencio también se comete y consuma silenciando, censurando e interrumpiendo las retransmisiones; lamentablemente, se trata de prácticas que también han encontrado un lugar aquí en nuestros países, incluyendo a mi propio país. 
En este sentido, queremos pedir a la Presidencia que ejerza un mandato riguroso y valiente, un compromiso político que me gustaría probar y definir en el tema de los derechos humanos con solo dos palabras, que son las palabras que el Parlamento siempre ha intentado transmitir a la Comisión y a la Presidencia: en el tema de los derechos humanos no vamos a tolerar ninguna excepción ni ninguna omisión. 
– Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam dio a la Unión Europea una base legal para emprender acciones para luchar contra la discriminación basada en la orientación sexual. 
Esto dio lugar a la adopción en esta Asamblea, hace unos años, de una directiva contra la discriminación basada en la orientación sexual en el empleo y en todos los ámbitos. 
Durante el proceso de ampliación, hemos insistido de forma coherente y satisfactoria en que se aboliera la penalización del contacto sexual entre personas del mismo sexo antes de que un país pudiera adherirse a la Unión Europea. 
En esta Asamblea, también hemos recordado reiteradamente a países como Zimbabwe y Egipto, con los que la Unión Europea ha celebrado acuerdos, que tenían que poner fin a la discriminación y castigo del contacto sexual entre adultos del mismo sexo. 
Lo dejamos muy claro todos los años en nuestros informes sobre derechos humanos en el mundo y en la Unión Europea. 
Por lo tanto, es solo lógico que también planteemos esta política en las Naciones Unidas. 
Tal como ya se ha dicho, el año pasado, Brasil presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una iniciativa para incluir la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual en la política de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Este año, esta propuesta se elaborará en mayor detalle y se volverá a plantear. 
Probablemente en esta elaboración se hará mención a la discriminación basada en la orientación sexual. 
Se trata de un tema en el que el Tribunal de Justicia europeo dictó una sentencia histórica justo la semana pasada. 
Mi Grupo espera, por lo tanto, que la delegación de la UE dé apoyo a esta iniciativa brasileña en su totalidad –sin omitir nada– y también coopere en elaborarla más a fondo. 
Hay que impedir todo nuevo intento de destruir esta iniciativa por parte de países que tienen este propósito, en cooperación con al menos los Estados miembros de la Unión Europea que son miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, yo también me alegro de que tengamos este debate sobre la preparación de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Me brinda por fin la ocasión de recordar al Parlamento Europeo sus compromisos con respecto a la cuestión de los pueblos indígenas, y en particular en relación con el diálogo de nuestra institución con estos pueblos, demasiado ignorados, y su representación ante ellos. 
Me corresponde, señor Presidente –y usted sabe de qué hablo–, recordar una vez más nuestra resolución de 1994 sobre las medidas internacionales necesarias para una protección efectiva de los pueblos autóctonos, que pedía justamente la creación de una delegación interparlamentaria de miembros de este Parlamento y representantes de los pueblos indígenas. 
Tras diez años de intenso trabajo, los pueblos autóctonos han conseguido organizarse y crear un Foro de los Pueblos Indígenas. 
En cambio, del lado de la Unión, somos más discretos, diría incluso que estamos ausentes. 
Prueba de ello es que ni el Consejo ni la Comisión han hecho referencia a los pueblos indígenas, y el propio Parlamento todavía no ha constituido su delegación. 
Hay que remediar esta falta de consideración hacia una cuestión que afecta sin embargo a pueblos de los cinco continentes. 
Propondré, por tanto, que la Unión invierta medios y su voluntad para organizar conjuntamente con las Naciones Unidas en este lugar el próximo Foro de los Pueblos Indígenas, y para asegurar que los derechos de estas poblaciones también figuren entre nuestras prioridades. 
. Señor Presidente, es muy difícil saber por dónde empezar. 
Ha sido un debate espléndido, y lo que me ha sorprendido mientras escuchaba ha sido la extraordinaria gama de temas abordados. 
Como he dicho al principio, la Presidencia aprecia en gran manera este debate. Constituye un recordatorio puntual y una oportunidad de intercambiar opiniones con el Parlamento unos dos meses antes de que se inaugure la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
Sus Señorías –incluida la última oradora–, en sus significativas y fructíferas intervenciones, han señalado cuestiones en que todavía queda mucho por hacer. 
Quiero dar las gracias a todos los diputados que han contribuido a este debate y asegurarles que la Presidencia irlandesa se esforzará por que todos los puntos que han abordado lleguen a la atención de la correspondiente instancia del Consejo cuando realicemos los preparativos para Ginebra. 
Sus Señorías han citado varios temas relacionados con países concretos, así como varias cuestiones temáticas, que hay que elaborar. 
No sería correcto por mi parte seleccionar unos temas específicos entre todos los que se han comentado hoy aquí. 
Permítanme que les diga simplemente que mis colegas y yo hemos tomado debida nota de las aportaciones y nos aseguraremos de tratarlas todas metódicamente. 
Sin embargo, me gustaría referirme a una cuestión planteada por la Sra. Bonino. 
La Unión ha defendido siempre a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde su creación hace más de una década. 
El Secretario General Annan todavía tiene que nombrar un sucesor del Alto Comisionado Sergio Vieira de Mello, después de su trágica muerte en el Iraq. 
Permítame asegurarle que esta Presidencia apoyará amplia y firmemente a la Oficina del Alto Comisionado en la reunión de Ginebra, sobre todo porque se lo debemos en memoria del distinguido titular que fue asesinado en Bagdad, un hombre que tanto hizo por la causa de los derechos humanos. 
Quiero terminar dando de nuevo las gracias a los diputados que han realizado hoy sus aportaciones. 
Puedo asegurarles que sus aportaciones no caerán en saco roto. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Parlamento por su aportación a los preparativos de la posición de la Unión Europea. 
Un diputado a este Parlamento ha planteado el tema de la lucha contra el terrorismo y su impacto sobre los derechos humanos. 
Quiero reiterar que la Comisión opina que la Unión Europea debería apoyar la resolución mexicana sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo en la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
En cuanto a Túnez, quiero llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que hace poco la Comisión ha publicado una comunicación sobre derechos humanos en el Mediterráneo, en la que dejábamos muy clara nuestra posición en cuanto a la situación de los derechos humanos en Túnez. 
En tercer lugar, quiero unirme a las observaciones del Sr. Roche cuando rendía homenaje al Sr. Vieira de Mello, antiguo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que fue trágicamente asesinado en Bagdad. 
Mis últimos comentarios se refieren a las observaciones de la Sra. Bonino. 
Podría incluso llegar a decir que comparto su opinión. 
Como sus Señorías saben, la Comisión dijo el año pasado que sería sentar un precedente peligroso el hecho de cambiar la forma de elegir al Presidente de la Comisión substituyendo el procedimiento de concertación y aclamación por una votación. 
Por lo tanto, estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos de la Presidencia irlandesa para evitar hacer de esta opción una fuente de conflictos. 
Un conflicto de este tipo no haría más que deteriorar la credibilidad y el papel de la Comisión de Derechos Humanos, que es importante para nosotros. 
Finalmente, señora Bonino, quiero llamar su atención sobre el hecho de que el pasado diciembre el Consejo Europeo decidió otorgar al Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, con sede en Viena, competencias para garantizar los derechos fundamentales en la Unión Europea, sentando así una base para lo que se podría denominar una agencia de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 
Cuando se trata de los derechos fundamentales fuera de la Unión, la responsabilidad reside en mi colega, el Sr. Patten, a quien hoy sustituyo. 
Cuando se trata de la política interior de la Unión Europea, siento decepcionarle, ¡pero yo soy el Comisario responsable de los derechos humanos! 
Muchas gracias, señor Comisario.El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar el 10 de febrero de 2004. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A5-0445/2003 del Sr. Moraes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo (COM (2003) 336- 2003/2147 (INI) ). 
. Señor Presidente, me siento muy orgulloso de presentar hoy este informe. 
Este informe es único en el sentido de que procede del sector de empleo y asuntos sociales de esta Cámara y que por primera vez intenta aplicar el planteamiento unificado que se experimentó en la Cumbre de Tampere. 
Me siento orgulloso de presentarlo porque reúne los temas de la inmigración, la integración, el empleo y la cooperación con terceros países: muchos de los temas más delicados que abordamos en la Unión Europea, pero también temas que debemos abordar de forma global. 
En esta Cámara hemos tratado estos temas muchas veces por separado, y uno a uno han sido temas delicados. 
En realidad, juntos también son temas delicados. 
En este informe he intentado asegurar el planteamiento unificado y he planteado toda la labor intentando agrupar a los colegas de esta Cámara alrededor de algunos puntos esenciales. 
Es un punto esencial que la dificultad demográfica con que nos enfrentaremos en la Unión Europea del futuro es una cuestión en la que la inmigración puede ser una solución, pero no la única. 
Disponemos de algunas estadísticas asombrosas. 
En los 25 Estados miembros se estima que la población en edad laboral disminuirá de 303 millones a 297 millones en 2020, después a 280 millones en 2030, con lo que prácticamente se doblará el índice de dependencia de la tercera edad. 
La obligación de esta Cámara es estudiar este tipo de estadísticas. 
No podemos hacer planes para el futuro y pretender que la inmigración no sea una de estas soluciones. 
Si la inmigración tiene que ser una solución, tiene que ir unida al tema vital de la integración. 
A menudo la integración es una cuestión que se desvirtúa. Es una cuestión vital. 
En este informe no tratamos solo de los nuevos inmigrantes. 
Las personas que llegan a la Unión Europea por primera vez a trabajar pueden quedarse temporalmente o quedarse para siempre. 
En este informe abordamos de forma unificada el tema de aquellas comunidades de minorías étnicas de la Unión Europea –gentes como yo y mi familia– que se han instalado en Europa pero que también piden a los Estados miembros soluciones a la discriminación para asegurar que realmente tenga lugar una integración plena. 
Esto implica los temas de los requisitos de ciudadanía, lengua y una gran cantidad de otros aspectos relacionados con las nuevas comunidades de inmigrantes, así como las comunidades de minorías étnicas ya asentadas. 
En esta Cámara deberíamos sentirnos orgullosos de tener ya una legislación antidiscriminatoria para las comunidades de minorías étnicas asentadas, gracias al artículo 13 del Tratado de Ámsterdam. 
Hay tantas cosas en este informe que quiero comentar a esta Cámara que es difícil nombrar solo una medida de integración. Hay demasiadas. 
Insto a la Cámara y a mis colegas de toda la Cámara a estudiar muy positivamente dichas medidas de integración por lo que representan. 
Si pasamos a temas más conflictivos –por ejemplo, la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países en desarrollo, la unidad familiar y la inmigración–, también he sido muy cuidadoso en este informe. 
He intentado que toda la Cámara esté de acuerdo en que muchas veces son los propios Estados miembros los que tienen la responsabilidad primaria en estas cuestiones, pero que deberíamos compartir las mejores prácticas. 
Es esencial que así sea porque estamos abordando algunos temas que sabemos que tienen una carga política y son políticamente delicados. 
El principal logro de este informe, espero, y el principal logro de la comunicación de la Comisión, ha sido no abordar estos temas por separado, ni pretender que podían abordarse por separado. 
Ha sido asumir firmemente la agenda de Tampere, llevarla a esta Cámara, aprovechar el progreso de la Presidencia griega que llevó adelante muchos de estos temas, e intentar crear lo que yo denominaría una agenda positiva. 
Sé que algunos diputados tendrán ciertos problemas con este informe. 
He intentado a toda costa reconciliar todas las partes porque este tema es un tema políticamente delicado. 
La integración es algo en lo que todos nosotros deberíamos tener la obligación de avanzar. 
Por este motivo, me doy cuenta de que existen algunos escollos. 
He hecho todo lo que he podido –por ejemplo, en el apartado 32 y el derecho al voto– para que la Cámara sea unánime en estas cuestiones. 
Por desgracia, no todos los puntos serán satisfactorios para todo el mundo, pero insto a los colegas a examinar el resultado de la votación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales: 27 votos contra 1, con 3 abstenciones. 
Hubo un consenso general en muchos de estos temas, y en la forma en que se plantearon. 
Insto a los colegas a votar favorablemente y a pensar en las personas que se verán afectadas por este informe, personas a las que representamos: tanto a los nuevos inmigrantes que quizás lleguen a convertirse en ciudadanos europeos, como a las personas como yo que ya somos ciudadanos europeos pero queremos vernos adecuadamente representados en un informe que es moderado, amplio, y debería atraer a todos los sectores de esta Cámara. 
Señor Presidente, me complace estar hoy aquí para presentar los principales aspectos de la comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo, y quisiera empezar felicitando al ponente, el Sr. Moraes, por la excelente calidad de su informe. 
Esta comunicación de la Comisión, tan importante, completa nuestra respuesta al mandato de Tampere y cumple la promesa de examinar el papel de la inmigración en relación con la estrategia de Lisboa. 
La comunicación transmite dos mensajes principales. 
El primero –que ya se expresaba en la comunicación de la Comisión de noviembre de 2000– es que, en el contexto del envejecimiento y el declive demográfico, es probable y necesario que existan flujos de inmigración sostenidos si la Unión Europea quiere alcanzar los objetivos de Lisboa. 
En segundo lugar, todo el potencial de la inmigración y su contribución al desarrollo económico solo se podrá alcanzar si los inmigrantes se integran plenamente tanto en el mercado laboral como en la sociedad en general. 
Dado el ritmo previsto para el declive de la población a partir de 2010 y los resultados del estudio por países llevado a cabo por la Comisión, existe una necesidad urgente de consolidar las políticas de integración, tal como se pedía en el Consejo Europeo de Tampere y más recientemente en el Consejo Europeo de Salónica. 
La Comisión acoge con satisfacción que el ponente haya puesto el acento en el potencial que los inmigrantes traen consigo. 
Está totalmente de acuerdo en que la integración incumbe a la sociedad en su conjunto y que es un proceso bidireccional, basado en derechos mutuos y las correspondientes obligaciones, lo que implica que tanto los inmigrantes como la sociedad de acogida deben adaptarse. 
También me gustaría resaltar que estamos totalmente de acuerdo en que debemos asegurar un marco jurídico europeo para la admisión de inmigrantes económicos y que los Estados miembros deben cumplir lo prometido en Tampere. 
La Comisión ha tomado nota de las dificultades con que se ha encontrado al negociar en el Consejo la directiva sobre admisión con fines de empleo, y en la actualidad está buscando la mejor forma de plantear el avance de este tema políticamente delicado. 
Se prevé un Libro Verde, seguido de un amplio procedimiento de consulta, y también estamos llevando a cabo un estudio sobre los vínculos que existen entre la inmigración ilegal y la legal, que puede ofrecer indicadores para el futuro desarrollo de un marco jurídico más coherente para la admisión de inmigrantes con fines de empleo. 
También se prevé, para un futuro muy próximo, la adopción de la directiva sobre admisión de investigadores. 
En la actualidad están llegando a su fase principal las negociaciones sobre la directiva en materia de admisión de estudiantes y estoy convencido de que esta propuesta también se adoptará en breve. 
La comunicación considera que, para asegurar una integración satisfactoria, es necesario un planteamiento integral que tenga en cuenta no solo los aspectos económicos y sociales –que son muy importantes–, sino también cuestiones relacionadas con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía cívica, la participación y los derechos políticos. 
Por lo tanto, la Comisión toma buena nota de la atención concreta que en el informe se presta al concepto que planteamos de ciudadanía cívica y la necesidad de promover una sensación de pertenencia. 
Una condición esencial para la aplicación satisfactoria de un planteamiento integral de este tipo es que debería haber una mayor coherencia política en general y mejores sinergias entre las políticas de inmigración, integración y empleo en todos los niveles y en todas las disciplinas, así como entre todos los actores implicados, teniendo en cuenta que la principal responsabilidad para una integración satisfactoria reside, en definitiva, en los propios Estados miembros. 
Finalmente, quiero resaltar que estoy completamente de acuerdo, y acojo con satisfacción, la sugerencia del ponente de crear programas para la recepción inicial de las personas que llegan a un Estado miembro de la UE. 
En la actualidad estamos llevando a cabo proyectos piloto para fomentar la integración de los inmigrantes. 
Ha habido un enorme interés en estos proyectos piloto y la respuesta al programa ha sobrepasado en diez veces su capacidad. 
Le habíamos asignado 4 millones de euros y se han presentado solicitudes por más de 41 millones de euros. 
Permítanme acabar diciendo que creo, y espero, que esta comunicación sobre inmigración, integración y empleo constituirá una base para consolidar la política de integración para los inmigrantes, que será esencial tanto para el desarrollo de la economía de la UE como para la promoción de la cohesión social en las próximas décadas. 
ponente de opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. – Señor Presidente, substituyo a la ponente de opinión, la Sra. Terrón i Cusí, quien ha tenido que regresar a España por un asunto urgente. 
Tanto la intervención del Sr. Vitorino como el informe del Sr. Moraes me parecen plenamente aceptables, dada la opinión adoptada por la Comisión de Libertades, y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que destaca los puntos siguientes: el retraso del Consejo en adoptar los instrumentos legislativos presentados por la Comisión para aplicar el programa Tampere, retraso que, por suerte se compensó en parte en diciembre con la adopción de la importante directiva de residentes de larga duración; la necesidad de retener una perspectiva mundial de la política de inmigración vinculada a la política de empleo y la política de integración social; la utilidad de acuerdos con los países de origen para garantizar la cesión de derechos de seguridad social; la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal con medidas represivas orientadas no contra los inmigrantes ilegales sino contra los traficantes que se benefician de ellas, y para luchar contra el empleo ilegal sin discriminar a los ciudadanos inmigrantes; la utilidad de facilitar el acceso legal de los inmigrantes al mercado laboral para reducir la oferta y la demanda en un mercado oculto; la adecuación de luchar contra la discriminación y de prestar una atención especial a la situación precaria de las mujeres inmigrantes. 
La opinión subraya, en particular, la utilidad de crear la forma de ciudadanía conocida como «ciudadanía cívica» , que permite que los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea tengan derechos y obligaciones económicos, sociales y políticos, incluyendo el derecho de voto en elecciones locales y europeas, tal como ha solicitado a menudo el Parlamento Europeo. 
Solo de esta forma todos los trabajadores y residentes podrán sentir que participan y son responsables conjuntamente del futuro de la Comunidad, compartiendo sus valores y contribuyendo a su crecimiento y a vivir juntos en paz y solidaridad. 
.– Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión por utilizar sus comunicaciones constantemente para provocar el debate sobre la inmigración como parte de la respuesta de la UE al envejecimiento de la población y la siempre menguante mano de obra, por encima de otros aspectos del encuentro de Europa con otras culturas. 
Se trata de temas polémicos en todos los Estados nacionales, pero ya es hora de que obtengamos análisis de los problemas, retos y propuestas de soluciones comunes europeas. 
Seguidamente, quiero felicitar al Sr. Moraes por el informe. 
Se trata de un informe especialmente importante y necesario en este preciso momento. 
Le agradezco al Sr. Moraes que haya integrado las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades sobre la necesidad de aplicar una perspectiva de género a la política de inmigración e integración. 
Si esto no se percibe como una discriminación, también creo que es debido a los antecedentes especiales del Sr. Moraes. 
Si queremos tener éxito en la creación de una política de inmigración e integración satisfactoria también a escala europea, es absolutamente necesario que se aplique una perspectiva de género en todos los niveles. 
Es algo que quiero recordar una vez más a la Comisión combinada. 
Soy consciente de que la Sra. Diamantopoulou y su Dirección General están trabajando duro en este tema, pero es necesario que usted, Sr. Vitorino, como su colega, haga lo mismo. 
Francamente, creo que es un poco preocupante tener que ir recogiendo los platos rotos de las iniciativas de la Comisión y andar los mismos viejos caminos. 
En estos momentos, el debate del pañuelo está en pleno desarrollo en muchos lugares de Europa. 
Sin embargo, ¿no deberíamos estar estudiando, en vez de ello, una serie de otros ámbitos como una mejor integración, las formas con las que iniciamos el diálogo y las maneras en que damos a las mujeres afectadas poder de decisión sobre sus propias vidas? 
Podría ser que entonces el debate del pañuelo se resolviera por sí mismo. 
Es importante que a las mujeres inmigrantes que, como tales, son portadoras de una cultura también se les dieran oportunidades sin desposeerlas totalmente de sus familias ya que quieren tanto abrazar su propia cultura como una actitud europea de igualdad de género en la sociedad. 
Si las mujeres no están integradas, se corre el peligro de que sus hijos o hijas no lo estén tampoco y que se queden, de este modo, aferrados en roles de género anticuados que, en la Europa de hoy en día, no sirven ni en cuanto a vida familiar ni en el mercado laboral. 
Piensen en el énfasis que se pone ahora en la necesidad hoy también de que los gestores de sexo masculino puedan incorporar valores femeninos en sus estilos de gestión. 
– Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con la declaración del Sr. Vitorino de que la inmigración es un proceso de dos vías que implica tanto derechos como obligaciones que hay que aceptar. 
Este problema tiene otras facetas, entre las que tendríamos que examinar, por supuesto, las cuestiones de entrada, alojamiento y libertades; en resumen, la integración en nuestra sociedad europea. 
Creo que es una cuestión, al menos en este caso, de convertir a estos trabajadores invitados en ciudadanos. 
¿Cuál es la imagen de Europa que estamos proyectando al mundo exterior, Comisario, si, en el punto de entrada en la Unión, el sistema Schengen, en lugar de ayudar a crear una zona de libertad, seguridad y justicia, a menudo se convierte gradualmente en un instrumento formidable de recogida de datos y control electrónicos? 
Por otra parte, también están los problemas del alojamiento, la actitud de hacer como el avestruz, la tendencia –con la ayuda de los medios de comunicación– de centrar nuestros miedos y hacer que se conviertan en fantasmas que tienen mucho que ver con aspectos muy mal interpretados de la identidad cultural de nuestras sociedades. 
Luego, con frecuencia la imagen que tenemos es reduccionista. 
El informe, con el que estoy plenamente de acuerdo, en mi opinión, quizá debería haber desarrollado determinados aspectos que se exponen claramente en la comunicación de la Comisión: la ciudadanía cívica; garantía de los derechos y obligaciones básicos; respeto por la diversidad; acción para luchar contra la discriminación; mujeres; familia; vida cívica, cultural y familiar; participación; educación; y, en particular, religión. 
Creo que hay que tener en cuenta estos aspectos diversos, en particular, a la vista de la tradición lícita y los valores humanistas que forman el patrimonio que nuestra sociedad todavía comparte. 
Señor Comisario, Sr. Moraes, es necesario que rechacemos la tendencia reduccionista de considerar a los inmigrantes como simple mano de obra, desde un punta de vista puramente económico. 
Es necesario rechazar de plano esta actitud: hay que considerar a estas personas como seres humanos que enriquecen nuestra sociedad, no solo en cuanto a su capacidad de crear crecimiento y bienestar sino, por encima de todo, como personas que incorporan valores y una identidad humana, espiritual y cultural. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías. Quiero comenzar felicitando al ponente, el Sr. Moraes, por su esfuerzo y por el buen trabajo realizado en un informe sobre inmigración, integración y empleo, que creo que merece una opinión claramente favorable. 
Son materias en las que es fácil que afloren sentimientos y apreciaciones personales y también tentaciones políticas, por eso he querido referirme al contenido de la Comunicación. 
La inmigración es una realidad que necesita ser regulada, ante la que no cabe meter la cabeza debajo del ala ni mirar para otro lado. 
En Europa, singularmente los países con una tasa de natalidad más baja (España o Italia, entre otros) tienen en la inmigración un remedio necesario. 
Si la población, como ha dicho el señor ponente, estimada en la Unión Europea de los Veinticinco va a descender de 303 a 297 millones en el 2020 y va a continuar descendiendo en la estimación para el 2030 a 280 millones, el retroceso del empleo podría tener repercusiones negativas en el crecimiento económico, en tanto en cuanto este es el resultado del aumento del empleo y de la productividad. 
Precisamente por eso, la inmigración no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad. 
Una oportunidad que, por supuesto, plantea algunos problemas que debemos solucionar. 
Sin ánimo exhaustivo, citaré el de la integración escolar de los niños extranjeros, hijos de inmigrantes; el de la convivencia intercultural en barrios y en centros de trabajo; el de la reagrupación familiar, con todos los problemas que plantea el concepto mismo de reagrupación en un sentido amplio o en un sentido corto; el de la regulación de los sin papeles; el de la lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias que la explotan; singularmente el de la situación específica de la mujer inmigrante. 
En conclusión, los inmigrantes son necesarios, pero ¿cuántos inmigrantes podemos aceptar? 
¿Todos los que quieran? 
Me parece imposible. 
Sería como trasladar a algunos de los Estados miembros los mismos problemas de los que los inmigrantes tratan de salir. 
Teniendo en cuenta que en países de bajísima tasa de natalidad, sin inmigración, la relación entre trabajadores activos y pasivos se haría insostenible a medio plazo, me parece que el camino correcto es integrarlos. 
Son mano de obra, pero, sobre todo, son seres humanos que necesitan los Estados miembros. 
Y por ello continúan siendo válidos los postulados de Tampere: colaboración con los países de origen, sistema europeo común de asilo, gestión de los flujos migratorios, trato justo a los nacionales de terceros países. 
Para los que cada Estado pueda recibir debidamente legalizados y de cara a su integración, creo que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos da las pautas a seguir en sus artículos 4, 5 y 14, o lo que es lo mismo, prohibición de tratos inhumanos o degradantes; prohibición de trabajo forzado y derecho a la educación. 
Puesto que estamos insistiendo mucho en la idea del empleo, más específicamente, el artículo 15 proclama, para los nacionales de terceros países autorizados a trabajar en territorio de los Estados miembros, el derecho a iguales condiciones que los nacionales. 
El artículo 20 proclama la igualdad de las personas ante la Ley. 
El 21 prohíbe toda discriminación por otros conceptos, también por el de la nacionalidad; el 23 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. 
En el informe del Sr. Moraes se describen situaciones y se proponen medidas globalmente aceptables ante la situación de los inmigrantes que, frecuentemente, es desventajosa en materia de salarios, de condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, de jornada, en materia de trabajo clandestino. 
En resumen, frecuentemente, en más casos de los deseables y en ningún caso deseable, se trata de una situación de explotación. 
Dijimos que la primera vía de integración era el empleo, por supuesto seguido de la integración cultural, pero no debemos olvidar que esa misma Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 1, dice: " La dignidad humana es inviolable. 
Será respetada y protegida ". 
Y habla de la dignidad de todo ser humano. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, quiero empezar destacando que mi grupo expresa su pleno apoyo al texto del informe que hoy es objeto de debate. 
El informe Moraes ha conservado precisamente la letra y espíritu de las decisiones que se han tomado en Tampere, pidiendo expresamente una política más dinámica para integrar a los inmigrantes, con objeto de conceder derechos y obligaciones similares a los que se aplican a los ciudadanos de Europa. 
Naturalmente, la política de inmigración no puede solo significar vigilar las fronteras, no solo se puede identificar con medidas represivas, la repatriación y la readmisión. 
Es necesario que la Europa de los derechos humanos y del Estado de derecho reconozca el trabajo básico y los derechos políticos de los inmigrantes, reconozca lo que pueden ofrecer y su contribución valiosa al desarrollo económico de Europa. 
Naturalmente, la integración social no tiene sentido sin el reconocimiento de los derechos y obligaciones políticos, o dicho de otra manera, el derecho de voto y a ser elegido. 
Creo que se está gestando una cuestión de enorme moral con la posición de un gran número de diputados conservadores, quienes aceptan de buen grado la explotación de la mano de obra de inmigrantes, en particular en puestos de trabajo que los europeos han abandonado, y al mismo tiempo consideran que son una solución al problema demográfico, pero quienes no dicen nada sobre el reconocimiento de sus derechos políticos. 
Igualmente inmoral es la postura de los que, con posiciones y prácticas oportunistas y convincentes, alimentan la xenofobia y el racismo en Europa en un intento por erigir nuevos muros berlineses en las mentes y conciencia de las personas. 
Durante los últimos diez años, mi grupo político ha luchado por un enfoque más humanitario hacia los problemas causados por grandes olas de inmigrantes y refugiados y luchamos por una Europa pluralista y multicultural, por la unidad a pesar de nuestras diferencias, donde todos tengamos nuestro lugar y derechos sin discriminación y sin muros teóricos entre nosotros. 
La integración europea, la cohesión social y la estrategia de Lisboa seguirán siendo objetivos inalcanzables, tal como usted, Comisario, ha destacado, sin la plena salvaguarda y aplicación de todos los derechos humanos y políticos que los gobiernos europeos han prometido garantizar. 
Quiero expresar mi satisfacción, porque esta mañana he oído como el Sr. Ahern confirmaba que el fomento de los derechos humanos es una de la prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Solo si se respetan sus derechos, las personas de orígenes y culturas diferentes se sentirán que forman parte de la sociedad en la que viven y trabajan legalmente, titulares de derechos y obligaciones con su participación en la vida cotidiana, el trabajo, la educación, el aprendizaje del idioma, el alojamiento, los servicios sanitarios, los servicios sociales, su entorno cultural y sus actividades políticas. 
El Parlamento ha propuesto reiteradamente el pleno reconocimiento de los derechos políticos de todas las personas que residen desde hace cinco años en la Unión Europea. 
También me veo obligada, Señor Presidente, si me lo permite, como Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades a solicitar algo que falta en la comunicación de la Comisión: la integración del aspecto del género en todas las políticas relacionadas con los derechos de los inmigrantes. 
Las mujeres son el grupo más vulnerable y, a menudo, las primeras víctimas de la explotación sexual y económica. 
Por este motivo es necesario que se tomen medidas especiales para luchar contra la discriminación y facilitar su integración en la vida social y profesional. 
Este tipo de medidas pueden ser formación profesional, instalaciones para el cuidado de los niños, la individualización de sus derechos, el asesoramiento, la investigación de especialistas, etc. 
Señor Presidente, cualquiera que haya vivido o trabajado alguna vez en un país o incluso en un pueblo o ciudad lejos de su casa habrá experimentado algunas de las dificultades que implica trasladarse de un entorno a otro. 
Estas dificultades son aún más graves cuanto mayor es el cambio de contexto lingüístico y cultural. 
Pero la historia nos dice también lo mutuamente beneficiosa que puede llegar a ser la inmigración, a condición de que se gestione de forma adecuada. 
El informe Moraes aborda los temas de tal forma que es a la vez realista, delicada y firme. 
Presenta sugerencias prácticas. 
La experiencia de Canadá ya ha demostrado que varias de ellas son eficaces para conseguir el resultado deseado. 
Agradezco especialmente que el informe identifique hasta tal punto los problemas de la mujer inmigrante y las medidas para ayudar a resolverlos. 
Hablo también en nombre de nuestra ponente alternativa, la Sra. Boogerd-Quaak. 
Lamentablemente ella no puede estar hoy aquí, pero me ha pedido que exprese su agradecimiento por el apoyo que sus enmiendas han recibido en la comisión. 
Más bien lamentamos que, dado el grado de consenso que el informe alcanzó allí, se haya abierto a enmiendas en el pleno. 
Dicho esto, podemos apoyar la mayoría de ellas, en su totalidad o en parte. 
Apoyamos especialmente la enmienda 10, que hace que el informe sea más positivo ante la ampliación, y las enmiendas 7 y 12 sobre la reagrupación familiar. 
Sin embargo, tenemos dificultades con la enmienda 4, que supone un retroceso con respecto al compromiso ya efectuado en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Finalmente, quiero dar las gracias al Sr. Moraes por la labor que ha realizado para presentar un informe tan valioso y expresar la esperanza de que obtenga el apoyo que tanto merece. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, como seguimiento de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, la Comisión ha elaborado varias propuestas para controlar los flujos migratorios y para luchar contra la inmigración ilegal. 
Sin embargo, la imagen de una Europa Fortificada que la Unión Europea ha generado, a consecuencia de políticas de inmigración profundamente restrictivas, se mantiene en marcado contraste con la verdadera necesidad económica de mano de obra inmigrante. 
Por ello, esta propuesta de la Comisión presenta la inmigración como parte de la solución para el envejecimiento de la población en Europa y al declive de su población activa. 
Deploro que la Comisión preste una mayor importancia a los aspectos económicos y demográficos que dan lugar a la inmigración que a los aspectos sociales y humanos o a la mejora de las condiciones laborales y de vida de los inmigrantes en los diversos países de la Unión Europea. 
La lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos no puede derivar en una política represiva que tenga por objeto a los inmigrantes ilegales. 
En vez de ello sus objetivos han de ser los traficantes y los empleadores que explotan su situación. 
Por este motivo, hemos presentado un conjunto de lo que creemos son propuestas importantes para mejorar el informe Moraes, con la esperanza de que se adopten. 
Estas incluyen la oposición a la directiva del Consejo sobre reunificación familiar, que infringe el derecho fundamental de vivir en familia y contiene una propuesta inaceptable para supeditar todos los hijos de inmigrantes de al menos dos años a una prueba, antes de decidir si pueden reunirse con sus padres. También quiero destacar nuestra petición a los Estados miembros para que ratifiquen la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas nº 45158 del 18 de diciembre de 1990. 
No obstante y por otra parte, habría que legalizar automáticamente a la inmensa mayoría de los trabajadores migratorios que no tienen permisos de residencia pero que pagan impuestos y hacen aportaciones a la seguridad social en su país de acogida. 
También esperamos que se tome en cuenta que la inmensa mayoría de los inmigrantes son ciudadanos de terceros países que emigran a los países de la Unión Europea para huir de situaciones de extrema pobreza en su país de origen y quienes, por lo tanto, tienen que ser tratados como víctimas y no como criminales potenciales. 
Por último, lamento que el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos pretenda utilizar el informe Moraes para cuestionar derechos políticos establecidos, en especial el derecho de los trabajadores migratorios de votar en las elecciones locales del Parlamento Europeo. 
No hay que mirar a los inmigrantes como trabajadores desechables que se pueden tirar una vez usados. 
Hay que considerar que los inmigrantes, y las mujeres en particular, son dignos de condiciones de acogida que respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al ponente por su trabajo en este informe tan magnífico, que abarca un ámbito muy extenso. 
Una parte del problema que observamos en la Unión Europea es que algunos Estados miembros se ven ahora convertidos paulatinamente de países de emigración en países de inmigración, y otros países se están enfrentando cara a cara con el hecho de que han trabajado muy mal a la hora de utilizar los talentos y las aptitudes de muchos inmigrantes de larga duración y, en realidad, ciudadanos de segunda y tercera generación, como son ahora en algunos países. 
En un mundo ideal la migración debería ser una cuestión de libre elección, no obligada por las circunstancias, de modo que acogemos con satisfacción que este informe reconozca la necesidad de reducir las causas de la migración forzada. 
Que la gente desee, libremente, venir y ayudarnos en nuestra escasez de mano de obra y nuestros problemas demográficos dependerá de las circunstancias de la acogida y del tratamiento que reciban aquí cuando sean residentes. 
Agradezco la referencia del Sr. Pérez Álvarez a la Carta de los Derechos Fundamentales y la postura positiva que muchos otros oradores han adoptado esta tarde. 
Hay muchos factores, en especial los que se relacionan con el mercado laboral y a la igualdad en el tratamiento, que influyen en esta voluntad de venir y trabajar en la Unión Europea. 
Las directivas del artículo 13 que abordan el racismo y la discriminación que deben soportar muchos trabajadores inmigrantes son extremadamente importantes, y también lo son las cuestiones referentes al acceso al mercado y a la igualdad salarial y de condiciones de trabajo, más que a la explotación de trabajadores inmigrantes baratos. 
En bastantes países europeos se ha demostrado que algunos sectores emplean a muchísimos trabajadores inmigrantes, cuya condición muchas veces es dudosa. 
Debemos ir con mucho cuidado para que las demandas de nuestra economía no fomenten la proliferación de malas prácticas laborales y el trafico de trabajadores. 
En cuanto a la ciudadanía cívica, estamos muy de acuerdo con ella, tal como se describe en el informe. 
Apoyamos el texto actual, incluidos los derechos de voto. 
La experiencia del Reino Unido, por ejemplo, es que varios municipios se benefician en gran manera de la representación de los inmigrantes de primera generación. 
Señor Presidente, yo también quiero unirme a mis colegas en las felicitaciones al Sr. Moraes por mostrar una diplomacia tan hábil y un trato jovial al abordar lo que podría ser un tema muy controvertido y discordante, y por haber encontrado un terreno común y un consenso entre los diputados de los diversos grupos políticos de este Parlamento en un esfuerzo por avanzar hacia esos objetivos comunes. 
Es importante que haya resaltado que este tema entra en las competencias de los Estados miembros y que los mejores resultados se conseguirán a través de la cooperación y la coordinación, más que a través de la dirección y la aplicación de instrumentos legislativos individuales. 
Todos nos enfrentamos a un reto común de saber cuál es la mejor forma de gestionar los flujos migratorios y las políticas de integración. 
En la Unión Europea nos encontramos en el umbral de la mayor ampliación que hayamos visto nunca, al abrir nuestras puertas a diez nuevos países con la seguridad de que esta Unión Europea puede seguir beneficiando a los pueblos de la Europa Central y del Este. 
Han sufrido durante mucho tiempo la falta de oportunidades, la falta de desarrollo económico y la falta de libertades y capacidad política. 
Nosotros, como ha anunciado hoy la Presidencia irlandesa, también damos importancia al Proceso de Lisboa para que Europa trabaje con vistas a asegurar que los ciudadanos que trabajen reciban la compensación y la protección adecuadas por el trabajo que realicen. 
Esto nos lleva al punto que muchos diputados ya han planteado hoy, a saber, cuál es la mejor forma de garantizar que quienes emigran a la Unión Europea reciban protección y la oportunidad de beneficiarse del crecimiento económico y de los derechos sociales que aquí existen. 
No es un proceso inmediato. 
No puede ocurrir todo a la vez. 
En estos momentos la Unión está experimentando unos cambios demográficos que nos exigen que recibamos a gente de otros lugares. 
Esta idea de migración gestionada es una respuesta importante a los cambios demográficos y económicos que están teniendo lugar. 
Solo si actuamos en cooperación y coordinados con estos terceros países –y me complace que el ponente haya podido presentar mi enmienda sobre esta cuestión– podremos garantizar que no exista una selección de los mejores individuos de estos terceros países, que no haya una fuga de cerebros y que sea un proceso beneficioso también para la Unión Europea. 
A pesar de lo que algunos diputados puedan decir en esta Cámara hoy aquí, no es una política de puertas abiertas, y no debe serlo. 
Hemos visto que cuando hay falta de controles y cuando no se toman decisiones en los Estados miembros, tenemos problemas con el racismo. 
Muchas personas tienen miedo de los cambios que tienen lugar a gran escala. 
En cuanto a las cuestiones que afectan a las mujeres, sobre todo la protección de las mujeres que son objeto de tráfico ilegal, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de acabar con ello allí donde ocurra. 
Siempre que exista una explotación ilegal de trabajadores inmigrantes, hay que acabar con ella, resaltarla y nombrar y avergonzar a los individuos responsables por el impacto tan negativo que ello tiene. 
Lo último que quiero decir es que esta noche hablaremos del empleo y del sector de los servicios, que es un tema muy vinculado con la protección de los individuos. 
– Señor Presidente, como hijo de inmigrantes, yo también entiendo perfectamente que hay que prestar atención a las diferentes facetas de la inmigración: a los problemas que se han destacado, pero también a las oportunidades que brinda. 
En su conjunto, puedo dar mi apoyo al informe del Sr. Moraes. 
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre la conexión entre las tres cuestiones cruciales que el ponente menciona en el considerando 1: la necesidad que tiene la Unión Europea de la inmigración, una integración mejorada y la cooperación con los países de origen. 
Ante todo, no veo que la migración en la Unión Europea sea necesaria debido al envejecimiento de la población. 
Mientras existan todavía reservas de mano de obra en la Unión Europea, de cualquier modo, el reclutamiento de trabajadores migratorios no puede constituir una solución. 
Quiero comentar también la segunda cuestión. 
Es verdad que necesitamos realizar mejoras en la integración. 
Sin embargo, tal como dice acertadamente el ponente, la integración está relacionada con toda una serie de factores dominantes. Ejemplos de ello son el contexto social, la educación y el dominio del idioma. 
Es precisamente debido a esta observación que una política europea no puede ser eficaz, y la migración e integración de mano de obra tiene que ser una prioridad nacional. 
El apartado 28 reclama la atención hacia los problemas que pueden ser una cuestión en el ámbito de la salud general y reproductiva. 
Reconozco su necesidad. 
He de recalcar, sin embargo, que el fomento del aborto está fuera de lugar. 
Me gustaría saber cuál era el objetivo del ponente con esta sección. 
También opino que ampliar la definición de «familia» en este contexto no conduciría al fomento de la integración, sino que aumentaría el problema en lugar de resolverlo. 
Sin embargo, estos comentarios no restan valor a la necesidad de cooperación con los países de origen o de consultas entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
La necesidad de mejorar la situación de los inmigrantes y su lugar en el mercado laboral está clara. 
– Señor Presidente, el informe que estamos deliberando en estos momentos cataloga puntos de vista utópicos que, como todos ellos, no serán viables en la práctica. 
Para empezar, los flujos migratorios no son una realidad ineludible, tal como dice el ponente. 
Solo porque él y sus aliados políticos así lo quieren no significa que la inmigración sea un desastre inexorable. 
Al contrario, hasta nuevo aviso, los Estados miembros siguen teniendo el derecho de determinar por sí mismos quién entra en el país, cuándo y en qué condiciones. 
Además, el que muchos gobiernos sean muy poco estrictos al aplicar su propia legislación en materia de inmigración e integración no quiere decir que la población esté de acuerdo con ello. 
Por ejemplo, de ningún modo existe una mayoría democrática popular a favor de que ciudadanos extranjeros tengan el derecho de voto o que estén a favor de nuevas olas de inmigración, tal como argumenta el informe. 
A nuestro entender, como Demócratas, no hay nada malo en dejar de pensar sobre ello y dejar de considerarlo. 
Después de todo, ¿qué legitimidad tiene una Unión Europea que toma decisiones que son diametralmente opuestas a la voluntad del pueblo? 
El debate sobre derechos sin obligaciones que, por desgracia, también se expresa en este informe, ha pasado a la historia. 
Ha quedado superado y necesita urgentemente una evaluación exhaustiva. 
En los Países Bajos, por ejemplo, se ha creado una comisión de investigación para examinar la política de integración actual, y los dos partidos gobernantes ya han llegado a la conclusión de que la política de mimar ha sido un fracaso. 
El informe no dice ni una sola palabra sobre los problemas sociales o socioeconómicos que existen actualmente. 
En Flandes, por ejemplo, el desempleo entre las personas de origen norteafricano es de cuatro a cinco veces mayor que la de la población indígena, en términos relativos, por lo que la pregunta que surge es quién, en realidad, está interesado en una nueva forma de inmigración. 
Asimismo, ¿qué ocurre con las personas que ya no se sienten en casa en su propia ciudad, calle, como ocurre? 
¿Qué ocurre con el auge del Islam y la falta de voluntad deliberada de integrarse? 
Nada de todo esto se menciona y, por lo tanto, me temo que este informe es otra pérdida de tiempo y de recursos. 
– Señor Presidente, quiero empezar felicitando tanto a la Comisión Europea como al Sr. Moraes. 
Es hora de que Europa deje de centrarse exclusivamente en formas de limitar los flujos de refugiados y empiece ha mostrarse comprensiva por una vez. 
Es necesario ser comprensivo, puesto que ya tenemos un gran número de inmigrantes en nuestros países. 
El último orador ha señalado acertadamente el índice de desempleo extremadamente alto entre los migrantes. 
Si observamos las cifras de la Unión Europea en 2002, vemos que el índice de desempleo entre los ciudadanos de la Unión Europea es de un 7,1 %, pero que es más del doble para los que no lo son en la Unión Europea: casi un 16%. 
Si miramos luego a mi propio país, la cifra es del 33,5 %. 
Esto quiere decir que una tercera parte de los inmigrantes no tienen trabajo. 
Si observamos al gobierno de estos países –y con esto no pretendo entrar en polémica, sino que solo quiero decirlo, puesto que el otro bando a menudo entra en polémica– observo que países con un gobierno de izquierdas no lo están haciendo mejor en absoluto que aquellos con un gobierno de derechas. 
Dicho sea de paso, lo mismo ocurre con el derecho de voto. 
Siempre estoy confuso por la ideología que algunas personas propagan en este Parlamento, mientras que en su propio país, donde asumen poder administrativo, son incapaces de traducir la misma ideología en política. 
El derecho de voto no se concede en ninguno de estos países: puede incluirlo en sus memorandos o en sus documentos tanto como quiera, pero sus gobiernos no quieren conceder el derecho de voto ni tampoco lo quieren sus partidos. 
Por lo tanto, es muy fácil venir aquí y abogar por este, sin compromisos. 
Digo esto porque he intentado, de forma moderada, asegurar que en el texto se hace referencia a los derechos políticos sin vincularlos directamente al derecho de voto. 
Todavía esto sigue siendo, naturalmente, insuficiente para un gran número de personas cuyos países tienen gobiernos de izquierdas, aunque no pueden hacerlo aprobar en sus propios países. 
¿Por qué estoy ahora hablando específicamente sobre el empleo? 
Lo hago así porque el trabajo es el mejor medio de integración. 
Todo lo demás se deriva de ello. 
Creo que la Unión Europea y nuestros países no le prestan la suficiente atención. 
Las personas que tienen trabajo tienen unos ingresos, pueden buscar un mejor alojamiento y, normalmente, obtienen un régimen legal. 
Aprenden el idioma en el trabajo y pueden incorporar normalmente a sus hijos en el sistema educativo de estos países. 
Por lo tanto, el trabajo representa una de las posibilidades de integración más importantes. 
Por desgracia, observamos que la Unión Europea falla en este sentido. 
Apoyo la solución que se propone para el futuro, es decir, que gestionemos la inmigración sobre la base del trabajo que podamos ofrecer. 
Esto también implica, naturalmente, dar trabajo a los migrantes actuales y no orientando esta gestión solo hacia los futuros migrantes. 
Si observamos las cifras de la UE, todavía queda mucho por hacer a este respecto. 
También quiero llamar la atención sobre otro punto. 
Cuando se trata de migrantes con una excelente formación –y con esto no hablo solo de los migrantes de países africanos, sino de los Estados Unidos, por ejemplo– nunca pedimos que hablen nuestra lengua, porque acaban en compañías donde el idioma de comunicación es el inglés. 
Esto es tan fácil: se presupone que las personas altamente cualificadas conocen el idioma de la compañía. 
A los trabajadores con menos formación les exigimos que reúnan un gran número de requisitos –pronto también tendrán que pasar exámenes– dificultándoles mucho las cosas. 
Señor Presidente, quiero empezar por felicitar tanto a la Comisión como al ponente por un informe excelente sobre un tema muy importante. 
