Este es un tema de gran importancia y a menudo debatido, pero la pregunta es la siguiente: ¿estamos utilizando los mismos principios rectores? 
Ya hemos destacado varios de estos principios en el primer informe del Parlamento. Permítanme explicarlos brevemente. 
El primero es la democratización y el principio de igualdad, esencial desde mi punto de vista. 
Si fracasamos a la hora de proporcionar un acceso mejor e igual a la educación y la formación a través del aprendizaje permanente, entonces habremos fallado en nuestro objetivo. 
Todos sabemos que existe un gran abismo entre las personas con una excelente formación y las que poseen una formación escasa. 
Si no podemos reducir este abismo y no tenemos éxito haciéndolo mediante el aprendizaje permanente, entonces habremos fracasado. 
Un segundo principio esencial es el derecho al desarrollo individual de la personalidad. Esto no sólo abarca el aprendizaje permanente, también reconoce el valor social más amplio del aprendizaje permanente. 
Se trata del derecho a trabajar en el desarrollo de la propia personalidad sin centrarse necesariamente en los puestos de trabajo. 
Por otra parte, necesitamos dar con el equilibro adecuado entre, por un lado, un derecho que debemos crear para nuestros ciudadanos, un derecho que como gobierno debemos ser capaces de hacer realidad basándonos en nuestros recursos y, por otro, la responsabilidad y los deberes del individuo. 
Un segundo aspecto esencial que requiere gran atención, y en este caso me refiero concretamente a la Comisión, es el aprendizaje formal e informal. 
El aprendizaje formal es muy importante en la Unión, ya que necesitamos garantizar que los títulos de nuestros ciudadanos también se reconozcan en los Estados miembros distintos al suyo propio y que los ciudadanos sepan que sus títulos son equivalentes en otros lugares. 
Por ello la Comisión ha propuesto que el curriculum vitae europeo se sustituya a su debido tiempo por el sistema de cartera. 
Acojo de buen grado estas medidas, pero las considero algo vagas y creo que se pierde claramente el vínculo con el aprendizaje informal. 
Se trata precisamente del aprendizaje informal. 
Debemos garantizar que podemos validar, certificar y verificar competencias muy informales o las competencias adquiridas en otro lugar, ya que esto constituye, de nuevo, la diferencia clave entre los que tienen un título y pueden complementarlo, y los que no tienen un título, aquellos que han abandonado. 
Podríamos incorporar al último grupo mediante el reconocimiento del aprendizaje informal. En este ámbito, la Comisión tiene todavía mucho trabajo por hacer, Comisaria, ya que no hemos conseguido nada por el momento. 
Al igual que mis compañeros diputados, confío en que usted, conjuntamente con los Estados miembros, desarrollará los instrumentos necesarios para este fin. 
Ya he mencionado el desarrollo de la personalidad individual y el hecho de que no sólo el aprendizaje permanente es importante, es esencial reconocer también su valor social más amplio. 
En mi primer informe y ahora también en el segundo, he introducido el concepto de la cuenta individual de aprendizaje. 
Nos gustaría solicitar a la Comisión de forma explícita que analice y considere, conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones, si podríamos liberar recursos para invertirlos en algo que es tan valioso para nosotros, nuestro capital humano. 
Me doy cuenta de que en la Unión somos capaces de formular objetivos claros, e incluso aplicarlos. 
El criterio de Maastricht, las estrategias de empleo y las referencias comparativas lo demuestran. 
En el campo de la investigación científica tenemos el valor de introducir una referencia comparativa, pero desde luego carecemos del valor político para hacer lo mismo con la educación y el aprendizaje permanente. 
De hecho esto me preocupa, ya que creo que es esencial que lo hagamos. 
Por último, me gustaría decir que debemos encontrar un nuevo modo de describir el «aprendizaje permanente» como una cuestión de urgencia, puesto que suena como una frase. 
Si decimos a los alumnos que terminan la formación en la escuela: lo habéis hecho bien, ya tenéis un título y podéis seguir estudiando durante el resto de vuestras vidas, difícilmente los motivaremos. 
Podemos escribir los mejores discursos y adoptar las mejores políticas, pero si nuestros estudiantes se niegan a colaborar, me temo, Comisaria, que estas palabras no se traducirán en acción. 
Y esto es precisamente lo que debemos evitar. 
Por lo tanto sugiero que puede que necesitemos implicar a una agencia de comunicación que pueda elaborar un nombre distinto para el aprendizaje permanente. 
Son tantos los expertos presentes que no hay necesidad en este caso de recurrir a una oficina externa. 
Estoy seguro de que uno de nosotros podrá encontrar la solución adecuada. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría en primer lugar dar las gracias a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y especialmente a su ponente por su compromiso, así como por la crítica constructiva que ha realizado. 
Este informe confirma, si fuese necesaria una confirmación, la importancia que otorga el Parlamento a nuestra acción en el ámbito del aprendizaje permanente. 
También me complace observar que el Parlamento apoya los principios que ha destacado la Comisión en su comunicación, especialmente con respecto a los amplios objetivos que pretende alcanzar el aprendizaje permanente y la necesidad de que cada ciudadano, y recalco, cada ciudadano, tenga acceso a la educación y al aprendizaje permanente. 
Sabemos que en la actualidad estamos lejos de alcanzar el objetivo: solamente el 8% de los adultos europeos tienen acceso al aprendizaje permanente y prácticamente dos de cada diez jóvenes abandonan el sistema educativo sin obtener ningún título. 
Esta es una situación insostenible común en todos los Estados miembros. 
Sobre este tema, me alivia observar que la mayoría de los ministros están tratando el problema, que ya constituye un escándalo, antes de que empiece el nuevo curso escolar. 
Por lo tanto, lo que se necesita para resolver estos dos problemas, la educación y el aprendizaje permanente, es la movilización de todas las partes implicadas y de los recursos económicos necesarios. 
Señor Presidente, el Parlamento trata varios puntos en su informe. Me gustaría destacar tres de ellos: cualificaciones básicas, inversión y el espacio europeo de la educación y el aprendizaje permanente. 
Con respecto a las cualificaciones básicas, nuestro objetivo es muy claro: todo ciudadano europeo debe contar con estas cualificaciones para poder aprender, trabajar y vivir en la sociedad basada en el conocimiento. 
Digo «vivir» porque el desarrollo personal y la capacidad para desempeñar un papel en nuestra sociedad, en nuestras democracias, son también importantes. 
Pienso, concretamente, en los más desfavorecidos, que también deben aprender a leer, escribir y contar. 
Sin embargo sabemos que el analfabetismo es todavía un importante problema y que el principal obstáculo para la integración social, como también ha destacado el informe de la Sra. Hermange, es esta falta de conocimiento básico. También debo añadir a este conocimiento básico la «divisoria digital» que existe entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no. 
Por último, me gustaría, si es posible, volver sobre uno de mis temas favoritos: el fracaso en la consecución del dominio de las lenguas extranjeras y la falta de habilidades sociales y personales. 
Los Estados miembros y la Comisión están trabajando en la actualidad sobre el problema de las cualificaciones básicas mediante la aplicación del programa de trabajo sobre los objetivos para los sistemas de formación y educación. 
Juntos hemos identificado las cualificaciones básicas necesarias y se producirá un intercambio de buenas prácticas con el fin de ver conjuntamente, qué funciona, qué no funciona, qué pueden hacer determinadas personas y qué puede aplicarse a todo el mundo. 
Las conclusiones de este trabajo se incluirán en el informe intermedio que el Consejo de Educación y la Comisión presentarán en el Consejo Europeo de primavera de 2004. 
Señor Presidente de la Comisión de Cultura, según lo prometido, su comisión participará en ello. 
El segundo punto es la financiación. Como saben, se trata de una cuestión delicada de la que los Estados miembros son responsables en gran medida. 
Si deseamos crear un verdadero sistema de formación permanente, si queremos traducir nuestras ambiciones políticas en acciones prácticas, nosotros, no sólo los Estados miembros, sino también los interlocutores sociales, obviamente tendremos que gastar más. 
Es realmente cierto, señora Van Brempt, que en aquellos casos en que está implicado el aprendizaje permanente, abandonamos el marco de la educación formal y entramos en el de la educación informal, y como consecuencia estamos trabajando con interlocutores que no son tradicionalmente académicos. 
Por tanto debemos empezar por definir las estrategias nacionales. En este campo los Estados miembros han realizado algunos avances, especialmente los más rezagados. 
Lo que debe hacerse ahora es mejorar la coherencia de las estrategias- coherencia de la que por lo general carecemos- y traducir estas estrategias en acciones prácticas. 
Es aquí donde debemos desarrollar las colaboraciones que destaca en su informe. 
Debido a que el aprendizaje permanente es una responsabilidad compartida, las estrategias nacionales deben ser el resultado de acuerdos en todos los ámbitos, incluido el ámbito local, y entre todos los operadores, especialmente los interlocutores sociales. 
Desafortunadamente los intentos por lograr esto son poco constantes y no lo suficientemente enérgicos. 
Aunque la responsabilidad de aplicar estas políticas recae principalmente en los Estados miembros, la propia Comunidad debe desempeñar un papel en la creación de un espacio europeo de la educación y el aprendizaje permanente. Un espacio en el que los ciudadanos, sean quienes sean y provengan del país que provengan, puedan transferir sus cualificaciones y títulos de un país a otro, con el fin de estudiar, formarse, trabajar, implicarse o simplemente vivir. 
Ahora sabemos, y ya lo hemos debatido en varias ocasiones, que existen varios obstáculos para la creación de dicho espacio, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de títulos. 
Sin embargo, en este campo se han realizado grandes avances, y pueden estar tranquilos, Señorías, de que la Comisión está trabajando en ello para garantizar que conseguimos el reconocimiento de los títulos y que, especialmente en el campo de la formación profesional, podemos abrirnos a nuevas perspectivas y utilizar nuevos métodos de trabajo comunes. 
Se ha adoptado una iniciativa política para fortalecer la cooperación entre los Estados miembros en el campo de la formación profesional. 
Este se conoce generalmente como el proceso de Brujas, porque fue en esta bella ciudad donde los ministros nacionales y la Comisión decidieron adoptar este enfoque. 
Actualmente hay en marcha varios proyectos, como el establecido por el ex ministro francés, el Sr. Mélenchon, que es un modelo de este tipo. 
Por lo tanto, se están realizando nuevas iniciativas y debo decir que, a pesar de las dificultades existentes, los gobiernos están avanzando en la dirección descrita, ya que han entendido la absoluta necesidad de dichas medidas. 
En el próximo Consejo de Educación, previsto para noviembre, deberá adoptarse una resolución. 
Esto también lo debatirán los gobiernos de los 30 países que se reunirán a final de año. 
Por lo tanto, ampliaremos la cuestión de la educación y el aprendizaje permanente para incluir a nuestros futuros interlocutores en la Unión Europea. 
En la medida en que mi propia participación está implicada, debo decir lo siguiente: mi equipo está en proceso de aplicar la comunicación. Antes de final de año estará creada y en funcionamiento una página web europea sobre las diversas opciones para el aprendizaje. 
En las próximas semanas lanzaremos otras medidas como la creación de las redes de la región de aprendizaje europea y el establecimiento de una base de datos sobre buenas prácticas. 
Todas estas serán medidas muy prácticas, ya que hemos estudiado los problemas y los comprendemos. 
Sabemos que necesitamos hacerlo, así que manos a la obra. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que el aprendizaje permanente es una importante herramienta política y me gustaría dar las gracias a la Sra. Van Brempt por no andarse con miramientos. 
A pesar de todos nuestros acuerdos, a pesar del hecho de que todos reconocemos que la formación y el aprendizaje permanente deben estar vinculados con el mundo del trabajo si van a producir resultados, tenemos un problema y existe un vacío. 
La formación y el aprendizaje permanente se basan en la educación, que cuenta con sus importantes problemas propios, y la formación no puede sustituir una educación pobre. 
Tenemos enormes desigualdades entre los Estados miembros en el campo de la educación, tal y como reconoce el informe, y por lo tanto contamos con enormes vacíos y enormes problemas en la formación permanente. 
Un ejemplo típico es que todavía debemos llegar a un acuerdo sobre qué constituyen las cualificaciones básicas en educación. 
Siempre que se publican estadísticas de la OCDE sobre los distintos países, se producen protestas y algunos países consideran los criterios utilizados difíciles de aceptar. 
De igual modo, los sistemas educativos deben modificarse y mejorarse. 
¿Pero qué estamos haciendo nosotros, la Unión Europea, al respecto? 
Tratamos de coordinar, pero poco más. 
En mi opinión esta es una enorme deficiencia política. 
¿Qué están haciendo los Estados miembros con respecto a su estrategia de aprendizaje permanente? 
Al menos uno de cada dos Estados miembros no tiene una estrategia específica y es esencial tenerla si queremos tener desarrollo económico, si queremos mejorar la industria y la movilidad y si queremos mejorar los programas de desempleo. 
Creo que un factor muy importante sería que los Estados miembros estableciesen un presupuesto. 
Igualmente, el aprendizaje permanente debería poder alcanzar a los desfavorecidos, las personas no formadas, las personas que abandonaron la escuela pronto, los desempleados y, por supuesto, a los inmigrantes. 
Señora Presidenta, Comisaria, no cabe duda de que, con el nuevo orden creado por la globalización y los grandes avances de la ciencia y la tecnología, la constante renovación del conocimiento a través del aprendizaje permanente es esencial si pretendemos sacar el mayor partido de los recursos humanos. 
Dada esta situación, necesitamos urgentemente una política europea para dar impulso a este sector y, desde este punto de vista, la felicito por sus iniciativas, Comisaria, así como a nuestra ponente por su excelente informe. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, me gustaría señalar que el único modo de alcanzar una política europea sobre aprendizaje permanente es tomarse seriamente el nuevo orden creado por la entrada masiva y dinámica de las mujeres en el mercado laboral. 
Las mujeres son en la actualidad la fuerza más dinámica que impulsa el desarrollo, ya que, como saben, aproximadamente dos tercios de los empleos que se calcula que se crearán durante los próximos diez años serán ocupados por mujeres. 
Por lo tanto, debemos tomarnos en serio la dimensión de género a la hora de tomar decisiones políticas y aplicar medidas que eliminen la discriminación directa e indirecta hacia las mujeres, ya que dicha discriminación se produce siempre a costa del desarrollo viable y la competitividad de la economía. 
Una política activa de aprendizaje permanente debe diseñarse teniendo presentes las necesidades de las mujeres, lo que significa implicar a las mujeres, mejorar sus cualificaciones, ampliar sus opciones profesionales, eliminar los techos de cristal, garantizar un equilibrio entre hombres y mujeres en las ciencias y en las nuevas tecnologías y eliminar del mercado de trabajo las divisiones basadas en el género. 
Comisaria, usted ha mencionado la divisoria digital. 
Esta divisoria digital se refiere principalmente a las mujeres. 
También debemos prestar especial atención a los grupos de mujeres más vulnerables, como son el de las inmigrantes, las mujeres de zonas rurales y las mujeres de la tercera edad. 
Por último, quiero recalcar que la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas y la necesidad de reconciliar la vida familiar y el trabajo debe incorporarse a la política general de promoción del aprendizaje permanente. 
Señor Presidente, creo que son muchas las veces en que se ha definido como objetivo prioritario la formación permanente, la formación a lo largo de toda la vida. 
Sin embargo, creo que el esfuerzo que está haciendo Europa no corresponde realmente a los resultados. 
Está siendo sumamente difícil implantar estos criterios, un sistema de valoración de la calidad, acertar, incluso, en la tipología de las enseñanzas que es preciso desarrollar para que realmente la formación permanente se convierta en una base común a lo largo de toda la vida de las personas. 
En ese sentido creo que entre las medidas que habría que adoptar figuran el incremento del control y de la inspección, la clarificación de los indicadores de calidad, que tendrían que ser de distintos tipos y, sobre todo, me parece enormemente importante vigilar para que la formación se implante en todo el territorio. 
Es una de esas formaciones que suelen encontrarse en las grandes capitales. 
Las zonas rurales y los extremos de las regiones, por el contrario, no suelen estar tan bien atendidas. 
Creo que, desde ahora, debemos realizar una política de proximidad, de accesibilidad, y eso sí que es desarrollo sostenible: que aproximemos la educación a los individuos, que la hagamos más flexible. 
Son muchísimas, además, las quejas de las empresas que no encuentran personal cualificado y, además, tenemos un paro francamente elevado para el nivel económico que lo soporta. 
En este sentido, creo que hay que llevar a cabo esas políticas de expansión por todo el territorio e impedir que la educación, por el hecho de trasladarse, provoque un desarraigo, como lo está haciendo, en muchísimas mujeres respecto a su entorno. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, desde la Cumbre de Lisboa la educación y la formación han cobrado gradualmente importancia como parte de la estrategia de la UE. 
La Comisaria Reding ha descrito acertadamente la situación relativa a la educación y la formación al decir que está atravesando una revolución silenciosa. 
Esta descripción es también verdadera en un sentido negativo. 
El Parlamento Europeo y su Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte prácticamente no han participado en el establecimiento de objetivos para la educación y la formación. 
Por otra parte, el método de coordinación abierta que se ha adoptado en el sector de la educación ha hecho que el centro principal del debate se trasladase del foro de órganos elegidos democráticamente a uno compuesto por funcionarios. 
Ahora que Kathleen Van Brempt ha elaborado este excelente informe, tenemos una buena oportunidad para hablar sobre el aprendizaje permanente aquí. 
Una economía basada en el conocimiento de la gente y sus cualificaciones tendrá más éxito cuanto más ampliamente se utilicen los recursos humanos. 
Garantizar que todos nuestros ciudadanos sigan el ritmo de los avances lo mejor que pueden no sólo constituye una política éticamente sostenible, sino también inteligente y práctica. 
El aprendizaje permanente está cobrando cada vez más importancia en lo que respecta a la participación de los ciudadanos, está impulsando el empleo y regenerando la población activa. 
Contribuiría al empleo y aumentaría la motivación si se produjese un vínculo más claro entre el aprendizaje permanente y los títulos basados en las necesidades de la industria. 
Sin embargo, deseo destacar la importancia de la cuestión mencionada en el informe de la Comisión de Cultura relativa a que el aprendizaje permanente no es una simple necesidad social. También debe ser un derecho social para cada persona, independientemente de su edad, sexo u origen social. 
Son muchos motivos los que hacen difícil conseguir la igualdad en la educación. 
Sin embargo, es precisamente la educación el camino hacia la igualdad. 
Por este motivo deseo destacar la necesidad de establecer objetivos especiales de forma que los recursos de aprendizaje permanente incluyan a aquellas personas que no concluyeron su formación secundaria, están faltas de capacitación, tienen necesidades especiales y dificultades de aprendizaje o que están socialmente desfavorecidas. 
Debemos recordar que una formación secundaria de calidad crea la base para el aprendizaje permanente. 
No es muy realista, por ejemplo, considerar la demanda de cualificaciones en tecnología de la información si las cualificaciones de lengua y cálculo no son suficientes. 
Aunque organizar la educación es responsabilidad de los Estados miembros, necesitamos medidas y objetivos europeos prácticos. 
La comunicación de la Comisión es un paso en la dirección adecuada. 
También debemos tratar de llegar a un consenso relativo a en qué consisten realmente las cualificaciones básicas mencionadas en Lisboa: conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, lenguas extranjeras, ciencia, carácter emprendedor y habilidades sociales. 
Es fácil conseguir los objetivos si sabemos cuáles son. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, 1996 fue el Año europeo del aprendizaje permanente. 
En 2002 hay todavía más de un millón de personas en los Países Bajos que son funcionalmente analfabetas, y creo que la situación no es mucho mejor en otros Estados miembros. 
Por lo tanto, la Unión Europea tiene un buen motivo para prestar tanta atención a este tema, mis felicitaciones a la Sra. Reding. 
Podría ser una idea organizar una cumbre mundial en Bruselas sobre analfabetismo funcional tras la cumbre de Johanesburgo. 
Siguiendo el memorándum y habiendo definido la estrategia y las prioridades, ahora vamos a hacer que el Espacio Europeo del Aprendizaje Permanente sea una realidad. Acojo esta iniciativa de buen grado. 
Mi grupo ha refrendado siempre los informes previos de la ponente y me gustaría darle las gracias por su sólido informe. 
Sin embargo, debo hacer dos pequeñas observaciones. 
Educación permanente es un término demasiado amplio que va desde enseñar buenos modales hasta cursos técnicos de formación adicional, desde la educación en la infancia a los cursos universitarios. 
Cualquiera puede estar implicado, todos los gobiernos, todos los establecimientos públicos. 
Sin embargo, me gustaría llevarme a casa el mensaje de que no debemos perder de vista la calidad de la educación. 
Puede que necesitemos establecer un programa de evaluación de la calidad para este fin, tal y como sucede en la educación normal. 
Por ello apoyo la solicitud de intercambiar información, experiencias y buenas prácticas en el ámbito europeo y de establecer y mantener una base de datos europea. 
Obviamente esto requerirá el apoyo de la Comisión Europea como cuestión de necesidad esencial. 
Por otra parte, de este modo es posible alcanzar el reconocimiento mutuo en lo que respecta a créditos, certificados y títulos obtenidos, lo que es esencial para la movilidad. 
También me gustaría llamar la atención sobre la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos con respecto a su educación. 
Depende de ellos decidir si desean trabajar en ello y así mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, después de haber hablado ayer por la tarde sobre la ciudadanía europea, me complace poder hablar esta mañana en nombre del Grupo GUE/NGL sobre el tema del espacio europeo de la educación y el aprendizaje. 
El vínculo es claro y se reforzó con el Consejo Europeo de Feira, en el que se declaró que «la educación y el aprendizaje permanente constituyen una política esencial para el desarrollo de la ciudadanía». 
Señorías, como todos han dicho, la educación y el aprendizaje deben estar al acceso de todas las personas, de forma que todas tengan la misma oportunidad para encontrar su lugar en la sociedad. 
Las desigualdades se hacen evidentes en cuanto los niños entran en el sistema educativo y son responsables de muchos fracasos académicos, antes de generar la exclusión social en etapas posteriores de su vida. 
Se trata de una espiral descendente y de ahí la gran importancia de adoptar una estrategia coordinada a nivel europeo que facilite el acceso a cada ciudadano europeo a un nivel mínimo decente y suficiente de educación y aprendizaje. 
La comunicación de la Comisión pretende responder a este ambicioso proyecto. 
Por otra parte, varias propuestas son muy interesantes, incluso si se beneficiasen al aclararse y complementarse mediante las disposiciones incluidas en el informe de la Sra. Van Brempt, sobre el que vamos a votar. 
Acogemos de buen grado el hecho de que la Comisión defienda el derecho de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que han abandonado la escuela, de adquirir cualificaciones básicas a través de un aprendizaje compensatorio libre en una etapa posterior de su vida. 
También apoyamos la idea de que la Comisión debería, trabajando estrechamente con los Estados miembros, establecer un marco europeo para definir las cualificaciones básicas que todos los alumnos deben haber adquirido. 
Con respecto a la formación, apoyo la solicitud de la Comisión de aplicar estrategias claras con una financiación adecuada para el capítulo que hace referencia al aprendizaje permanente. 
Por último, para crear un espacio europeo de la educación, deben garantizarse oportunidades iguales en el campo de la educación y el aprendizaje para todas las personas, especialmente para las mujeres, a través de la estrecha cooperación entre todos los agentes sociales implicados. 
Asimismo, los programas de integración diseñados para los inmigrantes deben existir incluso para los alumnos preescolares. 
Me gustaría concluir felicitando calurosamente a la Sra. Van Brempt por su trabajo y su informe y señalando que la educación y el aprendizaje permanente no constituyen solamente una necesidad social, sino también un derecho social principal. 
Señor Presidente, en el siglo XXI hemos pasado a depender de lo que llamamos una economía basada en el conocimiento y la sociedad de la información. 
Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a esta base de conocimientos. 
Las propuestas en materia de aprendizaje permanente son una respuesta novedosa a este déficit, pero que todavía está en pañales. 
No se trata simplemente de una cuestión de formación para una determinada cualificación laboral, aunque las personas con una base educativa baja corren más riesgo de desempleo y debemos abordar en particular estas desigualdades educativas tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. 
La formación no puede sustituir a una educación deficiente y existe un riesgo considerable de que las personas que tienen una base educativa sólida se beneficien más del aprendizaje permanente y que los que carezcan de ella se vean todavía más marginados. 
Hay que prestar especial atención a este problema. 
Las propuestas son alentadoras, pero no está claro cómo se aplicarán y financiarán. 
En este caso, la ponente ha hecho una labor excelente a la hora de concretar propuestas bastante vagas. 
Esto no es culpa del Comisario, cuyo compromiso no está en duda, sino que se debe a las dificultades de coordinación de la educación en todos los Estados miembros cuando no existe una responsabilidad europea clara. 
Señora Presidenta, espero cumplir la edad de 60 el próximo año, una edad de la que antes pensaba que uno podría esperar tranquilamente la jubilación, pero nada está más lejos de la realidad. 
De hecho, continuamente me veo obligado a aprender cosas nuevas para poder seguir desempeñando mi trabajo. 
Es más, también debo mantenerme al día de los últimos avances para poder comunicarme por correo electrónico con mis hijos y nietos. 
Cada día aprendo algo nuevo utilizando mi ordenador. 
Por lo tanto, el aprendizaje permanente no es un modelo político, es un hecho. 
Estoy de acuerdo con la necesidad de un aprendizaje permanente. 
Por ello considero necesario que el Gobierno adopte una postura activa para poder permitir al público que adquiera continuamente nuevos conocimientos. 
La política actual en muchos Estados miembros deja que desear al respecto. 
Las medidas van dirigidas a los empresarios, consejos locales e institutos de prestaciones sociales, pero no a motivar al ciudadano individual. 
El mejor planteamiento en el que el Gobierno paga la educación que recibe una persona antes de que se incorpore al mercado laboral. 
Posteriormente los empleados deberían responsabilizarse de su propio desarrollo. En este contexto, el Gobierno y las empresas necesitan garantizar que existen las condiciones previas y el apoyo financiero adecuados. 
Dentro de Europa, podremos establecer entonces estas condiciones previas con el fin de garantizar al público, incluso a aquellas personas que se encuentran cerca de la edad de jubilación, la participación continua en el proceso laboral. 
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Comisión por haber propuesto una estrategia claramente definida en el campo del aprendizaje permanente, así como a la ponente, la Sra. Van Brempt. 
Teníamos grandes expectativas con respecto a esta comunicación porque todos sabíamos que los Estados miembros prácticamente no habían avanzado en este campo desde el Consejo de Lisboa. 
Si realmente queremos crear una Europa del conocimiento fomentando la igualdad de oportunidades, es esencial que ofrezcamos a cada ciudadano de la Unión un acceso igual a la educación y al aprendizaje permanente. 
Con la idea de traducir esta estrategia en acción, me centraré en varios puntos. 
En primer lugar, debemos realizar esfuerzos en el área del reconocimiento y la capacidad de transferencia del aprendizaje y los títulos mediante el uso de las redes existentes o mediante la creación de otras nuevas. 
En segundo lugar, debe proporcionarse acceso al aprendizaje permanente a todos los empleados y desempleados. 
Por lo tanto es responsabilidad de la Comisión promover todas las iniciativas de los Estados miembros en esta área y, si fuese posible, proponer programas específicos diseñados, por ejemplo, para los desempleados o para jóvenes sin cualificación. 
En tercer lugar, es esencial acordar un objetivo de gasto anual en el campo de la educación y el aprendizaje permanente y proporcionar incentivos fiscales o de otro tipo para promover la inversión de los empresarios y los ciudadanos particulares. 
Por último, me gustaría centrarme en la dimensión europea de la educación y la formación, lo que requiere el dominio de una segunda lengua. 
Todas las instituciones y los Estados miembros deben continuar con sus esfuerzos en este campo de forma que se asegure la debida continuidad del Año Europeo de las Lenguas. 
El espacio europeo de la educación y el aprendizaje permanente es un enorme taller y debemos establecerlo sin demora para permitir a todos nuestros conciudadanos que se beneficien más de su derecho a aprender. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, crear un espacio para el aprendizaje permanente significa tomar medidas activas para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los grupos de población. 
Siendo realistas, la Unión Europea no puede conseguirlo por sí sola, teniendo en cuenta que el 1% del presupuesto total se invierte en cultura y educación. 
También debería cambiarse algo en este aspecto. 
Lo que es más, a menudo existe una ansiedad cerril en los Estados miembros, por ejemplo en los länder alemanes, en lo que respecta a la soberanía cultural. 
Consideran que su soberanía cultural está siendo amenazada cuando la UE se pronuncia sobre la política de educación. 
Los resultados del estudio de Pisa deberían haber abierto los ojos a la gente. 
Finlandia ha obtenido excelentes resultados en la práctica del aprendizaje permanente, superando a Alemania con su principio de rendimiento en la primera fase de la educación, que a menudo obstaculiza el avance de las personas hacia la posterior formación. 
Así que podemos aprender unos de otros. 
Deberíamos elaborar planes de formación para los nuevos avances relativos a la revolución electrónica y también en la industria. 
Deberíamos ampliar los centros educativos. 
La ponente ha propuesto cuentas individuales de aprendizaje. 
Las cuestiones clave en este caso son los intercambios de información y la experiencia. 
Necesitamos tener sistemas reconocidos y garantizados para el reconocimiento mutuo de los exámenes finales. 
Esto debe desarrollarse. 
Necesitamos orientar la oferta hacia grupos específicos, por ejemplo madres que se reincorporan al trabajo, padres solteros que necesitan servicios de cuidado para sus hijos, trabajadores inmigrantes y personas de las zonas rurales. 
La Comisión y los Estados miembros deben centrarse en esto de forma coordinada y hay que prestar especial atención al planteamiento de integración de la perspectiva de género para el aprendizaje permanente. 
También necesitamos aprovecharnos de todos los instrumentos posibles, tales como préstamos del Banco Europeo de Inversiones, con el fin de ampliar nuestros sistemas educativos para crear un sistema educativo moderno y eficaz. 
Necesitamos implicar al sector informal y acelerar el proceso político de la educación de adultos, necesitamos una nueva cultura de aprendizaje para garantizar el desarrollo sostenible del recurso más valioso con el que contamos: las personas y sus mentes. 
Señora Presidenta, me gustaría también dar las gracias a la ponente por su excelente informe. 
Sin embargo, quisiera hacer un par de comentarios. Realmente estamos siguiendo el planteamiento que se demandó en Feira, pero he oído a algunos oradores, incluidos colegas de mi grupo, mencionar el analfabetismo. 
Me gustaría llamar la atención de esta Cámara sobre este tema en concreto: existe un alarmante grado de analfabetismo que afecta a una gran parte de la población europea en lo que respecta a las nuevas tecnologías y las nuevas lenguas. 
La Comisaria ha mencionado el tema de «vivir» en la sociedad basada en el conocimiento. 
Por supuesto, vivir significa interactuar, pero vivir también significa, por encima de todo, comunicar, ya que hoy en día aquellos que comunican son los que cuentan en la sociedad. 
Con el fin de comunicarse, una persona necesita conocimiento y la capacidad de comunicarse, lo que significa estar en posesión de las herramientas de comunicación: los idiomas. 
Es en esta área en la que debemos avanzar. 
Es en lo que nos debemos concentrar. 
Una cuestión es la formación y otra enseñar. 
Si queremos tener una enseñanza de gran calidad, debemos tomar medidas para establecer un curriculum básico común y revisar todos los sistemas educativos europeos. 
En lo que respecta a la formación, posteriormente cada Estado deberá fortalecer estos acuerdos nacionales sobre formación, trabajando conjuntamente con las comunidades locales, los negocios, las empresas y aquellos que invierten en la formación de los jóvenes y los no tan jóvenes. 
Realmente apoyo la formación permanente, pero creo que si la preparación específica, la formación específica en cualificaciones de aprendizaje, no se proporciona a la edad adecuada, digamos durante los años escolares, tendremos todavía menos oportunidades de éxito con adultos que ya no están abiertos a aprender. 
Por lo tanto debe existir una estrategia completa para reforzar la educación primaria y secundaria y después de eso podemos introducir medidas de aprendizaje permanente. 
Quisiera concluir con el comentario de que nuestros países gastan menos del 15% del PIB en la enseñanza y la formación. 
Es muy posible que la Comisión tenga que tomar medidas y lanzar un debate político y cultural a escala europea, ya que la Europa basada en el conocimiento, la Europa de la cultura, la Europa de los valores, sólo podrá hacerse realidad si invertimos más y de modo diferente en la formación.. 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, si consideran que la educación es demasiado cara, «prueben con la ignorancia» , como decía Abraham Lincoln, y es por esto por lo que acojo de buen grado el informe de la Sra. Van Brempt, así como la autenticidad y la importancia de las ideas que acaba de presentar. 
Tal y como ha ilustrado acertadamente, en nuestras sociedades la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y la capacidad para hacerse cargo a lo largo de toda la vida dependen de un mejor acceso a la educación y la formación. 
Este informe tiene el mérito de recordarnos los aspectos principales del aprendizaje permanente. 
Proporciona una definición exacta de los grupos sociales vulnerables que deben tener acceso a este proceso, es decir, analfabetos, inmigrantes, discapacitados, desempleados y mujeres que concluyen la baja por maternidad. 
Me gustaría rendir homenaje al excelente trabajo realizado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Asimismo, este informe es un reflejo de nuestras sociedades, que están experimentando enormes cambios en los que una persona puede cambiar de profesión varias veces a lo largo de su vida. 
Si se aplica rápidamente este informe, será una oportunidad para todos los hombres y mujeres que creen que el avance en la sociedad está realmente bloqueado para ellos. 
Sin embargo, deben mencionarse determinados puntos flacos. 
La Sra. Karamanou ha destacado las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a la formación, pero existen verdaderas deficiencias en aquellos casos en que están implicados los analfabetos, inmigrantes, discapacitados y desempleados de larga duración. 
El problema principal para mi, Señorías, es la financiación, porque, aunque la Comisión ha destinado actualmente más de 500 millones de euros y reservará una suma equivalente para 2006, y aunque el Banco Europeo de Inversiones pretende aumentar el presupuesto destinado a este ámbito, los Estados miembros, por otra parte, no parecen querer que se haga ningún gran esfuerzo en este tema. 
Asimismo, sería inadecuado, en un tema tan importante, caer en la tacañería o, por ejemplo, reestructurar los programas existentes, como Leonardo y Sócrates. 
Por último, Comisaria, me opongo rotundamente, al igual que espero que usted lo haga, a la idea de que el precio de incluso una pequeña parte de la educación deberían pagarlo las personas que precisamente más la necesitan. 
Tengamos presente la frase de Victor Hugo: «Con cada escuela que se abre se cierra una cárcel más.» 
Señorías, tengamos en cuenta que son las personas más vulnerables a las que más debe incumbir el aprendizaje permanente. Esto les proporciona una enorme esperanza a todos ellos, hombres y mujeres, y quizás también una última oportunidad. 
Señora Presidenta, Comisaria, en primer lugar me gustaría comentar la propuesta de la Sra. Van Brempt como ponente, de sustituir la frase «aprendizaje permanente». 
Realmente suena como una pena de prisión y me gustaría sugerir directamente una alternativa: «aprender para la vida». 
Implica lo mismo pero no suena negativo ni como una pena de prisión. 
Quizá podríamos utilizarla en el futuro. 
El informe que tenemos ante nosotros destaca muchas posibilidades y este debate también ha demostrado cuánto podemos y debemos hacer. 
También me gustaría tocar una vez más varios puntos que para mí no han quedado claros y, concretamente, la cuestión de reconocer los títulos formales. 
La Comisión habla por una parte de una norma de calidad mínima voluntaria y en otra de un sistema modular que debe elaborarse antes de 2003 y que permitiría a las personas combinar distintos centros educativos y de formación profesional. 
El término «voluntario» da lugar a cierto grado de incertidumbre en este caso: necesitamos expresar claramente qué queremos y qué tendría como consecuencia el reconocimiento mutuo. 
Ya hemos hablado bastante ampliamente aquí de la igualdad de oportunidades y del aprendizaje permanente o del aprendizaje para la vida. 
El hecho de que, de acuerdo con un estudio de Eurostat, el 16% de los titulados universitarios proceden de la formación profesional continua en comparación con solamente un 2% de las personas con las calificaciones educativas más bajas, nos indica que el acceso a la educación no debería dar lugar a desigualdades, sino reducirlas. 
En esta Cámara debemos ayudar a superar estas barreras. 
La exclusión social y la marginación deben reducirse mediante un nuevo proyecto europeo como es el aprendizaje permanente. 
El Consejo de Lisboa estableció el objetivo de hacer de la UE el espacio económico basado en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo. 
Sin embargo, si pretendemos alcanzar este objetivo, todos debemos implicarnos desde el principio. 
El acceso a la educación y la formación debería dejar de depender del nivel de educación de las personas, su género y su nacionalidad, así como de los aspectos infraestructurales. 
Señora Presidenta, sé que estamos justos de tiempo y que debería exponer mi postura sobre todas las propuestas prácticas realizadas por Sus Señorías. 
No puedo hacerlo, pero he tomado nota de todo lo que han dicho, todas ellas propuestas muy prácticas y útiles. 
Simplemente daré una breve explicación de las acciones previstas para los próximos meses. 
En noviembre la Comisión presentará una comunicación sobre los indicadores y los criterios de referencia que servirá para medir el avance realizado en las áreas prioritarias. 
Así ustedes tendrán esta comunicación, que permitirá que se realice una evaluación real de las medidas prácticas adoptadas. 
Asimismo, con respecto a las cualificaciones básicas, siete grupos de trabajo, en colaboración con los Estados miembros, están en proceso de llegar a un acuerdo sobre los criterios comunes necesarios para aplicar los criterios de referencia correctamente y evaluar las medidas que se han adoptado. 
Esta tarea prácticamente se ha finalizado y por lo tanto se avanzará rápidamente. 
Por otra parte, en el campo de la formación profesional, la situación se desarrollará con gran celeridad. 
Está claro que para progresar en este campo, los interlocutores sociales deberán estar directamente implicados. 
Me gustaría añadir que los interlocutores sociales y los Estados miembros se han comprometido a establecer principios comunes en el campo de la formación no formal, una tarea que nos esforzamos por terminar. 
También me gustaría decir que estoy tan sorprendida como cualquiera del alarmante número de personas de nuestras sociedades que no saben leer ni escribir. He entendido su mensaje: quieren que conjuntamente emprendamos una importante acción para combatir el analfabetismo. 
Estudiaré esta propuesta junto con mi equipo y quizás la Comisión y el Parlamento puedan adoptar una iniciativa conjunta sobre este tema. 
Gracias, Comisaria Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12 horas. 
El siguiente punto es el informe (A5-0183/2002) de la Sra. Gutiérrez-Cortines, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre las universidades y la enseñanza superior en el espacio europeo del conocimiento [2001/2174 (INI) ]. 
. (ES) Señora Presidenta, quiero agradecer a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte que haya aceptado esta propuesta para hacer un estudio sobre las universidades y la enseñanza superior en el espacio europeo del conocimiento. 
He de decir que hay recogidas aquí muchas ideas de mis compañeros y colegas del Parlamento, y que se ha escuchado mucho a la Asociación Europea de Estudiantes y a la Asociación Europea de Universidades, así como a otros muchos sectores y que, incluso, ha habido una audiencia. 
Sin embargo, antes de entrar en materia, quiero decir que no hay enmiendas y que, simplemente, para facilitar la lectura del texto, pido a la secretaría del Pleno que introduzca dos subtítulos: «Espacio Europeo de la Educación Superior» , antes del apartado 1 y «Proceso de Bolonia» , antes del apartado 5. 
¿Por qué es necesario elaborar este informe? 
Existe en Europa una cierta contradicción. 
Las universidades han constituido un eje sobre el que se ha construido la cultura europea desde hace más de 1 500 años. 
Además, han sido los centros donde se ha creado el diálogo, donde se ha desarrollado el pensamiento científico y donde se ha formado la juventud. 
Y, sin embargo, curiosamente, estamos viviendo un proceso de alejamiento- que muchos denominan endogamias- de la universidad con relación al sistema, y al entorno, y la propia Comisión y las políticas europeas no están teniendo en cuenta suficientemente el papel que podrían desempeñar las universidades como consultoras, instituciones o difusoras del acervo comunitario. 
Aparte de tener gran profesionalidad e independencia, son instituciones implantadas en todo el territorio de la Unión y debieran ser clave como referentes de la sociedad civil, como escenarios de diálogos y debate y como apoyo para los programas MEDA y los programas de los países candidatos a la adhesión, así como centros de formación en muchos sentidos, más aún de lo que lo están siendo. 
Por tanto, no nos dirigimos solamente a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que sabemos que ha elaborado programas específicos sobre las universidades, sino al conjunto de la Comisión Europea. 
Nos hallamos, pues, ante el primer documento europeo sobre este tema. 
Con esto quiero decir que invitamos, por un lado, a las universidades a acercarse a Europa, a mirar en Europa y a interesarse por los temas europeos y, por otro lado, a la Comisión a que amplíe su relación con ellas en todos los sentidos. 
¿Qué pedimos en el informe? 
Se necesita fortalecer la creación de un espacio europeo de la educación y, para ello, tienen que ser protagonistas las propias universidades. 
Asimismo, necesitamos que éstas asuman el reto científico y conceptual que tienen Europa y su entorno (regiones y naciones). 
Las universidades también han de ser guardianas y han de estar comprometidas con la calidad y ser las principales protagonistas y difusoras de la cultura del esfuerzo y de la evaluación abierta y transparente. 
Evaluación, transparencia y calidad, como respuesta responsable a unos organismos financiados, en general, con dinero público y que cuentan con la confianza de la sociedad como instrumentos para formar a las futuras generaciones. 
Desde aquí se apoya el proceso de Bolonia comenzando por las propias universidades y por el Consejo, con todo lo que ello implica: movilidad, reconocimiento de títulos, creación de redes, etc.; pero se entiende que, para conseguir esa convergencia, tanto el reconocimiento de títulos como el incremento de la movilidad entre profesores, alumnos e investigadores, es preciso flexibilizar los sistemas de recepción y hacer más abierto el propio proceso de Bolonia, así como la arquitectura de los títulos. 
Así la gente se entenderá más cómodamente, se sentirá más a gusto y será más fácil recoger la diversidad de los problemas que presentan los distintos tipos de titulaciones y de investigación, así como las peculiaridades de la formación práctica. 
También se pide la elaboración de un Libro Verde, porque es sorprendente el desconocimiento que tenemos sobre la situación en las universidades. 
Los indicadores- los pocos que se tienen- en muchos casos muestran cifras bastante negativas; las universidades están pasando una gran crisis: han hecho un gran esfuerzo por acercar la educación a todos, y han perdido muchas veces en competitividad. 
Hay que ayudarles. 
Hay que reconocer la carrera de investigación, fomentar la investigación y crear incentivos para que los estudiantes, desde jóvenes, se inicien en estos aspectos; es preciso premiar el mérito, la movilidad y los resultados, siendo fundamental, a su vez, que las universidades aumenten su papel como centros de formación a lo largo de toda la vida. 
Ellas han de ser los centros difusores de la tecnología y de la innovación, así como de la actualización del conocimiento. 
Se sugiere también que se incremente la presencia de las universidades en los medios de comunicación y el fomento de las universidades a distancia- ellas nos lo han pedido- y, al mismo tiempo, la creación de una «casa de las universidades» , un centro donde ellas se encuentren para que su relación no sea a través de Internet; para que su relación no sea de fría distancia, sino que pueda haber en Europa un espacio de debate universitario. 
Señora Presidenta, he tomado nota de las propuestas de la ponente, la Sra. Van Brempt, así como de la Comisión de Cultura con gran interés. 
Es cierto que si queremos crear la Europa del conocimiento en la que tenemos puestas todas nuestras esperanzas desde Lisboa, debemos integrar las universidades de forma real. 
Por este motivo mi colega responsable de investigación, el Sr. Busquin, y yo estamos preparando una comunicación sobre el papel de las universidades en la Europa del conocimiento, un papel que trasciende a la investigación, la educación y la innovación. 
Con esta comunicación la Comisión retomará las ideas expresadas en el presente informe, como son las relativas a los estudios de doctorado. 
De hecho, estos estudios deben consolidarse y «europeizarse». 
Debatiremos el proceso de Bolonia el próximo año en el mes de septiembre en el importante congreso de Berlín. 
Hasta entonces, tenemos trabajo práctico por hacer. 
De hecho, el 17 de julio la Comisión adoptó el proyecto Erasmus World, que autorizará la creación de vínculos entre nuestras universidades en el nivel de máster. 
De este modo crearemos familias universitarias a través de las fronteras que ofrecerán a los europeos titulaciones de máster y estarán abiertas a los estudiantes y profesores universitarios de otros continentes. 
Esta propuesta ha sido remitida al Parlamento y al Consejo, de acuerdo con el procedimiento de codecisión. 
Con esto estamos afirmando nuestra voluntad de innovar y reforzar nuestras universidades de forma que vuelvan a ser los centros de excelencia cuyo potencial poseen y de forma que contribuyan a hacer realidad la Europa del conocimiento, que de momento existe solamente en la teoría. 
No olvidemos que las universidades son de por sí un conjunto de agentes e instituciones, escuelas, formación profesional, empresas, ciudadanos, a los que va dirigida la política de la Comisión. 
Nos estamos basando en el apoyo del Parlamento para alcanzar una Europa del conocimiento que abarque la totalidad de las distintas fuerzas de la sociedad intelectual. 
La adopción de la resolución, teniendo en cuenta esta perspectiva global, significará avanzar un paso en esta dirección. 
Les doy las gracias por el apoyo que han prestado a la acción que estamos en proceso de realizar. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente, a nuestra compañera Cristina Gutiérrez-Cortines, porque me parece que es la persona más apropiada para ser ponente de este informe sobre universidades y enseñanza superior, y su gran experiencia en ese sentido nos lo ha demostrado. 
Quisiera centrar mi intervención en el deporte. 
En Europa es muy difícil compaginar los estudios con el deporte y ello obliga a nuestros jóvenes en un momento dado a tener que elegir. 
Los padres, como es lógico, intentamos influir en esa elección y les animamos a que elijan los estudios en lugar del deporte, ya que aquéllos nos parecen un valor más seguro. 
En otros países, como Estados Unidos, el deporte y los estudios universitarios son totalmente compatibles. 
Y no solamente son compatibles, sino que un estudiante norteamericano incluso tiene acceso a muchísimas más universidades y posibilidades gracias al deporte que sin él. 
La Unión Europea debe impulsar el deporte en las universidades, y ello tanto dentro como fuera de la propia universidad. 
Tenemos que impulsar que haya equipos universitarios que participen en encuentros entre universidades (regionales, nacionales, internacionales, etc.) y, quizá ¿por qué no? , podríamos destinar una parte del programa ERASMUS, que está teniendo gran éxito, a que los equipos universitarios de deportes tengan su movilidad, como el resto de los estudiantes. 
No hemos de olvidar que a los jóvenes que reparten su tiempo entre los estudios y el deporte no les quedan ni energías ni tiempo para dedicarse a otras actividades que todos desaconsejaríamos. 
Señora Presidenta, el excelente informe de la Sra. Gutiérrez-Cortines representa un hito, ya que es el primer informe presentando ante el Parlamento tan completo y bien estructurado. 
Se ha hablado, especialmente durante los últimos años, después de Lisboa, de la necesidad de desarrollar una Europa basada en el conocimiento, pero en muchos aspectos esto se ha quedado simplemente en buenas intenciones. 
Aquellos que como yo han experimentado los efectos de los programas Erasmus y Sócrates en las universidades conocen el impacto que han tenido en lo relativo a la ampliación de los horizontes de los estudiantes y profesores universitarios y a la creación de una extensa conciencia europea entre los ciudadanos, empezando por las familias de las personas que se han beneficiado de los programas, a pesar de la escala a menudo limitada de los programas provocada por la falta de financiación. 
Ahora nuestra labor es ampliar la atención y la acción de la Unión a un gran número de aspectos distintos de la enseñanza superior, sobre todo fomentando la difusión de las buenas prácticas de algunos países en los restantes países de la Unión, promoviendo el derecho de todos los ciudadanos a estudiar independientemente de su situación económica, y esto puede lograrse mediante la ampliación de la enseñanza superior pública, que es la única forma de educación que atrae inversiones no sujetas la idea de los beneficios rápidos y que por lo tanto puede garantizar que todos los ciudadanos accedan a la enseñanza superior, lo cual es necesario para la renovación de las clases dirigentes. 
No debemos ignorar el hecho de que la supremacía de las universidades públicas en algunos países de la Unión se encuentra en la actualidad amenazada por alarmantes tendencias de privatización, que están en peligro de reducir de forma irreparable la libertad de estudio y de disminuir la calidad de investigación y enseñanza, dando mayor importancia a los ingresos que a los méritos y la capacidad. 
El informe Gutiérrez-Cortines tiene en cuenta esta situación y contiene varias propuestas importantes. 
Me gustaría, entre otras cosas, señalar que hace un llamamiento a la Comisión para que establezca una «Casa de las Universidades Europeas» que proporcione al mundo académico, incluidos estudiantes, profesores y las diversas agencias que trabajan en el sector, una forma autónoma de reivindicar sus necesidades y de hacer propuestas. 
Este podría ser un ejemplo interesante de la aplicación del principio de subsidiariedad a un sector de la cultura europea que es esencial para todo nuestro trabajo. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, en primer lugar me gustaría dar encarecidamente las gracias a la Sra. Gutiérrez-Cortines por el esfuerzo que ha realizado en la elaboración del informe de iniciativa. 
No podría estar más de acuerdo en que el conocimiento es la clave de la competitividad y el desarrollo económico y social en Europa, pero realmente no coincido con todas sus conclusiones. 
Las universidades desempeñan un papel esencial en lo que se refiere a convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva. 
Por ello es muy importante que mantengan contacto mutuo e intercambien experiencias e información. 
Sin embargo, la condición previa es que deben ofrecer una educación de gran calidad en un intento por crear centros de excelencia dentro del mundo académico. 
Comparto totalmente el punto de vista de la Sra. Gutiérrez-Cortines de que la movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores podría mejorarse mucho. 
Administrativamente, podrían eliminarse muchos obstáculos. 
Sin embargo, no veo la ventaja de que la Comisión y los Estados miembros deban promover el establecimiento de una Sede de universidades europeas. Por ello no me queda claro qué papel desempeñarían aquí una representación de los Estados miembros y del Parlamento. 
Otra cuestión cuya validez se me escapa es el establecimiento de una universidad cultural europea independiente. 
Los idiomas y la literatura, la filosofía y la comunicación ya se enseñan en las universidades, mientras que las academias especiales se encargan de las artes. 
El informe apunta la necesidad de un diálogo intercultural con las demás regiones del mundo. 
Esto está muy bien, pero implica que las universidades existentes son totalmente introspectivas y que no mantienen contacto con el resto del mundo, lo cual no es cierto. 
Por ello me temo, señora Gutiérrez-Cortines, que mi grupo, pese a estar de acuerdo con ciertos aspectos del informe, se abstendrá en la votación, ya que no se puede conciliar con los dos puntos mencionados. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, las universidades de Grecia están perdiendo rápidamente sus credenciales académicas. 
Sus funciones básicas están siendo privatizadas, cada vez están más controladas por los intereses empresariales y se las obliga a funcionar como empresas sujetas a la competitividad y a las leyes del mercado en general. 
Debido a ello, el nivel de educación impartida está ya casi por los suelos. 
La Unión Europea es la principal fuerza impulsora en esta dirección y el informe no hace más que apoyar esta dinámica. 
El Partido Comunista de Grecia se opone radicalmente al proceso de Bolonia, a las universidades privadas, a las intervenciones a través del Libro Verde, al denominado Espacio europeo de la enseñanza superior y, por supuesto, a la creación de una sede de universidades europeas, lo cual eliminaría la independencia y la libre circulación de ideas. 
Luchamos por las universidades estatales y solamente éstas, sujetas al control académico y no empresarial, cubrirán las necesidades sociales y básicas. 
Apoyamos la cooperación entre universidades con el debido respeto del orden académico. 
Señorías, las universidades no son tiendas de comestibles. 
Si dejamos que se conviertan en eso, entonces truncaremos cualquier esperanza de que los jóvenes adquieran una educación equilibrada y cualquier esperanza de un futuro mejor que pueda tener la sociedad. 
Esta iniciativa era muy necesaria y por ello la aplaudo. 
Las universidades constituyen el pilar de nuestras sociedades, por ello alentar a las universidades, a los estudiantes y a los profesores a que forjen vínculos más estrechos y compartan experiencias contribuirá de modo muy importante al enriquecimiento de nuestras sociedades. También reforzará el espíritu competitivo europeo, ya que las universidades desempeñan un papel fundamental en la actualidad en el sector empresarial. 
Muchos establecimientos de enseñanza superior ya están sufriendo una crisis de financiación y la legislación de la Unión Europea en materia de enseñanza superior no podrá avanzar sin un compromiso financiero adecuado. 
Insto a la Comisión, al Consejo y al Parlamento a que garanticen que eso suceda, ya que es esencial que esta iniciativa esté debidamente financiada. 
Sin embargo, me hubiese gustado que se hiciera más hincapié en la formación en lenguas extranjeras modernas, ya que las barreras lingüísticas son uno de los principales obstáculos para la movilidad. 
En mi país, el Reino Unido, la enseñanza obligatoria de lenguas extranjeras se ve mermada. 
Ofrecer una lengua optativa es muy importante. 
Recomiendo a la Cámara este informe y lo apoyo plenamente. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la Sra. Gutiérrez-Cortines por su importante informe, ya que, como ella misma ha dicho, tenemos ante nosotros el primer documento dedicado por el Parlamento Europeo a las universidades como instituciones reconocidas. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Gutiérrez-Cortines en que ha llegado la hora de que Europa no sólo financie sino gestione y promueva un modelo de educación sin fronteras a nivel europeo, devolviendo la investigación a su hogar institucional, la universidad. 
Por ello creo que debo destacar la importancia de consolidar la Espacio europeo de la enseñanza superior, una meta realmente importante, que aunque implica a las universidades individuales de los Estados miembros, no afectará ni a su autonomía ni a su historia cultural, al tiempo que facilita lo que estoy seguro que será una enseñanza de gran calidad. 
Por otra parte, el movimiento de los estudiantes, investigadores y profesores es un modo excelente de realizar intercambios de cualificaciones y de desarrollar facultades críticas y tiene un gran valor social, con la idea de garantizar una integración cultural exitosa en el futuro. 
Creo profundamente que el establecimiento de una red de enseñanza superior y los resultados de la investigación no solamente conllevarán una evaluación recíproca del rendimiento, sino que harán que cualquier proceso de control sea más rentable. 
Por ello cada vez es más importante para la Unión Europea aplicar una política de apoyo a través de la programación de fondos para la investigación universitaria, teniendo en cuenta que la labor de una universidad como institución no es sólo enseñar, sino especialmente llevar a cabo investigaciones y experimentos, mejorando así la labor de los investigadores que de otro modo buscarían actividades profesionalmente más gratificantes en otros lugares, especialmente en los Estados Unidos. 
Volviendo a la financiación hasta ahora destinada por la Unión Europea a la investigación, observo que una gran parte se ha dedicado a iniciativas de medio y pequeño tamaño, que son realmente importantes en las economías generales de nuestros países, mientras que el sector de la investigación universitaria se ha desatendido. 
Me temo que debo señalar, basándome en este análisis, que parte de la investigación financiada se subcontrató posteriormente precisamente a investigadores universitarios para que la aplicasen. 
Me doy cuenta de que hasta el momento se han facilitado realmente muchos recursos a las universidades de la Unión Europea- el Quinto Programa Marco, el Sexto Programa Marco, Erasmus, etc.- pero tenemos una tarea más: convencer a aquellos que trabajan en este documento de que es hora de devolver a la institución de las universidades su papel supremo en la investigación, reconociendo que han desempeñado este papel durante más de 600 años y obtenido excelentes resultados, ofreciéndolos para beneficio del mundo sin reclamar derechos de propiedad. 
Señor Presidente, la importancia que tienen las universidades y la educación está fuera de toda duda. 
De hecho, la educación por sí misma es tan importante que el Primer Ministro Blair declaró en el pasado que solamente tiene tres políticas: educación, educación y educación. 
Pero el peso que tiene la educación en la arena política hace que las universidades y otras instituciones sean especialmente vulnerables a las presiones externas. 
No en vano las universidades son uno de los principales objetivos de demagogos y dictadores. 
Pronto eliminan a los librepensadores y a los espíritus independientes. 
Las democracias también tienen un problema en este caso, ya que nuestros centros de enseñanza se basan principalmente en el estado de su financiación y por lo general quien los subvenciona quiere llevar la voz cantante. 
Así hemos visto cómo aumenta la intromisión en nuestros centros de enseñanza. 
Esto también sucede en la Unión Europea. 
Dado que cada vez más dinero destinado a la formación proviene de las instituciones europeas, es Europa la que lleva la voz cantante. 
Cuando visito las distintas universidades británicas y hablo con los estudiantes, soy testigo de la proliferación de banderas con el anillo de estrellas y de literatura de la UE. 
Pero lo que es más preocupante, observo que en el programa Jean Monnet las ortodoxias de la Unión Europea se enseñan en ciencias políticas y en cursos de historia de Europa. 
Tal es la influencia del dinero de la UE que disentir de la sabiduría percibida se tacha casi de herejía. 
Los estudiantes se ven penalizados en su calificación si en su trabajo de curso y sus exámenes no presentan la versión correcta de la historia política. 
Por ello considero este informe con cierto grado de consternación y temor. 
La Unión Europea cuenta con sus propias políticas clave, que son integración, integración y más integración. 
De ahí que la Unión Europea esté tan interesada en las universidades y en la formación continua. 
No dudo que este informe en particular es bienintencionado, pero la creación de un espacio de aprendizaje europeo y la posibilidad de que se filtre todavía más dinero de los contribuyentes a través de la UE a las universidades constituye una receta para una intromisión política todavía mayor. 
La independencia de nuestras universidades es demasiado importante como para sacrificarla en el altar de la integración política. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Gutiérrez-Cortines sobre las universidades y la enseñanza superior en el Espacio europeo del conocimiento está lleno de buenas intenciones. 
Sin embargo, debemos garantizar que no caigamos en la trampa del principio dogmático tan querido por los partidarios proeuropeos: siempre que existe un espacio europeo, todo debe fusionarse y mezclarse, sin excepción. 
En la medida en que las universidades están implicadas, ya se ha avanzado mucho, especialmente dentro de los programas Sócrates y Erasmus, en fomentar la movilidad de los estudiantes y profesores, la creación de cursos conjuntos, la programación de cursos intensivos y la ayuda en el establecimiento de redes temáticas. 
Sin embargo ¿debemos avanzar hacia una ruta centralizadora y burocrática que introduciría criterios únicos y rígidos en un área en la que la diversidad de culturas, métodos y conceptos es garantía de una cultura de calidad, que no está vinculada a una ideología? 
Hasta el momento, Europa ha hecho lo que tenía que hacer en esta área proporcionando a todo el mundo herramientas eficaces dentro de los programas que he mencionado. 
Ahora debemos desarrollar formas de cooperación originales al tiempo que respetamos las libertades y deseos de cada nación de la UE. 
Las escuelas empresariales y de ingeniería son un ejemplo de escuelas de éxito que, independientemente de cualquier marco legal europeo, han logrado integrarse en este nuevo espacio mediante la organización libre de títulos, materias, intercambios y clases de reorientación conjuntas. 
¿Depende de Europa decidir qué pertenece al dominio privado? 
¿Depende de Europa implicarse en las actividades deportivas de las universidades? 
¿Depende de Europa definir qué debe constituir la enseñanza de los estudios artísticos? 
No lo creo. 
Sin embargo, reconozco que hay dos puntos positivos en este informe. 
En primer lugar, la redacción de un Libro Verde, en la medida en que no se convierte en un instrumento para estandarizar nuestras universidades, y en segundo lugar, la concesión de becas para estudios de postgrado basadas en el mérito y no en los ingresos. 
Sin embargo, estos dos puntos no son suficientes para convencernos para que votemos a favor de este informe. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la Sra. Gutiérrez-Cortines y centrarme en un aspecto de su discurso, concretamente la necesidad de definir un sistema de calificaciones que haga que sean fáciles de entender y comparar. 
Quiero, en particular, presentar una vez más la propuesta, que considero que merece un lugar en un debate como éste, de que se elimine la validez legal de los títulos. Desde mi punto de vista, esta es una medida que podría servir para garantizar que se evita la confusión en el debate entre los sectores público y privado, la garantía de educación de gran calidad. 
De hecho, como ha dicho acertadamente el profesor Vattimo, se presta especial atención al hecho de facilitar una garantía genuina de la experiencia educativa. 
Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, el estatus legal del administrador no puede ser garantía de dicha experiencia. 
En el siglo XVIII, toda Europa acudía en masa a Prusia, no porque tuviese un Estado eficaz capaz de dirigir universidades, sino sobre todo por que había un excelente profesor llamado Immanuel Kant. 
De hecho, la validez de la aventura del aprendizaje se garantiza con la mente abierta de los profesores, y éste es precisamente el comentario que pretendo hacer. 
Con toda probabilidad, abolir la validez legal de los títulos educativos es todavía uno de los mejores modos de garantizar la plena legitimidad de aquellos centros que saben cómo enseñar adecuadamente. 
Esto es tan cierto que, aunque el profesor Vattimo en calidad de diputado del Parlamento Europeo no pueda reconocerlo por motivos ideológicos, el profesor Vattimo en calidad de profesor universitario es consciente de que estudiar una carrera con «el profe» no es lo mismo que hacerlo con otro tutor, hasta el punto de que la garantía de la experiencia educativa que proporciona no reside en que es el Estado quien dirige la Universidad de Turín, sino en su amor por la verdad y su amor por la aventura del aprendizaje. 
Señora Presidenta, el informe de mi admirada y doblemente colega, la Sra. Gutiérrez Cortines, es oportuno y de alta calidad. 
Merece las felicitaciones que ha recibido, a las que, desde luego, añado la mía. 
Es oportuno porque su descripción de la situación universitaria y sus interesantes propuestas interrumpen el apacible curso de unos años de construcción europea que, en materia educativa, están siendo pasivos y retóricos. 
En temas como la unificación de estándares de calidad, el reconocimiento mutuo y automático de diplomas, la convergencia de ciclos y programas y el empleo de los graduados, estamos casi tan lejos de alcanzar una dimensión europea y, en general, de los objetivos fijados para 2010, como el día siguiente del final del Proceso de Bolonia, hace ya más de tres años. 
La economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo sigue esperando a que seamos capaces de crear un espacio europeo de educación superior. 
Mientras tanto, la respuesta universitaria a la demanda laboral europea no es adecuada y, por otra parte, en un escenario mundializado, las universidades europeas siguen perdiendo batallas frente a las americanas, tanto en lo que se refiere a su liderazgo de la sociedad del conocimiento como a su atractivo externo ante profesores, investigadores y estudiantes de terceros países. 
La circunstancia de que el sector universitario europeo, con sus quince millones de estudiantes y sus 600.000 profesores sea el más dinámico de nuestra sociedad, y el hecho de que aprobemos informes como éste, son factores de esperanza para creer que, por encima de resistencias nacionalistas en el Consejo, de la actitud autárquica de algunas de nuestras universidades y de la apatía de la Comisión y del Parlamento en este sector, conseguiremos, por fin, alcanzar el mencionado objetivo de un espacio europeo de educación superior digno de tal nombre. 
Señora Presidenta, Señorías, como antiguo decano de una facultad de la Universidad de Lyon, en la que se enseñan unas treinta lenguas extranjeras, he encontrado en el informe de la Sra. Gutiérrez-Cortines muchos elementos positivos, así como otros que desafortunadamente considero más que discutibles. 
Enumerando algunos de los elementos positivos, se están haciendo esfuerzos por reducir los obstáculos administrativos o de otro tipo que dificultan los programas de intercambio para estudiantes y profesores, se están tomando medidas para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y no sólo el inglés; también se están tomando medidas para crear servicios y redes conjuntas para hacer circular la información, y por último, se están tomando medidas para fomentar la contratación e incluso las competiciones deportivas. 
Sin embargo, debo expresar algunas reservas sobre la meta confesada de este informe a través de la creación del Espacio europeo de la enseñanza superior. 
La evaluación de la Comisión de todos los sistemas universitarios, tanto públicos como privados, podría dar lugar a una nueva capa europea burocrática y supranacional, independientemente del principio subsidiario que se incluye, al menos por las apariencias, en el primer párrafo del informe. 
El deseo manifestado de introducir criterios uniformes en la estructura de las calificaciones, o incluso de armonizar todos los curricula universitarios para los estudiantes, sin lugar a dudas reducirá la diversidad de los modelos científicos o académicos distintivos, que pueden considerarse como un factor competitivo y un signo de avance. 
La civilización europea ha creado diversidad en todas las áreas. 
Dominando totalmente en primer lugar un área específica del conocimiento, una ciencia, una técnica, una experiencia concreta y una cultura nacional, seguiremos lo más fieles posibles a las verdaderas tradiciones europeas. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar felicitando a la comisión por su informe de iniciativa sobre las universidades en el espacio europeo y refrendar los pensamientos y cuestiones planteadas por la ponente, así como las propuestas que ha formulado. 
Las universidades siempre han sido incubadoras de la cultura europea y han desempeñado un papel importante en el desarrollo de nuestras sociedades. 
Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que si la Unión Europea pretende alcanzar hoy los nuevos objetivos de desarrollo estratégico que se establecieron en Lisboa, necesita universidades más activas y competitivas para generar conocimiento e innovación, no como instituciones aisladas, sino como socios activos en la fábrica económica y social en el ámbito nacional, en el ámbito regional y en el ámbito transfronterizo que refleje la nueva configuración de Europa. 
Otra dimensión de la que debemos ser conscientes es el papel de las universidades en la promoción de la unificación europea, mediante el cultivo de una conciencia europea y la promoción de una nacionalidad europea. 
Nuestras universidades pueden convertirse en los laboratorios de la Europa unificada con sus programas educativos y de enseñanza y la cooperación y la movilidad de estudiantes y profesores que pueden promover. 
Esta es la dirección hacia la que está usted trabajando, Comisaria, pero los Estados miembros también tienen que subirse al carro. 
Hay mucho trabajo por hacer porque todos conocemos los obstáculos para el reconocimiento mutuo de diplomas, la baja movilidad y las diferencias en el enfoque académico de los cursos universitarios en los distintos países de Europa. 
Lo que tenemos que entender es que la convergencia y la promoción de la cohesión educativa puede lograrse con todo el respeto hacia la diversidad y, al mismo tiempo, mediante la implantación de sistemas que reconozcan y promuevan el valor añadido de los atributos especiales de nuestras universidades. 
Este tipo de política también aportará mejores condiciones para la movilidad profesional que pretende promover la Unión Europea. 
Así que creo que elaborar un Libro Verde podría ser una buena iniciativa y yo la apoyaré en esta iniciativa, Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
A continuación procederemos a la votación. 
. (ES) Se trata simplemente de introducir unos títulos que se habían olvidado. 
Después de los considerandos, es preciso introducir el título: «Espacio Europeo de la Educación» y, antes del apartado 5: «El Proceso de Bolonia». 
La resolución Coelho acoge positivamente, en su apartado 29, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 3 de mayo de 2002, que reconoce a Jégo-Quéré et Cie SA el derecho de recurso directo contra un reglamento europeo. 
Es cierto que dicha empresa no se veía «directa e individualmente» afectada, pero si no se hubiese declarado admisible el recurso de anulación, la empresa no habría dispuesto de ningún otro medio jurídico de defensa y, por lo tanto, habría carecido de «acceso a la vía jurisdiccional». 
Nosotros también acogemos positivamente esta sentencia, y lo único que lamentamos es que no se adoptase antes; por ejemplo, cuando presentamos un recurso, sin duda justificado de por sí, contra el cambio de nombre de la moneda única. 
Por desgracia, la Comisión solicitó en seguida la revocación de la sentencia del caso Jégo-Quéré- probablemente porque se sintió amenazada- y obtuvo sin demora una resolución conforme a sus deseos durante las vacaciones judiciales.. 
Las instituciones europeas, por consiguiente, han logrado situarse en una posición desde la que pueden desestabilizar de manera permanente a los Estados miembros, a la vez que mantienen sus reglamentos generales a resguardo de las apelaciones individuales de los ciudadanos. 
Se trata de una perversión del sistema actual, que protege a las empresas supranacionales pero que habrá que mejorar en el futuro. 
. 
Los conservadores británicos piensan que este es un informe inoportuno que pretende llevar el debate más allá de lo que desean los representantes y el público en general. 
Creemos que este debería resultar de la ciudadanía de un Estado miembro y no de Europa. 
Por supuesto, todos somos «europeos» , pero la mayoría de las personas no reconocerían una verdadera ciudadanía europea como algo superior a la ciudadanía de su propio país. 
Queremos que las personas cuiden más y se interesen más por las comunidades de sus propios Estados nacionales antes que crear un derecho artificial, tal y como parece sugerir el ponente. 
Por los motivos indicados los conservadores británicos se oponen a los principios en que se basa el informe. 
La promoción de la ciudadanía europea, que es el objetivo central de esta propuesta, tiene para mí escaso sentido. 
En la antigua Unión Soviética se trató de convertir en ciudadanos soviéticos a los ciudadanos de las diferentes repúblicas federales, con lenguas y culturas distintas. 
Este intento nunca tuvo éxito. 
En Yugoslavia, se intentó crear, a partir de serbios, croatas, eslovenos y macedonios, nuevas generaciones de auténticos yugoslavos, que serían los encargados de dirigir el futuro del país. 
Estas personas son ahora ciudadanos de segunda clase. 
La creación de unos ciudadanos europeos que se desplazan continuamente de un Estado miembro a otro en busca de los mejores empleos ocasiona conflictos de estos ciudadanos con su entorno y les hace desdichados. 
Un segundo objetivo de la propuesta es incrementar el nivel de participación en las elecciones europeas. 
La gente no vota para cumplir una obligación ritual que no considere útil. Sólo desea ejercer este derecho cuando el órgano sobre el que vota tiene una voz decisiva y cuando existe la posibilidad real de elección entre alternativas contrapuestas. 
Pedirle a la gente que vote como expresión de simpatía hacia una Europa unida no sirve. 
Si seguimos por este camino, todavía serán menos los que acudirán a votar en las próximas elecciones. 
Por supuesto, apoyo la consolidación de los derechos civiles, incluidos los de los inmigrantes, y una información más adecuada sobre el Defensor del Pueblo. 
Muchos colegas tienen la detestable costumbre de tergiversar el sentido de las palabras para adecuarlo a las necesidades de la causa federalista. 
Ocurrió con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que algunos consideraron erróneamente como el preámbulo de una hipotética Constitución. 
Hemos tenido la gobernanza, un objeto político no identificado. 
Ahora tenemos la ciudadanía europea, un concepto sin significado alguno. 
La ciudadanía es un concepto político? no un concepto tecnocrático? basado en una realidad política y no burocrática, y fundamentado en las raíces de las personas, en la pertenencia a una comunidad natural. 
La ciudadanía es un estatuto que se otorga sólo a quienes, por razón de su nacimiento o por méritos propios, comparten unos valores comunes. 
También presupone la existencia de un espacio político, cuya forma más avanzada sigue siendo la nación. 
Pero, ¿en qué queda la nación europea cuando falta lo que Renan designó como el deseo de vivir unidos? 
Sin una lengua, una cultura y unas tradiciones compartidas por los pueblos de la Unión Europea, un pueblo europeo se queda en nada. 
Su ciudadanía artificial carece de toda sustancia. 
Por lo tanto, el informe no tiene ningún objeto. 
He apoyado sin reservas la propuesta de la Comisión sobre la ciudadanía europea. 
Evidentemente, no resulta sencillo ampliar por decreto la dimensión política de la ciudadanía europea. 
Sin duda, es esencial reforzar las medidas sobre el terreno encaminadas a hacer comprender a los ciudadanos que les hemos reservado un ámbito considerable de participación en el espacio ciudadano europeo. 
Éste es el precio que hay que pagar para que la Unión Europea obtenga legitimidad. 
Tenemos que encontrar canales de comunicación que nos permitan dar a conocer a los ciudadanos los retos que tendrán que afrontar en el futuro. 
Es de lamentar que, como parte de los requisitos que se han planteado, la UE no cree un curso de historia específico en el que se describan los distintos levantamientos, guerras y revoluciones que han tenido lugar en el continente europeo como etapas, a menudo difíciles, que condujeron a la visión que algunos abrigan desde hace cincuenta años. 
La política de formación (no de educación) permanente es una política que se propone reemplazar la educación sistemática y el aprendizaje básico por una transferencia superficial de competencias y prácticas impulsada por el mercado, con su propia fecha de caducidad, que tenga como objetivos básicos satisfacer la demanda de trabajadores adaptables y flexibles por parte de las grandes empresas, reestructurar las relaciones laborales y fomentar la empleabilidad. 
Es una manera de ejercer una presión ideológica y psicológica sobre los trabajadores que les induzca a considerarse responsables de su condición de parado y a aceptar el desempleo de larga duración, una forma de destruir el vinculo entre la educación y las posibilidades de encontrar empleo. 
Al mismo tiempo, los centros de enseñanza tradicionales se están convirtiendo en centros de intercambio de información para el aprendizaje permanente por la vía de «facilitar el acceso a sus instalaciones» a las «entidades y empresas locales» ; es decir, que las multinacionales podrán intervenir en los planes de estudios, como ya está ocurriendo en Grecia con los programas piloto financiados por la UE. 
Nosotros nos oponemos radicalmente a esta política y luchamos por la abolición de toda forma de discriminación y de todos los obstáculos para lograr la igualdad de acceso de todos los jóvenes a una enseñanza estatal gratuita y uniforme hasta los dieciocho años, el tipo de educación que es esencial para una especialización profesional posterior, una educación que ayude a los jóvenes a ordenar sus ideas, a adquirir criterios científicos con los que analizar la naturaleza y la sociedad, y a contribuir de manera consciente al progreso social. 
Por ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe Van Brempt. 
Hemos votado en contra del informe Van Brempt sobre un espacio europeo del aprendizaje permanente porque constituye un buen ejemplo de ampliación indebida de las competencias europeas. 
El informe se apoya en el artículo 150 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que estipula, de manera imprecisa y discutible, la puesta en práctica de una política europea de formación profesional «respetando plenamente la responsabilidad de los [Estados miembros] ». El informe intenta ampliar esta competencia al resto de la enseñanza. 
En particular, propone que la Comisión desarrolle (si bien es cierto que «en estrecha cooperación con los Estados miembros» ) un «marco europeo de «competencias básicas» que todos los alumnos deberán haber adquirido antes de abandonar la enseñanza obligatoria. 
En estas condiciones, los intentos de ampliar las competencias son inagotables. 
Asimismo, el Parlamento Europeo declara una vez más que la situación actual en el ámbito de las cualificaciones «constituye un serio obstáculo a la movilidad entre los Estados miembros y al surgimiento de un mercado laboral a escala europea» (considerando F). 
Sin embargo, se nos había dado a entender que el mercado laboral europeo ya funcionaba. 
En realidad, resulta evidente que, puesto que el objetivo es la movilidad plena en un mercado laboral totalmente unificado, las naciones mismas pasarán a ser pronto el obstáculo. 
Aunque estamos de acuerdo con algunas de las propuestas que formula el informe y también con algunas de las buenas intenciones que se expresan en él, nos hemos abstenido con respecto a su totalidad. 
Las propuestas no se basan, de hecho, en las aspiraciones de los jóvenes y no tan jóvenes que, según se afirma, contribuyen a determinar muchas de las necesidades de la sociedad. 
Todo se ha diseñado en consonancia con lo que el informe designa discretamente como el mercado laboral y su flexibilidad. 
Detrás de estos nobles sentimientos se esconde el objetivo de suministrar a los grupos industriales y a las empresas capitalistas una mano de obra formada conforme a sus necesidades. 
Esto nada tiene que ver con una política que ofrezca a todos los ciudadanos un aprendizaje permanente basado en sus potenciales y sus aspiraciones. 
La creación de un espacio europeo de aprendizaje permanente ha pasado a ser una prioridad para el siglo XXI, y no podemos sino alentar las iniciativas encaminadas a este fin. 
Esto engloba una doble prioridad: fundamenta la conciencia de la necesidad del aprendizaje permanente para todos y de su integración en el marco del espacio europeo, y ya no sólo en cada Estado miembro. 
Al poner el acento en la movilidad, el informe destaca la importancia de formar a las personas teniendo en cuenta la diversidad de experiencias y métodos particulares de cada Estado miembro. 
Se trata, a la vez, de una vía de superación individual y de una manera de aumentar las perspectivas de empleo de cada persona. 
Por último, a pesar de que el informe no resalta suficientemente la importancia del aprendizaje profesional, este aspecto está incluido en la conciencia de la necesidad de mejorar las políticas de formación profesional a escala europea y refuerza mi convicción de que es absolutamente necesario establecer en los próximos años un auténtico programa «Erasmus del aprendizaje profesional» que ofrezca formación profesional a través de una red que se ha desarrollado conjuntamente y que tiene en cuenta la amplia experiencia de cada nación. 
Apoyé el informe de la Sra. Van Brempt en su totalidad y acojo con satisfacción la propuesta inicial de la Comisión. 
No obstante, aun en la sociedad en constante transformación en la que vivimos, resulta inconcebible pensar que el conocimiento se adquiere de una vez para siempre. Es, por lo tanto, necesaria una constante puesta al día, y aunque es preciso reconocer que los cauces académicos no son la única fuente de conocimientos, el aprendizaje permanente no se debería considerar sólo como un medio para adaptar al trabajador a las necesidades del mercado. 
Los términos educación y formación contienen el concepto fundamental de socialización, que es uno de los pilares de la estructuración de una sociedad. 
Si proponemos una educación y una formación en módulos separados, sin coherencia ni relación entre sí, nuestros futuros ciudadanos carecerán de una base profesional adecuada y de un sentido de la identidad. 
Las propuestas que ahora formulamos se deben sumar a un sistema básico que, junto con los conocimientos adquiridos, constituye el bagaje fundamental de competencias vitales de los ciudadanos que harán de Europa una realidad. 
Aunque el informe contiene algunos aspectos positivos en cuanto a sus intenciones, también formula propuestas equivocadas, que son el resultado de una concepción predominantemente económica del sistema. 
Por ejemplo, si bien se debe acoger positivamente la recomendación de un solo curso de estudios iniciales, es necesario garantizar que su duración no se reduzca en exceso con el pretexto de satisfacer las necesidades de cursos que faciliten una rápida «empleabilidad» de los estudiantes. 
Estos cursos serían más baratos, pero el sistema lo financiarían una vez más las familias y los estudiantes, que pagarían después de obtener el título. 
Lo cierto es que, en el contexto del denominado proceso de Bolonia? que incluye ésta y otras propuestas basadas en la Declaración de Bolonia de 1999, ratificada y desarrollada en Praga en 2001? , es preciso distinguir entre la línea oficial y las prácticas que se están llevando a cabo, teniendo en cuenta los objetivos que subyacen a todo el proceso. 
A pesar de las declaraciones en sentido contrario, el conjunto de medidas que ya conocemos? algunas de las cuales ya se han empezado a aplicar? parecen responder a un intento por parte de los Estados miembros de reducir los costes de la enseñanza superior, como está ocurriendo en Portugal. 
Por ello, deseamos hacer hincapié en nuestra oposición a los intentos de comercializar los conocimientos, de disminuir el papel de la enseñanza superior pública y de introducir cambios estructurales en la función social de la enseñanza superior y en sus estructuras organizativas, así como nuestra oposición a los intentos de la clase dirigente de apropiarse, con fines ideológicos, de los contenidos y los objetivos de la educación. 
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Aplaudo la iniciativa de la Sra. Gutiérrez-Cortines de preparar este informe, en el que se recogen numerosas cuestiones relacionadas con la enseñanza superior en la UE en un documento cohesivo con sólidas y loables propuestas. 
Pese a que la educación sigue siendo una competencia nacional, es importante que la UE preste todo el apoyo posible a los educadores y estudiantes, especialmente en aquellas áreas en que se precisan cualificaciones y cursos nuevos e innovadores. 
En el terreno del desarrollo rural ha habido iniciativas muy importantes en mi propio país, Irlanda, para utilizar la financiación de la UE, como es el caso de Leonardo para desarrollar cursos adaptados a las necesidades de la economía rural. 
El primer curso desarrollado fue un Diploma de Desarrollo Rural y Empresa Agraria. 
El profesor Jim Phelan, de UCD, el Dr. Michael Ward, de UCC, el profesor Michael Cuddy, de UCG, y el Dr. Ted Fleming, de Maynooth, realizaron un trabajo pionero en la formación de adultos. 
Ahora han dado un paso más y han desarrollado el primer programa de licenciatura a través de Internet. Se trata de una Licenciatura de Desarrollo Rural. 
Este tipo de programa es una inspiración de lo que puede hacerse en las zonas rurales mediante la explotación de las nuevas tecnologías. 
El objetivo es la formación permanente: producir un nuevo tipo de titulado especializado provisto de capacidades superiores en desarrollo rural, asesoramiento y gestión. 
Este informe corrobora la actitud irresponsable de un Parlamento que está abusando descaradamente de su derecho de iniciativa. 
Este vergonzoso texto intenta, con inusitada hipocresía, poner a las universidades bajo la tutela exclusiva de Bruselas. 
Varios considerandos revelan claramente las intenciones ocultas del informe, a saber: convertir a las universidades en reductos serviles de la Comisión, transformar a los profesores en dóciles partidarios de la tecnocracia europea, conceder a la Comisión un derecho de escrutinio de los sistemas universitarios nacionales y fomentar la afluencia masiva a nuestras universidades de profesionales y expertos con las debidas instrucciones de Bruselas. 
El informe es el corolario natural de las cátedras Jean Monnet, que en Francia han provocado la indignación legítima de numerosos profesores que se han agrupado ahora en el Observatorio Jean Bodin para contrarrestar la ofensiva federalista. 
Se trata de la misma lógica perversa y oscurantista. 
El informe manifiesta un absoluto menosprecio por los principios fundamentales que contribuyen a la importancia de las universidades. 
Esta ideología europeísta, que los organismos de Bruselas se encargan de propagar, deja a un lado la neutralidad científica. 
La interferencia de organismos supranacionales en el modo de funcionamiento y organización de las universidades viola la independencia de los profesores. 
Están convirtiendo a las universidades en un caballo de Troya del federalismo europeo. 
La falta de reconocimiento del derecho de consulta responde a dos causas: una es la concepción autoritaria del Estado en la que sólo se considera a los ciudadanos como reclutas y contribuyentes obedientes que deben dejar la verdadera toma de decisiones en manos de una elite especialmente seleccionada que sabe hacer las cosas mucho mejor que las personas corrientes. 
La otra razón es el interés económico. 
La protección contra la contaminación, las molestias y los peligros del medio en el que viven a la que aspiran la mayoría de las personas a menudo obstaculiza la búsqueda de beneficios por parte de las empresas. 
Esto también se traduce en un enfoque autoritario en el que los intereses económicos rigen las decisiones, en lugar de ser éstas adoptadas colectivamente por todos. 
A lo largo de las últimas décadas, parece que se ha logrado romper estas barreras. 
En todas partes se aplican formas de consulta ciudadana, y la UE también las prescribe. 
Lamentablemente, los resultados de esta participación a menudo se tergiversan para darles el sentido contrario. 
Apoyo a la Sra. Korhola en su empeño por conseguir que se supriman las excepciones que todavía se mantienen en el caso de intereses militares y catástrofes civiles. 
Los militares a menudo creen todavía que están por encima de la sociedad civil y que pueden imponer sus propias ideas. 
Las medidas que se adoptan para evitar las catástrofes pueden ser con frecuencia muy drásticas, como la inundación de los pólderes en los Países Bajos cuando sube el nivel de los ríos. 
Estas decisiones no se deben adoptar sin consultarlas. 
El derecho de los ciudadanos a la información y a la participación ha chocado, durante mucho tiempo, con el llamado derecho a la confidencialidad, tras el que se amparan las autoridades estatales. 
Las progresivas reformas encaminadas a mejorar las relaciones entre la administración y los usuarios han convertido esta práctica en una excepción. 
También en el ámbito del medio ambiente se están reduciendo de forma gradual las divisiones entre «departamentos». 
Evidentemente, acogemos con satisfacción esta evolución. 
Por ello, apoyo la propuesta de directiva de la Comisión de 19 de enero de 2001 que tiene por objeto la transposición al derecho comunitario del segundo pilar del Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998. 
La propuesta resulta innovadora, pero es tarea de los Estados miembros ofrecer a los ciudadanos oportunidades reales de participación en el proceso de toma de decisiones. 
Quisiera manifestar, no obstante, algunas reservas en relación con las enmiendas del informe Korhola que van más allá del Convenio de Aarhus y que confirman la opinión del ponente. 
La delegación del MPF considera, por supuesto, que es necesario fomentar y definir de manera adecuada la transparencia de la información y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. 
Esto, sin embargo, no debería conducir a la creación de procedimientos complicados que vayan en contra de los objetivos de la propuesta. 
Si se introducen disposiciones excesivamente restrictivas, se corre el riesgo de que todo el proceso de acceso a la información y a la toma de decisiones se vea obstaculizado. 
Deberíamos limitarnos a transponer al derecho comunitario las disposiciones- totalmente adecuadas- del Convenio de Aarhus, con objeto de fomentar su aplicación efectiva. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, con respecto a las inundaciones, podríamos decir que en los momentos de tribulación es cuando se conoce a los amigos. 
Este antiguo adagio tal vez sirva para ilustrar la actitud de la Unión Europea hacia los afectados por las inundaciones que han devastado algunos Estados miembros y países candidatos. 
Con su rápida reacción, enviando representantes a las zonas afectadas y acordando facilitar ayudas económicas, la Unión Europea ha dado un impulso a su política comunitaria y se ha acercado más a la gente. 
La Unión Europea ha demostrado que sabe manifestar la solidaridad que de ella se espera y a favor de la cual trabajamos. 
Aunque acogemos con satisfacción el compromiso de crear un fondo de ayuda para hacer frente a las catástrofes naturales ocurridas en la Unión Europea, debemos desde luego tener presentes las causas de este tiempo impredecible. 
Los científicos de todo el mundo nos dicen que el calentamiento global del planeta está afectando de manera irreversible a nuestro modo de vida, y las emisiones de gas invernadero sólo contribuyen a agravar estas catástrofes. 
En una parte del planeta, tenemos que vender el ganado debido a la falta de agua y de forraje. 
En otros lugares, regiones enteras han quedado devastadas desde julio por efecto de las tormentas. 
En este contexto conviene recordar, señor Presidente, que en Nepal han muerto 422 personas y se ha denunciado la desaparición de otras 173. 
En Rusia, 50 personas han perdido la vida y se ha denunciado la desaparición de otras 100. 
En México, las lluvias torrenciales se han cobrado 21 vidas, y 15 000 personas se han visto afectadas. 
En Asia, este año han muerto 250 personas. 
Millones de hogares se han visto afectados por la subida del nivel de las aguas. 
Por desgracia, como ya sabemos, estas zonas geográficas no tienen la misma posibilidad que nosotros de brindar solidaridad a las víctimas. 
Aunque Sus Señorías pueden felicitarse de que se hayan otorgado ayudas y se hayan adoptado medidas de emergencia con rapidez y eficacia, no basta con reclamar la aplicación del Protocolo de Kioto: es preciso hacer mucho más. 
Debemos integrar el medio ambiente en todos nuestros proyectos, en todas nuestras políticas, con el fin de alumbrar un rayo de esperanza. 
Tenemos que encabezar los esfuerzos para intentar frenar el cambio climático. 
La Cumbre de Río trajo consigo muy pocos resultados; por ello, nos corresponde a nosotros mostrar el camino mediante el ejemplo. 
Señor Presidente, aun cuando Baviera, Sajonia y Austria también se vieron muy afectadas por las inundaciones, en mi calidad de Presidente federal de la Asociación de alemanes de los Sudetes, tuve la oportunidad de organizar un importante programa de ayuda de emergencia para la República Checa. 
Esto se explica no sólo por nuestra vinculación tradicional con el país de origen de nuestras familias, sino también por el hecho de que en situaciones como ésta tomamos conciencia de nuestra dependencia mutua, para bien o para mal, como vecinos. 
A veces se producen lo que podríamos denominar disputas de vecinos, pero en situaciones de emergencia como ésta comprendemos el valor de la buena vecindad. 
Los checos actuaron en Alemania y Austria, y los austríacos y los alemanes actuaron en la República Checa; yo creo que, en este contexto, es preciso hacer dos consideraciones importantes: en primer lugar, ningún afectado por las inundaciones en la República Checa, que es un país candidato, se debería encontrar en una situación más difícil que si viviese en uno de los actuales Estados miembros de la Unión Europea. 
En segundo lugar, también debemos mostrarnos solidarios cuando se trata de prevenir. 
Tenemos que reconocer que todos viajamos en el mismo barco y que lo que ahora sucede en Europa Central podría ocurrir mañana en el sur o el norte de Europa. 
Por encima de todo, debemos evitar lo que he oído en esta Cámara con anterioridad: me refiero al tono desdeñoso que pudimos oír durante el debate de actualidad y de urgencia sobre las víctimas de las inundaciones en el sur. 
Muchas personas del norte dijeron que era típico que se reclamase una atención especial para el sur, y viceversa. 
Todos los europeos viajamos en el mismo barco y éste es el mensaje fundamental de la presente catástrofe. 
Al igual que mis colegas, los socialistas belgas, me he abstenido en la votación final de la resolución sobre las inundaciones en Europa por dos motivos. 
En primer lugar, la solidaridad no puede tener fronteras. 
Como manifestó la Sra. Zrihen en la sesión pública, el Parlamento Europeo está intentando elaborar, equivocadamente, una lista de los Estados miembros cuyas regiones han sufrido inundaciones a causa de las lluvias torrenciales. 
Tuvo que añadirse a Italia, que no figuraba en la lista, y el texto final no menciona, en particular, las inundaciones ocurridas en Suiza. 
En segundo lugar, si queremos proteger mejor el territorio de la Unión Europea de las inundaciones? como, sin duda, es el deseo del Parlamento Europeo? , tenemos que tener en cuenta las cuencas fluviales, que no entienden de fronteras trazadas por la historia. 
Es lamentable que, con las prisas, no se haya incluido en el texto esta precisión fundamental. 
Las cuencas del Rin, el Oder, el Vístula y el Elba se han visto sucesivamente afectadas por inundaciones durante los últimos años. 
No es una coincidencia. 
Dichos ríos transportan el agua de las lluvias y del deshielo desde los Alpes y los Cárpatos hasta el Mar del Norte y el Mar Báltico. 
Las lluvias han aumentado debido al calentamiento global del planeta, los suelos deforestados ya no pueden retener el agua y los cauces de los ríos se han estrechado demasiado. 
Los diques que flanquean estos ríos canalizados se han levantado demasiado cerca de la corriente principal, y se han construido casas en zonas aluviales que antes podían quedar anegadas cuando el cauce se desbordaba. 
Por lo tanto, es evidente que no se trata de hechos fortuitos, sino de accidentes predecibles. 
La referencia a la necesidad de que se apliquen los acuerdos de Kioto a escala mundial resulta sumamente apropiada, pero es de temer que los Estados Unidos mantendrán su posición obstruccionista, debido a las presiones de las compañías petroleras y de la industria automovilística, hasta que ellos mismos se vean cada vez más afectados por la desertización y las inundaciones. 
La atención se centra ahora, una vez más, en la búsqueda de dinero para ayudar a las víctimas de las inundaciones, algo necesario pero insuficiente. 
Los mismos desastres pueden volver a repetirse en años venideros, y la probabilidad de que esto suceda es, por desgracia, muy alta. 
Por consiguiente, tenemos que modificar de manera radical la gestión de nuestros ríos, y existe todavía el peligro de que este aspecto quede olvidado. 
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(PT) Las graves inundaciones que han asolado recientemente varios países de Europa Central merecen, sin duda, toda nuestra atención y solidaridad, en especial con las familias de las víctimas y con todas las personas que han perdido sus hogares y sus bienes. 
Nosotros también somos plenamente conscientes de que las consecuencias de este tipo de catástrofes naturales? debidas, en gran parte, a los cambios climáticos que hemos estado experimentando? adquieren una dimensión transnacional y de que requieren el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea en su conjunto. 
Por lo tanto, no nos hemos abstenido por ninguna discrepancia con las motivaciones básicas o con las propuestas de ayuda inmediata incluidas en la resolución común que se ha aprobado. Simplemente tenemos dudas con respecto a la creación de una reserva financiera permanente para acciones de emergencia, destinada a responder ante catástrofes de este tipo, recurriendo para ello a una parte de los fondos estructurales. 
En efecto, no nos parece razonable que se destinen, de manera permanente, a acciones de emergencia? y por definición, impredecibles? recursos financieros procedentes de los fondos estructurales, puesto se pueden encontrar? como ha ocurrido, de hecho, en este caso? otras alternativas más apropiadas para hacer frente a tragedias de este tipo, sin que ello afecte a los objetivos permanentes que la aplicación de dichos fondos tiene como finalidad cumplir. 
Señor Presidente, permítame que adopte un punto de vista algo distinto del que he adoptado en el debate sobre el Afganistán. 
Siento tener que decir que soy muy pesimista, pues tengo el claro presentimiento de que estamos abocados a una nueva crisis. 
En el Afganistán, que es un Estado multiétnico, entre el grupo nacional más amplio, el de los pastunes, existe la sensación cada vez mayor? no puedo decir si justificada o no? de que no se les tiene suficientemente en cuenta, en comparación con los pueblos que dirigen la Alianza del Norte, como los tayikos y los uzbekos. 
Esta sensación está incrementando las posibilidades de que se produzca un conflicto, posibilidades que los talibanes supervivientes están aprovechando. 
Se habla de la zona oriental del Afganistán, donde se han replegado los talibanes, como si sólo se tratase de un problema militar o policial. 
Por desgracia, es un problema de nacionalidades, dado que? como acabo de mencionar? el grupo más amplio de este Estado multiétnico se siente tratado como un grupo de segunda clase, y esto podría entrañar un grave peligro a largo plazo. 
Por ello, necesitamos una estrategia hábil para el Afganistán, que permita integrar, de manera más o menos uniforme, a todos los grupos étnicos, algo que hasta ahora ciertamente no se ha hecho. 
A pesar de todos los logros humanitarios y de todos los progresos conseguidos sobre el papel, en el Afganistán sigue latente una bomba de relojería. 
El motivo principal por el que hemos votado en contra de la resolución común es que se han aprobado partes que tienen por objeto justificar la guerra y la intervención de los Estados Unidos en el Afganistán, una circunstancia que resulta particularmente grave, dada la gran presión que están ejerciendo los Estados Unidos a favor de una nueva guerra contra el Iraq. 
De hecho, discrepamos por completo con el recurso a la guerra para resolver los problemas del terrorismo. 
Como hemos manifestado reiteradamente, existen otras formas de combatir el terrorismo, como por ejemplo actuar para resolver sus causas directas e indirectas. 
Por el mismo motivo, no podemos aceptar que se pongan en entredicho los derechos y libertades fundamentales, ni tampoco que se practique el terrorismo de Estado con el pretexto de luchar contra el terrorismo. 
No obstante, acogemos con satisfacción- y, por ello, hemos votado a favor de este punto- que se haya aprobado la petición de una investigación detallada, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, de las alegaciones de matanzas y crímenes de guerra, que nuestro grupo ha condenado en más de una ocasión (en particular, cuando invitamos al realizador cinematográfico Jamie Doran a que presentara su película en el Parlamento Europeo el pasado 12 de junio). 
Asimismo apoyamos la petición de un incremento de la ayuda financiera para la reconstrucción económica y social del país, así como de ayuda humanitaria urgente. 
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He votado a favor de la resolución conjunta pese a que comprende ciertos aspectos con los que no estoy de acuerdo. 
En primer lugar, no estoy de acuerdo con el análisis de que la intervención en Afganistán era necesaria, sino todo lo contrario. 
El segundo lugar, el mandato de imposición de la paz de la ONU no debería prorrogarse, sino transformarse en mantenimiento de la paz. 
Pero estoy de acuerdo con la resolución conjunta en cuanto exige una investigación de todos los crímenes de guerra cometidos en Afganistán y que los prisioneros reciban un trato acorde con las convenciones internacionales. 
El Afganistán se parece un poco a Suiza. 
En cada valle, la gente mantiene sus propios puntos de vista, a menudo obstinados, y no acoge con agrado las interferencias externas. 
En los últimos veinticinco años, ideólogos de Rusia, la Arabia Saudita, y ahora de los Estados Unidos, han pretendido ensayar diversos experimentos en la sociedad afgana. 
El resultado ha sido, sobre todo, de muerte y destrucción. 
El objetivo de la última intervención no fue tanto ayudar a resolver los muchos problemas que existen en el Afganistán, sino sobre todo vengar la destrucción hace un año de las dos torres de oficinas de Nueva York. 
Nunca se ha probado que ese espantoso ataque se urdiese desde el interior del Afganistán, pero la respuesta estadounidense fue declarar que era preciso castigar y derrocar al régimen oficial, de igual modo que ahora quieren derrocar al régimen iraquí. 
En un mundo en el que sólo queda una gran superpotencia militar y económica, ¿el gobierno de cualquier otro país sólo será legítimo, a partir de ahora, con la condición de que mantenga una disposición favorable hacia los Estados Unidos y actúe conforme a sus intereses? 
La resolución se sitúa entre dos aguas: por un lado, justifica la guerra y el mantenimiento de la presencia militar; por otro, contempla, por primera vez, los crímenes de guerra de los vencedores y la necesidad de investigarlos y castigarlos. 
Esto último es una novedad y representa un paso adelante con respecto a las actitudes anteriores. 
En vista de esta mejora, he votado a favor de la resolución. 
Lamento que el Sr. Fatuzzo no se encuentre hoy aquí; al parecer, me corresponde sustituirle. 
No obstante, el tema me interesa de verdad. 
Por lo que respecta al informe de la Sra. Stenzel, quisiera expresarle mis más sinceras felicitaciones por su elaboración. 
Me alegra que lo hayamos aprobado hoy, dado que el 15 de septiembre van a celebrarse elecciones en Macedonia. 
Está en juego la estabilidad democrática de este importante país, al que ahora estamos vinculados por un acuerdo de asociación. 
Se trata de un país que ha soportado graves problemas relacionados con los refugiados. 
Ha vivido dos guerras dentro de sus fronteras, ha sufrido numerosas catástrofes, y ahora padece la lacra del terrorismo. 
Por ello, es muy importante que hoy transmitamos a Macedonia una señal de nuestro apoyo a su democracia, a esa democracia que en los últimos cuatro años? durante los cuales han ocurrido varias catástrofes de envergadura? ha logrado alcanzar, con asombroso éxito, un equilibrio entre las diferentes nacionalidades. 
Aunque no es oro todo lo que reluce, a la vista de los notables logros que han conseguido los macedonios, es preciso declarar que se han ganado nuestra solidaridad. 
Una señal que podríamos dar sería suprimir, por fin, la exigencia de visado para Macedonia. 
Jamás existió este requisito para Yugoslavia, y ahora no se le exige a Croacia ni a Eslovenia; de hecho, Macedonia es el único país asociado al que se aplica la exigencia de visado. 
El informe que ha presentado la Comisión sobre su estrategia para Asia dedica mucho espacio a los deseos piadosos. 
No obstante, tiene la ventaja de ser sumamente claro en relación con algunos temas clave, en particular en lo que se refiere al deseo de los órganos rectores de la UE de actuar frente a cualquier liberalización desigual del comercio y de los movimientos de capitales, así como de dotar a la OMC de competencias todavía más amplias. 
No se ha extraído ninguna lección de las crisis financieras de 1997 y 1998 ni del derrumbe asiático, ni de la crisis actual de los mercados de valores ni del derrumbe en América del Sur. 
En la era de la globalización capitalista, la realidad debe quedar relegada a un segundo plano, frente al dogma liberal. 
La Cumbre ASEM IV de Copenhague también debatirá sobre seguridad. 
En un momento en el que en Europa se utiliza a los inmigrantes como chivos expiatorios de la crisis social y en el que Washington despliega en Asia su política de «guerra duradera» en nombre de la lucha contra el terrorismo, vuelve a destacar efectivos en Filipinas y amenaza con invadir Iraq, sería deseable que la UE garantizase los derechos de los inmigrantes y se opusiese al intervencionismo estadounidense. 
En el mundo real, sin embargo, la Unión Europea actúa en Asia como una fuerza económicamente dominante, y los Estados Unidos como una fuerza agresiva. 
El Parlamento Europeo debería oponerse ciertamente a ello. 
Más allá de las diferentes situaciones que afectan a Asia, existen tendencias generales que afectan a todo el continente eurasiático. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
El punto central del informe no es ni el efecto invernadero en los nuevos países industrializados ni la lucha contra la pobreza; tampoco es la pena capital en China, ni la dictadura en Birmania. 
Estos comentarios sólo sirven para tapar la preferencia de la UE por Taiwan frente a China. 
Taiwan ha experimentado cambios recientes y ha dejado de ser un lugar de exilio del antiguo régimen chino anterior a 1949 para convertirse en un país con una mayoría de población no china, donde el antiguo Kuo Min Tang ha perdido poder frente a movimientos de taiwaneses autóctonos, y que se parece cada vez más a Europa y Japón en el aspecto político y económico. 
La mayoría probablemente decidirá ahora, en un referéndum, su transformación en un Estado independiente, no tanto porque esto es lo que en realidad ha sido durante 53 años, sino porque nunca sintió demasiada afinidad con la China continental. 
El hecho de que el anterior régimen taiwanés buscase durante décadas apoyo extranjero para recuperar el continente constituye un problema. 
La existencia de dos Alemanias, dos Viet Nam y dos Yemen terminó, en última instancia, porque ninguno fue capaz de absorber al otro. 
Los Estados miembros de la UE retiraron su reconocimiento a Taiwan en favor de China. 
Si ahora, después de todo, una mayoría del Parlamento Europeo opta por reconocer dos Estados, hay que debatirlo abiertamente y no de manera encubierta. 
Los Estados miembros de la UE causaron muchos daños en la antigua Yugoslavia con su participación en la guerra de 1999. 
Por lo tanto, tienen el deber de contribuir a repararlos, no sólo en Kosovo, sino también en Serbia. 
Esto es lo que ahora se ha propuesto, y con acierto. 
En 1999 existían buenos motivos para sospechar que el motivo de la guerra no era sólo Kosovo. 
Parecía existir el propósito de sacar partido del odio profundo que habían desarrollado los habitantes de Kosovo contra Yugoslavia como un medio para lograr una serie de objetivos totalmente distintos. 
Las propuestas coercitivas que se plantearon a Milosevic antes del comienzo de la guerra no estipulaban, por extraño que parezca, la independencia de Kosovo, sino más bien la influencia extranjera sobre el gobierno y la economía de Serbia y Montenegro. 
Cuando ahora se propone que la Agencia Europea de Reconstrucción, creada originariamente para Kosovo, se amplíe para incluir a Serbia y Montenegro, y cuando también se propugna una mayor interdependencia entre Kosovo, Serbia y Montenegro mediante la creación de un suministro de energía común, esto nos lleva a preguntarnos si no se le habrá prometido a Serbia la recuperación de Kosovo a cambio de adaptarse a la Unión Europea e integrase en ella. 
Si esto es cierto, no sólo suscitará una gran oposición en Serbia, sino que también provocará una indignación incontrolable entre los habitantes engañados de Kosovo. 
La UE está jugando con fuego. 
Así concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12.50, se reanuda a las 15.00 horas) 
B5-0465/2002 del Sr. Wuori, la Sra. Boumediene-Thiery y el Sr. Piétrasanta, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el caso de Saad Eddin Ibrahim; 
B5-0471/2002 de la Sra. Napoletano y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la condena de Saad Eddin Ibrahim en Egipto; 
B5-0473/2002 del Sr. Hughes Martin y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el caso de Saad Eddin Ibrahim (Egipto); 
B5-0480/2002 de la Sra. Boudjenah y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Egipto; 
B5-0484/2002 del Sr. van den Bos y la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR, sobre Egipto. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea dedica especial atención al ámbito de la libertad de expresión y los derechos fundamentales. 
El estricto cumplimiento de estos derechos es una condición esencial de nuestro acuerdo de asociación. 
La asociación euromediterránea no podrá afianzarse si negamos esta cláusula indispensable e irrevocable. 
Desde 1981, Egipto vive bajo una legislación de emergencia que concede amplios poderes a las autoridades y muestra un desprecio absoluto por los derechos humanos. 
Las libertades, cada vez más restringidas, se ven sometidas a un control férreo por parte de las autoridades policiales, respaldadas a su vez por las autoridades judiciales. 
El Sr. Saad Eddin Ibrahim y sus colegas del Centro de Estudios Ibn Jaldun han sido condenados so pretexto de malversar fondos o de utilizar procedimientos inadecuados, pero la verdadera razón de esta condena es su implicación en la defensa de las libertades democráticas, tal como lo hicieron Nawal el Saadawi y otros defensores de los derechos humanos en el pasado. 
Mientras, se continúan violando de forma abierta las libertades individuales con la condena de varios homosexuales. 
Por lo tanto, exigimos al Gobierno egipcio que ponga fin a la legislación de emergencia para lograr que toda la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos legítimos, que la orientación sexual, la libertad religiosa y la libertad de expresión puedan manifestarse sin ser equiparadas a crímenes y para garantizar la libertad de asociación y detener las persecuciones de los que abogan por las libertades civiles. 
Pedimos que el Estado de Egipto, al igual que los demás Estados que han firmado los acuerdos de asociación, comprenda que el principio democrático referido en el artículo 2 no es un lujo ni una opción. 
Queremos hacer saber a nuestros amigos que no es nuestra intención interferir ni actuar con superioridad ni con afán de amonestar, sino que en realidad nos impulsa un deber, el deber de denunciar y condenar las violaciones de la libertad allá donde éstas se produzcan. 
Los derechos humanos son universales y trascienden toda frontera. 
Señor Presidente, acogemos favorablemente el hecho de que todos los grupos parlamentarios muestren tanto interés en discutir y votar en debate de urgencia esta cuestión sobre el caso del profesor Ibrahim, condenado por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a siete años de prisión por dos delitos: conspiración y actividades contra el Estado y fraude. 
La primera cuestión debe considerarse en términos más generales, puesto que las constituciones de algunos de estos países (y hago especial referencia a la reciente modificación de la constitución en Túnez) contienen un artículo a estos efectos en el que se establece que los ciudadanos no deben desempeñar actividades que puedan atentar directamente contra el Estado, lo que podría incluso llegar a interpretarse como conspiración. 
Además, esto se aplica también a la libertad de expresión y en consecuencia, un partidario de la oposición, un periodista o cualquier persona libre que critique al gobierno podrían ser acusados de atentar contra el Estado. 
Se trata de un asunto muy grave que requiere una respuesta más general. 
Sin embargo, en lo que se refiere al delito de fraude, se tendrán que llevar a cabo los controles pertinentes, pero de acuerdo con nuestros informes, y tal como ha dicho el Comisario Patten, no se ha cometido fraude alguno en el uso de los fondos comunitarios que el instituto del profesor Ibrahim ha administrado en nombre de la Comisión. 
Nos encontramos ante un caso de defensa de los derechos humanos y creo, por tanto, que las instituciones europeas deberían ejercer toda la presión necesaria sobre las autoridades egipcias. 
Señor Presidente, Ibn Jaldun ha sido una de las figuras históricas más importantes que han demostrado lo mucho que Europa debe al mundo árabe e islámico. 
Tenemos el deber de prestar nuestro apoyo a un hombre, el profesor Ibrahim, que ha continuado con la tradición de Ibn Jaldun y tendríamos que dejar claro (gracias al legado de Ibn Jaldun) que no existen dos conceptos de derechos humanos, uno para Europa y otro para Egipto, sino un único concepto de derechos humanos que también es válido en términos culturales e históricos comunes y que en la actualidad debería aplicarse de forma universal. 
Esta es precisamente la razón que nos lleva a agradecer al profesor Ibrahim y al pueblo egipcio su implicación en este tema. 
En primer lugar, para poder liberar al profesor Ibrahim, y en segundo lugar, y debido a su frágil estado de salud, para acudir en su ayuda. 
Sin embargo, la tercera cuestión consiste en abogar de forma clara por una estrecha cooperación entre Egipto y la Unión Europea. 
Egipto es uno de nuestros socios más importantes de la zona del Mediterráneo. 
Debido a la actual crisis política, resulta evidente que Egipto, junto con Marruecos y Turquía, es nuestro aliado más importante de esta zona. 
El hecho de que Egipto sea precisamente socio y aliado y no un país deudor del que no queramos saber nada, junto al hecho preciso de que además sea un importante aliado, no debería impedirnos que llamemos a las cosas por su nombre, sin tapujos, tal como ocurre entre amigos, y aboguemos por el caso de las minorías perseguidas y de las personas perseguidas en general. 
Ante todo, deberíamos apoyar a todas aquellas personas del Estado egipcio y de su Gobierno que apuestan por reforzar los derechos humanos antes que acabar con ellos. 
Egipto tiene una gran tradición que personalmente conozco de los tiempos en los que Anwar al Sadat y el Presidente Mubarak se dirigieron a este hemiciclo. 
Nos estamos refiriendo a socios importantes y creo que deberíamos continuar por esta vía y apoyar al profesor Ibrahim. 
Señor Presidente, siempre es triste hablar de los abusos de los derechos humanos, puesto que en la UE damos por supuestos los derechos universales que ejercemos todos los días. 
El caso del Dr. Ibrahim es muy preocupante, ya que forma parte de una tendencia cada vez más pronunciada en Egipto. 
Sin embargo, Egipto, como ha dicho el Sr. Posselt, es un país amigo y aliado. 
Por ello, insto al Comisario a que en su visita a Egipto plantee en el máximo nivel, ante el Presidente Mubarak, el caso del Dr. Ibrahim y sus compañeros. 
Hay que ponerlo en libertad inmediatamente. Debe haber un proceso de apelación justo. 
Asimismo lo insto a que plantee el caso de «Cairo 52» , que también está siendo sometido a un nuevo juicio, y el de los cuatro ciudadanos británicos pendientes de juicio en el Cairo en la actualidad. 
Somos amigos de Egipto. Debemos fomentar el diálogo. 
Cuando falla el diálogo es cuando debemos recurrir a las sanciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que en primer lugar debemos rendir homenaje a uno de los principales enemigos de nuestros debates de actualidad, a uno de los mayores defensores de la burocratización de nuestro Parlamento, el Sr. Corbett. 
Sin embargo, el daño ya está hecho. 
Hoy no nos estamos refiriendo a regímenes duros. 
Para ello, tendríamos que dedicar más atención a la Arabia Saudita o a Siria. 
Estamos tratando de un régimen que se supone «moderado» , Egipto, para ocultar toda nuestra vergüenza y cobardía. 
Hablamos del Dr. Saad Ibrahim, que es uno de los defensores más acérrimos de la democracia en este país y deberíamos ser más resueltos en nuestra búsqueda de democratización en el mundo árabe. 
Me gustaría agradecerle al Comisario Patten sus declaraciones, claras y precisas, en defensa del Profesor Ibrahim y su rechazo de las alusiones a todo tipo de fraude. 
Creo que se han llevado a cabo todos los controles posibles y por lo tanto, no existe excusa alguna: debemos luchar por su liberación. 
Por último, me gustaría también agradecer a todos los que han apoyado su candidatura al Premio Sájarov. 
. 
Señor Presidente, el juicio contra el Dr. Saad Eddin Ibrahim y sus compañeros ha despertado un amplio interés y preocupación a escala internacional, incluso entre aquellos que, como muchos de los presentes, nos consideramos verdaderos amigos de Egipto y del pueblo egipcio. 
Cuando el Dr. Ibrahim y sus compañeros de banquillo recurrieron con éxito y obtuvieron un nuevo enjuiciamiento el pasado mes de febrero, esperábamos que prevaleciesen las mejores tradiciones de la justicia, no sólo en virtud de las circunstancias del caso, sino también por el daño evidente infligido a la reputación internacional de Egipto debido al tratamiento del caso por parte de las autoridades egipcias. 
Por ello nos causó una gran sorpresa el 29 de julio saber que el Dr. Ibrahim era sentenciado de nuevo a siete años de prisión con trabajos forzados, una sentencia cruel dado su frágil condición física. 
Cuatro acusados más también fueron sentenciados a penas prisión y los 24 restantes han visto suspendidas sus sentencias. 
Incluso si los cargos fuesen creíbles, criterio que no compartimos, estas sentencias son totalmente desproporcionadas. 
Al día siguiente yo personalmente manifesté mi consternación y repetí que, a pesar del seguimiento cuidadoso y de una auditoría externa intermedia, la Comisión no tiene pruebas de que el Dr. Ibrahim ni los demás acusados hayan cometido falta alguna con respecto a los dos contratos de ONG gestionados por ellos. 
Esto lo pusimos de manifiesto en una declaración jurada remitida durante el recurso. 
Por otra parte, como dije entonces y repito ahora, condenamos el uso de los procedimientos y tribunales de seguridad del Estado para perseguir casos de esta naturaleza. 
Incluso el Tribunal de Apelación ve con recelo el uso de la Orden nº 4 del Tribunal Militar ante el que se interpuso esta acción judicial. 
Nos disgustó la decisión de volver a juzgar a los acusados tras el éxito de su recurso y a pesar del deterioro de la salud del Dr. Ibrahim. 
Nos preocupa cómo se condujo el juicio y la rapidez y la manera en que se tomó la decisión del tribunal. 
Esta indecorosa prisa por juzgarlo no contribuyó a mejorar la credibilidad del tribunal. 
El caso ha sido observado de cerca por la CE y los Estados miembros y hemos manifestado nuestra preocupación desde el principio en los más altos niveles. 
Con respecto al cargo de aceptar fondos extranjeros de la Unión Europea sin autorización, la Comisión insiste en que las subvenciones directas a la sociedad civil son perfectamente lícitas y están amparadas por el Convenio marco UE-Egipto de cooperación financiera y técnica. 
Al término del juicio el año pasado, la severidad de las sentencias dio pie a una declaración de la CE el 23 de mayo y la declaración de la Presidencia dos días después, en las que se expresaba una profunda inquietud. 
Entonces, como ahora, la Unión Europea destacó la importancia que otorga al desarrollo de la sociedad civil y reiteró que las acciones de este tipo son parte integrante del proceso de Barcelona y de la programación bilateral, a los que Egipto se ha adherido. 
Con respecto a la acusación de abuso de los fondos de la UE, la Comisión está como poco sorprendida de que, según se ha informado, el Tribunal haya considerado irrelevante la opinión de la Comisión, supuesta víctima, cuyos procedimientos de seguimiento normales, incluida una auditoría externa intermedia, no dieron motivos de preocupación, ni económica ni de ningún tipo. 
En la actualidad no tenemos acceso a los archivos de la ONG, ya que han sido confiscados por las autoridades. 
La Unión Europea siempre ha esperado que prevalezca la justicia y el debido procedimiento legal. 
Hemos evitado escrupulosamente cualquier intervención que pueda perjudicar esta expectativa. 
La declaración jurada de la Comisión durante el recurso fue estrictamente objetiva y correcta. 
Nos preocupa que el Tribunal, en sus explicaciones por escrito, parezca dar a entender lo contrario. 
La Comisión y los Estados miembros siguen el caso de cerca. 
La delegación de la Troika en El Cairo ya ha visitado al Dr. Ibrahim en prisión y los funcionarios suecos han vuelto a visitarlo esta semana. 
Estamos en estrecho contacto con la familia. 
Si como indican los primeros informes de prensa, la explicación formal del veredicto del Tribunal, que todavía debe traducirse, tergiversa la postura de la Unión Europea, no dudaremos en rectificarla. 
El proceso legal todavía no ha concluido y entiendo que los acusados recurrirán. 
Las autoridades egipcias son conscientes de las implicaciones más amplias de una sentencia considerada injusta e influenciada políticamente. 
Solamente un proceso legal totalmente transparente puede impedir que el prestigio internacional de Egipto resulte aún más dañado. 
El caso Ibrahim plantea cuestiones realmente preocupantes, pero la situación general de los derechos humanos en Egipto es compleja y no totalmente clara. 
Existen algunos motivos para el optimismo, por ejemplo, en relación con los derechos de las mujeres, el control judicial de las elecciones generales y la legislación social. 
Pero también existen algunos indicios preocupantes, como la nueva ley sobre las organizaciones no gubernamentales, la supuesta persecución de los homosexuales, ya mencionada anteriormente, y el arresto de miembros de la oposición islámica. 
Lo que debemos hacer es distinguir la tendencia y reaccionar consecuentemente. 
El caso Ibrahim proyecta una larga sombra, esperemos que temporal, sobre el movimiento democrático y por los derechos humanos en Egipto. 
Aunque la protesta internacional ante el veredicto ha provocado una fuerte reacción en El Cairo, muchos egipcios influyentes aceptan que su país debe situarse en los niveles más altos en el terreno judicial y democrático si pretende hacer realidad sus ambiciones políticas y de desarrollo. 
No podemos sino estar de acuerdo con esto. 
Seguiremos aplicando medidas adecuadas para expresar nuestra preocupación sobre los casos concretos. 
Debatiremos cuestiones más amplias relacionadas con los derechos humanos y la promoción de la democracia en el contexto de nuestra programación de la cooperación y el diálogo político reforzado que debe caracterizar la nueva relación privilegiada entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos. 
Confirmo directamente al diputado que ha planteado esta pregunta que discutiré esta cuestión cuando visite Egipto el mes que viene si Dios quiere. 
B5-0466/2002 de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la violación de los derechos humanos en Nigeria; 
B5-0470/2002 de la Sra. Gröner y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la condena a muerte de la Sra. Amina Lawal en Nigeria; 
B5-0472/2002 de la Sra. Muscardini y otros, en nombre del Grupo UEN, sobre el caso de la Sra. Amina Lawal en Nigeria; 
B5-0474/2002 del Sr. McCartin y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria; 
B5-0479/2002 de la Sra. Eriksson y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las violaciones los derechos humanos en Nigeria; 
B5-0486/2002 de Baroness Nicholson of Winterbourne y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la violación de los derechos humanos en Nigeria. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el continente africano, que lleva décadas siendo sinónimo de tragedias y pérdidas, ha querido presentar recientemente un nuevo rostro ante la comunidad internacional. 
La fundación de la Unión Africana, que se presenta como el relevo de la OUA y reproduce el modelo de la Unión Europea, constituye una nueva promesa para el futuro de ese continente y rinde homenaje a nuestras instituciones. 
Además de aportar un modelo de estructura política y un proyecto para el continente africano, la Unión Europea también debe proteger los derechos reconocidos en los convenios internacionales. 
La tragedia más propia de tiempos pasados que sufre actualmente la Sra. Amina Lawal constituye una seria amenaza contra todas esas promesas y firmas ratificadas por su país, Nigeria. 
La intensa angustia vivida por la Sra. Amina Lawal y, antes que ella, por la Sra. Safiya Husseini y tantas otras voces silenciadas, son pruebas suficientes de la existencia de un absurdo vacío entre el compromiso y la práctica política y jurídica en algunos países de África. 
Me cuesta comprender que en los tiempos que corren se haya podido pronunciar una condena a muerte por lapidación. 
Me cuesta aceptar que se lleguen a cometer estos actos de barbarie por el simple hecho de haber dado a luz después del divorcio. 
Ante todo, me cuesta aceptar la existencia en un Estado federal de normas regionales que niegan y desobedecen abiertamente la Constitución nacional. 
Es cierto que la responsabilidad de imponer la conformidad con la legislación nacional y los compromisos internacionales y su cumplimiento en todo su territorio y jurisdicción recae en primer lugar sobre las autoridades federales de Nigeria. 
Sin embargo, la Unión Europea, que cuenta con muchos Estados miembros que comparten una historia común con el continente africano, también tiene el deber moral y político de oponerse a esos violentos abusos, como por ejemplo, algunas interpretaciones de la sharia y dedicar todos los esfuerzos y todos los medios de los que disponemos a apoyar a quienes que luchan por el Estado de Derecho, por los derechos y por una verdadera justicia para todos. 
Si nos conformamos con una simple declaración simbólica cada vez que se perpetra un crimen kafkiano contra un ciudadano en los países ACP, nos convertimos prácticamente en cómplices y, con nuestra inercia diplomática, favorecemos el retorno a los métodos oscurantistas. 
Este es el motivo por el cual mi grupo y yo misma pedimos que se constituya un grupo de trabajo sobre el tema de la sharia y los derechos de las mujeres, como parte integrante de nuestra futura delegación ACP-UE. 
La estabilidad de Nigeria está amenazada y podría verse afectada en todo el país por lo que está ocurriendo allí, en el país con la mayor densidad de población de África. 
La onda expansiva desatada por el caso de la Sra. Amina Lawal acaba de llegar a Europa: adoptemos medidas para evitar efectos similares en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, deseo expresar en los términos más duros mi horror y mi indignación por lo que ha estado ocurriendo durante los últimos dos años en las provincias del norte de Nigeria, donde los fundamentalistas islámicos han impuesto la sharia por encima de la legislación nacional y del Derecho internacional. 
Me pregunto cómo es posible que las mujeres (los hombres no, por supuesto) puedan ser condenadas a morir apedreadas por adulterio en un país que ha ratificado la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres; un país que ha ratificado la Convención contra la tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; un país con el que la Unión Europea mantiene estrechos lazos en el marco del Acuerdo de Cotonú. 
¿Cómo es posible que el Gobierno Federal de Nigeria sea incapaz de obligar a los fundamentalistas islámicos a respetar la mismísima Constitución del país? 
¿Para qué sirve tener un presidente cuando éste es incapaz de garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de la ciudadanía? 
Me parece imposible aceptar, señor Comisario Patten, que la intolerancia, el oscurantismo y la misoginia puedan triunfar sobre la razón y los valores humanos. 
No puedo admitir que la Unión Europea carezca de vías y medios para evitar este tipo de actos criminales contra las mujeres y que, en el caso que nos ocupa, no seamos capaces de obligar al Gobierno Federal de Nigeria a aplicar la ley en todo su territorio. 
Hoy tenemos que enviar desde esta Asamblea un mensaje contundente dirigido tanto a Nigeria como a cualquier otro país en el que se estén cometiendo crímenes contra las mujeres porque, como sabemos por la prensa, en Irán también se dictan condenas a muerte por lapidación. 
Debemos decirles a los fundamentalistas de todo el mundo que no hay tradición ni cultura que consienta la violación de los derechos de media humanidad y por esta misma razón exigimos aquí y ahora la liberación de la Sra. Amina Lawal. 
Señor Presidente, he estudiado el caso de la Sra. Amina Lawal y lo he comprobado con Amnistía Internacional, a quien quiero dar las gracias por la ayuda prestada, al igual que al personal de mi propio grupo que ha confirmado los datos publicados. 
He visto estos datos y lo primero que nos llama la atención de este caso es el inusual y cruel castigo que implica. 
Debemos ver sobre todo la injusticia de la decisión que se tomó al imponer un castigo a la mujer en nombre de una especie de creencia religiosa. 
No se trata de justicia religiosa, sino de una táctica estrictamente política utilizada en el pasado y en la actualidad mediante la cual muchos hombres de distintas partes del mundo mantienen su control y dominio sobre el sexo débil. 
El segundo aspecto hiriente de este caso es la absoluta crueldad sin sentido que implica. 
Viola todos y cada uno de los instintos de la humanidad que nos empuja a trabajar por un mundo que podamos compartir en paz y para el disfrute de todos. 
Este caso nos recuerda sobre todo la brutalidad de los días en que quemaban a las brujas, tal y como alguien ha señalado previamente, y cuando se sacrificaba a seres humanos para satisfacer a una deidad oculta, desconocida e indiferente. 
Son muchas las personas de este mundo que reconocen muchas visiones y manifestaciones diferentes de su dios o sus dioses. Hay muchas personas que no reconocen a ningún dios. 
Esto no impide que compartamos y disfrutemos el mismo mundo. Pero si algunas personas consideran que en nombre de su dios tienen derecho a castigar y perseguir al prójimo por tener una religión distinta o no tener ninguna creencia religiosa, entonces la humanidad no puede coexistir en paz en este mundo. 
Por este motivo, en el Parlamento debemos dejar claro que solamente las instituciones democráticas tienen derecho a elaborar leyes y a imponer el castigo sobre otros seres humanos, y que la Unión Europea respetará el código de las Naciones Unidas a toda costa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de nuevo una mujer, la Sra. Amina Lawal, ha sido condenada a morir lapidada en uno de los estados musulmanes del Estado Federal de Nigeria. 
Su crimen consiste en haber dado a luz a un hijo tras el divorcio. 
Hace unos meses, gracias a la movilización internacional, se consiguió salvar a la Sra. Safiya Husseini, condenada a la misma suerte. 
Sin embargo, ¿cuántas personas han sido condenadas a sufrir esos mismos actos de barbarie con anterioridad a esta victoria y cuánta más será condenada en el futuro? 
Ya va siendo hora de impedir que en Nigeria y en cualquier parte del mundo se adopten esas decisiones jurídicas ancestrales que manifiestan un absoluto menosprecio hacia la dignidad humana. 
La estricta aplicación de la sharia, que no tiene nada que ver con la religión musulmana, ha sido declarada inconstitucional por el Ministerio de Justicia nigeriano, incluidos los estados federales musulmanes del norte. 
En su Constitución, el Estado Federal de Nigeria se describe como un Estado laico. 
Nigeria es, además, un país signatario de convenciones la imponen unos compromisos en el ámbito internacional. 
Aunque el estado de Katsina también es parte en el asunto, existen otras responsabilidades: las de las autoridades nigerianas, que tienen el deber de velar por el estricto respeto de la Constitución y la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía nigeriana, independientemente de su estado civil, religión o sexo. 
La comunidad internacional y Europa en particular deben condenar esta violación inadmisible de los derechos humanos fundamentales. 
Europa se opone a la pena de muerte. 
Se ha comprometido a defender los derechos de las mujeres frente a la discriminación sexual y la intolerancia religiosa. 
Otro de los deberes de Europa es hacer cuanto esté a nuestro alcance para salvar a la Sra. Amina Lawal de la muerte por lapidación. 
Las organizaciones de derechos humanos están luchando valientemente en Nigeria. 
Estas organizaciones a menudo se ven amenazadas, pero trabajan juntas a pesar de la falta de medios y de apoyo, excepto el que reciben de las organizaciones europeas. 
Tenemos que apoyar sus peticiones. 
Por último, como parte de los acuerdos de asociación de Cotonú, Europa puede y debe instar a Nigeria a que respete sus compromisos internacionales y promueva la democracia y los derechos de las mujeres. 
Ahora nos enfrentamos con el drama de la Sra. Amina Lawal. 
Cada vez son más los estados de Nigeria que están adoptando la sharia. 
La influencia del Islam sobre el clima político es tan grande que los políticos no tienen ninguna oportunidad en las elecciones a menos que apoyen esta legislación. 
Estas prácticas barbáricas ancestrales, originarias del desierto, como la lapidación de mujeres o la amputación de las extremidades, van en contra de los derechos humanos más fundamentales. 
El tan debatido choque de civilizaciones, culturas o creencias sólo se podrá evitar si se consigue abolir en todas partes la estricta ley de la sharia. 
Nigeria es una democracia muy frágil e inestable. 
La Unión Europea apoya el proceso de consolidación democrática de ese país y tiene buenas razones para ello. 
Sin embargo, sólo podrá seguir haciéndolo si el Gobierno federal hace todo lo que le permite su poder constitucional para impedir que se sigan imponiendo esas penas barbáricas. 
Si esto no se cumple, habrá que reconsiderar el apoyo que le prometimos recientemente. 
La ayuda al desarrollo y el apoyo al buen gobierno carecen de sentido si los destinatarios de esta ayuda persisten en dichas prácticas barbáricas. 
Señor Presidente, señor Comisario, como demócratas cristianos, en tanto que Grupo del PPE-DE, nuestro compromiso con la defensa del valor de la persona y su dignidad, y con la defensa de los derechos y libertades fundamentales que emanan de esta dignidad, nos lleva una vez más a condenar, con toda energía, los atentados a la vida y a la dignidad de la persona que representan las sentencias a muerte y, a muerte, además, por lapidación, dictadas en estricta aplicación de la ley islámica; y a instar a las autoridades responsables a ejercer clemencia para impedir la ignominia que supone la ejecución de tales sentencias. 
Nos lleva también a recordar, no sólo al Estado Federal de Nigeria, sino también a Níger, Sudán y Somalia, que la interpretación y aplicación que se está haciendo de la sharia no sólo constituye un claro atentado a los derechos fundamentales, sino que contraviene claramente los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que han suscrito, incluidos los acuerdos de Cotonú, cuyo artículo primero dice claramente que se favorecerá el respeto de los derechos del individuo y que la situación de las mujeres y las cuestiones de igualdad entre ambos sexos se tendrán en cuenta sistemáticamente en todos los ámbitos, políticos económicos o sociales. 
De ahí que, además de manifestar nuestro absoluto rechazo de las condenas a muerte que se han dictado, además de pedir medidas de gracia a favor de Amina Lawal, de Ahmadu Ibrahin y de Fátima Usman, debamos y queramos exigir a los gobiernos de estos países que adecuen su legislación a las normas y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a fin de impedir una aplicación de la sharia que vulnere los derechos fundamentales. 
Además, como Unión Europea debemos estar dispuestos a utilizar los mecanismos que ponen a nuestra disposición los acuerdos de Cotonú en caso de violación de los principios que en ellos se formulan. 
Sólo así, Sr. Presidente, contribuiremos a hacer avanzar en el mundo la causa de la libertad y del respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, esta madre, Amina Lawal, ha sido condenada a muerte, a morir a pedradas, brutalmente, por haber mantenido relaciones sexuales después de haberse divorciado, algo muy común que realizan millones de personas, hombres y mujeres, en los cinco continentes, con independencia de sus creencias, musulmanas, católicas, protestantes o cualquier otra. 
«¿Por qué Amina y no yo? », clama el mundo entero contra esta hipocresía islamista. 
Señor Presidente, Señor Comisario, la actual aplicación de la sharia en los Estados del norte de Nigeria no existía antes. 
No es sino una interpretación fundamentalista. 
El daño que ocasionaría a la vida de Amina es irreversible. 
Después cambiarán las correlaciones de fuerzas, habrá otros tribunales, islámicos o norteamericanos, que establezcan criterios diferentes, pero el derecho de la vida de Amina se vería dañado irreversiblemente. 
El apartado 11 reitera que el Parlamento Europeo quiere que se considere el derecho de las víctimas de persecuciones integristas a solicitar asilo, en particular, en los casos de condena a muerte por lapidación. 
Señor Presidente, Señor Comisario, no podemos olvidar que estas condenas a lapidación se están ejecutando también en Irán. 
Y, qué desfachatez, un alto cargo, cercano a Jatami, se ha atrevido a elogiarlas. 
Señor Comisario, queremos reforzar los lazos con Irán, pero ¿son compatibles estas lapidaciones con nuestra coherencia en la política exterior y seguridad y de defensa de los derechos humanos? 
Señor Comisario, le ruego que también tenga en cuenta las lapidaciones en Irán. 
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de la resolución a pesar de todos sus aspectos criticables. 
Si el hecho de que el Parlamento Europeo adopte una posición puede evitar que se cometa un crimen contra Amina Lawal, debemos hacerlo. 
Condenar a una mujer por haber dado a luz a una criatura en nombre de unas leyes ancestrales es un crimen despreciable, como también lo son todas las formas de opresión de las mujeres y todas las formas de mutilación, se cometan o no en nombre de la religión. 
Nos hacemos eco de las protestas contra la opresión de las mujeres y su privación de los derechos humanos en nombre de la sharia, pero también nos oponemos con la misma firmeza a lo que se hace en nombre del Vaticano o de la Biblia. 
Sin duda, debemos condenar los actos de barbarie en Nigeria, pero también debemos condenarlos cuando se cometen en los Estados Unidos, la superpotencia que se presenta como modelo de la civilización moderna, o incluso aquí, en la Unión Europea, que tolera que algunos de sus Estados miembros apliquen leyes que impiden disfrutar a las mujeres del derecho básico a ser dueñas de su cuerpo y controlarlo. 
A la vez que nos oponemos a los actos de barbarie cometidos en otros lugares, también debemos asegurarnos de que no nos quede la casa por barrer. 
Señor Presidente, en todo el mundo vemos ejemplos de violencia y crueldad por parte de las personas y en ocasiones terribles escenas de violencia colectiva y linchamientos. 
Estos son horrores que condena toda persona, gobierno y sistema judicial civilizado. 
Algunos actos de salvajismo son doblemente espeluznantes debido a que están autorizados por personas supuestamente nombradas para impartir justicia. 
No sucede solamente en Nigeria, aunque hoy centremos nuestra atención en este país. 
Las prácticas observadas en Nigeria en nombre de la sharia son intolerables en cualquier sociedad que se pretenda civilizada y humana. 
La lapidación por adulterio es una barbaridad; la flagelación por mantener relaciones sexuales prematrimoniales o consumir de alcohol y la amputación por robo pueden considerarse excesivas. 
Aprobar judicialmente una lapidación a muerte por parte de una muchedumbre legal no puede ser aceptable para la gran mayoría de los nigerianos decentes y responsables, incluido su presidente, y por supuesto no puede ser aceptable para nosotros. 
Este mismo año hemos sido testigos de cómo la presión internacional ayudó a detener los planes de lapidación de Safiya Husseini. 
Ahora Amina Lawal se enfrenta a la misma amenaza de muerte por tortura. 
Safiya se casó a los 12 años y Amina a los 14. 
Perdieron su infancia y Amina puede perder ahora su vida. 
La joven pareja formada por Ahmadu Ibrahim y Fatima Usman se enfrentan a la misma perspectiva, al igual que un hombre mayor acusado de violación. 
Este castigo es incompatible con las convenciones y acuerdos firmados por Nigeria. 
Decenas de miles de personas han escrito desde 110 países para apelar a la clemencia en el caso de Amina. 
Creo que el Gobierno federal entiende que el ministro de Justicia también ha condenado efectivamente el veredicto. 
La clave ahora es el gobernador del Estado de Katsina, y es importante que la Presidencia y la Comisión, así como el Presidente de nuestro Parlamento, añadan sus peticiones a las que muchos de nosotros ya hemos remitido a Umaru Musa Yar ' Adua. 
Señor Presidente, señor Comisario, tras el éxito de la movilización internacional destinada a salvar la vida de la Sra. Safiya Husseini el pasado mes de marzo, nos produce un desconcierto todavía mayor enfrentarnos de nuevo con la amenaza de que otra mujer y madre nigeriana sea ejecutada por lapidación. 
A pesar de la presión internacional, el Gobierno nigeriano no muestra la voluntad de cumplir sus obligaciones en el marco del Derecho internacional y permite que diez estados federales nigerianos apliquen un Derecho penal inspirado en creencias religiosas locales que son contrarias al Derecho constitucional nacional y a los derechos humanos internacionales. 
No obstante, al mismo tiempo debemos ser conscientes de que el caso de Nigeria no es en absoluto el único. 
Según fuentes de Amnistía Internacional, en Irán al menos seis mujeres fueron condenadas entre 2001 y 2002 a la pena de muerte por lapidación por delitos como 'adulterio y depravación mundana', en ocasiones tras largas penas de prisión, y estas sentencias se ejecutaron. 
Sólo en Irán, un total de 35 personas, entre hombres y mujeres, han sido ejecutadas este año por diversos métodos. 
Por lo tanto, ya va siendo hora de que la Unión Europea adopte una posición contraria a estos actos de barbarie y actúe, no sólo en los casos individuales, sino por principio. 
También debería ser posible intentar imponer sanciones a los regímenes de los lugares donde se lleven a cabo prácticas de este tipo. 
. 
Como han indicado todos los diputados que han intervenido, este es un caso muy preocupante. 
No me sorprende que haya ocasionado tanta indignación e impacto en el Parlamento. 
Desde el principio, la Comisión ha estado muy preocupada por la posible aplicación de severas penas en Nigeria. 
En esta ocasión, al igual que los diputados, estamos particularmente inquietos por el caso de Amina Lawal, que ha sido condenada a muerte por lapidación, lo cual, como ha dicho el Sr. Bowis, es una brutalidad organizada y consentida por el Estado, aunque la condenada esté actualmente pendiente de su recurso. 
La Comisión se opone tan contundentemente al uso de castigos crueles y discriminatorios como cualquiera de los diputados que han intervenido. 
Hemos expresado continuamente nuestra preocupación por los castigos de la sharia tanto en Nigeria- volveré más adelante sobre este punto- como en otros lugares. 
Esta preocupación se ha expresado, entre otros lugares, en la Comisión de Derechos Humanos. 
No esperamos sino que todas las comunidades acepten las normas internacionales relacionadas con los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de la vida humana. 
Nos oponemos firmemente al uso de la pena de muerte y suscribimos en su totalidad las directrices de la Unión Europea contra la pena de muerte adoptadas en 1998. 
En más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de debatir dichas directrices en este Parlamento. 
Todavía el pasado año se llevó a cabo una gestión de la Troika para reafirmar esta postura en Nigeria. 
La Comisión seguirá prestando apoyo a las iniciativas a favor de la democracia y los derechos humanos a través de su programa de cooperación con Nigeria y mediante otros instrumentos, como la Iniciativa europea para la democracia y la protección de los derechos humanos, que cuenta con tantos defensores elocuentes en este Parlamento. 
Esta iniciativa incluye a Nigeria como país focal, y prestará apoyo a las intervenciones en el ámbito de la gobernanza y la reforma jurídica con el fin de ejercer un efecto positivo sobre la condición de las mujeres y la conciencia de sus derechos legales. 
Por supuesto, la Unión mantiene un continuo diálogo político con el Gobierno de Nigeria, tal y como han mencionado la Sra. Karamanou y otros diputados. 
Esto podría intensificarse tal como está previsto en el Acuerdo de Cotonú, según cómo evolucione la situación. 
Tengo interés por la propuesta también mencionada por uno de los autores de esta resolución, de establecer un grupo de trabajo sobre la sharia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en el marco del Acuerdo de Cotonú. 
Como es sabido por el Parlamento, hemos financiado un estudio, el informe Peters, sobre los problemas de la aplicación de la sharia en Nigeria. 
Estoy seguro de que el Parlamento no se sorprenderá de las principales conclusiones. 
El informe considera que algunos textos estaban redactados de forma deficiente y contradictoria, que la aplicación de los textos era incoherente, que los jueces implicados eran incompetentes y apenas tenían formación y que existían contradicciones no sólo con las leyes internacionales, sino también con las federales. 
Puedo garantizar al Parlamento que seguiremos tratando este problema tan preocupante. 
Como he tenido ocasión de decir a los ministros de Exteriores de diversos países, es muy difícil para nosotros como europeos aceptar que la lapidación femenina sea coherente con las normas de comportamiento aceptables internacionalmente y los derechos humanos. 
La Sra. Izquierdo Rojo ha planteado la cuestión de la lapidación de mujeres en Irán. 
Puedo asegurarle que he tratado esta cuestión con los ministros iraníes. 
La he planteado en Teherán y en reuniones fuera de Teherán. 
Espero realmente que durante los próximos meses podamos iniciar un diálogo global sobre derechos humanos con Irán, además de los diálogos que tendremos sobre cuestiones políticas, de comercio y cooperación, de forma que podamos seguir tratando el problema con este país, al igual que lo hacemos en otros países en que viene al caso. 
El Parlamento está preocupado por este tema, y nosotros también; la opinión pública europea está consternada. 
Muchas gracias, Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy viernes a las 16 horas o cuando finalicen los debates. 
El próximo asunto a tratar es el debate sobre las siete siguientes propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Zimbabwe: 
B5-0464/2002, presentada por el Sr. Van Orden y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Zimbabwe; 
B5-0467/2002, presentada por la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Zimbabwe; 
B5-0468/2002, presentada por el Sr. Andrews, en nombre del Grupo UEN, sobre Zimbabwe; 
B5-0469/2002, presentada por la Sra. Kinnock y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe; 
B5-0481/2002, presentada por el Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Zimbabwe; 
B5-0482/2002, presentada por el Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre Zimbabwe; 
B5-0485/2002, presentada por los señores van den Bos, Mulder y Sanders-ten Holte, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe. 
Señor Presidente, con pesar y frustración debo presentar una resolución más sobre Zimbabwe, la sexta en un año. 
El hecho es que la situación en ese país está empeorando y las acciones de la Unión Europea hasta la fecha han sido ineficaces. No se están desarrollando con el vigor ni la determinación suficientes. 
La Unión Europea envía misiones diplomáticas al sur de África, pero estas regresan con las manos vacías y no dejan tras ellos la impresión de que la acción contra Zimbabwe sea una prioridad y un factor determinante en el enfoque general del sur de África. 
Seamos claros: no se trata de los derechos de los granjeros blancos, se trata de los derechos del pueblo de Zimbabwe en su conjunto. 
Si no se es miembro activo del Zanu-PF se está expuesto a sufrir acoso, discriminación, asaltos, políticas selectivas de inanición y asesinato. 
¿Hasta qué punto hay que llegar para que se tomen medidas efectivas? 
El Presidente Mugabe acaba de regresar de Johanesburgo a Harare reclamando apoyo a su política sobre la tierra. 
Se trata de una parodia. 
Citando las declaraciones de la oposición del MDC, «El programa de reforma agraria de Mugabe ha comportado la degradación masiva del medio ambiente, ha condenado a cientos de miles de personas a la pobreza y ha puesto a seis millones de personas en riesgo de inanición.» 
Esta es la realidad. 
Mugabe es un tirano que ha saqueado los recursos de su país en su propio beneficio y en el de sus amistades, y que utiliza el aparato del Estado, incluida la policía, para aterrorizar a sus oponentes políticos y cometer abusos con ellos. 
Por ello, imaginen nuestro horror cuando descubrimos que Augustine Chihuri, jefe de policía de Zimbabwe actualmente incluido en la lista de la Unión Europea de personas a las que se prohíbe viajar a países de la UE, estuvo en Francia la semana pasada, en una reunión de la Interpol en Lyon. 
Es posible que se pregunten ustedes con razón qué hace una persona como Chihuri de vicepresidente de la Interpol, pero esa es otra cuestión. 
El hecho es que no debería haber estado en Francia y el Consejo debe tomar ahora medidas enérgicas y efectivas para cerrar los vacíos legales e impulsar medidas internacionales contra Mugabe antes de que la tragedia de Zimbabwe se vea una vez más eclipsada por otras crisis internacionales. 
Emprendamos una acción decidida por el bien del pueblo de Zimbabwe. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la dictadura del Presidente Mugabe es censurable. 
Está destruyendo el país, los campos están yermos, la economía va de mal en peor, los ciudadanos están padeciendo escasez, hay hambre; mientras tanto, él silencia a la prensa, aterroriza a la oposición y su propósito es perpetuarse en el poder. 
No obstante, aún despierta simpatías en la África negra. 
Después de todo, los países vecinos no quieren entrar en ningún conflicto bélico con Zimbabwe. 
Los trabajadores empleados en las granjas de los blancos suelen vivir en condiciones sociales inaceptables. 
Los pobres sin tierras quieren una oportunidad para sobrevivir. 
Existe, por tanto, la necesidad de redistribuir la tierra, aunque esto debe llevarse a cabo mediante procedimientos legales y transparentes, sin violencia ni corrupción. 
Por tanto, la Unión Europea debe desempeñar su propio papel. 
Sentimos demasiado respeto por los ciudadanos de Zimbabwe y no podemos interferir en los asuntos internos de un país soberano. 
Nuestras sanciones deben golpear al Presidente Mugabe y su entorno, pero no al pueblo de Zimbabwe. 
Los ciudadanos deben tener constancia de que comprendemos los deseos que albergan de adquirir tierra y que queremos proporcionarles ayuda económica para que se ponga en marcha un procedimiento legal que les otorgue tierra. 
Tenemos que ayudar a los vecinos de Zimbabwe para que se ocupen de los refugiados. 
De lo contrario, estaremos dándoles una excusa para que envíen a los refugiados de vuelta al otro lado de la frontera, donde una vez más se convertirán en víctimas de la represión. 
Este es el papel que espero que apoye este Parlamento, para lo cual he presentado las enmiendas. 
Entiendo que algunas personas no lo apoyarán, pero no deseo ser vista como el típico hombre blanco que levanta el dedo recriminatorio sobre África. 
Señor Presidente, en el Zimbabwe del Presidente Mugabe suceden cosas terribles a diario. 
Veamos tan sólo algunos ejemplos: «El juego que vamos a jugar necesita música» , dijo el agente de policía de Zimbabwe a una niña de 12 años a las 10 de la noche. 
No obstante, cuando arrojó un colchón al suelo, quedó claro que su intención no era jugar. 
Durante las cuatro horas siguientes, la madre de esta niña y sus hermanas de siete y nueve años fueron obligadas a cantar sin parar los cánticos de alabanzas de Robert Mugabe y mirar cómo la desnutrida Dora era violada por una banda de cinco supuestos «veteranos de guerra» y el policía detrás de la choza hasta las 2.30 de la madrugada. 
«Este es el castigo para aquellos que quieren vender el país a Tony Blair y los blancos» , gritaron a la niña aterrorizada. 
Abusaron de Dora porque su padre, ausente en esos momentos, era un mero simpatizante de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático. 
Por desgracia, la tragedia mencionada (lean el Sunday Telegraph del 25 de agosto) no ha sido un incidente aislado. 
Dora sólo representa una de centenares de chicas jóvenes violadas en el marco de una campaña de Estado de purga policial sistemática de la población. 
Y esto sin mencionar los casi 50 campos militares donde encierran a oponentes al Presidente Mugabe para ser torturados a fin de lograr su «reeducación» , y que también se están utilizando cada vez más como campos de violación. 
Mientras tanto, el Presidente Mugabe no parece estar avergonzado lo más mínimo de este reino del terror. 
Más bien lo contrario. 
Tomemos como ejemplo su indignante actuación durante la Cumbre de la ONU en Johanesburgo, en donde este autodenominado paria se hizo pasar por víctima del colonialismo que quería liberar a su «país ocupado» del «colonialismo británico». 
El hecho de que permita que la mitad de sus 12 millones de compatriotas mueran de hambre debido a este razonamiento ilógico no le preocupa lo más mínimo. 
Resulta muy preocupante el apoyo activo que presta el Presidente de Namibia, Nujoma, al Presidente Mugabe, así como el silencio ensordecedor del Presidente Mbeki, el gran iniciador del programa NEPAD, que trata de las responsabilidades de los gobernantes ante los gobernados. 
Para evitar el efecto «mancha de aceite» , deseo hacer un llamamiento al Consejo y la Comisión para que continúen dando prioridad política a la crisis en Zimbabwe. 
El hecho de que, según el diario alemán Frankfurter Allgemeine de hoy, sólo el Secretario de Estado de EE.UU. haya criticado expresamente el reino del terror del Sr. Mugabe en la asamblea plenaria en Johanesburgo me ha dolido personalmente mucho. 
¿Ha callado Europa de verdad al respecto? 
El Presidente Mugabe está permitiendo que su pueblo pase hambre y está culpando a Occidente. No es él el culpable del hambre de su pueblo, sino el modelo de desarrollo neoliberal. 
Todas estas acciones políticas de los antiguos luchadores por la libertad tienen ahora un solo objetivo: permanecer en el poder a toda costa. 
Ninguna persona justa rechaza la reforma agraria, pero toda persona con un mínimo de decencia rechaza la reforma aplicada por el Presidente Mugabe. 
Los granjeros se ven despojados de todo, sin ningún tipo de compensación, y son obligados a huir. 
No es el pueblo de Zimbabwe el que obtiene la tierra a la que tiene derecho, sino los amigos políticos del Sr. Mugabe. 
Se ha permitido que el Presidente presente sin reparos una propaganda política engañosa en la Cumbre de Johanesburgo. 
Las sanciones supuestamente inteligentes contra el régimen no se están aplicando con particular inteligencia. 
Las penalizaciones han de aplicarse con mayor severidad y es preciso ampliar el grupo destinatario. 
Por tanto, me gustaría que el Comisario Patten informase sobre la posición actual con respecto a la prometida investigación sobre la congelación de los activos de estos hombres en Europa. 
Ya es hora de que se lleven a cabo elecciones honestas en este país. 
El Presidente Mbeki de Sudáfrica y otros líderes de la región deben asumir de una vez por todas su responsabilidad y apoyar al pueblo de Zimbabwe y no a un presidente que no cuida de sus ciudadanos debido a su propia sed de poder. 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Junker ya ha mencionado el discurso tan cínico del Sr. Mugabe en la Cumbre de Johanesburgo. 
En general, tengo la impresión de que este tipo de discursos son, por desgracia, contagiosos. 
Espero que el grosero discurso del Presidente Nujoma, de Namibia, en Johanesburgo el mismo día no tenga consecuencias políticas en la propia Namibia. 
Mientras tanto, continúa la politización de la ayuda alimentaria en Zimbabwe, entre otras cosas. 
El maíz se está distribuyendo específicamente a los leales al partido, los llamados veteranos de guerra están asaltando los almacenes de comida de la iglesia, mientras que ésta no puede distribuir ayuda so pretexto de que está creando estructuras paralelas. 
¿Qué debemos hacer? 
Deberíamos hacer lo que hemos decidido. 
Para concretar, espero que el Ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabwe no sea invitado a la reunión de ministros UE-SADC prevista en noviembre en Copenhague, y además debemos dejar claro a nuestros socios de África austral que los fondos europeos no están destinados a la financiación de un resurgir africano o un nuevo programa NEPAD para el desarrollo africano en beneficio del Presidente Mugabe y sus aliados políticos. 
Debemos participar económicamente en la reconstrucción de Zimbabwe y en su reforma territorial, una vez que el Sr. Mugabe se haya ido y dentro de un marco constitucional adecuado, pero no ahora. 
Si los países vecinos de Zimbabwe ejercen presión en interés propio, puesto que ellos también están sufriendo el impacto de la política del Sr. Mugabe (por ejemplo, el flujo de refugiados) , deberíamos ayudarles a recibir a dichos refugiados, pero desde luego no ahora. 
Deberíamos dejar nuestra política perfectamente clara y presionar de forma eficaz en nuestro propio Consejo de Ministros, ya que tengo la impresión, como ya han apuntado determinados miembros, de que no se le está dando prioridad a esta situación y de que no se ha expuesto ninguna postura clara ante el Sr. Mugabe en Johanesburgo. 
Por este motivo, espero que adoptemos una postura más dura en relación con la reunión de noviembre en Copenhague. 
Nuestros socios de África del sur deberán decidir entonces por sí mismos si desean solidarizarse con el Sr. Mugabe o con el pueblo de Zimbabwe, y unirse a nosotros en el diálogo para poner fin a esta situación. 
Se trata de una atroz letanía de crímenes contra la humanidad. 
Mugabe carece de principios, no tiene ningún sentido de la justicia y su régimen se degrada cada día que pasa hasta niveles insospechados. 
No siente respeto alguno por los derechos humanos, los derechos de las minorías, la ley internacional ni la opinión mundial. 
Es un vil déspota y debemos romper cualquier vínculo con él y su régimen. 
Como ha dicho el Sr. Van Orden, debemos pegar a Mugabe y a su régimen donde les duela, es decir, en el bolsillo. 
Hay que poner fin al comercio internacional y congelar efectivamente las cuentas bancarias de Mugabe y su entorno. 
Asimismo hay que imponer enérgicas sanciones económicas selectivas. 
Al mismo tiempo, debemos ayudar y prestar apoyo a los Estados africanos que adopten medidas punitivas similares contra el régimen de Mugabe. 
Lo más triste de todo esto es el efecto que está teniendo sobre los ciudadanos de Zimbabwe, cuyo único delito es tener a Mugabe de presidente. 
Vayamos a por él y no por los ciudadanos de Zimbabwe, y asegurémonos de que nuestras medidas sean efectivas y no simple retórica para la galería internacional. 
Señor Presidente, una vez más, un dictador marxista, o mejor dicho, un dictador con inclinaciones marxistas, y que ha llegado al poder con la bendición de los gobiernos occidentales y sus consejeros, ha mostrado sus verdaderas intenciones. 
Con la excusa de la reforma agraria y de forma completamente ilegal, está favoreciendo el vandalismo puro y duro, además de la intimidación y la violencia más salvaje; se están perpetrando atrocidades contra los granjeros blancos y también contra los negros que colaboran con ellos y cuya situación sigue deteriorándose. 
Ya sabemos cuál será el resultado de esta situación. 
La milicia del Presidente Mugabe, alentada por la envidia y el gusto del saqueo, está obligando a emigrar a los granjeros blancos, en el mejor de los casos. 
La partida de estos granjeros significará el fin de las granjas, el hambre para 12 millones de habitantes de Zimbabwe y la extensión de la pobreza. 
El colmo es que, incluso entonces, habrá quien diga que Occidente es responsable de esta situación y de esta pobreza. 
Ya hemos visto suceder lo mismo en Congo, Argelia, Angola y Mozambique. 
A la luz de los acontecimientos, no estoy seguro de si debemos actuar de algún modo por el pueblo de Zimbabwe, pero al menos tenemos la obligación de indicarles a los líderes de estos países, con toda honestidad, que la causa principal de su subdesarrollo no tiene nada que ver con el mundo occidental. 
Tiene la palabra el Sr. Posselt sobre la observancia del Reglamento. 
. 
Conozco Zimbabwe bastante bien. 
Mientras fui Ministro de Desarrollo Exterior de mi país, en los años ochenta visité Zimbabwe con bastante frecuencia en los años posteriores a su independencia. 
Recuerdo la esperanza con que Zimbabwe emprendió su propia marcha como país soberano y cómo había sido bendecido por el Todopoderoso con alimentos y otros recursos. 
Recuerdo cómo, por ejemplo, durante una hambruna de Mozambique, compramos alimentos en Zimbabwe para su distribución en ayuda de Mozambique. 
Recordar todo esto me entristece todavía más cuando observo la situación actual de este país. 
Como es sabido en el Parlamento, la Comisión ha suspendido la ayuda oficial al desarrollo a Zimbabwe desde principios de 2002. Seguimos muy preocupados por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. 
El International Crisis Group, una admirable organización que informa regularmente sobre los focos de problemas en todo el mundo, calificó recientemente a Zimbabwe de país en caída libre. 
Esto no es una exageración de la situación. 
En la Comisión contribuiremos a apoyar cualquier presión similar que ejerzan los Jefes de Estado de África, y concretamente del sur de África, sobre el Gobierno de Zimbabwe para que respete los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú, como son los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. 
Debo mencionar de pasada, y esto tiene que ver con las observaciones del Sr. Van Orden, que me gustaría que hubiésemos asistido recientemente a más manifestaciones de este tipo de presión por parte de otros países del sur de África. 
La situación política en el período previo a las elecciones locales programadas para este mes de septiembre sigue siendo tensa y el plazo fijado en las órdenes de desalojo de 2.900 granjeros blancos para que abandonen sus propiedades venció el 8 de agosto de 2002. 
La Comisión sigue por tanto participando en proyectos que apoyan directamente a la población en el campo de la democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, y la Iniciativa europea para la democracia y la protección de los derechos humanos incluye a Zimbabwe como país focal. 
La crisis alimentaria de Zimbabwe es la peor del sur de África. 
Existen informes verosímiles de una extensa politización de los propios suministros alimentarios del Gobierno de Zimbabwe. 
Estoy seguro de que muchos diputados habrán visto informes de seguidores del Zanu-PF que afirman al pueblo de Zimbabwe que sólo los tontos pasan hambre. 
En otras palabras, deben suscribir una serie de opiniones políticas para recibir alimentos. 
La Comisión condena este hecho. La Comisión por su parte ha respondido con unas 110.000 toneladas de ayuda alimentaria correspondiente a una asignación global de unos 3,5 millones de euros. 
Los alimentos se están distribuyendo a través del Programa Mundial de Alimentos y las ONG, con una importante implicación de las comunidades locales para identificar a los grupos necesitados. 
Se ha aportado una suma inicial de 2 millones de euros a través de nuestra organización humanitaria ECHO, destinada a los grupos vulnerables, especialmente los niños y los trabajadores de las granjas. 
Una parte considerable de la decisión de financiación humanitaria que se tomará en breve por importe de 30 millones de euros para la región responderá a la situación de emergencia en Zimbabwe, incluidas las necesidades de seguimiento y la distribución de ayuda alimentaria. 
Una asignación regional adicional de 30 millones de euros dentro del programa de cooperación para 2002 con el Programa Mundial de Alimentos proporcionará ayuda alimentaria en la región, concretamente en Zimbabwe. 
La Comisión cree que la SADC debe desempeñar un papel destacado en la resolución de la crisis cada vez más grave de Zimbabwe. 
La Unión tratará de reforzar el diálogo con la SADC, especialmente durante la próxima Conferencia de Ministros que se celebrará en noviembre en Copenhague. 
Se prevé plantear el problema de Zimbabwe como un punto concreto del orden del día. 
El Parlamento conocerá las sanciones concretas que hemos introducido, sanciones que se centran en los líderes de este régimen especialmente repugnante y profundamente corrupto, en sus viajes y en sus bienes. 
Es importante, como han dicho varios diputados, que hagamos todo lo posible por que se cumplan estas sanciones. 
Desde luego, comunicaré a los Estados miembros las opiniones del Parlamento sobre este punto concreto. 
También me gustaría llamar la atención del Parlamento sobre el reciente informe del Grupo de Expertos establecido por el Consejo de Seguridad sobre la expoliación y el pillaje de los bienes de la República Democrática del Congo, concretamente sobre lo que en él se dice del papel de Zimbabwe en dicho pillaje sistemático. 
El propio informe constituye una lectura sumamente preocupante. 
En mi opinión, la comunidad internacional debe dejar claro que tiene el propósito de hacer algo en relación con el informe. 
El Presidente Mugabe y sus amistades han hundido un país que fue próspero y estable. 
Sus acciones constituyen un deplorable borrón en la historia del sur de África. 
Cuanto antes se deshaga Zimbabwe de ellos, mejor le irá a ese maravilloso país y a su gente. 
Muchas gracias, Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, al leer el Acta he observado que mi nombre no aparece en la de ayer. 
Este hecho se puede confirmar fácilmente, ya que estuve presente en las votaciones de lista. 
No cabe ninguna duda de que estuvo usted presente, señora Schierhuber. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 16.25 horas) 
Antes de comenzar, quisiera pedir disculpas en nombre del Presidente por su ausencia. 
En estos momentos se encuentra en Irlanda por motivos personales. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 y 110a del Reglamento del Parlamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 19 de septiembre de 2002. 
Se ha propuesto la siguiente modificación: 
En lo que respecta al miércoles: 
He recibido una petición del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica de adelantar las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre Oriente Próximo. 
Señor Presidente, creo que es una cuestión de sentido común. 
Cualquiera que siga las actividades de mi grupo sabrá lo importante que es para nosotros la Corte Penal Internacional. 
Sin embargo, después de los sucesos que acaban de tener lugar en Ramala, con el bombardeo y el asedio del cuartel general de la Autoridad Palestina, es evidente que hemos de dar prioridad a esta cuestión. 
Por consiguiente, aplaudimos especialmente la sugerencia que acaba usted de hacer, concretamente de iniciar el miércoles por la tarde las declaraciones sobre Oriente Próximo. 
Tomo nota de su comentario sobre la resolución de abril. 
Señor Presidente, quisiera decir que apoyo la propuesta del Sr. Wurtz. 
Dado que todo el mundo está de acuerdo, no tengo nada más que añadir. 
Señor Presidente, como decía antes, alguien ha escrito la frase «Chypre appartient aux Turcs» en el tablón de anuncios fuera de mi despacho en el que se exhiben diversos carteles. 
Tengo aquí la fotocopia en cuestión y puedo dársela. 
En Grecia, señor Presidente, cuento con la escolta de la brigada antiterrorista porque soy considerado un blanco para los terroristas griegos. 
Aquí en Estrasburgo, interpreto esta frase como una amenaza indirecta, dado que soy vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, y como tal, y en calidad de diputado griego al Parlamento Europeo, apoyo por supuesto la integración de Chipre en la Unión Europea, a pesar de la reacción de Turquía, cuyo ejército ocupa ya el 40% de la isla. 
Lo que me pregunto ahora es cómo protegerme contra la amenaza que representa sin duda este incidente... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Si entrega usted el documento a los servicios competentes, éstos se encargarán de enviarlo a los servicios de seguridad del Parlamento para que investiguen. 
Señor Presidente, he entregado a los servicios de sesiones un informe de la Comisión sobre su Oficina de Investigación y Disciplina. 
Este informe supone una sorprendente crítica a la falta de capacidad de la Comisión de administrar sus propios asuntos, por no hablar de los asuntos de los ciudadanos europeos. 
Durante los últimos cinco años se han emprendido 40 acciones contra individuos hallados culpables de un total de 48 infracciones. 
A pesar de los casos denunciados en este informe, de violación, fraude, pornografía infantil, malversación de fondos, acoso, robo, falsificación, ataques, comportamiento depravado, agresión, corrupción y conflicto de intereses, tan sólo un individuo a sido destituido en los últimos cinco años. 
El proceso disciplinario de la propia Comisión es incapaz de tomar las medidas apropiadas contra empleados que cometen infracciones espantosas y, en algunos casos, penales. 
El Parlamento necesita saber que los responsables de este fallo han sido relegados a su vez de sus puestos. 
¿Cuáles son las nuevas medidas inmediatas que se están poniendo en marcha para mejorar el proceso y qué acciones policiales han resultado de estas violaciones en los últimos cinco años? 
Le ruego remita este asunto al Presidente Prodi con carácter de urgencia. 
(Aplausos de la derecha) 
Se ha tomado nota de sus comentarios, tenemos su documento y lo entregaremos al Sr. Prodi. 
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, el discurso del Sr. Heaton-Harris se publicó en el periódico The Times esta mañana. Esto me resulta muy beneficioso, ya que significa que puedo responder ahora mismo. 
He contrastado con la Comisión la información expresada por el Sr. Heaton-Harris. 
En una nota administrativa del 29 de julio de 2002, la Comisión informa de 49 casos disciplinarios y no 50. 
De éstos, nueve se saldaron con la destitución, no sólo uno. 
Uno de ellos fue debido a incompetencia profesional, los ocho restantes a infracciones disciplinarias serias y otros 32 casos dieron lugar a distintas penalizaciones. 
Tan sólo ocho de los 49 casos tuvieron resultados no condenatorios. 
El Sr. Heaton-Harris contaba, por tanto, con datos incorrectos. 
Soy consciente de las diferencias existentes respecto de ciertos asuntos relativos a la reforma de la Comisión, pero esto no debería evitar que nuestras conversaciones se basaran en hechos y no en ficciones. 
(Aplausos de la izquierda) 
Europa y sus ciudadanos son una cuestión ampliamente debatida. 
Hace poco he recibido una queja de unos ciudadanos neerlandeses en Bellingwolde, un pueblo situado en la frontera entre los Países Bajos y Alemania. 
La queja tenía que ver con los molinos de viento que el Gobierno alemán había instalado muy cerca de la frontera, y que permiten que la electricidad verde entre en Alemania, mientras que el pueblo neerlandés carga con la contaminación Es sobre esta cuestión que los neerlandeses querían presentar una queja ante la Comisión Europea. 
Según la página web de la Comisión, cualquier ciudadano puede recurrir a Eurojust, un sistema que ofrece ayuda y asesoramiento a personas con un problema de carácter legal en relación con la aplicación de la ley comunitaria. 
En esta página web, la Comisión promete que en los diferentes Estados miembros hay disponible una red de asesores jurídicos para proporcionar asesoramiento jurídico gratuito. 
Es una promesa excelente, pero por desgracia, no se aplica en los Países Bajos. 
No hay nadie disponible en los Países Bajos. 
De hecho, la representación de la Comisión en La Haya ha estado esperando durante años a que se nombrara a un experto jurídico. 
Hasta que llegue ese momento, los neerlandeses no pueden obtener asesoramientos jurídicos sobre sus quejas, y los mandan de la Ceca a la Meca. 
Señor Presidente, le instamos a tratar este tema con la Comisión con carácter de urgencia. 
Se trata de un problema práctico y específico al que se enfrentan los ciudadanos de la UE que desean defender sus derechos. 
Es inaceptable que un pueblo neerlandés que desea luchar contra la contaminación generada por los molinos de viento alemanes no tenga derechos en la práctica. 
Comunicaremos sus observaciones a la Comisión. 
Señor Presidente, una vez más, el Estado de Israel está intentando aplastar al pueblo palestino y eliminar a sus líderes. 
Una vez más, estos crímenes se están cometiendo con la bendición tácita de los Estados Unidos y de la Unión Europea, a pesar de los angustiosos llamamientos del Presidente Arafat. 
La Presidencia danesa se limita a calificar este ataque homicida de improductivo y el delegado del ministerio griego de Asuntos Exteriores ha aconsejado a la Autoridad Palestina reorganizar sus servicios de seguridad y aislar a los elementos s angustiosos llamamientos del Presidente Arafat. extremistas. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue enviando dinero y vendiendo armas a Israel, a pesar de la resolución del Parlamento Europeo sobre la suspensión de la asociación. 
El heroico pueblo palestino sabe que ningún gobierno extranjero le apoya en su lucha por una patria libre. 
Lo que les permite aguantar es el apoyo popular. 
¿Durante cuánto tiempo, señor Presidente, Señorías, seguirán negándose los gobiernos de la Unión Europea a escuchar lo que dice el pueblo? 
¿Durante cuánto tiempo seguirán negándose a distinguir entre el malhechor de la víctima, cuando está más claro que el agua que la causa de la violencia es la ocupación israelí? 
Tendremos un debate sobre Oriente Próximo el miércoles. 
Me parece más bien halagüeño que el Consejo tome tan en serio nuestros informes y desee discutirlos de este modo. 
Señor Presidente, el orden del día de esta sesión incluye cuatro informes legislativos elaborados por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: uno de la Sra. Kauppi, otro de la Sra. Torres Marques y dos de la Sra. Lulling. 
Estos cuatro informes serán tramitados sin debate y ciertamente se trata de expedientes algo técnicos que, por consiguiente, quizás no sean políticamente demasiado «sexy» , si me perdona la expresión. 
Sin embargo, me parece extraño que el Parlamento Europeo conceda tan poca importancia a su propia labor legislativa. 
¿Cómo podemos esperar que la Convención nos proporcione más derechos y oportunidades como colegislador si nos damos tanta prisa en despachar nuestra propia labor legislativa? 
Entiendo su opinión, pero ninguno de los grupos políticos ha solicitado un debate a pesar de que son libres de hacerlo. 
Otra forma de verlo sería que esta Asamblea está tan impresionada por la labor de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que tiene plena confianza en ella. 
Señor Presidente, como sin duda sabrá toda la Asamblea, ha tenido lugar otra angustiosa tragedia en los últimos días en las costas de Sicilia, donde 14 inmigrantes de terceros países se ahogaron después de haber sido arrojados al mar desde el bote que los transportaba. 
Hace unos días, el naufragio de otro bote en las costas de Sicilia se cobró la vida de 36 súbditos de terceros países En los últimos meses ya ha habido cientos de víctimas, que representan un pequeño, silencioso y trágico holocausto. 
El ministro italiano del Interior, el Sr. Pisanu, pide ayuda de la Unión, al margen del hecho- me arriesgaría a señalar- de que la contribución humanitaria de civilización y solidaridad realizado por el Gobierno Berlusconi a la tragedia consiste en una ley que cierra las fronteras y prevé el registro digital de huellas dactilares. 
Nosotros también hacemos un llamamiento a Europa para que ayude, pero no para que siga cerrando sus costas. 
Creo que el papel de Europa debería ser definir medidas y acciones específicas que ayuden a aliviar la desesperación y la pobreza de los países de los que miles de magrebíes siguen huyendo cada día. 
Señor Presidente, permítame volver por un momento a su respuesta. 
Por supuesto, tiene usted toda la razón al decir que ninguno de los grupos políticos ha pedido un debate sobre los informes que he mencionado. 
Pero creo que, por lo menos, la Conferencia de Presidentes debería incluir automáticamente los informes sobre proyectos de directivas o reglamentos en el orden del día del Parlamento. 
Somos legisladores, no podemos permitirnos el lujo de despachar los informes legislativos sin debatirlos en esta Asamblea, puesto que ello equivale prácticamente a legislar en secreto. 
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, debo expresar mi desacuerdo con mi amigo y colega el Sr. Goebbels. 
Debemos diferenciar mejor entre lo que es importante y lo que no lo es tanto. 
Necesitamos determinar qué asuntos han de debatirse debido a la falta de acuerdo y a la necesidad de examinar más a fondo las cuestiones implicadas, y cuáles pueden resolverse mediante un procedimiento simplificado si hay acuerdo general. 
El procedimiento al que se refiere el Sr. Goebbels nos permite actuar de este modo. 
Basta con que un grupo político pida un debate para que éste tenga lugar. 
Sinceramente, si no hay ningún grupo que considere que el debate es necesario, ni tan siquiera el grupo del Sr. Goebbels, es evidente que se puede dejar este asunto en manos de la comisión competente, que también celebra reuniones abiertas al público. 
Esto permitirá al pleno invertir más tiempo en asuntos de mayor importancia. Sin duda esto es algo que deberíamos hacer. 
Señor Presidente, dado que es evidente que el Sr. Heaton-Harris ha manejado cifras erróneas, quisiera simplemente repetir lo que acaba de decir el Sr. van Hulten, concretamente que se solicitan nueve despidos. 
Permítame señalarle al Sr. Heaton-Harris que, por razones técnicas, ocho de ellos se han calificado de «destituciones» y una sola de despido, por consiguiente quisiera que examinara estas cuestiones cuidadosamente. 
Quisiera que el Sr. Heaton-Harris y otros diputados dejaran de hacer campaña contra la Comisión y se atuvieran a los hechos relevantes cuando insisten en discutir con la Comisión y con el Comisario Kinnock. 
Señor Presidente, puedo abundar en lo que han dicho el Sr. van Hulten y el Sr. Swoboda al haber tenido la pasada semana la oportunidad de leer el informe de la Comisión sobre medidas disciplinarias porque una periodista británica deseaba entrevistarme al respecto. 
A algunos diputados puede interesarles saber que esta señora fue en otro tiempo ayudante personal del Sr. Heaton-Harris. 
Sólo tengo una cosa que añadir a lo que han dicho el Sr. Swoboda y el Sr. van Hulten. 
El Sr. Heaton-Harris acaba de preguntar qué piensa hacer la Comisión para informar a la autoridad judicial. 
La periodista me hizo la misma pregunta, que yo contesté preguntándole si no era el caso en todos los países europeos, como lo es por lo menos en mi país, que sólo se ponen en marcha procedimientos disciplinarios después de que la autoridad judicial y los tribunales competentes hayan incoado una acción judicial por presuntos delitos. 
Esto me lleva a preguntarme si el Sr. Heaton-Harris no se equivoca en el orden de los hechos. 
Señor Presidente, las instituciones europeas hacen suya la actitud de los gobiernos nacionales y por tanto la convierten en norma. Están abandonando y privatizando de forma sistemática servicios públicos en favor de intereses privados. 
Esta política es reaccionaria e inaceptable, en primer lugar desde el punto de vista de los usuarios, puesto que unos servicios públicos adecuados son totalmente incompatibles con la búsqueda de beneficios, como demuestran los trágicos accidentes ferroviarios en Gran Bretaña y el trágico accidente de aviación en Suiza. 
La política de privatización también sirve de pretexto para atacar los derechos de los trabajadores. 
En Francia, la dirección de Électricité de France y la de Gaz de France se están preparando simultáneamente para lanzar su capital en la bolsa y revisar sus planes de pensiones incrementando las cuotas y el periodo durante el que se pagan, mientras se reduce la suma pagada a los pensionistas. 
Por consiguiente, he de protestar enérgicamente contra el ataque a los servicios públicos y la amenaza para los trabajadores en este ámbito. 
Proclamo mi solidaridad con los trabajadores de EDF/GDF, Air France y SNCF, que realizarán una protesta el 3 de octubre en París, y aliento a todo aquel que desee unirse a ellos a hacerlo para oponerse a las medidas tomadas contra los trabajadores. 
Señor Presidente, gracias por darme la palabra. 
Quisiera compartir con usted mi asombro. Durante las vacaciones de verano, escribí al Comisario Patten para preguntarle qué cree que podemos hacer para ayudar a las autoridades palestinas a organizar o reorganizar su gobierno de cara a las próximas elecciones. 
No puedo por más que asombrarme de no haber recibido respuesta, pues era la segunda vez que le escribía sobre esta cuestión. 
Me gustaría tener la certeza de que por fin recibiré una respuesta sobre esta cuestión el miércoles. 
Señor Presidente, si bien reconozco plenamente el derecho de todos los diputados a tomar la palabra, quisiera, una vez más, pedir a la Asamblea que se eviten las declaraciones antagonistas, en las que se confunden situaciones trágicas como las que se acaban de mencionar- tragedias de inmigración que en tenido lugar en Italia- con situaciones y decisiones adoptadas por el Gobierno italiano en materia de infraestructuras. 
Creo que, en lo que respecta al papel del Parlamento, cuando optamos por entablar un debate controvertido simplemente por el debate en sí, no nos ayudamos a nosotros mismos ni a las personas afectadas por estas tragedias. 
Señor Presidente, quisiera decirle tan sólo esto a la señora de la izquierda de esta Asamblea: La Unión Europea es completamente neutral en lo que respecta a la privatización, pero es un hecho histórico que los derechos de los trabajadores nunca se han visto tan pisoteados como en los Estados en que todo estaba nacionalizado. 
¡Esta es la lección del siglo XX! 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, en los últimos días hemos seguido las declaraciones de la administración norteamericana con creciente temor y angustia; básicamente, pase lo que pase, aunque la dictadura de Saddam deje entrar a inspectores de armamentos, Iraq va a ser atacado. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia- y creo que el pueblo de Grecia en su conjunto- se oponen a tal eventualidad. 
Con o sin la bendición de la ONU. 
Consideramos totalmente absurdo que la ONU, que fue fundada para resolver pacíficamente las diferencias, se utilice para sellar este tipo de crímenes. 
Pero lo que más nos indigna es que la jefatura norteamericana no tenga escrúpulos a la hora de anunciar si posición sumamente peligrosa sobre un ataque preventivo. 
¿Se da usted cuenta de que nos enfrentamos al peor tipo de terrorismo, que apunta contra todo aquel que se niegue a aceptar la hegemonía de los Estados Unidos, país que se ha arrogado el derecho de atacar a quien considera que representa o puede representar una amenaza? 
La cuestión, señor Presidente, es la siguiente: enfrentado a esta situación, ¿piensa el Parlamento Europeo limitarse a desempeñar el papel de Poncio Pilato y consentir? 
Pase lo que pase, creemos que nuestras naciones han de aunar fuerzas urgentemente contra esta política neonazi y detener a los criminales paranoicos que gobiernan los Estados Unidos de América. 
Señor Presidente, en relación con el Sexto Programa Marco, en esta Cámara hemos mantenido profundos debates sobre la protección de los embriones. 
En aquel momento se ejerció una enorme presión sobre los defensores de los principios éticos, a quienes se decía que, dada la importancia de la cuestión, no había que permitir que se llegara a bloquear este importante programa de investigación, del cual la protección de los embriones constituía tan sólo una pequeña parte. 
Ahora nos encontramos en una situación en la que esas mismas personas que decían eso tratan de bloquear todo el Programa Marco debido a un intento por parte de una mayoría cualificada del Consejo- es decir, por medios harto legales- de aplicar principios éticos que, en realidad, deberíamos haber establecido en una fase temprana. 
Me gustaría saber qué cosa, si es que la hay, legitima que el Sr. Westendorp vaya por allí afirmando que habla en nombre del Parlamento y declarando que queremos una reserva presupuestaria para todo el programa o una parte del mismo. 
No recuerdo que hayamos tomado tal decisión en el pleno. 
Por consiguiente, pido que el diálogo a tres bandas de mañana con el Consejo no trate cuestiones sobre las que esta Asamblea nunca ha votado 
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, por su respuesta me doy cuenta de que no me ha entendido bien. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted en que esta Asamblea debe estar encantada de que el Consejo como tal preste atención a nuestros informes. 
Sin embargo, lo que quería llevar a la atención de Sus Señorías es que un subconjunto del Consejo, el Grupo Pesca, parece haber celebrado una reunión en la que se discutió sobre proyectos de informe a este Parlamento que la comisión competente aún no ha visto. Dicho de otro modo, que se ha estado «cocinando» informes antes de que los haya visto la comisión. 
Si esto fuera cierto, supondría una seria infracción de los derechos y privilegios de esta Asamblea y, de hecho, el incumplimiento del artículo 2 del Reglamento. 
Quisiera presentar una queja sobre el asunto y sugerir que tanto la Presidencia del Consejo como el presidente de nuestra propia Comisión de Pesca la tengan en cuenta. 
Tiene usted razón, no entendí bien su comentario inicial. 
Señor Presidente, desde la última resolución del Parlamento, la situación en Iraq ha cambiado tanto positiva como negativamente. 
Negativamente porque, en efecto, la situación internacional se ha vuelto más tensa, y positivamente porque Iraq ha aceptado sin condiciones las inspecciones de la ONU. 
Anteayer estuve en Bagdag y se hizo al Sr. Aziz una propuesta que aceptó. 
Asimismo aceptó que los inspectores de la ONU fueran acompañados por observadores internacionales de renombre mundial que fueran respetados por ambas partes. 
Ello ofrecería una garantía tanto para los Estados Unidos como para Iraq, y por consiguiente evitaría que se jugara al gato y al ratón. 
Cuando pregunté al Sr. Aziz si aceptaría a observadores del Parlamento Europeo, me contestó que no había oído hablar del Parlamento Europeo. 
Quizás sea una señal de cierto nerviosismo por nuestra parte, aunque haya esperanzas de paz, el hecho de no enviar una misión ad hoc a Iraq, y especialmente de no ofrecernos como árbitros neutrales. 
Señor Presidente, hablaré sólo brevemente para decirle al Sr. De Keyser que sin duda ha sido mal informado. 
No hay resistencia del Parlamento. 
El Parlamento votó a favor de una posición común, que ni siquiera modificó la posición común decretada por el Consejo en relación con los problemas éticos. El Parlamento aceptó un compromiso que integraba todas las enmiendas votadas por el Parlamento sobre toda una serie de cuestiones, y en julio nos enteramos casualmente de que el Consejo había faltado a su palabra. 
Lo que condena el Parlamento es la mala fe del Consejo. 
De ahí que el ponente, el presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y los ponentes alternativos se reúnan con regularidad para representar al Parlamento ante el Consejo, para pedir participar en las negociaciones y asegurar que la Presidencia danesa respete la palabra del Consejo y la palabra de la Presidencia española. 
Es muy sencillo: no hay amenaza de nadie en todo este ámbito. 
El Parlamento es muy responsable y, durante el procedimiento de codecisión no quiso llegar a una conciliación y por tanto aceptó un compromiso. 
Es este compromiso lo que cuestiona el Consejo y todos hemos de ser unánimes, sean cuales sean nuestras opiniones sobre problemas éticos, a la hora de denunciar este tipo de conducta. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0276/2002) de la Sra. Evelyne Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de formación judicial (13348/2000- C5-0757/2000- 2000/0829 (CNS) ). 
Gracias, señor Presidente, por permitirme hablar en nombre de la Sra. Gebhardt, quien, en el último momento, se ha visto impedida de hacer acto de presencia aquí y me ha pedido que haga la siguiente declaración. 
Hacer de Europa un espacio de libertad, seguridad y justicia es un objetivo muy ambicioso para la UE en su conjunto, pero sobre todo un objetivo central, que promete protección a casi 380 millones de personas de quince países. 
Este espacio de libertad y justicia tiene por objeto, al mismo tiempo, disipar temores. 
Si queremos crear este espacio, la legislación al respecto a nivel europeo tendrá que estar muy bien elaborada, y en este sentido estamos realizando progresos, paso a paso, pero también hemos de crear una infraestructura sobre la cual construir si no queremos acabar en una ruina y dar a nuestros ciudadanos una razón para estar decepcionados. 
La resolución que tenemos ante nosotros tiene que ver con un elemento importante de esta infraestructura, pues trata de la formación de abogados a escala europea. 
Las grandes diferencias entre sistemas y tradiciones jurídicas implican que hay cuestiones difíciles que es preciso resolver en este contexto. 
El Gobierno francés presentó una interesante propuesta que la Sra. Gebhardt mejoró efectuando correcciones, y añadiendo a la propuesta diversos puntos. 
Gracias a la buena cooperación de todos los implicados se ha logrado un resultado, un resultado que la comisión pudo aprobar con una única abstención. 
Una de estas enmiendas tiene que ver con la base legal; mientras que la propuesta francesa toma como base los artículos 31 y 34 del Tratado de la Unión Europea, la nuestra se fundamenta en el artículo 42, en primer lugar para limitar la burocracia y en segundo lugar para facilitar una ampliación flexible de la red. 
La propuesta francesa hace referencia únicamente a los jueces en el ámbito del derecho penal que deseen recibir tal formación. 
Esto no basta. 
El derecho civil es una parte natural del espacio de libertad, seguridad y justicia, que no está formado exclusivamente por los jueces. 
Hay posibilidades para que todas las profesiones que tengan que ver con el derecho y la administración de justicia- como los abogados, los fiscales y los agentes de policía en el Reino Unido- desempeñen el papel que les corresponde. 
Es necesario promover una comprensión y aceptación de los diferentes sistemas jurídicos en todas estas profesiones, o de lo contrario surgirá una falta de confianza que hará que se resistan a las medidas judiciales originarias de un sistema jurídico diferente, aunque tengan que aceptarse y aplicarse como si fueran reglas procedentes de su propio sistema jurídico nacional con el que está familiarizados. 
Una ejecución rápida y sin contratiempos de los procedimientos favorece la confianza del público en el espacio de libertad, seguridad y justicia que le han prometido. 
Lo que es evidente en el mundo de los negocios también ha de convertirse en la regla en el poder judicial, concretamente que el acierto se consigue aprendiendo más. 
Este acierto ha hacho realidad la Red de Formación Judicial, que también facilita las cosas a quienes trabajan con la ley. 
Esto urge. 
Lo que evidencia el informe sobre actividades Pro-Eurojust en el año 2000 es que para quienes trabajan con la ley en los diferentes Estados miembros no siempre es fácil colaborar eficazmente, bien debido a diferencias legales, bien a unos conocimientos insuficientes del idioma en su especialidad. 
Una buena red de formación permitiría eliminar tales obstáculos, ¡así que hagámosla ya! 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Evelyne Gebhardt, por su informe y expresarle que estoy de acuerdo con el principio de que la cooperación judicial a escala europea puede resultar más eficaz si se ofrece una formación permanente a los principales profesionales implicados, es decir, los jueces y magistrados. 
Los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron y reafirmaron esta necesidad en el Consejo Europeo de Laeken, y dieron un muevo impulso al proyecto de crear una red de formación. 
En el debate que siguió a la iniciativa del Gobierno francés, la Comisión planteó una serie de preguntas de carácter jurídico y técnico acerca de la creación de una red de formación judicial. 
Las preocupaciones de la Comisión eran concretamente las siguientes: en primer lugar, la independencia de los magistrados, que ha de salvaguardarse. 
En lugar de imponer planes de formación rígidos, habría que proporcionar a jueces y magistrados los medios necesarios para diseñar y emprender su formación de una forma flexible. 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta las estructuras existentes y aprovechar plenamente los instrumentos de concienciación disponibles, como la red judicial europea y la red civil y comercial europea. 
Por último, hay que abordar el gran problema de la división de la cooperación judicial entre el primer y tercer pilar del Tratado, que, desde nuestro punto de vista, exige la adopción de dos actos idénticos, un problema que se ve agravado por características específicas de los protocolos de «opt-out» relativos a Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda. 
Al apoyar esta iniciativa, el Parlamento Europeo ha intentado responder a estas cuestiones, en particular esta última cuestión de la doble base legal. 
La Comisión reconoce plenamente los esfuerzos de la ponente, pero no se adhiere a la fórmula de «puente» consignada en el artículo 42 del Tratado de la UE, que consideramos desproporcionada y poco realista. 
Compartimos la idea de que la división de asuntos judiciales entre dos pilares crea dificultades. 
Sin embargo, creemos que el modo más eficaz de superar estas dificultades consiste en abolir la estructura de pilares en la Convención sobre el Futuro de Europa. 
En el documento de trabajo que la Comisión presentó sobre la «Red de formación judicial europea» , abogamos por tres posibles opciones: una es crear una red de formación por medio de un acto del Consejo, otra es crear una agencia comunitaria para tal fin y la tercera opción es mantener operativa la red existente y al mismo tiempo incrementar el apoyo que le otorga la Unión. 
El Coreper del pasado 27 de junio alcanzó un amplio acuerdo de principio en torno a la tercera opción, recalcando la importancia que otorga a las acciones de la red existente y a reforzar sus actividades. 
La Comisión considera que, en este momento, esta es la fórmula que mejor se ciñe a las necesidades y que tiene más probabilidades de dar resultados positivos. 
De hecho, la red ya ha empezado a operar con esta orientación. 
El Consejo ha adoptado el Programa Marco sobre Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal; el programa AGIS basado en el modelo marco comunitario de actividades encaminadas a facilitar la cooperación judicial en asuntos civiles. 
La Comisión considera por lo tanto que ya disponemos de programas susceptibles de apoyar actividades con vistas a desarrollar la formación judicial en Europa, tanto en el ámbito civil como en el penal, lo cual es un objetivo especialmente importante a la luz de la inminente ampliación. 
Señor Presidente, como se acaba de comentar, esta iniciativa se limitaba originalmente a la formación de jueces de derecho penal, pero se acordó que se desarrollaría una segunda fase para la formación de jueces de derecho civil y mercantil. 
Según las tradiciones de determinados Estados miembros, la independencia judicial es un asunto en el que no se debería interferir. 
De hecho, la Constitución irlandesa consagra esta cuestión. 
Estoy seguro de que podemos encontrarla, dado que ya contamos con una red de formación judicial independiente 
Ahora creo que debemos recurrir de inmediato a la red existente y asegurarnos, al mismo tiempo, de que ésta cuenta con un mayor apoyo. 
Tenemos que concentrarnos en la lucha contra el terrorismo, que como sabemos es un fenómeno nacional, europeo y mundial, y que supone un problema prioritario para la Unión Europea. 
Recibo con sumo agrado la firme decisión del Consejo, junto con los Estados miembros, de participar de forma activa y bajo los auspicios de las Naciones Unidas en una coalición mundial contra el terrorismo. 
Los ataques terroristas atentan contra el derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. 
Son ataques que se amparan en la oscuridad de la noche, bombas humanas en calles atestadas y autobuses. Siempre hay víctimas del terrorismo, así como hay víctimas de crímenes y víctimas del hambre provocada por el hombre. 
Hay terrorismo de Estado y terrorismo de guerra y venganza, como vemos en Oriente Próximo. 
La forma de terrorismo que ahora amenaza al mundo no sabe de fronteras y no tiene ubicación fija. 
Este terrorismo mueve dinero, además de infiltrarse en empresas, en la política y en sistemas policiales y legales de todo el mundo con impunidad. 
Irlanda ha sufrido más de 30 años de terror, que acabaron en un punto muerto. 
Deberíamos aprender algo de todo esto. 
Naciones, ciudades, pueblos y, sobre todo, las personas son las víctimas del terrorismo y las víctimas son sus verdaderos prisioneros. 
Quisiera una vez más felicitar a la ponente. 
Señor Presidente, gracias a la reforma del Reglamento estamos hoy aquí debatiendo un texto que- como ha sucedido muchas, demasiadas veces en el Parlamento- será adoptado por el Consejo en una forma diferente de como fue presentado, mientras que se nos niega la oportunidad de debatir las propuestas de la Unión Europea sobre terrorismo, que son mucho más importantes en cuanto a los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos que el documento que ahora estamos obligados a debatir. 
Me refiero, concretamente, al informe del Sr. Galeote Quecedo, que examina dos propuestas realizadas por el Reino de España. 
Mañana votaremos sobre este informe sin haber tenido la oportunidad de debatirlo. 
Me refiero a textos sobre los cuales la propia Comisión, que suele ser lenta a la hora de adoptar posiciones, ha expresado reservas convincentes de carácter jurídico y político, que, además, se han añadido a nuestro informe. 
Lamento decir que los principales grupos parlamentarios, claramente preocupados por ocultar el contenido de las medidas a la opinión pública, han decidido privar a la Asamblea incluso de la habitual apariencia de debate. 
Es deplorable. 
Por consiguiente, no vamos a hablar de la propuesta del Reino de España sobre cooperación policial y judicial para combatir el terrorismo, una propuesta que sin duda podríamos apoyar. 
Sin embargo, la propuesta de utilizar equipos de investigación conjuntos, así como Europol y Eurojust, para facilitar estos intercambios suscita problemas que el Parlamento ha mencionado en varias ocasiones: la ausencia de un control democrático y judicial sobre Europol y Eurojust, y su falta esencial de conexión con la Comunidad; la falta de garantías específicas concernientes a la acción de los miembros de los equipos de investigación conjuntos. 
Tales aspectos, relacionados con investigaciones y procedimientos penales, están codificados en muchos casos en detalle a escala nacional como parte de los códigos jurídicos de los Estados miembros o incluso de sus constituciones a fin de poder determinar los derechos y deberes de las partes implicadas. 
Todo ello falta en el plano europeo. 
La segunda propuesta del Reino de España también se oculta a los ciudadanos. Tiene que ver con el mecanismo de evaluación de los sistemas jurídicos y su aplicación a escala nacional en la lucha contra el terrorismo, que, como ha explicado la Comisión Europea, sigue siendo inaceptable debido a que es incompleto e insuficientemente específico, aplicándose mal su base jurídica. 
Es decir, una vez más la lucha contra el terrorismo sirve de pretexto para hacer caso omiso de principios y reglas. De hecho, la iniciativa va más allá de lo que permite la base jurídica propuesta y la evaluación se añade a la ya prevista en la Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo. 
Hemos de asegurarnos de que el Consejo oiga lo que tenemos que decir, rechazando un texto que nunca será aprobado y rechazando textos que se basan en la intención de combatir el terrorismo incluso a costa de socavar las libertades y derechos fundamentales que son la esencia de la democracia. 
Los principales grupos políticos han decidido no debatir estas cuestiones, aunque el debate es necesario y habría producido resultados útiles. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, el Consejo Europeo de Laeken pidió expresamente que se estableciera una mayor confianza entre los profesionales en materia de cooperación jurídica, a fin de crear rápidamente y con este fin una red europea para promover la formación de jueces y magistrados. 
De este modo, la propuesta que estamos estudiando aspira a garantizar la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros creando una red europea de formación judicial cuyo objeto es promover la coherencia y la eficacia de las acciones de formación para los miembros de los cuerpos judiciales de los Estados miembros, estableciendo vínculos entre las escuelas e instituciones nacionales específicamente responsables de la formación de jueces y magistrados profesionales. 
Estamos de acuerdo con la idea de establecer vínculos más estrechos entre magistrados y los mecanismos institucionales de cooperación judicial europea, a fin de facilitar el control profesional de las diferentes fases de construcción de una Europa judicial, contribuyendo de este modo a consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia y a crear una cultura judicial europea. 
Quisiera pedirle a la Sra. Berger que transmita nuestras felicitaciones a la Sra. Gebhardt por su excelente trabajo y nuestro acuerdo, ya expresado por el Sr. Hernández Mollar, con la idea de que esta red abarque todos los ámbitos de la cooperación judicial en la Unión Europea, es decir, tanto asuntos de derecho penal como civil. 
Con ello haremos una valiosa contribución a la mejora de los conocimientos y la comprensión de los instrumentos de cooperación, y para promover el desarrollo de un clima de confianza por parte de jueces y magistrados en las diversas cuestiones jurídicas nacionales. 
Esto beneficiará el reconocimiento mutuo de decisiones tanto a nivel de asuntos de derecho civil como penal, que a fin de cuentas es la piedra angular de la cooperación judicial. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana al mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0257/2002) del Sr. RobertEvans, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el procedimiento común de asilo y seguridad interna (COM (2001) 743-C5-0129/2002- 2002/2053 (COS) ). 
- (EN) Señor Presidente, como ha dicho usted, este informe, que trata de la política común de asilo y seguridad interna según el «método abierto de coordinación» , engloba dos métodos. 
En realidad, se trata de dos informes en uno. 
Debería haberse separado en dos informes distintos, pero debido al Reglamento del Parlamento y a problemas de tiempo y factores organizativos, se ha fundido en un único informe. 
En general el enfoque de la política común de asilo es parte integrante del trabajo de nuestra comisión y nos interesa mucho. 
Respecto del método abierto de coordinación, quisiéramos hacer hincapié en que este método no debe tomarse como sustituto de la participación del Parlamento en el proceso hacia una política común de asilo y, en definitiva, hacia una política común de inmigración. Estamos decididos a avanzar hacia la plena comunitarización en estos temas. 
Es muy importante que el Parlamento disponga de un papel decisivo en el proceso legislativo en la materia. 
Acogemos de buen grado el método abierto de coordinación. 
Sin embargo, el hecho de compartir estadísticas y todo lo que esto supone no debe considerarse un sucedáneo del avance hacia la plena comunitarización de una política común de asilo con plena participación del Parlamento. 
También debemos asegurarnos de que el uso del método abierto de coordinación no reduzca la política de asilo al mínimo denominador común de las políticas actuales de los Estados miembros. 
Queremos poner el listón muy alto. 
Queremos que se apliquen las mejores prácticas. 
Por tanto, el método abierto de coordinación debe servir de período de transición hacia una segunda fase en la que el asilo sea como tal un punto del programa legislativo. 
Es más, las mejores prácticas del método abierto de coordinación no deben considerarse un sucedáneo de la Convención de Ginebra y el Protocolo correspondiente. 
Debemos presionar a los Gobiernos de todos los Estados miembros para que integren la política de asilo, así como las consideraciones en materia de inmigración, en todos los ámbitos políticos como objetivo político horizontal. 
La segunda parte de la comunicación trata de la seguridad interna. 
Esta cuestión ha ido escalando puestos en el orden del día desde los acontecimientos del 11 de septiembre del año pasado. 
Debemos garantizar que la normativa vigente en los Estados miembros de acuerdo con la Convención de Ginebra excluya a las personas que hayan estado involucradas en actividades terroristas, crímenes contra la humanidad o delitos similares que ya están claramente definidos. 
Debemos asegurarnos de que estas disposiciones se formulen de manera que se asegure que los terroristas no puedan colarse en el territorio de la UE a través del procedimiento de asilo. 
Actualmente no hay pruebas de que terroristas potenciales entren en la Unión Europea o cualquier Estado miembro y soliciten asilo, pero el informe pretende dejar claro como el agua que hay salvaguardias y procedimientos que contemplan esta eventualidad. 
Es esencial que las medidas adoptadas frente a las amenazas para la seguridad interna sean proporcionadas, efectivas y, sobre todo, que velen por los derechos humanos. 
Me complace el compromiso de la Comisión de recurrir exclusivamente a las cláusulas de exclusión de la Convención de Ginebra para rechazar peticiones de asilo de personas individuales, pero pido que se haga un uso prudente de dichas cláusulas. 
Hago hincapié una vez más en que la UE debe contar con un enfoque coherente y no extraditar individuos a países en los que pueden ser condenados a muerte. 
Es necesario que quede absolutamente clara la situación y el trato de las personas que están excluidas del procedimiento internacional, pero que no pueden ser expulsados de territorio de la Unión a causa de distintos motivos que puedan llevar a tal situación. 
En general, con las reservas mencionadas, aplaudimos con el compromiso expresado por la Comisión en este informe de garantizar el acceso al procedimiento de asilo. 
Pido que las cláusulas de exclusión no se apliquen de forma rutinaria, por motivos tanto prácticos como humanitarios. 
He presentado varias enmiendas a este informe con el fin de corregir errores poco importantes o debidos a contratiempos de la comisión. Sin embargo, éstos no restan méritos a la importancia y al significado del mencionado informe. 
Quisiera elogiar el trabajo realizado por el Comisario Vitorino a favor de una política común europea de asilo. 
No existe otra alternativa que el desarrollo de políticas análogas en los 15 Estados miembros, basadas en directrices no parecidas, sino idénticas, y que se reconozcan y se cumplan en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Sevilla marcó un importante compromiso en el ámbito del asilo. 
Fijó el plazo hasta finales de 2003 para la adopción de todos los instrumentos legislativos de la primera generación de leyes relacionadas con la política de asilo europea. 
Desde mi punto de vista, este compromiso asumido por los jefes de Estado y de Gobierno es importante para medir la credibilidad de la política europea en un ámbito tan delicado como es la política de asilo. 
No ocultaré al Parlamento- nunca lo he hecho- que actualmente las negociaciones son motivo de cierta preocupación. Para ser exactos, no creo que la solución radique en una forma de armonización basada en el menor denominador común. 
Evidentemente no es aquí donde reside el valor añadido de una política de asilo europea. 
Sin embargo, paralelamente a estas negociaciones, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, el Sr. Ruud Lubbers, acudió la semana pasada al Consejo informal de Justicia y Asuntos Interiores en Copenhague, y nos advirtió acerca de las importantes decisiones que se tomarán en la próxima reunión del comité ejecutivo del ACNUR: la aprobación de una agenda para la protección internacional que, estoy seguro, contribuirá al debate sobre las principales cuestiones de política de asilo a escala mundial y, por consiguiente, también en el plano europeo. 
En relación con el informe de hoy, agradezco y felicito al ponente por el contenido del mismo. 
La Comisión propone desde luego introducir el método abierto de coordinación en el ámbito de la política de asilo y de inmigración. 
Sin embargo, quiero una vez más dejar claro que no consideramos que exista una incompatibilidad entre el método abierto de coordinación y la adopción de medidas legislativas en materia de asilo a escala europea. 
De hecho, adoptar una legislación constituye una parte importante de la instauración de una política de asilo común; la gestión de una política de asilo puede beneficiarse del método abierto de coordinación, de la convergencia y de la armonización de las prácticas, medidas y directrices aplicadas por las administraciones nacionales en el ámbito del asilo. 
No ocultaré el hecho de que no todos los Estados miembros están de acuerdo en aplicar el método abierto de coordinación a la política de asilo. 
Sin embargo, el hecho es que el propio Consejo siguió recientemente las directrices propuestas por la Comisión para solicitar la creación de una red de agentes en el ámbito del asilo con miras a intercambiar información y estudiar las prácticas actuales. 
La Comisión, por su parte, pretende usar estos instrumentos para identificar nuevos ámbitos de acción en relación con el asilo: no sólo una comparación de políticas, sino también la idea de compartir mejores prácticas. 
Por consiguiente, no existe ninguna contradicción entre el método abierto de coordinación y la comunitarización, generada por el Tratado de Amsterdam, e incluso creemos que en la Convención sobre el Futuro de Europa y en el contexto de la futura Conferencia Intergubernamental ha de demostrarse y recalcarse esta compatibilidad entre estos dos tipos de instrumentos. 
En relación con la segunda dimensión del informe: trataremos la cuestión del equilibrio entre la seguridad interior y el deber de protección. 
En el documento que enviamos al Parlamento sobre la relación entre la salvaguardia de la seguridad interior y el cumplimiento de las obligaciones e instrumentos de protección internacional, la Comisión afirma que es posible conseguir un equilibrio equitativo entre la mejora de la seguridad interior de Europa, especialmente después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, y la garantía de los derechos de los refugiados y otros valores que son cruciales para las democracias europeas. 
La Comisión celebra el hecho de que el informe que estamos debatiendo aquí hoy comparta este enfoque básico y recomienda que los verdaderos refugiados y solicitantes de asilo no sean víctimas de los sucesos del año pasado, pero también que no dé oportunidad a quienes apoyan o cometen actos terroristas a acceder al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por esta razón, la Comisión apoya plenamente la directriz adoptada y reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados, de que el enfoque adecuado no ha de basarse en cambios importantes en el sistema de protección de los refugiados, sino en la aplicación de excepciones a la protección concedida por el Convenio sobre refugiados en forma de cláusulas de exclusión. 
Compartimos la opinión de que estas cláusulas han de utilizarse de acuerdo con la interpretación que les da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Por último, señor Presidente, Señorías, quisiera recalcar que la Comisión se adhiere al llamamiento explícito del Parlamento Europeo a reafirmar la política de la Unión de que los individuos no pueden ser extraditados a países en que podrían enfrentarse a la pena de muerte por sus crímenes y donde no existen garantías aceptables que puedan ser aplicadas legalmente dentro del marco de un juicio justo y equitativo. 
Señor Presidente, Señorías, las negociaciones en torno a una política común europea de asilo están resultando duras y difíciles. 
A menudo parece como si estuviéramos en un camino que no lleva a ninguna parte. 
Sin embargo, por tendenciosos que hayan podido ser los debates de esta Asamblea sobre esta cuestión, en este caso los diputados no son culpables. 
Aunque hemos realizado un trabajo rápido en este ámbito, tenemos derecho a ser consultados y nada más. 
Como todos sabemos, el Consejo ha de alcanzar una decisión unánimemente. 
Esto significa, por supuesto, que la Comisión se merece todo tipo de elogios por intentar encontrar nuevas formas de seguir adelante, pero les digo que el método abierto de coordinación no es una solución, por lo menos para el Parlamento. 
A diferencia del ponente, el grupo del PPE se opone firmemente a la introducción de un método de coordinación abierto en el ámbito de la política de asilo. 
Consideramos que un método abierto de coordinación hará que se evite el procedimiento de toma de decisiones comunitario y se deje de lado al Parlamento. 
Este podría ser el primer paso para devolver una política de asilo al ámbito intergubernamental y para que la política de asilo deje de ser una de las responsabilidades de la Comunidad Europea. 
Aparte del hecho de que la mayoría en la Convención están convencida de que el asilo debe seguir rigiéndose por reglas comunitarias, no podemos ni debemos permitir que el Parlamento, que es la única institución europea con alguna legitimidad democrática, quede al margen del proceso de creación de una política de asilo común. 
Dado que este es el caso, el grupo del PPE rechaza el informe del Sr. Evans. 
Nuestro grupo tiene otras razones para rechazar el informe. 
La primera es la exigencia de una interpretación restrictiva de las cláusulas de exclusión de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. 
La segunda es la exigencia de que se garantice que las solicitudes sean examinadas primero en referencia a la inclusión de cláusulas de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, antes de que se hayan tenido en cuenta razones para la exclusión- una desviación de la actual práctica jurídica- y que por regla no deberían usarse procedimientos acelerados o procedimientos de admisión en tales casos. 
En tercer lugar, rechazamos la exigencia de que se evite la comprobación rutinaria de las razones de exclusión durante la tramitación de las solicitudes de asilo. 
Tampoco aceptaremos bajo ningún concepto cualquier intento de anular Eurodac. 
Simplemente no podemos tener una situación en la que los datos biométricos- ni siquiera las huellas dactilares- tomados de los solicitantes de asilo no puedan usarse para investigar los delitos criminales. 
La seguridad es de gran valor para los ciudadanos de la Unión Europea, al igual que para quienes vienen aquí en busca de protección y seguridad. 
En resumidas cuentas, el grupo del PPE sólo puede aprobar el informe del Sr. Evans si una votación en el pleno aprueba amplios cambios que nosotros, el Partido Popular Europeo, hemos presentado en forma de enmiendas. 
Sin embargo, el Parlamento ha de rechazar firmemente el método abierto de coordinación. 
Señor Presidente, a nuestro grupo, señora Klamt, Señorías, efectivamente, lo que más le preocupa es la falta de progresos por parte de los Estados miembros y del Consejo de la Unión Europea en relación con las políticas de inmigración y de asilo. 
Mientras aquí estamos discutiendo si queremos o no un método de coordinación abierto, el debate en la calle se centra en los más de quince muertos que ha habido en las costas italianas, en la lluvia de personas, de cadáveres, que caen en las costas del sur de mi país, en situaciones como la de Sangatte, que realmente exasperan a la opinión pública europea, diría que de dos formas: una, porque nos acongoja esta situación, y la otra, porque parece que prevalece el sentimiento de que estamos ante el caos, ante una situación de descontrol y de inseguridad. 
Desde luego, nosotros queremos procedimientos comunitarios para el asilo. 
Pensamos que no podemos seguir en la actual situación y por eso estamos dispuestos a apoyar la propuesta de la Comisión Europea en relación al método de coordinación abierto como un paso adelante en la política común. 
Desde luego que el mecanismo de coordinación abierto no puede sustituir la necesaria aproximación y armonización legislativa, pero sí puede ayudar al establecimiento de estas políticas, respecto a las que hay que reforzar efectivamente el papel del Parlamento Europeo, así como la colaboración del ACNUR y las ONG. 
Dicho esto, en estos tiempos creo que hay que recordar más que el asilo es un derecho que nuestros Estados conceden a las personas perseguidas- que se debe al compromiso de nuestros Estados y sus ciudadanos con la libertad. 
Por lo tanto, ha de ser un motivo de orgullo y satisfacción de las sociedades de acogida. 
Por lo tanto, estamos- y me refiero ya a la segunda parte del informe -, a favor del buen funcionamiento de este sistema de asilo. 
Creo que extremar la seguridad significa extremar también las medidas de protección de estas personas. 
Creo que la aplicación de la Convención de Ginebra y el mayor cuidado en los métodos que nos hemos fijado, no en función del asilo, sino en otro orden de legislación, como la definición común del terrorismo o como el paso adelante que significa el mandamiento de detención europeo, son muy importantes y, aplicados con eficacia, deberían ser suficientes para garantizar la seguridad sin menoscabar el derecho de asilo. 
Quiero expresar, asimismo, nuestra preocupación en relación a los países donde se condena a muerte y quiero decir que estamos en contra de la colaboración y, evidentemente, de la expulsión a estos países y también en contra de la revisión de los casos de manera rutinaria y no de manera individualizada. 
Lamento, señor Presidente, que se me haya acabado el tiempo, porque me gustaría contestar al Sr. Turco, pero creo que no ha hablado sobre este informe y lo haré con una moción de orden. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Sr. Evans por el excelente trabajo que ha realizado. 
Para mí, como liberal, siempre es un placer trabajar con el Sr. Evans. 
No hay cuestiones tan transcendentales para Europa como el modo de abordar la política de refugio y asilo, de integrar a quienes ahora ya están dentro de la UE y de vincular la política de asilo con la creciente necesidad de mano de obra inmigrante. 
Nuestra parte del mundo, con su población que envejece, tiene una necesidad real de gente nueva. 
Nuestra seguridad interior también está en cuestión, por supuesto. 
No hay que dar rienda suelta al terrorismo dentro de la UE y, sobre esta cuestión, todos tenemos por supuesto una responsabilidad. 
Tendría que ser evidente que necesitamos un enfoque común de estos ámbitos políticos dentro de la UE. 
Entonces, ¿cómo son las cosas en realidad? 
Sé lo que dicen las declaraciones solemnes, pero creo que la realidad es bastante diferente. 
En algunos de los Estados miembros de la UE, por ejemplo, se han tomado medidas nacionales en lugar de comunes. 
Estamos familiarizados con el debate en Dinamarca, y hemos oído el tenor del debate en Alemania. 
En su mayor parte, ha girado en torno a una Europa inexpugnable preocupada por mantener fuera a las personas, por rechazarlas, ahuyentarlas y castigarlas más duramente. 
Es sobre este trasfondo que el informe del Sr. Evans es tan importante. 
Es preciso lograr un equilibrio entre la seguridad y las obligaciones internacionales para proporcionar protección. 
El mensaje es claro. 
En toda la UE se necesita un sistema de asilo sin restricciones, basado en el Estado de derecho en el que no se proteja la seguridad interior a costa de los derechos de los ciudadanos. 
En la UE se necesita una política de inmigración común para que el sistema de asilo pueda ser más relajado. 
En este ámbito, la UE puede aprender en realidad de los Estados Unidos, a pesar del hecho de que los Estados Unidos hayan sido tan a menudo criticados en esta Asamblea. 
Una gran parte del crecimiento y del desarrollo económico de los Estados Unidos en los últimos años se ha logrado gracias a una política de integración previsora. 
«Mejor un extranjero en los Estados Unidos que en Europa» , señaló alguien en una ocasión. 
El objetivo del método abierto de coordinación en el ámbito de la política de asilo ha de ser que todos los países cumplan sus obligaciones y se esfuercen por crear mejores normas y una mayor seguridad, y eso es bueno. 
También me complace el hecho de que el ponente y la comisión competente hayan reforzado más sus exigencias de que se aplique el Estado de derecho y el hecho de que se haya incluido a los países candidatos en la cooperación. 
Es una propuesta que hemos hecho nosotros en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Pienso que para nosotros es sumamente importante que no exista ninguna posibilidad de que alguien sea extraditado de forma que corra peligro de ser condenado a muerte. 
A la Sra. Klamt quisiera decirle que la cooperación y la coordinación también han de apreciarse en la esfera del asilo, pero que el objetivo ha de ser el de una legislación común. 
En esto estoy de acuerdo. 
Actualmente, las personas se aglomeran alrededor de Europa, como si fueran ganado. Esto es indigno de una Unión basada en el humanitarismo, la tolerancia y el Estado de derecho. 
Por consiguiente, apoyo de todo corazón el informe del Sr. Evans. 
Sin embargo, no debemos olvidar nunca que no ha de sacrificarse el Estado de derecho a la lucha contra el terrorismo. 
El terrorismo triunfará si sacrificamos el Estado de derecho, la integridad personal y la protección de los derechos humanos. 
Señor Presidente, queremos dar la enhorabuena al ponente por haber relacionado dos asuntos delicados que muchos de nosotros quisiéramos no ver asociados, pues la cuestión de la seguridad suele ser una coartada dudosa para alimentar los prejuicios de quienes prefieren restringir el asilo y desarrollar una política de disuasión hacia los que necesitan ejercer sus derechos individuales y fundamentales. 
Nos complace coincidir con el ponente cuando afirma que es necesario respetar los derechos humanos y las libertades civiles. 
Creemos que las libertades civiles no van por detrás de la seguridad. 
Nos cuentan que un valor esencial de la Unión Europea es la protección de la libertad, la justicia y las libertades civiles, y estamos de acuerdo con el último orador en que es nuestro deber velar por ello. 
También apoyamos plenamente la opinión de que el principio rector debe ser el de las obligaciones internacionales, aplicadas de forma justa y humana. 
Por ejemplo, estamos de acuerdo con el apartado 12, en el que se afirma que debe evitarse la detención inmediata y generalizada. 
También estamos totalmente de acuerdo con la conclusión 5 del informe, que hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque global del asilo y la inmigración, viéndolo como un objetivo de política horizontal y considerando todos los ámbitos de la política, sobre todo aquellos que tienen un dimensión exterior, tales como el comercio, el desarrollo, el medio ambiente y la agricultura. 
Hemos discutido largo y tendido sobre la necesidad de ver el efecto de las políticas de la Unión Europea como factores impulsores, y después de Johanesburgo debemos ser todavía más conscientes de que lo que queremos es el desarrollo sostenible para reducir las causas por las que se busca asilo. 
Confiamos en que eso formará parte de la coordinación abierta y estamos de acuerdo con las preocupaciones expresadas en torno a la coordinación abierta: en una serie de otros ámbitos políticos, se ha convertido casi en un modo de cortocircuitar la democracia, dejando de lado al Parlamento Europeo y a menudo también a los parlamentos nacionales. 
Sin embargo, esperamos que gracias al método abierto de coordinación se encuentren soluciones a asuntos problemáticos como la búsqueda de las mejores prácticas para la entrada legal de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes. 
Señor Presidente, el sistema de asilo está en la picota y para resolver este problema hemos de dar prioridad a una política de inmigración común. 
El Sr. Evans va directo al grano en el apartado 1 de su informe. 
La presión sobre el sistema de asilo es en efecto considerable. 
Muchos solicitantes de asilo llaman a las puertas de Europa. 
La experiencia nos ha enseñado que la mayoría de ellos no entran en la definición de refugiados tal como se consigna en la Convención de Ginebra. 
Han surgido toda clase de ideas de lo que es realmente un «refugiado» , y los Estados miembros han desarrollado formas de protección secundarias. 
Las negociaciones en el Consejo sobre el concepto de refugiado evidencian lo difícil que es establecer una base común. 
Por ello es útil, sobre la base de las directrices propuestas por la Comisión, comparar la legislación y las políticas de los Estados miembros a fin de avanzar codo con codo. 
Sin embargo, la solución propuesta en el apartado 1 del informe Evans me resulta descabellada por diferentes razones. 
Es, por supuesto, un extraño argumento circular. 
Los Estados miembros de la UE, por sus propias razones, no siguen una política de inmigración activa. 
El sistema de asilo se está sobrecalentando debido a que muchas personas que en realidad entran en la categoría de inmigrantes siguen intentando entrar en la UE al amparo del sistema de asilo. 
Se les otorga la confusa etiqueta de «refugiados económicos». 
¿Deberíamos resolver este problema adoptando una política de inmigración activa? 
Me parece un ejercicio fútil. 
Sin duda, primero habrá que establecer que estas personas no tienen derecho a asilo. 
Después es posible abordar el contenido de la noción de una política de inmigración. 
¿Es esto deseable para la Unión Europea? 
Creo que los puntos de vista al respecto son muy diferentes en cada Estado miembro. 
Ello se evidencia también por las reacciones a la comunicación de la Comisión sobre un método abierto de coordinación para la política de inmigración comunitaria. 
Por lo tanto, el Gobierno neerlandés no considera expresamente la emigración laboral como un objetivo en sí. 
Los estudios realizados por el Gobierno neerlandés han demostrado que esta forma de emigración no resuelve el problema neerlandés de envejecimiento de la población ni los cuellos de botella dentro del mercado de trabajo. 
Es probable, a mi entender, que esto sea diferente para otras regiones en la UE, pero sin duda no es posible adoptar una política simple y universal en este terreno. 
Además, no solucionaría nada. 
Más que el sistema de asilo, sería un sistema de inmigración que garantizaría el mejor billete de entrada en la Unión Europea. 
Incluso aunque ello aliviara la presión sobre el sistema de asilo, se transmitiría con igual rapidez al sistema de inmigración y provocaría los mismos abusos. 
No existe ninguna solución sencilla a este problema. 
El mejor apartado del informe es el que defiende una visión integrada de las cuestiones de asilo y migración, comercio, desarrollo, medio ambiente y agricultura, pues mientras el abismo entre pobres y ricos siga siendo tan grande, las personas seguirán intentando construir un futuro mejor para ellas y para sus hijos. 
Esta es una solución que sólo aportará frutos a muy largo plazo, pero es la mejor que hay. 
Mientras tanto, en la Unión Europea tendremos que seguir considerando la aplicación de nuestra política de asilo y de inmigración, tomando como directrices las ideas de compasión y justicia. 
Tendremos que demostrar compasión al recibir a refugiados que han sido expulsados de sus países. 
Ello implicar recibirles en condiciones humanas, como recalca el informe. 
Deberá ir acompañado de justicia, lo cual no siempre resulta fácil, porque significa justicia no sólo en forma de acceso al sistema jurídico, sino también en forma de denegación y deportación. 
Las disposiciones de exclusión, que son muy actuales a la luz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, también entran en el concepto de justicia. 
Ni que decir tiene que estas han de usarse con moderación y prudencia, pero la admisión de personas a quienes se ha negado el acceso en otras partes es, de hecho, precariamente ingenua. 
Si queremos salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos, tendremos que aplicar estas disposiciones, pues ha sido una debilidad en los últimos años. 
Los Países Bajos parecían desvivirse por ofrecer cobijo a personas que eran rechazadas en otros países, y ahora experimentan los efectos de ello. 
Por consiguiente, apoyo una aplicación restrictiva y cuidadosa, pero les insto a aplicar la dosis necesaria de realidad. 
Por desgracia, el mundo no es un paraíso lleno de personas bienintencionadas. 
Señor Presidente, mi impresión- derivada del punto 1 en su conjunto- es que este informe comete el grave error de confundir el sacrosanto principio de derecho de asilo, que se ha invocado y establecido en diversas ocasiones como uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea, con la compleja cuestión de la inmigración, que es, en cualquier caso, un tema diferente y debería abordarse por separado. 
El informe que tenemos ante nosotros trata de la necesidad de una definición jurídica del derecho de asilo, pero el punto 1 de este informe contiene lo que es, o debería ser, una confesión muy inquietante, especialmente para su autor. 
Me refiero a la afirmación de que el procedimiento de asilo es a menudo el único modo de acceder al territorio de la UE. 
Si este es el caso, la primera tarea del Parlamento Europeo es echar el cerrojo a la puerta para detenerlo, para evitar que un principio importante, fundamental, de nuestra tradición jurídica sea distorsionado bien por quienes intentan explotar la inmigración ilegal para fines ilegales como el crimen organizado, por ejemplo, cuya intención es por tanto utilizar este principio como un medio para conseguir la entrada en la Unión Europea de quienes no sólo no están autorizados a hacerlo, sino que deberían ser impedidos categóricamente a poner un pie en suelo de la Unión, bien- peor aún- por quienes intentan entrar en la Unión para perpetrar actos terroristas. 
El ponente afirma- y lo digo con el mayor respeto- en el tono del autor de «Alicia en el país de las maravillas» que no hay pruebas de que el derecho de asilo se haya explotado para ayudar a terroristas a entrar en la Unión. 
Si me permite, quisiera formular esta pregunta: dado que sabemos que miles de posibles terroristas y fundamentalistas han entrado en la Unión Europea- y no sabemos cómo han llegado, quiénes son o qué nacionalidad tienen- ¿cómo podemos dejar de sacar la conclusión lógica de que es precisamente el derecho de asilo lo que ha permitido que muchos de ellos entren en la Unión? 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la política de asilo es una de las cuestiones más candentes y delicadas de la agenda comunitaria. 
Las últimas elecciones estuvieron llenas de ejemplos en los que se sacaba provecho político de situaciones vinculadas a cuestiones de asilo e inmigración. 
El hecho es que la elaboración de políticas de asilo e inmigración erróneas ha contribuido al aterrador incremento de reacciones xenófobas y racistas, que sólo podemos condenar. 
De ahí la necesidad, que es mayor que nunca, de unos poderes de inmigración y asilo comunes, confirmada una vez más en la Cumbre de Laeken, que reiteró la necesidad de adoptar en 2004 una política de asilo e inmigración común. 
De hecho, son los propios ciudadanos europeos quienes esperan y exigen acciones que añadan valor europeo a las políticas nacionales, cuyas limitaciones son cada vez más evidentes, tanto en términos de políticas de seguridad como de políticas para salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales. 
La propuesta que estamos debatiendo hoy apoya la introducción de un mecanismo abierto de coordinación, en el que la aplicación de una política de coordinación ha de funcionar como un incentivo y como un medio para armonizar las legislaciones y prácticas nacionales. 
Estamos de acuerdo con los comentarios que acaba de hacer el Comisario Vitorino a la Asamblea recalcando la necesidad de adoptar medidas legislativas a escala comunitaria. 
Estamos de acuerdo con él no sólo cuando se refiere a la necesidad de esta legislación y de reforzar el enfoque comunitario que ha mencionado, sino también porque este mecanismo, en lugar de representar una verdadera comunitarización, es un proceso que niega al Parlamento Europeo un papel activo en este proceso. 
También es crucial que creamos un procedimiento de asilo equitativo y eficaz, porque este procedimiento de asilo ha sido a menudo el medio más sencillo para obtener acceso al territorio de la Unión. 
Aunque hemos de ser capaces de separar cuestiones que han de permanecer separadas, concretamente lo que corresponde al asilo y lo que corresponde a la inmigración, es preciso recalcar que es igualmente crucial que establezcamos una política de inmigración común que sea racional y creíble, y que implique necesariamente una política de integración de estos inmigrantes, y de lucha eficaz contra la inmigración ilegal y el tráfico con seres humanos. 
No sólo por razones humanitarias, sino asimismo porque somos siempre conscientes de que también es necesario a fin de reducir la presión que ha estado soportando el sistema de asilo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera protestar contra la expulsión de refugiados políticos, lo cual viola el derecho más básico de asilo, como la expulsión del refugiado italiano Paolo Persichetti por parte del Gobierno francés, sobre todo porque sucesivos gobiernos franceses han proporcionado un exilio de lujo a diversos dictadores destituidos y los han protegido de sus propios pueblos. 
A diferencia del informe del Sr. Evans, que, a pesar de ciertos aspectos positivos, sigue siendo demasiado tímido en su enfoque, creo que el derecho de asilo debería ser absoluto e incuestionable. 
Sin embargo, en términos más generales, todos los Estados de la UE han de resolver la situación de decenas de miles de personas que llegan a su territorio huyendo de dictaduras o tipos de opresión como la sufrida, por ejemplo, por las mujeres en determinados países, o simplemente huyendo de la pobreza. 
Todos los gobiernos nacionales tienen una política inhumana y reaccionaria en este ámbito, negando a muchísimos de estos inmigrantes el derecho de tener los documentos adecuados que les permitan permanecer en el país y trabajar. 
Es inaceptable que una categoría de hombres y mujeres se vean privados de todos sus derechos, siendo presa de caseros en los barrios bajos y de patronos que buscan trabajadores in papeles y mal pagados. 
Si el Parlamento Europeo quiere demostrar que representa el progreso, por lo menos en este punto, debería dejar clara su posición. 
Debería presionar a los políticos nacionales para que se concediera a los trabajadores inmigrantes no sólo los papeles legales que les permitan salir de las sombras a la luz y vivir con dignidad, sino también la oportunidad de gozar de los mismos derechos políticos, sindicales y comunitarios que todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más tenemos una razón para debatir en torno a la política de asilo de la UE; por desgracia, es bajo la égida de la seguridad. 
De hecho, lo que hemos de hacer hoy es examinar dos documentos de la Comisión que, debido a su naturaleza, alcance y objetivos, no deberían considerarse conjuntamente, salvo que deseemos crear confusión. 
Debido a consideración conjunta de dos expedientes igualmente importantes y delicados se tiene la impresión de que los solicitantes de asilo son terroristas en potencia. 
Sin embargo, la Comisión afirma claramente en este informe que es poco probable que los terroristas soliciten ejercer el derecho de asilo. 
Es una verdadera paradoja. 
De hecho, los Estados miembros están intentando rehuir sus compromisos internacionales invocando cláusulas de exclusión, que interpretadas libremente les eximirían de sus compromisos, aunque estos compromisos sean fundamentales en relación con los derechos humanos. 
Dadas todas las dificultades planteadas por el tema del asilo, y a pesar de nuestras diferencias, no hemos de olvidar que estamos tratando con víctimas, y no con criminales. 
Sólo un enfoque integrado y una aplicación restrictiva de las cláusulas de exclusión puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros con respecto al asilo. 
Las políticas de devolución, expulsión y extradición han de proporcionar todas las garantías de respeto de los derechos humanos, en particular cuando estas personas se enfrentan a la pena de muerte en su país de origen, así como la situación social y nacional de cada país. 
¿Tenemos el derecho de enviar a personas a países asolados por la guerra civil, o donde hay un riesgo diario de muerte además de la miseria social y económica, como en Argelia u otros países? 
Sin embargo, la no expulsión es exigida por la Unión Europea en nuestros acuerdos de asociación. 
La extradición pone en peligro de forma implícita el derecho de cada individuo de buscar asilo cuando su vida está amenazada. 
Es preciso encontrar una solución europea con respecto a los solicitantes de asilo privados del derecho de asilo, que se encuentran sin derechos y engrosan las filas de inmigrantes ilegales explotados por patronos sin escrúpulos para su propio provecho, mientras estas personas viven en condiciones inhumanas dentro de nuestras democracias europeas. 
Estos hombres y mujeres han esperado durante tanto tiempo a recibir una respuesta de las autoridades que a menudo han entablado estrechos vínculos con el país en el que se encuentran, por ejemplo, teniendo hijos, y a menudo sus vínculos con sus países de origen se han debilitado o han dejado de existir. 
Por consiguiente, expulsarlos supondría para ellos un nuevo desarraigo. 
La única solución entonces sería legalizar su presencia. 
Quería hacer estos comentarios para asegurar el respeto universal de los derechos humanos, pero apoyo al ponente. 
Señor Presidente, Señorías, Comisario Vitorino, sorprende que una institución como la Comisión se comprometa a un método abierto de coordinación. 
Es más un método Metternich que un método Monnet, y que lo usen ustedes- la Comisión Europea- es una indicación de que su enfoque de la política de asilo ha fracasado. 
Que el Sr. Evans, el ponente, siendo como es británico, defienda la coordinación abierta no es tan sorprendente, pero es muy curioso que presente usted la política de empleo comunitaria como un ejemplo de cómo se ha utilizado con éxito este método, pues obviamente no ha seguido usted la actual situación del empleo y el estado del mercado de trabajo en la UE, de lo contrario sería consciente del modo en que ha fracasado la coordinación abierta en este ámbito. 
En el informe se prevé que los datos biométricos de los solicitantes de asilo no se utilizarán en la investigación de crímenes hasta que se disponga para ello un sistema europeo independiente de protección de datos. 
Si vota a favor de eso se expondrá a la pregunta de por qué el nivel general de protección de datos en la Unión Europea y en sus Estados miembros es aparentemente insuficiente para ofrecer una protección adecuada a los solicitantes de asilo contra el abuso de los datos. 
Tratándose de protección de datos, en Europa tenemos las más altas normas del mundo. 
Por qué motivo puede usted desear utilizar un requisito tan absurdo para evitar la aplicación eficaz de Eurodac y por consiguiente la protección de nuestros ciudadanos, es un misterio. 
Un aspecto positivo es que este informe exija una agilización del procedimiento para adquirir el estatuto de refugiado. 
De hecho, lo que estamos tratando aquí es, en principio, sólo el control de una solicitud. 
También esto es algo que el Grupo del PPE-DE ha estado defendiendo durante algún tiempo, aunque fue su grupo, señor Evans, el que abogó en diferentes informes a favor de una nueva junta de apelación tras otra, garantías de desagravio legal que se fueron haciendo más amplias y burocráticas, la constante reducción del derecho del Estado de presentar pruebas y por consiguiente, por supuesto, unos procedimientos más largos. 
No estaría de más que respaldara usted las palabras de este informe con acciones en otros. 
Con mi tercera observación, llego a lo que es nuestro principal problema. 
En este informe no se dice ni una palabra sobre los problemas reales de nuestra sociedad. 
No se dice ni una palabra sobre cómo deberíamos tratar a quienes apoyan la ejecución de actos terroristas. 
¿Qué hacemos si alguien, queriendo provocar a la opinión pública, desea llamar a su hijo Osama Bin Laden? 
¿Qué hacemos con las personas que se regocijan públicamente de las imágenes del 11 de septiembre? 
¿Qué hacemos con los predicadores islámicos que predican el odio y la violencia? 
¿Cómo respondemos a las personas que con sus palabras pisotean nuestro sistema de gobierno libre y democrático? 
¿Tenemos que esperar a que estas personas cometan un acto terrorista antes de que se nos permita deportarlos, o antes de que dejen de gozar de los derechos de visitantes? 
Es esta pregunta la que se formula actualmente una y otra vez en nuestras sociedades en vista de la situación en la que nos encontramos. 
Es a estas preguntas que hemos de dar respuestas. 
De hecho no hay nada de todo eso en su informe, pero estas son preguntas que tendremos que resolver en muchos debates futuros. 
Señor Presidente, Comisario, todos sabemos que los sucesos del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo están siendo utilizados como excusa en diversos Estados miembros de la Unión Europea para bloquear los progresos en lo concerniente a una política de asilo europea integrada. 
El número de solicitantes de asilo en la Unión Europea descendió en casi dos tercios en los primeros 4 meses de 2002, en comparación con el mismo periodo el año pasado, mientras que casi se había duplicado en diez años. 
En Grecia, que suele ser generosa con los solicitantes de asilo, sólo se concedió asilo a 59 de los 2.810 solicitantes en la primera mitad de 2002. 
Se trata de una caída impresionante en comparación con el año 2001, cuando se aprobaron casi diez veces más solicitudes. 
Al mismo tiempo, de acuerdo con las estadísticas procedentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la mayoría de los movimientos masivos de refugiados reciben refugio en países vecinos, igualmente pobres; menos optan por huir a Occidente, eso cuando consiguen llegar aquí. 
Por ejemplo, el año pasado, de los cuatro millones de refugiados afganos, se tramitaron tan sólo 38.600 solicitudes de asilo en la Unión, es decir, sólo un afgano de cada mil solicitó protección de la Unión Europea; la mayoría huyeron a países vecinos. 
Estas estadísticas hablan por sí solas y las afirmaciones de que oleadas de refugiados amenazan supuestamente a Europa y que deberíamos levantar el puente levadizo no tienen fundamento. 
Al mismo tiempo, por supuesto, la xenofobia en la Unión Europea está aumentando, al tiempo que el debate ha olvidado qué es lo que obliga a estas personas a viajar tan lejos de casa en un intento por escapar de la violación interminable de los derechos humanos en sus propios países No es tan sólo que los controles estrictos no hacen nada por evitar que los solicitantes de asilo se dirijan a Europa; estimulan a muchos a intentar entrar ilegalmente, generando trabajo para bandas de contrabandistas. 
Y por consiguiente, acabamos contando cadáveres en nuestras fronteras y costas, e intentando hacer frente a nuevas formas de esclavitud y explotación. 
Estamos de acuerdo con el método abierto de coordinación, Comisario, pero difícilmente puede ser una solución integrada del problema y confiamos que a finales de 2003 tengamos una política integrada. 
Señor Presidente, suscribo la opinión de la minoría de la Comisión de Libertades de los Ciudadanos sobre esta comunicación de la Comisión, que se ha lanzado desde el principio al fin con la idea de Europa como una fortaleza en la cual se niega el acceso a cientos de miles de víctimas de la política imperialista. 
Está perfectamente en línea con la xenofobia y el racismo que dominan en la Unión Europea, especialmente después del 11 de septiembre, como dejó bien claro el Consejo de Sevilla. 
Por desgracia, el informe Evans, salvo algunas excepciones, sigue exactamente la misma línea. 
La comunicación de la Comisión, que recomienda introducir el llamado método abierto de coordinación como un paso en el camino hacia una convergencia completa de las políticas de asilo de los Estados miembros, niega en realidad el espíritu de humanidad que debería sostener los acuerdos de asilo. 
Establece medidas represivas, como los controles de seguridad fronterizos, una base de datos biométrica como el sistema de huellas dactilares Eurodac, la recogida de ADN, etc., y todo ello en un momento en que el porcentaje de solicitudes de asilo aprobadas por los Estados miembros de la Unión Europea es ya muy bajo. 
Por ejemplo, según las estadísticas del Alto Comisionado para los Refugiados, Grecia sólo aprobó 25 de las 2.838 solicitudes de asilo- el 0,8 %- durante la primera mitad de 2002 y sólo concedió asilo temporal a 34 refugiados por razones humanitarias. 
Estas cifras son una vergüenza si se piensa que la inmensa mayoría de las personas que busca asilo en nuestros países proceden de lugares como Afganistán, Iraq, Turquía, Irán u otros países con graves problemas. 
Y, por desgracia, hay más de uno que, en lugar de recibir asilo, es repatriado- por usar el término oficial- a su país de origen, a pesar del hecho de que su vida corre peligro. 
Comisario, señor Presidente, Señorías, este informe es uno de una serie en materia de asilo, inmigración, refugiados y seguridad. Puede parecer sorprendente que este último punto figure entre los demás. 
Sea como fuere, este informe aprueba la tarea. 
Nos permitirá, espero, mantener la cohesión y la coherencia en nuestros enfoques y directivas y, por consiguiente, poner fin a la imagen de completa falta de armonía que hemos estado dando con una Unión Europea que ha demostrado una absoluta debilidad en este terreno. 
Los diferentes tipos de leyes significan que hemos de tener una visión de conjunto y creo que el método abierto de coordinación propuesto entre los Estados miembros ayudará a establecer niveles más altos en este ámbito, al tiempo que estimulará la transparencia, la visibilidad y, en última instancia, la evaluación. 
Desde el Consejo Europeo de Tampere hemos intentado crear un espacio europeo de libertad, justicia y seguridad. 
Estas tres palabras han de aplicarse a un único espacio, donde la libertad ha de tener el mismo peso que la seguridad y la justicia. De ahí que necesitemos una interpretación común de la ley y, se lo ruego, un enfoque de futuro de la política acordada. 
El espacio europeo también ha de establecerse con los agentes que están presentes sobre el terreno. 
Ha de ofrecer protección a todos los ciudadanos europeos, y no un refugio del miedo generado por el 11 de septiembre, ese miedo irracional que está provocando una retirada y permitiendo a algunas personas mantener sus actitudes xenófobas y racistas en nombre del llamado pragmatismo. 
He de reiterar que, detrás de todas estas palabras, hay hombres, mujeres y niños. 
Nos gustaría asegurar que se respetarán sus derechos, prestando especial atención a las mujeres, los niños y las víctimas de la violencia. 
Al tiempo que aseguramos una Europa de los derechos humanos, en Europa también querríamos asegurar, cuando nos enfrentamos al racismo, la xenofobia, el fanatismo y la pena de muerte, que queremos establecer una Europa de las libertades, lo más segura posible, y no una Europa que se concentra en la ley y el orden en nombre del racismo y la xenofobia. 
Señor Presidente, quisiera hacer dos comentarios breves después de este interesante y estimulante debate. 
En primer lugar y en respuesta a la Sra. Boumediene-Thiery, me gustaría apuntar que no fue la Comisión quien agrupó estas dos cuentiones. 
La Comisión los abordó en documentos separados. 
De hecho, hoy se discuten ambos conjuntamente por disposición organizativa del Parlamento. 
Por una vez no se puede atribuir la responsabilidad a la Comisión. 
El segundo comentario, en respuesta a la intervención de la Sra. Klamt y el Sr. von Boetticher, está relacionado con el método abierto de coordinación. 
Desde Ámsterdam ha estado bastante claro que el desarrollo de la política europea de asilo tendría lugar en dos fases o «generaciones». 
La primera generación se concreta en normas comunes mínimas sobre varios elementos de la política de asilo. Más adelante, la segunda generación se basará en un sistema europeo común (o incluso «único» ) de asilo. 
En ambas generaciones la legislación desempeñará sin duda un papel fundamental. 
Reconocerán ustedes que a pesar de que a veces no hay coincidimos en las soluciones, la Comisión ha presentado todas las propuestas para la primera fase legislativa tan sólo un año después de Tampere. 
Reconozco de buen grado, como siempre he hecho ante esta Cámara, que encontrar un espacio común y equilibrado para esta legislación, incluso con respecto a unas normas comunes mínimas, ha sido una ardua tarea en el Consejo. 
Ahora, el Consejo está a punto de adoptar una norma muy famosa, basada en una regla con 15 excepciones. 
Si esto se consiguiera en el terreno de la química, probablemente merecería el premio Nobel, una regla con 15 excepciones, una por cada Estado miembro. 
Hemos de reconocer que estas normas comunes mínimas no bastan. 
Ésta es la razón por la que intenté impulsar la idea de una política común europea en materia de asilo por medio del método abierto de coordinación. 
Este método no va en contra de la legislación, sino que está concebido para complementar los frutos insuficientes que reconozco que con toda probabilidad dará de sí la legislación de primera generación. 
Quisiera hacer notar que el método abierto de coordinación proporciona transparencia al sistema, que es la mejor forma de respetar el principio de subsidiariedad. 
La existencia de un sistema de asilo europeo administrado de forma centralizada no es posible, ya que atentaría contra el principio de subsidiariedad. 
Cada Estado miembro debería estar facultado para considerar las peticiones de asilo y decidir en qué casos otorgarlo sobre la base de las normas comunes mínimas a escala europea. 
La Comisión considera que debemos intercambiar tanto mejores prácticas como información. 
Dado que esto no ocurre actualmente, el método abierto de coordinación ha aportado cierto valor añadido al incorporar transparencia al modo en que los Estados miembros manejan el sistema. 
Con nuestra propuesta, el Parlamento participará en este trámite. 
También quisiera dejar claro que no se pretende actuar en contra de ningún tipo de «comunitarización». 
Muy al contrario, se trata de garantizar que se dan los pasos necesarios y consolidados para alcanzar el objetivo del Tratado. 
No considero que el método abierto de coordinación suponga una evasión del problema. 
En el programa de Lisboa hay una referencia clarísima a este método. 
Si se estudian las propuestas que ha impulsado la Comisión sobre gobernanza económica, se puede ver que nuestra propuesta es utilizar el citado método para fijar objetivos legalmente vinculantes, con lo que este método resulta más efectivo y da por tanto resultados más concretos. 
Respeto su desacuerdo, pero no creo estar equivocado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre dos informes: 
A5-0309/2002 de la Sra. Roberta Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el Libro Verde de la Comisión «Indemnización a las víctimas de delitos» (COM (2001) 536- C5-0016/2002- 2002/2022 (COS)) 
y A5-0312/2002 del Sr. Giacomo Santini, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita y otros aspectos financieros vinculados a los juicios civiles (10856/2002- C5-0423/2002- 2002/0020 (CNS) ). 
Señor Presidente, el informe sobre el que voy a hacer un breve resumen tiene que ver con el Libro Verde de la Comisión sobre indemnización a las víctimas de delitos. 
Esta es sin duda una cuestión muy compleja desde el punto de vista jurídico, pero me alegra decir que se está llevando a cabo un importante debate sobre este asunto con el propósito, ante todo, de definir los instrumentos legislativos adecuados e identificar los recursos financieros para garantizar cuál ha de ser el derecho básico de la víctima de un delito: recibir una indemnización adecuada por el sufrimiento y los daños causados, especialmente cuando no hay culpable del delito porque el autor es desconocido o no está en condiciones de compensar a la víctima. 
Además, sabemos que el número de víctimas del crimen internacional está aumentando, en primer lugar debido a la intensificación del movimiento de ciudadanos dentro de la Unión, pero también, y lamento decirlo, debido a un aumento general del crimen, sobre todo en actividades criminales importantes y muy graves, como el terrorismo, el abuso de niños y la trata de seres humanos. 
Además, hay que recalcar que muchas víctimas sufren doblemente, primero como víctimas de un delito y luego como víctimas de un sistema excesivamente burocrático, y es preciso simplificar más este sistema a fin de evitar situaciones en que la protección no está disponible o es insuficiente. 
En vista de ello, la necesidad de establecer unas normas mínimas sobre la protección de las víctimas de delitos, en particular sobre el acceso de las víctimas de delitos a la justicia y sobre su derecho a una indemnización, ya se estableció expresamente en Tampere cuando se consignaron las principales directrices a seguir a fin de crear un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Lamentablemente, esta firme voluntad política no ha producido resultados legislativos significativos a escala comunitaria en el tiempo transcurrido desde 1999. 
Por consiguiente, el primer objetivo es establecer cuanto antes unas normas comunes mínimas a fin de que el derecho a una indemnización sea una realidad en toda la Unión Europea. 
Dichas normas han de contener una definición clara y precisa acordada por todos los Estados miembros de los tipos de delito y los daños que podrían motivar una indemnización Además, será también necesario identificar con la misma precisión a las partes que legalmente podrían ser beneficiarias de una indemnización y sobre la base de un consentimiento similar, considerando, entre otras cosas, que las familias y quienes dependen de las personas perjudicadas a raíz de un delito puedan ser consideradas víctimas indirectas. 
Sin duda no será fácil identificar unas normas mínimas, por dos razones. La primera tiene que ver con el problema práctico planteado por la codificación jurídica, pues será preciso iniciar un complejo proceso a fin de acercar entre sí las leyes- actualmente muy dispares- de los Estados miembros. 
La segunda tiene que ver con la necesidad vital de identificar los recursos adecuados. 
Hay diferentes posibilidades de financiación. Podríamos considerar, como sugiere la Comisión, la posibilidad de crear un Fondo Europeo de Solidaridad, que podría asimismo alimentarse de las recaudaciones de las incautaciones y de la posterior venta de los fondos de las redes criminales. 
Sea como fuere, la prioridad ha de ser definir unas reglas y unos procedimientos tan armonizados como sea posible para el trato dispensado a las víctimas. 
Todo ello ayudaría a remediar las disparidades- a veces extraordinarias- que existen entre los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros. 
De hecho, actualmente, hay diferencias vinculadas al lugar de residencia de la víctima o al Estado miembro en el que se cometió el delito, lo cual significa que se está cometiendo discriminación, algo que es inaceptable y perjudicial para las víctimas. 
En la práctica surge una situación en la que existe una disparidad real entre el trato que reciben las personas, que varía según el país en que se cometió el delito, y esta es una terrible violación del principio fundamental de no discriminación. 
Señor Presidente, señor Comisario, esta propuesta de directiva, de la cual soy ponente, intenta establecer una reglas comunes mínimas para garantizar una verdadera asistencia financiera a los ciudadanos que no pueden cargar con las costas del juicio en que están implicados. 
Esta iniciativa encaja a la perfección en el proyecto de creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en el territorio de la Unión, dentro del cual se garantiza a todos los ciudadanos el respecto de sus derechos fundamentales, al margen de cual sea su situación financiera. 
La base jurídica original es el artículo 61 del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que estipula que el Consejo, a fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles. 
El Consejo Europeo de Tampere respondió a este llamamiento estableciendo unas normas mínimas para el acceso transfronterizo a la justicia, y quisiéramos recalcarlo. 
La Comisión ha dado un paso más valiente, al proponer ampliar la oferta de ayuda también a los casos interiores. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha recogido el guante haciendo suyo el debate de la Comisión sobre el alcance de la directiva. Por ello, las directivas han de contemplar no sólo casos transfronterizos, sino también otros casos internos. 
Así pues, es preciso ampliar la base jurídica y no basarla únicamente en el artículo 61 del Tratado, sino también en el artículo 65. 
Además, la ampliación del alcance de la directiva ha de fundamentarse asimismo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el apartado 3 del artículo 47, para ser exactos, que estipula que ha de ofrecerse una ayuda jurídica a quienes carecen de recursos suficientes para asegurar una igualdad en el acceso a la justicia. 
Esta es la primera vez que prometemos ofrecer este tipo de ayuda a nivel comunitario. 
Asimismo nos ofrece una excelente oportunidad para pedir a aquellos Estados miembros- y son bastantes- que ya ofrecen una ayuda jurídica garantizada y apropiada a sus ciudadanos internamente, que empiecen a armonizar sus leyes en este ámbito. 
El informe, que fue aprobado unánimemente por la comisión parlamentaria responsable, va más lejos. 
De hecho, propone ampliar la ayuda ofrecida durante el procedimiento judicial a la fase precontenciosa, dado que una mediación eficaz, un intento de lograr una reconciliación entre las partes puede evitar a menudo la necesidad de un procedimiento judicial real, reduciendo o eliminando así todas las molestias para los ciudadanos implicados y, lo que es más importante, reduciendo los costes devengados. 
Bien es cierto que este doble enfoque podría provocar un incremento de los costes soportados por los Estados miembros. 
Sin embargo, la importancia política y social de una directiva de esta naturaleza podría justificar- y de hecho lo hace- el llamamiento del Parlamento al Consejo para que dé este paso. 
Aquí, tenemos la principal tarea de identificar los objetivos políticos que promoverán el verdadero desarrollo de la Europa de los ciudadanos, la Europa de la igualdad de justicia para todos. 
Quisiera terminar refiriéndome a una acción de último minuto, y por consiguiente algo desconcertante, del Consejo, que nos ha enviado un nuevo texto- aunque sólo a título informativo- que claramente intenta recalcar el contenido del artículo 1, que limita el alcance de la directiva puramente a los casos transfronterizos. 
En otras palabras, el Consejo está intentado- o eso parece- cuestionar todo el proceso, para detenerlo y volver a la mesa de dibujo. 
Al margen del contenido de esta propuesta, que va en contra de la votación unánime de la comisión parlamentaria, se trata de una grave violación de forma y procedimiento. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos ha decidido, sobre la base de una votación específica, completar todo el proceso hasta la aprobación o, por lo menos, la presentación en el pleno del informe basado en el texto preparado por la Comisión, de acuerdo con las reglas más básicas del procedimiento de consulta. 
Si el Parlamento aceptara la terminación del proceso del Consejo o una propuesta para su devolución a la comisión, ello tendría importantes consecuencias en cuanto a las relaciones interinstitucionales y también en cuanto al procedimiento de consulta, y sería una grave violación de las disposiciones del Tratado. 
Las prerrogativas del Parlamento Europeo se verían socavadas y se sentaría un precedente muy inquietante para el futuro. 
Por consiguiente, es preciso completar con normalidad el proceso de examen de este informe; es decir, el informe ha de ser sometido a votación en el Parlamento. 
Esta es la opinión de la comisión parlamentaria. 
Quisiera terminar haciendo un llamamiento directo a la Comisión, si se me permite, en la persona del Comisario Vitorino, para que manifieste su opinión. 
Señor Presidente, Señorías, tal y como han recalcado otros oradores, la protección y el apoyo a las víctimas es sin duda uno de los retos clave a los que nos enfrentamos a la hora de establecer el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En marzo de 2001 alcanzamos un hito inicial, cuando el Consejo adoptó una decisión marco sobre la condición de las víctimas en los procedimientos judiciales. 
Poco después, la Comisión presentó su Libro Verde sobre la indemnización a las víctimas de delitos. 
El objetivo de dicho documento era iniciar una amplia consulta con los Estados miembros y todas las partes interesadas sobre los posibles objetivos de una iniciativa de la Comisión en este ámbito. 
Entre las sugerencias formuladas mencionaré, en concreto, el establecimiento de un criterio mínimo para indemnizar a las víctimas dentro de la Unión y la aplicación de este plan a los litigios transfronterizos. 
Por consiguiente, estoy muy agradecido al Parlamento Europeo por presentar una resolución sobre el Libro Verde de la Comisión y quisiera agradecer especialmente a la Sra. Angelilli por la excelente calidad y pertinencia de su informe. 
Me complace mucho poder observar, en el informe, el apoyo dado a nuestros objetivos, así como un detallado y constructivo análisis de los diversos aspectos contemplados en el Libro Verde. 
No haré comentarios detallados sobre los diversos puntos de la propuesta que tienen Sus Señorías que debatir, pero puedo asegurarles que ayudarán a la Comisión a definir las medidas futuras. 
Como probablemente habrán observado, la última versión del marcador de la Comisión sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia ya reflejaba que este otoño se daría un nuevo paso adelante con una propuesta de directiva sobre la indemnización a las víctimas. 
La posición que adopten ustedes hoy sobre el Libro Verde será, en este sentido, una contribución muy valiosa a la elaboración de nuestra propuesta. 
En lo que se refiere a la propuesta de directiva sobre ayuda jurídica, el Libro Verde publicado por la Comisión en febrero de 2002 produjo una propuesta de directiva que se presentó en enero de 2002 y que pretende establecer unas normas mínimas en el ámbito de la asistencia jurídica. 
Como saben ustedes, esta propuesta provocó, y de hecho sigue provocando mucho debate dentro de los diferentes organismos del Consejo. 
En particular, los debates se centran en el alcance de la directiva. 
La Comisión espera que la directiva se aplique a todos los litigios civiles y comerciales, pero el Consejo decidió que este alcance debía limitarse a los litigios transfronterizos. 
Por consiguiente, se modificó considerablemente el texto de la propuesta, por lo menos en lo que se refiere a esta cuestión. 
El nuevo texto, que aún está lejos de ser el texto definitivo, fue enviado por el Consejo al Parlamento a título informativo. 
Antes, el Sr. Santini ha recalcado la situación y el reto institucional que supone este enfoque para el Parlamento, y por ello comprendo plenamente que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores espera que sea el texto original de la propuesta de la Comisión el que se someta a la Asamblea para que esta decida. 
Por ello quisiera agradecer a los ponentes, el Sr. Santini y la Sra. Wallis, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por la calidad de su trabajo Además, diversos cambios sugeridos en las enmiendas se han incluido en el texto que actualmente está siendo debatido en el Consejo. 
Sobre todo, he de señalar que la enmienda 6, que tiene que ver con el primer apartado del artículo 1 de la propuesta, es muy clara a este respecto, dado que llega a suprimir la referencia a los litigios transfronterizos. 
En esencia, la Comisión sigue siendo de la opinión de que la propuesta de directiva ha de aplicarse a todos los litigios. 
Esta solución apoya la ampliación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 47, que estipula que «se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia». 
También es parte de nuestro trabajo promover el acceso a la justicia para todos. 
Por desgracia, he de decir que hay pocas probabilidades de que el Consejo cambie de parecer sobre este asunto. 
Por otro lado, prosigue el debate sobre la definición de «efecto transfronterizo» , que puede interpretarse de forma amplia o restrictiva. 
La Comisión desearía apoyar una interpretación amplia a fin de evitar socavar el principio de legalidad. 
Esta cuestión se abordará en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores en octubre. 
Señor Presidente, en su opinión relativa al Libro Verde sobre indemnización a las víctimas de delitos, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior felicita a la Comisión sobre el enfoque que ha propuesto y aprobado, y acoge con agrado la definición de tres principales objetivos para una posible acción a escala comunitaria: en primer lugar, la necesidad de garantizar a las víctimas de delitos dentro de la Unión Europea la posibilidad de obtener una indemnización estatal creando una red de seguridad para todos los residentes en la Unión; en segundo lugar, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para limitar los efectos injustos que resultan de las grandes diferencias que existen actualmente entre niveles de indemnización en los diferentes Estados miembros en los que fueron víctimas del delito; y, en tercer lugar, la necesidad de facilitar a las víctimas el acceso transfronterizo a una indemnización estatal, garantizando que tal acceso no dependerá de forma excesiva del lugar de la Unión en el que se cometió el delito. 
Sin embargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado algunas consideraciones- y quisiera agradecer a la ponente, la Sra. Angelilli, por haber incluido en el texto todas las enmiendas recogidas en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos- en el sentido de que la indemnización debería cubrir tanto los daños materiales como los no materiales causados a la víctima. 
Deberían fijarse unos plazos generosos para la presentación de reclamaciones de indemnización estatal; unas disposiciones similares han de aplicarse en lo que respecta al dies a quo (la fecha en que empieza a contar el plazo) a fin de evitar disparidades en el modo en que se tratan los casos. Además, es crucial que se preparen reclamaciones de indemnización armonizadas en todos los idiomas de la Comunidad y que las garantías procesales mínimas incluyan, entre otras cosas, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a ser representado por un abogado, el derecho de acceso al procedimiento y un acceso más fácil para las víctimas transfronterizas a la indemnización estatal. 
En conclusión, la iniciativa comunitaria sobre la indemnización a las víctimas sería sin duda una importante contribución a la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
Señor Presidente, Señorías, la protección de las víctimas lleva ya mucho tiempo sobre el tapete del debate político, incluso a escala europea. 
El Parlamento ha pedido con regularidad, ya desde la década de los ochenta, una mejora de la posición de las víctimas de delitos. 
Nadie discute que las víctimas de delitos criminales han de recibir apoyo y protección; la única cuestión es el cómo y el cuánto. 
Con el Plan de Acción de Viena, Europa abordó la cuestión del cuidado y la indemnización a las víctimas. 
En 1999, la agenda del Parlamento incluyó un punto sobre la mejora de la posición de las víctimas de delitos en la UE, y en Tampere se hizo un llamamiento para establecer unas normas mínimas para la protección de las víctimas de delitos. 
Hoy, en el Parlamento Europeo estamos dando nuestra opinión sobre el Libro Verde de la Comisión sobre indemnización a las víctimas de delitos. 
Lo hacemos en la convicción de que las reglas de los Estados nacionales sobre indemnización de las víctimas son insuficientes. 
Es inaceptable que las víctimas sean compensadas de forma diferente en la Unión Europea, simplemente porque, además de la desgracia de ser víctima de un delito, han tenido la mala suerte de ser víctima en el país equivocado. 
Por poner un ejemplo, un Estado miembro puede asumir los gastos del tratamiento psiquiátrico de las víctimas de la violencia sexual, mientras que en otros se cubren los gastos de todo el tratamiento médico necesario a raíz de otros delitos. 
Si examinamos otro ámbito, la carga de la prueba en todos los Estados miembros recae en el solicitante de indemnización, pero hay grandes variaciones en el grado de demostración, y otro ejemplo es que, en determinados Estados miembros, se exige haber denunciado un delito a la policía antes de que se pueda pagar una indemnización, mientras que en otros no es este el caso. 
Presento estos ejemplos en un intento por mostrar los muy diferentes supuestos sobre cuya base trabajan los quince Estados miembros. 
Los críticos de la Comisión y del Parlamento Europeo afirman que somos demasiado lentos a la hora de aprobar y aplicar las resoluciones sobre la protección e indemnización a las víctimas, y también se ha lanzado la crítica de que este Libro Verde apunta a una iniciativa comunitaria en la forma de normas mínimas. 
Lo que buscan muchas organizaciones de apoyo a las víctimas es la armonización. 
Puedo comprender por qué son precisamente las organizaciones de apoyo a las víctimas las que buscan soluciones rápidas, pero se necesitan muchos pasos pequeños y un extenso trabajo educativo si queremos alcanzar el objetivo de una protección a las víctimas a escala europea. 
Esto significa encontrar y decidir acerca de reglas comunes para todos, en todos los Estados miembros. 
Por ello es aún más importante dar el primer paso y establecer unas normas mínimas de indemnización estatal para aquellas víctimas de delitos criminales que no obtengan compensación de su agresor o de otra fuente. 
Todo esto está contemplado en este Libro Verde. 
Se trata de un buen enfoque, y, en nombre del Grupo del PPE, lo celebro al ser el modo correcto de avanzar hacia unas reglas comunitarias para el apoyo a las víctimas en la UE. 
Quisiera terminar expresando mi agradecimiento a la Sra. Angelilli, en primer lugar por su excelente informe, pero también por su voluntad de apoyar las numerosas enmiendas transaccionales que cruzaron las fronteras entre los grupos. 
Señor Presidente, en nombre de mi colega, la Sra. Carmen Cerdeira, que ha sido ponente alternativo para este informe y que a pesar suyo no puede estar hoy aquí, quisiera pasar a explicar cuál es la posición del Grupo Socialista. 
Saben- y quiero poner un ejemplo- que cada vez más personas dentro de la Unión Europea traspasan las fronteras de sus Estados. 
En el año 1999 fueron 250 millones de personas. 
Esta realidad hace que los ciudadanos y ciudadanas que se desplazan corran el riesgo de llegar a ser víctimas de un delito, tanto fuera como dentro del territorio de sus Estados de residencia, pasando desde el robo hasta, a veces, delitos de terrorismo, cuya lacra todavía golpea cruelmente el territorio de la Unión Europea. 
Sin duda, este Libro Verde y el informe que hoy aprobamos representan un avance para acabar con las fronteras físicas nacionales cuando se trata de víctimas de delitos. 
Debemos lograr que dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión se dote a sus ciudadanos de un verdadero acceso a la justicia para que éstos puedan beneficiarse de una protección jurídica adecuada en cualquier lugar del territorio de la Unión. 
Por esta razón, la Europa de los ciudadanos, para mí, no tiene sentido si antes no se adoptan, entre otras, las medidas necesarias que mejoren y tengan en cuenta también los derechos de las víctimas de los delitos, enfocados desde una perspectiva global. 
Es necesario que toda persona, incluidos los nacionales de terceros países, que ha sido víctima directa o indirecta de un delito en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión reciba un trato mínimo similar. 
La Unión Europea no puede aceptar que la persona pueda recibir un trato diferente, dependiendo del Estado miembro en el que ha sido víctima del delito o dependiendo de su nacionalidad. 
El resarcimiento de las víctimas es para mi grupo un aspecto fundamental que debe estar en el corazón de la cooperación europea en la lucha contra la criminalidad. 
Doy la bienvenida a la propuesta de la Comisión y también al informe de la Sra. Angelilli, a quien felicito también por su talante y por su disponibilidad. 
Creo que todos los grupos estaremos más o menos de acuerdo con este informe. 
Quiero señalar sólo algunos de los puntos que para nosotros son fundamentales y a favor de los cuales nos manifestamos: el principio de no discriminación recogido en el apartado 13; el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a diario con las víctimas; las condiciones de trato y atención, en el sentido que he dicho antes, a las víctimas; la armonización de los sistemas de indemnización a las víctimas, establecidos por los Estados miembros, teniendo en cuenta los niveles de renta; la garantía a todos los ciudadanos y residentes legales en el territorio de la Unión de una posibilidad de obtener, con criterios comunitarios, una indemnización cuando son víctimas del delito. 
Por tanto, apoyamos la creación de un organismo europeo para las víctimas, la creación de un fondo europeo que garantice la indemnización correspondiente a las víctimas de delitos y, por supuesto, el establecimiento de formularios armonizados en todas las lenguas de la Unión. 
Creo que así estaremos ante una propuesta que significa un verdadero paso adelante. 
Señor Presidente, no tenemos nada en contra de indemnizar a las víctimas de delitos ni de aliviar la burocracia que a menudo provoca retrasos en los pagos. 
Sin embargo, hemos de ampliar la idea de delito y la indemnización resultante para incluir los delitos ecológicos o delitos sin más que han sido cometidos por empresarios que, a fin de aumentar el beneficio de sus accionistas, recortan gastos en prevención de accidentes. 
Los desastres industriales, como los que se produjeron en la fábrica de AZF en Toulouse en Francia, en Landhelas en Portugal y en Enschede en los Países Bajos, por mencionar tan sólo unos cuantos, tuvieron consecuencias trágicas en términos de vidas humanas y daños materiales. 
¿Cuántas muertes se han causado debido al mal uso del amianto por parte de empresas, incluso después de que se conociera el carácter dañino de esta sustancia? 
A menudo están implicadas algunas de las empresas más ricas y poderosas, y por ello los responsables son absueltos. 
En este caso, evidentemente no es el contribuyente quien ha de pagar, sino el empresario en cuestión quien ha de pagar la factura por los daños que ha causado. 
Sobre todo, hemos de obligarles a adoptar las medidas necesarias en materia de seguridad y control a fin de evitar este tipo de accidentes. 
Señor Presidente, Señorías, el crecimiento exponencial del crimen, en el que la Unión Europea tiene su parte de responsabilidad, plantea el problema de indemnizar a las víctimas. 
En Francia, por ejemplo, Jean-Marie Le Pen ha propuesto situar desde el principio el plan de ayuda a las víctimas del terrorismo en la misma categoría que el antiguo plan de ayuda a las víctimas de guerra. 
El informe de la Sra. Angelilli menciona pleitos por daños presentados por súbditos de un Estado miembro en el territorio de otro; pleitos por pérdidas cuyas causas radican en sucesos acaecidos en un Estado diferente del Estado de residencia, así como disparidades entre la legislación de los Estados miembros. 
En este tipo de litigios somos partidarios de definir una norma mínima o de agilizar la ratificación del Convenio de Estrasburgo del 24 de noviembre de 1983. 
Por otro lado, tenemos reservas con respecto a la creación de un nuevo organismo europeo que se menciona en la letra d) del apartado 16 del artículo 28. 
Además del problema de la creación de este organismo, no pondría fin a las disparidades que podrían surgir en el futuro entre las víctimas de los delitos transfronterizos- y que por consiguiente se benefician de la financiación europea- y las que se amparen en un plan nacional. 
La solución ha de buscarse en la adopción de una única y simple regla europea que podría ser, con respecto a la competencia legal o ley aplicable, la ley del lugar del delito, la lex loci delicti. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, estamos examinando dos informes que forman parte de una serie de medidas concebidas para promover la creación de un espacio de seguridad, libertad y justicia a fin de ofrecer una respuesta útil a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos europeos. 
Felicito a Roberta Angelilli y a Giacomo Santini, porque ambos informes dejan claro que el enorme desafío al que nos enfrentamos consiste en crear un verdadero espacio de justicia, en el cual los ciudadanos europeos puedan ver proyectada su integridad, gozar de acceso a la justicia y ver garantizados sus derechos independientemente del lugar en que viven y con la misma facilidad que si estuvieran en su país. 
El informe Angelilli tiene que ver con los ciudadanos que han sido víctimas de un delito. 
Es crucial que dediquemos todos nuestros esfuerzos a evitar la victimización secundaria. 
Es inaceptable que alguien que ha sido víctima de un delito sea victimizada otra vez porque el sistema le ofrece una protección insuficiente o inexistente. 
La Sra. Klamt ya ha dado ejemplos paradigmáticos de tales situaciones. 
Hay que indemnizar las pérdidas y los daños sufridos de un modo inmediato, completo y eficaz. 
Para ello, los Estados miembros han de promover una armonización adecuada de sus disposiciones legales y reglamentarias, porque es injusto que, debido a las profundas disparidades existentes, haya diferencias injustificables en la indemnización a la que tienen derecho los ciudadanos europeos, simplemente porque han sido víctimas de un delito en una parte determinada de la Unión Europea y no en otra. 
Los ciudadanos también han de tener una información accesible y completa sobre estos derechos, facilitada en los diversos idiomas de la Comunidad. 
A menudo, no se ejercen los derechos no porque no existan o porque no estén regulados, sino porque los ciudadanos no pueden acceder a esta información. 
El informe Santini se basa en la observación de que el ejercicio de la libertad de movimientos provocará un enorme incremento en los pleitos transfronterizos que impliquen a individuos con unos ingresos tan modestos que no sean capaces de acceder a la justicia o conseguir una asistencia jurídica adecuada. 
La Carta de los Derechos Fundamentales, concretamente el artículo 47, establece que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia Por ello estamos de acuerdo en que, tal como ya se estableció en las conclusiones de Tampere, hay que fijar unas reglas mínimas que garanticen un nivel adecuado de ayuda jurídica para los litigios transfronterizos en toda la Unión, recalcando, no obstante, que los Estados miembros siempre han de tener la opción de promulgar disposiciones más favorables en línea con sus propias tradiciones. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando la enhorabuena al Sr. Santini, para cuyo informe he sido ponente de la oposición en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Es un informe excelente. 
Sin embargo, nosotros mismos hemos causado algunos daños. 
Como ya se ha comentado, el Consejo no lo aceptará fácilmente, puesto que hemos ampliado el ámbito de aplicación de forma incorrecta. 
Estoy completamente de acuerdo con los principios contenidos en el informe del Sr. Santini, pero en un proceso de consulta debemos ser realistas en cuanto a la manera de aplicar esos principios. 
Esto se refiere sobre todo a los litigios transfronterizos. 
Si incluimos también los litigios internos, estaremos creando gran cantidad de problemas, no sólo para la Comunidad, sino también para aquellos Estados miembros que tengan que enfrentarse a los enormes costes legales potenciales que les seguirán. 
Por este motivo, quisiera instar al Grupo Socialista a que apoyemos la enmienda de la baronesa Ludford, que reintroduce la idea de que el asunto se refiere específicamente a litigios transfronterizos. 
Me complace el hecho de que se aplicará el Reglamento de Bruselas 1 a estos litigios para hacer cumplir recíprocamente las sentencias de Derecho civil. 
Del mismo modo, estoy de acuerdo con que no debería abarcar procedimientos relativos a impuestos, aduanas o asuntos administrativos. 
No obstante, quisiera introducir una corrección. 
Puede que se deba a un problema lingüístico, pero el Sr. Santini comentó que se juzgará a los ciudadanos sin importar su condición económica. 
Esto no es cierto, ya que la Directiva establece un límite superior. 
Me alegra que se asegure la justicia gratuita a las víctimas de delitos para obtener compensación. 
Coincidimos en que esto debería abarcar tanto el asesoramiento previo al litigio como la representación ante el tribunal. 
También apoyamos la propuesta de incluir dentro de este plan algunos mecanismos de resolución extrajudicial de litigios. 
Quisiera concluir como comencé, dando mi enhorabuena al Sr. Santini pero expresando mi pesar porque al ampliar el ámbito de aplicación y excediéndonos de las posibilidades de la Cámara, de hecho incitamos al Consejo a rechazar nuestras recomendaciones. 
Señor Presidente, Comisario, todos hemos luchado por la libertad de movimientos- cosa loable- con todas sus consecuencias, a fin de que las personas puedan gozar al máximo de ella. 
Por desgracia, en algunos lugares, esta libertad de movimientos conlleva consecuencias adversas, y ambos informes tratan de esta cuestión. 
El primer informe- de la Sra. Angelilli, que tiene que ver con la indemnización a las víctimas de delitos- aborda un mecanismo que ayudaría a aliviar en cierta medida los efectos de estas situaciones no deseadas, derivadas de la propia libertad de movimientos. 
Teniendo esto en cuenta, se hace un intento de establecer normas mínimas en Europa, para que un ciudadano que viaje de un Estado a otro y sufra algún perjuicio, reciba una indemnización adecuada en las mismas condiciones. 
Celebro el modo en que, en vista de los debates suscitados a raíz del 11 de septiembre, no se ha centrado únicamente en las víctimas de determinados delitos, sino que se ha ampliado la gama y se ofrece ayuda a las víctimas de acuerdo con unas normas mínimas. 
Asimismo se puede comprobar por el segundo informe que el aumento de los litigios y delitos transfronterizos es en realidad una consecuencia de la libertad de movimientos y del Mercado Común. 
Por ello es tan importante que veamos la UE también como una comunidad social, que no niega el acceso a la justicia a personas que se han visto afectadas por tales delitos, pero que tienen menos recursos. 
Así pues, este paso sólo puede aplaudirse y apoyarse. 
En particular, celebro el modo en que el Sr. Santini lo ha expresado en términos más concretos y lo ha explicado con más detalle, afirmando por ejemplo que los Estados deberían cargar con las costas procesales o que la solicitud de asistencia jurídica debería presentarse a autoridades nacionales designadas a tal fin. 
Además hay una plétora de otros temas que suponen una ayuda real para las víctimas y para quienes reclaman ayuda. 
Ambos informes nos ayudan, como ciudadanos de la UE, a tener una experiencia positiva de la vida en la UE, con todos los principios asociados con la libertad de movimientos, que podemos y debemos hacer realidad. 
Felicito a ambos ponentes por sus excelentes informes. 
Muchas gracias. 
. (EN) Señor Presidente, voy a referirme a los comentarios de la Sra. Angelilli al principio de este debate, cuando ha hablado de las serias dificultades que plantea este asunto desde el punto de vista legal. 
Carezco por completo de formación jurídica, pero no me cabe duda, como ya mencionó el Comisario en sus comentarios sobre la química de 15 países, de que la cooperación mutua entre los sistemas legales y los procesos judiciales de los 15 países miembros es una difícil empresa. 
Me atrevería a sugerir, en cambio, que desde el punto de vista del ciudadano europeo de a pie, el concepto de víctima de un crimen es bastante simple. 
Mientras está en el extranjero de vacaciones, de viaje de negocios o quizá estudiando, la víctima de un robo, un crimen personal violento o un ataque terrorista se ve implicada de forma personal en dicho crimen y espera que se haga algo al respecto. 
Todos sufrimos y, de hecho, todo el concepto de Europa se ve afectado si no se hace nada. 
Las víctimas acaban por frustrarse y perder la ilusión, momento en el que la idea de Europa parece volverse totalmente inútil. 
En estos casos, estamos en nuestro derecho de hacer todo lo posible por ejercer presión del modo indicado en estos dos informes. 
Debemos buscar reglas, interpretaciones y acuerdos comunes en materia de justicia gratuita, de modo que los ciudadanos reciban, en la medida de lo posible, el tipo de ayuda que recibirían en su propio país. 
El Comisario ha hablado de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo cual supone un avance, pero desde que existe la Carta los ciudadanos esperan disponer de tales derechos en otros países. 
Hemos establecido un mercado común para mercancías y capitales, y hemos conseguido que funcione como una especie de amplio terreno de juego. 
Por consiguiente, del mismo modo que el informe anterior pedía el establecimiento de normas europeas comunes en materia de asilo, considero que tenemos derecho a pedir normas europeas comunes para las víctimas de delitos y acceso a la justicia gratuita. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, muchas gracias a los ponentes, pero también a la Comisión. 
Ya ve, Comisario Vitorino, que hoy estoy siendo muy ecuánime con las alabanzas y las reprimendas. 
Permítanme empezar con el apoyo a las víctimas. 
En las últimas décadas hemos visto a conocidas ONG mundiales interesarse una y otra vez por delincuentes en cada rincón del planeta, por las condiciones en que eran detenidos y por su rehabilitación en la sociedad. 
A menudo, por desgracia, sus víctimas eran olvidadas y abandonadas. 
Incluso hoy, no todos nuestros Estados miembros garantizan un apoyo completo a las víctimas, en especial no a los súbditos de terceros países. 
En muchos Estados se tiene tan poco en cuenta a las víctimas de delitos de negligencia como a las víctimas que son incapaces de demostrar un perjuicio duradero o grave. 
Hasta la fecha, sólo la indemnización de las víctimas que rige en los Estados escandinavos- Dinamarca, Suecia y Finlandia- merece el calificativo de ejemplar. 
Una y otra vez, en mi calidad de miembro de la Comisión de Peticiones, me encuentro con casos en los que la indemnización no fue pagada a las víctimas o se retrasó irrazonablemente, habiéndola solicitado incluso ciudadanos de la UE en otros Estados de la UE. 
Tan sólo el año pasado hemos recibido una docena de peticiones de víctimas de un delito violento dentro de la UE. 
Es cierto que hasta ahora no existía ninguna base jurídica que nos permitiera intervenir. 
Cabe esperar que esto cambie ahora, especialmente si la Comisión permite que su Libro Verde se convierta en actos legales definitivos. 
Hay una cosa que no deberíamos hacer en este momento. 
No deberíamos crear otro fondo de la UE, pues es intolerable que los Estados miembros rehuyan su propia responsabilidad financiera en esta cuestión. 
Si los Estados Unidos pueden aliviar la carga financiera de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, estén donde estén en el mundo e independientemente de su nacionalidad, lo mismo cabe esperar de los Estados miembros de la UE dentro de su propio territorio. 
La propuesta del Sr. Santini sobre la ayuda jurídica constituye asimismo un paso importante hacia la creación de este espacio jurídico. 
El reglamento sobre cooperación y ejecución de sentencias en juicios civiles y mercantiles ya está en vigor, al igual que la asistencia jurídica entre los Estados miembros de la Unión Europea en juicios penales. 
Nos ha permitido obtener una justicia transfronteriza más rápida y sencilla para los ciudadanos europeos, lo cual significa que el tiempo apremia para que creemos una forma europea de acceso a la asistencia jurídica, por la cual contribuiremos a una aplicación justa de los reglamentos europeos existentes a quienes de lo contrario serían incapaces de llevar un caso a juicio. 
Y, señor Cashman, es usted bastante iluso si cree que esto sólo puede aplicarse a los juicios transfronterizos, pues si elevara usted el listón para toda Europa, su propia gente armaría un gran revuelo, y si lo bajara, tendría que contestar a la pregunta de por qué está tratando a los ciudadanos de la UE peor que a los de su propio país. 
Esto hace que el acercamiento de las leyes sea absolutamente necesario, y no conozco ninguna razón por la cual no podamos seguir adelante partiendo de una base paneuropea. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre el informe Angelilli tendrá lugar mañana a las 12.00 horas, mientras que la votación sobre el informe Santini tendrá lugar el miércoles a la misma hora. 
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quisiera informarles de que hoy, cuando fijamos el orden del día, 37 diputados manifestaron su oposición a la aplicación del apartado 3 del artículo 110 del Reglamento a la recomendación para la segunda lectura sobre dispositivos de limitación de velocidad, tratados en el informe del Sr. Hatzidakis. 
Estos 37 diputados ha retirado mientras tanto su oposición. 
Por consiguiente, esta recomendación ha sido nuevamente presentada y se someterá a votación mañana, martes, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, pasamos a debatir el informe (A5-0306/2002) de la Sra. Paulsen, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. [PE-CONS 3641/2002- C5-0321/2002- 2000/0259 (COD) ]. 
Señor Presidente, han transcurrido casi dos años desde octubre de 2000 cuando la Comisión presentó una excelente propuesta de Reglamento sobre los usos permitidos de aquellas partes de los animales sacrificados que no son aptos para el consumo humano. 
He de decir que fue alarmante descubrir la cantidad de inmundicias y otros materiales peculiares que llegaron a los alimentos animales y la cadena alimenticia. 
Es una situación a la que ahora se pondrá fin. 
La propuesta de la Comisión era buena. 
No obstante, el Parlamento la mejoró significativamente, hizo que fuera más simple, más estricta y más transparente de lo que era al principio. 
En la primera lectura hubo 99 enmiendas, y el Consejo aceptó 90 de ellas. 
En la segunda lectura, presentamos nueve enmiendas y de estas fueron aprobadas ocho. 
La novena- una enmienda transaccional- acabó siendo aprobada casi íntegramente. 
Sin embargo, hubo una propuesta en la que instruíamos a la Comisión a presentar una propuesta y, a este respecto, aquellos que lo hicimos en el Parlamento nos extralimitamos sin duda en el ejercicio de nuestros poderes. 
No obstante, la Comisión prometió voluntariamente presentar la propuesta que habíamos solicitado. 
La restricción más importante del Parlamento con respecto a la propuesta implicaba una futura prohibición total del «canibalismo» en la manipulación de los alimentos para animales. 
Ya no estará permitido alimentar a animales con proteínas derivadas de animales de la misma especie. 
Los investigadores creen ahora que este tipo de alimentación es una causa de los priones «locos» que provocan la EEB, las EET, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, etc. 
Hemos conseguido una prohibición total de todo uso de carcasas y partes de animales muertos, bien como harina proteica, bien, sobre todo, como grasa. 
Tales grasas son especialmente nauseabundas Sólo se permitirá usar las materias primas declaradas totalmente aptas para consumo humano en los alimentos, cosméticos, medicamentos, etc. Y, en el futuro, la grasa de carcasas sólo podrá utilizarse en los filtros de cigarrillos, neumáticos de coches y cosas por el estilo. 
Hemos solicitado y obtenido una clara separación de las cadenas de manipulación para los diferentes subproductos animales. 
Por ejemplo, no estará permitido que los subproductos declarados aptos para el consumo humano se manipulen en el mismo edificio que los subproductos no declarados aptos para consumo humano. 
En lugar de ello, tiene que haber edificios claramente separados y contenedores de transporte claramente separados. 
Por ejemplo, los subproductos aprobados como alimentos y los subproductos no aprobados como alimentos no podrán tratarse en el mismo edificio. 
En lugar de ello, tiene que haber edificios claramente separados y contenedores de transporte claramente separados. 
De hecho también hemos conseguido convenir que todos los subproductos no declarados aptos para consumo humano sean etiquetados con un color indeleble y, si es técnicamente posible, también identificados por el olor. 
Ello se ha hecho para proteger a los ganaderos europeos, pues es imposible mirar un saco de alimentos ya procesados y ver de dónde vienen las proteínas o las grasas. 
Sin embargo, ahora ya no será posible engañar a los ganaderos cuando alimenten a sus animales. 
Permítanme que dé las gracias a todos los ponentes alternativos y a todos aquellos con quienes he trabajado en el Parlamento. 
Ha sido agradable e inspirador. 
Hemos peleado, hemos discutido y hemos llegado a un acuerdo. 
Ha habido un ambiente excelente y buenos debates de grupo. 
También quiero dar las gracias a la Comisión y, en concreto, al Sr. Colombo por la intensa y útil colaboración técnica que ha prestado. 
Asimismo quiero agradecer al grupo de trabajo del Consejo de Ministros y a los implicados en la Presidencia sueca, belga, española y ahora danesa. 
Todos hemos colaborado y hemos realizado un excelente trabajo. 
Por ello recomiendo que aprobemos unánimemente la oferta de conciliación cuando votemos mañana. 
Es importante que este trabajo concluya ahora. 
La industria de los subproductos da empleo a decenas de miles de personas en Europa, principalmente en las zonas rurales. 
Es crucial que sus directores empiecen con las inversiones y conversiones, y que se les dé la oportunidad de mantener lo que, para todos nosotros, es una excelente industria. 
Señor Presidente, quisiera comenzar señalando, en nombre de la Comisión, que apreciamos el texto conjunto presentado sobre el Reglamento relativo a los subproductos animales, acordado por el Comité de Conciliación el 12 de septiembre. 
Esta propuesta es el segundo componente importante de nuestras barreras defensivas contra enfermedades como la EEB y otras epizootias graves. 
El primer componente lo constituye el Reglamento sobre las EET adoptado el año pasado. 
Esta propuesta es sumamente importante: es esencial para asegurar la recogida, el transporte, el almacenamiento, la manipulación, el procesado y el vertido de millones de toneladas de subproductos animales que se producen en la Unión cada año. 
La ausencia continuada de un marco regulador sólido y completo para el tratamiento de estos subproductos supondría grandes riesgos. 
En nombre de la Comisión, quisiera expresar nuestra más sincera gratitud a la Sra. Paulsen, por sus grandes esfuerzos y el trabajo infatigable que ha realizado durante casi dos años en pro de un acuerdo entre la Comisión y el Consejo en torno al Reglamento propuesto. 
La situación a que hemos llegado hoy aquí se debe en gran medida a su compromiso personal, su tenacidad y su determinación. 
También quisiera dar las gracias, en particular, a la Sra. Caroline Jackson, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y al Sr. Joseph Daul, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por sus valiosas aportaciones. 
La Comisión se siente alentada por el hecho de que estas tres instituciones hayan alcanzado un acuerdo en torno a cuatro principios esenciales. 
En primer lugar, que tan sólo los subproductos animales aptos para consumo humano puedan utilizarse en piensos, cosméticos o productos farmacéuticos. 
En segundo lugar, que el reciclado de productos de la misma especie animal, el llamado «canibalismo» , debe estar prohibido. 
En tercer lugar, que ciertas disposiciones deberían ser más estrictas para mejorar el control y la trazabilidad en el sector de los subproductos animales. 
Por último, que conviene aprobar opciones alternativas de eliminación de estos productos que tengan en cuenta el desarrollo científico y tecnológico. 
También nos complace saber que el difícil problema de los residuos de restauración está al fin resuelto. 
Esta resolución permite una relajación temporal de la prohibición del uso de residuos de restauración para la alimentación animal en algunos Estados miembros, en ciertas condiciones estrictamente controladas que han de ser establecidas por el Comité Permanente de la Cadena Alimenticia y la Salud Animal. 
La utilización de residuos de restauración supone una gran amenaza de transmisión de epizootias graves como la fiebre aftosa y la fiebre porcina clásica. 
Estamos de acuerdo en que nadie quiere que se repitan los brotes de fiebre aftosa que tuvieron lugar recientemente en el Reino Unido, dadas las grandes pérdidas ocasionadas tanto a la comunidad agraria como a la no agraria. 
Entre ellas se incluyen la aprobación de métodos alternativos de eliminación de estos productos y la derogación en materia de reciclaje de residuos de la misma especie para la alimentación de peces y animales de pelo. Además, la Comisión preparará una serie de medidas transitorias para resolver problemas como el de los residuos de restauración y aceites de cocina usados, cuya finalidad será la de cubrir el período previo a la aplicación del reglamento. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Sra. Paulsen por la visión global que ha ofrecido a los demás grupos políticos durante la primera y segunda lecturas. Asimismo, quisiera felicitarla por el modo en que ha representado a este Parlamento durante la conciliación, en especial cuando ha negociado con algunos de nuestros amigos del grupo alemán de los Verdes. 
La Unión Europea produce millones de toneladas de productos derivados de los animales, que se separan en tres categorías en función del riesgo que suponen para las personas o los animales. 
La primera de estas categorías, que incluye el material de riesgo catalogado, estuvo implicada en la propagación de la EEB. 
Me complace que se hayan incluido en esta primera categoría los residuos de las líneas aéreas, ya que en ocasiones éstas provienen de países que no aplican los mismos criterios que la Unió, aunque de todos modos seguro que para más de uno la comida que sirven ciertas compañías no puede considerarse apta para el consumo humano. 
En la tercera categoría están incluidos aquellos productos que sí se consideran aptos para el consumo humano, entre ellos los residuos de restauración. Por último, la segunda categoría incluye todos los demás productos. 
El quid de la cuestión durante la conciliación fueron los residuos de restauración, ya que afrontábamos dos problemas nacionales. 
Estos residuos están relacionados con la aparición de la fiebre aftosa en el noreste de Inglaterra y también aparecen en la investigación del brote de peste porcina clásica en East Anglia, donde al parecer el origen estuvo en un bocadillo de jamón dulce desechado en una dehesa en que pastaban cerdos. 
Sin embargo, en el Reino Unido, tradicionalmente los residuos de restauración se procesaban en las granjas, lo que se suele llamar bazofia. 
Resultaba muy difícil controlar estos productos, por lo que no es de extrañar que se produjeran tales brotes. 
En cierto modo, me habría gustado que se hubiera seguido el mismo procedimiento que en Alemania y Austria. Allí tomaron la decisión de no procesar estos residuos en granjas, sino llevarlos a modernas y costosas plantas de tratamiento que funcionan con la típica eficiencia alemana. 
Algunas de estas instalaciones son completamente nuevas y sería injusto cerrarlas de buenas a primeras, sobre todo si tenemos en cuenta las alternativas en cuanto al destino de los residuos. 
Es posible que en gran parte acaben en vertederos, como ocurre con la mayoría de los residuos de restauración en el Reino Unido, lo que lamentablemente permite que tanto roedores como gaviotas puedan llevárselos en parte y diseminarlos por los alrededores. 
Una segunda posibilidad sería la incineración de estos materiales, aunque es un proceso que es costoso y perjudicial para el medio ambiente. 
Está muy bien que hayamos negociado este período de transición hasta el 1 de noviembre de 2006. 
Anteriormente he afirmado que en el Reino Unido no existe bazofia. 
No obstante, sí reciclamos el aceite residual que producen los comercios de fish and chips, todo un monumento de la gastronomía, y también de otros restaurantes e incluso hogares particulares que generan aceite de cocina usado. 
En el Reino Unido esto dio pie a una floreciente industria artesanal. 
Cada semana se recogía en los establecimientos un bidón de 25 litros de aceite residual y el jefe de cocina recibía a cambio cinco libras esterlinas, con cargo a la economía sumergida. El aceite recogido se utilizaba luego para producir piensos. 
Sin embargo, cuando empezaron a surgir dudas en torno al uso de este residuo, los encargados de recoger los bidones empezaron a cobrar por el servicio y entonces los jefes de cocina buscaron otras formas de deshacerse del aceite residual. Es decir, lo echaban directamente por el desagüe. 
Debido a ello se han producido atascos en el alcantarillado y otros problemas medioambientales, cuando las grasas y aceites congelados obstaculizaron la infraestructura de debajo de nuestras calles, por donde fluyen las aguas residuales. 
Es importante que el Reino Unido obtenga una prórroga para analizar la situación, evaluar los riesgos derivados del uso continuado del aceite de cocina, que en mi opinión personal son insignificantes, y poner en marcha sistemas alternativos de aprovechamiento como el biodiesel. 
Señor Presidente, todo el que haya participado en el Comité de Conciliación debe felicitar en primer lugar a la Sra. Paulsen por la determinación y tenacidad que ha demostrado en un proceso tan complejo y que en ocasiones ha estado a punto de fracasar a causa de ciertas maniobras muy poco ortodoxas. 
Esto no habría sido bueno para el Parlamento y por eso me complace que las diversas partes hayan llegado a un acuerdo. 
En ocasiones, la Sra. Paulsen se ha visto obligada a ponerse firme, ya que ciertos acontecimientos externos, incluso elecciones, ocasionaron una serie de presiones particulares en función de cómo se veían dichos acontecimientos. 
Es más, su labor se ha hecho más necesaria si cabe debido a la continua sucesión de escándalos por contaminación de alimentos en varios Estados miembros durante todo el año 2002 y a la forma en que ha evolucionado este asunto. 
Conocemos al dedillo la cuestión de la plena trazabilidad de los materiales de riesgo en el Reino Unido, ya que, a raíz del problema de la EEB nos vimos obligados a introducir, casi a punta de pistola, lo que a partir de ahora será una norma en toda la Comunidad Europea. 
Esto es muy positivo. 
En mi opinión, el número de subproductos que han conseguido introducirse en la cadena alimenticia a lo largo de este año nos demuestra que quizás aún hoy, y más adelante cuando esta normativa esté en pleno vigor, sigue y seguirá haciendo falta realizar una vigilancia intensiva para garantizar sobre todo que se cumpla el principio de separación. 
Paso a comentar ahora las cuestiones mencionadas anteriormente por el Sr. Goodwill acerca de los problemas que han experimentado algunos Estados miembros. 
Me satisface que se haya encontrado una solución que permita la existencia de un período de transición, ya que éste es un enfoque más productivo que ignorar la necesidad de encontrar una solución a este tema. 
En este país teníamos varios problemas específicos. Espero que el Comisario pueda tomar nota de ellos, dado que en la declaración final tendremos que ver cómo tratar estos problemas en relación con el período de transición. 
La primera de estas cuestiones, que el Sr. Goodwill conoce, es el uso de pequeños incineradores para eliminar sobre el terreno y de manera muy sensible los animales muertos, reduciendo al mínimo el período de riesgo de contaminación. 
Necesitamos contar con la absoluta certeza de que, durante el período de transición propuesto, la Comisión comprenda perfectamente las razones que nos han llevado a emplear, de forma efectiva, estos incineradores y de que estas instalaciones no se clausuren de manera arbitraria. 
La segunda cuestión es la del aceite de cocina. 
El Reino Unido está dispuesto ahora a aceptar que este período de transición dure dos años en lugar de cuatro. 
Esperamos que, dado que la normativa no empezará a aplicarse hasta dentro de ocho o nueve meses, este período sea suficiente para que el sector ajuste sus prácticas, y probablemente sus beneficios, buscando otras formas de deshacerse de estos residuos, en particular en el campo de los biocarburantes. 
Por último, me complace saber que el Reino Unido ha retirado las objeciones planteadas al período de transición para la aplicación agrícola de la sangre procedente de los mataderos. 
Ésta es una práctica repugnante. De ninguna manera podíamos justificarla y repito que me satisface saber que el Reino Unido ha retirado sus objeciones al respecto. 
También en este aspecto, los principios de higiene y separación deben prevalecer ante todo. 
La Sra. Paulsen nos ha mostrado el camino, ahora depende de nosotros seguirlo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar sinceramente a la ponente, la Sra. Paulsen, quien nos ha guiado a través de un campo minado de asuntos planteados por este Reglamento en una atmósfera de mutuo entendimiento. 
Me complace que este Reglamento establezca una versión moderna de una legislación obsoleta en materia de despojos. 
Después de dos años de negociaciones, llevaba ya mucho retraso. 
Lo importante de este Reglamento es que los animales muertos y los desechos de animales ya no puede entrar en la cadena alimenticia. 
Los únicos productos que aún pueden utilizarse para la fabricación de alimentos para animales serán los materiales derivados de los animales sacrificados declarados aptos para el consumo humano. 
Además, está claro que el reciclaje de la harina animal en alimentos para animales dista poco del canibalismo, y debería prohibirse creando líneas de producción separadas y asegurando la plena trazabilidad. 
La aplicación de este Reglamento debería por tanto ser infalible, y aún no hemos oído la última palabra, por supuesto. 
Controlar el canibalismo exigirá una importante reorganización del sector que recoge y desecha los residuos animales. 
Somos conscientes de que hay bastantes estafadores y defraudadores en este sector que están implicados en prácticas muy oscuras, y que esta cuestión es muy susceptible al fraude. 
Por ello, los Estados miembros tendrán que realizar esfuerzos considerables en el ámbito de las inspecciones, como ha señalado correctamente el Sr. Whitehead. 
Quisiera acabar con un comentario sobre los desperdicios de cocinas y restaurantes que contienen productos de animales, acerca de lo cual alcanzamos un respetable compromiso. 
No fue fácil, pero el compromiso está ante nosotros, principalmente gracias a la presión de nuestros colegas diputados alemanes y austriacos. 
No quiero ocultar el hecho de que esta cuestión es muy delicada en mi país. 
Todas las organizaciones agrarias de Bélgica insisten en una prohibición absoluta de esta práctica debido a los riesgos sanitarios. 
De hecho, causas menores pueden tener graves consecuencias, como confirmaron los brotes de fiebre aftosa y de fiebre porcina africana. 
A pesar de ello, puedo decirles que la mayoría de mi grupo apoyará finalmente los textos que tenemos ante nosotros. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, los compromisos son a menudo la única solución para salir de los atolladeros. 
Agradezco calurosamente a la Sra. Paulsen su dedicación y perseverancia en la búsqueda de un compromiso viable que finalmente encontramos y que, en resumidas cuentas, consideramos satisfactorio. 
Asimismo recomendamos la aprobación del proyecto conjunto. 
Quisiera utilizar el tiempo de que dispongo hoy para dejar bien claro que no voté a favor de este compromiso inmediatamente y con entusiasmo. 
La razón es que hay un punto sobre el cual aplazamos una decisión y confiamos a la Comisión una tarea cuyo resultado aún es incierto. 
Me refiero, Comisario, al reciclaje de los residuos alimenticios, una cuestión que no considero ni mucho menos resuelta de una vez por todas. 
El simple hecho de que algo vaya destinado al consumo humano, pero se deseche porque nadie quiere o puede comerlo, está muy lejos de convertirlo en una categoría especial de residuo, con todas las subsiguientes consecuencias para su tratamiento y vertido. 
El Sr. Goodwill se ha referido en efecto a los numerosos problemas que implica el vertido. 
Sin embargo, los residuos alimenticios también contienen nutrientes valiosos que, como han demostrado ejemplos de Alemania y Austria, pueden convertirse en buenos piensos para animales cuando se convierten en bazofia y se recogen de acuerdo con las mejores prácticas organizativas, técnicas e higiénicas. 
Somos muy conscientes de que los residuos alimenticios pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas epidémicas, de un animal a otro, y que por ello necesitan la mejor preparación posible de acuerdo con las estrictas normas facilitadas por la tecnología. 
De ahí que no pueda justificarse una prohibición general del uso de los residuos alimenticios como alimentos, dado que no hay reglas sobre cómo deberían eliminarse estos restos. 
Cuando se retira de la mesa, ¿acaso la comida en el plato se convierte de repente en una categoría especial de desecho? 
Pedimos una prohibición general de la alimentación de los animales con desechos alimenticios en la medida en que se aporten pruebas de que se han preparado como es debido. 
Así pues, este compromiso no ha eliminado este tema de la agenda. 
Ahora le toca a Comisión presentar una propuesta sobre el reciclaje de residuos alimenticios a finales de 2004. 
Es una exigencia a la que añado la petición de que también se tengan en cuenta las opciones existentes para la preparación de bazofia. 
Algunas pequeñas y medianas empresas, empresas y granjas familiares han invertido mucho en ello. 
Ante todo, no ha de haber escapatoria posible a raíz de la promulgación inicial de una prohibición, seguida después de un tiempo de otra autorización, con lo cual pasaría el tiempo sin que se tomara ninguna decisión. 
Las empresas necesitan garantías a fin de planificar de antemano. 
La comida para animales en la Unión Europea ha de ser segura y fiable para animales y humanos. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias a la Sra. Paulsen por haber pilotado esta conciliación- que no ha sido fácil- con tanta brillantez, y que por tanto nos ha permitido alcanzar hoy un buen compromiso. 
Como ha dicho el Comisario Vitorino, el reto sigue siendo cómo protegernos contra la EEB. 
Es como si casi hubiésemos olvidado que este era el principal problema y que esto era lo que estaba detrás de todas las directivas que hemos aprobado recientemente en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Estamos prohibiendo el reciclaje de carcasas animales y subproductos de animales desechados en la cadena alimentaria, estamos prohibiendo el «canibalismo» animal, y este es un paso positivo. 
Se ha mejorado la trazabilidad de los alimentos. 
Por último, estamos evitando la contaminación cruzada. 
Todo esto está muy bien, pero por desgracia tiene un reverso de la moneda, porque aunque sin duda hemos realizado progresos a la hora de eliminar los residuos alimenticios, pienso que se está aplazando en parte la obligación impuesta a los Estados miembros. 
Se ha propuesto un periodo de transición que, como ya han dicho otros oradores, es demasiado largo. 
A nuestro entender, dos años eran sin duda suficientes para resolver estos problemas. 
Por ejemplo, los aceites pueden producir biomasa para biocombustibles, etc. 
Ahora bien, algunos Estados serán virtuosos y adoptarán las medidas necesarias cuanto antes, mientras que otros esperarán hasta el último momento, hasta 2006, utilizando el procedimiento de comitología. 
Es muy desagradable recordar lo que sucedió en el momento cumbre de la crisis de la EEB, cuando algunos Estados afirmaron no tener casos de enfermedad de vacas locas porque no hacían ninguna prueba. 
Cuando empezaron a realizar las pruebas, detectaron casos de vacas locas. 
Ahora bien, desde mi punto de vista, hoy estos mismos Estados no están siendo especialmente responsables. 
Hemos de acelerar el proceso. 
Señorr Presidente, Comisario, Señorías, permítanme empezar con un cálido agradecimiento a la ponente, la Sra. Paulsen. 
Estoy a favor de mantener el uso de los residuos de alimentos en alimentos para animales en las debidas condiciones estrictas. 
Permítanme dejar claro que aquí estamos hablando de platos oficialmente permitidos para el consumo humano. 
Que quienes me escuchan comprendan que, por poner algunos ejemplos, nos estamos refiriendo a pan invendible que ya no estará fresco al día siguiente, a restos de pasteles y ese tipo de cosas. 
Al calentar los residuos de alimentos de la forma prescrita se asegura adecuadamente la prevención de enfermedades y se facilita además el reciclaje adecuado de tales desperdicios, y así esto sirve para disuadir la proliferación del «turismo basurero» Además, asegura a los cerdos un suministro de primera clase de aminoácidos y ácidos grasos, y permite reducir la importación de piensos. 
Es un hecho que los alimentos líquidos, es decir, la bazofia, derivados de los residuos alimenticios, tienen relativamente pocos efectos negativos en los cerdos en crecimiento. 
Es necesario garantizar un nivel adecuado de esterilización a fin de eliminar todos los agentes patógenos. 
El resultado del procedimiento de concertación, con las siete enmiendas, fue en efecto aprobado por el Consejo sin más, y con la importante enmienda 25, que encarna un compromiso amplio, aplaudo el proyecto del Consejo que proporciona medidas transitorias en condiciones estrictamente controladas durante un máximo de cuatro años a partir del 1 de noviembre de 2002. 
Cualquier iniciativa firme de la Comisión de desarrollar una directiva sobre residuos biológicos, incluidos los desperdicios de cocinas y residuos alimenticios, para finales de 2004, ha de aspirar principalmente a estimular un uso, una recuperación y una reutilización seguros. 
Es preciso controlar la contaminación, y acogemos favorablemente este enfoque. 
Las empresas que han invertido mucho dinero en estas medidas a fin de cumplir los criterios más estrictos, y que son controladas oficialmente, son la mejor garantía de que los residuos de alimentos para piensos se extraen y se procesan de forma inocua en condiciones controladas. 
Como ya han señalado otros oradores, podríamos ofrecer toda una lista de ejemplos para demostrar que no se puede dar ninguna garantía suficiente con una prohibición general de alimentar a los animales con este tipo de piensos. 
¿Qué pasa entonces con ello? 
En el futuro deberíamos seguir sin destruir esta comida valiosa. 
Para terminar, permítanme que diga, sobre esta cuestión, que soy una firme defensora de un reglamento en lugar de una directiva, porque ya puedo ver cómo estas cosas se traducirán de forma diferente en los distintos países, porque creo que ello alterará la competencia y porque, si algo está mal, está mal en todas partes, ya sea en Alemania, en Austria o en otro Estado miembro de este mercado interior. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, realmente, en un principio la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía había considerado que, por razones de procedimiento, no debería autorizarse la urgencia y eso porque es ya la tercera o cuarta vez que el Consejo nos propone la urgencia en estas cuestiones, cuando realmente tendría que presentarlas a tiempo para que el Parlamento pueda pronunciarse con los plazos habituales. 
Pero, en fin, considerada la situación en Bosnia y Herzegovina y en Yugoslavia, teniendo en cuenta que ésta será la última vez que autorizamos una urgencia- pedimos a la Comisión y al Consejo que en las próximas ocasiones actúen con plena normalidad- estamos dispuestos a aceptar el trámite de urgencia. 
Señor Presidente, el Comisario Patten envió ayer una carta al Presidente del Parlamento pidiendo que el Parlamento apruebe lo antes posible el Presupuesto rectificativo y suplementario nº 4 para permitir la asignación de 70 millones de euros a Afganistán. 
La financiación adicional es coherente con la promesa que hizo la Comisión en Tokio el pasado mes de enero. 
En el diálogo a tres bandas que se celebró ayer por la noche entre las 21.00 horas y las 22.30 horas, los representantes del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo para aprobar cuanto antes dicho Presupuesto rectificativo y suplementario nº 4 que ya ha aprobado el Consejo. 
A la luz de la carta del Comisario Patten, ¿podría pedirle que considere urgente la votación del Presupuesto rectificativo y suplementario nº 4 para que podamos aprobarlo en el presente período parcial de sesiones? 
En caso afirmativo, convocaremos una reunión de la Comisión de Presupuestos para las 10.30 horas de esta mañana. 
Por lo tanto, quisiera informar a mis colegas que todavía no lo sepan de que se celebrará una reunión de la Comisión de Presupuestos hoy a las 10.30 horas en lugar de la reunión prevista de los coordinadores. 
Tan pronto como su Comisión presente el informe, éste se incluirá en el orden del día. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0289/2002) del Sr. Jonas Sjöstedt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente (COM (2002) 85- C5-0079/2002- 2002/0046 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Sjöstedt, ponente de este tema y quien ha hecho una excelente aportación a este complejo asunto. 
Es un asunto importante no sólo para los que estamos aquí en Europa, sino también para el resto del mundo y, en particular, para nuestros socios de los países en desarrollo. 
Como ya deben de saber ustedes, el Protocolo que vamos a debatir hoy está relacionado con la reciente ratificación por la Comunidad Europea del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. 
La propuesta global de este acuerdo de las Naciones Unidas consiste en establecer normas comunes para el movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente con el objetivo de proteger en todo el mundo la diversidad biológica y la salud humana. 
La Unión Europea debe cumplir sus obligaciones internacionales. 
Por lo tanto, tenemos que incorporar las disposiciones del Protocolo sobre bioseguridad en nuestra legislación. 
Esta propuesta complementa los reglamentos comunitarios vigentes, en particular en cuanto a la cuestión de la exportación de organismos modificados genéticamente, para que se ajuste más a las disposiciones del Protocolo sobre bioseguridad. 
La propuesta consta de las siguientes partes principales. 
En primer lugar, la obligación de notificar las exportaciones de organismos modificados genéticamente que van a liberarse intencionadamente en el medio ambiente. 
En segundo lugar, la obligación de informar a nuestros socios internacionales sobre los métodos, la legislación y las decisiones de la Comunidad relativos a los organismos modificados genéticamente, así como sobre cualquier eventual liberación no intencionada. 
En tercer lugar, una serie de normas que se emplearán para identificar los organismos modificados genéticamente que van a exportarse. 
Estas normas se ajustan a las últimas novedades de la legislación comunitaria relativa a organismos modificados genéticamente y, en particular, a las disposiciones del proyecto de reglamento sobre la trazabilidad y el marcado. 
La presente propuesta no contiene ninguna nueva disposición especial comunitaria relativa a las importaciones de un Estado miembro a otro, o a los movimientos entre Estados miembros, de organismos modificados genéticamente. La legislación comunitaria vigente también contemplará en el futuro estas importaciones o movimientos. 
Quiero recalcar claramente la importancia que tiene proceder con rapidez para llevar adelante esta propuesta. 
Desde el principio la UE ha desempeñado un papel crucial en las negociaciones internacionales. 
Hemos de demostrar que sin duda alguna cumpliremos nuestros compromisos y estaremos en condiciones de aplicar el Protocolo en su totalidad tan pronto como entre en vigor. 
Señor Presidente, cuando hace un par de años se adoptó el Protocolo de Cartagena, constituyó un gran avance tanto para la Unión Europea como para los países de la UE. 
El Protocolo se basa en el principio de cautela y respeta el derecho de los Estados a tener normas nacionales más estrictas que rijan el comercio de productos modificados genéticamente. 
El Protocolo es un importante ejemplo de cómo los reglamentos comerciales internacionales pueden basarse en la protección medioambiental y del consumidor. Constituye una alternativa positiva a determinadas prácticas de la Organización Mundial del Comercio. 
Con la adopción de la propuesta de ley que ahora debatimos, el Protocolo de Cartagena se incorporará a la legislación de la UE. 
Mientras que las normas vigentes de la UE se aplicarán a las importaciones, la propuesta de ley regulará las exportaciones de la UE. 
Adoptar las normas es una cuestión de urgencia. 
El número de países que ratifican el Protocolo va en aumento, por lo que pronto podrá finalmente entrar en vigor. 
Con la adopción de esta legislación la UE puede convertirse en un buen ejemplo internacional en este terreno. 
A nosotros en el Parlamento nos gustaría cooperar estrechamente con la Comisión y el Consejo para garantizar que estas leyes estén listas lo antes posible. 
Como ponente creo que la legislación propuesta de la Comisión tiene unos pocos puntos débiles. 
En aspectos importantes las propuestas no van tan lejos como el propio Protocolo de Cartagena, y en otros las propuestas crean una confusión innecesaria. 
Por lo tanto, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y yo proponemos reforzar una serie de cuestiones. 
Deberá ser imposible exportar semillas o productos cuyo uso no haya sido aprobado en la Unión Europea. 
Solo podrán exceptuarse de esta norma determinadas semillas por motivos que tengan que ver, por ejemplo, con el clima. 
No podemos tener un conjunto de medidas de seguridad y protección del consumidor para nosotros y otro para los demás. 
Para permitir la exportación de los productos se requerirá expresamente al país importador que apruebe expresamente la importación. 
Nunca se podrá interpretar la falta de respuesta como autorización, como de hecho sí podría pasar en virtud de la propuesta de ley de la Comisión. 
Esto se aplica especialmente a países con una capacidad técnica limitada en este ámbito, pues es vital garantizar que verdaderamente recomiendan las importaciones y que son capaces de manejarlas. 
El exportador real siempre será responsable de la notificación. 
Esto es importante para evitar la falta de claridad cuando se trata de un asunto de responsabilidad. También se ajusta más a lo que prescribe de hecho el Protocolo de Cartagena. 
En las negociaciones en curso en el marco del Protocolo de Cartagena, la Unión Europea debe apoyar las propuestas de reglamentos internacionales que explican las responsabilidades jurídicas de las empresas. 
Es preciso aclarar y reforzar el derecho del público a la información sobre lo que se exporta, a la vez que se respetan los secretos legítimos de las empresas. 
También es necesario que los reglamentos de la UE establezcan inequívocamente que las exportaciones a otros países siempre han de respetar las normas más estrictas que estos países puedan introducir, lo cual es totalmente coherente con el Protocolo de Cartagena. 
Por lo tanto, espero que se adopte la mayor parte posible de las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, así como de las enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
También deseo dar las gracias a los funcionarios responsables de la Comisión por su valiosa cooperación. 
Asimismo, doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
. (DE) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, en el año 2000 la Unión Europea firmó el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, un acuerdo internacional que va a aplicarse ahora lo más rápidamente posible. 
El Protocolo pretende, mediante la aplicación de normas internacionales al comercio con OMG vivos, evitar los efectos perjudiciales para la biodiversidad y la salud humana. 
Regula la transferencia, la manipulación y el uso seguros de los organismos modificados genéticamente, haciendo hincapié en su movimiento transfronterizo. 
Para ello se necesita un procedimiento que incluya el previo consentimiento informado del país importador. 
En el caso de los OMG destinados a un uso inmediato como alimento humano o animal, o para su procesado, se contempla la notificación a la Comisión o al Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología. 
Las disposiciones del Reglamento sólo se aplicarán a la exportación a terceros países fuera de la Unión Europea. 
El derecho comunitario ya se aplica a importaciones en la Unión Europea y al comercio entre sus Estados miembros. 
El futuro Reglamento de la UE debería ser lo más estricto posible de conformidad con los requisitos del Protocolo para evitar una burocracia innecesaria y para que las normas internacionales uniformes creen seguridad jurídica. 
Por consiguiente, al mismo tiempo hay que garantizar que las empresas exportadoras europeas no afronten formalidades adicionales a las que ya deben cumplir cuando exportan a terceros países. 
Sin embargo, el informe que ha presentado el Sr. Sjöstedt se aleja bastante del objetivo de mantener la biodiversidad. 
De las varias exigencias que contiene, algunas, por un lado, van mucho más allá de los requisitos del Protocolo de Cartagena, mientras que otras intentan restringir artificialmente el comercio con OMG vivos. 
No es conveniente incorporar en el Reglamento requisitos relativos a la trazabilidad y la responsabilidad, pues estas cuestiones se debaten en estos momentos en un procedimiento legislativo aparte y, por lo tanto, no corresponden a este Reglamento. 
El Protocolo da por sentado que los OMG exportados para utilizarlos en sistemas cerrados quedan excluidos del complicado y caro procedimiento de notificación. 
No hay nada de esto en este informe ni en la propuesta de la Comisión. 
Por este motivo, junto con la Sra. Sommer y el Sr. Purvis, vuelvo a plantear la enmienda 50 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y pedimos que la apoyen. 
Estoy convencida de que los OMG utilizados en laboratorios y que no se liberan en el medio ambiente no representan ningún peligro para la biodiversidad o la salud humana, y, por lo tanto, deberían quedar excluidos del procedimiento de notificación. 
Nuestra enmienda 51 solicita más derogaciones del procedimiento de notificación para evitar obstáculos burocráticos innecesarios que dificultan el comercio con OMG. 
Además, el Reglamento debe seguir al pie de la letra el Protocolo de Cartagena a fin de establecer una mayor seguridad jurídica en el comercio internacional. 
Por este motivo, los OMG para los que el país importador ya ha concedido una licencia a un exportador y los OMG para los que el país importador ya ha concedido una licencia para ensayos de campo han de poderse exportar sin necesidad de costosos procedimientos de aprobación. 
Las dobles notificaciones no tienen sentido, pues desembocan en más burocracia y en absoluto aumentan la seguridad de las personas y del medio ambiente. 
Lo que necesitamos son normas sensibles y prácticas para aprovechar bien las oportunidades de la biotecnología en terceros países, a la vez que se mantiene la biodiversidad. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, también yo quisiera empezar agradeciendo a nuestro ponente, el Sr. Sjöstedt, el buen trabajo que ha hecho con este informe sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. 
Tal y como ha observado varias veces la Comisaria, es evidente que ha estudiado el documento original con detenimiento, lo que le ha permitido precisar más ciertas cuestiones de la propuesta de la Comisión, que en cualquier caso es básicamente una buena propuesta. 
La aplicación de este Protocolo guarda sobre todo relación con la búsqueda de algo que debería haberse adoptado hace tiempo, a saber, normas para la exportación por parte de la UE de OMG a terceros países, y en ellas la viabilidad es una necesidad vital. 
Tenemos que crear un instrumento legislativo realista y aplicable. 
Es por este mismo motivo que considero erróneo y, de hecho, perjudicial para nosotros, utilizar este informe sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena para intervenir en los procesos legislativos en curso. 
Me refiero a los procedimientos relativos a los alimentos humanos o animales modificados genéticamente y su etiquetado y trazabilidad. 
Hace unas semanas hemos debatido su primera lectura y celebrado una votación en sesión plenaria al respecto. 
La decisión estuvo muy reñida, en otras palabras, hubo opiniones divergentes, y en estos momentos esperamos escuchar qué posición adopta el Consejo a este respecto. 