Sin duda, existe mucha xenofobia y racismo en nuestras sociedades o, en todo caso, miedo a lo que llega de fuera. 
Hay una gran falta de confianza. Se cree que las personas de otros países vendrán y ocuparán nuestros puestos de trabajo cuando, en realidad, la situación es todo lo contrario. 
Los que llegan de otros países han contribuido, en la mayor medida, y seguirán contribuyendo, a la prosperidad de la que gozamos. 
Puedo hablar por experiencia propia. 
Nací después de la guerra y crecí en una urbanización de viviendas de alquiler subvencionadas por el ayuntamiento cuyos residentes procedían principalmente de Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. 
Aproximadamente la mitad de mis vecinos llegaron como inmigrantes de otros países. 
Contribuyeron a la prosperidad de Suecia, como cualquier otro. 
No hubiéramos conseguido la prosperidad que disfrutamos hoy en día si estas personas, junto con el resto de nosotros, no hubieran contribuido a ella. 
Ahora nos encontramos en otra posición. 
En primer lugar, tenemos una política de refugiados y, en segundo lugar, una política de inmigración. 
Es necesario que desarrollemos juntos la política de refugiados, y conviene que se base en convenciones internacionales. 
Europa ha de ser un refugio para las personas a quienes se persigue y que corren el peligro de que se les mate en otros países. 
Conviene que tengamos una política de refugiados humanitaria cuya responsabilidad asumamos conjuntamente. 
La política de inmigración es otra cosa. 
Concierne a las personas que no corren peligro de que se las mate en sus propios países pero que quieren venir a Europa tanto para lograr tener una vida mejor para sí mismos como para contribuir en nuestra sociedad, como, de hecho, lo hacen. 
Es algo que ya hacen, y habrá una mayor necesidad de que lo hagan en el futuro. 
Conocemos el panorama que presenta el desarrollo demográfico y necesitamos crecimiento, empleo y prosperidad en Europa. 
Necesitamos incrementar el empleo en el futuro, y necesitamos contratar a personas si tenemos que hacer frente a la asistencia sanitaria y al cuidado de los mayores. 
Necesitamos personas, incluyendo personas de otros países, junto con las que ya están aquí. 
Por desgracia, lo que ocurre es que la gente que en estos momentos llega de otros países engrosa, en gran medida, las listas de desempleo y esto es algo sobre lo que deberíamos hacer algo. 
Estoy convencido de que necesitamos una política de inmigración. 
Hay que integrar a los inmigrantes lo más pronto posible. 
La política de integración es importante, y el empleo llega con la educación. 
Esto se aplica especialmente a las mujeres, tal como ha mencionado la Sra. Dybkjaer. 
Es importante tanto por el bien de las mujeres como para que la próxima generación pueda integrarse en la sociedad. 
Permítanme que diga algo sobre la cuestión que ha armado algo de alboroto, a saber el derecho de voto. 
Tengo experiencia en la votación sobre el euro en Suecia, momento en que aplicamos las mismas normas que en las elecciones locales; es decir, se permitió votar a personas de otros países. 
Si hubieran podido decidir el resultado de la votación sueca, hoy la moneda en Suecia sería el euro. 
Eran defensores del euro y eran más europeos que otros suecos. 
Gracias. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe tan bueno y felicito al ponente. 
Pero quiero decir, y no lo digo para hacer un reproche al Sr. Moraes ni para importunar, que es un comentario triste que refleja la definición que se percibe de la justicia y los asuntos interiores en las instituciones de la UE –es decir, la aplicación de las leyes y más dureza en las fronteras–, que es la sección de asuntos sociales la que lleva la batuta en temas de ciudadanía y no discriminación. 
Debemos situar estas cuestiones de derechos humanos en el marco de la justicia, tanto como en el marco de la política social. 
La insistencia en los derechos de voto en las elecciones locales y europeas para los inmigrantes legales es una cuestión clave. 
¿Cómo podemos esperar que se integren si se les niega la participación cívica y política? 
Ya hace tiempo que se necesita un planteamiento activo respecto a la integración. 
Las controversias sobre si llevar o no el, el pañuelo musulmán, o, como erróneamente lo denominan los franceses, demuestran lo agudos que pueden llegar a ser los argumentos. 
La radical diferencia entre la actitud francesa y la británica, por ejemplo, demuestra que no existe una sola definición de integración. 
Lo que deberíamos tener muy claro es que no significa asimilación. 
La integración es con toda seguridad una vía de dos sentidos en la que todas las partes tienen que adaptarse a una sociedad dinámica y cambiante. 
No es una opción fácil: hace falta un gran esfuerzo no solo por parte de los propios inmigrantes, como el aprendizaje de la lengua y la igualdad, sino también por parte de las comunidades de acogida para aceptar y aprender de las diferencias. 
Finalmente, espero que todos los que estamos aquí –y sé que el Sr. Moraes hace lo que puede– intentaremos persuadir a nuestros Gobiernos nacionales de que abandonen las medidas populistas y mezquinas que no hacen más que confabularse con la histeria mediática. 
Por ejemplo, si se permitiera trabajar a quienes piden asilo, podrían evitar las mofas de que son objeto injustamente de ser gorrones del bienestar social y que les obligan a empezar con mal pie su posible integración en caso de que consigan legalizar su situación. 
– Señor Presidente, desde que se generalizó el sistema económico basado en el trabajo por cuenta ajena, la emigración siempre ha servido para proporcionar mano de obra a las empresas de los países desarrollados. 
La potencia norteamericana se construyó así. 
Francia, el Reino Unido y otros países no se habrían desarrollado sin la aportación de inmigrantes procedentes de sus imperios coloniales o de los países más pobres del Este europeo. 
Contrariamente al tráfico de esclavos, estos desplazamientos de población eran libres, los migrantes no estaban encadenados, no recibían latigazos. 
El hambre y la miseria de su región de origen bastaban para impulsarles a emigrar. 
Esta emigración, cuando estaba regulada, lo era en función de los intereses de las empresas capitalistas, es decir, de la gran patronal del país de acogida. 
O sea, que el informe no se distingue por su originalidad. 
Lo que propone es ciertamente una buena integración de los esclavos asalariados modernos, e incluso medidas positivas para las mujeres, pero sobre todo propone su control y adaptación a las necesidades del mercado de trabajo. 
En cambio, donde sí innova el informe es al proponer una inmigración temporal, lo que permitirá al gran capital occidental beneficiarse de una mano de obra ya formada en otro lugar, y por tanto sin gastos, y deshacerse de ella cuando considere que no la necesita. 
Pues bien, este es un sistema inhumano, ya que es el mercado el que decide en lugar de los hombres, y esta situación se mantendrá mientras exista el sistema económico actual. 
Pero lo que los trabajadores pueden y deben conseguir para preservar sus intereses colectivos, ya sean ciudadanos o migrantes, es una rigurosa igualdad de derechos, para que la patronal no pueda enfrentarlos unos a otros instaurando una competencia perjudicial para todos. 
Esta es la razón por la que reivindicamos la plena igualdad de derechos civiles y políticos para todos los que viven y trabajan en el suelo de la Unión, incluido el derecho a circular por él libremente, de salir y de volver. 
Además, reivindicamos la legalización de la situación de todos los trabajadores inmigrados llamados ilegales, que solo lo son porque las autoridades se niegan a concederles papeles. 
– Señor Presidente, el informe Moraes sobre la comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo es un buen ejemplo de cómo las buenas políticas no se pueden crear únicamente sobre la base de buenas intenciones; alguien llamado Machiavelli nos lo enseñó. 
En este caso, las buenas intenciones han de hacer avanzar la cuestión de la integración siguiendo las líneas establecidas en el Consejo Europeo de Tampere. 
El informe contiene declaraciones de intención que, a buen seguro, tienen sentido, como por ejemplo, cuando sugiere que el empleo ilegal demasiado común e incontrolado de los inmigrantes ilegales ocultos es un incentivo directo a la inmigración ilegal. 
Sin embargo, llega tan lejos como para afirmar, con estas mismas palabras, que el actual clima político en relación con la inmigración ilegal y el asilo constituye – ¡piensen solo en ello! – un posible obstáculo para toda la cooperación en materia de gestión de la inmigración y de las políticas de integración. 
Se trata claramente de una contradicción, que solo se puede justificar con una opinión puramente ideológica de la cuestión de la migración, y hemos tenido algunos ejemplos bastante obvios de ello en anteriores discursos. 
Este punto de vista solo puede dar lugar a afirmaciones que carecen de todo tipo de objetividad y toda conexión con la realidad, como por ejemplo, cuando se expone la idea de que la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos tiene como consecuencia una política represiva contra los inmigrantes. 
En todo caso, es este punto de vista partidista, ideológico y engañoso que podría dar lugar a la distorsión de los objetivos cada vez más claros y bien definidos que se han identificado últimamente y que la Unión Europea ha llevado a cabo, en particular durante la Presidencia italiana. 
No puedo estar de acuerdo con un punto de vista de la ciudadanía civil que incluye el derecho a votar en elecciones locales e incluso europeas, a través de las cuales la Unión Europea debería ocupar el lugar de los Estados miembros a nivel individual al reconocer uno de sus derechos –el derecho de formar parte del electorado– sobre el cual, a mi entender, en una verdadera democracia solo el pueblo de Europa, y no la superpotencia tecnócrata y burócrata internacionalista, puede decidir. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, me parece importante que, por primera vez en esta legislatura- y aunque un poco tarde- tengamos un debate sobre el fenómeno migratorio unido a dos cuestiones de relevante importancia: la integración del inmigrante que legalmente reside en la Unión Europea- y subrayo el aspecto de legalidad en la sociedad de acogida- y su relación con las posibilidades de empleo, como elemento central de la inmigración de carácter económico. 
Estamos ante la importante cuestión de determinar la capacidad de acogida de los Estados miembros según las necesidades del propio mercado laboral, y ello desde un doble punto de vista: cuantitativo y cualitativo. 
Por esta razón, urge que los Gobiernos hagan unas ofertas realistas y lo más ajustadas posible de puestos de trabajo, de carácter temporal o permanente, que puedan ser cubiertos a través de los flujos migratorios que, en definitiva, lo que hacen es equilibrar el déficit demográfico de la Unión Europea. 
Ello redundará en beneficio de los Estados miembros y de los países de origen de los inmigrantes. 
Por otra parte, hoy el problema está produciéndose- con consecuencias trágicas en muchas ocasiones, como estamos viendo- por el desarrollo de una economía sumergida en sectores como la agricultura, el servicio doméstico o la construcción; economía que se nutre, en parte, de la inmigración irregular y que provoca situaciones y condiciones infrahumanas tanto desde un punto de vista estrictamente laboral como desde un punto de vista social. 
Ello conlleva el establecimiento de guetos y comunidades que viven absolutamente desintegradas y con graves problemas de subsistencia en los países de acogida. 
Dicho esto, señor Comisario, señor Presidente, podemos estar todos los días organizando seminarios y encuentros, y elucubrando sobre la multiculturalidad y la integración desde el punto de vista religioso, y sobre otras cuestiones, que no conducen a nada si no se establecen unas condiciones claras y diáfanas de entrada legal y ordenada que garanticen a los inmigrantes la obtención de un puesto de trabajo en la Unión Europea y faciliten su acogida e integración desde el punto de vista social, cultural y político. 
En relación con el aspecto político de la integración, muy debatido hoy, creo que la enmienda 4 de nuestro Grupo debe ser objeto de especial atención para el resto de los Grupos políticos. 
Por ejemplo, ¿cómo se puede pedir el voto en las elecciones europeas a los inmigrantes que residen legalmente- supongo- en la Unión, cuando no pueden votar, por razones lógicas y constitucionales, en las elecciones legislativas del Estado donde residen? 
Es decir, no pueden elegir los Gobiernos de los Estados miembros y sí el de la Unión Europea. 
Señores de la izquierda, permítanme que considere que se trata de una propuesta disparatada, y que los Grupos que la apoyan deben reconsiderarla seriamente. 
En las cuestiones del voto, señores de la izquierda, no debe caber demagogia alguna. 
En cualquier caso, nada podemos hacer si nos limitamos a querer solucionar este problema responsabilizando únicamente a la Unión Europea, sin exigir a los países de origen que cooperen muy activamente en el flujo ordenado de sus propios inmigrantes, lo que conllevaría a que estos países dispusieran de las estructuras administrativas necesarias para ordenar sus corrientes migratorias, haciendo también atractivo el retorno de sus propios trabajadores y, desde luego, evitando una huida en masa, como la que actualmente se está produciendo en algunos países fronterizos o, incluso- no nos olvidemos- desde países del otro lado del Atlántico, como consecuencia de la inestabilidad económica, política y social de los mismos. 
– Señor Presidente, la comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo comienza con un himno a la inmigración y continúa con la exposición de medidas de todo tipo para favorecer la integración, sin preguntarse nunca si todo esto es materialmente posible y, en particular, cuál es su coste global para nuestras sociedades. 
Debido a informes como este, los Gobiernos de los países de Europa se han dejado arrullar desde hace decenios por un falso sentido de seguridad, y ahora se despiertan ante un gran fracaso y un inmenso estropicio. 
La Comisión se llevará su parte de responsabilidad, que será grave. 
Quisiera preguntarle, por consiguiente, señor Comisario, ¿cómo se ha llegado a redactar en la Comisión una comunicación o documento de este tipo? 
¿Quién aporta las ideas? 
¿Se ha consultado a los Parlamentos nacionales? 
¿Quién, además, es el redactor efectivo? 
¿Las oficinas de la Comisión, o bien se ha subcontratado una parte del trabajo, cosa que no me atrevo a imaginar? 
Estas preguntas son capitales, porque los poderes de la Comisión van a aumentar pronto, en virtud de los Tratados de Niza y Ámsterdam. 
Hay que trabajar con transparencia para no engañar a los ciudadanos. 
– Señor Presidente, para 2030 el número de personas con empleo remunerado en la Unión Europea descenderá de 303 millones a 280 millones. 
A medida que la tasa de natalidad sigue reduciéndose, mientras aumenta el número de pensionistas, es probable que haya efectos adversos, y no solo sobre el crecimiento económico. 
¿Servirá de ayuda en esta situación el aumento de la inmigración de países terceros? 
Corresponde a los Estados miembros decidir a qué trabajadores van a aceptar, y esto también redunda en interés de los países de donde proceden, que a menudo pierden un importante potencial. 
La inmigración controlada permite ver quién entra en los mercados laborales. 
La aproximación de las condiciones de entrada en el nivel de la Unión Europea tiene que hacerse con una gran sensibilidad y solo es posible si es gradual, utilizando juntos procedimientos probados y comprobados de contratación y políticas de admisión, tal y como se indica en una de las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
A este respecto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Hernández Mollar. 
Es necesario dialogar con los interlocutores sociales, además de con las autoridades responsables del mercado laboral local. 
Los Estados miembros han de actuar con mayor consenso y mayor contundencia si quieren permitir el empleo legítimo e impedir el empleo ilegal. 
El hecho es que este último obliga a muchos trabajadores a aceptar condiciones de salario y de vida intolerables. 
Por supuesto, solamente la inmigración no salvaguardará nuestros sistemas de seguridad social. 
Si, por ejemplo, la tasa de natalidad fuera a aumentar notablemente, tanto madres como padres necesitan mejores protecciones jurídicas. 
Así y todo, todos necesitamos que la sociedad tenga más consideración con la familia. 
La mejor cualificación de los trabajadores y un aumento del número de puestos de trabajo depende de que se reformen los mercados laborales y los sistemas de educación y formación. 
Aunque nuestro ponente, el Sr. Moraes, deseaba el consenso, y ha incorporado muchas de mis enmiendas en compromisos que prometen obtener mayorías, las nuevas enmiendas procedentes de nuestro Grupo PPE-DE no parecen contar con el apoyo de una mayoría en su propio grupo. 
Tal y como han dicho una serie de Diputados, un aspecto clave es que cada uno de los Estados miembros es responsable de elaborar sus propias normas electorales. 
Esto debe seguir siendo así en el futuro. 
Únicamente los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Tengamos cuidado con las excentricidades que conducen a la difamación. 
Si no se apoya esta posición, a algunos de nosotros nos costará mucho votar a favor del informe en su conjunto. 
– Señor Presidente, quiero darle al ponente mi más sincero agradecimiento. 
De todos modos es una práctica habitual hacerlo, pero en este caso me parece especialmente adecuado. 
La razón es que el ponente realmente ha intentado ponerse en la situación que viven los inmigrantes en el mercado laboral. 
Creo que lo ha conseguido, pero por desgracia no del todo, porque otros han presentado todo tipo de enmiendas que desvían la atención. 
Quiero mencionar la enmienda 13 en particular, que más o menos viene a decir que todo aquel que haya pagado incluso una pequeña cantidad de impuestos en algún lugar, debe disfrutar automáticamente del derecho a un permiso de residencia. 
Me parece imposible hablar sobre ningún aspecto de este tema sin tomar como punto de partida que Europa, con 450 millones de habitantes, no puede ser un centro de recepción de un tantas personas como diez veces su población que viven fuera de Europa. 
Esto no es posible, y si nos negamos a aceptar este hecho entonces las cosas se tornan muy difíciles. 
Por supuesto, el ponente lo ha aceptado y, por ende, habla sobre «gestión de la inmigración». Ello implica automáticamente que hay que hacer algo al respecto, controlar la situación. 
A mí me parece que esto está muy bien. 
Si se mantiene tal como está, es un informe espléndido. 
Por tanto, difiero en lo fundamental de quienes detrás de mí han dicho que es absurdo y una fantasía. 
Eso no es cierto. 
Esta peligrosa fantasía hay que buscarla al otro lado de esta Asamblea, donde quieren garantizar derechos que no pueden cumplirse. 
Si no podemos proporcionar empleo no tiene sentido conceder derechos. 
Esto nos convertiría en los ricos de antes que tenían una maravillosa vista desde sus ventanas y a quienes no les importaba que los pobres tuvieran que vivir en barriadas, porque, después de todo, es allí a donde fueron. 
Quien lo quiera que lo diga. 
Además, que salgan y digan que de hecho aceptaremos a todos y solamente después estudiaremos las consecuencias. 
Este es el problema que tenemos aquí al fondo. 
El ponente ha demostrado ser consciente de todo esto. También ha demostrado que intenta impedirlo. 
Sin embargo, por desgracia sigue habiendo algunas personas de su propio partido, y de otros partidos, que imitan a esos antiguos aristócratas que son partidarios de dar derechos a todos, pero que ellos mismos no están preparados para aceptar las consecuencias lógicas de eso, dejando el asunto a otros para que lo aborden. 
Esto exacerba la pobreza, tal y como podemos ver en los Estados Unidos, y queremos evitarlo. 
No hay ninguna necesidad de hablar más sobre esto. 
Por último, en cuanto a la ciudadanía europea, las normas a este respecto están en el Tratado, y de hecho es extraño incluir este asunto aquí en un par de palabras. 
Esta cuestión precisaría una enmienda del Tratado. 
Sin embargo, nos hemos declarado conformes a la Convención, que no regula esta cuestión. 
Por tanto, sería muy extraño que aquí en este informe estableciéramos normas sobre este asunto. 
– Señor Presidente, señor Comisario Vitorino, Señorías, el informe que ahora nos ocupa, sobre inmigración, integración y empleo, delinea con claridad una serie de problemas de múltiples caras y de actualidad que no se están abordando en la Unión Europea ni en ninguno de los Estados miembros. 
El Tratado de Amsterdam y el Consejo Europeo de Tampere sientan las bases de la política de inmigración en la Unión. 
Hoy, más que nunca, es preciso dar más prioridad a esta cuestión, principalmente debido al significativo aumento en los últimos años del flujo de inmigrantes que se dirige a Europa, a la necesidad de mantener el nivel de desarrollo económico de Europa dado el creciente déficit demográfico, a la menguante mano de obra y a la ampliación y los cambios de la dinámica de la inmigración que esta última comportará. 
A modo de ejemplo, Italia necesitará una entrada anual de más de 6 500 inmigrantes por millón de habitantes, de acuerdo con las Naciones Unidas. 
Mi país, Portugal, recibe en la actualidad 400 000 inmigrantes, que constituyen el 8 % de la población activa, y en los próximos 50 años la población podría registrar un descenso del 17 %. 
Los inmigrantes, por lo tanto, representan una fuente para el mercado laboral. 
Sin embargo, esta no es su única finalidad. 
Sus derechos no pueden separarse de los derechos humanos fundamentales. 
Cada uno de los Estados miembros debe, consecuentemente y coordinándose con la Unión, fijar límites a los flujos de inmigración que satisfagan las necesidades de sus mercados laborales, así como dar una respuesta de apoyo, humana e integrada a la recepción de quienes buscan fuera mejorar sus condiciones de vida. 
Por lo tanto, los Estados miembros afrontan un desafío común: mejorar la gestión de los flujos migratorios mejorando las políticas de integración a favor de inmigrantes nuevos y establecidos, en una cooperación continua con los países de origen. 
Por último, en cuanto a los derechos asociados a la ciudadanía, que siembre hay que tener en cuenta en esta cuestión, nos parece prematuro y que posiblemente va demasiado lejos conceder a los inmigrantes el derecho de voto en las elecciones europeas. 
Incluso en elecciones locales, cada Estado miembro debe conservar la prerrogativa de si concede o no el derecho a sus inmigrantes a votar. 
– En primer lugar, señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Moraes, que ha conseguido abordar cuestiones tan sensibles como la inmigración y la integración elaborando un informe satisfactorio en su conjunto. 
Ante los nuevos desafíos demográficos a que se enfrentará la Unión Europea dentro de algunos años, la Comisión y el ponente tienen razón al presentar la inmigración como una parte, pero solo una parte, de la respuesta para Europa. 
Habida cuenta de las consecuencias sociales y económicas del envejecimiento de la población, es evidente hoy que una inmigración controlada evitará sin duda una desaceleración del crecimiento económico y una disminución de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 
Sin embargo, dudo que esta inmigración controlada sea posible, puesto que todo hombre aspira evidentemente a un cambio de escenario y a un nivel de vida mejor. 
Además, a veces favorecemos esos flujos con nuestros votos; pienso especialmente en el informe de la Sra. Lambert, el informe 1481, que extiende nuestro sistema de seguridad social a los refugiados y los inmigrados. 
Siendo así, necesitamos una serie de medidas destinadas a facilitar y mejorar la acogida y la integración de los extranjeros, sin penalizar ni al país de acogida, ni a los extranjeros que circulan regularmente por el territorio de la Unión Europea. 
Una de las condiciones necesarias para una buena integración es el acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo de la Unión Europea, y todos estamos de acuerdo en ello. 
No obstante, me parece prematuro, en el marco de un informe sobre el empleo y la integración, dar derecho de voto a los nacionales de terceros países en las elecciones locales y europeas. 
Como ha dicho mi colega, el presidente de la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, ¿cómo pensar que nacionales de terceros países puedan expresarse en las elecciones europeas cuando no tienen derecho de voto en las elecciones generales en nuestros países? 
En cuanto a las elecciones municipales, cada uno de los quince países de la Unión tiene actualmente su propia práctica en materia de derechos de voto –la nacionalidad basada en el parentesco o en el lugar de nacimiento–, y hoy es impensable que, con una votación realizada así de prisa y corriendo, vaya a aplicarse la misma legislación a los 15 países de la Unión. 
Por ello, votaré a favor de la enmienda 4, que señala que los nacionales de terceros países tienen derecho a voto en las elecciones municipales en algunos países, pero no obliga a los demás Estados miembros a hacer lo mismo. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Moraes, por haber sido tan accesible y por su buena disposición a colaborar, y también quiero darle las gracias en nombre del Sr. Mantovani, a quien le habría gustado estar aquí y decir unas palabras, pero le han llamado de Italia por un asunto urgente. 
La dinámica de la inmigración en la Unión Europea ha de verse como parte de un marco que tiene en cuenta los beneficios que comporta para todas las partes implicadas. 
Esta mañana la Presidencia irlandesa también ha mencionado este aspecto. 
Los flujos migratorios deben gestionarse para que sirvan a los intereses tanto del país de acogida como del país de origen. 
De hecho, la gestión de estos flujos puede ser una respuesta, como ya se ha dicho, al desarrollo democrático y económico de la Unión. 
Ahora tenemos que mejorar la integración de los inmigrantes, inmigrantes legales, que representan un recurso, pero a su vez las poblaciones inmigrantes deben respetar los valores fundamentales de sus países de acogida. 
Se ha formulado una propuesta de garantizar a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión la oportunidad de votar en elecciones locales y europeas. 
Es evidente para todos que esta cuestión ha de someterse a la más estricta subsidiariedad. 
Agradezco al ponente en particular el compromiso alcanzado con los gobiernos de los Estados miembros en torno al establecimiento de un sistema de cuotas para la entrada legal en sus países, y, por tanto, en Europa, que se ofrecerá a los países de origen y de tránsito como uno de los principales incentivos para la negociación y el acuerdo de la readmisión. 
Este tipo de colaboración es muy importante. 
En cualquier caso, es evidentemente necesario abordar este complejo asunto, además de la preparación de una política sobre gestión de flujos migratorios, a escala europea lo antes posible. 
Es preciso reconocer los derechos de los migrantes, pero solo a la vez que se establece una política para regular estos flujos, que debe ser rigurosa. 
Para concluir, Italia es el segundo país de Europa con más inmigrantes y es el único país de Europa que tiene fronteras externas muy largas con el este y el sur. 
El conjunto de Europa debe hacer balance de la envergadura y de la complejidad de esta enorme presión migratoria y social, porque el verdadero problema empieza en Italia pero se transfiere inmediata y automáticamente a todos los demás países comunitarios. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Vitorino, quiero aprovechar esta oportunidad para desearle feliz cumpleaños. Somos testigos de un aumento de los flujos migratorios ilegales, en general controlados por redes criminales que dan información engañosa a los posibles inmigrantes, quienes terminan siendo obligados a trabajar en condiciones completamente diferentes a las que les prometieron, lo que incluye maltrato físico o psicológico y violaciones de sus derechos humanos. 
Por tanto, se trata de una iniciativa muy bien acogida y felicito al ponente, el Sr. Moraes, porque ofrece un análisis equilibrado de tres cuestiones fundamentales e interrelacionadas. 
En primer lugar, la gestión de los flujos migratorios. 
Hemos de tener una política de inmigración común que establezca condiciones y normas comunes para la entrada y la residencia de trabajadores inmigrantes, que siempre han de tener en cuenta las verdaderas necesidades de trabajo y económicas de cada uno de los Estados miembros. 
Corresponde a cada uno de los Estados miembros evaluar y decidir si debería aumentar su fuerza de trabajo, en qué cantidad, en qué sector, teniendo en cuenta sus verdaderas necesidades y su capacidad para recibir e integrar a estos inmigrantes. 
Debemos luchar contra los flujos migratorios ilegales, para que los inmigrantes económicos se beneficien de canales jurídicos claramente definidos y transparentes, para compensar posibles deficiencias de mano de obra en cada uno de los Estados miembros. 
La propuesta de una directiva sobre la admisión de ciudadanos de terceros países por motivos de empleo ha de contribuir a explicar a los posibles inmigrantes las vías legales de obtener el derecho a residir en la Unión. Además, ha de fortalecer la lucha contra el empleo ilegal y penalizar en particular a quienes sacan provecho de él. 
En segundo lugar, mejorar la integración de los inmigrantes en la Unión Europea. 
Tiene que haber un enfoque común que asegure la integración de ciudadanos de terceros países en nuestras sociedades, garantizando los derechos y las obligaciones en materia de residencia, acceso a la educación y empleo, y garantizando que no son objeto de discriminación en los ámbitos económico, social y cultural. 
En tercer y último lugar, es necesario cooperar con los países de origen, a fin de aumentar su capacidad para gestionar la inmigración, y para ello también se precisarán acuerdos que deben negociarse en torno a la readmisión y programas de ayuda al retorno. 
– Señor Presidente, a mí también me complace la atención con la que este Parlamento y la Comisión han empezado a examinar una cuestión que ahora afecta a todos los países de la Unión Europea. 
Emigrar siempre ha sido una necesidad y a menudo una esperanza, pero rara vez una opción. 
Digo esto porque soy de un país que ha tenido durante varias décadas experiencia de primera mano con el problema de la emigración. 
En los últimos años, el asunto de la migración a muchos países europeos ha adoptado connotaciones amargas y a menudo dramáticas. 
Me parece necesario y útil que los diferentes Estados miembros compartan una posición común en torno a este asunto, porque no puedo imaginar ningún escenario positivo a menos que estén regulados por todos los países de la Unión. 
Sin embargo, también creo que esta es una de las cuestiones más delicadas, una de esas cuestiones que, quizá más que otras, necesite gestionarse; y gestionarla significa abordar asuntos de visados, empleo, salud, derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanía. 
Opino que el derecho a votar, en el ámbito local y no solo europeo, debería ser consecuencia de estos derechos y no una condición previa, tal y como parece que se ha propuesto en algún momento de algunos debates de los últimos años. 
En nuestro entusiasmo por la integración no debemos olvidar que nuestro primer deber, en mi opinión, es crear los medios para que puedan vivir en los países en desarrollo, para que todos tengan la posibilidad de quedarse en su propio país de origen. 
Nuestro segundo deber es facilitar el retorno de los inmigrantes a sus países de origen como agentes para el desarrollo y el crecimiento de sus propios países. 
Y en tercer lugar, creo que la Vieja Europa, empobrecida por las bajas tasas de natalidad y la escasez de trabajadores, debe ver la inmigración como un beneficio para nuestros países. 
Dicho esto, no hay duda alguna de la necesidad de contar con mecanismos de control para poder luchar contra la inmigración ilegal y, en los Estados miembros, para luchar contra las violaciones de las reglas del país de acogida. 
Gracias, señora Sartori. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Muy buenas tardes, estimados colegas. 
Damos la bienvenida a la Presidencia en ejercicio del Consejo, representada por el Sr. Roche. 
Le puedo garantizar que tendrá usted toda la colaboración del Parlamento y que, así mismo, esperamos en reciprocidad su buena colaboración para contestar las preguntas de los señores diputados y diputadas, que le dan mucha importancia a este momento de comunicación con el Consejo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0002/2004). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
¿Qué medidas se adoptarán durante la Presidencia irlandesa para asegurar un mayor respeto de las disposiciones comunitarias en materia de bienestar animal, en particular con respecto al trato que reciben los galgos? 
Los galgos criados para carreras en Irlanda se exportan con frecuencia a España, una vez finalizada su vida activa en las carreras. En este país se les trata mal y las autoridades españolas muestran escaso interés por su bienestar. 
Hasta 2002, la UE concedió ciertas ayudas a la cría de galgos en Irlanda. 
¿Qué medidas se adoptan en la actualidad para velar por el bienestar de esos galgos cuya cría se financió parcialmente con fondos de la UE? 
¿Cuántos de esos galgos financiados por la UE han sido exportados de Irlanda a España y con arreglo a qué condiciones? 
. Para el Consejo, el bienestar de los animales es una prioridad y, a propuesta de la Comisión, ya ha adoptado varias normas comunitarias en este ámbito, sobre todo en relación con el transporte de animales y el uso de animales, y en concreto perros, con fines de investigación. 
Sin embargo, las condiciones en que perros como los galgos se crían y participan en carreras en los Estados miembros no están reguladas por la legislación comunitaria. 
Según el protocolo para la protección y el bienestar de los animales anexo al Tratado de la CE, la Comunidad y los Estados miembros, al formular y aplicar la políticas comunitarias de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, deben prestar la máxima atención al bienestar de los animales, respetando a la vez las disposiciones administrativas y legislativas de los Estados miembros, así como sus costumbres relacionadas sobre todo con los derechos religiosos, las tradiciones culturales y el patrimonio regional. 
Por lo tanto, dependerá de cada Estado miembro encontrar una solución a este problema y lo único que puede hacer el Consejo es pedir a las autoridades competentes que luchen contra el maltrato que su Señoría describe. 
Es bonito ser la primera persona irlandesa que plantea una pregunta a la Presidencia irlandesa. 
Acabo de llegar del intergrupo para el bienestar de los animales, donde también esperan que el bienestar de los animales sea un tema destacado, especialmente el transporte de animales. 
El Comisario Byrne dijo que este tema no era responsabilidad de la UE y que no está regulado por la legislación comunitaria. 
De un modo u otro, las subvenciones de la UE han contribuido a la cría de muchos de los galgos de Irlanda. 
Ahora ya no es así, y está en manos de cada Estado miembro, como usted ha dicho. 
Está en manos del Gobierno irlandés introducir unas normas sobre la cría y los controles adecuados, y también asegurarse de que los propietarios de animales sean responsables de ellos, no solo durante el período en que son aptos para las carreras sino hasta el fin de sus vidas. 
En Irlanda, cuando los galgos llegan a los dos años de edad, el sector irlandés de las carreras considera que la gran mayoría ya se han agotado. 
Se venden por poco más que nada a España, donde participan en carreras hasta la muerte. 
Se les somete a una crueldad espantosa. 
Los derechos religiosos no tienen nada que ver con esto. 
En realidad es un tema de bienestar animal, y el Gobierno irlandés debería hacer algo para controlar la cría de los galgos y asegurar que las personas que los crían sean responsables de ellos hasta el fin de sus vidas. 
Alguna especie de mecanismo de identificación, como un sistema de marcaje, haría que fuera mucho más fácil identificarlos. 
Hace poco he hablado con alguien que acaba de llegar de España. 
Visitaron un circuito de carreras ilegal donde vieron correr a nueve perros irlandeses. 
De modo que debemos asumir la responsabilidad sobre esos animales, independientemente de si están en nuestro país o han sido exportados. 
. Doy las gracias a su Señoría. 
En cierto sentido creo que las cuestiones que ha planteado en la última parte de su pregunta complementaria son temas que deberían plantearse en las administraciones nacionales de Irlanda y quizás de España. 
Entiendo perfectamente su preocupación y, como ella sabe, en realidad ya lo hemos hablado. 
He resumido la postura del Consejo en este tema, que ha sido también el tema de una pregunta a la Comisión. 
– Señor Presidente, también en mi país hay un grupo de personas que está muy preocupado por estas prácticas y quieren acabar con ellas. 
Han llegado al extremo que de adoptan estos perros y pagan 150 euros por ello. 
En España existe un refugio como punto intermedio. 
Sin embargo, el Consejo, en última instancia, tendrá que llamar a la puerta del Estado miembro acusado de esta práctica, porque de hecho hablamos de un maltrato; no se trata simplemente de que se transportan estos perros. 
Me parece que el Consejo debe adoptar una posición a este respecto y dejar claro que los derechos de los animales se aplican en toda la Unión Europea. 
Estos perros, que posteriormente se convierten en animales de compañía en mi país, merecen una oportunidad justa, respeto y un buen trato. 
. Me parece que todos compartiríamos la preocupación por que todos los animales, independientemente del país donde se encuentren, sean tratados de forma adecuada y correcta. 
Esto ilustra de nuevo que se trata de un tema de legislación y reglamentación doméstica de cada Estado miembro, y no de un tema para el Consejo. 
Sin embargo, tomo nota de la iniciativa que se menciona, que es muy valiosa y bien acogida. 
¿Puede iniciar la Presidencia, en colaboración con la Comisión y Euratom, una investigación sobre los resultados obtenidos recientemente por investigadores de la Universidad de Dundee (Escocia) y el Committee Examinig Radiation Risks from Internal Emitters (CERRIE) (Comité de Riesgos de Radiación del Gobierno del Reino Unido) , que dan a entender que la contaminación por plutonio procedente de Sellafield representa un peligro para la salud de la población en Gran Bretaña e Irlanda? 
. El Consejo no es consciente de los resultados a que se refiere su Señoría. 
Pero podría añadir que el Consejo reitera que está muy preocupado por la seguridad nacional y hace todo lo que puede para conseguir un alto nivel de seguridad nuclear en toda la Unión Europea. 
Como su Señoría sabrá, se supone que Sellafield, igual que todos los reactores, debe estar en funcionamiento mientras cumpla los requisitos de un elevado nivel de seguridad nuclear. 
La legislación comunitaria existente en relación con la seguridad de las instalaciones nucleares se basa principalmente en el Capítulo 3 del Título II del Tratado de Euratom. 
La Directiva del Consejo 96/29/Euratom, que establece las normas básicas de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y de la población en general contra los peligros derivados de la radiación ionizante, estipula las obligaciones básicas de protección contra la radiación que deben cumplirse. 
Aunque soy consciente de las presiones que recibe la Presidencia del Consejo, quiero decir que los ciudadanos de Gran Bretaña e Irlanda y, en realidad, de toda la Unión Europea, considerarán que esta respuesta a su preocupación es completamente insuficiente. 
Quiero decir una vez más que la Ministra de Sanidad del Reino Unido, Melanie Johnson, ha revelado que un estudio llevado a cabo por el Departamento de Sanidad del Reino Unido descubrió que cuanto más cerca de Sellafield vivían los niños, mayor era el nivel de plutonio hallado en sus dientes. 
Se trata de una de las sustancias más peligrosas para la vida humana que se conocen, y no solo para la vida humana. 
La Sra. Johnson ha dicho que según el análisis, las concentraciones de plutonio disminuían a medida que aumentaba la distancia de la costa de Cumbria occidental y de la planta de reprocesado de combustible nuclear de Sellafield, lo que sugiere que esta planta es la fuente de la contaminación por plutonio en la población. 
Esta información procede de la Ministra de Sanidad del Reino Unido. 
Me gustaría que la Presidencia irlandesa convocara una reunión especial de expertos de la CE, junto con expertos nacionales y otros, para valorar las implicaciones de este hecho. 
Es lo mínimo que esperan los ciudadanos. 
Podría hablar de los datos científicos en general –procedentes de científicos acreditados–, pero me abstendré de hacerlo. 
Insisto en que necesitamos una respuesta adecuada del Ministro para aliviar la preocupación de las personas afectadas. 
. Por las conversaciones privadas que hemos mantenido en el transcurso de los años, su Señoría sabe que comparto muchas de sus preocupaciones sobre este tema concreto. 
Respondo aquí en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo. 
Puede estar segura de que tomo nota de la sugerencia que ha hecho. 
Nos enfrentamos a una realidad inquietante. 
Lo reconozco. 
Puede estar segura de que tomo nota de su última propuesta. 
¿Es consciente el Ministro de que incluso los autores de dicho informe reconocen que los niveles son tan bajos que son insignificantes para la salud; que los niveles son miles de veces inferiores a los de otras sustancias radioactivas presentes en los dientes de forma natural; que casi todos los resultados más elevados se registraron a más de 400 kilómetros de Sellafield; que es más probable que este material sea producto de la lluvia radioactiva de las pruebas de armamento llevadas a cabo en todo el Hemisferio Norte durante algunos años; que la opinión de científicos y académicos respetados de Irlanda del Norte –donde he sido Ministro responsable durante un par de años– así como de su propio país, contradice muchas de las afirmaciones del grupo de presión irlandés anti-Sellafield; y que todo cuanto se dice y se hace al respecto no es más que alarmismo político pensado para hundir miles de puestos de trabajo de mis conciudadanos del noroeste de Inglaterra y deteriorar el sustento de muchas de estas comunidades que dependen de esta valiosa y esencial operación de reciclaje? 
. No estoy seguro de que sirva de nada etiquetar de alarmismo una preocupación auténtica. 
Como he dicho al principio, el Consejo no conoce los resultados que su Señoría ha mencionado en este Parlamento. 
Por lo tanto, no estoy en mejores condiciones para responder a esta pregunta complementaria que para responder a la original, excepto asegurar que etiquetar de alarmistas unas preocupaciones que son auténticas no sirve de nada. 
Quiero preguntar al Presidente en ejercicio si estaría de acuerdo en que la pregunta original es en realidad objetivamente incorrecta cuando habla de peligro para la vida de las personas de Gran Bretaña e Irlanda. 
En el informe de Melanie Johnson que se ha citado, y como acaba de comentar el Sr. Atkins, los autores declaran en realidad que no existe ningún tipo de riesgo para la salud: no existe en este punto ninguna correlación con la pregunta original. 
De hecho, algunas de las lecturas más altas se recogieron a unos 400 kilómetros de Sellafield y las más bajas a tan solo 80 kilómetros de Sellafield. 
Parece irónico que se hagan estos comentarios cuando el propio informe del Departamento del Reino Unido decía que los niveles eran miles de veces más bajos que los de otras sustancias radioactivas presentes, originarias de fuentes naturales. 
¿No estaría de acuerdo el Presidente en ejercicio en que la pregunta es objetivamente incorrecta y planteada puramente por motivos alarmistas, como ha señalado Sir Robert Atkins? 
. En realidad no tengo nada que añadir aparte de repetir lo que ya he dicho, que es que el Consejo no conoce los detalles y que no puedo inclinarme ni hacia un lado ni hacia otro. 
Ciertamente no quiero hacer ningún comentario respecto a la buena fe de la pregunta formulada por un diputado de esta Cámara. 
Esto no es una sesión de debate, señores diputados. 
Se ha hecho una pregunta complementaria de la diputada interpelante y dos preguntas complementarias más. 
Naturalmente, hay diversidad de opiniones. 
Todos ustedes querrían hablar, pero no es posible según el Reglamento. 
Señora Ahern, por alusiones personales, tiene usted quince segundos para contestar. 
Se ha tergiversado mi postura. 
Estoy pidiendo que los expertos valoren las implicaciones. 
No digo que yo sea la experta. 
¿Por favor, podríamos celebrar un debate civilizado sobre Sellafield de una vez por todas en este Parlamento? 
Protejamos a nuestros ciudadanos. 
Es lo que pido en definitiva. 
Señor Fitzsimons, no puede haber más de dos preguntas complementarias. 
Yo las he dado por el orden cronológico en que se han pedido. 
En la próxima sesión hagan ustedes otras preguntas si lo creen conveniente. 
Saben que están en su derecho. 
Pero hoy solamente pueden hablar dos diputados. 
Yo tengo que cumplir el Reglamento, le pido que usted también lo respete. 
El apartado 1 del artículo 7 del Tratado UE señala que “el Consejo… podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6 y dirigirle recomendaciones adecuadas”. 
El líder del principal partido de la oposición en España (PSOE) ha denunciado públicamente que la reforma “ad hoc” del Código Penal que el Gobierno español ha promovido a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje para castigar la posible convocatoria de una consulta a los ciudadanos sobre la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco por parte del Gobierno vasco, es “inoportuna, equivocada, imprudente, hecha con nocturnidad y vulnerando principios básicos de legislación”. 
Por su parte, el Coordinador de Izquierda Unida aseguró que dicha reforma “reintroduce el delito político en la democracia española” como en la dictadura franquista. 
¿Considera el Consejo que castigar con pena de cárcel la consulta política a los ciudadanos respeta y se ajusta a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros? 
No cree que la mejor manera de solucionar conflictos políticos históricos como los de Palestina, Irlanda o el País Vasco es propiciar el diálogo, el debate y que los ciudadanos puedan ser consultados para decidir libre y democráticamente cuando las propuestas que se les someten son plenamente respetuosas de los derechos humanos? 
. 
Como su Señoría sabe, el Consejo no hace comentarios sobre informaciones aparecidas en los medios de comunicación, y tampoco es práctica del Consejo expresar sus opiniones sobre los asuntos políticos internos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, en mi pregunta hacía referencia a los artículos del Tratado que nos obligan a todos- al Consejo, al Parlamento, a los Gobiernos y también a la Presidencia en ejercicio del Consejo y a la Comisión- a velar por el cumplimiento de los derechos humanos. 
Usted no me quiere contestar, pero yo le voy a recordar algo que supongo que usted conocerá mucho mejor que yo. 
Si mal no recuerdo, en Irlanda, antes de obtener ustedes la independencia, tuvieron un estatuto provisional, que originó en su sociedad un gran conflicto entre radicales y moderados. 
Ustedes resolvieron esa situación mediante la consulta a los ciudadanos irlandeses, es decir, mediante un referendo. 
En el País Vasco estamos viviendo una situación también difícil y preocupante, que está generando mucha tensión y mucha violencia. 
Estamos pidiendo que sean los ciudadanos los que se puedan pronunciar y los que decidan, pero el Gobierno español lo está impidiendo. 
Incluso está amenazando y cambiando las leyes para llevar a la cárcel a quienes defienden este referendo: una consulta a los ciudadanos, que es lo más democrático que se puede hacer. 
Señor Ortuondo, le recuerdo que este es un turno de preguntas complementarias y no de declaraciones políticas. 
Señor Presidente, quisiera completar la pregunta del Sr. Ortuondo, y recordarle que esta no es una decisión del Gobierno español, sino que es la propia Constitución española la que impide realizar un referendo de forma unilateral para una comunidad autónoma, y exige que todo referendo sea convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 
Eso es lo que dice nuestra Constitución. 
Creo que la pregunta que debería haber formulado el Sr. Ortuondo- aunque, probablemente, usted tampoco la conteste- es si aquel que incumple una ley puede ser sancionado o penado, que es lo que ha dicho la autoridad española o, en este caso, la reforma del Código Penal español. 
Señores diputados- en este caso, señor Oreja -, considero que no es una pregunta complementaria y, por supuesto, el señor Presidente en ejercicio del Consejo no tiene ninguna obligación de contestar, pero tiene la palabra si desea decir algo. 
. En realidad no tengo nada que añadir a mi respuesta a la pregunta original. 
Ninguno de los intercambios sugiere que deba hacerlo. 
Señor MacCormick, lo que ha contestado el señor Presidente en ejercicio del Consejo es bien claro: no da pie a preguntas complementarias. 
De todas formas, tiene usted la palabra, que espero que use con su proverbial sabiduría. 
Quería sugerir al Sr. Roche –y es un gran placer verle aquí después de muchos intercambios en la Convención– que la cuestión que ha planteado el Sr. Ortuondo Larrea, y que tratamos aquí, es de gran calado. 
Se refiere al papel y al lugar de países existentes dentro de los Estados miembros. 
La Presidencia irlandesa, sobre todo a causa de su interés por los problemas de Irlanda del Norte, pero también por otras razones, debería prestar atención, e invitar a sus colegas a que presten atención, al tema de una mejor y adecuada representación de países de este tipo. 
Señor Ortuondo, a sabiendas de que, muy probablemente, no hará usted una cuestión de orden- no sé si quiere intervenir por alusiones personales -, le concedo quince segundos y le pido que no provoque más alusiones, por favor. 
No debemos contaminar el turno de preguntas con otro debate que debe tener lugar en el ámbito correspondiente, en este caso en España. 
Señor Presidente, intervengo por alusiones personales. 
Si lo que yo he planteado resulta que está recogido en la Constitución española ¿por qué el Partido Popular, el Gobierno del Sr. Aznar, con nocturnidad y aprovechando una ley... 
Le ruego que lleve usted este debate al Parlamento vasco y al Congreso de los Diputados de España, pero ya no ha lugar a seguir hablando de este tema aquí. 
Ya ven que yo hago abstracción de que también soy elegido en la circunscripción española y de que soy español y, como les suelo decir, voy a actuar como si fuera, por ejemplo, finlandés o irlandés. 
En el marco de su derecho de iniciativa, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de modificación del Instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) (COM (2003) 0402/final). 
La propuesta trata de cuestiones de comitología de escaso interés para el ciudadano europeo, y su relevancia desde el punto de vista del medio ambiente es también discutible; lo que ocurre es que permite intercambiar ideas sobre aspectos de mayor importancia, que el reglamento no toca. 
¿Tiene el Consejo la intención de aprovechar la revisión del Instrumento financiero para introducir los imprescindibles cambios que se imponen a la vista de las conclusiones del informe sobre la financiación de la Red Natura 2000 elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el artículo 8 de la Directiva Hábitat de la Comisión Europea, que había resuelto en favor de la necesidad de dedicar una cantidad anual de entre 3 400 y 5 700 millones de euros a la gestión de la Red Natura 2000? 
. La Comisión ha presentado hace poco una propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1655/2000 referente al Instrumento financiero para el medio ambiente –LIFE– principalmente en dos aspectos. 
El primero se refiere solo a la comitología. 
Pero el segundo permite la prórroga del régimen LIFE por dos años más con el fin de llenar el vacío entre el régimen actual y las nuevas Perspectivas Financieras de 2007 en adelante. 
El 22 de diciembre de 2003 el Consejo celebró un intercambio de puntos de vista sobre este segundo aspecto y sobre las opciones de financiación de las políticas medioambientales de la UE de 2007 en adelante. 
Además, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre biodiversidad en las que esperaba la presentación de la próxima comunicación de la Comisión sobre la financiación de Natura 2000. 
Cuando se reciba, constituirá una nueva oportunidad para debatir este tema tan importante. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Presidencia irlandesa por la claridad con que han intentado responder a mi pregunta. 
No obstante, debo insistir en una cuestión que me parece crucial: Quiero saber si el Consejo estudiará debidamente las conclusiones del grupo de trabajo nombrado por la propia Comisión, según las cuales los costes de mantener esta red «Natura» superarían 3.400 millones de euros al año. También querría saber si el Consejo cree que nuestras perspectivas financieras se corresponderán con los compromisos de las instituciones europeas. 
Me gustaría que el Consejo aclarara esta cuestión específica. 
. Su Señoría ha planteado la pregunta fundamental de si lo adecuado sería un presupuesto anual de 3,4 millones de euros o de 5,7 millones de euros. 
Esta es la pregunta clave. 
Gran parte del esfuerzo realizado hasta la fecha en relación con la red Natura 2000 de parajes y las directivas de hábitats y aves se ha dedicado a la designación inicial de los lugares; la parte puramente mecánica. 
En esta fase inicial es muy difícil estimar los costes probables de conservación de estos parajes en los próximos años. 
Entiendo que la Comisión ha examinado a fondo esta cuestión al preparar su comunicación sobre la financiación de Natura 2000. 
En resumen, el trabajo que se ha hecho es el de designación de lugares. 
Hasta que esta fase del trabajo no llegue a su fin, es difícil ver cuáles pueden ser los costes probables, pero de todas formas aprecio y agradezco que su Señoría haya planteado este tema. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 5 decae. 
En vista del empeoramiento de la situación en Zimbabwe, ¿qué medidas prevé incluir el Consejo en la Posición común que podrían transmitir un mensaje claro y firme al Presidente Mugabe? 
. De conformidad con la posición común referente a las medidas restrictivas contra Zimbabwe, el Consejo no ha dejado de observar la situación de este país. 
El 28 de noviembre de 2003, la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, emitió una declaración sobre la situación actual en Zimbabwe, donde expresaba su continua preocupación por el clima de tensión del país y pedía a su gobierno que respetara los derechos internacionalmente garantizados de todos los ciudadanos de Zimbabwe. 
La cuestión de Zimbabwe surgió en el diálogo UE-África durante la reunión de la troika ministerial celebrada en Roma el 10 de noviembre de 2003, donde la Unión Europea reafirmó una vez más que estaba dispuesta a comprometerse en un diálogo con el gobierno de Harare tomando como base los puntos de referencia establecidos. 
Un mensaje idéntico se transmitió directamente a Zimbabwe y a otros países de la SADC durante la reunión de altos cargos UE-SADC en Bruselas, el 12 y 13 de noviembre de 2003, y fue transmitido de nuevo a Sudáfrica durante la reunión de diálogo político en Pretoria el 8 de diciembre de 2003. 
La posición común, tal como se adoptó el 18 de febrero de 2002, expresa la gran preocupación del Consejo por la situación de Zimbabwe, en concreto la reciente escalada de violencia e intimidación de los oponentes políticos y el hostigamiento a la prensa independiente. 
Cuando se revisó en 2003, la posición común indicaba que había habido una nueva degradación de la situación en Zimbabwe, donde siguen teniendo lugar graves violaciones de los derechos humanos y de la libertad de opinión, de asociación y de reunión pacífica. 
Como ya se ha dicho, la Unión Europea está muy preocupada por esta nueva degradación de la situación de Zimbabwe desde entonces. 
La posición común se volverá a revisar el 18 de febrero de 2004. 
En este contexto, ha empezado en los correspondientes departamentos del Consejo el trabajo preparatorio de las recomendaciones que se presentarán al Consejo. 
Estas recomendaciones se presentarán al Consejo para que sean debatidas en aquel momento. 
Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Estoy bastante familiarizada con la sólida postura del Gobierno irlandés sobre Zimbabwe, y la apruebo. 
Mi pregunta es sobre la prórroga de la posición común. 
Me pregunto si la Presidencia prevé dificultades para asegurar la prórroga de las sanciones existentes contra Zimbabwe. 
¿Tengo razón al entender que hay algunos Estados miembros –uno en concreto– que tienen un problema con la prórroga que desean la Presidencia y otros miembros del Consejo? 
Por lo tanto, le pregunto si puede decirme si es probable que los Estados miembros sean unánimes en cuanto a la prórroga. 
En segundo lugar, ¿consideraría el Presidente en ejercicio que es adecuado que el Consejo presione ahora a favor de la extensión de la lista de individuos prohibidos –una lista de personas con sanciones y que no pueden recibir visados– para incluir miembros de la familia, personas que han muerto o cambiado de oficio, etc.? 
En mi opinión, y en opinión del Parlamento –aparece en nuestra resolución sobre el tema– la lista debería ampliarse y revisarse. 
Me gustaría mucho conocer su opinión al respecto. 
Esto tiene una gran importancia para el Parlamento Europeo y quedo a la espera de su respuesta. 
. Mis colegas y yo apreciamos el continuo interés de la Sra. Kinnock por este tema concreto. 
Las negociaciones continúan. 
Sería prematuro en estos momentos que dijéramos adónde nos va a llevar el debate. 
Sin embargo, habrá una revisión de la lista y posiblemente una extensión de la misma. 
Me gustaría plantear muy brevemente una pregunta complementaria a la pregunta de la Sra. Kinnock. 
Un aspecto de su campaña –que afecta cada vez más a los Estados miembros, incluyendo al Reino Unido y probablemente también a Irlanda– es que con la escalada de violencia cada vez hay más solicitantes de asilo que llegan a la Unión Europea. 
¿Qué opina de ello la Presidencia irlandesa, dado el aumento de las cifras y que estas personas evidentemente solicitan asilo y están en apuros, pero también llegan en gran número? 
¿Tiene el Presidente en ejercicio una opinión al respecto, dada la nueva Presidencia, la escalada de la violencia y el inevitable aumento del número de refugiados y solicitantes de asilo que llegan a los Estados miembros de la UE procedentes de Zimbabwe? 
. La respuesta directa a la pregunta es sí: está claro que la Presidencia es consciente de que toda forma de violencia o acción contra la población civil conduce inevitablemente al éxodo de los ciudadanos. 
También nos preocupa y somos conscientes del impacto que las sanciones pueden tener en la población. 
En cuanto a los detalles, me remito a la respuesta que ya he dado directamente a la Sra. Kinnock: ¿adónde iremos a parar? 
La fase siguiente está siendo objeto de debate y no quiero anticipar este debate yendo más lejos de lo que ya he ido. 
Yo compruebo que los señores diputados confían mucho en su velocidad de crucero para coger sus ascensores, y esto puede provocar un colapso si aplicamos el Reglamento. 
Si alguno me está escuchando desde su despacho, le ruego que baje ya al Hemiciclo, porque ha habido un momento en que no había ninguno de los siguientes diputados que tenían que preguntar. 
El 9 de diciembre de 2003, la Comisión Europea y Siria alcanzaron un acuerdo sobre la conclusión de un Acuerdo de asociación de dicho país con la UE conforme con el modelo de los acuerdos concluidos con los restantes países mediterráneos asociados, que incluya un capítulo político, otro económico-financiero y un tercero social y cultural. 
En este contexto, ¿cómo enjuicia el Consejo las perspectivas del acuerdo para las dos partes? 
¿Opina que la firma de dicho acuerdo en un futuro próximo contribuirá a la integración regional, la creación de un clima favorable para solucionar el problema político del conflicto árabe-israelí y la democratización de Siria? 
¿Cómo enjuicia las posiciones diametralmente opuestas de los Estados Unidos, donde el Congreso y el Presidente Bush (pocos días antes) han adoptado una ley que prevé sanciones y restricciones económicas y diplomáticas contra Siria? 
¿Comparte el Consejo las razones que han invocado los EE.UU. para adoptar esta política contra el país en cuestión? 
. El Consejo confirma a su Señoría que el 9 de diciembre de 2003 la Comisión Europea y Siria llegaron a un entendimiento a nivel técnico sobre todos los temas pendientes de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Euromed. 
Cuando entre en vigor, este acuerdo sustituirá al Acuerdo de Cooperación existente desde 1977 que, en el marco del planteamiento mediterráneo global, actualmente vincula a las dos partes. 
Ahora ambas partes deberán acordar políticamente los elementos del futuro acuerdo, para allanar el camino a la ratificación por ambas partes. 
El Consejo pone de manifiesto que en el aspecto político el proyecto de acuerdo pretende ofrecer un marco para llevar a cabo un diálogo político regular sobre temas internacionales y de interés mutuo, fomentando el entendimiento mutuo y promoviendo la convergencia de opiniones. 
En concreto, incluye las disposiciones esenciales en material de respeto por los principios democráticos y los derechos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la cooperación para compensar la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de cumplimiento de conformidad con las conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores de noviembre de 2003; y el intercambio de información y un esfuerzo conjunto para prevenir y luchar contra el terrorismo, incluida la puesta en práctica de las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas. 
En cuanto al segundo elemento de la pregunta de su Señoría sobre el proceso de paz en Oriente Próximo en general, el Consejo invita a su Señoría a las Conclusiones de la Presidencia de la reunión que el Consejo Europeo celebró en Bruselas el 12 de diciembre de 2003. 
En el apartado 61 el Consejo Europeo recordaba que una paz global en Oriente Próximo debe incluir también a Siria y, por supuesto, al Líbano. 
Finalmente, había un tercer elemento en la pregunta. 
El Consejo no ha comentado las posiciones asumidas por los Estados Unidos en cuanto a este tema y no tiene intención de hacerlo en esta fase. 
– Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por su respuesta. 
Me parece que no puedo insistir en que me conteste en torno a una cuestión sobre la que ha dicho claramente que no quiere comentar, aunque me parece que un diálogo abierto que destaque los puntos comunes y los diferentes enfoques entre la Unión Europea y los Estados Unidos no es negativo, es positivo, porque nos da a conocer la situación y nuestra acción conjunta. 
Quizás pueda usted decirme más concretamente, por favor, de qué manera este acuerdo con Siria, que esperemos se firme y se ponga en práctica, sirve específicamente a los intereses políticos y económicos de la Unión Europea en la zona. 
¿Cuál es el papel particular de Siria, su posición, su influencia en el proceso de Barcelona? 
¿Tiene algo que ver con el Líbano y los objetivos de la Unión Europea a través del acuerdo con el Líbano? 
. Doy las gracias a su Señoría por lo que acaba de decir. 
Estoy de acuerdo con ella en que no sirve de nada realizar comparaciones negativas entre nuestro planteamiento y, por ejemplo, el de los Estados Unidos. 
Es un acuerdo muy bueno y estoy seguro de que su Señoría ha tenido la oportunidad de leerlo. 
Examinemos sus finalidades: conseguir un marco adecuado para el diálogo político; establecer las condiciones para una liberalización progresiva del comercio de bienes, servicios y capitales; mejorar la prosperidad y el desarrollo económico y social de Siria y fomentar la cooperación en la región euromediterránea; y, finalmente, promover la cooperación en el ámbito económico, social, cultural y financiero. 
Lo mejor de este acuerdo es que resalta en gran manera el espíritu europeo, la visión europea respecto a la forma de avanzar. 
Es un paso adelante muy positivo, ciertamente un paso adelante que la Presidencia irlandesa agradece y desarrollará. 
No tiene sentido realizar comparaciones negativas con los demás, con el planteamiento de los Estados Unidos, por ejemplo. 
Tenemos un diálogo con los Estados Unidos a muchos niveles, incluido el más elevado. 
Por supuesto, la cuestión de Oriente Próximo, la cuestión de toda la región y la paz en la región, es una parte importante de este diálogo. 
El asunto del lugar que ocupa Siria en el proceso de paz también aparecerá en el diálogo. 
De nuevo, doy las gracias a su Señoría por esta pregunta minuciosa y profunda que ofrece la oportunidad de abarcar un número significativo de áreas importantes. 
Señor Presidente en ejercicio, ¿me permite presionarle un poco más en este tema? 
Ha aludido brevemente a la cuestión de las armas de destrucción masiva que, sorprendentemente, el 6 de enero de 2004, el Presidente Asad admitió que efectivamente poseía. 
¿Podría decirme qué tipo de mandato dará a la Comisión para incorporar cláusulas que sean específicamente destacadas y relevantes para la cuestión de las reservas de armas biológicas y químicas de Siria, y si en estas cláusulas se instará seriamente a los sirios a desmantelarlas y evitar la proliferación de unas armas tan peligrosas? 
. El Consejo tendrá que considerar los detalles precisos en este sentido, pero existe una referencia específica a combatir la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de cumplimiento. 
Esto está en consonancia con las decisiones tomadas en el Consejo de Relaciones Exteriores en noviembre de 2003. 
Puede estar segura de que la Presidencia y el Consejo tienen presentes los elementos positivos de este acuerdo concreto en el contexto de la región y en el contexto de las armas de destrucción masiva en general. 
Resulta interesante que mencione aquí si conspira o negocia con los Estados Unidos respecto a la forma de tratar con Siria, y en cambio sus políticas sean tan distintas. 
¿Es una especie de juego de «policía bueno y policía malo» con Siria? 
Me gustaría preguntarle, en concreto, sobre el Líbano. 
Siria está ocupando grandes zonas del Líbano, su país vecino. 
¿Qué actitud adoptarán ante esta postura en relación con el progreso de este acuerdo? 
. Voy a ignorar que he oído el verbo «conspirar». 
Existe un diálogo entre Europa y los Estados Unidos, que es bastante apropiado. 
Por supuesto, los temas relacionados con el Líbano y Siria van a formar parte de este diálogo. 
Y por supuesto no se trata de jugar al «policía bueno, policía malo». 
Europa tiene su opinión sobre cómo hace las cosas y los Estados Unidos tienen su opinión sobre cómo hacen las cosas. 
Lo que quiero decir sobre este acuerdo es que es una indicación muy positiva del planteamiento de Europa en este tema en concreto. 
La Presidencia italiana saliente del Consejo ha recomendado al Grupo de trabajo del Consejo sobre las drogas el estacionamiento de policías de los Estados miembros en Albania. 
Tal como sabrá el Consejo, las bandas albanesas están cada vez más implicadas en el cultivo y el contrabando de toneladas de cannabis cultivado en Albania hacia la Unión Europea y, además, se están implicando en el tráfico de drogas duras, como heroína y cocaína, producidas fuera de Albania. 
¿Se encuentran nuestros policías ya en Albania? 
En caso contrario, ¿cuándo van a llegar a ese país? 
¿Quién asume la jefatura? 
. El Consejo sigue estando preocupado por el tema del crimen organizado y el tráfico de drogas en Albania. 
En las conclusiones de la última reunión del Consejo sobre relaciones exteriores del 9 de diciembre de 2003, el Consejo expresaba su preocupación por la lentitud del proceso de reforma de Albania e instaba al Gobierno albanés a intensificar sus esfuerzos, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. 
Ayudar al Gobierno albanés a luchar contra el tráfico de drogas ha sido una parte integral del esfuerzo de la UE para contribuir a la lucha contra el crimen organizado en Albania. 
Los expertos y las fuerzas policiales de la Unión Europea y los Estados miembros han estado presentes en Albania, sobre todo desde la crisis de 1997, para ayudar al Gobierno albanés de varias formas, con operaciones específicas para crear capacidad y luchar contra el crimen organizado, que incluye la producción y el tráfico de drogas. 
En cuanto a las drogas, las principales iniciativas se tomaron bajo la Presidencia griega y la italiana en 2003, para mejorar la lucha contra el tráfico de drogas en la región de los Balcanes en general y en Albania en particular. 
En junio de 2003 se acordó un plan de acción global contra las drogas entre la Unión Europea y los Estados de los Balcanes occidentales. 
Una gran parte de este plan se dedicaba a la lucha contra el tráfico de drogas. 
El 2 de diciembre de 2003 se celebró en Bruselas una reunión de seguimiento especialmente fructífera. 
En cuanto a Albania en concreto, el Consejo adoptó en noviembre de 2003 una resolución sobre el estacionamiento en dicho país de funcionarios de enlace especializados en drogas. 
Esta resolución prevé el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los funcionarios de enlace para asegurar un intercambio constante de información sobre actividades relacionadas con las drogas y también fomentar un entendimiento común. 
A escala más general, el 27 de noviembre de 2003 se celebró una reunión entre ministros de los Estados miembros de la UE y ministros de los países de los Balcanes occidentales al margen del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
En las conclusiones comunes resultantes de esta reunión se resaltaba la necesidad de mejorar la capacidad de aplicación de las leyes en los Balcanes occidentales. 
En cuanto al tema general de los Balcanes occidentales, la Presidencia irlandesa hará todo lo que pueda para ayudar a los Gobiernos de dicha región –que se enfrentan a grandes dificultades– y para implicarlos lo máximo que podamos. 
Muchas gracias por esta respuesta tan completa, útil e informativa. 
Quisiera añadir mis felicitaciones a los irlandeses por la capacidad de liderazgo que demuestran en esta cuestión tan difícil. 
Asistí a la conferencia sobre el crimen organizado que se celebró en Dublín antes de Navidad: fue excelente y los irlandeses demostraron una gran capacidad de liderazgo. 
Les felicito de nuevo por la iniciativa que están demostrando. 
¿Existe una cadena de mando para dirigir a estos funcionarios de enlace de la UE que se van a estacionar en Albania? 
¿De quién dependen? 
¿Informan a la capital de su propio país? 
¿Informan a Europol en La Haya? 
¿Hay alguien que sea responsable de ellos? 
El gran problema que tenemos con la vigilancia policial –y usted debe saberlo aún mejor que yo– es que las naciones y fuerzas policiales de cada país se muestran reacias a cooperar. 
Todos intentan guardarse para ellos la información que tienen. 
Lo que necesitamos es una mayor coordinación y cooperación, incluso entre las fuerzas policiales de la UE. 
¿Puede usted asegurarme que esto está ocurriendo? 
¿Quién es el responsable? ¿Quién se coordina con quién? 
. En cuanto al tema de los funcionarios de enlace, estoy de acuerdo con su Señoría en que no tiene sentido estacionar a personas a título individual. 
Tiene que haber alguna forma de coordinación y ciertamente alguna forma de intercambio de información a una escala muy básica. 
Remito a su Señoría a lo que he dicho en mi respuesta anterior, es decir, que la resolución prevé el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los funcionarios de enlace para asegurar un intercambio constante de información. 
Su Señoría tiene toda la razón: no tiene sentido reunir conocimientos si no se comparte la información. 
Es un nuevo punto de partida. 
En estos momentos estamos creando este mecanismo de coordinación. 
Estoy seguro de que las observaciones de su Señoría serán útiles en este aspecto concreto. 
¿Podría comentar el Presidente en ejercicio cómo contribuye al programa de su Presidencia el recientemente aprobado programa estratégico plurianual? 
. El Consejo recuerda que tal como se preveía en las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla del 21 y el 22 de junio de 2002, el Consejo Europeo del 12 y 13 de diciembre de 2003 adoptó el primer programa estratégico plurianual para los tres próximos años. 
El programa abarca el período de 2004 a 2006. 
Ha sido preparado conjuntamente por las seis Presidencias –Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Austria y Finlandia– que, por turnos, asumirán la secretaría del Consejo durante este período. 
Asumen colectivamente la responsabilidad de asegurar que el Consejo cumpla las prioridades acordadas hasta 2006 de forma eficaz y puntual. 
La Presidencia considera que el programa estratégico plurianual acordado recientemente es de gran utilidad para preparar tanto el programa operativo anual como el programa de la Presidencia irlandesa. 
La Presidencia considera que es cada vez más importante adquirir una perspectiva a más largo plazo en relación con el trabajo del Consejo, más allá del plazo de seis meses de cada presidencia. 
En este sentido, el programa estratégico plurianual y el programa operativo anual son herramientas esenciales para orientar la preparación del programa de la Presidencia. 
Es un nuevo punto de partida y es un punto de partida muy valioso y bien acogido. 
Proporciona una base más estructurada para la continuación de las relaciones de la Comunidad con el resto del mundo. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente en ejercicio sobre el valor de estas herramientas y quiero hacer constar mi aceptación del programa de la Presidencia irlandesa en este sentido. 
Sin embargo, cuando dice que es una base útil, sería instructivo para todos saber qué significa esto en la práctica. 
De lo contrario, ¿podemos pensar que se trata de otra pieza de burocracia sin ningún objetivo real o ninguna diferencia real? 
¿Qué hay en el programa de la Presidencia irlandesa que sea distinto debido al planteamiento plurianual con las seis Presidencias juntas? 
¿Ha habido algún ámbito en que se haya hecho hincapié especial que quizás no se habría hecho en otro caso? 
Me pregunto si, en relación con Irlanda, por ejemplo, que es un país neutral y no forma parte de la OTAN, el avance de la estrategia de seguridad, la intervención prevista en Bosnia y Herzegovina y la Agencia de Capacidades de Defensa son cuestiones en que se va a hacer hincapié especialmente. 
Realmente estoy muy interesado en escuchar su opinión sobre estos puntos. 
. Su Señoría comprenderá que en realidad esta es la primera vez que hemos vivido este proceso particular, y de que hace falta un poco de tiempo para que el proceso se asiente. 
Sin embargo, es lógico que exista un planteamiento plurianual, y es un planteamiento mejor que el precedente. 
Es muy útil para que las Presidencias entrantes tengan un papel que desempeñar y puedan interrelacionar todas las cuestiones. 
No puedo ser más concreto, aparte de decir que el programa estratégico plurianual es útil. 
Sin duda nos proporcionará un marco mucho más sólido y un mayor margen de tiempo. 
Significará la posibilidad de prever de forma más razonable que los programas se puedan ir cumpliendo. 
Y sin duda es, en todos estos sentidos –y creo que esto es en lo que está pensando su Señoría–, un planteamiento mucho mejor que el que teníamos antes. 
¿Qué medidas se propone tomar el Consejo para encontrar una posición política común sobre la Directiva sobre trabajadores temporales/cedidos por empresas de trabajo temporal, dada la importancia de este acto legislativo para el avance del Programa de Lisboa? 
. El Consejo remite a su Señoría a las respuestas que ya dio a la pregunta de Claude Moraes en julio de 2003 y a una pregunta planteada por usted mismo el pasado noviembre sobre el mismo tema, donde el Consejo confirmaba su compromiso para llegar a una posición política común sobre este tema tan complejo y políticamente delicado. 
Durante el primer semestre de 2003, la Presidencia elaboró un paquete de compromiso que abarcaba los principales temas pendientes y que fue discutido por el Consejo en una sesión pública celebrada el 3 de junio de 2003. 
Pero la solución propuesta no es aceptable para todas las delegaciones. 
Durante el segundo semestre, se celebraron varios debates de alto nivel, pero a falta de nuevos elementos que permitieran desbloquear la situación, el tema no se llevó a la reunión del Consejo de 1 de diciembre de 2003 como se había previsto y esperado en un principio. 
Como su Señoría sabe –porque su Señoría ha planteado este tema en varios foros–, la Presidencia irlandesa otorga gran importancia al éxito de la Estrategia de Lisboa y, por supuesto, reflexionará sobre cómo se puede llevar esta cuestión a buen fin en dicho contexto. 
El Consejo se ha comprometido reiteradas veces a alcanzar los objetivos de Lisboa de aumentar el empleo y ofrecer mejores puestos de trabajo, y tiene la intención de trabajar para conseguir una solución justa y práctica que tenga en cuenta todas las preocupaciones legítimas, que no son pocas. 
Con este fin, la Presidencia tiene la intención de reflexionar sobre diversas vías posibles a seguir en relación con este tema y seguirá estando atenta a los nuevos acontecimientos que pudieran ayudar a resolver las dificultades pendientes. 
Me gustaría añadir que, gracias al buen trabajo del Sr. De Rossa, la Presidencia consiguió un buen intercambio con los miembros de su Grupo la semana pasada en Dublín. 
Este tema se planteó en aquel escenario. 
Hubo un intercambio muy profundo y útil sobre el tema y, de nuevo, doy las gracias a su Señoría. 
Soy muy consciente de su preocupación por esta cuestión y la Presidencia también es muy consciente de su preocupación. 
Como su Señoría sabe, trabajaremos sobre esta cuestión en el contexto del trabajo general que estamos llevando a cabo en relación con las cuestiones de la agenda de Lisboa. 
Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su extensa y bienvenida respuesta. 
Ha expresado una voluntad de progresar en este tema, que es muy importante en el contexto de la Agenda de Lisboa. 
Sé que la Presidencia considera que la Agenda de Lisboa es un vehículo amplio para conseguir un progreso económico y social, y esta directiva, que instilaría un cierto orden en el tema de los trabajadores de las agencias de trabajo temporal, mejoraría la calidad del trabajo y también aliviaría muchas ansiedades tanto de los trabajadores permanentes como de los trabajadores cedidos por las agencias de trabajo temporal. 
Sabemos que en ciertas circunstancias se está abusando de esta forma concreta de empleo. 
Por lo tanto, estaría muy agradecido si el Presidente en ejercicio del Consejo se ocupara activamente de este tema. 
No tengo ningún deseo de plantear aquí asuntos políticos partidistas, pero dado que el Gobierno irlandés se preocupa seriamente por esta cuestión, usted se encuentra en la posición ideal para hallar una solución. 
. Doy las gracias al Sr. De Rossa y reconozco en gran manera la importancia de asegurar un acuerdo sobre las propuestas para mejorar los derechos de los trabajadores. 
También entiendo perfectamente de dónde viene el Sr. De Rossa en este aspecto concreto. 
Lo que dice es que hay que intentar mejorar la situación de todos, en vez de intentar crear un movimiento a la baja. 
Acepto la sinceridad de su causa y creo que él también entiende los puntos de vista de la Presidencia en este sentido. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio, por su respuesta tan completa. 
¿Es consciente de que el Consejo está claramente dividido en este tema, y de que esta Cámara también lo está? 
Hay diferentes opiniones, como muy bien conoce mi buen amigo el Sr. De Rossa. 
El hecho de que tengamos aquí a un diputado conservador del Reino Unido hablando a favor del Gobierno laborista del Reino Unido y en contra de las opiniones de los diputados laboristas del Reino Unido al Parlamento Europeo, demuestra que este tema es conflictivo y muy complicado. 
Agradezco que haya dicho que va a reflexionar, pero le insto a reflexionar también sobre las frases que ha escrito en este excelente documento –el programa de su Presidencia– que a mi me complacen en especial. 
En la página 16 menciona las principales dificultades que están dispuestos a superar: fomentar una mayor adaptabilidad y flexibilidad por parte de los trabajadores y las empresas y eliminar los obstáculos para el empleo. 
En mi opinión, esta directiva, tal como está redactada, habría hecho exactamente lo contrario y eliminado la posibilidad de cumplir la agenda de Lisboa. 
¿Podría usted confirmar que el cumplimiento de la agenda de Lisboa será la base de toda su Presidencia, como yo confío que así será? 
. Doy las gracias a su Señoría por lo que acaba de decir. 
No creo que la adaptabilidad y la flexibilidad, que por naturaleza mejoran o apoyan los derechos de los trabajadores, deban estar necesariamente en contradicción con dichos derechos. 
En los últimos años en Irlanda hemos adquirido una cierta experiencia en cuanto al tremendo progreso que se puede conseguir económicamente si se asume un planteamiento integrador. 
Acepto el comentario de su Señoría. 
Es un tema complejo. 
Hay diversas opiniones al respecto, tanto en la Cámara como en Europa. 
Sin embargo, en general, sería una falacia que pensáramos que debemos basarnos en la flexibilidad, la adaptabilidad o el progreso a costa de los trabajadores. 
Esta no debería ser la base de nuestro progreso. 
Estoy seguro de que no es esto lo que quiere su Señoría. 
Quiero unirme a mis colegas y dar la bienvenida a esta Cámara al Presidente en ejercicio, el Sr. Roche, y desearle suerte para los próximos seis meses. 
El Sr. Bushill-Matthews, el Sr. De Rossa y yo trabajamos en la misma comisión, de modo que conocemos las dificultades del tema. 
Pero, ¿es consciente la Presidencia de las diversas definiciones de trabajadores de agencia de empleo temporal que hay en los distintos Estados miembros, y la dificultad que ello genera para redactar reglamentos o directivas armonizados, con el fin de proteger a los trabajadores y mejorar realmente su posición en el mercado laboral? 
En segundo lugar, en cuanto a los comentarios del Sr. Bushill-Matthews sobre la agenda de Lisboa, todos los trabajadores deberían tener libertad de elección, porque en algunas situaciones los trabajadores de agencia temporal en realidad ganan más dinero y tienen más flexibilidad que la que tendrían si trabajaran con un contrato fijo. 
. Acepto el comentario final de su Señoría, que ilustra en cierto modo la complejidad del tema. 
Es posible que, por ejemplo, los jóvenes licenciados médicos prefieran trabajar en una agencia de trabajo temporal porque es más flexible y se adapta mejor a sus necesidades. 
Somos conscientes de ello. 
El segundo punto que ha abordado el Sr. Crowley es la cuestión general de los derechos de los trabajadores con contrato. 
Reconozco la importancia de asegurar el acuerdo sobre unas propuestas que mejoren los derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores de las agencias de trabajo temporal, pero que a la vez no obliguen a nadie a trabajar en una forma que no quiera. 
Como he dicho, la Presidencia considera que este tema es muy importante, especialmente en el contexto de la estrategia de Lisboa. 
Su Señoría sabrá que tenemos el compromiso de alcanzar los objetivos de Lisboa en cuanto al aumento del empleo y ofrecer mejores puestos de trabajo, y esto implica más opciones para los trabajadores. 
El tema planteado en la pregunta original era que esto no debía conseguirse a costa de los trabajadores; esto es lo que más preocupa al Sr. De Rossa. 
Se ha dicho ya que este tema es muy complejo. 
Hay diferentes opiniones al respecto y tal como ilustra la última pregunta complementaria, puede haber circunstancias en las que los trabajadores quieran beneficiarse de este planteamiento más flexible. 
Es evidente que no podemos interferir en su derecho a elegir de forma que este derecho quede reducido. 
En la Directiva 2003/86/CE (1) del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar, el apartado 1 (d) del artículo 4 establece la posibilidad de que el Estado miembro examine si los menores de más de doce años de edad cumplen los criterios de reagrupación, antes de autorizar su entrada y su residencia de conformidad con la Directiva. 
Teniendo en cuenta que los menores en cuestión proceden de regiones no desarrolladas y no están en condiciones de hacer frente a las exigencias de este examen, se pregunta a la Comisión: ¿no se trata en realidad de una forma de suprimir el derecho a la reagrupación? 
. Mi respuesta será muy breve. 
Quiero recordar a su Señoría que, según el Tratado, no es competencia del Consejo hacer comentarios sobre la interpretación de los actos legislativos de la Comunidad. 
– Señor Presidente, el Presidente en funciones no necesita ser tan breve. 
Esta es la última pregunta y tenemos media hora a nuestra disposición. 
No le pido que comente algo ajeno, le pido que nos hable de una directiva que aprobó el Consejo, en relación con la cual el Presidente del Parlamento Europeo ha emprendido medidas relacionadas con la remisión al Tribunal de Justicia, en torno a la cual organizaciones no gubernamentales han emprendido medidas y que contiene disposiciones relativas a niños de 12 años en adelante –imaginen si se tratara de nuestra hija o de su hija o de la hija de un Diputado o de la hija de alguien que trabaje aquí– que deben pasar unos exámenes para poder reunirse con su familia. 
No podemos tratar esta cuestión con este tipo de tecnocracia y sin una respuesta sensible del Presidente en funciones del Consejo y pido una respuesta sustancial. 
. A mí tampoco me gustan las respuestas que se salen por la tangente o tecnocráticas, y me gustaría poder darle una respuesta más sustancial, pero lo cierto es que la única institución que, en relación con el Tratado, tiene poder real para interpretar la legislación de la Comunidad es en definitiva el Tribunal de Justicia, pero su Señoría ya lo sabe y no necesita que yo le enseñe nada en este sentido. 
Sin embargo, debemos recodar que se ha pedido al Tribunal de Justicia que dicte una sentencia sobre la Directiva relativa al derecho a la reagrupación familiar, adoptada en septiembre de 2003, en la medida en que se ha entablado una acción directa para su anulación. 
Con lo que digo, y es el punto principal de la respuesta, no pretendo ser descortés con su Señoría ni despreciar la pregunta; al contrario, simplemente digo que en relación con la cuestión de la interpretación el Consejo no tiene nada que hacer. 
Lamento no poder extenderme más sobre el tema. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado (2). 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0419/2003) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, con vistas al Consejo Europeo de Salónica, relativa al desarrollo de una política común en materia de inmigración ilegal, trata de seres humanos, fronteras exteriores y retorno de residentes ilegales (COM (2003) 323 2003/2156 (INI) ). 
– Señor Presidente, Señorías, el Sr. Ahern, Presidente en funciones del Consejo, ha dicho hoy que la Presidencia irlandesa pretende conseguir mayor seguridad y prosperidad para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
A la vez que le respaldamos al 100 % en esto, también quería señalar que para nuestra seguridad nos interesaría que el paquete de medidas que esta Asamblea espera se aplicara durante el mandato de la Presidencia irlandesa y también durante la Presidencia holandesa que la seguirá. 
La Asamblea propone este paquete de medidas en relación con la inmigración ilegal, la trata de seres humanos, la seguridad en nuestras fronteras exteriores y el retorno de residentes ilegales en la Unión Europea. 
Me encargaron redactar un informe de propia iniciativa para el Parlamento y me complace gratamente advertir las excelentes negociaciones que hemos celebrado, con buenos resultados, y el hecho de que hayamos podido lograr un amplio consenso en la Comisión, además de recibir el apoyo del Consejo y de la Comisión. 
Permítanme expresar mi gratitud a todos quienes cumplieron su función en la elaboración de este informe. 
¿En qué se centra este informe? 
Básicamente creo que, aunque el Parlamento es capaz de apoyar sin condiciones las prioridades establecidas en Salónica, nos parece tan importante que se preste especial atención a algunas de ellas, y ahora quiero presentar seis prioridades para que las estudien. 
La primera prioridad tiene que ver con la seguridad de las fronteras exteriores. 
Especialmente en relación con las nuevas fronteras exteriores, en el futuro necesitaremos los mismos altos niveles de seguridad en todas partes. 
De ello se desprende necesariamente que tendremos que formar a los guardias de frontera de acuerdo con un único plan de formación, y que hemos de crear un centro europeo de estudios donde se forme pronto y rápido a los funcionarios con tareas ejecutivas. 
La creación de un cuerpo de guardias de frontera también está relacionada con las fronteras exteriores. 
No obstante, esto no significa que podamos restar competencias a los Estados miembros, sino, más bien al contrario, que la competencia de la seguridad de las fronteras debe seguir siendo suya, mientras que la Unión Europea proporcionará, durante períodos fijos de tiempo, en franjas fronterizas de alto riesgo y a instancias de los Estados miembros, unidades especiales financiadas por la Comunidad para garantizar la seguridad cuando existan amenazas temporales y especiales. 
Esto es lo que significa un cuerpo de guardias de frontera y creemos que es posible. 
Por supuesto, queremos que, en consecuencia, se cumplan lo antes posible las normas de Schengen en todas las nuevas fronteras exteriores, lo que implica que los nuevos Estados miembros tienen la tarea, para la que contarán con la ayuda de la Unión Europea, de aplicar eficaz y rápidamente tantas medidas como sea posible. 
La segunda prioridad es la recopilación normalizada de datos. 
Si queremos intercambiar con precisión información pormenorizada entre un Estado miembro y otro, entre los Estados miembros y la Comisión y con terceros países, necesitamos datos en formatos estándar, así como adoptar las medidas adecuadas para tener un sistema normalizado de datos a nuestra disposición. 
Además, necesitamos urgentemente un medio para intercambiar esta información con países de origen y con países de tránsito. 
En tercer lugar, tenemos que aplicar una política común de asilo, medidas de política común de inmigración y una política de retorno. 
Tenemos la esperanza de que se cumpla el Tratado y de que la Presidencia irlandesa de hecho logre, para mayo de 2004, decidir y aprobar los instrumentos legislativos necesarios de asilo, para que podamos cumplir el Tratado y desempañar la acción política necesaria para obtener una ley de asilo común. 
Esto significará una topa de decisiones veloz por nuestra parte si queremos ayudar a los refugiados y actuar. 
Este es el segundo aspecto de la inmigración controlada y legal. 
Como siguiente prioridad, la necesidad de introducir documentos que sean difíciles de falsificar. 
Acojo con satisfacción los nuevos requisitos de incluir datos biométricos en visados y permisos de residencia. 
Además, tenemos que trabajar para conseguir pasaportes más seguros y el marco jurídico y el equipamiento técnico para el sistema informativo de visados, que necesitamos. 
En quinto lugar, y acabo, es preciso facilitar información en los países de origen, para poder utilizar instrumentos adecuados contra los traficantes de seres humanos. 
Por último, los aspectos financieros; ya hemos anunciado que, para 2006, se destinarán más fondos para el sistema de información de visados, para el plan de retorno y para los controles fronterizos, a condición de que se de voz y voto al Parlamento en esta cuestión. 
A pesar de lo ambiciosas que son estas medidas, esperamos que puedan aplicarse durante el mandato de esta Presidencia, para que podamos garantizar a nuestros ciudadanos una Europa segura. 
– Señor Presidente, este informe tan esperado llega muy oportunamente para la preparación de estrategias en vista del Consejo Europeo de Salónica relativas al desarrollo de una política común en materia de inmigración ilegal, trata de seres humanos, fronteras exteriores y retorno de residentes ilegales. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha adoptado una posición sobre política de inmigración ilegal mediante la aprobación de este informe de iniciativa propia del Sr. Pirker, a quien felicito por los resultados conseguidos. 
Todos estamos de acuerdo en apoyar la creación de un cuerpo europeo de guardias de frontera financiado a escala comunitaria, cuya creación precisará un nuevo fundamente jurídico. 
Con la propuesta de esta solución desaparece automáticamente la propuesta de establecer una agencia independiente para controlar nuestras fronteras. 
Además, en general se cree que las fronteras de la Comunidad deberían permanecer abiertas para personas que huyen de formas de represión y que solicitan asilo en los Estados miembros de la Unión. 
También estamos de acuerdo en reconocer que es un derecho exclusivo de los Estados miembros, que se deriva del principio de subsidiariedad, establecer el tipo y la escala de la inmigración legal, pero ahora es esencial una política común de integración social en un área de seguridad, política común, relaciones sociales y justicia económica. 
Por último, merece la pena señalar que el debate celebrado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores llegó a la conclusión de que los acuerdos de readmisión bilaterales entre los Estados miembros y los países de origen y tránsito deben, si es posible, sustituirse por acuerdos realmente comunitarios, quizá reconocidos por todos los Estados miembros sin excepción, en otras palabras, sin que nadie se excluya. 
Finalmente, en esta área común del compromiso europeo sobre la inmigración, me complace recordar, como también ha hecho el ponente al concluir su intervención, una iniciativa que complementa este esfuerzo por combatir la inmigración ilegal. 
Se trata del reglamento que entró en vigor el 1 de enero del presente año, hace solo unos días, que destinará 250 millones de euros a financiar durante cinco años los esfuerzos de terceros países por combatir la inmigración ilegal en su origen. 
El objetivo de esta iniciativa es, primero, informar, y después enseñar a las personas que intentan emigrar y ayudarles a entender el valor de la emigración legal y todos los riesgos implicados en la inmigración ilegal. 
. Señor Presidente, en relación con el informe del Sr. Pirker, el Sr. Santini ya se ha referido al tema de la integración social, que recibió apoyo en diciembre. 
La Comisión acoge con satisfacción el apoyo que presta el informe Pirker a la comunicación de la Comisión. 
Las principales recomendaciones políticas que se plantean en la comunicación ya fueron apoyadas por el Consejo Europeo de Salónica y posteriormente desarrolladas en su reunión de Bruselas en octubre de 2003. 
De modo que en 2003 se consiguió un gran impulso para completar el marco político de la gestión común de los flujos migratorios. 
Sin embargo, este avance positivo debe complementarse con un progreso considerable en otras áreas de la política de inmigración, y en concreto la inmigración legal y el asilo. 
La Comisión ha demostrado que es capaz de cumplir lo que se anunciaba en la comunicación y pedía el Consejo de Salónica, y además en algunos casos con unos plazos muy limitados. 
Podría hablar de la Agencia para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. 
Y seguirán pronto otras propuestas, como los sistemas de información de visados, un instrumento financiero para la gestión de los retornos y una propuesta para una directiva sobre normas mínimas para los procedimientos de retorno. 
Después del acuerdo político sobre los principales elementos relacionados con la Agencia de Fronteras Exteriores, ahora es importante que el Consejo –armado con la opinión del Parlamento Europeo– adopte formalmente la propuesta lo antes posible. 
De este modo la Comisión podría empezar los preparativos para crear la agencia en la primavera de este año, con el objetivo de que pueda empezar a funcionar en enero de 2005. 
La creación de un sistema de información de visados es otro paso importante. 
La necesidad de este sistema se mencionaba ya en nuestra comunicación sobre inmigración ilegal en 2001. 
El Consejo Europeo de Salónica pedía que el Consejo y la Comisión se centraran en los acuerdos jurídicos y técnicos para el desarrollo del VIS. 
Se espera que el Consejo se ponga muy pronto de acuerdo sobre los elementos básicos del sistema, como su arquitectura y sus funciones, teniendo en cuenta los aspectos financieros y la elección de los identificadores biométricos. 
La Comisión tiene intención de presentar el primer instrumento para el desarrollo del VIS en las próximas semanas. 
En cuanto a los datos biométricos, la Comisión ya ha presentado dos propuestas para modificar el formato uniforme que se aplica a los visados y a los permisos de residencia para ciudadanos de terceros países de modo que en el futuro se puedan tener en cuenta los identificadores biométricos de dichos documentos. 
El Consejo ha llegado a un planteamiento común para estas propuestas, pendientes de la opinión del Parlamento Europeo. 
Otras propuestas futuras en este campo, como la de los pasaportes de la Unión Europea, deben seguir el mismo planteamiento coherente –concretamente en relación con los identificadores biométricos elegidos– que defendimos en nuestra comunicación y fue apoyado por el Consejo Europeo. 
– Señor Presidente, quisiera decir al Sr. Pirker que este es un buen informe, incluso si yo personalmente habría deseado ir más lejos. 
En efecto, el propósito de gestionar los flujos migratorios se alimenta de la ilusión de una regulación rigurosa cuya imposibilidad se ha visto en los últimos años. 
Pocos países han admitido las limitaciones, por no decir el fracaso, de los programas que querían aplicar. 
Dichos programas no responden a los problemas que plantea la complejidad y la diversidad de los flujos, que engloban los movimientos tradicionales de mano de obra, a las personas que huyen de la pobreza o las que buscan de asilo. 
Las tradiciones nacionales, los particularismos culturales, una xenofobia masiva o residual y una apertura más o menos grande a las reivindicaciones de las minorías explican las divergencias existentes entre las políticas seguidas por los Estados en materia de inmigración. 
En un momento en que las posibilidades de inmigración y de residencia legales son casi inexistentes, el estatuto de refugiado resulta especialmente atractivo y constituye, de hecho, la única puerta de acceso entreabierta a muchos de nuestros países. 
Los numerosos intentos de beneficiarse de él por parte de personas que no entran en el estrecho marco del Convenio de Ginebra, sino en el mucho más amplio de la migración económica, y que a veces son explotadas por determinados sectores, han arrojado la sospecha sobre todos los solicitantes y servido de pretexto para una considerable restricción del derecho de asilo, lo cual es dramático. 
El mantenimiento en el territorio de personas sin derechos, en la mayor precariedad, a merced de una denuncia, reducidas a alimentar el provechoso mercado de trabajo clandestino o a caer en la pequeña delincuencia, pero que prefieren con todo esta situación al riesgo del retorno a su país de origen, plantea inevitables cuestiones sociales, morales y jurídicas. 
Sin duda, esta problemática debe abordarse como algo que concierne a todos los europeos. 
También está claro que no podemos adoptar una política racional guiándonos únicamente por estrechos intereses nacionales. 
Con el creciente populismo, sintomático de la xenofobia, muchos temen que el tratamiento común de la cuestión de la inmigración adquiera un tono peligrosamente represivo, cuando sabemos perfectamente que esta política no es una respuesta a los problemas, sino que, por el contrario, corre el riesgo de agravarlos. 
Para concluir, quisiera decir que la intensificación de la lucha contra el terrorismo no debe hacer mella en la integridad de nuestras políticas de inmigración y de asilo, en particular en el desarrollo sustancial de nuestras políticas de integración nacionales. 
La inmigración es una realidad, y siempre tendremos que hacer frente a flujos migratorios hacia Europa para encontrar trabajo o huir de la persecución. 
La inmigración ilegal no se eliminará por el mero hecho de abrir canales para la inmigración legal, es cierto, pero la inmigración legal puede contribuir a una orientación positiva del desarrollo de nuestra sociedad. 
La inmigración es un fenómeno del mundo contemporáneo. 
No podemos sustraernos a las responsabilidades que nos incumben como naciones ricas. 
– Señor Presidente, el informe Pirker tiene un título largo, lo que sugiere una pluralidad de temas. 
En cierta medida, los temas hacen que el informe sea poco práctico y cueste situarlo en relación con el mundo real, pero de ningún modo es culpa del Sr. Pirker. 
En general, puedo apoyar el objetivo general del informe de consolidar la cooperación y la coordinación en el seno de la Unión Europea en torno a estos elementos políticos esenciales y transfronterizos. 