Actualmente también se debate la propuesta de una directiva sobre responsabilidad medioambiental en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, con pocas perspectivas de adoptar una decisión en torno a ella, lo que implica la necesidad de rechazar enérgicamente todo lo que establezca este informe sobre la cuestión de la responsabilidad sobre la trazabilidad de los OMG y los aditivos. 
Estas cuestiones no tienen nada que ver con la transposición del Protocolo de Cartagena al derecho comunitario, y, por ello, he decidido plantear una serie de peticiones de votación separada para subsanar el resultado de la votación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que en mi opinión carecen de objetividad. 
Tampoco la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha adoptado el enfoque adecuado, porque, en su opinión, intentaba ampliar las derogaciones de los procedimientos documentales e informativos para los OMG en tránsito y en sistemas cerrados a organismos modificados genéticamente destinados a la investigación y al desarrollo, es decir, a ensayos de campo enmarcados en la Parte B de la Directiva sobre liberación intencional 2001/18. 
Sin embargo, en mi opinión se trataba más de una imprecisión, o, mejor dicho, de un malentendido, ya que esta acción no sería justificable desde el punto de vista ético o moral. 
En cualquier caso, se trata de OMG vivos, aún en la fase de investigación, y, por ello, no se garantiza que sean seguros. 
Si permitimos la exportación de OMG no autorizados en la UE a terceros países para ensayos de campo, es decir, para liberarlos en el medio ambiente, y sin dejar que se haga un seguimiento, entonces actuamos irresponsablemente. 
Lo digo precisamente porque soy una firme defensora de la genética ecológica, como estoy segura habrá quedado totalmente claro en los debates celebrados hasta la fecha en esta Cámara en torno a la Directiva sobre liberación intencional y a los proyectos de reglamentos sobre trazabilidad y etiquetado de alimentos humanos o animales modificado genéticamente. 
Una derogación del requisito de documentación de OMG vivos que van a liberarse en terceros países supondría una contribución por nuestra parte al envío a un largo exilio fuera de Europa de la investigación, independientemente de que se mantuviera o se levantara la moratoria de la UE, pues sería, en cualquier caso, mucho más sencillo dedicarse a la investigación en cualquier otro lugar que no fuera la UE. 
Debemos asegurarnos de que la investigación es otra vez posible en la Unión Europea e impulsarla, y, dicho sea de paso, en este caso podremos hacer un seguimiento de lo que pasa. 
Por lo tanto, junto con mi colega la Sra. Emilia Müller, presento dos nuevas enmiendas en nombre de mi grupo, a saber, las enmiendas 50 y 51 al artículo 4, que ya se han mencionado. 
La primera de estas enmiendas pretende restringir las derogaciones de procedimientos documentales e informativos a los OMG en tránsito y en sistemas cerrados. 
Ahí es donde realmente necesitamos estas derogaciones para no dificultar la investigación, y estoy convencida de que el temor a posibles contratiempos en este ámbito, como los que podrían derivarse de los recipientes que se rompen en tránsito, es exagerado. 
Si no fuera así, no me atrevería a cruzar la calle, meterme en un coche, un barco o un avión, pues la posibilidad de un accidente siempre está ahí, incluso aunque su probabilidad sea mínima. 
La segunda enmienda guarda relación con una derogación del procedimiento de información para las exportaciones de OMG a un tercer país, cuando éste ya ha concedido la aprobación de la liberación de los mismos OMG en otro país. 
Estas derogaciones son necesarias, pues el uso del llamado Acuerdo Informado Previo como un procedimiento de información no ofrece en este caso seguridad y, por tanto, dificulta innecesariamente el movimiento transfronterizo. 
Espero que puedan ustedes seguir mi línea argumental y, por supuesto, les pido por tanto que me apoyen con sus votos. 
Primero quisiera agradecer a la Comisión el proyecto de Reglamento que ha presentado y dar las gracias al Sr. Sjöstedt por su extraordinario informe sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena, que nos pondrá en condiciones óptimas para garantizar la protección global con respecto al movimiento de OMG. 
Pienso que es importante proteger a los países en desarrollo, particularmente frente a los efectos adversos de lo que suele ser una mercadotecnia agresiva de los OMG, con sus posibles graves consecuencias para la salud de las personas, especialmente si deseamos conservar la diversidad biológica en los países en cuestión. 
Quizá algunos puntos del proyecto de reglamento de la Comisión no estén del todo claros, pero es algo que queda subsanado en gran medida con el informe del Sr. Sjöstedt y algunas de las enmiendas propuestas. 
En este contexto, me limitaré a destacar las principales cuestiones. 
En primer lugar, me parece crucial que ayudemos a los países en desarrollo a dotarse de la capacidad administrativa y la experiencia necesarias si no quieren ser aplastados por las multinacionales con los recursos mercadotécnicos ilimitados de que disponen. 
En segundo lugar, es importante establecer el principio de cautela. 
Especialmente en relación con los países en desarrollo es absolutamente crucial que nos tomemos realmente en serio las dudas sobre los efectos adversos en la diversidad biológica en los países en cuestión, y también es crucial aplicar la legislación tanto a los OMG liberados en el medio ambiente como a los alimentos humanos o animales modificados genéticamente. 
Por último, creo que el Sr. Sjöstedt tiene razón cuando hace hincapié, y presenta propuestas al respecto, en el hecho de que no basta con que los exportadores notifiquen los movimientos de OMG. 
Tendría que haber una verdadera aprobación por parte de las autoridades de los países receptores, organizados de tal forma que la ausencia de respuesta de estas autoridades no pudiera interpretarse como aceptación tácita. 
Creo que esto debería aplicarse a todos los movimientos, y no sólo al primero, pues el país receptor tendría que tener la oportunidad de supervisar la distribución de productos de OMG en su territorio. 
También está bien que sólo sean los productos aprobados por la propia UE los que deberían exportarse desde el territorio de la UE. 
Por último, añadiría que es muy importante para los países de la UE aplicar sanciones estrictas y uniformes para evitar una situación en que algunos países consiguen, o casi, saltarse la legislación mientras que otros no. 
No hay que llegar a una situación en que haya más incentivos en algunos países que en otros para contravenir la legislación relativa al movimiento transfronterizo. 
Creo que con la aprobación del informe del Sr. Sjöstedt y una serie de enmiendas presentadas también a iniciativa del Sr. Sjöstedt, se podrá aplicar el Protocolo de Cartagena de forma justa y coherente. 
Señor Presidente, tal y como evidencian la propuesta de la Comisión y el informe del Sr. Sjöstedt, lo que importa más que nada es transponer el Protocolo de Cartagena a la legislación europea y que podamos asegurar su cumplimiento. 
La bioseguridad y la diversidad biológica son cruciales y, por lo tanto, es esencial garantizar que el Protocolo se convierta en ley de la UE. 
Sin embargo, ¿lo consideramos correcto tal y como está o nos gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer una excepción y ser más estrictos que el Protocolo? 
Si la intención es aplicar el Protocolo, esto es lo que hay que hacer, y en mi opinión es importante por el bien de la investigación científica en la UE no aislar a la UE innecesariamente de una u otra forma al resto del mundo o entorpecer sin necesidad el trabajo aún más que en el resto del mundo. 
La ingeniería genética es una disciplina pionera y me parece muy útil. 
Naturalmente, como con todas las tecnologías, la cuestión es la forma de emplearla. 
Además, creo que el comercio es necesario y es preciso cruzar las fronteras para permitir a los científicos que investiguen. 
Así es cómo, en términos bastantes sencillos, trabaja la ciencia, y a mi entender la ciencia entorpece esta investigación lo menos posible. 
Hemos de hacer lo necesario y dejar de lado lo innecesario. 
Por consiguiente, opino que deberíamos aplicar el Protocolo y que el informe contiene unos pocos elementos que no favorecen este proceso. 
Además de los debates en torno a los informes sobre OMG que se celebraron hace un par de semanas, o incluso hace meses, ya he dicho que personalmente tengo un problema con los productos trazables y no trazables, en otras palabras, con las cosas que pueden y no pueden descubrirse. 
No tenemos ninguna intención de volver sobre este asunto, pues ya se ha debatido, pero mi grupo apoyará definitivamente las enmiendas 51 y 50. 
Esta cuestión ya ha sido discutida entre los Demócrata-Cristianos. 
Con respecto al uso restringido y al tránsito, el Protocolo establece una excepción. 
Por lo tanto, no veo por qué no podemos hacer lo mismo. 
En segundo lugar, si el país receptor ya ha admitido los OMG, no entiendo por qué deberíamos volver a solicitar que se importe el mismo producto y duplicar todo el papeleo. 
En mi opinión son restricciones innecesarias. 
Por supuesto, es cierto que, y lo celebro, deberíamos facilitar a los países en desarrollo toda la información posible, dejándoles que alcancen un veredicto sólido. 
Lo que más importa es que transpongamos el Protocolo a la legislación europea, pero igual de importante es que la Unión Europea no se convierta en una isla donde apenas se pueda investigar o no se pueda investigar en absoluto en torno a esta tecnología, que a mi entender podría ser de gran utilidad tanto para nosotros como para los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, nuestro grupo apoya totalmente el informe de mi compañero Jonas Sjöstedt. 
Mi intervención se centrará en los aspectos que nos parecen más importantes. 
El informe prevé un control más estricto de los movimientos transfronterizos de los organismos modificados genéticamente, no para distorsionar el comercio- como se dijo aquí- sino para preservar la biodiversidad, la salud de la población y el derecho de los ciudadanos a elegir. 
Prevé también que se utilice debidamente el principio de cautela- que no siempre se utiliza como se debiera -, la colaboración de la Comisión y de los Estados miembros con aquellos países terceros que no ofrezcan la suficiente garantía de poder decidir. 
El informe apoya normas y medidas internacionales que sean más estrictas en cuanto a la responsabilidad y a la compensación por los posibles daños. 
No se podrán exportar organismos modificados genéticamente si no hay un acuerdo escrito de los países receptores. 
Hay un asunto que sabemos que es conflictivo y que va a tener dificultades: la exportación a otros países del tercer mundo de organismos modificados genéticamente que no son aceptados en la Unión Europea. 
Este mismo problema lo tuvimos el año pasado con la Directiva sobre la comercialización de productos seguros, o no seguros cuando no se aprobó la enmienda en la que pedíamos que no se exportaran al tercer mundo organismos o productos que no se aceptaran en la Unión Europea. 
Me parece moralmente inaceptable que se puedan exportar al tercer mundo organismos modificados genéticamente que no son aceptados en la Unión Europea. 
Pedimos la limitación de las informaciones confidenciales, exigimos más transparencia para respetar la necesidad de información que tienen los ciudadanos. 
Hay algunas enmiendas- como dijo mi compañero Jonas Sjöstedt- que están firmadas por tres grupos políticos de esta Asamblea que nosotros apoyamos especialmente, pero me voy a referir a la enmienda 54, que nos parece importante al estar en contacto, sobre todo, con poblaciones de Latinoamérica, y que se refiere a los aspectos socioeconómicos derivados de las repercusiones que tienen los organismos modificados genéticamente en la protección de la diversidad biológica y a su impacto en las comunidades indígenas y locales. 
No hace mucho tiempo, en este mismo Parlamento, indígenas mapuches de Chile defendieron aquí precisamente eso, la diversidad. 
Nosotros no podemos ponerla en peligro con exportaciones- peligrosas desde el punto de vista de la salud- de cualquiera de los organismos modificados genéticamente que no aceptemos aquí. 
Señor Presidente, nosotros creemos que el informe del Sr. Sjöstedt no tiene detrás otro interés, económico o de algún lobby, salvo la defensa de la salud, de la biodiversidad y del derecho de los ciudadanos a elegir. 
Ya que no pudimos evitar que proliferaran de forma más o menos controlada los organismos modificados genéticamente, hagamos del control de ese paso transfronterizo y del respeto del Protocolo de Cartagena una señal de este Parlamento a la población. 
Señor Presidente, Señorías, acogemos con satisfacción el informe del Sr. Sjöstedt. 
En mi opinión, ha hecho un magnífico trabajo, sobre todo porque se ha atrevido a traspasar el umbral mínimo establecido por la Comisión. 
Creo que lo que votemos en este Parlamento constituirá un hito y, tal y como ha dicho la oradora que me ha precedido, hay que dejar claro que la protección de la biodiversidad y de la población ocupan un lugar privilegiado, pero también la libre elección de los llamados terceros países a los que exportamos. 
Ha quedado claro, gracias a los últimos informes de las Naciones Unidas y vistas las recientes dificultades con Estados africanos, especialmente Somalia, países que tienen encima, en cierto modo, una espada de Damocles y a los que se dice que coman o se mueran, países donde se explota el hambre de las personas como pretexto para obligarles a comprar alimentos modificados genéticamente, que de lo que tratamos aquí es una verdadera falta de libre elección. 
No puedo por más que insistir a la Comisaria para que se mantenga firme ante los Estados Unidos, y quisiera aprovechar esta oportunidad para rogarles que no se dobleguen ante las amenazas de los Estados Unidos, sino que declaren con rotundidad que no cederemos en este asunto. 
Sobre todo, sin embargo, no debemos levantar la moratoria, porque tal y como ya sabrán, solo un Estado miembro ha transpuesto la Directiva de liberación intencional. 
Tanto una norma sobre responsabilidad como una norma sobre etiquetado satisfactoria todavía quedan muy lejos. 
Hemos de centrarnos en esto. 
Con este informe y esta votación, hemos de demostrar que estamos en condiciones de tapar las grandes lagunas que aún existen en el Protocolo de Cartagena. 
En particular quisiera destacar la ayuda alimentaria y la exportación de alimentos, donde no debemos ceder a la presión norteamericana denegando a estos países lo que quieren, pero es preciso dejar claro que también tienen que estar informados sobre estos asuntos. 
Aquí también lo importante es que nos neguemos a pisotear el derecho de los consumidores de todo el mundo a decidir qué comen; sobre todo, nuestro voto debe transmitir un mensaje claro de que no podemos exportar a otros países un riesgo que no estamos dispuestos a asumir nosotros mismos. 
Esta ha sido nuestra experiencia con Europa Oriental, pero especialmente con el Tercer Mundo. 
No podemos simplemente trasladar el riesgo a otro sitio, sino que tenemos que ocuparnos de que se aplique la medida en Europa e impedir que la investigación que ni siquiera se haría aquí convierta a estos países en zonas amenazadas. 
No debemos abusar de estos países para llevar a cabo investigaciones que están repletas de riesgos. 
Hacerlo no sólo sería una ofensa a la seguridad; también estaríamos pisoteando los derechos humanos si explotáramos a estos países para hacer investigaciones que consideramos demasiado arriesgadas. 
Sin embargo, el Sr. Sjöstedt ya ha señalado la importancia de que encontremos una solución realmente satisfactoria a las cuestiones de responsabilidad y etiquetado. 
Hemos de convertir la responsabilidad en un instrumento para conseguir que la industria se ocupe de esta cuestión más seriamente, por lo que reitero mi ruego a la Comisaria de que debería, en su última intervención, extenderse sobre su opinión relativa a la ayuda alimentaria de la ONU y sobre lo que tiene previsto hacer con respecto a la moratoria hasta que hayamos fijado satisfactoriamente estos criterios, sobre los que también llamamos la atención de la Comisión. 
Señor Presidente, ya he indicado en debates anteriores que es esencial exportar los OMG a terceros países de forma responsable. 
El argumento de que el desarrollo de organismos modificados genéticamente ayuda a resolver el problema del hambre en el mundo debería aplicarse plenamente en la práctica. 
Las historias del llamado gen «terminator» , que impide el crecimiento de descendientes, son, de hecho, muy preocupantes. 
Espero que con el debido cumplimiento del Protocolo se impidan el abuso y las prácticas indebidas. 
La Comunidad Europea y los Estados miembros ya han dado un primer paso en la dirección correcta con respecto a las importaciones y exportaciones de OMG, a saber, la ratificación del Protocolo de Cartagena. 
Ahora afrontamos el siguiente paso, que consiste en transponer el Protocolo en una legislación bien definida, para lo cual la Directiva 2001/18/CEE y la legislación pendiente sobre etiquetado de OMG deberían servir de base. 
Por lo tanto, opino que el presente Reglamento que rige el comercio internacional de OMG tendría que ajustarse completamente a este segundo paso. 
También en otros países las personas tienen que conocer los riesgos existentes para la seguridad antes de decidir si aceptan un lote de OMG. 
También quieren saber si puede garantizarse el nivel de protección, de uso seguro y de diversidad biológica. 
Además, puedo imaginar que estos países también dan mucha importancia a la libre elección, un valor tan apreciado en Europa. 
El Tratado de Rotterdam sobre las importaciones y exportaciones de productos químicos presenta similitudes con esta legislación. 
Ambos tratados se basan en el sólido principio rector de que las importaciones sólo pueden hacerse si las partes importadoras han sido informadas de antemano y las han aceptado. 
Creo que es un excelente principio rector. 
Otra ventaja es el hecho de que los países en vías de desarrollo puedan obtener ayuda e información sobre los OMG. 
De esta forma, puede utilizarse la experiencia con OMG existente en cualquier parte del mundo. 
Evidentemente, es asunto de estos países lo que hacen con esta información. 
También hemos de aceptar que los países puedan adoptar medidas de mayor alcance para obtener un mayor nivel de protección. 
Estén o no en la UE, los países han de poder ir más allá del Protocolo de Cartagena. 
Este texto ayuda a los Estados miembros a esforzarse al máximo por impedir el movimiento transfronterizo no intencionado de OMG. 
Por lo tanto, doy todo mi apoyo al informe del Sr. Sjöstedt. 
Señor Presidente, aquí estamos otra vez para hablar sobre los OMG. 
Hoy debatimos el movimiento transfronterizo de estos productos, que son bastante diferentes de todos los demás. 
¿Consistirá nuestro siguiente paso en aprobar la legislación sobre casos que implican la liberación accidental o los riesgos no intencionados de los OMG? 
Por supuesto, es una ironía. 
Pero seguramente esto sólo es el principio de una larga serie de debates que, hemos de admitir, a veces adquieren un carácter surrealista. 
Aprobamos la orientación del proyecto de Reglamento sobre los requisitos del Protocolo de Cartagena, pero quisiéramos señalar el aspecto paradójico del proceso. 
Este acuerdo ha sido diseñado para establecer el marco jurídico necesario para el movimiento transfronterizo de OMG y, al mismo tiempo, reconoce la noción contradictoria de movimientos transfronterizos no intencionados. 
Es evidente que estas disposiciones contemplan situaciones de incertidumbre científica que deben afrontarse, un enfoque que los países del Sur no tienen los recursos para adoptar con tanta imparcialidad como nosotros. 
Además, en la votación que celebramos en julio para establecer un umbral del 0,5 % o del 1% para la contaminación adventicia de OMG, ¿mostramos imparcialidad? 
Asimismo, en el Consejo de Agricultura ¿acaso no estamos dando rodeos a la propuesta sobre productos modificados genéticamente destinados a alimentos animales? 
¿Qué procedimiento debería elegirse para autorizar estos productos? 
¿Hemos de establecer un nivel admisible de trazas no intencionadas de OMG que no estén autorizadas pero que se consideren seguras? 
La Comunidad ha decidido desempeñar un papel destacado en la venta de biotecnología, pero el enfoque es totalmente paradójico: aunque no se ha establecido ni la seguridad ni el peligro de los OMG, ya se da por supuesto que tendrán un gran éxito en el mercado. 
También es cierto que la Comisión ha empezado a pedir que se levante la moratoria. 
El Protocolo concede, de hecho, a los Estados miembros mucha discreción, basándose en el principio de cautela. 
Sin embargo, el informe Sjöstedt reduce este margen de maniobra. 
Hemos de permanecer vigilantes y recordar que el derecho comunitario utiliza el principio de cautela cuando le conviene, y cuando los Estados desean aprovecharse de él, de repente se sitúa fuera de su alcance. 
El actual embargo francés sobre la carne de vacuno británica es un ejemplo preocupante. 
Corresponde a los Estados miembros garantizar que la incertidumbre científica no se transforme en un problema fútil de incertidumbre social frente a los riesgos, o incluso sentar las bases para una coexistencia aceptable de culturas con OMG y sin OMG. 
No cerramos la puerta a la biotecnología o a su transferencia, pero queremos expresar nuestras reservas sobre un texto que es simplemente un débil eslabón de una legislación tambaleante construida de forma poco sistemática y que no tiene inconveniente en empezar la casa por el tejado. 
Por lo tanto, optamos por abstenernos en la votación sobre este informe. 
Señor Presidente, lamento mucho que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no presente una opinión sobre este asunto. 
Se dio a entender a nuestros coordinadores que no habría tiempo suficiente para preparar una opinión antes de que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ultimara su informe. 
De hecho, este trámite ha llevado bastante más tiempo de lo previsto y la Comisión de Industria habría tenido tiempo suficiente para emitir su opinión. 
La opinión de esta comisión debería haberse considerado esencial; en realidad, podemos decir que la Comisión de Industria tuviera que haber sido la comisión competente para este informe. 
Esta propuesta afectará sustancialmente a la industria biotecnológica de la Unión Europea, al programa de investigación científica de la UE y, en particular, a las prioridades del Sexto Programa Marco de investigación. 
También influye en nuestro comercio de OMG y material de investigación modificado genéticamente con países desarrollados y en vías de desarrollo. 
La propuesta de la Comisión añade requisitos restrictivos poco deseables que van más allá del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad acordado internacionalmente, pero las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente van todavía mucho más lejos. 
Es esencial que con nuestra votación de hoy cambiemos radicalmente la orientación de este informe. 
Sólo lamento que, por llegar tarde a este asunto, no haya habido tiempo suficiente para introducir todos los cambios y las votaciones separadas que me habría gustado. 
¿A qué se debe este problema? 
Estas restricciones adicionales y requisitos burocráticos no harán más que desanimar la inversión en investigación en materia de ciencias de la vida en Europa, e impulsarán la transferencia a otras zonas de fuera de Europa, que tienen una legislación más favorable, de la inversión en investigación. 
Nuestros científicos seguirán el camino de las inversiones en investigación. 
¿Tienen el Comisario y el ponente idea del daño que probablemente ocasionará esto? 
¿Han tenido en cuenta la ambición expresada en Lisboa de que Europa sea la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo? 
Esta propuesta no limita las importaciones a la UE de OMG para una investigación confinada, pero las exportaciones de material de investigación genéticamente modificado de carácter público y privado a terceros países estarán sujetas a una reglamentación más rigurosa y desproporcionada. 
Esta propuesta es diametralmente opuesta al plan de acción de la UE para las ciencias de la vida y la biotecnología. 
¿Hay algún tipo de coordinación o consulta con el Comisario de Investigación y el Consejo de Ministros de Investigación? 
Ya está bien que la Comisión proponga, y el Parlamento y el Consejo aprueben los requisitos del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, pero no deberíamos ir más lejos. 
Si lo hacemos, pondremos en peligro la base misma de nuestras ciencias de la vida en el futuro, nuestra comunidad científica, toda la estrategia de Lisboa y el futuro de Europa como una potencia económica mundial, dinámica y basada en el conocimiento. 
Pido al Parlamento que vote unánimemente contra el informe del Sr. Sjöstedt en todos sus aspectos cruciales, y en particular que apoye las enmiendas 50 y 51, que al menos mitigan el alcance del daño que esta propuesta y este informe pueden causar. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera hacerme eco de las palabras de agradecimiento a la Comisión por la presente propuesta. 
Nunca se recalcará lo suficiente que la propuesta es importante, entre otras cosas, para algo que a veces se pasa por alto: los países en vías de desarrollo, y es preciso facilitarles suficientes recursos. 
También me gustaría agradecer explícitamente al ponente, no solo por el volumen de trabajo, sino también por la excelente labor que ha realizado, y por la valentía política que ha de mostrado al formular unas pocas observaciones con respecto a la propuesta de la Comisión. 
También estoy algo sorprendida por las reacciones que se han producido en esta Cámara, donde otra vez se ha puesto de manifiesto la división. 
Los diputados de la derecha afirman que podemos aplicar el Protocolo al pie de la letra, pero si lo hacemos, hemos de hacerlo como es debido. 
Al mismo tiempo, debemos garantizar que la ciencia pueda llevar a cabo su investigación sin problemas. 
Estos son los buenos. 
La otra parte del Parlamento está representada por aquellos que siempre han temido a Dios sabe qué y quién quiere imponer restricciones a todo. 
Esta no es la manera correcta de considerar la situación. 
Debería considerarse en el marco del debate general que rodea a los OMG desde el punto de vista del derecho del consumidor a la libre elección y del principio de cautela. 
Todavía no tenemos una seguridad al 100% con respecto a esta tecnología. 
Por lo tanto, hemos de garantizar que al menos el consumidor tiene la oportunidad de elegir. 
Esto debe incluirse en el Protocolo. 
También tendríamos que atrevernos a votar a favor de esto. 
Por lo tanto, apoyo de todo corazón la valentía política del ponente y sus observaciones. 
Espero que en la sesión plenaria de mañana se adopte la misma posición. 
Señor Presidente, estoy encantada de poder hablar sobre este informe relativo al movimiento transfronterizo de OMG, en el que la Comisión de Medio Ambiente ha adoptado una postura más rigurosa y global que la propuesta por la Comisión, siguiendo el rumbo marcado por el ponente. 
Quisiera abundar en lo que han dicho los colegas al darle las gracias por su labor. 
También celebro el hecho de que la Comisión de Medio Ambiente haya ampliado el reglamento para incluir también los alimentos y piensos producidos a partir o con la ayuda de OMG, así como los OMG destinados a un uso confinado. 
El informe refleja que, si bien el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad es un buen marco básico para regular el movimiento transfronterizo de OMG, es un acuerdo de mínimos, una base a partir de la cual las partes pueden y deben actuar para intentar alcanzar niveles superiores de control a fin de satisfacer las exigencias del consumidor. 
Esto incluye, tal y como ya han mencionado muchos colegas, el derecho de libre elección. 
Tenemos demasiado presentes los últimos ejemplos de ayuda alimentaria a países en vías de desarrollo que se utiliza cínicamente para imponer a las personas alimentos modificados genéticamente, promover estos alimentos y obligar a los países que se han declarado libres de productos modificados genéticamente a aceptar granos modificados genéticamente. 
Entre ellos se incluyen Zambia, Mozambique y Zimbabwe, todos los cuales se han declarado contrarios a la naturaleza no verificada ni demostrada de los OMG, y es totalmente inaceptable que estos les sean impuestos por países como los Estados Unidos. 
La Unión Europea, en casos como este, compra alimentos locales que no están modificados genéticamente, adhiriéndose a los principios y a las normas de los países beneficiarios de forma que respeta el espíritu del Protocolo de Cartagena. 
Por otro lado, en los dos últimos años se ha obligado a Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Ecuador a aceptar ayuda alimentaria a base de productos modificados genéticamente, incluso aunque fuera contraviniendo sus normativas nacionales. 
Celebro el informe de la comisión, que permite a los países adoptar medidas más activas con vistas a garantizar la bioseguridad internacional. 
Es un importante paso adelante en todo el debate sobre la modificación genética, y el informe cuenta con todo mi apoyo. 
Señor Presidente, quisiera empezar por ofrecer al Sr. Purvis un poco de consuelo. 
En realidad tiene razón en que habría sido buena idea conocer la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, pero nosotros, los diputados del Partido Popular Europeo en la Comisión de Medio Ambiente, si bien, naturalmente, representamos los intereses del medio ambiente y de los consumidores, también representamos los intereses de las empresas. 
Todos defendemos una economía de mercado ecológicamente responsable. 
Sabemos que proteger sólo el medio ambiente mientras se destruye la economía no sirve de nada a los consumidores. 
Con nosotros, señor Purvis, la economía de mercado ecológicamente responsable está en buenas manos. 
Austria ha ratificado este año el Protocolo de Cartagena, depositando el instrumento de ratificación en la ONU en Nueva York el 27 de agosto. 
Sabemos que algunos Estados miembros consideran que la ratificación depende de la aprobación de este proyecto de reglamento de la UE sobre la aplicación de este Protocolo. 
De ahí que todos estemos interesados en que se apruebe este proyecto con rapidez. 
Permítame, señor Sjöstedt, comentar algunas enmiendas, por ejemplo la enmienda 6. 
El Reglamento se refiere únicamente a la Comunidad, por lo que apenas es necesario, y yo creo que es irrelevante, hablar de «cualquier otra Parte». 
Como algunos de quienes me han precedido en el uso de la palabra, creo que el Protocolo debería abarcar solo los OMG vivos, y que todo lo demás sobra. 
El aspecto de la responsabilidad y la compensación también es, por supuesto, de gran importancia y muy crucial, pero a este respecto deberíamos esperar al resultado, que según prevemos conllevará la trazabilidad y el etiquetado. 
Después de todo, sería absurdo que ahora insertemos una u otra disposición y después nos enzarcemos en densas discusiones sobre un reglamento bastante diferente, u otra directiva, sobre la trazabilidad, el etiquetado y la responsabilidad. 
Me alegro mucho de saber que uno de los objetivos de la Presidencia danesa es una Posición Común en el Consejo de Medio Ambiente del 17 de octubre, tras la conclusión de la fase de primera lectura en el pleno, prevista para finales de septiembre. 
Esperamos con gran interés el 17 de octubre y deseamos a la Presidencia danesa y a nosotros mismos todo lo mejor. 
Señor Presidente, la legislación de la UE tropieza regularmente con fronteras. 
Muchas de nuestras normas afectan a las importaciones y a las exportaciones, lo que comporta una doble responsabilidad. 
Hemos de asegurar que no transigimos en materia de seguridad y, al mismo tiempo, hemos de resistir a la tentación de imponer restricciones innecesarias a terceros países y a exportadores europeos. 
Quisiera agradecer al Sr. Sjöstedt la valentía con que ha negociado en tan poco espacio. 
Cuando se trata de biotecnología, en este Parlamento surge una gran necesidad de transmitir un mensaje al resto del mundo. 
Este mensaje es que la biotecnología es polémica, posiblemente incluso peligrosa y difícil de detectar. 
Por lo tanto, hay que informar al consumidor de los OMG. 
No tengo problemas para transmitir este mensaje en la Unión Europea, pero no debemos aplicarlo en el contexto del Protocolo sobre bioseguridad, que versa sobre la seguridad. 
En el caso de OMG no detectables, la seguridad no es relevante. 
Si el país importador reclama esta notificación, entonces por supuesto hay que dársela. 
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la seguridad, y por este motivo en realidad no necesitamos la enmienda 30. 
Señorías, hemos de transmitir este mensaje continuamente, pero deberíamos darnos cuenta de que la evangelización impuesta no funciona. 
Sin duda el mundo no quiere que Europa lo trate con condescendencia. 
En su exposición de motivos, el Sr. Sjöstedt afirma que la UE debe desempeñar el liderazgo en la legislación en materia de biotecnología, pero deberíamos darnos cuenta de que hace tiempo que hemos dejado de ser pioneros a este respecto, papel en el que podríamos dar al resto del mundo mucho más. 
Por desgracia, con respecto a la biotecnología, Europa va a la zaga. 
No se exporta casi ningún OMG, sobre todo productos fabricados por medio de estos organismos. 
El queso y el aceite de oliva son excelentes ejemplos de ello. 
Quisiera preguntar una cosa a la Comisión: ¿Cuáles serán las implicaciones si se aprueba este informe? 
¿Aumentaría el déficit de la UE? 
¿Cuál sería la carga administrativa adicional para los exportadores, y cuáles serían sus implicaciones económicas? 
Señor Presidente, yo también quiero empezar dando las gracias a la Comisión por su propuesta y al Sr. Sjöstedt por su espléndido y magnífico trabajo, que confirma y aclara de qué trata realmente este asunto. 
El Protocolo de Cartagena está destinado a crear un marco para el comercio internacional con OMG. 
Se basa en dos principios importantes, en primer lugar el principio de cautela y en segundo lugar el principio según el cual los países que desean normas más estrictas pueden establecerlas. 
Ciertos oradores de hoy parecen creer que el Protocolo de Cartagena es algo bastante distinto, destinado a facilitar el comercio al máximo posible. 
Pero el Protocolo de Cartagena es un acuerdo sobre bioseguridad. 
El principio de cautela debe ser el principio rector. 
No hay más remedio. 
Por lo tanto, es crucial que el Parlamento Europeo vote a favor de la enmienda 52, que también cuenta con el apoyo del ponente. 
Dicha enmienda establece que el movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente debería proceder «en todos los casos y en todas las fases sobre la base del principio de cautela». 
Esto no debemos perderlo de vista. 
Mi colega la Sra. Evans ha abordado otro punto importante, a saber, la ética que impregna el Protocolo de Cartagena y que se basa en el requisito de que los países que no desean producir o consumir OMG tengan todo el derecho a rechazarlos. 
No deben enviarse partidas de ayuda que contengan OMG, tal y como se declaró en la Cumbre de Johanesburgo. 
Hemos de ayudar a crear una situación en que nadie se sienta obligado a recibir tales partidas. 
La Sra. Wallström ha explicado que sin duda alguna la UE debe cumplir a rajatabla el Protocolo. 
En esta situación tengo mis dudas de que favorezca al Protocolo de Cartagena que el Parlamento Europeo apruebe las enmiendas 50 y 51, o de si se tuviera que cumplir el contenido de las mismas, pues en tal caso no sería posible poner en práctica los propósitos del Protocolo. 
Por lo tanto, recomiendo rechazar estas enmiendas, porque su finalidad es asegurar que el comercio se entorpezca lo menos posible. 
El Protocolo de Cartagena surge de la necesidad de adoptar medidas de cautela especiales en relación con los OMG y el comercio. 
La seguridad nunca será demasiada. 
Por otro lado, sí podemos tener demasiado poca. 
No debe haber ninguna duda de que en la legislación comunitaria se aplica el principio de cautela y se aplica de lleno. 
Defiendo este informe íntegramente. 
Señor Presidente, el reglamento sobre el movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente es un documento bastante surrealista. 
Por lo tanto, le pido me perdone mi habitual disgresión, pero no puedo cortar las alas a mis fantasía. 
Ayer me topé con un OMG deambulando entre fronteras y me dijo: «¿Por qué habláis tan mal de mí? 
Ayer, caminando entre fronteras, me fui a Nápoles. 
Vi el maravilloso Golfo de Nápoles, el Vesuvio y el Mergellina. 
Era realmente maravilloso. 
Después, un poco más allá, aún cerca del mar, vi una horrible zona deshabitada donde hubo una acería abandonada desde hace 10 años. 
¿Por qué no hacen ustedes algo en Europa por mejorar el medio ambiente en esta zona próxima a Nápoles? 
Ya ve, andando de un sitio a otro he sido útil. He visto una zona en la que ustedes, como europeos, podrían hacer algo por mejorar el medio ambiente. 
¿Por qué, entonces, están tan en contra de nosotros los OMG? 
Hasta nosotros servimos para algo. 
¿Están seguros de que conocen todo nuestro potencial? 
Por ello, sean más flexibles y permitan la modificación genética de organismos que son útiles para la raza humana». 
Señor Presidente, deseo agradecer a mis colegas y a la Sra. Wallström las opiniones que han expresado en este debate y que, a mi entender, dan una clara idea de las líneas de demarcación. 
Creo que hay una serie de factores que habría que tener en cuenta en lo referente a este Protocolo. 
El primero es, desde luego, que lo que estamos debatiendo es una regulación de mínimos. 
Debemos cumplir lo que nos pide el Protocolo, pero podemos, de acuerdo con el protocolo, superarlo si así lo deseamos. 
Esta es la situación. También significa, por supuesto, que otros países del mundo pueden ir más allá de lo que requiere el Protocolo. 
Lo que digo en el informe es que eso tenemos que respetarlo. 
Exigimos a nuestros exportadores que respeten el Protocolo de Cartagena y, también, la legislación que puedan adoptar otros países y que quizá vaya más allá de la de la Unión Europea. 
Si no lo hiciéramos, en realidad estaríamos actuando contra el espíritu y la letra del Protocolo de Cartagena. 
Creo que esto está absolutamente claro. 
En segundo lugar, deberíamos tener presente que el Protocolo de Cartagena está en fase de desarrollo. 
Hay en curso negociaciones regulares. Hay unos cuantos aspectos del Protocolo que aún no están claros. 
Ahora solo se perfila la idea central. 
Hay otros aspectos que sí se han clarificado. 
Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que necesitamos una política de amplias miras que nos indique la dirección general deseada por la UE para desarrollar el Protocolo de Cartagena en el futuro. 
A esto precisamente es a lo que se refieren los reglamentos sobre responsabilidad. 
Aquí no nos centramos en la legislación de la UE en materia de responsabilidad, que estamos discutiendo separadamente. 
De lo que se trata es del artículo 27 del Protocolo de Cartagena, según el cual debemos empezar a negociar a escala internacional en torno a la responsabilidad con respecto a este tipo de productos. 
Como Parlamento, apoyamos a la Comisión y a los Estados miembros en su defensa, en las futuras negociaciones en el marco del Protocolo de Cartagena, de un sistema mundial de responsabilidad que, por supuesto, favorecería a los agentes serios en este ámbito. 
Es un sistema de este tipo el que precisamos. 
En cuanto a las enmiendas, creo que las enmiendas 50 y 51 menoscaban gravemente el informe porque pretenden eliminar algunos de sus principales aspectos. 
La enmienda 50, en particular, es de hecho contraria al Protocolo de Cartagena. 
No podemos aprobar esta enmienda. 
Quisiera pedir a quienes tienen una opinión sobre los OMG diferente de la mía que reflexionen un momento. 
Como es natural, nos formamos juicios diferentes de lo que es posible y evaluamos de modo distinto los riesgos potenciales de esta tecnología. 
Independientemente de cómo veamos el futuro de esta tecnología, creo que hay algo que debemos tener en cuenta, a saber, que debemos contar con un sistema de normas de acuerdo con las cuales las empresas que operan en este sector tengan credibilidad. 
¿Tiene credibilidad una empresa que exporta a países que no han dado su permiso? 
¿Tiene credibilidad una empresa que exporta a un país que no ha podido responder a la petición de permiso? 
Creo que una industria que actúa de esta forma se desacredita a sí misma. 
No estamos para aprovecharnos, y la industria tampoco, de normas que de hecho permiten saltarse a la torera el derecho de los países a decir sí o no a eventuales importaciones. 
Siguiente pregunta: ¿tenemos credibilidad si exportamos a otros lo que no es suficientemente bueno para nosotros? ¿Tenemos credibilidad si exportamos lo que hemos rechazado, por ejemplo, por motivos relacionados con la seguridad medioambiental, la diversidad biológica o la protección del consumidor? 
Por supuesto que no. 
Incluso alguien que tenga una opinión muy positiva de esta industria, a pesar de lo complicado que sea, con sus ventajas y desventajas, debería reconocer que interesa a todos tener reglamentos completos y creíbles. 
Si la Unión Europea acepta estos reglamentos, no sólo nos afectarán a nosotros y a nuestras exportaciones, sino también a todo el mundo. 
Demostrarán que los principales protagonistas mundiales también abordan esta cuestión con seriedad y que están dispuestos a asumir sus responsabilidades. 
He elaborado este informe teniendo en cuenta todas estas cuestiones. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera darles las gracias por sus interesantes y constructivas aportaciones a este debate. 
Quiero empezar con un comentario general. 
La Comisión es y seguirá siendo muy activa cuando en cuestiones de biotecnología. 
Como saben, hemos presentado una comunicación sobre el aprovechamiento de la biotecnología. 
Trabajamos activamente en torno a nuestra legislación comunitaria interna en este ámbito, en parte revisando la Directiva 2001/18/CE sobre la trazabilidad y el marcado, y también en torno a la cuestión de la responsabilidad por los daños medioambientales. 
Se trata siempre de dar con el frágil y difícil equilibrio entre, por un lado, la explotación de las ventajas de una nueva técnica, una nueva tecnología y unos nuevos conocimientos en este ámbito y, por otro lado, la conservación de la diversidad biológica y, sobre todo, la protección de la salud humana. 
Creo que esta propuesta se ajusta a la legislación comunitaria y que seguimos siendo ambiciosos. 
Yo misma participé en las negociaciones en que la UE era la parte que defendía la introducción de reglamentos internacionales. 
Creo que estamos logrando este equilibrio asimismo en este sector. 
También es verdad, tal y como indica el Sr. Sjöstedt, que habrá más negociaciones y se trabajará más en una serie de ámbitos con vistas a arrojar más luz sobre una serie de cuestiones importantes. 
Por último, paso a exponer mis opiniones sobre ciertas enmiendas para aclarar la actitud de la Comisión. Empezaré comentando las enmiendas 30 y 57, que no pueden aprobarse porque son contrarias a la propuesta de trazabilidad y marcado, ya que amplían la propuesta para incluir alimentos humanos y animales elaborados sobre la base de OMG. 
Es importante que los diferentes actos jurídicos en materia de biotecnología coincidan. 
Las enmiendas 5 y 47 tratan de la importante cuestión del desarrollo de la capacidad de los países en desarrollo pero no contemplan mecanismos para ponerlo en práctica. 
La Comisión cree que es una cuestión importante, pero que puede tratarse mejor en un foro más adecuado, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Las enmiendas 7 y 45 se refieren a la cuestión de la responsabilidad medioambiental, y de nuevo la Comisión cree que esta propuesta no es el instrumento correcto para comprender este problema, para el que resultan más útiles las negociaciones internacionales especiales. 
Se prestará más atención a esta cuestión en las negociaciones internacionales. 
La enmienda 22 propone que la exportación de OMG destinados a su liberación intencional en el medio ambiente debería limitarse a organismos ya autorizados en la UE. 
En su versión actual, la enmienda podría comportar graves obstáculos a la investigación fuera de Europa incluyendo, por ejemplo, ensayos prácticos con OMG que no se cultivan en nuestras latitudes. 
Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar esta enmienda en su forma actual. 
La enmienda 29 aborda problemas más básicos. 
En primer lugar, se establecen procedimientos que no corresponden en su totalidad al artículo 11 del Protocolo sobre la bioseguridad y, peor aún, son incoherentes con el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 178/2002 que establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda. 
La propuesta de la última frase de la enmienda 60, de que un exportador debería estar obligado a notificar los ulteriores movimientos de OMG ya autorizados en el país receptor, no se ajusta al derecho comunitario que rige la liberación intencional ni al propio Protocolo sobre la bioseguridad. 
Por lo tanto, esta parte de la enmienda no puede aprobarse. 
Por supuesto, se trata de no crear normas burocráticas inapropiadas que no puedan aplicarse en la práctica. 
Por otro lado, la Comisión puede aceptar las enmiendas 50 y 51. 
Señor Presidente, quisiera concluir repitiendo que la Comisión comparte la mayoría de las prioridades y opiniones del Parlamento Europeo en las cuestiones problemáticas. 
Si queremos que se pueda aplicar el Protocolo sobre la bioseguridad, debemos responsabilizarnos también de la viabilidad de esta aplicación. 
Siguen las discusiones internacionales sobre el Protocolo de bioseguridad Una propuesta que pueda aplicarse no sólo permitirá que prosigan las negociaciones en un clima constructivo, sino que también contribuirá a demostrar que la protección firme del medio ambiente y de la salud humana pueden combinarse con el comercio. 
Tendremos que volver sobre otras cuestiones mencionadas en el curso de este debate, como la moratoria y la ayuda alimentaria de la ONU, pues exigen tiempo y muchos preparativos. 
Espero que con el tiempo desemboquen en un intercambio de opiniones constructivo, pero ahora no es el momento y el lugar para abordar todos estos diferentes aspectos. 
Se va a presentar por escrito al Presidente un resumen de la posición de la Comisión en torno a las enmiendas 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy al mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de resolución (B5-0490/2002) presentada por la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el aplazamiento de la prohibición de comercializar cosméticos probados con animales. 
Señor Presidente, Señorías, lo que debatimos hoy es en realidad una medida técnica. 
La resolución que tienen ante ustedes, sobre la que vamos a votar, se refiere a lo que llamamos comitología, algo que sorprenderá al público de la tribuna, que a muchos diputados de esta Cámara les resulta difícil de entender y, de hecho, ni falta que les hace. 
La comitología permite a la Comisión utilizar las comisiones parlamentarias especializadas para aproximar la legislación en el ámbito de la competencia que confiere la propia legislación. 
La resolución aprobada unánimemente por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor acusa a la Comisión de desear ahora beneficiarse de un derecho que no tiene. 
Hablamos de la pretensión de la Comisión de aplazar la entrada en vigor de la sexta enmienda a la Directiva sobre cosméticos, que en realidad tenía que haberse producido hace algún tiempo. 
En la sexta enmienda a la Directiva sobre cosméticos, el Parlamento decidió prohibir la comercialización de cosméticos que han sido probados en animales, compartiendo la convicción de la mayoría del público de que ya tenemos suficientes cosméticos y que no necesitamos más- pasta de dientes, gel de ducha, etcétera -, para los cuales hay animales que tienen que sufrir y morir. 
Esta prohibición tenía un plazo concreto: 1998. 
En 1997 la Comisión se arrogó el poder de aplazar su entrada en vigor. 
Mientras declaró, es cierto, que la entrada en vigor se produciría en 2000, añadió la posibilidad de una prórroga de dos años. 
Ahora no quiero decir si esto fue o no lícito. 
Tal y como estaban las cosas, la prohibición de comercialización iba a entrar en vigor el 30 de junio de 2002, y así sucedió. 
La Comisión tiene previsto utilizar ahora una medida comitológica para aplazar otra vez y muy pronto- dentro de una semana o unos pocos días, quizá el 24 de septiembre- la fecha de entrada en vigor durante seis meses más. 
Esto lo justifica afirmando que nos encontramos en medio del procedimiento de conciliación en torno a la séptima enmienda a la Directiva sobre cosméticos, y que, por lo tanto, la medida no pudo entrar en vigor en junio. 
Sra. Wallström, lamento que sea usted el miembro de la Comisión a quien tengo que decir estas cosas. 
Les acusamos de actuar ilegalmente, de incumplir la ley. 
¡Han incumplido ustedes el Tratado y la legislación vigente! 
Preferiría decírselo al Sr. Liikanen, pero por desgracia no está hoy aquí. 
Sé que la Comisión actúa como un órgano colegiado; también sé que hay personas en la Comisión que tienen opiniones muy diferentes. 
Por esto, Sra. Wallström, lamento que sea usted a quien tenga que dirigir hoy la palabra. 
Preferiría haberle cantado las cuarenta al Sr. Liikanen. 
Admito que estando usted ahí sentada me resulta más difícil. 
Sin embargo, lo que hacen ustedes es ilegal. 
Va contra la ley y, por lo tanto, les llevaremos ante el Tribunal de Justicia si es necesario. 
Estoy segura de que la mayoría de esta Cámara estará de acuerdo. 
Lo que ahora proponen ustedes hacer no sólo es contrario a la ley, sino totalmente absurdo. 
Utilizando un lenguaje anticuado diría que es una estulticia. 
Quieren ustedes aprobar una medida con efecto retroactivo. 
Quieren aprobar algo que entra en vigor retroactivamente, a saber, el 30 de junio. 
Realmente, ¿por qué quieren hacer esto? 
Ya estamos a finales de septiembre. 
El procedimiento de conciliación habrá concluido en dos meses a más tardar, tiene que hacerlo. 
Ni siquiera ahora han aplicado ustedes la prohibición de comercialización. 
En teoría ustedes ya actúan en estos momentos ilegalmente, pero decimos: bien, se trata de un vacío legal, nos aguantaremos. 
Los Estados miembros no van a proceder a la transposición, y sabemos que hacen lo correcto al esperar la séptima enmienda. 
Lo que ahora tiene en mente la Comisión es sentar un precedente, y no vamos a dejarles pasar ni una. 
Otra vez quieren arrogarse el derecho a aplazar la sexta enmienda, y si ahora actuamos como mansos corderitos entonces creerán que tienen derecho a seguir haciendo lo mismo. 
No les vamos a dejar que sienten ningún precedente. 
No somos mansos corderitos. 
Yo no lo soy, ni tampoco mis colegas diputados. 
Por esto les decimos que sus acciones son ilegales. 
Esta resolución lo deja muy claro. 
Les exhortamos a que no apliquen esta medida. 
Los cuatro artículos son muy explícitos en su petición de que desistan. 
Les decimos que se abstengan de esta medida. 
Les decimos a los Estados miembros que la eviten, que no la trasladen a su legislación. 
Y les decimos a ustedes que si de todas maneras lo hacen, les llevaremos ante el Tribunal de Justicia. 
Señora Wallström, le ruego que transmita este mensaje a la Comisión. 
Veo al caballero de la Dirección General de Industria sentado junto a usted. Dígales que hablamos en serio. 
Creemos que han violado ustedes la ley. 
Como Comisión no pueden ustedes violar la ley. 
Ya saben ustedes que no trajo nada bueno para la anterior Comisión, y ustedes también deberían actuar lo más correcta y honradamente posible. 
Cosa que no hacen si aprueban otra medida de ejecución. 
Así que como ponente de la Directiva sobre cosméticos, solo puedo decirles, con toda la firmeza de la que soy capaz: ¡no lo hagan! 
. 
(EN) Señor Presidente, por supuesto que es mejor sustituir a los colegas en circunstancias en que se pueden recibir aplausos en lugar de críticas. 
No me gustaría ser criticada por la Sra. Roth-Behrendt, porque siento un gran respeto por ella. 
En nombre de la Comisión quisiera darle las gracias, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por la resolución de aplazamiento de la entrada en vigor de la prohibición de comercializar cosméticos probados con animales. 
El objetivo de este aplazamiento es simplemente regular una situación a corto plazo, desde el 1 de julio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002, que corresponde al período contemplado para la conciliación. 
La Directiva actualmente en vigor prohíbe la comercialización de productos cosméticos que contienen ingredientes o una combinación de ingredientes probados en animales a partir del 30 de junio de 2002. 
El procedimiento de conciliación en curso entre el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la séptima enmienda tiene por objeto resolver definitivamente la cuestión de los ensayos con animales en el sector cosmético. 
Está previsto que este procedimiento de conciliación concluya en los próximos meses. 
Al mismo tiempo, hay responsabilidades que incumben a la Comisión en los ámbitos de la libre circulación de productos, la protección de la salud pública y el respeto de las normas internacionales. 
Por lo tanto, la Comisión considera que tiene la obligación de adoptar las medidas apropiadas de acuerdo con las disposiciones de la Directiva vigente. 
Los Estados miembros, representados en la Comisión de Cosméticos, tendrán que expresar sus opiniones sobre esta propuesta. 
La Comisión está convencida de que la labor ulterior, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo, desembocará finalmente en una solución equilibrada en el marco de la conciliación. 
Esta solución debería redundar realmente en beneficio del bienestar de los animales, a la vez que salvaguardar la salud de los consumidores y nuestros compromisos internacionales. 
La Comisión tiene la intención de hacer lo posible por obtener un resultado satisfactorio para todos. 
Por supuesto, transmitiré sus saludos al Comisario Liikanen. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, creo que no usaré los cinco minutos que me corresponden y que seré bastante más breve, porque la resolución que estamos debatiendo ahora y que probablemente se votará mañana expone con toda claridad una situación que sólo tiene una salida técnica y legal posible y correcta: mantener la petición de este Parlamento de que la Comisión retire su proyecto de posponer la entrada en vigor de la Directiva. 
Como bien se explica en la resolución y también ha explicado la ponente, Sra. Roth-Behrendt, la Comisión estaba facultada por el Consejo para aplazar la fecha de entrada en vigor de esta medida, cosa que ya hizo aplazando la fecha del 1 de enero de 1998 al 30 de junio de 2000 y, de nuevo, del 30 de junio de 2000 al 30 de junio de 2002. 
Este aplazamiento- señalaba el considerando 10 de la Directiva- debía ser el último. 
Por lo tanto, el Parlamento no puede aceptarlo porque, como ha dicho ya la Sra. Roth-Behrendt, no es legal la propuesta de una nueva directiva de la Comisión aplazando la entrada en vigor de esta medida- que, por otro lado, ya está en vigor desde el 30 de junio de 2002. 
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de junio en segunda lectura una modificación- la séptima- de esta Directiva en la que se decretaba la prohibición de comercializar productos que hayan sido experimentados en animales, cinco años después de su entrada en vigor. 
Actualmente, como también se ha dicho, está en pleno desarrollo el proceso de modificación de esta sexta modificación, estamos en la séptima modificación. 
Es evidente- y la Sra. ponente lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces y coincide en ello- que una prohibición inmediata de la comercialización de productos probados en animales, como supone la aplicación- ya en vigor, recuerdo- de esta sexta modificación de la Directiva, supone, en estos momentos, una dificultad de cumplimiento prácticamente insuperable. 
Lo sabemos, y creo que ése es el espíritu que preside la conciliación en esta Directiva: encontrar una fórmula de acuerdo para que el sector industrial- el sector cosmético- pueda cumplir con el nuevo plazo que se pueda estipular. 
En ese sentido se desarrolla el debate de conciliación: en encontrar ese último plazo que permita a la industria adaptarse técnicamente a la situación sin dañar su competitividad. 
Pero, aun siendo muy importante subrayar que debemos encontrar un consenso en conciliación que proporcione una salida viable, esto no puede significar en absoluto que se le dé a la Comisión libertad para que pueda hacer uso de un derecho del que legalmente carece para dictar un nuevo aplazamiento de entrada en vigor de la mencionada disposición. 
El Parlamento no puede, por tanto, aceptar que se utilice un procedimiento tan poco democrático, como es el de la comitología, para plantear una modificación que contradice la decisión de este Parlamento y la de la propia legislación comunitaria. 
Y yo también lamento, señora Wallström, el que haya tenido que ser usted la que sufra esta lluvia de críticas a la Comisión. 
Señor Presidente, la Comisaria Wallström siempre aporta un toque alegre a nuestros procedimientos, por lo que le estamos agradecidos. 
La gravedad de algunas de las observaciones que oirá hoy en el hemiciclo no empañará su imagen, sino que reflejará el hecho de que está atrapada en una institución que está a punto de colisionar con otra. 
La ponente ha dicho que quienes nos escuchan hoy en la galería pueden sentir curiosidad por lo que significa la palabra «comitología». 
Algunos de nosotros también tenemos curiosidad. 
Nuestros visitantes no deberían marcharse con la sensación de que la comitología podría efectivamente interpretarse como un mecanismo lateral por el que la Comisión puede alterar la voluntad del Parlamento. 
Somos una institución elegida. 
Tenemos ciertos poderes. 
Estos han sido ampliados. 
Todavía no son muy amplios, pero sabemos cuáles son los límites. 
A este respecto debo decir a la Comisaria, y espero que lo transmita al Sr. Liikanen, que en esta Asamblea hemos tenido un debate, que ha continuado en una serie de Parlamentos, durante prácticamente todo el mandato parlamentario de cualquiera de los presentes ahora en esta Cámara, concretamente desde 1993. 
En 1997 la Comisión pretendió arrogarse un mayor plazo, y éste se amplió, aunque no sin oposición, porque todos los presentes, y todo aquél que participa como yo en el Comité de Conciliación, estamos de acuerdo con la ponente en reconocer las dificultades que se plantean cuando aún no hay alternativas viables a algunas formas de ensayos con animales. 
Esto se ha tenido perfectamente en cuenta en las deliberaciones que hemos mantenido, que parten de que puede pasar otra década antes de llegar al punto y a la conclusión que todos deseamos. 
Pero, ¿qué ocurre mientras tanto? 
¿Qué ocurre si fracasa esta conciliación? 
Entonces no hablamos de algo que sólo es temporal, que sólo ha de durar lo que dura la presente conciliación. 
Hablamos de algo muy distinto. 
Quisiera leer a la Comisaria el quinto apartado de la carta del Vicepresidente, escrita en nombre de nuestra comisión, al Comisario Liikanen. 
Dice que la Comisión ejerció sus poderes- que, de todas formas, se cuestionan- en 1997. 
Cuando se aplazó la fecha de entrada en vigor para la comercialización de cosméticos probados con animales al 30 de junio de 2002, mediante la Directiva 2000/41, este aplazamiento iba a ser, citando las palabras del décimo considerando, la «última vez». 
Y aquí estamos de nuevo, y no es la última vez, es la penúltima vez. 
¿O no es sino una más en toda una serie de demoras y frustraciones? 
Si se tiene un Parlamento elegido, hay que escuchar lo que dice, de lo contrario estas personas de la galería pierden el tiempo y nosotros también al venir aquí. 
Comisaria, debe usted volver y decirle al Sr. Liikanen que debería repensárselo. 
Señor Presidente, Señorías, creo que estamos todos descontentos con la Comisión. 
Es inaceptable que la Comisión actúe ilegalmente, que posponga la aplicación de esta decisión, demorándola, etcétera. 
Tampoco es aceptable que se limiten a mirar y a no hacer nada mientras los Estados miembros revisten sus omisiones de una especie de legitimidad. 
Ahora, por fin, lo que se ha decidido, a saber, la prohibición de comercializar cosméticos probados con animales, debe ponerse en práctica a todos los efectos. 
Después de todo, la propia Comisión es la guardiana de la ley, y como tal, debe velar por que se cumplan las leyes. 
Pero ahora la Comisión, en lugar de defender la ley, la obstruye. 
Lo que están haciendo al respecto tendrá efectos catastróficos. 
Precisamente en términos del gran déficit de aplicación en nuestra Unión Europea dan ustedes tan mal ejemplo que en el futuro todos los Estados miembros podrán señalar a la Comisión y decir: mirad, hasta la propia Comisión es incapaz de aplicar sus propias leyes, y prefiere hacer leyes para sí misma y situarse por encima de la ley. 
Tal y como ha dicho con razón la Sra. Roth-Behrendt, actúa ilegalmente, adaptando la ley a su conveniencia y mermando el interés de los Estados miembros por aplicar la ley. 
Por lo tanto, Comisaria, quisiera reiterar, con toda la energía de que soy capaz, que no es aceptable que lancen esta desastrosa señal; al contrario, la Comisión debe cambiar sus formas, convertirse en la protectora de los Tratados y hacer todo lo que pueda por conseguir realmente que los Estados miembros transpongan esta ley, y no ser ella misma quien viole el derecho vigente europeo. 
Esto es intolerable, y el Sr. Whitehead lleva toda la razón al decirlo. 
¿Cómo pretenden ustedes explicar al público que la Comisión no ha hecho ningún esfuerzo por poner en práctica cosas que tendrían que haberse realizado tiempo ha? 
En otro orden de cosas, me parece totalmente absurdo que la Comisión de una puñalada trapera al comité de conciliación, privándole de sus segundas opciones y ridiculizando el trabajo que se hace en estos momentos en el Parlamento. 
Que la Comisión haya ido tan lejos no tiene precedentes en la historia. 
Es evidente nuestro descontento, y no espero otra cosa que adoptemos esta resolución por gran mayoría; deseo que la Comisión tome nota de esta enérgica reprimenda y de su significado. 
Señor Presidente, todo el mundo se está viendo implicado en la revisión de la directiva sobre cosméticos. 
¿Qué ha ocurrido con la sexta revisión? 
¿Pasamos directamente de la quinta a la séptima ignorando la sexta? 
Esto es lo que todos se preguntan. 
Sin embargo, todos queremos tener cosméticos seguros y antialérgicos, ahorrar a los animales un sufrimiento innecesario, conservar los puestos de trabajo, la competitividad y la experiencia de nuestras empresas. 
Este deseo aparentemente sincero parece difícil, imposible diría, de satisfacer. 
Esta resolución es un buen ejemplo del intento del Parlamento de llevarse la palma, y el Consejo, con bastante razón, se niega a apoyarle. 
La imposición de una fecha fija para la prohibición de experimentos con animales podría acarrear varias medidas. 
La primera es dejar de garantizar la seguridad de los productos que se hallan en el mercado. 
Estos productos no se someterían a los ensayos completos que proporcionan las mismas garantías que los realizados con animales. 
El segundo punto es la desventaja de los productos europeos en los mercados de terceros países en que se mantienen los ensayos con animales, que actualmente son los únicos ensayos plenamente fiables. 
El tercer punto es el riesgo de sanción por parte de la OMC, que puede percibir esta prohibición como una barrera a la comercialización de cosméticos fabricados fuera de la Unión Europea, aunque se sepa que muy pocas directivas que propongan soluciones alternativas verán la luz hasta dentro de otros diez años más o menos, y que los ensayos con animales pueden irse suprimiendo del todo en quizá otros 20 años. 
En mi opinión, sería más realista entablar un diálogo con el Consejo, olvidarse de este debate demasiado apasionado, y ahora ideológico, para que podamos colaborar con objeto de encontrar la mejor solución que sea aceptable para la industria, los consumidores y los defensores de los animales. 
Creo que una prohibición de diez años que incluya exenciones para tres tipos de ensayos, a saber, la toxicidad reproductiva, la toxicocinética y la toxicidad a través del uso repetido, sería más aceptable. 
Por último, he advertido que algunas directivas se revisan en estos momentos por séptima vez, mientras que otras, como la Directiva 79/409 CEE, nunca han sido revisadas. 
Señor Presidente, coincido con el Sr. Bernié en que este es un debate ideológico. 
Sin embargo, y esto se lo digo a la Comisaria, se percibe que la Comisión no comparte la ideología del Parlamento que ha sido aprobada aquí muchas veces. 
Por tanto viola la ley, si puedo decirlo así, desobedeciendo abiertamente las normas que hemos establecido varias veces. 
En otras palabras, la ideología de la Comisión no se ajusta a los deseos del Parlamento. 
Esto me parece una situación peligrosa, no sólo porque el Parlamento se convierte en juguete, sino también porque la responsabilidad del Parlamento, que no siempre ha estado unido en este complicado asunto, pero siempre ha actuado de forma responsable, está siendo erosionada en el preciso momento en que debatimos el procedimiento de conciliación en relación con la séptima enmienda. 
Por lo tanto, quisiera pedir otra vez a la Comisión que tenga en cuenta lo que el Parlamento siempre ha declarado, a saber, que los ensayos con animales para la industria cosmética son inaceptables, que la seguridad siempre tendría que ser prioritaria y que estamos dispuestos a favorecer el estudio de todas las posibles alternativas y a sopesarlas. 
De hecho, esto es lo que siempre hemos dicho en relación con cada una de las enmiendas a esta directiva. 
Ahora quisiera pedir a la Comisión que no frustre al Parlamento, que retire sus planes y aplique lo que hemos acordado entre todos. 
Señor Presidente, sé que nuestras preocupaciones también las comparte la Comisaria. 
Señora Comisaria, es usted una mujer joven y hermosa, y no necesita cosméticos, pero yo sí los necesito urgentemente. 
El año que viene voy a cumplir setenta años y, aunque me encanta ponerme crema antiarrugas, no quiero que ningún animal sufra por ello. 
¿Cree realmente que alguna mujer usaría algún cosmético si viera que un animal debe sufrir por ello? 
Queremos tener buen aspecto sin que sea necesario que otros sufran. 
Quiero hacer un llamamiento a la industria cosmética. 
Miren cómo la introducción del convertidor catalítico inspiró profecías de destrucción y afirmaciones de que el fin de la industria del motor estaba próxima, y sin embargo experimentó un auge. 
¿Por qué la industria cosmética no anuncia que invertirá dinero, una gran cantidad, en investigación, para que las mujeres estén guapas, pero no a costa del sufrimiento de otros? 
Creo que la industria cosmética disfrutaría de un notable repunte, y las mujeres europeas como nosotras estarían más guapas que las del resto del mundo. 
Señor Presidente, el Sr. Martin acaba de decirme que tengo el lujo de poder ser algo flexible, más que si sólo dispusiera, como ocurre en otros casos, de un minuto y medio, dos o tres minutos. 
Sin embargo, prometo a mis colegas, especialmente al Sr. Casaca, que va a exponer el siguiente informe, que no aprovecharé esta ventaja. 
Señor Presidente, me complace que sea usted quien ocupe en estos momentos la presidencia, pues también es usted quien preside el procedimiento de conciliación sobre cosméticos y es usted un guía tan útil como podríamos desear para el procedimiento de conciliación. 
Por lo tanto, me es muy grato verle aquí a usted hoy. 
Nuestro debate de hoy no sólo ha estado muy animado, como suele ocurrir, sino que también han podido evocar cierto entusiasmo de los visitantes de la tribuna, tal y como han demostrado con sus aplausos, que hay que admitir no suele ser habitual, pero si gratificante. 
Sólo quisiera retomar un punto y no tanto corregir a la Sra. Flemming como añadir algo a lo que ya ha dicho, para que nuestros visitantes masculinos sepan que también les interesa a ellos: la Directiva sobre cosméticos que debatimos hoy no sólo trata de las cremas antiarrugas, que, a la edad de 49 años y trabajando en el Parlamento, necesito con urgencia, sino, en particular, también de los desodorantes, los champús, los aftershave, las pastas de dientes, el jabón, que todos nosotros utilizamos diariamente. 
El asunto que nos ocupa hoy, a saber, la cuestión de si es preciso hacer sufrir a los animales por culpa de estos productos, nos preocupa a todos independientemente del sexo. 
Es evidente que los pintalabios y las cremas antiarrugas siempre son especialmente útiles para plantear cuestiones y cargar las tintas. 
Gracias por su apoyo. 
En los últimos años hemos colaborado muy estrechamente, lo que ha implicado que se hayan difuminado los límites de los grupos. 
El domingo tuvimos elecciones en mi país, y las campañas electorales tienden a polarizar para recalcar las diferencias. 
Quizá sería mejor que lo hiciera en esta Cámara, pero no puedo. 
Solo puedo dar las gracias a mis colegas los diputados de otros grupos por su ayuda y apoyo, especialmente a la Sra. García-Orcoyen, quien, junto con la Sra. Flemming, está realizando la mayor parte del trabajo del grupo del PPE en torno a esta cuestión; de hecho, no podría pedir más apoyo a un grupo oponente. 
En este ámbito nos guiamos por los hechos. 
Pero lo que también debo decir, dirigiéndome a los demás diputados presentes, es que siempre hemos alcanzado compromisos. 
Hemos buscado el compromiso entre nosotros, un aspecto que saco a colación a favor de, entre otros, el Sr. Bernié, quien quizá no esté del todo convencido, pero aún no ha pasado tanto tiempo en el Parlamento y no hace mucho que conoce este asunto. 
Por supuesto, tenemos en cuenta los intereses de la industria. 
Por supuesto, ya en 1993 dijimos que la industria todavía tenía casi diez años por delante. 
Incluso ahora, con la séptima enmienda, una enmienda legal, sometida a debate en el procedimiento de conciliación en estos momentos, reiteramos que la industria, una vez adoptada esta legislación, tendrá cinco años antes de que se prohíban del todo los experimentos con animales y de que se prohíba la comercialización de cosméticos probados con animales, y después otros cinco años para ciertos ensayos especiales, el desarrollo de alternativas que suponemos llevarán más tiempo. 
¿Cómo se puede ser más complaciente? 
Naturalmente, tiene que haber incentivos para la industria y aún hay que ejercer cierta presión para conseguir que se invierta dinero en la búsqueda de alternativas, pues de lo contrario el dinero se pagará solo a los directivos, cuando pensamos que también podría invertirse en ciencia. 
Ahora me dirijo de nuevo a la Comisión, a la Sra. Wallström y a las señoras y señores de la Dirección General de Industria que en estos momentos están conversando y sin duda se imaginan lo que quiero decirles. 
La Sra. Wallström ha dicho antes, en una respuesta que ciertamente no le habrá resultado fácil, que la Comisión intenta obtener el mejor resultado. 
Si realmente quiere obtener el mejor resultado, entonces hay dos cosas que debe usted hacer. 
Primero, debería decirle al Sr. Liikanen que al menos trate de plantear una propuesta que pueda contribuir a llegar a un compromiso en el procedimiento de conciliación, y que no bloquee las decisiones del Parlamento. 
Sabrán ustedes que, hace unos pocos meses, el Parlamento decidió por amplia mayoría de 500 votos a favor de estas prohibiciones de la comercialización, o, por decirlo de otra forma, las prohibiciones de la venta de cosméticos. 
Hasta la fecha la Comisión y la Dirección General del Sr. Liikanen las han venido bloqueando, y así le pido, señora Wallström, que informe al Sr. Liikanen y también al nuevo Director General, al Sr. Mingasson, de que Francia no es el único país que tiene una industria cosmética, sino que hay que tener en cuenta otros intereses y que Europa tiene un Parlamento, y que se le recomienda que acceda a los deseos de este Parlamento. 
Esto es lo que me gustaría que ocurriera, pero todavía no es así. 
Si la Comisión quiere desempeñar en serio su función de mediadora en el procedimiento de conciliación, entonces que haga una propuesta que satisfaga a medias al Parlamento. 
Además, le exhorto a informar a los Estados miembros; lo siento, pero ¿puedo decirles a los caballeros de la Dirección General III que sería de gran utilidad que permitieran a la Sra. Wallström escuchar un rato? 
Sí, gustosamente esperaré un momento. 
Soy capaz de algunas cosas, pero no de escuchar a dos personas a la vez. 
Por eso, le exhorto a que informe a los Estados miembros de que la prohibición de comercialización, y le ruego advierta de que es absoluta, está vigente desde el 30 de junio de 2002, y de que convendría recomendar a los Estados miembros que tengan mejor disposición, que sean bastante más flexibles y un poco menos obstinados en el procedimiento de conciliación. 
Si la Comisión desea ser útil, entonces, señora Wallström, puede usted decirles a los Estados miembros que tienen dos opciones: una es participar en el procedimiento de conciliación, y, entonces, su industria cosmética obtendrá otros cinco años que se añadirán a los cinco que ya consiguió. 
Alternativamente, se puede no colaborar y mantener el bloqueo como en el presente, y, entonces, dispondrán de una prohibición de la comercialización que data ya del 30 de junio. 
La tarea de la Comisión consiste en transmitirle a ustedes esta información. 
La petición que le hago es realmente firme, e intenta ser seria, aunque sin que suene amenazadora, pero si recurre usted a esta medida comitológica estará envenenado la cooperación con el Parlamento y causará un grave daño. 
Es innecesario, y lo interpretaríamos como una afronta y como una violación de la ley. 
Tres meses después de que entrase en vigor volvería usted a recurrir a una medida comitológica para otros dos meses; cualquier persona normal lo consideraría ridículo. 
Incluso la Comisión sabe que es ridículo, e intenta embaucar al Parlamento, crear un precedente, y así es como nosotros también vemos las cosas. 
Esto es lo que ha podido escuchar hoy. Le estaría agradecida si usted, después de haber escuchado a todos los diputados de esta Cámara, se lo comunicara también al Sr. Liikanen. 
Lo consideramos una afronta al Parlamento y una violación de la ley que castigaríamos llevando el caso ante el Tribunal de Justicia, y le pido que contribuya al procedimiento de conciliación, que apoye al Parlamento y que me ayude a mí y a los diputados de esta Cámara, a quienes agradezco de nuevo su apoyo, en el procedimiento de conciliación, en lugar de utilizar medidas comitológicas para que nuestra cooperación sea más difícil. 
Gracias. 
. 
(EN) Presidente, es realmente tentador entrar en este debate. 
He sido Ministra de Consumo, por lo que no tendría problemas para ello, pero no lo haré porque mi tarea es representar a la Comisión. 
Es puramente una cuestión técnica para asegurar la claridad jurídica durante los seis meses que dura el procedimiento de conciliación. 
La Comisión no quiere usurpar futuras decisiones o el resultado del procedimiento de conciliación, sino subrayar que tiene la responsabilidad de asegurar la observancia de las normas en materia de libre circulación de mercancías, la protección de la salud pública y el respeto a las reglas internacionales. 
El Servicio Jurídico ha insistido en que garanticemos que damos seguridad jurídica a los operadores económicos, quienes deben garantizar que los productos que comercializan son seguros. 
Esta es la finalidad del aplazamiento. 
Esta aplazamiento es importante porque la propuesta de la Comisión también ha de ser retroactiva para lograr los objetivos de garantizar que los productos sólo se comercializan cuando cumplen las condiciones establecidas en la Directiva 76/68, y porque también debemos ser capaces de pedir a los fabricantes que garanticen que los productos que comercializan no son perjudiciales para la salud humana. 
La situación es tal que ahora no existen métodos de ensayo integrales alternativos, y por este motivo debemos garantizar que exista seguridad jurídica durante estos seis meses. 
Estos son los antecedentes de la propuesta de la Comisión. 
He tomado nota de todo lo que ha dicho usted y, por suerte, señora Roth-Behrendt, hemos desarrollado la capacidad para escuchar a dos personas al mismo tiempo. 
Tiene usted que probarlo, y la ventaja de oír hablar alemán es que todos los verbos vienen al final, cosa que también ayuda. 
Gracias, Comisaria, por su intervención adicional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0275/2002) del Sr. Casaca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Garantía. 
Señor Presidente, Comisaria, en virtud del apartado 1 de la regla 9 de nuestro Reglamento, en primer lugar he de informarle de que soy agricultor y, como tal, me interesan directamente cada uno de los aspectos del Fondo Agrario, como esta propuesta de reglamento. 
La Comisión propone una reducción del mínimo de controles obligatorios para empresas comerciales e industriales que hayan recibido una subvención agraria con cargo al presupuesto comunitario, para la disposición de excedentes agrarios del mercando interior o para otros fines. 
No tenemos nada en contra de reducir este número, pues la calidad, la característica de la Comunidad, el proceso de selección y la transparencia de este proceso mejoran, por supuesto, notablemente. 
Nos ha preocupado mucho el elevado nivel de fraude e irregularidades que rodean a las operaciones cuyo control contempla este reglamento, especialmente las exportaciones de ganado y las subvenciones para la disposición de productos lácteos, y hemos expresado esta opinión en numerosas ocasiones. 
Tal y como se ha visto en el caso europeo de la falsificación de la mantequilla, el fraude contra los intereses financieros de la Comunidad es inseparable del fraude contra el interés financiero de los Estados miembros, contra la salud pública y contra los agricultores, en cuyo nombre se gastan estos considerables importes de la Comunidad, pero que a menudo salen perjudicados por éstos. 
De acuerdo con la información publicada últimamente en la prensa, el número de incautaciones realizadas por los servicios aduaneros de los Estados miembros de productos alimenticios falsificados ha aumentado de 2.340 en 2000 a 4.106 en 2001, y los administradores de la Comisión han declarado que el crimen organizado se dedica hoy día más a la falsificación de productos alimenticios que a falsificar artículos de lujo. 
También recibimos noticias de flagrantes deficiencias en la lucha declarada por los Estados miembros contra la falsificación alimentaria, especialmente en áreas primordiales como el vino, el aceite y los productos derivados de la carne y de la leche. 
En estas circunstancias insistimos de nuevo, como hemos hecho en los últimos tres años, a la Comisión para que aumente notablemente su acción directa encaminada a supervisar el fraude y la falsificación en el comercio y la industria alimentaria. 
Por supuesto, celebramos la propuesta de reformar la PAC, que cuestiona la continuidad de estos mecanismos de intervención, que han resultado ser invitaciones abiertas al fraude y a la falsificación, porque tienen una efectividad dudosa en el apoyo a los ingresos de los agricultores, y en su lugar opta por la ayuda directa concedida de acuerdo con el área cultivada y de acuerdo con el trabajo rural emprendido, utilizando criterios de desarrollo sostenible. 
Por supuesto, no puede hacerse un control eficaz sin procedimientos transparentes y sin un control democrático por parte del Parlamento. 
Unos años después de que saltara el escándalo de más de 35 mil toneladas de mantequilla falsificada por la Camorra y vendida en Europa y fuera de ésta por parte de empresas de productos lácteos de varios países europeos, todavía no nos han dicho qué empresas estuvieron implicadas y qué medidas han adoptado contra ellas las instituciones europeas, así como para prevenir este tipo de actividad. 
¿Cuándo se esclarecerá por fin este asunto? 
¿Qué avances se han logrado en los controles físicos de estos productos de alto riesgo que nos permitan esperar razonablemente que ya no veremos más escándalos de este tipo? 
Una vez más he de subrayar que la idea de considerar que sólo la falsificación de productos lácteos directamente subvencionados por los fondos comunitarios afecta a los intereses financieros de la Comunidad es inaceptable. 
Si se acepta este enfoque, mientras que se penaliza duramente a los agricultores que superen su cuota de producción de leche de vaca, y se respeten los intereses financieros de la Comunidad, no se penalizará a las empresas industriales que venden productos lácteos que no están hechos con leche, a pesar de que tienen un efecto mucho más perjudicial para los intereses financieros de la Comunidad. 
También creo que es importante, en lo referente a este reglamento, divulgar la lista de empresas comerciales e industriales y los importes de las subvenciones que reciben del Fondo Agrario para disponer de excedentes. 
No entiendo por qué un proceso de competición para adjudicar una licitación comercial o incluso para asignar una subvención científica tenga que ser público, y que divulgue las sumas y los agentes implicados, pero cuando hablamos de multinacionales que a veces reciben grandes sumas por deshacerse de productos alimenticios, el público no tiene derecho a saber quién recibe los fondos y con qué fines. 
La democratización de Europa y el aumento de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones exigen inevitablemente una actitud más transparente y procedimientos equitativos. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión tengan debidamente en cuenta esta enmienda reglamentaria, porque supone una oportunidad única para superar las evidentes deficiencias en este campo de protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
. 
(EN) Señor Presidente, empezaré dando las gracias al Sr. Casaca por su informe, aunque la Comisión no está de acuerdo en todos sus aspectos. 
Quisiera subrayar que la aplicación por parte de los Estados miembros del Reglamento nº 4045/89 es en general satisfactoria. 
Por lo tanto, la propuesta de la Comisión sólo contiene enmiendas técnicas destinadas a ajustar los importes de referencia para la inflación, como sucedió con la última enmienda de 1994, que simplifican los requisitos de los informes de los Estados miembros e incluyen la posibilidad de reducir el número de controles en ciertos casos debidamente motivados. 
En estos casos los servicios de control de más de un Estado miembro unirían sus fuerzas a la hora de inspeccionar empresas multinacionales que reciben ayudas del FEOGA. 
Tal y como he mencionado antes, la aplicación por parte de los Estados miembros de las obligaciones derivadas de este Reglamento de control es satisfactoria, pero se requieren algunas enmiendas técnicas. 
Permítanme hacer hincapié en un importante factor: el Reglamento es un reglamento de control y no un reglamento de la lucha contra el fraude. 
Por lo tanto, la Comisión comparte la opinión de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de que el artículo 37, y no el artículo 280, es la base jurídica más apropiada. 
. (DE) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, realmente quisiera, como ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, agradecer efusivamente al ponente la labor que ha realizado. 
Celebro la propuesta de la Comisión, ya que pretende mejorar la lucha contra el fraude en el ámbito de la agricultura. 
Hay una cosa que debemos tener claro, y es que el fraude perjudica a los propios agricultores. 
El FEOGA-Garantía es un medio de financiación, por ejemplo, de restituciones a la exportación, intervenciones de las diferentes organizaciones de mercado o la cofinanciación de las medidas de acompañamiento y las demás medidas para el desarrollo del espacio rural fuera del Objetivo 1. 
Como ya ha señalado la Comisaria, el Reglamento 4045/89 versa sobre el control a posteriori de los documentos de las empresas que hayan recibido una ayuda agraria con cargo al presupuesto comunitario para las garantías del FEOGA. 
Así, este Reglamento es la medida central antifraude en el ámbito agrícola. 
Celebro la presentación por parte de la Comisión de propuestas para adoptar este instrumento y para actualizarlo. 
Los controles son importantes, especialmente en agricultura, que es un sector delicado, porque todo él se vería negativamente afectado por su ausencia. 
Los criterios de selección para las empresas que van a auditarse se modificaron por última vez en 1994, pero desde entonces no se han actualizado. 
A título de ejemplo, es preciso tener en cuenta la tasa anual de inflación. 
Se mejorarán aún mas las técnicas de análisis de riesgos. 
Se incrementarán los pagos de ayuda recibidos, que se fijan en el umbral en que empieza el control, y la ayuda administrativa debe simplificarse. 
Estoy muy agradecido de que esto vaya a ocurrir en todos los Estados miembros, pues nos permitirá reducir el número de auditorías hasta un 25%, que en forma alguna se considerará una reducción de la calidad, sino una mejor selección de empresas que van a auditarse, y una selección que guarde más relación con los riesgos implicados. 
Es preciso combatir el fraude de forma implacable y selectiva. 
Por lo tanto, en el futuro los datos electrónicos y los documentos se someterán a control, que arrojará datos sobre la producción y el tipo de producto. 
Seguirán excluyéndose del control los pagos directos al productor, así como los pagos amparados por el sistema integrado de gestión y control. 
Quisiera concluir haciendo especial hincapié en la verdadera importancia de tener en cuenta la necesidad de crear condiciones marco especiales, basadas en un enfoque plurienal, en controles y medidas o proyectos de desarrollo rural. 
Señor Presidente, en primer lugar, mi aplauso para el informe. 
Creo que es muy oportuno, y seguro que todos lo celebran porque la mayoría de las personas desearían que se redujeran los controles. 
Sin embargo, esto no implica en absoluto que se promueva activamente que haya un menor número de controles. 
Soy de la opinión de que si se van a controlar realmente las finanzas de la Unión Europea, la mejor forma de hacerlo es en el ámbito nacional, porque los Estados miembros también tienen la capacidad para tirar del hilo en estos controles. 
Estoy totalmente de acuerdo con la oradora que me ha precedido en que la inmensa mayoría de las personas del sector agrario- sean del ámbito manufacturero, del fabril o incluso del de las explotaciones agrícolas- no están implicadas en actividades fraudulentas. 
Sin embargo, siempre habrá un pequeño número de personas en cualquier país que estén dispuestas a abusar del sistema. 
Creo que en Europa debemos especializarnos más en lo que intentamos hacer, hemos de ser más claros y concretos a la hora de seleccionar las inspecciones en relación con las ámbitos que inspeccionamos, porque en muchos Estados miembros no hay duda de que una parte del dinero europeo no se gasta muy sabiamente y podría gastarse mucho mejor. 
Celebro el hecho de que vaya a aumentarse el umbral. 
Creo que es muy oportuno, y retomo mi cuestión: sigo creyendo que la mayoría de los contactos deberían dejarse en manos de los Estados miembros y que en Europa tendríamos que ser más concretos y centrarnos más en los ámbitos que deseamos que se inspeccionen. 
Nadie, repito, nadie quiere promover el fraude; sin duda en este Parlamento en modo alguno quisiéramos promover actos fraudulentos y allí donde se descubran han de tratarse con el máximo rigor. 
Así, el control ha de ser bueno pero ha de seleccionarse, debe ser concreto, tiene que ir al grano y debe centrarse en ámbitos en los que se han descubierto abusos. 
Pienso sin duda alguna que podemos mejorar la situación, creo que puede conseguirse y que puede hacerse seleccionando ámbitos concretos que consideramos los más vulnerables. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de nuestro grupo deseo agradecer al Sr. Casaca este informe y dejar muy claro que le apoyamos, incluso en los aspectos en que la Comisión cree que puede hacer distinciones entre medidas de control y medidas antifraude. 
De acuerdo con la información de su institución, el año pasado se sufrieron pérdidas de 430 millones de euros en este sector, lo que implica que no fuimos nosotros quienes las sufrimos, sino los que se sientan allí, los contribuyentes de esta nuestra Unión Europea. 
Cuando hablamos de cómo deberíamos reformar la política agrícola en Europa, tal y como ha propuesto hace poco la Comisión, con objeto de aproximar la política agrícola al público, y, en este caso, a los contribuyentes, algo a lo que la Sra. Schierhuber, ella misma agricultora, ha hecho referencia, y en lo que desearía expresarle mi apoyo, hemos de distanciarnos de nimiedades como qué es el control y qué se hace contra el fraude. 
Por lo tanto, opino que habría que recomendar a la Comisión que siga nuestra forma de pensar, que es la del ponente y de la Comisión de Control Presupuestario, y, en última instancia dotar a estas medidas del fundamento jurídico de la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Ya hemos reflexionado sobre cómo podríamos poner fin a las restituciones a la exportación, especialmente en el ámbito de la exportación de ganado vivo. 
Las imágenes que vemos de los puertos mediterráneos, que nuestros jóvenes van a ver, distan de hacer publicidad a favor de esta política agrícola y de la Unión Europea. 
Tenemos que acabar con esto, y la Cámara ha presentado enmiendas al respecto a este presupuesto. 
Déjenme decir alto y claro que, en el anteproyecto de presupuesto, la Comisión no nos ha apoyado. 
Volverán las enmiendas, y por tanto podemos esperar una mayor cooperación en el futuro, pues, en este Parlamento, que se ha propuesto supervisar el presupuesto, sabemos muy bien que este sistema de restituciones a la exportación no puede llegar a ser inmune al fraude. 
Todo lo contrario: el sistema de restituciones a la exportación agrícola tal y como se practica hoy día invita al fraude. 
Es un desafío, y considero que el debate sobre la elección entre el artículo 37 y el artículo 280 de los Tratados es puramente académico. 
Señoras y señores de la Comisión, nosotros, que hablamos más con las personas que viven en nuestro entorno, comen y beben con nosotros y nos pagan impuestos, no podemos permitirlo en el futuro. 
Desde aquí todo el apoyo incondicional a nuestro ponente y a su informe. 
Señor Presidente, como mis colegas, ratifico la propuesta de la Comisión que ha reforzado el Sr. Casaca. 
Tal y como nos tiene acostumbrado el Sr. Casaca, es un informe muy sólido con buenas recomendaciones, y lamento que la Comisión no pueda indicar que adoptará todas las propuestas del Sr. Casaca, sin duda a la luz del amplio apoyo que cosechan estas propuestas por parte de la Comisión de Control Presupuestario. 
Uno de los aspectos en cuestión es el fundamento legal de esta propuesta. 
Como es de todos sabido, pensamos que este fundamento tendría que ser el artículo 280, porque básicamente versa sobre la buena gestión de la financiación de la UE. 
No se trata de ceder ante el grupo de presión agrícola por enésima vez. 
En cierto modo, las subvenciones agrícolas son, de hecho, el secreto mejor guardado de la UE. 
Sabemos que hay muchas cosas que van mal. 
Mismamente la semana pasada trascendió a partir del informe del Tribunal de Cuentas que se abusa de las subvenciones a las oleaginosas a gran escala, y sin embargo parece que se hace poco al respecto. 
Es absolutamente esencial que estos movimientos de fondos sean transparentes. 
De hecho, una parte no muy grande va a parar a los pequeños agricultores a quienes están destinados, y el resto acaba en grandes multinacionales, tal y como ha explicado el Sr. Casaca. 
Sin embargo, no es posible publicar estos datos. 
El VVD y el CDA de los grupos de los Liberales y Demócrata-Cristianos, que, incidentalmente, están bien representados en este debate de hoy, se oponen a publicarlos. 
¿Por qué? 
¿Por miedo al acceso público? 
La Sra. Maij-Weggen ha sido la ponente de este Parlamento que ha hablado a favor del acceso público a los documentos. 
El grupo de los Liberales siempre ha concedido mucha importancia al acceso público. 
Por tanto, esto no puede ser un obstáculo. 
¿Podría haber otros elementos en juego, como un interés particular y la protección de quienes apoyan al grupo? 
¿O una reticencia a que los movimientos de fondos sean transparentes porque así se demostraría la necesidad de reformar la Política Agrícola Común? 
Me temo que sea esto. 
También lamento que el Sr. Mulder no pueda respaldar la enmienda del Sr. Casaca de dar a conocer el movimiento de fondos, con la excusa- porque no es más que eso- de que todo lo que no se aplique a otras áreas políticas no debería aplicarse tampoco a la agricultura. 
El Sr. Mulder se escuda constantemente detrás de este argumento. 
Lo ha hecho durante los dos últimos años, y este no es el método, máxime cuando el presupuesto agrícola representa la mitad del presupuesto europeo. 
Este problema se agudizará después de la ampliación. 
Se acogerán aún más empresas, y entonces será aún más importante saber a dónde va a parar el dinero. 
La política agrícola ha adoptado formas indeseables en los últimos años. 
Las subvenciones no acaban en manos de sus destinatarios. 
Un ejemplo, citado este verano, es el hecho de que la reina de los Países Bajos reciba subvenciones para instalar una plantación de olivos en Italia. 
Si hay alguien en Europa que no necesite este dinero, seguramente es una de las mujeres más ricas del mundo. 
Y esto sucede mientras la política rural en Groninga, Países Bajos, por ejemplo, recibe una financiación insuficiente para ayudar a los pequeños agricultores a mantenerse a flote. 
Esto demuestra que esta política se ha desbocado y que debemos inyectar transparencia al movimiento de fondos. 
A su vez, esto podría servir de base para una reforma a fondo, incluso antes de que se adhieran nuevos Estados miembros. 
Pues se necesita desesperadamente. 
El informe del Sr. Casaca es un primer paso en esta dirección. 
Señor Presidente, felicito al ponente Paulo Casaca por la calidad del trabajo que ha presentado para que lo estudiemos, pero especialmente por el riguroso trabajo que ha realizado como diputado de este Parlamento en torno a la transparencia en la contabilidad y los procedimientos comunitarios. 
Al igual que el ponente, reconozco que la propuesta de la Comisión es aceptable, porque sin duda alguna supone un aumento significativo de la calidad de los controles y procedimientos comunitarios, y demuestra que la Comisión ya se ha comprometido en este sentido. 
El control del gasto y de todos los procedimientos de financiación comunitarios están indisolublemente asociados a una mayor transparencia y equidad. 
Por lo tanto, es en estos campos donde la Comisión y el Parlamento deben centrar sus principales preocupaciones. 
Todos conocemos la cantidad y la escala del fraude que se ha perpetrado, a pesar del sistema de supervisión existente, y, por lo tanto, nada que podamos hacer para mejorar el sistema será gratuito o prescindible. 
La Comisión en particular y la Unión Europea en general solo pueden ganar divulgando toda la información disponible a los ciudadanos y, sobre todo, con el conocimiento por parte del público de la relación entre los principales beneficiarios de las políticas de financiación comunes. 
Queremos saber si las promesas hechas por el Comisario responsable de agricultura en este campo pueden cumplirse a corto plazo. 
También deseo ratificar la propuesta del ponente destinada a cambiar el fundamento legal del artículo 37 al artículo 280 del Tratado. 
Este sería un gran cambio, un cambio crucial, que asignaría la máxima prioridad a la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Por último, me gustaría recordarles que la equidad en el comercio internacional es un activo incalculable a medio plazo y, sobre todo, que no hay sectores económicos aislados o separados. 
El posible daño a terceros países derivado de las políticas proteccionistas o de la ausencia de transparencia de los procedimientos o de la aplicación de normas, lo sufrirán en última instancia quienes hacen de esta forma de comportarse la norma para su intervención. 
Es absolutamente crucial que la reforma proclamada de la PAC pueda integrar estos y otros principios. 
Como sobra tiempo antes de la votación, voy a aplicar el sistema de solicitud incidental de intervenciones para que los diputados que no figuran en la lista de oradores puedan pedir la palabra. 
Señor Presidente, Comisaria, en primer lugar quisiera agradecer a todos mis colegas diputados que han tenido el gesto de referirse al trabajo que hemos realizado en este ámbito y quisiera decir que, en este asunto, la Comisión de Control Presupuestario ha trabajado, de hecho, muy bien. 
Todos hemos compartido la misma visión, que básicamente todos tenemos con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses financieros, y hemos realizado un trabajo que es esencialmente colectivo. 
Dicho esto, también me gustaría agradecer a la Comisaria la atención que ha prestado a este informe, pero, he de decir, Comisaria, que su intervención ha planteado algunas cuestiones que estimo totalmente esencial aclarar. 
Con el permiso del Presidente, me gustaría hacerle cuatro preguntas muy concretas que se plantean en este informe: 
En primer lugar, la Comisaria nos dice que el artículo 280 solo se refiere al fraude y que este reglamento versa sobre el control Comisaria, no es la primera vez que oigo a la Comisión decir esto, pero estoy tentado de decir que quizá la Comisión precisa examinar mejor el artículo 280. 
Porque, y traduciendo libremente de la versión en inglés, el primer apartado de este artículo establece que «la Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad». 
Por lo tanto, el texto del artículo 280 establece con bastante claridad que no solo nos ocupamos del fraude, sino de toda actividad ilegal que amenace los intereses financieros de la Comunidad. 
Por lo tanto, está totalmente claro que este reglamento entra dentro del ámbito de esta protección, y debo decir que la gran mayoría de los procesos para recuperar dinero emprendidos por la Comunidad se llevan a cabo en virtud de este reglamento. 
Diría que quizá en torno a las tres cuartas partes de estos procesos y las tres cuartas partes de las asignaciones recuperadas recaen en este reglamento. 
¿Cómo, entonces, puede la Comisión decir algo como esto, que no tiene nada que ver con el artículo 280, cuando este reglamento es una fiel transcripción de lo que establece el artículo 280? 
En segundo lugar, la Comisaria dice que el rendimiento de este reglamento ha sido satisfactorio. 
Como ya se ha dicho, no creo que podamos aislar este reglamento de otros reglamentos y de toda la estructura jurídica destinada a proteger los intereses financieros de la Comunidad. 
Desde este punto de vista, solo deseo señalar una vez más el escándalo que ya he mencionado; el escándalo de la mantequilla falsificada por la Camorra napolitana y que contó con la cooperación de las principales empresas europeas de productos lácteos de casi todos los grandes países europeos. 
Este escándalo empezó en 1995, abarcó al menos 35 toneladas de mantequilla falsificada y terminó en el año 2000, en otras palabras, se falsificaron 35 toneladas de mantequilla durante cinco años, y se vieron implicadas grandes empresas de Francia, Alemania, Bélgica y probablemente de otros países. 
Y este reglamento no ha permitido en ningún momento a la Comisión entender lo primero que se deriva de esta falsificación de mantequilla. 
La policía italiana de Nápoles tuvo que realizar una investigación para poder empezar a aclarar este escándalo. 
Ahora nos encontramos en 2002, y todavía no sabemos qué empresas estuvieron implicadas y qué pretende hacer la Comisión con ellas. 
Y la Comisaria cree que esto es satisfactorio. 
Lo siento tener que decirlo, pero esto no es satisfactorio. 
No considero satisfactorio que la falsificación de alimentos se haya prácticamente doblado entre el año 2000 y 2001, que, por ejemplo, es otra cifra que ha aparecido en la prensa y que hasta ahora la Comisión no ha desmentido. 
Para mí, todo esto no es satisfactorio. 
En tercer lugar, Comisaria, está la cuestión de la transparencia. 
He oído a la Comisaria pedir transparencia, y con razón, en las circunstancias más variopintas. 
Sin embargo, en estas circunstancias no entiendo por qué cuando llegamos a este punto la Comisión y, por lo tanto, también la Comisaria, ya no piden transparencia. 
¿Cómo es posible que podamos ir a Internet y ver quién solicita subvenciones financiadas por el Programa científico de la Comunidad, por ejemplo, y quién ha recibido estas subvenciones, pero no podamos saber qué multinacionales reciben millones y millones de euros para exportar excedentes de alimentos o para utilizarlos en el mercado interior? 
¿Por qué es un secreto de Estado? 
¿Por qué la Comisión no nos dice qué empresas son? 
¿Cuánto reciben? 
¿Con qué fines? 
¿Qué aspecto de todo esto ha de mantenerse en secreto? 
Y aquí, tal y como ya han dicho nuestros colegas diputados, y con bastante razón, no solo tenemos un problema con la Comisión, sino también con nuestros colegas diputados del PPE y los Liberales, que hasta ahora también se han negado a aceptar que esta norma, que considero básicamente transparente, ya está contenida en el reglamento. 
Por último, Comisaria, quiero preguntarle por la definición de la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Porque esta es la definición que se ha dado: la falsificación de los productos lácteos solo se considera un problema para la Comunidad si los autores han recibido una subvención comunitaria. 
En otras palabras, si no reciben esta subvención, ya no es asunto de la Comunidad. 
Esto es totalmente absurdo, Comisaria, por los siguientes motivos: los productores de leche rebasan su cantidad de referencia, en otras palabras, producen leche, y esta leche no ha sido subvencionada; la Comunidad permite a la industria que compra su leche aplicar inmediatamente una retención preventiva, en otras palabras, incluso antes de que se observe un excedente de cuota se realiza una retención preventiva de dinero para pagar una multa en función de la cuota. 
Es decir, incluso si estos agricultores no han cometido delito alguno, ni siquiera han aumentado su producción de leche, no obstante se les quita dinero. 
Esto es lo que les ocurre a los productores de leche. 
Si una empresa produce productos lácteos «falsos» , es decir, hace mantequilla sin leche, hace mantequilla con una gran variedad de cosas que nunca deberían utilizarse en ningún producto alimenticio, cosas totalmente artificiales, entonces la Comunidad dice lo siguiente: bueno, no es nuestro problema a menos que se hayan recibido subvenciones a la exportación de la Comunidad. 
Esto no tiene sentido. 
Sin embargo, esta es la doctrina de la Comisión, y ha sido la doctrina defendida en la Comisión de Control Presupuestario, año tras año, y sigue defendiéndose. 
No puedo aceptarlo, Comisaria. 
También me gustaría que nos explicara con claridad por qué la Comisión adopta esta actitud, porque yo no puedo. 
No puedo dirigirme a los agricultores de la región que represento aquí y decirles esto, porque no hay ninguna explicación posible y, por lo tanto, me gustaría que la Comisión explique con claridad el motivo de esta incongruencia. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los diputados por sus interesantes discursos; he aprendido muchas cosas, incluso sobre el trato de igualdad de la reina belga y el cultivo de las aceitunas. 
El Sr. Casaca tiene razón cuando expresa su inquietud por las irregularidades. 
Quisiera señalar que el control del Reglamento 4045/89 arroja un elevado número de irregularidades que se comunican a la OLAF, y también permite detectar casos y hacer un seguimiento de los mismos, a los que se ha referido el Sr. Casaca. 
Esto es muy importante. 
Quisiera aclarar la posición de la Comisión en torno a algunas enmiendas y también intentaré responder a las cuatro preguntas planteadas por el Sr. Casaca. 
La primera se refiere a la base legal. 
Quisiera hacer tres comentarios. 
En primer lugar, el Reglamento 4045/89 es un reglamento de control y no un reglamento de lucha contra el fraude. 
Por lo tanto, el artículo 37 es la base legal más apropiada. En segundo lugar, son enmiendas técnicas y no hay motivos para introducir cambios sustanciales. 
En tercer lugar, la opinión de la propia comisión del Sr. Casaca, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, basada en el dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento, es que el artículo 37 es la base legal que mejor encaja. 
Para todos los implicados es muy importante distinguir entre control y lucha contra el fraude. 
Por este motivo la Comisión rechaza esta enmienda sobre la base legal. 
Las enmiendas 2, 3 y 4 amplían o refuerzan ligeramente las disposiciones vigentes y son aceptables para la Comisión. 
En relación con la enmienda 5 quiero señalar que como los Estados miembros ya están obligados a enviar a la Comisión una lista de beneficiarios, esta parte de la enmienda no es necesaria. 
Los servicios de la Comisión han comprobado los métodos utilizados por los Estados miembros para calcular el número mínimo de controles, y el resultado es satisfactorio. 
Por este motivo la Comisión rechaza esta enmienda. 
Podemos aceptar la enmienda 6, aunque parece superflua. 
La enmienda 7 es más que una enmienda técnica, ya que marcaría un cambio importante en las relaciones entre los Estados miembros y también podría tener notables efectos legales. 
La Comisión no se opone a la enmienda en sí misma, pero, en vista de las cuestiones jurídicas y políticas, es una cuestión que debe abordarse en el plano horizontal, y por este motivo la Comisión la rechaza. 
En cuanto a las enmiendas 8 y 9, la Comisión de Control Presupuestario quiere que el personal de la Comisión realice una serie de controles al año, uno en cada uno de los Estados miembros, además de un control multinacional. 
Al asignar sus actividades de control, la Comisión utiliza el análisis de riesgos. 
El Tribunal de Cuentas Europeo y el Parlamento han reclamado y apoyado este enfoque. 
Las enmiendas 8 y 9 limitarían drásticamente la efectividad de un análisis de riesgos debido al volumen de trabajo que habría que hacer cada año. 
Los servicios de auditoría de la DG de Agricultura son responsables del control de muchas medidas, y obligarles a realizar todos los controles requeridos por estas enmiendas, sean o no de alto riesgo, no es un enfoque aceptable. 
Además, algunos Estados miembros disponen de un servicio de control, otros de varios, y pueden vislumbrarse dificultades en algunos, pero no en otros. 
Sin embargo, la enmienda 8 requiere un control por Estado miembro al año, sean cuales sean las circunstancias: esto no tiene en cuenta los riesgos detectados e implicará que los escasos recursos también se utilizarán en controles de bajo riesgo. 
Si el Parlamento insiste en desviarse de este enfoque profesional de la labor de auditoría, entonces también obligaría a la Comisión a asignar recursos presupuestarios suplementarios para contratar al personal necesario. 
Por último, la enmienda del Sr. Cunha está destinada a asegurar la publicación de la lista de beneficiarios que ha mencionado el Sr. Casaca. 
La Comisión promueve la apertura y la transparencia, pero no considera que ésta sea una propuesta inteligente. 
El programa puede decidirse hasta 12 meses antes del inicio de algunos controles, e informar a un beneficiario de que habrá un control con 12 meses de antelación no puede ser una buena práctica. 
En cualquier caso, el Reglamento 4045/89 prohíbe utilizar datos nominativos de esta forma. 
Entiendo que también hay un problema de volumen que tiene que ver con la viabilidad práctica de la divulgación de parte de la información de una forma que resulte significativa. 
Por este motivo esta enmienda no es aceptable para la Comisión. 
Con respecto al caso específico relativo a la mantequilla, no puedo facilitar todos los detalles. 
Sin embargo, pediría a Su Señoría que planteara a la Comisión una pregunta por escrito sobre este caso. 
Entonces podríamos informarle de las medidas adoptadas. 
Tendremos que retomar las demás cuestiones políticas de carácter más general, pues me gustaría ceñir mis comentarios a la propuesta que tenemos delante. 
Señor Presidente, como tenemos un poco más de tiempo, quisiera aprovechar la oportunidad que ha mencionado usted antes. 
Aquí tenemos una propuesta de la Comisión, que ha sido objeto de un amplio debate público en Europa sobre cómo debería reformarse la política agrícola. 
Ahora le decimos, Comisaria, qué líneas de la política agrícola estima la Comisión de Control Presupuestario deberían cambiarse. 
Sus argumentos son bien sabidos. 
La cuestión del fundamento jurídico, sobre el artículo 37 o el artículo 280, tal y como hemos propuesto, no es, naturalmente, una cuestión simplemente académica. 
Se refiere a la medida en que el ámbito de la política agrícola debería ser público. 
¿Está el Parlamento realmente en el ajo o no? 
Esto es lo que queremos y lo que debemos a nuestros ciudadanos. 
Cuando antes he dicho que es imposible que nuestros sistemas actuales de restituciones a la exportación sean inmunes al fraude, la Comisión debería haber aguzado el oído, si van ustedes verdaderamente en serio en cuanto a la protección de los ingresos tributarios que recaudamos en los Estados miembros. 
No me llega ninguna reacción de la Comisión, todo lo contrario. 
Al examinar el anteproyecto de presupuesto para el próximo año encontramos un ámbito especialmente delicado, que antes he mencionado, a saber, las subvenciones a las exportaciones de animales vivos, especialmente ganado. 
A este respecto he de decir que nuestro presupuesto carece tanto de transparencia que el Parlamento en primer lugar ha de sonsacarle estas restituciones a la exportación, que ni siquiera cuentan con una línea de crédito propia. 
Comisaria, intentaremos conseguir una en el presupuesto del ejercicio 2003, para que podamos tener una visión algo más clara de las cosas. 
Volvamos a nuestro ganado. Veo que las cifras relativas a este próximo año son más elevadas que las del año en curso, precisamente lo contrario de lo que en realidad queremos- eliminar las restituciones a la exportación, especialmente cuando se tortura a animales vivos de la forma en que se ha hecho en el pasado -, y en la que la Comisión no está en condiciones de garantizar la correcta aplicación de lo que dicen las directivas al respecto. 
En el presupuesto actual, Comisaria, ya tenemos un compromiso entre los ministros de Finanzas y el Parlamento para que la Comisión, para el 31 de mayo, presente un informe sobre la correcta aplicación de las Directivas sobre el transporte de animales en los Estados miembros y el número de sanciones que la Comisión pueda haber impuesto finalmente a estos Estados miembros que puedan haberlas contravenido. 
Por el momento no se ha presentado nada, ¡nada! 
¿Cómo vamos a manejar esta cuestión si simplemente se niegan ustedes a hacer nada? 
Volveremos sobre esta cuestión. 
Estaría encantado de poder dejar este debate al menos con la certeza de que pronto veremos el informe de su institución. 
Repito: la política que siguen ustedes en estos momentos es directamente contraria a nuestros propios intereses. 
Aumentan ustedes las restituciones a la exportación, por lo menos en cuanto al ganado. 
Entonces, no pueden ustedes delegar en otro la responsabilidad de las atroces torturas que se infligen a los animales vivos que exportamos a Oriente Próximo. 
Deben ustedes asumir esta responsabilidad, y si consideran que los controles en los Estados miembros son de hecho satisfactorios en su conjunto, entonces repetiré que las irregularidades y los fraudes del último año ascendieron a 430 millones de euros. 
No sé cómo nuestros ciudadanos de la UE entienden lo que dicen sobre este asunto. 
Por último, no he estado en Johanesburgo y por eso no sé si también nos representó usted, pero, Comisaria, ¿acaso allí no quedó claro en todo momento que las restituciones a la exportación de este tipo, que este tipo de política agrícola, que este tipo de subvención acaba agravando todavía más la gran miseria que hay en muchas partes del mundo? 
Por supuesto, habrá sitio en nuestro presupuesto para algún tipo de ayuda, para alguna propinas, pero lo que he dicho es un hecho, y en estos momentos pretenden hacer una política contraria a los intereses de estos países y, sobre todo, contraria a los contribuyentes de Europa. 
No permitan que estas declaraciones pongan punto final a este asunto. 
Seguro que habrán tenido ustedes la oportunidad de demostrar su buena voluntad con unas pocas y pequeñas aproximaciones a lo que propone el Parlamento, pero, y no solo con respecto a la transparencia, no lo han hecho, y han optado por ocultarse detrás de algún artículo. 
Nosotros, que queremos ser reelegidos por nuestros ciudadanos, no podemos hacerlo. 
Por este motivo hemos de contrarrestar su concepto de política agrícola con el nuestro. 
Señor Presidente, puesto que todos nos entra la marcha cuando hablamos de política agrícola común, también quisiera mencionar algunos datos al respecto. 
Este fin de semana, en el Reino Unido ha tenido lugar una gran concentración, Liberty and Livelihood, que reunió a miles de personas en Londres para protestar contra varios problemas relacionados con el campo. 
No obstante, en esa concentración no se pusieron en la picota las subvenciones que recibe masivamente el campo. 
La agricultura en particular está fuertemente subvencionada en comparación con los demás sectores de la Unión Europea. 
Cuando el 40% del presupuesto de la UE se asigna al 5% de la población, es que la política precisa sin duda una reforma radical. 
Pero me parece raro que en este proceso de reforma haya dos aspectos que no se tratan: el escándalo del mercado del azúcar de la UE, cuyos precios desorbitados en toda la UE permiten a algunos aprovecharse de lo que considero un régimen muy corrupto, y el escándalo de la industria tabaquera, de cuya existencia uno no puede sino pensar que es una verdadera contradicción en un momento en que la Unión Europea también intenta promover iniciativas de salud. 
Estos son aspectos clave. 
Pero la cuestión más importante hoy aquí es la transparencia. 
Si puedo visitar la página web y saber dónde en mi zona se paga cada euro en relación con la política regional y los fondos estructurales, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en relación con la política agrícola común? 
Esta posibilidad no existe y me gustaría tenerla. 
Esta es la relación que los contribuyentes de Europa necesitan tener con los beneficiarios de esta financiación: de esta forma quizá podamos saber cuánto reciben el Príncipe Carlos, la Reina y el resto de la familia real en relación con las subvenciones concedidas en el marco de la política agrícola común. 
Hay que de destaparlo. 
Es crucial que obtengamos el apoyo de las personas que repetidamente reclaman transparencia en esta Cámara. 
Esto es lo que pedimos. 
La Comisión tiene que cooperar mucho más con los Estados miembros en todos los ámbitos de la Unión Europea para garantizar que así ocurra. 
Las subvenciones agrícolas constituyen una gran proporción del presupuesto europeo. 
Este es el hecho. 
Durante 20 años he oído que sería necesario reducir esta proporción, pero es un proceso extremadamente lento. 
Como diputada del Parlamento Europeo, me llena de tristeza y estoy profundamente decepcionada por el hecho de que el Parlamento aún no controle la situación. 
Cuando el Sr. Casaca intenta- al menos basándose en la autoridad que claramente tenemos, que es una autoridad presupuestaria- obtener una visión general de todo el programa de subvenciones, no recibimos información satisfactoria por su parte. 
Parece que usted, como Comisaria, se permite dejarse engatusar con lo que le susurran al oído los burócratas que le han acompañado durante tantos años y que durante tanto tiempo han negado al Parlamento una información directa. 
Después de todo, queremos tener cierto control sobre la política agrícola, las subvenciones a la exportación y la forma en que se distribuyen. 
Quisiéramos ver que se pone fin a la explotación de los países en vías de desarrollo. 
Coincido totalmente con lo que han dicho el Sr. Bösch y la Sra. Morgan al respecto. 
Cuando estuve en Johanesburgo sentí vergüenza al comprobar que con nuestras subvenciones dictamos la sentencia de muerte de una serie de países que tienen pocos recursos para vivir. 
Hay algunos países que solo tienen azúcar para exportar, y hemos logrado mantener esas horribles subvenciones que concedemos a nuestros magnates del azúcar gracias a nuestros Estados miembros. 
El Parlamento ha decidido en la Comisión de Desarrollo y Cooperación que esto debería terminar. 
Sin embargo, se ha deslizado furtivamente una enmienda, que el pleno ha vuelto a votar para mantener las subvenciones agrícolas para el azúcar. 
Aquí se han citado innumerables ejemplos. 
Como representantes democráticos de nuestros ciudadanos, queremos tener cierto control sobre estas subvenciones. 
Del mismo modo, no he obtenido una explicación de la forma en que Europa consigue repartir subvenciones innecesarias y perjudiciales, mientras que en realidad nos hemos comprometido a ser solidarios con el mundo en vías de desarrollo. 
Hace poco he visitado Botswana, donde, aparte de diamantes, solo tienen unas pocas reses para exportar. 
Suscribimos un acuerdo a este respecto. 
Hay tantos países africanos que desean comerciar de forma justa con nosotros, y sin embargo seguimos sin darles la oportunidad. 
Por último, quisiera señalar que con respecto a las subvenciones agrícolas, las subvenciones a la exportación de animales vivos también son una vergüenza e inaceptables para nuestra opinión pública. 
Me he quedado consternada al saber que pretenden ustedes aumentarlas. 
Sin duda esto es imposible. 
Por lo tanto, me sumo a la petición de nuestros colegas diputados. 
Yo misma he sido miembro de la Comisión de Control Presupuestario durante un tiempo, y siento un gran respeto por mis colegas diputados y sus informes. 
Siempre he leído los informes con gran interés, pero por fin me gustaría ver algún cambio. 
En última instancia, no estamos aquí para mantener el espectáculo; estamos aquí para hacer justicia. 
. 
(EN) Señor Presidente, esto se está poniendo muy interesante, y el orden del día que hemos establecido es muy largo, abarca todo, desde la Política Agrícola Común hasta la apertura y la transparencia, el transporte de animales, Johanesburgo e incluso la caza del zorro en el Reino Unido. 
Por supuesto, el debate tiene que ver con el medio ambiente, así que estoy tentada de entrar en todos estos debates con mis propias opiniones personales. 
Sin embargo, intentaré ser leal también a quienes me han enviado y dejaré algunos de los comentarios presupuestarios al Sr. Fischler, que estará aquí esta tarde para hablar del presupuesto. 
Así, en cuanto al debate sobre los pormenores del seguimiento de la PAC, espero que reconozcan que no soy jefe de fila en esta materia. 
Dejo en manos del Sr. Fischler la respuesta a todas estas cuestiones. 
Debo decir que también comparto muchas de las inquietudes y opiniones de Sus Señorías sobre el modo de reforzar estar normas y de asegurar el seguimiento presupuestario de las reformas. 
No puedo decir que siempre me he sentido orgullosa de representar a la Unión Europea en materia de subvenciones agrícolas, pero sin duda podemos decir que vamos por buen camino con nuestra revisión de la política agrícola común. 
Creo que a veces se «mata al mensajero» , cuando sería más justo criticar a algunos Estados miembros que no siempre están dispuestos a reformar la política agrícola común y a avanzar en la dirección correcta. 
Sabemos qué hace falta para satisfacer a los países en vías de desarrollo. 
Sabemos que hemos de recompensar la calidad y no la cantidad, y promover de este modo la salud pública. 
Sabemos que hemos de proteger y restaurar los hábitats y los sistemas naturales, e invertir la tendencia a la pérdida de biodiversidad. 
También sabemos que hemos de mejorar la gestión del uso de la tierra a través de un mayor desarrollo rural, etcétera. 
Debemos fijamos más en la calidad que en el fomento de la sobreproducción y la creación de un sistema totalmente enfermo. 
Como ya he dicho, hemos dado un paso en la dirección correcta con la revisión de la política agrícola común. 
Tendremos que seguir hablando de esto con los Estados miembros, porque muchas de estas responsabilidades tendrán que compartirse con ellos, incluida la protección del bienestar de los animales. 
Me siento tan avergonzada como Sus Señorías cuando vemos esas imágenes y esas prácticas; simplemente, hay que ponerles coto. 
También creo que algunas de las medidas propuestas en la revisión, incluidos los sistemas de auditoría, etcétera, y la vinculación de la ayuda económica de modo que sea necesario el cumplimiento cruzado, también podría contribuir a mejorar el bienestar de los animales, así como otros factores de la política agrícola común. 
Aunque comparto sus inquietudes- y creo que tienen ustedes razón cuando sacan a relucir estos problemas -, tendremos que celebrar ese debate global en otro momento. 
Dejaré para el Sr. Fischler la tarea de venir aquí a hablar de las consecuencias presupuestarias de la política agrícola común. 
Me complace invitarles al debate de mañana sobre el seguimiento de la cumbre de Johanesburgo. 
Este es definitivamente uno de los elementos importantes. 
Muchas de las discusiones de Johanesburgo estuvieron envenenadas por las subvenciones agrícolas, y pronto o tarde tendremos que abordar esta cuestión. 
Señor Presidente, no quiero comentar lo que se ha dicho. 
Me alegro de haber venido a la Cámara pronto para poder trabajar tranquilamente y presenciar después un debate interesante. 
Quisiera felicitarle, Señor Presidente, por permitirlo y hacerlo posible, y por constituir para sus colegas de la Mesa un buen ejemplo para el futuro. 
Es una pena que haya tan pocos diputados aquí, pero quizá aparezcan más en la Cámara cuando se corra la voz. 
Gracias, Señor Swoboda por su amabilidad. 
Le puedo asegurar a usted y al resto de la Asamblea que la Mesa en su conjunto hace un esfuerzo, ahora que ha cambiado el Reglamento, por garantizar que los debates de la sesión plenaria sean exactamente como ha dicho usted. 
Es una política del conjunto de la Mesa y creo que, tal y como hemos visto, podemos celebrar debates en sesión plenaria incluso mejor que en el pasado. 
Señor Presidente, en relación con la magnífica propuesta del Sr. Swoboda, quizá podría retomarse con motivo del debate general sobre el procedimiento de solicitud incidental de intervención. 
Quizá la Mesa y la Conferencia de Presidentes puedan estudiar también la posibilidad de formalizar la regla de que en los debates que terminen antes del tiempo asignado haya un turno de solicitudes incidentales de intervención. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Swoboda en que es una feliz innovación. 
Aumenta la vivacidad del debate y también implica que los presentes en la tribuna del público tengan algo para ver y escuchar en la última media hora, en lugar de tener que presenciar un hemiciclo vacío. 
Le aseguro a usted y al resto de la Asamblea que sus comentarios quedarán reflejados en las actas literales de la Mesa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.50 horas, se reanuda para la votación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación. 
. (DE) Señor Presidente, quisiera rogarle que dé la palabra al ponente de nuestra comisión en este terreno, para que pueda decir unas palabras sobre el informe. 
El ponente es el Sr. Mulder. 
Señor Mulder, le cedo la palabra sin que sirva de precedente porque entiendo que ha realizado usted la labor en nombre del presidente de la comisión. 
Señor Presidente, el Parlamento no siempre ha podido felicitar a la Comisión, pero quisiera hacerlo en esta ocasión. 
La política agrícola en la UE es polémica y si este es el caso, por el motivo que sea, debemos, sobre todo, garantizar que haya un sólido mecanismo para controlar el gasto de los fondos. 
Hasta la fecha la Comisión ha podido inspeccionar estos fondos dos años después del cierre de las cuentas. 
El año pasado el Parlamento propuso una resolución para ampliar este período a 36 meses. 
La Comisión accedió muy pronto, por lo que quisiera escribirlo en su haber. 
En esta fase solo nos queda esperar que el Consejo satisfaga el deseo del Parlamento y de la Comisión de mejorar el control del gasto agrícola. 
. (DE) Señor Presidente, en junio del año pasado debatimos la primera lectura una propuesta de la Comisión sobre el reglamento relativo a las estadísticas estructurales de las empresas, a fin de añadirle dos anexos sectoriales, uno de ellos referente a entidades crediticias y el otro a fondos de pensión y, al mismo tiempo, a fin de ampliar el alcance del reglamento a otras instituciones financieras, fondos de pensiones y auxiliares de seguros. 
Por último, se han incluido dos nuevos elementos relacionados con el medio ambiente en las estadísticas sobre empresas industriales. 
Las estadísticas estructurales de las empresas sobre entidades crediticias, fondos de pensiones y otros negocios del sector de servicios financieros son necesarios para evaluar el mercado único financiero, confirmar las estadísticas macroeconómicas y supervisar la estabilidad del sistema financiero de la UE. 
Los datos relativos al gasto de la industria en la protección del medio ambiente constituyen un instrumento importante para los responsables políticos a la hora de evaluar el coste de la observancia del derecho medioambiental, incluyendo su efecto en la competitividad de las empresas, y en la comprobación de si se cumple el principio de quien contamina paga. 
Después de la primera lectura, como ponente me puse en contacto en julio de 2001 con la nueva Presidencia del Consejo esperando una pronta Posición Común del Consejo, pero esto resultó ser demasiado ambicioso. 
Los belgas parecían haberse olvidado de nosotros, y por fin apareció la Posición Común hacia el final de la Presidencia española. 
Me alegro de que, a pesar de lo que llamamos el descanso estival, el Parlamento me haya permitido presentar mi informe para la segunda lectura solo tres meses después. 
Me solidarizo con los Estados miembros que han tenido problemas para presentar datos concretos sobre los fondos de pensiones, pero el Consejo ha aceptado cuatro enmiendas nuestras, y propongo que esta Cámara vote a favor. 
. (DE) Señor Presidente, lamento que los diputados se estén poniendo un poco nerviosos, pero estimo importante, en vista de nuestro extraño nuevo Reglamento, decir lo que pasa. 
En absoluto es una cuestión técnica. 
La unión económica y monetaria es una realidad en la eurozona desde 1999, y lo que ahora nos plantea la Comisión es un intento de obtener mejores estadísticas, para impedir que el Banco Central Europeo tome decisiones equivocadas sobre la base de estadísticas insuficientes e impropias. 
El proyecto de reglamento que tenemos ante nosotros pretende mejorar la calidad de estas estadísticas, en primer lugar recortando el período para la transmisión de los principales agregados de las cuentas nacionales trimestrales de cuatro meses a setenta días; en segundo lugar, suspendiendo varias derogaciones concedidas a los Estados miembros; y en tercer lugar, transmitiendo los datos sobre empleo en una unidad, a saber, las horas trabajadas. 
Estos cambios son necesarios si queremos disponer sin demora de estadísticas más exactas sobre el PIB. 
Los economistas bancarios han venido advirtiendo durante años de que unas estadísticas económicas inadecuadas podrían llevar a cometer errores en la política monetaria. 
El Sr. Eugenio Domingo Solans, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, declaró a un periódico alemán que se precisan estadísticas relevantes para la zona euro. 
Interesa a los responsables de las empresas europeas, a los mercados financieros y, por último, a los ciudadanos de la Unión Económica y Monetaria. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. 
Hoy en día, por ejemplo, la Comisión se ve obligada a utilizar datos incompletos cuando prepara los primeros cálculos del PIB de la eurozona y la UE, que podrían perfectamente socavar la fiabilidad de estos indicadores y perjudicar a los mercados financieros y, especialmente, a los bancos centrales, y el Sr.? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
. 
(EN) Señor Presidente, este informe versa sobre los vehículos N1, que en la jerga de la Comisión equivalen a las furgonetas. 
Esto le interesa al más famoso de los conductores británicos: el «white van man» (el hombre de la furgoneta blanca). 
El «white van man» , como lo llamamos en el Reino Unido, es una persona que a pesar de ir en una furgoneta Ford Transit cree que es Michael Schumacher. 
Ya sé que esto es algo exclusivamente británico, pues aquí en el continente, y sobre todo en Italia, todos los conductores creen que son Michael Schumacher. 
Este informe es bastante técnico y versa sobre la forma de medir el CO2 producido por estos vehículos. 
He conseguido establecer exenciones para los pequeños fabricantes de vehículos especializados, en particular ambulancias, y también he introducido el concepto de familias de vehículos para agrupar a los miles de vehículos fabricados en diferentes variantes. 
Los vehículos N1 son importantes para todos nosotros porque es muy probable que nuestro penúltimo viaje lo hagamos en un vehículo N1, por ejemplo una ambulancia. 
Pero también les complacerá saber que he establecido una exención para el vehículo en que harán ustedes su último viaje, porque los coches fúnebres también quedan exentos de esta Directiva. 
Es para mí un placer, como escocés, dar la bienvenida al Parlamento Europeo a Sir David Steel, Presidente del Parlamento escocés, que se encuentra en la tribuna de visitantes distinguidos. 
Sir David mantendrá una serie de reuniones en el Parlamento y observará los procedimientos. 
Le damos una calurosa bienvenida a esta Cámara, Sir David, y le deseamos una agradable y fructífera estancia. 
. 
(EN) Señor Presidente, no puedo disimular mi decepción ante el rechazo del informe. 
A quienes han votado en contra y a los diputados del Grupo PPE-DE les diría que espero que se den cuenta de que acaban de votar en contra de una mayor cooperación en materia de asilo en la Unión Europea; han votado en contra de compartir las buenas prácticas concretas mientras avanzamos hacia una política de asilo común; han votado en contra de examinar buenas ideas y compartirlas? 
(Aplausos de la izquierda) 
Han votado en contra de medidas encaminadas a asegurar que para nosotros está absolutamente claro que las personas no abusan del sistema de asilo con fines terroristas. 
Estas son las cosas que examinamos y que diputados del Grupo PPE-DE acaban de rechazar. 
Es una gran decepción para esta Asamblea. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, me gustaría utilizar esta cuestión de orden para llamar la atención sobre este procedimiento tan irregular que no hace más que poner en evidencia a quien no sabe perder en una votación. 
Esta intervención debería haber tenido lugar, como muy tarde, durante las explicaciones de voto, y no ahora. 
En mi opinión, es un procedimiento de lo más irregular. 
Es de agradecer la propuesta de la Comisión para facilitar unas correcciones financieras más amplias. 
El fraude acumulado con los fondos de la UE es motivo de preocupación, al igual que diversas situaciones que se han dado en las instituciones, y quisiera referirme aquí brevemente al último informe especial presentado por el Tribunal de Cuentas sobre el plan de ayuda al sector de las semillas oleaginosas. 
Estos temas requieren unas medidas más eficaces que las que se han tomado hasta ahora. 
La propuesta de la Comisión de aumentar las posibilidades de recuperar importes perdidos extendiendo el plazo es un paso en la dirección correcta. 
Por lo tanto, la delegación del Partido de la Libertad ha votado a favor del informe. 
La razón por la que no nos oponemos a este proyecto es porque los trabajadores que lo deseen deben tener la posibilidad de poder dejar su empleo antes de la edad de jubilación. 
Sin embargo, algunos aspectos del proyecto son inaceptables. 
Ante todo, es inaceptable que las reducciones de plantilla no se realicen de manera voluntaria, y que todas aquellas personas que lo deseen no puedan verse liberadas de sus obligaciones. 
Y es igualmente inaceptable que se anime a 600 funcionarios a jubilarse, cuando sólo se va a contratar a 273. 
Esto significa que los que se queden tendrán más trabajo, mientras el informe reconoce que se necesita cubrir 1 254 puestos. 
Y si las instituciones tienen previsto compensar la falta de empleados aumentando la subcontratación y la inseguridad laboral? que a veces son una misma cosa? , esto no hace sino empeorar la situación. 
Todo esto es inaceptable en un contexto de desempleo e inseguridad laboral. 
Por lo tanto, aunque no nos hemos opuesto al proyecto, no queríamos darle nuestro apoyo y nos hemos abstenido. 
He votado a favor del informe Bakopoulos para garantizar que nuestros mares sean seguros y que se adopten medidas de prevención contra la contaminación producida por buques. 
Apoyo la propuesta de establecer un Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques, ya que integra varias propuestas del Parlamento. 
El nuevo comité establecerá una mayor transparencia, aplicará las políticas comunitarias con mayor coherencia, reducirá la burocracia y minimizará los costes. 
El transporte marítimo y fluvial es el pariente pobre del transporte. 
Si la Comisión está decidida a desarrollar «autopistas marítimas» , a promover el transporte marítimo y a establecer enlaces de embarcaciones en el marco de la red transeuropea, es preciso dar un trato igual a países marineros como Irlanda. 
La flota europea ha disminuido. 
Hay menos personas que quieran ser marinos. 
La UE ha perdido el 40% de sus marinos. 
Para 2006 la UE precisará 36.000 marinos. 
Los buques transportan más del 70% de todo el comercio entre la Comunidad y el resto del mundo. 
Todos los años pasan dos mil millones de toneladas de diferentes productos a través de los puertos europeos. 
Los buques de corto recorrido transportan el 41% de los productos que circulan en la Comunidad. 
El transporte marítimo opera por debajo de su capacidad. 
Puede ser una verdadera alternativa al transporte terrestre. 
. 
(PT) Dado que Portugal, y más concretamente la costa del Algarve, ya han sufrido casos de contaminación marítima sin precedentes, no puedo más que estar de acuerdo con la recomendación del ponente, Sr. Bakopoulos, con todas las iniciativas de la Comisión Europea encaminadas a mejorar la normativa legal aplicable a la seguridad marítima y a prevenir la contaminación por los buques, y con el refuerzo de la efectividad de la aplicación de la política europea en este terreno. 
Por esta razón estoy plenamente de acuerdo con la propuesta de crear un Comité único de seguridad marítima en sustitución de los comités nacionales. 
Esta nueva estructura supondrá un salto cualitativo de la seguridad de las costas europeas y en la lucha para prevenir la contaminación provocada por los buques. 
. 
(EN) He votado a favor del informe del Sr. Goodwill porque contribuirá a proteger más el medio ambiente. 
La propuesta amplía el ámbito de las Directivas existentes 70/156/CEE y 80/1268/CEE en lo relativo a las mediciones de emisiones de dióxido de carbono y consumo de combustible. 
En otras palabras, ahora los nuevos vehículos industriales ligeros tendrán que respetar requisitos muy similares a los que ya se aplican a los turismos. 
Espero que con esta medición del consumo de combustible y de las emisiones de dióxido de carbono de estos vehículos podamos desarrollar posibles medidas para mejorar el rendimiento de los vehículos en estos aspectos. 
A fin de garantizar una aprobación modelo de la UE para vehículos industriales ligeros, la Directiva incluirá un requisito de que en el futuro se analicen las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible de los vehículos. 
Los Estados miembros no podrán permitir el registro y el funcionamiento de los vehículos industriales ligeros si no tienen un certificado de conformidad válido para este tipo de aprobación a partir del 1 de enero de 2007. 
En última instancia, tanto el medio ambiente como los conductores de los vehículos van a salir ganando con esta propuesta si es posible medir el monóxido de carbono y reducirlo después, y si es posible mejorar el rendimiento de los vehículos. 
El principal mensaje enviado por el Protocolo de Kioto es el de la internalización de los costes medioambientales del efecto invernadero para la economía. 
Esta internalización económica, que ya está teniendo lugar en el sector de la industria y en el de la energía, de conformidad con la Directiva Europea sobre Comercio de Emisiones (cuya primera lectura se votará en breve en este Parlamento) , debe extenderse a todos los sectores económicos y a todas las actividades. 
Doy, por tanto, mi voto favorable a esta propuesta de directiva referente a los vehículos de clase N1, así como al informe del Sr. Goodwill. 
Teniendo en cuenta los importantes cambios experimentados por el turismo, el sistema de IVA actual aplicable a las agencias de viajes europeas es inadecuado, obsoleto y extremadamente anticompetitivo. 
Así pues, apoyo la iniciativa de la Comisión Europea y las enmiendas presentadas por la ponente, la Sra. Torres Marques, para hacer que el sistema sea más simple y competitivo. 
El sector turístico de la región de El Algarve, tan activo, se beneficiará de este cambio. 
Las agencias de viajes y los operadores turísticos de fuera de la Unión Europea tendrán que pagar IVA cuando presten servicios a clientes europeos y, a la inversa, las agencias de viajes europeas estarán exentas de IVA cuando presten servicios a clientes residentes fuera de la UE, recuperando así una competencia sana y leal en el mercado interno europeo. 
por escrito. (FR) Hemos votado en contra de este informe que, con el pretexto de «la lucha contra el terrorismo» , propone de nuevo «facilitar la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales». 
Aún no se ha demostrado que aumentar la represión allí donde sea (Irlanda, País Vasco, Córcega, etc.) , en detrimento de una solución política, sea la forma de acabar con el terrorismo. 
En realidad, la expresión «lucha contra el terrorismo» se utiliza aquí sólo como pretexto para reforzar las medidas de seguridad en Europa, poniendo en evidencia una vez más el hecho de que escapa a todo control de la población. 
El hecho de que esta propuesta provenga del Reino de España, cuyas medidas de seguridad han conservado muchos de los rasgos heredados del franquismo, no inspira ninguna confianza. 
En efecto, no son precisamente medidas de seguridad lo que falta en Europa. Al contrario, se está tendiendo más bien a la represión, cuando los trabajadores inmigrantes deben añadir a todos sus problemas el hecho de tener que convivir con la sospecha de ser «terroristas» en potencia. 
He votado a favor de estas dos propuestas porque forman parte de un grupo coherente de medidas horizontales que garantizarán una puesta en práctica correcta y eficaz de las medidas que el Parlamento Europeo ya ha aprobado en la lucha contra el terrorismo (la Decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo y la Decisión marco sobre la orden de detención europea). 
Hay que tomarse muy en serio la amenaza terrorista a ambos lados del Atlántico, porque no se trata sólo de una de las mayores amenazas contra la democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos y el libre desarrollo económico y social; ante todo, constituye un ataque contra el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida. 
Por lo tanto, me complace ver que la Unión Europea ha realizado considerables avances, desde los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, en el intercambio de información, en la coordinación policial y judicial, en la lucha contra el terrorismo y en su marco legislativo. 
Espero que el paso siguiente sea llegar a un acuerdo sobre la prioridad que debe otorgarse a la financiación de la lucha contra el terrorismo y a la intensificación de nuestro diálogo con los Estados Unidos (así como la prioridad de las negociaciones iniciadas este verano y el acuerdo pendiente sobre cooperación judicial con los Estados Unidos). 
La lucha contra el terrorismo debe estar marcada siempre por los valores del Estado de derecho democrático, por el respeto a los derechos de los ciudadanos y por unos criterios de justicia comunes. 
Cualquier lucha que omita estas prioridades estará haciendo una concesión injustificable a la barbarie y estará mostrando un rechazo inaceptable a los valores de nuestra civilización. 
Esta iniciativa española, dentro del Consejo, forma parte del proceso de fortalecimiento de los mecanismos policiales y judiciales supranacionales- en concreto, en el ámbito de la UE -, en nombre de la denominada «lucha contra el terrorismo». 
Se están creando y reforzando unos órganos que quedan fuera del control democrático y jurisdiccional (Europol y Eurojust) , ignorando las garantías de derechos y libertades que establecen los marcos legislativos y constitucionales de cada país. 
Se omite la cooperación entre los diversos Estados con la creación de unos mecanismos de control supranacional que quedan por encima de dichos Estados. 
Merece la pena resaltar que la propuesta de creación de un «mecanismo de evaluación de las disposiciones legales nacionales en materia de lucha contra el terrorismo y su aplicación» ignora y destruye la base jurídica que existe actualmente en los Tratados. 
Entre otros aspectos, estas iniciativas forman parte de un cambio en la seguridad que amenaza cada vez más las garantías, las libertades y los derechos fundamentales. 
Aunque el ponente ha presentado propuestas de enmienda que pretenden introducir preocupaciones y salvaguardas en cuanto a las garantías, las libertades y los derechos fundamentales (por ejemplo, para el tratamiento y la transferencia de información y datos personales- hay que tener en cuenta que Europol está obligada por acuerdos con terceros países, especialmente con los Estados Unidos -) , esto no cambia el tono general de las iniciativas que se han propuesto. 
Por eso, hemos votado en contra del informe. 
. 
(EN) He votado en contra del informe del Sr. Galeote porque estoy convencido de que los grandes grupos políticos de esta Asamblea han hecho un uso indebido del nuevo Reglamento del Parlamento. 
Las palabras que empleó ayer el Sr. Turco durante el debate son el mejor resumen del informe Galeote. 
Apoyo el análisis que ha hecho en su conjunto. 
. 
(EN) Si bien la Delegación Conservadora Británica está decidida a desempeñar su papel en la lucha contra el terrorismo y a apoyar sin reservas una mayor cooperación entre la policía y otras organizaciones que velan por el cumplimiento de la ley de los diferentes Estados miembros, no podemos apoyar los pasos dados en dirección a la ampliación de Eurojust. 
El Reino Unido no debería ingresar en Eurojust y tendría que conservar su propia capacidad de resistencia al terrorismo. 
La Delegación apoya las iniciativas del último informe Kirkhope sobre el establecimiento de equipos conjuntos de investigación en los que las fuerzas policiales reúnen informaciones en la lucha contra los criminales principales. 
Esta iniciativa aún no se ha aplicado en los Estados miembros. 
Eurojust no es el método y es innecesaria si se mejora la cooperación de acuerdo con el informe Kirkhope. 
Por los motivos antes esbozados, la Delegación Conservadora Británica se ha abstenido en la votación de este informe. 
Tal como ha quedado ampliamente demostrado en el debate de hoy, la Unión Europea ha querido forzar en exceso la maquinaria para producir legislación represora no democrática. 
El objetivo de las iniciativas del Gobierno español (votadas sin debate, de conformidad con el nuevo Reglamento) es reforzar y acelerar las decisiones que ya se han tomado sobre la recogida y el intercambio de información, y agobiar a los Estados miembros con una supervisión estricta que garantice que introducen la ley europea sobre la lucha contra el terrorismo y la orden de detención europea en sus propias legislaciones, de forma rápida y exacta. 
Parece que temen que, con la presión de los movimientos populares democráticos que ya expresan su opinión en numerosos países, los Estados miembros no se sientan a gusto con esta legislación estricta. 
Como parte de una mejor coordinación, y contrariamente a todas las nociones de soberanía nacional, los Estados miembros están obligados a recopilar un número mínimo de hechos sobre los denominados delitos relacionados con el terrorismo y pasarlos a Europol y a Eurojust. 
Lo que se quiere dar a entender con coordinación y una cooperación judicial y policial uniforme queda perfectamente claro en el documento confidencial de Europol filtrado hace poco donde, con el significativo título de Las mejores prácticas europeas sobre el tratamiento de las fuentes de información, se aprueba el uso de soplones y prácticas dudosas por parte de agentes que actúan para la policía, y que quedarán impunes, aunque sean cómplices de un delito. 
Por este motivo, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de los textos en cuestión. 
. (NL) Los gobiernos autoritarios siempre se han caracterizado por la idea de que pueden sobrevivir mejor a las críticas contra su política restringiendo las libertades de intercambio de información, opinión, organización y circulación de sus ciudadanos. 
El temor a los ataques terroristas, que ha crecido desde el año pasado, ha dado lugar a una recuperación de los planes para reforzar el ejercito, la policía y los servicios secretos, y para restringir las libertades civiles. 
Durante un tiempo, este temor hace que estos polémicos planes sean, para una gran parte de la población, más aceptables de lo que serían en otro momento. 
Desde entonces, la población ha descubierto los inconvenientes de un desarrollo de este tipo. 
En los Países Bajos, la semana pasada, una campaña de los usuarios de ordenadores contra la obligación de guardar los mensajes de correo electrónico, solicitada por el Consejo, obtuvo el respaldo de 2 500 seguidores en el espacio de dos días. 
Además de esta violación de la confidencialidad del correo, que ha existido durante más de un siglo, se ha intentado privar de perspectivas a los movimientos opositores radicales y se les ha obligado a recurrir a la violencia, motivo por el que se les puede declarar ilegales. 
Se ha despojado a las organizaciones políticas en el exilio, con sede en Europa, de su derecho de residencia y se les ha bloqueado el movimiento de pagos. 
Afortunadamente, esta Cámara también está empezando a darse cuenta de que el temor al terrorismo no debería ser un motivo para abolir el carácter democrático y tolerante de nuestra sociedad. 
Rechazo la propuesta, pero apoyo las propuestas que sirvan para proteger mejor los datos personales, informar al Parlamento y hacer que los informes sean de dominio público. 
. 
(PT) Mi voto a favor de este informe refleja mi conformidad con las dos iniciativas españolas que pretenden establecer medidas para facilitar la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales en la lucha contra el terrorismo. Mi voto favorable refleja también mi apoyo a las principales enmiendas presentadas por el ponente: la estipulación de que la información transferida de conformidad con esta decisión debería limitarse a las investigaciones criminales de actividades terroristas; la petición de que cada Estado miembro nombre a un corresponsal en Eurojust, responsable de los temas relacionados con el terrorismo, en vez de dar a los Estados miembros la opción de nombrar a otra autoridad competente; y la petición de que los Estados miembros creen equipos conjuntos de investigación con el fin de combatir el terrorismo, siempre que se necesite una colaboración más estrecha y, en concreto, para casos complejos con implicaciones transnacionales. 
Señor Presidente, en relación con el informe Gebhardt, debo decir que no he podido evitar soñar con nuestro colega, el Sr. Antonio Di Pietro, muy conocido en Italia y en toda Europa, en los círculos en los que las redes judiciales son tema de conversación. 
Sobre el tema de las redes, soñé que el Sr. Di Pietro era pescador y que iba echando redes desde su barca. 
No obstante, la red que estaba echando era una red judicial y atrapaba a muchos peces grandes, pero los pequeños conseguían escapar porque, como Sus Señorías saben, quieren llegar a ser pensionistas. 
Bien, en mi opinión, este sueño significa que tendremos una excelente pesca de criminales europeos en esta red judicial, como pude ver en mi sueño. 
. 
(EN) La Delegación Conservadora Británica no ve ningún motivo para introducir la formación judicial paneuropea. 
Es un asunto que compete a cada uno de los Estados miembros, y el sistema actual de formación de la judicatura es único y particular de cada uno de ellos. 
Así debe continuar. 
También tiene implicaciones inaceptables para el Presupuesto de la Unión Europea y se le opondrá resistencia en el proceso presupuestario. 
Los Conservadores británicos no pueden apoyar las medidas de este informe. 
He votado a favor de este informe porque creo que la iniciativa francesa que se ha planteado mejorará nuestros conocimientos de la situación jurídica y judicial de los Estados miembros y de la Comunidad y, en consecuencia, el rendimiento de todos los miembros del poder judicial de la Unión Europea y sus Estados miembros: jueces, jueces de instrucción, abogados y probablemente funcionarios de la policía con obligaciones similares a las de un juez de instrucción. 
Esta red, que incluye a las escuelas e instituciones nacionales de los Estados miembros responsables de la formación judicial, ya existe formalmente desde octubre de 2000, pero no tiene personalidad jurídica. 
Esta limitación significa que no puede recibir financiación de los presupuestos de la Comunidad o de los Estados miembros, lo que cambiará si se aprueba esta iniciativa francesa, ya que entonces podrá entrar en el presupuesto general de la UE. 
En resumen, es un impulso más para mejorar nuestro conocimiento de los sistemas judicial y jurídico de los Estados miembros y de los instrumentos jurídicos en que se basa la cooperación judicial en la UE. 
Acabamos de recibir este inmenso documento (de aproximadamente 200 páginas) del proyecto de reglamento que establece las normas sanitarias aplicables a los productos destinados a la alimentación animal. 
En cuanto al contenido, el texto es bastante bueno, y le hemos dado nuestro apoyo porque introduce una normativa estricta, prohíbe el uso en la alimentación animal de substancias que se hayan declarado no aptas para el consumo humano y prohíbe el «canibalismo animal». 
En cambio, la forma del texto sí merece nuestra crítica: es un reglamento que deberá aplicarse directamente en todos los Estados miembros; además, es extremadamente detallado; y, por último, se ve obligado a permitir determinadas exenciones que complican aún más sus disposiciones (por ejemplo, para la alimentación de animales con desechos culinarios en Alemania y Austria). 
Creemos que sería más razonable, en estos casos, elaborar? sólo en el ámbito europeo? unos textos marco que establecieran objetivos, aunque esto significara presentar, al mismo tiempo, un modelo de ejemplo de un reglamento que los Estados miembros pudieran adoptar, modificándolo de acuerdo con sus características nacionales específicas. 
Esta fórmula sería mucho más flexible y dejaría a los Estados miembros mucho más margen de maniobra. 
Probablemente sería del agrado de todos, excepto de los fanáticos de la unificación. 
Señor Presidente, si la comisaria Wallström me perdona, anoche también soñé con ella. 
¿Saben por qué? 
Porque me encontré con un OMG- ninguno de nosotros sabe qué aspecto tienen los OMG- que me dijo que, a su vez, había soñado que era Ulises, atado para no sucumbir a la tentación de las sirenas, y que había visto a un OMG de una gran belleza- que se parecía a la Sra. Wallström- que le llamaba: «Sígueme, sígueme, y serás feliz». 
Pero no era más que un sueño, Señor Presidente: la realidad es muy distinta. 
Por ello, he votado en contra del informe, a pesar de que en mi sueño estaba convencido de que debía seguir las recomendaciones de la sirena Margot Wallström. 
Me temo que la Sra. Wallström parece prestar más atención al Sr. Barón Crespo que usted, señor Fatuzzo. 
Lamentablemente, la propuesta de la Comisión relativa al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente aporta menos que el Protocolo de Cartagena que se supone que aplica. 
Las principales carencias que deben resolverse son las siguientes: 
Uno: el principio de la prevención debe establecerse con claridad en el texto comunitario. 
Dos: habría que aplicar los mismos pesos y las mismas medidas, tanto al mercado interior como al comercio exterior de la UE. 
Si un producto no se comercializa en el mercado interior, debe prohibirse para la exportación. 
Tres: la responsabilidad plena del movimiento de organismos modificados genéticamente prohibidos debe recaer en el país de exportación, y no debe trasladarse al país de importación. 
Cuatro: los ciudadanos deben estar muy bien informados. 
Cinco: debe hacerse todo lo posible para garantizar que las grandes empresas no utilicen su estructura multinacional para eludir los controles. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo van en la dirección adecuada y, por este motivo, cuentan con mi apoyo. 
Vamos a votar a favor de las enmiendas defendidas por Jonas Sjöstedt sobre la propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al movimiento transfronterizo de OMG. 
El proyecto presentado por la Comisión no es tan ambicioso como el Protocolo de Cartagena de 29 de enero de 2000 sobre seguridad de la biotecnología; no presta atención suficiente al principio de cautela incluido en la Declaración de Río sobre medio ambiente, ni a los debates que están surgiendo, en la actualidad, en Europa sobre estos temas. 
La Comisión está realizando una interpretación superficial del Protocolo de Cartagena (que fue el resultado de un compromiso) , aunque queda claro, no obstante, que éste último se basa principalmente en el principio de cautela. 
Un planteamiento de este tipo sólo puede servir para despojar al Protocolo de Cartagena de su significado, en un momento en que se está llevando a cabo su ratificación por parte de los Estados miembros. 
Es un tema grave. 
Recientemente, hemos vuelto a comprobar, en la conferencia de Johanesburgo sobre el desarrollo sostenible, celebrada a finales de agosto y principios de septiembre, que en ausencia de una voluntad política firmemente expresada, los intereses específicos de la agroindustria y las multinacionales, así como una mentalidad puramente comercial, priman por encima de los intereses generales de los pueblos. 
La Unión Europea debe utilizar su influencia en el ámbito internacional, no para diluir el proceso iniciado en Cartagena, sino para reforzarlo. 
Y lo mismo se aplica a su responsabilidad. 
En mayo de 2000, la Unión Europea y sus Estados miembros firmaron el Protocolo de Cartagena sobre la prevención de los riesgos biotecnológicos que comporta la transferencia, manipulación y utilización seguras de OMG. 
Esta propuesta de reglamento de la Comisión Europea es de gran importancia, porque fomenta la aplicación práctica del Protocolo de Cartagena en la Unión Europea, evitando así situaciones de distorsión de la competencia que darse surgir si estas normas se definieran a nivel nacional. 
El ponente ha mejorado la propuesta de reglamento, y su sugerencia de prohibir las exportaciones de OMG que no hayan sido autorizados en la propia Unión Europea merece un especial aplauso. 
Es esencial que realicemos un esfuerzo continuado también dentro del marco de los movimientos transfronterizos, para asegurar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, la manipulación y la utilización seguras de organismos modificados genéticamente (OMG) , creados por la moderna biotecnología, que puedan tener efectos perjudiciales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, previniendo así los riesgos para la salud humana. 
Éste es el objetivo de este Reglamento que se está estudiando en primera lectura, y que pretende establecer las disposiciones necesarias para la aplicación del Protocolo de Cartagena. 
Damos nuestro pleno apoyo a éste, porque en este terreno tan susceptible, el Reglamento de la Comunidad pretende evitar disparidades y la imposición de las disposiciones jurídicas, administrativas y reguladoras de los Estados miembros, ofreciendo así una mayor seguridad jurídica y contribuyendo a un funcionamiento libre de conflictos del mercado interior. 
Teniendo en cuenta el riesgo potencial que los OMG pueden constituir para el medio ambiente, en general, y la diversidad biológica, en particular, nosotros, los demócrata-cristianos suecos, hemos decidido dar nuestro apoyo a una política restrictiva. 
En relación con el principio de cautela, creemos que el país exportador debe respetar las normas del país importador. 
Creemos también que es muy importante que se establezcan, en el ámbito internacional, unas normas comunes que regulen la responsabilidad por daños. 
Además, huelga decir que no debemos exportar aquellos OMG que nosotros mismos hayamos prohibido dentro de la Unión Europea. 
Las disposiciones del Reglamento deberían aplicarse independientemente de cuándo entre en vigor el Protocolo de Cartagena. 
Señor Presidente, los ujieres del Parlamento? me refiero a los italianos? me han parado cuando entraba en el Hemiciclo y me han dicho: «Este informe Casaca, que establece una reducción de los controles del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Garantía, precisamente para mejorar la calidad de los controles» ? menos controles significan que los controles serán mejores, según el informe? «nos recuerda a nosotros, los ujieres del Hemiciclo, al contrario que a la Sra. Goodwill, que nos dirá que opina que a los conductores italianos les gusta conducir sus coches a gran velocidad como a Michael Schumacher, que lo que nos gustaría es no recibir más multas de aparcamiento». 
Por lo tanto, esperamos que haya menos controles- lo que significará que éstos serán mejores- de coches mal aparcados. 
De esta forma, tendremos que pagar menos multas de aparcamiento. 
Señor Presidente, el pasado jueves participé en un programa de televisión en Milán. 
El Cardenal de Milán, el Rvdmo. Sr. D. Dionigi Tettamanzi, de la ciudad de Génova, había declarado el día anterior que debíamos abrir nuestros brazos a los inmigrantes que llegan a Europa, en particular a Milán, y me temo que, durante el programa, recibió llamadas telefónicas groseras de personas enojadas que no estaban de acuerdo con esta recomendación. 
Por lo tanto, al votar a favor de una mejor inmigración, he pensado en lo que me dijo el Sr. Vatanen personalmente hace unos días: «¿Y si hubiéramos nacido en Senegal? ¿Y si hubiéramos nacido en uno de esos países donde la gente se ve obligada a emigrar para venir a Europa y ganarse la vida? ». 
Nos complace que el informe Evans sobre el asilo haya sido rechazado por una ligera mayoría de derechas. 
En el apartado 1 de la resolución se pedía a la Comisión y a los Estados miembros que dieran «prioridad a la elaboración de una política común de inmigración con el fin de aliviar la presión sobre el sistema de asilo». 
Así, la primera solución propuesta por los diputados de izquierda del Hemiciclo para reducir el número de solicitantes de asilo sin justificación era abrir aún más nuestras fronteras y considerar a estas personas como inmigrantes legales. 
La resolución seguía en el mismo tono. 
En el apartado 3, se pedía a la Comisión que garantizara la aplicación de las «mejores prácticas» sobre asilo que «se basaran sobre todo [tomen buena nota de la expresión: sobre todo] en el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones internacionales en materia de protección». 
Por lo tanto, para los diputados de izquierda de este Hemiciclo, el principal objetivo es acoger a los individuos que sean perseguidos, independientemente del número de ellos. 
La Izquierda está relegando a un segundo plano, clara y descaradamente, los objetivos sobre seguridad doméstica y el equilibrio de nuestras sociedades. 
. (NL) Durante la Guerra Fría, los refugiados del Este fueron muy bien recibidos en Europa occidental. 
Buscar refugio se apreciaba como un acto de amor a la libertad que presuponía una solidaridad universal. 
En nuestros días, la mayor parte de los refugiados vienen de más lejos, tienen un aspecto distinto al de los europeos occidentales y se tiene mucho menos conocimiento de la situación de la que huyen. 
Dado que el nivel de vida del país que han abandonado es siempre inferior al nuestro, desde el primer momento se presupone que han huido por motivos económicos. 
Durante el último año, esta situación se ha visto exacerbada por el temor a que los refugiados puedan ser terroristas infiltrados. 
Los Estados miembros de la UE tienden a prescribir límites máximos al número de refugiados que permitirán entrar en sus países y establecen unos niveles de recepción inferiores a los de sus estados vecinos. 
De esta manera es como creamos una Europa fortificada que niega el acceso a las personas, aunque se encuentren en graves apuros, infringiendo así tratados internacionales. 
El resultado es que, ahora incluso más que antes, se dividen familias y se devuelve a las personas a un país que no es seguro para ellas y donde están abocadas a la tragedia. 
Rechazo la idea principal, pero apoyo las propuestas presentadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de no extraditar a nadie a países donde la pena capital esté en vigor, de denegar posiblemente la condición de refugiado sólo a los criminales de guerra y de tener en cuenta el cada vez mayor número de mujeres solicitantes de asilo. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Angelilli recomienda- y estoy de acuerdo con ello- ofrecer una indemnización a las víctimas de delitos. 
Tanto yo personalmente como el Partido de los Pensionistas, al que represento, sobre todo porque muchos pensionistas y personas mayores son víctimas de delitos, aunque sean delitos menores como tirones de bolsos y robos, creemos que es justo que el Estado proporcione una indemnización a las víctimas de delitos. 
De hecho, los culpables no son sólo los autores de los delitos: el Estado, que debería efectuar controles, llevar a cabo un seguimiento y garantizar que estos delitos no ocurran, evitándolos, así como educar a sus ciudadanos en el respeto a la ley, también es culpable. 
Por lo tanto, pido que esta iniciativa de ofrecer una indemnización a las víctimas de delitos se apruebe y que los funcionarios públicos que no hagan bien su trabajo, sobre todo los administradores y los políticos de alto rango más importantes de nuestros Estados, reciban fuertes multas. 
El informe de la Sra. Roberta Angelilli es una mejora del Libro Verde de la Comisión sobre un marco legislativo para la indemnización a las víctimas de delitos. 
La idea básica presentada en el informe de que todos los Estados miembros deberían establecer unos sistemas de indemnización para las víctimas de delitos que no puedan obtener una indemnización del delincuente responsable del delito o por otros medios, incluyendo a las víctimas del terrorismo, es buena, porque el Convenio europeo relativo a la indemnización a las víctimas de infracciones violentas, que se aplica desde 1988, no ha sido firmada por todos los Estados miembros e, incluso en los países que la han firmado, no permite que las víctimas de delitos violentos soliciten una indemnización estatal. 
La directiva sobre mejores prácticas aplicadas en varios Estados miembros, que la Comisión también debe introducir, es un buen paso y ayudará a tratar estos temas a los Estados miembros con menos experiencia. 
Ya he comentado en mi explicación de voto sobre el informe Evans que, en el ámbito del asilo, hoy en día la obligación principal de los gobiernos responsables es asegurar que el flujo de refugiados no perjudique el equilibrio de nuestros países. 
En este sentido, y con el informe Angelilli en mente, lo más importante y lo más fácil sería asegurar que no seamos nosotros mismos quienes empeoremos las disposiciones de la Convención de Ginebra. 
Por ejemplo, sabemos que los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores que se reunieron el 13 de septiembre- en otras palabras, hace sólo diez días- acordaron una definición amplia del concepto de refugiado, adoptando unos criterios más abarcadores que los de la Convención de Ginebra. 
En concreto, de acuerdo con sus conclusiones, la amenaza de persecución no siempre proviene necesariamente de las autoridades estatales: podría venir también de «agentes no estatales». 
Antes de ampliar así las definiciones, quisiéramos que nuestros gobiernos consideraran detenidamente cuántos millones de personas pueden acogerse a este nuevo derecho y consideraran los costes económicos y sociales que, en estos casos, sus iniciativas podrían ocasionar a nuestros países. 
En relación también con este tema, sería mejor estudiar más a fondo, directamente, algún método alternativo de protección que no sea el asilo. 
Mi voto a favor de este informe refleja, en primer lugar, mi respaldo al Libro Verde sobre la indemnización a las víctimas de delitos, presentado en mayo de este año por la Comisión, que ha constituido un gran paso adelante en este terreno tan delicado, en un intento por establecer una normativa común mínima para indemnizar a las víctimas que se respete en todo el territorio de la UE y, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de reciprocidad, cuando se trate de terceros países. 
Además, mi voto expresa mi apoyo al magnífico informe de la Sra. Angelilli. 
El informe sugiere específicamente que la normativa mínima debe incluir una definición clara, acordada por todos los Estados miembros, de los tipos de delito que podrían ser objeto de indemnización, disponiendo previamente algunas características objetivas. 
Asimismo estoy de acuerdo con la recomendación de la ponente acerca de la creación de un número de teléfono verde europeo para el apoyo a las víctimas que funcione las veinticuatro horas del día en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
Señor Presidente, ¿qué utilidad tienen los cosméticos con los que muchas mujeres se ponen más guapas? 
Un viejo pensionista que era pobre me dijo: «Me he arruinado por culpa de estos cosméticos que hacen que las mujeres estén tan guapas. 
He gastado todo mi dinero. 
Ahora no tengo un céntimo, soy un pobre pensionista, pero soy feliz porque he disfrutado la vida». 
Pero otro pensionista me dijo: «Yo, en cambio, he resistido a las tentaciones de estas mujeres que utilizan cosméticos y ahora soy un pensionista rico, pero lamento que mi vida no haya sido más feliz y agradable, más en contacto con estas mujeres guapas que utilizan cosméticos».Yo no sabía qué hacer, de modo que miré a la Sra. Roth-Behrendt, que estoy seguro que utiliza cosméticos que no han sido probados con animales. 
Es de lo más obvio que los cosméticos que utiliza son útiles, quizás aún más que los que se han probado con animales. 
Bien, entonces debemos seguir el ejemplo de la Sra. Roth-Behrendt, y por este motivo he votado a favor de la propuesta. 
Así concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12.50, se reanuda a las 15.00 horas.) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Sr. MacCormick, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el punto 12 de las actas, que versa sobre los discursos de un minuto en torno a asuntos de interés político. 
Mi nombre aparece dos veces en la lista, pero los diputados presentes recordarán que planteé específicamente una cuestión de observancia del Reglamento en relación con el artículo 2. 
Por lo tanto, creo que esto tendría que haberse registrado como observancia del Reglamento, mientras que mi intervención debería quedar registradas en las actas. 
Se tendrá en cuenta su observación y será corregida debidamente el Acta. 
¿Alguna otra observación, Señorías? 
(El Parlamento aprueba el Acta así modificada) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003. 
Como ustedes saben, se trata de un nuevo tipo de debate; por lo tanto, les agradeceré su indulgencia y su cooperación. 
Abre el debate el Sr. Wynn, presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, nunca antes hemos hecho algo así y celebro la oportunidad de abrir este debate. 
En circunstancias normales, para cuando celebramos el debate sobre el presupuesto ya hemos votado las primeras lecturas en la comisión, venimos a la Cámara y, si tenemos suerte, la mayoría hacemos un discurso de tres minutos, y, si no, un discurso de minuto y medio. 
Es más, se trata de declaraciones y no se gana nada porque el trabajo ya está hecho. 
Lo que intentamos conseguir en esta sesión es un verdadero diálogo, principalmente con la Comisión, pero también con el Consejo, para saber mejor cómo deberemos votar la próxima semana y formular preguntas sobre los cambios acaecidos desde que se presentó por primera vez el Anteproyecto de Presupuesto (AP). 
Desde el AP han ocurrido varias cosas, incluida la votación del Consejo sobre su proyecto de presupuesto, que es lo que vamos a votar. 
Nuestras comisiones han trabajado con los ponentes para garantizar que podamos presentar enmiendas razonables. 
Como siempre, las enmiendas presentadas superan la cantidad de dinero que hay disponible. 
Evaluar estas enmiendas es la tarea de nuestros ponentes. 
Sin duda alguna, durante el debate se les preguntará qué opinan de algunas de estas enmiendas. 
También nos encontramos con un programa legislativo más preciso desde el AP y tenemos que evaluar los cambios. 
Hemos visto acontecimientos externos como las inundaciones y queremos saber cómo afectarán al presupuesto del año que viene. 
Desde nuestro propio punto de vista, son aspectos que no tenemos claro cómo se financiarán. 
Por ejemplo, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo con el Consejo o la Comisión sobre cómo se financiarán los 27 millones de euros en la Categoría 2 para el programa de recuperación de pesquerías. 
Quizá alguien lo pregunte y si hay ideas nos encantaría oírlas. 
Un objetivo principal de la Comisión de Desarrollo es garantizar que el Fondo Global para la Salud cuente con un significativo importe de dinero. 
Uno de los motivos de ello objetivo es que si no asignamos cantidades significativas puede ocurrir que la Unión Europea no tenga un asiento en la mesa, un puesto en el consejo. 
¿Es esto cierto? 
¿Qué importes necesitamos? 
Espero que también se plantee esta cuestión con la Comisión, para que podamos orientarnos al respecto. 
Con estos comentarios de apertura, permítanme dar las gracias no sólo a la Comisión en general, sino también a los Comisarios a título individual que van a participar en este debate. 
También quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su presencia. 
Espero que el debate sea útil, fructífero e influya en nuestros votos de la próxima semana en la comisión, porque de lo contrario habremos malgastado cuatro horas de nuestro tiempo. 
Señor Presidente, al igual que el ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Wynn, estoy sumamente agradecido por este nuevo debate. 
Ya sugerimos la idea durante la pasada primavera, cuando teníamos serias dudas de que nuestros esfuerzos fuesen a dar algún resultado. 
Para nosotros, el objetivo primordial ha sido intentar reformar el trabajo presupuestario del Parlamento Europeo, especialmente con vistas al método totalmente nuevo del próximo año de «presupuestación por actividades». 
En este contexto, también ha sido importante poder renovar el debate en sí, que es quizás la parte más visible del trabajo presupuestario del Parlamento. 
Esta reforma también significa que nos hemos esforzado por aumentar la participación de las comisiones en el trabajo. 
He pasado prácticamente por todas las comisiones y he debatido los problemas presupuestarios con ellas, y ahora también estamos fomentando que las comisiones participen activamente en el debate de hoy. 
Al utilizar grupos de trabajo y diferentes tipos de informes para centrarnos más profundamente en el grado de ejecución y en las principales deficiencias presupuestarias presentes en el área de ejecución, también exigiremos con más firmeza que las decisiones presupuestarias del Parlamento se pongan efectivamente en práctica. 
En este contexto, acojo con satisfacción la forma en la que la Comisión, el Consejo, la mayoría de los Comisarios y el Ministro de Finanzas danés en la Presidencia hayan participado en el debate y confío en que los propios representantes del Parlamento realicen también importantes esfuerzos para garantizar que obtengamos un debate más interesante y constructivo del que han ofrecido los monólogos en gran medida previsibles que se han pronunciado hasta ahora. 
El sistema presupuestario de la UE presenta graves defectos y especialmente una falta de flexibilidad. 
En mi opinión, tanto el Parlamento como, de hecho, el público tienen dificultades para comprender por qué resulta completamente imposible encontrar recursos para la parte activa de la política agrícola conocida como desarrollo rural, mientras que se destinan miles de millones a la otra dimensión de esta política. 
Sabiendo, como sabíamos, que existían recursos en otras áreas que no se estaban utilizando, también nos ha resultado difícil denegar el gasto administrativo necesario para la ampliación e intentar encontrar una manera de financiar este gasto sin utilizar el instrumento de flexibilidad. 
Como consecuencia, una de las innovaciones de este año es que hemos intentado, de manera más sistemática, localizar y emplear recursos no utilizados y hemos acordado, de manera más sistemática, adelantar el gasto, con el fin de aliviar la presión en una rúbrica muy saturada en los próximos años. Esto podría suponer, por ejemplo, que resulte más fácil satisfacer las necesidades existentes antes de la ampliación. 
Se trata de una solución provisional. 
En realidad, creo que necesitamos una reforma mucho más extensiva. 
También pienso que deberíamos tratar este tema en el Convenio. 
Los increíblemente inflexibles umbrales presupuestarios con los que contamos en la actualidad no deberían convertirse en elementos fijos permanentes. 
Definitivamente no deberían ser incluidos en el Tratado y el Parlamento debería tener el mismo derecho de decisión conjunta en materia de política agrícola con el que contamos en otras áreas. 
También me gustaría agradecer a la Presidencia danesa el planteamiento realizado hasta ahora extremadamente serio y constructivo. 
Hemos alcanzado algunos acuerdos firmes en el mes de julio y ayer celebramos una alentadora reunión trilateral acerca de cómo podríamos solucionar el problema de las inundaciones. 
Me gustaría finalizar esta introducción realizando un llamamiento para que se adopte el mismo planteamiento constructivo cuando se trate de resolver importantes problemas pendientes, sobre todo en la rúbrica 4, relacionados con el gasto exterior. 
Necesitamos mucha más flexibilidad. 
El Parlamento protestará por el hecho de que, sin que se estén suministrando nuevos recursos, estamos constantemente aumentando el gasto en relación, por ejemplo, con Afganistán y el Fondo mundial de la salud y contra el SIDA, además de las contribuciones que ya hemos realizado en relación con los Balcanes, Kosovo, Serbia, etc. En mi opinión, ese será uno de los principales puntos de crítica en el Parlamento con respecto a la gestión del presupuesto tanto por parte de la Comisión como del Consejo. 
Señor Presidente, el presupuesto administrativo de la UE ha representado durante mucho tiempo uno de los principales problemas presupuestarios de la UE. 
El trabajo de este año tiene el fin de intentar encontrar soluciones a largo plazo para estos problemas. 
A comienzos de año, la situación nos empujaba a prever un gran déficit presupuestario para 2003, tal y como indicaban todas las previsiones. 
Ahora que hemos reducido este déficit y, en realidad, prevemos un ligero excedente para el próximo año, comprobamos que, si adoptamos una perspectiva a largo plazo, con toda probabilidad será específicamente el año 2003 el que constituya un gran problema. 
De acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Europeo de Berlín en 1999, tenemos la oportunidad de utilizar el «instrumento de flexibilidad» y, de este modo, de aportar fondos extraordinarios. 
En su anteproyecto del presupuesto, la Comisión propuso esta distribución para la rúbrica 5. 
Existían razones obvias para ello, sin olvidar el hecho de que el tiempo vuela y todavía queda mucho por hacer. 
Permítanme hacer hincapié en que ya sólo quedan dos meses y medio para que se tome la decisión definitiva acerca de los países que se convertirán en nuevos Estados miembros. 
Sólo quedan 15 meses para que comience 2004, el año en que todo cambiará y en el que la UE se convertirá en una organización bastante diferente de lo que ha sido hasta ahora. 
Es el año en el que esperamos que diez nuevos Estados miembros hayan ocupado sus lugares, el año en el que daremos pasos decisivos hacia la reunificación de una Europa que siempre ha estado dividida en este y oeste. 
Supone un enorme compromiso, probablemente el mayor que experimentaremos cualquiera de nosotros. 
Por lo tanto, resulta gratificante advertir que la gran mayoría de las piezas del puzzle presupuestario están comenzando a encajar. 
La ampliación es la prioridad principal. 
Las reformas necesarias, especialmente en el Parlamento, van sobre ruedas y podrán producirse dentro del marco presupuestario establecido y dentro del plazo del que disponemos. 
La cuenta atrás definitiva ha comenzado y cada vez queda menos tiempo. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, incluso por lo que se refiere al presupuesto previo a 2003. 
En este contexto, había por supuesto mucho que decir acerca de la propuesta de la Comisión relativa al uso del «instrumento de flexibilidad». 
Sin embargo, el Parlamento y el Consejo decidieron oponerse a la propuesta de la Comisión. 
Como primer paso en la dirección correcta, el Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo acerca de las líneas generales del presupuesto administrativo. 
Eso es algo completamente nuevo en el procedimiento presupuestario, pero que supone una ventaja a medida que avanza el trabajo. 
El compromiso que el Parlamento y el Consejo han realizado y que otras instituciones deben realizar ahora es el de facilitar las inversiones y preparaciones necesarias de la Comisión. 
Eso deberá producirse entendiendo y advirtiendo esencialmente el hecho de que la ampliación no es algo a lo que una sola institución se pueda enfrentar con éxito, sino que se trata de un compromiso por parte de todos nosotros. 
Como consecuencia, el Parlamento ha intentado ser especialmente creativo, con la intención de prepararse para la financiación necesaria. 
En definitiva, se trata de adelantar todo el trabajo posible en el presupuesto de este año, para poder crear un campo de acción tan amplio como resulte factible en el presupuesto de 2003, cuando ya sólo quedará un año para la ampliación. 
En ese momento, el espacio de maniobra que hayamos obtenido de este modo deberá ser capaz de sentar las bases para que podamos establecer con éxito las prioridades necesarias para 2003. 
Eso es lo que nosotros llamamos carga frontal. 
Se ha fomentado que todas- y subrayo la palabra todas- las instituciones, incluidos el Parlamento y el Consejo, participen activamente en esta área. 
Las respuestas que he recibido han sido positivas hasta ahora. 
Estoy convencido de que lo conseguiremos y de que así crearemos el espacio de maniobra financiero que la Comisión necesita especialmente, si queremos que la ampliación resulte un éxito. 
Señor Presidente, Señorías, como Presidente del Consejo estoy muy satisfecho de que se me haya brindado la oportunidad de asistir a este debate sobre el presupuesto para 2003 del Parlamento Europeo, en el que están participando representantes de la Comisión. 
Estoy convencido de que el debate de hoy ofrecerá al Parlamento y a la Comisión la oportunidad de tocar muchos temas importantes relativos al presupuesto para 2003. 
Hoy de nuevo tengo el placer de reunirme con el Sr. Wynn y con los dos ponentes del presupuesto para 2003, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck. 
Me gustaría comenzar expresando mi gratitud personal por el constructivo y centrado diálogo sobre el presupuesto para el próximo año que han mantenido el Parlamento y el Consejo hasta la fecha. 
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisaria de Presupuestos, la Sra. Schreyer, así como a los restantes Comisarios, su extremadamente útil cooperación. 
No cabe duda de que el presupuesto para 2003 de la UE representa un importante reto. 
La UE va a emprender muchas tareas nuevas el próximo año. 
Permítanme mencionar solamente dos: las instituciones de la UE tienen que prepararse para la ampliación y la UE se hará responsable de las fuerzas policiales de la ONU en Bosnia y Herzegovina. 
El Consejo, el Parlamento y la Comisión están de acuerdo en que lo importante en este ámbito son las prioridades políticas que adoptará la UE. 
Por este motivo, el procedimiento presupuestario se ha caracterizado hasta ahora por un deseo de encontrar soluciones prácticas y alcanzar compromisos. 
Estoy convencido de que esta próspera cooperación podrá continuar en otoño y haré todo lo que esté en mi mano para que así sea. 
Quiero concluir deseando a los diputados del Parlamento Europeo, así como a los Comisarios, un constructivo debate. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el presupuesto para 2003 es probablemente el último presupuesto que se aplicará a 15 Estados miembros de la UE. 
La ampliación está, más o menos, a la vuelta de la esquina. 
Por lo tanto, el ejercicio presupuestario de 2003 presentará nuevos retos no sólo para los países candidatos, sino también para todas las instituciones europeas que necesitan prepararse para ello. 
Estas áreas serán prioritarias en 2003. 
Sin embargo, no cabe duda de que tenemos otras prioridades además de éstas. 
Estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen que la política europea debe concentrarse en la estabilidad y seguridad. 
Esto también se ha reflejado en el presupuesto para 2003, en el presupuesto del Comisario Vitorino para medidas en las áreas de asuntos internos y política judicial o- de muchas y diferentes maneras- en el presupuesto para medidas de política exterior. 
Su Cámara ha presentado varias mociones relativas a la seguridad de nuestra representación exterior y, por supuesto, también a toda la ayuda ofrecida a Afganistán. 
La ayuda, el aumento de fondos para la región mediterránea y, por supuesto, la ayuda para la preadhesión son, en el análisis definitivo, gastos destinados a mejorar la estabilidad política en Europa. 
La Comisión ha decidido que el desarrollo sostenible sea su tercer foco de atención. 
Una vez más, esto afecta a muchos presupuestos y programas específicos- el programa de la energía, el programa de investigación, el programa del Sr. Nielsen o, por dar otro ejemplo, los fondos para el desarrollo rural y los principales Fondos Estructurales de los que son responsables mis colegas los Comisarios Fischler y Barnier, respectivamente. 
En este debate, probablemente tendremos mucho que decir acerca del estado de cuentas y de la ejecución de los Fondos Estructurales- aunque sin excluir otros fondos. 
Los libros del presupuesto para 2001 indicaban, en efecto, un excedente de 15.000 millones de euros a finales de año. 
El Parlamento ha tenido los ingresos consolidados y las cuentas de gastos desde el 1 de mayo. 
Se trata de un excedente masivo y no ficticio, como se ha descubierto en los recientes escándalos contables relacionados con ciertas empresas privadas, sino real. 
Los Ministros de Finanzas se mostraron muy orgullosos de registrar este excedente real en sus libros, aunque el Parlamento adoptó una perspectiva más crítica al respecto. 
Es un hecho que debemos gestionar mejor muchos programas en 2003. 
Los Estados miembros también tienen que contribuir a ello y se precisa una buena cooperación en este área. 
La Comisión informa al Parlamento y al Consejo acerca del estado de cuentas semanalmente. 
Debería mencionar que esto demuestra una franqueza no mostrada por ningún gobierno de los Estados miembros en su relación con el Parlamento. 
No hace falta decir que esta información presupuestaria resulta importante para decidir cuál es el mejor planteamiento con respecto al presupuesto del ejercicio siguiente. No obstante, es evidente que los fondos son insuficientes en cualquier presupuesto, aunque se trate de uno relativamente grande. 
Tenemos que enfrentarnos a nuevos retos, por ejemplo cuando se producen terribles catástrofes de grandes dimensiones, con el fin de ofrecer ayuda como muestra de solidaridad. Ya se ha creado un nuevo instrumento para ello. 
Estoy muy agradecido por la rapidez con la que se alcanzó un acuerdo acerca de la creación de este nuevo instrumento. Esto refleja verdaderamente el hecho de que Europa es una comunidad solidaria. 
Sin embargo, además de eso, los nuevos programas exigen que hagamos grandes reestructuraciones y aportaciones de fondos a otras áreas. 
Esto no se debería olvidar en el debate de hoy, en el que indudablemente se expresarán los nuevos deseos y nuevas propuestas. 
También deberíamos tener presente el problema de la subsidiariedad, un tema sobre el que tengo que decir que la Comisión no puede hacer milagros: si queremos que los objetivos políticos se hagan realidad y, por supuesto, si queremos que los programas de gastos se ejecuten, se precisa personal para ello. 
Espero que el Parlamento apoye la búsqueda de una solución para esta cuestión de los gastos de personal para 2003. 
Permítanme expresar mi gratitud al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck por lo que acaban de decir y por las mociones que ya se han presentado. 
El desarrollo indica lo mucho que se espera de Europa y de la política europea y no deberíamos defraudar a estas expectativas. 
Verdaderamente pienso que el debate de hoy resultará interesante y totalmente innovador, y demostrará una vez más que las instituciones europeas están perfectamente preparadas para innovar. 
Mi grupo aplaude este nuevo procedimiento. Es una forma bastante imaginativa de rehacer nuestro debate político sobre las prioridades del presupuesto para el ejercicio 2003. 
Mi función particular en la presentación de hoy es examinar nuestra estrategia como grupo, que hemos ido estructurando en los dos últimos años. 
Sobre esta base tenemos seis puntos concretos que se han formulado como enmiendas que desearía examinar brevemente. 
El primero se refiere a cómo abordamos los compromisos presupuestarios pendientes, que ahora ascienden a unos 110 000 millones de euros. 
En una declaración conjunta que firmamos con el Consejo el 14 de diciembre de 2000, quisimos que estos compromisos se redujeran a niveles normales, si no recuerdo mal para diciembre de 2003. 
Por lo tanto, la primera de nuestras enmiendas tiene por objeto que la Comisión nos aclare sus intenciones precisas a la hora de cumplir este compromiso, cómo va ha hacerlo y con qué rapidez se logrará. 
En segundo lugar, desde el punto de vista de la reforma de la Comisión, que también se menciona en la citada declaración conjunta de diciembre de 2000, quisimos conocer una serie de datos sobre el modo de llevar a cabo la reforma. 
Algunos de nosotros albergamos dudas sobre lo lejos que ha llegado esta reforma, cómo se va a llevar a cabo la parte que falta y cuándo se aplicará. 
Por este motivo hemos puesto en la reserva quinientas partidas, que se liberarán paulatinamente y cuando recibamos información sobre la conclusión y la efectividad de la reforma. 
En tercer lugar, en relación con lo anterior hay un caso concreto relativo al Jefe de Contabilidad, en que puesto en la reserva un pequeño importe de los gastos de viaje de la Comisión. 
Queremos llegar al fondo de la cuestión. 
Queremos información y no la dimisión de la Comisión, como se rumorea. 
Por lo tanto, queremos que la Sra. Andreasen venga y nos cuente cuáles son exactamente sus alegaciones. 
También queremos saber con exactitud la respuesta de la Comisión a estas alegaciones. 
En cuarto lugar, queremos tratar con el Consejo en términos de política exterior y seguridad. 
Esto se debe a que hemos asignado cantidades en el presupuesto para 2003, pero antes de aprobarlas queremos reforzar la posición de las demás instituciones, el Parlamento y la Comisión, en el conocimiento del modo en que van a aplicarse las políticas. 
Por instinto no nos gusta que el Consejo gaste grandes sumas de dinero en la gestión de la política exterior sin una contabilidad apropiada. 
En quinto lugar, hemos afirmado como Parlamento que no queremos que el gasto relacionado con Afganistán vaya en detrimento de otras prioridades de gasto de la categoría 4. 
Por lo tanto, proponemos que se utilice para este fin el instrumento de la flexibilidad, y además quizá la partida comprometida en el presupuesto de 2002 para dedicar 27 millones de euros a la reestructuración de la flota. 
Por último, nos hemos alejado un poco de la norma y recomendamos que no se aprueben los 220 puestos del Consejo hasta que hayamos recibido una explicación satisfactoria sobre una serie de puntos relacionados en nuestra enmienda. Entre ellos se incluye la aplicación del programa de jubilación anticipada. 
También necesitamos explicaciones, más concretamente en materia de política exterior, para saber cuáles son las proyecciones y cómo cree el Consejo que podrían ejecutarse los gastos en los próximos años. 
Para concluir, quisiera decir que todo esto no tiene nada que ver con la revolución o nuestro líder socialista, que dice que son mociones de censura encubiertas. 
Son cuestiones de contabilidad y del correcto funcionamiento de la democracia, donde, en calidad de Parlamento, asumimos nuestra responsabilidad en el proceso presupuestario, utilizando la reserva con buen criterio para obtener la información que precisamos para poder llevar a cabo nuestra labor efectivamente. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los ponentes del presupuesto, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck, quienes han realizado un excelente trabajo y ayudado a la Comisión de Presupuestos en su tarea. 
La política presupuestaria de la Unión Europea se ve empañada por la decepcionante forma en que el propio presupuesto se ha ejecutado. 
Como afirmaba el Sr. Elles hace un momento en su discurso, el pasado año no se gastaron algo más de 15.000 millones de euros, lo que resulta una cantidad inconcebiblemente importante de dinero. 
La Comisión ha sugerido que la culpa la tienen los Estados miembros. 
Debemos preguntar qué tiene pensado hacer la Comisión en materia de legislación, para eliminar este defecto del sistema. 
También me gustaría preguntar al Consejo qué pretende hacer para simplificar la ejecución de los Fondos Estructurales, la ayuda a la preadhesión y otros programas a largo plazo, con el fin de evitar la acumulación de estas enormes sumas pendientes en el futuro y, en definitiva, de reducirlas. 
Los créditos de pago del presupuesto para el próximo año representan únicamente el 1,01 % del PNB, es decir 5.900 millones de euros por debajo de las perspectivas financieras. 
Estas reducidas sumas no ayudarán a disminuir los atrasos, sino que, por lo contrario, éstos se acumularán cuando se produzca la ampliación de la UE y nos esperan otros muchos problemas. 
Nuestro grupo apoya las preparaciones para la ampliación hacia el este. 
El próximo año será el último en el que se podrán llevar a cabo convenientemente. 
Por este motivo, el proceso administrativo debe ser reformado y pasar a ser más flexible, para poder desplegar los recursos humanos de forma más rápida y apropiada que en la actualidad. 
Apoyamos la reforma de la Comisión, aunque al mismo tiempo insistimos en una mayor claridad en las áreas de responsabilidad del personal y descripciones de los empleos. 
Por otra parte, creemos que es importante que la responsabilidad administrativa también se refleje con mayor eficiencia en áreas tales como la realización de pagos. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, el mayor problema del presupuesto son los créditos pendientes de liquidación (RAL). 
El problema es tan grave que no se percibe. 
Es positivo que se intente reducir la magnitud del problema de los RAL. 
Dado que se está introduciendo una «cláusula de suspensión» para conseguirlo, la ineficiencia de la Comisión podría desaparecer de la vista como resultado. 
Hoy, sin embargo, esa ineficiencia resulta visible en el crecimiento de los RAL, como ya han señalado aquí algunos otros grupos. 
Nuestro grupo está de acuerdo en que la ampliación debería ser la principal área de concentración del presupuesto. 
A tal efecto, debemos garantizar que la Unión Europea sea capaz de funcionar en todas sus lenguas oficiales desde el comienzo. 
Realizamos un llamamiento a la Comisión para que rechace cualquier propuesta que afirme que se debería conceder a algunas lenguas una posición inferior que a otras por lo que respecta a la interpretación. 
Si no pueden existir unos servicios de interpretación para todas los lenguas, echémoslo a suertes para averiguar cuáles no van a disfrutar de ese servicio. 
En el proceso de conciliación de julio, el Consejo prometió sentar una base legal para la jubilación anticipada de veinte o treinta funcionarios con contratos temporales contratados por grupos políticos del Parlamento. 
A cambio, obtuvo una unidad presupuestaria provisional. 
Es un buen trato. 
La naturaleza de la unidad presupuestaria permite a ciertos Estados miembros obtener ayuda financiera de la UE, a cambio de que desguacen sus flotas pesqueras. 
Es lo que se ha acordado y no nos oponemos a ello. 
Sin embargo, las pérdidas no se pueden compensar excesivamente y, por este motivo, muchos miembros de nuestro grupo creen que resulta importante que se apruebe el nuevo programa pesquero propuesto por la Comisión. 
Sin embargo, existen fuerzas que actúan para impedirlo, de la misma manera que se está reduciendo a lo que es simplemente un nuevo programa agrícola bajo la dirección de cierto Estado miembro importante. 
Una parte de nuestro grupo desea lo mejor a la Comisión con respecto a su reforma del programa pesquero y agrícola, pero otra parte no. 
Existen opiniones encontradas en nuestro grupo acerca de la cuestión de si resulta necesario ayudar a los partidos políticos de toda Europa con el dinero del presupuesto de la UE. 
Dado que no existe una base legal para apoyar a los europartidos de esta manera, proponemos, como detalle técnico del presupuesto, que deberíamos insertar una referencia «pro memoria» bajo el título presupuestario correspondiente. 
No debería proponerse que se aporte dinero cuando no es legal hacerlo. 
Al Presidente en ejercicio del Consejo le diría lo siguiente: por favor, corrija los reglamentos correspondientes a los diputados del Parlamento Europeo, para que también se siente una base legal con respecto a este tema. 
En general, estamos encantados de que la Comisión haya propuesto reducir el gasto en propaganda como consecuencia del programa Prince. 
Las acciones de la Comisión son evidentemente peores para la UE con propaganda que sin ella, en términos de legitimidad. 
Los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía nos sentimos decepcionados por la línea de acción que adoptó el Consejo al tomar sus decisiones de financiación con respecto al Sexto programa marco de ciencia e investigación. 
El programa se estableció sin ningún acuerdo formal. 
Esperamos que el espíritu de cooperación, tradicionalmente excelente, que existe entre el Parlamento y el Consejo pueda continuar con respecto a este tema y también que el Consejo reajuste los asuntos conforme a lo que se había acordado originalmente. 
Señor Presidente, la Comisión formuló tres prioridades en su estrategia política anual: ampliación, seguridad y desarrollo sostenible. 
La Comisión ha solicitado ahora 500 posiciones adicionales para garantizar la buena marcha de la ampliación. 
En principio, puedo entenderlo, ya que si se adhieren 10 nuevos países, esto conllevará un mayor volumen de trabajo. 
Sin embargo, tengo algunas preguntas al respecto. 
¿Es cierto que ahora están solicitando personal para la prioridad de la ampliación, mientras que la prioridad del desarrollo sostenible está siendo gestionada sistemáticamente por un número insuficiente de funcionarios? 
Si entiendo bien las propuestas para conseguir un «mejor reglamento» de la Comisión, ésta incluso sugiere pasar la responsabilidad de notificación principalmente a los Estados miembros a partir de ahora. 
¿Esto se debe a que realmente piensan que los Estados miembros están mejor preparados para cumplir la legislación medioambiental y para controlarla o se debe meramente a razones presupuestarias, concretamente a que no cuentan con un número de funcionarios suficiente para comprobar si los Estados miembros cumplen en efecto esta legislación? 
Si se trata de una cuestión presupuestaria, temo por la prioridad del desarrollo sostenible. 
Otra pregunta hace referencia a las 700 posiciones que aprobamos en años anteriores. 
¿Estoy en lo cierto al pensar que se han distribuido de forma razonablemente uniforme entre toda la Comisión y que verdaderamente no se han agrupado de acuerdo con ciertas prioridades? 
Me gustaría pasar al tema de la ampliación y del presupuesto de la UE. 
Si estoy en lo cierto, seis países candidatos corren el riesgo de recibir menos fondos de Bruselas en el año 2004 de la que recibieron en el año 2003 y cuatro países corren el riesgo incluso de convertirse en contribuyentes netos. 
Es una suerte que estén preparados para compensar esto y es, de hecho, excelente, pero la factura podría ser todavía más elevada de lo previsto en estos países candidatos, si su ejecución de los Fondos Estructurales no resulta tan exitosa como ustedes habían previsto. 
Por lo tanto, ¿es posible- y esto constituye una propuesta por nuestra parte, para la que agradecería una respuesta- comprobar si estos países candidatos podrían completar todo el procedimiento para sus proyectos en 2003? 
Dicho de otro modo, ¿sería posible que completasen todos los trámites administrativos, de forma que pudiesen comenzar inmediatamente con el verdadero trabajo de construcción el 1 de enero de 2004? 
Si este es también un debate acerca de lo que ha dicho el Sr. Elles en respuesta a la Sra. Andreasen, mi grupo también opina que cualquier problema del sistema contable deberá ser analizado detenidamente tras la audiencia de la Comisión y del Tribunal de Cuentas. 
Posiblemente tengamos que invitar a la Sra. Andreasen en ese punto. 
Sin embargo, depende de nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, que se analicen estos problemas. 
Con respecto a la relación con los sueldos de los Comisarios, verdaderamente no entiendo cómo el PPE lo ha descubierto. 
He sido diputado del Parlamento Europeo durante 23 años- los 10 primeros en la Comisión de Presupuestos- y, de vez en cuando, formo parte de la Comisión de Control Presupuestario. 
Contribuí a poner orden en la cámara del Parlamento, tras sus escandalosos acuerdos con dinero de los contribuyentes, que originaron el problema todavía no resuelto relativo a los gastos de viaje reembolsados. 
He leído los informes anuales del Tribunal de Cuentas. Estuve implicado en la destitución de la última Comisión y siempre he sido muy crítico con la falta de transparencia de la Comisión. 
Sin embargo, en ningún momento se me pasó por la cabeza pensar que la Comisión llevaba sus cuentas en una hoja de trabajo de Excel, de forma que las cifras se pudiesen ajustar sin que nadie lo supiese. 
Si el propietario de un puesto de helados o de una tienda de hardware hiciera esto con su contabilidad, sería ilegal y las autoridades fiscales emprenderían acciones legales contra él. 
En este caso, estamos hablando de la Comisión, aunque las acciones legales se van a emprender contra la persona que reveló el escándalo contable. 
Existe un deseo de disparar contra el mensajero por traer malas noticias. 
La jefa de contabilidad española, la Sra. Andreasen, merece un gran reconocimiento por haber facilitado al Parlamento la información que deberíamos haber recibido de la Comisión. 
Inicialmente, la Sra. Andreasen utilizó los canales internos e hizo llegar sus observaciones de forma ascendente hasta llegar al Sr. Prodi, aunque sin resultado, por lo que tengo entendido. 
La Comisión quería que firmase una cuenta que la mitad de los Directores Generales habían firmado aunque con reservas. 
Desde 1994, el Tribunal de Cuentas se ha negado a garantizar la corrección de las transacciones subyacentes. 
Por este motivo, durante ocho años mi sitio web, bonde.com, ha incluido una carta de una oficina del Tribunal de Cuentas a la Comisión, que es la carta más alarmante que he leído en mis 30 años en la UE. 
Las actuales prácticas contables de la Comisión en hojas de trabajo se prestan a una pobre administración y al fraude. 
En este desafortunado contexto, SOS Democracy desea invitar a todos los partidarios de la contabilidad ordinaria a una reunión con la Sra. Andreasen, a las 15:00 horas del miércoles, en la sala de conferencias R3.1. 
Juntos deberíamos debatir cómo podemos enfrentarnos a lo que, en mi opinión, parece el peor escándalo de la historia de la UE. 
Ahora ya sabemos algo acerca de cómo van las cosas. 
A partir de ahora, todos nosotros compartimos la responsabilidad. 
Señor Presidente y señor Pedersen, muchas gracias. 
Señor Presidente, los oradores anteriores ya han tratado muchos temas importantes del presupuesto para 2003, aunque debemos tener cuidado y no centrarnos en un número demasiado reducido de sus áreas específicas y terminar intentando dar a todos una porción del pastel. 
Las víctimas de las inundaciones tienen que obtener ayuda muy rápidamente y sin formalidades burocráticas, y sobra decir que también es el momento de prevenir para el futuro. 
Sin embargo, debemos emprender acciones para enfrentarnos al constante incremento del desempleo. 
Las PYME continúan luchando por respirar bajo la excesiva carga de impuestos y gravámenes que soportan, mientras que, al mismo tiempo, la actividad de inversión en Europa está descendiendo y la tasa de desempleo está, como ya he mencionado, en constante ascenso. 
La excesivamente elevada tasa de desempleo entre la gente joven constituye un problema importante y existe una necesidad urgente de programas especiales para reducirla. 
Espero que los diputados de esta Cámara apoyen las mociones que hemos presentado al respecto, que pretenden promover los períodos de aprendizaje en las PYME. 
Esta acción fortalecería a las PYME y ayudaría a estos jóvenes que, en Europa, tienen pocas o ninguna oportunidad de formación profesional. 
Pasamos a continuación al primero de los debates sectoriales. 
El primer debate será destinado a los Fondos Estructurales, especialmente en lo que respecta a los pagos y a la fase de preadhesión, incluido el ISPA. 
Intervendrán en primer lugar los ponentes de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, el Sr. Puerta, y la Sra. Jensen, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
A continuación, y en nombre de la Comisión, el Sr. Barnier. 
Y luego tendrán lugar las intervenciones de los grupos políticos y de los demás diputados. 
Cerrará el debate, sobre este primer punto, la Comisión. 
. (ES) Señor Presidente, deseo agradecer al Comisario, Sr. Barnier, su reciente comunicación sobre la evolución a 31 de agosto de 2002 de la ejecución presupuestaria de los Fondos estructurales y de los créditos pendientes de liquidación. 
La constatación de que se repiten los mismos problemas nos plantea una vez más la fiabilidad de las previsiones presupuestarias. 
Respecto al presupuesto 2003, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo propone que se aumente el límite máximo de los créditos de pago, porque respetando el importe correspondiente en este año a la programación plurianual- 27 500 millones de euros- hay que destinar 8 100 millones de euros a los restos a liquidar (RAL) acumulados de 1994 a 1995, superior en 2 900 millones de euros a lo previsto. 
También pedimos que se tengan muy en cuenta las dificultades que se producirán en el próximo ejercicio por la aplicación de la cláusula N+2. 
Serán necesarios grandes esfuerzos de cooperación y control entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros. 
En cuanto al instrumento estructural de preadhesión ISPA, debemos retomar la propuesta de la Comisión, que suponía aumentar en el ejercicio 2003 los créditos para este programa, alcanzando 1 117 millones de euros en créditos de compromiso y 750 millones de euros en créditos de pago. 
Es muy poco serio que, en vísperas de la ampliación se debilite un instrumento útil y, sobre todo, necesario. 
En el presupuesto nos oponemos a la reducción de créditos de pago que el Consejo realiza sobre la propuesta de la Comisión en programas FEDER y diversas iniciativas comunitarias. 
Debemos evitar que resulten insuficientes para cubrir los compromisos en el futuro próximo. 
Más vale prevenir que lamentar. 
También querría decir que nos preocupa, especialmente en el presupuesto, el escaso apoyo que, a nuestro juicio, hay a los sistemas de seguridad en el transporte. 
En nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, debo expresar nuestras preocupaciones relativas a la ejecución del presupuesto para el Fondo Social Europeo. 
Indudablemente, el Fondo Social desempeña una importante función en el desarrollo de las regiones pobres y de la estrategia de empleo europea y, de hecho, será también muy importante por lo que respecta a la futura ampliación. 
Por otra parte, en esta área también estamos observando la acumulación de compromisos pendientes, lo que consideramos un problema. 
Hace unos momentos, el Comisario Barnier acaba de presentar una comunicación sobre los avances relativos a la ejecución de los Fondos Estructurales, ofreciéndonos una serie de explicaciones acerca de por qué se están acumulando unos compromisos pendientes mayores de lo previsto y eso es algo que deberíamos agradecer al Comisario. 
Sin duda, existen nuevas normas y procedimientos para la programación de 2000-2006 que deben ser incorporadas y aparentemente los Estados miembros han sobrestimado la capacidad para ejecutar los proyectos en los primeros años. 
Sin embargo, ¿en qué nos basamos para creer que las cosas irán mucho mejor en los próximos años, además de en los incentivos incluidos en la norma «n+2» (también conocida como la «cláusula de suspensión» ), por la que se establece que se perderá el dinero cuando pase demasiado tiempo antes de que se utilicen los pagos? 
Como diputados del Parlamento Europeo, constantemente escuchamos quejas de que se trata de un sistema que resulta difícil de gestionar. 
Se necesita un buen servicio de descubierto en el banco si se pretende recibir dinero del Fondo Social. 
El tiempo que lleva realizar los pagos supone un problema al que la Comisión debe encontrar una solución. 
También se nos ha dicho que las normas y procedimientos son demasiado complicados, aunque el pasado mes de julio se acordó que el Parlamento y el Consejo deberían simplificar los asuntos, con el fin de potenciar la utilización de los fondos. 
Usted también, señor Barnier, ha puesto la simplificación en la agenda. 
Sin embargo, ¿cuánto tiempo tardará en hacerse efectivo el trabajo relativo a la simplificación? 
¿Estará hecho para 2003? 
¿Cuáles son los plazos para este trabajo? 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría decir al Sr. Puerta y a la Sra. Jensen que agradezco mucho, al igual que todos mis colegas, su reconocimiento a nuestro trabajo para ofrecer una explicación objetiva, concretamente mediante la comunicación relativa a la ejecución presupuestaria que la Sra. Schreyer acaba de presentarles. 
Señor Presidente, Señorías, presenté este nuevo debate en aras de la transparencia y por el mismo motivo comparecí ante la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, así como ante la Comisión de Presupuestos. 
El 17 de julio, la Comisión de Presupuestos aclaró la situación relativa a la gestión. 
En la comunicación, hemos intentado identificar- como la Sra. Jensen acaba de mencionar- de forma realista las causas de la escasa ejecución de 2000-2001 y los riesgos para 2002, así como explicar las medidas adoptadas para rectificar el retraso. 
La simplificación es otro área en la que estamos a punto de ponernos a trabajar. 
Yo propuse a todos los Ministros, en presencia de las presidencias de las comisiones parlamentarias implicadas, comenzar a trabajar en este asunto el 7 de octubre y facilitamos un documento de trabajo para la simplificación inmediata dentro del marco del reglamento de Berlín y mediante la utilización o la búsqueda de todas las vías posibles para impulsar la simplificación. 
Espero en que estén de acuerdo en que el hecho de simplificar la política aún más después de 2006 es un tema totalmente diferente. 
Por este motivo, habiendo realizado todo este trabajo para explicar la situación, no estoy de acuerdo con el término «negligencia» que el Sr. Seppänen ha utilizado anteriormente. 
Si se hubiese producido una negligencia por parte de la Comisión con respecto a los RAL, cuya importancia reconozco como ya he mencionado, ¿cómo puede usted explicar el hecho, señor Seppänen, de que los resultados sean tan diferentes entre distintos países? 
Ya dije y repito que casi todos los RAL son un problema para cuatro países de los quince y confío en que expongamos dónde residen realmente las responsabilidades. 
Me gustaría que evitase el uso de términos injustos para describir el trabajo de la Comisión. 
Con respecto al presupuesto para 2003, estoy seguro de que el umbral de las perspectivas financieras no se superará. 
Por lo tanto, me gustaría decir al Sr. Puerta, en un intento de tranquilizarlo, que no creíamos que ahora sería necesario superar este umbral. 
Indudablemente, las solicitudes de los Estados miembros serán superiores a los créditos concedidos por la Comisión en virtud de los Fondos Estructurales para 2000-2006, aunque podemos aprender lecciones del pasado. 
En nuestra comunicación, analizamos los problemas que surgieron y, como consecuencia, estamos adoptando una planteamiento ligeramente más prudente. 
Es probable que los agilicemos- con pagos de 27.000 a 30.000 millones por año- en 2004. 
Hasta entonces, nos mantendremos ligeramente por debajo de los 25.000 millones que se precisan. 
Existe el riesgo de que las necesidades para 2003 sean superiores en dos líneas. 
La primera línea es la finalización de los programas de 1994-1999. 
Este año, los Estados miembros se están tomando su tiempo para presentar sus solicitudes de pago definitivas. 
Por lo tanto, es probable que tengamos un gasto inferior en 2002 y una mayor necesidad en 2003, que no obstante debería poder cubrirse, pasando los importes a cuenta nueva. 
La segunda línea que puede precisar créditos adicionales es el Fondo de Cohesión. 
Tras dos años de gasto inferior, en 2002 y 2001, las medidas adoptadas para acelerar la finalización de los programas están dando su fruto. 
Es probable que se paguen más de 3.000 millones este año y, si este es el caso, los 2.500 millones que solicitamos para 2003 podrían resultar insuficientes. 
Mi opinión personal es que, si el Parlamento desease incrementar esta aportación en 500 millones, no supondría un problema. 
Finalmente, el Sr. Virrankoski, la propia Sra. Jensen y el Sr. Puerta han mencionado la extremadamente estricta norma conocida como n+2. 
Es cierto que esta norma impone disciplina y buena gestión. 
Se creó exactamente para eso y fue aprobada por el Parlamento. 
Sin embargo, también crea un agujero: la n+2 deja dos años entre compromiso y pago. 
Este es el motivo por el que los RAL probablemente van a subir. 
También se necesitan dos años de programación, con el fin de alcanzar los 60.000 millones de euros. 
Para ser honesto, cuando se comprueba la calidad de los proyectos en cuestión, la naturaleza de esta importante inversión, dos años de programación no parecen demasiado. 
Creo que la disciplina de la n+2 es sin duda preferible a posponer todas las cancelaciones al finalizar el período, que es lo que habríamos hecho en la programación anterior para 1994-1999. 
Señor Presidente, estos son los puntos que deseaba aclarar al comienzo de este debate. 
Señor Presidente, lo que más nos preocupa es la baja ejecución de las partidas de los Fondos Estructurales. 
Lo peor que podría ocurrir es que las dotaciones perdieran apoyo porque no se gastan y que pensáramos que los objetivos que pretendemos cubrir no corresponden a las necesidades de quien tiene que gastarlas. 
Contra ese mal político sólo podemos actuar diciendo que no deben pagar justos por pecadores y que no todos los Fondos Estructurales están mal gestionados. 
Me congratulo de que las iniciativas comunitarias, o los objetivos 1 y 2 o el Fondo de Cohesión sean más ejecutados. 
Me congratulo también de que la mayoría de los países hagan bien sus deberes, lo que pone de manifiesto que las medidas procedimentales son de fácil cumplimiento, aunque no todos sean igualmente diligentes para cumplirlas. 
Por tanto, que no se estén ejecutando como hubiéramos querido los Fondos Estructurales no significa que debamos gastar en otras partidas, sino que debemos aplicar seriamente el compromiso de N + 2. 
Es obvio que si los países o regiones que no han cumplido la cláusula N + 2 ven que los Fondos vuelven a ellos, no tendrán ningún motivo para cambiar de actitud. 
Los Estados y las regiones que no utilizan el N + 2 deben perder definitivamente sus dotaciones, en favor de aquellos otros organismos, regiones o Estados que las vayan a utilizar. 
Por tanto, la cifra de no ejecución no es grave; lo que tenemos que lograr es que la responsabilidad de la no ejecución recaiga en quienes la han provocado. 
En este sentido, saludo los esfuerzos del comisario Barnier para poner las cosas en orden. 
Señor Presidente, para nosotros el problema de la ejecución debería ser un problema compartido, y personalmente no puedo aceptar lo que ha dicho el Comisario Barnier, quien se limita a lavarse las manos ante los problemas de cuatro o cinco Estados miembros. 
El problema es compartido, la solución es compartida. 
El hecho de que tengamos 100 000 millones de euros de compromisos pendientes debería ser un problema para todas las instituciones de la Comunidad. 
No podemos aceptar la premisa de que sea responsabilidad exclusiva de esos Estados miembros. 
Es verdad que queremos que actúen todas las instituciones, inclusive la Comisión y este Parlamento en particular, con carácter urgente. 
En cuanto al transporte, también queremos que se actúe con rapidez. 
En particular, queremos que se anulen los recortes de un millón de euros propuestos por la Comisión en la seguridad del transporte terrestre. 
Es absurdo proponer que se reduzcan un 50% los accidentes en las carreteras en 8 años y recortar el presupuesto en este ámbito esencial. 
En tercer lugar, queremos que se anule la reducción del 20% propuesta por la Comisión en movilidad sostenible. 
De nuevo hablamos mucho del medio ambiente, pero los programas que contribuirán a proteger y conservarlo quedarán recortados si el Comisario se sale con la suya. 
En cuarto y último lugar, estoy de acuerdo con la Comisión en que se precisa una mayor transparencia. 
En estos momentos mi comisión, que se toma seriamente su trabajo de intentar examinar el presupuesto, simplemente no dispone de los datos para una evaluación cuantitativa y cualitativa de lo que ocurre con los presupuestos de transporte y los fondos estructurales. 
Espero que después de este debate podamos redoblar los esfuerzos para demostrar al contribuyente europeo que su aportación vale la pena. 
Señor Presidente, Comisario, como muchos oradores ya han afirmado, las últimas cifras del control presupuestario también indican que la ejecución de los programas del Fondo Estructural y los pagos realizados con respecto a los programas han progresado demasiado lentamente. 
Por otra parte, las diferencias regionales también han aumentado. 
Por lo tanto, resulta evidente que la ayuda regional será necesaria también en el futuro, tal y como ha sugerido el Sr. Puerta. 
Los retrasos en la política estructural se debieron principalmente, en las primeras fases, al lento trabajo preparatorio realizado por la Comisión y los Estados miembros. 
Ahora es la pesada administración, así como los complicados y rígidos procedimientos los que están provocando los retrasos. Éstos también están causando problemas en países que han cumplido el calendario. 
Así pues, la ejecución del presupuesto, tanto del pasado año como de este año, ha provocado un considerable incremento de las cantidades de dinero impagadas. 
Nuestro grupo está muy preocupado acerca del posible efecto negativo que esto tendrá sobre el presupuesto del próximo año y sobre la política estructural de la UE, tanto posteriormente como en general. 
Sin embargo, debería cumplirse la norma n+2, dado que esto ayudaría a reforzar la ejecución de los Fondos Estructurales. 
Ahora nos vemos obligados a preguntar, a pesar de esta comunicación y de las oportunas palabras del Sr. Barnier, qué pretende hacer la Comisión antes de que finalice esta legislatura. 
¿Qué medidas concretas existen, mediante las que se puedan aclarar, simplificar y acelerar las prácticas asociadas con los Fondos Estructurales? 
Se trata de una pregunta muy compleja también, debido a que la ampliación está a la vuelta de la esquina y necesitamos encontrar soluciones para estos problemas, en forma de resultados y no de burocracia. 
Señor Presidente, a pesar de que el memorándum presupuestario para 2003 todavía deja abiertas muchas cuestiones, la situación económica de 2002 se está aclarando y está resultando más sencillo obtener una opinión general acerca de la misma. 
Creo que no es sólo en Alemania donde existe el riesgo de incumplir el objetivo de estabilizar la zona euro, intentando que la deuda pública no supere el 3% del producto interior bruto. 
La ausencia de un crecimiento económico anual del 2-3% significa que las excesivamente elevadas cifras de desempleo ya no podrán encubrirse artificialmente. 
Esto hace que resulte muy comprensible que los atrasos de los Fondos Estructurales se estén tratando como si los fondos no existiesen. 
Las perspectivas de conseguir verdaderamente solucionar el problema del desempleo masivo en el cuarto trimestre del presente año se desvanecen debido a la acumulación de costes laborales indirectos y a la incapacidad de la Unión Europea, entre otras cosas, para solucionar los problemas provocados por distorsiones de la competencia. 
También creo que los días de júbilo público por la libertad aparentemente adquirida mediante la globalización han llegado a su fin. 
En su lugar, el presupuesto para 2003 se medirá por los criterios de la seriedad, la transparencia y la honestidad. 
Creo recordar que el Parlamento ha sido siempre más que crítico con la acumulación anual de recursos financieros de los Fondos Estructurales. 
Lo que resulta decisivo para el sentimiento público de pertenencia es lo que le gusta. 
La política inexistente de la Comisión sobre Fondos Estructurales inexistentes no es lo más conveniente para potenciar un sentimiento de pertenencia en los ciudadanos de la Unión Europea. 
Los meses de invierno van a ser los más difíciles en términos económicos, durante mucho tiempo. 
Las numerosas promesas realizadas a raíz del desastre de las inundaciones deben, por fin, cumplirse a un ritmo más rápido. 
De lo contrario, existe un creciente riesgo de que estos aspectos de la utilización de la tierra para los que ya hemos acordado una ayuda financiera con las fuentes disponibles provoquen importantes conflictos entre empresa, transporte, vivienda, ocio y turismo en los diversos niveles estructurales. 
La situación es grave y asumo que se sabe que el público está viendo cómo el agujero entre ingresos y gastos continúa reduciéndose. 
Necesitan el dinero que se mantiene en Bruselas. 
Señor Presidente, Comisarios, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, acojo con satisfacción la declaración de la Sra. Schreyer relativa a que el desarrollo sostenible constituye un foco de atención y espero que sea realmente posible potenciarlo a pesar de estos déficits, y me refiero a los créditos no utilizados que, el próximo año, estarán sujetos a la norma n+2. 
Sabemos que los déficits son principalmente el resultado de interminables problemas con aprobación, pero también de la incapacidad de los Estados miembros para crear efectivamente programas apropiados con las medidas de reforma incluidas en la última reforma de los Fondos Estructurales. Esto ha obligado a la Comisión a repetir los temas en innumerables ocasiones. 
Ahora existe el peligro de que se apoye a los grandes proyectos gracias a que, de repente, hay más dinero y por este motivo aviso a la Comisión para que no lo permita. 
Existen indicios de que los proyectos serán apoyados de nuevo sin que resulten eficientes ni sostenibles y a mí me gustaría pedir a la Comisión que ejerza sus funciones de control y garantice que el desarrollo sostenible se convierta en una realidad en el presupuesto. 
Señor Presidente, en realidad creo que este debate resulta extremadamente útil, dado que nos permite debatir una serie de problemas difíciles, incluyendo los fondos, en un contexto general. 
Lo que algunas personas parecen sugerir es completamente injusto, especialmente que el hecho de financiar lo que no se va a gastar implique un fraude, porque ese es el problema que existe con los compromisos pendientes. 
El problema radica en el hecho de que no se gasta, que es un problema totalmente diferente. 
También creo que se está culpando demasiado a la Comisión y no lo suficiente a los Estados miembros. 
Yo mismo procedo de un Estado miembro muy culpable de no gastar los recursos necesarios conveniente y rápidamente, y espero que esta situación mejore en el futuro. 
Sin embargo, constituye un buen ejemplo. 
En mi opinión, el sistema presenta defectos en dos cuentas. 
En primer lugar, tenemos un nuevo fondo cada vez, lo que significa que, cada vez, perdemos un año. 
Esto es exactamente lo que ha sucedido ahora y parece ser inevitable. 
Me gustaría pedir a la Comisión que analice si esto se puede hacer verdaderamente de esta forma, porque se trata de un problema inherente. 
En segundo lugar, me pregunto si nos libraremos alguna vez de estos compromisos pendientes. 
¿No es posible, o concebible, alcanzar un acuerdo en un punto dado con un Estado miembro que no sea capaz de gastar ese dinero, en lugar de dejarlo? 
Podríamos, por ejemplo, decir que canalizaremos este dinero de vuelta a los recursos generales y este Estado miembro sufriría una reducción en su contribución, que se pagaría igualmente. 
Creo que este Estado miembro podría estar muy satisfecho con esta propuesta y, de hecho, todos podrían estarlo, dado que permite que el dinero esté disponible para aquellos que lo necesitan. 
Sobra decir que esto debería hacerse de forma voluntaria. De lo contrario, el sistema nunca funcionaría y los Estados miembros nunca estarían de acuerdo con esta propuesta. 
Sin embargo, quizás sea posible solucionar este problema de manera relativamente rápida y pragmática. 
Me temo que podría resultar demasiado pragmático, para todos aquellos partidarios de afirmar que los fondos deberían gastarse, el hecho de limitarse a poner muchos obstáculos en el camino en caso de que se considerase necesario. 
Señor Presidente, me gustaría llamar la atención sobre una serie de líneas presupuestarias de las que se ocupa la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En primer lugar, sobre las tres líneas relativas al diálogo social, B3-4002, B3-4003 y B3-4310. 
La última hace referencia a la Oficina Técnica Sindical Europea. 
Esperamos incrementar los importes de cada una de estas líneas, en gran parte debido a la ampliación. 
Es muy importante que sentemos las bases mínimas para el diálogo social en los países candidatos y tenemos que comenzar a canalizar los recursos en esa dirección. 
En segundo lugar, me gustaría mencionar la B3-4314. Se refiere a las mejoras en materia de seguridad e higiene en las pequeñas y medianas empresas. 
Esperamos prorrogar esta línea una vez más. 
Confío profundamente en que así sea, después del trabajo que hemos realizado en el Parlamento con respecto a la nueva «estrategia europea de seguridad e higiene» -pronto aparecerá un informe en mi propio nombre -, sobre una propuesta de la Comisión relativa a un programa plurienal para la consecución de altos niveles de seguridad e higiene en las PYME. 
Espero que ese programa se presente el año que viene y que nos proporcione una base legal permanente. 
El último punto hace referencia a la B3-4106. 
Se trata de una propuesta relativa a una nueva línea presupuestaria, en nombre del Sr. Howitt y el Sr. Andersson, aunque también ha sido ratificada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que pretende ofrecer una base sólida para la ayuda a las ONG sociales. 
Esto es muy importante para que podamos respaldar el diálogo civil. 
Señor Presidente, señor Comisario, últimamente algunas declaraciones abogan por la eliminación del Fondo de Cohesión. 
La supresión de este Fondo supondría una penalización a los países que han conseguido cumplir los requisitos exigidos para sumarse al euro y sería sencillamente intolerable. 
¿Por qué quieren simplificarse los procedimientos para los Fondos Estructurales? 
¿Qué opina la Comisión acerca del futuro del Fondo de Cohesión para los países candidatos y para los propios ciudadanos de los Estados miembros? 
Señor Presidente, ya hemos hablado acerca de la escasa ejecución de los Fondos Estructurales y ya se ha recurrido a la amenazadora sombra de la guillotina. Ahora me gustaría añadir que no es una coincidencia el hecho de que muchos corran el riesgo de perder parte de su derecho también. 
En otras palabras, sufrimos el riesgo de recibir el golpe sin haber siquiera probado la zanahoria. 
Debemos emprender acciones, aunque, señor Bonde, debemos también asegurarnos de no fijar nuestras miras en el objetivo equivocado. 
La Comisión Europea no es la única responsable en este área: también recae una gran responsabilidad en los Estados miembros. 
Debemos asegurarnos de no nos auto prescribirnos la medicina equivocada. 
Yo personalmente soy alérgico a las píldoras de reservas, que a menudo resultan más perjudiciales que el problema original, y la idea que tienen algunos grupos políticos de asignar parte del gasto de los Comisarios a la reserva es rotundamente ridícula. 
La dirección que debemos tomar es la de incrementar los pagos y simplificar los procedimientos. 
El Comisario Barnier ya nos ha dicho qué pretende hacer y estamos esperando a que nos aclare algo más. 
Sin embargo, también me gustaría escuchar qué tiene que decir el Consejo, si es posible, y hago un llamamiento para que se preste mayor atención a algunos de los Estados miembros, que no duermen con la conciencia tranquila por lo que respecta a este problema en conjunto. 
Señor Presidente, me gustaría que me concediese un momento para confirmar lo que he dicho anteriormente y ofrecer algunas respuestas más detalladas. 
También me gustaría dar las gracias a los oradores que ha entendido claramente lo que he querido decir antes y especialmente al Sr. Pitella, que acaba de señalar que los Estados miembros tienen ciertas responsabilidades. 
Sin embargo, para ser honesto tengo que decir que creo que el Sr. Watts no lo ha entendido bien: la Comisión no está eludiendo sus responsabilidades. 
Yo mismo estoy muy preocupado, señor Watts, por el hecho de que no se gasten los fondos. 
Simplemente me gustaría reiterar que mi trabajo se basa en los cálculos que recopilan los Estados miembros. 
Quiero darle algunos datos, o confirmárselos, que llevan siendo evidentes durante tres años o, por decirlo de otro modo, desde que ocupé este puesto. 
Por ejemplo, los Estados miembros, al comienzo de este período de programación, no dieron prioridad a los nuevos programas y proyectos, sino a los viejos programas y proyectos que deberían haberse completado. 
Por lo tanto, concentraron sus esfuerzos en liquidar los viejos programas y se tomaron más tiempo para preparar los nuevos programas. 
Esta es una razón. 
También se introdujo un nuevo método de certificación, que causó algunos problemas. 
Deberíamos mencionar también el nuevo sistema de pagos. 
En Berlín, o después de Berlín, se adoptaron todo tipo de normas que yo estoy obligado a introducir. 
También me gustaría añadir que muchos Estados miembros- y la Sra. Fiebiger mencionó la crisis y la falta de crecimiento anteriormente- deben hacer frente a las dificultades presupuestarias relativas. 
Me gustaría señalar que no estamos financiando los programas al 100%. 
Existe una norma de adicionalidad por la que los Estados miembros deben aportar parte de la financiación y algunos de ellos probablemente tuvieron que reducir nuevamente su gasto presupuestario. 
Estos son algunos de los datos que encontrará en el informe y en la comunicación que la Sra. Schreyer y yo les hemos facilitado. 
Con respecto a los RAL, una vez más, creo que es habitual tener aproximadamente dos años de programación, dado que esto se ajusta a la norma n+2- lo que supone unos siete años de programación y dos años adicionales en total. 
Lo que no sería habitual es que continuásemos apoyando, a través de los RAL, programas muy antiguos. 
Por este motivo mi trabajo intenta, como asunto prioritario y como ya les dije al principio, retirar los RAL de los viejos programas, lo que prácticamente ya se ha conseguido. 
También me gustaría advertirles que no deberían sacar conclusiones precipitadas acerca de la situación. 
Si piensan en los RAL, a comienzos de año, por ejemplo, no obtendrán una perspectiva precisa, porque, a pesar de que casi el 99% del gasto se comprometió en abril, los pagos se pueden realizar hasta finales de año. 
Por lo tanto, a comienzos de año, parece como si los RAL fuesen importantes. 
Así es como se puede llegar a la cifra de 100.000 millones. 
Mientras estoy hablándoles hoy, concretamente 24 de septiembre, los RAL para los programas viejos y nuevos ascienden aproximadamente a 50.000 millones, lo que constituye un reflejo preciso de estos dos años de programación. 
La Sra. Schroedter, a quien quiero dar las gracias sobre todo por el trabajo que ha realizado- y estoy pensando, en particular, en su excelente informe relativo al segundo informe de progreso acerca de la cohesión- haciendo hincapié en el problema del desarrollo sostenible. 
Señora Schroedter, no dude que estaré muy atento para garantizar que los Fondos Estructurales se ejecuten de conformidad con el reglamento y con las directivas europeas relativas al medio ambiente. 
Por todo tipo de razones políticas y personales, estoy trabajando para garantizar que los Estados miembros, tanto los actuales como los futuros, utilicen los Fondos Estructurales de manera apropiada, por lo que se refiere al desarrollo sostenible. 
Este es el motivo por ejemplo, señora Schroedter, de que decidiese proponer, con respecto a las consecuencias de las inundaciones, que, en la futura política regional que les presentaré a finales de 2003, al mismo tiempo que se consolide lo que ya hemos hecho de acuerdo con estos programas, la prevención de los riesgos naturales sea prácticamente una prioridad obligatoria en todos los programas regionales. 
La regla n+2 es estricta, pero útil. 
Una vez más, con respecto a los desastres naturales, he hecho hincapié en la prevención. 
El pasado mes de noviembre, escribí a todos los Primeros Ministros, al igual que la Sra. Schreyer. 
Dado que la prevención sigue costando menos que la restauración, esperamos que esto nos permita reducir el riesgo, señor Pittella, de que se desaprovechen los créditos. 
A finales de año, dado que es la primera reunión, el riesgo de desaprovechar dinero en virtud de la norma n+2 será muy escaso. 
Probablemente los riesgos serán superiores el próximo año, porque, dado que los programas se firmaron en 2001, los efectos se sentirán en 2003 en virtud de la regla n+2. 
Por lo que respecta a las inundaciones, señora Fiebeger, usted nos rogaba que actuásemos rápidamente. 
Para ser honesto- y muchos líderes alemanes y austríacos así nos lo han indicado, pocas son las ocasiones en las que la Comisión ha reaccionado tan rápidamente ante acontecimientos de la actualidad. 
Nos llevó menos de cuatro semanas proponer un instrumento presupuestario flexible, bajo el mando de la Sra. Schreyer. 
Algunos días después, propuse las normas y acuerdos para este fondo a la Comisión. 
La pelota está en terreno del Parlamento Europeo. 
La pasada noche, el Consejo celebró una reunión trilateral. 
Espero que estemos preparados antes de que finalice el año, es decir antes del invierno, para conceder los créditos previstos, para que puedan comenzar los trabajos de restauración, reparación e incluso prevención. 
Con respecto al diálogo social, he escuchado detenidamente las preguntas que se nos han planteado. Hacen referencia, principalmente, a la rúbrica 3, por lo que la Sra. Schreyer o la Sra. Diamantopolou les responderán después. 
Finalmente, me gustaría señalar que, con respecto a todos estos problemas, y con esto concluyo, Señor Presidente, la Comisión no está eludiendo sus responsabilidades. 
Estoy intentando favorecer la transparencia, explicar la verdad y tomar iniciativas en términos de transparencia, como acabo de decir, así como en términos de simplificación, dado que éste es el propósito de la reunión del 5 de octubre con los Ministros. 
También me gustaría hacer hincapié en el útil papel desempeñado por los Fondos Estructurales para mejorar la gobernanza sobre el terreno, en las regiones y en cada país que los necesita, incluyendo los países más antiguos de la Unión. 
En el área de las asociaciones, valoraciones, disciplina y planificación, el papel que desempeñan es el de una palanca. Me gustaría convencerles de su importancia. 
Los Fondos Estructurales no solo representan dinero, sino que también representan progreso real en términos de administración pública, gobernanza y, en definitiva, democracia. 
Muchas gracias, Comisario Barnier. 
Señor Presidente, Comisario, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi comisión ha analizado muy detenidamente sus enmiendas y su votación para introducirlas fue unánime. 
Tal y como se establece en las directrices, nosotros hacemos hincapié en aspectos como la gestión de las fronteras, una área en la que el programa ARGO resulta de vital importancia, contribuyendo tanto a la creación de una área de libertad, seguridad y justicia, como a los preparativos para la ampliación. 
La ampliación hace que los temas del control fronterizo exterior, los visados, el asilo y la inmigración resulten todavía más urgentes. 
Una cooperación eficaz en estas áreas por parte de los Estados miembros y los países candidatos, especialmente para combatir la inmigración ilegal, resulta indispensable y precisa contar con los recursos necesarios. 
Mi comisión también apoya los esfuerzos por integrar aquí a los nacionales de terceros países, residentes a largo plazo, mediante el establecimiento de un proyecto piloto. 
Esto serviría para transmitir los valores que sustentan nuestra coexistencia en Europa. 
Estoy muy satisfecho de que la Comisión lo acepte. 
Indudablemente, la seguridad, la libertad y la justicia no se conseguirán gratuitamente, pero las actuales propuestas de mi comisión no representan ningún incremento en el marco financiero con respecto al presupuesto para el pasado año. 
Lo que estamos pidiendo es sólo el 99,4 % de las cifras del pasado año. 
Esto es algo que quiero subrayar particularmente, dado que tenemos mayores responsabilidades frente a los ciudadanos de la UE, en vista de los atentados del 11 de septiembre. 
Me gustaría concluir recordándoles el plan de acción del 21 de septiembre de 2001 para combatir el terrorismo, que prevé una acción conjunta de todos los cuerpos especializados para evitar y combatir el terrorismo, y exige que la Europol y Eurojust estén equipadas para este propósito con recursos especiales. 
Por este motivo, espero que mi comisión reciba el apoyo de las propuestas del Parlamento, de la Comisión y del propio Consejo. 
Señor Presidente, el capítulo de cultura, educación e información del presupuesto representa apenas el 0,5 % del presupuesto de la UE, frente al 50% que se destina a la agricultura. 
Por lo tanto, recordaré al Parlamento y a los Comisarios, tal y como los portavoces de la cultura hacen cada año, que quizás no hayamos establecido nuestras prioridades con mucho acierto. 
Volviendo al tema de la información, cabe señalar que debería ser una responsabilidad compartida entre las instituciones y los Estados miembros. 
Nos preguntamos si los Estados miembros asumen sus responsabilidades de manera conveniente a este respecto. 
En una fecha anterior de este mismo año, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte visitó Copenhague y nos gustaría felicitar especialmente al Gobierno danés y a su Parlamento por la información que proporcionan a sus ciudadanos sobre el funcionamiento de la Unión Europea. 
La UE tiene la responsabilidad de comprobar que sus ciudadanos estén bien informados. 
Ciertos miembros del personal realizan grandes esfuerzos a este respecto y deberíamos felicitar al Comisario Vitorino por el trabajo y la visión que está aportando. 
Sin embargo, no estamos consiguiéndolo. 
Los ciudadanos de la Unión Europea no tienen suficiente información. 
No vivimos una situación neutral, sino una situación en la que existe una gran desinformación y es responsabilidad de todos los implicados garantizar que esto se resuelva. 
Por lo tanto, no trato de disculparme al señalar que el presupuesto propuesto para política de información en las diversas líneas B3 es inferior a 100 millones de euros o inferior a 37 céntimos por ciudadano y año. 
De hecho, se trata de una cantidad muy pequeña. 
En estos momentos, sé que Euronews- la cadena de televisión que pretende ofrecer información objetiva sobre todos los asuntos europeos- está sufriendo dificultades económicas muy graves. 
Espero que la Comisión y el ponente del presupuesto analicen sus declaraciones muy detenidamente y se aseguren de que Euronews prospere. 
Permítame recordar a esta Cámara que el exitoso eslogan de la campaña irlandesa por el «no» era: «si no lo sabes, vota no». 
Debemos asegurarnos de que los ciudadanos europeos no voten «no» , gracias a que entienden en qué consiste la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a los dos ponentes por el excelente e innovador trabajo que han realizado y continúan realizando. 
La parte del anteproyecto del presupuesto que hace referencia a las áreas de las que es responsable la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es la más aceptable. 
Por lo tanto, sólo proponemos una pequeña serie de cambios que consideramos oportunos, para su presentación a la Comisión de Presupuestos. 
Por lo que respecta al suministro de información acerca de la moneda única, debería centrarse en la medida de lo posible en los países que son miembros de la UE, pero que todavía no han introducido el euro. 
El suministro de información a los países candidatos debería financiarse mediante líneas presupuestarias destinadas a la ampliación. 
En el caso de la línea presupuestaria que hace referencia a la competitividad industrial de la UE y para la que la Comisión ha propuesto un incremento del 12% en los créditos, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone un cambio en la justificación, con la intención de elaborar un análisis de los resultados generados por esta línea presupuestaria durante sus casi diez años de existencia. 
Dado que personalmente tengo serias dudas acerca de si las medidas de este tipo realmente resultan rentables, creo que un análisis es algo que tendría una buena acogida. 
Con respecto a los programas para pequeñas y medianas empresas, veo que el anteproyecto de la Comisión ha incluido el cambio propuesto el pasado año por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios relativo al acceso al capital de riesgo. 
Por lo tanto, este año no es necesario ningún cambio. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo, a diferencia de los años anteriores, no haya propuesto ningún recorte para los créditos al desarrollo del mercado interior de la UE. 
En este contexto, me gustaría también llamar la atención sobre la importancia de contar con recursos adecuados para áreas relacionadas con el mercado interior, especialmente la ejecución del plan de acción para servicios financieros. 
Finalmente, quiero hacer hincapié en que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios piensa que el importe incluido en el presupuesto del propio Parlamento para estudios y asesoramiento puede resultar insuficiente, teniendo en cuenta el objetivo señalado de utilizar más expertos externos en relación con temas legislativos complejos. 
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(EN) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Parlamento por su invitación al debate de hoy. 
Tiendo a interpretar su invitación como el reconocimiento de la importancia política de las áreas de justicia y asuntos interiores y política de información, y definitivamente no de su importancia presupuestaria, porque comparando mi presupuesto con el de mis colegas, me siento como un mendigo al que se le ha invitado a una fiesta de Navidad en Wall Street. 
En lo que se refiere a los asuntos presupuestarios, por orden de presentación, me gustaría agradecer a la comisión LIBE, y al Sr. Ceyhun en particular, el constante apoyo que ha recibido esta Comisión para el establecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Una vez más, la Comisión LIBE propone el incremento de las líneas presupuestarias que considera más importantes desde el punto de vista político. 
El AP ha sido preparado por la Comisión basándose no sólo en consideraciones políticas, sino también en el marco financiero aprobado para cada uno de los programas, o en experiencias del pasado en la ejecución de las acciones preparatorias o proyectos piloto. 
Por otra parte, representa un difícil equilibrio entre los recursos humanos necesarios para garantizar la correcta gestión de los créditos y aquellos necesarios para garantizar la creación de esta área desde un punto de vista jurídico. 
Por estos motivos, los importes propuestos representan una cierta estabilidad en relación con el importe total, pero con un cambio en el enfoque de las actividades, una refundición de los programas de cooperación y una intensificación de las acciones en materia de asilo e inmigración, incluyendo el control de las fronteras exteriores y el establecimiento de Eurojust. 
La Comisión acoge con satisfacción la constructiva opinión de la Comisión LIBE, que incluye en el AP los principales avances políticos que se han producido desde su presentación, como las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, que por supuesto no se podrían haber tenido en cuenta en el momento en que se presentó el AP. 
Sin embargo, solicitaré un examen detenido, teniendo en cuenta dificultades tales como los recursos humanos. 
Ahora pasaré a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, al Sr. Perry en particular, y también a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, al Sr. Bergman en particular. 
En términos de información y comunicación al público en general, durante los últimos años hemos experimentado un gran progreso en materia de cooperación entre nuestras instituciones, en la oferta de información para los ciudadanos, en el plano político entre nuestros servicios pertinentes y, lo que es más importante, sobre el terreno, en los Estados miembros. 
Reconociendo que el desafío de la comunicación con 370 millones de ciudadanos resulta inmenso y que los medios disponibles son definitivamente limitados, actualmente estamos trabajando cada vez más con los Estados miembros, para que compartan la responsabilidad de informar a sus ciudadanos, implicándolos en un diálogo que constituye un requisito previo para una buena gobernanza y un mayor apoyo público. 
La adopción por parte de la Comisión, en el mes de julio, de la comunicación con respecto a una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea, así como el caluroso recibimiento que consiguió, tanto por parte de la Comisión de Cultura, como del Grupo Interinstitucional sobre la Información, ofrecen pruebas concluyentes de nuestra voluntad política compartida de promover activamente el conocimiento, combatir la ignorancia y la apatía, así como mejorar las opiniones acerca de la Unión. 
Regresando a los aspectos presupuestarios, debo subrayar que, como con todos los demás aspectos del presupuesto, la Comisión adoptó una postura muy realista en relación con la información y la comunicación. 
Reconocimos que, aunque informar y comunicarse con los ciudadanos puede ser una prioridad, tenemos que asegurarnos de tener la capacidad, especialmente en términos de recursos humanos, para gestionar el gasto de los fondos. 
Por lo tanto, el AP es la base sólida para nuestro análisis de las enmiendas, con una excepción que se refiere al nuevo tema prioritario propuesto en la comunicación de julio anteriormente mencionada. 
Me refiero al papel de Europa en el mundo. 
Si el Grupo Interinstitucional sobre la Información confirma esta propuesta en la reunión que celebrará más tarde, sugeriremos que se destinen otros 1,5 millones de euros al programa PRINCE. 
Estarán destinados a una campaña que está específicamente relacionada con el papel de Europa en el mundo y nuestras acciones para regular la globalización, de forma que puede resultar beneficiosa para nuestros ciudadanos y para todo el mundo. 
La Comisión acoge con satisfacción las constructivas opiniones de la Comisión de Cultura, así como las de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
En la reunión del Grupo Interinstitucional sobre la Información que se celebrará más tarde, debemos reflexionar acerca de las cantidades propuestas en las enmiendas, así como en sus implicaciones prácticas. 
Sin duda, haré hincapié en la necesidad de garantizar que tengamos los recursos humanos necesarios disponibles, para gastar esas cantidades de forma apropiada y conveniente. 
Con respecto al tema de la ayuda de expertos y las campañas prioritarias, acogemos con especial satisfacción la propuesta específica de que la línea presupuestaria para la financiación de los representantes del programa PRINCE también se debería aumentar. 
Sin este incremento, no podremos implicar a los Estados miembros en el desarrollo de las campañas prioritarias del programa PRINCE. 
También apoyamos firmemente la enmienda para restituir un recorte de 500.000 euros realizado por el Consejo, en la línea que prevé el uso de representantes informativos para trabajar con los medios de comunicación en los Estados miembros y el uso de expertos de Eurojust para responder a preguntas de los ciudadanos relativas a la legislación europea. 
Con respecto a la campaña del euro, tengo que reafirmar lo que la Comisión ya dijo en el pasado. 
La información para los países candidatos sobre el euro está incluida en la campaña de la ampliación y la Comisión cree que, en el caso de los países que todavía no forman parte del euro, se propondrán los fondos necesarios en el momento en que cada uno de esos países decida unirse al euro. 
Finalmente, sobre la nueva base de cooperación entre el Parlamento y la Comisión, y gracias a la implicación de los Estados miembros, seremos capaces de mejorar nuestra política de información y comunicación y, en consecuencia, de realizar un mejor uso del dinero de los contribuyentes. 
Señor Presidente, Señorías, como miembro del PPE de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, me gustaría comenzar expresando mi decepción, al igual que ha hecho el Sr. Ceyhun, por el hecho de que el presupuesto no refleje verdaderamente la prioridad que la Comisión y el Consejo afirman dar a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Está muy bien declarar una prioridad, pero esta prioridad debe también ir seguida de una acción concreta. 
Sin embargo, los créditos para el área de libertad, seguridad y justicia han aumentado en un importe menor que el nivel medio de incremento para políticas interiores. 
¿A qué se debe esto Comisario? 
Me gustaría decir que el Grupo PPE apoya las enmiendas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, propuestas por el ponente con respecto al área fundamental de inmigración y política de asilo. 
Me gustaría saber si la Comisión y el Consejo están preparados para apoyarnos en este sentido. 
Es la primera vez que todos los instrumentos de una política activa y equilibrada para gestionar los flujos migratorios han sido identificados y reforzados por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Queremos mejorar los métodos para prever los flujos migratorios de forma más precisa, ofreciendo mayores ayudas al Observatorio Europeo para las Migraciones. 
Queremos mejorar el control en las fronteras exteriores. 
Apoyamos el aumento de los recursos para la cooperación con terceros países. 
Apoyamos el incremento de los créditos destinados a apoyar los esfuerzos de integración para inmigrantes que se han asentado legalmente en Europa y también apoyamos el incremento de los recursos fijado para el Fondo Europeo para los Refugiados, aunque nos tememos que, en el proyecto y el anteproyecto, se han reducido estos recursos con respecto al pasado año. 
Me gustaría saber si la Comisión y el Consejo están preparados, en estos asuntos que resultan estratégicos no sólo desde el punto de vista del desarrollo de la Unión Europea, sino también desde el punto de vista de la forma en que nuestros conciudadanos los perciben, para incrementar los recursos destinados a estas diferentes áreas. 
Tengo una última pregunta que plantear a los Comisarios y al Consejo. 
El pasado año, el Parlamento Europeo destinó 5 millones de euros del presupuesto para uso de la Europol en su lucha contra el terrorismo. 
¿Por qué la Comisión esperó nueve meses para proponer una base legal? 
¿Está el Consejo preparado- y me gustaría escuchar un sí o un no- para aceptar esta base legal y garantizar que estos créditos se puedan utilizar de forma efectiva? 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, el servicio de información de la Unión Europea ha parecido, con demasiada frecuencia, propaganda transmitida a las masas desde arriba. 
El lenguaje de la comunicación resulta, a menudo, incómodo y no se presta suficiente atención a las diferencias culturales. 
Sin embargo, parece que ahora existen esperanzas de que las cosas vayan mejor. 
En los proyectos perfilados bajo la supervisión del Comisario Vitorino, se puede leer acerca del objetivo de basar las comunicaciones en la necesidad de información del público. 
Así es como debería ser. 
Las cuatro prioridades de la Comisión relativas a la información- ampliación, el futuro de la Unión, establecer el espacio de libertad, seguridad y justicia, y el papel de la UE en el mundo, resultan absolutamente cruciales. 
Por este motivo resulta impensable que el Consejo pueda hacer recortes en su propio proyecto del presupuesto en materia de créditos al servicio de información. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que apoya la política de información del Comisario Vitorino, ha propuesto por unanimidad que deberían existir recursos adicionales para los títulos presupuestarios relacionados con la información. 
Los socialdemócratas de la Comisión de Presupuestos defienden la misma política. 
No podemos pedir a la gente que se interese en nuestro trabajo, si no sabe lo que está ocurriendo aquí. 
Señor Presidente, Señorías, a nosotros también nos gustaría expresar algunas preocupaciones relativas al anteproyecto del presupuesto, algunas de las cuales hacen referencia a temas que ya se han planteado durante este debate. 
Me gustaría centrarme especialmente en dos temas. En primer lugar, la seguridad y la ampliación. 
Ya se ha afirmado que necesitamos ser más agresivos con estas políticas activas, pero, evidentemente, teniendo en cuenta que no hemos incrementado los créditos, a pesar del hecho de que las preocupaciones vinculadas al terrorismo y a la ampliación- incluyendo la ampliación de nuestras fronteras, con todos los problemas que esto conllevará- son de sobra conocidas y están en las mentes de todos, se tendría que haber demostrado una mayor conciencia y una mayor agresividad política con respecto a estos temas y se debería haber realizado el compromiso de incrementar el presupuesto. 
En segundo lugar, con respecto a la política de información, estoy de acuerdo con el Sr. Perry, que ha señalado que 30 céntimos por ciudadano es una propuesta totalmente ridícula, si queremos conseguir una política europea efectiva en este ámbito. 
Señor Presidente, el debate acerca de las catástrofes de las inundaciones ha permitido que el público adquiera una nueva perspectiva de Europa- como una comunidad de solidaridad. 
Señorías, esto representa una oportunidad que no deberíamos desperdiciar así como así. 
Nos aguardan grandes cambios y grandes retos. 
Los temas fundamentales resultan evidentes- para nosotros, aunque no para el público europeo. 
Un ciudadano cualquiera de Viena diría que a nuestra política de información le falta algo. 
Precisamente se ha presentado un gran número de enmiendas al respecto. 
La presión de informar es enorme y esa información debe ser unilateral- folletos elegantes, conferencias basadas en castillos de arena y sitios web, sin importar la creatividad y brillantez con la que hayan sido concebidos o que resulten realmente informativos. 
Me recuerda a algo que experimenté frecuentemente en mi vida profesional. 
Si el público no viene al teatro, el teatro debe ir al público. 
Tenemos que acercarnos a la gente, a las universidades, a las escuelas y los Estados miembros no pueden eludir sus obligaciones a este respecto. 
Estamos totalmente abiertos a esa crítica. 
Deberíamos informarnos mejor los unos a los otros, puesto que la falta de información da lugar a malentendidos y esto es precisamente lo que menos falta nos hace. 
Esto me lleva de nuevo a la política de cultura. 
Siempre han escuchado decir, en un tono sarcástico, que en Bruselas hay dinero tirado por todas las calles y que uno sólo tiene que cogerlo. 
Pues bien, por lo que se refiere a la cultura, no se puede hablar en términos de cobrar dinero y menos de simplemente cogerlo- sino más bien de contar los céntimos. 
La burocracia en este área resulta sencillamente insufrible. 
A pesar de que sólo tenemos una competencia limitada en este ámbito, me pregunto qué fue del deseo de las tres instituciones de hacer algo con respecto a la política de cultura. 
Sin duda, es insuficiente. 
En lugar de promover el contenido europeo en este tiempo globalizado en el que vivimos, estamos apoyando a «los grandes» -es decir, grandes países, grandes producciones conjuntas. 
De este modo, los pequeños países y las lenguas menos utilizadas salen perdiendo. 
Lo que quiero pedir a la Comisión es lo siguiente: se está planificando una base legal para la financiación de las líneas A-30, pero ¿qué idea tiene la Comisión de ella? 
¿Existirá un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de que los criterios de las áreas individuales se puedan definir de forma conjunta y más exactamente? 
Señor Presidente, Señorías, la promoción de las pequeñas y medianas empresas- PYME, en su forma abreviada- ha constituido hasta ahora una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea. 
Por lo tanto, estoy sumamente sorprendido al comprobar que, en el anteproyecto del presupuesto, la Comisión esté reduciendo los importes para este área, en comparación con el pasado año y los años precedentes. 
La cosa se reduce a que este programa cuenta con una tasa de ejecución de entre el 97 y el 100%. 
El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas constituye la piedra angular del mercado interior, ya que indiscutiblemente este área representa más del 90% de la mano de obra. 
Es un área que tenemos que promover y desarrollar, especialmente con respecto a las nuevas tecnologías. 
Me gustaría pedir a la Comisión que apoye nuestra moción para que se aumenten estas cantidades. 
Me gustaría utilizar el tiempo de uso de la palabra que me queda para realizar un llamamiento al Consejo para que finalmente establezca un reglamento relativo a los puestos en las nuevas agencias, con el fin de que esta Cámara no acabe aprobando los procedimientos legislativos en algún momento, dando lugar a que el Consejo necesite años para tomar cualquier decisión relativa al problema de los puestos. 
Señor Presidente, tras haber escuchado al Comisario Vitorino y a varios de mis colegas diputados, compruebo que compartimos una preocupación por facilitar información a nuestros ciudadanos y he escuchado con gran interés al Comisario cuando nos pedía más recursos de los establecidos en el anteproyecto del presupuesto y en el presupuesto. 
De hecho, nos quedamos extremadamente sorprendidos al comprobar los recortes que se habían aplicado a estas líneas, en un momento en el que los ciudadanos europeos, que parece que todavía no están recibiendo la información adecuada, están planteando muchas dudas. 
Comisario, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que presentamos muchas enmiendas con el fin de dar a la Comisión otra oportunidad para completar esta tarea esencial, concretamente la comunicación relativa al trabajo de las instituciones de la Unión Europea. 
Sin embargo, también me gustaría subrayar el hecho de que esta comunicación deberá estar dirigida, como ha dicho la Sra. Iivari, al ciudadano de a pie, al ciudadano medio que, cuando está trabajando o va al mercado, no entiende lo que la Unión Europea está haciendo por el futuro. 
Debemos revisar detenidamente la estrategia utilizada por nuestras instituciones para comunicarse con el público. 
Debemos conocer a los habitantes de nuestros quince países e intentar entenderlos. 
Creo que, al igual que hicimos con las medidas económicas, debemos pasar de la «macrointervención» a una intervención más cercana. 
Al igual que hacemos con las PYME, debemos acercarnos y preocuparnos de los ciudadanos uno por uno. 
Señor Presidente, comenzaré respondiendo al Sr. Deprez, experto en temas presupuestarios, justicia y asuntos interiores. 
Por lo que respecta a la Europol, el Parlamento asignó 5 millones del presupuesto para 2002. 
Sin embargo, nos enfrentamos a un problema con el que ustedes están muy familiarizados y que es el de la base legal, dado que la Europol fue establecida por un convenio intergubernamental y la única financiación disponible, en virtud de este convenio intergubernamental, es la que se deriva de las contribuciones de Estados miembros. 
Nosotros comenzamos preguntando a la Europol qué haría con estos 5 millones y, después de algún tiempo, finalmente recibimos una respuesta, en la que la Europol, de forma realista y pragmática, nos dijo que deseaba utilizar 3.400.000 euros de los 5 millones, como parte de la lucha contra el terrorismo, a crear una base de datos y mejorar los sistemas de comunicación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. 
Basándonos en esta información, preparamos lo que consideramos una base legal que está siendo examinada actualmente por el Consejo. 
Comparto sus esperanzas de que el Consejo encuentre una solución al problema de la base legal, para que se puedan utilizar los 3.400.000 euros, antes de finales de año. 
Con respecto a la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde entonces, ahora explicaré el motivo. 
He mencionado el problema de los 5 millones para ilustrar que no estoy totalmente de acuerdo con su comparación de las cifras. 
Este año no se han propuesto de nuevo los 5 millones. 
Este importe no se ha reproducido en el presupuesto de este año. 
Debemos comparar el presupuesto de JAI menos los 5 millones de 2002, es decir 114 millones de euros, con los 119 millones de euros que queremos proponer. 
Entiendo que puede no parecerles mucho, pero estoy hablando ante la atenta mirada de la Sra. Schreyer, que no me permitiría estar de acuerdo con ustedes. 
Por lo que respecta al presupuesto para asilo e inmigración, creo que, en 2002, la línea presupuestaria para cooperación con terceros países estuvo destinada principalmente a la ayuda de operaciones para los refugiados afganos y para el regreso de los refugiados afganos. 
Nadie puede cuestionar la prioridad concedida a Afganistán. 
Mi intención para el futuro consiste en conceder los créditos para esta línea presupuestaria, para la que no hay previsto ningún incremento, principalmente a terceros países que están negociando en estos momentos o que hayan negociado recientemente acuerdos de readmisión con nosotros. Esto nos permitirá financiar medidas que acompañarán a la ejecución de los acuerdos de readmisión. 
Dicho esto, apoyo su idea de que deberíamos tener a nuestra disposición una descripción general de la situación presupuestaria de los fondos que la Unión Europea ya está concediendo, en este momento, para la cooperación con terceros países en el ámbito del asilo y la inmigración. 
Estos fondos no sólo aparecen en el presupuesto de JAI; sino que también aparecen, y en gran medida, en el presupuesto de RELEX, en los documentos de estrategia por país y en programas regionales como MEDA o CARDS. 
Esta es la razón por la que el Consejo de Sevilla nos pidió que elaborásemos un informe acerca de la efectividad de los recursos financieros que ofrecemos para cooperación con terceros países. 
Lo haremos dentro del plazo establecido por el Consejo Europeo de Sevilla y aprovecharé esta oportunidad para presentarles la primera evaluación intermedia acerca del uso del Fondo Europeo para los Refugiados, durante el período 2000-2002. 
Con respecto al problema de la ampliación que la Sra. Sbarbati acaba de plantear, debo decirles que el 60% de toda la financiación concedida en los dos últimos años con el presupuesto de justicia y asuntos interiores a los países candidatos se ha utilizado para mejorar los controles en las fronteras exteriores de los países candidatos y que los programas implicados, que forman parte de la iniciativa PHARE, continuarán hasta 2006. 
Tenemos una evaluación de los resultados de estos programas en comparación con los resultados obtenidos por los países candidatos cada año. 
Puedo decirles que esta es la prioridad número uno, por lo que respecta a los países candidatos. 
Pasemos ahora a justicia y asuntos interiores y a debatir la información y comunicación. 
Sólo puedo apoyar la idea de que una política de información y comunicación debe ser una política de proximidad. 
Por este motivo propusimos un nuevo planteamiento. 
No puedo prometerles que el nuevo planteamiento tenga éxito. 
Nadie puede. 
Sin embargo, puedo asegurarles que la única solución consiste en formar una asociación interinstitucional y trabajar muy estrechamente con los Estados miembros. 
Si los Estados miembros no emplean una política de información y comunicación de proximidad, no podemos hacerlo desde Bruselas. 
En mi opinión, esta evidencia no se puede debatir. 
También saben que el compromiso de los Estados miembros es totalmente voluntario. 
Esto significa que la Comisión y el Parlamento, en un marco interinstitucional, invitará a los Estados miembros a implicarse en este ejercicio, porque creemos que, finalmente, beneficiará a todos. El hecho de tener un público general más informado acerca de lo que está sucediendo en el plano europeo no sólo beneficiará a las instituciones europeas, sino también a los gobiernos de los Estados miembros. 
Pero, para ello, debemos contar con los recursos humanos necesarios. 
Por este motivo, hice un llamamiento para que los importes que se incluyen en el anteproyecto del presupuesto y que hacen referencia a los representantes de PRINCE y MEDIA que trabajan en las capitales de los Estados miembros se conserven. 
Sin estos instrumentos, no conseguiremos establecer esta asociación con los Estados Miembros. 
Me gustaría darles las gracias por su apoyo a este respecto y espero que podamos desarrollar, gracias a esta asociación, una política de información y comunicación más proactiva, más clara y mejor centrada. 
Gracias, Comisario Vitorino. 
Ahora celebraremos el debate sobre las áreas de acción exterior. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía está indudablemente interesada en el desarrollo internacional y especialmente en la oportunidad de participar en el diseño de la política con la OMC. 
Tenemos dos problemas en esta área. 
Por una parte, los recursos de nuestra comisión no nos permiten controlar e influir en el debate en una medida en la que resulte verdaderamente útil. 
Por otra parte, tenemos muchos parlamentarios de otros países- principalmente de países en desarrollo- que no pueden hacer frente a los costes, ni siquiera a los de viaje y alojamiento, con el fin de asistir a estos debates y participar en este proceso de toma de decisiones. 
En primer lugar, queremos que Europa se comprometa a desempeñar un papel principal en los asuntos mundiales. 
La OMC y la capacidad para tomar decisiones en materia de política de la OMC son extremadamente importantes, especialmente para nuestras pequeñas y medianas empresas. 
En segundo lugar, queremos seguir adelante con la normalización, porque queremos que el mayor esfuerzo se concentre, en términos de legislación, en el reconocimiento mutuo, en lugar de la armonización dentro del mercado interior europeo. 
En este contexto, la normalización resulta esencial y fundamental. 
En tercer lugar, en el ámbito de la energía, queremos garantizar que los programas de energía inteligente, aunque también los programas ALTENER, SAVE y SYNERGIE, se utilicen intensivamente y que la Comisión establezca prioridades al respecto, especialmente para nuestra autosuficiencia energética, donde el objetivo, después de todo, es el de conseguir un incremento del 50% al 70%. 
En este contexto, es necesario adoptar medidas más intensivas como carácter de urgencia, con el fin de salvaguardar y garantizar nuestro suministro energético. 
Permítanme hacer un comentario más, que procede únicamente del Parlamento: queremos que Basilea II tenga su propio programa de acción. 
Estamos preocupados por el hecho de que los requisitos de fondos propios para nuestras PYME no sean alcanzables para 2006 y esto provocará un número masivo de cierres y quiebras. 
Así que, hagamos nuestros deberes relativos a este tema en primer lugar. 
Señor Presidente, este año el aumento de los fondos destinados a la preadhesión en la rúbrica 4 ha provocado de nuevo un descenso general de la acción exterior europea dedicada al desarrollo. 
Desafortunadamente, la única solución real a largo plazo de este problema consiste en la revisión de las perspectivas financieras en 2006. 
Hoy me centraré en dos temas en los que podemos marcar una verdadera diferencia este año. 
En primer lugar, el Fondo Mundial de la Salud contra el sida, la tuberculosis y la malaria. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación ha propuesto que todas las líneas presupuestarias regionales ayuden a conseguir la importante y constante contribución necesaria. 
El sida es un problema mundial. 
La India es el país con el segundo nivel más elevado de infectados por el VIH, después de Sudáfrica, y el mayor incremento de las infecciones se está produciendo en Europa del Este y Asia Central. 
El fondo ya ha destinado el 13% de su dinero a América. 
Sin embargo, si la Comisión y el Consejo no están de acuerdo con este planteamiento, dejémosles que nos expliquen de dónde procederá el dinero. 
Dejémosles que admitan que los 35 millones de euros presupuestados no alcanzan el compromiso realizado por el propio Sr. Patten el 16 de septiembre, con el fin de mantener el puesto de la Comisión en la dirección del Fondo Mundial de la Salud. 
Este puesto es importante para Europa, como líder y precursora en el campo, y también es importante para los tres millones de personas que mueren de sida en el mundo garantizar que el dinero cumpla su función. 
Se me ha hecho saber claramente que, en la reunión del grupo de trabajo provisional del Fondo Mundial de la Salud celebrada en Bruselas, se acordaron 100 millones de dólares por un puesto en la dirección, que la secretaría del Fondo Mundial ya ha presupuestado una contribución de la Comunidad Europea de 120 millones de dólares para el próximo año y que los proyectos aprobados serán recortados si no alcanzamos esta cifra. 
He advertido al Comisario por adelantado acerca de estas cuestiones. 
Si no estoy en lo cierto, dejemos que lo explique para todos hoy y, si estoy en lo cierto, dejemos que apoye nuestras enmiendas. 
En segundo lugar, en el ámbito de la calidad de la ayuda. 
Resulta lamentable que los acuerdos alcanzados desde la reforma de la ayuda exterior todavía sigan significando que se destina el triple de ayuda europea al transporte que al conjunto de la sanidad y la educación, para los pobres que padecen una mayor necesidad. 
Este es el motivo por el que el Parlamento pretende reservar este gasto este año y promoverlo como parte de la desconcentración del personal y en los nuevos Programas Indicativos Nacionales. 
El Comisario Nielson sabrá que el 15 de julio sus servicios prometieron una propuesta firme relativa a este punto y que recibí su respuesta por fax a las 15:40 horas de esta tarde, cuando este debate ya había comenzado. 
Concluiré diciendo que, en consecuencia, espero que el Comisario aplace los temas que él mismo deseaba plantear en relación con las propuestas del Parlamento esta tarde y que se dedique a los demás debates, en los que estoy de acuerdo con su deseo de «avanzar juntos para lograr nuestros objetivos comunes» , según sus propias palabras. 
Espero ansioso su respuesta. 
Señor Presidente, Señorías, el ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el Sr. Titley, no ha podido asistir al debate y me ha pedido que haga algunos comentarios en nombre de la comisión. 
La comisión ha establecido tres objetivos: en primer lugar, dejar claro cuáles son las prioridades en materia de política exterior que la Unión Europea pretende establecer en el nuevo ejercicio, dentro del marco financiero estipulado. 
En segundo lugar, queremos más transparencia. 
Varias enmiendas relativas a la nomenclatura del presupuesto están diseñadas para incrementar el flujo de recursos. 
Estas enmiendas propuestas tampoco tienen ninguna implicación financiera, aunque permitirán una mayor transparencia presupuestaria, facilitando así el control presupuestario. 
El tercer punto, que es una prioridad especial para el ponente de opinión y la comisión, es el de mejorar la seguridad de nuestras delegaciones en todo el mundo. 
Es necesario emprender acciones correctivas en este ámbito y queremos apoyar este proceso. 
Permítanme comentar cada uno de estos tres puntos por separado. 
Con respecto al primer punto, estamos planificando ciertos incrementos de la financiación para reflejar las prioridades políticas para los programas transfronterizos bajo el TACIS. 
Las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea precisan más financiación para cooperación a través de estas fronteras, que es el motivo de que hayamos propuesto una serie de incrementos. 
El segundo punto es la seguridad nuclear. 
Es también una prioridad para esta Cámara y queremos verlo reflejado en las cifras del presupuesto para el próximo año. 
Las minas antipersonales y el rápido mecanismo de reacción también son áreas para las que hemos propuesto incrementos en el presupuesto. 
Por lo tanto, nos espera un escenario que recuerda a la película Cena Para Uno en Año Nuevo, con el «mismo procedimiento de cada año» , cuando la Comisión recorta la financiación para las líneas de recursos humanos y democracia y el Parlamento las infla de nuevo. 
Tenemos la intención de hacerlo este año de nuevo y pediríamos a la Comisión que tome nota de una vez para el próximo año de que el Parlamento está estableciendo estas prioridades y que esto debería reflejarse en el anteproyecto del presupuesto. 
En aras de la transparencia, nos gustaría que Afganistán constituyese una línea presupuestaria independiente y no una subpartida de Asia. 
En los próximos años se destinará una gran cantidad de dinero a Afganistán, por lo que resulta muy importante. 
Finalmente, el ponente también nos ha solicitado que garanticemos que exista, en el futuro, una revelación regular de las líneas presupuestarias para Palestina, de forma que se pueda averiguar desde el principio el destino del dinero. 
En mi opinión, en este ámbito se necesita un mejor control presupuestario. 
Estas son nuestras prioridades. 
Permítanme concluir dirigiendo una petición al Consejo. 
Esta Cámara solicita estar implicada más estrechamente en el futuro, a la hora de realizar nuevas promesas políticas en materia de política exterior. 
De lo contrario, si el Consejo continúa realizando una sucesión de nuevas promesas sin el dinero necesario para respaldarlas, esto afectará a nuestra credibilidad. 
Puesto que mi colega Chris Patten está asistiendo a dos cumbres simultáneamente hoy, me gustaría responder a algunos de los puntos en su nombre. 
En primer lugar, en el ámbito de política exterior, nos enfrentamos, después de todo, con los nuevos requisitos más importantes desde hace muchos años, sin ninguna perspectiva de ampliar el presupuesto. 
El Consejo y el Parlamento ya han utilizado el instrumento de flexibilidad en varias ocasiones aquí, con el fin de satisfacer los nuevos requisitos. 
Con respecto al problema de Afganistán, desearía dar las gracias al Consejo y especialmente, por adelantado, a esta Cámara por mostrar su acuerdo con la rapidísima aportación en este momento de 70 millones de euros, que todavía se encuentran en la reserva para este año, con el fin de ofrecer ayuda al respecto y especialmente también de garantizar las subvenciones directas necesarias al gobierno de transición. 
Con respecto al problema planteado por el Sr. Howitt, que también hace referencia al Fondo mundial de la salud, me gustaría destacar que hemos reservado 35 millones de euros para el Fondo en el presupuesto. 
Después de todo, ya hemos aportado 120 millones de euros al Fondo mundial de la salud de los presupuestos de la UE y del FED. 
La decisión se tomó hace muy poco, por lo que asumimos que estos fondos resultan adecuados. 
Mi colega el Sr. Nielson, en particular, cuenta con varias líneas presupuestarias disponibles. 
En breve, realizará una declaración al respecto. 
Con respecto a la pregunta del Sr. Rübig acerca de la energía, la Comisión ha propuesto un nuevo programa de acción plurienal en el ámbito de la energía inteligente, que también ofrece financiación para esta energía en terceros estados. 
Creo que la Cumbre de Johanesburgo dejó muy claro una vez más que deberíamos dar especial prioridad a esta área. 
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(EN) En primer lugar, permítanme hablar del tema mencionado por el Sr. Howitt, en relación con los importes destinados a sanidad y educación. 
La mayoría de los diputados del Parlamento reconocerán que, dado que ya hemos debatido esto una y otra vez, no es fácil decir algo nuevo. 
Éste es también el motivo por el que el Sr. Howitt no se haya dejado nada, aún cuando no tuve oportunidad de responder a su última carta a tiempo. 
Por supuesto, esto no impide que continuemos debatiendo sobre el asunto de forma amistosa. 
El acuerdo del pasado año relativo a un punto de referencia del 35% para sanidad y educación representa un indicador de la inversión para nuestros compromisos con respecto a la infraestructura social. 
La Comisión facilitará las cifras detalladas frente a los diversos códigos del CAD de la OCDE, mostrando los compromisos en 2002 y 2003 en materia de sanidad y educación. 
El nivel de estos compromisos dependerá fundamentalmente de los resultados del ejercicio de programación en nuestros países asociados. 
No hay necesidad de reabrir el acuerdo del pasado año y no tenemos nada que ganar en términos de información adicional. 
Los sistemas para trazar y categorizar más claramente lo que hacemos están siendo ejecutados- de conformidad con lo que hemos prometido al Parlamento- y esto sentará las bases para un debate más ilustrado sobre estos temas. 
Con respecto a la financiación del Fondo Mundial de la Salud, como ya ha dicho mi colega la Sra. Schreyer, la Comisión se asegurará de hacer lo que se espera. 
Esto es todo lo que realmente tenemos que decir en este momento. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Laschet en que el incremento en el programa TACIS resulta importante, entre otras cosas, con el fin de aumentar nuestra presencia en general en esa región. 
Con respecto a lo que se ha dicho acerca de la implicación más estrecha del Parlamento a la hora de realizar promesas políticas, entendí que eso quería decir que el Parlamento debería implicarse más antes de realizar promesas políticas, ya que de lo contrario no veo por qué tenemos que debatir sobre ello. 
Realmente se trata de una forma acertada y correcta de trabajar y, en general, creo que es así como se están haciendo las cosas. 
Se han realizado observaciones acerca del personal y la seguridad en las delegaciones. 
Acogemos con satisfacción la enmienda de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que subraya la difícil situación en materia de seguridad de muchas de nuestras delegaciones. 
Sin embargo, la enmienda de la Comisión de Desarrollo y Cooperación relativa a la contratación de especialistas- el otro punto planteado por el Sr. Howitt- establece unas condiciones muy rígidas y complicadas para la aportación de 10 millones de euros de estos fondos. 
Esto perjudicaría gravemente al proceso de desconcentración, dado que tenemos que conocer los fondos disponibles para poder contratar y formar al personal. 
También penalizaría innecesariamente a algunos de los beneficiarios más pobres, puesto que afectaría principalmente a las delegaciones de 30 países ACP. 
Lo que hacemos- y lo que preferimos hacer- es reforzar el manejo de los diferentes sectores mediante redes de especialistas, tanto dentro de las sedes como fuera, en las delegaciones. 
Sin embargo, un sistema muy rígido, tal y como propone la enmienda de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, no nos ayudará a conseguir que las cosas se hagan de forma eficaz, por lo que no estamos de acuerdo con esta propuesta. 
Señor Presidente, mi comentario hace referencia a las próximas cuatro horas. 
El Comisario Nielson no estaba presente cuando realicé mis primeras observaciones, aunque una de ellas hacía referencia al Fondo Mundial de la Salud. 
Una pregunta a la que tenemos que responder antes de tomar una decisión en la próxima semana acerca de la rúbrica 4 es: ¿qué cantidad de dinero tiene que pagar la Unión Europea para obtener un puesto en la dirección del Fondo Mundial de la Salud? 
Estamos escuchando comentarios contradictorios de la Comisión y de nuestros colegas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
La Comisión de Presupuestos necesita saber una cifra. 
. 
(EN) Señor Presidente, mi reticencia a responder se basa en el hecho de que no tenemos una cifra. 
Atendiendo a lo que nos costó conseguir un puesto el primer año, tras la creación del Fondo, si las matemáticas no fallan fueron unos 84 millones de euros, pero los Estados Unidos dicen que van a pagar por unos cuatro puestos. 
No nos gustaría que la dirección del Fondo Mundial de la Salud estuviese compuesta por más miembros. No sería eficaz. 
Otros actores están intentando obtener puestos en la dirección, por lo que existe cierta presión. 
Como sabrá, el primer año ofrecimos 120 millones de euros. 
El uso real de ese dinero y la disponibilidad total de fondos en comparación con el gasto real del primer año dan lugar a un debate muy abierto acerca de la verdadera necesidad de financiación para el próximo año. 
Por este motivo, la Comisión considera aconsejable no ofrecer una cifra hoy. 
Queremos tener una idea de lo que están haciendo otros donantes, con el fin de garantizar que aportemos dinero al Fondo de manera prudente, de forma que funcione según lo previsto, pero también para maximizar el rendimiento de todo lo que hagamos en el conjunto de este ámbito. 
Hoy por hoy no tenemos una cifra. 
Tampoco nos están presionando en este momento para que aclaremos todos los detalles acerca de cómo reunimos el dinero, por lo que recomendamos esperar un poco. 
Este es el motivo de que no haya una respuesta clara. 
Señor Presidente, permítame realizar un comentario directamente acerca del discurso del Comisario Nielson. 
El hecho de no poder hacer otra cosa que esperar para ver que ocurre no resulta en absoluto sencillo para nosotros, los diputados del Parlamento. 
Al mismo tiempo que en el presupuesto, estamos trabajando- como usted ya sabe, Comisario Nielson- en la directiva de la que usted es responsable y que establecerá la cuota para los próximos cuatro años, para la que la Comisión ha propuesto un importe total de 300 millones de euros. 
De acuerdo con la Comisión de Desarrollo y Cooperación, este importe es definitivamente muy escaso, no sólo para los fines de obtener la flexibilidad necesaria y participar y apoyar al Fondo mundial de la salud y contra el SIDA, sino también para garantizar que el propio trabajo de la UE, a través de los recursos de nuestra propia secretaría, sea lo más ambicioso posible. 
Creo que tanto el Consejo como la Comisión deben acoger con satisfacción el hecho de que el Parlamento mantenga esta actitud tan ambiciosa con respecto a un tema y un problema que dominará los debates en materia de desarrollo, no sólo en África, sino también en otras muchas regiones durante las próximas décadas. 
Junto con este tema, existen un par de factores más que resultan increíblemente importantes de definir cuando debatamos la parte del presupuesto relativa a la cooperación para el desarrollo. 
El Sr. Howitt ya ha mencionado la concentración en sanidad, educación y los esfuerzos para combatir la pobreza. 
Me gustaría decir al Sr. Nielson que una de las razones por la que estamos volviendo a estas áreas, con el fin de que queden más claras, es que el trabajo de la Comisión en este ámbito indica que son específicamente la atención sanitaria y la educación las áreas que todavía reciben una proporción extremadamente pequeña de la ayuda, algo que consideramos manifiestamente erróneo y bastante negativo. 
Finalmente, resulta extremadamente importante que seamos más flexibles dentro de la Unión Europea y que garanticemos que las necesidades que surgen en relación con la guerra y las catástrofes no se financien constantemente con los programas de desarrollo a largo plazo, para los que suponen una carga. 
Este es el motivo de que la propuesta de financiar la ayuda a Afganistán utilizando la reserva de flexibilidad resulte sumamente interesante. 
Señor Presidente, Señorías, todos estamos de acuerdo en que el presupuesto debería ser un reflejo de las voluntades políticas del Parlamento. 
Esto se cumple en gran medida, aunque no siempre cuando los denominados delegados especiales están implicados. 
Por ejemplo, la UE tiene uno de estos delegados para Oriente Medio. 
El Parlamento ha dicho en reiteradas ocasiones que sería positivo tener uno de estos delegados especiales para el sur del Cáucaso o el Tíbet, por ejemplo. 
Actualmente nos enfrentamos al problema de que las arcas están técnicamente vacías para este fin, porque estos delegados especiales se encuadran en el ámbito del presupuesto del Consejo. 
Aunque no nos gusta, el acuerdo consiste en que no podremos tocar el presupuesto del Consejo. 
Por lo tanto, actualmente parece que una aspiración política ampliamente extendida está a punto de desaparecer entre los engranajes de la maquinaria presupuestaria del Parlamento. 
Me gustaría llamar la atención tanto del Consejo como de la Comisión sobre ello, con la pregunta muy específica para el Consejo de si estaría preparado para dejar espacio en su presupuesto para un representante especial para el sur del Cáucaso y el Tibet y, de no ser así, dar a conocer esto de forma rápida y clara, para que la Comisión pueda tapar este agujero. 
Mi pregunta a la Comisión es si está preparada para ello. 
Después de todo, resulta inaceptable que la presencia europea en regiones en crisis sea limitada, simplemente porque una aspiración política ampliamente extendida corre el riesgo de quedarse sin el pan y sin la torta. 
Señor Presidente, en nuestro debate del presupuesto del año próximo no deberíamos pasar por alto el hecho de que la ejecución del presupuesto ha tenido, tanto ahora como en el pasado, características que deben preocuparnos. 
Aparte de tareas impropias, parece que la Comisión no es capaz de gestionar una política comunitaria real. 
Un ejemplo son las gigantescas discrepancias entre los compromisos y los pagos. 
Ése es el caso, por ejemplo, de la posición de la UE en el conflicto palestino-israelí. 
El capital que se destina a la Autoridad Nacional Palestina acaba en su mayor parte en bolsillos ajenos. 
Por lo tanto, apoyamos la enmienda del PPE-DE para reservar al menos una parte de esos fondos mientras la Autoridad Palestina carezca de un sistema de control eficaz. 
Hay quienes también desean asignar a la reserva el presupuesto para el Sexto Programa Marco también. 
El informe de la comisión sobre genética humana fracasó el año pasado debido a la gran división existente en este Parlamento en lo relativo a un marco ético para los avances biomédicos. 
Es por eso que considero totalmente despreciable que varios de nuestros colegas diputados miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía presionen al Consejo para traspasar los límites éticos. 
Estamos hablando nada menos que de la investigación con células madre embrionarias, lo que afecta a la vida humana en su forma más temprana. 
Afortunadamente, varios Estados miembros han prohibido la utilización de embriones humanos con fines de investigación. 
Si financiáramos ese tipo de investigación con fondos del Sexto Programa Marco, nos hallaríamos en una situación muy extraña. 
Una investigación que es punible en un Estado miembro estaría recibiendo financiación de la Unión Europea en otro Estado miembro. 
Verdaderamente, tengo la esperanza de que el Consejo no ceda ante el chantaje, sino que muestre respeto por la vida humana en su forma primera. 
Los colegas diputados que han negociado con el Consejo en nombre del Parlamento de esa manera han traspasado ampliamente los límites de la decencia política. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, las acciones externas incluidas en la rúbrica 4 son el escaparate de la Unión Europea y de la Comisión: de nuestra acción conjunta en el contexto de nuestras relaciones internacionales. 
Se trata de un capítulo muy importante en el que está en juego nuestra credibilidad, no sólo en lo tocante a los aspectos ya citados por mis colegas diputados, como los RAL y los ocasionales problemas de ejecución, sino también en términos de nuestras declaraciones públicas, nuestros compromisos políticos y jurídicos, así como importantes acciones relacionadas con el presupuesto. 
Aunque no está aquí, dirijo mis comentarios especialmente al Comisario Patten, con la intermediación de la Sra. Schreyer. 
Durante varios años, y gracias al Parlamento, todos esos acuerdos han incluido lo que se ha venido a denominar la cláusula de «derechos humanos». 
Esta cláusula es tan importante que conviene leerla y tenerla en cuenta. 
Afirma que los acuerdos se suspenderán o se considerarán suspendidos en la práctica si alguna de las dos partes no respeta los derechos humanos garantizados por los convenios internacionales, y especialmente por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Pues bien, a pesar de que el Parlamento ha insistido en este aspecto, a pesar de que la Comisión, como guardiana de los Tratados, incluidos los acuerdos de cooperación, se comprometió a garantizar que esos acuerdos se respeten en todos sus términos, seguimos, como si nada hubiera ocurrido, celebrando y manteniendo proyectos, programas y financiación en países gobernados por dictadores. 
Un ejemplo de ello es Vietnam. 
Junto con mis colegas del partido radical y cientos, o incluso miles de personas, así como muchos de los señores diputados, llamé la atención de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Vietnam. 
Pues bien, en 2003 vamos a entregar a Vietnam 38 millones de euros. 
Hemos presentado una enmienda para que, por lo menos en la primera lectura, esos acuerdos y fondos se paralicen hasta que se resuelva la situación, y tanto Vietnam como la Comisión nos den garantías y explicaciones sobre lo que está ocurriendo realmente en ese país. 
Hay otros países en una situación similar. 
Hemos utilizado el ejemplo de Vietnam porque creemos que la Comisión debería cambiar su método de gestionar y ejecutar el presupuesto en lo relativo a esos acuerdos de cooperación. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, la ampliación está a la vuelta de la esquina y seguimos hablando de la financiación y de diversos programas para los nuevos Estados miembros, pero hemos olvidado que también es necesario actuar en las zonas fronterizas de nuestros nuevos vecinos y en relación con esos mismos nuevos vecinos. 
Por esa razón, mi grupo y yo deseamos que las futuras zonas fronterizas reciban más atención. 
Eso podría hacerse, por ejemplo, fortaleciendo la cooperación transfronteriza en el marco del programa TACIS. 
En caso contrario, habrá tensiones, un buen ejemplo de las cuales es Kaliningrado. 
No se trata sólo del aislamiento de la región: las diferencias sociales y económicas entre ella y sus vecinos son enormes. 
Es necesario aportarle más dinero de forma inmediata. 
Otro ejemplo útil es la Dimensión Septentrional. 
Tenemos que darle todo nuestro apoyo y, por esa razón, mi grupo ha propuesto que se presupuesten otros 10 millones de euros para la cooperación transfronteriza en el marco del programa TACIS. 
Esta propuesta ha contado con todo el apoyo de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Un tercer ejemplo es la seguridad nuclear. Para ese campo, proponemos que se presupuesten 25 millones de euros. 
Tengo una pregunta para la Comisión. 
La ejecución de acciones en el marco del programa TACIS ha dado muy malos resultados. 
Estoy seguro de que están de acuerdo en que se trata de un proyecto muy importante para los próximos años. 
¿Podrían explicarnos cómo pretenden mejorar la situación y describir la estrategia de desarrollo que la Comisión tiene para la cooperación transfronteriza? 
También tengo una pregunta que me gustaría hacer al Consejo. 
No es aceptable que, de un año para otro, la Unión Europea adopte nuevos compromisos en el marco de la Sección IV del presupuesto, sin ampliar los fondos que le dedica. 
Eso debilita la credibilidad de nuestra política exterior. 
¿Cuál es su opinión a ese respecto? 
Si el Consejo hace promesas sobre cada crisis sin tener en cuenta las consecuencias financieras, acabaremos por llegar a un callejón sin salida. 
¿Cuál es la solución que proponen? 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría volver a la pregunta del Sr. Laschet sobre la propuesta del Parlamento de crear una línea presupuestaria independiente para Afganistán. 
Nos congratulamos de esa propuesta por razones de visibilidad, pero sugerimos que, a cambio, por así decirlo, Timor Oriental vuelva a integrarse en la línea presupuestaria de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, con el fin de que no se incremente el número total de líneas presupuestarias. 
En lo tocante al problema del Fondo mundial para la salud, que ha vuelto a tener un papel preponderante en este debate, me gustaría destacar que, de los compromisos realizados por los diversos donantes, casi dos tercios proceden de Europa, es decir, de la Unión Europea y de los Estados miembros directamente. 
Ésa es una proporción elevada. 
La propuesta que hicimos en el proyecto de presupuesto- y realmente reflexionamos detenidamente sobre este aspecto- de incluir 35 millones en la línea presupuestaria en esta fase es, a nuestro juicio, adecuada. 
Sin embargo, también dijimos que, si no es suficiente para mantener nuestro puesto en la dirección, tendremos que analizar qué medidas es preciso tomar. 
Hasta el momento, los demás donantes no han hecho nada que nos haga pensar que esa cifra es insuficiente en estos momentos. 
No obstante, deberíamos dejar claro una vez más que conseguir un puesto en la dirección era una importante prioridad. 
Permítanme abordar ahora de forma breve la pregunta del Sr. Lagendijk sobre el Enviado Especial. Efectivamente, se trata de una cuestión que afecta al presupuesto para política exterior y seguridad común. 
Como saben, la Comisión ya ha propuesto incrementar la financiación en un tercio, concretamente para financiar los costes conjuntos del cuerpo policial internacional en Bosnia. 
Sin embargo, hacemos un llamamiento para que se facilite una financiación suficiente que permita que las medidas del mecanismo de reacción rápida vuelvan a incluirse en el proyecto de presupuesto de la Comisión. 
El Consejo había recortado esta área, y agradeceríamos que el Parlamento le devolviera su financiación. 
Pasamos ahora al problema del TACIS. 
En vista de que en la rúbrica 4, es decir, la política exterior, sólo tenemos un pequeño margen disponible, hemos de decidir si se harán nuevos recortes en esta área. 
Sin embargo, también me gustaría hacer un llamamiento para que, como parte del proceso de ampliación de 2004, nos centremos especialmente en las formas para fomentar la cooperación transfronteriza con nuestros nuevos vecinos tras la ampliación hacia el este. 
Por último, un comentario sobre la ejecución del presupuesto. 
Me gustaría destacar que, también para este año, hemos alcanzado un porcentaje de ejecución en la rúbrica 4 superior al del año pasado. 
Las numerosas medidas adoptadas por mis colegas el Sr. Nielson y el Sr. Patten en el ámbito administrativo, así como la adopción de nuevas estructuras para facilitar una ejecución más rápida, están teniendo un efecto real sobre las cifras presupuestarias. 
Creo que esto demuestra que los esfuerzos reformistas están teniendo un gran éxito y que las ayudas están llegando a sus destinatarios más rápidamente. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítame ofrecer un único conjunto de cifras para ilustrar esto, en respuesta al Sr. van Dam, que mencionó correctamente el bajo grado de ejecución del programa TACIS y otros programas. 
Cuando asumimos el cargo, a finales de 1999, el tiempo total que nos llevaría ponernos al día en relación con los compromisos existentes, al nivel y al ritmo de gasto de ese momento, era de 4,5 años. 
Al año siguiente, esta cifra se redujo a 4,1 años y a finales del pasado año se rebajó de nuevo hasta 3,66 años. 
Se trata de una medida torpe y primitiva, aunque correcta, que demuestra que realmente estamos reduciendo el desfase existente entre las decisiones relativas al compromiso y la ejecución real, en términos de gasto por año. 
Estamos avanzando en la dirección correcta, pero no me he mantenido en silencio, para intentar aclarar a este Parlamento el tipo del problema al que nos enfrentábamos, el tamaño de dicho problema y la complejidad del mismo cuando asumimos el cargo. 
Normalmente describo nuestras relaciones exteriores y el trabajo de cooperación para el desarrollo diciendo que es positivo que la Comisión cuente con tantos miembros. 
Tenemos masa crítica, pero si miramos al legado del pasado, también es cierto que tenemos un desorden crítico. 
Lo estamos cambiando gradualmente. 
Las cifras mencionadas por el Sr. Wijkman en el presente debate acerca de nuestras acciones en materia de sanidad y educación, el dinero destinado específicamente al Fondo Mundial de la Salud, sin duda no cuentan toda la historia. 
También estamos debatiendo la totalidad del dinero que se va a invertir y tengo que volver sobre esta cifra del 35% como el gasto previsto para los sectores sociales, que acordamos con el Parlamento y que todavía confío en que podamos cumplirla. 
El uso del instrumento de flexibilidad para Afganistán ya ha sido tratado por mi colega, la Sra. Schreyer. 
Deberíamos normalizar nuestra cooperación en materia de desarrollo y la ayuda a Afganistán. 
La mejor solución sería incluirlo en el presupuesto en su conjunto. 
Sin embargo, se precisa dinero independientemente de la fuente, y tenemos que absorber más o menos recursos para hacer lo que es necesario en Afganistán. 
La cifra mencionada por la Sra. Gill acerca de la energía renovable, sólo hace referencia a una iniciativa especial. 
La cifra total de lo que vamos a hacer también en el campo de la energía, especialmente con respecto a la energía renovable en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, es mucho mayor. 
También me gustaría señalar que, en Johanesburgo, presentamos la iniciativa energética, junto con los Estados miembros. 
La respaldamos mediante la información de que, en total, los Estados miembros y la Comisión tienen un nivel anual de inversión para actividades de desarrollo relacionadas con la energía de unos 700 millones de euros. 
Advierto con gran satisfacción que la Sra. Gill citó a mi colega, el Sr. Patten, acerca de la necesidad de concentrar en la pobreza todo lo que hagamos en esta área en conjunto. 
No podría estar más de acuerdo. 
Con respecto al Fondo Mundial de la Salud, puedo decirles que los 15 Estados miembros han prometido un total del 64% de todas las cantidades prometidas en apoyo de este fondo. 
También tenemos que tener esto en cuenta a la hora de tomar cada año la decisión final acerca de la contribución que consideramos adecuada por parte de la Comisión. 
Al Sr. Dell ' Alba le diría, que el aspecto de los derechos humanos y la inclusión de cláusulas relativas a temas relacionados con los derechos humanos constituyen un elemento estándar. 
Si atendemos a toda la nueva generación de Programas Indicativos Nacionales que guían nuestras acciones y sientan la base para las mismas, país por país para todo el mundo- no sólo resulta aplicable a los Países ACP, sino también a Asia y América Latina, éstos programas asignan claramente un papel sólido y destacado a los temas de la gobernanza, la democratización y los derechos humanos. 
Todavía no contamos con el mismo tipo de mecanismos que los incluidos en el Acuerdo de Cotonú, donde tenemos una relación negociada, pero este debate en su conjunto es claramente un importante elemento para el actual diálogo con todos nuestros países asociados. 
Finalmente, al Sr. Paasilinna le hablaría sobre cómo mejorar el programa TACIS. 
A la luz de la experiencia de Afganistán durante el pasado año, estamos decididos a concentrarnos más en este grupo de países con el fin de prevenir conflictos, pero sin duda también debido a un sentido más fuerte de relación de proximidad más estrecha con estos países. 
Todo esto está surgiendo y hemos hablado extensamente acerca de la necesidad de redefinir y actualizar el carácter de nuestra cooperación en materia de desarrollo con estos países. 
Confío en que experimentemos un incremento de la actividad, y espero una actividad financiera más fuerte. 
Como ya se ha mencionado, un incremento del 5,4 %, alcanzando un nivel de 502 millones de euros, convierte ahora a este grupo de países en un socio principal, incluso desde una perspectiva financiera. 
Gracias, Comisario Nielson. 
Ahora pasamos a debatir los aspectos horizontales del presupuesto y de otras políticas. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, me gustaría destacar dos aspectos que creo que son las dos claves del documento. 
En primer lugar, en lo que tocante al propio presupuesto de igualdad de oportunidades, considero que es importante que los fondos previstos para iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres- iniciativas emprendidas por las ONG- puedan asignarse de una forma sencilla. 
Las condiciones que ha establecido la Comisión son demasiado duras y demasiado complicadas. 
Por ejemplo, la Comisión ha estipulado que la iniciativa debe ser presentada por cinco países, y también que debe tener un presupuesto muy elevado. 
Eso resulta imposible para un buen número de organizaciones de mujeres. 
Por lo tanto, sugerimos que se admitan iniciativas en las que participen tres países, y con un presupuesto algo más restringido. 
Insisto en que, para que el presupuesto pueda utilizarse de una forma más eficaz, es preciso realizar esa modificación. 
El segundo aspecto que consideramos de vital importancia es la política de género. 
Esta política no debería permanecer confinada en el presupuesto de igualdad de oportunidades, sino que debería estar presente en todas las áreas de política de la Comunidad. 
Me gustaría llamar su atención sobre un punto concreto: las condiciones para la cooperación con países en vías de desarrollo en el ámbito político, económico y cultural. 
El Comisario Nielson ha dicho hace un momento que las condiciones para la cooperación en el campo de los derechos humanos con los países ACP, Asia y América Latina son muy estrictas. 
Sin embargo, me he dado cuenta de que, cuando se habla de los derechos humanos, éstos no siempre incluyen los derechos de la mujer. 
Es por eso que tengo que insistir- y es también por ello por lo que las diputadas miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y, en mi opinión, todas las mujeres de la Cámara debemos hacerlo- en que se suspenda la cooperación con países que no tomen medidas para impedir la violencia contra las mujeres, la lapidación, los castigos públicos, la mutilación genital, la cremación o la violación. 
Por consiguiente, deberíamos pedir que la ayuda se suspenda en esos casos. 
. 
(EN) Señor Presidente, básicamente he dejado la puerta abierta para que todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario sugieran enmiendas relativas a los sectores de los que se suelen ocupar. 
El Sr. Bösch ha presentado una serie de enmiendas, desde el punto de vista de un amigo crítico, en relación con la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 
Ya estamos comenzando a comprobar los problemas que se derivan de que la oficina no sea completamente independiente de la Comisión. 
En consecuencia, las enmiendas del Sr. Bösch, que han sido aprobadas por la comisión, preguntan, entre otras cosas, los gastos de las actividades de la OLAF, sus medidas relativas a la información y comunicación- habiendo recibido una suma de dinero razonable para este fin, la oficina publicó menos de doce comunicados de prensa tanto en 2001 como en 2002- y, en definitiva, preguntan tanto a la Comisión como a la OLAF acerca de un recorte. 
De hecho, el AP recortó el presupuesto para la OLAF en una cantidad importante y nadie nos explicó el motivo de este recorte de dinero. 
La comisión ha restituido este recorte, pero ha aportado este dinero a la reserva, en espera de obtener la respuesta de estas dos instituciones. 
La comisión también ha adoptado una postura firme con respecto a las restituciones a la exportación. 
Hay muchos expertos en restituciones a la exportación en la comisión. 
Definitivamente yo no soy uno de ellos, pero en lo esencial las enmiendas buscan la transparencia y ayudar a la gente como yo a entender el propósito, el alcance, el coste y la aplicación de las restituciones a la exportación. 
Entre otras enmiendas se incluyen las relativas al Comité Económico y Social, al recorte de fondos para reducir su dependencia de expertos externos, al incremento de los créditos destinados a medidas para combatir las falsificaciones del euro- algo que a mí, como miembro del Partido Conservador británico, me turba en cierta medida sugerir- y a la restitución de parte de un recorte de la línea presupuestaria B1-361, que pretende mejorar las medidas de control y preventivas en los países candidatos en relación con los presupuestos agrícolas. 
Estas son las enmiendas que ha presentado la Comisión de Control Presupuestario. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me gustaría llamar la atención sobre los problemas que afectan al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia. 
No es posible permanecer aquí hasta el fin de este proceso sin advertir el abultado número de proyectos de inversión deseables que posee la Unión Europa y que, con unos recursos limitados, todos los presupuestos tienen que ser recortados aquí y allá. Sin embargo, los diputados deben prestar una atención muy especial al problema de nuestros dos tribunales. 
La UE sólo conseguirá ser una Unión de derecho en la medida en que cuente con un conjunto de órganos judiciales. 
Este Parlamento desea que la Carta de los Derechos Fundamentales pueda ser reconocida judicialmente. 
Se trata de un proyecto muy conveniente, pero que planteará serias exigencias en materia de recursos judiciales de la Unión Europea. 
El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia creen que han llegado al límite de sus recursos y, sin una financiación adecuada, ya no podrán ofrecer lo que la Unión Europea necesita. 
La Unión Europea necesita unos tribunales eficientes que funcionen correctamente, sin retrasos excesivos, sin retrasos en las listas de pleitos de los tribunales. 
Dado que somos una unión políglota y multilingüe, es necesario traducir de forma rápida, clara y precisa las sentencias de los tribunales a todos los idiomas de la Unión Europea, con el fin de que los ciudadanos de toda la Unión Europea y sus asesores legales estén al día con respecto a la legislación de esta Unión, así como de su correcta interpretación. 
Si no restituimos los importes calculados por el propio Tribunal de Justicia incumpliremos esto cada vez con mayor frecuencia. 
Existen puntos muy específicos: necesitamos letrados en el Tribunal de Primera Instancia, porque la Unión Europea no ha cubierto las plazas vacantes para jueces; necesitamos cubrir los puestos y mejores servicios de traducción. 
De todo esto tratan las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, me gustaría llamar la atención de los Comisarios y de mis colegas diputados sobre dos aspectos fundamentales de las enmiendas que hemos presentado y que esperamos que el Parlamento y la Comisión de Presupuestos puedan aceptar. 
El primer aspecto se refiere al programa PRINCE. 
Este programa era la principal prioridad del Parlamento, que impusimos con toda razón a la Comisión. 
En mi opinión, este programa ha demostrado su valía en la valoración y popularización de varias de nuestras prioridades, las prioridades europeas: se han abordado el euro y posteriormente otros asuntos. 
Este año la Comisión ha recortado drásticamente el programa en su anteproyecto del presupuesto, lo que resulta desconcertante dado que 2003 es el año en el que terminará el trabajo del Convenio y será preciso dar a ese gran trabajo conjunto toda la publicidad e importancia que merece. 
Por consiguiente, hemos pedido una financiación sustancial para popularizar el trabajo del Convenio, dando al mismo tiempo a quienes se oponen a este Convenio o a sus resultados- no es mi caso, teóricamente- la oportunidad de hacerse oír. 
Estoy hablando así, porque creo que este programa es importante. 
El otro aspecto se refiere a Internet. 
Tenemos el programa Europe by Satellite, nuestros ciudadanos ya tienen algunos medios de acceso a nuestro trabajo, nuestros debates y nuestras ruedas de prensa. 
La Comisión de Asuntos Institucionales propone hacer de Internet una herramienta útil que permita que los ciudadanos digan: «Vamos a ver qué van a decir en la sesión informativa de la Comisión este mediodía; vamos a ver cuál será la sentencia del Tribunal de Justicia de hoy» , etc. Por lo tanto, este programa debe garantizar que en un breve plazo Internet se convierta en un importante vehículo para dar publicidad al trabajo de todas las instituciones. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Comisaria por los resultados de las elecciones del pasado domingo en Alemania. 
Sé que se trata de un acontecimiento de ámbito nacional, pero todos somos miembros de un partido u otro en nuestros países de origen. 
En ocasiones, eso genera un nuevo impulso y, por lo tanto, debería beneficiarnos a todos. 
Como es lógico, el marco que se fijará en el presupuesto para la Comisión con respecto a las peticiones es relativamente estrecho, lo que no significa que no sea importante. 
Después de todo, tuvimos más de 2.100 casos el año pasado, casos que tuvo que gestionar el Defensor del Pueblo. 
Consideramos que esta institución de relativamente nueva creación constituye un importante paso para garantizar la calidad y el control de la administración y del acceso de los ciudadanos a la misma. 
Por lo tanto, no entendemos por qué nuestras escasas peticiones relativas al presupuesto del año que viene, mayoritariamente relacionadas con el personal, han infringido aparentemente las restricciones y los estrictos límites que rigen el gasto administrativo. 
De hecho, tengo la impresión de que, en el pasado, la Comisión fijó unos límites muy bajos, excesivamente bajos diría yo, para los futuros costes de la administración, y ahora tenemos que soportar las consecuencias de ese error. 
En último término depende de nosotros, como Parlamento, la asignación de los escasos recursos de la forma más justa posible. 
Creo que la situación es susceptible de graves críticas. 
Nuestros colegas han hecho sus solicitudes para sus áreas, las pequeñas instituciones, y espero que en futuros procedimientos presupuestarios podamos encontrar una solución también en nuestra área, a pesar del error que se produjo en el origen de esta perspectiva financiera. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría responder a la pregunta del Sr. Bösch sobre el Defensor del Pueblo. 
En realidad se trata de un plan independiente, un plan que, por supuesto, debe gestionarse dentro de los límites de la rúbrica 5 si existen nuevas necesidades. 
En respuesta a la solicitud urgente del Sr. MacCormick para la creación de más puestos en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, debo decir que los límites de la rúbrica 5 también son de aplicación en ese caso, y me gustaría volver a señalar que usted también hizo referencia a los mismos en relación con la ampliación. 
Con la ampliación, de acuerdo con las previsiones financieras y con la agenda de 2000, tendremos más recursos disponibles en la rúbrica 5. 
Nuestra tarea conjunta en ese momento será asignar esos recursos correctamente. 
Eso significa que, con la ampliación, esas restricciones se relajarán hasta cierto punto, teniendo en cuenta que en una Unión Europea con 25 Estados miembros serán necesarios muchos nuevos puestos en el Parlamento, el Consejo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, cómo no, también en la Comisión. 
En respuesta a las preguntas y comentarios realizados por la Sra. Smet, respaldo plenamente su opinión de que la política sobre las mujeres y la de igualdad de oportunidades deberían impregnar todas las áreas de política. 
Esta afirmación no es simplemente una declaración voluntaria, aunque la hago de forma voluntaria. 
En lo que respecta a la cuestión de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo la violencia contra las mujeres, permítanme señalar que el Artículo 9 del Acuerdo de Cotonú reafirma también que la igualdad de hombres y mujeres es un elemento integral de los derechos humanos. 
Sin lugar a duda, eso es también una directriz para todas las medidas del ámbito de la rúbrica 4. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Heaton-Harris sobre el presupuesto de la OLAF y sobre las razones de la Comisión para introducir en el anteproyecto del presupuesto un recorte de unos 700.000 euros con respecto a 2002, debo afirmar que en realidad se trata de un ajuste técnico. 
En 2002, el Parlamento modificó la plantilla, con respecto a la propuesta de la Comisión, lo que dio lugar a más puestos «B» en lugar de puestos «A». Como es lógico, los puestos de categoría «B» suponen costes inferiores a los puestos «A». 
Esto no se contabilizó en 2002, pero se ha contabilizado en el anteproyecto del presupuesto para el año 2003. Por lo tanto, no se trata de un recorte, sino de un ajuste, aunque me gustaría indicar al Presidente en ejercicio que, durante su primera lectura, el Consejo ha introducido un recorte real que habrá que debatir. 
Permítanme añadir que, en nuestro último llamamiento para la creación de puestos adicionales, como parte de la preparación para la ampliación- puestos que todavía no se han garantizado, aunque agradezco los esfuerzos del Parlamento a este respecto- también se preveían puestos adicionales para la OLAF. 
Con su permiso, Sr. Heaton-Harris, remitiré sus preguntas sobre restituciones a la exportación a mi colega el Sr. Fischler. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en el debate que nos ocupa hoy apenas hemos hablado sobre los diferentes efectos de nuestras decisiones presupuestarias en los hombres y las mujeres. 
Durante años, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha realizado propuestas durante el procedimiento presupuestario para tener en cuenta la diferente repercusión de nuestras decisiones en los hombres y las mujeres. 
Hemos tenido éxito en el terreno de la política de empleo y los Fondos Estructurales, donde la igualdad de hombres y mujeres se ha convertido ya en un principio básico. 
En la política exterior existe también una concienciación cada vez mayor respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Así, en el contexto de las ayudas a Afganistán se han adoptado medidas especiales para la reinserción de la mujer en la vida pública y el restablecimiento de sus derechos humanos. 
Hemos conseguido éxitos en la lucha contra el tráfico de seres humanos, que es una forma moderna de esclavitud. 
La violencia contra la mujer es ya un problema reflejado en el presupuesto. 
Ahora bien, los programas STOP y DAPHNE no tienen que ser utilizados simplemente para realizar actividades representativas. 
En última instancia, sólo pueden financiarse el 13% de los proyectos, razón por la cual las ONG tienen que recibir ayudas directas. 
La igualdad de hombres y mujeres es una cuestión que tiene que recibir en el presupuesto una atención mayor de la que recibe ahora. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades está trabajando por iniciativa propia en la elaboración de un informe sobre esta cuestión. 
Unas palabras de crítica también sobre el procedimiento que rige la asignación de fondos: con demasiada frecuencia- por ejemplo, en ciudades hermanadas o en las ONG -, genera mucho resentimiento. 
Existe una gran frustración entre los ciudadanos europeos activos. 
Si, por una parte, nos aseguramos de no gastar más en el cultivo de tabaco y eliminamos los obstáculos burocráticos en este área, no podemos luego crear barreras parecidas que se interpongan en el camino de las ONG. 
Les pido su apoyo. 
Señor Presidente, me gustaría hacer un par de comentarios. 
El empleo es un problema importante. 
El paro está aumentando en la UE. 
Las pequeñas y medianas empresas en particular son las que más puestos de trabajo crean. 
Lamentablemente, el temor a distorsionar la competencia impide a menudo que se adopten hasta las medidas más racionales. 
Por ese motivo, la ley sobre la competencia debe interpretarse con más flexibilidad en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 
Eso significaría, por ejemplo, que los Fondos Estructurales pudieran utilizarse con más eficacia para prevenir el desempleo. 
La Dimensión septentrional es una premisa importante en el campo político. 
La Comisión se ha centrado principalmente en dos cuestiones: la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. 
La Dimensión septentrional ofrece un potencial inmenso en el terreno de la política energética. 
Los yacimientos de gas natural en el Océano Ártico tendrán una importancia vital para la UE en el futuro. 
Deberíamos intentar simplemente que las conducciones que se construyan atraviesen, en la medida de lo posible, el territorio de la UE. 
La Dimensión septentrional ofrece también un campo inmenso para la cooperación en el terreno de la política cultural y científica y la enseñanza superior. 
El Grupo ELDR está totalmente a favor de reformar la administración de la Comisión y reducir su burocracia. 
La importancia de eso quedó reflejada en el debate sobre los Fondos Estructurales. 
Los costes administrativos deben ser razonablemente proporcionales al presupuesto de explotación utilizado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, lamentablemente no ha tenido usted todavía la oportunidad- y tengo el gusto de darle ahora esa oportunidad- de responder a mis anteriores preguntas sobre los 500 nuevos puestos, la falta de personal para vigilar el cumplimiento de la legislación medioambiental y también a la pregunta de si los países candidatos deberían iniciar los trámites burocráticos necesarios ya en el ejercicio 2003 para solicitar Fondos Estructurales y garantizar así el máximo nivel posible de implantación en 2004. 
Mi otra pregunta en este terreno, y que también me preocupa, tiene relación con los pequeños proyectos, a los que ya se ha referido la Sra. Smet. 
Todo el mundo estará de acuerdo en que el dinero procedente de los impuestos tiene que gastarse con prudencia. 
Es cierto que la evaluación de pequeños proyectos requiere una cantidad relativamente grande de recursos humanos para cantidades relativamente pequeñas de dinero. 
No obstante, muchos de esos proyectos son importantes, por ejemplo, para la sociedad de los países en desarrollo. 
Por eso espero una propuesta de la Comisión sobre cuestiones tales como la transferencia de más poderes operativos a las oficinas en el exterior, menos burocracia, menos requisitos estrictos y, por ejemplo, que las delegaciones parlamentarias ejerzan control político sobre la elección de esos proyectos. 
¿Es ésta una propuesta que tratarán ustedes de desarrollar más a fondo? 
Señor Presidente, gracias por modificar la lista de oradores para que yo pudiera intervenir también. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y el Mercado Interior está muy preocupada por el hecho de que en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas siga existiendo un retraso generalizado en los trabajos de traducción. 
¿Qué significa eso en la práctica? 
Supongamos que, en un caso específico, hayan finalizado las diligencias y se haya emitido una sentencia. 
Puesto que el Tribunal de Justicia- al contrario que otras instituciones comunitarias- no publica sus decisiones hasta que no están disponibles en todas las lenguas comunitarias, el atraso en los trabajos de traducción significa que las sentencias emitidas permanecen en un cajón del Tribunal entre uno y dos años hasta que pueden ser publicadas. 
Una situación insostenible, en mi opinión. 
También los tribunales nacionales de los Estados miembros lo ven cada vez más como un problema, puesto que en el caso de los fallos preliminares, las acciones legales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituyen simplemente un proceso intermedio en las sucesivas etapas de apelación ante los tribunales nacionales. 
Eso significa que las diligencias no concluyen en esos dos años, sino que esos dos años se suman a lo que dure el proceso en los respectivos Estados miembros. 
Por tanto, pedimos que se destinen recursos adecuados para poner fin a esta situación insostenible. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior es también responsable de las cuestiones referentes al mercado interior y la ampliación. 
Siempre hemos prestado una especial atención a los retos específicos a los que se enfrenta el mercado interior como resultado de la ampliación, especialmente en las regiones fronterizas. 
Por consiguiente, apoyamos plenamente las enmiendas encaminadas a conseguir que, cumpliendo las promesas hechas el año pasado, la financiación del programa piloto para las PYME se cifre en 15 millones de euros. 
Señor Presidente, Señorías, ya en el período parcial de sesiones del pasado mes de mayo manifesté mi preocupación, durante el debate que siguió a la presentación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2002, por un procedimiento presupuestario que demostraba ser, una vez más, totalmente inadecuado para atender las necesidades de nuestra Unión. 
En mayo, mis críticas a la Comisión se basaron en dos consideraciones: el nivel de los RAL y el título 5. 
En julio, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre el título 5 que rechaza la petición de la Comisión de aumentar el personal para afrontar los retos de la ampliación en un intento de hacer cuadrar las cuentas. 
No voy a insistir en el tema de los RAL porque dispongo de poco tiempo y porque ninguno de nosotros queremos escuchar información que sabemos que es totalmente inviable desde el punto de vista financiero, pero que, no obstante, se produce año tras año en el procedimiento presupuestario. 
Señorías, con riesgo de repetirme, tengo que decir una vez más que todo esto es un tanto ridículo. 
Aquí estoy de nuevo, pidiendo a esta Cámara y, a través de esta Cámara, al Consejo y a la Comisión, que consideren debidamente la posibilidad de revisar las perspectivas financieras que, a juzgar por mi relativamente escasa experiencia, parece ser la única decisión política imaginable, sensata y responsable que podemos tomar. 
El artículo 9 del Acuerdo Interinstitucional de 1999 establece claramente que las perspectivas financieras pueden modificarse a propuesta de la Comisión en caso de circunstancias imprevistas, ¿y qué podría haber sido más imprevisto que la inminente ampliación de la Unión hasta 25 Estados miembros en 2004? 
Insisto: en los próximos tres años, hasta 2006, tendremos que establecer el presupuesto para una Unión de 25 Estados miembros de acuerdo con unas perspectivas financieras calculadas sobre la base de las necesidades de una Unión de 21 Estados miembros. 
Señorías, ¿qué sentido tiene todo esto? 
¿Por qué continuamos por este absurdo camino? 
Mi propuesta es, por tanto, la siguiente. Después del Consejo de diciembre, en el que tendrá que decidirse quiénes y cuántos Estados miembros entrarán en la Unión Europea para las elecciones europeas de 2004, la Comisión debería presentar una propuesta para modificar las perspectivas financieras, una propuesta para cuya aprobación las dos cabezas de la autoridad presupuestaria dispondrán de un amplio plazo- conforme al artículo 20 del Acuerdo Interinstitucional- antes de que comience el procedimiento presupuestario de 2004. 
Creo que es el único camino que podemos tomar, el único camino que, con el debido respeto al rigor presupuestario, nos permitirá seguir haciendo nuestro trabajo correctamente. 
No creo que las soluciones adoptadas hasta la fecha hayan dado resultados suficientemente positivos y, además, tenemos que considerar que, hasta ahora, sólo hemos tenido que dar explicaciones a ciudadanos que, en el fondo, tienen una buena disposición hacia nosotros y defender nuestras propuestas ante unos votantes que, paradójicamente, son casi más europeos que nosotros mismos. Pero dentro de unos meses tendremos que dar explicaciones a personas que han sufrido para llegar a ser miembros de esta Unión y que nos observarán con un ojo extremadamente crítico y vigilante, sometiéndonos a un escrutinio todavía más estrecho que los actuales Estados miembros, para ver si hacemos o no un buen trabajo. 
Señor Presidente, saludo al Consejo, a los Comisarios, Señorías, queremos agradecer la tarea realizada hasta ahora por los dos ponentes generales, Sres. Stenmarck y Färm, y, asimismo, creemos que hay que agradecer la tarea realizada por el ponente del año 2002, Sr. Podestà, porque, gracias a la colaboración y a la manera de ligar un ejercicio presupuestario con otro este Parlamento ha conseguido dar una respuesta precisa a una necesidad concreta que existía después de las catastróficas inundaciones del mes de agosto. 
Ahora lo que sí necesitamos es que el Consejo cumpla la promesa de ofrecer al Parlamento un buen procedimiento de concertación en el cual el Parlamento pueda también ayudar a definir cuál debe ser el fundamento jurídico y cuáles las maneras de financiar este fondo para los próximos años. 
Pero, sobre todo, estamos en este debate para agradecer a la Comisión la iniciativa que ha tomado con este debate presupuestario, que cambia completamente la estructura que teníamos otros años. 
Nuestro grupo parlamentario considera fundamental- lo ha considerado estos últimos años- una mejor adecuación de los procedimientos legislativos y presupuestarios. 
No es un capricho de este grupo sino que, como parte que somos de la autoridad presupuestaria, el Parlamento Europeo debe poder expresar su opinión sobre los recursos necesarios para que la Comisión lleve adelante su estrategia política anual. 
El «stock-taking» de este año nos demuestra que las preocupaciones de la Comisión son muy claras y están muy especificadas y que, particularmente la Comisión, es muy sensible a que los nuevos puestos sirvan para el seguimiento del acervo comunitario en los países candidatos. 
Pues bien, igual que el Parlamento Europeo va a ser sensible a las preocupaciones de la Comisión, quisiéramos que la Comisión fuera sensible ante el punto de vista de este Parlamento en lo que hace referencia a la reforma de la Comisión. 
Para nosotros es una necesidad política, tanto más cuanto que nosotros nos creímos las promesas de reforma que nos hicieron el Sr. Prodi y sus comisarios y, por tanto, tenemos puestas grandes esperanzas en esta reforma. 
La Comisión será juzgada en gran parte por su capacidad de haber reconocido la necesidad de la reforma, de diseñar esa reforma y, sobre todo, de llevarla a cabo. 
Con el fin de demostrar que el Parlamento Europeo es inflexible en este punto, presentamos determinadas enmiendas que ponen en reserva determinados créditos. 
Estaríamos muy felices y muy dichosos, como todos los años, de poder retirarlas en la segunda lectura, siempre que la Comisión haya dado cumplida satisfacción al Parlamento en las exigencias que expresamos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, después del Tratado de Niza es evidente el camino que van a seguir las instituciones en la Unión Europea y en este camino deben tener ustedes muy en cuenta que, desde un punto de vista presupuestario, este Parlamento sólo es un Parlamento si se le dan las facultades de obtener una plena información, una completa transparencia y una total participación en todas las decisiones financieras de la Unión. 
Mientras esto no se cumpla en su integridad- y a fecha de hoy no se ha cumplido -, vamos a tener un modelo institucional inestable, imperfecto, con muchas tensiones y vamos a dedicar gran parte del procedimiento presupuestario a discutir cuestiones triviales de procedimiento en vez de las cuestiones de fondo. 
Por ello, nuestro grupo presenta enmiendas este año cuyo sentido es, exclusivamente, mejorar el mecanismo presupuestario y el equilibrio institucional que, para nosotros, es fundamental. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando la Comisión presenta una propuesta que nosotros hemos defendido ante este Parlamento, como es la creación de un fondo de solidaridad para las comunidades afectadas por las catástrofes naturales, tenemos que darle nuestra más sincera enhorabuena. 
Pero algunos aspectos de esa propuesta son algo confusos y me gustaría que la Comisaria hiciera algunas aclaraciones al respecto. 
En primer lugar, ¿por qué la Comisión ha decidido ampliar la cobertura de este tipo de catástrofes en su propuesta a las catástrofes de naturaleza medioambiental y tecnológica? 
En segundo lugar, el Fondo Estructural no debe confundirse en ningún caso con este fondo de solidaridad. 
Eso hace difícil saber en qué se basan los Fondos Estructurales según este Reglamento. 
¿No sería suficiente con una regla general que advirtiera contra el doble uso del fondo de solidaridad junto con medidas ya financiadas por otros instrumentos? 
En tercer lugar, la referencia a los costes absolutos de las catástrofes no tiene sentido, porque evidentemente beneficia más a las grandes economías y, por otra parte, me resulta difícil de entender por qué no se hace ninguna referencia a la capacidad financiera de cada Estado como criterio para la concesión de ayuda comunitaria. 
Por último y principal, no entendemos por qué el Reglamento no considera una tipología clara de la situación de las regiones más alejadas que se han visto más afectadas por las catástrofes naturales y me gustaría preguntar a la Comisaria cómo podrían recoger esto en la propuesta. 
El primer tema- puesto que ha vuelto a ocupar nuestras mentes esta semana, como puede atestiguar el Presidente en funciones- es la ayuda de la Unión Europea para paliar los daños causados por las catastróficas inundaciones en Europa. 
Esta Cámara adoptó hace unas semanas una estrategia realmente buena. 
Por desgracia, hemos sido incapaces de seguir adelante en las negociaciones con el Consejo. 
No obstante, quiero hacerle una petición específica al Presidente en funciones: por favor, asegúrese de cumplir todas las promesas que nos hizo ayer en el diálogo tripartito, especialmente en lo que respecta a los plazos. Después de todo, la ayuda urgente que estamos pidiendo perderá su eficacia si- por incumplimiento de sus promesas- no podemos desembolsar el dinero hasta Navidades. 
Sería injusto para la población y para las víctimas de las inundaciones. 
La otra idea del grupo PPE le ha sido ya presentada por el presidente de nuestro grupo de trabajo, James Elles. 
Me limitaré a recordar aquí algunos de los puntos. 
Señora Comisaria, recuerdo muy claramente que, al inicio de su mandato, la Comisión hizo varias promesas sobre todas las cosas que quería mejorar, especialmente sus planes para reformar y mejorar las funciones y métodos de trabajo de la Comisión. 
Después de tres años, es evidente que ese empeño reformista se ha apagado un tanto. 
Siendo así, el Parlamento debe proporcionarles algún incentivo y motivarles para que sigan adelante con las reformas. 
Por consiguiente, decimos «Sí» a la creación de puestos adicionales, aunque en principio con reservas, y esperamos que se presente un calendario detallado explicando cómo pretenden emplear los dos años de mandato que les quedan para concluir la reforma de la Comisión. 
Eso fue lo que ustedes prometieron hace tres años, y entre las cuestiones que tienen que abordar durante su mandato, se encuentra ésta, porque fue un aspecto clave de la tarea que nos encomendaron los ciudadanos en las elecciones europeas de 1999. 
Pasando al segundo tema, en el terreno de las redes transeuropeas nos gustaría especialmente que se ponga fin a los cuellos de botella en los países de Europa Central y Oriental. 
Por eso le pido, señora Comisaria, que elabore propuestas para los Estados miembros que están directamente afectados como países limítrofes con los países candidatos, de manera que los recursos de las partidas presupuestarias puedan utilizarse específicamente para eliminar esos cuellos de botella. 
Creo que es muy importante para que la ampliación pueda tener lugar de una manera real y práctica mediante la creación de una infraestructura transfronteriza apropiada con los países de Europa Central y Oriental. 
Tercer tema: voy a referirme brevemente al problema de las Autoridades Palestinas. 
Hemos presentado una enmienda que contempla la creación de una provisión de fondos para este fin. 
Queremos asegurarnos de que los impuestos europeos se utilicen de una manera apropiada. 
Por ahora, el Fondo Monetario Internacional ha sido incapaz de confirmar que, en términos de control del gasto, está haciendo todo lo que nosotros esperamos que se haga cuando se utilizan fondos europeos. 
Por último, un área prioritaria clave para nosotros es la política exterior y de seguridad común. 
El Presidente en funciones está ya al tanto de mi demanda. 
Es bastante deprimente que se celebre un procedimiento de conciliación a finales de julio cuando todo el mundo está de vacaciones, sólo para descubrir que el Consejo ha incumplido los acuerdos a los que llegamos. 
Mi petición es que, tal como se establece en la declaración adoptada durante el procedimiento de conciliación, exista «una participación apropiada del Parlamento en cuestiones de política exterior y de seguridad común.» 
Hemos presentado una enmienda que tiene como finalidad avanzar en este terreno, y les pido que la apoyen. 
A partir de la semana que viene, debatiremos en profundidad lo que queremos hacer durante el procedimiento presupuestario de 2003. 
El grupo PPE está dispuesto a colaborar constructivamente con los otros grupos parlamentarios. 
Espero que, aunando nuestros esfuerzos, consigamos avanzar en estas importantes cuestiones. 
Señor Presidente, me referiré exclusivamente al asunto del Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia. 
El Sr. MacCormick ya hizo una exposición de carácter general y no creo que tenga que insistir en la importancia de esa institución. 
Sin embargo, hay dos temas que nos preocupan. 
El primero, que la ampliación está prevista para el 1 de enero de 2004 y con ella van a venir recursos y es necesario que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia estén preparados. 
Esperar al presupuesto del año 2004 para cubrir estas necesidades me parecería irresponsable, ya que el Tribunal debe estar preparado al menos con un año de antelación a la fecha en la que se produzca la ampliación. 
El segundo tema que nos preocupa, son los juristas lingüistas. 
El Tribunal necesita traducir continuamente textos, someterlos, publicarlos y darlos a conocer en las diferentes lenguas comunitarias. 
No es culpa del Tribunal que en la Unión Europea se haya decidido que el número de lenguas de trabajo sea tan exagerado. 
Si no se profesionaliza a estos juristas lingüistas en los términos propuestos por el Tribunal de Justicia, nos encontraremos con que, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Justicia se enfrentarán a enormes dificultades para retener a este tipo de personal. 
Por tanto, la profesionalización es necesaria en estos momentos, ya que sin ella no tendremos garantías de que el Tribunal cuente con el personal necesario para llevar a cabo su labor. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar agradeciendo al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck el excelente trabajo que han realizado. 
Como ponente de la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2002, me gustaría volver brevemente al tema de los RAL. 
He escuchado la intervención del Comisario Barnier, pero no debemos olvidarnos de que, aparte del factor estacional, que podría explicar el nivel actual excepcionalmente alto, que esperamos que caiga lo más posible en los próximos meses, este año contamos con 15.000 millones de euros más que el año pasado. 
Tenemos que abordar el problema que plantea ese gran volumen de pagos no efectuados. 
He visto el documento, el comunicado que nos envió el Comisario Schreyer y el Comisario Barnier, y que les agradezco, pero me temo que es demasiado optimista. Creo que este tema merece una atención especial porque, si analizamos la cuestión objetivamente, estamos bloqueando una serie de recursos cuando, en realidad, lo que sería absolutamente esencial sería una operación de limpieza general que arrojara luz sobre la cuestión, especialmente cuando se trata de compromisos contraídos hace muchos años. 
Los compromisos que no se hayan ejecutado tienen que ser cancelados, mediante una nueva programación del gasto y la supresión de las barreras. 
Posiblemente este sea el punto más importante, porque estamos hablando de simplificar los procedimientos, algo que ya hemos debatido con motivo de los recursos que se destinarán a las catástrofes naturales: a nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestras administraciones públicas les resulta extremadamente difícil utilizar los recursos comunitarios. 
No obstante, el Comisario Barnier ha mencionado lo que yo creo que es una consideración extremadamente válida y una responsabilidad del Consejo y de los gobiernos de los Estados miembros. 
Terminaré agradeciendo al Ministro, como representante del Consejo, su valiosa contribución a las reuniones de los últimos meses. 
Señor Presidente, A-3021- ¿De qué estamos hablando? 
En la Sección III del volumen IV, compadezco a los Comisarios que tienen que hablar en miles de millones, nos encontramos con la partida presupuestaria A-3021: subvenciones para grupos y organizaciones de estudio europeos que promuevan la idea de Europa. 
¡Qué idea más tonta! 
¿Por qué? 
Porque yo creo que es sintomático de los procesos que hacen que muchos ciudadanos europeos supongan que hay que tener un amigo que tenga un amigo para poder conseguir dinero de Bruselas. 
Uno de los anteriores oradores dijo que la gente cree que las calles de Bruselas se pavimentan con monedas. 
Las personas que realmente lo intentan saben que eso no es así, pero que si uno conoce al amigo de un amigo, tanto mejor. 
La partida presupuestaria A-2031 lo demuestra ampliamente. En ella aparecen mencionadas algunas organizaciones, pero no otras. 
Una enmienda presentada que hemos presentado nosotros, la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya finalidad es garantizar la transparencia asegurando que la Comisión aplique las directrices sobre ayudas y subsidios y garantice la igualdad de trato a todos los solicitantes y organizaciones, ha sido rechazada. 
Es un drama. Me gustaría que esta situación cambiara, ya que no puede haber democracia sin transparencia. 
Señor Presidente, queridos colegas, creo que está claro que, a medio plazo, el telón de fondo presupuestario está lleno de incertidumbres que llevan la inquietud a cientos de miles de ciudadanos. 
Al día de hoy, la mitad del Consejo no acepta las propuestas de la Comisión sobre la futura PAC ni se ha despejado, en absoluto, la financiación de la reforma de la política de pesca. 
En la conciliación de julio se despejaron algunos problemas, pero se dejaron abiertos temas de gran calado. 
Como ya se ha puesto de manifiesto, este Parlamento- y mi grupo, en particular- ha sostenido la necesidad de una reforma de la Comisión a la altura de lo que ambicionan los ciudadanos europeos del siglo XXI. 
Lo ha hecho y lo hará no con discursos, sino con decisiones comprometidas y, por eso, dotó en los años anteriores a la Comisión con los puestos que se le solicitaron. 
Para el próximo año se solicitan nuevos puestos en razón de la preparación para la ampliación, que es un objetivo que nadie pone en cuestión. 
Pero también es un objetivo legítimo e ineludible tener noticia exacta de los avances reales que se han producido y de los datos que nos permitan afirmar que contamos con una administración más eficiente, más transparente y con mayores garantías de afrontar los retos futuros. 
Las dificultades en la financiación de las acciones exteriores, cubiertas por la rúbrica 4, son ya un tópico en cada procedimiento presupuestario. 
No voy a hablar de cifras, pero quiero que se respeten principios fundamentales. 
En primer lugar, que se mantenga a lo largo del período el principio de equilibrio geográfico en la asignación anual de recursos y respetar las prioridades políticas de este Parlamento. 
En segundo lugar, que el Consejo abandone ese doble lenguaje pernicioso de asumir compromisos en el ámbito de las declaraciones sin añadir nuevos recursos. 
Y, en tercer lugar, que la Comisión proporcione unos instrumentos reglamentarios que aseguren la igualdad real en las condiciones de ejecución del gasto. 
Respecto a la preocupación compartida para resolver el problema de los compromisos pendientes, fundamentalmente el resto a liquidar (RAL) anormal, una pregunta: ¿cree la señora Comisaria que el recorte efectuado por el Consejo de 500 millones en créditos de pago para el 2003 es compatible con sus objetivos de ejecución para el próximo año? 
Señor Presidente, Señorías, empezaré por las preguntas y declaraciones de la Sra. Gröner respecto al examen del presupuesto. 
La Sra. Gröner ha preguntado cuántas medidas están específicamente dirigidas a las mujeres y hasta qué punto contienen los programas elementos específicos orientados a la igualdad. 
Permítanme que les diga una vez más que hemos considerado ese aspecto explícitamente en muchas de las cifras presupuestarias y que lo hemos incluido explícitamente en muchos de los programas. 
Usted se ha referido a los «presupuestos por géneros» y me gustaría comentar algo al respecto. 
De hecho, mis planes para el futuro contemplan la aplicación estricta de nuestras propias reglas al proceso contable, para dar más respuestas en este terreno. 
Así, por ejemplo, sólo pueden realizarse pagos a un beneficiario que figure en el registro apropiado. 
Por ahora, seguimos sin registrar el género, pero eso es algo que deberíamos hacer. 
¡Espero que en el Día Mundial de la Mujer del año que viene pueda informar del progreso realizado en este terreno! 
Pasemos ahora a la cuestión de la dotación de personal y el gasto en personal, que han planteado la Sra. Buitenweg y el Sr. Escobar. En primer lugar, con respecto a la pregunta de la Sra. Buitenweg sobre la propuesta de crear puestos adicionales para el año 2003, puedo afirmar que está en lo cierto. 
Esos 500 puestos que hemos solicitado se destinarán en su totalidad a preparar la ampliación. 
No obstante, también necesitamos más personal para hacer frente a las otras prioridades, como el desarrollo sostenible y la seguridad, y esas necesidades deben atenderse con la recolocación del personal interno, dentro de un mismo servicio y entre diferentes servicios. 
En línea con la propuesta de la Comisión, eso significa que así podremos asegurar, a través de medidas administrativas, la disponibilidad de otros 149 puestos para la prioridad del «desarrollo sostenible». 
En el área de la protección del medio ambiente, además de los puestos que se dedicarán a preparar la ampliación, la propuesta contempla ahora 33 puestos más para la Dirección General. 
Creo que eso demuestra muy claramente, una vez más, cuáles son las prioridades. 
Con respecto a la utilización de los 717 puestos que ustedes nos aprobaron en los últimos dos años, la mayoría de ellos se han dedicado a la política exterior. 
En este área se han creado cerca de 300 puestos para mejorar la ejecución de los programas de ayuda exterior. 
Las cifras sobre ejecución que reciben ustedes todas las semanas demuestran que se han realizado mejoras reales y cuantiosas en este área, habiendo tenido esos 300 nuevos puestos una clara repercusión. 
Eso resulta también evidente en otras áreas, como la competencia, etc. 
Me gustaría responder al Sr. Virrankoski, -y son varios los diputados de esta Cámara que han hecho un llamamiento para mejorar la situación de las PYME- lo siguiente: hemos destinado 66 millones de euros específicamente a esta partida presupuestaria, pero las PYME pueden conseguir también fondos a través de los Fondos Estructurales y los programas de créditos que conceden ayudas con cargo a distintas partidas presupuestarias. 
Señor Würmeling, usted ha pedido recursos apropiados para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y ha llamado la atención específicamente sobre el hecho de que el Tribunal Europeo tenga que trabajar en muchas lenguas diferentes y que sus sentencias tengan también que traducirse a las lenguas relevantes. 
En los últimos años se ha producido un importante aumento de los recursos destinados al Tribunal, gracias a los esfuerzos del Sr. Ferber, el ponente en este área, que ha presionado mucho y con gran éxito para que se aumentaran los fondos en los últimos años. 
Señor Turchi, usted ha declarado, en el contexto de la ampliación, que tiene que realizarse un ajuste de las perspectivas financieras. 
Esa será, desde luego, nuestra tarea conjunta para 2004, puesto que el ajuste de las perspectivas tendrá que realizarse de tal modo que aseguremos una distribución apropiada de los recursos de la categoría 5 entre las otras medidas. 
Después de todo, las negociaciones sobre el presupuesto para la ampliación están ya muy avanzadas. 
La autoridad presupuestaria tendrá que realizar entonces los ajustes necesarios para el año 2004, de manera que tendremos que analizar entre todos esta cuestión a lo largo de 2003. 
Me gustaría agradecer al Sr. Garriga Polledo de nuevo sus comentarios sobre el personal. 
Con respecto a la reforma de la Comisión, sinceramente, estaremos encantados de remitirles de nuevo un informe sobre los progresos realizados con la adopción de las distintas medidas contempladas en el Libro Blanco y respaldadas por el Parlamento. 
Con toda seguridad, el Presidente en funciones hablará dentro de un momento sobre el fondo para catástrofes. 
Sin embargo, me gustaría reiterar que estamos en una situación inusual, porque se trata de crear un instrumento completamente nuevo. 
Si conseguimos establecer todo el fundamento jurídico para este nuevo instrumento antes de finales de octubre, habremos conseguido un gran logro. 
Creo que he respondido a las preguntas del Sr. Medina Ortega con respecto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Con respecto a la adopción de las distintas medidas, creo que deberíamos debatir también con más detalle el informe sobre los Fondos Estructurales en la Comisión de Presupuestos. 
Diré nada más que en 2002 no tendremos el superávit que tuvimos en 2001, puesto que se están dedicando muchos más recursos al área de la política agraria que el año pasado, y también porque mi colega, el Sr. Fischler, reaccionó muy deprisa adoptando las medidas necesarias para conceder ayudas a las regiones donde los agricultores habían sufrido pérdidas como resultado de las inundaciones, o a otras áreas. 
Los 900 millones de euros que se utilizarán para esto suponen que el superávit presupuestario será más pequeño. 
Será más pequeño en el campo de la política estructural y utilizaremos también parte del superávit para financiar el fondo de ayuda a víctimas de catástrofes. 
Señor Casaca, usted y otros oradores que han intervenido esta tarde han planteado la cuestión, y el Presidente en funciones volverá de nuevo sobre ella dentro de un momento: en el debate sobre el fundamento jurídico- en otras palabras, cuándo nos referimos a una catástrofe, cuándo se concederán ayudas y qué condiciones se aplicarán -, el Presidente en funciones ha dicho que existirá un procedimiento de concertación a su debido tiempo también aquí. 
Hay otro punto más que me gustaría comentar: Señor Martin, usted ha pedido que las subvenciones concedidas a las instituciones que promueven la idea de Europa se distribuyan de una forma diferente, de manera que no se destinen fondos a este fin concreto. 
Todo lo que puedo decir es que ésta es una decisión que debe tomar el Parlamento Europeo. 
La Comisión ha presentado una propuesta diferente al respecto. 
Tendremos también que decidir sobre el fundamento jurídico, pero en ese sentido, interpreto su demanda como un llamamiento a sus colegas en esta Cámara. 
Muchas gracias por su atención. 
Muchas gracias, Comisaria Schreyer. 
Pasemos ahora a la reforma de la política agraria. 
. (EN) Señor Presidente, me satisface ver al Comisario Fischler aquí, aunque algunos de los comentarios que tengo que hacer se refieren también a la cartera del Comisario Byrne. 
Ayer me quedé estupefacto al leer una carta en el Financial Times de Hervé Gaymond, el Ministro de Agricultura francés, y de otros seis ministros de Agricultura. 
Se titulaba «La PAC es algo de lo que podemos estar orgullosos». 
Yo fui uno de los 400.000 manifestantes del campo que marcharon por Londres el domingo, que no están de acuerdo con esta afirmación. 
Los subsidios no han supuesto prosperidad y seguridad para los agricultores británicos; de hecho, a menudo los subsidios y las cuotas se están capitalizando en la elevada base de costes de nuestra industria. 
La carta me recordaba a un drogadicto que niega su adicción, adicción a los subsidios. 
En lugar de intentar eliminar el hábito, quieren ofrecer pastillas a los países de Europa del Este, esperando a las puertas del colegio para conseguir que se enganchen también. 
Es necesario reformar la PAC antes de la ampliación y, en particular, deberíamos acabar con la hipocresía de conceder subsidios para el tabaco del orden de más de mil millones de euros al año. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor también ha pedido que el 50% del presupuesto para la Autoridad Alimentaria Europea se destine a la reserva. 
Espero que el Consejo reconozca esto como una clara señal de que debería poner fin a la incertidumbre relativa a su ubicación, que está dificultando tanto que esta institución de reciente creación contrate personal y se desarrolle como una agencia eficaz. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en un momento en el que estamos debatiendo la reforma de la política de pesca común, el presupuesto para el ejercicio 2003 adquiere una especial importancia, por lo que esperamos que la Comisión proporcione a la autoridad presupuestaria información sobre la repercusión de la reforma en el presupuesto, tal como recomienda la Comisión de Pesca en el dictamen que ha adoptado para la Comisión de Presupuestos. 
En cualquier caso, tenemos que garantizar ahora el uso de un instrumento de flexibilidad para los 27 millones de euros destinados a financiar la medida concreta de promover la reconversión de los buques y los pescadores que hasta 1999 dependían del Acuerdo de Pesca con Marruecos, que se recoge en la partida de medidas estructurales de las perspectivas financieras en el título B2-200 del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2003. 
En su dictamen del 11 de septiembre referente al presupuesto para el ejercicio 2003, la Comisión de Pesca se manifestó a favor de proteger el uso del instrumento de flexibilidad para los 27.000 millones de PTE para este fondo, pero respecto a la propuesta de utilizar los 32 millones de euros para financiar medidas adicionales de destrucción de buques pesqueros en línea con la propuesta de la Comisión sobre la reforma de la política de pesca común, la mayoría de los diputados de esta Cámara se han declarado en contra, porque se está debatiendo en la actualidad toda la cuestión y porque la información de la que disponemos es incompleta. 
Se confirma la falta de acuerdo sobre cualquier intento de volver a programar o redistribuir los créditos del IFOP, al igual que sobre el principio de proporcionar nuevos medios para atender nuevas necesidades, con vistas a proteger la importancia del sector estratégico de la pesca para la Comunidad en general y para algunos países y regiones en particular, dado el estrecho vínculo que mantienen algunas comunidades locales y regionales con la pesca. 
Se han adoptado también otras propuestas fundamentales para el sector de la pesca, entre las que yo destacaría las siguientes: creación de un programa de ayuda comunitaria para la pesca costera a pequeña escala; aumento de las ayudas a las regiones más alejadas; ayudas a la acuicultura y a las industrias de procesamiento, principalmente a las industrias de enlatado; ayudas para mejorar la vigilancia de los productos comercializados y ayudas para mejorar y normalizar los sistemas de control y vigilancia y aumentar las inspecciones y la vigilancia de la actividad pesquera. 
Señor Presidente, Comisaria Schreyer, Comisario Fischler, el debate de hoy ha vuelto a poner de manifiesto que hay quien tiene muchas ganas de barrer hacia adentro con el presupuesto agrario. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no cree, como tampoco lo creo yo, que se esté destinando demasiado dinero a la agricultura y a las regiones rurales de Europa. 
Es posible que los fondos no se estén distribuyendo por los canales apropiados, pero de ahí la necesidad de una reforma. 
Nosotros nos oponemos, por tanto, a los recortes lineales, porque creemos que lo que se necesita no son recortes lineales, sino medidas adecuadas. 
Por supuesto, un aspecto básico en este contexto es conceder subvenciones a la exportación en una región que es uno de los mayores importadores del mundo. 
A nosotros nos gustaría considerar la posibilidad de una transferencia del primer al segundo pilar. 
Para ello, es fundamental que tengamos derecho a participar también en las decisiones relativas a los gastos obligatorios. 
Es un requisito urgente. 
Hemos adoptado enmiendas específicas que van más allá del Acuerdo Institucional porque queremos forzar un nuevo acuerdo y debate. 
Señor Fischler, estas necesidades se reflejan también en sus propuestas de reforma. 
Las perspectivas financieras tienen que modificarse. 
Nos gustaría, por tanto, apoyar esa iniciativa. 
Sin duda alguna, más adelante tendremos que discutir el asunto más a fondo, pero en principio nos parece aceptable. 
Con respecto a la transferencia al segundo pilar, permítanme recordarles de nuevo que hemos reiniciado nuestro programa INPART. 
Pero ha cambiado de nombre. Ahora se llama LEADER-EAST, porque hemos avanzado un largo trecho en el camino hacia la ampliación. 
No obstante, seguimos apoyando la idea de establecer un programa ascendente también para los nuevos Estados miembros. 
Finalmente, nos gustaría que se transfirieran recursos genéticos a la parte no obligatoria. 
Ustedes ya están al tanto de los problemas. 
Creo que la Comisión seguirá adelante con esto. 
Simplemente tenemos que tratar de encontrar fondos suficientes. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría en primer lugar expresar mi más caluroso agradecimiento a Sus Señorías porque han hecho posible que, por primera vez, debatamos el presupuesto para el ejercicio próximo en el Parlamento antes incluso de que comience el procedimiento formal. 
En lo que se refiere a la agricultura y al desarrollo rural, me complace ver que una serie de enmiendas adoptadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural piden que se restablezcan los créditos del título 1a al nivel propuesto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto preliminar, y que se quiere poner fin a los recortes generales llevados a cabo por el Consejo. 
Me alegro en particular de que se hayan restablecido estos créditos y quisiera además insistir en que el anteproyecto de presupuesto de la Comisión dejaba ya un margen de 2.260 millones de euros por debajo de las perspectivas financieras máximas que se calcularon en Berlín. 
Como ustedes saben, a finales de octubre la Comisión presentará una carta de enmiendas al anteproyecto de presupuesto para la Sección del Fondo de Garantía FEOGA, teniendo en cuenta las últimas previsiones macroeconómicas y las recientes iniciativas legislativas. 
Desde luego, todavía es demasiado pronto para cuantificar con precisión los cambios que podrían proponerse, pero lo que sí puedo decirles son los factores que tendrán que tomarse en cuenta. 
En primer lugar, la devaluación del dólar americano frente al euro supondrá un aumento de los créditos comprometidos, en particular para reembolsos a la exportación y algunos otros pagos. 
En segundo lugar, la situación del mercado en algunos sectores no ha mejorado desde que se presentó el anteproyecto de presupuesto preliminar. 
Es el caso en particular del sector de la leche y los productos lácteos, que es precisamente el sector que todavía no se ha reformado. 
En tercer lugar, y a la inversa, los fondos para ayudas directas en el sector de los cultivos herbáceos se reducirán en 2003. Ese es el resultado de las decisiones que tomamos en verano con relación a las regiones italianas que se vieron afectadas por una grave sequía y, posteriormente, las zonas afectadas por las catastróficas inundaciones de Alemania. 
En estos casos, como ustedes saben, hemos pasado pagos anticipados al presupuesto del ejercicio 2002 y eso supone, en conjunto, más de 900 millones de euros que, por consiguiente, no se necesitarán en el presupuesto del ejercicio 2003. 
No obstante, insisto en que esto es sólo una indicación general del contenido de la carta de enmiendas; es demasiado pronto para anticipar lo que se dirá en ella. 
A los efectos de la primera lectura del anteproyecto de presupuesto, seguirán aplicándose evidentemente los supuestos en los que se basó su elaboración. 
Permítanme también que trate brevemente la cuestión, sobre la que me preguntan con tanta frecuencia, del efecto que tendrán las propuestas hechas en el contexto de la revisión intermedia en el presupuesto para el ejercicio 2003. 
La verdad es que no tendrán ningún efecto, porque la revisión intermedia sólo podrá entrar en vigor en el ejercicio 2004 y, por consiguiente, no se hará ningún cambio legislativo el año próximo que permita modificar el presupuesto. 
En esta moción, la Comisión de Agricultura pide que se destinen fondos para compensar a los agricultores europeos por las extremas condiciones climáticas, utilizando por ejemplo el superávit de este año o creando un fondo de ayuda para catástrofes en el título 1b. 
He mencionado ya que hemos pasado al presupuesto del año que viene una cantidad importante de pagos realizados al sector de los cultivos agrícolas. Eso tendría que tener como efecto una reducción considerable del margen anticipado en el presupuesto actual para agricultura. 
En lo que se refiere al fondo de ayuda para catástrofes, la Comisión ha propuesto ya la creación de un fondo de solidaridad de al menos 500 millones de euros este año, pero de 1.000 millones de euros en 2003, y debería adoptarse rápidamente una decisión al respecto. 
Respaldo el comentario hecho por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la necesidad de un mayor esfuerzo para proteger y mejorar la calidad de los productos agrícolas. 
No obstante, éste no es un asunto que pueda resolverse en el contexto del presupuesto para el ejercicio 2003, sino que requiere una estrategia a más largo plazo, la estrategia que hemos formulado en la revisión intermedia. 
Esto tiene que conseguirse en particular mediante el cambio de la forma y la orientación de las ayudas concedidas a la agricultura; por ejemplo, la aplicación del principio de conformidad cruzada y la aspiración a un mayor equilibrio entre los dos pilares de la política agraria común. 
Me gustaría también mencionar brevemente, puesto que la Sra. Figueiredo ya habló sobre ello, tres cuestiones relacionadas con la política de pesca. 
La primera de ellas es la necesidad de mantener el presupuesto para la política pesquera exterior, que consiste principalmente en los costes estimados de los protocolos de pesca, a sus niveles actuales. 
En su primera lectura, el Consejo no modificó las cifras del anteproyecto de presupuesto preliminar. 
Esto es absolutamente esencial para que la Comunidad pueda continuar sus actividades pesqueras en terceros países. 
La carta de enmiendas en otoño profundizará más en la forma de distribuir los fondos entre la partida presupuestaria y la reserva. 
En este contexto, me complace el apoyo manifestado con respecto a nuestra política pesquera exterior y, en particular, a los acuerdos pesqueros, por parte de los ponentes de las Comisiones de Presupuestos y Pesca. 
La segunda cuestión es el pago del segundo plazo a las flotas españolas y portuguesas que solían pescar en aguas marroquíes. Su cuantía asciende a 27 millones de euros. 
La Comisión ha presentado una propuesta inicial en su anteproyecto de presupuesto preliminar, pero por ahora no ha recibido el apoyo de la autoridad presupuestaria. 
De momento la Comisión tampoco ve ninguna alternativa al uso del instrumento de flexibilidad. 
La tercera cuestión es la repercusión de la reforma en el presupuesto que, en conjunto, será modesta. 
La única propuesta era la de aumentar el fondo para desguaces en 32 millones de euros. Esa propuesta afectaría al presupuesto para el ejercicio 2003. 
El principal problema con este fondo no es su cuantía, sino el marco presupuestario. 
En este sentido también, la Comisión ha propuesto en la carta de enmiendas que se utilice el instrumento de flexibilidad. 
Sobre las cuestiones planteadas por el Sr. Graefe zu Baringdorf en relación con las subvenciones a la exportación, yo sólo puedo hacer propuestas que respeten la legislación vigente. 
No puedo trabajar basándome en posibilidades que puedan surgir en el futuro. 
En lo que se refiere a la participación en la toma de decisiones sobre los gastos obligatorios, esta cuestión tiene que ser remitida primero a la Convención. Exigiría la consiguiente modificación de los Tratados. 
Sólo entonces podríamos atender su demanda, pero me gustaría insistir en que la Comisión comparte la opinión de que, en el futuro, la política agraria y la política pesquera deben incluirse en el procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente, Comisaria Schreyer, Comisario Fischler, sin duda alguna es una gran oportunidad participar en este nuevo debate y poder subir al estrado para hablar sobre la reforma de la política agraria común en el contexto del presupuesto para el ejercicio 2003. 
En mi opinión- y es una opinión compartida por la mayoría de la Comisión de Agricultura -, el presupuesto para el ejercicio 2003, que es el tema del debate de hoy, no es el contexto apropiado para discutir la reforma de la política agraria común. 
El orden del día de hoy tampoco incluye un debate para evaluar las propuestas del Comisario Fischler sobre la revisión intermedia. 
Más bien tendríamos que centrarnos en las cifras presupuestarias reales para el año próximo y aquí hay dos aspectos fundamentales que exigen de nosotros una decisión clara. 
En primer lugar, el Consejo ha propuesto una reducción general del 0,8 % al 0,6 % en todas las partidas 1a, lo que supone un recorte de 275 millones de euros. 
En segundo lugar, en la Comisión de Agricultura, nuestros colegas de los Verdes han propuesto una drástica reducción de las restituciones a la exportación; para ser más concretos, quieren reducir a cero todos esos reembolsos. 
Ninguna de estas propuestas nos parece acertada hoy en día. 
En consecuencia, en la votación de una propuesta presentada por el Grupo PPE, la Comisión de Agricultura rechazó las dos propuestas por mayoría. 
Me alegro- y este podría ser un curso de actuación perfectamente acertado- de que se considere la transferencia de fondos del primer pilar al segundo, pero sólo en el contexto de un debate especial sobre la revisión intermedia y recurriendo a un procedimiento de codecisión. 
Todos los años, para satisfacción de los Estados miembros, reciben grandes cantidades de dinero del presupuesto de agricultura. 
En la actualidad, el porcentaje de utilización de las partidas presupuestarias de agricultura para el ejercicio 2002 se aproxima al 80%. 
La realidad de la situación justifica en efecto la demanda de una mejor gestión y un uso óptimo de los fondos agrarios. 
Por poner el ejemplo de los reembolsos a la exportación una vez más, ésta es otra área en la que podría hacerse mucho más de lo que ahora se hace. 
Por todos estos motivos, nosotros, junto con la mayoría de la Comisión de Agricultura, no somos partidarios de adelantarnos a los resultados de la revisión intermedia. 
Señor Presidente, Comisaria Schreyer, Comisario Fischler, Señorías, permítanme que deje claro desde el principio que, en conjunto, nosotros apoyamos las propuestas sobre la revisión intermedia; aunque no vayan a afectar al presupuesto del ejercicio 2003, parecen dar los pasos adecuados en la dirección correcta. 
Por supuesto, hay una serie de cuestiones que tienen que debatirse más a fondo. 
Después de todo, ésta es indudablemente una propuesta para debate. 
Pero lo decisivo para nosotros será la medida en que seamos capaces de transferir fondos que no se están utilizando en el primer pilar al segundo pilar en los próximos presupuestos, y eso afecta también al presupuesto del ejercicio 2003, porque el desarrollo de las áreas rurales es algo que, por supuesto, nos preocupa a todos y que será, sin duda alguna, un factor totalmente decisivo en el futuro. 
La cuestión es si existe ya alguna perspectiva de llegar más allá del Acuerdo Interinstitucional y realizar esa transferencia. 
Otra pregunta es, por supuesto: ¿Qué progreso se ha realizado en la ejecución del programa SAPARD, señor Comisario? 
¿Cuál es la posición frente a este programa LEADER-EAST, antes conocido como INPART? 
Me gustaría también mencionar esto una vez más. 
Es interesante que los agricultores sepan también- y ustedes han proporcionado sólo vagas pautas sobre esto en la revisión intermedia- qué futuro les depara a los sectores del tabaco, el azúcar y la leche. 
¿Qué va a suceder con las cuotas en el sector lácteo? 
Esta pregunta es también muy importante. 
En lo que respecta a la cofinanciación, me gustaría pedirle que volviera a comentarlo una vez más: ésta es un área en la que, sin duda alguna, necesitamos mayor flexibilidad. 
Señor Presidente, señores Comisarios, éste es un momento de gran interés para la agricultura. 
Hay dos acontecimientos que son especialmente importantes. 
El primero de ellos es, por supuesto, la ampliación como consideración de gran alcance. 
El segundo es el anteproyecto de revisión intermedia. 
Tenemos que trazar una clara línea divisoria entre esos dos acontecimientos. 
No tienen que mezclarse, como hizo el Sr. Goodwill hace un rato. 
Tampoco es eso lo que se pretende. 
El presupuesto del ejercicio 2003 no se verá afectado por la revisión intermedia. 
Tampoco se pretende que la revisión intermedia tenga un efecto especialmente grande en los futuros presupuestos. 
Pero lo que es interesante es que estamos iniciando un proceso de debate sobre el futuro de la política agraria. 
Me ha alegrado saber que el informe del Sr. Färm demanda una política agraria equitativa y sostenible y elogia la propuesta de la Comisión. 
Yo comparto esa perspectiva y quisiera, en nombre del Grupo del Partido Liberal, Demócrata y Reformista Europeo, explicar por qué apoyamos plenamente esa evaluación. 
Tengo que reconocer que me sentí alarmado, al igual que el Sr. Goodwill, cuando leí ayer en The Financial Times que siete ministros de agricultura defendían claramente la política agraria en su forma actual. 
Es como si vivieran en un planeta diferente. 
Espero que el Parlamento Europeo sea capaz de apoyar a la Comisión en sus esfuerzos por cambiar y reformar la política en el futuro. 
Creo que es necesario y, aunque nosotros no tengamos ninguna influencia formal, necesitan nuestro apoyo con urgencia. 
Señor Presidente, las bolsas se han venido abajo, poniendo fin al milagro aparente de la nueva economía y diezmando los ahorros de los trabajadores en beneficio de las grandes empresas. 
Dejando al margen por el momento el hecho de que eso es inhumano, la amenaza de guerra contra Iraq está presionando al alza los precios del petróleo y aumentando las presiones inflacionistas. 
Los resultados económicos, especialmente en el sector manufacturero, son decepcionantes en el mejor de los casos. 
El capitalismo está atravesando una profunda crisis; todo lo que puede hacer ahora es aferrarse al pacto de estabilidad y a las políticas explotadoras, minar los derechos de los trabajadores, su nivel de vida y sus pensiones, reducir los ingresos de los agricultores y ahogar a las pequeñas y medianas empresas. 
El presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2003 es otro ejemplo de esta política perjudicial para los trabajadores en la práctica. 
En lugar de redistribuir todos los ingresos, teniendo en cuenta que representa menos del 1,01 % del PIB de la Comunidad, se destinan más fondos todavía a los monopolios y a los planes imperialistas de represión y explotación de los trabajadores. 
Un ejemplo típico es la economía agraria: el presupuesto de la Comunidad no hace nada para frenar el descenso de la renta de los agricultores medios sin recursos, que están siendo expulsados de sus tierras en gran número, pero además el sistema de precios y subvenciones garantiza materias primas más baratas y beneficios mayores para el sector del tabaco y otras industrias que procesan sus productos. 
La política agraria común y las cuotas han creado un enorme déficit comercial de 25.000 millones de euros en la Unión Europa, la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del desempleo. 
Los objetivos de las grandes empresas para el ejercicio 2003 son evidentes si se considera la reducción relativa de las cantidades propuestas, en un momento en el que las necesidades de las personas están aumentando, el desempleo sigue creciendo, se está destruyendo el medio ambiente y la denominada globalización está dando lugar a nuevas formas de explotación y propagación de la pobreza y el hambre por todo el planeta. 
Las limitadas cantidades disponibles para políticas estructurales, la reducción del gasto en agricultura y los fondos destinados a política exterior común, defensa y seguridad, ponen de manifiesto la agresiva actitud del capital hacia las personas y el papel que quieren que represente la Unión Europea como adlátere de los Estados Unidos en su labor de policía del mundo. 
Nosotros nos oponemos a esa política y a los métodos aplicados por las grandes empresas. 
Rechazamos el modo de actuar de los monopolios, luchamos con los trabajadores para poner freno a esos planes y exigimos un tipo de política diferente, una política que consiga la prosperidad económica de los trabajadores y garantice sus derechos. 
Señor Presidente, señores Comisarios, quiero hacer cinco preguntas muy concretas. 
¿Por qué propone la Comisión una reforma de la política pesquera común que, como todo el mundo sabe, está prevista para el ejercicio 2002, sin un presupuesto propio? 
Debería ser rechazada sólo por ese motivo... 
¿Por qué pretende la Comisión dedicar todo el fondo FIFG a la reducción, que no tiene ningún fundamento jurídico, cuando no se están cumpliendo las disposiciones legales sobre el cambio en la situación socioeconómica del mercado de trabajo, pese a haber sido acordadas, e incluso propuestas por los Estados miembros? 
¿Por qué se opone la Comisión a la modernización de la flota, cuando eso sea necesario, como en cualquier otro sector de la economía? 
¿Por qué no contempla el presupuesto medidas económicas y sociales para compensar los efectos de la reforma? 
¿Por qué está la Comisión pensando en reducir la flota en ocho mil barcos cuando siguen sin conocerse los efectos de la reforma en el Mediterráneo, que es donde reside la mayor parte de la flota europea? 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a los diversos ponentes y a los redactores del anteproyecto por el excelente trabajo realizado sobre el presupuesto de 2003. 
Con respecto a las propuestas relativas al gasto agrícola para el próximo año, he advertido que el anteproyecto del presupuesto adoptado por la Comisión deja un margen de 2 300 millones de euros por debajo del umbral acordado en las perspectivas financieras. 
Todos estamos al tanto de las dificultades a los que se enfrentan los agricultores actualmente. 
Muchos colegas vienen de Estados miembros que este verano se vieron azotados por inundaciones y desprendimientos de tierras. 
Muchos agricultores perdieron sus cosechas, sus animales e incluso sus hogares. 
La ayuda de emergencia que se sometió a votación se enviará para aliviar en cierta medida los problemas a los que se enfrentan. 
Sin embargo, no deberíamos estar pensando en recortar el gasto en materia agrícola, sino que tenemos que valernos de los amplios márgenes de los que disponemos. 
En mi propio país, Irlanda, se ha producido un descenso de los ingresos agrícolas de casi el 20% este año, si incluimos la inflación. 
En el sector industrial y de los servicios, este recorte nunca sería aceptado, aunque se espera que los agricultores se tengan que resignar a soportar las variaciones de los precios del mercado mundial, que están actualmente en sus niveles mínimos en un gran número de materias primas. 
A este respecto, resulta totalmente inaceptable que el Consejo haya propuesto una reducción en todas las áreas del gasto agrícola, en comparación con la que ha propuesto la Comisión. 
El intento del Consejo de recortar en 275 millones de euros el gasto de mercado en estos sectores que han resultado tan afectados, como son los cultivos agrícolas, la leche, la carne de vacuno y de cordero, está completamente fuera de lugar teniendo en cuenta la situación actual. 
En lo que respecta a mi grupo, hemos presentado una serie de enmiendas que pretenden deshacer algunos de los daños potenciales. 
Yo destacaría el número de líneas en las que pensamos que es necesario reforzar los planes existentes. 
El plan de distribución de leche en los colegios, por ejemplo, ha demostrado resultar altamente eficaz y debe continuar y expandirse. 
De manera similar, las ayudas para instalaciones a jóvenes agricultores resulta un componente clave para garantizar el futuro de la agricultura, particularmente en las regiones más aisladas, que cuentan con una estructura de pequeñas casas de campo familiares. 
Es necesario que la agricultura se convierta en una perspectiva profesional atractiva, si deseamos atraer a gente joven y cualificada hacia la profesión. De lo contrario, se produciría una mayor despoblación de las áreas rurales, hasta el punto de que ciertas comunidades rurales ya no serían sostenibles. 
Esto tiene consecuencias negativas también para las zonas urbanas. 
También es muy importante respaldar acciones informativas con respecto a la política agrícola común. 
Es fundamental hacer llegar el mensaje a los ciudadanos europeos de que todos nosotros somos los beneficiarios del modelo agrícola europeo. 
Estamos pagando por una agricultura medioambientalmente sólida, que garantiza los niveles más elevados de seguridad alimentaria y trazabilidad, y mantiene normas de bienestar animal. 
Señor Presidente, este año, una vez más, el presupuesto para agricultura se ha caracterizado por un cierto rigor que yo creo que refleja unas determinadas opiniones políticas, más que la situación real del sector agrario. 
Aparte de esas reservas, la decisión de mantener un margen de 2.300 millones de euros por debajo de las perspectivas financieras podría estar justificada. 
¿Pero está la Comisión dispuesta a movilizar esos fondos rápidamente en el caso de un estancamiento de los mercados? 
Pongamos el ejemplo de los fondos asignados a la erradicación de enfermedades epizoóticas y al Fondo Veterinario para Emergencias. 
Ambos se han reducido drásticamente pese a lo mucho que queda por hacer tanto en el campo de la prevención como en el de la investigación. 
El año 2003 se caracterizará por la reforma de la PAC. 
A medio camino, la Comisión ha convertido la revisión en una propuesta de reforma fundamental, que parece ignorar a los agricultores y su bienestar y los convierte en meras herramientas. 
Creo que este cambio de dirección, que despoja a la PAC de todo contenido en nombre de la llamada política de desarrollo rural, es un error, y me gustaría que la Comisión respondiera a las siguientes preguntas. 
Considerando que desde el principio optamos por una política agraria común, ¿creen ustedes que la Unión es responsable de prestar por lo menos la misma atención a este sector que los Estados Unidos, destinando a él los medios financieros necesarios, en lugar de tratar de igualar los precios mundiales? 
¿Cómo podemos asegurarnos de que la ambición del desarrollo rural europeo no invade las competencias nacionales y locales en lo que respecta a la ordenación del uso del suelo? 
¿No es ésta una forma de promover intereses medioambientales que se tratan en otras partidas presupuestarias? 
Me pregunto si esa es realmente la función de la PAC. 
¿Creen que podemos tratar simultáneamente de equiparar nuestros precios a los precios mundiales y aumentar los costes de producción, contentándonos con aplicar una política de «vasos comunicantes» al primer y segundo pilar? 
Con respecto al asunto de la reforma de la PAC, me gustaría manifestarme en contra de la tendencia demasiado frecuente de esta Cámara a criticar la cuantía de los presupuestos de la UE para agricultura. 
Me subleva escuchar que es un escándalo que la Unión dedique el 45% de su presupuesto a la agricultura. 
De hecho, ese 45% representa sólo el 3% de los presupuestos públicos de la Unión y los Estados miembros. 
El 3% de los presupuestos públicos dedicados al 5% de la población, el 3% de los presupuestos públicos dedicados al 60% del territorio de la UE, el 3% de los recursos públicos dedicados a nuestros alimentos, a la seguridad de nuestros alimentos, al mantenimiento de la renta agraria y a la orientación de los mercados agrícolas. 
Ese 3% de los presupuestos públicos dedicados a la agricultura es un porcentaje menor que el que se dedica en los Estados Unidos. 
Según la OCDE, la política agraria de los Estados Unidos le cuesta a cada contribuyente 338 dólares, comparado con 276 dólares en la Unión Europea. 
Por lo tanto, de la misma forma que nuestros colegas estadounidenses, ante el fracaso de su anterior ley agraria (Fair Act) han decidido aumentar las ayudas a la agricultura en un 70% en un momento en que algunos países tienen la ventaja de disponer de grandes superficies de tierras de labor, unas tecnologías agrarias avanzadas, unos costes de mano de obra extremadamente bajos y unas políticas antimonopolistas que desestabilizan los precios en todo el mundo, nosotros no debemos cuestionar los acuerdos alcanzados en Berlín tratando de imponer una reducción de nuestros presupuestos agrarios en la UE. 
Tampoco podemos permitir que se vaya diciendo que nuestros presupuestos agrarios constituyen un obstáculo para el progreso en los países en desarrollo. 
Nuestra PAC y los presupuestos asociados compensan las restricciones sociales y medioambientales que imponemos a nuestros agricultores, y trata de proporcionarles una calidad de vida comparable a la del resto de la población de la Unión Europea. 
Los países en desarrollo y, en particular, los más pobres de todos ellos, cuentan entre su población con una gran proporción de agricultores que viven en condiciones de pobreza, y lo que necesitan esos agricultores sin recursos no es un mayor liberalismo que les ponga en competencia con las grandes explotaciones que hacen uso de la más avanzada tecnología en todo el mundo, sino, por el contrario, poder aumentar su productividad vendiendo sus productos alimentarios en mercados regionales o nacionales. 
No tenemos que apuntar al objetivo equivocado. No es nuestro supuesto proteccionismo el responsable de las privaciones y la pobreza de los agricultores del tercer mundo, sino, por el contrario, el libre comercio dogmático que pretende promover la competencia entre agricultores con niveles muy diferentes de tecnología y productividad. 
Esto es, por cierto, lo que dijeron los ministros de Agricultura del Senegal y la India en Johanesburgo. 
Por último, si realmente queremos reducir los presupuestos públicos asignados a la agricultura, sería quizá el momento de reanudar el debate sobre las preferencias de la Comunidad, definiendo un sistema nuevo y actualizado de prioridades comunitarias que permita que el coste adicional que imponen al sector agrario nuestros elevados requisitos de seguridad alimentaria y bienestar social, medioambiental y animal, sea absorbido internamente por los precios de los productos agrícolas en el mercado comunitario. 
Para ello, Señor Presidente, señores Comisarios, tendremos que darle definitivamente la espalda al aberrante dogma de los precios mundiales. 
Señor Presidente, el Comisario de Agricultura y Pesca que- y estoy ahora hablando como ponente alternativo de mi grupo para el presupuesto de pesca- ha sido, cuanto menos, contundente y, si me permiten un comentario personal, tiene agallas, coraje y una visión demostrada en términos de la ampliación de la UE. 
En cuanto a la pesca, este Comisario ha presentado también propuestas de gran alcance dirigidas a promover una pesca sostenible, que están también en consonancia con los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Johanesburgo para conseguir una pesca realmente sostenible. 
Al mismo tiempo, hay algo que falta en todo esto; observo que en el presupuesto de pesca esta contundencia no se traduce en cambios importantes o definición de prioridades en el presupuesto de pesca hasta el ejercicio 2003. 
Usted podrá alegar, por supuesto, que la política de pesca se está aplicando sólo parcialmente; pese a todo, a mí me gustaría tratar algunas cuestiones relacionadas con dicha política. 
El Parlamento y el Consejo han manifestado que, ante el fracaso de los acuerdos de pesca de España con Marruecos, consideran importante que se reserven fondos para las regiones afectadas. 
La Comisión de Pesca insiste en que se haga eso. 
Eso significa que la responsabilidad de los pescadores es considerable y que los productores del sector pesquero merecen un apoyo adicional. 
Nosotros también hemos presentando enmiendas específicas en este área y nos complacería que la Comisión las adoptara. 
En tercer lugar, esas decisiones de gran alcance en el sector de la pesca supondrán que una serie de regiones se verán también realmente afectadas. 
Me refiero a la pesca del bacalao en Escocia, y a algunas zonas en el Mar del Norte. 
En esas regiones se perjudicará al empleo, principalmente el empleo indirecto en los puertos y en la industria de procesamiento del pescado. 
En este sentido, Europa tiene que invertir para crear otros empleos que contribuyan a la sostenibilidad de dichas regiones. 
Con relación a esto, nos gustaría que la Comisión considerara seriamente, y adoptara a continuación, una serie de enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, señores Comisarios, no teman, no soy ni una pescadora ni una agricultora. 
Tampoco quiero comentar la reforma de la política agraria. 
Mi intervención se limitará a reiterar de nuevo mi demanda de cofinanciación. 
Llevo tres años pidiendo lo mismo. 
¡Ya debería ser suficiente! 
Estoy aquí como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y como ponente alternativo. 
El primer ponente, Robert Goodwill- que es el ponente para el presupuesto- se ha ido ya. 
Todas las áreas de la política agraria sobre las que quiero hacer alguna pregunta o a las que se ha referido la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor han sido ya tratadas por él y otros colegas. 
La primera es la de las subvenciones del tabaco. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor pide que se supriman las subvenciones del tabaco. 
Evidentemente, la Comisión de Presupuestos no puede atender esta demanda porque tenemos una organización de mercado y tenemos que trabajar dentro del marco legislativo. 
De manera que la pregunta concreta que le hago, señor Fischler, es la siguiente: ¿cuándo va a presentar finalmente la Comisión una propuesta en la que explique cómo se las arreglará para reconvertir gradualmente las áreas dedicadas al cultivo del tabaco? 
Ya sé que esta cuestión se ha debatido mucho. 
Y no me refiero a esas ideas superficiales que se contemplan para la financiación del cultivo de tabaco. 
Tampoco es aceptable su respuesta de que resulta demasiado costoso, porque la reconversión de puestos de trabajo- en el sector que sea- cuesta entre 31.000 y 391.000 euros. 
Mi siguiente pregunta se refiere a la Autoridad de Seguridad Alimentaria. 
¿Cuándo van a presionar finalmente al Consejo para que nos deje asumir la Autoridad de Seguridad Alimentaria? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en mi opinión el Comisario Fischler tiene visión de futuro, porque ha contestado a una serie de preguntas sobre la revisión intermedia y sobre el presupuesto complementario y rectificativo de octubre. 
No obstante, quisiera hacerle una pregunta sobre el siguiente período. 
En el informe Böge sobre la ampliación, que aprobamos en mayo de este año, el Parlamento solicitó a la Comisión que formulara la política agraria a partir de 2006 y realizara una estimación aproximada de los gastos. 
La revisión intermedia no incluye la reforma de las cuotas de leche, pero en su lugar se proponen otras alternativas. 
¿Cuáles son los costes asociados a esas alternativas? 
¿Existen planes, en el marco de la reforma de la política azucarera, referentes a la iniciativa Todo menos Armas, y cuáles son los costes implicados? 
Mi siguiente comentario se refiere al presupuesto para el año que viene y, también en cierta medida, al de este año. 
El Parlamento ha presentado una serie de enmiendas para examinar cómo podríamos protegernos contra los brotes de enfermedades infecciosas veterinarias, como la fiebre aftosa, y cómo podríamos destinar más fondos al desarrollo de vacunas marcadoras y métodos de análisis auxiliares. 
Hasta donde yo sé, estamos ya casi en octubre y la Comisión no ha mostrado ninguna intención de poner en marcha esas iniciativas. 
Se han hecho algunos trabajos preliminares, pero no se ha iniciado ninguno de los estudios. 
En mi opinión, es muy grave que casi nueve meses después de la aprobación del presupuesto, ni siquiera se haya empezado a trabajar en dos cuestiones que son tan importantes para la opinión pública. 
Con relación a la Política Común de Pesca se está produciendo aquí, hoy, un debate que yo calificaría de invertido o, por lo menos, lo que en español se llamaría «poner el carro delante de los bueyes». 
Como la Comisión desea- y así lo ha hecho saber- que la PCP reformada entre en vigor en el año 2003, nos pide que decidamos con carácter inmediato sobre los créditos que, según la propia Comisión, costará la reforma: 32 millones de euros con cargo al instrumento de flexibilidad, destinados a financiar la medida específica para el desguace de embarcaciones. 
El problema, Señorías, es que este Parlamento todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de esta cuestión. 
Esta propuesta desguazadora supone la desaparición de 28 000 empleos de pescadores en Europa, ha suscitado el rechazo generalizado del sector y una demanda, cuando menos, de mayores precisiones al Comisario, Sr. Fischler, por parte de esta Asamblea. 
La Comisión se ha retrasado terriblemente en la presentación de sus propuestas y éstas son también en parte las consecuencias de ese retraso. 
La Comisión, para su anteproyecto de presupuesto, a nuestro entender tendría que haberse basado en la Resolución que aprobó este Parlamento acerca del Libro Verde sobre la reforma. 
En esta Resolución que aprobó el Parlamento Europeo se expresaba el rechazo a la reducción de las ayudas a la flota y, por el contrario, lo que nos propone la Comisión es su supresión. 
Por lo que se refiere a los créditos pendientes para la reconversión de la flota marroquí, pedimos a la Asamblea que, de acuerdo con la Resolución aprobada, se inscriban en el presupuesto. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría responder- aunque sea brevemente dado lo avanzado de la hora- a las preguntas que se han planteado aquí. 
No creo que tenga que volver a la última pregunta, formulada por la Sra. Miguélez Ramos, sobre esos 32 y 27 millones, puesto que ya hablé de ello en mi primera intervención. 
Varios diputados han expresado su oposición a los recortes generales del 0,8 % y yo también estoy en contra de un recorte sistemático de ese tipo; además, creo que, en términos generales, se trata de un ejercicio contable y no de una decisión política. 
La política trata, en el fondo, de utilizar los recursos selectivamente y no limitarse a aplicar un mismo método inflexible a todo. 
Varios diputados han preguntado por qué no hay propuestas sobre el tabaco, el azúcar o la leche en la revisión intermedia. 
Me gustaría recordarles que se está realizando un estudio sobre el tabaco, que concluirá a finales de año. 
Desde el principio, y ya lo hemos discutido varias veces aquí en este Parlamento, la idea era presentar una propuesta para un nuevo tipo de organización del mercado del tabaco el año próximo. 
Lo mismo puede decirse del azúcar. 
Está bastante claro que la organización de mercado que tenemos actualmente para el azúcar no podrá sobrevivir, sobre todo si tenemos en cuenta la repercusión de la iniciativa «Todo menos Armas» cuando haya transcurrido el período de transición, y la consiguiente necesidad de que se produzcan cambios. 
Pero también he informado varias veces al Parlamento de nuestra intención de trabajar en ello el próximo año. 
Por lo que respecta al sector lácteo, en principio se contempla en la revisión intermedia, que deja también claro que la Comisión está dispuesta a presentar en cualquier momento una propuesta legislativa que adapte la organización común del mercado en el sector lácteo, pero sólo si está claro que los Estados miembros están políticamente dispuestos a avanzar en una determinada dirección. 
En la actualidad, no tenemos ninguna posibilidad de conseguir ni remotamente la mayoría necesaria en el Consejo. 
Por eso tampoco tiene sentido presentar una propuesta legislativa. 
La cofinanciación- aunque sé que a muchos de ustedes les preocupa- no es un tema para discutirlo en el debate del presupuesto anual; lo dejamos para las siguientes perspectivas financieras. 
Ese es el contexto en el que tiene que debatirse, porque evidentemente va mucho más allá de la agricultura. 
Casualmente, las disposiciones sobre cofinanciación tendrán en cualquier caso que ser modificadas o ampliadas en alguna medida si transferimos fondos del primer al segundo pilar, porque la cofinanciación está automáticamente garantizada en el segundo pilar. 
En este sentido, no puedo más que mostrarme de acuerdo con todos los que se han referido aquí al artículo publicado ayer en The Financial Times, porque aunque por una parte se dice que la política agraria común es mejor que la fama que tiene, un sermón que yo predico todas las semanas, está también claro que los ciudadanos quieren que se apoye el desarrollo rural y desean alimentos de mayor calidad y más seguros. 
Lo único es que, para su puesta en práctica, tenemos que decir también de dónde se va a sacar el dinero necesario para impulsar el desarrollo rural. 
Sólo existe una fuente de financiación disponible y es el primer pilar. 
Cualquiera que trate de negar esta realidad no nos ayudará precisamente a realizar un verdadero progreso con esta política. 
Me gustaría, por cierto, hacer otro comentario sobre ese artículo, y es que, tal como yo lo veo, cada vez se hace más evidente que la política agraria ha dado un giro positivo en las áreas en las que ha existido la voluntad de emprender las reformas necesarias. 
El rechazo de la reforma no favorece ni a la política agraria ni a los agricultores. 
Volviendo a la cuestión de la modernización de la flota y a los motivos por los que oponemos a ella, no quisiera entablar un debate sobre la reforma de la pesca ahora- ya tendremos oportunidades suficientes para discutir esos temas -, pero me gustaría simplemente recordarles que las propuestas de la Comisión no contienen ninguna disposición sobre el desguace obligatorio de un número determinado de barcos en un segmento en particular y en un determinado Estado miembro; simplemente sugerimos posibilidades. 
Todos los armadores siguen teniendo el derecho a decidir y no se está ordenando ni obligando a ninguna persona ni a ningún Estado miembro a que desguace sus barcos. 
Es el momento de poner fin a esas acusaciones, porque sólo ayudan a perpetuar el malestar entre los pescadores. 
Tenemos que discutir esta cuestión ateniéndonos estrictamente a los hechos. 
Si ustedes nos dicen que las malas condiciones climáticas en Irlanda han afectado gravemente a los ingresos de los agricultores, les puedo asegurar que estaremos también dispuestos a ayudar a Irlanda. 
En este caso, por supuesto, no estamos hablando principalmente del pago de anticipos para las ayudas a la agricultura, sino sobre todo para las ayudas a la ganadería. 
Estamos dispuestos a transferir los anticipos ya desde el 16 de octubre, el primer día en que dispondremos de los fondos. 
Me limitaré a hacer un breve comentario sobre la investigación de enfermedades veterinarias. La investigación tiene que enmarcarse en el presupuesto de investigación. 
La investigación de las enfermedades veterinarias se enmarca también en el programa marco de investigación y no sólo en nuestro presupuesto. 
Tenemos que asegurarnos de que las enfermedades veterinarias sean objeto de investigaciones, y así lo hemos hecho. 
El Sr. Maat tiene razón cuando dice que no pueden realizarse cambios en las prioridades financieras para el ejercicio 2003, pero en los dos sectores- agricultura y pesca- tenemos un pequeño problema con la gallina y el huevo. 
Algunos dicen que las políticas sólo pueden formularse sobre la base de un presupuesto, lo que significa que primero tenemos que añadir recursos al presupuesto o transferir fondos de otras fuentes, de manera que podamos decidir la reforma dentro de un marco jurídico adecuado. 
Otros dicen que primero necesitamos saber cómo será la política, antes de poder hablar sobre los recursos financieros que se necesitarán. 
Éste es el procedimiento que ha seguido el Parlamento hasta la fecha. 
Por eso nosotros consideramos importante que se adopten otras medidas para la reforma de la pesca y la agricultura. 
Sólo entonces podremos saber realmente con detalle de qué cantidades estamos hablando. 
Si no sabemos cuál es la política, los cálculos se hacen muy difíciles. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, ha sido muy útil asistir al debate en representación del Consejo. 
Tanto el Parlamento como la Comisión han tocado temas importantes referentes al presupuesto para el ejercicio 2003. He tomado nota de los distintos puntos de vista, y puedo asegurarles de que se los transmitiré a mis colegas en el Consejo. 
No obstante, me gustaría añadir una serie de comentarios sobre un par de intervenciones que se han hecho. 
Al igual que el Parlamento Europeo, el Consejo presta especial atención al enorme superávit del presupuesto de la UE, que el año pasado ascendió a 15.000 millones de euros. 
El debate de hoy ha puesto de manifiesto la responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros en este terreno, y esta cuestión necesita un seguimiento. 
Con respecto a la revisión intermedia de la política agraria, me gustaría insistir en que la Presidencia danesa hará todo lo posible para proseguir las negociaciones sobre la reforma. 
Otro tema importante respecto al cual el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que encontrar soluciones comunes es la creación del fondo especial para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones en Europa Central. 
Ayer por la tarde mantuvimos un extraordinario diálogo tripartito sobre este tema, y me complace poder anunciar que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han acordado que se tomen las decisiones necesarias y se adopten las medidas legales oportunas antes de finales de octubre. 
Puedo anticiparles que el Consejo hará la contribución necesaria a este proceso. 
En teoría, actualmente existe ya un acuerdo para establecer un fondo de hasta 1.000 millones de euros al año, y es importante que la UE sea capaz de agilizar sus ayudas a las víctimas de las inundaciones en Austria, Alemania y los países candidatos afectados. 
El 3 de septiembre, mi colega Bertel Haarder, Ministro de Asuntos Europeos, presentó aquí en el Parlamento el resultado de la primera lectura del presupuesto para el ejercicio 2003 del Consejo y aprovechó la oportunidad para insistir en los acuerdos y entendimientos comunes alcanzados en la reunión para consulta del 19 de julio. 
Estoy muy satisfecho de ese resultado. 
La Presidencia danesa considera muy importante disponer del pleno respaldo del Consejo para debatir temas cruciales con el Parlamento en una primera fase. 
El 19 de julio se acordó que los preparativos administrativos para la ampliación constituyen una prioridad que las instituciones tendrán que abordar a partir de ahora y a lo largo de 2003, y me gustaría insistir en que el acuerdo alcanzado sobre el gasto administrativo en el ejercicio 2003 proporciona el fundamento administrativo para la ampliación. 
Este acuerdo inicial proporciona también a las instituciones la mejor base posible para la planificación de sus preparativos de cara a la ampliación. 
También hoy hemos debatido aquí a fondo las tareas externas de la UE. 
En ese sentido, es alentador el hecho de que se haya llegado a un entendimiento común sobre la necesidad de trabajar para asegurar la financiación de la política exterior y de seguridad común a la luz de nuevas tareas fundamentales. 
Como ya dije al principio de mi intervención, una prioridad importante en este sentido es el supuesto de que la UE es responsable de la misión de paz de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. 
También hemos llegado a un acuerdo sobre cómo implicar mejor al Parlamento en los acuerdos sobre dicha política exterior y de seguridad común dentro del marco del Tratado. 
El hecho de que pueda utilizarse la reserva de ayudas urgentes para causas humanitarias ahora también para hacer frente a crisis civiles es otro resultado importante. 
En junio se llegó también a un entendimiento común sobre la necesidad de financiar la reestructuración de las flotas pesqueras española y portuguesa y sobre la necesidad de mantener la tasa de crecimiento de los créditos para pagos generales lo más reducida posible. 
Por supuesto, soy consciente de que queda todavía un largo camino por recorrer hasta que podamos llegar a un acuerdo común definitivo sobre el presupuesto para el ejercicio 2003. 
El debate de hoy nos ha ayudado a clarificar las ideas y actitudes del Parlamento y la Comisión, y estoy convencido de que podremos seguir manteniendo una estrecha cooperación entre las instituciones y, todos juntos, encontrar las soluciones necesarias de manera que, en diciembre, pueda adoptarse un presupuesto basado en una pormenorizada priorización de los fondos de la UE ajustada a las estimaciones financieras. 
De esta forma, podremos hacer frente todos juntos a los retos de los próximos años. 
Muchas gracias por su atención. 
. (EN) Señor Presidente, simplemente quiero dar las gracias a todos, porque, como ya mencioné al comienzo, este ha sido un acontecimiento único. 
Nunca habíamos hecho algo como esto. 
En general, ha sido un éxito. 
Por supuesto, algunos diputados se han limitado a pronunciar discursos estándar, pero se ha producido algún debate interesante y hemos obtenido algunas buenas respuestas. 
También hemos obtenido algunas respuestas confusas, especialmente acerca del Fondo Mundial de la Salud. 
Me gustaría dar las gracias a todos los que han participado, especialmente a los distintos Comisarios y a la Sra. Schreyer por haber permanecido aquí todo el tiempo. 
También me gustaría dar las gracias al Presidente en ejercicio. 
Durante esta Presidencia, los daneses han cosechado varios triunfos relativos al procedimiento presupuestario y estar sentado aquí durante cuatro horas y media constituye un triunfo impresionante. 
También debo señalar que el discurso del Sr. Elles, en el que establecía seis prioridades del Grupo PPE-DE, ha sido muy bueno. 
Tres de ellas parecían estar más relacionadas con la inclusión de los conservadores británicos en la lista, algo que está progresando en estos momentos, que con el rigor y el sentido presupuestario. 
Estoy seguro de que el Sr. Elles no se tomará a mal este comentario. 
En definitiva, ha sido un buen debate y me gustaría dar las gracias a todos los que han participado. 
(Aplausos) 
La Comisión puede aceptar más de la mitad de las enmiendas presentadas (35 de 60) , como tales (16) o en parte o en principio (19). 
· -La Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 6, 8, 11, 20, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 50, 51 y 55, que mejoran notablemente la calidad de la Propuesta original, al armonizar su formulación con el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad. 
· -Por otra parte, las enmiendas 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34, 36, 42, 52 y 54 pueden ser aceptadas en principio y las enmiendas 21, 56 y 60 en parte. 
Estas enmiendas aclaran puntos importantes, especialmente por lo que se refiere a las definiciones, los procedimientos de notificación y el acceso del público a la información. 
Sin embargo, es necesario redactar de nuevo algunas cosas, concretamente en las enmiendas 19, 21 y 52, en las que la Comisión preferiría una formulación más armonizada con el Protocolo para los casos de ausencia de decisión de la Parte de importación. 
· -La Comisión no puede aceptar el resto de las enmiendas (25) , concretamente las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 57, 58 y 59. 
. 
(EN) Señor Presidente, tal y como se anunció en el Libro Blanco sobre transporte de la Comisión de 12 de septiembre de 2001, el Programa Marco Polo proporcionará fondos comunitarios para potenciar nuevas soluciones para el transporte internacional, que ofrezcan una alternativa viable al transporte de mercancías por carretera. 
Más concretamente, el programa ayudará a transferir el incremento previsto para el transporte de mercancías internacional por carretera de 12.000 millones de toneladas por kilómetro y año, de las carreteras congestionadas al transporte marítimo de corta distancia, al ferrocarril y a los servicios de las vías navegables interiores. 
El programa estará operativo para 2003 y se prolongará hasta 2010. 
Para el período quinquenal de 2003-2007 proponemos un presupuesto total de 115 millones de euros. 
Marco Polo es un programa ambicioso y pragmático, destinado a mejorar específicamente los servicios y la logística en los mercados del transporte marítimo de mercancías de corta distancia, por ferrocarril y por las vías navegables interiores. 
Al mismo tiempo, prevé la supervisión y el control necesarios para excluir las distorsiones inaceptables de la competencia en el mercado. 
Por lo tanto, Marco Polo es algo más que una simple continuación del Programa PACT, que finalizó el 31 de diciembre de 2001. 
Marco Polo será capaz de cofinanciar acciones encaminadas a lograr transferencias entre modalidades y mejores prácticas en todos los segmentos de los mercados del transporte de mercancías marítimo de corta distancia, por ferrocarril y por las vías navegables interiores. 
No se limitará al sector del transporte combinado, como ocurría con el PACT. 
Marco Polo también respaldará acciones que afecten a países no pertenecientes a la Unión Europea y a los países candidatos, y en particular a los países que ya han solicitado la adhesión, que estaban excluidos del PACT. 
El programa también ofrece claras instrucciones políticas a la industria acerca de los cambios que la Comunidad espera y precisa en el mercado del transporte de mercancías. 
En este contexto, propone la financiación de tres tipos diferentes de acciones: acciones de transferencia entre modalidades, acciones a efectos catalizadores y acciones de aprendizaje común. 
Haré un breve comentario acerca de cada una de ellas. 
Acciones de transferencia entre modalidades: implican una puesta en marcha de las ayudas para los nuevos servicios del mercado del transporte de mercancías fuera de la carretera. 
Acciones a efectos catalizadores: esta ayuda está limitada también con respecto al tiempo y debería desembocar en servicios de transporte de mercancías viables fuera de la carretera. 
Sin embargo, estas acciones son más ambiciosas que las acciones de transferencia entre modalidades. 
Éstas deberían cambiar la forma en que se organiza el transporte de mercancías fuera de la carretera en Europa. 
Acciones de aprendizaje común: pretenden mejorar la cooperación y compartir los conocimientos técnicos en un sector logístico y de transporte cada vez más complejo. 
Con el fin de conseguir un verdadero valor añadido europeo, la Comisión propone respaldar únicamente proyectos con un impacto significativo en el mercado, lo que implica contratos suficientemente importantes. 
Ya he perfilado el objetivo de la Comisión por lo que respecta a la creación del programa y ahora quedo a la espera del debate con gran interés. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría agradecer a la Comisaria sus comentarios iniciales acerca de los objetivos generales de las propuestas de la Comisión. 
Tengo varios comentarios importantes que hacer con respecto a mi informe relativo al Programa Marco Polo. 
En primer lugar, este programa debe conseguir un equilibrio adecuado. 
Sería extremadamente contraproducente imponer a la empresa más trámites burocráticos, independientemente de la necesidad de una eficaz supervisión acerca de cómo se gasta el dinero y la efectividad que está demostrando el programa. 
En segundo lugar, como ponente opino que resulta esencial que el programa se mantenga orientado hacia el mercado. 
Esto ofrece una excelente oportunidad para demostrar que la UE está preparada para ayudar y no para perjudicar a la empresa, una acusación muy frecuente. 
Acojo con especial satisfacción la decisión de la comisión de reducir los umbrales implicados. 
Esto es algo por lo que he estado luchando firmemente, no sólo en nombre de un gran número de pequeñas y medianas empresas de mi propia región, sino también por las PYME en general que, de no ser por esta reducción de los umbrales, no tendría acceso a la financiación destinada a ayudarlas a alcanzar los objetivos del programa. 
Gracias a los nuevos umbrales propuestos, las empresas podrían trabajar juntas o independientemente para presentar proyectos innovadores que beneficiarían al sector en su conjunto. 
Mantener los umbrales originales significaría que las pequeñas empresas habrían sido ignoradas una vez más por la Unión Europea, que daría la impresión de estar simplemente interesada- lo digo por los propios comentarios de la Comisión- en los proyectos de escaparate. 
Esto, aunque resulta atractivo, no beneficia a las personas que los pagan, los contribuyentes. 
Para poder potenciar los objetivos inmediatos del Programa Marco Polo- los relativos a la mejora del impacto medioambiental del transporte de mercancías y a la reducción de la congestión de las carreteras, aunque de una forma relativamente pequeña -, esta reducción de los umbrales de los subsidios resulta crucial. 
También considero que las definiciones simplificadas suponen un añadido positivo a este informe y que casa muy bien con la reducción de estos umbrales. 
Puede que esto no nos parezca importante a aquellos de nosotros que llevamos trabajando en el informe desde marzo, pero a los ya agobiados directores de empresas de transporte de mercancías de toda Europa les resultaría de gran ayuda que la presentación de las solicitudes de ayuda para proyectos fuera mucho más sencilla. 
De hecho, estas definiciones podrían marcar una diferencia entre las empresas que no entienden totalmente el sistema- y que, por lo tanto, no se molestan en cursar solicitudes- y las PYME que tienen una confianza mucho mayor a la hora de dirigirse a la Comisión con ofertas para sus propios proyectos innovadores. 
Mi último comentario hace hincapié en uno de los principales objetivos de esta propuesta: el de reducir los cuellos de botella. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en que la congestión supone una amenaza tanto para el medio ambiente como para el funcionamiento de todo el sector del transporte de mercancías. 
Por lo tanto, resulta imprescindible que nos concentremos, en la práctica, en cómo reducir estos cuellos de botella, especialmente en torno a los puertos de mar. 
Con respecto a algunos de mis comentarios anteriores, creo que la reducción de los umbrales y las definiciones simplificadas también resultan aplicables aquí. 
Sería un error deducir que sólo los proyectos a gran escala pueden reducir los cuellos de botella. 
Creo que los proyectos innovadores, de menor escala, pueden tener un uso igual de práctico- si no más- que los que cuestan muchos millones de euros. 
Por lo tanto, dado el resultado final del informe en comisión, reitero la necesidad de nuestro planteamiento abierto- persuasión en vez de imposición- concebido para potenciar la participación de la comunidad empresarial. 
El éxito dependerá en gran medida de que las empresas aporten sus ideas, y no que estas les sean impuestas a golpe de reglamento. 
Creo que el informe merece la aprobación de la Cámara. 
. (EN) Señor Presidente, apoyo firmemente este programa. 
El Sr. Bradbourn ha formulado propuestas muy acertadas y conoce las necesidades del público que viaja, en particular de los que viajan en automóvil y sufren retrasos debido a los vehículos pesados de transporte de mercancías. 
Acojo con satisfacción la totalidad del Programa Marco Polo, que desafortunadamente resulta necesario para detener la congestión. 
Yo soy ingeniero civil. 
Trabajé en el Comité de Transporte de la Cámara de los Comunes de Londres durante ocho años y sé perfectamente, por haber estado viajando de arriba para abajo desde Londres a la región noroeste de la que procedo, lo difícil que resulta hacer algo para solucionar este problema. 
Me satisface el hecho de que se potencien nuevas iniciativas mediante este programa, garantizando que el tráfico se organice en los cruces utilizando semáforos y otros elementos que son baratos, pero que resultan muy efectivos y absolutamente vitales. 
Debemos garantizar que el programa se controle convenientemente. 
Esa es la idea subyacente a la opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Hacemos hincapié en que, mediado del período que resta hasta 2010, deberá realizarse una auditoría a fondo y una investigación acerca de lo que se ha conseguido. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Bradbourn en que no deberíamos fijarnos solamente en los grandes proyectos, porque ahí fuera el sector de la logística- y aplaudo sus esfuerzos en todo el país, así como en todos los países de la Unión Europea- tiene un gran número de ideas que quiere poner en marcha. 
Es así como se pueden conseguir grandes mejoras. 
Entiendo que el Consejo está ansioso por recortar la cantidad de dinero disponible para este proyecto. 
Sin embargo, espero que, aunque se produzca este recorte, demostremos en la revisión que se realizará a medio plazo que estamos rentabilizando enormemente el dinero y que debe aumentarse el presupuesto para los años futuros. 
Deseo felicitar a todos los implicados en este programa tan previsor. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera darle las gracias al Sr. Bradbourn por su excelente trabajo y su informe. 
El programa Marco Polo tiene como objetivo reducir los costes sociales del tráfico y, evidentemente, esta idea y finalidad básica merecen todo nuestro apoyo. 
Pero según un viejo dicho, «No es oro todo lo que reluce.» 
Lamentablemente, creo que el programa Marco Polo forma parte de los planes de la Comisión de transferir por la fuerza el tráfico de las carreteras a las vías férreas. 
Por ese motivo, no puedo estar de acuerdo con la propuesta contenida en el Libro Blanco de mantener el mismo reparto entre las diversas modalidades de transporte a su nivel actual hasta el año 2010. 
No puede tratarse de una conquista natural, porque estamos descortezando el árbol equivocado. 
Es cierto que el transporte por carretera produce mucha contaminación y congestión, pero se debe a que, simplemente, no existe ningún otro medio de transporte que pueda equipararlo. 
El transporte de mercancías se ve obligado a utilizar las carreteras porque constituyen la alternativa más eficaz. 
Para el usuario final es la forma de transporte más rápida, flexible y, sobre todo, más barata. 
Los ciudadanos europeos pagan por el transporte y, si éste no es eficiente y barato en Europa, todos sufrimos las consecuencias. 
De hecho, créanme, los que siempre sufren más son los que no tienen otra alternativa, los que disponen de menos medios. 
Debemos crear unos incentivos adecuados para las diferentes modalidades de transporte y considerar sus costes globales, así como sus ventajas y sus desventajas para el conjunto de la sociedad. 
Si nos apartamos de ese camino, nos dará igual que la proporción del tráfico rodado sea del 1% o del 100%. 
Tenemos que realizar suficientes inversiones en toda la infraestructura del transporte, pero la UE no puede ser la principal responsable de su financiación, porque no somos una fábrica de moneda. 
Aunque esta idea de la Comisión parte lamentablemente de una base un tanto errónea, hay muchos aspectos positivos en el programa Marco Polo. 
La interoperabilidad de las diferentes modalidades de transporte, para obtener del conjunto algo que funcione muy bien, es importante. 
Tenemos que recordar constantemente que estamos empleando el dinero de los contribuyentes y que tenemos que emplearlo con la mayor eficiencia posible, y en ningún caso de una manera demagógica. 
Me gustaría insistir en que el objetivo en este caso no debe ser reducir el transporte por carretera, sino reducir sus efectos nocivos, de igual modo que si un paciente está enfermo, no le curaremos acabando con él, sino administrándole la medicina apropiada. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el programa Marco Polo es un instrumento muy bien pensado para promover la transferencia del transporte de mercancías por carretera a otras modalidades de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente a escala internacional. 
Se trata de un instrumento práctico que nos ayudará a conseguir el objetivo de nuestra política de transporte que, como ustedes saben, consiste en estabilizar el reparto entre modalidades de transporte a sus niveles de 1998, o devolverlo a esos niveles. 
Está previsto que, con suerte, empiece a utilizarse ya el próximo año. 
Otras medidas que contemplamos en el Libro Blanco- como el primer paquete de medidas ferroviarias, que ya hemos adoptado, y el segundo, en el que estamos trabajado ahora; la financiación cruzada del tráfico rodado al ferroviario; las tasas impuestas a los vehículos pesados que transportan mercancías o la internalización de los costes externos- tendrán sólo un efecto a largo plazo o, en el mejor de los casos, a medio plazo si realmente conseguimos ponerlas en marcha. 
Los tres tipos de acciones propuestas por la Comisión en el programa Marco Polo están claramente inspiradas en su experiencia con el programa PACT. 
Después de todo, ese programa cosechó grandes éxitos y logros durante muchos años, aunque ahora haya cambiado bastante su orientación. 
Actualmente disponemos de más recursos que con el programa PACT, pero el desafío es también mayor y por eso tenemos que asegurarnos de que el ámbito del programa se defina con gran precisión. 
En la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo hemos aplicado el sentido común a la política de transporte para definir en términos generales el fin principal de este instrumento. 
En la sesión plenaria, sin embargo, estamos teniendo que trabajar conjuntamente para eludir dos intentos de restarle poder a este programa de asistencia mediante su ampliación. 
El primero es una propuesta para ampliar su ámbito de aplicación al transporte intermodal. 
Mi grupo se opone a las enmiendas 8, 10 y 12 del ponente, porque de nuevo tratan de contribuir, indirectamente, a subvencionar el transporte de mercancías por carretera. 
Yo no tengo nada en contra de la intermodalidad, pero ese no es el fin que nos ocupa; esta vez se trata principalmente de la transferencia entre modalidades. 
En segundo lugar, tenemos que rechazar la propuesta de ampliar el ámbito de aplicación a las acciones para la prevención del transporte. 
Mi grupo se opone a las enmiendas que han vuelto a presentar los Verdes, que tratan además de incluir acciones para la prevención del transporte en este ajustado presupuesto. 
En cualquier otro momento estaría encantado de apoyar un nuevo programa para la prevención del transporte, pero su inclusión aquí supondría una carga excesiva para el programa y, en el fondo, lo que nosotros queremos es que éste se ejecute estratégicamente. 
En ese caso, ¡no da para más! 
En la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo hemos decidido que no queremos ninguna distorsión de la competencia entre las distintas modalidades de transporte que no perjudican al medio ambiente. 
Hemos reducido el umbral de la subvención mínima por acción, como ya ha explicado el ponente; también hemos considerado que debemos fomentar la cooperación entre operadores implicados en proyectos de transporte transfronterizos- como, por ejemplo, en conversaciones de pasillo- y queremos que se reconsidere un aumento del presupuesto como parte de la revisión intermedia. 
Espero que el Consejo y la Comisión respondan a nuestras ideas rápidamente, de manera que el programa pueda comenzar el año próximo, porque los crecientes problemas del transporte de mercancías por carretera hacen que no pueda demorarse más. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en nombre de mi grupo, me gustaría agradecer al ponente, el Sr. Bradbourn, su meticuloso trabajo. 
La necesidad de mejorar el sistema de transporte de mercancías desde el punto de vista medioambiental es vital, porque la intensidad del tráfico no deja de crecer. 
La ampliación de la UE conllevará también nuevos desafíos al hacerse más largas las rutas de transporte. 
Nuestro grupo apoya el programa Marco Polo y está satisfecho con la propuesta de la Comisión. 
La UE puede aportar valor añadido en esta área financiando proyectos innovadores de nueva tecnología. 
Ninguna modalidad de transporte debe quedar fuera del programa. 
También deben incluirse las cadenas de transporte que impliquen transporte por carretera. 
Si un proyecto en el que participen empresas de transporte por carretera es bueno, tiene que existir la posibilidad de solicitar ayudas para su financiación. 
El objetivo tiene que ser la transferencia de una modalidad de transporte más contaminante a soluciones de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente. 
En mi opinión, es importante que nosotros también ofrezcamos nuestro apoyo para mejorar la situación actual. 
En muchos casos esas mejoras pueden conseguirse con una relación coste-beneficio más favorable, en lugar de comenzar con un proyecto totalmente nuevo. 
Si nos concentramos sólo en proyectos nuevos, corremos claramente el peligro de distorsionar la competencia en relación con los antiguos. 
Nos parece bien que el reglamento incluya una mención expresa del transporte marítimo y mantenga la referencia a las «autopistas marítimas». 
Las «autopistas marítimas» reciben también mención expresa en el Libro Blanco del transporte; por lo tanto, es lógico que se incluyan en este reglamento. 
Como ha dicho el ponente, el umbral para cualquier tipo de acción en la propuesta de la Comisión es demasiado elevado. 
Los umbrales para los proyectos de transferencia entre modalidades, acciones de efectos catalizadores y acciones de aprendizaje en común tienen que reducirse a la mitad, como ha propuesto la Comisión. 
Las enmiendas del Parlamento no alterarán radicalmente lo esencial, pero aclararán algunos puntos de la propuesta de la Comisión. 
Nosotros votaremos a favor de la enmienda 29 presentada por el Grupo de los Verdes y otras enmiendas cuya finalidad es prevenir y reducir el tráfico innecesario. 
El presupuesto del programa es bastante modesto y sus objetivos son muy ambiciosos. 
Pensamos, no obstante, que es importante establecer objetivos que sean lo más ambiciosos posible. 
A la larga, esperamos que el programa Marco Polo demuestre su utilidad y atraiga más fondos. 
Además, tenemos que investigar la posibilidad de conseguir financiación adicional para importantes proyectos de infraestructura que complementen las redes de tráfico en toda Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, de todos es conocida la congestión existente en las carreteras europeas y los importantes costes externos que se derivan del transporte de mercancías a través de las mismas, como son accidentes, ruidos, contaminación, efectos climáticos, dotación y mantenimiento de infraestructuras, etc. Pues esto no es nada en comparación con las negras predicciones de lo que el futuro nos puede deparar si no tomamos medidas para atajar estas amenazas. 
Se calcula que el transporte total de mercancías por carretera en la Unión crecerá un 50% hasta 2010 a razón de- como ha dicho muy bien la Sra. Comisaria- 12 000 millones de toneladas por kilómetro cada año, y está claro que ni las redes transeuropeas ni nuestro medio ambiente podrán soportar el brutal efecto del impacto de este crecimiento. 
Ante ello, necesitamos adoptar medidas que, lejos de afectar a nuestro crecimiento económico y nuestro progreso, garanticen su sostenibilidad. 
El programa Marco Polo es un instrumento absolutamente imprescindible, pero que debemos orientar adecuadamente. 
Dada la limitación de los recursos disponibles para este instrumento financiero, sus ayudas deben enfocarse estrictamente hacia la transferencia de la mayor cantidad de carga posible de mercancías transportadas por carretera hacia los otros medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente y de menores costes externos, como son el marítimo de corta distancia, el ferrocarril y las vías navegables interiores. 
No queda más remedio que sacrificar la mera intermodalidad entre estas últimas alternativas si no cumple lo prioritario: descongestionar las carreteras. 
Al mismo tiempo, además de una voluntad política común en los proyectos transfronterizos, tenemos que impulsar la prevención y reducción de las necesidades de transporte. 
Es necesario revisar los sistemas de embalaje, la logística industrial, la organización de las cadenas de producción, etc., con las miras puestas en evitar que materias primas, bienes intermedios y mercancías finales efectúen mayores desplazamientos que los imprescindibles. 
Para ello, hay que contabilizar en las economías empresariales no solamente los gastos generados por los servicios de transportes sino, además, sus costes externos valorados adecuadamente. 
Sólo así podrá lograrse una general concienciación que proyecte una transformación organizativa y una reducción de las necesidades de transporte. 
Señor Presidente, los efectos de «die Wende» en la política neerlandesa están empezando a tomar forma lentamente. 
No es, desde luego, motivo de celebración en el área del transporte. 
El transporte por carretera ocupa un lugar preferente en los planes del nuevo gobierno neerlandés. 
Las vías férreas no salen bien paradas en los planes de inversión, y las vías navegables interiores resultan aún más perjudicadas. 
En nuestra opinión, esa actitud no contribuirá a crear un sistema de transporte capaz de soportar la prueba del tiempo. 
Unas inversiones considerables en infraestructura para el transporte rodado no sólo contribuirán a aumentar la oferta, sino también la demanda. 
En conjunto, eso significa que no se están abordando los problemas actuales. 
Por eso nosotros acogemos con satisfacción programas como los de PACT y Marco Polo, ya que son iniciativas que fomentan las inversiones en soluciones y alternativas reales al transporte por carretera y a los problemas que éste plantea en las áreas de investigación, desarrollo y funcionamiento. 
El hecho de que acojamos con entusiasmo el programa Marco Polo no significa que no queramos hacer algunos comentarios sobre el mismo. 
No sólo debemos crear incentivos para modalidades de transporte alternativas. 
Las iniciativas relacionadas con el transporte rodado que tengan como resultado una reducción de los kilómetros rodados deben recibir también el apoyo del programa Marco Polo. 
Además, el programa tiene que adaptarse a la situación en el sector o sectores afectados. 
Los grandes proyectos tienen necesariamente una mayor repercusión, pero considerando el tamaño de la mayoría de las empresas, dudamos que puedan ponerse en marcha muchos proyectos de esa envergadura. 
Los umbrales de los subsidios tienen que reducirse para llegar a todo el sector, pero el nivel presupuestario actual tiene que mantenerse. 
Esta reducción de los umbrales de los subsidios es también importante para fomentar unos servicios de transporte sostenibles. 
De hecho, la ampliación de la capacidad tiene prácticamente el mismo efecto en los flujos de transporte, mientras que los costes se reducen si los comparamos con el lanzamiento de un nuevo servicio. 
Me gustaría acabar con un comentario sobre los efectos de este programa en los distintos sectores. 
Me parece inevitable que la subvención de un cierto sector del transporte afecte a las relaciones con los demás sectores. 
En mi opinión, las condiciones impuestas para la concesión de ayudas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo son justas y lógicas. 
Los subsidios no deben tener efectos contrarios a los intereses de la Comunidad, ni especialmente a la política comunitaria. 
Tampoco es conveniente que los subsidios den como resultado una transferencia del transporte de mercancías entre el transporte ferroviario, el transporte marítimo de corta distancia y las vías navegables interiores. 
En resumen, estamos muy satisfechos con la propuesta en su versión actual y la apoyaremos en consecuencia. 
Espero que nuestros gobiernos hagan lo mismo. 
Señor Presidente, existen muchas razones para recomendar la propuesta de la Comisión para un reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la concesión de ayuda económica comunitaria para mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte de mercancías. 
Sin embargo, también existen muchas razones- o más razones todavía- para criticarla. 
El objetivo es positivo. 
En el futuro se transferirán más mercancías del transporte por carretera a otras modalidades menos perjudiciales para el medio ambiente. 
Lo ideal es que de esta forma se controlara el crecimiento del transporte de mercancías por carretera a raíz de la ampliación de la Unión. 
Para mi país, Austria, es una cuestión política absolutamente fundamental. 
Los instrumentos propuestos para conseguir ese objetivo son también adecuados: ayuda inicial para nuevos servicios de transporte de mercancías que utilicen otras modalidades distintas al transporte por carretera, pero que deben hacerse económicamente viables a medio plazo; ayuda para la puesta en marcha de servicios de transporte de mercancías o instalaciones de interés estratégico para Europa, y acciones de aprendizaje en común para fomentar una mayor cooperación en el mercado de la logística del transporte de mercancías. 
El trabajo en común nos hace más fuertes, en lugar de ir todos en contra de todos y oponernos a cualquier novedad. 
Las enmiendas individuales presentadas por el Parlamento Europeo en el informe de Bradbourn son también acertadas. 
El umbral de subvención mínima que permitirá una mayor participación de las PYME merece una mención especial. 
Pero aquí terminan los comentarios positivos. 
Durante demasiado tiempo hemos hablado sobre formas de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente sin adoptar medidas apropiadas. 
Por consiguiente, no nos debería extrañar que nuestras carreteras estén abarrotadas y congestionadas, mientras que las vías férreas y las vías navegables interiores no consiguen desde hace algún tiempo los volúmenes que pueden y deben ser capaces de conseguir. 
También debemos poner un signo de interrogación crítico a los fondos asignados. 
Puede que 115 millones de euros sea mucho dinero, pero se reparte a lo largo de cinco años y el programa Marco Polo se encuentra ahora en una situación diferente por todas las medidas que acabamos de mencionar. 
Por último, pero no menos importante, lamento que exista otra grave deficiencia a escala comunitaria. 
Por la forma en que se redactan los textos legales en Europa, el público nunca podrá entenderlos. 
En este sentido, cito textualmente el quinto punto, modificado posteriormente por el Parlamento Europeo: «El programa Marco Polo contempla tres tipos de acciones: (1) acciones de transferencia entre modalidades que se centran en la transferencia de la mayor cantidad de carga posible en las actuales condiciones del mercado del transporte por carretera al transporte marítimo de corta distancia, por ferrocarril o por vías navegables interiores; no obstante, estas acciones no deben dar lugar a una transferencia del transporte en el marco del transporte por ferrocarril, el transporte marítimo de corta distancia y el transporte por vías navegables interiores, a menos que esto suponga una reducción sustancial del transporte de mercancías por carretera.» 
¿Hay alguien aquí que entienda este lenguaje? 
¡Hasta a mí me cuesta no perderme cuando leo el texto! 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el Programa Marco Polo, en lo relativo tanto a la teoría como a la práctica. 
Su predecesor, el Programa PACT, fue muy popular en el Reino Unido, no sólo en el sector público, sino también en el privado. 
Estoy seguro de que el Marco Polo será incluso más popular en el Reino Unido. 
Me gustaría dar las gracias al ponente por asegurar que el Programa Marco Polo será incluso más favorable para las empresas que el PACT. 
Estoy de acuerdo con el Comisario en que resulta importante que el Marco Polo no pierda de vista su objetivo principal, que es el de fomentar un cambio de modalidad. 
¿Por qué debemos hacer esto? 
En primer lugar, porque tenemos que hacer frente a la contaminación. 
El transporte es la fuente de gases de efecto invernadero de más rápido crecimiento en Europa. 
En segundo lugar, tenemos que hacer frente a la congestión. 
Debemos, por ejemplo, ayudar a transferir el transporte por carretera de mercancías de gran volumen y de larga distancia al ferrocarril. 
Sin duda, es necesario emprender acciones en el plano comunitario y no sólo a escala nacional. 
Después de todo, sólo por el hecho de fomentar que las 15 empresas de ferrocarril trabajen juntas se pueden eliminar algunas de las barreras nacionales artificiales existentes para el libre tráfico. 
También es preciso emprender acciones para potenciar un mayor uso de nuestros puertos, mares y vías navegables interiores. 
El 40% del transporte de mercancías ya se realiza por vía marítima. 
Se trata de una área en la que podemos conseguir- y, gracias al Programa Marco Polo, conseguiremos- un mayor crecimiento. 
El Marco Polo marcará una diferencia en este ámbito. 
Finalmente, y sobre todo, no debemos dejarnos llevar por el entusiasmo de nuestra propia retórica. 
El Marco Polo representa un cambio positivo, pero por sí sólo no resulta suficiente. 
El Grupo del PSE recomienda encarecidamente al Comisario que potencie más acciones como ésta y que fomente que los propios Estados miembros asuman sus propias responsabilidades para potenciar un cambio modal de forma más drástica y radical que en el pasado. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Bradbourn su informe. Desde luego, puede contar con mi voto en la sesión plenaria de mañana. 
Apoyo, en particular, su opinión de que la transferencia entre modalidades no debe ser el único objetivo del programa. 
El programa debe tratar también de reducir la congestión, disminuir los umbrales y aumentar la accesibilidad. 
De hecho, el objetivo del programa Marco Polo debe ampliarse para que el programa contribuya también a la búsqueda y desarrollo de unos sistemas de transporte más sostenibles. 
Por eso valoro favorablemente esta línea de actuación. 
La transferencia entre modalidades no puede conseguir por sí sola unos sistemas de transporte sostenibles. 
Tenemos que ampliar esas acciones a otras formas de transporte, que incluyan no sólo las vías navegables interiores, sino también el transporte marítimo de corta distancia y, por supuesto, el transporte ferroviario. 
Las carreteras siguen teniendo una importancia crucial y nuestro punto de partida tiene que ser la reducción de la congestión del tráfico gracias a un uso más eficiente de las carreteras. 
Eso es extremadamente importante. 
Y eso me lleva directamente al siguiente punto, que es el ahorro en el transporte. 
Estoy satisfecho con las enmiendas que los Verdes han presentado ante el pleno y votaré a favor de ellas. 
Las técnicas de ahorro en el transporte pueden generar grandes beneficios. Merece la pena investigarlas en el marco del programa Marco Polo. 
Además, se hace la importante sugerencia de que debemos mantenernos un paso por delante de las iniciativas en materia de transporte. 
Mi objeción es que, en un plazo de cinco años, hemos dispuesto sólo de recursos bastante limitados. 
Ya se ha mencionado la cantidad de 150 millones de euros, y eso resulta muy insuficiente para el seguimiento del programa PACT, un programa que ya ha conseguido importantes logros. 
Yo había esperado un presupuesto mayor, que posiblemente termine siendo necesario. 
Por otra parte, los Estados miembros tienen que hacer también un esfuerzo en este campo y comprometerse a resolver problemas, de manera que puedan presentar ellos mismos nuevas oportunidades para la economía. 
Espero que la Comisión se asegure de establecer una buena comunicación con la sociedad, de manera que puedan aprovecharse las oportunidades que se presenten. 
Señor Presidente, Señorías, iré directo al grano. 
Los camiones no son nada perjudiciales para el medio ambiente cuando no circulan por las carreteras. 
Tenemos, por tanto, que centrarnos más en la prevención del transporte. 
El programa Marco Polo habla sólo de otras modalidades de transporte, no de menos transporte. 
Un programa como Marco Polo tiene que ser más ambicioso de lo que es ahora. 
Esa ambición tiene que traducirse también en proyectos dirigidos a prevenir el transporte. 
El objetivo de la Unión Europea es el crecimiento anual en términos económicos. 
No obstante, ese crecimiento económico va acompañado de una creciente demanda de transporte, y lo peor es que esa demanda de transporte ya sobrepasa hoy día el crecimiento económico. 
La correlación entre crecimiento económico y transporte es dramática a diferentes niveles. 
Si seguimos por este camino, la economía europea se hará cada vez menos eficiente en lo que al transporte se refiere. 
Nos vemos obligados a conducir más kilómetros para conseguir los mismos resultados económicos, con más riesgo de embotellamientos y accidentes. 
En segundo lugar, el rápido aumento de las distancias recorridas demanda una cantidad enorme de combustibles fósiles y causa daños ecológicos y sociales. 
Me sumo a los comentarios del ponente sobre las dudas que rodean al cálculo de los costes externos y la creciente ecoeficiencia del transporte por carretera. 
Es cierto que el rendimiento de los camiones está mejorando, pero también tienen que recorrer más kilómetros. 
Ese aumento de las distancias recorridas anula el beneficio de utilizar motores más económicos y limpios. 
Tenemos que evitar los desplazamientos y desvincular el crecimiento económico del crecimiento del transporte. 
Por eso, nosotros insistimos en que los proyectos dirigidos a la prevención del transporte tengan también cabida en un programa como Marco Polo y que no se les ignore desde el principio. 
Marco Polo es un proyecto muy importante para nosotros. 
Nos gustaría que sus objetivos se hicieran más ambiciosos y que, por tanto, ofreciera también oportunidades a proyectos para la prevención de este tipo de transporte, porque eso sí sería una verdadera innovación. 
Señor Presidente, la experiencia me ha enseñado que cuando los burócratas y políticos recurren a la jerga, los ciudadanos deben preparar sus billeteras. 
¿Qué se supone que debe hacer uno con la formulación utilizada para proclamar que uno de los objetivos del Programa Marco Polo consiste en mantener la distribución modal del transporte de mercancías en su nivel de 1998, potenciando una transferencia modal del transporte de carretera a otros modos de transporte? 
Otra joya era el epígrafe «optimización de la capacidad de infraestructura y conceptos logísticos». 
Este tipo de jerga burocrática inconsciente significa tanto para el ciudadano europeo de a pie como un texto en sánscrito antiguo. 
La Comisión necesita aprender que la transparencia no consiste en publicar las cosas en la página web. 
Consiste en escribir de forma clara, con un lenguaje libre de jergas que resulte comprensible para el pueblo. 
Con respecto al problema sustantivo de reducir la congestión de las carreteras y mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte, entiendo que este ambicioso objetivo se financiará con unos 115 millones de euros en un plazo de 5 años. 
Esto supone tan solo un gasto de 23 millones de euros al año en toda Europa, repartidos entre los 15 Estados miembros- ¿o será entre 25 Estados miembros? 
Francamente, aunque este objetivo se pudiese conseguir con el instrumento financiero de la Comisión- y comparto el escepticismo del Sr. Bradbourn al respecto -, la cantidad de dinero asignada difícilmente lograría siquiera comenzar a solucionar el problema. 
Como siempre, las ambiciones de la Comunidad son mayores que nuestros bolsillos. 
Aquí reside el problema. 
El dinero que se va a invertir pertenece a los contribuyentes europeos, se obtiene de los gobiernos nacionales, que tienen, cada uno de ellos, sus propios problemas específicos. 
Por lo tanto, como siempre, la Comisión está buscando un problema europeo que no existe en el plano europeo y, en consecuencia, no consigue hacerle frente. 
Sin embargo, la solución del semáforo propuesta por el Sr. Bradbourn no parece muy apropiada. 
El problema en el este de Inglaterra, la región a la que represento, es que no tenemos unas carreteras decentes ni unas líneas de ferrocarril decentes. 
Sin embargo, la mejora de la infraestructura supondría una inversión superior, sólo en esta parte de Inglaterra, a la totalidad del presupuesto destinado a este programa. 
Dada la patética respuesta de la Comisión y la prueba clara de que esta Cámara no tiene ninguna solución mejor, sería más conveniente dejar las mejoras del transporte para los gobiernos nacionales. 
Nuestro gobierno en particular parece perfectamente capaz de crear su propio desastre de nuestra política de transporte, sin ningún tipo de ayuda de la Comisión y su jerga. 
Señor Presidente, acojo con gran satisfacción este programa para transferir el transporte de mercancías por carretera al transporte marítimo de corta distancia, a las vías navegables interiores y al ferrocarril, así como el objetivo de mantener los niveles actuales de transporte de mercancías por carretera hasta 2010. 
Me satisface particularmente la reducción del techo para los subsidios y la simplificación de las definiciones. 
Estas medidas resultarán de gran ayuda para las PYME. 
Con respecto a las PYME, espero que el propósito de la Comisión de financiar grandes proyectos, aunque resulta comprensible, no signifique la exclusión de los proyectos más pequeños que tienen más posibilidades de pertenecer a los Estados miembros más pequeños y periféricos que, sin embargo, tienen una gran necesidad de ayuda y apoyo en esta área. 
Pienso en mi propio país en este contexto, con su precaria infraestructura de carreteras, ferrocarril y vías navegables interiores. 
Irlanda padece doblemente los problemas de seguridad, congestión de las carreteras e impacto medioambiental. 
Acojo con satisfacción este programa, aunque no debería excluir los proyectos innovadores más pequeños que merezcan apoyo. 
Necesitamos garantizar, en la medida de lo posible, que el transporte de mercancías desaparezca de nuestras carreteras y sea transferido a medios de transporte alternativos. 
Irlanda se ha beneficiado enormemente de la financiación de la UE para desarrollar su infraestructura de ferrocarril y carreteras. 
Actualmente está recibiendo dinero para desarrollar un nuevo sistema de tranvía en Dublín y un túnel para el transporte de mercancías desde el extremo norte de la ciudad- la M50 en la zona del aeropuerto- hasta el puerto, manteniendo así el transporte de mercancías innecesario apartado de las calles de la ciudad. 
Me gustaría plantear un grave problema que ha surgido en relación con la finalización de la M50 en la zona de Carrickmines de Dublín, un proyecto al que se han destinado unos 74 millones de euros. 
Se ha descubierto que un estudio de evaluación del impacto ambiental que ha sido necesario para poder obtener fondos de la UE contiene un grave error. 
No identificó un importante asentamiento arqueológico de renombre internacional, Carrickmines Castle, que contiene, entre otras cosas, los restos de un castillo normando del s. XIII. 
La autopista, tal y como está planificada actualmente, sepultaría este emplazamiento antes de que se pudiese realizar una excavación arqueológica. 
No es de recibo que el dinero de los contribuyentes europeos se utilice de este modo para destruir nuestro patrimonio. 
No se trata sólo del patrimonio irlandés, sino del patrimonio europeo. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que intervenga urgentemente a fin de detener la construcción de esta carretera, hasta que se haya analizado a fondo el motivo de que el estudio del impacto ambiental no haya identificado este importante asentamiento arqueológico, cuando ya fue identificado por una organización subvencionada por el gobierno, An Foras Forbartha, en 1983. 
Se trata de un grave problema que necesita ser tratado como asunto de urgencia por la Comisión. 
Señor Presidente, estoy satisfecho con la propuesta de la Comisión sobre el programa Marco Polo, que debería contribuir a la transferencia en el transporte de mercancías del transporte por carretera principalmente al transporte marítimo de corta distancia, al transporte por vías navegables interiores y, en breve, también al transporte por ferrocarril. 
En este momento, el Parlamento tiene delante el Libro Blanco y, si hay algo sobre lo que todos estamos de acuerdo, es sobre la necesidad de hacer algo para evitar un colapso total. 
Los quisquillosos nos critican por lo que consideran que es una interferencia inaceptable con las fuerzas del libre mercado, pero eso es algo irrisorio si consideramos las cantidades en juego. 
¡Como si esas pequeñas sumas significaran algo para las fuerzas del mercado! 
Pero no nos desviemos del tema. 
Nos sentiremos muy satisfechos si, con Marco Polo, conseguimos convencer a los sectores afectados para que dediquen más recursos a pensar en formas de transportar mercancías entre A y B. El transporte por carretera no debe, pues, temer a un éxodo. 
De hecho, dentro de unos años, el sector querrá que se transfieran más mercancías a otras modalidades para mantener la movilidad y reducir las congestiones de tráfico. 
Con respecto a las enmiendas, nosotros hemos tratado también de tener presentes a los pequeños inversores en el programa, pero manteniendo el programa intacto. 
El Parlamento quiere transmitir una clara señal a los sectores afectados. 
Nosotros estamos encantados de ayudar a eliminar obstáculos para la transferencia entre modalidades. 
No queremos imponer ninguna regla, pero esperamos que los sectores apliquen el sentido común, porque la inacción conduce a la inercia y a un deterioro enorme del dinamismo y la competitividad. 
Los sectores con los que yo he hablado, de hecho, han interpretado el programa de esta forma y han apreciado el gesto. 
En mi opinión, el transporte ferroviario tiene que hacer un mayor esfuerzo, reducir los trámites burocráticos y adoptar una mayor orientación al cliente. 
Si no lo hace, me temo que los ciudadanos y los gobiernos no estarán dispuestos a invertir en ferrocarriles nuevos o modernos. 
¿Puede usted percibir ya algunas mejoras, señor Comisario? 
Porque yo no. 
No entiendo por qué el Consejo quiere reducir el presupuesto del programa. 
Europa haría un ridículo espantoso. 
Una sugerencia más razonable sería aumentar su financiación. 
. 
(EN) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Parlamento por el excelente trabajo que ha realizado con respecto a la propuesta de la Comisión, tal y como demuestran el informe de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo y la opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Estoy encantada de que tanto la Comisión como el Parlamento compartan en gran medida la misma opinión acerca de cómo potenciar activamente el transporte sostenible. 
En particular, me satisface comprobar que el Parlamento apoya a la Comisión con respecto a la dotación presupuestaria total del programa. 
Sin duda ya sabrán que este tema es objeto de debate en el Consejo. 
El Consejo puede proponer un recorte del importe. Esto supondría un riesgo de rechazar un número desproporcionado de propuestas interesantes y pondría el peligro el verdadero objetivo del Programa Marco Polo. 
Con respecto a las enmiendas propuestas, no les sorprenderá escuchar que la Comisión puede aceptar un gran número de ellas, posiblemente reformulándolas o incluso manteniéndolas tal cual, en la medida en que mejoren o aclaren los textos de la Comisión. 
Sin embargo, hay algunas enmiendas que, en nuestra opinión, no conducirían a los objetivos generales ni facilitarían la gestión del programa. 
La Comisión rechaza esas enmiendas, o alguna parte de las mismas. 
Permítanme que explique brevemente la situación. 
Las enmiendas 14, 15, 21 y 24, destinadas a reducir los umbrales de los contratos, no nos ayudarán a generar proyectos que, debido a su tamaño, representen un verdadero valor añadido para Europa. 
Necesitamos menos proyectos y más grandes, con un impacto real. 
Esto también ayudará a la Comisión a gestionar el Programa Marco Polo de forma eficaz. 
Comparto las preocupaciones de algunos diputados del Parlamento con respecto al papel y a la participación de la pequeña y mediana empresa, aunque en realidad las PYME tienen la oportunidad de unirse a consorcios transnacionales en los que puede participar cualquier tipo de empresa. 
La Comisión también tiene un problema con adelantar la fecha de este informe relativo a la ejecución del programa, tal y como proponen las Enmiendas 3 y 17. 
A pesar de que entiendo las preocupaciones del Parlamento, la fecha propuesta no nos dejaría tiempo suficiente para adquirir experiencia con el programa. 
La utilización del término «acción intermodal» , tal y como proponen las enmiendas 8, 9, 12 y 28, puede conllevar el riesgo de que reduzcamos el alcance del Marco Polo y excluyamos importantes segmentos del sector del transporte de mercancías, tales como el transporte a granel y convencional, que no son intermodales. 
La Comisión también tiene que rechazar la enmienda 10 y parte de la enmienda 17, que pretenden incluir acciones de transporte por carretera en el programa. 
Esto va en contra de la naturaleza de la transferencia entre modalidades del programa y puede que resulte imposible de gestionar. 
Con respecto a la segunda parte de la enmienda 28, la transferencia entre modalidades de transporte fuera de la carretera no se incluye dentro del alcance del programa, porque conllevaría distorsiones inaceptables de la competencia y no se centra en el objetivo principal y general del programa. 
Por otra parte, la concentración en el transporte marítimo, tal y como propone la enmienda 16, limitaría el significado de la formulación «autopistas marítimas regionales» , dado que en éstas se incluyen las vías navegables interiores. 
No podemos aceptar la reducción del papel directivo central de la Comisión en proyectos logísticos complejos, tal y como propone la enmienda 18. 
Los reglamentos financieros detallados solicitados por las enmiendas 25, 26 y 31 parecen superfluos, dado que los instrumentos financieros generales prevén una supervisión y un control suficientes. 
Finalmente, la Comisión no puede respaldar parte de las enmiendas 2 y 28, relativas a la formación de una voluntad política común en los proyectos de transporte transfronterizo, dado que los encargados de la toma de decisiones políticas no se encuentran entre los objetivos del programa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0301/2002) elaborado por el Sr. Herman Schmid, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa al balance de cinco años de aplicación de la Estrategia Europea de Empleo (2002/2152 (INI) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías: 
Quiero comenzar mi intervención destacando que el desempleo se encuentra en aumento en Europa, en Alemania, en Francia y en otros Estados miembros. 
La economía se ha estancado, y la Estrategia Europea de Empleo se enfrenta a retos muy importantes, por lo que tiene que ser mucho más efectiva. 
Si se examina la investigación que subyace en el informe de la Comisión, no queda ninguna duda con respecto a cuáles son los principales problemas prácticos del proceso de empleo en Europa. 
Éstos son el hecho de que no se haya aplicado de una forma lo bastante eficaz en los Estados miembros, que sólo haya influido en las estrategias nacionales para el empleo de forma parcial y que, en general, resulte desconocido para los actores del mercado laboral. 
Es preciso romper con este modelo. 
La Estrategia Europea de Empleo tiene que combinarse con las estrategias nacionales para el empleo de los Estados miembros y, además, debe ampliarse para llegar a los ámbitos locales y regionales. 
Sin embargo, se plantea la duda de cómo va a llevarse a cabo. 
Mi respuesta es clara e inequívoca. 
Es preciso permitir que los parlamentos nacionales y regionales debatan y decidan los planes de acción nacionales. 
Es posible que parezca evidente que los planes de acción nacionales se decidan y se debatan en los parlamentos nacionales, pero no se trata de un hecho real que suceda en cualquier Estado miembro actualmente. 
Es fundamental que suceda así, puesto que los parlamentos, al aprobar las políticas de empleo nacionales, también asignan los recursos financieros necesarios si se van a poner en práctica las políticas. 
Un plan de acción nacional que proceda de Europa y que no tenga ninguna relación con los parlamentos carecerá de efectividad, naturalmente, y lo mismo ocurrirá con el proceso presupuestario que conlleve. 
Esta cuestión reviste una importancia inaudita. 
También considero que los informes de la Comisión se centran, sobre todo, en el modo en el que se desarrollará, coordinará y sincronizará la cooperación europea. 
Esto me parece muy bien, pero quiero hacer dos observaciones. 
La primera es que la coordinación administrativa también debe dar lugar a la coordinación en el entorno laboral. 
No basta con una mejor cooperación transfronteriza entre las autoridades. 
También debería realizarse en el ámbito de los mercados laborales. 
Deben crearse nuevos trabajos y más empleo. 
De lo contrario, todo quedaría en palabras y no se pasaría a la acción. 
En segundo lugar, el informe de sincronización de la Comisión, para mi asombro, se ocupa únicamente de dos procesos, que son la economía y el empleo. 
Me pregunto qué ha pasado con el proceso social. 
La coordinación, por supuesto, debe basarse en estos tres procesos. 
Los tres tienen igual importancia, y cada uno tiene una contribución que hacer. 
Si se obviara el proceso social, las soluciones generales integradas serían reemplazadas, en breve, por la perspectiva del empresario únicamente. 
El resultado de esto serían conflictos y luchas, en lugar de una cooperación constructiva. 
Por tanto, me gustaría invitar a la Comisión a que se adhiriera a las decisiones de Lisboa, en las que se hace hincapié tanto en el crecimiento económico como en la integración social, que da la misma importancia a la calidad de la vida laboral que a la cantidad de trabajo producido, y que hace del pleno empleo, a la luz de la sostenibilidad, un objetivo primordial. 
También quiero destacar la valía de un método abierto de coordinación que invita a los Estados miembros a participar en un proceso de desarrollo y aprendizaje que puede resultar mucho más efectivo que el modo tradicional en el que se conduce la legislación. 
El método todavía se encuentra dando sus primeros pasos. 
Es preciso que se desarrolle y se aplique de forma más coherente, sobre todo en el seno de los Estados miembros, donde puede combinarse con las estrategias empresariales y de desarrollo, que crean tanto puestos de trabajo como mano de obra cualificada. 
Finalmente, me gustaría dirigirme al ausente Consejo de Ministros, que se reunirá el 8 de octubre, y decir que no basta con dar determinados pasos para simplificar un proceso de cooperación burocrático en Europa. 
También es preciso establecer prioridades políticas y adoptar iniciativas prácticas que den lugar a la acción y que se basen en las decisiones adoptadas en Lisboa. 
Igualmente, necesitamos cambios importantes en los Estados miembros si pretendemos obtener un proceso para el empleo en Europa coordinado y efectivo. 
Por tanto, exigimos un proceso ascendente para complementar el actual proceso descendente a escala europea. 
Señor Presidente, Señorías, la comunicación que hoy se debate se basa en la evaluación llevada a cabo por la Comisión y los Estados miembros de los cinco años que lleva en práctica la Estrategia de Empleo. 
Los resultados son destacables, y me gustaría insistir en algunos de ellos. 
Se han creado diez millones de puestos de trabajo en Europa como resultado del crecimiento económico de los años anteriores y de las eficaces reformas llevadas a cabo en numerosos mercados laborales. 
Hemos presenciado importantes cambios estructurales en la mayoría de los Estados miembros, cambios cualitativos en las políticas de empleo, así como avances protagonizados por numerosos países en la activación del mercado laboral, la prevención del desempleo de larga duración, la introducción de los sistemas fiscales más favorables al empleo, la adaptación gradual de los sistemas educativos y de formación y la introducción de normas laborales más flexibles. 
Lo fundamental de la estrategia para el empleo es que tenía como alma máter la gestión de los objetivos fundamentales. 
Los Estados miembros tenían objetivos comunes y utilizaban el método abierto de coordinación. 
Todavía queda mucho por hacer, y esto se refleja cada año en el informe común y en las directrices de la Comisión. 
Su moción contiene algunas ideas muy interesantes sobre el modo en el que debemos proceder y, necesitamos exponer lo que hemos aprendido hasta ahora para poder realizar una serie de cambios. 
Estoy totalmente de acuerdo con las tres prioridades que ha establecido: en primer lugar, la necesidad de aumentar la tasa de empleo en relación con los objetivos de Lisboa; en segundo lugar, la cuestión de la calidad del trabajo; y, en tercer lugar, la necesidad de reducir las desigualdades del mercado laboral, y aquí me gustaría destacar el aspecto de las desigualdades en numerosos ámbitos, las lagunas que existen en el mercado laboral, ya se trate de lagunas de cualificaciones, desigualdades a escala regional o desigualdades entre los dos sexos. 
Por lo que respecta a las desigualdades entre los Estados miembros y los nuevos países tras la ampliación, me manifiesto en desacuerdo con la propuesta de la exposición de motivos según la cual deberíamos operar con dos estrategias paralelas. 
Necesitamos una estrategia única y objetivos comunes, aunque, por supuesto, utilizaremos recomendaciones nacionales para diferenciar nuestro mensaje y adecuarlo a las particularidades de cada país. 
El Parlamento Europeo y la Comisión parecen estar de acuerdo con la necesidad de racionalizar el procedimiento. 
Una prioridad fundamental es garantizar que la estrategia continúe siendo eficaz y exigente. 
La filosofía que proponemos consiste en contar con menos directrices y con una estrategia a medio plazo más sólida, con directrices más estables; en definitiva, se trata de disponer de un menor número de directrices pero de garantizar que estas directrices sean válidas durante un período de tiempo más largo. 
Una vez, más surge una duda cuando hablamos de la actualización del alcance de las directrices futuras. 
¿Cuál será su alcance? 
¿Estarán relacionadas específicamente con el mercado laboral o, de manera más global, con los factores básicos que influyen en las políticas de empleo? 
Pensamos que deberían tener un gran alcance y cubrir los principales factores que influyen en el nivel y la calidad del empleo de nuestra economía. 
Por lo que respecta al modelo de gestión, el método empleado para gestionar y administrar la estrategia para el empleo, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de incorporar la estrategia para el empleo en todos los ámbitos de la planificación nacional. 
Hemos sido testigos de ejemplos interesantes de estrategias de empleo regionales y locales durante los últimos 5 años; se han presentado planes de acción locales para el empleo, y ésta ha sido una iniciativa con éxito. 
El compromiso y la contribución de las dos partes de la industria es fundamental. 
Por supuesto, nuestra evaluación inicial es que no se han agotado todos los medios para que ambas participen y que se necesitan importantes esfuerzos. 
En lo que a la participación de la sociedad civil se refiere, todavía es pronto por lo que respecta a cualquier participación de la sociedad civil en las políticas de empleo. 
Estoy de acuerdo en que los parlamentos nacionales tienen un papel fundamental que desempeñar. 
La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales ya ha organizado eventos con los Parlamentos nacionales para intercambiar experiencias e información, y consideramos que esto debería continuar haciéndose, pero que, en las futuras propuestas, empezando por el debate de la Convención, los parlamentos nacionales deberían desempeñar un papel más importante en los planes de acción nacionales y el Parlamento Europeo debería desempeñar un papel más importante en el procedimiento europeo. 
Mi último comentario está relacionado con la alineación de la Estrategia Europea de Empleo con las directrices de la política económica, según se propuso en nuestra comunicación del 3 de septiembre. 
Confiamos en que, al aprobar esta propuesta que presenté al Parlamento el día que fue aprobada, conseguiremos una mayor cohesión entre las dos estrategias, sin recurrir a la independencia de la estrategia de empleo en cuestión. 
El propósito de la comunicación que hace balance de la estrategia junto con la comunicación sobre la racionalización es comenzar un debate abierto sobre el futuro de la Estrategia Europea de Empleo. 
Tras cinco años en práctica, creo que su informe ha aportado una contribución valiosa, como la que aportará el Consejo en su reunión del 8 de octubre, cuando el debate sobre la evaluación del futuro de la estrategia de empleo se convierta en uno de los asuntos fundamentales de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Como ya saben, la propuesta oficial de las directrices de 2003 para el empleo se presentará el próximo mes de abril junto con la propuesta de las directrices sobre política económica general. 
Mientras tanto, hay tiempo para que todos participen en este procedimiento y expresen sus opiniones. 
Con el fin de ampliar y facilitar este debate, la Comisión pretende publicar otra comunicación en enero que, en relación con las propuestas específicas, se encontrará a medio camino entre las comunicaciones ya aprobadas y la propuesta de las directrices para el año 2003. 
Esto significa que tendremos dos meses y medio para llevar a cabo un debate en profundidad. 
Esperamos con impaciencia sus propuestas. Si nos basamos en la experiencia obtenida en los últimos cinco años, seremos capaces de mejorar enormemente la estrategia para el empleo. 
ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, cuando se adoptó la Estrategia Europea de Empleo, hace cinco años, se consideró como un paso hacia adelante en la lucha contra el desempleo. 
En resumen, los cuatro pilares han pasado la prueba. 
El primero, la empleabilidad, incluye desarrollar las aptitudes y las cualificaciones. 
El segundo se refiere a la adaptabilidad del individuo a las demandas en aumento creciente de las compañías y la sociedad. 
El tercero es el espíritu de empresa con el objetivo de la creación de empleo, y el cuarto, la igualdad de oportunidades, es uno de los pilares más importantes, y, al igual que el resto, necesita un mayor desarrollo. 
El objetivo más ambicioso es convertir a la Unión Europea en el área económica basada en el conocimiento más dinámica del mundo, pero esto no sólo resulta significativo en términos económicos, sino que hay también claras implicaciones en la política social. 
En 1997, en la Unión Europea había 17 millones de personas sin empleo. 
El año pasado había 13 millones. 
Sin embargo, este año las cifras están, claramente, aumentando de nuevo. 
Esto se percibe especialmente en mi propio país, Alemania. 
Estas elevadas cifras no deberían resultarnos familiares. 
Sin embargo, en algunos países se ha producido un aumento del empleo, del que se han beneficiado particularmente las mujeres. 
No obstante? y ahí está el problema? se trata, en su mayor parte, de trabajos a tiempo parcial que requieren escasa cualificación. 
Los Estados miembros deben crear puestos de trabajo de más calidad, en particular en el sector a tiempo completo, mediante el establecimiento de las condiciones adecuadas, la elaboración de políticas y la negociación constructiva de los interlocutores sociales. 
Todavía estamos a años luz de conseguir el ambicioso objetivo establecido en las Conclusiones del Consejo de Lisboa de una tasa de empleo para las mujeres del 70% ó 60% entre el año 2000 y el año 2010. 
Desde mi punto de vista, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, criticamos el hecho de que los Estados miembros todavía no hayan establecido ninguna tasa de empleo para las mujeres en sus planes de acción nacionales. 
En los PNA no se han hecho sugerencias significativas para mejorar el rendimiento de la iniciativa de la igualdad. 
Las mujeres ganan un promedio del 76% de la tarifa por hora estipulada para los hombres. 
Se ha pedido a los interlocutores sociales que apliquen el principio de igualdad de pago por un trabajo equivalente o de igual valor. 
Para crear puestos de trabajo, es preciso también animar a las mujeres a que creen empresas o se conviertan en autónomas mediante un apoyo dirigido. 
¿Qué implica esto? 
Reducir la carga del negocio, simplificar las formalidades? especialmente en la fase inicial? y establecer fondos. 
También implica garantizar el acceso de las mujeres a la educación y la formación vocacional. 
Por tanto, es preciso combatir de forma enérgica la discriminación específica debida al género. 
Solicitamos que estos pasos se incluyan en los planes de acción nacionales en el futuro para que se pueda realizar un seguimiento de los resultados. 
En la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Mujer nos ocupamos de otro aspecto interesante: el mejor modo de reconciliar la vida familiar y laboral. 
No hay duda de que se han realizado progresos en los Estados miembros. 
Sin embargo, en muchos casos las condiciones laborales no son lo suficientemente propicias para la vida familiar. 
No existen instalaciones suficientes dedicadas al cuidado de los niños y otros familiares y, en general, hay una falta de flexibilidad. 
En mi opinión, los puntos principales fueron aceptados por unanimidad por la comisión principal, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Herman Schmid su conciso informe y su capacidad no sólo para buscar compromisos sino también para ponerlos en práctica. 
Mi trabajo en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades no fue la única aportación que hice al informe Schmid, puesto que también fui ponente alternativo de mi grupo, el PPE, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
A pesar de la voluntad de establecer un terreno común, hubo algunas diferencias de opinión. 
Es la razón por la que mañana presentaremos de nuevo enmiendas en el Pleno. 
Dejen que les ponga un ejemplo: Desde la cumbre para el empleo de Luxemburgo, que se inició con la exitosa Presidencia del Consejo de Jean-Claude Juncker, todos nos hemos comprometido a conseguir una mejor coordinación de la política de empleo y económica. 
De acuerdo. 
Sin embargo, no debemos olvidar el hecho de que corresponde a los Estados miembros adoptar medidas prácticas. 
Aquí es donde se han realizado inversiones, pero, por desgracia, todas se han desvanecido. 
Aquí es donde residen la competencia fiscal y de la seguridad social y otras cargas. 
Aquí es donde la política social se encuentra en su propia casa con diferentes tradiciones nacionales. 
No estamos de acuerdo en que el método abierto de coordinación necesite ampliarse a todos los ámbitos de la política social. 
Aunque es necesario reforzar la democracia e implicar al mayor número de grupos de interés posible, no debemos extenderla al azar a cualquier número de actores de la sociedad civil, porque existe el riesgo, señora Comisaria, de que los Miembros del Parlamento, tanto a escala nacional como a escala europea, y los interlocutores sociales se queden al margen en el proceso. 
Confío en que logremos conseguir el apoyo de otros grupos tanto para esta enmienda como para el resto. 
De ser así, contaríamos con una mayoría no sólo en las comisiones, sino también en el Pleno de mañana, en favor del informe experto del Sr. Herman Schmid. 
Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que estemos celebrando un debate sobre este tema de vital importancia. 
Es obvio que a un gran número de Estados miembros todavía les queda mucho por hacer para reducir sus elevados niveles de desempleo. 
Resulta muy fácil establecer objetivos y realizar promesas- como ya ha descubierto el Canciller Schröder -, pero los parados necesitan acciones y no palabras. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que la creación de empleo constituye un importante reto. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con su conclusión de que necesitamos que la Comisión analice de nuevo las causas del escaso crecimiento económico y que realice sugerencias para invertir esta tendencia. 
Las causas son caras, al igual que las acciones necesarias. 
Lo que se necesita es voluntad política para conseguirlo. 
Sin embargo, no supone ninguna solución para el desempleo el hecho de reforzar el papel de los interlocutores sociales «en todos los aspectos» -según palabras textuales del ponente- relativos a la organización del trabajo y a las condiciones del mismo, aunque estoy seguro de que los sindicatos siempre están buscando una oportunidad como ésta. 
Los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel muy útil en algunos países y en determinados casos, aunque, dado que la mayor parte del crecimiento del empleo procede de las PYME cuyos empleados no están vinculados con grandes empresas ni con grandes sindicatos, resulta difícil creer que un cambio de este tipo pueda resultar positivo para la creación de empleo. 
No cabe duda de que todos nosotros debemos conceder a la creación de empleo la máxima prioridad dentro de nuestras propias agendas. 
Confío profundamente en que los diputados de todas las tendencias políticas de esta Cámara, así como el Comisario, reflexionen acerca de ello a la hora de la votación sobre la Directiva relativa a los trabajadores atípicos, que se celebrará dentro de unas semanas. 
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo al Sr. Herman Schmid su valiosa cooperación a la hora de preparar este informe. 
Ha sido muy constructiva. 
Comparto la opinión de la Sra. Comisaria de que la estrategia de empleo ha sido un éxito. 
Durante los cinco años que se ha aplicado, ha descendido la tasa de desempleo, ha aumentado el número de puestos de trabajo y, por ejemplo, la política de mercado laboral activa, que apenas se había aplicado antes en Europa, ha mejorado considerablemente, en parte por medio del aprendizaje permanente. 
Se han logrado grandes mejoras; sin embargo, todavía queda mucho por hacer, como se refleja en el documento de la Comisión. 
La tasa de desempleo sigue siendo demasiado elevada. 
Existe un gran vacío por lo que respecta a la educación y al aprendizaje permanente. 
Las personas que ya cuentan con un nivel educativo alto también contribuyen, por sí mismas, a la mayor parte de la educación que se ofrece en el mercado laboral; aquellas que cuentan con un nivel educativo inferior, no lo hacen tanto. 
También existen grandes diferencias regionales dentro de Europa. 
Por tanto, la revisión y la mejora de la estrategia de empleo son necesarias. 
Personalmente considero que la estructura de los pilares ha sido valiosa como un instrumento estructural, porque algunas partes de la estructura de los pilares han tenido más éxito que otras. 
El pilar de la empleabilidad ha tenido bastante éxito, en términos relativos, y el pilar de la igualdad también ha cosechado éxitos, en el sentido de que ha aumentado el empleo femenino, aunque todavía queda mucho por hacer. 
Por otro lado, el pilar de la adaptabilidad, que es algo más difícil de entender, no ha tenido éxito. 
Sin embargo, se trata de un ámbito importante en el que debemos continuar trabajando para que pueda tener influencia en la vida laboral, el entorno de trabajo y el aprendizaje permanente en el lugar de trabajo. 
Es preciso mejorar todos estos factores en el futuro. 
Resulta positivo que la Comisión proponga coordinar la política de empleo y la política económica, pero comparto la opinión del Sr. Herman Schmid de que también debería participar en esta coordinación la seguridad social, con respecto a la que también tenemos un proceso europeo. 
Cuando tenga lugar la coordinación, ningún ámbito debería prevalecer sobre otro. 
Resulta sencillo, tanto a escala nacional como a escala europea, permitir que el proceso económico prevalezca sobre la dimensión sociopolítica y las consideraciones relacionadas con la política de empleo. 
Esto no debe suceder. 
Son procesos de idéntico valor que deben ser tratados por igual cuando tenga lugar la coordinación. 
Considero la coordinación abierta como un complemento de la legislación, no como una alternativa a la misma. 
Sin embargo, debemos mejorar el modo real en que se aplica el método abierto de coordinación. 
Puesto que no hay mayoría cualificada en el Consejo sobre los objetivos, parece razonable que el Parlamento Europeo tenga el derecho de codecisión por lo que respecta a estos objetivos. 
En lo que a los planes de acción nacionales se refiere, comparto el punto de vista del Sr. Herman Schmid. 
No es preciso decir que tienen que debatirse y decidirse en los parlamentos nacionales. 
Me parece únicamente justo que tengamos un control democrático tanto a escala europea como a escala nacional por lo que respecta a estas cuestiones importantes. 
Es también importante que participen otros actores. De estos, probablemente las dos partes de la industria son quizás lo más relevante. 
Es importante que participen en el desarrollo de una política tanto a escala europea como a otras escalas. 
También es importante, como mencionamos en nuestra propuesta, que los países candidatos se integren en este proceso desde una fase temprana. 
Existen numerosas diferencias entre los países candidatos y nuestros propios países, pero también existen parecidos. 
Los desarrollos demográficos y las exigencias que éstos plantean al mercado laboral son similares en los países candidatos. 
Por consiguiente, es preciso implicar que los países candidatos participen en este proceso pronto. 
Además, deseamos ver una relación más clara entre la política de empleo y los instrumentos económicos existentes, es decir, el Fondo Social Europeo y el programa EQUAL. 
La estrategia de empleo que subyace en estos instrumentos tiene que ser clara, es decir, más clara de lo que lo es en el momento. 
En general, nos mostramos motivados por los desarrollos del proceso, pero, como se mencionó con anterioridad, se necesitan cambios interinstitucionales: una mejor coordinación y el refuerzo del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. 
Sin embargo, no debemos olvidar que debe concederse igual valor a la política económica, la política de empleo y los respectivos consejos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, también me gustaría comenzar agradeciendo de una forma sincera al Sr. Herman Schmid el método experto con el que ha supervisado la preparación de esta opinión. 
Gracias a su conocimiento, su experiencia y su dedicación hemos conseguido un informe muy riguroso. 
También me muestro totalmente de acuerdo con sus observaciones, en las que se sostiene que la política de empleo en Europa debería organizarse más de forma ascendente que de forma descendente. 
Éste es un aspecto en el que estamos de acuerdo, a pesar de que nuestros puntos de partida políticos sean muy distintos. 
Todos hemos hablado sobre si la política para el empleo en Europa ha funcionado y, por supuesto, hemos conseguido una situación en la que los países hablan algo más que un idioma común en algunos ámbitos. 
No obstante, la tasa de desempleo es todavía elevada en muchos países, y ésta ha llegado prácticamente a ser una característica constante de los países que marcan las pautas. 
Faltan reformas estructurales, y no hay suficiente capacidad como para cumplir con la estrategia de empleo. 
¿Que debería suceder, entonces? 
La respuesta es que debemos reforzar la estrategia de empleo consiguiendo que sea más abierta, porque es importante que los gobiernos se comprometan con la estrategia en nombre de sus electores. 
Es importante que simplifiquemos la estrategia de empleo y consigamos que sus objetivos sean más claros, y tanto la Comisión como el Consejo están reflexionando sobre estos aspectos. 
Es el camino correcto para hacerlo. 
En lugar de elaborar una larga lista de objetivos cuantitativos que cubra cada aspecto concebible y, a continuación, medir el éxito en función de la cantidad de informes y ponencias, debemos aclarar los objetivos y garantizar una buena comunicación. 
Es importante que participen las autoridades locales y regionales y las dos partes de la industria. 
Éste es un aspecto por el que el Parlamento ha luchado, y ahora se ha convertido en una parte integral de la Estrategia Europea de Empleo. 
Como ya se ha destacado en esta opinión, es deseable e importante implicar a los Parlamentos regionales y nacionales con el fin de ampliar el debate público y permitir a los políticos evaluar la estrategia de empleo, observar lo que se ha hecho en otros países y aprender de sus experiencias. 
Por otro lado, creo que la coordinación abierta debería continuar hasta llegar a ser intergubernamental, y debe ser flexible. 
La política de empleo es una competencia nacional, y es un hecho que no debe cambiarse por la puerta de atrás. 
Por tanto, es importante que no se realicen cambios por la puerta de atrás con respecto al carácter de la política de empleo, por ejemplo, mediante la concesión al Parlamento del derecho de codecisión. 
Esto no es algo que podamos apoyar. 
Es también fundamental garantizar la coordinación con la política económica. 
El éxito de la política de empleo será, por supuesto, sinónimo del éxito de la política económica. 
Muchos países luchan con grandes déficits presupuestarios que no existirían si abolieran el desempleo a gran escala. 
Por tanto, tiene que haber, por supuesto, una mejor coordinación, y estoy dispuesto a recibir las iniciativas en las que la Comisión está trabajando en este ámbito. 
Señor Presidente, señora Comisaria, basándose en la información relativa a la aplicación de las directivas de empleo, el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone diversas mejoras, en las que se hace hincapié en la creación de puestos de empleo y la formación. 
En el anexo de este informe sobre la dimensión local de empleo aprobada por el Parlamento en julio, el Sr. Schmid insiste, con razón, en la necesidad de desarrollar mercados laborales locales y regionales. 
Realiza una serie de propuestas con las que estoy de acuerdo, y me gustaría unirme al resto de anteriores oradores para felicitarle. 
Tras haber dicho esto, todavía quiero hacer hincapié en el hecho de que, aunque la Estrategia Europea de Empleo haya transformado de forma gradual las condiciones de la elaboración y aplicación de las políticas para el empleo nacionales, no ha contribuido al crecimiento inicial ni al cambio fundamental de la situación del empleo. 
¿Se trata entonces de una cuestión de método o de un asunto de selección? 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han optado por selecciones liberales al favorecer la aceleración de la desregulación y la liberalización, la moderación de los salarios y la flexibilidad e inseguridad del mercado laboral. 
Por tanto, considero que el abismo se ha profundizado entre los objetivos establecidos sobre el empleo y la vida social dentro de nuestra comisión aquí y las directrices de las políticas económicas aplicadas en cada Estado miembro de la UE. 
Permítanme que les ofrezca varios ejemplos. 
En Francia, se está acelerando la reestructuración y se han impuesto en diversos sectores las indemnizaciones por despido y traslado. 
Se prevé que se producirá un número importante de despidos en la nueva economía tras el estallido de la burbuja de tecnologías de la información. 
Miles de empleados del grupo Vivendi están desesperados. 
Saben que no tendrán las mismas indemnizaciones por despido que su anterior empresario, Jean-Marie Messier. Daewoo, que recibió bonificaciones y subvenciones en Lorena, ahora se traslada a China. 
Total Fina Elf, que ha registrado grandes beneficios, está escatimando en la indemnización a las víctimas del desastre AZF de Toulouse y está estudiando un plan en que afectará a 1 500 empleados de su filial en Atofina. 
Alcatel ha anunciado la pérdida de 23 000 puestos de empleo para finales de 2003. 
En el sector textil, en el seno de Alstom y Avantis, los negocios han cerrado o están empezando a hacerlo. 
Con estas condiciones, opino que el problema al que nos enfrentamos no se trata tanto de hacer malabarismos con la economía, el empleo y las consideraciones sociales como de la posible necesidad de revisar la economía. 
Cada día, la experiencia nos demuestra que no existirá ninguna política de empleo y social verdadera que responda a los intereses de los empleados, a las necesidades de la gente, mientras las políticas económicas permanezcan tan encorsetadas por el pacto de estabilidad y continúen basándose en una competencia exacerbada y costes laborales reducidos. 
Sí, el empleo es la preocupación fundamental de los ciudadanos, y debemos hacer todo lo posible para combatir el desempleo y crear puestos de trabajo, lo que, a mi entender, debe poner fin a la predominancia de los mercados financieros. 
Sin embargo, no se puede realizar ningún progreso real si los propios ciudadanos no participan en las decisiones, si no existe un diálogo social efectivo sobre los desafíos de la construcción de Europa, que tienen un alcance más amplio que los aspectos institucionales de los que actualmente se ocupa la Convención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señor Schmid, gracias por el informe y gracias por analizar la situación. 
Me gustaría hacer algunas observaciones críticas. 
En primer lugar, como se ha mencionado hoy en diversas ocasiones, estamos al borde de un declive económico lento pero estable. 
Los Estados miembros en los que hasta hace poco se desplegó un milagro económico- los Países Bajos son un ejemplo de ello- se enfrentan ahora con el rápido descenso del empleo, mientras que todavía se siguen aplicando las mismas medidas. 
Es verdaderamente lamentable que hablemos de la creación de 10 millones de puestos de trabajo- sabiendo que esto depende en gran medida del clima económico -, pero no podemos evaluar con precisión si esto se relaciona con la política y, en caso de que lo haga, cómo. 
Sin embargo, todavía creemos que las medidas para contribuir a la reincorporación al trabajo, por ejemplo, pueden tener un efecto sostenible de forma definitiva. 
Si no se pusieran en práctica, tendríamos problemas. 
Pero, como ya he dicho antes, no estamos seguros. 
Mientras tanto, el proceso de Lisboa ha rebasado en cierta medida al de Luxemburgo, y existen varios procesos que también se están llevando a cabo de forma paralela. 
Creemos que es útil conservar la estructura de los cuatro pilares como hasta ahora, sobre todo porque todavía no se ha elaborado una serie de directrices subyacentes. 
Mencionaré dos: 
La primera, que pertenece al pilar de la adaptabilidad, es la calidad del trabajo y la calidad de la organización del trabajo. 
Me parece desalentador que hayamos hablado sobre la creación de puestos de trabajo durante años mientras que apenas se presta atención al aspecto general de los trabajos de mejor calidad. 
Tenemos documentos maravillosos sobre el tema, pero éstos son lo único con lo que contamos. 
No tenemos más detalles, ni más planes que poner en práctica; ciertamente no hay programa y no tenemos dinero para destinar a ello. 
Esto es angustiante en un momento en el que uno participa en una feria para mayores de cincuenta años y se encuentra rodeado de cientos de personas, y otro habla de la necesidad de aumentar la participación de los mayores en el mercado laboral. Las afirmaciones que se escuchan en un momento como éste son: Entonces ¿cuáles son los trabajos en cuestión? 
¿Se me pedirá que realice el mismo trabajo que hacía antes? 
No, nunca, denme trabajo voluntario cualquier día. 
O pueden enfrentarse a trabajadores transfronterizos en una habitación de 600 personas que digan: «Sí, muy bonita esta libertad de movimientos entre Bélgica y los Países Bajos, pero ¿qué pasa con la adaptación de los sistemas de seguridad social?» 
Este ámbito no se ha desarrollado en absoluto. 
Podría continuar sin problema con este aspecto durante un rato y completar los 3 minutos de mi intervención rápidamente. 
Creo que debería insistir en el método abierto de coordinación, pero también debería considerar al mismo tiempo si debería aplicarse a otros ámbitos y, mucho más, sin más consideraciones. 
Se prevén debates a corto plazo sobre el modo de coordinar esto. 
Realizaré un seguimiento muy de cerca sobre si la subordinación de las directrices del empleo en relación con las directrices generales de la política económica, tal como está consagrada en el Tratado, no excede demasiado su objetivo y sobre si se mantiene el equilibro correcto. 
Creo que es urgente hacerlo. 
Esto podría implicar que necesitaremos ajustar los elementos de la política económica actual a una serie de elementos de estos otros objetivos. 
En mi opinión, esto implica compensar las cosas. 
Finalmente, está claro que es preciso mantener entrevistas con los Parlamentos y pedirles, por decirlo de algún modo, que bajen los niveles de este tipo de trabajo a través de la organización europea. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente la ingente labor que ha realizado en relación con este informe. 
También me gustaría dar las gracias a la Comisaria por algunas de las indicaciones que nos ha dado acerca de lo que espera conseguir en el próximo año con respecto a estas pautas y estrategias. 
Nadie ha mencionado todavía que la gente crea puestos de trabajo. 
Cualquier modelo en que un sistema forzado de empleo o superestructura estatal crea empleo artificialmente está condenado al fracaso. 
Esto se debe a que no existe un desarrollo económico subyacente que garantice la posibilidad de crear puestos de trabajo de calidad y duraderos. 
Sin embargo, existe una necesidad y urgencia de que el estado se implique en la protección de los trabajadores y en los aspectos de protección social. 
No obstante, cuando se elimina el papel del empresario o de la empresa en la creación de empleo, la situación del dilema de la creación de empleo se deteriora notablemente. 
Si tenemos en cuenta los aspectos generales de las diferentes economías de la Unión Europea y de todo el mundo, comprobamos que las que crean más y mejores puestos de trabajo son las que se centran en cinco problemas clave. En primer lugar, un sólido modelo de interlocución social en el que todos los actores a escala nacional estén implicados en el establecimiento de una política económica amplia, así como de una política social. 
En segundo lugar, la oferta de incentivos a los empresarios y a las empresas para que inviertan en nuevos puestos de trabajo, en nuevas infraestructuras y en investigación y desarrollo, ofreciendo una garantía a más largo plazo en cuanto a la creación de fabricación en otros puestos de trabajo de servicios. En tercer lugar, un sistema educativo y de formación muy sólido y en constante evolución, porque las verdaderas herramientas que debemos utilizar para adaptar nuestro personal a las condiciones presentes, así como a las futuras, son la educación y el conocimiento. 
A menudo escuchamos hablar, en esta Cámara y en otros establecimientos, acerca de la idea de un aprendizaje durante toda la vida. 
¿Qué significa esto realmente? 
El Sr. Bouwman ha señalado que unos trabajadores de mediana edad le habían preguntado en una feria qué podía hacer por ellos en el ámbito laboral. 
Existen profundos conocimientos en la Unión Europea, entre las personas de edades comprendidas entre los 45 y los 60 años, que no se están explotando; un recurso que se está perdiendo debido a la ignorancia, debido a la falta de ideas innovadoras o simplemente debido a la falta de un programa de formación correctamente estructurado que les permita adaptarse a las nuevas fuerzas del mercado y a las oportunidades de empleo disponibles. 
Existe un viejo proverbio que dice: dale a un hombre un pescado y lo alimentarás por un día; enséñale a pescar y lo alimentarás de por vida. 
Esa debe ser la base subyacente de nuestras estrategias con respecto a la calidad del empleo, del trabajo y de las oportunidades de colocación disponibles: el tipo de cualificaciones que proporcionamos a las personas. 
El cuarto punto hace referencia a la competitividad. 
Puede que no resulte una propuesta popular en esta Cámara, especialmente cuando estamos debatiendo asuntos sociales, pero, a menos que una economía sea competitiva, no podrá afrontar las fracturas del mercado en el que opera. 
No va a atraer la inversión interior de las empresas y no va a ser capaz de evitar la huída de sectores de esa economía a otras economías en las que exista una mayor competitividad o mejores condiciones. 
El último punto, que no se menciona a menudo y que recibe el reconocimiento que merece, es la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. 
¿Quién iba a pensar hace cinco años, cuando se planteó esta estrategia por primera vez, que el número de personas que trabajan en la Unión Europea en el sector de la tecnología de la información iba a ser tan elevado como el actual? 
Del mismo modo, ¿quién iba a pensar hace cinco años, cuando se ejecutó esta estrategia por primera vez, que el número de parados de larga duración continuaría siendo el mismo cinco años más tarde? 
Si cabe, hemos fallado a las personas que resultan más vulnerables, los parados de larga duración, debido a las medidas que hemos ejecutado en los últimos cinco años. 
Les hemos fallado, no les hemos ofrecido las herramientas apropiadas de conocimientos e información para que pudiesen cooperar y enfrentarse a las nuevas oportunidades disponibles. 
Atendiendo a la estrategia general, saltan a la vista varias cosas; puede que mis colegas del otro extremo de la Cámara no estén de acuerdo con esta interpretación, pero esta es mi opinión. 
En primer lugar, tenemos que reducir las pautas. Tenemos que garantizar que se concentren en el objetivo ideal, necesario para atacar a las áreas que reconocemos como las más importantes. 
En segundo lugar, tenemos que conceder un plazo mayor para que las pautas funcionen. 
En lugar de revisarlas cada año, ¿por qué no hacerlo cada tres o cuatro años, con el fin de garantizar de nuevo que se pueda observar su funcionamiento dentro de los mecanismos y sistemas de los que emergen? 
A continuación, como muchos oradores han mencionado, existe una necesidad de coordinar las políticas económicas amplias con respecto a la estrategia de empleo, para garantizar que sean coherentes entre sí. 
Algunas personas afirman que existe una tensión entre estos dos ideales. 
Sin embargo, en la práctica, a menos que estén funcionando en paralelo y coordinándose entre ellas, no se conseguirán unos resultados máximos, es decir, el crecimiento y el desarrollo económico máximo y el empleo máximo de dichos ideales. 
Mi último punto es que necesitamos continuar invirtiendo en las personas, porque independientemente del número de cifras y estadísticas que se nos presenten, el punto fundamental es que estamos hablando de una sola persona individual que ha perdido una oportunidad dentro de la Unión Europea. 
Si, gracias al debate que estamos celebrando aquí esta noche y a nuestro trabajo durante el próximo año, cada uno de nosotros pudiese colocar a una sola persona en un puesto de trabajo de calidad podríamos conseguir el trabajo de una vida entera, porque habríamos ayudado a otros seres humanos a ayudarse por ellos mismos y éstos, a su vez, podrían ser monitores, educadores y embajadores en el futuro. 
Mañana debemos ratificar de forma contundente este informe, pero también debemos evitar quedarnos con las manos atadas. 
Las ideas futuras deben ser flexibles y capaces de adaptarse a la nueva sociedad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, al aplicar la Estrategia Europea de Empleo, la Unión Europea pretende establecer los objetivos de pleno empleo a medio plazo, integrados en un contexto de coordinación política, para cada Estado miembro. 
El Sr. Schmid, a quien me gustaría aprovechar la oportunidad para dar la enhorabuena, destaca los efectos positivos y también algunos de los aspectos menos logrados de la Estrategia Europea de Empleo en los últimos cinco años. 
Uno de los problemas que necesita resolverse es la escasa transposición de la Estrategia en el ámbito de la toma de decisiones en el campo del empleo. 
El método abierto de coordinación es un instrumento importante para la aplicación de esta estrategia. 
Como todo el mundo sabe, fue diseñado para sectores en los que los Estados miembros conservan su autonomía. 
Sin embargo, todavía quedan diferencias entre los intereses nacionales y los intereses europeos; de ahí la sugerencia de que cada gobierno tenga que incorporar el plan de acción nacional en el desarrollo de las políticas comunes en el campo del empleo. 
El apoyo activo de los interlocutores sociales y su contribución a la aplicación de las prioridades de la Estrategia en sus programas anuales es especialmente importante en áreas tales como el aprendizaje permanente, el envejecimiento activo, la igualdad entre hombres y mujeres y la modernización de la organización del trabajo. 
También deben tenerse en cuenta las consecuencias que tendrá una ampliación en el actual mercado laboral de la Unión Europea. 
Si vamos a mejorar la situación actual entre la política global común en el ámbito europeo y la adopción de las políticas a escala nacional, es preciso realizar ajustes en el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de los recursos humanos y la creación de nuevas estructuras institucionales, pero también mediante el fortalecimiento del espíritu empresarial. 
En Portugal, el Plan Nacional para el Empleo transpone el contenido de la Estrategia a la situación portuguesa en un intento de responder a los nuevos retos. 
En los últimos años, el mercado laboral portugués ha actuado bien, de forma general. 
Sin embargo, todavía quedan debilidades estructurales que solo podremos solucionar con una estrategia coordinada a largo y medio plazo, con la participación activa de los interlocutores sociales. 
Entre estas debilidades me gustaría destacar: 
el bajo nivel de formación, 
los efectos significativos del desempleo de larga y extremadamente larga duración, 
la existencia de un grupo con especial dificultad para incorporarse al mercado laboral, en el que se encuentran los jóvenes, los trabajadores mayores, las mujeres, las minorías étnicas y las personas con discapacidades, 
una estructura sectorial y empresarial con graves deficiencias, 
baja productividad, y 
desigualdades regionales importantes. 
Por último, me gustaría hacer hincapié en que, para conseguir que las políticas económicas y las políticas de empleo nacionales se coordinen de forma eficaz y sean coherentes, y para garantizar el logro efectivo de la Estrategia Europea de Empleo, las posibilidades del método abierto de coordinación deben mejorarse y aprovecharse, sin perder de vista la necesidad de que este método tenga siempre como prioridad absoluta la transparencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías hoy nos encontramos debatiendo un proyecto europeo de gran éxito que hace cinco años todavía tenía un gran número de detractores y que, por su popularidad, se ha ganado el derecho de llegar a más de unos cuantos expertos. 
Desde 1997, se han creado alrededor de 10 millones de puestos de empleo. 
Ahora bien, esto no es suficiente ni en términos de cantidad ni en términos de calidad. 
Sin embargo, estamos de acuerdo en que hay que aumentar la eficacia de las Directrices para el empleo, que no deben ampliarse, pero que necesitan una transparencia y una fuerza vinculante mayores. 
En cualquier caso, de momento no deseamos cambiar la estructura de pilares. 
Sin embargo, creo que debería ser revisada. 
En años recientes, el Parlamento ha ofrecido, a menudo, nuevas sugerencias teniendo presente este aspecto y destacando sus deficiencias. 
También deseamos que las directrices realmente se apliquen. 
Somos conscientes de que algunos Estados miembros oponen resistencia- la llamada resistencia pasiva- a la Comisión. 
Por una vez, también hay que afirmar esto claramente. 
Las evaluaciones del primer y del cuarto pilar fueron favorables. 
No obstante, con su permiso, me gustaría examinar este aspecto de forma más crítica. 
Basándome en mi propia experiencia con respecto a los Estados miembros, yo diría que el primer pilar- el de la empleabilidad, que trata sobre todo de conseguir una formación y una educación más amplias- es todavía demasiado irregular, arbitrario y deficiente. 
Necesitamos una formación profesional continua, que implica, en definitiva, que los empleados tengan derecho a una mayor formación, y no sólo con 50 ó 55 años, sino también con 30 ó 35. 
El cuarto pilar- el de la igualdad de oportunidades- ha sido muy aplaudido. 
Considero que el logro considerable que hemos podido presenciar aquí también se debe, señora Comisaria, al hecho de que la política de igualdad de oportunidades haya sido respaldada en diversas ocasiones por la legislación contra la discriminación. 
Todavía se considera que la adaptabilidad y el espíritu de empresa son deficientes. 
En mi opinión, muchos empresarios todavía ni siquiera se han dado cuenta de que también se espera de ellos que muestren flexibilidad y realicen cambios. 
El Fondo Social Europeo es, ciertamente, un instrumento efectivo, pero los europeos también deberíamos relacionarlo con el cumplimiento de determinadas obligaciones por parte de los Estados miembros. 
Probablemente no podremos conseguir esto sin sanciones europeas a largo plazo. 
Señora Comisaria, mi grupo está de su parte. 
Los planes de empleo nacionales se consideran, con frecuencia, como documentos gubernamentales secretos cuyos contenidos son desconocidos por los parlamentarios nacionales y el público. 
Es la razón por la que, por el bien de la legitimidad democrática, necesitamos el procedimiento de codecisión a escala europea y propuestas legislativas que den lugar a debates y decisiones a escala nacional. 
Como socialdemócratas, nos complacerá apoyarles en esta búsqueda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el empleo es el instrumento fundamental para contrarrestar la exclusión social. 
Ésta es la razón por la que, en mi opinión, este aspecto es tan importante para la agenda de la UE. 
Me gustaría agradecer al Sr. Schmid y al Sr. Mann la postura crítica con la que han analizado más de cinco años de la Estrategia Europea de Empleo. 
Nos parece de vital importancia que se escuchen ahora las voces de los que estamos en el Parlamento, especialmente porque se ha informado de que la Comisión elaborará una propuesta de directrices para el empleo en el año 2003. 
A mí, por mi parte, me gustaría hacer las siguientes observaciones. 
En su informe, la Comisión admite, sin vacilación alguna, que la Estrategia Europea de Empleo no puede llevarse todo el mérito del incremento del empleo durante los últimos dos años. 
Esto me preocupa bastante, porque en este momento nos estamos dirigiendo claramente hacia una recesión, y es precisamente ahora cuando necesitamos una estrategia eficaz. 
Por tanto, si no está claro si la política funciona, ¿es útil conservar esta estrategia? 
También se plantea la duda sobre cuál es exactamente el papel de la Unión Europea. 
¿Se trata de un aspecto de subsidiariedad? 
Por tanto, es hora de que se desarrollen algunos indicadores fiables y de que las estadísticas se actualicen de forma más efectiva. 
Únicamente cuando esto se consiga podremos distinguir realmente qué funciona y qué no. 
Mientras tanto, es un signo profético que el Tribunal de Cuentas tenga, el viernes, cosas fundamentales que decir sobre los proyectos de empleo locales de la UE por lo que se refiere a los objetivos, a sobre cómo se realiza el seguimiento de éstos y a la inspección de los recursos financieros. 
Y luego están las mujeres. 
Según la comunicación de la Comisión, parece que los empleados mayores y las mujeres todavía tienen problemas en el ámbito del empleo. 
Aunque a lo largo de los últimos años la tasa de empleo de las mujeres ha aumentado desde un 4,3 % a un 54,9 % -un aumento pequeño, después de todo -, los trabajos en cuestión son principalmente a tiempo parcial y sin ninguna perspectiva real. 
Es posible que el techo de cristal se haya vuelto un poco más frágil, pero sigue estando ahí. 
Sin embargo, por supuesto, es totalmente inaceptable que las diferencias salariales todavía asciendan a una media del 16%. 
Además, uno de los principales quebraderos de cabeza de las mujeres trabajadoras es la combinación de la vida familiar con la laboral. 
Aunque los Estados miembros han prestado cada vez más atención a la baja por paternidad y el cuidado de los niños en los últimos años, creo que aún se necesita más. 
En muchos Estados miembros, el público lucha por la idea de que el marido también pueda pedir la baja por paternidad. 
El hombre encargado de sus labores todavía se ve con recelo. 
Creo que corresponde a la Unión tratar de cambiar esto. 
Por lo que respecta a las prácticas más adecuadas, creo que un país como Suecia puede ciertamente considerarse como un ejemplo. 
Finalmente, a los empleados mayores apenas se les tiene en cuenta todavía. 
El aprendizaje permanente les deja, a menudo, al margen, cuando, en realidad, es muy importante. 
En mi opinión, es de extrema importancia desarrollar una estrategia efectiva, segura y verificable a la vista de la ampliación pendiente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la hoja de balance de cinco años de Estrategia Europea de Empleo demuestra que las mayores deficiencias aún residen en la creación de trabajo de calidad legítimo. 
La mayoría de los empleos creados a lo largo de estos años han sido precarios, a tiempo parcial o a muy corto plazo y no garantizan que se cumplan con la igualdad de derechos y oportunidades. 
Según se ha afirmado en el informe de Herman Schmid, a quien deseo dar la enhorabuena por su trabajo, el desempleo se mantiene en niveles altos y el empleo a largo plazo, en particular, es una de las principales causas de exclusión social en Europa, a las que podemos añadir el empleo precario y mal pagado. 
Las mujeres son todavía las más afectadas, con unos salarios medios considerablemente inferiores a los de los hombres y notables dificultades para ser ascendidas a cargos directivos y de mayor responsabilidad. 
La continuación de las políticas monetarias restrictivas del Pacto de Estabilidad, los recortes en las inversiones públicas y la insistencia en la privatización, en especial de los servicios públicos, relegan las políticas para la creación de empleo a un segundo lugar, y ésta es la situación actual. 
Todavía se concede prioridad a las políticas comunitarias en los ámbitos de la competencia, la pesca y la agricultura que no tienen en cuenta las pequeñas y medianas empresas, los minifundios familiares o la pesca costera a pequeña escala, y que contribuyen a exacerbar el desempleo y evitar que se conserve el empleo de calidad. Lo mismo ocurre con la reestructuración y el traslado de promesas, sobre todo de multinacionales, en flagrante violación de los derechos de los trabajadores. 
Es de particular importancia que haya una falta extendida de conocimiento en los Estados miembros sobre la Estrategia Europea de Empleo, y que sus planes nacionales no contengan objetivos cuantitativos, en especial la tasas de las mujeres, como se definió en la Cumbre de Lisboa, y que tampoco estos planes se encuentren presentes en los parlamentos nacionales o en los debates que se mantengan sobre su contenido. 
Por tanto, deben tenerse en cuenta estos aspectos si queremos obtener resultados positivos por lo que respecta a la creación de empleos con derechos. 
Señor Presidente, este debate está llegando a su fin y creo que todos estamos de acuerdo en que la estrategia para el empleo no ha dado frutos en todas partes, o, por lo menos, no el mismo fruto. 
Pero lo que importa es que todos los Estados miembros están empezando a cambiar el modo de diseñar sus políticas nacionales, principalmente desplazando sus prioridades desde la gestión del desempleo hasta la gestión del aumento del empleo. 
El informe del Sr. Schmid destaca una serie de cuestiones a favor de las cuales se encuentra nuestra comisión, cuyo propósito es complementar y reforzar la comunicación de la Comisión para fortalecer esta estrategia iniciada en Luxemburgo. 
Me gustaría centrar mi discurso en una serie de cuestiones sobre las que sus Señorías también se han manifestado esta tarde. 
En primer lugar, la participación de las autoridades regionales locales y las organizaciones no gubernamentales no es satisfactoria. 
La Sra. Comisaria se ha referido a los planes de acción locales presentados y aplicados por agencias locales que podrían servir como ejemplo, pero que me parece que son la excepción, más que la regla. 
Creo, como el Sr. Andersson comentó, que tenemos que estudiar estos ejemplos y descubrir exactamente cómo y por qué han beneficiado a algunas regiones y no a otras. 
Me gustaría mencionar un hecho sucedido en mi país que me ha obligado a sentarme a reflexionar. 
Grecia se está preparando para las elecciones autonómicas y municipales, y nadie ha destacado qué agencias locales pueden participar en la creación de empleo. 
Todo el mundo pregona a los cuatro vientos la importancia de conservar los espacios limpios, de crear zonas verdes, con la curiosa alusión a la política social por si acaso, pero nunca que pueden movilizar a las fuerzas locales y crear puestos de empleo. 
Y por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, ni siquiera aparecen y, a menos que participen de forma oficial en el diálogo social, la sociedad local me temo que no las considerará como interlocutores serios y eficaces. 
Otro aspecto es el desempleo entre las mujeres, aspecto que ha destacado el Sr. Mann, de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
A pesar del aumento de puestos de empleo, creo que los Estados miembros tienen que mostrar un compromiso serio y coherente en esta cuestión a la hora de adoptar objetivos cuantitativos para realizar mejoras cualitativas en los empleos de las mujeres y crear nuevos empleos. 
Este aspecto está directamente relacionado con la cuestión planteada esta tarde, a la que me adhiero fehacientemente, y que es la necesidad de coordinar la política de empleo y la política social. 
Aquí es donde despunta el grave problema de crear las condiciones necesarias para reconciliar trabajo y familia. 
Se trata de un asunto de política social del que los Estados miembros son responsables pero también de un asunto de responsabilidad social, un aspecto que afecta al Parlamento Europeo y del que los interlocutores sociales son responsables. 
De modo que, como podemos ver, se necesitan grandes esfuerzos para conseguir que la estrategia para el empleo funcione en todos los ámbitos sin olvidar el importante papel que desempeñan los Parlamentos nacionales y autonómicos, si los hubiera, porque la política para el empleo realmente es un aspecto al que han prestado escasa atención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el balance de hoy ilustra con gran claridad lo importante que ha sido incluso reflejar en las estrategias en el ámbito europeo porque, aunque la política de mercado laboral reside en los gobiernos nacionales, cuando se trata de política económica y de política social es ya hora de que reconozcamos que el mercado interior ha contribuido a conseguir que nuestras economías nacionales sean interdependientes y, a la vez, a crear unas condiciones de trabajo y de vida interdependientes con el resultado de que también estamos obligados, al igual que el Parlamento Europeo, como institución europea, a encontrar una respuesta adecuada a este desafío. 
Esta es la razón por la que este ejercicio de balance no hace nada más que invitarnos a unirnos a los procedimientos, incluso de un forma más estrecha, y a apoyar la eficaz iniciativa de la Comisión en la política social, de empleo y económica para que podamos incluso conseguir mejores instrumentos en estos ámbitos. 
Tenemos que dejarlo claro y estamos de acuerdo en que si deseamos responder de forma satisfactoria a la coordinación de los desafíos, se trata de una tarea de Europa. 
Después de todo, estos desafíos son incluso más importantes que antes, si observamos que los logros del empleo se han cancelado dado el escaso crecimiento económico y dado que las pobres cifras del mercado laboral están, a su vez, haciendo aguas. 
Finalmente tenemos que acostumbrarnos a la idea de que tenemos una política económica en el ámbito de la UE y que también tiene que cumplir los objetivos de la política de empleo que garantiza un crecimiento de alta calidad y sostenible para todo el mundo. 
Es preciso hacer hincapié en este vínculo cuando miremos al futuro. 
Tengo que admitir que realmente confío en que la Convención y la Conferencia intergubernamental lograrán avanzar en este aspecto para consagrar el proceso de Lisboa en una constitución, en especial, con el objetivo de conseguir el pleno empleo. 
Permítanme que haga tres comentarios sobre las acciones prácticas y completas que realmente pretenden aumentar la intensidad del empleo en la Unión Europea y que también son, en particular, muy importantes desde un punto de vista económico. 
En primer lugar, la intensidad del empleo también puede incrementarse mediante medidas fiscales, por ejemplo, al aplicar tipos de interés bajos de impuestos de valor añadido a los servicios intensivos de trabajo. 
Resulta desalentador que se haya registrado un éxito tan escaso hasta la fecha. 
Además, también habría que decir que las iniciativas destinadas a promover el espíritu de la empresa y las pequeñas y medianas empresas necesitan relacionarse más estrechamente de lo que ha sido posible en el pasado. 
En tercer lugar, y esto afecta a las directrices para el empleo en particular, deberíamos pensar si podríamos establecer un vínculo con las directrices de la política de competencia, es decir, en la política sobre las ayudas estatales, sobre las que, por supuesto, tenemos una normativa específica para comprar con excepciones a la prohibición de ayudas estatales cuando se promocionan las pequeñas y medianas empresas o se crean puestos de empleo. 
Sin embargo, los enfoques encontrados no se reflejan necesariamente en las directrices para el empleo y las directrices para el empleo tampoco se encuentran reflejadas necesariamente en esta normativa. 
En mi opinión, esto es fundamental porque la ayuda también es un aspecto significativo, al igual que la política de competencia en conjunto es un área de política importante para promocionar el empleo. 
Señor Presidente, en un momento en el que la tasa de desempleo es elevada en los países de la Unión Europea, es fundamental preparar una estrategia europea de empleo. 
En primer lugar, sin embargo, dicha estrategia debería prohibir que todas las grandes compañías aplicaran despidos en masa como los que actualmente está aplicando la adinerada compañía Alcatel. 
Todo el mundo sabe que la responsabilidad del desempleo reside principalmente en estas grandes compañías que no sólo no están logrando crear los puestos de trabajo que deberían, sino que están suprimiendo puestos de trabajo en puro beneficio de los accionistas. 
Además, cualquier estrategia de empleo debería comprometer a los Estados miembros a tomar la iniciativa de crear cientos de miles de puestos de trabajo de los que carecen todos los Estados miembros de la Unión Europea, en hospitales, en el sector del transporte público, el sector postal o el educativo. 
Establecer proyectos a gran escala para construir alojamiento de alta calidad a bajo coste iría en interés de los Estados miembros. 
Sin embargo, la política actual, que consiste en privatizar los sectores públicos por la izquierda, por la derecha y por el centro, es exactamente lo contrario. 
Con estas condiciones, hablar sobre la estrategia del empleo es hablar sólo de esperanzas infundadas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar me gustaría agradecer a mi colega, el ponente, el Sr. Schmid, las directrices propuestas en su informe, con las que estoy de acuerdo, y darle la enhorabuena por ellas. 
De hecho, al igual que otros muchos de mis compañeros, creo que la Estrategia Europea de Empleo que hemos conocido a lo largo de los últimos cinco años ha sido eficaz, quizás en función de las regiones, y ha beneficiado a los ciudadanos de Europa según las regiones y en distinta medida. 
Sin embargo, me parece que ha llegado el momento de revisar su estructura y de proponer una nueva estrategia que tenga en cuenta la coordinación de las políticas de empleo, sociales y macroeconómicas. 
Desde esta perspectiva, acabamos de revisar todos los aspectos de la Estrategia Europea de Empleo durante los pasados cincos años y se han hecho propuestas relativas a las directrices que deberían seguirse. 
El primer punto se refiere a la relación necesaria entre la estrategia para el empleo en Europa y los planes de empleo nacionales, y considero que es un asunto de relación con los ciudadanos y el entendimiento que los ciudadanos pueden tener de las estrategias europeas que les afectan. 
De hecho, esta relación se realiza con la intercesión de los parlamentos nacionales tanto mediante su consentimiento como con la aplicación de las directrices europeas. 
Por lo que a este asunto respecta, me parece que la situación es algo paradójica. 
La situación del empleo se está deteriorando. 
Los esfuerzos de la Unión Europea para establecer las estrategias de empleo deberían dirigirse a la gente con problemas. 
Sin embargo, aquellos que pudieran beneficiarse de las acciones son de hecho los más desilusionados, los más importantes y aquellos que menos entienden las propuestas que realizamos. 
Por tanto, considero que si estamos intentando aplicar una estrategia coherente que implique totalmente a los Parlamentos nacionales al permitirles debatir los planes de empleo nacionales y elaborar los suyos propios, contribuiremos a democratizar la Estrategia Europea de Empleo y legitimizar nuestras acciones ante los ciudadanos. 
El segundo punto con el que considero que todo el mundo está de acuerdo es que para que resulte efectiva la política de empleo en Europa debería ser una parte integrante desde el punto de vista socioeconómico de las políticas europeas. 
Los objetivos del pleno empleo, la educación, el aprendizaje permanente, que ya han sido citados son, de hecho, objetivos paralelos que quedan fuera del alcance de las directivas de cada sector. 
Por último, en conclusión necesitamos revisar el asunto de los instrumentos sociales empleados por Europa. 
De hecho, incluso aunque lleguemos a un acuerdo sobre los objetivos que habría que conseguir todavía tenemos que conseguir instrumentos adecuados con los que poder aplicarlos. 
Sobre este asunto, considero que debemos volver a considerar la posibilidad de utilizar el procedimiento de codecisión y la toma de decisiones por mayoría por lo que respecta a la política de empleo. 
Aunque se ha demostrado que el método de la coordinación abierta es útil, me parece que debe emplearse como complemento de otros instrumentos legislativos, como se pensó en un principio. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer brevemente al Parlamento y a todos los que han contribuido a este importante debate en el transcurso de los esfuerzos de la Comisión para presentar la nueva política de empleo postevaluatoria. 
Se tomarán en cuenta las propuestas y opiniones del Parlamento y me gustaría tocar cuatro de los puntos que se han tratado esta tarde en diversas ocasiones. 
El primero es la base en la que se está desarrollando la estrategia para el empleo. 
Se trata de la combinación de cohesión y competencia. 
No cabe duda de que la estrategia para el empleo tiene en cuenta las necesidades de las compañías tanto grandes como pequeñas así como de los trabajadores. 
La duda manifestada por varias de sus Señorías por lo que se refiere a la competencia me parece en alguna medida exagerada teniendo en cuenta que la estrategia para el empleo ha dado lugar a lo que nosotros denominamos reformas laborales propicias para los negocios. 
La necesidad de conseguir la competencia y la cohesión al mismo tiempo, implica, como varias de sus Señorías han destacado, que necesitamos coordinar las estrategias y las políticas de empleo y la política social, es decir, no podemos separarlas y necesitamos tener en cuenta los aspectos de la política social en cada tramo del camino. 
El segundo punto es el conjunto del marco, la cooperación, la actualización de las directrices de empleo y las finanzas. 
Se han formulado propuestas importantes y serias. 
Destacaría, como sus Señorías han dicho, que la estrategia para el empleo necesita ser exigente, su alcance tiene que ser claro y no debería incorporarse en las directrices económicas. 
El tercer punto es la participación. 
Uno de los problemas básicos que detectamos durante nuestra evaluación fue la participación de los Parlamentos nacionales que necesitan asumir un papel más importante y de los interlocutores sociales y las autoridades locales por lo que se refiere a la aplicación local y regional de la estrategia para el empleo. 
Finalmente, me gustaría hacer referencia al propio método como un instrumento y como la Sra Gillig ha destacado con gran acierto, un instrumento que utilizamos por primera vez. 
El método abierto de coordinación no tiene una cabida separada en el Tratado, sin embargo, ha sido un método de gran éxito que es la razón de la que hayamos utilizado en otros dos procedimientos, la exclusión y las pensiones, y consideramos que la Conferencia Intergubernamental quizás nos dará la oportunidad de finalizarlo y emplearlo de forma más eficiente en otras políticas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0279/2002) elaborado por la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la representación de las mujeres entre los interlocutores sociales de la Unión Europea (2002/2026 (INI). 
. (NL) Señor Presidente, ésta es la segunda vez que la política social y la política sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se programan tan tarde. 
Es admisible que esto suceda de vez en cuando, pero, no obstante, quisiera pedir a los encargados de redactar el proyecto del orden del día que realicen algunos cambios para programar la política económica y la política agrícola, por ejemplo, a esta avanzada hora del orden del día, de modo que podamos debatir nuestros informes por la tarde y evitar que la Sra. Diamantopoulou y nosotros tengamos siempre que quedarnos aquí quemándonos las cejas. 
A continuación, me referiré al informe. 
¿Por qué se ha redactado un proyecto de informe sobre la representación de las mujeres entre los interlocutores sociales? 
En primer lugar, porque se ha producido un gran aumento en el número de mujeres trabajadoras. 
Las mujeres constituyen un 42% del total de la población activa de los Estados Unidos. 
No se ha producido un crecimiento paralelo de la representación de la mujer en los órganos con participación en la política: los órganos estructurales de los propios interlocutores sociales, sus presidentes, sus secretarios generales, sus comités ejecutivos, sus reuniones generales, sus comités de negociación, etc. Las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en éstos. 
Incluso cuando los interlocutores sociales actúan como delegados en órganos consultivos, muy pocas veces estos delegados son mujeres. 
A pesar de ello, los interlocutores sociales necesitan- y se lo otorgamos encantadas- una gran parcela de poder en Europa y en los Estados miembros, porque es un hecho evidente que los convenios colectivos que firman, y que afectan también a las mujeres, tienen por lo general fuerza de ley. 
De hecho, se ha delegado en ellos una gran parte de la autoridad legislativa, a saber, la relacionada con el mundo laboral, lo que es aceptable, siempre y cuando los interlocutores sociales tengan representatividad. 
Si no la tienen, resultará algo intolerable. 
Sostengo que no son representativas. 
Mientras que el 42% de las mujeres están en el mercado laboral, ni siquiera el 25% se encuentran representadas en los órganos administrativos de los sindicatos, una cifra que desciende a por debajo del 12% o el 10%, en algunos órganos administrativos. Si a esto unimos que las asociaciones de empresarios tienen un 1% o un 2% de mujeres en sus órganos administrativos, entonces sostengo que estos interlocutores sociales no resultan representativos del mercado laboral. 
De ahí el informe. 
Me gustaría, por tanto, pedir en primer lugar, y antes de nada, que se recopile información y se cree una base de datos que realice un seguimiento de la presencia de las mujeres entre los interlocutores sociales, dada la gran dificultad que supone, señora Comisaria, Señor Presidente y Señorías, obtener estas cifras. 
No es demasiado difícil para los sindicatos, puesto que, en alguna medida, realizan un seguimiento de estas cifras, pero para los empresarios resulta prácticamente imposible conseguir estos datos. 
Si se le preguntara a cualquier Estado miembro sobre la proporción de mujeres en las organizaciones de empresarios, no se conseguiría ninguna respuesta, ni cifra o dato alguno. 
Esto se debe a la falta de voluntad o a que los datos no se hallan disponibles. 
Es, por tanto, fundamental crear una base de datos. 
Sé que la Comisión se encuentra inmersa en el proceso de crearla y que se ha establecido un mandato de investigación. 
Este mandato, sin embargo, tiene un período de vigencia de cuatro años, y confío en que no pasen cuatro años antes de que se adopten medidas. 
Si tenemos que esperar a contar con las cifras, transcurrirá mucho tiempo antes de que suceda algo. 
En mi opinión, la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben llevar a cabo una estrategia similar a la del ámbito político. 
Afortunadamente, a los partidos políticos se les ha ido convenciendo poco a poco de que los órganos políticos deben ser representativos de los ciudadanos de su país. 
Si el 50% de estos ciudadanos son mujeres, como sucede en todos los países- y, con frecuencia, el porcentaje es aun mayor -, entonces el ámbito de la política también debería contar con una representación femenina proporcional. 
Ésta es la política tanto de Europa como de los Estados miembros. Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo de los interlocutores sociales. 
Éste es el motivo de que en el informe se hayan propuesto una serie de medidas que deben ser aplicadas bien por la Unión Europea, o bien por los propios interlocutores sociales, con un poco de presión por parte de los Estados miembros, con el fin de conseguir un nivel aceptable de representación femenina en los órganos de negociación y en los órganos de los interlocutores sociales, así como con el objetivo de lograr que los asuntos relativos a las mujeres también puedan debatirse durante las negociaciones. 
Habla por sí solo el hecho de que las personas que se sientan a una mesa de negociación sean más sensibles con sus propios problemas: suele suceder así. 
Es algo normal, puesto que están más familiarizadas con sus propios problemas. 
Pasa lo mismo cuando se organiza una mesa de negociaciones para personas con discapacidades: están más sensibilizadas con los problemas que afectan a los discapacitados, y es algo comprensible. 
Ocurre de la misma manera en las mesas de negociaciones a las que sólo asisten hombres. 
Están muy sensibilizados con sus propios problemas y no tan sensibilizados con los de las mujeres. 
De ahí nuestra teoría. 
Le pido, señora Comisaria, que adopte una política que se ocupe de esta cuestión en su conjunto. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención agradeciéndole a la Sra. Smet su informe, en el que se demuestra que se han realizado pocos avances por lo que respecta a la representación de ambos sexos entre los interlocutores sociales, y que la discriminación sigue vivita y coleando. 
Es una vergüenza que grandes sindicatos europeos, con cientos de miles de miembros, ni siquiera cuenten con una representación femenina simbólica, y que existan órganos ejecutivos sindicales compuestos exclusivamente por hombres. 
Ha aumentado el número de mujeres en el mercado laboral, pero apenas se ha producido un aumento acorde en el número de mujeres afiliadas a los sindicatos, en los que menos del 25% de las mujeres ocupan cargos directivos, aunque más del 40% pertenecen a un sindicato. 
En lo que respecta a los empresarios, como ha mencionado la Sra. Smet, la situación es aun peor: la proporción más baja se registra en Bélgica, con un 1,5 %, mientras que la más elevada se observa en Finlandia, con sólo un 19%. 
Por supuesto, se ha producido un aumento en el número de mujeres trabajadoras en los últimos años, pero recuerden que la Conferencia de Pekín finalizó hace diez años y que, si continuamos a este ritmo, las cifras no se igualarán hasta dentro de 2 500 años. 
Así que, ¿qué podemos hacer en el ámbito europeo? 
Está claro que no es un asunto que podamos solucionar mediante una iniciativa legislativa o por medio de medidas vinculantes. 
La Comisión, como ya han escuchado, ha elegido a un investigador para que realice un seguimiento de las estadísticas referentes a toda Europa y las registre, puesto que, en la actualidad, los únicos registros con los que contamos son los de las representaciones nacionales, y no tenemos ninguna representación analítica por sectores ni ningún desglose de datos por Estados miembros. 
Esta labor estadística durará 4 años, pero podremos utilizar los datos a partir del primero, y esto resultará muy útil para detectar dónde tenemos que intervenir y qué medidas debemos tomar: establecer redes de contacto, intercambiar prácticas, trabajar conjuntamente o conceder incentivos a los sindicatos. 
El segundo punto es que hemos de llegar a un acuerdo en torno a los objetivos cuantitativos y al calendario sobre la participación de la mujer. 
Los interlocutores sociales, que deben presentar un plan común en Navidad, pretenden, hasta donde alcanzo a saber, incluir el asunto de la igualdad como uno de los asuntos comunes que se comprometerán a resolver durante los próximos años. 
Por tanto, si los interlocutores sociales en el ámbito europeo presentan un plan común en Navidad e incluyen la cuestión de la igualdad de género, es importante que establezcamos un calendario y unos objetivos cuantitativos específicos. 
La Comisión aún tiene como objetivo la igualdad de representación para hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluyendo las comisiones que crea, pero para ser sinceros, muy pocas mujeres participan en los sindicatos de la Comisión. 
Antes de finalizar mi intervención, me gustaría destacar que el asunto de la falta de participación de la mujer, como la Sra. Smet ha explicado, es una cuestión de democracia, una cuestión de representación, una cuestión de desatender a la mitad de la población, de desatender a la mitad de la población activa y a la mitad del talento de la sociedad europea. 
Consideramos de verdad que con la estrategia para el empleo y el diálogo social podemos realizar avances, pero Europa no puede empujar sola si los propios interlocutores sociales no consiguen asumir gran parte de la responsabilidad, razón por la que también necesitamos su iniciativa aquí. 
Señor Presidente, quisiera también dar la enhorabuena a la Sra. Smet por su informe de propia iniciativa y por poner de realce una cuestión que ha sido prácticamente olvidada, tanto a escala nacional como a escala europea. 
Es cierto que contamos con muy poca información sobre la escasa representación de la mujer en las estructuras de los interlocutores sociales y sobre su falta de participación en las negociaciones del diálogo social. 
También es cierto que este déficit, este problema, no se reconoce en los círculos políticos. 
En efecto, mientras que con frecuencia oímos acerca de la ausencia de mujeres en parlamentos, gobiernos centrales y gobiernos regionales y locales, muy pocas veces oímos acerca de la ausencia de mujeres entre los interlocutores sociales. 
Por ello, debemos convencernos, como instituciones europeas, como gobiernos nacionales y como interlocutores sociales, de que la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones dentro de la cooperación social no sólo añadirá credenciales a su autoridad y calidad a la democracia, sino que también, a fin de cuentas, fomentará nuestros objetivos de desarrollo, puesto que contribuirá a aumentar el empleo, a mejorar la calidad del trabajo y a incrementar la productividad y la competencia. 
Por lo que respecta a la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones, es la única oportunidad de tener en cuenta las necesidades de las mujeres, tanto de las que tienen trabajo como de las que no, para desarrollar una responsabilidad social en beneficio de las mujeres trabajadoras, crear las condiciones necesarias para dar rienda suelta a la creatividad en el lugar de trabajo, tener en cuenta los aspectos específicamente femeninos y ocuparse de las diferencias de salario, que es el principal problema. 
Por consiguiente, necesitamos una amplia campaña de concienciación y de información en todas las direcciones, así como motivar a las propias mujeres trabajadoras, porque ellas también deben asumir su parte de responsabilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría felicitar a la Sra. Smet, en mi nombre y en el del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, por su excelente trabajo y su gran predisposición a tomar en cuenta las sugerencias realizadas durante el debate en la comisión. 
La participación equilibrada de la mujer en los órganos de toma de decisiones es un aspecto que con frecuencia se plantea y con respecto al que Europa, en muchas ocasiones, ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar medidas, un aspecto que no ha sido resuelto de ninguna forma. 
Como ha dicho la Comisaria, hay un déficit democrático en todos los ámbitos de la sociedad: el económico, el social y el político. 
Con este informe se pretende realizar un balance de la situación en los ámbitos social y político, y de la representación de la mujer entre los interlocutores sociales. 
Por lo que se refiere a este asunto, el primer aspecto que queda evidente es la falta de datos sistemáticos. 
Hay muy poca información disponible sobre la participación de las mujeres dentro de las estructuras organizativas y los órganos internos de toma de decisiones de los interlocutores sociales, y existe menos información todavía sobre la composición desglosada por sexos de las delegaciones de los negociadores en el diálogo social. Además, no hay estadísticas disponibles sobre los órganos consultivos en los que los interlocutores sociales están representados. 
La Confederación Europea de Sindicatos ha realizado grandes esfuerzos para recopilar estadísticas, pero se ha encontrado con muchas dificultades por la escasa cooperación de los sindicatos nacionales. 
En cualquier caso, estos estudios revelan una estructura piramidal en la que el 40% del número total de miembros de los sindicatos son mujeres, y el porcentaje desciende a menos de la mitad de esa cifra cuando se pasa a las estructuras de toma de decisiones en lo alto de la pirámide. 
Sobre las organizaciones de empresarios hay todavía menos información. 
Todo esto significa que las mujeres apenas se encuentran representadas en las delegaciones de negociación, lo cual también afecta a los logros de la política de igualdad de oportunidades. 
De hecho, en los últimos años, a petición de Europa, sobre todo, se han aplicado una serie de estrategias adaptadas a la situación de los diferentes Estados miembros, que han llevado a mejorar el estado de cosas, aunque éste es todavía del todo insatisfactorio. 
En Italia, por ejemplo, se ha aplicado una política de medidas positivas en los sindicatos, facilitada por la legislación y mediante la financiación de proyectos de formación específica para alentar la participación de las mujeres en los órganos administrativos, algo que, en muchos casos, ha dado lugar a que las organizaciones incluyan cuotas en sus estatutos. 
Es cierto que todo esto ha dado resultados muy positivos, pero ha sido práctica y exclusivamente en el ámbito local: los avances se detienen cuando llegamos a la toma de decisiones de ámbito nacional. 
Existe una relación directa entre la participación de la mujer en los órganos de toma de decisiones y los órganos de negociación y la adopción de una política de igualdad de oportunidades. 
Este vínculo queda confirmado, en particular, por los resultados de la investigación promovida por la Fundación Dublín sobre la igualdad de oportunidades y la negociación colectiva en la Unión Europa, que destaca que la participación de la mujer negociadora ha dado resultados positivos a la hora de reducir las desigualdades existentes, de aumentar la atención prestada a la reconciliación del trabajo y la vida familiar, así como de abordar la cuestión de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 
Es necesario, por tanto, como solicita el informe de la Sra. Smet, que la Comisión Europea inicie la recopilación de información y la creación de una base de datos relacionada con la representación de las mujeres entre los interlocutores sociales, para que puedan establecerse indicadores, con el fin de aumentar la influencia ejercida por las mujeres en los órganos de toma de decisiones, para crear una base de datos relacionada con los resultados del convenio colectivo en el contexto de la igualdad de oportunidades y utilizarlo para difundir las mejores prácticas, y pedir a los interlocutores sociales que creen redes de contacto entre las mujeres negociadoras, con el objeto de intercambiar su experiencia y su pericia, y en su política de empleo, para desarrollar el papel que se les ha adjudicado en la promoción de la igualdad de oportunidades. 
El desarrollo del diálogo social en el ámbito europeo dará ciertamente beneficios, en términos de influencia, eficacia y logros en pos de los objetivos, si se logra un mayor equilibrio de género en todos los ámbitos, incluido el contexto socio-económico. 
Señor Presidente, señora Comisaria, aunque las instituciones europeas han puesto de manifiesto en diversos documentos la necesidad de una representación de mujeres más equilibrada y proporcional en las distintas estructuras de toma de decisiones y en los distintos órganos políticos y sociales, por lo que respecta también a los interlocutores sociales, la realidad es que todavía persisten desequilibrios profundos y enormes desigualdades, como destaca el informe de la Sra. Smet, y como la Comisaria Diamantopoulou ha confirmado hace un momento. 
Y aunque sólo hay información incompleta con respecto a los interlocutores sociales, los pocos datos disponibles sobre la participación de las mujeres en el ámbito ejecutivo muestran que el porcentaje de mujeres es bajo y que las mujeres se encuentran claramente infrarrepresentadas en los escalafones superiores de las organizaciones, lo cual debilita la democracia y hace que sea difícil conseguir una igualdad real de derechos y oportunidades, igualdad recogida en los tratados y en diversas directivas a las que hacemos referencia todos los días. 
Apoyamos, por tanto, las iniciativas propuestas en este informe, tanto las que tratan de lograr un mayor conocimiento de la situación actual (la necesidad de recopilar datos ya se ha mencionado aquí) , como las destinadas a conseguir una representación más equilibrada de hombres y mujeres entre los interlocutores sociales. 
Solicitamos que se establezcan objetivos de rendimiento programados (sobre la representación cuantitativa y cualitativa de mujeres, tanto en las estructuras internas de toma de decisiones como en la negociación colectiva, incluyendo la próxima cumbre social trilateral) , y ahora deseo llamar la atención de la Sra. Comisaria sobre este asunto y los proyectos de informe que se redactarán sobre los avances realizados y las consecuencias de las medidas adoptadas. 
Sin embargo, deben establecerse condiciones objetivas para garantizar que la participación de la mujer en los órganos políticos y sociales se haga realidad. 
Es importante que la Comisión cree una base de datos, y que se difundan una serie de buenas prácticas, inclusive en un informe conjunto sobre el empleo, que divulguen información relativa a la participación de la mujer, especialmente en las negociaciones colectivas, y también sobre los avances conseguidos en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 
Es preciso formalizar esta información, este análisis y este enfoque en los diversos informes sobre la esfera social y el empleo. 
Señor Presidente, en todos los programas de acción para la igualdad de oportunidades de la Unión Europea? por ejemplo, el V Programa de acción de 2001 a 2005? se ha concedido gran importancia a la representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos decisorios. 
Aunque hay buenas estadísticas disponibles en los parlamentos y en las instituciones nacionales, todavía no existe ninguna investigación satisfactoria sobre los interlocutores sociales. 
Tanto en los sindicatos como en las organizaciones de empresarios las mujeres que desempeñan papeles de liderazgo son una pequeña minoría. 
No cabe duda de que es preciso cambiar esto, pero no a paso de tortuga. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hemos pedido unánimemente a los interlocutores sociales que establezcan objetivos precisos tan pronto como sea posible, con el fin de mejorar la representación cuantitativa y cualitativa de las mujeres. 
Como parte de esto, deberían acordarse los plazos para su aplicación. 
Deberían crearse bases de datos para ofrecer finalmente una visión precisa de la representación femenina en foros de expertos y en órganos de toma de decisiones. 
Otra medida que debería haberse adoptado hace mucho tiempo es la creación en todos los Estados miembros de figuras dedicadas a vigilar que no se atente contra la igualdad de oportunidades. 
No obstante, en el momento en que se inicie el cambio, se necesitará una intensa concienciación. 
En los cursos de formación y las conferencias sobre la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, las estructuras de las mujeres entre los interlocutores sociales deberían ser visibles. 
Es preciso desarrollar medidas positivas en forma de programas de acción dentro de las organizaciones. 
Deberían crearse redes de mujeres que se comunicaran entre sí y que intercambiaran experiencias e información sobre distintos proyectos. 
Estos proyectos tuvieron éxito y, por tanto, merece la pena repetirlos, y los otros fracasaron y deberíamos intentar entender qué aprendimos de ellos. 
Un componente importante es la responsabilidad en el ámbito ejecutivo hasta la sala de juntas. 
El voto en la Comisión de Derechos de la Mujer fue unánime y da testimonio del trabajo ejemplar de nuestra ponente, Miet Smet. 
Yo también me adhiero por completo a esta evaluación de su informe. 
Señor Presidente, la estadística más sorprendente que he escuchado esta noche ha sido la de la Comisaria, en la que indicaba que nos llevaría 2.500 años conseguir una situación de igualdad para las mujeres si continuamos al mismo ritmo. 
Me pregunto con qué rapidez tendríamos que avanzar para poder conseguir esta igualdad en los próximos cien años, que aún así supondría un largo período de espera. 
Se me ocurre que aunque hablamos consecuente y correctamente acerca de la necesidad de crear una igualdad de oportunidades en la Unión Europea, en realidad se trata de un objetivo secundario para la consecución de un trato igualitario para las personas, porque existe una clara diferencia entre la cuestión de la igualdad para cada ser humano y la idea de que deberían tener las mismas oportunidades. 
Sin igualdad no puede haber igualdad de oportunidades y esto tiene que ser un elemento fundamental de nuestro planteamiento con respecto a este tema de la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. 
Uno de los problemas que debemos afrontar si queremos garantizar que las mujeres- y, en particular, las mujeres trabajadoras- puedan participar y disfruten de tiempo de permiso retribuido para realizar actividades sindicales es el de los empresarios que se muestran extremadamente reticentes a conceder tiempo de permiso retribuido a los trabajadores para que realicen cursos de formación o actividades sindicales. 
Este hecho es cada vez más frecuente, incluso sin entrar en la cuestión del tiempo de permiso retribuido para los hombres o las mujeres para que puedan tener un niño o cuidar de sus hijos. 
No estoy sorprendido por la estadística que indica que se ha producido un descenso en el número de mujeres que participan en organizaciones de empresarios. 
La única ligera crítica que tengo acerca de algunas de las estadísticas del informe es que no están actualizadas. 
Eso no es culpa de la ponente, sino que se debe al hecho de que no realizamos una recogida consecuente y sistemática de los datos apropiados. 
Una de las claves para progresar en esta área está en tener programas afirmativos, planes de acción y objetivos. 
También resulta fundamental un programa para concienciar a los miembros de los sindicatos y de las organizaciones de empresarios de que existe otra mitad de la humanidad que merece la igualdad como derecho y no simplemente como un privilegio. 
Señor Presidente, el único interés de la simetría falaz establecida entre la escasa representación de la mujer en las organizaciones patronales, por un lado, y los sindicatos, por otro, es mostrar que existen todavía muchas menos mujeres en las organizaciones patronales que en los sindicatos, aunque los patronos tienen como único obstáculo material al enfrentarse a este problema la misoginia del entorno patronal. 
Por otra parte, sería de un gran cinismo reprochar a las organizaciones de trabajadores que no incluyan a más mujeres en sus puestos de responsabilidad, cuando las trabajadoras de la Unión Europea tienen el problema de la insuficiencia o inexistencia de guarderías y parvularios. 
Puesto que la ponente es una exministra, sería conveniente que utilizara su influencia para animar a los Estados miembros a que apliquen un programa amplio para la creación de guarderías, jardines de infancia y parvularios que cuenten con una plantilla suficiente. 
Ciertamente no resolvería los problemas de la representación femenina en los órganos directivos de los sindicatos, pero mejoraría la situación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Constitución de mi país proclama solemnemente, en su artículo 14, que todos «los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición política o social» ; y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 20, en el capítulo tercero, dice que «todas las personas son iguales ante la ley» ; y el artículo 21, que «se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo» , y otras circunstancias que relaciona; y en el artículo 23, bajo el epígrafe de «Igualdad entre hombres y mujeres» establece que «la igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. 
El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.» 
Trasladados estos principios generales, estas declaraciones solemnes a la realidad social, al terreno que cada día pisamos y que nos toca vivir y específicamente al logro de la igualdad de la mujer en el ámbito de la representación entre los interlocutores sociales de la Unión Europea, salta a la vista, de inmediato, una conclusión: queda mucho por hacer. 
Lo recoge perfectamente el excelente informe de la Sra. Smet, a la que felicito por su trabajo. 
Las mujeres representan aproximadamente el 40% de los miembros de los sindicatos en la Unión Europea, pero no existe una proporcionalidad entre su presencia en el ámbito de la filiación a los sindicatos, por una parte, y en los órganos decisorios y rectores de los mismos, por otra. 
Además, las mujeres, aunque los datos al respecto sean un tanto imprecisos, constituyen una minoría en el nivel superior de las organizaciones empresariales. 
Las declaraciones de intenciones sin compromiso no bastan para trasladar a la realidad social lo que de los principios señalados se infiere. 
Se imponen, por lo tanto, estrategias destinadas a aumentar la presencia de la mujer entre los interlocutores sociales y creo que un sistema artificial de cuotas no es la solución ni el camino adecuado ni la solución deseada. 
Una sociedad más justa- en una Unión Europea en que el 42% de las personas que trabajan son mujeres- no debe tolerar una infrarrepresentación de las mujeres en los órganos y en las estructuras en que los interlocutores sociales se conciertan para definir, regular, y acordar temas sobre la política social. 
Quizás las propias mujeres tengan alguna responsabilidad en la situación que aquí se analiza. 
Creo que la integración horizontal de la dimensión de género en las distintas políticas, que los programas de acción- preferentemente las medidas que concilien la vida laboral y familiar -, el esfuerzo de los propios agentes sociales, formación e información, medidas de estímulo a la participación de la mujer, acciones y programas de acción positiva, son caminos hacia la igualdad y ésta, a su vez, es una vía de acceso, un instrumento para construir una sociedad mejor, más justa y más solidaria a través del diálogo social. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en este excelente informe, la Sra. Smet, a quien felicito por su magnífico trabajo, destaca la participación insuficiente de las mujeres entre los interlocutores sociales de la Unión Europea y sus consecuencias en la aplicación de la política de igualdad de oportunidades. 
Para solucionar el evidente déficit de representación de las mujeres en las estructuras y órganos de toma de decisiones de los interlocutores sociales, debería hacerse hincapié en tres medidas en particular. 
Primera: necesitamos saber dónde nos encontramos ahora y dónde queremos estar. 
De ahí la necesidad de garantizar que contemos con estadísticas que nos ofrezcan una imagen real de la situación y que puedan ofrecer una base para la creación de programas de acción y la redacción de proyectos de informes de evaluación. 
Segunda: el conocimiento y la formación son fundamentales para el progreso individual y colectivo. 
La preparación de las mujeres para cargos de liderazgo debe, por tanto, convertirse en una prioridad. 
Este objetivo puede lograrse a través de la creación de centros para la difusión de un conocimiento especializado. 
Tercera: los interlocutores sociales deben ofrecer programas de formación, con el fin de concienciar sobre la igualdad de oportunidades, y este aspecto debe figurar siempre en el orden del día de cualquier negociación. 
En mi país, por ejemplo, la tasa de mujeres empleadas ha venido aumentando a un ritmo constante y es una de las más altas de la Unión Europea. 
Sin embargo, dichos cambios no se corresponden con el grado de participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones, y todavía persisten muchas desigualdades. 
Por lo que se refiere al acceso a los cargos directivos, sólo el 2% de las mujeres ocupan puestos de jefe de departamento, cifra que aumenta hasta el 3,2 % para cargos de mayor responsabilidad. 
Asimismo estamos comprobando la participación insuficiente de la mujer en puestos de mayor relevancia dentro del ámbito sindical. 
Es difícil conseguir datos fiables, como ya se ha afirmado aquí en diversas ocasiones. 
Por último, deseo recordarles que diversos estudios confirman que la presencia de la mujer en los órganos de toma de decisiones y en las negociaciones colectivas tiene un efecto positivo en la aplicación de la política de igualdad de oportunidades. 
Por tanto, la representación equilibrada de hombres y mujeres, además de ser un imperativo democrático para los interlocutores sociales, dará lugar a un entorno organizativo y laboral más favorable. 
Muchas gracias, señora Bastos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.48 horas) 
. 
(PT) Deseo expresar mi acuerdo con esta recomendación para la segunda lectura y la aprobación consiguiente de la posición común del Consejo, que yo considero de capital importancia para el fomento de la seguridad vial. 
Tal y como ha defendido el Sr. Hatzidakis- y aprovecho la oportunidad para felicitarle por su excelente labor -, el incremento de la seguridad vial mediante la limitación de la velocidad de los vehículos de transporte de pasajeros y mercancías merece un aplauso. 
La propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva vigente- Directiva 92/6/CEE- y de instalar progresivamente dispositivos limitadores de velocidad, refleja una preocupación constante del Parlamento como es el fomento de la seguridad vial en la Unión Europea, que yo siempre he suscrito y por que sigo defendiendo. 
Por ello coincido con el ponente en la necesidad de aprobar lo antes posible y sin enmiendas la posición común del Consejo, dado que la mayoría de enmiendas presentadas han sido tenidas en cuenta y además se han incorporado también nuevos elementos que han contribuido a mejorar la claridad del texto sometido a nuestra consideración. 
El turismo y la manera en que funcionan las agencias de viaje han cambiado mucho en los últimos 25 años, desde la aprobación del régimen especial del IVA en este sector. 
Al mismo tiempo, la actividad de las agencias de viajes ha experimentado también un cambio profundo. 
El régimen especial definido en la sexta Directiva está teniendo cada vez más dificultades para adaptarse a las necesidades actuales de este sector. 
Las innumerables derogaciones de las que se benefician varios países de la UE y la situación privilegiada de las agencias de viajes de terceros países, en relación con el IVA, ha originado una situación de competencia desleal o la práctica, por parte de la mayoría de grandes empresas, de crear sucursales en terceros países- Suiza, por ejemplo- para eludir las obligaciones fiscales de la Unión Europea. 
La propuesta de la Comisión merece nuestro voto favorable. 
Por lo tanto, propongo un método práctico para recaudar el IVA impuesto a las agencias de viajes de terceros países que venden productos en la Unión Europea o a personas físicas residentes en la Comunidad: el mismo método, de hecho, que el Parlamento aprobó para el comercio electrónico. 
Asimismo propongo un método que mejore la competitividad de las agencias de viajes cuando vendan productos turísticos, dentro de la Unión, a residentes de terceros países. 
. 
(PT) Mi voto en contra del informe no pasa por alto el hecho de que la Cumbre de Laeken de diciembre de 2001 reafirmó la necesidad de que los Estados miembros de la UE adoptaran una política común en el ámbito del asilo y la inmigración antes de 2004. 
En realidad, estoy de acuerdo con que existe la necesidad de coordinar los procedimientos que hay que establecer en el ámbito de la política de asilo e, incluso, de que se respeten la soberanía y las competencias de los Estados miembros, en relación con la incorporación permanente de un método de coordinación, en el ámbito del asilo, con el fin de fomentar la convergencia de los sistemas nacionales. 
Sin embargo, no voy a caer en la hipérbole- especialmente, en un ámbito tan delicado como éste- y lamento el hecho de que tanto el ponente como la comisión especializada hayan optado por un planteamiento hiperbólico y francamente excesivo que va mucho más allá de lo necesario. 
Por este motivo, he votado en contra del informe. 
Y definitivamente ésta es la razón que subyace a mi rechazo final del informe, y que debería servir como advertencia para el futuro: al intentar conseguir demasiado, pueden verse perjudicadas las necesidades básicas. 
Este presupuesto es satisfactorio, perjudicial y desastroso al mismo tiempo. 
Satisfactorio por su cuantía: 100.000 millones de euros. 
Es el presupuesto más grande que hemos tenido desde 1958. 
Perjudicial para la agricultura. 
El porcentaje de créditos para agricultura en el gasto total se está reduciendo progresivamente y, en particular, los créditos autorizados en las previsiones financieras nunca llegan a utilizarse en su totalidad. 
En un plazo de diez años, si sumamos las diferencias anuales entre los presupuestos agrarios ejecutados, por una parte, y los presupuestos agrarios autorizados y las previsiones financieras agrarias estimadas, por otro, se ha desvanecido el equivalente a un presupuesto agrario anual. 
Los casi 40.000 millones de euros que se han negado a los agricultores europeos podrían haber sido utilizados para salvar a nuestros apicultores, promover nuestros vinos y crear un fondo europeo para hacer frente a las catástrofes naturales. 
En el área de Languedoc, por ejemplo, donde las inundaciones de septiembre destruyeron 4.000 hectáreas de viñedo. 
Desastroso porque 2003 será el último año antes de caer en el pozo sin fondo de la globalización sin una red de seguridad. 
Este es el año de Cancún y de la Conferencia Ministerial de la OMC que sellará el acuerdo mundial sobre el libre comercio de productos agrícolas. 
Es también el año en el que existirá un conflicto real por la reforma de la PAC, con un poderoso aliado para el Sr. Fischler en Renate Kunas. 
Es también el comienzo de nuestro descenso por la resbaladiza pendiente de la ampliación, con la adhesión de los países agrícolas de Europa Oriental, que conllevará unos costes desconocidos en términos reales. 
Conclusiones de la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión acerca de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible; 
el informe (A5-0237/2002) de la Sra. Hulthén, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático [COM (2001) 580-C5-0164/2002-2002/2072 (COS) ]. 
Me complace abrir este debate concediendo la palabra al señor Presidente Haarder, antiguo diputado y Vicepresidente del Parlamento Europeo, que hablará a continuación en nombre del Consejo, en calidad de Presidente en ejercicio de dicha institución. 
Señor Presidente, muchas gracias por esta calurosa acogida. 
La Cumbre Mundial tuvo lugar en Johanesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. 
Se registró un alto índice de participación por parte de los parlamentos, de las ONG y de los sectores de la industria y del comercio. 
La Presidencia danesa- representada por el Ministro danés de Medio Ambiente- consideró de vital importancia permanecer en contacto en todo momento con los participantes procedentes del Parlamento Europeo. 
Creo que un buen número de los aquí presentes podrá confirmar mis palabras. 
Me gustaría felicitar al Parlamento por el informe del Sr. Lannoye, aprobado el pasado mes de abril, pues ha sido un documento de peso a lo largo de todo el proceso. 
En calidad de participantes destacados, he de decir que tuvimos que alentar los puntos de vista expuestos previamente en las reuniones del Consejo Europeo sobre Medio Ambiente, Desarrollo y Ministros de Asuntos Exteriores que se celebraron en Sevilla. 
Tuvimos además que conseguir buenos resultados y obtener la mayor influencia posible, una tarea que no resultó nada fácil en vista de los numerosos puntos de vista e intereses divergentes con los que todos estamos familiarizados. 
Como ya sabréis, la decisión de celebrar la Cumbre fue adoptada en la Asamblea General de la ONU en el otoño del año 2000, el mismo año en el que la Cumbre del Milenio adoptaba los ocho objetivos del Milenio para reducir la pobreza antes del año 2015. 
Las competencias de la Asamblea General de Johanesburgo consistían en identificar nuevos retos y nuevas oportunidades para fomentar el desarrollo sostenible, así como para establecer políticas y medidas de apoyo dirigidas a países en desarrollo y a países en pleno proceso de transición económica. 
Como preámbulo de la Cumbre de Johanesburgo, se celebraron dos conferencias internacionales de ámbito ministerial: la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha en noviembre de 2001, en la que se adoptó la agenda para la ronda de negociaciones sobre comercio y desarrollo, y la Conferencia sobre la financiación para el desarrollo celebrada en Monterrey en marzo, en la que se llegó a un acuerdo histórico sobre el tema de la financiación y la buena gobernanza. 
Al mismo tiempo, y por primera vez en muchos años, se hicieron nuevas y sustanciales promesas por las que los países ricos se comprometían a conceder ayudas. 
A partir del año 2006, estas garantías incrementarán el volumen de ayuda total en un 25% anual. 
Desde la UE, nos habría complacido enormemente establecer objetivos de desarrollo en una serie de áreas que no fueron tratadas en los objetivos del Milenio o en otros acuerdos previos. 
Quisimos insistir en los resultados alcanzados con anterioridad en materia de derechos humanos, derechos de los trabajadores, igualdad y buena gobernanza y, además, tratamos de conseguir asegurar un seguimiento efectivo. 
En una serie de aspectos, estos deseos se vieron cumplidos; a continuación, mencionaré los más significativos. 
En lo que respecta a la globalización, hemos atribuido una gran importancia a la reflexión sobre las oportunidades positivas que ésta ofrece y hemos enfatizado en la dimensión social y la responsabilidad de las empresas. 
Hemos logrado elevar la lucha contra la pobreza al estatus de objetivo crucial para el desarrollo sostenible en un contexto en el que se garantiza, además de una creciente prosperidad, el acceso a bienes y principios básicos como el agua potable, la higiene, la energía o mejores condiciones de salud e igualdad. 
Hemos conseguido fijar un conjunto de objetivos prácticos, con sus plazos correspondientes, en ámbitos como los de la pobreza, la salud, el medio ambiente y los recursos naturales. 
Uno de los objetivos más importantes es conseguir reducir a la mitad, antes de 2015, el número de personas que no disponen de las condiciones sanitarias básicas. 
Este objetivo debería complementar el objetivo del Milenio de reducir a la mitad, en el mismo plazo de tiempo, el número de personas que no disponen de agua potable. 
Otros objetivos son restaurar las poblaciones de peces y mantenerlas en niveles sostenibles antes de 2015, amortiguar al máximo los efectos nocivos y los riesgos para la salud y el medio ambiente que genera la producción de productos químicos antes de 2020, y reducir de forma sustancial la pérdida de biodiversidad antes de 2010. 
Además de todo lo dicho, se ha llegado a un acuerdo por el cual se va a desarrollar un programa marco de diez años de duración sobre producción y consumo sostenibles que tratará el problema crucial que surge al no analizar de forma conjunta el crecimiento económico y el deterioro del medio ambiente. 
Las negociaciones más arduas fueron, sin duda alguna, las que trataron el objetivo de la energía sostenible. 
No se logró establecer ningún objetivo práctico, con un plazo para conseguirlo, debido a la oposición de los EE.UU., el Japón y los países de la OPEP; sin embargo, sí pudimos establecer un objetivo para incrementar lo antes posible la proporción mundial de energía sostenible. 
No obstante, lo verdaderamente destacable es el hecho de haber conseguido, por primera vez en una cumbre internacional, que se reconozcan verdaderamente las ventajas que ofrece la energía sostenible. 
Este constituye, hasta la fecha, el logro más importante en esta área. 
A ello hay que añadir que la UE, junto con una serie de países, ha manifestado su intención de continuar trabajando en este tema. 
Las metas y objetivos establecidos en Johanesburgo, unidos a los objetivos del Milenio, nos ofrecen una agenda precisa para encauzar nuestros esfuerzos a escala nacional, regional e internacional en los próximos 10 a 15 años. 
Se han podido consolidar las garantías en materia de comercio y subvenciones establecidas en Doha, con el objeto de facilitar a los países en desarrollo el acceso al mercado y apoyar la retirada paulatina de las subvenciones que distorsionan el comercio. 
Johanesburgo atribuyó gran importancia, en términos políticos, al actual proceso de la OMC y a lo que éste significa para los países en desarrollo. 
Tenemos el deber fundamental de fomentar y alimentar estas expectativas en las negociaciones venideras. 
Se han ratificado los acuerdos alcanzados en Monterrey sobre la financiación para el desarrollo y la importancia de una buena gobernanza para atraer la inversión y la financiación. 
Los donantes que habían prometido una nueva financiación en Monterrey pudieron confirmar este aspecto. 
Además, una serie de países de la UE adoptaron de forma conjunta la iniciativa de conseguir contribuciones voluntarias de 80 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente, para lograr incrementar el fondo del programa «Global Environmental Facility» hasta la cantidad de 3 000 millones de dólares estadounidenses, que era la meta establecida en un principio. 
Por último, conseguimos establecer que hay que promover la perspectiva social y adherirse al consenso previamente alcanzado sobre el papel, los derechos y la igualdad de las mujeres. 
La UE presentó una declaración a este respecto, ya que no se concedió la importancia que habríamos deseado a la cuestión sobre el papel desempeñado por las mujeres. 
También se ha otorgado una gran importancia a la responsabilidad nacional de llevar a cabo una buena gobernanza y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Hemos conseguido establecer que las estrategias nacionales de sostenibilidad- que pueden formularse como estrategias en materia de pobreza- deben estar preparadas para su aplicacion antes de 2005. 
Me gustaría añadir, además, que también se mencionó a los pueblos indígenas en la declaración. 
En lo que respecta a los acuerdos de asociación, se preparó el terreno para lograr una mayor interacción entre el sector público, las organizaciones privadas y las empresas privadas con el fin de facilitar la ejecución del conjunto de objetivos. 
Además, la UE lanzó dos nuevas y ambiciosas iniciativas en las dos áreas prioritarias del agua y de la energía, a saber, «Agua para la vida» y «Energía sostenible para la reducción de la pobreza». 
Estoy de acuerdo con el Parlamento en que lo fundamental consiste en aplicar todo lo que acabamos de decir y pasar, finalmente, de las palabras a los hechos. 
Johanesburgo recreó la atmósfera necesaria para que se pudiera aplicar de forma efectiva la agenda sobre el desarrollo sostenible. 
El sector privado tendrá un grado de participación mayor en este proceso. 
El sector empresarial lanzó un claro mensaje según el cual, las empresas aceptan su responsabilidad ante las comunidades locales y el medio ambiente en lo que respecta a las inversiones y la producción. 
El seguimiento internacional se llevará a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Éste es un asunto importante en el que debemos continuar trabajando. 
El Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio deberían también participar. 
Las palabras deben dar paso a los hechos. 
La Presidencia ha atribuido una gran importancia al seguimiento efectivo de las obligaciones de la UE, tanto en su dimensión interna como en su dimensión mundial, de hacer posible el desarrollo sostenible. 
En este contexto, es nuestro deber, en particular, hacer un seguimiento de nuestras propias iniciativas en el ámbito del agua y de la energía. 
Por último, me gustaría mencionar que ayer se celebró la Cumbre ASEM, que congregó a los Jefes de Estado y de Gobierno de 25 países europeos y asiáticos. 
Con vistas a la preparación de esta Cumbre, presidí el pasado jueves una conferencia de Ministros de Finanzas de estos países, y me complace comunicarles que la mayor parte de la agenda que se ha debatido aquí fue debatida por nuestros socios asiáticos. También se ha llegado al acuerdo de iniciar una serie de actividades preparatorias entre la UE y Asia para poder asegurar progresos tanto en Cancún como en cualquier otro lugar en el que se continúe el proceso de la OMC. 
Por último, me gustaría añadir que es muy importante que, al tratar estos temas, en Europa nos demos cuenta de que, a pesar de que podamos ser participantes destacados, necesitamos socios que deseen lo mismo que nosotros. 
Tanto al señor Comisario Pascal Lamy como a mí, nos complace enormemente haber llegado tan lejos como lo hicimos la semana pasada y ayer con nuestros colegas asiáticos. 
Por ello, creo que existen razones para ser optimistas con respecto a la oportunidad de realizar nuevos progresos sustanciales el próximo año. 
. (EN) Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para presentar la evaluación de la Comisión de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo hace tres semanas. 
En cierto modo, todavía es pronto para hacer una evaluación definitiva de los resultados, pero el tiempo y nuestros esfuerzos nos dirán si esta cumbre dará de sí lo que Río no dio. 
Como hemos insistido al término de las negociaciones, una vez expuestas las buenas intenciones, ha llegado el momento de pasar a los hechos. 
No trataré de simplificar o resumir en exceso la cumbre calificándola de éxito o fracaso, pero en términos generales la Comisión cree que podemos estar satisfechos con los resultados de Johanesburgo. 
Hemos logrado dar un nuevo impulso a la causa del desarrollo sostenible y los resultados de la cumbre apuntan en la dirección correcta. 
Sin duda la gente hará comparaciones con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992. 
La evaluación inmediata de algunas ONG y otros grupos tras el encuentro era que la Cumbre de Río había sido un fracaso. 
Ahora se considera que fue un acontecimiento clave en la lucha por el desarrollo sostenible. 
La Cumbre de Río fue muy distinta a la de Johanesburgo en algunos aspectos importantes. 
El hecho más destacable es que el clima político en el año 2002 es muy distinto del de hace diez años. 
Frente a un difícil retroceso político, la Unión Europea tuvo que levantar la bandera del desarrollo sostenible en Johanesburgo. 
Se podría decir incluso que fuimos el único motor de todo el proceso. 
Bastaría recordar cómo se determinó el mandato europeo. 
Al preparar la cumbre, la Comisión elaboró dos comunicaciones específicas, una en febrero de 2001, titulada «Diez años después de Río: preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002» , y una segunda comunicación en febrero de 2002, titulada: «Hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible». 
A partir de estas comunicaciones, el Consejo aprobó una serie de conclusiones en 2001 y 2002, con las que se definió la plataforma de negociación de la Unión Europea para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
Cabe mencionar especialmente las conclusiones del Consejo de Desarrollo de 30 de mayo de 2002, en las que se detallan las prioridades de la UE. 
El Parlamento Europeo también se pronunció al respecto en una resolución adoptada el 16 de mayo de 2002. 
Hemos trabajado principalmente con la intención de avanzar todo lo posible en la aplicación de los objetivos del milenio en materia de desarrollo, y en especial en conseguir el objetivo de reducir a la mitad la población que vive en condiciones de extrema pobreza de aquí a 2015. 
La erradicación de la pobreza ha sido el tema principal al que hemos vinculado todas las cuestiones concretas. 
La Unión argumentó que deberíamos comprometernos realmente fijando objetivos cuantificables, con calendarios y mecanismos de seguimiento, en el Plan de aplicación. 
Ahora voy a centrarme en algunos logros clave obtenidos en Johanesburgo, a los que el Sr. Haarder ya se ha referido, pero que creo que merece la pena volver a destacar. 
Lo primero que me gustaría subrayar es la incorporación de una serie de nuevos objetivos al Plan de aplicación. 
El primero, reducir a la mitad para antes del año 2015 la proporción de personas que no tiene acceso a equipamientos sanitarios básicos (en la actualidad esto afecta a tres millardos de personas, la mitad de la población mundial). 
Este nuevo objetivo complementa el objetivo del milenio en materia de desarrollo sobre el acceso al agua limpia. 
El segundo, el compromiso de reducir de aquí al año 2020 los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la producción y el uso de productos químicos. 
El tercero, el compromiso de reducir a la mitad el declive de los recursos pesqueros y reponerlos en niveles sostenibles hasta más tardar el año 2015. 
El cuarto, el compromiso de comenzar a aplicar las estrategias nacionales de desarrollo sostenible de aquí al año 2005. 
El quinto, el compromiso de poner fin a la pérdida de biodiversidad de aquí al año 2010, tan pronto como se llegue a un acuerdo entre las partes implicadas en el Convenio sobre Biodiversidad. 
El respaldo de todos los Jefes de Estado y de Gobierno constituye un logro importante. 
Otro resultado importante consiste en el acuerdo de establecer un plazo de diez años para desarrollar programas de consumo y producción sostenibles, todo un esfuerzo mundial que vendría encabezado por los países industrializados. 
En materia de globalización, como ya se ha dicho, la cumbre ha decidido emprender acciones concretas para reforzar el papel del comercio en el desarrollo sostenible, promoviendo por ejemplo el comercio de productos respetuosos con el medio ambiente y orgánicos de los países en vías de desarrollo, y redoblando la acción internacional a favor de la responsabilidad de las empresas. 
Los objetivos de la UE en materia de energía se plantearon en las Conclusiones de la Presidencia del Consejo el 30 de mayo de 2002. En dichas conclusiones, la UE reafirmaba su compromiso de hacer lo posible por alcanzar antes de 2015 el objetivo global en materia de desarrollo de reducir a la mitad el número de seres humanos que viven en condiciones de extrema pobreza, así como otros objetivos del milenio, por medio del suministro de servicios energéticos adecuados, asequibles y sostenibles. 
En línea con su posición general favorable al plan de aplicación orientado a resultados, la Unión Europea también ha apoyado, entre otras cosas, la iniciativa de fijar un objetivo cuantitativo, sujeto a un plazo, con el fin de incrementar la proporción de energías renovables dentro del conjunto de energías. 
A pesar de no haber podido fijar un objetivo específico para las fuentes de energía renovable en el Plan de acción, se llegó a un acuerdo para aumentar de como urgente y sustancial la cuota mundial de energías renovables. 
También decidimos llevar a cabo acciones conjuntas para mejorar el acceso de la población pobre a la energía. 
Los acuerdos se evaluarán con regularidad y se examinará su progreso. 
Además, la Unión Europea lanzó una «coalición de voluntarios» en materia de energías renovables. 
Esta medida incluye a los países y regiones que deseen fijarse objetivos y plazos para incrementar las energías renovables en el conjunto de energías existentes. 
Esta coalición se encarga de ejercer presión sobre las partes que no estén dispuestas a colaborar y sin duda impulsará el desarrollo de las energías renovables en todo el mundo. 
Es significativo que esta coalición fijará un objetivo en materia de energías renovables que supondrá un umbral mínimo en vez de un tope máximo. 
Unido a esto, se han producido avances muy positivos en materia de cambio climático. 
Los países que han ratificado el protocolo de Kyoto han confirmado que su compromiso entrará en vigor lo antes posible; en cuanto al resto, se les insta a adherirse a la mayor brevedad posible. 
Los anuncios de los Primeros Ministros de Polonia, Rusia y Canadá indican que el protocolo no tardará mucho en entrar en vigor. 
La Comisión Europea habló con una sola voz potente en Johanesburgo. 
Como Comisaria de Medio Ambiente, tuve que compartir con el Sr. Poul Nelson, Comisario de Desarrollo, la responsabilidad de encabezar los preparativos de Johanesburgo. 
Ambos hemos participado en las sesiones de negociación de alto nivel que tuvieron lugar entre ministros en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
La coordinación se vio reforzada por la presencia en Johanesburgo del Presidente de la Comisión. 
Me complace pasar la palabra a mi colega el Sr. Poul Nielson, que hablará, entre otras cosas, de la necesidad de seguir trabajando y poner en práctica los compromisos adquiridos en la Cumbre. 
. (EN) Señor Presidente, la Sra. Wallström tiene razón al decir que hablaré más concretamente de comercio, finanzas y continuación del trabajo, pero antes haré algunas observaciones generales. 
Hay que tener en cuenta que Johanesburgo fue una conferencia de la ONU, lo que significa que las delegaciones deben llegar a un consenso, y no todo el mundo consigue todo lo que quiere. 
En efecto, tal como ha dicho la Comisaria Wallström, el clima político es distinto al de 1992. 
Es casi como si las ONG y el Grupo de los 77 hubieran desistido de esperar un multilateralismo constructivo por parte de los Estados Unidos o como si los Estados Unidos ya no formaran parte de la ecuación del desarrollo sostenible. 
Esta actitud es imposible en las salas de negociación, porque los Estados Unidos, por supuesto, participan efectivamente, como pudimos ver cuando los Estados Unidos y los países miembros de la OPEP unieron sus fuerzas para oponerse a los objetivos sobre energías renovables. 
Sin embargo, Johanesburgo dio pie a un consenso y eso es de por sí positivo. 
Voy a plantear las cuestiones sobre el comercio de forma más detallada. 
He notado aquí cierta inquietud al respecto. 
Las negociaciones han efectivamente sido difíciles. 
Los países en vías de desarrollo se centraron en el comercio y en las subvenciones a la agricultura, lo que obligó a la UE a redoblar sus esfuerzos por mantener a Doha como foro de discusión de fondo y evitar, en general, el descarrilamiento de la agenda multilateral. 
He visto el punto 6 en la propuesta de resolución y me gustaría decir que creo que se trata de una lectura correcta del problema. 
Hemos logrado evitar este descarrilamiento de la agenda multilateral, pero también hemos tenido que agotar el capital de negociación defendiendo lo que de hecho todo el mundo había acordado a escala internacional hacía menos de un año. 
Lo que resulta realmente alentador, y que podríamos llamar «liderazgo UE» , es haber conseguido evitar la repetición de la desorganización provocada por la «agenda sobrecargada» que fue la causa del fracaso de Seattle. 
Cuando las ONG dicen que Johanesburgo fue un fracaso porque no reabrió el debate de Doha y Monterrey, no hacen más que malinterpretar de modo infundado e innecesario lo que realmente se pretendía en Johanesburgo, y el hecho de que algunos diputados del Parlamento Europeo parezcan compartir dicha malinterpretación no ayuda mucho. 
Doha trató sobre el comercio en noviembre de 2001 y Monterrey sobre la financiación en marzo de 2002. 
Ambas reuniones contribuyeron a que Johanesburgo haya sido un éxito. 
La agenda multilateral estaba mejor organizada para Johanesburgo, lo que nos permitió, a pesar de las dificultades mencionadas, centrarnos en el cierre de las cuestiones de más peso de la Cumbre de Johanesburgo. 
La UE continuará promoviendo su agenda positiva en materia de comercio en beneficio de los países en desarrollo. 
A este respecto existen muchos puntos que tratar: 
En primer lugar, estamos por delante de otros socios comerciales importantes en materia de acceso al mercado, y ello gracias a la iniciativa «Todo menos armas». 
En segundo lugar, el viernes, la UE y los países ACP empezarán a negociar sobre los acuerdos de asociación económica regional en el marco de los Acuerdos de Cotonú. 
En tercer lugar, la semana pasada la Comisión adoptó una comunicación sobre comercio y desarrollo dirigida al Consejo y a este Parlamento. 
Esta comunicación plantea las condiciones requeridas para permitir que los socios de países en vías de desarrollo se beneficien del comercio regional, nacional y mundial, responde en menos de un mes a la Declaración Política de Johanesburgo y a la petición de un incremento de la asistencia relacionada con el comercio. 
Las disposiciones de Doha en la materia se citan a lo largo de todo el texto. 
El texto de Johanesburgo también reclama la aplicación efectiva de la Agenda de Doha situando las necesidades de los países en desarrollo en el centro de las negociaciones, pero sin interferir en las negociaciones sobre subvenciones y aranceles. 
En cuanto a las subvenciones, el texto de Johanesburgo cita textualmente las conclusiones del Consejo. El texto también reafirma lo estipulado en materia de acceso a las medicinas y los ADPIC. 
En resumen, el texto de Johanesburgo sobre comercio y finanzas es paralelo al mandato emitido por el Consejo de Desarrollo del 30 de mayo. 
No está nada mal. 
Por otro lado, es cierto que el mensaje procedente de las delegaciones del sur fue alto y claro: «El Norte debe demostrar que su propuesta de que Doha sea una ronda de desarrollo es seria». 
Se trata de un recordatorio muy útil que, desde el punto de vista de la Comisión, acogemos favorablemente y encontramos significativo. 
En cuanto al tema de las finanzas, Johanesburgo ha vuelto a confirmar los objetivos del milenio, además de añadir otros nuevos igualmente importantes. 
El desarrollo sostenible sigue siendo uno de los objetivos principales de la declaración política de Johanesburgo y nos aporta un marco coherente para aplicar los resultados de todas las grandes conferencias de la ONU. 
Se ha dado alta prioridad a la lucha contra la pobreza en todos los capítulos del Plan de aplicación. 
La cumbre ha dado un paso adelante al otorgar prioridad explícitamente a la lucha contra la pobreza, persiguiendo objetivos como el acceso a la energía, al agua y a la sanidad y el reparto equitativo de los beneficios de la biodiversidad. 
Disponemos por lo tanto de sólidos criterios comunes para juzgar si la comunidad de naciones hace lo suficiente. 
El lenguaje acordado para las finanzas asegura un dinámico proceso post-Monterrey, permitiendo mantener la presión para obtener más AOD. 
No obstante, no les sorprenderá oírme decir que creo que los donantes deberían esforzarse mucho más. 
Si quieren ustedes respuestas concretas sobre el rumbo de la UE, conviene que consulten los presupuestos de 2003 de cada uno de los Estados miembros. 
Eso es lo que voy a hacer. 
En cuanto al papel del Parlamento Europeo, hay que decir que ha habido alguna controversia en torno al papel desempeñado por algunos diputados de este Parlamento en la cumbre y la colaboración con la Comisión. 
Como algunas de estas observaciones se han hecho en público, me gustaría aprovechar esta oportunidad para responder. Seré breve. 
La Comisión aceptó complacida una presencia sustancial del Parlamento en la delegación de la Unión, como ha ocurrido en todas las grandes conferencias de las Naciones Unidas. 
Los diputados del PE siguieron activamente la cumbre y colaboraron con la Comisión en reuniones de trabajo, actos de la cumbre, actos paralelos, etc., todo en el interés de representar a Europa. 
Tal como se había acordado entre las instituciones, los diputados del Parlamento participaban en las delegaciones como observadores y no intervenían en las negociaciones. 
En Johanesburgo todo trascurrió según la práctica establecida. 
Y repito lo que acabo de decir: en Johanesburgo todo trascurrió según la práctica establecida. 
La Comisión hizo todo lo posible por apoyar a los parlamentarios, que fueron informados regularmente de las negociaciones. 
Además, la Comisión escuchó atentamente sus puntos de vista. 
Altos cargos de la Comisión celebraron diariamente reuniones informativas, lo que se demuestra la importancia que dimos a la transparencia informativa. 
Tanto la Comisaria Wallström como yo mismo participamos en este proceso. 
Me reuní personalmente con la delegación parlamentaria tres veces durante la cumbre, sin mencionar las veces que acudí a los actos parlamentarios paralelos, incluidos dos actos organizados por el partido de los Verdes. 
Todo esto se hizo dentro del marco establecido, un marco mencionado explícitamente en la carta del Presidente Prodi en la que acepta la participación parlamentaria. 
A los diputados del Parlamento que plantearon esta cuestión en la Cumbre de Johanesburgo les señalé que nosotros no habíamos acudido con nuevas reglas y que no estaba en nuestro poder cambiar los acuerdos en Johanesburgo. 
Cualquier cambio de este tipo requiere una decisión tripartita en que intervengan la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Si ejercer de leal guardián de lo acordado me hace ser anticuado, prefiero esto que intentar ser moderno si ello implica no respetar lo que se ha pactado. 
Dicho esto, unas palabras sobre la continuación de todo esto. 
Las asociaciones entre gobiernos, empresas y la sociedad civil son muy necesarias para poder llevar a cabo los compromisos establecidos en Johanesburgo. 
Damos la bienvenida a las más de 200 asociaciones forjadas en las Cumbre. 
Afortunadamente estas asociaciones aportarán los recursos y la experiencia necesaria, e impulsarán acciones en todos los ámbitos. 
Pero en realidad, lo que verdaderamente importa es la cualidad y el tamaño de las asociaciones, no la cantidad. 
El Acuerdo de Cotonú es una asociación «más» , pero está compuesta por 15 Estados miembros de la UE, 77 países en desarrollo y dispone de un protocolo financiero de 15 200 millones de euros. 
No partimos de cero. 
La Comisión Europea se centrará en asegurar por parte de la UE la firme aplicación de las dos asociaciones a escala de la UE en materia de energía y agua que se lanzaron en Johanesburgo. 
Durante la cumbre, la UE firmó con sus socios africanos una asociación euroafricana en materia de agua y saneamiento. 
Junto con la iniciativa en materia de agua de la UE, esta medida significa dar un paso adelante en el desarrollo de acciones concretas basadas en la propiedad y el compromiso fuertes por parte de los socios africanos. 
De forma más general, hay que dejar claro que la aplicación efectiva de los resultados de la Cumbre de Johanesburgo implica traducir las intenciones en acciones mediante la cooperación al desarrollo aplicada al ámbito regional y nacional, sin descuidar el ámbito local. 
La UE debe continuar encabezando esta iniciativa. 
El Consejo Europeo ha acordado revisar en la próxima reunión de primavera de 2003 la estrategia de la UE sobre el desarrollo sostenible, haciendo especial hincapié en la puesta en práctica de los compromisos contraídos en Johanesburgo. 
Para preparar esta revisión, la Comisión pretende someter propuestas a partir de la comunicación «Hacia una asociación global sobre el desarrollo sostenible» elaborada este año. 
Desde el punto de vista interno, uno de los aspectos principales que habría que plantear en el informe de síntesis para el próximo Consejo Europeo de la primavera deber ser la manera de avanzar hacia unos modelos de consumo y producción sostenibles en la UE. 
Me gustaría concluir diciendo que la Unión Europea puede estar satisfecha con el papel que ha desempeñado en Johanesburgo y al decir esto, hago especial hincapié en la expresión «Unión Europea». 
La cooperación entre la Comisión y el Consejo fue también una experiencia muy positiva. 
La UE llevó sin duda la lista de propuestas más larga, pero como siempre ocurre en estos casos, a mayor ambición, mayor desencanto. 
Las ONG y la prensa se han centrado fundamentalmente en estos fracasos. 
Qué le vamos a hacer. 
Sin embargo, como responsables políticos, debemos poner especial cuidado en no llegar a la conclusión de que, por esta razón, deberíamos ser menos ambiciosos en el futuro. 
La Comisión no cree que ni la UE ni el mundo entero pueden permitirse el lujo de tener menos ambición. 
. (SV) Señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Presidencia danesa y a la Comisión. 
Quiero comenzar de forma positiva y señalar que estoy completamente de acuerdo con la Comisión y con el Consejo en que no deberíamos ser demasiado críticos o negativos con respecto a los resultados de la Cumbre de Johanesburgo. 
No es posible medir el beneficio que nos aporta comprobar que cada vez más gente puede beber agua potable, disfrutar de condiciones sanitarias adecuadas, y disponer de alimentos y de un medio ambiente menos contaminado. 
Creo que deberíamos decir que esto es realmente un beneficio, y que hemos de compartir el mérito de forma conjunta, puesto que, de no ser por la Unión Europea, creo que nunca habríamos llegado tan lejos como lo hicimos en Johanesburgo. 
Quizás sea éste el motivo de la frustración del Parlamento. 
Desde antes de la Cumbre de Gotemburgo, el Parlamento ha trabajado incesantemente de forma activa a favor del desarrollo sostenible. 
Muchos han llegado a comparar nuestra lista de deseos con una especie de árbol de Navidad cargado de demasiados de adornos. 
No obstante, hemos llegado a un acuerdo sobre los requisitos y sobre el proceso que desearíamos que la UE aplicara para que se produzcan los cambios necesarios. 
Nuestra frustración tiene su origen en el hecho de que podamos ver que aún no se ha llegado a los resultados previstos. 
Si se considera que nuestra lista de deseos es un árbol Navidad demasiado cargado de adornos, entonces podríamos muy bien afirmar que el resultado de Johanesburgo se parece más a un árbol de Navidad desnudo, pero, no obstante, un árbol de Navidad. 
Nuestra frustración también se hace manifiesta cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer uso de nuestras aptitudes y de nuestros conocimientos en las cumbres. 
Sigo pensando que la Comisión debería tomar nota de este mensaje, puesto que trata sobre la actitud entre el Parlamento y la Comisión. 
De todas formas, este hecho provoca un menor grado de frustración que el que crea la situación que realmente nos debería preocupar, y que no es otra que el estado en el que se encuentra el mundo. 
Este es el problema que deberíamos debatir seriamente hoy. 
Los problemas que existan entre el Parlamento y la Comisión acerca de quién debería decir tal o cual cosa en los encuentros internacionales pueden debatirse en otro foro que no sea esta Cámara; deberíamos concentrarnos ahora en el problema que realmente tenemos que tratar. 
Es bueno que nos veamos obligados a ponernos manos a la obra inmediatamente. 
Debemos garantizar que los compromisos y las promesas que la UE ha realizado en Johanesburgo se reflejen en las políticas actuales y se materialicen en nuestro presupuesto. 
Me gustaría que tanto el Consejo como la Comisión volvieran al Parlamento el próximo mes de febrero con el objeto de informar sobre lo que se haya hecho hasta entonces y sobre lo que pasará en el futuro para que los compromisos de Johanesburgo puedan cumplirse. 
A este respecto, como es natural, haré hincapié en el tema de las ayudas. 
Lamentablemente, los Estados miembros no están a la altura de las circunstancias cuando se trata de conceder ayudas a escala internacional. 
Sólo lo están unos pocos. 
También me gustaría decir unas palabras sobre otros compromisos establecidos por la UE en Kioto y sobre el tono que está adquiriendo la situación con respecto al programa climático aprobado por la Comisión hace un año, un programa de dos años de duración que comprende la mitad de la estrategia para combatir el cambio climático en Europa. 
En cuanto la otra mitad, el comercio de las cuotas de emisión, la retomaremos en octubre de la mano del Sr. Moreira da Silva. 
Es una pena que no podamos hablar sobre las cuotas de emisión en este contexto, aunque voy a aludir al informe que publicó la Comisión hace un año aproximadamente. 
Se han realizado considerables progresos con respecto a las propuestas de la Comisión, pero en el programa de ésta faltan aún muchas partes importantes. 
Por ejemplo, no se incluye la política agrícola; pero quizás ahora sea un buen momento para considerar la posibilidad de incluirla en el programa, puesto que ya ha pasado un año. 
Con respecto a nuestros objetivos y a la reducción del 8% que queremos alcanzar, el principio que debe prevalecer es que la política climática sea la base de la política en materia de energía. 
Este principio debería regir la formulación de nuestra política en materia de energía en el futuro. 
Debemos procurar que esto quede expresado en nuestros programas de investigación y en las directivas prometidas por la Comisión, tales como la directiva sobre contratación pública con respecto a la energía. 
El transporte continúa siendo el problema más preocupante. 
Menos lamentables parecen ser los ejemplos locales. 
Los días sin coche que se celebran por toda Europa los domingos dan testimonio del tipo de compromisos importantes en los que deberíamos participar con más frecuencia a partir de ahora. 
Señor Presidente, hablo en calidad de ponente de opinión del Programa Europeo sobre el Cambio Climático. 
Señor Comisario Nielson, no puedo ocultar mi asombro por la satisfacción que ha transmitido durante su intervención sobre los resultados de Johanesburgo. 
No encuentro muchas razones que justifiquen tal actitud, y la forma en la que ha insultado a la prensa no sirve de nada. 
Me gustaría hablar acerca del Programa sobre el Cambio Climático y hacer especial referencia a diez de los cuarenta y dos puntos que se van a aplicar en los próximos dos años. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha acogido con satisfacción este programa en su conjunto, ya que, en nuestra opinión, no es suficiente que las medidas sean adoptadas sólo por los Estados miembros. 
Sin embargo, no cabe la menor duda de que la responsabilidad de cumplir con los objetivos establecidos con respecto al cambio climático recae, principalmente, sobre los Estados que han firmado el Protocolo de Kioto, entre los que se incluyen los Estados miembros de la Unión Europea. Este reparto de la responsabilidad es un acuerdo voluntario dentro del marco de la Unión Europea, y no debe permitirse que las medidas propuestas por la Comisión y respaldadas por el Parlamento frustren los objetivos mencionados. 
Esta es la razón por la que la Comisión de Industria considera que el criterio que prevalece al evaluar las medidas es la elección, en primer lugar, de la más eficiente y rentable. 
Por lo tanto, no se trata de aportar medidas anticuadas y costosas que pongan en riesgo la competitividad industrial de la Unión Europea, sino de partir desde cero y procurar que las medidas adoptadas puedan llevarse a efecto de inmediato. 
Aún así, existen pocas propuestas aún sobre cómo abordar este asunto. 
Dos han sido ya recibidas, una en materia de biocarburantes, que es la solución adecuada pero resulta muy costosa, y la otra en materia de comercio de derechos de emisiones de gases, sobre la que la Comisión de Industria ha abierto una convocatoria para la realización de un proyecto piloto hasta el año 2008 y para que el comercio de derechos de emisiones no entre en vigor antes de tal fecha. 
Creo realmente que este objetivo y estas consideraciones tienen que ser analizadas desde la perspectiva de una política industrial. 
Me han precedido cuatro oradores de los países escandinavos. 
Creo que es responsabilidad común de todos nosotros, no perder de vista los objetivos de nuestra política industrial y de nuestra competitividad económica, independientemente de la necesidad de apoyar a ultranza un programa de cambio climático europeo. 
Señor Presidente, voy a hablar sobre la Cumbre de Johanesburgo. 
En cuanto al informe de la Sra. Hulthén, mi colega, el Sr. Peter Liese será quien se encargue de plantear esta cuestión. 
A diferencia de lo que muchos intentaron hacer, al apresurarse a condenar la Cumbre al fracaso antes incluso de que comenzara, el Parlamento llegó a Johanesburgo con una dosis considerable de ambición. Dicho de otro modo, se podría decir que no comulgábamos con el cinismo de los que proponían expectativas poco ambiciosas antes de comenzar para poder hacer ver, en las pequeñas victorias, grandes triunfos. 
Por lo tanto, adoptamos ese enfoque ambicioso por dos razones: en primer lugar, porque así lo exigía el mundo. 
Éste se encuentra en estado de emergencia tanto en el ámbito del medio ambiente como en el ámbito de lo social; de ahí que, para este Parlamento, no baste con conseguir un simple resultado razonable en la Cumbre. 
En segundo lugar, porque era una oportunidad que no surgió hace diez años y que no volverá a surgir en un futuro próximo. 
Hubiera sido, por tanto, un terrible error no haber aprovechado las ventajas de esta oportunidad. 
Por tanto, decidimos dar el primer paso con considerable ambición y gran espíritu de unidad y solidaridad entre todos los grupos políticos. 
Y al final de la Cumbre, he de decir que, a pesar de haber avanzado en la dirección adecuada y, además, haber llegado más lejos que en Río, no hemos conseguido lo que se necesitaba. 
Hay que admitir que se han logrado algunos resultados, pero éstos no son, ni mucho menos, suficientes para paliar los signos de insostenibilidad que afligen al planeta. 
En el lado positivo de la balanza, además de lo que la Presidencia danesa y la Comisión ya han destacado en términos de plazos y objetivos? sobre todo en materia de pobreza, agua y salud? , está el cambio en el carácter de la cumbre. 
Mientras que en Río no se fue más allá del concepto de desarrollo sostenible, la Cumbre de Johanesburgo se caracteriza por haberse asociado con la acción. 
La naturaleza de la Cumbre dio un salto cualitativo hacia delante. 
En segundo lugar, se ha dado también un salto cualitativo en términos conceptuales: el desarrollo sostenible vinculó el medio ambiente y la pobreza de manera muy estrecha. 
Otro salto cualitativo surgió del deseo de erradicar la pobreza y, al mismo tiempo, frenar la degradación del medio ambiente. 
En tercer lugar, en términos de actores: poner freno a la insostenibilidad dejó de ser una obligación única de las naciones y los Estados. 
Con el gran número de acuerdos de asociación aprobados, la participación de la sociedad civil queda garantizada. 
Tanto los sectores públicos como los privados deben cumplir con el objetivo del desarrollo sostenible. 
En el lado negativo, obviamente, resultó decepcionante no haber logrado fijar objetivos cuantificables para las energías renovables o para detener la pérdida de la biodiversidad. 
Sin embargo, me gustaría añadir un punto que no ha sido mencionado antes por la Presidencia danesa ni por la Comisión, y que, en mi opinión, es negativo: se trata de no haber fomentado la reforma institucional en el ámbito del medio ambiente. 
Esta cumbre podría haber servido para verificar el estado de madurez en el que se encuentran las instituciones existentes, como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, pero también para lanzar nuevas instituciones que pongan la globalización al servicio del desarrollo sostenible. 
Al decir esto pienso, por ejemplo, en una Organización Mundial del Medio Ambiente. 
Este aspecto no fue ni mencionado ni debatido, ni llegó tampoco a desempeñar papel alguno en la Cumbre, y esto es deplorable. 
Tengo un último comentario que hacer, también correspondiente al balance negativo, con respecto a Kioto. 
Mucha gente ha colocado a Kioto en el lado positivo de la balanza de esta Cumbre. 
Yo lo pondría en el lado negativo. 
Es cierto que Rusia, el Canadá, la India y China realizaron declaraciones muy precisas con respecto al futuro, pero lo que se esperaba de esta Cumbre no eran declaraciones o intenciones sobre Kioto, sino que la cumbre avanzara hacia la ejecución práctica del Protocolo de Kioto. 
Y diez años después de la Cumbre de Río, Kioto todavía no ha logrado existir en la práctica. 
Me gustaría pronunciarme por último sobre el papel del Parlamento y nuestra relación con la Comisión y con el Consejo. 
En estas cumbres solemos tender a alabar a la Comisión y a criticar al Consejo. 
Esta vez, se han invertido las tornas: nuestra relación con la Presidencia danesa ha sido excelente, transparente, caracterizada por un alto grado de cooperación; sin embargo, por desgracia, esta vez no hemos visto por parte de la Comisión el mismo grado de cooperación al que nos ha acostumbrado la Comisaria Wallström en las conferencias sobre el cambio climático. 
Siempre solemos trabajar en un entorno de excelente cooperación en las cumbres sobre el cambio climático, pero por desgracia, en esta ocasión no podemos hablar ni de transparencia ni de suficientes esfuerzos de cooperación. 
Señor Presidente, Comisarios, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Johanesburgo fue una cumbre en la que no hubo lugar para las palabras bonitas que tantas y tantas veces hemos enunciado, pero sí para el compromiso de actuar con firmeza. 
También creo que ha sido oportuna y necesaria, puesto que ha representado un punto presente durante bastante tiempo en la agenda. 
Si de lo que se trata es de que el mundo entero acepte el desarrollo sostenible, entonces no hace falta decir que hay que paliar la pobreza y promocionar la cohesión social en muchos países del mundo, pues esto es la piedra fundacional del desarrollo sostenible y del comportamiento responsable con el medio ambiente. 
Por esta razón, considero muy lamentable el comportamiento demostrado por el actual Gobierno estadounidense, en su empeño por evitar mediante tácticas evasivas cualquier compromiso definitivo y, con ello, satisfacer, en última instancia, sus propios intereses económicos. 
Creo que esto se tiene que decir con la mayor claridad, especialmente a raíz del empeño mostrado por la Unión Europea, fuerza motriz de esta cumbre, al plantear las cuestiones apropiadas en la agenda y, además, hacerse con las riendas en la determinación de los objetivos adecuados para ejecutar el programa de desarrollo sostenible. 
Es lamentable que sólo se hayan podido cumplir estos objetivos de forma parcial debido al bloqueo de las iniciativas por parte del mayor país industrializado del mundo. 
La UE aportó la fuerza motriz e indicó el camino correcto para avanzar en cuestiones relacionadas sobre todo con el suministro de agua, las condiciones sanitarias y una producción respetuosa con el medio ambiente. 
También me han parecido útiles y apropiados los debates celebrados a diario con la Comisión, y agradezco además a la Presidencia del Consejo que, en tres ocasiones, haya mantenido debates en profundidad con la delegación parlamentaria, aunque haya sido iniciativa del Parlamento solicitar que el líder de la delegación, al menos, participe en la reunión de coordinación de la UE de mañana para poder observar y comentar los procesos de negociación actuales. 
Sin embargo, si lanzamos un dedo acusador hacia las cuestiones apropiadas, nos encontraremos con tres dedos que nos acusarán a nosotros, reacción que podría muy bien aplicarse a esta cuestión del desarrollo sostenible. 
Uno de estos dedos acusadores es nuestra política agrícola. 
¿Cómo podemos avanzar en la ofensiva de exigir cambios en la producción mundial si nuestras políticas y subvenciones agrícolas impiden el trato justo y equitativo, y nuestros subsidios a la agricultura en ocasiones exceden a las ayudas al desarrollo? 
El segundo dedo acusador: ¿qué me dicen de un sistema de comercio justo a escala mundial? 
Para juzgar la situación en la que se encuentran los cultivadores de café en la actualidad, es necesario hacer una profunda revisión del sistema de comercio y de los flujos de financiación internacional, que deben tratar de realizar inversiones justas antes que de maximizar el beneficio a corto plazo. 
El tercer dedo apunta, sin lugar a dudas, a la cuestión de las políticas sostenibles en nuestras propias actividades. 
¿Hemos conseguido realmente orientar los sistemas de transporte de la Unión Europea y las unidades familiares hacia la sostenibilidad? 
No podremos recuperar la credibilidad ante el resto del mundo hasta que logremos tener claro que lo que exigimos a los demás también nos lo tendremos que exigir a nosotros mismos. 
Esta es la razón por la que considero que el programa de cambio climático que estamos debatiendo hoy es una pieza fundamental que permitirá combinar los canales de la política medioambiental con la actuación económica y la justicia social. 
Señor Presidente, el tema de hoy consiste en determinar hasta qué punto se puede decir que la Cumbre de Johanesburgo ha logrado obtener resultados y cuál ha sido el papel de la UE. 
¿Se ha producido algún progreso en esta área tan ambicioso? 
¿Se han fijado nuevos objetivos y, sobre todo, plazos para cumplirlos? 
¿Se han confirmado los antiguos objetivos? 
Desde mi punto de vista, hay una cuestión aún más importante: ¿hacia dónde nos dirigimos? 
¿Nos dirigimos acaso hacia una acción a escala mundial? 
¡Pues ya va siendo hora de que así sea! 
Si analizamos la atmósfera en la que se desarrollaron las negociaciones desde una perspectiva general, mi grupo considera que los resultados son razonablemente positivos. 
Podrían haber sido peores. 
Sin embargo, tenemos unas cuantas críticas al respecto. 
No obstante, me gustaría dejar claro que consideramos especialmente positivo el papel de la Unión Europea. 
Fue un papel pionero, sin duda, en lo que concierne al compromiso mundial de facilitar a un millón de personas el acceso a los servicios sanitarios básicos, y al mismo tiempo, aportarles dignidad humana, condiciones de salud adecuadas y un mejor entorno de vida. 
Además, hemos alcanzado un acuerdo para poner freno al agotamiento de las reservas de pesca y a los químicos peligrosos, y hemos determinado que la responsabilidad de las prácticas destructivas debe recaer sobre las multinacionales. 
Estos objetivos también están presentes en la agenda. 
También agradecemos el compromiso adquirido en lo que se refiere a la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas. 
Creemos, además, que las ideas liberales en las que hemos insistido durante mucho tiempo están firmemente ancladas en el plan de acción. 
Me estoy refiriendo, por supuesto, a la lucha contra la corrupción, el mantenimiento del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza. 
En nuestra opinión, estos son elementos cruciales que hay que plantear antes de que nos embarquemos en nuevos pactos de asociación con los países en desarrollo. 
En conjunto, y dada la atmósfera reinante, deberíamos considerarnos afortunados por haber logrado evitar que el mundo fuera en retroceso, a pesar de la fuerte oposición de los EE.UU. y de otros países. 
De hecho, llegaron a mostrarse bastante reacios a alcanzar cualquier tipo de acuerdo razonable, y con ello aludo, en particular, a los EE.UU., que se las ingeniaron para cerrarse en banda a cada oportunidad. 
Sinceramente, esto me supera. 
Por esta razón deberíamos rendir homenaje a los negociadores. 
También tenemos que hacer una serie de críticas. 
Desde nuestro punto de vista, la UE no le dedicó suficiente tiempo al tema de la energía sostenible. 
Consideramos igualmente que, en nuestra opinión, la nueva asociación en materia de energía debería haberse planteado mejor y haberse debatido de antemano en el Parlamento. 
Mi última observación está relacionada con la legitimación política, que me preocupa, y afirmo que estoy de acuerdo con mis colegas parlamentarios. 
No voy a entrar en más detalles. 
Creo que el Parlamento Europeo ha perdido una oportunidad para terciar en el asunto. 
Por último, me gustaría, no obstante, expresar mi más cordial agradecimiento, respeto y aprecio. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en la clausura de la Cumbre de Johanesburgo, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan, dijo que de este tipo de conferencias no se podían esperar milagros. 
Yo debo añadir que los resultados obtenidos en las conferencias anteriores, de Roma y Monterrey, para ser más exactos, tampoco dieron lugar a tales expectativas. 
Estamos de acuerdo, sin embargo, en que es legítimo esperar más de lo que finalmente se consigue, y hay que reconocer que se necesitaba hacer todavía más. 
Como es obvio, no deseamos restarle importancia a algunos de los objetivos establecidos, ni tampoco a algunos de los plazos adoptados, en particular sobre el acceso al agua potable y a las condiciones sanitarias básicas, sobre el uso y la producción de los productos químicos o la recuperación de las poblaciones de peces, por no mencionar otros objetivos que fueron consagrados con anterioridad y que ahora se han visto consolidados. 
Al mismo tiempo, no podemos obviar ni pasar por alto los fracasos rotundos que se han registrado en otros campos, específicamente en el de las energías renovables, al que la Unión Europea ha dedicado tantos esfuerzos, pero en el que los resultados se han quedado cortos con respecto a las expectativas fijadas. 
Además de todo esto, debemos tener en cuenta que los medios, e incluso el compromiso crucial, para cumplir con los objetivos establecidos no quedaron claramente definidos, especialmente si consideramos los plazos que se fijaron. 
A pesar del hecho de que, tal como se ha mencionado con anterioridad, se lograran definir algunos nuevos objetivos, no se aportó nada destacable ni práctico, aparte de los insípidos compromisos de Monterrey en el ámbito de los recursos financieros para la ayuda pública al desarrollo o para la cancelación de la deuda. 
Somos conscientes de que se tomó una decisión para crear un fondo de solidaridad destinado a erradicar la pobreza, pero también sabemos que este fondo está basado en un principio puramente voluntario que, en última instancia, no es vinculante. 
Por lo tanto, no podemos esperar que produzca grandes resultados. 
Al mismo tiempo, este fondo refleja el rotundo fracaso de los países desarrollados en su intento de conceder ayuda pública a aquellos países ante los que se habían comprometido hace unas décadas. 
Dicho de otro modo, dada la falta de recursos adecuados, puede que, una vez más, nos estemos moviendo en el terreno de las buenas intenciones, intenciones como muchas de las declaradas en Río y de cuya experiencia hemos aprendido que no nos llevan a ningún lado. 
En esencia, la Cumbre de Johanesburgo no ha logrado dar una definición clara y objetiva de la dirección que deberíamos tomar para poder alcanzar su objetivo central, objetivo que, por cierto, la Cumbre ha tomado como lema: el desarrollo sostenible. 
Nos gustaría poder observar, en este ámbito, el mismo grado de compromiso y de responsabilidad y la misma claridad que he observado en la definición de objetivos similares en las cumbres de comercio. 
No obstante, queda claro que ni la voluntad ni las prioridades políticas son las mismas, sobre todo por parte de los que determinan los resultados de estos acontecimientos. 
Y con respecto a este último punto, merece la pena destacar que el Secretario de Estado de los EE.UU., el Sr. Collin Powell, marcó el tono por medio de una declaración muy limitada acerca de que el comercio es la fuerza motriz del desarrollo y Johanesburgo es un paso importante en el camino que se abre entre Doha y el futuro. 
Mucho de lo que ocurrió en Johanesburgo puede entenderse si analizamos la cumbre a la luz de estas dos declaraciones que pusieron todo el énfasis en el comercio. 
Señor Presidente, la falta de éxito en Johanesburgo se debió al cambio de clima político. 
Este cambio no sólo se da en los Estados Unidos, sino que también se está produciendo en la UE porque hoy en día disponemos de una agenda política mucho más enfocada al comercio que la que teníamos en 1992. 
El Grupo Verts/ALE considera que pronto perderemos toda credibilidad ante los países del G77 si no modificamos este aspecto y no añadimos cuatro piedras angulares a nuestra política internacional. 
En primer lugar, el seguimiento no es suficiente. 
Necesitamos un acuerdo vinculante en la UE con respecto al 0,7 % de la AOD. 
En segundo lugar, debemos detener las subvenciones a la exportación en la agricultura. 
En tercer lugar, en Europa debemos avanzar en el ámbito de las pautas de producción y consumo. 
En cuarto lugar, debemos acabar con el predominio del comercio y restablecer un equilibrio más adecuado entre los acuerdos medioambientales multilaterales y el comercio, además de incluir acuerdos vinculantes para controlar la responsabilidad social y empresarial de las grandes empresas. 
Si observamos el modo en que se han desarrollado las negociaciones en Johanesburgo (lo que constituye otra causa de su fracaso) , durante la primera semana tuvimos a un Comisario que se interesó casi exclusivamente por los temas de comercio. 
Podría haber muy buenas razones para justificar por qué la Comisaria de Medio Ambiente sólo pudo permanecer durante 48 horas, pero para colmo teníamos a un Comisario que ya había decidido una parte sustancial de las negociaciones, sin escrutinio democrático alguno y en negociaciones secretas, meses antes de la celebración de la cumbre. 
Por último, estuvimos peor preparados para la asociación energética que para la del agua, y ésta constituye otra de las razones por las que no pudimos reaccionar rápidamente en este tema. 
Además, ustedes los Comisarios firmaron una carta en la que pretendían replantear la cuestión del papel de la energía nuclear en esta asociación. 
¿Podrían confirmarnos de forma clara que el Parlamento estará mucho más implicado en el futuro de esta asociación, tal como solicitamos en nuestro informe? 
Señor Presidente, lo que nos ha quedado tras Johanesburgo se reduce a muy pocos progresos concretos y a una perspectiva un tanto turbia sobre el trabajo global en materia de desarrollo sostenible en el futuro. 
Lo que debería haber sido el clímax de la Cumbre de Johanesburgo? la declaración política? terminó siendo un pobre batiburrillo de los intereses especiales de los distintos países en el que no se osa mencionar los derechos humanos de forma directa, se deja carta blanca a las empresas para evaluar si cumplen o no con sus responsabilidades y, además, se elimina cualquier mención a las promesas incumplidas de Río. 
Una declaración que nunca logró agarrar al toro por los cuernos para cambiar las circunstancias que podrían haber supuesto una verdadera diferencia para los pueblos pobres del mundo. 
Ni la UE ni los EE.UU. tuvieron nunca la voluntad de hacer concesiones en el ámbito de la ayuda y el comercio a los países en desarrollo. 
Tanto el Sr. Lange como el Sr. Turmes han mencionado las subvenciones de la UE para la agricultura, que son bastantes importantes. 
Por esta razón, también ha sido muy difícil conseguir mejoras en las áreas de medio ambiente y de derechos humanos. 
Al final, esto es lo que queda como resultado de las horas de negociaciones a puerta cerrada (en claro contraste con varias secciones de la declaración, en las que se habla sobre la gran participación de los socios). 
La Cumbre de Johanesburgo ha permitido confirmar diez años de participación de los EE.UU. como jugadores experimentados en la política mundial de medio ambiente y desarrollo). 
En primer lugar, nos hacen modificar los acuerdos a su antojo y luego, para colmo, no los firman. 
Lamentablemente, tampoco la UE tiene mucho de lo que alardear. 
«Lleguemos a un acuerdo capaz de disipar la oscuridad y la desesperanza con la luz y la esperanza de cientos de millones de personas» , propuso el Sr. Rasmussen en su discurso en la Cumbre. 
En efecto, el agua y la higiene son aspectos positivos, pero si miramos, por ejemplo, las promesas hechas en El Cairo, veremos que fueron muy pocas las que realmente se cumplieron. Por tanto, me gustaría ver las cosas aplicadas antes de atreverme a creer en estas promesas. 
¿Tiene algún sentido celebrar cumbres mundiales? 
Sí y no. 
Mientras los ricos líderes del mundo no tengan la menor intención de aportar mejoras a las personas más pobres del mundo, el dinero puede dedicarse a cosas mejores que conferencias y cumbres costosas. 
Para alimentar a los pobres de forma adecuada, no basta con sueños y quimeras. 
Señor Presidente, todo el mundo comienza a estar un poco cansado de escuchar informes acerca de cumbres de medio ambiente con resultados exiguos. 
Río consiguió albergar grandes esperanzas, al menos en lo que a enfoques teóricos y palabras bonitas se refiere. 
Los hechos que siguieron a la cumbre fueron tan decepcionantes que el movimiento medioambiental de todo el mundo se quedó prácticamente sin habla. 
Kioto logró al menos formular un objetivo. Los períodos requeridos para su ejecución han sido tan largos que han conducido irremediablemente a cierta parálisis del proceso. 
Johanesburgo fue otra gran decepción por lo que respecta a las expectativas. 
Todas las cumbres que acaban siendo un fracaso resultan más perjudiciales que beneficiosas, puesto que traen consigo un sentimiento de resignación. 
A pesar de todo esto, me gustaría mencionar los aspectos positivos de Johanesburgo. 
Por primera vez en la historia, la Unión Europea ha abierto una vía practicable y ha establecido una estrategia firme sobre la forma de desarrollar las fuentes de energía renovables. 
Es, por supuesto, lamentable que el incremento del uno por ciento mundial no se haya adoptado, pero la UE tiene ahora la oportunidad de demostrar, dentro del marco de acción europeo, que la conversión a las fuentes de energía renovables convierte a todo el mundo en un ganador, puesto que, al proceder de tal modo, no sólo se logrará mitigar el desastre climático, sino que además se crearán cinco veces más puestos de trabajo que los que se hubieran conseguido mediante el uso tradicional de la energía, se preservarán los recursos de todo el planeta y se utilizarán las fuentes de energía renovables para desarrollar tecnologías que podamos exportar. 
No hay que olvidar que dos mil millones de personas de todo el mundo no disponen de electricidad. 
Ahora nos corresponde trabajar con todas nuestras fuerzas para demostrar, por medio de nuestras acciones, que estamos alcanzando los objetivos establecidos en el Libro Blanco de las fuentes de energía renovables. 
Me gustaría destacar que nos encontramos con suficiente capacidad como para poder duplicar su utilización antes del año 2010. 
Me gustaría informaros sobre la progresión de nuestro trabajo. 
Deberíamos haber concluido esta parte a las 10 horas, lo que nos habría permitido disponer de 45 minutos de debate libre entre los diputados presentes en esta Cámara. 
Siento comunicaros que casi nadie ha respetado el tiempo de uso de la palabra, con la honorable excepción del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Ahora, antes de empezar esta parte del debate, los dos Comisarios me han pedido la palabra? supongo que en respuesta al discurso de la Sra. Hulthen? e intervendrán posteriormente también. 
Ruego a los dos Comisarios que sean breves en sus aportaciones al debate intermedio. 
Señor Liese, las intervenciones de los dos Comisarios están previstas para el final del debate. 
Soy perfectamente consciente de ello. 
Sin embargo, han pedido explícitamente la palabra en este momento y no se la puedo denegar. 
. (EN) Señor Presidente, estamos completamente en sus manos. 
Podemos proceder del modo que usted prefiera. 
. Me gustaría agradecer a los dos Comisarios su transigencia. 
En términos reales, también encuentro un poco extraña la idea de que deberían hacer tres contribuciones al debate. 
Los dos Comisarios, por tanto, responderán al final, tras el debate libre que está a punto de comenzar y tras los segundos discursos de los oradores de los grupos políticos. 
Señor Presidente, voy a hablar sobre el informe de la Sra. Hulthén en calidad de ponente alternativo del Grupo PPE-DE, pero no puedo reprimir mi asombro ante el comportamiento del Comisario Nielson. 
Los informes de los diputados de esta Cámara que estuvieron en Johanesburgo y el comportamiento de hoy del Señor Comisario me hacen plantearme seriamente si tiene algún sentido dejar que una delegación parlamentaria participe en este tipo de cumbres de esta manera. 
Permítanme volver ahora al informe de la Sra. Hulthén sobre el cambio climático y dar mi enhorabuena a la ponente por su excelente trabajo. 
Se podría decir que este tema ha vuelto a surgir debido a las inundaciones en Alemania y los países vecinos. 
A pesar de que no se pueda afirmar que esta catástrofe sea fruto del cambio climático, somos perfectamente conscientes de que tales alteraciones climáticas podrán producirse de forma cada vez más frecuente si no hacemos algo al respecto. 
Esto confiere importancia al Programa Europeo sobre el Cambio Climático, pero las medidas que hasta ahora ha propuesto la Comisión no son lo suficientemente ambiciosas. 
El comercio de los derechos de emisiones de gases es un tema que genera una gran controversia en esta Cámara, y la Señora Comisaria sabe que brindo mi apoyo más firme al Sr. Moreira da Silva por lo que respecta a su esfuerzo por mejorar la propuesta de la Comisión y evitar, de esta forma, que se venga abajo. 
La propuesta de la Comisión sobre el comercio de derechos de emisiones es, sin embargo, sólo una parte de una estrategia muy amplia. 
Hasta la fecha, se ha conseguido muy poco en las áreas de transporte y presupuesto, y, si no tenemos cuidado, esto puede dar lugar a graves distorsiones que, por ejemplo, perjudiquen el desarrollo del transporte por ferrocarril y favorezcan la circulación de vehículos pesados. 
Todavía estamos esperando la propuesta en materia de eficiencia energética de la maquinaria. 
Si deseamos conseguir una estrategia amplia también a este respecto, la Sra. Palacio Vallerlersundi no debería perder más tiempo en presentar una propuesta muy ambiciosa. 
Me gustaría llamar la atención de los diputados sobre el punto 16 del informe de la Sra. Hulthén, acerca de la abolición de las subvenciones que perjudican el medio ambiente y el clima, un tema difícil, pero que no abandonamos, puesto que trata sobre la introducción de exacciones establecidas en función de la contaminación y neutrales desde el punto de vista de los ingresos en todas las áreas que no estén incluidas en el sistema de comercio de derechos de emisiones. 
Esto significa que Industria, si quiere combatir el comercio de derechos de emisiones, debería preguntarse si prefiere en su lugar la exacción establecida en función de la contaminación, y me temo que, entonces, el debate sobre esta cuestión será duro. 
Señor Presidente, aplaudo la parte de la resolución propuesta que se refiere a la salud y al cumplimiento de los objetivos en materia de salud. 
En primer lugar, la reducción de la prevalencia del sida-VIH, una enfermedad que ha reducido la esperanza de vida en la región subsahariana de 62 a 47 años, es un objetivo absolutamente esencial. 
Existen datos fiables que nos indican que si persiste el estado actual de la enfermedad, una de cada dos niñas de 15 años morirá de sida en Sudáfrica. 
Un modo de combatirla consiste en potenciar el desarrollo de microbicidas. 
Esta forma precisa de tratamiento preventivo es digna de mención porque, al contrario que los métodos de protección convencionales, permite que las mujeres se puedan responsabilizar de su uso. 
El problema se encuentra en que no se invierte suficientemente en su desarrollo y para perfeccionar este tipo de tratamientos todavía faltan varios años. 
Obtener dinero para los ensayos clínicos es realmente difícil. 
El segundo punto consiste en llamar la atención de nuestros colegas sobre el trabajo del propio Parlamento en el Sexto Programa Marco. 
Gracias a este programa, la UE ha podido otorgar una alta prioridad al objetivo de combatir la pobreza relacionada con las enfermedades infecciosas como el sida, la malaria y la tuberculosis. 
Por último, me gustaría mencionar el acceso a los medicamentos. 
Espero que el actual contratiempo en torno a los ADPIC y las posibles barreras a las medicinas más modernas se supere muy pronto. 
También hay escasez de medicamentos genéricos, los medicamentos más baratos y otras formas de tratamiento, que son igual de importantes en países en que reina la pobreza y en los que los niveles de calidad del agua son tan bajos. 
La Unión Europea tiene que dar prioridad absoluta a este aspecto y hacer todo lo posible por evitar que la enfermedad se convierta en una de las mayores amenazas para la población mundial. 
En primer lugar, todos los que estuvimos allí conocemos el papel positivo de la Unión Europea, que- es verdad- fue el motor de lo que ocurrió. 
En segundo lugar, el papel negativo de los Estados Unidos, que, por ejemplo, presionó, para que no hubiera un acuerdo sobre energías renovables, a los países a los que puede presionar- que me temo que dentro de muy poco serán demasiados. 
En tercer lugar, nuestro grupo- una delegación de once diputados- estuvo en la Cumbre oficial, en la Cumbre alternativa y visitó dos townships- que se llaman Soweto y Alexandra- y pudo ver en directo lo que supone estar sin agua y sin saneamiento y con una vivienda enormemente precaria. 
Yo, señores comisarios, tengo que confesar que, después de visitar esas dos townships, los debates que había en la Cumbre oficial me parecieron verdaderamente alejados de la realidad, de esa realidad tan cercana que había al lado de la Cumbre oficial, tan segura y tan lujosa. 
Ése es un sentimiento que tengo que expresar y, por eso, comparto el espíritu crítico de la resolución de la Comisión de Medio Ambiente, que recuerda muy bien que, en cuestiones como defensa de la biodiversidad, en cuestiones como energías renovables, no hay objetivos claros y concretos. 
Y que en aquellas en que hay objetivos más concretos, como la reducción de la pobreza, tampoco hay objetivos económicos claros. 
Es decir, no se habló en la Cumbre de un objetivo que, desde hace más de treinta años, es de dominio público: el 0,7 % de ayuda al desarrollo. 
Y, cada vez, la ayuda al desarrollo disminuye, en lugar de aumentar. 
Y el resto de consideraciones se convierte en palabras huecas si no hay ese 0,7 % de ayuda al desarrollo. 
A pesar de que somos críticos con el resultado de la Cumbre de Johanesburgo, es verdad- y en eso coincido con la comisión y con el resto de compañeros- que hay que hacer un seguimiento de los acuerdos mínimos para conseguir que se cumplan. 
Señor Presidente, he escuchado con atención cómo los dos Comisarios insistían en el papel positivo desempeñado por la UE durante las negociaciones de la Cumbre de Johanesburgo. En mi opinión, es cierto la Unión Europea desempeñó un papel positivo. 
Me gustaría llamar la atención de los aquí presentes sobre el hecho de que, si realmente queremos que se produzcan avances en este tipo de cumbres, debemos mostrarnos creíbles ante los socios que participan en este tipo de negociaciones y debates. 
Sin embargo, en este caso nuestra credibilidad se ha deteriorado por el hecho de que, en una serie de políticas, la Unión Europea esté actuando al contrario de lo que afirma querer hacer. 
Si tomamos como ejemplo la política agrícola, el debate actual sobre las propuestas del Sr. Fischler refleja que la mayoría de los Estados miembros no se muestran partidarios al cambio, ni pretenden abandonar los privilegios que han adquirido en el ámbito de las subvenciones a la exportación. 
Debemos hacer un esfuerzo imperativo en este ámbito para retirar las subvenciones a la exportación y para ganarnos la credibilidad de los países afectados por estas subvenciones. 
Si no procedemos de este modo, ¿cómo vamos a conseguir asegurarnos de que, en cumbres de este tipo, estos países nos tomen más en serio de lo que lo hacen en la actualidad? 
Ya no nos hacen caso, porque no somos creíbles. 
Pienso en la política agrícola y en la de pesca, que también nos proponemos modificar. 
Con el tiempo, descubriremos que si no somos capaces de revisar estas políticas de la forma adecuada, no lograremos obtener mayor influencia en las cumbres venideras, puesto que la Cumbre de Johanesburgo no es única: habrá muchas otras. 
Es esencial mantener nuestra casa en orden antes de decir al vecino lo que tiene que hacer. 
Señor Presidente, desde mi punto de vista, la formulación de los puntos 6 y 7 sobre política agrícola común y subvenciones a la agricultura revela tres importantes errores políticos. 
En primer lugar, un total desconocimiento de la declaración firmada en Doha, en la que la Unión Europea acordó reducir las subvenciones a la exportación, pero consiguió insistir en que todos los tipos de subvenciones, especialmente los créditos emitidos por los EE.UU. y los compromisos estatales de otros países, también deberían reducirse. 
Y es una gran victoria para la Unión Europea haberlo logrado. 
En segundo lugar, esta formulación revela un análisis completamente ingenuo según el cual la reducción unilateral de las subvenciones por parte de la Unión Europea podría resolver los problemas, especialmente en el momento en el que los EE.UU. acaban de aprobar una política agrícola por la que incrementan sus subvenciones y, en particular, cuando es de sobras conocido que esta nueva política estadounidense está acentuando la bajada de los precios mundiales. 
Esta forma de pensar resulta aún más ingenua si tenemos en cuenta que los EE.UU. son el mayor exportador de productos agrícolas a los países en desarrollo, y no sólo a la Unión Europea. 
En tercer lugar, hay que destacar el incomprensible silencio que reina en la declaración sobre la iniciativa de la Unión Europea conocida como «Todo menos armas» , que, hasta la fecha, es la oferta de mayor magnitud, importancia y generosidad que jamás hayan propuesto los países desarrollados a los países más pobres. 
Me parece incomprensible el hecho de que se haya pasado por alto y ni siquiera se haya mencionado. 
Dicho de otro modo, no estamos valorando nuestros propios esfuerzos. 
Todas estas razones explican por qué la formulación de los puntos 6 y 7 de esta declaración sobre la agricultura es conocida, en términos políticos, como «echarse piedras en tejado propio» : esto debilita a la Unión Europea, una Unión Europea que hasta el momento ha sido la fuerza más poderosa en la promoción de los intereses de los países más pobres. 
Por este motivo es de vital importancia que mañana, durante la votación, pongamos remedio a estos aspectos. 
Señor Presidente, la política funciona de manera que, tras cada encuentro internacional, perdemos más tiempo en debatir los resultados que aparentemente han sido poco satisfactorios, que en tratar el avance real que se ha producido. 
Así ocurrió tras Río y así sucedió tras Kioto, a pesar de que, entre una cumbre y otra, Río y Kioto se convirtieran en innegables hitos en el ámbito del desarrollo sostenible. 
El concepto de desarrollo sostenible se ha convertido en toda una consigna, una especie de oración encantada que se evoca indiscriminadamente. 
Desde mi punto de vista, resulta obvio que no puede existir desarrollo sostenible sin un desarrollo económico y social. Así de simple. 
La pobreza es el mayor enemigo de la gestión de los recursos naturales y la protección responsable del medio ambiente. 
Una globalización responsable debe ser el proceso de desarrollo económico mundial que haga posible el surgimiento de una solidaridad genuina a escala mundial. 
La ayuda pública al desarrollo no es suficiente, aunque consigamos duplicarla o triplicarla. 
En el año 2001, que resultó poco prometedor en lo que respecta a las inversiones internacionales, los flujos de inversión privada hacia los países en desarrollo se elevaron a más de 200 mil millones de dólares, es decir, cuatro veces más de lo que se dedicó a ayudas estatales en total. 
Para que la inversión privada llegue a todos los países, debemos negociar un acuerdo multilateral sobre protección a la inversión que conlleve el establecimiento de organismos de arbitraje internacional responsables de la resolución de disputas. 
Ningún inversor privado? ni ningún fondo de inversión regido por la ética, si quiera? invertiría dinero sin tener garantías y perspectivas de que va a obtener beneficios. 
Para suplir la ausencia de normas multilaterales, surgirá una gran multitud de acuerdos bilaterales. 
Ya hay más de 1 200. 
Sin embargo, en todos los acuerdos bilaterales, no es precisamente el socio más pobre quien dicta las condiciones. 
El desarrollo sostenible necesita unos estándares mundiales que sirvan, además, para proteger la inversión. 
Señor Presidente, me gustaría decir que los resultados de la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo no han sido ni positivos ni negativos. Bastaría decir que fue una reunión necesaria y útil, a pesar de que el optimismo de Río, diez años después, haya dado lugar a una cierta inseguridad en lo que respecta al cumplimiento de los plazos y de los objetivos. 
La aprobación del Plan de aplicación (que se centra en la reducción de la pobreza, la salud, la transferencia de tecnologías y el comercio, entre otras cosas) y de la declaración política sobre el compromiso internacional de trabajar conjuntamente con el fin de mejorar la utilización y la distribución de los recursos naturales y energéticos, se muestra ante nosotros como un objetivo ambicioso, tanto para los países desarrollados como para los que están en desarrollo, que pretende restaurar el equilibrio de las relaciones Norte-Sur en el mundo y alcanzar la sostenibilidad de las políticas de desarrollo y progreso. 
No obstante, espero que la conferencia haya sido algo más que un desfile de Jefes de Estado y de Gobierno y que haya dejado bien claro que el desarrollo sostenible tiene que ocupar un lugar central en la agenda política internacional. 
Johanesburgo reveló precisamente la necesidad de crear una gobernanza supranacional capaz de combatir los numerosos problemas medioambientales, económicos y sociales, centrada especialmente en los países pobres y en desarrollo. 
La deuda de los países pobres y en desarrollo es también, sin duda alguna, una cuestión clave que determinará de forma considerable el éxito de la estrategia en materia de desarrollo sostenible a medio y a largo plazo. 
A este respecto, la cuestión de la transparencia, que se conseguirá por medio de la informatización de los presupuestos de los países en desarrollo, es una condición indispensable para continuar en el camino de la cancelación de deudas contraídas en el pasado. 
Señor Presidente, me centraré en el Programa Europeo sobre el Cambio Climático. 
Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho la Sra. Anneli Hulthén sobre este tema, pero echo en falta un aspecto: la comunicación con la ciudadanía. 
Desde las recientes inundaciones, estamos comenzando a darnos cuenta de la gravedad de cualquier cambio climático potencial, pero todavía son pocos los que son conscientes, ya no hablo de que estén convencidos, de la necesidad de actuar. 
Me gustaría sugerir tres puntos que podrían facilitar el intercambio de información con la ciudadanía. 
En primer lugar, creo que hay que ofrecer a la ciudadanía opciones claras. 
A pesar del importante papel que desempeñan los Estados miembros en este aspecto, la Comisión puede hacer mucho por definir claramente las opciones. 
¿Qué implica, por ejemplo, reducir a 100 km por hora la velocidad máxima en las autopistas? 
¿Qué significa que en cada hogar se instalen paneles solares o bombillas de bajo consumo? 
¿Hablamos acaso de pequeñas gotas en un gran océano o se trata realmente de una contribución considerable? 
Si las opciones fueran claras, los ciudadanos podrían llegar a participar en la cuestión climática. 
La política climática podría entonces integrarse en un plan de estrategia sobre el clima. 
En segundo lugar, la política climática debería estar situada mucho más en el contexto del desarrollo. 
Invertir en energía sostenible es costoso, pero gratificante. 
En la actualidad, dos mil millones de personas no disponen de acceso a la electricidad. 
La energía sostenible es local y puede llegar a dar un importante impulso al desarrollo. 
Deberíamos enviar este mensaje no sólo a Johanesburgo, sino también a Bruselas y a Estrasburgo, y todos los días, preferiblemente. 
En tercer lugar, lo que necesitamos es una insignia. 
Los Estados miembros deben invertir de forma conjunta en el desarrollo sostenible y en la eficiencia energética. 
Algo parecido al proyecto Airbus. 
El Sexto Programa Marco para la Investigación y el Artículo 169 ofrecen buenas oportunidades en este ámbito. 
Un proyecto insignia resulta visible para la ciudadanía y puede desempeñar un papel fundamental en la sensibilización pública. 
Señora Comisaria, desde mi punto de vista, debería haber un poco más de entusiasmo en materia de política climática. 
Hasta la fecha, no hemos hecho más que trasmitir un mensaje negativo y sombrío. 
Para favorecer una mayor participación pública, hay que dedicar más atención al aspecto de la comunicación y al de la política. 
Señor Presidente, me lo acaban de confirmar varios Ministros de Pesca reunidos en Reikiavik, Islandia. 
Estos Ministros de Pesca procedían de los EE.UU., Chile, Sri Lanka, Túnez, las Islas Feroe, Noruega, etc. y han declarado unánimemente que Johanesburgo está en buen camino con respecto a esta decisión. 
Muy raras veces se producen verdaderas decisiones políticas. 
Por lo general, todos nos damos mucha prisa a la hora de cubrir los egoísmos personales o nacionales con un leve barniz de santidad, en especial cuando el ojo de la opinión pública mundial fija su mirada sobre nosotros. 
Esta vez, sin embargo, sí se ha podido adoptar una decisión real sobre la sostenibilidad y sobre la pesca, un sector que ha sufrido un duro golpe. 
Este acuerdo sobre una cuestión de principios se alcanzó de forma muy rápida, y deja claro que el debate ha quedado zanjado y que ahora hay que dar paso a la acción. 
Éste es el mensaje que Johanesburgo lanza al mundo, un mensaje que también está dirigido a nosotros, a todos los que vivimos en Europa y ocupamos un lugar en este Parlamento. 
Simplemente, la reforma de la política europea sobre pesca ya no puede esperar más. 
Tiene un gran valor intrínseco y no debe usarse para obtener ventajas en otros ámbitos políticos sirviendo de títere en estrategias y juegos de negociación que son del todo predecibles. 
Esto es lo que también se llama llegar a un compromiso a expensas de la pesca. 
Johanesburgo actuó de forma certera reconociendo este hecho. 
Se pretenden recuperar las poblaciones de peces antes de 2015. 
Ahora debemos dar un paso hacia delante. 
Espero que esto constituya uno de nuestros triunfos, uno de los triunfos de la Unión Europea dentro del marco de una reforma inminente que no puede retrasarse más. 
Señor Presidente, señoras y señores Comisarios, supongo que empiezan ustedes a encontrar nuestros discursos un tanto repetitivos. 
Pues me alegro: en un organismo multinacional y multipartidista, eso significa que se está captando nuestro mensaje. 
Todos estamos de acuerdo en que la energía, por poner un ejemplo, es de lejos la principal fuente de gases de efecto invernadero. 
Algunos pensamos que la energía nuclear es una fuente de energía cara, anticuada y potencialmente peligrosa, que no resuelve en absoluto los problemas energéticos. 
Sin embargo, parece que sí estamos de acuerdo en que el transporte es la clave de los problemas energéticos: urge reemplazar los combustibles fósiles por energías alternativas. 
Hemos dicho que la solución se encuentra en las energías renovables y en la eficiencia energética, tal como se reconoció en Johanesburgo, pero desgraciadamente sólo hasta un determinado punto. 
No obstante, deberíamos actuar rápidamente en este sentido a través de la UE. 
Recordemos que en Johanesburgo también se reconoció el papel clave que desempeña la energía en la erradicación de la pobreza y que el nuevo programa de la UE sobre energías renovables y eficiencia energética en los países en desarrollo (COOPENER) les permitirá acceder a una parte de la financiación disponible; se trata de un programa importante. 
Por cierto, la implicación del género es muy fuerte en el suministro de energía, debido a las tareas de las mujeres en los países en desarrollo. 
El fracaso del cumplimiento de los objetivos de energía renovable, debido en gran medida a los Estados Unidos, para su vergüenza, puede superarse con buena voluntad y esfuerzo por parte de la Unión Europea. 
Con respecto a la aplicación: pasear los maletines de una cumbre a otra no arregla nada. 
Lo que realmente interesa es lo que ocurre entre cumbre y cumbre, y yo les insto, señoras y señores Comisarios, a que hagan uso de sus poderes legislativos y de su capacidad de control para asegurar que lo que se ha acordado en Johanesburgo, aunque no sea suficiente, se lleve a cabo. 
Señor Presidente, soy una de las diputadas que asistieron a la Cumbre de Johanesburgo y me siento muy afortunada por haberme encontrado a algunas de las miles de personas que acudieron de todas las partes del mundo para plantear la necesidad de aplicar políticas orientadas a las personas. 
Hemos oído una y otra vez que la cumbre tenía que cambiar las vidas de los más pobres del planeta si quería ser un éxito. 
No esperábamos cambios importantes y de hecho no los hemos conseguido, pero sí se han producido modestos avances. 
Por ejemplo, hemos podido comprobar una avance hacia una mejor gobernanza. 
Espero que este Parlamento apoye activamente la participación universal de los ministros de medio ambiente como miembros del PNUMA, lo que podría ser el punto de partida de una organización mundial para el medio ambiente. 
Esto nos lleva a la cuestión fundamental sobre la aplicación y el seguimiento. 
Sabemos por experiencia tras la Cumbre de Río que una cosa es llegar a un acuerdo y otra muy distinta asegurar que se apliquen. 
Aplaudimos la posibilidad de que por fin entre en vigor el Protocolo de Kyoto, aunque ha sido un proceso largo y difícil. 
¿Cómo se conseguirá avanzar tras Johanesburgo? 
No está claro. 
A pesar de que la Declaración de Johanesburgo implica comprometerse en un proceso integrador, y a su vez involucrar a los grupos que se reunieron en torno a la cumbre, ¿cómo se hará? 
Los ámbitos regionales y locales también son importantes. 
Sabemos cómo va a participar el sector privado, pero ¿en qué medida se verán implicados los diferentes niveles de gobierno? 
Por último, celebro el hecho de que los esfuerzos por incluir la biotecnología como parte intrínseca de la sostenibilidad no hayan visto la luz en Johanesburgo, a pesar del empeño de los Estados Unidos, que, justo en el momento en que se desarrollaba la cumbre, pretendieron aprovechar una crisis humana para intentar introducir alimentos modificados genéticamente en algunos de los países más pobres del mundo. 
Esto anula la libertad de elección, socava la dignidad humana y va en contra de la sostenibilidad. 
Debemos seguir oponiendo resistencia a esto. 
Señor Presidente, señores Comisarios, si somos críticos con los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo es porque, realmente, esperábamos mucho más. 
Conocemos la situación crítica del planeta, el deterioro, la contaminación, la falta de recursos naturales, también la pobreza extrema de gran parte de la población que hace que muera, que viva en condiciones indignas, que la obliga a emigrar hacia otras partes del mundo en que esas condiciones no se dan. 
Y, si es verdad que ha habido acuerdos, también es verdad que no han podido firmarse otros muchos acuerdos. 
Y usted dijo, señora Wallström, que era el momento de pasar de las palabras a los hechos y, con otras palabras, pero igual de contundentes, también lo había dicho el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Pero no ha podido ser así y, con la buena voluntad de las instituciones europeas no se ha resuelto el problema de llegar a los acuerdos que debían de haber sido la base mínima para resolver los graves problemas que tenemos en el planeta. 
Creo que tiene razón la Sra. Comisaria al decir que la frustración no debe llevar a que los políticos dejemos de hacer propuestas ambiciosas. 
La frustración ha de hacernos mucho más ambiciosos y, aunque sea en los acuerdos voluntarios, desde las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento debemos ir hacia adelante con todas esas propuestas- muchas más de las que están sobre la mesa -, porque, realmente, el mantenimiento de las condiciones de vida en el planeta es posible que dependa del buen ejemplo que demos desde la Unión Europea, en la que sí tenemos esa voluntad. 
Si nosotros- todos y cada uno de los países- manifestamos esa voluntad y ese compromiso con acuerdos, con programas, con fechas- no con palabras sino con hechos -, es posible que los acuerdos que ahora todavía son voluntarios se amplíen a otros países y es posible que dentro de diez años las buenas prácticas europeas puedan servir para que Johanesburgo no sea en el futuro lo que es en este momento. 
Señor Presidente, señores Comisarios, me acude a la mente el optimismo caricaturizado por el filósofo francés Voltaire en el personaje de Pangloss, que deriva, a su vez, de la filosofía alemana de Leibniz, para quien «todo evoluciona a mejor en el mejor de los mundos posibles». 
Si Voltaire volviera aquí, también haría una caricatura, sin duda una digna de admiración, de aquellos que hoy en día piensan que todo evoluciona a peor en el peor de los mundos posibles. 
Este pesimismo casi fantasmagórico que afecta a muchos comentaristas, políticos y diputados de esta Cámara no tiene justificación. 
No está justificado porque en la Cumbre de Johanesburgo, desde mi punto de vista, se indicó el camino adecuado para seguir adelante y se realizó el diagnóstico correcto, y la Unión Europea actuó debidamente: deberíamos celebrar esto en lugar de estar haciendo críticas constantemente. 
La cumbre apuntó a la dirección correcta, pero también hay que tener en cuenta que los países más ricos tendrán que pagar las políticas que se diseñaron en Johanesburgo y que hay que establecer mecanismos de control para garantizar, tal como se ha dicho con anterioridad, que las palabras se conviertan en hechos. 
Me gustaría añadir que la Cumbre de Johanesburgo ha servido para destapar alguno de nuestros temores y debilidades a la hora de analizar los problemas del mundo. 
Si me lo permiten, me gustaría destacar sólo uno de ellos: el tema del control de la natalidad y la población mundial. 
No tiene ningún sentido que este problema no se haya afrontado por temor a transgredir el dogma religioso, ese tipo de dogma que ya condenó Voltaire en su día, o por miedo a que nos consideren partidarios de la visión maltusiana. 
Todos sabemos que es precisamente en los lugares en los que la población crece de forma más rápida donde la pobreza y la degradación de la naturaleza son mayores. 
Por tanto, el tema del control de la natalidad y el de la regulación global de la población mundial no deberían pasarse por alto en ningún debate sobre la supervivencia de la tierra y sobre una vida más humana para los seres de este planeta. 
Pero antes anuncio que podré ser flexible con respecto a los tiempos de uso de la palabra: cada intervención podrá alargarse si el orador así lo desea. 
Señor Presidente, el orador que intervino con anterioridad hizo referencia a Voltaire. 
Permítanme nombrar ahora al escritor danés Hans Christian Andersen, autor de un cuento que muchos de los aquí presentes hemos leído: El traje nuevo del emperador. 
El debate que estamos manteniendo me ha hecho pensar varias veces en este cuento. 
Todos podemos ver que el emperador está desnudo, pero ninguno de nosotros se atreve a decirlo. 
Por esta razón, me encuentro entre las personas incapaces de ver de ninguna manera que la Cumbre de Johanesburgo ha sido un éxito. 
Creo que ha sido positivo que esta reunión haya tenido lugar, que se hayan realizado un gran número de contactos y que se hayan tomado decisiones satisfactorias. 
Ante los problemas a los que nos enfrentamos en este pequeño planeta, como la continua y rápida expansión de la pobreza, el contagio de enfermedades infecciosas, los múltiples problemas medioambientales y, en especial, el veloz avance de la tecnología en numerosas áreas, surge la necesidad de establecer algún tipo de marco regulador para que el mundo funcione bien. 
Las conclusiones a las que se llegó en Johanesburgo no son suficientes. 
Por desgracia, me temo que dentro de cinco o diez años nos reuniremos de nuevo y comprobaremos que muchos de los problemas que se ha determinado, con acierto, que están relacionados con Johanesburgo habrán empeorado. 
Permítanme plantear una cuestión en la que creo que el resultado final de Johanesburgo deja mucho que desear. 
Ya en 1992, Río de Janeiro nos demostró que los modelos actuales de producción y de consumo no funcionan en un mundo poblado por siete u ocho mil millones de personas. 
Al mismo tiempo, todos queremos que los países pobres se desarrollen. 
Por tanto, es evidente que los modelos de producción y de consumo deben cambiar. 
Lo que yo esperaba de Johanesburgo era un compromiso real por parte de los países ricos de contribuir a la modernización de los modelos de producción y de consumo de los países pobres. 
Esto también se aplicaría a la producción de energía, que ahora se está expandiendo de forma muy rápida, a los transportes, a los productos químicos, a la gestión de residuos, a la agricultura y al agua. 
Cada año, países como China, la India, México, Indonesia y el Brasil invierten, al menos, cientos de miles de millones de dólares estadounidenses en la producción de energía, sobre todo en tecnología del carbón. 
Tenemos el interés de ayudar por medio de la concesión de préstamos favorables, subvenciones y cooperación técnica, con el fin de garantizar que el desarrollo energético requerido se produzca de una forma eficaz y respetuosa con el medio ambiente. 
Por desgracia, no disponemos de los instrumentos necesarios. 
Agradezco las iniciativas tomadas por la Comisión con respecto a la energía sostenible. 
Creo que han sido muy positivas, sobre todo si consideramos las dudas previas de la Comisión por los grandes esfuerzos que exigía este área. 
Contribuiré gustosamente en la resolución de los detalles, pero esta medida es muy limitada en comparación con las grandes necesidades que existen. 
Creo que se requieren esfuerzos de una magnitud completamente diferente. 
Parece como si nos hubiéramos dado cuenta demasiado tarde. 
En unos años, sin duda alguna, veremos incrementados los recursos en este ámbito, pero el problema es que este incremento se necesita ahora mismo, de forma inmediata. 
Para concluir, añadiré que quizás, simplemente, nuestras expectativas sean demasiado altas con respecto a este tipo de cooperación internacional. 
Creo que la Comisaria Wallström realizó una puntualización muy acertada en los días posteriores a la Cumbre. 
Dijo que «debemos encontrar otras vías e identificar los países que quieran llegar aún más lejos, incluida, esperemos, la Unión Europea». 
Deberíamos quizás asociarnos con las empresas que quieran progresar más y de forma más rápida, con los movimientos populares, con los investigadores, etc. para poder adquirir mayor velocidad en algunas áreas en las que la situación es especialmente crítica. 
No disponemos de un sistema político a escala internacional que coordine el desarrollo que está teniendo lugar en la actualidad, en el que surgen tantos problemas de distinta naturaleza que exigen normas comunes. 
Espero, con sumo interés, las iniciativas de la Comisión en estos ámbitos. 
Me gustaría pedirle a la Comisión que, en cada caso en concreto, permita participar al Parlamento en una fase temprana del proceso. 
En cuanto a las iniciativas de la Comisión en los ámbitos del agua y de la energía, nunca hemos tenido la oportunidad de opinar al respecto, algo que resulta frustrante si tenemos en cuenta que existe un compromiso indiscutible y un gran interés en estos ámbitos. 
Señor Presidente, me gustaría ampliar la alusión del Sr. Wijkman al cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. 
Creo que bastantes diputados de esta Cámara proclamarían a voz en grito en el Pleno que han visto al emperador totalmente desnudo. 
En mi opinión, es muy difícil evaluar el papel de la Unión Europea o los resultados de la Cumbre de Johanesburgo. 
Ninguno de nosotros está satisfecho con los resultados. 
Hubiéramos preferido que, en diversos ámbitos, los resultados hubieran llegado más lejos. 
No obstante, me gustaría decir que creo que el papel de la Unión Europea? el de Europa? ha sido bueno y ha estado bien coordinado. 
En este punto, también debería añadir que, ante las peticiones más importantes, ha habido una coordinación efectiva entre la Unión Europea y los países candidatos. 
Con esto no quiero decir que esté satisfecha con la actitud demostrada por la Comisión hacia nosotros o con la política de información. 
Quiero dirigirme hacia el Comisario Nielson directamente y decirle que no esperábamos que se consideraran todas nuestras demandas, pero a veces, en música, lo que realmente importa es el tono, y, en ocasiones, no nos hemos sentido satisfechos con el modo en que se ha negociado con nosotros o se nos ha dirigido la palabra. 
Participé en esta delegación en calidad de miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y uno de los temas más importantes de Johanesburgo fue, por supuesto, el modo en que se financia el desarrollo. 
También pareció haber quedado claro que ya no se procederá como antes de Monterrey. 
En general, uno se pregunta si tiene algún sentido organizar este tipo de cumbres de las Naciones Unidas cada corto intervalo de tiempo para luego acabar definiendo una agenda con poco contenido en una cumbre sobre la sostenibilidad. 
En todo caso, la responsabilidad no es de la Comisión ni del Parlamento, sino de las Naciones Unidas. 
La pregunta que me gustaría plantear a la Comisión es bastante simple: ¿cómo vamos a controlar el cumplimiento de la promesa de Monterrey de destinar una media del 0,39 % del producto interior bruto a la cooperación al desarrollo a partir de 2006? 
¿Recibirá el Parlamento informes sobre el desarrollo? 
Soy austríaca y, en esto, no estoy muy orgullosa de mi país, que es de los que se encuentran en la cola de la liga de apoyo a la cooperación al desarrollo. 
Y ahora paso a la cuestión en sí misma. 
Sé que ustedes no pueden intervenir en los presupuestos nacionales, pero ¿qué tipo de seguimiento se piensa hacer y en qué medida afectará al Parlamento? 
El gran ausente de Johanesburgo fue el tema del crecimiento de la población y de la salud reproductiva. 
Creo que las formulaciones del texto final fueron bastante imprecisas. 
En dicha formulación se hace referencia a la salud y a las madres, pero no a la salud reproductiva, que, junto con la planificación familiar, considero como las cuestiones fundamentales en materia de desarrollo sostenible. 
Me gustaría sin embargo, expresar mi gratitud por la clara posición que ha adoptado la Unión Europea por lo que respecta a estos temas. 
Sabemos que los EE.UU., junto con los Estados fundamentalistas, impidieron que se efectuara cualquier tipo de progreso, y que los requisitos del Programa de Acción de El Cairo sobre salud reproductiva están lejos de cumplirse. 
Señor Presidente, la labor del Parlamento, es en primer lugar, controlar a la Comisión y, en general, evaluar los logros del Consejo y de la Comisión en Johanesburgo. 
Creo que este debate es una muestra en sí de que podemos estar bastante contentos con el papel desempeñado por Europa. 
Desde mi punto de vista, la Comisaria Wallström tenía razón al decir que la Unión Europea es la fuerza motriz que ha hecho posible Johanesburgo. 
Sin embargo, sé que los resultados de Johanesburgo apenas han sido sustanciosos, pero esto ha ocurrido más a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea que gracias a éstos. 
En mi opinión, podemos estar satisfechos con el papel que hemos desempeñado nosotros mismos en ese foro. 
No obstante, los resultados de Johanesburgo, hablando en términos generales, apenas han sido sustanciosos. 
No se ha logrado establecer ni un solo objetivo firme y verificable en ninguno de los ámbitos, y las sanciones relacionadas con la infracción de los objetivos, ya de por sí débiles, brillaron por su ausencia. 
La razón quizás se encuentre en una definición demasiado abstracta de los objetivos. 
Todos somos partidarios de conseguir un agua más limpia, un grado de pobreza menor y una educación mejor, pero, en mi opinión, los Jefes de Estado y de Gobierno deberían haber concentrado su energía en proyectos más factibles y concretos. 
La Cumbre de Río nos ha enseñado que firmar acuerdos que no se pueden aplicar es tiempo perdido. 
A pesar de todo lo dicho, ha habido resultados positivos que ya se han mencionado con anterioridad en este debate. 
Me gustaría, no obstante, insistir en el progreso realizado en el ámbito del agua potable, la higiene y la prevención de enfermedades. 
En efecto, estos elementos son fundamentales, especialmente en los sectores más pobres de la población mundial. 
Otro aspecto positivo ha sido lo que finalmente se ha dicho en los documentos sobre pesca y energía, a pesar de que, en lo que se refiere a esta última, los documentos podrían haber sido un poco más constructivos en los capítulos sobre energía eólica y solar y sobre potencia hidráulica. 
En todo caso, se trata de un tema que tampoco plantea dificultad alguna para la UE, pero que, sin embargo, ha provocado problemas de mayor envergadura en otros ámbitos. 
Estos textos son optimistas, incluso la introducción del documento de agricultura y subvenciones importantes es optimista, en mi opinión. 
Sin embargo, este optimismo no hay que agradecérselo a la UE; más bien al contrario: la UE podría haber sido más complaciente en este aspecto. 
De todas formas, ya estamos acostumbrados a estas situaciones de carácter interno. 
Es una cuestión en la que necesitamos alcanzar una mejor posición interna y, cuanto antes, mejor. 
La agricultura sigue siendo un punto débil en todas las negociaciones internacionales, y esto es algo de lo que sólo nosotros somos responsables y que requiere nuestro compromiso. 
Este tema está relacionado también con las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, cuestión que la Comisaria Wallström desea plantear ante la UE. 
Es una cuestión relacionada con la agricultura, pero también con todos los demás tipos de subvenciones que se conceden en el seno de la UE, pues esto se hace en todo el mundo. 
El hecho de que no hayamos progresado mucho en este ámbito en Johanesburgo debería servirnos como incentivo para tratarlo como una cuestión de prioridad tanto en el seno de la UE como en el exterior. 
Me gustaría finalizar con un comentario sobre el papel de la delegación parlamentaria. 
No quise mencionar este asunto al principio, pero puesto que ya ha salido a relucir en el Pleno de una forma tan manifiesta, me gustaría añadir unas cuantas palabras al respecto. 
Esta delegación ha sido dirigida de forma excelente por el Sr. Moreira da Silva, nuestro colega diputado. 
Me gustaría expresarle mi gratitud en nombre de nuestro grupo por la manera en que se ha dedicado a esta tarea. 
Igualmente, doy las gracias a la Presidencia danesa. 
Nosotros, es decir, todos los de mi grupo que asistimos a Johanesburgo, consideramos muy satisfactoria la comunicación que hubo en la cumbre. 
No obstante, me sorprenden las declaraciones realizadas por el Comisario Nielson a este respecto. 
Puedo entender que no es muy grato verse controlado por diputados algo molestos, pero es necesario que todos nosotros juntemos nuestras fuerzas de forma más efectiva en momentos como el que nos ocupa. 
Debemos apoyarnos más fuertemente. 
Creo que los parlamentarios que acudieron a la Cumbre mostraron una actitud positiva, y que una cooperación y una comunicación mejores nos benefician a todos. 
El Comisario me sorprendió por sus comentarios un tanto ácidos en un ambiente que, de por sí, ya era bastante corrosivo y, por tanto, no necesitaba que un Comisario aportara más leña al fuego. 
Espero que en un futuro, con ocasión de otras conferencias- ya que esto no ha sido un problema aislado, sino que repercute en otros ámbitos -, lleguemos a establecer un mayor grado de cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
La cooperación, que debe ser fluida, requiere una actitud positiva, no sólo por parte del Parlamento, sino también por parte de otras instituciones. 
Esto nos beneficiará a todos. 
Señor Presidente, con los debidos respetos a la Comisión y al Consejo, los juicios que estamos emitiendo en el Parlamento Europeo se basan en las resoluciones que aprobamos antes de Johanesburgo. 
Aprobamos nuestras resoluciones y mantuvimos un debate en su momento, de manera que no deseo desafiar todos los puntos positivos que hemos logrado extraer de Johanesburgo o lo que han dicho la Sra. Wallström o los diputados allí presentes. 
No voy a repetir nada de eso, como tampoco repetiré los puntos negativos, los detalles, las ayudas, las fuentes renovables de energía, etc., todas ellas cuestiones que ya han planteado Sus Señorías. 
Me gustaría, si me permiten, comentar dos o tres puntos que quizás no hayan recibido la atención merecida. 
Antes de Johanesburgo declaramos la necesidad de alcanzar el equilibrio entre desarrollo y comercio, por un lado, y entre desarrollo y protección del medio ambiente, por el otro. 
Este equilibrio no se alcanzó. 
El texto de Johanesburgo está lleno de referencias, reservas y condiciones destinadas a impedir que toquemos la cuestión del comercio. 
Se ha redactado pensando en la Organización Mundial del Comercio, y no existe ninguna institución con el mismo peso e influencia que la OMC para oponerse a ella. 
Se trata de un hecho. 
Esto no es bueno, aunque tampoco estoy diciendo que sea fatídico, pero no deja de ser un hecho. 
La segunda consideración que hicimos trata sobre la necesidad de incorporar el coste de la protección medioambiental en nuestra propia producción y en nuestro propio consumo de la forma más práctica posible. 
En lugar de esto, que tiene varias implicaciones, tales como impuestos, prohibiciones, acuerdos políticos y toda una serie de temas que se están debatiendo, disponemos de una declaración que declara la necesidad de cambiar los modelos de producción y de consumo. 
¿Y por qué no? 
Todo muy ambicioso e incluso un tanto literario, pero no dice para qué. 
A mí esto me resulta tan incomprensible como a mis estudiantes que cursan el primer año de Económicas. 
El tercer punto que destacamos era que al menos trataríamos de ceñirnos a lo dicho en Río y, por su puesto, trabajar en ello y ponerlo en práctica. 
Por ejemplo, ¿qué ha sido del principio de prevención? 
¿Por qué hubo un enfoque preventivo? 
¿Qué augura para el futuro? ¿Y para la política que aplicaremos nosotros, los EE.UU. y otros países? 
¿Por qué insistieron tanto los Estados Unidos? 
En cuarto lugar, señalamos la política y la dimensión internacional de la protección medioambiental y el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. 
Y, con los debidos respetos, no sólo no se ha establecido ninguna organización mundial del medio ambiente, sino que la idea de crearla quedó desterrada antes de que Johanesburgo hubiera apenas comenzado, y todos los debates sobre una mayor coordinación política entre los antiguos y los nuevos órganos, entre Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, con el objetivo político del desarrollo sostenible, se dejaron al margen. 
¿Por qué? 
¿Cómo se supone que debemos seguir una línea de pensamiento que dice que nosotros establecemos los objetivos, introducimos las medidas, ejercemos el control y el seguimiento e imponemos las sanciones? 
Esa es la verdadera esencia de la gobernanza. 
La gobernanza no es ni más ni menos que eso, puesto que si lo único que pretendiera fuera moralizar a los países en desarrollo, por muy útil que esto pueda ser, no resultaría suficiente y, además, daría muestras de una gran hipocresía por nuestra parte. 
Creo que los discursos bonitos se hicieron sin objetivos, ni medios, ni plazos, y que tendríamos que cuidar mucho este aspecto. 
Sugiero que pensemos seriamente en este punto. 
Seguro que el Parlamento Europeo puede de alguna manera? pienso en el Reglamento interno? establecer una comisión ad hoc capaz de llevar a cabo una supervisión general y permanente de estos discursos biensonantes pronunciados en Johanesburgo, de manera que podamos también saber lo que la Comisión y el Consejo de primavera nos aportan y estar al tanto de lo que ocurre en el ámbito internacional, para no acabar como Epimeteo, diciendo lo que nos gusta o no una vez transcurrido el evento y sin ninguna posibilidad de ejercer algún control por nuestra parte. 
Johanesburgo no ha sido un éxito. 
Los resultados han sido decepcionantes, pero me complace comprobar que la Comisión ha sustituido sus puntos de vista demasiado optimistas del final de la cumbre por un juicio más equilibrado. 
En nuestra opinión, si se calificara la cumbre según el sistema holandés, se le concedería un cuatro sobre diez o, lo que es lo mismo, un suspenso. 
Debo corregir a la Comisión sobre un punto, el de la biodiversidad. 
No se ha llegado a ningún acuerdo internacional que ponga fin a la pérdida de biodiversidad antes de 2010. 
Lo único que se ha decidido es reducir de manera significativa de la extinción de especies, mientras que sólo esta primavera cien ministros solicitaban en la Haya poner fin a la pérdida de biodiversidad antes de 2010, tal como también se ha podido constatar en Europa. 
La cuestión es, por supuesto, por qué Europa ha conseguido tan poco. 
Es cierto que los Estados Unidos, cómo no, apenas querían nada, pero muchos países del G77 están también cansados de promesas incumplidas. 
Se les prometieron más ayudas al desarrollo cuando, de hecho, están recibiendo menos. 
Esta es la razón por la cual es lógico que estos países del G77 se hayan centrado en luchar de la forma tradicional para combatir la pobreza y conseguir agua potable limpia, instalaciones de saneamiento y energía para los pobres. 
Y eso es lo que han conseguido, que al fin y al cabo es muy positivo. 
Sin embargo, debemos hacer un examen de nuestra conciencia. 
Muchos participantes claves en Europa, en particular los Comisarios Lamy y Nielson, han considerado que Johanesburgo es simplemente un paso intermedio entre Doha y Cancún. 
Esta es la razón por la que Europa apenas tuvo nada que ofrecer a los países del G77. 
Tampoco ayuda mucho el hecho de que no hayamos hecho aún las reformas necesarias en nuestra política agrícola y consideremos que nuestros intereses comerciales son más importantes que el desarrollo sostenible. 
No hemos mantenido las cosas en orden en materia de agricultura, pesca, tráfico, energía y utilización de materiales. 
Deberíamos avanzar hacia la celebración de cumbres de las Naciones Unidas que traten objetivos específicos, y el mejor ejemplo de ello es Kioto. 
Si nos resulta imposible concluir un tratado en el ámbito mundial, Europa debería al menos actuar de manera consecuente consigo misma. 
Lo que necesitamos, por ejemplo, es un tratado de las Naciones Unidas por el que se obligue a las empresas multinacionales a elaborar un informe social y medioambiental que sea evaluado por inspectores independientes. 
Se podría empezar por aplicar esta medida en Europa. 
También es necesario que las grandes empresas, en un período quizás de cinco o diez años, se comprometan a usar los mismos estándares medioambientales que usan dentro de Europa en el resto del mundo. 
Volkswagen ya lo está haciendo. 
Por ejemplo, Sudáfrica y Namibia no disponen de legislación medioambiental, por no hablar ya de un sistema de aplicación. 
No podemos esperar a que exista una regulación mundial en el ámbito de medio ambiente. 
Otro ejemplo es la deforestación. 
Río no consiguió establecer ningún tratado sobre el tema; tampoco lo hizo Johanesburgo. No obstante, en Europa podemos hacer algo. 
¿Por qué la Comisión Europea no sugiere que se introduzca una etiqueta visible para la madera y sus productos derivados? 
Una etiqueta verde para la madera sostenible y una etiqueta roja para la madera que se haya elaborado de forma incorrecta. 
A mi grupo le gustaría que se adoptase un enfoque imparcial por lo que respecta a la política de comercio. 
Espero que la Sra. Wallström nos acompañe en las reuniones preparatorias de la Cumbre de Cancún, y que represente a Europa cuando ésta se celebre dentro de un año, puesto que este es el único modo de demostrar que nos tomamos en serio el desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, en mi opinión, el desarrollo sostenible es una expresión de la tarea que Dios ha destinado a la humanidad para que cultivemos y preservemos la tierra. 
Se revela fundamental para establecer un equilibrio entre los elementos sociales, económicos y medioambientales. 
La Cumbre de Johanesburgo culminó en un plan de acción que hizo especial hincapié en los objetivos económicos, y no tanto en los medioambientales. 
Por tanto, esto no puede considerarse un equilibrio. 
Hace diez años, se estableció un marco jurídico para el clima y la biodiversidad en Río. 
El Protocolo de Kioto se centró en el ámbito del clima, pero su ratificación y su aplicación todavía son hoy motivo de preocupación. 
En lo que respecta a la biodiversidad, hace diez años optamos por mantener el statu quo. 
Tal como acaba de decir el Sr. Alexander de Roo, este objetivo se ha venido abajo en Johanesburgo debido al lento declive que sufre la biodiversidad. 
Además, la cumbre no consiguió alcanzar ningún acuerdo definitivo en materia de energía sostenible. 
A pesar de todas las grandes ambiciones europeas, y con ello no pretendo criticar a los Comisarios, el desarrollo sostenible mundial no se ha beneficiado de ningún nuevo impulso. 
Por fortuna, existe además una serie de elementos positivos sobre este informe, entre los que se incluyen los objetivos en materia de agua potable, instalaciones de saneamiento, productos químicos, poblaciones de peces, lucha contra la pobreza, hambre y mortalidad infantil. 
En cuanto a las ayudas al desarrollo, no obstante, las naciones ricas han reiterado durante los últimos diez años su intención de destinar el 0,7 % de su PIB a este ámbito. 
Pero ¿para cuándo? 
Me hubiera gustado que se hubieran establecido plazos a este respecto. 
La lucha contra la pobreza puede abrir todo un campo para la protección medioambiental, puesto que es cierto que si la población no dispone de alimentos, ni de casas, ni de agua potable, la protección medioambiental se convierte en una preocupación secundaria. 
Dicho de otro modo, hay que crear una estructura de apoyo en materia de protección medioambiental; nuestra labor primordial sería entonces hacer todo lo posible para luchar contra la pobreza. 
Si el acuerdo extraído del plan de acción de Johanesburgo, consistente en que la política de comercio no debería afectar al desarrollo de los países pobres, se toma en serio en el ámbito del medio ambiente, tendrá consecuencias de largo alcance en la política europea de agricultura y comercio. 
Me gustaría escuchar qué opinan los dos Comisarios al respecto. 
Mucha gente parece satisfecha con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas en Johanesburgo sobre el desarrollo sostenible. Todavía está por ver si mis nietos analizarán las cosas bajo el mismo prisma dentro de 20 años. 
Sin embargo, es un requisito, si consideramos el compromiso de la Sra. Brundtland, llegar a una buena definición de desarrollo sostenible. 
La aplicación de los objetivos va a contribuir enormemente a esta definición. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, creo que todos somos partidarios acérrimos de la necesidad de mejorar la calidad del medio ambiente. 
Sin embargo, estoy convencido de que debemos partir del hecho de que la calidad de vida y, en muchos aspectos, la calidad del medio ambiente a escala mundial no están sufriendo un declive, tal como nos hacen ver algunas personas. Debemos, por tanto, evitar cualquier forma de catastrofismo, y al decir esto me estoy refiriendo a las predicciones (que afortunadamente no se tomaron en cuenta) de desastres que marcaron las corrientes de medio ambiente durante los años setenta, desde Estocolmo hasta el Club de Roma. 
Sin embargo, esto no significa que no nos debamos esforzar por abordar las cuestiones medioambientales, que son, además, los puntos que se tratan en la agenda de Johanesburgo. 
He de hacer dos observaciones a este respecto. En primer lugar, y tal como se ha dicho repetidas veces en esta Cámara, estoy convencido de que uno de los factores decisivos para mejorar la calidad de vida de muchas personas y, de forma indirecta, del medio ambiente, es la apertura de los mercados al comercio internacional. 
Creo que los EE.UU., sometidos a numerosas críticas por parte de esta Cámara, tienen razón en esto, y creo que Europa debe esforzarse más en el ámbito de la política agrícola, el proteccionismo agrícola y otras formas de proteccionismo relacionado con el comercio. 
Me gustaría destacar el hecho de que la iniciativa de «Todo menos armas» de la que la Comisión se siente tan orgullosa- y en parte, con razón- contribuya a eliminar todas las obligaciones agrícolas y las cuotas sobre productos como el azúcar, el arroz y los plátanos importados desde los países más pobres. 
Este es el compromiso que, en calidad de europeos, debemos cumplir. 
En segundo lugar, los países que están esforzándose más por proteger el medio ambiente son los países democráticos en los que se respetan los derechos humanos, aquellos países con economías abiertas. 
Ya se ha mencionado el incremento de las ayudas al desarrollo: todo esto está muy bien, pero me gustaría decirles, en primer lugar y ante todo, a los Comisarios europeos y al Comisario Nielson, que la mayoría de las ayudas que concede Europa sirven para financiar a dictadores, a países no democráticos, a países sin una economía abierta. 
En dichos países, nuestras ayudas no sirven para realizar ninguna mejora ni en la calidad del medio ambiente, ni en las políticas medioambientales. 
Señor Presidente, me gustaría darles las gracias a todos ustedes por este exhaustivo debate. 
Quisiera comenzar dando las gracias al Sr. Moreira da Silva y al Sr. Maaten por las palabras de reconocimiento sobre la cooperación entre las instituciones de la UE en Johanesburgo. 
Informaré de estas palabras al Ministro danés de Medio Ambiente, que se encuentra hoy reunido con su homólogo chino para debatir temas entre los que se incluyen los que hemos visto aquí. 
Como ya saben, la Cumbre UE-China se está celebrando hoy en Copenhague, y por eso no puede estar hoy presente en este debate. 
La Sra. Scheele desearía que hubiera existido también cierta coordinación con los países candidatos. 
He sido informado sobre el hecho de que se mantuvieron consultas diarias con los países candidatos. 
Yo también creo que es muy importante. 
La Sra. Scheele dice igualmente que la declaración no se pronuncia sobre el tema de las mujeres y de la salud, pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que se ha declarado en términos muy concretos que las amenazas medioambientales para la salud se están reduciendo. 
Todas estas medidas se llevarán a cabo de acuerdo con los derechos humanos y las libertades fundamentales y de conformidad con la legislación nacional y los valores culturales y religiosos. 
He aquí una muestra de lo que se incluye. 
He tenido en cuenta la petición del Sr. Lange por la que expresaba el deseo de que los diputados estén presentes en las sesiones matinales. 
Lo he considerado y, de momento, no puedo prometerles nada, pero debemos aprender de la experiencia y, por tanto, le agradezco la sugerencia. 
Mucha gente ha tratado el tema de la política agrícola de la UE, y no tengo gran cosa que añadir al respecto. 
Lo que el Sr. Layonne y el Sr. Maaten han dicho no admite discusión (la política agrícola se convierte en un problema cuando intentamos por nuestra parte, desde la UE, llegar un acuerdo sobre un futuro más sostenible). 
Me gustaría mencionar de nuevo que en las Cumbres ASEM celebradas entre la semana pasada y esta semana se ha adoptado una decisión sobre la solicitud de China de celebrar una conferencia preparatoria en materia de política agrícola en Pekín, para que los países europeos y asiáticos puedan estar lo mejor preparados posible de cara a la cumbre de Cancún. 
Parece que se están realizando progresos. 
En cualquier acontecimiento siempre se da la oportunidad de continuar este diálogo con una serie de países diferentes. 
También he considerado muy interesante la sugerencia de la Sra. Corbey de incrementar la sensibilización entre los ciudadanos para que vean cómo pueden participar más, y sin volver a hacer referencia a lo que ya se ha dicho, agradezco a la Sra. Langenhagen, a la Sra. McNally, al Sr. Wijkman y a muchos otros lo que han aportado con tanta dedicación. 
He tomado nota igualmente de los ejemplos literarios propuestos. 