No obstante, el informe contiene una propuesta que también me parece demasiado ambiciosa: la de establecer un cuerpo europeo federal de guardias de frontera, en contraste, por ejemplo, con Europol, que tendría una amplia autoridad operativa para utilizar sus poderes. 
Me opongo a la creación de un cuerpo federal de guardias de frontera. 
Con respecto al principio de subsidiariedad, no creo que la Comisión sea capaz de documentar ni el efecto, ni la necesidad operativa, de un cuerpo federal de guardias de frontera. 
En segundo lugar, me parece que es demasiado pronto para establecer un cuerpo así. 
Todavía no sabemos cuáles serían los efectos de las numerosas propuestas razonables, como las de aumentar la cooperación y la coordinación entre las autoridades de aduanas y de frontera de los Estados miembros. 
Concretamente, no se ha tenido en cuenta el hecho alentador de que ahora estamos intentando distribuir mejor la carga financiera. 
En tercer lugar, simplemente no existe fundamento jurídico en los Tratados vigentes para un cuerpo federal de guardias de frontera y, aunque se aprobaran las propuestas de la Convención de nuevos textos para los Tratados, dudo de que hubiera una fundamento jurídico para un cuerpo así. 
Reconozco que, en su forma actual, la propuesta de introducir un cuerpo de guardias fronterizos de la Unión Europea propone simplemente un modelo de acuerdo con el cual los Estados miembros pueden utilizar a su voluntad esta fuerza. 
Sin embargo, al mismo tiempo está claro que, de tener algún sentido la introducción de un cuerpo de guardias de frontera, es que la Comisión, a largo plazo, pretendería delegar una serie de tareas de la Unión Europea a dicho órgano. 
En otras palabras, el cuerpo común de guardias de frontera se sometería, cada vez más, a la legislación general de la Unión Europea, y así el elemento voluntario se convertiría rápidamente en ilusorio. 
Con respecto a las propuestas relativas a los datos biométricos, en estos momentos no quiero profundizar más en ellas. 
Yo mismo soy ponente del informe en torno al cual el Parlamento va a adoptar una posición, y falta poco para que tengamos un debate sobre él. 
Para resumir, recomiendo, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que votemos a favor de la propuesta de una resolución que hace el informe. 
No obstante, al mismo tiempo he de subrayar que lo que yo quiero es una política común en este ámbito y no una fuerza policial común. 
– Señor Presidente, tomo nota del deseo de la ponente de encontrar un equilibrio entre la seguridad de las fronteras y el respeto de los derechos fundamentales y celebro el trabajo de nuestra comisión para dar a este informe un rostro más humanitario. 
Celebro asimismo los esfuerzos de la Comisión Europea para elaborar auténticas políticas europeas de inmigración y asilo. 
Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la agenda de Tampere no se respetará. 
Muchas propuestas de la Comisión se encuentran actualmente pendientes ante el Consejo. 
Las escasas medidas que se han adoptado son sistemáticamente criticadas y la Directiva sobre la reagrupación familiar aún es objeto de un recurso del Parlamento ante el Tribunal de Justicia. 
Desde hace algún tiempo, observamos con pesar que el elemento motor de la política en materia de inmigración y de asilo es, ante todo, la seguridad de los Estados miembros. 
En la práctica, esto se traduce en una lucha intensiva y a menudo desproporcionada contra una inmigración clandestina que se considera una amenaza, una fuente de terrorismo y un factor de desestabilización. 
He aquí, pues, la visión del Consejo y de los Estados miembros, una visión muy basada en la seguridad, represiva y utilitaria, que obedece a sus propias necesidades y no tiene en cuenta las necesidades de los demás. 
La multiplicación de instancias de control de las fronteras es una ilustración de ello. 
Si es legítimo que la Unión quiera proteger a sus residentes y sus intereses, los Estados miembros deben ser conscientes de que solo un enfoque global e integrado permitirá una política europea eficaz. 
A tal fin, dicho enfoque debe contemplar simultáneamente una gestión de los flujos migratorios que permita la inmigración legal, la integración socioeconómica, cultural y política de los nacionales de terceros países y la cooperación con los terceros países en un marco comunitario. 
Luchar contra la inmigración clandestina es ante todo proteger a sus víctimas, en particular luchando contra la trata de seres humanos y la redes de contrabandistas sin escrúpulos. 
Por esta razón, llamamos a los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio de Palermo. 
A día de hoy, solo lo han hecho Dinamarca, Francia y España. 
La inmigración clandestina no cesará mientras siga existiendo una brecha económica y política tan manifiesta entre el Norte y el Sur. 
Es legítimo que toda persona quiera huir de las situaciones penosas. 
Muy a menudo, el déficit democrático va parejo con el déficit social y humanitario. 
Pero no nos engañemos: la inmigración clandestina es también una necesidad para nuestra economía. 
Hoy, las políticas liberales abogan por el retorno a una medida de inmigración específica. 
Así, se permite a los países del Norte transformar el Sur en un autoservicio de mano de obra, en función de las necesidades de las empresas y por un período determinado. 
Esto constituye un auténtico pillaje de las fuerzas productivas del Sur. 
La política de la Unión en materia de lucha contra la inmigración clandestina no será creíble sin una lucha contra la economía sumergida, pero en lugar de sancionar a las personas que vienen a buscar una esperanza entre nosotros, hay que sancionar a los empresarios que explotan sin vergüenza a los inmigrantes sin papeles. 
Dicha política debe regularizar, en cambio, la situación de esos inmigrantes: reconocerlos, darles derechos, darles medios para luchar contra las discriminaciones y las exclusiones, y ponerlos en pie de igualdad con nosotros. 
El retorno, en su caso, de las personas en situación irregular debe llevarse a cabo dentro del pleno respeto de los derechos humanos y de los convenios internacionales, entre ellos el derecho al asilo. 
El Parlamento Europeo se pronunciará próximamente sobre la iniciativa italiana con vistas a coordinar las expulsiones de extranjeros a través de vuelos chárter agrupados europeos. 
Condenamos claramente semejante proyecto, que no respeta ni los compromisos internacionales ni los derechos fundamentales. 
Los acuerdos de readmisión solo pueden servir de marco adecuado a la política de retorno a condición de que tengan suficientemente en cuenta, por una parte, los intereses de los terceros países y, por otra, la voluntad y el proyecto personal del interesado. 
Por ello, debe concederse una verdadera ayuda al retorno a fin de asumir una plena reintegración social y económica. 
– Señor Presidente, el informe del Sr. Pirker, a quien felicito, establece claramente la necesidad de crear al fin una política común de ámbito europeo contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. 
Si bien los Estados miembros deben conservar específicamente sus competencias relativas a la seguridad de sus fronteras externas y al establecimiento de cuotas de inmigración nacional, es igualmente necesario y urgente establecer una cooperación transnacional para crear un en relación con los visados, el control de fronteras y la repatriación, tal y como ha subrayado el ponente. 
Con una política de coordinación eficaz, la armonización de ciertos procedimientos y el intercambio temprano de información se podría combatir la inmigración ilegal con mayor eficacia, así como muchas otras actividades delictivas vinculadas a ella: tráfico de drogas y trata de seres humanos, por poner un par de ejemplos. 
Merece la pena recordar que una política intransigente de lucha contra la inmigración ilegal no solo daría a los ciudadanos mayor confianza y seguridad, sino que también permitiría a los inmigrantes legales disfrutar plenamente de sus derechos y oportunidades. 
En cualquier caso, convendría subrayar que la Unión Europea debe fortalecer sus relaciones exteriores con todos esos países no comunitarios que quieren colaborar eficazmente en la lucha contra la inmigración ilegal, y también ha de promover la llamada política de cuotas especiales para dichos países. 
Por tanto, no creo que sea simple retórica recordar que hemos de dirigir nuestros mayores esfuerzos a una política sólida de cooperación y desarrollo, que en general ayude sobre todo a contener la inmigración y a detener la salida de personas y, por tanto, de mano de obra, así como la fuga de cerebros, de los países de origen, no solo para evitar que se agoten los recursos humanos de los países en desarrollo, sino también para evitar condenarles a cierto declive económico y social irreversible. 
– Señor Presidente, en esta comunicación, la Comisión evalúa los progresos realizados en la lucha contra la inmigración ilegal. La Comisión explica lo que ha ocurrido hasta la fecha y pretende establecer las directrices para el futuro. 
Al hacerlo se centra en una serie de cuestiones que considera esenciales para conseguir una política eficaz. 
La primera es la política de visados, en la cual la Comisión defiende con razón el establecimiento temprano del Sistema de Información sobre Visados (VIS). 
Para un sistema seguro es vital que los documentos sean infalsificables y, por tanto, es necesario poder elegir entre uno o más identificadores biométricos que se almacenarán en el sistema. 
Después está la política de fronteras exteriores, dentro de la cual la Comisión propone un Cuerpo Europeo de Guardias de Frontera al amparo de su propio eje. 
A nuestro parecer, esto es ir demasiado lejos. 
A este respecto estoy de acuerdo con el Sr. Sørensen. 
La protección de las fronteras exteriores sigue siendo, en principio, un asunto de ámbito nacional. 
La cooperación es necesaria, pero esta cooperación también puede adoptar una forma menos trascendental que la propuesta por la Comisión. 
La Comisión recalca con razón la importancia de una política común de retorno que redunde en la credibilidad de la política europea de inmigración y asilo, pero no consigo ver la conexión que parece establecerse entre permitir la inmigración legal, por un lado, y una reducción directa del número de personas que piden asilo y de la inmigración ilegal, por el otro. 
Al igual que el ponente, el Sr. Pirker, yo también quiero hacer hincapié en que los Estados miembros tienen un derecho exclusivo a establecer disposiciones que regulen la concesión o no de permiso a inmigrantes ilegales. 
Todavía no me convence la propuesta del Consejo de acordar cuotas de inmigración legal, en particular si se hace para lograr un resultado mejor de las negociaciones sobre acuerdos de admisión con terceros países. 
En todos los casos, los Estados miembros individuales deben conservar la opción de prohibir toda la inmigración legal. 
Por último, comparto totalmente el deseo de la Comisión de que se reconozca la dimensión presupuestaria del principio de solidaridad en el ámbito de la inmigración y de los controles fronterizos, a condición de que este principio también se reconozca en otros ámbitos, como la política de asilo y la acogida de refugiados. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea se enfrenta al problema de la inmigración ilegal, que va en aumento. 
Es preciso desarrollar un enfoque integrado y general, con objeto de impedir y erradicar este fenómeno y combatir sus causas subyacentes. 
En el Consejo de Tampere se reivindicó una política común de asilo e inmigración; en Laeken y Sevilla se confirmó la necesidad de combatir con eficacia la inmigración ilegal y se elaboró un balance inicial de los avances logrados en este ámbito en el marco de las decisiones de Salónica, que subyacen a esta iniciativa. 
Quiero felicitar al Sr. Pirker por el excelente informe que nos ha presentado. 
Estoy de acuerdo con él cuando hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque universal y coherente. 
Hay ocho cuestiones que deseo destacar: 
-en primer lugar, la existencia de canales jurídicos de inmigración que permitan a los ciudadanos de terceros países entrar en la Unión Europea sobre la base de la capacidad de cada Estado miembro para recibir a personas; para ello se necesitará una cooperación más estrecha con los países de origen; 
-en segundo lugar, la integración de inmigrantes legales que viven y trabajan en la Unión Europea mediante una política de integración social que logre un equilibrio entre los derechos y las obligaciones correspondientes de estos ciudadanos y las sociedades anfitrionas; 
-en tercer lugar, la gestión conjunta de flujos migratorios, en particular política de visados, porque es preciso alcanzar un acuerdo lo antes posible sobre el necesario fundamento jurídico, técnico y financiero del sistema de información de visados (VIS); 
-en cuarto lugar, la mejora de los controles en las fronteras exteriores, lo que implica crear un cuerpo europeo de guardias de frontera; 
-quinto, el cacareado sistema de asilo europeo; 
-en sexto lugar, la negociación de acuerdos de readmisión, con una política común para personas que retornan en una situación ilegal, con normas mínimas para los procedimientos de retorno y el mutuo reconocimiento de estas decisiones, y con la cofinanciación de proyectos de cooperación en el marco de un programa de ayuda al retorno; 
-en séptimo lugar, la lucha contra la trata de seres humanos, teniendo en cuenta a quienes se benefician de este negocio y a quienes prestan ayuda a las víctimas de la trata. Merece la pena subrayar la importancia que tiene aumentar el apoyo operativo a la Europol para prevenir y combatir este tipo de tráfico. 
-mi octavo y último punto es la lucha contra la inmigración ilegal, que significa invertir en información sobre perspectivas de la inmigración legal que proporcionen una auténtica alternativa. 
Señor Presidente, algunos diputados y diputadas como yo nos hemos quejado durante los últimos cinco años de que cuando el Consejo celebra debates, especialmente sobre el asilo y la inmigración en general, solo habla siempre de luchar contra la inmigración ilegal. 
Me complace decir que el informe del Sr. Pirker invierte esta tendencia. 
En un informe que responde a la comunicación de la Comisión específicamente sobre inmigración ilegal, presta mucha atención a cómo abrir canales de inmigración legal que puedan ayudar a combatir el contrabando y el tráfico. 
En realidad, en su informe, por el que yo también le felicito, hay 15 referencias a la inmigración ilegal. 
Que casi coincide con el número de referencias a la migración legal, que es de 11. 
Esto es realmente positivo. 
Igual que el Sr. Sørensen, no puedo compartir el entusiasmo del Sr. Pirker por un cuerpo europeo de guardias de frontera. 
No parece que nadie tenga claro lo que esto significa. 
El Sr. Pirker dice que sería simplemente una unidad de apoyo para los guardias de frontera de cada país, y no un cuerpo supranacional para sustituirlos, pero algunos documentos de la Comisión sugieren que la finalidad última en realidad es crear una especie de fuerza supranacional con poder sobre las autoridades nacionales. 
Es peligroso emprender esta vía sin tener una idea clara del destino final. 
Obviamente necesitamos la máxima coordinación e intercambio para proporcionar un nivel más uniforme de seguridad en las fronteras exteriores, pero podemos hacer muchas otras cosas al respecto antes de precipitarnos con un organismo de la UE centralizado que plantearía todo tipo de dificultades jurídicas respecto a unos guardias de frontera que ejercerían su poder fuera de su propia jurisdicción. 
En la práctica podría haber muchos problemas. 
Imaginen, por ejemplo, el caso de euroguardias estacionados en una frontera donde las tarifas locales sean más bajas que en otras partes, y el resentimiento que surgiría entre el personal local que cobrara menos. 
Ya están ocurriendo cosas así en los Balcanes. 
Finalmente, insto al Gobierno británico a reconocer las contradicciones de su propio planteamiento. 
Sermonea constantemente a los demás Estados miembros respecto a la necesidad de reforzar los controles de las fronteras exteriores, pero se niega a realizar una aportación constructiva a Schengen o a apoyar la política de inmigración común. 
Esta ambivalencia no puede continuar. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Pirker por su informe. 
Contiene algunos puntos interesantes que puedo apoyar, pero el tema de la creación de los guardias de frontera con poderes policiales es un paso conflictivo. 
Uno de los temas que en realidad no se han tenido en cuenta es el control y la responsabilidad de estos guardias policiales. 
Es tomar una dirección equivocada. 
En general, se pone demasiado énfasis en convertir este tema en un tema penal. 
He escuchado al orador del Grupo UEN, que ha equiparado a los inmigrantes ilegales con los traficantes de drogas, pero hay una gran diferencia entre unos y otros. 
Los inmigrantes ilegales pueden ser ilegales, pero siguen siendo personas normales, y no criminales. 
Lo único que hacen es intentar desesperadamente encontrar un lugar para vivir. 
Hay que abordar todo este concepto de mantener a la gente fuera. 
De hecho deberíamos abordar el tema de por qué la gente quiere entrar en la Unión Europea, en vez de construir barricadas más altas. 
Cada vez hay más personas que caen en manos de los traficantes de seres humanos y, como ha dicho mi colega, es necesario abordar todo el tema de las prácticas de trabajo y la explotación. 
Tenemos que examinar, en relación con la inmigración ilegal, la raíz del problema de las personas que dejan su propio país, y es un tema de derechos humanos y no un tema penal. 
– Señor Presidente, una política comunitaria sobre el movimiento de ciudadanos de terceros países debe ser innovadora y responsable. 
Innovadora, tal y como señala el informe, en la estrecha interacción entre, por un lado, mejores medidas contra la inmigración ilegal y, por el otro, una política relativa a la inmigración legal que vaya dirigida a las capacidades y las necesidades de los Estados miembros. 
La promoción de políticas comunes de asilo y retorno y la introducción de documentos más seguros o el lanzamiento de campañas de sensibilización en los países de tránsito y de origen de la inmigración ilegal son ámbitos donde poder demostrar la innovación. 
¿Qué más entendemos por «política responsable»? 
No significa necesariamente la consolidación de nuestras fronteras exteriores, convirtiendo a la Unión en una fortaleza, pero tampoco implica abrir estas fronteras de cualquier manera, abandonando a su suerte a las personas que ansían entrar en nuestros países. 
La realidad nos ha mostrado que ninguno de estos métodos está a la altura de esta tarea, y, por tanto, queremos normas de entrada que nos permitan ser generosos a la hora de integrar a los inmigrantes. 
Aquí es donde surge nuestra conciencia social. 
No queremos que estas personas vivan en nuestros países sin estar integrados, sin participar, sin que se beneficien o tengan obligaciones en relación con la Comunidad a la que se unen. 
Este diálogo entre derechos y obligaciones, que definen el funcionamiento de las personas en la sociedad, es el que queremos mantener. 
En términos realistas, la acogida significa un beneficio mutuo para la persona y el país anfitrión. 
Sin embargo, esta política común será menos eficaz si solo la apoya una de las partes implicadas y, por tanto, celebramos los acuerdos de cooperación con los países de origen y de tránsito que acaban de concluir. 
No obstante, no podemos estar igualmente de acuerdo con la creación prevista de un Cuerpo Europeo de Guardias de Frontera, que debe discutirse más a fondo. 
Pero sí celebramos la opción de incluir en estos acuerdos medidas económicas o comerciales, que solo entrarían en vigor si se cumplen los acuerdos. 
Se trata de cumplir los compromisos que se han contraído. 
Termino felicitando al ponente por la excelente contribución que ha hecho para promover una política comunitaria sobre el movimiento de personas responsable, estricta y generosa, con la participación de todas las partes implicadas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0479/2003) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el desarrollo del sector de los servicios con vistas a la creación de empleo (2003/2132 (INI) ). 
. – Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, la iniciativa de preparar este informe se deriva de nuestra común convicción de que es necesario acelerar el proceso de Barcelona y, específicamente, la necesidad de fortalecer la economía europea y el mercado laboral de Europa creando nuevos puestos de trabajo de alta calidad. 
El sector de los servicios incluye una amplia gama de servicios de los sectores público y privado. 
Es el sector que crece y se desarrolla más rápido en la economía europea. 
En los últimos 20 años, cerca de 2/3 del crecimiento del producto interior bruto de la Unión Europea se ha producido en el sector de los servicios, mientras que el mayor aumento de la tasa de empleo se ha registrado de nuevo en este sector. 
Hoy día, los servicios representan cerca del 69 % del empleo total. 
El objetivo de nuestra política debe ser aumentar este porcentaje y merece la pena mencionar que, en los Estados Unidos, la cifra correspondiente es del 80 %. 
Al mismo tiempo hemos de prestar atención al hecho de que la situación del desarrollo del sector de los servicios difiere de un Estado miembro a otro en la Unión Europea. 
Los países que tienen los problemas estructurales más graves, como Grecia y Portugal, registran los índices más bajos de empleo en el sector de los servicios. 
Los índices son igualmente bajos, excepto Chipre, en los nuevos Estados miembros. 
Nuestra política, tanto de ámbito europeo como nacional, debe desempeñar un papel significativo en el desarrollo de los servicios. 
La regulación satisfactoria de los mercados de servicios es realmente importante para proteger los intereses del consumidor, asegurando la calidad y garantizando la competencia justa. 
Sin embargo, sigue habiendo normas muy inflexibles que están ahogando la actividad económica. 
Hay que preparar y aplicar con carácter urgente medidas seleccionadas para garantizar un nivel satisfactorio de protección de tal forma que los proveedores de servicios y los propios servicios puedan establecerse en todo el territorio de la Comunidad. 
De forma similar, sin infraestructuras de bajo coste y modernas Europa no puede esperar afrontar los retos que le aguardan, dado que la competitividad internacional en los servicios no para de aumentar en todo el mundo. 
La conclusión de esta infraestructura depende de la liberalización de los mercados de la energía y las telecomunicaciones, de forma que podamos acceder a ellos de forma fácil y barata, y del programa de redes transeuropeas, para aumentar el potencial del mercado. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión Europea que publique un Libro Blanco, proponiendo políticas de empleo independientes para cada sector, a fin de que pronto podamos ver concluido con éxito un mercado europeo. 
La Comisión también exhorta a la Comisión Europea a que proponga una directiva sobre servicios en el marco del mercado interior, a fin de abordar los obstáculos al movimiento de trabajadores y la prestación de servicios. 
No obstante, los Estados miembros también tienen que limitar sus procedimientos burocráticos, tanto para la puesta en marcha como para la explotación de servicios. 
Es preciso crear un marco apropiado de condiciones, con disposiciones reguladoras y financieras y disposiciones sobre competencia justa; es preciso fortalecer nuevas formas de empleo en el sector de los servicios, por ejemplo el trabajo a tiempo parcial; es necesario crear las condiciones para una fuerza de trabajo apropiada, flexible y productiva que reciba formación continua; hay que establecer condiciones seguras y saludables y es preciso combatir el trabajo no declarado, que, aparte de envilecer el empleo y a los trabajadores, es una fuente de distorsión de la competencia. 
También se necesita invertir en innovación en el sector de los servicios, porque en estos momentos la industria es la más interesada en invertir en innovación. 
Por tanto, tanto en el sector privado como en el público, que va muy a la zaga, tenemos que invertir en innovación e investigación, y vincular nuestra política sobre servicios a una política dirigida al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y el sector industrial en general, porque la industria y los servicios son interdependientes. 
Tenemos que desarrollar el espíritu empresarial en los jóvenes y promover el autoempleo, porque el desarrollo de nuevas actividades en el sector de los servicios exige coraje, imaginación e innovación. 
. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Kratsa personalmente su iniciativa de elaborar este informe concreto, porque es cierto que el desarrollo del sector de los servicios y la lucha contra el problema del desempleo, en otras palabras la creación de empleo, están directamente relacionados. 
Tal y como ha dicho la Sra. Kratsa, existe una estrecha relación entre el desarrollo de una economía y el porcentaje de empleo en el sector de los servicios. 
Si tenemos en cuenta que necesitamos crear 22 millones de empleos para 2010, para cumplir el objetivo de Lisboa, y que, según la información que tenemos, el 67 % de los empleados se crean en el sector de los servicios, podemos entender la importancia que tiene desarrollar los servicios para conseguir el objetivo del pleno empleo. 
Las propuestas contenidas en el informe mantienen en gran medida los objetivos de la estrategia europea sobre empleo, incorporados en las directrices de empleo de 2003, que se aprobaron el pasado julio y que hemos debatido repetidamente en la Comisión de Empleo y en el Pleno. 
Quiero mencionar ciertas cuestiones de las directrices que básicamente coinciden con las propuestas del informe. 
Les recuerdo que la directriz 2 se refiere muy concretamente al espíritu empresarial, al vínculo entre la creación de puestos de empleo y el espíritu empresarial, y se exhorta a los Estados miembros a estimular la innovación en materia de espíritu empresarial, la capacidad para invertir y un entorno empresarial favorable para todas las empresas. 
Por supuesto, existe un vínculo entre estos sectores independientes y la adaptabilidad, término este que interpretamos como el modo en que empresas específicas, el modo en que el sector público en cuestión podría cambiar su organización, promover el aprendizaje permanente, promover la cuestión de la igualdad de género, para que sea más fácil pasar del sector de manufactura al sector de los servicios. 
Por tanto, una parte importante de las propuestas se aborda en las directrices sobre empleo. 
Una segunda categoría de iniciativas y propuestas de la Comisión se refiere a la inversión en recursos humanos. 
No podemos desarrollar servicios si no invertimos en recursos humanos. 
Aquí tenemos propuestas de la Comisión sobre investigación, formación, aprendizaje permanente y objetivos específicos fijados en los Estados miembros en relación con sus sistemas de educación, ya sean en relación con las primeras fases del abandono escolar de los niños, o bien la ayuda a familias e infraestructuras sociales. 
La tercera iniciativa importante de la Comisión es que ayer aprobó la propuesta de una directiva sobre los servicios en el marco del mercado interior. 
Ello dará al sector un dinamismo adicional, que tendrá resultados beneficios para el empleo. 
Por tanto, teniendo en cuenta estos tres factores: primero, las directrices específicas de la estrategia sobre empleo que básicamente y en gran medida se refieren a la necesidad de desarrollar los servicios; en segundo lugar, la necesidad de invertir en recursos humanos y, en tercer lugar, la directiva sobre servicios en el marco del mercado interior, creo que, por parte de la Unión Europea existe un marco importante que podría ayudar a los Estados miembros a ejecutar sus políticas nacionales individuales. 
Quiero hacer hincapié en que también está claro en el informe de la Sra. Kratsa que no pide la creación de medios adicionales, sino una mayor especialización en la estrategia vigente sobre empleo, para tener en cuenta las características del sector de los servicios. 
Estoy totalmente de acuerdo con ella y, por supuesto, en el futuro próximo este debate también continuará en el Parlamento Europeo. 
. – Señor Presidente, el desarrollo del sector de los servicios constituye la gran esperanza de las generaciones jóvenes para su integración en la nueva economía. 
No hay ningún sector de la economía que no requiera servicios, incluso el sector privado, o en el que los servicios prestados no adquieran un interés cada vez mayor. 
Por tanto, es cierto que se precisa movilización en un frente más amplio para las perspectivas que crean en estos momentos servicios, y quiero felicitar a Su Señoría, la Sra. Kratsa, por adoptar la iniciativa y elaborar el informe 
Como miembro de la Comisión de Asunto Jurídicos y Mercado Interior, que me hizo el honor de nombrarme para elaborar nuestra opinión, quiero aludir a ciertos aspectos que vinculan el mercado interior con el desarrollo del mercado de trabajo, especialmente el mercado de los servicios, y con las políticas contra la exclusión. 
Como todos sabemos, el futuro del mercado interior y el beneficio básico para los consumidores dependerán del grado en que se desarrolle el comercio transfronterizo. 
Sin embargo, la prestación de servicios transfronteriza todavía no consigue avanzar. 
En consecuencia, una de nuestras principales preocupaciones es eliminar los obstáculos al desarrollo transfronterizo de los servicios, limitar los problemas que siguen existiendo en el libre movimiento y el establecimiento libre, y facilitar más el reconocimiento de cualificaciones profesionales, sin aferrarse a las cadenas del pasado que, por desgracia, numerosas asociaciones de las profesiones liberales siguen insistiendo en mantener. 
Además, para fortalecer la prestación transfronteriza de servicios, tanto en la prestación directa de servicios a los consumidores, como los servicios de negocio a negocio, tenemos que centrarnos en fortalecer el comercio electrónico y, desde esta perspectiva, promover y desarrollar las nuevas normas de consumo que producen servicios y, por supuesto, garantizan la confianza del consumidor. 
Dado, además, que el estatuto de las pequeñas y medianas empresas ya constituye una iniciativa en la que hemos invertido muchas expectativas, tenemos que examinar las posibilidades, mediante la financiación o la garantía de los derechos de seguros y fortaleciendo la iniciativa de jóvenes que quieran irrumpir en el sector de los servicios en forma de autoempleo o estableciendo pequeñas empresas. 
Asimismo, quiero recordarles que el sector de los servicios es el sector por excelencia que acepta a personas con discapacidades y que mantiene a las personas mayores como miembros activos del mercado. 
Todos sabemos también que una parte considerable de todos los servicios que se prestan a una sociedad los absorben servicios de interés general. 
La política de servicios de interés económico general, de acuerdo con las evaluaciones, ha arrojado hasta la fecha resultados positivos. 
No obstante, no tenemos un cuadro completo del impacto exacto que ha tenido en la cuestión del empleo, y por eso, en vista también de la propuesta de hoy del Libro Verde sobre servicios de interés general, la Comisión debería proceder a hacer un inventario más sistemático de las repercusiones de la liberalización de estos servicios sobre el empleo, junto con, por supuesto, la medida en que se satisfacen las necesidades de la sociedad en su conjunto. 
Consecuentemente, el informe es una oportunidad excelente para una lectura horizontal renovada de las políticas individuales de la Unión Europea, a la luz de su contribución al desarrollo de servicios. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar felicitando a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por preparar este informe, que demuestra la importancia de formular políticas prácticas de ámbito comunitario para el sector de los servicios. 
De hecho, este sector es un catalizador para la creación de empleo, y, como tal, se le debe prestar la atención debida. 
Por consiguiente, si queremos lograr los objetivos fijados en Lisboa, debemos actuar y actuar rápidamente. 
La situación de los diferentes Estados miembros en relación con el sector de los servicios es extremadamente diversa: Portugal, por ejemplo, tiene un enorme potencial para crear puestos de empleo en este ámbito, especialmente servicios basados en los conocimientos que se prestan a empresas y otras instituciones, servicios de apoyo a la familia y turismo, y actividades asociadas. 
Dado el papel crucial que juega el sector de los servicios en la mejora de la competitividad de la economía portuguesa y en la creación de más y mejores puestos de trabajo, Portugal ha prestado especial atención a este ámbito en su plan nacional de empleo para el período 2003-2006. 
Aun así, Portugal, junto con Grecia, tiene el índice de empleo del sector de los servicios más bajo de Europa, tal y como ha señalado hace un momento el ponente. 
Por tanto, es preciso dar un empuje en el ámbito comunitario, y de ahí nuestro apoyo a la petición del ponente de que la Comisión prepare un Libro Blanco sobre la conclusión satisfactoria del mercado europeo de servicios. 
Los Estados miembros pueden desempeñar un papel crucial en esta cuestión, pues son ellos, con los interlocutores sociales, quienes han de desarrollar un marco claro y eficaz para el sector de los servicios. 
También corresponde a los Estados miembros garantizar que se aplican las políticas apropiadas e invertir en formación y cualificaciones para la población activa. 
Además, es preciso eliminar las barreras administrativas que obstruyen la libre circulación de trabajadores y la prestación transfronteriza de servicios. 
Por último, quiero subrayar la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros promuevan un método abierto de coordinación para políticas nacionales de empleo en el sector de los servicios, con el objetivo de intercambiar información y buenas prácticas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera comenzar mi intervención felicitando, a título personal, a la ponente por su trabajo y por el carácter exhaustivo de sus propuestas en el sector de los servicios generadores de empleo. 
Por supuesto, se puede ser más o menos favorable a algunas de estas propuestas, pero el conjunto sigue siendo para mí una contribución importante en un momento en que el paro afecta duramente a gran número de personas y en que los empleos y contratos precarios se multiplican sin límite. 
Por lo demás, para que las cosas estén claras, después de estas felicitaciones efectuadas a título personal, debo manifestar, como portavoz del Grupo de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, nuestras reservas con respecto a la referencia permanente a la competencia, al mercado y a sus reglas, y también nuestro desacuerdo con una aplicación demasiado rigurosa del principio de reconocimiento mutuo en un sector que abarca asimismo los servicios públicos y los servicios de la economía social. 
No hay que olvidar que consideramos, y hoy seré breve sobre este punto, que la desindustrialización de Europa no es una fatalidad, en vista de que en términos de empleo es y será cada vez más difícil compensar la desaparición de puestos de trabajo industriales con puestos en el sector de los servicios. 
Dicho y recordado esto, es muy importante, como ha hecho usted, señora Kratsa-Tsaragopoulou, señalar el peso del sector de los servicios, como es importante identificar el potencial y las condiciones de creación de empleo. 
Todavía más necesario es para nosotros manifestar las necesidades reales en materia de servicios. 
Es flagrante en lo que se refiere al cuidado de los niños y los bebés, de las personas con discapacidad y de las personas de edad avanzada. 
En el caso de estas últimas, el sector de los servicios es una condición necesaria para el mantenimiento de una ciudadanía de pleno derecho, cualesquiera que sean la edad, la condición física o el estado de salud. 
Pero en esta fase quiero decir también claramente que existe una necesidad de control jurídico, legislativo o contractual para evitar abusos que conduzcan a una precariedad como la que existe en el sistema norteamericano. 
Por ello, hay que revalorizar las profesiones existentes del sector de los servicios, a fin de ofrecer puestos de calidad con una remuneración y unas condiciones de trabajo correctas. 
Hay que aumentar la calidad de la nueva forma de empleo que es el trabajo a tiempo parcial, velando por que se garantice el mismo nivel elevado de protección y seguridad laboral a todos los trabajadores y mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres. 
Hay que reducir la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres, así como las diferencias de acceso al empleo y de promoción profesional. 
Por último, hay que reforzar la cooperación en el ámbito de la lucha contra el trabajo no declarado. 
Nuestra ponente y los miembros de nuestras comisiones han hecho un buen trabajo. 
Y si pienso, como la mayoría de mi Grupo, que la aplicación de estas medidas no resolverá todos los problemas de fondo del empleo y del trabajo, personalmente estoy a favor, señor Presidente, de cualquier forma de mejora, siempre que sea una mejora real. 
Señor Presidente, yo también quiero expresar mi agradecimiento a la ponente. 
Su informe ha estudiado todas las posibilidades y las dificultades de desarrollar el sector de los servicios. 
Es un campo muy complejo, especialmente porque existe una división entre los servicios que son geográficamente fijos, ya sea donde se encuentra la clientela o donde se encuentran los recursos, y los que son mucho más móviles. 
Una de las principales dificultades del futuro reside en la forma en que estos servicios no necesariamente se trasladarán tan solo dentro un Estado miembro o al otro lado de sus fronteras, sino incluso fuera de la Unión Europea. 
Este tipo de movilidad, que quizás no hayamos buscado muy ansiosamente, constituirá un futuro reto para nosotros. 
Me complace que en este informe se haya prestado tanta atención a las mujeres. 
Como la ponente dice en su informe, las mujeres están excesivamente empleadas en el sector de los servicios. 
En realidad algunos puestos de trabajo están muy dominados por un género, sobre todo los servicios públicos y de atención. 
Muchos de estos sectores también tienen una gran cantidad de inmigrantes, trabajadores de las minorías étnicas o negros, de modo que son importantes en términos de integración e inclusión social. 
Agradecemos el énfasis puesto en las necesidades específicas de formación imprescindible si queremos ofrecer empleo de calidad. 
Sin embargo, debemos estudiar con gran detenimiento la forma de evitar esta inmensa división que existe en la actualidad en los sectores de servicios entre los puestos de gran valor y muy bien pagados y los que están más mal pagados y sometidos a una fuerte presión de costes; va a ser muy importante ver cómo permitiremos que la gente de estos sectores desarrolle sus talentos y encuentre movilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, agradezco sinceramente a la ponente, la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, su progresista informe sobre el desarrollo del sector de los servicios para crear futuros puestos de trabajo nuevos y, esto lo subrayaría, importantes. 
Al mismo tiempo quiero decir que me complace y satisface el hecho de que la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, como ponente, y el conjunto de la comisión hayan estudiado consideradamente las numerosas enmiendas que he presentado. 
Mencionaré algunas de ellas en esta Asamblea, una por una. 
En primer lugar, el trabajo no declarado o «negro» debe convertirse en trabajo regular en el sector de los servicios para mejorar el clima empresarial y la moral del contribuyente, y para que la competencia se dé en igualdad de condiciones. 
La Unión Europea debe intensificar la cooperación para luchar contra el trabajo «negro». 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo tiene que exhortar a los Estados miembros a desarrollar y estimular el sector de los servicios de apoyo y relacionados con el hogar para que sea más sencillo combinar la vida laboral y la vida familiar, especialmente a la luz de que la Unión Europea ha identificado el desafío demográfico como una de sus cuestiones más importantes de cara al futuro. 
En tercer lugar, el Parlamento Europeo debe concienciar a los Estados miembros de que, a causa de los desarrollos demográficos de la mayoría de los Estados miembros, en el ámbito del cuidado de las personas mayores convendría otorgarse una categoría más alta, especialmente entre los jóvenes. 
Quería recalcar esto. 
En cuarto lugar, el Parlamento Europeo tiene que insistir a los Estados miembros en que es de una importancia urgente aumentar las oportunidades para las personas discapacitadas y los inmigrantes para poder acceder al mercado laboral en el sector de los servicios. 
Estas mejoras son necesarias a la luz de las futuras necesidades en, por ejemplo, los sectores de la salud y la asistencia sanitaria, así como para aumentar la participación y la integración de estos grupos en el mercado laboral y en la comunidad social. 
También quiero hacer hincapié en la necesidad de que el informe señale el valor del espíritu empresarial y de nueva empresa en el sector de los servicios, así como la evolución de un cooperativo sector de los servicios y empresarial dinámico y desarrollado con creatividad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, quiero sumarme muy cordialmente a las felicitaciones a la Sra. ponente, por la calidad de su informe. 
Si analizáramos la evolución de la cifra de empleos en los distintos sectores económicos, pronto observaríamos una reducción rápida e importante del número de personas que desarrollan su actividad en el sector agrícola, un comportamiento hacia pérdidas de empleo distinto, en el sector industrial y, en cambio, una clara evolución cuantitativa positiva de quienes integran el personal del sector de los servicios. 
Quizá, entre otras razones, por el talante, capacidad técnica, profesional e intelectual que posee la persona que ejerce su actividad en el sector de los servicios. 
Por otra parte, la gama de servicios es amplísima, va desde el transporte a la educación, del comercio a la hostelería, del turismo a las actividades de ocio y, además, los servicios se ven muy afectados por los cambios demográficos de la sociedad. 
Las actividades de atención a los mayores, o las derivadas de la necesidad de conciliar la vida profesional y la familiar son claros ejemplos. 
En otro orden de cosas, este sector condiciona a los demás, incluido el agrícola y, también en la economía del conocimiento y la información, el talante del prestador de los servicios genera nuevos empleos. 
Es necesario subrayar las posibilidades derivadas del conjunto, de una colaboración entre las distintas administraciones, ya que la administración local- la más próxima- conoce mejor las necesidades de los demandantes potenciales y los medios para satisfacerlas. 
Asimismo, me parece oportuno "horizontalizar" políticas como las de salud y seguridad en el trabajo, la de igualdad de la mujer o no discriminación, según determina nuestra Carta de los Derechos Fundamentales en sus artículos 20 y 21. 
Señor Presidente, no debemos olvidar la formación permanente, pues, como dice la ponente, un sector de servicios con salarios bajos implica un nivel bajo de calidad, cualificaciones y productividad, y ello representa una pérdida de capacidad de la economía para generar innovación, riqueza sostenible y cohesión social. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0448/2003) de la Sra. Glase, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE en los Estados miembros (COM (2003) 458 2003/2168 (INI) ). 
– Señor Presidente, Señorías, la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores se promulgó en 1996 con el objetivo de eliminar obstáculos e incertidumbres relativos al desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios. 
Lo consiguió con la instauración de más seguridad jurídica y posibilitando la identificación de las condiciones de trabajo que se aplican a los trabajadores que trabajan temporalmente en un Estado miembros que no sea el país cuya legislación gobierna la relación de empleo. 
Tal y como se establece en el artículo 8 de la Directiva 96/71/CE, en la comunicación actual la Comisión resume los resultados de su examen de la aplicación de la Directiva en los 15 Estados miembros y de su aplicación práctica, para decidir si es preciso revisar la Directiva. 
La comunicación demuestra que la aplicación de la Directiva, en términos generales, ha sido satisfactoria, aunque convendría señalar que el Reino Unido e Irlanda no cuentan con disposiciones de aplicación específicas y que Luxemburgo ha sido el último Estado miembro en completar la transposición, que hizo hace tan solo 13 meses. 
Quiero reiterar que se han necesitado cinco años de debates altamente problemáticos antes de poder aprobar en 1996 la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Ahora se ha demostrado que han surgido dificultades, porque la directiva precisa que las empresas a las que se aplica cumplan las leyes de un Estado que no sea el país donde están establecidas, leyes que a veces no son fácilmente accesibles o no son comprensibles. 
Estos problemas hay que resolverlos en el ámbito nacional, ya que son problemas asociados a la transposición de la Directiva a la legislación de los Estados miembros, lo que puede dificultar la supervisión de su cumplimiento. 
En su comunicación la Comisión resume los problemas existentes en la transposición y aplicación de la Directiva, que son de tipo más práctico que jurídico. 
En consecuencia, ha creado un grupo de expertos, formados por funcionarios públicos de los Estados miembros, con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas descritos, por ejemplo, formas de mejorar el acceso a información sobre normas y legislación nacionales, y su intercambio, o de recopilar información solicitada en un formato estándar. 
La comisión sigue opinando que esta directiva es necesaria, y expresa la esperanza de que los problemas planteados puedan eliminarse rápidamente, en particular en vista de que, el 1 de mayo de este año, 10 nuevos países entrarán en el campo de acción de la Directiva. 
Hemos de garantizar la seguridad jurídica para los trabajadores desplazados por las empresas que participan en el mercado interior. 
Además, la comisión desea señalar que es esencial supervisar la aplicación de la Directiva para evaluar la eficacia de la legislación, y que esto será aún más importante con la ampliación de la Unión Europea. 
También solicita a la Comisión que presente datos mejores y más concretos sobre las implicaciones de la aplicación en el ámbito nacional, que establezca definiciones claras de cosas como el estatuto de los trabajadores, los salarios mínimos y las horas extra y evite el desplazamiento inadecuado de trabajadores, que es consecuencia de la competencia desleal y del social. 
Asimismo, pedimos a la Comisión que examine las disposiciones que regulan la responsabilidad en caso de subcontratación en el marco de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Es preciso realizar estudios más completos en los 15, pronto 25, Estados miembros, si queremos tener una imagen completa de la situación que permita establecer comparaciones. 
La comisión también cree que la Comisión debería ayudar al grupo de expertos y que su trabajo ha de incluir a los socios de la negociación colectiva, al Parlamento Europeo, a los gobiernos y a los parlamentos de los Estados miembros y los interlocutores sociales. 
Además, la comisión exhorta a la Comisión a cooperar estrechamente con los interlocutores sociales en investigaciones minuciosas dirigidas a formular propuestas para mejorar y simplificar la Directiva actual, a la que debe darse especial prioridad a efectos de la ampliación de la Unión Europea. 
Como toda demora es indeseable debido a las numerosas demandas dirigidas a la Comisión y a los Estados miembros, en mi opinión, como ponente, la demanda que hace el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos a la Comisión, de que presente un segundo informe sobre la aplicación de la Directiva para finales de este año, es una demanda que la Comisión podrá cumplir. 
Aunque, por este motivo, no puedo aprobar la Enmienda nº 1, quiero defender la Enmienda nº 4 del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y agradecer a todos los ponentes alternativos su excelente cooperación. 
. Agradezco al Parlamento el interés que ha mostrado en la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y en la comunicación de la Comisión. 
Ya se hizo muy patente en el proyecto de informe sobre la aplicación de esta Directiva y se ha subrayado de hecho en los debates que llevaron a su adopción en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales La Comisión comparte el interés y está de acuerdo con el Parlamento en que esta Directiva sigue siendo un elemento esencial tanto para las empresas como para los trabajadores. 
En cuanto a la operativa práctica de la Directiva y su legislación para la aplicación, todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorar, por una parte, la cooperación entre la administración de los Estados miembros y, por otra parte, la difusión de información sobre las condiciones laborales y los términos aplicables para los trabajadores y los proveedores de servicios. 
Mis servicios evaluarán las dificultades existentes; habrá cooperación entre mis servicios, un grupo de expertos gubernamentales, y los agentes sociales. 
Lo discutiremos en el foro de enlace, que se ha programado para el 10 de febrero, e intentaremos encontrar soluciones prácticas para los problemas políticos. 
En lo que se refiere a los países candidatos –la ponente ya ha subrayado la importancia de la aplicación de esta Directiva en dichos países–, tendrán que trasponer y aplicar esta directiva antes del 1 de mayo. 
En el transcurso de este año la Comisión preparará un informe sobre la aplicación de esta Directiva; esperamos poder presentarlo antes de finales de 2005. 
En cuanto a la necesidad de una acción legislativa, soy consciente de que algunos de ustedes no comparten la opinión de los expertos de los Estados miembros y la Comisión de que en estos momentos no es necesario presentar una enmienda de esta Directiva. 
Aunque yo no estoy convencida de que sea necesario efectuar en esta fase una enmienda considerable del texto de la Directiva, puedo asegurarles que mis servicios estudiarán detalladamente los argumentos planteados por las administraciones nacionales y los agentes sociales en sus respectivos contactos. 
En este mismo contexto, la Comisión tomará las iniciativas necesarias para asegurar que se tengan en cuenta –junto con los expertos de los Estados miembros y los agentes sociales– las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, felicito cordialmente a la Sra. Glase por el buen trabajo realizado. 
Dentro de la libre circulación de las personas, el informe se centra en el desplazamiento de trabajadores en el ámbito de los tres supuestos posibles: desplazamiento en el marco de un contrato concluido entre la empresa de procedencia y el destinatario de la prestación de los servicios; en segundo lugar, el posible desplazamiento de trabajadores a un centro de trabajo o a una empresa que pertenezca al grupo; y en tercer lugar el desplazamiento de trabajadores de una empresa de trabajo temporal radicada en un Estado miembro que los suministra a una usuaria que actúa en un Estado miembro distinto del de la cedente. 
Cualquiera de estos supuestos puede generar inconvenientes para los trabajadores desplazados y, además, de diverso orden: el primero que salta a la vista puede ser el de sus condiciones de trabajo; de ahí, por lo tanto, la importancia de la Directiva 96/71/CE, que es un catálogo de normas mínimas de protección de Derecho comunitario, aunque insuficiente, pues de hecho no abarca normas o aspectos como el de la Seguridad Social. 
Creo que la señora ponente ha identificado bien los problemas: competencia desleal, diferencia en la protección social y, por lo tanto, perjuicio para los trabajadores, necesidad de la definición clara del Estatuto de los Trabajadores. 
Pero cabe añadir, y aquí también se ha hablado de ello, el posible abuso en el desplazamiento y los problemas derivados de la subcontratación y en general de las nuevas formas de externalización, descentralización o desconcentración productiva o, si se quiere, de las nuevas formas de organización productiva. 
En resumen, señora Comisaria, creo que estamos ante la oportunidad, o quizá la necesidad, de un núcleo común de normas mínimas obligatorias en todo caso y como mínimo de garantía, por debajo de las cuales sea ilícita la condición de trabajo o de realizaciones de la prestación cuando la legislación del Estado de la prestación fuese inferior a la del lugar de origen del desplazamiento. 
Sin una garantía de este tipo, en el ámbito en que pueda tener lugar, creo que las posibilidades de abuso y de fraude están al alcance de la mano del empresario irresponsable. 
Y lo que sería peor, podríamos estarle invitando a ese fraude y a ese abuso. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estamos un poco sorprendidos por las dificultades que tiene a veces la Comisión con la compleja legislación de política social como la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, con evaluarla, reformarla cuando es necesario, con los informes al Parlamento y también con los conceptos nuevos. 
Esto ocurrió, desafortunadamente, con el comité de empresa europeo y, también desafortunadamente, está ocurriendo con la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores Esto es sorprendente, porque estos dos actos que he mencionado lanzan mensajes a los trabajadores y al público haciéndole saber que de hecho tenemos algo así como un modelo social europeo. 
Esto es lo que lo hace lamentable. 
Cuando la comisión debatía esto, la Comisión intentó incluso convencernos de que todos los problemas con la Directiva no tenían nada que ver con Europa, sino que se derivaban en gran parte de los defectos de la transposición a escala nacional. 
No creemos que esto sea así. 
La forma en que se aplica la Directiva apenas puede tildarse de satisfactoria cuando hay cientos de recursos pendientes en tribunales de trabajo y seguridad social nacionales y regionales. 
A pesar de que son tribunales nacionales, viene a demostrar que algo falta en la propia Directiva y la existencia de una seguridad jurídica insuficiente. 
Aunque es poco frecuente que critiquemos a la Comisión por esto, es por este motivo que creemos que su apoyo simplifica en exceso la cuestión, y la misma crítica puede hacerse, muy a pesar nuestro, a la ponente. 
Sin embargo, señora Glase, ha habido una cooperación extraordinaria y solo puedo agradecerle que haya aceptado nueve de las diez enmiendas que presenté en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
También estoy de acuerdo con el Sr. Pérez Álvarez, quien ha señalado que siguen produciéndose abusos y que los empresarios siguen explotando a los trabajadores, y, lo que es bastante extraordinario, no solo en Alemania sino en otros países los empresarios llegan a ser muy creativos a la hora de evitar la ley. 
Lo que esto significa es que lo único de lo que quiere hablar esta Asamblea es la escala de tiempo, y puedo ser bastante sincera y decirles que no hablamos de dar a la Comisión un mes más o menos para preparar un informe nuevo y minucioso. 
La experiencia nos ha enseñado que si les damos 14 meses en lugar de 12, tardarán 22 meses o 26, por tanto, hemos de ejercer cierta presión, hemos decidido pedir 12 meses. 
Esto es lamentable, ya que en lo demás estamos de acuerdo, pero concluiré diciendo que estoy convencida de que es un plazo que pueden ustedes cumplir si, al realizar el análisis, se unen a los interlocutores sociales y a los sindicatos europeos, que ya tienen a su disposición los datos necesarios, con todos los detalles de los déficits y abusos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Sra. Glase tiene razón cuando dice en su informe que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores podría haberse empezado a aplicar en 1996, pero que, en la práctica, los trabajadores no tienen seguridad jurídica en el lugar de trabajo y que sus relaciones de empleo son a menudo injustas. 
Por las conversaciones de los últimos años sobre la mayor obra de construcción en el centro de Berlín, sé que las personas sobre las que hablamos aquí son de la clase trabajadora. 
Los trabajadores de la construcción del Reino Unido, Portugal y muchos otros Estados europeos han construido una estación de ferrocarril y edificios de oficinas para empresas y el gobierno sin tener ni un día de trabajo regulado, en condiciones desiguales de salario en comparación con sus compañeros de trabajo alemanes, por no mencionar que no han tenido seguro de enfermedad ni de accidente. 
¿Sucede entonces que la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es el instrumento equivocado o se utiliza incorrectamente? 
El informe Glase responde a la pregunta con claridad: la Directiva es el instrumento adecuado para garantizar la igualdad de salario por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo, pero su aplicación por parte de los Estados miembros es atroz. 
Creo que este es principalmente el resultado de la falta de sanciones eficaces. 
Incluso aunque se descubra que los trabajadores de una empresa portuguesa no disfrutan de la misma paga y de las mismas condiciones que los de la empresa alemana de al lado, y esto lo confirman las inspecciones de la Oficina de Empleo, no pasa nada. 
En cuestión de unas pocas semanas la empresa vuelve a Portugal, donde la imposición de una multa en Alemania no interesa a nadie. 
Ahí es donde las empresas obtienen beneficios netos burlando la ley, y por eso es preciso imponer multas sobre una base europea; hace tiempo que el Consejo debería haber adoptado una decisión a este respecto. 
Agradecemos a la ponente que apoye esta enmienda. 
Tiene que dejar de ser rentable sortear las normas; es preciso marcar a las ovejas negras. 
Solo así el público puede perder el miedo a la ampliación al este y al social que creen que se derivará de ella. 
– Señor Presidente, mi más sincero agradecimiento a la ponente y a los demás que han contribuido a este informe. 
Me parece muy significativo que hayamos concluido que se necesita más investigación. 
Es vergonzoso que esta investigación ulterior no se llevara a cabo paralelamente a la celebración de debates con los Estados miembros, porque esto habría ahorrado tiempo. 
Sin embargo, tal y como están las cosas creo que la Sra. Glase tiene bastante razón cuando dice que esto no entra dentro de las previsiones de la enmienda propuesta. 
Por tanto, creo que simplemente no es posible. 
Lo que estamos tratando aquí es una directiva muy importante. 
¿Por qué es tan importante? 
Hemos de fijarnos en el pasado para encontrar la respuesta a esta pregunta. 
Ha habido dos períodos importantes. El período en que un buen puñado de personas del Reino Unido, en particular, fueron a trabajar al continente; y el período en que un buen puñado de personas, principalmente de Europa oriental, vinieron aquí a trabajar. 
Ambos períodos han planteado un buen puñado de problemas. 
Por entonces Alemania todavía tenía una auténtica política social. 
Tengo la impresión de que esta ha quedado un poco diluida, pero en aquella época todavía se aplicaba. 
Fue entonces cuando se concibió la legislación sobre trabajadores desplazados, y esta cuestión de ámbito europeo se ha derivado de aquella. 
Estoy de acuerdo en que la aplicación práctica está lejos de ser ideal, pero debemos reconocer que en última instancia es un asunto que compete a los gobiernos nacionales. 
Podemos instarles a que lo hagan mucho mejor, y también creo que la prioridad otorgada a este asunto es totalmente insuficiente, pero también quiero poner una nota de cautela. 
Hace poco he estado en misión en el este de los Países Bajos, y hemos visto que la nueva ampliación causará problemas allí, para los cuales la aplicación de la idea y los principios de esta Directiva presentarán una solución sumamente adecuada. 
Si no los aplicamos, podemos esperar uno o dos problemas; no porque la gente así lo quiera, sino porque siempre hay personas que están a la caza de alguna laguna jurídica, para después explotarlas, y esto tiene todo tipo de repercusiones indeseables. 
Por tanto, creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos en los próximos años. 
Creo que los Estados miembros deben mejorar la aplicación práctica de la Directiva existente, pero también creo que la Comisión, y nosotros también, hemos de defender la buena organización de esta cuestión, porque de lo contrario pondremos en peligro la verdadera aplicación práctica de la ampliación en la esfera de los mercados laborales. 
No hemos de olvidarnos de esto, porque es un riesgo grave. 
Este problema se está infravalorando mucho, y esto me preocupa. 
El incumplimiento de este tipo de normas no se considera absolutamente importante a largo plazo, pero conduce al declive de los sistemas sociales. 
También propicia una disminución general del respeto por la ley, porque las personas pensarán que si es posible burlarse de las normas en esta esfera, entonces también puede hacerse en otras. 
Por tanto, este es un terreno peligros, y es evidente que debemos tratar este asunto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión (O-0076/2003- B5-0417/2003) , de Stephen Hughes, Proinsias de Rossa y Jan Andersson, en nombre del Grupo del PSE, sobre el acoso en el lugar de trabajo. 
Señor Presidente, se ha hecho circular la pregunta y yo les diría a usted y a la Comisaria que ya hace mucho tiempo que hay que tomar medidas en este ámbito. 
Estamos hablando de salud laboral psicosocial y riesgos para la seguridad, que incluirían la violencia en el trabajo, el acoso, la intimidación, el estrés y la ansiedad como nuevos riesgos emergentes. Empiezo a preguntarme por cuánto tiempo estaremos describiéndolos como «nuevos riesgos emergentes». 
Revisando algunos papeles antiguos, hace poco vi que el grupo de responsables sindicales para la seguridad y la salud en el trabajo con que trabajaba en aquellos momentos, a finales de los años ochenta, ya utilizaban entonces esta descripción. 
Y aquí estamos, 15 años después, todavía utilizando la misma frase y muy poco se ha hecho, si es que se ha hecho algo, a escala de la UE para resolver estos riesgos directamente. 
Además, al releer nuestra pregunta, me he dado cuenta de que al menos un elemento de la misma parece un poco ridículo, sobre todo la parte en que se pregunta: «¿Piensa la Comisión actuar con rapidez a este respecto?» 
Es evidente que la respuesta es «no». 
En el excelente informe presentado por el Sr. Andersson y adoptado en 2001 se pedían dos medidas. 
Se pedía que la Comisión publicara un Libro Verde y un plan de acción como máximo antes de finales de 2002. 
Todavía estamos esperando una respuesta. 
En segundo lugar, en el informe se pedía a la Comisión que ampliara el ámbito de la Directiva marco sobre Salud y Seguridad, o que redactara una nueva directiva para luchar contra el acoso en el lugar de trabajo Y, de nuevo, aquí estamos esperando una respuesta. 
Quisiéramos saber qué medidas, si las hay, tiene intención de tomar la Comisión al respecto. 
La verdad es que muchos de los diputados a esta Cámara están cada vez más enfadados y frustrados ante el lamentable hecho de que el trabajo de la Comisión en cuanto a salud y seguridad se haya interrumpido completamente en los últimos años. 
La Estrategia de Salud y Seguridad de la Comisión para el período 2002-2006 está demostrando que es la farsa que yo sospechaba que era. 
Cuando presenté el informe del Parlamento sobre esta estrategia, estuve considerando seriamente recomendar su rechazo a menos que fuera acompañada de un plan de acción detallado. 
Recibimos algunas garantías por parte de la Comisaria Diamantopoulou y, en consecuencia, adoptamos un informe que era crítico pero no llegaba al rechazo. 
Ahora reconozco que fue un grave error. 
Y el resultado ha sido exactamente una especie de deriva, carente de medidas, que yo temía. 
No culpo a la Comisaria Diamantopoulou, pero es evidente que en la Dirección General de Empleo hay altos cargos que opinan de otra forma. 
Este ámbito político está completamente abandonado. 
En la propia estrategia se hablaba superficialmente de los riesgos en este campo. 
Con el título «Integración de los nuevos riesgos» , decía: «La creciente incidencia de los trastornos y las enfermedades psicosociales plantea nuevos retos para la salud y la seguridad en el trabajo y compromete la mejora del bienestar en el trabajo. 
Las diversas formas de acoso psicológico y violencia en el trabajo representan actualmente un problema particularmente peliagudo, que justifica una acción de carácter legislativo.» 
En la página siguiente, con el título «La Comisión» , dice: «estudiará la conveniencia y el ámbito de aplicación de un instrumento comunitario sobre el acoso psicológico y la violencia en el trabajo.» 
Bien, pues todavía estamos esperando. 
El programa de trabajo de este año menciona un instrumento sobre violencia pero no sobre el acoso psicológico. 
Mi comentario final es la siguiente: He oído decir que es difícil legislar en este campo porque el problema es demasiado complejo, difuso o subjetivo. 
Dos Estados miembros ya tienen legislación sobre este tema: Suecia y Bélgica. 
Esto significa que es posible legislar y que unos trabajadores de la UE tienen una protección jurídica, mientras que la gran mayoría no. 
Esta es la justificación más clara para tomar medidas legislativas a escala de la UE. 
Estos riesgos están ocasionando un tremendo sufrimiento y angustia a trabajadores de la Unión Europea. 
Ya es hora de que la Comisión actúe. 
. 
Señor Presidente, primero quiero agradecer al Sr. Hughes, al Sr. De Rossa y al Sr. Andersson su interés por la cuestión del acoso en el lugar de trabajo, que claramente ayuda a la Comisión. 
He de decir que no acepto la crítica general del Sr. Hughes; comprendo la reacción del Parlamento sobre esta cuestión específica que, tal y como el Sr. Hughes ha admitido también, es extremadamente compleja y difícil, porque la situación difiere considerablemente de un país a otro. 
La legislación y la definición relativas a aspectos del acoso constituyen una cuestión muy compleja, pero decir que no se está haciendo nada por la salud y la seguridad, diría yo, es una exageración negativa. 
Quiero recordar al Sr. Hughes que, durante las últimas seis Presidencias no ha habido ni una sola Presidencia, creo, en la que no se haya aprobado legislación sobre salud y seguridad. 
Quiero recordarle que el programa de la Presidencia irlandesa contiene 2 directivas: una está completándose y en cuanto a la otra, relativa a los problemas relacionados con la radiación óptica, está a punto de iniciarse un diálogo con los interlocutores sociales, como es el primer seminario de la Presidencia irlandesa. 
Consecuentemente, es evidente que la Comisión ha avanzado, especialmente en materia de legislación, que es tanto innovadora, dado que en la mayoría de los Estados miembros no hay ninguna legislación, como muy difícil de llegar a un acuerdo, dado que, como ya saben ustedes, los interlocutores sociales no suelen estar de acuerdo. 
Su crítica sobre este ámbito específico es muy positiva, pero quisiera pedirle que no generalice, dado que, como ya sabe usted, la salud y la seguridad fueron las prioridades de la Comisión durante este período. 
La Comisión presentó una comunicación con un Libro Blanco sobre salud y seguridad para los años venideros hasta 2006, que establece claramente que la Comisión examinará la idoneidad y la conveniencia de una medida comunitaria sobre el acoso psicológico y la violencia en el trabajo. 
En esta fase específica, los servicios de la Comisión están trabajando en torno a este problema particular, recopilando y analizando la información disponible en todos los países. 
Este análisis tiene en cuenta, entre otras cosas, las iniciativas legislativa y reguladora que se están aprobando o planificando en cada uno de los Estados miembros, junto con los resultados y las dificultades de su aplicación. 
Debo decir que, en este marco, la resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso en el trabajo, a la que se ha referido el Sr. Hughes, la propuesta del Sr. Andersson y la opinión sobre la violencia en el trabajo aprobada por el Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la salud en el Lugar de Trabajo son textos estrechamente relacionados, que se están estudiando con detenimiento y que apoyarán nuestros esfuerzos. 
El Sr. Hughes ha pedido un calendario. 
Por tanto, he de decir que en 2004 la Comisión empezará sus consultas sobre la acción comunitaria en este sector con los interlocutores sociales, de acuerdo con el artículo 138 del Tratado y, como ya saben ustedes, estas consultas se incluyen en el programa de trabajo de la Comisión para 2004, que ya se ha anunciado. 
Aquí he de señalar que, en función de las reacciones de los interlocutores sociales a estas consultas, la elección de legislación comunitaria específica con el objetivo de prevenir toda forma de violencia en el trabajo es una pero no siempre la única acción. 
De hecho, la nueva estrategia comunitaria sobre salud y seguridad en el trabajo para 2002-2006 se refiere a la posibilidad de utilizar una combinación de los medios disponibles, tanto legislativos como no legislativos. 
Por tanto, con objeto de prevenir eficazmente toda forma de violencia en el trabajo, otras medidas no vinculantes, como las recomendaciones, u otras iniciativas no legislativas, como las directrices, la información y las campañas de sensibilización y las actividades mejoradas de formación para empresarios y empleados pueden ser acciones complementarias en lugar de acciones mutuamente exclusivas, junto con, por supuesto, un texto legislativo. 
Por último, la Comisión considera que el acoso psicológico y el acoso son formas específicas de violencia en el trabajo. 
He de decir que el acoso sexual es también una forma de violencia, sobre la cual hace dos años se aprobó legislación. 
Por este motivo, las consultas mencionadas con los interlocutores sociales cubrirán toda forma de violencia que mine la salud, la integridad física y psicológica y la dignidad de los empleados. 
– Señora Comisaria, señor Presidente, el informe sobre el acoso en el lugar de trabajo se aprobó hace casi tres años. 
A todo aquel, como al Sr. Andersson y a mí misma, a quien interese esta cuestión, habrá descubierto las profundidades en las que puede sumergirse la gente en sus tratos unos con otros. 
De todos los trabajadores de la Unión Europea, digamos que al 8 % le ha afectado el acoso. 
Esto es lo que dicen los registros oficiales; la verdadera cifra puede muy bien ser varias veces más alta. 
El informe trata a fondo las causas y los efectos del acoso psicológico y del acoso sexual en el lugar de trabajo y las circunstancias que conducen al acoso. 
La medida en que la violencia y el acoso se producen en el lugar de trabajo constituye un problema extremadamente grave. 
Tal y como describe el informe, producen un estrés físico y mental extremo, hasta el punto de que la persona enferma de gravedad. 
Tiene un efecto incluso sobre las vidas privadas de las personas, es una carga para los fondos de la seguridad social y dificulta el rendimiento económico general. 
Luchar contra este problema es una empresa muy difícil. 
Apenas será posible dar con una definición estándar del fenómeno. 
Fue a la Comisión a quien se asignó la tarea de dar a conocer otros factores que estimulan el acoso; solo cuando tengamos una imagen clara del verdadero alcance del problema podremos adoptar medidas apropiadas para abordarlo. 
¿Es capaz la Comisión de cumplir esta petición en el futuro inmediato? 
Estoy convencida de que luchar contra el acoso en el trabajo es un asunto que compete a los Estados miembros. 
Los interlocutores sociales, los legisladores de ámbito nacional, las instituciones educativas y las asociaciones precisan ayuda especial en sus esfuerzos por luchar contra él. 
Tendría sentido que se lanzara una campaña publicitaria europea para llamar la atención sobre este problema y movilizar al público de la Unión Europea. 
Esto podría poner fin a su indiferencia. 
El acoso, ya sea sexual o no, no es un delito insignificante; es un delito sobre el que debe librarse la batalla cuando se comete el delito. 
Esto significa que es dudoso que alguna directiva europea vaya a ser eficaz, pero, ¿puede la Comisión presentar propuestas sobre cómo apoyar los esfuerzos individuales de los Estados miembros? 
Señor Presidente, he de empezar llamando con discreción la atención sobre lo que dijimos en 2001 en el informe del que yo era responsable. Sabemos que este es un grave problema. 
Existe en todos los Estados miembros y es probable que aproximadamente en el mismo grado, tal y como indicaron los estudios celebrados por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (la Fundación de Dublín) , que calculó una cifra del ocho por ciento. 
Esta cifra puede compararse con la cifra del cuatro por ciento de violencia en el lugar de trabajo y del dos por ciento de acoso sexual. 
En general, este tipo de acoso –la violencia abierta, la violencia psicológica y el acoso sexual– es un grave problema. 
¿Por qué? 
Porque existe un claro vínculo entre este problema y el estrés y la tensión en el lugar de trabajo. 
Sabemos cómo está cambiando el mercado en estos momentos. 
El mercado laboral está cambiando y las condiciones de trabajo se han vuelto inciertas. 
La seguridad laboral también solía ser muy importante. 
Ahora vemos que ha habido un cambio cuando se trata de organizar la vida laboral. 
Tenemos inseguridad y menos certidumbre en el lugar de trabajo, lo que significa que probablemente este problema se esté agravando. 
En la ocasión anterior pedimos, en primer lugar, un análisis en forma de Libro Verde que nos proporcionara un cuadro más detallado de la situación y, en segundo lugar, también una posible legislación, pero estos no eran los únicos instrumentos. 
Imaginen entonces nuestra frustración cuando ahora nos damos cuenta de que no ha ocurrido nada. 
Señora Comisaria, comparto su opinión de que ahora es importante establecer contacto con ambas partes de la industria. 
También es cierto que es importante utilizar una amplia gama de instrumentos, porque el instrumento jurídico no es suficiente. 
Probablemente tengamos que trabajar en torno a cuestiones relativas a la influencia y a la organización del trabajo, así como revisar cómo marchan las cosas en el lugar de trabajo, pero también necesitamos instrumentos jurídicos. 
Ahora que van a proponerse y aplicarse medidas para combatir la violencia en el lugar de trabajo, también es una oportunidad excelente tener en cuenta la violencia psicológica, incluyendo el acoso, en el lugar de trabajo. 
Es una oportunidad para hacer justo eso. 
Se precisan instrumentos jurídicos y buenas prácticas en relación con cuestiones de organización de ámbito europeo. 
En el ámbito de Estado miembro apenas ha sucedido algo. 
En Suecia ya teníamos legislación y Bélgica ha introducido legislación, pero por lo demás no ha ocurrido mucho más. 
Porque este es un campo comunitario, que incluye la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, nosotros y la Comisión tenemos una responsabilidad en él. 
Señor Presidente, me gustaría hacer algunos comentarios en respuesta a las observaciones del Sr. Hughes. 
Estoy de acuerdo, como espero que todas las partes de esta Cámara lo estén, en que el acoso es un grave problema, ocurra donde ocurra. 
Es posible que ocurra solo en ocasiones, en algunas empresas, con algunas personas, pero siempre que ocurre es un grave problema para estas personas y debe deplorarse y, en efecto, resolverse. 
Por acoso en el «lugar de trabajo» no nos referimos solo al puesto de trabajo tradicional, entre empleado y empleado o entre empresario y empleado, sino también en lugares como escuelas, entre alumnos y maestros, donde cada vez son más comunes los casos de acoso e intimidación. 
Pero en todas estas circunstancias estoy fundamentalmente en desacuerdo con el Sr. Hughes en cuanto a su principal observación de que allí donde existe un problema la solución siempre tiene que ser legislativa, y que allí donde haga falta legislación, siempre tiene que ser a escala de la UE. 
Necesitamos una mejor gestión y necesitamos prestar más atención al tema, pero esto no significa que necesitemos un planteamiento legalista. 
Más que una ley de la UE lo que necesitamos es sentido común. 
Estoy de acuerdo con la Comisaria y pienso que tiene razón al rechazar las críticas que se le han hecho y que se le siguen haciendo. 
Es cierto, como dice el Sr. Hughes, que algunos altos cargo de la Dirección General de Empleo opinan de otra forma. 
Hay muchas personas y, espero, cada vez más personas, que opinan de otra forma. 
Finalmente, y quizás en un tono más ligero, el Sr. Hughes habla del acoso psicológico en el lugar de trabajo. 
Yo me enfrento a un acoso psicológico constante en mi lugar de trabajo, que es la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre todo porque siempre me toca abordar informes del Sr. Hughes. 
¡Sospecho que la legislación no va a evitar que esto siga ocurriendo! 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, de hecho ha habido numerosas iniciativas, incluso en los Estados miembros, dirigidas a detener el acoso y a adoptar medidas preventivas contra él. 
Todavía recuerdo, como yo creo que todos podemos, la iniciativa lanzada en Alemania hace 30 años, cuyo objetivo consistía en humanizar el entorno laboral, y nuestro reciente debate en torno a una comunicación de la Comisión sobre la modernización de la organización del trabajo. 
También recordamos la forma en que la Presidencia belga emprendió una iniciativa para mejorar la calidad del trabajo, pero todo eso no era suficiente. 
Puedo entenderle cuando dice usted, señora Comisaria, que los Estados miembros valoran y evalúan estas cosas de diferente manera, pero debemos admitir que todos los países industrializados tienen el mismo problema. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Andersson cuando dice que no se trata del 8 % de los trabajadores investigados por Eurofund de Dublín, que en todo caso constituyen 12 millones de empleados, sino, desafortunadamente, de la forma en que este fenómeno va en aumento y las cifras van elevándose. 
El hecho de que las personas trabajan sometidas a una mayor presión en muchos sectores, incluso el sector de los servicios, convierte al acoso en un problema mayor y más difícil. 
Por tanto, estoy de acuerdo con todos mis colegas Diputados del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sobre la necesidad de un marco jurídico. 
A pesar de que son necesarias, estoy de acuerdo con eso, las campañas de sensibilización no son suficientes. 
Señora Comisaria, sabemos lo valiente que es usted cuando se trata de hacer frente a la inercia de ciertos Estados miembros. 
Sabemos que será más difícil presentar legislación sobre esta cuestión que sobre cosas como la prohibición del amianto o la protección frente al ruido. 
También sabemos que muchas grandes empresas ya tienen sus propias normas, sé que Volkswagen las tiene, y también otras. 
Muchas de ellas, aunque la mayoría no tienen nada aún, y la mayoría de los empresarios todavía no han reconocido cuántos euros están perdiendo a raíz del tiempo perdido porque los trabajadores están de baja por enfermedad, debido a una menor motivación, porque la gente se resigna a su suerte, porque se vuelven menos entusiastas por su trabajo o pierden todo el entusiasmo, todo ello a causa del acoso. 
El hecho es que si los empresarios lo reconocieran, no tendríamos estos problemas. 
Sin embargo, desde que los tenemos necesitamos crear un marco jurídico, y la protección de los trabajadores frente a los peligros laborales es responsabilidad de Europa. 
La tarea es nuestra, y deberíamos ponernos manos a la obra. 
Señor Presidente, si es difícil poner de acuerdo a todos los Estados, en este caso lo es más, porque creo que no estamos ni siquiera de acuerdo- y me voy por el camino de la reflexión- en el concepto de acoso moral. 
Sustancialmente, podemos decir que entre los elementos básicos de esta conducta figuran la intención de dañar- ya venga del empresario, de los directivos o de compañeros de trabajo -, la producción de un daño en la esfera de los derechos personales más esenciales y el carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático. 
La situación fáctica del acoso moral supone conductas hostiles contra la dignidad personal de la víctima, injurias, burlas, mofas, críticas, actos de escarnio; supone conductas hostiles contra su profesionalidad, que se manifiestan en cargos monótonos, innecesarios, denigrantes, abusivos y desproporcionados. 
De vez en cuando, vemos en los medios de comunicación- no precisamente sensacionalistas- situaciones de esta índole, situaciones que, además, se producen de manera más o menos indirecta, es decir, creación de situaciones de ambigüedad, acentuación de errores y minimización de logros. 
Son situaciones que, a veces, suponen un conflicto exteriorizado y otras veces originan o mantienen un conflicto larvado, con repercusiones en la persona acosada psicológicamente, en su familia y en su entorno. 
Son siempre situaciones cuya existencia es difícil probar o demostrar, con frecuencia de difícil encuadramiento en el tipo penal o en la infracción administrativa. 
El apartado 1 del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales prevé que "todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad", y, según el artículo 1, " la dignidad humana es inviolable. 
Será respetada y protegida ". 
Señora Comisaria, creo que se ha hecho mucho durante esta legislatura en materia de seguridad y salud laboral, pero la situación que he descrito, de manera más o menos afortunada, bien merece que pongamos manos a la obra, porque, al igual que en otras ocasiones nos referimos a la protección de la dignidad o del derecho a la salud y a la seguridad, en este caso, evidentemente, hemos de tratar la necesidad de proteger la dignidad de las personas humanas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar deseo dar las gracias sinceramente al Sr. Hughes y al Sr. Andersson por haber planteado esta cuestión. 
Creo que el entorno moral y psicosocial en el trabajo, de hecho el espíritu del lugar de trabajo, son valores fundamentales que están profundamente infravalorados en las sociedades quizá indebidamente desalmadas en que se convertirán nuestros Estados europeos del bienestar. 
Me parece totalmente inexcusable que se acose a los empleados en sus lugares de trabajo y que no se les vea como empleados y como los seres humanos que son, y que no se les valore plenamente como tales. 
Cómo nos comportamos unos con otros es cuestión de decencia. 
También es, en última instancia, una cuestión de civilización y una cuestión de cómo nos vemos unos a otros como personas. 
Quiero agradecerles que hayan sido tan positivos a la hora de hacer hincapié en el importante asunto del entorno de trabajo. 
Creo que, tal y como han dicho los oradores anteriores, y en torno a este asunto hemos obtenido consenso en la Asamblea, este es un campo extremadamente importante e infravalorado. 
En cuanto a su petición, señor Andersson y señor Hughes, ustedes dudan seriamente de que exista suficiente protección en la legislación nacional. 
¿Estamos en lo cierto? 
De hecho podemos tener la seguridad de que la legislación sueca, seguida de la legislación belga, puede establecer una pauta sólida y saludable en el resto de Europa. 
No descartemos este método, porque todavía no se ha probado en muchos países. 
Sinceramente, ¿es cierto que, a causa de la legislación europea, esta cuestión se tratará desde una posición más cercana a los lugares de trabajo y a los empleados? 
¿La legislación europea contribuirá a encontrar una solución más eficaz al problema? 
Me temo que nos distanciaríamos de todo el problema y, en lugar de encontrar una solución, lo alejaríamos demasiado de nuestros puestos de trabajo. 
Intentemos la ruta de la legislación nacional en este campo. 
Señor Presidente, me complace escuchar unas palabras tan delicadas por parte del Grupo del PPE-DE. 
Tengo que contradecir a la Comisaria. 
Dice que mi afirmación de que este ámbito político está abandonado no es cierta, y después presenta algunos ejemplos de progreso reciente. 
Quiero recordar a la Comisaria que los expedientes sobre campos de radiación óptica y ondas, vibraciones y ruidos son todos de hace diez años. 
Formaban parte de la propuesta original sobre agentes físicos. 
Me complace saber que ha habido movimiento en el Consejo, pero estas propuestas son muy antiguas. 
Yo le diría al Sr. Bushill-Matthews que existen riesgos nuevos y emergentes en el campo de la salud y la seguridad. 
En mi informe sobre la estrategia decía que en respuesta se podían adoptar toda una gama de opciones, como la orientación, la formación, la información y otras, pero creo que la legislación también tiene que formar parte del lote. 
Para terminar, parece que probablemente yo también voy a merecer una mención en su próximo libro, de modo que simplemente le dirijo estas palabras de consuelo al Sr. Bushill-Matthews: estoy seguro de que si tan solo estuviera de acuerdo conmigo más a menudo la sensación de estrés en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se evaporaría. 
. Señor Presidente, en primer lugar, creo que este debate es muy positivo y contribuye a la necesidad de concienciación, no solo por parte del público, sino también por parte de los políticos, los Parlamentos internacionales y los interlocutores sociales. 
De modo que me gustaría dar las gracias a sus Señorías. 
No acepto el último comentario del Sr. Hughes. 
Sí, ha sido una Directiva muy difícil, pero ha sido aceptada. 
No ha sido nada fácil, y las negociaciones ha constituido una verdadera maratón, pero ahora tenemos una realidad. 
Ya nos hemos puesto de acuerdo en la Directiva sobre vibraciones y ahora estamos empezando el debate para una directiva en materia de radiación óptica. 
¿Sabe de muchos Estados miembros que tengan una legislación sobre radiación óptica? 
Con el esfuerzo combinado del Parlamento, la Comisión y los agentes sociales, hemos empezado a abordar el tema a escala europea. 
El Sr. Hughes ha dicho que no se ha hecho nada y que la Comisión tampoco ha hecho nada. 
Todos estamos de acuerdo en que es un tema muy complicado en términos de definición del problema, en términos de legislación y en términos de conseguir un acuerdo entre los Estados miembros, porque hay muchas diferencias de por medio. 
No me referiré aquí a los agentes sociales porque la consulta en este sentido empezará más adelante en 2004. 
Consideremos lo que hace falta y lo que hemos hecho en realidad en el transcurso de los años, sobre todo desde el informe Andersson, que fomentó muchos debates y decisiones. 
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Bilbao lo ha convertido en una de sus principales prioridades. 
Ya se está llevando a cabo un estudio, cuya primera parte trata de la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 
Y se ha encargado un segundo proyecto de investigación. Después de mucho debatir y analizar el tema y de muchos estudios por parte de expertos, no ha surgido ningún planteamiento real que sugiera que los problemas en cuestión puedan ser resueltos con la legislación. 
En 2003 se lanzó aquí en el Parlamento una campaña sobre intimidación y violencia en el trabajo. 
Hay páginas web para cada tema, y en ellas encontrarán aportaciones de analistas, académicos, agencias nacionales y agentes sociales, cada cual con planteamientos muy distintos. 
No es un tema fácil, en absoluto. 
No solo es complicado, sino que también es muy controvertido. 
Cada sindicato, analista y científico tiene un planteamiento distinto. 
La Comisión no puede presentar una propuesta de directiva sin tener en cuenta todos estos análisis. 
Y, además, no hay muchos análisis científicos sobre estos temas. 
Después de todos estos años de trabajo y de recogida de datos, y después de trabajar con estudios, no acepto que el Sr. Hughes diga que no ha ocurrido nada. 
Hemos incluido el tema en la agenda de 2004 y lanzaremos esta consulta con los agentes sociales. 
Uno de los principales temas del debate es el planteamiento legislativo. 
Al mismo tiempo, vamos a trabajar con todas las demás opciones, incluyendo recomendaciones, orientaciones y campañas de concienciación. 
Doy las gracias al Parlamento. 
En este tema siempre funciona como motor y esto realmente ayuda en el trabajo de la Comisión. 
Pero, por favor, les ruego que tengan en cuenta la complejidad del tema. 
No es solo una cuestión de desacuerdos entre Estados miembros: es un tema muy complejo y debemos tener en cuenta todos los aspectos pertinentes. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Comisaria y a todas sus Señorías por su participación en este debate. 
No ocurre a menudo que en el Parlamento nos acerquemos a un verdadero debate. 
Creo que esta noche casi lo hemos conseguido. 
El debate queda cerrado. 
(1) 
(1) 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, los diputados recordarán que ayer, durante la votación sobre el informe Herzog, propuse que el Presidente leyera el artículo 130 bis del Reglamento. 
Antes habíamos votado sobre las enmiendas a un informe elaborado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Sin embargo, para facilitar la votación, estas enmiendas se agruparon en bloques. 
El artículo 130 bis del Reglamento establece con bastante claridad que cuando hay una gran cantidad de enmiendas la comisión competente debe intentar clasificarlas antes de someterlas a votación en el pleno. 
Me gustaría que la Mesa estudiara debidamente el artículo 130 bis para poder dar instrucciones a los servicios del Parlamento de velar por que las comisiones cumplan este artículo del Reglamento. 
– Ya me han solicitado considerar el asunto planteado por su Señoría y opino que, en el momento y lugar oportunos, intentaré hacer lo que propone. 
– Señor Presidente, basándome en la cuestión de observancia de Reglamento planteada por mi colega, el Sr. Provan, quiero llamar la atención de todos los diputados presentes sobre el hecho de que se han presentado 215 enmiendas al informe Zappalà, que en breve pasaremos a debatir. 
Retomando el asunto planteado por el Sr. Provan, de acuerdo con el artículo 130 bis del Reglamento todos nosotros tenemos la responsabilidad, entre este momento y la votación, de simplificar el procedimiento de votación. 
Estoy seguro de que el Sr. Zappalà estará de acuerdo con esto. 
Debemos tomar nota de esta lección y asegurarnos de que cuando vaya a votarse en el pleno de febrero tengamos una lista de votación muy simplificada. 
Muchas gracias por su cooperación, señor Harbour. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0470/2003) del Sr. Zappalà, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (COM (2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061 (COD) ). 
. Señor Presidente, esta es una cuestión muy debatida y muy importante. 
Quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Zappalà, por su informe, que, de forma muy útil, completa el texto de la Comisión en algunos puntos y apoya la consolidación sustancial propuesta. 
Todos sabemos que es una propuesta muy amplia que abarca una gran variedad de cuestiones de gran interés para las profesiones y también más en general. 
Quiero agradecer al Parlamento los esfuerzos que ha hecho por encontrar compromisos viables. 
Deseo rendir homenaje a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a otras comisiones por sus activas contribuciones. 
En particular, aplaudo el mantenimiento, con cierta flexibilidad adicional, de los niveles de cualificación existentes, que ya han desempeñado un papel protagonista en la aplicación del reconocimiento profesional en el ámbito de la Unión Europea. 
Permítanme señalar que es preciso mejorar las condiciones para la libre circulación de profesionales en una Unión ampliada mediante normas más sencillas y claras, sistemas de gestión más sencillos y eficaces y condiciones más claras y sencillas para prestar servicios transfronterizos. 
La Comisión está dispuesta a para tener en cuenta las consideraciones especiales que se aplican a las profesiones del sector de la salud a fin de encontrar soluciones apropiadas en el contexto más amplio de la simplificación. 
Ahora será un placer escuchar el debate sobre esta propuesta crucial. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente del Parlamento debo agradecer a la Comisión y al Comisario Bolkestein que hayan impulsado este importante instrumento legislativo. 
Existen decenas de millones de profesionales en la Unión. 
En virtud de las actividades que llevan a cabo, regulan y rigen la vida de cada ciudadano. 
Las profesiones representan el grupo social productivo más importante que existe. 
Sus actividades abarcan todos los aspectos de la experiencia cultural y educativa, la creatividad individual, el espíritu positivo, de apoyo y responsabilidad. 
Se trata del grupo social más preocupado por el cuidado y la protección, y el que tiene mayor necesidad de reglas bien definidas que respetar. 
Cada Estado, independiente y legítimamente, organiza según sus propias tradiciones sociales e históricas, cursos educativos y establece sus propias normas para acceder a las distintas profesiones. 
La Unión debe garantizar la libertad de circulación y de establecimiento, la igualdad de derechos para acceder al empleo, la competencia, seguridad, salud y libertad, a la vez que se completa el mercado interior al otorgar garantías fiables para los profesionales y consumidores en pie de igualdad. 
En la vida real existen enormes diferencias dentro del ordenamiento jurídico nacional y grandes discrepancias entre distintos Estados. 
La complejidad de esta cuestión, asociada a la naturaleza diversa de varias actividades profesionales, los intereses egoístas y los errores de juicio político facilitan la aparición de una absoluta confusión y luchas intestinas en las clases políticas y profesionales. 
Las profesiones deben aprender a buscar una unidad global de propósito en su propio interés, así como en interés de los consumidores, quienes confían en ellos a diario. 
Los políticos deben abandonar la visión superficial y parcial que tienen de este asunto y abordar el sector como un todo. 
La actitud de algunos políticos y de determinados representantes, junto con la ignorancia y arrogancia de aquellos que se confunden a sí mismos y confunden a otros deliberadamente, perjudican a las profesiones y la comunidad. 
Invito a la Comisión, a la que agradezco de nuevo que haya elaborado la propuesta, a que considere las enmiendas del Parlamento no como un acto de obstrucción, sino como la voluntad del legislativo de hacer uso de su potestad legítima y legal como cuerpo representativo democrático que es y, por este motivo, solicito la máxima cooperación en interés de la Unión. 
Los profesionales suelen ser proveedores de servicios atípicos precisamente porque son más productivos en temas intelectuales que en asuntos de recursos concretos. 
Los servicios que prestan no son los mismos y a menudo no se pueden comparar, al igual que el principio de la competencia no se puede aplicar fácilmente al sector dado que, por encima de los precios, un servicio profesional constituye principalmente el resultado de la creatividad intelectual proveniente del bagaje cultural y un intelecto vivo. 
No todas las profesiones son iguales; las profesiones más sofisticadas, como las relacionadas con la salud, la libertad y la seguridad, no se pueden comparar con las relacionadas con el comercio, la artesanía, la industria o actividades económicas. 
El acceso a estas profesiones está regulado por los Estados de acuerdo con la cultura y la tradición locales y está además sujeto a responsabilidades y normas que ofrecen un mínimo de garantías a los consumidores. 
La armonización no significa simplemente similitud. 
El sistema británico no se debe exportar, sino armonizar con otros sistemas, con objeto de lograr unas reglas de juego equitativas en la Unión. 
Ningún individuo representa a todo el mundo, solo el legislativo tiene responsabilidad general. 
Tenemos el deber de legislar no en interés de un grupo de presión arrogante, sino en el interés general: oír los motivos de todas las partes y alcanzar una decisión individual es el deber primordial de los encargados de trabajar en nombre de la Comunidad. 
La propuesta se basa en los siguientes supuestos: reconocimiento de cinco niveles de cualificación: formación continua inicial; libre circulación de servicios profesionales y no de pedazos de papel; consulta con las profesiones; umbrales propuestos por organismos reconocidos; conformidad con las estructuras nacionales autorizadas, ya sean organismos, colegios o asociaciones; registros pro forma, igualdad de derechos y obligaciones; seguridad legal; eliminación de trabas burocráticas; reconocimiento mutuo de profesiones ejercidas en Estados individuales y, en donde sea necesario, en niveles superiores que las cualificaciones correspondientes; cumplimiento de las reglas en materia de seguros, seguridad social y sindicatos. 
Todas las objeciones son retórica interesada concebida para frustrar el avance del mercado interior y este importante sector. 
Cualquier objeción corre el riesgo de considerarse una concesión a los grupos de presión interesados que no actúan en el interés colectivo. 
Esta directiva es importante independientemente de su contenido singular. 
No deseo levantar barreras; el panorama general es más importante que el detalle. 
Espero que todos lo contemplen desde una perspectiva europea y no desde una postura de grupo de presión. 
Señor Presidente, señor Comisario, la directiva propuesta intenta sustituir 15 directivas vigentes sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
La Comisión ha adoptado un enfoque horizontal, que conlleva el peligro de que todas las cualificaciones profesionales se metan en el mismo saco. 
Esto no debería suceder. 
La competencia desleal en materia de cualificaciones debe evitarse únicamente para proteger al consumidor. 
Debemos asegurar que la formación sea de calidad. 
La comisión parlamentaria también está preocupada de que la prestación de servicios transfronterizos se llegue a facilitar mediante la reducción de los requisitos de cualificación del proveedor de servicios. 
Según la propuesta de la Comisión, todo proveedor establecido legalmente en un Estado miembro podrá ofrecer servicios en otro Estado miembro sobre una base temporal de 16 semanas en un año, sin necesidad de autorización ni sujeto a ningún control. 
No hemos podido llegar a un acuerdo a este respecto. 
Los proveedores de servicios deben cumplir con su obligación tanto con el receptor de dichos servicios como con las autoridades del Estado miembro de acogida. 
Se trata de la única forma posible de que los mecanismos de control y protección puedan surtir efecto. 
Las actividades especialmente sensibles deben estar sujetas a controles. 
Por ejemplo, los ciudadanos no deben ser quienes prueben la calidad de médicos o asesores fiscales por sí mismos. 
Los ciudadanos confían en la existencia de los probados y conocidos sistemas de formación, cualificación y autorización. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también quisiera estar segura de que las personas que, en virtud de la normativa nacional, tengan una cualificación profesional alta, no se vean en desventaja frente a otras que tengan una menor cualificación aunque ocupen el mismo cargo. 
No obstante, es fundamental que la formulación de la normativa no ponga en duda la libertad de circulación. 
Por tanto, acogemos con agrado el hecho de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y su ponente, el Sr. Zappalà, a quien felicito por su ecuánime informe, hayan llegado a un equilibrio entre un enfoque horizontal y uno sectorial, asegurando que las organizaciones profesionales puedan contribuir con su experiencia a la transposición de la directiva. 
. – Señor Presidente, el jueves de esta semana, en el Reino Unido se ha suicidado un tal Dr. Harold Shipman. 
No es solo un número; era un profesional de la salud que cumplía 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 215 de sus pacientes. 
Por lo tanto, señor Comisario, cuando examinamos las cualificaciones profesionales y buscamos formas de facilitar la movilidad profesional, como deberíamos hacer, no solo hablamos de una oportunidad laboral o de llenar vacantes, ni siquiera de la libertad profesional individual. 
Deberíamos hablar de la protección de las personas vulnerables: procedimientos sencillos, sí; procedimientos arriesgados, no. 
En Gran Bretaña, cuando se va a la consulta del médico se espera que el simpático médico procedente de Italia o Lituania o de donde sea esté cualificado, y se da por sentado que se han hecho las comprobaciones pertinentes con respecto a su integridad y experiencia, y con respecto a que su nombre no figura en ninguna lista negra de mala conducta profesional o de otro tipo. 
Lo mismo sucede con el dentista, la enfermera, el farmacéutico y otras profesiones, como el arquitecto que ha construido la casa donde vivimos. 
Por lo tanto, nos horroriza pensar que la propuesta original habría permitido que cualquier profesional fuera a otro país de la Unión Europea y trabajara allí durante 16 semanas sin ninguna autorización, control o investigación. 
El Dr. Shipman podría haber llegado a una consulta cerca de cualquiera de ustedes. 
Por consiguiente, después de hablar con organizaciones profesionales británicas y europeas, he planteado esta cuestión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que me ha pedido que exprese una opinión. 
Esta opinión ha sido aprobada por unanimidad. 
Se ha tachado la disposición de las 16 semanas, se ha añadido el artículo 152 como fundamento jurídico para la directiva y se ha solicitado la creación de una base de datos europea de profesionales a quienes se ha prohibido el ejercicio de su profesión en un Estado miembro, para que no puedan ejercerla en otro. 
Me complace informar de que estas y la mayoría de nuestras enmiendas han sido aceptadas por el Sr. Zappalà y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Les estamos muy agradecidos. 
Sobre todo los pacientes y nuestros electores de cada uno de los Estados miembros agradecerán que se mantengan estas salvaguardias. 
Señor Presidente, la Comisión ha confirmado en repetidas ocasiones la necesidad de establecer una Europa basada en el conocimiento centrada en el mercado de los ciudadanos europeos, una Europa basada en el conocimiento más competitiva y dinámica que también promueva la formación y educación de calidad, en particular mediante la garantía del reconocimiento mutuo de cualificaciones y diplomas profesionales como prueba concreta y tangible de ciudadanía europea. 
Todo esto exige que se elimine cualquier obstáculo a la libre circulación de ciudadanos, la movilidad de trabajadores y el ejercicio profesional en el mercado único europeo. 
Sin embargo, hasta la fecha, esto choca con dificultades importantes que, sin detenernos mucho, deseo enumerar: la falta de verdadero espíritu de cooperación, ayuda y entendimiento; la complejidad de la legislación nacional vigente; la renuencia de las autoridades nacionales; la preferencia dada a los criterios educativos y de formación en lugar de los exámenes destinados a asegurar que dicho aprendizaje sea realmente equivalente a efectos del reconocimiento de diplomas; la falta de reconocimiento académico de diplomas y otros cursos de estudio. 
El informe equilibrado del Sr. Zappalà, que apoyo, ha tratado de forma constructiva y pragmática la cuestión de una Unión Europea cada vez más consensual y unida, donde los ciudadanos europeos desempeñarán un papel principal, en particular los ciudadanos con cualificaciones profesionales. 
Repito que, sin embargo, existen ciertos problemas y asuntos pendientes que hay que resolver y, como la Comisión de Peticiones y yo creemos, por encima de cualquier declaración de principios se necesitan acciones eficaces –como sucedió, por ejemplo, en el caso de la consulta– con vistas a adoptar medidas eficaces para controlar y promover los recursos, con el objetivo de cumplir las distintas disposiciones comunitarias que rigen los sistemas legales de los Estados miembros y de maximizar el potencial del sistema comunitario para el reconocimiento de cualificaciones profesionales y diplomas académicos, con vistas a hacer que dicho sistema sea más transparente, receptivo y accesible a los interesados. 