El traje nuevo del emperador de Christian Andersen y Pangloss de Voltaire que, pase lo que pase en Cándido, piensa que todo lo que ocurre es siempre para bien. 
Esto es muy divertido y deberíamos tener siempre en cuenta que, después de todo, Andersen y Voltaire tuvieron un excelente sentido del impulso humano que nos lleva a olvidarnos de las atenciones que nos brinda el mundo cuando nos adaptamos a él. 
Sin embargo, creo que para terminar con mi intervención debería indicar que las instituciones de la UE han realizado un buen trabajo en Johanesburgo. 
Como ha dicho la Sra. Wallström, la UE ha sido el motor que ha estado detrás del proceso; se han establecido nuevas metas, y los objetivos ya existentes se han visto consolidados; también se han fijado algunos plazos. 
Ahora es cuestión de cumplirlos, de llevarlos a cabo y de hacer que otros se adhieran a dichos objetivos. 
En cuanto a lo dicho por el Sr. Papayannakis, el seguimiento es fundamental. 
Ahora ya es sólo cuestión de efectuar el seguimiento. 
Espero con impaciencia los resultados de dicho proceso y, por tanto, antes de ceder la palabra a los Comisarios, me gustaría agradecerles a todos ellos el gran trabajo que han hecho y que seguirán haciendo en relación con el seguimiento. 
Agradezco a las señoras y señores Comisarios por su espíritu de colaboración al ponerse de acuerdo para intervenir al final, y no al principio del debate. 
. (EN) Señor Presidente, comenzaré mi intervención justo por donde terminó el Ministro Haarder. 
Tal como ha indicado la Sra. Hulthén al principio del debate, también ansiamos la ocasión de volver al Parlamento en febrero para tratar la forma en que se va a organizar el seguimiento. 
Todo esto está muy bien. 
Hay un aspecto nuevo que conviene destacar: las iniciativas en materia de agua y energía proceden de la UE. 
Estamos pisando terreno nuevo, que no se define sólo por lo que hace la Comisión. 
Se trata de un panorama que va más allá de Monterrey, porque estamos a punto de anunciar y lanzar acciones globales de la UE, que hacen que además sea bastante interesante. 
Pasemos a la discusión sobre cómo vemos nosotros esta cuestión: con complacencia, con pesimismo, optimismo, etc. Para hacer un símil literario, no es del todo correcto afirmar que el emperador estaba desnudo. 
Llevaba algo puesto, aunque sólo el pijama. 
Por lo tanto, cabría preguntarse si estaba medio desnudo o medio vestido. 
Pues bien, no existe una respuesta concreta a esta pregunta, como tampoco la hay para la pregunta sobre el modo de enfocar esta cuestión. 
Ya desde el principio, incluso en Johanesburgo, cuando tratamos de responder a las preguntas planteadas en las conferencias de prensa, evitamos hablar en términos de «éxito» o «fracaso» , porque era evidente que no nos conducirían a una evaluación suficientemente profesional y correcta. 
De nuevo, en la discusión hemos tratado de plantear la cuestión de la exageración deliberada o la moderación de las expectativas antes de la reunión, que como ya se ha dicho antes, se considera un método de trabajo intencionado. 
Puede que esto tenga sentido, pero la verdad es que ante reuniones mundiales de la ONU como ésta, debemos procurar que nuestras expectativas se ajusten a la realidad. 
Nos encontramos justo en el terreno del trabajo intergubernamental. 
Compararlo con lo que nosotros en Europa podríamos hacer si nos uniéramos no sería, por desgracia, justo. 
Todo el mundo habla de la sociedad internacional, pero no existe una sociedad de tales características; estamos intentando crear una. 
Y en este punto nos encontramos. 
Lo que les pido es realismo profesional para poder evaluar este tipo de asuntos. 
En definitiva, aunque hayamos progresado, nos habría gustado avanzar bastante más. 
Sin embargo, expresar el descontento tal como lo ha hecho el Sr. Turmes cuando se refería a que habíamos regresado con las manos medio vacías, ilustra el hecho de no habernos permitido tener un mínimo de realismo. 
Ésta es la materia prima que luego da resultados. 
Me pregunto si en algún otro centro político del rico Norte se estará llevando a cabo un debate como este. 
Dudo que el Congreso de los Estados Unidos dedique un día a debatir, como estamos haciendo ahora, las consecuencias de Johanesburgo. 
No estaría mal que esto ocurriera, pero hay que recordar que sería un error pensar que los acuerdos multilaterales fueron tan difíciles sólo por culpa de las actitudes y la resistencia estadounidense. 
Es una peligrosa ilusión pensar que el grupo de los G77 al completo apoya con entusiasmo los distintos objetivos o se compromete a establecer un determinado paquete energético en un determinado espacio de tiempo, porque en realidad no ocurre así. 
Las cosas que hay que cambiar no pueden modificarse fácilmente. 
El Sr. Moreira da Silva ha mencionado algunas cosas importantes que caracterizan los indicadores de progreso. 
Dichos indicadores están más específicamente orientados a la acción, en comparación con Río, pero eso es exactamente lo que debemos hacer con respecto a Johanesburgo. 
En segundo lugar, la Sra. McNally, entre otros, ha señalado el vínculo más claro y más estrecho que existe entre el medio ambiente y la pobreza. 
Es fundamental acercarse más a la realidad. 
El equilibrio entre las cuestiones relacionadas con el comercio, el desarrollo y el medio ambiente ha sido abordado por varios oradores. 
Debemos recordar que las bases sobre las que pudimos trabajar en Johanesburgo habían quedado claramente definidas por las decisiones del Consejo, en las que se aclaró nuestro mandato. 
En esencia, Europa quería y necesitaba atenerse a la fórmula de Doha. 
No podíamos añadir ni eliminar nada. 
Éstas fueron las bases políticas sobre las que pudimos negociar en Johanesburgo. 
A algunos puede que no les guste, pero volver de Johanesburgo con una fórmula que refleje claramente nuestras palabras y haya dejado puertas abiertas, ha sido un logro diplomático para Europa. 
Por favor, no olviden que el fracaso de Seattle se debió a una sobrecarga de la agenda internacional. 
Si no lo hubiéramos tenido claro ni hubiéramos hecho lo que hicimos en Doha y en Monterrey para permitir que el mundo discuta sobre desarrollo sostenible en Johanesburgo, todo el proceso habría sido un auténtico desastre que habría terminado por perjudicar nuestros intentos por acabar con los problemas que surgen al liberalizar la agricultura y reducir las subvenciones. Ahora todo esto forma parte de la vía abierta en Doha. 
Si hubiéramos intentado «rehacer» Doha en Johanesburgo, este aspecto habría salido perjudicado. 
Con respecto al debate institucional, algunas personas consideran que es un problema que yo haya descrito la cruda realidad de los acuerdos institucionales. 
He tomado nota de las recomendaciones del Ministro Haarder, en las que decía que aquí y ahora no podía prometer cambios. 
Esto mismo es lo que curiosamente les dije yo a los diputados del Parlamento en Johanesburgo. 
No podría comprometerme a apartarme del acuerdo institucional. 
Ni tampoco deberíamos reducir este debate a una simple conversación entre los diputados del Parlamento y un Comisario. 
Normalmente se dice que para bailar un tango hacen falta dos personas, pero la complejidad de las instituciones europeas hace que para que poder bailar ese tango, necesitemos tres personas. 
Sería por tanto un error pensar que esta discusión sólo se puede mantener entre el Parlamento y la Comisión. 
De hecho, si se observa lo que realmente ocurrió en Johanesburgo, se podrá comprobar que hicimos todo lo posible por informar a los diputados. 
Sin duda yo habría aplaudido la plena participación de los diputados hasta el final de la cumbre. 
Pero desgraciadamente, después del fin de semana, muy pocos se quedaron en Johanesburgo hasta el final. 
El dinero gastado en viajar hasta allí con nueve asistentes se habría invertido mucho más provechosamente si el Parlamento hubiera permitido a sus representantes asistir a todas las reuniones internacionales en lugar de regresar justo a mitad de camino. 
De este modo se habría reforzado la cooperación. 
Me gustaría decirles a la Sra. Evans y a la Sra. McNally que un enfoque integrado de la energía, la igualdad entre hombres y mujeres, la pobreza, la salud y la población- una cuestión en que ha insistido también mucho la Sra. Scheele- se corresponde exactamente con el tipo de enfoque que hace falta. 
La Sra. Evans ha hecho hincapié en la importancia de asegurar el seguimiento. 
El mejor método consiste en integrarlo en las estrategias nacionales y regionales para garantizar el protagonismo en el Sur. 
A la vista de lo que he dicho antes de la falta de entusiasmo mostrada por muchos países del Sur para proceder con estas medidas, es fundamental cerciorarse de antemano de que éstas se basan en su propia planificación. 
La Sra. Scheele también ha preguntado de qué forma se están controlando los compromisos financieros en el ámbito de ayuda al desarrollo, adquiridos colectivamente por los Estados miembros y la Unión en Monterrey. 
Por fortuna, el seguimiento ya es posible a través de los informes realizados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 
Esto significa que cada país donante está obligado a presentar datos que la Comisión utilizará para recabar información. 
Las discusiones se celebrarán con carácter regular para asegurar que el aumento es real. 
Las conversaciones sobre salud reproductiva y derechos dominaron los últimos días de la cumbre. 
Esta es otra de las razones por las que habría agradecido la presencia de los diputados del Parlamento en la cumbre en ese momento. 
El artículo 47 de la declaración política fue el resultado de una gran batalla librada, día y noche, antes de conseguir finalmente, gracias al apoyo de Canadá, que se aceptaran los términos establecidos en El Cairo, que al final se introdujeron en el texto, logrando así evitar una importante derrota a manos de la coalición oscura, y ya saben a quién me estoy refiriendo. 
Finalmente, llegamos a un acuerdo aceptable, pero resultó ser un drama poco agradable. 
Resulta bastante molesto tener que luchar por algo así. 
He comentado algunos de los aspectos. 
La gran tarea de seguimiento se plantea ante nosotros como un auténtico reto. 
La iniciativa del agua para coordinar la cooperación regional en todas las cuencas fluviales más importantes de África aparece ante nosotros como un gran proyecto. 
Esperamos que esto revierta también en los esfuerzos generales por crear una cooperación regional más estable, y que a su vez todo ello beneficie a la democracia, la estabilidad y la liberalización del comercio. 
Por tanto, la iniciativa del agua no sólo se plantea como un objetivo en sí mismo, sino como un paso muy positivo debido a los efectos indirectos que genera. 
Señor Presidente, llevamos aquí desde las 9 horas hablando sobre los resultados de la Cumbre de Johanesburgo. 
Algunos diputados han disfrutado atacando a la Comisión so pretexto de que, en apariencia, la transmisión de información ha sido un fracaso. 
Desde mi punto de vista, la Comisión ha realizado un buen trabajo en Johanesburgo. Defendió las posiciones de la UE, a pesar de no haber sido capaz de imponer las ideas de Europa al resto del mundo. 
Y no es ninguna tragedia el que la Comisión no hubiera tenido suficiente tiempo para alimentar el ego de algunos diputados que se estuvieron rascando la barriga en el hotel. 
Igualmente pienso que esos mismos diputados que han criticado a la Comisión deberían, al menos, haberse quedado en la Cámara para escuchar las respuestas aportadas por los Comisarios y el Consejo. 
Señor Presidente, como ya sabe, yo representé a la delegación parlamentaria en Johanesburgo, y me gustaría aclarar algo, porque creo que el Comisario Nielson ha confundido los términos. 
El Comisario Nielson no parece haber comprendido por qué estamos alabando al Consejo y criticando a la Comisión porque al Parlamento no se le haya reconocido su debido papel institucional. 
Lo trataré de explicar una vez más: en la función del Parlamento, separemos el ámbito institucional de la cooperación política. 
En el ámbito institucional, queremos que tanto la Comisión como el Consejo apoyen nuestro derecho a participar en las reuniones de coordinación diaria de la Unión Europea. 
Es un aspecto que debería quedar resuelto en las próximas revisiones del Acuerdo Interinstitucional. 
La política de cooperación es muy diversa, y nos ha dado la impresión de que, en el marco de la política de cooperación, el Consejo ha actuado con mayor transparencia que la Comisión, que ha pecado por omisión. 
Y eso es lo que ha creado algunas dificultades, porque no nos esperábamos este tipo de comportamiento por parte de la Comisión, acostumbrados como estábamos a sus compromisos, a sus ruedas de prensa junto con el Parlamento, a su actitud de apertura hacia una mayor participación del Parlamento. Desgraciadamente, esta vez sólo hemos visto esta actitud por parte del Consejo. 
El Reglamento establece que los diputados no pueden estar en misión durante las sesiones plenarias del Parlamento. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera dirigirme a nuestra audiencia de hoy y darles la bienvenida a este debate en el Parlamento Europeo. 
Hablamos hoy de dos cosas diferentes, a pesar de estar relacionadas. 
Por un lado, hablamos del informe preparado por la Sra. Hulthén, diputada sueca del Parlamento Europeo, sobre cómo combatir el cambio climático. 
En primer lugar, me gustaría hacer unos comentarios sobre dicho informe y luego concluir con una serie de recomendaciones sobre nuestro debate de Johanesburgo. 
A partir de ahora hablaré en sueco. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
He recibido una propuesta de resolución 
. (FR) Soy consciente de la falta de convicción que reina en el ámbito internacional ante la posibilidad de un desarrollo sostenible que reduzca la pobreza y preserve el medio ambiente. 
Deber tenerse muy en cuenta la responsabilidad de la comunidad ante esta lamentable falta de progreso. 
El fracaso colectivo nos conduce a una pérdida de credibilidad. 
Es ridículo prever acuerdos de mayoría con los países del G77, que fueron aliados en Río y en Kioto, mientras que el plan de la Unión sobre el desarrollo sostenible fracasa dentro de sus propias fronteras. 
El plan de acción sobre Biodiversidad es muy loable, aunque sólo se trate de una esperanza piadosa. 
Muchos Estados miembros continúan pasando por alto las directivas sobre «pájaros» y «hábitats». 
Es nuestra responsabilidad política y moral esencial exigirnos a nosotros mismos lo que les estamos exigiendo a los demás. 
La Comisión debe aportar una presentación anual del progreso que se está realizando en materia de integración de la perspectiva del desarrollo sostenible en todas las políticas de la Comunidad. 
Para restaurar la credibilidad de Europa, debemos elaborar, junto con otros socios internacionales, una política para erradicar la pobreza y abortar los procesos industriales perjudiciales para nuestra ecología. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, el lunes intervien sobre el artículo 2 del Reglamento y ayer sobre las actas corregidas para indicar el sentido exacto de este punto. 
En mis comentarios del lunes indiqué que había el riesgo de que cierta reunión de Ministros de Pesca habría pretendido interferir en la independencia de acción del Parlamento. 
El Sr. Jové Peres era uno de los ponentes en cuestión y esta mañana ha emitido una declaración. 
Acepto plenamente lo que ha dicho y si le he causado alguna molestia, quisiera pedirle disculpas por ello. 
Estimados colegas, hace cincuenta años se celebró aquí, en Estrasburgo, la primera sesión de la Asamblea Conjunta de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, órgano predecesor del actual Parlamento Europeo. 
Por tanto, hoy conmemoramos cincuenta años de parlamentarismo en el corazón mismo de nuestro proyecto europeo y nuestra empresa común, cincuenta años de contribución de nuestros parlamentarios a la paz y la prosperidad sostenidas y sostenibles. 
En aquella ocasión, el 10 de septiembre de 1952, Jean Monnet, en su calidad de Presidente de la Alta Autoridad, dio la bienvenida a «la primera Asamblea Europea dotada de poder de decisión». 
El siguiente orador en aquella ocasión fue Konrad Adenauer, que añadió que la nueva Asamblea «marcaba un nuevo paso adelante significativo en nuestro proyecto de crear una nueva Europa». 
Hoy, en nombre del Parlamento Europeo, saludo y honro a toda aquella generación de posguerra formada por los pioneros de la integración europea; mediante este homenaje a sus logros indelebles, hoy queremos empeñar nuestra propia energía como Parlamento Europeo elegido directamente y empeñar nuestra palabra de servir a las generaciones venideras de todo nuestro continente, mientras nos preparamos para acoger muy pronto en nuestro seno una ampliación histórica y sin precedentes. 
Para celebrar este aniversario, me gustaría invitarles a participar en la ceremonia que tendrá lugar hoy a las 13.00 horas en el recinto contiguo al hemiciclo. 
En este acto se procederá a izar la bandera europea y escucharemos una breve representación musical a cargo de una orquesta minera de la región del Sarre. 
Agradeceremos su presencia. 
Me gustaría recordarles igualmente que están ustedes invitados a la ceremonia de apertura de una exposición sobre la historia del Parlamento Europeo y la integración europea. 
La exposición, titulada «Una historia con futuro» , será inaugurada oficialmente a las 14.45 horas de esta tarde en la zona de visitantes de la planta baja del edificio Louise Weiss. 
Quisiera dar la bienvenida a la tribuna de personalidades a una delegación de cinco senadores y siete diputados de Chile. 
La delegación está encabezada por el senador Gabriel Valdés, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. 
Se halla en Estrasburgo para participar en la cuarta reunión interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y Chile, que se celebra hoy y mañana. 
Como sus señorías saben, la Unión Europea y Chile han firmado un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación. 
En nombre del Parlamento doy la bienvenida a la delegación y le deseo una reunión interparlamentaria fructífera. 
-De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0287/2002) de Lord Inglewood, en nombre de la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida (7328/1/2002- C5-0230/2002- 2000/0162 (COD)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0282/2002) del Sr. Stefano Zappalà, en nombre de la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) (8171/1/2002- C5-0266/2002- 2001/0179 (COD)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0279/2002) de la Sra. Miet Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la representación de la mujer entre los interlocutores sociales de la Unión Europea (2002/2026 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0237/2002) de la Sra. Anneli Hulthén, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático (COM (2001) 580- C5-0164/2002- 2002/2072 (COS)) 
Estoy seguro de que la Cámara lo aceptará. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0294/2002) del Sr. Philip Charles Bradbourn, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte de mercancías (COM (2002) 54- C5-0054/2002- 2002/0038 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0312/2002) del Sr. Giacomo Santini, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión de la Directiva del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita y otros aspectos financieros vinculados a los juicios civiles (COM (2002) 13- C5-0049/2002- 2002/0020 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0301/2002) del Sr. Herman Schmid, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa al balance de cinco años de aplicación de la Estrategia Europea de Empleo (COM (2002) 416- (2002/2152 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe Smet (A5-0279/2002) 
Señor Presidente, este informe también se votó conforme al artículo 110bis del Reglamento, que no prevé ningún debate ni enmienda al informe. 
La delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado previamente enmendar los informes que no apoyaba. 
No obstante, el nuevo artículo no nos deja más opción que votar en contra de ciertos informes. 
La mayor parte de este informe constituye lo peor de las paparruchas políticamente correctas. 
Cada vez más, las mujeres están alcanzando puestos más altos en la sociedad y lo seguirán haciendo mientras, al menos en mi país, consigan más plazas universitarias que los hombres. 
No apoyamos las cuotas o la interferencia en la manera en que las organizaciones sindicales, por ejemplo, seleccionan a sus cargos. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades habla de la integración de las perspectivas de género en las políticas sectoriales, mientras que, al mismo tiempo, su misma existencia contradice este principio. 
El excelente informe de la Sra. Miet Smet nos da una vez más la oportunidad de condenar las pobres estadísticas europeas sobre el número de mujeres en las organizaciones de los interlocutores sociales. 
Aunque se han puesto en práctica muchas estrategias para poner remedio a la infrarrepresentación de las mujeres en los cargos directivos de estas organizaciones, así como en las delegaciones de consulta social y en los órganos asesores, debemos, como recomienda la ponente, poner en marcha a escala europea la recopilación sistemática de información sobre el papel de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. 
No obstante, resulta bastante claro que la aplicación y la efectividad de las medidas tomadas dependen por completo de la voluntad política de las organizaciones. 
Las campañas de sensibilización con motivo de las elecciones sindicales y el establecimiento de redes entre mujeres negociadoras también estimulan el incremento de la representación femenina. 
Después de leer este magnífico informe, tan sólo puedo recomendar a Sus Señorías que voten a favor y reiterar que la Comisión debe reunir urgentemente esta información de forma adecuada con vistas a crear una base de datos sobre la representación de la mujer en las organizaciones de los interlocutores sociales. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (DE) He votado a favor del informe sobre la representación de la mujer entre los interlocutores sociales de la Unión Europea. 
De acuerdo con las estadísticas facilitadas por la Confederación Europea de Sindicatos, la proporción de mujeres que ocupan puestos de dirección es inferior al 25%, una cifra demasiado baja. 
Creo que resulta particularmente importante conseguir una representación femenina equilibrada en los cargos directivos de los sindicatos, que en las negociaciones salariales desempeñan un papel importante de cara a fomentar la igualdad de oportunidades. 
Diversos estudios señalan que las mujeres están gravemente infrarrepresentadas en las negociaciones salariales, por lo que las cuestiones que les afectan particularmente se tienen poco en cuenta en el mercado laboral. 
Las mujeres saben cuáles son las condiciones laborales reales de las trabajadoras y en qué aspectos no hay igualdad de oportunidades. 
Si hubiera más mujeres a cargo de las negociaciones, estoy segura de que se prestaría más atención a los intereses de las mujeres en el mercado laboral. 
Por tanto, insto a los interlocutores sociales a crear programas de apoyo para las mujeres para aumentar su presencia en los círculos decisorios. 
Los intereses de las trabajadoras no deben ignorarse. 
En el marco del objetivo del Parlamento Europeo de promover activamente la participación de las mujeres en los órganos de decisión de distintas organizaciones, el informe de la Sra. Miet Smet es un hito y me complace apoyarlo en esta Cámara. 
Es extremadamente importante poner en marcha estrategias que fomenten una representación más equilibrada en los órganos de consulta social. 
En estos órganos se toman decisiones que resultan cruciales para las mujeres, que afectan a la igualdad de oportunidades en el trabajo y a las perspectivas de desarrollo de la carrera profesional. 
Con el fin de proteger los intereses de las mujeres, necesitamos reunir datos estadísticos precisos, lo cual supone el primer paso esencial para conseguir una representación genuinamente equilibrada. 
La mayor presencia de mujeres contribuirá a crear nuevos puntos de vista en todas las políticas definidas por los interlocutores sociales. 
Este informe se orienta en esta dirección y debe respaldarse para que el Parlamento Europeo pueda ganar credibilidad en lo que se refiere a sus objetivos. 
Para ello será necesaria la cooperación de los interlocutores sociales, en particular de las organizaciones patronales, cuyos esfuerzos, cabe señalar, se echan en falta en esta área. 
Resulta claro que este informe también se puede aplicar al marco de la ampliación y que es importante que los países candidatos empiecen a colaborar de inmediato en el proceso de hacer la presencia de las mujeres más equilibrada. 
Señor Presidente, este informe también se votó conforme al artículo 110bis del Reglamento, que no prevé ningún debate ni enmienda al informe. 
La delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado previamente enmendar los informes que no apoyaba. 
Sin embargo, la nueva reglamentación no deja otra opción que votar en contra de ciertos informes. 
Si bien apoyamos gran parte del informe de la Sra. Hulthén, y, por supuesto, sus objetivos, no podríamos votar a favor de un paquete que contiene referencias a las ecotasas europeas. 
Los impuestos son un asunto de los Estados miembros. No son competencia de la Unión Europea. 
- (NL) El transporte de mercancías por carretera ha aumentado considerablemente durante los últimos 20 años. 
Esto ha generado puntos de estrangulamiento y empuja a ensanchar las autopistas y construir nuevas carreteras. 
Esta forma de transporte ocupa mucho espacio, es ruidoso y aumenta significativamente el efecto invernadero. 
La Comisión está en lo cierto cuando piensa que este problema debe resolverse transfiriendo tráfico del transporte por carretera al transporte por tren, por vías navegables interiores y por mar. 
La mayoría de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se opone a esto y quiere mantener el tráfico por carretera. 
Se dice que la transferencia entre modalidades tendría un coste demasiado elevado y las alternativas también plantearían escasez de capacidad y contratiempos medioambientales. 
Es cierto que las locomotoras diesel, a menudo obsoletas, deberían ser más limpias y que la red de canales se ha descuidado. 
Esta circunstancia se aprovecha ahora de argumento para conceder subvenciones a fin de limitar la contaminación y la congestión en las carreteras. 
Además, los umbrales para esas subvenciones se están reduciendo a la mitad. 
Asimismo, es cierto que el tráfico restante por carretera debería ser más limpio. 
No obstante, me temo que a pesar de que la UE proporcionará más financiación, pocas cosas van a cambiar a raíz de ello. 
El transporte por carretera hará, por tanto, que el contribuyente tenga que correr con los gastos de las inversiones medioambientales necesarias y la demanda de más autopistas seguirá aumentando. 
He votado a favor de este importante informe teniendo en cuenta las inquietantes predicciones de la Comisión, que sugieren que el transporte de mercancías por carretera en la Unión Europea aumentará en torno al 50% de aquí a 2010. 
Comparto plenamente los objetivos del programa Marco Polo y la visión del ponente sobre el modo de reducir la congestión en las carreteras y mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte mundial. 
También creo que la congestión constituye una amenaza tanto para el medio ambiente como para la vitalidad de la economía y estoy, por tanto, a favor de las medidas que reduzcan la congestión y la contaminación y favorezcan la transferencia del transporte de mercancías por carretera al transporte marítimo de corta distancia, por ferrocarril y por vías navegables interiores. 
Asimismo, debemos prestar atención, no obstante, a las áreas en las que se producen los puntos de estrangulamiento y a los factores que hacen que se produzcan en otras modalidades de transporte, de forma que el programa Marco Polo no suponga la transferencia de la congestión de una modalidad de transporte a otra. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo quisiera decir que me ha decepcionado que se haya aprobado la enmienda 6 de la comisión. 
Toda esta Directiva trataba en realidad de la justicia gratuita transfronteriza. 
Suprimir todo el elemento transfronterizo e intentar someter toda la cuestión a la armonización de la justicia gratuita en toda la Unión Europea, sin duda- en mi opinión y en la de mi Grupo- nos meterá en un embrollo. 
Si nos hubiésemos adherido a la enmienda liberal y nos hubiésemos centrado únicamente en los casos de justicia gratuita transfronteriza, creo que hoy tendríamos un documento viable ante nosotros. 
Pero desgraciadamente no es así. 
No obstante, dicho esto, finalmente hemos votado a favor de la Directiva. 
Hay otras partes que creemos que podemos apoyar y dejamos que sea el Consejo de Ministros quien, esperemos, resuelva las partes que desgraciadamente se aprobaron. 
Tras los ataques del 11 de septiembre, el Consejo exhortó a la Comisión a que examinase la relación entre el mantenimiento de la seguridad interior y el respeto de las obligaciones internacionales en materia de derecho de asilo. 
El enfoque de la Comisión fue decepcionante, puesto que únicamente se ocupó de una cuestión: cómo denegar a los terroristas y a otros criminales el derecho de asilo. 
Este enfoque supone una visión limitada del problema. 
Por otra parte, hay una cuestión completamente diferente- mucho más seria- que ni siquiera se menciona en el documento de la Comisión: ¿qué sucedería si una considerable proporción de un tercer país pidiese asilo en uno o más Estados miembros, debido al riesgo de opresión en su propio país? 
El mundo ha cambiado desde 1950. 
La Convención de Ginebra estaba destinada a proteger a individuos que sufrían algún tipo de persecución. 
Hoy en día, debido a la globalización y a las facilidades para viajar, debemos contemplar el hecho de que, un día, la Convención pueda aplicarse a poblaciones enteras o a millones de refugiados que desestabilizarían a nuestros países. 
Ésta es la apremiante cuestión a la que nos enfrentamos ahora. 
Los gobiernos tienen la obligación de solventar esta cuestión complementando la legislación vigente con medios de protección distintos del asilo convencional. 
. (EN) La Delegación Conservadora británica apoya plenamente una mayor cooperación entre las autoridades judiciales, especialmente en la ejecución de las sentencias y el traslado de demandas en toda Europa. 
Esto ayuda tanto a las empresas británicas como a la realización del Mercado Único. 
No obstante, no consideramos que las medidas de este informe sean útiles, y sus implicaciones a la hora de ofrecer asistencia jurídica gratuita, sin tener en cuenta el fondo del asunto, a cualquiera que desee entablar una acción, son tan ingenuas como totalmente inviables. 
Por tanto, los Conservadores británicos no pueden apoyar las medidas de este informe. 
Ahora que hacemos balance, cinco años más tarde de que la estrategia europea de empleo se pusiera en marcha y antes de que las directrices sobre empleo de 2003 se adopten definitivamente, es importante reiterar que el desempleo es aún una plaga y que es la principal causa de la exclusión social. 
Por ello es preciso hacer varias cosas: debemos instar a la Comisión a que analice las causas del débil crecimiento económico de la Unión y formular propuestas con vistas a favorecer un crecimiento genuino y significativo, para así aumentar el número de empleos. 
En cuanto al método, debemos fortalecer el papel de los parlamentos nacionales en la elaboración de planes de acción nacionales; debemos dar al Parlamento Europeo un papel, como parte del proceso de codecisión, en las cuestiones relativas al empleo conforme al método de coordinación abierta y debemos hacer que participen más los interlocutores sociales. 
En cuanto al contenido, debemos hacer hincapié en el desarrollo de los mercados laborales regionales y locales, para impulsar las iniciativas destinadas a atraer inversiones productivas y a favorecer el equilibrio económico, la cohesión social y la creación de empleo en las zonas y regiones menos desarrolladas. 
Asimismo, debemos pensar en el modo de integrar a los inmigrantes legales en el mercado laboral. 
- (NL) La UE y sus precursores son fruto del deseo de grandes empresas multinacionales de contar con un mercado único con una moneda común. 
En consecuencia, los intereses empresariales han lastrado considerablemente las estructuras de gestión de la UE y su política. 
Durante 50 años se han hecho llamamientos a que se preste más atención a la solidaridad con aquellos que nunca ocuparán posiciones económicas de poder. 
El movimiento sindical pedía una «Europa social» y el Consejo, la Comisión y el Parlamento hicieron como si esa Europa social estaba en camino. 
Hace tres años, esta ambición se abandonó oficialmente. 
La cumbre social del 2000 en Lisboa no se centraba en pensiones, prestaciones sociales, reducción de la jornada laboral, inversiones públicas, refuerzo de los servicios públicos y estabilidad económica, sino en privatizaciones a gran escala y el aumento de los beneficios de las empresas. 
Se esperaba que este modo de pensar permitiese vencer en la pugna competitiva con América y Japón. 
Se decía que el crecimiento económico ilimitado sin redistribución resolvería automáticamente todos los problemas sociales. 
La política social corre actualmente el riesgo de quedar completamente subordinada a la política económica. 
Esta política ignora por completo el hecho de que la crisis de 1929 sólo pudo ser atajada por una intervención gubernamental activa, similar a las que defendía el economista Keynes. 
Considerando la economía en declive y el creciente desempleo, el enfoque neoliberal es una receta para un desastre social seguro. 
Mi colega, el Sr. Herman Schmid, está en lo cierto al denunciar cualquier adhesión futura a esta política de empleo. 
Aunque estoy en desacuerdo con algunos párrafos, he decidido votar a favor de este informe que hace balance de los cinco años de Estrategia Europea de Empleo. En particular, celebro el hecho de que, según las observaciones que hace el ponente con respecto al futuro del empleo en la Unión Europea, las empresas deberán dar más peso a una organización del trabajo que respete el bienestar de las familias. 
Asimismo, celebro la consideración de la empleabilidad durante toda la vida como un medio de integración social preferente, particularmente teniendo en cuenta el envejecimiento de la población activa en todos los países de la Unión. 
Cada vez resulta más importante que las políticas nacionales de empleo y la propia Estrategia Europea de Empleo se centren en dignificar al trabajo y no sólo en los aspectos económicos de la armonización del índice de productividad de la UE con los Estados Unidos, lo que a menudo se menciona en la comunicación de la Comisión. 
Además de ser «productivo» , el empleo también debe ser un medio de conseguir desarrollar el potencial personal y alcanzar la integración social. 
(SV) El proceso de Luxemburgo introdujo un nuevo modo de trabajar en el seno de la UE. Suponía tomar nuevas iniciativas para reforzar la política de empleo en la Unión. 
Cinco años después podemos decir que esta estrategia ha dado resultado, aunque queda mucho por mejorar. 
El método abierto de coordinación no se basa en legislación, sino en objetivos políticos comunes. 
Éste ha demostrado ser un método efectivo para tratar las cuestiones de empleo. 
El Parlamento no tiene poderes de codecisión en la coordinación abierta. 
Un papel basado en la codecisión, como el que se solicita en el considerando R del informe aprobado, minaría la coordinación abierta como método. 
Como democristiano sueco no puedo apoyar esto. 
El considerando E del informe también critica el pilar del espíritu empresarial, señalando que el énfasis en las pequeñas y medianas empresas ha sido una perspectiva demasiado limitada. 
Esta afirmación se opone frontalmente a las prioridades de los democristianos en Suecia. 
También por esta razón, no he podido brindar mi apoyo al informe. 
-Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12.40, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A5-0296/2002) , del Sr. Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los avances realizados en la aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) [7330/2002- C5-0205/2002- 2002/2010 (INI) ], 
las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre Oriente Próximo, y 
el informe (A5-0286/2002) , del Sr. Gary Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, relativo al tercer informe anual elaborado de conformidad con la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta en materia de exportación de armas [2001/2254 (INI) ]. 
Hoy hablarán dos Ministros en nombre del Consejo: el Sr. Møller por la Presidencia danesa y el Sr. Yiannitsis en nombre de la subsiguiente Presidencia griega. 
Como Sus Señorías saben, Dinamarca, a raíz de sus referendos y salvedades de los Tratados, no está relacionada con el expediente relativo a las cuestiones de defensa, y, por ello tenemos la insólita y tal vez inédita situación de una troika funcionando en la Cámara. 
Damos la bienvenida al Sr. Møller y al Sr. Yiannitsis. 
. (EN) Señor Presidente, me han pedido que responda tanto al informe Brok como al informe Titley y que también haga una declaración sobre Oriente Próximo. 
Me gustaría empezar por el informe del Sr. Brok. 
Este ofrece una excelente visión general de los avances conseguidos y de los nuevos retos que surgieron en 2001/2002. 
Cuando nos reunimos aquí hace 11 meses para tratar el anterior Informe PESC, acabábamos de recibir el golpe de los ataques terroristas en Estados Unidos y de la guerra en Afganistán. 
Hoy el panorama ha cambiado espectacularmente. 
El impacto del 11 de septiembre en la política mundial ha sido enorme. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Brok en que actualmente hay cuatro tareas principales para nuestra Política Exterior y de Seguridad Común. 
Ninguna de éstas es fácil de realizar: en primer lugar, está nuestra colaboración con Estados Unidos. 
La complejidad y diversidad de esta imprescindible colaboración crea inevitable un cierto grado de fricción. 
Estamos unidos contra el terrorismo, compartimos valores similares. 
Pero nuestra interpretación de estos valores no siempre es idéntica. 
El liderazgo de Estados Unidos desde la guerra se ha basado en dos pilares, tal vez representados por la labor del Presidente Truman y el General Marshall: primero, la contención de la amenaza; segundo, el establecimiento de unas reglas de juego globales y de instituciones mundiales que pudieran favorecer la democracia, los mercados abiertos y el Estado de derecho, tanto en cada continente como a escala internacional. 
Este método, que produjo tanta prosperidad y estabilidad durante la segunda mitad del pasado siglo, sigue siendo el método correcto actualmente. 
Esto se debe a que todos los diputados de esta Sala comparten la idea de que la manera correcta de abordar el problema de Iraq es a través de las Naciones Unidas. 
En nuestra cooperación con los Estados Unidos, pero también de una manera más general, la Unión Europea ha mostrado resolución en la defensa de este enfoque multilateral de la política exterior. 
Creemos firmemente que los acuerdos y convenios multilaterales, las Naciones Unidas, el G8, la OSCE, etc. son la clave para abordar la seguridad, el desarrollo y los problemas ambientales a los que se enfrenta el mundo. 
Las estructuras de la PESD y sus relaciones con la OTAN tienen especial importancia. 
Me preocupa que a pesar de los esfuerzos casi incansables de muchos, la cuestión de Berlín plus siga pendiente con consecuencias, como sabemos, para nuestras aspiraciones en la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Por último, las relaciones bilaterales han seguido desarrollándose en el pasado año con casi todos los grandes países del mundo. 
Entre ellos, Rusia es un socio estratégico cada vez más importante. 
Actualmente tenemos una agenda ambiciosa, amplia y bilateral con Rusia, que incluye un diálogo estructurado e intensivo sobre política exterior y de seguridad común. 
Esta colaboración también nos ayuda a tratar cuestiones delicadas como la de Chechenia. 
En líneas generales, estoy de acuerdo con las observaciones del Sr. Brok sobre la agenda de nuestras políticas regionales. 
El informe incluye una serie de propuestas que son bienvenidas, como la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, iniciativas nuevas en nuestras relaciones con Asia y Latinoamérica y apoyo a la Nueva Asociación para el Desarrollo de África en el África subsahariana (NEPAD). 
Hay cuatro cuestiones que me gustaría tratar especialmente. 
En los Balcanes occidentales tenemos que asegurar el trabajo conjunto para preservar la integridad del proceso de estabilización y asociación. 
Estos acuerdos no deberían considerarse señales de buena voluntad política. 
A nadie le conviene concluir acuerdos con países antes de que se hayan reunido los criterios objetivos para un acuerdo. 
En cuanto a Iraq, intervine en esta Cámara sobre este tema a principios de este mes y declaré que tenemos que seguir presionando por el pleno cumplimiento por parte iraquí de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
La acción política en la cuestión de Iraq se desarrolla actualmente en Nueva York y es exactamente donde debe hacerlo. 
Afganistán es una cuestión que me sigue preocupando seriamente. 
El intento de asesinato del Presidente Karzai y la bomba en el centro de Kabul a comienzos de este mes son los ejemplos más recientes de la fragilidad de Afganistán. 
No debemos escatimar esfuerzos a la hora de ayudar al gobierno central a extender su autoridad a todo el país. 
En las Naciones Unidas, al margen de la Asamblea General, asistí a una importante reunión de los principales donantes de Afganistán, a quienes señalé la importancia de cumplir nuestras respectivas promesas lo antes posible. 
La agenda regional, por importante que sea, no debe impedir que miremos hacia el futuro. 
Hay temas estratégicos que no debemos perder de vista. 
En primer lugar tenemos, por ejemplo, el marco institucional de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La arquitectura de los tratados es compleja y nuestra labor en materia de PESC es correcto en las fronteras institucionales. 
La labor de la Convención generará pronto nuevas propuestas para mejorar los mecanismos actuales. 
Estoy deseando participar en los debates del Grupo de Trabajo Dehaene. 
En segundo lugar, ya hay preparativos en torno a las consecuencias de la ampliación sobre la PESC y la PESD. 
La ampliación tendrá un gran impacto sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Junto con la Presidencia danesa hemos empezado a pensar en sus consecuencias. 
Tenemos que lograr que las estructuras de la PESC sean capaces de acoger a 10 o más nuevos Estados miembros. 
Con la iniciativa de una Europa más amplia tendremos que examinar más de cerca la manera de organizar las relaciones, y cuando sea posible, buscaremos la cooperación con el «extranjero próximo» en el este, sudeste y sur. 
En tercer lugar, conviene que mencione la Gestión de Crisis y Prevención de Conflictos que debe ser una cuestión fundamental en toda la PESC y las iniciativas de relaciones exteriores. 
Nuestra labor sobre indicadores de conflictos será fundamental en la orientación de la acción diplomática y programación de ayudas encaminadas a la prevención de conflictos y gestión de crisis. 
Tenemos que aplicar el Programa de Gotemburgo para la prevención de conflictos violentos y tenemos que reforzar más nuestros derechos humanos y políticas a favor de la democracia. 
Hay muchos ejemplos de cómo la PESC arroja resultados de operaciones cuando ponemos en común efectivamente los recursos nacionales y de la UE, tanto en la Comisión como en el Consejo. 
Estoy deseando colaborar con el Parlamento en la mejora de nuestros mecanismos y en la extensión del pleno control y responsabilidad democráticos al campo de la PESC. 
Pero debo decir- y espero que no se considere una observación revolucionaria- que por mucho que hablemos de mejorar los instrumentos, por muchos que discutamos sobre la arquitectura institucional, en mi opinión, y basándome en tres años de experiencia, nada sustituye a la voluntad política. 
En segundo lugar, permitan referirme brevemente al admirable informe del Sr. Titley sobre el código de conducta en materia de exportación de armas. 
Este código es políticamente vinculante para los Estados miembros, y la Comisión desempeña un papel limitado en este proceso. 
Sin embargo, acogemos favorablemente el progreso llevado a cabo en el Consejo con relación con la mejora de la aplicación del código y la mejora de la transparencia que comporta el informe anual. 
Saludamos el gran interés del Parlamento en este asunto y especialmente la constructiva y muy ambiciosa postura del informe del Sr. Titley, que anima al Consejo a continuar y mejorar más su labor en este ámbito. 
Compartimos muchas sugerencias del informe, como las que se refieren a las actividades de intermediación en el comercio de armas y la fabricación de productos de carácter militar bajo licencia, así como el control del destinatario final de las exportaciones de armas. 
También nos complacen las sugerencias formuladas a todos los Estados miembros de publicar informes anuales nacionales para asegurar la máxima implicación de los países candidatos en el intercambio de información y notificación de denegaciones, así como para promover la adhesión a los principios del código por parte de terceros países. 
La Presidencia ha hablado de Oriente Próximo y del clima positivo de nuestra reunión del Cuarteto del 17 de septiembre. 
Estoy seguro de que el Parlamento es consciente del enorme trabajo de la Presidencia danesa dedicado a preparar esta reunión, que fue constructiva y sirvió para sentar las bases de un posible plan de paz, así como para ampliar el apoyo internacional a la reforma palestina. 
Desgraciadamente, la situación sobre el terreno no ofrece ninguna razón para pensar que pronto las cosas irán a mejor. 
Hubo un periodo de seis semanas de calma (si se le puede llamar calma) , pero en cualquier caso, incluso en este periodo fueron asesinados 50 palestinos. 
Después llegaron los despreciables atentados suicidas. 
También se produjo el atentado contra un colegio palestino, con lo que volvió a aumentar la violencia. 
Para ser justos, hubo algunos indicios de mejora que pasaron en gran parte inadvertidos. 
Nos alentó la declaración de Fatah/Tanzim de sus intenciones de detener los ataques contra civiles israelíes. 
El Ministro de Asuntos Exteriores Simon Peres llamó al documento de Fatah un «primer atisbo de una estación diferente, esperemos» , y añadió: «primavera». 
Pero este nuevo entendimiento parece haberse evaporado y la Autoridad Palestina y el presidente Arafat han vuelto a ser objeto de un asalto en represalia por los ataques suicidas por parte de aquellos que no creen en la paz. 
Permitan que vuelva a hacer hincapié (como ya he hecho en varias ocasiones en esta Sala) en que debemos seguir insistiendo en que la Autoridad Palestina haga lo posible por detener el terrorismo. 
Deberíamos ejercer una mayor presión sobre la Autoridad Palestina para evitar los ataques terroristas y para llevar a los terroristas ante la justicia. 
Pero, ¿qué ayuda supone para la causa de la paz privar a la Autoridad Palestina del poder y los medios para hacer cualquiera de estas cosas? 
¿Cómo mejora la seguridad a base de destruir a la Autoridad Palestina? 
¿Cómo el aislamiento y el intento de humillación del presidente Arafat y la Autoridad Palestina contribuyen a luchar contra el terror? 
O, lo que es lo mismo, los intentos de empujarlo al exilio. 
No me sorprende que el Secretario General de las Naciones Unidas haya calificado esta semana la política israelí de insolvente, más susceptible de potenciar el extremismo que de reducirlo. 
En una nota menos pesimista, el Cuarteto examinó el proceso de reforma palestina que parece estar en marcha en la medida de lo posible, dada la situación actual. 
La reforma de la gestión económica y presupuestaria prosigue con el apoyo de la Unión Europea y bajo la presión de la Unión Europea. 
En este contexto, saludo como un primer paso positivo la decisión de Israel de pagar 45 millones de dólares en concepto de transferencias de impuestos congelados a la Autoridad Palestina a través de la misma cuenta bancaria y el mismo mecanismo de seguimiento que se estableció a raíz de nuestro apoyo a la Autoridad Palestina. 
Repito: a través de la misma cuenta bancaria y utilizando el mismo mecanismo de seguimiento que se estableció a raíz de los esfuerzos de la Comisión Europea y la Unión Europea. 
Espero que la ironía de esta observación no se pierda para algunos de los que han estado criticando los esfuerzos que hemos hecho por promover la causa de la reforma en la Autoridad Palestina. 
Y espero que Israel libre inmediatamente el dinero restante. 
Para un amplio sector de la sociedad palestina, las elecciones son una parte crucial del proceso de reforma. 
Hay que mantener la presión a favor de las elecciones. 
Los acontecimientos en el Consejo Legislativo Palestino durante la pasada semana y la dimisión del Gabinete palestino revelan el surgimiento de un verdadero debate democrático en la sociedad palestina. 
Esto es un signo muy positivo de la vida parlamentaria. 
Espero sinceramente que el nuevo Gabinete palestino dedicado al proceso de reforma se forme pronto y que no se destruyan los logros conseguidos en los últimos meses. 
La Unión Europea está dispuesta a ofrecer ayuda si hay una garantía mínima de que las elecciones sean libres y justas. 
Mientras apoyamos plenamente las elecciones palestinas y la necesidad de que el pueblo palestino elija a su propia dirección, seguiremos advirtiendo contra las elecciones si no existe un marco legal, administrativo y logístico para las mismas, incluido el entorno político. 
¿Cómo pueden darse estas condiciones si hay cierres, toques de queda y tanques en las calles? 
Pero a pesar del avance en la agenda de reformas, la situación humanitaria y económica sigue deteriorándose. 
Así lo ha señalado recientemente la enviada de las Naciones Unidad, Catherine Bertini, en su sensato informe sobre la situación humanitaria en los territorios palestinos: dos tercios de la población están por debajo del umbral de pobreza y hasta la mitad de la población se encuentra actualmente desempleada. 
La situación debe mejorar radicalmente si queremos evitar una catástrofe humanitaria. 
Pero tenemos que hacer mucho más que combatir los síntomas de la crisis. 
Tenemos que abordar sus causas. 
Ofrecer ayuda humanitaria sólo puede ser un planteamiento a corto plazo, mejorar la economía debe ser nuestro objetivo. 
Permitan que les diga que la labor humanitaria de la Unión Europea se ve seriamente afectada por las restricciones de la libertad de movimientos, no sólo en los territorios palestinos, sino también a su llegada a la frontera. 
Este año hasta la fecha hemos tenido más de 20 casos de denegación israelí a los equipos humanitarios de la UE. 
Por último, el Cuarteto acordó celebrar en noviembre una reunión ministerial del Comité especial de enlace, con la participación de los principales donantes de la comunidad internacional. 
La reunión revisará la situación económica y humanitaria de Cisjordania y Gaza, así como los esfuerzos por apoyar y promover el proceso de reforma de la Autoridad Palestina, incluida la perspectiva electoral. 
Me gustaría informar al Parlamento de que se les pedirá a los donantes que identifiquen las posibilidades de una financiación adicional. 
Debo avisar al Parlamento de que es probable que yo retome esta cuestión ante el Parlamento y la Autoridad Presupuestaria en su conjunto en un futuro próximo. 
Actualmente las perspectivas son mucho más claras y los palestinos y la comunidad de donantes se esfuerzan sobremanera para construir instituciones y reformar las estructuras existentes. 
Pero existe el peligro de que esto sea una especie de política virtual, mientras que la verdadera situación sobre el terreno vaya de mal a peor y de peor a atroz. 
Cada día hablamos de paz, cada día muere gente: palestinos e israelíes. 
¿Cuánto tiempo tiene que durar esto? 
¿Durante cuánto tiempo tienen que vivir israelíes y palestinos en Getsemaní? 
Señor Presidente, desearía dar las gracias al Consejo y a la Comisión por haber respondido de antemano a comentarios que el ponente aún no ha hecho. 
Puesto que está usted a cargo de la sesión, me gustaría recordarle lo siguiente, que consta en el apartado 5 del artículo 120 de nuestro Reglamento: «Por regla general, la Comisión y el Consejo intervendrán en el debate de un informe inmediatamente después de su presentación por parte del ponente». 
Debe quedar claro que, aunque el Consejo pueda dar una explicación, lo que está en el orden del día es el informe. 
No creo que ésta sea una forma apropiada de manejar la labor de las comisiones en la sesión plenaria. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, señor Møller, Comisario Patten, señor Yiannitsis, Señorías, un debate como el que nos ocupa es una ocasión para hacer balance de la Política Exterior y de Seguridad Común, subrayando sus aspectos positivos, pero sin pasar por alto los que merezcan críticas. 
En primer lugar, me gustaría mostrar mi sincero agradecimiento a los dos ponentes, el Sr. Brok y el Sr. Titley, por los excelentes informes que han elaborado. 
(Interrupción) 
Señor Swoboda, podemos hablar de eso en otra ocasión. 
No habría puesto ningún inconveniente a que los dos ponentes presentasen sus informes, pero no fue por decisión mía, ni tengo motivos para poner en tela de juicio las decisiones del Presidente. Así, puesto que esta pregunta no me incumbe, no haré ningún comentario. 
Los elementos positivos de la política exterior europea incluyen una cuestión que aún no se ha mencionado en absoluto, esto es, el acceso de los países de la Europa central a la Unión Europa. 
Éste es sin duda un asunto de política exterior y cuando estos países se unan a la Unión Europea pasará a ser una cuestión de política interna. 
El hecho de que terminaremos próximamente- esperamos que a finales de año- las negociaciones con diez países que son a todas luces europeos constituye un gran éxito. 
Uno de los grandes éxitos políticos europeos. 
Se ha hecho referencia a los Balcanes y éste también es un desarrollo positivo. 
En esta región, la Unión Europea está ejerciendo una influencia positiva por el bien de la estabilidad, la seguridad y la democracia. 
También se ha mencionado a Afganistán, país en que los europeos también han intervenido, pues 13 de los 15 Estados miembros de la UE están colaborando en la cuestión del Afganistán, ya sea militarmente o de otras maneras. 
Lo que resulta más sorprendente es que, aunque nosotros- me refiero a la Unión Europea y sus Estados miembros- somos los mayores donantes de fondos, esto pasa prácticamente inadvertido. 
Cuando los norteamericanos donan un millón de dólares aquí o allá, se entera el mundo entero. 
Cuando nosotros donamos mil millones de euros, a veces tengo la impresión de que es uno de los secretos de Estado europeos mejor guardados. 
Tenemos que reflexionar sobre cómo podemos hacer que nuestras relaciones públicas funcionen mejor. 
Volviendo al Iraq, apoyamos el esfuerzo del Presidente norteamericano por hacer que las Naciones Unidas participen en esta cuestión e instamos a los Estados miembros a adoptar una postura común como europeos. 
Nos parece una irresponsabilidad que uno o más Estados miembros actúen por separado. 
No sólo daña la relación de ese país con los Estados Unidos de Norteamérica, sino que muestra una falta de solidaridad con los miembros de la Unión Europea, puesto que los europeos sólo podemos ejercer una influencia sobre la política americana y mundial si actuamos como un bloque. 
Hemos exigido al dictador iraquí que abra su país a las inspecciones- el Gobierno británico publicó un documento importante al respecto ayer- y, si estas inspecciones sobre el terreno no son posibles, en última instancia será responsabilidad del dictador iraquí si se emprenden acciones militares. 
Puedo suscribir cuanto ha dicho el Comisario Patten sobre la cuestión de Oriente Próximo. 
Aunque estamos convencidos de que la escalada de violencia debe detenerse y de que el terrorismo mediante comandos suicidas debe detenerse, las respuestas de Israel son desproporcionadas. Los palestinos también tienen su dignidad. 
Únicamente puedo animar al Consejo y a la Comisión a que mantengan su política de dialogar con ambas partes en términos razonables. 
Otros no actúan de esta forma y nosotros podemos desempeñar un papel importante, puesto que ambos bandos confían en nosotros, quizá uno más que otro. 
Los europeos debemos cooperar con aquellos cuya dignidad está siendo violada. 
Lo que estamos diciendo, con la mayor claridad, es que Israel tiene derecho a vivir dentro de unas fronteras seguras, pero el pueblo palestino también tiene derecho a vivir en paz y dentro de fronteras seguras. 
Los representantes del pueblo palestino también deben tener la oportunidad de expresar su visión y sugerir soluciones apropiadas de cara al futuro. 
El Sr. Yiannitsis, Viceministro de Defensa de Grecia, tenía razón al señalar que aún no hay un acuerdo entre la Unión Europea y la OTAN respecto del acceso a las instalaciones de planificación y las capacidades militares de la Alianza del Atlántico Norte. 
Esperamos que pronto podremos llegar a un acuerdo e instamos a nuestros socios turcos a que contribuyan a la búsqueda de una solución. 
Por último, deseo señalar que el Comisario Patten se ha referido a la necesidad de mejorar los instrumentos de la política exterior, de seguridad y defensa de Europa. 
Esperamos que la Convención hará propuestas importantes a este respecto y si la Unión Europea tiene que actuar y comprometerse como en Afganistán, la expresión hacia el exterior de ello deben ser instituciones eficaces. 
Por tanto, nuestro grupo hará cuanto sea posible para que la Convención sea un éxito, porque de ello dependerá en gran medida el éxito de la Unión Europea con respecto a su Política Exterior, de Seguridad y Defensa Común. 
Señor Presidente, señores Presidentes del Consejo, señor Comisario, Señorías, limitaré mi intervención al tema de Oriente Medio, porque entiendo que éste es el acuerdo al que llegó la Asamblea el lunes. 
Después, creo que hay que debatir el informe Brok y el informe Titley- y saludo el trabajo que han hecho ambos colegas- y el resto de mis compañeros de grupo hablará de los demás temas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los hechos son obstinados y, de momento, no dejan lugar al optimismo prudente que usted ha anunciado en relación con Oriente Medio. 
Desgraciadamente, todos los días nos llegan noticias, a cual más espantosa y grave. 
Condenamos, sin ningún tipo de paliativos, los atentados suicidas masivos contra la población. 
Igualmente, condenamos el que haya un rosario continuo de muertes, cada día pero, sobre todo, creo que hay que dirigirse al Gobierno de Israel en este momento- al Gobierno presidido por el Sr. Sharon- que sabe perfectamente que la destrucción física y política de la Autoridad Palestina y de su cuartel general no ayudará ni a acabar con los atentados ni tampoco a acabar con algo que es una decisión ya unánime a nivel internacional, la creación del Estado palestino, y más aún en un momento en el que en Palestina están pasando cosas que para los demócratas son importantes: una amenaza de moción de censura, una dimisión de un gobierno y un anuncio de elecciones generales. 
Eso, en esa zona del mundo y en ese contexto, es algo que debe tenerse muy en cuenta. 
Por lo tanto, en este momento y fieles a nuestro enfoque multilateral y a nuestro respeto a la ONU- recordemos que fue la ONU quien hizo que el Estado de Israel naciera por una resolución -, hay que decirle a Israel que hay que cumplir todas y cada una de las resoluciones de la ONU, y que nadie tiene derecho a escoger, so pretexto de que están sesgadas, las resoluciones que quiera aplicar. 
Ésta debe ser claramente nuestra línea y, por lo tanto, quiero expresar aquí el apoyo de mi grupo a la Resolución 1435, pedir el cese inmediato de las medidas israelíes dentro, fuera y alrededor de Ramala y la retirada de la ocupación en las ciudades palestinas. 
Ésa es la vía que corresponde al plan de tres fases que usted ha mencionado. 
Acogemos también la declaración que ha hecho el Alto Representante y pedimos que ustedes inicien una línea más firme en relación con el Cuarteto para que esto empiece a cambiar de verdad. 
Y me permitirá el Sr. Patten que le pida, además, que nos informe sobre un aspecto presupuestario y político importante, en relación a su referencia a la coincidencia de pagos israelíes y comunitarios en la misma cuenta, que remita al Parlamento un informe detallado con un análisis sobre las destrucciones causadas en el territorio palestino por el Estado de Israel y que han sido pagadas con cargo al presupuesto europeo. 
Los contribuyentes, los ciudadanos tienen derecho a saberlo y eso tiene que ser público. 
Y concluyo, señor Presidente, diciendo que continúen ustedes, porque es absolutamente necesario y no hay otro camino que el conseguir que se supere una situación en la que, en cada momento, la única pregunta que nos hacemos es saber cuánta sangre tiene que ser derramada para que ambas partes sean capaces de superar esta especie de escalada trágica. 
(Aplausos de la izquierda) 
¿Cómo podemos evitar en el futuro que los Estados Unidos emprendan acciones unilaterales y que lleven a cabo ataques preventivos, donde sea y cuando sea, incluso sin nuestra aprobación? 
La mera invocación de las Naciones Unidas y el derecho internacional no bastan para hacer que Washington pase de actuar unilateralmente a hacerlo multilateralmente. 
La Unión Europea sólo podrá ser un socio atlántico digno si se organiza de forma más efectiva en los planos político y militar. 
Sin embargo, mientras los líderes europeos le den más importancia a consideraciones políticas internas que a la política exterior común, nuestros esfuerzos en este apartado serán en vano y continuaremos dando a América toda la libertad de acción política que necesita para determinar su propia agenda. 
Esto resulta particularmente aplicable al caso de Iraq. 
La Unión Europea debe seguir una senda liberal a medio camino entre dos extremos socialdemócratas: el Sr. Schröder, el oportunista electoral, y el Sr. Blair, director de la sucursal del Presidente Bush en Londres. 
La presión ejercida sobre Sadam Husein para que permita el acceso ilimitado a todas las armas y para que destruya todas las armas peligrosas debe intensificarse tanto como sea posible. 
Huelga decir, pues, que no se debe descartar una posible acción militar. 
Después de todo, si permitimos que Sadam Husein siga ignorando las resoluciones de la ONU, se convertirá en un peligro aún mayor para su entorno y para el propio Consejo de Seguridad de la ONU. 
Por supuesto, la acción militar requiere la aprobación explícita del Consejo de Seguridad. 
Si la comunidad internacional une sus fuerzas, los aliados atlánticos deberán hacer lo mismo. 
Sólo con la ayuda de Europa podrá América afrontar de forma efectiva los problemas mundiales. 
Las diferencias políticas y culturales no deberían impedirnos ver los intereses comunes de América y Europa. 
Aunque la UE ampliada puede ganar peso globalmente, la toma de decisiones debe adaptarse y el derecho de veto debe abolirse. 
Sigue siendo crucial, no obstante, que la política exterior común europea cobre más importancia que el propio perfil nacional de los líderes políticos. 
Si esto no cambia, únicamente podremos culparnos a nosotros mismos si los Estados Unidos consiguen hacerse por sí mismos con el control mundial. 
Señor Presidente, el discurso del Presidente en ejercicio del Consejo sobre Oriente Próximo me ha causado gran alarma, puesto que en el mundo hay pocas regiones en conflicto, tal vez ninguna, que tengan un impacto tan profundo en la estabilidad mundial. Hay pocas regiones en las que un Estado viole el derecho internacional, el derecho humanitario y las resoluciones de las Naciones Unidas hasta tales extremos y de forma tan reiterada y, sin duda, no hay ningún Estado asociado con la Unión que trate a Europa de una forma tan brusca, destruyendo las infraestructuras palestinas que hemos financiado, que niegue, primero al Sr. Solana y luego al Sr. Moratinos, el derecho a visitar el territorio palestino ocupado. 
En semejante contexto, el Presidente en ejercicio del Consejo habla de optimismo y cree que el principal obstáculo para la paz son los palestinos. 
No puedo entender esta postura. 
Está en lo cierto, por supuesto, al condenar rotundamente los ataques suicidas y cualquier acto terrorista contra gente inocente, tanto en Israel como en cualquier otro país. 
La Autoridad Palestina también los condena sistemáticamente y ha intentado a menudo ponerles freno. 
Pero, ¿qué ha hecho el Sr. Sharon durante las últimas seis semanas de relativa calma para intentar disipar la tensión y reiniciar el diálogo? 
El periódico Ha ' aretz responde por usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, al señalar que sólo en agosto fueron muertos 30 civiles palestinos y Yedioth Ahronot, otro periódico, ha condenado la naturaleza irresponsable de estos crímenes, aunque, al parecer, el número de ataques terroristas haya descendido espectacularmente. 
Ésta es la verdad y debemos darla a conocer, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Sharon no llevará la paz y la seguridad a su pueblo reocupando ciudades palestinas, estableciendo aún más colonias, matando de hambre a la población y destruyendo todo aquello que haga que se mantenga viva la esperanza de un Estado, en particular la esperanza de la Autoridad Palestina, y esto es algo que señalan personas valientes del propio Israel. 
¿Qué credibilidad tiene el plan de paz de Elsinor que acaba de mencionar si se minimiza la importancia de las causas de raíz de la tragedia de Oriente Próximo? 
¿A qué tipo de tragedia conducirá este empleo imprudente y precipitado de la estrategia de la fuerza, si todos aquellos que tienen alguna autoridad no utilizan su influencia para detener a Ariel Sharon? 
Ni siquiera solicitó el fin del asedio al Presidente Arafat o la retirada de las fuerzas israelíes. 
¿No le inquieta que su postura diste considerablemente de la del Comisario Patten, por ejemplo? 
Europa debe estar a la altura de lo que el mundo espera de ella. 
Actualmente, por desgracia, no lo está. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, a lo que se ha dicho reiteradamente hasta el momento me gustaría añadir dos comentarios. 
En cuanto a Oriente Próximo, estamos en una situación global en la que ha habido un nuevo desarrollo, que aún no está reflejado ni en el informe Titley ni en el Brok. 
La Administración norteamericana está formulando una nueva estrategia para reorganizar el mundo. 
En el marco de esta nueva estrategia, la Administración norteamericana nos expone que hay situaciones en las que debemos intervenir y llevar a cabo acciones preventivas. 
Éste es su primer argumento. 
Su segundo argumento es que si las Naciones Unidas apoyan esta acción, tanto mejor; en caso contrario, no importa, emprenderemos las acciones con el apoyo de nuestros amigos. 
Insto a la Unión Europea a que redacte un memorándum en respuesta a esta nueva situación. 
No quiero una respuesta del Sr. Schröder, del Sr. Blair, del Sr. Chirac o del Sr. Cualquiera. Quiero una respuesta de Europa con respecto a una situación que cambia por completo los últimos 50 años de historia. 
En los últimos 50 años hemos intentado establecer un sistema de justicia mundial y normas mundiales mediante instituciones mundiales como la ONU. 
Resulta claro que, en una región como la de Oriente Próximo, hay dos Estados, dos entidades que no respetan las decisiones de la ONU. 
Israel no respeta las decisiones de la ONU, cierto, pero también hay entre el Movimiento Palestino quien tampoco las respeta. 
Por tanto, estoy plenamente de acuerdo con la condena de Israel, de la política israelí, pero no estoy de acuerdo con el modo en que los palestinos condenan los ataques, que es puramente verbal. 
Éste es uno de los problemas: nos enfrentamos con dos bandos que no respetan lo que las Naciones Unidas o las fuerzas políticas deciden. 
Estas dos naciones necesitan fuerzas políticas que respeten lo que el derecho mundial les pide. Ambos bandos necesitan líderes políticos que respeten lo que se les pide. 
Por eso creo que Europa- al contrario que los Estados Unidos- sólo conseguirá avances en la cuestión de Oriente Próximo si mostramos la misma empatía, la misma solidaridad a los israelíes y a los palestinos, si sentimos lo mismo por israelíes y palestinos. 
Si alguien, una fuerza política, decide apoyar a un bando en lugar del otro, habremos perdido, porque será imposible avanzar. 
Ésta es la razón de que el papel de la Unión Europea sea tan importante. 
La Unión es la única entidad política capaz hoy en día de hacer entrar en razón a cada bando y de ayudar, al mismo tiempo, tanto a palestinos como a israelíes. 
Ésta es la política que Europa debe llevar a cabo, pero, sobre todo, Europa debe condenar a Sharon cuando bloquea a Arafat y condenar a los palestinos cuando se ocultan tras los terroristas. 
Señor Presidente, lo que resulta censurable del informe Brok- como ya se ha dicho, pero cada vez resulta más claro- y, en general, del enfoque de la PESC, es esta creencia, que podría calificarse de surrealista, de que los Estados miembros de la UE están asociados automáticamente debido al interés general natural de Europa en el mundo, de modo que sólo tenemos que hacer aparecer como por arte de magia una política exterior preexistente y sencilla, que resulta familiar al menos a los iniciados, para conseguir que la Unión Europea se convierta, de forma bastante natural, en uno de los protagonistas en la escena mundial. 
Esta creencia se formula, en el informe, con el llamamiento a una comunitarización de la PESC, que el Presidente francés criticó con razón el pasado agosto, pero que regresa continuamente a esta idea surrealista, repito, en la que se basa, de la preexistencia de un interés y, por tanto, de una política exterior común. 
Sin embargo, la realidad, de una crisis a otra, cuestiona esta creencia. 
Las crisis de los Balcanes, primero en Bosnia y, más recientemente, en Kosovo, las crisis en la región de los Grandes Lagos, entretanto, las distintas fases de las crisis de Oriente Próximo, nos han demostrado que la Unión Europea nunca ha conseguido tomar la iniciativa y ejercer un papel que no fuera el de comparsa, de los Estados Unidos, claro. 
Únicamente podemos responder a las iniciativas tomadas por otros, a otros lados del Atlántico y, lo que es peor, que en cierto modo es lo que más alegría produce a aquellos que saben de qué está hecha realmente Europa, es decir, las naciones independientes, es que en varias crisis, en particular en la crisis actual de Iraq, existen- pobre Europa, sigue estando desorganizada- agudas diferencias entre Londres y Berlín, y París también, y estas diferencias son, en cierta medida, evidentes. 
Por tanto, señor Presidente, Señorías, quizá deberíamos reflexionar antes o después sobre la forma en que se pone en práctica la PESC, porque estamos rozando el absurdo, al repetir constantemente que haremos un mejor papel la próxima vez y que, de un informe a otro, seremos capaces de definir una política exterior común. 
Esto es fruto de nuestra imaginación y seguirá siéndolo. 
Creo que, antes o después, deberíamos reflexionar hasta qué punto es posible de hecho esta política exterior común. 
Señor Presidente, Señorías, en la cumbre de Helsinki fue posible llevarse la impresión de que vamos por buen camino para tener una política europea de defensa común. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno de aquel momento se propusieron unos objetivos ambiciosos y los primeros meses permitieron presumir que estos objetivos se alcanzarían relativamente rápido y dentro del plazo previsto. 
Examinando estas cuestiones actualmente, cuando el fin del plazo está próximo, podemos ver que estamos lejos de alcanzar estos objetivos. 
La actual propuesta de que la OTAN debería desplegar e incrementar una fuerza de intervención para casos de crisis deja claro que nuestros amigos americanos han perdido la confianza en que los europeos podamos llegar a tomar las decisiones necesarias. 
Esto debería hacer que realicemos nuevos intentos en esta dirección, puesto que esta fuerza de intervención europea para casos de crisis es, en mi opinión, un paso esencial para conseguir la paz alrededor de la Unión Europea. 
Pasando al Código de Conducta en materia de exportación de armas, desearía dar las gracias al Sr. Titley por su excelente informe. 
Tenemos normas comunes en materia de exportación de armas, tenemos un código común y un código de conducta, pero estas normas se interpretan de diversos modos. 
Hemos visto recientemente cómo se prohibía una exportación a un Estado miembro, mientras que se permitió exportar los mismos bienes a otro. 
No se debe permitir que esto suceda en el futuro; del mismo modo que necesitamos normas comunes, el modo en que se aplican debe ser común a todos. 
Probablemente resulte que los códigos de conducta son insuficientes y estas normas tendrán que recogerse también en una base jurídica. 
Al hablar de la exportación de armas, estamos en camino a un mercado común también en el campo de la defensa. 
Por eso considero importante, si hablamos del suministro de armamento dentro de la Unión Europea y las normas de exportación desgraciadamente dejan de ser aplicables, que se faciliten estos suministros. 
Los 15 países de la UE, después de todo, forman una comunidad de valores compuesta de Estados democráticos y esto me lleva a pensar que algo así es posible, al igual que unos ahorros sustanciales, estimados por los expertos en 240 millardos de euros anuales. 
Quiero concluir señalando la importancia del control democrático en este ámbito. 
Por tanto, me gustaría que se prestara una atención aún mayor a este debate. 
Si se están debatiendo no sólo la política exterior, sino también la política de defensa, el objeto del debate son la guerra y la paz, sobre las que sólo pueden decidir parlamentos elegidos democráticamente. 
Actualmente, esta carga descansa principalmente sobre los hombros de nuestros homólogos de los parlamentos nacionales, pero, cuanto más se desarrolle esta política europea, más recaerá sobre este Parlamento una tarea crucial. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo francamente que Ariel Sharon no quiere alternativas políticas, sino solamente militares: ha vuelto a utilizar la fuerza desproporcionadamente. 
Es cierto que los atentados suicidas palestinos son repudiables- lo sabemos todos -, pero ¿qué ha hecho Sharon en los períodos en que no ha habido atentados? 
Recordemos su exigencia de junio de 2001: siete días de no violencia antes de hacer concesiones políticas. 
No, pero en esas seis semanas de calma el Shahal ha matado a decenas de palestinos. 
Pregunto al Consejo, aquí y ahora, si eso no es un mal augurio. 
Sharon ha atacado militarmente en los momentos clave con la intención de invalidar los períodos en los que no hay atentados suicidas. 
La última vez, cuando todos los grupos palestinos, bajo presión de Arafat, estaban considerando la posibilidad de detener los atentados suicidas contra civiles en Israel, la respuesta política de Sharon fue bombardear todo un edificio en Gaza, matando a decenas de personas, incluidos once niños. 
Sharon- tengámoslo claro- no ha hecho nunca ni hará concesiones políticas, salvo aquellas que le sean impuestas, porque no le interesa la paz. 
A Sharon le interesa la pacificación, la humillación, la capitulación de los palestinos, pero no una paz genuina justa. 
La situación, señor Presidente, es gravísima para la seguridad física de Arafat, para la identidad palestina pisoteada por Israel- en concreto por Sharon- y para la zona, porque Sharon avanzará en la vía bélica hasta hacerla coincidir con la invasión de Iraq, unilateralmente decidida por los Estados Unidos y, en ese momento, Sharon aprovechará entonces para liquidar definitivamente cualquier residuo del proceso de Oslo, de la paz de los valientes. 
¿Continuará entonces la Unión limitándose a expresar su profunda inquietud por lo que está pasando? 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, el informe Brok analiza el progreso realizado dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Ciertamente se han hecho progresos, pero aún queda mucho por hacer, como bien señala el ponente. 
La política exterior es una de las áreas más importantes en que realmente necesitamos una sólida cooperación europea. 
Sólo a través de una acción coherente y de una voz unánime puede ejercer la UE un papel en el escenario internacional. 
Para nosotros, los liberales, es importante que la política exterior esté basada en una estrategia clara, caracterizada por la defensa de la democracia y los derechos humanos, el respeto de los convenios internacionales, el libre comercio, la gestión de conflictos y la cooperación con otras naciones y organizaciones. 
Debemos ser claros respecto de nuestras demandas y valores. 
Si la famosa cláusula de derechos humanos tiene que tener alguna credibilidad, es importante encontrar instrumentos que hagan posible su aplicación. 
Si no activamos la cláusula de derechos humanos, a pesar de las horribles violaciones de los derechos humanos en países con los que estamos asociados, la cláusula únicamente será motivo de risa. 
Para nosotros, los liberales, también es importante un examen minucioso de la política exterior. 
Los representantes electos y la población deben ser capaces en la medida de lo posible de enterarse de lo que sucede y ejercer un control. 
Por supuesto hay excepciones, pero mi grupo no está enteramente satisfecho con el acuerdo alcanzado en lo referente al acceso a documentos extranjeros. 
Hay muchas cosas que alabar en el informe del Sr. Brok. 
Mi grupo también apoya plenamente el informe del Sr. Titley. 
Permítanme concluir manifestando que estamos en desacuerdo con el Gobierno norteamericano en muchos aspectos y a menudo lo hemos criticado en esta Cámara. 
El antiamericanismo que a veces se percibe aquí, no obstante, suena a hueco cuando simplemente se utiliza como una excusa para ocultar nuestro fracaso a la hora de establecer una política común clara en cuestiones como la de Iraq y Oriente Próximo. 
He estado hablando con algunos de los diputados y me han dicho: «No estamos de acuerdo con Bush, pero si tenemos que elegir entre Sadam Husein y George Bush, elegiríamos a Bush.» 
Sin embargo, creo que hay un término medio entre matar y morir, al que nos debemos ceñir. 
No estoy haciendo una declaración filosófica: ésta debe ser nuestra estrategia política, una estrategia de vida. 
Sin embargo, en realidad, la decisión de George Bush de utilizar la guerra como un elemento de disuasión nos devuelve a los tiempos de la Pax Romana: lo llamaron paz y lo convirtieron en un desierto. 
Después de 1945, los europeos dijimos: «No más guerras, nunca más». 
Ésta es la estrategia que debemos seguir, una estrategia de dignidad, porque nuestra dignidad también se ve mermada por una deshonestidad como la que estamos mostrando actualmente. 
Por supuesto, hay que hacer que cambie Sadam Husein, pero su pueblo debe cambiar también. 
Debemos fomentar la democracia en Iraq y asegurar que se respeten las resoluciones de la ONU, pero también debemos asegurar que Israel, al igual que Sadam Husein, respeta las resoluciones de la ONU, e Israel no ha respetado cientos de declaraciones y resoluciones. 
El Comisario Patten ha preguntado cuándo tendría fin la muerte y el sufrimiento de palestinos e israelíes. 
Sí, ¿cuándo acabará? 
Creo que no acabará mientras no dejemos de hacer declaraciones como la que ha hecho hoy el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Mientras sigamos por este camino, los palestinos y los israelíes seguirán expuestos a la muerte y el sufrimiento, puesto que, como todo el mundo sabe, la política de Ariel Sharon es criminal y está destruyendo tanto al pueblo palestino como al suyo propio. 
Sin embargo, no es sólo la violencia y la crueldad lo que me preocupa, sino la decisión política de colonizar un país. De hecho, en días recientes, mientras que teníamos la vista puesta en el asedio de la Muqata, Ariel Sharon se ha apropiado de tierras en Rafah y, en Calandria, el aeropuerto se ha reabierto bajo control israelí. 
Lo que estamos presenciando es una guerra colonial. 
Creo sinceramente que, por el bien de la paz, es esencial que sigamos el ejemplo de los israelíes y los palestinos que manifiestan claramente que la situación se debe a la ocupación militar. 
En ninguna circunstancia podemos seguir actuando como lo hemos venido haciendo. 
Estoy verdaderamente consternada y compungida porque todos, yo misma incluida, somos responsables de lo que sucede en Oriente Próximo y por las continuas muertes que tienen lugar en la región. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, el tiempo que se nos asigna no nos permite felicitar a los ponentes, el Sr. Brok y el Sr. Titley, ni comentar en qué estamos todos de acuerdo. 
Tendré que controlarme, aunque me gustaría decir que muchos de los lamentos me llegan al corazón. 
Aunque todos queremos la paz, a veces cuestionamos los métodos y a veces tenemos nuestras dudas con respecto a las formas en que se alcanza la paz y, sobre todo, no queremos aceptar las consecuencias. 
Después de todo, no tenemos una Política Exterior y de Seguridad Común y la necesitamos en el marco del primer pilar, con aportaciones del Parlamento. 
También me gustaría comentar el excelente informe del Sr. Titley sobre el comercio de armas. 
En su exposición de motivos, el Sr. Titley señaló los obstáculos que aún nos están causando problemas actualmente. 
Me gustaría centrarme, sobre todo, en los obstáculos debidos a la no implementación de varios reglamentos, el primero de los cuales es el Código de Conducta. 
Aunque ya está listo, no se puede exigir su cumplimiento, ni a nivel europeo ni en nuestros países. 
Aún quedan países que deben incorporar el Código de Conducta en su propia legislación y añadir las disposiciones penales necesarias. 
Me gustaría señalar, particularmente, que incluso un país como Bélgica, que incorpora el Código de Conducta en una ley- una ley que merece alabanza- viola dicha ley a diario. 
Bélgica suministra armas a países como Nepal, mientras que Alemania, por ejemplo, se ha negado a hacerlo. 
Esto infringe el Código de Conducta. 
Me gustaría señalar que Bélgica suministra armas a países como Pakistán, la India y un buen puñado de los llamados países sensibles. 
Y esto nos lleva al punto en el que el Sr. Titley ha hecho especial hincapié. 
Los países sensibles son los más delicados, pero también son los mejores clientes. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, desde el último debate sobre la situación de Oriente Próximo, que tuvo lugar en esta Cámara en mayo, el panorama político se ha vuelto más que desolador. 
A menos de una hora de vuelo de mi Sicilia natal, la tragedia de dos pueblos con los que compartimos amistad, historia, cultura y comercio prosigue su curso inexorable. 
El Presidente Arafat sigue encerrado en sus oficinas, que se han visto reducidas a un bloque de cemento, privado de libertad de movimientos. 
Los terroristas islámicos siguen manchando de sangre las ciudades de Israel, atacando a la población civil indiscriminadamente. 
En Europa, todos estamos de acuerdo en la necesidad de crear dos Estados libres y soberanos y todos creemos que es el único modo de devolver la paz a Tierra Santa. 
¿Qué credibilidad puede pedir Europa, no obstante? 
Mis compatriotas me preguntan: «¿Cuánta credibilidad podéis esperar, como diputados del Parlamento Europeo, cómo esperáis que nos convirtamos en verdaderos partidarios de Europa, si Europa permanece de brazos cruzados, indefensa, frente al genocidio que tiene lugar a pocos kilómetros de nosotros? 
¿Por qué no convocáis una conferencia internacional que reúna a la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas, como solicitó el Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común, para debatir la cuestión palestina y la creación de dos Estados?» 
Si las medidas económicas no se acompañan de acciones políticas y diplomáticas equivalentes, la Unión Europea no conseguirá librar a estos dos pueblos de la tiranía del odio. 
Debemos asegurar que la Unión Europea encarne la acción práctica genuina, la unidad y el acuerdo, así como que ésta sea la percepción que tengan de nosotros en el exterior. 
Señor Presidente, las manifestaciones del Consejo y la Comisión sobre Oriente Próximo han hecho una contribución importante al itinerario hacia la paz elaborado por la Unión Europea y adoptado por nuestros socios, los Estados Unidos, Rusia y la ONU. 
Pensamos que el progreso hecho hasta ahora para permitir la coexistencia de dos Estados debería haber despertado un mayor interés, pero tememos que este plan no se aplique mejor que los anteriores, puesto que carece de un punto de partida específico. 
Con el objeto de conseguir que el proceso despegue, de modo que el ejército israelí se retire de los territorios ocupados, también necesitamos que los ataques suicidas, que paralizan todo el proceso, terminen de una vez por todas. 
No sólo no terminan los ataques, sino que además la Autoridad Palestina no condena a los terroristas de forma convincente, aunque es obvio que no están protegidos. 
Por tanto, solicitamos una política basada en el sentido común, cuyo punto de partida sea el fin- verdadero- de las medias tintas con respecto a los terroristas. 
Solicitamos una condena contundente de Hamás y la Yihad Islámica, así como la adopción de medidas apropiadas. 
Asimismo, solicitamos que la Autoridad Palestina se reforme y acepte una mayor responsabilidad; en caso contrario, señor Presidente, será imposible retomar el diálogo fundamental. 
Señor Presidente, señores miembros del Consejo, señor Comisario, Señorías, yo quisiera unir mi voz a la de los que han expresado su preocupación por el cerco físico y moral que está viviendo el líder de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat. 
Es evidente que esta política no contribuye ni a reducir la actividad terrorista- sino que, por el contrario, la estimula y la acrecienta- ni contribuye a la democratización de la Autoridad Nacional Palestina, que tenía previstas elecciones legislativas y presidenciales en el mes de enero del año próximo, ni contribuye tampoco a buscar válvulas de escape para encontrar salidas a la lacerante situación que está viviendo la región. 
Señor Presidente, creo que tenemos que pedirle a la Presidencia en ejercicio del Consejo que pida de una forma clara y rotunda un saneamiento de la situación. 
Ese saneamiento de la situación pasa necesariamente por el levantamiento del cerco del Presidente de la Autoridad Nacional Palestina y por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea, señor Presidente, tiene que exigir de forma clara y rotunda el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Es imprescindible también, señor Presidente, una tregua que permita que la Autoridad Nacional Palestina pueda controlar las actividades terroristas. 
Es un sarcasmo decir que el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina tiene que controlar las actividades terroristas palestinas cuando en estos momentos está luchando exclusivamente por su supervivencia. 
También me parece absolutamente imprescindible el establecimiento de una serie de medidas que tiendan al cese de la represión militar israelita, que está causando innumerables víctimas, la mayor parte de las cuales son civiles. 
Solamente sobre la base de esas premisas, señor Presidente, está claro que las iniciativas del Cuarteto, una eventual conferencia de paz para la región y los buenos deseos de la Unión Europea de paz, de comprensión, de concordia y de reconcialización podrán prevalecer en la región. 
Señor Presidente, no deseo en absoluto contradecir los excelentes informes del Sr. Brok y el Sr. Titley, que apoyo, del mismo modo que apoyo los comentarios que han hecho. 
Estos informes destacan con razón el progreso realizado desde el año pasado en materia de PESC y PESD. Hemos hecho progresos, por ejemplo, al establecer organismos de PESD, en la lucha contra el terrorismo y la prevención de conflictos. 
Estoy pensando en los Balcanes y en cómo se han gestionado las crisis específicas. 
Al margen de este progreso, no obstante, hay que señalar que las cosas no han ido muy bien últimamente. 
A menudo no se oye la voz de Europa. Varios oradores lo han señalado, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
He aquí algunos ejemplos: la Unión Europea no ha participado en la acción militar en Afganistán, aunque algunos Estados miembros sí lo han hecho. 
En cuestiones civiles, la Unión ha proporcionado una vez más una ayuda humanitaria y material importante, pero su papel político sigue siendo discreto. 
En Iraq, en respuesta a las intenciones de los Estados Unidos, la Unión ha reiterado el papel que las Naciones Unidas deberían tener, lo cual dice mucho en su favor. 
No obstante, ¿qué puede hacer el Alto Representante cuando se enfrenta a posiciones encontradas de los miembros del Consejo de Ministros? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿qué hace usted, personalmente, en la actualidad, en nombre de la Unión Europea? 
¡No ha propuesto absolutamente nada! 
¿Y qué ha conseguido nuestra maravillosa política mediterránea, no sólo en Oriente Próximo, sino en los países del Magreb y del Mashreq? 
El Parlamento Europeo no es el lugar en el que se responderá a la pregunta: «¿qué hacer? ». 
En resumen, tan sólo quiero hacer un comentario: la PESC y la PESD son políticas intergubernamentales. 
Una vez más, este método está mostrando sus limitaciones. 
Si nuestros gobiernos continúan estando en desacuerdo o eligen el silencio o la pasividad, si, por tanto, la Unión no tiene una verdadera política exterior o una verdadera política de seguridad, entonces debemos cambiar el método y quizá emplear el método comunitario. 
La respuesta está, principalmente, en manos de los Ministros. 
Pero como usted ha dicho, Comisario, no hay nada que sustituya a la voluntad política. 
Sobre todo, me gustaría felicitar al Sr. Titley, puesto que, del mismo modo que el código de la UE de 1998 fue un paso importante hacia una política europea más coherente y transparente, los sucesivos informes Titley constituyen una aportación importante y constructiva de este Parlamento para conseguir un código de conducta europeo vinculante. 
La necesidad de este código quedó patente recientemente en mi país, Bélgica, donde un ministro dimitió a causa de una entrega de armas a Nepal. 
A propósito, me gustaría señalar que lamento el hecho de que una serie de diputados verdes se este Parlamento hayan aprovechado este informe para propósitos políticos internos y estoy sorprendido, señor Staes, por las enmiendas que han presentado, en las que condenan una decisión del Gobierno belga mientras que sus colegas verdes refrendaron esta misma decisión en el Gobierno. 
No obstante, mucho más fundamental es el hecho de que el Gobierno belga ha anunciado su disposición a incluir las cláusulas del Código de Conducta en la legislación nacional, en virtud de lo cual este código será legalmente vinculante. 
Espero que otros Estados miembros seguirán este ejemplo. 
De esta forma, podremos evitar que los pedidos de armas rechazados por un país sean aceptados por otro. 
Además, el Sr. Titley tiene razón al citar la vigente ley belga sobre comercio de armas como un ejemplo. 
Esta ley establece duras sanciones para aquellos que comercian con armas sin licencia. 
El problema, no obstante, no sólo reside en el país de origen. 
Se convierte en una cuestión seria cuando las armas alcanzan su destino final. 
Un conocido centro de investigación de Bruselas ha anunciado esta semana que la mitad de todas las transacciones relativas a armas no cumplen la obligación legal del certificado de llegada. 
En consecuencia, hay una necesidad urgente de un sistema de inspección para controlar los destinos finales. 
Es vital saber en manos de quién pueden acabar las armas. 
De lo contrario, el Código de Conducta Europeo, independientemente de sus buenas intenciones, será completamente fútil. 
Señor Presidente, me gustaría desear suerte al Sr. Titley con este informe y brindarle mi apoyo al mismo y a lo que el Sr. Titley dijo en su presentación sobre la futura labor en este ámbito. 
Sin embargo, tengo una serie de reservas con respecto al informe del Sr. Brok. 
En mi opinión contiene gran número de elementos útiles e importantes, pero el énfasis es erróneo. 
Se ha dado demasiado peso a la política de seguridad militar, mientras que la política de seguridad económica y civil se ha relegado a las sombras. 
Considero que esto es un error a la hora de establecer prioridades, porque de hecho es precisamente el único ámbito en que la UE tiene una oportunidad y unos recursos únicos. 
Podría decirse que el escenario está completamente abierto para nosotros en este ámbito. 
Los Estados Unidos están dando prioridad unilateralmente a la política de seguridad militar. 
Entrar en este campo es nuestro punto fuerte. 
Debemos utilizar nuestros acuerdos comerciales, nuestros muchos contactos, etc., en la lucha por la paz, los derechos humanos y la democracia. 
Desgraciadamente, mi propio país ha contribuido a echar por tierra algunas de estas oportunidades, por ejemplo al negarse a ser parte en la renegociación del Acuerdo de Asociación con Israel. 
Es el Acuerdo de Asociación lo que Israel está violando continuamente. 
Finalmente, con respecto a Iraq: ¿qué pruebas hay de que este país tenga armas de destrucción masiva? 
He estudiado el aluvión de informes que se han presentado. 
Los he leído de pe a pa. 
Los servicios de inteligencia más poderosos del mundo han trabajado en esta línea con un propósito preconcebido. 
No hay ni rastro de pruebas. 
¿A qué se debe? 
Señor Presidente, quiero hablar sobre el informe Brok, el cual, como ha señalado el anterior orador, contiene muchos puntos válidos, pero también una serie de cuestiones complejas, de las que quisiera comentar dos. 
El primer punto se refiere al apartado 20 de la resolución del Sr. Brok, que manifiesta que si la UE quiere ser creíble, es necesario un mayor esfuerzo en el presupuesto de defensa de algunos Estados miembros. 
Esto supone una idea falsa y un error analítico. 
El gasto total de los países de la UE en el apartado de defensa y seguridad asciende al 50% del de los Estados Unidos. Las opciones creadas a raíz de ello tan sólo ascienden al 10%. 
Esto significa que es de vital importancia que mejoren la cooperación y la eficiencia. 
En otras palabras, la UE puede hacer mucho más con el mismo dinero. 
Por esta razón mi grupo está completamente convencido de que un aumento del gasto en defensa es innecesario, completamente inviable en términos financieros y absolutamente desaconsejable desde una perspectiva política. 
El segundo punto se refiere a la observación hecha por el Sr. Yiannitsis, presidente del Consejo de seguridad, que, por supuesto, no debe confundirse con el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Desgraciadamente, ha tenido que repetir aquí lo que muchos antecesores suyos han dicho antes que usted, esto es, que no se ha alcanzado aún un acuerdo sobre el uso de los fondos de la OTAN por parte de la UE. 
Esto sólo puede significar una de las siguientes cosas: o Grecia sigue siendo obstruccionista y Turquía la supera en obstruccionismo o ambos países siguen siendo obstruccionistas. 
Se lo ruego, señor Yiannitsis, ahórrenos una decepción en este sentido. 
La necesidad de una acción conjunta de la UE nunca ha sido tan grande y, como usted mismo ha dicho, el apoyo entre la población nunca ha sido tan grande. 
Le insto a que se supere a sí mismo por una vez. Demuéstrenos que Grecia, y esto también vale para Turquía, no es prisionera del pasado. 
Usted, Grecia, pueden hacerle un gran servicio a la UE, pero también causarle perjuicio. 
La elección es suya. 
Señor Presidente, los historiadores dirán sin duda que el «no» del Canciller Gerhard Schröder a la guerra fue el estímulo para una verdadera política exterior europea. 
El Sr. Schröder tuvo el valor de decirle clara y directamente al Presidente Bush lo que piensan la mayoría de los ciudadanos. 
Su «no» marca la emancipación de Europa de las tendencias imperialistas del Pentágono. 
Esta guerra preventiva y solitaria habría sido injusta, porque, sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, habría causado dificultades políticas y graves reveses económicos en Europa, habría alienado al mundo árabe y tampoco habría favorecido los intereses de Israel, puesto que esta guerra habría convertido a Israel en una fortaleza sometida a un asedio perpetuo. 
Los más afectados, no obstante, habrían sido los palestinos, que hoy están rodeados, atrapados y muertos de hambre en su gran prisión al aire libre. 
De acuerdo con las conclusiones de el Comité de Luxemburgo para una Paz Justa en Oriente Próximo, esta guerra habría expuesto a los palestinos a graves peligros. 
La hipótesis más optimista habría sido un agudo aumento de la represión; la hipótesis más pesimista, que satisfaría las ambiciones del Sr. Sharon, sería el movimiento masivo de poblaciones, la colonización de los territorios ocupados y la clara anexión de esta gente por parte de Israel. 
Los preparativos para la represión estaban ya tan avanzados que el Sr. Sharon envió excavadoras, incluso aunque no hubiera tenido lugar el ataque a Iraq. 
Todo lo que el mundo habría tenido que hacer era hacer la vista gorda. 
Señor Presidente, dentro de unos pocos meses los inspectores de la ONU nos dirán si Iraq realmente tiene armamento militar. 
Entonces todavía habrá tiempo, y le hablo a usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de implementar, en su totalidad el apartado 91 de la Resolución 687 del Consejo de Seguridad, que insiste en que el desarme del Iraq es parte de una iniciativa cuyo propósito es establecer en Oriente Próximo una zona libre de armas de destrucción masiva y de todo tipo de misiles. 
El nuevo orden mundial, proclamado tras la Guerra del Golfo por el Presidente Bush padre, se ha olvidado muy pronto. 
Señor Presidente, me gustaría dedicar algún tiempo de mi intervención al excelente informe del Sr. Titley. 
De sobra es sabido que detener el abastecimiento de armas y la concesión de licencias es uno de los métodos más efectivos para prevenir el conflicto, y esto también resulta aplicable, por cierto, a Oriente Próximo. 
Muchas cosas son menos sorprendentes si se observan las cifras que muestran cuánto se suministró a Oriente Próximo el año pasado. 
Aunque llevar la prevención de conflictos a primer plano es parte del propósito de la UE- porque es más barato que poner fin a los conflictos militares posteriormente -, se sigue exportando alegremente a las regiones conflictivas. 
Los belgas suministran armas de fuego a Nepal, donde la guerra civil es virulenta, el suministro por parte de Gran Bretaña de pantallas de radar para aviones de combate infringe el criterio nº 3 del Código, mientras que Suecia, Francia y Gran Bretaña infringen su disposición operativa nº 4 al suministrar municiones pesadas a la India sin afrontar las consecuencias. 
Es precisamente en esta área donde el Código es débil, puesto que no es vinculante y no prevé sanciones para los que suministran armas a regiones conflictivas. 
No debe sorprendernos si los contribuyentes se quejan de que esta Unión Europea nuestra presta, por un lado, ayuda al desarrollo a estos países que, por otro, son destruidos por sus propias municiones. 
Por esta razón el Código de Conducta tiene que aplicarse de modo que ponga fin realmente al suministro de armas a las regiones en crisis. 
Éste debe ser nuestro objetivo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me decepciona el hecho de que el neoliberal Sr. Johan Van Hecke siga recurriendo a sus trucos democristianos. 
Tras su pacífico discurso, le pediría, durante la votación, que se guiase por su conciencia y no por la disciplina del partido Liberal Demócrata Flamenco. 
Suscribo plenamente la observación del Sr. Titley con respecto a la absoluta necesidad de un debate multilateral cuando un Estado miembro haya denegado una licencia. 
A este respecto, recomendaría la aprobación de las enmiendas 1 y 7, que hacen más difícil la venta a precios más bajos. 
Se dice, con razón, que el código de conducta debe ser plenamente vinculante. 
Esto es lo fundamental de nuestras enmiendas 2 y 8. 
Debido a la crisis de Nepal, el Gobierno belga incluirá por fin el código de conducta en su legislación nacional. 
Quiero invitar a los otros catorce Gobiernos a seguir por fin el ejemplo belga 
Señorías, la Mesa me informa de que está adoptando medidas para detener el ruido causado por la puesta en marcha automática de un sistema de seguridad que no se puede desconectar por el momento. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias al Parlamento por este debate. 
Ha sido interesante escuchar los distintos discursos y puntos de vista. 
Sopesando los distintos discursos en su conjunto, queda patente que debe realizarse un mayor progreso en la PESC y que debemos realizar un mayor avance en materia de política exterior común. 
Me complace que éstas sean las conclusiones recogidas en el informe del Parlamento y en el discurso del Sr. Brok. 
No obstante, me gustaría señalar que, puesto que hay 15 países para los que la política exterior es una cuestión de máxima importancia, hemos tenido bastante éxito al contar con una política exterior común en tantos casos. 
La política exterior común es de hecho la regla, más que la excepción. 
Sólo tendrá éxito si nos escuchamos unos a otros y llegamos a un consenso, pero eso es algo a lo que todos aspiramos. 
Es cierto que se expresan posturas distintas en materia de política exterior, pero cuando llegamos al punto de tomar una decisión definitiva en materia de política exterior común, lo normal es que lo hagamos conjuntamente. 
Esto también puede aplicarse a los casos de Oriente Próximo e Iraq. 
De hecho, hay consenso en estos ámbitos a pesar de las diversas declaraciones públicas de nuestras posturas que hay a menudo. 
No obstante, el Parlamento tiene razón al sostener que ejercemos mayor influencia si actuamos conjuntamente. 
Si se crean divisiones en la UE, también hay una pérdida de influencia. 
El Parlamento también tiene razón en esto. 
Sin embargo, hay que subrayar que la UE, de hecho, se ha convertido en uno de los protagonistas en el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Tengo la impresión de que, en cierta medida, ha escapado a la atención del Parlamento el hecho de que actualmente se trabaja sobre el plan de paz europeo. 
Anteriormente no contábamos con un plan así. 
Además, el plan de paz europeo condujo a la creación en julio de grupos de trabajo y «task forces» , que han adelantado progresivamente el proceso de reforma en Oriente Próximo. 
Ha habido dinero que, a pesar de todo, se ha restituido a Palestina. 
Ha habido trabajadores que, a pesar de todo, han conseguido el permiso para dejar Palestina y trabajar en Israel. 
Reconozco que mi discurso de introducción era probablemente demasiado optimista y lo lamento. 
También dije, no obstante, que el optimismo que había sentido había sido destrozado por los sucesos de la semana pasada. 
Lamento además no haberme expresado con suficiente claridad respecto del pesimismo que está otra vez a punto de imponerse en Oriente Próximo. 
Podemos elegir el pesimismo y no hacer nada en absoluto. 
Ser pesimista es lo más fácil del mundo. 
De ese modo, uno siempre tiene razón. 
Estamos obligados a trabajar con optimismo. 
De lo contrario, no podríamos seguir trabajando. 
Por eso hemos diseñado el plan de paz adoptado por el Cuarteto y que, como mencioné el otro día, también es el plan del Consejo de Seguridad. 
¿Había visto el Parlamento Europeo algo similar anteriormente, con respecto a Oriente Próximo? 
Francamente, no lo creo. 
Además, todo esto se ha conseguido mediante la cooperación constructiva con Rusia, la ONU y los Estados Unidos, en la que no buscamos fuentes de conflicto, sino que intentamos encontrar la solidaridad que nos permita avanzar. 
Como bien señala el Parlamento- y esto es algo con lo que yo mismo estoy de acuerdo, al igual que toda Europa y, de hecho, todo el mundo -, este tipo de solidaridad consistiría en dos Estados que coexistan pacíficamente y es motivo de asombro que haya habido que derramar tanta sangre en la región para conseguir lo que todos sabemos que será el resultado final. 
No puede terminar de otro modo. 
Por esta razón hacemos constantemente enérgicos llamamientos a ambas partes. 
Pedimos a los terroristas que cesen sus actos de terror y al ejército israelí que ponga fin a su uso excesivo de la fuerza. 
Ése es el mensaje que transmitimos constantemente. 
Es, además, el mismo mensaje que Kofi Annan transmitió el otro día a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo que el proceso de paz debe verse impulsado por la esperanza y los hechos: hechos por parte de los palestinos, destinados a detener el terrorismo, y esperanza mediante una declaración clara de Israel de que el resultado será un Estado palestino. 
De otro modo, no conseguiremos poner fin al terrorismo. 
La política europea, o la política del Consejo de Ministros, es por tanto bastante clara y se corresponde con lo que también es una política global. 
Estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit en que no debemos olvidar la responsabilidad de los palestinos en la lucha contra el terrorismo y, como han señalado algunos disputados, presionamos a ambas partes. 
La otra noche hablé durante una hora con el Sr. Sharon sobre el sinsentido que supone mantener el asedio actual. 
No alcanzará sus objetivos de esta forma. 
Esto se ha dicho de forma clara. 
Asimismo, se ha dicho al Sr. Arafat que debe garantizar que no entren terroristas en Israel. 
Puesto que el principal tema de debate ha sido Oriente Próximo, quiero decir por último que la postura europea también ha llenado un vacío con respecto a Iraq. 
La posición común europea es que debemos cumplir lo que dice el Consejo de Seguridad. 
La posición común europea es que debemos apoyar al Consejo de Seguridad. 
Esto también supone- y ésta es la postura común adoptada en Elsinor- que debemos escuchar al Consejo de Seguridad y estar dispuestos a adaptarnos a lo que nos pida. 
La postura europea adoptada por los Ministros de Exteriores es unánime. 
Se refiere a respetar lo que determine el Consejo de Seguridad. 
Asimismo, es una postura que ha merecido la pena, puesto que los Estados Unidos también se han mostrado de acuerdo en obedecer, y consultar, al Consejo de Seguridad. 
Por último, quiero darle las gracias al Sr. Titley por su informe sobre el Código de Conducta en materia de exportación de armas. 
Apoyo las conclusiones del Sr. Titley respecto de que se ha hecho mucho y es necesario hacer aún más. 
Con respecto a la transparencia que el Sr. Titley tuvo la amabilidad de esperar de la Presidencia danesa, me gustaría decir que estaremos encantados de complacer ese deseo. 
El cuarto informe anual bajo la Presidencia danesa aumentará la transparencia al proporcionar más datos estadísticos y añadirá un compendio de las prácticas adoptadas para mostrar cómo implementan el código los Estados miembros. 
El informe también contendrá nuevos acuerdos sobre tránsito, certificados de usuario final y la producción de equipo militar bajo licencia en terceros países. 
Ésta es la forma en que los Estados miembros están obligados a regular el comercio de armas. 
Algunos Estados miembros ya han aprobado la legislación correspondiente y otros la están preparando. 
Basándome en el informe del Sr. Titley y el apoyo que ha recibido del Parlamento, puedo decir que el apoyo del Parlamento a los esfuerzos de la Presidencia danesa es bien recibido y muy valioso. 
Muchas gracias. 
. (EN) Señor Presidente, sólo un par de cuestiones que me gustaría puntualizar. 
Sobre ambas cuestiones, y sin duda la primera, espero decir bastante más en los próximos meses. 
La primera cuestión es que gruñir en contra de Estados Unidos de América no es lo mismo que tener una política exterior europea. 
Asimismo, suponer que cualquier iniciativa europea es mala y que cualquier mínimo desacuerdo con los Estados Unidos es algo así como alta traición no me parece que sea una buena base para la defensa de los intereses nacionales de ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Siempre me sorprende que algunos de los más acérrimos defensores de la soberanía nacional parecen olvidarse de este punto de vista tan pronto como Richard Pearl levanta la voz. 
Por ello, en la distinguida y siempre noble presencia de mi honorable amigo y editor, siempre noble a pesar de las maquinaciones constitucionales del Nuevo Laborismo, recomiendo, como siempre, el camino de en medio. 
Pero si tenemos que tomar el camino de en medio del multilateralismo europeo, tirando más de nuestro extremo de la cuerda trasatlántica, pudiendo actuar a modo de contrapartida y ocasionalmente de contrapeso, como políticos europeos tenemos que hacer frente a las consecuencias políticas y financieras de ello. 
Espero que cada vez estemos más dispuestos a hacerlo. 
Queda una segunda cuestión que voy a puntualizar en respuesta a Su Señoría el Sr. Barón Crespo. 
Ha pedido un informe sobre los proyectos financieros destruidos de la UE. 
Recordará que hace algunos meses intentamos comunicar las cifras de los proyectos de la Comisión. 
Actualmente, estamos intentando conseguir información de los Estados miembros sobre todos sus proyectos. 
Pero no resulta fácil debido a la situación sobre el terreno. 
Tan pronto como dispongamos de esta información tan precisa como sea posible, por supuesto que la compartiremos con Su Señoría y con toda la Cámara. 
Se trata de una cuestión importante y debería ser posible llegar a una cifra. 
No obstante, la cuestión más preocupante son las aspiraciones destruidas de los territorios palestinos, así como las aspiraciones destruidas de Israel. 
Cuanto antes consigamos la paz, tanto antes podremos restaurar un nivel de vida y una calidad de vida decentes para todos los habitantes de la región. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Tratado de la Corte Penal Internacional es un instrumento básico para hacer valer el derecho internacional. 
La base de esta Corte Penal deriva de un proyecto de la Unión Europea y, al mismo tiempo, simboliza nuestro sistema de valores. 
Por ello, este Hemiciclo considera que el Tratado es parte integral de los criterios políticos de Copenhague. 
El principio que subyace al Tratado es simple: cualquier persona que haya cometido genocidio o crímenes de guerra, cualquier individuo que sea culpable de crímenes contra la humanidad no debe quedar sin castigo. 
Por eso, es incomprensible la petición de que no todos los criminales comparezcan ante la Corte, y que algunos de ellos, sin importar la gravedad de su delito, y sólo atendiendo a si poseen cierto documento, sean excluidos de su jurisdicción. 
Esta petición realizada por el Gobierno Bush contradice por completo el objetivo y el propósito de la Corte Penal Internacional. 
No es sólo absurda, sino también inaceptable, por dos motivos: 
En primer lugar, es inaceptable porque eximir a todos los ciudadanos de un Estado implicaría que la jurisdicción sólo puede ser selectiva, lo que iría en contra del principio de universalidad de la justicia. 
En segundo lugar, es inaceptable porque considera a todos los ciudadanos de un determinado Estado criminales de guerra en potencia. 
Me opongo con toda rotundidad a este antiamericanismo generalizado. 
Algunos Estados- hasta el momento, 12- han sucumbido a la fuerte presión ejercida sobre ellos por los Estados Unidos de América y han firmado un acuerdo bilateral con este país. 
Lo lamento de verdad y creo que tendrá consecuencias en nuestras relaciones con estos Estados. 
En cualquier caso, mañana, en una propuesta conjunta presentada por cuatro grupos- y es algo excepcional, señora Presidenta, que se presente una propuesta conjunta ante este Parlamento -, la Cámara aprobará una posición muy clara al respecto. 
Señora Presidenta, la creación de la CPI marca un enorme paso hacia delante en la aplicación, en todo el mundo, de los principios del Estado de derecho, que es fundamental para todas las democracias liberales. 
Mientras que los tribunales ad hoc, como los de Rwanda y la antigua Yugoslavia, están llevando a cabo una labor inapreciable, no hay ningún sustituto para una corte permanente con el mandato y la legitimidad para perseguir a los criminales allí donde se puedan esconder. 
Para ver los problemas que pueden surgir no hay más que mirar al rechazo de Croacia a entregar al General Bobetko a La Haya, basándose en que Croacia no era el agresor. 
En las negociaciones sobre el Estatuto de Roma, Europa hizo lo imposible por conseguir un resultado que se adaptase a las inquietudes estadounidenses. 
Por lo tanto, los Demócratas Liberales de esta Cámara lamentan profundamente que varios países se hayan negado a firmar el Estatuto de Roma para la CPI. 
Entre estos países se encuentran Irán, Iraq, Corea del Norte y los Estados Unidos. 
Si seguimos el viejo refrán «dime con quién andas y te diré quien eres» , ¿qué mensaje da al mundo la presencia de los Estados Unidos en este grupo de rechazo? 
Especialmente cuando se contempla conjuntamente con la negativa estadounidense a firmar el protocolo de Kyoto, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención sobre armas biológicas de las Naciones Unidas. 
Ya es bastante malo que los Estados Unidos se nieguen a ratificar el Estatuto de Roma, pero que traten de ahogarlo nada más nacer buscando acuerdos bilaterales con países como Israel y Rumanía a fin de evitar que sus nacionales sean entregados a la CPI, es terrible. 
La Resolución nº 1422 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también sienta un precedente y no debería ser prorrogada en julio. 
La Unión Europea debería hacer todo lo posible por evitar que se mine la CPI antes de que siquiera haya empezado a funcionar. 
Por tanto, insto al Presidente en ejercicio del Consejo a que admita que se están juntando negros nubarrones sobre esta cuestión y reúna a los Estados miembros de la UE bajo de un único paraguas. 
En una época de inestabilidad es comprensible que la UE desee evitar que se rompan las relaciones trasatlánticas, pero todo acuerdo con los Estados Unidos debe contar con el apoyo de todos los países de la UE y adecuarse al Estatuto de Roma. 
Otra falta de unidad por nuestra parte minará aun más la credibilidad de la UE en asuntos exteriores. 
Tenemos que poner orden en nuestra propia casa. 
Los países que desean adherirse a la UE, entre ellos la República Checa, Lituania y Malta, deben entender que los valores que la CPI representa son fundamentales para la UE, y que una pronta ratificación del Estatuto de Roma evitaría cualquier retraso en su adhesión. 
Instamos a Rumanía a que no ratifique su acuerdo bilateral con los Estados Unidos, y también es importante para la Unión actuar juntos dentro de la CPI en términos de apoyo económico y de nombramiento de los jueces, del fiscal y del personal. 
Actuando juntos, Europa puede contribuir en gran medida a facilitarle la labor a la CPI, y así dar garantías a los Estados Unidos de que la Corte es seria y no supone ninguna amenaza para sus nacionales que cumplan la ley. 
Tenemos que conseguir que los Estados Unidos se suban al caro más adelante. 
Ningún gobierno debe olvidar que somos responsables ante la corte de la opinión pública mundial. 
Par concluir, señora Presidenta, la CPI es un símbolo del mundo por el cual luchamos: un mundo en el que los derechos humanos y el derecho internacional sean respaldados en todas partes, y sobre todo, en el que no se dé ningún refugio a los culpables de los crímenes más viles. 
Trabajemos juntos para permitir que la corte empiece con buen pie cuando esté operativa en enero. 
Señora Presidenta, presento mis excusas al Presidente en ejercicio y al Comisario, pero tengo que abandonar el debate debido a que he de presidir una reunión de mi partido. 
Señora Presidenta, Señorías, nos hallamos en medio de un debate muy poco común. 
Muy acertadamente, esta Cámara está expresando un amplio respaldo a la Corte Penal Internacional, así como su firme condena a la postura de los Estados Unidos, que desean cortar la Corte de raíz. 
Esto ha quedado patente en las durísimas palabras que contiene el plan nacional de seguridad que se presenta esta semana. 
Por desgracia, como ya ha indicado el Sr. Møller, este asunto ya no se va a debatir fuera de esta Cámara. 
El Consejo está trabajando en un compromiso. 
La pregunta ya no es si se deberían hacer excepciones, sino hasta dónde llegan para los Estados Unidos. 
Con esto, surge un terrible dilema para el Parlamento y para cualquiera que esté a favor de la Corte Penal Internacional, pues las opciones son: o bien no hay compromiso, lo que se traduce en una Europa dividida y en una continua oposición de los Estados Unidos, o bien se elige una reducción de los daños, por ejemplo, restringiendo la excepción a soldados en misiones de paz. Esto conduciría a una Europa unida, al fin de la oposición de los Estados Unidos y, muy probablemente, a la retirada de la diabólica Ley de invasión de La Haya. 
Éstas son, nos gusten o no, las opciones reales que se nos presentan. 
Lo que lleva a la pregunta fundamental? y quisiera, al mismo tiempo, apelar al Sr. Møller como Presidente en ejercicio? de si este compromiso debilita a la Corte Penal Internacional de modo permanente y estructural. 
Ahí es donde mi grupo traza la línea, e insto al Sr. Møller a que trace ahí también la línea con respecto a la predisposición del Consejo para llegar a un compromiso. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, muchos han descrito el Estatuto de la Corte Penal Internacional como el documento internacional más importante desde la Carta de las Naciones Unidas. 
Nosotros, los radicales, hace mucho tiempo que opinamos de esta manera, y hemos luchado durante muchos años- y aún seguimos haciéndolo- para lograr la creación de esta Corte, para verla crecer y adquirir gradualmente una jurisdicción universal y para que sea reconocida por tantos países como sea posible. 
Muchos diputados han hablado- en efecto, casi todo el debate ha girado en torno al asunto de los Estados Unidos -, pero quisiera poner de manifiesto que muchos de los países más grandes el mundo- China, Rusia, la India, Indonesia, todo el mundo árabe, con la agradable excepción de Jordania, y casi toda Asia, con muy pocas salvedades- no han dado todavía su firma: queda, por tanto, mucho por hacer. 
Por supuesto, tenemos razón al preocuparnos por el asunto de los Estados Unidos y sus intentos de obtener una exención y, en particular, una forma de inmunidad para sus ciudadanos, por medio de una ofensiva diplomática, pero quiero hacer hincapié aquí en que la Unión Europea debe dirigir sus mayores esfuerzos- y el plan de acción aprobado por el Consejo y la labor desarrollada por la Comisión son importantes, a este respecto- para lograr que la Corte goce de una jurisdicción universal que garantice su autoridad y su estatus, y que muestre además a aquellos que están abiertamente en contra, como el Gobierno estadounidense, que quizás un día, con otro gobierno, su país podría rectificar. 
Prueba de ello es el hecho de que, hace unos días, al expresidente Bill Clinton se le criticó públicamente por no haber ratificado el Estatuto de Roma cuando estuvo en el cargo. 
Esto es importante: es importante que el Consejo apruebe una posición que dé la debida consideración a la importancia de mantener el Estatuto tal y como está, que, en caso de llegarse a un compromiso con los Estados Unidos, tenga en cuenta la cuestión de la no reciprocidad- la necesidad de que ciudadanos culpables o, al menos, ciudadanos acusados de un delito, sean llevados a juicio ante tribunales estadounidenses, en todo caso- y, más importante aún, que tenga en cuenta el hecho de que cualquier excepción debe limitarse, según corresponda, al personal civil y militar enviado en misiones por los Estados Unidos, y no ampliarse, como solicitan los mismos Estados Unidos, a todos los ciudadanos estadounidenses indiscriminadamente, pues esto resultaría del todo inaceptable e intolerable. 
Señora Presidenta, la disputa entre Europa y los Estados Unidos sobre la Corte Penal Internacional constituye una amenaza para la política exterior común de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Hace unas semanas, parecía que todo iba a acabar en un completo desastre cuando Italia y el Reino Unido amenazaron con firmar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, por los cuales algunos países- incluyendo los Estados Unidos- o grupos de ciudadanos- incluyendo militares estadounidenses- quedaban permanentemente excluidos de ser procesados ante la Corte Penal Internacional. 
Firmar un acuerdo de este tipo debe considerarse perjudicial para el acuerdo de la Corte Penal Internacional. 
Me refiero, a este respecto, al serio asesoramiento jurídico recibido por la Comisión Europea. 
Afortunadamente, el Reino Unido e Italia aguardaron, en última instancia, a una consulta europea, y los diputados de esta Cámara podemos dar ahora nuestra opinión sobre este asunto con antelación. 
La misma existencia de la Corte Penal Internacional se haya en peligro, pues los acuerdos bilaterales destructivos ponen en duda su razón de ser. 
No obstante, vuelve a surgir la cuestión de si Europa es capaz de hablar con una sola voz, no sólo como potencia comercial, sino también como portador de valores y principios en este mundo despiadado e inseguro, y como protector de los derechos humanos y del orden jurídico internacional en su conjunto. 
Una Europa dividida, en la que algunos Estados miembros pretendan aprovecharse del artículo 98 para excluir, de manera permanente, a los Estados Unidos o a sus ciudadanos de ser procesados- incluyendo terroristas de Al Qaeda con pasaporte estadounidense -, menoscaba nuestro ideal de una Europa que contribuya a la paz, a la estabilidad y a la seguridad en todo el mundo. 
Según el Tratado de la Corte Penal Internacional, todas las naciones, incluidos los Estados Unidos, pueden y deben encargarse, durante los primeros nueve meses, de aquellas personas que violen los derechos humanos. 
Sólo en los casos en que no se obtenga éxito, pasará a actuar la Corte Penal Internacional. 
Depende, por tanto, de los esfuerzos de cada Estado que la Corte Penal Internacional intervenga o no, lo que debería ser una garantía suficiente para los Estados Unidos. 
Por consiguiente, Europa debería permanecer inflexible y seguir hablando con una sola voz. 
Por este motivo, pido a los Estados miembros que abandonen los acuerdos bilaterales destructivos con los Estados Unidos, e insto al Consejo a que permanezca unido. 
Señora Presidenta, el propósito de la Corte Penal Internacional es juzgar a los autores de delitos muy graves con implicaciones internacionales, un objetivo aun más loable desde que se definió al final del siglo con mayor índice de criminalidad de la historia de la humanidad, un siglo que asistió al genocidio armenio en 1916, al judío en la década de los cuarenta, a la muerte de cien millones de personas a manos del comunismo, a la matanza de los cristianos del Sudán por los fundamentalistas islámicos, al hambre de un millón de niños iraquíes a causa de las sanciones impuestas a su país? y la lista sigue. 
Por desgracia, la mayoría de los autores de estos crímenes han escapado a la justicia. 
Sólo los nacionalsocialistas alemanes y los líderes japoneses fueron juzgados por aquellos que los derrotaron, algunos de los cuales también deberían haberse sentado en el banquillo de los acusados. 
Por otro lado, los socialistas internacionales como Lenin, Trotsky, Stalin, Mao y Pol Pot gozaron de total impunidad. 
¿Habría impedido estos crímenes una Corte Penal Internacional o, al menos, castigado a los asesinos? 
Tengo mis dudas. 
Los países miembros de la Corte Penal Internacional no tienen el mismo concepto de derecho. 
Las naciones poderosas seguirán saltándose las leyes e, incluso en esta misma Cámara, algunos oradores como el Sr. Poettering han manifestado que los rumanos se equivocaron al comprometerse a firmar acuerdos bilaterales, pero los Estados Unidos, que los empujaron a ellos, no suscitan ningún tipo de críticas. 
El estatuto fundacional de la Corte estipula que ésta sólo intervendrá de modo subsidiario, en casos en los que los Estados miembros se nieguen a ejercer su soberanía o que no se hallen en posición de ejercerla. 
Si eso es cierto, resulta difícil entender la feroz oposición de los Estados Unidos. 
El súbito cambio de dirección de los Estados Unidos bien podría contemplarse con un poco de cinismo. 
Señora Presidenta, en casi un minuto lo único que podría decir es que soy radicalmente partidaria de la Corte Penal Internacional, pero diré algo más. 
La Corte Penal Internacional es un freno a las dictaduras y un escudo contra la injusticia. 
Sabido es que la impunidad es el caldo de cultivo para las dictaduras y para los criminales. 
La Corte Penal Internacional es una respuesta al clamor de millones de ciudadanos de todo el mundo, que ven la impunidad de los crímenes como la violación de sus derechos más fundamentales. 
La Corte Penal Internacional es, por último, un instrumento imprescindible contra la impunidad, que se ve favorecida por la inmunidad que reclama Estados Unidos. 
No podemos ni queremos someternos a la presión de Estados Unidos. 
Mañana, el Parlamento Europeo demostrará con su resolución que somos responsables y corresponsables de esta Corte Penal Internacional y que sabemos que, en materia de derechos humanos, no se puede ser neutral. 
Señora Presidenta, los Estados Unidos tienen una extraña percepción del derecho internacional. 
Ayer nos enteramos de que, violando el Convenio sobre armas biológicas, Washington no va a permitir que se lleven a cabo inspecciones en empresas estadounidenses, a pesar de que está a punto de estallar una guerra por un motivo similar. 
Ahora hemos sabido que los Estados Unidos consideran la Corte Penal Internacional sólo como otro fastidioso empeño europeo. 
Todos somos plenamente conscientes de que cualquier acuerdo bilateral que otorgase inmunidad a los Estados Unidos o a sus ciudadanos iría en contra del espíritu del Tratado de Roma. 
Hacemos un llamamiento al Consejo porque, para impedir que esto ocurra, es necesaria la intervención inmediata y explícita de todos los Gobiernos europeos; en particular, señora Presidenta, del Gobierno Berlusconi que, tan sólo hace unos años, insinuó que podría permitir atajos inaceptables al Gobierno estadounidense, ignorando una vez más el hecho de que, cuando se trata de la paz y del derecho internacional, no hay diferencias entre civiles y militares: todos son ciudadanos con los mismos derechos y las mismas responsabilidades. 
Señora Presidenta, la creación de la Corte Penal Internacional es, sin duda, un salto cualitativo en la lucha por la defensa de los derechos humanos. 
Por otro lado, la postura de los Estados Unidos en contra de la Corte Penal Internacional es otro intento de debilitar la autoridad de las Naciones Unidas. 
Es evidente, en mi opinión, que los Estados Unidos están tratando de utilizar su estatus de superpotencia para ocuparse únicamente de sus propios intereses particulares. 
En relación con la Corte Penal Internacional, quisiera advertir al Consejo y a la Comisión de que no lleguen a un compromiso superficial por el que la inmunidad real para los ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes de guerra quede oculta por todo tipo de intrincadas sutilezas jurídicas. 
Una Corte Penal Internacional sin la participación estadounidense es, naturalmente, una corte debilitada. 
No obstante, una Corte Penal Internacional con la participación formal de los Estados Unidos, pero en la que los criminales de guerra estadounidenses gozaran de inmunidad procesal socavaría por completo la autoridad de la Corte. 
Un ordenamiento jurídico ni puede ni debería implantarse en tales condiciones. 
Señora Presidenta, la creación de la Corte Penal Internacional representa un paso adelante para la civilización. 
No obstante, para asegurarnos de que los objetivos de la Corte Penal Internacional se cumplen en su totalidad y de que se confiere mayor credibilidad al derecho internacional, se debe garantizar su aplicación a escala mundial. 
Es preciso, por tanto, que la Unión Europea y sus Estados miembros tomen medidas para entorpecer los esfuerzos de los Estados Unidos de América por privar de cualquier legitimidad a la Corte Penal Internacional y otorgarse a sí mismos un estatuto privilegiado de inmunidad por medio de acuerdos bilaterales ilegales. 
La primacía del derecho en el orden internacional, por encima del equilibrio de poder y de la ley del más fuerte, constituye un noble ideal cuya plena consecución se halla aún muy lejos. 
La primacía del derecho en el orden internacional no dejará de ser una quimera si la única superpotencia mundial se niega a someterse a la jurisdicción de las instituciones responsables de supervisar la aplicación del derecho internacional. 
Tal negativa constituiría un grave retroceso, ya que enviaría un terrible mensaje a la comunidad internacional, una señal de la irremediable debilidad de los principios y de la fuerza persistente del cinismo en las relaciones internacionales. 
El gran dilema que afronta la comunidad internacional hoy en día es, por tanto, elegir entre un orden basado en el derecho y un orden basado en la mera oposición entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, una batalla en la que el derecho sólo se considera un incómodo estorbo. 
Señora Presidenta, quisiera agradecerle al Parlamento su gran interés por salvaguardar y preservar la Corte Penal Internacional. 
El Consejo también opina que se debe proteger a la Corte Penal Internacional, cuya integridad ha de preservarse, y que la Corte debería empezar a funcionar. 
Además, ésta es también la postura de la Presidencia Danesa. 
Nuestra opinión es que, el 30 de septiembre, debemos asegurarnos de que los países de la Unión Europea trabajan unidos y son capaces de llegar al mismo resultado. 
Por otro lado, sería muy aconsejable que los países de la Unión Europea respondieran de la misma manera a los Estados Unidos. 
Hay que tener presente que la tarea de responder a los Estados Unidos es de carácter bilateral. 
No es labor de la Comisión responder a las protestas formales de los Estados Unidos. 
Nos preocupan los enfoques bilaterales, de modo que sólo podemos presentar una respuesta recomendada. 
Eso es todo lo que podemos hacer, pero presupongo que se seguirá la recomendación. 
Como mencionó el Sr. Oostlander, hemos mantenido, y seguimos manteniendo, diálogos con los países candidatos a propósito de este asunto. 
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Lund en que no debemos llegar a un compromiso falso y superficial. 
Algo de razón tenían las palabras del Sr. Lund, pues es muy cierto que, cuando llega la lluvia, las fachadas se desmoronan, lo que puede implicar que todo se venga abajo. 
Pensamos que necesitamos una Corte mundial que tenga un efecto disuasorio sobre los crímenes de guerra descritos en el Estatuto de dicha Corte. 
En lo referente a los Estados Unidos, debemos hacernos a la idea de que no va a participar en la Corte, aunque vamos a seguir tratando de que forme parte de ella. 
Hemos discutido el asunto con los Estados Unidos en varias ocasiones sin resultado alguno. 
Así están las cosas, y podemos elegir entre no mostrar la menor preocupación o intentar lograr un acuerdo por el que los Estados Unidos formen parte de un ordenamiento jurídico internacional. 
Teniendo esto presente, se puede recurrir a los enfoques bilaterales para elaborar un acuerdo según las líneas mencionadas, que no difieren en absoluto de las descritas por el Comisario Patten. 
No hay diferencia alguna entre la Comisión y el Consejo a este respecto. 
No obstante, si se pudieran hacer modificaciones en el Estatuto para lograr que los Estados Unidos formaran parte del ordenamiento jurídico internacional sin ser miembros de la Corte Penal Internacional, esto sería preferible a una situación en la que los Estados Unidos quedaran excluidos de tal ordenamiento. 
Nuestros esfuerzos van encaminados a lograr tal objetivo. 
Quisiera hacer notar que los Estados Unidos no desean tampoco la inmunidad procesal. 
En ningún lugar de su comunicación el Sr. Powell afirma que desea la inmunidad procesal. 
Éste no ha sido nunca el deseo de los Estados Unidos. 
Lo que quieren es llevar a cabo ellos mismos los enjuiciamientos, no que los crímenes de guerras queden impunes. 
Es una cuestión de querer aplicar ellos mismos el castigo. 
Por otro lado, hemos de darnos cuenta de que lo más importante es que los criminales de guerra sean castigados, tanto si se les procesa en La Haya como si no. 
Todo esto resulta obvio al leer la carta del Sr. Powell enviada a los distintos países, o al analizar los comentarios realizados por él ante la Unión Europea en nuestra reunión ministerial. 
A este respecto, debemos tener en cuenta el principio de subsidiariedad, que afecta a todos los miembros de la Corte Penal Internacional. 
Hay un principio de subsidiariedad. 
La idea, por supuesto, es que la Corte sólo actúe cuando el país en cuestión no lo haga. 
Éste es, evidentemente, el principio. 
Implica, además, que sería muy valioso que los Estados Unidos garantizaran que van a comportarse como los demás Estados y que van a llevar a cabo los enjuiciamientos. 
Presupongo además que Dinamarca llevará a cabo los enjuiciamientos, lo que quiere decir que no espero que ningún danés termine en La Haya. 
En el caso de que tengamos algún criminal de guerra, preveo que nosotros mismos lo llevaremos ante los tribunales. 
Debe ser competencia del Estado en cuestión decidir si un asunto en particular es tan grave que es irrefutable que nosotros debamos encargarnos de él. 
La Corte sólo debe actuar si el país en cuestión no desea o no puede encargarse del asunto. 
Así las cosas, abrigo una esperanza razonablemente justificada de que podamos atisbar una solución que permita que la Corte Penal Internacional no resulte afectada y mantenga su integridad, a la vez que haga que un mayor número de países procesen a sus criminales de guerra. 
Éste es, evidentemente, el punto fundamental. 
No habrá un acuerdo por el que se debilite a la Corte y los crímenes de guerra queden impunes. 
Eso no va a suceder. 
La respuesta es sí. 
En relación con este debate, he recibido dos propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, deseo ante todo agradecer que los demás grupos del Parlamento se hayan asociado a nuestra iniciativa del 8 de agosto de una pregunta oral, tras una gira por América Latina para poder comprobar los efectos de la crisis y también las expectativas de los países latinoamericanos en relación con la Unión Europea. 
En segundo lugar, me congratulo por que haya una resolución de compromiso en la que el Parlamento Europeo va a mostrar- espero que lo haga mañana- su apoyo unánime a una línea clara y decidida por parte de la Comisión y el Consejo. 
Y es conveniente que hablemos de comercio, que hablemos de economía y también de temas como la Corte Penal Internacional, la OMC, Kyoto y demás, para consolidar estos aliados. 
El segundo aspecto es que podemos avanzar en algunas de las propuestas que estamos haciendo en este momento con carácter transitorio, teniendo en cuenta la necesidad de ayuda para salir de la crisis- pienso, en especial, en algunos aspectos agropecuarios que se pueden consolidar posteriormente. 
El tercer aspecto es que se nos plantea un problema importante en relación con la representación de la Unión Europea en los organismos internacionales, cuestión que- admito- es difícil de resolver. 
Hay que tratarla en la Convención y hay que consolidar nuestras posiciones, pero reconocerán que en el caso de la misión de la Comisión a Río de Janeiro, el Comisario Patten no se encontraba en la misma situación que el Comisario Lamy. 
El Comisario Lamy tiene un poder comercial que se ha demostrado en nuestras negociaciones en la OMC. 
En el caso del Fondo Monetario Internacional nos encontramos con que teniendo conjuntamente, por los derechos especiales de giro, el 30% de los votos, los Estados Unidos- con el 17%- pesan más que nosotros. 
A eso hay que encontrarle una solución, que es posible, en el marco del artículo 99 de los Tratados, que nos permita una representación unificada y pesar de acuerdo con nuestra responsabilidad y dimensión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, creo que la resolución conjunta sobre el Mercosur- que nosotros apoyamos- es una reflexión equilibrada sobre las preocupaciones de la Unión Europea en torno a la grave crisis que aflige al Mercosur y que amenaza con afectar a la Comunidad Andina. 
La resolución expresa firmemente la solidaridad que sienten los europeos con pueblos con los que compartimos tantos lazos históricos familiares y de amistad. 
Por desgracia, esta solidaridad no se traduce en una postura coordinada de los Estados miembros en las instituciones financieras internacionales, responsables en gran medida del desastre de la Argentina, como muy bien demostró el profesor Stieglitz, antiguo economista jefe del FMI. 
La resolución da en el clavo al pedir que nuestras políticas sean coordinadas con el fin de proporcionar asistencia financiera a los países del Mercosur e incluir estas nuevas directrices en el acuerdo UE-Mercosur que se está negociando en la actualidad. 
Estas negociaciones abarcan también la deuda externa, la postura ética de las empresas y los bancos europeos, de modo que hay muchas resoluciones buenas y, sin embargo, el asunto sigue ahí y, sin ningún asomo de duda, se planteará en los Estados Unidos: 
¿desea Europa, de verdad, salvar a América del Sur? Para apaciguar los temores de nuestros socios del Mercosur, debemos escuchar sus peticiones y poner los puntos sobre las íes. 
De ahí las tres enmiendas que hemos presentado a nuestra resolución: primero, el rechazo tajante de condiciones financieras que agraven la pobreza de los pueblos del Mercosur, como las reducciones de los salarios y los recortes de los servicios públicos; segundo, la renuncia de Europa a sus subsidios para el dumping de productos agrícolas para la exportación, que son, en gran medida, responsables de las dificultades por las que atraviesa el Mercosur; y, por último, la creación de una comisión ciudadana bilateral para que nuestros representantes sociales puedan participar en las negociaciones. 
Señora Presidenta, los países del Mercosur están viviendo una crisis política, económica y social sin precedentes y ésta no es una afirmación nuestra, sino que la han hecho los Jefes de Estado del Mercosur reunidos en Asunción el pasado mes de septiembre. 
La verdad es que las circunstancias no ayudan demasiado: elecciones presidenciales en Brasil en las próximas semanas; devaluación espectacular del real en los últimos días, caída de la Bolsa brasileña; contaminación en Uruguay; elecciones presidenciales y crisis permanente en Argentina en el mes de marzo; elecciones presidenciales, también, en abril del año que viene en Paraguay- si llegan a celebrarse, habida cuenta de que, cuando estuvo la delegación en este país en el mes de julio pasado, se decretó el estado de excepción. 
Si miramos alrededor del continente, el panorama tampoco es muy halagüeño: inestabilidad en Venezuela, situación delicadísima en Colombia, caída espectacular en la estimación social del presidente Toledo en Perú- que vendrá a nuestra Asamblea el próximo mes de diciembre- y un mal general en la región. 
Es decir, los avances que se han conseguido en los ámbitos de la convivencia y de la democratización se encuentran en peligro, al no conseguirse avances en la lucha contra la pobreza. 
¿Qué dicen los países del Mercosur? 
Dicen: más Mercosur, más integración y más y mejor democracia. 
Nosotros tenemos que dar una respuesta decidida a estos problemas, y creo que lo que decía el Sr. Barón es algo perfectamente lógico: hay que impulsar- y este Parlamento lo ha pedido en muchas ocasiones- ese acuerdo de asociación. 
Le pedimos a la Comisión que, una vez despejado este calendario y horizonte electoral, pueda impulsar los capítulos que todavía no están cerrados. 
Creo que las señales que ha transmitido a la Comisión de dar 200 millones de euros y el aumento de la cuota Hilton son señales muy positivas, y creo que debemos seguir transmitiendo estas señales positivas. 
El Parlamento ha pedido- y es una iniciativa que no va a costar un euro adicional- que se cree un fondo de solidaridad regional con las asignaciones presupuestarias que ya existen. 
Le pido a la Comisión que considere esta iniciativa y me parece especialmente importante que los Estados miembros de la Unión Europea apoyen en el Fondo Monetario Internacional una solución y un convenio rápidos con Argentina. 
Creo recordar que sólo hay, en estos momentos, dos Estados miembros que apoyan de forma decidida ese acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. 
Señora Presidenta, nosotros tenemos que manifestar esa solidaridad con Argentina porque creo que se la merece y porque esta solidaridad redundaría claramente en nuestro propio interés. 
Termino, señora Presidenta, recordando la frase de un conocido ministro argentino, que decía que no sirve de nada viajar en primera clase cuando en clase turista hay un pasajero que viaja con una bomba en el maletín. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, querría insistir en algunos puntos que ya se han señalado. 
Subrayo el apoyo del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, en primer lugar, a la conveniencia de acelerar las negociaciones y llegar a un nuevo acuerdo, en todo caso, cumpliendo el calendario que ya estaba previsto, y acelerándolo, si fuese posible, para dar un mensaje positivo de la buena disposición de la Unión Europea en este proceso de integración, en el cual ha habido signos positivos, entre los que destacamos la ayuda de la Comisión de 200 millones de euros, que creemos que se ha de completar, como se apunta en la propuesta de resolución común. 
Asimismo, deberá facilitarse el uso de los mecanismos comerciales preferenciales para fomentar el comercio y la recuperación económica de la región. 
Creemos que este proceso de mayor integración y mayor cooperación por parte de la Unión Europea ha de servir para que, en consonancia con los organismos financieros internacionales, aseguremos y consolidemos la búsqueda de programas económicos sólidos, creíbles y rigurosos para restablecer la confianza, tanto en la recuperación económica como en el flujo inversor que, evidentemente, necesitan las economías del Mercosur y, especialmente, Argentina, para salir de la gravísima situación económica, social y política que está padeciendo en la actualidad. 
También creemos que en las diversas referencias que se han hecho a las instituciones financieras internacionales y al Fondo Monetario Internacional, precisamente la crisis argentina muestra, una vez más, la necesidad de que la Unión Europea actúe más directamente, con voz propia, para tratar este tipo de cuestiones en estos organismos. 
Consejo. (DA) Señora Presidenta, en relación con los sistemas de preferencias a los que se ha aludido en muchas ocasiones a lo largo del debate, pienso que los Estados del Mercosur pueden beneficiarse del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. 
En particular, mediante los sistemas generalizados SGP, estos países pueden, como mencionó el Sr. Barón Crespo, tener la oportunidad de aumentar sus ingresos de exportación, promover la industrialización de sus países y acelerar la diversificación de sus economías como una herramienta de estabilidad. 
Ninguno de nosotros podemos perder de vista el hecho de que los miembros de los organismos financieros internacionales- a saber, la instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- son Estados soberanos en sí mismos. 
No están sujetos a los dictados del Consejo Europeo ni a la codecisión del Consejo Europeo. 
Por tanto, corresponde a estos Estados, y no al Consejo, decidir cómo deben comportarse en los organismos financieros internacionales mencionados. 
No obstante, es evidente que la coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea, en relación con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, puede ser beneficiosa para su labor en estas instituciones. 
En consecuencia, hay de hecho un grado de coordinación informal, en un ámbito intergubernamental, dentro del marco de las instituciones mencionadas. 
En lo referente a los esfuerzos de los Estados miembros por remediar la situación de los países del Mercosur, están participando de manera plena y activa en la labor del FMI para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico sostenible de la región. 
Sería estúpido hacer otra cosa. 
Las medidas tomadas para apoyar al Paraguay, al Uruguay y, más recientemente, al Brasil, han recibido el respaldo de los Estados miembros de la Unión Europea, y se está desarrollando una labor encaminada a garantizar un programa del FMI para la Argentina que sea firme, sostenible y creíble, como esbozó el Consejo en sus conclusiones del 21 de enero de 2002. 
En su pregunta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, el Sr. Barón Crespo afirma que se espera que las negociaciones sobre el acuerdo de asociación y libre comercio con el Mercosur concluyan en 2003. 
Las partes no han establecido ningún plazo para dar por terminadas las negociaciones, por lo que la fecha depende de cómo transcurran éstas. 
En julio, los negociadores de rango ministerial aprobaron un ambicioso programa de trabajo para los doce meses siguientes. 
La Unión Europea se ha comprometido a llegar a un acuerdo total con Mercosur y a avanzar en las negociaciones. 
Permítame, por ello, concluir afirmando que el Consejo está pendiente de la grave crisis que afecta a los países del Mercosur- sobre todo, a Argentina-. 
Es muy cierto que debe tomarse con toda la seriedad que merece. 
Por consiguiente, estamos interesados en fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, así como en promover los intercambios comerciales, y de hecho, tuvimos una reunión con ellos la semana pasada en el transcurso de la Asamblea General de Nueva York. 
En primer lugar, todos los que estamos aquí reunidos debemos ser conscientes de la necesidad de ir a casa y decirles a nuestros Gobiernos que deben trabajar en el FMI en nombre de las instituciones y explicarles a los países del Mercosur que, antes de nada, son ellos quienes deben aplicar los cambios en el ámbito de las finanzas. 
Señora Presidenta, he escuchado con mucha atención al Sr. Patten. 
Señorías, pese a los esfuerzos realizados a lo largo de la pasada década, la situación del Mercosur y de América Latina, en general, vuelve a ser un motivo de preocupación. 
Las asociaciones regionales están averiadas y el Mercosur sufre roturas graves que le impiden levantar el vuelo. 
No sabemos si la crisis argentina ha tocado fondo, el Uruguay y el Paraguay padecen inconvenientes serios y el Brasil, pese a la ayuda inestimable del Fondo Monetario Internacional, es causa, como mínimo, de algunas incertidumbres. 
La Unión Europea y cada uno de los Estados miembros deben y pueden hacer mucho más. 
Es preocupante una cierta desinstitucionalización de la región, la pérdida de prestigio de los partidos y de los políticos, la reaparición con fuerza de algunos movimientos populistas y del caudillismo que tantos problemas ha causado en América Latina. 
No podemos continuar siendo espectadores pasivos de la dramática situación argentina. 
Señor Patten, si miramos el presupuesto de la Unión, no siempre las líneas presupuestarias destinadas al desarrollo de la región de América Latina en su conjunto confirman lo que usted nos acaba de decir. 
Es verdad que el Mercosur ha retrocedido en los términos en los que el Sr. Patten ha dicho. 
Es verdad también que en el caso argentino son sus propios dirigentes quienes deben adoptar medidas que impidan el agravamiento de una situación ya de por sí suficientemente grave, que comporta sacrificios, medidas económicas, fiscales y financieras no carentes de esfuerzos aún mayores para el pueblo argentino. 
Pero la Unión y sus Estados miembros deberían adoptar medidas de choque para reactivar las economías de esos países, que deben ser contempladas en el presupuesto comunitario, y no se está haciendo, facilitar especialmente sus exportaciones y tener el coraje y la decisión necesarios para que nuestros representantes en los organismos financieros internacionales adopten esas medidas con urgencia para que no se produzcan nuevos retrasos. 
Señora Presidenta, si no me equivoco, el Parlamento y la Comisión están de acuerdo en los puntos esenciales: deben eliminarse las barreras comerciales, se debe fomentar la integración, Europa debe hablar con una sola voz en el FMI, etc. No es mi intención volverlos a enumerar todos. 
Quisiera hacer tan sólo dos breves comentarios y referirme a las palabras finales del Sr. Patten. 
En primer lugar, llevo trabajando muchos años en América Latina y- con espanto, debo decirlo así- he observado que su importancia en la escena mundial disminuye año tras año, a la vez que el papel de Asia adquiere mayor peso. 
Debe de haber razones que expliquen este fenómeno, razones mucho más complejas como para que basten una o dos medidas. 
Deberíamos debatir esto abiertamente. 
El segundo comentario que quisiera hacer se refiere a una encuesta llevada a cabo hace poco en América Latina. 
A una parte de la población? alrededor de 20 000 personas? se le preguntó si creía que los gobiernos autoritarios podían resolver mejor los problemas que los democráticos. 
En 1996, en una encuesta similar, sólo una minoría puso primero a los regímenes autoritarios; la mayoría estaba a favor de la democracia. 
Hoy alrededor del 50% de la población afirma: sí, necesitamos gobiernos autoritarios para resolver nuestros problemas. 
Esto significa que la crisis que sacude hoy a América Latina y, en particular, al Mercosur, también representa un riesgo para la democracia, lo que me hace recordar los años ochenta y principios de los noventa, cuando nuestros debates sobre América Latina se referían sobre todo a la democracia. 
En aquella época comprendíamos la necesidad de llevar a cabo una política social y económica que devolviera a la gente la fe en la democracia. 
Por ello, no creo que sea una pérdida de tiempo preocuparnos por América Latina: si no lo hacemos, acabaremos elaborando más propuestas sobre dictaduras. 
Señora Presidenta, es un placer para mí sustituir al Sr. Andria, ausente por motivos personales, en un debate sobre un asunto que considero de gran importancia, ya que, al haber participado en la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo, me he percatado de que existen grandes diferencias sociales entre los países del Mercosur. 
Las crisis económicas y sociales que afligen a estos países impiden el crecimiento económico de América del Sur y dificultan la puesta en práctica de un programa de desarrollo sostenible, debido a los frecuentes problemas económicos causados por la inestabilidad estructural. 
Por ello, creo firmemente que la Unión Europea debe centrar su atención en América del Sur y en los países del Mercosur, aunque no en detrimento de la política de protección medioambiental, por supuesto, que se está convirtiendo en una herramienta fundamental para preservar las zonas verdes, que son patrimonio de la humanidad. 
Con este fin, parece apropiada la creación de un programa comercial especial para países en dificultades, así como el fomento de acuerdos con organismos internacionales que puedan aliviar la crisis que amenaza la estabilidad de todo un continente. 
En mi opinión, es necesario revisar los acuerdos comerciales que mantenemos con estos países, así como las relaciones entre Europa y el Mercosur. 
Las barreras y las restricciones al comercio entre la Unión Europea y América del Sur han de desaparecer para estimular la economía mundial, amenazada por estas crisis. 
No debemos olvidar que Europa es el principal socio comercial de los países del Mercosur, y que ser económicamente estables y abiertos al comercio ayudaría a estos países a recuperarse y a resolver sus problemas sociopolíticos. 
Hemos de renegociar la deuda externa y establecer un sistema de igualdad entre los diferentes países que integran el Mercosur, con el objeto de proteger los derechos humanos fundamentales e impedir la aparición de problemas socioculturales como los que afligen en la actualidad al continente. 
Señora Presidenta, la intervención del Sr. Patten ha sido realmente inteligente, demuestra su capacidad y su conocimiento. 
El Sr. Patten conoce perfectamente la zona del Asia Oriental- ha tenido gran relación con ella- y, probablemente, la mayor parte de los que intervenimos hoy conocemos más bien la zona de América del Sur. 
Ha expuesto la situación en unos términos muy claros y muy económicos, y es que, mientras que los países del Extremo Oriente, en los últimos años, han pasado de la miseria- adaptándose a la nueva situación- a un nivel de vida más elevado, en los países de América Latina ha bajado el nivel de vida y, en cincuenta o sesenta años, un país como Argentina ha pasado de superar la media europea a estar por debajo de ésta. 
El Sr. Patten tiene razón, pero el problema es que en este momento- nos lo dicen los países de América Latina- el sistema internacional está obligando a los países de América Latina a bajar su nivel de vida, a proletarizarse y a introducir una verdadera revolución, es decir, a «asiatizarse». 
El problema es cultural y grave. 
Y nosotros esperamos, desde luego, que la Unión Europea tome en cuenta no sólo los fríos factores económicos, sino los factores culturales y políticos que condicionan el mantenimiento de la democracia en esa zona. 
Señora Presidenta, a pesar de los relatos ofrecidos por los medios de comunicación, el asunto América Latina no figura en el orden del día, por lo que no podemos analizar ni las causas ni las consecuencias de lo que está sucediendo allí. 
Europa ha sido una irresponsable en lo que respecta a esta cuestión y debemos cambiar el enfoque sin más tardanza. 
Pienso que tenemos grandes responsabilidades morales con América Latina, y que el diálogo Norte/Sur y la cooperación y el desarrollo carecen de sentido a menos que pasemos de las palabras a la acción. 
Por tanto, hemos de dar coherencia a todo el conjunto de medios de los que dispone Europa: la superación de las diferencias con el Consejo- podríamos comenzar por ahí -, la intervención eficaz y personalizada en nombre de Europa en el marco del FMI, las posibilidades abiertas por nuestros mecanismos comerciales preferenciales, la asistencia financiera y los acuerdos de adhesión. 
Señora Presidenta, todo esto implicará un esfuerzo considerable para que Europa reafirme, como muy bien indica la resolución, nuestro compromiso de solidaridad con América Latina, que es también un compromiso con la democracia en el mundo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0293/2002) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Hautala por su gran capacidad de diálogo y por su trabajo, que nos han permitido llegar a acuerdos. 
Coincidimos plenamente con ella en que es importante que los ciudadanos tengan acceso lo antes posible a los combustibles de bajo contenido en azufre. 
La presente Directiva responde a las conclusiones de los programas Auto-Oil llevados a cabo por la Comisión y nos permitirá disfrutar de una mayor calidad del aire, de lo que nos congratulamos. 
Está claro que el objetivo de esta Directiva es cien por cien medioambiental y por ello es aplaudida por todos. 
Pero, no obstante, en cualquier caso, debemos ser pragmáticos y analizar las circunstancias. 
La producción de nuevos combustibles sin azufre va a originar incrementos de CO2 en las refinerías y éstas, además, van a tener que hacer inversiones muy costosas para obtenerlo. 
Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos en los motores y catalizadores de los vehículos, hoy se puede conseguir un balance positivo en la reducción de las emisiones de CO2, porque las que proceden de las refinerías serán menores que las que van a dejar de emitir los vehículos que utilicen el nuevo carburante. 
Pero esto sólo ocurrirá cuando la comercialización del carburante libre de azufre coincida en el tiempo con un parque automovilístico de volumen suficiente, tecnológicamente adaptado para utilizar este combustible. 
Los automóviles actuales pueden utilizar perfectamente los nuevos combustibles pero sin la pretendida reducción de emisiones de CO2. 
Es decir, si la producción y disponibilidad equilibrada de los nuevos combustibles no se hace a la vez que se renueva el parque de vehículos, se puede producir un incremento global de las emisiones, y además a un coste importante. 
Podemos imponer a las empresas- con una directiva- que pongan en el mercado carburante con 10 ppm de azufre, pero no podemos obligar a los consumidores a cambiar de coche al mismo tiempo. 
Por ello apoyamos- y pido al Parlamento que apoye- la posibilidad de revisar en el año 2005 el período para la plena introducción del combustible diesel, especialmente en lo que se refiere a los tractores agrícolas y a otros vehículos no de carretera, porque, si bien es deseable que utilicen un combustible sin azufre, lo cierto es que el ritmo de renovación de estos vehículos es mucho más lento y el volumen de combustible consumido es relativamente bajo. 
Por último, aunque ya se ha hablado de ello, como ponente del informe sobre la Directiva de biocarburantes voy a referirme a la volatilidad, que puede afectar a su aplicación. 
Se trata de las especificaciones técnicas de los combustibles aplicados en la mezcla. 
La mezcla de bioetanol con gasolina produce un incremento de la volatilidad del combustible resultante y en los países con veranos calurosos se puede sobrepasar- en dicha estación- los límites de presión establecidos en, aproximadamente, el 10%. 
Esta circunstancia perjudica gravemente la competitividad de dichas mezclas. 
Pero la propuesta sobre biocarburantes fue hecha por la Comisión con posterioridad a la primera lectura de esta Directiva sobre calidad de gasolinas y, por lo tanto, no hemos tenido la oportunidad de que se admita una enmienda ad hoc en este sentido para esta segunda lectura. 
Por ello, pido a la Comisión y al Consejo que, en aplicación de los artículos 9 y 10 de la Directiva 98/70/CE, proponga cuanto antes nuevas especificaciones y métodos de prueba para los biocarburantes y para los combustibles utilizados por las flotas cautivas. 
Asimismo, es urgente autorizar contenidos de mezclas superiores al 5%. 
Yo también he hablado con los fabricantes de automóviles y me aseguran que mezclas del 10% son perfectamente utilizables con los motores actuales sin ninguna necesidad de cambio y ningún perjuicio para el motor. 
Los biocarburantes son una buena opción para mejorar, también, la calidad del aire en nuestras ciudades y, sobre todo, para diversificar las fuentes de abastecimiento energético. 
Señor Presidente, en mi opinión, la Sra. Hautala ha elaborado, una vez más, un informe muy importante, que ha recibido un gran apoyo por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Además, el Grupo de los Verdes apoya por completo las 13 enmiendas. 
De hecho, el informe habría sido innecesario si, hace cuatro años, durante las negociaciones con el Consejo, hubiéramos sido capaces de convencer a los ministros de que también consideraran las cifras. 
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente, sin embargo, no fue lo suficientemente flexible. 
En aquellos días, el debate se centró en la cuestión de si se debía establecer como objetivo un bajo contenido en azufre de 50 ppm o menor. 
Ahora estamos hablando de reducir el contenido en azufre a 10 ppm. 
Estamos ahora hablando de una generación de convertidores catalíticos mejorados a punto de salir al mercado, lo que es de lamentar. 
Quisiera hacer hincapié en que fue Alemania quien echó a rodar la pelota, y estoy satisfecho de que ahora se haya alcanzado un resultado satisfactorio. 
Tengo algunas preguntas para los demócrata-cristianos, pues no entiendo por qué afirman que se debería actuar de manera diferente con los tractores: estos vehículos se beneficiarían igualmente de los carburantes limpios y, como consecuencia, contaminarían menos. 
Incluso los tractores viejos que no tienen instalados los nuevos convertidores catalíticos pueden salir ganando en términos medioambientales. 
Por supuesto, es cierto que estos nuevos combustibles serán un poco más caros que los viejos combustibles contaminantes. 
Si el problema es que los agricultores tendrán que pagar un poco más, entonces, como miembro del Grupo de los Verdes, opino que la importancia de este asunto lo justifica. 
Si éste es todo el problema para los demócrata-cristianos, deberían decirlo así. Sería una pena que se abstuvieran en la votación de mañana, pues, en ese caso, no podríamos lograr la mayoría necesaria. 
Además, es importante para la industria saber, en esta fase, cuáles son exactamente los requisitos, sin tener que esperar hasta el año 2005. 
Por eso, quisiera instar a los demócrata-cristianos a que vuelvan a considerar el informe con mucho detenimiento, y a que se ablanden y voten en sintonía con toda la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, en lo que se refiere a la fabricación de vehículos mejores desde el punto de vista medioambiental, estamos a punto de asistir a cambios importantes y radicales. 
En los próximos años, los nuevos motores reducirán el consumo de combustible y perfeccionarán los mecanismos de limpieza de los gases de escape. 
La moderna tecnología de sensores, como los sensores de combustible, posibilita grandes mejoras en los motores, desde el punto de vista medioambiental, pero los motores, al mismo tiempo, serán más sensibles a la contaminación. 
Estos avances medioambientales no serán posibles a menos que vayan acompañados de una mejora de la calidad de los combustibles. 
Unos combustibles más limpios nos dan la oportunidad de sacarle todo el partido a la mejora medioambiental que trae consigo la nueva tecnología de motores. 
Unos combustibles de mala calidad, por contra, pueden resultar negativos para la nueva generación de motores, así como ser perjudiciales para la tecnología y el funcionamiento de dichos motores. 
Esta directiva se necesita con urgencia, y representa un importante paso adelante para lograr unos niveles bajos de contaminación atmosférica y un mejor medioambiente. 
Antes de la primera lectura del Parlamento del proyecto de directiva, había preparado 14 enmiendas para conseguir que los requisitos sobre la calidad del combustible sean más estrictos. 
La mayoría de ellas fue aprobada, y estoy muy contento de que, en la posición común, el Consejo acepte casi todas las propuestas del Parlamento procedentes de la primera lectura. 
Una gran parte del debate de la segunda lectura se ha centrado en la cuestión de si la directiva debía afectar a todos los vehículos. 
Se están produciendo avances tecnológicos en los motores de máquinas móviles y tractores, de modo que todos éstos pueden quedar regulados, como el resto de vehículos, por la Directiva sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo. 
No hacen faltan exenciones para el llamado gasóleo sin azufre. 
Es una idea falsa que los motores antiguos necesitan azufre en el combustible y que los motores nuevos no lo toleran. 
Si estos vehículos quedan completamente regulados por la directiva, el medioambiente será el mayor beneficiado. 
Una posible reducción de impuestos para, por ejemplo, los agricultores podría contrarrestar el aumento de precio de los carburantes limpios. 
El Programa Auto-Oil de la Unión Europea, junto con esta Directiva sobre la calidad de los carburantes, va a desempeñar un papel de gran importancia para reducir los efectos medioambientales negativos del tráfico de vehículos. 
Esto demuestra la fortaleza y la capacidad de la Unión Europea en asuntos medioambientales importantes, y también que el uso de la moderna tecnología medioambiental es preferible a una prohibición. 
La ponente, la Sra. Hautala, ha dado un paso adelante en este asunto y ha logrado claros avances, y confío en que esta Cámara acepte el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, soy de un país en el que abunda el agua, y además tengo mi casa en Amsterdam cerca del agua. 
Les puedo asegurar que estas embarcaciones arman un jaleo de mil demonios y emiten una gran cantidad de gases de escape, una cantidad mucho mayor que la que emiten los coches. 
¿Por qué? 
Porque hemos mejorado mucho los automóviles en el transcurso de los últimos diez o quince años. 
De hecho, es por iniciativa de la industria naviera alemana y sueca que tenemos ante nosotros estos avances que reducirán, en cierta medida, el ruido y los gases de escape, y que han sido aprobados por la Comisión. 
Por desgracia, no hemos sido lo suficientemente ambiciosos: podríamos haberlo hecho mejor, como ya ha indicado la Sra. Schleicher. 
La nueva tecnología ya está disponible pero, como no se está aplicando, nos vemos obligados a proporcionar una protección extra a zonas con problemas medioambientales. 
Estoy también a favor del mercado interior, pero deberíamos haber optado por esas normas más estrictas, que son técnicamente posibles de cumplir. 
Esperemos que sea posible hacerlo por medio de la cláusula de revisión. 
Me complace que el ponente haya estado de acuerdo con mis enmiendas y que vayamos a hacer algo con respecto a los lubricantes. 
Debido a que un elevado número de embarcaciones sufre escapes, una gran parte del lubricante se filtra. 
El lubricante orgánico también padece escapes, pero no representa ningún problema. 
El lubricante orgánico se emplea, por ejemplo, en el famoso lago de los Alpes del que hemos hablado antes, donde es obligatorio. 
En efecto, debería hacerse obligatorio o, al menos, fomentarse su uso en muchos más lugares, algo factible mediante una sencilla norma fiscal. 
Sugerimos a los Estados miembros que lo consideren. 
Sugiero asimismo que la Comisión lo considere cuando revisemos esta directiva, porque entonces podríamos contemplar las embarcaciones limpias que apenas hacen ningún ruido, que casi no producen emisiones de gases, que no sufren escapes, que no dejan charcos de residuos en el agua y que ni son feas ni dañan el medioambiente. 
Todas estas embarcaciones juntas vierten una gran cantidad de aceite, y se podría dar con alguna solución sin demasiado esfuerzo. 
Espero que el Comisario esté dispuesto a considerar este asunto con detenimiento durante el proceso de revisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0491/02) , en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la revisión del derecho de marcas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a pesar de haber suscrito el informe Mayer, me sorprendió un poco la pregunta planteada a la Comisión, puesto que el calendario acordado para llevar a cabo estos estudios no se ha respetado. 
Y lo que es más: estoy convencida de que el paso de un agotamiento comunitario del derecho de marcas a un agotamiento de ámbito internacional podría tener efectos negativos desde un punto de vista económico y jurídico. 
Ni el estudio NERA ni el estudio llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia de The Economist han demostrado que el sistema de agotamiento internacional del derecho de marcas tenga, a largo plazo, un efecto significativo sobre los precios para el consumidor. 
Éste no se beneficiaría de tal cambio, y tengo aquí conmigo un artículo publicado en el Evening Standard del 4 de septiembre en el que se señala que Tesco, bien conocida por su apoyo al sistema de agotamiento internacional, no ha trasladado al consumidor el considerable ahorro que ha obtenido gracias a las importaciones paralelas. 
Además, si deseamos aprobar el agotamiento internacional, debemos enmendar no sólo la Directiva de 1988, sino también el Reglamento de 1993 que establece la marca comunitaria y el agotamiento comunitario. 
Sería inconcebible que el agotamiento internacional se aplicara a la marca nacional y no a la marca comunitaria. 
Una solución de este tipo significaría el final de las marcas nacionales, que son muy apreciadas por los Estados miembros y que las compañías necesitan, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en los casos frecuentes en que una protección por todo el territorio de la Unión Europea resulta, a su juicio, inútil y costosa. 
Más que nunca, en un contexto de creciente mundialización, debemos resaltar la importancia económica de la Unión Europea, integrando el mercado único y otorgando más valor a nuestra creatividad. 
Ni los Estados Unidos ni el Japón han aprobado un agotamiento internacional de los derechos de marcas. 
Si la Unión Europea optara por esta vía unilateralmente, ocasionaría trastornos en la competencia entre la Unión Europea y terceros países. 
La protección de las marcas es fundamental para la economía europea y la seguridad del consumidor. 
Una marca es la garantía de autenticidad y de calidad de un producto. 
Además, el actual sistema nos permite protegernos mejor de las falsificaciones, pues las importaciones paralelas suponen un gran peligro, ya que utilizan los mismos canales que los productos piratas y las falsificaciones. 
El Sr. Mayer ha planteado una cuestión, pero a mí se me está ocurriendo otra pregunta que creo que es fundamental: ¿Por qué la Unión Europea no ha firmado todavía el Protocolo de Madrid, que nos permitiría contar con un sistema de protección de marcas integrado, eficaz, global y transparente? 
Estoy esperando, y rezo por ello, a que la Unión Europea firme este protocolo. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar al grupo autor de la pregunta y, en concreto, al Sr. Mayer, por lo oportuno de la misma. 
Asimismo, agradezco al Comisario su respuesta. 
Creo que, aunque todavía no haya vencido el plazo al que se refería la resolución del año pasado del Parlamento Europeo, hacer un seguimiento de la misma y estar informados, continuar el debate, es una obligación que nos corresponde como parlamentarios. 
El año pasado, en el debate del informe Mayer, ya tuvimos ocasión de darnos cuenta- como también ocurre hoy, por las intervenciones que me han precedido- de las dificultades que entraña obtener un criterio ampliamente mayoritario sobre este delicado tema, tanto en esta Asamblea como en la sociedad. 
Creo que el problema no se encuentra tanto en la Directiva de marcas sino en la interpretación que la sentencia Silhouette hizo del artículo 7 de la Directiva de marcas. 
Antes de esa sentencia había países donde, o bien por legislación- como Suecia- o bien por construcción jurisprudencial- como España -, se permitía el principio del agotamiento internacional de la marca, que a partir de dicha sentencia quedó claramente prohibido. 
Si bien es cierto que hay muchos intereses en conflicto, no lo es menos que debemos atenernos a los intereses de los consumidores y resulta inconcebible que los consumidores europeos, por una interpretación extensiva del derecho de marcas, que va más allá del principio de que ésta se limita a designar el origen de un producto, no puedan adquirir bienes a precios más baratos. 
La cuestión no se puede solucionar exclusivamente, como dice algún informe, aplicando las normas de competencia del Tratado, y ello por la sencilla razón de que el abuso de posición dominante solamente se aplica a quien tiene posición dominante en un mercado relevante determinado, y todos sabemos que, en estos tipos de productos protegidos por marca, es muy difícil que exista una marca que pueda merecer la calificación de dominante. 
Hasta ahora la Comisión- esperamos estos informes que ha solicitado- se ha referido al informe Nera, en el que se aseguraba que el reconocimiento del agotamiento internacional no afectaría a los precios más allá del 2%. 
No estoy de acuerdo con esta conclusión y, aunque poco valor se le pueda dar a la experiencia personal, puedo dar infinidad de ejemplos de cómo productos que en otros países o bien en el mío propio, cuando se permitía el agotamiento internacional, podían venderse a precios considerablemente más baratos, a partir de la sentencia Silhouette solamente se pueden encontrar en las redes de distribución oficiales y a precios considerablemente más caros. 
Frente al informe Nera, la Comisión conoce indudablemente el trabajo realizado por la autoridad sueca de la competencia, que llega, en ese trabajo, a conclusiones radicalmente diferentes a las del informe Nera y a las mantenidas en el día de hoy por la Sra. Fourtou. 
En consecuencia, creo que es el momento de invitar a la Comisión a que presente el informe, tal y como el Parlamento Europeo se lo había solicitado en su momento. 
Llegado ese momento, creo que tendremos ocasión de insistir de nuevo en este debate. 
El debate queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 22.35 horas.) 
- (DA) Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Santini (A5-0312/2002). 
Estamos de acuerdo en que la Unión Europea debería establecer normas mínimas para la justicia gratuita, etc. No obstante, somos conscientes del hecho de que la directiva está cubierta por el título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y no es aplicable a Dinamarca, cf. el protocolo sobre la postura de Dinamarca. 
Defensor del Pueblo Europeo (2001) Deliberaciones de la Comisión de Peticiones 2001-2002 
Se procede al debate conjunto sobre los siguientes informes: 
el informe (A5-0267/2002) del Sr. Wyn, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2001 [C5-0296/2002- 2002/2086 (COS) ], y 
el informe (A5-0271/2002) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2001-2002 [2002/2019 (INI) ]. 
El Sr. Söderman, Defensor del Pueblo Europeo, tiene la palabra. 
Señora Presidenta, la oficina del Defensor del Pueblo inició su andadura el 1 de septiembre de 1995. 
Desde entonces y hasta el 15 de septiembre del 2002, la oficina ha recibido 10.535 reclamaciones, de las cuales se han estudiado 10.437. 
Hemos llevado a cabo 1.385 investigaciones completas, de las cuales 19 han sido de oficio. 
De estos casos, 1.149 implicaban a la Comisión, 137 concernían a la administración del Parlamento Europeo, 53 al Consejo y 12 al Banco Europeo de Inversiones. 
Si examinamos los resultados, 345 casos han sido resueltos por la propia institución implicada, después de que el Defensor del Pueblo le informara de la reclamación. 
En 206 casos se realizó un comentario crítico, en 48 casos la investigación dio como resultado un proyecto o propuesta para llegar a una solución amistosa. La mayor parte de los casos se resolvieron para satisfacción del demandante. 
En seis casos se realizó un informe especial para el Parlamento Europeo, y en cuatro de ellos el Parlamento apoyó las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Todavía quedan pendientes dos casos. 
En 659 casos, tras una investigación minuciosa, el Defensor del Pueblo no encontró defectos de administración en las actividades de la institución. 
Cuando los casos se sitúan fuera del mandato del Defensor del Pueblo, siempre intentamos remitir al demandante a otro organismo que pueda hacerse cargo del asunto. 
Hemos aconsejado al demandante que acuda al Defensor del Pueblo nacional o regional o que dirija una instancia al Parlamento nacional o regional en 2.293 casos, que dirija una instancia al Parlamento Europeo en 884 casos y que se dirija a la Comisión en 913 casos. 
Durante estos años se han levantado voces críticas afirmando que la figura del Defensor del Pueblo no se conoce suficientemente, y que los resultados son insuficientes para los ciudadanos porque las instituciones no cooperan ni respetan su obligación de buena administración. 
Algunas voces críticas también han sugerido que el mandato resulta demasiado restringido, y que el Defensor del Pueblo Europeo debería ocuparse de las reclamaciones referentes a la legislación Comunitaria allí donde ésta se aplique, o que incluso debería convertirse en una Tribuna Popular, siempre dispuesta a condenar la injusticia dondequiera que se produzca. 
No cabe duda de que el Defensor del Pueblo Europeo es uno de los defensores del pueblo más conocidos del mundo. 
Nuestra campaña de información se realiza en 12 lenguas comunitarias y se dirige a 350 millones de ciudadanos y residentes de 15 Estados miembros. 
Hemos visitado todos los Estados miembros, emitido comunicados de prensa, publicado folletos informativos y dado varias conferencias y seminarios para dar publicidad a nuestra labor. 
Una de las maneras más eficaces de comunicarnos con una vasta audiencia es a través de Internet. 
Cerca de 2.500 páginas web contienen vínculos activos con el sitio del Defensor del Pueblo Europeo, y casi un 42% de las reclamaciones se envían por vía electrónica, utilizando el formulario electrónico de reclamación. 
El aumento constante del número de reclamaciones constituye la mejor prueba de que el Defensor del Pueblo es cada vez más conocido. 
Cada mes nos llegan 200 nuevas reclamaciones, lo que supone casi un 300% de aumento respecto al primer año de cooperación en 1996. 
Los resultados del trabajo del Defensor del Pueblo para los ciudadanos europeos también son impresionantes. 
Tres de ellas merecen una mención especial. 
En primer lugar, hemos convencido a las instituciones y a algunos órganos comunitarios, incluidos el Banco Central Europeo y Europol, de que mejoren el acceso público a sus documentos. 
En segundo lugar, una investigación de oficio dio lugar a que 17 instituciones y órganos comunitarios adoptasen códigos de buena administración, basados en un borrador propuesto por nosotros. 
Tras un informe especial, el Parlamento Europeo adoptó el pasado año una versión revisada del Código de Buena Conducta Administrativa. 
Hemos distribuido esta versión mejorada del Código a todas las instituciones y a ciudadanos europeos, cuyo derecho a la buena administración está expresado en el Código. 
Tal y como instruye el Parlamento Europeo, aplicamos el Código al decidir si existe o no mala administración. 
El tercer logro se refiere a la Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada en Niza en el mes de diciembre del 2000. 
El Defensor del Pueblo propuso la idea de que la Carta incluyese el derecho a la buena administración. 
Esto se incluyó en el artículo 41 de la Carta. 
El Defensor del Pueblo también ha promovido la plena y correcta aplicación de la Carta. 
Las instituciones de la Unión proclaman con solemnidad que la Carta expresa los derechos fundamentales de los ciudadanos.. 
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo considera que una mala administración se produce cuando las instituciones fracasan en el respeto de estos derechos durante el ejercicio de sus propias actividades. 
Además, las propuestas del Defensor del Pueblo a la Convención Europea incluyen la idea de que la Carta debe ser de obligatoriedad jurídica dondequiera que se aplique la legislación Comunitaria. 
En contra de lo que afirman las voces críticas, las instituciones y órganos comunitarios se merecen un reconocimiento por su actitud cooperativa con el Defensor del Pueblo. 
En general, han respondido con rapidez y de manera adecuada a las investigaciones del Defensor del Pueblo, y han aceptado las soluciones amistosas y los proyectos de recomendaciones del mismo. 
Sólo han surgido problemas en un pequeño número de casos. 
En un caso referente al acceso a la información, la Comisión rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo y no actuó sobre una resolución del Parlamento Europeo que apoyaba al Defensor del Pueblo. 
Lamento que este caso forme parte de una tendencia más general hacia el mal uso de las normas de protección de datos para detener o dar marcha atrás a nuestro compromiso de transparencia. 
La mayoría de las instituciones y órganos comunitarios también han adoptado un código de buena conducta administrativa. 
Aún no entiendo por qué no se ha dado curso a la resolución del Parlamento de septiembre del 2001, en la cual se pedía una legislación administrativa europea. 
En mi opinión, la aplicación de un conjunto uniforme de normas para todas las instituciones y órganos comunitarios aumentaría las relaciones de la Unión con sus ciudadanos. 
También lamento que el Reglamento del personal mantenga el anticuado requisito de la previa aprobación de publicaciones por parte de los funcionarios. 
Reconozco que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo es limitado. 
Siempre he opinado que se necesita una red de defensores del pueblo y comisiones de peticiones para supervisar la aplicación de la legislación comunitaria por los Estados miembros. 
Nosotros hemos desarrollado esta red con el fin de compartir información, aconsejar y asegurar que las reclamaciones se dirijan al organismo más competente. 
Un mayor desarrollo de esta red ayudaría a la Comisión, en su papel de guardiana de los Tratados, a centrar sus recursos en los asuntos de principio más importantes. 
Los ciudadanos nunca confiarán plenamente en la Unión Europea a menos que la legislación comunitaria no se respete en todos los niveles de la Unión. 
En una legislación comunitaria futura, los Estados miembros deberían incluir la Carta de los Derechos Fundamentales. 
La red de defensores del pueblo de los Estados miembros también debería desempeñar un papel esencial en la supervisión de la aplicación de la Carta. 
El Defensor del Pueblo Europeo estaría dispuesto a aceptar la responsabilidad de referir casos fundamentales al Tribunal de Justicia, si no se encontrase solución en una investigación normal del defensor del pueblo. 
Espero que los representantes del Parlamento en la Convención Europea apoyen estas propuestas. 
Finalmente, me gustaría dar las gracias a todas las instituciones y órganos comunitarios, y en especial a la Comisión Europea, quien ha cooperado de manera eficaz con el Defensor del Pueblo en beneficio de los ciudadanos europeos. 
También quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo y a su Comisión de Peticiones por sus consejos y apoyo. 
Quiero dar las gracias especialmente al presidente de la Comisión, Sr. Gemelli, y al ponente que este año se ha encargado del Informe Anual del Defensor del Pueblo, Sr. Wyn. 
Muchas gracias. 
Agradezco sus propuestas para alcanzar una mayor cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones, y espero que dichas propuestas den un resultado concreto en beneficio de los ciudadanos europeos. 
. (EN) Señora Presidenta, es para mí un placer ratificar el informe anual del año 2001 presentado por el Defensor del Pueblo, que representa una visión general amplia y detallada de las actividades durante el año y, en particular, de todos los casos tramitados. 
Después de siete años, el papel del Defensor del Pueblo Europeo- mejorar la transparencia y la responsabilidad democrática en la toma de decisiones y la administración de la Unión Europea- es bien conocido. 
En su empeño por abordar la mala administración en las instituciones y órganos comunitarios, el papel del Defensor del Pueblo ha realizado una importante contribución al logro de una Unión en la que las decisiones se tomen realmente de la manera más transparente y cercana posible al ciudadano. 
El hecho de que el número de reclamaciones directas aún esté aumentando en el año 2001 demuestra claramente que el Defensor del Pueblo llega a un mayor número de personas en el curso de sus actividades. 
El actual Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, a quien ya hemos escuchado, se ha convertido en una figura reconocida y respetada en la Unión Europea, y la recepción de premios como el Alexis de Tocqueville así lo demuestra. 
Incluso ha visitado mi propio país, Gales, demostrando así su compromiso y dedicación de visitar algunos de los lugares más importantes del mundo. 
Durante su mandato ha hecho hincapié en el estado de derecho, tomándose en serio los derechos fundamentales y aplicando principios básicos de buena administración, tales como transparencia, responsabilidad y respeto a los ciudadanos. 
Esto se ha llevado a cabo en 15 Estados miembros y utilizando 12 lenguas comunitarias. 
¡Se ha ganado la jubilación! 
El informe agradece que las autoridades europeas estén actuando cada vez más para solucionar una reclamación una vez que son conscientes del problema en cuestión y de que, en otros casos, se haya llegado a una solución amistosa. 
También debemos felicitar al Defensor del Pueblo por sus esfuerzos por informar a un mayor número de ciudadanos de su derecho a reclamar. La Comisión de Peticiones es plenamente consciente de esta cuestión. 
Esto significa que la labor del Defensor del Pueblo tiene que incluir la actualización continua de su página web con el fin de dar a conocer su papel a un público cada vez más amplio, y de establecer una red de vínculos con defensores del pueblo regionales. 
A este respecto, el Defensor del Pueblo se enfrenta, por un lado, al deseo de informar al mayor número de personas posible de su derecho a reclamar y, por otro, al hecho de que su cometido se ciñe a las instituciones comunitarias. 
Desde el Parlamento tenemos algo que decir al respecto, y debemos asegurarnos de que seguimos siendo concientes del papel del Defensor del Pueblo e informamos a los ciudadanos de este derecho. 
Sin embargo, durante este período el trabajo del Defensor del Pueblo ha tropezado con varios obstáculos. 
En el ámbito de la buena administración, el pasado mes de septiembre el Parlamento Europeo adoptó unánimemente el Código de Buena Conducta Administrativa, e invitó a la Comisión a que propusiera un reglamento al respecto. 
Agradezco la decisión del Defensor del Pueblo de aplicar en sus actividades los principios enunciados en el código. 
Sin embargo, me gustaría expresar mi decepción porque la Comisión todavía no ha respondido a esta importante petición. 
El informe invita al Parlamento a que redacte un informe de iniciativa legislativa sobre la base de este código modelo conforme al artículo 192 del Tratado y el artículo 59 del Reglamento. 
En relación con la transparencia y la buena conducta administrativa, este informe observa que algunas instituciones han intentado utilizar las normas de protección de datos recientemente adoptados para imponer confidencialidad en sus actividades. 
Hay que dejar claro que las normas de protección de datos se refieren principalmente a la protección de la vida privada y familiar, y que no deben en modo alguno restringir la información disponible a los ciudadanos sobre las actividades de las instituciones de la Unión Europea. 
Respecto del procedimiento por incumplimiento, el artículo 226, en el cual la Comisión investiga las reclamaciones sobre el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros, y que continúa siendo tema de reclamaciones al Defensor del Pueblo- y esto es algo que conocemos muy bien en la Comisión de Peticiones -, el informe constata que, a pesar de algunas mejoras recientes, el procedimiento es secreto, y que el demandante todavía no está reconocido como un participante. 
Se producen retrasos porque la Comisión tiene que ocuparse de demasiados casos. 
El Defensor del Pueblo criticó públicamente el trato que dio la Comisión a una reciente reclamación de Grecia, en la cual las autoridades griegas habían incumplido la legislación comunitaria sobre medio ambiente. 
Las investigaciones revelaron que se había ocultado toda una serie de información, se había aplicado la Directiva incorrecta y no se había tratado el caso de forma imparcial. 
Aunque apreciamos el duro trabajo llevado a cabo por la Comisión, el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones dependen de la efectividad de sus investigaciones, y debemos confiar en que estos casos se traten de forma correcta. 
Finalmente, agradezco la oferta del Defensor del Pueblo de desarrollar actividades conjuntas con la Comisión de Peticiones a fin de reforzar los contactos y el intercambio de experiencias con los defensores del pueblo nacionales y regionales y las comisiones de peticiones. 
La cooperación estrecha entre la oficina del Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones tiene una importancia vital. 
Nuestro trabajo está interrelacionado, y hemos tenido excelentes ejemplos sobre la forma de colaborar más estrechamente cuando el Defensor del Pueblo se dirigió a la Comisión de Peticiones en el mes de abril. 
Felicito al Defensor del Pueblo por este informe y le deseo una muy feliz jubilación. 
Señora Presidenta, el informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones en el año 2001-2002, del cual soy ponente, y el informe anual paralelo sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo, que se debaten hoy de forma conjunta, no deben considerarse dos informes rutinarios. 
Existen razones muy concretas para ello. 
Estos informes hacen referencia a dos derechos fundamentales de los ciudadanos europeos: el derecho de petición y el derecho de reclamación. 
Estos derechos están unidos de forma inextricable a su nacionalidad, y constituyen la manera principal que tiene el Parlamento Europeo de consolidar el control político acerca de dónde y cómo se aplica el derecho comunitario por parte de las instituciones comunitarias y los Estados miembros. 
Estas peticiones y reclamaciones nos proporcionan una idea muy concreta del grado de cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos europeos con respecto a Europa. 
Si desarrollamos de forma adecuada las instituciones de petición y reclamación, podremos dar una expresión real al objetivo de acercar Europa a sus ciudadanos, reforzar las credenciales democráticas de la Unión Europea y, en concreto, del Parlamento Europeo, y conseguir el tan cacareado objetivo de mayor transparencia. 
Por tanto, me gustaría invitar a Sus Señorías a que estudien cuidadosamente estos informes y las propuestas, concebidas todas para incrementar la fiabilidad de las instituciones comunitarias y para asegurar que las medidas adoptadas se implementen de forma más eficaz. 
Muchas de estas propuestas se pueden implementar en el marco de los Tratados vigentes. 
Otras necesitan que se revisen los Tratados. En este sentido, resulta interesante el informe redactado por el Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, para el presidente de la Convención sobre el futuro de Europa. 
En cuanto a las propuestas contenidas en mi informe, que la Comisión de Peticiones aprobó por unanimidad, me gustaría comentar una que a mi entender tiene un valor tanto simbólico como práctico. 
El Parlamento examina tres informes cada año. 
El primero es el informe de la Comisión de Peticiones, que examina las peticiones de los ciudadanos europeos sobre deficiencias en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros. 
El segundo, el informe del Defensor del Pueblo, examina las reclamaciones sobre el incumplimiento del derecho comunitario por parte de las instituciones de la Comunidad. 
El tercero, presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, se refiere a la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros. 
En otras palabras, estos tres informes están directamente relacionados y tienen objetivos comunes, y no está justificado que se estudien por separado. 
Deberían tratarse de manera conjunta en un período parcial de sesiones con la mayor publicidad posible. 
Al mismo tiempo, en vista de que, de una forma u otra, los tres informes implican a autoridades nacionales, tales como parlamentos nacionales, juzgados nacionales y departamentos administrativos nacionales, y muchos de los asuntos tratados en ellos dependen de su grado de compromiso y control, creo que debería estudiarse la posibilidad de que estos informes se debatan en el Parlamento Europeo en presencia de representantes de las autoridades nacionales. 
De esta manera se mejorará la cooperación, en especial con los parlamentos nacionales, y el debate obtendrá la máxima publicidad y despertará el interés de los ciudadanos europeos. 
Otro punto que emerge del estudio es el creciente número de peticiones y reclamaciones, que puede considerarse positivo porque demuestra que los ciudadanos se involucran en el ejercicio de estos derechos. 
Sin embargo, a partir de un cierto punto, se crean problemas prácticos que necesitan una solución. 
Es obvio que estos problemas aumentarán tras la ampliación. 
Por lo tanto, tarde o temprano tendremos que constituir estas instituciones sobre una base diferente. 
Para ser más precisos, tenemos que estudiar la posibilidad de descentralizar los servicios con ayuda de los defensores del pueblo nacionales o las comisiones de peticiones y, posiblemente, de las oficinas del Parlamento Europeo en las capitales de los varios Estados miembros. 
Hay otras propuestas que merecen consideración, pero dispongo de poco tiempo para comentarlas. 
Me limitaré a hacer algunos comentarios sobre el contenido del informe. 
Los asuntos sociales han sido el área más delicada en el año que estamos analizando. 
Se han producido problemas relacionados con el libre movimiento, tales como violación del derecho de residencia, doble imposición, fracaso en el intento de salvaguardar los derechos de seguros, asuntos medioambientales y el reconocimiento de diplomas y cualificaciones. 
Resulta alentador que, en numerosos casos, cuando se contactó con las autoridades nacionales relevantes, se hizo justicia a los peticionarios. 
También es alentador el incremento del número de peticiones colectivas, es decir, peticiones con más de mil firmas. 
El potencial de las peticiones colectivas es algo que deberíamos analizar, porque también concierne a las organizaciones no gubernamentales. 
Para concluir, sería un enorme descuido por mi parte, en vista de la inminente partida del Defensor del Pueblo, Sr.Söderman, si no le felicitase y expresase mi admiración por la labor que ha desempeñado, labor que justifica la institución del defensor del pueblo a los ojos de los ciudadanos de Europa, y que deja una importante herencia que hay que salvaguardar y reforzar en el futuro. 
. (EN) Señora Presidenta, el debate anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo Europeo centra nuestra atención en la relación entre los ciudadanos y las instituciones. 
Esta relación es fundamental, y forma la base de todas nuestras políticas, puesto que, en última instancia, se dirigen a los ciudadanos. 
Por lo tanto, es importante que una vez al año el Parlamento, el Defensor del Pueblo y la Comisión evalúen la manera en que esta dimensión se tiene en cuenta en sus actividades regulares y cotidianas. 
Sin embargo, este año el debate es diferente por dos razones. 
En primer lugar, la Convención está trabajando a marchas forzadas. 
Planificará en detalle el futuro de Europa, y tanto la Comisión de Peticiones como el Defensor del Pueblo han remitido a este órgano comunitario el tema de los derechos de los ciudadanos a través de propuestas relativas, por una parte, al derecho de petición y, por otra, a la Carta de los Derechos Fundamentales, que constituye una legislación administrativa y un recurso de apelación. 
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, ha afirmado que desea retirarse a finales de marzo del año 2003. Por lo tanto, ésta será la última vez que presente su informe anual a esta Asamblea. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Sr. Söderman, en nombre de la Comisión, por el trabajo que ha llevado a cabo desde su nombramiento en julio de 1995. 
En calidad de primer Defensor del Pueblo Europeo, ha desempeñado un papel pionero, ayudando a crear un verdadero cambio de cultura en el seno de la Comisión. Estoy seguro de que esto también es aplicable a otras instituciones y órganos comunitarios. 
Además, sus investigaciones de oficio también han tenido consecuencias directas, y han dado pie a reformas administrativas positivas. 
Me gustaría mencionar algunas de ellas. 
En primer lugar, el Código de Buena Conducta Administrativa, que fue el resultado de una iniciativa del Parlamento cuando se adoptó el informe Perry sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 1996. 
En el ámbito del reclutamiento, primero se ha eliminado, en dos etapas, el límite de edad y, segundo, el Defensor del Pueblo ha conseguido el derecho de todo participante en unas oposiciones a tener acceso a sus exámenes corregidos. 
Ambas cosas requieren un gran cambio en la administración y la tradición de las instituciones. 
Por último, sus esfuerzos nos han alentado a organizar relaciones más estructuradas entre los demandantes y la Comisión en los procedimientos por incumplimiento. 
En estos ámbitos, las relaciones institucionales entre el Defensor del Pueblo- apoyado a menudo por el Parlamento- y la Comisión han progresado de forma significativa. 
Me gustaría retomar brevemente el tema del Código de Buena Conducta Administrativa, porque los informes del Sr. Wyn y del Sr.Koukiadis plantean este asunto. 
Hay que señalar que la Comisión ha sido receptiva al Parlamento y al Defensor del Pueblo desde el principio. 
Ha redactado varios borradores desde 1998 y, en la actualidad, en la Comisión actual, ha redactado y adoptado su propio Código de Conducta dirigido al ciudadano, de carácter vinculante y que se corresponde en muchos puntos con el Código de Conducta redactado por el propio Defensor del Pueblo. 
Este importante trabajo llevó a la Comisión a corregir su propio Reglamento en octubre del 2000. 
No todas las instituciones han actuado del mismo modo. 
Por supuesto, existen algunas diferencias con respecto a este último código, tal como han señalado el Defensor del Pueblo, el Sr. Perry y ahora el Sr. Koukiadis y el Sr. Wyn. 
Sea como fuere, el código de la Comisión representa un progreso real. 
De todos los códigos adoptados por las instituciones, es el que más se corresponde con las propuestas del Defensor del Pueblo. 
Entró en vigor en el mes de noviembre del 2000, y se acaba de ultimar un primer informe de evaluación. En breve se pondrá en circulación. 
La Comisión es consciente de que, a pesar de todos sus esfuerzos, el Defensor del Pueblo Europeo desearía ir más lejos. 
Ha hecho referencia a esta cuestión en el Parlamento en un informe especial, con el resultado de que, hace un año, el Parlamento se expresó a favor de un código único para todas las instituciones. 
En la actualidad, el Sr. Wyn y el Sr. Koukiadis aún mantienen esta posición. 
La Comisión comprende que, en la actualidad, la situación no es totalmente satisfactoria porque los ciudadanos europeos tienen que hacer frente a diferentes normas de buena administración según de la institución con que se pongan en contacto. 
Sin embargo, en este momento la Comisión no se encuentra en condiciones de lanzar una iniciativa legislativa. 
Como sin duda observarán, el primer informe sobre la aplicación del código de la Comisión sólo abarca unos pocos casos, y no sabemos nada con respecto a la forma en que las demás instituciones están implementando sus códigos. 
Además, como ya he mencionado antes, en la Convención se está discutiendo la adopción de una legislación administrativa, por lo que deberíamos esperar los resultados. 
La propuesta hecha por el Defensor del Pueblo a la Convención estipula la adopción de dicha legislación en el plazo de un año tras la entrada en vigor del Tratado. 
Creo que esto nos deja un margen de maniobra. 
Por último, aunque es cierto que un enfoque interinstitucional encaminado a la adopción de un código único y una única legislación resulta útil, la realidad es que la situación de cada institución es específica, y se necesita cierto grado de flexibilidad. 
No voy a examinar todos los puntos mencionados en los informes del Sr. Koukiadis y del Sr.Wyn, pero debo decir que, aunque las relaciones entre el Defensor del Pueblo y la Comisión son cordiales y muy productivas, en alguna ocasión pueden dar lugar a desacuerdos en el contexto de las relaciones institucionales. 
Aunque la Comisión elogia el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, el hecho es que aún existen diferencias de opinión en algunos puntos. 
En primer lugar, está la cuestión de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 1049/2001 a los expedientes por incumplimiento y cómo se interpreta la Directiva de protección de datos. 
Sin embargo, no repetiré aquí la posición expresada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión con respecto a este último punto, o la opinión expresada por la Comisión en relación con la propuesta de corregir el reglamento del Defensor del Pueblo. 
Tanto el Parlamento como el Defensor del Pueblo conocen perfectamente estas posiciones. 
No obstante, me gustaría retomar un instante el informe del Sr. Koukiadis sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones. 
La Comisión comparte la principal preocupación del ponente de organizar unas condiciones de trabajo y cooperación más eficaces entre la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones. 
Incidentemente, como ya sabrá el Presidente y algunos diputados, tengo experiencia personal en la cooperación muy bien organizada con la comisión en un caso específico. 
Volviendo al texto, la perspectiva de ampliación debería alentarnos a mejorar todavía más nuestro procedimiento. Quisiera reiterar el deseo de la Comisión de debatir una revisión del acuerdo interinstitucional con el Consejo y el Parlamento respecto del examen de las peticiones. 
La Comisión también está de acuerdo con el ponente acerca de la cooperación con los parlamentos y las administraciones nacionales en el marco de los esfuerzos por encontrar soluciones a los problemas planteados en las peticiones. 
Permítanme concluir con algunos puntos que deben mencionarse en esta ocasión de deliberaciones institucionales. 
Uno de los objetivos de la Convención es acercar las instituciones a los ciudadanos. 
En este contexto, no se pueden reducir las posibilidades de ejercer el derecho a petición, sino que hay consolidarlas o proporcionarles un marco adecuado. 
Además, es muy importante, en el marco de la clarificación del sistema institucional, que los ciudadanos sean conscientes de las diferentes formas de recurso disponibles en los diferentes niveles de la maquinaria institucional. 
Por lo tanto, la Comisión agradece las contribuciones del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones, y se compromete a examinarlas de manera constructiva. 
Además, al adoptar un enfoque de diálogo constructivo, la Comisión, el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo contribuirán de la mejor manera posible a defender los intereses de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, estamos debatiendo el último informe anual que será presentado por Jacob Söderman. 
Hoy no es el momento de las despedidas, sino de apreciar el trabajo que Jacob Söderman ha realizado y sus esfuerzos en nuestro nombre y, sobre todo, en los intereses de Europa. 
Las instituciones de la Unión Europea constituyen, de manera inevitable, una burocracia amplia y compleja y, por supuesto, habrá equivocaciones y errores administrativos. 
Las instituciones intentan minimizar dichos errores, y deben estar dispuestas a aceptar consejos sobre la forma de conseguirlo. 
Como todos sabemos, el objetivo del Defensor del Pueblo es actuar como árbitro de forma justa y objetiva. 
Creo que la Comisión debería reflexionar largamente antes de rechazar cualquiera de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. 
Me ha horrorizado encontrar ejemplos en los que la Comisión ha rechazado descaradamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo. 
Sin entrar en detalles, tengo aquí una carta del Sr. Prodi a uno de mis colegas. 
El Defensor del Pueblo detectó mala administración, y la Comisión se negó de forma terminante a cambiar la situación. 
El Sr. Prodi escribe: «Estoy convencido de que la solución que ofrecemos es la más conveniente a la luz de la especificidad del caso, y me decepciona que su elector no opine de la misma manera.» 
No resulta sorprendente que el diputado interesado haya escrito a la Comisión de Peticiones para decirme que la respuesta del Presidente de la Comisión es ridícula. 
Es imposible defender esto frente a los ciudadanos. 
En cierto modo, siento que sea el Comisario Liikanen quien esté aquí esta mañana. 
Siempre agradezco sus palabras y reconozco las buenas relaciones entre su departamento y la Comisión de Peticiones. 
Esta mañana, sus palabras sobre la disposición de la Comisión a estudiar el acuerdo interinstitucional me han infundido ánimo. 
Es cierto que se está acercando el momento de llevarlo a cabo. 
Quiero puntualizar algunas cosas sobre el código de Buena Conducta Administrativa. 
El pasado mes de diciembre, el Comisario Kinnock prometió a esta Cámara que recibiríamos un análisis del funcionamiento del Código voluntario. 
Aunque hemos oído que llegará pronto, todavía estamos esperando. 
En mi opinión, ya lleva un año de retraso. 
Un código debe ser vinculante, no voluntario, y también tiene que ser coherente. 
Los ciudadanos europeos no distinguen entre las instituciones de la Unión Europea. 
Para ellos, Bruselas es un lugar, y Estrasburgo otro. 
Quieren un código coherente para todas las instituciones. 
He analizado el código voluntario de la Comisión y lo he comparado con el propuesto por el Defensor del Pueblo. 
En más del 70% de los artículos existen diferencias. 
Algunas son mínimas, pero otras son muy grandes. 
El código de la Comisión no reconoce de forma explícita la necesidad de cortesía. 
No se encuentra estipulada la disculpa o la corrección de errores. 
El código de la Comisión es muy poco convincente en cuanto al acceso a los documentos y la discriminación. No reconoce que la discriminación pueda estar basada en el idioma, la pertenencia a una minoría nacional o incluso en la apariencia. 
El código de la Comisión afirma que el personal no debe guiarse por interés personal. 
El código del Defensor del Pueblo afirma que los funcionarios no deben participar en una decisión en la que un miembro de su familia tenga interés financiero. 
Quisiera instar a la Comisión a que sea más flexible, atienda al código propuesto por el Defensor del Pueblo y ratificado por esta Cámara, y lo acepte. 
Debería liderar al resto de instituciones, en lugar de decir: «Bueno, ninguna otra institución lo ha hecho.» 
Sé que las cosas son así. 
Sin embargo, la Comisión tiene el control en este asunto y debería aceptar el consejo de sus amigos, lo que le permitiría enfrentarse a los ciudadanos europeos con mayor confianza. 
Estoy encantado de poder decir que la Comisión de Peticiones ha mantenido una reunión reciente con la Presidencia danesa, en la cual ésta ha expresado su deseo de estudiar el nuevo acuerdo interinstitucional. 
Ya disponemos de la comunicación de la Comisión sobre reclamaciones y peticiones, y ahora también de las propuestas del Sr. Liikanen. 
Ha llegado el momento de que nos dotemos del nuevo acuerdo interinstitucional. 
Señora Presidenta, creo que nadie duda hoy, en esta Asamblea, o no debiera de dudar, de que la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo contribuyen a dos principios fundamentales de la construcción europea: la aplicación del Derecho comunitario y también el conocimiento, por parte de las instituciones, de los ciudadanos. 
Sin embargo, creo que hay que mejorar en algunas cuestiones para evitar que la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo tengan dificultades a la hora de realizar su trabajo diario. 
En primer lugar, como cuestión muy práctica, creo que deberían reforzarse los servicios del Defensor del Pueblo, los servicios de nuestra propia Secretaría y los servicios de la Comisión Europea que trabajan estrechamente con nosotros, señor Comisario, porque a veces tienen dificultades para informar sobre las peticiones que les enviamos. 
En segundo lugar, la presencia del Consejo- a veces- en nuestra Comisión de Peticiones debería ser imprescindible y no aparece nunca. 
Creo que deberían acortarse los plazos o perderemos credibilidad. 
Deberíamos denunciar a aquellos Estados miembros que obstruyen el trabajo de la Comisión de Peticiones, que los hay y todos los conocemos. 
Deberíamos poder suspender los proyectos que vulneran el Derecho comunitario y afectan a espacios naturales y a espacios culturales de Europa. 
Creo, señora Presidenta, que el método del informe conjunto de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo Europeo debería usarse también con el informe conjunto anual del respeto y la aplicación Derecho comunitario, porque ahí podríamos ver cómo el trabajo del Defensor del Pueblo y el trabajo de la Comisión de Peticiones son imprescindibles para valorar la aplicación del Derecho comunitario. 
Para terminar, yo querría, señora Presidenta, agradecer al Defensor del Pueblo Europeo su trabajo en favor de la transparencia y la eficacia de las instituciones y, además, su independencia, que ha estado clara para todos nosotros en este tiempo. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a los ponentes por su concienzudo trabajo, así como al Defensor del Pueblo y a su equipo por su duro trabajo en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el ejercicio de la buena práctica, aunque ésta no siempre se consiga. 
Asimismo, apreciamos la labor del Defensor del Pueblo para desarrollar una red de defensores del pueblo en toda Europa y otros países. 
Esto deja una sólida base para su sucesor, y mi grupo también quisiera sumarse al agradecimiento por su trabajo. 
Me gustaría llamar la atención sobre las conclusiones 9 y 16 del informe del Sr. Wyn sobre el trabajo del Defensor del Pueblo y la falta de progreso en un caso particular. 
Algunas personas ya se han referido a esto, y yo era ponente del Parlamento. 
Este caso plantea temas muy serios con respecto a lo que ocurre cuando el Parlamento apoya el punto de vista del Defensor del Pueblo en un caso, como el de la protección de datos y el acceso a la información, y la Comisión no está de acuerdo. 
Plantea cuestiones de equilibrio constitucional, así como asuntos relativos a la propia aplicación de la protección de datos. 
Hasta el momento, la falta de una conclusión supone que el demandante se quede en el limbo, sin entender lo que significa que los diputados electos lleguen a una conclusión y la Comisión a otra. 
¿Cuál es la salida? 
Tenemos que analizar esto, así como considerar el papel futuro del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones, en particular con el desarrollo de las competencias en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores y también con la ampliación. 
Mientras estamos analizando el papel de las instituciones, quisiera reforzar la conclusión 11 del informe del Sr. Koukiadis, que menciona la «falta de entusiasmo» del Consejo- dicho con mucho tacto- con respecto a la Comisión de Peticiones. 
La Sra. Thors ya ha mencionado algunos asuntos sobre el mutuo reconocimiento de requisitos. 
Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos para progresar en ciertos casos, en especial aquellos que se refieren al medio ambiente- tales como el vertido de residuos, la calidad del agua, etc.- son los retrasos en el ámbito nacional para proporcionar información a la Comisión. 
A pesar de algunas de las críticas de la Comisión, en el ámbito de la Comisión de Peticiones solemos cooperar muy bien. 
Esto nos lleva a la conclusión 18 del informe Koukiadis, que ya ha mencionado la Sra. González Álvarez, y que trata de la posibilidad de introducir medidas protectoras interinas para suspender acciones. 
No queremos hacer afirmaciones a la ligera, pero a veces tenemos la impresión de que los Estados miembros y las autoridades ponen en práctica tácticas retardatarias para permitir que los proyectos se detengan. 
Esto requiere un examen muy serio en el futuro. 
Señora Presidenta, los órganos gemelos de la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo constituyen un instrumento clave para acercar la Unión Europea a la población. 
Se ha escrito mucho acerca del déficit democrático y la alienación de los votantes en la Unión Europea. 
En calidad de representante del pueblo elegido directamente, creo que podríamos ofrecer una cara más humana de las instituciones de la Unión Europea si promoviéramos con éxito el trabajo de estos órganos comunitarios entre nuestros electores. 
El pasado año se obtuvieron grandes logros a través de la cooperación entre el Defensor del Pueblo y la comisión. 
Me gustaría dar la enhorabuena al Sr. Söderman por su excelente singladura. 
Llegó a Estrasburgo con considerable experiencia en la defensa de los derechos de los ciudadanos en su propio país. 
En efecto, la noción de un defensor del pueblo es de origen nórdico. 
No cabe duda de que en áreas como la franqueza, la transparencia y la creación de un servicio público que realmente sirva a la gente, la Unión Europea se ha beneficiado ampliamente de la perspectiva nórdica. 
El Sr. Söderman nos comunicó hace algún tiempo que se retiraría a principios del próximo año. 
Como primera persona en ocupar este importante cargo, ha desempeñado una excelente labor en el establecimiento del papel y la función del Defensor del Pueblo. 
Informar a los ciudadanos acerca de esta importante oficina requiere tiempo y recursos, y es cierto que aún queda trabajo por hacer para acrecentar el perfil del Defensor del Pueblo Europeo. 
Quienquiera que sustituya al Sr. Söderman, y somos plenamente conscientes de que el proceso de selección ya está en marcha, deberá demostrar un nivel muy elevado. 
El Sr. Söderman ha sido muy diligente cumpliendo su mandato en nombre de los ciudadanos de Europa. 
No ha dudado en atacar a las instituciones de la Unión Europea del más alto nivel cuando ha creído conveniente revocar una decisión debida a una mala administración. 
Le deseo todo lo mejor en su jubilación y quisiera asegurarle que, si alguna vez se siente deprimido durante los largos y fríos inviernos finlandeses, está invitado a visitar la soleada Irlanda. 
Señora Presidenta, me voy a referir al informe Koukiadis. 
No ha pasado ni siquiera un año desde que debatimos aquí el informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones correspondientes al año 2001- del que fui ponente- y me complace comprobar que el derecho de petición potencia cada vez más el control político que el Parlamento Europeo puede ejercer sobre los excesos en los casos de violación del Derecho comunitario. 
Ello permite asimismo valorar el estado de aplicación de tal derecho dentro de la Unión y el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a las instituciones comunitarias, aspectos de gran transcendencia en una Unión tan amplia, tan variopinta y, a veces, tan desvinculada de aquellas instituciones. 
Todo esto queda recogido magistralmente en el informe del Sr. Koukiadis que, por otra parte, llega en el momento histórico de la Convención, que no debiera soslayar- sería un gran error- el refuerzo del derecho de petición y la ampliación de un código uniforme de buena conducta administrativa. 
Por todo ello, felicitamos al ponente, Sr. Koukiadis. 
Sin embargo, lamentamos nuevamente- y ese aspecto también se recoge en el informe que debatimos- la ligereza con la que el Consejo sigue tratando este inalienable e irrenunciable derecho de los ciudadanos europeos, ya que el Consejo sigue ausente en todo el proceso, y lo hace en un momento en que intenta ser potenciado, en detrimento del Parlamento y de la Comisión. 
Por otra parte, nos parece de perlas que se intente introducir medidas preventivas para evitar atropellos al patrimonio cultural o medioambiental- que, por cierto, son asuntos que van en cabeza de las preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
Asimismo, y para terminar, insisto en la conveniencia de que se investiguen los procedimientos orientados a remediar, de manera eficaz, la escasa disposición de las autoridades nacionales a cooperar con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
Debemos estudiarlos y ponerlos en práctica lo antes posible. 
Basta ya de posturas tibias del Consejo y de los Gobiernos nacionales. 
Como sugiere el ponente y ya se ha propuesto en informes correspondientes a años precedentes, deberíamos llegar incluso a denunciar en conferencias de prensa el obstruccionismo o las reticencias que las resoluciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento encuentran por parte de los Gobiernos. 
Yo también quiero desearle lo mejor a Jacob Söderman en su retiro ibérico. 
Señor Presidente, el informe presentado por el Defensor del Pueblo demuestra que este es un cargo importante y necesario. 
Tenemos que salvaguardar los recursos financieros de la oficina del Defensor del Pueblo. 
Esto no siempre se toma demasiado en serio en la Comisión de Presupuestos del Parlamento. 
Utilizaré el mismo símil que utilizó el ex Ministro de Asuntos Exteriores Andrei Gromyko, de la antigua Unión Soviética, cuando se refirió al actual presidente del Partido Popular Socialdemócrata Ruso, Mijaíl Gorbachov. El Defensor del Pueblo ha de tener los dientes de hierro. 
Con respecto a la gestión de los recursos humanos en la UE, los miembros de la Comisión actúan tanto de fiscales como de jueces. 
Esto se demuestra una vez más en el caso de Martha Andreasen. 
También sería conveniente que el imparcial Defensor del Pueblo investigara el castigo de esta persona. 
El sistema actual no proporciona protección legal. 
También valdría la pena que el Defensor del Pueblo emprendiera una investigación de oficio e informara sobre las prácticas administrativas del Banco Central Europeo. 
La franqueza y transparencia de este banco respecto de su administración representa el nivel más bajo en la UE. 
Resulta lamentable que en su informe anual el Defensor del Pueblo tenga que declarar que las instituciones de la UE han fracasado en la puesta en práctica de la Carta de los Derechos Fundamentales y en la aplicación de la decisión sobre la buena conducta administrativa del Parlamento Europeo. 
Los comentarios sobre discriminación administrativa por razones de edad o sexo son particularmente lamentables. 
En el informe anual hay 21 fotografías del Defensor del Pueblo, y en su mayoría aparece con una expresión amable en su rostro. 
En cuestiones incumplimiento de la buena práctica administrativa, su amable aspecto exterior no debería llamar a engaño a nadie. 
Nuestro Defensor del Pueblo actúa de forma audaz, igual que Jaakko Ilkka en la guerra finlandesa de los garrotes contra la tiranía de la nobleza administrativa. 
Señor Presidente, no utilizaré mis dos minutos para dar las gracias al Defensor del Pueblo- lo cual sería perfectamente posible -, sino que centraré mi atención en un asunto planteado en el informe del Sr.Wyn. 
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Convención que en algunos casos debería poder referir las violaciones de los derechos fundamentales al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Esta idea debe tomarse muy en serio, porque el Defensor del Pueblo parece ser la única institución europea que está realmente basada en los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Las demás instituciones parecen estar incumpliendo sus exigencias, a pesar de que deberían ser ellas mismas quienes se vinculasen a estas exigencias. 
En segundo lugar, me gustaría mencionar un punto del informe presentado por el Sr. Koukiadis, que es crucial con respecto al comentario del Sr. Kronberger sobre el refuerzo de poderes de la Comisión de Peticiones, para que pudiese representar y defender los derechos de los ciudadanos. 
El apartado 5 del informe del Sr. Koukiadis afirma que los Tratados deberían dar a los ciudadanos la posibilidad de iniciar una reforma del derecho comunitario mediante una petición al Parlamento Europeo. 
Apoyo esta visión y creo firmemente que, puesto que estamos discutiendo sobre las oportunidades de los ciudadanos de ejercer influencia, deberíamos incluir a los ciudadanos como participantes en el proceso de toma de decisiones, y no sólo como temas de este proceso. 
Podríamos tomar como ejemplo un país como Suiza, donde la gente puede iniciar el proceso legislativo. 
Creo que necesitamos estas iniciativas si queremos que el público acepte que la Unión Europea tenga jurisdicción sobre sus vidas. 
Señor Presidente, la tarea del Defensor del Pueblo requiere gran paciencia y considerable optimismo a fin de conseguir que las instituciones de la UE cumplan las exigencias básicas que atañen al Estado de derecho y la responsabilidad democrática. 
El Sr. Söderman ha desempeñado esta labor con paciencia infinita, en particular respecto a la Comisión, la cual no ha mostrado ninguna comprensión de la cultura administrativa elemental. 
Sin embargo, resulta difícil mantener el optimismo. 
No quiero decir que el Sr.Söderman se haya dado por vencido, pero el hecho de que el competente y paciente Defensor del Pueblo de la UE haya decidido retirarse pronto es una señal de que el poder absoluto de la Comisión resulta demasiado aplastante. 
El poder absoluto no sólo da como resultado la pasividad, sino que también se revela en la oposición activa a los esfuerzos del Defensor del Pueblo por introducir la cultura administrativa de los países nórdicos en las instituciones de la UE. 
Un par de ejemplos: la libertad de expresión se ejerce en forma de libertad para dedicar varios cientos de millones de euros en difundir la propaganda de la UE conjuntamente con la censura implacable de las voces críticas. 
Uno sólo tiene que leer acerca de la última víctima de la arrogancia de poder. Su nombre es Marta Andreasen. 
La protección de datos no se utiliza para proteger las vidas privadas de los ciudadanos, sino para asegurar el monopolio del conocimiento de la Comisión. 
La Comisión ha saboteado el derecho del Defensor del Pueblo a recabar información no censurada. 
Me tomaré la libertad de mencionar la brillante respuesta del Defensor del Pueblo a la escandalosa declaración de la Comisión el 6 de marzo de este año, declaración caracterizada por el Defensor del Pueblo en términos de los puntos de vista negativos y falsas suposiciones que contenía. 
Todavía tenemos un largo camino por recorrer. 
Con su último informe, el Sr. Söderman se merece toda nuestra gratitud por haber intentado hacer el camino más corto, pero su partida vuelve a poner de actualidad la pregunta de si llegaremos al final del camino o sólo nos quedaremos en el comienzo. 
¿Se caracteriza el sistema de la UE por un poder absoluto, resistente al Estado de derecho y a la responsabilidad democrática? 
) Señor Presidente, yo también quiero aplaudir el espléndido trabajo realizado por el Sr. Söderman en su calidad de Defensor del Pueblo Europeo. 
Sin embargo, quiero recalcar asimismo que el Sr. Posselt y el Sr. Liikanen han dicho algo importante. 
Necesitamos instituciones que luchen por los derechos de los ciudadanos en la UE. 
Necesitamos colegas que demuestren que están a favor de defender los derechos de los ciudadanos, pero esto no es suficiente. 
Nuestra labor es asegurar que los ciudadanos también dispongan de los recursos para luchar por sus propios derechos. 
Nuestra labor también es garantizar que el individuo no se encuentre indefenso ante las instituciones de la UE. 
Además, este es precisamente el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. 
Por lo tanto, nuestra labor en el Parlamento Europeo también es asegurar que el Defensor del Pueblo disponga de oportunidades y herramientas que favorezcan unas condiciones de trabajo adecuadas, incluido el acceso a los documentos y la oportunidad de hablar con los empleados y de obtener respuestas claras. 
Insto a la Presidencia danesa a que haga esfuerzos en esta dirección para asegurar que el Defensor del Pueblo Europeo pueda trabajar como desea. 
Señor Presidente, yo también quiero comenzar felicitando al Defensor del Pueblo Europeo por su valiosa y excelente labor, antes de comentar el excelente informe de mi honorable amigo Sr. Koukiadis, y de llamar la atención de la Cámara sobre dos puntos que, en mi opinión, deberían incluirse en los Tratados con ocasión de la Convención. 
El primero se refiere al punto 17, que pide que se busquen maneras de persuadir a las autoridades nacionales de que respondan a las peticiones de los ciudadanos y a las preguntas formuladas por la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea. 
A menudo nos encontramos con la indiferencia o tenemos que hacer frente al obstruccionismo. 
El ponente y la Comisión de Peticiones han adoptado de forma unánime la siguiente propuesta, que tengo el honor de presentar: «En caso de indiferencia u obstruccionismo por parte de las autoridades nacionales, los medios de comunicación nacionales deben ser informados de esta actitud negativa y del contenido de la reclamación del demandante». 
Como todos sabemos, nada afecta más a las autoridades nacionales y locales que se expongan públicamente sus actos ilegales u omisiones, o incluso su indiferencia hacia sus ciudadanos. 
Esta publicidad podría conseguirse mediante la edición de comunicados de prensa en el idioma del país en cuestión, y mediante la organización de conferencias de prensa en las cuales podrían participar diputados nacionales en el Parlamento Europeo, en especial miembros de la Comisión de Peticiones. 
En segundo lugar, me gustaría señalar que la Comisión de Peticiones recibe un número enorme de peticiones quejándose de obras proyectadas o ya iniciadas, o de conductas por parte de autoridades nacionales que violan la normativa preceptiva de la Comunidad, lo cual a menudo comporta un daño irreparable del medio ambiente o del patrimonio cultural europeo. 
Los procedimientos que dan pie a condenas por parte del Tribunal Europeo tardan tanto tiempo que resultan inútiles, porque el daño ya se ha hecho y no se puede reparar. 
Por esta razón creo que deberíamos encontrar maneras de prevenir el daño mientras el Tribunal Europeo llega a una decisión final sobre una petición al respecto. 
Como ustedes saben, se pueden dictar medidas cautelares de prohibición u obligación de conformidad con la legislación nacional, impidiendo que se inicien o prosigan actividades dañinas hasta que se toma una decisión sobre si son o no legales. 
Esta propuesta va en este sentido y deberíamos apoyarla con fervor. 
De lo contrario, ¿qué ocurrirá si se destruye, por ejemplo, un hábitat natural? 
No se podrá recuperar. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar señalando que la protección de los ciudadanos y de sus derechos constituye uno de los principios fundamentales de nuestras democracias. 
Creo firmemente que si salvaguardamos los derechos de nuestros ciudadanos y les proporcionamos suficiente protección, también podremos pedirles que cumplan con sus responsabilidades. 
En mi opinión, esta debería ser la consideración principal. 
En consecuencia, debemos consolidar estos derechos, y la manera de conseguirlo pasa por el derecho de petición, que da al ciudadano la posibilidad de apelar a un órgano que puede entonces realizar controles, ya sea la Comisión de Peticiones o el Defensor del Pueblo Europeo. 
Agradezco mucho la cooperación entre las dos instituciones, lo cual considero un desarrollo muy positivo. 
La red está en marcha y mejora continuamente, y, por lo tanto, creo que el acceso debe facilitarse aún más. 
La mejora ha sido posible gracias al uso de nuevas tecnologías, pero creo que el acceso se facilita cuando la información sobre accesibilidad se distribuye lo más ampliamente posible. 
Por lo tanto, todavía necesitamos hacer mucho más en cuanto a la diseminación de información. 
Por ejemplo, sería útil que todas las publicaciones editadas por las instituciones europeas que puede leer el público contuvieran en el futuro un apartado con información para entrar en contacto con el Defensor del Pueblo Europeo y con la Comisión de Peticiones, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de recibir ayuda cuando consideren que las administraciones públicas no hacen lo que deben y cuando se hayan infringido sus derechos, y para asegurar de que conocen la existencia de esta posibilidad. 
Esto nos ayudaría a mejorar nuestras estructuras porque, de hecho, si somos conscientes de que existen funcionamientos deficientes reales o supuestos, seremos capaces de tomar las medidas adecuadas para subsanarlos. 
Terminaré con un apunte muy personal. 
Señor Söderman, en 1995 no voté por usted, sino por el Sr. Siegbert Alber para que fuera el ocupante de la oficina contigua a la mía. 
Tanto más convencido le doy las gracias sinceramente por su labor y sus esfuerzos en nombre de los ciudadanos. 
Gracias, y mucha suerte para el resto de su mandato. 
Señor Presidente, quisiera concluir hablando en mi propio idioma. 
Finlandia es un país bilingüe en el cual la minoría lingüística disfruta de un alto nivel de protección, tal y como me gustaría demostrar. 
La protección segura para las minorías es algo que ciertamente podríamos exportar a muchos rincones del mundo. 
En el debate del Parlamento de hoy, casi todo el mundo ha apoyado los mismos valores. 
En consecuencia, no queda mucho que decir sobre este debate, pero me gustaría expresar mi gratitud por todas las amables palabras dichas en mi honor. 
Comprenderán que esas palabras también se aplican a todos aquellos que han participado en el mismo proceso, incluidos, por supuesto, todos los diputados que se han interesado por el trabajo del Defensor del Pueblo y que nos han alentado con su consejo y su crítica. 
También se aplican a las instituciones representadas hoy por el Sr. Liikanen y por los funcionarios, Sr. Massangioli y Sr. Godts, quienes han trabajado mucho conjuntamente con sus colegas para responder al Defensor del Pueblo y para asegurar que se resuelven los asuntos. 
Además, el Defensor del Pueblo no hace más que encabezar el trabajo. 
También me gustaría dar las gracias a mi personal por el buen trabajo realizado y por el alto nivel de motivación que han mostrado en su deseo de ayudar a todos los ciudadanos europeos. 
Por último, sólo espero que a mi sucesor y, como ya saben, hay muchos buenos candidatos le den la misma acogida estimulante y seria que me dieron a mí. 
De esta manera, los ciudadanos de Europa prosperarán después de mi jubilación. 
Sin duda, aceptaré la invitación de visitar la soleada Irlanda. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0278/2002) de la Sra. Boudjenah, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión con respecto a la negociación de acuerdos de asociación económica con los países y las regiones ACP [2002/2097 (INI) ]. 
. (EN) Señora Presidenta, la Comisión aprecia y agradece el gran interés del Parlamento Europeo por las negociaciones del acuerdo de asociación económica UE-ACP, según refleja el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación a cargo de la Sra. Boudjenah y la opinión de la Comisión de Industria y Comercio a cargo del Sr. Titley. 
Deseo agradecer a Sus Señorías su trabajo. 
El Parlamento Europeo también ha demostrado tener un perfecto sentido de la planificación al presentar este informe justo antes del comienzo de las negociaciones de los acuerdos de asociación económica entre la UE y los Estados ACP de mañana. 
Desde el punto de vista de la Comisión, el principal punto fuerte del informe es situar el desarrollo de los países ACP en el centro de las negociaciones de los AAE. 
Aquí es donde la Comisión desea estar exactamente. 
Los AAE deberán ser una herramienta para la integración suave y gradual de los países ACP en la economía mundial, promocionando así el desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza. 
Llegados a este punto, los países ACP y la UE acordaron negociar con espíritu de asociación, la eliminación gradual de barreras comerciales entre ellos. 
Los acuerdos adoptados se extenderán a todas las áreas relacionadas con el comercio, en particular en lo que se refiere a medidas indirectas. 
Los AAE también deben ser compatibles con la OMC y basarse en las iniciativas de integración regional de los países ACP como principales instrumentos para la integración de los países ACP en la economía mundial. 
Esto es en pocas palabras lo que se estableció en el Acuerdo de Cotonú entre la UE y los Estados ACP firmado en junio de 2000 y ratificado por el Parlamento Europeo. 
En Cotonú, los países ACP y la UE acordaron entablar negociaciones para AAE y establecer objetivos, principios y modalidades para estos acuerdos. 
Por consiguiente, algunas de las cuestiones planteadas en el informe ya se habían resuelto en el momento del Acuerdo de Cotonú. 
La Comisión se refiere, por ejemplo, a aquellas secciones del informe que exigen la continuación de preferencias arancelarias no recíprocas para los países ACP. 
Las preferencias no recíprocas no han logrado ni pueden lograr una mayor integración de los países ACP en la economía mundial. 
Es preciso un planteamiento más exhaustivo destinado a mejorar la capacidad comercial y de oferta y de captación de inversiones de los países ACP. 
Esta fue la conclusión conjunta de los Estados ACP y la UE en la negociación del Acuerdo de Cotonú, y por ello decidieron firmar acuerdos comerciales compatibles con la OMC para la eliminación gradual de todas las barreras comerciales entre ellos. 
La liberalización del comercio por ambas partes es un factor indispensable de este compromiso, siempre que no se siga ciegamente sino con flexibilidad. 
A corto plazo, nuestro objetivo común es emplear el comercio para el desarrollo. 
Asimismo, el mantenimiento, consolidación y posible ampliación de los protocolos sobre mercancías no están en consonancia con el Acuerdo de Cotonú, que establece que revisaremos estos protocolos. 
La Comisión opina que no debemos prejuzgar esta revisión. 
Por último, toda decisión sobre alternativas de los AAE en el marco del Acuerdo de Cotonú se adoptará en 2004 si las negociaciones de los AAE demuestran que estos no ofrecen soluciones adecuadas para casos específicos en los países afectados. 
La Comisión reconoce la necesidad, destacada en el informe, de análisis y evaluación del impacto de los AAE en el desarrollo sostenible. 
Ello exigirá un esfuerzo a fondo y sostenido durante las negociaciones. 
La evaluación del impacto de sostenibilidad prevista en paralelo con las negociaciones ha sido diseñada de manera a alcanzar esta meta. 
Permitirá el análisis sistemático del impacto de las diferentes alternativas políticas consideradas en el curso de las negociaciones de los AAE según vayan desarrollándose, e inspirarán la elección de los negociadores. 
Sus resultados en curso mantendrán las negociaciones al día hacia un desarrollo sostenible legítimo. 
La Comisión también respalda a los países ACP que deseen emprender sus propios estudios. 
Nos hemos cerciorado para que importantes sumas de dinero estén disponibles para planes regionales, nacionales y otros de los países ACP, no sólo para la realización de estudios sino para el comercio relacionado con un mayor desarrollo de la capacidad y asistencia. 
Mientras tanto la Comisión sigue avanzando en la evaluación del impacto de la sostenibilidad y lo haremos con plena transparencia respecto al Parlamento Europeo. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía agradece en general la Comunicación de la Comisión, puesto que los AAE entre la UE y las diferentes regiones pueden reforzar la cooperación económica entre los países ACP y fomentar su desarrollo económico. 
Por consiguiente, agradecemos en especial la propuesta de la Comisión de que, antes de que se liberalice el comercio con la UE, el tratamiento dado a la UE se amplíe a todos los socios ACP con los que se han celebrado AAE. 
Este punto tiene especial importancia. 
No va a resultar fácil, y ya se han esbozado algunas de las razones. 
Debemos proceder con cautela y flexibilidad. 
No debemos presionar a los países ACP para que entren en negociaciones que consideran que no son las adecuadas y debemos salvaguardar y respetar los derechos de los países menos desarrollados a las preferencias arancelarias no recíprocas. 
Sin embargo, necesitamos estimular la asistencia técnica para lograr el establecimiento institucional, que permitirá obtener resultados equilibrados. 
Es necesario que nos aseguremos que tomamos en cuenta las limitaciones de capacidad de los países ACP y buscamos establecerlas como parte del proceso. 
Es preciso que tengamos en cuenta que la abolición de los aranceles podría causar una pérdida de recursos públicos lo que conllevaría problemas de tipo presupuestario. 
No debemos perder de vista nuestro objetivo de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible en el marco del Acuerdo de Cotonú. 
Por lo tanto, la posición de la Comisión de Industria está a favor de apoyar el punto de vista de la Comisión, agradece que las negociaciones comiencen mañana y su única petición es de que procedamos con sensibilidad y cautela. 
Señor Presidente, desearía felicitar a la Sra. Boudjenah por la oportunidad de este informe. 
En el Grupo PSE, estamos totalmente de acuerdo con la ponente respecto a que el comercio es un medio y no un fin, no un fin en sí mismo. 
El fin es el desarrollo de las economías de los países ACP y la disminución de la pobreza para las personas más pobres en estos países. 
Una piedra de toque de la Comisión- creo que el Sr. Liikanen no fue sincero en lo que dijo esta mañana- es si de verdad se está abierto a posibles alternativas. 
Nunca formó parte del Acuerdo de Cotonú que la propuesta para alternativas a los AAE se retrasaría a 2004 y espero que retire este punto cuando finalice el debate. 
También deseamos hacer constar que estamos totalmente de acuerdo con lo que la Sra. Boudjenah ha expuesto sobre la necesidad de adelantar las evaluaciones de impacto para que podamos ver realmente el impacto de estas negociaciones. 
Una vez más y con relación a la industria azucarera y las propuestas del «todo menos armas» de hace uno o dos años, la Comisión no ha obtenido un historial demasiado a fondo respecto a evaluaciones de impacto imparciales y asuntos comerciales. 
He sido seleccionado como candidato a la presidencia de la Comisión de Comercio en la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre la UE y los países ACP. 
Esperamos firmemente desempeñar un papel activo en la supervisión de estas negociaciones comerciales y fomentar su transparencia. 
El Comisario estará de acuerdo en que la Declaración de Ciudad del Cabo aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria a principios de este año ofrece una gran oportunidad, tanto a los parlamentarios como a la sociedad civil de modo más general, de tener un papel mucho más relevante que el que conllevan estas negociaciones cruciales. 
Deseamos que se delibere la reforma de la PAC. 
La Comisión se equivoca en este punto. 
A los países ACP se les plantean dificultades si la Comisión impone la agenda. 
También a la UE se le plantean dificultades y ¿qué derecho tenemos a impedir que se discuta? 
Por último, en lo que se refiere a cuestiones de mayor amplitud de los países ACP, estos desean establecer algunos principios en un solo bloque. 
No desean estar supeditados a dividir y gobernar, y quedar relegados a la discusión de asuntos con sus grupos regionales. 
Si creemos en la asociación en el desarrollo, debemos respetar sus deseos. 
Señor Presidente, permítame que felicite, en primer lugar, a la ponente, Yasmine Boudjenah, por su meticuloso y oportuno trabajo, que nos permite disponer hoy, en la víspera de la apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica, de un informe de incuestionable valor sobre un tema particularmente importante y de actualidad. 
El contenido del informe- y quiero destacar que éste fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, en contraste con lo que parece insinuar el Sr. Schwaiger- y las palabras de presentación de la propia ponente harán más sencilla mi intervención. 
Voy a limitarme, por lo tanto, a comentar unos pocos aspectos de esta compleja cuestión. 
En primer lugar, quiero manifestar que es preciso no minimizar, para acomodarse a la OMC, la importancia de una asociación que cuenta con décadas de existencia y que yo creo que debe mantenerse y concentrarse sobre todo en un objetivo fundamental: el desarrollo de nuestros más de 70 países asociados y la satisfacción de las necesidades básicas de sus pueblos. 
Esto pone de relieve la importancia de otra cuestión: los acuerdos de asociación económica previstos en el Acuerdo de Cotonú y la dimensión comercial del acuerdo en su conjunto no pueden prevalecer sobre, ni mucho menos sustituir, una forma de cooperación que debe abarcar varios otros aspectos y que, a mi parecer, se tiene que ampliar y debe procurar obtener mejores resultados que en el pasado. 
En segundo lugar, quiero destacar que considero fundamental garantizar que se respeten plenamente las formas, el calendario y los medios de integración regional adoptados por dichos países- que, como sabemos, no siempre son sencillos o ni siquiera evidentes -, así como que es necesario prestar una atención especial al nuevo acontecimiento que supone la reciente constitución de la Unión Africana. 
Y fundamentalmente creo que es crucial garantizar que no se deteriore la situación positiva que representa el Grupo ACP actual. 
En tercer lugar, y en vista de la disparidad entre los niveles de desarrollo de ambas partes negociantes y las conocidas limitaciones en lo que respecta a las capacidades de los países ACP, en particular, quiero señalar que es preciso elaborar estudios sobre las repercusiones previsibles de los nuevos acuerdos en sus diversas formas posibles y en los diversos ámbitos, o presentarlos cuanto antes si ya se han elaborado, sin olvidar que esas limitaciones mismas indican que es fundamental asegurarse de que estos países reciban un trato especial y diferenciado que garantice unos niveles de protección capaces de asegurar su desarrollo. 
En cuarto lugar, quiero aludir, no obstante, a un aspecto más específico que considero importante y que ya ha mencionado el Sr. Titley. Me refiero al hecho de que los ingresos por derechos de aduana constituyen una fuente de financiación muy importante y, a veces, casi exclusiva de los presupuestos de los países ACP: es decir, que las medidas de liberalización del comercio que se adopten deberán tener en cuenta este hecho de suma importancia. 
Señor Presidente, me es grato participar en este debate sobre los acuerdos de asociación económica con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico. 
Deseo elogiar el excelente trabajo de la ponente. 
Es importante que estos acuerdos de asociación económica contribuyan a situar a los países ACP en una posición desde la que puedan integrarse de forma gradual en la economía mundial. 
El desarrollo de capacidades en los sectores público y privado, la mejora de la producción y el cumplimiento de las disposiciones de la OMC deberían conducir a una mayor inversión en los países en desarrollo, en particular inversión externa y economías en expansión. 
Todos deseamos que las negociaciones lleguen a buen término, que deben comenzar a nivel de todos los países ACP dentro de próximos días. 
Respecto a la cuestión principal del acceso al mercado, debemos avanzar hacia un mejor acceso a los mercados de la UE de las exportaciones de los países en desarrollo, para garantizar que las propuestas de negociación tomen en cuenta los intereses económicos de todas las partes involucradas. 
Ruego a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto de todas las propuestas. 
También pido encarecidamente a la Comisión que en sus negociaciones promueva enérgicamente la importancia de una mayor asistencia para la creación de capacidades comerciales. 
Sin embargo, discrepo de la insistencia de la ponente en que una reforma de una política agrícola común es parte necesaria del proceso de integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio mundial. 
Las cuestiones relacionadas con los efectos externos de la PAC se tratarán en el contexto de la Ronda de Doha dentro de las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
Los agricultores europeos han experimentado unos años de gran turbulencia, en relación con la EEB y la fiebre aftosa. 
En ocasión de la Agenda 2000, hubo una gran reforma de la PAC y ahora nos enfrentamos con propuestas de revisión que afectarán gravemente nuestra producción y nuestros mercados si se llevan a cabo. 
Se requiere estabilidad y las sugerencias sobre la necesidad de una nueva reforma sólo aportarán mayor incertidumbre. 
Señor Presidente, quiero felicitar, en primer lugar, a la Sra. Boudjenah por su acertado informe, que destaca como un hecho positivo que la Comisión desee crear una zona de libre cambio entre la UE y los países ACP. 
Las barreras arancelarias no son, sin embargo, el problema más importante para los países ACP, sino, como ya han señalado también varios colegas, las exportaciones agrícolas fuertemente subvencionadas de la UE. 
Por citar sólo un ejemplo sencillo, a Europa le cuesta casi 700 euros producir una tonelada de azúcar, mientras que en muchos países africanos su producción sólo cuesta algo menos de 300 euros. 
La simple teoría económica nos indica, por lo tanto, que la posición de los países africanos en los mercados del azúcar debería ser superior a la nuestra y que su liberalización debería constituir una vía para de crecimiento. 
Sin embargo, debido a las ayudas a la exportación de la UE, esto no es así, puesto que la UE brinda un apoyo a las exportaciones por un montante de 1 104 millones de euros, de manera que los agricultores europeos pueden vender su azúcar a un precio mucho más barato que los países en desarrollo. 
Evidentemente, el desarrollo de mercados interiores en los países ACP tampoco modificará esta situación. 
Ya se ha dicho, pero nunca lo repetiremos suficientemente: la UE no será un socio creíble, mientras mantengamos las ayudas agrícolas. 
Éstas constituyen un obstáculo para cualquier forma de desarrollo y de lucha contra la pobreza. 
Señor Presidente, agradezco calurosamente este informe y felicito a la ponente por su trabajo excelente y, en particular, el haber expresado con tanta claridad la interpretación del Parlamento de que el comercio sólo es un medio para un fin, y este fin es el desarrollo sostenible. 
Demasiado a menudo, en estas instituciones, existe una incoherencia masiva entre la política comercial europea, por un lado, y la política de desarrollo europeo por otra, con intereses comerciales que con demasiada frecuencia debilitan los objetivos de desarrollo. 
Con este informe, el Parlamento envía un mensaje muy claro de que los objetivos de desarrollo deben tener prioridad. 
Deseo subrayar algunos puntos clave. 
El primero, la capacidad. 
Es simplemente increíble que algunos de los países ACP más pobres dispongan de los recursos financieros y técnicos necesarios para continuar con la Agenda de Doha de la OMC, la Agenda del GATT, la Agenda NEPAD o ALCA al mismo tiempo que la Agenda de asociaciones económicas de la UE; y, a la vez, continuar de alguna manera con sus propios procesos de integración regionales. 
Sin embargo, son estos mismísimos procesos de integración regional los que la Comisión manifiesta querer apoyar. 
Debemos alejarnos de calendarios impuestos externamente para los que los países necesitan adoptar nuevos acuerdos, y en su lugar permitirles que se vayan adaptando a su propio ritmo, según cuales sean sus propias necesidades de desarrollo, al igual que los países industrializados pudieron hacerlo en su día. 
Por último, no está de más insistir en la importancia de esperar hasta que dispongamos de los resultados de las evaluaciones del impacto de estos acuerdos económicos propuestos. 
Deben llevarse a cabo con la plena participación de las personas locales y debemos obtener los resultados de estas evaluaciones de impacto antes de que comiencen las negociaciones. 
Si fuera necesario, debemos estar preparados para posponer las negociaciones hasta disponer de los mismos. 
Sólo así podremos tener la seguridad de que la iniciativa contribuirá realmente a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, este informe es aparentemente bien intencionado y reconoce la necesidad de los países ACP de exportar sus productos. 
Hay frases que suenan muy bien tales como: «hay que poner remedio a la desigualdad en el mundo». 
Sin embargo, como siempre, es pura palabrería e idealismo simplista. 
De hecho, lo que realmente me sorprende aquí es la gran cantidad de auténtica hipocresía. 
Los productos agrícolas son una parte muy importante de las exportaciones de los países ACP. 
Sin embargo, a pesar de todas las buenas palabras, el régimen arancelario de la UE hace que sea un mercado difícil, en el que un 16% como precio de entrada para los productos ACP es bastante normal. 
También significa que en Europa los consumidores pagan un precio excesivo por los alimentos. 
Naturalmente, la solución a todo ello- una auténtica reforma de la política agrícola común- no es sino un espejismo. 
¿Cómo podemos ni tan siquiera hablar de acuerdos de asociación con estos países, dado el interminable escándalo de los acuerdos de pesca de la Unión Europea? 
Este Parlamento sigue avalando por mayoría abrumadora acuerdos que suponen ingentes sumas de dinero de los contribuyentes que van directamente a parar a regímenes corruptos africanos: hasta 1.400 millones de euros tan sólo en los últimos años, de los cuales sólo un pequeño porcentaje o nada llega a las comunidades locales que lo necesitan. 
Debido a ello, cientos de pescadores negros indígenas africanos siguen muriendo. 
Ya he planteado antes este punto en este hemiciclo, y se me recibe con agresividad por parte de los españoles y con indiferencia por parte del Comisario Fischler. 
Para satisfacer la codicia de las grandes compañías en Europa, se hace la vista gorda ante un desastre humanitario. 
No espero que haya muchas personas aquí que estén de acuerdo con mi punto de vista sobre la integración política en la Unión Europea. 
En este ámbito de los acuerdos de pesca, me gustaría que me sorprendieran y nos dejaran ver algún tipo de reforma dando a estas comunidades costeras africanas en apuros alguna oportunidad. 
Desde 1994 ha habido repetidas pruebas documentales de todo ello y ya es hora de que se haga algo al respecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, dado que esta Asamblea tiene menos inclinaciones intergubernamentales, yo sustituiría en este contexto la palabra Consejo por Comisión. 
De paso, quisiera felicitar al Sr. Van Orden, gracias a cuya iniciativa se ha conseguido que la constitución incorpore el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea en su totalidad, sin ninguna excepción. 
He votado a favor del informe, ante todo porque creo que el Defensor del Pueblo Europeo cumple un papel muy importante, especialmente en vista de la distancia cada vez mayor que existe entre los órganos institucionales de la UE y los ciudadanos de los Estados miembros, en los procesos de toma de decisiones. 
En segundo lugar, porque deseo rendir un homenaje a la extraordinaria labor realizada por el Defensor del Pueblo saliente, Jacob Söderman. 
En tercer lugar, porque apoyo algunas de sus directrices más llamativas, concretamente la petición de que se apliquen siempre los principios consagrados en el Código de buena conducta administrativa de la UE y de que las instituciones apliquen rigurosamente el Reglamento nº 1049/2001/EC relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones europeas. 
No obstante, me siento obligado a criticar con dureza los intentos que de nuevo se han hecho, también aquí, para otorgar jurisdicción «por la fuerza» a la llamada Carta de Derechos Fundamentales, en un gesto que sólo se puede interpretar como un ataque contra la legalidad y la democracia europea; si la CIG, el único órgano competente en esta materia, no dio ese paso, porque no lo creyó oportuno, ningún órgano, tribunal u organismo comunitario está autorizado a hacerlo, so pena de infringir seriamente la ley. 
He decidido apoyar el informe y la propuesta de resolución teniendo en cuenta, concretamente, algunos aspectos que quisiera destacar: su solicitud de que la Convención Europea también se ocupe de consolidar el derecho de petición; su invitación a que se incorporen nuevas herramientas de tratamiento de datos que permitan que los solicitantes puedan seguir la tramitación de sus peticiones y las de otras personas a través de Internet; su crítica a la falta de entusiasmo del Consejo, en lo que respecta a la cooperación con la Comisión de Peticiones; y también su solicitud de que las peticiones se examinen y se tramiten con mayor rapidez. 
Creo que las peticiones podrían llegar a ser un instrumento importante para el ejercicio de la ciudadanía y la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas y las instituciones, y me parece muy interesante la idea que plantea el ponente en cuanto a la posibilidad de que «los ciudadanos inicien la reforma de la legislación comunitaria mediante la presentación de peticiones al Parlamento Europeo». 
Señor Presidente, los conservadores británicos apoyan la idea central de esta Directiva. 
Nuevos motores de combustión de mezcla pobre o de tecnología de raíl común requieren combustibles bajos en sulfuro como habilitador tecnológico para que los convertidores catalíticos avanzados puedan funcionar. 
Sin embargo, es un error ampliarlo a la maquinaria móvil no de carretera, como los tractores y la maquinaria de construcción. 
Todavía no van equipados con convertidores catalíticos y, por lo tanto, no requieren este tipo de combustible. 
De hecho, se producirá más CO2 en el proceso de refinado por tratamiento adicional. 
Los costes del combustible se incrementarán un 10% como mínimo, lo que representará una nueva carga que añadir a los agricultores ya de por sí en apuros que deberán soportarla cuando menos pueden. 
Lamentamos profundamente que las enmiendas 10 y 13 hayan sido aprobadas por el Parlamento. 
El informe de la Sra. Hautala sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo entraña graves consecuencias económicas para las explotaciones agrícolas y forestales. 
En primer lugar, amplía a las máquinas móviles no de carretera (o sea, los tractores agrícolas y forestales) las normas de calidad de los combustibles aplicables a todos los vehículos de carretera. 
Nosotros consideramos que esta medida corresponde al ámbito de la Directiva sobre máquinas móviles no de carretera. 
En segundo lugar, la reducción del contenido en azufre para las máquinas móviles no de carretera supondrá un incremento del 8 al 10% del precio por litro. 
Esta medida multiplicará la calidad del gasóleo en el mercado y generará considerables problemas logísticos, sin que suponga ningún valor añadido para el medioambiente. 
Por último, la exigencia de la utilización de una nueva categoría de combustible en la agricultura obligará a cambiar los depósitos, con un coste medio de 5 000 euros por explotación. 
Esto representa un coste extra considerable para un sector como el de la agricultura, ya debilitado por las crisis sanitarias, y que está a la espera de las nuevas directrices de la PAC. 
Con objeto de evitar la quiebra de este sector, preferiríamos que se excluyesen las máquinas móviles no de carretera y se respetase la posición común realista adoptada por el Consejo. 
Queremos expresar nuestras reservas con respecto al informe Hautala. 
El objetivo de reducir el contenido de azufre de la gasolina y el gasóleo es, sin duda, elogiable, pero los considerables problemas logísticos que plantea la propuesta no parece que vayan a reportar ningún beneficio conocido para el medioambiente. 
Cuando la Comisión de Medio Ambiente examinó el informe, ni la ponente ni tampoco la Comisión pudieron pronunciarse sobre las diversas implicaciones de la iniciativa desde el punto de vista de la relación entre costes y beneficios. 
Nosotros no apoyamos que se incluyan en la directiva a partir de 2005 los combustibles destinados a las máquinas no de carretera. 
Es una propuesta poco realista que podría debilitar todavía más al sector agrícola. 
Deberíamos revisar la cuestión de la completa equiparación de los vehículos en el momento de la revisión intermedia de 2005. 
Nos oponemos asimismo a que se supriman las excepciones actuales relativas al contenido de azufre de la gasolina y el petróleo. 
El objetivo es poder seguir respondiendo a las restricciones asociadas con el abastecimiento de las regiones ultraperiféricas. 
Finalmente, condenamos que no se reconozca la necesidad de modificar el límite de volatilidad de las mezclas de etanol y gasolina. 
Esta medida tiene por objeto permitir que los Estados miembros incluyan la gasolina con etanol incorporado, con el fin de cumplir así los objetivos establecidos en la propuesta de directiva sobre biocombustibles. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Las embarcaciones de recreo son una realidad cotidiana en Portugal y, más concretamente, en la región turística del Algarve. 
Con este contexto en mente, quiero manifestar mi apoyo incondicional al ponente, el Sr. Callanan, y a la propuesta de la Comisión que tiene por objeto mejorar la adecuación de las embarcaciones de recreo a las normas de protección del medioambiente vigentes, en particular en lo que respecta a las emisiones de escape y al ruido de los motores, que son perjudiciales tanto para el medioambiente de la región como para el bienestar de quienes pasan sus vacaciones allí. 
La adecuación de las embarcaciones existentes a la legislación supondrá unos costes considerables que no pueden ser desproporcionados para los propietarios de los barcos ni tampoco recaer exclusivamente sobre los astilleros. 
Por ello, considero innecesarias las inspecciones anuales obligatorias de las embarcaciones. 
Los demócrata-cristianos suecos hemos votado hoy a favor del informe que establece límites europeos más rigurosos para las emisiones sonoras y de escape de las embarcaciones de recreo. 
No obstante, rechazamos una armonización total de las normas, dado que las condiciones básicas varían mucho en los distintos Estados miembros. 
Se deberían adoptar, por contra, unos niveles mínimos que permitan a los Estados miembros establecer niveles más rigurosos por razones medioambientales. 
Asimismo rechazamos que se establezcan unas exigencias comunes en materia de gases de escape más rigurosas para los lagos, puesto que muchas embarcaciones de recreo se utilizan indistintamente en el mar y en los lagos, sobre todo en Suecia y Finlandia. 
Una consecuencia posible de esta diferenciación es que no se sustituyan los motores antiguos más contaminantes por otros nuevos, porque éstos no cumplan las exigencias más rigurosas. 
Las emisiones causan problemas de especial gravedad en los países donde el agua potable se obtiene de los lagos. 
También en estos casos, unas normas mínimas concederían a los Estados miembros libertad para imponer requisitos más rigurosos en materia de emisiones de gases de escape. 
Los Estados miembros también deberían tener la posibilidad de prohibir o limitar la circulación de embarcaciones de recreo en determinados lagos. 
Finalmente, consideramos que sería un error introducir nuevas exigencias más estrictas con respecto a la emisión de gases de escape, apenas tres años después de la entrada en vigor de la directiva. 
Para la industria es importante contar con unas normas básicas claras. 
Unas normas mínimas son el instrumento más adecuado para fomentar el desarrollo. 
Éstas brindan a los fabricantes la oportunidad de adaptarse de manera voluntaria y de desarrollar tecnologías que se adecuen a las normas vigentes más estrictas, con objeto de poder vender en todos los Estados miembros. 
El resultado de la votación me ha decepcionado profundamente, en mi calidad de diputada alemana y bávara del Parlamento Europeo. 
En nombre de mis estimados amigos de la CSU, con quienes he votado a favor de unos valores límite más rigurosos, debo manifestar firmemente que se ha desperdiciado, hasta dentro de muchos años, una oportunidad de limitar la contaminación de las aguas causada por las embarcaciones de recreo. 
Por desgracia, tenemos la impresión de que los fabricantes de motores para embarcaciones de recreo están frenando deliberadamente los avances en ingeniería- tenemos un ejemplo de ello en Suiza -, con objeto de poder argumentar como lo ha hecho el ponente. 
A todos los que apoyan el uso deportivo de embarcaciones a motor y de vela, conscientes de que cada vez son más numerosas las personas aficionadas a estos deportes y a estas actividades de ocio, debería preocuparles que se practiquen con el mayor respeto posible por el medioambiente. 
El dudoso resultado del Pleno de hoy ciertamente no puede ser motivo de satisfacción. 
«La brecha cada vez más profunda entre el Norte y el Sur se debe convertir en nuestra nueva frontera, nuestro nuevo reto. 
En Europa derribamos un muro y no podemos aceptar que otro muro divida al mundo en dos.» 
Romano Prodi pronunció estas sugerentes palabras el 2 de septiembre en Johanesburgo, donde no vaciló en señalar la necesidad de «medidas concretas» y «calendarios obligatorios». 
Lamentablemente, ustedes ya saben tan bien como yo qué ocurrió luego. 
Aunque no debemos infravalorar las ventajas que supone la ratificación del Proceso de Kioto y la iniciativa de reducir a la mitad hasta 2015 el número de personas que no tienen acceso a agua potable de calidad y a unas condiciones sanitarias adecuadas, la Cumbre de la Tierra no fue capaz de «devolver la esperanza a los más pobres» , independientemente de lo que piense el Sr. Prodi. 
«Asegurémonos de que el siglo XXI no aparezca, para las generaciones futuras, como un crimen contra la humanidad, contra la vida»? 
Ésta era, ni más ni menos, la tarea de la Cumbre Mundial de Johanesburgo. Por desgracia, la persona que pronunció estas palabras, el Presidente francés, como muchos otros jefes de Estado de las mayores potencias del mundo, ha prestado escasa atención al reto que se nos plantea: la supervivencia de la Tierra y de la humanidad. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
La supresión de los incentivos a las exportaciones agrícolas y de las barreras a las exportaciones de alimentos de los países en desarrollo permitirá que los países del Sur ocupen el lugar que les corresponde dentro del comercio mundial. 
Sin embargo, a menudo se exagera la interrelación entre comercio, contaminación medioambiental y desarrollo que se deriva de la política agraria de la UE. 
Las perturbaciones en los mercados agrícolas afectan a pocos productos y, por lo tanto, habría que examinar sus posibles repercusiones para un desarrollo duradero. 
Tenemos que actuar e impulsar los llamados aspectos no relacionados con el comercio en el curso de las negociaciones en el marco de la OMC. 
Esta organización debe dejar de eludir las cuestiones referentes a la protección de los consumidores, el medio ambiente y las normas de protección de los animales. 
Esto incluye llevar a la práctica la labor a favor del desarrollo de los quince Estados miembros de la UE, tal como se ha formulado en más de una ocasión. 
Se deben examinar de inmediato, de manera detallada, las decisiones adoptadas en Doha (sobre el comercio) y en Monterrey (sobre las finanzas). 
. (EN) Ahora que ha concluido la Cumbre, debe continuar el trabajo decisivo de garantizar el desarrollo sostenible. 
En Johanesburgo lo se logró todo, pero se han realizado auténticos progresos. 
Estoy seguro de que la Cumbre supondrá una diferencia significativa en ámbitos esenciales como el agua y la energía. 
La única manera de tratar estos asuntos pasa por una acción común a escala mundial. 
En la UE sabemos lo mucho que podemos lograr haciendo fondo común de nuestros recursos, con el establecimiento de normas comunes, abordando juntos los problemas ambientales que tienen implicaciones transfronterizas. 
Podemos estar orgullosos de que la UE desempeñara un papel crucial en Johanesburgo al presentar una agenda sobre desarrollo sostenible muy ambiciosa. 
Sin los esfuerzos de la UE, no creo que la Cumbre hubiera realizado grandes progresos. 
La Cumbre no fue capaz de lograr un resultado satisfactorio para el objetivo de incrementar la cuota de energía renovable en la producción de energía mundial. 
Ello es fundamental si todos debemos cumplir nuestros compromisos con el Protocolo de Kioto. 
Incluso si algunos países del mundo desarrollado no ponen nada de su parte en este sentido, creo que la UE y otros países con ideas afines deben, no obstante, bregar a favor de una actuación más ambiciosa en este terreno. 
La UE puede hacer declaraciones grandilocuentes, pero los lamentables resultados de Johanesburgo confirman que no ha sido más que una reunión, impregnada de hipocresía y lágrimas de cocodrilo, entre los países del llamado mundo desarrollado para tratar de la miseria que sus intereses capitalistas han impuesto al Tercer Mundo. 
Lamentablemente, la resolución del Parlamento Europeo, pese a todas sus buenas intenciones y su «sensibilidad» , sólo es portavoz de la misma hipocresía. 
Resulta indignante oír afirmar que la globalización capitalista beneficiará a los países pobres, cuando las condiciones inflexibles en las que se desarrolla el comercio internacional capitalista no contribuyen a mejorar en absoluto la vida de la población del planeta. 
Ni una palabra sobre la deuda externa que mantiene arrodillados a los países en desarrollo o sobre las responsabilidades de las multinacionales: sólo una lamentable autocomplacencia hipócrita cuando se invita a las mismas multinacionales a que demuestren «sensibilidad». 
La pretensión de que las subvenciones a la producción agrícola en la UE son la causa del subdesarrollo del Tercer Mundo y que, por lo tanto, se deberían suprimir progresivamente se ha aceptado sin matices, en un frenesí de hipocresía. 
Los mismos buenos deseos, los mismos ruegos apelando a la «sensibilidad» , mientras no se registra ningún progreso en la aplicación del Protocolo de Kioto, equivalen a volver provocadoramente la espalda a una catástrofe inminente. 
Nosotros vamos a votar en contra de la resolución, en señal de protesta contra quienes están allanando el camino para una explotación aún mayor de las masas. 
El concepto de desarrollo sostenible nace de una necesidad: la de responder, mediante una solidaridad atenta al futuro, a la sensación de complejidad y dependencia que caracteriza a la globalización. 
Se esgrimen «antídotos terminológicos» disfrazados de panaceas; el concepto de desarrollo sostenible es uno de ellos. 
En el contexto de un discurso medioambiental en el que el principio de cautela se transforma en una política, y el buen gobierno, en un mito, resulta sencilla la autoalimentación y autojustificación de dicho concepto. 
En efecto, este vago principio, que propugna la transparencia de la toma de decisiones, es a veces muy opaco. 
La resolución de hoy es un ejemplo característico de los textos que se nos presentan sobre esta materia. 
Apoyándose en declaraciones de intenciones que hacen inevitable la unanimidad, abren la puerta a elementos técnicos, a veces discutibles. 
Hoy se trata de una reforma de la PAC y de la política comercial comunitaria y, por lo tanto, implícitamente, de la política pesquera. 
No es mi intención denigrar un concepto firme y estimulante, sino alertar contra el riesgo de instrumentalización que puede entrañar. 
Asimismo proponemos que se retome la interpretación del Informe Brundtland, que definía el desarrollo sostenible como una orientación para la acción. 
De esta manera, se volvería a confiar la actuación a los Estados nacionales, en el contexto de organizaciones internacionales o por medio de la cooperación bilateral. 
Resulta bastante desagradable leer la resolución del Parlamento Europeo sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y descubrir en cada línea una cierta arrogancia por parte de la Unión Europea, que quiere obligar a los Estados miembros, a los países candidatos y a terceros países a que suscriban los Estatutos de la Corte o se nieguen a firmar acuerdos bilaterales con los no signatarios. 
Es como si la Unión Europea tuviese la exclusiva de principios universales superiores que le indican que la Corte debe tener competencia universal. 
Sin embargo, no es así. 
La CPI se basa en un tratado que sólo vincula a las partes firmantes. 
En consecuencia, los Estados Unidos tienen derecho a estipular que, si no lo firman, sus ciudadanos no podrán ser juzgados por la Corte sin su consentimiento. 
La Unión Europea se equivoca cuando piensa o finge pensar lo contrario, y esto complica innecesariamente las relaciones transatlánticas. 
Además, ante esta arrogancia europea, los Estados Unidos parecen tener buenos motivos para desconfiar. 
¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Europa? 
Debemos recordar que puede ser peligroso abandonar las normas tradicionales del orden internacional, en favor de un sistema de justicia mundial que carecerá de fundamento real si no cuenta con el consentimiento de todas las naciones. 
La postura agresiva que han adoptado los estadounidenses en relación con la Corte Penal Internacional es producto de sus planes belicosos e imperialistas. 
Es perfectamente coherente con su actitud general hacia la ONU, a la que ignoran por completo cuando tienen dificultades para conseguir que se pliegue a sus intereses. 
Así, después de aprobar un proyecto de ley que concede inmunidad al personal estadounidense, aunque haya cometido crímenes de guerra o genocidio, ahora están coaccionando a diversos países para que suscriban acuerdos bilaterales que contienen cláusulas de inmunidad. 
¿Qué está haciendo exactamente la llamada comunidad internacional ante esta provocación humillante? 
La ONU se ha apresurado a complacer a los estadounidenses concediéndoles inmunidad por sus delitos durante un año, como mínimo, y excluyendo el delito de agresión de la jurisdicción de la CPI. 
La UE mantiene firmemente su posición proatlántica y se niega a pronunciarse sobre los planes precipitados de guerra contra Iraq: un Estado miembro (Inglaterra) participa activamente en los preparativos de guerra y otros tres Estados miembros se han manifestado públicamente a favor de la contienda, sin que la UE haya reaccionado en absoluto. 
A la vista de lo anterior, en nuestra calidad de miembros del Partido Comunista de Grecia, consideramos que el interés de la UE por la CPI, tal como se expresa en la resolución votada, es hipócrita y sólo forma parte de un punto muerto entre las potencias imperialistas mientras se disputan los despojos, y no vamos a apoyar la resolución. 
La resolución común, que une a la izquierda y a la derecha de la Asamblea en una conmovedora muestra de unanimidad y se ocupa de las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, el mercado común en el que participan cuatro países latinoamericanos, entre ellos el Brasil y la Argentina, tiene por objeto, entre otras cosas, «revisar y resolver el problema de la deuda externa de los cuatro países» , en un momento en el que la bancarrota de la Argentina se está propagando al Uruguay y amenaza ahora al Brasil. 
La resolución insta a la Unión Europea a que ofrezca apoyo financiero al Mercosur. 
Aun enmendada con vagas promesas de ayuda para diversas «iniciativas de solidaridad económica» que ha tenido que poner en marcha la población para poder sobrevivir, la resolución aboga, sobre todo, por que el Mercosur siga siendo una bendición para las empresas europeas que, en cinco años, han triplicado sus exportaciones y que son los socios principales de la organización. 
A las empresas europeas les encantaría mantener así su pequeña parcela en el patio trasero de los Estados Unidos. 
No obstante, la aplicación de esta política depredadora, cada vez más favorable a los grupos capitalistas tanto estadounidenses como europeos, y de la que se han beneficiado las clases adineradas de América Latina, es justamente lo que ha sumido a la mayoría de la población en la miseria y el paro. 
Continuar esta política de saqueo sólo puede agravar su extrema pobreza. 
Por ello, hemos votado en contra de la resolución. 
La resolución común afirma que «la UE es el principal socio comercial y el principal inversor en el Mercosur». 
Deberíamos considerar más atentamente esas inversiones. 
Éstas están directamente relacionadas con las políticas liberales de ajuste estructural. 
Por ejemplo, empresas francesas como EDF, Suez Lyonnaise o France Telecom se han aprovechado de la oleada de privatizaciones de servicios públicos para introducirse en estos «mercados» , con la única finalidad de obtener beneficios. 
Esto se ha traducido en el despido de trabajadores y en el aumento de las tarifas para los usuarios. 
La gota que colma el vaso es que una empresa como Edenor en la Argentina, la filial principal de EDF, está pidiendo actualmente al gobierno la renegociación de su deuda, junto con un acuerdo para aumentar sus tarifas. 
Privatización de los beneficios y nacionalización de las pérdidas: ésta es la verdadera cara del «compromiso estratégico y solidario de la Unión con los países del Mercosur y con su proyecto de integración económica y política» , que la resolución elogia. 
Despidos masivos, inseguridad, paro, pobreza, desmantelamiento de los servicios públicos: éste es el resultado de la política del FMI que han aplicado los países del Mercosur. 
Por nuestra parte, reafirmamos nuestra total solidaridad con los movimientos populares que están surgiendo en dichos países, en particular en la Argentina. 
La primera medida mínima que podría adoptar Europa es la cancelación total de la deuda de los países del Mercosur. 
Puesto que nada de todo esto figura en la resolución, he votado en contra. 
El informe del Sr. Brok nos parece, en general, acertado. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con algunos de sus puntos. 
Apartado 11: Por razones de eficacia, y con objeto de aumentar la probabilidad de que la UE hable con una sola voz, vemos con buenos ojos, igual que el informe, la fusión de las tareas del Alto Representante y del Comisario de Relaciones Exteriores. 
Al mismo tiempo, no estamos preparados para decidir, en este momento, en cuál de las instituciones se debe inscribir dicho servicio fusionado. 
En cualquier caso, la Política Exterior y de Seguridad Común es un tema intergubernamental. 
Apartado 14: Estamos a favor de la norma que permitiría actuar a los Estados miembros en el marco de una cooperación reforzada, pero creemos que no debería ser admisible su aplicación en los ámbitos de la política de seguridad y de defensa. 
Apartado 20: El informe no debería animar a los Estados miembros a aumentar sus presupuestos de defensa. 
Apartado 23: No estamos de acuerdo con que deba modificarse el artículo 28 del Tratado, con objeto de que los costes de las operaciones militares, en el marco de la política común de seguridad y de defensa, se puedan financiar con cargo al presupuesto comunitario. 
Apartado 26: No nos oponemos a que se estrechen las relaciones institucionales entre la OTAN y la UE, como requisito previo para que la UE pueda emprender eficazmente operaciones militares relacionadas con la gestión de crisis, pero, aun así, quisiéramos dejar patente que, en nuestra opinión, cualquier intervención militar debe ir precedida de un mandato adecuado de las Naciones Unidas. 
El informe sobre la PESC se inscribe, en líneas generales, dentro del enfoque de la ampliación de la comunitarización y la militarización de la Unión Europea, mediante el desarrollo de una política común de seguridad y de defensa, concebida como el pilar europeo de la OTAN, en el marco de nuestra asociación con los Estados Unidos. 
Entre los diversos aspectos preocupantes, me siento en la obligación de destacar la manera «ambigua» y supuestamente «neutral» en la que se está abordando la situación actual en Oriente Próximo, quitando importancia a la gran responsabilidad del Gobierno israelí por la situación intolerable que vive Palestina, debida a su política de terror y violencia contra el pueblo palestino y sus representantes, a su ocupación ilegal de los territorios palestinos y a su incumplimiento de las resoluciones de la ONU. 
Igualmente negativa es la postura adoptada por la actual Presidencia danesa que, en el debate celebrado en este Pleno, no condenó al Gobierno israelí por el sitio inaceptable impuesto a la Autoridad Nacional Palestina y por el chantaje contra el presidente Yaser Arafat, y no reclamó su fin y la retirada inmediata del ejército israelí. 
Me parece asimismo un error que no se hayan aceptado las enmiendas presentadas por mi grupo, que tenían por objeto rechazar cualquier agresión militar contra Iraq, el levantamiento del embargo contra dicho país y el impulso de negociaciones entre Iraq y la ONU, con el fin de buscar una solución para la presente situación. 
Por eso hemos votado en contra. 
Este informe sobre los avances realizados en la aplicación de la PESC se presenta en un momento en que Europa se encuentra totalmente ausente de la escena internacional. 
Sin embargo, Europa continúa manifestando la misma voluntad obstinada de ignorar la realidad: que, en la actualidad, un Estado está utilizando su poder colosal para imponer su hegemonía. 
Es cierto que la actitud de los Estados Unidos con respecto a Iraq, por ejemplo, es lamentable. 
No obstante, es también la expresión de una constante de la geopolítica, a saber, que las relaciones internacionales las determinan primordialmente los Estados cuya actuación es resultado de una libre valoración de sus intereses vitales. 
El problema de Europa es que se encuentra ante una nación que, además de ser ya desproporcionadamente poderosa, se está beneficiando de la desaparición de gran parte del cuerpo diplomático europeo. 
La integración europea, lejos de aportar un valor añadido, ha conducido a una nivelación por abajo del cuerpo diplomático que mantiene el desequilibrio entre las potencias. 
La comunitarización de una PESC virtual sería, por lo tanto, un grave error histórico: coartaría todavía más a los Estados miembros, cuando la libertad de nuestras naciones, en el ámbito de la política exterior y también en el de otras políticas, es la fuente de la independencia de Europa; esto no excluye la cooperación entre países ni tampoco la coordinación libremente discutida y aceptada de sus políticas. 
En el informe sobre la Política Exterior y de Seguridad Común que se ha aprobado hoy, el Parlamento expresa una serie de opiniones con respecto a la dirección en la que desearía que se orientasen, en el futuro, las políticas de dicho ámbito. 
A la vista de varias de estas opiniones, me he sentido obligado a votar en contra del informe. 
Hoy en día, en la UE, hay una serie de países que son neutrales, entre ellos Suecia e Irlanda. 
Con la aprobación de la enmienda 2, que aboga por que se incorporen a una futura constitución europea las obligaciones de asistencia mutua que establece el Tratado de la Unión Europea Occidental, el Parlamento declara que no respeta la postura de dichos países y que quiere obligarlos a renunciar a su neutralidad. 
Esto se contradice, por ejemplo, con los acuerdos de adhesión firmados por dichos países cuando pasaron a ser Estados miembros de la UE. 
La mayoría del Parlamento también comparte la postura del considerando I de que la política exterior y de seguridad debe ser una política común. 
A la luz de posturas anteriores, esto se debe interpretar como indicativo de un deseo de que se aplique el método comunitario y de que se conceda poder de codecisión al Parlamento. 
Creo que esto no sería ni realista ni deseable. 
En el apartado 19 se plantea, asimismo, la petición? insuficientemente fundamentada, en mi opinión? de que se cree una agencia europea de armamento. 
El Código de conducta de la Unión Europea es el sistema internacional de control de las exportaciones de armas más completo que existe. 
La Unión Europea participa de manera positiva en la restricción y el control de las exportaciones de armas e intenta incorporar una dimensión ética al comercio de armamento. 
Además de los procedimientos jurídicos y los tratados, se requieren acciones adicionales para limitar la proliferación de armamento. 
La prevención de conflictos no incluye sólo la restricción a las exportaciones de armas. 
Para que sea eficaz, debe ir acompañada del apoyo a la democracia y al sistema democrático liberal (protección de la población civil por el Estado, educación encaminada a crear una cultura de paz, creación de instituciones dedicadas a la resolución de conflictos a través de la negociación, etc.) en los países en desarrollo en cuestión. 
En este contexto, conviene destacar que no se puede impedir a un régimen democrático incipiente y frágil que se defienda contra una rebelión que aspire a derrocarlo. 
Además, los países industrializados también deben apoyar programas de microdesarme, de retirada de minas, de formación de las fuerzas de seguridad y de apoyo jurídico en el contexto de sus proyectos de cooperación al desarrollo. 
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(FR) Cuatro años después de la aprobación del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, ya era hora de que el Parlamento Europeo manifestase a los Estados miembros su voluntad de dar carácter vinculante a los criterios comunes sobre exportación de armas. 
Me congratulo de que se hayan aprobado las enmiendas en este sentido. 
Todos los Estados miembros deberían incorporar a su legislación nacional las disposiciones del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, siguiendo el ejemplo del Gobierno belga. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, nos ha dejado absolutamente anonadados que la Comisión haya presentado una propuesta encaminada a suavizar los criterios de estabilidad, sin llegar primero a un acuerdo con el Parlamento Europeo en las comisiones pertinentes. 
Quisiera solicitar que dicha propuesta de la Comisión se debata aquí en el Parlamento con la máxima rapidez y eficacia posibles, puesto que la presente posición no cuenta, creo yo, con el apoyo de esta Asamblea. 
Su propuesta se tendrá que comunicar, como es lógico, a la Conferencia de Presidentes, que lamentablemente se ha celebrado esta mañana, en lugar del jueves por la tarde, como suele ser habitual. 
Si hubiese presentado la propuesta esta mañana, tal vez habríamos podido persuadir a la Conferencia de Presidentes para que la hubiera examinado en la reunión de hoy pero, en cualquier caso, constará en el Acta y se examinará, con objeto de poder incluir este punto en el orden del día de uno de los próximos períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, tengo que salir en defensa de mi estimado amigo. 
No podría haber formulado la propuesta esta mañana porque el Acta no se aprueba hasta la tarde. 
Sin embargo, yo querría referirme a un asunto muy distinto. 
Como se puede comprobar en el Acta, ayer no se celebró el turno de preguntas y, aun así, la sesión se levantó a las 22.20 horas, o sea, bastante antes de lo previsto. 
Es decir, que habría quedado tiempo suficiente para el turno de preguntas. 
Ya sé que probablemente me responderá que así lo decidió la Conferencia de Presidentes, pero es responsabilidad de la Mesa- y le ruego que así se lo transmita- velar por el cumplimiento del Reglamento. 
Y éste establece claramente que cada una de las doce sesiones plenarias de Estrasburgo debe incluir un turno de preguntas: al menos, así es como yo lo interpreto. 
Se trata de un derecho parlamentario y no es negociable. 
Por lo tanto, la supresión esta semana del turno de preguntas al Consejo y a la Comisión constituye, a mi parecer, una infracción de nuestros derechos parlamentarios fundamentales y también una infracción del Reglamento, a pesar de que quedaba tiempo suficiente. 
Esta tarde sólo se celebrará un debate. 
Por consiguiente, podríamos haber celebrado, sin dificultad, esta tarde, un debate de actualidad, pero también se ha suspendido. 
Ha habido un golpe de Estado en Côte d ' Ivoire. Está previsto que esto se debata el 9 de octubre, cuando ya habrá pasado a la historia. 
Les ruego encarecidamente que organicen los trabajos parlamentarios de un modo distinto a como se ha hecho esta tarde y esta semana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (O-0040/02- B5-0254/02) , presentada por el Sr. Rocard a la Comisión, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el seguimiento por la Comisión Europea del estándar MHP (Multimedia Home Platform). 
Señor Presidente, puede que el Sr. Posselt disponga de mucho tiempo, pero yo por mi parte debo marcharme, ya que mi vuelo sale de Frankfurt a las 15.30 horas. 
Mañana debo intervenir en una conferencia en Grecia sobre este mismo tema. 
Me disculpo de antemano ante el Comisario, y voy a ser mucho más breve de lo que hubiera sido el presidente de nuestra comisión de haber asistido a este hemiciclo. 
Normalmente, hubiera sido sustituido por nuestra colega, la Sra. Junker, pero se ha encontrado indispuesta y ha sido hospitalizada. 
Estoy seguro de que la Cámara le desea una pronta recuperación. 
Debo declarar que soy parte interesada en calidad de consejero de una compañía de televisión que, sin duda, participará en el campo de la radiodifusión digital y de las comunicaciones de banda ancha, aunque probablemente esto suceda mucho después de que yo haya dejado de tener relación con la misma. 
¿Desea el Comisario que repita la pregunta del Sr. Rocard? 
¿Y responderá el Comisario al debate en su conjunto al final del mismo? 
Está previsto que el Comisario intervenga inmediatamente después de su intervención, señor Whitehead. 
Señor Presidente, desearía decir algunas palabras sobre la razón de esta pregunta y su urgencia. 
Fundamentalmente tiene que ver con el ritmo con el que podremos abrir un debate pleno y apropiado sobre la normativa para una MHP única, si es que vamos a tener una. 
Creo que el Comisario informará en su réplica de hoy de cuándo se introducirá y publicará la normativa necesaria. 
El motivo de la urgencia es que este tema está también estrechamente relacionado con el debate en curso sobre la concentración de medios de comunicación y con el desarrollo en el campo de las comunicaciones de banda ancha, en particular en vista de lo que está ocurriendo actualmente en los campos de la televisión y la radiodifusión. 
En mi propio Estado miembro hemos tenido planes ambiciosos, cuyo objetivo era tener el sistema de radiodifusión más competitivo del mundo desarrollado en 2005. 
Sin embargo, nos hemos encontrado con toda una serie de obstáculos en el camino hacia la deseada creación de un mercado realmente competitivo para la radiodifusión digital y hacia un apagón analógico previsto con antelación. 
Esto sirve de advertencia a muchos de nosotros- sin duda para los integrantes de la Comisión de Cultura, que tienen la misma perspectiva que planteo- de que el consumidor y el ciudadano necesitan beneficiarse de un debate abierto y amplio, que tenga en cuenta, en cierta medida, los problemas que hemos tenido en anteriores intentos de regulación, así como aquellos a los que nos enfrentamos actualmente. 
Es necesario que existan indicadores claros sobre la forma en que se puede explotar un sistema de interconexión no discriminatorio y de supervisión de las pasarelas de radiodifusión de banda ancha y otros sistemas, en interés público. 
Soy plenamente consciente de que uno de los primeros intentos para el establecimiento de una normativa anticipada en materia de radiodifusión por satélite falló debido a que las emisoras más poderosas en aquellos momentos- y que siguen existiendo actualmente, pero todavía más fuertes y gozando de más poder- decidieron evitarlas deliberadamente y hacer lo que les pareciera. 
Con la utilización eficaz del mercado y de tecnología menos avanzada, pudieron acabar eficazmente con la primera tentativa de una normativa común. 
No queremos volver a cometer este mismo error, y creo que en esta situación deseamos conocer de qué forma vamos a proceder. 
Desearía solicitar al Comisario que indicara de qué forma la Unión Europea en su conjunto puede ejercer un papel activo para alentar y contribuir a que se reúnan los operadores de interfaces de programas de aplicaciones (API). 
Debe conocer los recelos que existen en este aspecto y dónde se generan exactamente. 
Es probable que las API repitan de alguna manera lo que sucedió en el debate sobre el acceso condicional y las pasarelas para la radiodifusión por satélite. 
Mucha gente, en particular en mi país, diría que no es preciso tener una norma única preceptiva, y que sería mejor alentar a las API para que se reúnan. 
Para los escépticos que creen que esto estaría profundamente en contra de algunos de sus intereses para que así se hiciera, y debe reconocerse que entonces estaríamos apostando todo a una estrategia con la que algunos de los grandes operadores, una vez más, no desearían colaborar. 
¿De qué modo el Comisario concilia la necesidad de competencia, garantía de pluralidad, con los avances técnicos- según los que los explotan y se benefician de ellos- que se generarán en un mercado no regulado? 
No creo que podamos proseguir con este asunto sin considerar adecuadamente no solamente el debate técnico sino también el modo en que los monopolios se están desarrollando actualmente. 
Espero que las preguntas del Sr. Rocard harán que el debate siga adelante y, al menos, podré escuchar al Comisario durante el tiempo del que dispongo. 
Me disculpo una vez más por tener que marcharme antes de que finalice este debate, en el cual participo, como pueden ver, avisando con muy poca antelación. 
Nos sumamos a sus deseos de que la Sra. Junker tenga una rápida recuperación, señor Whitehead. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por su detallada respuesta a la pregunta planteada por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que ha estado examinando las posibles maneras de garantizar el libre flujo de la información y la libertad de elección de los espectadores en la era digital. 
¿Cómo podemos lograr este objetivo? 
No es necesario otro debate, pues ya celebramos el nuestro cuando aprobamos una resolución sobre el paquete de telecomunicaciones y, más concretamente, sobre la directiva marco. 
Hoy deseábamos? y por ello planteamos la pregunta? que la Comisión nos indicase qué puede hacer para impulsar la aplicación de las resoluciones que aprobamos entonces. 
Y yo me siento agradecida, pues creo que las declaraciones de la Comisión nos han indicado una vía constructiva que nos permitirá avanzar. 
No obstante, quisiera reiterar que contamos con tres resoluciones fundamentales. 
En primer lugar, las interfaces abiertas, las llamadas API, no bastan; es necesario que éstas sean ampliamente accesibles, es decir, que sean interoperativas. 
Éste es el objetivo que marcamos conjuntamente en la directiva marco. 
En segundo lugar, decidimos que los Estados miembros debían fomentar la introducción de tecnologías interoperativas. 
En tercer lugar, decidimos que el plazo para la aplicación de este procedimiento voluntario se extendería hasta julio de 2004. 
El Parlamento reclama que se adopten medidas para dar con una solución voluntaria y sencilla para el usuario, y que además garantice una verdadera libertad de elección, así como el pluralismo. 
Para ello, tal como ha declarado hoy usted, señor Comisario, necesitamos que se haga pública la tecnología, las normas que cumplen dichos requisitos. 
Existe una norma ya autorizada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, responsable de la emisión de normas, concretamente de la MHP, y por este motivo, la petición del Parlamento en la resolución que vamos a votar hoy está muy clara. 
Queremos promover la tecnología que cumple los requisitos de manera incontrovertible. 
Por ello, en la resolución se pide y se insta a los Estados miembros a que presenten lo más pronto posible? nosotros proponemos que sea antes de finales de año? un plan de acción sobre cómo se proponen alcanzar dicho objetivo, de manera que, para julio de 2004, dispongamos de resultados tangibles. 
De modo que, como pueden ver? y quiero manifestar aquí mi agradecimiento a todos los distinguidos amigos de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que han contribuido con su ayuda? , nos remitimos a la resolución y a su aplicación voluntaria, pero en el plazo especificado y para el fin especificado. 
Ésta es la finalidad de la resolución. 
Esperamos que cuente con la aprobación y el apoyo de la Comisión y de los Estados miembros, en interés de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, le agradezco sus declaraciones de hoy; para nosotros representan un paso verdaderamente importante en el contexto del procedimiento voluntario común, tal como ha señalado Ruth Hieronymi. 
Aunque no hemos planteado el tema de la interoperabilidad completa en el marco de la directiva relativa a las telecomunicaciones, sabemos que es de enorme importancia para Europa, que es la que establece las normas en materia de política de medios de comunicación. 
La Comisión y las autoridades reguladoras tal vez no mostraron suficiente decisión en un primer momento, al igual que el Parlamento Europeo. 
Pero ahora lo estamos haciendo, porque se empieza a agotar el tiempo. 
El verano de 2004 llegará antes de que nos demos cuenta. 
Digamos que se trata de unas orientaciones necesarias en el contexto del procedimiento voluntario, y lo que nuestras instituciones esperan y todos nosotros pedimos es un mensaje claro con respecto a la política de medios de comunicación. 
Hemos hablado de una norma única. 
Hemos evitado, en todo momento, el uso de la palabra simple. No queremos precipitarnos. 
Pero esto no es precipitación, sino la manera lógica de proceder. 
Como ha manifestado mi estimada amiga, la Sra. Hieronymi, podríamos haber establecido una norma para la MHP que se expresara en este lenguaje común, en un lenguaje único. 
En el caso de los teléfonos móviles, optamos por un sistema único y deberíamos hacer lo mismo, aquí y ahora, antes de que el sector invierta más y nos encontremos con varias API que no puedan comunicarse entre ellas como nosotros desearíamos, pues cuantas más realidades, cifras y datos económicos tengamos sobre la mesa, más difícil será que los políticos puedan intervenir directamente. 
Este procedimiento voluntario común requiere de nosotros señales claras. 
Además, hace poco leí, en una revista técnica, una cita suya en la que señalaba que la Comisión puede imponer unas normas europeas vinculantes si para 2004 no se han conseguido una libertad de elección y una interoperabilidad adecuadas para nuestros ciudadanos. 
No creo que esto llegue a ocurrir. 
Tendríamos que ser capaces de encontrar una solución conjunta antes. 
Se tienen que hacer concesiones por ambas partes. 
Una gran mayoría de las partes implicadas está a favor de la MHP y deberíamos decirlo claramente. 
Creo que ésta es la respuesta que se espera de nosotros. 
Señor Presidente, es un gran placer para mí participar en este debate, no como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sino como uno de los ponentes sobre el paquete de comunicaciones electrónicas y miembro tanto de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía como de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Sólo deseo decir a los colegas de la Comisión de Cultura que se encuentran presentes de que éste no es un asunto que concierna sólo a esta comisión. 
Sería bueno que alentaran a que hubiera una mayor participación en su trabajo en el Parlamento. 
Esta cuestión se desarrolló totalmente en su comisión. 
Ha sido un placer haber podido trabajar con numerosos colegas y hacer una contribución. 
Sin embargo, aquí hay un más amplio abanico de cuestiones que están en juego. 
En primer lugar, la percepción de que esta idea sobre una plataforma doméstica multimedia (MHP) es de alguna manera una bala de plata, un remedio mágico que, en un abrir y cerrar de ojos, creará accesibilidad universal para la televisión digital. 
La Sra. Echerer nos lo acaba de dar a entender. 
Esto está lejos de la realidad. 
No es como la telefonía móvil; no es como la introducción de una norma GSM, ya que ya disponemos de sistemas de televisión digital en el mercado, suministrando servicios que los consumidores desean con un elevado nivel de interactividad. 
En mi propio país, nueve millones de personas ya disponen de sistemas que funcionan de acuerdo con otras normas que la MHP. 
En efecto, la norma definitiva- la norma interactiva completa- para MHP todavía no ha sido publicada y en este mismo hemiciclo los colegas ya quieren adelantarse y regularla. 
Esto no es realista. 
También encuentro que no es realista la idea de que de alguna manera deseamos imponer un determinado modelo de negocio en materia de radiodifusión. 
Esta resolución contiene un ataque más bien innecesario a la organización vertical y mi grupo, y espero que el Parlamento, rechazará este punto. 
Tal como manifestó el Sr. Comisario anteriormente, se trata de un tema sobre el que tanto yo como otros diputados hemos estamos trabajando en relación con el paquete de comunicaciones electrónicas. 
Hemos implementado instrumentos competitivos para parar el abuso de los operadores verticales debido a su posición dominante en el mercado. 
También existen obligaciones que deben cumplirse obligatoriamente y que esperamos que los gobiernos miembro hagan cumplir. 
Lo primero que debemos decir a la Comisión es que queremos que se aseguren de su cumplimiento. 
Son de importancia fundamental. 
No nos corresponde a nosotros hacer que se cumpla un determinado modelo de negocio. 
No estamos aquí para esto. 
En cuanto a la pregunta sobre interfaces de aplicación y la tecnología, la palabra clave es «interoperabilidad». 
No se trata de una norma única, y el simple hecho de tener una norma única no significa que se obtenga simple y automáticamente autoría o interoperabilidad. 
En el Reino Unido ya disponemos de tres medios de comunicación: cable, digital terrestre- un acceso potente para que la gente descubra el sistema digital- y el satélite. 
Cada uno de ellos tiene una interfaz diferente. 
La Comisión necesita fomentar lo que vengo en llamar un juego de herramientas para autores digitales. 
Esto permitiría a los autores digitales avanzar y disponer de una serie de principios común con los que desarrollar programas para cualquier plataforma. 
Esto es la clase de cosa práctica sobre la que la Comisión necesita trabajar. 
No hay duda de que es necesario que siga de cerca la forma en que se desarrolla MHP y ver si necesita un mayor estímulo. 
Sin embargo, ya hemos recorrido un largo camino hacia la revolución digital, y la clase de injerencia que algunos colegas insinúan aquí- me alegro de decir que no en la resolución- no va a ayudar a que se avance. 
Debemos ser realistas sobre lo que sucede en el mercado y sobre lo que los consumidores están adquiriendo ahora. 
Señor Presidente, en mi calidad de representante de un centro floreciente, pero también seriamente amenazado, del sector de los medios de comunicación? concretamente, Munich? , acojo con satisfacción la pregunta de la Comisión de Cultura y el debate de hoy. Hay algo que debo dejar muy claro: el Parlamento Europeo cuenta con una larguísima tradición en materia de política de medios de comunicación, sobre todo en lo que se refiere a la televisión en Europa. 
Esta tradición se remonta a principios de la década de los ochenta, con el informe sumamente profético sobre la televisión europea del ex Consejero de Cultura de Baden-Würtemberg, el profesor Hahn, que en aquel momento era eurodiputado por Heidelberg. 
El informe se anticipó mucho a su tiempo aunque, entre tanto, los acontecimientos han dejado desfasadas algunas de sus propuestas. 
No obstante, en los años transcurridos desde entonces, esta Asamblea se ha manifestado, de manera consecuente, a favor de la televisión europea, mediante la directiva relativa a las telecomunicaciones y la directiva sobre la televisión sin fronteras. 
¿Cuáles han sido los dos elementos centrales? 
En primer lugar, hemos manifestado, con toda claridad, que queremos evitar el uso indebido de esta tecnología necesaria, adecuada e importante, por medio de la adopción de unas normas éticas inequívocas. 
Y en segundo lugar, hemos reiterado constantemente que es una cuestión de competencia, y no sólo de la competencia dentro de Europa, sino de la competitividad de Europa en sí. 
Actualmente, podemos observar que el mercado europeo está cada vez más amenazado por proveedores y monopolios no europeos. 
Por ello, considero que debemos seguir el camino que hoy se propone, esto es, el de la convergencia y la armonización voluntarias, pero esto no se debe usar como excusa para no hacer nada. 
Por lo tanto, apoyo firmemente las palabras de la Sra. Hieronymi. 
En verdad, es necesario fijar un plazo. 
Sabemos que los Estados miembros- que actualmente son quince, pero pronto serán veinticinco o treinta- no son exactamente rápidos cuando se trata de desarrollar planes de acción. 
Puesto que nos hemos manifestado a favor de la acción voluntaria, tendríamos que fijar, de hecho, ese plazo de finales de año para que los Estados miembros presenten sus planes de acción. 
De lo contrario, a principios del año próximo tendremos que buscar la manera de agilizar el proceso. 
Comparto la opinión que ha expresado la Sra. Echerer, en el sentido de que espera que no sea necesario que la Comisión intervenga con la adopción de propuestas y normas vinculantes, pero temo que pueda llegar a serlo. 
Por consiguiente, quisiera instar, una vez más, a los Estados miembros a que presenten sus planes de acción antes de finales de año. 
Necesitamos dejar bien claro que nos preocupa tanto la competitividad de Europa en sí, como su diversidad cultural, la que hace de Europa lo que es, además del potencial de las pequeñas y medianas empresas- otro punto importante de la resolución-. 
Y son estas pequeñas y medianas empresas las que se enfrentan a un reto. 
En el Parlamento Europeo, nos consideramos paladines de las pequeñas y medianas empresas, que quizá siguen rehuyendo muchos aspectos de esta dimensión. 
Señor Comisario, le agradezco su clara y detallada respuesta, pero permítame que manifieste, con toda claridad, que si los Estados miembros no presentan sus planes de acción antes de finales de año, tendremos que volver a reunirnos en enero para debatir qué camino debe seguir la Unión Europea. 
. 
(EN) Señor Presidente, viendo que hay tanto interés por este tema, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar la resolución que se va a votar. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Parlamento Europeo de que la televisión digital como tal, incluida la televisión interactiva, tiene un potencial enorme para extender el alcance de la sociedad de la información. 
La Comisión ya participa activamente en el impulso de la televisión digital y la promoción de la interoperabilidad. 
En concreto, desearía mencionar el plan de acción eEurope 2005. 
Se reconoce así el papel de la televisión digital en ayudar a alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa, por ejemplo, como plataforma alternativa para que los ciudadanos reciban servicios públicos en línea. 
Se pide a los Estados miembros que publiquen las intenciones de cambio a finales de 2003. 
El año próximo, la Comisión tiene también intención de aprobar una comunicación sobre el cambio del sistema analógico al digital. 
Otra comunicación en la que estamos trabajando ahora y que será tema de debate en el Consejo Europeo de Copenhague al final de este año, analizará las barreras que quedan para abrir plataformas de televisión digital y comunicaciones móviles en 3D. 
Las respuestas que acabo de dar a varias preguntas parlamentarias han resumido todos los pasos que estamos dando con respecto a la interoperabilidad en la televisión digital. 
Es importante que la interoperabilidad evolucione de la mano del desarrollo del mercado de la televisión interactiva. 
Dado que la Directiva marco en materia de comunicaciones electrónicas contempla la interoperabilidad en el campo de la televisión interactiva, debemos evitar repetir reglamentos recogiéndolo en la Directiva de televisión sin fronteras. 
Junto a mi colega, la Sra. Viviane Reding, nos aseguraremos de que se mantenga la complementariedad y coherencia entre el paquete de comunicaciones electrónicas, que trata las cuestiones de transmisión y acceso, y la regulación de contenidos, para objetivos de interés general contemplados en la Directiva de televisión sin fronteras, que será objeto de revisión el año próximo. 
En resumen, la Comisión agradece la resolución y pide que el desarrollo de la televisión digital y la disponibilidad de la misma para el público en general pase a formar parte como asunto prioritario de la agenda política. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, deseo manifestar que iba a votar en contra. 
Está Su Señoría en su derecho, por supuesto, de informar a esta Asamblea del sentido de su voto, pero esto no cambia el resultado de la votación. 
Señor Presidente, soy consciente de que no altera el resultado, pero un gran número de diputados entró en la Cámara después de la votación. 
Quisiera sugerir que las votaciones volvieran a realizarse a una hora fija los jueves a media tarde, como solía ser la costumbre, sobre todo dado que la campana no se oye en todos los sitios. 
Por este motivo, pido que se modifique la programación del calendario de forma urgente para que los diputados sepan con certeza cuándo está teniendo lugar una votación. 
Señor Posselt, le agradezco su primer comentario, sobre todo en cuanto a que el resultado de la votación queda como está y no puede ser modificado. 
Señor Presidente, quisiera llevar el asunto un paso más allá que el Sr. Posselt. 
Me gustaría protestar por el hecho de que la votación se esté efectuando a esta hora. 
Según el orden del día, la votación debería realizarse a las 16.30 horas y puedo asegurarle que la campana no se oye arriba en las oficinas. 
No sé dónde se encuentra su oficina, ni si puede o no escuchar la campana desde allí. 
El hecho es que la votación está programada para las 16.30 horas y no es correcto comenzar la votación en este momento dado que no todo el mundo se encuentra en la Cámara. 
Señora Sommer, el orden del día especifica claramente que la votación tendrá lugar a las 16.30 horas o al término del debate. 
Mi oficina se encuentra en la 12ª planta y debo decir que la campana me resulta bastante molesta, ya que ha estado sonando durante 15 minutos seguidos el día de hoy. 
Esto es demasiado 
Señor Presidente, en principio se ha anticipado a mi comentario. 
Sin embargo, el Sr. Posselt tiene razón: es necesario que discutamos acerca del orden del día del jueves por la tarde. 
No es mi intención contrariar a mi estimable colega, el Sr. Whitehead, quien afirmó al comienzo de este debate que contaba con el tiempo justo para pronunciar su discurso y partir para el aeropuerto, pero me resulta totalmente increíble que el Parlamento tenga que adaptar su orden del día a las conexiones de vuelo de los diputados. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos va a debatir este tema con expertos en el Reglamento interno del Parlamento, y aconsejamos que el resto de grupos actúen en consonancia, para que podamos volver al antiguo orden del día de los jueves por la tarde. 
Si no es así, podemos ahorrarnos el esfuerzo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, creo que hay preguntas más fundamentales que formular después de lo que ha dicho nuestro colega. 
Si mira la cantidad total de tiempo de debate que tuvimos en la primera y segunda sesiones de septiembre y el hecho de que estemos acabando ahora, la pregunta es ¿para qué necesitamos tener dos sesiones en septiembre? 
Simplemente no es necesario con el nuevo Reglamento. 
Señor Presidente, desearía pedirle que la Mesa considerara que ya estamos viendo el tan deseado impacto del informe Corbett en los cambios del Reglamento. 
Necesitamos evaluar cuántas semanas necesitamos para trabajar aquí, ya que, Señor Presidente, en este Parlamento vamos desesperadamente cortos de tiempo de comisión. 
Disponemos de una ridícula cantidad de tiempo de comisión entre hoy y Navidad para tratar... 
(Protestas del Sr. Posselt) 
Es cierto, señor Posselt, y voy a mostrarle el orden del día de mi comisión. 
Disponemos de una ridícula cantidad de tiempo de comisión, y no deberíamos perder el tiempo sentados aquí esperando a que ocurra algo, cuando podríamos estar realizando un trabajo político serio en una comisión en Bruselas. 
Contrariamente a lo que está diciendo el Sr. Schulz, un verdadero Parlamento democrático daría un buen vistazo a su volumen de trabajo y- gracias por la interrupción, señor Posselt- creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. 
Muchos ya se han marchado, ya que no desean perder su tiempo aquí el jueves por la tarde. 
Señor Presidente, en un plano más trivial, deseo dar mi apoyo a las personas que protestan por el cambio en el tiempo de votación en un aspecto. 
Cuando sonó la campana- la oí en mi despacho- miré la pantalla para ver qué es lo que ocurría. 
Y ¿qué es lo que vi? A mi estimado colega, el Sr. Harbour, hablando con gran autoridad sobre el asunto que nos ocupa sin que efectuara alusión alguna a que, a continuación, se daría paso a la votación. 
Por todo lo que sabía, podría haberse tratado de una señal de alarma de incendio o cualquier otra cosa. 
¿Quizás las pantallas hubieran podido darnos una información mejor sobre lo que iba a suceder? 
En la pantalla se podía apreciar la hora de la votación con bastante claridad, señor Chichester. 
Quizás haya algún problema con su pantalla pero, en cualquier caso, la hora de la votación se podía ver bien. 
Señor Presidente, puedo confirmar que la hora de la votación se veía con claridad en las pantallas y que, gracias a eso, supe que debía venir a la Cámara a votar. 
Dicho esto, he pedido la palabra simplemente para decir a los diputados británicos que si creen estar perdiendo el tiempo aquí y que su trabajo aquí interfiere con su trabajo en las comisiones, sugiero que falten a las sesiones de Bruselas. 
De este modo, tendremos tiempo suficiente en Bruselas para trabajar en las comisiones y estaremos en condiciones de dedicarnos por completo a las sesiones plenarias de Estrasburgo hasta el viernes por la mañana. 
Creo que así evitaríamos que se produjeran más conflictos, ya que dejaremos de perder el tiempo y estaremos trabajando en condiciones excelentes. 
Veo que los ánimos se están caldeando, y me parece bien. 
Si no hay objeciones, cederé la palabra a otros dos diputados que la han solicitado y a continuación pararemos. 
Señor Presidente, estamos ante una discusión simplista por parte de aquellos que siempre se han opuesto a Estrasburgo. 
¿Y qué se ha acordado? 
Más minisesiones plenarias para la siguiente sesión de Bruselas. 
Dicho de otro modo, algunos nunca dejan pasar una oportunidad para girarlo todo en contra de Estrasburgo. 
Sin embargo, hay algo que considero mucho más grave: se nos comunicó que no podríamos mantener un debate de actualidad este jueves porque ya hubo uno de este tipo durante el primer período parcial de sesiones de septiembre. 
¿De verdad piensan Sus Señorías que los asuntos de historia mundial, asuntos urgentes, deberían depender de si nosotros tenemos el honor de discutir sobre los temas de actualidad o no? 
En mi opinión, sería más importante que utilizáramos el tiempo del que disponemos esta tarde para tratar otros asuntos urgentes, que normalmente trata la Mesa dado que nosotros carecemos de tiempo. 
Hoy habríamos tenido tiempo para escuchar a cualquiera que hubiera sugerido uno de estos asuntos. 
Los diputados deberíamos poder debatir asuntos importantes cuando se nos presenta la ocasión. 
Hoy habría sido la oportunidad perfecta. 
Por consiguiente, insto a que se asigne el tiempo necesario a los asuntos urgentes para garantizar que no se pasan por alto conflictos de derechos humanos tan sólo para que algunas personas puedan volver pronto a sus circunscripciones. 
Los diputados tienen todo el tiempo del mundo para estar allí, pero aquellos que quieren hablar porque piensan que es lo correcto deben tener la oportunidad de hacerlo, sobre todo los jueves. 
Las sesiones de los jueves deberían terminar a las 18.30, no a las 16 horas por culpa de determinados vuelos. 
Señor Mann, la cuestión que usted plantea acaba de ser expuesta por el Sr. Posselt con gran vehemencia. De hecho, con la misma vehemencia que ha mostrado usted. 
Toda esta línea de argumentación, que parece ser común a los distintos grupos políticos, es muy interesante 
Me dirijo a usted, señor Schultz, al señor Harbour y a los demás diputados que han mencionado la Mesa. 
Son sus jefes de grupo y nuestros presidentes de grupo de la Conferencia de Presidentes quienes elaboran la agenda. La Mesa no decide los contenidos de la misma, ya que tiene otras tareas menos relevantes. 
Por lo tanto, creo que deberían tratar este asunto en las reuniones internas de sus respectivos grupos parlamentarios para que los Presidentes puedan tomar nota de la situación que ha surgido esta tarde y que, dejando de lado los distintos puntos de vista, creo que todos consideramos bastante curiosa. 
De vuelta al debate, el Sr. Schultz ha planteado un problema y el Sr. Elles tiene la palabra para contestarle. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, en primer lugar, como muy bien sabe el Sr. Schulz, puesto que conoce los animados debates de nuestro grupo que se celebran tanto en público como en privado, ya hemos captado a uno de sus miembros, el Sr. Balfe, que ahora es miembro de nuestro grupo. 
Invitamos a todos aquellos que lo deseen a que cambien de bando, ya que deseamos tener una mayoría general en este Parlamento, como ya tenemos entre los Cuestores. 
En segundo lugar, el Sr. Schultz está en lo cierto cuando dice que es necesario que ocupemos el tiempo. 
Puede que ésta sea la razón por la que el Sr. Poettering está un poco pálido, quizás sea debido a un exceso de trabajo. 
En lo que al tiempo se refiere, mientras nos encontramos en Estrasburgo deberíamos emplearlo al máximo, de lo contrario no hace sino repercutir en el resto de sesiones parciales en las que debemos hacer cosas que no haríamos de otro modo. 
Señorías, han conseguido prolongar la sesión hasta las 16 horas, lo que sin duda era su objetivo 
Elogio póstumo 
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2002, un buque senegalés, de nombre Le Joola, naufragó con más de 1.000 personas a bordo cerca de las costas de Senegal y Gambia. 
Por el momento, transcurridas casi dos semanas, se han recuperado del mar 476 cadáveres y 500 personas siguen desaparecidas. 
En nombre del Parlamento, he escrito al Presidente Wade de Senegal para expresar nuestro más sincero pésame y para pedirle que transmita nuestro sentir a las familias de las víctimas. 
Es importante que hoy, en un solemne minuto de silencio, mostremos nuestro respecto por los muertos y los que han sufrido la muerte de un ser querido y pensemos, desde el hemisferio norte, en esta tragedia africana como un acto de apoyo y solidaridad para demostrar que el sur nos importa. 
Ruego guardemos un minuto de silencio. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
El pasado domingo, 6 de octubre de 2002, su Alteza Real el Príncipe Claus von Amsburg, esposo de la Reina Beatriz de los Países Bajos, falleció en Amsterdam tras una larga enfermedad. 
El Príncipe Claus se entregó a la sociedad neerlandesa con fortaleza, seriedad, dedicación y, cuando convenía, con humor. 
Somos conscientes de su dedicación a la causa de la cooperación para el desarrollo internacional. 
Quiero informar a la Asamblea y a nuestros colegas neerlandeses de que en el nombre de ustedes y en el de ellos he transmitido nuestro más sincero pésame a Su Majestad la Reina Beatriz y al pueblo neerlandés 
La presidencia danesa, representada por el Sr. Haarder, Ministro de Asuntos Europeos, ha expresado su disposición a hacer una declaración en nombre del Consejo sobre la situación en relación con Iraq. 
El Sr. Haarder y la Presidencia danesa intervendrán en breve. 
Quiero dar las gracias por ello al Consejo en nombre del Parlamento y agradecer personalmente al Sr. Haarder. 
De conformidad con el orden del día, procedemos a debatir el informe de la Comisión sobre los avances hacia la ampliación. 
Estos informes han sido aprobados hoy por la Comisión antes de comer. 
Con la adopción y la publicación de los informes de los países candidatos, nos encontramos ahora mucho más cerca de la creación de una verdadera Unión Europea a escala continental. 
Estamos entrando en la fase final de un proceso que comenzó con esta inspiración, hace casi trece años, tras la caída del muro de Berlín. 
No sólo los países candidatos, sino también nuestros Estados miembros, deben reunir individual y colectivamente la voluntad política necesaria para superar los obstáculos que quedan. 
En esta Asamblea estamos decididos a esforzarnos por garantizar que, en la medida de lo posible esta Cámara contribuya a la eliminación de cualquier obstáculo existente desde este momento hasta la Cumbre de Copenhague que se celebrará en diciembre. 
Esta ampliación representa para Europa un acto de reconciliación extraordinario y sin parangón y una ocasión para cerrar las heridas. 
Es la primera vez en miles de años que por voluntad libremente expresada de los pueblos independientes y soberanos, nos uniremos en nuestro viejo continente sin ser forzados a ello por la punta de una espada o el cañón de una pistola o cualquier otra fuerza opresora, sino por el uso de la razón, la convicción y los valores compartidos. 
El debate de hoy constituye un hito muy importante en este proceso. 
Me gustaría rendir homenaje concretamente a la Comisión Europea y sus servicios, así como a todas aquellas personas que ocupan puestos de dirección y en la administración pública de los estados candidatos que se han implicado en un trabajo de transformación tan extraordinario. 
La Comisión seguirá desempeñando un papel central en la gestión del proceso hasta su conclusión. 
Se acerca una época en la que nosotros, la clase política, debemos asumir nuestras responsabilidades políticas para llegar a nuestro público en términos de concreción del consentimiento. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, debo decirles que hoy me produce una gran emoción intervenir en esta Asamblea. 
Cuando tomé posesión de mi cargo, me comprometí, ante esta misma Asamblea, a hacer que la ampliación fuese la principal prioridad de mi Comisión, a hacer que mi Comisión fuese la Comisión de la ampliación, ya que al ampliar la Unión Europea estaremos consolidando una zona de paz, seguridad y democracia en todo el continente europeo. 
Tres años después, me encuentro de nuevo ante ustedes para decirles que este compromiso se ha cumplido. La Comisión ha hecho su trabajo y mantenido su promesa. 
La Comisión ha realizado un cuidadoso estudio de los avances realizados por los países candidatos y ahora puedo anunciar los nombres de los países con los que recomendamos al Consejo que concluya las negociaciones antes de finales de 2002. 
A continuación, si me lo permiten, enumeraré los puntos principales de las recomendaciones que hemos adoptado hoy. 
«Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia cumplen los criterios políticos. 
Teniendo en cuenta los avances realizados por estos países, el historial de aplicación de sus compromisos, así como sus preparativos en curso y previstos, la Comisión considera que dichos países habrán cumplido los criterios económicos y de acervo y estarán listos para ser miembros desde principios de 2004. 
Por lo tanto, la Comisión recomienda concluir las negociaciones de adhesión con estos países antes de que finalice el presente año, con el fin de que se firme el Tratado de Adhesión en la primavera de 2003». 
Dados los avances realizados por Bulgaria y Rumania durante el último año, la Comisión toma nota de la fecha de 2007 que dichos países han establecido para su adhesión. 
La Comisión hará todo lo necesario para garantizar que se pueda alcanzar este objetivo. 
A través de la reforma constitucional y una serie de paquetes legislativos, Turquía ha hecho considerables avances en lo que respecta a los criterios de Copenhague. 
Por ello la Comisión recomienda que la Unión Europea preste más apoyo y asigne más recursos a los preparativos previos a la adhesión de Turquía. 
Con este fin, la Comisión propondrá una Asociación para la adhesión revisada e incrementará el control legislativo. 
Se anima a Turquía a que continúe con su proceso de reforma y así avance su candidatura para convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Señorías, hace tan sólo 13 años, Berlín estaba todavía dividida por el muro de la vergüenza. 
El muro ha sido derribado y Alemania se ha reunificado. 
Esta restitución de la libertad nos ha permitido restaurar la unidad histórica de los pueblos de Europa. 
Nuestro destino común es una vez más construir un futuro común, un futuro consolidado sobre los valores fundamentales que compartimos de paz, democracia, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y protección de las minorías. 
En 1993, el Consejo Europeo de Copenhague ofreció a los países de Europa Central y Oriental la oportunidad de incorporarse a la Unión Europea. 
Desde entonces, estos países han atravesado un enorme proceso de cambio, trasladándose de forma pacífica de la dictadura a una democracia estable y participativa. 
Sus logros son extraordinarios. En una década, hemos sido testigos de la celebración de docenas de elecciones nacionales, regionales y locales democráticas y transparentes, de la adopción de miles de leyes y normativas que dan forma a las nuevas democracias e incorporan el acervo comunitario a la legislación nacional, de la formación de decenas de miles de funcionarios y jueces para que interpreten y apliquen la nueva legislación y de la participación de cientos de miles de funcionarios, especialistas y miembros de organizaciones profesionales electos en proyectos de cooperación y formación financiados por la UE para aprender sobre nuestras políticas. 
Los 12 países cumplen los criterios políticos establecidos en Copenhague y las instituciones democráticas son más sólidas en todos ellos. Por último, el rendimiento general de las economías de los diez países de la primera tanda está mejorando gradualmente: sus tasas de crecimiento son superiores a las nuestras, se están administrando y manteniendo bajo control sus tasas de inflación y déficits y reciben una abundante inversión extranjera directa. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hemos adoptado hoy pone asimismo de manifiesto las deficiencias que quedan en algunos sectores de algunos países. 
Éstos deben remediarse antes de la adhesión: la Comisión trabajará con las autoridades de estos países para garantizar que los problemas se resuelven con tiempo. 
Nuestras preocupaciones siguen centrándose en la capacidad administrativa de estos países y sus sistemas judiciales, los cuales se ven debilitados por la falta de recursos financieros y especialmente humanos. 
Nos hemos esforzado por tratar estos problemas a través de un programa de apoyo de 250 millones de euros. 
Este programa está comenzando a obtener resultados. 
Otro punto débil que hemos identificado es la preparación inadecuada para la aplicación del acervo en varias áreas esenciales, como son los servicios de aduanas, la tributación, los controles veterinarios y de sanidad vegetal, las instituciones que gestionan y supervisan la política agrícola y, por último, los departamentos encargados de la gestión y el control de los Fondos estructurales. 
También me gustaría mencionar dos problemas más que son importantes: la corrupción que afecta a muchos de estos países, con algunas excepciones, y el vergonzoso problema del tráfico de seres humanos. 
Esto no significa que no se haya hecho nada en estos terrenos, sino todo contrario. 
Ya se han hecho grandes progresos y la operación está prácticamente concluida en algunos países. 
Sin embargo, nuestro informe destaca el seguimiento detallado que la Comisión se ha comprometido a realizar hasta el momento de la adhesión. Publicaremos una evaluación final seis meses antes de la fecha de adhesión. 
Para hacer frente a las complejidades de la ampliación, la Comisión tomará todas las medidas que sean necesarias para reorganizar sus departamentos, incrementando el seguimiento y el apoyo a los nuevos Estados miembros después de la adhesión y proporcionando ayuda previa a la adhesión a los países que seguirán a los que incluye la recomendación de hoy. 
Señor Presidente, nuestro objetivo sigue siendo firmar el Tratado de Adhesión en primavera de 2003, por lo que estamos entrando en las etapas finales del proceso. 
Con respecto a esto, la Comisión espera que el Consejo Europeo de Bruselas que se celebrará los días 24 y 25 de octubre tome las medidas necesarias con respecto a los capítulos todavía pendientes, es decir, la agricultura, los asuntos económicos y las instituciones. 
De este modo, podremos negociar y cerrar dichos capítulos antes de Copenhague. 
En lo que respecta a Bulgaria y Rumania, la Comisión presentará propuestas para una estrategia de preadhesión mejorada con tiempo para su adopción en el Consejo de Copenhague. 
En el caso de Turquía, que todavía no cumple los criterios de adhesión, la Comisión propondrá posteriormente una estrategia de preadhesión mejorada con recursos económicos extra para el nuevo año. 
El Tratado de Niza sigue siendo esencial y no puede dejarse de lado. 
Por ello deposito mi confianza en el electorado irlandés, que volverá a votar sobre el Tratado dentro de unos días. 
Espero que la obtención del objetivo histórico de unificar nuestro continente no corra peligro a causa de este voto. 
Por último, permítanme centrarme en la cuestión de Chipre. 
Esperemos que se realice un verdadero avance hacia la reunificación de la isla, incluso aunque las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki no establezcan que ésta sea una condición previa para la entrada. 
La Comisión desea que sea un Chipre reunificado el que se incorpore a la UE y considera que ésta es la mejor solución para todos. 
Al recomendar que el Consejo concluya las negociaciones con Chipre rápidamente, la Comisión está haciendo un nuevo llamamiento a las partes implicadas para que trabajen en la reunificación de la isla. 
Invitamos a que todos apoyen el proceso que se encuentra en marcha bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas de forma que pueda encontrarse una solución antes de final de año. 
El Consejo europeo de Sevilla ya ha afirmado que la Unión Europea «acomodaría los términos de una transacción tan global en el Tratado de Adhesión en línea con los principios sobre los que se basa la Unión Europea». 
Señorías, con demasiada frecuencia, oigo hablar sobre los riesgos y los costes de la ampliación. 
Creo que podemos y debemos debatir esto tranquila y abiertamente, ya que se han analizado en detalle los costes y están de acuerdo con los recursos disponibles. 
Sin embargo, también deberíamos sobre todo hablar al público de los beneficios de la ampliación, que son la estabilidad en Europa, la unificación de un continente dividido de forma artificial y la creación del mayor mercado único del mundo. 
La ampliación nos unirá con economías que tienen rentas menores que los actuales Estados miembros, pero que cuentan con un mayor potencial de crecimiento. 
La situación era exactamente la misma en 1985, cuando se concluyeron las negociaciones de adhesión con España y Portugal. 
En la actualidad, nadie podría poner en duda la validez y la visión de futuro de aquella decisión, pese a que en su momento fue controvertida. 
La ampliación es el nuevo frente del proyecto europeo. 
Impulsará el comercio, la inversión, la educación y la investigación, además del crecimiento económico. 
En lo que respecta a los costes de la ampliación, sabemos que son sostenibles hasta 2006, ya que están incluidos en las perspectivas financieras de Berlín. 
No ocultaré el hecho de que la adhesión de diez países implicará una importante carga financiera, dentro del marco que he descrito, pero esto se verá más que compensado con los beneficios aportados por la consolidación de la ampliación. 
Sin embargo, la ampliación no sólo tiene que ver con la economía. Es principalmente importante por motivos políticos y éticos. 
La ampliación es la culminación del proceso de integración europea: el proceso que nos ha dado medio siglo de paz y prosperidad debe ampliarse a todo el continente. 
Tengamos en cuenta los recientes acontecimientos en los Balcanes, donde se han producido miles de muertos, comunidades enteras se han visto obligadas a huir como refugiados y ciudades completas han sido destruidas. 
La ampliación es nuestra obra maestra política, ya que impedirá que pasen cosas como éstas. 
Desde esta perspectiva más amplia y exacta, el coste de la ampliación es muy pequeño en comparación con el coste de no llevarla a cabo. 
En los próximos meses necesitaremos realizar una campaña de información positiva y realista. Debemos llegar a los corazones y las mentes de nuestros ciudadanos. 
La ampliación ha sido posible gracias a la gran determinación, el enorme valor político y una visión de futuro de la historia. 
Por otra parte, será una prueba de nuestro compromiso con nuestros principios, ya que la adhesión nos forzará a cambiar además de traer grandes cambios para los nuevos países miembros. 
Esta es la labor de la Convención. 
Las reformas institucionales que salgan de ella deberán ser tan valientes y avanzadas como lo han sido nuestros esfuerzos. 
Debe entenderse que, sin una reforma radical e inteligente de las instituciones, el éxito de la ampliación podría resultar insostenible. En efecto, la nueva Europa necesita una forma geográfica clara y estable y un marco institucional que puedan entender todos nuestros ciudadanos. 
En otras palabras, ha llegado el momento de elaborar una constitución europea. Una constitución que garantice los derechos de todos los ciudadanos y el papel de los Estados miembros. 
Una constitución que conserve la diversidad cultural y lingüística al tiempo que fortalezca la solidaridad. Una constitución que corone la creación de una Unión Europea democrática, una unión genuina de pueblos y Estados. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría terminar mirando más allá de la inminente ampliación, más allá de sus límites históricos y geográficos. 
Invitamos a los nuevos países a que se incorporen a nuestra Unión porque queremos la paz y la estabilidad en todo el continente. 
Sin embargo, este proceso no debe tener dar pie a la creación de nuevas barreras justo cuando estamos tratando de eliminar las existentes. 
Debemos tener esto presente cuando establezcamos nuevas relaciones con nuestros vecinos tras la ampliación. Con ello me refiero a Rusia, Ucrania, Belarús y Moldova. 
Éstos pasarán a ser los nuevos vecinos de la Unión ampliada, que un día se extenderá también a la región de los Balcanes. 
Sin embargo, centrarnos en nuestros nuevos vecinos europeos no debería hacernos menos receptivos a las expectativas cada vez mayores de los países del Mediterráneo, expectativas que todavía no hemos podido cumplir. 
Señor Presidente, Señorías, el proceso de integración europea que comenzó hace medio siglo ha hecho que nos ganemos la admiración y el respeto de todo el mundo. 
Nosotros solos estamos construyendo un modelo genuino y práctico para la gestión de la globalización, aunque sólo sea en nuestro continente. 
Ésta es una globalización democrática con una dimensión humana, una globalización en la que todos los ciudadanos desempeñan un papel igual. 
Nuestra ampliación es un ejemplo para todo el mundo y un acto visionario: une todo el continente por primera vez y nos hace una vez más protagonistas de la historia. 
Señor Presidente, Señorías, la recomendación de hoy de la Comisión sobre la conclusión antes de finales de año de las negociaciones sobre la adhesión con diez candidatos es quizás la escala más importante en el camino hacia la culminación de lo que en la actualidad es el proyecto más importante en la agenda de la Unión Europea. 
Solamente existe una justificación para nuestra recomendación de hoy: los diez países se lo han ganado. 
Los diez países han logrado, con su propio esfuerzo, cumplir los criterios sumamente estrictos y severos para acceder a la Unión Europea. 
Para mí tiene gran importancia el comentario de que la Comisión no consideraba tarea suya justificar un escenario de adhesión política deseable «a posteriori». 
Lo que consideramos nuestra labor era proporcionarles a ustedes, diputados del Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros, información objetiva en la que se indicase qué países están listos y a punto para la adhesión y las condiciones con las que esta se producirá. 
Los informes de situación no se elaboraron a la luz de estipulaciones políticas. 
El personal de la Comisión recibió una única instrucción: no debían ocultar, omitir ni adornar nada, y debían indicar claramente aquellos casos en los que todavía existen problemas. 
En nuestros informes, identificamos los problemas por su nombre. 
Sin embargo, el punto clave en este caso es que no hemos identificado ni un solo problema que no pueda resolverse antes de finales de 2003. 
No se dejen engañar por el tono en ocasiones muy crítico. 
Por supuesto, las cuestiones que todavía quedan por resolver deben situarse en el contexto de lo que ya se ha alcanzado, y si consideramos lo que se ha obtenido en los países candidatos durante los últimos diez años en el proceso de transformación y los preparativos para la adhesión, debo decir que los avances realizados por los pueblos de estos países constituyen un logro realmente magnífico e histórico que merece nuestro mayor respeto. 
La Comisión ha desarrollado una metodología que nos permite determinar, con la mayor precisión posible, en qué punto nos encontramos y qué queda todavía por hacer. 
La Comisión también ha hecho varias propuestas relativas al seguimiento en curso de los compromisos asumidos y la introducción de una cláusula de salvaguardia en el Tratado de Adhesión. 
Permítanme explicar esto más en detalle. 
En primer lugar, me gustaría señalar que nuestra recomendación contiene naturalmente cierto factor de pronóstico. 
Después de todo, los nuevos Estados miembros no están obligados a cumplir los criterios para pertenecer a la UE en la actualidad; sino que deberán hacerlo en el momento de la adhesión. 
En otras palabras, lo que debemos hacer hoy es evaluar si las tareas que quedan pendientes pueden completarse dentro del plazo establecido. 
Esta evaluación no se basa en un sentimiento ni un estado de ánimo; se basa en el sólido conocimiento del ritmo y la calidad del proceso de preparación en estos países. 
Seguiremos aplicando todos los instrumentos de seguimiento tratados y probados tras la conclusión de las negociaciones y la conclusión del Tratado, con el fin de garantizar que se cumplen todos los compromisos asumidos. 
Proponemos que durante los dos primeros años tras la adhesión se incluya una cláusula completamente nueva en el Tratado, una cláusula que nunca ha aparecido en ningún otro tratado de ampliación hasta la fecha. 