Además, es preciso prestar más atención a las nuevas tecnologías de la información, en reconocimiento de la necesidad de un aprendizaje permanente. 
La Comisión de Peticiones ha recibido un gran número de solicitudes en esta materia, lo que demuestra la urgencia con que se debe abordar esta situación, a fin de hacer de Europa efectivamente un lugar abierto a la cultura, las profesiones y los ciudadanos europeos. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE-DE y de mis colegas británicos, acojo con gran satisfacción el enorme trabajo del Sr. Zappalà en torno a un texto complejísimo. 
Me complace que el Comisario haya aceptado muchas de las enmiendas que se han presentado. 
Es importante subrayar el papel protagonista que este instrumento concreto de legislación mejorada desempeñará en nuestra estrategia global para el mercado interior. 
Esta semana hemos sido testigos del celebrado lanzamiento, por parte del propio Comisario, de la propuesta del mercado interior de servicios. 
Es evidente que la prestación transfronteriza de servicios profesionales por parte de personas cuyas cualificaciones se han reconocido mutua e irreprochablemente, teniendo en cuenta las cuestiones de calidad y protección del consumidor que han planteado algunos de los diputados, es una parte absolutamente indispensable de esta iniciativa para completar el mercado interior. 
Debemos asegurarnos plenamente de que situamos esta propuesta revisada en ese contexto. 
A este respecto es preciso profundizar más en el informe del Sr. Zappalà. 
Algunos de mis colegas de este lado de la Asamblea y yo pensamos que es importante mantener los cinco niveles diferenciados de cualificaciones profesionales y su definición. 
Hemos presentado una serie de enmiendas que aclaran el paquete de cualificaciones que permitirán a los profesionales ir pasando a cada uno de los niveles que deben reconocerse mutuamente. 
Espero que todos los diputados de la Asamblea reconozcan estas cualificaciones concretas. 
El otro aspecto importante de esta propuesta es que hemos de animar a más profesionales a someter sus negocios al reconocimiento mutuo y a aceptar la propuesta de una plataforma común a fin de trabajar juntos para su creación. 
Muchos profesionales lo necesitan. 
A este respecto expreso mi interés como ingeniero profesional. 
Queremos desarrollar una plataforma común de ingenieros de Europa, pero un aspecto en el que difiero del ponente es que su informe pretende imponer un régimen separado para los ingenieros, diseñado desde un punto de vista particular. 
Esto es algo prematuro. 
Los ingenieros de Europa quieren trabajar por una plataforma de reconocimiento mutuo, pero no quieren que les venga impuesta por este Parlamento operando en una dirección particular. 
Por lo tanto, mis colegas y yo reuniremos un paquete de enmiendas que permitan a los ingenieros desarrollar su propia plataforma. 
Espero que este paquete cuente con el apoyo de una gran mayoría de esta Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Cámara tiene sobre el tapete una directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, que acogemos con satisfacción. 
De hecho, se trata de algo que necesitamos urgentemente para generar claridad y seguridad legal por toda la Unión Europea. 
El enfoque horizontal es bueno. 
Dará pie a una legislación uniforme en lugar de una diversidad de soluciones. 
Sin embargo, la labor realizada en torno a este texto ha costado mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. Esto se debe a la variedad de campos profesionales implicados, y también, para ser francos, al número de solicitudes que nos han planteado las personas afectadas y sus organizaciones profesionales. 
El ponente ha trabajado mucho y, con la ayuda de colegas dedicados de la comisión, ha obtenido un éxito parcial memorable. 
De todas formas, no es la solución ideal. 
Por tanto, el pleno se enfrenta ahora a un enorme número de enmiendas. 
Personalmente, he presentado 50 enmiendas en nombre del Grupo de Socialdemócratas y Socialistas, con ánimo de hacer que una buena intención se traduzca en una buena directiva. 
Por un lado, nuestras enmiendas están destinadas a estimular la movilidad profesional y la libertad de establecimiento dentro de la Unión. 
A la vez, sin olvidar los intereses de los consumidores, deseamos ayudar a asegurar que se puedan ofrecer servicios de alta calidad en todas partes. 
Para ello se necesitan reglas y condiciones, que, por otro lado, deseamos reducir al mínimo necesario. 
Solo si evitamos que crezca una selva burocrática, crearemos verdadera libertad de circulación y movilidad. 
Con estos objetivos presentes y con el deseo de alcanzar un resultado positivo, en los últimos meses he pasado mucho tiempo escuchando con atención. 
Después consultamos a otros diputados en esta Cámara y buscamos formas de salvaguardar el sustento de las personas afectadas hoy y ofrecer a sus profesiones un futuro brillante en la Europa de mañana. 
El resultado de estas consultas quedó plasmado en las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Todo lo que se precisa es aprobarlas y así lograremos una buena directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
Tan solo añadiré unas palabras para el Sr. Harbour. 
Hemos mantenido muchas conversaciones con ingenieros y les he escuchado, por lo que comprendo perfectamente su enfoque. 
Quizás su Grupo podrá votar a favor de una de las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que propone que los ingenieros se unan en una plataforma que logre el consenso en su profesión y quizás podamos incluir dicho consenso posteriormente en ulteriores deliberaciones sobre la directiva que debatimos hoy. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, a mis colegas diputados al Parlamento Europeo y por supuesto al Comisario y su personal, porque la elaboración de este informe ha sido una tarea difícil. 
La intención era simplificar las 15 directivas vigentes, lo que traerá más seguridad jurídica aunque, sobre todo, más dinamismo y movilidad laboral. 
Considero que esto es necesario para perfeccionar el mercado interior que, después de todo, es una de las piedras angulares de la Unión Europea. 
Esto todavía se echa en falta, porque todavía hay fronteras virtuales que obstaculizan la movilidad. 
Por tanto, acojo con agrado esta directiva, que podría contribuir a una mayor movilidad laboral. 
También doy las gracias al Sr. Zappalá por la manera tan constructiva en que ha intentado dar forma a las complejas propuestas que estaban ante nosotros hasta obtener lo que pensamos que es un elemento factible y mejorado gracias a las enmiendas transaccionales. 
Sin embargo, yo, junto con el Grupo liberal, tenemos también algunas críticas que hacer. 
Está, por ejemplo, el criterio del tiempo. 
Según nuestro punto de vista, no hay que dar demasiado relieve a la duración de la formación, que tiene menor importancia que su calidad. 
Por tanto, deberíamos llegar a un sistema de puntos que refleje la calidad de la formación, puesto que me puedo imaginar que los cursos de formación que llevan a una determinada cualificación duran cuatro años en algunos países y cinco o seis años en otros, mientras que la calidad es la misma. 
No obstante, según la propuesta sobre el criterio de tiempo, deben otorgarse distintos niveles. 
No estoy a favor de esto y espero que la enmienda 12, que he presentado y que hay que reconocer que se ha incluido en el preámbulo, se incluya finalmente en el texto legislativo posiblemente tras la consulta con el ponente. 
Asimismo, opino que los derechos y obligaciones de las profesiones con determinada responsabilidad sobre la salud pública deben ser más estrictos. 
Me refiero sobre todo a las profesiones médicas y sociomédicas. 
Creo que dichas profesiones deben estar sujetas a un registro obligatorio. 
Sobre todo, me refiero a los requisitos preceptivos en el Estado miembro al que se desplacen las personas para trabajar como, por ejemplo, el seguro obligatorio de responsabilidad civil. 
Espero que encontremos una solución para ello. 
Ahora deseo volver sobre un punto que considero importante, concretamente el acceso al mercado laboral. 
La propuesta de la Comisión afirma que las personas necesitan haber trabajado durante dos años durante los últimos diez. 
En la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior, esto se ha cambiado por dos años durante los últimos cinco. 
Pienso que se discrimina a ciertos grupos, como las mujeres que fundan una familia, tienen hijos y posteriormente regresan al trabajo. 
Para acceder a Europa, deben haber trabajado durante dos años en un Estado miembro. 
Insto a esta Cámara a mantener la propuesta de la Comisión de dos años en los últimos diez. 
Además, solicitaré una votación nominal al respecto. 
Aunque acojo con agrado el establecimiento de plataformas consultivas, les pido que no las extiendan a plataformas nacionales, ya que complicaría demasiado el proceso y todo intento de llegar a una recomendación resultaría caótico. 
Opino que debemos perseverar con la propuesta de la Comisión para organizarla a escala europea. 
Por último, espero que esta directiva concitará a una gran mayoría, de modo que logremos que el mercado interior sea más eficaz de lo que ya es. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, está claro que el propósito de esta directiva es liberalizar aún más el mercado laboral en beneficio de las grandes empresas; a la vez, afecta directamente el corazón de los derechos laborales y profesionales de las poquísimas categorías de trabajadores que aún tienen tales derechos. 
Dentro de este marco, el objetivo es maximizar el potencial para que las empresas se aseguren una gran abundancia de mano de obra cualificada, de modo que puedan elegir lo que necesiten y cuando lo necesiten, a fin de que se reduzca el precio de la mano de obra, se pisoteen los derechos de los trabajadores y sus intereses legítimos y, en general, se refuerce la explotación de la mano de obra científica. 
Al mismo tiempo, se trata de una intervención indirecta aunque obvia en los sistemas educativos de los Estados miembros, a pesar de la disposición contraria establecida en el Tratado de la Unión Europea. 
La distinción entre equivalencia profesional y académica representa el medio para imponer un modelo educativo que limita la amplitud y profundidad de la educación superior a las demandas mínimas de las empresas; es decir, es mucho más bajo que el nivel académico aceptable. 
Se trata de un modelo educativo que reduce la categoría de la educación superior en su totalidad y crea mano de obra científica especializada sin conocimientos profundos y, por tanto, sin exigencias. 
En lo que respecta al contenido de la directiva, señalamos que, con el pretexto de simplificar los procedimientos de reconocimiento, las condiciones previas mínimas establecidas para acceder a profesiones científicas, protegidas por la ley, son mucho menos que aquellas que ya se aplican en numerosos países de la Unión Europea, incluida Grecia. 
Cada Estado miembro está obligado a permitir que cualquier nacional extranjero o nativo ejerza su profesión, siempre que tenga un diploma aceptado por otro Estado miembro para el ejercicio de dicha profesión, independientemente del nivel del diploma. 
En otras palabras, un mecánico titulado en una carrera de tres años automáticamente adquiere los mismos derechos profesionales que un titulado tras una carrera de cinco años de una politécnica griega. 
Además, la directiva sitúa a todos los diplomas de la educación postsecundaria en el mismo nivel, ya sea de una escuela de formación profesional o de una institución de enseñanza superior. 
Incluso una experiencia profesional o el ejercicio práctico puede, según la directiva, equipararse a una carrera de tres o cinco años. 
Para Grecia en particular, la directiva interviene indirectamente y crea hechos consumados a fin de zanjar cuestiones pendientes en materia educativa sobre los que hay una confrontación aguda y controversia del lado de las partes interesadas. 
Por ejemplo, los artículos 12 y 13, así como determinadas enmiendas, imponen la equivalencia de la formación profesional entre los titulados de centros de estudios liberales que han firmado contratos con universidades extranjeras y los titulados de universidades griegas, incluso cuando dichos estudios no están reconocidos como estudios superiores en Grecia. 
A fin de aplicar todo esto y sortear todos los posibles obstáculos a nivel nacional, la directiva intenta por todos los medios regular cada posible caso al detalle y excluir toda eventual excepción. 
Incluso introduce una única comisión especializada para reconocer cualificaciones profesionales y controlar el avance en la aplicación de la operación. 
Por estos motivos, nos oponemos categóricamente a la directiva. 
Proponemos que la equivalencia académica sea la condición básica imprescindible para el reconocimiento de la equivalencia profesional, que debe garantizarse según las condiciones del país de acogida. 
De forma parecida, solicitamos que se cierren todos los laboratorios o centros de estudios que concluyan acuerdos con universidades extranjeras y comercialicen sus diplomas y que se anule totalmente el sistema de franquicias en el campo de la educación universitaria. 
– Señor Presidente, con todos mis respetos por el Sr. Alyssandrakis, no estoy de acuerdo con él. 
Al igual que la mayoría de los demás diputados que han intervenido en este debate, creo que esta directiva va en la dirección correcta y todos tenemos que impulsarla lo mejor que podamos hasta su conclusión. 
Entre nosotros hay divergencias y se trata de aspectos importantes. 
La magnífica idea de la simplificación, de aunar 15 directivas sectoriales distintas en un único mecanismo global, es verdadera y extraordinariamente importante, no solo por los motivos que el Sr. Harbour y otros han mencionado, por la conclusión del mercado único, sino también por nuestra responsabilidad como Unión de dar a nuestros ciudadanos leyes razonablemente claras e inteligibles. 
Poder reunir todo el cuerpo de leyes relativas al reconocimiento de las profesiones en un único paquete coherente en sí mismo es una buena idea desde el punto de vista de la calidad de las leyes que hacemos en esta Unión. 
Es importante no perder las protecciones particulares que se aplican a las diferentes profesiones. 
Sería muy negativo simplificar excesivamente, tal y como ha indicado el Sr. Bowis, hasta el punto de que desaparecieran las protecciones esenciales. 
Por ejemplo, en relación con la prestación de servicios por parte de los profesionales de la sanidad en las profesiones sanitarias. 
Todos nosotros hemos de confesar, tomando el ejemplo que ha dado, que a pesar de contar con cualificaciones profesionales muy buenas y tribunales disciplinarios profesionales, todavía hay personas como el Dr. Shipman que pueden pasar el filtro. 
Esto solo demuestra, y es algo que ha planteado el Sr. Zappalà, que la relación de los profesionales con otros miembros de la comunidad es extraña: una persona que se dirige a un profesional en busca de consejo se pone en sus manos porque el profesional sabe necesariamente más sobre el problema del cliente o del paciente que el propio cliente o paciente. 
De lo contrario no sería un profesional. 
Esta relación de poder entre profesionales y ciudadanos exige normas del tipo de que hemos hablado. 
Requiere estructuras apropiadas, por ejemplo, el tipo de estructuras que surgirían al amparo de algunas de las propuestas de los comités y subcomités que se ocuparán de profesiones concretas en el marco general más amplio. 
El Sr. Alyssandrakis ha dicho que estamos realizando un esfuerzo de nivelación a la baja. 
Lamento decir que disiento. 
Como proveedor permanente de un tipo de formación profesional, como profesor de derecho, yo sería el último en menospreciar la importancia de la formación en el trabajo y en la práctica, así como la importancia del tipo de trabajo al que he dedicado mucho tiempo: la enseñanza en el aula, tutorías, etcétera. 
Lo importante, y el Sr. Harbour lo ha mencionado, es mantener los cinco niveles que ya tenemos. 
Se han presentado propuestas para afinarlos aún más. 
Cosa que yo lamentaría sin duda. 
Creo que disponemos de cinco niveles «comprendidos» y es preciso conservarlos. 
También convendría aclararlos. 
Una vez leídas las enmiendas 192 a 196 en nombre de la Sra. Kauppi, el Sr. Harbour y otros, me parece que hacen un trabajo bastante elegante y, en cualquier caso, entre este momento y la votación final, nos corresponde a nosotros intentar agruparlas para obtener al final un paquete claro, inteligible y viable. 
Se ha mencionado el caso de la ingeniería. 
A este respecto hay un asunto sobre el cual todos estamos de acuerdo. 
Con el mayor de los respectos, creo que en esta fase es demasiado pronto ir tan lejos como propone el Sr. Zappalà. 
Es importante que los ingenieros consigan una situación mejor de entendimiento mutuo en los diferentes países y que mejoremos la situación para que alguien con derecho a llamarse ingeniero en Italia vea que se le aplica lo mismo que a un ingeniero colegiado en el Reino Unido, y viceversa. 
Necesitamos desarrollar una plataforma común. 
En toda la Asamblea se han visto señales favorables a este respecto, y esto es muy importante. 
Se ha dicho que es importante que la mano de obra tenga libertad de movimientos en el mercado único para prestar servicios. 
Estoy de acuerdo con eso. 
Desde el principio de mi trabajo en este Parlamento he participado en el asunto de los profesores de lenguas extranjeras en universidades italianas, que han tenido cuatro sentencias a su favor durante 14 años y a quienes todavía no se han garantizado o concedido los derechos suficientes de acceso al empleo en las mismas condiciones que los nacionales italianos. 
Este es solo un ejemplo de por qué el trabajo que hacemos es tan vital si queremos lograr un acceso equitativo al trabajo y la igualdad de oportunidades para prestar servicios, con la debida protección de los ciudadanos y consumidores de la Unión. 
Apoyo firmemente el rumbo que hemos tomado y espero que logremos llegar a buen puerto en la próxima sesión plenaria. 
Señor Presidente, el propósito del informe Zappalà es muy significativo por el hecho de que, a través de la movilidad, que por supuesto depende del reconocimiento mutuo de las cualificaciones, damos a los trabajadores más oportunidades en el marco del mercado europeo. 
Por supuesto, la condición necesaria para el éxito de tal empresa es el reconocimiento de los diplomas universitarios. 
En Grecia existe un problema particular a ese respecto. 
Puesto que aún no se han abierto universidades privadas, tenemos el récord mundial de emigración estudiantil. 
Debido a esta situación, algunas universidades europeas cooperan con los llamados centros de estudios liberales en Grecia. 
Estos diplomas no son reconocidos por el Estado y el problema social de miles de personas no deja de agravarse. 
Hemos presentado este asunto a la Comisión en el pasado, tanto algunas Señorías de la izquierda, excepto el Sr. Alyssandrakis, como yo mismo, y la Comisión Europea ha sido absolutamente clara sobre este tema. 
Los diplomas deben reconocerse. 
Recientemente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afirmó lo mismo en el caso Neri, relativo a un asunto similar en Italia. 
No obstante, puesto que los problemas del sistema educativo griego se alargan, presenté una enmienda aprobada en comisión, de forma que los diplomas europeos se puedan reconocer tan pronto como sea posible, sin obstáculos legales innecesarios y sin que Grecia sea condenada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con lo que las reputadas universidades europeas podrán abrir anexos en Grecia, en régimen de seguridad jurídica, a fin de aumentar el nivel de las carreras por medio de la competencia y así detener la emigración estudiantil. 
Con objeto de evitar todo malentendido sobre el nivel de las carreras, presentamos una segunda enmienda, junto con el Sr. Trakatellis y el Sr. Zappalà, que afirma lo obvio, como por ejemplo que los Estados miembros pueden emplear mecanismos de control en las distintas instituciones cooperantes con las universidades de otros Estados miembros, aplicados en sus propias universidades. 
En los últimos días en Grecia, ante las protestas que surgieron, la dirección del Partido Socialista cambió de opinión sobre la educación superior privada. 
A la luz de este cambio, tiene sentido aprobar nuestras enmiendas y espero que esto quede claro, señor Presidente, en la votación. 
Señor Presidente, necesitamos recordar dos directrices a la hora de decidir si aceptamos o no las enmiendas propuestas. 
La primera es que para las profesiones liberales resultará mucho más fácil moverse de lo ha sido hasta la fecha, especialmente para aquellos que ejercen profesiones reguladas. 
El propósito consiste en desarrollar el mercado interior y el sector servicios, que se está quedando atrás. 
La segunda directriz que debemos establecer es la garantía de calidad de los servicios prestados durante los movimientos transfronterizos. 
Dentro de este contexto, necesitamos examinar las innovaciones básicas de la directiva propuesta, como la distinción entre la prestación transfronteriza de servicios y el establecimiento transfronterizo, los niveles propuestos, etc. En lo que respecta a la prestación transfronteriza de servicios en particular, opino que se deben aceptar las enmiendas que establecen términos y condiciones para evitar infracciones. 
Por otro lado, hay que acoger con especial satisfacción la innovación de la directiva consistente en introducir el concepto de bases comunes, ya que ofrece a las entidades liberalizadas la oportunidad de participar activamente en el refuerzo de su cooperación transfronteriza. 
Ahora existe una apertura en la sociedad civil; sin embargo, si deseamos proteger los intereses de los consumidores en base a la segunda directriz a la que nos referimos anteriormente, tenemos un interés razonable en invitar al legislador comunitario a que no convierta la movilidad en un pretexto para minar el nivel de formación de los profesionales. 
Por este motivo es importante, en los casos en que los diplomas que certifican una educación teórica se otorgan a los titulados que estudian en varios países, que exijamos como condición que los cursos sean impartidos por entidades educativas reconocidas y no empresas que no se ajustan al sistema educativo oficial del país de acogida. 
Todos necesitamos llegar a un acuerdo sobre esto si no queremos que la educación pase a ser un producto industrial incontrolado más. 
En consecuencia, una cosa es fomentar la cooperación entre universidades –o incluso, si lo prefieren, entre universidades y otras entidades educativas sobre las que no haya dudas– y otra, con la excusa de la cooperación, permitir que unidades no reconocidas como entidades educativas por la ley sean reconocidas como tales. 
Por este motivo, la enmienda propuesta por el Sr. Hatzidakis es peligrosa. 
Señor Presidente, muy a menudo nos podemos sentir orgullosos de la labor que nosotros –a diferencia del Consejo y los Estados miembros, por ejemplo– hacemos para convertir la agenda de Lisboa en realidad. 
No obstante, no podemos sentirnos precisamente orgullosos de nuestra labor en esta ocasión. 
Desde que la Comisión presentó su propuesta, se han tardado 22 meses en llegar a la primera lectura y, como el Sr. Harbour indicó anteriormente, quedan por clarificar algunos aspectos para evitar que los colegas diputados no tan familiarizados con nuestros procedimientos se vean confundidos durante la votación. 
Apoyo buena parte de lo que ha dicho la Sra. Gebhardt en su intervención. 
A la vez, aprovecho esta oportunidad para felicitarla por su cumpleaños la semana que viene. 
Quizá no todos podamos estar con usted, pero espero que pase un día estupendo y que nos lo cuente después. 
Escuchando el debate sobre estos temas, a menudo se tiene la sensación de que cada país tiene el mejor sistema educativo del mundo. 
Una de las mayores ventajas de estar aquí en el Parlamento Europeo es quizás que se aprende cierta humildad al respecto. 
Deliberadamente le he dedicado mucho tiempo a la Comisión de Peticiones, que también trata las quejas de los ciudadanos, puesto que estoy de acuerdo con el Sr. MacCormick en que existen problemas para distintos tipos de profesores, cosa que también se puede aplicar a los gruistas de distintos países. 
Por ejemplo, personalmente he trabajado durante mucho tiempo con un gruista, el Sr. Holmström, de las Islas Åland, una zona de habla sueca. No logró obtener el reconocimiento en Finlandia del examen de gruista que hizo en Suecia. 
El distrito de protección laboral de Nyland siempre se ha opuesto a ello; imagino que gran parte de ustedes se sorprenderán de que haya tales problemas entre Finlandia y Suecia, dos países que sin embargo tienen mucho en común. 
Este es un ejemplo de cómo las personas creen que su sistema educativo es el mejor de todos. 
A la vez que agradezco a la Comisión su propuesta de una nueva directiva en el campo del mercado interior y de servicios, deseo lanzar unas palabras de advertencia. 
No podemos volver a actuar de tal forma que el movimiento transfronterizo sea más sencillo para las empresas que para los individuos. 
Demasiado a menudo el resultado de nuestra acción consiste en que los individuos no pueden tener libertad de movimiento ni acceder al mercado interior de la forma en que deseamos. 
Como hemos escuchado anteriormente, nuestro Grupo apoyará la propuesta de la Comisión en muchos aspectos. 
Deseamos también una directiva flexible, aunque, a diferencia de algunos de los otros Grupos, no deseamos que los anexos formen parte del texto. 
No obstante, me siento satisfecho de ver que se establecen normas sobre los requisitos lingüísticos que son más precisas que las presentadas por la Comisión. 
Señor Presidente, en primer lugar, cómo no, quiero felicitar a la Comisión por esta propuesta- y a su equipo, que ha tenido la paciencia de discutir con todos nosotros cada una de las enmiendas. 
Creo que esto es loable, porque no ocurre con frecuencia y quería citarlo aquí. 
También quiero felicitar al Sr. Zappalà por el trabajo que ha realizado, por tener que aguantar este enorme número de enmiendas, y también por su intervención en el Pleno, que creo que ha sido clarificadora. 
No cabe duda de que esta es una Directiva eminentemente importante para avanzar en la libre circulación, y recojo las últimas palabras de la Sra. Thors, que decía que no puede ser más fácil el establecimiento de empresas que el de individuos cuando van a ejercer una profesión. 
La libre circulación de profesionales dentro de la Unión es vital, y me alegro de que estemos hablando, además, del reconocimiento de la cualificación profesional de todas las profesiones, y no solamente de algunas. 
Creo que tanto derecho tienen los profesionales que alguna vez hemos llamado intelectuales, los ingenieros o aquéllos que tienen un nivel de estudios elevado, como aquéllos que tienen un menor nivel de estudios. 
Es cierto que ha habido muchos puntos controvertidos. 
Creo que la división entre la libre prestación del servicio y el libre establecimiento mediante el criterio de dieciséis semanas era muy difícil de justificar. 
Creo que ahí deberíamos establecer, como lo hemos hecho en comisión, una regla para cada profesión, puesto que no es lo mismo un guía turístico que un ingeniero cuando va a prestar el servicio por unas semanas en otro país. 
Debemos encontrar el equilibrio entre la libertad de circulación y la garantía de la calidad del servicio, así como la competencia leal entre quienes ejercen una profesión en el Estado miembro del que son ciudadanos y aquéllos que vienen de otro país a ejercerla. 
Hay otros aspectos que me parecen especialmente importantes, como establecer particularidades para cada una de las profesiones y algunas excepciones como hemos establecido- y cito el caso de los notarios-. 
En lo que se refiere concretamente a los ingenieros, yo también, como ingeniero, quiero señalar que las enmiendas que hemos presentado conjuntamente con el Sr. Harbour- de la 192 a la 196 -, establecen claramente esos niveles profesionales- de uno a cinco -, y hay otras enmiendas que apoyaré, junto con el Sr. Harbour, orientadas a determinar específicamente la profesión de ingeniero. 
Creo que algunos de los aspectos que ha introducido el Sr. Zappalà son prematuros, como se ha dicho en esta Cámara, y pido que se establezca una plataforma común para ingenieros. 
– Señor Presidente, hace unos 15 años, siendo un joven profesor, solicité y me ofrecieron una plaza en la Universidad Libre de Berlín. 
Debido al problema del reconocimiento mutuo de las cualificaciones, pasaron muchos meses antes de que pudiera tomar posesión de mi cargo. 
En mi opinión, esta directiva ha de garantizar que los profesionales no tengan que enfrentarse a la misma incertidumbre y a los mismos obstáculos que yo encontré para disfrutar del derecho, como ciudadano de la Unión Europea, a ejercer la propia profesión en el mercado único. 
Además, si se quiere que el nuevo plan del Comisario de liberar radicalmente el mercado de servicios transfronterizos tenga éxito, la libre circulación de profesionales cualificados es vital. 
En el sector sanitario se precisan salvaguardias específicas. 
Yo también he presentado enmiendas para abolir la norma de las 16 semanas. 
Doy las gracias al ponente y a la comisión por apoyar estas enmiendas. 
Es cierto que la norma podría haber permitido que falsos profesionales sanitarios y personas a quienes han prohibido ejercer por malas prácticas trabajaran en otro Estado miembro sin tener que registrarse en el órgano regulador del país de acogida. 
El Sr. Bowis ha mencionado el caso del Dr. Shipman, un médico de mi circunscripción que quizá haya asesinado hasta 200 pacientes después de obligar a algunos ellos a cambiar sus testamentos a su favor. 
Sin embargo, el propio órgano regulador del Reino Unido nunca prohibió al Dr. Shipman ejercer por malas prácticas y nunca lo consideró un problema. 
La salud y la seguridad de los pacientes deben ser primordiales, pero ello no ha de ser excusa para bloquear la libre circulación de profesionales. 
Sé que el Comisario Bolkestein es consciente de esta cuestión. 
En el Reino Unido, el legado de un Gobierno conservador supone una grave escasez de médicos. 
No tiene sentido poner barreras a la libre circulación, pero espero que la directiva definitiva logre un justo equilibrio entre permitir y promover la libre circulación de los profesionales sanitarios, además del reconocimiento automático de los derechos de más de 50 categorías de especialista médico, en particular los muy necesarios especialistas oncólogos, y que siga protegiendo la salud y la seguridad de los pacientes. 
– Señor Presidente, la nueva directiva reclama un régimen uniforme, transparente y flexible de reconocimiento de las cualificaciones profesionales para facilitar la libre circulación de personas cualificadas en la Unión Europea ampliada. 
Se basa en las directivas vigentes de sistemas generales y su objetivo es consolidar 15 directivas en un instrumento legislativo racionalizado y simplificado, que, esperamos, aclare los problemas de interpretación. 
Como tal es una directiva ambiciosa y trascendental, muy acorde con la agenda expuesta en el plan de acción de la Comisión para la competencia y la movilidad. 
No obstante, llega con una advertencia sanitaria. 
La promoción de la liberalización y la movilidad no debe lograrse a costa de la protección de la salud pública y de los consumidores. 
A este respecto celebro que se mantenga una clara separación entre los dos regímenes existentes para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales: el régimen sectorial que abarca siete profesiones regladas y un régimen general. 
Es importante que el grupo de normas más estrictas se apliquen a la prestación de servicios para regímenes sectoriales. 
Debemos destacar los ámbitos donde el grado de riesgo público exige un control previo de las cualificaciones para la primera prestación de servicios. 
Además, hemos de asegurarnos de que la lista de especialidades comprendidas en la propuesta sea suficientemente exhaustiva como para garantizar que se conceda el debido reconocimiento y la debida protección reguladora a las nuevas disciplinas, como la oncología médica, todo el ámbito de la investigación y el tratamiento del cáncer. 
Es importante que los profesionales móviles se den cuenta de que deben dominar la lengua de su país de acogida, ya que la capacidad para comunicarse es un requisito imprescindible para ejercer su profesión. 
En el ámbito médico, donde existen graves problemas de salud y seguridad, es especialmente importante que los pacientes puedan comunicarse con el médico en su propio idioma. 
Defiendo la idea de incluir una nueva sección especial para la profesión de ingeniería, tal y como ha introducido la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Sin embargo, en cuanto a la profesión de arquitectura, quiero llamar la atención sobre la cuestión del considerando 21. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha votado a favor de una enmienda presentada por Lord Inglewood que reconoce a los topógrafos la cualificación para diseñar edificios. 
El problema reside en cómo se interpreta la función de los topógrafos en la Comunidad. 
Fuera del Reino Unido e Irlanda no se encargan del diseño de edificios. 
Es preciso rectificar esta ambigüedad de la función y las responsabilidades de los topógrafos en toda Europa para garantizar un sistema armonizado y unas reglas de juego equitativas. 
Mi enmienda original sobre esta cuestión no se aprobó en comisión, pero su texto podría proporcionar una solución a este grave problema. 
Conserva el texto de la directiva de arquitectos, que forma parte del acervo comunitario, y garantizaría que se siga entendiendo del modo en que se interpreta esta disposición en virtud del nuevo sistema. 
Comparto la preocupación expresada por la Presidencia italiana y otros de que el calendario propuesto de acuerdo con los artículos 5 a 9 de la directiva sencillamente no es viable. 
Señor Presidente, Señorías, el propósito original de esta directiva era simplificar los asuntos, asegurar en el marco del programa «SLIM» (simplificación de la legislación en el mercado interior) que el número de textos legales europeos se reduzca a la mayor brevedad posible y que deben ser más fáciles de entender para los ciudadanos. 
Albergo grandes dudas sobre si realmente hemos acertado con esta propuesta de directiva. 
Como todos sabemos, durante décadas la Unión Europea tuvo directivas sectoriales viables para toda una serie de ocupaciones cualificadas, que se elaboraron específicamente para crear condiciones adecuadas de reconocimiento en dichas ocupaciones. 
Si ahora adoptamos un enfoque según el principio de que todas las directivas deberían agruparse en una sola que se aplique por igual a carpinteros que a cirujanos, entonces tengo el convencimiento de que nada sensato puede resultar de todo ello. 
Este es el motivo por el que la mayoría de mi Grupo quería mantener las directivas sectoriales. 
El hecho es que la mayoría de las quejas recibidas no se referían a los sectores regulados, sino a los que no lo están, es decir, los sectores no abarcados por las directivas sectoriales. 
No hemos conseguido que la comisión parlamentaria aceptara este punto de vista. 
El resultado es desde luego la aparición de un gran número de enmiendas, que introducirán cada vez más elementos de las directivas sectoriales en la directiva general. 
El resultado no se puede calificar de simplificación de la legislación en Europa, sino todo lo contrario: será más burocrática, más complicada, más difícil de entender y más ineficaz, todo lo contrario de «slim» ; yo la llamaría «thick» , para tomar prestada la palabra inglesa. 
Eso sin mencionar que obviamente no creo que sea una manera correcta de legislar para aprobar una directiva sobre especialistas médicos que todavía no se ha implementado en los Estados miembros, sino que se ha cancelado de nuevo y finalmente incorporado a esta directiva. 
En suma, las consultas se referían al final al deseo de prevenir lo peor en lugar de lograr algo bueno. 
Los resultados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior han evitado lo peor, aunque aún no ha conseguido nada bueno. 
Votaremos a favor de este resultado, dado que no ha sido posible lograr otra cosa. 
– Señor Presidente, intervengo sin haber asistido al debate porque tenía un compromiso anterior en la Mesa. 
Tras haber dirigido las labores de la comisión parlamentaria durante tanto tiempo, puedo afirmar que el asunto ha sido objeto de un debate minucioso y que ha sido analizado en profundidad, así como que se ha sometido al procedimiento que cabe exigir a tan importante disposición, una de las más importantes actualmente en estudio por parte del Parlamento. 
Comenzamos con una audiencia que duró todo el día y que llamó nuestra atención sobre los problemas tratados en profundidad por el ponente y demás miembros de la comisión –el Sr. Zappalà, el Sr. Lehne y otros, a quienes doy las gracias– y, a raíz de varios debates e intervenciones llegamos a la conclusión presente. 
Tenemos una gran ambición: queremos crear una normativa que rija todas las profesiones intelectuales. 
Creo que realmente estamos abriendo Europa al derecho de ciudadanía y a la organización cultural, a fin de que Europa no solo se pueda hacer realidad por medio de la moneda única y todas las demás medidas que estamos sacando adelante, sino sobre todo haciendo conscientes a los ciudadanos de la interconexión de las profesiones intelectuales: la posibilidad de realizar actividades profesionales del más alto nivel dentro de los diferentes Estados miembros y en el seno de diversas organizaciones europeas. 
El Sr. Zappalà ha sacado adelante esta directiva logrando un equilibrio que, hay que decirlo, difiere del de la Comisión, un equilibrio más próximo a satisfacer las demandas del mundo profesional y de sus ciudadanos, en cuyo punto central se halla, por encima de todo, la calidad de la información. 
Tenemos que garantizar que las profesiones estén cualificadas según los patrones más exigentes, de manera que, dentro de los Estados miembros, se acepte a los profesionales sobre la base de la cualificación que poseen. 
Creo que al hacerlo, estamos realizando una contribución notable a Europa y prestando un servicio a sus ciudadanos. 
Considero igualmente que la comunicación entre los distintos países europeos se concreta en este nivel: las profesiones intelectuales han constituido a lo largo de la historia –no solo en Italia, sino en todos los países– un punto de referencia importante en cuanto a la posición de un país. 
Por último, creo que las profesiones, una vez que queden encuadradas dentro una única definición en Europa, pueden realizar una contribución que solo puede ser superada por la Constitución, una vez sea ratificada. 
De todas formas, constituye una aportación importante a la Constitución y a la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con la vista puesta en el objetivo de Lisboa de convertirnos en la sociedad más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento en 2010, aquí no solo se trata de una cuestión de política económica e industrial, sino sobre todo de una cuestión de educación y formación. 
Otro ámbito de actuación es el funcionamiento del mercado laboral y la forma en que está cambiando por pura necesidad. 
En el punto de contacto entre los dos entornos se encuentran los esfuerzos por promover la formación de alta calidad y el perfeccionamiento, así como la protección del mutuo reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones profesionales. 
Por consiguiente, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión. 
En mi intervención de hoy quiero profundizar en un aspecto concreto, a saber, la igualdad, en cuanto al nivel y las condiciones, de las cualificaciones profesionales para los prestadores de servicios y para la libertad de establecimiento. 
Los requisitos de la actividad son los mismos, con independencia de que se hable de un servicio o un establecimiento. 
Las actividades no son diferentes. 
En consecuencia, no puedo entender por qué se ha previsto el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el establecimiento, pero no se contempla el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para la prestación de servicios. 
No considero que esta distinción sea acertada. 
El acuerdo presente puede incluso vulnerar el artículo 50 del Tratado CE. 
Dicho artículo permite prestar servicios en un Estado miembro de la UE en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales. 
Las condiciones incluyen la equivalencia de acreditación de cualificaciones, siempre que en el Estado miembro de acogida se exija dicha acreditación. 
A fin de eliminar este problema, les pido que voten a favor de la enmienda 213 presentada por el Sr. Zappalà y por mi. 
– Antes de ceder la palabra de nuevo al Comisario, hago saber que, con el fin de ahorrarle tener que dedicar todo su tiempo disponible a recitar cifras, el Acta integral contendrá la lista de todas las enmiendas que la Comisión tiene previsto aceptar en su totalidad o en parte con ciertas modificaciones o rechazar. 
La lista se añadirá al Acta, de forma que el Comisario no tenga que leer una retahíla interminable de números. 
. Señor Presidente, explicaré algunas cuestiones básicas que pueden interesar a los diputados al Parlamento, en particular las enmiendas presentadas por este Parlamento. 
Resumiré mi respuesta al término de este debate en cinco puntos. 
Primero, algunas enmiendas ponen en entredicho la legislación actual y, por lo tanto, son inaceptables. 
Esto afecta especialmente a la limitación del alcance de la aplicación de la directiva a las profesiones liberales, a la supresión del reconocimiento de las cualificaciones formales para muchos oficios y profesiones manuales, a la limitación del reconocimiento a las cualificaciones del mismo nivel y otros requisitos más restrictivos del reconocimiento. 
El segundo punto se refiere a la facilitación de la prestación de servicios transfronteriza. 
Una verdadera simplificación de la prestación de servicios temporales y ocasionales implica que haya menos formalidades. 
Los consumidores pueden recibir suficientes garantías mediante una información exhaustiva, y para las profesiones sanitarias pueden aceptarse declaraciones a las autoridades competentes y registros formales. 
En cualquier caso, el control formal de las cualificaciones por parte de los Estados miembros no es compatible con una verdadera facilitación de la prestación de servicios transfronteriza. 
En tercer lugar, la consolidación no constituye el marco apropiado para introducir nuevas disposiciones de armonización; para ello se requiere un estudio a fondo por parte de todos y una evaluación de impacto específica. 
En cuarto lugar, la ampliación justifica una organización más sencilla de los sistemas de reconocimiento. 
Los procedimientos comunitarios deben limitarse a medidas para toda la Unión, lo que justifica plenamente el nuevo enfoque del reconocimiento de las especialidades médicas y dentales que son comunes únicamente a algunos Estados miembros, lo que aumentará las posibilidades de que sigan desarrollándose. 
En quinto lugar, la ampliación también exige mecanismos de gestión más sencillos, en particular a través de un único comité de comitología. 
La Comisión está deseosa de contribuir a este objetivo mediante la creación de un grupo de expertos e introduciendo mecanismos de consultas más abiertos y flexibles con partes interesadas. 
La opinión de la Comisión sobre determinadas enmiendas, que, como todos sabemos, son muchas, se ha expresado por escrito y se divulgará en breve. (2) 
Además, confío en que los meritorios esfuerzos del Parlamento Europeo constituirán una buena base para ulteriores debates constructivos. 
Por último, quiero felicitar a la Sra. Gebhardt por su cumpleaños la semana que viene. 
Gracias, señor Comisario.El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar el 29 de enero de 2004. 
– informe (A5-0466/2003) de la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos [COM (2003) 446 – C5-0370/2003 – 2003/0170 (COD)] 
– informe (A5-0476/2003) del Sr. Purvis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el futuro de los fondos de cobertura y de los instrumentos derivados [2003/2082 (INI) ]. 
. Señora Presidenta, con respecto a estos dos temas, hablaré primero sobre el informe Kauppi y después sobre el informe Purvis. 
En cuanto al informe Kauppi sobre la asistencia mutua, la Comisión ha formulado su propuesta en respuesta al informe del grupo ad hoc sobre fraude fiscal. 
El grupo indicó que la Directiva básica, de 1977, debía modernizarse en vista de la creciente tendencia de las empresas a implantarse en varios Estados miembros y de las personas físicas a ejercer sus derechos de libre circulación contemplados en el Tratado. 
Sin embargo, las autoridades fiscales de los Estados miembros afectados deberían poder obligar a cumplir todas las responsabilidades fiscales que ser deriven de esos derechos. 
Las prácticas de evasión de impuestos e impago de impuestos entre fronteras violan el principio de fiscalidad justa, pueden distorsionar la circulación de capitales, afectan negativamente a las condiciones de competencia y menoscaban el correcto funcionamiento del mercado interior. 
Esta propuesta amplía las herramientas existentes a disposición de las administraciones fiscales. 
Acelera los procedimientos implicados en la obtención de información de las administraciones fiscales de otros países. 
Posibilita la realización de controles fiscales simultáneos en una serie de países donde opera una empresa multinacional, y permite notificar decisiones e instrumentos fuera del país en que ha devengado el impuesto, de modo que puedan abrirse expedientes sancionadores. 
Como medida concebida para combatir el fraude fiscal y el impago de impuestos, estoy seguro de que el Parlamento querrá apoyarla. 
Estos son mis comentarios iniciales sobre el informe Kauppi. 
En cuanto al informe Purvis, quiero decir lo siguiente. 
La Comisión celebra la decisión del Parlamento Europeo de elaborar un informe sobre el futuro de los fondos de cobertura y de instrumentos derivados. 
Quiero felicitar al ponente por esta iniciativa, que es muy oportuna. 
Permítanme primero abordar la cuestión de los fondos de cobertura. 
Tal y como se menciona en el informe del Sr. Purvis, los inversores por cuenta propia ya pueden acceder a varios productos de fondos de cobertura, bien directamente a través de listados del mercado de valores, bien indirectamente a través de notas estructuradas. 
Varios Estados miembros ya han presentado un régimen regulador de los fondos de cobertura para animar a esas empresas a establecerse bajo su jurisdicción. 
Sin embargo, tal y como menciona correctamente el Sr. Purvis en su informe, actualmente no hay ningún régimen que se adapte a las particularidades de los fondos de cobertura. 
Al menos hay dos cuestiones básicas: primera, cómo atraer a la UE las inversiones que hoy día se encuentran en su mayoría en paraísos fiscales. 
Parmalat, entre otras cosas, ha demostrado la importancia de esto. 
En segundo lugar, ¿qué nivel de protección precisan los inversores para este tipo de producto financiero? 
Sobre esta base, parece apropiado hablar de los posibles beneficios de un régimen regulador de ámbito comunitario para los fondos de cobertura. 
En cuanto a la segunda cuestión, los instrumentos derivados, estoy de acuerdo con que es otro asunto básico por tres motivos como mínimo. 
Primero, esta categoría de instrumentos financieros se está desarrollando a un ritmo creciente con una imaginación ilimitada en forma de nuevos productos En segundo lugar, la mayoría de ellos se comercializan en mercados no regulados que, por su misma naturaleza, son mercados peor supervisados que los mercados regulados por reguladores y supervisores. 
En tercer lugar, los riesgos que se asocian a estos instrumentos son potencialmente mayores por sus efectos de palanca. 
Sin embargo, en contraste con los fondos de cobertura, que en estos momentos no se contemplan en la legislación europea, los instrumentos derivados ya se han tratado en una serie de textos en diferentes contextos, como por ejemplo la contabilidad, ICITS, abuso del mercado, servicios de inversión o legislación bancaria. 
No parece muy necesario ni deseable crear un instrumento legislativo específico para los instrumentos derivados, pues es una cuestión horizontal. 
Lo mejor sería estudiar caso por caso la actualización de los diferentes instrumentos actuales de la legislación europea. 
Sin embargo, es preciso garantizar la plena coherencia fiscal. 
En ambos casos, los fondos de cobertura y los instrumentos derivados, el informe definitivo del Sr. Purvis constituye una guía útil para la Comisión Europea. 
En abril de 2002, la Comisión se comprometió a examinar específicamente las cuestiones de los instrumentos derivados y de los fondos de cobertura tras el escándalo Enron. 
Este compromiso se respetará y el informe del Sr. Purvis se tendrá debidamente en cuenta. 
La Comisión Europea también tendrá en cuenta las conclusiones que sacarán los grupos de expertos profesionales que se crearon a finales de octubre de 2003 para fijar prioridades posteriores a la conclusión del Plan de Acción de Servicios Financieros. 
Estos grupos de expertos pueden plantear estas dos cuestiones, entre otras, al amparo del primer informe previsto para abril de 2004. 
Es demasiado pronto para que la Comisión Europea adopte una posición final en torno a posibles medidas legislativas relativas a los fondos de cobertura o a los instrumentos derivados. 
Tendremos que analizar si el asunto Parmalat resuena en estos dos temas y estar atentos a los debates ya iniciados en los Estados Unidos sobre el registro de los fondos de cobertura para garantizar que no se distorsione la competencia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como pueden constatar no soy la Sra. Kauppi, pero ella es la ponente y yo no. 
Me ha pedido que hoy presente brevemente este informe en su nombre, ya que ha dado a luz hace una semana. 
En nombre de esta Cámara y en el mío propio, quiero transmitirle nuestra más calurosa enhorabuena. 
Ha sido madre de un niño robusto, ambos están bien y pretende compaginar lo antes posible el trabajo y la familia y reanudar sus labores en esta Cámara. 
¡Felicidades, Piia, con nuestros mejores deseos! 
Volviendo a su informe sobre la propuesta de la Comisión, puedo afirmar que no critica a la Comisión, ni plantea ningún motivo de preocupación sobre la forma de proceder de esta, sino más bien en cuanto a la manera de actuar del Consejo. 
En esencia, la propuesta de la Comisión pretende lograr en el ámbito de la imposición directa lo que ya se ha propuesto en otra parte para la imposición indirecta. 
Las principales innovaciones consisten en la introducción de la posibilidad de que dos o más Estados miembros puedan realizar controles conjuntos cuando un sujeto pasivo opere en más de un Estado miembro, es decir, se trata de una cuestión de sentido común y una configuración correcta del mercado único. 