Esta cláusula garantizará que puedan tomarse medidas rápidas y concretas si se pone de manifiesto, en los dos primeros años a partir de la adhesión, que el mercado interior se ve perturbado en cualquier zona, o si las políticas relacionadas con el mercado interior no están funcionando adecuadamente en cualquier zona. 
En este contexto, la frase «mercado interior» debería interpretarse en el sentido más amplio; en otras palabras, tiene que ver con todas las políticas de dimensión transfronteriza. 
No creo que esta cláusula sea necesaria porque los países candidatos representen un riesgo, ya que no lo representan. Creo que esta cláusula es necesaria porque esta ampliación es bastante distinta de cualquier otra que hayamos experimentado previamente y, si somos sinceros, no podemos decir con exactitud qué problemas de ajuste pueden producirse durante los dos primeros años. 
Por este motivo es necesario contar con un instrumento que nos permita responder rápida y flexiblemente. 
También creo que es necesario en lo que respecta al debate público en nuestros Estados miembros. 
Antes de que lleguemos a la fase en la que seamos capaces de acoger a diputados de diez nuevos países en este pleno, es preciso tomar varias medidas importantes. 
En primer lugar, hay que ratificar el Tratado de Niza, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a los votantes de Irlanda y pedirles que consideren, a la hora de tomar su decisión, que lo que se juega aquí es el futuro europeo de las naciones de Europa. 
Lo que se juega es el futuro europeo de naciones que no se desvincularon voluntariamente del proceso de unificación europea, sino que se vieron obligadas a hacerlo, a las que se obligó a vivir separadas de nosotros tras el telón de acero y que ahora desean pertenecer, de una vez por todas, a la familia de naciones democráticas de Europa. 
(Aplausos) 
En segundo lugar, en la reunión del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas dentro de unos días, los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo sobre las posiciones de negociación comunes que siguen abiertas. 
Al regresar ayer del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas celebrado en Luxemburgo, me preocupó ligeramente la total falta de movimiento en el mismo. 
Debe instarse también ahora a los Estados miembros para que muestren la flexibilidad necesaria y la buena disposición hacia el compromiso. 
Si hay que cumplir los plazos, necesitamos llegar a un acuerdo en Bruselas sobre el paquete financiero y las cuestiones institucionales. 
En tercer lugar, los países candidatos deben continuar con su trabajo y sus esfuerzos. Al hacerlo, se verán sin duda alentados por las recomendaciones de la Comisión de hoy y por nuestro debate de esta tarde. 
Por último, permítanme decir unas palabras sobre Bulgaria y Rumania. 
Estoy satisfecho con los avances realizados por estos dos países. 
Nosotros no hemos decidido que Bulgaria y Rumania no se incluyan en la primera ronda de ampliación, sino que ha sido su propia decisión. 
Ambos países afirmaron querer participar en el proceso en 2007 y todos los compromisos que han asumido durante las negociaciones se refieren a dicho año, no a 2004. 
La Comisión promete solemnemente hacer todo lo que pueda para ayudar a estos dos países a alcanzar su meta. 
El proceso de ampliación actual no estará completo hasta que Bulgaria y Rumania tengan también diputados que las representen en esta Asamblea. 
(Aplausos) 
Por último, permítanme también hacer un breve comentario sobre Turquía. 
Discrepo con aquellos que afirman que la estrategia de Helsinki fue un error. 
Todo lo contrario. Es obvio que desde que entró en vigor la estrategia de Helsinki, hace aproximadamente 18 meses, Turquía ha avanzado más en derechos humanos, democracia y Estado de derecho en este tiempo que en las cinco décadas anteriores. 
Debemos reconocer y reconocemos este hecho. 
(Aplausos) 
Sin embargo, no cabe esperar que Turquía cumpla todos los criterios políticos para la entrada a las negociaciones de adhesión en estos 18 meses. 
Cuando digo que no ha cumplido todavía todos los criterios no pretendo dar a entender que se trata de una crítica a Turquía. 
Al contrario, creo que todo lo que este país ha conseguido en tan poco tiempo es notable. 
Por este motivo debe animarse a Turquía a que siga por este camino y la Comisión presentará propuestas adecuadas para garantizar que Turquía pueda seguir por este camino y que las puertas permanezcan abiertas para este país. 
Sin embargo, no debemos distraernos de la tarea real, es decir, reformar el país de tal forma que esté listo para incorporarse a la UE. 
No nos distraigamos de esta tarea y no entremos en un debate estadístico inútil cuyo resultado será infructuoso. 
Los resultados de hoy serán recibidos en muchos países de Europa con gran interés, entusiasmo y esperanza. 
Ahora nuestra labor es garantizar que los ciudadanos de Europa no sólo entiendan sino que celebren y aprueben con entusiasmo este proyecto. 
Existe gran escepticismo con respecto a este problema en muchos Estados miembros y esto no debería cogernos desprevenidos. 
Mi impresión es que el escepticismo es a menudo mayor en aquellas zonas en las que existe una importante falta de información. 
Es extremadamente importante garantizar, durante los próximos meses, que facilitaremos información, información y más información que permita a las personas utilizar todos los datos disponibles de forma productiva. 
Si esto no sucede, podríamos llevarnos una sorpresa muy desagradable en una serie de países a medida que la ampliación pase a ser el tema principal en la agenda nacional, si la gente se vuelve hacia nosotros, una vez concluido finalmente el Tratado, y nos dice: «¿Por qué no se nos dijo esto? 
¿Por qué hicisteis hecho esto sin contar con nosotros?» 
Implicar a los ciudadanos es la tarea clave a la que nos enfrentamos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el tren que comenzó su viaje en Helsinki se encuentra ahora tan sólo a dos estaciones de su destino. 
Realmente es muy gratificante que haya sido posible seguir adelante con el informe sobre el avance hasta tal punto de que se ha presentado un mes antes que el año pasado, y es también gratificante que ahora dispongamos de una base completa para tomar decisiones con respecto a qué países están preparados para concluir las negociaciones de ampliación. 
Para empezar, me gustaría dar las gracias al Presidente de la Comisión y al Comisario Verheugen por el compromiso y la energía que han mostrado desde el principio en la ejecución de esta labor histórica. 
He seguido sus esfuerzos desde mi puesto aquí en el Parlamento desde el momento en que asumieron sus cargos. 
Ha sido un placer observar su dedicación, que también transluce hoy aquí en el Parlamento. 
Se nos ha facilitado un informe objetivo del nivel de preparación de los países candidatos. 
La Comisión ha llegado a la conclusión de que diez países están listos para concluir las negociaciones. 
Éstos cumplen los criterios de Copenhague y se cree que, antes de la fecha de adhesión de 2004, podrán cumplir el criterio económico, además del criterio de ser capaces de aplicar el acervo comunitario. 
En ciertos aspectos, existe la necesidad de realizar esfuerzos adicionales en lo que respecta a la capacidad administrativa y la Comisión propone que se sigan estudiando los preparativos para la incorporación de los países candidatos. 
La recomendación de concluir las negociaciones con diez países se debatirá en el Consejo Europeo de Bruselas en un plazo de dos semanas y los debates relativos a la decisión final se celebrarán en el Consejo Europeo de Copenhague dentro de dos meses. 
De acuerdo con la Comisión, Bulgaria y Rumania han hecho un buen avance desde los últimos informes, pero no se encuentran tan adelantados como para concluir las negociaciones. 
Como es sabido, en Sevilla se decidió realizar esfuerzos especiales con respecto a estos dos países y también debe tomarse una decisión sobre este tema en Copenhague. 
La Comisión toma nota de que Turquía ha hecho un gran avance hacia el cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
Este es un avance gratificante que debe mantenerse. 
También toma nota de que aún queda camino por andar, y por lo tanto se anima a Turquía a que realice nuevas reformas y aplique las ya adoptadas, de modo que siga mejorando sus posibilidades de convertirse en miembro de la UE. 
En lo que respecta a las conclusiones de Sevilla, Copenhague será el momento decisivo en el desarrollo de la relación entre la UE y Turquía. 
En el período previo al Consejo Europeo de Bruselas, no debemos adelantarnos a las decisiones que se tomarán en Copenhague. 
Con respecto a Chipre, la Comisión apoya totalmente los esfuerzos de la UE. 
La Comisión hace un llamamiento a todas las partes implicadas, y a Turquía en concreto, para que tomen medidas activas y lleguen a una solución antes de que concluyan las negociaciones de adhesión de Chipre. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki siguen siendo el punto de partida para la adopción de una postura sobre la cuestión de la adhesión de Chipre. 
Por último, quiero manifestar mi acuerdo con lo que el Presidente de la Comisión y el Comisario Verheugen han dicho sobre el voto irlandés, y coincido con las palabras del Presidente de la Comisión sobre los riesgos y los costes de no ampliar la UE, dado que los riesgos y los costes de no ampliarla son mucho mayores. 
Este es por supuesto el motivo por el que se marcó el camino en Helsinki. 
Este es el motivo por el que el tren viaja ahora hacia la paz, la democracia y la prosperidad a lo largo de nuestro continente. 
La siguiente parada es Bruselas y la última Copenhague. 
Los maquinistas daneses están prestos y hoy ha sonado el silbato. 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, este es un debate importante, ya que está relacionado con el mayor desafío planteado a la Unión Europea, la adhesión de diez países en una primera ronda de ampliación. 
Por ello considero especialmente lamentable que el fundamento del debate de hoy se haya divulgado en la prensa europea hace unos días y me gustaría pedirle, señor Prodi, que se asegurase de que en adelante se informa primero al Parlamento y después al público europeo. 
Creo que este es el modo correcto si se quiere que un debate como este tenga sentido. 
Sin embargo, pese a esta crítica, que es muy seria, quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión: a su Presidente, Romano Prodi, al Comisario responsable, Günter Verheugen, pero también a la Comisión anterior de Jacques Santer, además del Comisario Hans van den Broek, ya que, después de todo, la Comisión actual no empezó desde cero, sino a partir del trabajo iniciado por la Comisión de Santer. 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas implicadas por su excelente labor. 
(Aplausos) 
Estamos de acuerdo con las conclusiones, así como con la relación de países recomendados por la Comisión para la adhesión, pero todavía queda un enorme trabajo por delante. 
Los países candidatos, como ya se ha indicado y por lo cual expresamos un gran respeto, tras 50 años de comunismo, mala administración comunista, tiranía comunista y dictadura, han realizado enormes esfuerzos, y esto merece el mayor de los reconocimientos y nuestro respeto. 
Sin embargo, todavía queda una enorme labor por hacer, no sólo por parte de los candidatos a la adhesión, sino también por parte de la Unión Europea. 
Creo que lo que es importante en este momento es garantizar que no hagamos añicos la confianza que han depositado en nosotros los países candidatos. 
Cualquiera que establezca ahora nuevas condiciones de adhesión para los países de Europa Central, Malta y Chipre- reclamando, por ejemplo, la reforma de la política agrícola europea en primer lugar -, cualquiera que solicite esto estará pecando contra los países candidatos, ya que socavaría su confianza en la Unión Europea y sus promesas. 
De ahí que debamos responder a la confianza que han depositado en nosotros los países candidatos y no imponer ninguna condición nueva. 
Polonia es sin duda el país candidato más importante, dado que su población- casi 39 millones de habitantes- es mayor que la de los otros nueve países candidatos. 
También debemos recordar hoy que esta gran transformación de Europa no habría sido posible sin Polonia, sin Solidaridad- y permítanme también decir, no sea que lo olvidemos- sin el extraordinario poder intelectual del polaco que ocupa el trono pontificio, Juan Pablo II, que dijo al pueblo polaco: «No temáis». 
Esta ha sido la base de la transformación política e intelectual de Europa. 
(Aplausos de la derecha) 
No debemos olvidar esto nunca. 
Esta fue también la base por la que Alemania pudo unirse hace doce años. 
Sin Polonia esto no habría sido posible. 
Por ello esperamos que en las negociaciones Polonia pueda superar- también en las próximas semanas y meses- los difíciles problemas que todavía surgirán en el proceso de adhesión y apoyamos a la Comisión en sus propuestas sobre los pagos directos. 
Quedan varias cuestiones por resolver respecto a las cuales nos gustaría obtener respuestas del Gobierno checo. 
¿Cuál es la postura del Gobierno checo con respecto a la cuestión de si, por ejemplo, todavía existen leyes en la República Checa que no dan un trato igualitario a todas las personas de la Unión Europea? 
¿Existe discriminación en este caso? 
Convendría que el Gobierno checo diese una respuesta a esta pregunta. 
Esperamos que Bulgaria y Rumania, que no forman parte de esta ronda de ampliación, sigan haciendo avances de forma que podamos cerrar también las negociaciones con estos dos países dentro de un plazo previsible. 
Refrendamos la postura de la Comisión de negarse a dar a Turquía una fecha para el inicio de las negociaciones. 
En nombre de nuestro grupo, me gustaría señalar que tenemos puntos de vista divergentes sobre la cuestión de la pertenencia de Turquía a la Unión Europea. Es importante exponer esto de forma clara, y sucede lo mismo en otros grupos. 
Sin embargo, estamos unidos en nuestro punto de vista de que Turquía es un socio estratégico clave para nosotros y de que siempre debemos mantener nuestros vínculos con este país en una asociación estrecha y operativa. 
Está el problema de Kaliningrado y recomiendo, como cuestión de urgencia, que a la hora de afrontar este difícil problema establezcamos prioridades sobre la cuestión de la seguridad, así como de la soberanía de Lituania, que no debemos poner en tela de juicio. 
Sobre esta base debemos llegar a un acuerdo flexible con Rusia. 
También me gustaría prevenir contra la creación de un nuevo telón de acero, por ejemplo entre Polonia y Ucrania; en la región que rodea Lviv en Polonia y en otras zonas, existen estrechos vínculos regionales y familiares con Ucrania y debemos adoptar medidas flexibles que garanticen la seguridad al tiempo que permitan a las personas reunirse. 
El Presidente de la Comisión ha mencionado la región del Mediterráneo. 
Acabo de visitar Marruecos y allí existe una gran preocupación de que a raíz de la ampliación los europeos nos olvidemos del Mediterráneo. 
La región del Mediterráneo es nuestra vecina al igual que los países candidatos situados en el centro de Europa, y recomiendo que nos tomemos nuestra colaboración con el Mediterráneo tan seriamente como nos tomamos nuestras relaciones con Europa oriental. 
(Aplausos) 
Si hace veinte años alguien hubiese preguntado: «Les ofrecemos la oportunidad de que Polonia y otros países se incorporen a la Unión Europea, ¿cuánto están ustedes dispuestos a pagar por esto? ». 
No habríamos estado dispuestos a pagar nada por ello, por ello les digo: alegrémonos de que hoy la adhesión de Polonia y los demás países a la Unión Europea, a nuestra comunidad de valores, la democracia, el Estado de derecho y la economía social de mercado, es posible, y demos una cálida bienvenida a nuestros colegas cuando, tal y como esperamos, sean elegidos para esta Asamblea en las próximas elecciones europeas de 2004. 
Este es un gran día para Europa, porque tenemos por delante un futuro compartido, y esperamos que bueno, para nuestro continente europeo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el Grupo socialista apoya las propuestas de la Comisión expuestas en el día de hoy. 
Nos encontramos ante una ocasión histórica. 
En muchos aspectos representa un avance más en el camino iniciado por Willy Brandt cuando era alcalde de Berlín. 
Pero antes de abundar en la naturaleza histórica de esta fecha, he de reconocer que ha sido posible llegar a este punto gracias a la determinación de la Comisión. 
Cuando el Presidente Prodi lanzó el nuevo método de negociación por la vía rápida, cambió radicalmente las negociaciones de ampliación. 
También quiero rendir homenaje al Comisario Verheugen, que ha desarrollado su labor con gran determinación y una capacidad única para dominar el detalle al tiempo que se centra en lo importante y general. 
Ha sido asimismo un modelo de transparencia y franqueza. 
La ampliación es en primer lugar una cuestión de seguridad. 
Se trata de admitir a nuevos países en un sistema político y económico que ha traído la paz, la estabilidad y la prosperidad a países que han dedicado buena parte de su historia moderna a tratar de destruirse unos a otros. 
En nuestros debates sobre los detalles no debemos olvidar este hecho. 
Ahora tenemos en nuestra mano el poder para volver a unir Europa y crear una Unión realmente paneuropea, deseosa de consolidar la estabilidad y la prosperidad, no sólo para sus ciudadanos, sino también más allá de sus fronteras. 
Como es inevitable, a medida que la ampliación se hace realidad, comienzan a oírse las voces de aquellos que albergan dudas. 
Algunos afirman que la ampliación es demasiado costosa. 
A éstos les diría que en el período de 2000 a 2006 gastaremos una milésima parte del uno por ciento del PIB de la UE en los países candidatos. 
Gastaremos el diez por ciento de lo que gastó Alemania en su reunificación. 
Lo que gastaremos no es más que una fracción de lo que costó la defensa de Europa Occidental durante la guerra fría. 
La verdadera pregunta es: ¿cuál será el coste si no ampliamos la Unión Europea? 
¿Qué nos costará en términos de dislocación social, política y económica, que se producirá inevitablemente? 
Algunos afirman que están a favor de la ampliación, pero no todavía. 
Dicen que debemos esperar a la reforma de una u otra política. 
Pero la política no funciona así. 
No permanecemos sentados esperando la ocasión perfecta. 
La ampliación es un proceso dinámico que de por sí impulsará el proceso de reforma en la Unión Europa. 
La ampliación es realmente la solución de los problemas que preocupan a nuestros votantes, las inquietudes en torno a la delincuencia y las drogas, el medio ambiente, el empleo y un futuro mejor para nuestros hijos. 
Tenemos una oportunidad para llevar a cabo la ampliación. 
Si dejamos pasar esta oportunidad, se perderá durante toda una generación y con ella se perderá la causa de la reforma. 
La ampliación y la reforma van de la mano. 
No quiero infravalorar los problemas muy graves que debemos afrontar. 
El núcleo de la UE es el mercado único y éste no debe debilitarse. 
No es cuestión de admitir a países que no puedan o no quieran aplicar el acervo en este terreno, especialmente en lo que respecta a las ayudas estatales, la política de competencia y el respeto de la propiedad intelectual. 
No es cuestión de admitir a países cuyo sistema judicial sea corrupto o ineficaz, o cuya capacidad administrativa no esté a la altura de la tarea pendiente. 
No es cuestión de admitir a países que no estén dispuestos o sean incapaces de tomar medidas efectivas para combatir el crimen, la trata de personas y el tráfico de drogas. 
Por ello celebro las salvaguardias que ha anunciado la Comisión. 
Celebro especialmente las salvaguardias económicas relacionadas con el mercado interior que nunca antes habíamos tenido, así como el compromiso de presentar un nuevo informe sobre el avance seis meses antes de la fecha de adhesión. 
Si existen problemas, entonces nosotros y el Consejo debemos tener el valor de nuestras convicciones para actuar de forma eficaz en dichas circunstancias. 
Por supuesto, existen graves problemas relacionados con la agricultura que hay que afrontar. 
En primer lugar, se han producido importantes retrasos en la aplicación del SAPARD. 
Hay que invertir dinero de la adhesión para fortalecer las estructuras de las zonas rurales y evitar el éxodo rural y el desempleo masivo. 
Los países del centro de Europa Oriental tendrán problemas en la cofinanciación del SAPARD, ya que tendrán que incorporar a sus presupuestos para 2002-2003 recursos presupuestarios que habían reservado para 2000-2001. 
Por consiguiente, la Comisión deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que los fondos del SAPARD no se pierdan debido a una aplicación tardía. 
El sector agrícola y los intereses de la población rural son importantes tanto para la UE como para los países candidatos. 
Por ello necesitamos una solución equilibrada de la financiación de la agricultura que no cargue los costes sobre los más débiles. 
Por consiguiente, apoyamos firmemente las propuestas formuladas en enero por el Comisario Fischler, ya que son totalmente compatibles con los acuerdos de Berlín y el itinerario de la ampliación. 
En el debate sobre la ulterior reforma de la PAC debemos garantizar que los países candidatos participen con carácter consultivo lo antes posible. 
Debemos materializar la reforma antes de que concluya la Agenda 2000 en 2006. 
Sin embargo, las reformas no pueden ser un nuevo obstáculo para concluir las negociaciones de adhesión, al igual que la ampliación no debe entorpecer la reforma de la PAC. 
Como ex presidente del JPC lituano, he de plantear la cuestión de Kaliningrado. 
Quiero pedir que encontremos una solución apropiada para los lituanos y que no los incline hacia el campo del «no». 
Hoy no concluye un proceso. 
Hoy asistimos, espero, al comienzo del fin de un proceso. 
Debemos examinar detenidamente el camino que queda por andar. 
Recordemos que ninguna ampliación ha estado tan bien preparada como esta, pero aprovechemos este momento de la historia para avanzar. 
En este momento me gustaría evocar la inspiración del gran Elvis Presley: ahora o nunca, mañana es demasiado tarde. 
¡Gracias, Elvis! 
Señor Presidente, muchos de nosotros nunca habíamos pensado que presenciaríamos en nuestra vida la caída del muro de Berlín. 
Este acontecimiento cambió la cara de Europa y fue el precursor de un proceso de emancipación de nuestros vecinos de Europa central y oriental, que ahora está llegando a su fin. 
Merece la pena que recordemos los 13 largos años que ha necesitado este proceso mientras los cantos de sirena de los escépticos pretenden hacer que la ampliación se estrelle contra las rocas. 
En un debate anterior describí la ampliación como un proceso de evaluación continua, no como un único examen final. 
Me gustaría expresar mi agradecimiento al Sr. Prodi por presentar hoy la evaluación de la Comisión sobre la capacidad de los países candidatos para incorporarse a la Unión Europea, que señala que dichos países han llevado a cabo una importante labor en este proceso. 
Ahora se enfrentan al examen final de la Cumbre de Copenhague. 
Las previsiones parecen buenas, aunque si desean aprobar todavía tienen un duro trabajo por delante en los meses venideros. 
El Grupo liberal demócrata siempre ha tratado de aplicar los criterios y el calendario de Copenhague para no anteponer uno a otro. 
Por ello celebramos la conclusión de la Comisión de que los diez países candidatos estarán listos para incorporarse a la Unión Europea para 2004, aunque se mantendrá el seguimiento de sus preparativos. 
Es necesario mejorar el sistema de seguimiento, ya que la visión general descrita por la Comisión muestra claramente que existen deficiencias en el grado de preparación de dichos países candidatos y deberíamos ser más abiertos al respecto. 
Si pretendemos convencer a nuestros pueblos de los motivos de la ampliación, debe quedar claro que no estamos escondiendo los problemas bajo la alfombra. 
La apertura respecto a dichos problemas y las medidas tomadas para abordarlos hará que estemos mejor preparados para convencer a aquellos que albergan dudas. 
Por ello hago un llamamiento a la Comisión para que transmita al Parlamento todos los informes regulares de ampliación que remitirá al Consejo. 
Si esperamos al informe de seguimiento exhaustivo seis meses antes de la ampliación, puede que la Comisión no tenga más alternativa que imponer salvaguardias, ya que puede que no sea viable la opción nuclear de suspender la ampliación. 
Espero que la amenaza de dichas salvaguardias baste para asegurar que no se empleen. 
Sin embargo, tampoco debemos olvidar que no son sólo nuestros votantes los que hay que convencer. 
También hay que ganar los referendos en los países candidatos. 
Los críticos de dichos países, que comparan la Unión Europea con la antigua Unión Soviética, confunden una chaqueta con una camisa de fuerza. 
Sin embargo, debemos mostrar a estos países que se beneficiarán de la ampliación desde el primer año. 
Esto implica un generoso acuerdo financiero que impida que sean contribuyentes netos a corto plazo. 
Introduciendo una cláusula de secesión en un nuevo tratado constitucional también disiparemos cualquier temor de que la adhesión a la Unión Europea signifique renunciar a la libertad. 
A mi grupo le preocupa bastante que la corrupción siga estando muy extendida y que habrá que trabajar mucho para aplicar el acervo en justicia y asuntos interiores. 
Debemos ser firmes con los defectos de los países candidatos, aunque hemos de reconocer que el informe que se nos presenta hoy no es más que un informe de situación. 
A mi propio país le costó cumplir los criterios 15 meses antes de la adhesión. 
Treinta años después, algunos podrían decir que sigue esforzándose. 
Sin embargo, una cosa es cierta. 
El seguimiento del cumplimiento de las leyes de la UE y el respeto de los valores de la Unión no es un proceso que debería concluir tras la adhesión. 
El Grupo liberal acoge con agrado la fecha de 2007 y un itinerario para Bulgaria y Rumania. 
La Comisión debe precisar las medidas que deben tomar a tiempo para Copenhague, de forma que quede claro qué hay que hacer. 
Las recientes reformas emprendidas por el gobierno turco realmente representan un gran avance y, pese a que no puede establecerse una fecha para la adhesión de Turquía hasta que no se cumplan los criterios, observaremos con gran interés la aplicación de dichas reformas. 
Hay que ofrecer una estrategia de preadhesión a Turquía, acompañada de un mayor apoyo económico y un entorno político más amistoso. 
Tenemos que demostrar al mundo que no somos un club de elite cristiano. 
También habrá que resolver la cuestión de Chipre para facilitar la entrada de Turquía. 
En este caso volvemos la vista a Grecia y Turquía para que ayuden a mediar un acuerdo antes de la Cumbre de Copenhague. 
La previsión de que Chipre en su totalidad se incorpore a la UE podría iniciar la Presidencia griega con un paso positivo que esperamos que concluya en Tesalónica con una cumbre que simbolice la reconciliación. 
En conclusión, la maratón de la ampliación se aproxima a la meta. 
A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, los participantes deben prepararse para un sprint final. 
Una vez cruzada la meta de Copenhague, tras una breve celebración, comienza la preparación para la siguiente maratón: la de cumplir el acervo comunitario y de conseguir la aprobación democrática del proceso de ampliación. 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, nos estamos preparando para tomar una decisión histórica. 
Ayer los titulares de un diario de Bruselas señalaban que dentro de un año tendremos que hablar de los veinticinco en lugar de los quince. 
Estas son buenas noticias por su propio mérito. 
Creo que hablo por mi grupo en su conjunto al acoger de buen grado a todas estas naciones europeas. 
Tendremos que aceptar el reto común de la ampliación efectiva. 
Sin embargo, para lograrlo, debemos afrontar todos y cada uno de los problemas si queremos evitar dar pábulo a los demagogos y a quienes se oponen de modo vergonzante a la ampliación. 
Y esa es la cuestión. 
Señor Presidente de la Comisión, creo que en su presentación no ha abordado varios problemas graves. 
Pongamos por ejemplo el acervo comunitario, el principal tema tabú por excelencia. 
Para ustedes, y para muchos de mis colegas diputados aquí presentes, se trata del todo o nada. 
Cualquier país candidato que cuestione cualquier parte del mismo sería excluido de las negociaciones. 
Sin embargo, todos sabemos que algunas implicaciones del acervo provocarían crisis sociales agudas, graves y peligrosas en estos países. 
No resolveremos estos problemas escondiendo la cabeza como el avestruz, sino todo lo contrario. 
La transposición bajo presión no resolverá nada a largo plazo. 
Hay algunos Estados entre los quince que han conseguido compromisos sobre temas relativos a su identidad específica, e incluso entre los países fundadores de la Comunidad existen textos firmados que vuelven a cuestionarse ahora, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Entretanto, como ustedes saben, los ciudadanos de la Unión contestan el acervo todavía más. 
La estructura liberal de Europa y el modo nada transparente en el que se está creando desde arriba sin la implicación del pueblo es cada vez más inaceptable. 
Estos debates también se están realizando en los países candidatos, en los más altos niveles. 
Este hecho viene confirmado, por ejemplo, por el conflicto esencial entre el parlamento y el Gobierno polacos y el Banco Central Polaco, considerado demasiado liberal y demasiado independiente. 
Por su parte, la Presidenta de Letonia llega hasta el punto de expresar su sensación, y cito, de «colonización» entre la población en lo que respecta a la postura de la Comisión sobre la agricultura. 
Ustedes son conscientes de todo esto, pero no dicen nada. 
Creo que esto es un error. 
No se puede bajar la fiebre rompiendo el termómetro. 
Hay otro aspecto que me gustaría destacar. 
Aparentemente, un negociador de la Comisión, al presentársele ciertas reservas, zanjó el debate en cuestión con estas palabras: «o firman o se ponen en la cola». 
¿Qué se consigue con la arrogancia del fuerte hacia el débil? 
Se obtiene una firma ahora y resentimiento después. 
Esta no es la solución. 
Debemos hablar de todo esto. 
Simplemente mencionaré un tercer problema, ya que todos estamos familiarizados con él, pero considero que necesitamos hablar de él, ya que el éxito en general depende de ello en gran medida. 
Es el problema de la financiación de la ampliación: si mi memoria no me falla, la Comisión apartó en 1999 40.000 millones de euros para el período 2004-2006, en el que estaban implicados seis países. 
Esta es la misma suma que se asigna ahora para diez países. 
¿Cómo es posible que salgan las cuentas? 
Y por qué no recordamos públicamente a los Estados miembros que niegan la solidaridad financiera necesaria que, junto con estos países, se han beneficiado durante diez años de un vergonzoso superávit comercial de 100.000 millones de euros y que sus empresas están obteniendo notables beneficios cuyos detalles nos gustaría conocer. 
Perdonen mi franqueza, pero nuestra única oportunidad de que la ampliación tenga éxito en el futuro consiste en afrontar los problemas reales ahora. 
Señor Presidente, me gustaría decir brevemente al Sr. Cohn-Bendit que la pasión es algo maravilloso, pero que si no está basada en el pragmatismo y el sentido común, no sirve de nada. 
Si el Sr. Cohn-Bendit rebosa de pasión en este momento, quizás podría enfocar parte de la misma a sus colegas verdes de mi país, que pretenden convencer al electorado de que vote contra el Tratado de Niza. 
Si queremos ser apasionados, dejemos que nuestra pasión se base en los hechos. El hecho es que si los diez países candidatos propuestos por la Comisión- por cuyos esfuerzos doy las gracias especialmente a los Comisarios Prodi y Verheugen- van a formar parte de la Europa ampliada con la que sueña el Sr. Cohn-Bendit, les ruego que diga a la gente de mi país, en nombre del Partido Verde de Europa, que deben votar «sí» al Tratado de Niza. 
Le estaríamos agradecidos. 
No tiene sentido ser todo para todo el mundo en todo momento. 
Basemos en hechos nuestro consejo al electorado. 
Se equivocan los miembros del Partido Verde cuando dicen a la gente de mi país que el Tratado de Amsterdam contempla el proceso de ampliación del que estamos hablando. 
Éste no contempla la adhesión de diez nuevos Estados miembros. 
Si vamos a tener diez nuevos Estados miembros, tal y como pretendemos, y quizás Rumania y Bulgaria tan pronto como sea posible, y posteriormente Turquía cuando corresponda, entonces digamos a la gente la verdad, que hay que aceptar el Tratado de Niza para que esto suceda. 
Quisiera felicitar a la Comisión por la enorme labor realizada al tratar con todos los países candidatos y el hecho de que se encuentre en estos momentos en condiciones de recomendar la adhesión de diez países. 
Me gustaría felicitar al Comisario Verheugen por lo que ha dicho en relación con Turquía. 
Es importante que este Parlamento reconozca que durante el último año y medio se han realizado enormes avances en Turquía y esto no debe olvidarse. 
La posición actual de Turquía no debería interpretarse de ningún modo como un rechazo por parte de la Unión Europea. 
En lo que respecta a Chipre, me alegra que haya realizado notables avances y que nos haya sido recomendado. 
Asimismo me gustaría refrendar lo que nos ha propuesto la Comisión con respecto al problema político en Turquía y Chipre, al estar la parte norte de Chipre ocupada por Turquía. 
Deberíamos utilizar toda nuestra influencia para asegurar que se acepta un papel para las Naciones Unidas al respecto, ya que no existe otra opción. 
Por último, me gustaría decir a este Parlamento, a mis colegas y amigos, que a pesar de los esfuerzos de los diputados de esta Cámara que han tratado de confundir el tema del Tratado de Niza en relación con mi país, el pueblo irlandés apoya totalmente la ampliación. 
A finales de la semana que viene tendremos una mayoría para el Tratado de Niza. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Irlanda es uno de los dos países en los que la mayoría de ciudadanos lamentaría que se disolviese la UE. 
El Tratado de Niza se ha puesto a prueba en el país más favorablemente predispuesto hacia la UE, y sin embargo el 54% de la población votó en contra. 
Por ello habría sido más natural haber preguntado a los habitantes de otros países si les gustaba el tratado, pero en su lugar se pidió a los irlandeses que volviesen a votar al respecto, como están de hecho haciendo al enfrentarse con la amenaza de que, si no lo hacen, la ampliación se detendrá. 
Sinceramente, ¿existe un solo Ministro que pondría freno a la ampliación si los irlandeses votasen «no» ?. 
Por supuesto que no. La ampliación continuará. 
La situación se prevé en el Tratado de Amsterdam a modo de protocolo que, al darles una mayoría doble o más votos en el Consejo, compensará a los cinco mayores países por la pérdida de su segundo Comisario. 
Este resultado se negoció sobre el terreno en Niza. No es algo de lo que quepa presumir, pero existe en una declaración especial que no forma parte del tratado y que por lo tanto tampoco ha sido rechazada. 
Puede hacerse uso de ella, independientemente de si los irlandeses votan «sí» o «no». 
También debo hacer un llamamiento a la cumbre de Bruselas para que corrija las cifras. 
Es un escándalo que a Hungría y Turquía se les ofrezcan menos plazas en el Parlamento Europeo que a países con menor población. 
El nuevo sistema de ponderación es imposible de recordar incluso para los Ministros. 
En su lugar, debería idearse un sistema sencillo que pueda explicarse a la gente de aquellos países que en breve deberán votar sobre la incorporación a la UE. 
También debería haber más flexibilidad en relación con los países candidatos. 
La UE no debería recibirlos como una apisonadora que destruye todo lo que éstos han ideado a modo de leyes. 
Deberíamos conformarnos con establecer una serie de requisitos relativos a su conducta en el mercado común y permitirles conservar su libertad en todas las áreas en las que no existe una necesidad común documentada de leyes transfronterizas. 
Debería permitírseles decidir si desean mantener sus monedas nacionales. 
El terreno agrícola en la República Checa cuesta un 10% de lo que cuesta en Alemania. 
Por qué no permitir a los países candidatos que mantengan sus leyes relativas a la compraventa de tierras. 
Qué dirían los checos si los Sudetes fuesen comprada con euros alemanes. 
Provengo de la parte de Dinamarca que fue ocupada por Alemania. 
En la actualidad mantenemos una excelente relación con nuestros vecinos, la cual recomiendo y considero un modelo para Irlanda del Norte y otras zonas con tensiones nacionales. 
El protocolo danés sobre las residencias de veraneo contribuye a la buena relación entre daneses y alemanes. 
Sin éste, las viviendas mejor situadas serían adquiridas, ya que el precio de una residencia de verano alemana es varias veces mayor que el de una danesa. 
Los acuerdos de transición pactados con los países candidatos fomentan la división innecesaria y darán lugar a muchos votos negativos en los referendos. 
Mi grupo tiene distintas actitudes hacia la ampliación. 
El Movimiento de Junio danés es muy crítico con las condiciones que ofrecemos a los países candidatos, pero aquellos de nosotros que estamos en esta Cámara votaremos a favor de ellas, porque respetamos las propias decisiones de los países candidatos. 
Esperamos que las numerosas nuevas democracias puedan aportarnos algo de vida democrática, de forma que podamos obtener una Europa más racional, más libre, abierta y descentralizada para todos. 
Con mayor flexibilidad, Bulgaria y Rumania también podrán incorporarse. 
Es un poco triste verlas excluidas, ya que se ha dejado que se consuman en la pobreza durante un período mucho más largo. 
Señor Presidente, sobra decir que siempre hemos estado a favor de una Europa unida y fuerte en la que cada pueblo europeo tenga su lugar y pueda conservar su identidad cultural. 
Esto también se aplica a los pueblos de Europa oriental, que durante décadas han vivido bajo el yugo comunista y que durante décadas no han podido contar con la solidaridad de nadie de este hemisferio, con ninguna de las familias políticas de este hemisferio, que sin embargo en la actualidad todos pontificamos. 
Por ello no me opongo al principio de la ampliación europea, siempre que se trate, por supuesto, de una ampliación europea y no de una pequeña ampliación asiática para incluir a un país como Turquía, que no pertenece a Europa, ya sea geográfica, histórica, política o culturalmente. 
Sin embargo, me opongo a una ampliación dogmática y precipitada, como la que se está preparando para hoy y que, me temo, conducirá a importantes problemas sociales, económicos y culturales. 
Surgirán problemas en los Estados miembros actuales, que sin duda se enfrentarán a una importante y nueva ola de inmigración, pero también en los países candidatos, cuando su gente mejor cualificada, ingenieros, doctores, enfermeras, trabajadores de la construcción y muchos más casi con total certeza dejen sus países por motivos económicos para buscar un empleo mejor pagado en cualquier otra parte de Europa. 
Si la libre circulación de personas, mercancías y capitales generará en realidad más pobreza, más inmigración, más crimen y más desarraigo, tanto en la antigua Europa oriental como aquí, entonces los políticos responsables realmente deberían considerar en primer lugar un método que garantice un proceso de unificación más armonioso. 
Por ello, hagamos una pausa, sigamos con esta ampliación, pero admitamos algo: en la actualidad, en este momento, la libre circulación de personas no es posible todavía. 
Si no lo hacemos, estaremos en peligro de colocar una bomba de relojería bajo Europa que podrá activarse antes de que nos demos cuenta o, haciendo uso de las palabras de La Fontaine: asegurémonos de que Europa no espera el trágico destino de la rana que una vez soñó que era capaz de convertirse, muy rápidamente, en un buey. 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría dar especialmente las gracias a la Comisión por haber preparado tan bien esta ocasión durante los últimos meses. 
Ésta ha presentado una propuesta, basada en todos los análisis que han sido posibles hasta la fecha, que es viable, tan viable que en diciembre será posible tomar las decisiones de invitar a diez países a que se incorporen a la Unión Europea. 
Como presidente de la comisión competente para el fondo, permítanme decir que estamos haciendo los preparativos para moldear el procedimiento parlamentario con la mayor rapidez posible, de forma que no se produzca demora alguna por parte del Parlamento y de forma que pueda cumplirse la fecha prevista para la firma de los Tratados. 
Estoy convencido de que en general el Parlamento refrendará un resultado positivo. 
Este es un gran momento, pero este gran momento no supone el fin de la tarea, ya que las negociaciones difíciles continuarán hasta diciembre. 
Debe quedar claro que no podemos tomar como rehén a los países candidatos para los problemas a los que nos enfrentamos en uno u otro Estado miembro. 
Debemos tener claro que hay que realizar reformas sobre temas como la política agraria, pero dichas reformas no deben enmarcarse de tal forma que den lugar a un pretexto para retrasar el proceso de ampliación. 
Debe darse forma al proceso interno dentro de la Unión Europea de tal forma que garantice que no existen nuevos motivos falsos para la demora. 
Este es el motivo por el que también hacemos un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembros a garantizar que aquellas áreas específicas, como la agricultura y la financiación, en las que todavía no han alcanzado el acuerdo, que lo hagan lo antes posible, de forma que no se nos achaque a nosotros si se produce una demora en la ampliación de la Unión Europea. 
Por ejemplo, en el marco de este proceso, debemos tratar de resolver el problema de Chipre de forma que garantice que no se produzcan nuevas tensiones o demoras. 
Me doy cuenta de que esto es como tratar de lograr la cuadratura del círculo, pero creo que también este problema se puede resolver. 
Debe quedar claro que, fuera de la Unión Europea, no existe ningún motivo por el cual cualquiera de los candidatos a la adhesión tenga derecho a determinar el calendario de la ampliación en la medida en que afecte a cualquier país. 
Existen muchos casos en los que nosotros también debemos ser claramente conscientes de esto, independiente de la intención que tenga. 
Desde mi punto de vista, los candidatos a la adhesión también deben continuar con sus esfuerzos y me gustaría dar las gracias a la Comisión por destacar la aplicación a través de estructuras administrativas y judiciales adecuadas. 
Los candidatos a la adhesión todavía tienen mucho trabajo por hacer antes de incorporarse en 2004. 
No basta con trasponer la legislación comunitaria a la legislación nacional. Asimismo es necesario dotarse de capacidad para aplicar esta ley en la práctica. 
Esto significa facilitar la ayuda necesaria, pero también realizar los esfuerzos necesarios. 
Estos esfuerzos no pueden finalizar en diciembre, ya que nos veríamos en una situación muy difícil. 
Asimismo significa dejar claro, también con respecto a la República Checa, que contamos con un sistema legal que no tolera la discriminación. 
En el futuro, ningún ciudadano de la UE sufrirá la discriminación basada en motivos de ningún tipo. 
La Unión Europea no está para saldar cuentas pendientes, sino para empezar de nuevo y romper el ciclo de violencia en Europa, y esto significa que todo el mundo debe estar dispuesto a contribuir. 
Espero que todas las partes tomen nota de los correspondientes informes encargados por el Parlamento y se aproveche la oportunidad para unir esto a las señales, gestos y medidas adecuadas de forma que pueda funcionar bien en la práctica. 
Permítanme añadir una oración más, que realmente será la más larga de mi discurso. 
Nosotros también tenemos trabajo que hacer, ya que tampoco estamos listos para la ampliación. 
Por este motivo, la Convención que está preparando la constitución europea debería ser un éxito el año que viene: este es un requisito imprescindible si queremos que funcione la Comunidad ampliada. 
Por lo tanto, también nosotros debemos hacer un esfuerzo especial en este contexto. 
Señor Presidente, en su comunicado sobre el estado de las negociaciones de adhesión, la Comisión confirma que Chipre será parte de la primera tanda de adhesiones, conforme a lo decidido en la cumbre de Copenhague. 
Me gustaría dar las gracias a la Comisión, y especialmente al Comisario Verheugen, por su propuesta, que responde absolutamente a las expectativas del Parlamento Europeo y que no debería sorprender a nadie. 
A lo largo del proceso de negociación hemos observado el pleno acuerdo entre la Comisión y el Parlamento Europeo sobre los elementos fundamentales del expediente chipriota. 
Ahora también parece que las negociaciones de adhesión con la República de Chipre han sido un importante catalizador de los esfuerzos de las Naciones Unidas por resolver el problema político de la isla de acuerdo con las normas del derecho internacional. 
Aunque hasta el momento no se ha logrado nada y a pesar de las amenazas de anexión y crisis de Ankara, el reciente comunicado del Secretario General de las Naciones Unidas se basa todavía en la idea de que puede encontrarse una solución marco política antes de final de año. 
El Parlamento, en sus últimas resoluciones, enumeró de forma clara las condiciones que debería cumplir dicho acuerdo para que Chipre pudiese satisfacer totalmente sus obligaciones como miembro de la UE. 
El Estado federal chipriota debe poseer un gobierno central y un parlamento que lo controle, que pueda tomar todas las decisiones dentro del marco del Tratado, además de participar en estas políticas. 
También tendría que garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio de la isla. 
El despertar de la sociedad civil y los estudios realizados en el norte de Chipre confirman que la mayoría de la población turcochipriota está también a favor de una política proeuropea. 
Por ello espero que la enérgica voluntad política haga posible superar los obstáculos restantes y que las fuerzas de la Unión triunfen sobre las fuerzas de la división. 
En ausencia de esta política, o si ésta se viese dificultada por interferencias externas, el Consejo Europeo de Copenhague tendría que tomar sus decisiones de acuerdo con las conclusiones de Helsinki. 
Señor Presidente, Comisarios, en Flandes hemos soñado con ser flamencos y con convertirnos en europeos desde el siglo diecinueve. 
Con la adhesión de diez nuevos países, el espacio europeo de paz y estabilidad está creciendo, al igual que el alcance de los derechos humanos y la democracia. 
Este es un motivo de alegría. 
Los países candidatos han recibido importantes incentivos para realizar los cambios necesarios. Sin embargo, nosotros no hemos mostrado el mismo nivel de compromiso para aplicar convincentemente los cambios que son necesarios para crear esta Europa real. 
Las ampliaciones previas han demostrado que la prosperidad ha aumentado tanto para los países implicados como para los ciudadanos de la UE. 
El Sr. Prodi ha expuesto que los costes se verán reembolsados, pero nuestros ciudadanos no están totalmente convencidos de esto. 
Más bien al contrario. 
Se requerirá valor y poder de persuasión para eliminar los sentimientos de incertidumbre y temor, especialmente en un momento de deterioro económico. 
Por otra parte, todavía existen imperfecciones en el sistema. 
El propio Sr. Prodi ha mencionado el fraude, la corrupción y el tráfico de seres humanos. 
También se han mencionado los problemas que rodean a los conflictos internos de Chipre y Polonia, y el debate sobre Turquía está eclipsando todo lo demás. 
No deberíamos suscitar falsas expectativas. 
De ahí la necesidad de que informemos a nuestros ciudadanos sobre lo que está en juego. 
Nosotros, regionalistas y pueblos sin Estado, somos muy sensibles a los problemas que existen todavía con respecto a la discriminación contra pueblos y minorías culturales. 
Nos preocupa que no se reconozcan las realidades regionales e históricas en los distintos países candidatos. 
Todo esto plantea la duda de si todavía tenemos tiempo y recursos para poner las cosas en su lugar antes de que la adhesión se haga realidad. 
Sin embargo, damos hoy luz verde a la adhesión porque darle la luz roja sería una muestra de hostilidad, aunque de hecho estemos soñando con este espacio de paz y estabilidad. 
Señor Presidente, la ampliación es una oportunidad para la Unión Europea, posiblemente su última oportunidad, dado que ha fallado en tantas otras áreas. 
Sin embargo, ni los países candidatos, ni especialmente los quince, están preparados para aceptar las consecuencias de la ampliación, sobre todo las financieras. 
La Comisión del Sr. Prodi no ha estado a la altura de las circunstancias, y salta a la vista que el deseo de tener éxito, de consagrar su mandato al frente de la Comisión Europea tuvo prioridad sobre cualquier otra consideración. 
Queremos ampliar nuestro círculo familiar, pero no hemos ampliado la casa. 
Por el contrario, desde Niza, cada una de las partes se ha retirado a su jardín privado. 
Por lo tanto, necesitamos tener el valor para decir que la decisión de la ampliación debe posponerse. 
El principio está ahí. 
Pero la decisión debe posponerse por lo menos hasta que la Convención Europea, por ejemplo, proponga una nueva arquitectura común para los veinticinco Estados y nuevas normas de funcionamiento. 
Pero la decisión no debe tomarse en Copenhague en diciembre, sino en Atenas o Roma el año que viene, lo cual no implicaría demora alguna en la adhesión de los Estados miembros en caso de que la decisión fuese positiva. 
Por este motivo votaré en contra del informe que nos ha presentado la Comisión. 
Felicito a la Comisión simplemente por haber cerrado la puerta a Turquía, una decisión que es en esencia tan incomprensible como la decisión de abrir esa misma puerta. 
Señor Presidente, Señorías, la ampliación cambiará a Europa de forma duradera. 
Por este motivo es tan importante la calidad de los preparativos. 
La Comisión ha dado hoy luz verde a la adhesión de diez países, pero reconoce al mismo tiempo que todavía no se han cumplido todos los criterios. 
Bajo esta luz, el diario parisino Le Figaro habla de su sensación creciente y desagradable de saltar al vacío sin paracaídas. 
Yo no iría tan lejos, pero son varios los temas delicados que quedan por resolver: la financiación, Chipre y los decretos de Bene? son sólo algunas de las palabras clave. 
Me decepciona profundamente la postura del Gobierno checo de negarse siquiera a hablar de los problemas. 
Europa significa hablar unos con otros. 
Me decepciona también la postura de la Comisión. 
¿En qué tipo de comunidad de valores se convertirá la UE en el futuro si acepta dócilmente una ley que garantiza impunidad al asesinato? 
He hablado de fisuras. Estas se ven compensadas no sólo por las ventajas, sino también por la oportunidad de ampliar la zona de seguridad y estabilidad y superar la división de Europa. 
La ampliación es la expresión política de la reconciliación en Europa. Ésta es nuestra gran oportunidad. 
Señor Presidente, trece años después de la liberación de Europa Central y Oriental y tras varios años de serias negociaciones, hemos llegado a la penúltima etapa previa a que ocho nuevos Estados miembros de esta región y dos de la zona del Mediterráneo accedan a la UE. 
Los candidatos que, si todo sigue igual, participarán en las elecciones europeas como miembros de hecho y de derecho en 2004, pronto podrán enviar observadores a este Parlamento, algo que esperamos ansiosamente. 
El resultado que nos ha presentado la Comisión merece nuestras mayores felicitaciones, al igual que lo merece de forma especial la persona responsable de todo esto, el Comisario Verheugen. 
En su momento hemos dicho en el Parlamento que los cabos sueltos deberían ser pocos y pequeños. 
Esto es exactamente lo que estamos viendo en la etapa de transición: pocos y pequeños cabos sueltos, excepto en el caso comprensible de aquellos que tienen que ver con el medio ambiente. 
Retrocediendo a 1989, podemos recordar el entusiasmo general que acogió el regreso a Europa de pueblos que habían estado oprimidos durante un largo tiempo. 
Este entusiasmo lo mantenemos a raudales. 
Por ello es sumamente doloroso ver cómo en algunos Ministerios este regreso se ha visto reducido simplemente a una cuestión de dinero. 
Algunos mantienen la creencia falsa aunque persistente de que la Unión Europea, y especialmente la adición de nuevos Estados miembros, sería costosa y requeriría grandes sacrificios por nuestra parte. 
También persisten algunos instintos xenófobos, que son objeto de especulación descarada. 
Comunicar la verdad, es decir, que la Unión Europea solamente cuesta un 1,27 % del PIB y que a cuenta de los ahorros internos se ha liberado otro 0,14 % para la ampliación, establecido en Berlín y fijado hasta 2006, en otras palabras, que el procedimiento presupuestario completo funciona correctamente, es prácticamente una misión imposible. 
Si parte de esto no se recibe, siempre habrá algún Ministro de Finanzas o así que, esbozando el peor de los casos junto con importantes exageraciones y su propia interpretación de las cifras, esté de nuevo dispuesto a despertar temores latentes, ver la ampliación con malos ojos e incluso utilizar a los países candidatos como última baza en las tretas políticas con otros Estados miembros sobre la revisión de la política agrícola. 
Esto transgrede las normas de la decencia. 
El cuidado que ha tenido la Comisión en nombre del Consejo se manifiesta de varios modos, siendo uno de ellos la declaración de que por el momento debe controlarse la aplicación permanente y sostenible de los resultados de la negociación. 
En los próximos años existirán con certeza motivos para prestar ayuda a algunos Estados miembros nuevos o para mostrarles el modo correcto, especialmente en el plano administrativo. 
Lo que han conseguido ya realmente merece ser aplaudido. 
Esta oración ya se utilizó durante las fases preparatorias del Tratado de Amsterdam. 
Entonces introdujimos el ya conocido artículo que incluso dispone sanciones si un miembro se desvía de su camino en lo que se refiere al Estado de derecho y la democracia. 
Este artículo se aplica a todos nosotros. 
Tal y como se ha establecido a menudo científicamente, incluso por parte de nuestro ex colega diputado el Sr. Burenstam Lindner, las ampliaciones siempre conllevan beneficios económicos para todas las partes implicadas, incluso más para los miembros ya existentes que para los nuevos. 
Sin embargo, es más importante la ganancia en términos de un orden legal más justo y pacífico en Europa y el establecimiento de una comunidad de valores europea. 
La contribución a esto por parte de los nuevos miembros puede ser también importante en este aspecto. 
Espero que el mismo espíritu que prevaleció al comienzo de la integración europea inspire también en el futuro a los nuevos y viejos Estados miembros. 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, el informe de la Comisión muestra un enorme grado de optimismo, pero es a la vez muy realista. 
Estoy de acuerdo con el Comisario Verheugen: se ha conseguido mucho, pero son necesarias muchas más reformas y nosotros concretamente como parlamentarios debemos estudiar y evaluar los informes con visión, pero también con precisión y pragmatismo, del mismo modo que debemos examinar los resultados de las negociaciones. 
Para empezar me gustaría dejar una cosa clara: sin esfuerzos adicionales para establecer el mercado interior, para integrar a las minorías- como la romaní y la sinti- y aplicar el Estado de derecho, es improbable que la ampliación tenga éxito. 
Sin embargo, permítanme decir también al respecto que depende de nosotros comportarnos de un modo que permita tender puentes. 
Puesto que se han mencionado los «decretos de Bene? », permítanme decir que me congratulan los estudios encargados por este Parlamento que demuestran que no existen obstáculos legales para la adhesión de la República Checa. 
Al mismo tiempo, creo que sería propicio para el clima de las negociaciones y el proceso de toma de decisiones si la República Checa pudiese reunir el valor para aclarar la situación, lo cual permitiría una revaluación de los decretos de Bene? desde una perspectiva moderna, no como demanda o condición, sino como oferta. 
Permítanme hacer un comentario en calidad de ex ponente para Turquía. 
Entiendo que mucha gente en ese país, especialmente las fuerzas proeuropeas, está decepcionada por las propuestas de la Comisión, dado que no fijan una fecha específica para las negociaciones de adhesión. 
Sin embargo, entiendo y refrendo la postura de la Comisión, y veo una gran oportunidad para Turquía si ésta no se obsesiona simplemente por una posible fecha, sino que está preparada para trabajar con la Unión Europea en la construcción de una asociación política y económica genuina con la UE hasta que la adhesión sea posible. 
Las propuestas de la Comisión representan un punto de partida. Sin embargo, todavía puede hacerse más, y podemos trabajar conjuntamente en esto en el curso de los próximos meses. 
Hoy me han preguntado: ¿qué les diré a mis electores? 
¿Qué significa la propuesta de la Comisión? 
Yo diría que significa un resonante «sí» a la adhesión y «sí» a la adhesión en 2004. 
Sin embargo, también significa que depende de los propios países decidir si quieren que les caiga llovido del cielo o si están dispuestos a seguir trabajando en las reformas. 
Tengo la esperanza de que todos los candidatos estén dispuestos a seguir trabajando en las reformas necesarias. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al Parlamento el enorme y sincero apoyo que nos ha prestado en nuestros esfuerzos por hacer que la ampliación sea finalmente una realidad. 
Sin el apoyo del Parlamento no habríamos podido conseguir los objetivos que hemos alcanzado, y además del Parlamento Europeo, me gustaría dar las gracias a los parlamentos de los países candidatos. 
He estado presente en muchas de las reuniones de preparación para la ampliación que han celebrado y puedo asegurarles que nunca antes ha habido un proceso democrático tan profundamente arraigado, tan bien respaldado y tan importante. 
Es una excelente señal para el futuro que esta ampliación se realice con una intención democrática tan fuerte, unánime y pura. 
Señor Presidente, en mi anterior intervención, he expresado mi agradecimiento a la Comisión. 
También me gustaría agradecer enormemente a este Parlamento y a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que tomó rápidamente una decisión, con un amplio acuerdo, para apoyar este proceso de ampliación. 
El Parlamento ha mostrado el camino y ahora puede ver el resultado. 
Hay que reconocerlo. 
He oído muchos debates en esta Asamblea, pero nunca había visto un consenso tan grande sobre un proyecto con tantas facetas como este al que aquí estamos dando un mayor impulso. 
Por supuesto, ha habido una voz discrepante y, dado que soy el único danés que intervendrá hoy, me gustaría facilitar a los votantes irlandeses cierta información al consumidor. 
En Dinamarca a nadie le sorprende el hecho de que el Sr. Bonde esté realizando ahora una campaña contra el nuevo tratado. 
Ha realizado campañas contra todos los tratados. 
Adoptó una postura de oposición durante la Guerra Fría, declarándose en contra de cualquier medida que fortaleciese las democracias occidentales contra los dictadores comunistas. 
Se opuso también a la incorporación danesa a la CE. 
Estuvo en la oposición cuando se votó por primera vez sobre el Tratado de Maastricht, al igual que lo estuvo cuando se votó sobre el mismo por segunda vez. 
Realizó una campaña contra el Tratado de Amsterdam y ahora lo hace contra el Tratado de Niza. 
Esto estará bien si el proceso sigue adelante, pero no lo estará si el electorado irlandés es inconsciente de que, al apoyar al Sr. Bonde, estará apoyando a alguien que está en contra del sistema en su conjunto y que se ha opuesto a cada uno de los aspectos de la cooperación europea. 
Simplemente he pensado que no hacía ningún daño al decir esto. 
Pido disculpas. 
Nos complace ver que las negociaciones con diez países candidatos podrán cerrarse a finales de este año para que se incorporen a la Unión Europea a principios de 2004. 
Sin embargo, esta satisfacción se ve teñida de pesar. 
Las adhesiones irán de la mano de un enredo inextricable de varios cientos de derogaciones y medidas transitorias, además de amenazas apenas disimuladas por parte de la Comisión hacia los candidatos: la posibilidad de enviar una carta de advertencia preventiva a los Estados que no cumplan los requisitos con la suficiente rapidez, e incluso una citación para comparecer ante el Tribunal de Luxemburgo. 
¡Bienvenidos a una Europa disciplinaria! 
Si esto es a lo que hemos llegado, habríamos estado en mejor posición, tal y como sugerimos, con la adhesión de estos Estados en 1990 a una confederación política europea, con una geometría variable de políticas comunes, y la gradual adhesión de algunos Estados según corresponda. 
En ese caso no nos habríamos enfrentado a la ecuación imposible de equilibrar una organización monolítica con diversidad; no nos veríamos obligados a dejar de manera vergonzosa a Bulgaria y Rumania en la estacada. 
Sin embargo, quizás este modelo vuelva a mostrar una vez más que sirve. 
Deberíamos pedir a la Convención presidida por el Sr. Giscard d ' Estaing que considere esto seriamente. 
-Pasamos al siguiente punto del orden del día, las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Irak. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por habernos brindado la posibilidad de abordar nuevamente en el Parlamento Europeo un tema tan actual y delicado. 
Tal y como afirmé cuando se trató la cuestión sobre Iraq durante las sesiones celebradas los días 3 y 4 de septiembre, esta discusión se plantea en un momento en el que la atención y el debate político internacional se centran en este país. 
Durante mi última intervención en el hemiciclo, describí en líneas generales la evolución que ha experimentado la situación desde la Guerra del Golfo. 
En dicha declaración se recogía el llamamiento de la UE a Iraq para que se someta sin demora a las resoluciones acordadas, entre las que se incluye, específicamente, la resolución en virtud de la cual los inspectores de armamento podrían volver a realizar su trabajo en este país, tal como anticipaba la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
En este sentido, la UE mantiene una postura favorable hacia las reuniones entre los representantes de la ONU y de Iraq. 
La Unión Europea apoya sin reservas todos los esfuerzos realizados por el Consejo de Seguridad y el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Esta actitud se confirmó en la entrevista informal que tuvo lugar entre los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE los días 30 y 31 de agosto en Elsinor, así como en la reunión celebrada por dichos Ministros los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Bruselas. 
Asimismo, la UE acoge con agrado la resolución 1409 de 14 de mayo del Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a la revisión del programa «Petróleo por alimentos». 
Partiendo de los comentarios que acabo de realizar, me gustaría centrar principalmente mi intervención de hoy en la evolución actual de la situación iraquí. Asimismo, hablaré sobre las negociaciones llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad respecto a una nueva resolución, así como sobre las negociaciones con Iraq relativas al regreso de los inspectores de armamento. 
En la actualidad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad participan en una serie de negociaciones referentes a una nueva resolución sobre la cuestión iraquí, basada en un proyecto norteamericano. 
Los Estados Unidos quieren una resolución que refuerce y concrete las exigencias formuladas frente a Iraq en resoluciones anteriores; que establezca unos plazos límite más reducidos para el cumplimiento por parte de Iraq de dichas demandas; y que defina un mandato para una posible intervención militar en caso de que Iraq no acate las demandas. 
Los Estados Unidos han declarado que desean que los inspectores de armamento puedan disfrutar de acceso incondicional a todas las zonas, incluidos los llamados palacios presidenciales. 
Existen dos cuestiones cuya absolutamente cruciales: el asunto de un nuevo mandato del Consejo de Seguridad sobre el uso de la fuerza, y el acceso ilimitado, libre e incondicional de los inspectores de armamento a todas las instalaciones y zonas en Iraq, incluidas las zonas presidenciales, es decir, los palacios. 
En la UE estamos satisfechos de que la cuestión iraquí se mantenga en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Esperamos que en el Consejo de Seguridad se logre una postura común respecto a este asunto. 
Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en Viena, el jefe de los inspectores de armamento de la ONU, cargo ocupado por el sueco Hans Blix, junto con el Director General del OIEA, el Dr. El Baradei, responsable de las investigaciones sobre el programa de armamento nuclear de Iraq, se reunieron con representantes del Gobierno iraquí para discutir acerca de los acuerdos prácticos relativos al regreso incondicional de los inspectores de armamento. 
Aparentemente, se ha alcanzado un acuerdo sobre una serie de cuestiones, basado en las exigencias frente a Iraq de las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas anteriormente. 
No obstante, el asunto del acceso a las zonas presidenciales sigue sin resolverse. 
Además, existen una serie de cuestiones pendientes con respecto a las vías y los medios que se adoptarán para el regreso de los inspectores de armamento, entre otras el modo en que UNMOVIC, el cuerpo de inspectores de armamento de la ONU, interrogará a los iraquíes y en que informará de los resultados. 
Seguramente, los inspectores de armamento no serán enviados a este país hasta que se adopte una nueva resolución e Iraq la acepte. 
Aunque aún es demasiado pronto para determinar el contenido de dicha resolución, resulta crucial la definición de un régimen de inspección cuyo establecimiento resulte efectivo y creíble. 
La UE considera importante seguir las directrices marcadas por la ONU, para así garantizar un amplio apoyo internacional al desarme de Iraq y asegurar al mismo tiempo la credibilidad y efectividad del Consejo de Seguridad y de la cooperación multilateral. 
En este contexto, resulta alentador el hecho de que el Presidente norteamericano, George Bush, destacara ayer nuevamente en su discurso la disposición de los Estados Unidos a ir de la mano de las Naciones Unidas. 
Mucho se ha hablado sobre este tema. 
Para terminar me gustaría señalar que, indudablemente, habría sido preferible plantear este debate cuando el Sr. Solana hubiese podido estar presente. 
No obstante, ante la insistencia del Parlamento para que se discutiera el asunto en cualquier circunstancia, acepté la insistente invitación del Presidente a participar en el debate. 
Señor Presidente, ya he hablado en dos ocasiones sobre Iraq en esta Cámara. 
Mi última intervención se remonta solamente un mes atrás, al 4 de septiembre, justo antes de la reunión informal de los Ministros de la UE en Elsinor. 
Desde entonces, por motivos obvios, Iraq ha seguido siendo el principal tema de debate internacional, aunque no hay grandes cosas que la Comisión pueda añadir a lo que se ha dicho o a lo que se publica diariamente en la prensa. 
El avance más alentador desde mi última intervención ha sido el discurso del Presidente Bush, que pude escuchar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de septiembre, y la Presidencia se ha referido asimismo al discurso que acaba de pronunciar en Cincinnatti. 
Su importancia se debe, por supuesto, a que el Sr. Bush expresó el deseo del Gobierno norteamericano de trabajar, a ser posible, dentro del marco de las Naciones Unidas para abordar las amenazas planteadas por el régimen iraquí. 
Desde todas las partes del planeta, los líderes del mundo han celebrado la decisión de los Estados Unidos y prácticamente todos han presionado a Iraq para que cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Cabe destacar especialmente el alcance de los esfuerzos diplomáticos renovados del mundo árabe para presionar a Iraq a que permita la reanudación de las inspecciones. 
El aumento de estas presiones ha ayudado de forma clara a hacer que Sadam acepte el regreso de los inspectores, por mucho que su ofrecimiento deba contemplarse con una buena dosis de escepticismo. 
Ya nos hemos encontrado anteriormente en una situación como esta con Sadam Husein, viendo cómo se distanciaba de las promesas realizadas y los compromisos contraídos tras una cortina de humo de síes, peros y quizás. 
La Unión Europea ha celebrado la decisión del Presidente Bush de tratar con Iraq a través del sistema de las Naciones Unidas. 
Como Unión, creemos que este es de lejos el modo más adecuado y sin duda mucho más efectivo para encontrar una solución. 
No existe una alternativa real al sistema de valores y normas internacionales de la ONU que establecieron y acordaron líderes mundiales con el fin de conservar la seguridad mundial. 
Éste supone la mayor esperanza de evitar las consecuencias potencialmente desastrosas de un despliegue de acciones unilaterales supuestamente destinadas a «resolver» disputas regionales. 
Trabajar a través de la ONU confiere legitimidad y sentido de consenso moral a las medidas que en ocasiones es necesario tomar. 
Por otra parte, en las últimas semanas, uno de los Estados miembros de la UE- que, como decimos tímidamente, es el que mejor conozco- ha hecho pública una evaluación detallada de la posesión de armas químicas, biológicas y posiblemente nucleares por parte de Iraq, así como de los medios para utilizarlas. 
Este informe muestra los riesgos que estas armas representan para la estabilidad regional de Oriente Próximo. 
Varios institutos eminentes han compartido asimismo sus valoraciones de las amenazas para la seguridad global planteadas por el régimen iraquí. 
Todos coinciden en los intentos de Sadam de reconstruir su arsenal de armas de destrucción masiva aprovechando la ausencia de los inspectores durante los últimos cuatro años. 
A propósito, me gustaría señalar que estos inspectores habían realizado en su momento una labor mejor que la que en ocasiones se les ha reconocido. 
Puede que haya lugar a un debate sobre la inminencia del peligro que plantea este arsenal de armas letales, pero no percibo ninguna disputa seria en torno a su existencia. 
En la actualidad se están celebrando debates con y entre los Estados miembros de la UE sobre las condiciones de una nueva Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de preparar el camino para un regreso absolutamente incondicional de los inspectores de la ONU a Iraq. 
Como ya es sabido por Sus Señorías, son varias las opciones que se plantean, algunas de ellas promovidas por los Estados miembros. 
Tal y como ha aclarado la Presidencia, los Ministros europeos trataron por última vez de la situación de Iraq el lunes 31 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales. 
Entonces reiteraron la postura fijada un mes antes en Elsinor, que incluye el objetivo general de la eliminación de las armas de destrucción masiva, la necesidad del regreso incondicional de los inspectores de la ONU con acceso sin restricciones a cualquier parte de Iraq, y la necesidad de que la situación continúe bajo el seguimiento del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Dado este entorno de diplomacia internacional intensificada, considero- y espero que el Parlamento comparta mi punto de vista- que las siguientes consideraciones deben ser prioritarias para todos: 
En primer lugar, durante las últimas semanas, los líderes de todo el mundo han seguido repitiendo sus llamamientos a una respuesta multilateral al desafío planteado por Iraq. 
Éstos han argumentado de forma clara que la alternativa de una respuesta unilateral sería muy poco prudente. 
Y no se trata solamente de los líderes mundiales, pues también nuestros ciudadanos creen firmemente que es el modo correcto de resolver el problema de Iraq. 
Las recientes encuestas realizadas en Europa y los Estados Unidos, así como las manifestaciones públicas, demuestran que a los ciudadanos les gustaría que cualquier decisión sobre Iraq se tomase dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, el principal razonamiento subyacente a cualquier intervención de la ONU consiste en que la comunidad internacional se opone a la posesión de armas de destrucción masiva por parte de un régimen peligroso. 
Existe una preocupación auténtica y justificada sobre su uso y su proliferación. 
Por otra parte, se ha sugerido que estas armas podrían proporcionarse a redes terroristas, aunque algunas destacadas figuras públicas, como Brent Scowcoft, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Bush padre, han expresado su escepticismo al respecto. 
Otros han argumentado que pueden existir ciertos vínculos entre Iraq y las organizaciones terroristas con vínculos mundiales como Al Qaeda. 
No conozco ninguna prueba pública convincente al respecto, pero quizás he pasado algo por alto. 
El recurso al uso preventivo de la fuerza no es una idea nueva. 
Por ejemplo, la comunidad internacional decidió intervenir en Kosovo por motivos humanitarios. 
El concepto de intervenciones humanitarias fue apoyado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en un gran discurso pronunciado hace tres años. 
Con la acción en Kosovo, la comunidad internacional dejó claro que ya no admite que los líderes mundiales se escuden tras el concepto de soberanía nacional para hacer lo que les venga en gana dentro de sus fronteras. 
Reconoció que la gente también tiene derechos, no sólo los Estados en que viven. 
Sin embargo, lo que queda claro a partir de los debates en curso en todo el mundo es que necesitamos desarrollar algún tipo de marco legal internacional para tratar estas circunstancias. 
No puede considerarse a Iraq aisladamente con respecto a otros casos igualmente sensibles. 
¿No deberíamos recurrir a los principios para que guíen nuestras acciones internacionales e identifiquen las circunstancias que puedan justificar la intervención internacional cuando existe un peligro claro y presente, ya sea dentro de un Estado soberano o fuera de sus fronteras? 
La visión del derecho internacional que ha prevalecido más o menos desde el Tratado de Westfalia- como sabrán los estudiosos del trabajo del Dr. Kissinger- ha dejado de ser totalmente válida. 
Pero me resulta difícil creer que cualquier visión alternativa aceptable no deba basarse principalmente en los mecanismos y procedimientos de la ONU. 
En tercer lugar, estoy seguro de que aquellos que están planteando la necesidad de una nueva resolución tendrán en cuenta todas las opciones y perspectivas. 
La comunidad internacional ha de definir cómo enmarcar una o varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Iraq. 
Pero también deben pensar qué hacer en caso de incumplimiento. 
Esta es una cuestión general de máxima importancia, dado que está relacionada con la credibilidad del sistema multilateral. 
Hemos de conservar la autoridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones hemos visto incumplidas una y otra vez. 
En este caso, existe un incumplimiento por parte de Iraq, pero también hay otros que se hallan en una situación similar. 
Hemos llegado a un punto en que el incumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas debe abordarse de forma objetiva, seria y coherente. 
Espero que a medida que los acontecimientos se desarrollen durante los próximos meses, presenciemos una reafirmación de la autoridad de la ONU con efectos beneficiosos para Iraq, la región y todo el mundo. 
Por otra parte, puede que entonces podamos centrar nuestros esfuerzos de forma más constructiva en la interminable crisis sangrienta de Oriente Próximo. 
No puedo afirmar que vea una perspectiva alternativa que no sea profundamente inquietante. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Comisario, Señorías, he seguido con suma atención las declaraciones que han hecho tanto el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo como el Comisario, Sr. Patten, y quisiera señalar, como premisa a la intervención que voy a desarrollar a continuación, un dato, y es que con independencia de que el régimen de Sadam Hussein tenga o no armas de destrucción masiva, quiero expresar mi convencimiento de que este régimen constituye un peligro para la seguridad y para la paz internacional, y esto no es una quimera, ya tuvimos ocasión de verlo con motivo de la invasión de Kuwait y seguimos teniendo ocasión de verlo con la reiterada y desafiante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Esto no quiere decir, naturalmente, que la Unión Europea y la Comunidad internacional tengan que tener una reacción poco medida o desproporcionada. 
Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de buscar una respuesta, pues es evidente que la respuesta que la comunidad internacional dé y que la Unión Europea apoye, podría tener consecuencias sobre las relaciones con el mundo árabe y también podría tener consecuencias, como ha dicho el Sr. Patten, muy claras y directas sobre el conflicto en Oriente Medio. 
Señor Presidente, las iniciativas que yo sugeriría en nombre de mi grupo político se insertan claramente en la línea que ha avanzado el Sr. Patten. 
Es evidente que para un sistema de valores como el de la Unión Europea, que consagra la paz, la comprensión, la concordia y la solidaridad, el recurso a la fuerza debe ser la última razón. 
En este sentido, es evidente que hay que agotar todas las vías políticas, diplomáticas o comerciales; pero es evidente también, Señor Presidente, que hay que garantizar el libre acceso, sin restricciones y sin condiciones, de los inspectores de Naciones Unidas para que puedan cumplir su misión de verificar si existen o no existen armas de destrucción masiva. 
Y es evidente, también, que hay que tomar en consideración la necesidad y la determinación de la comunidad internacional para que, en caso de incumplimiento de estas resoluciones de Naciones Unidas, la comunidad internacional y el propio sistema de Naciones Unidas puedan dar la respuesta adecuada para verificar y exigir el cumplimiento de estas resoluciones. 
Y este tema de la legitimidad, o de la necesidad de contar con la legitimidad de una ratificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para emprender una acción militar es precisamente uno de los temas que ayer debatimos en el ámbito de la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando votamos una resolución sobre el terrorismo. 
Y fue muy interesante porque, en el curso de la votación, compareció el Secretario General de la OTAN, el Sr. Robertson, y a la pregunta de si era necesario contar con un aval de Naciones Unidas para la acción de su organización, nos dijo que aunque era deseable, entendía que un mandato del Consejo Atlántico era suficiente para poder actuar en el seno de la OTAN. 
Este debate, Señor Presidente, no es un debate baladí, porque en algún momento, cuando la fuerza de acción rápida de la Unión Europea esté lista para operar, nos encontraremos con que si tenemos que acudir al aval de las Naciones Unidas para que dicha fuerza pueda actuar en una misión Petersberg, a lo mejor un miembro del Consejo de Seguridad que tenga derecho a voto puede abortar una eventual acción de la fuerza de acción rápida de la Unión Europea. 
Quería apuntar este debate, porque me parece pertinente en estos momentos, sobre todo a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre, y es evidente que tenemos que realizar toda una serie de progresos en el ámbito de la política de seguridad y de defensa. 
Tenemos que verificar la compatibilidad de la fuerza de acción rápida de la Unión Europea con esta iniciativa de los Estados Unidos de crear una fuerza de acción rápida en el seno de la OTAN; tenemos que ver en qué medida podemos hacer compatible la utilización de infraestructura de la OTAN para acciones de la Unión Europea en el ámbito de la defensa; tenemos que preservar la capacidad autónoma de toma de decisiones de la Unión Europea en el ámbito de la defensa y tenemos que resolver el problema del gasto militar, o mejor dicho, tenemos que decidir, con conocimiento de causa, si queremos gastar más o si queremos gastar mejor. 
El 11 de septiembre exige una respuesta de la comunidad internacional porque, frente a las amenazas y problemas que nos plantea el terrorismo internacional, tenemos que dar una respuesta de todos por igual y, en el ámbito de la Unión Europea, una respuesta única. 
Yo creo que la mejor contribución de la Unión Europea al sistema y a los principios de Naciones Unidas es dar una respuesta cohesionada en el ámbito de las organizaciones internacionales, porque la fuerza de la Unión Europea es su unidad y su debilidad su fragmentación. 
Señor Presidente, Presidente en funciones, Comisario, Señorías, existen determinados asuntos relativos a la situación actual en Iraq que no admiten discusión alguna, sobre los que todos compartimos la misma opinión y en los cuales se ha alcanzado un amplio consenso. 
El primero de estos asuntos hace referencia al obligado y pleno cumplimiento por parte de Iraq de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sin admitir ningún tipo de excusa o evasiva. 
Le agradezco profundamente, Comisario, su comentario acerca de que Iraq no es el único país que debería actuar de esta forma. No obstante, el debate de hoy se centra en la cuestión iraquí. 
En segundo lugar, todos estamos de acuerdo en que los inspectores de armamento deben regresar a Iraq y tener acceso ilimitado para poder realizar su trabajo de forma adecuada. 
En particular, deben buscar y, a continuación, destruir, todas aquellas armas de destrucción masiva y los sistemas de suministro. 
Le doy las gracias, Comisario, por llegar más allá en este consenso, y, especialmente, porque lo haya logrado señalando que la respuesta a esta situación, al problema iraquí, se debería analizar multilateralmente y en el marco de las Naciones Unidas. 
Esa es nuestra oportunidad para resolver real y definitivamente este problema. 
Existen otras cuestiones en las que no se ha logrado llegar a un consenso. 
Entre otras, por ejemplo, está la cuestión referente a si los inspectores de armamento, que cuentan actualmente con un mandato para ir a Iraq, deben esperar hasta que el Consejo de Seguridad adopte una nueva resolución. 
Opino que bastaría con que el Secretario General de las Nacionesd Unidad precisara su mandato. 
En caso de que sea cierto que una grave amenaza emana de Iraq, resultará lógico, después de todo, asegurar la entrada inmediata en el país de estos inspectores. 
Al mismo tiempo, el Secretario General de la ONU debe considerar el tema del embargo. 
Mientras los inspectores se dedican a buscar armas en Iraq, es preciso restablecer las condiciones para el levantamiento total y el fin del embargo. 
Aunque creo que este punto es axiomático, quiero insistir en él y subrayarlo de nuevo. 
Mientras los inspectores de armamento buscan armas en Iraq, no puede continuar la campaña de bombardeos de los Estados Unidos y el Reino Unido, que no se basa en ninguna resolución de la ONU. 
Debería quedar en suspenso- sopeso las palabras- hasta que llegue el informe de los inspectores. 
Por último, la ONU debería preparar un itinerario para la destrucción de armas y para las inspecciones, así como un itinerario para el embargo y la reintegración de Iraq en la comunidad internacional. 
Esta sería una iniciativa importante que podría partir de la ONU. 
En el contexto de la ONU, permítanme señalar que, si optamos por confiar en ella, no podemos esperar tener una ONU a la carta. En otras palabras, no podemos cumplir sólo las resoluciones que nos convengan e ignorar las que no. 
Debemos ser muy claros al respecto, y defiendo el respeto y la ejecución de todas las resoluciones de la ONU. 
Señor Presidente, sabemos que un motivo para la intervención militar es la búsqueda de armas de destrucción masiva, pero existen, por supuesto, otros motivos. 
La resolución del Parlamento de mayo de 2002 contiene una propuesta que todavía no ha tenido eco. Sugería establecer un tribunal internacional ad hoc para juzgar a Sadam Husein y a sus oficiales, y que la Comisión estableciese una oficina de derechos humanos para reunir las pruebas. 
Existen, por su puesto, distintos motivos para la intervención: las intervenciones humanitarias, la defensa propia, el Artículo 51, tal y como se utilizó en Afganistán, y ahora una nueva propuesta de defensa propia anticipada, el denominado ataque preventivo, planteado por el Presidente Bush para un cambio de régimen. 
Incluso se ha tratado la opción de la «bala en la cabeza». 
Pero sin duda este Parlamento debería tener presente una cosa: al pueblo de Iraq. 
En este punto propongo que se procese a Sadam Husein y sus oficiales conforme a la Convención sobre el genocidio de 1948. 
Se trata de un crimen contra la humanidad de tal magnitud que nunca podrá perdonarse y debemos invocar la justicia y el Estado de derecho. 
La Convención sobre el genocidio del que nosotros y todos nuestros aliados somos parte, nos impone el deber de castigar todos los actos de genocidio ordenados por gobernantes constitucionalmente responsables. 
Éste prevé de forma expresa el establecimiento de un tribunal para dicho fin, preferiblemente en el territorio en el que se han cometido los crímenes, y si no fuese posible, en cualquier otro lugar. 
De este modo, todos los autores de crímenes serán juzgados por aquellos tribunales internacionales que tengan jurisdicción con respecto a las partes contratantes que hayan aceptado su jurisdicción. 
El precedente de Núremberg nos recuerda que un torturador es un torturador incluso si viste un uniforme y ha aceptado la orden de torturar al prójimo. 
En otras palabras, ser oficial no exime a una persona de ser juzgada. 
Esto significa que es nuestra obligación no sólo centrarnos en Sadam Husein, sino también en todos sus oficiales. 
¿Cuáles son los actos de genocidio de Sadam Husein? 
En el pasado, hemos visto usar armas químicas en el norte, diezmar a los gitanos, perseguir a los judíos, los cristianos asirios, desplazar a más de tres cuartos de millón de personas, asaltar a los musulmanes shiítas y a los descendientes de iraníes. 
Treinta años de agresiones criminales y sigue persiguiendo a los que quedan de esta gente desafortunada. 
El genocidio afecta ahora a los árabes que residían en las zonas de las marismas: más de medio millón de personas destruidas en los últimos años. 
Han perdido su territorio, a la gente, el pescado, los animales, el agua, la tierra, sus hogares, sus granjas, villas, ciudades, barcos y tierras por culpa de las matanzas, el fuego y el drenaje. 
Hemos presenciado la destrucción total de un pueblo tribal único, diferente y antiguo. 
Esto es genocidio. 
Es necesaria una resolución de la ONU pero necesitamos las pruebas que deberán presentarse, ante los pueblos del mundo, para cambiar la percepción de por qué es necesaria esta acción. 
El establecimiento de la Oficina de Derechos Humanos fue aceptada en un principio por el Comisario Patten en nuestro debate de mayo de 2002. 
Le ruego que abra dicha oficina sin demora, ya que ya hemos perdido demasiado tiempo. 
Señor Presidente, Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, en este momento hay razones para esperar que no se produzca la guerra con Iraq. 
No es absurdo imaginar que la resolución que se halla en trance de ser adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría servir finalmente para alentar el desarme en Iraq en lugar de legitimar una intervención militar. 
Esto representaría una gran victoria de la sabiduría sobre la irresponsabilidad, aunque aún queda un largo camino por recorrer. 
¿Hay algo que podamos hacer, aun cuando la decisión corresponde a los países miembros del Consejo de Seguridad? 
Estoy seguro de que la respuesta es afirmativa, ya que resulta evidente que las exigencias de nuestras sociedades y las iniciativas políticas de diversos Estados han influido enormemente en las posturas de los principales Jefes de Estado, empezando por el propio George Bush. 
Su objetivo era cambiar el régimen en Bagdad. 
Aparentemente, la comunidad internacional sólo tiene en la actualidad un objetivo posible, el desarme de Iraq. 
Bush ordenó a la ONU que se pusiera de lado de los Estados Unidos o se mantuviera al margen. 
No obstante, parece ser consciente de que el marco de las Naciones Unidas es difícil de burlar. 
Anteriormente había propuesto una teoría sobre la guerra preventiva. 
Ahora subraya que la acción militar no es necesariamente inminente o inevitable. 
Nadie se deja engañar. 
El Presidente norteamericano no ha renunciado a ninguno de sus planes, pero quizás empieza a darse cuenta de que la vida política internacional no es como una película del oeste en la que él hace de sheriff. 
Creo que es hora de fomentar la misión de los inspectores de desarme como una solución alternativa a la guerra. 
Estos inspectores fueron quienes, hasta 1998, lograron evitar que Sadam Husein adquiriese la bomba atómica y destruyeron arsenales de armas químicas y biológicas y sus medios de fabricación, así como instalaciones de investigación militar, misiles y plataformas de lanzamiento. 
Según dicen, hoy su experiencia es mayor y los equipos de que disponen son más sofisticados. 
Están listos para empezar a trabajar de inmediato. 
No obstante, uno de ellos, el norteamericano Scott Ritter, sugiere oportunamente que, cuando regresen a Iraq debería levantarse el embargo. Esta carga cruel y despiadada se impuso hace doce años sobre la población iraquí. 
Mi grupo, en colaboración con otros, va a adoptar diversas iniciativas en esta línea, a las cuales podrán unirse aquellos que lo deseen. 
Además, mi grupo consideraría realmente útil que el Consejo y la Comisión realizasen una declaración adicional sobre la nueva doctrina estratégica publicada por la administración Bush el pasado 20 de septiembre. 
El silencio de la Unión Europea respecto a este texto me parece inadmisible, ya que dicho documento resalta lo que se describe como la fuerza sin precedentes de los Estados Unidos y destaca su determinación para parafrasear y actuar de forma independiente, si es necesario como medida preventiva, para extender el triunfo de la libertad. 
No podemos permanecer inactivos ante la confirmación oficial de una doctrina que, indudablemente, acabaría conduciendo a la guerra en Iraq. Una doctrina que no provocaría más que la destrucción del sistema de seguridad colectiva establecido en virtud de la Carta de las Naciones Unidas que siguió a la victoria de las democracias sobre el nazismo. 
Finalmente, seguimos esperando que se inicien las primeras fases de la aplicación de la última resolución parlamentaria sobre Oriente Próximo. 
Mientras George Bush centra la atención mundial en Bagdad, su protegido, al que no hace mucho calificó de hombre de paz a pesar de violar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a su país, ataca a los palestinos con una crueldad indescriptible, exponiendo así a su propio pueblo a un nuevo ciclo infernal de odio y venganza. 
Europa aún necesita demostrar su capacidad para abordar cada uno de estos puntos que, en realidad, conforman un todo. 
La condición de potencia mundial no se adquiere por decreto; hay que ganársela. 
Señor Presidente, el debate sobre la cuestión iraquí que nos brindó el mes pasado en Estrasburgo nos hizo temer lo peor, a saber, la guerra. 
Todos los oradores que intervienen en el debate que se celebra hoy han tenido en cuenta, de forma global, la evolución de la postura iraquí durante las semanas anteriores y de la resistencia en el seno de la propia ONU al unilateralismo de los Estados Unidos, así como a los abusos de la administración Bush. 
Como ciudadanos europeos, no podemos apoyar ni permitir el bombardeo de esta problemática región partiendo de unas ideas simples, o incluso podría decir simplistas, que no son otras que las de la dinastía Bush, ya sea el padre, que reconoció en televisión su odio hacia Sadam Husein, o el hijo, que justifica su obsesión contra Sadam Husein con estas ridículas palabras: «el tipo? intentó matar a mi padre». 
Estas declaraciones podrían resultar cómicas de no ser por el hecho de que una guerra en Iraq supondría un coste, en términos de vidas humanas, por supuesto, tanto en el ejército iraquí como en las fuerzas aliadas. En este punto, me gustaría dar las gracias al orador del Grupo del PSE por recordar o retomar el debate sobre el asunto del levantamiento del embargo que sufre la población civil iraquí desde hace once años. 
Asimismo, dicho coste sería incalculable en términos de inestabilidad que originaría una intervención militar en la región, y sería al mismo tiempo irreversible para el derecho internacional. Por lo tanto, consideramos que, a fin de cuentas, la credibilidad de la ONU está en juego en relación con la crisis iraquí. 
Por esta razón, más allá de las consideraciones morales, no debemos perder de vista estos factores. 
Tras un año en el que los Estados Unidos no se han andado con rodeos a la hora de comparar a Sadam Husein con Bin Laden, todavía no existen pruebas de que Iraq hubiera participado en los ataques del 11 de septiembre y, en general, en la organización Al Qaeda. 
Del mismo modo, aún no se puede probar que exista actualmente armamento de destrucción masiva en Iraq, a pesar de las apasionadas afirmaciones de Tony Blair. 
Lo único cierto hasta ahora es que, para los Estados Unidos, Iraq y el régimen iraquí suponen un obstáculo en su acceso al petróleo. 
Esto está claro. 
Pero llegados a este punto, nos encontramos bastante lejos de los objetivos asignados a la coalición internacional a la que se unió Europa hace un año. Los países europeos deben ahora aliarse con los Estados Unidos para poder combatir de forma conjunta la única y verdadera amenaza mundial inmediata que existe, la organización Al Qaeda. 
Sin embargo, hoy no podríamos asegurar en serio al mundo que mañana seremos capaces de capturar al mulá Omar o a Osama Bin Laden en tierras babilónicas. 
Señor Presidente, la Unión Europea adopta la postura de un observador en lugar de convertirse en agente activo en lo que respecta a los sucesos que acontecen actualmente. Puede que debido a que hablamos desde el punto de vista de un observador, confundimos los hechos en varios de nuestros discursos, felicitándonos por lo que probablemente se evitará, es decir, los ataques militares en Iraq. 
En su lugar, deberíamos preguntarnos por lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer, como Unión Europea, para provocar una situación en la que será posible lograr todo lo que anhelamos, alcanzar un punto en el que no resulten necesarios los ataques militares y en el que los inspectores disfruten de pleno acceso a los emplazamientos iraquíes. 
En mi opinión, no hemos hecho nada, y si la situación que observamos ha mejorado actualmente, ello se debe parcial, principal o totalmente a la presión de los Estados Unidos y la forma en que ésta se ha ejercido. 
En consecuencia, puede que lo que tengamos que hacer es esforzarnos por abandonar nuestro papel de observadores: debemos hacer todo lo que podamos para evitar la intervención militar, en lugar de sentarnos aquí a observar los errores que otros cometen, corriendo el riesgo, una vez más, de que Europa no se convierta en la Europa de Churchill, sino en la Europa de Chamberlain. Corremos el riesgo de encontrarnos nuevamente en una situación de impotencia e inercia en la que nos falten los instrumentos y recursos institucionales, e incluso militares, necesarios y, por lo tanto, no seamos capaces de adoptar medida alguna. 
¿Deseamos desarrollar alternativas a las armas, la violencia y la destrucción? 
Entonces, pongámonos manos a la obra. 
Debemos analizar las posibilidades que ofrece el derecho internacional para despertar la conciencia y proporcionar información, para derrotar un régimen que libra una continua guerra diaria contra su propio pueblo, una guerra que causa muertes constantemente en Iraq y que representa un peligro para la comunidad internacional. 
Debemos comprobar lo que nosotros, como Unión Europea, podemos hacer en lugar de permanecer aquí sentados aplaudiendo o criticando las acciones de aquellos que, al menos, tienen el valor de asumir responsabilidades. 
Señor Presidente, el Comisario Patten ha hecho referencia al expediente elaborado por el gobierno del Reino Unido con vistas al debate de la Cámara de los Comunes. 
Dicho expediente contiene algún dato interesante. 
Lo más significativo que he encontrado en el mismo es una foto de la planta de uno de los palacios de Sadam Husein. Superpuesta sobre ella había una planta del Palacio de Buckingham. 
El Palacio de Buckingham representaba una pequeña esquina de la planta completa de los palacios de Sadam Husein. 
Este dato es muy importante porque se dice que Sadam Husein no quiere que nadie entre en sus palacios. 
Cierto que a ninguno de nosotros nos gusta que la gente entre en nuestras casas. 
Pero no nos damos cuenta de que estos palacios representan prácticamente ciudades por si solos y que por este motivo deben cumplirse todos los aspectos del mandato de los inspectores de la ONU. 
Éstos deben poder acceder a todas partes, porque los palacios del tamaño de los que él tiene, y tiene varios, cuentan con capacidad para acoger importantes emplazamientos destinados a albergar armas. 
Debemos tener claro que no debería haber impedimentos al acceso de los inspectores a los mismos. 
Sabemos que Sadam Husein es una amenaza para la región y para su propio pueblo, pero también sabemos que por los intereses de la paz mundial debemos actuar a través de las Naciones Unidas. 
No debe tratarse de una acción unilateral. 
Sin embargo, las resoluciones de las Naciones Unidas deben responsabilizar a Iraq y debe existir una disponibilidad para seguir adelante con la acción. 
No basta con amenazar. 
Debemos estar preparados para seguir adelante con dicha amenaza si falla todo lo demás. 
Debemos mantener la presión sobre Sadam Husein. 
Debemos seguir aplicando una zona de exclusión aérea, inclusive autorizando a los pilotos a defenderse. 
Si las Naciones Unidas se mantienen firmes, cambiaremos la política internacional. 
Existirá un nuevo entorno que nos lleve a la acción multilateral. 
Si las Naciones Unidas no son capaces de mantenerse firmes, el elemento multilateral completo de la política internacional se vería desacreditado y el mundo se convertiría en un lugar mucho más peligroso. 
Señor Presidente, he podido escuchar en diversas ocasiones que la UE desea seguir las directrices marcadas por la ONU y, por consiguiente, me gustaría preguntar a dónde conducen dichas directrices y durante cuánto tiempo se pretende seguirlas. 
Estamos de acuerdo en que Iraq debe, tal como ha afirmado el Sr. Patten, cumplir las resoluciones de la ONU, como todo el mundo. 
Sin embargo, ¿no deben la Unión Europea y los Estados Unidos respetar también el derecho internacional? 
¿Podemos, por un lado, exigir a un país a que cumpla las resoluciones de la ONU y, por otro, aceptar determinadas acciones que no aprueba este sistema jurídico? 
En pocas palabras, no tengo una respuesta clara a esa pregunta. 
¿Pedirá la UE a la ONU que se dicte un mandato desde el Consejo de Seguridad antes de apoyar cualquier acción posible contra Iraq? 
Además, ¿qué sucederá si los inspectores de armamento finalmente no encuentran absolutamente nada? 
A decir verdad, no hay ni la más mínima prueba de que existan esas armas de destrucción masiva. 
Si los inspectores no encuentran realmente nada, ¿tomará medidas la UE en consecuencia para que se levante el embargo? 
Sabemos que el programa «Petróleo por alimentos» significa que el pueblo iraquí se mantiene al borde de la inanición. 
Existe una gran cantidad de falsos rumores difundidos acerca de la suma de dinero que se ingresa, pero los cálculos realizados en función de las cifras reales muestran que cada céntimo se destina a dicho programa y que esto no es suficiente. 
No hará nada para sacar al pueblo iraquí de la miseria. 
El programa se ha ocupado de eliminar a la clase media iraquí y es responsable de que el país no pueda solucionar el abastecimiento de agua, lo que aumenta considerablemente la mortalidad infantil. 
¿Se esforzará la UE por que se levante el embargo y, en este contexto, se acordará del Kurdistán iraquí? 
¿Recordará que existe una población en el norte de Iraq que será totalmente vulnerable cuando Sadam Husein tenga la oportunidad de expresar su ira? 
Señor Presidente, Señorías, aunque mucha gente ha mostrado su postura en contra de una guerra en Iraq, los Estados Unidos mantienen sus amenazas con nuevas exigencias, so pretexto de combatir el terrorismo. 
La exigencia de la unidad nacional norteamericana no ha podido encubrir los problemas sociales y económicos en la zona, su crisis en la confianza política y sus restricciones a la libertad democrática, factores condenados por un gran número de ciudadanos norteamericanos. 
Todos somos conscientes de que, aparte de los innegables argumentos relativos a la realidad del poder de Sadam Husein, apoyados hasta ahora por los occidentales, uno de los principales objetivos de esta guerra es el petróleo. 
Asimismo, una guerra de esta índole permitiría alcanzar otros objetivos, tales como el fortalecimiento del control directo sobre los recursos petroleros y de gas en Oriente Próximo, con el fin de impulsar el crecimiento en los Estados Unidos, asestar un duro golpe a la OPEP, objeto del odio de Washington, y debilitar el mundo árabe, privándole de toda capacidad de oposición política. 
Además, no podemos ignorar el contexto actual de toda la región. 
Esta guerra sólo puede destruir los esfuerzos de las Naciones Unidas por consolidar el derecho internacional en favor de una paz justa y duradera. 
Sabemos que tendrá trágicas consecuencias para el pueblo palestino. 
Este hecho viene confirmado por el apoyo a Bush expresado por Ariel Sharon, para quien la situación internacional representa una oportunidad de mermar la resistencia palestina. 
Asimismo, el inicio de la acción militar en esta región prendería el fuego en el mundo árabe, sumergiría a la población en décadas de pobreza y lanzaría a los regímenes políticos debilitados a los brazos del fundamentalismo. 
No piensen que esta guerra no afectará a nuestro continente. 
Europa constituirá el primer objetivo para el terrorismo y se convertirá en un semillero de tensión, al tiempo que el racismo y el odio al islam no dejarán de aumentar. 
No es demasiado tarde para evitar esta guerra. 
Para ello, todo el mundo, en todas partes, debe expresar, tan ampliamente como sea posible, su rechazo a la política unilateral de los Estados Unidos. Es hora de que la Unión Europea asuma sus responsabilidades, y de que reafirme de forma convincente y rotunda su compromiso con la paz, la razón de su construcción. 
En primer lugar, Sadam Husein es ya un criminal de guerra declarado. 
Sin duda pretende seguir en la misma línea. 
La única duda que queda se refiere a los medios con los que cuenta. 
En segundo lugar, ninguna situación, independientemente de su gravedad, justifica la violación del principio fundamental de moralidad pública y privada. En otras palabras, no debemos recurrir a métodos que pongan en peligro la consecución del objetivo que perseguimos. 
Nuestro objetivo consiste en conseguir la paz, rechazando la guerra preventiva en favor de las negociaciones, las inspecciones de armamento y el establecimiento del Estado de derecho. 
En tercer lugar, rara vez he visto situaciones en las que se prestara tan poca atención al análisis de lo que podría ocurrir en caso de que se recurriera a la fuerza. 
Solamente discutimos la legitimidad de la decisión y de los procedimientos de toma de decisiones, sin considerar sus consecuencias. 
Señor Presidente, Europa ya cuenta con personal militar y prepara en estos momentos una fuerza de reacción rápida. 
Al menos, deberíamos pedirle que tuviera en cuenta las posibles consecuencias. 
En cuarto lugar, Presidente en funciones del Consejo, Europa necesita adoptar una postura pública firme y clara, y es capaz de hacerlo. 
Muchos de los aquí presentes le hemos pedido que comunique por escrito la postura de la Unión Europea al Secretario General de las Naciones Unidas y que ésta se haga pública. 
En quinto lugar, el punto principal de esta cuestión consiste en el cumplimiento de las normas de la ONU en dos aspectos. 
El primero de ellos es el de convencer a las Naciones Unidas para que no cambien las reglas una vez iniciado el juego. 
Esto forma parte del comportamiento educado en el ámbito internacional. 
El segundo aspecto propone resolver el problema en dos puntos: primero, en relación con los inspectores y su derecho a trabajar, y segundo, finalmente, considerando lo que sucedería si Sadam se niega, lo que supondría, en otras palabras, el recurso al capítulo 7 de la Carta. 
No somos pacifistas. 
Creo que es posible recurrir a la fuerza, ya que Sadam Husein es peligroso. Pero la clave de la cuestión reside en la legalidad de esta operación, especialmente en relación con el mundo en su globalidad. 
Al contrario, defiende el Estado de derecho con el acuerdo de una mayoría abrumadora- como reflejan las encuestas- del pueblo norteamericano a fecha de hoy, para evitar que un gobierno, intoxicado por su propia fuerza, se olvide del derecho cuando piensa en el poder que podría utilizar. 
Señor Presidente, Comisario, la comunidad internacional consideró que el régimen iraquí, que fue en su momento responsable de dos guerras, contra Irán y Kuwait, representaba una amenaza potencial permanente para la seguridad de sus países vecinos. 
Por este motivo, el Consejo de Seguridad diseñó una estrategia de aislamiento de Iraq para evitar que se abasteciese de armas de destrucción masiva, estrategia que, hasta 1998, resultó efectiva. 
La pregunta que plantean actualmente los Estados Unidos hace referencia al abandono de esta estrategia anterior en favor de una estrategia bastante más radical, basada en el desencadenamiento de una guerra preventiva contra Iraq, antes de que este país se procure los medios decisivos para el chantaje. 
¿Cuál deberá ser nuestra postura en caso de que llegue a producirse esta situación extrema? 
En primer lugar, debe implicar la reafirmación de que la declaración de guerra contra Iraq debe corresponder exclusivamente al Consejo de Seguridad. 
El sistema de las Naciones Unidas es una garantía de paz, y el debilitamiento de dicho sistema no interesa a nadie. 
No debemos repetir el grave error cometido contra el orden internacional al librar la guerra contra Yugoslavia sin contar con el respaldo del Consejo de Seguridad. 
La declaración unilateral de una guerra preventiva contra un Estado soberano sentaría un precedente extremadamente peligroso que cualquier país podría invocar en el futuro para intentar resolver sus problemas, como sucedería por ejemplo en el caso de la India y Pakistán en su disputa por el territorio de Cachemira. 
En segundo lugar, debemos declarar que una guerra de esta índole sólo se podría plantear en caso de que Iraq se negara a implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Por lo tanto, es preciso que el mandato dado a los inspectores no de lugar a ambigüedades, aunque no debemos especular por adelantado acerca del fracaso de las inspecciones. Eso supondría negar el eficaz y excelente trabajo llevado a cabo por los inspectores de las Naciones Unidas y del OIEA entre 1991 y 1998, así como renunciar a cualquier misión venidera de control de desarme. 
Lo que resulta despreciable es la inercia de la comunidad internacional al permitir un agujero negro que ha durado cuatro años desde la expulsión de los inspectores de Iraq, permitiendo así el aumento de la capacidad de este país. 
Por supuesto, el Consejo de Seguridad, para llegar a ser efectivo, no debe excluir de forma automática ninguna hipótesis. 
La exclusión automática del uso de la fuerza en cualquier circunstancia, como ha sugerido, por ejemplo, el Gobierno alemán, debilitaría la posición de la comunidad internacional. 
Finalmente, debemos evitar a toda costa que una acción inadecuada en Iraq dificulte aún más la lucha internacional contra el terrorismo, que es una cuestión prioritaria. 
La declaración de una guerra preventiva, sin que Iraq se haya negado a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, podría comprometer doblemente el objetivo esencial de desmantelar las redes terroristas islámicas. 
De hecho, una acción de este tipo podría, tal como destacó ayer Philippe de Villiers en la Asamblea Nacional francesa, provocar un resurgimiento repentino del extremismo islámico y el fracaso de la coalición internacional constituida tras los sucesos del 11 de septiembre. 
Señor Presidente, desde hace varios meses, existe una conmoción real entre los países occidentales con respecto a la cuestión iraquí. 
Las inspecciones se detuvieron en 1998 y el Presidente Bush ha descubierto en el año 2002 que Iraq vuelve a constituir una amenaza. 
Este asunto es grave ya que, partiendo de la cuestión iraquí, los Estados Unidos han intentado obtener apoyo para un nuevo concepto en las relaciones internacionales, el concepto de guerra preventiva. 
Han solicitado que se permita el regreso incondicional de los inspectores de la ONU a Iraq y el Gobierno iraquí ha mostrado su conformidad al respecto. 
Ahora, son los Estados Unidos los que no están de acuerdo con la entrada en Iraq de los inspectores de la ONU. 
En cambio, desean adoptar una resolución que les permita recurrir automáticamente a la fuerza. 
En su discurso de ayer, el Presidente Bush no se retractó en ninguno de los aspectos de esta condición, que sigue defendiendo a rajatabla. 
En realidad, los Estados Unidos codician los recursos petroleros iraquíes, cuyo control les permitiría dictar las políticas de precios al resto del mundo. 
¡Mucho ojo! 
La lucha contra el terrorismo, tras los violentos ataques del 11 de septiembre, no debe convertirse, en las manos del Gobierno norteamericano, en una estrategia imperial para conquistar el mundo. 
Una intervención militar contra Iraq acarrearía hoy día una serie de trágicas consecuencias en Oriente Próximo. 
Se desencadenarían todo tipo de comportamientos fanáticos y discriminatorios contra las minorías étnicas. 
Provocaría un fortalecimiento del fundamentalismo islámico. 
Una guerra contra Iraq- y hoy debemos ser conscientes de ello -, una guerra contra Iraq sería considerada por la opinión pública árabe y musulmana una guerra contra la globalidad del mundo árabe-musulmán. 
Por este motivo, no existe en la actualidad ningún régimen árabe que apoye la postura de Washington. 
Hay dos países que han declarado su oposición a esta estrategia: Francia y Alemania. 
Bien, creo que esto es un honor para Europa. 
En caso de que se adopte una nueva resolución, ésta no deberá incluir bajo ningún concepto el principio del recurso automático a la fuerza. 
No podemos aceptar que se utilice el Consejo de Seguridad como un mero instrumento. 
Asimismo, me gustaría hacer una pregunta al Sr. Patten y al Sr. Haarder: ¿por qué la Unión Europea y la Comisión no sugieren a la Liga Árabe, a todos los países árabes, que pongan en marcha una iniciativa común para reintegrar a Iraq y levantar el embargo? 
Este es el mejor modo de luchar por el renacimiento de la democracia en Iraq. 
Señor Presidente, nadie duda de que Sadam Husein es un dictador brutal. 
Pero esto no constituye una justificación suficiente para lanzar un ataque preventivo contra Iraq. 
Si fuese así, tendríamos que atacar a muchos países de todo el mundo. 
Debemos tener claro que el motivo de esta guerra consiste principalmente en tratar de garantizar el acceso seguro al petróleo. 
Por supuesto, el Presidente Bush no puede admitirlo. 
En su lugar se nos dice que debemos ir a la guerra para destruir las armas de destrucción masiva de Sadam. 
Seamos claros al respecto: nuestra autoridad moral podría ser un poco más sólida si no tuviéramos también armas de destrucción masiva. 
Asimismo quiero hablar de las Naciones Unidas. 
El Comisario Patten ha dicho que trabajar con las Naciones Unidas confiere legitimidad. 
Estoy de acuerdo en que es un paso hacia la legitimidad. 
Es un requisito necesario aunque insuficiente para cualquier acción, ya que el proceso de la ONU es de por sí muy imperfecto. 
Con el fin de obtener el acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU para la primera Guerra del Golfo, los Estados Unidos hicieron uso del soborno, el chantaje y la amenaza, y volverán a hacerlo. 
La resolución que pretenden obtener ahora los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad no está encaminada a evitar la guerra, sino a provocarla. 
Los proyectos filtrados se parecen más que nada a un plan de invasión sin resistencia. 
Solamente podemos hablar de una guerra justa en la medida que tal suceso es necesario cuando se han agotado todos los medios pacíficos. 
En este caso, no sólo no se han agotado los medios pacíficos, sino que se están evitando deliberadamente. 
Señor Presidente, partiendo del excelente discurso del Sr. Souchet, me gustaría simplemente comentar, en un minuto, un par de cuestiones. 
En primer lugar, debemos seguir escrupulosamente los procedimientos de las Naciones Unidas relativos al desarme de Iraq. 
Sadam Husein es un sanguinario dictador, una verdadera amenaza para la paz. 
No debemos permitir que nuestro procedimiento deje la más mínima laguna, ya que él, seguramente, la aprovecharía para presentarse como una víctima y desviar así el debate. 
Al mismo tiempo, sin embargo, debemos evitar perdernos en detalles secundarios. 
Es preciso que mantengamos siempre el rumbo. 
Tenemos que evitar que este régimen siga causando más daño y, concretamente, debemos evitar que utilice armas de destrucción masiva. 
Esa es una condición para la paz, al menos en esta región. 
Por lo tanto, no nos dejemos atrapar por discursos que invierten las responsabilidades, que casi intentan convertir a Sadam Husein en la parte inocente perseguida y que, de hecho, sólo son discursos de rechazo a la asunción de responsabilidades frente a las amenazas. 
Señor Presidente, tras los sucesos del 11 de septiembre se formó una amplia coalición internacional para combatir el terrorismo. 
Las redes inactivas de Al Qaeda siguen presentes en 52 países. 
Tras el 30 de enero de este año, un gran número de ciudadanos europeos quedaron desconcertados por el discurso del Presidente Bush. 
Los países incluidos en «el eje del mal» ya no tenían nada que ver con el terrorismo internacional. 
Afortunadamente, en aquel momento, el Comisario Patten hizo unas declaraciones en las que se distanciaba claramente de la política norteamericana unilateral y excesivamente simplista. 
Actualmente, los Estados Unidos tratan de imponer un concepto de guerra preventiva contra Iraq que no encaja en el derecho internacional. 
En el discurso de hoy del Gobierno norteamericano no ha sido posible seguir disociando la preocupación por el petróleo de la preocupación legítima por las armas de destrucción masiva, las preocupaciones igualmente legítimas por los derechos humanos y el propio Sadam Husein como persona, hacia el que el Sr. Bush manifiesta su odio. 
No debemos adoptar este paquete mixto como nuestro propio enfoque, ya que es preciso abordar los distintos factores de forma independiente. 
Europa siempre ha respaldado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, durante estos últimos meses hemos sido testigos de un verdadero intento, instigado por los Estados Unidos, de asumir el control del derecho internacional, una política de doble rasero. Mientras que determinados casos de violación de derechos humanos y de desacato de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quedan impunes, otros sí son castigados. 
Asimismo, estamos presenciando una importante división interna en el seno de la Unión Europea y los preparativos de una guerra que representaría una confrontación real entre civilizaciones y que, indudablemente, reforzaría el terrorismo que tratamos de combatir. 
En esta contienda, en esta carrera contra el tiempo, está en juego la credibilidad de la ONU y de Europa. 
Una cosa es segura: si se produce la intervención militar en Iraq, el pueblo iraquí, que ya ha sufrido demasiado, tratará de defenderse hasta el final y no entraremos en Bagdad como libertadores. 
Señor Presidente, sería un grave error considerar el ataque inminente al Estado iraquí como una situación nueva. 
Todos sabemos que los ataques contra Iraq ya están en marcha a gran escala en las zonas de exclusión aérea del país. 
Desconozco qué acuerdos internacionales permiten que continúen, pero dichos ataques solamente han intensificado y empeorado la situación del país. 
Este Parlamento, independientemente de cómo consideremos el ataque propuesto contra Sadam Husein, no podemos verlo aisladamente. 
El ataque podría verse, junto con las incursiones contara Palestina, como un ataque al mundo árabe. Esto, además de la amenaza para el suministro de petróleo, globalizaría un conflicto que ya está escalando. 
Condenamos sin reservas a Sadam Husein por su régimen que oprime a las minorías y ofende a la democracia en Iraq. 
Sin embargo, un enfoque internacional más sensato y productivo sería defender y garantizar la autodeterminación de todas las minorías de Iraq, especialmente los cinco millones de kurdos del norte del país, que constituyen una cuarta parte de la población iraquí. 
Se prestaría un mejor servicio a los derechos humanos y a la libertad en Iraq si optásemos por dicha acción, uniendo a las minorías y a la comunidad internacional en un frente común para derrocar a Sadam y a los demás dictadores del mundo. 
Señor Presidente, se han dicho muchas cosas. 
Por mi parte, tengo diversas preguntas que hacer al Comisario y al Presidente en funciones del Consejo, puesto que podría parecer que, una vez más, Europa y los gobiernos europeos se encuentran divididos, lo cual no es bueno. 
Además, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia, podemos observar las diferentes posturas de los gobiernos europeos descritas cada día en la prensa. 
Mi pregunta es la siguiente: puesto que Francia pertenece al Consejo de Seguridad- y es el único país europeo que forma parte de él -, ¿existe alguna forma de coordinación entre los demás gobiernos europeos en relación con la postura francesa? 
¿Qué aportará una segunda resolución a los acuerdos ya adoptados con respecto al envío de los inspectores a Viena? 
En tercer lugar, los ciudadanos de nuestros países se plantean muchas preguntas, Señorías, incluido el asunto del embargo. 
El público se pregunta, de buena fe, cómo es posible que en un período de diez años de embargo impuesto sobre la población civil, el dictador, Sadam Husein, haya logrado reponer su arsenal militar e incluso nuclear. 
En caso de que esto haya sido posible, opino que deberíamos abrir una investigación de la ONU para descubrir quién ha roto el embargo armamentístico que tanto sufrimiento ha provocado a la población iraquí. 
Si han sido miembros del Consejo de Seguridad los que lo ha roto, dicho Consejo perdería claramente toda su credibilidad. 
Por lo tanto, considero que debemos ser bastante coherentes en nuestras acciones; tenemos que encontrar el modo de alcanzar los mejores resultados sin causar, insisto, más daño ni deteriorar aún más las relaciones internacionales. 
En mi opinión, este es el papel de Europa, en cuya interpretación, no obstante, hemos vuelto a fracasar. 
Finalmente, pienso que Europa debe abordar el asunto de la lucha contra el terrorismo y de la creación de instrumentos legales para la persecución de los terroristas, actuando con total honestidad tanto hacia los Estados Unidos como hacia los regímenes autoritarios. 
Señor Presidente, tiene razón el Comisario Patten cuando señala que la situación, siendo todavía muy compleja y muy difícil, ha evolucionado en los últimos días hacia un contexto más articulado, donde se ha producido una palpable maduración del proceso y también una evolución de las opiniones públicas, especialmente de la opinión pública estadounidense. 
El Presidente Bush, ante la votación de una resolución del Congreso, ha dicho que ésta no significa que una acción militar sea inminente o inevitable, y el ministro británico Straw, en las negociaciones del Consejo de Seguridad, ha dicho que "preferimos una resolución pero nunca hemos excluido y no excluimos que haya dos". 
Importante también ha sido la declaración de los Sres. Blix y Elbaradei, que dirigen los equipos de inspectores de Naciones Unidas, señalando que las disposiciones aceptadas por los iraquíes en Viena la semana pasada son, a su juicio, suficientes para trabajar con eficacia en las tareas de inspección. 
Creo que en esta situación crítica, las cuestiones de fondo han sido planteadas recientemente por un ciudadano estadounidense que no es por cierto un ciudadano cualquiera: ganó en número de votos las últimas elecciones presidenciales; me refiero al Sr. Al Gore, que ha señalado algo evidente: que la cuestión esencial y urgente en estos momentos es la lucha contra el terrorismo y, especialmente, contra quienes perpetraron los ataques del 11 de septiembre. 
Criticó Gore, en este sentido, que el Presidente Bush haya dilapidado- cito textualmente- la extraordinaria respuesta de simpatía, buena voluntad y solidaridad que siguió a los atentados del 11 de septiembre que- ha dicho- ha sido sustituída por una atmósfera de temor y de reticencia ante la Administración norteamericana. 
Yo creo que en esta situación, que evoluciona de modo relativamente favorable, hay que aplicar criterios enérgicos y maduros para retomar la guerra contra el terror, y esto exige fundamentalmente que Europa aplique dos prioridades: una convergencia rápida en el seno de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad y, en segundo lugar, toda la energía para que la tarea futura de los inspectores pueda ser culminada con éxito. 
Señor Presidente, durante los últimos días, la Unión Europea se ha enfrentado- y sigue haciéndolo- a dos cuestiones políticas cruciales que tienen que ver con su Política Exterior y de Seguridad Común. 
La cuestión de la Corte Penal Internacional para los crímenes de guerra y contra la humanidad no recibió, en mi opinión, toda la atención que merecía por parte del Consejo de la Unión Europea. 
Actualmente nos enfrentamos a la crisis en Iraq, asunto que exige realmente toda la atención del Consejo. 
¿Y qué significa esto exactamente? 
La ONU y sus procedimientos de toma de decisiones han respaldado el orden jurídico internacional durante los últimos 50 ó 60 años, al tiempo que han permitido solucionar los más graves problemas políticos. 
No debemos dejar que este barco se hunda bajo ningún concepto, ya que la búsqueda de un nuevo orden jurídico que sustente las relaciones internacionales no resultaría en absoluto una tarea sencilla. 
Por lo tanto, ante la diversidad de opiniones acerca del modo de enfrentarse al problema iraquí, la Unión Europea no debe de ningún modo traspasar los límites marcados por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 
En segundo lugar, es preciso que imponga unos límites, de forma precisa, sobre el alcance del control que se puede ejercer sobre el arsenal de Sadam Husein. 
No obstante, si resulta finalmente que no dispone de armas de destrucción masiva ni de los medios para fabricarlas, la UE deberá contar con una respuesta incondicional a la cuestión del embargo, controlando al mismo tiempo la evolución de la situación para garantizar que ni Sadam Husein ni ningún otro en Iraq vuelva a las andadas en relación con las armas de destrucción masiva. 
Sin embargo, tenemos que admitir que, como Unión Europea, deberíamos ser independientes en lo que respecta a determinadas decisiones con consecuencias internacionales relevantes. 
No podemos simplemente aceptar lo que proponga cualquiera que esté en el poder en Norteamérica en un momento dado, puesto que el Gobierno Clinton adopta un determinado enfoque y el Gobierno Bush asume otro diferente. 
Además, la investigación para descubrir si Sadam Husein dispone de armas de destrucción masiva se debería extender a todo aquel que haya facilitado materiales o conocimientos técnicos. 
Estos deben asumir su parte de culpa. 
Por último, no debemos olvidar a los millones de personas que están sufriendo, no podemos olvidar a los niños que mueren y no debemos olvidar que nosotros, la Unión Europea, no debemos ser inhumanos. 
Señor Presidente, desearía resumir mis respuestas en unos cuantos puntos que, aunque no son nuevos, resulta importante comentar. 
Me gustaría aconsejar que no se trivialice la cuestión iraquí comparando la situación de Iraq con la de otros países diferentes. 
Afortunadamente, Sadam Husein es un caso muy específico, con un historial muy característico que se remonta mucho tiempo atrás. 
La experiencia muestra claramente que no llegaremos a ningún lado con Sadam Husein si se excluye por adelantado el uso de la fuerza. 
Iraq debe cumplir las exigencias del Consejo de Seguridad. 
Se debe otorgar un acceso incondicional a los inspectores de armamento, incluido el acceso a los amplios palacios de Sadam Husein. 
La UE seguirá apoyando los esfuerzos del Consejo de Seguridad y la campaña por un enfoque unificado. 
Esto resulta esencial para la credibilidad y la efectividad de la ONU y del Consejo de Seguridad, y es importante en relación con Iraq y con la futura cooperación multilateral. 
Por consiguiente, la UE sigue apoyando al Consejo de Seguridad en su labor de búsqueda de una solución pacífica, en la medida en que esto sea posible. 
Resulta alentador que el Presidente norteamericano haya afirmado recientemente que la guerra no es inevitable y que desea continuar con la opción de seguir las directrices de la ONU. 
Volviendo finalmente al tema del levantamiento del embargo, el programa «Petróleo por alimentos» ya ha sido revisado. 
Ha sido Sadam Husein quien, hasta el momento, no ha sabido aprovechar las oportunidades que dicho programa le ha ofrecido y, de ese modo, ha expuesto a su pueblo a la inanición. 
Por esta razón, también en este asunto mantiene totalmente su postura indiferente ante las condiciones de los ciudadanos de a pie de Iraq. 
Sadam Husein tiene otras prioridades. 
Si pretendemos hacerle pensar en su propio pueblo y en la paz en la región y en el mundo, debemos adoptar una postura unida, también en este Parlamento. 
-El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la estrategia relativa al empleo y dos informes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales: 
(A5-0304/2002) del Sr. Bushill-Matthews sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: "Iniciativa para el crecimiento y el empleo- Medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas de carácter innovador y generadoras de empleo". 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Parlamento Europeo por su estimulante y constructiva resolución adoptada el 25 de septiembre de 2002. 
Dicha resolución proporciona una evaluación útil de éxitos y logros, y señala algunas de las deficiencias de la estrategia europea de empleo. 
Sin duda, es importante el hecho de que identifique unas prioridades concretas para el futuro. 
La resolución ha sido extremadamente valiosa para el Consejo. 
Los debates que celebramos ayer en Luxemburgo trataban tanto de la evaluación de la estrategia europea de empleo como de la racionalización de procesos dentro del contexto de la agenda de Lisboa. 
Tal y como el Ministro ha señalado, existía un consenso entre los Estados miembros acerca del contenido y los procedimientos futuros. 
Me complace afirmar que ahora hay una amplia plataforma común de opiniones compartidas por las tres instituciones en la que podemos basar el desarrollo posterior de la estrategia, y en particular definir la próxima generación de directrices para la política de empleo. 
Quisiera centrarme en tres temas principales: mensajes políticos, el proceso y la gobernanza del proceso. 
En primer lugar, en lo que concierne a los mensajes políticos, todos estamos de acuerdo en que el alcance integrado de zonas amplias es uno de los logros positivos de esta estrategia. 
Hay acuerdo en cuanto a la necesidad de mantener esta amplia selección de temas dentro de la estrategia y no disminuir su esfera de acción. 
También se ha progresado en la identificación de prioridades clave. 
La lista es larga, e incluye la creación de empleo y el incremento de la participación de la mano de obra; la mejora de la calidad en el trabajo; la modernización y mejora del funcionamiento del mercado laboral; la flexibilidad y la seguridad; el incremento de la oferta de mano de obra mediante políticas que promuevan un mercado laboral completo; la promoción de políticas activas y preventivas del mercado laboral; la reforma de los sistemas fiscales y de prestaciones; la mejora de las habilidades de aprendizaje permanente y de la movilidad y la promoción del desarrollo del espíritu empresarial que favorezca la creación de empleo. 
Sin duda, el siguiente paso consistirá en transformar esta larga lista en una propuesta estructurada para las directrices de empleo. 
Todavía está por ver si la estructura actual, basada en los cuatro pilares sobre los que hemos articulado la estrategia de desarrollo, sigue siendo necesaria para reflejar estas prioridades o si otros agrupamientos podrían hacerlas más visibles. 
Convendría reducir el número de directrices en la medida de lo posible. 
Esto me lleva al segundo tema: el proceso. 
Dentro del marco del Tratado, la estrategia de empleo debería centrarse en los retos a medio y largo plazo que han de cumplirse antes de Lisboa 2010. 
Con el fin de asegurar un enfoque más claro de los resultados y de los objetivos a medio y largo plazo, se precisa una mayor estabilidad de las directrices de empleo, que no deberían cambiarse cada año. 
Los planes de acción nacionales de los Estados miembros deben centrarse más en el tema de la aplicación. 
Deberían limitarse los solapamientos y repeticiones con otros procesos, especialmente mediante la coordinación entre la estrategia de empleo y las amplias directrices de política económica. 
Es crucial que se definan mejor los papeles y contribuciones respectivas. 
El tercer tema se refiere a la gobernanza del proceso, y éste es un tema por el que el Parlamento Europeo se interesó en gran medida en su resolución de 25 de septiembre de 2002. 
Las ideas para orientaciones futuras que acabo de señalar deberían proporcionar un marco más apropiado para una mayor apertura y participación. 
Un menor número de objetivos más claros debería hacer la estrategia más visible. 
Un enfoque más enérgico en la aplicación y los resultados debería proporcionar una mejor base de conocimientos y más transparencia. 
Por ello, dentro de este nuevo marco y mediante un enfoque más enérgico y concreto, los interlocutores sociales podrían desempeñar un papel más eficaz, y las autoridades regionales y locales entenderían su cometido con más facilidad y podrían participar de manera más eficaz. 
Debería considerarse de nuevo la manera en que el Parlamento Europeo podría involucrarse de manera activa en el diseño y desarrollo de la estrategia de empleo y la manera en que los parlamentos nacionales pueden integrarse mejor en este proceso. 
Exi Existen problemas importantes en algunos Estados miembros, en los que los parlamentos nacionales no han participado, ni tienen, en algunos casos, idea alguna acerca de la estrategia de empleo, los procedimientos monetarios o las metas comunes. 
Es una larga lista de convicciones y perspectivas compartidas, pero el nuevo proceso para la estrategia acaba de empezar. 
Como Sus Señorías saben, la propuesta formal para las directrices de empleo 2003 se presentará en abril del 2003 junto con la propuesta de directrices generales de política económica. 
Mientras tanto, hay espacio y tiempo para que todo el mundo participe en el proceso y exprese su opinión. 
La Comisión continuará desarrollando la idea de la participación abierta. 
Con el fin de estimular y facilitar el compromiso de los participantes potenciales, la Comisión tiene la intención de adoptar otra comunicación. Ésta se presentará en enero y ofrecerá una visión general de la estrategia revisada que incluirá objetivos concretos. 
Hay tiempo suficiente durante los próximos meses para realizar un rico intercambio de opiniones con el Parlamento con el fin de definir y acordar procedimientos para la nueva estrategia de empleo europea. 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisaria, Señorías, la movilidad es un factor importante para la creación de empleos mejores y para colmar la falta de cualificaciones en el mercado de trabajo europeo. 
Sin embargo, también hay una falta de movilidad ocupacional y geográfica en la Unión. 
En relación con la primera de éstas, los ciudadanos europeos no cambian de trabajo con mucha frecuencia, aunque la mayoría de Estados miembros han experimentado una tendencia al alza a partir de 1995. 
En relación con el movimiento de trabajadores entre Estados miembros y a escala nacional, el cuadro no es más alentador: nuestra tasa de movilidad es casi la mitad de la de los ciudadanos estadounidenses, con sólo una pequeña elite de 225.000 ciudadanos europeos que se trasladan a otro país de la Unión; en otras palabras, el 0,1 % de la población de los Quince. 
Esta es la razón por la que, en febrero de 2002, la Comisión presentó un Plan de acción sobre las capacidades y la movilidad que señala 25 medidas encaminadas a responder a las deficiencias y necesidades indicadas por el grupo operativo de alto nivel. 
Me siento obligada a criticar a la Comisión por haber presentado sus propuestas directamente al Consejo Europeo de Barcelona antes de dar al Parlamento la oportunidad de comentarlas. 
Mientras conviene subrayar la coherencia de las recomendaciones del Plan de acción, los ciudadanos europeos todavía se enfrentan a muchos obstáculos. 
En este informe- que he tenido el honor de preparar, de acuerdo con el Procedimiento Hughes, en colaboración con la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte e incorporando las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y el Comité de las Regiones, que han demostrado ser contribuciones valiosas e importantes- señalaría varias medidas destinadas a promover la movilidad ocupacional y geográfica y la eliminación de obstáculos para su completa realización, algunas de las cuales discutiré ahora. 
En primer lugar, las autoridades locales han de asociarse en el establecimiento de una red de organismos consultivos sectoriales y educativos con el fin de acercar el mundo laboral a los sistemas educativos. Necesitamos que se realice otro tipo de acciones, más efectivas, para reducir los desequilibrios regionales dado que las desigualdades regionales en el ámbito del crecimiento del empleo se explican fundamentalmente por las diferencias en los niveles de cualificación y de formación de la mano de obra, así como por las diferencias en materia de movilidad y de adaptabilidad. 
En segundo lugar, los Estados miembros deben apoyar a uno de los pilares de la Estrategia europea de empleo como es el espíritu empresarial con los fondos adecuados, y reforzar la coordinación en materia de formación. 
En tercer lugar, debemos señalar la importancia del papel de los interlocutores sociales en la promoción del acceso a la formación para que los trabajadores alcancen más y mejores cualificaciones y capacidades; la participación de los interlocutores sociales también es esencial para el seguimiento del Plan de acción a nivel europeo, nacional y regional; 
En cuarto lugar, debe aplicarse con mayor firmeza la legislación comunitaria sobre el reconocimiento recíproco de las cualificaciones. 
En quinto lugar, en el marco de la formación deben fomentarse los programas de intercambios juveniles, la conciencia de la diversidad cultural, la capacidad lingüística y la ciudadanía. 
En sexto lugar, con el fin de combatir la presencia insuficiente de la mujer en sectores de alta tecnología, debe prestarse apoyo a la adopción de acciones de formación y a la introducción de tecnologías de la información y de la comunicación y nuevos sistemas de aprendizaje que garanticen el acceso prioritario de las mujeres, sin olvidar la formación y el aumento de las cualificaciones de los trabajadores de más edad, las personas con discapacidades y otros grupos desfavorecidos. 
En séptimo lugar, el papel esencial que el teletrabajo podría desempeñar en respuesta a la reticencia de los trabajadores hacia la movilidad geográfica. 
En octavo lugar, la transferibilidad de las pensiones es una de las cuestiones más delicadas en este campo, porque las pensiones constituyen un obstáculo importante para la movilidad, y los trabajadores que han adquirido derechos de pensión en su Estado miembro podrían arriesgarse a no poder transferir estos derechos. Por lo tanto, la Directiva 98/49/CE y el Reglamento nº 1408/71 deben actualizarse, simplificarse y extenderse; asimismo, hay que eliminar la coexistencia de situaciones de doble imposición con aquellas en las que no se aplica; otra contribución importante al fomento de la movilidad geográfica es la creación de la tarjeta europea del seguro de enfermedad, que se espera que entre en funcionamiento en 2004. 
En noveno lugar, conviene señalar el uso del sistema Eures, aunque éste debe extenderse y actualizarse. 
Ahora quisiera dirigirme a la Comisión para que tenga en cuenta la importancia de este instrumento y cumpla las buenas intenciones expresadas en su Comunicación sobre este aspecto en particular; el objetivo de la transparencia y la centralización de información sobre oportunidades de empleo dentro de la Unión puede alcanzarse mediante la creación de un sitio único de información sobre la movilidad y el lanzamiento de campañas sectoriales. 
También señalaría el hecho de que los países candidatos deben combatir la «fuga de cerebros» en este campo; tenemos que ayudarles a crear sus propias estructuras innovadoras y promover el intercambio de experiencias. 
Los Estados miembros, las autoridades locales, las empresas, los interlocutores sociales y las instituciones comunitarias deben intentar activamente asegurar el éxito de este Plan de acción, y las medidas que se han propuesto deben tenerse en cuenta en la revisión de la Estrategia europea de empleo. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Bastos por su informe y la presentación que ha hecho del mismo, y también quisiera dar las gracias a la ponente del Comité de las Regiones, la Sra. Arnold, por su aportación. 
El Plan de acción sobre las capacidades y la movilidad consta de 25 puntos concebidos para dotar a los ciudadanos de la Unión Europea de una mayor movilidad. 
Básicamente, el objetivo del Plan de acción es eliminar los obstáculos que pueda haber para ir a vivir, a trabajar y a estudiar de un Estado miembro a otro. 
El objetivo no es, como quizá piense alguien en un exceso de imaginación, que la movilidad sea obligatoria; el objetivo es sentar las condiciones que la faciliten para todo aque que desee trasladarse dentro de la Unión Europea. 
La Comisión está complacida por la acogida positiva del Parlamento al Plan de acción y su apoyo a estas medidas que, como saben, fueron aprobadas por el Grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad como la forma más apropiada de mejorar las condiciones de las que dependen la movilidad y el aprendizaje permanente de nuestros ciudadanos. 
El informe del Parlamento contiene varios compromisos que son todavía más ambiciosos que los realizados por la Comisión en el Plan de acción, aunque tengo que decir que, dadas las prioridades establecidas en parte por el Consejo de Barcelona, la Comisión ha procurado que el Plan de acción fuera lo más realista y factible posible, teniendo en cuenta los procedimientos legislativos necesarios para mantener los plazos propuestos. 
El Plan de acción contiene una serie de objetivos específicos que se utilizarán para evaluar su éxito en años venideros y necesitaremos, sin duda, varios indicadores con el fin de evaluar su progreso. 
Estos indicadores serán definidos junto con los Estados miembros. 
Necesitamos que los Estados miembros estén activamente implicados a todos los niveles, especialmente porque un gran número de medidas del Plan de acción son medidas que competen a los Estados miembros. 
Me gustaría señalar que necesitamos coordinación y colaboración entre los Estados miembros en el ámbito de la educación y la formación profesional, especialmente cuando se trata de la movilidad de los jóvenes, los intercambios de buenas prácticas y la transparencia de las cualificaciones profesionales. 
A raíz de la iniciativa de la Comisión y de los Estados miembros, el Consejo emitirá una resolución el 12 de noviembre sobre el refuerzo de la cooperación en el campo de la formación profesional. 
El sentido de la cooperación reforzada es mejorar la calidad y el atractivo de la formación profesional en general y abordar la falta de transparencia y la confianza mutua que impiden el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y las capacidades entre un país y otro. 
La aplicación del plan está en marcha, los procedimientos legislativos han sido presentados, se han diseñado nuevos procedimientos y se ha instado al Consejo a que tome decisiones acerca de las propuestas que ya se han presentado. 
La Comisión ha asegurado una colaboración estrecha con los interlocutores sociales, especialmente en dos puntos: primero, en la cuestión del aprendizaje permanente y, segundo, en la facilidad de la transferencia de derechos de pensión complementarios. 
Más específicamente, sobre todo en los temas abordados por la Sra. Bastos, ya existen planes para crear una página web que contenga información sobre la movilidad del trabajo para finales de año, y así los ciudadanos europeos puedan obtener información sobre el mercado de trabajo europeo y otras cuestiones relativas a la movilidad. 
También proporcionará un enlace directo con la página web de oportunidades de aprendizaje que estará en funcionamiento en el 2003. 
La Comisión va a aprobar una decisión que revisará el sistema Eures, para que apoye eficazmente la movilidad de la mano de obra europea, con el objetivo de que Eures proporcione servicios e información tanto a personas en busca de empleo como a empresas que quieran reclutar en toda Europa. 
En tercer lugar, la Comisión presentará su propuesta sobre la tarjeta europea del seguro de enfermedad a principios del 2003, de lo cual ya tiene conocimiento el Parlamento. 
Me gustaría también mencionar dos cuestiones horizontales: primero, todavía se puede mejorar la posición de las mujeres en general y la cuestión del género debe tenerse en cuenta en todas las medidas individuales. Segundo, nos encontramos con un reto importante al acercarnos a la ampliación: el Parlamento ha expresado su preocupación por el peligro de una fuga de mano de obra del este al oeste; este tipo de éxodo masivo supondría un enorme problema para los países candidatos. 
La relación entre inmigración y empleo se discutirá en una conferencia conjunta de la OCDE y la Comisión Europea en enero de 2003. 
Mientras tanto, la Comisión está discutiendo el borrador de una directiva del año pasado sobre las condiciones de entrada y residencia para nacionales de terceros países que buscan trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para asegurarse de que los Estados miembros poseen un enfoque común en esta cuestión. 
El Plan de acción sobre las capacidades y la movilidad es un plan muy complicado y ambicioso que contiene una multitud de medidas que, para aplicarse, requieren una colaboración muy estrecha entre las instituciones europeas y los factores e interlocutores sociales. 
Quisiera agradecer al Parlamento el apoyo e interés demostrados en este Plan desde un principio. 
. (EN) Señor Presidente, empezaré diciendo lo mucho que me complacen las observaciones del Comisario, como también las de la Presidencia danesa. 
La idea de situar el empleo en un lugar central en el programa de la Presidencia es enteramente correcta y establece la tendencia apropiada y el ejemplo no sólo para nosotros, sino para sucesivas presidencias. 
Quisiera realizar unas observaciones generales y después aludir brevemente a mi informe. 
Sin duda es justo afirmar que en general, los Estados miembros y este Parlamento van dando rodeos demasiado a menudo alrededor de una cuestión importante como es el empleo y no van al grano. 
Se habla mucho pero hay poca acción, y cuando la hay, a menudo no es útil. 
En realidad, el ejemplo de mi país respecto de esta cuestión es bastante pobre: el año pasado se introdujeron 4.600 reglamentos sobre empleo. 
Y ese no es el camino a seguir ni mucho menos. 
Pero no basta con que dispongamos de distintos programas y proyectos, aunque sean bienvenidos. 
No basta con definir objetivos, ya sean para jóvenes, mujeres, desempleados a largo plazo, etc., y sentarse a esperar. 
No basta con concentrarse de modo tan firme en la protección del trabajo, intentando mantener vivos los puestos de trabajo actuales cuando el mercado ha dado un paso adelante. 
Necesitamos concentrarnos en la creación de empleo, que supone liberar a la empresa. 
Tenemos que reconocer que el gran motor del crecimiento de empleo en todos nuestros países es el sector llamado «pequeña y mediana empresa». 
Debemos ayudar a este sector a lograr sus objetivos y a prosperar y no refrenarlo. 
Tenemos que darnos cuenta de que el pleno empleo ayuda a la inserción social y no al revés. 
En el Consejo de Lisboa se dijo, y yo lo he repetido en mi informe, que necesitamos fomentar un clima normativo que favorezca la inversión, la innovación y el desarrollo del espíritu empresarial en general. 
Dos años después, simplemente nos hemos sumado a las cargas de la empresa, y el alto desempleo existente en la Europa continental es culpa nuestra. 
Sin embargo, estoy animado por el ejemplo que la Presidencia danesa está intentando dar, y me gustaría agradecer al Ministro Frederiksen en particular la carta que me envió el 18 de septiembre. 
Estoy seguro de que no lo avergonzaré si comparto con Sus Señorías tan sólo un párrafo que tiene bastante relevancia con respecto al tema de debate que nos ocupa hoy: 
«Mi posición clara es que la Unión Europea sólo debería intervenir con su legislación cuando exista una necesidad manifiesta, y, en estos casos, sólo en la medida de lo necesario. 
Hay que dejar espacio para la actuación nacional, y si se introduce una normativa, debería hacerse, desde mi punto de vista, en su mayor parte en forma de directivas marco y no de reglas detalladas. 
También debería haber, en la medida de lo posible, libertad de elección del método de aplicación, como ocurre, por ejemplo, con el caso del método abierto de coordinación en el terreno del empleo y los asuntos sociales. 
Por último, me gustaría subrayar que también concedo gran importancia al principio de subsidiariedad.» 
Éstas son palabras muy sabias, y todos esperamos verlas traducidas en acción. 
De la misma manera, también acogemos con satisfacción los comentarios que el Comisario Prodi hizo en el mes de julio acerca de la intención de simplificar la normativa en un 25% como mínimo y de hacerlo lo más pronto posible. 
Así que de nuevo deseamos ver que se pone la carne en el asador en estos compromisos tan pronto como sea posible, preferiblemente bajo su liderazgo y Presidencia. 
En lo que concierne a la iniciativa de crecimiento y empleo, fue un placer que se aprobara por unanimidad en comisión y que hubiéramos mejorado en agilidad. 
El primer informe sobre este programa plurienal se realizó en enero de 2001. 
El informe del segundo año se realizó tan sólo 11 meses más tarde, y este año el informe es de hecho del mes de octubre. 
El año que viene me gustaría realizarlo todavía antes, y espero recibir los comentarios de la Comisión lo antes posible para llevar a cabo esta tarea. 
No obstante, en concreto me gustaría señalar con cuánta satisfacción acojo la cooperación de la Comisión en el suministro de información y actualizaciones regulares. 
Saludo el progreso realizado, y en particular la manera en que se ha gestionado y desarrollado el programa. 
Me gustaría ver respuestas claras y alguna acción relacionada con las propuestas que el Parlamento hizo el año pasado y hace ahora mismo. 
Sencillamente, me gustaría que el próximo informe de la Comisión demostrara que no sólo ha leído el informe del Parlamento, sino que en realidad ha respondido al mismo. Esto implica incluir un análisis más completo de ciertos aspectos de la iniciativa y también la ultimación del Programa Empresa Conjunta Europea, JEV, en su forma actual. 
Recuerdo que al final del debate sobre este mismo tema en diciembre, el Comisario Liikanen me abordó justo después de terminar de hablar y me preguntó si el Parlamento estaba de acuerdo con la finalización del Programa JEV, porque eso era lo que la Comisión deseaba hacer. 
Le dije que, sin duda, el Parlamento quería ver el programa finalizado. 
Él respondió que se quedaba más tranquilo al oír eso y que pondría manos a la obra. 
Hasta ahora, no he visto que se hiciera mucho para llevar a término el programa. 
La Comisión tiene que ser mucho más rápida y moverse con más agilidad en cuestiones de este tipo, pero entonces también tendremos que hacerlo todos nosotros. 
Señor Presidente, hemos recibido con gran interés el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo sobre el tercer informe acerca de la iniciativa para el crecimiento y el empleo. 
Agradezco especialmente el espíritu de colaboración del ponente y sus comentarios sobre nuestro informe anual, y me gustaría señalar que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales consideró que el informe de la Comisión Europea era detallado y que la Comisión había respondido a la petición del Parlamento Europeo de presentar el informe con antelación. 
Y sin duda hemos mantenido excelentes relaciones y una colaboración estrecha con el ponente, como se deduce de la postura adoptada por el Sr. Bushill-Matthews. 
Voy a contestar dividiendo mis observaciones en tres partes. 
Primero, la información al Parlamento y el calendario pertinente. Segundo, la cobertura geográfica, y tercero, perspectivas y financiación. 
Por lo que respecta a la información, aunque cumplir con los formalismos quita mucho tiempo, la Comisión Europea ha mantenido su práctica de facilitar datos actualizados al ponente en intervalos regulares antes de cumplir el trámite oficial. 
Y ha procurado facilitar información trimestral sobre la aplicación financiera de los programas gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones sobre una base no oficial. 
En respuesta a su llamamiento relativo a la llamada financiación previa mediante intermediarios financieros al amparo del mecanismo de garantía para las PYME, me gustaría señalar que esta financiación previa se concede a ciertas pequeñas y medianas empresas que se encuentran en la fase de arranque; no necesitan reconocimiento oficial antes de la concesión del préstamo y, por supuesto, son seleccionadas por los intermediarios financieros. 
En cuanto a la cobertura geográfica y sectorial, el Fondo Europeo de Inversiones ha conseguido alcanzar una cobertura relativamente satisfactoria de todos los países a pesar de la recesión de todos los mercados monetarios. 
Ha conseguido comprometer todos los fondos disponibles en trece Estados miembros. 
El motivo por el que es tan difícil aplicar el plan de ayuda inicial del Mecanismo Europeo para las Tecnologías o plan de ayuda inicial del MET es que el plan en sí mismo no ha tenido un comienzo uniforme en todos los países; hay varios problemas para aplicarlo, debidos en parte al hecho de que los mercados nacionales de capital riesgo se encuentran en fases distintas de desarrollo, y en parte, por supuesto, a la contribución del 50%, que no es fácil de encontrar; los países con un mercado de capital riesgo poco desarrollado se encuentran con dificultades, por no decir con la imposibilidad, de cumplir el segundo criterio. 
De la misma manera, tenemos que mirar la distribución geográfica global de todos los mecanismos de financiación de las PYME, más que considerarlos por separado. 
También somos de la opinión de que tenemos que dividir el presupuesto entre los distintos mecanismos de financiación de las PYME dentro de este marco con el grado de flexibilidad adecuado, teniendo en cuenta la demanda de mercado y no sólo respondiendo a la necesidad de cobertura geográfica. 
Quiero señalar que el Fondo Europeo de Inversiones siempre ha procurado canalizar la financiación hacia países en los que la demanda es escasa. 
En cuanto a la cobertura sectorial, quisiera señalar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que se han beneficiado de estos fondos pertenecen a sectores tradicionales. 
Teniendo esto en cuenta, es verdad que el plan de ayuda inicial del Fondo está destinado a pequeñas y medianas empresas de alta tecnología, y que más del 90% de los beneficiarios del plan de ayuda inicial para las PYME son microempresas con menos de 10 empleados, principalmente en los sectores de servicios, artesanal, manufacturero y comercial. 
Y en tercer lugar, las perspectivas de los instrumentos financieros. 
La supervivencia de programas que benefician a las pequeñas y medianas empresas se garantiza mediante el Programa plurianual de empresa y espíritu empresarial, que ahora también está abierto a los países candidatos. 
El Fondo Europeo de Inversiones espera comenzar a negociar los contratos antes de finales del 2002, mediante la firma de memorandos de entendimiento con estos países y la conclusión de los procedimientos financieros. 
Por lo que respecta al plan de ayuda inicial del Mecanismo Europeo para las Tecnologías presentado en el informe anual del 2001, la reevaluación de las empresas innovadoras de rápido crecimiento y las enormes pérdidas sufridas por los inversores a raíz de dicha reevaluación han alterado totalmente el mercado y parece poco probable que la situación vaya a cambiar en el futuro. 
También debemos tener en cuenta que, con el lento crecimiento económico, la competencia creciente en los mercados europeos, la reestructuración del sector bancario y la exigencia de valorización de las acciones, los bancos son reticentes a conceder o renovar préstamos a pequeñas y medianas empresas de riesgo. 
Por supuesto, cuando parte del riesgo está respaldado por organismos del sector público, todavía hay posibilidad de que los bancos ofrezcan préstamos a pequeñas y medianas empresas. 
Por consiguiente, la demanda de mercado del plan de ayuda inicial para las PYME todavía es bastante alta, y pensamos que los países candidatos generarán una demanda adicional cuando se adhieran. 
Por lo que respecta a la Empresa Conjunta Europea o ECA, la Comisión está de acuerdo con las observaciones del Sr. Bushill-Matthews en que el programa tuvo un impacto limitado en cuanto a la creación de empleo y resultó antieconómico. 
La demanda por parte de pequeñas y medianas empresas era limitada, y hubo retrasos considerables al procesar las solicitudes, debido al hecho de que la Comisión tuvo que aplicar procedimientos estrictos para minimizar el riesgo de irregularidades y proteger los intereses económicos de la Comunidad. 
Si este fue el caso, la Comisión está de acuerdo con el Parlamento en que la Empresa Conjunta Europea debería clausurarse. 
La evaluación final de la iniciativa para el crecimiento y el empleo debería estar acabada y preparada para ser presentada al Parlamento en noviembre de 2002. 
Al final del periodo de consulta, la Comisión presentará una propuesta al Consejo en marzo o mayo de 2003 para que éste tome una decisión que rectifique el Programa plurianual para la empresa y el espíritu empresarial y posiblemente dé por terminada la iniciativa específica sobre la Empresa Conjunta Europea. 
Por último, dos palabras acerca de la evaluación: el periodo que cubre el presupuesto asignado a los instrumentos financieros gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones terminó el 29 de mayo de 2002, es decir, cuatro años después de que el Consejo emitiera su decisión. 
Por consiguiente, el informe de evaluación se programó para su presentación después de esa fecha, para que se pudiera tener en cuenta la totalidad del periodo presupuestario de 48 meses. 
Sólo un comentario, Señor Presidente, acerca del enfoque original adoptado por el Sr. Bushill-Matthews. 
Claramente las iniciativas a las que me he referido forman parte del programa plurianual de pequeñas y medianas empresas. 
La conclusión que se deriva de todos los análisis e investigaciones es que uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es la financiación, y que éste es un problema real en toda la Unión Europea. 
Todas estas iniciativas de la Comisión Europea, los fondos de garantía, la Empresa Conjunta Europea, el apoyo tecnológico a las empresas, son programas piloto para encontrar nuevos instrumentos financieros para las pequeñas y medianas empresas, algunos de los cuales tienen éxito y otros no, según el grado de desarrollo y dinamismo de los mercados de los Estados miembros. 
Sin embargo, nosotros creemos que, en todos los casos, el resultado es positivo porque trabajamos con los Estados miembros, aparecen nuevos instrumentos en el mercado y siempre encontramos el modelo que le viene bien al país y al sector PYME. 
Señor Presidente, las PYME desempeñan un papel importante desde el punto de vista económico y social. Por esta razón son una prioridad política clave. 
El Consejo Europeo de Feira reconoció la importancia de las pequeñas empresas y microempresas. 
Por ello, deberían beneficiarse de los instrumentos financieros de la UE en un grado mucho mayor del que lo han hecho hasta ahora. 
Para lograrlo, urge que la Comisión identifique estos ámbitos y les dé un nuevo enfoque. 
No estoy del todo satisfecha con las explicaciones que nos ha dado el Comisario. 
La Comisión necesita hacer frente a la falta de información sobre estos programas que sufren las PYME y las microempresas. 
Un punto de partida esencial para alentar el espíritu empresarial y las actividades de las PYME es el acceso a la información sobre la obtención de financiación. 
Por lo tanto, la Comisión y los Estados miembros necesitan lanzar campañas de información para las PYME acerca de cómo beneficiarse de los proyectos y programas de la UE. 
En segundo lugar, hay demasiadas formalidades y los procesos de financiación son demasiado complicados. 
Hay que eliminar todo esto. 
En Europa, las PYME se enfrentan a muchos más obstáculos para acceder a la información que las PYME en los Estados Unidos. 
Hemos tenido conocimiento del Programa Empresa Conjunta Europea y las razones por las que ha fracasado. 
Tenemos que hacer caso de las cifras. 
Una de las razones es que uno de cada cinco proyectos fue rechazado por la Comisión o abandonado debido al gran número de requisitos administrativos. 
Esto tiene que investigarse. 
La Comisión tampoco realizó el trabajo preliminar antes de lanzar el Programa JEV porque no se había hecho publicidad en algunos países, no había intermediarios, y en el caso del Reino Unido sólo había uno. 
Con estos antecedentes, el programa estaba abocado al fracaso desde un principio. 
Sé que en mi región hay muchas microempresas y PYME que habrían abrazado la oportunidad de involucrarse en este programa. 
Espero que su sucesor aborde algunos de estos problemas porque este programa es importante, especialmente para los países candidatos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Sra. Bastos y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por la manera tan satisfactoria en que se han tenido en cuenta las opiniones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte en el informe sobre la movilidad de las capacidades. 
El objetivo de ser la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo no se podrá conseguir sin una mano de obra cualificada, para la que la movilidad sea factible e incluso atractiva. 
No obstante, la Comisión de Cultura, en su opinión, también subraya los objetivos más amplios de una educación básica y la importancia fundamental de ésta. 
Igualmente insta a la Comisión a que aproveche la tecnología de la información para promover la movilidad virtual y las nuevas formas de aprendizaje y de trabajo. 
Aunque la educación es responsabilidad de los Estados miembros, también necesitamos acciones y objetivos comunes. 
En el año 2000, la cifra de los que recibieron educación complementaria variaba de un Estado miembro a otro desde un 78% hasta menos de un 20%. 
Será difícil establecer una base sólida para la competitividad a menos que aumentemos los niveles de educación. 
Los problemas asociados a la comparabilidad de las cualificaciones impiden en gran medida la movilidad de la mano de obra. 
Este año celebramos el estudiante Erasmus número un millón, pero en realidad todavía tenemos muchos problemas para compensar los estudios realizados en el extranjero. 
A este respecto, tenemos muchas esperanzas puestas en los Procesos de Bolonia y Brujas. 
El Plan de Acción de la Comisión subraya con razón el hecho de que los sistemas educativos deben mejorar su capacidad para responder a las necesidades del mercado de trabajo. 
Si los sistemas educativos se hacen más flexibles, se posibilitará, por ejemplo, el aumento del interés por las matemáticas y las ciencias naturales. 
Varios Estados miembros se han embarcado en proyectos separados en estas áreas. 
Esperemos que la Comisión sea capaz de captar ejemplos de buenas prácticas a partir de estos proyectos para que otros puedan usarlos. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el plan de acción de la Comisión sobre cualificaciones y movilidad y el informe de la Sra. Bastos. 
El principal problema de los desempleados en Europa es la falta de trabajo, más que la falta de movilidad; al mismo tiempo, las cuestiones señaladas por el grupo de trabajo de la Comisión también revisten gran importancia. 
Quisiera señalar varios puntos específicos que subrayó la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
En primer lugar, la dimensión de género es un requisito para todos los documentos de la Comisión, pero un anexo a este plan de acción que explicara cómo se hizo en este caso no sólo ayudaría a asegurar el cumplimiento de las medidas, sino que también demostraría cómo se ha logrado esta dimensión de manera práctica. 
Esto sería un buen ejemplo para otras materias políticas. 
En segundo lugar, las iniciativas regionales se proponen con el fin de apoyar la formación de mujeres en empleos en los que no están representadas por igual. 
La Directiva sobre la igualdad de trato revisada permite a los Estados miembros proporcionar esta formación profesional adicional en ámbitos tales como el sector científico, y esto debería añadirse al plan de acción. 
En tercer lugar, el plan de acción propone la formación de organismos industriales, educacionales y otros organismos consultivos. 
Mientras me consta que el ingreso en estos organismos no depende siempre de la Comisión, una cláusula que exija que la Comisión asegure la igualdad de representación cuando sea posible envía a todo el mundo un mensaje implícito muy claro que indica que esto es algo que se desea y se espera. 
La movilidad geográfica significa, sin duda, algo más que conseguir un trabajo en un lugar diferente. 
Hay otras cuestiones a tener en cuenta, en especial para los trabajadores con hijos: acceso a una vivienda, servicios sociales, calidad en la educación y cuidado de niños. 
El informe señala varios puntos que comparto y que son importantes para las mujeres, tales como los periodos de cotización para adquirir derechos adicionales a una pensión- como ha mencionado el Comisario- y el uso de las mejores prácticas para animar a las mujeres jóvenes para que se interesen por las matemáticas, las ciencias y la tecnología. 
Espero que el Parlamento apoye el informe. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias de todo corazón al Consejo y a la Comisión por su introducción, y muy especialmente a nuestros dos ponentes del PPE-DE, la Sra. Regina Bastos y el Sr. Philip Bushill-Matthews, por sus informes. 
Después de todo, no sólo se trata de debatir los aspectos generales, sino también de abordar dos componentes muy específicos de la cuestión del empleo. 
En primer lugar, las PYME, que sin duda poseen una importancia clave en la estructura económica, y el informe de la Sra. Bastos, que naturalmente se ocupa principalmente de la estructura del mercado de trabajo y la estructura de la educación y la formación en la UE. Si estos no van codo con codo, entonces algo no funciona. 
Actualmente, la economía no está muy boyante, que digamos. 
Y esto tendrá, sin duda, repercusiones en el mercado de trabajo, cosa que ya sabemos y para la que deberíamos estar preparados. 
Precisamente por esta razón me pregunto si el Consejo no está siendo un poco demasiado optimista. ¿No está confiando demasiado en cifras del pasado reciente, cuando el crecimiento y el desarrollo de la productividad estaban mucho mejor que ahora? 
Una segunda cuestión que cabe plantear al Consejo es, sin duda, si no están siendo demasiado optimistas al combinar todos esos procesos. 
Claro que nosotros no nos oponemos a esto, pero ¿no estamos en peligro de crear otra cumbre al estilo de Johanesburgo, o por expresarlo en términos bíblicos, una Torre de Babel, con todos estos procesos que están teniendo lugar simultáneamente? 
¿Va a comportar esto alguna ventaja añadida? 
Ésta es mi segunda pregunta. 
Una pregunta que me gustaría hacerle a la Comisión está relacionada con lo que he dicho a modo de comentario general, y es la cuestión de si la Comisión tiene en cuenta sus propias directivas. 
Soy muy consciente del hecho de que tan pronto como se emita una directiva social, surgirán discusiones muy amplias acerca del empleo. 
Este es actualmente el caso, por ejemplo, de la directiva sobre las condiciones de trabajo del personal temporal. 
Pero hay también otras directivas en el campo de la economía o en el campo de los informes anuales, y hay muchas quejas, algunas de las cuales provienen de las PYME, acerca de que estas directivas son muy perjudiciales para el empleo. 
Les voy a dar un ejemplo que ocurrió esta semana, en concreto la Directiva sobre las OPA del Comisario Bolkestein. 
Esta directiva costará, casi con toda seguridad, decenas de miles de puestos de trabajo en los Países Bajos y en Alemania, y con el tiempo, minará el sistema social actual. 
¿Se tiene esto en cuenta en el proceso de toma de decisiones de la Comisión? 
¿Se calcula acaso cuántos puestos de trabajos se van a perder? 
¿O lo que interesa con respecto a estas intenciones intrínsecamente buenas son las directivas sociales? 
Si este fuera el caso, en mi opinión, esto sería un error. 
Por ello me gustaría que la Comisión me aclarara si éste era el caso aquí y, de lo contrario, si es probable que esto ocurra en el futuro. 
Como ya he dicho, todavía nos enfrentamos a una situación difícil en el área del empleo. 
Creo que varias cosas pueden ocurrir todavía en el ámbito de la UE. 
Por ejemplo, mencionaría la cuestión de la industria de armamentos, cuya regulación en Europa deja mucho que desear, y donde podemos alcanzar niveles de empleo mucho más altos y mayor eficiencia que en la actualidad. 
Sé que mucha gente preferiría no hablar demasiado de esto y dejarlo al correr del tiempo. 
Esto también supone un problema que pienso que es necesario examinar. 
Por último, creo que deberíamos seguir teniendo mucho cuidado para no mirar exclusiva y excesivamente a América, y creer que lo hacen todo mejor que nosotros. 
Hemos visto algunos casos recientes- basta mencionar a Enron, pero también la huelga actual en la costa oeste- en que los Estados Unidos no lo están haciendo tan bien. 
Quisiera instar al Consejo y a la Comisión principalmente a que intenten adoptar las cosas buenas que pasan en los Estados Unidos y no demasiadas cosas malas, y también a no pensar que lo estamos haciendo tan mal en todos los terrenos. Muchas veces lo hacemos mucho mejor de lo que pensamos. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría dar las gracias a la Comisión, a Sus Señorías y a los ponentes por este documento. 
Es importante que intentemos lograr los objetivos de Lisboa, y con este fin tenemos que desarrollar el área de empleo y formación. 
Por ello, acojo con satisfacción esta propuesta. 
Debemos aprender del pasado, porque sin pasado no puede haber futuro. 
No obstante, para alcanzar los objetivos de Lisboa, también tendremos que mejorar la movilidad de la mano de obra, y estoy pensando concretamente en las regiones fronterizas. 
Necesitamos más armonía y más cooperación en el sistema tripartito de gobierno, industria e institutos de estudios, principalmente con el fin de estimular el trabajo transfronterizo. 
Esta es la razón por la que he presentado una enmienda para promover este fin. 
Afortunadamente, la Comisión de Presupuestos ya ha aprobado una enmienda a tal efecto, y espero que ocurra lo mismo en esta Cámara. 
En este momento, la mano de obra transnacional y el potencial de conocimientos disponible está todavía muy por debajo de ser utilizado adecuadamente, y esto tiene que mejorar. 
Es más, en el futuro deberíamos considerar el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y títulos, cuestión que, de hecho, ya estamos abordando en gran medida. 
No obstante, con el tiempo la armonización transfronteriza de los sistemas de seguridad social, política social e incluso política tributaria también tendrá que mejorar. 
Supongo que el Consejo tratará esta cuestión y presentará propuestas a su debido tiempo, especialmente con el fin de promover esta movilidad y el intercambio transfronterizo de conocimientos, porque por lo que sabemos hay muy pocos europeos que se trasladan de una región a otra, especialmente para buscar empleo. 
A diferencia del Sr. Pronk, me gustaría mencionar a los norteamericanos, que no tienen dificultad alguna para buscar otro trabajo en un radio de mil kilómetros. 
En cuanto a su comentario sobre ofertas públicas de adquisición, me gustaría señalar que en mi opinión, gracias a ello las empresas europeas tienen mayor capacidad de funcionar, y si funcionan mejor en el mercado interior, esto llevará en el futuro a conseguir mejores inversiones y, por lo tanto, más empleo. 
Como ve, Señor Presidente, es posible que tengamos opiniones distintas. 
Señor Presidente, saludo al Sr. Frederiksen y a la Sra. Diamantopoulou. 
Seré breve, pues los grupos pequeños tienen poco tiempo de palabra. 
Agradezco a Sus Señorías, la Sra. Bastos y el Sr. Bushill-Matthews, sus aportaciones. 
Me gustaría tratar varias cuestiones clave. 
Estamos discutiendo sobre la revisión de la estrategia de empleo. 
Si miramos las directrices actuales y las prioridades tal y como están formuladas actualmente, está claro que el proceso de Lisboa ha absorbido de hecho una parte de la estrategia de empleo, y el declive económico ha absorbido a su vez el proceso de Lisboa. 
Esto significa que un gran número de cosas están en realidad pendientes de un hilo. 
Los objetivos de la participación de la mano de obra probablemente no son realistas; no hay empleo; sólo pueden ofrecerse incentivos si se ofrece empleo y si se promueve la oferta de empleo. 
Sin embargo, la cuestión es si siempre somos capaces de hacerlo. 
Tengo mucho interés por averiguar algo más acerca de estas nuevas directrices y también mucho interés por ver de qué podemos prescindir. 
¿Cómo podemos resumir esto? 
Entiendo que las cosas son diferentes para el empleo de los jóvenes, pero otros tipos de trabajo, como los trabajos para las personas mayores, no siempre pueden promoverse. 
Acojo con satisfacción unas nuevas directrices y no creo que siempre exista la necesidad de tener pilares. 
Sin embargo, estas directrices deberían ser claras y sencillas, como la nueva relación con FSE y los fondos. 
En relación con la racionalización, apoyo la opinión del Sr. Pronk en que la racionalización y la integración están estrechamente vinculadas. 
Si hablamos de integración, también deberíamos tener en cuenta los aspectos de política económica y socioeconómica al reevaluar lo que se llama política social y de empleo. 
Por último, le preguntaría al Comisario o al Consejo por qué hasta la fecha no se ha revisado la Directiva de Seguridad Social. 
He visto la agenda anotada y no vislumbro ningún progreso. Me pregunto cuándo va a tener lugar esto si estamos hablando de flexibilidad por una parte y seguridad social por otra. 
Comisario, creo que no tiene mucho sentido referirse continuamente a los objetivos de Lisboa si nuestra meta es definir a escala europea, y sobre todo a escala nacional, planes de acción y medidas legislativas para crear un entorno que fomente la competitividad de las empresas, en especial en este periodo, y así crear las condiciones adecuadas para un empleo de alta calidad. 
En mi opinión hay varias cosas que deberíamos hacer- y podemos optar por hacerlas o no- en el ámbito nacional. 
He aquí algunas consideraciones. Pienso, por ejemplo, que el hecho de centrarnos siempre en la acción de los interlocutores sociales no es una exageración pero encierra el peligro de llevarnos por un camino que incrementará la rigidez del mercado de trabajo, el camino de la protección de los trabajadores y las empresas que ya forman parte del ciclo de producción y de la concesión de garantías, salvaguardias y oportunidades a estos trabajadores y empresas, en otras palabras, la protección de aquellos que ya se hallan dentro del mercado laboral y la economía y creando así barreras más altas para aquellos que se encuentran fuera del mercado, los que más lo necesitan, los que buscan trabajo. 
En cuanto a la movilidad intracomunitaria- y pienso que este es un objetivo importante -, creo que debemos centrarnos en la creación de las condiciones adecuadas para el acceso efectivo a esta movilidad. 
Sin embargo, señalaría el hecho de que no hay problemas de movilidad dentro de la Comunidad y dentro de los países individuales, y aquí me quiero referir en Italia, por ejemplo, donde hay poquísima, si es que hay, movilidad de mano de obra dentro del país debido a la legislación del mercado de trabajo, a los convenios colectivos nacionales- y espero que nadie proponga convenios colectivos europeos para los diferentes sectores del mercado de trabajo -, acuerdos que no reconocen situaciones específicas o incluso las diferentes ventajas que las distintas áreas podrían suponer para un mercado de trabajo eficiente; por ello necesitamos crear movilidad de los trabajadores y también movilidad de las inversiones. 
Otro aspecto de la misma cuestión es la movilidad de la mano de obra profesional y las categorías profesionales de trabajadores. 
Muchos países, como Italia, poseen un sistema corporativo para regular las profesiones que imposibilita el acceso porque los socios estarían vinculados a las corporaciones, y que levanta una barrera legislativa a la movilidad, por ejemplo al acceso en Italia para quienes desean ejercer algunas de las profesiones liberales más importantes. 
Pienso que debemos meditar sobre esta cuestión, y también debemos meditar sobre el hecho de que podría ser mejor para Europa concentrarse en la necesidad de un aumento constante del papel de los interlocutores sociales y no intentar introducir las reglas de mercado más efectivas posible. 
Señora Presidenta, Comisaria, nos guste o no, el debate de hoy tiene lugar en una época de signo negativo, con la recesión económica y la amenaza de guerra con Iraq, que ha sido el tema del debate anterior. 
Tal y como muestran las estadísticas de empleo, desgraciadamente las reformas del mercado de trabajo no han sido suficientemente enérgicas para crear el tipo de impulso que se traduce en trabajos nuevos, hasta el punto de que incluso en países como Grecia, que tiene un crecimiento del 4% aproximadamente, el desempleo todavía supone un problema. 
Esto significa que el crecimiento no siempre trae consigo trabajos, principalmente debido a las deficiencias y la rigidez que existe en el mercado de trabajo, como por ejemplo las dificultades que tienen los jóvenes y las mujeres para acceder al mercado de trabajo, la disconformidad entre las demandas del mercado de trabajo y las capacidades de los titulados de nuestras instituciones educativas y la supervivencia en muchas áreas de la Unión de planteamientos anacrónicos y anticuados sobre el trabajo y el valor del trabajo de las mujeres. 
La nueva generación de directrices sobre el empleo a la que se ha referido, Comisaria, tiene que tener en cuenta el hecho de que el mercado de trabajo todavía está, desgraciadamente, marcado por la línea divisoria del género, las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres sólo poseen un 25% de las empresas y el techo de cristal sigue estando bastante firme. 
Pienso que la calidad del trabajo, que es el concepto central de las directrices, el desarrollo sostenible y los derechos individualizados pueden ser muy bien la fuerza motriz que impulse carreras más largas para mujeres, y también me gustaría subrayar, como ha dicho la Sra. Evans en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, que en la nueva estrategia de empleo habría que integrar todas las políticas horizontales. 
Señora Presidenta, Señorías, quiero comenzar agradeciendo las palabras del Consejo y de la Comisión y, cómo no, felicitando a los señores ponentes, al Sr. Bushill-Matthews y a la Sra. Bastos. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su capítulo segundo, bajo el título Libertades, en el artículo 15, nos dice que "Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado miembro". 
Este artículo se me antoja la elevación a la categoría de derecho fundamental de los principios de libre circulación de servicios y de personas, y sin embargo, son todavía muchos los obstáculos a la movilidad de la mano de obra de los trabajadores, cualificados o no, entre los Estados miembros, lo que impide unos mercados laborales europeos abiertos a todos y, probablemente, como consecuencia lógica de ello, origina desequilibrios territoriales y situaciones de injusticia o de exclusión social o de pobreza. 
Obstáculos todos ellos que dificultan la consecución del objetivo fijado en el Consejo Europeo de Lisboa y ratificado en el de Barcelona. 
La Unión Europea debe convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social. 
De ahí por tanto la necesidad de modificar y simplificar los sistemas de seguridad social y de consagrar la transferibilidad de los derechos complementarios de pensión, y la conveniencia, o quizás la necesidad, de un plan de movilidad con auténtico impacto efectivo en la vida de los ciudadanos, y principalmente en ámbitos territoriales específicos como las áreas transfronterizas, con implicación de las autoridades locales, potenciando la dimensión local del empleo. 
Este impacto debe producirse también en ámbitos materiales o competenciales específicos, como la economía de los servicios o el medio ambiente y, por supuesto, con la participación de los agentes sociales, en una comunicación fluida, fácil, de los sectores profesional y educativo, teniendo muy especialmente en cuenta, la importancia de la formación y de los sistemas educativos de cara al desarrollo de una cultura de movilidad, horizontalizando políticas, por ejemplo, la de igualdad y otras, porque las distintas opciones no son compartimentos estancos y excluyentes, sino parte de un todo, de un conjunto de acciones que pretende desarrollar el modelo social europeo y hacer realidad los principios que unos visionarios, lo digo con respeto, intuyeron hace más de 50 años. 
Y de lo que se trata al final es de que, como ha dicho la Señora Comisaria, quienes desean moverse a lo largo y a lo ancho de la Unión Europea puedan hacerlo. 
Señora Presidenta, permítame en primer lugar plantear una pregunta al Sr. Frederiksen, que ayer presidió su primer Consejo de Asuntos Sociales. 
Para gran sorpresa mía, me han informado de que en esa reunión ha sido imposible llegar a un acuerdo sobre la cumbre tripartita del diálogo social, y en mi opinión una de las cosas que precisamente son importantes en la estrategia de empleo y que debemos intentar promover es implicar a los interlocutores sociales en esta estrategia de empleo basada en su responsabilidad sobre la determinación del salario base y la política de las condiciones de trabajo. 
Me gustaría expresar mi gran asombro y tristeza por esto, y preguntarle por qué no se pudo llegar a un acuerdo. 
Quisiera hacer dos comentarios sobre el informe del Sr. Bushill-Matthews, que por segunda vez ha redactado un informe de este tipo sobre el informe anual y cuyo ponente de oposición he sido también por segunda vez. 
También estoy un poco sorprendida por el hecho de que el informe incluya el orden del día de esta reunión plenaria, puesto que intentamos por todos los medios llegar a un acuerdo dentro de la comisión sobre varios puntos importantes. 
A este respecto, tengo que hacer dos observaciones. 
En primer lugar, en relación con la ECA, es decir, la empresa conjunta con los países en proceso de adhesión. Apoyo plenamente lo que ha dicho la Sra. Gill sobre el tema, es decir, que es importante analizar cuidadosamente por qué el proyecto está funcionando tan mal, si es debido a la publicidad, la burocracia y los interminables procesos administrativos, y si no es lamentable estropear un proyecto de este tipo si hay una posibilidad de que los procesos puedan mejorarse. 
Quisiera pedirle a la Comisión que prestara atención especial a cuestiones de este tipo durante esta valoración, porque creo que podría presentar en sí misma una oportunidad muy importante de promover el espíritu empresarial y la cooperación. 
Mi comentario final tiene que ver con el informe del Sr. Bushill-Matthews. 
Me gustaría llamar brevemente la atención sobre la petición, que también está incluida en su informe, de un informe de la Comisión sobre responsabilidad social empresarial y las PYME. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, los dos puntos del orden del día de hoy, el plan de acción sobre movilidad y asistencia a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, sirven para fortalecer la economía, aumentar el empleo y alcanzar la cohesión económica y social en la Unión Europea, especialmente con la inminente ampliación, que es la razón por la que acojo con satisfacción las iniciativas de la Comisión Europea y la aportación de nuestros ponentes. 
Me gustaría comentar la cuestión de la movilidad, que es muy limitada; las estadísticas ya se han citado y no hay necesidad de repetirlas. 
Simplemente quiero señalar que este estado de cosas abismal no es sólo una deficiencia del mercado. 
Es ilustrativo de las deficiencias y las dificultades inherentes a la unificación europea. 
Es una cuestión compleja que tiene que ver con la educación, la formación profesional, los impuestos, y por supuesto, las capacidades lingüísticas. 
Así que tenemos que trabajar duro en todos los sectores y en todos los niveles; a nivel nacional, donde necesitamos coordinar y movilizar las políticas centrales, los interlocutores sociales y las políticas locales sobre empleo, y a nivel europeo, donde necesitamos una coordinación y una iniciativa constantes. 
En ambos niveles tenemos que establecer objetivos claros y programas, como ha dicho la ponente, y más importante todavía, necesitamos políticas que estén coordinadas sin solaparse. 
También quisiera sugerir que necesitamos utilizar instrumentos importantes para encontrar maneras innovadoras de promover la movilidad, como el artículo 6 del Fondo Social Europeo. 
En su resolución, el Parlamento Europeo exige a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta necesidad y la facilidad de reajustar las prioridades. 
Por último, unas palabras sobre educación superior. 
El programa ERASMUS, que ya se ha mencionado, y la cifra de un millón de estudiantes moviéndose por Europa no equivale a un serio esfuerzo para incrementar la dimensión transcultural de la educación y para familiarizar a los estudiantes con los sistemas educativos y prepararlos para convertirse en trabajadores europeos móviles. 
Necesitan estar preparados en todas las fases de su educación y necesitamos facilitar los estudiantes la movilidad entre una universidad y otra. 
Un estudio, aunque algo superficial, de la diferencia entre los sistemas y la falta de facilidades de recepción para estudiantes que se trasladan de una universidad a otra ilustra con bastante claridad que las fronteras de la educación todavía tienen que suprimirse en este área en la que necesitamos aportar iniciativa y trabajar resueltamente. 
Quiero darles las gracias por las muchas y excelentes contribuciones en el curso de este debate. 
Estoy de acuerdo con la Comisaria Diamantopoulou en que, después de la reunión del Consejo de ayer, ahora tenemos una plataforma común para revisar la estrategia común de empleo. 
También estoy de acuerdo en que debemos usar esta plataforma como base para un amplio debate sobre el empleo futuro en la UE. 
No debe caber duda alguna de que el debate está abierto a todos los participantes, y de que el papel del Parlamento Europeo en este debate es absolutamente esencial. 
También me gustaría agradecer al Sr. Bushill-Matthews sus observaciones al efecto de que debemos crear trabajos en la práctica. 
Es en este terreno donde hay que poner a prueba la Estrategia europea de empleo y demostrar su valía. 
También me gustaría darle las gracias por las muchas propuestas prácticas que ha formulado el Sr. Bushill-Matthews para promover el empleo en Europa e incrementar la flexibilidad de los mercados de trabajo europeos. 
También deseo subrayar, como han hecho otros oradores, que los dos bandos de la industria deben tomar parte activa en el proceso. 
Deben sentirse dueños del proceso y así verse en la obligación de participar. 
Sé que las condiciones básicas para realizar esto varían de un Estado miembro a otro, pero los resultados se alcanzan día a día, y me complace que la Comisión y el Parlamento estén haciendo hincapié en este punto. 
Lamento tener que decirle a la Sra. Van den Burg que no ha entendido bien el resultado de la reunión del Consejo de ayer. 
Estoy totalmente de acuerdo en que el diálogo social y la cumbre tripartita son importantes, que es la razón por la que se programó la discusión de estas cuestiones durante el almuerzo en la reunión del Consejo de ayer, donde se acordó que deberíamos establecer una cumbre tripartita de diálogo social. 
Por ello, intentaremos que esta cuestión sea aprobada en la próxima reunión del Consejo. 
Me gustaría decirle al Sr. Herman Schmid que, en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, en este momento no puedo presentar modelos prácticos para una cooperación más estrecha entre el Parlamento Europeo y el Consejo, pero esperamos ansiosamente que esta cuestión se discuta y las opciones y propuestas prácticas se pongan sobre la mesa en los próximos meses. 
Quisiera decirle al Sr. Bouwman que en el Consejo nada nos gustaría más que ver revisadas las distintas directivas sociopolíticas. 
Una de las cosas que quisiera señalar es que la modernización en curso del Reglamento CEE nº 1408/71 sobre planes de seguridad social para personas con empleo que se trasladan dentro de la Comunidad está en el orden del día de la reunión de diciembre del Consejo. 
También me gustaría darle las gracias al Sr. Andersson por su contribución. 
Estamos totalmente de acuerdo en muchísimas cuestiones. 
Debemos enfocar bien nuestro planteamiento y velar por que las cuestiones se apliquen de tal manera que haya un escrutinio democrático de todos nuestros esfuerzos. 
Me gustaría señalar otra vez que para los europeos lo que cuentan son los resultados. 
Cuando todo está dicho y hecho, el aumento de la prosperidad determina si los desempleados consiguen trabajo. 
Hay que salir del bienestar pasivo y meterse en el trabajo. 
Hay que crear nuevos puestos de trabajo, y el clima empresarial debe promover la creación de nuevos y más puestos de trabajo. 
Esa es, y sigue siendo, la tarea principal. 
Debemos debatir la futura Estrategia de empleo ahora y en los meses venideros, y, tal y como ha dicho el Sr. Herman Schmid, debemos hacer que las estrategias nacionales encajen en las estrategias europeas, porque es en este campo donde podemos recoger los beneficios considerables de nuestros esfuerzos combinados para promover el empleo. 
Quisiera dar las gracias a los representantes del Consejo y de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
? la recomendación (A5-0299/2002) del Sr. Obiols i Germà, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra (10819/2002- COM (2002) 157- C5-0362/2002- 2002/0077 (AVC) ); y 
? las preguntas orales (O-0043/02 y O-0044/02) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, al Consejo y a la Comisión, sobre la conclusión de un acuerdo de asociación con Argelia. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Cohn-Bendit, Señorías, es un placer para mí presentar aquí estas preguntas, así como realizar una serie de comentarios, en nombre de nuestro ponente? en caso de no hallarse presente éste? , sobre la celebración de un acuerdo de asociación con Argelia. 
Con respecto a este asunto, la Comisión de Asuntos Exteriores se complicó mucho la vida. 
Por ello, pospusimos nuestra decisión hasta poder mantener conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, a quien formulamos preguntas en torno a un amplio espectro de asuntos, en particular sobre su conformidad con los aspectos fundamentales de este acuerdo y, en especial, sobre las cláusulas referentes a los derechos humanos y la democracia. 
Esta cuestión es de suma importancia también para el Consejo y la Comisión. 
¿Qué confianza tenemos en que estas disposiciones se cumplan? 
De conformidad con el artículo 2 de este acuerdo, y con la participación de esta Cámara, se debería garantizar que se concederá la debida importancia, en el futuro, a que se procure por todos los medios que tales cláusulas no permanezcan como meros elementos abstractos de estos acuerdos, sino que formen parte de una política operativa diseñada para poner en práctica las medidas adecuadas en estos países. 
Opino que nos beneficia a todos lograr un desarrollo democrático y pacífico, basado en el Estado de Derecho, a lo largo de toda la región mediterránea y, por tanto, también en Argelia. 
Por este motivo, y para hacer que se respeten estas posturas, es positivo que se profundice en las relaciones. 
En este contexto, el Consejo y la Comisión deben recurrir a todas las herramientas disponibles para garantizar la abolición de la pena de muerte, la puesta en marcha de una auténtica cooperación para la lucha contra el terrorismo y la realización de avances relativos a las estructuras descentralizadas de toma de decisiones, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias dentro del país y, en particular, garantizar que se realizan progresos en el desarrollo económico y social para privar al terrorismo de su caldo de cultivo. 
Creo que éstas son las tareas básicas que hay que abordar partiendo de este acuerdo, de modo que resulte una herramienta útil de verdad. 
En este contexto, también nos interesa, naturalmente, averiguar, en vista de las políticas de la Unión Europea, hasta qué punto se puede lograr una auténtica libre circulación de personas y, además, cómo se deben tratar cuestiones como el asilo político. 
En particular, es evidente que tenemos un gran interés por saber por qué no merecen ninguna mención, en este nuevo acuerdo, las relaciones interparlamentarias. 
Si deseamos fomentar la democracia en cualquier país, es de vital importancia apoyar adecuadamente labores parlamentarias, con el fin de, y tomando como base el diálogo interparlamentario, poner en marcha un proceso de aprendizaje mutuo y fortalecer los avances democráticos del país. 
Me complacería enormemente que el Consejo y la Comisión respondieran a esta pregunta. 
Me interesa saber en concreto cómo podemos usar el actual Tratado para promover estos avances, independientemente de lo que diga el Tratado. 
Arguyendo estas razones, quisiera pedir a todos los diputados de esta Cámara que voten a favor del acuerdo. 
No obstante, y en sintonía con las resoluciones que hemos presentado en esta Asamblea, tenemos la intención de realizar un seguimiento continuado de la aplicación de este acuerdo y examinar con detenimiento las actividades del Consejo y de la Comisión, para asegurarnos de que nuestras ideas de democracia y de derechos humanos, además de la campaña conjunta contra el terrorismo, deriven progresivamente en una política común positiva. 
Les pido para ello su apoyo. 
. (ES) Señora Presidenta, este Parlamento tiene un largo historial de actividades y de relaciones con la realidad argelina que se han basado siempre en la claridad, el respeto, la amistad con la nación argelina así como en el sentimiento de intereses compartidos. 
En el pasado, este Parlamento ha condenado enérgicamente en diversas ocasiones los atentados terroristas y la situación de violencia en Argelia; ha alentado las tentativas para la alcanzar la paz y la concordia, la democracia plena a través del diálogo entre todas las fuerzas democráticas y sociales; ha denunciado siempre que lo ha considerado necesario las vulneraciones de los derechos humanos en Argelia, vinieran de donde vinieran, ha apoyado la creciente vitalidad de la sociedad civil argelina y de sus fuerzas democráticas; ha animado a las autoridades argelinas a garantizar que la prensa siga siendo libre, como uno de los elementos más positivos del acervo nacional; ha apoyado la actitud de los responsables argelinos para la transición económica, para la renegociación de la deuda, para la dinamización de la inversión económica interna y para la inversión exterior, y ha planteado la necesidad, por un lado, de una economía abierta y transparente con instituciones sólidas y autónomas, como elemento básico para el desarrollo económico y social del país, y, por otro, de una transición democrática plena que tenga como elemento esencial la paz en el país y el pleno respeto de los derechos humanos. 
La crisis argelina es, en parte, consecuencia de los acontecimientos de 1991, de la persistencia de un terrorismo intermitente que ha causado una confrontación civil, que probablemente ha originado cien o ciento cincuenta mil muertes en Argelia. 
Pero sería un error que, desde nuestra percepción europea, viéramos la crisis argelina únicamente como un elemento derivado del terrorismo atroz que ha vivido este país. 
En efecto, hay cuestiones democráticas básicas y hay también, sobre todo, problemas derivados de la situación económica y social. 
Europa necesita a Argelia para su diseño de un partenariado euromediterráneo que haga de nuestro flanco sur una zona de estabilidad, de paz y de progreso compartido en el que se produzca una convergencia entre las situaciones económicas y sociales de la ribera norte y de la ribera sur. 
También Argelia necesita a Europa. 
Tres millones y medio de argelinos viven en los países de la Unión Europea y desde todos los puntos de vista, la vinculación entre Europa y Argelia debe potenciarse con una orientación que marque, por un lado, un objetivo de desarrollo económico y social sobre la base del partenariado, pero también la colaboración en las difíciles tareas de conseguir la paz en Argelia, la erradicación del terrorismo y de toda suerte de violencia y el pleno establecimiento de las libertades civiles y de los derechos humanos. 
Creo que la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, merece un refrendo amplio, a ser posible unánime, de este Parlamento. 
El Acuerdo de Asociación debe ser un instrumento básico para garantizar una colaboración en campos esenciales del desarrollo económico y social en Argelia, pero también un instrumento en nuestras manos que debemos saber utilizar, sin injerencias pero con firmeza, para conseguir la máxima influencia posible en la evolución de este gran país hacia la paz, la concordia entre sus ciudadanos y ciudadanas, la erradicación del terrorismo y de toda suerte de violencia, la afirmación de los derechos humanos y la ampliación del campo civil y democrático. 
Señora Presidenta, permítame hacer hincapié en el hecho de que la firma del acuerdo de asociación ha constituido un verdadero hito y ha abierto un nuevo capítulo en nuestras relaciones con Argelia. 
En opinión del Consejo, la firma de este acuerdo demuestra claramente que las autoridades argelinas, con el objetivo de estimular el comercio y la inversión, tienen el deseo de mantener, e incluso incrementar, sus esfuerzos para acometer el proceso necesario de reformas, lo que debería traducirse también en reformas políticas y sociales. 
Los inversores han recibido una clara señal de que Argelia se compromete a crear unas condiciones favorables para las empresas internacionales. 
Es una cuestión, más que nada, de relaciones intergubernamentales, pero el acuerdo también proporciona un marco para el ámbito comercial y la sociedad civil. 
El acuerdo es también trascendental para toda la política mediterránea de la UE y representa un paso adelante para la creación de una zona de libre comercio euromediterránea. 
El propósito de este acuerdo es, asimismo, promover la cooperación subregional entre los propios socios mediterráneos, tan importante para obtener un resultado positivo del proceso de Barcelona. 
El acuerdo de asociación contiene un artículo sobre la circulación de personas y, mediante éste, la UE se ha comprometido a considerar la posibilidad de simplificar y acelerar las gestiones para otorgar visados a ciertas personas. 
Esta disposición debe traducirse en las normas de ejecución del acuerdo. 
Una vez haya entrado en vigor el acuerdo, los órganos creados por éste tendrán que dar con la manera de llevar a cabo este compromiso relacionado con los visados, teniendo en cuenta, por supuesto, la política de la Unión Europea en ese momento. 
Por otro lado, el Consejo está realizando un minucioso seguimiento de las cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos en Argelia y, en concreto, dentro del diálogo político de rango ministerial mantenido con este país desde 1997. 
De esta manera, el Consejo, que está representado en la troika, tiene la oportunidad de mencionar estos asuntos, con regularidad, y de hacer hincapié, con toda rotundidad, en que no deben producirse violaciones de los derechos humanos, ni siquiera para combatir el terrorismo. 
El acuerdo de asociación hará posible que haya más oportunidades de efectuar un seguimiento de esta cuestión y de apoyar a las autoridades argelinas en este aspecto. 
Quisiera destacar el hecho de que, como es bien sabido, el acuerdo atribuye al respeto de los derechos humanos un papel fundamental en la definición de la política interior y exterior de las partes firmantes. 
Asimismo, proporciona un marco institucional donde albergar un diálogo fluido en distintos ámbitos y, en concreto, dentro del Consejo de Asociación, en lo referente a todos los asuntos de interés común. 
Mientras el respeto de los derechos humanos sea un problema en Argelia, el asunto seguirá tratándose en las reuniones conjuntas. 
Una vez que entre en vigor el acuerdo, se aplicará, tanto al diálogo político, iniciado en 1997, como a los órganos relacionados con el acuerdo, a saber, el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación. 
El Consejo no tiene la intención de dar ningún paso en relación con la situación en Kabilia, pues estima que el asunto es, en primer lugar, una cuestión de política interior argelina. 
No obstante, el Consejo ve con buenos ojos la importante decisión tomada recientemente de otorgar a la lengua tamazight la consideración de lengua nacional. 
En junio de 2001, el Consejo Europeo de Gotemburgo hizo un llamamiento urgente y general a todos aquellos que ocupaban puestos de responsabilidad en Argelia para que realizaran esfuerzos destinados a poner fin a la violencia y a la confrontación reinantes. 
Alentó a las autoridades para que llevaran a cabo una iniciativa política que resolviera la crisis, con la ayuda del diálogo entre todos los argelinos. 
Con todo, la situación sigue siendo difícil y compleja, como se desprende de la baja participación en las elecciones legislativas del 30 de mayo de 2002. 
Las elecciones locales de octubre constituirán también un buen indicador de la situación en la región. 
Una mejora del nivel socioeconómico ayudaría a encontrar una solución, y nosotros tenemos la firme voluntad de ayudar a hacer realidad las reformas económicas. 
Estamos apoyando estas reformas por medio del Reglamento MEDA, que proporciona 240 millones de euros para el período 2000-2004, y mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones que ascienden a 620 millones de euros desde 1996. 
Una vez en funcionamiento, el nuevo mecanismo de inversión debería contribuir a mejorar la situación económica de Argelia. 
Según el acuerdo de asociación, el Consejo de Asociación puede facilitar la cooperación y los contactos entre el Parlamento Europeo y las instituciones parlamentarias argelinas, además de entre el Comité Económico y Social y el órgano argelino correspondiente. 
Quisiera destacar el hecho de que el Consejo vea con buenos ojos las conclusiones de la última reunión del Foro Parlamentario Euromediterráneo de Bari, celebrada en junio de 2002, en la que se hizo hincapié en la dimensión parlamentaria de nuestra asociación con los países del sur del Mediterráneo. 
Estamos estudiando qué mecanismos de cooperación pueden emplearse para crear tal asamblea euromediterránea. 
Señora Presidenta, el acuerdo firmado por la Unión Europea y Argelia marca el comienzo de una nueva era en nuestras relaciones; como acertadamente ha puesto de manifiesto el Sr. Brok, Argelia necesita a Europa y Europa necesita a Argelia, dentro del marco de la colaboración euromediterránea. 
Quisiera comentar tres puntos importantes, en respuesta a las cuestiones planteadas por el Sr. Brok. 
El primero alude a las reformas políticas y económicas a las que puede contribuir este acuerdo, el segundo se refiere a la libre circulación de personas y el tercero concierne a los derechos humanos. 
En cuanto al primer punto, desde una óptica política, Argelia decidió en 1989 aprobar una constitución que autoriza el pluripartidismo. 
En la actualidad, la democracia no tiene unos cimientos sólidos y la vida política se halla separada de la sociedad civil. 
Argelia tiene el deber de mejorar la situación y, lo que es más, de garantizar la existencia de una verdadera división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la transparencia de los escrutinios. 
Este diálogo político contemplado en el acuerdo de asociación proporcionará un valioso marco para intercambiar opiniones y experiencias en torno a la cuestión. 
Desde un punto de vista económico, el acuerdo de asociación permite la creación gradual de una zona única de libre comercio entre Argelia y la Unión Europea y desafía al Gobierno argelino a que efectúe las reformas necesarias. 
Como se destaca en la resolución, tendrá que empezar satisfaciendo ciertas necesidades básicas del pueblo, tales como el agua corriente, la vivienda o la atención médica: de lo contrario, resulta evidente que será incapaz de emprender otras reformas, ya que no tendrá el beneplácito del pueblo. 
De la misma manera, el Gobierno debe realizar y facilitar la transición de la actual economía planificada a la economía de libre mercado. 
Esta reforma era necesaria en Argelia, de todas maneras, porque la estrangulada economía planificada había alcanzado sus límites. 
Pero ahora tiene una oportunidad, con la ayuda de este acuerdo, de aprobar reformas económicas que básicamente rectifiquen las distorsiones económicas y las desigualdades sociales. 
La transición a una economía de libre mercado requerirá consultas con las asociaciones de empresarios y los sindicatos, y habrá de concentrar sus esfuerzos en la mejora del marco jurídico de las actividades comerciales e inversoras, mediante la reforma del sistema bancario y el fin de la corrupción. 
El Gobierno ha aprobado recientemente un programa de 7.000 millones de dólares que cubre muchos de estos aspectos. 
De nuevo, la ayuda proporcionada por la Unión Europea mediante el programa MEDA contribuirá a financiar las reformas, dados sus tres objetivos básicos: uno, fortalecer la economía de mercado; dos, desarrollar recursos humanos; y tres, consolidar el Estado de Derecho y satisfacer ciertos requisitos. 
El segundo punto alude a la libre circulación de personas. 
Mediante este acuerdo, la Unión Europea tiene la misión de encontrar maneras de simplificar la concesión de visados, como mencionó el Sr. Frederiksen, sobre todo para las personas encargadas de otorgarlos. 
Se trata ésta de una razonable petición por parte de Argelia. 
El acuerdo de asociación no puede limitarse a la creación de una zona de libre comercio, sino que además debe facilitar a las personas viajar en ambas direcciones. 
Quisiera hacer hincapié en que este empeño se circunscribe a la circulación legal de personas y, de ningún modo, contradice las conclusiones de Sevilla de poner fin a la inmigración ilegal. 
El acuerdo firmado sigue la tónica de las directrices de Sevilla, al contemplar la colaboración específica sobre inmigración ilegal y repatriación de inmigrantes ilegales. 
El tercer punto se refiere a la cláusula de derechos humanos, fundamental para el procedimiento de asociación. 
La Comisión reconoce que Argelia ha sufrido una terrible actividad terrorista durante los últimos diez años, y estamos dando todo el apoyo posible al Gobierno argelino, en su lucha contra el terrorismo, pero también opinamos que esta batalla no es excusa para pisotear las libertades fundamentales. 
El vínculo con el proceso de Barcelona implica un compromiso conjunto para respetar ciertas normas y valores democráticos básicos. 
Nuestra principal preocupación, en este ámbito, son las personas en paradero desconocido; existen graves obstáculos que deben superar tanto las familias como las ONG, que con frecuencia se topan con tácticas dilatorias por parte de las autoridades. 
Creo que la aplicación de la cláusula de derechos humanos puede tratarse, a la vez, de manera adjetiva y sustantiva. 
De modo adjetivo, por medio del diálogo político, que debe basarse en los derechos humanos, y de modo sustantivo, en mi opinión, por parte de la Unión Europea mediante el empleo de un lenguaje más claro y sustantivo con menos evasivas. 
Un punto que debe figurar en el diálogo político es la cuestión de Kabilia. 
Confiamos en entablar un diálogo con las agencias representativas y acogemos con agrado el enfoque conciliatorio tomado recientemente con el reconocimiento oficial del tamazight como lengua nacional. 
El Parlamento Europeo está dispuesto, como ya se ha afirmado, a promover el diálogo con el Parlamento argelino, algo vital para el intercambio de información, de posturas comunes y de intereses de ambas partes. 
En contra de lo manifestado en la propuesta de resolución, la importancia de esto queda patente en el artículo 99 del acuerdo, y la Comisión hará todo lo posible para facilitar este tipo de diálogo. 
De manera más general, la Comisión apoya sin reservas la aprobación por parte del Parlamento de este acuerdo de asociación que, bajo ninguna circunstancia, debe contemplarse como un cheque en blanco para el Gobierno argelino, sino como un modo de alentar que éste prosiga con las reformas políticas, económicas y sociales emprendidas para mejorar las condiciones de vida del pueblo argelino. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, al dar nuestra opinión, conforme a las recomendaciones del Sr. Obiols, sobre la propuesta de un acuerdo de asociación con la República Argelina Democrática y Popular, nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a través de su presidente, el Sr. Brok, y con el visto bueno de su mesa, consideró necesario abrir el debate que nos ha traído hoy aquí y al que sucederá mañana la aprobación de una resolución que confío en que sea votada por la inmensa mayoría de esta Asamblea. 
Este paso que, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, acaba de darnos las respuestas que esperábamos para contestar a muchos interrogantes, no debe interpretarse, de ninguna manera, como un intento de interferir en los asuntos internos de Argelia ni, en particular, como una falta de respeto hacia la cultura y la identidad argelinas. 
Por el contrario, entra en el ámbito del compromiso del Parlamento, al que ha aludido el Sr. Obiols, de establecer una asociación privilegiada con los países del Magreb, basada en el respeto mutuo y en una conciencia cada vez mayor de nuestro destino común Éste era el objetivo del informe de propia iniciativa sobre la Unión del Magreb árabe, del que el Sr. Cohn-Bendit y yo fuimos coponentes, aprobado por una amplia mayoría en esta Cámara antes del verano. 
Con respecto a este debate, quisiera hacer hincapié en tres puntos que, en parte, ya han sido tratados. 
El primer punto se refiere a que las coincidencias de calendario han querido que estemos expresando nuestra opinión el mismo día en que- como afirmó usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo- tienen lugar elecciones locales en Argelia, que son cruciales para el futuro del país. 
Debemos esperar que estas elecciones contribuyan a lograr la paz y que no den lugar- como algunos temen hoy, sobre todo en Kabilia- a más brotes de violencia que pudieran servir como un pretexto para ejercer una mayor represión. 
El segundo punto alude a que, entre las consecuencias anticipadas de la celebración de este acuerdo, confiamos en gran medida en que la ayuda de la Unión Europea solucione una de las principales lacras de este país, a saber, el problema del paro juvenil y las frustraciones que éste acarrea. 
A este respecto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha hablado de la necesidad de aumentar las inversiones y ha invitado a los europeos a que inviertan. 
En efecto, nosotros creemos que éste es uno de los ámbitos más importantes en los que el acuerdo debería permitirnos demostrar nuestro compromiso. 
Hoy, sin embargo, estamos llamando la atención de las autoridades argelinas sobre el hecho de que, para los inversores europeos, los trámites que hay que efectuar en la actualidad, con vistas a lograr una autorización de las inversiones, son demasiado burocráticas y, a veces, pueden resultar desalentadoras. 
Cuando me reuní con nuestros homólogos argelinos, la semana pasada, ya se lo hice saber, pero quisiera volver a insistir hoy en ello. 
El tercer punto se refiere a que debemos esperar que este acuerdo ayude a desarrollar y fortalecer la cooperación regional- mencionada también por usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo- y que, por consiguiente, contribuya a dar un impulso al proceso de constitución de la Unión del Magreb árabe, un proceso que, por desgracia, se halla actualmente en un punto muerto, en ausencia de perspectiva alguna de encontrar una solución política al problema del Sáhara Occidental. 
Siguiendo con el mismo punto, creo que sería útil pedir a las autoridades argelinas que se esfuercen todo lo posible en dar con una solución que permita a todas las partes salir bien paradas por medio de, naturalmente, los necesarios compromisos. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, no podemos quedarnos indiferentes ante la situación actual de Argelia. 
Por el contrario, debería acrecentar nuestro compromiso de realizar un claro análisis del estado actual del país y de ayudar al pueblo argelino a superar sus dificultades. 
Por este motivo, doy mi apoyo pleno al Acuerdo Euromediterráneo de asociación que se ha presentado hoy ante nosotros para que le demos el visto bueno. 
Este acuerdo camina por la senda correcta por cuatro razones principales. 
Sigue la tónica del proceso abierto en Barcelona, favoreciendo el diálogo euromediterráneo. 
Este acuerdo facilitará la integración regional y, en particular, ayudará a hacer realidad la Unión del Magreb árabe, algo que deseamos con todas nuestras fuerzas. 
Este acuerdo envía una clara señal de solidaridad de los ciudadanos europeos hacia el pueblo argelino. 
Y, en particular, este acuerdo debería respaldar los esfuerzos de Argelia por lograr la apertura, las reformas y la modernización. 
Esto es lo más importante. 
En este contexto, me complace comprobar el amplio consenso existente dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a favor de las medidas propuestas. 
No obstante, nuestro acuerdo no debe interpretarse como que estamos dando carta blanca a las autoridades argelinas. 
Debemos estar alerta frente a la cuestión de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza. 
Estos valores fundamentales son la piedra angular de la Unión Europea y su respeto constituye un requisito para la aplicación correcta de este acuerdo. 
Por esta razón, la propuesta de resolución del Parlamento, que vuelve a mencionar estos requisitos, va por el buen camino y debería gozar de la máxima consideración. 
Permítanme, por favor, añadir que, como francesa, soy particularmente consciente de las dificultades por las que lleva atravesando, desde hace mucho tiempo, el pueblo argelino. 
El sufrimiento de este pueblo se ha prolongado ya demasiado. 
Hemos de ponernos todos manos a la obra, sin dilación, para hallar soluciones concretas. 
El acuerdo de asociación contribuirá a ello si somos capaces de examinar con objetividad los problemas reales de Argelia. 
Señora Presidenta, Comisaria, Presidente en ejercicio del Consejo, hemos debatido largamente este asunto en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, por medio de informes y audiencias. 
Además, la mayoría de nosotros hemos mantenido contactos bilaterales con diversos representantes de Argelia. 
Hemos hecho todo esto, no sólo porque nos tomamos el asunto seriamente, sino porque además hay muchas cuestiones relativas a Argelia que deben tratarse. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está preocupado, en particular, por la situación de los derechos humanos. 
Sabemos que se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en Argelia. 
La tortura y la persecución de los opositores no son, por desgracia, poco frecuentes, y existen muchas noticias de abusos perpetrados por parte de grupos militares y paramilitares. 
Miles de ciudadanos han desaparecido, y es preocupante que las autoridades argelinas no hayan permitido que observadores de la ONU investiguen lo ocurrido. 
La situación en Kabilia, donde se ha asesinado a manifestantes pacíficos, sigue siendo desesperada. 
Queda mucho por hacer en Argelia, en lo relativo a la libertad de prensa, la libertad de asociación y la aplicación del Estado de Derecho. 
El país además sufre un problema de terrorismo. 
Estos asuntos están muy bien descritos de manera pormenorizada en la resolución del Sr. Brok, que además recalca la necesidad de efectuar un seguimiento periódico del respeto de los derechos humanos, con el objeto de realizar un control y un diálogo interparlamentario. 
El Grupo Liberal ha llevado a cabo esfuerzos constructivos para contribuir a esta resolución. 
Por ello, hemos recibido con cierta sorpresa y decepción el hecho de que los demócrata-cristianos hayan presentado una serie de enmiendas que diluyen en gran medida la resolución. 
Si se aprueban estas enmiendas, creemos que la resolución carecerá de la fuerza necesaria y que no constituirá el complemento a la recomendación del Sr. Obiols i Germà que es tan importante. 
El Grupo Liberal votaría, en ese caso, en contra de la resolución. 
Sería una pena que desaparecieran estos puntos, porque es necesario presionar al Gobierno argelino. 
El acuerdo de asociación es importante para Argelia. 
A pesar de los defectos del acuerdo, creemos que Europa debe ayudar a Argelia a reconstruir sus instituciones económicas, políticas y democráticas. 
Como ya se ha señalado, el acuerdo representa una parte muy importante del proceso de Barcelona. 
Señora Presidenta, para concluir, deseo dirigir unas palabras a la Comisión. 
¿Qué es lo fundamental del artículo 2 del acuerdo de asociación? ¿La cláusula de derechos humanos? 
La hemos debatido muchas, muchas veces, pero nunca la hemos puesto en práctica. 
¿Por qué es tan difícil hallar mecanismos para romper la cooperación de manera temporal o, si es necesario, permanente, de acuerdo con el artículo 2, cuando se produzcan graves violaciones de los derechos humanos? 
Si no tomamos una posición adelantada en este asunto, haremos el ridículo y nos arriesgaremos a que no se nos tome en serio en el ámbito de la política exterior. 
De ser así, al hablar de la dimensión de los derechos humanos en la política exterior, no estaremos más que pronunciando palabras vacías. 
Señora Presidenta, apoyo el fortalecimiento de los lazos entre Europa y Argelia. 
Los argelinos han sufrido prácticamente solos la barbarie del fundamentalismo terrorista desde antes del 11 de septiembre de 2001. 
La Unión Europea, por su parte, debe fortalecer los lazos con los países del sur del Mediterráneo deshaciéndose de sus ideas de dominación. 
De esta manera, contrarrestaríamos el unilateralismo de la superpotencia estadounidense, cada vez más interesada en Argelia por la riqueza que esconde su suelo. 
Aunque el acuerdo de asociación muestra la voluntad de establecer lazos privilegiados entre la Unión y Argelia, plantea también algunas cuestiones, empezando por la falta de una consulta previa, como han denunciado asociaciones y sindicatos independientes argelinos. 
Nuestra resolución acierta al hacer hincapié, en primer lugar y por encima de todo, en los derechos humanos, por lo que la resolución debe mantener este aspecto. 
Al igual que los demás, quisiera expresar mi preocupación por la situación en Kabilia, donde las elecciones locales de mañana están ya marcadas por llamadas al boicot, a la huelga y a la represión policial. 
¿Por qué el Gobierno argelino no ha propuesto ninguna solución convincente para sortear la crisis? 
¿Por qué no se han emprendido procedimientos judiciales contra los responsables de la represión llevada a cabo en lo que se conoce como la primavera negra de 2001? 
¿Cuándo cesarán los procesos contra los representantes del movimiento ciudadano? 
Y sobre todo, ¿no hay signos de un malestar profundo en el seno de la sociedad argelina, en particular entre la gente joven? 
El número creciente de procesos contra periodistas y las reiteradas negativas de revocar el código familiar, problemas sobre los que, para gran sorpresa mía, algunos diputados quieren correr un tupido velo en esta resolución, sólo pueden provocar tensión y desesperación. 
El futuro de Argelia, no obstante, estaría más seguro bajo el potencial democrático existente que bajo un renacer de las ideas fundamentalistas. 
Creo además que es importante tener en cuenta las urgencias sociales. 
Hay una gran necesidad en lo que se refiere al empleo, a la vivienda y a las obras públicas destinadas a la atención médica, la educación y el suministro de agua, mientras las desigualdades y las reservas de divisas son mayores que nunca. 
Más que la lógica del libre mercado, que promueve la liberalización y la desregulación, esta situación requiere una auténtica cooperación, por ejemplo en el área de los servicios públicos. 
Europa, por tanto, tiene una responsabilidad. 
¿Se escucharán las grandes preocupaciones de numerosos sectores de la economía argelina por la creación de una zona de libre comercio? 
¿Cuál será nuestra evaluación de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales? 
Para terminar, quisiera pedir que permanezcamos ojo avizor con respecto a la libre circulación de personas y a la igualdad de derechos económicos, sociales y políticos para los ciudadanos argelinos en suelo europeo. 
Señora Presidenta, es evidente que este acuerdo no es fruto de un largo proceso de participación y de negociación entre los principales colectivos de ambas partes. 
En consecuencia, es lo que es. 
Nuestro apoyo, no obstante, al reto de tejer relaciones políticas duraderas entre ambas orillas del Mediterráneo es firme, y confiamos además en que el drama argelino pueda salir del trágico enclaustramiento en el que se halla desde hace mucho tiempo. 
Por consiguiente, nos gustaría aceptar el desafío del desarrollo compartido. 
Señor Morillon, voy a tranquilizarle; cálmese, por favor: no estamos interfiriendo, cuando hablamos de déficit democrático y de la importancia de respaldar el desarrollo de las libertades en este país. 
El mismo informe de la Oficina de los estados árabes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo dice. 
Por tanto, no es una cuestión de interferencia, de ningún modo. 
La democracia es el pilar del desarrollo en todas sus formas. 
No obstante, para responder a este reto, para aceptar el reto del desarrollo compartido, debemos empezar no añadiendo confusión al caos en Argelia. 
En efecto, este acuerdo no debe dar carta blanca a las autoridades. 
Para evitarlo, es necesario reconocer, con toda claridad, que hoy es prácticamente una indecencia negar que la violencia que lleva asolando Argelia durante más de diez años se debe a grupos de toda índole, y cuando digo de toda índole, me refiero también, por supuesto, a los grupos de seguridad militar. 
Esto hay que decirlo así. 
Hay que escribirlo. 
El Sr. Habib Suaidia, que está presente hoy aquí junto con otros amigos a quienes me gustaría saludar, fue acusado de difamación por el general Nezzar. 
El Sr. Suaidia ha afirmado que los generales, que son los auténticos políticos, quienes de verdad toman las decisiones, han matado a miles de personas sin ningún motivo. 
La denuncia del Sr. Nezzar fue desestimada. 
¿Tendremos una mínima parte del coraje de este teniente argelino? 
Creo que deberíamos comenzar reconociendo en nuestra resolución el sufrimiento y la tragedia, así como a los cientos de miles de personas que han muerto y a los miles que han desaparecido. 
En segundo lugar, nuestra resolución debe pedir con toda claridad el levantamiento del estado de emergencia que suprime las libertades. Las autoridades públicas con quienes estamos negociando, al declarar este estado de emergencia, han perdido sus prerrogativas bajo la apariencia de un poder militar. 
Señora Presidenta, Señorías, este acuerdo de asociación con Argelia llega en el momento oportuno, y creo además que adquiere un carácter de urgencia porque, al final, Argelia está saliendo como puede del largo y oscuro túnel en el que la metieron los continuos intentos por desestabilizar al país, una situación comparable a la que sufren todos los países ricos en hidrocarburos del mundo: un ataque extranjero e imperialista que, como en todas partes, empleó el extremismo islámico para fines geopolíticos, algo que nuestra poca visión de futuro nos ha impedido ver. 
La Sra. Boumediene-Thiery ha dado en el clavo, hace un momento, al recordarnos el deseo de los Estados Unidos de poner sus garras en los recursos minerales de Argelia. 
El Gobierno argelino salió victorioso de la prueba, a pesar de su aislamiento y de la timidez, yo diría incluso de la pusilanimidad, hecho del que cuyo principal culpable es la ayuda europea. 
Para que esta asociación tenga éxito, no debe limitarse a una declaración de buenas intenciones o a meros y vagos acuerdos de libre comercio exclusivamente económicos: debe ser también una asociación política. 
En otras palabras: debemos adoptar la costumbre de abordar con nuestros socios mediterráneos todas las cuestiones políticas de orden mundial. 
Además, éste es un requisito para que el Mediterráneo siga siendo el centro de la escena mundial; a menos que se cumpla esta condición, seremos más africanos, mediterráneos o europeos, pero sólo tendremos un papel secundario en el mundo del siglo XXI. 
Para lograr este objetivo, debemos ir más allá de un simple acuerdo de asociación con Argelia o con otros países del Magreb, que son nuestros aliados más preciados. 
Debemos modificar la estructura de Europa y dejar a un lado cualquier fantasía de supranacionalidad y de federalismo, para que podamos incluir a nuestros vecinos mediterráneos en una Unión Europea ampliada que, con toda claridad, haga ver a la potencia imperialista que se enfrenta a un bloque de países empeñados en preservar la libertad, es decir? 
(La Presidenta interrumpe a la oradora) 
Señora Presidenta, el acuerdo de asociación celebrado con Argelia es un paso en la dirección correcta de nuestras relaciones euromediterráneas y en pos de lograr nuestro objetivo común, que es crear no sólo una zona de libre comercio, sino también una zona de desarrollo sostenible, seguridad y prosperidad para todos. 
Siendo así, permítame manifestar mi enorme satisfacción por el hecho de que este acuerdo se refiera con claridad al respeto de los derechos humanos fundamentales. 
Me complacen además las referencias a la promoción del papel de la mujer en el desarrollo económico y social, por medio de la educación, la formación profesional, los medios de comunicación y programas de planificación familiar mejorados. 
No obstante, lo que me entristece es, por un lado, que estas menciones por sí solas no bastarán para promover el respeto de los derechos de la mujer en la práctica y, por otro, que no hayan hecho referencia alguna a esta cuestión ni el Presidente en ejercicio ni usted, señora Comisaria, adalid de los derechos de la mujer y que enarbola la bandera del respeto del principio de igualdad en las relaciones exteriores de la Comunidad. 
Quisiera recordar que, en su resolución sobre el informe relativo al respeto de los derechos de la mujer en las relaciones euromediterráneas, el Parlamento Europeo pidió una disposición expresa sobre la protección de los derechos de la mujer y, al mismo tiempo, solicitó que se incluyera una disposición acerca de la puesta en práctica de una política de control de la protección, similar a la aplicada con los países candidatos. 
En consecuencia, quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestar mi decepción, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, por haberse dejado a un lado esta cuestión, y para saludar las palabras de la Comisaria, sus optimistas palabras, sobre que el acuerdo de asociación no será un cheque en blanco para Argelia. 
Nos gustaría que la Comisión Europea creara mecanismos de control y evaluación de los progresos y que al Gobierno argelino se le exigiera, como debería ocurrir en todos los acuerdos de asociación, que demostrara la necesaria voluntad política de realizar las reformas legislativas, administrativas y de toda índole, fundamentales para asegurar la igualdad jurídica de oportunidades entre el hombre y la mujer, y de incluir la integración de la perspectiva de género en todas sus políticas. 
En línea con lo anterior, deseamos apoyar la propuesta del Sr. Brok de combatir y condenar la violencia contra la mujer y, como la condena nunca basta, queremos llevar a cabo una estrategia inspirada en la experiencia y los éxitos de las estrategias de la Unión Europea y los países candidatos para combatir la violencia. 
Además, quisiera condenar la ausencia del papel de la mujer y de las organizaciones de mujeres en la propuesta de colaboración regional. 
Éste, al menos, es un ámbito en el que se debería elaborar una disposición para fortalecer a la sociedad civil y para reforzar la labor con las organizaciones de mujeres. 
Señora Presidenta, creo que esta tarde todos acogemos con agrado el hecho de haber llegado a un momento clave de las relaciones entre la Unión Europea y Argelia. 
Es un momento clave, porque Argelia ha vivido un período enormemente problemático desde hace, al menos, una década, un período de relativo aislamiento en las relaciones internacionales, en particular con Europa, y además porque hay una conexión entre Argelia y el retraso africano, y es importante que se refuerce también este aspecto de las relaciones. 
Quisiera encuadrar este informe precisamente en el ámbito de la asociación. 
El acuerdo es, de hecho, una herramienta, no una concesión otorgada por Europa, por la Unión Europea, a Argelia, pues nosotros también nos beneficiamos del acuerdo- no debemos olvidarlo -, y es una herramienta que une, una herramienta que se inspira en una visión de asociación. 
¿Qué significa esto? 
Significa que hemos de explotar todas sus posibilidades, tanto para la sociedad argelina- que podríamos decir que quizás reprime su potencial económico y sus potenciales recursos humanos -, como para nosotros mismos. 
Quisiera llamar la atención de la Comisión sobre una serie de puntos. 
Dan mucho valor al proceso de Agadir llevado a cabo por países que han celebrado acuerdos de asociación con nosotros. 
Deberían prestar la misma atención al carácter magrebí de la asociación pues, como todos ustedes saben, las fronteras entre Marruecos y Argelia están cerradas, y si Europa no ayuda a incrementar la cooperación entre vecinos, no sé cuál es nuestro cometido. 
Por último, me parece que es fundamental hacer hincapié en los derechos humanos- asunto al que ya se han referido otros colegas- y en las elecciones. 
Quisiera decirles a las autoridades argelinas que algo importante está ocurriendo en Kabilia: un partido que no tomó parte en las elecciones legislativas se ha presentado a las elecciones locales. 
Esto es importante porque repara una grave fractura institucional que se había producido. 
Hemos conocido un período en el que, por ejemplo, las relaciones entre la policía y el pueblo de Kabilia era inexistentes. 
Sería una pena que, durante las elecciones, las autoridades policiales volvieran a crear problemas una vez más, en lugar de proteger al pueblo y garantizar un proceso electoral sin incidentes, algo de gran importancia. 
Por tanto, es absurdo establecer una comparación entre Argelia y los países candidatos, porque no estamos concediendo a Argelia la adhesión a la Unión Europea: quede esto claro, Señorías. 
Cuanto mayor sea la consideración que dé a estos países la Unión Europea, mayores serán también los beneficios derivados de estas relaciones. 
Me gustaría decirle a mi buen amigo Philippe Morillon lo siguiente: «Philippe, te equivocas. 
Todas tus enmiendas son desafortunadas. 
Y creo que deberías meditar sobre ellas esta noche y retirarlas nada más despertarte mañana. 
¿Que la mayoría de ellas ya se han retirado? 
Bien, entonces retira el resto. 
¿Por qué? 
Si hay un acuerdo de asociación, en ese caso no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de intervenir cuando se cometan matanzas. Debemos condenar las matanzas, ya sean cometidas por terroristas islámicos, por terroristas paramilitares o por terroristas vinculados al ejército. 
Y esto no es sólo culpa del colonialismo, aunque el colonialismo tenga parte de culpa. Argelia tiene una tradición monopartidista. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación en Côte d ' Ivoire. 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión ha seguido muy atentamente, como pueden suponer, al igual que las restantes instituciones de la Unión Europea, el desarrollo de los acontecimientos en Côte d ' Ivoire, desde el alzamiento militar del 19 de septiembre. 
La Unión ha condenado el ataque a la legalidad institucional que lleva sufriendo Côte d ' Ivoire desde hace casi tres semanas. 
Al mismo tiempo, ha insistido en la necesidad de que se encuentre una solución política que no excluya a ninguna de las partes en liza, dentro del espíritu del proceso de reconciliación nacional que emprendió Côte d ' Ivoire, tras los graves incidentes de 2000, y que la Unión ha apoyado tanto en sus principios, como desde el punto de vista económico. 
En tercer lugar, la Presidencia ha reiterado que la Unión concede la máxima importancia al respeto de los derechos humanos. 
La Comisión apoya al Presidente Gbagbo y a los legítimos miembros de su Gobierno, que en ambos casos han accedido a sus cargos como resultado de unas elecciones democráticas. 
No obstante, desde que se publicó la declaración de la Unión, el 24 de septiembre, no hemos ocultado nuestra creciente preocupación, tanto en lo que se refiere a las perspectivas de una solución política, como con respecto a los derechos humanos. 
La Comisión acogió, naturalmente, con gran interés el resultado de la Cumbre de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental que se celebró en Accra. 
La creación de un grupo de contacto formado por seis jefes de Estado y encargado de mediar entre el Gobierno y los rebeldes nos llevó a creer que sería posible alcanzar una solución pacífica que evitara los baños de sangre y la fractura permanente que inevitablemente acompañarían a los combates sobre el terreno. 
Esta tarea debe recibir apoyo. 
El hecho de que el Presidente Gbagbo y los rebeldes hayan comunicado al grupo de contacto su acuerdo de principio con un alto el fuego permite contemplar con un cierto optimismo que éste se haga realidad, a pesar de que el 4 de octubre no se firmó nada. 
De momento, no se ha concretado nada y las fuerzas gubernamentales reanudaron el domingo 6 de octubre los combates contra los rebeldes en Bouaké. 
El grupo de mediadores- al cual aprovechamos la ocasión para felicitar por su actitud vigilante, su paciencia y su sentido de la responsabilidad- no ha ocultado su gran decepción e irritación contra el Gobierno de Côte d ' Ivoire y su comportamiento. 
El segundo punto de la declaración de la Unión del 24 de septiembre, respecto al que vuelve a aumentar la preocupación, versa sobre el respeto de los derechos humanos por ambas partes en liza. 
En primer lugar, el comportamiento de los rebeldes ha empeorado y continúa empeorando cada vez más, sobre todo en lo que respecta a los ataques contra la propiedad. 
En cuanto al Gobierno, los ataques contra miembros de la oposición y las manifestaciones de xenofobia van en aumento, hasta el extremo de comenzar a resultar muy preocupantes. 
Las circunstancias que han rodeado a la muerte del General Gueï, su esposa, miembros de su familia y personas allegadas resultan cuando menos sospechosas. 
Los ataques e intimidaciones contra el Sr. Ouatara, sus parientes próximos y muchos de los dirigentes de su partido (la Agrupación de Republicanos) tendrán una repercusión negativa y duradera sobre el proceso de reconciliación nacional. 
La hostilidad contra los extranjeros también se está extendiendo cada vez más. 
Señora Presidenta, Señorías, no malinterpreten estas advertencias. 
La legalidad institucional en Côte d ' Ivoire debe recibir el apoyo decidido de la comunidad internacional. 
No obstante, este apoyo decidido no debe ser indiscriminado ni incondicional. 
Señora Presidenta, permítame que concluya mi intervención expresando el deseo de que su institución, dado el prestigio de que goza ante las autoridades de Côte d ' Ivoire, haga valer su influencia para convencerlas, al igual que intenta hacer la Comisión, de que una solución pacífica es el único camino razonable y que abre la puerta de la esperanza. 
Señora Presidenta, resulta algo difícil hablar acerca de esta resolución porque todavía no ha sido traducida y llevada a la oficina. 
Tengo que trabajar con la versión francesa y espero no equivocarme. 
Es trágico que otra vez nos encontremos en esta Cámara hablando de otra guerra en el África subsahariana. 
Es enteramente correcto que expresemos nuestro disgusto por semejante acción. 
Es verdad que la elección fue decepcionante, y que esperábamos resultados mejores. 
Esto se reflejó en los problemas relativos a derechos de nacimiento marfileños, es decir, si uno puede presentarse candidato a presidente si ha nacido en el país o sus padres eran marfileños. 
Sin embargo, siempre deberíamos tener presente que todo lo que concierne a nuestras relaciones con estos países en desarrollo se basa en el Acuerdo de Cotonú. 
Eso, sin duda, nos da una base para la democracia, los derechos humanos y la gobernanza. 
Sinceramente, para mí la gobernanza es casi más importante que la pura democracia, porque si se puede conseguir la estabilidad de un país que es transparente en su actuación, eso ya es un gran paso. 
Côte d ' Ivoire es un país enorme con un potencial enorme, y es uno de los pilares de África Occidental. 
Esto ha sido en gran medida una lucha interna por el poder. 
Hay quien culpa a influencias del exterior o a grupos rebeldes de otras naciones, pero esto no ha sido más que una lucha por el poder dentro de la propia nación. 
Algunos querían tomar el poder como una cuestión doméstica. 
El problema es casi el mismo que el de Nigeria, en el sentido de que existe una fuerte presencia musulmana en el norte del país y cristiana en el sur. 
Siempre hay rivalidad entre estos dos grupos. 
Y los musulmanes del norte suelen ser el grupo más pobre de los dos. 
La Comisión debería concentrar la ayuda en esta zona para beneficiar a los musulmanes que no poseen la riqueza del sur. 
Estuve en Ghana hace dos fines de semana cuando se celebró la reunión de la CEDEAO de los 14 Estados de África Occidental. 
Allí se discutió sobre la situación de Côte d ' Ivoire, y hubo pesimismo y sentimientos negativos entre los representantes y líderes de estos países. 
Cuando las cosas salen mal en un país de ese tamaño, no sólo desestabiliza a Côte d ' Ivoire, sino a toda la región. 
Por ello, me alegró ver que al menos los líderes de la CEDEAO tuvieran la previsión y el sentido común de intervenir en Côte d ' Ivoire y enviar una delegación con la esperanza de que pudiera mediar entre ambas partes. 
Espero de todo corazón que lo consigan, porque en Nigeria están surgiendo problemas en una situación semejante. 
Ese país tiene un norte marcadamente fundamentalista musulmán y un grupo cristiano en el sur. 
Visto el modo en que la Comisión está actuando con respecto a las políticas regionales, es absolutamente vital que consigamos que estos países entiendan que si van a tener que hacer frente a perspectivas globales en el ámbito del comercio, deben obrar de común acuerdo como región. 
Por ello, es vital que se apoyen mutuamente. 
La única decepción ha sido que el NEPAD, la nueva asociación africana para el desarrollo, no haya actuado más enérgicamente en esta situación. 
Este nuevo acuerdo incluye un mecanismo de supervisión. 
Yo esperaba que cuando surgieran problemas como éste, los Jefes de Estado de los países africanos de dicha organización, creada por africanos para velar por África, intervendrían inmediatamente. 
Pero desgraciadamente, como ocurre también en Zimbabwe, no lo han hecho. 
Si esta organización no se ha caído en la primera valla, ciertamente ha tropezado. 
Espero sinceramente que puedan celebrarse conversaciones preparatorias lo antes posible, pues sólo sentados alrededor de una mesa podremos poner fin a este conflicto sin la típica muerte y destrucción. 
Lo único que puedo hacer es pedir a la Comisión que presione a ambas partes para parar la guerra y reunirnos a discutir. 
Señora Presidenta, desde el golpe de estado del 19 de septiembre, todo el territorio del norte de Côte d ' Ivoire se encuentra inmerso en un conflicto militar confuso. 
Se están llevando a cabo operaciones militares en este mismo momento, y en Bouaké se combate encarnizadamente, lo que nos hace temer lo peor por la suerte de la población civil que se ha visto atrapada en el conflicto. 
Señorías, tememos por la población de Côte d ' Ivoire, rehén de las facciones hostiles, que está pagando con su libertad y, en algunos casos, con su vida el coste de esta crisis. 
Tememos por la suerte de Côte d ' Ivoire, que corre el riesgo de distanciarse aún más del modelo por el que con tanta frecuencia se ha elogiado al país. 
Hoy en día, Côte d ' Ivoire y su sociedad están quedando desgarradas y tememos por la suerte de África y de la población africana, pues toda la región podría desmoronarse y se trata de una zona que ya ha vivido demasiadas guerras y tragedias humanas y donde proliferan las bandas armadas y todo tipo de tráfico ilegal, que constituyen una dolorosa realidad cotidiana. 
Se trata de un desenlace que, de hecho, no parece demasiado alejado de la presente situación de inestabilidad en Côte d ' Ivoire. 
Si el país se desestabiliza, se sentarán las bases de una crisis comparable a la de los Grandes Lagos o la del Congo, que llevan devastando durante años el corazón del continente. 
Esta crisis nos preocupa y nos entristece. 
Sin embargo, también nos sorprende. 
Está teniendo lugar justamente en el momento en que los esfuerzos del régimen de Laurent Gbagbo para afrontar dos de los mayores retos que tiene planteados el país estaban empezando a dar frutos. 
El primer reto es la reconciliación nacional, para cuyo impulso se organizó un amplio foro en 2001, además de constituirse un gobierno de unidad nacional que agrupaba a las principales fuerzas políticas, tras las elecciones de julio de 2002. 
El segundo reto es la recuperación económica y social, impulsada mediante reformas sociales fundamentales, como la escolarización gratuita o el seguro de enfermedad para todos los ciudadanos. 
No obstante, para poder seguir avanzando en estos frentes, Côte d ' Ivoire necesita la paz. 
Europa debe presionar para impulsar una solución negociada y un desenlace pacífico de la crisis. 
Ha de hacer todos los esfuerzos de mediación posibles y acoger con satisfacción las acciones llevadas a cabo bajo la égida de la CEDEAO. 
Estos intentos han fracasado hasta ahora, pero resulta ciertamente difícil pedirle a un gobierno legítimo que negocie de igual a igual con unos rebeldes armados. 
El desafío actual es preservar la unidad de Côte d ' Ivoire dentro del respeto de la legalidad constitucional. 
Debemos prestar especial atención a garantizar que, si se llega a enviar una fuerza de intervención a Côte d ' Ivoire, esto no conduzca a una división de facto del país. 
El Grupo Socialista está a favor, asimismo, de que se envíe una misión parlamentaria? me dirijo ahora a mis colegas de la Cámara? que manifieste nuestro apoyo a las instituciones elegidas democráticamente y se reúna con las diversas fuerzas políticas de Côte d ' Ivoire. 
Sin embargo, para favorecer la consolidación de la democracia, es necesario que el Presidente Gbagbo tome rápidamente la iniciativa de abrir negociaciones con todas las fuerzas políticas y sociales del país. 
Las negociaciones se deben centrar, en particular, en los bloqueos constitucionales que actúan como un freno y ralentizan la reconciliación nacional. 
La Constitución de 2000 no cumple este requisito, pues no permite la expresión de todas las diferentes opciones políticas y sigue impidiendo que el Sr. Ouatara pueda presentarse como candidato a la Presidencia. 
No prevé la posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional, en caso de una grave crisis, lo que podría abrir las puertas a una reacción política sumamente violenta. 
Por último, el Presidente Gbagbo debe reanudar el diálogo, con el fin de perseverar, sin matices ni ambigüedades, en el esfuerzo por alcanzar la reconciliación nacional, indispensable en un país desgarrado durante muchos años por la manipulación del concepto de ivoirité (idea nacionalista que incluye sólo a los ciudadanos de pura cepa) y que cuenta con casi un 30% de población extranjera. 
En este sentido, el llamamiento a favor de la expulsión de 500 000 habitantes procedentes de Burkina Faso, realizado el domingo pasado por la televisión nacional de Côte d ' Ivoire, constituye un abuso inaceptable y merece una enérgica condena, al igual que los ataques contra los extranjeros que viven en el país. 
Señor Comisario Barnier, Señorías, Côte d ' Ivoire y el Gobierno legítimo de Laurent Gbagbo necesitan, en este momento, el fuerte apoyo de la Unión Europea, cuyas líneas generales nos ha presentado usted y que yo me propongo impulsar con toda firmeza y por todas las vías posibles. 
Señora Presidenta, señor Comisario, acojo con satisfacción la declaración de hoy de la Comisión, que en realidad es más equilibrada que nuestra propuesta de resolución. 
Asimismo, he tomado nota con interés de la referencia concreta que ha hecho el Comisario al RDR (Agrupación de Republicanos) , que es el partido hermano de los liberales en Côte d ' Ivoire. 
Hemos intentado mantener contactos con dicho partido, pero últimamente no nos ha sido posible, como es lógico. 
Estoy muy decepcionada por la actuación de la UE en este asunto. 
En abril, pregunté al Consejo qué medidas se estaban adoptando para contribuir al desarrollo del Foro de Reconciliación Nacional y qué medidas se preveía adoptar para el seguimiento de las elecciones de junio de 2002. 
En aquel momento, la respuesta fue que a la UE le preocupaba ciertamente que la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la exclusión de algunos partidos políticos importantes caracterizasen las elecciones de 2000, y que se estaban manteniendo conversaciones con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. 
No obstante, éstas se dieron por cerradas en junio de 2001 y no se consideró posible realizar ninguna contribución significativa a la supervisión de las elecciones, ni ofrecer apoyo, ni tampoco desempeñar un papel activo. 
Muchas personas de la región están sufriendo debido a nuestra pasividad y a que no asumimos un papel más activo. 
Es una pena, puesto que se trata de una zona en la que la UE habría podido actuar y de cuyos problemas estábamos al corriente. 
Nos preocupa que los conflictos se propaguen por la región. 
Como de costumbre, existe un gran riesgo de que los más afectados sean las mujeres y los niños. 
Sabemos que la situación de los niños en Côte d ' Ivoire no es la que debería ser. 
Los liberales no vamos a apoyar el punto 5 de la resolución, y mi colega, el Sr. Van Hecke, se referirá con mayor detalle a este aspecto. 
Señora Presidenta, apoyar al Presidente Laurent Gbagbo es, queridos colegas, algo natural. 
Es natural apoyar a un político cuyos treinta años de lucha por sus ideas han estado marcados por la cárcel, el exilio y el sufrimiento. 
En dos años, ha restablecido una mínima legalidad en Côte d ' Ivoire, ha revitalizado el sistema educativo, se ha ganado la confianza de las instituciones internacionales y, sobre todo, ha puesto las condiciones para lograr una reconciliación nacional, mediante la constitución de un gobierno integrado por todos los partidos de la oposición, y quisiera recordarle a la Sra. Thors que el RDR entró en el Gobierno en agosto de 2002. 
El Parlamento- a través de Nicole Fontaine- invitó al Presidente Gbagbo a Estrasburgo en noviembre de 2001 y, con este gesto, quiso reconocer la labor realizada por este profesor humanista que dirige las riendas de su país. 
Tenemos que ayudarle porque simboliza la legalidad republicana, porque simboliza el cambio político en un continente que lo necesita muchísimo, y porque es el símbolo de que África se apoya en la democracia moderna. 
Por esto, Señorías, es necesario un alto el fuego, pero con la condición de que los rebeldes entreguen sus armas. 
Ningún presidente constitucionalmente elegido puede negociar con unos rebeldes armados que ocupan el 40% de su país. 
La Unión Europea debe contribuir a la reconstrucción general del país, incluyendo la aplicación del Estado de derecho, la puesta en práctica de un programa de viviendas sociales para los más necesitados y la reorganización del ejército de Côte d ' Ivoire. 
Señorías, si Côte d ' Ivoire sucumbe, toda el África occidental quedará desestabilizada de manera permanente, se hundirá en el caos, y el riesgo de enfrentamientos étnicos y religiosos será enorme. 
Por consiguiente, debemos enviar una misión parlamentaria, como parte de un esfuerzo diplomático activo, y a ello vamos a dedicar nuestros esfuerzos desde mañana mismo, señora Presidenta. 
Conforme a los deseos, muy justificados y apropiados, del señor Comisario Barnier, es necesario que esta misión parlamentaria llegue a Abiyán dentro de tres días y que, sobre la base de la resolución que vamos a votar mañana, trate de desempeñar su papel y de hacer que el Parlamento desempeñe el suyo. 
No serviría de nada llegar cuando haya pasado la crisis. 
Tenemos una gran responsabilidad con este país, con su Presidente y con el pueblo de Côte d ' Ivoire. 
Necesitan nuestra solidaridad, señora Presidenta, en la dura prueba por la que están pasando, y el Parlamento Europeo, por tanto, debe estar presente allí de manera inequívoca. 
Señora Presidenta, los recientes acontecimientos, marcados por una serie de asesinatos en Côte d ' Ivoire, son sumamente preocupantes. 
El alzamiento militar contra el actual Gobierno oficial es injustificable, a pesar del deterioro de las condiciones económicas y políticas. 
La crisis económica sin precedentes, relacionada con la caída de los precios de las materias primas y, particularmente, del café y el algodón, ha causado más penurias y pobreza en el país. 
No obstante, también es evidente que la trivialización del concepto de ivoirité, que alcanzó su culminación durante las elecciones presidenciales de 2000, sólo ha servido para intensificar el clima de odio y violencia que vive el país, y las acusaciones de que los países vecinos apoyan a los rebeldes se podrían utilizar para justificar la persecución de los grupos civiles de inmigrantes. 
En este sentido, debemos acoger con satisfacción la declaración del Presidente Gbagbo en la que pide que se proteja a los extranjeros: lo que hace falta es que sus tropas se encarguen de ello. 
El riesgo de un estallido de xenofobia entre la población civil es, en efecto, grande. 
Debemos evitar vernos envueltos en una guerra civil entre grupos étnicos, en una situación de crisis similar a la del Congo, que podría resultar sumamente peligrosa y lamentable para Côte d ' Ivoire y para todos sus habitantes. 
Por consiguiente, aunque lamentemos el fracaso de los esfuerzos de mediación de la CEDEAO, que propuso la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y los rebeldes, las fuerzas de intervención no deberían imponer una división entre los grupos étnicos sobre el terreno. 
La Unión Europea debe apoyar al Gobierno legítimo, con el fin de restablecer la legalidad y proteger a la población civil, cualquier que sea su procedencia étnica. 
A más largo plazo, se debería crear una comisión de investigación, con objeto de averiguar las causas de estos acontecimientos y condenar a los responsables. 
La Unión Europea debe asegurarse de que se respeten los principios de los derechos humanos, la democracia y el pluralismo político, pero también debe fomentar? y esto es crucial? el desarrollo económico y social de Côte d ' Ivoire. 
Señora Presidenta, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señores Comisarios, permítanme que manifieste mi asombro ante los argumentos que han expuesto algunos de mis colegas, pues la situación en Côte d ' Ivoire es, en definitiva, tan clara, que deberíamos estar inmediatamente de acuerdo sobre una serie de hechos evidentes. 
El primer hecho evidente es que Côte d ' Ivoire es uno de los Estados que merecen nuestro apoyo más firme, ya que está mostrando algunos signos alentadores: su tasa de crecimiento es de un 3%, está realizando avances democráticos con relativa celeridad, ejemplificados en las elecciones presidenciales, aplaudidas unánimemente como un paso adelante, y ha establecido un proceso para la constitución de formaciones políticas que, después del foro de reconciliación nacional, debería conducir a la convocatoria de unas elecciones legislativas plenamente democráticas, para cuya pronta celebración es preciso instar al Gobierno actual. 
Sí, Côte d ' Ivoire y el Presidente Gbagbo merecen el apoyo de todos los Estados europeos que se preocupan por los lazos con África. 
No entiendo cómo podemos vacilar, a no ser que pretendamos empeorar las cosas, antes de que puedan empezar a mejorar, o nos dejemos llevar por un sentimiento de indiferencia, al que sospecho que muchos europeos se sienten, sin duda, tentados a abandonarse, pero que Francia no puede aceptar. 
El segundo hecho evidente es que Côte d ' Ivoire no se enfrenta, en absoluto, a una guerra civil. 
Simplemente está luchando contra una invasión extranjera que, aun cuando, como es habitual, se aprovecha de las antiguas oposiciones entre grupos étnicos, debe ser ante todo objeto de un análisis geopolítico. 
Los llamados insurgentes han sido armados, poderosamente armados, a todas luces, por una o más potencias extranjeras. 
El análisis de la situación no se debe basar, por lo tanto, en conclusiones etnográficas y, menos aún, en lamentos humanistas, sino en los factores geopolíticos. 
Pasemos a considerar ahora el tercer hecho evidente, que es crucial, pero que, quizá por esta misma razón, se pierde de vista con demasiada frecuencia, pues lo cierto es que la ignorancia- o la falta de perspicacia- de esta Asamblea, en materia geopolítica, es manifiesta en muchísimos ámbitos. 
Actualmente, África es, de entre todos los continentes, el más inmune a la influencia del imperio mundial. 
Esto se debe a motivos históricos relacionados con los vínculos que con él han forjado varias naciones europeas y, por consiguiente, al temor, que a menudo ha frenado a Washington, de que cualquier desestabilización de sus regímenes favoreciese a la Unión Soviética. 
Sin embargo, desde que se desmoronó el poder ruso, el imperio ha intentado extender su influencia sobre este continente que es, a la vez, el más rico- por lo menos, en potencia- y también, por desgracia, el más vulnerable de todos. 
Hemos realizado esfuerzos, en diversas ocasiones, en el África ecuatorial- anteriormente bajo control belga -, que hemos hecho extensivos a los países ribereños del golfo de Guinea, que cuenta con considerables reservas petrolíferas. 
Nos estamos aprovechando ahora del afán de un personaje de nacionalidad incierta- que, en cualquier caso, ha pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos- por desestabilizar a un país cuya situación se había ido consolidando año tras año y que, como resultado de ello, había llegado a ser un socio importante de Europa. 
Esta conexión, esta vinculación es lo que se pretende destruir. 
Señorías, debemos mantenernos firmes cuando se trata de los intereses genuinos de Europa. 
Francia tiene el valor de hacerlo. 
El apoyo que está dando al Gobierno oficial y democrático de Côte d ' Ivoire deben brindarlo todos los ciudadanos europeos unidos, pues lo que Francia está haciendo en África no lo hace en interés propio, sino de toda Europa. 
Señora Presidenta, el último conflicto que sacude a Côte d ' Ivoire no constituye una sorpresa, creo, para quienes procuran seguir constantemente el desarrollo de los acontecimientos en dicho país. 
Éste tiene detrás una larga historia de enfrentamientos políticos, económicos y, sobre todo, étnicos que se entremezclan y se refuerzan mutuamente de manera continua. 
La propuesta de resolución que tenemos ante nosotros pasa por alto, consciente o inconscientemente, las responsabilidades de los dirigentes actuales. 
Côte d ' Ivoire es el mayor productor de cacao del mundo y uno de los más importantes productores de café. 
El país alberga a más de cinco millones de inmigrantes, procedentes, sobre todo, de países vecinos como Burkina Faso, Malí y el Senegal. 
En los momentos de expansión económica, se les emplea como mano de obra barata; durante una crisis política y económica, se convierten en los chivos expiatorios por excelencia. 
Las acusaciones del Presidente Gbagbo de que Burkina Faso estaba en el origen del motín, sin que existiera la menor prueba, alimentaron la campaña xenófoba en los medios de comunicación estatales. 
Muchos habitantes del norte de Côte d ' Ivoire son oriundos de Burkina Faso. 
Ahora se sienten tratados como ciudadanos de segunda clase, sobre todo desde que se impidió la participación de su líder, el Sr. Ouatara, en las elecciones presidenciales por ser supuestamente originario de Burkina Faso. 
Los pueblos del norte se sintieron excluidos del sistema político junto con el Sr. Ouatara. 
Ésta es la raíz del problema. 
Côte d ' Ivoire ha quedado fracturada como nación por la utilización política de las diferencias religiosas y del concepto de ivoirité. 
La comunidad internacional ha realizado un enorme esfuerzo para evacuar a los ciudadanos franceses y a 200 hijos de misioneros estadounidenses. 
Espero que demuestre el mismo grado de compromiso para evitar que se produzca un número todavía mayor de víctimas entre la población civil y que la inestabilidad en Côte d ' Ivoire degenere en un conflicto regional, con incalculables repercusiones. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera agradecerle que haya brindado a la Comisión la oportunidad de abrir el debate, de participar en él y de ofrecer su propia aportación. 
Después de escuchar con mucha atención sus comentarios, me gustaría expresar también mi agradecimiento a los diferentes oradores, la mayoría de los cuales han demostrado sencillamente que, en relación con este grave asunto, compartimos un punto de vista común sobre la situación y el modo de resolverla. 
La Asamblea y todas las instituciones de la Unión están preocupadas no sólo por las graves y perjudiciales consecuencias internas que puede traer consigo la actual situación de crisis en Côte d ' Ivoire, sino también- como han señalado varios oradores- por la desestabilización que la crisis podría desencadenar en toda la región, si no se encuentra una solución política pacífica en un futuro inmediato. 
El discurso televisado de ayer del Presidente Gbagbo, en el que abogó por el fin del conflicto, nos hace abrigar la esperanza de que dicha solución pacífica se alcance muy pronto, con objeto de evitar los disturbios que muchos, incluidos nosotros, tememos que se produzcan en el país y en toda la región. 
Confiemos, por lo tanto, señora Presidenta, en que el presente debate y nuestros esfuerzos conjuntos- que no debemos escatimar- contribuyan a restablecer una paz duradera y a acallar las armas en Côte d ' Ivoire. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El intento de golpe de estado del 19 de septiembre ha sumido a la población de Côte d ' Ivoire en un total desconcierto y ha desembocado en actos de violencia, como el fallecimiento del Ministro de Asuntos Interiores y la muerte del General Gueï. 
El apoyo a las instituciones democráticas de Côte d ' Ivoire y a su Presidente, manifestado por el Parlamento Europeo, tras el intento de golpe de estado, no significa que se haya dado carta blanca a Laurent Gbagbo para que resuelva la situación como mejor le parezca. 
Al contrario, debe escuchar y poner en práctica los acuerdos de alto el fuego que reclama la misión regional de la CEDEAO. 
No es admisible una solución militar a la crisis; la única opción que se puede contemplar es una solución política que incluya a todas las partes en liza. 
El Presidente de Côte d ' Ivoire debe poner en práctica ahora la política que se comprometió a seguir tras su elección, cuyo eje central era la reconciliación nacional y la lucha contra las divisiones étnicas y religiosas. 
A la vista de lo que está ocurriendo en Côte d ' Ivoire, existe un verdadero riesgo de balcanización y se teme que toda la región se hunda en el caos. 
Una cuarta parte de la población del país está formada por inmigrantes del África occidental, donde algunos países, como Liberia, están inmersos en una guerra civil. 
(Declaración por escrito abreviada, de conformidad con el apartado 7 del artículo 120 del Reglamento) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0341/2002) del Sr. Berend, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea [COM (2002) 514- C5-0441/2002- 2002/0228 (CNS) ]. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera expresar, al comienzo del debate, mi profundo agradecimiento a la Asamblea y, en particular, al ponente, el Sr. Berend, y al Sr. Walter, así como a los presidentes, el Sr. Caveri y el Sr. Wynn, por el alto grado de cooperación mantenido entre nuestras dos instituciones y la rapidez con que han examinado la propuesta de reglamento. 
Tenemos que trabajar con la mayor presteza posible, especialmente en el ámbito del mecanismo presupuestario, con objeto de que se puedan aportar los primeros fondos antes del invierno. Me gustaría que se pudieran aportar los primeros fondos en noviembre. 
Dados los avances logrados esta misma tarde en los debates dentro del Consejo, creo que podemos decir que ahora está al alcance de la mano la consecución de un acuerdo sobre esta propuesta de reglamento, y me alegra señalar que esto ha sido posible gracias a un consenso muy amplio entre el Parlamento y la Comisión, uno de cuyos artífices ha sido el Sr. Berend. 
En esta etapa final de los debates, nos quedan todavía tres puntos por abordar. 
El primero es la definición exacta de qué catástrofes podrán ser objeto de indemnización. 
Al Parlamento le preocupa evitar que el mecanismo pueda quedar maniatado por una definición excesivamente rígida. 
El Consejo, por su parte, deseaba que se clasificaran como prioritarias las catástrofes naturales. 
La Comisión, como expuse hace unos días ante la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, ha examinado de manera muy detallada el historial reciente de catástrofes en Europa. 
En los últimos años, un 80% de las catástrofes ocurridas han sido de carácter natural como, por ejemplo, temporales, terremotos o inundaciones. 
Por lo tanto, no creo que sea incoherente aceptar la prioridad solicitada por el Consejo, puesto que la posibilidad de intervención de la Comisión en otros casos análogos- catástrofes ecológicas, medioambientales o tecnológicas- continuaría existiendo en un número muy reducido de casos concretos. 
El segundo punto se refiere al umbral o los umbrales a partir de los cuales se podrá recurrir al Fondo. 
Esta asamblea, al igual que la Comisión, concede una especial importancia al hecho de que se establezcan dos criterios alternativos y no uno sólo, de manera que sea posible evaluar de manera equitativa el impacto de una catástrofe en la economía de un Estado, tanto si se trata de un Estado grande, de un país grande como Alemania, como de uno más pequeño. 
Mucho me temo que, como bien sabemos, los Estados más pequeños de nuestra Unión están expuestos a sufrir auténticas y graves catástrofes naturales. 
Aunque el Consejo desea revisar de manera significativa el criterio expresado en forma de valor absoluto- habíamos propuesto unos daños estimados de 1 000 millones de euros, y el Consejo se niega a subir de los 3 000 millones de euros -, no se cuestiona el principio de que se disponga de dos criterios alternativos. 
Finalmente, el tercer punto es el mantenimiento de un criterio cualitativo que permita la intervención en circunstancias excepcionales para prestar ayuda a una región concreta afectada por una catástrofe. 
Esto constituye una prioridad absoluta para la Comisión, y lo que hemos intentado concretar en los debates ha sido el margen de apreciación. 
Cuanto más elevados sean los umbrales cuantitativos- y acabo de decir que éstos se aumentaron en la propuesta del Consejo -, más necesario será contar con un margen de apreciación, ya que lo peor que podría ocurrir, Señorías, es que el Fondo fuese tan restrictivo e inflexible, debido a unos criterios cualitativos muy limitados y a unos criterios cuantitativos excesivamente altos, que jamás se llegara a recurrir a él. 
He señalado- y vuelvo a reiterarlo ante esta Asamblea- que en catorce años sólo hemos identificado, gracias a Dios, siete grandes catástrofes con unos daños totales superiores a los 1 000 millones de euros. 
También por este motivo, en la primera versión de la Comisión propuse que se mantuviera el umbral cuantitativo de 1 000 millones de euros. 
De nuevo, lo peor que podría ocurrir es que el Fondo fuese tan inflexible, al estar condicionado por toda clase de criterios, que una vez creado, jamás se llegara a recurrir a él, aunque hubiese poblaciones afectadas por las catástrofes. 
El Consejo se muestra muy cauteloso con respecto a los criterios cualitativos. 
Quisiera aclarar aquí que ni la Comisión ni, creo, el Parlamento, desean que el reglamento quede desvirtuado por el recurso sistemático a dicho criterio cualitativo. 
La Comisión se propone ser sumamente rigurosa, y lo será, en cuanto al empleo de esta solución particular. 
Sencillamente queremos garantizar que las víctimas de una catástrofe excepcionalmente grave para una sola región puedan acogerse a las ayudas del Fondo. 
En efecto, en Europa hay regiones que están expuestas a mayores riesgos que otras, como las islas y las regiones aisladas o apartadas, y que debemos proteger, tal y como establece, de hecho, el Tratado en un artículo específico que la Sra. Sudre, aquí presente, conoce bien: el artículo 299 relativo a las regiones ultraperiféricas. 
Por ello, creo que, junto con estos criterios cuantitativos, debemos disponer de un mecanismo- que la Comisión justamente ha aportado- para ayudar, ante todo, a dichas regiones. 
En resumen, señora Presidenta, gracias a su ayuda y con la colaboración, sobre esta base, de los ponentes, espero que podamos alcanzar, a la mayor brevedad posible, un acuerdo sobre esta propuesta de reglamento y sobre la modificación del acuerdo interinstitucional. 
Porque detrás de los problemas, los reglamentos, los umbrales y las normas, hay poblaciones? no debemos olvidarlo: yo las he conocido y me ha afectado mucho la situación en la que se encontraban? , poblaciones dañadas, damnificadas, que siguen esperando, y como bien sabemos, además de heridos, ha habido también muertos. 
Estas poblaciones esperan ahora que Europa, junto con las autoridades nacionales y regionales, les ayude a restablecer urgentemente las condiciones básicas necesarias para poder reemprender sus quehaceres cotidianos. 
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, las inundaciones que asolaron Europa central en agosto alcanzaron proporciones alarmantes. 
Se cobraron numerosas vidas y causaron enormes daños. 
Regiones y ciudades enteras quedaron devastadas, y zonas rurales y monumentos que forman parte del patrimonio cultural sufrieron graves daños. 
El alcance de la destrucción suscitó una gran oleada de simpatía por toda Europa, y muy pronto se hizo patente el deseo de poder proporcionar, también en el ámbito de la UE, una ayuda a los países afectados para contribuir a resolver los incontables problemas a los que se enfrentan. 
Señor Comisario, las poblaciones locales recuerdan con gratitud que, sólo unos días después de ocurrir la catástrofe, usted y el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, visitaron las regiones afectadas para constatar con sus propios ojos la magnitud de los daños. 
No obstante, además de agradecidas, también estaban esperanzadas. 
Su visita despertó sus esperanzas de que la UE interviniera en casos como éste. 
Hasta ahora no han existido instrumentos adecuados, a escala comunitaria, para este fin, pues como es sabido, el fondo de ayuda de la UE que antaño existía se suspendió en 1998. 
En mi calidad de ponente, considero que la creación de este nuevo instrumento de solidaridad representa un complemento importante de los Fondos Estructurales. 
Dota a la UE de un instrumento flexible con el que reducir los trámites burocráticos y que nos permitirá aportar una ayuda rápida sobre el terreno, cuando se produzca una catástrofe. 
El objetivo del Fondo- que se centrará en la ayuda financiera inmediata- es ayudar a las poblaciones, a las regiones y a los países a volver a la normalidad lo más pronto posible. 
Por consiguiente, se limitará a cubrir las necesidades más urgentes. 
La reconstrucción a largo plazo de las infraestructuras y la actividad empresarial deberá dejarse a otros instrumentos, y estas ayudas de la UE completarán, pero no sustituirán, los esfuerzos de los países afectados. 
Los 1 000 millones de euros asignados al Fondo serán «flotantes» , es decir, que no se asignarán a una partida presupuestaria específica, sino que sólo se movilizarán cuando ocurra una catástrofe. 
El Comisario ha formulado la pregunta acertada: ¿para qué clase de catástrofes se podrá emplear este Fondo? 
La definición de catástrofe grave como cualquier catástrofe que ocasione daños por un total estimado superior a 1 000 millones de euros o más del 0,5 % del PIB debería garantizar que el recurso al Fondo se limite a daños muy excepcionales. 
Por ello, nuestra comisión aprobó por mayoría una definición que se refiere a «catástrofes graves». 
Nos hemos abstenido deliberadamente de incluir cualquier referencia a catástrofes naturales, medioambientales o tecnológicas. 
A fin de cuentas, ¿qué le diríamos a la población afectada si la Unión Europea sufriese una catástrofe como la del 11 de septiembre en Nueva York, de una magnitud tal, que se cobrase un número similar de muertos? 
Ante semejante situación, no podríamos decirles: «Lo sentimos, pero la UE no puede ayudarles, porque no se trata de una catástrofe natural». 
Deberíamos mantener el término catástrofes graves, además del plazo de tres meses para la presentación de solicitudes de ayuda del Fondo, puesto que esto concuerda con los principios de urgencia y ayuda rápida inmediata en los que se basa el Fondo. 
En cuanto a la disponibilidad de los recursos financieros concedidos, en mi calidad de ponente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, que es la comisión competente, solicito que se establezca un plazo de dos años para que el Fondo pueda aportar ayuda para la reconstrucción inmediata de infraestructuras fundamentales, como las de energía, suministro y tratamiento del agua, comunicaciones, transportes, sanidad y educación. 
Los fondos también se deberían emplear para proporcionar servicios auxiliares, así como para salvaguardar las infraestructuras de seguridad, adoptar medidas inmediatas de protección del patrimonio cultural y limpiar las ciudades, los espacios naturales y los edificios dañados, además de realizar reparaciones de urgencia de diques. 
La comisión competente apoya la cláusula que estipula que el 25% del importe anual de 1 000 millones de euros asignado al Fondo debe estar disponible hasta el 1 de octubre de cada año, con el fin de responder a las catástrofes que puedan ocurrir a finales del año civil. 
A pesar de que el procedimiento parlamentario de elaboración y debate del presente informe no está exento de problemas, dado lo apretado del calendario, creo que el procedimiento acelerado que se ha adoptado en este caso, debido a su especial urgencia, con la finalidad de desembolsar los 1 000 millones de euros en noviembre, si es posible, resulta admisible en este caso excepcional. 
Pienso que deberíamos seguir avanzando con la mayor rapidez posible. 
Las personas afectadas están esperando la ayuda de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, la tarea encomendada a los miembros de la Comisión de Presupuestos ha sido enorme, y yo me alegro de que un aspecto haya quedado hasta ahora bien claro en esta cuestión, algo que además agradezco. 
Como es bien sabido, por un lado, se trataba de llevar a cabo con gran rapidez una serie de tareas muy diversas, porque la población en verdad está esperando recibir ayuda, después de haber sufrido una experiencia casi inimaginable. 
Por otro lado, era necesario avanzar despacio por tres ámbitos muy complejos si queríamos estar en condiciones de poder responder a las presiones futuras. 
Ante todo, es necesario crear una base jurídica; ahora presentamos una. 
Hoy ya hemos mantenido negociaciones al respecto y la hemos debatido en un ambiente cordial. 
Creo que podremos llegar a un acuerdo. 
La Comisión de Presupuestos otorgaba una importancia de primer orden a la necesidad de concretarlo todo en un acuerdo interinstitucional. 
Además de dar a entender a la población que ahora podremos prestar ayuda con toda celeridad, tenemos que procurar que, al mismo tiempo, el resultado sea lo suficientemente consistente como para que resulte duradero, encaje en el marco general, resista la prueba del paso del tiempo y garantice que otras poblaciones que se vean afectadas más adelante sepan que podrán contar con alguna ayuda. 
Lo que no debemos hacer es crear ilusiones y, más adelante, vernos obligados a decir que no existe base alguna capaz de servir de apoyo para lo que deseamos llevar a cabo. 
Por ello, hemos insistido en tres aspectos: la base jurídica se debe decidir lo más pronto posible y, con este fin, hemos mantenido una colaboración muy constructiva con la Comisión de Política Regional, a la que agradezco que haya hecho suyas la mayoría de nuestras enmiendas. 
El acuerdo interinstitucional se puede considerar ahora prácticamente cerrado, pero subsiste tan solo un pequeño problema. 
La Comisión ha de proponer, lo más pronto posible, un presupuesto suplementario y rectificativo en el que el dinero- los 1 000 millones de euros de los que estamos hablando- se ponga efectivamente a disposición, con la mayor rapidez posible, e invitamos a los Estados miembros a que presenten las cifras con toda presteza para que podamos avanzar en este aspecto. 
En nuestra calidad de autoridad presupuestaria, hemos acordado que, en el futuro, deseamos mantener como mínimo la oferta de estos 1 000 millones de euros. 
Vamos a empezar a trabajar lo más pronto posible con todas las demás partes, pero debe quedar claro que procederemos con la máxima meticulosidad. 
Mi optimismo actual se basa en mi anterior experiencia, en esta Asamblea, de cooperación entre las comisiones y también entre las instituciones- el Parlamento, el Consejo y la Comisión -, por encima de todas las fronteras nacionales y sin distinciones de adscripción política. 
Creo que los ciudadanos europeos podrán apreciar que se ha mantenido una auténtica cooperación, pensando en las personas. 
Nosotros, de quienes en otros casos se espera que nos preocupemos casi exclusivamente del dinero, dentro de nuestro cometido presupuestario, sabemos ahora cuán valioso es el aspecto humano. 
Es necesario ahora ofrecer ayuda inmediata lo más pronto posible en Alemania, en Austria, en la República Checa y, en el futuro, también en regiones que antaño, a veces, pensaron por desgracia que no podíamos responder de manera adecuada a sus necesidades. 
Señora Presidenta, mi primera intervención en esta Cámara, en 1994, giró en torno a las graves inundaciones que habían causado enormes daños en Atenas en aquel momento y, desde entonces, he hablado en numerosas ocasiones sobre catástrofes naturales. 
En numerosas ocasiones, he solicitado, junto con otros colegas, que la Unión Europea actúe directamente sobre el terreno cuando una catástrofe grave golpee a los Estados miembros de la Unión Europea. 
Durante el procedimiento presupuestario del año pasado, presenté una enmienda a favor de que la Unión adoptase medidas de ayuda in situ en caso de catástrofes, pero ésta no obtuvo la mayoría requerida en el Parlamento Europeo. 
El hecho de que ahora esté muy avanzado el proceso de aprobación de un Fondo de Solidaridad para los casos de catástrofes es, evidentemente, una excelente noticia; sólo habría preferido que no hubiésemos esperado a que ocurriera la terrible catástrofe, la tragedia humana de Europa central de este verano, pero, aun así, la Comisión Europea y el Sr. Barnier personalmente merecen nuestra felicitación, ya que por fin nos disponemos a aprobar el Fondo de Solidaridad para los casos de catástrofes naturales, y también debemos felicitar, por supuesto, a nuestro ponente, el Sr. Berend, por su informe, por su gran esfuerzo y por las enmiendas que ha propuesto, que constituyen un paso en la dirección adecuada y que fueron aprobadas casi en su totalidad por la Comisión de Política Regional. 
Sólo quisiera decir, en apoyo de las palabras del Sr. Barnier y del Sr. Berend, que es acertado, en primer lugar, que se elabore una definición amplia de catástrofe y, en segundo lugar, que la Comisión Europea y el Parlamento hayan fijado el límite correcto para la inclusión de las catástrofes en el ámbito de aplicación de este reglamento. 
Confío sinceramente en que el Consejo no se muestre tan cicatero como parece estar mostrándose, en relación con este asunto, y que sea tan generoso como debería ser. 
El límite propuesto por la Comisión, y que el Parlamento apoya, es el correcto, ni demasiado bajo ni demasiado alto, y creo que el mensaje que deben enviar las tres instituciones ha de ser un mensaje de solidaridad, un mensaje de que la Unión Europea actuará ante el sufrimiento humano. 
Espero que el Consejo haga suyo este mensaje; en cuanto al Parlamento, creo que con el informe del Sr. Berend estamos siguiendo la dirección adecuada. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la solidaridad europea está al alcance de nuestra mano. 
Ahora y en el futuro, se podrá prestar ayuda inmediata cuando se produzca una catástrofe. 
En mi calidad de eurodiputado por Sajonia-Anhalt, observo con gratitud la rapidez y unanimidad con que están actuando la Comisión y el Parlamento. 
Asimismo, he podido constatar, entre las víctimas de las inundaciones de mi región, que el ideal europeo difícilmente se podría comunicar de manera más clara que a través de la ayuda. 
Tal vez sea un buen augurio que estemos debatiendo sobre esta solidaridad en esta fecha histórica en la que la ampliación de la Comunidad ha adoptado una forma definitiva, pues el Fondo de Solidaridad ya está abierto a los países candidatos y ya les estamos haciendo llegar nuestra solidaridad. 
La preocupación de mi Grupo es conservar, en la medida de lo posible, la precisión de la excelente propuesta de reglamento del Comisario Barnier. 
El Fondo de Solidaridad es un instrumento de ayuda que permite aportar una ayuda inmediata y cuyo cometido debe quedar claramente diferenciado del de los Fondos Estructurales. 
Quisiera destacar dos enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, siguiendo al Sr. Berend, quiero destacar la ampliación de la definición de catástrofe, algo que nosotros deseábamos y que nos permitirá responder de manera flexible ante futuras catástrofes que, de lo contrario, hubiese resultado difícil incluir dentro de la propuesta de la Comisión, como por ejemplo, la sequía o la lluvia radiactiva, como resultado de actos terroristas. 
En segundo lugar, me gustaría referirme a la ampliación a tres meses del período para la presentación de solicitudes al Fondo. 
Esto concede un adecuado margen de respuesta a los países candidatos, que de momento cuentan con menos medios administrativos, y hace justicia a una situación en la que importantes partes de la administración hayan quedado también destruidas. 
Aunque no sea relevante para el Fondo de Solidaridad, nuestro debate de hoy también debería aludir a la petición de que se cree un cuerpo europeo de protección civil. 
La catástrofe de las inundaciones ha demostrado que, a pesar de los esfuerzos realizados, hubo deficiencias significativas en la dirección de las operaciones, en el material, en la logística y en las comunicaciones y, en cualquier caso, en lo referente a la dimensión transfronteriza. 
Es necesario remediar este hecho. 
La Comisión debería empezar por fomentar o apoyar ejercicios conjuntos de los cuerpos de bomberos, los organismos de asistencia técnica, los servicios de rescate, etc., en las zonas fronterizas. 
Esto podría dar lugar, a medio plazo, a la creación de una red de ayuda unitaria, desde el punto de vista logístico, o incluso a un cuerpo civil de solidaridad, que se pudiera desplegar en la práctica en caso de catástrofes ocurridas fuera de la Comunidad, como por ejemplo después de un terremoto como el que ha asolado recientemente Turquía. 
Deberíamos trabajar con esta perspectiva y sin esperar hasta la próxima catástrofe. 
Quiero expresar mi agradecimiento al ponente- a quien no debo olvidar- por su excelente cooperación. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, muchas gracias y permítanme que exprese, en nombre de mi Grupo, nuestro agradecimiento al Sr. Berend, que ha elaborado con rapidez este excelente informe en unas circunstancias excepcionales. 
Todos debemos estar de acuerdo, sin duda, en cuanto a la necesidad de un instrumento flexible que permita actuar con celeridad para reparar los daños causados por catástrofes graves. 
No obstante, la creación de un Fondo de Solidaridad es un asunto tan importante, que se debería haber dedicado más tiempo a debatirlo. 
Durante el debate en comisión y con posterioridad a él, salieron a la luz muchos factores que no habíamos tenido tiempo de considerar debidamente. 
Nuestro Grupo está a favor de que se cree el Fondo. 
El umbral para el recurso a la ayuda se debe mantener alto. 
El Fondo se debe concentrar en los costes inmediatos durante la fase inicial de las catástrofes naturales graves. 
La reconstrucción en sí no forma parte de las atribuciones del Fondo. 
Los factores de riesgo se deberán afrontar mediante seguros y medidas preventivas, siempre que sea posible. 
Asimismo es importante que el Fondo no se convierta en una nueva variante de los Fondos Estructurales, a la que se pueda recurrir anualmente. 
Sólo se debe recurrir a él cuando se produzca una catástrofe grave de carácter excepcional, cuando sea verdaderamente necesaria una ayuda. 
Después del debate en comisión se plantearon un par de interrogantes. 
Quisiera preguntarle al señor Comisario qué postura se va a adoptar en el caso de catástrofes graves ocurridas en países terceros y que afecten a ciudadanos de los Estados miembros y de los países candidatos. 
En segundo lugar, ¿cuál será el montante máximo de la ayuda como porcentaje del coste de los daños? 
Señora Presidenta, señor Comisario, quisiera empezar mi intervención sobre la propuesta de la Comisión con unas palabras de felicitación al señor Comisario Barnier y a sus colegas, por la gran rapidez con que han presentado la propuesta de reglamento por el que se crea el Fondo de Solidaridad. 
Con ello, la Comisión ha puesto en verdad todo de su parte para responder a las expectativas de ayuda rápida de los ciudadanos de las zonas de la Unión Europea afectadas por la catástrofe. 
Al mismo tiempo, quiero apoyar, por supuesto, el hecho de que el debate en el Parlamento se haya planteado como un asunto urgente, y espero que el Consejo mantenga su proyecto de establecer un diálogo directo para examinar las enmiendas del Parlamento a la propuesta de la Comisión. 
Esto permitiría empezar a asignar las reservas del Fondo, con efecto a partir del 1 de noviembre, tras su aprobación en el Consejo General del 21 de octubre. 
Creo que representa prácticamente un récord mundial que las tres instituciones europeas hayan conseguido completar un proyecto, desde su concepción hasta su realización, en tan breve espacio de tiempo. 
Es una gesta inequívoca y tangiblemente simbólica de la solidaridad europea. 
Mi Grupo apoya la ampliación de la aplicabilidad de los recursos del Fondo a las catástrofes graves, conforme a la enmienda propuesta por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y por consiguiente se opone a la preferencia del Consejo de que se centre en las catástrofes naturales. 
De la misma manera, como ya han señalado mis colegas, también estamos a favor, como Grupo, de que dichos recursos se apliquen a daños superiores a 1 000 millones de euros o al 0,5 % del PIB, del desembolso inmediato de un 50%, del plazo de tres meses para la presentación de solicitudes y de la posibilidad de contemplar excepciones para las regiones que se hayan visto afectadas de manera particularmente grave. 
Quiero manifestar, no obstante, que lamento que, dado que el Fondo tendrá una dotación que podríamos llamar virtual, no sea posible transferir los recursos no utilizados durante un año al año siguiente y, por lo tanto, acumularlos. 
Esto nos habría permitido disponer de un instrumento más flexible para prestar la máxima ayuda posible a las empresas, a las instituciones y a los ciudadanos afectados incluso por graves catástrofes. 
Señora Presidenta, Comisario Barnier, Señorías, hace casi dos años, en diciembre de 2000, expuse en el Hemiciclo de Estrasburgo mi propuesta y la de un pequeño número de diputados a favor de que se restableciera justamente una línea presupuestaria destinada a la ayuda financiera de urgencia a las poblaciones de la Unión Europea víctimas de catástrofes naturales. 
Esta línea presupuestaria existió hasta 1997, cuando se suprimió del presupuesto comunitario como resultado de una interpretación equivocada, a mi parecer, del principio de subsidiariedad. 
Hace dos años, me topé con la obstinada oposición de diputados que se escudaban en la ausencia de una base jurídica y me negaron su apoyo, a pesar de que les hice notar que las auténticas catástrofes naturales afectan, en última instancia, a las políticas medioambientales, agrarias, de infraestructuras, económicas y sociales, además de a otras políticas de ámbito comunitario. 
Finalmente, hace dos años, intenté hacer comprender por lo menos a la Asamblea la importancia psicológica de que los ciudadanos europeos tuvieran derecho a recibir ayuda financiera directa de la Unión, aunque ésta fuese sólo simbólica, en momentos sumamente delicados, como aquellos en los que las personas lo han perdido todo y, en muchos casos, se ven obligadas a reconstruir su vida entera. 
Un ejemplo personal de ello fue el terremoto ocurrido en Italia hace algunos años. 
Dos años atrás, mis argumentos y mis esfuerzos políticos fueron, a todas luces, insuficientes para convencer a la Asamblea. 
Las trágicas catástrofes que afectaron a varios Estados miembros y a países candidatos modificaron repentinamente nuestra concepción del principio de subsidiariedad. Una astuta iniciativa política- y quiero expresarle mi particular agradecimiento, señor Comisario Barnier- hizo realidad lo imposible y, como resultado, no sólo se ha creado una base jurídica, en el espacio de pocos meses, sino que además se ha suscrito un nuevo acuerdo interinstitucional que hace posible el desembolso inmediato garantizado de dichos fondos. 
Esto sólo puede ser motivo de alegría: que quede claro. 
Al releer las cartas y los discursos que escribí durante el procedimiento presupuestario de 2001, me preguntaba si no estaría sufriendo la maldición de Casandra, al constatar con cuánta frecuencia se hicieron luego realidad los temores que había expresado. 
Desde luego, me congratulo de que la Unión haya decidido asumir, por fin, lo que considero que es una de sus responsabilidades. 
Me complace que hayamos demostrado ser capaces de actuar con rapidez, puntualidad y precisión. 
Debo reconocer que también me alegro de que por fin se haya establecido un buen precedente, que evitará que en adelante intentemos escudarnos en la ausencia de una base jurídica o en otros argumentos por el estilo, como excusa para no hacer lo que no queramos hacer. 
No obstante, también estoy molesto porque, una vez más, todo ha tenido que pasar por el Consejo y no ha sido fruto de una iniciativa nuestra, a pesar de que el Parlamento, cuando quiere, puede y consigue hacerse oír. 
Es capaz de actuar en pie de igualdad con el Consejo, o por lo menos? no desbarro, conozco demasiado bien los Tratados? puede intentarlo. 
Esto es lo que hemos de hacer y debemos ser constantes en nuestro empeño. 
En cualquier caso, quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión y al Consejo por todo lo que han hecho. 
Señor Presidente, en principio, estamos a favor de la creación del Fondo de Solidaridad. 
Sin embargo, la propuesta enmendada, tal como ahora se presenta, conducirá con el tiempo a una situación financiera insostenible, en el marco de los presentes acuerdos presupuestarios. 
El término catástrofe grave apenas se ha definido, y se incluyen generosas excepciones para los casos en que el daño no supere el umbral. 
La manera en que se está organizando el Fondo revela, a mi parecer, una total falta de sentido de la responsabilidad. 
Aunque esto pueda generar un sentimiento de simpatía hacia la UE entre los ciudadanos afectados, a la larga éstos acabarán pagando de su bolsillo la ayuda de urgencia. 
Es preciso racionalizar el Fondo, con objeto de evitar este tipo de callejones sin salida. 
Esto implica limitarlo a las catástrofes naturales y adecuar los umbrales y las situaciones de excepción a su carácter complementario. La intención es penalizar las negligencias, fomentar las medidas preventivas, optimizar el uso de los programas internacionales existentes de indemnización por daños y garantizar la eficacia del Fondo. 
Yo fui el único que sostuvo esta opinión en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
En consecuencia, preveo que habrá graves problemas cuando se efectúe el balance financiero dentro de algunos años. 
Dudo que entonces quede solidaridad alguna entre los Estados. 
A quienes compartan mis dudas, les recomiendo encarecidamente nuestras enmiendas. 
En caso contrario, deposito mis esperanzas en el buen criterio del Consejo. 
Permítanme que añada que me ha sorprendido favorablemente la acústica de esta Cámara. 
Probablemente se deba al equipo adicional que se ha instalado. Puedo asegurarles que funciona extraordinariamente bien. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la Unión Europea es una comunidad basada en la paz y, por lo tanto, también en la solidaridad. 
No nos limitamos a hablar en estos términos, sino que además nos comportamos con solidaridad y hemos fijado unas fechas concretas. 
Permítanme que les recuerde que, en su primera sesión de septiembre, el Parlamento aprobó casi por unanimidad una resolución de 19 puntos sobre las inundaciones ocurridas en Austria, Alemania, la República Checa y Eslovaquia, que en nuestra segunda sesión votamos las partidas presupuestarias y que ahora, en nuestro tercer período parcial de sesiones, el mini-Pleno va a crear la base jurídica necesaria. 
Estamos apoyando a las víctimas, actuando de manera ágil, no burocrática, y consecuente, y por ello también hemos optado por el procedimiento acelerado, que se reserva para los asuntos de urgencia. 
Estamos cumpliendo nuestra promesa, y permítanme que les recuerde además que hemos duplicado la propuesta del Consejo y de la Comisión, que propugnaba la asignación de 500 millones de euros al Fondo. 
Asimismo pedimos al Consejo que no modifique nuestra definición de catástrofe grave- daños por más de 1 000 millones de euros, en cualquier país, o superiores al 5% de su PIB -, ya que cualquier cambio rompería la coherencia de nuestra postura. 
Instamos al Consejo a que haga suya la propuesta de la Comisión y del Parlamento, y le dé forma de resolución. 
Podemos y debemos decirles a las víctimas que, si el Consejo la aprueba el 21 de octubre de 2002, velaremos por que el dinero pueda llegar a las regiones afectadas a partir del 1 de noviembre. 
Agnes Schierhuber y yo procedemos de una región afectada de la Baja Austria y representamos a muchas personas que saben cuán grandes fueron los daños causados y cuántas esperanzas ha suscitado la política de acción rápida y de concreción de unas fechas. 
Nos sentimos satisfechos y también bastante orgullosos de poder demostrar con este ejemplo que no nos limitamos a hablar y hacer promesas, sino que además somos capaces de fijar unas fechas y de actuar con rapidez. 
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, me congratulo por la rapidez con que la Comisión ha presentado las propuestas para la creación de un Fondo de Solidaridad y por la presteza con que ha sabido darles respuesta nuestra institución. 
Con ello, estamos demostrando que la Unión Europea reacciona y da respuesta a las preocupaciones de sus ciudadanos. 
Asimismo acojo con satisfacción que las recomendaciones que se dispone a formular el Parlamento Europeo hagan hincapié en un aspecto importante, a saber, que se trata de un fondo de urgencia que tiene como objetivo aportar ayuda de primera necesidad a las personas afectadas. 
Los mecanismos que se establezcan para la concesión de los créditos, así como los plazos estipulados deben tomar necesariamente en consideración este punto específico. 
Los fondos europeos deben llegar rápidamente al lugar de los hechos para asistir a las víctimas en el momento en que más lo necesitan. 
Dado que la finalidad del Fondo es demostrar, de manera práctica, la solidaridad de los ciudadanos europeos con las víctimas de catástrofes, muchos diputados, entre los que me incluyo, desearíamos que los umbrales de intervención fuesen más generosos y tuviesen en cuenta las características regionales. 
Ahora le corresponde al Consejo abordar esta cuestión. 
No obstante, creo que si el Parlamento insiste en que se tomen en consideración criterios cualitativos flexibles para hacer uso de los fondos, su petición debe escucharse. 
Cabe la posibilidad de que una catástrofe que destruya regiones pobres de la Unión, las regiones ultraperiféricas, por ejemplo, o que arrase por completo un territorio, como ha ocurrido recientemente en el sur de Francia, no se pueda beneficiar de la solidaridad europea por razones meramente contables. 
Debo manifestar, a título personal, que me parece esencial que las catástrofes naturales se consideren por separado y se les otorgue un carácter prioritario, puesto que, en este caso, es imposible identificar a los responsables y reclamar, por lo tanto, el cobro del seguro. 
En estos casos es cuando más necesarios son los fondos europeos. 
Como último punto, quisiera reiterar, muy brevemente, que las reparaciones deben ir acompañadas de la aplicación de una auténtica política de prevención, así como de la creación de un cuerpo europeo de protección civil, que permita ofrecer asistencia rápida a los ciudadanos europeos más afectados. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar la enhorabuena al Comisario por la rapidez en presentar una propuesta a esta Cámara, al ponente, por el trabajo importante y serio que ha realizado, que nos permite discutirla hoy y aprobarla mañana, a las Comisiones de Presupuestos y de Política Regional, porque han hecho un trabajo que va a pasar a los anales de este Parlamento. 
Quisiera destacar, Señor Presidente, cuatro criterios y mencionar, en último lugar, un error material que se ha deslizado en lo que se va a votar mañana. 
En primer lugar, quisiera destacar positivamente la adopción del criterio cualitativo, por parte de la Comisión, y por tanto, por parte de la Cámara, y que sea así reconocido en la Comisión y en el Consejo. 
En segundo lugar, me hubiera gustado que hubiera quedado mucho más clara la definición de "sequía" entre las catástrofes que deben incorporarse, pese a que tanto la Comisión como varios de los oradores han señalado que queda cubierta por la definición de catástrofes. 
No obstante y dada la experiencia, prefiero que las definiciones sean mucho más concretas y mucho más claras. 
En tercer lugar, creo que es positivo que se mencione y se deje claro que son los Estados los interlocutores de la Comisión en el Fondo del que estamos hablando, a fin de agilizar y dar una solución rápida y eficaz. 
En cuarto lugar, dado que provengo de las Islas Baleares, quiero también agradecer que se haya aprobado la enmienda por la que quedan claramente incorporadas las islas y las regiones ultraperiféricas en el concepto; volvemos con ello al tema que mencionaba antes al hablar de la sequía: es necesario que queden bien definidas las situaciones, para que no haya dudas cuando surjan este tipo de situaciones dramáticas que exigen una respuesta inmediata. 
Y, por último, permítame Señor Presidente que solicite que los servicios de la Cámara revisen el apartado 3 del artículo 3, en la enmienda 13. 
Presenté una enmienda en la que se solicitaba que en el último apartado se incluyeran las zonas urbanas. 
Entiendo que esta enmienda se aprobó en la Comisión de Política Regional; de hecho, en la justificación de lo que se propone a su votación mañana queda perfectamente claro que se habla de que, en la enmienda que se aprueba, se incluya la limpieza de las ciudades. 
Sin embargo, no se ha recogido lo que se votó en la Comisión de Política Regional, a pesar de lo que figura en la justificación. 
Supongo que ha sido una omisión y agradecería que quedara subsanada antes de la votación de mañana. 
Entendemos que la incorporación de las zonas urbanas es importantísima en cuanto a su cuantificación y a su reparación, y en cuanto a la concentración de seres humanos en ellas, y por lo tanto, se necesita una acción inmediata. 
La votación en el seno de la Comisión de Política Regional fue realmente importante. 
Hemos tomado nota de ese asunto e intentaremos corregirlo para mañana por la mañana. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, inicio mi intervención en el debate de esta tarde sobre la creación de un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea con sentimientos encontrados de pesar y de satisfacción. 
Me pesa que no se nos escuchase a raíz de las desastrosas tormentas de diciembre de 1999, cuyos efectos todavía se siguen haciendo sentir en muchas regiones de Francia y de Europa. 
Siento satisfacción, atemperada naturalmente por los trágicos acontecimientos ocurridos en Alemania y en Europa central, por el hecho de que la Unión Europea haya reconocido, por fin, que debe estar presente al lado de nuestros conciudadanos en los momentos de dificultad y en las tragedias físicas y materiales que les afectan. 
Quisiera felicitar, en particular, al Comisario Barnier y a su departamento, además de al Sr. Berend, por la excepcional capacidad de reacción que han demostrado al elaborar la presente propuesta. 
Creo que el informe honra, a la vez, a la Comisión y al Parlamento, y también al conjunto de la Unión Europea, tanto por la rapidez con que se ha elaborado, como por su enfoque equilibrado, por su reconocimiento del carácter excepcional de las catástrofes y por el papel destacado que concede a la urgencia, a la flexibilidad y a la adaptabilidad. 
No obstante, las catástrofes pueden ser trágicas o percibirse como tales, independientemente de su magnitud, y creo que esta tarde, puesto que por fin vamos a establecer un mecanismo al que poder acudir cuando ocurran sucesos graves, tenemos también que contemplar nuestra presencia cuando se produzcan desgracias, tragedias o catástrofes naturales de menor alcance. 
Ninguna muerte se puede calificar como más o menos importante que cualquier otra, al igual que ninguna ruina se puede considerar más significativa o insignificante. 
Por ello, solicito una vez más- y quisiera agradecerle al Comisario Barnier que haya mencionado el tema- la creación de un cuerpo europeo de protección civil. No sería necesario crearlo a partir de cero y nos permitiría destacar y enviar a las regiones en dificultades cuerpos de salvamento civil con los colores de la Unión, como muestra de nuestra solidaridad con los ciudadanos en los momentos de infortunio. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchos oradores ya han destacado el valor de la solidaridad- el Fondo se llama Fondo de Solidaridad- que está implícita y que constituye la piedra angular, el núcleo central, de la medida sobre la que vamos a votar. 
Estamos construyendo una Europa solidaria. 
No obstante, quisiera destacar otro valor que considero absolutamente fundamental en esta iniciativa- que todos hemos apoyado y contribuido a hacerla realidad con gran rapidez- y que es el beneficio político que puede reportar. 
Creo, señor Comisario, que ha habido muy pocas situaciones o acontecimientos en los que muchos, muchísimos de nuestros conciudadanos hayan podido percibir por primera vez que Europa está, en verdad, muy cerca de ellos, que es realmente un hermano mayor dispuesto a acudir rápidamente en su ayuda cuando están en dificultades. 
No debemos olvidar en ningún momento que, en algunos casos, la única experiencia de las instituciones europeas que han tenido muchos de nuestros conciudadanos ha sido en forma de un conjunto de normas y reglamentos, prohibiciones y directivas. 
Creo que mostrarles la cara amable de Europa, como estamos haciendo en este caso, particularmente en momentos como el actual- pronto se va a celebrar un referéndum importante, cuyos detalles conocemos todos -, puede reportar un beneficio político que no debemos desperdiciar. 
¿Cómo podemos evitar desperdiciarlo? 
Lo ha expuesto muy bien, señor Comisario, y yo coincido plenamente con usted. 
No podemos transformar este instrumento, diseñado para responder ante las emergencias, en un instrumento rígido, inadaptable o inflexible; en otras palabras: un instrumento que resulte ineficaz o que incluso corra el riesgo de no ser utilizado, justamente por haberlo vinculado a unas normas demasiado complejas. 
Debemos mantener una cierta flexibilidad en este aspecto, y ya veo que usted lo tiene muy claro, pero- y éste es el último punto sobre el que quisiera llamar su atención, aunque por desgracia no me está escuchando -? también creo que debemos considerarlo sólo como un primer paso. 
Señorías, ninguno de los presentes desea que se repitan sucesos como éstos, pero tenemos la responsabilidad de ser realistas. Pronto habrá 25 Estados miembros y resulta patente que el clima está cambiando. 
Mucho me temo que, estadísticamente, es realista esperar que estas tragedias se repitan. 
Por lo tanto, ante unos trágicos sucesos que me temo que se repetirán, me parece que 1 000 millones de euros no serán suficientes. 
Debemos procurar explorar otras posibilidades para el futuro, señor Comisario, en el marco del presupuesto de 2004, si es posible. Sólo voy a hacer una sugerencia y me gustaría conocer también su opinión. 
¿Por qué no destinamos una parte de los recursos sobrantes, una cantidad fija, al fondo? Al final de cada ejercicio presupuestario, queda siempre tanto dinero, que no sabemos cómo gastarlo. 
Le invito a que lo medite. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera también expresar mi satisfacción por la rápida creación de este fondo de ayuda de urgencia al que se podrá acudir en caso de catástrofe grave, pues las víctimas tienen derecho a esperar solidaridad y asistencia de la Unión Europea. 
No obstante, también lamento que esta declaración sólo se haga tras varios años de repetidas peticiones al Ejecutivo europeo para crear un instrumento de este tipo, cuya ausencia resultó particularmente notoria a raíz de las tormentas que azotaron Francia en diciembre de 1999. 
El Sr. Savary ya lo ha recordado antes. 
La impotencia y la inercia de la Comunidad en aquellas circunstancias fueron muy mal recibidas por la opinión pública, a pesar de los esfuerzos realizados para aproximar Europa a sus ciudadanos. 
Ahora, después de las catástrofes meteorológicas padecidas en Europa central y el sur de Francia, la perspectiva inminente de la constitución de un fondo de urgencia con una dotación anual de 1 000 millones de euros puede conferir, por fin, algo más de credibilidad a los conceptos de solidaridad europea y de un destino común. 
En este sentido, me parece indispensable felicitar, en particular, al señor Comisario Barnier, que logró elaborar una excelente propuesta de reglamento en un tiempo récord. 
El Fondo aportará ayuda de urgencia a cualquier zona afectada por una catástrofe grave, independientemente de su calificación con respecto a los Fondos Estructurales. 
Un criterio cualitativo adicional establece que, en circunstancias muy excepcionales, concretamente cuando la catástrofe afecte a una parte significativa de la población de la región o del Estado en cuestión, se podrá emplear la ayuda del Fondo. 
Ya sabía que podíamos contar con su apoyo, señor Comisario, para la inclusión en esta disposición del caso particular de las regiones ultraperiféricas, cuya situación geográfica y climática a menudo determina una meteorología dramáticamente adversa, con consecuencias devastadoras para su relativa prosperidad. 
El apartado 2 del artículo 299 del Tratado se debe poder aplicar también en las citadas circunstancias, que evidentemente deseo que tarden en repetirse. 
Señor Presidente, me congratulo por la rapidez y agilidad con que se ha dado respuesta a las demandas de los ciudadanos europeos en relación con la reciente y desafortunadísima catástrofe en Centroeuropa. 
También expreso mi gratitud y reconocimiento por el consenso que ha existido en la Comisión de Presupuestos al tratar este asunto. 
Todo ello demuestra que este tema merece calificarse como de gran importancia para el Parlamento que, como la única institución supranacional en el mundo elegida de forma directa por los ciudadanos, es capaz de ser sensible a las necesidades y demandas de los europeos. 
Se cubre así la asignatura pendiente de la Unión Europea para con quienes sufren y pueden llegar a sufrir una situación que literalmente les deje devastados social, económica y moralmente. 
Respecto al articulado del documento que debatimos hoy, en relación con el modo en el que se ha de efectuar el pago de la ayuda, tras la decisión de poner en marcha el instrumento de solidaridad, he de decir que se hace necesario hacer efectiva la ayuda de manera completa e inmediata, para así responder con responsabilidad y con coherencia al espíritu para el que se ha creado este Fondo, y que se recoge en la exposición de motivos. 
Con el texto que se somete a aprobación se da respuesta a las no queridas pero lamentablemente probables situaciones futuras que tanto los desajustes en el régimen climático como la propia naturaleza cambiante del planeta nos pueden plantear, bien sea con eventuales alteraciones drásticas tanto por exceso como por el propio defecto de los regímenes pluviométricos o de circulación atmosférica, por los movimientos tectónicos o el volcanismo, o por cualquier otra clase de cataclismo que en extremas dimensiones se pueda producir. 
Los ciudadanos europeos se están dando con este documento palabra de solidaridad entre ellos mismos. 
Desde aquí deseamos de corazón que, en el futuro, no tenga que ser usada esta ayuda extraordinaria, porque las medidas financieras no pueden suplir ni las vidas humanas ni tampoco pueden acabar con el dolor que los sentimientos de pérdida causan en el alma de las personas. 
Le felicito por el que, según tengo entendido, es su primer discurso en el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética de los edificios (8094/2/2002-C5-0268/2002-2001/0098 (COD) ) (A5-0297/2002) (Ponente: Sr. Vidal-Quadras Roca). 
. (ES) Señor Presidente, me complace anunciar en esta sesión plenaria que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía de este Parlamento ha alcanzado un acuerdo completo, en segunda lectura, sobre la posición común relativa a la Directiva sobre eficiencia energética en edificios. 
Esta importante pieza legislativa, señor Presidente, es una consecuencia directa del Libro Verde sobre seguridad de suministro, que la Comisión presentó en su día, y que generó un vivo debate a nivel europeo, sobre esta trascendental cuestión para nuestra competitividad y nuestro bienestar. 
Esta Directiva, que ahora verá felizmente la luz, representa un cambio cualitativo notable respecto a intentos anteriores de conseguir los mismos objetivos basados exclusivamente en la coordinación y la voluntariedad. 
Esta vez la Comisión, valientemente, establece un marco vinculante que, sin duda, redundará en homogeneizar las mejores prácticas en los quince Estados miembros. 
He de expresar también, señor Presidente, mi particular satisfacción, compartida por toda la Comisión de Industria, por la gran receptividad que ha mostrado el Consejo hacia todas las aportaciones del Parlamento: el principio de facturación individual, el trato diferenciado a edificios ya construidos y edificios nuevos, la definición clara de las exenciones, la especial atención a la vivienda social, la importancia creciente del enfriamiento pasivo en países meridionales, donde los sistemas de aire condicionado, de manera creciente, contribuyen a nuestro consumo energético, y por supuesto, el énfasis en los mecanismos de estímulo más que en las sanciones. 
Para evaluar la importancia de esta pieza legislativa hay que tener presente que en los edificios se consume el 40 % del gasto energético de la Unión, lo que en términos cuantitativos supone 100.000 millones de euros anuales; 2,5 % del total de nuestras importaciones y 0,5 % de nuestro Producto Interior Bruto. 
Por tanto, qué duda cabe que esta Directiva, a la que seguirán otras que la Comisión ha lanzado ya, va a representar un avance importantísimo, por una parte, del cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Unión, y por otro, en lo que se refiere a garantizar la seguridad del suministro. 
Sí ha habido un punto en el que el Consejo, por un lado, y el Parlamento y la Comisión, por otro, han debido limar alguna aspereza. 
Me refiero al período de implantación de esta trascendental Directiva. 
El Consejo pretendía, desde su óptica, -quizá con argumentos que no se pueden compartir, aunque quizá sí comprender- que una vez transcurridos los 36 meses de transposición a las legislaciones nacionales, existieran 4 años adicionales para que esta Directiva fuese plenamente operativa; con ello nos íbamos más allá del 2008; y el 2008 es un año emblemático porque en ese año empieza el período de verificación de los compromisos de Kioto. 
Por tanto, esto para el Parlamento no era aceptable: ni en términos de ahorro de energía ni en términos simbólicos. 
Y, por consiguiente, al final, como solemos hacer en las instituciones europeas, llegamos a un acuerdo de compromiso y este período adicional quedó fijado en 3 años. 
Por tanto, señor Presidente, creo que podemos estar muy satisfechos, felicitar a la Comisaria y a su equipo por esta gran aportación a la política energética de la Unión, a todos mis compañeros de la Comisión de Industria por el gran apoyo que he recibido, a la secretaría de la comisión por su excelente trabajo técnico y, como decía antes, hay que agradecer al Consejo su receptividad. 
En primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Vidal-Quadras y a los miembros de la Comisión de Industria por la gran ayuda que han prestado a lo largo de toda la discusión de esta propuesta. 
Es una iniciativa que surge efectivamente al hilo del debate del Libro Verde, y que, además, es una respuesta tanto a los deseos del Parlamento como a las conclusiones del Consejo, que requerían acciones para mejorar la eficiencia energética, concretamente en los edificios, con el objetivo de aprovechar el potencial de ahorro energético. 
Estamos hablando, como decía muy bien el Sr. Vidal-Quadras, de un 40% del consumo energético total en Europa, y según dicen nuestros análisis y estudios, existe un potencial de mejora de la eficiencia en torno al 22%; es decir, que estamos hablando, sobre el mix energético global, de una posibilidad de mejora cercana al 8%. 
En ese sentido, todos, Parlamento, Consejo, Comisión, consideramos ésta una de las propuestas clave, precisamente para intentar cumplir con nuestros compromisos internacionales, y concretamente, con los compromisos de Kioto respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Lo que persigue la propuesta de la Comisión es sencillamente la adopción, por parte de los Estados miembros, de una metodología común para el rendimiento energético de los edificios. 
En segundo lugar, el establecimiento de unos requisitos mínimos de rendimiento energético y su aplicación en los edificios nuevos, como norma general con algunas pequeñas excepciones, y en los edificios existentes de más de mil metros cuadrados, cuando éstos sean objeto de renovaciones importantes. 
Además, la certificación del rendimiento energético de edificios en el momento de su construcción, venta o alquiler, porque también hay un componente muy importante desde el punto de vista del derecho de los consumidores que alquilan un apartamento, una casa o un edificio, sin saber cuál va a ser al final el coste real del mantemiento energético del mismo. 
Por último, un elemento esencial, para complementar, que es la inspección periódica de las calderas y sistemas de aire acondicionado. 
Recordaremos que el Parlamento fijó su posición en primera lectura en febrero de 2002, y la gran mayoría de sus enmiendas han sido incluidas en la posición común. 
Estas modificaciones, sugeridas por el Parlamento, -insisto en ello -, han mejorado el texto original de la Comisión, sin cambiar su objetivo, y en algunos casos han añadido elementos nuevos, de importancia, como por ejemplo, la exigencia en materia de evaluación y de información. 
El problema fundamental entre el Consejo y el Parlamento, como ha dicho el Sr. Vidal-Quadras, era el del período transitorio hasta la aplicación obligatoria. 
Creo que el punto de encuentro que se ha alcanzado al final, tres años para la transposición a las legislaciones nacionales, más otros tres para hacer obligatoria su plena aplicación, es un compromiso razonable. 
La Comisión considera que las cinco enmiendas presentadas, de la 8 a la 12, son en general leales al espíritu de la propuesta originaria de la Comisión, ya que se ha alcanzado un equilibrio aceptable y factible en la definición de campos de trabajo, tipologías y umbrales de actuación fijados en la propuesta de la Comisión. 
Quiero resaltar una vez más mi agradecimiento al Parlamento, a la comisión y al ponente porque creo que hemos alcanzado un acuerdo, gracias precisamente a esa voluntad de llegar a un equilibrio entre las posiciones del Parlamento y las del Consejo, basadas en la propuesta de la Comisión. 
Espero que este nuevo texto pueda ser votado y aprobado por esta Cámara en su sesión plenaria de mañana, y que, por lo tanto, sea de aplicación en los Estados miembros lo antes posible. 
Se contribuirá así a una mejora de la eficiencia energética en la Unión Europea, de una manera efectiva, de cara a nuestros compromisos internacionales. 
Todos sabemos que hemos adquirido compromisos muy serios y que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que estos no sólo sean ambiciones declaradas sino hechos tangibles. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, yo también quisiera dar las gracias a nuestro ponente por su excelente trabajo, especialmente cuando se trata de un tema de esta envergadura y que supone llevar a cabo una acción real, ya que, por una vez, trabajaremos en el campo de la información al consumidor, en la formación y en las nuevas prioridades de producción. 
Creo que es fundamental facilitar información sobre el estado de la demanda de energía en la UE a la hora de tratar el consumo de energía en el sector de la vivienda y el sector terciario. Esto es aún más cierto cuando se cierne sobre nuestro futuro la amenaza del calentamiento global. 
Por supuesto, a este problema debemos añadir además el de nuestra dependencia de fuentes externas de suministro energético. 
Esta es una directiva que establece la metodología necesaria para calcular el rendimiento energético integrado de los edificios, unos requisitos mínimos de rendimiento energético para los edificios nuevos y los que se renueven y un sistema de certificación de rendimiento energético. Gracias a estos instrumentos, esta directiva mejorará la información al consumidor y animará a los propietarios a invertir en la mejora del rendimiento energético, lo cual conviene a sus propios intereses y al de los inquilinos. 
El sistema de notificación particular que deseamos poner en práctica nos capacitará no sólo para mantener informados a los ciudadanos sobre el rendimiento energético, sino también para otorgar un papel ejemplar a las autoridades públicas en este campo. 
Por lo tanto, se trata de un texto que constituye un salto cualitativo importante en relación con el programa SAVE, ya que es de naturaleza restrictiva y ello nos dará plena credibilidad con respecto a los retos de Kioto. 
Doy las gracias tanto a la Comisión como al Consejo, los cuales han abandonado afortunadamente el enfoque de medidas voluntarias a favor de un verdadero instrumento de legislación europea, el único que garantizará resultados y una aplicación uniforme. 
Nadie podría pensar que esta directiva impone obligaciones y una carga excesiva para el sector de la construcción. 
Por el contrario, nosotros mantenemos que esta es una oportunidad para la industria, para la investigación y para el consumidor, y representa además un verdadero empuje para la investigación en temas de materiales de aislamiento y en sistemas de calefacción y de aire acondicionado. 
A la larga, la industria europea contará con una competencia considerable en el campo del rendimiento energético de los edificios, lo cual mejorará su modernización y su competitividad. 
Al mismo tiempo, deberemos ser extremadamente cuidadosos para llevar a cabo una evaluación y garantizar un uso más orientado a la vivienda de los miembros menos aventajados de la sociedad. 
Quizás podamos esperar que los primeros modelos experimentales sean los edificios de la propia Unión Europea. 
Asimismo quisiera agradecerles la claridad y la transparencia del trabajo realizado con la Comisión, y sobre todo, la gran atención prestada por el Consejo. 
Por estas razones, señor Presidente, Comisaria, Señorías, les pido que voten a favor de este texto. 
También quiero dar las gracias al ponente por su excelente labor, especialmente por llegar a una conclusión útil y rápida en segunda lectura. 
Desde hace varios años perseguimos el objetivo de aumentar la eficiencia energética de los edificios, entre otras cosas con el programa sobre el cambio climático. 
Algunas medidas, como el aislamiento térmico de los edificios nuevos, ya están previstas en el mismo programa. 
Sin embargo, dichas medidas no eran vinculantes para los Estados miembros. 
En general, los programas comunitarios no han dado pie a la aplicación de normas de eficiencia energética en muchos Estados miembros, por lo tanto esta Directiva, aunque modesta, no es sino un paso adelante, un ladrillo más, si se quiere. 
El ponente tiene razón al señalar que en vistas del calendario de Kioto, debemos tener cuidado para no invalidar la Directiva con un largo periodo de transición, especialmente para la certificación en zonas determinadas. 
Le felicito otra vez por llegar a una conclusión tan útil. 
Por último, me gustaría sumarme a los que suplican que hagamos algo realista con respecto al ahorro de energía en los edificios del Parlamento y de la UE en general. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe (A5-0283/2002) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, relativo a la comunicación de la Comisión sobre blindaje de la legislación y de la gestión de los contratos contra el fraude (SEC (2001) 2029- C5-0158/2002- 2002/2066 (COS) ). 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, ya es un hecho- quizás muy bienvenido a esta hora del día- que pueda presentarles hoy un proyecto de informe que ha sido adoptado de forma unánime por la Comisión de Control Presupuestario. 
Me produce una enorme satisfacción que todos acojamos favorablemente y de forma expresa las ideas de la Comisión sobre la lucha contra el fraude de la legislación y de la gestión de contratos. 
Siempre resulta más barato evitar o prevenir el fraude que intentar subsanar los daños a posteriori y a un elevado coste. 
Me gustaría someter a discusión un par de cuestiones más que quisiera ver reforzadas. 
En primer lugar, no debe permitirse que la lucha contra el fraude prolongue indebidamente la preparación de la legislación europea, ni tampoco debe limitarse exclusivamente a los nuevos proyectos de ley. 
Al contrario, hay que comprobar que la legislación actual no tenga fallos. 
Creo que debe considerarse igualmente una cuestión que afecta a la credibilidad y que deberíamos, junto con este proyecto de ley de la Comisión, comenzar a evaluar las políticas de las que ya sabemos, Comisaria, que son una invitación al fraude; los ejemplos en los que estoy pensando incluyen las restituciones a la exportación en la agricultura. 
En segundo lugar, tenemos que mantenernos firmes con respecto al objetivo fundamental de la oficina antifraude, la OLAF, que debe combatir, evidentemente, el fraude y la corrupción y no hacer las cosas propuestas aquí. 
Sin embargo, estamos dispuestos, en el marco del programa de trabajo de 2003, a examinar si la OLAF tiene a su disposición los recursos humanos y económicos necesarios para llevar a cabo de forma eficaz las tareas que se le han encomendado. 
En este punto debemos discutir también si podemos ir transfiriendo un número cada vez mayor de tareas a esta oficina. 
Hemos asistido a una reducción de su presupuesto para el año que viene. 
El Parlamento está intentando poner un poco de orden en todas estas cuestiones, pero no se trata sólo del Presupuesto, sino simplemente del hecho de que sabemos que una de las razones del fracaso de la predecesora de la OLAF, la UCLAF, era que abarcaba muchas materias y que por lo tanto no llegaba a gestionar nada. 
La cuestión principal es, por lo tanto, centrarse en los temas esenciales. 
Nuestra opinión es que los contratos estándar y los acuerdos deberían redactarse y recopilarse de forma centralizada, y que esto haría más fácil localizar y controlar a las partes contratantes y las transacciones contractuales. 
Pensamos que debería incluirse una cláusula en los contratos y acuerdos para excluir de la adjudicación de contratos a los contratistas culpables de cualquier acto fraudulento. 
En este punto, debemos instar a la Comisión a que dé prioridad a una aplicación más coherente de las opciones que ya se encuentran disponibles. 
Es un desastre, por ejemplo, cuando EUROSTAT subraya repetidamente la imposibilidad de deshacerse de empresas de las que se ha demostrado que proporcionaron información falsa en una fase tan temprana como la licitación pública. 
¿A dónde nos lleva esto? 
Por supuesto, se trata de una cuestión de credibilidad. 
El combate contra el fraude es fundamentalmente una cuestión de credibilidad, y la credibilidad es algo que la Comisión tiene que demostrar en varias áreas. 
Quisiera reiterar que estamos muy satisfechos de lo que la Comisión ha presentado aquí. 
Lo que marcará realmente la diferencia es la forma en que se aplique. 
Lo que pesará, en última instancia, será el grado de seriedad y transparencia con que se eliminen los fallos de nuestra propia legislación. 
Me gustaría decir a la Comisaria sin temor a equivocarme que, en este tema, en el Parlamento nos situamos al lado de la Comisión, pero que necesitamos apertura y, llegado el momento, también transparencia, si lo que pretendemos es trabajar juntos para atajar estos problemas. 
Señor Presidente, señor Bösch, Señorías, quisiera comenzar mi intervención dándole las gracias al Sr. Bösch por el apoyo expresado en este informe y que además acaba de reiterar. 
La iniciativa de la Comisión no sólo constituye una parte importante del trabajo de reforma en su conjunto, sino que además tiene un papel que desempeñar en la estrategia global de la Comisión de proteger sus intereses económicos. 
Como ya ha subrayado, su objetivo es el de mejorar el blindaje contra el fraude de las políticas de la Comunidad y de las propuestas legislativas. 
La prevención del fraude no es nada nuevo. 
Era y es una cuestión de gran importancia, y debe ser exhaustiva, lo que significa que debe, por así decirlo, estar presente desde el comienzo y, por lo tanto, como ha señalado, en la iniciativa y en la propuesta; no es algo que deba introducirse posteriormente, o en la fase de aplicación. 
La prevención del fraude no es exclusivamente competencia de unos cuantos especialistas; esto es un hecho que nos ha llevado a afirmar que la cooperación interdepartamental debe darse en una fase previa, en lugar de dejarle todo el trabajo a la OLAF. 
La competencia de las Direcciones Generales debe combinarse con el conocimiento experto que la OLAF ha adquirido gracias a su experiencia práctica. 
Este tipo de combinación puede ser útil para desarrollar el blindaje contra el fraude, de tal forma que los proyectos legislativos se examinen para que sean «a prueba de fraude». 
Se trata de establecer un método de trabajo encaminado a combinar la competencia con los conocimientos sobre prevención, y hacerlo sin prolongar innecesariamente el proceso legislativo. 
Estoy completamente de acuerdo con el énfasis que ha puesto usted en ello. 
Otro aspecto importante es simplificar el proceso legislativo. 
Por supuesto, ello tiene la función preventiva de que el proceso legislativo no sea tan complicado como para que sea imposible su control. La simplificación, por otra parte, abre igualmente la puerta a los controles legales. 
El mecanismo de blindaje contra el fraude tiene por objeto contribuir a concebir la legislación de forma que sea clara y a prueba de fraude. 
Me gustaría extenderme sobre lo que ha mencionado usted en ese contexto; por una parte, nuevos proyectos de ley y por otra, la comprobación de las leyes que ya están en vigor. 
Eso, por supuesto, saca a colación la cuestión de los recursos humanos disponibles. 
Actualmente estamos empezando por los procesos legislativos actuales, que constituye por supuesto el primer paso. 
Una vez establecido el procedimiento, estaremos en condiciones de ver hasta qué punto podemos aplicarlo a la modificación de leyes, aspecto del que también nos ocupamos continuamente. 
La OLAF se encuentra en la fase de elaboración de criterios, designando a personas de contacto e instaurando este mecanismo. 
Sin embargo, permítanme apuntar que conseguir que la legislación se elabore a prueba de fraude no sólo atañe a la Comisión, sino que los legisladores están por supuesto obligados, por su parte, a considerar este principio como un criterio decisivo a la hora de enmarcar las leyes. 
Permítanme concluir con otra observación: incluso la mejor política de prevención sólo tendrá éxito si va acompañada de un marco creíble de disuasión, como de hecho señala el Sr. Bösch en su informe. 
No debe permitirse que las medidas de lucha contra el fraude limiten en ningún caso la firme intervención de la OLAF para que salgan a la luz el fraude y las irregularidades; estas medidas deben complementar el papel de dicha oficina. 
Quisiera añadir que la Comisión está volcada en conseguir mejoras en el campo del derecho penal. 
Acaba de tener lugar la audiencia sobre el Fiscal Europeo, y aprovecharé esta oportunidad para dar las gracias al Parlamento por el gran apoyo que ha prestado. 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra el fraude no sólo parece estar convirtiéndose en una tarea continua en la UE, sino que la Comisión está mostrando igualmente una gran imaginación en cuanto a las formas y los medios, y además está demostrando su capacidad para la fantasía con su comunicación sobre el blindaje de la legislación y de la gestión de los contratos contra el fraude, sin duda un título muy rimbombante. 
Aún queda por ver si el proyecto, cuando dé su fruto, contendrá también lo que se ha prometido. 
Creo que conviene ser escépticos en esta cuestión. 
Desde que tomó posesión, esta Comisión se ha distinguido por realizar promesas apaciguadoras, palabras que no se han visto seguidas de acciones. 
El anuncio de la Comisión de su consigna de «tolerancia cero al fraude y a las irregularidades» no ha evitado que las cifras de fraude oficialmente admitidas correspondientes al año 2000 hayan sido más altas que nunca y que incluso las de 2001 (con 1.250 millones de euros) se encuentren por encima de la media con respecto a años anteriores. 
La legislación y los contratos deben redactarse actualmente de tal forma que sean capaces de evitar el fraude. 
Es como si debieran llevar un sello con las palabras «comprobado y hallado a prueba de fraude». 
¿Hacían falta tantas alforjas para este viaje? 
¿Acaso no es evidente que los documentos legales, en la medida en que tales documentos sean capaces de ello, promuevan una conducta legal y no ilegal en el reparto miles de millones de euros? 
¿No emplea la Comisión a montones de funcionarios formados y altamente remunerados, entre otras cosas para lograr este objetivo? 
De hecho, si somos completamente sinceros, creo que esta comunicación es superflua, promoviendo como promueve algo que resulta bastante evidente. 
Únicamente puedo resumir diciendo que parece que los relojes de la Comisión están puestos en una hora distinta. 
Evidentemente, es necesario hacer constar por medio de una comunicación oficial que debemos obedecer y no desobedecer las leyes. 
Creo que esto resulta muy preocupante por parte de una institución que es la guardiana de los tratados europeos. 
En vista de ello, ¿no debería la Comisión tratar al menos los casos de fraude que han salido a la luz y extraer las conclusiones necesarias? 
¿Acaso no es éste el método más prometedor? 
Para citar un ejemplo, ¿por qué la Comisión, con los recursos que tiene a su disposición, no lleva a cierta ex Comisaria ante el Tribunal Europeo de Justicia? 
Ello proporcionaría un ejemplo disuasorio de cara al futuro y constituiría una medida más acertada. 
Sin embargo, la Comisión prefiere modificar el Reglamento Financiero para reducir la transparencia. 
Aún está intentando limitar el papel supervisor del Parlamento, y ha eliminado el interventor financiero independiente. 
A todos estos puntos se refiere el informe del Sr. Bösch, que yo también suscribo por completo en otros respectos. 
Si debemos combatir el fraude con éxito, entonces es indispensable una intervención decisiva. 
Cualquier otro paso no puede ser más que una medida de acompañamiento. 
No voy a utilizar esta oportunidad para extenderme en las críticas del sistema contable de la Comisión, aunque parece que tiene una serie de problemas, pero resulta bastante triste ver cómo la Comisión trata las críticas. 
Parece que no haya aprendido nada de ellas. 
El Sr. Bösch lo ha mencionado, y a mí me gustaría subrayarlo. 
A una funcionaria danesa le retiran el expediente y la marginan por llamar la atención sobre casos de negligencia administrativa, y me estoy refiriendo a lo que sucedió en Eurostat, como señala igualmente nuestro informe. 
A pesar de las críticas, y a pesar de lo que estoy tentada de calificar abiertamente de motivo de sospecha, la Comisión continúa colaborando con una empresa que funciona de un modo altamente cuestionable, que ha conseguido contratos por medio del engaño y no ha realizado ningún trabajo como es debido. 
Esto es algo a lo que debe responder la Comisión. 
Si no lo hace, no podrá evitar la crítica de que comunicaciones como esta no son más que maniobras de despiste. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Tengo el privilegio de presentar este informe en nombre de mi colega Michael Holmes, de la Comisión de Pesca. 
Puede que algunas de Sus Señorías sepan que el Sr. Holmes fue recientemente objeto de una operación quirúrgica importante, y estoy seguro de que este Parlamento le desea, al igual que yo, una pronta recuperación. 
En primer lugar, felicito al Sr. Holmes por el excelente trabajo realizado en la confección de este informe. 
Nos planteamos esta cuestión en un momento en que sucumben poblaciones de peces en toda la Unión Europea. 
De hecho, en la reciente Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johanesburgo, países de todo el mundo han reconocido que existe una sobrepesca en aguas internacionales. 
Dichos países se comprometieron a limitar la pesca a niveles sostenibles y a dar los pasos necesarios para restaurar las poblaciones de peces de aquí a 2015, postura apoyada plenamente por el Comisario Fischler. 
De hecho, él expresó la opinión de que la UE debería lograr estos objetivos mucho antes de la citada fecha, y prometió realizar acciones decisivas en contra de la práctica pesquera ilegal y no regulada. 
Por esto me parece extraño, e incluso asombroso, que la Comisión aceptara el pasado mes de junio una solución de compromiso del Consejo que allana el camino a la aplicación de los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas a las poblaciones de aguas profundas. 
A pesar de que el Ministro español Arias Cañete, a la sazón Presidente en ejercicio del Consejo, situara esta cuestión entre los principales aspectos de la Presidencia española, el asunto requiere un examen más detenido. 
En materia de poblaciones de aguas profundas, el conocimiento científico es todavía parcial. 
Sin embargo, sabemos que estos peces viven a grandes profundidades- más de 1 200 metros- y sabemos que crecen lentamente, sin alcanzar la edad de reproducción hasta los 25 años como mínimo. 
También sabemos que su capacidad de reproducción es baja, y que existen alrededor de 87 especies diferentes de peces que nadan juntos a estas grandes profundidades de las que tan sólo unas ocho son comestibles o comercializables. 
Por tanto, sabemos que los pescadores de estas aguas normalmente devuelven muertos al mar alrededor de un 90% de los peces que capturan. Es decir, de cada 100 toneladas de peces capturados, 90 toneladas se devuelven al mar en forma de peces muertos. 
Aplicar los TAC y las cuotas a estas poblaciones de aguas profundas por primera vez, como señala enérgicamente el Sr. Holmes en su informe, llevará al desastre. 
Los TAC y las cuotas son la causa principal de los dos millones de toneladas de pescado bueno y fresco que normalmente se devuelve muerto al mar cada año en la UE. 
Los TAC y las cuotas sólo controlan lo que llega a puerto, no lo que se captura. 
Si este Parlamento vota mañana a favor de la aplicación de TAC y cuotas a estas poblaciones de aguas profundas, puedo predecir con cierta seguridad que esta pesca tan valiosa quedará destruida quizás dentro de tan sólo cinco años. 
Tal y como se indica en el informe Holmes, la única manera de regular esta pesca de modo sostenible es limitando el esfuerzo, limitando el número de días en que un buque puede salir al mar. 
Si un barco de pesca no está en el mar, entonces no está pescando, y si no está pescando no se capturan peces. 
Éste es el único enfoque lógico y realista para alcanzar una pesca sostenible en aguas profundas. 
Por esta razón, éste es también el enfoque preferido por los científicos y las comunidades pesqueras, de cuyo futuro depende la supervivencia de estas poblaciones de peces. 
Es más, resulta esencial que apliquemos controles estrictos al tipo de artes que se utilizan en esta pesca de aguas profundas. 
Las redes de enmalle se sueltan a enormes profundidades sobre el lecho marino, y a veces se extienden hasta unos 100 kilómetros y se dejan ancladas durante días al tiempo que el buque pesquero regresa a puerto. 
Estas redes pueden causar daños graves a las especies muy vulnerables. 
A veces, las redes también se rompen y se quedan pescando durante décadas. 
De la misma manera, las tolvas que rebotan en los obstáculos del mar para evitar que las redes se enreden pueden causar daños enormes a los delicados corales y montes submarinos que forman una parte esencial del ecosistema marino. 
No podemos permitir que se sigan realizando estas prácticas insostenibles sin que exista un control sobre ellas. 
Sobra decir que estas ideas no gozan del apoyo de los Estados miembros cuya actitud hacia la pesca se basa en una filosofía a corto plazo que buscan un beneficio inmediato. 
A ellos no les importa el medio ambiente marino, ni la sostenibilidad, ni el enorme impacto socioeconómico que resultará si permitimos que estas pesquerías desaparezcan. 
Por lo tanto, insto a este Parlamento a que acepte las propuestas de enmienda formuladas por el Sr. Holmes en su informe y encomiendo el informe al Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, como ha señalado el Sr. Stevenson, actualmente estamos discutiendo sobre nuestra propuesta relativa a los requisitos de acceso aplicables a las poblaciones en aguas profundas y la propuesta de imposición de TAC y las cuotas para especies de aguas profundas. 
Me gustaría comenzar dando mi más sincera enhorabuena al Sr. Holmes por su informe. 
La opinión de los expertos coincide en confirmar que las poblaciones en aguas profundas sufren en la actualidad de un exceso de pesca, y la presión sobre este sector continúa aumentando. 
Las poblaciones de peces de aguas profundas son, no obstante, muy sensibles en términos biológicos, ya que registran una tasa muy baja de reproducción y crecen muy despacio, sustancialmente más despacio que otros tipos de especies. 
Por lo tanto, las poblaciones en aguas profundas que se han visto sometidas a una pesca excesiva tardan muchos años en recuperarse. 
Las opiniones que hemos escuchado declaran igualmente que los TAC y las cuotas pueden ser tan sólo el primer paso en la protección de las especies de aguas profundas. 
Los expertos sugieren igualmente que el esfuerzo pesquero debe limitarse y que deben desarrollarse nuevos métodos, principalmente para la recopilación de datos relativos a estas poblaciones. 
Esta es la razón por la cual hemos presentado una propuesta de licencias, para limitar el esfuerzo y para la recogida de datos, y dicha propuesta, si la consideramos en su conjunto, se apoya en cuatro pilares centrales. 
En primer lugar, necesitamos una información más fluida entre pescadores y científicos. 
En segundo lugar, tenemos que introducir una mejor supervisión con el fin de obtener datos más fiables. 
En tercer lugar, debemos adoptar una actitud más vigilante a la hora de controlar el desembarque de las especies de aguas profundas y poner medidas para que se controlen las embarcaciones por medio de satélites. 
En cuarto lugar, debemos introducir una congelación de las licencias de especies de aguas profundas para mantenerlas en el nivel actual y evitar que se aumente la presión sobre la pesquería. 
En general, debemos adquirir un mejor conocimiento de la pesca en aguas profundas y mejorar las poblaciones. 
Sólo entonces podremos promulgar reglamentos justos y adecuados. 
Así pues, espero que el Parlamento suscriba estas medidas. 
Por mi parte, me gustaría esperar hasta después del debate para pronunciarme sobre las enmiendas y comunicarles la posición que adoptará la Comisión sobre las mismas. 
Señor Presidente, Señorías, cuadra perfectamente que estemos a estas horas de la noche hablando de especies de peces de aguas profundas, que por tanto también funcionan en cierta medida por la noche, en la oscuridad, debido a la atmósfera acuática en la que se encuentran inmersos. 
Bromas aparte, sin embargo, debo decir que dichas especies, que se encuentran lejos de las plataformas continentales, son especies muy preciadas y forman parte de la rica y diversa fauna marina. 
Es más, todos estamos de acuerdo en que es fundamental proteger estas especies, estas unidades de población, de la explotación intensificada a la que se han visto sometidas en los últimos años. 
De hecho, la escasez de peces en las plataformas continentales y en las zonas de pesca más importantes ha hecho que muchas embarcaciones y muchos pescadores vuelvan hacia estas especies que han sobrevivido o a las que se ha prestado escasa atención hasta la fecha, y que se encuentran en vías de sufrir un expolio total. 
Así pues, es absolutamente fundamental proteger estas especies, y creo que además estamos de acuerdo en que la investigación científica es esencial, ya que aún quedan muchos datos por conocer sobre estas especies porque son, por así decirlo, bastante misteriosas, como todas aquellas especies que habitan en aguas profundas, como todo aquello que se encuentran a una gran distancia. Aún deben realizarse muchas más investigaciones mediante la observación de estas unidades de población, sus ecosistemas, su vida, sus hábitos reproductivos y sus tasas de fertilidad, ya que existe el gran temor de que, debido a su lenta tasa de crecimiento, sean mucho más vulnerables a la explotación a la que se ven sometidas. 
Aunque en general se está de acuerdo en el diagnóstico y en las deficiencias de las investigaciones realizadas hasta la fecha, parece que aún hay opiniones encontradas en cuanto a la metodología que debe emplearse para proteger a estas especies. Esta es la conclusión que he podido extraer a partir de la intervención del Comisario Fischler. 
Sin embargo, no veo cómo podremos evitar la necesidad de que existan TAC y cuotas. Esta es la vieja metodología, que ha producido algunos resultados, aunque tiene sus limitaciones; tampoco veo cómo podemos evitar la limitación del esfuerzo pesquero. 
Soy consciente de que se trata de una cuestión muy sensible, ya que actualmente la actividad de los pescadores, las comunidades pesqueras y las inversiones tienen absoluta prioridad. 
En este caso, sin embargo, es necesario aplicar el principio de cautela. 
Cuando no podamos estar seguros de algo, debemos ser cautos y prudentes. 
Por lo tanto, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano, a pesar de que no estar seguros de los resultados y de la eficacia de esta acción, para proteger estas especies de peces, varias docenas de especies, algunas de las cuales poseen hábitos desconocidos o casi desconocidos. 
Así pues, quisiera dar la enhorabuena a la Comisión y al Sr. Holmes por sus respectivos trabajos, ya que son indispensables para la protección de la naturaleza. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Holmes por su labor y yo también le deseo una pronta recuperación. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas cree firmemente que hay una necesidad urgente de regular este tipo de pesca. 
Hay pruebas científicas disponibles relativas a las especies de aguas profundas que indican que éstas sobrepasan los límites de seguridad biológicos y que deberían introducirse medidas que permitieran la recuperación de estas poblaciones de peces. 
Hay que tomar medidas, especialmente si tenemos en cuenta que estos peces viven durante largo tiempo, crecen lentamente y tienen una capacidad reproductora baja. 
La mayoría de enmiendas formuladas por la comisión buscan situar a la maruca y al brosmio fuera de la esfera del reglamento, aunque seguirían estando cubiertos por las cuotas. 
A la vez que mi Grupo acepta que estas dos especies se pesquen en la plataforma continental, es imperativo que estén reguladas de manera apropiada. 
Si el Parlamento adopta estas enmiendas, el ELDR votará en contra de la totalidad de la propuesta. 
En cuanto a la enmienda 5, el ELDR cree que la medida kilovatios-día de pesca es una herramienta más adecuada para medir el esfuerzo en vista del avance tecnológico, y por ello no puede apoyar esta enmienda. 
No obstante, somos favorables a la enmienda 6, que solicita una revisión del progreso que se está realizando para alcanzar los objetivos del reglamento. 
El ELDR ha presentado tres enmiendas propias. 
La enmienda 8 solicita una evaluación del impacto económico y operativo con relación con la esperada pérdida de ingresos y el desplazamiento de esfuerzos que resulta de la aplicación del reglamento. 
La enmienda 9 pretende que se declare ilegal el uso de redes de enmalle fijas en este tipo de pesca, puesto que hay riesgo de mortalidad sustancial no intencionada en poblaciones de peces fuertemente reducidas. 
Por último, la enmienda 10 propone la delimitación de zonas para proteger especies que se acumulan muy densamente en ciertas zonas en determinados periodos del año. 
El ELDR también se propone apoyar las enmiendas 12 y 16 hechas por el Sr. Hudghton y otros acerca de un mayor compromiso por parte de la industria pesquera y acerca de la seguridad, respectivamente. 
Sin embargo, tiene dudas acerca de si el control del esfuerzo pesquero debería ser la única herramienta de gestión, y por ello tiene dudas acerca de las enmiendas 11 y 14. 
El ELDR está preocupado por el hecho de que la enmienda 13 pueda retrasar la aplicación de las medidas de gestión, y también cree que la enmienda 15 podría tener un potencial impacto negativo en el medio ambiente. 
No obstante, personalmente pienso que el reglamento sobre las oportunidades de captura en una pesquería mixta por medio de TAC y cuotas y un régimen de esfuerzo basado en licencias, llevará al rechazo de especies que no son objeto de cuotas o en las que la cuota se ha excedido. 
Por esta razón, apoyo las enmiendas 11 y 14. 
También apoyo la enmienda 15, puesto que representa una base más justa para la distribución de cuotas. 
Por último, me gustaría expresar, en nombre del ELDR, nuestro profundo descontento por el hecho de que el Consejo haya tomado efectivamente una decisión sobre este expediente sin esperar la opinión del Parlamento. 
Esperemos que el Consejo de Pesca tenga a bien tomar en consideración sus opiniones a la hora de adoptar una decisión formal. 
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el informe del Sr. Holmes y espero que se recupere pronto. 
Cuando las propuestas de la Comisión aparecieron por primera vez, nosotros, el Grupo de los Verdes, la acogimos con satisfacción. 
Ya era hora de que esta pesca de especies de aguas profundas, recientemente desarrollada, se sometiera a algún tipo de control. 
Todos conocemos los motivos por los que estas especies son especialmente vulnerables a la sobreexplotación, tal y como el Sr. Stevenson ha señalado en su introducción. 
Como las poblaciones de peces en las aguas de la UE, que eran el objetivo tradicional de los buques de la UE, estaban mermando en número, el resultado fue el desarrollo de esta nueva pesca. 
Al mismo tiempo, pensamos que las conclusiones de las negociaciones sobre el detalle del régimen de gestión establecido son muy poco convincentes. 
También dependen demasiado de los TAC y las cuotas, que han resultado ser un desastre en los demás lugares en que se han puesto en marcha, como ha señalado el Sr. Stevenson. 
Esperamos que ahora que se ha establecido un régimen de gestión, la Comisión actuará con celeridad para reforzarlo; por ejemplo, con otros medios, como medidas técnicas mucho más fuertes y controles de esfuerzo más restrictivos. 
Esto es lo que será efectivo a largo plazo. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la iniciativa que llevó a la propuesta de reglamento que estamos debatiendo esta tarde es ejemplar y merece una consideración especial, sobre todo a la hora de actualizar la política común relativa a la industria pesquera. 
Hace alrededor de quince años, los pescadores franceses de Boulogne-sur-Mer comenzaron a pescar y a vender determinadas especies de peces que vivían más allá de la plataforma continental, en la fosa oceánica, que se encuentra a más de 800 metros de profundidad. 
Gracias a la petición de estos pescadores profesionales, un instituto de investigaciones científicas, Ifremer, comenzó interesarse por la biología de estas especies y en particular por su ciclo biológico. 
La fructífera colaboración entre profesionales y científicos permitió determinar en una fase bastante temprana que estas especies tienen un ciclo de vida lento y que existe una necesidad urgente de restringir las capturas para no poner en peligro su equilibrio biológico. 
También gracias a la petición de los profesionales, apoyados en su acción por los científicos, el gobierno del principal país implicado, Francia, solicitó a la Comisión que llevara a cabo acciones para regular estas zonas pesqueras mediante el establecimiento de TAC y de cuotas. 
La Comisión se mostró reticente durante mucho tiempo y pospuso la cuestión. 
Sin el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Pesca del último mes de julio, hubiera sido poco probable contar en la actualidad con estas dos propuestas de reglamento sobre las poblaciones de aguas profundas. 
Finalmente, sin embargo, aquí las tenemos y personalmente, acojo con satisfacción dichas propuestas y el informe elaborado por el Sr. Holmes, quien ha tratado esta cuestión con una gran competencia y a quien deseo una rápida recuperación. 
El modo en que estos reglamentos han visto la luz es ejemplar por más de una razón. 
En primer lugar, ilustra el hecho de que los pescadores son, qué duda cabe, los más preocupados y los principales agentes a la hora de establecer normas para conseguir una pesca sostenible. 
Por otra parte, demuestra que los instrumentos más adecuados para proporcionar una protección eficaz de las especies marinas son precisamente los más flexibles y reversibles, como los TAC y las cuotas, y no las rígidas medidas estructurales con efectos irreversibles como la destrucción de las embarcaciones o el reciclaje de los pescadores. 
Además demuestra que los pescadores y los científicos pueden trabajar mano a mano y de forma inteligente, y proponer medidas realistas y constructivas que permitan faenar a la vez que gestionar los recursos. 
Por último, demuestra que una acción ascendente que parta desde el terreno correspondiente hasta la autoridad competente es más eficaz que una acción descendente e incluso una acción condescendiente, por desgracia normalmente favorecida por la Comisión, incluso cuando lanzó el proyecto de reforma de la PPC. 
Así pues, es necesario aprender estas lecciones y en la medida de lo posible aplicarlas dentro del proceso global de reformas en curso. 
Dicho esto, creo que debemos acoger con satisfacción el hecho de que hayamos conseguido este reglamento. Personalmente, apoyaré el informe del Sr. Holmes, así como la mayoría de sus enmiendas, que cuentan con el beneplácito de los pescadores afectados, en especial aquellos que solicitan que se vuelva a examinar la disposición cada tres años a fin de actualizar los resultados obtenidos. 
Señor Presidente, es imposible establecer un régimen de TAC sin asesoramiento científico independiente y actualizado. 
Entonces, ¿cómo es que la Comisión ha podido apoyar semejante régimen? 
¿Cómo ha podido el Consejo apoyar tal esquema en junio de 2002 sin consultar adecuadamente con el sector y dejando de lado al Consejo de Pesca del Atlántico del Nordeste? 
La Comisión tiene mucho que decir sobre este asunto, pero la petición principal que hago en este momento no es recriminatoria, sino que es una petición para que se reconsidere la propuesta. 
Si el objetivo es la conservación de los bancos de peces, debemos regular la pesca en aguas profundas mediante un régimen basado en la limitación del esfuerzo. 
Debemos tener en cuenta en primer lugar que los TAC aumentarán la mortalidad mediante el rechazo de las especies que más necesitan la protección, y en segundo lugar, que podría ponerse en peligro la seguridad, puesto que los buques con cuotas no adecuadas y déficit de días de pesca se verán forzados a pescar en condiciones peligrosas. 
Insto a este Parlamento y también a la Comisión a que apoyen las enmiendas en nombre del Grupo ELDR y las enmiendas en mi nombre que están firmadas por varios miembros pertenecientes a los cuatro grupos más grandes de este Parlamento. 
Por último, las implicaciones sociales y económicas de cualquier propuesta final deben evaluarse exhaustivamente para establecer una compensación adecuada y sin discriminación entre los pescadores de los diferentes Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar expresando mi sincero agradecimiento por este debate, pero quisiera recordarles que esta propuesta fue realizada por la Comisión tiempo atrás, a principios del mes de marzo, y de igual modo quisiera aclarar que la Comisión no expresó al Consejo su acuerdo con el compromiso político que este último había alcanzado; al contrario, la Comisión ha comunicado que adoptará una posición final sobre la aceptabilidad o no de este compromiso solamente después de que el Parlamento haya dado a conocer su opinión. 
Debo decir con toda franqueza que no hay nada de verdad en la afirmación de que no disponemos de ninguna evaluación científica. 
Tanto el CIEM como nuestro foro científico consultivo han emitido una opinión científica. 
De hecho, lo que hacemos no carece de fundamento científico. 
Permítanme referirme ahora a las diferentes enmiendas, que me gustaría evaluar a la luz del debate. 
La primera enmienda puede ser aceptada por la Comisión. 
Estoy de acuerdo en que el brosmio, la maruca y el besugo queden excluidos del reglamento, aunque estas especies de peces deberían permanecer en la lista de especies para las cuales se exige información detallada sobre capturas. 
Del mismo modo puedo aceptar las enmiendas 2 y 4, pero no la enmienda 3, ya que estoy en contra de eliminar las disposiciones sobre la vigilancia de satélites de nuestra propuesta. Nuestra experiencia práctica con el sistema de satélites ha demostrado que a menudo los fallos no son fallos reales en absoluto, sino que se simulan para eludir la vigilancia. 
Es más, el control tradicional con buques y aviones patrulla no es ni mucho menos suficiente para controlar la pesca en aguas profundas, especialmente en zonas muy distantes; de hecho, no se trata siquiera de una propuesta viable. 
Así pues, necesitamos un control eficaz por satélite, y debemos ser más estrictos con la definición de fallo del equipo y las consecuencias que se derivan del mismo. 
Me complace aceptar la añadidura a la enmienda 5 con el fin de que los días de pesca cuenten como días fuera de puerto; se trata de una aclaración útil, pero la referencia a las zonas de captura es menos clara que nuestra propuesta de que se indique el rectángulo estadístico exacto del CIEM. 
Por ello no estoy dispuesto a aceptarla. 
Las consideraciones de confidencialidad me llevan a considerar apropiado publicar la identificación de las embarcaciones individuales para estudios científicos. 
Puedo entender que la medida de la potencia del motor en kilowatios resulte problemática y difícil de aplicar. 
Por lo tanto, en lugar de eliminar la referencia a la capacidad, necesaria para el análisis científico, queremos mejorar la referencia mediante, por ejemplo, la especificación de las clases de embarcaciones, que puede resumirse haciendo referencia al tonelaje de registro bruto. 
La enmienda 6 es, desde mi punto de vista, una buena idea, y estoy dispuesto a prever la revisión de las medidas en el año 2005. 
También puedo aprobar la enmienda 7, pero no la 8. 
La Comisión, en cualquier caso, celebra consultas rutinarias con la Comisión Científica, Técnica y Económica de la Pesca sobre las consecuencias sociales y económicas de las medidas de conservación, pero estoy dispuesto a aceptar el artículo 9a y proponer al Consejo y al Parlamento, el 39 de junio de 2005, un informe sobre los acuerdos generales para la gestión de las especies de aguas profundas, que también incluiría la dimensión científica de una reducción del esfuerzo pesquero. 
No puedo aceptar la enmienda 9 tal y como está redactada en la actualidad, ya que no se nos han presentado ninguna evaluación científica que exija una prohibición de las redes de enmalle, aunque tomo nota de su propuesta en este sentido y pediré al CIEM que aporte una evaluación científica de las áreas en que tal prohibición podría constituir una medida de conservación. 
En cuanto a la enmienda 10, estoy de acuerdo en aceptarla, pero debo rechazar la enmienda 11; aunque se da el caso de que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar recomienda una reducción del esfuerzo pesquero para las especies de aguas profundas, la Comisión Científica, Técnica y Económica para la Pesca contempla TAC adicionales como una medida suplementaria útil. 
Me complace aceptar la enmienda 12, pero la Comisión debe rechazar la enmienda 13 porque iría en contra del principio de precaución. 
Debemos actuar en cuanto recibamos el primer asesoramiento científico. 
Esto es cierto igualmente con respecto a la enmienda 14, que tampoco puedo aceptar. 
Para aplicar la limitación del esfuerzo pesquero, necesitamos contar con licencias de pesca en aguas profundas. 
Por otra parte, lamento informarles de que debo rechazar igualmente la enmienda 15. 
Todos somos conscientes de que la flota pesquera de gran altura ha aumentado de forma rápida tanto en potencia como en capacidad. 
Si cambiáramos el periodo de referencia, estaríamos permitiendo un aumento adicional de facto del tamaño de la flota pesquera en aguas profundas, lo cual no casa bien con el objetivo de la limitación del esfuerzo pesquero, restricción tan urgente y necesaria. 
En conclusión, no me queda otra alternativa que rechazar asimismo la última enmienda, la 16, ya que permitiría excepciones al reglamento imposibles de controlar; tengamos en cuenta que los conceptos de «fuerza mayor» o «riesgo para la seguridad de las embarcaciones» carecen de definición alguna en la legislación. 
Damos por sentado que debe garantizarse la seguridad, no cabe ninguna duda al respecto. 
Las disposiciones con las que contamos a día de hoy permiten igualmente que una embarcación en peligro atraque en un puerto distinto del asignado, siempre y cuando no deposite allí sus capturas. 
Considero que este enfoque ya es bastante equilibrado y que tiene suficientemente en cuenta la seguridad de las embarcaciones, así como las disposiciones ejecutivas relativas a la conservación. 
Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
El punto siguiente es el informe (A5-0303/2002) del Sr. Jorge Moreira da Silva en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 581- C5-0578/2001- 2001/0245 (COD) ) por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. 
Señor Presidente, me complace poder dirigirme al Parlamento Europeo en relación con la propuesta sobre comercio de derechos de emisión. 
Estoy orgullosa de esta propuesta, ya que la considero la piedra angular de la aplicación a bajo coste del Protocolo de Kioto por parte de la Unión Europea. 
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Moreira da Silva, por su generoso esfuerzo para llevar esta propuesta hasta su primera lectura. 
Sé que había unas 500 enmiendas en la comisión, pero en estos momentos manejamos la cifra mucho más reducida de 100 enmiendas 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quisiera aprovechar mis primeras palabras para agradecer la excelente colaboración que me han dispensado los ponentes de opinión y los ponentes alternativos de todos los grupos políticos. 
Sólo gracias a dicha cooperación hemos sido capaces de alcanzar un buen compromiso en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Creo que esta Directiva creará las condiciones para que el cambio climático y el Protocolo de Kioto dejen de ser una preocupación meramente teórica en Europa y se conviertan en uno de los derroteros esenciales de la política medioambiental y económica de todos los Estados miembros. 
En el fondo, esta Directiva constituirá la base para la economía del carbono; los ganadores serán quienes sean capaces de alcanzar los mismos niveles de producción con el menor volumen de emisiones. 
Por tanto felicito a la Comisión, representada por la Sra. Comisaria Margot Wallström, por la iniciativa de proponer esta Directiva, especialmente porque reducirá de forma notable el coste del cumplimiento con el Protocolo de Kioto en la Unión Europea. 
De hecho, creo que si se demuestra que este sistema funciona, que este sistema permite reducir los costes inherentes al cumplimiento con Kioto en la Unión Europea, constituirá el mejor argumento para convencer a nuestros amigos los Estados Unidos de que suscriban el Protocolo de Kioto. 
Sin embargo, a pesar de considerar positiva la propuesta de Directiva en su conjunto, existen ámbitos en los que el Parlamento desea avanzar más y mejorar la propuesta básica, habiéndose alcanzado un amplio compromiso al respecto. 
Por consiguiente, más que exponer mi propio punto de vista, hablo en nombre de todas las personas que adoptaron este compromiso. 
En primer lugar, creo que es importante que esta Directiva contemple objetivos cuantificados que deben cumplirse y pensamos que es esencial que exista un techo máximo para los derechos de emisión por Estado miembro, convergiendo linealmente con el Protocolo de Kioto. 
En segundo lugar, creemos que es importante que los Estados miembros tengan la posibilidad de agregar nuevos sectores y actividades a los incluidos en el sistema. 
Estoy pensando en la inclusión voluntaria y optativa de sectores como el transporte o las pequeñas y medianas empresas en los Estados miembros que lo consideren oportuno. 
En tercer lugar, la utilización de créditos debe quedar totalmente prohibida durante el periodo inicial de aplicación de la Directiva. 
En cuarto lugar, consideramos importante que la Directiva cubra los seis gases de efecto invernadero, no sólo el dióxido de carbono, siempre y cuando estos seis gases se incluyan sobre la base de criterios transparentes, idénticos a los utilizados para el dióxido de carbono. 
En quinto lugar, creemos que es importante que queden incluidas en esta Directiva la industria química y la del aluminio. 
Por último, en relación con los ámbitos a los que consideramos debería hacerse extensiva la propuesta de la Comisión a fin de hacerla más ambiciosa- y me estoy refiriendo al sistema de asignación inicial de derechos de emisión- creo que un sistema híbrido basado en la asignación gratuita, pero con un cierto porcentaje del método de subasta (5% durante el periodo inicial, 15% en el segundo periodo) es mejor que un 100% de asignación gratuita, tal como sugiere la propuesta de Directiva, no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el medioambiental y el referente a la reducción de la distorsión de la competencia. 
He dejado para el final el tema que considero de mayor importancia: la implicación jurídica. 
En mi opinión, este sistema sólo puede funcionar si es jurídicamente vinculante, o dicho en otras palabras, obligatorio. 
Creo que la Comisión de Medio Ambiente logró un buen compromiso en cuanto a la implicación jurídica, un sistema vinculante con la exclusión temporal- limitada tanto en la duración como en las condiciones- de algunas empresas durante el periodo inicial. 
Considero bastante injustificada e incluso peligrosa la adopción de las enmiendas 75 y 81, ya que en el fondo supondrían convertir un sistema vinculante en otro de carácter voluntario y, en consecuencia, incrementar las distorsiones de la competencia, reducir la liquidez en el mercado, aumentar el precio de la tonelada de dióxido de carbono y disminuir la eficacia económica del sistema. 
Señor Presidente, antes de nada deseo agradecer al ponente, Sr. Moreira da Silva, a los demás ponentes de opinión y a los ponentes alternativos por la grata relación de trabajo que ha alumbrado la propuesta que tenemos delante de nosotros. 
A este respecto, deseo indicar que durante el proceso ha quedado sobradamente patente lo controvertida que resulta la propuesta para el comercio de derechos de emisión. 
En consecuencia, las diferencias de opinión existentes entre los defensores y los detractores del régimen se tradujeron en una cantidad abrumadora de enmiendas. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, abogo por un régimen de comercio de derechos de emisión uniforme y transparente, un régimen que describa nítidamente los derechos y obligaciones para el gobierno y la industria. 
Sin embargo, deberá reflejar igualmente la peculiar dinámica de la industria, una dinámica en la que la continuidad y el ámbito de aplicación de la competencia no se vean obstaculizados innecesariamente por nuevas legislaciones. 
Así pues, resulta grato constatar que el informe final al que nos enfrentamos recoge una serie de enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, encaminadas a tal fin. 
Me refiero concretamente a la ampliación del periodo de tiempo en el artículo 11, a la adaptación de la cláusula de penalización en el artículo 16 y a la forma en que los Estados miembros gravan el régimen de comercio de derechos de emisión en el artículo 16, apartado 4. 
La claridad en cuanto a los factores que distorsionan el mercado fortalece la eficacia de un mercado de derechos de emisión. 
Consecuentemente, resulta lamentable que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no lograra alcanzar un acuerdo sobre la forma de asignar los derechos a partir de 2008. 
Es muy importante permanecer alerta en cuanto a las medidas que puedan adoptar los Estados miembros para intervenir en un mercado de comercio de derechos de emisión mediante la introducción de sus propios regímenes y gravámenes. 
La oposición a un régimen de comercio de derechos de emisión seguirá existiendo en diferentes partidos y se traducirá en el incumplimiento de las disposiciones. 
La falta de claridad de la Directiva no debería interpretarse como que el comercio de derechos de emisión está condenado al fracaso. 
El dicho de que «la existencia del pastel se demuestra al comerlo» resulta perfectamente aplicable al comercio de techos de emisión. 
Señor Presidente, hablo en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado interior. 
Mi compañero, el Sr. Blokland, acaba de afirmar que la comprobación del flan se hace al comerlo. 
Me gustaría decir que todos aquellos que no hayan pensado en el comercio de derechos de emisión tal vez se deban parar a pensar cómo se come una langosta. 
Imagínense que tienen delante una langosta grande sobre una bandeja. 
Al principio resulta bastante sencillo extraer bocados suculentos y jugosos, pero las cosas se van poniendo más difíciles cuando le toca el turno a las pequeñas pinzas y a las patas, y al final optamos por dejarlas en la bandeja porque realmente ya no merece la pena seguir peleando con la comida. 
Evidentemente, la idea ahora consiste en que el comercio de derechos de emisión nos ayude a detectar los objetivos sabrosos para reducir las emisiones, aquellos para los que la reducción de emisiones resulte más económica y para los que realmente merezca la pena el esfuerzo, pudiéndose dejar tal vez los objetivos más difíciles para el final o para abordarlos por otros métodos. 
Se necesitan medios eficaces para cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto. 
Quisiera decir que el proceder más sabio consiste en comenzar ahora, ya que con toda probabilidad las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto entrarán en vigor a partir de 2008. 
Sabemos que, en el mundo de los negocios, los que entran al principio a menudo también son quienes cosechan los mayores beneficios. 
El informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor cumple todos los requisitos clave de un buen régimen para el comercio de derechos de emisión. 
En primer lugar, el Parlamento va a votar hoy la propuesta de ampliar significativamente el mercado de emisiones incluyendo nuevos sectores, dando entrada a nuevos gases. 
De esa forma podemos estar seguros de que habrá suficientes vendedores y compradores en el mercado. 
En cuanto a la flexibilidad propugnada por los estados miembros, creo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha dado con el mejor enfoque flexible, de manera que los Estados miembros, sujetos a ciertos condicionantes, pueden excluir temporalmente del régimen de comercio de derechos de emisión a determinadas instalaciones. 
Considero que ésta ha sido una solución excelente, propuesta igualmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Lo más importante de todo es el concepto de que, a la hora de asignar estas cuotas de emisión, deberemos ajustarnos a los criterios por los cuales aquellas empresas que ya han aceptado reducir las emisiones deberán ser respaldadas y recompensadas. 
De hecho, el debate acerca de las subastas está muy ligado a este tema, ya que las subastas permitirían introducir ese elemento capaz de alentar y recompensar a los pioneros. 
Espero que el Parlamento acepte al menos un pequeño porcentaje de cuotas sujetas a subasta. 
Todos cuantos formamos parte de la Comisión y del Parlamento en su conjunto hemos disfrutado de excelentes niveles de cooperación. 
Quiero dar las gracias al ponente y a la Comisión, particularmente, por tal circunstancia. 
Muchas gracias, Sra. Hautala. 
Tal vez nos debiera comunicar dónde come langosta, ya que se ha servido de ella para tan elegante ejemplo. 
Señor Presidente, no voy a hablar de langostas, pero comparto los intereses de los oradores precedentes. 
Señor Presidente, por definición usted lo sabe todo, así que ya conoce la opinión de la Comisión de Industria. 
Caso de que haya aquí alguien que no la conozca, forma parte de mi obligación exponerla. 
En el seno de la Comisión de Industria había un amplio espectro de opiniones, como detallaré sucintamente. 
Voy a resumir algunos aspectos clave sobre los que se centraron nuestros debates. 
Ante todo, y quizás sea éste el punto más importante: ¿debe ser obligatorio el esquema o debe darse cabida a las exclusiones temporales (opt-out) o exenciones? 
Se alzaron algunas voces procedentes de ciertos reductos nacionales solicitando tales exenciones. 
Otros miembros de la Comisión pensaban que si se autorizaban las exenciones, todo el mundo solicitaría una y dejaría de regir la Directiva, todo lo cual planteaba un dilema. 
Existía además la preocupación de que los beneficios alcanzados ya por las reducciones en ciertos Estados miembros no se vieran necesariamente remunerados de forma adecuada. Es un aspecto que deberá tenerse en cuenta. 
El consenso fue general en cuanto a que, a partir de 2008, la Directiva deberá tener carácter obligatorio. 
En lo relativo a la asignación de cuotas, la Comisión se manifiesta contraria al método de subasta. 
Parece un derroche de recursos cuando la industria debiera utilizarla para lograr las reducciones. 
La Comisión tiene interés en dar entrada a otros sectores, incluso los del transporte y la vivienda, aunque parece difícil de lograr. 
Estamos a favor de incluir los otros cinco gases de efecto invernadero, si bien la medición constituye un aspecto de importancia. 
Respecto de la comitología y la posibilidad de que la Comisión quede autorizada a decidir los detalles futuros, estamos en contra de manera firme y unánime. 
Abogamos por la plena codecisión sobre la próxima Directiva cuando sea propuesta. 
Queremos que las demás partes del mundo presten atención, porque lo que hacemos carece de utilidad a menos que los norteamericanos, rusos y asiáticos se hallen igualmente implicados. 
Por último, una opinión personal: el público deberá poder adquirir cuotas, ya que deseamos implicar a los ciudadanos en las actividades europeas y en preservar el planeta. 
Señor Presidente, la política del cambio climático es un proceso abierto, en el que todos los Estados miembros comparten unos objetivos finales, así como el reconocimiento de determinadas herramientas que hagan realidad este proceso. 
Una de ellas es, sin duda, el comercio de derechos de emisión. 
La Directiva que ha de armonizar esta herramienta ha puesto claramente de manifiesto el importante respaldo político con que cuenta la iniciativa y ha reafirmado el liderazgo de la Unión Europea en cuanto a la puesta en marcha de instrumentos de mercado, que, indudablemente, van a cambiar la forma de hacer negocios en Europa. 
Sin embargo, también ha dejado al descubierto sus dificultades y, sobre todo, los interrogantes sobre puntos concretos, esenciales, para garantizar el éxito del sistema. 
En este sentido, la novedad del mecanismo, para la mayoría de los Estados miembros, hace que se aborde mayoritariamente desde la perspectiva de learning by doing, y que haya diferencias de opinión en cuanto a la mejor manera de lograr el éxito en su aplicación. 
El ponente, Sr. Moreira Da Silva, se ha visto inmerso en un mar de enmiendas que reflejan, por un lado, el interés, pero también las dudas que esta herramienta suscita, y que le han llevado a tener que hacer un enorme esfuerzo para aunar criterios sobre aspectos tan cruciales como el método de asignación o la voluntariedad del sistema. 
Yo creo que el enfoque se hubiera facilitado manteniendo un tratamiento más diferenciado, tal vez, para los dos períodos en que se divide la aplicación de la Directiva. 
El primer período debe ser abordado, ante todo, como una experiencia piloto, de rodaje y adaptación del mercado, del que se extraigan las conclusiones necesarias, con vistas a una aplicación más amplia y rigurosa en la segunda fase. 
Si no queremos que el sistema fracase debemos, en la primera etapa, dotar a los Estados miembros de cierta flexibilidad, que les permita hacer frente, sobre todo, a los costes de transacción sin menoscabar la competitividad de las empresas y el funcionamiento del mercado interior. 
En función de este objetivo, y en aras de la credibilidad futura del sistema, abogo por que en el primer período se facilite al máximo la participación de las empresas y la flexibilidad en la adaptación de los Estados, que, como digo, tienen costes de transacción que difieren sensiblemente de unos a otros. 
Como se dice en mi país, no llega más lejos quien más corre. 
En este sentido, me parece que la decisión temprana sobre el sistema de adjudicación, dando entrada al sistema de subastas, no es lo más acertado; sobre todo, comprometiendo un 15% para el segundo período. 
Las condiciones, para este período, sólo deberían establecerse a la luz de la experiencia y los resultados de la primera fase. 
En cuanto a la voluntariedad del sistema, el compromiso alcanzado por el ponente, bajo la fórmula de opting out me parece lo más adecuado para dar facilidades a las empresas, sin poner por ello en peligro el buen funcionamiento del sistema. 
En cualquier caso, esta Directiva, repito, no debe enfocarse como un proceso cerrado, sino como un camino que empezamos a recorrer y que habrá de perfeccionarse y adecuarse a las circunstancias de los Estados miembros durante su aplicación. 
Señor Presidente, yo también deseo comenzar con unas palabras de agradecimiento. 
Ante todo, para la Señora Comisaria y su equipo, que han presentado una sólida propuesta y siempre han estado en disposición de debatirla con los Diputados al Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, al Sr. Moreira da Silva, que se ha esforzado por mejorar la propuesta con una tenacidad admirable. 
Y por último, a los compañeros de mi propio grupo que han tenido que soportar prolongadas discusiones en relación con este tema. 
Los derechos negociables de emisión resultaron ser una cuestión espinosa. 
Durante todos los problemáticos debates, a menudo hemos tenido que recordarnos a nosotros mismos en pos de qué estábamos trabajando, a saber Kioto. 
Hemos de mantener vivo el propósito de combatir el cambio climático y debemos hacerlo de una forma económica y socialmente responsable. 
Tres aspectos entrañaban capital importancia para nuestro grupo. 
En primer lugar, queríamos preservar, y en lo posible reforzar, la integridad medioambiental de la propuesta. 
Por consiguiente, apoyamos la propuesta del Sr. Moreira da Silva de introducir un techo, un tope máximo, de forma que podamos tener la certeza de que los niveles de emisión efectivamente están disminuyendo. 
En principio, estamos a favor de cooperar en este campo con los países de Europa oriental y con aquellos en vía de desarrollo, siempre y cuando se haga de una manera que excluya la utilización de cementerios y energía nucleares. 
En segundo lugar, el grupo PSE desea que el régimen que estamos diseñando sea equitativo y se perciba como tal. 
Ésta es la razón por la que debería implantarse una política de sanciones creíble, con la que queremos evitar totalmente que los innovadores pioneros se vean perjudicados y por la que el método de asignación debiera ser idéntico siempre que sea posible. Las discrepancias excesivas entre Estados miembros provocan distorsión de la competencia. 
De momento resulta imposible decidirse por un método de asignación, ya sea el «grandfathering» (atribución gratuita de derechos de emisión calculados en función de criterios históricos) o el de subasta, incluso en el seno de nuestro grupo. 
En tercer lugar, el régimen ha de ser eficaz. 
Esto significa que el mercado tiene que ser lo más amplio posible: cuantos más participantes, mayor la eficacia del régimen. 
Debo decir que las discusiones sobre este punto a veces resultaron un poco alienantes. 
Opino que no favorece en absoluto los intereses de las empresas utilizar la cláusula de exclusión voluntaria («opt-out» ), ya que estas empresas han de reducir sus emisiones de CO2, pase lo que pase. 
Las empresas que queden incluidas dentro del régimen pueden- caso de no lograr reducir las emisiones- adquirir derechos de emisión en el mercado. 
Las empresas que no queden incluidas en el régimen necesitarán desactivar algunas instalaciones o incluso clausurar divisiones enteras. 
Desde mi punto de vista, ésta no es una solución con una especial sensibilidad social. 
Nosotros, como socialistas, nos tomamos el empleo en serio. 
Esta es la razón por la que las empresas y los sindicatos no pueden beneficiarse en absoluto de la exclusión voluntaria (opt-out). 
Por consiguiente, tal vez sea una buena idea retirar la enmienda 81. 
Para nosotros resulta sumamente importante poder reportar en Nueva Delhi un cierto progreso de la política climática europea. 
Igual importancia tiene para nosotros resaltar el concepto de crecimiento sostenible al hilo de Johanesburgo. 
Con esta decisión acerca de los derechos negociables de emisión, obramos con rectitud en cuanto al medio ambiente, pero también en cuanto a los principios rectores en el ámbito social y económico. 
Tal vez no nos hayamos puesto totalmente de acuerdo en los detalles, pero ésta es la línea maestra que hemos de tener presente. 
Hoy tenemos la oportunidad de decantarnos a favor del desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, hace algunas semanas volvíamos de la Cumbre de Johanesburgo con la demanda resonando en nuestros oídos de que las palabras biensonantes debían traducirse en acciones reales y con la plena conciencia de que las promesas europeas habían sido acogidas con cierto cinismo tanto por la prensa como por el público. 
Pero si esos mismos críticos se pararan a analizar el tema del cambio climático, descubrirían que tal postura cínica carece de justificación. 
Desde un principio, la UE ha estado siempre a la cabeza. 
Ha desautorizado a los cínicos al cristalizar un acuerdo para la puesta en práctica del Protocolo de Kioto y al hacer entrar en razón a los Estados Unidos y su Gobierno, tan proclive a la inhibición. 
Ahora estamos viendo cómo las palabras se traducen en actos, con un esquema de comercio de derechos de emisión que muy bien pudiera constituir la base para conseguir hasta el 50% de las reducciones que nos hemos comprometido a alcanzar. 
La primera vez que leí algo acerca del comercio de derechos de emisión y de encauzar las fuerzas del mercado para alentar a la industria a cumplir los objetivos medioambientales fue hace más o menos una década en revistas pertenecientes a grupos de presión. 
Aquellas ideas, que entonces se desecharon alegremente por disparatadas y poco prácticas, están tomando forma positiva. 
Felicito a la Comisión por su proyecto de Directiva. 
Sin embargo, en muchos aspectos resulta un documento tímido y gracias a la labor de nuestro ponente, disfrutamos de un acuerdo de todos los partidos en el sentido de respaldarlo para que se convierta en más ambicioso. 
Los Demócratas Liberales en el Parlamento se adherirán a la hora de apoyar una serie de medidas que amplíen su ámbito de actuación, que lo ensanchen para dar cabida a otros sectores industriales y exigirle que incluya otros gases causantes del calentamiento global, aparte del CO2. 
Yo personalmente acepto sin ninguna reserva la necesidad de un capítulo de cuotas en cada Estado miembro, si bien reconozco que algunos de los compañeros en mi grupo muestran cierta preocupación, pues las exigencias que pesan sobre sus países en virtud del acuerdo de reparto de cargas ya resultan onerosas. 
Nos queda mucho por aprender. 
Por eso me agrada que el Parlamento vaya a someter a votación hoy la concesión de una exclusión temporal (opt-out) a aquellos mecanismos de comercio de derechos de emisión que ya están implantados. 
No estoy plenamente convencido de que el mecanismo británico constituya los cimientos para un desarrollo a largo plazo. 
En cuanto a concepción y aplicación, se trata de un mecanismo distinto del propuesto por la Comisión y, a la larga, deberíamos ser capaces de aprender y sacar provecho de él. 
Tras la satisfactoria clausura de la conferencia de Kioto en Bonn, la Comisaria dijo a la prensa que ahora sí podríamos contarles a nuestros nietos que hicimos algo por atajar el problema del cambio climático. 
Todos nosotros, Comisarios, Ministros y Diputados, estamos deseando refrendar tales palabras. 
No va a ser fácil. 
Existen algunas reticencias nacionales comprensibles, pero también algunos intereses comerciales cicateros dispuestos a diluir estas medidas. 
No debemos perder de vista el largo plazo y las enormes dimensiones del desafío. 
Si no pasamos a la acción ahora, estaremos dando la espalda al futuro del planeta. 
Señor Presidente, comenzaré agradeciendo al ponente, Sr. Moreira da Silva, por su cooperación extremadamente fructífera. 
En este Parlamento hemos aceptado el Protocolo de Kioto. 
Solamente cuatro Diputados votaron en contra. 
Sin embargo, Kioto significa 8% menos y no 8% más, lo cual ya entraña suficiente dificultad. 
Sin unas medidas europeas, nuestros quince gobiernos no lograrán el éxito a nivel individual. 
Unos ocho países han implantado ecotasas nacionales, pero el grueso del consumo industrial cae fuera de estas ecotasas nacionales. 
Y ahí es donde precisamente entra en juego el régimen europeo de comercio de derechos de emisión, ya que aproximadamente el 50% de las emisiones europeas de CO2 se produce en este ámbito. 
Mucho se ha debatido en los Estados Unidos acerca del comercio de derechos del CO2 pero no se ha tomado ninguna decisión positiva. 
Es de esperar que nosotros en Europa adoptemos la decisión histórica de tomar la delantera en la implantación real de un régimen concreto. 
Es algo que necesitamos de forma desesperada, ya que llevamos hablando toda una década de manera improductiva acerca de los gravámenes europeos sobre la energía. 
No han llegado a materializarse debido a que ciertos gobiernos, primero el Reino Unido y ahora España, han votado en contra. Otra de las razones por la que no han llegado a tomar cuerpo radica en la negativa del Sr. Comisario Bolkestein a constituir un grupo conductor. 
De hecho, este régimen de comercio de derechos de emisión es el régimen europeo de gravámenes sobre la energía, aunque con diferente ropaje. 
No obstante, se trata de un sistema mejor; mejor que los gravámenes energéticos sobre el CO2, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico. 
Mi grupo, el Grupo de los Verdes, ha conseguido que se aprueben dos importantes enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La primera representa la mano tendida hacia los Estados Unidos. 
En julio del pasado año estuvimos hablando en Bonn durante dos horas y media con empresas estadounidenses. 
Se muestran enormemente interesadas en un régimen internacional de comercio de derechos de CO2. Piensan que tan pronto como el presidente Bush termine su mandato, los Estados Unidos se adherirán a esta iniciativa. 
El segundo tema que conseguimos fuera aceptado consiste en que la Comisión Europea ha recibido el encargo de desarrollar diferentes propuestas a fin de ampliar este régimen para incluir el sector doméstico y el del tráfico. 
El sector del tráfico, en concreto, reviste gran importancia, pues hemos observado que nuestros gobiernos nacionales han fracasado en el intento de reducir las emisiones de CO2 en el sector del tráfico, y es algo que será necesario hacer. 
Seguimos sin resolver un tema, a saber, el de la asignación de derechos de emisión. 
Mi grupo está a favor de un sistema de subasta. 
Hemos propuesto un compromiso moderado, únicamente el 15% mediante subasta y el 85% gratuito, pero incluso 15% sujeto a subasta constituirá un guiño de carácter positivo para la industria que ya ha abordado la reducción del CO2. 
Mi grupo quedará totalmente satisfecho en el caso de que la mayoría de sus señorías refrende esta enmienda. 
Señor Presidente, la Unión Europea puede estar legítimamente orgullosa de sus desvelos por cumplir los compromisos adquiridos en Kioto. 
Es una lástima que los Estados Unidos no hayan estado a la altura de sus responsabilidades. 
En este sentido espero que la Comisión prosiga sus esfuerzos en la escena internacional para inculcar a los Estados Unidos la necesidad de subirse al tren en este tema tan crítico. 
Este es el primer elemento legislativo propuesto por la Comisión desde la firma del Protocolo de Kioto que aúna el control de la contaminación con un ahorro por importe de 1.300 millones de euros en los costes anuales de nuestros compromisos adquiridos en Kioto. 
Congratulo a la Comisión por su propuesta, que establece fases aceptables en la Directiva, y que concederá a la industria el tiempo necesario para adaptarse al sistema sin menoscabo de nuestra responsabilidad fundamental. 
Felicito asimismo al ponente por su excelente labor y su documentación tan técnica. 
Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha hecho en este caso un valiosa contribución a la propuesta original de la Comisión. 
Apoyo plenamente la mejora de la Directiva realizada por la Comisión. 
Aún cuando la propuesta original se circunscribía al CO2, me congratula que en el Parlamento seamos más ambiciosos y tratemos de ampliar el ámbito de aplicación a todos los demás gases de efecto invernadero. 
Este tipo de acción demostrará a las claras la determinación de la UE de materializar un progreso real y tangible en este tema de enorme importancia. 
Acojo asimismo con satisfacción la ampliación de la Directiva para incluir otros sectores como el químico y el del aluminio. 
Destacaría al respecto un caso especial: la situación de la industria de la cal. 
Dado que la cal y la dolima sólo se pueden producir mediante la eliminación del CO2 existente en la piedra caliza y la dolomita, no hay ninguna forma de reducir las emisiones de CO2. 
Por tal razón, mi grupo ha presentado una enmienda que propone excluir la producción de cal y dolima del mecanismo de comercio de derechos de emisión de gases. 
La industria seguiría sujeta a los requisitos en cuanto a seguimiento, información y verificación. 
Pediría también a los colegas que reflexionen sobre esta situación concreta y que apoyen nuestra enmienda, la 89. 
La fase voluntaria inicial de este esquema es importante y espero que los Estados miembros fomenten activamente la máxima participación en todos los sectores. 
Resulta además esencial que la Directiva tenga carácter obligatorio a partir de 2008, de manera que constituya un objetivo concreto y tangible que contribuya a mantener centrado el foco de atención. 
Para terminar, haré un comentario de carácter general acerca de la contribución de la UE a la mejora de la conciencia y protección medioambiental. 
Como diputado irlandés, soy plenamente consciente de que la inmensa mayoría de la legislación medioambiental, así como los cambios de actitud, son una consecuencia directa de nuestra condición de miembros de la Unión Europea. 
En el caso presente, como en otras muchas áreas políticas, la UE ha incidido de forma positiva en todas las facetas de la vida de nuestros conciudadanos. 
Para acrecentar al máximo el potencial de nuestro trabajo en esta área tan crucial, esperamos poder hacerlo extensivo a los países de Europa central y oriental. 
A tal fin, preveo con cierto entusiasmo una respuesta positiva por parte del pueblo irlandés al Tratado de Niza. 
Señor Presidente, a lo largo de los últimos meses hemos sido testigos, dentro y fuera del Parlamento, de un debate acalorado acerca del efecto invernadero. 
¿Representan la utilización de carburantes fósiles y la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera una amenaza seria o se trata simplemente de aire caliente? 
Al fin y al cabo, investigaciones recientes han demostrado que el problema no tiene solución real, aun cuando se restrinjan las emisiones de CO2 por la población, y que el comercio de derechos de emisión contribuye de forma limitada a la reducción de las emisiones de CO2. 
¿Es el comercio de derechos de emisión algo así como el cuento de la lechera? 
No lo creo. 
Desde mi punto de vista, la creencia de que la reducción de las emisiones de CO2 tiene un valor limitado en el proceso de reducir el efecto invernadero es errónea. 
Sólo con que llegue a transmitir que el papel que desempeña la población en la generación del efecto invernadero puede reducirse al mínimo, el comercio de derechos de emisión habrá logrado un objetivo, a saber, que ahora tenemos mayor conciencia de nuestros recursos naturales y somos más ahorrativos en su utilización. 
Con ello se habrá alcanzado un segundo objetivo irrefutable, el de que si deseamos disfrutar de un uso a largo plazo de recursos naturales como el carbón, el petróleo o el gas, tenemos que aprender a utilizarlos de forma responsable. 
Hacer un uso más económico de los recursos naturales significa darles un trato distinto del que les otorgamos en la actualidad. 
Dicho de otra manera, en comparación con nuestra forma actual de proceder, hemos de utilizarlos de modo diferente. 
Reviste por tanto gran importancia garantizar que este planteamiento quede también reflejado en la forma de asignar los derechos de emisión. 
Por esta razón nuestro grupo, junto con el grupo PPE-DE, ha presentado enmiendas a fin de incorporar a esta Directiva algún tipo de medida comparativa. 
La comparación de los niveles de consumo de energía para determinar la asignación de los derechos de emisión constituye un incentivo adicional para las empresas de cara a adoptar medidas encaminadas a reducir su consumo de energía. 
De esta forma se le ofrece a la industria la oportunidad, sobre la base de comparaciones mutuas e históricas, de reducir las emisiones de CO2 mediante el consumo de energía con métodos innovadores. 
Esto constituye un incentivo mayor que la implantación de un gravamen sobre la energía y además transfiere parte de la responsabilidad social a los empresarios y a la industria. 
En consecuencia, todas las propuestas presentadas últimamente para debilitar la Directiva y restringir su ámbito de aplicación no contribuyen de manera constructiva a una política energética mejor. 
Más bien al contrario. 
Partiendo de la base de que ciertos países no tienen intención de ratificar el Protocolo de Kioto, se está intentando restringir la propia contribución de los países a fin de no sufrir perjuicios económicos. 
El hecho de que esta idea se sustenta sobre una hipótesis errónea es evidente. 
Al fin y al cabo, una reducción del consumo de energía tiene igualmente sentido desde un punto de vista económico. 
Esto ha provocado, lamentablemente, un exceso de enmiendas presentadas que, caso de aceptarse, obstaculizarán seriamente la eficacia del instrumento de comercio de derechos de emisión. 
Las votaciones en las distintas comisiones han demostrado, sin embargo, que muchas de las enmiendas no cuentan con apoyo suficiente. 
Me estoy refiriendo a las enmiendas que propugnan la inclusión de otros sectores y prevén muchas excepciones a la normativa. 
Además, la enmienda 97 sobre coincineración debería rechazarse, ya que refuerza el escenario desigual de plantas de incineración de residuos frente a las plantas de coincineración. 
A diferencia de las plantas de incineración de residuos, en las de coincineración tienen lugar procesos reales de producción, con los que no debería hacerse ninguna excepción. 
Esto complica de forma innecesaria la Directiva. 
Así pues, rogaría encarecidamente no apoyar propuestas de este tipo. 
Señor Presidente, terminaré diciendo que las soluciones a favor de un mejor entorno de vida y un mejor futuro a menudo no son evidentes, y desde luego no lo son en el actual clima económico. 
Sin embargo, no sólo el clima económico constituye un factor esencial en este contexto. 
Nuestro cometido como vigilantes de la Creación divina nos exige gestionar correctamente tanto la Tierra como sus recursos. 
Estoy plenamente convencido de que tiene una importancia vital para nuestro compromiso con el uso sostenible de los recursos de nuestro planeta. 
El comercio de derechos de emisión puede constituir una herramienta para tal fin. 
Señor Presidente, han transcurrido doce años desde Río, donde quedó aceptado que los gases de efecto invernadero debían ser restringidos en todo el mundo, lo cual demuestra la interminable lentitud con que se producen los procesos globales de cambio en relación con el medio ambiente. 
El tema principal a debate son los costes. 
Sin embargo, habremos de admitir con carácter general que cualquier medida adoptada hoy será la cause de sólo una parte del coste del daño futuro derivado, al que habrá que hacer frente más adelante. 
Es algo que hemos vivido en fechas recientes en Europa central, con el mayor desastre por inundaciones que se recuerda. 
Las aguas han remitido, pero las causas perduran, por lo que tendremos que emprender alguna acción para combatirlas, primero a escala local y luego también global. 
Está aceptado con carácter general que la medida más importante consiste en la reducción drástica de todos los gases de efecto invernadero. 
El informe del Sr. Moreira da Silva apunta en la dirección correcta y lo hace de manera excelente. 
Necesitamos una perspectiva a largo plazo que implique al mismo tiempo nuestra fe en que resulta posible conseguir una mejora real. 
Hemos sabido con alivio durante las últimas semanas, por ejemplo, que la prohibición del hidrofluorocarbono se ha traducido, al cabo de sólo unos pocos años, en que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida ha visto reducido su tamaño por primera vez. 
El comercio de derechos de emisión por sí solo no llega a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que sencillamente los distribuye de manera diferente. 
Cualquier campaña eficaz deberá comenzar en nuestra propia casa. 
Para ello, antes de nada debemos desarrollar fuentes renovables de energía y presionar a favor de los objetivos de eficacia energética que nos hemos fijado. 
El enfoque a largo plazo sólo puede consistir en la aplicación del principio de que pague quien contamine, y que los ingresos recaudados se destinen para fines específicos y se utilicen para mejorar la situación. 
Señor Presidente, Señorías, hoy vamos a votar la Directiva sobre comercio de derechos de emisión en Europa. 
La Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero siguiendo el Protocolo de Kioto. 
La Comisión ha estado trabajando en una propuesta preliminar acerca de cómo regular el comercio de derechos de emisión entre empresas europeas. 
Fijará valores en cuanto a techos e intercambios para nuestra industria, dominada por la energía, que deberán disminuir anualmente de acuerdo con los objetivos de Kioto. 
Huelga decir que nosotros en la Unión Europea deseamos contribuir a un entorno mejor y a la reducción de las emisiones en todo el mundo. 
Estoy a favor de la idea del comercio global de derechos de emisión como una forma de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
El mercado de derechos de emisión sabrá canalizar, con toda la eficacia inherente al mercado libre, dichas reducciones hacia aquellos ámbitos donde resulte más económico disminuir las emisiones. 
En consecuencia, el coste global de la política climática para la UE quedaría contenido. 
La propuesta de la Comisión, no obstante, contiene varios aspectos problemáticos que necesitan modificación. 
Debido a los costes generados por la reducción de las emisiones, la competitividad industrial de los países de la UE se verá perjudicada en comparación con aquellos otros que permanecen al margen del acuerdo de Kioto. 
Existe un peligro muy evidente de que, en lugar de reducciones reales de emisiones, acabemos teniendo fugas de emisiones a escala global, en el momento en que las instalaciones europeas trasladen su operación a países que no se hayan sometido al acuerdo de reparto de la carga, derivado de Kioto. 
El número de empresas individuales que tendrían que adquirir cuotas depende de la forma de materializar la asignación inicial. 
La asignación inicial tiene que quedar decididamente exenta de cualquier gravamen. 
Una asignación sometida a subasta y que, por tanto, exija un pago se traduciría en que las empresas de la UE habrían de soportar la carga de un coste adicional, que no tendrían sus competidores externos a la UE y que operasen en los mercados internacionales. 
La asignación inicial no debe penalizar a las empresas que combaten de manera eficaz sus propias emisiones y deberán tenerse en consideración aquellas medidas que una empresa ya haya adoptado. 
Por ejemplo, en mi país, Finlandia, se llevan aplicando reducciones voluntarias en las emisiones de dióxido de carbono desde hace más de una década. 
El 85% de la industria y las plantas de energía ya han suscrito un acuerdo voluntario de ahorro de energía con el gobierno. 
El proceso de asignación inicial debe tener en cuenta además el potencial real de la empresa, tanto técnico como financiero, para limitar sus emisiones. 
Por ejemplo, a la industria siderúrgica en la zona de donde yo procedo no debe permitírsele quedar sumida en una posición desfavorable por la sencilla razón de que resulta imposible fabricar acero sin generar un cierto volumen de emisiones de dióxido de carbono. 
El carbón no se utiliza en la industria siderúrgica para producir energía, sino como elemento integrante del proceso de fabricación. 
Las emisiones se han reducido de manera eficaz mediante inversiones en tecnología moderna. 
Por este motivo, junto con los compañeros de nuestro grupo, he presentado una enmienda que permita excluir los productos carbónicos del sistema de «comercio de techos de emisión» hasta un límite accesible con la mejor tecnología disponible. 
La propuesta de Directiva de la Comisión resulta más problemática para Finlandia que para otros muchos países. 
Los sectores industriales afectados son responsables de un gran porcentaje de las emisiones en Finlandia, mayor que en otros países. 
Por otro lado, Finlandia obtendría un porcentaje pequeño de cuotas en la asignación, ya que los objetivos nacionales son rigurosos. 
Dicho de otra forma, la asignación total será limitada. 
No ocurre lo mismo con otros países que no tienen ningún tipo de compromisos y donde los objetivos climáticos incluso permiten un aumento de las emisiones. 
Aun cuando el comercio de derechos de emisión constituye en teoría una forma económica de reducir las emisiones, no debemos permitir que la propuesta de Directiva imponga ningún tipo de restricción sobre el comercio hasta el punto de que no se perciban sus beneficios. 
En teoría, el comercio de derechos de emisión resulta más ventajoso para aquellos cuyas propias medidas para la reducción de las emisiones implican un mayor coste que el de adquisición de cuotas de emisión a terceros. 
En la práctica, el resultado depende sin embargo de la forma de asignación de las cuotas a las diferentes instalaciones individuales, esto es, de cuántas instalaciones se vean forzadas a pagar por las cuotas de emisión y de su precio de mercado. 
La distorsión de la estructura competitiva dentro de un mismo sector industrial, tanto en Europa como en un contexto global, representa un peligro, que deberá vigilarse de cerca en cualquier debate futuro sobre la propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Comisaria Wallström ha comenzado por describir lo insuficientes que han resultado hasta el momento las medidas de protección climática en la Unión Europea. 
Por tal razón deseamos negociar un nuevo instrumento para la jurisdicción sobre emisiones. 
Todos nosotros- y me incluyo- decimos «sí» a tal idea. 
Sin embargo, al mismo tiempo afirmo que, si desmenuzamos la situación global de las emisiones en la Unión Europea, podemos observar que algunos ya están seriamente afanados en reducir los gases de efecto invernadero y otros no. 
Creo que no debemos permitir que este nuevo instrumento adicional cuestiones los esfuerzos ya realizados, algunos incluso con cierto éxito, y a la vista de los cuales no deberíamos utilizar unas limitaciones impositivas para acabar con unas estructuras que han logrado reducir el CO2 y demás gases de efecto invernadero. 
Esto significa que hay dos aspectos que considero importantes: el primero es una mayor flexibilidad y el segundo, unas condiciones equitativas. 
Si se me permite comenzar por la mayor flexibilidad, conozco una empresa en mi patria chica que desde 1990 ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 27%. 
¿Qué razón puede haber para que esta empresa se adhiera al régimen para el comercio de derechos de emisión, cuando dispone de sólidas razones empresariales para afirmar que no desea hacerlo? 
Por otro lado, existe una empresa que sí está interesada, aun cuando la Directiva no le da cabida. 
Ha reducido por iniciativa propia el CO2 y estaría encantada de adherirse. 
En este aspecto, estoy a favor de permitir la inclusión y exclusión voluntarias (opt-in, opt-out). 
La inclusión voluntaria, tal como la plantea la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, me parece totalmente satisfactoria, a diferencia de la exclusión temporal; las dos no son equivalentes, puesto que la exclusión sólo rige hasta el 31 de diciembre de 2007. 
Por consiguiente, deseo proponer las mismas condiciones para ambas, de manera que si alguien se excluye, no quede totalmente exento, sino que deba cumplir con las mismas reducciones de emisión que si estuviera dentro, pero sin esta fecha límite del 2007. 
Por todo ello desearía solicitar el voto a favor de la enmienda 81. 
Retomo ahora el segundo aspecto, que trata de las condiciones equitativas. 
Tenemos que garantizar que las empresas que queden incluidas y que ya han venido haciendo el esfuerzo desde 1990, vean reconocidos sus esfuerzos en el momento que se otorguen las cuotas de emisión. 
Más aún, no sería de recibo que se produjeran cierres y reubicaciones de empresas con el fin de conseguir cuotas de emisión que a continuación se vendieran con margen de beneficio, poniendo en peligro los puestos de trabajo. 
Estas cuotas de emisión deben extinguirse. 
Si juntamos estos dos aspectos- flexibilidad y condiciones equitativas- podremos decir «sí» con la conciencia tranquila al uso del comercio de derechos de emisión para proteger el clima, pero en un contexto flexible y equitativo. 
Señor Presidente, creo que la propuesta de la Comisión constituye una base excelente. 
Todo el mundo debe estar implicado y la asignación inicial de derechos, ser gratuita. 
Existe, sin embargo, una pega; el riesgo de distorsionar la competencia dentro de la UE. En otras palabras, el terreno de juego puede hacerse excesivamente resbaladizo y usted tenía razón, Señora Comisaria, al señalar que resulta inaceptable en el contexto de regímenes nacionales de asignación. 
Es la razón por la que soy contrario a las exenciones nacionales, por las cuales un país puede conceder una exención a una empresa o a un sector. 
Estoy convencido de que todo el mundo debería participar. 
En caso necesario, las exenciones se podrán conceder a escala europea por una u otra razón de peso, que podrá fijarse de manera objetiva. 
Además, opino que la asignación debe tener en consideración además el ahorro energético de la tecnología utilizada en la empresa. 
Una compañía que no trabaje de manera eficaz no deberá verse recompensada gratuitamente con una generosas asignación inicial de derechos. 
Dado que es imposible vender debido a que un elevado número de sectores han de operar dentro de un mercado global y se verían perjudicados por dicha venta, los criterios europeos de asignación deberán establecerse de manera que sean objetivos, transparentes y rigurosos, así como aplicables a todo el mundo. 
Precisamos una comparativa, la mejor tecnología disponible y necesitamos dictar criterios preceptivos basados en esto para todo el mundo y para cada Estado miembro, ya que este régimen afecta asimismo, de una manera u otra, al reparto de la carga entre los Estados miembros. 
Existe por tanto la posibilidad de distorsionar la competencia y, por desgracia, los Estados miembros que están teniendo dificultades son casi en su totalidad Estados miembros pequeños, lo que nos dificulta enormemente el debate. Ello no significa que rechacemos el régimen, ya que para quienes encontramos difícil afrontarlo, convierte el esfuerzo en más llevadero y económico, al quedar reducido el precio del cometido. 
Esta es la razón por la que necesitamos un régimen eficaz. 
De cualquier forma tendremos que ajustar este régimen sobre la marcha y en cualquier caso nos enfrentaremos a problemas climáticos, gases de efecto invernadero, medidas que necesitamos adoptar mucho después de 2012. 
Una cosa debemos tener clara: resulta imposible construir un paraíso ecológico sobre un cementerio económico. 
Señor Presidente, a fin de prevenir el cambio climático, los Estados Unidos de América propusieron un sistema mundial de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y la creación a tal fin de mercados de cuotas de emisión. 
Sin embargo, los Estados Unidos no se adhirieron al régimen que debe iniciar su andadura a comienzos de 2008. 
La Comisión ha sugerido que el régimen de «comercio de techos de emisión» («cap-and-trade» ), que rechazaron los Estados Unidos, debiera iniciarse en 2005. 
Se ha propuesto un mismo sistema obligatorio para todo el mundo, basándose las reducciones de emisiones en mecanismos de mercado. 
El hecho de que sea un mercado no traerá consigo una reducción de las emisiones. 
Las subastas del espectro radiofónico en el mercado europeo fueron una catástrofe. 
Además, la propuesta de la Comisión no es un mecanismo de mercado. 
Implica una distribución administrativa de las cuotas de emisión entre los países, así como entre las empresas ubicadas en sus territorios. 
Resulta crucial para el éxito del régimen la asignación inicial y ésta no es un mecanismo de mercado. 
Las empresas en los países que se han marcado ambiciosos objetivos en cuanto a la reducción de emisiones se encontrarán en desventaja respecto de las otras. 
Las empresas que hayan reducido sus emisiones antes de la entrada en vigor de las cuotas se verán penalizadas. 
Para ellas resultará más costoso aumentar la producción con bajo nivel de emisiones que para las empresas que producen grandes volúmenes de emisiones. 
Los países y empresas que consumen gran cantidad de energía nuclear o hidroeléctrica se verán favorecidos. 
El comercio en la UE de cuotas de emisión no debería ser obligatorio antes de 2008: hasta esa fecha, permitamos que sea un proyecto piloto de carácter voluntario para los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quisiera dejar bien claro, antes de nada, que hoy no hablo en representación de la delegación CDU/CSU en el Parlamento europeo. 
La mayoría de ese grupo propugna una postura diferente, pero yo estoy hablando en nombre del grupo PPE-DE, que apoya los puntos clave del informe Moreira da Silva tal como ha sido votado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Deseo expresar mi respaldo al informe y mi gratitud al ponente por su cometido. 
Las negociaciones no siempre han sido fáciles de conducir- ha tenido que aprobar compromisos que resultaban particularmente difíciles para su país- y por tanto se merece nuestro especial reconocimiento. 
Los compromisos eran difíciles para Portugal, pero eran intrínsecamente razonables y útiles. 
La protección del clima constituye uno de los mayores retos para las décadas venideras. 
Deberíamos al fin dejar de visualizar las empresas como contrarias a la protección climática. 
Las terribles inundaciones en Alemania y los países limítrofes nos han hecho comprender claramente que también se ocasiona un gran perjuicio en términos económicos si no incidimos en la protección climática. 
Estas inundaciones han estado, por supuesto, lejos de ser un efecto colateral incontestable del cambio climático- hasta qué punto lo fueron, continúa siendo un tema de debate académico -, pero los expertos no cuestionan que hemos de hacer algo para evitar tales catástrofes en el futuro. 
Por tanto, es correcto que la Comisión promueva propuestas al respecto, pero también es cierto, como hemos convenido en esta Cámara, que la propuesta de la Comisión a la que nos enfrentamos contiene defectos importantes y las discusiones en las comisiones han girado en torno a qué hacer con ellos. 
Un grupo intentó en principio rechazar de plano la propuesta de la Comisión y, al fracasar, pretendió al menos moderarla. 
Otro grupo, en el que me encuentro, declaró que la propuesta debería mejorarse. 
«Mejorarla, sí; moderarla, no» fue el lema bajo el que nos pusimos a trabajar y creo que el informe de la Comisión de Medio Ambiente ha erradicado definitivamente los principales puntos débiles de la propuesta de la Comisión. 
Lo más importante es la aceptación de 1990 como año de referencia y el reconocimiento de logros previos por parte de las empresas. 
En Alemania, Gran Bretaña, Finlandia y otros países donde ya se ha hecho algo, resulta simplemente incomprensible que alguien se vea penalizado por haber iniciado ya la protección climática. 
Esto es lo que confiere tanta importancia a nuestra introducción del año de referencia y el reconocimiento de logros anteriores, de manera que las empresas que hayan actuado a favor, también reciban el reconocimiento debido por ello y entonces tendrán la oportunidad de obtener algún beneficio del comercio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero. 
Hay otras mejoras a las que ha hecho referencia el Sr. Lange; a fin de que el cierre de una planta y la pérdida de puestos de trabajo no puedan ser asimilados a medidas de protección climática, hemos adoptado una enmienda en el sentido de que los certificados de emisiones sean retirados en el caso de que se cierre una instalación productiva. 
El grupo PPE-DE ha presentado otras doce enmiendas, sobre las que nos hemos pronunciado de forma unánime a fin de introducir otras mejoras en el informe Moreira da Silva, sin afectar para nada el núcleo de los compromisos. 
La enmienda más importante en este contexto se refiere a la forma en que deberíamos afrontar la industria del cemento y de la caliza. 
Es un hecho cierto que resulta más difícil evitar las emisiones de CO2 en la fabricación de cal y de cemento que en otras industrias, por lo que deberá tenerse en cuenta sin poner en peligro el objetivo global. 
Al igual que la mayoría del grupo PPE-DE, soy contrario personalmente a cualquier exclusión (opt-out) que se refiera a países completos y especialmente a la concesión de cualquier exclusión (opt-out) sin condiciones previas. 
Incluso en las fases iniciales, no podemos hablar en términos de una exclusión (opt-out) a menos que existan condiciones previas perfectamente definidas, que además deben quedar sujetas a verificación inmediata. 
El comercio de derechos de emisión representa la herramienta de economía de mercado para proteger el clima y, como creyente en la economía de mercado, estoy a favor del informe Moreira da Silva e invito a mis compañeros Diputados en esta Cámara a votar en apoyo del mismo. 
Señor Presidente, el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está justificado, pero la solución- como a menudo ocurre con las decisiones de la UE- es burocrática y costosa. 
Se ha dedicado más atención a las minucias del régimen que realmente a la reducción de las emisiones. 
Además, confiere un trato injusto a varios Estados miembros, dependiendo de aspectos como la estructura industrial y la estructura de la producción energética, así como de lo mucho que se haya realizado hasta el momento a favor de la reducción de emisiones. 
Todos estamos de acuerdo en cuál debe ser nuestro objetivo. 
El cumplimiento de los compromisos de Kioto. 
Se han vertido numerosas críticas sobre el régimen de comercio de derechos de emisión. 
Especial dificultad supondrá para aquellas acerías, inmersas en el mercado global, que barajen planes de expansión y ya hayan iniciado acciones para reducir las emisiones. 
La Comisión elaboró una propuesta pobre, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía introdujo gran cantidad de mejoras, que sin embargo quedaron aguadas durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Espero que cuando votemos, podamos mejorar la propuesta al aprobar ciertas modificaciones que permitan un procedimiento de exclusión (opt-out) menos rígido y la exclusión en el cálculo de las cuotas de dióxido de carbono procedente de materias primas. 
No creo que las subastas y los techos a la hora del reparto de la carga por país resulten apropiados en este contexto. 
El sector de las telecomunicaciones nos ha demostrado que las subastas no resultan recomendables. 
Los problemas asociados con el comercio de derechos de emisión afectan a multitud de sectores industriales en toda Europa. 
Están en juego miles de puestos de trabajo en la industria. 
El peligro estriba en que la producción se traslade a otros lugares, donde generará mayor contaminación. 
Señor Presidente, ¿puedo comenzar dando las gracias al ponente por la atención y la dedicación que ha demostrado en relación con este tema? 
Ha sido, y continúa siendo, receptivo a los problemas que conlleva esta propuesta. 
Deseo agradecerle y felicitarle por su enorme destreza, pero decididamente también por la perseverancia con que está intentando llevar a buen puerto el régimen de comercio de derechos de emisión. 
Comparto la opinión del Sr. Liese en cuanto a que no se ha decantado por la Europa meridional, sino que ha intentado unir el norte y el sur de manera muy juiciosa. 
La propuesta es una consecuencia de Kioto, donde se acordó que debía reducirse la emisión de gases de efecto invernadero. 
Estoy en condiciones de afirmar, con legítimo orgullo, que el régimen de comercio de derechos de emisión ya está funcionando correctamente en el Estado miembro de donde procedo. 
Un régimen de comercio de derechos de emisión sólido debe cumplir una serie de criterios: no debe discriminar entre empresas y sectores y debe recompensar a los pioneros por las medidas que ya hayan adoptado. 
Volveré sobre este tema en un instante. 
El régimen no debe obstaculizar el mercado y debe proporcionar también oportunidades a los recién llegados al mercado. 
Además, el régimen debe ser competitivo en Europa y no debe afectar negativamente la posición europea en el mercado global. 
En mi opinión, la propuesta de la Comisión no cumple estos criterios. 
Un régimen de «comercio de techos de emisión» se puede materializar mediante el método de subasta o de «grandfathering» (atribución gratuita de derechos de emisión calculados en función de criterios históricos). 
La subasta podría ser una solución si el mercado funcionara satisfactoriamente, pero si la subasta sólo tiene lugar en Europa, la competitividad frente al resto del mundo queda distorsionada. 
El principal inconveniente del «grandfathering» radica en que los derechos se asignan inicialmente de manera gratuita sobre las emisiones en ese preciso instante. 
Por tanto, este tipo de régimen de «grandfathering» no tiene en cuenta para nada las reducciones de consumo de energía que ya se han producido en el mercado neerlandés, y por supuesto en el alemán, así como en otra serie de países. 
Por esta razón creo que lo mejor sería implantar un régimen según el cual, los derechos se asignaran en base a las tasas estándar de rendimiento. 
Son derechos que deben conseguirse con antelación mediante la operación con mayor ahorro de energía, antes de que salgan a subasta. 
Apoyo sinceramente la propuesta adaptada, que incluye una serie de enmiendas que he presentado en nombre de mi grupo. 
Y quisiera decir a los compañeros Diputados alemanes que comprendo su punto de vista. 
Señor Presidente, el Protocolo de Kioto fue generalmente saludado como un importante paso adelante en la lucha contra los cambios climáticos que amenazan la vida en nuestro planeta. 
Sin embargo, debido a la presión ejercida por los Estados Unidos, el protocolo contiene una rendija que permite a los países o a las empresas eludir el cumplimiento de sus compromisos. 
Me refiero al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
Resulta impensable que se pueda crear todo un mercado para comercializar la contaminación como si fuera un artículo, un mercado en el cual, en vez de reducir sus emisiones, las empresas pueden comprar emisiones adicionales a otras compañías, que se hallan dentro de los límites. 
Es igualmente inconcebible que la gente se refiera al derecho a contaminar. 
Considerado conjuntamente con el famoso principio de «el que contamina, paga» , esto significa que cualquiera que pueda abonar el precio, tiene licencia para contaminar con impunidad. 
Nos horroriza que la Unión Europea haya fundamentado su política para implantar el Protocolo de Kioto en el comercio de derechos de emisión y que esté enfocando todo el problema en términos de mercado. 
Esto demuestra lo hipócritas que son sus declaraciones acerca del medio ambiente y el clima. 
Teóricamente apoya el Protocolo de Kioto; en la práctica, lo socava. 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la autorización a los monopolios a continuar obteniendo beneficios indecentes son mutuamente excluyentes. 
En el sistema capitalista, por supuesto, todo se puede comprar y vender, incluso la contaminación. 
Sin embargo, el clima y la vida futura en nuestro planeta no se puede comprar ni vender. 
La protección de nuestro planeta está en manos del movimiento de las bases. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Moreira da Silva, quien a fuerza de una enorme cantidad de minucioso trabajo, ha confeccionado una propuesta aprovechable para ser debatida a partir de una propuesta muy pobre procedente de la Comisión, algo que realmente debería haberse desechado de entrada. 
Así pues, muchas gracias a él, ya que lo que su instancia ha producido, Señora Wallström, no alcanza los niveles de calidad exigibles si deseamos que la protección del medio ambiente continúe haciendo progresos en Europa. 
Nunca en ocho años y medio me había topado con una propuesta de Directiva tan pobre presentada a esta Cámara, así que podemos dar gracias al Parlamento de que al final haya tenido la oportunidad de mejorar ciertos aspectos de tan endeble proyecto. 
Hasta aquí mis comentarios preliminares. 
Mi segunda consideración es que estoy francamente de acuerdo con el Sr. Lange en cuanto a que, para que la propuesta se convierta en realidad, debe incorporar la flexibilidad en circunstancias equitativas. 
Las circunstancias equitativas son necesarias no sólo porque ciertos Estados miembros de la Unión Europea ya han hecho cosas apreciables mientras otros no, sino también a la vista de la relevancia que el comercio de derechos de emisión supone para la competencia. 
Todo el mundo imaginable ha hecho algún comentario sobre los Estados Unidos y lo malos chicos que son, para después afirmar que realmente se trata de un impuesto sobre la energía. 
La Sra. Corbey dijo que la electricidad generada con energía nuclear no debía recibir un trato favorable. 
Lo que la Comisión ha propuesto no cumple de hecho sus propias condiciones. 
Es un monstruo burocrático, absolutamente ineficaz en términos medioambientales, y eso es algo de lo que no se puede culpar a Kioto, ni justificar haciendo referencia a éste, ya que Kioto, Sra. Wallström, fue suscrito por los Estados miembros. 
En Kioto, los Estados miembros adquirieron un compromiso. 
El Protocolo de Kioto hace referencia a seis gases de efecto invernadero, usted solamente a uno. 
El Protocolo de Kioto compromete a los Estados miembros. 
Usted quiere imponer obligaciones a las empresas. 
El Protocolo de Kioto emplaza a los Estados miembros a utilizar todo tipo de instrumentos. 
Usted quiere anular y vaciar de contenido la responsabilidad de los Estados miembros mediante la burocracia de la Comisión. 
El Protocolo de Kioto estará en vigor entre 2008 y 2012. 
Su comercio de derechos de emisión obligatorio será aplicable ya desde 2005. 
El Protocolo de Kioto posee al menos tres instrumentos, de los cuales usted sólo utiliza uno y, sobre todo, usted viola el principio más importante, uno que ha sido aceptado por la comunidad internacional, a saber, que el mundo entero deberá reducir el CO2 allí donde pueda realizarse de manera más económica y rápida. 
Parece claro, sin embargo, que lo que usted está proponiendo aquí es el comercio interior europeo, que no tendrá ningún efecto para nadie más, y que costará entre 20 y 33 euros por tonelada equivalente de CO2. 
Usted no ha incluido para nada en su Directiva ninguno de los otros dos instrumentos. 
El Protocolo de Kioto propugna una mezcla en la que debería regir el coste de 6 euros por tonelada equivalente de CO2 y, si usted hace lo que ha propuesto, el resultado será el cierre de fábricas y la reubicación de puestos de trabajo. 
No obtendremos un balance positivo a escala mundial y esa es la razón por la que estamos a favor no sólo de condiciones equitativas, sino también de dejar que los instrumentos compitan entre sí hasta que esté vigente el Protocolo de Kioto. 
Los quince Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a reducir individualmente en un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La Unión Europea ha asumido un compromiso diferente, un tipo distinto de reparto de la carga. 
La forma de funcionamiento de este reparto de la carga consiste en que un país como Alemania, con su 21% negativo, tiene una gran participación, mientras que Portugal, por ejemplo, tiene autorización para aumentar otro 27% sobre la referencia de 1990. 
Todo esto es muy justo y responsable, pero ahora, cuando Alemania y Gran Bretaña son los únicos Estados que, incluso al margen del monstruo burocrático del comercio de derechos de emisión engendrado por la Comisión, pueden aportar ciertos éxitos, no se les puede penalizar sobre el supuesto de que los que actuaron de forma voluntaria deben pagar ahora una multa adicional por haberlo hecho de manera satisfactoria. 
¿Cómo quiere, Señora Wallström, que este tipo de imposición sobre los Estados miembros y las empresas constituya una motivación para ellos? 
Como Diputado alemán al Parlamento, le puedo decir que desde 1990 se ha producido en Alemania una reducción de 231 millones de toneladas de equivalente de CO2. 
Es una cifra enorme. 
En ese mismo periodo, España, otro Estado miembro, ha vertido a la atmósfera otros 100 millones de toneladas de equivalente de CO2. 
Castigar a las empresas alemanas por las negligencias españolas constituye una forma errónea de proceder, por lo que solicito a la Cámara su apoyo a la enmienda 75, que persigue asignar mayor responsabilidad a los Estados miembros. 
Señor Presidente, si dispusiera de más de dos minutos de tiempo, rebatiría de la manera más amistosa posible los argumentos del Sr. Langen. 
Creo que la Comisión ha elaborado una propuesta bastante buena, que estoy seguro hemos mejorado, ya que el Parlamento siempre hace mejor las cosas. 
Quisiera expresar mi parecer sobre lo siguiente. 
En primer lugar, ya disponemos de un comercio de derechos de emisión; a escala mundial se han comercializado unos 70 millones de toneladas de CO2 desde 1996, supongamos que a un precio de 3 USD por tonelada, lo que representa un negocio de 210 millones USD, y el intercambio está aumentando exponencialmente. 
Es necesario imponer orden en este comercio y en Europa esta Directiva nos ayuda a hacerlo. 
Esta es la razón por la que resulta razonable. 
Estoy decididamente a favor de tener en cuenta la experiencia pasada en los Estados miembros, lo que significa que necesitamos un periodo de transición, pero con fecha de caducidad. 
Para mí, esa fecha es 2008, momento en que la normativa debe regir para toda Europa. 
También quisiera señalar que la normativa europea sobre competencia continúa vigente para el comercio de derechos de emisión y- a pesar de Kioto- la Comisión siempre puede intervenir en el mercado cuando considere que se está distorsionando la competencia. 
Este comercio de derechos de emisión está alumbrando una nueva era en nuestra economía, dado que se está asignando un precio a los gases residuales, en este caso el CO2. 
A la vista de la estimación de ese precio- la Comisión asume el de 20 euros por tonelada- resulta fácil imaginar la importancia que tendrá para la economía, para el sector energético y para la ecología. 
Estamos llegando a una inversión del paradigma y si es verdad, estoy seguro que éste no será el último debate sobre el tema. 
Espero que la resolución del parlamento siente finalmente los cimientos de un reencuentro entre todos, que nos permita alumbrar una solución sensata. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las más efusivas gracias al Sr. Moreira da Silva, que ha sido un magnífico ponente y ha elaborado una buena propuesta. 
ET, Emission tradit es un extraño ser desconocido procedente de una extraña estrella desconocida. 
Aún no sabemos si temerlo o amarlo. 
Sin embargo, yo he intentado dotar a este ser de un rostro más humano y he presentado una serie de enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La enmienda 2: si las autoridades ya tienen que actualizarlo introduciendo varios cambios a las instalaciones, entonces por favor que sea con la aprobación de los operadores. 
La Comisión afirma en su propuesta que fijará un método de asignación para el periodo que comienza el 1 de enero de 2008. 
Yo preferiría que no lo hiciera. 
Estimo que el Parlamento tiene el derecho a participar en esto mediante un procedimiento de codecisión. 
De la enmienda 30 me preocupa que la asignación de cuotas a las nuevas instalaciones esté, en principio, armonizada para toda la UE. 
Mi enmienda 37 es especialmente importante. 
Guarda relación con la necesidad de que los Estados miembros garanticen que los operadores de las instalaciones puedan, dentro de los respectivos periodos, pedir anticipadas las cuotas o posponerlas para otro año. 
Lo considero muy, muy importante y hace un poco más operativo el tema. 
Creo que ninguno de nosotros debería asustarse de esta propuesta. 
Al fin y al cabo, sólo estamos considerando el periodo entre 2005 y finales de 2010, que la Comisión ya ha designado como una especie de periodo de rodaje. 
No tenga miedo, valeroso Sr. Langen; siempre podemos cambiarlo todo. 
Estoy segura de que a partir de la votación de hoy podremos sumergirnos en una auténtico proceso de debate. 
Señor Presidente, tenemos que mostrarnos firmes en la implantación del Protocolo de Kioto, y no sólo me estoy refiriendo a los actores económicos, sino también a los Estados miembros y a la Unión Europea. 
El Sr. Langen no debería olvidar que vivimos en un mercado interior, cuyo funcionamiento no está pensado para que se apaguen las luces en toda Europa, sino más bien para que intentemos crear un crecimiento económico ecológicamente compatible y sostenible en aras del empleo y de la preservación del medio ambiente. 
A mi parecer, esto justifica y valida el que la Comisión tome nota del hecho de que ciertos Estados miembros ya están implicados en el comercio de derechos de emisión y que, como se ha dicho repetidamente hoy, algunos de ellos cuentan en su haber con logros preliminares en la tarea de reducir el dióxido de carbono. 
Esto confiere especial importancia al hecho de que adoptemos 1990 como año de referencia. 
Permítame, además exponer el parecer económico de que resulta extraordinariamente importante que los certificados de emisión se concedan de manera gratuita.. 
No cabe esperar nada de las subastas; es algo que hemos aprendido de nuestras amargas experiencias en el pasado, desde el comercio de licencias para los plátanos hasta las subastas de las licencias UTMS, razones por las cuales este instrumento deberá concederse sin cargo alguno. 
Es importante desde el punto de vista del inversor, ya que esto no provocará que las empresas se vean penalizadas por costes preliminares y garantizará además que el comercio de derechos de emisión no actúe como un impuesto. 
Las empresas tienen así a su disposición los recursos que precisan para investigación y desarrollo y para la aplicación de procesos con ahorro de energía y bajo nivel de emisión. 
La asignación sin cargo garantiza además la igualdad de condiciones para todos los implicados y la transparencia del procedimiento. 
Lo considero de máxima importancia y debo decir que además acogemos con agrado esta propuesta por motivos económicos, ya que por fin ayuda al precio a dar cuenta de los costes externos. 
De todas formas, pediría a la Comisión que pusiera todo de su parte para lograr el avance de la Directiva marco sobre imposición, ya que no puede sino ayudar a completar los impuestos sobre las empresas y colaborar a que Europa efectúe satisfactoriamente... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, éste es ciertamente un informe de gran importancia. 
Sólo queda por saber si tendrá un impacto negativo o positivo sobre la vida real. 
Para entonces se tratará de empresas reales y puestos de trabajo reales, de entornos familiares reales y del auténtico cambio climático. 
Es un experimento en el que la UE no se puede permitir fracasar. 
En principio apoyo con vehemencia el comercio de derechos de emisión, pero debo decir que esta propuesta es inquietantemente incompleta. 
La propuesta de la Comisión, entre otras cosas, no logró responder a los siguientes interrogantes. 
En primer lugar, está la competitividad de las empresas que pusieron en práctica acciones medioambientales durante las fases iniciales, atendiendo especialmente a los límites de los distintos países como consecuencia del reparto de la carga. 
Luego están los factores distorsionadores de la competencia del reparto de la carga entre los Estados miembros en general, la relación entre el comercio de derechos de emisión y los intereses fiscales de los diferentes Estados, y la existente entre el comercio de derechos de emisión y el mercado de energía gratuita. 
Además, están los temas de las transferencias masivas de ingresos derivados de la acción cooperativa entre distintos operadores y Estados, la ampliación, el blindaje de la propia UE contra ataques de operadores de terceros países o de especuladores tipo Soros, y temas relacionados con la protección legal y el acceso a la justicia. 
Este último fue aceptado afortunadamente por la Comisión en base a mi propuesta. 
Aparte de las cuestiones que aún permanecen sin aclarar, la propuesta parece confundir los fines con los medios para alcanzarlos, el ámbito nacional y el de las empresas, y los instrumentos de mercado y la administración tradicional basada en el control. 
Al confundirlos, hace un flaco favor a su propósito y lastra innecesariamente el propio objetivo, que es el de reducir las emisiones, respecto al cual los operadores europeos han mantenido una postura unánime. 
Los niveles inusualmente onerosos de burocracia asociados al régimen de comercio de derechos de emisión, una burocracia que el Parlamento de manera lamentable no ha querido asumir la responsabilidad de aliviar, presagian dificultades adicionales. 
Especial inquietud me causa la posibilidad de las fugas de carbono. 
Sin mi enmienda, la Directiva no era capaz de diferenciar las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la utilización del carbón para fines energéticos y su empleo como parte de un proceso industrial. 
En consecuencia, la posición de la industria siderúrgica europea, que presenta excelentes niveles ecológicos globales, correría el peligro de quedar debilitada en los mercados globales, provocando no sólo daños económicos, sino un perjuicio ecológico masivo. 
Señor Presidente, esta Directiva subraya la seriedad de nuestro propósito de afrontar los gases de efecto invernadero. 
Felicito al ponente por el excelente trabajo que ha llevado a término en un área de gran dificultad. 
La cuestión de si la participación en el mecanismo de comercio de derechos de emisión previsto por esta Directiva debiera ser obligatoria durante la fase piloto ha sido objeto de intenso debate en los Estados miembros, incluida Irlanda. 
Constituye uno de los puntos clave en esta propuesta de Directiva. 
Las perspectivas medioambientales e industriales son bastante diferentes y necesitamos hallar el equilibrio correcto. 
Al fin y al cabo, gobernamos por consenso. 
El anhelo, desde un punto de vista medioambiental, a favor de un régimen totalmente obligatorio debe encajar adecuadamente con consideraciones de mercado y debe ser respetuoso con la industria. 
Tiene que ser flexible y estar enraizado en el mercado. 
Parece sensato aceptar un esquema que sea obligatorio para los Estados miembros, ya que todos los Estados han de participar en el esfuerzo por reducir las emisiones. 
De hecho, necesitaremos vendedores en el mercado para que éste funcione. 
Necesitamos una cierta permisividad con respecto a las instalaciones individuales para que se acojan a la exclusión temporal (opt-out) del mecanismo únicamente durante la fase piloto. 
Evidentemente, a cualquier instalación que quede excluida temporalmente debe exigírsele que efectúe una acción equivalente a favor de la reducción de las emisiones. 
Esta provisión de exclusión temporal sólo debería existir durante la fase piloto, ya que a partir de 2008 estamos obligados a alcanzar objetivos jurídicamente vinculantes emanados del Protocolo de Kioto. 
Solicito el apoyo a la enmienda 50 y la enmienda 99, que versan sobre la emisión de CO2 procedente de la descarbonatación de la piedra caliza para producir cal, que supone una contribución al mercado importante y respetuosa con el medio ambiente. 
Espero que la Comisión acepte estas dos enmiendas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0285/2002) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimotercera vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción c/m/r) (8328/1/2002- C5-0267/2002- 2001/0110 (COD) ) (Ponente: Sr. Nisticò). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en breve. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, estoy dispuesto a retirar la enmienda 10 si la Cámara acepta la siguiente enmienda oral: quisiéramos conservar la totalidad del apartado 5, con la excepción de la última parte de la frase, que se modificaría como sigue: en lugar de «las ONG internacionales para acceder libremente al territorio argelino» , propongo «las ONG que desean acceder al territorio argelino». 
Me dicen que quería suprimir las palabras «y unas viviendas adecuadas». 
¿Es así? 
Señor Presidente, me gustaría decir que mi grupo va a retirar la primera parte de la enmienda. 
Por lo tanto, lo que queda debería ser: «pide a la Comisión que proceda a evaluar periódicamente las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la aplicación del Acuerdo de Asociación». 
Señor Presidente, los Liberales hemos presentado una enmienda, la 2, pero he consultado con la Sra. Bastos, que me ha asegurado que el texto que queríamos añadir sobre la participación de los gobiernos locales y regionales en las consultas en las regiones fronterizas ya está incluido implícitamente en su texto. 
- (NL) Hay una acuciante necesidad de ayuda financiera para todos los países de Europa del Este, una región en la que, durante la última década, se ha producido un hundimiento de las economías y donde no se prevén grandes mejoras en un futuro próximo. 
Bosnia y Herzegovina es un caso especial. 
Desde 1992, cuando la segregación de esta antigua provincia turca de Yugoslavia obtuvo el apoyo internacional, se han producido continuos intentos externos de crear un estado y de conseguir el apoyo de los habitantes de ese país para ese proyecto. 
Sin embargo, la realidad es que es un estado que no pertenece a nadie. 
Se trata de un país compuesto por minorías étnicas. 
Sólo la minoría más numerosa deseaba la creación de ese estado y considera que es el país de los habitantes islamizados bajo la dominación turca. 
Los otros dos grupos, que se sentían menospreciados durante la época turca, se sienten ahora más próximos a los estados vecinos, bien a Serbia o bien a Croacia. 
Consideran que las fronteras nacionales que los separan en la actualidad de dichos países son obstáculos y les gustaría que se suprimieran lo antes posible. 
Todavía no ha finalizado el recuento de los votos de las últimas elecciones, pero se cree que el electorado ha vuelto a votar por distintos movimientos nacionalistas y que, por lo tanto, los tres grupos quieren un futuro independiente. 
¿Durante cuánto tiempo pensamos mantener vivo artificialmente a ese país con fuerzas militares, líderes nombrados desde el exterior y fuentes de financiación externas? 
Nuestros esfuerzos acabarán por fracasar una vez que el país haya dejado atrás los complicados tiempos actuales. 
- (PT) Voté a favor de este informe porque creo que hace una valiosa aportación al proceso de la mejora de la evaluación como herramienta para valorar el cumplimiento de los objetivos de la UE. 
También comparto la opinión de que una evaluación sistemática es un instrumento de primer orden para garantizar la rentabilidad del dinero que se dedica a gastos en el presupuesto de la UE. 
Al igual que el ponente, agradezco y reconozco los esfuerzos de la Comisión para desarrollar una cultura general de evaluación en la institución. 
Por último, estoy plenamente de acuerdo con la solicitud del Consejo para que se sigan estrictos criterios de coste/beneficio cuando se soliciten informes de evaluación, pero también soy consciente de que la tarea más complicada es integrar los resultados de la evaluación en la futura política, en las orientaciones presupuestarias y en la asignación de recursos. 
- (PT) En ningún caso exageramos cuando subrayamos la importancia de los instrumentos de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, que tienen un papel crucial en la creación de puestos de trabajo, en el impulso de la inversión y en el crecimiento económico de los Estados miembros y de la Unión Europea. 
Estoy totalmente de acuerdo con la valoración positiva de los resultados globales conseguidos en 2001 que ha hecho el ponente, en lo relativo al desarrollo de la iniciativa y a su efecto sobre el empleo. 
El propio informe de la Comisión es bastante exhaustivo y la Comisión ha respondido claramente a la solicitud del Parlamento de una mayor velocidad y urgencia en su elaboración, aunque es lamentable que algunos comentarios concretos hechos por el Parlamento en su informe del año pasado sigan sin tenerse en cuenta, sobre todo en lo que respecta a la información sobre audiencias. 
También apoyo la petición a la Comisión de presentar soluciones para reemplazar al programa «Joint European Venture» , cuyos beneficios han sido escasos y que resulta insuficiente en su actual formato, así como la siguiente observación, que, en mi opinión, tiene una importancia estratégica y que es cada vez más esencial a medida que se aproxima la fecha de la ampliación: «la importancia del fomento de las inversiones y del espíritu empresarial en los países candidatos». 
- (PT) Aunque incluye algunos aspectos contradictorios e incluso negativos, el informe mejora significativamente la propuesta de directiva presentada por la Comisión. 
Acepta algunas propuestas de enmiendas presentadas por nuestro grupo, así como por los demás grupos, que mejoran el texto y que vamos a apoyar. 
Nos alegramos de que hayan propuesto medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a pesar de la inaceptable posición de los Estados Unidos, que se han negado a ratificarlo. 
No obstante, la propuesta de la Comisión sobre el comercio con los derechos de emisión de gases con efecto invernadero no se ha modificado suficientemente y es por ello que nos hemos abstenido en la votación, puesto que no aceptamos ese principio, y tenemos también ciertas reservas sobre algunas otras propuestas de enmiendas. 
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(FR) Podíamos haber votado a favor de esta resolución sobre Argelia porque establece varios requisitos democráticos con los que estamos de acuerdo. 
El texto condenaba la pena de muerte, las restricciones a la libertad de prensa, la represión del movimiento de la Kabilia y el carácter profundamente reaccionario del código de familia en lo referente a la mujer. 
Aunque tímidamente, la resolución criticaba también el fundamentalismo religioso, así como al gobierno y al ejército. 
Desgraciadamente, las enmiendas aprobadas en la votación vacían parcialmente de contenido el texto, y finalmente nos hemos abstenido. 
Sin embargo, la crisis que afecta a Argelia desde hace varios años tiene su origen en las políticas económicas puestas en práctica desde la década de 1970 bajo los auspicios del FMI. 
El informe no menciona las privatizaciones que esas políticas han conllevado, la presión a la que el servicio de la deuda somete al presupuesto nacional, en detrimento de los servicios públicos, el saqueo de los recursos de la industria petrolífera por las multinacionales y la corrupción endémica en los niveles más altos tras la «liberalización» de la economía argelina. 
Sin embargo, es ahí donde Europa, y especialmente Francia, tiene una gran responsabilidad. 
Condenamos sin reservas el apoyo dado por Francia al régimen argelino. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) D. Bob van den Bos y Dña. Lousewies van der Laan (partido D66 [partido demócrata neerlandés denominado Democraten 66] ) han votado en contra de la resolución legislativa del Sr. Obiols I Germà para celebrar un acuerdo de asociación con Argelia. 
Sin embargo, han votado a favor de la resolución presentada por el Sr. Brok. 
En estos momentos, Argelia está pasando por un período muy inestable, en el que debe enfrentarse a todo tipo de violencia y está demostrando un escaso talante democrático. 
Sigue habiendo violaciones a gran escala de los derechos humanos. Daríamos una imagen equivocada si recompensáramos a ese país con un acuerdo precisamente en este momento. 
D66 considera que un acuerdo de asociación con Argelia resulta inaceptable en las actuales circunstancias, porque carecemos de los medios para hacer cumplir la cláusula de derechos humanos. 
Tal y como se subraya también en la resolución Brok, los mecanismos de evaluación para la aplicación de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos de asociación son insuficientes. 
D66 considera que es preciso encontrar instrumentos adecuados para hacer cumplir la cláusula de derechos humanos antes de que el acuerdo pueda tener el efecto deseado, la mejora de la situación de los derechos humanos en Argelia. 
- (PT) Obviamente, hemos apoyado la creación de este Fondo, que es la expresión de la solidaridad del conjunto de la Unión Europea tras los graves desastres naturales que han tenido lugar en varios Estados miembros. 
También he respaldado la mayor parte de las posiciones adoptadas por el ponente. 
Sin embargo, lo que deseo subrayar en esta breve explicación de voto es que fue nuestro compañero Franz Turchi, del Grupo UEN, quien presentó una propuesta con dicho fin hace dos años, y que, desgraciadamente, no recibió una respuesta positiva. 
Han hecho falta otros dos años sin tomar medidas, y sobre todo las graves inundaciones que se produjeron en agosto en Alemania, Austria y en algunos países candidatos, para convencer a la Unión Europea de la necesidad de escapar de la trampa legislativa que impedía que las instituciones comunitarias intervinieran mediante la prestación de ayuda financiera a las comunidades europeas que han sufrido importantes desastres naturales, una plaga que parece que se está dando con creciente frecuencia. 
Supongo que podríamos decir aquello de «más vale tarde que nunca». 
- (FR) Aunque el propio informe afirma que «Considerando que la falta de empleos, y no la falta de movilidad profesional [... ] es la principal preocupación de más de 18 millones de parados en la UE» , la única solución que propone son frases vacías de contenido como «acercar el mundo laboral a los sistemas educativos». 
Asimismo, cuando finalmente propone algo más tangible, «fomentar la creación de empresas innovadoras» , anuncia ayudas no sólo a las víctimas del desempleo sino también a los causantes del mismo. 
¿Para qué sirve la movilidad, sin embargo, si sólo hace que los desempleados restantes se trasladen más? 
El desempleo afecta a todos los países de la Unión Europea y la reubicación de los desempleados no creará ni un solo puesto de trabajo, sólo más competencia entre las personas que buscan un empleo. 
Asimismo, cuando el informe habla de una política destinada a «que los trabajadores y quienes buscan empleo estén muy cualificados» , estamos sólo ante el deseo, expresado con todo cinismo, de los empresarios de la Unión Europea de tener los desempleados más cualificados del mundo. 
Si queremos evitar un aumento del desempleo, debemos disponer de medidas obligatorias para evitar los despidos masivos. 
Para crear nuevos puestos de trabajo, es preciso que los servicios públicos que son útiles para la comunidad en su conjunto contraten a nuevos trabajadores, en lugar de reducir sus plantillas. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (PT) El informe de seguimiento de la propuesta de la Comisión contiene varias contradicciones y aspectos negativos, concretamente en su insistencia en fomentar el trabajo temporal como respuesta al problema del desempleo, a pesar de las propuestas que hemos presentado para mejorarlo. 
Desgraciadamente, no todas esas propuestas han sido aceptadas. 
No obstante, celebro que la propuesta que presenté para proteger el derecho de los trabajadores a tener un puesto de trabajo de calidad con derechos se haya incluido. 
Igualmente positiva es la insistencia del informe en el reconocimiento recíproco de cualificaciones, y su exigencia de que se preste más atención al abandono escolar prematuro, a la formación continua y a fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, entre otras cosas. 
Ésas son las razones por las que nos hemos abstenido en la votación. 
- (NL) Este informe no legislativo está lleno de palabras bonitas y declaraciones obvias. 
Como es lógico, es preciso que más mujeres puedan encontrar trabajo en sectores de la sociedad del conocimiento, como la tecnología de la información y la comunicación. 
Asimismo, suena bien la propuesta de redacción de un «Estatuto del trabajador europeo» , así como las propuestas de un sistema europeo de legislación laboral y seguridad social para los empleados que se desplacen dentro de la Comunidad. 
Eso encaja con las preguntas que voy a plantear hoy a la Comisión sobre los trabajadores de la construcción polacos que trabajan sin convenios colectivos. 
Sin embargo, la esencia de la propuesta está en la adaptación de los trabajadores a los puestos de trabajo, en lugar de adaptar el trabajo a los trabajadores. 
Ofrece recetas sobre la forma en que un mercado laboral puede funcionar más eficazmente mediante una educación diseñada a la medida del trabajo. 
Pretende facilitar que los trabajadores se trasladen a miles de kilómetros, a regiones con un idioma y una cultura distintos, en los que resulta que hay más oportunidades de trabajo. 
Si las personas desean mudarse, es obvio que es bueno que sus cualificaciones se acepten allá donde vayan y que puedan llevarse consigo sus derechos de pensiones. 
No obstante, la mayoría de las personas no desean esto, y con razón. 
Europa no es América, donde, por necesidades económicas, las personas se ven obligadas a mudarse a lugares muy distantes, lo que corta todos sus vínculos con sus familias y amigos. Dejemos que las cosas sigan como hasta ahora. 
- (PT) Como indiqué en mi propio informe sobre el funcionamiento de Eures durante el período 1998/99 presentado hace cerca de un año, los pasos que se han dado en la Unión Europea para incrementar la movilidad profesional y para dar a todos los ciudadanos acceso a esa movilidad son extremadamente importantes. 
Apoyo las medidas destinadas a fomentar la cooperación en el campo de la educación y la formación, con el fin de establecer un marco común para el reconocimiento recíproco de las cualificaciones profesionales, en colaboración con los interlocutores sociales y los establecimientos educativos y de formación profesional. 
También me gustaría volver a recalcar la importancia de lanzar una campaña para incrementar el conocimiento de las posibilidades que ofrece el mercado interior y el mercado laboral europeo, así como de actualizar el sistema Eures (para que toda la información que recopila llegue a las personas que buscan trabajo y a los empresarios) , así como un mecanismo permanente para analizar las trabas a la movilidad geográfica. 
Sin embargo, lamento que el texto inicial redactado por la Sra. Bastos, que era equilibrado y realista, haya quedado distorsionado por enmiendas que le han conferido un carácter negativo e intervencionista y una visión política marcada ideológicamente que es totalmente inapropiada en el campo de las aptitudes y la movilidad. 
- (DA) La Comisión ha presentado otra comunicación sobre la lucha contra el fraude. 
Permitirá excluir a las empresas que hayan cometido fraudes en los contratos con la Comisión. 
Sin embargo, la verdad es que esa posibilidad ya existe. 
No es necesario elaborar más comunicaciones. 
La Comisión no tiene más que utilizar la directiva de 1992 relativa a la concesión de contratos públicos, que deja muy claro que puede excluir de la participación en la adjudicación de contratos públicos a las empresas que hayan presentado información falsa o hayan cometido evasión fiscal. 
¿Por qué no se usa esa directiva? 
¿Por qué no se usa la legislación ya existente? 
He votado a favor del Informe Bösch porque llama la atención sobre un buen ejemplo de este evidente escándalo. 
Durante años, Eurostat ha firmado contratos con una empresa que ha suministrado información falsa, lo que queda de manifiesto con tan solo una rápida comparación de las cifras. 
La Comisión dice que pasó el asunto a OLAF ya en 1999. 
Por lo tanto, ¿por qué no se ha tomado ninguna medida? 
Esa empresa, que proporciona cifras incorrectas año tras año, se encuentra actualmente entre los 10 contratistas más utilizados por la Comisión. 
¿Cómo puede ser eso? 
La Comisión nos debe una buena explicación. 
Una empresa que ha cometido un fraude evidente gana enormes cantidades de dinero gracias a contratos con la Comisión. 
La empresa se ríe de nosotros desde Luxemburgo, mientras la Comisión hace pública otra fatua comunicación. 
¿Qué señales manda esto al pueblo europeo? 
- (NL) Uno de los muchos inconvenientes de las economías de escala es el creciente margen que tienen los aprovechados para actuar sin problemas durante mucho tiempo. 
En organizaciones grandes y mal organizadas, hay un gran margen para personas que, ocultas tras un muro de burocracia, quieren llenarse sus propios bolsillos. 
La Unión Europea es una de esas organizaciones grandes y mal organizadas, que ofrece inesperadas oportunidades a funcionarios, políticos y empresas que se ganan la vida con contratos europeos. 
En 1998 y 1999, D. Paul van Buitenen, que en aquel momento era funcionario de la Comisión, demostró las posibles consecuencias, con la dimisión de toda la Comisión Europea como posible desenlace. En estos momentos, Dña. 
Marta Andreasen, que ha tomado el relevo a la hora de tirar de la manta, está demostrando que la administración financiera es insuficiente para prevenir cualquier tipo de fraude. 
Desgraciadamente, sus esfuerzos de mejora no han sido apreciados por todos, y se le ha forzado a dejar su trabajo. 
Parece que hay personas que no van a ganar nada con las mejoras. 
La Comisión de Control Presupuestario ha calculado que en 2001 se cometieron fraudes por importe de unos 1.250 millones de euros. 
El ponente tiene razón cuando prefiere la posibilidad que existe desde hace 10 años de excluir de los contratos a las empresas que cometan fraudes, a la sensibilidad al fraude de los fondos y a la conveniencia de la existencia de un fiscal europeo. 
No obstante, es probable que todas las medidas propuestas juntas tengan menos efectos que la descentralización y la reducción del tamaño de la organización. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 10 de octubre de 2002. 
Colegas, hoy tengo el triste deber de referirme a las muertes de personas inocentes en dos ataques recientes. 
Todavía no conocemos el número exacto de víctimas ocasionadas por los coches bomba en la Playa de Kuta, Bali, el 12 de octubre. 
Expresamos nuestra condolencia y nuestra simpatía a las familias de las 200 víctimas y de los más de 250 heridos. Han sido víctimas de un terrible crimen que, en nombre de este Parlamento, condeno totalmente. 
Hemos pagado un coste inaceptable por aprender la lección de que necesitamos una mayor cooperación y vigilancia constante en la lucha contra el terrorismo. 
También condeno el ataque, sin conexión aparente, del día anterior en Vantaa, cerca de Helsinki, que mató a otros inocentes mientras desempeñaban sus actividades cotidianas. 
Extiendo en nombre de todos nuestra simpatía hacia las desconsoladas familias. 
Les pido ahora que guardemos un minuto de silencio en señal de respeto y simpatía hacia las víctimas inocentes de estos ataques. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Antes iniciar el orden del día, me es grato informarles sobre algo de lo que ya habrán oído hablar en las últimas veinticuatro horas: el clamoroso voto a favor del Tratado de Niza en el referéndum irlandés. 
Ha habido mayoría a favor en las 42 circunscripciones del país, revocando el voto anterior, en el que 40 circunscripciones habían votado en contra. 
La conclusión que extraigo hoy para nuestro Parlamento es que los líderes que asistan a la cumbre de Bruselas del viernes tienen que entender claramente que no puede haber nuevos obstáculos en el camino hacia la ampliación. 
El momento de culminar la ampliación está al alcance de la mano. 
Los preparativos de octubre para la cumbre de Copenhague de diciembre nos brindan la oportunidad de concluir este histórico acto de reconciliación europea. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 17 de octubre de 2002, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. 
Puesto que se han presentado 70 enmiendas individuales al informe A5-340/02 de la Sra. Grossetête acerca del código comunitario sobre medicamentos para uso humano, además de las 132 enmiendas contenidas en el propio informe, he pedido a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, después de consultar a su presidente, que se reúna para examinar dichas enmiendas, de acuerdo con el artículo 130 bis. 
Sin embargo, mientras tanto se han retirado algunas enmiendas, y otras son similares a las que se aprobaron en comisión. 
A la luz de estos cambios, es mejor que no remita el informe a la comisión, sino que permita que se vote en el Pleno. 
Señor Presidente, efectivamente, lleva razón al especificar ese punto. 
Al principio, se habían presentado 70 enmiendas después de la votación en comisión. 
Según las últimas cifras, ahora nos encontramos tratando 52 enmiendas de las cuales, aproximadamente 30 fueron rechazadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor mientras que otras muchas ya han sido votadas en el seno de la comisión. 
No creo que otra reunión de la comisión competente serviría de mucho ni tampoco ayudaría realmente a que se aclarase la situación. 
Si los diputados implicados se muestran dispuestos a hacer el esfuerzo de retirar las enmiendas superfluas, la votación del miércoles podría ser un gran éxito. 
Señor Presidente, su decisión de no convocar otra reunión de la comisión resulta muy acertada. 
Así, comenzamos la semana con buen pie. 
Sin embargo, quizás debería usted pedir a alguien- sospecho que al ineludible Sr. Corbett- que echase un vistazo al Reglamento, porque resulta bastante extraño. 
Se afirma lo siguiente: «Cuando se hubieren presentado más de cincuenta enmiendas a un informe para su examen en el Pleno, el Presidente podrá pedir a la comisión competente para el fondo, tras consultar con su presidente, que se reúna para examinarlas.» 
Esto nos obliga, a usted y a mí, a estudiar un montón de enmiendas que, en ocasiones, pueden resultar bastante confusas. 
Necesitamos un artículo riguroso que afirme simplemente: «Cuando se hubieren presentado más de cincuenta enmiendas a un informe para su examen en el Pleno, el Presidente deberá pedir a la comisión que se vuelva a reunir» , o algo por el estilo. 
Ahora la cosa está entre usted y yo. 
Me complace decir que apoyo su muy sabia decisión. 
Señor Corbett, sea o no una cuestión discrecional, le ruego nos saque de dudas. 
Señor Presidente, yo también opino que su decisión es acertada, y demuestra que este artículo es flexible. 
Tras consultar al presidente de la comisión para el fondo, el Presidente puede aplicar este artículo cuando convenga, y no aplicarlo cuando no convenga. 
Los debates de hoy demuestran que incluso cuando no se aplica, este artículo sirve de acicate para que se retiren enmiendas. De ese modo, nos ahorra mucho tiempo después en el Pleno. 
Señor Presidente, Señorías, a finales de diciembre de 2001, votamos un informe relativo a la estrategia y la organización para obtener un desarrollo de la energía en la península coreana y, como resultado, decidimos participar en el desarrollo nuclear civil de Corea. 
Me gustaría ahora hacer mención a tres puntos de dicho informe puesto que, teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de las últimas semanas, son bastante interesantes. 
Uno de los párrafos del mencionado informe dice lo siguiente: «Considerando que la Unión Europea ha reconocido que la KEDO es un proyecto industrial importante que constituye una contribución vital a la no proliferación nuclear y a la paz y estabilidad en la península corana, y que, después de mantener necogiaciones con los miembros fundadores, firmó un Acuerdo». 
No se menciona la no proliferación nuclear puesto que, como hemos sabido, Corea del Norte ha decidido incluso desarrollar energía nuclear con fines militares. 
Además, tenemos una vez más en este informe de gran inteligencia en contra del que votaron los Verdes nuestra declaración de que Corea no pudo mantener lo que decía querer mantener. Declaramos en el artículo 16 de la página 9 de este informe que el Parlamento «subraya, no obstante, que seguirá presionando para obtener un acuerdo interinstitucional adecuado y que se reserva el derecho de bloquear en cualquier momento las transferencias de fondo a la KEDO en el futuro». 
En consecuencia, debemos sumar a este debate que se haga lo que los estadounidenses ya han hecho, es decir, dejar de financiar el sector nuclear coreano. 
Señor Presidente, el tema suscitado por el Sr. Cohn-Bendit es un tema importante sobre el que el Parlamento Europeo ha trabajado no sólo en esta legislatura, sino también en la anterior. 
El Consejo, bajo la Presidencia sueca, incluso acudió a Corea. 
Nosotros estamos de acuerdo en tratar esta cuestión con una declaración de la Comisión y otra del Consejo en el mes de noviembre. No el jueves por la tarde de esta semana, sin participación del Consejo ni de la Comisión. 
Señor Presidente, nuestro grupo sugiere que este debate se celebre el jueves por la tarde para evitar alterar el orden del día establecido. 
Por tanto, proponemos que este debate se posponga hasta el jueves por la tarde. 
De no ser así, estamos en contra de que se incluya en el orden del día del martes porque no queremos alterar el orden del día de dicho día. 
Señor Presidente, ¿esto implica que existe un compromiso de barajar una vez más la posibilidad de incluir este punto en el orden del día del mes de noviembre? 
Sobre este asunto han de decidir su grupo y los demás grupos en la Conferencia de Presidentes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Esta declaración es importante porque está íntimamente relacionada con la política económica y monetaria de la Unión, porque es un incentivo para llevar a cabo un cambio estructural de la gestión presupuestaria en muchas de nuestras economías, porque existe una desaceleración de la actividad económica y porque ha provocado un debate sobre el modo de responder. 
Es importante que, si lanzamos un debate sobre el tema, lo hagamos con calma y con un enfoque racional y estratégico. 
En estos últimos días se ha levantado una polémica considerable en torno a este tema, provocada por declaraciones publicadas en el periódico Le Monde. 
Sé que muchos colegas de esta Cámara estaban ansiosos por debatir este asunto brevemente hoy, al inicio de la semana. 
Me complace que el Presidente de la Comisión Europea se encuentre hoy aquí para hacer una declaración en nombre suyo y en el de la Comisión a este respecto. Tras su intervención, abriremos un breve intercambio de puntos de vista. 
Presidente Cox, Señorías, intervengo hoy ante ustedes en un momento en que todos estamos encantados y llenos de confianza en el futuro de Europa. 
El pueblo irlandés, al haber aprobado el Tratado de Niza por amplia mayoría, ha mostrado claramente su apoyo a los ideales y proyectos de la Unión Europea. 
Quiero dar la gracias y rendir tributo al Taoiseach, Bertie Ahern, a todo el Gobierno irlandés y a la gran mayoría de los políticos irlandeses por la extraordinaria entrega de que han hecho gala. 
Con este resultado en nuestro haber, podemos embarcarnos con confianza en el último tramo del camino hacia Copenhague y la aprobación final de la ampliación. 
Lo que tengo que decir es muy sencillo. 
La Unión Económica y Monetaria necesita reglas claras, efectivas y que sean respetadas.Para establecer dichas reglas necesitamos una autoridad que pueda aplicarlas en el contexto de la cooperación interinstitucional y, al mismo tiempo, actúe para proteger el bien común ajustando la política económica a las nuevas circunstancias. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha sido y sigue siendo extremadamente importante para la UEM. 
La Comisión, verdadera guardiana de los Tratados, ha seguido de cerca su ejecución y continuará haciéndolo. 
Como Primer Ministro italiano que promovió y aprobó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y condujo a su país a la moneda común, y ahora como Presidente de la Comisión, creo firmemente en el valor de las reglas que sostienen la UEM y el Pacto. 
Soy un acérrimo defensor de estas reglas, de esta Unión y de este Pacto. 
La UEM ha reportado grandes beneficios a los países que la integran y a los demás Estados miembros de la UE. 
Hemos dejado atrás los enormes déficit de los años noventa. 
Hemos dejado atrás monedas locales expuestas a las subidas y bajadas de la especulación. 
Sin embargo, de la mano de estos beneficios también llegan responsabilidades concretas. Responsabilidades para todos, Estados miembros, instituciones europeas y ciudadanos comunes. 
Con una moneda única, el crecimiento y los trabajos de cada Estado miembro dependerán no sólo de la política monetaria común, sino también de sus propias políticas fiscales. 
La estabilidad es condición indispensable del crecimiento y el empleo en la UEM. 
El Pacto de Estabilidad ha sido la piedra angular de la promoción y la gestión de la cultura de estabilidad instaurada de modo tan acertado con los criterios de Maastricht. 
Pero el reconocimiento de las cosas extraordinarias que ha comportado y seguirá comportando el Pacto no debería hacernos perder de vista las limitaciones del marco institucional en el cual se aplica. Tiene aún menos sentido aplicar el Pacto de forma inflexible y dogmática, sin atender a las circunstancias que cambian. 
Esto es lo que he calificado- y sigo calificando- de estúpido. 
No creo que el papel de la Comisión ni de mí mismo como Presidente de la Comisión sea aplicar las reglas de esta manera. Sé que ninguno de nosotros lo ha hecho jamás, ni desea hacerlo en el futuro. 
Ni la Comisión ni yo mismo hemos sido nombrados para imponer las reglas de manera ciega, ignorando sus limitaciones. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a ser informados, y tenemos la obligación de decirles lo que creemos que es correcto, lo que creemos que funciona bien y lo que, por otro lado, creemos que podría mejorarse. 
Los políticos como ustedes, economistas, banqueros, hombres de negocios y periodistas dicen las mismas cosas en privado y en sus conversaciones cotidianas que lo que yo digo abierta y francamente en interés de la credibilidad de nuestras instituciones. 
Es el momento de decir en público lo que decimos en privado. 
El público desconfía de nosotros y de las instituciones precisamente porque sospechan que sólo se airean los asuntos menores, y que las decisiones verdaderamente importantes se toman a puerta cerrada. 
Estoy contento y orgulloso de que el Parlamento esté en el centro de este debate. 
El Pacto es simple, como es debido. Pero en la práctica las cosas son siempre más complejas. 
Por lo tanto, una de las tareas de las instituciones europeas es ser consciente de la complejidad y diversidad de las economías de los Estados miembros. Para ello tenemos que seguir el curso de los acontecimientos, tanto en nuestro continente como en el resto del mundo. 
No podemos ignorar la desaceleración del ciclo económico europeo y mundial. Esta desaceleración es tan pronunciada que buena parte de la economía global podría sufrir el mismo tipo de deflación que creíamos haber dejado atrás. 
Mientras tanto, nos hemos dado cuenta de que el Pacto no había impedido que algunos Estados miembros adoptaran políticas fiscales incompatibles con el objetivo de estabilidad. 
¿Qué teníamos que haber hecho en tales circunstancias? 
¿Teníamos que habernos mostrado más bien inflexibles? ¿Deberíamos haber obligado a algunos países con grandes déficit a cumplir los objetivos presupuestarios sin atender a los cambios de la economía? 
¿Deberíamos haber cometido un nuevo error, agravando los ya cometidos en el pasado cuando los países que no habían equilibrado sus presupuestos perdieron la oportunidad del crecimiento para saldar sus cuentas? 
Señorías, esta habría sido la manera incorrecta de aplicar el Pacto. 
Este enfoque podría haber puesto en peligro el porvenir económico de los países implicados y de toda Europa. 
Si las instituciones europeas hubiesen intentado imponer objetivos poco realistas, habrían sido acusadas de poner en peligro el crecimiento y el empleo. 
Sin embargo, yo quiero que Europa gane tanto la batalla de la estabilidad como la del crecimiento. 
Sería una tragedia si se ganara la batalla de la estabilidad pero se perdiera la confianza y el apoyo de nuestros ciudadanos, la confianza y el apoyo que constituyen los cimientos de la democracia europea que ustedes representan. 
(Aplausos) 
Por esta razón, el mes pasado avanzamos ideas para realizar ajustes e introducir criterios más sofisticados para aplicar el Pacto, con el fin de convertirlo en un instrumento aún más valioso en la promoción de la estabilidad y el crecimiento. 
Hemos propuesto que se fijen objetivos capaces de restaurar el equilibrio y la creación de instrumentos para controlar la trayectoria de este progreso. 
Para salvar la distancia en este momento crítico, hemos propuesto dar un respiro a los países que necesitan un ajuste, con el fin de que podamos idear una línea de acción más realista para consolidar los déficit. Se trata de criterios que asegurarán tanto la estabilidad como el crecimiento. 
Estamos hablando de criterios que se aplican a todos los Estados miembros, grandes o pequeños, en beneficio de todos. 
Por tanto, Señorías, estas ideas son plenamente coherentes con lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo. 
El año pasado, en nuestra comunicación sobre el refuerzo de la coordinación de las políticas económicas, propusimos algunas mejoras importantes dentro del marco institucional actual. 
Como sin duda recordarán, propusimos: desarrollar información y análisis económicos de la zona euro, mejorar el sistema de estadísticas que utilizamos, clarificar los principios comunes a las políticas fiscales y estructurales, aumentar la eficiencia del sistema de toma de decisiones 
Si examinamos el caso reciente de Portugal, que estuvo obligada a revisar sus propias estadísticas de forma sustancial, me gustaría subrayar la importancia de un sistema de control adecuado para estadísticas presupuestarias. 
En esta misma línea, y como establecen las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Barcelona, en breve avanzaremos propuestas para mejorar la transparencia y disciplina del Pacto. 
Intentaremos clarificar tanto los principios fundamentales del Pacto como los principios básicos que deberían servir de base a la política presupuestaria nacional. 
Por ejemplo, mostraremos que la necesidad de contar con reglas claras puede ser compatible con el reconocimiento de que las reglas del Pacto se aplican a diferentes países en diferentes situaciones respecto del nivel de deuda, las cargas financieras derivadas del envejecimiento de la población y las necesidades de inversión pública. 
Si aplicamos el Pacto de Estabilidad de esta forma, encontrará su plena justificación como un instrumento de coordinación de la política económica, más allá de sus aspectos puramente disciplinarios. 
Finalmente, se convertirá en un instrumento plenamente coherente con la estrategia de crecimiento y empleo adoptada por el Consejo Europeo en Lisboa hace dos años, una estrategia que el Parlamento siempre ha apoyado de todo corazón. 
Pero no basta con reglas nuevas y mejores. 
Una vez aprobadas, la protección del interés común de la UE también requiere la capacidad de aplicarlas. 
Si realmente deseamos resolver los problemas de crecimiento y empleo en la UE, tenemos que conseguir una coordinación más inteligente y más efectiva de nuestras políticas económicas, que incluya las reformas estructurales necesarias. 
(Aplausos) 
Hay que definir de manera clara la responsabilidad de coordinar las políticas económicas. 
Los ciudadanos europeos tienen que estar seguros de que el sistema se encuentra en manos seguras. Manos capaces de llevar firmemente las riendas del sistema, tanto en períodos de calma como en tiempos de dificultad y de crisis. 
Sus Señorías recordarán que hace dos años les planteé este asunto, y que lo he mencionado en varias ocasiones. 
Necesitamos una autoridad que tenga el poder de guiar el sistema de una manera rigurosa e inteligente, sin olvidar la complejidad de nuestras economías. Una autoridad que sea capaz de intervenir en defensa del bien común, para que cada Estado miembro pueda adoptar las medidas de política económica necesarias para evitar que su economía tenga efectos adversos en las economías de los otros Estados miembros. 
Sólo una autoridad fuerte puede aplicar las reglas de forma rigurosa para prevenir actitudes inadecuadas y al mismo tiempo adaptar las reglas a las circunstancias variables. 
Quiero que esto quede muy claro. 
La política presupuestaria es responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros. 
Esto es así ahora y lo seguirá siendo en el futuro. 
Por su parte, en su calidad de institución, el único mandato de la Comisión es actuar en el interés común de la UE respetando la plena igualdad de todos los Estados miembros. 
Por su propia naturaleza, la Comisión está capacitada para desempeñar este liderazgo, sobre la base del mandato y las reglas establecidas por el Consejo y bajo el control del Parlamento. Se trata de dirigir el sistema para asegurar la coordinación de las políticas económicas a escala europea. 
Existen numerosos ejemplos a favor de otorgar la responsabilidad a un árbitro independiente e imparcial como la Comisión. 
Sólo mencionaré uno. 
Y el caso que voy a mencionar es pertinente porque resulta controvertido: la advertencia previa que la Comisión propuso al Consejo hace algunos meses. 
Como recordarán, la propuesta cayó en saco roto. 
Sin embargo, tanto el Consejo como el Estado miembro directamente implicado estaban de acuerdo en lo esencial con la medida propuesta por la Comisión. Todavía quedan deficiencias en el mecanismo de toma de decisiones. 
Por esta razón, la primera aportación formal de la Comisión al trabajo de la Convención incluye propuestas para impedir que tales situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro, sugiriendo que la autoridad para emitir tales advertencias previas se establezca en el Tratado. 
Asimismo, la Comisión ha propuesto que se modifique el Tratado para incorporar en mayor medida la coordinación de políticas económicas dentro del marco de la cooperación interinstitucional garantizada por el método comunitario. 
Por último, la Comisión ha avanzado propuestas para abordar de lleno la necesidad de una representación unitaria del euro en los organismos internacionales. 
Estas son las propuestas que presentamos en la Convención. 
Pero nada impide que algunas de estas propuestas se adopten hoy mismo. 
Los cambios son muy importantes ahora, y lo serán aún más con la ampliación inminente de la UE. 
Por consiguiente, instamos al Consejo a que considere estas propuestas de forma urgente. 
Mientras tanto, continuaremos defendiendo las reglas actuales del Pacto de forma incondicional, asumiendo nuestra responsabilidad cuando y donde sea necesario, para proponer las mejoras que consideremos útiles. 
Agradezco al Parlamento que hoy me haya brindado la oportunidad de plantear un asunto de tan vital importancia ante los representantes de los pueblos de Europa. 
Las políticas económicas y monetarias de la UE no pueden ni deben discutirse a puerta cerrada. 
Una Europa democrática, la Europa democrática que todos queremos, tiene que ser una Europa en la que las políticas que afectan al bienestar, el empleo, el crecimiento y el desarrollo sean una parte esencial de un debate político abierto. 
En la Convención, la Comisión ha hecho y hará todo lo posible por señalar maneras inteligentes de establecer un centro de responsabilidad y autoridad en el sistema para la coordinación de la política económica de la UE. 
Señorías, les insto a que apoyen estos esfuerzos. Gracias. 
(Aplausos) 
Esta introducción ha sido muy interesante, por lo que estoy seguro de que tendremos un buen debate. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, me gustaría comenzar felicitando al señor Presidente por lo acontecido en Irlanda. 
Ha mantenido una batalla increíble, junto con el apoyo de muchos de los diputados de esta Cámara, a todos los que me gustaría expresar mi agradecimiento. 
También me gustaría agradecer a los diputados irlandeses de mi grupo y de Fine Gael, que se encuentra en la oposición, cuyo sentido de la responsabilidad para con Europa les llevó a inclinarse inequívocamente por una votación a favor. 
Este hecho también es un logro suyo, señor Presidente y me gustaría poder darle mi más sincera enhorabuena. 
Es un logro para todos nosotros. 
En la vida se dan situaciones sobre las que no es agradable tener que hablar. 
Hoy tenemos una de ellas. 
Aunque me gustaría que constara mi simpatía hacia Romano Prodi, Presidente de la Comisión, como persona, tengo que añadir que nos ocupamos aquí, no de las relaciones entre personas, sino de asumir la responsabilidad. 
Este es la razón de que una gran mayoría de mi grupo considere que ha sucedido algo que no debería permitirse que volviera a suceder de igual forma. 
(Aplausos) 
El pasado viernes, el Presidente de la Comisión declaró lo siguiente en Le Monde: 
Señor Presidente, ante todo quiero agradecer al Presidente de la Comisión, cuya comparencia solicitó mi Grupo el viernes por la mañana después de conocer las declaraciones que había hecho al periódico Le Monde, que haya aceptado venir a explicar su posición donde tiene que hacerlo, que es en el Parlamento Europeo. 
Desde entonces han pasado dos cosas importantes: una, que se ha ganado el referéndum en Irlanda, -creo que tenemos que felicitarnos todos -; otra, que el euro sigue estable, es decir, que no estamos en vísperas de la hecatombe. 
Ahora bien, tengo que decir que en mi Grupo hemos leído con atención las declaraciones de Le Monde y creemos que el Presidente ha hecho una serie de reflexiones sobre temas actuales cuyo planteamiento compartimos en gran medida. 
Nos habría gustado más que las hubiera hecho aquí, en vez de en un periódico, pero ése es el hecho. 
La cuestión es que tenemos un Pacto que no sólo es un pacto de estabilidad, sino que también es un pacto de crecimiento y que hay que cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para no caer en la misma situación que el presidente Bush padre, cuando perdió ante Clinton al decirle: es la economía, estúpido. 
Ésa es precisamente la situación actual. 
Tenemos una estrategia, la Estrategia de Lisboa, y hay que aplicarla, y para eso nuestra política económica debe ser inteligente. 
El Pacto de Estabilidad se hizo hace 10 años, el siglo pasado, pero hay que aplicarlo ahora en una circunstancia nueva y es que tenemos unión monetaria, entonces no la teníamos. 
Éste es el hecho decisivo, y por eso hay que aplicarlo con inteligencia y flexibilidad, como bien ha explicado el Comisario Solbes. 
Yo no puedo defender más al Sr. Solbes que el Sr. Poettering, pero por lo menos le apoyo en este punto. 
Hay una cuestión que él no ha abordado y que se planteó en el Congreso del PP en Lisboa. Es la siguiente. 
Al final se preguntaron: ¿de quién es la culpa de todo esto? y concluyeron: de los socialistas, que nos han llevado a esta situación. 
Bueno, pues ahora mismo tenemos promesas de reformas fiscales, como si fueran la lotería para todos, por parte de los partidos de derecha en Europa, y no sólo en los pequeños países, Sr. Poettering. 
He oído al Sr. Solbes hablar de Francia, de Italia; si usted piensa que Francia es un país pequeño, la verdad está haciendo propuestas revolucionarias. 
Por lo tanto, tenemos que actualizar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento insistiendo en el crecimiento. 
También tenemos- y ha habido propuestas del Presidente y del Comisario en el día de hoy- que mejorar un instrumento que por definición es tosco, si vale la palabra tosco o la palabra inflexible, mejor que estúpido. 
Y la Comisión tiene que presentar propuestas que permitan al Parlamento ejercer sus responsabilidades. 
He oído al Presidente y al Comisario hablar de sus relaciones con el Consejo y, especialmente, con el Ecofin en su dimensión euro, pero sería interesante que nos dijeran cómo entienden que el Parlamento Europeo debe participar en la formulación de las grandes decisiones presupuestarias y económicas. 
Creo que es nuestra obligación, y debemos estar allí. 
Por último señor Presidente, y con ello concluyo, se han presentado unas propuestas muy concretas a la Convención, en aplicación del mecanismo de early warning, representación del euro. 
Las grandes orientaciones de la política económica también tienen que tener una dimensión que permita al Parlamento participar. 
Tengo entendido que en la Comisión los gobiernos están haciendo oídos sordos a esta propuesta. 
Creo que en esto tenemos que apoyar a la Comisión y exigirle más capacidad de iniciativa. 
Señor Presidente, el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, afirmó la semana pasada que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento era «estúpido, como todas las decisiones rígidas». 
El Comisario Lamy también ha calificado públicamente el pacto de «medieval». 
Aparte del dudoso acierto de utilizar un lenguaje tan fuerte, en particular en declaraciones a un periódico del país que más está dañando la poca credibilidad que le queda al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, uno empieza a preguntarse si esto no formará parte de una campaña orquestada. 
Mi pregunta al Presidente de la Comisión es la siguiente: cuando hizo esas declaraciones a Le Monde- y usted ha dicho que se reafirma en todas las palabras- ¿tenía la intención de abrir un debate sobre la manera de reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
Si es así, bienvenido sea el debate, pero habría sido mejor celebrarlo varios meses antes. 
Si entonces la Comisión hubiese actuado de manera más firme, utilizando la licencia que le concedimos cuando le nombramos, su propia autoridad y también la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hubieran sufrido menos daño. 
En las circunstancias actuales, la única opción es cambiar, pero debemos guiarnos por dos principios. 
El primero es que una economía bien gestionada y una moneda estable requieren que los impuestos y el gasto estén equilibrados en el curso del ciclo económico. 
El segundo es que las reglas son las mismas para todos los países, pequeños o grandes. 
Estos principios constituyen la esencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y mi grupo espera que sean el punto de partida de cualquier reforma. 
Si el día de hoy marca el inicio de un debate sobre la forma de mejorar y fortalecer el Pacto, ¿qué reformas necesitamos para recuperar su credibilidad? 
En primer lugar, tengamos claro lo que no deberíamos hacer. 
No deberíamos poner en duda el límite del 3% para el déficit, ya que se avecinan tiempos difíciles para la economía. 
Si los países no liquidan sus deudas, todos pagaremos el precio con intereses más altos y una moneda más débil. 
El Grupo Liberal está de acuerdo con el Sr. Prodi en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene que aplicarse de forma inteligente. 
Por esta razón hemos apoyado la decisión de la Comisión de dar dos años más a los países para que equilibren sus presupuestos, puesto que el crecimiento ha sido más lento de lo previsto. 
Pero no debemos olvidar que el aplazamiento hasta el año 2006 también requiere la reducción de los déficit estructurales a razón del 0,5 % anual. 
El Grupo Liberal cree que en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería incluirse un nuevo objetivo para el déficit estructural. Esto aumentaría la presión sobre los gobiernos para que redujesen sus déficit en períodos de crecimiento económico fuerte, con el fin de permitir que el préstamo lleve el peso en períodos de bajo crecimiento. 
De acuerdo con este análisis, cualquier interpretación inteligente concluiría que el reciente presupuesto de Francia no comporta ningún esfuerzo por reducir su déficit estructural, y a todas luces incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En consecuencia, Francia debe hacer frente a un early warning. 
Esto es lo que nos gustaría escuchar hoy de la Comisión. 
La Comisión ayudará a restaurar la credibilidad del Pacto cuando avance una propuesta de early warning. 
Señor Prodi, el Grupo Liberal está de acuerdo con usted en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento necesita autoridad para ser aplicado. 
Por esta razón pedimos que la Comisión tenga el poder de emitir early warnings contra países que están incumpliendo las reglas, independientemente de que los Ministros de Hacienda estén o no de acuerdo. 
Sólo se podrá obligar a los Estados miembros a que adopten medidas correctivas si el Pacto cuenta con un policía fuerte. 
Que quede claro: no apoyaremos ninguna reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que socave los principios básicos de responsabilidad fiscal e igualdad ante la ley. 
El punto final de la reforma debe ser un Pacto de Estabilidad y Crecimiento reforzado que castigue la largesse fiscal y recompense a los países que gestionen sus presupuestos de manera responsable. 
A juzgar por la calurosa acogida que Francis Mer, Ministro de Hacienda francés, dio a sus observaciones en aquella entrevista, me temo que Francia se sentirá autorizada a incumplir las reglas. 
Si usted desea tener la autoridad para aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, deberá ganarse esta autoridad actuando rápidamente contra Francia y contra cualquier otro país tentado de seguir su ejemplo. 
Hay que tener mucho valor para decir que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es absurdo y ustedes han demostrado hoy tener aún más valor al perseverar y defender claramente su punto de vista. 
Ahora tenemos que profundizar y revisar dicho Pacto y establecer un nuevo objetivo. 
El Pacto es absurdo cuando su casa está en llamas y, llevan razón, tenemos que evitar quemarnos. 
La crisis financiera es aún más grave en Europa de lo que lo es en los Estados Unidos. 
Tenemos que estar preparados al menos para dos años duros de reestructuración con las inevitables consecuencias sociales que ello conllevará. 
No podremos superar esta crisis sin la ayuda de iniciativas públicas consistentes para las que se precisará el uso del presupuesto. 
El Pacto también resulta absurdo en un momento en el que la Unión Europea se está alejando de los objetivos de Lisboa, como ya ha mencionado. 
Es absurdo cuando la ampliación exigiría un Pacto para los países que entran a formar parte de la Unión con el fin de equiparar sus economías con las de los actuales Estados miembros con una solidaridad práctica. 
Un Pacto de Estabilidad y Crecimiento digno de su nombre protegería el gasto público de interés general, acabaría con una competencia fiscal que desprecia la ética y la eficacia, ofrecería a la Unión un presupuesto real y garantizaría a los Estados miembros su capacidad de obrar a la vez que mantienen una disciplina de control sobre la deuda pública. 
Señor Prodi, está pidiendo que se conceda a la Comisión autoridad real sobre la coordinación de las políticas económicas, pero nosotros deseamos algo más que advertencias prematuras y que la autoridad adopte medidas correctivas. 
Lo que queremos la mayoría de nosotros para la Unión Europea es que adopte una política económica que se ocupe de la actual situación económica y del desarrollo sostenible, y, a pesar de que la Comisión es, de hecho, el único órgano ejecutivo para promover los intereses comunes, todavía no cuenta con la cultura y legitimidad necesarias para aplicar una política económica. 
Esta es la razón de que estemos protestando para que la futura constitución de la Unión establezca de forma clara una nueva legitimidad y voluntad política. 
La Unión ya no sería un mero mercado sino que participaría en las elecciones de la sociedad y los conceptos relacionados con la economía pública. 
Su mandato provendría de las personas y los poderes de la sociedad civil y los parlamentos establecerían que se redactaran decisiones y que se realizara un seguimiento de las mismas. 
(Aplausos procedentes del lado izquierdo) 
Señor Presidente, le concedo con gran placer y satisfacción el orden meritorio del club de los pensadores disidentes del cual he sido presidente durante años. 
Por último, gracias a su intervención políticamente incorrecta, como ha quedado demostrado por las reacciones de algunos de los de la derecha, creo que podríamos mantener un verdadero debate sobre la gobernanza medioambiental, social y económica de Europa. 
Además, el Sr. Herzog lleva razón al decir que la responsabilidad de la Comisión con respecto a esta gobernanza medioambiental, económica y social de Europa debe quedar asegurada en la Convención. 
Cuando los gobiernos contraen deudas por haber tomado decisiones equivocadas, tenemos que decirles que han tomado las decisiones equivocadas. 
Cuando Francia no es capaz de reformar su sector agrícola siguiendo las propuestas de la Comisión para la reforma agrícola, debemos decirlo. 
Cuando Europa o los Estados miembros adoptan las decisiones erróneas relativas a la energía, debemos decirlo. 
Sin embargo, hay algo con los que tenemos que acabar si queremos evitar una situación en la que los ciudadanos rechacen nuestra Europa que, dicho sea de paso han rozado de nuevo la victoria en Irlanda, y es que las reformas no pueden funcionar únicamente sobre la base de las propuestas de bancos y empresarios sin tener en cuenta a aquellos que, ya sea ahora o en el futuro, tienen que vivir con ellas. 
Estas reformas tienen que ser equiparables en toda la sociedad desde el punto de vista social, medioambiental y económico. 
Eso es exactamente lo que quería decir al afirmar que el Pacto social es absurdo. 
Vamos a tomar el ejemplo de Alemania, señor Poettering. 
Nuestro gran candidato ha pedido la dimisión del señor Prodi. 
¿En nombre de quién o de qué pide el Sr. Stoiber la dimisión del Sr. Prodi? 
¿Por qué no tiene el coraje de repetir aquí, en esta Cámara, delante del Sr. Prodi, lo que ha dicho su candidato? 
Me hubiese gustado oírle repetir lo mismo. 
Nos podíamos haber reído juntos de esto. 
En segundo lugar, me gustaría saber si un país como Alemania, que para la unificación gastó 600 billones en transferencias desde Occidente hasta Oriente, debería ser tratado como cualquier otro país ya sea grande o pequeño. 
¿Debería tenerse en cuenta el hecho de haber realizado estas transferencias, de haber pagado pensiones a personas que nunca han contribuido al plan de pensiones, sí o no? 
Dejemos de ser hipócritas y, finalmente, agradezcamos al Sr. Prodi que haya abierto el debate. 
Sigamos. 
El club de los pensadores disidentes volverá a lanzar este debate de un modo incluso menos absurdo que el del Sr. Prodi. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Señorías, hoy, por tanto, se han puesto en tela de juicio de forma simultánea los dos pilares del sistema monetario y económico, es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un lado y el Banco Central Europeo por otro, por las mismas razones: intransigencia por parte de los responsables y falta de flexibilidad con respecto a los medios. 
Sin embargo, el diagnóstico está claro y las soluciones quedan dentro de nuestro alcance. 
La desaceleración del crecimiento se ha intensificado a lo largo de los últimos meses y el déficit de la zona del euro ha aumentado desde el 0,2 % de P.I.B del año 2000 al 1,4 % del año 2001. 
Mientras que las empresas necesitan desesperadamente financiación, los directivos del Banco Central Europeo, enfrentados a la amenaza de la deflación, se han mostrado intransigentes y con miras estrechas al rechazar la bajada de los tipos de interés como si la inflación fuera una amenaza. 
Es cierto que las únicas instrucciones que se les ha dado son las de combatir esta amenaza. 
El progreso social y el desarrollo económico no les preocupan. 
Por lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y pondría «crecimiento» entre comillas, los partidarios de una Europa burocrática y federal, que se enfrentaron a retrasos en la aplicación de reformas estructurales en un momento en el que existía crecimiento pero en el que los gobiernos eran social-demócratas, pretenden culpar a los gobiernos que han heredado una difícil situación económica y pretenden reducir los impuestos y las cargas para volver a lanzar la economía y aplicar las inversiones estructurales. 
Sin embargo, este umbral teórico, en contra de los poderes conferidos al Banco Central Europeo o de las normas del euro, nunca ha sido objeto del consenso popular. 
Como los colegas de la Comisión han sugerido, podríamos posponer con facilidad la reducción del déficit en dos o tres años, puesto que todos sabemos que es más fácil reducir el déficit durante un período de crecimiento. 
No obstante, los partidarios del dogma, como hemos vuelto a presenciar hoy, se muestran en contra de ello porque a los ojos de los federalistas, es uno de los principales símbolos de la integración supranacional que se ha conseguido. 
Se lo digo, -yo no le interrumpí, Señor Cohn-Bendit, concédame la misma cortesía -, usted también tiene una oportunidad de hablar largamente, es libre de ignorar estos problemas, de hacer como si no los viera. Estos problemas anuncian otros muchos, cuando en la actualidad se están ofreciendo pruebas de que aquí, como en cualquier otro lugar, la libertad y responsabilidad de los Estados miembros siguen siendo los componentes básicos de una construcción realista de Europa. 
Eso es lo que está en juego y lo que tendremos que asentar. 
Señor Presidente, con gran sorpresa, leí en el periódico a finales de la semana pasada que el Presidente de la Comisión se había referido en una entrevista al Pacto de Estabilidad y Crecimiento como algo «absurdo». 
Confiaba en que se tratara de un malentendido pero, desgraciadamente, el Presidente Prodi persiste en su opinión y sigue repitiendo su declaración, que, es, cuando menos, imprudente. 
Está claro que las declaraciones de este tipo ponen en tela de juicio la política de la Comisión con respecto a la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Creamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hace menos de cinco años. 
La aplicación del Pacto goza de una toma de decisiones clara y sencilla. 
También se necesitan sanciones inequívocas. 
Los debates sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento así como la posibilidad de mejorar el Pacto son necesarios pero estos debates no deberían poner en juego la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La manifestación de una divergencia de opinión entre las partes implicadas fuera, anuncia, en efecto, el fin del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Me gustaría poder oír de labios del Comisario Solbes de qué modo discutirá las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una forma inteligente y, dentro de este marco, también me gustaría que la Comisión me dijera qué medidas pretende adoptar para presentar a los Estados miembros cuestiones presupuestarias de una forma adecuada. 
La economía europea no se beneficia de una discusión constante entre las partes implicadas sobre las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si continúa esta corriente, corremos el riesgo de crear un pacto de inestabilidad, y probablemente, no es lo que queremos. 
Señor Presidente, una de dos: O sus declaraciones son el resultado de la connivencia individual con los Estados miembros, en cuyo caso no podemos esperar transparencia por parte del Presidente de la Comisión sino más bien lo que podría describirse como un acercamiento maquiavélico a la política, no defendida en la Universidad de Boloña, y si fuera así, síganos contando, o bien sus medidas y comportamientos se parecen a los de un Papa que nos informa de que, en realidad, el nacimiento de la Virgen es simplemente una tomadura de pelo de la Iglesia. 
Si pretendía provocar un debate, como el Sr. Watson ha sugerido, entonces cuéntenos toda la historia, díganos que los problemas reales de la economía de Europa no son el resultado del Pacto y su supuesta rigidez sino que están provocados por problemas estructurales sin resolver, por la incapacidad de resolver el gasto público actual que sirve únicamente para alimentar las administraciones abotargadas, por la incapacidad a la hora de resolver el estado de bienestar, en concreto el sistema de pensiones, de suprimir la excesiva rigidez que ahoga el mercado laboral y la empresa y de avanzar por el camino de la privatización y la liberalización. 
No es casualidad que los países que atraviesan las dificultades más graves sean precisamente aquellos que se han mostrado más reacios a adoptar los programas de reformas más ambiciosos de los últimos años. 
Esto es lo que queremos que nos cuente, Presidente Prodi, en este debate o en la próxima ocasión que sea entrevistado. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente de la Comisión, aunque me alegro enormemente de haber tenido el debate de hoy, me gustaría que constara que veo las citaciones realizadas con respecto a usted, señor Presidente de la Comisión, para que acuda al Parlamento por lo que equivale a una carta azul en respuesta a sus recientes manifestaciones sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si echamos un vistazo a la historia veremos que cualquier unión monetaria carente del apoyo de la unión política ha fracasado. 
La UE no es todavía una unión política y, por tanto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es lo que podría considerarse como una medida provisional, un Ministro de Economía europeo imaginario. 
Destrúyalo, y pondrá en peligro la unión monetaria. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es absurdo pero levantar dudas sobre el mismo es una irresponsabilidad y, por supuesto, una negligencia. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una herramienta eficaz para contrarrestar la locura presupuestaria, un sustituto factible de la política presupuestaria de la UE que, por el momento, no existe. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es ni complicado ni rígido, es flexible y lo suficientemente sencillo, con la norma de no adquirir nuevas deudas en períodos favorables y con un margen operativo de hasta un 3% de PIB en los no favorables. 
La mayoría de nuestros Estados se atienen al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Me pregunto yo, ¿por qué motivo la mayoría de los europeos son tomados por tontos, solo porque algunos tengan problemas y no han hecho sus deberes o no quieran hacerlos? 
Como dicen, la gente que no se toma en serio a sí misma no es tomada en serio por los demás. 
¿Por qué va a regirse y a qué va a poder aferrarse la gente, el público y los países candidatos si la Comisión, como guardiana de los Tratados y los Estados Miembros, declara que los principios constitucionales son opcionales y los sacrifica a la conveniencia y oportunismo vinculado a la elaboración de la política del día a día?. 
Ir acumulando deudas puede ser conveniente a corto plazo pero, a la larga, la trampa de la deuda pone en peligro el crecimiento y el empleo, la estabilidad y la cohesión social. 
Señorías, me gustaría utilizar este minuto y este debate para manifestar mi agradecimiento y dar mi enhorabuena al consejo directivo del BCE y a su Presidente, Wim Duisenberg, por su pulso firme y por ser un ancla de estabilidad. 
Me gustaría también decir al Presidente del Banco Central Europeo que cuando empieza a haber goteras en el tejado de una casa, o cuando un barco empieza a hacer aguas, el inquilino o el capitán no deben abandonar. 
Ruego al Sr. Duisenberg que retire la prematura dimisión que ya ha anunciado y que permanezca. 
En este momento deseo dedicar un debate a saber si un país que desconfía abiertamente del Pacto de Crecimiento y Estabilidad tiene algún tipo de derecho moral a proponer un candidato como su sucesor. 
Señorías, señor Presidente, usted declaró en Radio Europe 1, y ha repetido hoy que estaba solicitando una institución central que coordinara las políticas de los países de la eurozona. 
No creo que necesitemos otra institución. 
Ya tenemos una: la Comisión. 
Su tarea consiste en fortalecerla en lugar de debilitarla. 
Su tarea es aplicar el Tratado en lugar de menoscabarlo y utilizar una mejor coordinación para conseguir que los objetivos se hagan realidad. 
Señorías, necesitamos una mayor confianza y ocasionar menos problemas. 
Por tanto, mi grupo saca la tarjeta amarilla a todos los que han levantado dudas con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si hay alguien que lo malinterpreta, tendremos que sacar la roja. 
Señor Presidente, la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha llegado a un punto muerto porque se ha enfocado de forma equivocada en los déficits presupuestarios actuales más que en los déficits estructurales que son los que realmente importan. 
¡Cuánto tiempo ha hecho falta para que la Comisión lo admita! 
Me gustaría recordarle que este Parlamento consideró en 1997 que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tenía que aplicarse de forma flexible y que había una mayoría entre las grupos que apoyaban este punto de vista. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está básicamente diseñado para que se emplee como un instrumento para coordinar las políticas económicas europeas. 
La Unión Económica y Monetaria necesita un marco regulador que pueda tener en cuenta las tendencias del mercado cuando se aplique de forma flexible. 
Una interpretación estricta, por el contrario, permitiría que los déficits presupuestarios aumentaran como consecuencia de la subsiguiente tendencia más pronunciada a un debilitamiento cíclico y la reducción asociada de los ingresos y el aumento del gasto. 
No obstante, todos deben aplicar los estabilizadores automáticos de forma exhaustiva, cuando la economía en conjunto atraviese un período de poca actividad. 
Su empleo no debería quedar sometido a cláusulas de buen comportamiento que no pueden resultar positivas o los objetivos del proceso de Lisboa (competencia, pleno empleo y cohesión social) quedarán fuera de nuestro alcance. 
Un presupuesto equilibrado se dirige al punto medio de un ciclo y este objetivo siempre debe tenerse en cuenta frente a los antecedentes de las condiciones del clima económico. 
Este es el motivo de que ni el Tratado ni el Pacto prevean una precisión permanente ni ofrezcan una planificación vinculante ni ello tampoco sería compatible con cualquier interpretación del Pacto que estuviera de acuerdo con este propósito. 
Lo que resulta insatisfactorio sobre la aplicación del Pacto es el hecho de que apenas hace hincapié en el crecimiento económico, lo que significa que tiene que hacerse una distinción entre los déficits resultantes del gasto actual y los derivados del gasto de capital productivo. 
Esto podría hacerse si la política económica de Europa tuviera como referente el déficit estructural. 
Únicamente entonces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento desempeñará su papel de instrumento de coordinación positivo. 
Sin embargo, esto implica una coordinación eficiente de las políticas económicas con la participación del Parlamento. 
También con respecto a este asunto, señor Prodi y señor Solbes, espero que la Comisión tenga una iniciativa inequívoca. 
Señor Presidente, hemos solicitado este debate porque deseábamos dejar constancia de que es hora de suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de llevar a cabo una revisión de sus criterios irracionales e incongruentes para la convergencia nominal que no tenían en cuenta los problemas y dificultades a los que se enfrentan los Estados miembros o los distintos grados de desarrollo que son un factor a la hora de agravar sus problemas económicos y dificultar el crecimiento y la aplicación de las estrategias de la Comunidad sobre el empleo y la lucha contra la pobreza. Esto quedó claro en la primera mesa redonda sobre la exclusión social mantenida por la Presidencia y la Comisión la semana pasada en la ciudad danesa de Aarhus, en la que participé en calidad de ponente del Parlamento Europeo. 
Ahora, continuando con las declaraciones del Comisario Lamy y el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, puedo decir que estamos de acuerdo con dichas afirmaciones. 
Este Pacto es, efectivamente, absurdo al igual que todas las decisiones estrictas. 
Este Pacto es una herramienta torpe para la gobernanza económica y debería ser sustituido por algo más inteligente puesto que la norma del 3% es, decididamente, medieval. 
Todas estas razones demuestran que no tiene sentido mantener el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
No tiene sentido que, por un lado, el Comisario Solbes Mira, confirme que en el año 2002 no se cumplirán los objetivos de los programas de estabilidad y está clarísimo en el caso de Alemania, Francia e Italia, pero que, por otro, por lo que respecta a Portugal se abra un procedimiento de déficit excesivo y aplauda la aplicación de medidas para políticas antisociales que crean más pobreza y un mayor desempleo, precisamente en el país que cuenta con la peor situación social y económica y el nivel de desarrollo más bajo de toda la Unión Europea. 
Lo que queda claro es que la principal función del Pacto es servir como un pretexto, como una tapadera política para la mayoría de las políticas del gobierno más revanchista, desastroso y perjudicial visto en Portugal desde la revolución del 25 de abril de 1974. 
¿Y va a cancelar el procedimiento de déficit excesivo que ha impuesto a Portugal? 
¿O va a hacerlo el Presidente Prodi con el fin de ocuparse de los objetivos del desarrollo económico sostenible, de un mayor número de puestos de empleos con derechos y de una mayor inclusión social? 
Espero sus respuestas. 
Señor Presidente, no puedo hacer otra cosa que darle la enhorabuena por su decisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluido en el Tratado de Amsterdam. 
Estoy de acuerdo en el hecho de que es absurdo establecer previamente la fecha en la que los Estados miembros de forma simultánea conseguirán un presupuesto equilibrado. 
El déficit presupuestario es parte de la política económica, la política económica a corto plazo. Aún más, es lo único que queda después de la muestra de irresponsabilidad del Banco Central Europeo. 
No obstante, el grado de déficit sólo debería depender de la situación preponderante en una fecha determinada. 
Estoy de acuerdo en que resulta absurdo establecer el mismo margen de maniobra- 3% -para todos los países, teniendo en cuenta que algunos ya se encuentran con grandes deudas, mientras que otros no Algunos solamente contribuyen de forma marginal a los datos globales de Europa, mientras que otros son los motores del mercado común. 
Por tanto, ¿por qué los negociadores de Amsterdam, que tampoco eran tontos, adoptaron una norma tan tonta? 
Y, sobre todo, ¿se necesitaba una norma? 
En contra de la opinión del ministro de economía francés, el Sr. Mer, no creo que un país pueda ignorar sus compromisos con el pretexto de que tiene otras prioridades, en este caso, las de reducir los impuestos para los ricos. 
Estoy de acuerdo en que necesitamos reglas que afecten a todos los países de nuestra Europa. 
Sin embargo, si deseamos normas flexibles e inteligentes, una autoridad económica común debe ser capaz de tomar decisiones de acuerdo con la situación común. 
Es la falta de visión de los negociadores de Amsterdam, su rechazo a una auténtica Europa federal lo que les llevó a adoptar una norma absurda, estableciendo los mismos límites para el déficit, el mismo plazo para conseguir la conformidad previa para todos los Estados miembros. 
Es posible que su intervención positiva, señor Presidente, convenza a la Convención, al Consejo Europeo y a Europa en su conjunto de que elijan la inteligencia ante la imbecilidad, de que elijan una constitución federal. 
Señor Prodi, al igual que los oradores anteriores, tengo que felicitarle, al igual que el Sr. Lipietz acaba de hacer, por su lucidez y valentía demostradas al mantener su postura. 
Me gustaría felicitarle, en concreto, por su sentido político, puesto que básicamente lo que ha hecho ha sido instigar el único debate que importa a los votantes y a la opinión pública europea: ¿es Europa capaz de ofrecer a estos países crecimiento además de mera estabilidad? 
Señor Prodi, me gustaría animarle para que no detuviera el trabajo bien hecho y que no fuera lúcido a medias. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es absurdo, pero, como el Sr. Solbes dice, tenemos que conservarlo. 
El Tratado de Niza es absurdo, pero, gracias a Dios, dice el Sr. Cox, ha sido ratificado. 
La ampliación es absurda, dice el Sr. Barnier, porque multiplica el riesgo de oclusiones y, por tanto, de debilidades, pero será ratificado en la venidera Cumbre de Copenhage. 
Por tanto, Señor Prodi, puesto que se ha topado con la lucidez al igual que S. Pablo de camino a Damasco, no se detenga allí. 
Lo que resulta absurdo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no es tanto su forma como su contenido. 
Lo que es absurdo es creer que sociedades distintas, que se desarrollan de forma distinta, pueden encontrarse entre la espada y la pared, o entre Escila y Caribdis o, lo que es lo mismo, entre el tipo de interés del dinero y un presupuesto más ajustado. 
Lo que es absurdo es creer que una Alemania veterana, como el Sr. Eichel ha dicho esta mañana, puede imponer su política de tenencia de toda la vida a naciones que, al igual que Francia, están experimentando una regeneración demográfica natural y que, por tanto, deben invertir en el futuro. 
Lo que necesitamos es el crecimiento, señor Prodi, crecimiento, un término que su Pacto- que, de hecho, ya no es su pacto- ha olvidado por el camino. 
Se consigue con tipos de interés más bajos, no superiores a la inflación, como su Banco Central, el más rígido y, por tanto, según usted, el más absurdo de las instituciones europeas, insiste en imponer en Europa. 
Continuar con esta política, Sr. Prodi, con el desempleo que estamos experimentando actualmente, no sólo será absurdo sino que me parece que pronto llegará a ser fraudulento. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar con una puntualización preliminar con el fin de hacer hincapié en el clima en el que estamos entablando el debate. 
Los países que pertenecen a la Comunidad Europea cuentan en la actualidad con una deuda que asciende a un total de 4.700 billones de euros. 
Lo que significa que, en conjunto, los países de la Comunidad Europea deben 4.700 billones de euros. 
Sólo el pago de intereses anuales, del que se sirve esta deuda, asciende a 230 billones de euros cada año, más del doble del presupuesto de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que usted, señor Presidente de la Comisión, estará de acuerdo conmigo cuando digo que, en el momento actual, sería absurdo y una estupidez abrir aún más estas compuertas. 
Pasaré ahora a hablar del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el que tenemos reglas elaboradas que están muy claras. 
El déficit no puede superar el 3% y se aplican sanciones si la norma del 3% no se cumple con el objetivo de equilibrar los presupuestos. 
Este es el punto en cuestión y del que tenemos que ocuparnos ahora. 
Sirvió de gran ayuda a los presupuestos de sus respectivos países, en el momento en el que se encontraba a la cabeza de su gobierno, que dichas normas crearan confianza. 
Esta confianza llevó a bajar los tipos de interés y quitó una gran presión sobre su presupuesto. 
Mi segundo argumento es que me parece que sería realmente absurdo desperdiciar estas ventajas ahora. 
Señor Presidente de la Comisión, usted ha dicho que Europa necesita una autoridad que tendría una función indiscutible de gobernanza económica. 
Es posible que no haya empleado esas palabras exactamente, pero se refería a un gobierno económico de Europa. 
En mi opinión, sólo puede ser la Comisión. 
No obstante, lo que se necesita para dicho gobierno económico es que debería establecer normas y vigilar que se cumplen con el fin de que puedan emitir los mensajes adecuados. 
Señor Presidente de la Comisión, en su entrevista con Le Monde, envió el mensaje equivocado. 
Lo que esperamos hoy de usted es que rectifique dicho error y debería hacerlo como lo solicitó el Parlamento el 2 de mayo de 1997 y aplicar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no de forma flexible, sino de forma estricta y coherente. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue adoptado en 1997 como una ampliación al procedimiento de déficit excesivo, puesto que el Tratado de Maastricht, como se sabe, había exigido a los Estados miembros que permanecieran por debajo del límite del déficit excesivo con el fin de poder participar en la moneda única. 
Por tanto, en nuestros pensamientos, no en letra sino en espíritu, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede ser ni mejor ni peor que el requisito de Maastricht en cuestión. 
Puede que mucha gente piense que la introducción y éxito del euro son reivindicaciones ex post de la inflación y de los límites de déficit excesivo, ambos límites demasiados restrictivos. 
Se equivocan. 
Los límites estrictos impuestos en Maastricht lograron ciertamente mantener el control de los precios pero agravaron el desempleo en la economía de Europa. 
El desempleo y la recesión no han fortalecido el valor del euro, lo han menoscabado y como prueba de ello sirve el hecho de que el euro cayó casi un 20% frente al dólar cuando se introdujo, en un momento en el que los déficits presupuestarios se encontraban más controlados que ahora, mientras que ahora que se supone que los déficits están fuera de control, el euro se encuentra prácticamente en paridad uno a uno frente al dólar. 
También lo demuestra el hecho de que cada vez que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, es decir, cada vez que ha hecho más estricta la política monetaria, el euro se ha devaluado en lugar de revalorizarse en contra de las expectativas de los que decidieron subir los tipos de interés. 
Se supone que los mercados monetarios castigarán a Europa por la falta de una disciplina presupuestaria al hacer bajar el valor del euro. 
Es un error. 
Los mercados monetarios saben muy bien lo importante que es la actividad económica para el valor de una moneda y no parecen tener ninguna intención de castigar una relajación razonable en su política restrictiva? razonable, por supuesto, ya que ninguno habla de excesos o de irresponsabilidad? en un momento en el que nos encontramos al límite de otra recesión importante. 
Creo que este análisis justifica la elección de las palabras y análisis del Presidente Prodi. 
Señor Presidente, señor Prodi, si la aplicación de una política para limitar las nuevas deudas contraídas por los estados se añade en la práctica a las medidas destinadas a la reducción de la inflación combinadas con un aumento simultáneo del crecimiento económico, entonces no hay nada que pueda decirse en contra. 
Aquí está el quid de la situación en la que nos encontramos hoy. 
La mejor opción para generar crecimiento es estimular la demanda por medio de la inversión de los gobiernos, la inversión de las empresas y el consumo privado. 
Si, a pesar del mercado interior europeo, los estados nacionales siguen asumiendo que tienen que conseguir situaciones ventajosas para ellos mismos en el seno de la Unión Europea- y eso es posible en ausencia de una armonización adecuada de una política social, fiscal y económica- entonces, sencillamente, las condiciones fundamentales para un crecimiento sostenible en Europa no residen allí. 
El aumento de la demanda interior no se conseguirá mediante la reducción de los salarios, que disminuye el poder adquisitivo, ni aumentando las cargas fiscales a las pequeñas empresas, que son las que crean más trabajos y aprendizaje, ni tampoco se conseguiría reduciendo las cargas fiscales de las grandes empresas que ya no pagan nada en absoluto. 
La reducción de los tipos de interés durante una desaceleración, aunque no haya una inflación importante tiene un efecto procíclico y no tiene sentido económico. 
Existen diferencias importantes entre los presupuestos de los Estados miembros. 
El hecho de que los presupuestos sumergidos estén al orden del día significa que no hay, incluso en el seno de la Unión Europea, una base comparable para el cálculo y la gestión de los presupuestos. 
Si esto nos lleva a hablar de alterar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no debe hacerse por la compleja situación económica actual, lo cual sería oportunismo político, sino que, en su lugar, el debate tiene que ser una consecuencia de la construcción que es fundamentalmente disfuncional. 
Si tiene que haber una mejora real de la inversión, cualquier reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ir de la mano de una mayor coordinación de las políticas europeas sobre economía, asuntos sociales, empleo, fiscalidad y medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Prodi, me gustaría calificar su declaración en Le Monde como justa y comprensible desde el punto de vista económico pero no demasiado perspicaz desde el punto de vista político. 
Sólo tenemos que echar un vistazo al debate de hoy para saber a qué me refiero. 
Parece ser un debate entre por un lado, los que da la impresión que desean deshacerse totalmente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y por otro, los que, al parecer, han concedido al actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento el estatuto de escritura sagrada. 
Éste no debería ser el tema de la discusión. 
¿Cuál debería ser? 
En mi opinión, debería referirse a encontrar el equilibrio correcto entre la necesidad, también reconocida por parte de mi propio grupo, de alcanzar un equilibrio de crédito estructural a medio plazo y la necesidad también fundamental de tener en cuenta la realidad económica y los movimientos cíclicos. 
¿Se trata ahora de un permiso, como algunas de sus Señorías lo denominan para que cada país haga lo que quiera? 
No, en absoluto. 
Sin embargo, se trata de un incentivo para refinar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por ejemplo, estableciendo una diferencia entre las inversiones necesarias, la infraestructura y demostrando preocupación por un lado y- por qué no decirlo- por otro, promesas de elección irresponsable. 
En mi opinión está bien que a los países que experimentan un retroceso en su economía, tales como Alemania, se les conceda más tiempo para conseguir reconducir su posición presupuestaria. 
Sin embargo, en mi opinión, los países que pretenden un deterioro estructural de su déficit, por ejemplo, mediante cheques falsos, como Francia, deberían recibir en el futuro, y con razón, una tarjeta amarilla. 
Señor Prodi, si su intención era la de levantar una discusión sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, entonces puede contar con mi apoyo. 
Admiro su valentía al decir que no quiere quedarse como sordo y mudo ante la economía cambiante. 
Si se trata de eso, puedo disculpar su inoportunismo. Se lo puedo asegurar: los agitadores inteligentes actúan bien al final de cualquier modo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, nuestros ciudadanos se merecen un euro fuerte. 
El euro nunca puede convertirse en una moneda dominante en el mundo, como hemos decidido que sea, a menos que se cumplan estrictamente los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
De verdad que no entiendo por qué dice ahora que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es absurdo. 
Antes de que los artículos del Pacto fueran firmados y sellados usted era un economista, un economista cualificado y era influyente en el debate de la política económica. 
¿Por qué no dijo que estas condiciones eran absurdas antes del Tratado de Amsterdam? 
Estamos de acuerdo en este Pacto para situaciones como estas: para facilitar el trabajo de los políticos cuando hay una recesión y cuando es difícil equilibrar las finanzas del sector público. 
Esto no es una sorpresa. 
Los períodos de auge económico no duran por siempre. 
Ciertamente, no es sorprendente para ningún Ministro de Economía ni tampoco puede ser una sorpresa para la Comisión. 
Los períodos de auge están seguidos de una recesión. 
Es obvio que sea más difícil conseguir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un período de depresión que en un período de prosperidad económica. 
Estos cuatro Estados miembros que se encuentran ahora en dificultades y que han prometido a sus ciudadanos algo que no pueden hacer están pagando el precio de no hacer lo que deberían haber hecho cuando tuvieron un auge económico. 
Muchos diputados del Parlamento estarían dispuestos a aumentar la responsabilidad de la Comisión y ampliar su papel a la hora de coordinar la política europea. 
Sin embargo, desgraciadamente, puntualizaciones como éstas y el hecho de que sean realizadas por los miembros de la Comisión, cuyo cometido no gira en torno a ninguno de los dos aspectos, no acrecentan lo más mínimo nuestra fe en la idea de que deberíamos dar a la Comisión un papel más importante en la coordinación de la política económica en la Convención sobre el futuro de Europa. 
Cuando el Comisario Lamy, por ejemplo, condenó el Pacto por ser medieval lo hacía más bien en representación del Partido Socialista francés que del punto de vista de la Comisión sobre la política de comercio. 
Realmente debería retirar puntualizaciones como éstas y le estoy pidiendo además que piense bien lo que dice. 
Señor Presidente de la Comisión, creo que al hablar de lo absurdo, invocó al espíritu de la ley. 
«Absurdo» o «tonto» son términos a los que parece ser propenso puesto que lo emplea dos líneas más adelante en el mismo artículo al decir que no es tan tonto como para querer deshacerse de los servicios públicos al igual que Francia ha hecho. 
Por tanto, creo que alguien quiso que usted dijese más, o menos de lo que usted quería decir, y quizás, alguien quería encubrir lo que estaba diciendo en alguna otra parte de este artículo como, por ejemplo, que una unión monetaria sin una unión política sería toda una locura. 
Si hoy abandonamos cualquier política de coordinación económica, ¿qué quedará de nuestra capacidad para utilizar el euro? 
Es el problema al que nos enfrentamos. 
Hoy día, los Estados miembros y con razón, están pidiendo una competencia presupuestaria. 
Pero se olvidan, o no quieren ver, que su competencia debe coordinarse con las políticas económicas. 
Hoy, sin embargo, no queremos saber cómo coordinar estas políticas económicas. 
El Parlamento ha hecho sus sugerencias. Deben ser consideradas y desarrolladas de modo que, al final, las amplias líneas de la política económica tengan un propósito, que los Estados miembros acepten hacerlas suyas a la hora de establecer sus propias directrices. 
Al haber dicho eso, señor Prodi, ha abierto un debate que me parece importante. Para que se realice de forma inteligente, nunca debemos abandonar la importante naturaleza del presupuesto. 
Debemos considerar la posibilidad de que la Comisión tenga un papel más importante en los procedimientos prematuros de advertencia al definir el interés general de Europa. 
¿Hemos dado la suficiente importancia a lo sucedido cuando se concedieron las licencias UMTS? 
Puede que hubiera sido mejor tener una Comisión más fuerte entonces, por lo que se refiere a las propuestas, como en determinadas circunstancias excepcionales, los Estados miembros necesitan dejarse llevar por el liderazgo de la Comisión. 
Estoy pensando, por ejemplo, en la crisis del petróleo. 
No obstante, la Comisión debe apoyar a los Estados miembros diariamente, respaldarlos y no intervenir como un policía en los momentos críticos. 
En el debate que va a celebrarse, que ha lanzado y que nos gustaría tener, es preciso que consideremos una coordinación adecuada de los diversos criterios y, en concreto, de los criterios de sostenibilidad de la deuda. 
Es lo que nos parece más importante a largo plazo. 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, apoyo plenamente el informe bien equilibrado y sincero del Presidente Prodi así como las recomendaciones del Comisario Solbes. 
La necesidad que refrendo plenamente es la de una aplicación flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la coordinación de las políticas medioambientales, sociales y económicas que comienzan en la eurozona, que sin embargo, ha sido olvidada por completo durante los últimos años de recesión, en parte, por los graves errores anunciados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, gracias a los cuales realmente disuadieron cualquier intento de promover o coordinar una política económica anticíclica compartida por los gobiernos de la Unión. 
Además, es cierto que la gestión selectiva y flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede dejarse a la discreción de los gobiernos individuales puesto que podría tener como consecuencia el debilitamiento de la cohesión social y, lo que es peor, el aumento de la inflación. 
Por tanto, apoyo la propuesta de incluir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo, es decir, la programación de la inversión pública en las áreas de investigación, el aprendizaje permanente y la mejora medioambiental y la creación de un transporte europeo y de las redes de telecomunicaciones integradas, como un objetivo adicional al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sustrayendo la suma de dichas inversiones del déficit presupuestario total de los gobiernos de los Estados miembros. 
Esta decisión requiere un apoyo contundente por parte de la Comunidad Europea. 
Ciertamente, la Comunidad debe ser capaz, a través de la Comisión, de evaluar ex ante, la compatibilidad y conformidad de las inversiones con el objetivo de conseguir que la Unión Europea tenga la economía más competitiva y dinámica basada en nuestro conocimiento, el pleno empleo y el desarrollo sostenible del mundo para el año 2010, facilitando la coordinación de estas inversiones. 
Señor Presidente, Comisario, la Unión Europea tiene una moneda única pero no tiene una política económica común. Tiene una moneda única pero no tiene una autoridad política económica auténtica. 
Hasta ayer, la Unión tenía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: el sustituto maravilloso- sí, un sustituto- de una política económica inexistente, de un presupuesto redistributivo adecuado inexistente, para una autoridad de política económica inexistente, mientras que incluso la moneda única y el área monetaria están lejos de ser perfectas. 
Como sabe, Presidente Prodi, la credibilidad del euro está vinculada, entre otras cosas, sobre todo, diría yo, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a su capacidad de forzar a los Estados miembros a producir políticas presupuestarias responsables: políticas presupuestarias, destacaría, que ellos mismos han propuesto y que han aceptado todos sus ciudadanos. 
Por supuesto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está sujeto a restricciones de las que, queda claro, que todos somos conscientes, especialmente, en un momento de recesión tal como el que el la Unión Europea está experimentando actualmente. 
No obstante, señor Prodi, una cosa es encontrar una forma inteligente de atajar estas restricciones y otra muy distinta cambiarlas realmente para cambiar las normas a mitad del juego, dejando una batalla campal. 
Lo que me preocupa, Presidente Prodi, no son los cambios inteligentes, que siempre son bien recibidos, sino el riesgo de que una política presupuestaria sea verdaderamente renacionalizada. 
Esto, Presidente Prodi, es el asunto más grave, el riesgo más peligroso de todos, puesto que podemos acabar refrendando las políticas de países irresponsables y penalizando a países que han aplicado políticas responsables, los países que han depositado su confianza en nosotros. 
Recompensar a los saltamontes y castigar a las hormigas no ayudará al euro: no contribuirá a la integración Europea en este punto tan sensible de su desarrollo. 
Es el motivo de que los miembros del Partido Popular Europeo que participarán en la Convención, actuando de acuerdo con el mandato recibido en el reciente Congreso de Estoril, propongan que la Convención constitucionalice los principios básicos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo y, por favor, estén atentos a sus amigos oportunistas que solo se acercan en el último momento. 
Señor Presidente, acojo de buen grado, entiendo y apoyo las recientes declaraciones del Presidente Prodi sobre la política financiera de Europa. 
Si no he entendido mal, la Comisión ahora ha dado paso a un comienzo inteligente para un proceso de defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sólo será posible si se demuestra valentía política y si es capaz de romper con algunas de sus posturas actuales. 
Confiamos en que el Parlamento Europeo que es, por definición, la institución de la Comunidad más abierta y representativa del ciudadano de a pie, entienda y apoye el proceso positivo que el Presidente Prodi ha puesto en funcionamiento. 
Sólo aquellos que hayan dado vueltas con la cabeza en las nubes y que se hayan alejado por completo de la realidad económica europea pueden mostrarse sorprendidos hoy. 
Desde los albores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedaba claro que estaba basado en normas que funcionarían de modo razonable en tiempos de crecimiento económico pero que podría resultar un obstáculo al enfrentarse a circunstancias imprevistas y con sólo un crecimiento moderado. 
La Europa del euro se crea en un marco de trabajo de una política monetaria única y doce políticas presupuestarias aisladas. 
Esto justifica la existencia de normas claras que eviten que las economías indisciplinadas, especialmente la más grandes, pongan en peligro la estabilidad del sistema. 
El rigor presupuestario es la garantía de que la generación actual no deje como legado una deuda excesiva a generaciones futuras. 
Obligar a los Estados a racionalizar su gasto y a conseguir que sus servicios sean más eficientes es fundamental para conseguir una auténtica estrategia de desarrollo. 
Estoy convencido de que todos estamos de acuerdo en esto. 
No obstante, las normas disciplinarias deben se entendidas por los mercados y no deben contravenir políticas nacionales ni los intereses y compromisos legítimos asociadas a las mismas. Esto requiere que sean formuladas de forma flexible y adaptadas cuando se demuestre que es necesario. 
Éste es el pecado original del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y es la razón de que cada vez más voces soliciten su reforma. 
Cerrar los ojos a esta nueva realidad sería rechazar de plano todos nuestros compromisos, condenando el Pacto y, en especial, sus objetivos, al fracaso total. 
Una interpretación estática del Pacto de Estabilidad y Crecimiento empieza a parecer insostenible, porque no responde a la situación económica actual y se ajusta incluso menos a los objetivos que la Unión Europea estableció en Lisboa para llegar a ser, a corto plazo, la economía más poderosa del mundo. 
Utilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de modo inteligente, haciendo hincapié en el pilar del crecimiento en la actual situación económica es absolutamente fundamental por naturaleza para no rebelarse y para que la construcción que tan laboriosamente se ha llevado a cabo no se derrumbe. 
Señor Presidente, las economías difieren- esto es un hecho. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene que interpretarse de forma mucho más sofisticada. El contexto necesario ha de ser la solvencia de las finanzas públicas y una economía estable. 
Además, tal y como usted ha afirmado, hay que tener en cuenta el ciclo económico para la política presupuestaria. 
Las nuevas reformas tienen que ser sostenibles, calibradas según el perfil de la deuda del país. 
También tenemos que prever la inversión pública, porque puede conducir al crecimiento al que usted se refirió en la Cumbre de Lisboa, y no sólo servir al bienestar. 
Países como el Reino Unido, por ejemplo, tras aquellos desastrosos años de inversión deficiente bajo el gobierno tory, necesitan ponerse al día, y debemos permitir que lo hagan. 
Pero el hecho es que, tal como dice el viejo chiste, «si pones a todos los economistas del mundo en línea, uno detrás de otro, puede que nunca llegues a una conclusión». 
No queremos alinear a los miembros de la Comisión y descubrir que no hay más que incoherencia. 
Cambiemos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Flexibilicémoslo- usted puede ayudar a ello -, pero reconozcamos que tiene que ser un instrumento sofisticado en una economía real. 
Señor Presidente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se introdujo para salvaguardar el euro como una moneda fuerte pero, teniendo en cuenta la precaria posición económica de Europa en general y de la alta tasa de desempleo, debería poder permitirse una nueva reflexión así como redefinir los criterios de estabilidad por la simple razón de que así se conseguirá que el euro siga siendo fuerte. 
Una moneda es tan fuerte como su economía. 
Si la economía está cojeando, la moneda se debilitará a largo plazo. 
La elevada tasa de impuestos en Europa debilita la economía y no deja a los ciudadanos particulares el espacio suficiente para maniobrar o los ingresos disponibles necesarios para impulsar el gasto del consumidor. 
Además, se está vertiendo demasiado dinero en la distendida burocracia del funcionariado. 
Estoy hay que cambiarlo. 
El euro no solo necesita un pacto de estabilidad sino también, principalmente, de crecimiento. 
Por tanto, debatir este asunto es tan necesario como inteligente, para que el euro pueda convertirse a largo plazo en una moneda fuerte en lugar de una débil. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por este debate, que no ha sido meramente académico como podría haber sido, teniendo en cuenta sus orígenes idiosincrásicos y su ocasión, sino que ha sido un debate de peso relativo a la economía, que confío en que pueda volver a repetirse en el futuro. 
Las diferentes posturas- no se preocupe, señor Poettering, nunca mezclo las relaciones personales con las opiniones políticas- que han surgido en este debate han revelado algo importante, es decir, que el sistema en el que estamos trabajando no se encuentra equilibrado. 
Existe un instrumento coercitivo ex post para garantizar que se respeta el rigor necesario, aunque, gracias a la falta de autoridad, no siempre se impone una obligación auténtica: con frecuencia se trata de una invitación más que de una obligación, -pero no existe un instrumento ex ante que cree las condiciones necesarias para un desarrollo equilibrado, que ayude a los países que se encuentran unidos en la moneda única a conseguir un desarrollo equilibrado de las finanzas de la salud pública y el empleo. No tenemos una política económica que podamos evaluar y seguir juntos. 
En consecuencia, estaremos en peligro si quebrantamos el código de supervivencia de la Comunidad- y eso sería realmente absurdo- si no empleamos la astucia política necesaria para prever desacuerdos y tensión y evitar una situación en la que tengamos que aguantar, desprovistos de poder, hasta que llegue el momento de las restricciones, con el riesgo, como ya hemos escuchado, de que los Estados miembros consientan demasiadas negociaciones. 
Esta es la dirección en la que la Comisión desea encaminarse, de modo que déjenos comenzar, como el Comisario Solbes ha dicho, y continuar explotando todas las posibilidades ofrecidas por los instrumentos existentes, pero debemos garantizar que la política económica europea no se vuelva a dictar por medio de meros instrumentos de contabilidad. 
El problema es que no podemos dejarle sin apoyo. 
Tenemos una política europea en la que, gracias a Dios, hay un Banco Central que ha obtenido logros desde el principio por lo que debemos concederle lo debido teniendo en cuenta que realmente empezó desde cero. 
Ha sido una tarea hercúlea crear una estructura de seguimiento y control, una estructura de análisis financiero económico desde el principio con 12 países diferentes y debemos salvaguardar la independencia del Banco Central pero no su aislamiento. 
Estamos aquí hoy celebrando un debate que ha puesto de manifiesto que la cuestión de una autoridad para la política monetaria aún no se ha resuelto. 
Señor Presidente, me gustaría que volviera a celebrarse un debate sobre este aspecto. 
De hecho, compartimos una moneda única y esto implica que no podemos devaluarla, significa que no podemos variar sus tipos de interés, significa que realmente estamos vinculados a un sistema que en muchos aspectos es fuerte y rígido. 
Entonces bien, si deseamos que este sistema funcione, debemos establecer una institución con autoridad para ayudarnos a coordinar las claves de la política económica. 
No estoy presionando para que la Comisión obtenga el trabajo aquí- nos estoy presentando como candidatos. 
Nunca he dicho que esta autoridad debiera ser necesariamente la Comisión, por supuesto que no. 
Es preciso crear esta autoridad, establecerla y formarla porque tenemos que proteger la moneda única todos juntos y, por tanto, tenemos que movernos juntos hacia el futuro. 
Puedo asegurarles que, en mi entrevista, que, insisto, fue larga, la palabra que ha sido objeto de tanta crítica no estaba referida al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como se ha informado, sino al hecho de que el Pacto se ha interpretado de una forma demasiado literal. 
Se ha hecho referencia, por ejemplo, por parte del Sr. Mr Abitbol, justamente ahora a San Pablo: el problema radica en la diferencia entre el pensamiento y la letra. 
Estamos encerrados en una esquina y tenemos que trabajar de acuerdo con la letra de la ley y es la letra la que es absurda. 
Tenemos que tener instrumentos, tenemos que utilizar la política, tenemos que utilizar el espíritu de la ley si vamos a interpretar los problemas de nuestra gente. 
Recuerden que, cuando hay discrepancias entre las políticas económicas de los distintos países, las cosas vienen a la cabeza en cualquier momento. 
En este sentido, señor Watson, no mencioné el asunto por casualidad. Concedí la entrevista a propósito, aunque lleva razón, podría haberlo discutido con el Parlamento, y lo haré cuando me pida que discuta estos asuntos puesto que son la base de nuestra vida comunitaria. 
Mencioné el asunto por el trabajo de la Convención. Necesitamos debatir estos asuntos para que la Convención se dé cuenta de que somos expertos, de que somos capaces de ocuparnos de estos asuntos. 
Otro de los motivos por los que he sacado el asunto es que los personas de Europa nos piden que debatamos los asuntos económicos no sólo desde el punto de vista de las cuentas de balance y de las finanzas sino desde el de los aspectos que afectan a sus vidas cotidianas y puedo asegurarles que esto no significa ser relajado o demasiado flexible en los asuntos económicos. 
En el pasado, tuve incluso el valor de imponer un impuesto europeo en mi país- denominado particularmente como impuesto europeo- porque creo que los ciudadanos tienen que recibir información clara y precisa. 
Obviamente, nosotros en esta Cámara tenemos que debatir la cuestión del espíritu y la letra del Pacto, con el debido respeto del Pacto y dentro de las dificultades de la situación actual en la que tenemos que aplicarlo tanto en países grandes como pequeños. 
Este es otro de los problemas surgidos durante este debate: ¿se aplican con igual rigor en el caso de un desvío por parte de Francia, Alemania o Italia, cuyo déficit se aproxima o ya ha superado el 3%? 
Puedo asegurarles que, si las notificaciones oficiales o las estadísticas de la Comisión confirman esta información, según se acordó en la declaración de Amsterdam, la Comisión aplicará las medidas establecidas en el Tratado y el Pacto y la liberará de su obligación con respecto a las mismas porque es su trabajo. 
Sin embargo, he dicho y vuelvo a reiterarlo frente a la Cámara, que no es suficiente. 
No basta con establecer la existencia del déficit, cerrando la puerta después de que el caballo se haya desbocado. Aquí tenemos que desarrollar una política económica común que debemos a nuestros ciudadanos. 
Es la razón por la que la palabra que utilicé pudo parecer bastante fuerte. 
Presento mis excusas a los académicos pero creo que me ha servido para mostrar a todos lo que debemos hacer en el futuro. 
(Aplausos) 
Algunos oradores han criticado al Sr. Prodi quien declaró que el Pacto de Estabilidad era absurdo. 
Teniendo en cuenta que esas palabras provienen del guardián del Pacto, son, ciertamente, sorprendentes. 
Sin embargo, no se trata de un lapsus línguae. 
El Sr. Prodi está intentando, de forma evidente, por medio de medidas desesperadas, salvar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha llegado ahora a un punto muerto. 
Ciertamente, al añadir inmediatamente que para tener un Pacto flexible tendría que haber una autoridad en Bruselas con poder de toma de decisiones, el Sr. Prodi ha demostrado claramente que desea pasar a un supraestado. 
Está claro cuál es el obstáculo hoy: por un lado, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que es cada vez menos relevante, y, por otro, que los Estados miembros no tienen intención de ceder sus poderes presupuestarios y económicos a Bruselas, como ha quedado demostrado por los acalorados debates sobre la gobernanza económica del grupo de trabajo de la Convención. 
Por tanto, el Sr. Prodi se encuentra intentando desplazarse en la dirección del plan de los federalistas cuando pretendían introducir el euro. 
Es un movimiento inteligente a corto plazo. 
A largo plazo, sin embargo, será un error. 
El supraestado económico sería sólo otro sistema rígido, siguiendo los pasos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, nos atrevemos a decir, del euro. 
Señor Presidente, a lo largo de la noche del 26 al 27 de septiembre, el barco de Joola se hundió en la costa de Senegal, llevando a bordo a muchos senegaleses, un grupo de ciudadanos europeos y Roel y Lisette Arendshorst de Groningen. 
El presidente Wade de Senegal ha asumido la responsabilidad del desastre. 
Puesto que su propio país no cuenta con los fondos suficientes para recuperar el barco, el presidente Wade ya ha mencionado la posibilidad de un entierro en el mar. 
Esto es intolerable. 
Para los parientes de las víctimas es de suma importancia que los cuerpos de sus seres queridos sean recuperados lo antes posible puesto que a medida que pase el tiempo surgirán problemas de identificación. 
Según una investigación, el barco se encuentra embarrancado en un banco de arena y sería relativamente fácil recuperar los cuerpos con la ayuda de buzos submarinos. 
Este tipo de recuperación no es excesivamente costosa pero podría resultar demasiado cara para Senegal. 
La semana pasada, ya hice un llamamiento urgente a los Comisarios Nielson, Patten y Bolkestein para que destinaran fondos europeos del Fondo Europeo de Desarrollo. 
El tiempo apremia y todavía no tengo una respuesta. 
Una vez más, debería pedir a la Comisión que ofrezca apoyo financiero a Senegal a la mayor brevedad posible para que los padres y hermanos de Roel y Lisette, y los parientes de otras víctimas no tengan que seguir viviendo en la ansiedad y puedan dar el último adiós a sus seres queridos de una forma digna. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, con respecto a Zimbabwe. 
Me horroriza que la semana pasada el COREPER decidiera que la Conferencia Ministerial UE-SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Austral) , programada para los días 7 y 8 de noviembre, no tenga lugar en Copenhague, sino en Mozambique. 
Recordará que este Parlamento había insistido en que bajo ninguna circunstancia debería invitarse al Ministro de Asuntos Exteriores zimbabwense a la Conferencia Ministerial de Copenhague, porque esto incumpliría de modo flagrante la prohibición de viajar a la UE. 
Nunca recibimos garantías a este respecto y ahora sabemos por qué: Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han decidido de manera cínica esquivar su propia prohibición. 
Ahora contemplaremos el vergonzoso espectáculo del viaje a África de los Ministros de Asuntos Exteriores europeos, cuyo único propósito es facilitar la presencia de los zimbabwenses en la reunión. 
Resulta grotesco y es una ofensa para esta Cámara y, lo que es aún más importante, es un insulto para el aterrorizado y hambriento pueblo de Zimbabwe, cuya vida y sustento han sido destruidos por las acciones del régimen de Mugabe. 
Señor Presidente, en nombre del Parlamento, le ruego que exprese nuestra repulsa por esta decisión al Presidente del Consejo y le pida que la revoque. 
Señor Presidente, el pasado mes de junio la Comisión de Peticiones viajó a mi región, Asturias, y se entrevistó con varios peticionarios. 
Un grupo de peticionarios presentó al Sr. Gemelli una petición en la que se denunciaba el trazado de una autovía en mi región- la autovía del Cantábrico- porque parece que vulnera el Derecho comunitario y, también, porque perjudica gravemente a explotaciones agrarias muy importantes financiadas por el FEOGA. 
Al mismo tiempo, también presenté una pregunta a la que respondió de forma preliminar la Sra. Wallström y a la que se responderá extensamente más tarde, como ella dice. 
Nuestra sorpresa es que, sin haberse debatido este tema en la Comisión de Peticiones y sin haber recibido la segunda respuesta de la Sra. Wallström, un diputado del grupo mayoritario de este Parlamento, acompañado del Secretario general de su partido, visita a la Sra. Loyola de Palacio, celebra una entrevista con dos altos funcionarios de la Comisión Europea y aparece públicamente en mi región diciendo que el expediente está cerrado. 
Señor Presidente, eso es atentar contra la credibilidad de este Parlamento, contra las competencias de la Comisión de Peticiones. 
También pone en duda la independencia de la Comisión Europea, en este caso, y de determinados funcionarios de la Comisión Europea, y lo que solicito, señor Presidente, y termino, es que se compruebe si fue así. 
Nosotros no podemos permitir que se tome una decisión antes de que se celebre un debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
Pido al Sr. Presidente- le enviaré más documentación- que, por favor, se informe de si eso fue así. 
Si he entendido bien, señora González Álvarez, es posible que también sea preciso plantear algunas preguntas a la Comisión para que podamos llegar al fondo del asunto. 
Señor Presidente, me complace el hecho de que usted se encuentre en la Presidencia porque esta tarde he recibido una llamada telefónica de una joven. 
Era la ganadora del concurso de Misses de Dinamarca. 
Ha decidido, muy valientemente en mi opinión, no acudir a Nigeria para participar en el concurso de Miss Mundo. 
Sin embargo, hoy ha recibido una carta de la organización del concurso de Miss Mundo, animándola a participar alegando que uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo- y de hecho, se trataba de usted, señor Imbeni- ha alentado a las candidatas a que participen y se abstengan de un boicot. 
Evidentemente, esta joven de la que hablamos está bastante confusa, lo cual es comprensible, por supuesto. 
Por tanto, quiero pedirle que hoy confirme o que me confirme lo antes posible que el Parlamento Europeo no se ha mostrado a favor de que las candidatas participen en el concurso de Miss Mundo y que, por tanto, no estamos animándolas a que participen. 
También me gustaría que me confirmara que lo más cerca que el Parlamento ha estado de discutir si estas mujeres deberían boicotear el concurso de Miss Mundo ha sido en el debate que mantuvimos en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades cuando se pidió específicamente a las mujeres que boicotearan el concurso de Miss Mundo. 
Espero poder obtener una confirmación ahora y, si no ahora, entonces que sea por escrito en un futuro próximo. 
Señora Thorning-Schmidt, sin emplear demasiado tiempo de mis colegas, puedo confirmar que, en primer lugar, no comparto su opinión, en segundo, que manifesté mi opinión en una rueda de prensa, en tercero, no hablé en nombre del Parlamento, por supuesto, y en cuarto, envié un mensaje de correo electrónico al Presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en el que afirmaba que, en mi opinión, la decisión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de solicitar que se boicoteara la iniciativa era errónea, por una serie de motivos en los que no voy a entrar aquí por miedo a abrir un debate que no se encuentra en el orden del día de hoy. 
Si lo desea, más adelante, mañana o pasado mañana, puedo explicarle los motivos por los que creo que la línea adoptada por la Comisión de Derechos de la Mujer no era apropiada. 
Ahora, sin embargo, en calidad de Presidente del Pleno no puedo hablar del asunto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0332/2002) del Sr. Andrew Nicholas Duff, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el impacto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su futuro estatuto [2002/2139 (INI) ]. 
ponente. 
(EN) Señor Presidente, la futura condición de la Carta fue una de las cuatro cuestiones clave que nos legó el ya famoso Tratado de Niza para que lo examináramos en la CIG de 2004, y desde Laeken es una cuestión central para la Convención. 
Si se aprueba esta resolución, representará una contribución formal de la delegación parlamentaria a la Convención. 
Hemos estudiado el efecto que ha tenido la Carta hasta el momento como instrumento proclamado solemnemente, y hemos observado que el Defensor del Pueblo, el Parlamento, la Comisión e incluso en ocasiones el Consejo la han utilizado ampliamente. 
Asimismo, hemos descubierto alguna incertidumbre entre los ciudadanos respecto del alcance de la Carta como instrumento proclamado solemnemente. 
Para los tribunales, la Carta ya constituye una importante fuente de referencia, junto con el TEDH y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. 
Sin embargo, la tradición constitucional nacional ya es amplia y, en una Unión de 25 o más Estados miembros, se tornará imprecisa. 
Por lo tanto, tenemos que incorporar la Carta firmemente en los Tratados, para que lo que en la actualidad constituye una importante fuente de referencia se convierta en una fuente central. 
El Comisario Vitorino y su grupo de trabajo en la Convención están estudiando los detalles técnicos y semánticos relacionados con esta incorporación, y espero con ilusión su informe sobre el éxito de los esfuerzos de su grupo de trabajo. 
Esta resolución parlamentaria refresca la historia política de la Carta. Establece la razón por la que es importante su incorporación en los Tratados, y la razón por la que debería ser obligatoria para la Unión y para los Estados miembros, en la medida en que ponen en vigor el derecho y la política de Europa. 
Asimismo, establece la razón por la que la Carta se convertirá en un componente básico del desarrollo ulterior del concepto de ciudadanía europea. 
Durante el proceso de ampliación, la Carta explicará detalladamente la razón por la que los derechos fundamentales son tan importantes para acercar Europa al ciudadano. 
Propone que establezcamos para nosotros mismos un régimen de derechos fundamentales en el centro del proceso de integración, para que destaque como la joya de la corona de nuestra futura constitución. 
Pido al Parlamento que vote a favor del informe. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Duff, no solo por su actuación en calidad de ponente de este informe sino también como miembro de la Convención encargada de la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El informe que debatimos hoy se basa en las anteriores posturas mantenidas por el Parlamento, adoptadas cuando se redactó la Carta, a lo largo del año 2000, y dichas recomendaciones responden plenamente al objetivo de conseguir que esta Carta sea la base de una constitución. 
Hablo en calidad de Comisario pero, por supuesto, no puedo ignorar el hecho de que, al mismo tiempo, represento a la Comisión de la Convención sobre el Futuro de Europa y, en calidad de dicho cargo, presido el grupo de trabajo de la Carta. 
Sin meterme en detalles, me parece que puedo decir a la Cámara que los miembros del grupo de trabajo para la incorporación de la Carta al Tratado han manifestado un gran consenso con respecto a las respuestas dadas a los aspectos técnicos contra los que estamos luchando y que se refieren a las modalidades y consecuencias de la potencial incorporación de la Carta en un futuro Tratado constitucional así como a las modalidades y consecuencias de la adhesión potencial de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Creo que existe un grado elevado de unidad entre las recomendaciones incluidas en el informe del Sr. Duff y las conclusiones del grupo de trabajo. 
Para ser exactos, me gustaría primero hacer hincapié en mi acuerdo con el hecho de que la Carta hoy día es una realidad arraigada verdaderamente en la vida europea, que emplean los ciudadanos, los Abogados Generales, en los juicios del Tribunal de Primera Instancia y en los tribunales nacionales, incluso en última instancia, en los tribunales constitucionales de los Estados miembros. 
El informe del Sr. Duff también hace la observación de que al incorporar la Carta no se atribuirán nuevas competencias a la Unión. 
La Carta ya se muestra clara con respecto a este asunto pero podría ser más explícita al tratar las cláusulas horizontales que presentan la incorporación de la Carta en el Tratado, particularmente con el fin de disipar los temores que algunas personas han manifestado. 
La Carta no es en sí una fuente de competencias o una base jurídica que permitirá a la Unión aprobar medidas legislativas. Es una fuente de referencia para los valores que deben estar presentes en todas las políticas de la UE. 
Del mismo modo, la Carta no limita de ningún modo las competencias de los Estados miembros. 
No sustituye al sistema de los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos, ni está diseñada para reemplazar la función de las constituciones nacionales. 
Por tanto, comparto la opinión del ponente que hace hincapié en que ahora debe conferirse a la Carta fuerza jurídica vinculante y un estatuto constitucional de conformidad con las modalidades que se decidan y que dependerán de la futura estructura de los Tratados. 
Aparentemente, para este asunto se han redactado dos soluciones alternativas. 
En primer lugar, una que, de hecho, merece el apoyo de la mayoría de los miembros del grupo de trabajo y que consiste en la incorporación de toda la Carta, en forma de un título o primer capítulo del Tratado Constitucional. 
De forma alternativa, la inclusión en el trabajo del Tratado Constitucional de un artículo que haga referencia a la Carta y que incluya el texto completo de la Carta, tratado en una sección específica del Tratado Constitucional o en un protocolo. 
En la actual coyuntura, resulta bastante legítimo no intentar modificar las disposiciones de la Carta antes de que sean validadas en el Tratado Constitucional. 
La Carta representa el compromiso político de la anterior Convención que debe ser respetada por esta Convención. 
Sin embargo, esto no significa que no deban hacerse algunas adaptaciones políticas, en particular, con respecto a las denominadas cláusulas «generales» u «horizontales». 
El grupo de trabajo de la Carta ha estado trabajando en este asunto y el objetivo es conseguir adaptaciones que no alteren lo esencial de las disposiciones y que estén, en cambio, destinadas simplemente a aclarar el significado de las actuales normas horizontales. 
El Parlamento Europeo y la Comisión siempre se han mostrado favorables a la adhesión a la Convención Europea de los Derechos Humanos. 
El ponente reitera este punto de vista, el cual recibo con agrado. 
Los miembros del grupo de trabajo de la Carta piensan que la adhesión de la Unión a la Convención Europea es totalmente compatible con el hecho de consagrar una carta con valor constitucional y fuerza jurídica vinculante. 
Con respecto a este asunto, creo que el resultado obtenido por este grupo de trabajo también recibirá un amplio consenso. 
Si la Unión se adhiere de hecho al Tratado, quedará sujeta al control externo, lo cual sigue por completo la línea de lo ejercido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre los Tribunales Supremos o Constitucionales de los Estados miembros. 
En este sentido, no existe una relación subordinada entre los Tribunales ni tampoco se ve alterada la independencia del sistema jurídico de la Comunidad Europea. 
Este aspecto se encuentra estrechamente vinculado al de la futura personalidad jurídica de la Unión. 
La tarea de la Convención es ciertamente centrarse en la incorporación de una disposición constitucional en el Tratado Constitucional para permitir que la Unión pueda negociar la adhesión desde el punto de vista práctico con el Consejo de Europa y decidir, de conformidad con el procedimiento normal, el momento en el que la adhesión debería tener lugar y bajo qué condiciones, sin menoscabar de ningún modo los compromisos individuales de cada Estado miembro con la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y sus protocolos adicionales. 
Sinceramente confió en que la incorporación de la Carta en el Tratado Constitucional y la adhesión de la Unión a la Convención Europea de los Derechos Humanos constituirán dos hitos fundamentales en el proceso de otorgar a la Unión Europea una constitución que reconozca los valores y principios de los derechos fundamentales. 
Señor Presidente, uno de los principales cometidos de la Convención sobre el Futuro de Europa es contestar a la cuestión planteada en Laeken hace casi un año sobre si sería adecuado incorporar la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado de la Unión Europea. 
Se creó un grupo de trabajo en el seno de la Convención con este fin, presidido de forma competente por el Comisario Vitorino y que está dispuesto a hacer públicas sus conclusiones. 
Hoy, el Parlamento Europeo, a través del informe del Sr. Duff, pretende encarecidamente reafirmar la postura que siempre ha mantenido. 
Debería expresar mi acuerdo con sus conclusiones públicamente y aprovechar la oportunidad de felicitar al ponente por el amplio consenso que supo añadir a sus logros en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
No nos cabe ninguna duda de la necesidad que tenemos de hacer que nuestros ciudadanos y sus derechos se conviertan en el centro de nuestra existencia común. 
Lo que tenemos no es tanto un mercado como un conjunto de hombres y mujeres que dan sentido a esta Comunidad. 
Esta es la razón de que roguemos encarecidamente que la Carta de los Derechos Fundamentales se incorpore como parte fundamental del futuro Tratado Constitucional de la Unión Europea. 
Por supuesto, somos conscientes de que muchos de los derechos, principios y libertades podrían haber sido redactados de otra forma así como de que tendrán que revisarse en el futuro. 
Ningún trabajo humano es perfecto. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, todavía no es el momento. 
Hoy es el momento de aclarar y reforzar el estatuto jurídico de la Carta, concediéndole una naturaleza vinculante y aumentando la protección jurídica de los ciudadanos europeos desde las instituciones europeas y desde los Estados miembros cuando aplican el Derecho comunitario. 
Por tanto, apoyamos la estrategia defendida en este informe así como sus conclusiones principales: conseguir que sea la parte principal del nuevo Tratado Constitucional, establecer normas formales para su revisión, y siguiendo con la atribución explícita de una personalidad jurídica única a la Unión Europea, defender la adhesión a la Convención Europea de los Derechos Humanos. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías. Esencialmente, el debate que estamos manteniendo hoy podría parecer meramente técnico: ¿qué estatuto tendrá la Carta en la constitución que saldrá de la Convención? 
Este debate plantea una cuestión que es absolutamente fundamental desde un punto de vista político: ¿qué vamos a hacer con respecto al debate de la ciudadanía en el seno de esta Convención? 
Afortunadamente, nuestra Carta no se ocupa únicamente de la ciudadanía sino que también representa para nuestros ciudadanos un punto de referencia esencial y desde el comienzo de este proceso hemos dicho que la Convención debe tener como objetivo una Europa más democrática, más comprensible y más transparente. 
Lo que piden nuestros ciudadanos es poder ser capaces de sentir que son ciudadanos europeos. 
Me parece que la herramienta que tenemos a nuestro alcance actualmente para conseguir que la ciudadanía tenga vida es la Carta. 
El Parlamento ya lo ha solicitado en muchas ocasiones y volverá a hacerlo en la votación del informe del Sr. Duff. 
Creo que es un requisito previo para que el trabajo de la Convención sea aceptado. 
El problema es saber cómo incorporarla. 
Personalmente, me preocupa el hecho de que dicha incorporación conferiría un estatuto de primer rango a la Carta dentro de la jerarquía de los textos europeos. 
Esto significa básicamente que cuando uno u otro sector necesite establecer disposiciones en este ámbito debe respetarse el espíritu y la letra de la Carta. 
Por tanto, surge el problema de una revisión y sabemos que es un debate que ha causado gran preocupación incluso cuando se concluyó el trabajo de la anterior Convención. 
Al igual que muchos de ustedes, creo que la actual Convención no tiene la autoridad suficiente para volver a abrir este texto así como también considero que sería inadecuado desde el punto de vista político. 
El principal aspecto consiste en ver cómo debería realizarse esta revisión porque no hay motivo para pensar que dichos textos se han grabado sobre piedra. 
Nosotros mismos a la hora de redactar esta Carta nos concedimos algunas libertades con el texto de la Convención Europea de Derechos Humanos, dada la necesidad de adaptarlo y modernizarlo. 
Imaginemos que nuestros sucesores pudieran necesitar adaptar el texto: podría tener lugar en las mismas condiciones en las que nosotros mismos escribimos dicho texto. 
Básicamente, la Carta sólo podría ser revisada de conformidad con las normas más restrictivas propuestas por la Convención. 
Mi grupo y yo hemos presentado una enmienda con este fin y confiamos en que el Parlamento sea capaz de aprobarla cuando se vote el informe del Sr. Duff. 
Para terminar haré dos comentarios breves. 
Primero, estoy ansioso por saber si el debate que, en teoría es técnico, sobre las denominadas cláusulas «horizontales» corre el riesgo de limitar el alcance de la Carta. 
Éste debería ser nuestro enfoque común: no limitar el alcance de la Carta. 
Por último, por supuesto, en nombre de mi grupo y en el mío propio, me gustaría manifestar mi apoyo a la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de los Derechos Humanos. 
De esta forma, tendremos un conjunto de medidas completo destinado a proteger los derechos de nuestros ciudadanos y nuestros residentes. 
Señor Presidente, en primer lugar debería agradecer al infatigable ponente su trabajo en la Carta. 
Es importante que continúen las animadas discusiones sobre la Carta y la posición que debería ocupar en relación con el trabajo de la Convención. 
También me gustaría agradecer al Comisario Vitorino no sólo su apoyo por principio a una ampliación del trabajo sobre la Carta sino también el hecho de que haya destacado que no sería tan fácil incorporar toda la Carta en la futura constitución ni en cualquier otro lugar al que se incorporase, siendo la constitución la candidata más probable. 
Lo que me parece fundamental como políticos a la hora de debatir estos asuntos es el hecho de que vivamos constantemente en la tensión existente entre la visión y la realidad. 
La visión está lo suficientemente clara. 
Debo retroceder y decir algo sobre el contenido pero todos desearíamos que la Carta fuera incorporada por completo. 
La Carta es importante. 
Abarca derechos humanos fundamentales así como otros derechos que es importante garantizar para los ciudadanos de Europa. 
Por otro lado, también necesitamos decidir cuál es nuestra actitud ante los hechos, o nuestra realidad política actual, y preguntarnos a nosotros mismos en qué medida podría la Carta soportar que en la actualidad haya 15 países en la Unión Europea con la esperanza de que sean 25 una vez que nos hayamos embarcado en la Conferencia Intergubernamental. 
Debemos tener clara esta tensión en todo momento. 
Apoyo la Carta. 
Siempre me ha parecido que se trataba de una buena Carta. 
Siempre he trabajado sobre ella en relación con la constitución danesa y tengo que decir que es bastante mejor y con mayor visión de futuro que, por ejemplo, esa lectura particular de la constitución únicamente tal y como está y sin el conjunto de antecedentes históricos. 
No creo que todas las constituciones existentes sean perfectas pero también creo que, por otro lado, la Carta se está convirtiendo en el presente en una especie de «vaca sagrada». 
Por tanto, me parece buena idea poder ver si algunos artículos son más importantes y significativos que otros y si hay asuntos que podrían no ser considerados como fundamentales para su incorporación en esta fase. 
Me gustaría agradecer al Comisario su sinceridad así como que haya dejado claro que el asunto no es realmente tan sencillo. 
Señor Presidente, Comisario, el informe se ocupa de uno de los problemas más importantes que la Convención Constitucional Europea tiene que resolver, es decir, cómo integrar la Carta de los Derechos Fundamentales en el futuro tratado constitucional europeo y cómo garantizar una protección sin trampas de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 
Durante mucho tiempo, el Parlamento ya ha sido la fuerza motora de este asunto en la Unión Europea. 
Este informe, dirigido expresamente a la Convención, considera que el Parlamento cumple una vez más su función política. 
Por tanto, me gustaría expresar lo agradecido que estoy al ponente y, por ello, ocuparme de tres aspectos que también quedan reflejados en mis enmiendas. 
Para muchos, la esperanza justificada y primordial es que la Convención se mostrará a favor de la incorporación de la Carta en el tratado constitucional por lo que debe garantizarse que contiene no sólo meros principios rectores para las instituciones de la Unión Europea; estos principios deben originar derechos vinculantes que la Unión Europea tiene que salvaguardar y que, llegado el caso, pueden configurar la base de un recurso presentado ante los tribunales por parte de cualquier ciudadano. 
El informe, por ejemplo en su punto 1, está en lo cierto cuando lo enmarca como una exigencia. 
No obstante, pienso que el Parlamento está frustrando sus propios objetivos cuando afirma que, según el punto 2 de dicho informe, la Carta de los Derechos Fundamentales se incorporará en el Derecho constitucional europeo únicamente en forma de preámbulo. 
Es posible que un preámbulo pudiera servir como una especie de pretensión de un futuro tratado constitucional pero, desde el punto de vista jurídico, no es una norma relevante para el Derecho. 
Me parece que nadie entendería dicha postura por parte del Parlamento. 
En segundo lugar, llevamos razón al solicitar que la Unión Europea se adhiera a la CEDH. 
Ya ha quedado claro que el hecho de contar con una mayoría en la Convención favorecería esta postura. 
Si el Parlamento desea continuar siendo la fuerza motora de este asunto, entonces, me parece que también debe llamar por su nombre a los problemas asociados. 
Pienso que el considerando Z no es adecuado al mencionar simplemente que el TJE tiene la misma relación con la CEDH que cualquier tribunal constitucional nacional. 
Afirmar esto es cubrir con un velo el problema, puesto que los quince Estados miembros tienen enfoques diferentes por lo que respecta a las relaciones entre los tribunales constitucionales nacionales y el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. 
En mi opinión, el tratado constitucional debe dar su propia respuesta al asunto incluido en el informe. 
Más adelante explicaré mi tercer punto al ponente. 
Señor Presidente, los derechos fundamentales por naturaleza no se confieren sino que se reconocen y los derechos fundamentales se derivan forzosamente de la dignidad humana. 
La oposición del Consejo a que la Carta de los Derechos Fundamentales tenga carácter jurídico vinculante nos coloca en una situación absurda, en la que, por un lado, los derechos fundamentales se consideran como una consecuencia inevitable del reconocimiento de la dignidad humana mientras que, por otro, se deniega a las personas la oportunidad de ejercer sus derechos. 
Agradezco al ponente que de nuevo aclare que es una prioridad principal del Parlamento incorporar los derechos fundamentales en la constitución europea y de hecho son una piedra fundacional sin los que una constitución es totalmente inconcebible. 
No obstante, estoy de acuerdo con los comentarios de la señora que intervino antes que yo, en el hecho de que no pretendemos que se utilice como un preámbulo a este fin, sino como el Artículo 1 de la Constitución, pero no creo que existan diferencias de opinión con respecto a este punto. 
En segundo lugar, agradezco al ponente su observación en la que se dice que no debemos permitir que el capítulo sobre la Carta de los Derechos Fundamentales vuelva abrirse y negociarse en la Convención Constitucional que no tiene fuerza para modificar la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Si vamos a poner en duda de nuevo la Carta, la credibilidad de la primera Convención en conjunto se vería dañada así como se echaría por tierra el método de la Convención como tal. 
Sin embargo, a mi entender, existe cierta contradicción, y de aquí mi pregunta al Comisario Vitorino, que ha retomado este punto, en el anuncio de que las enmiendas tengan que hacerse sobre las disposiciones horizontales que constituyen una parte esencial de las estipulaciones sobre el alcance y efecto de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
No es difícil imaginar, y algunas de las discusiones me llevan a sospecharlo, que se está intentando utilizar las disposiciones horizontales para limitar el alcance de la Carta. 
Debemos resistirnos ante dicho intento. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, nuestro Parlamento haría un gran servicio a la democracia si dijera la verdad. 
De hecho, esta es otra excelente oportunidad de reflexionar sobre este asunto fundamental: la verdad sobre la integración europea. 
El ponente, por ejemplo, propone lo siguiente: «La Carta no atribuye competencias a la Unión. 
Por el contrario, tiene el efecto de limitar el ejercicio del poder de las instituciones de la Unión Europea debido a la obligación que éstas tienen de respetarla». 
Y añade: «La Carta no limita la competencia de los Estados miembros con arreglo a los Tratados. No sustituye a los sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros, sino que los complementa». 
De hecho, debería ser así por dos razones: en primer lugar, porque el único organismo competente en esta materia, la Conferencia Intergubernamental todavía no ha concedido el poder legislativo a la Carta y, en segundo lugar, porque como ya se ha dicho, las posturas que contiene la actual Carta están dirigidas a los organismos e instituciones de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho comunitario. 
Sin embargo, por desgracia, esto no es cierto. 
Existen muchos hechos que demuestran que se están realizando intentos para que la Carta se convierta en un instrumento que pueda imponer la unidad en los Estados miembros y mantener la tutela supraconstitucional sobre ellos. 
Dentro de poco tendremos, por ejemplo, el informe Swiebel que demuestra este claro cambio de la forma y la metodología empleadas para estudiar la situación de los derechos humanos y evaluar a los Estados miembros. El año pasado también contamos con el informe Cornillet que se ocupaba del mismo ámbito. 
En resumen, podemos decir que si el Estado de derecho es todavía el Estado de derecho, únicamente podemos afirmar que la Carta, desgraciadamente, ya está provocando reacciones en contra del Estado de derecho ordinario. 
Es algo que deberíamos condenar. 
Sin embargo, esta no es la recomendación del ponente quien, por el contrario, parece mostrarse a favor y aplaudir las reacciones, pasos y directrices de la Comisión, el Consejo, el Parlamento, el Defensor del Pueblo e incluso de los Tribunales europeos, que colman de desprecios a las competencias de la Conferencia Intergubernamental y pretender actuar como si la Carta ya fuera parte del Derecho. 
No es éste el caso. 
El Estado de derecho no es «como si» ; el Derecho existe o no existe. 
Por tanto, me temo que existe un deseo de minar el Estado de derecho y es precisamente lo que estamos haciendo como consecuencia de esta ambigüedad. 
En consecuencia, este informe debe contar con el apoyo entusiasta de aquellos que? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, como se recomienda en el informe Duff, el Comisario Vitorino acaba de declarar que el grupo de trabajo que él preside en el seno de la Convención se mostraba partidario de proponer la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales en los Tratados o incluso en la futura Constitución europea. 
Puesto que algunas cuestiones fundamentales todavía no se han resuelto, me parece que esta declaración es prematura. 
Nos han dicho que la incorporación de la Carta en los Tratados, que la convertiría en vinculante a escala europea, no concedería a la Unión ninguna competencia adicional. 
Sin embargo, esto no es creíble. 
Nos han dicho que no implicaría que el texto expuesto en Niza tuviera que volver a ser escrito de ningún modo, pero es imposible. 
Ciertamente, determinados puntos del texto tendrían que volver a ser escritos y este hecho abriría la caja de Pandora. 
Por último, nos han dicho que esta incorporación no implicaría restar poder a las democracias nacionales, pero es una falacia. 
De hecho, señor Presidente, la Carta corre el riesgo de imponerse de forma estricta sobre las democracias nacionales, lo que nos parece muy peligroso. 
Es lo que explico en la opinión minoritaria que se adjunta al informe Duff. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer al Sr. Duff su excelente informe así como los comentarios expertos del Comisario Vitorino. 
Cualquiera que tenga el honor de participar de forma activa en la Convención que redactó la Carta se dará cuenta de que el amplio consenso no era evidente en aquel momento. 
Es el resultado de esfuerzos intensos, exhaustivos y concienzudos. 
Por ese motivo, debemos evitar que el texto de la Carta vuelva a ser presentado para su discusión. 
En su momento se realizó un excelente trabajo. Presentar apartados de la Carta para que sean discutidos sólo conseguirá debilitar este excelente trabajo. 
Por tanto mi consejo es que habría que dejar la Carta tal cual está con la excepción de cambios técnicos. 
Esta es la primera puntualización que me gustaría hacer. 
Mi segunda puntualización se refiere a la combinación de la Carta con la CEDH que ha generado más problemas de los necesarios. 
Es evidente según se deduce de una serie de artículos escritos por jueces y expertos de los dos tribunales de justicia de Luxemburgo y Estrasburgo y también queda claro según el trabajo realizado por el grupo de trabajo de la Convención del Sr. Vitorino. 
Resulta que puede ser totalmente factible sincronizar el trabajo de ambos tribunales por lo que respecta a la CEDH y por lo que respecta a la Carta. 
Es también la opinión del grupo de PPE-DE aquí y del grupo PPE-DE del Consejo de Europa. 
Por tanto, pensamos que se ha despejado el camino para la inclusión de la Carta en el nuevo Tratado constitucional. 
Es nuestro deseo poder hacerlo y, en consecuencia, nos comprometeremos a hacerlo en la Convención. 
Esto me lleva a la tercera y última puntualización, es decir, la importancia de la Carta para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Es fundamental para los derechos de nuestros ciudadanos que se encuentren anclados con firmeza en el nuevo Tratado Constitucional que se está redactando. 
Sabemos perfectamente que los derechos de los ciudadanos, los derechos de las minorías y los derechos sociales todavía son muy frágiles, especialmente, en los países de Europa Central y Oriental. 
Es fundamental que estos derechos se consagren en los nuevos Tratados y, sobre todo, en el apartado constitucional del Tratado. 
En mi opinión, debería ser posible poner en práctica estos derechos. 
De este modo, los ciudadanos de Europa Central y Oriental pueden contar con los mismos derechos constitucionales, unos derechos consagrados en una Constitución europea, garantizada por la Unión y, llegado el caso, aplicables por los tribunales europeos. 
A mí me parece que ésta es la idea central del informe Duff Report, que refrendaremos. 
Señor Presidente, la Carta es un indicador en la carretera que conduce a la ciudadanía de la Unión Europea y también establece por escrito que sus personas, más que el mercado o el poder, deberían ser el centro de la política europea, y, por tanto, me uno a aquellos que han dicho que estos derechos no deben existir únicamente sobre el papel. 
También deben llegar a ser vinculantes. 
Doy mi enhorabuena al Comisario y al ponente por su intención de que la Carta llegue a formar parte del tratado constitucional. 
Estoy de acuerdo en que no debería ser mencionada únicamente en el preámbulo, sino que la Carta debería constituir el primer capítulo de la Constitución. 
Siempre decimos que esta constitución debería poder leerse en los colegios. 
Esta Carta puede leerse fácilmente; sería un buen prefacio para una Constitución europea y su reflexión sobre los valores de Europa me lleva a creer que realmente debería copiarse por completo. 
Mi segunda serie de pensamientos me lleva a sostener la opinión de que la Carta debería incorporarse sin que se realice ningún cambio en la misma. 
Fue un asunto objeto de una larga discusión en la primera Convención y no veo ningún motivo por el que deberíamos volver a modificarla otra vez. 
Como mucho, es posible que se necesitaran algunos ajustes de tipo editorial para los artículos transversales pero no modificaciones sustanciales. 
Contienen todo sobre el alcance de la Carta y no necesitan ser duplicados ni que se hagan más complicados. 
Nuestro ponente merece ser agradecido por su excelente informe que, sin duda, se convertirá en un documento importante para la Convención. 
Señor Presidente, el tema del informe es, aparentemente, el efecto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Sin embargo, uno busca en vano en el informe una discusión seria de esta cuestión fundamental desde el punto de vista jurídico y político. 
Me contentaré con hacer dos puntualizaciones. 
En primer lugar, ¿por qué necesitamos una Carta de la Unión Europea cuando tenemos la Convención Europea de los Derechos Humanos refrendada por todos los Estados miembros de la Unión Europea? 
La respuesta es la siguiente: porque la Unión Europea como tal no ha refrendado la Convención. 
Sin embargo, el hecho de hacer un cambio sencillo en el tratado la Unión Europea debería hacer a la Unión refrendar el tratado de forma natural y es también algo que se recomienda en el informe. 
Sin embargo, cuando eso suceda se producirá un choque inevitable entre el Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Desde el punto de vista jurídico, la palabrería del informe sobre una cooperación fluida es pura tontería. 
En segundo lugar, la parte fundamental del orden del día de la Carta se ocupa de fomentar la expansión permanente de la Unión Europea. 
La Carta es simple y llanamente una piedra para la construcción de un estado federal de la Unión Europea. 
Tanto la ciudadanía como la constitución forman parte de un estado federal. 
Como se deduce, por ejemplo de los párrafos 7, P, X y N, los ciudadanos de la Unión Europea están sujetos a las autoridades federales de la Unión Europea. 
Todo esto constituye una interferencia destructiva y vergonzosa en asuntos de legislación nacional y el hecho de que se cubra con un velo es motivo suficiente como para votar en contra del informe. 
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme cordial y sinceramente a las felicitaciones que quienes me han precedido en el uso de la palabra han dirigido al ponente por este trabajo completo, sistemático, y me atrevería a decir que pedagógico, en un tema que, aparentemente, todo el mundo conoce, pero que no siempre es así. 
He tratado de colaborar con él en dos puntos. 
El primero, al que se han referido otros muchos intervinientes, es insistir en que la Carta debe incorporarse tal cual a los Tratados. 
Como ha dicho mi colega, la Sra. Almeida Garrett, toda obra humana es perfectible y, de todas las obras humanas, los textos jurídicos suelen ser las más perfectibles. 
Sin embargo, hay un refrán español que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno y, en este caso, la opción no es una carta mejor o esta Carta; la opción es esta Carta o ninguna, y nosotros creemos que hace falta esta Carta. 
El segundo punto, Señor Presidente, consistió en recordar expresamente algo que este Parlamento ha incluido en su Reglamento: la Carta ya es vinculante para nosotros; para nosotros, eurodiputados, ya es el parámetro con arreglo al cual debemos comprobar que las iniciativas legislativas se ajustan a los derechos fundamentales. 
Esto no podemos olvidarlo. 
Si nosotros, a través del Informe Corbett, lo hemos incluido, no podemos ser los primeros en desconocerlo. 
Por ello, mi Grupo- y yo mismo- vamos a votar con entusiasmo el Informe Duff, porque creemos que la Carta tiene un enorme mérito al ser el primer texto de la Unión que cuenta con el respaldo de la opinión pública. 
Ésta, y no cualquier disposición sobre su reforma, es su gran forma. 
Este dato permitirá que la Carta no sea aguada o desnaturalizada en el futuro. 
La opinión pública europea está detrás de la Carta, pese a quien pese, ya que a muchos parece pesarles mucho. 
Señor Presidente, una Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales son las dos caras de la nueva Europa que estamos construyendo porque la democracia no puede organizarse con veinticinco países sin derechos fundamentales de carácter vinculante. 
En primer lugar, porque la credibilidad de la ampliación y la confianza debe fundamentarse en acciones comunes de principios y derechos que consoliden las relaciones entre los Estados y los ciudadanos cuya historia les ha negado la posibilidad de la convivencia y la confianza recíproca. 
En segundo lugar, porque la nueva ciudadanía de la Unión, que sitúa a los ciudadanos europeos en el centro de la legitimidad europea, exige su defensa y protección frente a cualquier comportamiento abusivo que podría derivar de la centralización del poder en el nombre de una toma de decisiones eficiente. 
Por tanto, debemos encontrar una base para conceder a los ciudadanos un acceso directo a los tribunales de la Unión y debemos, igualmente, definir los mecanismos que persuadirán a los tribunales nacionales de que apliquen la Carta en el nombre de los ciudadanos. 
En consecuencia, el estatus de la Carta debe alcanzar el rango de derecho primario, convirtiéndola en una fuente de referencia fundamental para el Tribunal de Justicia y para los Tribunales nacionales con lo que convertirá este instrumento en la legislación básica de la Unión y en una parte integral auténtica del acervo comunitario jurídico. 
¿Qué tipo de espacio de libertad, seguridad y justicia estaríamos construyendo sin una Carta de Derechos Fundamentales? 
¿Qué tipo de modelo podría existir para la coexistencia cívica y política sin ella? 
Señor Presidente, no se está creando una nueva competencia como resultado de la Carta. 
Por el contrario, limita el ejercicio del poder de la futura Unión. 
Además, no se ha usurpado ningún derecho de los que ya gozan los ciudadanos de los Estados miembros, ni tampoco se está diluyendo una mayor protección en una Carta que solamente presenta normas mínimas. 
En consecuencia, si deseamos contar con una democracia organizada, basada en los valores comunes, vamos a conseguir que la Carta forme la base de una Constitución, convirtiéndola en una fuente fundamental de referencia y protección para los ciudadanos de la Unión. 
Es lo que afirma el informe, es la opinión del Sr. Duff y creo que, de hecho estoy convencido, es la opinión del Comisario Vitorino. 
Mi más sincera enhorabuena a los dos. 
Señor Presidente, no se sorprenderá de que, como conservador británico, sea un poco la nota discordante en este armonioso debate. 
Estoy de acuerdo en que todas las instituciones de la UE observen las mismas normas, pero no estoy tan convencido de que tales imperativos legales tengan que incluirse en la Convención. 
Tampoco creo que la UE tenga que imponerlas a los Estados miembros más allá del compromiso actual representado por sus firmas en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
No deberían aplicarse a empresas privadas, individuos u organizaciones, ni deberían incluir asuntos sociales, de empleo o política cultural. 
Se nos presenta un vehículo repleto de buenas intenciones. 
Sin embargo, temo que también estemos dando pie a una pesadilla con la dualidad entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una parte, y el Tribunal de Justicia Europeo por la otra. 
Tenemos casos que cambian de uno a otro, y los únicos beneficiados son los abogados. 
Lo lamento por aquellos colegas que son abogados distinguidos, no deseo que mermen sus ingresos, pero no deberíamos alentarlo. 
El quinto considerando demuestra que esto ya está ocurriendo. 
La perspectiva de autoridades en conflicto anunciadas en los dos tribunales resulta intolerable desde un punto de vista burocrático y es una pesadilla judicial. 
Asimismo, me preocupa el apartado 2. 
La Carta tiene que obligar a la Comisión, al Consejo, al Parlamento y al Comité de las Regiones, pero ¿debería ser un «punto de referencia central para el Tribunal de Justicia Europeo y los tribunales nacionales»? 
No, no debería ser un punto de referencia central de los tribunales nacionales. 
Este es otro indicio del potencial de confusión. 
Esta confusión tiene que resolverse antes de que se adopte el informe. 
Insto al Parlamento a que rechace este informe y permita que la comisión lo resuelva. 
Señor Presidente, creo que la gran mayoría de los miembros de esta Cámara está de acuerdo con las conclusiones del ponente y del Comisario Sr. Vitorino sobre la necesidad de introducir la Carta en el nuevo Convenio de la Unión Europea. 
Me voy a referir nada más que a dos aspectos procesales: en primer lugar, las perspectivas de una ampliación de la competencia del Tribunal para poder recoger recursos de carácter individual que, hasta ahora, se encuentran con fuertes legitimaciones desde el punto de vista procesal (desde el punto de vista de legitimación, intereses o reconocimiento de derechos individuales afectados). 
Y en segundo lugar, a la referencia que ha hecho el Comisario Sr. Vitorino a la posible ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Creo que el problema no es tan sencillo como el Comisario Sr. Vitorino lo ha presentado, -así lo ha subrayado la Sra. Kaufmann -, porque no se trata simplemente de colocar sobre un Tribunal Constitucional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que se trata de una construcción supranacional- la construcción comunitaria- con un Tribunal de Justicia, que tiene unas características muy especiales, y sobre eso colocar otro procedimiento diferente. 
Aunque estoy en desacuerdo con la mayor parte de las observaciones de mi predecesor, el Sr. Stockton, creo que este tema merecerá, probablemente, un estudio, no sólo en la parte relativa a la Carta propiamente dicha, sino a las competencias de las instituciones comunitarias, muy especialmente a las competencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia. 
Creo que el tema deberá ser objeto de estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y estoy seguro de que el Comisario Sr. Vitorino le dedicará la atención que merece. 
Señor Presidente, no cabe duda de que, para muchos países la solución más fácil sería incorporar la Carta con referencia al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Supuestamente, también sería la solución más fácil para mi país. 
Sin embargo, igualmente pienso que debemos pensar más y más concienzudamente para que si el objetivo es que las personas se identifiquen con el tratado, éstas sean capaces de consultar el Tratado o Constitución y ver fácilmente cuáles son los derechos que tienen en relación con la Unión Europea. 
Por tanto, creo que debería elegirse la solución más idónea según la cual la Unión Europea goce de personalidad jurídica y se adhiera a la Convención de los Derechos Humanos y así dicha solución concedería al Tribunal de Derechos Humanos más autoridad en relación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Sin embargo, si optamos por la solución máxima, al mismo tiempo debemos mostrarnos abiertos ante las preocupaciones que legítimamente podrían sentir determinados Estados miembros, especialmente cuando se trata de asuntos de identidad nacional. 
Me habría gustado quizás haber visto que el ponente insertaba únicamente una cláusula simple en la que se afirme que debemos tener en mente esta preocupación puesto que si escuchamos realmente la preocupación legítima que los Estados miembros puedan tener y al mismo tiempo optamos por la solución máxima, creo que lograríamos combinar la visión amplia con los hechos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los que han hablado, y en especial a aquellos que están de acuerdo con el informe. 
Asimismo, felicito al Comisario Vitorino por haber negociado con éxito un acuerdo en su grupo de trabajo sobre los problemas técnicos y semánticos que han planteado algunos representantes de Estados miembros. 
En relación con el preámbulo, estoy de acuerdo y acepto la enmienda 7. 
Quiero decir a mis amigos euroescépticos que no se trata de un complot subversivo. 
La Carta reviste gran autoridad y legitimidad. 
Lo que falta es claridad y seguridad jurídica. 
Estamos buscando su incorporación precisamente para asegurarnos de que podemos mejorar la posición en materia de seguridad y claridad. 
No estamos guardando un vergonzoso silencio, como afirma el Sr. Crowley, sobre su impacto en el derecho nacional. 
La Carta se refiere principalmente a las competencias de la Unión Europea y a los poderes de las autoridades de la Unión. 
Para concluir, me gustaría decir que Lord Stockton y yo pertenecemos a los partidos políticos adecuados en Gran Bretaña. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Declaración por escrito (art. 120) 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0333/2002) de la Sra. Lambert, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional (COM (2001) 510- C5-0573/2001- 2001/0207 (CNS) ). 
Señor Presidente, señora Lambert, señoras y señores, el informe Lambert que estamos debatiendo hoy constituye una propuesta esencial para una directiva a la que a menudo nos referimos como Directiva sobre Cualificación para la Protección Internacional. 
Creo que esta directiva constituye el núcleo del sistema europeo común de asilo, cuya necesidad se perfiló en el Tratado de Amsterdam y en las conclusiones de los Consejos de Tampere, Laeken y Sevilla. 
La Comisión está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la armonización de políticas relativas a los refugiados en el ámbito europeo es absolutamente esencial. 
De hecho, no se trata sólo de armonizar: se trata de responder a los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros en lo que se refiere al asilo y que sólo se pueden tratar de forma adecuada en el ámbito de la UE. 
Y esto se aplica quizás especialmente a los criterios para recibir protección internacional. 
En la actualidad los diversos sistemas nacionales contienen criterios distintos para seleccionar a los ciudadanos que pueden recibir protección y un conjunto de leyes, a veces disparatado, sobre el estatuto de refugiado o sobre protección subsidiaria. 
Estas diferencias entre los diversos sistemas nacionales ocasionan movimientos secundarios, nada deseables para ninguno de los Estados miembros de la UE. 
Para crear una situación de igualdad de condiciones, la propuesta de una directiva sobre cualificación para la protección internacional contiene unas normas para una definición común tanto de los refugiados como de las personas con derecho a protección subsidiaria. 
También contiene unas normas para los derechos que deben concederse a estas dos categorías de personas. 
Garantiza un nivel mínimo de protección en todos los Estados miembros para aquellas personas con una verdadera necesidad de protección internacional, y a la vez evita los abusos en las peticiones de asilo, que deterioran la credibilidad del sistema. 
La propuesta parte de la premisa de que los Estados miembros sólo deben conceder protección internacional si no existe ninguna protección nacional efectiva, independientemente del origen de esta persecución. 
Finalmente, debemos destacar que la protección subsidiaria que se propone en la directiva debe considerarse como un complemento del sistema de protección integrado en la Convención de Ginebra sobre refugiados y debe aplicarse de tal forma que no perjudique sino que complemente al actual sistema de protección de refugiados. 
La idea de la Presidencia danesa, apoyada por la Comisión, es que debería llegarse rápidamente a un acuerdo político sobre esta propuesta, junto con la regulación para determinar cuál es el Estado miembro responsable de estudiar las peticiones de asilo, conocida como Dublín II, y la propuesta revisada de una directiva sobre procedimientos de asilo, en concreto a finales de noviembre en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. 
Por lo tanto, es de extrema importancia para la Comisión que el Parlamento adopte su posición sobre la directiva lo antes posible para que el Consejo pueda debatir este tema a la luz de su opinión. 
Señor Presidente, como acabamos de escuchar, la Directiva propuesta constituye el eje de la política común de asilo, estableciendo las bases de las normas mínimas que cualifican a una persona como refugiado conforme a la Convención de Ginebra y posteriores protocolos, así como los criterios para las personas con derecho a protección internacional al amparo de otras convenciones internacionales y leyes en materia de derechos humanos. 
Personalmente, lamento la decisión de aplicar esta directiva sólo a nacionales de países terceros y a personas apátridas, porque esto elimina a los Estados miembros de la UE. Votaré a favor de las enmiendas del Grupo GUE/NGL a ese efecto. 
Sin embargo, la base de la perspectiva de la Comisión es la necesidad de protección y nuestra responsabilidad es proporcionarla. 
La mayoría de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha apoyado a la Comisión en la defensa de la Convención de Ginebra de 1951, que no establece diferencias entre distintos agentes de persecución, y ha saludado que algunos gobiernos y partidos se aparten del punto de vista limitado que considera que sólo la persecución estatal crea refugiados oficiales. 
Por ejemplo, una aplicación completa de la Convención tomaría en consideración aquellos que sufren a manos de las FARC, un agente de persecución no estatal en Colombia, y también abarcaría a la oposición política en Zimbabwe y muchos otros casos. 
Sin embargo, discrepamos con la Comisión respecto de que una agencia de tipo estatal, como el ACNUR, proporcione la protección, y opinamos que esto impone obligaciones propias de un Estado a un organismo que legalmente no puede ser responsabilizado. 
La mayoría de la comisión ha optado por apoyar las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que refuerzan la posición de las mujeres como grupo social sujeto a persecución en algunos países, y ha incluido el ejemplo de mutilación genital, en línea con una decisión previa del Parlamento sobre este asunto. 
También opinamos que el sexo y la orientación sexual deben tomarse en consideración cuando se examina la definición de un grupo social. 
La Unión lo ha recalcado de conformidad con los criterios de Copenhague y el Tratado de Amsterdam. 
Somos plenamente conscientes de casos recientes de persecución, por ejemplo, en Egipto y Jamaica. 
La mayoría de la comisión no comparte la opinión de que esta Directiva sólo debe ocuparse de la categoría de refugiado y que la protección subsidiaria podría abordarse en una etapa posterior. 
Acordamos con la Comisión y el ACNUR que conviene ocuparse de las dos categorías conjuntamente y no sólo por razones administrativas. 
Los sistemas complementarios consideran ante todo si una persona necesita protección. 
Si la necesita, entonces hay que definir su estatuto. 
Ni siquiera la aplicación completa de la Convención de Ginebra satisface todas las necesidades de protección; por esta razón, muchos Estados miembros disponen de categorías adicionales. 
No es cierto, como afirman algunos, que los de la categoría adicional necesariamente permanecerán durante períodos más cortos o que se enfrentan a problemas menos graves en sus países de origen. 
Si vamos a tener una política de asilo común, también tenemos que ocuparnos de estas necesidades adicionales, y parece razonable ocuparse de ellas conjuntamente. 
Necesitamos un enfoque de conjunto que responda a nuestras obligaciones internacionales y a las necesidades de aquellos a quienes pretendemos proteger. 
Dado que consideramos que los dos grupos son complementarios, la mayoría de la comisión ha decidido otorgar derechos sociales similares a ambos grupos. 
Es lógico permitir que aquellos que deseen trabajar, formarse o adquirir una educación puedan hacerlo. 
Esto beneficia a los individuos, a nuestra sociedad y a sus países de origen a su vuelta y, al satisfacer necesidades sociales básicas, evitaremos costes sociales mayores. 
La propia estrategia de inserción social de la UE reconoce los vínculos, por ejemplo, entre una vivienda deficiente, mala salud y bajo nivel educativo. 
Si esto se aplica a nuestros nacionales, parece razonable que aquellos que tengan derecho a protección internacional también puedan beneficiarse de un derecho equivalente. De esta forma evitaremos la exclusión social, contraria a nuestra propia política europea. 
Nuestra comisión también acordó por mayoría una definición de la familia que mantenga el principio de unidad familiar y que abarque una definición amplia de la familia. 
Es éste un debate que resulta familiar en esta Cámara. 
Parece lógico otorgar una categoría similar a todos los miembros de la familia, aunque sólo sea para evitar las situaciones extrañas que ocurren a veces cuando a un miembro de la familia se le concede la categoría de refugiado y a otro se le niega. 
Asimismo, acordamos apoyar el derecho efectivo de objeción de conciencia por razones de religión o creencia, un derecho reconocido internacionalmente. 
En conclusión, me gustaría agradecer a todos mis colegas su serio trabajo y dedicación a este informe, independientemente de si estamos de acuerdo o no. 
La comisión ha introducido enmiendas positivas a las ya acertadas propuestas de la Comisión Europea, y confío en que se mantenga esta posición en el voto de mañana y que el Consejo la apoye. 
Una posición positiva significa una clara afirmación de las obligaciones derivadas del Tratado y de la respuesta humanitaria de la Unión Europea. 
. 
(ES) Señor Presidente, voy a plantear una cuestión de orden; no me cuente usted el tiempo. 
He visto que en el informe anterior estaba prevista la intervención del Sr. Gemelli, que es el presidente de la Comisión de Peticiones. 
Quienes estamos en el otro edificio tenemos un pequeño problema: las pantallas no funcionan y no podemos ver cuánto tiempo falta para el debate del informe en el que tenemos que intervenir. 
Señor Presidente, usted, que tiene tanto que ver con que los edificios estén bien, a ver si consigue que las pantallas funcionen cuando tenemos reuniones en el otro edificio, porque seguro que el Sr. Gemelli no se enteró de que su tiempo de intervenir había llegado. 
-Tomo nota de sus observaciones y debo decirle que en el otro edificio está también reunida la Comisión de Presupuestos, a la que sabe tengo un especial cariño. 
Gracias Sr. Presidente, la Comisión de Peticiones, lo decimos en la exposición de motivos, confiaba en la ponente que teníamos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y Justicia y Asuntos Interiores, es decir, considerábamos que no era necesario que la Comisión de Peticiones hiciera un gran informe y lo presentara como si fuera de fondo, porque confiábamos en nuestra ponente de la Comisión de Libertades. 
Lo único que quiero decir es que apoyamos totalmente los aspectos más importantes de la propuesta de la ponente, que mejora la propuesta de la Comisión Europea. 
En primer lugar, apoyamos el hecho de que se refiera en muchas ocasiones al Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa porque nos parece que tiene mucho que ver con el debate que celebramos. 
También la referencia a la profundización de los derechos de los solicitantes de asilo y a sus familias, sean esas familias tradicionales o no. 
Tenemos ejemplos muy claros de familias que no son tradicionales y que son familias extraordinarias. 
También apoyamos la capacidad de los Estados miembros de introducir o mantener algunos aspectos que son, incluso, superiores a los contemplados en la Directiva que estamos debatiendo. 
Comparto también la supresión del párrafo que propone utilizar organizaciones paraestatales para la protección de los peticionarios de asilo. 
Creemos que sólo el Estado puede proteger debidamente a los peticionarios de asilo. 
Y la no repatriación en el caso de que exista riesgo de que se impongan al solicitante la pena de muerte o castigos corporales. 
Muy claramente, este Parlamento se ha pronunciado en muchas ocasiones en contra de la pena de muerte. 
Y la reducción de los plazos para disfrutar de derechos de trabajo, aprendizaje o cuidado de los niños, así como la ampliación del permiso de residencia. 
Desde luego, la determinación de sanciones eficaces proporcionales y disuasorias a aquellos que incumplan esta Directiva. 
Creemos que las preocupaciones expresadas por la Comisión de Peticiones están debidamente recogidas en el informe de la Sra. Lambert, y por eso lo apoyamos. 
Señor Presidente, creo que esta es una Directiva muy importante que reflejará la Europa de los derechos y la Europa que recibe a aquellos que se sienten perseguidos. 
Señor Presidente, señoras y señores, el proyecto de la Comisión y el informe parlamentario adjunto, que hoy debatimos, se pueden describir sin escrúpulos como la admisión de bancarrota por parte de las instituciones europeas en cuanto a la política de asilo. 
Sr. Vitorino, usted es el principal responsable de que, a lo largo de tres años, su Cámara no haya podido elaborar ni una sola propuesta sobre el derecho de asilo que nos haya permitido llegar a un compromiso. 
Y lo que es peor, a efectos prácticos, su Cámara todavía no ha separado los tres pilares que constituyen la migración económica, los derechos de asilo y la protección subsidiaria. 
Éste es el motivo por el que normalmente sus propuestas acaban en la papelera del Consejo. 
Pero el ala izquierda de esta Cámara también tiene su parte de responsabilidad en los fracasos habidos hasta la fecha. 
Aunque la Comisión va más allá de la armonización de las normas mínimas, siempre, por principio, el ala izquierda de esta Cámara sigue queriendo que las propuestas sean más amplias. 
Pero nada puede igualar la falsedad inherente a los grandes discursos que han recitado ante esta Cámara sobre la política de asilo, erigiéndose como los grandes defensores de los derechos de los refugiados mientras sus propios gobiernos de izquierdas, en Gran Bretaña y en Alemania por ejemplo, se jactan de lo estrictas que son sus políticas sobre el asilo. 
Incluso el Sr. Cohn-Bendit se mostraba en la televisión francesa la semana pasada a favor de una regulación más estricta. 
¿Por qué? 
Porque, en casa, deben someterse a otro tipo de examen público, y allí tienen una responsabilidad ante sus ciudadanos, cuya capacidad de asimilar refugiados tiene unos límites, unos límites que aquí ignoran constantemente. 
Mañana, pues, presentaremos nuestras enmiendas en una votación nominal para poner de manifiesto su hipocresía ante la opinión pública. 
No hay nada nuevo en su propuesta de ampliar la definición de «refugiado» respecto a la que contiene la Convención de Ginebra, Hasta el momento, esta propuesta siempre ha sido rechazada, por nosotros, por el Consejo, e incluso por el ministro del gobierno rojo/verde de Alemania. 
Si siguen adelante, las personas que reciben protección subsidiaria serán tratadas casi de la misma forma que los solicitantes de asilo reconocidos. 
Lo que resulta bastante absurdo. 
En Alemania, sabemos que los refugiados de guerras civiles no solicitan asilo porque, por norma, quieren volver a su país cuando haya terminado la guerra civil. 
La integración en el país anfitrión no es para ellos, no la desean en lo más mínimo. 
Quien solicite la escolarización obligatoria de los hijos de estos refugiados será mejor que compruebe su estado de salud mental. 
La mayoría de estos niños no hablan ni una palabra del idioma del país de acogida, ¡y ustedes quieren que su estatuto no se revise hasta pasados cinco años y no después de uno! 
No puedo imaginar ni una sola situación en la que las condiciones que den lugar a la protección subsidiaria estén presentes durante cinco años consecutivos. 
No, dos grupos diferentes necesitan soluciones diferentes, de modo que el Consejo tiene razón al exigir dos planteamientos distintos. 
¿Y por qué esta directiva vuelve a preocuparse por la reagrupación de las familias? 
Después del primer fracaso que usted y la Comisión tuvieron aquí, Comisario, me pregunto si están trabajando en un nuevo planteamiento global. 
¿Cómo debe ser, pues- un planteamiento integrado o unas normas para cada una de las propuestas? 
No dudo que el Consejo volverá a tirar esta propuesta a la papelera. 
Pero en el futuro usted preferirá hablar de coordinación abierta, y volverá a ocultar que el intento de conseguir un sistema europeo de asilo ha sido un fracaso, un fracaso que usted mismo ha provocado. 
Sus propuestas tienen un efecto perjudicial en la integración europea. 
Nosotros las rechazamos y damos nuestro apoyo a las enmiendas presentadas por nuestro presidente- y suyo- el Sr. Hernández Mollar. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo hoy en Bélgica, me sorprende oír tantas críticas a la propuesta de la Comisión. En mi opinión, en cambio, constituye un gran punto a favor de la Unión Europea y de esta Cámara. 
Debemos tener en cuenta que, en el año 2000, en el conjunto de los 15 estados miembros solicitaron asilo 389 000 personas. 
Quizás deberíamos mostrar un poco de humanidad y darnos cuenta de que, detrás de todos los discursos que hacemos en esta Cámara, hay unos hombres, mujeres y niños que están sufriendo persecuciones y guerras, y que quieren huir de una vida de pobreza y privaciones. 
¿Hemos olvidado que la creación de lo que hoy constituye y justifica nuestra presencia en esta Cámara fue una consecuencia de lo que experimentamos aquí en Europa en tiempos de guerra? 
En nuestros Estados en crisis, desde los acontecimientos del 11 de septiembre, muchos perciben a quienes buscan asilo y protección internacional como una amenaza contra la ley y el orden, contra la estabilidad social e incluso, en algunos casos, contra la seguridad nacional. 
Es nuestra obligación, porque tenemos la obligación de recordar, porque es la justificación misma de nuestra existencia, porque esencialmente somos un organismo democrático que defiende los derechos humanos, dar a todo el mundo una oportunidad y evitar que la Unión Europea se convierta en una ' Fortaleza Europa? cerrada para el resto del mundo. 
Como consecuencia lógica de los demás informes ya adoptados por el Parlamento, creo que la propuesta que se nos presenta hoy nos permite establecer algo que debe ser un verdadero honor para nosotros, en otras palabras, un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Además, para introducir una cierta coherencia entre los reglamentos y las leyes de los diversos Estados miembros y definir una plataforma de normas comunes, con esta propuesta de directiva estamos creando unas normas mínimas para la definición y el ámbito del estatuto de refugiado. 
Aclaremos este concepto: redactar unas normas mínimas no significa seleccionar el denominador común más bajo, no permiten un giro de 180º y sellar Europa, el mismo lugar donde se concibió la Convención de Ginebra ¿es necesario volver a decirlo? 
Las principales víctimas de la violencia, el tráfico y la mutilación son las mujeres y las niñas. 
En concreto, es necesario asegurar que ellas se benefician de la asistencia, la protección y los servicios, y, a la vez, asegurar que estas mujeres, que sufren el máximo riesgo de discriminación en sus países de origen, sean una presa menos fácil para los traficantes de seres humanos o proxenetas, que las engañan con ofertas de viajes o visitas a sus países. 
Éste es el motivo por el que esta propuesta de directiva, que pretende, además, proteger a estas mujeres y niños, debe permitirles ejercer sus derechos, debe permitirles presentar una petición de asilo, debe permitirles exponer las formas específicas de persecución que han sufrido, porque, ante todo, constituyen un ataque al respeto por los derechos fundamentales. 
Y es esto, los debates sobre las directivas de este tipo, lo que justifica nuestra presencia continuada en esta Cámara. 
Señor Presidente, hace tres años, el Consejo Europeo de Tampere dio el impulso inicial para una política europea común para el asilo y la inmigración. 
El objetivo era adoptar unas normas comunes que convirtieran a la UE en un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Éste era el punto de partida. 
Tres años después de la reunión de Tampere, debemos adoptar una actitud práctica para dar un importante paso adelante hacia el cumplimiento de aquella visión. 
Los de este Grupo que pertenecemos al Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, estamos satisfechos de que se hayan tenido en cuenta nuestros puntos de vista en el trabajo de la Comisión. 
En nuestra opinión, hoy se ha presentado ante esta Cámara un informe coherente y equilibrado. 
Es importante que obtengamos unas normas mínimas comunes para los refugiados. 
Si queremos que las normas sean eficaces, también es importante que todos los Estados miembros tengan una definición común de lo que es un refugiado. 
Me complace que el informe contenga unas normas generales para determinar si la protección internacional está debidamente justificada o no. 
Hoy, varios Estados miembros tienen problemas relacionados con la política de inmigración y asilo. 
Cada año entran en la UE una gran cantidad de personas que solicitan el asilo de forma ilegítima. 
Constituyen una carga para el conjunto del sistema y gastan unos recursos que se podrían utilizar en beneficio de quienes tienen unas necesidades reales. 
Hay que combatir la inmigración ilegal y el contrabando de personas, pero hay que ayudar a los refugiados de verdad. 
Debemos esforzarnos por conseguir este equilibrio y, en mi opinión, el informe lo hace posible. 
Un requisito previo importante para que sea posible llevar esta propuesta a la práctica es obtener una definición común de refugiados con estatuto de protección subsidiaria. 
Y debe basarse en las principales convenciones internacionales como la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. 
Estoy a favor de que el concepto de estatuto de protección subsidiaria forme parte de la política común sobre refugiados. 
Pero, una cosa es la política de asilo y otra muy distinta es la integración. 
Es importante que se ofrezca a los ciudadanos de países terceros la oportunidad de abrirse camino en sus nuevos países. 
Esto es algo que muy pocos países de la UE conocen en estos momentos. 
Por ejemplo, Dinamarca y Suecia se han puesto a trabajar en una política activa de integración. 
La propuesta tiene elementos relacionados con los derechos comunes de los ciudadanos de terceros países con residencia legal en la UE, y estos derechos deben constituir la base de una política de integración sensible y necesaria. 
En general, el informe ofrece una visión equilibrada de los problemas con que nos enfrentamos, y espero que podrá atraer a una amplia mayoría de este Parlamento. 
Señor Presidente, votaremos a favor de este informe que pretende ofrecer un nivel mínimo de protección para todos aquellos hombres y mujeres que se han visto obligados a huir de su región de origen para escapar de la persecución. 
Pero la persecución no se debe siempre a motivos políticos, religiosos o étnicos, y la ponente hace bien en condenar el hecho de que no se ofrezca protección a aquellas personas, y cito literalmente, «que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la pobreza». 
Se trata de cientos de miles de personas que, sacadas de sus casas por la pobreza o el hambre, siguen siendo perseguidas incluso aquí, en territorio europeo. Se ven obligados a aceptar trabajos sumergidos, mal pagados, se encuentran en manos de patrones sin escrúpulos y les persigue la policía. 
Y me refiero a aquellas personas a las que el gobierno del país de acogida no proporciona los documentos reglamentarios que les permitirían trabajar y vivir con dignidad. 
Si el Parlamento Europeo tuviera un autentico deseo de proteger a quienes son perseguidos, debería empezar a hacerlo dentro de la Unión. 
Como medida de emergencia, debería decidir obligar a los gobiernos a emitir permisos de residencia para quienes los necesiten, o bien, proporcionarles en nombre de las instituciones europeas los documentos necesarios para que puedan vivir y trabajar en la Unión Europea. 
Señor Presidente, creo que la adopción de este excelente informe, preparado por mi compañera, la Sra. Lambert, se ha convertido en una cuestión de urgencia humanitaria y democrática. 
En ausencia de una política europea común sobre el asilo y la inmigración, ahora somos testigos en Europa de una competencia inaceptable entre todos los gobiernos de los diversos Estados miembros de la UE, pensada para flexibilizar las condiciones de acogida de los refugiados, para que sean lo menos deseables y atractivos posible, y que pretende también criminalizar a los refugiados con el pretexto de luchar contra fenómenos como la inmigración ilegal. 
Obviamente, ni el ministro francés ni el ministro británico, el Sr. Sarkozy y el Sr. Blunkett, son una excepción a esta norma, y el acuerdo a que han llegado a favor del cierre del campo de refugiados de Sangatte es una ilustración trágica de esta situación: este acuerdo pretende principalmente aumentar las medidas represoras y flexibilizar las condiciones de acogida en Gran Bretaña. 
Ahora los refugiados se etiquetan, se clasifican y se les concede una audiencia sin ni siquiera haber sido informados oficialmente del acuerdo y del plan de cierre. 
Comisario, es una cuestión que en mi opinión usted debería plantearles con la aprobación de la ACNUR, que adopta una postura muy ambigua en este escenario. 
El pueblo de Afganistán ya ha demostrado cómo se opone rotundamente a la propuesta de 2.000 euros que se les ha ofrecido para volver voluntariamente a su país, y lo insultante que les resulta esta propuesta. 
También están llamando nuestra atención hacia su existencia trágica en Afganistán que, si no era trágica antes de la guerra, con toda seguridad lo sería ahora a su regreso, con sus hijos y sus familias, pero con las manos vacías, no nos quepa ninguna duda. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo lo necesario que resulta establecer la base de una política compartida por todos los Estados miembros sobre las estrategias de inmigración, sobre cómo combatir la inmigración ilegal y, por lo tanto, también sobre una definición común del derecho de asilo. 
En concreto, en lo que se refiere al derecho de asilo, muchos Estados miembros se quejan de que reciben una cantidad excesiva de solicitudes, y condenan los intentos de algunos solicitantes de asilo de abusar de los procedimientos de asilo para soslayar las leyes de inmigración de los Estados miembros. 
De hecho, es esencial dejar clara la distinción entre inmigración, inmigración ilegal, tráfico y explotación de seres humanos y derecho de asilo, siendo éste último un derecho que debe conservar su valioso estado específico como derecho humano que debe salvaguardarse. 
Desde este punto de vista, el informe, que sigue lo que se supone que debe ser una línea de razonamiento abierta y progresiva, amplía de forma excesiva e inadecuada la definición del derecho de asilo- un derecho fundamental que, como tal, no puede tener una definición demasiado amplia, ante todo porque, en la práctica, se coloca en un mismo nivel a quienes solicitan protección y a quienes solicitan el estatuto de refugiado, y, en segundo lugar, porque el informe propone una definición demasiado amplia del derecho de asilo que posteriormente se concedería también a los miembros de la familia. 
De hecho, los miembros de la familia que se beneficiarían de la protección internacional incluyen a cónyuges del mismo sexo e hijos de cónyuge y, de la misma manera, cuando se trata de menores, se pueden considerar padres de un menor a miembros de la familia que no sean sus padres reales y, por lo tanto, no necesariamente tienen que haber convivido con el solicitante en su país de origen. 
Por lo tanto, a menos que se adopten enmiendas que impliquen cambios importantes en el texto, sobre todo de cara a reducir el alcance de la definición de «miembro de la familia» en el contexto del derecho a la reagrupación familiar, mi grupo votará en contra de la moción. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión y al Comisario Vitorino por su sólida propuesta. 
Pero quiero expresar una crítica. 
La Comisión propone un sistema de asilo que incluye un estatuto de refugiado y un estatuto de protección subsidiaria. Así se crea la posibilidad de tratar de forma diferente a las personas con estatuto de refugiado y a las personas con estatuto de protección subsidiaria. 
Dada la importancia de tratar con igualdad a las personas en los Estados miembros de la UE, quizás hubiera sido preferible que la Comisión no efectuara esta distinción. 
Afortunadamente, la directiva en cuestión se refiere a una armonización mínima y los Estados miembros podrán ir más allá cuando trasladen la directiva a la legislación nacional. 
Serán libres de dar a las personas con estatuto de protección subsidiaria un tratamiento equivalente. 
El informe Lambert amplía en gran medida la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas que se proponen, aunque con buena intención, en mi opinión, serán un obstáculo para la correcta aplicación de la directiva a causa de su contenido subjetivo. 
En consecuencia, una persona que solicite asilo debe tener el beneficio de la duda cuando haga declaraciones conflictivas como resultado de experiencias traumáticas. 
Al evaluar si el temor de persecución es real hay que tener en cuenta el género, la identidad sexual, la orientación sexual y la salud del refugiado, así como los hábitos y las costumbres del país. 
Loa Estados miembros deberían conservar un cierto grado de libertad política. 
Además, un sistema viable requiere que los funcionarios que pongan en práctica la política tengan un determinado nivel de discreción. Las propuestas presentadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores limitan innecesariamente esta discreción. 
Como mucho, comportarán más burocracia y menos libertad en la valoración de cada caso. Por lo tanto no voy a dar mi apoyo a estas propuestas. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva presentada por la Comisión para establecer las condiciones para la concesión del estatuto de refugiado no refleja la situación del mundo, ni las necesidades actuales de Europa. 
Este texto pretende constantemente ampliar la definición de refugiados que establece la Convención de Ginebra. 
Por ejemplo, a partir de ahora, el perseguidor no siempre será un Estado, también podría ser una organización no estatal. 
Para poner otro ejemplo, las causas probables de persecución se han redactado de forma amplia y abierta, como se reconoce en la propia exposición de motivos, donde se explica, por ejemplo, que una persona perseguida por pertenecer a un grupo social también puede ser perseguida también a causa de su género o de su orientación sexual. 
Pero eso no es todo. La propuesta de directiva crea toda una nueva categoría, la protección subsidiaria, que se añade al estatuto de refugiado que se establece en la Convención de Ginebra. 
Señor Presidente, creo que debemos parar. 
Hay muchas crisis en el mundo, a menudo trágicas, que tenemos la obligación de intentar aliviar. 
Pero los países de la Unión Europea no pueden recibir a más refugiados. 
¿Cuántos refugiados, por cierto? 
No lo sabemos. 
En el texto no aparece ninguna cantidad. 
¿Cuál será la carga financiera para el contribuyente? 
Es un misterio. 
No lo sabemos. 
Tampoco se propone ninguna valoración. 
Sin embargo, me sorprende que en unos momentos en que los Estados miembros están intentando detener las falsas solicitudes de asilo, que se han convertido en la fuente principal de inmigración ilegal, la Comisión, por su parte, está intentando abrir las compuertas. No es una línea de acción responsable. 
Nosotros, por nuestra parte, creemos que nuestra obligación principal es proteger a nuestra gente. 
En estas circunstancias, la «comunitarización» de la política de inmigración en Amsterdam, que otorga a la Comisión un monopolio sobre la iniciativa después de 2004, parece ser un grave error. 
Si los Estados miembros no quieren pagar un alto precio, deben encontrar una forma de cambiar esta situación durante la próxima conferencia intergubernamental. 
Señor Presidente, Comisario, comparto el punto de vista de que la directiva que se quiere preparar aquí es una directiva fundamental, y nuestra opinión unánime es que la ley sobre el asilo necesita una armonización urgente. 
Pero existen unas diferencias fundamentales entre el planteamiento de la ponente y el del Partido Popular Europeo. 
¿Cuáles son esas diferencias? 
Ustedes proponen un planteamiento común para tratar la protección subsidiaria y la protección destinada a los refugiados. 
Ustedes proponen una extensión de la protección mucho más allá de los límites establecidos por la Convención de Ginebra. 
Nosotros queremos que se aplique la Convención de Ginebra. 
Ustedes quieren llevar la reagrupación de la familia mucho más allá del consenso a que se llegó en esta Cámara. 
Nosotros queremos el núcleo familiar. 
Ustedes quieren conceder la protección subsidiaria para cinco años y con permiso de residencia inmediatamente. 
No tiene sentido; nosotros queremos que la protección se conceda mientras sea necesaria según un criterio razonable. 
Resulta que las medidas que presentan aquí no garantizan que se proporcione ayuda rápida a los refugiados reales según la Convención de Ginebra, sino que más bien se incita al uso del asilo a la inmigración para los emigrantes económicos, y esto tiende a convertirse en un mal uso. 
Pero, lo que echamos de menos en el informe Lambert es principalmente la exigencia de unos procedimientos rápidos que nos permitan decidir en el mínimo tiempo posible quién es un refugiado y quién tiene derecho a asilo. 
En la actualidad, estamos hablando aproximadamente de un 90% de los solicitantes de asilo. 
Su informe no hace ninguna referencia a una lista dentro de la UE de terceros estados seguros y estados de origen. 
No dice nada sobre el hecho de que se obligue a los solicitantes a volver a su país si no se les concede el permiso para quedarse, y no contiene ninguna medida para asegurar que se vayan. 
Tampoco contiene ninguna petición para que la Unión Europea llegue a acuerdos con países terceros, países de origen y países de tránsito, para que acepten a los solicitantes repatriados. 
Finalmente, no contiene ninguna demanda firme de que se utilice Dublín II para evitar la compra del asilo. 
Este informe contradice nuestros puntos de vista en tantos aspectos que debo decir que el Partido Popular Europeo no puede darle su apoyo a menos que se efectúen los cambios oportunos. 
Comisario, señor Presidente, el principal objetivo del informe que estamos discutiendo esta tarde es proporcionar a los solicitantes de asilo un nivel mínimo de protección en todos los Estados miembros y reducir las diferencias entre la legislación y las prácticas de los Estados miembros en este ámbito. 
Esto es esencial. 
Algunos miembros critican los esfuerzos para alinear el estatuto de refugiado y el de beneficiario de protección subsidiaria. 
Pero la protección subsidiaria existe para llenar los vacíos que crean algunas interpretaciones de la Convención de Ginebra, según la cual un refugiado se define como una persona perseguida por un gobierno. 
Sin embargo, sabemos que algunos refugiados que, estrictamente hablando, no son perseguidos por su gobierno, en la práctica se encuentran en peligro real y necesitan de verdad nuestra ayuda. 
Las necesidades de todos aquellos que requieren protección internacional son, en general, las mismas. 
Y éste es precisamente el punto que la Comisión ha intentado que se modificara en la propuesta de directiva y creo que se ha hecho de una forma muy constructiva. 
Como mejora, se propone que los refugiados y los beneficiarios de la protección subsidiaria gocen de los mismos derechos en relación con la concesión y la duración del permiso de residencia, el acceso al empleo, las posibilidades de formación profesional y el acceso a los mecanismos de integración. 
No se puede negar que el acceso al empleo fomenta que las personas adquieran una mayor autonomía; permite a los afectados mantenerse por sí solos y de esta forma vivir sin la ayuda del país de acogida. 
Es obvio que los menores que se beneficien de la protección internacional deben tener acceso al sistema educativo estatal; es un hecho obvio reconocido en varias convenciones internacionales. 
Creemos que es peligroso no proteger a los menores, no educarlos, no darles lo mínimo que necesitan para poder vivir juntos. 
Agradecemos la nueva definición de «miembro de la familia» , que es más amplia y más exacta, y queremos insistir en la posibilidad de reagrupación familiar que se introduce en la propuesta. 
Asimismo, nos complace el hecho de que se defina con mayor claridad la denegación del estatuto de refugiado, y su retirada. 
Nos complace observar que se protege a las personas que son perseguidas por su orientación sexual, por su estado de salud, y las que sufren castigos corporales o la mutilación de genitales. 
Y pido a la mayoría de diputados humanistas, de pensamiento progresista, que a menudo constituyen un factor de crédito para el Parlamento, que rechacen las enmiendas que podrían cambiar completamente la naturaleza de este informe y envíen un mensaje claro al Consejo. 
Señorías, votando mañana a favor del informe Lambert responderemos a las expectativas de nuestros pueblos. 
Aquéllos que mañana voten en contra de este texto no podrán volver a decir que condenan las actuales condiciones de acogida, que no son dignas de seres humanos, que no son dignas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el proyecto de directiva de la Comisión pretende ofrecer un nivel mínimo de protección en los Estados miembros para aquellos ciudadanos de terceros países que realmente necesiten protección. 
Pero esto implica que la migración secundaria, en otras palabras, el mal uso del asilo a que se refería el Sr. Vitorino, se mantenga bajo control. 
De modo que, señora Lambert, cuando se trata de emigrantes económicos, el principal requisito es ofrecer apoyo a los países más pobres, para evitar que los recursos humanos se escapen a través de la emigración y promover el crecimiento económico con una mejor calidad de vida para las personas. 
El asunto del asilo se considera un tema delicado en todos los Estados miembros, como lo demuestra el hecho de que hasta la fecha ha sido imposible que el Consejo adoptara ninguno de los anteriores proyectos de directiva sobre este tema. 
Por lo tanto, considero absolutamente equivocado el planteamiento de la ponente, que pretende ampliar aún más una propuesta de la Comisión que ya llega muy lejos. 
Quizás tranquilizaremos nuestras conciencias si otorgamos asilo también por motivos económicos, pero no hará que en los Estados miembros se tome en serio a este Parlamento. 
Las propuestas de ampliar el alcance del asilo a los ciudadanos de la Unión Europea demuestran que algunos diputados consideran que las ideologías son más importantes que las soluciones eficientes. 
Soluciones, sin embargo, que los ciudadanos de nuestros países tienen derecho a esperar. 
Nosotros y los ciudadanos de nuestros Estados miembros coincidimos en la creencia de que quienes son perseguidos deben recibir ayuda humanitaria. 
Pero esto no significa que conceder asilo vaya a resolver todos los problemas sociales, económicos y ecológicos de este mundo. 
Al contrario, esto nos llevará a la anulación del gran beneficio del derecho a asilo. 
Nosotros, los representantes de los ciudadanos, tenemos el deber de encontrar soluciones pragmáticas, por una parte para la Unión Europea y, por otra parte, para quienes solicitan el asilo. 
Una política de asilo con vistas de futuro en el seno de la UE también debe tener en cuenta las circunstancias y las necesidades de los ciudadanos de nuestros Estados miembros. 
El informe que tenemos ante nosotros no hace nada de eso, y por este motivo el Grupo PPE-DE lo rechaza. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, algo que me parece cierto es que, con un informe o un proyecto de este tipo, hay puntos que deben discutirse, y uno de ellos, por ejemplo, es la diferenciación entre las normas para los refugiados y las normas para la protección subsidiaria. 
Probablemente todos tenemos opiniones distintas sobre este tema. 
En mi país, Alemania, también podría haber dificultades en la forma de gestionar la reagrupación de las familias si todo se enmarca en unos términos tan generosos, que en Alemania quizás debemos resolver de otra forma. 
Por otro lado, sin embargo, evidentemente es bueno que al final tengamos una directiva, o al menos intentemos establecer unas normas mínimas que, una vez en práctica, nos permitan conseguir nuestro objetivo de evitar movimientos secundarios. 
Puedo entender que mis colegas de otros grupos no estén de acuerdo con todos lo puntos, pero también les recordaría que somos delegados. 
Yo no soy ministro de un país, y por lo tanto no estoy obligado a seguir una línea estricta ni tengo que pensar en cómo voy a persuadir y convencer a mis colegas daneses u holandeses. 
Yo soy miembro de un Parlamento donde tengo la libertad de actuar de acuerdo con mi conciencia, un Parlamento donde puedo escuchar proyectos y propuestas sobre los mismos. 
Puedo enmarcar mis ideas en términos tan amplios que, en el análisis final, no tengan que ser aprobadas por un Consejo en forma de directiva, sino que puedan ser un documento de posición parlamentaria y una posible contribución al debate. 
En este sentido espero que mañana aprobemos este proyecto. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la sesión plenaria del Parlamento ha estudiado varias propuestas para establecer un sistema europeo común de asilo, siguiendo así el objetivo de establecer progresivamente un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en nuestra Comunidad. 
Hace poco, en la reunión de Estoril, el Grupo PPE-DE concedió importancia a estos asuntos al celebrar su propio seminario sobre el tema, cuyas conclusiones ha expresado hace poco el Sr. Pirker. 
Estamos de acuerdo en una política común de asilo que contenga unas normas mínimas pensadas para asegurar un nivel mínimo de protección para las personas que realmente la necesiten. 
También estamos de acuerdo con el objetivo de limitar los movimientos secundarios de quienes solicitan asilo reduciendo las diferencias que existen entre la legislación y las prácticas de los diversos Estados miembros en este campo, e imponiendo una división justa de los esfuerzos entre los Estados. 
También estamos de acuerdo en que los refugiados, como cualquier persona que se beneficie de otras formas de protección, deberían poder vivir con dignidad en la Comunidad a la que pertenecen, lo que sólo podrá ser realidad si protegemos sus derechos personales y sociales. 
Sin embargo, en estos temas es mejor avanzar despacio y en la dirección adecuada en vez de correr y hacer las cosas mal. 
Las políticas que parecen muy generosas acaban creando sentimientos de rechazo y hacen que aumenten las reacciones xenófobas que sólo podemos condenar. 
Incluso después del 11 de septiembre, hemos visto, entre los ciudadanos, actitudes sospechosas y un aumento de la hostilidad hacia quienes piden asilo, los refugiados y las comunidades de inmigrantes. 
Desde este punto de vista, debemos reconocer que el informe Lambert no ha ayudado a generar el consenso que sería útil y deseable en estos temas. 
Sin intención de dramatizar, señor Presidente, esta propuesta contiene un conjunto de normas mínimas que revelan la valentía legislativa de responder con eficacia al tema de los ciudadanos de países terceros que necesitan protección internacional, y a la vez eliminar las diferencias entre países en la forma cómo se trata a estas personas, evitando la necesidad de movimientos secundarios. 
Al menos, ésta es nuestra opinión. 
También se ha incluido el concepto de protección por parte de organizaciones y entes paraestatales estables, que deben asumir en términos prácticos la responsabilidad de la protección de los individuos que quedan fuera del ámbito de las simples misiones de paz o de seguridad militar, que a menudo relegan a un segundo lugar la protección eficaz de las personas y el respeto por los derechos humanos. Finalmente, la ampliación de los derechos de los refugiados en términos de períodos de residencia, empleo y mecanismos de integración, que influyen en todos los aspectos de la ciudadanía de los refugiados. 
No se incluye la violencia derivada de la pobreza y de otras formas de plagas sociales, pero espero que se incluirá en el futuro mediante un concepto más amplio de la política común de asilo. 
De momento, sin embargo, se ha cubierto una buena parte del objetivo dado que tenemos la base para una política europea común de asilo. 
En nuestra opinión, deberíamos felicitar a la Comisión por este trabajo, pero el Consejo no debe seguir defraudándonos, demostrando su incapacidad congénita para tomar una decisión, como es tradicional y suele ocurrir en estos temas. 
Y, Comisario, el Consejo tampoco recibirá el apoyo de esta Cámara, de este Parlamento, por su ineficiencia, su ineficacia y su incapacidad para votar. 
Señor Presidente, me gustaría responder a algunos puntos que se han planteado esta tarde. 
El primero se refiere a la intervención del Sr. von Boetticher, el primero de los oradores de la derecha demócratacristiana en golpear y salir corriendo. 
Ataca a la izquierda en el Parlamento, ataca a los gobiernos del Reino Unido y Alemania, y después sale corriendo de la Cámara de modo que no puede seguir el debate. 
Se escapa del debate y se escapa de la realidad. 
La realidad es que hay millones de personas en el mundo que están buscando refugio en la Unión Europea. Es una situación que exige una respuesta empática. 
Requiere que los Estados miembros examinen la situación e intenten afrontarla con medidas compasivas. Por esta razón, mi grupo de este lado de la Cámara no se disculpa por apoyar una política de asilo común europea, porque creemos que es la única vía de progreso para la Unión Europea. 
A los diputados sentados enfrente, quienes afirman que votarán en contra de estas medidas mañana y quienes, como el Sr. Coelho y la Sra. Klamt, han dicho cosas bonitas acerca de una política de asilo común europea, quiero decirles lo siguiente: no pueden decir cosas bonitas y después, cada vez que hay una votación, votar en contra. 
El Sr. Pirker ha enumerado las objeciones, pero es poco coherente que un diputado de su grupo, el Sr. Helmer, escriba que habría que poner fin a los derechos automáticos, o poner fin a la Convención de Ginebra, y acabar con el derecho automático de entrada para aquellos que sufren persecución. 
Tenemos que tener muy claro de dónde vienen. 
Nosotros somos bastante claros en nuestro enfoque. 
Creemos firmemente que se necesitan unas normas mínimas. 
Necesitamos normas adecuadas para los que buscan asilo, con el fin de reconocer que siempre se trata de gente desesperada que busca medidas desesperadas para escapar de situaciones espantosas en sus propios países. 
Tenemos que ser compasivos en nuestros informes. 
Por esta razón, quiero elogiar a la ponente por su informe y felicitar al Comisario por proponerlo. 
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias por este debate que ha planteado cuestiones sumamente importantes, a las que me gustaría responder. 
En primer lugar, la Comisión defiende inequívocamente la primacía de la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, que es vinculante para todos los Estados miembros. 
También hemos abarcado normas para la protección subsidiaria y, sobre este tema, me gustaría tranquilizar la consciencia del Sr. Berthu: no hemos creado nada nuevo; no se trata de un invento de un Comisario con mentalidad maquiavélica. 
La protección subsidiaria ya se está aplicando en nuestros quince Estados miembros. Procede de los compromisos internacionales adquiridos por estos países, por ejemplo, cuando firmaron la Convención Europea sobre Derechos Humanos, en concreto los criterios que se establecen en su artículo 3. 
En relación con el ámbito de esta directiva, me gustaría decir que la Comisión no acepta las propuestas de enmienda presentadas por algunos Miembros, que pretenden añadir nuevos motivos o una lista exhaustiva de cláusulas de exclusión en la definición de refugiado según la Convención de Ginebra. 
No podemos aceptarlo porque la Unión Europea no tiene autoridad para modificar el contenido de la Convención de Ginebra. Sólo se puede modificar mediante acuerdo de los 150 Estados que forman parte de la misma. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha iniciado este proceso, pero nosotros no nos encontramos en posición de modificar unilateralmente la Convención. 
De la misma forma, creemos que las propuestas sobre las garantías de procedimiento, por muy generosas que sean, no deberían incluirse en esta directiva. 
El tema de los procedimientos debería tratarse en la propuesta sobre este tema, para el que la Comisión ha presentado ya una propuesta revisada. 
Por la misma razón, quiero decir al Sr. Pirker que éste no es el lugar adecuado para tratar los temas de la repatriación, el Reglamento Dublín II, o la cooperación con terceros países. 
Estos temas son importantes, estoy de acuerdo con usted, y la Comisión trabajará en ellos, como se indicó en el Consejo de Sevilla. 
La semana pasada la Comisión presentó cuatro nuevas propuestas para negociar acuerdos de readmisión con Turquía, Argelia, Albania y la República Popular de China. Hace más de un año, la Comisión presentó un reglamento según el cual el Estado debía ser responsable de estudiar las peticiones de asilo, conocido como «Reglamento Dublín II» , que, confío en que quedará finalizado a finales de este año; y en noviembre la Comisión presentará su plan de acción para la política de repatriación, así como un marco para la acción financiera relativa a la cooperación con terceros países en la lucha contra la inmigración ilegal. 
En relación con el tema de la igualdad de derechos entre refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria, la Comisión cree que los derechos de los beneficiarios de estos dos tipos de protección deben ser los mismos. Sin embargo, creemos que debería haber un período de «tranquilización» y, por lo tanto, hemos propuesto que se haga una distinción, precisamente para reconocer la primacía de la aplicación de la Convención de Ginebra. 
Finalmente, ¿por qué hemos incluido la protección subsidiaria en esta propuesta? 
Vamos a dejar claro este tema. 
Hoy, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, la mayor parte de las personas que reciben protección internacional no la reciben según la Convención de Ginebra sino según los sistemas de protección subsidiaria. 
Y si queremos combatir los movimientos secundarios, si queremos combatir la «compra del asilo» sería de poco valor incluir solamente la Convención de Ginebra. 
La esencia de la «compra del asilo» , la esencia de los movimientos secundarios, reside en la competitividad entre los sistemas de protección subsidiaria, a lo que podemos añadir- y por favor, perdónenme por decirlo así, Señorías- que es injusto acusar a la Comisión de ampliar el concepto de refugiados económicos por medio de la protección subsidiaria. 
Al contrario, sólo si resolvemos la armonización de la protección subsidiaria podremos adoptar el denominado procedimiento único, que, por cierto, es aceptado por un número cada vez mayor de Estados miembros, según el cual las peticiones de asilo se estudian por orden de prioridad en un solo proceso administrativo y están sujetas a una sola decisión final. 
Esto se denomina «simplificación de procedimientos». 
Es una forma de racionalizar los procedimientos que ahorra tiempo, medios administrativos y dinero sin tener que proporcionar recursos innecesarios. 
Finalmente, señor Presidente, el Sr. von Boetticher decía que debo asumir una gran responsabilidad en este tema, y con ello me ha hecho un halago que realmente no merezco. 
No son las propuestas de la Comisión las que bloquean la capacidad del Consejo para tomar una decisión. 
Debo decirle sinceramente que éste es un tema en el que los Estados miembros tienen la iniciativa de la legislación. 
¿Quizás el Sr. von Boetticher se ha preguntado alguna vez por qué si en estos temas las propuestas de la Comisión son tan malas, como él dice, ningún Estado miembro ha presentado una propuesta que haya obtenido de inmediato el consenso de los quince Estados miembros y se haya adoptado? 
Creo que es un tema importante. 
La única innovación de esta propuesta, realmente, es ampliar el concepto de causa de persecución para abarcar la persecución por parte de agentes no estatales. 
Esto es cierto. 
Ésta es la situación en trece de los quince Estados miembros, y hace poco se ha incorporado también en la legislación alemana. 
¿Soy yo realmente el objetivo más adecuado de las palabras del Sr. von Boetticher? 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0328/2002) , de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de la Decisión marco del Consejo relativa a los ataques de los que son objeto los sistemas de información (COM (2002) 173- C5-0271/2002- 2002/0086 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Cederschiöld, que ha estudiado este tema, al que ha dedicado una energía y un esfuerzo considerables aquí en el Parlamento. 
Como ella dice, el pirateo informático, los virus y la denegación de servicio pueden tener consecuencias muy graves, tanto si se trata de individuos que actúan en beneficio propio como si forma parte de un delito organizado o el terrorismo. 
La propuesta de la Comisión pretende aproximar los delitos penales del acceso no autorizado o la interferencia ilegal con sistemas de información, y realiza consultas con los sectores profesionales y las autoridades responsables de aplicar la ley, así como debates con expertos del foro de la Unión Europea sobre ciberdelincuencia. 
La Comisión quiere establecer un grado de aproximación de la legislación en el ámbito europeo, pero que esté en línea y sea coherente con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia de noviembre de 2001. 
El artículo 3 de nuestra propuesta define como delito el acceso no autorizado a un sistema de información Lo que intentamos hacer es castigar el pirateo informático. 
Este acceso no autorizado debe castigarse cuando se perpetra contra un sistema de información sujeto a unas medidas específicas de protección, ya sea con la intención de causar daños a una persona o a un colectivo, o con la intención de obtener un beneficio económico. 
Asimismo, también consideramos delito la interferencia ilegal con los sistemas de información, resolviendo así el tema de los ataques mediante virus y la denegación de servicio, así como el desbaratamiento de páginas web. 
Según la propuesta de la Comisión para que un delito sea tipificado como tal debe cometerse de forma intencionada y no autorizada, y se centra ante todo en los casos graves; sólo los jueces de los tribunales de cada Estado miembro podrán determinar los criterios a seguir para tomar decisiones sobre dichos delitos. 
La propuesta provee unas circunstancias agravantes y quiere obligar a los Estados miembros a designar unos puntos de contacto operativos, abiertos las veinticuatro horas del día durante siete días a la semana, con el fin de facilitar el intercambio de información sobre los ataques contra los sistemas de información. 
La Comisión considera que la ponente hace muy bien al resaltar que las acciones que se van a castigar no deberían considerarse intrascendentes o de menor importancia. 
Así, en el punto expositivo 12 de la propuesta de la Comisión se sugiere que debemos evitar una penalización excesiva, en concreto por conductas que no sean muy graves o que sean incluso insignificantes. 
Por ejemplo, la Comisión está de acuerdo con la propuesta de enmienda presentada por la ponente sobre este tema. 
En relación con el tema de la protección de datos según el tercer pilar, estamos trabajando en ello, pero quisiera pedir al Parlamento que no suspenda la aplicación de esta propuesta para una decisión marco hasta que exista un instrumento específico de protección de datos en el marco del tercer pilar. 
En cambio, creo que hay que mencionar específicamente el respeto por los principios establecidos en el Consejo de la Convención Europea para la Protección de Datos, que deben cumplirse en su totalidad en este campo de la aplicación de una decisión marco. 
En realidad, ésta fue la solución que se adoptó en el tema de la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. 
Quisiera dar las gracias una vez más a la ponente por su contribución a este importante debate que, creo, era muy esperado por la opinión pública de los Estados miembros. 
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, me gustaría empezar felicitando a la Sra. Cederschiöld por el excelente informe que ha presentado, que el Partido Popular Europeo apoya y al que dará su voto favorable. 
Nos enfrentamos a un problema que suele despertar un interés considerable, que ha adquirido unas dimensiones preocupantes y que se ha convertido en una forma de crimen organizado, de naturaleza transnacional, y contra el que debemos reaccionar a nivel comunitario, porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen un impacto fundamental en la vida diaria de los ciudadanos y en la economía de nuestras sociedades. 
Por lo tanto, es esencial que exista una protección rigurosa contra los posibles abusos o actos delictivos. 
El pirateo informático, sea cual sea la forma que adopte, es un riesgo económico, implica una pérdida de confianza en el comercio electrónico y constituye una amenaza para la intimidad. 
Y estos ataques no se dirigen sólo contra los operadores de la red, los proveedores de Internet y las empresas de comercio electrónico, sino también contra personas privadas sin ninguna intención comercial. 
La protección de los sistemas de información es un elemento esencial para crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Sin embargo, debemos garantizar que no se impongan restricciones a las libertades y los derechos fundamentales, que no se cambien los principios básicos de derecho y que no se castiguen aquellos actos individuales que se cometan sólo por error en el uso de las nuevas tecnologías. 
Como ya he dicho en esta sesión plenaria, la seguridad debe ser sólo una herramienta para salvaguardar estas libertades y estos derechos fundamentales. 
El informe Cederschiöld contiene cinco puntos esenciales: primero, la aproximación de la legislación penal de los Estados miembros en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información; segundo, aumentar la cooperación policial y judicial en este campo; tercero, mejorar la prevención, promoviendo una cultura de seguridad, haciendo que los agentes sean conscientes de los riesgos en cuanto a seguridad para las redes de información; cuarto, la flexibilidad en la legislación penal cuando se trate de temas poco importantes o intrascendentes, evitando así imponer medidas vinculantes y penalizadoras a nivel europeo; quinto y último, lo que demuestra una consideración especial por los jóvenes, ofrecer a los jueces la posibilidad de absolver a los menores que sean inculpados por primera vez en este tipo de delito y que no hayan cometido esta fechoría con intención de causar daños u obtener un beneficio económico ni crear beneficios futuros para una organización criminal. 
Señor Presidente, a pesar del excelente trabajo de la Sra. Cederschiöld, que ha mejorado de forma considerable la propuesta de la Comisión, votaremos en contra de la moción, porque existen al menos cuatro problemas básicos cuya importancia no podemos y no debemos subestimar: en primer lugar, la obsesión típicamente europea por un exceso de regulación de Internet con leyes específicas; en segundo lugar, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en la armonización de unas condiciones de encarcelamiento permitidas; en tercer lugar, unas medidas de control excesivas que automáticamente penalizan todos los comportamientos que pueden calificarse como un ataque contra los sistemas de información; y en cuarto lugar, la ilusión de que se puede atacar el delito dictando sentencias más duras en vez de mejorar la eficacia de los controles. 
Básicamente, creemos que sería preferible resolver el tema de los delitos cometidos en Internet con los instrumentos de derecho penal que ya existen, en vez de producir montones de legislación específica basada en consideraciones tecnológicas que, además, se caracterizan por los defectos que he mencionado. 
Estos son los motivos por los que votaremos en contra de la moción. 
También la Sra. Cederschiöld y el Sr. Coelho han tratado esencialmente estos problemas, pero creemos que son de vital importancia y no se pueden ignorar. 
Señor Presidente, Comisario Vitorino, el procesado de datos y la transferencia de información, así como la garantía de que estas actividades estén libres de interferencias, son muy importantes en la actual sociedad de la información actual. 
¿Quién de nosotros no ha temido alguna vez que haya entrado un virus en su ordenador o no ha sufrido daños por un virus informático? 
Los virus pueden tener consecuencias imprevistas para quienes trabajan con ordenadores. 
Algunos ejemplos de ello son la alteración o destrucción de datos por un virus en los sistemas de control de tráfico aéreo o en los archivos de centros de salud pública, por ejemplo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. 
Podría tener consecuencias desastrosas tanto para las personas como para grandes cantidades de gente. 
En el futuro los virus informáticos podrían ocasionar una inseguridad jurídica a gran escala e impedir el comercio electrónico y que los negocios privados de las personas se lleven a cabo electrónicamente, saboteando la fiabilidad de los documentos electrónicos. 
Por este motivo, Señorías, nuestros esfuerzos para promover el comercio electrónico, por ejemplo, creando unos marcos legislativos necesarios, será en vano si estos sistemas no son fiables. 
Estoy muy preocupada por las opiniones de los expertos que dicen que quienes crean nuevos virus en la actualidad son cada vez menos los que sólo juguetean. 
Al principio los virus los producían los escolares y los estudiantes, principalmente para divertirse y conseguir publicidad, pero cada vez más a menudo los virus pueden destruir discos duros y todos los programas instalados. 
Según los expertos los macrovirus constituyen ya un 80% de todos los virus. 
La gente quiere proteger su intimidad de los intrusos. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con las opiniones antes expresadas de que el pirateo informático se está convirtiendo en una especie de delito organizado, que debemos impedir, especialmente en el contexto internacional, porque, por su propia naturaleza se trata de un delito transfronterizo. 
La propuesta de la Comisión para impedir los ataques de los que son objeto los sistemas de información y aproximar las medidas de derecho penal que tomen los Estados miembros es un paso adelante en la dirección correcta. 
Finalmente, quiero agradecer a nuestra colega, Charlotte Cedeschiöld, el valioso trabajo que ha llevado a cabo. 
Estoy especialmente de acuerdo con ella en que la Unión todavía no tiene normas suficientes relativas a la protección de datos para enfrentarse a los temas del tercer pilar. 
En muchas ocasiones el Parlamento Europeo ha solicitado que se redacten estas normas, y quiero pedir a la Comisión que empiece a prepararlas inmediatamente. 
Señor Presidente, quisiera decir que en la Comisión no sólo estamos obsesionados con la supresión de los delitos; existen muchas otras iniciativas en marcha en este campo referentes a la prevención, la seguridad y la codificación, así como para garantizar la privacidad de los sistemas de información. 
Éste no era el tema de este debate, y por este motivo no me he referido a nuestras acciones en este campo, aunque las daba por supuestas. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0264/2002) de la Sra. Fraisse, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la importancia y el dinamismo del teatro y de las artes del espectáculo en la Europa ampliada (2001/2199 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, lo que más sorprende a una diputada que empieza, como yo, al entrar en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, es el hecho de que no exista una visión coherente en relación con la cultura en Europa. 
Prefiero utilizar la expresión «visión» en lugar de «política cultural». 
Quienes lo llaman política cultural se refieren al debate o a la discusión que podamos tener. 
Sin embargo, cuando decimos que no existe una visión coherente, simplemente queremos decir, por ejemplo, que se habla de cine desde el punto de vista del sector, que la música puede aparecer en las líneas presupuestarias, pero que al final todo acaba aquí, y no queda claro cómo se pueden tener en cuenta el lenguaje o los lenguajes que se utilizan en el teatro. 
Por este motivo, señor Presidente, Comisaria, Señorías, he querido elaborar este informe de propia iniciativa. 
Desde mi punto de vista, este informe de propia iniciativa era un medio para reducir la diferencia entre la industria y la música, tan marcada en este amplio espacio cultural europeo. 
Si uno se interesa por los idiomas, el teatro y las artes del espectáculo, lo que descubre es que, fundamentalmente, estas áreas constituyen nuestro patrimonio. 
El teatro y las artes del espectáculo constituyen el patrimonio de Europa, y me refiero tanto al patrimonio literario como al patrimonio político, porque no hay teatro que no haya sido modelado tanto por el nacimiento de la democracia como por la vida en las calles y en la ciudad. 
Éste es también el motivo por el que creo que el tema del teatro y las artes del espectáculo es de gran importancia en el ámbito europeo. 
Cuando empecé a reunirme con los profesionales de las artes del espectáculo, lo primero que oí fue su petición de libertad. 
Fueron inflexibles en que no querían perder su libertad, que no aceptarían que los controláramos, ni que creáramos una política artística oficial que no estaría, en modo alguno, a la altura de lo que ellos andaban buscando. 
Esto fue lo primero que dijeron. 
El segundo tema que plantearon fue el de las dificultades, la gran cantidad de dificultades, como la doble imposición, social y fiscal, con que se enfrentan cuando viajan. 
Como los artistas viajan, ya están dentro de Europa, no se plantean el tema de si se quedan en su propio país o si se están desarraigando; ellos viajan y necesitan que les ayudemos en ello. 
Ésta es la realidad que existe y a la que debemos mostrar nuestro apoyo. 
Por supuesto, no creo que podamos aplicar las normas del mercado y de la competencia en el ámbito de la cultura, y esto es más evidente cada día que pasa. 
Ya lo hemos visto en otras partes: en el cine, ahora se reconoce la ayuda estatal, e incluso se promociona o se imita en aquellos países donde todavía no existe. 
Incluso en el sector audiovisual, somos conscientes de la importancia que tiene la ayuda estatal. 
Creo que, en las artes del espectáculo y el teatro en concreto, ocurre lo mismo, debemos disponer de una ayuda estatal y esta ayuda empieza con la responsabilidad que los Estados deben asumir para facilitar el desplazamiento de las personas y las producciones en Europa, así como el fomento de la formación. 
En cierto sentido, ésta es sencillamente la conclusión a la que se llega en mi informe. 
Los Estados miembros también deben hacer un esfuerzo para cooperar. 
En definitiva, podríamos dejar de pensar en términos de líneas divisorias. 
Creo que, en este debate inacabable sobre la cultura, todavía pensamos que o bien el tema de la cultura será resuelto por la Comunidad o bien será un tema de subsidiariedad, y por lo tanto no debemos tocarlo. 
No creo que esta línea divisoria tenga utilidad alguna o ayude en nada y, en cambio, pienso que si nos remontamos al artículo 151 que pide cooperación cultural, esto es exactamente lo que debemos utilizar para pensar en términos de una Europa de la cultura y una Europa de las artes del espectáculo. 
Como dije, existen unas barreras, como la doble imposición, la falta de legislación y un vocabulario técnico común. 
Sin embargo, también existen soluciones, como la subtitulación, el Libro Blanco, que podría ayudarnos a armonizar la legislación- y espero que la Comisión nos escuche- bases de datos y un vocabulario común. 
Y quizás, cuando se trate de tomar decisiones, también deberíamos hacer caso a los expertos, los artistas, que conocen cómo se evoluciona dentro del sector. 
En resumen, Señorías, creo que debemos pensar en cómo podemos proteger la cultura, tratarla de forma adecuada en la Convención y en la futura constitución. 
Creo que debemos pensar también en la resolución del Consejo Europeo presentada en junio, que proponía un plan de cooperación en el área de la cultura. 
Creo que, con la ayuda de la Comisión Europea y del Parlamento, podremos apoyar también las resoluciones del Consejo Europeo. 
Señor Presidente, Sra. Fraisse, Señorías, en nombre de la Comisión quisiera felicitar a la Sra. Fraisse y a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte por este informe de propia iniciativa que, en mi opinión, se ha convertido en un instrumento para nuestra actuación en el área de la cultura. 
En primer lugar, la necesidad de apoyar a las artes del espectáculo. 
Según los acuerdos de cooperación, me refiero a la Acción II del programa Cultura 2000, en la actualidad, y seguiremos haciéndolo durante tres años más, estamos subvencionando seis redes en el ámbito del teatro, tres en el de la danza, siete en el de la música, una red en el área del circo y dos redes interdisciplinarias, y todo esto sólo en lo que se refiere a redes para el arte del espectáculo. 
Además, para promover la creación de plataformas, las hemos incluido en nuestras deliberaciones sobre el futuro de la acción cultural en el foro sobre cooperación cultural en Europa. 
Crear esas plataformas también forma parte de las deliberaciones actuales sobre el futuro del programa Cultura 2000. 
Después, la falta de estadísticas. La Comisión es consciente de la necesidad de aumentar la elaboración de estadísticas culturales europeas y el grupo «Estadísticas Culturales» de Eurostat ya está trabajando en varios temas: puestos de trabajo culturales, financiación de la cultura, actos culturales. 
Pero la cuantificación de datos en lo que se refiere al mundo de la cultura no es tarea fácil. Requiere mucho tiempo. 
Además, este año y a petición de la Comisión, se ha llevado a cabo un estudio de Eurobarometer sobre la participación de los ciudadanos de la UE en las actividades culturales. 
En tercer lugar, la necesidad de medidas para fomentar la movilidad de los artistas. 
Ciertamente, ésta es una de nuestras principales preocupaciones. 
En su informe se resalta correctamente la importancia de la información sobre las estructuras de ayuda para la movilidad, la legislación fiscal y social y los trámites administrativos para fomentar la movilidad. 
Compartimos estas preocupaciones, igual que el Consejo, que está examinando también un proyecto de resolución sobre la movilidad de los artistas. 
En este sentido, también creo que es muy positivo que los propios Estados miembros consideren estos temas de la movilidad, que en principio son responsabilidad suya. 
Dado que se ha creado un espacio común libre de barreras para la circulación, ahora la Comisión está intentando fomentar la movilidad de todo tipo. 
Recientemente hemos publicado también un estudio específico sobre las barreras a la movilidad en el sector cultural, cuyas conclusiones se combinarán con las del informe de la Sra. Fraisse. 
Este estudio ha tenido una muy buena acogida en los círculos culturales. 
También quisiera dejar claro que, como parte del plan de acción sobre movilidad presentado por la Comisión en la Cumbre Europea de Barcelona, en 2003 se va a crear una página web sobre la movilidad de los europeos en general, y se va a desarrollar un portal «cultural» que permitirá a la Comisión proporcionar más información sobre la movilidad en el sector cultural. 
Para ello, hemos pedido la colaboración de los Estados, para que los artistas puedan utilizar un depósito de información para todo los países. 
Quisiera comentar brevemente los temas fiscales. 
Los problemas de la doble imposición son relativamente raros, como se ve en nuestro estudio. 
En la actualidad, los Estados miembros se encuentran en mejor situación para resolver entre ellos el reparto de la legislación fiscal, teniendo en cuenta cada situación específica. 
La aplicación de los convenios fiscales acordados entre los Estados debería eliminar el riesgo de doble imposición. 
Sin embargo, los Estados miembros deben aplicar los convenios con respeto por la ley comunitaria y evitar cualquier tipo de discriminación. 
Puedo asegurarles que la Comisión no duda en absoluto y no dudará al tomar las medidas adecuadas en caso de que exista algún tipo de discriminación. 
Como pueden ver, la Comisión ya está haciendo un gran esfuerzo para fomentar la movilidad en este sector. 
Ha tomado dos tipos de medidas: asegurar la aplicación de la legislación comunitaria y fomentar la movilidad en nuestros instrumentos financieros. 
Su resolución y la del Consejo nos ayudarán en nuestros esfuerzos. 
En nuestra opinión, teniendo en cuenta el trabajo que se ha llevado a cabo, no es necesario redactar un Libro Blanco. 
En cuanto a la circulación de las obras de arte y de los espectáculos, a menudo tiene relación con la movilidad, por supuesto. 
En este sentido, hay unos objetivos particulares, como los que usted menciona, que incluyen la creación de una base de datos que haga posible intercambiar información sobre obras de arte. 
Ya se ha trabajado en este campo, como parte del programa 2000. 
Por ejemplo, Culture Base Net es un proyecto lanzado por Haus der Kulturwelt (Casa de la Cultura Mundial) de Berlín, con la colaboración de los principales agentes de Suecia, el Reino Unido y Dinamarca, para crear una base de datos en Internet que presente a artistas de todo el mundo, empezando por Europa. 
Usted menciona en concreto la cuestión de la libre circulación del equipo de escenario. 
Nosotros no somos conscientes de que existan barreras contra la libertad de movimiento de este equipo, pero damos una gran importancia a que se eliminen, en el ámbito de cada país, las complicaciones administrativas o burocráticas en este sentido. 
Por lo tanto, debemos recibir información sobre estas barreras. 
Además, para salvaguardar la libre prestación de servicios, queremos garantizar que los Estados no exijan trámites excesivos o no justificados. 
Otro aspecto es la formación. 
En relación con su petición de una nomenclatura de funciones profesionales, quisiera decirle que ya estamos trabajando en este tema. 
Eurostat está trabajando con los Estados miembros, en un grupo de trabajo, sobre los tipos de sectores profesionales de la clasificación internacional que abarca las funciones culturales, con el fin de mejorar y aclarar esta nomenclatura. 
En relación con el reconocimiento de las cualificaciones, las profesiones relacionadas con el arte del espectáculo son, en la mayoría de los casos, profesiones que se denominan no reguladas. 
Esto significa que el reconocimiento de las cualificaciones a efectos profesionales depende del criterio elaborado por las propias profesiones. 
Sin embargo, se puede mejorar este reconocimiento, así como el reconocimiento con fines académicos; en otras palabras, ayudar a los alumnos a seguir sus estudios. 
Por tanto, la Comisión ha decidido crear y promover instrumentos que hagan más transparente el contenido de los estudios cursados en otros países. 
Estoy pensando en estudios complementarios y en sistemas de créditos académicos. 
También apoya la fiabilidad del reconocimiento mutuo estableciendo redes entre todas las escuelas de arte europeas. 
En cuanto al apoyo financiero de Europa para la formación artística, no existe un programa específico, pero nuestros programas de educación subvencionan esta formación y estamos viendo algunos signos alentadores. 
Un ejemplo entre muchos es que el número de alumnos de Erasmus que están estudiando temas artísticos ha aumentado de 3 250 en 1998 a 4 700 en 2001, y todas las escuelas acreditadas como establecimiento de educación superior en su país pueden solicitar formar parte de las actividades de Erasmus. 
Finalmente, usted subraya la necesidad de una mayor y más amplia cooperación cultural, y también en este sentido, Sra. Fraisse, compartimos su preocupación. 
Además, existe una continuidad en las peticiones del Parlamento en este campo, y me refiero al informe Ruffolo. 
La cooperación cultural es un elemento de la ampliación. 
¿Qué ejemplo mejor puedo darle que decirle que la cantidad de agentes culturales fundamentales de los países candidatos que participan en el programa Cultura 2000 ha llegado a 120 en sólo un año? 
También nos complace observar que estamos progresando en el ámbito del diálogo entre culturas. 
Así, tenemos en marcha el proyecto para crear una fundación euromediterránea para el diálogo cultural y, en el ámbito de la educación y la juventud, estamos avanzando con mayor resolución. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Fraisse y a los miembros de la Comisión de Cultura por este informe que será muy útil en las actuales deliberaciones sobre el futuro del programa Cultura 2000. 
Señor Presidente, voy a hablar como ponente de la oposición en nombre de mi grupo. 
Queremos felicitar a la Sra. Fraisse por su informe, y apoyamos su adopción en términos generales. 
Hemos presentado dos enmiendas, y esperamos que la Cámara las acepte. 
El informe constituye un análisis útil de medidas para promover el teatro y las artes del espectáculo en la UE, haciendo hincapié en la necesidad de movilidad. 
Previendo la ampliación de la UE, la frase explicativa de la ponente apunta a que los países candidatos no podrán apoyar programas culturales a través de los programas PHARE y TACIS. No obstante, la cooperación artística se ha intensificado a través del programa THEOREM, con el cual obtuvieron acceso al programa Cultura 2000 el año pasado, tal y como la Comisaria Reding nos acaba de recordar. 
Estoy totalmente de acuerdo. Esto resulta oportuno una vez la Comisión ha anunciado su aprobación de que los diez países candidatos accedan a la UE, y tras el referéndum en Irlanda este fin de semana, que ha despejado un obstáculo potencial para la ampliación de la UE. 
El carácter de la UE cambiará de manera dramática, en particular con el acceso de los países de Europa Central y Oriental. 
Estoy seguro de que la cultura puede desempeñar un papel enorme a este respecto. 
¿Hasta qué punto el programa existente hace frente a los años de amnesia colectiva en Europa Occidental, excepto quizás en el caso de Alemania y Austria, donde siempre han existido vínculos familiares, pero sí en otros países donde la sombra del telón de acero aún perdura? 
Teniendo en cuenta la petición de visión y coherencia de la Sra. Fraisse, ¿hemos hecho lo suficiente para que el público en la UE actual sea consciente de lo que significará completar la familia europea, en el campo de las artes del espectáculo y en otros ámbitos culturales? 
Cuando Stalin trazó su proyecto para Europa Central y Oriental, la respuesta de Winston Churchill fue: «el águila ha de dejar que el pájaro pequeño cante». 
Me pregunto si hoy pensamos que todas las instituciones de la UE han hecho lo suficiente para permitir que el pájaro pequeño cante. 
Señor Presidente, yo también quiero aprovechar mi turno para felicitar a la ponente por haber dado un gran salto y haber unido su visión a las consideraciones políticas, un hecho que aquí resulta bastante raro. 
Todos deseamos una recuperación de las artes, y de las artes del espectáculo en concreto, y creemos que la ampliación realmente nos permitirá entrar en una nueva era en Europa. 
Estoy segura de que todos y cada uno de nosotros, como la Comisaria, estamos orgullosos de contribuir a esta recuperación, cada cual a su modo, proporcionando varias herramientas políticas. 
Tengo que decir que el informe, que me he tomado la molestia de enviar a varias agencias teatrales de Grecia, ha despertado un vivo interés y todos estarán pendientes de la votación de mañana, y de quién vote en contra del mismo. 
Creo que la intervención política para plantear un espacio para las artes del espectáculo es muy importante, y quiero hacer uno o dos comentarios. 
Comisaria, sé que no es responsabilidad suya, pero las estadísticas van con tanto retraso que están ocasionando confusión y enturbian las aguas. 
Necesitamos estas estadísticas y su apoyo aquí es muy importante. 
También es importante para la traducción de las obras dramáticas. 
No pueden aparecer primero en formato de libro y después como traducciones. 
Las obras dramáticas deben circular entre los artistas como traducciones si queremos que viajen. 
Y, finalmente, la situación en general está siempre cambiando. 
Tenemos una iniciativa canadiense sobre colaboración cultural internacional, tenemos el debate permanente en la Organización Mundial del Comercio, y deberemos esperar y ver cómo evolucionan estas situaciones. 
De modo que tenemos que ceñir nuestra visión a unas ideas políticas que impliquen una política cultural que recupere las artes del espectáculo en vez de nacionalizarlas de nuevo, una política que ofrezca formas específicas de hacer que nuestros sueños se conviertan en realidad en la cultura europea. 
Desde tiempos inmemoriales, las personas se han implicado en el teatro de una forma u otra, y cada nacionalidad ha desarrollado sus propias preferencias y formas de expresión. 
Por lo tanto, quisiera agradecer a la Sra. Fraisse su iniciativa de elaborar un mapa de la situación en relación con las artes del espectáculo en la UE y en los países candidatos. 
Dada la amplitud de este campo y las muchas variaciones que existen entre los diversos países, es un esfuerzo muy válido y satisfactorio. 
Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones. 
En primer lugar, el teatro existe gracias a sus productores, directores y actores, y quisiera añadir a esta lista a los ciudadanos que acuden al teatro, porque sin público no hay teatro. 
Muchos teatros y formas de teatro tienen seguidores que se agrupan de una forma u otra como «amigos de... » , y creo que también ellos merecen una mención cuando se saca el tema del apoyo a las artes del espectáculo. 
Ellos ofrecen incentivos, información, y despiertan el interés por el teatro del gran público. 
Lamentablemente, en el informe no se menciona este aspecto. 
En segundo lugar, quisiera llamar expresamente su atención hacia el papel de las tecnologías de la información en el teatro moderno. 
Las producciones de teatro moderno incorporan cada vez más la tecnología moderna en sus obras. 
Esta tendencia merece nuestra atención y, ciertamente, debe incluirse en la nueva política de teatro, porque es una misión propia típicamente de Europa en el campo de la innovación. 
En tercer lugar, mi grupo siente una gran reserva ante la petición de más ayuda financiera. 
Creemos que con Cultura 2000, los fondos estructurales y los programas Socrates y Leonardo se está prestando atención suficiente a este aspecto, y la Comisaria ya se ha extendido sobre este tema. 
Finalmente, el tema de las ayudas fiscales para la movilidad de quienes tienen un papel activo en la cultura es un tema tabú en mi grupo. 
Estamos de acuerdo en que la doble imposición es de por sí exagerada, pero la concesión de un tratamiento fiscal especial sería motivo suficiente para que nos abstuviéramos de apoyar el informe de la Sra. Fraisse en la votación final. 
Señor Presidente, señora Zorba, Comisaria, más bien al contrario, el teatro no ha muerto. 
Se ha ido declarando muerto a intervalos regulares desde que nació. 
¡Pero vive! 
Y merece nuestra protección en calidad de biotopo de toda sociedad democrática; el teatro vive no sólo gracias a las payasadas de sus exponentes, sino también gracias al interés del público y a la curiosidad de los niños, y gracias a las políticas nacionales. 
Todos sabemos que esta responsabilidad debe ser asumida por los Quince, que pronto serán veinticinco y más. 
Al igual que el Sr. Beazley y otros que han hablado antes que yo, me pregunto si todos somos realmente conscientes de la enorme y delicada tarea política que tenemos entre manos. 
El mundo de los negocios se ha adelantado al galope, pero los ciudadanos de la UE todavía nos estamos tambaleando detrás de la integración. 
Europa tiene que ayudar donde pueda. 
En primer lugar, permítame darle las gracias, Geneviève Fraisse, por su iniciativa, y por este maravilloso informe. 
Si, en el marco del mercado interior, promulgamos leyes relativas a la cultura, también debemos utilizar a fondo todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición al servicio de los diversos tipos de teatro- ya sean casas ricas en tradición, edificios expropiados para usos alternativos, calles entre Lisboa y Helsinki, Atenas y Londres- para proteger esta diversidad, ayudándole a crecer y a florecer en toda su plenitud. 
Para ello es necesario un esfuerzo compartido por todos nosotros. 
En primer lugar quiero apelar a los Estados miembros. 
Tenemos que eliminar la discriminación fiscal como parte de la política de movilidad europea y como contribución esencial a la integración. 
Tenemos que explotar al máximo todas las opciones que nos ofrece el marco de la sexta directiva sobre el IVA y convencer a los medios de comunicación, porque ellos- sobre todo las cadenas públicas- son nuestros socios. 
Gracias, Comisaria, por sus observaciones. 
Utilice este informe como mandato y como apoyo. 
No deje que se llene de polvo en un cajón; es demasiado valioso para que se lo coman las polillas. 
No taparemos ningún agujero del Presupuesto aunque reduzcamos gastos en arte y cultura; seguiremos siendo los más pobres. 
Señor Presidente, no voy a hablarle de los que trabajan en el sector del espectáculo con contratos a corto plazo, cuya cifra en Francia se ha doblado en los últimos cinco años y ha llegado a la increíble cifra de 90 000, y a quienes la ponente está intentando federar. 
Quiero hablarle en cambio del pluralismo de la televisión francesa, concretamente en lo que se refiere a las denominadas redes de servicio público. 
Debemos hacer todo lo posible para que estos canales de televisión, que reciben cada año más de 2 mil millones de euros en subvenciones del gobierno francés, respeten al menos los principios que constituyen la esencia de su obligación como servicio público, en otras palabras, los principios de la democracia y el respeto de todas las opiniones políticas. 
Estoy hablando de los denominados periodistas y productores con grandes presupuestos que se comportan como si fueran los peores paladines de la desinformación políticamente correcta. 