Un segundo punto es la simplificación del procedimiento y un tercero, la eliminación de ambigüedades en el texto actual que, como hemos escuchado, cuenta ya con más de 25 años y cualquier persona que tenga los ojos y los oídos abiertos sabe que en ese lapso de tiempo es mucho lo que se ha realizado y modificado. 
El problema principal es de procedimiento. 
Siguiendo su práctica normal, la Comisión ha fundamentado su propuesta en el artículo 95 del Tratado, lo que supone aplicar el procedimiento de codecisión a esta propuesta. 
El Parlamento siempre ha apoyado esta opción de fundamento jurídico, por razones que son fáciles de comprender, y me gustaría explicar además por qué, a saber, porque pensamos que la cooperación administrativa no afecta a la legislación fiscal en términos sustantivos, sino que más bien busca asegurar el buen funcionamiento del mercado único. 
Por eso respaldamos la posición jurídica de la Comisión y nos gustaría señalar que el Consejo ya ha decidido de forma unilateral en varias ocasiones adoptar el fundamento jurídico del artículo 93 o del artículo 94 del Tratado sin aducir razones convincentes, hurtando así al Parlamento el derecho de codecisión y subestimando la importancia de la medida para el mercado único. 
El caso más reciente atañía a dos propuestas de la Comisión sobre cooperación administrativa en el ámbito del IVA y una enmienda a la Directiva 77/799/CEE, respecto de la cual el Consejo ha vuelto a consultar recientemente al Parlamento acerca del cambio de fundamento jurídico. 
El Parlamento rechazó dicha petición el 2 de septiembre de 2003. 
Dado que prevemos que el Consejo también modificará el fundamento jurídico de la propuesta actual, la ponente no ve ninguna razón para modificar o reconsiderar su posición en esta coyuntura y por tanto sugerimos que el proyecto de la Comisión se apruebe en su totalidad tal como se propone sobre la base del artículo 95. 
Si lo hacemos, estaremos demostrando por amplia mayoría nuestra disposición, voluntad y decisión respecto de esta cuestión, ya que creemos que afecta al mercado único. 
. – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario por sus consideradas opiniones y espero, incluso si se remite a sus grupos de expertos, que tendrá en cuenta el hecho de que es muy probable que este ámbito merezca una legislación en el futuro. 
Repasaré las principales razones de nuestra opinión al respecto. 
El primer fondo de cobertura se creó en 1949 y, en estos momentos, se estima que los activos administrados en todo el mundo giran en torno a los 600 000 millones de euros. 
De estos, cerca del 15%, o 90 000 millones de euros, se administran en Europa. 
Aunque los gestores europeos de inversiones los administran, la mayoría siguen estando domiciliados en paraísos fiscales y legales. 
El interés por este tipo de inversión ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, donde han sido descubiertos por inversores importantes y no tan importantes. 
Ahora muchos inversores institucionales consideran aceptable invertir de esta forma. 
Este interés se ha extendido a Europa, especialmente porque muchos de estos fondos, debido a su buena disposición con respecto a la venta en descubierto y el apalancamiento de sus resultados, han funcionado bien en términos absolutos en los últimos tres años de rendimiento negativo de los mercados de valores. 
Los medios de comunicación se han enterado y este rendimiento aparece en las secciones de finanzas personales de los periódicos. 
En consecuencia, hay cierta preocupación de que inversores cada vez menos sofisticados se vean tentados a confiar sus ahorros a arriesgados fondos de cobertura de paraísos fiscales por un medio u otro. 
Aunque la mayoría de estos son perfectamente respetables, están bien administrados y gestionados, solamente existe un control reglamentario muy básico. 
A los reguladores de la UE les preocupan los riesgos que pueden correr, mientras que el sector de la inversión se siente atraído por las oportunidades comerciales para sumarse a esta tendencia. 
Nos parece que es un momento oportuno de introducir un régimen debidamente flexible en la Unión Europea que atraiga esos fondos a establecerse en jurisdicciones europeas. 
Esta opinión tiene una base adicional en las iniciativas de ciertos Estados miembros, que han introducido o estudian introducir estos regímenes favorables a escala nacional. 
Irlanda, Alemania y Luxemburgo son tres de esos Estados. 
Otra fuente de preocupación en el contexto de nuestros intentos por crear un mercado único europeo de capitales e inversiones, es que algunos Estados miembros imponen condiciones fiscales o legales que discriminan la inversión en fondos de esta clase en otros Estados miembros. 
Por lo tanto, proponemos que se establezca un régimen flexible distinto que pueda incluir las características de los fondos de cobertura, y también, de paso, otros vehículos de inversión alternativos que actualmente carecen de un domicilio legal adecuado en la Unión Europea. 
Buscamos un mecanismo que pueda proporcionar a estos vehículos un pasaporte de la Unión Europea sobre la base del reconocimiento mutuo. 
Estos fondos invierten en ámbitos como el sector inmobiliario, divisas y productos. 
Por supuesto, estas inversiones no son apropiadas para todos, al menos hasta que se entiendan y reconozcan los riesgos que comportan. 
Por este motivo, hacemos hincapié en la absoluta necesidad de la educación, de una información clara y directa y de un control regulador estricto de quienes venden y distribuyen estos productos. 
No hay motivos para negar a los ciudadanos europeos el acceso a estas interesantes oportunidades de inversión, pero creemos que sus intereses estarán más protegidos si están disponibles en jurisdicciones de la Unión Europea y están sujetas a una regulación apropiada. 
Asimismo, constituirán oportunidades para nuestros profesionales europeos de la inversión de mejorar sus aptitudes y crear empresas y puestos de trabajos de gran valor. 
También se atraerá capitales a nuestras empresas e industrias aquí en Europa, en lugar de Norteamérica y otras partes del mundo. 
Una parte específica de mi informe está dedicada a los instrumentos derivados. 
Se utilizan mucho en la empresa y la industria principal y en el mundo de la inversión. 
Si bien suelen ser tildados de instrumentos especulativos de alto riesgo, de hecho pueden utilizarse fácilmente, y así se hace, para limitar y reducir riesgos. 
Hemos determinado dos cuestiones principales –el Sr. Bolkestein ha identificado tres– que merecen nuestra atención. 
El sistema financiero mundial podría verse expuesto a riesgos sistémicos porque apenas contamos con algún medio, si es que hay alguno, de cuantificar todo el alcance de la exposición. 
Esto se aplica especialmente a instrumentos derivados especiales del mercado no oficial y que tienden a ser menos líquidos que los instrumentos derivados más convencionales. 
Asimismo, se aplica a derivados crediticios, cuyo uso se ha expandido rápidamente, ya que los bancos derivan, por motivos de adecuación del capital, sus activos a entidades no bancarias, incluidos, de paso, los fondos de cobertura. 
Por lo tanto, pedimos a la Comisión, y a las diferentes instituciones internacionales, que desarrollen medios apropiados para medir, supervisar y controlar estos instrumentos en circulación. 
– Señora Presidenta, empezaré con el informe Kauppi, y me sumo a las felicitaciones a la Sra. Kauppi por el nacimiento de su hijo esta semana. 
Tal y como se ha dicho, el título de esta directiva propuesta, que revisará la Directiva vigente de asistencia mutua, es ligeramente engañoso, dado que, de hecho, solo afectará a la fiscalidad directa y a los seguros, ya que la fiscalidad indirecta en forma de IVA e impuestos especiales se trata en otros instrumentos aparte. 
Era preciso hacer esta aclaración. 
El objetivo de esta propuesta es impedir que los evasores fiscales se escondan en otros Estados miembros mediante el establecimiento, con carácter voluntario, de disposiciones para la cooperación y el acuerdo mutuo en la aplicación de controles fiscales. 
Este será un paso adelante muy celebrado. 
La sustitución de un fundamento jurídico basado en el voto por mayoría cualificada –el artículo 95– por otro que exige el voto unánime del Consejo –los artículos 93 y 94 del Tratado– está muy en consonancia con la posición precedente sobre la legislación fiscal y, por fortuna, con la posición de mi propio Gobierno a este respecto. 
No es posible separar el elemento administrativo de los poderes fiscales, incluidas las disposiciones de asistencia mutua, de la prerrogativa de elevar los impuestos, y esto debería permanecer sujeto al voto unánime. 
Me centro ahora en el informe del Sr. Purvis. 
Le felicito por un informe equilibrado e informativo, independientemente de la decisión ligeramente extraña de vincular estos dos temas, los fondos de cobertura y los instrumentos derivados, en un único informe, pues el negocio de los instrumentos derivados está mucho más regulado en la Unión Europea que los fondos de cobertura. 
Tal y como se menciona en su informe, Irlanda ha sido un país muy activo y ha tenido éxito en la ampliación del acceso a los fondos de cobertura. 
Sin embargo, es preciso crear un marco regulador claro para garantizar una protección mínima de los inversores a la vez que se amplía la mísera cuota europea del 15% del total de activos de fondos de cobertura. 
Los IASI, instrumentos alternativos y sofisticados de inversión, o fondos de cobertura, como suelen llamarse, y los instrumentos derivados se han beneficiado en los últimos años de una tendencia a la baja de los mercados de valores, así como de la ampliación en el campo de los inversores que experimentaron los mercados de valores con el auge de la década de los años noventa, cuando los ámbitos de inversión que previamente habían estado casi del todo confinados a expertos financieros o gestores de fondos experimentados y cualificados se democratizaron a medida que particulares y grupos más pequeños, nuevos en el mercado, colocaban en aquel entonces su dinero en acciones. 
Estoy de acuerdo en que necesitamos un régimen regulador apropiado a escala comunitaria para los fondos de cobertura que los lleve a establecerse en la Unión Europea, en lugar de los paraísos fiscales, y proporcionar así las ventajas de un pasaporte europeo común mediante el reconocimiento mutuo. 
Sin embargo, debemos adoptar un enfoque adecuado de la normativa para proporcionar incentivos que promuevan la inversión en fondos establecidos en la Unión Europea en lugar de seguir empujándolos a los paraísos fiscales. 
La coordinación de los reguladores nacionales traerá más flexibilidad al mercado único, cosa que aplaudimos. 
En cuanto a los instrumentos derivados, apoyo el oportuno llamamiento a la Comisión a que presente un informe sobre su función en los mercados de capitales. 
– Señora Presidenta, el término «instrumentos alternativos y sofisticadosde inversión» es un término tan sofisticado que prefiero sustituirlo por la expresión «fondos de cobertura. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no considera especialmente maravillosos los fondos de cobertura en particular ni los productos derivados en general. 
Estos instrumentos tienen una utilidad indudable para cubrir determinados riesgos de inversión o riesgos asociados al comercio internacional. 
Sin embargo, dado que todos estos instrumentos financieros son altamente especulativos –en efecto, partiendo de un efecto de palanca muy limitado se pueden ganar sumas colosales–, conviene mantenerse en guardia. 
Mi Grupo apoya el prudente enfoque de la Comisión al respecto y estamos de acuerdo con el razonamiento que acaba de exponer el Comisario Bolkestein. 
Enron, Parmalat y otros escándalos nos recuerdan que los productos sofisticados encubren a veces delitos económicos muy sofisticados. 
La práctica quiebra del fondo de coberturaha revelado la magnitud de los riesgos. 
A comienzos del año 1998, LTCM disponía de 4 800 millones de dólares de fondos propios para compromisos por un máximo de 120 000 millones de dólares, es decir, un efecto de palanca de 25. 
El 23 de septiembre de 1998, el activo neto de LTCM había caído a 600 millones de dólares, frente a unos compromisos de unos 100 000 millones, es decir, un efecto de palanca de 167. 
El salvamento de LTCM, sin penalizaciones ni consecuencias para los administradores del fondo, evitó una reacción en cadena. 
Pero ¿quién puede garantizar que estos sucesos no se reproduzcan a una escala que excluya cualquier posibilidad de salvamento? 
El capital con que operaba inicialmente LTCM procedía esencialmente de bancos que, en principio, eran supervisados. 
Hay que reforzar, por tanto, las exigencias prudenciales impuestas a los bancos cuando sirven de contrapartida a los fondos especulativos. 
Como muchos de estos fondos están domiciliados en paraísos fiscales que no están regulados o apenas lo están, el medio más simple para contrarrestar los fondos de coberturadeseosos de mantenerse opacos sería hacer más difícil y costosa la refinanciación por los bancos que operan en los países amparados por los Acuerdos de Basilea. 
Los préstamos bancarios podrían limitarse estrictamente en proporción al colateral ofrecido por los fondos domiciliados en paraísos fiscales. 
Tanto el Foro de Estabilidad Financiera como la Organización Internacional de Comisiones de Valoreso el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria han formulado importantes recomendaciones y sugerencias al respecto, en particular en el informe Brok/Mayer de enero de 2000. 
Hasta la fecha, ninguna de estas propuestas se ha materializado. 
El informe del Sr. Purvis tiene por objeto traer de nuevo a Europa los fondos de coberturay abrir progresivamente sus productos a los «inversores moderadamente acaudalados». 
Personalmente no sé qué es un inversor moderadamente acaudalado, pero mi Grupo no está en contra de dicha apertura a condición de que haya mucha más transparencia sobre los fondos de coberturay de que los reguladores nacionales y, en el futuro, europeos autoricen y supervisen el proceso. 
En efecto, no hay que olvidar que en este bajo mundo, ganancias importantes significan por fuerza riesgos importantes. 
Terminaré, señora Presidenta, dando las gracias al Sr. Purvis por este informe, que en conjunto es muy constructivo. 
Le doy las gracias por su apertura de espíritu y le agradezco que haya aceptado algunos compromisos, lo que permitirá a mi Grupo votar a favor de su informe. 
Por último, quiero expresar asimismo mis felicitaciones personales y las de mi Grupo a la Sra. Kauppi por su informe, pero sobre todo por el feliz acontecimiento que se nos acaba de anunciar. 
– Señora Presidenta, conozco al ponente, el Sr. Purvis. 
Él cree en el mercado. 
Cuando se tienen tales creencias, la mejor opción es la reglamentación poco estricta, y la más laxa es, sin duda, la autorregulación. 
El Sr. Purvis justifica la existencia de mercados de instrumentos derivados haciendo referencia a la producción de aceitunas. 
En tiempos pretéritos, el precio de la aceituna se estabilizaba mediante acuerdos pactados de antemano. 
Sin embargo, las aceitunas en la Unión Europea constituyen un ejemplo válido de cómo funciona el mercado cuando no existe control, únicamente autorregulación. 
Según un informe del Tribunal de Cuentas, los productores están falsificando las cifras de producción en sus instalaciones de prensado, añadiendo aceite de nuez al de oliva o enviando ese mismo aceite a la UE al cobro sobre la base tanto del número de árboles como de la cantidad de aceite. 
El mercado funciona en los términos de los avaros, lo mismo que la inversión y los mercados de instrumentos derivados. 
Los nuevos instrumentos funcionan del mismo modo en que el aceite se extrae de las olivas. 
Las bolsas son las plantas de prensado del aceite para los instrumentos de los nuevos mercados, en los que se prensa dinero nuevo a partir del viejo. 
Los instrumentos derivados son los nuevos lubricantes que engrasan las ruedas de la maquinaria en el mercado de los especuladores. 
Los mercados financieros se supervisan en la actualidad de la misma manera que la seguridad nuclear, cosa que se ha debatido esta semana en el Parlamento: únicamente a nivel nacional. 
Los individuos responsables de supervisar las plantas nucleares son especialistas técnicos de máximo nivel, mientras que los encargados de la supervisión nacional de los fondos de cobertura y los instrumentos derivados no lo son. 
Debería existir un organismo de seguridad para las bolsas, lo mismo que hay un organismo de seguridad nuclear o, por ejemplo, una Agencia de Seguridad Marítima. 
Me hubiera gustado que el informe examinara más a fondo el papel del Banco Central Europeo como posible órgano de supervisión. 
Un régimen regulado de manera flexible y la autorregulación se basan en la moral de los especuladores y, como bien sabemos, los especuladores carecen de ética. 
Su estímulo es exclusivamente el ansia de dinero. 
Por consiguiente, las pensiones de jubilación de los empleados de las empresas en muchos países se hallan en grave peligro, como por ejemplo en el país del Sr. Purvis. 
– Señora Presidenta, a diferencia del orador anterior, me voy a ceñir sobre todo a la directiva de la que es ponente la Sra. Kauppi. 
La evasión fiscal se practica de manera profusa y posee una notable dimensión transfronteriza. 
El contrabando de tabaco, el peloteo del IVA y las cuentas bancarias opacas solo constituyen algunos ejemplos del repertorio de quienes no quieren dar al César lo que es del César. 
En la Unión Europea, pero también por ejemplo en Suiza y en los Balcanes, tenemos que pensar detenidamente en esfuerzos conjuntos para implantar una supervisión eficaz, especialmente para los contribuyentes que operen en diferentes Estados miembros. 
Las opciones planteadas en esta directiva en cuanto al control conjunto por parte de dos o más Estados miembros son, por consiguiente, de la mayor importancia. 
Así pues, nos referimos en concreto a una mejor cooperación entre las autoridades fiscales de cada uno de los Estados miembros. 
Se trata principalmente de cumplir la prerrogativa nacional de legislar en materia de impuestos y de su recaudación. 
La legislación fiscal constituye una responsabilidad nacional y así debe seguir siendo, ya que los impuestos están más íntimamente interrelacionados con la estructura social y la cultura dentro de cada uno de los Estados miembros. 
Sobre este telón de fondo, resulta sumamente chocante que el debate no gire en torno a un planteamiento eficaz contra el fraude fiscal, sino en torno a la cuestión del fundamento jurídico en que debe basarse esta directiva. 
Este Parlamento ha asumido, acertadamente, como fundamento el artículo 95 en casos similares para poder aplicar el procedimiento de codecisión. 
No se trata del contenido de la legislación fiscal, sino de una disposición de aplicación con respecto a la cooperación administrativa, que es necesaria en el mercado interior. 
Lo que la Sra. Kauppi predijo en la exposición de motivos de su informe, se ha producido entre tanto: el Consejo ha presentado recientemente una propuesta para modificar el fundamento jurídico. 
Yo la tildaría de respuesta instintiva; el Consejo ha vuelto a rechazar la codecisión sin ningún argumento claro. 
Ahora que la posición del Parlamento ha quedado confirmada el 2 de septiembre, esta propuesta corre también el riesgo de acabar ante el Tribunal de Justicia. 
Esto acarrearía un esfuerzo y un gasto innecesarios y, sobre todo, posiblemente grandes retrasos para una mejor cooperación entre las autoridades fiscales, que resulta necesaria de forma tan desesperada. 
Reto al Consejo a sobrepasar sus propias limitaciones. 
Volviendo a lo esencial: controles más eficaces de los contribuyentes que operan al otro lado de la frontera. 
Los evasores de impuestos saltan muy rápidamente de una base a otra. 
El tradicional intercambio de información probablemente no sea capaz de mantener el ritmo. 
En el caso de que un equipo conjunto de funcionarios de control pertenecientes a los países afectados pueda determinar el mal uso y la transgresión de la jurisdicción fiscal, cabe adoptar un enfoque de «donde las dan, las toman». 
La adhesión de diez nuevos Estados miembros aumentará sin lugar a dudas la necesidad de equipos de control transnacionales. 
Las fronteras abiertas a países con un aparato administrativo aún vulnerable constituirán, lamentablemente, un atractivo para los cazadores de primas que poseen tan escasos escrúpulos en materia de impuestos como en cualquier otro ámbito. 
Cuanto antes puedan combatir esto las autoridades fiscales al unísono, mejor. 
Señora Presidenta, huelga decir que tenemos que apoyar la persecución conjunta del fraude fiscal en Europa. 
Sin embargo, la UE sigue sufriendo las burlas de los profesionales del fraude fiscal debido a que nuestros sistemas son demasiado complejos. 
Estamos abriendo de par en par las puertas a tales defraudadores y al hacerlo, alentamos indirectamente el fraude fiscal. 
Si queremos hacer algo eficaz contra él, no solo necesitamos controles más eficaces y una cooperación estrecha, sino también leyes fiscales que resulten fáciles de comprender. 
Precisamos urgentemente una reforma de nuestro sistema del IVA, por ejemplo. 
El complejísimo sistema del IVA dual, en el que las ventas nacionales reciben un tratamiento distinto del de las ventas en la UE, constituye un factor primordial para la evasión relativamente sencilla de miles de millones en la UE al cabo del año. 
Por eso necesitamos un sistema de IVA más simple, que resulte más fácil de comprender y en el que todas las ventas en Europa reciban un tratamiento igual y no diferente, a fin de poder combatir realmente el fraude de manera eficaz. 
Ya se han presentado algunas propuestas al respecto; solo queda ponerlas en práctica. 
Por consiguiente, propongo que introduzcamos de una vez la tarjeta fiscal en el sistema del IVA y apliquemos a las ventas un tratamiento idéntico, no distinto, con objeto de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en cuanto a la eliminación del fraude fiscal. 
Señora Presidenta, Señorías, la conclusión principal del informe de la Sra. Kauppi es, sin lugar a dudas, la constatación de que las reglas que gobiernen la asistencia mutua en materia fiscal tienen que estar sujetas al fundamento jurídico consagrado en el artículo 95 del Tratado. 
De esta forma queda preservado el equilibrio institucional consagrado en este Tratado, así como, muy especialmente, las prerrogativas propias del Parlamento. 
En consecuencia, la cooperación administrativa no afecta la legislación fiscal en términos sustantivos, lo que significa que no necesita continuar supeditada al fundamento jurídico de los artículos 93 y 94. No obstante, lo que resulta crucial es la lucha contra la evasión fiscal, esencial para que el mercado único funcione satisfactoriamente, lo que la encuadra en el artículo 95. 
Así pues, respaldo la propuesta de la Comisión. 
En cuanto al informe Purvis, que se refiere a la definición de las reglas de la UE sobre las inversiones personales y que engloba una amplísima gama de productos financieros, parece absolutamente esencial cubrir el vacío actual en la legislación. 
De hecho, la ausencia de reglas claras relativas a tales inversiones se ha traducido en que se domicilien en paraísos fiscales. Esto perjudica inequívocamente a la UE en su conjunto y comporta unos riesgos mayores para los inversores más indefensos. 
Algunos Estados miembros se disponen a establecer sus propios regímenes jurídicos para acoger este tipo de inversiones. Por tanto, resulta absolutamente necesario intentar armonizar y coordinar de inmediato tales regímenes, subordinándolos al superior interés europeo. 
Conviene recordar que estamos hablando de productos de inversión innovadores que ofrecen unos beneficios sumamente atractivos, lo que significa que serán bien recibidos e estimulados por el mercado. 
El Parlamento ya ha estudiado el problema de los instrumentos derivados financieros, subrayando el importante papel que desempeñan actualmente en los mercados de capitales, y lo que es más importante, pormenorizando las ventajas y los riesgos implicados. 
Así pues, parece que el ponente tiene toda la razón al afirmar que resulta imprescindible desarrollar un régimen reglamentario que sirva de incentivo para los inversores con respecto a los fondos de cobertura. También acierta al señalar que la incertidumbre jurídica hace muy difícil utilizar los mercados de instrumentos derivados en los Estados miembros. 
El ponente sugiere asimismo que la ausencia de reglamentación sobre determinados tipos de instrumentos derivados, tales como los derivados del mercado no oficial, constituye una grave amenaza para los mercados y especialmente para las empresas financieras, que utilizan cada vez en mayor medida este tipo de inversión. 
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos, abordando estas preocupaciones concretas, representan una mejora notable del proyecto, garantizando una mayor cobertura del riesgo propio de tales prácticas de inversión, especialmente al establecer la obligatoriedad de facilitar información más detallada y exacta a los inversores. 
Por todas estas razones, los informes de la Sra. Kauppi y el Sr. Purvis que estamos analizando, así como las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, tienen que ser aprobados por esta Cámara. 
. Señora Presidenta, haré unos pocos y breves comentarios, primero sobre el informe Kauppi. 
Pero antes quiero unirme al Parlamento en la felicitación a la Sra. Kauppi por el nacimiento de su hijo. 
El fundamento jurídico es un aspecto importante. 
La Comisión ha fundamentado su propuesta en el artículo 95 porque cree firmemente que esta medida ha de adoptarse en el marco del procedimiento de codecisión. 
No obstante, tal y como había anticipado la Sra. Kauppi, el Consejo ha traspasado el fundamento jurídico a los artículos 93 y 94. Esto es muy lamentable. 
No es la primera vez que el Consejo actúa así. 
También lo hizo en relación con la Directiva 2001/44/CE, que se ocupa de la asistencia mutua en la recuperación de reclamaciones fiscales. 
La Comisión y el Parlamento lo han impugnado ante el Tribunal de Justicia, como lo han hecho en otros casos similares. 
Sin embargo, la opinión del abogado general ha sido favorable al Consejo. 
No obstante, la Comisión mantiene su postura en cuanto al principio, aunque tendremos que fijarnos en la resolución final del Tribunal sobre el asunto de la recuperación de impuestos para orientarnos en nuestras acciones concretas en relación con la propuesta que debatimos hoy. 
Ahora abordaré el informe Purvis, igualmente importante. 
El desarrollo de fondos de paraísos fiscales –en particular, pero no exclusivamente, los fondos de cobertura– es un motivo de verdadera preocupación debido a la absoluta falta de información en los mercados europeos y las autoridades financieras. 
Por tanto, compartimos la preocupación expresada por el Sr. Purvis y otros diputados al Parlamento. 
Hemos de encontrar la forma de abordar esa cuestión. 
Tal y como ha dicho el Sr. Purvis, a corto plazo sería bueno encontrar incentivos para atraer los fondos de los paraísos fiscales a la Unión Europea. 
Pero falta por ver si esto es necesario a largo plazo. 
A mi me inquieta especialmente que estos enormes fondos de paraísos fiscales escapen a nuestra supervisión y control. 
Si bien por un lado es importante tener un mercado financiero líquido para que el coste del dinero no sea superior al necesario, por otro lado no deberíamos dejar que esta situación siga sin control mucho más tiempo. 
Dicho esto, no es tan evidente el método que seguiremos para abordar este problema. 
Si los diputados –el Sr. Goebbels, el Sr. Purvis u otros– tienen alguna idea de cómo regular estos fondos de paraísos fiscales, entonces me gustaría conocerla y volver al Parlamento en otra ocasión para comentarlas. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a mediodía. 
. – Señor Presidente. La enmienda oral propone sustituir las primeras palabras del apartado 1 «Se congratula de» por las palabras «Señala que» , añadiendo también lo siguiente al final de la enmienda 11: «considera que la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos no puede dar lugar a una política represiva orientada contra los inmigrantes en situación irregular, sino que ha de dirigirse, en cambio, contra los traficantes y empleadores que se aprovechan de la situación». 
. – Señor Presidente, en cuanto al apartado 3 he pactado una enmienda de transacción con los Grupos del PSE y ELDR, así como con mi propio Grupo, para añadir lo siguiente a las palabras «inversores por cuenta propia» : «si las diferentes autoridades reguladoras a nivel europeo preconizan que es apropiado». 
. – Con respecto al apartado 27, estoy de acuerdo con los Grupos Socialista y Liberal en que debemos sustituir las palabras «elevada cobertura de capital propio» por «adecuada cobertura de capital propio» y eliminar las últimas palabras: «como ha sido el caso en numerosas crisis de todo tipo, entre ellas la del fondo LTCM». 
(1) 
. – Estamos a favor de la supresión del impuesto sobre el valor añadido, porque es un impuesto especialmente injusto y defendemos su sustitución por un impuesto muy progresivo sobre las rentas y un elevado impuesto sobre los beneficios. 
Aunque somos contrarios a los impuestos, no queremos poner obstáculos a que se prorrogue la reducción del tipo de IVA para determinados sectores, aunque la elección de los sectores beneficiarios de esta medida sea arbitraria y restrictiva. 
Hemos votado a favor de este informe por esta única razón, pero este voto no significa ningún apoyo al sistema de impuestos indirectos en general y al IVA en particular. 
(PT) El 23 de julio de 2003, la Comisión hizo pública una propuesta sobre la reforma del sistema de los tipos reducidos del IVA, con vistas a la racionalización del sistema, en el marco de una transición hacia un régimen definitivo que pusiera fin al experimento de aplicar un IVA reducido a determinados servicios intensivos en mano de obra (Directiva 1999/85). 
Esta propuesta fue rechazada por el Parlamento en diciembre de 2003 y el Consejo no logró alcanzar una decisión unánime sobre la propuesta. La Comisión se ha visto, por tanto, obligada a presentar una propuesta para prorrogar el experimento actual otros dos años hasta finales de 2005, lo cual merece nuestro apoyo. 
Así podemos garantizar flexibilidad fiscal a los Estados miembros, que deben conservar la libertad de elección a la hora de ejecutar las políticas sociales y culturales que incluyan la posibilidad de aplicar un IVA reducido a determinados sectores. 
Dentro del contexto del mercado interior, la armonización fiscal constituye realmente una equivocación, con repercusiones sobre la forma en que los Estados miembros financian sus presupuestos. Esto es particularmente válido para un país como Portugal, donde, en 1998, el 22% de los ingresos del Estado provenían del IVA y los tipos reducidos del mismo representaban el 37% de los ingresos generados por el IVA en los sectores afectados. 
Es importante realizar ahora, al final de la legislatura, una evaluación de la directiva que tenemos sobre la mesa. 
. – He aprobado el proyecto de resolución legislativa del Parlamento destinada a prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra, especialmente la construcción. 
El texto dista mucho de ser satisfactorio. 
No es más que un parche en comparación con el dictamen emitido por el Parlamento el pasado 4 de diciembre, que pedía que se hiciera permanente la aplicación del tipo reducido y se hiciera extensiva a la restauración y a los productos culturales. 
Pero al menos permitirá a los Estados miembros afectados prolongar una experiencia que ha demostrado sus efectos positivos sobre el empleo y la salud de las PYME y de los autónomos contemplados por estas medidas. 
La Comisión, a pesar de los estudios nacionales, no está convencida por los tres primeros años de experiencia. 
Esta prórroga debería tener el mérito de convencerla. 
Sin embargo, no podemos contentarnos con colmar las lagunas jurídicas de forma puntual. 
Quisiera que el Consejo tomara conciencia del impacto de estas medidas sobre la economía y la ordenación del territorio, adoptase la directiva enmendada por el Parlamento el pasado 4 de diciembre y dejase a la libre elección de los Estados la aplicación de tipos reducidos de IVA a la restauración. 
Acojo con agrado este informe, que solicita la aprobación por parte de la Comisión de la reforma del sistema de tasas reducidas del IVA, más concretamente en lo referente a la aplicación con carácter experimental de los tipos reducidos del IVA a determinados servicios intensivos en mano de obra. 
La Comisión ha modificado su propuesta, en sintonía con las enmiendas presentadas por el Parlamento el 4 de diciembre de 2003. 
El Parlamento sostuvo entonces que el período de aplicación con carácter experimental de los tipos reducidos, originalmente de tres años, tendría que prorrogarse otros dos años. 
Los Estados miembros que aplican actualmente un tipo reducido del IVA tendrán así la oportunidad de realizar una evaluación a fondo del sistema y estarán en condiciones de evitar un aumento significativo de los precios de los servicios afectados. 
Respaldo la opinión de la ponente de que esta directiva beneficiará a los usuarios y productores de servicios intensivos en mano de obra en Europa. 
He votado a favor. 
Acojo con agrado este informe sobre la propuesta de la Comisión con vistas a modificar la Directiva 77/799/CEE, que, como se explica en el informe, no plantea ninguna preocupación notable y solicita que la propuesta de la Comisión sea aprobada tal como se ha presentado. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión consiste en simplificar los procesos y subsanar ciertas anomalías en el texto de 1977. La principal innovación radica en que dos o más Estados miembros pueden efectuar controles conjuntos cuando un sujeto fiscal tenga actividad en más de un Estado miembro, evitando así que los evasores fiscales se refugien en otro Estado miembro. 
Coincido con la ponente cuando afirma que muy probablemente el Consejo modifique en cualquier caso el fundamento jurídico en esta materia, y que no existe razón alguna para volver a evaluar la posición del Parlamento. En el contexto de las dos propuestas de la Comisión relativas a la Directiva 77/799/CEE, el Consejo ha consultado al Parlamento acerca de la modificación de el fundamento jurídico. 
El Parlamento ha manifestado que este tipo de cooperación administrativa no afecta a la legislación fiscal en términos sustantivos, sino que busca garantizar el correcto funcionamiento del mercado único. Por tanto, no existe justificación para que el Consejo cambie el fundamento jurídico. 
He votado a favor. 
El sector de los servicios entraña un importancia especial para las grandes empresa de la UE, por cuanto las actividades industriales se están desplazando cada vez más a otras partes del mundo. 
El informe de la Sra. Kratsa se ajusta a las exigencias de la imposición de las condiciones de las grandes empresas en este sector y su contenido pone de manifiesto el modo en que la política neoliberal de la UE trata los problemas. 
El interés se centra en el aumento de la competitividad, en la armonización del sector de los servicios con una política de competencia y en la prestación transfronteriza de servicios, mientras se consagra el espíritu empresarial como la solución de todos los problemas del desempleo y el subempleo. 
También se fomenta el llamado «método de coordinación abierta» para las políticas nacionales, que no es más que un mecanismo para imponer la política de la UE sin aparente intervención de sus instituciones. 
Además, el informe elogia las nuevas formas de trabajo, el empleo a tiempo parcial y temporal, pero se refiere hipócritamente a la mejora de su calidad. 
Aprueba la elevación de la edad de jubilación y llama la atención sobre las consecuencias «beneficiosas» de la privatización de los servicios de interés general. 
Huelga decir que no se han omitido las fórmulas habituales de mejora de la situación de las mujeres y los discapacitados y de utilización de las nuevas tecnologías. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia han votado contra del informe. 
Este informe, referente al tema de la creación de empleo en el sector de los servicios, contiene algunos elementos positivos, tales como el reconocimiento de la valiosa contribución que un sector de servicios altamente desarrollado y dinámico puede efectuar a la producción de estos, o el llamamiento a promover políticas de apoyo a sectores de servicios concretos, resaltando las ventajas de tales políticas y tomando en consideración las necesidades de las diferentes regiones. Sin embargo, también ahonda en los aspectos complejos del Consejo de Competitividad, al que invita a conceder una prioridad mucho más alta a la creación de un mercado interior de servicios, sin establecer diferencias entre servicios públicos y de otro tipo. 
El informe formula algunas observaciones importantes, criticando las condiciones de trabajo en ciertas zonas, los salarios bajos, los bajos niveles de cualificación, la discriminación, sobre todo contra las mujeres, y la presión sobre los servicios públicos, debido a los recortes presupuestarios en el sector social. 
Pero no expone ninguna propuesta coherente sobre la forma de subsanar estos problemas. 
La posición que adopta el informe oscila continuamente y no manifiesta de manera clara cómo pretende garantizar de modo eficaz la creación de empleo y los derechos de los trabajadores en los distintos ámbitos de servicio, ni adopta una postura firme en defensa de los servicios públicos de alta calidad. 
Por eso he optado por la abstención en la votación final. 
He votado a favor, ya que respaldo la iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y el informe de la Sra. Kratsa. 
La importancia del sector servicios como elemento clave en la creación de empleo se puede ilustrar sobradamente mediante simples estadísticas. 
En 2000, los servicios representaron el 68,8 % del empleo global en la UE, mientras que en 1991 esta cifra apenas era del 62,7 %. 
Estas cifras son todavía más reveladoras si se las compara con los Estados Unidos, donde el sector de los servicios representa el 80% de la actividad económica y el 80% de la mano de obra. 
El sector de los servicios actúa de catalizador del crecimiento futuro y las oportunidades que ofrece deberían explotarse al máximo. 
Por tanto, estoy de acuerdo con la ponente cuando insta a la Comisión a publicar un Libro Blanco sobre la consecución de un auténtico y eficaz mercado interior de servicios a la mayor brevedad posible, en el que se haga hincapié en la inversión pública y privada en investigación y desarrollo y que suponga una apuesta seria a favor de las PYME como fuerza motriz. 
Me complace en particular la idea de que la inversión más importante actualmente se dedica al factor humano, a hombres y mujeres, dado que la educación y la formación –junto con la difusión de las nuevas tecnologías– constituyen el principal ingrediente de una política eficaz de innovación en el sector de los servicios y del loable objetivo de creación de empleo. 
Señor Presidente, hemos votado contra el informe sobre inmigración, integración y empleo del ponente Sr. Moraes, aunque es un excelente trabajo. 
Ello se debe a la intransigencia de algunos colegas del Grupo Parlamentario Socialista a quienes creo que preocupan menos las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes que la utilización política y, acaso, la rentabilidad partidaria de los mismos. 
Para la comisión competente, Empleo y Asuntos Sociales, y por el contenido de la Comunicación "inmigración, integración y empleo", no era el momento de elevar a cuestión clave el posible derecho a votar en elecciones locales o europeas, aparte de que este último parece regulado en el Tratado. 
Por otra parte, este asunto está regulado en cada Estado miembro. En España, en el apartado 2 del artículo 13 de la Constitución, y el principio de reciprocidad, en los tratados de cooperación y amistad con Chile, Venezuela, Argentina o Uruguay. 
Tampoco es admisible la regularización automática que proponía Izquierda Unida Europea, en su enmienda 13, para todos los que carezcan de autorización de residencia. 
Ello equivaldría, señor Presidente, a una invitación a la inmigración ilegal, y, en breve plazo, a crear en los Estados de acogida una situación igual a aquella de la que tratan de salir los inmigrantes que llegan a Europa. 
Como no es posible, acojamos a cuantos podamos con el espíritu de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: " La dignidad humana es inviolable. 
Será protegida y respetada ". 
El Grupo Popular habría querido votar a favor del informe Moraes, porque nos preocupan las condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes en la Unión Europea: su salario, su salud laboral, su trabajo. 
Porque queremos su integración y la de sus familias e hijos, porque nos preocupa la situación de la mujer inmigrante, porque apostamos por la convivencia intercultural en barrios, ciudades y centros de trabajo. 
Lástima que la intransigencia de algunos integrantes del Grupo Parlamentario Socialista y el deseo de rentabilidad política partidaria hayan impedido al excelente informe del Sr. Moraes tener el voto que su calidad se merecía. 
Hemos votado a favor de este informe porque su contenido es sólido. 
Sin embargo, no aprobamos el contenido de una de las enmiendas al informe. Pretende solicitar a los Estados miembros que legalicen automáticamente la situación de los inmigrantes que trabajan sin permiso de residencia. 
Lo consideramos una invitación directa a las personas fuera de la UE para que intenten emigrar ilegalmente en la UE y también somos conscientes de los riesgos de degradación social que acarrearía una situación así. 
. Creemos que la UE debería contar con una política de asilo e inmigración común. 
Lamentamos que el informe no establezca ninguna distinción entre las zonas de inmigración que deben tratarse a nivel europeo y las que deben serlo a nivel nacional. 
Creemos asimismo que el planteamiento de conceder la ciudadanía cívica no añade nada de valor sino que, más bien, acrecienta la confusión conceptual. 
Resulta inaceptable que se conceda al planteamiento la significación que le confiere el informe, ya que eso significa que no se respeta el derecho de los distintos países a determinar por su cuenta las leyes electorales. 
Todo país tiene el derecho a decidir por sí mismo qué ciudadanos de terceros países podrán participar en las elecciones nacionales, con independencia de que se trate de elecciones locales o europeas. 
. – He votado en contra del informe Moraes, que recoge las orientaciones irrealistas de la Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo. 
En este documento, todo está sesgado a favor de una inmigración más amplia, «fuente de enriquecimiento cultural y social» , que contribuiría al espíritu empresarial, a la diversidad y a la innovación, con una incidencia económica positiva sobre el empleo y el crecimiento (página 10). 
Si todo va tan bien, nos preguntamos por qué el ponente, al igual que la Comisión, está preocupado por los inmigrantes «de la segunda y tercera generación (... ) que todavía se enfrentan a la exclusión social, económica o política» (considerando E) , y por qué es necesario tomar tantas medidas voluntarias de integración (muchas de las cuales no harían sino aumentar el número de inmigrantes). 
La verdad es que el volumen de inmigración que admitimos no obedece a las necesidades de nuestra economía y a las capacidades de acogida de nuestra sociedad. 
Integrar a los inmigrantes supone unos costes enormes, de los cuales nadie se atreve a informar a los ciudadanos, y menos que nadie la Comisión en su Comunicación. 
De todos modos, nadie está dispuesto a asumir esos costes, de modo que, en la mentira y en la inconsciencia, la inmigración deriva hacia un desastre social general, para nosotros y para los países de origen. 
. – Este informe contiene buenas propuestas para resolver los problemas cruciales de los Estados miembros y de nacionales de terceros países que desean vivir y trabajar en nuestros países. 
Sin embargo, la propuesta de Resolución contiene exageraciones e irregularidades. 
Pienso que los inmigrantes legales pueden constituir una aportación valiosa para el mercado de trabajo, pero hay que tener en cuenta la situación en el mercado de trabajo de los Estados miembros, a quienes corresponde pronunciarse sobre la inmigración de nacionales de terceros países como trabajadores. 
Cuando a principios del decenio de 1990 concedimos el derecho de voto en las elecciones locales y europeas a los ciudadanos de los Estados miembros a condición de que residieran en el país de que se tratase, dicho ejercicio se basaba en la reciprocidad: un portugués puede votar en Luxemburgo y yo puedo votar en Portugal en las mismas condiciones. 
Pedir exactamente el mismo trato para los nacionales de terceros países equivale a ignorar esta reciprocidad. 
¿Por qué un argelino iba a poder votar en mi país cuando yo no podré votar en Argelia en las mismas condiciones? 
Subsidiariedad obliga. 
Culpabilizar a los Estados miembros que no concedan estos derechos a los inmigrantes de terceros países es ir demasiado lejos ya que, implícitamente, se les trata de racistas. 
. La delegación del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) , que considera importante la actuación europea en los campos de la inmigración y las oportunidades de empleo, votará a favor del informe Moraes. 
Sin embargo, no va a votar a favor de todas las enmiendas presentadas, algunas de las cuales violan el principio de subsidiariedad, siendo un ejemplo de ello la interferencia europea en las elecciones locales. 
No nos hagamos ilusiones: junto a una nueva actitud de iniciativa en política familiar, la gestión de las corrientes migratorias constituye una respuesta al problema del envejecimiento de la población y la disminución de la población activa en la UE. 
Como ha concluido la Comisión, la gestión de las corrientes migratorias es vital si queremos evitar un estancamiento del crecimiento económico y una disminución de nuestra calidad de vida. 
Por tanto, es de apreciar que la Comisión haya sido capaz de identificar los campos en los que puede resultar beneficiosa una actuación europea coordinada, sin olvidar las distintas realidades y sensibilidades nacionales: integración en el mercado laboral, reconocimiento de la cualificación de los inmigrantes, capacidades lingüísticas y educativas, alojamiento y temas urbanos, servicios sanitarios y sociales e integración social y cultural. 
También me complace la incorporación del planteamiento de la «ciudadanía cívica» , permitiendo a los inmigrantes legales disfrutar de una condición que les confiere un sentimiento de pertenencia. 
La integración es un factor esencial en la cohesión social que depende de factores tales como la educación, la lengua y la participación cívica. 
Por último, me satisface la afirmación de que «la inmigración no puede verse únicamente en términos de potencial económico» , lo cual sugiere una política de profunda sensibilidad humana que además está en sintonía con la realidad social. 
Tal como propugna el Partido Popular de Portugal (CDS/PP) , «rigor en las entradas, generosidad y humanidad en la acogida y la integración». 
Los textos debatidos se refieren a los escasos inmigrantes que conseguirán superar los controles de los guardias de fronteras y los registros electrónicos con nuevos datos biométricos; no a los inmigrantes que llegan en vuelos chárter europeos, condenados a hacer cola para convertirse en inmigrantes «legales». 
Incluso para estos inmigrantes, las condiciones para adquirir el permiso de residencia, al menos en Grecia, son prohibitivas. 
En otras palabras, la gente que ha residido en Grecia durante 10, 20 ó 30 años continuará siendo ilegal. 
La clase gobernante quiere que sean ilegales para hacerles chantaje físico y psicológico. 
Los textos admiten, con cinismo, que los inmigrantes son útiles como forma de atacar el problema demográfico de la UE, de satisfacer las necesidades de mano de obra mayoritariamente no cualificada y de llevar a la práctica los objetivos de Lisboa. 
La resolución advierte que «la gestión de la inmigración no debe significar evitar las necesarias reformas de los mercados laborales de la UE... para aumentar la empleabilidad y la adaptación global al cambio económico». 
El objetivo consiste en explotar al máximo a los inmigrantes, de manera que las formas flexibles de empleo y la depresión de los costes laborales para beneficio de los monopolios unificadores puedan encajar más fácilmente en el orden laboral de la UE y las medidas represivas resulten más sencillas de aceptar por la gente, en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal. 
Por estas razones, el Partido Comunista de Grecia no ha respaldado la resolución. 
Este informe aborda la delicada cuestión de la inmigración, la integración y el empleo. 
El texto plantea aspectos importantes, tales como las corrientes migratorias, la mejora de la integración de los inmigrantes y la necesidad de cooperar con los países de origen. 
Son temas decisivos para los mercados de trabajo y para el crecimiento económico en todos los Estados miembros. 
Este informe podría haber merecido nuestro voto si no fuera por la aprobación de un gran número de enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que añadiendo poco a la esencia del informe, lo han convertido en un documento de izquierdas y no en un compromiso aceptable para la totalidad del Parlamento. 
Por tanto, he votado en contra. 
.– La integración de los migrantes, ya sea económicos o humanitarios, es un desafío fundamental para nuestras sociedades: de hecho, el éxito de nuestra política de inmigración se medirá por el éxito de nuestras políticas de integración. 
Debemos construir un contrato de valores entre nuestras sociedades y las comunidades étnicas que albergan. 
Es un asunto de todos. 
Hemos de acoger a los inmigrantes y respetar su diversidad de culturas, religiones y tradiciones. 
Por su parte, ellos han de aceptar nuestros valores tradicionales tal como se recogen en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales: respeto de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la igualdad entre hombres y mujeres, y de la libertad religiosa. 
Estos valores no pueden ponerse en entredicho en ninguna circunstancia. 
La consigna es «diversidad en la unidad». 
Si se quieren reforzar las políticas de integración, hay que emprender una reflexión sobre un concepto de ciudadanía cívica para los nacionales de terceros países. Dicho concepto englobaría un conjunto de derechos y responsabilidades: la igualdad de trato en el ámbito social, económico y político, y en materia de condiciones de trabajo, así como el derecho de voto en las elecciones locales y europeas. 
. La delegación moderada cree que una UE sin fronteras interiores exige una administración eficaz y coordinada de las fronteras exteriores de la UE con vistas, por ejemplo, a combatir la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y drogas y otros delitos, así como para gestionar las corrientes migratorias. 
Aquellos Estados miembros que precisan ayuda para controlar sus fronteras tienen que estar en condiciones de recibirla, una vez solicitada por las autoridades responsables de dichos países. 
Las autoridades nacionales tienen que seguir siendo responsables de la administración y el control de las fronteras de los Estados miembros en la UE. 