En este sentido, la desafortunada conducta de Antenne 2 y FR3 entre las dos rondas de las elecciones presidenciales francesas fue inaceptable y una burla de las normas más básicas del código ético y profesional del periodismo. 
Sería un gran punto a favor del gobierno actual imponer las sanciones necesarias contra los dos o tres presentadores culpables de esta mala conducta profesional. 
Finalmente, para evitar confusiones entre periodismo y propaganda en el futuro, todos los canales estatales y privados deberían organizar un debate con los puntos de vista políticos más representativos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
-Ya no le queda tiempo. 
Señor Presidente, supongo que el Sr. de Gaulle no se ha dado cuenta de que el debate de hoy es sobre el teatro y no sobre la televisión o los periodistas. 
Yo prefiero hablar sobre el asunto del orden del día. 
Quisiera felicitar a la Sra. Fraisse y decir algo sobre un par de puntos que todavía no se han mencionado. 
En primer lugar, me complace que un representante de este Parlamento haya vuelto a sacar este tema después de un intervalo de diez años, en el transcurso del cual no ha perdido en absoluto ni un ápice de su actualidad. 
Fue precisamente en 1992 cuando yo presenté un informe sobre la situación de los artistas, y sólo puedo decir que todavía hoy estoy esperando los resultados prácticos que la Comisión podría haber aportado en estos diez años. 
Aunque creo que los temas que se han tratado hoy son muy variados, quisiera limitarme a dos cosas, y la primera es la forma en la que se financia el sector cultural tanto en el ámbito nacional como en el europeo. 
Es objeto de discursos políticos, pero no da lugar a ninguna acción política, y por este motivo creo que todavía hay algo que no funciona en este aspecto. 
Quisiera observar que existen dos cosas que necesitan mejora. 
Una es el programa Cultura 2002, que la Sra. Reding ha mencionado ya, y que necesita que se le asigne más dinero; si de repente el Consejo de Ministros otorga tanta importancia a la cultura, debería proporcionarle fondos. 
Además, también deberíamos tener en cuenta que son las artes del espectáculo las que son populares con unos espectadores y unos oyentes bastante específicos. 
Hasta el momento, son proyectos a pequeña escala, que no gustan a la Comisión pero que nosotros queremos ¡porque al público sí le gustan! 
En segundo lugar, el sector privado debe implicarse más de lo que lo ha hecho hasta ahora. 
El mecenazgo y la esponsorización son importantes. 
No hay recursos disponibles en el Presupuesto, de modo que tenemos que buscar otras formas para que la gente con mucho dinero se lo gaste en la forma adecuada. 
Por esto deberíamos hacer más en este campo. 
Lamento que en mi propio país los acuerdos de coalición hayan comportado que sea precisamente esto lo que se suprima. 
En tercer lugar, los artistas se enfrentan con una gran cantidad de obstáculos técnicos en términos del material con el que tienen que trabajar, y aquí en concreto la Comisión podría hacer realmente algo, por ejemplo, para los circos y los pequeños teatros itinerantes. 
Por favor hagan algo en esta área; ¡sería de gran ayuda para los actores! 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el informe de la Sra. Fraisse contiene muchos puntos positivos, que requieren respuestas a nivel comunitario si queremos seguir esperando que las políticas de la Comisión produzcan un sello genuinamente europeo para estos proyectos. 
En el punto F se indica con razón que la vitalidad del teatro y de las artes del espectáculo no debería depender principalmente de las subvenciones públicas. 
De hecho, es de extrema importancia fomentar la diversificación de los fondos y reforzar las políticas de esponsorización con la correspondiente desgravación fiscal que probablemente atraería a los patrocinadores. 
Pero también es importante que las artes del espectáculo desarrollen una dimensión comercial satisfactoria. 
Vivimos en una economía de mercado y ni el Estado ni la Unión Europea deberían actuar como nodriza o niñera de la creación cultural. 
No existe justificación alguna para que las artes del espectáculo como norma dependan directamente de un sistema de subsidios públicos para las producciones. 
Es más importante que la creación cultural corra los riesgos inherentes a la misma y que los recursos públicos faciliten la promoción internacional, la distribución, una mayor accesibilidad al contenido a través de la traducción y subtitulación, y una coproducción adecuada, siguiendo el espíritu del programa Cultura 2000. 
Sin embargo, existen todas las razones del mundo para que se promueva de forma razonable desde la escuela la formación artística a partir de la infancia, así como el contacto con la creación cultural en todas sus facetas- y por lo tanto con las artes del espectáculo y sus actores -, y se realice una aportación decisiva para encontrar nuevos públicos, lo que comportaría un aumento de la demanda del consumo cultural que probablemente podría mantener, al menos en parte, la correspondiente oferta. 
Lo que no tiene sentido es reducir la oferta y financiarla si no hay un aumento significativo de público, del que todavía carece. 
Esperamos que el informe Fraisse implique también un paso en esta dirección. 
Ha sido un malentendido. 
Creí que estaba pidiendo la palabra cuando de hecho sólo estaba aplaudiendo a la ponente. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.50 horas) 
Me parece que el informe del Sr. Duff está en lo cierto al centrarse en la importancia de la Carta de los Derechos Fundamentales y su futuro estatus según el que debe incluirse en el Tratado Constitucional que la próxima CIG redactará a finales del año 2003. 
Tiene que ser una de las bases para la conversión de la estructura de pilares de la Unión en una estructura de Comunidad. 
Como Presidente de la Comisión de Peticiones, he notado el aumento de las peticiones de los ciudadanos de una protección de sus derechos lo cual demuestra que su relación con las instituciones europeas, en especial con el Parlamento, está mejorando de forma constante. 
Apoyo la creación de un Defensor del Pueblo europeo para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, de la orden de detención europea y del reconocimiento mutuo de juicios y del trabajo de la Europol, instituciones que necesitan una mayor coordinación y organización y una división de competencias horizontal y vertical más específica. 
Después de los elementos del Derecho comunitario relacionados con el Derecho penal, me parece que es importante ocuparse de elementos del Derecho civil y, en concreto, de la relación entre los ciudadanos y los sistemas jurídicos de los Estados miembros, algunos de los cuales necesitan volver a organizarse, tales como los sistemas de justicia civil y administrativos de mi país. 
Sin necesidad de tener que modificar la distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros, la Unión necesita desempeñar una función positiva que permita a los ciudadanos beneficiarse por completo del derecho a la justicia. 
Además, la Unión debe reflexionar sobre el asunto de la relación entre los ciudadanos y el Tribunal de Primera Instancia con el fin de conseguir que la justicia europea sea algo tangible para los ciudadanos. 
Medicamentos 
la Sra. Rosemarie Müller (A5-0330/2002) sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización, la supervisión y la farmacovigilancia en lo relativo a los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos [COM (2001) 404- C5-0591/2001- 2001/0252 (COD) ]; 
la Sra. Françoise Grossetête (A5-0340/2002) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano [COM (2001) 404- C5-0592/2001- 2001/0253 (COD) ]; 
la Sra. Françoise Grossetête (A5-0334/2002) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios [COM (2001) 404- C5-0593/2001- 2001/0254 (COD) ]. 
El Comisario Liikanen tiene la palabra. 
. 
(EN) Señor Presidente, antes de presentar brevemente las tres propuestas de la Comisión, quisiera agradecer y felicitar a las dos ponentes, la Sra. Müller y la Sra. Grossetête, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por todo el trabajo y el esfuerzo realizados para concluir estos tres informes. 
Permítame empezar con los objetivos de las propuestas. Son tres. 
En primer lugar, garantizar a los ciudadanos europeos un alto nivel de protección de la salud, que siempre es el punto de partida. 
En segundo lugar, aumentar la disponibilidad de productos medicinales innovadores y, al mismo tiempo, favorecer la competencia con productos genéricos, y, en tercer lugar, prepararnos para la ampliación, que muy pronto será una realidad. 
En cuanto a las propuestas concretas, me centraré en tres de ellas. 
Primero, la necesidad de reforzar la función de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos y el procedimiento centralizado. 
¿Por qué? 
Porque el objetivo consiste en poner los medicamentos nuevos a disposición de todos los ciudadanos de la UE, al mismo tiempo. 
Es una cuestión de igualdad de todos los pacientes de Europa. 
Así, la Comisión propone que el procedimiento de autorización centralizada sea obligatorio con respecto a todos los medicamentos que contengan nuevos principios activos Esta es la solución comunitaria para la cuestión de la disponibilidad de la innovación, y espero que esta Cámara la apoye. 
Además, esta solución crearía economías de escala, ahorraría recursos y tiempo, y, por último, daría lugar a una mayor eficacia reguladora. 
La Comisión quiere, especialmente en la UE ampliada, garantizar que los pacientes puedan acceder más rápidamente a los nuevos medicamentos. 
El procedimiento de reconocimiento mutuo ha mostrados a sus limitaciones. 
El proceso de evaluación en la agencia de Londres lleva una media de 180 días, menos del máximo de 210 días previstos en la legislación. 
El procedimiento centralizado también sería positivo para las pequeñas y medianas empresas. 
Tomemos el ejemplo de la biotecnología. 
Las PYME son muy activas en esta área, donde la autorización centralizada ya es obligatoria. 
La experiencia no ha planteado grandes problemas. 
Las ventajas de un procedimiento centralizado para las PYME son evidentes en áreas como los medicamentos huérfanos, donde la mayoría de las autorizaciones de comercialización se conceden a PYME. 
Según éstas, la Comisión, con vistas a obtener una solución global, podría buscar medidas de apoyo para las PYME en caso de que existan obstáculos particulares, a fin de ayudar a las PYME a superarlos. 
En segundo lugar, necesitamos encontrar el equilibrio justo entre la innovación y la competencia de los genéricos. 
¿Por qué es esto tan importante? 
Por decirlo en pocas palabras, necesitamos productos innovadores que beneficien a los pacientes y necesitamos genéricos para contribuir a reducir la presión sobre los costes de la sanidad. 
En cuanto a los medicamentos innovadores, la Comisión propone un nuevo período de protección de datos. 
En cuanto a los genéricos, se acelerará su entrada en el mercado. 
¿Cómo se hará esto? 
En primer lugar, la Comisión propone armonizar los períodos de protección de datos nacionales en 10 años con carácter general. 
Lo cual proporcionará una solución armonizada para Europa. 
El período de protección brindará a la industria farmacéutica innovadora una oportunidad para recuperar las inversiones en I + D. Y también permitirá un mejor funcionamiento del mercado interior. 
Para recompensar la innovación y la investigación en productos nuevos, la propuesta prevé una posible ampliación del período de protección hasta 11 años. 
En cuanto a los genéricos, la Comisión propone cambiar una política tradicional de la UE. 
Ahora proponemos, por primera vez en la legislación de la UE, que los ensayos empiecen con los genéricos antes de que venza la patente u otra forma de protección de la propiedad intelectual. 
Esto acelerará la comercialización de los genéricos en la mayoría de los mercados nacionales y contribuirá sustancialmente a aumentar la competencia. 
La Comisión cree que es una propuesta equilibrada. 
Tiene en cuenta los intereses de la industria farmacéutica innovadora de Europa, que pierde terreno en comparación con la industria de los Estados Unidos. 
Lo que implica menos puestos de trabajo y menos investigación en Europa, a menos que hagamos las cosas de otra manera. 
Al mismo tiempo, facilitará el desarrollo de un mercado competitivo de genéricos, lo que implica medicamentos más baratos para los ciudadanos europeos. 
Por último, quisiera decir una pocas palabras sobre el acceso controlado a información para pacientes. 
Sabía que sería un debate difícil, pero, en primer lugar, la Comisión no está proponiendo un modelo norteamericano de publicidad directa a los pacientes. 
Los debates se han centrado en gran medida en el modelo de los Estados Unidos, pero ese no es nuestro modelo. 
El hecho es que ya existe mucha información fragmentada en Internet, al menos para pacientes de habla inglesa. 
Lo cual tiene dos desventajas principales: en primer lugar, discrimina a las personas que no conocen el inglés, y en segundo lugar implica que la información puede ser poco sistemática y poco fiable. 
Nuestra propuesta es que los ciudadanos europeos puedan obtener información validada por las autoridades reguladoras europeas y que respete las orientaciones que acordarán los Estados miembros y la Comisión. 
Es una propuesta prudente. 
Es un proyecto piloto europeo, que no tiene nada en común con el modelo de los Estados Unidos. 
Las alternativas a lo que tenemos hoy son, por un lado, la continuación de una publicidad directa masiva a los pacientes a través de Internet. No podemos cambiar esta situación con nuestra legislación. 
La alternativa es permitir a los pacientes que obtengan información sólida, validada por las autoridades europeas competentes, sobre medicamentos para un pequeño número de enfermedades. 
Creo que esta segunda opción aumenta tanto la oferta como la seguridad para los pacientes europeos. 
Para concluir, las propuestas de la Comisión tienen como objetivo garantizar un alto nivel de salud pública a los ciudadanos europeos, aumentar, de forma equilibrada, la disponibilidad de productos medicinales innovadores y productos genéricos, así como prepararnos para la ampliación. 
Esta legislación es todo un reto. 
Deseo que empiece el debate de hoy en la Cámara y que se mantenga la cooperación con el Parlamento y el Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, al examinar la legislación que tenemos ante nosotros hemos de considerar si se precisa una mayor participación de la UE cuando se trata de aprobar medicamentos innovadores, o si el procedimiento de reconocimiento mutuo es el mejor enfoque. 
En otras palabras, ¿queremos un mercado interior de medicamentos más integrado para permitir a los pacientes de toda Europa acceder con rapidez a medicamentos nuevos, seguros y eficaces, o la idea es que se mantengan los complejos procedimientos de autorización para que los nuevos medicamentos lleguen lo más tarde posible a manos de los pacientes? 
Quiero abogar por un registro más amplio de los medicamentos con nuevos principios activos. Esto no sólo tiene ventajas para los pacientes, sino también para las empresas, porque pueden comercializar los medicamentos con más rapidez que hasta ahora y, así, aumentar su competitividad. 
La ayuda propuesta para las PYME debería compensar las desventajas del procedimiento de autorización centralizado, que les perjudican. 
Tal y como yo lo veo, le legislación tendría que centrarse en los pacientes y sus necesidades. 
Esto significa que la seguridad y la eficacia de los medicamentos deben desempeñar una función esencial en el procedimiento de autorización. 
El procedimiento ha de ser transparente. Por lo tanto, los pacientes, los médicos y las empresas también han de poder acceder a la información que no esté sujeta a secreto comercial. 
En el futuro podrá descargarse en todo momento de una base de datos pública información exhaustiva sobre el estado del procedimiento de autorización, ensayos clínicos realizados, efectos secundarios y precios de los medicamentos. 
A este respecto, lamento que el proyecto informativo de la Comisión sobre el asma, la diabetes y el sida no haya recibido el apoyo de la mayoría de la comisión. 
La propuesta de la Comisión era ciertamente ambigua y ha dado pie al temor de que se iba a permitir la publicidad de medicamentos que se dispensan por prescripción facultativa. 
Sin embargo, la decisión de la comisión implica que se ha perdido una oportunidad de mejorar la información del paciente. 
Estoy segura de que esto deberá corregirse en los próximos años. 
La farmacovigilancia, es decir, la supervisión y la notificación de efectos secundarios, es importante para que un medicamento sea seguro. 
La obligación de comunicar los efectos secundarios y de presentar informes periódicos a la autoridad garantiza la plena evaluación continua de un medicamento determinado. Existe una red de seguridad muy eficaz en el campo de la farmacovigilancia. 
Gracias a ella es más fácil determinar los efectos secundarios y actuar rápidamente en caso de crisis. 
Por estos motivos se podrá prescindir del procedimiento de autorización quinquenal de productos. 
Otro aspecto esencial de la reforma es el plan de creación de consejos y comités de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos para sus futuras competencias y la ampliación de la Unión Europea. 
La estructura de la EMEA se ha concebido para reflejar la de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, con un procedimiento de solicitud abierto para el Consejo de Administración y el Director Ejecutivo. 
Todo aquel que desee ser miembro de uno de los consejos o comités de la agencia deberán tener un alto grado de competencia científica y declarar todos los intereses relevantes. 
Además de los comités científicos existentes, en el futuro habrá un comité de medicamentos a base de plantas con la misma categoría. Esto posibilitará la autorización central voluntaria de medicamentos a base de plantas, brindando a los pacientes de toda Europa la posibilidad de utilizar medicamentos a base de plantas ensayados y probados. 
Además de la protección de la salud, que es importante para los pacientes, también está la cuestión de la competitividad y de la innovación para la industria farmacéutica europea. 
La armonización de la exclusividad de los datos favorece sin duda la competitividad. 
De conformidad con los regímenes actuales, la exclusividad de los datos en Europa varía entre seis y diez años, y en este terreno urge la armonización. 
La norma de 10 años indica a las empresas farmacéuticas que deben intensificar la investigación y comercializar productos realmente innovadores. 
Sin embargo, también anima a los fabricantes de medicamentos genéricos a hacer uso de las disposiciones Bolar. 
En mi opinión, la propuesta de la Comisión es un intento acertado de encontrar un equilibrio entre el deseo justificable de los laboratorios farmacéuticos de proteger sus datos y la necesidad de los sistemas de sanidad pública de mejorar el acceso a medicamentos genéricos rentables. 
Con todo, la legislación que tenemos hoy ante nosotros supondrá una importante contribución a la mejora de la protección de la salud en Europa, que beneficiará duraderamente a los pacientes. 
Señor Presidente, Comisario, el asunto que debatimos hoy es uno de los más importantes de nuestra legislatura, pues en última instancia concierne a todos los ciudadanos europeos. 
Permítanme, en primer lugar, agradecer a todos mis colegas diputados de todos los grupos políticos los debates que hemos tenido y la labor que han realizado con la elaboración de las 800 enmiendas. 
En mi opinión hay más bien demasiadas enmiendas, que pueden mermar mucho la calidad y la coherencia de nuestro trabajo. 
El objetivo principal de las propuestas es garantizar un elevado nivel de protección de la salud de cada uno de los ciudadanos, en particular permitiendo un acceso rápido a productos innovadores y seguros, desarrollando un sistema preventivo y continuo de farmacovigilancia y mejorando la competitividad de la industria farmacéutica en el marco de su búsqueda de nuevos tratamientos. 
No debemos olvidar el impulso esencial que ha de darse a la industria de medicamentos genéricos. 
Un medicamento es un producto distinto de cualquier otro. 
No se compra o consume como un producto normal, como un artículo de consumo diario. 
Su uso es único y todo el mundo da por supuesto que un medicamento es seguro y eficaz. 
La seguridad, la calidad y la eficacia son los tres pilares básicos del mercado europeo de medicamentos. 
Antes de ponerse a disposición de los pacientes, los medicamentos deben pasar por fases específicas y restrictivas para obtener la autorización de comercialización. 
Actualmente hay dos procedimientos de registro de medicamentos: el procedimiento centralizado, gestionado por la Agencia Europea, por el que se emiten autorizaciones válidas para todos los Estados miembros, y el procedimiento de reconocimiento mutuo, que compete a los Estados miembros. 
No es nuestra intención alterar la estructura dual existente; la tarea principal consiste en optimizar su funcionamiento. 
En realidad, la cuestión planteada se refiere a principios activos nuevos. 
Todos estamos de acuerdo en que hay una diferencia entre los principios activos nuevos, que son casi 20 al año, y los nuevos medicamentos, del orden de 200 a 300 al año. 
Por lo tanto, la Comisión propone introducir el registro mediante un procedimiento centralizado de nuevas moléculas, para garantizar que todo el mundo pueda acceder a las terapias más innovadoras. 
Algunos diputados han querido cuestionar el principio. 
Quisiera decirles que afrontamos una decisión fundamental. 
Tendrán que elegir entre la salud o el mercado. 
Si se adopta la enmienda que pone en entredicho su alcance hemos de responder a lo siguiente: ¿cómo explicamos a quienes están enfermos que sus vecinos europeos podrán beneficiarse de un tratamiento innovador y eficaz, pero que ellos tendrán que esperar unos años hasta que se conceda la autorización a su país? 
Ante esta perspectiva, veamos un caso extremo relacionado con la ampliación: se podría, por ejemplo, tratar a los ciudadanos de Eslovenia y Portugal con una nueva terapia, pero un ciudadano alemán o chipriota no podría acceder a ella. 
¿Qué hacemos, en este caso, en cuanto a la igualdad en el ámbito de la salud? 
Algunos diputados dirán que el procedimiento centralizado es costoso para las PYME, pero en el caso de la ampliación, el coste de 25 solicitudes de autorización de comercialización por el procedimiento descentralizado será mucho mayor. 
Todos somos conscientes de los últimos casos de retirada del mercado de medicamentos por motivos de salud pública. 
Sin embargo, sabemos que la emisión de una autorización para un medicamento no significa que ya no se necesiten las comprobaciones sobre su eficacia y seguridad. 
Así, es esencial intensificar los requisitos de farmacovigilancia para ofrecer a los pacientes las mejores garantías posibles, en otras palabras, con inspecciones apropiadas a cada caso en el origen de la fabricación, utilizando financiación puramente pública, que es indispensable si se quiere garantizar la independencia, y, por último, mediante un sistema rápido de intercambio de los datos recopilados por todas las partes, lo que posibilitará lograr la coherencia entre los sistemas de farmacovigilancia de los Estados miembros. 
Para fabricar un medicamento, el solicitante, en primer lugar, ha de realizar una investigación extensiva a fin de descubrir nuevas moléculas. 
Todos sabemos que la innovación supone un coste. 
Por lo tanto, la industria debe garantizar la protección de estos datos. 
Es nuestro deber fomentar la investigación a fin de garantizar que la ciencia avanza, de ahí el interés por conservar a nuestros mejores investigadores. 
También debemos garantizar la seguridad del paciente, pero igualmente impedir que las industrias de Europa vayan muy por detrás de las de otros países, de los Estados Unidos y Asia. 
Naturalmente, la utilidad de los medicamentos genéricos ya está demostrada. 
Son un ejemplo del éxito de nuestros sistemas de salud europeos. 
Por lo tanto, la introducción de medidas adecuadas, en particular mediante el sistema Bolar, acelerará su lanzamiento en el mercado. 
También debemos recordar que los productos genéricos solo se desarrollan gracias a la innovación. 
Además, espero que todos los Estados miembros lancen una campaña informativa para el público en general, a fin de explicar qué es un producto genérico, y que a la vez hagan hincapié en que es el equivalente terapéutico del medicamento de referencia. 
Más concretamente, con respecto a los medicamentos veterinarios, el principal desafío es lidiar con el problema de la disponibilidad de estos medicamentos. 
Se ha buscado un equilibrio entre flexibilizar algunas disposiciones, por ejemplo, las «disposiciones en cascada» , y mantener el máximo nivel de seguridad para el consumidor, en el caso de animales de renta. 
Cuando no existen medicamentos disponibles para una patología o un animal determinado, el sistema en cascada permite el uso de medicamentos destinados a otras especies, para otras patologías o incluso el uso de medicamentos para uso humano. 
Este sistema se mejoró y amplió para lograr una eficacia y una seguridad óptimas. 
La Comisión propone ampliar la prescripción obligatoria a todos los medicamentos destinados a animales de renta, lo que plantea un problema para algunos Estados miembros, entre ellos Irlanda y el Reino Unido. 
Una enmienda de transacción, adoptada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, hace que esta medida sea coherente con las disposiciones nacionales. 
Por último, no podemos hablar de la revisión de la legislación farmacéutica europea sin abordar la cuestión de la información y la propuesta de la Comisión, que pretende conceder la autorización sobre una base experimental para cinco años. También hemos de abordar la comunicación por parte de la industria de información relativa a medicamentos específicos para las siguientes patologías: asma, sida y diabetes. 
El mercado de los medicamentos es único y nuestro objetivo no debe ser promover las ventas máximas. 
Es vital hacer una distinción muy clara entre información y publicidad, así como prohibir con rigor ésta última. 
No hay mejor información que la dada por un médico o un farmacéutico. 
Sin embargo, los sistemas de información, en particular a través de Internet, están muy desarrollados y parece bastante injusto que solo quienes tengan acceso a Internet y sepan hablar en inglés puedan recopilar estos datos, y no otros. 
No obstante, debemos evitar cualquier intento de desarrollar información engañosa que pretenda promover la prescripción, la venta o el consumo de un medicamento. 
La Comisión de Medio Ambiente ha rechazado la propuesta de la Comisión por una amplia mayoría, pues la ha considerado claramente ambigua. 
Sin embargo, este rechazo de plano plantea un problema. 
Esperaba que los conceptos de información y publicidad se definieran mejor, y he propuesto un sistema para la validación previa de la información por parte de organizaciones científicas neutrales. 
Esta propuesta podría preparar el camino para sentar las bases de un nuevo estudio completo, que esperamos de la Comisión. 
Por otro lado, existe una fuente de información fundamental. Me refiero a los prospectos. 
Todas las enmiendas presentadas a este respecto intentan mejorar la forma en que están escritos, para que sean más claros y fáciles de entender. 
Este es un aspecto muy positivo. 
Resumiendo, he de subrayar la importancia de la ampliación. 
No podemos negar el hecho de que la revisión que se adopte se aplicará a los nuevos países miembros. 
Por este motivo he propuesto, en particular, lo que llamaré el producto «eurogenérico». 
En algunos de los países candidatos y por motivos históricos o económicos los medicamentos de referencia no han sido nunca registrados. 
La actualización de las autorizaciones de genéricos de acuerdo con los requisitos legales europeos en los países candidatos exige, por lo tanto, la posibilidad de remitir a un producto de referencia. 
La ausencia de este producto podría preparar el camino para la obligación de retirar medicamentos genéricos del mercado, que no obstante se ajustan a los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. 
Esta situación provoca problemas de acceso a los medicamentos genéricos. 
Por lo tanto, parece importante que un medicamento de referencia disponible en otro Estado miembro pueda servir de referencia. 
Cada uno de los nuevos países candidatos tiene una importante función que desempeñar como parte totalmente comprometida en esta «Europa de la salud» , que todos esperamos y rogamos que se haga realidad. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar a las dos ponentes por una tarea de gran complejidad y dificultad. 
Han hecho hincapié, como yo haré, en la importancia de esta industria como principal usuario de esta base de investigación industrial. 
Es tan importante conservarla en la Unión Europea, tanto para la Unión Europea como, sobre todo, para los consumidores que desean medicamentos seguros, eficaces y asequibles. 
A ello se añaden las complejas necesidades de los sectores de la industria, de los cuales hay al menos tres: el sector de los medicamentos patentados, el sector de los genéricos y el sector de los medicamentos sin receta. 
Muchas de las enmiendas intentan encontrar el justo equilibrio entre ellos. 
Hemos de impulsar el sector de los medicamentos patentados para crear nuevos medicamentos, pero el sector de los genéricos también proporciona medicamentos asequibles. 
Si a esto se añade toda la cuestión del acceso y la asequibilidad a escala mundial, se puede comprobar la complejidad de esta cuestión. 
Quisiera llamar la atención sobre tan sólo tres puntos. 
Uno es el procedimiento de autorización. 
Insisto a mis colegas en que acepten la dualidad, al menos en el futuro inmediato. 
La Sra. Grossetête quizá necesite volver a examinar toda la cuestión del procedimiento centralizado y el acceso. 
El hecho de que los medicamentos estén autorizados no implica que automáticamente se comercialicen. 
Esto se aplica en particular a los medicamentos veterinarios. 
En este caso, realmente creo que debería mantenerse la dualidad. 
En cuanto a la cuestión de la publicidad y la información al consumidor, pido al Parlamento que acepte la enmienda que solicita a la Comisión examinar de nuevo esta cuestión. 
La Comisión tiene razón: hay información disponible para algunos, pero no para todos. 
Esto está prácticamente fuera de nuestro control. 
En cuanto a la exclusividad de los datos, el equilibrio que propone la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es el óptimo. 
Espero que el Parlamento lo examine con buen criterio. 
Va a haber una importante segunda lectura y, posiblemente, una conciliación, por lo que todavía estamos a tiempo para intentar hacerlo mejor que hasta la fecha. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a la Sra. Müller y a la Sra. Grossetête su trabajo y la buena voluntad que han demostrado en la elaboración de informes sobre cuestiones que son realmente difíciles y complejas para todos excepto para los expertos. 
El primer objetivo de todas las instituciones- el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros- tendría que ser introducir, al menos, una nueva legislación mejor que la legislación anterior y que facilite a todos los pacientes, inclusive a quienes sufren graves enfermedades terminales, un acceso lo más rápido posible a nuevos medicamentos más eficaces y tolerables que los existentes, para aliviar su sufrimiento y ampliar y mejorar su calidad de vida. 
En este breve espacio de tiempo que tengo, me centraré en unas pocas cuestiones. 
En cuanto a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, me opongo totalmente a la propuesta relativa a la pertenencia al Consejo de Administración. 
Un Consejo de Administración como el propuesto por la Comisión y también por la ponente, la Sra. Müller, estaría ciertamente destinado al fracaso. 
La presencia en el Consejo de Administración de miembros que representan a las instituciones y, además, de miembros con intereses en conflicto, como la industria, los pacientes y las compañías de seguros, sólo produciría confusión, pérdida de tiempo y grandes disputas. 
La segunda cuestión que quisiera plantear se refiere al procedimiento centralizado, cuya evaluación realiza la Agencia Europea. 
El concepto de «nuevo medicamento» ha de definirse mejor, Comisario. 
¿Qué se quiere decir con el término «nuevo medicamento»? 
¿Se refiere a un medicamento que tiene la misma estructura que los medicamentos existentes, pero que incluye un cambio muy pequeño, o se refiere en realidad a medicamentos con una nueva estructura química? 
Espero que tanto usted como el Consejo reflexionen de nuevo sobre este asunto. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a las dos ponentes. 
También doy las gracias a la Sra. Grossetête, con quien he colaborado muy estrechamente en esta cuestión en concreto. 
Sólo estoy aquí para representar a la Comisión de Agricultura en materia de medicamentos veterinarios. 
Sería una negligencia por mi parte si de entrada no dijera que uno de los problemas que afronta la agricultura es que está pasando por el peor momento, y no hablaré de los problemas que tiene actualmente la carne de vacuno británica. 
Toda la legislación que adopte este Parlamento y que haga que la Comisión apruebe podría tener un efecto perjudicial sobre el sector si no se hace correctamente. 
La Sra. Grossetête ha trabajado muy bien conmigo y otros diputados en torno al proyecto sobre medicamentos veterinarios. 
La Sra. Read ha tratado una brevemente. 
Apoyo todo lo que ha dicho sobre lo que se llama «dualidad». 
Uno de los problemas que afrontamos en la Unión Europea es que los animales del norte, por ejemplo, no son necesariamente los mismos que los del sur. 
Utilizo el término «el síndrome del reno» , que muchos colegas me habrán oído mencionar antes. 
La dualidad es algo que contribuirá a promover el uso correcto de los medicamentos para especies que no se encuentran en toda la Unión Europea. 
Quizá sea difícil lograr que alguien gaste dinero en ensayos con estos productos destinados a una especie en particular. 
Por lo tanto, hemos vuelto a presentar la enmienda 137, que espero consideren la Comisión y la Sra. Grossetête. 
Espero que esta Cámara estudie la posibilidad de apoyarla. 
Como ya he mencionado, esta enmienda ayudará a las especies que no están muy extendidas. 
La Sra. Grossetête ha mencionado la forma en que se administran los medicamentos en ciertos países. 
Me alegro de que lo haya tenido en cuenta. 
Apoyo totalmente la enmienda transaccional, a la que he dedicado mucho esfuerzo en la Comisión de Agricultura para sacarla adelante. 
Nos encontramos en una situación en que los Estados miembros difieren, en primer lugar, en cuanto a la definición de lo que es un veterinario y lo que significa, y, en segundo lugar, en cuanto a la administración de estos fármacos. 
En muchos casos, en el Reino Unido, Irlanda y uno o dos países más, personas cualificadas administran medicamentos menores, en particular productos como pastillas vermicidas y polvos antipulgas. 
La verdadera preocupación no reside concretamente en los animales que forman parte de la cadena alimentaria. 
Pero, si no se elimina esta opción, nos hallamos en una situación en que los animales domésticos sufrirán porque las personas no podrán permitirse ir a un veterinario, por ejemplo, para obtener una pastilla vermicida para un gato. 
Por lo tanto, es importante que tengamos flexibilidad. 
Me alegro de que ambas ponentes la hayan tenido en cuenta y la apoyo totalmente. 
El último punto concierne al uso de medicamentos para especies equinas. 
De nuevo, si no tenemos cuidado, causaremos sufrimiento a animales que no lo merecen. 
Por ejemplo, en el Reino Unido no se come carne de caballo. 
Es posible que en otros países sí se consuma la carne de caballo. 
Si se restringen los medicamentos que están a nuestro alcance, entonces otra vez son los animales quienes sufren. 
Por lo tanto, es muy importante que se adopte la nueva enmienda 65 para especies equinas. 
Así termino, pues ya he repasado toda la escena agrícola. 
Doy las gracias a las dos ponentes por haber tenido en cuenta la opinión de la Comisión de Agricultura y deseo que se llegue a un buen resultado. 
Espero que la Comisión también acepte mi opinión. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a las dos ponentes los extraordinarios informes que han presentado hoy a debate, especialmente a la Sra. Grossetête, con quien hemos mantenido una relación de trabajo excelente y muy productiva. 
En cuanto a la propuesta de revisar la legislación farmacéutica para mantener los altos niveles de salud pública y completar el mercado único, y, en el ámbito de los medicamentos, afrontar los desafíos de la ampliación, aplicar un procedimiento más funcional y simplificado para autorizar y supervisar medicamentos, es decir, medicamentos a precios asequibles, y, por último, garantizar la transparencia y el acceso a información sobre medicamentos para pacientes, quisiera comentar brevemente las siguientes cuestiones. 
Innovación: dependemos de la investigación científica y de la innovación para obtener nuevas combinaciones de sustancias y nuevos fármacos para combatir y curar enfermedades. 
Pero este tipo de investigación precisa una inversión audaz por parte de la industria farmacéutica, lo que solo es viable si creamos un marco de incentivos financieros. 
Incentivos: Se basan principalmente en la exclusividad, es decir, proteger los derechos de propiedad industrial y las invenciones. 
Por consiguiente, el coste de crear un medicamento lo sufraga el mercado y los sistemas de la seguridad social que, a causa del envejecimiento de la población, están en estos momentos sometidos a una tremenda presión. 
Así, necesitamos encontrar un equilibrio entre la exclusividad patentada, el precio del medicamentos y el período de protección. 
Es un equilibrio difícil de conseguir. 
Sin embargo, creo que los mecanismos establecidos en el Reglamento y que ahora se proponen, establecen un equilibrio entre la exclusividad por un lado y un período razonable de protección por otro. 
Seguridad de los medicamentos: también es un requisito fundamental y los elementos de calidad y vigilancia también se tienen en cuenta en este excelente informe. 
Autorización: Estoy a favor de un procedimiento centralizado con cierto grado de descentralización a favor de los Estados miembros. 
Por último, subsidiariedad: es un factor muy importante, porque son los Estados miembros quienes pagan la factura y prestan asistencia médica y medicinal. 
Ayer, el Presidente Bush tomó la iniciativa precisamente porque los Estados miembros están bajo una gran presión financiera en este sector. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, revisar la legislación comunitaria sobre medicamentos, con el objetivo de establecer mejores niveles de asistencia, es bueno, y celebramos este nuevo proceso de armonización de medicamentos veterinarios y humanos. 
Sin embargo, la política de salud en Europa no debería limitarse al texto sobre el que vamos a votar, y tendría que ser objeto de una deliberación más profunda. 
Una vez más hemos de examinar la medicina en un contexto de salud pública que sirva a nuestros ciudadanos, pues, aunque existan medicamentos, tienen que seguir siendo accesibles a todos los hombres y mujeres, y lamentamos el hecho de que no hayamos tenido un debate sobre la protección social. 
Para que la política de salud pública tenga prioridad con respecto a la política industrial, la Agencia de Medicamentos debe depender de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, en lugar de la Dirección General de Empresa. 
También nos hemos sentido decepcionados por otros aspectos de la propuesta de la Comisión. 
El primero que mencionaré es la información al paciente. 
Vivimos en una sociedad de comunicación a alta velocidad, e Internet permite, a quienes quieren o pueden, acceder a un gran volumen de información. 
Aunque la calidad de esta información no es siempre satisfactoria, la solución propuesta por la Comisión para resolver este problema no es la respuesta correcta. 
Dar a las empresas farmacéuticas la opción de comunicar información sobre sus productos no permitirá erradicar la información errónea, sino que autorizará la publicidad de medicamentos que sólo se dispensan por prescripción facultativa. 
Esta fórmula, que se permite en los Estados Unidos y en Nueva Zelanda, ha tocado fondo. 
En la última década el gasto de los Estados Unidos en publicidad directa ha aumentado de 55 millones de USD a 2,5 millardos de USD en 2000. 
Del aumento total relacionado con los medicamentos, el 47% se gastó en publicidad de 50 medicamentos. 
Indudablemente es una estrategia comercial y no un interés informativo. 
No es lo que queremos para los ciudadanos europeos. 
Lo que necesitamos es información independiente facilitada por fuentes independientes, que no perjudiquen la relación entre pacientes y médicos y que no conduzca a un consumo excesivo de medicamentos. 
Las propuestas de transparencia de datos facilitados por la Agencia tienen esto en cuenta. 
Es verdad que podríamos haber ido un poco más allá. 
A la hora de solicitar información los pacientes también demandan seguridad, y es dudoso que la retirada de la renovación quinquenal contribuya a lograrlo. 
Esperaremos a las nuevas propuestas en el ámbito de la farmacovigilancia para demostrar su valor y mantendremos la opción de realizar una auténtica evaluación científica de un medicamento, cinco años después de su comercialización, en el caso de un nuevo medicamento. 
Esta evaluación también podría brindar la oportunidad de sopesar el valor terapéutico del medicamento. 
Por último, diré que aunque los pacientes necesitan medicamentos eficaces, algunos, por desgracia, precisan tratamiento con urgencia y esperan poder acceder a nuevos tratamientos, que, aunque todavía no proporcionan todas las garantías posibles de seguridad, son el último recurso para estos pacientes. 
Debemos escucharles y dar una respuesta a su petición. 
Estos afectarán a la política en materia de medicamentos, pero también a las políticas de salud. 
Señor Presidente, en su propuesta la Comisión ha intentado reformar la industria farmacéutica, o al menos ha empezado a hacerlo. 
En la industria farmacéutica Europa pierde terreno frente a los Estados Unidos. 
No es por nada que un número creciente de empresas han decidido realizar sus prácticas de investigación y desarrollo en los Estados Unidos. 
La legislación europea es demasiado opaca, lo que no anima a las empresas a desempeñar sus actividades en Europa, y para contrarrestarlo urge con carácter prioritario una mejor coordinación europea en este ámbito. 
Estoy totalmente a favor de abrir este fosilizado mercado. 
Por lo tanto, hemos de luchar por una mayor competitividad en el mercado europeo, y una de las formas de lograrlo es, por ejemplo, permitir antes el acceso a los medicamentos genéricos, algo sobre lo que se ha alcanzado un sólido compromiso en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Además, quisiera insistir en el procedimiento centralizado, que lleva a cabo la Agencia para la Evaluación de Medicamentos de Londres, que se refuerza para garantizar el mismo trato a todas las empresas farmacéuticas y para permitir a los pacientes de toda Europa acceder a los mismos medicamentos. 
Este método centralizado también promueve todos los objetivos que pretende lograr la Comisión, como un alto nivel de asistencia sanitaria, completar el mercado interior, una mayor transparencia, mejorar la competitividad y prepararse para la ampliación. 
También doy gran importancia a la facilitación de información. 
Sigue siendo un misterio para mí por qué no se permite a la industria farmacéutica informar a los pacientes sobre sus productos. 
Lo he dicho antes, pero quisiera repetirlo aquí: los acontecimientos han sobrepasado a la Unión Europea, que discrimina a los pacientes. 
En estos momentos, la información de este tipo sólo está disponible para personas que dominan el inglés y que pueden navegar por Internet, pues esta información está disponible en los Estados Unidos. 
A los pacientes que no tienen acceso a estos recursos, Europa los mantiene en la oscuridad, y por este motivo también creo que la propuesta de la Comisión de presentar un proyecto experimental es sólida y, en cualquier caso, un buen primer paso. 
Creo que con permitir únicamente el acceso a información sobre asma, sida y diabetes se discrimina a los pacientes que sufren otras enfermedades, y quisiera solicitar la ampliación de esta lista. 
Por último, quisiera destacar que en este contexto es por supuesto importante reforzar el papel de las organizaciones de pacientes también en el ámbito europeo, inclusive con vistas a la ampliación y a este procedimiento centralizado. 
A tal efecto el Grupo de los Verdes ha presentado enmiendas, que yo quiero refrendar. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento a las ponentes, porque se trata de informes muy difíciles y no es fácil equilibrar diferentes intereses. 
Estoy de acuerdo con ellas en que debemos centrar nuestra preocupación en la atención y la información clara a los pacientes. 
Tampoco debemos olvidar lo que dijo nuestro colega con respecto al presupuesto de la Agencia y de las diferentes agencias. 
Es un presupuesto que encorseta, y al final acabarán dándonos la razón a aquellos que continuamos diciendo que el presupuesto general de la Unión Europea es muy bajo para afrontar la ampliación y los gastos que generarán los nuevos países. 
Como no tengo mucho tiempo, señor Presidente, me gustaría destacar algunos aspectos del informe: en primer lugar, la garantía de que los funcionarios, expertos y autores de informes no tengan intereses financieros ni de otro tipo en la industria farmacéutica. 
En segundo lugar, lo que ya se dijo en muchas ocasiones aquí, la clara diferenciación entre publicidad e información. 
Está muy bien la base de datos de uso gratuito, con diferentes niveles para usuarios, personal sanitario, empresas y demás. 
Sin embargo, como también se dijo aquí, no todo el mundo puede acceder a Internet, ni todo el mundo domina el inglés y los Estados miembros deberán poner al servicio de los enfermos otros aspectos informativos importantes para que éstos puedan decidir entre la eficacia, los efectos secundarios, las contraindicaciones. 
Un sistema de sanciones a los titulares de autorizaciones que incumplan la Directiva, haciendo pública la acción de titulares afectados. 
Y refuerzo- como ya dijeron las ponentes- de la farmacovigilancia, porque los efectos del medicamento no se acaban con la autorización, y además debe haber una supervisión continuada. 
Por último, señor Presidente, debe facilitarse el acceso a medicamentos genéricos que disminuyan el gasto farmacéutico y garantizarse también una información por parte de los Estados miembros, que explique a los usuarios que un medicamento más barato no es necesariamente menos eficaz.. 
Señor Presidente, por nuestra parte, la revisión de la legislación farmacéutica debe perseguir, en primer lugar, la garantía de la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos disponibles en el mercado europeo, a fin de proteger la salud pública. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor lo ha tenido en cuenta cuando ha votado, por amplia mayoría, contra toda publicidad directa al consumidor relativa a los medicamentos dispensados por prescripción facultativa, aumentando al mismo tiempo la transparencia en los procedimientos de autorización de comercialización. 
Las pacientes tienen derecho a acceder a información objetiva y fiable sobre enfermedades y sobre las terapias disponibles para tratarlas. 
¿Qué mejor información podemos dar que poner a disposición del público la base de datos que contiene todos los medicamentos registrados en la Agencia, junto con el informe de evaluación sobre estos productos, los motivos de su autorización o rechazo y el prospecto explicativo sobre los resultados de los ensayos clínicos, sean positivos o negativos? 
Por el contrario, la información obtenida por la industria farmacéutica por sí misma no puede ser objetiva y más o menos equivale a la publicidad directa dirigida a los consumidores. 
Además, parece importante adoptar normas más estrictas a la hora de promover medicamentos destinados a un uso por profesionales, que, de hecho, es lo que ocurre en mi propio país. 
Debemos aumentar la transparencia y la independencia de la Agencia facilitando a los representantes de los consumidores y de los pacientes acceder a ella. 
La seguridad y la calidad de los medicamentos se basan en una evaluación científica, que destaca los riesgos y los beneficios del producto. 
La relación entre riesgos y beneficios permite determinar si puede emitirse o no la autorización de comercialización. 
No obstante, es preciso volver a evaluarla para tener en cuenta los efectos relacionados con su uso, así como todos los datos científicos nuevos de que se disponga. 
La carga administrativa que comporta la renovación quinquenal de la autorización de comercialización no justifica en absoluto la inmediata retirada de las evaluaciones periódicas de nuevos medicamentos, en particular. 
Por este motivo proponemos que se realice al menos una nueva evaluación después de que el producto haya estado en el mercado cinco años. 
Lejos de contravenir las nuevas disposiciones sobre farmacovigilancia, esta medida consolida claramente la seguridad de los medicamentos. 
De forma similar, nos negamos a reducir el tiempo dedicado a la evaluación científica de medicamentos, al amparo de un procedimiento centralizado, así como del descentralizado, e incluso en el caso del procedimiento acelerado o el protocolo de reducción que defendemos. 
Por último, la eficacia de un medicamento sólo puede demostrarse cuando se compara con la de otros medicamentos disponibles para tratar las mismas patologías. 
¿Tiene algún sentido desarrollar nuevos medicamentos que no añaden nada en términos terapéuticos o mantener productos que han sido superados por nuevas tecnologías médicas? 
La evaluación inicial y la realizada después de cinco años brinda la oportunidad de sopesar el valor terapéutico añadido de los medicamentos. 
Esta medida solo puede motivar la investigación y la innovación europeas. 
Por último, nos oponemos a las enmiendas que pretenden limitar el procedimiento centralizado y promover el procedimiento de reconocimiento mutuo, o incluso demorar la entrada en el mercado de productos genéricos. 
Celebramos la adopción en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor de las enmiendas relativas al impacto de los medicamentos sobre el medio ambiente. 
Mis colegas diputados nos han apoyado en esta cuestión y les damos las gracias por ello. 
Resumiendo, Señor Presidente, aunque las empresas farmacéuticas han sido respaldadas, considerablemente, por las propuestas iniciales de la Comisión, tenemos el deber, que ha de ser la misión del Parlamento Europeo, de proteger los intereses de los ciudadanos, los pacientes y los consumidores. 
Señor Presidente, los medicamentos son algo bastante corriente y cotidiano. 
Casi todos nosotros los hemos utilizado y hemos tenido contacto con ellos. 
En otras palabras, el poder de codecisión del Parlamento en este ámbito es importante como ejemplo tangible de la forma en que las decisiones del Parlamento Europeo pueden afectar a la vida de las personas. 
De hecho, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, espero declaraciones de muchas organizaciones en general. 
En esta ocasión se han puesto en contacto conmigo organizaciones agrícolas, grupos veterinarios, cooperativas agrícolas, grupos farmacéuticos, tiendas de salud y numerosas personas a título individual. 
Cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses, pero hay un aspecto común: la legislación propuesta no tiene en cuenta suficientemente las diferentes situaciones de los Estados miembros. 
Lo cual sin duda es una lección para la Comisión. 
En una situación ideal, la legislación propuesta tendría en cuenta esta diversidad. 
En Irlanda criamos caballos principalmente con fines deportivos y su carne no va a parar a la cadena alimentaria. 
Por consiguiente, no se precisan las mismas medidas de seguridad para los medicamentos dados a los caballos. 
Podría citar muchos más casos y he presentado una serie de enmiendas en nombre de mi grupo que abordan algunas de las dificultades. 
Le diría a la Comisión que si vamos a garantizar la legitimidad democrática de la toma de decisiones, debemos tranquilizar a nuestros ciudadanos asegurándoles que se han tenido en cuenta sus preocupaciones particulares. 
Si seguimos adelante con la legislación única que ignora las particularidades de los países o las regiones individuales, corremos el riesgo de perder el apoyo de nuestros ciudadanos. 
Para concluir, acaba de finalizar una larga campaña de referéndum en Irlanda, con el resultado favorable al Tratado de Niza, y una de las principales cuestiones en toda la campaña ha sido la sensación de impotencia y distancia. 
Como legisladores tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que la gente nos acompaña y de que estamos al tanto de sus preocupaciones diarias. 
Por último, quisiera felicitar a ambas ponentes. 
Señor Presidente, cada vida humana es única y valiosa porque es un regalo de Dios. 
Por consiguiente, cada una de las vidas merece la mejor protección y asistencia posibles desde que nace hasta que muere. 
Un mercado europeo de medicamentos que funcione sin problemas encaja bien en esta ambición. 
Nuestro grupo considera de gran importancia que Europa no ponga obstáculos que puedan frustrar el funcionamiento del mercado de medicamentos. 
Por lo tanto, opinamos que los fabricantes de medicamentos deben seguir teniendo la posibilidad de elegir entre el registro de medicamentos centralizado o descentralizado. 
El registro centralizado obligatorio dificultaría la flexibilidad necesaria que disfrutan los productos regionales, propiciaría una fuga de cerebros de las autoridades de registro nacionales y podría constituir un obstáculo financiero demasiado grande para las PYME, impidiéndoles introducir ciertos productos en el mercado. 
Además, estamos a favor de que se investigue más en torno a los efectos de los medicamentos en los niños. 
Hasta la fecha, una alta proporción de medicamentos administrados a niños solo han sido ensayados con adultos, incluso a pesar de que es totalmente evidente que los niños son diferentes de los adultos en cuanto a su metabolismo, la dosis necesaria y el método de administración. 
Por último, estamos en contra de permitir que se haga publicidad de los medicamentos, porque podría conducir a un aumento innecesario del consumo de medicamentos. 
Sin embargo, defendemos que se facilite información intensiva a los pacientes. 
Por lo tanto, esperamos con interés el resultado de la prueba propuesta por la Comisión Europea por la cual se facilita activamente información a los pacientes. 
Señor Presidente, en este breve tiempo quisiera plantear dos cuestiones, ambas en relación con los medicamentos veterinarios. 
De alguna forma han sido el pariente pobre de estos debates debido a la inmensa complejidad de la situación con respecto a los medicamentos de uso humano. 
En primer lugar, quisiera arremeter contra las propuestas de la Comisión al amparo del artículo 67 de que todos los medicamentos veterinarios para animales destinados a la producción de alimentos sólo puedan obtenerse con receta. 
Algunos Estados miembros, incluido el mío propio, tienen un arraigado sistema de distribución que permite obtener sin certificado veterinario los medicamentos para cuyo uso seguro y eficaz no hace falta que intervenga un veterinario. 
Puedo entender por qué se opondrían a esto algunas organizaciones de profesionales de algún otro Estado miembro, pero ha resultado eficaz durante muchos años en Irlanda, así como en el Reino Unido. 
Cuando ahora examinemos la ampliación de la Unión, se plantearán todo tipo de problemas si nos permitimos avanzar hacia un sistema centralizado que sólo permita el uso de estos medicamentos con receta, tal y como lo administran en estos momentos personas cualificadas en países como el Reino Unido. 
Por lo tanto, pido a la Cámara que vote a favor de la enmienda 43. 
La segunda y última cuestión es que en relación con los procedimientos centralizados obligatorios propuestos por la Comisión Europea, la comisión parlamentaria ha decidido adoptar un sistema más flexible para los medicamentos de uso humano, pero no ha seguido esta misma ruta en cuanto a los medicamentos de uso veterinario. 
Deberíamos rectificar esto y podemos hacerlo a través de la enmienda 171. 
Por último, quisiera apuntar que es un error por parte de la Comisión proponer que eliminemos el requisito de renovación de cinco años para la autorización de comercialización. 
Esta es una medida de seguridad que deberíamos conservar. 
Señor Presidente, el objetivo aparentemente esencial de las propuestas de Reglamento y Directiva planteadas por la Comisión consiste en consolidar la competitividad a corto plazo de las empresas farmacéuticas. 
Se propone, en particular, ampliar el plazo de protección de los datos clínicos, aumentar la flexibilidad del procedimiento de autorización de comercialización y acelerarlo, y, sobre todo, dejar de prohibir a las empresas farmacéuticas que hagan publicidad de medicamentos que solo se dispensan por prescripción facultativa al público en general. 
Lo que se propone básicamente es el modelo utilizado en los Estados Unidos, donde esta prohibición se levantó en 1997. 
Sobre la base de un enfoque exclusivamente orientado al mercado, estas propuestas consideran los medicamentos un artículo de consumo diario, casi un producto como otro cualquiera. 
Este enfoque se combina con el que es cada vez más común en las negociaciones comerciales internacionales, que pretende someter la salud y la educación a las leyes del mercado en el marco de la liberalización de los servicios. 
A la luz de esta situación de deterioro se creó un grupo de ámbito europeo que reunía a organizaciones de consumidores, organizaciones familiares, asociaciones de pacientes, compañías de seguros y organismos de seguros de enfermedad. 
El grupo «Europe and Medicines» ha trabajado para facilitar información y aclarar cuestiones a organismos y gobiernos europeos. 
Esta acción, que nos ha permitido calibrar mejor los desafíos económicos, políticos y éticos de este expediente, ha dado sus frutos. 
Por ello, la mayoría de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente han aprobado los informes que no se ajustan al enfoque de la Comisión, y celebro, en particular, el hecho de que los informes se opongan a la publicidad de medicamentos. 
Mi grupo, en consonancia con el grupo «Europe and Medicines» , se esforzará por que se aplique una política responsable en toda la Unión Europea, que mejore la salud pública, los avances terapéuticos y la protección del consumidor. 
A tal efecto convendría consolidar tres principios en el sistema europeo de regulación de los medicamentos: la armonización entre países para garantizar la evaluación y la supervisión de un alto nivel de calidad, la independencia de las instituciones responsables de los medicamentos y la transparencia del sistema para todos. 
Señor Presidente, el procedimiento centralizado es el que preferimos. 
Todos los europeos, en particular tras la ampliación, tendrían que poder acceder a los medicamentos. 
El hecho de que tengamos 500 enmiendas guarda relación con los diferentes grupos de presión y, sobre todo, con el conflicto entre medicamentos nuevos y genéricos. 
Celebro el compromiso alcanzado, que ofrece una protección durante ocho años. 
No puedo más que respaldar la protección del mercado durante diez años para los nuevos medicamentos en la Unión Europea. 
Sin embargo, los fabricantes de medicamentos genéricos deberían poder vender sus productos en países extraeuropeos. 
Estos países son invariablemente más pobres y se beneficiarían de estos medicamentos más baratos. 
Mi grupo está encantado con la apabullante derrota que ha sufrido la propuesta de la Comisión de autorizar la publicidad de medicamentos que se dispensan por prescripción facultativa para el sida, el asma y la diabetes en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
A pesar de ello, el Grupo de los Liberales ha presentado esta absurda propuesta. 
En los Estados Unidos la publicidad de medicamentos que se dispensan por prescripción facultativa se ha descontrolado en los últimos cinco años. 
Las ventas han aumentado un 80%, hay que reconocer que no sólo a causa de la publicidad, aunque sí ha influido. 
No por eso la población norteamericana goza de mejor salud. 
Los beneficios de la industria farmacéutica, por otro lado, se han disparado. 
Los pacientes necesitan urgentemente más información, pero solo si la piden. 
En estos momentos tienen que arreglárselas con las páginas web norteamericanas. 
A través de Internet y servicios de asistencia telefónica, los pacientes tendrían que poder obtener información sobre medicamentos en su propio idioma. 
Ahora la evaluación quinquenal de los medicamentos se ha convertido en una formalidad. 
Mi grupo preferiría que se aplicase un procedimiento de evaluación mejorada, una reevaluación con sustancia. 
¿Un medicamento tiene valor añadido? 
La industria farmacéutica responde decididamente que no. 
Sin embargo, quisiera repetir que la prioridad no son los intereses comerciales, sino la asistencia sanitaria. 
Muchos medicamentos son sustancias tóxicas. 
Cuando abandonan el cuerpo a menudo siguen siendo tóxicas, también para el medio ambiente. 
Por este motivo mi grupo se alegra mucho de que ahora se tenga en cuenta el medio ambiente a la hora de evaluar los nuevos medicamentos. La Comisión Europea ha metido la pata de lleno a este respecto. 
¿Se debe ello a que es responsable la Dirección General de Industria? 
Señor Presidente, en este ámbito hemos adquirido mucha experiencia con los años, especialmente con respecto a los pesticidas organofosfatados, que se utilizan de desinfectante para el ganado lanar y con otros fines. 
Hemos comprobado que el sistema de autorización de conjunto proporciona una falsa garantía de seguridad, porque ningún ensayo de predicción podría asegurar con precisión todo el alcance de la toxicidad y la amenaza potencial para la salud humana o animal. 
Así, la clave de la seguridad es un sistema eficaz de vigilancia posterior a la autorización, lo suficientemente sensible como para identificar reacciones adversas con rapidez y permitir la adopción rápida de medidas eficaces. 
Para ello se precisan sistemas administrativos y médicos eficaces, incluidos los sistemas de diagnóstico, en cada uno de los Estados miembros. 
De nuevo, según nuestra experiencia estos sistemas están lejos de ser suficientes. 
Por lo tanto, creemos que sería mejor centrarse en este ámbito, en lugar de ampliar un código ya de por sí demasiado complejo. 
Señor Presidente, el problema de las grandes discrepancias en la política de medicamentos de nuestros Estados miembros no puede resolverse hoy. 
Sin embargo, vamos en la dirección correcta en cuanto se refiere a una mayor armonización en el registro y también con respecto a las condiciones para comercializar los medicamentos, en particular los genéricos. 
Sin embargo, la admisión en los mercados nacionales compete a cada uno de los Estados miembros. 
Una de las grandes cuestiones en discusión es la relación entre el medicamento original y el producto genérico que se introduce en el mercado una vez han caducado la patente y la protección de datos. 
Se ha presentado un compromiso frágil, con respecto al cual he presentado una enmienda mejor redactada. 
Pediría a mis colegas diputados al Parlamento su apoyo, pero apruebo el compromiso. 
De hecho, también quisiera aprovechar esta oportunidad para advertir que la aceleración del lanzamiento de un genérico no dará lugar automáticamente a una reducción de los costes. 
En los Países Bajos me he fijado que el precio de un producto genérico allí es más alto que el precio del medicamento original en un gran número de Estados miembros. 
También quisiera comentar la política de precios. 
Aunque otra vez llamamos su atención sobre la transparencia, es frustrante, y también dirijo este comentario a las ponentes de 1989, que no se desarrolle la Directiva sobre transparencia. 
Hay grandes discrepancias, y no las resolveremos hoy. 
Es demasiado ridículo para decirlo, pero los medicamentos de los Países Bajos, donde el precio pagado por los consumidores por medicamentos genéricos es tan alto, se exportan paralelamente a otros Estados miembros. 
Tendríamos que impedirlo. 
Por último, no estoy a favor de la publicidad. 
Estoy a favor de permitir el acceso a la disponibilidad de información autorregulada en Internet. 
Si esta información procede de agencias nacionales o de la propia industria es irrelevante, en la medida en que se autorregule. 
En mi opinión, los consumidores ilustrados no deberían tener que recurrir a páginas web de Norteamérica, sino que también tendrían que poder acceder a esta información en Europa. 
Les ruego encarecidamente que reconsideren mis enmiendas a este respecto. 
Señor Presidente, Señorías, la industria farmacéutica está boyante, alardeando de altos beneficios durante mucho tiempo. 
A su vez, los presupuestos sanitarios no están tan boyantes, por desgracia. 
El gasto en medicamentos aumenta en la mayoría de los Estados miembros. 
El desarrollo de medicamentos tampoco va bien. 
Hay poca innovación en Europa y, lo que es peor, el desarrollo de medicamentos para combatir la crisis sanitaria mundial se está quedando gravemente rezagado. 
Aunque es una situación en absoluto satisfactoria, podemos utilizar la revisión de la legislación farmacéutica para adoptar medidas en la dirección correcta. 
En primer lugar deberíamos adoptar una política de precios sólida. 
El precio de los medicamentos se determina a escala nacional, y suele diferir mucho entre los distintos Estados miembros. 
Para los nuevos medicamentos la Comisión debería establecer una directriz sobre la base del desarrollo de los costes en que se incurra. 
Muchos países quisieran recortar el gasto en salud pública aumentando las propias contribuciones de los pacientes para medicamentos. 
Esto es intolerable. 
De hecho, habría que intentar establecer ahorros en negociaciones conjuntas y más satisfactorias con la industria, en lugar de aumentar las propias contribuciones de los pacientes. 
En segundo lugar, la legislación no debería dificultar, sino promover, la innovación. 
La industria quiere hacerlo ampliando el período de protección de datos, pero esto no garantiza la innovación. 
Más bien lo contrario; hay más innovación en los Estados Unidos, que tiene un período de protección más breve. 
Hemos de estimular la innovación haciendo hincapié en el valor añadido terapéutico y, sobre todo, aplicando un liderazgo público y planteando cuestiones en el terreno de la investigación. 
Pueden alcanzarse acuerdos sobre los planes de investigación durante las negociaciones en torno a los precios. 
Unos buenos precios a cambio de inversiones en medicamentos, necesarias en todo el mundo, constituyen un paso en la dirección correcta. 
En tercer lugar, debemos establecer disposiciones que permitan la producción de versiones genéricas de medicamentos esenciales que aún están patentados pero que no son económicamente asequibles en países en desarrollo. 
Esto sólo debería aplicarse a medicamentos para países que aún no tienen capacidad de producción. 
En Doha se adoptaron medidas importantes para que los medicamentos fueran más asequibles económicamente en los países en desarrollo. 
Todo lo que nos queda por hacer es dar un paso pequeño pero importante. 
Por último, hemos de mantenernos firmes en la prohibición de la publicidad de medicamentos. 
Facilitar información o publicidad directa dirigida a los pacientes no es un buen método. 
La industria farmacéutica ya está gastando grandes cantidades de dinero en marketing. 
Con más marketing, los precios de los medicamentos aumentarán innecesariamente. 
Tan importante es el argumento de que hemos de impedir que la industria convenza a los pacientes sanos de que están enfermos. 
Hay otras formas de garantizar que hay buena información a disposición de los pacientes. 
Quisiera terminar con una palabra de agradecimiento a la Sra. Grossetête y, sobre todo, a la Sra. Müller, por todo el complejo trabajo que ha realizado. 
Doy mi más sincero apoyo a todos los esfuerzos por que los medicamentos se adapten más a los niños y a las mujeres, así como a su petición de un enfoque europeo, por el que también quisiera dar las gracias. 
Señor Presidente, yo también quisiera agradecer al equipo del Comisario Liikanen, y sobre todo a la Sra. Grossetête y a la Sra. Müller, por la calidad de su trabajo en torno a uno de los expedientes más importantes sobre salud pública de nuestra legislatura. 
Como ya se han tratado las cuestiones principales, dedicaré mi tiempo a las cuestiones en que sigue habiendo desacuerdo. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos de Londres, me parece importante hacer hincapié en la función básica que este organismo ha desempeñado durante siete años, función que, en vista de la próxima ampliación y la mejora del funcionamiento del mercado interior, merece hacerse extensiva a todos los medicamentos que utilizan un nuevo principio activo. 
Por este motivo el Grupo de los Liberales se opone categóricamente a la enmienda 136 del informe de la Sra. Müller. 
Con respecto a la protección de datos comerciales, el compromiso adoptado en comisión por ocho diputados con dos abstenciones, equilibra los requisitos y, en mi opinión, viene a cuento. 
¿Por qué? 
Pues porque nadie ha podido demostrar una correlación directa y única entre la protección industrial y el éxito de los productos genéricos. 
El caso de Alemania y el Reino Unido, con diez años completos de protección de datos y productos genéricos que, de hecho, tienen una cuota de mercado del 2%, ilustran muy bien este punto. 
Si atacamos la investigación y el desarrollo, atacamos el objetivo equivocado y ponemos en peligro los mismísimos cimientos de la protección de la salud. 
Opino que sería más honesto reconocer la verdadera influencia sobre el desarrollo de productos genéricos, de una política genuina que sirva de incentivo desde el punto de vista del precio y de las restituciones y, paralelamente, de un esfuerzo realizado por los profesionales de la salud por informar a sus pacientes, y apoyo los argumentos de la Sra. Oomen-Ruijten a este respecto. 
La última cuestión que quiero tratar se refiere al capítulo de «Información a los pacientes». Como otros diputados, no me complace la votación en comisión. 
En primer lugar, porque la Comisión Europea ha tenido el valor de dar la cara en torno a un problema considerable y práctico que, les guste o no, debe resolverse. 
Actualmente no se hace un seguimiento de la información médica disponible en Internet, de libre acceso, lo que puede acarrear consecuencias negativas, tal y como ha mencionado el Comisario Liikanen al principio del debate. 
A continuación, porque una información precisa, todo hay que decirlo, no es necesariamente publicidad, y porque la equiparación entre ambas, que algunos sostienen hábilmente, es simplista y engañosa. 
Por lo tanto, deberíamos aclarar y ajustar el texto de la Comisión, que es lo que la Sra. Grossetête ha intentado hacer, en lugar de borrar todo. 
Resumiendo, señor Presidente, y esta es la cuestión más importante, las ponentes lo han puesto suficientemente de relieve: es vital mantener un equilibrio justo entre las prioridades esenciales de salud pública y las prioridades cuyo objetivo es estimular la competitividad de la industria farmacéutica, y con ella la investigación en Europa, y la realización de nuestro mercado único. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, este informe está escrito desde el punto de vista de la defensa de los intereses de la industria farmacéutica. 
Sin embargo, no es posible conciliar la búsqueda de beneficios con la defensa de la salud pública. 
Cuando se reclama la protección de la salud pública, es preciso dar prioridad a los intereses de la comunidad y tener en cuenta la salud de todas las personas, puedan o no pagar. 
En cuanto a la industria farmacéutica, bueno, sólo le interesan las personas que pueden pagar. 
Por este motivo quiere trabajar con rapidez, para poder comercializar medicamentos que producen grandes beneficios. 
En otras palabras, en su jerga, quieren «superventas» que obtengan ganancias de más de un millardo de dólares al año. 
Sin embargo, gastar tiempo insuficiente en investigación y ensayos para embolsarse beneficios más rápidamente afectará sin duda de forma negativa a la seguridad y la salud de los pacientes, por no mencionar a los que trabajan en estas industrias. 
También quisiera condenar las otras consecuencias de la búsqueda de beneficios, a saber, pérdida de puestos de trabajo, incluso en el sector de la investigación. 
Esto es lo que ocurre en estos momentos en la empresa farmacéutica Aventis, que está aplicando un recorte de 10 000 empleos en todo el mundo, y cerrando fábricas y centros de investigación en varios países. 
Hablan ustedes de transparencia, pero la industria farmacéutica siempre ha mantenido sus márgenes en secreto, que se sitúan entre los más altos de la industria, por el hecho precisamente de que son los sistemas de salud nacionales quienes los garantizan. 
Nos dicen que sería terrible que los terroristas contaminaran a poblaciones con viruela, pues no tendríamos los medicamentos necesarios para tratar a la gente. 
Esto puede ser cierto, pero esta desastrosa situación ya se está dando. 
Todos los días miles de niños mueren por enfermedades que sabemos cómo tratar, como el sarampión, y para las que existen medicamentos. 
El responsable es el afán de lucro de las grandes empresas farmacéuticas, y reciben del imperioso apoyo de los gobiernos. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, agradezco mucho el hecho de que mi colega, la Sra. Grossetête, haya hecho hincapié repetidamente en la salud y la seguridad públicas en sus enmiendas. 
Estos son aspectos que desde el principio están destinados a salvaguardar los medicamentos. 
Estos breves comentarios no son baladíes. 
Si, después de todo, los medicamentos en manos de muchos se han convertido en un fin en sí mismos y van contra su objetivo original, el enfoque de la Sra. Grossetête es una celebrada restauración de la disciplina. 
Sinceramente espero que se mantenga el espíritu de esta Directiva hasta que al fin hayamos logrado un resultado. 
Además, la enmienda 16 relativa a la identificación de los ingredientes de fármacos genéricos está bien, pues promoverá un uso más juicioso de estos productos, es decir, la sustitución por genéricos. 
Es cuestión de utilizar medicamentos de forma racional y explotar el posible precio de los medicamentos en sistemas oficiales de sustitución de fármacos una vez caducadas las patentes de los medicamentos. 
Las contribuciones de los pacientes también se reducen cuando se dedican a medicamentos similares, pero más baratos, que los originales. 
Promover el uso de fármacos genéricos cumple totalmente los objetivos de la Unión Europea en la política de medicamentos y salud pública. 
Por otro lado, estos objetivos incluyen la garantía del suministro de medicamentos nuevos y que se consideran importantes desde el punto de vista de su valor terapéutico para los pacientes que los necesitan. 
Estos medicamentos están protegidos por una patente y en general son caros. 
La experiencia en mi país, Finlandia, y en muchos otros, ha demostrado que las prácticas relativas a la prescripción de medicamentos no se aproximan suficientemente a medicamentos alternativos más baratos o a productos importados alternativos, a menos que existan orientaciones en forma de acción gubernamental, en otras palabras, legislación. 
Esta orientación adopta la forma, entre otras, de sistemas de precios de referencia, presupuestos propios de los médicos para medicamentos y sustitución por genéricos. 
Además, quisiera dar las gracias a los colegas que han presentado la enmienda 95, que obligan a los fabricantes a garantizar un suministro suficiente de medicamentos a los mayoristas. 
Las restricciones de los suministros, tal y como han aplicado algunos fabricantes de fármacos, causan problemas para los mayoristas de medicamentos y, en última instancia, al paciente. 
Señor Presidente, los informes de la Sra. Grossetête y la Sra. Müller, de los que hablamos hoy, comparten una premisa implícita pero fundamental: los medicamentos no son productos como los demás, afectan a la salud, y la salud es innegociable. 
No sé si es un derecho divino, como se ha dicho, pero, en cualquier caso, es un derecho incuestionable. 
Dicho esto, las ponentes, casi, han logrado lo imposible. 
En otras palabras, han reconciliado los intereses del paciente en términos de información independiente, seguridad y acceso rápido a los genéricos, por mucho que, en mi opinión, sin duda podríamos haber ido mucho más allá. Dicho esto, los acuerdos en este ámbito siguen siendo aceptables. 
A continuación, han contribuido a controlar el presupuesto de las compañías de seguros y a las entidades de seguros de enfermedad, porque, aunque la salud no es negociable, comporta un precio que se está disparando, debido a los progresos alcanzados en medicina, la legión de medicamentos existentes y el envejecimiento de la población. 
Por último, y quiero destacarlo, han logrado preservar los intereses de las empresas farmacéuticas cuyas preocupaciones relativas a la exclusividad de datos y recursos financieros invertidos en investigación se han tenido en cuenta. 
No creo que con ello vayan a perder competitividad, porque sé que a través de la competencia también protegeremos los empleos que proporcionen estas empresas. 
Los compromisos alcanzados en la Comisión de Medio Ambiente realmente consiguen reflejar la naturaleza específica del modelo social europeo, que intenta aliar las cuestiones sociales con la competencia. 
Me alegro especialmente por el rechazo de toda publicidad de medicamentos que solo se dispensan por prescripción facultativa, reconociendo su carácter único e impidiendo un drástico aumento de su consumo. 
Sigue habiendo dos cuestiones polémicas, pero merecen nuestra atención, pues tienen un carácter más científico. 
La primera se refiere a la renovación de la revisión quinquenal de la autorización de comercialización del medicamento, que aún debe resolverse. 
Sin embargo, hay demasiados ejemplos anteriores, como la talidomida, que nos demuestran que los efectos secundarios de un medicamento pueden durar mucho más que cinco años, además, en medicina el desarrollo va tan rápido que el tratamiento para la misma patología puede haber cambiado ligeramente. 
No obstante, este problema no puede impedirse siempre con la farmacovigilancia, aunque sea muy importante. 
La segunda cuestión es la idea del valor terapéutico añadido de un nuevo medicamento. 
Los investigadores de la industria farmacéutica tendrían que entender esta idea sencilla, muy distinta a la relación entre coste y beneficio. 
Pues, ¿qué sentido tiene una innovación si no se puede demostrar su ventaja terapéutica? 
Si permitimos a las empresas farmacéuticas que recuperen sus inversiones en investigación a través del coste del producto, tenemos derecho a esperar que lo hagan adaptándose a los criterios científicos más utilizados. 
Señor Presidente, admiro los logros de la investigación científica en el desarrollo de medicamentos que han demostrado ser muy beneficiosos. 
Sin embargo, también siento un sano escepticismo con respecto a la industria farmacéutica y a nuestra exagerada confianza en algunos de sus productos, muchos de los cuales causan mucho más daño que las drogas recreativas ilegales que atraen al grueso de la atención pública. 
Por este motivo, no estaría bien imponer más cargas y reglamentos innecesarios a los suplementos alimenticios y a las tiendas de alimentos naturales que los venden. 
Hay personas que consideran estos productos beneficiosos, y al menos no causan daño. 
También tengo esta opinión de los medicamentos homeopáticos. 
Hoy día tenemos más pacientes mejor informados que nunca antes, lo cual es bueno. 
Quiero que la gente pueda acceder a información objetiva sobre medicamentos y tratamientos. 
Sin embargo, esto difiere bastante de abrir la puerta a la publicidad directa de medicamentos. 
Me temo que el resultado no será una información pública mejor, sino una mayor confusión del público, estimulada por las técnicas de marketing propias de un vendedor de coches de ocasión. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a las ponentes y a los ponentes de la oposición por su labor. 
Tal y como han dicho muchos colegas, los productos farmacéuticos no son productos cualesquiera. 
Debemos garantizar que estos productos sean todos seguros y eficaces. 
Por lo tanto, en cuanto al debate en torno al procedimiento centralizado, creo que debemos ser flexibles. 
No deberíamos limitar la posibilidad de elección, sino permitirla y apoyar la flexibilidad entre ambas vías. 
En cuanto a la renovación de la autorización, me opongo a la propuesta de la Comisión de eliminar la renovación cada cinco años y de basarnos en una mayor farmacovigilancia para garantizar la seguridad y, de hecho, la exclusividad del producto. 
Creo que el compromiso que se ha alcanzado es justo. 
Me alegro de que la Comisión de Medio Ambiente haya rechazado la publicidad directa al consumidor. 
Hemos de dejar muy claro que todos queremos que los pacientes sean informados. 
Todos queremos que los pacientes adopten decisiones con criterio, nadie puede discutir esto. 
Pero no podemos tener lo que ocurre en los Estados Unidos, donde los diez fármacos más anunciados son los diez que mejor se venden. 
Aquí es donde son tan importantes las enmiendas adoptadas en comisión que solicitan un informe y la cuestión de cómo se utiliza y mejora la información dirigida a los pacientes. 
La información de la industria dirigida a los pacientes va desde un enfoque y una colaboración excelentes con los pacientes hasta situaciones en que se acusa a algunas organizaciones de pacientes de ser meros portaestandartes de la industria. 
Hemos de lograr el equilibrio justo. 
Tenemos una oportunidad de lograrlo en la revisión, para mejorar la investigación, garantizar los puestos de trabajo, mejorar la disponibilidad de productos para los pacientes y mejorar la información que se les proporciona. 
Son tiempos apasionantes, y deseo que llegue la revisión para la segunda lectura. 
Señor Presidente, Comisario, me centraré una vez más en una serie de cuestiones que considero básicas. 
La propuesta de la Comisión de permitir un período de protección de datos de diez años debe, en mi opinión, seguir siendo un pilar sólido, inamovible. 
La posición está bien equilibrada y proporcionará a la industria europea nuevos incentivos e ímpetu para seguir invirtiendo nuevos recursos en el desarrollo de medicamentos más eficaces, más seguros, y para que sean más competitivos en el ámbito internacional en última instancia. 
Me parece importante contar con un período suficientemente largo de protección de datos también para medicamentos conocidos, haya o no nuevas indicaciones terapéuticas. 
Tal y como he dicho antes, no apoyo la línea adoptada en relación con la pertenencia al Consejo de Administración, que en mi opinión debería estar únicamente formado por representantes institucionales. 
Por lo tanto, le exhorto, Comisario, y al Consejo, a que presenten un modelo equilibrado de Consejo de Administración que pueda funcionar con calma, sin disputas o conflictos. 
Me he quedado asombrada, leyendo las enmiendas 153 y 154, por ejemplo, al ver que la Directiva todavía habla de «medicamentos tradicionales a base de hierbas». 
Soy la ponente de otro informe sobre medicamentos a base de hierbas, por lo que no apoyo las enmiendas 153 y 154. 
Sin embargo, señor Presidente, estoy a favor de eliminar la exigencia de autorización de los productos cada cinco años. 
Es una carga excesivamente burocrática. 
Espero que, por fin, contemos con un sistema de farmacovigilancia activa que se aplique en todo el territorio y que nos permita introducir un seguimiento continuo que realizarán expertos altamente cualificados- Europa está repleta de farmacólogos clínicos -, para garantizar que se den a conocer las reacciones adversas tan pronto como se produzcan. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera agradecer a la Sra. Grossetête y a la Sra. Müller sus informes tan completos. 
Mañana votaremos sobre el paquete de revisión más importante hasta la fecha con respecto a la legislación sobre medicamentos en la Unión Europea. 
Aquí, los objetivos básicos son los siguientes: en primer lugar, lograr un alto nivel de protección de la salud y permitir a los pacientes acceder con rapidez a productos innovadores; en segundo lugar, la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos en Europa; y, en tercer lugar, seguir desmantelando las barreras existentes al comercio en el mercado interior. 
Los medicamentos han de utilizarse apropiada y correctamente. 
Por este motivo es vital que la legislación establezca una clara distinción entre información y publicidad. 
Toda la información sobre el producto tendría que verificarse científicamente antes de su publicación. 
Las disposiciones relativas a medicamentos deberían aplicarse únicamente a productos que tienen beneficios terapéuticos y se utilizan terapéuticamente. 
Habría que evitar toda solapadura con la legislación sobre alimentos para obviar la incertidumbre jurídica. 
Por este motivo se precisa con urgencia una clara la definición de medicamentos y alimentos, tal y como se establece en las enmiendas 11 y 18. 
Los éxitos de la investigación industrial sobre los usos terapéuticos innovadores deberían reconocerse mediante la exclusividad apropiada de datos para lo que se ha denominado «medicamentos originales». 
Sin embargo, también apoyo la enmienda 40, que garantiza a los medicamentos existentes una exclusividad de datos adicional de tres años en caso de una nueva indicación. 
También deberían establecerse en el mercado europeo los medicamentos genéricos, que por supuesto han de cumplir todos los requisitos en relación con la calidad, seguridad y eficacia, y debería ser posible comercializarlos tan pronto como haya vencido el período de protección del medicamento original. 
El procedimiento de autorización conservará la opción entre el procedimiento centralizado y el descentralizado, que ha existido desde 1995. 
Ha propiciado un notable aumento de la eficacia de los procedimientos de autorización y no ha dado lugar a la temida polarización. 
Para las pequeñas y medianas empresas es esencial mantener el reconocimiento mutuo. 
Necesitamos crear un sistema que promueva la innovación en beneficio de todos los pacientes. 
Señor Presidente, estos informes tratan cuestiones muy importantes y felicito a ambas ponentes. 
Todo el debate sobre la farmacovigilancia frente a la revisión obligatoria quinquenal y sobre la cuestión de si centralizar el procedimiento de registro o mantener el procedimiento centralizado, nacional y de reconocimiento mutuo es crucial. 
Con ciertos cambios necesarios, casi hemos puesto las cosas en su sitio. 
Es muy importante que todos los ciudadanos puedan acceder equitativamente a los fármacos más nuevos, independientemente del lugar donde vivan en Europa. 
Es o no es un mercado único. 
Lo mismo pasa con el ganado irlandés. 
Es muy importante que pueda acceder a los mismos medicamentos veterinarios que el ganado del Reino Unido, pero en estos momentos esto no ocurre. 
Hemos de encontrar el equilibrio justo mediante el acceso a medicamentos genéricos y la innovación y la investigación, y teniendo en cuenta las necesidades de las empresas farmacéuticas. 
Lo cual también se aplica a la propuesta de la Comisión sobre medicamentos sujetos a prescripción facultativa. 
Quisiera pedir al Comisario que tuviera en cuenta el compromiso propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que establece el equilibrio justo en este ámbito, porque la propuesta de la Comisión ha causado grandes problemas en muchos países, en particular el Reino Unido e Irlanda. 
El Reglamento MRL de 1990 entró en vigor en 1992 y hubo una derogación para muchos países hasta el 1 de enero de 2000. 
Esto dio lugar durante años a la retirada de cientos de medicamentos veterinarios del mercado y a enormes problemas relativos al bienestar de especies animales minoritarias en Europa, entre ellos los caballos. 
Es necesario que la industria pueda comercializar en el mercado veterinario equino productos que no tengan MRL, que se utilizarán de acuerdo con el principio de cascada, con un registro del tratamiento y la exclusión de la cadena alimentaria. 
La enmienda 65 es necesaria, pues relaciona este principio, apoyado en la enmienda 10 de la Comisión de Medio Ambiente, con la Decisión pasaporte 2000/68/CEE, que modifica la Decisión 93/623/CEE. 
Quisiera pedir al Comisario Liikanen que examine en particular la Decisión pasaporte 2000/68/CEE. 
En este punto hemos de ser coherentes. 
Además de escuchar a las personas competentes de la DG, le ruego escuche a los expertos veterinarios sobre el terreno y del ámbito de la investigación. 
Ningún consumidor quiere infligir daños y sufrimiento innecesarios a animales a causa de la cadena alimentaria, o convertir a nuestros veterinarios en criminales. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, básicamente doy mi apoyo a la propuesta de la Comisión y a los informes de la Sra. Grossetête y la Sra. Müller. 
Sin embargo, difiero en algunos puntos. 
Uno de ellos no se ha mencionado para nada en el debate, aunque lo considero de suma importancia: la Comisión ha propuesto que también se requieran prescripciones para medicamentos en el procedimiento descentralizado. 
Creo que es un paso en la dirección correcta, pero no deberíamos tirar las frutas frescas con las pochas. 
Creo que hemos de tener cuidado de no terminar en una situación en que todos los medicamentos que ahora se venden sin receta requieran prescripción, porque esto ciertamente crearía problemas a los consumidores e impondrían costes irrazonables al sistema sanitario. 
Por lo tanto, les pido encarecidamente que apoyen la enmienda 151, que he presentado junto con varios de mis colegas. 
El segundo punto de importancia se ha mencionado varias veces, pero creemos que nunca serán suficientes. 
Hemos de llegar a un acuerdo que sea aceptable para las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas. 
No podemos adoptar una legislación que, en última instancia, solo puedan cumplir agentes como Pfizer. 
Necesitamos normas apropiadas para las PYME. 
A este respecto hay una serie de cuestiones importantes, como la enmienda presentada por el Sr. Nisticò. 
La exclusividad de datos de tres años en el caso de una nueva indicación es algo que quizá las PYME estén en mejores condiciones de aplicar que la exclusividad de datos para una sustancia totalmente nueva. 
En comisión intervine contra el proyecto piloto sobre información y publicidad, pues simplemente no puedo entender por qué habría que ampliar la información facilitada a tres indicaciones particulares pero con normas bastante más estrictas en otras áreas. 
Necesitamos información para todas las indicaciones y todas las enfermedades, y habría que excluir del todo la publicidad de medicamentos que se dispensan por prescripción facultativa. 
Por este motivo estoy de acuerdo con la conclusión a que ha llegado la comisión. Sin embargo, la comisión se ha excedido en un par de puntos, de forma que la información que ahora puede proporcionar la industria farmacéutica en el futuro no podrá facilitarse. 
Hemos de poner esto en orden en la votación de mañana. 
Para concluir, deseo invitar a la Comisión a que presente lo antes posible una propuesta sobre la seguridad de los medicamentos para los niños. 
Sé que los funcionarios de la Comisión presentes hoy aquí y el mismo Comisario lo consideran un asunto muy importante, pero ya hemos esperado demasiado tiempo una propuesta legislativa definitiva. 
Insisto en que la presenten antes de que termine el año. 
Señor Presidente, Comisario, permítanme, después de haber escuchado a mis colegas diputados esta mañana, llamar su atención sobre una cuestión que considero crucial, la de los nuevos principios activos. 
Espero, junto con la Comisión, que las autorizaciones de comercialización para nuevos principios activos se emitan mediante el procedimiento centralizado, y quisiera reiterar a mis colegas diputados, en particular a los de Alemania, el ejemplo de los medicamentos huérfanos. 
Sin duda alguna recordarán ustedes que al principio de nuestro mandato votamos a favor de un Reglamento sobre medicamentos huérfanos, que permite tratar patologías poco habituales. 
La política sobre medicamentos huérfanos, que es un verdadero éxito en el ámbito europeo, establece que todas las solicitudes de autorización de comercialización de estos medicamentos se emitirán a través del procedimiento centralizado. 
Dado que la investigación en el ámbito de los medicamentos huérfanos la realizan pequeñas y medianas empresas, la conclusión es que todas las PYME pueden utilizar la solicitud de autorización de comercialización en virtud del procedimiento centralizado gestionado por la Agencia Europea de Londres. 
Su argumento a favor del procedimiento descentralizado con respecto a los nuevos principios activos es, por lo tanto, infundado, y no guarda ninguna relación con nuestro debate de hoy. 
Piensen en ello. 
En la votación de mañana piensen lo que dirán a sus colegas ciudadanos que les pregunten qué han hecho. 
¿De verdad he votado por una mayor protección de la salud? 
¿De verdad he intentado lograr el objetivo esencial, a saber, mejorar la salud pública? 
¿He hecho todo lo posible y he votado de manera que se alcance este objetivo? 
Señorías, por lo tanto, les insisto en que reflexionen con detenimiento sobre lo que van a votar mañana. 
Simplemente debemos promover mejoras en el ámbito de la salud y la igualdad entre ciudadanos en la asistencia sanitaria. 
Señor Presidente, el debate de hoy ha sido muy instructivo y refleja la gran dedicación de muchos diputados de esta Cámara a estas cuestiones. 
Se han planteado una serie de cuestiones interesantes. 
Quisiera abordar las planteadas por los diputados que siguen aquí presentes en la Cámara. 
Es una pena que a menudo algunos diputados ya no estén cuando es mi turno de respuesta; espero que no haya sido indecoroso decir esto. 
En primer lugar, sobre la ampliación del ámbito del procedimiento centralizado. 
La Sra. Grossetête lo ha planteado muy bien. 
La idea general que subyace a este procedimiento es garantizar que los productos se entregan con rapidez, con equidad y en beneficio de todos los pacientes de Europa. 
Si no tenemos un procedimiento centralizado para cuando se adhieran los diez Estados miembros nuevos, habrá una gran desigualdad. 
Nos tomamos muy en serio el comentario sobre las PYME y, por este motivo, estamos dispuestos a buscar medidas concretas que alivien la carga impuesta a las PYME, por ejemplo una reducción de tasas, asesoramiento científico directo de la agencia de Londres o ayuda administrativa. 
La Comisión también está convencida de que ampliar el ámbito del procedimiento centralizado para medicamentos de uso humano y veterinario beneficiaría a los ciudadanos y también a las empresas de Europa. 
Por esta razón, la Comisión no puede aceptar enmiendas que reduzcan el ámbito del procedimiento centralizado. 
La segunda cuestión es el equilibrio entre la innovación y la competitividad de los productos genéricos. 
Es una cuestión muy delicada. Estaría encantado de discutirlo a fondo. 
Con respecto al sistema norteamericano, tal y como ha mencionado la Sra. Corbey, hemos de recordar que no podemos hacer únicamente una comparación parcial. 
En Norteamérica el mercado de fármacos está totalmente desregulado y existe una publicidad directa al consumidor. 
No es esto lo que proponemos. 
Es a través de la protección de datos que intentamos lograr un equilibrio. 
Proponemos algo que la Comisión se ha negado a proponer durante años, a saber, el sistema Bola para genéricos, que, naturalmente, implica una menor competitividad en el sector después de la extinción de una patente y, al mismo tiempo, precios más bajos y menos gastos para quienes crearon el medicamento. 
Supone una clara mejora para el consumidor. 
Es muy importante que nos ciñamos a esto. 
En segundo lugar, al mismo tiempo, para hacer contrapeso, queremos proponer una solución a la exclusividad que implica un período de diez años y, si hay indicios de que se necesita seguir investigando, de diez más uno. 
No creo que las industrias europeas hayan estado perdiendo cuota de mercado, que existan menos medicamentos innovadores y menos investigación en este campo, y que todo esto beneficie a los pacientes europeos. 
Simplemente no lo creo. 
Estoy seguro de que debemos intentar aceptar que hay dos o tres productos públicos que podemos defender al mismo tiempo. 
La salud pública tiene la máxima prioridad, pero también hemos de apoyar la innovación a través de la investigación en Europa. 
Si no la apoyamos, vamos a estar en permanente declive en todos los sectores. 
Las áreas de intensa investigación son las que crean puestos de trabajo, desarrollo y riqueza, y las que nos permiten asumir nuestras responsabilidades mundiales. 
Así, ambas son cuestiones que queremos intentar abordar al mismo tiempo. 
El equilibrio no siempre es fácil. 
Lo hemos hecho tras un cuidadoso estudio. 
Hay algunas enmiendas que intentan cambiar esto y nos opondremos a ellas. 
Por ejemplo, la enmienda 34 quiere seguir favoreciendo los genéricos y debilitar la posición de la innovación. 
Para mantener el equilibrio, no podemos respaldarla. 
Por otro lado, las enmiendas 40 y 92 reivindican una protección de datos adicional de tres años en dos situaciones. 
En primer lugar, cuando se establece una nueva indicación para una medicina antigua y, en segundo lugar, cuando una empresa presenta documentación para cambiar la categoría de un producto de dispensación por prescripción facultativa a una sin prescripción facultativa. 
Es preciso considerar estas enmiendas en todo el contexto del plan de protección de datos. 
En cuanto a la protección de datos adicional relacionada con el cambio de categoría, estamos de acuerdo en que esta petición está justificada. 
Esto aumentaría la disponibilidad de medicamentos que se venden sin receta. 
Por lo tanto, en principio podemos aceptar la enmienda 92, pero seguimos teniendo derecho a revisar la duración de esta protección adicional. 
Con respecto a la protección de datos adicional para productos antiguos, implica una propuesta que podría ampliar la protección de datos en más de diez años, hasta 14 años para ser precisos. 
Por ese motivo no podemos apoyar la enmienda 40. 
La tercera cuestión implica la mejora de la información para pacientes. 
Me siento un poco incómodo en este debate porque también estoy en contra de la propuesta a la que se oponen muchos diputados, a saber, el modelo norteamericano. 
Por ejemplo, un diputado ha dicho que en Norteamérica los diez fármacos más utilizados son los más anunciados en publicidad. 
Al menos entre los cinco medicamentos más anunciados, ninguno podría a participar ni siquiera en el proyecto piloto. 
Un proyecto piloto no implica una publicidad directa. 
Solo es información validada por las autoridades competentes que puede facilitarse a petición del paciente o de las organizaciones de pacientes. 
La gente puede estar en contra de la publicidad norteamericana directa al consumidor. 
Pero no es lo que proponemos. 
Nos hallamos en una situación de abundancia de información en Internet que no ha sido validada y que hace sentirse muy inseguro al consumidor, que se centra en productos que no están en el mercado y que confunde a muchos ciudadanos cuando visitan a sus médicos. 
Como no podemos detenerla, queremos brindar la oportunidad de acceder a información validada por orientaciones claras, aceptadas por la Comunidad y supervisadas, observadas y controladas por la Agencia para la Evaluación de Medicamentos. 
Entiendo que la gente esté en contra del sistema norteamericano, pero nosotros nunca lo hemos propuesto. 
Por este motivo no podemos apoyar la enmienda 101 y otras que tengan el mismo objetivo. 
La cuarta cuestión concierne a la eficacia relativa. Algunas enmiendas se refieren a la eficacia relativa. 
Proponen que el valor terapéutico añadido se considere un criterio para la autorización de un medicamento, junto a la calidad, la seguridad y la eficacia. 
La Comisión está de acuerdo en que la cuestión de la eficacia relativa es muy importante, porque puede contribuir al tipo de innovación que comporta importantes beneficios para los pacientes. 
Una autorización depende de una relación de beneficio/riesgo positiva, de la calidad, de la seguridad y de la eficacia del propio medicamento, por su propio mérito. 
La eficacia relativa no es un motivo para negar el acceso al mercado. 
La Comisión puede apoyar la idea de que la eficacia relativa debería considerarse en el ámbito de la UE, y puede aceptar en principio algunas enmiendas asociadas, como las enmiendas 4 y 100. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que establecen una eficacia relativa como un cuarto obstáculo a la autorización de comercialización. 
El quinto grupo de enmiendas se refiere al estatuto legal. 
La Comisión propone que las condiciones de suministro- sin receta o por prescripción facultativa- se determinen de acuerdo con el procedimiento de reconocimiento mutuo. 
Esto, por supuesto, daría lugar a un estatuto legal armonizada en la UE para todos los productos autorizados de esta forma. 
La Comisión sigue creyendo que conviene incluir el estatuto legal en el procedimiento de reconocimiento mutuo. 
Pero la Comisión entiende las preocupaciones de que esto podría desembocar en una situación en que demasiados productos se clasifican como medicamentos que se dispensan solo por prescripción facultativa debido a un efecto de «mínimo denominador común» entre los Estados miembros. 
Por último, en cuanto a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, nuestra propuesta sigue las líneas establecidas para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el momento de elaborar nuestra propuesta. 
La enmienda 16 se ajusta al Consejo de Administración de la EMEA en cuanto al modelo finalmente adoptado para la Autoridad de Seguridad Alimentaria, y la Comisión puede respaldar esta enmienda. 
Por último, permítame reiterar brevemente que se ha facilitado por escrito al Parlamento una lista completa de las posiciones de la Comisión con respecto a cada una de las enmiendas 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Es un hecho, la política en materia de medicamentos ya está definida a escala europea. 
Esta novedad debe respaldarse sin poner en peligro el funcionamiento de los sistemas de salud nacionales y a la vez que se respeta la necesidad de una máxima seguridad. 
Con respecto a los medicamentos para uso humano, la enmienda 71, que he presentado, apoya totalmente este enfoque. 
Su objetivo es aprender del trágico «asunto Bayer» justo cuando los problemas planteados por la molécula cerivastatina han vuelto a plantearse en los Estados Unidos. 
Hemos de reflexionar sobre la necesidad de normalizar los procedimientos que se aplican en los ensayos clínicos y preclínicos. 
Si la trazabilidad del procedimiento de comercialización estuviera más asegurada, la seguridad de los pacientes europeos sería más fiable. 
Una aplicación creíble del procedimiento centralizado para la comercialización de medicamentos no puede funcionar sin este tipo de enfoque. 
Sin embargo, me opongo a la retirada total del procedimiento descentralizado en beneficio exclusivo del procedimiento centralizado de comercialización. 
La opción entre estos dos sistemas debe mantenerse para que la Agencia Europea no elimine las prerrogativas de nuestras agencias nacionales. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0327/2002) de la Sra. Evans, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de las condiciones zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía. 
Señor Presidente, el objetivo de este Reglamento consiste en garantizar la coherencia de las normas que regulan los desplazamientos de animales de compañía, comúnmente conocidas por el nombre de pasaporte de animales de compañía. 
En una iniciativa muy aplaudida y muy importante para la vida de muchos ciudadanos de la UE, a quienes en el pasado no se les permitía viajar por no poderse llevar con ellos a sus animales de compañía. 
El hecho de que la Comisión haya sido capaz de presentar esta propuesta refleja el increíble éxito de las medidas adoptadas en los últimos años para controlar la rabia. 
Merece la pena repetir las cifras: los casos entre gatos y perros se han reducido de casi 500 en 1991 a solo 5 en 1998. 
Cuando los Estados miembros empezaron a adoptar sus propias normas para regular el creciente movimiento de animales de compañía, se hizo patente la necesidad de un sistema europeo para facilitar el desplazamiento a los propietarios de animales de compañía y evitar la confusión. 
Me alegro de que las enmiendas del Parlamento, adoptadas en la posición común, reclamen información detallada para los consumidores a fin de que puedan hacer los preparativos necesarios antes de viajar. 
Quisiera llamar la atención sobre algunas cuestiones clave. 
En primer lugar, el fundamento legal. 
Los diputados recordarán que esta es una de las principales cuestiones de la primera lectura. 
La Comisión ha propuesto un doble fundamento legal, mientras que el Parlamento opina que, como el objetivo principal de este reglamento es proteger la salud pública, debería aplicarse un único fundamento legal. 
Sin embargo, tras la recepción de la posición común, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aceptado el doble fundamento legal. 
En segundo lugar, el comercio. 
Una vez que el Consejo ha incluido en el reglamento medidas relativas al comercio, tal y como pidió el Parlamento, aún no está definida con suficiente claridad la distinción entre desplazamiento con ánimo comercial o sin ánimo comercial. 
De acuerdo con la propuesta del Consejo, resulta apropiado el número máximo de cinco animales que pueden desplazarse en virtud de este Reglamento. 
Pero si la finalidad del Reglamento consiste principalmente en proteger la salud pública, entonces el número de animales que pueden transportarse no es relevante. 
Por lo tanto, hemos presentado enmiendas que eliminan el número máximo. 
En tercer lugar, la identificación. 
El Parlamento reclamó con anterioridad que se utilicen transpondedores que cumplan las normas ISO para incluir el nombre y la dirección del propietario. 
Las propuestas de la Comisión y el Consejo permiten el uso de otros tipos de transpondedores, a condición de que el propietario lleve el instrumento para leer la información. 
Como los chips ISO no están disponibles en todos los países, la Comisión de Medio Ambiente ha aceptado eliminar el requisito de equipamiento conforme a la norma ISO, pero sigue reclamando que se incluyan los datos del propietario. 
Esto contribuiría a combatir el tráfico de animales de compañía. 
Creemos firmemente que la identificación electrónica es más eficaz, humana y fiable que los tatuajes y, tras el período de transición de ocho años, sólo se aceptarían los microchips. 
El cuarto punto se refiere a las crías de animales. 
La comisión ha vuelto a presentar las enmiendas que impiden el desplazamiento de animales de menos de tres meses que no cumplan los requisitos de este sistema. 
Esto no se aplicaría al Reino Unido, Irlanda o Suecia, pero sí a los demás Estados miembros. 
No creo que las autoridades puedan realizar exámenes apropiados de crías de animales, por ejemplo, garantizar que han permanecido en su lugar de nacimiento o que no han tenido contacto con animales salvajes. 
Esto, por tanto, deja un resquicio para el comercio con crías de perros y de gatos en particular. 
El quinto punto concierne a la participación del Parlamento. 
Varias de nuestras enmiendas se refieren a la participación del Parlamento en decisiones como la ampliación de las medidas de transición para los tres Estados miembros en cuestión y a la comitología: el derecho del Parlamento a ser consultado. 
Por último, el Código Zoosanitario Internacional de la OIE. 
La comisión mantiene la exigencia de tener en cuenta el Código de la OIE al decidir sobre la situación sanitaria de terceros países en el sistema. 
Esto ha despertado cierta controversia. 
Soy consciente de que el Consejo pensó que el Código de la OIE excluiría a grandes partes de la UE de la libre circulación de animales, especialmente tras la ampliación. 
También sé que países como el Reino Unido se alejan de una condición de ausencia de rabia porque excluiría, por ejemplo, a Canadá y los Estados Unidos, pero la comisión ha decidido adoptar un enfoque cautelar. 
Creo que cada una de estas cuestiones puede resolverse sin demasiada dificultad y pido al Parlamento que apoye la posición de la Comisión de Medio Ambiente. 
He de decir que me he sentido decepcionada, a pesar de todos mis esfuerzos, por que no se ha podido alcanzar un acuerdo con el Consejo antes de la segunda lectura, y estoy muy agradecida a los ponentes de la oposición de los demás grupos, a los representantes de la Presidencia y a la Comisión por su cooperación en nuestras discusiones de las últimas tres semanas. 
Creo que el Parlamento ha adoptado un enfoque muy constructivo y seguirá haciéndolo para alcanzar un acuerdo lo antes posible. 
Señor Presidente, esta medida es muy importante en los países que, como el Reino Unido, Irlanda y Suecia, están adecuando sus normas sobre el desplazamiento de animales de compañía a las prácticas de otros lugares de la Comunidad. 
Al igual que a la ponente, me parece que es una pena que no pudiéramos alcanzar un acuerdo antes de la fase de conciliación, pero entiendo las diferencias. 
Algunas de estas diferencias se reflejarán en este debate, y todavía difiero en algunos aspectos menores con la ponente, como ella misma ya ha reconocido. 
Para los países que han impedido la entrada de animales que pueden tener la rabia sin haber pasado un largo período de cuarentena, en cierto modo es un acto de fe. 
Ha sido posible gracias al hecho de que ahora contamos con métodos de vacunación eficaces que pueden acreditarse mediante el chip transpondedor. 
Algunos miembros de la profesión veterinaria han defendido hace poco la ampliación del principio de tatuaje y han afirmado que el chip transpondedor puede eliminarse quirúrgicamente o puede anularse de otra manera. 
No puedo aceptar estos argumentos. 
Existe un amplio consenso entre la Comisión y todos los Estados miembros de esta Cámara en que deberíamos alinear la normativa. 
Comparto la insistencia da la ponente en que el desplazamiento de crías de animales, que presenta al menos algunos elementos de riesgo, debería tener los mismos límites que el de otras categorías. 
No he podido seguir los argumentos en contra, a pesar de que, en algún momento, pueda afectar al comercio de animales. 
Pero, como bien sabe el Comisario, el comercio con animales, si no se controla con eficacia, ha propiciado en los últimos años la perpetuación de ciertos graves abusos en la Comunidad. 
No creo que sea un argumento convincente. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la Comisión y no con la ponente en cuanto a las enmiendas 7, 8 y 9. 
Es contraproducente introducir enmiendas que limitan efectivamente el desplazamiento de animales entre algunos Estados miembros actuales, así como la extensión del sistema, tal y como quisieran el Reino Unido y otros países con los imperativos actuales, a países que no están libres de rabia. 
En relación con los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no vemos el motivo de los ulteriores impedimentos establecidos en las enmiendas 7, 8 y 9. 
Sin embargo, estamos de acuerdo con la ponente en la cuestión de la comitología. 
Celebro las garantías que ha dado el Comisario de que se introducirá una enmienda adecuada que permita la consulta al Parlamento ante cualquier proceso de revisión. 
En conclusión, aunque para muchos es una medida menor y no significará mucho para los países en que los animales cruzan sin más las fronteras interiores de la UE, para quienes tienen cariño a los animales de compañía como compañeros para toda la vida es una medida que será muy bien acogida. 
Señor Presidente, este reglamento plantea un problema en la medida en que impone, en el ámbito de la identificación de animales de compañía, el uso del microchip electrónico, supuestamente a prueba de falsificaciones, y anuncia el final del uso de los tatuajes, porque los microchips representan un método eficaz y moderno que es más humano para los animales. 
Sin embargo, el doctor Mouthon, profesor de la escuela veterinaria de Maison-Alfort en Francia, pone en duda la fiabilidad del método. 
El 21 de marzo de 2002 demostró, ante un testigo, lo fácil que es desactivar los microchips para que no puedan leerse utilizando un sencillo mecanismo eléctrico que produce una radiación magnética. 
Lo hizo sin dejar marcas y sin causar daños. 
He distribuido el informe del testigo. 
Además, informa de que el microchip puede desplazarse en el cuerpo del animal, tal y como reflejan las radiografías, informes médicos y estudios quirúrgicos; de que el microchip puede retirarse utilizando simplemente un cúter, tal y como se ha descubierto en el desmantelamiento de bandas de tráfico de animales de compañía. 
Además, este procedimiento poco fiable triplicará el coste de la identificación. Un tatuaje tradicional cuesta unos 22 euros, casi 70 euros un microchip, que conlleva una visita obligatoria al veterinario, que a partir de ahora tiene el monopolio de la identificación. 
Este sobrecoste penalizará a millones de propietarios de perros y gatos, en particular los menos adinerados, para quienes un animal es una fuente de consuelo, mientras que en Francia, tal y como indica la ponente, tenemos un registro centralizado barato y fiable, que ha funcionado bien durante cierto tiempo y que facilita la identificación clara y, por lo tanto, la detección de animales perdidos. 
En mi opinión, este es el objetivo que queremos. 
Entonces, ¿por qué intentar armonizar todo, especialmente si se va adecuar el sistema con el método menos fiable? 
Dejemos, en una cuestión de tan poca importancia estratégica, que la subsidiariedad campe a sus anchas y permitamos que los dos sistemas operen codo con codo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.20, se reanuda a las 11.30 horas) 
Los tres informes que llevan mi nombre están estrechamente relacionados. 
Por este motivo, antes de hablar sobre el informe que va a votar el pleno, empezaré por resumir brevemente la situación. 
Estos tres informes son una respuesta directa a la adopción de un nuevo Reglamento financiero que entrará en vigor el 1 de enero de 2003 y que exige la adopción simultánea de los reglamentos marco financieros sobre agencias descentralizadas. 
Hay dieciséis reglamentos así: cuatro relativos a la codecisión y doce sobre el procedimiento de consulta. 
El nuevo Reglamento Financiero establece una reforma a fondo de las normas presupuestaria y financiera relativas a las instituciones europeas. 
El objetivo de la Comisión de Presupuestos consiste hasta la fecha en asegurarse de que esta nueva legislación también se aplique a las agencias comunitarias. 
Por lo tanto, se proponen las mismas enmiendas con respecto a cada una de las agencias, en los tres informes. 
Estas enmiendas se limitan a introducir el principio de transparencia, que el Parlamento tradicionalmente ha respetado, la notificación previa de la autoridad presupuestaria y la obligación de redactar un presupuesto que distinga entre créditos de explotación y créditos administrativos. 
Ahora vamos a votar sobre los cuatro informes relativos a la codecisión. 
También hemos introducido una enmienda que pretende vincular la adopción del Reglamento a una decisión previa por parte del Consejo sobre este asunto. 
He querido decirlo porque después propondré, por el contrario, que no votemos sobre una resolución legislativa. 
Solo quería añadir que, en el texto de la resolución, hemos tenido debidamente en cuenta las consideraciones expresadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores con respecto al futuro Reglamento de la Academia Europea de Policía. 
Esta es la última vez que tomo la palabra, Señor Presidente. 
Solo quería llamar la atención de la Cámara sobre esta cuestión, en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Propongo que procedamos como hemos hecho en otras ocasiones con respecto al Reglamento financiero, en otras palabras, que votemos el texto de las enmiendas pero pospongamos la votación sobre la propuesta legislativa. 
Ya se han iniciado los procedimientos de codecisión. 
Esperamos la respuesta del Consejo. 
Consideramos preferible proponer este procedimiento, que ya hemos seguido muchas veces, que consiste en votar las enmiendas y posponer la votación sobre la propuesta. 
Señor Presidente, dado que la Cámara acaba de rechazar la iniciativa y que el Consejo no está presente, creo que ahora deberíamos votar sobre la resolución legislativa, y votar a favor. 
Es un placer informarles de que una delegación del Senado de Puerto Rico ha ocupado sus asientos en la tribuna de visitantes. 
La delegación la encabeza el Sr. Antonio Fas Alzamora, Presidente del Senado de Puerto Rico, y está formada por tres miembros del Senado. 
Presidente Fas Alzamora, quisiera expresar nuestra calurosa bienvenida a usted y a su delegación. 
Me han informado de que van ustedes a celebrar una serie de importantes reuniones con los diputados del Parlamento aquí en Estrasburgo. 
En nombre de todo el Parlamento, le deseo una grata visita. 
Gracias por venir a visitar al Parlamento. 
Se suspende la votación. Se reanudará después de la sesión formal. 
(La sesión, suspendida a las 11.56 a horas, se reanuda a las 12.36 horas) 
No hemos puesto ninguna objeción a la votación a favor del informe (que concierne a Portugal) , pero quisiéramos aprovechar esta oportunidad para indicar que se ha cometido una gran injusticia con Grecia en la distribución de las cuotas de leche, y la Comisión tendría que presentar con rapidez una propuesta para subsanar este perjuicio doblando la cuota de Grecia de la leche de vaca. 
La cuota de producción de cerca de 700 000 toneladas fijada para Grecia ni siquiera satisface las demandas del país, que ascienden a un total de 1 100 000 toneladas y, cuando se superan, cuesta a los ganaderos una fortuna en impuestos de corresponsabilidad. 
Al mismo tiempo, ciertas empresas lecheras son conocidas por haber acumulado grandes beneficios a costa de los ganaderos, que están obligados a suministrar su leche a precios cada vez más bajos, y por haber aumentado del precio de los productos al consumidor. 
La ganadería en Grecia está en el corredor de la muerte y los consumidores de Grecia están obligados a comprar productos duraderos importados porque lleva demasiado tiempo obtener leche fresca en Grecia de los Estados miembros de la Unión Europea; y, sin embargo, Grecia sí puede aumentar su producción para satisfacer la demanda de leche fresca. 
Reclamamos una distribución justa de cuotas sobre la base de las cifras de población, la demanda de consumo y el potencial de producción. 
No he votado a favor del Informe Fiori. 
Me he abstenido por dos motivos. 
En primer lugar, no es muy sensato reducir el arancel sobre los biocombustibles antes de tener un cuadro completo de la situación del impacto ambiental que ha tenido la introducción de estos carburantes en el transporte por carretera. 
Además ha habido varias intervenciones sobre la política fiscal, un buen ejemplo de una política que debería elaborarse cerca de las personas, es decir, en los Estados miembros. 
Solo puede justificarse una iniciativa europea en caso de que pueda demostrarse la existencia de una distorsión competitiva dañina. 
En segundo lugar, me opongo a que se clasifique el GLP como combustible alternativo. 
Después de todo, es un producto derivado del petróleo. 
Aunque en conjunto se liberan menos sustancias contaminantes durante la combustión, no hay duda alguna de que se emiten sustancias perjudiciales. 
Un combustible alternativo es fundamentalmente diferente a los llamados combustibles tradicionales porque es una fuente de energía renovable que no produce emisiones. 
Como tal, el GLP sin duda no puede etiquetarse de combustible alternativo. 
Para concluir, estos dos elementos me han impedido apoyar el informe. 
Celebro de veras el cambio a favor de los combustibles menos perjudiciales para el medio ambiente, pero no en la forma propuesta en el informe. 
En la Cumbre de Johanesburgo se ha propuesto aumentar el 15% la producción de fuentes de energía alternativas para 2010. 
Aumentar la productividad de las energías renovables es la única alternativa a largo plazo a las fuentes de energía tradicionales. 
Es preciso intensificar la investigación y el desarrollo para lograrlo. Sus efectos positivos saltan a la vista. 
La investigación crea puestos de trabajo; un mayor consumo de biocombustibles supone una alternativa adicional de productos para el sector agrario y se reducen los impactos ambientales negativos. 
Por todos estos motivos hemos votado a favor del Informe Fiori. 
Señor Presidente, el documento de la Sra. Evans concierne al desplazamiento de los animales de compañía. 
El informe parece constituir un avance con respecto a la libre circulación de animales de compañía también en Europa. 
De hecho, el informe incluye en la lista a perros, gatos, peces tropicales ornamentales, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. 
Sí, he dicho peces tropicales ornamentales, entre otros. Como usted sabe, señor Presidente, tengo línea directa con los peces. 
Las sardinas del mar se han quejado: «Nosotras también tenemos libertad de movimientos, pero solo para acabar en las cocinas de los restaurantes, para que nos echen en una sartén, mientras que los peces tropicales ornamentales pueden pasárselo en grande nadando en cubetas gracias a su Directiva. 
¿Por qué en el Parlamento Europeo no hacen ustedes algo para que también nos dejen ser peces pensionistas en vez de seguir insistiendo en freírnos para comernos?» 
Adelantándose a su época, nuestros gatos y perros podrán moverse libremente por el territorio de la Unión, a condición de que lleven un microchip electrónico. 
En ocho años los tatuajes serán ilegales y nuestros hámsters y conejillos de Indias serán bien recibidos en todos los Estados miembros, y no falta mucho para que tengamos un epígrafe presupuestario para animales que solicitan asilo. 
Esto nos da que pensar? 
La cuestión principal sigue sin respuesta: ¿en qué categoría está el hurón? 
El suspense es insoportable. 
Es como para olvidar la moratoria sobre OMG y la amenaza de guerra en Iraq. 
Este informe es definitivamente vital para la integración europea, teniendo en cuenta que la ampliación está a la vuelta de la esquina después del «sí» irlandés. 
Es fácil burlarse, pero, como siempre cuando se trata de este tipo de textos bastante singulares, hay importantes cuestiones justo debajo de la superficie. 
En este caso tenemos que establecer un período de cuarentena a causa de la rabia. 
Esta fábula refleja el deseo de la Comisión de que los Estados miembros vivan felices para siempre en estado de dicha sanitaria, les guste o no, impidiéndoles proteger a sus ciudadanos como estimen conveniente. 
Señor Presidente, Señorías, no voy a hablar sobre peces y sartenes, como el Sr. Fatuzzo, sino sobre una grave cuestión relacionada con el informe Lambert. 
Los diputados del SPD en este Parlamento han votado a favor de este informe aunque podemos entender la dificultad que han tenido algunos de nuestros colegas para darle su apoyo. 
Quisiera mencionar una cuestión fundamental que nos ha convencido de la necesidad de apoyar este informe, aunque nos habría gustado que estuviera estructurado de otra forma. 
Me refiero al hecho de que la Directiva de la Sra. Lambert no hace una distinción legal entre refugiados, es decir, personas que son víctimas de la persecución política, y las personas que piden a la Unión Europea protección temporal. 
Es bastante comprensible cuando se trata de la atención y las ventajas que este grupo de personas debería recibir en los Estados miembros de la Unión Europea. 
De hecho, no queremos que se trate de forma diferente a las personas que han huido de un país. 
Sin embargo, lo que está en juego aquí es la necesidad de hacer una distinción cualificadora entre alguien que es víctima de la persecución política, como el miembro de un movimiento de resistencia contra una dictadura que se exilia y necesita protección, y, por otro lado, personas que huyen de una situación temporal, por ejemplo una guerra civil, que, por lo tanto, solo necesitan protección temporal, o, tal y como se define en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, una protección subsidiaria. 
La directiva de la Sra. Lambert contempla todos estos grupos de personas. A nuestro entender es necesario hacer una distinción. 
También hacemos esta distinción en el derecho constitucional alemán como si fuera un principio, porque el artículo 16 de la Constitución alemana define el derecho, que puede obtenerse jurídicamente, a la protección contra la persecución política, pero no el derecho, que puede obtenerse jurídicamente, a la protección subsidiaria. 
Por lo tanto, los socialdemócratas hemos votado a favor de este informe a pesar de todas estas dudas, en parte porque no podría haberse dado a conocer de otra forma y esta Cámara no puede dejar de emitir una opinión cuando ha sido consultada por el Consejo. 
Señor Presidente, como representante del Partido de los Pensionistas he votado a favor de esta propuesta de Directiva porque, como muchos otros diputados, creo que nuestros Estados tienen el deber de recibir a los refugiados y de hacerlo bien. 
Quiero hacer hincapié, señor Presidente, en que, como yo lo veo, es importante abordar la cuestión de dónde habría que recibir a los refugiados y qué Estados sufragarían los costes cuando, me temo que a veces pasa, un gran número de ciudadanos de otros Estados huyen a nuestros Estados europeos El peso de recibir a refugiados debería repartirse por igual entre todos nuestros Estados de Europa. 
El Parlamento Europeo, por amplia mayoría, acaba de adoptar el informe Lambert, que ratifica y amplía la muy deficiente propuesta de la Comisión en materia de refugiados. 
Nos oponemos a ella, como ha hecho la mayor parte de la derecha. 
Sin embargo, esta votación, que por suerte sólo se efectúa a título de consulta al amparo de las normas actuales, no podría debilitar políticamente la posición del Consejo, que durante cierto tiempo ha intentado detener la marea de propuestas excesivamente liberales de la Comisión. 
Tras el debate de ayer, el Comisario Vitorino, sin refutar todos mis argumentos sobre este asunto, se limitó a indicar que la Comisión no proponía establecer los elementos del sistema de protección subsidiaria. 
De hecho, en algunos países ya existe una protección suplementaria, además de la Convención de Ginebra, por ejemplo el asilo territorial en Francia. 
Sin embargo, el ámbito de estas ampliaciones es reducido. 
Sí que reprocharía a la Comisión la introducción de este sistema en el ámbito comunitario y, aún más, el establecimiento de todas las condiciones necesarias para extenderlo. 
Una vez más, la Comisión desempeña una función destructiva, por lo que deberíamos examinar la relación entre las instituciones europeas en general. 
. (DA) Hemos votado a favor del informe Lambert porque en muchos aspectos mejora las normas mínimas que, por desgracia, al amparo de la Unión Europea, ahora se intenta establecer cuando se trata de refugiados y personas con estatuto de refugiado subsidiario. 
El informe intenta ampliar la categoría de personas a quienes se aplicarían las normas y mejorar las condiciones y los derechos. 
Por ejemplo, la propuesta de la Comisión se refiere exclusivamente a ciudadanos de países terceros y personas apátridas, pero no incluye a los ciudadanos de la Unión Europea. 
El informe intenta corregir esta situación, pues el hecho de que los países de la Unión Europea, que han firmado a título individual la Convención de Ginebra, puedan decidir mutuamente su exención del ámbito del acuerdo internacional, creyendo como creen que la Convención no puede aplicarse a sus propios ciudadanos, equivaldría a enviar una extraña y peligrosa señal a la comunidad internacional. 
Además, la Comisión propone que las personas con estatuto de refugiado tengan derechos más amplios. 
Naturalmente, esto es positivo, pero también debería aplicarse a las personas con estatuto de refugiado subsidiario, tal y como recomienda la ponente. 
El Movimiento de Junio defiende la política humanitaria para los refugiados. 
Apoyamos el derecho de cada una de las personas a una vida digna, pero creemos por principio que la mejor forma de lograr este objetivo no es desarrollar una política común europea de refugiados basada en el primer pilar supranacional del que forma parte la propuesta del informe. 
Quiero explicar por qué no he participado en la votación sobre el informe Lambert (A5-0333/02). 
Que no haya participado no debe verse como una oposición al principio de la Directiva propuesta, sino a la inclusión de ciertos elementos en el informe que considero inapropiados y que debilitarían la convicción subyacente de la necesidad de proteger a quienes más necesitan nuestra ayuda. 
Señalo a continuación algunos de los diferentes elementos con los que no estoy de acuerdo. 
La definición de la familia traspasa la norma aceptada en la mayoría de los Estados miembros y otros países; esta cuestión debería haberse abordado con más delicadeza y el informe falla estrepitosamente al respecto. 
Los plazos fijados en varios artículos son demasiado cortos. 
La referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales se utiliza indebidamente en el informe. 
Ampliar el alcance de la Directiva más allá de quienes sufren persecución reducirá en última instancia la oportunidad legítima de proteger a quienes más lo necesitan. 
Por estos y otros motivos considero improcedente participar en la votación. 
Los diputados laboristas británicos del PSE hemos votado a favor del informe Lambert. 
Estamos convencidos de que la orientación correcta que debe seguir la Unión Europea apunta a una política común de la UE en materia de asilo. Este informe sobre las normas mínimas es parte importante de la evolución de esta política común. 
Rechazamos la despiadada posición de derechas de los conservadores del PPE que intentan restringir el derecho a asilo y protección. 
Como socialistas, creemos que es básico ser compasivo y solidario en nuestro enfoque. 
A la hora de avanzar hacia una política común para quince países, y a la postre veinticinco, siempre habrá ciertas variaciones de detalle. 
Creemos que estas diferencias no deberían utilizarse para dividirnos en nuestros esfuerzos por llegar a un consenso, sino que deberíamos estar orgullosos de edificar sobre un terreno común que nos une. 
Por lo tanto, si bien hay algunos aspectos del informe Lambert que nosotros, diputados laboristas del Parlamento Europeo, podemos poner en tela de juicio, la orientación general del informe es indudablemente correcta, y de ahí nuestro voto a favor. 
Europa es uno de los continentes del mundo más próspero, democrático y estable. 
Por lo tanto, no sorprende que muchas personas perseguidas, amenazadas o acosadas en otros países busquen refugio aquí. 
Con ellos vienen otros que no son perseguidos, pero que se sienten atraídos por el nivel de prosperidad de Europa. 
Si estas personas tienen una formación especializada en algún campo donde aquí haya escasez de mano de obra, incluso se las contrata activamente, a menudo en detrimento de los servicios de sus países de origen. 
Los verdaderos refugiados, por otro lado, son cada vez peor recibidos. 
Los Gobiernos de algunos Estados miembros de la Unión Europea solo tienen en cuenta los números. 
Así, se prefiere limitar el número de refugiados a una sólida evaluación de los motivos por los que huyen las personas y del alcance del peligro en que se encuentran. 
Ya es hora de que detengamos esta práctica y tomemos como principio orientativo la necesidad de los propios refugiados. 
Deberíamos dejar de extraditar a personas a Estados que no son seguros para ellas, de negarnos a reunir a familias o a reconocer la persecución causada por la intolerancia o la discriminación de género. 
El 24 de septiembre, el informe Evans sobre asilo y seguridad constituyó un paso en la dirección correcta, incluso aunque mi grupo consideró que estas propuestas se quedaban cortas. 
Sin embargo, estas propuesta han atraído en última instancia más votos en contra que a favor. 
La contribución del Parlamento Europeo sería muy útil y positiva si, a la vez que mantiene el ámbito y los límites de las propuestas de Directiva, contribuye a la clarificación jurídica de los conceptos que pudieran plantear dudas o polémica en la transposición de la futura Directiva y en su aplicación. 
Por desgracia, sin embargo, la ponente y la mayoría de las comisiones parlamentarias especializadas no han dado esta clarificación y, en su lugar, han abordado la cuestión de forma inexplicable en el contexto de un mínimo estatuto común para todos los Estados miembros, además de una serie de sucesivas ampliaciones de la disposición legislativa, que, de forma contraproducente, solo pueden crear más dificultades y nuevos obstáculos innecesarios para su adopción. 
De ahí nuestros votos sobre las cuestiones específicas y de la votación final: la mayoría de las enmiendas presentadas no han sido útiles y, por el contrario, a menudo van más allá de lo necesario y lo razonable cuando se trata de fijar normas mínimas para todos los Estados miembros. 
Sin embargo, estoy a favor de la iniciativa original recibida en el Parlamento, porque, de conformidad con el Consejo Europeo de Tampere, hemos defendido la aproximación de normas en el campo del estatuto de refugiados y de otras medidas subsidiarias, con respecto a estas personas que, aunque se les ha negado tal estatuto de refugiado, necesitan una protección idéntica. 
- (DA) Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe de la Sra. Lambert (A5- 0333/2002). 
Estamos de acuerdo en que la Unión Europea debería establecer normas mínimas para el reconocimiento de ciudadanos de países terceros y personas apátridas como refugiados o personas que necesitan otros tipos de protección internacional. 
No obstante, somos conscientes del hecho de que la Directiva está amparada por el título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y no es aplicable a Dinamarca, conforme al protocolo sobre la postura de Dinamarca. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Cederschiöld, que acabamos de aprobar en esta Asamblea, se refiere a una Decisión marco del Consejo que intenta protegernos de lo que se conoce por ataque a los sistemas de información. 
Cuando mi amigo, el Sr. Maurizio Infissi, de Capriate San Gervasio, un precioso lugar cerca de Bérgamo, quien, aunque es pensionista, es un experto informático, supo que íbamos a debatir sobre este asunto, dijo lo siguiente: «Hacéis muy bien en protegeros de los ataques contra los sistemas de información, pero, ¿no sería buena idea proteger también a los pensionistas de los ataques de Gobiernos, Primeros Ministros y Ministros de Presupuestos, que a veces lanzan violentos ataques contra nuestros ingresos, proporcionando pensiones que suelen ser miserables y nos impiden vivir con dignidad? 
¿Cuándo adoptaréis medidas y celebraréis debates para proteger a los pensionistas de los ataques del Estado?» 
«Estoy seguro de que será pronto» , respondí, y ciertamente así lo espero, señor Presidente. 
El informe votado en el Parlamento mejora el texto propuesto por la Comisión, gracias al aumento de referencias a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de la privacidad. 
Sin embargo, en algunos aspectos sigue la línea adoptada por la Comisión, y propone la comunitarización de políticas. 
Convendría indicar que la propuesta de la Comisión se ajusta al enfoque de aprovecharse de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 limitando ciertos derechos fundamentales, lo que no ha dado pie a muchas protestas, concretamente los derechos que pertenecen al área de la libertad, la seguridad y la justicia. 
Además, la propuesta de la Comisión traiciona una obsesión reglamentista, un intento de armonizar el derecho penal y un punto de vista represivo, en lugar de preventivo, con el que no podemos estar de acuerdo. 
Por todo ello, nosotros votamos en contra del informe. 
Las personas pueden verse implicadas en ataques informáticos por motivos muy diferentes. 
No es simplemente una cuestión de que los jóvenes con recursos exploren las posibilidades que ofrece la tecnología o que los «gansos» causen estragos en la labor de otros; también se trata de investigadores importantes que buscan información que para muchos es importante, pero que se mantiene en secreto de forma injusta. 
Este último grupo contribuye a reducir las oportunidades de que se produzcan escándalos medioambientales, corrupción, fraude financiero, belicismo y actos dictatoriales. 
En todos los casos, los incidentes de ataques informáticos interfieren en el buen funcionamiento de organizaciones del sector privado y del público, pero cuando se evalúan estos incidentes, lo que en última instancia cuenta es el impacto positivo o negativo de estas actividades dañinas. 
Estoy totalmente de acuerdo con la ponente, la Sra. Cederschiöld, en que no debería utilizarse esta Decisión marco y las correspondientes medidas de aplicación nacionales para reprimir la libertad de expresión, de manifestación y de asociación. 
No es necesario que la Unión Europea considere punibles trastornos menores que se estiman de poca importancia en cada uno de los Estados miembros. 
La aplicación del artículo 12, que establece puntos de contacto para el intercambio mutuo de experiencias, también puede tener efectos adversos. 
Por lo tanto, apoyo la propuesta de posponer esta sección. 
He defendido este informe porque hace hincapié en que somos conscientes de la importancia de luchar contra los delitos informáticos y porque refleja las preocupaciones básicas relativas a la limitación de acciones delictivas, de prevención y punitivas respetando las libertades de opinión y de asociación, y la libertad de manifestación. 
También he apoyado otras dos propuestas presentadas por la ponente, la Sra. Cederschiöld: la primera es la petición de que la Unión Europea garantice, siempre que aborde cuestiones relativas a la transmisión de información, que existen disposiciones correspondientes en el campo de la protección de datos, para afrontar los riesgos asociados a su transmisión; la segunda es una evaluación menos severa en el caso del primer delito de acceso ilegal por parte de un menor. 
En pocas palabras, creo que el Parlamento ha contribuido a mejorar la propuesta de una Decisión marco concebida para dar una respuesta al ciberdelito intentando aproximar las disposiciones jurídicas de los Estados miembros, a fin de garantizar que todos los ataques contra sistemas de información se consideran delitos penales, y promoviendo la cooperación policial y judicial. 
Por último, considero muy importante crear una red de puntos de contacto que pueda consultarse a cualquier hora en la lucha contra la delincuencia que utiliza estas tecnologías punteras. 
Señor Presidente, el informe se refiere a la importancia y al dinamismo del teatro y de las artes del espectáculo en la Europa ampliada. 
Señor Presidente, he tenido otro sueño: he soñado que veía una representación donde actuaba la Europa ampliada. 
¿Y qué veía en esta obra? 
Veía a un servidor comiendo en un restaurante en un lugar llamado Vercelli, en Italia, con el Sr. Mádl, a quien acabamos de aplaudir, y el Presidente de la República de Bulgaria, el ex rey Simeón II. Estábamos saboreando un risotto al azafrán, un risotto de setas y un risotto negro con sepia, como es debido en un lugar como Vercelli, donde se cultiva arroz. 
Todos disfrutábamos profundamente de la comida, cuando el cocinero nos dijo: «Pronto dejarán ustedes de disfrutar del arroz si sus diputados del Parlamento Europeo no hacen algo para ayudar a la agricultura en la reforma de la política agrícola común que se lleva a cabo en estos momentos en el Parlamento Europeo y la Comunidad Europea, pues también deben salvaguardarse las actividades agrícolas de las zonas de cultivo arrocero como Vercelli, Novara, Pavia, Milán y otras zonas de Europa.» 
Nuestra posición respecto de la cultura depende del tipo de política que promueva y los valores, principios y normas estéticas que presente. 
La cuestión principal es si las actividades culturales favorecen a los trabajadores y contribuyen al progreso social, o si favorecen a las grandes empresas, extendiendo su control y aumentando sus beneficios. 
El informe expresa la necesidad de incorporar, ideológica, política y socialmente, procesos culturales relacionados con las artes del espectáculo en la política de la Unión Europea. 
Quiere que el teatro sirva al «ideal europeo» y aplicar políticas como la movilidad y el aprendizaje durante toda la vida. 
Y su objetivo son los países mediterráneos y los países de Europa Central y Oriental en particular. 
Sin embargo, ¿cuál es este «ideal» que nos piden que apoyemos? 
Si no está claro, ¿cómo se puede esperar que secundemos y promovamos procedimientos contradictorios, que resuelven unos pocos problemas temporales (derechos de propiedad intelectual, movimiento, educación) , pero que también evidencian el hecho de que estos problemas han sido causados por la intervención de grandes empresas en la cultura de cada país? 
De forma similar, no estamos de acuerdo con el papel dominante de las empresas privadas y patrocinadores, y con el borroso perfil de la incipiente «identidad cultural europea» y los métodos que se desarrollan para imponerla. 
Por este motivo los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia se abstienen en la votación. 
. (FR) En un mundo donde gobierna del dinero, ni la cultura ni las artes del espectáculo en particular escapan a esta dominación. 
Los inversores privados, empeñados en obtener beneficios, solo tomarán parte en la medida en que puedan hacer dinero, directamente o en forma de exenciones fiscales. 
En un momento en que los Estados miembros y las instituciones públicas solo tienen una palabra en la boca, «ahorro» , esto implica relegar aún más la cultura y otorgarle la cuota mínima. 
Y los primeros perjudicados serán las personas de la última fila, las personas de los niveles inferiores de la industria, como los que trabajan en la industria del entretenimiento sin un empleo estable, en huelga actualmente en Francia para protestar contra la amenaza de exacerbar aún más su ya precaria situación. 
Estamos en contra de facilitar dinero público a las empresas y a las personas adineradas, incluido el dinero que se da en forma de exenciones fiscales favorables al mecenazgo o el patrocinio que benefician a quienes se presentan a sí mismos como mecenas mientras toman más de lo debido, sin cambiar básicamente nada de la situación de la amplia mayoría de artistas y trabajadores de las artes del espectáculo. 
Por lo tanto, a pesar de esta medida, defendida por la ponente, hemos votado a favor de un informe que, en conjunto, si viene seguido de acciones prácticas, puede mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores del sector de las artes del espectáculo. 
. (FR) Este informe hará las delicias de los intelectuales defensores de causas perdidas que alardean ostentosamente de su postura proeuropea. 
Sin embargo, aparte de esto no puedo ver interés alguno en este texto. 
Incluso iría más lejos, diciendo que este informe me preocupa. 
En primer lugar, se refiere a un ámbito de competencia reservada a los Estados miembros. 
Por lo tanto, es inaceptable que el Parlamento solicite a los Estados miembros que sus políticas culturales sean coherentes en el ámbito europeo. 
Esto no tiene nada que ver con esta Asamblea. 
En segundo lugar, estoy convencido de que este informe constituye el premio otorgado por la Europa federalista al establishment político y cultural, que no ahorra esfuerzos en «potenciar» la causa proeuropea. 
Este informe, que concede a «artistas» subvencionados un increíble número de privilegios y becas, ha sido diseñado para beneficiar únicamente a la elite cosmopolita fuertemente subvencionada, agradeciendo los servicios prestados al «ideal europeo». 
Por último, este informe refleja en realidad una acción perversa y peligrosa que consiste en utilizar el teatro y las artes del espectáculo como medio de promover la ideología proeuropea. 
Más que promover solamente el arte, algunos aspectos de este informe tienden más hacia una combinación entre cultura y propaganda. 
Me preocupa la conservación de la libertad creativa de los verdaderos artistas y, por lo tanto, votaré en contra de este informe. 
He votado a favor de este informe, que pretende llamar la atención sobre la promoción efectiva de las condiciones necesarias para garantizar que las artes del espectáculo tienen, por un lado, un público cada vez mayor y, por otro, son cada vez más atractivas y accesibles, especialmente gracias a la promoción y la protección de la movilidad de artistas y su trabajo, de la ayuda a la traducción y los subtítulos como instrumento de armonización y comprensión cultural mutua, y de incentivos a actividades de formación y divulgación. 
La protección de las artes del espectáculo también es un requisito necesario si queremos garantizar la conservación de los valores de la diversidad cultural que caracteriza al espíritu de Europa, y, por tanto, estoy de acuerdo con la importancia que da la ponente a la necesidad de examinar de cerca las artes del espectáculo en los países que se están preparando para entrar en la Unión Europea, un elemento decisivo en la construcción de una Europa basada en los valores compartidos y cuyo máximo activo es su diversidad. 
Por último, siguiendo esta línea de pensamiento, creo que debemos valorar especialmente las iniciativas privadas, porque son la expresión espontánea del pulso cultural de la Comunidad, en lugar de gastar nuestras energías en la acción directa del Estado o de las autoridades públicas. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, permítame en primer lugar dar las gracias a mis colegas, en particular a los de la Comisión de Presupuestos y a la Secretaría de la Comisión de Presupuestos. 
Han realizado un trabajo excelente y creo que ésta es una oportunidad magnífica para valorar el duro trabajo que lleva a cabo el personal en este contexto. 
Asimismo, me gustaría dar las gracias a la Comisión y al Consejo, que a través de un dilatado diálogo tripartito, la conciliación, grupos de trabajo y otros contactos han ayudado a garantizar que tengamos un buen proyecto de presupuesto para 2003 sobre el que votar. 
Me gustaría hacer hincapié, también, en el hecho de que en la Comisión de Presupuestos hemos alcanzado un amplio acuerdo en la gran mayoría de los puntos, lo cual le proporciona una enorme fuerza al Parlamento. 
Me gustaría comenzar con algunas reflexiones fundamentales sobre el sistema presupuestario de la UE. 
Debo decir que tras haber trabajado en este presupuesto durante aproximadamente diez meses, estoy convencido de que el sistema presupuestario de la UE necesita perentoriamente una reforma sustancial. 
Conseguiremos una serie de mejoras con el nuevo Reglamento Financiero. 
También habrá mejoras con el sistema basado en la gestión por actividad. 
Nosotros mismos hemos podido afrontar una serie de cuestiones mediante la mejora del trabajo interno del propio Parlamento. 
He puesto un gran empeño en conseguir un mejor diálogo entre las comisiones. 
Actualmente, el diálogo entre la Comisión de Presupuestos y las demás comisiones y sus ponentes para el presupuesto tiene lugar como un proceso prácticamente permanente, del que forman parte las orientaciones proporcionadas en primavera, el nuevo trabajo realizado este año con grupos de trabajo especiales para supervisar el presupuesto de este ejercicio y las enmiendas para la primera lectura. 
Creo, por tanto, que hemos reducido el conflicto tradicional en el que las distintas comisiones no creen que la Comisión de Presupuestos preste suficiente atención a sus prioridades políticas y en el que la Comisión de Presupuestos, a su vez, considera que las comisiones luchan por demandas presupuestarias poco realistas. 
Este año hemos avanzado más que otros y no en menor medida en lo que se refiere a la sección, tradicionalmente problemática, de las llamadas ayudas A30 a distintas organizaciones europeas. 
Este año, gracias a la estrecha colaboración con las comisiones y los grupos políticos, la Comisión de Presupuestos ha podido presentar una propuesta unánime. 
Como bien saben, también hemos reformado el debate presupuestario y ya mantuvimos un debate presupuestario importante en la sesión de septiembre. 
Este experimento tuvo un resultado positivo, en mi opinión, aunque, indudablemente, todavía puede mejorarse. 
A pesar de estas mejoras no estoy satisfecho. 
En este punto, me gustaría enviar una señal a nuestros colegas de la Convención. 
Creo que no es razonable hacer permanente un sistema que incluye una perspectiva financiera a largo plazo con principios tan rígidos para los topes presupuestarios sectoriales como los actuales. 
Ahora, en mitad del período de planificación presupuestaria, están dando origen a un número cada vez mayor de sistemas ad hoc que corren el riesgo de hacer la metodología presupuestaria completamente confusa. 
Durante el proceso presupuestario de este año ya hemos recibido propuestas de la Comisión para el uso del instrumento de flexibilidad en tres casos. 
En la conciliación de julio acordamos un uso más planificado de algo que realmente debería ser una reserva de emergencia. 
Hemos resuelto el problema de la Comisión respecto a la obtención de suficientes recursos de personal antes de la ampliación mediante un complejo modelo de distribución anticipada (frontloading) de la financiación, lo que supone que tenemos que buscar recursos no empleados en el ejercicio actual y utilizarlos para costes que de otra forma habrían entrado en 2003. 
Hoy, en la conciliación con el Consejo, se llegó a un acuerdo sobre un nuevo instrumento de flexibilidad, el Fondo de Solidaridad de la UE, destinado a subsanar los efectos de los desastres naturales, etc. 
No obstante, debemos preguntarnos cuántos instrumentos de flexibilidad y cuántas soluciones ad hoc harán falta hasta que nos demos cuenta de que la metodología presupuestaria necesita ser reformada en su totalidad y flexibilizarse. 
La Comisión de Presupuestos también ha decidido de qué lado está. 
Hemos decidido superar deliberadamente los límites máximos de tres categorías presupuestarias, en parte para demostrar el carácter absurdo del sistema bloqueado actual. 
Volveré a este punto cuando dé razones más detalladas. 
Sepan que no pretendo abolir los límites máximos presupuestarios. 
No sostengo que deberíamos abandonar la exigencia de restricciones presupuestarias. 
No obstante, tiene que haber un punto intermedio entre el abandono total y lo que vivimos actualmente, una rígida economía planificada y bloqueada durante siete años. 
Espero que en el futuro no será necesario señalar que el modelo de codecisión debe aplicarse a la totalidad del presupuesto, incluida la política agrícola, y que todos los gastos de la UE deben incluirse en el presupuesto, incluido el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Ésta es un área importante sobre la que espero que sigamos debatiendo en los años venideros. 
Antes de pasar a las distintas rúbricas, me gustaría mencionar un problema más general, esto es, la ejecución del presupuesto de la UE. 
Esto se está convirtiendo en un problema grave. 
No podemos presentarnos ante los ciudadanos, los contribuyentes, año tras año, y decirles que cada año nos entregan innecesariamente 15 000 millones de euros, que posteriormente devolvemos a sus agradecidos Ministros de Finanzas. 
Creo que hay mucho trabajo por hacer respecto a esta cuestión si queremos que la Unión gane credibilidad en cuanto a sus políticas y su presupuesto y si queremos cumplir todas las promesas que hacemos a través del presupuesto. 
Sencillamente, debemos simplificar la administración de los fondos estructurales, algo que podemos empezar a hacer ahora mismo, en el período actual. 
Tenemos la palabra del Comisario Barnier con respecto a esta cuestión, aunque, por supuesto, podemos ser incluso más radicales antes del próximo período de programación. 
Asimismo, creo que debemos mejorar todo el proceso cuando pongamos en marcha nuevos programas plurianuales. 
Una vez tras otra, se nos dice que cuando los programas multianuales comienzan su tercer o cuarto período- actualmente, estamos en el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, la tercera fase del programa LIFE, etc.- a menudo se necesita todo un año para poder comenzar las actividades al principio de un nuevo período. 
Esto resulta completamente ridículo. 
En ocasiones, significa que, en la práctica, debemos realizar en cuatro años el trabajo que, en teoría, iba a realizarse en cinco. 
Un tercer campo en el que creo que tenemos que conseguir una mejora en cuanto a la ejecución y la simplificación son las cuestiones de personal. 
Este año, decidimos no usar la flexibilidad para crear nuevos puestos en la Comisión. 
Esto no significa que no se necesiten esos puestos. 
A la larga, creo que habrá una demanda de más puestos, en parte para que funcione la nueva organización, más descentralizada en el servicio externo, pero por supuesto esto supone que la Comisión debe demostrar claramente que está funcionando de forma eficaz, que se está llevando a cabo la reforma de la Comisión, que la gestión más eficaz está surtiendo efecto y que, por ejemplo, realmente se está llevando a cabo el segundo paso de lo que se denomina reforma Relex. 
Sin estos esfuerzos, no se podrá argumentar a favor de la creación de nuevos puestos en la Comisión, aunque estemos convencidos de que resultan realmente necesarios a largo plazo. 
A continuación, me gustaría tratar algunos de los problemas en cada campo presupuestario. 
En cuanto a la política agrícola, rúbrica 1, la comisión ha abogado por un cambio fundamental, el desarrollo de la política agrícola. 
Como prueba de ello, hemos decidido superar el límite máximo presupuestario en 20 millones de euros para la subrúbrica 1b, desarrollo rural, para mostrar nuestra postura. 
Creemos que en el futuro, los fondos, especialmente los fondos sobrantes bajo la rúbrica 1, deberían destinarse a la política de desarrollo rural más activa. 
Asimismo, proponemos que se reduzcan las subvenciones a la exportación de animales vivos y que se contabilicen por separado. 
Esto mostrará claramente cuánto dinero se gasta de hecho en las exportaciones de animales vivos. 
A propósito, será interesante ver si los Gobiernos que han criticado el transporte de animales, etc. aprovechan realmente la oportunidad para seguir la línea del Parlamento. 
Todo lo que proponemos está en consonancia con la propuesta de la Comisión para una revisión intermedia, aunque en la resolución hayamos decidido hablar de desarrollo de la política agrícola en lugar de reforma. 
Rúbrica 2: Fondos estructurales. 
Ya he mencionado el problema que hay con la ejecución. 
Por tanto, afrontaré brevemente la cuestión de la pesca. 
Comprendo bien que en la situación actual la Presidencia danesa esté dando prioridad a la ampliación. 
Ésta es la cuestión política más importante, pero, no obstante, la política de pesca también debe ser reformada. 
La UE debe crear una pesca sostenible que pueda sobrevivir a largo plazo. 
Mientras se formulan propuestas concretas, hemos optado por hacer dos cosas. 
En primer lugar, mantenemos que se cumplirá la promesa del año pasado de 27 millones de euros para la conversión de las flotas pesqueras española y portuguesa. 
Al mismo tiempo, hemos decidido no adoptar una postura respecto a cómo se financiará esto, volveremos a esta cuestión más adelante. 
En lo que se refiere a la partida presupuestaria para la reforma pesquera, hemos decidido crear dicha partida, pero no asignarle una cantidad concreta. 
Será una «partida pro memoria». 
En la rúbrica 3, políticas internas, me gustaría mencionar la política de información. 
No aceptamos la propuesta del Consejo y la Comisión para una reducción global de la política de información. 
Por el contrario, creemos que la Unión necesita más apoyo de sus ciudadanos. 
En este campo, la información es un lubricante necesario. 
A pesar de ello, no obstante, reasignaremos los fondos y nuestra prioridad está clara, lo que importa es la ampliación y el futuro de la UE. 
También me gustaría hablar de las autoridades externas, las agencias. 
En este punto hemos optado por una línea más restrictiva. 
Hemos seguido el proyecto de presupuesto del Consejo en la inmensa mayoría de los casos. 
Esto se debe a que los Estados miembros forman parte de los consejos de estas agencias, por lo que deberían considerar de forma razonable las necesidades de estas agencias en el proyecto de presupuesto del propio Consejo. 
Desgraciadamente, tenemos que manifestar que éste no siempre es el caso. 
En lo que se refiere a proyectos piloto y medidas preparatorias, creo que hemos conseguido un buen nivel de diálogo con la Comisión respecto a su ejecución. 
Actualmente estamos lanzando nuevas ideas, como la de un proyecto piloto para la cooperación de pequeñas y medianas empresas de la UE, no sólo con los países candidatos, sino también con países como Rusia y países de los Balcanes y del norte de África, lo cual considero bastante importante. 
Por último, me gustaría centrarme en la rúbrica 4, políticas exteriores. 
Desde que entré a formar parte del Parlamento en 1999, nos hemos visto obligados a librar la misma batalla en este campo todos los años. 
El Consejo y la Comisión proponen nuevas iniciativas importantes. 
Esto ha afectado a los Balcanes y Serbia. 
Este año, se trata de Afganistán y el Fondo Mundial para la Salud, el apoyo a la lucha contra el sida y otras enfermedades debidas a la pobreza en el mundo en desarrollo. 
Nadie se responsabiliza, no obstante, de asignar los recursos necesarios. 
Creo que esto es absurdo. 
El límite máximo presupuestario es, sencillamente, demasiado bajo. 
Los costes han aumentado cada año sin que se hayan asignado nuevos recursos. 
Este año hemos elegido superar el límite máximo, pero haciéndolo abiertamente, mediante una enmienda asterisco, en la que pedimos 72 millones de euros más para la rúbrica 4, en referencia directa a Afganistán y el Fondo Mundial para la Salud. 
Hemos formulado esta propuesta en la medida de lo posible según una combinación de las prioridades de nuestras dos comisiones en este campo, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Creo que éste será el principal punto de las negociaciones con el Consejo entre la primera y la segunda lectura. 
Debe resolverse si queremos conseguir que las acciones exteriores de la UE desempeñen un papel aceptable. 
Esto también resulta aplicable a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Es inaceptable que esta labor se deslice cada vez más de gastos administrativos a actividades operativas, pero sin la influencia en el presupuesto que el Parlamento Europeo ha de tener en las relaciones exteriores ordinarias. 
Por esta razón, hemos decidido fijar la subvención para la PESC en el nivel mínimo, 30 millones, más 10 millones que hemos asignado a través del programa CARDS para poder establecer una Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia. 
Creo que ésta es una cuestión que deberíamos discutir cuidadosamente entre la primera y la segunda lectura. 
Para terminar, deseo señalar que éste es el último presupuesto para una Unión Europea con 15 Estados miembros. 
Por tanto, iniciar los preparativos para la ampliación ha sido claramente la principal prioridad incluso en este presupuesto. 
Me complace particularmente poder decir que hemos resuelto la mayoría de los problemas de la ampliación. 
Los hemos resuelto además con un amplio acuerdo. 
Todos los grupos políticos han podido ejercer su papel, así como los miembros de todas las delegaciones nacionales. 
Creo que, posiblemente, éste es el mayor logro en lo que se refiere a esta labor este año. 
Señor Presidente, desearía dar las gracias a los que colaboraron en la elaboración del presupuesto para 2003. 
Me gustaría dar las gracias a todos mis colegas de la Comisión de Presupuestos, a la muy competente secretaría de presupuestos, a la mesa, sobre todo al Presidente actual y, por último, a la Comisión, al Consejo y, particularmente, a la muy pragmática y activa Presidencia danesa. 
A lo largo de este año, el presupuesto administrativo de la UE, que llamamos rúbrica 5, ha sido el principal problema presupuestario. 
Empezamos el año con un gran déficit previsto en el presupuesto de 2003. Se decía que dicho déficit rondaba los 140 millones de euros. 
Aunque se redujo en varias fases durante la primavera, la Comisión propuso en su anteproyecto de presupuesto que se utilizara el instrumento de flexibilidad para cubrir 66 millones de euros, principalmente para hacer frente a los costes de la Comisión de cara a completar los preparativos para la ampliación 
Tanto el Consejo como el Parlamento se opusieron a esta solución por distintas razones. 
En primer lugar, porque resulta difícil considerar un presupuesto administrativo como el tipo de cuestión en que debería emplearse el instrumento de flexibilidad. 
Resulta difícil sostener que se trata de gastos imprevistos o que la ampliación es algo que se nos ha venido encima de repente. 
La segunda razón es que, considerando que el instrumento de flexibilidad ya se ha asignado a otras áreas, esto agotaría la mitad del instrumento e imposibilitaría su uso en otras áreas donde, presumiblemente, podría dársele un uso bastante mejor. 
La tercera razón, que no es la menos importante para los políticos con sentido de la responsabilidad, es que los límites presupuestarios existen para cumplirlos, aunque se pueda sostener, con cierta justificación, que el presupuesto de la UE es excesivamente rígido. 
Al firmar este acuerdo con el Consejo en un momento extraordinariamente temprano en Bruselas el 19 de julio, conseguimos al menos tres cosas. 
Leímos todo el presupuesto y respetamos el límite máximo establecido para la rúbrica 5, sabíamos la magnitud que el presupuesto del Consejo debía tener y tuvimos que limitar el propio presupuesto del Parlamento Europeo. 
En este marco, las prioridades que el Parlamento ha apoyado incluso en las orientaciones eran completamente viables y se referían principalmente a dos cuestiones. 
La principal prioridad, obvia por otra parte, era la ampliación. 
A la vista de las decisiones tomadas posteriormente, sabemos que si los Estados miembros cumplen los compromisos adquiridos de dar luz verde a la entrada de diez nuevos Estados miembros en la próxima reunión del Consejo en Copenhague en diciembre y si los acuerdos se firman en marzo, podremos contar con 147 observadores de todos estos países aquí en el Parlamento Europeo ya en abril del próximo año. 
Se tomarán las decisiones necesarias en cuanto a inmuebles, locales, etc. 
La segunda prioridad era ejecutar las reformas necesarias. Esto será necesario con o sin la ampliación, especialmente en lo que se refiere al Parlamento. 
En este punto, las cuestiones son principalmente las áreas clave en las que cualquier parlamento, nacional o europeo, debe ser fuerte. 
En cuanto al Parlamento Europeo, la cuestión es reforzar la estructura presupuestaria, no sólo de la Comisión de Presupuestos, sino también de todas las demás comisiones en cuanto a su importante labor respecto al presupuesto. 
Asimismo, se trata de reforzar la función legislativa del Parlamento. 
En muy poco tiempo, éste se ha convertido en un parlamento con un poder legislativo considerable. Como tal, las condiciones en las que este poder se ejerce deben mejorarse también. 
Una vez se hizo todo esto, quedaban dos importantes cuestiones por resolver en el marco del presupuesto para 2003. 
Era una cuestión de distribución entre todas las instituciones, siendo la próxima ampliación la principal prioridad también en este contexto. 
También se trataba de encontrar una solución a los problemas sin resolver de la Comisión en cuanto a la financiación de los preparativos para la ampliación. 
Este último punto es particularmente importante, puesto que, tras la conciliación, había un claro perdedor: la Comisión. 
Ya en la fase de conciliación, tanto el Consejo como el Parlamento prometieron específicamente intentar resolver los problemas de la Comisión antes de la ampliación. 
Esta promesa se ha reiterado en numerosas ocasiones, tanto por mi parte como por parte de otros representantes del Consejo y del Parlamento. 
Es en este contexto donde aparece el concepto de distribución anticipada como el instrumento al que vamos a recurrir. 
El paso inicial suponía obtener una cifra de todas las instituciones sobre la suma de dinero que quedaba en el presupuesto anual, es decir, el presupuesto para 2002. 
Son estos fondos los que vamos a utilizar en un segundo paso para reducir la presión sobre el presupuesto de 2003 y que se pueden transferir a la Comisión para asegurar que podamos hacer frente a los costes de los preparativos para la ampliación. 
En una reunión a la que asistieron los secretarios generales de todas las instituciones, calculamos que había una cantidad total de 77 millones de euros sin usar por las instituciones. 
La cantidad máxima que la Comisión puede gastar en los preparativos para la ampliación asciende aproximadamente a 72 millones de euros. 
Me gustaría decir unas palabras sobre la parte del Parlamento en esta distribución anticipada. 
De acuerdo con la propuesta que tanto la Comisión de Presupuestos como el propio Praesidium del Parlamento apoyaron anoche, ascendía a 43 millones de euros para el ejercicio actual. 
Estos son fondos que, en consonancia con el modo clarividente con que el Parlamento ha empleado los fondos hasta el momento, deberíamos haber empleado en los reembolsos anticipados relativos a las propiedades del Parlamento. 
Pospondremos esta cuestión un año. 
Ello supone que se nos restituirá parte de estos fondos un año más tarde. 
De los 43 millones de euros que se transferirán a la Comisión, se nos devolverán, de acuerdo con la propuesta sobre la que debemos dar un dictamen hoy, 35 millones de euros en 2003. 
En este contexto, permítanme señalar que la propuesta original era de 40 millones de euros. 
Proponemos por tanto que se cambie a 35 millones de euros. 
Esto supone que la contribución del Parlamento a este adelanto, considerando dos ejercicios, será de 8 millones de euros, una cifra que considero equilibrada. 
Resulta generosa, pero, al mismo tiempo, equilibrada en comparación con las demás instituciones. 
Esto muestra que esta distribución anticipada, tal como yo la entiendo, se está convirtiendo en un gran logro y también podría emplearse en otros contextos en el futuro. Da la oportunidad de utilizar un presupuesto durante varios ejercicios para hacer el mejor uso posible de los recursos. 
Anteriormente, he mencionado que prometimos a la Comisión que ayudaríamos a intentar resolver los problemas de los costes de la preparación de la ampliación. 
Una promesa es una promesa y, como sabemos, debe mantenerse. 
Estamos aquí habiendo ejecutado la distribución anticipada, lo que nos permite cumplir lo que prometimos. 
Ésta es una sensación gratificante. 
A mi modo de ver, todo esto es también una forma de invertir en unas buenas relaciones. 
La ampliación sólo tendrá éxito si nos damos cuenta de que es algo en lo que debemos trabajar todos juntos. 
Es una tarea común. 
Como ponente, estoy muy agradecido por el modo en que todas las instituciones, grandes y pequeñas, han colaborado para intentar resolver esta difícil situación. 
. (DE) Señor Presidente, señor Färm, señor Stenmarck, Señorías, hemos dado un gran paso hacia la ampliación de la Unión Europea con el resultado positivo del referéndum de Irlanda. 
Ahora corresponde al Consejo llegar a un acuerdo en la cumbre de esta semana en Bruselas sobre una postura de negociación común para cuestiones de financiación, esto es, sobre cuántos recursos se pueden incluir en el presupuesto de la Unión Europea para los nuevos Estados miembros a partir de 2004. 
Una vez más, esto indica claramente que el presupuesto de 2003 probablemente será el último presupuesto para una Unión de 15 Estados miembros. 
Estamos prácticamente en vísperas de la ampliación. Esto supone que el ejercicio financiero de 2003 no sólo presentará más desafíos para los países candidatos, sino también para las instituciones europeas que necesiten hacer preparativos. 
Ha habido algunas serias diferencias a este respecto entre el Consejo y la Comisión, porque el Consejo sólo aprobó puestos adicionales para sí mismo para 2003 en el período previo a la ampliación, pero rechazó la creación de puestos adicionales para la Comisión. 
Así, resulta aún más incompresible que, en sus propios preparativos para la cumbre de Bruselas, el Consejo subraye repetidamente sus expectativas respecto de la Comisión para 2003 en lo referente a la preparación para la ampliación, por ejemplo con relación a los Fondos Estructurales. 
Ciertamente, esto requiere personal. 
Por ello, la Comisión tiene aún más razones para valorar el hecho de que el Parlamento Europeo ha tomado la iniciativa para asegurar que se satisfagan las peticiones de la Comisión. 
Me gustaría expresar mi respeto a todos los ponentes, en particular al Sr. Stenmarck y al Sr. Färm, no sólo por el modo en que han conseguido el apoyo para la distribución anticipada, sino también por cómo han luchado vehementemente, a cada paso, para que se implementara. 
Desearía agradecerle sus comentarios, señor Stenmarck. 
Hizo una promesa y la ha mantenido, lo cual valoramos enormemente. 
Una vez más, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento, en nombre de la Comisión, a los ponentes y a la Comisión de Presupuestos. 
Esta idea se ejecutará mediante un presupuesto rectificativo interinstitucional y el mero hecho de que haya un presupuesto rectificativo interinstitucional ya supone un logro en sí mismo. 
Gracias por su apoyo. 
Déjenme centrarme ahora en el gasto en la política agrícola común. 
Como saben, la Comisión ha seguido la misma línea que el Parlamento Europeo, esto es, una reestructuración de los gastos relativos al mercado y la organización del mercado para reforzar el apoyo a las áreas rurales. 
La Comisión ha hecho de esta materia un elemento clave de sus propuestas de revisión intermedia. 
No podemos, no obstante, estar de acuerdo en que estas propuestas se ejecuten ahora, puesto que las normas lo impiden y un aumento de los recursos para el programa de desarrollo rural va más allá de la disposición actual de las Perspectivas Financieras. 
Han propuesto, no obstante, otra enmienda y usted, señor Färm, acaba de recalcarlo una vez más, para que las rúbricas presupuestarias de las restituciones por exportación de animales se subdividan, de forma que las restituciones por animales vivos se contabilicen por separado. 
Creo que esto podría considerarse, siempre y cuando la base jurídica correspondiente lo permita. 
Comparto su preocupación con respecto a la necesidad de una mayor protección para los animales, preocupación que también comparte en gran medida la Comisión en su conjunto. 
En el próximo ejercicio, volverá a destinarse un tercio del presupuesto a política estructural. 
Hubo un debate en el pleno en septiembre sobre la ejecución de los programas de Fondos Estructurales y, una vez más, el Sr. Färm ha sido muy claro al respecto. 
Desde este Parlamento se insta a que se simplifiquen los procedimientos, para permitir que los Estados miembros puedan recibir fondos de una manera más rápida y sencilla. 
Mi colega responsable de esta área, el Sr. Barnier, celebró un seminario sobre esta cuestión para establecer cuáles son las posibilidades. 
Ésta es una muestra más del compromiso de la Comisión con respecto a esta cuestión. 
No obstante, también necesitamos la cooperación de los Estados miembros, que será insuficiente si las estimaciones de los Estados miembros del nivel de los créditos de Fondos Estructurales que ejecutan en un año, esto es, cuánto pueden necesitar, son tan erróneas como en los últimos años. 
En lo referente a esta cuestión, debo decir que tenemos que comprobar conjuntamente si los mayores créditos presupuestarios propuestos por el Parlamento son necesarios para los Fondos Estructurales del próximo ejercicio. 
La Comisión puede apoyar en gran medida las enmiendas propuestas por la Comisión de Presupuestos en cuanto a créditos para políticas internas, por ejemplo en el caso de medidas a favor de la política de inmigración y asilo, medidas a favor de las pequeñas y medianas empresas y la propuesta en el área de política de información. 
En lo que respecta al presupuesto para políticas exteriores, no obstante, no estoy completamente de acuerdo en este momento. 
Uno de los puntos es el Fondo Mundial para la Salud para luchar contra enfermedades como el sida. 
Por supuesto, no se puede negar que la Comisión considera muy importante este fondo mundial. No obstante, la cuestión que nos ocupa es el nivel de créditos necesario para 2003, así como cuál será la fuente de financiación. 
La Comisión ha propuesto una vez más que la mitad de los créditos se financien mediante el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Quiero hacer hincapié una vez más en que la mayor proporción de créditos para este fondo global ha sido financiada hasta ahora por la Unión Europea, es decir, en parte mediante recursos comunitarios y en parte mediante los recursos bilaterales de los Estados miembros. 
Un área prioritaria en el presupuesto para políticas exteriores es la ayuda para los Estados balcánicos. 
Un nuevo rasgo del presupuesto para 2003 es la introducción de créditos para misiones policiales conjuntas en Bosnia. 
Por esta razón, la Comisión ya ha añadido 10 millones de euros al presupuesto de Política Exterior y de Seguridad Común. 
La propuesta del Parlamento es que esta suma adicional debería eliminarse o más bien no incluirse desde un principio. 
No obstante, estoy segura de que llegada la segunda lectura del presupuesto ya habremos encontrado un modo de financiar esta importante área de política exterior. 
Con respecto al nuevo desafío para el presupuesto de la UE de proporcionar ayuda apropiada para Afganistán, la Comisión se alegra de que la Comisión de Presupuestos esté de acuerdo en insertar una rúbrica especial. 
Nos alegramos también porque la tarea de proporcionar asistencia financiera a Afganistán volverá a surgir en el presupuesto de los próximos años. 
Sin embargo, debido precisamente a esta recurrencia creemos que esta financiación debería tener un lugar regular en el presupuesto y no debería proporcionarse recurriendo a la reserva de flexibilidad. 
En cualquier caso, la Comisión cree que hay una necesidad continuada de utilizar la reserva de flexibilidad, especialmente para encontrar una solución financiera en el próximo ejercicio a la cuestión de la reforma pesquera y para proporcionar a España y Portugal el resto de los recursos necesarios para reestructurar sus flotas pesqueras. 
Si se adopta la propuesta del Parlamento, el presupuesto de 2003 representará un 1,05 % de la producción económica combinada de todos los Estados miembros, es decir, estará al mismo nivel que este ejercicio. 
Señalo esto porque aún tienen lugar polémicos debates sobre la Cumbre de Bruselas. 
Sin embargo, si se adopta la propuesta que tenemos sobre la mesa para financiar la ampliación en 2004, 2005 y 2006, esta proporción entre el presupuesto de la UE y la producción económica europea, incluso con otros diez miembros, no llegará al nivel en el que estuvo a mediados de los noventa. 
Si consideramos una vez más la magnitud del presupuesto de la UE y lo pequeño que es el aumento que se contempla actualmente con vistas a la ampliación, debo decir que no creo que el airado debate que tiene lugar en la actualidad esté justificado. 
De existir algún peligro, es el de que el debate sobre la financiación se centre demasiado en cuestiones individuales, en las que quede empantanado. 
Deberíamos, no obstante, tener en cuenta que la ampliación de la UE es una muy buena inversión de futuro, una inversión excelente. 
En vista de ello, deseo instar a los Jefes de Estado y de Gobierno a que acuerden una postura común en Bruselas, de forma que, tras el voto del sí en Irlanda, podamos ceñirnos a la agenda para la ampliación de Europa. 
Señor Presidente, deseo unirme a los demás para dar las gracias a nuestro temible dúo, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck, por su excelente trabajo en nombre del Parlamento en este procedimiento presupuestario. 
Ambos han señalado que en estos momentos pensamos en una Unión que pasará a tener como mínimo 25 países. 
Tanto para el Parlamento como para la Comisión la ampliación es el aspecto primordial de este presupuesto. 
Quisiera expresar una opinión personal. 
Espero que en el futuro evitaremos celebrar demasiados referendos y demasiadas votaciones en torno a asuntos particulares. 
Podría ser contagioso en esta Cámara, y podríamos adoptar una resolución y después estudiar la posibilidad de volver a votar porque hemos llegado a conclusiones incorrectas. 
Dicho esto, quisiera hablar del presupuesto del Parlamento y de la Comisión. 
Nuestro grupo tiene estrategias para estos dos presupuestos, que se han aplicado en gran medida al llegar a la fase actual del procedimiento presupuestario. 
En cuanto al presupuesto del Parlamento quisiéramos hacer hincapié en la necesidad de una mayor dotación para la traducción externa, porque va a ser un factor importante en los próximos años. 
Nos alegramos de que la jubilación anticipada se haya extendido a los grupos políticos y se lo agradecemos al Consejo, aunque no esté presente en el debate de esta tarde. 
Nos gustaría que en el futuro hubiera total transparencia en el Consejo y que todos sus debates legislativos fueran públicos. 
Son cuestiones que apoya todo nuestro grupo. 
En cuanto al presupuesto de la Comisión, hay cuatro puntos relevantes. 
En primer lugar, los pagos y los retrasos; quisiéramos que se hiciera un verdadero esfuerzo por reducir los 110 millardos de euros de compromiso. 
Pedimos, como se indica en la resolución, un informe de la Comisión sobre cómo lograr este objetivo de eliminar los compromisos pendientes. 
En segundo lugar, en cuanto a las políticas internas, seguimos buscando una mayor rentabilidad y la reserva de ciertas sumas destinadas a información, porque quisiéramos que se ahorrara en la administración y en recursos humanos. 
Para el 30 de abril de 2003 esperamos un informe de la Comisión a este respecto. 
En tercer lugar, en cuanto a las políticas exteriores, quisiéramos que hubiera mayor responsabilidad. 
Por lo tanto, apoyamos la petición de nuestro ponente de recibir más información relativa al acuerdo interinstitucional entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en torno al gasto en política exterior y de seguridad. 
También quisiéramos saber qué tipos de gasto prevé el Consejo para los próximos cinco años, porque también estamos de acuerdo con el ponente en que es malsano pensar que el Consejo va a participar en grandes desembolsos de fondos que no estarían sujetos a la responsabilidad y al uso habituales. 
Igualmente, pedimos a la Comisión que presente algún tipo de proceso elaborado. 
Parece que existe cierto letargo por parte de la Comisión cuando se trata de reflexionar sobre qué tipo de prioridades deberíamos tener en relación con la política exterior y de seguridad en el futuro. 
Por último, mi grupo quiere que exprese nuestro deseo de que concluya este proceso de reforma y la necesidad que tenemos de examinar la forma de llevar a cabo todo este proceso. 
Estamos convencidos de que se han hecho progresos, pero aún no estamos convencidos de que vaya a aplicarse todo este programa de reforma. 
Nos complacería saber que están ustedes vendiéndolo entre el público y que estas reformas habrán concluido para finales del año que viene, tal y como se indica en el último documento de reforma de la Comisión. 
Pero antes de aprobar los nuevos puestos, nos gustaría constatar que se han aplicado los elementos de reforma y saber que están ustedes convencidos de que se llevará a cabo todo este proceso de reforma. 
Si no se hace para finales del mandato actual de la Comisión y el Parlamento, estaremos violando los compromisos que contrajimos con nuestro electorado de garantizar que se realicen verdaderas reformas institucionales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar deseo, por supuesto, dar las gracias a nuestros dos ponentes. 
El Parlamento ha tenido lo que se puede denominar una experiencia sueca y creo que ha sido una buena experiencia. Ha estado muy orientada hacia el consenso y ha sido imaginativa y flexible en igual medida y, por una vez, ha examinado meticulosamente los aspectos estructurales. 
Estoy seguro de que este procedimiento presupuestario también tiene efectos estructurales secundarios que habría que examinar detenidamente. 
Desde esta perspectiva, me gustaría hacer el siguiente comentario: hemos escuchado varias veces que éste es el último presupuesto para 15 Estados miembros antes de la ampliación. 
Espero también que sea uno de los últimos presupuestos antes de que la Convención dé derechos presupuestarios plenos a esta Cámara, al menos a medio plazo, en relación con todos los tipos de política de gastos y política de ingresos. 
Ésa es una petición que hemos hecho. 
Saben que he reiterado esta petición en cada procedimiento presupuestario; se ha convertido en un estribillo conocido. 
Creo que resulta importante que ayudemos a democratizar el procedimiento presupuestario. 
Lo que distingue al presupuesto, tal y como lo elaboramos en la actualidad, es que hay debates encendidos durante el proceso de elaboración en torno a cada millón, en ocasiones incluso en torno a cada millar de euros, y sin embargo durante el ejercicio a menudo tenemos que transferir fondos y reestructurar el presupuesto. 
Sólo este año, elaboraremos probablemente seis presupuestos suplementarios y rectificativos. 
Tendremos entre 70 y 80 prórrogas, lo que significa que habrá que reasignar muchos créditos. 
No sólo este año, sino también en años anteriores, tanto durante el procedimiento presupuestario como a final del ejercicio, tuvimos que recurrir a la distribución anticipada para financiar cuestiones que, sensu stricto, correspondían al ejercicio siguiente. 
Mediante este pragmático enfoque demostramos también que estamos dispuestos a financiar aspectos esenciales de la política europea y que, aunque establecemos el presupuesto a principio del ejercicio, hay tanta flexibilidad y margen de maniobra que al final del ejercicio el presupuesto ya no es tan fiable como se había deseado y asumido en un principio, cuando discutíamos ciertas cuestiones con tanta energía. 
Esto supone que es necesario, cuando menos, reflexionar sobre esta forma de elaborar los presupuestos. 
Deberíamos tener esto en cuenta en las próximas semanas, meses, años, cuando desarrollemos nuestra política presupuestaria. 
Como ha dicho la Comisaria, el presupuesto de 2003 es restrictivo. 
Gastaremos únicamente un 1,05 % del PNB para cubrir todas las tareas a las que deberá hacer frente la Unión Europea. 
Si observan la posición de los países que son contribuyentes netos, a menudo objeto de debate, verán que los mayores contribuyentes netos no pagan más del 0,3- 0,7 % de su PNB. 
Las contribuciones para financiar esta política europea oscilan entre el 0,3 % en el caso de mi propio país y el 0,7 % del PNB. 
¡El 0,3 % en el caso de Alemania! 
No tengo más que decir sobre los encendidos debates que siempre tenemos sobre lo caro que se supone que es todo esto. En el contexto del presupuesto, intentamos administrar nuestros recursos cuidadosamente. 
Intentamos asegurar que se mantengan los equilibrios. Ésa será una tarea para el futuro: empezar a crear equilibrios en este continente. 
Necesitamos una Europa equilibrada financieramente a largo plazo. 
Éstas son tareas a largo plazo. 
Debemos garantizar que los europeos que depositan su confianza en nosotros puedan contar con un equilibrio financiero y no sean tomados por sorpresa por los cambios a corto plazo. 
Me gustaría argumentar sobre esta cuestión particularmente en el caso de la agricultura, aunque también pueda aplicarse a la política regional. 
También estamos interesados en que se reforme nuestra política regional y en desbloquear la acumulación de créditos aún por ejecutar. 
No obstante, me gustaría decir lo siguiente, señora Comisaria: no basta con que el Comisario Barnier analice cómo se puede desmontar la burocracia de los Fondos Estructurales. 
Es algo que afecta a todos los programas de apoyo de la UE. 
Me complacería que otros Comisarios afectados se comportasen de la misma forma. 
Debemos, por tanto, alcanzar una solución intermedia en nuestro continente. 
Sin embargo, como europeos, también necesitamos un equilibrio entre los continentes, porque no somos simplemente una isla afortunada y también tenemos que pensar en las relaciones entre los continentes. 
En el pasado, hemos empleado reiteradamente nuestra política exterior para ayudar a otras regiones del mundo. 
Esto se ha vuelto más difícil, puesto que a las tareas que emprendimos en un principio se han sumado otras: la financiación, la reconstrucción, los Balcanes, la financiación de la reconstrucción de Afganistán y la enorme tarea de mejorar la salud mundial, particularmente a través de la batalla contra el sida. 
Éste es un problema no sólo de África, sino que afecta también al mundo entero, incluido nuestro continente. 
Debemos destinar dinero a esta cuestión. 
Se puede decir mucho sobre la financiación, señora Schreyer, pero no se puede negar que tenemos una responsabilidad a este respecto a la que debemos hacer frente. 
Resulta difícil hacer todo esto. 
La categoría 4 nos ha dado grandes quebraderos de cabeza en este ejercicio, al igual que en ejercicios anteriores. 
Debemos ser flexibles si queremos resolver todos los problemas mundiales. 
Sin embargo, hay algo en lo que debemos ser muy claros: los ciudadanos europeos pueden estar seguros de que protegeremos sus intereses en este continente. 
No obstante, también deseamos asegurar que nuestro continente ocupe un lugar apropiado en el escenario mundial. 
Pretendemos elaborar presupuestos en colaboración con ustedes de una forma ahorrativa y sensata, pero también con perspectiva de futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los ponentes para el presupuesto, Göran Färm y Per Stenmarck, por su meticuloso y constructivo trabajo. 
Asimismo, me gustaría dar las gracias al Presidente de la Comisión de Presupuestos, Terence Wynn. 
Deseo también dar las gracias a Dinamarca, en calidad de país que ocupa la Presidencia, por sus excelente grado de cooperación, y a la Comisaria Michaele Schreyer. 
El proyecto de presupuesto satisface la mayoría de las demandas del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Es restrictivo y riguroso y los créditos de pago ascienden únicamente al 1,04 % del PNB, mientras que las perspectivas financieras relacionadas con los gastos prevén el 1,08 %. 
Existe por tanto un margen de más de 3 000 millones de euros en el presupuesto. 
El proyecto de presupuesto que tenemos ante nosotros también está disponible en forma de presupuesto por actividades. 
Esto tiene que ver con la reforma administrativa de la Comisión. 
El Reglamento financiero ha experimentado reformas que entrarán en vigor a principios del próximo ejercicio. 
Esto conlleva una revisión de los estatutos del personal, que el Parlamento debate en la actualidad. 
Éste es un paquete de reformas completo destinado a aumentar la eficiencia administrativa, fomentar la delegación de autoridad y clarificar la responsabilidad individual. 
Éstos son objetivos que nuestro grupo apoya plenamente. 
La cuestión central del presupuesto es, indudablemente, la ampliación. 
Probablemente, éste será el último presupuesto de una Unión con 15 Estados miembros. 
Prevé algunos créditos muy importantes. 
La Comisión de Presupuestos propone 699 millones de euros extra en ayuda de preadhesión para los países candidatos, con el objeto de ayudarlos a superar los desafíos de la entrada en la Unión. 
El problema respecto a los créditos administrativos es el insuficiente margen de maniobra bajo la rúbrica 5. 
Por esa razón, las diferentes instituciones han empezado a reunir fondos del presupuesto de este ejercicio para poder pagar por adelantado los costes de la adhesión. 
Por ejemplo, el Parlamento tiene la intención de prestar 43 millones de euros a la Comisión y 18 millones de euros al Consejo. 
En otras palabras, los niveles de cooperación han sido ejemplares, por lo que transmito mi más sincero agradecimiento, en especial al ponente para el presupuesto, el Sr. Per Stenmarck. 
El problema más serio de administrar el presupuesto de la UE son los compromisos pendientes de liquidación y los créditos de pago no utilizados. 
Los compromisos pendientes de liquidación ascienden actualmente a aproximadamente 107 000 millones de euros, más del presupuesto total de la UE para un ejercicio. 
La razón para ello es la infrautilización de los créditos de pago. 
Esto afecta en particular a los Fondos Estructurales y las acciones exteriores. 
Los 18 000 millones de euros de créditos de pago del pasado ejercicio no se gastaron y la cifra para el ejercicio anterior era de 11 000 millones de euros. 
La infrautilización a esta escala mina seriamente la totalidad del proceso administrativo respecto al presupuesto de la UE. 
En primavera, los compromisos pendientes de liquidación en el ámbito de los Fondos Estructurales alcanzaron los 80 000 millones de euros. 
A pesar de ello, no obstante, el Consejo redujo la cantidad de créditos de pago propuesta por la Comisión. Por esta razón, la Comisión de Presupuestos ha aumentado los pagos en más de mil millones de euros. 
Nuestro grupo aboga por una simplificación drástica de la administración de los Fondos Estructurales. 
Con estas puntualizaciones, estamos dispuestos a dar al proyecto de presupuesto nuestro apoyo. 
Señor Presidente, algunos acuerdos son estúpidos porque son inflexibles. 
Ésta es la razón por la que alguien con autoridad dijo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento era estúpido. 
Algunos de los representantes de Francia, Alemania y Portugal en nuestro grupo quizá estén de acuerdo, al igual que algunos italianos. 
También es estúpido el Acuerdo Interinstitucional sobre Disciplina Presupuestaria que se firmó en mayo de 1999. 
Ésa fue la última tarea del Parlamento anterior llevada a cabo para el Parlamento actual. 
Debido a este estúpido acuerdo el Parlamento Europeo carece virtualmente de poder en lo que se refiere a política presupuestaria. 
Nos vemos limitados a ocuparnos de pequeñeces y en nimias tareas administrativas. 
El Sr. Prodi dijo que la realidad que había tras el Pacto de Crecimiento y Estabilidad era compleja y que las instituciones deberían tenerlo en cuenta y actuar flexiblemente. 
Con respecto al Acuerdo Institucional sobre Disciplina Presupuestaria se ha dicho lo mismo. 
La rúbrica 4, el apartado que se refiere a las acciones exteriores, es especialmente estúpida en cuanto a su inflexibilidad. 
Todos sabemos, todos los miembros de esta Cámara sabemos que el presupuesto es a ese respecto «cuasi rígido». 
Se fijó un límite máximo en el Acuerdo Interinstitucional en virtud del cual el Consejo no está dispuesto a ser flexible. 
El Parlamento ha tenido que hacerse cargo de la onerosa tarea de intentar ajustar las nuevas prioridades, que tanto el Parlamento como el Consejo consideran importantes, al límite máximo establecido en 1999. 
Se ha debatido sobre unos pocos millones y al mismo tiempo puede que haya mil millones en créditos de la rúbrica 4 cuyo pago aún no se ha ejecutado. 
Así, hay fondos en esta rúbrica que, como todos sabemos, no se están gastando. 
Uno de los mayores problemas del procedimiento presupuestario es cómo incluir como ampliación de los créditos impagados de esta rúbrica los nuevos créditos que queremos, y debemos, pagar, con el objeto de cumplir los deseos de las autoridades presupuestarias. 
Puesto que el Acuerdo Interinstitucional atenaza la elaboración del presupuesto, no debe sorprender a nadie que si 10 000 millones de euros de este presupuesto no se utilizan, volverán a los Estados miembros. 
Digo que el Acuerdo Interinstitucional es estúpido por su inflexibilidad y esto también se puede decir del Consejo por perpetuar esta inflexibilidad. 
No puedo, no obstante, estar de acuerdo con el Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Romano Prodi, considerando la estupidez del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Bien por Suecia. 
Los ponentes suecos han hecho un excelente trabajo. 
No tener el uso de la palabra hasta que el Grupo GUE/NGL no ha hablado aún requiere un ajuste psicológico por mi parte, pero temo que tendré que acostumbrarme. 
Señor Presidente, es habitual para nosotros los diputados reaccionar inicialmente de forma crítica a la ausencia del Consejo de nuestro pleno. 
No obstante, durante nuestro debate presupuestario anterior, el Consejo hizo un gran esfuerzo por estar aquí durante cuatro horas, por lo que no creo que nos ofendamos en esta ocasión. 
Me gustaría, sin embargo, hacer una sugerencia al Consejo. 
Esta mañana tuvo lugar una reunión de conciliación por videoconferencia con el Consejo, por primera vez, y conseguimos alcanzar un acuerdo sobre el Fondo de Solidaridad. 
La próxima vez que haya un debate en el pleno que coincida con sus propias reuniones, el Consejo tal vez pudiera seguirlo a través de este medio y presentar sus comentarios virtualmente. 
De hecho, el Gobierno neerlandés podría haber hecho los honores fácilmente. 
Puesto que el Gobierno neerlandés ha dimitido y el parlamento aún no ha adoptado una postura respecto de la ampliación, se ha acordado que el Ministro neerlandés de Asuntos Exteriores esté presente en Luxemburgo en los próximos días, aunque no intervendrá. 
Puesto que no sería la primera vez que ocurre algo así en el Parlamento, el ministro neerlandés podría haberse callado aquí en Estrasburgo. 
En cualquier caso, estamos aquí para discutir el presupuesto para 2003. 
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a nuestros colegas, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck, por el trabajo que han hecho, que ha culminado en la primera lectura del presupuesto que tenemos ante nosotros. 
A mi entender, han realizado su labor de ponentes de forma experta y fueron, y siguen siendo, muy accesibles a todos los grupos. 
No se les debe culpar, por tanto, pero aun así me gustaría señalarles el hecho de que no puedo albergar ningún entusiasmo por este debate presupuestario o por el presupuesto para 2003 que tenemos ante nosotros. 
Cuando explico a la gente por qué opté por formar parte de la Comisión de Presupuestos, siempre utilizo el argumento de que el presupuesto de la UE cubre todos los ámbitos. 
Como tal, atañe a los fondos estructurales, la agricultura, la política medioambiental, la investigación, las medidas contra la exclusión social y la reconstrucción de áreas devastadas por la guerra, y no se trata de migajas, sino de una suma en torno a 100 000 millones de euros. 
Por supuesto, lo que digo es cierto, pero tan sólo es parte de la historia. 
Después de todo, la batalla política que estamos librando hoy en el pleno no tiene por objeto el trasiego de miles de millones o la situación global, sino que hablamos de millones y de cambiar de sitio los acentos. 
Esto se debe tanto a las rígidas perspectivas financieras como a la legislación que ya se ha aprobado y que nos ata las manos. 
Fíjense en la política agrícola, por ejemplo. 
Cuando mi grupo propone discutir las subvenciones a la exportación porque merman considerablemente el potencial económico de muchos agricultores de los países en desarrollo, se emplea el argumento de la seguridad administrativa. 
Las subvenciones a la exportación forman parte de una política vigente y desde el Parlamento no podemos hacer cambios al respecto en un debate presupuestario. 
Lo cual es correcto, por supuesto. 
No obstante, también es importante que enviemos una señal política. 
Somos un foro político, después de todo. 
No se han esgrimido argumentos de peso contra nuestra propuesta de eliminar las subvenciones a la exportación. 
Por el contrario, sencillamente se han aprobado esos tres mil millones, al igual que las enormes sumas para la producción de tabaco europeo, el cual, en nuestra opinión, resulta extremadamente dañino para la salud pública. 
Mi grupo también es muy crítico con las sumas asignadas a las Redes Transeuropeas. 
Tras ocho años, la mayoría de los proyectos están muy poco avanzados. 
Sin embargo, todavía no hay nadie que se atreva a decir que las subvenciones europeas son, en cierta medida, dinero tirado a la basura. 
Sencillamente seguimos adelante impertérritos, no siempre sacando adelante los mejores proyectos. 
Los propios Estados miembros dan prioridad a los proyectos nacionales, mientras que el valor añadido de la financiación europea es sin duda el hecho de que se aplica a proyectos transfronterizos. 
La Comisión debe recurrir ahora a todo tipo de medidas de emergencia para apoyar a los verdaderos proyectos transfronterizos, aunque ésta sea, ciertamente, una situación algo extraña. 
De forma similar, en lo que respecta a la financiación estructural, los Estados miembros tienen prioridades dobles, y a menudo encontradas, que explican en parte los enormes retrasos en la ejecución. 
Por una parte, todos intentan conseguir tanto dinero como sea posible de las arcas de Bruselas, pero al mismo tiempo tienen dificultades para encontrar cofinanciación, porque estos proyectos no siempre son una prioridad nacional. 
Mi conclusión, por tanto, es que los Estados miembros se sienten menos responsables del dinero europeo que de los fondos nacionales y no sienten la misma obligación de gastarlo cuidadosa y apropiadamente. 
Esto llama bastante la atención teniendo en cuenta que es dinero que viene de los mismos contribuyentes. 
Otra área de duda en cuanto al uso correcto de los fondos es de una naturaleza completamente distinta. 
Espero que el Parlamento me apoye en este punto. 
Se refiere a la financiación de la Kedo. 
Nos referimos a esta cuestión brevemente anoche. 
El contribuyente europeo está financiando una planta de energía nuclear en Corea del Norte. 
Mi grupo se opuso a esta cuestión por principio en cualquier caso, porque preferimos apoyar la energía sostenible. 
No obstante, así son las cosas y sé que la mayoría del Parlamento está a favor. 
Pero parece que Corea del Norte también está desarrollando probablemente armas nucleares. 
Creo que está claro que deberíamos analizar esta cuestión detenidamente y que tendría sentido consignar estos fondos en la reserva y no liberarlos hasta que estemos seguros de cuáles son los programas en que trabaja esta planta. 
Asimismo, me gustaría preguntar a la Sra. Comisaria cuál es su opinión y si realmente ya tiene intención de consignar estos fondos en la reserva en la segunda lectura. 
Todos estos son ejemplos de fondos que se utilizan de un modo cuya sensatez se puede cuestionar. 
Por otra parte, también existe una categoría de créditos que creo que deberían emplearse o en los que incluso deberían emplearse más fondos. 
Un ejemplo es la ampliación. 
Hay una expresión en neerlandés que dice «goedkoop is duurkoop» [te llevas lo que pagas] y dejo a cargo de los intérpretes buscar una buena traducción. 
No estoy a favor de desperdiciar el dinero, pero creo que debemos cumplir nuestras promesas y aprovechar las oportunidades históricas. 
La situación es distinta de la que previmos en 1999 cuando se establecieron las perspectivas financieras en Berlín. 
Se unirán probablemente diez países, en lugar de seis, y no en 2002, sino en 2004. 
Sin embargo, debido a su postura de «contables» , los contribuyentes netos no están interesados. 
Mi grupo refrendará en cualquier caso las enmiendas que permitan hacer los ajustes necesarios, pues estoy convencida de que, en definitiva, estaremos pagando un precio elevado. 
La situación de la rúbrica 4 también ha cambiado. 
Sobre la reconstrucción de los Balcanes y Afganistán, se ha dicho a menudo que es imposible cumplir todas las promesas de la rúbrica 4, a menos que se hagan recortes en otras prioridades. 
Por ejemplo, se hizo un ajuste a la baja en el programa plurianual para los demás países balcánicos occidentales debido a la situación en la Serbia de después de Milosevic. 
¿Qué haremos si se alcanza la paz en Oriente Próximo? 
¿Qué programas ofreceremos entonces? 
Ya he citado las áreas en las que no me importaría recortar unos pocos miles de millones, pero me gustaría que se incluyeran en este apartado. 
Otra área en la que tampoco vendrían mal algunos millones más es la rúbrica 5, gastos administrativos. 
No es ningún secreto que no estaba satisfecha con el trato de la conciliación de julio. 
De acuerdo con este trato, el Parlamento y el Consejo se ocupan recíprocamente de sus necesidades y se acordó que se proporcionarían los fondos necesarios a la Comisión mediante una operación de distribución anticipada. 
Esto ha funcionado bien. 
Probablemente se crearán los 500 puestos adicionales para la ampliación. 
No obstante, la señal política que se nos envía es bastante desagradable, en mi opinión. 
La Comisión no es un asiento de cierre; es necesaria para un proceso de ampliación sin complicaciones. 
Irónicamente, la gente que más critica la ampliación y la capacidad de los países candidatos para aplicar el acervo comunitario es la misma que niega a la Comisión el personal suficiente para ejecutar y supervisar la aplicación del acervo comunitario. 
En mi opinión, el método de la distribución anticipada no es particularmente atractivo, ni demasiado transparente, como ya ha señalado el Sr. Walter. 
A pesar de ello, me gustaría felicitar a los ponentes por el resultado, porque, en última instancia, es el resultado lo que cuenta. 
Señora Buitenweg, entiendo cómo se siente cuándo dice que no está acostumbrada a hablar después del Grupo GUE/NGL, pero quizá le consuele saber que se le ha permitido hablar tres veces más, lo cual no está mal. 
Señor Presidente, Señorías, en este debate en primera lectura del presupuesto para el ejercicio financiero 2003, no deseo centrarme en los aspectos técnicos. 
De hecho, he tomado la palabra en varias ocasiones en los últimos meses para condenar lo que considero carencias e inconsistencias históricas del presupuesto comunitario, como los RAL o la financiación de las políticas internas y las acciones internas, y para llamar su atención respecto de problemas específicos que únicamente han salido a la luz en los últimos meses, como el límite máximo para la rúbrica de gastos administrativos, que es demasiado bajo, y, de forma más general, la insuficiencia de las Perspectivas Financieras acordadas en Berlín en 1999. 
Hoy, quiero tratar la situación desde una perspectiva política- si es que puede describirse así- en lugar de técnica. 
En un momento histórico como el que estamos experimentando ahora mismo, en el que el sistema internacional cambia permanentemente, por una parte, y en el que están teniendo lugar la ampliación y el debate sobre el futuro de Europa, por otra, creo que los que somos expertos en asuntos financieros también debemos pensar en el papel que queremos que tenga el Parlamento Europeo. 
La cuestión es la siguiente: ¿queremos ser simples ejecutores de normas, escritas en su mayor parte por otros, o queremos ser capaces de cambiar las cosas? 
Por ejemplo, ¿qué opinamos del hecho de que el Consejo haya sido capaz de obtener una base legal de la Comisión respecto de la cuestión de los desastres naturales, por citar un caso, que resulta tan extremadamente importante? 
¿No nos gustaría a nosotros también estar en condiciones de hacer aportaciones al trabajo de la Comisión? 
Señorías, a menudo nos escondemos- y cuando hablo de nosotros me refiero a toda una clase política, por supuesto- tras el respeto de las normas y los procedimientos sin ni tan siquiera intentar cambiarlos de verdad ni la forma en que se aplican. 
Cambiarlos a mejor, por supuesto. 
Éste es el mensaje que quería transmitir como añadido a este debate. 
El presupuesto para 2003 está demostrando ser bueno y felicito a los ponentes por su dedicación, el esfuerzo que han realizado y los resultados obtenidos, y también dar las gracias a la Comisaria Schreyer, a toda la estructura de la Comisión, la secretaría y los ponentes para opinión, pero tan sólo puedo hacer hincapié en que éste es un presupuesto técnico en el que nuestro papel ha consistido principalmente en cuadrar las cifras, puesto que nos falta fuerza, valor y voluntad para introducir medidas políticas genuinas. 
Puede ser que los diputados más jóvenes queramos cambiar el mundo a veces, pero, en esta ocasión, me contentaría con cambiar algunos elementos minúsculos de nuestro presupuesto europeo. 
Señor Presidente, quisiéramos añadir tres comentarios respecto al presupuesto en esta lectura. 
En primer lugar, a propuesta de la Comisión, el Parlamento decidió establecer un Fondo de Solidaridad en las líneas presupuestarias B2-400 y B7-090 durante la sesión anterior. 
Ya expresé nuestras dudas respecto a este fondo en su momento y ahora me limitaré a los aspectos presupuestarios. 
Este fondo es, a efectos prácticos, virtual, porque aún está vacío. 
Cuando suceda una catástrofe de primer orden, tendremos que encontrar los recursos del presupuesto para este Fondo con efecto retroactivo. 
Esto nos parece sumamente improbable. 
Además, si sucede más de un desastre en un año natural, el límite del fondo (1 000 millones de euros) también puede crear un problema. 
Imaginen que se produce una gran catástrofe en primavera, a la que la Comisión asigne 700 millones de euros de este fondo. 
¿Qué pasaría si se produjera otro desastre de la misma envergadura en otoño? 
Se corre el riesgo de que los recursos asignados al siguiente ejercicio se liberen prematuramente. 
Esto podría ser el principio de algo mucho peor. 
Dado el origen incierto de los recursos del Fondo, nos enfrentamos a una desagradable situación en la que hay un Fondo al que no se han asignado recursos en el presupuesto para 2003. 
Esto supone que tras un número de años, los Estados miembros podrían verse sometidos a una presión considerable para hacer contribuciones adicionales. 
Dada la situación económica actual y el grado de libertad en cuanto a política presupuestaria que se permiten algunos Estados miembros, puedo prever algunos problemas importantes. 
Me gustaría ahora hacer un comentario crítico sobre el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
La financiación de la investigación mediante el presupuesto de la UE ocasiona algunos dilemas éticos, como por ejemplo la investigación con embriones. 
En la lucha fanática por financiar este tipo de investigación, todo el programa marco estará pronto en una situación crítica porque en segunda lectura el Parlamento se negó a dar más orientaciones sobre la financiación de áreas controvertidas. 
Además, el Consejo debería haber iniciado el debate sobre los aspectos éticos antes y pospuesto las orientaciones éticas hasta que el programa hubiera sido aceptado. 
Esta controversia demuestra que el programa marco debería haberse limitado a facilitar la cooperación transfronteriza. 
El apoyo financiero activo no es aconsejable y resulta además superfluo. 
¿Por qué deberíamos cofinanciar una labor de investigación que se va a desarrollar en cualquier caso? 
Mi tercer y último comentario se refiere a la pesca. 
La Comisión y el Parlamento prestan mucha atención a los pescadores españoles y portugueses que, junto con sus regiones, no reciben el apoyo necesario debido a la falta de acuerdo con Marruecos. 
Se han gastado millones de euros en compensaciones, en reducir el número de pescadores y en el reciclaje profesional en estas regiones. 
Otras regiones pesqueras ya empiezan a pasar estrecheces. 
Aparentemente, los biólogos están aconsejando a la Comisión prohibir la pesca de bacalao y reducir otras cuotas. 
Esto tendría un gran impacto financiero en los Países Bajos, entre otros. 
¿No tendría sentido, por tanto, trasladar la atención en el presupuesto a regiones pesqueras que hasta la fecha han sido autosuficientes? 
El apoyo financiero para estas regiones en forma de programas socioeconómicos resulta conveniente. 
Este aspecto, no obstante, aún no se ve reflejado en este presupuesto, que gasta millones en acuerdos pesqueros con terceros países, de los que sólo se beneficia una minoría de países y navieras. 
Hablando de solidaridad, no estaría de más que la UE prestara más atención financieramente a una industria pesquera que no ha podido beneficiarse de las subvenciones para la renovación y construcción de barcos durante años. 
Esto ha provocado una competencia desleal durante muchos años. 
Un sector pesquero que mantiene las cuotas debería poder esperar más de Bruselas. 
Señor Presidente, los demás oradores ya han abordado muchas cuestiones. 
Distribuimos algunos de nuestros fondos sin criterio, establecemos muy pocas prioridades y también financiamos acciones ineficientes, si tenemos en cuenta que nos permitimos el lujo de tener dos sedes parlamentarias y, por tanto, pagamos a los diputados un turismo muy cuestionable, así como una Convención que está costando millones. 
Europa necesita un nuevo impulso. 
Necesitamos llevar a cabo una nueva acción en la economía, que permita, entre otras cosas hacer que todas las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al capital barato, y me refiero al capital riesgo. 
Precisamente en este punto es donde faltan iniciativas efectivas en el presupuesto para 2003. 
Hay una necesidad urgente de emprender acciones para introducir las disposiciones del Convenio de Basilea II, especialmente si tenemos en cuenta que el 45% de las pequeñas y medianas empresas europeas tienen pocos recursos propios o incluso carecen de ellos. 
En el futuro, además de cambiar la forma en que se asigna la ayuda para agricultura, tendremos que cambiar los criterios de distribución de los fondos estructurales. 
El nivel de vida de una región no debería emplearse para evaluar la situación ni ser un factor que determine la cantidad de ayuda asignada. 
Las empresas o sectores que necesiten apoyo deberían recibir estos fondos, independientemente de que estén en el norte, el sur o el este. Debemos emplear los fondos que se nos confían de una forma más eficiente y cuidadosa, si también deseamos cofinanciar la ampliación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señores representantes del Consejo ausentes, Señorías, hoy el presupuesto habla en sueco y creo que es un idioma de consenso y de acuerdo entre todos. 
Por su espíritu abierto y su búsqueda de las posiciones comunes, quiero agradecer a los dos ponentes, Sres. Göran Färm y Per Stenmarck, el trabajo realizado. 
Göran Färm es uno más en la larga lista de ponentes que se encuentran ante el dilema fundamental de la categoría 4 de las acciones exteriores, es decir, si el Consejo o la Comisión deben tener la última palabra en cuanto a la fijación de las prioridades políticas exteriores, o si el Parlamento debe decir algo al respecto. 
Año tras año, mantenemos en la primera lectura el mismo debate. 
La Comisión presenta un anteproyecto que recorta las prioridades exteriores tradicionales de la Unión; la Comisión recorta los créditos aprobados por este Parlamento el año anterior y explica que los programas en cuestión no han sido ejecutados de manera satisfactoria. 
Después llega la primera lectura del Consejo y éste, aprovechando la explicación anterior de la Comisión, recorta más aún los créditos destinados a acciones exteriores, añadiendo, eso sí, la piadosa justificación moral del ahorro presupuestario y de los principios de la sana gestión financiera. 
Después llega el turno en el que nos encontramos ahora, en el que el Parlamento repone los créditos perdidos, reafirma las prioridades exteriores y recuerda a las otras dos instituciones que esto es un juego de tres. 
Yo pertenezco a la mayoría parlamentaria que encontró correctas y suficientes las perspectivas financieras de Berlín en 1999. 
Así voté, y por ellas hice campaña. 
No comparto la opinión de algunos colegas de que se deben revisar dichas perspectivas financieras. 
Ahora bien, reconozco que cada día estamos en una situación más complicada. 
Aparecen nuevos compromisos exteriores, que son alegremente asumidos bien por el Consejo, bien por el Sr. Prodi, bien por ambos al unísono- aunque esto no sucede casi nunca. 
En fin, compromisos que luego deben encajarse en un marco financiero muy estrecho, constituido por gastos no obligatorios, que a los diputados se nos pide que respetemos. 
Pero como todos los compromisos no caben y no todo puede financiarse cuando el dinero es escaso, hay que recurrir a la excusa de la pobre ejecución de algunos programas geográficos. 
Creo que no nos sirve ya la excusa. 
Nosotros, diputados, votamos créditos que provienen del dinero de los ciudadanos europeos para que se gasten y para financiar con ellos programas de ayuda exterior. 
Señora Comisaria, su labor y la del resto de los Comisarios y del Consejo es conseguir que estos programas se ejecuten. 
Ustedes son el ejecutivo comunitario. 
No sé si es culpa de América Latina o de los países mediterráneos, por poner un ejemplo, que sus programas tengan un bajo nivel de ejecución, pero sí sé que sus necesidades están allí. 
Sé que la solución no pasa por reducir año tras año los créditos que nosotros aprobamos, por reducir los programas, sino que- todos lo sabemos- la solución pasa por encontrar nuevas vías de mejorar la ejecución. 
Esperamos que para el próximo año- y es un deseo que todos los años expresamos en la primera lectura- la Comisión, en vez de recortar el dinero del año anterior, solicite incluso más dinero para cumplir las prioridades exteriores tradicionales del Parlamento Europeo. 
Creo que, para aplicar recortes, ya nos basta con el Consejo, que es un gran especialista en ello. 
Señor Presidente, tras los 15 minutos del Sr. Färm y los 10 minutos del Sr. Stenmarck y todas las demás intervenciones, no queda mucho por decir. 
Hace poco presenté a una de las subcomisiones de la Convención, presidida por el Sr. Amato, una prueba fehaciente en materia de simplificación. Señalé que el idioma del presupuesto probablemente sea la duodécima lengua de esta institución. 
Al escuchar este debate, en que las palabras «ramassage» y «frontloading» se utilizan tan a menudo, parece como si hubieran entrado a formar parte del léxico común de nuestra lengua presupuestaria. 
También dije que solo necesitamos una lectura del presupuesto, lo que simplificaría todo el proceso. 
Si hoy se hubiera aplicado el sistema, estoy seguro de que no habríamos votado a favor del presupuesto que ahora tenemos. 
Lo digo porque muchas personas están preocupadas por la forma en que se votará este presupuesto el jueves. 
No solo me refiero a la Comisión y al Consejo, sino a los colegas de diferentes comisiones parlamentarias. 
Quiero dejar clara una cuestión a todas las personas que comparten estas preocupaciones: después de todo, es una primera lectura para demostrar que tenemos prioridades políticas y para presionar al Consejo, pero la historia no se acaba aquí. 
Estas preocupaciones se deben a lo que aprobó la comisión. 
Hemos rebasado los umbrales en tres categorías; en la categoría 1b veremos cómo vota el Parlamento el jueves. 
En la categoría 2 todavía tenemos que encontrar una solución con el Consejo. 
En la categoría 4 también necesitamos encontrar una solución junto con el Consejo. 
Por este motivo se han adoptado las decisiones en la categoría 4, para intentar garantizar que se producirá un verdadero diálogo con el Consejo a fin de resolver algunos de los problemas políticos en esta área. 
Como han dicho otros, el umbral de la categoría 4 ha sido un problema desde que celebramos el acuerdo interinstitucional. 
Desde entonces hemos tenido que utilizar el instrumento de la flexibilidad. 
Muchos opinan como el Sr. Seppänen que el acuerdo es estúpido. 
Yo soy uno de los que han votado a favor. Lo que quizá me convierta en estúpido, pero la realidad es que este Parlamento lo aceptó, y tenemos que vivir con ello y dentro de sus límites. 
Espero que cuando llegue el próximo acuerdo interinstitucional hayamos aprendido algo de esto, especialmente en la categoría 4. 
Sin embargo, esta vez es preciso satisfacer las necesidades de la categoría 4, especialmente en los capítulos de Afganistán y el Fondo Mundial para la Salud. 
En cuanto al Fondo Mundial para la Salud, sin duda hay grandes diferencias de opinión entre la Comisión, el Consejo y nosotros mismos. 
Para empeorar las cosas, al menos un Estado miembro nos pide que encontremos los 65 millones de euros que faltan, lo que complica el asunto cuando sabemos que la posición del Consejo ya está adoptada. 
Cuando digo que deben satisfacerse me refiero a que tenemos que encontrar una verdadera solución con el Consejo, no meternos en una conciliación o en diálogos tripartitos y practicara los juegos habituales. 
Tenemos graves problemas en estos terrenos y necesitamos un verdadero sentido de cooperación. 
He de decir que mantenemos una buena relación de trabajo con la Presidencia danesa. 
No deberíamos condenar a la Presidencia danesa por no estar aquí. Me han presentado sus disculpas explicando que tienen otros compromisos. 
El hecho de que el Presidente en ejercicio estuviese 4 horas y media en nuestra última reunión demuestra su buena disposición. Han trabajado bastante bien con el Parlamento. 
Han respetado al Parlamento y la voluntad del Parlamento. La Presidencia danesa ha sido una buena colaboradora. 
Tal y como ha dicho la Sra. Buitenweg, la Presidencia también ha estado bien hoy, incluso en la videoconferencia sobre el Fondo Europeo de Solidaridad. 
Pero esperemos que puedan mantenerse estas buenas relaciones a medida que entramos en la siguiente conciliación, anterior a la segunda lectura del Consejo. 
En la Convención también planteé la cuestión de que, en contraste con la Guerra de la Independencia norteamericana, cuando se gritaba «no taxation without representation» , en este Parlamento tenemos el lujo de tener representación sin pagar impuestos. 
Lo que suele llevar al Consejo a pensar que derrochamos el dinero de los contribuyentes. 
El mensaje que debemos transmitir al Consejo es que los presupuestos que votamos aquí son serios y prudentes, pero tienen prioridades políticas. 
Espero que en diciembre hayamos conseguido algunas de estas prioridades políticas. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a los ponentes, al Presidente de la Comisión de Presupuestos y a la Comisaria. 
Como ya hemos señalado, el Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas está muy satisfecho con el presupuesto, que es riguroso y transparente en su totalidad. 
Esto forma parte de nuestra tradición. 
No obstante, me gustaría añadir que, en mi opinión, también es un presupuesto excesivamente técnico con una dimensión política muy limitada. 
Podemos aceptar las líneas básicas, en particular las relativas a la reforma y la ampliación, que, en mi opinión, son los mayores desafíos a los que nos debemos enfrentar en la actualidad. 
No obstante, precisamente porque es un desafío, debemos emprender acciones más decisivas, políticas; acciones, sobre todo, más visibles para todos los ciudadanos europeos. 
Al igual que el Presidente de la Comisión, que acaba de intervenir, yo también creo que es absolutamente necesario reformar el procedimiento. 
Es necesario revisar los elementos técnicos del procedimiento, que debe simplificarse, y, en particular, sus dimensiones políticas y culturales deben desarrollarse, definiendo los poderes del Consejo de tal forma que se maximicen, en lugar de reducirse, para conseguir un debate más efectivo, más centrado y, sobre todo, de una mayor actualidad. 
Tiene que haber una filosofía básica detrás del presupuesto europeo, una filosofía básica de responsabilidad administrativa compartida, no concentrada; repito, compartida: esto es extremadamente importante, y el Parlamento necesita tener un mayor peso político, porque debe realizar su labor de forma tan efectiva como sea posible. 
El Parlamento, al igual que el conjunto de la Unión, debe ser una institución política visible y dar respuestas políticas. 
Me centraré en dos aspectos técnicos. 
El primero se refiere a la cuestión de la rúbrica 4, que mi colega ya ha abordado. 
Me gustaría añadir algo. 
Quizá prestemos poca, más bien demasiado poca, atención a la cuestión mediterránea, quizá prestemos demasiado poca atención a la cuestión de Oriente Próximo. 
Debatimos la reconstrucción, Afganistán y otras cuestiones relativas a países lejanos, pero hay un problema más cerca de aquí que tendremos que afrontar pronto, muy pronto, de una forma más exhaustiva y decisiva. 
Mencionaré una cuestión más: la cultura. 
Los fondos asignados para los jóvenes, la formación y la información son manifiestamente insuficientes. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck por su excelente trabajo sobre el presupuesto de 2003. 
Es importante recordar que el presupuesto sirve para dar soporte a las decisiones políticas adoptadas por el Consejo o por el Consejo y el Parlamento conjuntamente. 
No es de recibo intentar utilizar el procedimiento presupuestario para definir esta política. 
Me refiero en particular a ciertas recomendaciones relativas a los fondos agrícolas y estructurales. 
La propuesta de reducir las subvenciones a la exportación no viene al caso y está mal planteada, especialmente porque tiene por objeto forzar una decisión política, principalmente la reducción del transporte de animales vivos. 
El presupuesto no es el instrumento apropiado para estas decisiones políticas, independientemente de qué se piense sobre el asunto en cuestión. 
En cuanto al fondo, deberíamos recordar que vivimos en una economía global, con fuertes competidores en el comercio agrícola. 
En el clima actual de precios deprimidos e incertidumbre política, vamos a desfavorecer más a nuestros agricultores. 
Le aseguro que si la UE decidiera hoy prohibir las exportaciones de animales vivos, los australianos vendrían e invadirían directamente nuestros mercados. 
Es un factor comercial importante que debe tenerse en cuenta. 
Siguiendo con la agricultura, comparto la preocupación de muchos colegas por la reducción general propuesta de 275 millones de euros del gasto agrícola. 
Esta propuesta desconoce claramente las realidades agrícolas del momento. 
Mi grupo ha presentado una serie de enmiendas que pretenden subsanar parte del posible entuerto. 
Algo parecido ocurre con la cuota propuesta de 525 millones de euros de créditos de pago de los fondos estructurales. 
Como representante de una región del Objetivo nº 1 del norte y oeste de Irlanda, soy muy consciente de los beneficios de cada uno de los euros invertidos en un esfuerzo por restablecer el desequilibrio económico y socioeconómico de la Unión. 
Para concluir, celebraré toda mejora de los índices de ejecución de los programas y proyectos de los fondos estructurales. 
Hemos de abordarlo con una mayor previsión de las necesidades de pago, pero rechazo firmemente todo planteamiento de reducir de alguna manera los importes globales. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, ya se ha dicho mucho sobre este presupuesto y muchos de los oradores han seguido la tendencia iniciada por el Presidente de la Comisión. 
Si todo es estúpido, el propio rigor de este presupuesto es estúpido. 
Si el Pacto de Estabilidad es estúpido, si debe revisarse para que nuestros países y nuestras economías sean menos rígidos, entonces, señora Comisaria, si todo lo que nos ocupa puede describirse como una gran estupidez, es la estupidez la que nos lleva, mientras diez países llaman a nuestra puerta, a autolimitarnos con un complejísimo presupuesto que está reducido al mínimo, obligándonos a utilizar toda nuestra ingenio- y a este respecto alabo la habilidad de nuestro ponente- para asignar fondos para Afganistán y otras cuestiones; un presupuesto, por último, que está fijado y que, si cabe, es más reducido que en otras ocasiones. 
Todo esto en un momento en que nuestros Estados- y su Presidente se hizo eco de ello de forma elocuente- creen que debemos romper los cerrojos de leyes que parecen estúpidas, incluso a los Estados que son los guardianes de dichas leyes. 
Por tanto, consideremos también el presupuesto desde este punto de vista. 
No creo que el presupuesto tome en cuenta estos hechos. 
Creo que, ante la inminente ampliación, la Convención ciertamente debe considerar la posibilidad de un nuevo Tratado Europeo, de dar más poderes al Parlamento Europeo (lo cual resultaría bastante conveniente) , pero sobre todo, debe tener en cuenta el hecho de que 25 Estados no pueden funcionar con un presupuesto reducido diseñado para 15. 
Esto es lo que quería decir en relación al ambiente actual. 
Con respecto a la votación del jueves, siento que ayer, en la Comisión de Presupuestos, se nos ocurrió una medida que considero importante. 
Acabamos de saber que Corea del Norte está utilizando el programa nuclear civil que estamos financiando, al elevado coste de 20 millones de euros, para fines militares, lo cual supone una violación deliberada de los acuerdos con la comunidad internacional. 
Podríamos dar un golpe, al votar el presupuesto, si consignamos esos créditos en la reserva: esto, Comisaria, sería quizá un paso adelante, especialmente en lo que respecta al Consejo. 
Señora Presidenta, haré lo que pueda. 
En primer lugar, quiero felicitar, en nombre del Grupo Socialista, al ponente Sr. Stenmarck por un informe muy sólido y bien trabajado. 
Pero no quisiera limitarme simplemente a ello, sino que también quiero agradecer en mi nombre la buena voluntad y la colaboración que el Sr. Stenmarck me ha prestado en mi labor temporal como ponente en la sombra accidental. 
Señoras y señores, como ya se ha subrayado, la preparación del presupuesto de las otras instituciones para ese ejercicio 2003 ha puesto de manifiesto la gran presión que las necesidades administrativas, relacionadas fundamentalmente con los costes de la preparación de la ampliación, ejercen sobre el límite máximo de la rúbrica 100. 
Mi Grupo apoya plenamente al ponente en cuanto al objetivo principal, que es, justamente, intentar dotar a las instituciones de los medios necesarios para una buena preparación de la ampliación a 25, que ya está en puertas. 
En este sentido, el ponente ha procurado dar a las instituciones los medios adecuados para cubrir sus necesidades prioritarias. 
Mi Grupo apoya también al Sr. Stenmarck en su estrategia del llamado front-loading, es decir, prever la utilización de excedentes disponibles del presente ejercicio 2002 para adelantar algunos gastos previstos en 2003 y aliviar así la carga del presupuesto 2003, tal como el ponente ha explicado ampliamente en su intervención. 
Dicho esto, me concentraré en una serie de puntos prioritarios para mi Grupo político: 
Primer punto. 
Todas las instituciones- por cierto, el Parlamento Europeo ha sido la última- justo antes de la votación en la Comisión de Presupuestos, han presentado, presionadas fundamentalmente por el Grupo del Partido de los Socialistas, un presupuesto basado en un cálculo riguroso de coste-eficacia. 
Y usando este duodécimo idioma que el Sr. Wynn decía que era la jerga comunitaria, el llamado Activity Based Budget, se ha presentado porque es obvio que las instituciones deben tener un sistema de gestión financiera transparente en aras de la eficacia. 
En cuanto al personal, quiero señalar dos puntos. 
Primero, mi Grupo siempre ha apoyado que las instituciones cuenten con los recursos humanos necesarios, siempre que esas necesidades sean reales. 
Nos complace, por consiguiente, que la Comisión de Presupuestos haya votado favorablemente nuestra enmienda, en la que pedimos una descripción de las funciones y necesidades para poder determinar exactamente el apoyo necesario en el caso de los cargos institucionales. 
Pero sólo para los cargos institucionales. 
Por ello, rechazamos la enmienda número 1 que el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado al Pleno, en la que solicita que se amplíe también a los diputados que tengan responsabilidades análogas. 
Con respecto a las pensiones, quisiera decir que es una vergüenza. 
Fui ponente general para el presupuesto 1999 y en ese informe ya hice mucho hincapié- un informe aparte- en la urgencia de resolver el problema de las pensiones de los funcionarios europeos. 
Ahora estamos en 2002 y seguimos apelando a lo mismo. 
Aquí quisiera yo, Sr. Ferber, que hubiera estado también presente el Consejo, que tiene que cumplir, en primer lugar, con esta obligación. 
Por otra parte, mi Grupo siempre ha defendido la necesidad de que los ciudadanos sean conscientes de que el Parlamento Europeo es su casa; una casa transparente. 
Por ello apoyamos un proyecto piloto de transmisión en directo de las sesiones plenarias. 
Y, señora Presidenta, porque no es un cheque en blanco, ante el presupuesto 2004 la Mesa del Parlamento Europeo debe presentar propuestas pertinentes en este sentido. 
Con objeto de minimizar el sufrimiento humano y mejorar nuestra propia credibilidad, debemos hacer una corrección más en el presupuestos de relaciones exteriores. 
Sigue siendo sumamente lamentable que aún nos falten 3 millones de euros en la cuestión de minas terrestres. 
Los fondos para esta causa ya se han recortado en todo el mundo. 
La Unión Europea no debería participar de esta tendencia. 
Alrededor de 50 personas, principalmente mujeres y niños, se ven afectados cada día. 
Aún se necesita una elevada cantidad de dinero, en particular para el cuidado de las víctimas y los familiares. 
Además, como Parlamento, debemos cumplir los compromisos que contrajimos en 2001. 
Estamos incurriendo en atrasos en los pagos, mientras que la UE ha demostrado que puede hacer una contribución efectiva específicamente en este campo. 
Por esta razón, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha vuelto a presentar mi enmienda. 
Nuestro Parlamento debería reconocer que la prohibición de minas terrestres también debe involucrar a agentes no estatales. 
El Parlamento adopta una postura coherente al refrendar la enmienda. 
Un ligero aumento de los fondos producirá una reducción considerable del número de personas que sufren. 
Señora Presidenta, los ejercicios de ingeniería financiera necesarios para llevar a cabo este proceso presupuestario demuestran, una vez más, la precariedad del marco financiero comunitario. 
No nos oponemos, en ningún caso, a las prioridades resumidas por el ponente. 
De hecho, deseo felicitar a los ponentes por su labor. 
Creo, no obstante, que podrían emplearse otros enfoques para alcanzar estas prioridades, sin el menor perjuicio de la legitimidad y las competencias que se nos han conferido; particularmente, estos enfoques nos proporcionarían una ventaja de cara a conseguir estas prioridades. 
El aspecto más importante de esta situación es la revisión de las perspectivas financieras. 
O, de no producirse tal revisión, el pleno uso de las prerrogativas que los Tratados nos conceden. 
Resulta, de hecho, inaceptable mantener y sostener un presupuesto claramente insuficiente para las prioridades que estamos estableciendo. 
Objetivamente, faltan los medios para realizar las ambiciones que se están manifestando. 
El Parlamento pierde poder constantemente y el resultado es obvio, especialmente en la rúbrica 4, en la que vemos una presión clara y continua sobre la cooperación con los países menos desarrollados, dada la inclusión en esta rúbrica de la ayuda previa a la adhesión para los países candidatos y las sumas para la reconstrucción, en primer lugar de los Balcanes y ahora de Afganistán. 
Esta situación debe cambiar. 
Dicho esto, me gustaría hacer un comentario sobre un caso particular: el de Timor Oriental. 
Empezaré por decir que estoy de acuerdo con las sumas decididas por la Comisión de Presupuestos. 
No estoy de acuerdo, no obstante, con la eliminación de la línea específica para ese joven país, sumido en la ignorancia. 
Esto enviaría un mensaje político perjudicial y desestabilizador a una población que consiguió la independencia hace sólo unas semanas y que aún se enfrenta a todo tipo de carencias. 
Además, éste sería un mensaje político que no concordaría con las resoluciones que hemos adoptado ni con el Premio Sájarov que hemos concedido. 
Por otra parte, proporcionar fondos mediante la línea presupuestaria de Asia en un momento en que aún no se ha definido claramente qué senda seguirá la cooperación futura entre Timor Oriental y la Unión Europea sería claramente un acto impulsivo. 
Por tanto creo que es apropiado y crucial que la situación que se ha generado se corrija en el pleno. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, este presupuesto para 2003 es catastrófico, nostálgico e histórico, todo al mismo tiempo. 
Catastrófico, en primer lugar, porque se basa en una serie de cuestiones que son inaceptables. 
Por ejemplo, la ganga o cheque británico. 
Una noche, en Fontainebleau- la Sra. Thatcher lo cuenta en sus memorias- el Presidente Miterrand le dijo «señora, tendrá su cheque». 
De hecho, no obstante, desde entonces el Reino Unido se ha convertido en un receptor neto. 
Es como si un millonario siguiera yendo a los comedores de beneficencia y considerara que esto forma parte del acervo comunitario. 
Segunda catástrofe: los RAL, por ejemplo, no sólo en el campo de los Fondos Estructurales, sino también en el campo de la agricultura. 
La diferencia entre el presupuesto que hemos votado y los créditos comprometidos y utilizados de hecho es tal que, en diez años, los pequeños agricultores europeos han dejado de beneficiarse de casi el equivalente de un presupuesto anual. 
Este presupuesto no es sólo catastrófico, no obstante. También es nostálgico. 
Todo el mundo lo ha dicho, ésta es la última vez en que sólo seremos 15. 
Como bien nos dijo el Presidente húngaro anteriormente, en una Europa de 25 Estados miembros está fuera de lugar tener dos velocidades y que algunos países reciban el 100% de las subvenciones agrícolas y otros, inicialmente, tan sólo el 25%. 
El equilibrio de poderes políticos será tal que no podremos continuar así. 
El presupuesto para 2003, sin embargo, es una respuesta inicial a esta necesidad y por esta razón es histórico. 
No es histórico por una serie de elementos pretenciosos como la estrategia política anual o la gestión por actividad. 
Estos elementos han existido desde la década de los sesenta, con los sistemas de planificación, programación y presupuestación. 
Si este presupuesto es histórico, es porque es el primero en superar los 100 000 millones de euros, el primero en la historia presupuestaria en alcanzar semejante cifra. 
Y aunque llevó 43 años llegar hasta aquí, tan sólo llevará diez años llegar a la marca de 200 000 millones de euros. 
En este sentido, antes o después, estos doscientos mil millones pronto nos obligarán, ciertamente, a establecer un impuesto europeo. 
Debemos recibir este presupuesto con los brazos abiertos, porque es el último presupuesto sencillo. 
En el futuro, se abrirá la veda sobre los contribuyentes, aunque es cierto que, para nuestros amigos británicos, esto simplemente sustituirá a la caza del zorro, que se acaba de prohibir. 
Señora Presidenta, este presupuesto acaba de ser calificado de nostálgico, catastrófico e histórico. 
Creo que es un presupuesto sólido y bien equilibrado y desearía dar las gracias al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck por su perspicaz trabajo. 
Me gustaría llamar su atención, Señorías, sobre puntos que pueden parecer de menor importancia, pero que afectan al uso por parte del Parlamento de su poder de iniciativa. 
Con el debido respeto al acuerdo interinstitucional y al Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo va a votar un nuevo proyecto piloto e iniciativas de acción preparatoria, que creo que resultarán útiles para la integración europea. 
El primer punto se refiere a preparar a las pequeñas y medianas empresas para la ampliación. 
Creo que así se enviará una importante señal a la industria, que hará que la red de pequeñas empresas, tan importantes para nuestras economías, se sientan más involucradas. 
Estoy convencido de que las medidas prácticas tendrían un mayor efecto que una serie de campañas informativas. 
La segunda iniciativa que me gustaría mencionar se refiere al programa llamado ENEA, destinado a las personas de edad, que intenta repetir los éxitos de los programas Sócrates y Erasmus en el contexto de la movilidad de estas personas. 
La naturaleza innovadora de este programa reside en el hecho de que podría desarrollarse como una interfaz entre cultura, políticas sociales y sanidad y, si el Parlamento aprueba el proyecto piloto, proporcionará a la Comisión la oportunidad de crear un programa que fomente el diálogo entre personas de edad de 25 países distintos. 
El último punto que me gustaría mencionar es la iniciativa medioambiental, que, mediante la financiación de medidas de reforestación y la creación de un banco de semillas, nos ayudará a promover el mecanismo de desarrollo limpio establecido en el Protocolo de Kioto. 
Este proyecto pretende promover medidas positivas en el ámbito europeo para reducir el nivel de CO2 en la atmósfera y crear una estructura operativa para la recolección y conservación de semillas y plantas, muchas de las cuales, de lo contrario, se perderían como especies autóctonas, y emplearlas para la restauración ambiental. 
Esto también creará empleo, porque la diversificación de la agricultura planteará algunos problemas y exigirá que se establezcan nuevos objetivos. 
La Comisión debe, ciertamente, informar al Parlamento sin demora de las medidas que planea tomar para seguir las recomendaciones de la autoridad presupuestaria si todo esto se va a someter a votación el jueves y también en diciembre. 
Me gustaría dar las gracias una vez más al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck por su trabajo y espero que la Comisión siga buscando la estrecha cooperación que hemos disfrutado en los últimos meses. 
Señora Presidenta, Señorías, he oído a varios de nuestros colegas, y al propio ponente general, hacer referencia a los restos por liquidar, los RAL, y hacer preguntas y propuestas a la Comisión, así como examinar posibilidades de simplificación. 
Quisiera atraer su atención sobre un curioso fenómeno: la ejecución de los Fondos Estructurales, que constituyen una de las partidas más voluminosas, es mucho mejor en los países pobres de la Unión que en los países ricos, lo cual, a todas luces, es contradictorio. 
Lógicamente, cabría esperar que los países más desarrollados tuvieran una mejor ejecución y una mejor administración, pero eso no se corresponde con los datos que nos presentan. 
Quizá habría que hacer preguntas más específicas al Consejo. 
En nuestra reflexión, no podemos ser homogéneos y pensar que todo el mundo es igual. 
Intervengo a título personal, pero también como ponente permanente de las perspectivas financieras. 
Por eso, quisiera centrarme en dos puntos. 
En primer lugar, quisiera preguntar al Consejo- que, aunque esté ausente, espero que lea el acta- si piensa cumplir lo acordado el pasado año con respecto a la dotación del programa de la reconversión de la flota pesquera que faenaba tradicionalmente en aguas de Marruecos, y que acordamos reestructurar por la falta de acuerdo con ese país. 
La autoridad presupuestaria de la Unión, es decir, el Consejo y este Parlamento, acordaron, en diciembre de 2001, incluir, y subrayo, a más tardar en el presupuesto de 2003, los 27 millones de euros que faltaban para terminar el programa. 
Pero, en el proyecto de presupuesto, el Consejo ha eliminado la partida presupuestaria que había incluido la Comisión a estos efectos y, por lo tanto, pregunto qué quiere decir esto. 
¿Quiere decir que el Consejo no piensa respetar sus compromisos? o, ¿qué piensa inventarse? 
Y no me tilden de desconfiado, sino de experimentado. 
Llevo ya muchos años en esta guerra. 
Desde la Comisión de Presupuestos les proponemos dos posibilidades que, además, pueden ser complementarias. 
Por una parte, hacer el próximo mes de noviembre una transferencia de los créditos que no vayan a ser utilizados en la categoría 2. 
A 18 de octubre quedaban 105 millones de euros sin comprometer. 
La Comisión nos dice ahora que sólo podría disponer de 9. 
Le ruego que haga un esfuerzo con estos 105, a ver qué pasa. 
Si no, realmente, movilizar el instrumento de flexibilidad, previsto en el Acuerdo Interinstitucional, para el próximo ejercicio. 
Ciertamente, no es muy ortodoxo, pero podría aceptarse, puesto que hay una excepción contemplada en el propio artículo del Acuerdo. 
Espero, por otra parte, que el Consejo, como a veces hace, cumpla su promesa, y que nos pongamos de acuerdo antes de diciembre. 
El segundo tema es el recorte de las políticas tradicionales con respecto a países terceros. 
Señorías, en la rúbrica 4 nos están pidiendo continuamente que aumentemos nuestras ayudas a nuevos países, y eso se hace en detrimento de los antiguos. 
Esto también implica por parte del Consejo una reflexión sobre el importe total de esta rúbrica. 
Señora Presidenta, me gustaría tratar una parte bastante pequeña del presupuesto, en concreto la tocante a las llamadas agencias descentralizadas. 
Dos agencias tienen el problema de estar situadas en países donde la tasa de inflación es superior a la media de la UE y esto socava su presupuesto y, consiguientemente, su capacidad para llevar a cabo su labor. 
Una de las agencias es la de Dublín, que se ocupa del desarrollo del diálogo social, en parte en los países candidatos. 
La otra agencia es la de Turín, que desarrolla la formación profesional en los Balcanes y dentro del marco de los programas MEDA y TACIS. 
La presupuestación por parte de la Comisión no tiene en cuenta este problema de la inflación y creo que actualmente se establecen más agencias nuevas para asegurar que haya la pericia administrativa necesaria. 
Las agencias difieren considerablemente entre sí en el modo en que están organizadas y las tareas a que se dedican y espero, por tanto, que en el futuro podamos conseguir una lectura del presupuesto que tenga más en cuenta las diferentes estructuras y necesidades de las agencias. 
Señora Presidenta, a mí también me gustaría expresar mi preocupación con respecto a la ayuda al desarrollo establecida en el presupuesto. 
El rigor es la consigna. 
Se reducen y eliminan rúbricas y creo que estamos lejos de un presupuesto que se ajuste a nuestras necesidades y expectativas. 
Aparte del hecho de que el aumento en esta parte del presupuesto es únicamente superficial, dado que se debe tener en cuenta la inclusión de ayuda previa a la adhesión para Chipre, Malta y, en particular, Turquía, la tendencia general que transmiten las cifras no indica un gran deseo por parte de la Unión de ocuparse de sus responsabilidades con respecto al Sur. 
Qué extraño es fijar el objetivo de erradicar la pobreza y, al mismo tiempo, recortar los fondos de ayuda al desarrollo. 
Los recortes son claros: menos para ayuda alimentaria, menos para Latinoamérica. 
Resultan particularmente graves en el caso del Mediterráneo y los Balcanes, sin contar con la posibilidad de mayores recortes que habrá que efectuar si la financiación para la ayuda a Afganistán no se puede cubrir con otros recursos. 
¿A quién podemos convencer de que esta llamada reasignación de fondos a otras rúbricas producirá más créditos, una mayor efectividad de cara a responder a las necesidades de la gente afectada? 
Sin una revisión apropiada de las Perspectivas Financieras, la previsión sobre la rúbrica 4 se está haciendo insostenible. 
Tras la supresión del Consejo de Desarrollo, un presupuesto así enviaría una señal muy negativa. 
Otro ejemplo son las negociaciones que acaban de comenzar con vistas a la firma de acuerdos de asociación económica con nuestros socios ACP. 
Se les piden considerables esfuerzos de ajuste, lo cual supone una limitación financiera que no puede ser sostenida por los propios países ACP o por el FED, sino que requieren que la Unión Europea asigne especialmente fondos suplementarios. 
Por último, quiero prestar mi apoyo a la propuesta de mi grupo de crear una rúbrica específica para la ayuda a Palestina. 
Algunos sostienen que los proyectos financiados por la Unión Europea deberían abandonarse si están abocados a verse destruidos sistemáticamente. 
Hace algunos meses ya, el Comisario Patten calculó que el ejército israelí había destruido infraestructuras por valor de 20 millones de euros. 
No obstante, la Unión no debe dejar que triunfe la ley del más fuerte y debe actuar de acuerdo con la legalidad. 
Esto es lo que el Comisario Patten ha reiterado continuamente, instando a realizar un esfuerzo importante y concertado, necesario para reformar y reconstruir la Autoridad Palestina, en tanto que único interlocutor viable en las futuras conversaciones de paz. 
Esto se conseguirá a través de la transparencia política y presupuestaria en cuanto a este objetivo. 
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar a los dos ponentes. 
Cada año, quedo enormemente sorprendido por la magnitud del trabajo que deben hacer. 
¿Cuáles son mis comentarios generales sobre el presupuesto? 
Es de sobra conocido, también de ejercicios anteriores, que soy un gran partidario de llevar a cabo lo acordado en la medida de lo posible. 
Así, deberíamos seguir respetando las perspectivas financieras. 
También este año hay una serie de partidas presupuestarias que superan estas perspectivas financieras. 
Éste el caso particularmente de la rúbrica 4. 
Deberíamos, en mi opinión, adoptar una postura flexible por una vez. 
En cuanto al gasto necesario para Afganistán y el Fondo Mundial para la Salud, creo que deberíamos usar el instrumento de flexibilidad y consultar con el Consejo. 
Siempre que discuto el presupuesto, no puedo evitar mencionar el gasto agrícola. 
Una vez más, he presentado un gran número de enmiendas y espero que si el pleno las aprueba, el Consejo esté dispuesto a adoptarlas. 
Actualmente tenemos una comisión de investigación sobre la fiebre aftosa que ha hecho una serie de recomendaciones sobre las que podremos votar más adelante este año. No obstante, algunas cuestiones ya están claras. 
Es inaceptable que volvamos a sacrificar animales a gran escala en el futuro, como hemos hecho en el pasado. 
Por esta razón he presentado enmiendas para el desarrollo de mejores vacunas y mejores métodos de prueba, que distingan entre los animales infectados y los animales inoculados, etc. Asimismo, en mi opinión- y todo el mundo está de acuerdo en ello- la producción agrícola debería centrarse en la calidad. 
La opinión pública, no obstante, debería saber lo que es la calidad. 
Europa necesita desarrollar su propio sistema de calidad, fácilmente reconocible para sus clientes, y se ha facilitado financiación para este propósito, a condición de que el sistema sea efectivo. 
Por último, en relación con el coste de controlar las epizootias, creo que resulta inaceptable que asignemos una suma relativamente pequeña del presupuesto a este propósito cada año, mientras que cada año resulta patente que si estallara una verdadera epidemia, costaría miles de millones. 
En mi opinión, debemos desarrollar sistemas de seguros europeos. 
Por último, he observado que la cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento ha sido satisfactoria hasta la fecha. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario también quisiera felicitar a los dos ponentes, que, lo sé, han realizado una enorme labor con sus informes, al igual que al presidente de la Comisión de Presupuestos, Terry Wynn, por la forma en que allanó el camino a la votación en recientes y tensos debates. 
Está bien conseguir hacer el trabajo tan rápidamente, y le agradezco la forma en que lo ha hecho. 
Mi comisión se ha ocupado principalmente de cuatro áreas. 
La primera es la OLAF, la oficina europea de lucha contra el fraude. 
Creo que hemos resuelto el problema que tenían todas las partes de esta Cámara a la hora de encontrar la redacción adecuada de una enmienda sobre la financiación de OLAF para el año que viene. 
Pero todavía nos preocupa el diálogo entre la Comisión y la OLAF en el proceso presupuestario. 
Siendo realistas, me preocupa especialmente porque plantea cuestiones sobre la independencia de la OLAF; forma parte de la Comisión en este proceso y podemos modificar su presupuesto de esta forma. 
La segunda área son las restituciones a la exportación, algo sobre lo que el Sr. Mulder, el orador precedente, es un experto, como el Sr. Casaca de los escaños socialistas, y de lo que sé muy poco. 
Entiendo que estén relativamente contentos con el resultado de las enmiendas que presentaron en este terreno. 
En tercer lugar, nos interesaba la protección del euro frente a la falsificación, preocupados por la valoración del euro, porque es tanto lo que podría haberse falsificado. 
Quizá deberíamos habernos preocupado más por los singulares comentarios que hizo el Presidente de la Comisión y haber presentado una enmienda al respecto. 
En cuarto lugar, y más importante, nos preocupaba la agenda de reformas de la Comisión, y por este motivo llamé la atención de los diputados de todos los partidos sobre las enmiendas al Informe Färm, especialmente en relación con la reforma de la Comisión. 
El ex contable jefe de la Comisión nos ha pedido que nos fijemos en una serie de cuestiones relativas a los sistemas informáticos y en la forma de garantizar que el dinero de nuestros contribuyentes, el dinero de nuestros gobiernos nacionales, se gasta correctamente si los sistemas informáticos utilizados no se soportan o facilitan cifras correctas. 
Sin duda alguna volveremos sobre este asunto en próximos debates, pero estos son los principales puntos de interés planteados por la Comisión de Control Presupuestario. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados ponentes, una de las cuestiones que surgen de forma reiterada en nuestros debates sobre el presupuesto es la correcta administración del gasto. 
Ése fue el caso y continúa siéndolo en lo que se refiere a otras áreas además de los fondos estructurales. 
Hemos recibido muchos comentarios a este respecto, la mayoría de los cuáles expresan indignación, pero casi ninguno muestra iniciativa. 
Sin embargo, se han presentado una serie de soluciones al respecto, incluida la consignación en la reserva de fondos, y acabamos de escuchar cómo se reiteraba esta propuesta hace unos minutos. 
Creo que, de aplicar esta solución, sería peor el remedio que la enfermedad y que la dirección correcta sería la de la simplificación. 
Ya se ha dicho que el Comisario Barnier ha puesto en marcha un proyecto importante en este campo y ha involucrado al Parlamento. Se han desarrollado propuestas que, si se ponen en práctica sin demora, permitirán limitar la pérdida de créditos de fondos estructurales por parte de las regiones del objetivo 1. 
Esto no basta, no obstante. Debemos racionalizar los excesivos elementos burocráticos y la inagotable sucesión de requisitos de documentación y controles y necesitamos una fusión de fondos que responda a la situación actual a través de la integración de medidas de desarrollo. 
Esto también resulta crucial para la ampliación. 
Una Unión más fuerte no significa necesariamente una Unión más inefectiva, sino todo lo contrario: la sencillez de las normas y la aplicación del principio de subsidiariedad harán del presupuesto europeo una herramienta política y contable flexible, libre de la carga de los RAL y, lo que es más importante, surgirá una relación más estrecha entre la Unión Europea y los ciudadanos. 
Señora Presidenta, como mencioné en la sesión plenaria anterior, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios acogió positivamente la primera lectura del Consejo del proyecto de presupuesto de la Comisión. 
También es cierto que la comisión siente que el presupuesto de la UE para el ejercicio 2003 es considerablemente más modesto que el de ejercicios anteriores. 
Como todos sabemos, esto se debe al hecho de que ya hemos dejado atrás las considerables actividades informativas financiadas por el presupuesto de la UE antes de la introducción de la moneda única. 
Sin embargo, volveré a esta cuestión dentro de un momento. 
Nuestra comisión propuso un número muy reducido de enmiendas al presupuesto y me decepcionó mucho que la Comisión de Presupuestos las rechazara prácticamente en su totalidad. 
Como he dicho, las peticiones eran muy reducidas y deberían haber sido aceptables, particularmente en el caso de la postura y la propuesta de la comisión respecto al programa Prince y en particular su línea B5-3061: actividades informativas referidas a la moneda única. 
Hubo un amplio acuerdo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en cuanto a que las actividades informativas deberían concentrarse en los países que aún no han introducido la monea única y, en cierta medida, en los países candidatos, que algún día introducirán la moneda única. 
El hecho de que esta enmienda se rechazara resulta más lamentable al considerar que es muy probable que al menos uno, quizá más, de los Estados miembros actuales celebre un referéndum sobre la moneda única el próximo año. 
Con esto en mente, parece lógico asignar fondos a estos países, en lugar de gastarlos en actividades informativas que producirán un beneficio cuestionable en los países que ya han introducido, con mucho éxito, la moneda única. 
Me resulta difícil verle utilidad a las medidas de información en los países en los que el euro ya es una realidad y parte de la vida cotidiana. 
Como dice Wim Duisenberg, Presidente del Banco Central Europeo, el Banco Central nunca ha tenido problemas para vender su producto. 
Comparto esta opinión y creo que cada país que haya introducido el euro puede tomar estas medidas sin ninguna contribución del presupuesto de la UE. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en vísperas de la votación de la primera lectura del presupuesto para 2003, debo confesar que tengo sentimientos encontrados. 
Estamos trabajando para superar las limitaciones del presupuesto comunitario del mejor modo posible y encontrar la mejor solución posible. 
Dicho esto, no puede evitar pensar que nos hemos impuesto estas limitaciones nosotros mismos. 
La reducción, ahora regular, del presupuesto comunitario expresado como porcentaje del PIB me parece particularmente preocupante. 
Una vez más, parece que no queremos darnos a nosotros mismos los medios para cumplir nuestras ambiciones. 
La situación de la rúbrica 4 es un buen ejemplo de ello. 
El Consejo, en el contexto de grandes conferencias multinacionales, se compromete a apoyar una serie de causas dignas: la reconstrucción de Afganistán, campañas contra el sida, etc. Luego, al volver a Bruselas, no parece querer darnos los medios para cumplir sus promesas. 
Nos debemos a nosotros mismos el recordar a los Estados miembros su obligación de asegurar la coherencia y, en particular, de cumplir nuestras ambiciones con respecto a la ampliación. 
Hablando en términos más generales, creo que el sistema actual de Perspectivas Financieras ha demostrado que ya no puede satisfacer las necesidades de Europa. 
No me gustaría que pensaran, no obstante, que nuestro proyecto de presupuesto es malo. 
Por el contrario, creo que, en muchas áreas, hemos logrado hacer progresos y llegar a acuerdos aceptables para todos. 
Celebro el hecho de que, en lo que se refiere a la rúbrica 1, las enmiendas propuestas por la Comisión de Presupuestos reflejan claramente nuestro deseo de hacer la política agrícola común más justa y sostenible y de reforzar su pilar de desarrollo rural. 
El presupuesto debe, sobre todo, responder a las expectativas de los ciudadanos. 
Las enmiendas propuestas por mi grupo en relación a los capítulos de «política de información y comunicación» están hechas en esa línea y son esenciales para el futuro de Europa. 
Esto mismo también se puede aplicar al apoyo a las pequeñas empresas y la artesanía. 
Como ya señaló la Sra. Haug en nuestras distintas intervenciones, esto debe ser una prioridad. 
El empleo depende de ello. 
Estos créditos no pueden denegarse año tras año. 
En cualquier caso, me gustaría dar las gracias a nuestros dos ponentes por haber promovido nuevos métodos de debate presupuestario, por una mayor transparencia, porque todo esto es indispensable de cara a aumentar la concienciación de los ciudadanos con respecto a la política europea en el futuro. 
Señora Presidenta, como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, estoy muy contento con la posición que la Comisión de Presupuestos ha adoptado en torno a nuestras enmiendas. 
Quisiera agradecer al Sr. Färm su ayuda y apoyo. 
Estoy especialmente contento de que hayamos mantenido mis enmiendas sobre la seguridad de nuestras delegaciones de la UE. Creo que es un asunto muy importante. 
También me alegro de que hayamos logrado recuperar los recortes de la línea de derechos humanos y democracia. 
Comprendo la estrategia del ponente en relación con Afganistán. Tan solo quisiera asegurarme de que está claro que nada va a minar nuestro compromiso con la reconstrucción de Afganistán. 
Sin embargo, me siento decepcionado por el hecho de que no se haya aceptado mi enmienda sobre las minas terrestres, con 3,15 millones de euros, porque nos habría llevado hasta la cantidad en que nos comprometimos en un principio. 
La línea de las minas terrestres fue en gran medida una iniciativa del Parlamento Europeo. 
Espero que, en la votación, podamos considerar la posibilidad de recuperar esta cifra porque nos resituaría en nuestra propuesta original. 
Estoy decepcionado por las enmiendas por las que se reservan en ciertas condiciones interesantes 15 millones de euros para los palestinos. 
Me gustaría que pudiéramos poner todo este dinero para Palestina por encima de la línea. 
En nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, también me gustaría dar las gracias a los ponentes que han trabajado tan duro, en todos los frentes, para llevar este presupuesto a buen puerto. 
A propósito, mantuvimos un debate muy exhaustivo ayer sobre la cuestión del 3% y el Sr. Prodi debería, en mi opinión, simplemente aconsejar a todos los países que adopten el sistema presupuestario de la UE, pues si lo hicieran, nunca más sufrirían escasez y siempre tendrían excedentes. 
Éste es el problema al que nos enfrentamos: el sistema es tal que siempre surgen excedentes. 
Los países podrían adoptar fácilmente este sistema, pero el único problema es, por supuesto, que algunos deseos no se pueden cumplir. 
El sistema es inflexible y tenemos que vivir con ello. 
En mi opinión, hemos aportado buenas soluciones para hacer el sistema más funcional de lo que ha sido en el pasado. 
Después de todo, podemos protestar mucho por la falta de financiación, pero si pensamos en lo que reciben los Estados miembros, esto siempre me parece un poco extraño. 
Deberíamos hacer algo al respecto. 
Esto también se ha establecido en el acuerdo interinstitucional y también debería tenerse en cuenta. 
Sencillamente, debemos ser capaces de gestionar mejor los fondos que tenemos actualmente y no comprometerlo todo sin reflexionar previamente. 
Estamos razonablemente satisfechos de las consecuencias de la movilidad para personas de edad avanzada y, en particular, con el proyecto sobre esta cuestión incluido en el presupuesto a instancias del Sr. Podestà. 
Estoy descontento con un punto, el modo en que se trata a las fundaciones, y me refiero principalmente a la Fundación de Dublín. 
Si en un país los costes suben más rápidamente que en el resto de la UE, hay cierta norma comunitaria que cubre este supuesto. 
Así son las cosas. 
La Comisión de Presupuestos, y especialmente la persona responsable de la Comisión de Presupuestos, no puede decir en semejantes casos: «Oh no, esto no nos incumbe en absoluto, sencillamente no les daremos ese dinero, tendrán que recurrir a sus propias reservas». 
Estas reservas no existen, lo cual está bien. 
Éste no es más que un punto menor y no quiero emplear mucho tiempo en discutirlo, pero es importante que hagamos algo al respecto. 
Señora Presidenta, una vez más este año hemos estado luchando con el estricto umbral de la categoría 4, dadas las cada vez mayores demandas debidas a una creciente inestabilidad internacional y al consiguiente menor interés por la pobreza en la ayuda de la UE a los países en desarrollo de todo el mundo. 
Pero todo el Parlamento, no solo la Comisión de Desarrollo y Cooperación, ha dejado claro que el desarrollo es una prioridad política en todo el presupuesto de la UE del presente ejercicio, con ayudas al fondo mundial contra el sida, la tuberculosis y la malaria. 
El Consejo, en su resolución de mayo, dice que esto está comprometido. 
La Comisión dice que quiere conservar su puesto en la dirección. 
Sin embargo, la contribución de 120 millones de euros del ejercicio pasado se ha reducido a una propuesta de tan solo 35 millones de euros para el siguiente. 
No, el Parlamento no quiere que la Unión Europea aporte el mínimo posible. 
Reconoce que el sida/VIH es el desafío más grave para la humanidad en estos momentos; que las Naciones Unidas han declarado que se precisan al menos 7 millardos en todo el mundo; y que ya se han presentado propuestas que ascienden a 5 millardos. 
El fondo mundial representa un nuevo enfoque audaz, de movimiento rápido, participativo y responsable. 
La Unión Europea debe demostrar que puede lograr la misma visión, imaginación y compromiso aportando su propia contribución financiera significativa y ofreciendo un verdadero liderazgo a la hora de afrontar el desafío mundial más devastador de nuestros tiempos. 
Señora Presidenta, me alegro de que la Comisión de Presupuestos haya refrendado un gran número de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en particular la línea presupuestaria B7-524: ayuda en el sector nuclear. 
Reclamamos una suma apropiada para equipos oncológicos en la República de Belarús, que sigue sufriendo las notables consecuencias del accidente de la central nuclear de Chernóbil acaecido en la vecina Ucrania. 
Hasta el 23% de su territorio está contaminado; cerca de 2 millones de personas, entre ellas 500 000 niños, viven en zonas contaminadas por radiactividad. 
La tasa de morbilidad en las zonas contaminadas ha aumentado drásticamente. 
Por ejemplo, el número de niños menores de 18 años que sufren cáncer de tiroides es 50 veces más alto ahora que antes del accidente. 
Entre la población adulta, el aumento del número de casos de afección de la glándula tiroides se ha multiplicado por cinco. 
El método más eficaz de controlar estos tumores es la braquiterapia de altas dosis, que minimiza la exposición a la radiación de órganos y tejidos sanos durante el tratamiento radiológico del crecimiento maligno. 
La braquiterapia de altas dosis exige un equipo de alta tecnología y, debido a los elevados costes de adquisición y mantenimiento de este equipo, Belarús necesita ayuda. 
No deberíamos permitir que nuestra real inquietud por la democracia y los derechos humanos de Belarús nos impidan ayudar a sus niños. 
Señora Presidenta, la señora Figueiredo, que es la ponente de opinión, ha transmitido con claridad a la Comisión de Presupuestos y a este Pleno cuáles son las inquietudes de la Comisión de Pesca respecto a este proyecto de presupuesto para el año 2003. 
Ya saben que el conjunto de la PCP supone para la Unión Europea un gasto presupuestario inferior al de las organizaciones comunes de mercado de la agricultura más pequeñas; el presupuesto que la Unión destina a la pesca es inferior al que destina al algodón, por ejemplo. 
Quiero recordar a la Cámara el compromiso contraído por el Consejo y el Parlamento para satisfacer los 27 millones de euros correspondientes a este ejercicio para la reestructuración de la flota que faenaba en Marruecos. 
Los afectados, que son pescadores y armadores, esperan que se haga efectivo ese compromiso, independientemente de la ingeniería presupuestaria o de la ingeniería contable que se adopte. 
Aunque no haya recursos para aumentar como quisiéramos las líneas correspondientes al diálogo social y a la pesca costera, sí debería tener en cuenta la Comisión el deseo de esta Cámara de apoyar estas dos cuestiones en mayor medida. 
Señora Presidenta, deseo tratar cuestiones de política regional y transporte, pero permítame en primer lugar felicitar a los ponentes y al presidente de la comisión por su trabajo. 
Desafortunadamente, no tengo buenas noticias. 
Las redes transeuropeas, a pesar de los compromisos contraídos en el Consejo de Essen, avanzan a un ritmo muy lento. 
Las obras prioritarias están paralizadas y la respuesta del Consejo son más recortes. 
Ante este panorama, los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo deseamos dar nuestro apoyo incondicional a las enmiendas, también apoyadas por la Comisión de Presupuestos, concebidas para rectificar de algún modo esta situación. 
En segunda lugar, deseo expresar nuestra seria inquietud respecto al desembolso de los fondos de los Fondos Estructurales. 
Empezamos mal en 2000, de lo que fueron responsables principalmente los Estados miembros, y lo mismo sucedió en 2001. 
Sabemos que la Comisión intenta hacer algo al respecto y que el Comisario Barnier ha intentado remediar esta situación, especialmente con su última comunicación y las reuniones que ha mantenido con Ministros de los Estados miembros. 
Sin embargo, los Estados miembros deben hacer lo que esté en su mano. 
Alguien comentó, y estoy totalmente de acuerdo, que la situación es peor en los Estados miembros ricos que en los pobres. 
Así, deben hacer cuanto esté en su mano para asegurar que los fondos se desembolsen rápidamente y, por supuesto, la Comisión debe supervisar de cerca el desarrollo, de modo que podamos poner fin a este problema, porque, de seguir así, creo que en última instancia se desperdiciará una buena parte de los recursos de los fondos estructurales. 
Señora Presidenta, la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de la que soy ponente, se han tomado en consideración en el procedimiento presupuestario de 2003. 
Lamentablemente, tres de las enmiendas de la comisión que considero importantes han sido rechazadas o modificadas. Se someterán a votación de nuevo en el pleno. 
Se refieren, en primer lugar, a la cooperación con terceros países en materia de migración. 
En este apartado, queremos que los compromisos aumenten en 5 millones de euros. 
Estoy convencido de que el único modo de mejorar la situación es intensificar la cooperación, lo cual supone que la Unión Europea debe aportar más fondos. 
En segundo lugar, se refieren al Fondo Europeo para los Refugiados. 
No creo que deba extenderme en este punto, puesto que estas cuestiones son ya de sobra conocidas. 
El tercer punto es el presupuesto para Celex. 
Aunque la situación ha cambiado radicalmente desde los ataques a los Estados Unidos, hemos hecho muchas cosas sin solicitar un aumento importante del gasto. 
Creo por lo tanto que todas nuestras peticiones- estos tres puntos- están justificadas y les pediría que lo tuvieran en mente al votar. 
Señora Presidenta, si desea saber qué es lo que realmente le importa a alguien, no le pregunte. Basta con examinar las matrices de su talonario o los registros de la cuenta de su tarjeta de crédito para saberlo. 
Esta tarde en realidad estamos examinando las matrices del talonario de la Comisión, ¿y qué descubrimos? 2 400 millones de euros gastados en aceitunas y 240 millones de euros en el Programa de Educación Sócrates para la Unión Europea. 
Como ponente para el presupuesto de la Comisión de Cultura, no puedo sino señalar que nos gastamos en educación una décima parte del dinero que nos gastamos en aceitunas. 
En cuanto a la información sobre la ampliación, la Comisión ha propuesto 14 millones de euros en el presupuesto; cabe pensarse que es una buena suma, hasta que nos enteramos de que la subvención propuesta para la apicultura es de 16,5 millones. 
No critico la ayuda a la apicultura, pero creo que este Parlamento tiene derecho a aumentar el importe que la Comisión quería destinar a la información sobre la ampliación de 14 millones de euros a 21 millones de euros. 
Si la gente de los países candidatos y de los países miembros no entiende la ampliación, entonces se repetirán los problemas que hemos tenido en Irlanda. 
En cuanto a los 21 millones de euros, la Comisión de Presupuestos ha aceptado la propuesta de la Comisión de Cultura de que debería reservarse 1 millón de euros para la formación de futuros Diputados al Parlamento Europeo de los países candidatos. 
Esta mañana ha estado aquí el Presidente de Hungría, lo que demuestra un claro deseo por parte de los políticos de los países candidatos de unirse a este Parlamento y la necesidad que tienen de formación para poder hacerlo debidamente. 
También me alegro de que hayamos podido, si se aprueba ahora este presupuesto, recuperar el importe para el aprendizaje electrónico, a saber, 17 millones de euros, frente a la propuesta de la Comisión de 9 millones. 
No solo están mal nuestras prioridades presupuestarias, también el sistema está mal. 
Rendiré homenaje a la ayuda que hemos recibido en el presente ejercicio del ponente para el presupuesto y de la Comisión, pero el Consejo está ausente esta tarde. Ha estado ausente de los debates con las comisiones que examinan el presupuesto propuesto. 
Realmente debería avergonzarse de su postura a este respecto. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Perry y otros oradores que, a lo largo de la tarde, han señalado que el Consejo ha de estar presente en este debate. 
Me gustaría recalcarlo en nombre del Parlamento. 
Es importante que el Consejo participe en nuestros debates y escuche nuestras opiniones. 
Señora Presidenta, me gustaría dedicar dos minutos a expresar mi satisfacción por el hecho de que la propuesta presentada permite intensificar la labor con miras a tratar de evitar la propagación de enfermedades asociadas a la pobreza, como el VIH, la malaria y la tuberculosis. 
Sabemos que estas enfermedades crean grandes dificultades y problemas a millones de personas y que años de labor de desarrollo se ven socavados rápidamente debido a estas enfermedades, que causan tanto dolor y muerte. 
En los años noventa era posible hacer previsiones, particularmente con respecto a la propagación del VIH, que sugerían que en algunos casos hasta el 25% de la población adulta de algunos países estaría infectada. 
Estas previsiones se desecharon. 
Debo decir que tanto la comunidad internacional, incluidos los países donantes, y algunos países del Sur se tomaron estos problemas demasiado a la ligera. 
Hasta hace muy poco, la Comisión tampoco había hecho mucho en el marco de la ayuda. 
Puesto que ahora tenemos una nueva Directiva sobre cómo afrontar estas cuestiones y puesto que estamos aumentando el presupuesto, tenemos la oportunidad de asumir mayores responsabilidades en torno a este problema. 
Me gustaría particularmente recalcar la importancia de asegurar que el fondo mundial que acaba de establecerse tenga recursos suficientes para que la UE y Europa puedan tener una influencia adecuada y estable en esta labor. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, desearía comenzar por dar las gracias a ambos ponentes de la Comisión de Presupuestos y a los miembros de la misma por el hecho de que, por primera vez, la Comisión de Presupuestos ha adoptado la mayor parte de las enmiendas presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en su forma original o modificadas. 
Estas enmiendas, señora Comisaria, se referían a tres áreas. 
El primer grupo de enmiendas estaba relacionado con la violencia contra las mujeres, incluida la mutilación genital, la violación, la lapidación de mujeres, etc., en un gran número de países de todo el mundo. 
Por primera vez, hemos incluido una cláusula en el presupuesto que estipula que la ayuda que proporcionamos a una serie de países puede suspenderse si no respetan los derechos de las mujeres. 
Lo celebro y doy las gracias a la Comisión de Presupuestos. 
Ésta es la primera área que ha sido adoptada. 
Una segunda área se refiere a las mujeres y la toma de decisiones. 
En muchos Estados miembros, se ha hecho un gran progreso en cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. 
Los sindicatos y los empresarios, no obstante, han hecho muy poco por fomentar la presencia de la mujer en sus organizaciones. 
Esta presencia resulta necesaria, porque los sindicatos y los empresarios han adquirido, más o menos, el estatus de legislador en un gran número de Estados miembros: los acuerdos que firman tienen fuerza de ley. 
Así, han adquirido un gran poder, pero no han realizado tanto esfuerzo como los parlamentos y partidos políticos nacionales por hacer que la mujer empiece a ocupar un lugar destacado. 
También se ha adoptado esta enmienda, lo cual agradezco a la Comisión de Presupuestos. 
Una enmienda que no se ha adoptado- y apelaré a este respecto a la Comisaria, la Sra. Diamantopoulou- es la enmienda sobre condiciones más flexibles para la financiación de proyectos destinados a las mujeres. 
Las condiciones son muy exigentes actualmente. 
Muchas organizaciones de mujeres son incapaces de cumplirlas. 
Ésta es la única enmienda que no ha sido adoptada. 
En cualquier caso, me gustaría expresar mi agradecimiento en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Gracias por esta intervención. 
Como mujer, también me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer la labor realizada durante muchos años respecto de las cuestiones de la mujer. 
Esta labor ha dado sin duda sus frutos esta vez. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 17.40, se reanuda a las 18.00 horas) 
-Pregunta nº 38 formulada por Raimon Obiols i Germà (H-0645/02): 
Asunto: Emergencia alimentaria en los campos de refugiados de Tindouf 
A comienzos del mes de septiembre hemos tenido conocimiento, a través de las declaraciones de Radhouane Nouicer, responsable de operaciones del ACNUR para África del Norte y Oriente Medio, de la situación de emergencia alimentaria en que se encuentran los 155.000 refugiados saharauis en los campamentos de Tindouf. 
Si no llegan nuevas contribuciones de alimentos, el PAM informa que para el mes de octubre, los refugiados sólo contarán con el 11% de los requerimientos diarios de alimentación, cerca de 231 kcalorías para cada persona, en comparación con la ración estandarizada de harina, leguminosas, judías, aceite vegetal y otros productos que aportan un total de 2 100 kcalorías diarias. 
La situación de los niños es especialmente grave, ya que según datos del ACNUR, el 35% de ellos sufren malnutrición crónica y el 13% de ellos padece raquitismo. 
Siendo conscientes de que la Comisión gestiona recursos limitados, ¿puede hacer la Comisión una aportación inminente para paliar la situación de emergencia alimentaria que se avecina? 
¿Qué mecanismos puede utilizar la Comisión para promover nuevas aportaciones al PAM de los países miembros? 
Una gran parte de la estrategia de ECHO se refiere a crisis olvidadas, lo que es bastante importante. 
De ahí que también prestemos una ayuda continua a los refugiados saharauis. 
ECHO es la mayor fuente de ayuda para estos refugiados. 
En los últimos tres años ECHO ha doblado más o menos su ayuda a los refugiados saharauis de alrededor de 7,5 millones de euros en 1999 a 14,35 millones de euros este año. 
Mientras que el Programa Mundial de Alimentos se ocupa de los alimentos básicos, ECHO centra su ayuda en productos alimenticios suplementarios para garantizar una dieta más variada. 
Sin embargo, en vista de los problemas que tiene el Programa Mundial de Alimentos para encontrar los donantes que precisa para cumplir los compromisos, ECHO decidió en 2001 establecer una reserva de amortiguación para tres meses de productos básicos, como cereales, legumbres, aceite y azúcar, que el PMA puede utilizar si sus suministros llegan demasiado tarde para distribuirlos entre los refugiados, a condición de que se comprometa a reponer estas reservas de amortiguación. 
El valor de este mecanismo ha sido inestimable, 13 de estos préstamos han ascendido a un volumen de 12 153 toneladas hasta finales de octubre de 2002. 
El problema es que hasta la fecha solo se han repuesto 5 589 toneladas, y las reservas de amortiguación han quedado muy bajas, en un nivel del 17,24 % de la cantidad total. 
En este contexto, a principios de 2002 el Programa Mundial de Alimentos y el ACNUR emitieron una petición conjunta de más ayuda internacional para satisfacer las necesidades de artículos alimenticios básicos. 
Aunque puede ser correcto que el PMA sólo podía cubrir el 11% de las necesidades de octubre, hay que decir que esta cifra solo se refiere a las entregas del PMA y no tiene en cuenta las aportaciones de otros donantes. 
ECHO financió 300 toneladas de arroz, distribuidas en octubre, y el uso de la reserva de amortiguación de ECHO que he mencionado ha supuesto una importante contribución, y nos ha permitido satisfacer todas las necesidades de productos alimenticios básicos de octubre. 
Así, no es verdad que en octubre solo se haya recibido el 11%. 
Tal y como he explicado, la situación es mucho mejor. 
Permítame decir unas pocas palabras sobre el plan mundial de ECHO en relación con estos refugiados, adoptado por la Comisión este año. 
Este plan, que implica un importe de 14,34 millones de euros, debería reducir el impacto total de la crisis. 
Más del 80% del plan mundial de 2002 de ECHO consiste en productos alimenticios. 
De acuerdo con este plan, en las próximas semanas están a punto de llegar más de 5 000 toneladas de alimentos básicos. 
Además, en los próximos meses se suministrarán más de 3 000 toneladas de productos alimenticios suplementarios financiados por ECHO. 
El WFP también ha anunciado que va a enviar más de 4 000 toneladas de alimentos básicos. 
Estas son las buenas noticias. 
Sin embargo, sigue habiendo motivos de preocupación, en particular en cuanto a las distribuciones de enero y febrero se refiere, debido a la posible falta de alimentos para satisfacer todas las necesidades de este período. 
Existe cierto cansancio entre los donantes. 
Esta es la situación. Estoy de acuerdo con la pregunta a este respecto. 
Es por esto también que ECHO participa de diferentes formas en la sensibilización de los donantes en torno a este conflicto y a estas personas. 
Señor Presidente, simplemente quiero agradecer al Sr. Comisario la información que nos ha suministrado y, en general, la tarea que realiza la Comisión, y especialmente ECHO, para paliar esta situación que es humanamente muy preocupante. 
El Alto Comisionado, Sr. Ruud Lubbers, dijo inaceptable y yo añadiría que políticamente sórdida. 
Si la explicación política de esta situación humanamente inaceptable es la fatiga de los donantes, hay que decir que algunos donantes se fatigan por cantidades realmente muy exiguas. 
De haber otro tipo de explicación, la sordidez aumentaría todavía más, porque hay métodos de presión mucho más dignos y, sobre todo, mucho más eficaces que hacer sufrir a niños o a mujeres por la cuestión de la ayuda alimentaria. 
En resumen, muchísimas gracias por su información y por su tarea, Sr. Comisario. 
Sólo quisiera hacer un comentario adicional. 
Mañana en Copenhague va a celebrarse una conferencia sobre Crisis Humanas Olvidadas. Ello refleja un esfuerzo muy deliberado y sistemático por parte de la Comisión, a través de la oficina humanitaria ECHO, por idear una metodología dirigida a identificar lo que podríamos llamar «crisis olvidadas» , en las que la CNN no llama la atención sobre personas necesitadas. 
Ésta entra en esta categoría, por lo que celebro la pregunta y la oportunidad para responder a ella y señalar los problemas. 
Esto da sentido y utilidad al diálogo con el Parlamento. 
-Pregunta nº 39 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0630/02): 
Asunto: Acusación de que se financian actividades terroristas en Palestina con fondos comunitarios 
En el curso de los últimos años se han formulado en varias ocasiones acusaciones de que las ayudas comunitarias a la Autoridad Palestina se destinan a financiar actividades terroristas. 
En un informe presentado a la Comisión el pasado mayo por, entre otros, el Gobierno israelí, se afirmaba que había pruebas de que la Autoridad Palestina había destinado parte de las ayudas comunitarias recibidas a terroristas o incluso a actividades terroristas, para lo que, por ejemplo, había inflado los gastos relativos a los funcionarios públicos. 
¿Qué posibilidades reales tiene la Comisión de controlar el uso que se hace de las ayudas? 
¿Cómo se ha utilizado la información proporcionada por el Gobierno israelí? 
Se han formulado varias aseveraciones sobre una presunta malversación de fondos de la Unión Europea por parte de la Autoridad Palestina. 
Hace algún tiempo, parte del Gobierno de Israel confeccionó un expediente para demostrar que el presidente Arafat y la Autoridad Palestina utilizaban fondos facilitados por la Unión Europea, junto con Noruega y otros países, para financiar a partidarios del terrorismo o incluso para financiar directamente actos terroristas. 
Son acusaciones muy graves, que la Comisión ha considerado muy detenidamente. 
Debo destacar, tal como ya hice ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y ante la Comisión de Control Presupuestario, el pasado 19 de junio, que, sobre la base de todos los documentos que ha facilitado el Gobierno de Israel, la Comisión no ha encontrado pruebas manifiestas de que los fondos de la Unión Europea hayan sido utilizados para fines distintos de los que se acordaron entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina. 
La Comisión aporta 10 millones de euros mensuales a la Autoridad Palestina a título de apoyo presupuestario. Esta cifra representa el 10% de su presupuesto total. 
La ayuda de la Unión Europea ha contribuido a impedir el desmoronamiento total de las instituciones palestinas y, por consiguiente, ha mantenido a uno de los interlocutores en el proceso de paz. 
Al mismo tiempo, ha aportado la presión y orientación necesarias para una reforma a fondo, en particular, de las finanzas públicas. 
Permítanme que recuerde a la Asamblea que, en última instancia, la Unión Europea proporciona ayuda presupuestaria para mitigar los efectos de la congelación de las transferencias de ingresos de más de 680 millones de dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Israel en los últimos dos años. 
La ayuda presupuestaria está sujeta a un determinado número de condiciones relacionadas con la reforma administrativa y judicial, control financiero, etc., que se revisan y refuerzan regularmente. 
El desembolso de la ayuda presupuestaria es objeto de seguimiento sobre el terreno tanto por parte de la Comisión como del Fondo Monetario Internacional, que informa mensualmente sobre cuestiones fiscales y económicas y facilita datos sobre los ingresos, la evolución del empleo, nóminas y desembolsos corrientes no salariales, inversiones en bienes de equipo, etc. Los méritos de nuestra ayuda presupuestaria han sido reconocidos ampliamente, no sólo por el Consejo de Ministros, sino también por la comunidad internacional. 
Los Estados Unidos y los demás miembros del cuarteto- la ONU y la Federación Rusa- han reconocido los progresos realizados en la gestión de los asuntos financieros de la Autoridad Palestina gracias a nuestra ayuda. 
Los logros de la reforma, que en gran parte se han conseguido gracias a nuestra ayuda presupuestaria, incluyen el establecimiento de una única cuenta de tesorería, la consolidación de toda la financiación pública de la Autoridad y los avances realizados hacia un sistema moderno de control financiero. Además está la imposición de un presupuesto austero, la contención de los pagos atrasados y, por último y sobre todo, la adopción o imposición de actos jurídicos fundamentales, como la ley de independencia judicial y la ley básica. 
Merece la pena recordar también que, en las últimas semanas, Israel ha pagado más de 45 millones de dólares al Ministerio de Hacienda de la Autoridad Palestina que, si bien sólo representa un pequeño paso, ya es positivo. 
Estos fondos han sido transferidos a la misma cuenta de tesorería que la ayuda presupuestaria de la UE y están sujetos a los mismos mecanismos de control de la Unión Europea y del FMI que acabo de mencionar. 
Por lo tanto, Israel ha reconocido que se han realizado avances en el terreno financiero y que ello se debe en gran parte a nuestra ayuda financiera y apoyo presupuestario basados en consideraciones políticas. 
En última instancia, Israel debe volver a realizar transferencias regulares y, a este respecto, agradezco las conversaciones constructivas que han mantenido hace poco el Primer Ministro Sharon y el Presidente Bush. 
Por último, estamos convencidos de que la ayuda financiera debe mantenerse. 
La retirada de la ayuda presupuestaria conduciría al desmoronamiento de la Autoridad Palestina, a un mayor caos y a una crisis humanitaria mucho más desesperada. 
La Comisión seguirá supervisando el uso de la ayuda presupuestaria y el cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la misma. 
Como siempre, investigaremos todas las acusaciones de malversación de fondos con carácter de la máxima prioridad. 
Quisiera agradecer al Comisario Patten su respuesta y su implicación en este asunto. 
Cuando el Gobierno israelí publique estos pormenores, nosotros, como diputados del Parlamento Europeo, desearemos por descontado llegar hasta el fondo de la cuestión. 
Por consiguiente, quisiera formular al Sr. Comisario las siguientes preguntas: 
¿cree usted que las relaciones con el Gobierno de Israel son buenas y que éste piensa que el informe que se ha presentado a la Comisión y al Parlamento Europeo puede suprimirse del orden del día? 
¿O continúan los israelíes manteniendo las acusaciones que recoge el informe? 
Asimismo me pregunto si cree usted que la ayuda que la UE presta a Oriente Próximo está lo suficientemente bien controlada en general, o más bien sólo en este caso. 
Mucho me temo que, excepcionalmente, la información que posee Su Señoría está ligeramente desfasada. 
No tengo conocimiento de que el Gobierno de Israel insista en que los hechos que alegaron anteriormente sean exactos y, de hecho, si así lo hicieran, no llego a comprender el motivo por el cual han reanudado sus transferencias a la Autoridad Palestina, utilizando los mismos mecanismos que nosotros. 
Sería muy curioso si lo hicieran. 
Es una historia que sigue repitiéndose, cualesquiera que sean los hechos que se produzcan para rebatirla. 
Sin embargo, no deja de tener importancia destacar que los otros miembros del cuarteto- que incluye, tal como ya he comentado, a los Estados Unidos y las Naciones Unidas- no solamente respaldan lo que estamos haciendo, sino que creo que hemos sido los primeros en fomentar la reforma, en particular de las finanzas de la Autoridad Palestina. 
Comisario, he escuchado su respuesta a esta pregunta en varias ocasiones. 
Hace ahora unos 20 años que le conozco y sé que es usted un hombre de honor que siempre ha estado en contra del terrorismo. 
Permítame que le formule dos preguntas: ¿no se siente frustrado cuando, al dar una respuesta tan clara e inequívoca, algunos diputados no aceptan su palabra? 
En segundo lugar, ¿acaso no estaría también de acuerdo en que nuestra ayuda a Palestina, de hecho, contribuye a eliminar la clase de condiciones en las que prospera el terrorismo? 
Agradezco a Su Señoría lo que ha dicho al principio. 
¿Quién no estaría agradecido? 
Sabe que soy una persona con una legendaria generosidad de espíritu, por lo que quizá deba considerar propio de la vida política que por mucho que uno diga la verdad a algunas personas, éstas prefieren ignorarla. 
Sería de gran ayuda que algunas de las personas que mantienen estas acusaciones se presentaran a veces en el hemiciclo o en las reuniones de comisión donde he estado rebatiendo las acusaciones. 
También sería útil que de vez en cuando leyeran los periódicos y viesen lo que se dice y hace en torno a la reforma de la Autoridad Palestina. 
Pero sospecho que uno o dos de ellos tienen que jugar sus propio juego, un juego que tiene muy poco que ver con los hechos y mucho con prejuicios y fantasías malévolas. 
En segundo lugar, respecto del impacto en las condiciones sobre el terreno, la situación sobre el terreno- y esto no les será fácil discutirlo- es espantosa. 
Hace poco hemos recibido el informe de la enviada especial de la Secretaría General de la ONU, Catherine Bertini, seguido de otro estudio. 
En los medios de comunicación israelíes se han divulgado las observaciones privadas del embajador británico en Tel Aviv. 
No creo ni por un momento que el empobrecimiento, la degradación o el hambre- que existen de una u otra forma en Palestina- favorezcan la seguridad a largo plazo de Israel. 
¿Están ustedes más o menos dispuestos a fomentar la falta de moderación o el extremismo de las condiciones imperantes en Gaza y Cisjordania? 
Espero que los puntos que el señor Pérez nos expuso en el Consejo de Asociación UE-Israel de ayer, acerca de la situación humanitaria sobre el terreno, se traducirán en algún tipo de mejora. 
Espero que nuestra mayor ayuda a la UNWRA contribuirá a mejorar la situación y que el Gobierno israelí escuche algunas de las cosas de las que estamos hablando, como por ejemplo sobre el bloqueo de 500 contenedores de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos en el puerto de Ashdod en estos momentos. 
¿Qué tiene esto que ver con la seguridad de Israel? 
Así pues, entiendo perfectamente el argumento de que Israel debe obtener garantías para su seguridad, pero no creo que hacerles la vida imposible a los palestinos sea la manera correcta de lograrlo. 
-Les recuerdo que pueden hacer dos preguntas y yo las concedo por orden cronológico; tiene la palabra el Sr. Tannock. 
Si el Comisario Patten o su oficina defienden este punto de vista, entonces ¿por qué se han resistido con uñas y dientes a la iniciativa mía y de diputados de otros grupos parlamentarios de reunir firmas en esta Cámara y solicitar al Parlamento que cree una comisión de investigación para examinar estas acusaciones tan graves? 
Si lo que dice es correcto, seguro que este órgano justificará su posición, aclarará las cosas y rechazará estas acusaciones sostenidas de que se financian actividades terroristas de la OLP, pero también, puede que de modo más insidioso, la financiación del odio racial y el lavado de cerebro de los jóvenes palestinos en sus escuelas, lo que promueve la animosidad a largo plazo y crea potencialmente futuros terroristas suicidas. 
Su Señoría ha mencionado en la primera parte de su pregunta la acusación de que la Unión Europea subvenciona libros de texto palestinos. 
Una y otra vez, en esta Cámara y en las comisiones hemos señalado que tales acusaciones carecen de fundamento. 
Hemos puesto a disposición de los diputados de esta Asamblea el informe elaborado por los enviados especiales de la misión a Jerusalén, que expone nuevamente hasta qué punto esto es pura y simplemente una mentira. 
Así pues, cuando Su Señoría me pregunta: ¿por qué no estoy de acuerdo en que se constituya una comisión de investigación para toda una serie de mentiras prefabricadas? ¿Qué demonios cree que voy a decir? 
Abrir este tipo de investigación- y no creo ni por un instante que esta Asamblea votara a favor de ello- haría que pareciera que estas acusaciones están justificadas. 
Por otra parte, si se abre una investigación de este tipo, piensen sólo en los efectos que tendría en aquellas personas de mis servicios que tengan que firmar un cheque para la UNWRA o para cualquiera que tenga que ver con la Autoridad Palestina. 
Tendría el efecto de que se agotara la ayuda a la Autoridad Palestina y a la ONU y a organizaciones humanitarias debido al efecto psicológico, y esto en un momento en que estamos preparando una reunión de donantes de la comisión de enlace ad hoc a principios de diciembre, cuando se espera que la Unión Europea- y doy las gracias a la autoridad presupuestaria y a mi colega, el señor Comisario para el presupuesto- tome la iniciativa de incrementar la ayuda humanitaria a los palestinos. 
¿Quién esperará de nosotros una cosa así? 
Los estadounidenses, la ONU y los israelíes, por no hablar del resto de la comunidad internacional. 
Así pues, a Su Señoría le digo, y estoy seguro de que su pregunta no es malintencionada, que la noción de que esta propuesta de abrir una investigación sería útil tanto para mí como para la causa de la ayuda humanitaria en Palestina y para llegar a un acuerdo político que nos salve de esta contienda sangrienta, no puede estar más lejos de la realidad. 
Me gustaría tanto una comisión de investigación sobre estas cuestiones como «un agujero en la cabeza». 
-Pregunta nº 40 formulada por José María Gil-Robles Gil-Delgado (H-0688/02): 
Asunto: Expulsión de sacerdotes católicos de la Federación de Rusia 
De todos es sabido que, durante la época soviética, muchos católicos de los Países Bálticos, de Polonia y de Alemania fueron desterrados al interior de Rusia. 
La asistencia pastoral de esas personas está en peligro debido a la reciente expulsión de cinco sacerdotes católicos. 
¿Son compatibles estas expulsiones, llevadas a cabo por las autoridades rusas, con los compromisos internacionales asumidos por la Federación de Rusia en materia de respeto de los derechos humanos y libertad religiosa? 
La Comisión promueve activamente el principio de la libertad religiosa en el marco de nuestro diálogo sobre derechos humanos con las autoridades rusas. 
Compartimos plenamente la preocupación de Su Señoría por las recientes expulsiones de sacerdotes católicos y, como bien sabe Su Señoría, también se han visto afectadas otras confesiones cristianas. 
Esta práctica no es compatible con los compromisos rusos sobre derechos humanos. 
En particular, la declaración conjunta de la última Cumbre de la Unión Europea-Rusia en Moscú establece nuestro objetivo común de reforzar la sociedad sobre la base del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
La Comisión seguirá inculcando el mensaje a las autoridades rusas de que la asociación efectiva que la UE y Rusia intentan establecer debe basarse necesariamente en una serie de valores fundamentales, entre los que se incluye el pleno respeto de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. 
En el marco de nuestro intenso diálogo político con Rusia, la Unión Europea ha manifestado repetidamente su preocupación por la libertad religiosa en Rusia. 
La Comisión sigue planteando a las autoridades rusas éstas y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
Paralelamente, el fomento de los derechos humanos en Rusia continuará siendo una prioridad en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Como bien sabe el Parlamento, Rusia es un país fundamental dentro de este programa. 
Vuelvo a manifestar a Su Señoría mi preocupación personal sobre este asunto y mi firme voluntad de plantearlo siempre que sea necesario a las autoridades rusas. 
Señor Presidente, no necesito hacer ninguna pregunta complementaria. 
Sólo quiero agradecer al Sr. Comisario sus manifestaciones y dejar bien claro que, naturalmente, en la pregunta se hablaba de sacerdotes católicos, pero eso afecta a todas las confesiones cristianas no ortodoxas habida cuenta de que hay todavía una cierta tradición (llamémosle así) de monopolio territorial en la iglesia ortodoxa que no es compatible con el derecho a la libertad religiosa. 
Quiero agradecer de nuevo al Comisario su posición y desearle el mayor éxito en sus gestiones. 
Tal como hemos apuntado tanto Su Señoría como yo, se han visto implicadas otras iglesias. 
Como por ejemplo el caso de un pastor protestante sueco. 
Varios misioneros protestantes fueron expulsados de modo similar y el año pasado se disolvió la sección moscovita del Ejército de Salvación. 
Por lo tanto, este asunto tiene interés general. 
Siempre que pastores o misioneros cristianos reciban este trato, debería ser un asunto de gran interés. 
Al haber pasado este año el Viernes Santo en la Catedral de Shanghai, donde la Veneración de la Cruz fue celebrada por el Obispo de Shanghai, quien pasó cerca de 20 años de su vida aislado en prisión, me doy cuenta- igual que todos nosotros- de los grandes sacrificios de los misioneros, sacerdotes y obispos cristianos en países donde, lamentablemente, no se disfruta de tanta libertad religiosa como en la Unión Europea. 
-Con esta respuesta del Comisario Sr. Patten, terminamos la primera parte de preguntas a la Comisión. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Schreyer 
-Pregunta nº 41 formulada por Erik Meijer (H-0707/02): 
Asunto: Preparación, adquisición y uso de un sistema de contabilidad especial para su aplicación por la Comisión Europea 
Examinando el asunto en el sentido de las preguntas con respuesta escrita E-2557/02, E-2558/02 y E-2559/02: 
¿Puede confirmar la Comisión que hacia el año 1995 había planificado utilizar 4000 licencias de la empresa alemana de productos informáticos SAP, especialmente concebidas para sus cometidos? 
¿Puede confirmar la Comisión que adquirió finalmente a SAP 700 licencias y que sólo se utilizaron realmente 300 ó 400 de estas licencias? 
¿Cuál es el número de licencias que se utilizan hoy? 
Señor Presidente, cuando la Comisión hizo un pedido a la compañía de programas informáticos SAP, ni por un momento pensó en un pedido de una envergadura de 4 000 usuarios. 
En la convocatoria de concurso público de 1994, a modo indicativo se daba la cifra de 1 053 usuarios potenciales. 
Respecto al segundo punto: tras efectuar la convocatoria de concurso público, que se publicó en el Diario Oficial, la Comisión? y en concreto, el Consejo de SINCOM? decidió suscribir un contrato marco con SAP para la compra de licencias de software de R/3 de SAP por un valor de 1,5 millones de euros; esta cifra incluía el importe del pedido y los acuerdos de prestación de servicios relacionados con éste. 
Esta cantidad engloba la utilización del módulo de contabilidad financiera por parte de 600 funcionarios, cuya gran mayoría trabaja en las Direcciones Generales de Control Financiero y de Presupuestos, así como por parte de algunos usuarios de los servicios internos y externos de auditoría, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, y de las direcciones generales en funcionamiento. 
Sobre su tercera pregunta: el número de usuarios del programa informático de contabilidad financiera de SAP es de 300. 
Quisiera agradecer a la Sra. Comisaria su respuesta. 
Mi otra pregunta es si es usted de la opinión de que la Comisión ha agotado plenamente todas las alternativas que se prepararon y se pagaron. 
De no ser así ¿por qué no? 
¿Va a hacer un uso más eficaz de éstas, dado que usted menciona una cifra mayor que la utilizada al final? 
Señor Presidente, como usted sabe, el sistema de contabilidad R/3 de SAP es empleado tanto por los servicios de control financiero como por el departamento contable o de contabilidad. 
No obstante, estaré encantada de contestar más pormenorizadamente su pregunta, por escrito. 
Señor Presidente, señora Comisaria, gracias a ésta última por responder la pregunta. 
Me gustaría saber de qué modo se ha preparado el sistema, con vistas a la ampliación de la Unión Europea. 
Es evidente que va a traer consigo una serie de retos contables. 
Estamos también al corriente de las acusaciones que han aparecido en los medios de comunicación. 
¿Qué precauciones va a tomar en el futuro para asegurarse de que el sistema actual garantice, después incluso de la ampliación, que la gestión financiera se adapte a las futuras necesidades y que el contribuyente europeo esté protegido? 
Señor Rübig, el sistema de contabilidad que tenemos no sólo consiste en el programa informático R/3 de SAP que se acaba de mencionar: el sistema SINCOM 2 también está disponible para servicios que gestionen fondos. 
Todos los servicios de la Comisión y todas las oficinas que gestionan fondos están conectados a éste. 
En lo que se refiere a la ampliación, el número de servicios conectados no se va a incrementar de manera inmediata. 
La ayuda preadhesión también se gestiona utilizando este sistema. 
Evidentemente, los preparativos para la ampliación requieren que los países candidatos y los nuevos Estados miembros adopten ciertas medidas. 
Y se deberán abrir, por supuesto, cuentas para la Comisión en los bancos centrales o en los tesoros públicos nacionales. 
Se hallan en curso intensas conversaciones preliminares entre la Dirección General de Presupuestos y cada país candidato, en relación con el proceso de recaudación de los recursos propios y la utilización de los tesoros públicos nacionales. 
-Muchas gracias, señora Comisaria. 
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino 
-Pregunta nº 42 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0654/02): 
Asunto: Discriminación por orientación sexual en la concesión de visados 
La pareja formada por el español Juan Carlos Manteca Cendrero y el argentino Carlos Daniel Bettio presentaron el día 27 de julio de 2002 una petición de visado de residencia por reagrupamiento familiar en el Consulado General de España en Buenos Aires (Argentina) para que Daniel Bettio pudiera residir legalmente en España; adjuntaron la documentación requerida siendo informados en el propio Consulado de que en el pasado se habían concedido visados a personas en su misma situación, es decir, parejas del mismo sexo; el 13 de agosto de 2002, reciben una notificación de denegación del visado ' por no cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 864/2001?. 
Teniendo en cuenta las circunstancias específicas de este caso y la extendida sospecha de que se pueden estar produciendo denegaciones de visado a quienes forman parejas del mismo sexo; considerando que con ello se vulnera el derecho de igualdad, así como derechos consagrados en la Constitución española y en instrumentos de la UE, en especial el Tratado de Amsterdam, que exige la igualdad de derechos entre las personas, independientemente de su sexo o de su orientación sexual; quisiera preguntarle a la Comisión: ¿Ante semejantes indicios de discriminación sexual (negativa de visado a D. Carlos Daniel Bettio) podría proponerse la inversión de la carga de la prueba? 
¿Es consciente la Comisión de que en la UE se producen este tipo de discriminaciones en la concesión de visados? 
¿Qué acciones cabe emprender para evitarlas? 
¿De qué medidas disponemos para prevenir o actuar en estos casos? 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Izquierdo Rojo plantea la cuestión de la denegación de una solicitud de permiso de residencia, presentada por un ciudadano argentino, que aduce como motivo la reagrupación familiar en España con su pareja española del mismo sexo. La Sra. Izquierdo Rojo considera que esta denegación es discriminatoria por motivos de orientación sexual. 
La reagrupación familiar de ciudadanos de la Unión no amparada por la legislación comunitaria en el campo de la libre circulación y la libertad de residencia, como en este caso, no está todavía sujeta a un instrumento comunitario y continúa regida por la legislación nacional de cada Estado miembro. 
La denegación de un permiso de residencia se debe impugnar ante las autoridades nacionales competentes. 
La letra a) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado estipula que el Consejo tomará medidas en el ámbito de las condiciones de entrada y de residencia, así como normas relacionadas con los procedimientos de expedición de visados de larga duración y permisos de residencia por los Estados miembros, incluyendo los destinados a la reagrupación familiar. 
Se deben adoptar medidas de reagrupación familiar, de conformidad con la prohibición de discriminar y la obligación de proteger la vida familiar. 
En su propuesta modificada de directiva del Consejo sobre reagrupación familiar, la Comisión, a petición del Consejo, ha retirado la disposición que contemplaba la equiparación de la reagrupación familiar de los familiares de un ciudadano de la UE residente en un Estado miembro del que es ciudadano y que no haya ejercido su derecho de libre circulación, con la reagrupación familiar de los familiares de un ciudadano de la EU que haya ejercido su derecho de libre circulación. 
Por consiguiente, la situación de estas personas se tratará en una propuesta específica, en una fecha posterior. 
La legislación comunitaria actualmente en vigor en el ámbito de la libre circulación y la libertad de residencia de los ciudadanos de la UE y sus familiares contempla la reagrupación familiar de los cónyuges, pero no así de las parejas no casadas. 
Para tener en cuenta la rápida evolución de la unidad familiar en la sociedad y el reconocimiento, en algunos Estados miembros, de situaciones jurídicas especiales para parejas no casadas, así como la necesidad de eliminar, en lo posible, la discriminación contra parejas no casadas de ambos sexos, la propuesta de directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la UE y sus familiares de poder trasladarse y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros, aprobada por la Comisión el 23 de mayo de 2001, amplía el derecho de reagrupación familiar a las parejas no casadas cuando la legislación del Estado miembro anfitrión equipare la situación de las parejas no casadas con la de las parejas casadas, de conformidad con las condiciones establecidas en esta legislación 
Señor Presidente, agradezco al Comisario, Sr. Vitorino, que responda a esta pregunta personalmente, de forma oral y en sesión plenaria, pues, claramente, en este tema la Unión Europea está abriendo un camino. 
Prueba de ello es que justamente esta mañana, en este hemiciclo, el Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de resolución favorable a que las parejas homosexuales de refugiados tengan derecho a la reagrupación familiar. 
¿Considera, pues, Señor Comisario, que podríamos aplicar esta posición al caso que nos ocupa? 
El Señor Comisario sabe que nos estamos refiriendo a una demanda actual, y pido que responda, para saber qué deberíamos hacer nosotros para contribuir a obtener resultados positivos. 
Señor Presidente, tal como manifesté en mi respuesta por escrito, propusimos al Consejo, dentro del marco de la directiva sobre reagrupación familiar, una norma específica que regulara a las parejas no casadas, incluyendo las parejas del mismo sexo. 
A petición del Consejo, retiramos de la directiva esta propuesta, partiendo de la base de que era preferible tratar esta cuestión en un instrumento jurídico específico. 
En estos momentos, estamos trabajando en la redacción de este documento. 
No intento, ni por un momento, ocultar a la Sra. Izquierdo Rojo que la dificultad radica en el ingente número de soluciones legislativas de los quince Estados miembros con respecto al reconocimiento jurídico de las parejas no casadas, en particular de las parejas no casadas del mismo sexo. 
Debemos encontrar un equilibrio entre una solución no discriminatoria y la observancia del principio de solidaridad. 
Creemos que no debe haber discriminación en el caso de ciudadanos de terceros países, cuando la legislación nacional del Estado miembro establezca el reconocimiento de derechos comparables para parejas casadas y no casadas, incluyendo las parejas no casadas del mismo sexo. 
-Pregunta nº 43 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0659/02): 
Asunto: Lucha contra la pedofilia 
Las leves penas impuestas recientemente a las personas acusadas de participar en la mayor red de pedofilia conocida en Francia han decepcionado a la opinión pública. 
Dado que ninguno de los programas existentes de lucha contra la delincuencia organizada y de cooperación policial y judicial abordan directamente la cuestión de la pedofilia, ¿se propone adoptar la Comisión iniciativas concretas con miras a una propuesta de armonización de la legislación de los Estados miembros con respecto a la definición de la figura delictiva, su penalización, la edad de las víctimas y la asistencia a las mismas así como a la preparación de un programa para combatir el fenómeno en cuestión? 
¿Dispone la Comisión de datos comparativos sobre el enfoque legislativo y judicial de este trágico fenómeno en los diferentes Estados miembros? 
¿Opina la Comisión que Europol y Eurojust disponen de la infraestructura adecuada para detectar y combatir tales redes? 
Como bien sabe el Parlamento, en diciembre de 2000 la Comisión presentó una propuesta de Decisión marco sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. 
Me complace mucho comunicarles que el 14 de octubre el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior llegó a un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión. 
Esta Decisión marco es uno de los instrumentos de mayor alcance hasta ahora en lo que respecta a la aproximación del derecho penal. 
Aborda diversas formas de explotación sexual de los niños, como la de inducir por la fuerza a un niño a la prostitución y a actos pornográficos, y el abuso de confianza. 
También abarca la pornografía infantil tanto en línea como por vías convencionales. 
Respecto de las sanciones penales, el Consejo ha dado pasos hacia un planteamiento general de cara a la aproximación de las mismas. 
Esta es la principal razón por la que el Consejo tardó tanto en adoptar esta Decisión marco. 
Ahora, la Decisión marco estipula grados de sanciones penales que van de uno a tres años para infracciones simples y de cinco a diez años para infracciones graves. 
La Decisión marco no aproxima la edad del consentimiento sexual. 
La Comisión cree que esta cuestión concierne a los Estados miembros, de conformidad con el principio de la subsidiariedad. 
La edad del consentimiento sexual, tal como se define en el derecho nacional, se utiliza no obstante como una línea divisoria para diferentes grados de sanciones penales. 
La idea es reflejar el principio de que cuanto más joven es la víctima, más grave es la infracción. 
Desde el punto de vista de la ayuda final, el programa STOP representa una herramienta muy útil en la lucha contra la pedofilia. 
El programa DAPHNE también se refiere específicamente a la pedofilia. 
La Comisión seguirá respaldando proyectos en este ámbito a través del nuevo programa AGIS sobre cooperación policial y judicial en materia penal. 
Volviendo a la última parte de la pregunta, la Comisión puede confirmar que posee información comparativa sobre medios judiciales y legislativos para la lucha contra este trágico fenómeno. 
Europol ha elaborado un informe sobre este tema, demostrando la gran actividad que lleva a cabo en la lucha contra la pornografía infantil. 
Últimamente, Europol ha intervenido con éxito en varias operaciones a gran escala. 
La Comisión está convencida de que tan pronto como Eurojust esté en pleno funcionamiento, estimulará y mejorará la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la explotación sexual infantil, facilitando la asistencia jurídica mutua y la ejecución de las peticiones de extradición. 
Gracias, señor Comisario, por su explicación. 
Estoy segura de que todas Sus Señorías están de acuerdo con que se trata de un asunto de la mayor importancia, en especial dado que las víctimas son niños. Los tribunales y las autoridades normalmente no los toman en serio, y además les es difícil hablar de lo que han sufrido, lo que significa que sólo unos pocos casos llegan a los tribunales y los niños raramente obtienen justicia. 
El problema se agrava con la ampliación, no sólo porque las fronteras se van a abrir, lo que va a facilitar el crimen, sino porque también en la pobreza, que está resultando difícil de combatir en los países candidatos, radica el problema. 
¿Tienen planes específicos para hacer que los países candidatos participen en programas de cooperación y de lucha contra este problema y de asistencia a las víctimas? 
. 
(EN) Comparto su punto de vista de que necesitamos dar prioridad a acciones de este tipo en lo que respecta a los países candidatos. 
Le aseguro que ya se ha tomado en consideración el compromiso por parte de los países candidatos en la última generación de los programas Daphne y STOP, y ya participan en acciones concretas. 
Desearía llamar su atención sobre el hecho de que la Decisión marco que el Consejo acaba de adoptar formará parte del acervo. 
Esto significa que los países candidatos deberán transponer esta nueva Decisión marco a su propio derecho penal de aquí al 1 de enero de 2004. 
Seguramente al Comisario le interesará saber que la semana pasada he tenido el honor de presidir una reunión sobre el asunto de la pornografía infantil, organizada por el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados. 
El Sr. Morgan, funcionario de Europol, hizo una excelente presentación y también yo tuve el placer de anunciar el acuerdo que creo acababa de ser publicado en los periódicos ese mismo día. 
Pero me pregunto cómo cree usted que las solicitudes de extradición van a prosperar cuando, por ejemplo, el material se genera en terceros países donde puede que no exista el mismo tipo de legislación básica. 
En segundo lugar, ¿cuál sería nuestro planteamiento para este tipo de material proveniente de fuera de la Comunidad? 
Está claro que éste va a ser el camino que se tomará en el futuro para sustraerse a la ley tanto aquí como en Estados Unidos. 
Existen disposiciones específicas en estas propuestas para tratar el problema de la pedofilia en línea en Internet. 
Necesitamos garantizar que la colaboración judicial, por encima de todo tipo de asistencia jurídica mutua con terceros países, considere la necesidad de consolidar las pruebas necesarias para el enjuiciamiento penal pertinente. 
Sólo podemos incautar el material en la última estación en territorio de los Estados miembros. 
Por ejemplo, en el caso de material proveniente de terceros países, necesitamos utilizar acuerdos de colaboración común en materia de asistencia jurídica mutua para solicitar a las autoridades de esos Estados miembros que actúen contra los que producen este tipo de material. 
También desearía añadir que, en este marco general, debemos hacer el mejor uso posible del convenio del Consejo de Europa sobre el cibercrimen a través de Internet. 
Es evidente que la producción de material ilícito relacionado con la pornografía pedófila es una actividad criminal. 
Por consiguiente, el convenio del Consejo de Europa tiene plena aplicación. 
La Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. 
Están reconocidos en el apartado 2 del Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Por consiguiente, la Comisión no reconoce ningún mecanismo legal que se aplique a presos políticos en las democracias de la Unión Europea, puesto que la noción misma de preso político, es decir, personas encarceladas o enjuiciadas únicamente por motivos políticos o por sus opiniones, sería contraria a estos principios fundamentales de la Unión. 
En lo que se refiere a la extradición entre Estados miembros, por tanto, la confianza mutua en los sistemas judiciales nacionales ha dado pie a la revisión de la derogación del delito político en relación con los crímenes terroristas. 
El apartado 1 del Artículo 5 del Convenio de 1996 sobre la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que completa el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957, estipula: «A efectos de la aplicación del presente Convenio, el Estado miembro requerido no concederá a ningún delito la consideración de delito político, de delito relacionado con un delito político o de delito inspirado por móviles políticos.» 
Esta declaración abarca los delitos de terrorismo a los que se refieren los artículos primero y segundo del Convenio Europeo de 1977 para la Represión del Terrorismo, al que se han adherido todos los Estados miembros de la Unión. 
La Decisión marco del Consejo del 13 de junio de 2002 sobre la orden de detención europea, que sustituirá muy pronto al sistema de extradición anterior, incluye el terrorismo entre los delitos que darán lugar a la entrega, de conformidad con la orden de detención europea, siempre que el delito sea punible en el Estado miembro emisor por sentencia con pena privativa de libertad u orden de detención por un período máximo de al menos tres años. 
No se puede alegar la naturaleza política del delito como motivo de no ejecución. 
Por último, la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo establece una definición común de los delitos terroristas. 
En ella se enumeran crímenes graves considerados delitos de terrorismo, cuando se han cometido con la intención de intimidar seriamente a la población y obligando indebidamente a un gobierno u organización internacional a llevar a cabo o abstenerse de realizar un acto, o desestabilizando o destruyendo las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. 
En esta definición, la referencia a motivos ideológicos está por lo tanto fuera de lugar, tanto para la definición de un delito de terrorismo como para evitar considerarlo como tal. 
Gracias, señor Comisario. 
Informaré a mi colega, que no ha podido asistir hoy a esta sesión para tratar este tema con usted, de que no puede haber exoneración de culpa por delitos cometidos, como él señala, por motivos ideológicos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la lucha contra el terrorismo es ciertamente el objetivo más importante de nuestros tiempos. 
Por ello, estoy interesado en conocer qué iniciativas prevé tomar la Comisión sobre asuntos judiciales, a la vista de los últimos acontecimientos. 
Ante todo, creo que es necesario dar continuidad a nuestras importantes logros desde el 11 de septiembre de 2001, en particular la transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales de la Decisión marco sobre la definición del terrorismo, y la transposición a la legislación nacional de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea. 
En segundo lugar, desearía destacar el papel de la cooperación policial y el intercambio de información entre los servicios de inteligencia sobre actividades terroristas, basados en particular en la unidad de lucha contra el terrorismo de Europol y el equipo especial de magistrados especialistas en antiterrorismo en Eurojust. 
Nuevas iniciativas están relacionadas, en particular, con las negociaciones en curso con los Estados Unidos sobre un acuerdo de asistencia legal, que incluye la extradición, y la conclusión del acuerdo sobre intercambios de información entre Europol y sus homólogos de los Estados Unidos. 
Por último, en lo que se refiere a las iniciativas legislativas para 2003, damos prioridad al tema de la financiación del terrorismo, pero todavía es demasiado pronto para revelar las iniciativas concretas que vamos a presentar al Parlamento y al Consejo el año que viene. 
-Muchas gracias, Sr. Comisario. 
Vamos a seguir por orden todas las preguntas hasta llegar a las 19.30 horas. 
Preguntas dirigidas al Sr. Byrne 
-Pregunta nº 45 formulada por Richard Corbett (H-0613/02): 
Asunto: Mercados de ganado 
En vista de la preocupación creciente sobre el modo en el que se trata a los animales en los mercados de ganado y en los mataderos, ¿está dispuesta la Comisión a examinar la conveniencia de proponer una directiva que establezca unas normas mínimas para la protección de los animales en tales mercados? 
Tal como muy acertadamente ha apuntado Su Señoría, existe una preocupación creciente por el trato que reciben los animales en los mercados de ganado. 
La Comisión tiene intención de incluir este aspecto cuando proponga nuevos instrumentos legales en materia de protección de los animales durante el transporte antes de finales de año. 
Actualmente hay experiencia práctica y conocimientos científicos para ayudar a la Comisión en esta tarea. 
En particular, el objetivo de la Comisión es asegurar que los Estados miembros garanticen que las consideraciones de bienestar de los animales forman parte del funcionamiento de los mercados de ganado. 
Los actos de crueldad o negligencia observados en algunos mercados son el resultado de la ignorancia de los operadores y de una supervisión insuficiente por parte de las autoridades competentes. 
Por consiguiente, la Comisión cree que es necesario incrementar la formación del personal encargado de la manipulación de animales en los mercados. 
La Comisión también considera que los operadores de los mercados deben ser los principales responsables de garantizar que se cumpla la normativa sobre bienestar animal. 
Deben ser responsables de la normativa sobre el bienestar animal como ya lo son de la normativa sobre la salud de los animales. 
Sin embargo, hay que recordar que la aplicación cotidiana de la ley es responsabilidad de los Estados miembros. 
Ya se pueden obtener mejoras significativas con arreglo a las disposiciones nacionales actuales. 
El papel de la Comisión no consiste en la supervisión de las actividades de los mercados de ganado, sino en garantizar que los Estados miembros cumplan las disposiciones de la Unión Europea a este aspecto. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta y le animo a que al preparar el borrador de esta legislación examine si conviene o no suprimir progresivamente los mercados de ganado. 
Después de todo, no sólo se trata del bienestar de los animales, sino también de una cuestión de propagación de enfermedades. 
Puede que en la edad moderna este tipo de mercados ya no representen la mejor manera de comerciar con animales. 
Si la Comisión concluye que deben seguir existiendo, deberán estar debidamente regulados. 
Agradezco lo que el señor Comisario acaba de manifestar; sin embargo, ¿está de acuerdo en que esto no sólo debe aplicarse al transporte de animales, que queda amparado hasta cierto punto por la Directiva vigente, sino también a la protección de todos los animales que pasan por estos mercados de ganado? 
En lo que se refiere a la primera parte de su pregunta adicional sobre si sería conveniente suprimir progresivamente todos los mercados de ganado, la posición es que para ciertas especies de granja representan una herramienta de comercialización necesaria. 
Existen largas tradiciones relacionadas con la venta y comercialización de animales por esta vía. 
Su uso tiene raíces históricas y socioeconómicas que no pueden ignorarse mediante una simple prohibición. 
Sin embargo, estoy de acuerdo en que al tratar esta cuestión en el contexto de la legislación comunitaria, la consideramos en relación con la legislación sobre el transporte de animales en la que estamos trabajando en estos momentos. 
Estoy totalmente de acuerdo de que esta es una cuestión que se refiere a los animales transportados, sino a todos los animales en general. 
No obstante, estamos considerando esta cuestión en el contexto de dicha legislación. 
Tal como he indicado anteriormente, es importante que se garantice una formación adecuada del personal que manipula animales, y no solamente en el contexto del transporte, sino de modo general. 
Este es uno de los objetivos que se incluirán en la legislación cuyo borrador se está redactando en estos momentos. 
-Pregunta nº 46 formulada por Philip Bushill-Matthews (H-0633/02): 
Asunto: Seguridad de los alimentos 
¿Puede indicar la Comisión las medidas inmediatas que se propone adoptar, y la manera en que dichas medidas van a ser eficaces, para tratar los problemas recurrentes relacionados con la no retirada de la médula espinal en la carne procesada en mataderos de Alemania y Francia? 
La Comisión otorga gran importancia a la destrucción correcta del material calificado de riesgo, puesto que es una de las mejores formas de proteger la salud de los consumidores contra el riesgo asociado de encefalopatía espongiforme bovina. 
Además de constituir una amenaza inaceptable para la salud, estos incidentes también sirven para hacer perder la confianza del consumidor en la eficacia de las medidas de la Comunidad en relación con la EEB. 
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, los materiales especificados de riesgo deben destruirse en el matadero o, en el caso de la columna vertebral del ganado bovino, en la sala de despiece. 
Las canales, medias canales y cuartos de canales que no contengan ningún material especificado de riesgo distinto de la columna vertebral podrán ser enviadas a otro Estado miembro. 
En este último caso, la separación de la columna vertebral deberá tener lugar en la sala de despiece del Estado miembro de destino. 
Se han notificado deficiencias en la puesta en práctica de la eliminación de materiales especificados de riesgo, en particular en lo que se refiere a la médula espinal, en canales producidas en diferentes Estados miembros: Alemania, España, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda e Italia. 
En numerosas ocasiones, la Comisión ha recordado a los Estados miembros la importancia de una aplicación correcta de la eliminación de los materiales especificados de riesgo. 
En caso de reincidencia, la Comisión ha solicitado la aplicación de medidas contundentes, como la suspensión de licencias a las plantas responsables o la introducción de medidas correctoras. 
La Comisión ha solicitado que se le informe de las medidas correctoras que se tomen al respecto. 
En inspecciones posteriores realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria sobre EEB y asuntos relacionados con la EEB en los Estados miembros, la eliminación de materiales especificados de riesgo ha resultado ser razonablemente satisfactoria, con deficiencias menores relacionadas en su mayoría con dificultades de tipo técnico o de funcionamiento. 
La Comisión también subvenciona un proyecto de investigación para encontrar formas alternativas y más eficaces de eliminación de la médula espinal. 
Este proyecto está próximo a concluir. 
La Comisión sigue de cerca la situación y, en caso necesario, recordará a todos los Estados miembros la obligación de eliminar la médula espinal de los bovinos de más de 12 meses. 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria evaluará más detenidamente la aplicación de las medidas correctoras que los Estados miembros notifiquen para subsanar la situación. 
Por último, hay que tener en cuenta que, actualmente, la columna vertebral está definida como material especificado de riesgo en canales de ganado bovino de más de 12 meses en todos los Estados miembros, excepto en Portugal y el Reino Unido. 
Por consiguiente, todo resto de médula espinal en la columna vertebral deberá haber sido separado automáticamente como material especificado de riesgo en el lugar de destino antes de su venta al consumidor. 
Tomo nota de sus comentarios con interés, Comisario, y me complace oír que la Comisión se toma muy en serio esta cuestión, pero por lo visto su papel se limita a llamar la atención de los Estados miembros, reclamar medidas contundentes y después pedir información. 
Con el debido respeto, ¿cree usted que esto es satisfactorio o que el público lo encontrará satisfactorio al ser problemas que se repiten? 
Desde que he presentado esta cuestión, literalmente en las últimas dos semanas, hemos tenido un nuevo ejemplo en el Reino Unido en el que Alemania ha incumplido las normas al enviar ni más ni menos que su decimotercera consignación de carne que contiene médula espinal prohibida al Reino Unido. 
¿No tiene la Comisión más poderes que los de reclamar o llamar la atención? 
Si no los tiene, ¿acaso no debería tenerlos? 
¿Por cuánto tiempo va a seguir reclamando y llamando la atención antes de que se tomen medidas? 
Se ha hecho un seguimiento exhaustivo de este asunto y, a partir de los resultados preliminares de 2002, las medidas aplicadas por los Estados miembros han dado lugar a una disminución del número de infracciones relacionadas con los restos de médula espinal. 
Naturalmente, la Comisión continuará supervisando de cerca la situación, y si se repiten los problemas, incluiremos el asunto en el orden del día del Comité Permanente sobre la Cadena Alimentaria y la Salud Animal para remarcar la importancia de la separación adecuada de material especificado de riesgo, en otras palabras, la médula espinal, en el matadero, y exigir medidas correctoras estrictas. 
He hablado de ello directamente con los Ministros competentes de varios Estados miembros, lo que se ha traducido en la suspensión temporal de las licencias de mataderos en dos Estados miembros. 
Se trata de fuertes sanciones que la Comisión puede exigir y que se han aplicado. 
Hasta aquí, creo que la fuerza de este tipo de sanciones, cuando se imponen a fabricantes de productos alimenticios, radica en que suelen mejorar las normas. 
En última instancia, siempre existe la alternativa de iniciar procedimientos por incumplimiento, pero en estas circunstancias, dado el tiempo necesario que debe transcurrir para que estos procedimientos lleguen a los tribunales, no me parece que sea el método más eficaz para buscar el cumplimiento de la normativa. 
Por último, como muy probablemente ya deben saber, actualmente estoy trabajando en un documento sobre la legislación en materia de inspección de alimentos y piensos, que contempla la imposición de sanciones económicas por incumplimiento de este tipo de legislación. 
Esperamos que se presente a la Comisión próximamente y, si se aprueba, se hará público y llegará al Parlamento oportunamente para su ulterior discusión. 
-Pregunta nº 47 formulada por Mary Elizabeth Banotti (H-0639/02): 
Asunto: Diabetes 
Se estima que en 2010 habrá treinta millones de personas con diabetes en la UE. 
¿Qué medidas está tomando la Comisión para hacer frente a este trágico aumento de la diabetes? 
¿Está proponiendo la Comisión alguna acción de investigación o campañas de información sobre este tema? 
La Comisión reconoce que la diabetes es una enfermedad crónica que plantea a la Comunidad un importante reto para la salud pública. 
Sus causas están estrechamente relacionadas con factores determinantes de la salud, como la dieta, la obesidad y la actividad física. 
Estos factores determinantes están claramente relacionados entre sí, y un planteamiento por separado de cada uno de ellos no es probable que tenga éxito. 
El Tratado limita la competencia de la Comunidad en el campo de la salud pública, estableciendo que la actuación comunitaria debe respetar plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en la organización y prestación de los servicios sanitarios y la asistencia médica. 
Por consiguiente, en lo que se refiere a la diabetes, el trabajo de la Comisión se ha centrado en fomentar la cooperación entre los Estados miembros a través de programas de salud pública. 
A través de estos programas, la Comisión ha fomentado el desarrollo de políticas y medidas relacionadas con los factores determinantes de la diabetes tipo 2, a saber, la alimentación, la obesidad y el ejercicio. 
En el nuevo programa de salud pública que estará en vigor el 1 de enero de 2003, se presta especial atención a la mejora de la compilación de datos sobre indicadores de salud determinantes, como la mortalidad relacionada con la alimentación y la morbilidad. 
También se presta especial atención al desarrollo de estrategias comunes sobre factores determinantes de la salud como la alimentación. 
La promoción actual de la salud, la supervisión y los programas relacionados con el cáncer han aportado un apoyo concreto a toda una serie de iniciativas en torno a la dieta, la alimentación, la obesidad y la actividad física. 
Por ejemplo, el apoyo que se ha dado a conferencias como las que se han celebrado bajo las Presidencias francesa y danesa sobre las cuestiones de la alimentación y la obesidad. 
En estos momentos, se ha publicado el informe Eurodiet sobre alimentación, que se encuentra disponible en el sitio web de la Comisión, al que tiene acceso un público amplio a escala internacional. 
La investigación prospectiva europea sobre alimentación y cáncer (EPIC) , financiada por el programa sobre el cáncer y realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de Lyon, es otra iniciativa fundamental en torno a los vínculos entre la dieta y la enfermedad. 
El proyecto, que ha contado con el apoyo del programa de fomento de la salud sli na sláinte, es una iniciativa para fomentar la actividad física y forma parte de una estrategia de prevención. 
Todas estas iniciativas habrán tenido una repercusión en la prevención de la diabetes. 
En breve se ultimará y se publicará un informe de situación sobre el lugar de la alimentación en todas las áreas políticas de la Comisión, no solo de la salud pública. 
Teniendo en cuenta las limitaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 152 del Tratado, la Comisión no pretende establecer un plan de prioridades específico relacionado con la diabetes. 
En vez de ello, el planteamiento del nuevo programa sobre salud pública ha sido diseñado con el fin de garantizar un planteamiento complementario y horizontal de la prevención en lugar del viejo planteamiento de considerar las enfermedades mediante programas individuales y por separado. 
El nuevo programa viene inducido por consideraciones políticas y tiene por objeto la promoción de políticas y actividades en relación con factores determinantes que tendrán un impacto sobre desafíos fundamentales como la diabetes del tipo 2. 
A través de sus programas marco de investigación, la Comisión ha respaldado en el pasado la investigación sobre la diabetes. 
Se ha facilitado una financiación significativa para este tipo de investigación. 
En el Quinto Programa Marco, la investigación sobre la diabetes quedó amparada dentro del programa de calidad de vida y gestión de los recursos vivos. 
La financiación total ha ascendido a más de 18 millones de euros. 
La investigación sobre la diabetes sigue siendo una prioridad en el próximo Sexto Programa Marco dentro del ámbito temático de máxima prioridad «Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud». 