En virtud de las razones expuestas hemos optado por abstenernos en la votación. 
Por lo demás, respaldamos el contenido del informe. 
. – La Comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal, objeto del informe Pirker, quiere integrar con razón en un mismo procedimiento varios documentos sobre diversos temas: lucha contra la inmigración ilegal, contra la trata de seres humanos, gestión de las fronteras exteriores, política de retorno de residentes ilegales, etc. Ya era hora. 
En este marco, buen número de propuestas avanzadas son dignas de aprobación. 
Señalaremos en particular la relativa a la implantación de un Sistema de Información de Visados (VIS) destinado a desbaratar el fraude, en particular mediante la utilización de datos biométricos. 
También en este caso, ya era hora. 
Por otra parte, este sistema de información debería ir mucho más allá, y permitir comprobar que los visitantes que han entrado vuelven a salir efectivamente a la expiración del visado. 
Del mismo modo, parecen excelentes las medidas tendentes a establecer la cooperación entre países para apoyar aquellos cuyas fronteras exteriores estén más amenazadas. 
En cambio, el conjunto está contaminado por la obstinación de la Comisión en implantar un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores, cuyo fundamento jurídico aportará el proyecto de Constitución (artículo III-166). 
Al contrario, hay que reafirmarlo, los Estados deben ayudarse mutuamente, pero cada cual ha de seguir siendo dueño de sus fronteras. 
. Aunque el informe contiene elementos positivos y necesarios, se queda corto en una serie de cuestiones fundamentales. 
Por ejemplo, no dice nada acerca de la necesidad de que los Estados miembros pongan en práctica una política para detectar a los inmigrantes ilegales. 
El efecto de la política de tolerancia y de naturalización (ya sea o no colectiva) en varios Estados miembros consiste en atraer más extranjeros que vivan allí de forma ilegal. 
Está muy bien eso de hacer pública la información en los países de origen a fin de disuadir a los posibles inmigrantes ilegales, pero si las políticas de un país continúan siendo permisivas (tolerando, por ejemplo, la ocupación de iglesias por parte de los inmigrantes ilegales a fin de atraer la atención de los medios de comunicación) , constituye una pérdida de tiempo y de energía. 
La mayoría de los inmigrantes ilegales no son «víctimas del tráfico de seres humanos» ; han llegado a Europa por voluntad propia, a sabiendas de que, en algunos Estados miembros, pueden disfrutar de una cierta seguridad social y de otros beneficios, a pesar de hallarse allí ilegalmente. 
En consecuencia, no son esas supuestas «personas en peligro» ; también es engañoso creer que la apertura de las fronteras a la nueva inmigración legal en un número limitado de sectores del mercado laboral va a frenar a los inmigrantes ilegales. 
La atracción así generada siempre será mayor de lo que cabe prever, y acabaremos contando con igual número de inmigrantes ilegales. 
Este informe contiene contradicciones notables, con algunos aspectos positivos, pero una multitud de ellos muy negativos. 
El informe dice, por ejemplo, que las víctimas de la trata de seres humanos no deben ser consideradas delincuentes, sino víctimas del delito, lo cual merece un aplauso. Pero ratifica la decisión del Consejo por cuanto los Estados miembros deberán hacer públicas unas cuotas de inmigración que podrían servir para fijar, a nivel de la UE, una posición común en las negociaciones sobre acuerdos de readmisión. 
El informe rechaza la idea de crear una agencia dedicada específicamente al control de fronteras, pero reafirma su apoyo a la creación de un cuerpo europeo de guardias de fronteras, constituido por unidades especiales y dotado de financiación de la UE. Sin embargo, señala que el cuerpo podría destacarse temporalmente, en caso necesario y a instancias de los Estados miembros, para ayudar a las autoridades nacionales a controlar segmentos de riesgo de las fronteras exteriores de la UE. 
Somos contrarios a la creación de un cuerpo europeo con competencias de los Estados miembros. Lo que defendemos es una política nacional más eficaz y una cooperación satisfactoria entre los Estados miembros. 
Por desgracia, algunas de las propuestas que hemos presentado no han sido aprobadas, en concreto la de rechazar cualquier sistema de cuotas de inmigración en respuesta a las necesidades de las empresas europeas, lo cual equivaldría a saquear la fuerza productiva de terceros países. 
Esto explica nuestro voto. 
He votado a favor de este informe porque creo que el crimen organizado, la inmigración ilegal, el contrabando y el tráfico de seres humanos constituyen una amenaza continua a la seguridad interna de la UE y exigen un refuerzo de la seguridad en las fronteras exteriores. 
Aunque se trata básicamente de un asunto nacional, que debe seguir siendo de competencia nacional, existe una necesidad apremiante de normas de seguridad igualmente elevadas en todas las fronteras exteriores de la UE. Esto exigiría un reparto de responsabilidades con la misión de dotar de seguridad a aquellos segmentos de tales fronteras que se hallen especialmente sometidas a riesgos, así como mejoras generales en la eficacia de las medidas sobre la base de la acción conjunta. 
Determinadas tareas deberán realizarse a nivel de la UE, a fin de apoyar, complementar o coordinar la labor de las autoridades nacionales. 
Estoy de acuerdo con el ponente en cuanto a la cooperación operativa y el intercambio de información acerca de la inmigración ilegal. Me complace igualmente la propuesta de la Comisión sobre la creación de un cuerpo europeo de guardias de fronteras, compuesto por unidades especiales y financiado por la Comunidad, que en caso necesario y a petición de los Estados miembros, podría destinarse temporalmente a ayudar a las autoridades nacionales a controlar los segmentos de riesgo de las fronteras exteriores de la UE, sin usurpar por ello las competencias de los Estados miembros. 
He votado contra el apartado cuatro, que ha sido aprobado por 277 votos a favor, 129 en contra y 47 abstenciones. 
El apartado apoya el desarrollo de un cuerpo europeo de guardias de fronteras, compuesto por unidades especiales, que estaría financiado por la Comunidad. 
En caso necesario y a petición de los Estados miembros, ayudaría temporalmente a las autoridades nacionales a asegurar ciertos segmentos de riesgo de las fronteras exteriores, sin usurpar por ello las competencias de los Estados miembros. 
No creo que la UE deba crear una nueva autoridad militar, sino que la responsabilidad deberá recaer, también en el futuro, en los respectivos Estados miembros. 
Sería mejor una mayor coordinación entre los Estados miembros, junto con la aceptación de una mayor cuota de responsabilidad por parte de sus Gobiernos. 
. – Tras estar sordos y mudos durante años, y no por culpa de no haberles avisado, el Parlamento y la Comisión se despiertan. 
Los Acuerdos de Schengen que suprimen los controles en las fronteras interiores de Europa tienen, pues, efectos perversos: aumento de la inmigración clandestina, del empleo ilegal, de la delincuencia y del tráfico de todo tipo. 
¡Solo que, en vez de tratar la causa principal de todos estos problemas, los escandalosos acuerdos de Schengen, nuestros dirigentes europeos atacan sus efectos! 
Este informe propone como solución mágica una política común en materia de inmigración, de visados y de controles en las fronteras, con la creación, en particular, de un «cuerpo europeo de guardias de frontera» , mermando así la soberanía de los Estados sobre su territorio. 
Para luchar contra la inmigración ilegal, el informe contempla el establecimiento de una «política activa de inmigración legal». 
Resumiendo, es como si se dijera que si hay demasiados inmigrantes ilegales, haremos que todos sean legalizados. 
El Gobierno francés es, en efecto, aficionado a esta técnica de prestidigitación. 
En realidad, estos textos no tienen importancia, porque recordemos que el tono en materia de lucha contra la inmigración ilegal se dio ya en la Cumbre de Sevilla de junio de 2002, donde se decidió, en particular bajo la presión francesa del Presidente Chirac, no tomar ninguna medida represiva contra los países de origen de los inmigrantes ilegales. 
La finalidad de esta Directiva, que data de 1996, consiste en eliminar obstáculos e incertidumbres respecto del desplazamiento de trabajadores, dentro del marco de la prestación de servicios, aumentando la seguridad jurídica y permitiendo la identificación de condiciones laborales que afectan a los trabajadores que desempeñan, temporalmente, una actividad en un Estado miembro diferente al Estado cuya legislación rige la relación laboral. 
La Comisión considera que, aun cuando la ejecución de la Directiva ha sido satisfactoria, algunos Estados todavía tienen pendiente su transposición completa y algunas empresas manifiestan que continúa habiendo dificultades en su aplicación. En consecuencia, los trabajadores siguen siendo objeto de discriminación. 
La Comisión ha creado un grupo de expertos, formado por funcionarios de los Estados miembros, con el fin de encontrar soluciones a los problemas que han surgido. 
Ahora hay que presentar propuestas para implantar métodos de control del incumplimiento, junto con sistemas y medidas de control para combatir la corrupción en los Estados miembros. 
Es necesario crear un registro europeo a nivel de empresa, que contenga información sobre las compañías que hayan sido multadas o sometidas a otras sanciones económicas dentro del contexto de esta Directiva. El principio de reconocimiento mutuo debe aplicarse también a las sanciones financieras vigentes, con el propósito de hacer que resulten más sencillas de aplicar más allá de las fronteras nacionales. 
Son enmiendas que respaldamos y estamos profundamente decepcionados por el hecho de que no hayan sido aprobadas. 
Esta es la razón de nuestra abstención en la votación final. 
La movilidad de los trabajadores ha provocado, sobre todo en determinados Estados miembros, la discriminación y con frecuencia los abusos. 
Tenemos que estar continuamente alertas en cuanto a temas como el salario mínimo, las vacaciones retribuidas, las disposiciones de subcontratación y la protección social de los trabajadores dentro del territorio de la UE. 
En este contexto, el informe de la Sra. Glase se centra en la revisión de las maneras en que se aplica la Directiva, en lo relativo al desplazamiento de trabajadores a otros Estados miembros de la UE dentro del marco de la prestación de servicios. Dado que la Directiva no lleva mucho tiempo implantada, resulta imposible en este momento efectuar una evaluación global y detallada de la situación, ni cuantitativa ni cualitativamente. 
Aplaudo también la creación por parte de la Comisión de un grupo de expertos encargados de encontrar soluciones a algunas de las dificultades que han surgido hasta el momento, sobre todo en relación con la información, el control del cumplimiento de la legislación de los Estados miembros en términos de transposición y ejecución de las sanciones. 
Al igual que la ponente, estoy a favor de una vigilancia continua y propongo que se presenten propuestas específicas para combatir eficazmente el problema del trabajo ilegal y otras infracciones. 
Los fondos de cobertura y los instrumentos derivados constituyen dos buenos ejemplos de hasta qué punto el aspecto financiero se ha convertido en el centro de la economía actual, en la que los flujos financieros tienen preferencia sobre la economía real. 
Su objetivo principal consiste en la especulación financiera y, en contraste con la pretendida finalidad de limitar los riesgos, en realidad incrementan los riesgos sistémicos del sistema financiero debido a que los grandes volúmenes financieros (se estima que solo los fondos de cobertura alcanzan cerca de medio billón de dólares) aumentan la volatilidad de los mercados de capitales. 
Los fondos de cobertura se hallaban detrás de la crisis que castigó al sistema financiero europeo en 1992 y detrás de la crisis asiática de 1997-1998. 
Estudios recientes del FMI han demostrado el impacto de las crisis financieras sobre la reducción de la producción mundial. 
Muchos de estos fondos están domiciliados en paraísos fiscales, lo cual también puede facilitar el lavado de dinero. 
Este informe, que nos vemos obligados a rechazar, está estructurado en torno al fomento del plan de acción para los servicios financieros y pretende estimular y apoyar estos instrumentos, refiriéndose a los fondos de cobertura como «instrumentos alternativos y sofisticados de inversión (IASI) ». 
Este apoyo implica reducir una reglamentación excesiva, aumentando con ello el grado en que queda liberalizado el marco regulador para estos fondos, cuando lo que en realidad se precisa es justamente lo contrario, a saber, la aplicación de un impuesto sobre la circulación de capitales, que no solo generaría unos ingresos para otras actividades, sino que contribuiría a combatir los movimientos puramente especulativos y a controlar estos instrumentos de forma más eficaz. 
Puedo entender la postura del ponente en cuanto a la ventaja de que exista, aunque de forma más bien limitada, un régimen regulado en el ámbito de los fondos de cobertura, término que cubre una amplio espectro de productos financieros que podrían denominarse «instrumentos alternativos y sofisticados de inversión (IASI) ». 
Los fondos que se trata de regular mediante este sistema quedarían así definidos, ya que estarían obligados a cumplir estas previsiones concretas. 
De hecho, el mercado de estos fondos está fragmentado en la actualidad por culpa de los diferentes regímenes reguladores, la ausencia de plataformas coherentes y regímenes fiscales discriminatorios. 
Como afirma el ponente, los regímenes fiscales y la ausencia de un único mercado regulador actúan como elemento de disuasión, siendo muchos los Estados miembros que imponen sanciones fiscales a los inversores que aplican su dinero en fondos de cobertura domiciliados en el extranjero. 
Bien es cierto que los inversores institucionales y privados están mostrando un interés creciente por estos fondos, pero carecen de vehículos adecuados en las jurisdicciones de la UE. 
Algunos Estados miembros están tratando de aplicar modificaciones legislativas de hondo calado a los fondos de cobertura. 
He votado a favor porque creo que los fondos de cobertura y los instrumentos derivados contribuyen a la eficacia y el autoequilibrio de los mercados financieros y tal vez resulte útil establecer un régimen regulador suave en un mercado global de libre circulación con reglas básicas... 
He votado a favor de la resolución sobre ayuda humanitaria para el Irán tras el reciente terremoto en Bam. 
El Parlamento Europeo ha reconocido que, a la luz de este desastre humanitario, resulta importante para las víctimas del mismo una ayuda rápida y eficaz. 
Cabe señalar que Portugal ha sido uno de los primeros países en enviar a la zona equipos de búsqueda y rescate, que han desempeñado una tarea admirable. 
También he votado a favor porque estoy de acuerdo en que debemos inclinarnos por la opción humanitaria, a pesar de las condiciones políticas existentes en el Irán, donde se reprimen las libertades democráticas y se impide a los expertos internacionales controlar los programas militares de desarrollo de energía nuclear. 
Sin embargo, el mensaje político transmitido por el Parlamento Europeo ha sido claro: las autoridades iraníes tendrán que corresponder en el futuro a este gesto de buena voluntad, que no llevaba asociada ninguna condición, procediendo a restablecer unas condiciones mínimas para el funcionamiento democrático del Estado, y autorizando que se realicen las pertinentes inspecciones internacionales necesarias de su programa nuclear. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia han rechazado la resolución, por supuesto no porque estemos en contra de la ayuda al Irán, sino porque el texto lo conjuga, de manera indisimulada y chabacana, con la coacción política. 
Los imperialistas de la UE no respetan nada; no muestran compasión alguna ante el sufrimiento y la desgracia humanas. 
Por mucho que así nos conste, no podemos evitar enfadarnos cuando leemos textos como el de hoy, sobre todo si están firmados por todos los Grupos políticos. 
Tampoco se olvida la resolución de proclamar la «generosidad» del Presidente norteamericano. 
Somos los últimos en apoyar el régimen iraní. 
Sin embargo, la solidaridad debe aplicarse en la dirección que el pueblo del Irán quiera y no en la que quieren los imperialistas. 
– Señor Presidente, lamentablemente la otra noche, mientras deambulaba en la oscuridad por casa, me fracturé el dedo meñique del pie izquierdo y, sin saber por qué, perdí la inspiración para dar la explicación del voto. 
Estoy muy preocupado. 
¿Es posible que la explicación del voto la den mis pies? 
– Creo que vamos a quedarnos ahí y desearle un pronto restablecimiento. 
Así que parece que ha sido su dedo pequeño del pie el que nos ha impedido oír su hermosa voz. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(2) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0478/2003) de la Sra. Mercedes Echerer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines (2002/2274 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea ya ha aprobado una serie de directivas en el campo de los derechos de autor. 
Eso ha sido bueno, acertado e importante. 
En mi opinión, el proceso de armonización ha fallado aquí a la hora de llevar adelante las reformas necesarias, ya que tanto la digitalización como la ampliación suponen unos retos que ha de afrontar esta política. 
Hasta ahí, todo en orden. 
Los derechos de autor se sustentan al menos sobre tres pilares, pero también sobre la aplicación y la protección de los derechos. 
Estos dos ámbitos han de acompañar a los derechos de autor. 
No pueden ni recuperar el tiempo perdido ni subsanar errores. 
Tenemos que seguir esperando a la directiva de aplicación. 
En estos momentos está siendo objeto de un vivo debate en el Parlamento y también ha sido discutida en un diálogo a tres bandas. 
Hasta ahora la Comisión no ha manifestado ninguna intención clara de emprender tales acciones en la protección de los derechos de autor. 
Se nos hizo una promesa hace algo menos de dos años. 
Durante mucho tiempo quedamos a la espera de dicha promesa. 
Entonces el Parlamento decidió tomar cartas en el asunto y no esperar al cumplimiento de tal promesa. 
Entretanto se ha producido un comunicado, que por lo visto se nos hará llegar a lo largo de las próximas semanas. 
Gracias por adelantado. 
Durante las vacaciones de Navidad, he leído en la prensa alemana que la Comisión está incluso pensando en una directiva en este ámbito. 
Se está demorando bastante, pero quizás resulte ahora una buena directiva. 
En primer lugar y antes de nada, quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que hay apoyado mi iniciativa desde el comienzo; la hemos discutido con minuciosidad durante largo tiempo y ahora quiero manifestar mi gratitud a todos los ponentes alternativos y a los dos ponentes de opinión. 
No solo han sido útiles, sino que han enriquecido notablemente la totalidad del proyecto. 
Como he dicho, ha sido un proceso largo. 
Nos hemos mostrado abiertos a las necesidades, problemas, cuestiones y sugerencias de todas las partes implicadas y las hemos debatido en profundidad con ellas. 
Lo de todas las partes implicadas también comprende al mercado único, la competencia y los sectores de la sociedad de la información, ya que los derechos de autor constituyen un instrumento esencial para los creadores y para los propietarios de los derechos; es algo que desde un principio estaba fuera de toda duda. 
Me gustaría resumir muy brevemente los aspectos más importantes expuestos en el informe. 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior opinábamos que existía una necesidad de medidas apropiadas, como he dicho al comienzo, no solo a consecuencia de la ampliación, sino realmente para crear un único mercado europeo para los productos protegidos por los derechos de autor y demás derechos afines. 
Estuvimos también de acuerdo en que, al hacerlo, debíamos permanecer fieles a los principios de los derechos de autor. 
Quiero mencionar aquí solo tres factores fundamentales, la participación adecuada y leal en la cadena de valor, que toda utilización debe ser remunerada de forma apropiada de acuerdo con la ley aplicable y, por último, el principio de territorialidad de los derechos de autor. 
Pedimos a la Dirección General de la Competencia que se siga ocupando de la concentración vertical de los medios de comunicación y de producción dentro de los medios, y que lo haga con redoblados esfuerzos, tal como lo hizo a comienzos de este periodo legislativo. 
También pedimos a la Dirección General de la Competencia de la Comisión que se ocupe de los canales de distribución, sobre todo en los medios de comunicación, y de la posición dominante de ciertas ramas de la industria en este campo, así como de investigar los casos de abusos, sin dejarse llevar por un exceso de celo. 
Además, la gestión de derechos digitales –a todos nos suenan las siglas DRM– constituye un paso muy válido e importante en la dirección correcta. 
Todos haremos mayor uso de esta DRM, pero no alcanzará el éxito apetecido sin la interoperabilidad. 
Y además debemos ser conscientes de que la DRM no será, lógicamente, la solución para todos los problemas. 
En cuanto a las propias sociedades de gestión colectiva, abogamos por unos estatutos y unas prácticas comparables y compatibles. 
Si todavía no lo han hecho, queremos que especifiquen que su función consiste en ser fideicomisarios. 
Proponemos también que sus actividades estén legitimadas por estructuras democráticas y, por encima de todo, por una relación equitativa y equilibrada entre los grupos de propietarios de derechos implicados dentro de una entidad de gestión colectiva. 
Hemos detectado que aunque las sociedades de gestión colectiva dispongan de mecanismos de control, no siempre son compatibles al otro lado de la frontera y algunos de ellos no son muy eficaces. 
Existen ejemplos en los dos extremos, tanto positivos como negativos. 
Así pues, solicitamos mecanismos de control independientes, eficaces, transparentes y expertos que comprendan todos los aspectos, los legales, sociales, culturales y económicos, una mayor transparencia no solo para promover la competencia, por descontado, sino también para beneficiar a todos los propietarios de derechos, a todos los grupos de usuarios y a todos los consumidores, y el deber, no solo por parte de las sociedades de gestión colectiva, sino de todos los usuarios, de proporcionar información. 
Exigimos unas normas de codificación homogéneas con el fin de controlar mejor la circulación de las obras y es necesario garantizar aquí también la interoperabilidad. 
Las propias sociedades de gestión colectiva han presentado multitud de propuestas de reformas, algunas de las cuales son realmente excelentes. 
Voy a solicitar a la Comisión que incluya este parecer, estas propuestas de reforma, en su proceso de debate, ahora que está elaborando una nueva directiva, salvaguardando siempre el o los principios de los derechos de autor. 
Por último, quiero decir que es importante para todos nosotros que consigamos una acceso más sencillo para los usuarios, para los usuarios comerciales y para los consumidores, dejando a salvo siempre el principio de los derechos de autor. 
Este es un informe de investigación del Parlamento Europeo y pienso que, si llegado el momento de la votación hoy, resulta aprobado con una euforia y un respaldo análogos a los de la Comisión, entonces este Parlamento dispondrá de un documento fundacional sobre el que podrán edificar tanto esta Cámara como el próximo Parlamento. 
Mi gratitud más sincera de nuevo a todos los que han colaborado. 
Solo me queda decirles ahora que cuando se produzca la votación, voy a presentar una enmienda oral que solo se refiere a las versiones en las distintas lenguas. 
Por lo demás, dado que no se ha presentado ninguna enmienda, solo me cabe suponer que esta tarde se producirá la aprobación abrumadora de este informe. 
. Quiero empezar dando las gracias al Parlamento y, en particular, a la ponente, la Sra. Echerer, por su iniciativa de abordar este importante asunto. 
La resolución presentada hoy al Parlamento es muy oportuna y aborda una cuestión básica en el campo de los derechos de autor y derechos afines. 
La gestión de los derechos se refiere a la forma en que se administran los derechos de autor y derechos afines, en otras palabras, la forma en que se comercializan. 
En general, de la gestión colectiva de derechos se encargan sociedades de gestión colectiva, que actúan como fideicomisarios y normalmente disfrutan de una posición exclusiva en sus mercados correspondientes. 
Aunque la autoridad legislativa de la Comunidad ha armonizado ampliamente los derechos de autor y derechos afines, y en estos momentos hay un proyecto de directiva sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en pleno procedimiento de codecisión, la autoridad legislativa comunitaria ha tratado la gestión de los derechos solo de forma marginal. 
La contribución económica que han hecho los productos y servicios basados en derechos de autor al producto interior bruto de la Comunidad es muy significativa. 
Tal y como demuestra un estudio reciente, estos productos y servicios representan más del 5% del PIB europeo total. 
Por consiguiente, el mercado interior no estará completo a menos que se aborden los derechos de autor y derechos afines. 
Esto es esencial para la inversión, la creatividad, el acceso a la cultura, la diversidad cultural, el empleo y el crecimiento. 
En cuanto al asunto específico de la gestión colectiva de los derechos, el proyecto de resolución mantiene un buen equilibrio y refleja todos los aspectos y los distintos intereses implicados. 
Felicito a la Sra. Echerer por esto. 
El unánime apoyo que su propuesta recibió en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior así lo demuestra. 
La resolución señala que la protección y la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual son factores importantes para estimular la diversidad cultural y la creatividad, pero reconoce la importante función de las sociedades de gestión colectiva como punto de contacto entre los titulares de los derechos y los usuarios, y, por tanto, pide que estas sociedades sean mucho más eficaces y transparentes. 
Tiene en cuenta las características típicas de los derechos de autor, especialmente su carácter territorial, y el nuevo entorno para la gestión de los derechos, como el surgimiento de la gestión digital de los derechos. 
Por último, la resolución observa que las leyes nacionales sobre gestión colectiva de derechos, si es que las hay, suelen diferir de un Estado miembro a otro. 
La Comisión comparte el enfoque que sigue esta resolución. 
Las cuestiones planteadas, en la medida en que se refieren a los derechos de autor, también se abordan en la próxima comunicación de la Comisión sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines del mercado interior. 
En esta comunicación, la Comisión abordará todas las cuestiones relevantes para la gestión de los derechos, incluida la gestión colectiva de los derechos, y concluirá que un instrumento legislativo de gobernanza de las sociedades colectivas es deseable en el ámbito comunitario. 
Espero que la Comisión apruebe la comunicación este mismo mes, y me alegro de que nuestras dos instituciones compartan las mismas preocupaciones. 
Les aseguro que en los próximos meses la Comisión profundizará en este análisis y en las necesidades en este terreno. 
. Señor Presidente, señor Comisario, deseo ante todo expresar mi más sincera gratitud a la Sra. Echerer por el excelente trabajo en equipo y la profesionalidad que lo caracteriza. 
Este informe constituye la razón más inmediata por la que no seré yo el único en lamentar que usted, Sra. Echerer, no vuelva a concurrir a las elecciones a este Parlamento. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado mi opinión de forma unánime y, gracias al buen trabajo en equipo, también está dispuesto a votar a favor del informe Echerer. 
A la hora de elaborar esta opinión para el próximo debate, incluido el que se ha de celebrar con la Comisión, yo y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios nos hemos centrado en cinco puntos concretos. 
En primer lugar, los monopolios tienen que constituir siempre una excepción a las leyes de la competencia y tienen que existir razones muy sólidas que avalen su existencia. 
Sabemos que las sociedades de gestión colectiva están organizadas de diferentes maneras en los distintos Estados miembros y en muchos de ellos constituyen un monopolio sobre determinadas categorías de obras. 
Por tanto, existe una auténtica necesidad de analizar con mayor detenimiento, o revisar, las estructuras monopolistas territoriales, aunque no de rechazarlas de plano. 
En segundo lugar, consideramos importante contar con transparencia en las sociedades de gestión colectiva, como por ejemplo reflejar en la contabilidad por separado los costes administrativos y los de licencias. 
Hay que hacer algo al respecto. 
En tercer lugar –y esto está relacionado con el punto segundo–, en muchos países no existe ningún control de las sociedades de gestión colectiva. 
Por ello, me complace especialmente el apartado 49 del informe Echerer, con su petición de mecanismos de control eficaces e independientes en todos los Estados miembros. 
En cuarto lugar, mi sugerencia a favor de un registro público al que se pueda acceder electrónicamente, que contenga todos los titulares de derechos representados por las sociedades de gestión colectiva, facilitaría una mayor claridad y transparencia y simplificaría asimismo, indudablemente, la actividad transfronteriza y aumentaría la competencia. 
En quinto y último lugar, allí donde la fragmentación de los derechos origina unos elevados costes de transacción, el establecimiento de un sistema de tienda de una sola parada podría constituir una forma más eficaz y económica para los usuarios y los autores. 
Ruego a la Comisión que tenga en cuenta el contenido del informe Echerer en sus deliberaciones. 
De nuevo, mi enhorabuena más sincera y les pido que voten a favor de este informe. 
– Señor Presidente, esta tarde voy a hablar no solo por mí mismo, pues he colaborado estrechamente con la ponente, la Sra. Echerer, sino también, más en particular, en nombre de nuestra ponente alternativa, la Sra. Fourtou, quien lamenta no poder estar aquí para compartir estos comentarios. 
En su nombre, quiero empezar agradeciendo a la Sra. Echerer una serie de cosas. 
Primero, quiero darle las gracias por haber llamado justificadamente la atención de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre este asunto y después haber tomado la iniciativa de elaborar el informe. 
Esto dice mucho a su favor, y en esta cuestión ha estado muy dispuesta a compartir su apreciación y sus preocupaciones con nosotros e invitarnos a contribuir a ella. 
Este espíritu con el que ha abordado el informe está claramente reflejado en la calidad de su trabajo y, haciéndome eco de lo que ha dicho el Comisario, es un documento muy equilibrado. 
Presenta todas las facetas de forma justa, pero no deja de hacer una serie de recomendaciones importantes y muy específicas. 
Por lo que ha dicho el Comisario, me atrevo a esperar que en su comunicación incluirá algunas de las cuestiones planteadas por la Sra. Echerer. 
Por lo tanto, se trata de un informe muy oportuno. 
Asimismo, refleja las ventajas de tener a una persona con una gran experiencia y amplios conocimientos de una profesión concreta, en este caso, la profesión teatral, del escenario, una persona que es una artista creativa, que conoce el tema y que es capaz de combinar todo esto con el compromiso con otros colegas. 
Esta cuestión del equilibrio y del equilibrio de intereses es claramente el meollo del informe. 
El equilibrio entre los creadores de obras, los productores y las personas que las explotan y utilizan, prefiero decir clientes, porque eso es lo que son, en todo el acuerdo es absolutamente crucial. 
Actualmente, este es un equilibrio incierto en muchos aspectos, porque nos movemos ahora en un terreno transitorio tan volátil, no solo con la explosión de contenidos digitales y de la distribución digital, así como con las nuevas formas de acceder a los clientes, sino también con las nuevas obras creativas disponibles para su explotación en el mundo de los medios digitales. 
Por ejemplo, últimamente, por motivos de trabajo, he conocido a personas que crean juegos de ordenador interactivos o no, y la escala de este negocio internacional de miles de millones de dólares es enorme y brinda nuevas oportunidades a los creadores de todos los campos, la ilustración, la composición musical o la redacción de guiones. 
Hemos de fomentar esto, pero debemos asegurarnos de que estimulamos el desarrollo de estos campos y de que se compensa debidamente a las personas. 
De hecho, a medida que entramos en la tercera generación de tecnología móvil, uno de los principales intereses en relación con los proveedores de servicios de comunicación electrónicos, y así nos lo han dicho en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo que trabajamos en este ámbito, es que quieren ayudarnos a establecer el marco jurídico de la distribución de contenidos y asegurar que las obras creativas salgan al mercado, porque quieren que esas obras creativas estimulen sus servicios de comunicación electrónica. 
No es solo un trabajo abstracto. 
Es otra reflexión fundamental más en torno al mercado interior. 
Enlaza directamente con nuestra labor en torno al proceso de Lisboa y con la creación de la economía más dinámica y basada en el conocimiento del mundo, mediante el uso de los conocimientos que tenemos para vincular también obras creativas. 
Una de las cuestiones sobre las que hemos debatido bastante con la Sra. Echerer –en realidad el Sr. Karas lo ha mencionado, y mucho de lo que ha llegado de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, de hecho, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte también se incluyó en nuestra votación final– es la cuestión de la explotación del mercado en relación con la gestión colectiva de derechos. 
Me complace que la Sra. Echerer aceptara nuestra opinión de que, en el mercado interior de servicios, y esta semana el Comisario Bolkenstein ha estado aquí para presentar una nueva y trascendental propuesta al respecto, en la nueva propuesta del mercado interior de servicios, los elementos de las actividades de las sociedades colectivas de gestión donde prestan servicios directamente a sus miembros deben tratarse como cualquier otra prestación de servicios y considerarse en el contexto del mercado transfronterizo de servicios. 
Esto es absolutamente cierto porque, como ha dicho el Sr. Karas, cada vez con más frecuencia la distribución de derechos ya no va a centrarse en torno a monopolios nacionales. 
Los clientes, y vuelvo a utilizar esta palabra, piden cada vez más la «ventanilla única». 
Quieren poder acceder a los derechos de los productos creados para poder distribuir digitalmente, no solo en la Unión Europea, sino, de hecho, también en otros mercados importantes. 
Este desafío de internacionalizar el proceso, de mirar fuera de sus fronteras tradicionales, es algo que las sociedades de gestión, como ya sabemos, afrontan, pero hemos de proporcionarles el marco apropiado y animarles a asumir este reto. 
A modo de conclusión, el aspecto básico será la transparencia de sus actividades para que todos sus clientes puedan ver exactamente qué paquete de servicios reciben. 
Para concluir, me hago eco de lo que mi colega el Sr. Karas ha dicho, que yo también he escuchado con pena esta semana las noticias de que la Sra. Echerer ya no volverá a presentarse como diputada a este Parlamento. 
Así que esta quizá sea la última oportunidad que tengo en el pleno de decir públicamente desde este lado de la Asamblea que ha sido un placer trabajar con ella. 
Este informe refleja el tipo de contribución abierta y progresista que ha hecho en su voluntad de trabajar con nosotros. 
Porque traslada sus actividades a otro escenario, o quizá debiera decir que regresa al escenario donde empezó su carrera profesional, estoy seguro de que todos nosotros nos uniremos para desearle lo mejor, agradeciéndole mucho su labor, y podemos demostrar que la apoyamos votando más tarde unánimemente a favor del informe. 
Señor Presidente, quiero comenzar uniéndome a los homenajes a la Sra. Echerer- y no hace falta que insista en ellos, porque ya han sido muy repetidos -, pero también querría declarar mi satisfacción por las declaraciones del Comisario Bolkestein, que reconoce la importancia que tienen las sociedades de gestión colectiva en estos momentos. 
La propiedad intelectual se desarrolla como consecuencia de los desarrollos tecnológicos. 
Hasta la imprenta no hubo realmente propiedad intelectual. 
Ahora estamos en una segunda revolución tecnológica, la "Galaxia Marconi", con todas las nuevas tecnologías de la información. 
A medida que avanza la tecnología, el creador se encuentra cada vez más alejado de los consumidores. 
Concretamente, mi colega, el Sr. Harbour, habla del cliente, , yo prefiero utilizar la palabra, diferenciando dos clases de clientes, que serían el consumidor final, es decir, el sufrido ciudadano que tiene que seguir los programas de televisión o radio, y el intermediario, que es el que compra los derechos de propiedad intelectual, los utiliza y los explota. 
Esto nos lleva a la situación en la que nos encontramos, con una multiplicación de los medios de comunicación, pero cada vez más vacíos de contenido. 
Es decir, tenemos cada vez más horas de televisión, más horas de electrónica, más revistas, más libros y más medios de producción, pero prácticamente vacíos de contenido. 
Y esto es consecuencia de la falta de apoyo al creador. 
En la actual sociedad de la información, a los creadores no se les está protegiendo. 
Estamos haciendo unos medios de comunicación-basura, que utilizan la propiedad intelectual de una manera absolutamente inconsciente, sin responsabilidad ninguna y, frente a esto, los creadores necesitan ser protegidos. 
Ése es el papel de las sociedades de gestión colectiva, que no son un monopolio, sino el instrumento que tienen los creadores para defenderse frente al control de los medios de comunicación por parte de unas pocas cadenas de medios, apoyadas en un gran potencial económico y al servicio de intereses políticos o económicos. 
Por tanto, el único instrumento con el que cuentan hoy los creadores son estas sociedades de gestión colectiva, que vienen a ser sindicatos de trabajadores, frente a las organizaciones patronales, que tienen una fuerza enorme. 
Estoy de acuerdo en que las sociedades de gestión colectiva deben adaptarse a una nueva situación, porque han nacido en un ámbito nacional y estamos a punto de pasar a un ámbito transnacional, o, incluso, mundial. 
Pero, por lo menos, en el ámbito de la Unión Europea, deberíamos robustecer la acción de estas sociedades de gestión colectiva, de forma que, por lo menos en este ámbito, pudiéramos tener esa protección. 
Por último, quiero hacer referencia a la ampliación. 
La Unión Europea se va a enriquecer con diez nuevos países que tienen una gran tradición cultural, pero en los que- a consecuencia de su pasado político reciente- la propiedad intelectual no ha estado suficientemente protegida hasta hace muy poco tiempo. 
Creo que es muy importante que, en el proceso final de ampliación, hagamos llegar a estos países la necesidad de que se adapten al acervo comunitario, incluyendo- entre otros- el ejercicio de la gestión colectiva, frente a ese peligro del monopolio por las grandes cadenas que controlan los medios de comunicación. 
– Señor Presidente, me adhiero a las expresiones de gratitud manifestadas por mis colegas a la Sra. Echerer. 
Quiero hacerlo asimismo con respecto a la forma en que hemos cooperado. 
Tal vez podamos aparecer – ¿quién sabe? – en sus programas de televisión, siempre que estos estén, desde luego, debidamente protegidos en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual. 
Que todo el mundo está de acuerdo resulta evidente por el hecho de que el informe ha sido aprobado unánimemente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Además, las palabras de aliento que acaba de pronunciar el señor Comisario conducirán, a mi juicio, a una mejor legislación, respecto de la cual resulta especialmente importante aumentar la transparencia y la seguridad jurídica y, sobre todo, el control democrático, ya que la claridad previene la falta de comprensión. 
Ahora todos hablamos de los titulares de derechos, pero creo que también es importante referirse a los usuarios de los mismos. 
Recuerdo un incidente ocurrido el año pasado, en el que numerosas empresas de los Países Bajos recibieron de pronto una carta remitida por la –la Fundación a favor de los Derechos de Reproducción–, afirmando que tenían que pagar una abultada factura por las copias que habían hecho, sin ninguna explicación acerca del propósito de esta acción. 
Cundió el temor y la inquietud. 
Considero que esta legislación puede garantizar que se clarifique sobre qué base se imputan ciertos costes, por qué se han de abonar determinados costes y a quién van destinados. 
El Comisario ya ha manifestado que entre el 5% y el 7% del Producto Interior Bruto –que es mucho– corresponde a productos y servicios que están limitados, gobernados y protegidos por derechos de autor y similares. 
Esto significa que estamos hablando de una proporción considerable de las actividades de nuestro mercado interior, que está necesitado de claridad y de estructura. 
Como ya he dicho, la competencia y la posición dominante de las sociedades de gestión colectiva no deberían representar un problema por sí mismos, siempre y cuando la legislación sea clara y no se utilice de forma poco adecuada. 
Pienso que este problema se puede resolver con estas recomendaciones, si quedan recogidas en la legislación. 
Como ya ha indicado el Sr. Medina Ortega, la ampliación constituye también un aspecto clave de este tema. 
A raíz de su historia política, los países en vías de adhesión jamás han concedido ninguna protección explícita a los titulares de los derechos de autor, y esa es la razón por la cual considero que es importante proporcionar apoyo de inmediato. 
La ponente ha vuelto a subrayar este punto en su enmienda oral. 
Nosotros, los Liberales, le concedemos nuestro respaldo incondicional. 
A modo de conclusión, acogemos con satisfacción esta iniciativa, y esperamos que la Comisión pueda aprobar la enmienda que he presentado para realizar una evaluación clara al cabo de tres años, a fin de comprobar si la legislación funciona realmente y existe protección. 
Habiendo respetado el límite de tiempo de tres minutos, no quiero retrasar más los trámites de esta tarde. 
– Señor Presidente, lo normal para un orador en mi función es asegurar a los ponentes que estamos detrás de ellos, pero en este caso no sería apropiado. 
En este caso, el carro va firmemente detrás del caballo y lleva, junto a los miembros de la Comisión y a los diputados al Parlamento, en la plataforma de carga. 
Estamos muy agradecidos a la Sra. Echerer por haber ejercido este liderazgo. 
Como se ha dicho en el debate, existe una especie de trípode en relación con los derechos de autor y los derechos afines. 
Una pata del trípode es la legislación sobre derechos de autor que ya ha aprobado el Parlamento. 
La segunda pata son las disposiciones de aplicación que debatimos en estos momentos, y la tercera es la cuestión de las sociedades de gestión y la administración de los derechos de autor en beneficio de sus titulares. 
Como ha señalado el Comisario Bolkestein, estas sociedades son monopolios, pero en principio son monopolios benignos debido a la territorialidad de los derechos de autor. 
Es posible, y quizá el Sr. Harbour y el Sr. Karas me lo expliquen algún día, que las sociedades de gestión puedan operar compitiendo entre sí dentro de un territorio dado o de un país determinado, pero me resulta difícil ver cómo funcionaría esto. 
Si estoy en lo cierto, la cuestión antes planteada por el Comisario reviste gran importancia, a saber, que hemos de examinar detenida y críticamente la gobernanza de estas sociedades, que están en condiciones de «timar a las personas» cobrándoles tasas injustamente altas por la prestación de servicios a artistas, autores y otros. 
Me complace oír que la Comisión va a continuar la iniciativa de la comisión parlamentaria presentando la propuesta de un instrumento legislativo relativo a la gobernanza de las sociedades de gestión. 
Espero impaciente esta propuesta. 
En respuesta a lo que ha dicho el Sr. Harbour, quiero plantear una cuestión que también me brinda la oportunidad de declarar un interés menor. 
Soy autor académico y una muy modesta parte de mis ingresos anuales, como sabrá cualquiera que lea la Declaración de Intereses de los Diputados, procede de la gestión de derechos en mi propio nombre en calidad de autor académico. 
Desde el punto de vista de un autor de este tipo, la idea del lector como cliente no es tan relevante como ha dicho el Sr. Harbour. 
La idea crucial, y esto tiene que ver con las artes, es verdaderamente el lector o el consumidor como público. 
A uno le interesa transmitir ideas a la gente e implicarla en el debate de ideas. 
Desde este punto de vista, para un autor es totalmente irrelevante qué o cuánto le pagan. 
Más bien al contrario. 
Yo y los autores como yo no tenemos ninguna posibilidad de transmitir ideas al gran público a menos que haya sistemas editoriales eficaces, es decir, editores a quienes se paga por sus actividades. 
En este sentido, todo este negocio de los derechos colectivos es para nosotros más un medio para lograr un fin que un fin en sí mismo. 
No deberíamos considerarlo simplemente desde el punto de vista de los clientes, sino como rasgo básico del mercado único. 
Nos satisface mucho la propuesta de la Comisión y, como para todos, para mí también ha sido un placer trabajar con la Sra. Echerer en torno a esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el crecimiento acelerado y polifacético de la sociedad de la información y el desarrollo de recursos de comunicación, tecnologías, instrumentos y apoyos cada vez más variados, que son fácilmente accesibles de muy diversas maneras, suponen una presión nueva y constante sobre la protección de los derechos de autor y similares, concretamente sobre las leyes que los protegen y los medios para garantizar su efectividad práctica, sin conculcar al mismo tiempo otros derechos y libertades fundamentales. 
Este asunto nos transporta realmente al auténtico epicentro de la mundialización, al verdadero territorio inexplorado de la aldea global en la que, consecuentemente, los instrumentos de reglamentación y protección tienen que ser cada vez más internacionales, sin perjuicio de la responsabilidad de los propios Estados. 
Sin embargo, una de las novedades impuestas por los cambios en las recientes décadas, y que ha desempeñado un papel cada vez más significativo durante los últimos años, es precisamente la de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. 
Son realidades innegables de nuestro tiempo y, por tanto, cada vez resulta más importante regularlas. 
Nuestro Grupo reconoce su preeminente papel como asociaciones voluntarias de autores, artistas y otros titulares de derechos de autores, para la defensa eficaz de sus intereses intelectuales y financieras y su propiedad intelectual o derechos similares sobre actuaciones en su país o en el extranjero. 
Creemos igualmente que, además de ofrecer protección a los autores, los artistas y demás como grupo en el contexto de los derechos afines, al actuar de fideicomisarios, estas sociedades de gestión colectiva también realizan una función cultural de la máxima importancia, que se proyecta en toda la sociedad en general y en un mundo cada vez más abierto y pluralista. 
Sobre estas premisas, felicitamos a la ponente por su excelente trabajo, que traza claramente las líneas que debemos seguir si queremos –y ciertamente queremos– que el marco de la gestión de los derechos en esta nuestra Unión Europea, que pronto quedará ampliada, sea capaz de avanzar decididamente hacia el objetivo de procesos simplificadores y de reformas y parámetros comparables. 
No podemos continuar con estatutos y prácticas que son demasiado dispares y a menudo incompatibles dentro de la Unión Europea. 
Estas flagrantes diferencias nos afectan a todos, dejan sin protección a nuestros autores, artistas y otros actores en este ámbito clave y nos hacen especialmente débiles y vulnerables frente a la competitividad global, que cada vez es más agresiva a nivel mundial y en ocasiones incluso salvaje y pirata, como sabemos. 
En consecuencia, estamos mayoritariamente de acuerdo con las ideas de la ponente sobre las formas organizativas de las sociedades de gestión colectiva, los requisitos de autorización, los campos de actividad, la estructura interna, los acuerdos recíprocos, operaciones culturales o sociales y funciones en bien del público, sobre la supervisión y el control de las sociedades de gestión colectiva y sus actividades, los mecanismos de arbitraje y la transparencia, que constituye un requisito fundamental para todas las partes afectadas, tanto interna como externamente. 
Quiero decir una última cosa: felicitar a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes por su labor y, en concreto, las sugerencias que ha presentado a la Comisión sobre las futuras directivas relativas a la televisión, la radio, las comunicaciones, la transmisión y las telecomunicaciones en el terreno digital, incorporadas acertadamente a este informe y que figuran en apartado 29 de la resolución a favor de la que vamos a votar. 
De hecho, estas directivas tienen que consagrar de manera directa la importancia de los derechos de autor y su protección, incluidas ciertas previsiones concretas al respecto. 
Resulta esencial que la Unión Europea enaltezca el arte y la cultura y refuerce la confianza de todos los autores y demás actores y ámbitos de creación cultural, protegiéndolos y alentándolos a crear nuevas obras que saben van a estar debidamente protegidas contra la piratería, al tiempo que garantizan sus derechos morales y su adecuada remuneración económica. 
Vamos a votar a favor y nos adherimos a las felicitaciones para la ponente. 
– Señor Presidente, el Sr. Medina Ortega ha dicho que las sociedades de gestión colectiva no son monopolios; son asociaciones que sirven para proteger una parte más débil contra otra más fuerte. 
Eso no siempre es cierto y creo que debería apuntarse, tal como hace la ponente en su informe, que una asociación es una asociación, mientras que una asociación con un monopolio, de la que uno se ve obligado a ser miembro por las leyes que rigen los derechos y las obligaciones, es un monopolio. 
En mi opinión, los monopolios, ya sean legales o de hecho, que afectan a las sociedades de gestión colectiva no son saludables porque exponen a los artistas aficionados, por ejemplo, a un considerable riesgo de abuso. 
No conozco la situación en el resto de Europa; sé que en Italia, el importe abonado por los artistas aficionados a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor supone un impuesto que es desproporcionado y beneficia a los artistas importantes. 
En consecuencia, considero que una asociación con un monopolio no es una buena asociación, ya que una buena asociación debería ser lo más libre posible. 
Por eso, tal como afirma la ponente, se precisa atención y controles adecuados para evitar que las situaciones de monopolio se conviertan, de forma legal o de hecho, como a menudo sucede –en Italia desde luego, y creo que en el resto de Europa también– en abusos e impuestos inútiles en detrimento de los artistas aficionados.