Los fondos destinados a la investigación se distribuirán sobre una base competitiva a través de un concurso de propuestas, y la información se divulgará ampliamente en medios como por ejemplo la página web de investigación. 
Además de proyectos de investigación, el Sexto Programa Marco financiará intercambios e interconexión en red de actividades de investigación nacionales sobre la diabetes al amparo del capítulo «Refuerzo de las bases del Espacio Europeo de la Investigación». 
Este aspecto se considera especialmente importante para contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación. 
Por último, cabe mencionar también que los alimentos que supuestamente se han concebido para satisfacer requisitos alimentarios particulares de personas diabéticas deben cumplir actualmente los requisitos de la Directiva 89/398/CEE del Consejo sobre productos alimenticios destinados a una alimentación especial. 
La Comisión tiene la intención de presentar un informe al Parlamento y al Consejo sobre la conveniencia de establecer disposiciones alimentarias especiales para personas con diabetes. 
Aprovecho esta oportunidad para desear que el Día Mundial de la Diabetes del 14 de noviembre sea todo un éxito. 
Espero poder unirme a aquellas personas que promocionan este acontecimiento cuando se lance la campaña de sensibilización y de pruebas de diabetes el 19 de noviembre en Estrasburgo. 
Comisario, ha sido una respuesta muy larga y bastante técnica. 
Desearía plantearle un par de cuestiones. 
En primer lugar, lo mejor que se puede pensar sobre la diabetes es que los alimentos especiales no deberían estar destinados a los diabéticos. 
La mejor dieta para personas con diabetes o que corren riesgo de desarrollar diabetes se basa en buenos alimentos sencillos, frescos y no en alimentos procesados. 
Costó mucho que se incluyera la diabetes en el Sexto Programa Marco. 
Espero que cuando se considere este punto, una de las prioridades a apoyar será la creación de una cátedra para enfermeros especializados en diabetes en una de las universidades comunitarias. 
El coste para los servicios sanitarios dentro de la Comunidad de una enfermedad que, tal como he mencionado en mi pregunta, afectará a unos 30 millones de personas en 2010, debería tenerse en cuenta hasta cierto punto. 
En vista de lo que se nos viene encima, quisiera saber si la Comisión propone coger el toro por los cuernos en esta cuestión. 
Bien es cierto que los costes relacionados con cualquier tipo de asistencia sanitaria se incrementan día a día y año tras año en los Estados miembros. 
El hecho es que los profesionales de la sanidad pública e incluso algunos gobiernos en estos momentos prestan más atención a una mayor inversión en el fomento de la salud y la prevención de enfermedades. 
En el pasado, se hacía hincapié demasiado a menudo en gastar grandes sumas de dinero en asistencia sanitaria. 
Si este cambio tiene lugar, tal como deja entrever su pregunta, ello afectará en gran medida al problema de la diabetes, en el que se centra su pregunta, pero también a otras enfermedades. 
Creo firmemente que cuando el programa de salud pública esté en marcha y funcionando con el triple enfoque a partir de enero de 2003, se habrá recopilado información y datos útiles en el primer aspecto. 
Entonces, en la vertiente de los factores determinantes de la salud, estaremos en condiciones de fomentar un estilo de vida sano y una ingestión de comida equilibrada, tal como apunta Su Señoría en su pregunta adicional. 
Estoy estudiando la correlación existente, por ejemplo, entre enfermedades como la obesidad. y los alimentos, y espero informar de los resultados de aquí a finales de año. 
Como padre de una hija diabética, puedo apoyar a Su Señoría en su petición de que la Comisión tome medidas al respecto y, en especial, felicitarla por la iniciativa que ella y el Sr.Bovis han tomado para plantear este tema en el Parlamento. 
Debido al aumento del número de quienes padecen esta enfermedad, a menudo existen opiniones contradictorias sobre los diversos tratamientos. 
Sin embargo, a diario oímos hablar de nuevos resultados de la investigación, tanto paliativos como quirúrgicos. 
¿No está de acuerdo conmigo el Comisario en que es necesario ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea una orientación clara sobre los progresos de la investigación? 
Tanto la Comisión como la Unión Europea podrían desempeñar un papel significativo en la garantía de que la expansión de esta enfermedad se corresponda con la información sobre cómo tratarla y cómo evitarla en primer lugar. 
Una vez más me refiero al primer aspecto del programa de salud pública que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2003. 
La información que se recopilará y los datos a los que se podrá tener acceso ayudarán considerablemente a hallar soluciones y a la diseminación de información útil, no sólo en la Comisión y en las demás instituciones de la Unión Europea, sino también, desde luego, en los Estados miembros. 
Además de lo que he dicho antes sobre los diversos programas y el trabajo e inversión que ya se han emprendido en este campo, he olvidado mencionar que se halla en curso un proyecto, financiado por el programa de promoción de la salud, para crear un curso de maestría en nutrición. 
Esto responde a la pregunta de la Sra. Banotti a la que antes he olvidado contestar. 
La diabetes de tipo 2 es una enfermedad ligada al estilo de vida. 
Mi punto de vista personal es que se obtendrían los mejores resultados aplicando el principio de subsidiariedad en lo que se refiere a cambiar los hábitos alimenticios de la gente y aumentar la actividad física, que constituyen las dos cuestiones fundamentales. 
Por otro lado, la UE debe poder actuar en un frente más amplio contribuyendo a la elaboración de importantes estudios demográficos necesarios para el futuro, con el fin de que podamos abordar la cuestión de forma más constructiva. 
Los estudios de grupos demográficos a largo plazo en diferentes países europeos deberían ser algo a cuya realización contribuyera la UE, para lograr unos buenos resultados. 
Sólo puedo remitirme a las respuestas a preguntas anteriores: que ya se ha llevado a cabo una gran labor a este respecto y que todavía queda mucho por hacer. 
Ya he mencionado el trabajo que estoy desarrollando actualmente sobre la relación entre nutrición y obesidad, y en general sobre la cuestión de la buena salud. 
Creo que el gran salto tendrá lugar cuando esté listo y en marcha el programa de salud pública. 
Los Estados miembros también tienen expectativas muy altas al respecto y creo que existe un gran apoyo por parte de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros. 
Me gustaría indicarle al Comisario que no me estaba refiriendo a una maestría en nutrición. 
Estaba hablando de la titulación superior de enfermería especializada en diabetes, para la cual existe una solicitud interpuesta ante la Comisión. 
Simplemente quiero aclarar este dato. 
-Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 48 y 49 recibirán una respuesta conjunta.Pregunta nº 48 formulada por Marit Paulsen (H-0660/02): 
Asunto: Salmonela y productos cárnicos 
El 12 de noviembre de 2001 se suprimió en Suecia la obligación de llevar a cabo controles de salmonela en los productos cárnicos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, a raíz de las críticas de la Comisión a la Administración sueca para Alimentos y Medicamentos, en el sentido de que los productos cárnicos, como por ejemplo el pollo marinado, no estaban incluidos en las medidas contra la salmonela que Suecia negoció para su adhesión a la Unión Europea. 
A lo largo de 2002, la Administración para Alimentos y Medicamentos y cinco municipios investigan la presencia de salmonela en productos cárnicos importados de otros Estados miembros. 
Hasta ahora los resultados indican dicha presencia de salmonela en aproximadamente un tercio de los lotes analizados. 
¿Desea la Comisión que la situación empeore debido a la propagación de la salmonela en zonas de la Unión Europea que probablemente estén libres de contagio, cuando se está trabajando en la elaboración de un reglamento con vistas a armonizar la situación relativa a la salmonela en toda la Unión? 
Pregunta nº 49 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0669/02): 
Asunto: Salmonella en la carne marinada 
De las aproximadamente 40 muestras que la Administración sueca para Alimentos y Medicamentos ha tomado en preparados de carne de importación, en colaboración con cinco municipios suecos, alrededor de un tercio contenían salmonella. 
Los productos a base de pollo fueron los que ofrecieron peores resultados. 
En noviembre de 2001, la Comisión estableció que las disposiciones sobre el control obligatorio de la salmonella no se aplicaban a los preparados de carne. 
Sin embargo, cuando los preparados proceden de un país que no es miembro de la UE, se aplica la normativa sueca. 
Las pruebas realizadas recientemente en Suecia muestran que es necesario que los preparados de carne sean objeto de un control obligatorio de la salmonella para que existan en este país garantías reales al respecto. 
¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para hacer obligatorio, con la mayor brevedad, el control de la salmonella en los preparados de carne antes de su exportación a Suecia? 
Me preocupa la frecuente aparición de salmonela en los preparados de carne importados en Suecia y su inquietud por el modo en que esto puede afectar a la incidencia de la salmonela en Suecia. 
Como ustedes ya saben, a Finlandia y a Suecia les fueron reconocidas unas garantías adicionales en materia de salmonela al ingresar en la Unión Europea. 
Estas garantías adicionales se aplican al comercio de ciertos tipos de animales vivos, huevos, pescado fresco y carne picada que se destine a Finlandia y a Suecia. 
Usted propone que la Comisión debería aplicar esas garantías adicionales en materia de salmonela también a los preparados de carne. 
El único modo de proceder pasa por la modificación de la legislación comunitaria sobre preparados de carne. 
Sin embargo, la Directiva sobre carne picada y preparados de carne establece un criterio de salmonela para preparados de carne. 
Cualquier preparado de carne producido dentro de la Comunidad debe cumplir ese criterio. 
Es positivo que el señor Comisario esté preocupado por la elevada incidencia de la salmonela en los preparados cárnicos importados en Suecia. 
Ahora sabemos que hubo un descuido en nuestras negociaciones de adhesión. 
Lo que ahora estamos debatiendo no está relacionado con los productos tratados térmicamente. 
Sabemos que la salmonela desaparece en este tipo de productos y que sólo una nueva contaminación puede volver a introducir la salmonela en ellos. 
En este caso, cualquiera puede meter un pollo en una bolsa con unos gramos de sal y decir que se trata de un preparado. 
Éste es el principal problema. 
Es un poco absurdo que sea yo la ponente del Parlamento de una directiva destinada a la creación de controles de salmonela, por toda la UE, que tienen mucha similitud con los controles escandinavos. 
Así pues, es un tanto extraño que no se pueda tomar una decisión rápida sobre la obtención de garantías de ausencia de salmonela en los preparados que no se hayan tratado térmicamente. 
Si queremos lograr un control de la salmonela por toda Europa, necesitamos zonas libres de salmonela, dondequiera que sea, para poder protegernos mientras los otros se contagian. 
Ampliar la aplicación de las garantías adicionales de salmonela a la carne picada no ha sido una propuesta de la Comisión. 
La razón por la cual las garantías adicionales no deberían aplicarse a los preparados de carne es la existencia del criterio de salmonela, que incluye también la carne picada. 
Sin embargo, hay que destacar que es probablemente más fácil controlar la salmonela en los preparados de carne que en la carne picada. 
Por lo tanto, los criterios de salmonela son más efectivos para los preparados de carne que para la carne picada, motivo que sirve para justificar la aplicación de garantías adicionales a la carne picada y no a los preparados de carne. 
Estoy seguro de que la Sra. Paulsen conoce la legislación que está en estos momentos en el Consejo y que ha sido discutida en la última reunión del Consejo de Agricultura. 
En un determinado momento, la discusión sobre esta legislación se quedó un tanto estancada y ahora se va a retomar para el siguiente Consejo de Agricultura, donde se discutirá sobre este aspecto. 
En general, la cuestión de los preparados de carne está siendo analizada, pero no únicamente en los casos de Suecia y Finlandia. 
Queremos mejorar las normas para el conjunto de la UE, como así se refleja en esta legislación, que espero que pase a ser discutida en el Consejo de Agricultura de diciembre. 
Quisiera agradecer al señor Comisario las respuestas que nos ha dado hasta el momento. 
Como sin duda sabrá, Suecia ha invertido muchos años de trabajo y una gran cantidad de dinero para intentar erradicar la salmonela. 
Lo que ocurre es que ahora toda esta labor se ve amenazada al importar salmonela de otros países de la UE con el sistema actual. 
Tal y como muy acertadamente ha apuntado el señor Comisario, existe una normativa para los preparados cárnicos en cuestión. 
El problema es que es evidente que esta normativa no se aplica, y una tercera parte de los productos que someten a los controles está contaminada por salmonela. 
En este caso, ¿no es razonable pedir que, mientras la UE no consiga garantizar la aplicación de la normativa, Suecia pueda aplicar el mismo tipo de control de la salmonela a los preparados cárnicos, tal y como se aplica a muchos otros tipos de productos para prevenir la propagación de esta infección? 
Tal como he dicho con anterioridad, la Comisión es perfectamente consciente de los peligros que entraña la salmonela. 
De hecho, cada año mueren por salmonelosis en la Unión Europea unas 200 personas. 
En este contexto, mi intención es proponer mejores normas para realizar muestreos y establecer un límite más estricto de salmonela en los preparados de carne. 
Esta medida contribuirá a disminuir la contaminación por salmonela en los preparados de carne de toda la Comunidad. 
Además, las continuas revisiones de la legislación de la Comunidad sobre higiene alimentaria y, tal como he dicho antes, sobre zoonosis, reforzarán los controles de salmonela en toda la cadena alimentaria desde la granja hasta la mesa. 
Esto tendrá un efecto positivo en la situación con respecto a la salmonela en los alimentos en toda la Unión Europea y no sólo en determinados Estados miembros. 
El Órgano de Negociación Intergubernamental del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco está celebrando actualmente su quinto encuentro en Ginebra. 
Con respecto a la regulación de los contenidos de los productos de tabaco, el texto elaborado por la presidencia para su ulterior discusión no fija normas armonizadas, sino que permite que cada parte adopte e implemente las normas según las recomendaciones de la Conferencia de las Partes, entre las que se incluyen las normas y mejores prácticas para comprobar y medir el contenido y las emisiones de dichos productos. 
Se espera que el texto definitivo del Convenio esté listo en marzo de 2003. 
Esta disposición debería formar parte del texto definitivo del Convenio marco y, teniendo en cuenta el calendario previsto para el establecimiento de la Conferencia de las Partes, es posible que tales recomendaciones puedan llevarse a cabo para el año 2007. 
La Comisión cree que la adopción de normas comunes destinadas a regular el contenido de los productos del tabaco y de sus emisiones, junto a la adopción de normas comunes que definan los métodos de medida, son medidas esenciales que deben adoptar todas las partes del Convenio. 
Las recomendaciones emitidas por la Conferencia de las Partes pueden ser un instrumento muy importante para armonizar las normas, y por lo tanto creo que las partes implicadas deberían considerarlas debidamente. 
Sin embargo, dado que dicha armonización podría rebajar el nivel de protección de la salud pública, la Comunidad opina que tales recomendaciones no deberían ser vinculantes. 
Es decir, la adopción de dichas recomendaciones debería dejarse a la libre elección de las partes. 
Esta medida permitiría que cada una de las partes, entre las que se encuentra la Comunidad, mantenga sus respectivas legislaciones vigentes en este aspecto. 
En este contexto, me gustaría llamar la atención del Sr. Wuermeling sobre el hecho de que, según las directrices de negociación establecidas por el Consejo, las negociaciones deben procurar que las disposiciones operativas del Convenio marco se basen en la legislación vigente en la Comunidad. 
Para terminar, en relación con la última parte de la pregunta del Sr. Wuermeling, la Comisión cree firmemente que las negociaciones en torno al Convenio marco serán un éxito y está haciendo todo lo posible por asegurar que se acuerde el instrumento más eficiente con el máximo efecto en el consumo de tabaco. 
Sin embargo, en el caso poco probable de que las negociaciones fracasaran, la Comisión no debería verlo como un motivo para modificar las disposiciones de la Directiva 2001/37 sobre exportaciones. 
Señor Presidente, desearía, en primer lugar, expresarle mis más sincero agradecimiento por la información que nos ha proporcionado y transmitirle las disculpas del Sr. Würmeling, que tuvo que salir para Berlín, con el fin de asistir a una importante reunión de la que se le avisó con muy poca antelación. 
Desearía formular dos breves preguntas, que el señor Comisario quizás pueda contestar a la vez de manera sucinta. 
¿No es verdad que la postura negociadora de la Comisión probablemente mejoraría si en las negociaciones se reservara el derecho a modificar la directiva, respecto a la prohibición de exportación, en caso necesario, ya que entonces podría presionar a los demás países para que secundaran tal recomendación? 
En segundo lugar, si las negociaciones fracasan, ¿espera que la producción se traslade, en gran medida, de la Unión Europea a terceros países? 
¿Conoce la Comisión o dispone de algún tipo de estimación sobre cuántos puestos de trabajo se perderían en la Unión Europea a consecuencia de ello? 
La posición de la Comisión en la negociación consiste en obtener los mejores resultados en el ámbito de la salud pública. 
Esta es la consideración primordial, que presidirá mi postura y la de mi equipo en las negociaciones en nombre de la UE, donde esta cuestión es competencia de la Comunidad. 
La pregunta de si la producción se desplazará a terceros países se plantea a menudo. 
Dicho de otro modo, ¿afectará esto a los puestos de trabajo? 
Tengo dos respuestas a esta pregunta. 
En primer lugar, la salud pública no puede supeditarse a consideraciones de empleo. 
A mi entender, esto es fundamental, tal como he dicho ya en numerosas ocasiones. 
En caso de que el empleo resultara efectivamente amenazado, esta cuestión se estudió al plantear la legislación que ahora tiene ante sí el Parlamento. 
Sin duda había algunas pruebas de que en los Estados miembros que promulgaron una legislación estricta que prohíbe la publicidad del tabaco el desempleo no ha crecido a raíz de ello. 
Ha habido cambios en otros sentidos. 
He de decir, por lo tanto, que no dispongo de ninguna prueba convincente de que la introducción de este tipo de legislación tenga efectos negativos sobre el empleo. 
-Muchas gracias, señor Comisario. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 51 a 108 se contestarán por escrito. 
La Comisión acepta las enmiendas nº 11, 12, 16, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 49 (parcialmente) , 61, 69, 72, 75, 77, 78, 84, 90, 91 (parcialmente) , 93 (parcialmente) , 95, 98, 99, 101 (parcialmente) , 102, 103, 104, 105 (parcialmente) , 106, 107, 108 (parcialmente) , 110 (parcialmente) , 111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 123, 124, 125, 127, 128 (parcialmente) , 130, 131 (parcialmente) , 135, 142, 143, 146 y 150. 
La Comisión acepta, en cuanto al fondo, las enmiendas nº 1, 4, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 (2ª parte) , 31, 34, 35, 38, 43, 44, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 74, 76, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 96, 100, 109, 113, 118, 121, 126, 129, 134, 140, 141, 141, 149, 153, 155, 156, 163, 165, 166, 169 y 170. 
La Comisión rechaza las enmiendas nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 25 (1ª parte) , 26, 27, 29, 39, 42, 45, 46, 48, 51, 56, 57, 58, 65, 67, 70, 71, 79, 81, 83, 85, 92, 94, 97, 119, 122, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 161, 162, 164, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178. 
Informe (A5-0340/2002) de la Sra. Françoise Grossetête, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (COM (2001) 404- C5-0593/2001- 2001/0254 (COD) ). 
La Comisión acepta las enmiendas nº 2, 13, 24, 25, 33, 35, 42, 43, 44, 46 (parcialmente) , 47, 48 (parcialmente) , 50, 53 (parcialmente) , 57, 58, 60 (parcialmente) , 61, 63 (parcialmente) , 66, 68, 69 (parcialmente) , 70, 71 (parcialmente) , 82, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 97, 99 (parcialmente) , 104 (2ª parte) , 106, 108, 109, 110, 120 (1ª parte) , 121, 125, 130, 132 (parcialmente) , 151, 157, 166, 185 y 186 (1ª y 2ª parte). 
La Comisión acepta, en cuanto al fondo, las enmiendas nº 3, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 51 (parcialmente) , 52, 55, 80, 83, 86, 92 (2ª parte) , 94, 95, 98, 114, 116 (1ª parte) , 122, 140, 156, 158, 159, 167, 197 y 199. 
La Comisión rechaza las enmiendas nº 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 54, 56, 59, 62, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 87, 91, 92 (1ª parte) , 96, 100, 101, 102, 103, 104 (1ª parte) , 105, 107, 111, 112, 113, 115, 116 (2ª parte) , 117, 118, 119, 120 (2ª parte) , 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 (3ª parte) , 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 198, 201 y 202. 
Informe (A5-0334/2002) de la Sra. Françoise Grossetête, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (COM (2001) 404- C5-0593/2001- 2001/0254 (COD) ). 
La Comisión acepta las enmiendas nº 1, 9 (parcialmente) , 11 (parcialmente) , 12, 18 (parcialmente) , 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41 (parcialmente) , 46, 49, 50, 55 (parcialmente) y 65 (parcialmente). 
La Comisión acepta, en cuanto al fondo, las enmiendas nº 4, 5, 8, 14, 36, 42, 43, 48, 52, 53, 54, 57, 58 y 68. 
La Comisión rechaza la enmiendas nº 2, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 51, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71 y 72. 
En mi nombre y en el de los diputados del Parlamento Europeo, señor Presidente, me complace enormemente darle la bienvenida hoy en esta Cámara. 
Es un gran placer especialmente para mí, como ciudadano irlandés, en una semana en la que el pueblo ha hablado y ha dicho a los dirigentes de los quince países de la Unión que ha llegado la hora de la ampliación. 
Mañana estará usted de nuevo en Hungría para conmemorar y celebrar la fiesta nacional de su país y recordar el heroico levantamiento húngaro de 1956 y la proclamación de la república en 1989. 
En nuestra Cámara se alza hoy un símbolo muy especial de aquel momento: la bandera húngara izada durante ese período en 1956. 
(Aplausos) 
Los mártires de aquella revolución de 1956 murieron en cierto modo por Europa y por los valores que hoy, gracias a la ampliación de la Unión Europea, estamos anticipando y construyendo. 
Por este motivo, aquel pueblo no murió en vano, señor Presidente, y su presencia aquí hoy es un signo de la contribución que hicieron aquellas personas a Europa. 
Los valores por los que murieron son los que ahora nos unen a lo largo y ancho de nuestro continente. 
Señor Presidente, no tengo ninguna duda de que su país será uno de los nuevos Estados miembros en 2004. 
Este Parlamento fue la primera de las instituciones europeas en fijar un calendario concreto para la ampliación. 
Queremos a Hungría en la Unión Europea y deseamos que para la sesión que dará comienzo en el verano de 2004, sus representantes, directamente elegidos por el pueblo húngaro, ocupen un lugar en nuestro Parlamento. 
(Aplausos) 
Lo que ahora nos disponemos a alcanzar es el fruto directo de los acontecimientos de 1989 en los que Hungría, una vez más, volvió a desempeñar un papel decisivo. 
Hungría fue el primer país que accedió a abrir el telón de acero a aquellas personas procedentes de la antigua República Democrática Alemana que esperaban en la embajada alemana de Budapest un pase para Alemania Occidental. 
Uno de mis recuerdos más preciados que guardo en mi casa en Irlanda es un trozo de alambre cortado en agosto de aquel año en la frontera entre Austria y Hungría. 
Simboliza para mí la noche que le tocó que vivir a Europa. 
La ampliación simboliza para mí el día que amanece ante todos nosotros. 
Me gustaría que, como Presidente de la República de Hungría, entendiera que al estar aquí hoy, en la víspera de su fiesta nacional, está como en su casa. 
Por primera vez en este continente estamos creando algo poderoso y nuevo por voluntad de los pueblos libres y soberanos y sobre la base de valores compartidos, y esta vez no a golpe de espada o a punta de pistola. 
Usted estudió de joven en Estrasburgo; me complace mucho pedir, en nombre del Parlamento Europeo, que tome la palabra un hombre de carrera para hablar desde la tribuna al parlamento transnacional elegido por sufragio directo más grande del mundo y compartir con nosotros nuestro sentido común de esta Europa en construcción. 
(Aplausos) 
. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias de todo corazón a los parlamentarios europeos por conmemorar la revolución húngara de 1956. 
Estoy aquí para dirigirme por primera vez al Pleno en húngaro. 
Afortunadamente, espero que muy pronto se convertirá en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
No obstante, a continuación voy a anticipar esta posibilidad y, con su permiso, proseguiré con mi discurso en húngaro. 
Podrán ustedes escucharlo en inglés, espero que con una buena interpretación 
Señor Presidente, gracias por esas observaciones y por recordarnos que el espíritu de 1956, del que ha hablado de forma tan elocuente, sigue actualmente vivo en esta Europa de valores. 
(Se levanta la sesión solemne a las 0.34 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0329/2002) del Sr. Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativo al acceso del Parlamento Europeo a la información sensible del Consejo en el ámbito de la política de seguridad y de defensa y sobre determinadas modificaciones de las disposiciones del Reglamento [2002/2130 (ACI) ]. 
Señor Presidente, cuando durante la Presidencia sueca de hace año y medio, se llegó a un acuerdo sobre el artículo 255, o el Reglamento (CE) nº 1049/2001, tras arduas negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, esto representó un gran paso adelante. 
La legislación común sobre la normativa relativa al acceso de los ciudadanos a los documentos significó un paso importante para aumentar el control sobre las instituciones europeas, así como la confianza depositada en ellas. 
La transparencia es la base de la democracia y la condición previa para que los ciudadanos puedan seguir los procesos de toma de decisiones públicos y participar en ellos. 
Por consiguiente, podemos incrementar la confianza depositada en la cooperación de la UE como un todo, así como su legitimidad, dos cosas que lamentablemente sabemos que escasean. 
Los liberales siempre andamos luchando por lograr la máxima transparencia. 
No quedamos enteramente satisfechos con algunos apartados del documento legislativo, y creemos que hubo un miedo exagerado de dar a conocer documentos. 
Cuando se trata de Política Exterior y de Seguridad Común, éste es un ámbito en fase de desarrollo. 
Existe un gran interés por estas cuestiones entre los ciudadanos y los periodistas. 
Naturalmente, ciertos documentos no pueden hacerse públicos. 
Este tipo de documentos debe mantenerse confidencial. 
Nosotros también somos conscientes de ello. 
No obstante, el hecho de que un pequeño grupo de diputados tenga acceso a estos documentos muy sensibles representa una manera de garantizar un cierto grado de control parlamentario en este ámbito- aunque hay que reconocer que limitado -, lo que ejerce una presión sobre el Consejo. 
De este modo, la propuesta del Sr. Brok es un acuerdo totalmente razonable. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas cree, sin embargo, que hay que asegurarse de que no se convierta en una práctica habitual remitir documentos automáticamente a este pequeño comité. 
Evidentemente, la mayoría de los documentos deben estar a disposición de todos, de los ciudadanos, de los periodistas y de cualquiera que esté interesado en ellos. 
Deben existir algunos documentos sensibles y de importancia vital a los que sólo tenga acceso este círculo más pequeño. 
Me ha complacido que el Sr. Brok haya manifestado que debemos analizar cuidadosamente este acuerdo. 
Podríamos llevar esto a cabo, junto con una revisión general de los reglamentos en materia de transparencia. 
De este modo, es de esperar que lleguemos a entender que la transparencia, como principio, no es peligrosa. 
Señor Presidente, en ocasiones muy solemnes, los diputados del Parlamento y personas de otras instituciones de la UE conversamos sobre el modo de acercar la UE más a la gente. 
Una forma de lograrlo sería dar la oportunidad a los ciudadanos de participar, desempeñar un cometido y ser parte activa en todo el proceso de toma de decisiones que tiene lugar tanto en las instituciones de la UE como entre ellas. 
Una condición previa para que los ciudadanos puedan desempeñar este papel es que sean capaces de apreciar lo que ocurre antes de la toma de decisiones. 
Es por ello que el principio de acceso a los documentos es tan importante. 
Tal y como ha manifestado mi colega, la Sra. Malmström, todos somos conscientes de que existen documentos confidenciales a los que es difícil que se pueda otorgar acceso público. 
No obstante, y bajo mi punto de vista, el Parlamento Europeo ha entrado en terreno resbaladizo. 
Nos encontramos en una posición en la que no deberíamos estar. 
Como garantes de las personas, como custodios de la democracia y como la institución que debe ser la garante democrática de este proyecto, hemos pasado a una situación en la que consentimos que no se permita a los ciudadanos el acceso a los documentos, a los que sólo nosotros o un pequeño grupo de nosotros puede acceder. 
De este modo, somos cómplices de dar prioridad a nuestros propios intereses, o más exactamente a los de un pequeño grupo de diputados, a expensas de los intereses de los ciudadanos europeos y de su oportunidad de desempeñar un papel en el proceso democrático. 
Tal y como expone mi otro colega del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, todo el proceso relacionado con el acceso público a los documentos y el control de éstos ha tenido lugar a puerta cerrada. 
Esto en sí mismo representa un problema cuando hablamos específicamente de transparencia, de acceso público a los documentos y de control de éstos. 
Ésta es la razón por la que no me entusiasma el documento. 
Señor Presidente, nuestro ponente, el Sr. Brok, que ha negociado este acuerdo, ya ha manifestado que nos encontramos en un ámbito totalmente nuevo. 
Ha afirmado también que cualquiera de las partes puede proponer que este acuerdo se revise una vez transcurridos dos años. 
Sin embargo, en nombre de mi propio Grupo, deseo llamar la atención sobre los puntos débiles del acuerdo desde el principio. 
El acuerdo alude al hecho de que se inspira, por decirlo así, en las mejores prácticas de los Estados miembros. 
Se supone que esto quiere decir que se garantiza al Parlamento Europeo el derecho absoluto de inspeccionar documentos secretos en materia de política de seguridad y de defensa, pero desearía formular la pregunta de si, en efecto, esto será así. 
Me refiero al hecho de que este acuerdo otorga al Consejo plenos poderes para decidir qué documentos entregará realmente a este pequeño comité especial del Parlamento Europeo. 
Me imagino que esto parte de las conversaciones mantenidas entre el Consejo y la OTAN. 
En muchos aspectos parece ser que los deseos y necesidades de la OTAN han dictado el contenido de este acuerdo en grado considerable. 
Mi opinión es que los intereses del Parlamento Europeo no se han tomado en cuenta necesariamente. 
Bajo mi punto de vista, mis colegas diputados tienen bastante razón al señalar que el Parlamento Europeo no puede reservarse tampoco derechos exclusivos de aplicación de un control público y democrático sobre la política exterior de seguridad y de defensa, en nombre de nuestros ciudadanos. 
A veces, tengo la impresión de que cuando se negoció este acuerdo se pensó que estos asuntos no incumbían a los ciudadanos, pero que este pequeño equipo del Parlamento, elegido a dedo, asumiría la plena responsabilidad en nombre de ellos. 
Por ello es por lo que he presentado la enmienda que el ponente ya ha mencionado. 
Quisiera destacar que las excepciones del Reglamento, que los diputados del Parlamento Europeo tienen que obedecer, a consecuencia de este acuerdo, deben estar estrictamente relacionadas con información confidencial, tal y como se estipula en el reglamento relativo al acceso público; es decir, con documentos «sensibles» y no otros. 
Tampoco puede socavar este acuerdo el derecho de los diputados del Parlamento Europeo de obtener información relacionada con la política exterior y de seguridad, un derecho que se les garantiza en virtud del artículo 21 del Tratado. 
Por último, es sumamente importante destacar que si una información confidencial mencionara algún tipo de actividad delictiva nada debería impedir a un diputado del Parlamento Europeo ponerse en contacto con las autoridades. 
Solicito que se apoye la enmienda nº 2, que tiene un alcance más amplio que la que ha propuesto la comisión. 
? (DA) Señor Presidente, el Congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Estoril ha abogado por la plena transparencia en el proceso legislativo del Consejo. 
Por consiguiente, todas las fuerzas políticas más destacadas apoyan la transparencia, que se incluyó en la agenda cuando los daneses votaron en contra del Tratado de Maastricht el 2 de junio de 1992. 
Hemos observado avances en algunos ámbitos, pero sigue habiendo cosas que esperamos con impaciencia. 
Actualmente, la Comisión publica el orden del día y las actas de las reuniones en las que se toman decisiones. 
Es importante saber quién ha dicho qué y cómo han votado. 
Los Comisarios deben rendir cuentas a los ciudadanos. 
El Consejo ha hecho públicas actas relacionadas con los debates sobre transparencia del grupo de trabajo. 
Debemos tener un acceso similar a los documentos de trabajo y a las actas de otros grupos de trabajo, y hemos de tener acceso sin demora para poder seguir lo que ocurre antes de que se aprueben las leyes. 
En la actualidad, estamos debatiendo una propuesta para llegar a un compromiso sobre el acceso del Parlamento a información confidencial, pero la nueva normativa limitaría el acceso al que todos los diputados tienen derecho de conformidad con el Tratado. 
Creo que podemos avanzar mucho más dirigiéndonos al Tribunal de Justicia, tal y como se ha hecho con gran éxito con acuerdos propiamente dichos. 
Por consiguiente, no voy a votar a favor del compromiso. 
En aras de la verdad, el Parlamento Europeo nunca ha negociado nada en marcha. 
Ha habido diputados que han presionado conjuntamente con el Defensor del Pueblo y ciudadanos activos que han ganado una demanda judicial tras otra. 
Ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo es donde hemos logrado los mayores avances, no en las negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Ésta es la triste verdad. 
El Parlamento Europeo está siempre dispuesto a hacer peticiones, pero permanece en silencio cada vez que, como ahora, existe la posibilidad de que se formalice un acuerdo marco o de que se negocie un reglamento sobre transparencia, lo que comporta el peligro de que documentos que actualmente son de acceso público en Dinamarca o Suecia sean considerados secretos al remitirlos a la UE. 
No estoy tampoco satisfecho con el nuevo acuerdo, y quisiera apelar a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa para que acuda al Tribunal de Justicia en relación con los documentos que no podemos obtener, como por ejemplo, los informes de evaluación sobre los ajustes que están realizando los países candidatos para adecuarse a la legislación de la Unión Europea. 
Los informes de evaluación representan un ejemplo muy bueno de documentos que todos los diputados de esta Cámara y de los parlamentos de los países candidatos deberían poder leer. 
Dudo que podamos obtenerlos con la nueva normativa. 
No puedo imaginarme al Tribunal de Justicia impidiéndonos obtener documentos que son claramente parte del proceso legislativo. 
Creo que podemos realizar más avances oponiendo resistencia que suscribiendo ahora un compromiso deficiente. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi gran agradecimiento al Sr. Brok por haber tomado la iniciativa, junto con el Presidente del Parlamento Europeo, de presentar un marco mucho más claro y detallado que regule el acceso del Parlamento a documentos sensibles del Consejo. 
Si bien existen vacíos en el acuerdo, tal y como señala el ponente cuando afirma que el Parlamento ha tenido que hacer concesiones al Consejo, al menos constituye un paso adelante en pos de un mayor control democrático. 
Como miembro de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, creo que es del todo inconcebible que se deniegue descaradamente al Parlamento el acceso a documentos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, justo donde la normativa tiene una repercusión directa sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 14 y 15 de octubre debatió la decisión marco relativa a las drogas y, sin embargo, el documento más reciente disponible en el registro se remonta al mes de junio. 
Desde entonces, se han divulgado varios documentos, pero el Parlamento Europeo no ha visto ninguno de ellos. 
¿Por qué se impide a los ciudadanos conocer qué clase de compromiso ha propuesto la Presidencia danesa? 
Puede que sea por miedo a que la gente piense que los Ministros no respetan las decisiones de sus Gobiernos, de sus Parlamentos y de sus ciudadanos tras las puertas cerradas del Consejo y que, por lo tanto, hacen a escala europea lo que no se atreven a hacer a escala nacional. 
Ni siquiera la Ministra danesa, la Sra. Lene Espersen, se ha atrevido hoy a describir el contenido de este compromiso a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Un último ejemplo: al menos 20 de los 39 documentos debatidos en la reunión de Ministros de Justicia y de Interior del 14 y 15 de octubre no se publicaron en el registro. 
Creemos que se debe poner fin, de una vez por todas, a esta forma de tratar al Parlamento Europeo y a los ciudadanos que eligieron a sus diputados, a quienes el Consejo continua humillando vergonzosamente. 
Señor Presidente, a pesar de los intentos por cambiar, la seguridad y la defensa son competencia del Consejo Europeo. 
Este Parlamento no tiene competencia alguna en ese ámbito, ni legislativa ni presupuestaria. 
Además, hay que decir que en el contexto de los tratados, la función de este Parlamento consiste en fiscalizar a la Comisión. 
Su responsabilidad no incluye la fiscalización o revisión de las actividades del Consejo. 
La fiscalización de los miembros del Consejo es responsabilidad de cada uno de los parlamentos nacionales. 
Sus respectivos ministros deben responder ante ellos. 
Estos parlamentos son los únicos que pueden pedirles cuentas a sus ministros. 
Sobre esta base, parece ser un indicador de la autosuficiencia de los diputados de este Parlamento que se recabe información que no es de dominio público. 
Yo diría incluso que no es de su incumbencia. 
El Parlamento no debería pedirla y el Consejo no debería darla. 
Esto también tiene mayores implicaciones. 
La información no se facilitará a todos los diputados, sino a un club selecto y privilegiado dentro de este Parlamento. 
Además, aquellos que reciben esa información deberán jurar un pacto de confidencialidad y podrán ser sancionados si incumplen dicho pacto. 
No existe mejor manera de amordazar a los representantes del pueblo. 
Lo esencial es que si el papel primordial del Parlamento consiste en fiscalizar la Comisión, eso es exactamente lo que se debería hacer. 
El tiempo consagrado a debatir estos aspectos es demasiado corto y debido a ello la fiscalización es mínima. 
Sería mucho mejor que esta Cámara se centrara más en sus deberes legales, en lugar de andar metiendo las narices en donde no le llaman. 
Por tanto, con el fin de obtener más información, sería mucho mejor si centráramos nuestras energías en ejercer presión para obtener más transparencia y apertura por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, espero que me permita plantear una cuestión sobre la observancia del Reglamento. 
Durante el debate me he dado cuenta de que, según la lista de votaciones de mañana, también vamos a votar una propuesta de la mesa sobre las normas de seguridad, que son un requisito para alcanzar un acuerdo interinstitucional. 
Me gustaría saber por qué no se ha hecho referencia alguna a estas normas de seguridad en nuestro orden del día. 
¿Acaso no sería conveniente que esta Cámara discutiera las normas de seguridad que vamos a votar mañana en el marco del acuerdo interinstitucional y de las enmiendas al Reglamento? 
Creo que este procedimiento es de lo más insultante para esta Cámara. 
Muchas gracias por su comentario, señora Hautala. 
Sin embargo, creo que debería volverlo a hacer antes del inicio de la votación mañana. 
Pienso que sería una buena idea que realizara el comentario de nuevo para que pueda recibir una respuesta de las personas que programaron el calendario de votación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0308/2002) del Sr. Hans-Peter Martin, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación de las disposiciones del Reglamento del Parlamento relativas al procedimiento de aprobación de la gestión [2001/2060 (REG) ]. 
Señor Presidente, si bien es costumbre comenzar la intervención dando las gracias, le ruego que me permita unir a este agradecimiento el asombro que me produce el informe objeto de este debate. 
La tarea que nos ocupa está, en efecto, clara. 
Se nos solicitó encontrar, en especial a la vista de las experiencias de 1999, otra forma menos ambigua de conceder, en el futuro, la aprobación de la gestión a la Comisión, y no sólo a la Comisión. 
Lo que se hallaba en juego era que hubiera el mínimo espacio de maniobra allí donde la gente sencillamente se anda con rodeos, que las propuestas de decisiones expuestas con claridad también obtuvieran buenos resultados y que no quedaran zonas de incertidumbre. 
Cuando se trata con el Parlamento, se aprende que este órgano concede una importancia fundamental a los compromisos, y es en los compromisos donde hemos trabajado muy intensamente. 
Por ello, desearía agradecer no sólo a los funcionarios de esta Asamblea, que con gran dedicación continúan presentando nuevas ideas y propuestas, no sólo a mis propios colegas, que han tomado parte en este proceso que- al no trabajar con tanta rapidez como Elmar Brok- ha durado casi un año, sino también a los diputados de esta Cámara que pertenecen a otros Grupos, que se han esforzado en la tarea. 
Compromiso significa dar y tomar, y que existe una pequeña posibilidad de tomar parte en un proceso, si estás sentado en la tribuna o, por casualidad, te encuentras escuchando lo que se delibera. 
Tengo entendido que las enmiendas presentadas por el presidente de la Comisión de Control Presupuestario en el último momento, lo que va en contra de este gran ideal de compromiso, se van a retirar de inmediato. 
Si se preguntan cómo es posible que el ponente no esté en conocimiento de ello, la razón tiene que ver con otra de las realidades de la vida de esta Asamblea, es decir, con el hecho de que, con frecuencia, se llega a estos acuerdos de última hora fuera del Pleno y no son completamente transparentes. 
Pero muy pronto sabremos si nos hemos salido con la nuestra. 
Sin embargo, hay otra cosa- estoy buscando con la mirada al Sr. Bourlanges, con quien llevé a cabo la mayor parte de las negociaciones- y es algo que puedo hacer. 
(Exclamación del Sr. Bourlanges.) 
Puede que el Sr. Bourlanges también lo oiga. 
Hay otra cosa, en efecto, que tengo que decir y es que retiro la petición de una votación por partes que realizamos sobre un punto que significa mucho para el Sr. Bourlanges y para el Grupo del Partido Popular Europeo al que representa: en otras palabras, no va a haber votación por partes sobre la cuestión por la que sienten tanto cariño. 
No hace falta decir que esto se hace con la esperanza de que podamos obtener exactamente el resultado que necesitamos, y que es un acuerdo amplio sobre este informe. 
El caso es que sin 314 votos no lograremos un compromiso duradero, y no vamos a poder avanzar sin esfuerzo. 
Lo que me preocupa no es sólo que se debe crear una normativa inequívoca para la Comisión, sino también- algo en el artículo 93 bis a lo que me complacerá referirme más adelante- resolver de qué manera esta Cámara debe demostrar, por fin, un poco más su poder en el Consejo, en su capacidad ejecutiva, lo que nos debería preocupar a todos. 
Creo que esto constituye el segundo pilar de este informe, si es que éste es realmente el término que se debe utilizar. 
En este sentido, mi gran esperanza es que ahora, por un lado, vamos a oír hablar de compromisos a los que se ha llegado fuera del Pleno y, por otro lado, oiremos decir al Sr. Bourlanges- puesto que se encuentra en la lista de oradores- que está de acuerdo con ello y que hay que llegar a una conclusión satisfactoria para todo el asunto. 
Señor Presidente, ante todo desearía felicitar al Sr. Martin. 
Debo decir que formamos un buen equipo. 
Se trata de un tema muy complejo y difícil de abarcar, pero me alegra que tengamos ante nosotros un informe que podemos refrendar ampliamente. 
La aprobación de la gestión de la Comisión y de otros organismos, desde la caída de la Comisión Santer, se ha convertido en un acontecimiento especial de la vida política europea. 
Si se compara con los años que precedieron a esta caída, en la actualidad es uno de los momentos más importantes del año político. 
Con arreglo al Tratado, parece casi como si se tratara de un mero procedimiento administrativo, pero la Comisión y todos los diputados saben que no. 
En estos momentos, constituye un acontecimiento político. 
Si no se aprueba la gestión a finales de año, esto representará una clara señal política para la Comisión, y me da la impresión de que es absolutamente inevitable que se delibere en esta Cámara sobre las funciones políticas y de otra índole de la Comisión. 
¿Cuáles son las normas que, en general, se deben aplicar para aprobar la gestión? 
El procedimiento no debería ser demasiado complicado y todos los diputados deberían ser capaces de entenderlo. 
En segundo lugar, en caso de votación, todos los diputados deben entender las consecuencias de ésta. 
En tercer lugar, en el año N+2 (es decir, dos años a contar desde la aplicación del presupuesto) se debe emitir un juicio político claro sobre el funcionamiento de la Comisión. 
En mi opinión, el consejo de la Comisión de Asuntos Constitucionales responde a estos criterios. 
Acojo con satisfacción los resultados y vamos a votar a favor de ellos. 
Asimismo creo que el calendario propuesto (conceder la aprobación de la gestión o decidir su aplazamiento en abril y pronunciar un veredicto definitivo en octubre) es el adecuado. 
Señor Presidente, el procedimiento de aprobación de la gestión es un tema especialmente importante. 
Representa una de las principales facultades del Parlamento Europeo, lo que se hizo patente en la controversia más grave que ha habido nunca entre el Parlamento y la Comisión, que tuvo lugar durante una votación sobre aprobación de la gestión. 
Desde mi punto de vista, el objetivo del Parlamento en los últimos 15 años ha sido, en primer lugar y ante todo, garantizar que el control efectuado de conformidad con el procedimiento de aprobación de la gestión constituya un control político, en el pleno sentido de la palabra; dicho de otra manera: una capacidad de control que expresa el deseo del contribuyente de garantizar que el dinero público no se derrocha, y que no es sólo una formalidad técnica. 
En segundo lugar, teníamos la sensación de que no sólo la Comisión, sino también todos los órganos cuentan con su propio presupuesto que, por extensión, debería estar sujeto al control del procedimiento de aprobación de la gestión por parte del Parlamento. 
En tercer lugar, pensábamos que, dado que el Tratado nos confirió la capacidad de aprobar la gestión, deberíamos tener también la capacidad de no aprobarla. 
Así pues, bajo la autoridad de la Comisión de Control Presupuestario y de su presidenta, la Sra. Theato- a quien deseo felicitar -, se ha ido edificando gradualmente una capacidad legítima del Parlamento, y éste, mediante la aprobación de la gestión está, por tanto, expresando de manera adecuada y acertada las preocupaciones de los contribuyentes. 
El primero de ellos es el riesgo de que este procedimiento continúe por tiempo indefinido sin obtener resultados. 
El informe del Sr. Hans-Peter Martin que tienen ante ustedes establece, para todas las disposiciones, plazos relativamente cortos y razonables. 
En este sentido, le diré a la Comisión: «Señor Comisario, no puede pedirnos que aprobemos la gestión en un corto plazo de tiempo ni tampoco decirnos que, por su parte, necesita tiempo para tomar decisiones que le son necesarias para cumplir los procedimientos del Parlamento. 
Debe elegir entre disponer de tiempo adicional y que le aprobemos la gestión más adelante, o que le aprobemos la gestión rápidamente y usted se dé también prisa». 
El segundo problema que se nos ha planteado tiene que ver con la coherencia entre las tres votaciones, es decir: la votación sobre la aprobación de la gestión, la votación sobre la aprobación de las cuentas y la votación sobre la resolución. 
Existen tres votaciones diferentes para una única decisión, lo que puede crear incongruencias entre las tres. 
El informe que tienen ante ustedes, que el Grupo PPE-DE apoya firmemente, resuelve el problema combinando el procedimiento de aprobación de la gestión y el procedimiento de aprobación de las cuentas y dando al Presidente la posibilidad de evitar que se someta a votación una resolución que estaría en contradicción con las disposiciones relacionadas con la votación del Parlamento sobre la aprobación de la gestión. 
El tercer problema, el más grave y con el que nos hemos topado en varias ocasiones, era el problema de la mayoría. 
Tan pronto como tuvimos la posibilidad de otorgar, aplazar o rechazar la aprobación de la gestión, hubimos de hacer frente a dos riesgos. El primero era que no se aceptara ninguna votación y que una mayoría tanto de la Comisión como, seguidamente, del Parlamento votara en contra de estas tres opciones. 
El segundo riesgo estaba relacionado con la igualdad de votos, tanto en la comisión como en el Parlamento, ya que el Tratado nos obliga a tomar una decisión. 
El informe que tienen ante ustedes no resuelve este problema de manera plenamente satisfactoria, si bien, desde mi punto de vista, lo resuelve de la mejor manera posible. 
El informe propone fundamentalmente dividir el procedimiento en dos fases: en la primera fase, elegiremos entre aprobar la gestión o posponer esta decisión, a propuesta de la Comisión de Control Presupuestario; en la segunda fase, si no se ha aprobado la gestión una vez cumplido el plazo, decidiremos si aprobarla o rechazarla. 
Si se rechazara una opción, se aprobaría la opción contraria y, por consiguiente, evitaríamos el riesgo de llegar a un punto muerto con el que siempre hemos estamos coqueteando en la Comisión de Control Presupuestario. 
Se trata de un sistema muy bueno, y apoyamos firmemente el compromiso al que han llegado los principales Grupos. 
En este sentido, desearía agradecer, en particular, al ponente sus comentarios relacionados con la retirada de su petición de una votación por separado. 
Un compromiso representa una consecución. Nos vamos a atener a él y les agradecemos también su apoyo. 
Señor Martin, le deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, como en la Comisión de Control Presupuestario somos viejos lobos de la política y puesto que hay bastantes más personas que nos están escuchando hoy, intentaré explicarles lo que ocurre, porque el control presupuestario y la aprobación de la gestión no son cosas muy fáciles de comprender para todo el mundo. 
Una de las principales tareas del Parlamento Europeo consiste en evaluar el funcionamiento de la Comisión. 
Estamos aquí para garantizar que la Comisión lleva a cabo su trabajo de forma adecuada. 
Por lo tanto, cuando nos dicen que la Comisión es una institución no electa, nosotros podemos responder que controlamos a la Comisión y le exigimos responsabilidades. 
Una de nuestras responsabilidades formales consiste en aprobar su gestión en la aplicación del presupuesto. 
Tenemos que responder ante las personas que nos han elegido y explicarles en qué se gasta su dinero. 
La Comisión de Control Presupuestario es la comisión principal encargada de llevar a cabo esta labor en nombre del Parlamento Europeo: llevamos el control de las líneas presupuestarias, realizamos un seguimiento de los posibles escándalos, comprobamos si el dinero se ha malgastado e intentamos descubrir la razón por la cual los procesos son tan complejos y engorrosos. 
La aprobación de la gestión presupuestaria fue el motivo que terminó forzando a la Comisión a dimitir en 1999. 
He aquí la causa que desencadenó todo el proceso. 
Sin embargo, existe el peligro- no debemos dejarnos engañar por lo que esté ocurriendo- de que todo el proceso pueda haber sido manipulado por motivos más siniestros y más políticos. 
Es ya casi una costumbre inveterada en la Comisión de Control Presupuestario posponer la aprobación de la gestión y solicitar más información. 
Esto significa que ahora existen tres opciones. 
En el pasado existían dos: podíamos aprobar o no aprobar la gestión. 
Ahora, tal como ha explicado el Sr. Bourlanges, podemos aceptar, rechazar o posponer la aprobación de la gestión. 
Es mucho más sencillo si sólo tuviéramos dos opciones y esto es lo que se nos ofrece hoy. 
La Comisaria tiene razón cuando dice que la Comisión podría probablemente responder más rápidamente. 
No creo que este período parcial de sesiones de octubre sea el adecuado para obtener la respuesta. 
Este es el último plazo en el que el Parlamento toma su decisión. 
No tenemos que fijarnos en octubre, sino a más tardar en octubre. 
Esta es una interpretación ligeramente diferente. 
Queda claro que todos queremos que esté listo para antes del verano. 
También parece correcto que la Comisión tenga este tiempo de respiro adicional, porque si los diputados rechazan la aprobación de la gestión y quieren criticar a la Comisión, entonces se necesita tiempo para poner las cosas en su sitio. 
El nuevo proceso garantizará también que el trámite no se prolongue, que es lo que solía ocurrir en el pasado. 
Así ocurrió con la aprobación de la gestión de 1996, que simplemente se prolongó. 
Les estamos proponiendo una fecha final, estamos diciéndole al Parlamento que llegado ese momento tendrá que decidir una cosa u otra. 
Por eso el nuevo sistema es mucho mejor. 
La situación es más clara y el proceso no se podrá manipular por motivos políticos. 
Señor Presidente, el procedimiento de aprobación de la gestión es uno de los derechos y una de las obligaciones más importantes del Parlamento Europeo. El Parlamento debe ponerse al corriente de cómo se gestionan las finanzas y establecer si la Comisión ha llevado a cabo su labor adecuadamente. 
Por lo tanto, el Parlamento no puede aprobar la gestión sin justificación. 
La aprobación de la gestión significa que la información recibida y obtenida por el Parlamento indica que la Comisión ha funcionado adecuadamente. 
Si surgen más tarde puntos que necesiten clarificación, siempre podemos volver a ellos, incluso si se ha aprobado la gestión. 
El informe propone que se dé un plazo determinado para la aprobación de la gestión, algo que es positivo. 
Una situación en la que la gestión se halla pendiente de aprobación de un año para el otro, como ha ocurrido en los últimos años, indica que no estamos enfocando la administración de modo eficaz y responsable. 
Un problema es el rechazo a aprobar la gestión. 
Si no se aprueba la gestión y se toma una decisión sobre ello, el motivo es negligencia o bien desconfianza política. 
La negligencia requiere que se formulen cargos contra la autoridad o autoridades correspondientes. 
Si no hay indicios de negligencia, se deben cerrar las cuentas. 
Si el motivo de rechazar la aprobación de la gestión es de carácter político, pienso que en este caso hay que obligar a la Comisión a dimitir. 
El sistema que se ha esbozado ahora, conforme al cual el rechazo a aprobar la gestión vendría seguido de una votación sobre una moción de censura, es bueno, pero resulta confuso. 
Si se produce una moción de censura contra la Comisión o contra un Comisario, pero no se aprueba la gestión, se plantea una contradicción en el sistema. 
La contradicción puede deberse a que la aprobación de la gestión se puede rechazar por mayoría simple, pero una moción de censura sólo se puede rechazar por mayoría cualificada. 
Debido a ello, este conflicto no debería en modo alguno prosperar. 
Señor Presidente, ya hemos tenido la oportunidad de oír a muchos de nuestros colegas destacar la importancia del procedimiento de aprobación de la gestión en el contexto del procedimiento presupuestario y de las facultades de este Parlamento, y así, voy a abstenerme de repetir estas palabras, pero quisiera decir que un gran poder debe corresponderse con una detenida consideración y una gran moderación en su uso. 
Ésta es precisamente la preocupación que nos trae aquí y que ha llevado a nuestro ponente a encontrar una forma de establecer un plazo para nuestro examen de la gestión financiera de la Comisión. 
Yo diría que, desde este punto de vista, se trata de una preocupación legítima y que la redacción elegida es perfectamente razonable. 
En este debate, sin embargo, no podemos olvidar que de modo subyacente al procedimiento de aprobación de la gestión existen objetivos que están claramente expresados en el artículo 276 y, en concreto, que el Parlamento Europeo examina las cuentas y el balance que establece el activo y pasivo de la Comunidad. 
Y en este contexto, debemos tener presente que los sistemas de control contables y financieros de las instituciones europeas, a partir de los que se elaboran estas cuentas y estos balances, deben ser enteramente ejemplares y cumplir estricta, plena e inequívocamente las normas internacionales de calidad más estrictas. 
Ésta es una observación que debemos tener en cuenta para el ejercicio financiero que estamos a punto de empezar. 
Otra observación que hay que destacar está estrechamente relacionada con la forma en que se ha llevado a cabo la aprobación de la gestión en años anteriores, en particular la aprobación de la gestión de 1999, y se refiere a la contratación externa. 
El Sr. Bourlanger es, de hecho, el autor de muchas de nuestras referencias. 
Quisiera aprovechar la ocasión para destacar la importancia de este aspecto. 
Señor Presidente, en la Cumbre de Laeken los Jefes de Estado y de Gobierno abogaron por una mayor transparencia, simplicidad e inteligibilidad del sistema regulador europeo. 
La Convención ha intentado hacer honor a esta tarea y, entre otras cosas, ha creado un grupo de trabajo sobre la simplificación de los procedimientos. 
El informe de hoy del Sr. Martin pone otra vez de manifiesto, muy claramente, cuánto urge que este grupo exista y que obtenga resultados. 
En 1999, como miembro de la Comisión de Control Presupuestario, experimenté de primera mano el dilema en el que estábamos todos inmersos por el Reglamento o, como quizás se debería llamar, el Reglamento del trabajo desordenado. 
En ese momento, el comportamiento de algunos Comisarios era inaceptable y no se debería haber aprobado la gestión pero, demostrando sensatez, tampoco deseábamos ni se nos permitía convertir en chivos expiatorios a toda la Comisión en su conjunto. 
Los problemas de aquellos días han sido solucionados por la historia o, probablemente, sólo por la honorable actitud de nuestro colega en la actualidad, el Sr. Jacques Santer. 
Sin embargo, es evidente que no hemos aprendido mucho de todo ello. 
El sistema que se propone ahora no es menos complejo que su predecesor. El sistema actual es tan opaco como el anterior, y si se requiere alguna prueba de ello, ésta ha sido aportada por los acontecimientos que giran en torno a los esfuerzos por lograr un compromiso sobre esta propuesta. 
Goethe, el príncipe de los poetas, puso en boca de su Fausto que los pensamientos que parecían dar vueltas en su cabeza, como la rueda de un molino, le conducían a la locura: «Mir wird von alledem so dumm, als ginge ein Mühlstein mir im Kopf herum». 
No creo que debamos infligir estos quebraderos de cabeza a nuestros conciudadanos europeos: en cualquier caso, no a largo plazo. 
Lo único que podemos hacer, por tanto, es encargarnos de la tarea de encontrar en esta Cámara hoy, mañana o pasado mañana un compromiso, y en la Convención sobre el Futuro de Europa, desarrollar un modelo con arreglo al que los ciudadanos y sus representantes comprendan cuáles son las implicaciones políticas de las decisiones de aprobación de la gestión y para qué se suponen que sirven. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0310/2002) del Sr. Stephen Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión: Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006) [COM (2002) 118- C5-0261/2002- 2002/2124 (COS) ]. 
Señor Presidente, mi informe acoge favorablemente la comunicación de la Comisión, pero también realiza una crítica constructiva en una serie de aspectos importantes. 
El informe hace hincapié en tres aspectos horizontales de gran importancia para el éxito de la estrategia. 
En primer lugar, la falta de un plan de acción. 
La estrategia sufre un desequilibrio inaceptable y una falta de visión estratégica para su aplicación. 
El análisis inicial en esencia es bueno, pero las propuestas de acción son a menudo poco más que una descripción de un tema. 
Cuando se propone una acción, las propuestas son vagas y prácticamente no dan ninguna indicación sobre los recursos o sobre el calendario para la aplicación de la estrategia. 
Por ejemplo, la comunicación hace un buen análisis de los cambios que se están produciendo a raíz de la creciente feminización de la sociedad y del efecto de una población envejecida; sin embargo, no define propuesta alguna para la acción. 
Por tanto, el informe requiere un plan de acción con sus respectivos compromisos sobre el calendario previsto para cada una de las propuestas, con el fin de que la Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales la apruebe a tiempo para el Consejo Europeo de primavera de 2003 y, una vez hecho esto, se pueda someter a control anual a través del marcador de la Agenda Social, tal como propone el Consejo. 
El Parlamento y los comités consultivos deberían también participar en este proceso de control. 
Se trata de un aspecto serio y sé que la Comisaria le prestará la debida atención. 
Le invito a que dé hoy una clara indicación de que habrá una respuesta positiva a este llamamiento. 
Si no es así, tengo que solicitar un mandato claro para que este informe vuelva a la comisión competente, donde será reformulado para rechazar la estrategia de la Comisión. 
La segunda cuestión horizontal es la falta de recursos. 
En 1992 había en la Comisión Europea unos 130 funcionarios trabajando en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Hoy en día, este número se ha reducido a unos 24 funcionarios. 
Puede que no estemos de acuerdo en las cifras exactas, pero la Comisaria admitirá que se ha producido una reducción drástica del personal destinado a esta área. 
Esta no es la base adecuada para el funcionamiento de una administración dinámica y activa que tiene que aplicar la estrategia, que debe ser capaz de responder a un entorno político variable y a su vez seguir supervisando y fiscalizando la aplicación de la legislación vigente y las medidas políticas. 
Es esencial que en la Comisión se invierta esta tendencia y se destinen recursos suficientes a este ámbito. 
La tercera cuestión horizontal que nos ocupa en el informe destaca la falta de equilibrio entre los instrumentos legislativos y los no legislativos. 
Me interesa señalar que el desarrollo de los instrumentos no legislativos no debería verse en absoluto como una alternativa al mantenimiento y la mejora de la legislación comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
Se dan ejemplos concretos en los que hay que colmar lagunas y suplir deficiencias en el marco jurídico existente y en los que será más importante proponer un enfoque global de la legislación, en lugar de realizar ajustes puntuales con respecto a los riesgos actuales y futuros. 
Volviendo a los aspectos específicos del informe, como no nos queda mucho tiempo para tratarlos todos, me limitaré a destacar sólo unos cuantos. 
En primer lugar, el informe indica que, dado que el registro de incidencias en el ámbito de la salud y la seguridad laboral es más elevado en las pequeñas y medianas empresas, es lamentable que la Comisión no haya lanzado todavía un programa plurianual para las PYME basado en dos años de acciones preparatorias llevadas a cabo por la Agencia de Bilbao a iniciativa del Parlamento Europeo. 
Este programa fue apoyado por la Comisión en la Agenda Social Europea aprobada en Niza. 
Facilitaría el ensayo, análisis y diseminación de medidas eficaces en este sector crítico. 
Espero de verdad que ahora la Comisión responda positivamente. 
En segundo lugar, hablando en términos de riesgos existentes, espero que la Comisión considere la necesidad de elaborar nuevas leyes en ámbitos como el acoso laboral, como recientemente ha reclamado el Parlamento. 
Del mismo modo, en relación con las repetidas lesiones provocadas por la tensión, espero que se revise la directiva sobre pantallas de visualización- que ni siquiera menciona el ratón del ordenador- y la directiva sobre manipulación manual. 
Espero que se llegue más lejos y se acepten nuestras peticiones para obtener una directiva global sobre la ergonomía en el lugar de trabajo. 
El informe también destaca una serie de directivas vigentes que tendrían que ser revisadas. 
La Comisión necesita dedicación y recursos para poder efectuar este trabajo. 
Haciéndose eco de la valiosa opinión que hemos recibido por parte de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, el informe apuesta por la integración de una dimensión de género en toda la estrategia y subraya la necesidad de abordar una serie de líneas de trabajo concretas. 
El informe también agradece la evaluación comparativa, pero cree que un enfoque eficaz de evaluación comparativa requiere no sólo más cantidad de datos comparables y fiables, sino además un sistema armonizado de definiciones, registro e información sobre lesiones y enfermedades ocupacionales. 
En último lugar, me gustaría añadir que el informe acepta la propuesta de codificar y simplificar la legislación comunitaria vigente en este ámbito, siempre y cuando no termine siendo un lenguaje codificado en aras a la desregulación. 
No estoy acusando a la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de ello, pero existen sectores en otras partes de la Comisión que siguen esta tendencia. 
En comisión propuse incluso una enmienda conjunta con el Sr. Bushill-Matthews por la cual establecíamos que la revisión de la legislación debería ser una oportunidad para promover su simplificación y el rechazo de lo que es redundante. 
Creo que ninguno de nosotros tiene ningún interés en mantener una legislación redundante, ni establecer una legislación complicada cuando puede ser sencilla de entender y aplicar. 
Espero que la Comisaria nos pueda dar las garantías necesarias en torno a este plan de acción. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Hughes y en particular a la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales por su estrecha colaboración. 
La comunicación titulada «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006) » es, como su propio nombre indica, una estrategia en materia de salud y seguridad para el período en cuestión. 
Es una nueva estrategia que incluye nuevos elementos clave. 
Estos elementos están relacionados con la calidad del trabajo y la necesidad de combinar una serie de instrumentos políticos diferentes, como la legislación, el diálogo social, las medidas progresivas y las prácticas más efectivas, la responsabilidad social de las empresas y los incentivos económicos. 
Por supuesto, el análisis se basa en el hecho de que las cuestiones de salud y de seguridad están relacionadas con la competitividad y siempre hay que pagar un coste cuando se dejan de lado las políticas sociales. 
Los puntos principales de esta comunicación son los que explico a continuación. 
En primer lugar, y creo que debemos dejarlo muy claro, no se trata sólo de una propuesta por parte de la Comisión, sino también de una estrategia comunitaria, por lo que hay que incluir a todos los socios europeos, entre ellos, en el ámbito político, las autoridades europeas, nacionales y regionales. 
En el ámbito operativo, la iniciativa implica a los interlocutores sociales y, en el ámbito de los servicios, a las instituciones relacionadas con la salud, los servicios de prevención y las entidades aseguradoras. 
Otro punto muy interesante de esta comunicación es la cuestión que plantea la manera de desarrollar la cultura de prevención. 
Por supuesto, existen una serie de prioridades sobre la necesidad de reforzar nuestra capacidad de supervisión de riesgos y la necesidad de mejorar la legislación. 
Estoy completamente de acuerdo con la necesidad de simplificación y codificación, que es uno de los compromisos de la estrategia de la Comisión. 
Existe también la necesidad de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales, en cuanto a la aplicación de estrategias se refiere y, al mismo tiempo, de cooperación internacional. 
He intentado esbozar en pocas palabras las ideas principales de la comunicación, porque creo que respondiendo a los comentarios específicos del Sr. Hughes habrá un debate más interactivo. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha planteado algunas propuestas específicas, algunas de las cuales han sido tratadas y tenidas en cuenta por la Comisión. 
No obstante, creo que algunas de las propuestas quizá podrían examinarse con más detenimiento. 
Podríamos ser más precisos en términos de calendarios y de descripción de las actividades que hay que desarrollar; podríamos incluso hacerlo en una reunión con la Comisión de Empleo, en donde tengamos ocasión de discutir una a una las actividades y propuestas de la estrategia, y en particular los cinco puntos a los que se ha referido el Sr. Hughes. 
En primer lugar está la cuestión de las PYME que se ha planteado en el informe. 
Ustedes son conscientes de los problemas que tenemos con el Programa SAFE. 
Gracias al Parlamento, ahora disponemos de un presupuesto específico en Bilbao para las PYME y podemos discutir los detalles de la aplicación de este proyecto y el calendario previsto. 
En cuanto a la legislación sobre el estrés, se ha realizado un análisis. 
Hemos lanzado la primera fase del proceso de consulta. 
De nuevo, podríamos ser más concretos. 
Esto mismo se aplicaría a la propuesta de directiva sobre ergonomía en el lugar del trabajo y a otros aspectos relacionados con la directiva sobre manipulación. 
El análisis ya se está llevando a cabo. 
Podríamos ser más concretos con respecto al calendario previsto para el estudio y contraer compromisos específicos sobre cuándo y cómo vamos a lanzar la primera fase del proceso de consulta. 
Luego tenemos la cuestión de la mujer, sobre en que hay pleno consenso. 
La integración de la perspectiva de género es un principio general en todas las acciones de nuestro documento de estrategia. 
En lo que respecta a la evaluación comparativa, tienen razón en que quizás deberíamos encontrar una vía mejor para aplicar el procedimiento. 
El informe se refiere en concreto a la necesidad de animar a los Estados miembros a que utilicen la evaluación comparativa en este ámbito, pero quizás podríamos discutirlo juntos para ver cómo proceder de forma más concreta. 
Podríamos también hablar quizás con los Estados miembros y pedirles que ellos establezcan objetivos firmes. 
Entonces nos remitirían un informe sobre los progresos realizados. 
No puede ser una obligación, porque no podemos obligar a ningún Estado miembro a hacerlo, pero quizás podríamos presentarlo de una forma más organizada para ver de qué modo el proceso de evaluación comparativa puede avanzar. 
Por último hablaré de la simplificación y la codificación. 
Estamos evaluando el conjunto de la legislación en materia de salud y seguridad. 
Este uno de los principales compromisos de esta estrategia. 
No resulta una tarea fácil, pero nuestro objetivo final es simplificar las disposiciones, comprobar si son coherentes y entonces codificarlas. 
Uno de los compromisos es codificar la directiva de salud y seguridad. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, agradezco la comunicación sobre estrategia de salud y seguridad en el trabajo. 
Me gustaría felicitar en particular al Sr. Hughes por su informe. 
Tal como ha dicho, estoy muy satisfecha con el trabajo conjunto desarrollado por nuestras comisiones sobre esta cuestión y en particular con la cooperación con el ponente, que ha permitido que se hayan asumido plenamente los puntos planteados por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Este aspecto es importante porque si bien la mayoría de víctimas de accidentes laborales graves son hombres, las mujeres tienden a sufrir enfermedades relacionadas con el trabajo durante períodos más largos. 
Las mujeres adultas reciben menos educación y formación profesional que los hombres de la misma edad. 
Por eso es tan importante que procedamos a un desglose por sexos de las estadísticas sobre problemas de salud y accidentes de trabajo en empleos a jornada completa y parcial y empleos temporales. 
La Comisaria ha admitido que la perspectiva de género debe integrarse en toda esta estrategia, para que se logren plantear de forma adecuada cuestiones como la doble jornada que provocan el trabajo remunerado y las responsabilidades personales, o como el acoso en el trabajo. 
Si la perspectiva de género no se toma en consideración a la hora de proceder a la evaluación de riesgos y al diseño del lugar de trabajo, las mujeres seguirán sin poder acceder a un cierto número de profesiones y sectores. 
Hay que evaluar la legislación vigente en materia de salud y seguridad para poder identificar ámbitos problemáticos y elaborar una legislación más efectiva para el futuro. 
Por ejemplo, los empleados domésticos y los trabajadores a domicilio, que en su mayoría son mujeres, deben estar protegidos, al igual que las mujeres en la agricultura y en pequeñas empresas familiares. 
Apoyo plenamente al ponente en sus comentarios sobre la falta de recursos en la Comisión para abordar la política de salud y seguridad laboral y en particular sobre la necesidad de elaborar un plan de acción detallado y financiado y de establecer un calendario muy estricto para mejorar la legislación en este ámbito tan importante. 
Apoyo el informe. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar felicitando a la Comisión y también al ponente, no sólo por la calidad de su trabajo, sino también por su actitud con respecto a las enmiendas presentadas. 
Si el diálogo social debe ser un instrumento eficaz para luchar contra la lacra que representan los accidentes de trabajo, el diálogo político, dentro de los intergrupos, ha dado como fruto el mejorar un informe ya inicialmente excelente. 
He oído alguna vez que la realidad es terca y que sobre los números no se puede opinar. 
Pero sí podemos opinar sobre las circunstancias en que los hechos se producen y sobre las circunstancias que éstos reflejan. 
Y la realidad en la Unión Europea en materia de salud laboral, sin pretender ser alarmistas, es que en 1999 hubo 5.500 accidentes con resultado de muerte, 4,8 millones de accidentes con más de 3 días de incapacidad laboral, 500 millones de jornadas laborales perdidas por accidentes o por problemas de salud y pagos de indemnizaciones y, lo que es más grave, casi 350.000 personas tuvieron que cambiar de empleo o de lugar de trabajo- unas 300.000 con algún grado de incapacidad- y 15.000 jamás lograrán incorporarse a un trabajo nuevo. 
Además, se ha producido un cierto repunte preocupante del número de accidentes en algunos Estados miembros de la Unión y, ante la ampliación, una enorme preocupación por la situación de los Estados candidatos a la- ya no futura, sino inmediata- adhesión con índices medios de siniestralidad laboral superiores a la media comunitaria, explicables, eso sí, desde distintos ángulos y también desde la importancia que en esos países tienen sectores de actividad de más alto riesgo. 
Señora Comisaria, seguramente estamos ante el pariente más pobre de la ampliación. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama en el apartado 1 del artículo 31 que todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. 
La Cumbre de Lisboa marcó- y la de Barcelona reiteró- como uno de sus objetivos la creación de más y mejores empleos- lo de mejores- ha de aplicarse no sólo a la lucha contra la precariedad, sino también a empleos y puestos de trabajo más seguros. 
Por eso, creo acertado el triple aspecto de la estrategia; el enfoque global desde las cualificaciones profesionales a la jornada laboral, desde la tendencia demográfica, desde la evolución general de la actividad económica a la de la población activa, el enfoque o la idea de que entorno y organización de trabajo sano y seguro son factores que condicionan el rendimiento de la economía en general y de las empresas en particular y, sobre todo, la cultura de la prevención del riesgo. 
Ante el riesgo inherente al trabajo por definición, se hace precisa una acción constante, insistente. 
Será preciso utilizar todos los medios que permite el denominado acervo social, desde la Directiva marco hasta las normas que proclama la Carta de los Derechos Fundamentales. 
La protección va a exigir, por tanto, la acción conjunta de toda la sociedad, como aquí ya se ha dicho: empresarios, trabajadores, administraciones públicas, ciudadanos. 
Una verdadera acción conjunta. 
Pero sin una toma de conciencia, sin formación de los trabajadores y de los responsables de salud, sin una horizontalización de las políticas de prevención, sin una cultura preventiva- como decía la Sra. Comisaria -, y sin la información suficiente, las decisiones de contenido normativo valdrán poco. 
Bienvenida sea la simplificación cuando llegue y sea posible, pero será insuficiente sin una toma de conciencia. 
Frente al riesgo, me atrevo a decir que no vale la acción, que es precisa la obstinación. 
La cultura preventiva tiene que ser insistente, hasta aburrida. 
Con nuevas normas cuando sean precisas, con más recursos materiales y humanos, con acciones específicas en sectores y empresas con siniestralidad superior a la media, con seguimiento de los distintos planes e intercambio de las mejores prácticas y con la detención de nuevos riesgos. 
Está en juego la seguridad, la salud y la dignidad de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, tal y como se desprende con claridad de las palabras que ha pronunciado el Comisario esta tarde, en muy pocas ocasiones estamos en desacuerdo con la Comisión sobre la dirección que todos debemos tomar en lo que respecta al entorno de trabajo. 
A todos nos preocupa que demasiadas personas sufran daños físicos duraderos en el desempeño de su trabajo. 
Lo que quizás es peor es que, de hecho, en multitud de ámbitos no se ha producido ninguna mejora en el entorno de trabajo dentro de la UE. 
Ante estos antecedentes, señor Comisario, esperábamos que la Comisión fuera más ambiciosa en su estrategia sobre el entorno de trabajo y, en cualquier caso, en lo que se refiere a desarrollarla. 
Esperaba que hoy se hubiera podido obtener una promesa sobre algo más que calendarios para las diversas actividades. 
Tal y como han destacado los ponentes, la situación en este ámbito del entorno de trabajo es tal que, desde 1992, y en este terreno, se han producido grandes recortes de los recursos disponibles para la Comisión. 
Soy consciente de que hay diferentes formas de hacer cálculos, pero el problema es que el dinero no es suficiente. 
Lo que aquí nos preocupa son los recortes, en un momento en que los problemas en el entorno de trabajo se han complicado y han aumentado, y en un momento en que nos enfrentamos, de hecho, a nuevos problemas en el entorno de trabajo. 
Tenemos que trabajar con diferentes herramientas, considerar la prevención y ayudar a las autoridades nacionales. 
Se deben llevar a cabo muchas tareas complicadas, y los retos a los que nos enfrentamos en lo que se refiere a directivas no se pueden describir adecuadamente en una intervención de tres minutos. 
Como ha señalado la Sra. Evans, sabemos que existe el peligro de que los problemas del entorno de trabajo se conviertan en problemas para las mujeres. 
Sabemos que las pequeñas y medianas empresas necesitan que se les preste una atención especial. 
Urge que se apruebe una directiva con respecto a las dolencias musculares y óseas. 
El estrés y el acoso requieren una acción concertada, y también somos conscientes de la posible necesidad de un reconocimiento general de las enfermedades laborales en una directiva de disposiciones mínimas. 
En vista de todas las iniciativas que todos consideramos necesarias, lo que probablemente representa nuestra mayor decepción es que la Comisión no tiene intención de desarrollar esta estrategia por medio de un plan de acción adecuado. 
Cuando la Comisión declara que le gustaría participar en la elaboración del calendario, nuestra respuesta debe ser que los calendarios deben tener un carácter más vinculante, y debemos proponer que se elabore realmente un plan de acción adecuado. 
Si la Comisión está de acuerdo con que debemos disponer de calendarios y hacer que sean más vinculantes, esperamos que nos explique- al final de este debate en el que presumiblemente habrá más gente que exija un plan de acción- por qué, ya que está en ello, no lleva esta estrategia un poco más lejos y redacta un plan de acción adecuado. 
Naturalmente, sabemos que esto sería mucho más vinculante para el Parlamento Europeo, la Comisión y, en especial, los Estados miembros. 
Necesitamos un plan de acción que cubra el entorno de trabajo. 
Señor Presidente, a pesar de que estoy de acuerdo con algunos de los puntos del informe del Sr. Hughes, en particular la simplificación de la legislación comunitaria vigente y la necesidad de mejorar el seguimiento, estoy muy decepcionada por el hecho de que mis enmiendas sobre evaluaciones de impacto completas no hayan sido aprobadas en comisión. 
En mi grupo decidimos que debería presentar las enmiendas de nuevo en el pleno, pero desafortunadamente ningún otro grupo estaba dispuesto a abrir el proceso. 
La legislación sólo debería presentarse cuando demostremos que existe una clara necesidad para ello, y no sólo por el placer de intercambiar mejores prácticas. 
En primer lugar, debemos cerciorarnos de que la legislación vigente en un mismo ámbito se está aplicando en toda la Unión Europea. 
En segundo lugar, tal como he dicho con anterioridad cuando me refería a evaluaciones de impacto completas, debemos disponer de una evaluación de impacto para cada Estado miembro, teniendo en cuenta el impacto en los sectores, en las empresas y en la mano de obra. 
Desgraciadamente, las evaluaciones de impacto que proceden de la Comisión recuerdan más a una declaración explicativa que a una evaluación de impacto completa. 
En el ámbito de la salud y seguridad necesitamos, por encima de todo, disponer de pruebas científicas y médicas actualizadas para demostrar la necesidad de una legislación de ese tipo. 
Pongamos por ejemplo la directiva sobre vibraciones. 
La Comisión me dio un montón de documentos. 
El informe sobre las normas ISO, el único que estaba actualizado, indicaba que en realidad no existía ningún vínculo cuantitativo entre la vibración trasmitida al cuerpo entero y el dolor en la zona lumbar, y a pesar de ello, impulsamos la legislación. 
Soy proeuropea, pero creo que estamos legislando más y más sin que se demuestre la verdadera necesidad. 
Esto hace que la Unión Europea vaya perdiendo crédito. 
Aunque puede que necesitemos una parte de la legislación que el Sr. Hughes ha propuesto en su informe y que también ha propuesto la Comisión, aunque sin garantizar una evaluación de impacto completa e independiente, el Grupo ELDR se abstendrá en la votación de mañana. 
Señor Presidente, me muestro muy favorable al contenido del informe del Sr. Hughes. 
El texto es muy claro. 
Está extremadamente preocupado de que se esté haciendo tan poco, y propone una larga lista de propuestas de carácter legislativo y no legislativo que podrían mejorar la situación. 
Estoy seguro de que todas estas propuestas obtendrán el apoyo de todo el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
Al mismo tiempo, alude también a la aplicación y a las dificultades de conseguir que todo funcione de verdad. 
Creo que deberíamos hablar más claramente en este ámbito. 
De hecho, se trata de un conflicto. 
Hablamos de diálogo y de cooperación pero, en realidad, se trata de un conflicto. 
Se exige a las empresas que ajusten sus costes y sus márgenes de beneficio para competir con otras empresas. 
Los recortes se deben realizar en alguna parte. 
La salud y la seguridad cuestan dinero. 
No podemos lograr una salud y una seguridad en el trabajo adecuadas si los sindicatos no son lo suficientemente fuertes como para presionar a las empresas. 
Éstas son las circunstancias del conflicto, que son inherentes a nuestro sistema. 
Tenemos que reconocer esto de alguna manera si queremos una mejor salud y una mejor seguridad en el trabajo. 
Los métodos legislativos y no legislativos funcionan allí donde existen organizaciones de trabajadores capaces de hacer uso de las leyes, las recomendaciones y las directrices que elaboramos. 
Ésta es la realidad de la situación. 
Quizás deberíamos debatir la necesidad o no de reforzar las organizaciones de trabajadores mediante, por ejemplo, el fortalecimiento de los derechos de los sindicatos. 
Puede que se debiera aumentar la asistencia jurídica en los conflictos. 
Puede que se debiera considerar una mayor asistencia pericial. 
En el siglo XIX, cuando no había sindicatos fuertes, los inspectores de las fábricas ayudaban a los trabajadores. 
En Europa del este, puede que necesitemos inspectores de trabajo y de fábricas del tipo que se podía encontrar en el Reino Unido en el siglo XIX. Quizá debiéramos aclarar a los países candidatos que el derecho a la huelga forma parte de la jurisprudencia o acerbo comunitario que se espera que introduzcan. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Hughes, el hecho de que se elaboren informes serios es algo excelente, desde mi punto de vista. 
Particularmente apruebo el informe del Sr. Hughes. 
En una ocasión le oí decir que, a su modo de ver, el análisis vertido en la comunicación de la Comisión era sensato, pero que los detalles dejaban un poco que desear. 
Creo que hoy he visto algo de esto en los informes de la UE. 
Desde mi punto de vista, el análisis es satisfactorio, pero ciertamente no es sensato, por la simple razón de que existen mejores prácticas en Europa que las que se describen en este documento. 
Me preocupa, en particular, el aspecto del bienestar en el trabajo. 
Después de todo, la legislación en materia de salud y de seguridad en el trabajo es sensata. 
Trata sobre vibraciones, ruido, etc. Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva en los Países Bajos sobre, por ejemplo, cómo se debe interpretar el bienestar en el trabajo. 
Éste abarca aspectos que implican a entidades colectivas, y aspectos que también pueden tener repercusiones en una fecha posterior, en forma de daños reiterados a causa de la tensión, estrés u otras numerosas formas de falta de bienestar. 
En el documento de la Comisión relacionado con la inversión en calidad se han mencionado algunos de estos elementos, pero este aspecto llegó a un final repentino con los indicadores que más tarde desarrollaron los belgas. 
Es lamentable que no se trabaje más en este ámbito, dado que las propuestas son en realidad una especie de extraña recopilación de puntos diversos. 
Se conocen desde hace mucho tiempo los cuadros clínicos y los problemas relacionados con el bienestar y, sin embargo, todavía no se ha fijado ninguna fecha para estas propuestas. 
Así pues, una vez más, apruebo la descripción de los problemas del Sr. Hughes, y también espero que tenga el temple necesario para retirar su informe si la Comisión no se compromete a solucionar los problemas que se derivan de la reducción del número de empleados, el equilibrio entre las medidas legislativas y no legislativas? que a mi entender sigue siendo deficiente? y, por encima de todo, la ausencia de un plan de acción con un calendario que lo respalde. 
Señor Presidente, el documento de la Comisión sobre salud y seguridad en el trabajo es un buen documento. 
Habla de la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo, de la necesidad de reforzar la cultura de prevención y de garantizar una aplicación más eficaz de la ley vigente. 
Estoy completamente de acuerdo con todo. 
La cuestión se plantea del siguiente modo: la cultura de prevención reflejada en las directivas de la UE no ha terminado todavía de comprenderse completamente, ni tampoco ha sido aplicada de forma efectiva. 
Estoy de acuerdo. 
Admite que las personas tienden a considerar el marco jurídico comunitario como algo excesivamente complejo y poco claro y propone que se simplifique y se racionalice. 
Esperaba que el Parlamento estuviera dispuesto a aprobar las propuestas de la Comisión, pero el ponente puso rumbo justo en la dirección contraria. 
Sostiene que el hecho de que la plantilla de la Comisión se haya reducido más o menos un 40% con respecto a la que había en 1992, indica que la Comisión le otorga mucha menos prioridad. 
Esto es absurdo. 
Sin embargo, para algunas personas, todos los caminos llevan siempre a la típica solución socialista de «más dinero, más personal, más regulación». 
He constatado que el ponente se ha referido amablemente a la enmienda conjunta que hemos presentado, que fue el punto fuerte en comisión y quizás podría haber sido el punto fuerte de su informe. 
Algunos pueden esperar que esto sea el comienzo de una nueva gran asociación, aunque me temo que tendrán que esperar un poco más a que termine de florecer. 
Mientras tanto, el ponente pretende ampliar el alcance de la directiva marco para proponer nuevas normativas sobre la intimidación en el trabajo y una nueva directiva sobre ergonomía en el lugar de trabajo, reforzar la directiva sobre los equipos provistos de pantalla de visualización y modificar la directiva sobre manipulación manual. 
Todo esto nada más que en la primera página de sus recomendaciones. 
No necesitamos más directivas. 
Creo que sus conclusiones son erróneas porque su análisis es erróneo. 
La delegación conservadora del Reino Unido votará en contra de esta propuesta y no estará sola. 
Les recuerdo además que Irlanda acaba de votar a favor del ingreso de los países candidatos en la UE. 
Si los países candidatos leen el informe Hughes, quizá no quieran entrar. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisión por su excelente informe. 
Asimismo, me gustaría dar las gracias al Sr. Hughes por resaltar la importancia de centrarse en la aplicación de la legislación. 
Los empresarios daneses suelen argumentar que, al contrario que sus homólogos en otros muchos países, ellos deben cumplir las normas que regulan el entorno laboral. 
Hablando claro, estoy cansada de tener que escuchar este comentario sin poder contradecirlo con franqueza. 
Por este motivo, resulta importante para nosotros que se preste mayor atención a la aplicación práctica de la legislación del entorno laboral, que permita crear un entorno laboral seguro y adecuado en todos los lugares de trabajo de la Unión Europea. 
Dicho esto, debemos también prestar especial atención al tipo de normativa con el que se podrá garantizar mejor la seguridad en el entorno laboral. 
La legislación no es siempre el buen camino. 
En ocasiones, es más fácil lograr avances a través de la formación, las experiencias compartidas y el desarrollo del diálogo social. 
Un buen ejemplo de ello es la lucha contra el estrés y el acoso, problemas que sólo se pueden solucionar a través de una mayor cooperación en cada lugar de trabajo. 
Por esta misma razón, opino que la lucha contra el estrés y el acoso es una cuestión que afecta a ambos lados de la industria. 
Señor Presidente, Comisaria, aunque la Unión Europea ha contribuido a mejorar la legislación en materia de salud y seguridad, hay que tener en cuenta que la situación está empeorando en algunos Estados miembros y en determinadas industrias. 
El informe de Stephen Hughes consigue destacar de forma acertada tres puntos importantes: la falta de recursos, la ausencia de un plan de acción y el desequilibrio existente entre los instrumentos legislativos y los no legislativos. 
Por lo tanto, el informe invita a que se simplifique la legislación comunitaria y se mejore su aplicación en los Estados miembros, al tiempo que exige que se tengan en cuenta cuestiones relativas al género y a la responsabilidad empresarial y se pongan en práctica nuevos instrumentos y medidas específicas para resolver la situación en los países candidatos. 
El informe resalta la necesidad de elaborar un plan detallado en el que se establezcan compromisos financieros y plazos concretos para cada propuesta, así como métodos para el control de su aplicación. 
Asimismo, hace especial hincapié- cosa que yo celebro- en la necesidad de integrar la dimensión de género en las medidas que se adopten. 
En general, las mujeres perciben los salarios más bajos, disfrutan de una seguridad laboral inferior y se exponen a un riesgo mayor de sufrir acoso sexual o psicológico. 
Finalmente, debemos mejorar de forma significativa las condiciones de salud y de seguridad que afectan a las mujeres embarazadas, en periodo de lactación o que tienen niños pequeños. 
Asimismo, me gustaría felicitar a Stephen Hughes por su informe, el cual apoyo plenamente. 
Señor Presidente, el propio ponente señala que, a pesar de las extraordinarias declaraciones relativas al hecho de que hay que proteger a los trabajadores a toda costa, los recursos disponibles para este fin no sólo están estancados, sino que, en realidad, están disminuyendo. 
Aunque la Comisión decidiera aumentar sus recursos, ¿qué acción llevaría a cabo en respuesta al afán de lucro de los grandes empresarios, que provoca reducciones de plantilla y, por consiguiente, un aumento del trabajo de aquellos que conservan su puesto, que origina recortes de gastos en seguridad y aumenta la inseguridad laboral, la subcontratación y el trabajo temporal, que obliga a trabajadores mal pagados a enfrentarse a situaciones para las que no están preparados? 
Incluso en un país como Francia mueren a diario casi 800 personas en accidentes relacionados con el trabajo, y varios miles se quedan lisiadas de por vida. 
Casi todos estos accidentes se podrían evitar con sólo disponer de los recursos necesarios, es decir, si se recortaran los dividendos repartidos al omnímodo accionista. 
A menos que se obligue a los empresarios a respetar la seguridad y las vidas de sus trabajadores en lugar de convertir la obtención de beneficios en su prioridad principal, hasta las mejores resoluciones seguirán siendo tan sólo discursos indecisos. 
Señor Presidente, por supuesto que todos deseamos salud y seguridad en el trabajo, tanto empresarios como trabajadores y accionistas. 
Pero, ¿qué pasaría si sólo tuviéramos salud y seguridad, pero no trabajo? 
He aquí el problema y he ahí el reto. 
Existe una noble tradición de larga lucha y movilización por conseguir niveles aceptables de salud y seguridad en el trabajo. 
Comenzó mucho tiempo atrás, con la revolución industrial, liberando a los niños de las duras tareas manuales en las minas y molinos, y hasta hoy, protegiendo a los trabajadores de accidentes y enfermedades evitables. 
Y todavía no ha terminado. 
Todavía se siguen produciendo accidentes inaceptables en explotaciones agrícolas e industriales. 
Por ejemplo, el mes pasado, en una explotación agrícola próxima a la mía en Escocia, un hombre joven, padre de familia, murió tras haber sido atrapado por una máquina recolectora de patatas. 
Debemos hacer todo lo posible por continuar luchando para acabar con todo este tipo de tragedias. 
Nuestra cultura de trabajo y empresa debe fomentar la seguridad, pero la vida y el trabajo siempre implican un riesgo. 
No existe modo alguno de alcanzar esa utopía y seguir disponiendo de una economía en la que mujeres y hombres se desplazan diariamente desde sus casas hasta el trabajo y de este modo sustentan a sus familias y nuestra economía. 
No cabe duda de que toda esa cantidad absurda y exagerada de restricciones y de trámites burocráticos sólo servirán para acabar con el tejido empresarial y con las empresas a las que acuden nuestros electores cada día para ganarse el pan y conseguir la prosperidad de la que todos dependemos. 
La Comisión lo ha entendido casi del todo bien. 
Que se aplique de forma efectiva la legislación vigente y se promuevan las acciones en el ámbito de la salud y la seguridad tanto para las empresas como para los trabajadores. 
El informe del Sr. Hughes va demasiado lejos. 
Esa letanía llena de buenas intenciones exageradas, junto con la petición de más legislación, ponen en riesgo el futuro empresarial de Europa, el de nuestra prosperidad y el de nuestros puestos de trabajo. 
Señor Presidente, a pesar de que existan diferentes opiniones sobre esta comunicación, creo que podemos encontrar un punto de equilibrio. 
Como ya he dicho antes, esta estrategia sobre salud y seguridad en el trabajo constituye un plan de acción para la Comunidad Europea en su conjunto. 
Por lo tanto, debemos tener en cuenta las diferencias entre los Estados miembros, sus distintas leyes y definiciones, el Tratado, las bases jurídicas y las limitaciones del presupuesto destinado a recursos humanos de la Comisión. 
Ya se ha dedicado especial atención a los recortes producidos en el ámbito de los recursos humanos. 
Pero tenemos la Agencia de Bilbao. 
Los servicios de la Comisión y la Agencia de Bilbao tienen diferentes puntos de referencia, pero la Agencia de Bilbao brinda apoyo en forma de información, campañas, análisis y estudios. 
Existe por tanto una cooperación muy estrecha. 
En cualquier caso, no puedo comprometerme a asignar más recursos humanos, puesto que todos saben muy bien lo difícil que resulta esta cuestión. 
Lo que hemos propuesto en esta estrategia es realista y la Comisión podrá llevarla a cabo con los recursos de que dispone. 
Ahora pasaré a formular una serie de comentarios específicos. 
Siempre se ha asumido que la solución a cualquier asunto político es la legislación. 
No aceptamos automáticamente la necesidad de una legislación; sólo estamos diciendo que, en muchos casos, la situación requiere una evaluación para comprobar si tal legislación es necesaria o no. 
La Sra. Lynne planteaba si este procedimiento era siempre correcto y si los datos o los estudios existentes son suficientes para demostrar la necesidad de una legislación. 
En la cuestión específica sobre vibraciones, existen muchos estudios diferentes. 
Hemos recibido datos procedentes de todos los Estados miembros que demuestran que hay un verdadero problema. 
Deberíamos analizarlo y, una vez hecho esto, presentar propuestas para cualquier acción. 
No se trata únicamente de la legislación. 
Existen tantos aspectos diferentes en el texto de la Comisión. 
Se ha hecho referencia a la calidad. 
Hemos empezado a trabajar con Eurostat en la armonización de por lo menos las definiciones en los Estados miembros. 
Actualmente, cada país define los accidentes de forma diferente, lo que a veces provoca cierta confusión. 
Por este motivo trabajamos en la armonización de las definiciones existentes. 
Luego tendremos que trabajar sobre indicadores concretos. 
Estos indicadores son muy específicos y deberían presentarse de acuerdo con un calendario. 
Se ha hablado de evaluación comparativa, a la que me he referido con anterioridad. 
La asociación es una de las piedras angulares del concepto en su conjunto. 
Según la estrategia, se exige que cada una de las partes implicadas presente su propio plan de acción. 
Ya hemos recibido planes de acción por parte de los interlocutores sociales. 
Cada Estado miembro y cada socio tiene que presentar su propio programa específico. 
Ya hemos trabajado en estas cuestiones con los países candidatos y existen referencias concretas y compromisos también con estos países. 
En conclusión, en el futuro podremos trabajar en cooperación con la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales para evaluar el potencial y llegar de este modo a adquirir compromisos más precisos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0326/2002) , presentado por el Sr. Manuel Pérez Álvarez en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y la seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos [COM (2002) 166- C5-0235/2002- 2002/0079 (CNS)] 
. (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en el punto cuarto de la Estrategia comunitaria de salud y seguridad 2002-2006 que acabamos de debatir se pide la extensión del alcance de la Directiva marco 89/391/CEE- grupos de trabajadores excluidos- y, entre otros trabajos, se cita el desarrollado por los autónomos. 
La recomendación que me corresponde presentar y que debatimos en el Parlamento Europeo pide que se extienda a los trabajadores autónomos o independientes la protección de que gozan los trabajadores asalariados en materia de seguridad y salud laboral. 
Partimos del hecho de que los trabajadores que ejercen su actividad profesional al margen de una relación laboral con un patrón o empresario no están, por lo general, protegidos por las Directivas comunitarias relativas a la salud y la seguridad en el trabajo. 
De hecho sólo tres directivas aluden a ellos, a veces tangencialmente- en concreto, la Directiva 92/57/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles -, y tienen en cuenta a los trabajadores autónomos que ejercen ahí su trabajo en la medida en que pueden constituir, debido a dicha actividad, una fuente potencial de riesgo para los trabajadores no autónomos que se encuentran también en la obra. 
Es decir, riesgos provocados del autónomo pero no protegidos. 
La Directiva 92/29/CEE del Consejo relativa a disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques no es una directiva específica de la 89/391/CEE y lo dicho para la 92/57/CEE vale también para ella. 
Y la Directiva más reciente, la 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo, se refiere en uno de sus considerandos a los trabajadores autónomos, recordando que cuando éstos utilizan personalmente equipos de trabajo pueden poner en riesgo la seguridad y la salud de los empleados, como si al autónomo sólo se le considerase un elemento de riesgo pero no merecedor de la cobertura de los mismos riesgos, como si no se le considerase realmente un trabajador. 
Una gran mayoría de los Estados miembros no prevé protección jurídica de salud y seguridad para los trabajadores autónomos, dando lugar así a una gran diversidad y heterogeneidad de los niveles de protección. 
Las medidas y decisiones contra la conversión del riesgo en siniestro han aparecido tradicionalmente vinculadas al concepto de trabajador por cuenta ajena, quizá porque el trabajador autónomo independiente debería preocuparse él mismo de su propia seguridad y de su propia salud, razonamiento insuficiente e injustificado. 
Parece, por lo tanto, que se exige una acción a nivel comunitario, a fin de asegurar un mínimo de protección de los trabajadores autónomos contra los riesgos profesionales, porque, al lado del trabajador autónomo aislado en el taller de un solo o más autónomos, la evolución de la estructura del empleo, cuando las empresas subcontratan tareas a microempresas o a trabajadores autónomos, da lugar a nuevos problemas de seguridad en el trabajo: la seguridad del trabajador autónomo y la de los trabajadores por cuenta ajena o autónomos que se relacionan con él. 
Todos los trabajadores merecen protección. 
El autónomo aparece así sometido e inmerso en los mismos riesgos que el dependiente, pero sus deficientes formación e información pueden ser además causa de accidentes o lesiones para él y para los demás trabajadores por cuenta ajena o autónomos. 
Señorías, estamos ante un problema más amplio, el de la evolución de la organización del trabajo ante el recurso a trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal, a la parcelación del proceso productivo y su asignación a contratas, subcontratas y trabajadores autónomos y, en general, a las modalidades de descentralización productiva o de externalización. 
En mi opinión, y creo que en la de todos, la protección de los trabajadores en materia de salud laboral no puede depender del estatuto jurídico de cada trabajador expuesto a los riesgos, sea trabajador independiente, dependiente o asalariado. 
La Carta de los Derechos Fundamentales no distingue. 
Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, dice la Carta. 
Donde la ley no distingue tampoco nosotros debemos hacerlo. 
El procedimiento para la aplicación es una recomendación que debe facilitar el paso y el proceso, cuyo objetivo está claro, la aplicación y, por ello, el sometimiento imperativo del trabajador autónomo o independiente a las mismas normas que sean aplicables al trabajador asalariado. 
Claro que aquí cobra nuevo sentido y significado la cultura de la prevención. 
En muchos casos, el propio trabajador autónomo, gran beneficiado, tendrá que invertir en medios de protección, en otros tendrá que procurarse su información y su formación. 
Sin entrar en cuestiones como las relativas a las responsabilidades de algunos casos de accidente, pienso que la lucha constante y obstinada contra los accidentes tiene un actor nuevo dentro del escenario colectivo: el marcado por una cultura de prevención en la que los protagonistas son los propios trabajadores y las autoridades. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Pérez Álvarez, y a los diputados por su informe y su apoyo. 
Esta es una propuesta importante, concebida para garantizar la protección de todos los trabajadores en el lugar de trabajo porque, como ha explicado tan bien el Sr. Álvarez, y no es necesario que repita sus palabras, no se puede dar un trato diferente a los trabajadores en función del modo en que se defina su ocupación. 
El propósito de esta iniciativa es asegurar el mismo nivel de protección a los trabajadores autónomos y a los asalariados y, por lo tanto, insta a los Estados miembros a que distingan entre tres tipos de acción. 
La primera consiste en incluir a los trabajadores autónomos en el ámbito de los reglamentos sobre salud y seguridad en el trabajo, suponiendo, por supuesto, que sus sistemas jurídicos nacionales lo permitan. 
En segundo lugar, esta iniciativa invita a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para que los trabajadores autónomos puedan acceder a la información, la formación y la asistencia técnica necesarias en materia de prevención de riesgos. 
El tercer elemento propone a los Estados miembros que faciliten el acceso a sistemas de control sanitario adecuados. 
Podría dar la sensación de que la mayoría de las enmiendas propuestas abordan situaciones en las que los trabajadores asalariados y los trabajadores autónomos trabajan codo con codo, y estoy de acuerdo en que este tipo de situación se debe definir de forma más precisa en la recomendación. 
Por lo tanto, la Comisión acepta las enmiendas 1, 3, 5, 6, 8, 10 y 11, y hará lo posible por conseguir que el Consejo haga otro tanto. 
La Comisión no está de acuerdo con las enmiendas 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14 y 15, bien porque ya están incluidas en otras enmiendas diferentes, bien porque reclaman determinados mecanismos legales vinculantes que prejuzgan la eficacia de la recomendación durante su período de aplicación experimental de cuatro años. 
La Comisión considera que esta propuesta representa un paso importante para garantizar que la legislación beneficie a todos los europeos, independientemente del tipo de trabajo que desempeñen; un paso hacia el objetivo último de reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Pérez Álvarez por este perspicaz y reflexivo informe. 
La aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos es una cuestión muy importante, no sólo por el creciente número de trabajadores autónomos, subordinados, subcontratados o atípicos. 
La creación de una falsa forma de independencia y de autonomía en el trabajo puede colocar a un trabajador en una situación laboral fuera del marco de protección. 
Es algo que tenemos que plantearnos. 
Se trata de un aspecto que ha sido reconocido por la Comisión y, trabajando de forma conjunta, como ha dicho el Sr. Pérez Álvarez, hemos intentado conseguir algo a lo largo de los años. 
La extensión de la protección en materia de duración de la jornada al personal de transporte en carretera en la directiva acordada a finales del año pasado, incluirá a los conductores autónomos, pero sólo porque se han usado las bases jurídicas paralelas que cubren la salud y la seguridad en el trabajo por un lado, y la seguridad de funcionamiento por otro. 
Como ha señalado el Sr. Pérez Álvarez esta tarde, en el marco de la directiva también se ha abordado la cuestión de las obras de construcción temporales o móviles, pero de una manera un tanto limitada. 
Necesitábamos por tanto un enfoque más global y esta recomendación puede ser una contribución muy útil. 
Sin embargo, también se pueden realizar otras acciones, como ampliar de forma más general la legislación sobre salud y seguridad a los trabajadores autónomos, tal como sugiere la enmienda 4 del Sr. Pérez Álvarez. 
Sé que la Comisión tiene cierta dificultad al respecto. 
Sé que la Comisaria dirá que la base jurídica y legal del Artículo 137 no lo permite. 
Sin embargo, si la recomendación no tiene un efecto positivo, entonces todos tendremos que retroceder colectivamente para reconsiderar las bases legales disponibles y quizás, tomar el camino sugerido en las enmiendas 7 y 22 del Sr. Pérez Álvarez. 
De otro modo, imagínense el tipo de problemas a los que nos enfrentaríamos con respecto a, por ejemplo, la directiva que estamos considerando sobre protección de los trabajadores de los riesgos provocados por la exposición al amianto en el trabajo. 
Estamos rodeados de grandes cantidades de amianto oculto en lugares de trabajo, hogares, escuelas y hospitales. 
Muchas personas con contratos de trabajo lo manipularán y, si trabajan en una empresa de demolición, mudanzas o transporte, estarán cubiertos legalmente. 
Sin embargo, existe todo un ejército de trabajadores autónomos que también están expuestos al amianto, en especial los electricistas, los fontaneros y los carpinteros en sus trabajos de mantenimiento. 
En su mayoría son trabajadores autónomos. 
También es cierto que, incluso si se multiplicara el número de inspectores por diez, no podrían encargarse de toda esta cantidad de trabajadores autónomos. 
Tienen que responsabilizarse de ellos mismos. 
Necesitan información, apoyo y formación para comprender los riesgos que corren si no le dedican la atención que exige esta cuestión. 
En este aspecto, la recomendación es contribución muy útil. 
Señor Presidente, Comisaria, señor Pérez Álvarez. Les doy las gracias por este magnífico informe. 
Ante todo, me gustaría llamar la atención sobre un elemento de este informe en el que se hace referencia al enfoque de la Comisión, que hasta ahora ha sido relativamente prudente. 
El tema en cuestión es el de las relaciones laborales. 
Todo el mundo sabe que pueden cambiar a un ritmo increíble y, cuando digo un ritmo increíble, quiero decir un ritmo increíble. 
Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, estas relaciones abarcan un mundo laboral atípico de distintas clases, y afectan al personal temporal, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores autónomos sin plantilla, al falso trabajador autónomo, etc., en definitiva, a un gran número de personas que acuden al lugar de trabajo para desempeñar su ocupación. 
Esto no sólo es importante para la propia salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, sino también para aquellos que están indirectamente implicados. 
En otras palabras, es preciso introducir una serie de cambios, especialmente teniendo en cuenta la legislación vigente en diferentes países y el hecho de que en algunos se incluye en cierta medida al trabajador autónomo en la legislación sobre seguridad y salud profesional, mientras que en otros países no. 
La Comisión ha optado por una recomendación. 
Yo habría preferido un instrumento más fuerte, cuyo efecto fuese inmediato. 
La razón es muy sencilla: podemos aceptar el hecho de que se planea un tipo de evaluación en un plazo de cuatro años y de que, transcurrido ese plazo, se adoptarán medidas más apropiadas si resulta necesario. No obstante, me gustaría retomar este tema en relación con el asunto anterior, ¿cómo se controlará el cumplimiento de esta legislación? 
En el lugar de trabajo y, con suerte, a cargo de inspectores de trabajo. 
No obstante, esta inspección suele ser insuficiente. 
El impacto más enérgico lo ejercen las organizaciones empresariales, los sindicatos en el lugar de trabajo, los comités de empresa u otras organizaciones asesoras, ya que ellas se encargan de esta tarea. 
No obstante, sin una legislación adecuada, llevan todas las de perder. 
En este debate se pasan completamente por alto las relaciones entre empresarios y trabajadores en el lugar de trabajo. 
Este tema es crucial y, por tanto, será preciso adoptar en su momento una legislación más estricta. 
Señor Presidente, quizás la cosa más sorprendente es que en la votación en comisión se haya aprobado por 36 a 1. 
Yo hubiera pensado que algo así habría obtenido automáticamente la unanimidad en comisión. 
También es muy revelador que se trate tan sólo de una recomendación. 
Como la Comisaria debe de saber por esta directiva «caída del cielo» , parecía bastante claro que necesitábamos un fuerte mensaje político para proteger a los trabajadores autónomos. 
El sector de la construcción no es el único que sufre accidentes laborales cada día de la semana. 
Por ejemplo, los intérpretes en sus respectivas cabinas que, por lo general, son autónomos y trabajan en condiciones muy estresantes, son esas mismas personas que esperamos ver amparadas por la ley comunitaria. 
Ustedes saben muy bien que las instituciones europeas se abstienen de introducir cualquiera de estas leyes destinadas a proteger a gran parte de su personal, por lo que no vamos a seguir tirando de la cuerda. 
No cabe ninguna duda de que hemos dado un paso muy importante al recomendar la legislación comunitaria de salud y seguridad para trabajadores autónomos. 
Ya no deberíamos confiar más en las estadísticas nacionales que nos cuentan que los accidentes laborales sólo les ocurren a los empleados que trabajan a jornada completa. 
Es ridículo. 
Deberían ustedes- si son cristianos- llamar pecado al hecho de que muchas personas vinculadas a fábricas y empresas no disfruten de la protección que merecen, simplemente porque se consideran autónomos. 
El Sr. Pérez Álvarez ha hablado largo y tendido de salud y seguridad en este Parlamento. 
Me complace mucho el hecho de que se haya encargado de este informe, porque soy consciente del compromiso que se requiere de todas las partes de esta Cámara. 
Es vital incluir a los trabajadores autónomos en cualquier legislación de salud y seguridad que emane de la Comisión y de esta Cámara. 
En Europa, todo el mundo debe disfrutar del mismo grado de protección. 
Señor Presidente, un estudio llevado a cabo por el Instituto de Bilbao revela que, en realidad, el trabajador autónomo sufre accidentes laborales, inclusive mortales, con mayor frecuencia que los trabajadores asalariados. 
Asimismo, sabemos que los trabajadores autónomos se ven afectados por un gran número de accidentes de los que no se da parte. 
Un estudio realizado en el Reino Unido indica, por ejemplo, que sólo se notifica un 5% de los accidentes sufridos por trabajadores autónomos, en comparación con el 50% correspondiente a los accidentes que afectan a asalariados. 
Además, los trabajadores autónomos son más vulnerables que los asalariados a los accidentes laborales, debido a que sus recursos son más limitados y, quizás, al hecho de que no tienen que cumplir las disposiciones sobre seguridad y salud. 
Por lo tanto, hay que felicitar a la Comisión por haber abordado este asunto. 
Evidentemente, debemos poner fin a esta situación de incumplimiento. 
El trabajador autónomo no puede actuar libremente en lo que respecta a las normas de la Unión Europea sobre el entorno laboral. 
Sin embargo, nos habría gustado que la Comisión hubiera considerado algunas de las enmiendas que tratan de reforzar el carácter vinculante de las recomendaciones, aunque soy consciente de que en el Tratado no existe la base apropiada para ello. 
Si actualmente estamos todos de acuerdo en que supone un problema el hecho de que la legislación que regula el entorno laboral no pueda incluir al trabajador autónomo, ¿no sería entonces el momento de introducir cambios en los Tratados? 
Quizás se debería instar a la Comisión para que presente una propuesta sobre este asunto a la Convención que tiene lugar actualmente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0325/2002) del Sr. Michiel van Hulten, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre normas de desarrollo del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [(SEC (2002) 0835- C5-0399/2002- 2002/0901 (CNS)] 
Señor Presidente, señor van Hulten, Señorías, me gustaría empezar mi intervención agradeciendo nuevamente al Parlamento su intensiva y eficaz cooperación en el Reglamento Financiero refundido para el presupuesto comunitario. 
La adopción unánime del nuevo Reglamento Financiero adoptado unánimemente por el Consejo el pasado 25 de junio de 2002 no hubiera sido posible sin el fuerte compromiso de cooperación manifestado por todas las instituciones. 
Dicho reglamento representa una parte fundamental de la reforma de la Comisión, por lo que me siento orgullosa de que hayamos logrado esta proeza en el año 2002. 
Me gustaría volver a resaltar mi más sincero agradecimiento al Sr. van Hulten y al Sr. Dell ' Alba. Este último no se encuentra hoy aquí, pero aprovecho esta oportunidad para recordar de nuevo su labor. 
Una de nuestras principales preocupaciones a la hora de refundir el Reglamento Financiero consistía en que éste se debía simplificar mediante la incorporación de las disposiciones muy específicas en las normas de aplicación. Éstas deberán ser adoptadas antes de que finalice el año para que puedan así entrar en vigor el 1 de enero de 2003, a la vez que el nuevo Reglamento Financiero. 
El Sr. van Hulten, junto con la Comisión de Control Presupuestario, ha llevado a cabo un trabajo verdaderamente exhaustivo, por el que les estoy profundamente agradecida. 
En nombre de la Comisión, he de realizar los siguientes comentarios en lo que respecta a las enmiendas individuales. 
En primer lugar, gran parte de las enmiendas del informe sugieren incorporar todos los informes y elementos informativos que se deban transmitir a la autoridad presupuestaria en un anexo que resuma los informes de actividades anuales de los ordenadores cuyas oficinas administran los recursos. 
La Comisión está a favor de esta simplificación de los procedimientos. 
En el informe se propone, en relación con el resumen de los informes anuales de actividades de los ordenadores, que la obligación de presentar dicho resumen a la autoridad que aprueba la gestión presupuestaria se aplique no sólo a la Comisión, sino también a otras instituciones. 
Aunque comparto el objetivo de esta propuesta, la letra del Reglamento Financiero no nos permite imponer esta obligación a otras instituciones, las cuales, en nuestra opinión, deberían estar de acuerdo con ello. 
En segundo lugar, en el informe se proponen enmiendas que hacen referencia a los agentes financieros citados en el reglamento. Estas enmiendas tienen dos objetivos principales: a) que se informe a la autoridad presupuestaria cuando cambien los ordenadores- en el nivel A1- y el contable; y b) que se publiquen externamente los puestos vacantes de contable y de auditor interno. 
No obstante, no podemos secundar la propuesta del informe ya que, por otra parte, la publicación externa inmediata sería contraria al Estatuto, que establece de forma expresa que los puestos vacantes se ofrezcan dentro de las instituciones en primer lugar, antes de realizar ninguna convocatoria externa. 
Esto significa que la publicación externa inmediata no sería compatible con el Estatuto. 
En tercer lugar, en lo que respecta a las enmiendas sobre la instancia especializada en materia de irregularidades financieras, estamos de acuerdo con la propuesta que establece que uno de los miembros de dicha instancia deberá ser un experto independiente. 
No obstante, consideramos que la investigación preceptiva de las irregularidades, incluso en casos de escasa importancia, resulta excesiva. 
En cuarto lugar, en lo que respecta a la Directiva sobre pagos demorados, tomo nota del recordatorio del Parlamento referente al vencimiento del plazo de aplicación y a que las instituciones deben, o deberían en cualquier caso, acatar las normas sobre los tipos de interés y los plazos aplicables a las demoras. 
En quinto lugar, puedo apoyar igualmente diversas enmiendas sobre la práctica contable. 
En particular, la Comisión está de acuerdo con la aclaración relativa a la introducción de un sistema de procesado de datos integrado, lo cual se ajusta completamente a sus propias propuestas anteriores. 
En lo que respecta a la demanda de elaborar una lista con todas las personas con derecho de acceso al sistema de contabilidad electrónico y de crear un registro de auditoría que refleje claramente los cambios introducidos en el sistema por cada usuario, puedo informarles de que la Comisión ya dispone de ambos elementos. 
Celebramos la incorporación de esta disposición en las normas de aplicación, aunque por el momento no puedo asegurarles si los sistemas contables de otras instituciones distintas a la Comisión ya cumplen estas condiciones. 
El sexto punto que deseo tratar hace referencia a la enmienda 17, en la que se solicita que se informe a la autoridad presupuestaria acerca de todas las renuncias al cobro de títulos de crédito que superen los 100 000 euros. 
La Comisión aceptará igualmente esta propuesta. 
Para terminar, permítanme hacer otra aclaración relativa a la última enmienda del informe, en la que se expone lo siguiente: «Las cuentas para el ejercicio 2002 deberán ser elaboradas y presentadas de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977... excepto por lo que respecta a la obligación de someter dichas cuentas al interventor». 
Quiero recordarles que en el nuevo Reglamento Financiero se indicó claramente que transcurriría un período de transición hasta el ejercicio 2005 para la liquidación de las cuentas. Esto significa que, hasta el año 2005, la liquidación de las cuentas seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento Financiero actualmente vigente. 
En vista de que, hasta el momento, Gran Bretaña ha sido el único Estado miembro que ha adoptado mayoritariamente la contabilidad de devengo- un sistema de contabilidad de carácter más bien angloamericano- y, teniendo en cuenta que este proceso le ha llevado cerca de siete años, el calendario para la Comisión sigue siendo extremadamente ambicioso. 
Reitero mi ofrecimiento de informar lo antes posible a la Comisión de Control Presupuestario acerca de las propuestas realizadas por la Comisión al respecto. 
Señor Presidente, si este debate ha sido programado para esta hora debido al sospechoso interés de la Conferencia de Presidentes por el tema, puede que tuvieran razón. 
No es un tema muy apasionante, pero como todos sabemos, tiene mucha importancia, pues de lo contrario no estaríamos aquí. 
He de decir que es una vergüenza que dos de los tres miembros de la comisión que votaron en contra del informe elaborado en comisión y que desataron el consiguiente debate en el pleno, no estén aquí hoy para explicarnos sus objeciones al informe. 
Me gustaría dar las gracias a los miembros de la comisión que me respaldaron en la elaboración de este informe y me brindaron su apoyo unánimemente. 
También agradezco a la Comisión la excelente cooperación que hemos mantenido de nuevo al elaborar este informe. 
Muchas de las enmiendas contenidas en el informe de la comisión son de naturaleza técnica. 
No voy a entrar en detalles. 
Sólo quería mencionar unas cuantas cuestiones importantes que también han sido planteadas por la Comisaria. 
El informe trata una serie de puntos en los que creemos que las normas de aplicación podrían reforzarse. 
El primero trata los puntos débiles con respecto al nombramiento y funcionamiento de los agentes financieros más experimentados, un asunto que ha sido de actualidad en los últimos meses. 
Se han dado casos de traslados o ceses de funciones de Directores Generales y se ha dado también el caso de la contable, Sra. Andreasson. 
Las cuestiones planteadas están siendo tratadas con comisión e investigadas por separado. 
Sin embargo, han surgido cuestiones formales relacionadas con el modo en el que se tratan tales nombramientos, traslados y ceses en la Comisión. 
Me gustaría que ciertas salvaguardias se incluyeran en el Reglamento financiero, entendiendo por salvaguardias, no los mecanismos que nos aseguren que jamás se volverán a cometer errores o a surgir problemas, sino los sistemas que aporten más transparencia al proceso para garantizar su visibilidad y evitar sorpresas o hechos consumados. 
Esto implica el nombramiento de altos funcionarios, como muy correctamente ha indicado la Comisaria. 
Voy a solicitar que este informe se someta a la autoridad financiera presupuestaria y que el nombramiento del funcionario contable y auditor interno se efectúe previa publicación de la vacante en el Diario Oficial. 
Deberían ser candidatos externos y si es preciso se firmará un contrato temporal. 
Creo que no podemos cambiar el Reglamento financiero, pero debemos abordar la cuestión en el Estatuto del funcionario, porque se trata de un aspecto importante. 
En segundo lugar está el grupo de irregularidades financieras, destinado a llenar una laguna en la estructura existente y a aportar nuevos conocimientos expertos. 
Lo que queremos es evitar un sistema en que los homólogos asesores a homólogos. 
La introducción de un elemento externo independiente es, por tanto, importante y agradezco el hecho de que hayan aceptado esa propuesta. 
En tercer lugar está la cuestión de la mejora de la calidad y la integridad del sistema de contabilidad informatizado, tal como ha mencionado. 
Queremos disponer de un sistema informatizado integrado, con acceso restringido a una lista de personas autorizadas mantenida por la institución. 
Creo que la Comisión ya lo está haciendo y sería importante que otras instituciones siguieran sus pasos. 
Por último, queremos que se mantenga un registro accesible de la auditoría para asegurar un control adecuado del gasto. 
El punto final que quiero mencionar trata de los pagos atrasados y la necesidad de efectuar pagos comerciales en línea con la directiva relevante. 
Estoy seguro de que mi colega, el Sr. Casaca, que ha trabajado a fondo en este tema, tendrá algo más que añadir. 
Se han presentado tres enmiendas en el pleno además de las procedentes de la comisión. 
Una procedente del Grupo PPE- DE y dos del Grupo GUE/NGL, ninguna de las cuales apoyo. 
El Grupo PPE-DE ha vuelto a presentar una enmienda que fue rechazada en comisión, proponiendo crear un puesto de contable completamente independiente, sin líneas rendición de cuentas y de responsabilidad en la Comisión. 
No puedo apoyar esa propuesta porque contradice al propio Reglamento financiero, con respecto al cual estas enmiendas no son más que normas de aplicación. 
Tampoco existe razón alguna para crear una zona aislada en una institución, puesto que iría en contra de todo el principio de contabilidad. 
Como todos sabemos, un poder formal no implica necesariamente un mejor proceso de decisión. 
Con respecto a las enmiendas propuestas por el Grupo GUE/NGL, comparto el espíritu de la enmienda 34 sobre la necesidad de un contable para disponer de toda la información, pero en la práctica tal medida dará lugar a mucha burocracia con 600 000 pagos gestionados por una sola persona. 
Aunque esa no sea realmente la intención de la enmienda, lo cierto es que traería consigo una burocracia innecesaria. 
La segunda enmienda es la propuesta sobre los criterios que hay que tener en cuenta en el caso de que se produzca una exoneración en la recuperación de una deuda establecida. 
Existen dos criterios: una relativo a la competencia y otro al perjuicio económico y social provocado por una deuda si se recupera. 
El Grupo GUE/NGL quiere descartar esta posibilidad para los ordenadores. 
La enmienda que hemos introducido y que acaban de aceptar, introduciendo un requisito de información al Parlamento, dispone de los suficientes mecanismos de control. 
Para terminar, creo que estas enmiendas refuerzan la propuesta y ruego a la Comisaria que incorpore todas ellas en el texto definitivo. 
Señor Presidente, Señorías, ¿qué sería de un reglamento como el Reglamento Financiero de la Unión Europea sin las normas necesarias para su aplicación? 
Evidentemente, no tendría ningún valor y resultaría inviable e inaplicable, por lo que, tras la labor continuada que hemos llevado a cabo en las sesiones plenarias y de la comisión en torno a la refundición del Reglamento Financiero, aparece, pisándole los talones, el reglamento de aplicación. 
La razón es que opino que estamos dando un ejemplo más de que la legislación es claramente insuficiente y de que necesita más elaboración. 
Esto no favorece en absoluto a la claridad, sencillez y comprensión del derecho comunitario. 
No obstante, puede que esta amplia creatividad en los aspectos jurídicos contribuya finalmente a la veracidad legal, refiriéndome con esto a la aplicación de las leyes que se encuentran en vigor actualmente. 
En relación con este tema, me gustaría pedir a la Comisaria responsable de estos asuntos que actúe conforme a derecho y no siga el ejemplo del Presidente de la Comisión actual, quien se limita a tachar de estúpidas las leyes vigentes- como el Pacto de Estabilidad- y no las aplica. 
El hecho de que el grado de confianza del público en esta Europa nuestra depende en gran parte del Reglamento Financiero y de las normas para su aplicación, no significa que éstas se hayan elaborado en absoluto para manipularlas de este modo. 
Dicha confianza se ve perjudicada por la actitud irreflexiva y arrogante de la Comisión, o bien por su pasividad; entre otras cosas, no ha logrado garantizar la fiabilidad y la seguridad frente a manipulaciones de su sistema contable. 
Esto representa una negligencia en el cumplimiento del deber que se remonta al día en que asumió su cargo, a pesar de las repetidas admoniciones por parte de, entre otros, el Tribunal de Cuentas Europeo, y por la cual se le deberían exigir responsabilidades. 
Por este motivo precisamente resulta tan importante que el llamado contable se mantenga en una posición independiente y claramente definida. 
Desgraciadamente, puesto que la Comisión ha sido tan irresponsable como para suprimir el puesto del interventor independiente, el papel del contable adquirirá incluso mayor relevancia. 
Éste podrá acceder a información adicional con total independencia, suspender pagos y criticar a los que ocupan puestos destacados sin que se le retire de su cargo ni se le someta a expedientes disciplinarios, ni nada por el estilo. 
Por lo tanto, les pido que apoyen la enmienda 33 presentada por mi grupo, así como las dos enmiendas propuestas por el Sr. Blak, las cuales comparten el objetivo de mejorar la claridad y la transparencia de la ley. 
No debemos permitir que existan amplios márgenes interpretativos en lo que respecta a la legislación presupuestaria. 
Señor van Hulten, no me sorprende su falta de apoyo a la enmienda 33. 
Los argumentos aducidos en este debate son los mismos que defendió en comisión. No obstante, el hecho de que los repita constantemente no aumenta su efectividad. 
En asuntos de este tipo debemos evitar la más mínima sospecha de que las decisiones sean arbitrarias o parciales. Sólo de este modo podrá la Comisión borrar la impresión errónea de que se aplica un rasero más indulgente al control de los fondos comunitarios que al control de los fondos nacionales. 
Por cierto, lamento enormemente el hecho de que el Parlamento haya permitido innecesariamente que se le presione para se ocupe de estas normas cuanto antes. 
No sé por qué no hemos esperado a que el Tribunal de Cuentas Europeo exprese su opinión al respecto, pero quizás el ponente, con su gran sabiduría, será capaz de darme la respuesta. 
Señor Presidente, me gustaría situar este debate en un contexto político: en última instancia, estamos en el Parlamento Europeo, que se supone que es el órgano político más representativo y el que mantiene un contacto más estrecho con los ciudadanos. 
El uso de los recursos financieros disponibles para la Unión Europea es, probablemente, la tarea más compleja, y al mismo tiempo más atractiva, que compete a las instituciones comunitarias. 
La estructura de la autoridad presupuestaria tal y como se define en los Tratados, así como el papel aún insuficiente en política presupuestaria asignado al Parlamento, requieren y justifican que se preste una atención especial al control y a la supervisión de la ejecución presupuestaria. 
La verdad es que este control sólo resultará efectivo y útil si se basa en principios de transparencia y claridad y se apoya en normas que sean al mismo tiempo ambiciosas y sencillas. 
Este es claramente el objetivo del nuevo Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2003, y, concretamente, constituye el objetivo de las nuevas normas de aplicación propuestas por la Comisión. 
La redacción empleada por el Sr. van Hulten en dichas normas, sin afectar a la esencia de la propuesta de la Comisión, eleva el procedimiento de control a un nivel extraordinario, lo hace más comprensible y sencillo. En otras palabras, aumenta de forma significativa el control de la eficacia del gasto comunitario. 
El marco presupuestario actual ha demostrado ser bastante precario, incapaz de responder plenamente a las prioridades políticas de la Unión Europea. 
En consecuencia, y en ausencia de una revisión de la perspectiva financiera que pudiera aumentar el volumen de recursos disponibles para la Unión Europea, resulta imprescindible que el Parlamento Europeo haga pleno uso de todas sus competencias y prerrogativas. 
Esto sólo será posible si el Parlamento puede intervenir políticamente en un marco administrativo suficientemente dinámico, estabilizador y, sobre todo, comprensible y efectivo. 
Los principios de unidad y universalidad consagrados en las normas contenidas en el nuevo reglamento- aunque en forma embrionaria- y defendidos por el ponente, así como la condición atribuida a cada institución en audiencias internas por iniciativa del ponente representan, en mi opinión, unos avances extremadamente importantes y significativos. 
El informe del Sr. van Hulten, a quien doy personalmente la enhorabuena, merece por tanto el apoyo del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, el Sr. van Hulten ha realizado un excelente trabajo con la reforma del Reglamento Financiero y este informe constituye un perfecto ejemplo de ello. 
En consecuencia, debo mostrarle mi más sincero agradecimiento. 
La reforma del Reglamento Financiero se inició con el informe elaborado en 1999 por la comisión de expertos externa conocida comúnmente por el nombre de «los cinco sabios». 
En dicho informe se mencionaba la importancia de simplificar la administración financiera y de clarificar la responsabilidad personal. 
El Parlamento y el Consejo aprobaron la primavera pasada el nuevo Reglamento Financiero, que entrará en vigor a principios del año que viene. 
La reforma se halla parcialmente vinculada a la reforma administrativa de la Comisión. 
Las normas de aplicación que se debaten actualmente están relacionadas con este nuevo Reglamento Financiero. 
Esta reforma supondría el fin del anterior control «ex ante» al retirarse la responsabilidad de la administración financiera para ser asumida completamente por el ordenador. 
Este cambio conllevaría un aumento de su poder y responsabilidad. 
Puesto que los ordenadores son los funcionarios que desempeñan la función ejecutiva más importante, deben asumir toda la responsabilidad por sus actos, sin posibilidad de refugiarse detrás de otros. 
Si, tal como esperamos, la contabilidad se hace más clara, podremos aumentar al mismo tiempo la eficacia, ya que, por ejemplo, los plazos de demora en los pagos de la Comisión son muy prolongados y no igualan en absoluto el tipo de eficacia que existe en el mundo empresarial. 
Debemos rechazar aquellas enmiendas nuevas que puedan arruinar el sistema que pretendemos establecer hoy. 
Por esta razón, las enmiendas 33 y 34, por ejemplo, resultan inaceptables, ya que permitirían que se compartiera nuevamente la responsabilidad ejecutiva entre dos personas, el ordenador y el contable. 
El sistema debe ser claro y transparente. 
Señor Presidente, Señorías, es probable que el Reglamento Financiero sobre el que se está debatiendo en la actualidad sea de aplicación durante muchos años. 
Por tanto, es de crucial importancia que las disposiciones para su ejecución tengan la mayor claridad posible. 
El nuevo Reglamento financiero no sólo debe conducir a una gestión eficiente, sino también a una supervisión superior a la que existía anteriormente. 
Una vez transferidas la gestión y supervisión a las distintas direcciones generales, éstas deben ser controladas eficazmente. 
Es por tanto fundamental que el contable tenga una posición fuerte e independiente. 
Hemos propuesto una enmienda a este respecto. 
El contable debe tener capacidad para solicitar y recibir más información, cancelar pagos en caso de duda e informar de forma directa al más alto nivel. 
Teniendo esto en mente, nos gustaría expresar que lamentamos que el Parlamento no haya aprovechado esta oportunidad para investigar la confusión que, durante años, ha existido en esta área. Esto debería haberse llevado a cabo convocando a la señora Andreasen para comparecer ante la Comisión de Control Presupuestario. 
El hecho es que aún no hemos recibido respuestas detalladas sobre la aprobación de las cuentas de la Comisión para 2001. 
Mi grupo político también ha propuesto una enmienda a fin de limitar la capacidad de la Comisión para cancelar y depreciar obligaciones. 
Debe haber motivos evidentes para cancelar obligaciones de modo que no se den más ejemplos como el caso Flechard, donde la persona responsable de un error grave no ha sido obligada a aceptar la totalidad de las consecuencias derivadas de su acción. 
Esto explica nuestra segunda enmienda. 
Por último, me gustaría agradecer al ponente su excelente trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, señora Schreyer, si hemos de tomar la palabra a la Comisión cuando hace estas declaraciones, entonces el nuevo Reglamento financiero nos está conduciendo hacia una nueva era de gestión financiera, en la que podremos solucionar los problemas del pasado. 
Desafortunadamente, lo que podemos ver en este momento es que la nueva era es el preludio del debilitamiento de los derechos de Parlamento. 
Los reglamentos de ejecución del nuevo Reglamento Financiero deberían haber sido decididos, según las reglas anteriores, de común acuerdo con el Parlamento. 
Según la ley, la Comisión ya no tiene ni siquiera la obligación de escuchar al Parlamento. 
Por supuesto, señora Schreyer, que alabamos de todos modos la manera en que lo está haciendo, ya que estos reglamentos de ejecución no se aplicarán únicamente a la Comisión, sino que en un futuro serán aplicables a todas las instituciones de la Unión Europea. 
Permítame señalar una serie de puntos sobre los que deberíamos pedir a la Comisión que reconsiderara su postura, por no decir que debería mejorar. 
Por ejemplo el contable: según esta propuesta, las instituciones tienen que elegir a sus contables entre las filas del funcionariado. 
No se aceptan candidatos externos. 
Esto significa que, de hecho, estamos desaprovechando nuestras oportunidades de tener siquiera en cuenta a considerar candidatos externos. 
Tal y como nos ha dicho, señora Schreyer, el Estatuto lo impide. 
Permítame volver sobre la independencia en el ejercicio de la función del contable, de la que dependen la fiabilidad y credibilidad de las cifras que debemos presentar al público en calidad de contribuyentes de la Unión Europea. 
El proyecto no dice nada sobre esto. 
¿Por qué no otorga al contable el derecho de apelación en el caso de intentos para interferir en su trabajo, como ha hecho con el auditor interno? 
Hay otros aspectos que me preocupan; un ejemplo es el denominado grupo de irregularidades financieras. 
Espero que éste no haya sido creado para hacer la competencia a la OLAF, o incluso interferir con su trabajo. 
En el Reglamento financiero se da una definición completa y adecuada de los conflictos de intereses, pero los reglamentos de ejecución hacen que parezca algo que simplemente puede eludirse. 
Finalmente, las disposiciones del artículo 84 sobre la renuncia o reclamaciones suponen una puerta abierta a la renuncia al cobro de deudas. 
Será el contribuyente europeo quien tendrá que pagar por estas decisiones, mediante cotizaciones adicionales. 
Hay que dar las gracias al ponente, Sr. van Hulten, por la rapidez con que ha trabajado con gran premura de tiempo. 
Señor Presidente, el ponente sobre los reglamentos de ejecución del Reglamento Financiero ha presentado muchas propuestas buenas, pero me gustaría decir, desde el principio, que deberíamos evitar dar la impresión de que la caída de la última Comisión se debió a un mal Reglamento Financiero y a los reglamentos de ejecución del mismo. 
En mi opinión, señora Comisaria, esto supondría una valoración falsa que nos conduciría a un nuevo desastre. 
Más bien se debió a una cuestión cultural. 
Si, por una parte, dice que la enmienda del Reglamento Financiero y los reglamentos asociados a éste suponen una de las tareas más ambiciosas en la reforma de la Comisión, ¡entonces tengo que decirle que no puede apuntar muy alto! 
Según nos ha dicho, la razón por la que no podemos aceptar candidatos externos para el cargo de contable es que hay un Estatuto que así lo establece. 
Mi pregunta es: si la Comisión ni siquiera puede modificar un Estatuto, ¿cómo piensa que va a gobernar la Unión Europea? 
Me parece que una de las primeras cosas que el ejecutivo debería poder llevar a cabo es cambiar los reglamentos por los que se rige su propio personal. 
Esto, señora Comisaria, es sencillamente inaceptable. 
Quizá, en este caso, está poniendo el carro delante de los bueyes. 
A mi entender, es hora de cambiar de cultura. 
Eso era posible con las antiguas reglas, y continuará siéndolo también con las nuevas. 
Cuando, por ejemplo, examino informes, como he hecho en relación con todo el asunto de Eurostat, en el que usted se limitó a ser una mera espectadora y continuó malgastando el dinero de los contribuyentes europeos al contratar a empresas que, según obraba en su conocimiento, le habían engañado y estafado abiertamente, ¡no sé, señora Comisaria, si esta cultura renovada, bajo la bandera de la tolerancia cero, la idea con la que comenzamos en 1999, ha podido hacerse un hueco a estas alturas! 
Señor Presidente, deseo aprovechar este minuto para felicitar al ponente por el magnífico trabajo que ha realizado hasta la fecha, el cual nos deja un legado sumamente positivo, pero que también le compromete con el futuro y le exige, en la ejecución de este Reglamento y especialmente en todos los aspectos relacionados con el sistema contable que será aplicado, que responda con la misma eficacia empleada en el caso del Reglamento Financiero. 
Quiero decir a la Comisaria Schreyer que he escuchado con atención todo lo que ha dicho, especialmente su enfoque de uno de los puntos que considero fundamentales: la promulgación de la Directiva sobre pagos, que está incluida en este Reglamento de ejecución. 
Considero que éste es un punto sumamente positivo y deseo, por tanto, felicitar a la Comisión, pero no hay duda de que el gran desafío es comprobar cómo se aplicará este Reglamento, tanto en el sistema contable como en el de gestión financiera. 
Con respecto a este desafío, estaremos aquí para evaluar la actuación de la Comisión. 
Señor Presidente, me gustaría retomar algunos puntos sobre los que se ha hablado. 
Permítame, en primer lugar, que aclare algunas cosas. Quizá el Tribunal de Cuentas haya formulado muchas críticas sobre distintas reglas contables y sobre el sistema mismo, pero normalmente siempre confirmaba que las cuentas como tales reflejaban una imagen fiel de los ingresos y los gastos. 
En segundo lugar, y volviendo a la cuestión de la función del contable, debo dar las gracias también por las aclaraciones que se han hecho hoy. 
El contable cumple las órdenes de la autoridad ordenante, y entre sus responsabilidades se encuentra la precisión del sistema contable, pero él no es el interventor. 
Al contrario, es importante que la gestión financiera y la contabilidad se consideren tareas separadas, y que el contable no tenga que ver con la gestión de los recursos de los fondos. 
Ese no es su trabajo, ni debería serlo; por el contrario, su función consiste en llevar los libros de forma adecuada. 
Esta separación de funciones es importante. 
En lo que respecta al anuncio externo de puestos, el Estatuto- que, como debe saber, lo establece el Consejo- rige el orden de acontecimientos relacionados con la contratación. 
No impide que los puestos se anuncien de externamente. 
De lo que trata es de las distintas etapas. 
No obstante, debo reiterar que el Reglamento Financiero estipula que el contable debe ser funcionario de la Comisión. 
¿Por qué? 
Sin duda es porque esta persona abre cuentas para las instituciones europeas, lo cual significa que ocupa un puesto de confianza. 
En este caso, es más que lógico preguntarse si la ocultación de hechos importantes en una solicitud de trabajo podría justificar este puesto de confianza. 
Se ha insistido en que las reglas de los procedimientos contables sean claras. 
Es cierto que en el pasado teníamos reglas muy claras y simples, en las que se basaba todo el sistema de contabilidad pública. Esto es lo que en Alemania denominamos contabilidad cameralista, en la que el efectivo gastado y los libros de caja- los gastos y los ingresos reales- se comparan con lo que hay en el presupuesto. 
Este es también, sin duda, el modo en que la Comisión y otras agencias que administran el gasto público rinden cuentas al organismo que legisla en relación con el presupuesto. 
Tenemos que decirles qué cantidad de una determinada partida del presupuesto, que ellos han votado, se ha gastado en eso realmente. 
Desde luego, este sistema contable continuará desempeñando un papel en el futuro, pero esta información ya no es adecuada a efectos de la gestión. 
Por esta razón, necesitamos más información en el sistema contable. 
Por tanto, la Comisión ha propuesto, y la legislatura ha decidido, que debemos avanzar por este camino angloamericano hacia un sistema de contabilidad de devengo, que incluya más reglas e información específica para las funciones de gestión. 
No obstante, tendremos otra oportunidad para debatir sobre estas cuestiones. 
Permítame repetir que estaría encantada de hablar sobre estas cuestiones en la Comisión de Control Presupuestario, pero a estas horas, me limitaré a dar las gracias y a felicitar al Sr. van Hulten, una vez más, por el informe. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Trabajos preparatorios con vistas a la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre en Bruselas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión en relación con los trabajos preparatorios con vistas a la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre en Bruselas. 
Señor Presidente, me han pedido que elabore una declaración titulada «Preparación de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas del 24 al 25 de octubre de 2002.» 
Esta reunión tendrá un papel fundamental en las posteriores tareas que se emprendan durante la Presidencia danesa. 
Como sabemos, la agenda se centrará fundamentalmente en el importante asunto de la ampliación, y también, en relación con éste, en la cuestión de Kaliningrado, por la que el Parlamento Europeo ha mostrado un gran interés. 
El resultado obtenido de la reunión será de suma importancia en lo que respecta a la posibilidad de cumplir el objetivo común de concluir las negociaciones sobre ampliación con hasta 10 países. 
Por consiguiente, lo importante es que el Consejo Europeo tome el mayor número de decisiones posible, para que quede pendiente lo menos posible en Copenhague. 
Es cierto que el resto será muy difícil de abordar. 
En la reunión, el Presidente de la Convención informará al Consejo Europeo acerca de la labor que está desarrollando, y el Presidente del Parlamento Europeo también dirigirá unas palabras al Consejo Europeo. 
La reunión con el Presidente del Parlamento se ha convertido en una tradición consolidada que me consta que es valorada muy positivamente por los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo. 
Teniendo en cuenta esta agenda, será muy interesante escuchar la opinión del Presidente del Parlamento sobre los asuntos que debatirá el Consejo, es decir, la ampliación, además de la cuestión de Kaliningrado, relacionada con ella, y a la que volveré más tarde. 
Es muy oportuno que el debate con el Presidente del Parlamento vaya a tener lugar inmediatamente antes de las reuniones de trabajo sobre la ampliación y Kaliningrado. 
Además de la contribución del Presidente del Parlamento, confiamos en que la reunión, incluyendo la oportunidad de intercambiar información e ideas para su uso posterior, será beneficiosa para el Presidente del Parlamento y para el Parlamento en su conjunto. 
Quisiera ahora decir unas breves palabras sobre la ampliación. 
Hay firmes esperanzas de que en Bruselas se tomen decisiones sobre varios asuntos importantes que podrían allanar el camino para la ampliación. 
Se ha de decidir qué países candidatos podrán concluir las negociaciones de adhesión este año. 
Para empezar, tenemos los informes de progreso de la Comisión sobre cada uno de los países candidatos y el documento estratégico de la Comisión sobre la ampliación en su conjunto, que el Comisario Verheugen, que está aquí con nosotros, presentó el 9 de octubre. 
Basándose en una evaluación global de los progresos de cada país candidato, la Comisión afirma que 10 países serán capaces de cumplir todos los criterios para principios de 2004, de modo que se recomienda que las negociaciones de adhesión concluyan este año, como está previsto. 
En esta reunión de Copenhague, el Consejo Europeo también debatirá la cuestión de los países candidatos con los que no se espera concluir las negociaciones este año (Bulgaria, Rumania y Turquía) , con vistas a decidir el rumbo que tomarán los procesos de adhesión de estos países. 
Asimismo se deben tomar decisiones en Bruselas sobre los aspectos fundamentales de los acuerdos de adhesión, en lo referente a la dotación financiera. 
En el Consejo de Asuntos Generales de ayer se llegó a un acuerdo sobre los asuntos institucionales, y el Consejo Europeo, entre otras cosas, determinará, como parte de la dotación financiera, la cantidad total que se destinará a la ampliación, a la participación de los países candidatos en la política agrícola común, incluyendo su parte de las ayudas directas a la renta, así como la ayuda total de los fondos estructurales y los fondos de cohesión a los países candidatos. 
El Consejo Europeo debería tomar también una decisión relativa a la cuestión de la posición neta de los países candidatos, en relación con el presupuesto de la UE, sobre cuyos cálculos se ha llegado a un acuerdo. 
El debate de estos asuntos ha demostrado, hasta la fecha, que no resultará fácil llegar a un acuerdo. 
El Consejo Europeo de Sevilla determinó que la postura de la UE referente a los capítulos económicamente onerosos pendientes de pago se comunicará a los países candidatos a principios de noviembre. 
Esto significa que el Consejo Europeo de Bruselas debe tomar decisiones sobre estos asuntos si se quiere cumplir el calendario fijado en Sevilla. 
La Presidencia danesa va a insistir en ello y, por tanto, la reunión debe continuar hasta encontrar una solución. 
Como ya he manifestado, se espera que sea una labor ardua que requerirá una buena voluntad por parte de todos para llegar a un compromiso, pero hay que hallar una solución. 
Además, se debatirá sobre Kaliningrado, y también sobre este punto se realizaron avances significativos en la reunión de ayer en Luxemburgo, de la que tanto el Sr. Verheugen como yo mismo acabamos de volver. 
El asunto se debatió en Sevilla: se pidió a la Comisión que estudiara las posibilidades de encontrar una solución flexible y eficaz para la cuestión del tránsito, una solución que esté en sintonía con el acervo comunitario y que obtenga el consentimiento de los países candidatos afectados. 
La Comisión presentó su comunicación el 18 de septiembre, que se ha debatido en varias ocasiones en el Consejo, y que se debatió aquí también en el Parlamento la semana pasada, concretamente el 15 de octubre. 
Conjuntamente con la Comisión, la Presidencia ha mantenido una serie de conversaciones con Rusia y le ha consultado a Lituania, en particular, cuál es el país candidato más afectado. 
Además de los principios en los que se basaba el mandato de Sevilla, la UE ha hecho hincapié en la soberanía de Lituania para controlar sus fronteras y ejercer el derecho de prohibir la entrada a su país. 
Asimismo, se ha determinado que la solución no debe dificultar o retrasar el ingreso de Lituania como miembro de pleno derecho de Shengen. 
El Consejo ha acordado dar garantías a Lituania a este respecto y, en última instancia, el Consejo acuerda que Lituania debe ser compensada por cualquier gasto adicional que se desprenda de una solución para el asunto del tránsito. 
Rusia ha dejado claro su deseo de obtener el derecho de tránsito por tren sin visado por Lituania. 
Ésta es una solución que entraña numerosos problemas de naturaleza técnica, económica, jurídica y política. 
No obstante, la UE no ha descartado examinar esta posibilidad, y la Presidencia va a continuar trabajando hasta encontrar una solución que satisfaga, en la medida de lo posible, a todas las partes implicadas y que goce del beneplácito del Consejo Europeo. 
Las directrices que he mencionado aquí fueron seguidas en la reunión de ayer del Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo, en la que se llegó a un acuerdo sobre la elaboración de la disposición a la que me he referido: que Lituania debe tener la posibilidad de convertirse en miembro de Shengen al mismo tiempo que los otros países candidatos, si así lo desea, y esta voluntad existe. 
Ésta es la postura de la UE, y me parece, por tanto, que los 15 Gobiernos se han preparado lo mejor que han podido para los debates que van a tener lugar en la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, y también para las posteriores conversaciones que va a mantener la Presidencia con Rusia, y que culminarán en la Cumbre UE-Rusia de Copenhague en noviembre. 
En cuanto a la Convención, el Consejo Europeo, de conformidad con la Declaración de Laeken, oirá un informe, en la reunión de Bruselas, de su Presidente, el Sr. Giscard d ' Estaing, sobre los avances realizados por la Convención. 
Prestar ayuda a la labor de la Convención es un importante reto de la Presidencia. 
La Convención ha empezado con buen pie, y ahora debe pasar a la importante fase de análisis. 
Crece el número de propuestas, se amontonan los papeles, y me parece que hemos sido testigos de un debate ciertamente interesante sobre el futuro de Europa, dentro y fuera de la Convención. 
Es un placer ver el firme compromiso de los miembros de la Convención, especialmente de aquellos que proceden del Parlamento, que están armados hasta los dientes y que han dejado su huella particular y profunda en el debate. 
En la Convención, somos testigos, por primera vez? y a luz de los focos? , de algo tan extraordinario como un auténtico debate que rebasa las fronteras de Europa. 
Esto no es algo a lo que estemos acostumbrados. 
Por regla general, los políticos europeos presentan a los ciudadanos sus contribuciones al debate europeo en sus propios países, en lugar de hacerlo en otros. 
No obstante, éste no es el caso del presente debate sobre el futuro de Europa, algo que pienso que es una buena señal para nuestro reto de crear una cooperación europea que sea más democrática y logre el apoyo ciudadano. 
Como habrá quedado claro por mi declaración, tenemos una amplia y ambiciosa agenda para la Cumbre de Bruselas. 
Tengo la esperanza y la convicción de que todos los países mostrarán la buena disposición necesaria para alcanzar un compromiso y ayudar a tomar las decisiones importantes de las que he hablado aquí. Evidentemente, no voy a ocultar el hecho de que las cuestiones que quedan pendientes son huesos duros de roer, y aquí estoy, hablando, por supuesto, de economía. 
Quisiera reiterar y subrayar el hecho de que el Consejo Europeo está deseando escuchar lo que el Presidente del Parlamento, el Sr. Cox, tiene que decir, así como intercambiar con él puntos de vista. 
La importancia del Parlamento en el proceso de ampliación es indiscutible. 
Hablando prácticamente con una sola voz, el Parlamento enunció muy pronto, primero en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y luego en el Pleno, lo que se debía hacer. 
Esto ha contribuido a impulsar el proceso de ampliación, ha sido su fuerza motriz, y esperemos que éste no se detenga en el último momento. 
Por ello, deseo, en nombre de la Presidencia, mostrar mi más sincero agradecimiento al Parlamento. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la señal que recibimos ayer de Luxemburgo fue una señal inequívoca y positiva. 
El Consejo ha aceptado las recomendaciones de la Comisión de que las negociaciones con los diez países concluyan. 
Y las ha aceptado porque la Comisión ha sido capaz de hacerle ver que nuestras recomendaciones no se basaban en una lista de deseos políticos. 
Nuestra intención no era tomar una situación políticamente deseable y declarar que era realista, sino manifestar lo que de verdad es realista. 
La declaración de la Comisión de que estos diez países habrán completado sus preparativos para la fecha de adhesión prevista no es un cálculo aproximado, sino un pronóstico firme, basado en el conocimiento, en la experiencia y en el estado actual de los preparativos, un pronóstico que defenderemos como corresponde. 
Creo que es importante observar que la Comisión tomó esta decisión por unanimidad y que mis colegas comisarios, que cargan con la responsabilidad hasta donde alcanzan las políticas, manifestaron claramente que no quedaban dentro de sus ámbitos de competencia problemas que no se pudieran rectificar para la fecha de adhesión prevista. 
Si se tiene en cuenta lo que se ha de hacer en los meses que faltan (de 12 a 15 o 18) , en comparación con lo que ya se ha realizado durante los últimos cinco años? pues sólo entonces es cuando se puede contemplar todo en su conjunto? , resulta evidente que no estamos pecando de optimismo cuando afirmamos que la naturaleza de los preparativos es tal, que podemos decirles a los ciudadanos, de vuelta en casa, que el proceso de ampliación va tan bien como es de esperar. 
El Consejo tomó buena cuenta de las propuestas de la Comisión relativas a las cláusulas de seguimiento y de salvaguarda. 
Éste es un punto muy importante. 
No se trata de que desconfiemos de los nuevos miembros. 
Es aquí donde necesitamos un nuevo instrumento, porque nos encontramos en una situación completamente nueva. 
Entretanto, el mercado interior y la moneda única han realizado rápidos avances y casi han alcanzado su pleno desarrollo. 
Estamos tratando con países que sufren un proceso de transformación. 
Nunca hasta ahora, nos hemos enfrentado a la situación de querer integrar a diez países a la vez, de los cuales muchos siguen inmersos en un proceso de transformación, algo que puede originar problemas que nadie puede prever. 
Por lo tanto, la Comisión considera correcto y adecuado disponer de una amplia cláusula de salvaguarda que nos permita intervenir cuando surjan problemas imprevistos o imprevisibles. 
Nos queda un difícil camino por recorrer: esto está totalmente claro. 
No obstante, como se volvió a poner de manifiesto ayer, el impulso político es lo suficientemente fuerte como para llevarnos a Copenhague y hacer también de éste un éxito. 
Ningún Estado miembro asocia la amenaza de veto con las peticiones y los deseos que siguen presentes en el proceso. 
Es importante que nos aferremos al hecho de que ayer los quince países al completo se comprometieron de nuevo con el objetivo de completar las negociaciones. 
Por ello, quisiera brevemente exponer dos expectativas para que el Consejo de Bruselas las considere. 
Lo último que necesitamos de los Jefes de Estado y de Gobierno es un acuerdo que nos permita, en el período comprendido entre Bruselas y Copenhague, reunirnos con los países candidatos y solucionar los asuntos de política agrícola y económica pendientes por resolver. 
La Comisión no cree que sea posible llegar a compromisos para la fase de Copenhague, pues estaríamos poniendo a los países candidatos en una situación en la que tendrían que realizar un último y supremo esfuerzo, y tenemos que tomarnos en serio los derechos democráticos de nuestros futuros Estados miembros. 
El proceso de ampliación no puede forzarse, pero debe ser el resultado de un acuerdo común y estar fundamentado en una confianza mutua. 
El debate sobre los problemas económicos relacionados con la ampliación ya no se centra fundamentalmente en los asuntos económicos de 2004, 2005 y 2006; en efecto, ya estamos embarcados en los trabajos preliminares para el debate de las próximas perspectivas financieras para el período posterior a 2006. 
A la vez que entendemos esto, se ha de afirmar que no debemos permitir que se utilice el proceso de ampliación para esgrimir posturas que sólo se deberían debatir en el contexto de las próximas perspectivas financieras. 
Creo además que podemos estar de acuerdo en que debemos seguir el camino emprendido en 1999 en Berlín, que implica el requisito de que el presupuesto europeo se consolide, en lugar de dejar que éste se haga añicos. 
Me complace saber que Francia y Alemania, en particular, estén realizando especiales esfuerzos, incluyendo contactos bilaterales, para llegar a un entendimiento sobre esta cuestión fundamental. 
No creo que Alemania y Francia tengan una responsabilidad, en este ámbito, muy diferente de la responsabilidad compartida por otros países, pero es cierto, en efecto, que siempre le han marchado bien las cosas a Europa cuando estos dos países han ido de la mano en un proyecto europeo importante y de amplias miras. 
Me complacería mucho si fuera posible que esta postura común recibiera los últimos retoques, antes del inicio del Consejo de Bruselas. 
Creo que todos debemos cargar con nuestra parte de responsabilidad y llevar a cabo nuestro cometido en este asunto. 
La labor de la Comisión ha terminado en sus aspectos fundamentales, pero esto no significa que podamos cruzarnos de brazos: no voy a estar ocioso durante mucho tiempo. 
Lo importante ahora es que todos comprendamos que el proyecto de ampliación tiene una naturaleza política. 
Durante las últimas semanas, he estado en contacto con varios Parlamentos nacionales y puedo afirmar, con toda la debida cautela, que algunos problemas con los que me he topado son el resultado, en parte, de una manifiesta falta de información en esos países. Las palabras del Presidente Prodi sobre la cuestión de la información son cruciales. 
Para realizar mis observaciones finales, recurriré a mi experiencia del referéndum irlandés. 
En Irlanda, se puso de manifiesto que, si queremos presentar nuestra causa europea a los ciudadanos y conseguir su apoyo, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por esta Europa nuestra y por la causa europea. Hemos de estar preparados para llegar a un compromiso con los ciudadanos y explicarles, con palabras sencillas, por qué la ampliación es adecuada y necesaria. 
Es un error pensar que la aceptación vendrá por sí sola o que los medios de comunicación se encargarán de lograrla. 
Los líderes políticos de todas las instituciones europeas, de los Gobiernos y de los Parlamentos de los Estados miembros, así como las altas instancias políticas y culturales nacionales: todos ellos deben tomar la responsabilidad de entablar diálogos con los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, apoyamos sin reservas los objetivos políticos establecidos aquí tanto por el Consejo como por la Comisión, representados por el Presidente Prodi y el Comisario Verheugen, pero debemos señalar también que la Unión Europea se halla en una grave situación. 
Las palabras que hemos escuchado nos indican que las perspectivas para la cumbre que se va a celebrar en Bruselas no son muy halagüeñas. 
En nombre de nuestro Grupo, quisiera dejar de nuevo muy claro que nosotros habíamos previsto un calendario por el que las negociaciones concluirían a finales de 2002, los tratados se firmarían en marzo o abril y las adhesiones se formalizarían en 2004, de modo que los países candidatos pudieran tomar parte en las elecciones europeas de 2004. 
Ahora, el Comisario Verheugen acaba de hacer referencia a Alemania y a Francia. 
Estoy de acuerdo con la importancia de que estos dos países lleguen a un entendimiento, pero mi Grupo y yo consideramos que es un grave error político añadir ahora nuevas condiciones para que las negociaciones se den por concluidas, por un deseo de contar con un nuevo marco económico para el período posterior a 2006, y quizás incluso anterior a éste. 
El Sr. Böge, experto en temas presupuestarios, me ha confirmado, y quisiera recalcarlo, que el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional dice que la adaptación de las perspectivas económicas, y por consiguiente la asignación de los fondos que la ampliación requerirá entre 2004 y 2006, sólo puede decidirse mediante una propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada del Consejo, además de mayoría absoluta de los diputados y de tres quintos de los votos emitidos en el Parlamento. 
Aquí es donde el Parlamento tiene también un papel que desempeñar. 
Confío en gran medida en que se pueda llegar a un acuerdo en Bruselas, como han afirmado tanto el Sr. Haarder como el Sr. Verheugen. 
Si no se logra, las negociaciones se verán obstaculizadas. 
Debo decir, en nombre de mi Grupo, que consideramos que retrasar así las negociaciones constituye un acto irresponsable si implica que no podamos concluirlas antes de finales de año. 
Por ello, la aparición de estas nuevas condiciones, en esta coyuntura, representa un grave error político. 
Habría sido posible debatirlas en una fase mucho más temprana. 
Sería una tragedia que los países candidatos salieran perdiendo porque el acuerdo al que se ha llegado en la Unión Europea es insuficiente. 
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del Comisario Verheugen acerca de que los países candidatos han cumplido con su deber durante los últimos años, pero algunos Estados miembros son culpables de que no hayamos hecho en la Unión Europea lo que teníamos que hacer. 
Habremos abusado de la confianza de los países candidatos, si no llegamos ahora a un acuerdo en Bruselas. 
Hago un llamamiento a todos los partidos involucrados para que unamos nuestros esfuerzos en Bruselas y facilitemos la labor de la Presidencia danesa del Consejo, de modo que concluyamos las negociaciones a tiempo para Copenhague. 
Se ha aludido a la información ciudadana, y subrayo categóricamente lo que tanto el Presidente Prodi como el Comisario Verheugen han manifestado en torno a la cuestión. 
Comisario Verheugen, el Parlamento necesita saber también el empleo que se le está dando a los fondos que la Comisión ha destinado a tareas informativas, con el fin de proporcionar una mejor información sobre el uso de estos fondos a nuestros votantes, a quienes debemos llevar con nosotros en esta travesía. 
El Sr. Haarder ha mencionado además que Kaliningrado será un tema de debate en Bruselas. 
Independientemente de la necesidad de resolver los problemas que Rusia tiene con el tránsito? y no hay duda de que Rusia tiene un gran interés en ello? , es importante para nosotros que nos aseguremos de que Lituania no llegue a tener la impresión de que la Unión Europea está tomando decisiones por encima de ellos. 
Por el contrario, se debe reforzar el concepto que Lituania tiene de su propia soberanía, y cualquiera que sea la decisión que se tome, debe contar, por supuesto, con su beneplácito. 
Además, se deben cumplir los criterios de Schengen. 
Sobre esta base, y en relación también con la seguridad, recomendamos flexibilidad a la hora de resolver las cuestiones con Rusia. 
No obstante, el problema no es sólo el acceso a la región de Kaliningrado, puesto que pasada ésta, por supuesto, se halla Rusia. 
Hay otros problemas con las fronteras. 
Tomemos, por ejemplo, la pequeña cantidad de tráfico fronterizo entre Polonia y Ucrania, o entre Eslovaquia, Hungría y Ucrania. 
Solicito a esta Cámara que tenga en cuenta la necesidad de, por un lado, garantizar la seguridad, y por otro, de recurrir a soluciones flexibles que posibiliten que personas de ambos lados de la frontera puedan encontrarse. 
En Bruselas, escucharán un informe de Valéry Giscard D ' Estaing, Presidente de la Convención. 
Nuestro Grupo y también nuestro partido? los demócrata-cristianos y los demócratas europeos? tienen las cosas muy claras en lo que se refiere al calendario, como hemos confirmado ahora en nuestro congreso. 
Deseamos que la Convención obtenga resultados para finales de junio de 2003, con una posterior y corta Conferencia Intergubernamental, para que, bajo la Presidencia italiana, podamos fraguar un Tratado de Roma o una constitución de Roma, un tratado básico para la Unión Europea, para finales de 2003. 
Ésta es, por tanto, nuestra petición a todos los partidos involucrados: seamos ambiciosos para que, cumpliendo con este calendario, hagamos realidad el proyecto histórico, no sólo de la ampliación, sino también de una constitución europea, dentro del tiempo asignado. 
Éste es nuestro deber colectivo, si el contiene europeo aspira a tener un futuro próspero. 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, Señor Comisario, Señorías, enfocamos el debate sobre la próxima Cumbre de Bruselas con un cierto optimismo. 
El Presidente del Consejo, el Primer Ministro danés, Sr. Rasmusen, cuando tuvo el gesto de cortesía de invitarnos a la Conferencia de Presidentes a Copenhague, nos habló de las tres fases de la Presidencia danesa. 
Sabíamos que había que superar las elecciones en varios países miembros (Suecia, Francia y Alemania) y el referéndum irlandés. Y ahora comienza la segunda fase. 
Hace falta que en Bruselas se despejen algunas incógnitas y que se llegue a acuerdos para poder preparar con tiempo- como ha dicho el Comisario Sr. Verheugen- la Cumbre de Copenhague. 
Es muy importante. 
En primer lugar, voy a referirme a la cuestión que me parece más decisiva: que seamos capaces, no sólo de hablar de negociaciones y de dinero, que siempre es importante, sino también de dar un impulso político, una visión, a todo este proceso. 
Cuando uno se va a casar, las capitulaciones matrimoniales pueden ser importantes. 
En el mundo de Hollywood, hay matrimonios entre estrellas de cine que celebran contratos de más de 100 páginas. 
También es importante saber en qué casa se va a vivir, y la Convención tiene ahí su trabajo. 
Pero nuestro problema principal en la Unión, no en los países de la ampliación, es conseguir suscitar un entusiasmo político y una visión histórica. 
Ésta es una responsabilidad de la Comisión, del Consejo y también de todos nosotros, del Parlamento. 
Me parece que es lo más decisivo, y yo diría que es el punto en el que hay mayor déficit en este momento. 
Se ha hablado del presupuesto, que es el resumen de las políticas. 
Según mi experiencia personal en el proceso de integración de mi país- también de Portugal- en la Unión Europea, los temas presupuestarios fueron muy importantes y definieron el cuadro actual, la Cumbre de Bruselas de 1988, la reforma MacSharry y la Cumbre de Edimburgo. 
Creo que hay que partir del hecho de que es bueno que haya perspectivas financieras- yo fui el ponente del Parlamento cuando se propusieron las primeras -, pero éstas no deben ser un corsé. 
Tienen que interpretarse en función de un principio político esencial: el presupuesto se aprueba anualmente. 
Mi Grupo piensa que no podemos esperar hasta 2006, porque hay cuestiones importantes que resolver. 
La primera, como ha dicho el Presidente Prodi, es que los países candidatos no sean contribuyentes netos. 
Éste es un aspecto absolutamente fundamental, no sólo de presentación, sino de manifestación de solidaridad. 
En segundo lugar, hay que hablar del 80 % del presupuesto. 
La Comisión ha hecho una propuesta, que mi Grupo considera interesante y que hay que debatir, que no se refiere a cambiar el techo en la política agrícola común, sino a darle a ésta una posibilidad de futuro y, sobre todo, a introducir criterios de desarrollo sostenible y de solidaridad, de los que esta política carece. 
Por eso, tenemos la responsabilidad de hacer frente a estos problemas en este momento, sin esperar a 2006. 
Lo mismo ocurre con los Fondos Estructurales, que son una manifestación de la cohesión económica y social, no total, pero sí un apoyo importante a la modernización de estos países, como ya lo ha sido para otros, como Irlanda- país del Presidente- España- mi país- Portugal, etc. 
Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar cómo podemos alcanzar mejores acuerdos que nos permitan defender nuestros intereses y, al mismo tiempo, extenderlos a los países candidatos. 
Es algo que no podemos relegar hasta 2006. 
Tenemos que afrontarlo ahora, y es importante que en la Cumbre de Bruselas se logren acuerdos entre Francia y Alemania, desde luego- no es bueno que un país se aísle del conjunto comunitario- pero también entre el conjunto de socios actuales. 
Ésta es también una señal muy importante. 
Por último, Señor Presidente, en este caso tenemos que hablar ya con los países candidatos sabiendo que estamos en vísperas de una decisión que comporta un destino compartido de futuro. 
Y también tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en el Parlamento para poder respetar un calendario complejo que es una carrera de obstáculos que tiene que superarse con una voluntad política común. 
Señor Presidente, si sus compatriotas hubieran rechazado el Tratado, el Consejo de esta semana se habría visto empañado por las recriminaciones y la confusión. 
Pero en no poca medida gracias a sus esfuerzos, el voto positivo de Irlanda nos permite reanudar el camino que nos llevará a la reunificación de Europa en el año 2004. 
Las decisiones que todavía quedan por tomar no serán fáciles. 
Como ya dicho nuestro estimado ex colega, el Presidente en funciones, las decisiones no suelen ser fáciles cuando hay dinero de por medio. 
Pero los Jefes de Estado y de Gobierno no pueden permitirse el lujo de desaprovechar esta oportunidad histórica peleándose por cómo pagar la factura. 
Mi grupo cree que la ampliación puede financiarse con las medidas económicas adoptadas en Berlín. 
Deben permitirse algunas transferencias entre diferentes partidas presupuestarias, dentro de los límites generales. 
El paquete final tiene que garantizar que los nuevos Estados miembros no sean contribuyentes netos antes del año 2007. 
De lo contrario, alimentaremos el resentimiento y correremos el riesgo de que se celebren otros referéndums tensos en los países candidatos. 
Inevitablemente, el principal punto de discrepancia es la política agrícola común. 
Aunque el Grupo Liberal no considera que la reforma de la PAC sea un requisito imprescindible para la ampliación, está claro que el éxito de la ampliación depende de una profunda reforma de nuestras políticas agrarias, la cual es esencial también por otras razones. 
Tengo entendido que el Presidente Chirac pretende que el Reino Unido haga uso de su excedente presupuestario, pero rechaza iniciar la reforma de su política agraria antes del año 2006. 
Nosotros apoyamos las propuestas de la Comisión de introducir gradualmente las ayudas económicas a los agricultores de los nuevos Estados miembros, pero también esperamos que todos los Estados miembros actuales se comprometan a realizar una profunda reforma de la PAC, tal como se propuso en la revisión intermedia. 
El segundo tema que me preocupa es la voluntad de los países candidatos de aceptar las disciplinas del mercado único y respetar los valores de la Unión Europea. 
Nuestro grupo comparte la preocupación manifestada en el informe de progreso de la Comisión acerca de la corrupción en algunos de esos países y la necesidad de avanzar en la aplicación de la legislación comunitaria, sobre todo en materia de justicia y política interior. 
Por eso creemos que es conveniente que exista un sistema de vigilancia reforzada para asegurar que los países respeten sus compromisos. 
El Presidente de la Comisión ha pedido entusiasmo e inteligencia. 
La propuesta del Comisario Verheugen demuestra lo segundo, pero no vendría mal un poco más de entusiasmo en el Consejo frente a la ampliación y la nueva Europa que él mismo propugna. 
Señor Presidente, los países candidatos han dedicado muchos años de ardua labor a adaptarse a la Unión Europea. 
Tienen derecho a esperar que la UE realice la parte de trabajo que le corresponde y que no aparezca ahora ningún obstáculo que impida que los diez países elegidos por la Comisión formen parte de la Unión Europea, como está previsto. 
Sería una ironía del destino que surgieran discordias en la EU que terminasen por retrasar la ampliación. 
Nuestro Grupo no comparte la opinión de que el Tratado de Niza fuera una condición imprescindible para la ampliación. 
La ampliación podría haber salido adelante igualmente, basándose en el viejo tratado. 
El Tratado de Niza, por encima de todo, refuerza la supranacionalidad e incrementa el poder de los grandes países dentro del sistema de la Unión Europea. 
Además, hay un problema con el Tratado de Niza en lo que respecta al reparto de poder entre los nuevos países. 
La República Checa y Hungría están discriminadas en cuanto al número de escaños que se les ha asignado en el Parlamento Europeo. 
En nuestra opinión, esto se debería solucionar en el Tratado de Adhesión. 
Hay que decir que las negociaciones han ido bien desde el punto de vista de la UE. 
Los países candidatos han trabajado laboriosamente para asumir el acervo. 
Lo importante ahora es que no lo asuman sólo en teoría, sino también en la práctica, y no sólo en lo que se refiere al mercado interior, sino también al medioambiente y a los derechos sociales de los trabajadores. 
La cuestión es si la UE no debería adaptarse también al hecho de contar con diez nuevos miembros. 
Creo que se debería haber hecho más. 
Nuestra incapacidad para reformar la política agrícola ha originado una situación en la que a los nuevos Estados miembros se les va a tratar, durante bastante tiempo, mucho peor que a los Estados miembros que se adhirieron con anterioridad a la UE. 
Esto es intolerable. 
Se debería ejercer la menor discriminación posible y por el menor tiempo posible. 
En otros ámbitos, debemos ser también capaces de revisar nuestras políticas para adaptarlas a la ampliación. 
El Acuerdo de Schengen es uno de esos ámbitos: sus estrictos controles fronterizos están en peligro de convertirse en un grave obstáculo, en lo que respecta a la cooperación, para los nuevos Estados miembros y para los países que no pertenecen al siguiente grupo que se va a incorporar a la Unión Europea. 
En cuanto al asunto de la región de Kaliningrado, deseamos que se dé con una solución que permita a los ciudadanos rusos viajar, sin necesidad de visado, de una parte a otra de su país. 
En lo que se refiere al mercado interior, en nuestra opinión, todos los países deberían ser tratados de la misma manera. 
Es fundamental que se respeten los derechos de los trabajadores en todos los países, desde el primer momento, para evitar el dumping social o que los trabajadores de los países candidatos sean discriminados en el mercado laboral. 
Por ello, lamentamos que la Comisión lo haya puesto en duda, por medio de una causa judicial en Finlandia que cuestiona el argumento de que los acuerdos finlandeses se aplican en Finlandia desde el primer día. 
Lo importante ahora es procurar que la ampliación no dé lugar a un equipo A y a un equipo B, dentro de la Unión Europea. 
Esto requeriría además la habilidad, por nuestra parte, de realizar cambios en la Unión. 
Naturalmente, los países candidatos tienen también la posibilidad de elegir. 
Pueden votar a favor o en contra. 
Si eligen votar en contra, la alternativa es una cooperación estrecha con la Unión Europea. 
Señor Presidente, estamos ante un proceso histórico, ante la oportunidad de lograr la paz y la estabilidad en el continente: no hay nada más admirable. 
Desearía que un poco de este espíritu y de esta sensación de encontrarnos ante una oportunidad histórica hiciera acto de presencia en la Cumbre de Bruselas, para impedir que ésta degenere en el tira y afloja en el que todos tememos que se convierta. 
Debe existir la voluntad política necesaria para resolver los problemas, en lugar de seguir posponiendo una solución. 
La excelente labor desarrollada por los países candidatos no va a dejar al Consejo más alternativa que confirmar que diez países están preparados para convertirse en miembros de la Unión Europea. 
No obstante, la falta de solidaridad de los Estados miembros, unida a su falta de voluntad para llevar a cabo la reforma, está dificultando cada vez más que podamos vivir todos juntos en una Unión Europea ampliada. 
Por ello, estamos debatiendo? como si fuera lo más evidente del mundo? cómo financiarán, en el futuro, los países candidatos el «cheque británico» , a pesar de que se les ha excluido de optar a un mecanismo similar. 
En la historia de la UE, se trata de un hecho excepcional; en el pasado, todos los contribuyentes netos han gozado de una devolución en su primer año. 
Los quince Estados miembros han aplaudido, con benevolencia, la propuesta de la Comisión y de la Presidencia de que se les otorgue un año adicional de pagos de los fondos estructurales. 
¿Por qué? 
Porque la falta de capacidad de absorción implica que el dinero termina volviendo a los erarios de los Quince. 
Ésta no es la solidaridad que necesita la UE. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea rechaza rotundamente una ampliación de tintes bancarios. 
Permítame decir unas palabras sobre la política agrícola. 
La poca voluntad de realizar reformas en este ámbito apesta, y los ciudadanos de la Unión Europea no lo van a seguir tolerando. 
La reforma no sólo es necesaria a causa de la ampliación: se debería haber llevado a cabo hace tiempo, y es absurdo seguir posponiéndola. 
Unas ayudas directas sin condiciones, de tanta cuantía como éstas, ya no tienen razón de ser, y una UE ampliada traerá como consecuencia que ya no sean factibles. 
Tenemos que iniciar ya la reforma agrícola y trabajar unidos, con el fin de crear una estructura justa para los veinticinco miembros con que contará la UE en 2007. 
No se debe permitir que el mantenimiento de privilegios se convierta en una nueva condición para la ampliación. 
Quisiera decir ahora unas palabras sobre el voto afirmativo de Irlanda. 
Los irlandeses votaron a favor del Tratado de Niza, eliminando así el mayor obstáculo que se oponía a la ampliación, pero la reforma de las instituciones de la Unión Europea sigue pendiente. 
En ese sentido, el Tratado de Niza no ha significado realmente ningún avance para la UE. 
En primer lugar, es necesario mejorar los procedimientos democráticos y los mecanismos de toma de decisiones, algo que está en manos de la Convención. 
Por consiguiente, sostengo que el proyecto de tratado de la Convención debe poder aprobarse en 2003. 
La funcionalidad no es una condición previa para la ampliación de la UE, pero será necesaria. 
El Presidente Prodi se ha referido a la falta de apoyo ciudadano. 
¿Por qué ocurre esto? 
Porque la UE simplemente carece de transparencia y de mecanismos democráticos, algo que debe cambiar. 
Señor Presidente, le deseo suerte a la Presidencia danesa en esta recta final previa a la Cumbre de la UE que se celebrará esta semana en Bruselas. 
La ampliación, que constituye el principal punto del orden del día, ha ocupado un lugar importante en la campaña del referéndum sobre el Tratado de Niza en mi país. 
El otro punto- Kaliningrado- está también directamente relacionado con la ampliación. 
Acojo con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión de facilitar el tránsito directo de mercancías y personas entre Kaliningrado y el resto de Rusia. 
Todos nos hemos beneficiado del profundo y a menudo intenso debate sobre la ampliación que acaba de tener lugar en mi propio país. 
La decisión tomada por la población irlandesa refleja su firme compromiso con la integración europea y la ampliación de la Unión Europea. 
Celebro que sus decisiones despejen el camino para concluir las negociaciones de adhesión con los primeros nuevos Estados miembros. 
Apoyo lo que ha dicho el Sr. Poettering. 
A estas alturas de las negociaciones de adhesión, no tienen que imponerse nuevas condiciones ni exigirse nuevos compromisos. 
Eso no haría más que crear problemas. 
No debemos tomar a la ligera la lección que todos podemos aprender del reciente debate durante la campaña del referéndum irlandés. 
Comparto totalmente lo que han dicho el Presidente Prodi y el Comisario Verheugen sobre la necesidad de informar a la gente. 
Los votantes irlandeses han dejado claro que ni los dirigentes políticos y gobiernos de los Estados miembros ni Bruselas pueden tratarles con condescendencia ni dar por sentado que pueden contar con su apoyo. 
Es alarmante escuchar al Presidente Prodi decir que casi el 80% de los que respondieron a un sondeo de opinión reciente no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. 
El Sr. Haarder se ha referido antes al interesante debate que está teniendo lugar en la Convención. 
Puede que les resulte muy interesante a los que están dentro, pero fuera de ahí, como bien sabe él, la prensa apenas se hace eco de ello. 
Recuerden que cuando celebremos un referéndum sobre esta cuestión en un futuro próximo, tendremos que decidir sobre asuntos de mucha mayor complejidad e importancia que los relacionados con Niza. 
Y recientemente hemos tenido grandes dificultades para tomar una decisión sobre eso. 
Señor Presidente, haz una pregunta trascendental y obtendrás las respuestas que buscas. 
Irlanda ha votado rotundamente a favor de más trabajo, de neutralidad y de ampliación, pero el Tratado de Niza no ofrece ni trabajo ni neutralidad, e independientemente de que los irlandeses hubieran votado a favor o en contra, la ampliación habría seguido adelante, de todas maneras, tomando la Declaración 20 y tratando en los acuerdos de adhesión los votos en el Consejo y los escaños en el Parlamento de los países candidatos. 
Voy a votar a favor de ello en el Parlamento, pero los historiadores de tiempos venideros deben saber que se ha hecho daño a un pueblo. 
Irlanda es el país que mayor apoyo muestra a la UE. 
Ha votado en contra. En lugar de dar a la gente la oportunidad de expresar su opinión, a los irlandeses se les ha forzado a votar a favor, con el argumento falso de que, de lo contrario, el proceso de ampliación iba a quedar bloqueado. 
Hasta ahora, no he tenido más que alabanzas para la Presidencia danesa del Consejo. 
Hoy, sin embargo, siento afirmar que el Presidente danés del Consejo ha sido cómplice de un engaño a los votantes irlandeses. 
¿Habría detenido el Sr. Rasmussen el proceso de ampliación si los irlandeses hubieran votado en contra? 
Probablemente se habría sacado otra propuesta de la manga y habría asegurado la ampliación sin el Tratado de Niza. 
Lo mejor que se puede decir del Tratado es que durará sólo uno o dos años. 
Pasado este tiempo, se someterá a votación un nuevo texto base de la Convención de turno. 
El Tratado de Niza es, hasta la fecha, el más confuso de todos. 
Lo he publicado en su versión consolidada, pero de ningún modo puedo recomendar el libro. 
Niza no es el instrumento adecuado para lograr el apoyo popular en los países candidatos. 
Arrebata a los países su derecho a elegir a su propio Comisario, en favor de un Gobierno europeo designado por mayoría de votos. 
Es necesario eliminar ahora esta traba y declarar que seguirá habiendo un representante de cada Estado miembro en la Comisión. 
Los votantes irlandeses no se han manifestado, en absoluto, a favor de perder a su Comisario. 
El Tratado de Niza apenas se ha debatido esta vez, y se ha conseguido hábilmente que los irlandeses no llegaran a conocer el primer proyecto de constitución del Sr. Giscard d ' Estaing, que se presentó en una reunión a puerta cerrada el pasado jueves. 
Las copias estaban numeradas y se recogieron al término de ésta El Sr. Giscard d ' Estaing tiene un remedio para los referéndums: si un país vota en contra la próxima vez, se le dejará de lado. 
Vota a favor o desaparece. 
A los países que permitan que sus ciudadanos voten en contra, no se les prestará más atención. 
La UE está antes que los votantes. 
En la concepción que el Sr. Giscard d ' Estaing tiene de la democracia, se da a elegir entre votar a favor o votar a favor. 
Gracias, pero no, señor Presidente. 
No abusaré de los privilegios de la Presidencia permitiéndome el comentario que me gustaría hacer, señor Bonde. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Consejo está a punto de aprobar la lista de los diez países candidatos que, de acuerdo con la Comisión, están listos para ingresar en la Unión Europea el 1 de enero de 2004. 
No obstante, hay un problema: ni ustedes ni ellos están listos. 
La misma Comisión reconoce que sólo dos de los diez países tienen una economía capaz de hacer frente a la competencia, así como unas estructuras administrativas y jurídicas capaces de aplicar y hacer respetar el Derecho comunitario. 
La Comisión cree que los demás países estarán listos en 13 meses, un período que no es suficiente, desde el punto de vista de un análisis o de un calendario. 
La Unión Europea tampoco está preparada para dar la bienvenida a estos países, y no me refiero a las peligrosas especulaciones institucionales de la Convención. 
Hablo de una falta absoluta de reflexión de fondo. 
A causa de un tabú cuasi religioso alrededor del sacrosanto acervo Comunitario, nadie se ha preguntado si una Europa de 25 miembros debería actuar de la misma manera que una Europa de seis, nueve, doce o quince miembros. 
De pronto, están dispuestos a convertir estos países en miembros de segunda clase. 
Nadie se ha preguntado acerca del coste económico y de otras índoles, en lo que se refiere al desempleo y a la desestructuración económica y social. 
Consideremos el coste de la reunificación alemana, tras doce años: la fractura social y económica persiste, a pesar de que la Alemania occidental ha proporcionado una ayuda económica a la oriental estimada en más de 850 mil millones de euros durante este período. 
Por último, la Cumbre de Bruselas examinará también la apertura de negociaciones de adhesión con Turquía. 
Turquía es un país maravilloso, un puente entre Europa y Asia, pero no es un Estado europeo, ni geográfica, ni lingüística, ni culturalmente hablando. 
Entonces, ¿por qué ahora deberíamos convencerle de que sí lo es? 
¿Acaso es por el chantaje del Gobierno turco sobre el futuro de Chipre, o por la increíble arrogancia del Gobierno estadounidense, que estaba indignado porque su aliado turco no figurara en la lista de países candidatos de la Comisión? 
No somos nosotros quienes hemos de cargar con las consecuencias de la política del Gobierno estadounidense en Oriente Próximo. 
En dos palabras, no queremos para nuestros países ni para nuestros hermanos del Este una Europa que entrega los intereses de las naciones a oligarquías con intereses muy diferentes a los nuestros. 
Los países del Este están saliendo de la pesadilla del comunismo. 
No debemos arrebatarles su libertad sólo por el bien de un nuevo imperio. 
Señor Presidente, la ratificación de Irlanda, el domingo pasado, del Tratado de Niza debe recibirse con los brazos abiertos, ya que su aprobación permitirá que la Unión se prepare para esta ampliación histórica que da la bienvenida a los países de Europa central y del este, además de Chipre y Malta. 
La Presidencia danesa de la Unión ha manifestado recientemente que, en caso de ser necesario, prolongaría la cumbre prevista en Bruselas para el 24 y el 25 de octubre, con el objeto de que diera tiempo a tratar todos los puntos de una agenda particularmente cargada, como ha reiterado antes el Presidente Prodi. 
El lunes pasado, el Comisario Verheugen se lamentó de que Francia no muestre una actitud más flexible con respecto a la posibilidad de reducir las ayudas directas a los agricultores, antes de decidir el montante de las ayudas que se van a destinar a los agricultores de los futuros nuevos miembros, y manifestó que un aumento brusco del gasto agrícola convertiría a la PAC en blanco lógico de un recorte presupuestario. 
Quisiera decirle al Comisario, con todo mi respeto, que encuentro este punto de vista muy poco ecuánime. 
El Presidente Jacques Chirac pidió ayer que se hallara una solución satisfactoria para todos, con el objeto de financiar la ampliación de la Unión Europea, y hacerlo mediante una reunión de trabajo con el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Rasmussen. 
El Gobierno francés cree que se debe examinar todo el gasto previsto en el presupuesto de la UE y aplicar unos límites. 
Mediante la revisión por completo de los compromisos económicos de todos los Estados miembros y garantizando que sean equilibrados, seremos capaces de hallar una solución satisfactoria para todos, de modo que se pueda llevar a cabo la ampliación en las mejores condiciones posibles. 
Estoy segura de que Francia, con la mejor de las disposiciones, cargará con la parte que le corresponde del esfuerzo que se precisa para encontrar una solución justa lo antes posible. 
No obstante, esto no se podrá lograr sacrificando a un sector de nuestra población: en este caso, a los agricultores y al mundo del campo. 
La contribución económica que podemos esperar legítimamente debe estar repartida, de manera justa, entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en 1957, junto al inmenso bloque soviético, junto a la Europa de los padres fundadores, estaba, en palabras de Paul Valéry, «la pequeña península al final de Asia». 
Menos de 50 años después, la Unión Europea se ha convertido en la tercera potencia mundial en términos de población, rivaliza con los Estados Unidos en PIB y se alza como la mayor potencia comercial del mundo. 
La Unión Europea es el único ejemplo en la historia de una potencia que crece mediante la adhesión voluntaria de sus vecinos. 
Este ejemplo extraordinario ofrecido por Europa debe preservarse cuando la Comunidad se amplíe para integrar a diez países más. 
No obstante, no es suficiente con crecer en cuerpo; es necesario crecer también en espíritu, en ese espíritu europeo que el filósofo alemán Karl Jaspers calificó como «el sentido de la Historia, la Ciencia y la Libertad». 
Añadamos también la solidaridad a esta lista. 
Es preciso ahondar en este espíritu Europeo e impedir que quede desacreditado en la próxima Cumbre de Bruselas por ridículos regateos y egoísmos nacionales, por disputas sobre quién debería pagar más y quién debería pagar menos. 
Esto no significa que la oferta económica que se haga a los países candidatos no sea algo muy importante y significativo. 
No significa tampoco que la futura financiación de la Unión Europea deba tener un carácter redistributivo. 
Una Unión en la que perviven tantas desigualdades debe preocuparse por esta cuestión. 
No obstante, no debemos confundir el asunto. 
El Presidente Chirac se equivoca. 
La PAC es una política injusta, poco equilibrada y perjudicial, desde el punto de vista ecológico. 
No se puede comparar con la política de cohesión, que sí es una política justa y que afianza la unidad interna de Europa. 
Comparar estas dos políticas es un grave error. 
Por último, señor Presidente, hemos de considerar el caso de Turquía: la más elemental lealtad obliga a la Unión Europea a fijar un calendario de negociaciones con Turquía. 
No se debe recurrir a razones lingüísticas, culturales y religiosas para apartar a Turquía de la Comunidad Europea, cuando este país lleva muchos años confiando en lograrlo y ha realizado considerables esfuerzos para ello. 
Es una cuestión de lealtad y honestidad de la UE con sus socios. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera analizar los problemas que padecerán las gentes de Kiliningrado, como consecuencia de los acuerdos de tránsito, así como las soluciones que se han propuesto. 
El visado de tránsito, o pasaporte de Kaliningrado, como propuso la Comisión, es bajo mi punto de vista una buena solución para ambas partes. 
Este documento, en comparación con el visado normal, facilitaría a los rusos de Kaliningrado poder viajar a su madre patria, y además salvaguardaría la soberanía de Lituania. 
Se ha propuesto la opción de disponer un tren corredor. Esta idea, no obstante, no va en consonancia con la realidad actual. 
¿Cuántos de los Estados miembros actuales aceptarían un tren que marcha a toda velocidad por sus propios países, procedente de otra nación que no pertenece a la Unión Europea, y a cuyos pasajeros no se puede someter a un control? 
¿Estarían de acuerdo con ello Bélgica, España, Italia o Francia? 
Es positivo que el Consejo llegara ayer a una posición común sobre acuerdos de tránsito para las gentes de Kaliningrado. 
Al examinar el razonamiento de cada país detrás de su opinión sobre el asunto, he observado que, cuanto más lejos está de Kaliningrado el Estado miembro en cuestión, menos realistas son las soluciones que ha presentado para resolver el problema. 
Esto, hablando con franqueza, es una irresponsabilidad egoísta. 
La sugerencia de Rusia de viajar sin visado entre su país y la UE ha obtenido, por desgracia, el apoyo de algunos Estados miembros. 
Es lamentable comprobar que algunos son incapaces de ver los inconvenientes o los peligros que, siendo realistas, esto acarrearía. 
Si deseamos empezar a relajar radicalmente la política de visados, ¿no deberíamos comenzar por Turquía que, al menos, tiene estatuto de país candidato? 
Los viajes sin visado no son, sin embargo, el asunto de hoy. 
Por este motivo, es imprudente que un solo país de la UE, por ejemplo, prometa tal cosa, y mucho me temo que el mero debate de esta cuestión deterioraría la actitud favorable que tienen sobre la UE los ciudadanos de los países que solicitan su ingreso en la Unión. 
Con todo, apoyo sin reservas una política con Rusia que respalde el desarrollo a largo plazo del país y haga posible, algún día, los viajes sin visado. 
A propósito de ello, me gustaría sugerir que podría merecer la pena preguntar a los rusos por qué, si han abjurado del nombre de Lenin en Leningrado y de Stalin en Stalingrado, siguen mancillando un importante ámbito de la cultura europea con el nombre de Mijaíl Kalinin. 
La ciudad debería volver a tener el honor de llamarse Königsberg, como la localidad natal de Immanuel Kant. 
Por último, quisiera aludir al asunto de Eurobarómetro. 
La Comisión tiene razón al afirmar que hemos de compartir estos datos, pero el 70% de nuestros ciudadanos esperan oír la verdad y la información a través de sus Gobiernos nacionales. 
¿Por qué no hacen nada? 
Ésta ha sido casi una intervención de la oposición, ya que pertenezco al partido en el Gobierno de Finlandia. 
Señor Presidente, gracias por las declaraciones del Consejo y de la Comisión, y mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento al pueblo irlandés, que el pasado sábado eliminó un gran obstáculo que se interponía a la ampliación. 
Me complace que tanto el Presidente Prodi como el Comisario Verheugen concluyeran sus inspiradas intervenciones hablando de información basada en las últimas encuestas de Eurobarómetro. 
Sólo uno de cada cinco europeos se siente «bien» o «muy bien» informado. 
Esto no es agradable de leer, ni tampoco nos coge por sorpresa, porque hace muchos años que somos conscientes de este problema. 
Ya lo he dicho antes en esta Cámara, y lo volveré a decir con mucho gusto: la política de comunicación y de información de la UE necesita pulirse. 
Debemos estar preparados- como ha afirmado el Sr. Poettering- para hallar los medios necesarios. 
La información constituye la base del entendimiento y, por tanto, del apoyo ciudadano que necesita la UE. 
Las negociaciones de ampliación ya no pueden echarse para atrás y no se debe pedir nada más. 
Hay que reconocer que es necesaria una reforma radical de la política agrícola, pero primero hay que poner todas las cosas en su lugar. 
Estoy satisfecho de los resultados de la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Luxemburgo celebrada durante los dos últimos días, y es una excelente noticia que se haya llegado a un acuerdo sobre el hecho de que ninguno de los nuevos países candidatos pueda, bajo ninguna circunstancia, comenzar su pertenencia a la UE como contribuyente neto. 
Cualquier otra cosa habría sido poco razonable. 
Confío en que el Consejo, encabezado por la Presidencia danesa, sea capaz de llevar a cabo esta gran tarea histórica en diciembre, en Copenhague. 
Señor Presidente, estoy convencido de que el penúltimo paso, antes de Copenhague, de esta extraordinaria medida política (la admisión de diez nuevos miembros) se dará en Bruselas, durante los dos próximos días. 
Este paso ha de darse de una manera realista y decidida que supere cualquier percepción, por insignificante que sea, y las acciones posteriores deben quedar determinadas por este paso, y no al revés. 
Voy a realizar sólo dos o tres comentarios, ya que dispongo de poco tiempo. 
En primer lugar, Kaliningrado. 
Obviamente, este problema necesita resolverse, no de la misma manera que el nudo gordiano, pero sí de una vez por todas, y me refiero a una solución armoniosa, racional y funcional que respete a las naciones y a los Estados. 
En segundo lugar, el asunto ampliamente debatido del presupuesto. 
No debemos ser tacaños ni agarrados, y no hemos de olvidar que los países que están a punto de ingresar en la Unión Europea tienen una abundante mano de obra pero, por desgracia, recursos limitados. 
Sin embargo, una mano de obra abundante es lo que determina el desarrollo, que es de lo que se trata. 
En tercer lugar, en relación con otras cuestiones que puedan surgir o requerir decisiones, la Unión Europea de los 15 o de los 25, o de cualquiera que sea su número de miembros, debe continuar siendo una zona de cohesión social, desarrollo y democracia. 
Por ello, es evidente que cualquier solución para problemas presupuestarios debe basarse en estas prioridades. 
En otras palabras, deben fundamentarse en la necesidad de que la Unión Europea atesore los valores que ya ha adquirido y que debe seguir aplicando; deben fundamentarse en las prioridades de los ciudadanos y no en nimias percepciones políticas que, a fin de cuentas, son efímeras y tienen que ver, en ocasiones, con un antagonismo de un tipo u otro, lo que no nos lleva a ninguna parte. 
Una vez dicho esto, estoy convencido de que se van a dar dos nuevos pasos hacia delante en los próximos dos días y, mientras seguimos por esta senda, el Parlamento Europeo, corazón de la Unión, debe generar un clima y un espíritu político que, por desgracia, más bien escasea, lo que limita el debate y convierte una discusión sobre superación de problemas en un tira y afloja. 
La inminente ampliación constituye uno de los acontecimientos políticos más importantes desde la creación de las Comunidades Europeas. 
Esta ampliación cerrará una fractura existente entre Europa occidental, oriental y del este. 
Esta fractura se produjo antes de la segunda guerra mundial y fue alimentada por un telón de acero y un muro, tras la contienda. 
La reparación de esta fractura es el gran mérito de la actual Unión Europea y también de los países candidatos. 
Llevan adaptando sus sistemas democráticos y económicos y sus legislaciones desde 1989, lo que ha exigido grandes esfuerzos. 
Por ello, doy mi apoyo incondicional a los diez ingresos propuestos por la Comisión. 
Hoy está teniendo lugar un debate crucial sobre la ampliación en la Cámara Baja neerlandesa. 
El Gobierno neerlandés respalda la ampliación, a pesar de la oposición de dos socios de coalición, a saber, los liberales y el partido de Fortuyn. 
Lo lamento enormemente, pero seguirá habiendo una mayoría democrática en la Cámara Baja antes del ingreso, lo que significa que los neerlandeses no lo van a fastidiar todo. 
Quizás tengamos que agradecérselo a nuestros amigos social-demócratas. 
No obstante, si todavía no se han cumplido varias condiciones, los países candidatos habrán de hacer un último esfuerzo y, si es necesario, introducir salvaguardas en ámbitos como la seguridad alimentaria, el mercado interior, la justicia y los asuntos de interior. 
A propósito de ello, me complace que el Sr. Prodi haya afirmado que estas salvaguardas se pondrán en práctica en caso de ser realmente necesario. 
Sería también mucho mejor que se alcanzara un acuerdo económico, para que así quedara más claro cuál es el coste económico de la ampliación, ya que éste es un aspecto por el que nuestros ciudadanos están particularmente preocupados. 
Además, sería preferible que se firmaran mejores acuerdos agrícolas. 
Éstos no deberían constituir una condición previa, pero estoy de acuerdo con los diputados que manifiestan que se necesitan con carácter de urgencia. 
Tengo ahora una pregunta para el Sr. Haarder. 
¿Sería posible que hablara, con toda franqueza, con nuestros colegas liberales de los Países Bajos, que pertenecen a su partido, para garantizar que esta cuestión no complica las cosas en este punto y que no es mal empleada en las elecciones neerlandesas? 
Los Países Bajos siempre han sido un país pro-europeo. 
Los partidos políticos que están tratando de convertir en euroescépticos a los neerlandeses están asumiendo una gran responsabilidad. 
La ampliación cuenta con el apoyo tanto de los cristiano-demócratas de esta Cámara, como de los cristiano-demócratas de los Países Bajos. 
Me gustaría decirle a la Sra. Maij-Weggen que, en un congreso del Partido Liberal celebrado la semana pasada, hablé de nuestros amigos liberales en unos términos que seguramente le complacerían. 
Señor Presidente, hay buenas razones para alegrarnos de que Irlanda haya aceptado el Tratado de Niza, con sus declaraciones específicas sobre la neutralidad irlandesa. 
Esto ha eliminado un serio obstáculo que se interponía a la ampliación. 
La ampliación es un acontecimiento histórico para el que, a mi modo de ver, tanto la Comisión como la Presidencia danesa han preparado el terreno de una forma muy competente. 
Los países candidatos han realizado un considerable esfuerzo para prepararse para su ingreso en la UE. 
Intuyo que los problemas pendientes están claros. 
Por tanto, depende ahora de los Jefes de Gobierno de los quince países demostrar capacidad de liderazgo y sentido de la responsabilidad, con el fin de que la Presidencia pueda, la semana que viene, obtener el mandato común necesario para concluir las negociaciones con los diez países candidatos, conforme a la propuesta de enero de la Comisión. 
No se deberían imponer más condiciones para la ampliación. 
La reforma agrícola y presupuestaria no debería vincularse directamente con la ampliación. 
Por otro lado, como sabemos muy bien, los miembros actuales y futuros de la UE deberían ser capaces de llegar a un acuerdo, en la Cumbre de Copenhague de diciembre, al menos, sobre algunos de los principios de la futura reforma agrícola y presupuestaria que, como sabemos, será necesaria a partir de 2006. 
Es asimismo importante que el resultado que perseguimos con las negociaciones sea justo para los países candidatos y que traiga consigo una competencia leal, posiblemente con regímenes transitorios un poco más cortos en el ámbito de los subsidios agrícolas, para que en los referéndum de los nuevos países miembros se pueda obtener un voto afirmativo. 
En lo que respecta a la cuestión de Kaliningrado, confío en que también se pueda encontrar una buena solución, para que el pequeño enclave no se convierta en una región conflictiva, sino en una zona con un papel destacado dentro de la región báltica; una solución que, por supuesto, respete escrupulosamente tanto la soberanía de Lituania como su deseo de convertirse en miembro de Schengen. 
Se debe evitar, a toda costa, una solución tipo corredor, que trae a la memoria soluciones tomadas en Europa, en el pasado, ante problemas similares. 
Deberíamos poder resolver la cuestión del tránsito de un modo diferente, quizás por medio de un pasaporte especial. Hago extensivo mi agradecimiento a la Presidencia danesa por su competente liderazgo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, el electorado ha hablado en Francia, en Alemania y, por último, también en Irlanda. 
Quedan algunos países por hacer oír su voz, lo que va a causar inevitablemente problemas, ya que hay preguntas pendientes a este respecto. 
No obstante, los políticos deben ponerse ahora manos a la obra, con la mayor urgencia, y no comportarse como mercachifles, como ha afirmado la Sra. Schröder, sino actuar con la visión y el coraje necesarios. 
Quisiera formular una pregunta concreta referente a la información que el Presidente Prodi ha mencionado. 
En mis numerosos contactos con los ciudadanos, he notado que las mismas preguntas surgen una y otra vez en Flandes y en Bélgica. Creo que merecen una respuesta. 
Está la respuesta sobre la visión, y ahí podemos ganarnos a la gente. 
Sin embargo, hay otras preguntas que se siguen planteando en mi país. 
¿La ampliación horizontal no obstruirá acaso la ampliación vertical? 
En otras palabras, ¿no podría significar esta ampliación el fin de una época de avances encaminados a fortalecer nuestros lazos de comunidad? 
¿Será ésta la victoria final del intergubernamentalismo? 
Esta pregunta se ha planteado en Bélgica y ha hecho, por ejemplo, que el Partido Socialista- que, al fin y al cabo, es en la actualidad el socio fundamental de gobierno- se cuestione el sentido de esta ampliación. 
Quisiera formular una segunda pregunta que la gente me sigue planteando (al menos, mis conciudadanos). 
Ellos, por supuesto, visitan los países que serán nuestros futuros socios y, en ese sentido, la idea de Europa está ya fructificando en los corazones y en las conciencias de la gente, pero observan que estos países están padeciendo graves dificultades, una pobreza extrema y problemas relacionados con las minorías. 
Además, estamos atravesando una época de crisis económica en la que el fantasma del desempleo vuelve a planear sobre los países de la UE. 
Los ciudadanos quieren una respuesta a la pregunta de si seremos capaces de luchar contra el desempleo que nos amenaza ahora. 
Estoy convencida de que la futura ampliación hará esto posible. 
No obstante, creo que no debemos limitarnos a obsequiar a la gente con una visión y buenas noticias; deberíamos también dar respuestas concretas a las preguntas que se plantean diariamente, relativas al coste, y también, por supuesto, responder a las preguntas que he formulado yo misma y que habrán de encontrar solución en la Convención. 
Señor Presidente, ahora que la Sra. Maij-Weggen ha dejado claro que los demócrata-cristianos neerlandeses ya no son el problema, y ahora que de sus palabras se desprende que los liberales tampoco lo son, los únicos que parece que quedan haciendo autoestop e imponiendo condiciones especiales son los socialdemócratas alemanes y el Gobierno federal alemán. 
Pese a ello, creo que deberíamos dejar claro que no se deben imponer nuevas condiciones para la ampliación de la Unión Europea, ya sean éstas acertadas o desafortunadas. 
Esto tiene que quedar claro, y- como usted, Comisario Verheugen, sabe mejor que nadie- aquellos puntos a los que no se prestó atención cuando se negociaba la Agenda 2000 no pueden ahora plantearse de nuevo, tres meses antes de Copenhague. 
Tendremos que hacerlo en una fecha posterior. 
Ahora que los acontecimientos del sábado han hecho posible que volvamos a debatir los aspectos más importantes de Niza, es de justicia dejar claro que, en política estructural por ejemplo, la Convención debe aceptar decisiones adoptadas por mayoría, proporcionándonos así mejores estructuras de toma de decisiones para las reformas de 2006 y permitiéndonos aplicar las reformas necesarias en el momento justo. 
El contenido de ello se puede preparar, por supuesto, en la Comisión y en los debates, pero aquí también hemos de hacer los deberes necesarios si queremos realizar avances en 2006. 
Permítame que aluda brevemente a la cuestión de Kaliningrado que, en mi opinión, engloba algunos de los asuntos políticos pendientes. 
Debemos tener en consideración tanto la soberanía de Lituania como la sensibilidad de los rusos, y dejar claro que los países grandes no pueden pisotear a los pequeños cuando se entablan negociaciones. 
Parte de nuestro concepto de Europa es, al fin y al cabo, que los pequeños países tienen un valor en sí mismos. 
Es evidente que cualquier solución tiene que ser factible y tener en cuenta la sensibilidad de todos, y opino que lo que la Comisión ha presentado y la decisión de ayer del Consejo de Ministros proporcionan una base para las negociaciones, una base para seguir adelante. 
Pienso que, en el campo de batalla actual, la Comisión y el Consejo están haciendo, de verdad, todo lo que está en sus manos para lograr un resultado positivo en octubre. 
Permítame realizar una observación final. 
Los trabajos y las campañas de información serán de gran importancia, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos. 
Confío en que se organicen en los países candidatos mejor de lo que se organizan ahora en los Estados miembros; en mi país, implican poco más que mostrar a los Ministros de Asuntos Europeos de los Estados federales, y tienen poca relevancia en la labor de informar a los ciudadanos. 
Quizás, Comisario Verheugen, podríamos debatir alguna vez cómo cambiar esto. 
Señor Presidente, las reuniones de ayer y de esta mañana, y la reunión prevista para los próximos días en Bruselas son todas ensayos generales de Copenhague, con el objetivo de definir la postura de la Unión Europea, antes del último esfuerzo para completar las negociaciones. 
Los diez países han realizado avances considerables desde el año pasado y estarán listos en 2004. 
Creo que las motivaciones del informe se incluirán también en el informe que está elaborando el presidente Brok, y que no serán muy diferentes de cuanto se ha dicho ya. 
Represento a un caso poco problemático- Eslovenia- que me parece bastante representativo de otros países pequeños, en el sentido de que, sin la dura disciplina de Europa, estos países estarían psicológicamente muchísimo más lejos de Europa de lo que están hoy. 
Los problemas económicos, administrativos y políticos, así como el deseo de respetar los criterios de Copenhague, han colocado a Eslovenia y a otros países entre aquellos que con más vigor han acometido recientemente los diversos apartados de la reconstrucción administrativa y económica. 
Es obvio que deben seguir concentrándose en reestructurar la economía y que deben corregir fallos en sus legislaciones pero, al mismo tiempo, se ha contratado a un gran número de expertos y algunos bancos que pertenecían por completo al Estado se han privatizado en un 76%, en el espacio de un año. 
Mediante acuerdo con los negociadores europeos, el país ha optado por permanecer como una sola región, especialmente para evitar la impresión, después de Viena y Belgrado, de estar bajo el yugo de otra potencia extranjera. 
Hay una posibilidad de que esto pueda cambiar en 2006, dependiendo del sentimiento nacional. 
Sin embargo, lo importante es mantener informados a los ciudadanos, algo que ha sido objeto de un gran debate hoy y que está mal organizado. 
Pienso que se debe hacer más a este respecto. 
Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención agradeciéndole a la Presidencia danesa su buen trabajo. 
No me sorprende en absoluto, pero por supuesto hay, y ha habido, diputados que han dudado de la voluntad danesa y de su habilidad para llevar a cabo la ampliación de la UE. 
Ha sido en vano. 
Al escuchar al Sr. Bonde, uno se pregunta si no estará soñando que ha vuelto a los «viejos tiempos» de la RDA. 
El lunes pasado fui a Bratislava, en Eslovaquia, donde salió a relucir que los ciudadanos se sentían injustamente identificados como un país candidato poco fiable, en relación con lo que se había dicho durante la crisis del Gobierno neerlandés. 
Se han mencionado también otros países. 
Me gustaría decirle a la Sra. Maij-Weggen que hay muchos liberales neerlandeses que comparten su opinión, como acertadamente ha afirmado también el Sr. Cox. 
No se ha dicho todavía la última palabra sobre esta cuestión. 
Con el objeto de tranquilizar a las gentes de Bratislava, Varsovia, Riga y Vilna, quiero decir que el Presidente del Consejo y los Comisarios confirman que no hay motivo de preocupación. 
No hay datos en los informes sobre los países que demuestren que, en general, un país están en peor posición que el resto. 
Como subraya el Comisario Verheugen, no hay nada que nos indique hoy la existencia de problemas, en cualquiera de los diez países, que no se puedan resolver. 
Es cierto que existen dificultades, pero no son insalvables. 
Creo que es muy importante que el Consejo y la Comisión sean claros a este respecto. 
La reunificación histórica y moral de Europa es irrefrenable. 
La UE honra sus acuerdos. 
Nos mantenemos firmes. 
Permítame finalizar mi intervención con esta cita en latín, lengua que estudié en su día: «Pacta sunt servanda». 
Señor Presidente, estamos a las puertas de un Consejo Europeo muy complejo, y quisiera desearle todo el éxito del mundo a la Presidencia danesa. 
Que seamos capaces de tomar algunas decisiones importantes se lo debemos a la Presidencia y a la Unión Europea, además de a los países candidatos. 
Se van a tener que tomar decisiones cruciales dentro de algunos meses y, en mi opinión, es especialmente lamentable saber que el 79% de los ciudadanos europeos manifiestan estar mal informados. 
No es sólo lamentable, sino también peligroso, porque una cifra muy elevada de europeos de todos los Estados miembros se sienten presa de la incertidumbre y la inseguridad. Esta incertidumbre y esta falta de información sobre la ampliación sólo sirven para exacerbar estos sentimientos negativos. 
Creo que ya va siendo hora de que expliquemos a la gente que la ampliación podría ser el trampolín para una Europa más segura, para una Europa que les proporcione mayor seguridad, y ya es hora también de que les tranquilicemos asegurándoles que Europa no tiene por qué volverse menos social, menos próspera o incluso menos insegura como resultado de ella. 
Ya es hora de que se lo digamos y de que empecemos a trabajar en ello. 
Por este motivo, de la misma manera que el presidente de nuestro Grupo le ha preguntado al Presidente de la Comisión, me gustaría que la Comisión me dijera cómo es su plan informativo, y quisiera también preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si no sería una buena idea, al fin y al cabo, debatirlo con los Jefes de Gobierno en este importante Consejo Europeo. 
Una campaña informativa europea a gran escala con anuncios de gran tamaño en los principales periódicos puede ayudar, hasta cierto punto, pero la campaña sobre el euro nos ha enseñado que deberíamos recurrir a métodos informativos descentralizados. 
Debemos lograr la participación de los Gobiernos y de la sociedad civil de los Estados miembros. 
Si no lo hacemos así, los ciudadanos nunca van a estar lo suficientemente informados. 
¿Hay planes al respecto? 
¿Hay planes de proyectar, con rapidez, una campaña de este tipo? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, teniendo en cuenta el hecho de que un buen número de Gobiernos europeos dejan mucho que desear en este ámbito, ¿le preguntará sobre ello a los Jefes de Gobierno? 
Creo que debemos insistir en el punto que usted ha tocado. 
La campaña de información no consiste sólo en relaciones públicas. 
Si no hay convicción política, no se transmite ningún mensaje. 
En este Parlamento tenemos que darnos cuenta de que ha llegado el momento de que los políticos retomen la agenda de la ampliación después del complejísimo trabajo realizado por la Comisión. 
Este es el mensaje que tenemos que transmitir en la reunión de la cumbre el viernes. 
Señor Presidente, el objetivo de la ampliación no es sólo traer la paz, la democracia y el Estado de Derecho, sino también, por supuesto, ayudar a que mejore el nivel de vida de los países que se van a unir a nosotros. 
La cooperación económica se ha revelado como una herramienta que ha contribuido al éxito de la Unión Europea, y esta herramienta se ha de aplicar en mayor grado, para que nos dé estabilidad por medio de la paz: no sólo exterior, sino también paz interior y paz social. 
Una gran inseguridad económica aguarda a los países candidatos, y tenemos que hacerles ver que sabemos las dificultades a las que se van a enfrentar. 
Por ejemplo, hemos aprendido de las delegaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios qué avances se han realizado y cuáles han resultado difíciles, en ámbitos como, por ejemplo, la política de la competencia o el control de las ayudas concedidas. 
Esto ha tenido también un efecto sobre la creación de empleo en los países candidatos, y no se puede organizar sin correr el riesgo de rechazo. 
Somos muy conscientes del mérito que tienen los países candidatos por sus esfuerzos, pero también es evidente que, cuando ingresen en la UE, no sólo deberán practicar una economía de mercado, sino que además habrán de ser capaces de aguantar la presión de la competencia. 
Hay todavía margen para la mejora en este ámbito. 
Quisiera dar dos ejemplos de ello- la siderurgia y la construcción naval- y sugerir las centrales eléctricas sólo de pasada, aunque sean igualmente importantes. 
Por este motivo, la Comisión tuvo razón al introducir cláusulas de salvaguarda. 
Creo que los países candidatos también serán capaces de arreglárselas con ellas, y debemos encargarnos de que estas cláusulas de salvaguarda se introduzcan de tal modo, que no afecten a un país determinado, de manera arbitraria. 
Confío en que el proceso de reformas de los países candidatos seguirá su curso; en efecto, debe proseguir y convertirse en un éxito, porque el problema no es sólo el fracaso a la hora de informar a los ciudadanos de la Unión Europea, sino también la falta de información en los países candidatos. 
Sería positivo poder contribuir a resolver este problema. 
Señor Presidente, este proyecto de ampliación constituye, para el pequeño país del que provengo, Dinamarca, un motivo de orgullo nacional. 
Los criterios de adhesión para nuevos Estados miembros se elaboraron en la Cumbre de Copenhague de 1993, y el proceso va a concluir en la Cumbre de Copenhague de diciembre. 
Es irracional que esto represente un motivo de orgullo para mi pequeña nación, pero lo cierto es que hace crecer la confianza en nosotros mismos, y esto es siempre positivo. 
El problema es simplemente que quedan por solucionarse numerosas cuestiones. 
El negociador belga del Tratado de Maastricht, economista de profesión, ha declarado que hay un buen número de problemas de financiación pendientes de resolverse. 
Según él, todos queremos la ampliación, pero nadie quiere sufragar su coste. 
¿Por qué, por ejemplo, se debería mantener el «cheque británico» , mientras los países candidatos, mucho más pobres, deben pagar su contribución al completo? 
Éste es un problema. Otro inconveniente, que se ha pasado completamente por alto, y que ha terminado en el inmenso cubo de desperdicios al que se tiran los problemas, es el asunto de la fiabilidad de los informes de progreso. 
No encuentro en estos análisis un solo ejemplo de sensatez ante la cuestión decisiva del último y crucial criterio de Copenhague, conforme al cual los países candidatos no sólo tienen que acatar el acervo comunitario, sino además disponer de la estructura administrativa, judicial y política imprescindible para su aplicación real. 
Un informe sueco de la semana pasada señalaba que estos problemas son muy graves. 
La lógica aplastante de los números demuestra que el personal judicial y administrativo no cuenta con la formación adecuada. 
No existe la base para la aplicación real del acervo comunitario. 
Estos problemas no se han tratado, y la pregunta para mi amigo y antiguo colega, el ministro danés de Asuntos Exteriores, es la siguiente: ¿qué piensa hacer en torno a este problema al que se ha prestado tan poca atención? 
Señor Presidente, me alegro de que la ampliación esté avanzando relativamente sin contratiempos. 
Ahora bien, cuando la totalidad de la maquinaria institucional de la UE está centrada en el proceso de ampliación, no olvidemos que existen otros países europeos que mantienen con Europa unos vínculos culturales e históricos muy legítimos. Esos países se sienten agraviados porque sus ambiciones de integrarse en la UE a largo plazo están siendo ignoradas y tachadas de irrealistas, especialmente por la Comisión. 
Estoy pensado especialmente en Ucrania, que está enzarzada en una lucha política entre los occidentalistas y los que desean que vuelva a formar parte de una unión económica reinventada con Rusia y las repúblicas del Este. 
Tan pronto como concluya esta ronda de ampliación, tendremos que reconsiderar nuestra política frente a otros países europeos. 
Me refiero a los estados balcánicos en particular y a países vecinos, como Ucrania, que necesitan la paz, la prosperidad y la seguridad que Occidente les puede ofrecer. 
Desde el desmembramiento de la antigua Unión Soviética hace diez años, estos países han avanzado algo en su camino hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno, pero todavía les queda mucho por hacer. 
Si a Turquía se le ha concedido la condición de candidato, seguramente un país como Ucrania tiene los mismos o más derechos de aspirar a integrarse en la familia europea de naciones para formar una Unión Europea más grande, extensa y amplia. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención felicitando al pueblo irlandés, así como a la Presidencia danesa, que ha realizado una gran labor, y a la Comisión, que lleva mucho tiempo trabajando en este asunto. 
Es evidente que hay un gran número de problemas relacionados con la ampliación. 
No obstante, las oportunidades compensan los problemas, aunque obviamente hemos de resolverlos. 
No deberíamos permitir que eclipsen las oportunidades. 
Estamos hablando de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. 
Estamos hablando de una Europa de paz y de democracia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 
Estamos hablando de un mayor respeto al medioambiente. 
Suecia limita con muchos de estos países: tenemos el Báltico en común, por ejemplo. 
Si deseamos abordar los problemas que surjan en la región báltica en el futuro, podemos hacerlo juntos. 
Estamos hablando también de los derechos de los trabajadores de los países que nos limitan, para que estos países no puedan poner en práctica el dumping social y para que estos trabajadores gocen de condiciones más justas y de sindicatos más fuertes. 
Todo ello es nuestra responsabilidad. 
El Presidente ha dicho que debemos organizar campañas informativas. 
Claro que sí, pero esto es, ante todo, una responsabilidad política. 
Es hora de que nosotros, los políticos, abandonemos el Hemiciclo y hablemos con nuestros conciudadanos, con el objetivo de convencerles de la importancia de la ampliación. 
Quisiera ver un cambio en la política agrícola. 
Es necesario un cambio en la política estructural, pero no debemos convertirlo en una condición para la ampliación. 
No es responsabilidad de los países candidatos, sino nuestra responsabilidad- la responsabilidad de todos- modificar la política agrícola y estructural. 
Permítame unas breves palabras sobre Kaliningrado. 
Confío en que se pueda hallar una solución, en particular para que las personas puedan atravesar las fronteras con libertad. 
No deberíamos olvidar otro aspecto: el peligro de que el abismo que separa a Kaliningrado y Lituania crezca, cuando éste último experimente un crecimiento como Estado miembro. 
Esto podría causar tensiones en las zonas fronterizas. 
Por consiguiente, es importante que también realicemos esfuerzos en el ámbito social y en el económico, por el bien de las gentes de Kaliningrado. 
Señor Presidente, quiero hacer un llamamiento a los Jefes de Gobierno y a los Ministros de Asuntos Exteriores congregados en Bruselas a que se tomen en serio sus responsabilidades con respecto a la ampliación. 
No es posible hacer que cada cosa dependa de todo lo demás, ni es posible tampoco forzar una reforma agrícola con una ampliación en perspectiva. 
Ya habrá tiempo para ello en otro momento. 
No es posible estar dispuestos a pagar más para la ampliación y, al mismo tiempo, obligar a otros a pagar menos. 
Ha de quedar claro que el coste de la ampliación, dentro de unas perspectivas razonables, debería situarse por debajo de lo que se determinó en Berlín, en el marco de la Agenda 2000. 
Deberíamos estudiar seriamente una financiación adecuada para la agricultura, que haga posible que, para 2006, los agricultores tengan una estabilidad, pero hemos de tener claro también que no hay soluciones definitivas para todo. 
No podrá haber una reforma agrícola previa a la ampliación sin posponer ésta por siempre jamás, ni podemos poner en peligro futuros marcos presupuestarios posteriores a 2006. 
Teniendo esto en cuenta, declaro que tanto el Partido Popular austriaco como yo, en calidad de representante, apoyamos al cien por cien la ampliación. 
Sabemos que su equipo de Bruselas está autorizado para actuar en interés de la Comunidad Europea y de Austria. 
Confiamos, por supuesto, en que se muestre receptivo ante nuestras preocupaciones relativas al tránsito y al apoyo a las regiones fronterizas, pero todos somos conscientes de que la ampliación es una gran oportunidad, una oportunidad que se debe aprovechar. 
Esto se ha de garantizar por medio de una política y de un procedimiento que haga que los candidatos a la adhesión no se vean obligados a realizar un último y supremo esfuerzo, cuestión en torno a la que ya hemos oído suficiente. 
Por tanto, le pregunto: ¿cómo va a hacer para hallar un método mediante el que, por un lado, se impida que la Cumbre de Bruselas degenere en un cónclave hermético y, por otro lado, quede suficiente espacio para las negociaciones con los países candidatos a la adhesión? 
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Maij-Weggen, que nos ha felicitado por el hecho de que los socialdemócratas de los Países Bajos estamos, sin duda, ayudando hoy a nuestro país a salir de una incómoda situación no poniendo obstáculos a Copenhague ni al Consejo Europeo que se va a celebrar dentro de dos días. 
Es importante que tanto los verdes como los socialdemócratas, que se encuentran en la oposición, ayuden a los Países Bajos a avanzar en la dirección correcta. 
Estamos satisfechos de que la ampliación de la Unión Europea vaya al ritmo previsto. 
Teniendo en cuenta los años de preparativos y la importancia de la ampliación, esperamos poder completar el proceso con los diez países candidatos en los próximos dieciocho meses. 
El sincero informe de la Comisión, al que felicito, confirma la idea de que es necesario resolver todavía algunas cosas. 
El Parlamento Europeo ha señalado además los puntos flacos, en varias ocasiones. 
La mayoría de los países candidatos siguen teniendo carencias en ámbitos como la capacidad de ejecución y la lucha contra la corrupción. 
Por tanto, los futuros acuerdos entre la Comisión y los países candidatos habrán de desempeñar un importante papel en la evaluación final del Parlamento Europeo. 
Es demasiado pronto para dormirnos en los laureles pero, al mismo tiempo, la Unión Europea debe ser razonable. No podemos pedir a los países candidatos más de lo que nosotros podemos realizar. 
Todo esto se hace extensivo también a Eslovaquia. 
Hasta 1998, Eslovaquia andaba muy regazada en comparación con los demás países, pero desde entonces han reducido sustancialmente las distancias, hasta el punto de que ahora tiene todo el derecho del mundo, a mi parecer, de figurar en la lista de la Comisión. 
El ritmo al que han tenido lugar las reformas durante los últimos años me da esperanzas de que los problemas pendientes se puedan resolver pronto. 
«Seguid así» es el mensaje que nos gustaría transmitir al nuevo Gobierno eslovaco. 
Por suerte, éste se ha constituido inmediatamente después de las elecciones de septiembre y, al igual que el anterior Gobierno, no va a tener ningún problema para trabajar en sintonía con la Unión Europea. 
Me gustaría instar a esta Cámara, pero sobre todo al Consejo, a que cubramos con un velo la etapa de Meciar. 
Ya ha terminado, y es injusto seguir recordándosela a Eslovaquia. 
Señor Presidente, estoy preocupado por los pensionistas búlgaros, y no sólo porque sea representante del Partido de los pensionistas y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Bulgaria. 
Los pensionistas búlgaros lucharon en la segunda guerra mundial, vivieron bajo el yugo del comunismo durante muchísimos años, y ahora que son mayores y subsisten con pensiones de miseria, confían en que su calidad de vida mejore cuando también ellos formen parte de la Unión Europea, dentro de poco. 
Por tanto, me pregunto y le pregunto al Presidente en ejercicio del Consejo y al Presidente de la Comisión: dado que el Pacto de estabilidad y crecimiento ha de ser interpretado con inteligencia y flexibilidad, ¿hay alguna esperanza de que se revise la decisión de los órganos comunitarios de aplazar la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea hasta 2007? 
Y más importante aún: ¿hay alguna posibilidad de que se revise la decisión de cerrar unidades de la central nuclear de Kozloduy dentro del plazo previsto, permitiendo así que Bulgaria las mantenga en funcionamiento un poco más, en vista del enorme daño que su cierre causaría a la economía búlgara? 
Por último, ¿sería posible reflexionar sobre la necesidad de proceder con prontitud y destinar más fondos al desarrollo del corredor 8, que une Apulia con Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Bulgaria, y que termina en Varna y Burgas? 
Me ha agradado el hecho de que el Sr. Prodi haya pedido más entusiasmo político con la ampliación. 
Puedo informar a mis colegas de esta Cámara de que, como miembro de la Convención sobre el futuro de Europa, tengo ya el privilegio de trabajar muy estrechamente con nuestros colegas de los países candidatos, y de que es un placer contemplar su compromiso y entusiasmo con el proyecto europeo. 
No es cierto lo que ha afirmado el Sr. Gollnisch acerca de que nadie en esta Convención se haya parado a pensar en lo que tendría que hacer una Unión de 25 Estados miembros, y si sería diferente de una Unión de 6 ó 15 Estados miembros. 
No obstante, estoy preocupada por otro asunto. 
Si deseamos que esta Unión de 25 se convierta en un éxito, creo firmemente que los miembros de la Convención deberían apuntar un poco más alto en lo que se refiere a una Europa fuerte y democrática con instituciones proactivas. 
Es asimismo muy importante, desde mi punto de vista- y me refiero al comentario realizado por la Sra. Thyssen -, que nuestro entusiasmo por esta ampliación y por este proyecto político europeo no quede restringido a las élites políticas europeas. Los ciudadanos también deben participar. 
Por ello, me ha complacido especialmente que el Sr. Prodi haya solicitado campañas informativas destinadas a los ciudadanos en su conjunto. 
Todos nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para explicar a los ciudadanos en qué consiste la ampliación, pero no podemos llevar a cabo solos esta tarea. 
No obstante, hay suficientes argumentos para hacernos pensar que la ampliación ofrecerá respuestas a las preguntas de los ciudadanos, en lugar de plantear nuevos problemas. 
Por ello, quisiera unirme a los diputados que han preguntado cómo la Comisión, los Estados miembros y los Jefes de Gobierno pueden ayudarnos a cumplir nuestro deber de informar. 
La cuestión de las cláusulas de seguimiento y de salvaguarda tiene una especial importancia, como medio de tranquilizar a los ciudadanos, porque demuestra, Comisario Verheugen, que nos tomamos en serio la ampliación. 
Usted ha hablado de seguimiento, en el ámbito de la policía, la justicia y el mercado interior. Quisiera que me garantizara que este procedimiento de seguimiento y estas cláusulas de salvaguarda se aplican también a la política social y a la política medioambiental, ya que éstas, al fin y al cabo, se hallan estrechamente relacionadas con el mercado interior. 
A mi modo de ver, es en estos ámbitos donde usted podría tranquilizar a los ciudadanos. 
Señor Presidente, la mitad de los ciudadanos irlandeses han sido inducidos, por medio de un lavado completo de cerebro y un montón de dinero, a votar a favor del Tratado de Niza, habiéndoles dado a entender que el voto en contra era inadmisible para los llamados defensores de los derechos de las naciones y las personas. 
A pesar de ello, prosiguen las desvergonzadas celebraciones. 
En la Cumbre de Bruselas, convocada precipitadamente, se va a hacer un llamamiento para que se limen las diferencias entre los que mandan en la Unión Europea y acallan la decepción de los ciudadanos de los países candidatos, que ahora no se dejan engañar por las promesas realizadas por los defensores propagandísticos de la ampliación. 
La intensa campaña publicitaria, de un coste desorbitado, llevada a cabo para vender la integración no puede enmascarar la dura realidad: que incluso en la fase previa a la ampliación, estos países le han dado todo lo que tienen a los mandamases de la Unión Europea. 
Está quedando ahora patente que ciertos países candidatos no sólo no recibirán ingresos netos, sino que además tendrán que financiar el presupuesto. 
Debido a que el gasto agrícola se ha recortado y a que las subvenciones se han suprimido, con el fin de conseguir fondos para financiar las políticas imperialistas, las subvenciones agrícolas directas van a empezar a reducirse entre un 25% y un 35% por año, con catastróficas e imprevisibles consecuencias para los agricultores, tanto de los Estados miembros de la Unión Europea, como de los países candidatos. 
Por lo que hemos oído hoy de los miembros del Consejo y de la Comisión, los ciudadanos europeos no tienen nada que ganar con la ampliación. 
El déficit comercial de los países candidatos es varias veces superior a los fondos que se les ha destinado del presupuesto comunitario. 
Chipre es otra cuestión completamente diferente. 
El Gobierno chipriota está siendo coaccionado en la fase previa a la integración para que acepte soluciones que van en contra de los intereses de ambas comunidades y del pueblo chipriota, en general. 
El modo en que se está llevando la propia integración básicamente legitima la vergonzosa situación de división, sin importar los inconvenientes para el pueblo chipriota. 
Nosotros, el Partido Comunista de Grecia, nos oponemos a todos estos procedimientos y vamos a estar codo con codo con la gente, empleando todas nuestras fuerzas, en su lucha por sus derechos. 
Quisiera felicitar calurosamente a su colega, el Sr. Pat Cox, Presidente de este Parlamento, por su excelente intervención en la Conferencia europea liberal demócrata celebrada recientemente en Inglaterra. 
Se esforzó al máximo por advertir a sus correligionarios neerlandeses que su actitud ante la ampliación era totalmente impropia de auténticos liberales, ya que es sabido que los liberales siempre han sido la piedra angular de la integración europea, que están especialmente predispuestos a favor de la extensión del Estado de derecho a escala internacional y esto siempre les ha servido por principio de base de su movimiento. 
Me complace que la obsesión contable que recorre actualmente los Países Bajos, junto con alarmantes hipótesis en esos círculos, haya sido rebatida de un modo que puede calificarse de realmente impresionante. 
Por ello estoy en deuda con él. 
Sus palabras ayudarán a garantizar que, con el apoyo de la oposición constructiva de Su Majestad, los Países Bajos no adoptarán una posición contraria. 
Debo decir que el Parlamento Europeo también ha hecho lo que era necesario al respecto desde todo tipo de escaños. 
También he escuchado con gran interés a nuestro buen amigo el Sr. Berthel Haarder, que ha hablado de Kaliningrado y ha dicho que los intereses de los lituanos no deberían ser pisoteados. 
Teniendo en cuenta que se trata de un discurso realizado por la presidencia del Parlamento, creo que es digno de emulación. 
Después de todo, si establecemos una comisión mixta conjuntamente con la Duma para debatir cuestiones relativas a Kaliningrado, el parlamento lituano deberá estar también representado en dicha comisión, no con la idea de presionar a Lituania, sino para que esta representación pueda proteger de forma clara los intereses lituanos. 
El modo en que consideramos a Lituania y a su soberanía constituye una prueba decisiva del modo en que la Comunidad ampliada tratará con los pequeños Estados miembros en el futuro. 
Por este motivo considero el discurso del Sr. Haarder tan importante y por ello me gustaría darle las gracias. 
Mi último comentario trata de Turquía. Sobra decir que todavía queda un difícil problema que tratar al respecto. 
Me gustaría abogar firmemente por Turquía para que reciba el mismo trato que los demás candidatos a convertirse en Estados miembros. 
Esto significa que, dado que Turquía es muy distinta a los demás candidatos en lo que respecta al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, debemos plantear otro problema a Turquía. 
Si aplicamos los mismos criterios, necesitaríamos tratar a Turquía del mismo modo que hemos tratado a Eslovaquia y a cualquier otro país en el pasado. 
Puede que esto sea difícil para los turcos por el momento, pero en mi opinión es esencial que este país se desarrolle de forma clara en dirección a un Estado constitucional democrático que funcione bien como tal, y que se den cuenta de que no pueden participar en el juego hasta que hayan llegado a esa fase. 
También debería ser una cuestión de honor para Turquía no querer participar como miembro simbólico, habiendo hecho una promesa a medias con respecto al Estado constitucional. 
En lo que a mí respecta, podemos esperar el Consejo Europeo con confianza. 
Con esto concluye esta fase del procedimiento. 
Procedemos ahora a la segunda ronda de oradores inscritos por los grupos políticos. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Presidencia danesa, que ha guiado el proceso de Copenhague a Copenhague no como una meta nacional, sino europea. 
La Presidencia danesa ha demostrado de forma clara que está al servicio de Europa y que no pretende alcanzar metas específicamente danesas. 
La meta que se persigue es la europea y, como es habitual, son los pequeños países competentes y entusiastas los que tratan de alcanzarla. 
No se deberían imponer más condiciones para la ampliación. 
Esto se ha dicho una y otra vez, y nuestro grupo político comparte desde luego este punto de vista. 
No debe haber nuevas condiciones. 
Es obvio que se producirá un debate sobre la reforma de la agricultura y la financiación, pero, como muchos han dicho aquí en la Asamblea, esto no debe ser un obstáculo para la ampliación. 
Se trata de algo que debe resolverse por etapas. 
Hemos debatido sobre la divulgación de información relativa a la ampliación entre nuestros ciudadanos. 
Pero ¿es la Comisión quien debe divulgarla? 
En mi opinión, está muy bien que la Comisión facilite información objetiva, pero realmente somos nosotros, los políticos- nuestros gobiernos y los partidos de nuestros países- los que debemos resolver el problema de la información. 
Creo que debemos darnos cuenta de esto, ya que cada país ve las cosas de un modo diferente. 
Algunas cosas son más importantes en el norte, otras en el sur, pero el argumento común debe ser que estamos llevando a cabo la ampliación porque queremos tener paz en nuestro territorio, paz para cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos crezcan. 
Se trata de un mensaje muy simple y creo que es el elemento clave a este respecto. 
Por el camino se han planteado varias cuestiones, y una de las que se ha planteado al menos en varios países es la cuestión de si existe corrupción generalizada, lo cual minaría la distribución justa de las ayudas de la UE. 
Sin embargo, no se trata de un obstáculo insalvable. 
Por supuesto debemos invitar a los países candidatos a que participen en el sistema de ayudas existente en igualdad de condiciones con los miembros actuales. 
También deberíamos tener fe en los gobiernos de los países candidatos, en que se sientan inclinados a hacer todo lo que puedan para impedir el mal uso de los fondos comunes. 
Son miembros iguales, pero si se determinase que existe corrupción o fraude con respecto a los fondos de la UE, la Comisión debería intervenir, durante un período de transición, y asumir la administración de las ayudas, de forma que el dinero se entregue a aquellos a los que está destinado. 
Tenemos muchas esperanzas, incluida la de que la democracia que estamos desarrollando, y que está en continuo desarrollo, se vea fortalecida con la adhesión de los nuevos países. 
Éstos traen consigo todo un abanico de gentes bien formadas y muy interesantes, que enriquecerán enormemente el territorio que estamos conformando todos juntos, y ésta es ni más ni menos su contribución a la creación de un nuevo tratado que es absolutamente esencial para garantizar que se tienen en cuenta los numerosos aspectos culturales y nacionales que deberían intervenir en la construcción de la nueva Europa. 
Señor Presidente, en el Reino Unido hay un refrán que dice que no hay que «saquear el barco por un botín de medio penique». 
Creo que todos deberíamos acordarnos de ese dicho en las próximas semanas. 
Los acuerdos económicos van a plantear unas dificultades que yo no subestimo, pero tenemos que mantener una cierta perspectiva. 
Los fondos que recibirán los países candidatos hasta el año 2006 representan una milésima parte del PIB de la UE y el 10% de lo que a Alemania le ha costado su propia unificación. 
Esos costes no son nada comparado con los beneficios económicos que se derivarán de la ampliación. 
Esos costes no son nada comparado con lo que nos costaría la no ampliación, como tampoco son nada comparado con lo que nos costaría tratar de mantener la estabilidad del continente por otros medios. 
Los seis Estados miembros originales harían bien en recordar las razones por las que crearon la Comunidad en un principio y los beneficios económicos que han obtenido de ella. 
Los que nos incorporamos más tarde debemos recordar los motivos de nuestra adhesión y los esfuerzos que otros países han hecho por integrarnos con éxito en la Unión. 
Tenemos que recordar las ventajas económicas de que hemos disfrutado por nuestra pertenencia a la UE. 
Todos nosotros debemos recordar que el esfuerzo económico y humano que hicimos para construir la Unión actual fue la inversión más eficiente que jamás se ha hecho a semejante escala por los países de todo un continente. 
Ahora ha llegado el momento de hacer avanzar esa inversión hasta un nivel totalmente nuevo de cara al futuro. 
Me preocupa el hecho de que, en este debate, parece que estamos dando por sentado que los diez países están ya dentro, cuando todavía no lo están. 
El Parlamento tiene que dar su consentimiento y nosotros examinaremos muy a fondo los tratados finales. 
Es fundamental que los países candidatos sigan esforzándose por cumplir la normativa vigente. 
Nuestro grupo celebra las triples garantías establecidas por la Comisión en forma de garantías económicas, garantías del mercado interior y garantías de justicia y política interior. 
Pero esperamos que el Parlamento intervenga si en algún momento se invocan estas cláusulas de salvaguardia. 
Nuestro grupo aplaude también la propuesta de la Comisión de preparar un nuevo informe de progreso seis meses antes de la adhesión. 
Tenemos que estar todos dispuestos a tomar las medidas oportunas en el caso de que ese informe sea negativo respecto a algún país en particular. 
El Grupo Socialista vigilará también el componente social de la ampliación, porque queremos tener la seguridad de que la ampliación mejore las condiciones de vida de la gente, no que las empeore. 
Si me permiten volver a hablar de Kaliningrado, el Sr. Haarder ha mencionado las negociaciones con Rusia. 
Me gustaría recordarle al Sr. Haarder que Rusia no es un Estado miembro de la Unión Europa, ni un país candidato. 
Me gustaría también recordar a Sus Señorías que gran parte de los problemas de Kaliningrado tienen su raíz en la propia Rusia, por no hablar de su negativa a permitir que muchos países establezcan consulados allí. 
Ellos no pueden ejercer un veto sobre el futuro de la UE. 
Lo que nosotros tenemos que respetar absolutamente es la soberanía de Lituania en esta cuestión. 
Tampoco tenemos que tratar de encontrar soluciones con connotaciones históricas negativas, como los pasillos ferroviarios. 
Tenemos que asegurarnos también de que, con independencia de la solución que se adopte, ésta sea factible y todos estemos dispuestos a ofrecer apoyo económico y de otro tipo a Lituania y Polonia para que puedan ponerla en práctica. 
El referéndum irlandés nos ha enseñado una importante lección. 
Los votos negativos se mantuvieron casi igual; la diferencia estuvo en los votos positivos, y eso ha sido el resultado del compromiso positivo de los políticos con su electorado. 
Para preparar la ampliación, todos nosotros tenemos la responsabilidad de convencer a nuestros electorados para que acojan positivamente la ampliación y sean conscientes de sus ventajas, en lugar de preocuparse por sus costes. 
Señor Presidente, dentro de dos semanas será el 9 de noviembre, aniversario de la caída del muro de Berlín, el cual simbolizó la división de Europa, la hostilidad y la distancia entre Oriente y Occidente. 
Ese día celebraremos que hace 13 años las alegres masas treparon por encima del muro que se estaba desmoronando, y comenzó el largo camino hacia la reconciliación y la unidad. 
Ahora casi hemos llegado. 
Nos acercamos a nuestro destino. 
El informe de la Comisión confirma que diez países pueden convertirse en miembros en solamente un año. 
Es un sentimiento maravilloso, pero la alegría se ve ligeramente atenuada por una inquietud acuciante. 
Estamos llegando. 
Nos aproximamos a la línea final y nos damos cuenta de que algunos de nosotros nos estamos poniendo nerviosos. 
El apoyo a los países candidatos está menguando, y varios Estados miembros, políticos y partidos hablan de esperar o posponer basándose en que «no estamos preparados». 
Consideraciones de política interna están eclipsando la labor histórica de unificar Europa por primera vez; mediante acuerdos, negociaciones y compromisos, no mediante amenazas, tanques o invasiones. 
Por supuesto, muchas personas en Europa se preguntan cómo funcionará la cooperación y cómo se desarrollará. 
Surgirán dificultades y problemas. 
Después de todo ¿quién creía que sería fácil unificar Europa? 
Esta ansiedad debe tomarse en serio y debemos tratarla. 
Debemos demostrar nuestra verdadera intención de reformar y abrir la UE. 
Es en esto en lo que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está trabajando más activamente en la Convención, para que ésta sea un éxito. 
También debemos mejorar mucho a la hora de llevar los resultados de los debates de la Convención al exterior de las salas de reunión de Bruselas. 
Sin embargo- y se ha hablado poco sobre esto en el debate -, lo que se necesita por encima de todo es liderazgo: por nuestra parte, por parte de la Comisión y por parte de ustedes en el Consejo. 
Es deplorable que el populismo, la estrechez de miras y consideraciones de política interna sean lo que se comunica a nuestros ciudadanos en lugar de hablar de visiones, oportunidades y la gran ocasión de Europa. 
Nosotros, los políticos, tenemos la enorme responsabilidad de explicar, educar y dirigir la opinión. 
Las lenguas viperinas suscitan la desconfianza en nuestros países y en los países candidatos. 
Por ello espero que la reunión del Consejo del fin de semana sea muy clara y unánime al decir: «Sí, les recibimos con los brazos abiertos.» 
Señor Presidente, el proceso de ampliación de la Unión Europea a diez países más está llegando a su fase final y decisiva. 
Nuestro grupo siempre lo ha seguido y ha contribuido a darle forma; hemos participado, pero hemos mantenido una opinión crítica. 
Existen temores reales de que las esperanzas que la ampliación ha alimentado durante muchos años- de mejoras sociales y de repunte económico- no se cumplan precisamente de ese modo. 
Las ruidosas manifestaciones políticas, oídas una y otra vez en este Parlamento, sobre la superación de la división de Europa y la eliminación de la herencia del comunismo, tapan cualquier visión más sofisticada de la historia europea de posguerra y, habiendo problemas tan distintos en los Estados de Europa Central y Oriental, no llegan a ser comprendidas por la gente. 
La gente no está prácticamente implicada en el proceso. 
El proceso siguió adelante en buena parte por líneas técnicas y administrativas, y para Bruselas estaba relacionado con la aceptación del acervo comunitario. 
En ocasiones no se permitió a los gobiernos de los países candidatos decir gran cosa y sus parlamentos fueron programados para dar su aprobación tras unos debates bastante faltos de sentido crítico. 
El acervo comunitario, que todo país debe adoptar y trasponer, constituye una montaña de papel de más de 80 000 páginas. 
Si, como es el caso, los funcionarios apenas pueden tener una visión general del mismo, ¿cómo se puede esperar que el público la tenga? 
En estas condiciones, hubo pocas oportunidades para que los quince o los países candidatos pudiesen debatir sobre el futuro de Europa, lo cual se nos dice a menudo que deberíamos hacer, y pocos deseos de que se debatiese. 
No es ningún secreto el hecho de que existe una frustración profundamente arraigada entre las comunidades rurales. 
Si examinamos las diferencias con la ampliación a raíz de las adhesiones precedentes, es imposible no ver que la paridad no se alcanzará hasta 2003. 
Además de esto, con las nuevas directivas concebidas para mejorar la eficiencia se pretende quitar el suelo bajo los pies de las cooperativas, supuestas reliquias de la economía dirigida comunista. 
Permítanme decir con franqueza que la integración europea no funcionará bien mediante un anticomunismo recalentado que no hace más que apuntar contra varios líderes políticos elegidos por los pueblos de los países candidatos. 
Podría nombrarles a varios conocidos míos que entran dentro de esta categoría. 
Dada la peligrosa falta de información, parece necesario que preguntemos, con carácter prioritario, qué efecto tiene la Unión Europea en las vidas cotidianas del público y cómo debemos debatir con él este tema. 
Lo que se nos pide es que hablemos menos de transparencia y democracia y hagamos más al respecto. 
Señor Presidente, ser neerlandés en ocasiones tiene sus inconvenientes. 
Para ser franco, durante las últimas semanas he sentido en ocasiones vergüenza por la actitud del Gobierno de mi país. Éste ha vacilado mucho, demasiado, antes de adoptar una postura definitiva y renunciar al veto. 
Como algunos colegas diputados han señalado ya, esto se ha debido principalmente a los liberales, que brillan por su ausencia en este debate y que, en mi opinión, han adoptado una actitud rácana y estrecha de miras en una apuesta por obtener la victoria electoral a corto plazo. Afortunadamente, una actitud de este tipo no puede contar con demasiado apoyo por parte de otros liberales europeos. 
En cualquier caso, creo que finalmente todo se arreglará, entre otras cosas porque la oposición de los socialdemócratas y los verdes acudirá al rescate de los afligidos democristianos en el debate que se está celebrando hoy en el parlamento neerlandés. Otro motivo por el que se arreglará finalmente- y quiero recalcarlo- es porque tenemos ante nosotros un buen informe de la Comisión, que es muy abierto y franco con la larga lista de deficiencias de que todavía adolecen los países candidatos- cosa que considero muy valiente -, pero es crucial el hecho de que también ofrece soluciones a todos los problemas que todavía existen. 
Como ya han dicho varios colegas diputados, el elemento fundamental para encontrar dichas soluciones es el seguimiento: el seguimiento del proceso de adhesión y las medidas de salvaguardia durante dos años. 
Quisiera plantear una pregunta al Comisario Verheugen sobre este tema. 
Señor Verheugen, usted ha estado las dos últimas semanas en los Países Bajos, ha hablado con el Gobierno neerlandés y sin duda ha sido informado de la postura de este Gobierno. 
Me gustaría conocer sus impresiones sobre dos temas concretos. 
Como sabe, el Gobierno neerlandés propone no limitar dichas medidas de salvaguarda a dos años, sino posiblemente ampliarlas a tres y cuatro años. 
¿Cuál es su opinión personal sobre este tema y cuál es la opinión de la Comisión al respecto? 
En segundo lugar, se ha propuesto levantar dichas medidas de salvaguardia solamente en caso de unanimidad en el Consejo. 
También me gustaría conocer su opinión sobre esto y, con respecto a este último punto, me gustaría oír también los comentarios de su ex colega, el Sr. Haarder, actual Presidente en ejercicio del Consejo. 
Por último, un comentario sobre Turquía. 
Por motivos incomprensibles, la Comisión no ha adoptado una postura sobre este tema. 
De nuevo me gustaría formular una pregunta al Consejo y concretamente al Sr. Haarder: ¿cabe la posibilidad- y mido con cuidado mis palabras- de que el Consejo llegue a una conclusión distinta con respecto al establecimiento de una fecha de adhesión para Turquía? Por ejemplo, por el hecho de que Turquía podría desempeñar un papel muy positivo en el caso de Chipre en los próximos meses y de que puede demostrar que se está tomando en serio las reformas. 
Me gustaría instar a la Comisión y al Consejo a que sigan siendo críticos con respecto a Turquía, tal y como hacemos nosotros aquí, pero también a que sigan reflexionando sobre el modo de promover y no frustrar el proceso de reforma. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado muy atentamente las declaraciones del Consejo y de la Comisión, y lo que la Asamblea ha tenido que decir, y me ha llamado la atención concretamente el problema planteado por la ampliación. 
Me complace el resultado del referéndum irlandés y estoy convencido de que fue el Parlamento el que estableció las condiciones que permitieron al pueblo irlandés revisar sus posturas. 
Estoy especialmente impresionado con el trabajo del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, que nos ha explicado en su informe esta mañana que es importante y necesario que Europa mejore su relación norte-sur. 
Me gustaría centrarme precisamente en estas cuestiones, sobre todo en el tema del sur. 
Cuando oigo hablar de las medidas que estamos tomando en relación con los Fondos estructurales, en las que al parecer damos 231 euros per cápita a los ciudadanos de los actuales Estados miembros y 137 euros per cápita a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, creo que no estamos teniendo en cuenta el hecho de que existen distorsiones. 
Ya he tenido ocasión de debatir esto con el Presidente Prodi, y el Parlamento necesita reflexionar sobre el tema. 
¿Cuáles serán las consecuencias de la ampliación para el sur de Europa? 
Si miro a mi Italia natal, existe una gran región en el sur del país, Abruzzo, que ya ha quedado excluida del Objetivo 1 de la Comisión. 
Por ello, ¿no sería entonces conveniente- esto se lo pregunto al Presidente Prodi- revisar los parámetros del Objetivo 1 y del Objetivo 2? 
¿No es necesario evitar que la ampliación, que todos deseamos, tenga un efecto negativo sobre el sur de Europa? 
Esta postura, esbozada por el Presidente Prodi, debe convertirse en un importante esfuerzo por salvar las diferencias entre el norte y el sur de Europa. 
Señor Presidente, la ampliación a diez nuevos miembros coloca a la UE ante importantes dificultades. 
Muchos de los candidatos a ser Estados miembros todavía tienen mucho que hacer para poder incorporarse a la UE en 2004 como es debido. 
También surge la pregunta de si la UE no pasará a ser incontrolable con tantos Estados miembros nuevos. 
Solamente la modificación necesaria de la política agrícola y de los fondos estructurales pone a los actuales Estados miembros ante problemas insalvables muy próximos. 
¿Qué posibilidades hay de que los candidatos cumplan realmente el acervo comunitario de la UE? 
No pueden dejarse simplemente de lado estos problemas. 
Sin embargo, es sorprendente con qué frecuencia el debate se ve tipificado por el pensamiento unilateral. 
En pocas ocasiones se oye el argumento de que la «no ampliación» o la «ampliación en una fecha posterior» también tendría un precio muy alto. 
O el hecho de que los países candidatos ya han realizado enormes sacrificios. 
La ampliación no es simplemente una cuestión de reunir ciertos requisitos técnicos. 
Se trata de un acto de solidaridad, de conciencia histórica, de importancia estratégica y económica. 
Es un proceso que no puede modificarse y romperse a estas alturas sin producir un importante daño. 
Por ello se espera que el Consejo pueda llegar sin demora a un acuerdo sobre el paquete financiero, la PAC y las cuestiones institucionales. 
Concretamente en el área institucional, es importante estar alerta por si los países grandes practican nuevas políticas de poder con respecto a los pequeños. 
Dados los importantes avances que todavía deben realizar los países candidatos, las cláusulas de salvaguardia propuestas por la Comisión son inevitables. 
La Comisión debe presentar inmediatamente propuestas escritas específicas e inequívocas para concretar estas cláusulas. 
Se ha sugerido que el período de aplicación de estas cláusulas de salvaguardia se amplíe de dos a tres o cuatro años. 
Sin embargo, surge la pregunta de si la Comisión pretende utilizar realmente estos sensibles instrumentos si fuese necesario. 
Su postura actual con respecto al igualmente «duro» Pacto de Estabilidad no es muy prometedora al respecto. 
Sobra decir que esta no es actualmente la señal adecuada que estamos dando a los países candidatos. 
Señor Presidente, me gustaría manifestar mi más encarecido agradecimiento por la presencia de la historia que puede advertirse en muchos de los discursos realizados por varios de mis ex colegas, además del compromiso evidente en los discursos del Sr. Prodi, en calidad de Presidente de la Comisión, y del Comisario Verheugen. 
La semana anterior a la pasada llegó la recomendación de la Comisión, que obtuvo el apoyo de una importante mayoría ayer en Luxemburgo. 
La semana pasada los irlandeses mostraron su apoyo masivo al proyecto de ampliación. 
Ayer llegamos a posiciones comunes sobre Kaliningrado, sobre las instituciones, sobre ciertos métodos de cálculo y, por supuesto, sobre la elección de países. 
Por lo tanto, hay que decir que actualmente existen enormes expectativas ante la reunión de Bruselas que se celebrará el jueves, el viernes y posiblemente el sábado, en la que se ultimarán los aspectos económicos, tal y como ha explicado claramente el Comisario Verheugen. 
Habría que determinar la posición económica de los Estados miembros actuales con el fin de ganar tiempo para las negociaciones con los nuevos Estados miembros. 
Me gustaría dar las gracias al Sr. Poettering, al Sr. Brok y a muchos otros por el apoyo incondicional que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos ha dado a este proyecto de ampliación. 
También me gustaría dar las gracias al Sr. Watson y a muchos otros por apoyar la idea de que no deben imponerse nuevas condiciones. 
El Sr. Lund y el Sr. Andersson se han hecho eco de esta idea. 
El Sr. Barón Crespo ha estado muy acertado al decir que, al igual que un matrimonio debe basarse en el amor, la ampliación debe basarse en el apoyo popular. 
Muchas personas han hablado aquí de esta cuestión y este podría ser un tema de mi reunión con la Conferencia de Presidentes durante la comida, y por supuesto depende concretamente del Parlamento, y sin duda de la Presidencia y de los Ministros de Asuntos Europeos, que se lleve a cabo ahora este debate y se obtenga el apoyo popular al proyecto. 
Por otra parte, debo decir que no me han impresionado los extremadamente confusos discursos del Sr. Sjöstedt, el Sr. Bonde y el Sr. Modrow. 
Ha sido muy positivo que los votantes irlandeses no prestasen atención a esta nefasta alianza de antiguos oponentes a la UE, que han aprovechado cualquier oportunidad en su intento de frenar el proyecto europeo. 
Por ello doy las gracias a los votantes irlandeses. 
Al Sr. Suominen me gustaría decirle que estamos manteniendo un estrecho contacto con Lituania y Rusia. 
Ayer, el Consejo emitió el mandato de negociar con Rusia; y este es un mandato que respeta plenamente la soberanía lituana y su derecho a incorporarse a la cooperación de Schengen al mismo tiempo que sus vecinos. 
La Presidencia hará todo lo que esté en su mano el jueves, el viernes y posiblemente el sábado para establecer una posición común sobre las cuestiones económicas, que harán posible concluir las negociaciones con los nuevos países en Copenhague. 
Dormiremos con la ropa puesta de forma que no perdamos ni una sola oportunidad de alcanzar un consenso. 
Sin querer adelantarme a los acontecimientos, nos complacen increíblemente todos los avances realizados que nos colocan más cerca de una solución cada semana que pasa. 
Ahora no debemos dejar que los fríos cálculos financieros, de importancia microscópica en comparación con las ganancias que todos tendremos con la ampliación, tomen el control del proceso. 
No debemos terminar paralizando el proceso entero invirtiendo nuestras energías en pequeños detalles financieros. 
Quizás nosotros los parlamentarios y los gobiernos deberíamos esforzarnos un poco más por explicar a nuestros ciudadanos el pequeño coste que tendrá para cada uno. 
Si nos sentamos aquí la tarde y la noche del viernes a discutir si se trata de 50, 35 ó 75 céntimos por cabeza ¿cuánto tiempo nos llevará? 
Un ponente ha dicho que el coste total de la ampliación será una décima parte del coste de la reunificación de Alemania. 
Otro ha mencionado que, en total, la ampliación costará una décima parte del uno por ciento de nuestro PIB. 
No permitamos que esto empañe la labor histórica que nos espera. 
Mi más caluroso agradecimiento a los ponentes, al Presidente de la Comisión y al Comisario Verheugen. 
Gracias al Parlamento por reafirmar hoy que este proceso histórico tiene impulso. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, responderé brevemente a varias cuestiones que considero muy importantes: brevemente sobre todo porque me ha complacido mucho ver el gran apoyo al proceso de ampliación, que ha reunido prácticamente a la totalidad del Parlamento en la operación política que considero con diferencia la parte más importante de mi mandado y del mandato de mi Comisión. 
No puedo pensar en nada que sea tan valioso en términos políticos y humanos como lo que estamos haciendo. 
Por lo tanto, comenzaré respondiendo brevemente al Sr. Modrow. 
Señor Modrow, puede que el recurso a la voluntad de la gente para que apoye la ampliación no se haya llevado a cabo con tanto éxito como el que podría haber tenido, como en todos los procesos políticos, pero lo que considero más destacable, lo que me llama más la atención, es este nuevo esfuerzo por aplicar los principios de la democracia, la solidaridad y el respeto por las minorías que ha transformado a Europa oriental. 
Ha sido una experiencia extraordinaria para mí ser testigo de los esfuerzos de los partidos en los parlamentos de estos países, partidos que pueden estar en desacuerdo en otras cuestiones pero que están de acuerdo con respecto a la ampliación. 
Siento que no estemos de acuerdo sobre este punto tan fundamental. 
La ampliación ha sido tratada como un asunto ético y político, además de un asunto económico. 
En realidad, en muchos casos, aunque se ha tratado la dimensión económica, este gran sentido de pasar una nueva página en nuestra historia, este gran sentido de haber unificado Europa- no reunificado, sino unificado Europa, ya que nunca ha estado unida- es extraordinariamente poderoso. 
Hemos unificado Europa sobre una base distinta- me gusta repetir esto una y otra vez, y lo he aprendido en el parlamento de uno de los países que pronto se convertirá en parte de nuestra Unión -, lo que significa que podemos atraer también a los países pequeños, podemos atraer también a las minorías, ya que la nuestra es una Unión de minorías, es una Unión en la que ninguna persona ni ningún órgano está al mando: este es el inmenso y singular esplendor de Europa. 
El Sr. Poettering y el Sr. Barón Crespo han mencionado dos elementos importantes. 
En primer lugar, la necesidad de dar el paso final en lo que respecta al marco financiero. 
No hay alternativa, no podemos hacer peligrar este gran proceso histórico por 3 euros por barba. 
Sin duda, el Parlamento y nosotros en la Comisión debemos presionar para que estos últimos pasos se lleven a cabo. 
En segundo lugar, el problema planteado por el Sr. Barón Crespo de cómo evitar que los países candidatos se conviertan en contribuyentes netos. 
También deberíamos mostrar un mínimo de solidaridad con las medidas estrictamente formales. 
Repito: permítannos hacer un balance de la situación. 
Como ha dicho el último orador, es una cuestión de unos pocos euros por habitante. 
Esto no es pedir demasiado. 
Acabo de ver la cifra que recibirán los Estados miembros conforme al capítulo de cohesión y cómo difiere de la cantidad que recibirán los nuevos países. 
Existen motivos para que se produzca esta discrepancia- la vida es complicada, contamos con presupuestos limitados -, pero es una discrepancia que no aprobamos, que ofrende nuestro sentido de solidaridad. 
Por otra parte, tal y como ha señalado el Sr. Bigliardo, debemos comportarnos claramente con la misma solidaridad en el futuro hacia las regiones del Objetivo 1. 
Este fue nuestro objetivo al no apresurarnos a realizar un cálculo matemático para dar una cifra correspondiente a la adhesión de los nuevos Estados miembros, sino, una vez más, esperar para poder resolver la cuestión de una forma inteligente y políticamente adecuada. 
Mi último comentario tiene que ver con las cuestiones relativas a la divulgación información y la apreciación de los ciudadanos, planteadas por la Sra. Maij-Weggen y la Sra. Maes. 
Necesitamos hacer un mayor esfuerzo por tranquilizar a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de los Estados miembros. 
La Sra. Maes ha explorado determinados terrenos concretos como la ampliación y la pobreza, las minorías y la crisis económica. 
Debo decir que la Comisión lanzó una estrategia de comunicación a principios de 2000: todas las preguntas y respuestas que hemos recibido hoy han sido puestas en Internet en todas las lenguas. 
Para esta campaña dirigida a 28 países, hemos reservado 150 millones de euros para un período de cinco años. Esta es entonces una cuestión modesta: no podemos recurrir a los medios de comunicación masas debido a las limitaciones del presupuesto. 
Esta divulgación de información se realiza en colaboración con los Estados miembros y, lo que es más importante, mediante el uso de las estructuras de la sociedad civil y prestándoles apoyo al utilizarlas para promover nuestra acción. 
Sin embargo, la campaña no tendrá los efectos deseados si los líderes políticos de los Estados miembros no trabajan conjuntamente con nosotros para establecer un debate sobre estas cuestiones, tal y como ha dicho el Sr. Rovsing en su discurso sobre este tema. 
Por lo tanto, hago un llamamiento claro a que se preste más apoyo a las campañas de los Estados miembros y quizás podríamos utilizar en 2003 algunos de los recursos correspondientes a 2004 y 2005, ya que el próximo será el año con más movimiento. 
Sin embargo, debo decir- y pido disculpas al Parlamento por esto- que las nuevas estadísticas del Eurobarómetro me han llegado esta mañana porque han sido publicadas esta mañana, y que son considerablemente más alentadoras que las que he leído hace unas horas. 
Por lo general la gente presenta estadísticas al Parlamento que son mejores que la realidad, pero, en este caso, contaba con estadísticas que eran realmente menos alentadoras. 
Estas nuevas estadísticas revelan un cambio radical, que se debe al hecho de que la cuestión se ha debatido, que la prensa ha hecho que el tema saliese a la superficie, con el resultado, por ejemplo, de que el 68% de los ciudadanos alemanes están a favor y el 72% están a favor en Francia, el país más euroescéptico. 
Esto demuestra que, cuando surgen los problemas, cuando debe tomarse una decisión clara- «sí» o «no» -parece que la gente de los países se da cuenta de que se encuentra en una situación en la que está decidiendo el curso de la historia y es extremadamente consciente de la importancia de los asuntos de la Unión Europea. 
Me gustaría subrayar que analizaremos más a fondo estas estadísticas, ya que acabo de recibirlas en papel hace unos minutos y no me gustaría engañarles. 
En cualquier caso, éstas revelan que la gente es cada vez más consciente de la importancia de los asuntos de la Unión Europea, sobre todo cuando se ven ante un acontecimiento histórico. 
Por lo tanto, con las debidas reservas, teniendo en cuenta que mi información se basa en una hoja de papel, creo que este es un indicio realmente positivo, ya que significa que estamos trabajando para cambiar el curso de la historia y que estamos trabajando con el apoyo de los ciudadanos. 
Por ello quiero dar las gracias, de forma mucho más profunda y directa, al Parlamento, los interlocutores sociales y a los grandes políticos que, tras la caída del muro de Berlín y, en algunos casos incluso antes de estos acontecimientos, sembraron en nosotros este sueño de una Europa unificada. 
En conclusión, teniendo en cuenta los incentivos que tenemos en relación con algunos de nuestros vecinos como Ucrania, es evidente que, pese a que ahora tenemos la gran tarea de completar esta ampliación, también debemos abrir el debate sobre las fronteras de Europa, sobre sus raíces, sobre todas estas cuestiones. 
Recuerdo que hablé de este tema la primera vez que intervine ante esta Asamblea. 
Por supuesto no se trata de un debate que podamos celebrar hoy o mañana, pero la ampliación plantea claramente las cuestiones de nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra historia y, por extensión, nuestro futuro. 
Señor Presidente, me gustaría responder de forma breve a las preguntas que se me han planteado directamente, comenzando por los puntos débiles sobre los que han llamado la atención los informes regulares. 
Quiero repetir de forma muy clara que sólo se nos ha encomendado la labor de elaborar informes regulares sobre los futuros Estados miembros. 
Desconozco qué resultaría si escribiésemos informes regulares sobre los actuales Estados miembros mediante la aplicación de los mismos criterios y el uso de los mismos instrumentos. 
¿Creen que llegaríamos a la conclusión de que no hay corrupción en ninguna parte? 
¿Creen que llegaríamos a la conclusión de que la privatización se ha llevado a cabo de forma transparente en todas partes? 
¿Creen que llegaríamos a la conclusión de que la concentración de los medios de comunicación no ha tenido efectos contrarios sobre la libre expresión de la opinión? 
¿O creen ustedes que no podría mostrarles, en cualquier ciudad de cualquiera de nuestros Estados miembros, un barrio en el que la gente vive en la misma degradación que uno puede encontrar en un asentamiento de los romaníes en Eslovaquia, Bulgaria o Rumania? 
Creo que la consideración de la realidad social en nuestras propias sociedades no nos da motivos para sentirnos superiores. 
El mero hecho de que no existan informes sobre el avance en los Estados miembros no significa en lo más mínimo que sean forzosamente superiores en todos los aspectos a los países que ahora quieren unirse a nosotros. 
Esta cuestión requiere que seamos realistas hasta cierto punto y seamos justos a la hora de juzgar. 
No creo que sea posible que un miembro de la Comisión llame al jefe de un Gobierno de un Estado miembro para buscar juntos las peores lacras sociales y civiles, y anunciar a los medios de comunicación de la nación que está avergonzado de esta situación y que la eliminará. 
Tengo serias dudas sobre si algún jefe de Gobierno de un Estado miembro estaría dispuesto a ello. 
Pasando al tema del seguimiento de las salvaguardias, los instrumentos de seguimiento son numerosos y variados, y todos ellos seguirán aplicándose. 
Por supuesto, el que cuenta es el informe de seguimiento final seis meses antes de la adhesión. 
La mera presión política que ejercerá este informe será tan fuerte que realmente podemos partir con certeza de que los demás déficit se habrán abordado para entonces. 
La situación con respecto a las salvaguardias es que he dicho tanto al Consejo como al Gobierno neerlandés, todavía la semana pasada, que el nuevo instrumento sobre las salvaguardias, que estamos proponiendo, debe ser de duración limitada. 
La cuestión debe llegar cuando, de nuevo, sean los instrumentos ordinarios del Tratado, en lugar de las derogaciones, los que surtan efecto. 
Sin embargo, el período de dos años propuesto por la Comisión no agota todavía las posibilidades que ofrece la ley. 
Quizás he expresado esto en términos algo complicados, así que, expresándolo de otro modo, todavía queda cierto margen de maniobra con respecto al calendario y la Comisión no tiene nada que objetar a que el Consejo lo aproveche plenamente. 
Sin embargo, quisiera decir, de una vez por todas, que el instrumento como tal no servirá si ha de implicar procedimientos complicados y necesitamos cosas como resoluciones unánimes del Consejo para que se aplique. 
En ese caso, podemos olvidarlo. 
(Aplausos) 
Además, en ese caso, no lo necesitaremos. 
Para decirlo sin rodeos, se trata de tener algo que nos permita tratar los problemas menores con gran rapidez y no blandir siempre la gran amenaza del expediente por incumplimiento. 
Si los productos de un matadero de uno de los países no cumplen las normas, debemos poder cerrarlo al día siguiente. 
Con esto quiero decir al mismo día siguiente, y no una vez que el Consejo haya alcanzado una resolución unánime al respecto. 
Son cosas simples y prácticas como esta las que se discuten, y el público europeo no se calmará si tenemos que decirle que dicho instrumento solamente puede aplicarse si ha pasado antes por un trámite que dura meses. 
Permítanme decir esto con toda franqueza: nada tiene utilidad si no puede aplicarse rápidamente y con decisión. 
Pasando al tema del ámbito, el concepto del mercado interior se aplica a todo lo que tiene efectos económicos entre fronteras, o a todo lo que tiene un efecto sobre la competencia. 
La diputada ha preguntado en realidad si las cuestiones medioambientales y sociales podrían incluirse aquí, pero tengo mis dudas con respecto a cómo podría justificarse esto. 
Si encontramos algún lugar en el que el acervo medioambiental no se está transponiendo en su totalidad, no sé por qué deberíamos tener, en los países candidatos, un instrumento de actuación rápida al tiempo que tenemos que utilizar los expedientes de incumplimiento normales con respecto a los actuales Estados miembros. 
Actualmente hay miles de expedientes de incumplimiento al año, así que no se trata de que el problema de la no transposición del acervo no exista en la UE actual. 
Por ello creo que yo tendría dificultades para limitar realmente este instrumento al mercado interior. 
Aparte de esto, existen cláusulas de salvaguardia en cada una de las áreas políticas imaginables de la Unión Europea, siendo un ejemplo la seguridad alimentaria. 
Las cláusulas de salvaguardia que ya existen, seguirán existiendo, y por supuesto serán aplicadas. 
Permítanme que termine con un breve comentario sobre Kaliningrado. 
Lo que me preocupa realmente en todo este debate es el hecho de que los rusos, hasta el momento, no han estado dispuestos a hablar del problema real. 
No creo que las cuestiones de acceso, visados y tránsito constituyan un problema real, y estoy de acuerdo sin reservas con lo que han dicho el Sr. Brok y otros. 
Viendo las condiciones en esta frontera, no se puede creer realmente que la verdadera cuestión es un acceso más fácil. 
Creo que el problema real es cómo conducir una política que impida que Kaliningrado se quede social y económicamente atrasado en una región que se está desarrollando muy rápidamente, que es lo que hará esta región. 
La consecuencia inevitable de esto será el crecimiento de las tensiones económicas y, con el tiempo, políticas. 
Todos en esta Cámara somos capaces de imaginar cómo pueden desahogarse las tensiones políticas en una situación geográfica como esta. 
Esto es precisamente lo que hay que evitar, y lo haremos participando en un diálogo con Rusia sobre el modo de trasladar a Kaliningrado una parte en los beneficios que ofrece la integración europea a la región del Báltico en su conjunto. 
Espero que una vez que esta irritante cuestión de los visados y el tránsito esté resuelta- lo cual creo que es cuestión de días- quede el camino abierto para que debatamos esta cuestión tan importante para el futuro de Europa. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, con esto concluye este debate tan importante e interesante sobre el próximo Consejo Europeo. 
Se suspende la sesión hasta la hora de la votación 
No quiero exponerme a una indigestión antes del almuerzo de hoy. 
Ayer tuve el placer de dar la bienvenida a un grupo de visitantes de Laponia, invitados por su colega, la Sra. Kauppi. 
La Gobernadora de Laponia me comentó precisamente lo fácil que es viajar de Laponia a Estrasburgo. 
Estaba encantada de lo corto que había sido el viaje. 
Pero yo sí he experimentado las dificultades a las que usted se ha referido. 
(Risas y aplausos) 
Ayer volví a escribir a las autoridades de las líneas aéreas en cuestión- espero que eso surta algún efecto- para decirles que así no hay manera de trabajar. 
Tienen que mejorar especialmente las conexiones con Estrasburgo, una ciudad con una clara vocación internacional. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señorías, si tienen ustedes cinturones de seguridad, les recomiendo que se los abrochen. 
Tenemos 517 enmiendas, 25 votaciones por partes y 56 votaciones nominales. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0347/2002) , de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil (8133/1/2002- C5-0312/2002- 2000/0343 (COD) ) (Ponente: Gerard Collins) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0326/2002) del Sr. Manuel Pérez Álvarez, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos (COM (2002) 166- C5-0235/2002- 2002/0079 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0310/2002) del Sr. Stephen Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión: Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad 2002-2006 (COM (2002) 118- C5-0261/2002- 2002/2124 (COS)) 
Señor Presidente, algunos diputados se estarán preguntando si, como ponente, trataré de remitir esta cuestión de nuevo a la comisión. 
A la comisión competente le preocupaba que el documento de estrategia de la Comisión fuera algo impreciso en cuanto a las acciones previstas en el campo de la salud y la seguridad. 
Ahora puedo informar a la Cámara de que, en una reunión mantenida ayer con la Comisaria Diamantopoulou y durante el debate de anoche, he recibido garantías de que la Comisaria acudirá a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para explicar con detalle las medidas previstas y de que se presentará un informe con carácter anual para que a la comisión le resulte más fácil vigilar el progreso. 
Partiendo de esa base, he recomendado a los coordinadores de la comisión, en una reunión celebrada esta mañana, que se proceda con la votación y no se remita esta cuestión de nuevo a la comisión. 
Los coordinadores han estado de acuerdo y, por consiguiente, mi recomendación es que procedamos a la votación. 
Señor Presidente, me gustaría retomar un tema que planteé en los debates de ayer. 
De hecho, el Vicepresidente Imbeni me ha recomendado que vuelva a mencionarlo ahora mientras votamos sobre el informe del Sr. Brok. 
Me gustaría llamar la atención de mis colegas diputados sobre el hecho de que también estamos votando sobre el derecho del Parlamento a obtener la aprobación por la Mesa del Parlamento de las medidas de seguridad interna, en relación con el acuerdo sobre los documentos secretos de política de seguridad. 
Existen puntos muy problemáticos en estas medidas de seguridad. 
Por ejemplo, los servicios de seguridad nacionales deben considerar que los diputados implicados en el examen de documentos secretos son dignos de confianza. 
Señor Presidente, dado que usted es personalmente responsable de estas disposiciones, me gustaría preguntar por qué no se ha organizado ningún debate en el Parlamento sobre estas medidas de seguridad con respecto al informe del Sr. Brok y cómo se pretende organizar este tipo de comprobación. 
En mi opinión es una especie de escándalo que tratemos de votar sobre este tema sin ningún tipo de debate, con disimulo. 
Señor Presidente, haciéndose eco de los deseos expresados claramente por una parte del Grupo PPE-DE, mi grupo retira su petición de votar por separado la enmienda 3, de manera que pueda usted someter a votación todas enmiendas en bloque. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría dar las gracias al Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo por su gesto. 
Creo que hemos alcanzado un compromiso, que este compromiso constituye un todo, que algunos de los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo no están totalmente satisfechos con dicho compromiso, pero creo que debemos avanzar. 
Por ello insto firmemente a los miembros de mi grupo a que presten su total apoyo al compromiso que hemos alcanzado. 
Señora Berès, plantearé la cuestión y buscaré el asesoramiento de los servicios jurídicos en la Conferencia de Presidentes, de forma que cada grupo pueda expresar su opinión en su momento. 
Sería muy sencillo informar a todos los Estados miembros de la Unión Europea de las «incidencias» (incidentes, accidentes evitados por los pelos, etc.) en la aviación civil europea, algo que no se hace en la actualidad. 
Sin embargo, aunque el informe quiere que estos sucesos se registren y comuniquen a los Estados, también exige que se garantice la «confidencialidad» de la información sobre dichas incidencias. 
Sin embargo, ¿quién se puede beneficiar de esta confidencialidad y para qué sirve si no es para ocultar la situación real a aquellos que viven en las proximidades de los aeropuertos, a los usuarios y al personal del transporte aéreo, si no es para salvaguardar los intereses comerciales y financieros de las aerolíneas? 
En lugar de esto, necesitamos la mayor de las transparencias y, principalmente, transparencia total con respecto a las poblaciones, ya que este es el único modo de revisar la cadena completa de responsabilidades en las «incidencias» en cuestión. 
Debemos poder llegar a lo más alto de esta cadena de responsabilidad, es decir, encontrar a aquellos directa y definitivamente responsables, ya sean las líneas aéreas o las empresas gestoras de aeropuertos. 
Por ello nos abstenemos en la votación de este informe. 
- (PT) En línea con los instrumentos comunitarios adoptados recientemente para aumentar la seguridad en la aviación civil, la propuesta del Parlamento y el Consejo sobre una directiva relativa a la emisión de informes sobre incidencias en la aviación civil, tiene por objeto la comunicación de cualquier situación que ponga específicamente en peligro a un avión o a sus ocupantes. 
Los datos que se recopilan facilitarán el intercambio de información y permitirán aprender lecciones con el fin de prevenir accidentes. 
Felicito al Sr. Collins por el excelente informe que ha elaborado sobre este tema, que apoyo en su totalidad, concretamente sobre la cuestión de la confidencialidad en la elaboración obligatoria de informes sobre incidentes, el único modo de garantizar que aparezca el error humano en los posibles accidentes, que en escasas ocasiones sale a la luz de forma espontánea, a diferencia por ejemplo de los fallos técnicos. 
También me gustaría destacar la necesidad de prestar apoyo a la creación de sistemas de elaboración de informes sobre una base regional que estarían asociados a la red integrada de sistemas nacionales de elaboración de informes sobre incidentes, facilitando así a toda una región información sobre varias situaciones. 
- (PT) La creación de sistemas de intercambio de información de varios sistemas dedicados a la elaboración de informes de las autoridades de aviación civil permitirá a todos los agentes implicados recopilar información sobre sus errores y desarrollar un sistema más seguro para todos los usuarios del transporte aéreo. 
Esta directiva es muy importante porque mejora notablemente la eficacia del sistema de emisión de informes sobre incidencias. 
También se acoge de buen grado el hecho de que un gran número de enmiendas presentadas en primera lectura hayan sido adoptadas por el Consejo en su posición común. 
Sin embargo, siguen existiendo diferencias en que he apoyado las posturas del ponente, apoyadas también, por cierto, por la comisión competente: por una parte, cuando un incidente comunicado se debe a una negligencia grave, los Estados miembros deben poder tomar medidas legales; por otra, lo que era el artículo 9 en la versión originalmente propuesta por la Comisión, relativo a la elaboración de informes confidenciales, debe mantenerse ya que la «desidentificación» de la elaboración de informes en esta área suele ser crucial para un mejor entendimiento de los factores que pueden influir en que ocurran accidentes aéreos. 
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(PT) Los alarmantes índices de accidentes laborales de trabajadores autónomos y la necesidad de garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo que respeten la salud, la seguridad y la dignidad, requerían exactamente este planteamiento, y por ello he apoyado el excelente informe del Sr. Pérez Álvarez. 
A pesar de ser insuficiente, la propuesta de la Comisión hace una importante contribución a la resolución del problema de la protección de los trabajadores autónomos en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo. 
Habría que tener presente que es en los sectores considerados de alto riesgo, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera, la industria transformadora y la construcción, sectores en que se concentra un gran número de trabajadores autónomos, donde produce un alto índice de accidentes laborales. 
Por ello es esencial que se aplique una política de prevención eficaz, seguida de acciones de formación e información, además de campañas de concienciación. 
En un entorno de movilidad profesional cada vez mayor, es esencial que se adopten medidas comunitarias para armonizar los diversos niveles de protección para los trabajadores autónomos en cada Estado miembro, además del reconocimiento y la aplicación de la legislación en este terreno. 
Me gustaría aprovechar la oportunidad de este debate y la votación en torno al informe Hughes sobre una nueva estrategia comunitaria sobre salud y seguridad en el trabajo 2002-2006, que contiene varios puntos positivos, para plantear la cuestión de la negligencia de la Comisión a la hora de aplicar las normativas de salud y seguridad en el trabajo. 
Mi país, Grecia, tiene una especie macabra de eficiencia a la hora de producir grandes cantidades de accidentes laborales y pequeños números de inspecciones, inspecciones que además son poco eficaces. 
A pesar de las repetidas preguntas a la Comisión por mi parte y por la de otros diputados, la Comisión ha esperado a examinar las estadísticas de Grecia correspondientes a los últimos cinco años. 
Necesitamos poner fin a esta situación y facilitar mecanismos para hacer un seguimiento de la aplicación de las normativas de salud y seguridad, especialmente en el lugar de trabajo. 
No podemos hacer un seguimiento, emitir advertencias e imponer sanciones a los déficit públicos y hacer la vista gorda y oídos sordos ante la salud y la seguridad. 
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(PT) Los datos comunitarios sobre la salud y la seguridad en el trabajo revelan una tendencia general a la mejoría. 
Sin embargo, la situación sigue siendo bastante crítica en algunos Estados miembros. 
Portugal es causa de preocupación, especialmente en sectores como el de la construcción, la industria textil y la agricultura. 
He votado a favor de este informe y deseo destacar los puntos siguientes: 
La necesidad de codificar y simplificar la legislación comunitaria actual en este campo y de estimular a los Estados miembros para que la apliquen de forma más rigurosa; 
La Comisión debe, con carácter urgente y junto con el Parlamento, elaborar un plan de acción detallado que incluya compromisos financieros y plazos, que incorpore la dimensión de género y nuevos tipos de riesgos y enfermedades; 
La necesidad de fomentar el trabajo en colaboración con el fin de facilitar una mejor recopilación de datos y comunicación entre los distintos agentes implicados; 
La incorporación de los países candidatos a las instituciones y los órganos implicados con el fin de poder proporcionar asistencia financiera y técnica eficaz; 
Por último, la importancia de un enfoque preventivo de los aspectos de la salud y la seguridad en el trabajo, tanto de cara a los trabajadores como a las empresas. 
Este informe se votó a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 bis del Reglamento, que no admite enmiendas al informe. 
La delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado anteriormente modificar informes que no apoyaba. 
Sin embargo, la nueva reglamentación no deja otra opción que votar en contra de ciertos informes. 
Los conservadores británicos apoyamos el documento de la Comisión sobre salud y seguridad en el trabajo, que habla de la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo y la necesidad de reforzar la cultura de la prevención y garantizar una mejor aplicación de la legislación vigente. 
La Comisión es consciente de que el marco jurídico comunitario suele considerarse excesivamente complejo y poco claro, y propone simplificarlo. 
Los conservadores británicos apoyamos esta idea. 
Sin embargo, el ponente ha hecho justamente lo contrario al proponer que se amplíe el ámbito de la directiva marco, que se adopte nueva legislación sobre el acoso en el lugar de trabajo y una nueva directiva relativa a la ergonomía en el lugar de trabajo, que se refuerce la directiva relativa a los equipos con pantallas de visualización y que se modifique la directiva relativa a la manipulación manual. 
Un error fundamental en su análisis nos hace pensar que las conclusiones del ponente son erróneas. 
Los conservadores británicos estamos, por tanto, en contra de este informe. 
El informe trata de los problemas relacionados con el entorno de trabajo en los lugares de trabajo de la UE y expresa la preocupación de que la situación se deteriora en lugar de mejorar. 
El ponente propone una larga lista de medidas, incluida una mejor aplicación de la legislación vigente en este ámbito. 
Esta propuesta cuenta con nuestro pleno apoyo. 
También exige una nueva legislación relacionada con el acoso en el lugar de trabajo, por una parte, y requisitos de ergonomía en el trabajo, por otra. 
Nos oponemos a la regulación mediante directivas, tanto por principio como por motivos prácticos. 
Las directivas vigentes sobre el entorno de trabajo no funcionan bien, principalmente debido a que las empresas se oponen a las mismas y porque los sindicatos son demasiado débiles, y a menudo establecen niveles mínimos que suelen comprometer a los interlocutores sociales en acuerdos que comportan unos niveles de protección demasiado bajos. 
Por otra parte, si tuviésemos sindicatos fuertes y gobiernos nacionales con ambiciones sociales, podríamos implantar una legislación nacional que fuese más precisa, ofreciese niveles más altos de protección y pudiese aplicarse de forma más efectiva. 
Sin embargo, hemos votado a favor del informe dado que estamos de acuerdo con su ambición política de mejorar las condiciones de trabajo en los Estados miembros. 
- (PT) Este informe que hemos aprobado plantea una cuestión de gran importancia en la Unión Europea, tanto por su efecto de dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de trabajo, como por la escasa atención que la Comisión ha prestado a esta cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo, claramente reflejada en la drástica reducción del 40% del personal que atiende estas cuestiones durante los últimos diez años, tal y como indica el informe. 
El texto definitivo, que es resultado de un debate muy profundo al que hemos aportado varias propuestas, plantea diversos aspectos de esta cuestión y varias exigencias, a saber: 
La elaboración urgente de un plan de acción detallado que incluya compromisos financieros y de plazos para cada propuesta principal; 
Que se preste especial atención a la dimensión de género, teniendo en cuenta la discriminación que todavía sufren las mujeres, debido tanto al hecho de que se presta menos atención a la formación profesional o las dificultades de acceso al empleo, como al trabajo precario, peligroso y escasamente remunerado que a menudo desempeñan las mujeres; 
Proponer una Directiva global sobre la ergonomía en el lugar de trabajo con el fin de mejorar las directivas existentes y tener en cuenta los problemas musculoesqueléticos que sufren la mitad de las personas afectadas por dolencias asociadas con el trabajo en la UE. 
Cuando se negoció el Reglamento (CE) 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relacionado con el acceso público a la información sobre las instituciones de la UE, se decidió que el acceso del Parlamento Europeo a los documentos sensibles debería estar recogido en un Acuerdo Interinstitucional separado entre el Parlamento y el Consejo que permitiese al Parlamento Europeo cumplir sus compromisos conforme al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. 
Sin embargo, todos los acuerdos entre el Consejo y el Parlamento deben respetar los principios fundamentales de lealtad y la obligación de las instituciones de que la información esté recíprocamente disponible. 
En otras palabras, no es justo que el Consejo tome decisiones sobre los procedimientos de trabajo interno del Parlamento, organizando de ese modo las instituciones en una clara jerarquía. 
Existe también el riesgo de que se oculte la información de los pequeños países y los pequeños grupos políticos. 
El acuerdo limita el derecho conferido a todos los miembros- y al público- mediante el Reglamento nº 1049, en que crea un grupo que tiene un acceso especial a la información. 
Un Acuerdo Interinstitucional en este ámbito sensible debería combinarse con estrictas normas de confidencialidad (compatibles con las de la OTAN). 
Podrían haberse redactado normas como estas para los documentos relativos a la seguridad exterior sin que esto comportase ningún cambio de la estructura interinstitucional. 
El ponente reclama el derecho para el Parlamento Europeo de tener acceso a los documentos sobre seguridad y defensa clasificados de «confidencial» , «secreto» o «alto secreto» , al tiempo que señala que «debería negarse el acceso público» a estos documentos, que por lo tanto se ocultan a la ciudadanía de la Unión Europea, mientras que ésta afirma que asegura su defensa y su seguridad. 
Esto no sirve más que para destacar la naturaleza irrisoria de esta presunción y la hipocresía de las instituciones europeas que nunca pierden la oportunidad de jactarse de la denominada «transparencia» de su labor. 
En lo que respecta a saber si el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo (que, en cualquier caso, excluye los documentos de «alto secreto» ) incluso permitiría a unos cuantos diputados cuidadosamente seleccionados tener acceso a otros documentos sobre seguridad y defensa, el ponente afirma que «el modo en que se utilice este acuerdo en la práctica será decisivo». 
No cabe duda, en cuestiones de seguridad y defensa, al igual que en otras materias consideradas de cierta importancia por el Consejo y la Comisión, estas dos instituciones solamente facilitan al Parlamento Europeo la información que deseen. Esto sorprenderá solamente a aquellos que crean que el Parlamento Europeo tiene una función distinta de la ser una cortina de humo «democrática» ante las políticas dictadas por los intereses de las clases dominantes y que nadie controla. 
Votaremos en contra de este informe y la propuesta de decisión que lo acompaña. 
Hubo un tiempo en que la preparación y la aplicación de la política gubernamental se mantenía en secreto en la medida de lo posible, y que el hombre de a pie no necesitaba saber cómo y con qué argumentos era gobernado. 
Este objetivo del secreto ha sobrevivido incluso a la introducción del sufragio universal. 
Sin embargo, en la actualidad, se asume que todo individuo es igual ante la ley, que las autoridades deben rendir cuentas a su electorado y que, con respecto a la política del gobierno, hay acceso público a la información. 
Sin embargo, el secreto tradicional aparece de nuevo en el caso de las cuestiones de seguridad pública, defensa y militares. 
Esto podría estar justificado a corto plazo si la mayoría de la población se viera amenazada por una peligrosa minoría de especuladores que desean abolir sus derechos constitucionales. 
Por otra parte, el secreto también puede proteger a los especuladores poderosos de la rabia popular. 
La solución por la que se ha optado, concretamente un acuerdo voluntario entre el Parlamento y el Consejo, parece más atractiva de lo que es en realidad. 
El público no tiene derecho a examinar los documentos, mientras que el Parlamento sí, aunque limitado a cuatro diputados designados conjuntamente por los presidentes del grupo, presididos por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
En la práctica, la gran mayoría de diputados al PE e incluso grupos parlamentarios enteros se quedarán sin conocer los documentos. 
Semejante comisión de asuntos de seguridad no servirá por lo tanto más que para proteger el secreto. 
- (PT) Felicito sinceramente al ponente por su trabajo y también celebro el hecho de que los artículos que consagran un importante avance en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad y en su transparencia política están ahora claramente descritos, incluso en áreas tan sensibles como la seguridad y la defensa. 
Los pasos finales de hoy son la culminación de un largo, concienzudo y arduo proceso de ponderación política y negociación interinstitucional que ha llevado a un resultado muy positivo y equilibrado. 
Esto era realmente necesario era alcanzar un equilibrio razonable y justo entre la transparencia necesaria, por una parte, y el cuidado esencial necesario por la naturaleza altamente secreta de este tipo de información por otra. 
Sin este equilibrio no sería posible avanzar en un área tan sensible. 
En virtud de las soluciones prácticas que se han encontrado, del buen sentido que ha prevalecido y de la ponderación política rigurosa, el Parlamento, los ciudadanos en general y todas las instituciones comunitarias merecen nuestro aplauso. 
Hoy hemos votado contra el borrador del Acuerdo Interinstitucional relativo al acceso por parte del Parlamento a la información sensible del Consejo en el campo de la política de defensa y seguridad. 
El principal motivo de ello es que consideramos que la comisión propuesta, que estará solamente formada por cuatro diputados, constituye un círculo superreducido. 
Las posibilidades de los países pequeños, o de los grupos políticos más pequeños, de estar representados serían por lo tanto mínimas. Su déficit de información aumentaría. 
Con el fin de lograr una mayor apertura e igualdad, debería haber además más miembros permanentes en la comisión, y al mismo tiempo debería poder elegirse a un número determinado de diputados de acuerdo con el procedimiento establecido en el borrador del acuerdo. 
- (PT) Considero que hemos avanzado positivamente en comparación con el sistema anterior, que daba lugar a confusión y problemas frecuentes. 
El nuevo sistema, establecido mediante esta revisión del Anexo V del Reglamento, es sin duda más claro y eficaz. 
Sin embargo, lamento el hecho de que las enmiendas propuestas por la Sra. Theato, presentadas por el Grupo PPE-DE, hayan sido retiradas, porque creo que la posición del ponente y la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales- que en última instancia prevalecería también en el pleno- podría estar yendo demasiado lejos al aceptar, en la primera lectura de abril, la posibilidad de que la aprobación de la gestión podría concederse de modo tácito simplemente como resultado indirecto de la falta de aprobación de una propuesta de aplazamiento. 
Señor Presidente, en el último minuto he pedido dar una explicación de voto sobre los informes Müller y Grossetête. 
Nuestro grupo apoya la enmienda 78 porque, en principio, favorece a los genéricos. 
Lo ideal sería que se refiriera a una ampliación de línea más que a una solicitud abreviada, pero el principio permite la venta de genéricos en más de un país sin tener que repetir los procedimientos de solicitud. 
Nosotros hemos votado a favor de la enmienda 63 al informe Grossetête porque es coherente con el enfoque de nuestra comisión. 
En la segunda parte de la enmienda 113, se nos sugirió que el término publicidad podía prestarse a confusión. 
- (PT) La definición de un mercado interior de medicamentos no solamente debe mejorar los niveles de salud en la Unión Europea, sino también estimular la innovación tecnológica y científica con vistas al desarrollo de nuevos medicamentos y a la aceleración de la fabricación y la comercialización de productos genéricos. 
Sobre las principales cuestiones debatidas en esta primera lectura, considero que: 1- sin que esto signifique la total eliminación del procedimiento descentralizado (nacional con reconocimiento mutuo) , creo que es esencial, en aquellos casos en que se trate de la autorización de comercialización, demostrar el aumento del compromiso con el procedimiento centralizado (a través de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos) , en concreto cuando se refiere a nuevas sustancias activas, con objeto de lograr un acceso más rápido de los pacientes a los nuevos medicamentos y de garantizar que las de pequeñas y medianas empresas no se vean penalizadas; 2- debe concederse autorización a la comercialización de productos genéricos cuyo medicamento de referencia haya estado autorizado durante más de ocho años en un Estado miembro o en la Comunidad (y no diez años como propone la Comisión) ; 3- con respecto a la información, la propuesta de la Comisión es ambigua, mientras que es esencial garantizar la prohibición de la publicidad directa. 
- (PT) Esta propuesta de Reglamento es muy importante, ya que se pretende garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y animal mediante procedimientos de vigilancia del mercado y de farmacovigilancia, con el fin de aumentar el número de medicamentos disponibles, para completar el mercado interior de productos farmacéuticos y, por último, modificar los objetivos y métodos de trabajo de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos con vistas a la ampliación de la UE. 
En lo que discrepo no es en estos grandes objetivos ni en el deseo de todo paciente de tener acceso más rápido, a escala comunitaria, a los medicamentos que contienen sustancias nuevas, más seguras y más eficaces, sino en determinados detalles específicos de Reglamento, como refleja el modo en que he votado sobre este tema. 
En concreto, con respecto a la cuestión clave de la medida en que la autorización de medicamentos debería o no debería estar totalmente centralizado en la EMEA, me gustaría indicar que yo, como la mayoría establecida en la comisión parlamentaria competente, estoy a favor de que los medicamentos de uso humano que contienen una nueva sustancia activa puedan recibir autorización de las agencias nacionales. Por ello me opongo a una mayor centralización, que sería desastrosa. 
Los medicamentos son productos que generan dinero. 
Por esto la evaluación de su uso suscita tanta emoción. 
Las empresas y los métodos que compiten se benefician de la legislación que hace que las compañías vendan tantos productos suyos como sea posible, haciendo que otros productos queden fuera del mercado. 
Desean el consumo excesivo de sus propios productos y la exclusión de los alternativos. 
A diferencia de la Comisión Europea, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se opone a la publicidad de medicamentos contra el sida, el asma, la diabetes, y con toda razón. 
Los productores y usuarios de fármacos alternativos, incluidos los doctores que prefieren estos productos, temen que los artículos propuestos beneficien, por encima de todo, a la industria química en detrimento de los productos naturales. 
Algunos de estos productos naturales son remedios de hace siglos que funcionan bien de acuerdo con sus usuarios, pero cuya eficacia nunca ha sido demostrada científicamente. 
Mientras no sean nocivos y su composición se conozca, merecen recibir el beneficio de la duda. 
Deberían prohibirse los productos nocivos e inadecuados que simplemente se producen para ganar dinero, pero no existe motivo para conceder a la industria farmacéutica una posición de monopolio. 
Por lo tanto, voto en contra de las propuestas de la industria y a favor de las recomendadas por grupos de doctores y usuarios. 
Hemos optado por apoyar las enmiendas que hacen más fácil que los medicamentos genéricos, es decir, las imitaciones más económicas, puedan comercializarse más rápidamente, obligando a bajar los precios de los fármacos en constante aumento. 
En Suecia, por ejemplo, éstos subieron un 10% cada año durante la década de los noventa. 
El procedimiento de registro de los medicamentos genéricos debe simplificarse, de forma que sea posible comercializar directamente estos productos una vez que haya vencido el período de diez años tras la autorización inicial del producto de referencia. 
La fabricación de los productos genéricos debería poder comenzar por lo tanto antes de que venza el período de diez años indicado. 
Por ello, también he votado en contra de las enmiendas que obstaculizan la comercialización de medicamentos genéricos mediante la protección de pequeños cambios en el fármaco original. 
También estamos convencidos de que es preciso mantener la prohibición actual de toda publicidad a favor de productos farmacéuticos directamente al público. 
Los pacientes necesitan información fiable de una fuente independiente. 
Como representante de la delegación laborista británica, me gustaría explicar que, con respecto a las propuestas contenidas en el informe Grossetête relativo a los medicamentos veterinarios, creemos que la Comisión debe aceptar la práctica actual en el Reino Unido e Irlanda. 
Dicha práctica permite a personal inscrito administrar una serie de medicamentos veterinarios sin receta veterinaria en aquellos casos en que no se considere necesaria la intervención de un veterinario para garantizar un uso seguro y eficaz de los mismos. 
Esta práctica ha funcionado bien durante muchos años y no ha ocasionado ningún problema de seguridad relacionado con los consumidores o usuarios de esos medicamentos. 
Nosotros creemos también que la revalidación de esos medicamentos debe realizarse una vez cada cinco años, en lugar de conceder una autorización por tiempo indefinido. 
No compartimos la opinión de la Comisión de que todos los nuevos principios activos para medicamentos veterinarios deben ser autorizados con arreglo al procedimiento centralizado. 
Eso repercutiría considerablemente en el desarrollo de nuevos productos para especies y enfermedades localizadas, y agravaría los problemas de disponibilidad de esos medicamentos. 
Por todo ello, creemos que tiene que mantenerse la flexibilidad. 
Señor Presidente, los pensionistas a los cuales tengo el placer de representar en el Parlamento Europeo me dicen que les complace que yo haya votado- como he hecho- a favor de este texto, ya que creo que es importante y espero impacientemente que Europa tenga o una Constitución o una Carta fundacional con categoría de Constitución a la que puedan recurrir con el fin de reclamar justicia siempre que sean víctimas de un atropello. 
Me entristece decir que ciudadanos de todos los Estados del mundo, tanto jóvenes como mayores, son a menudo víctimas de injusticias, pero es especialmente triste para los ciudadanos ancianos sentir que todavía son víctimas de las mismas. 
La Carta declara que los derechos de los ancianos deben ser respetados en Europa, y este es el motivo por el que los pensionistas y los ancianos de toda Europa esperan impacientemente que la Carta se convierta en la Constitución de la Unión Europea. 
Señor Presidente, he tenido un sueño en el que la hija del Sr. Fatuzzo llamaba a mi hijo, que también estudia Derecho, y le preguntaba si aprobaba cómo había votado yo sobre el informe del Sr. Duff. 
No puedo indicar su respuesta a esta pregunta, ya que desperté bajo una especie de shock. 
Por ello quiero dejar perfectamente claro que hemos votado a favor del informe aunque para mí algunos de los problemas no están bien planteados. 
Mi principal diferencia de opinión con el ponente es que considero que el posible problema de que los tribunales supremos emitan sentencias diferentes en asuntos de derechos fundamentales no se ha resuelto. 
Como antiguo juez de un tribunal supremo, sé de lo que estoy hablando. 
A pesar de esto, la institucionalización de los derechos fundamentales prevalece, así que mi voto ha sido a favor del informe en su conjunto. 
Señor Presidente, he acogido con satisfacción el informe del Sr. Duff. 
Es importante que incorporemos la Carta de los Derechos Fundamentales a los tratados actuales de la Unión Europea, pero espero también que la Convención Europea de Derechos Humanos se integre en la UE como institución, y no simplemente en los sistemas jurídicos de los respectivos Estados miembros. 
Es impensable que queramos tener una constitución moderna de la Unión Europea, que es lo que busca la Convención sobre el futuro de Europa, sin una carta vinculante de derechos. 
En mi opinión, sería una vergüenza que la Convención redactara esa constitución sin la Carta. 
Lejos de otorgar más derechos a las instituciones de la Unión Europea, la Carta limita el poder ejercido por las instituciones comunitarias al imponerles la obligación explícita de respetar los derechos humanos. 
La Carta debe ser legalmente vinculante y aplicable conforme a la legislación de la UE. 
No pretende, como ha dicho el ponente, reemplazar a los sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros, sino complementarlos. 
Es impensable que la Unión Europea elabore una constitución sin haber elaborado antes una declaración de derechos, por lo que la Carta de los Derechos Fundamentales debería adquirir rango constitucional e incorporarse a los textos constitucionales de la Unión Europea mediante la revisión de los Tratados antes de que se incorporen los nuevos miembros. 
Esto daría a la Carta una dimensión legal, permitiendo que se citase tanto en los tribunales europeos como nacionales. 
Estoy de acuerdo en este caso con la posición de la Comisión de Asuntos Constitucionales; no estoy de acuerdo con la opinión del ponente de que la Carta debe mantenerse sin modificaciones. 
Al contrario, debe extenderse y ampliarse su ámbito, dado que va a la zaga de casi todas las constituciones europeas en lo que respecta al apoyo de los derechos fundamentales. 
Hace dos años, cuando debatíamos la Carta de los Derechos Fundamentales, la tachamos de inútil y peligrosa, señalando que se quedaba rezagada con respecto a las convenciones internacionales y las constituciones de varios Estados miembros de la UE. 
Temíamos que estuviese destinada a formar la esencia de una inminente constitución de la UE que prepararía el camino al federalismo. 
Nuestros temores se est? n confirmando. 
La UE est? siendo cada vez m? s autocr? tica, gracias en parte al denominado terrorismo. 
Esta actualizando su arsenal (legislación europea sobre terrorismo, orden de arresto europea, ejército europeo, cuerpo de policía europeo) de forma que pueda hacer frente a las reacciones a su política. 
En cuanto al denominado modelo social, los trabajadores saben todo al respecto, con el drástico recorte de los empleos, el reparto del desempleo, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar y de pensiones y la privatización de la sanidad y la educación. 
Aquellos que apoyan la Carta, incluido el ponente, que considera que no necesita ningún tipo de corrección, han ignorado totalmente a los cientos de miles de manifestantes que han protestado en cada una de las cumbres en contra de que se establezca un sistema favorable a los monopolios y contrario a los intereses de la gente común. 
Todo lo que quieren es ejercer presisn de forma que la Carta se incorpore a los Tratados y sea vinculante para las instituciones de la EU y de los Estados miembros. 
Si lo es, tendremos un marco institucional incluso más conservador y autocrático que inutilizará los derechos constitucionalmente protegidos adquiridos por los trabajadores. 
Por ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
Hemos votado a favor del informe, dado que apoyamos, en principio, la incorporación de la Carta a un futuro tratado (constitución). 
Sin embargo, nuestra aprobación debería considerarse a la luz de los siguientes aspectos. 
El informe propone medidas para mejorar el acceso directo al Tribunal de Primera Instancia. 
Interpretamos esta formulación como un derecho de los individuos de defender una causa directamente ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE al amparo de los derechos de la Carta. 
Ésta sería una medida infortunada que correría el riesgo de abrir las puertas a una revisión legal de la práctica totalidad de las decisiones de la UE (teniendo en cuenta el alcance de la Carta). 
Preferiríamos un sistema como el que caracteriza el derecho actual a defender una causa ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: los derechos contemplados en la Carta se aplican indirectamente, a través del derecho de los tribunales nacionales a remitir asuntos al Tribunal de Justicia. 
El informe adopta una postura rígida sobre los cambios de las cláusulas horizontales de la Carta. 
Sin embargo, opinamos que es razonable aceptar los cambios incluso sustanciales de las cláusulas, dado que consideramos difícil ver cómo la Carta podría adquirir de otro modo la categoría de vinculante y una aplicación legal que funcione en la práctica. 
Compartimos la opinión del grupo de trabajo de la Convención sobre este aspecto. 
A modo de observación general, también deseamos subrayar que una carta vinculante en todo caso no debe minar de ningún modo el modelo de convenios colectivos que se aplica en el mercado laboral de los países nórdicos. 
El informe Duff, que solicita que se incorpore la Carta de los Derechos Fundamentales a una constitución europea, fue adoptado por amplia mayoría a pesar de nuestra oposición. 
Si posteriormente se aprueban sus conclusiones al término de la próxima conferencia intergubernamental, podría dar pie a la formulación de argumentos contrarios en el corazón de las instituciones europeas, cuyos efectos negativos podrían hacerse notar pronto. 
Resulta que, anteayer, debatimos sobre el pacto de estabilidad presupuestaria y que, en definitiva, muchos oradores consideraron, al igual que Romano Prodi, que es estúpido por ser demasiado inflexible. 
Sin embargo, ¿qué otra cosa podría ser una Carta incorporada a los tratados que no sea el equivalente a un Pacto de Estabilidad aplicado a los derechos políticos? 
Pronto se hará evidente que esta Carta inflexible no está mejor adaptada a las realidades de una Unión formada por distintos pueblos que el actual pacto de estabilidad presupuestaria. 
De este modo, incluso cuando la propia Asamblea puede ser testigo de los efectos dañinos de esta inflexibilidad, ésta se deja llevar por sus deformaciones que vienen de largo y su objetivo definitivo de convertirse en un superestado, y siempre vuelve a sus antiguos usos. 
Por su parte, la delegación del MPF ha propuesto un tratado radicalmente reformista para Europa, que sería muy diferente de la constitución de un superestado, dado que reconocería la necesidad de unas relaciones flexibles entre democracias nacionales soberanas. 
Al igual que otros diputados, celebré la elaboración, el voto y la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales en 2000 y también me uní a la Asamblea en la celebración de sus logros. Sin embargo, también podemos hacer campaña todavía a favor de un mayor avance- que es algo que siempre puedo esperar e incluso buscar- en aspectos que afectan a la sociedad y a la vida de los ciudadanos. 
Si ustedes han leído todos los artículos de nuestra Carta detenidamente, podrán ver el beneficio obvio de tener un documento que es común a los actuales 15 miembros y a los futuros 25. 
Con esta Carta está tomando forma finalmente la Europa del ciudadano. 
Por ese motivo, como ponente y partidario de una Constitución europea, quiero que nuestra Carta de los Derechos Fundamentales se incorpore a esta Constitución. 
Por supuesto, esto no me impide criticar firmemente la Europa que tenemos hoy, que es demasiado liberal en lo que respecta a las cuestiones económicas, demasiado sumisa ante los órganos financieros y los mercados bursátiles, e inexistente en el ámbito político a la hora de trabajar con los Estados Unidos en la gestión de importantes problemas globales. 
Sin embargo, creo que con una Constitución europea que incorpore la Carta de los Derechos Fundamentales, tendremos la capacidad de avanzar en una dirección que nos permitirá cambiar de forma profunda la Europa que tenemos hoy y con la que soy muy crítico. 
- (PT) Estamos en desacuerdo con el informe debido a su ambición desproporcionada para un documento muy deficiente en el campo de la protección de los derechos fundamentales. 
Veamos algunos ejemplos: 
el deseo de incluir la incorporación vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales en los Tratados como una de las disposiciones constitucionales de una futura «constitución europea». 
la ambición de crear un instrumento legal que trataría de subordinar las constituciones nacionales de los Estados miembros en la medida de lo posible, independientemente de las protestas en sentido contrario (obsérvese su intención de aumentar las competencias comunitarias en varias áreas). 
Confirmar el contenido del informe simplemente haría más difícil proteger la incorporación vinculante de esta Carta a una futura «constitución». 
Este contenido se caracteriza por la declaración de derechos que representan, en la práctica, un paso atrás en comparación con lo que se ha alcanzado en las constituciones nacionales, como es el caso de la de Portugal, por ejemplo, o en comparación con lo que se ha conseguido en las convenciones europeas de las que los Estados miembros de la UE son signatarios. 
Por último, también debemos mostrar nuestro desacuerdo con su defensa de la metodología futura para la modificación del contenido de la Carta, consagrando en la práctica la existencia de una «convención» permanente (o de la nueva institución proclamada- el «congreso» ) o de otros mecanismos para la modificación de contenido supuestamente «constitucional» , yendo de nuevo más allá de la competencia exclusiva actual de los Estados (gobiernos y parlamentos) con respecto a la modificación de los Tratados. 
Todo el mundo tiene derecho a protección ante la arbitrariedad administrativa y ante la explotación por partes privilegiadas. 
En una sociedad que está basada en la igualdad universal, además del derecho a la diversidad individual, son indispensables los derechos constitucionales sociales e individuales legalmente aplicables. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que se elaboró en 2000 no va tan lejos como algunas disposiciones consagradas en las constituciones de los Estados miembros, la Carta Social Europea y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo Europeo, que se aplica a un territorio mayor que la UE. 
Por este motivo es erróneo equiparar una disposición adecuada de derechos constitucionales con un documento que no es más que el resultado de un debate de una convención que estableció el denominador común de varios deseos sin realizar una votación. 
Una categoría de mayor peso para la Carta puede conducir a dos resultados antagónicos, mayores posibilidades de propaganda por parte de la UE y, al mismo tiempo, menores garantías para los derechos de los residentes en la UE. 
Por este motivo la sugerencia de iniciar las negociaciones de adhesión a la CEDH es, en mi opinión, la parte más positiva de este informe. 
De hecho, ¿por qué no adoptamos directamente la Convención Europea de Derechos Humanos en lugar de la Carta? 
Dado que estoy totalmente en contra de la idea de una Constitución europea que asuma la existencia de un «pueblo europeo» -lo cual no es el caso en la actualidad, ya que solamente existen los pueblos de los Estados miembros -, me opongo a este informe. 
La Carta, que se elaboró en circunstancias muy controvertidas, no busca fortalecer de ningún modo la protección de los derechos fundamentales dentro del merco legal de la Comunidad; este es un simple pretexto. 
Ya existen varios instrumentos: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Convención Europea de Derechos Humanos y, sobre todo, las constituciones nacionales (cuyo rango debería reevaluarse a fondo) , que desempeñan su labor a la perfección. 
La Carta tiene una única ambición, que está claramente expresada en el informe: convertirse en el preámbulo de la fingida constitución europea. 
Esta constituye, mediante un texto cuya fuerza legal podría ser importante (tendrá prioridad en la legislación primaria) y cuyo ámbito podría afectar seriamente a las tradiciones constitucionales de los Estados, un ataque decisivo sobre las soberanías nacionales. 
Por otra parte, al colocar los principales elementos de las constituciones nacionales bajo el exclusivo control del Tribunal de Justicia, este informe muestra una falta de confianza intolerable e insultante en los Estados miembros. 
La carta y el espíritu de este informe son simplemente inaceptables. 
- (PT) Para continuar con el razonamiento subyacente a mi intervención en el debate, me gustaría subrayar que este informe solamente puede ser apoyado con entusiasmo por aquellos que comparten la filosofía básica del ponente, más sinceramente expresada cuando nos habló aquí de esta cuestión el 14 de marzo de 2000, diciendo que «la Carta representa una oportunidad para construir una moderna sociedad postnacional». 
De hecho, al contrario que las declaraciones realizadas en la resolución y durante el debate, todavía existe un importante riesgo de que una minoría combativa se apropie de la Carta del modo más imprudente, si ésta se incorpora a los Tratados y se le da valor legal. Lo próximo será que la desvíen de su curso, con el fin de limitar de forma eficaz las competencias de los Estados miembros en un grado muy importante, precisamente en aquellos aspectos en que el núcleo central de la soberanía y la autodeterminación de sus pueblos está implicada, tendiendo a superponerse a los sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros y a subordinarlos totalmente. 
Durante el año y medio que ésta ha estado en vigor, aunque no lo esté oficialmente, comportándose varios órganos como si la Carta fuese directamente aplicable, lo han demostrado de forma peligrosa, y es lamentable que el Parlamento esté avanzando intencionadamente hacia este desastre y no se exprese enérgicamente para defender el Estado de derecho y las normas establecidas en los Tratados. 
He votado a favor del informe sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su futura condición. 
Estoy a favor de la incorporación de la Carta al tratado. 
Por otra parte, estoy en contra de la línea de razonamiento de que sea un requisito previo que la UE sea una persona legal por su propio derecho, o que la Carta sería un paso más en el camino hacia un Estado europeo. 
Considerando la manera en que la Carta parece haber sido capaz de establecer su propio mandato y sus propias limitaciones (o más exactamente la carencia de limitaciones) , es necesario responder a una serie de preguntas fundamentales antes de seguir adelante. 
Aunque es correcto y apropiado que un órgano legislativo como es la Unión Europea tenga que someterse a unas normas mínimas sobre lo que se considera aceptable en la sociedad civilizada, no se ganará nada si la puesta en práctica de la Carta continúa por el camino que se apunta en este informe. 
¿Qué sucederá si el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecen jurisprudencia contradictoria? 
¿Quién sentará precedentes? 
¿Quién saldrá ganando de una discusión acalorada salvo los abogados en litigio? 
¿Cómo puede un documento legalmente vinculante establecer que todos los derechos son iguales, ya sea el derecho a la vida o el derecho a la huelga? 
¿No tienen, en realidad, muchas de esas cuestiones una naturaleza política en lugar de ser derechos legales fundamentales? 
¿No tenía razón el Comisario Byrne cuando afirmó que las cuestiones relativas a educación, salud y vivienda- y sus implicaciones económicas- están mejor en manos de los políticos electos que en manos de los jueces? 
El informe trata de la Carta de los Derechos Fundamentales y propone que sea vinculante. 
Una carta vinculante con un ámbito de aplicación tan amplio será la fuerza motriz de una mayor integración y supranacionalidad. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas recibirá mayores poderes para fallar sobre casos relativos a los derechos humanos. 
Contar con una carta que tenga fuerza de ley primaria abre el camino, en un principio, a la legislación secundaria (normativas y directivas) basadas en la misma. 
Comparto la opinión del parlamento sueco al decir «no» a una carta vinculante, y creo que la UE debería en su lugar simplemente unirse al Convenio Europeo. 
Por ello no puedo apoyar el proyecto. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 1,29 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la lucha contra el terrorismo. 
Tiene la palabra el Sr. Haarder, en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, cuando se me invitó a hacer una declaración sobre este asunto, ignorábamos que éste llegaría a ser de tan trágica actualidad. 
Lo estamos debatiendo hoy bajo la sombra del espantoso atentado terrorista cometido el 12 de octubre en Bali, en el que han muerto más de 200 personas. 
Ha sido una catástrofe del todo incomprensible y que también destaca que es preciso tomarse muy en serio la amenaza terrorista. 
No debemos engañarnos: la lucha contra el terrorismo será una tarea muy larga y ardua. 
La última vez que tuve el honor de dirigirme al Parlamento sobre la cuestión del terrorismo fue el 11 de septiembre de este año, cuando recordamos juntos el aniversario del ataque terrorista contra los Estados Unidos. 
En aquel momento, destaqué que los Estados Unidos fueron escogidos como blanco por su poder y por su compromiso con la democracia al estilo occidental y con la libertad y la tolerancia, pero nosotros podríamos haber sido el blanco con igual facilidad. 
El atentado terrorista cometido en Bali, por su carácter inesperado, ha demostrado que nadie está a salvo. 
Los terroristas han distorsionado las múltiples ventajas de la globalización para ponerlas al servicio de su estratagema inhumana y despiadada. 
La lucha contra el terrorismo es una lucha a escala mundial, para cuyo éxito es un requisito previo fundamental la estrecha cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Hasta el momento, hemos tenido la satisfacción de constatar que, si el propósito de los terroristas era dividir a las democracias occidentales, han conseguido exactamente lo contrario. 
En adelante, todos debemos dejar que esta idea nos guíe. 
También por este motivo, el papel internacional de la UE es un elemento muy importante en la lucha contra el terrorismo. 
¿Qué ha hecho, por lo tanto, la UE desde el 11 de septiembre de 2001 y cuán eficaz ha sido su actuación? 
La reacción política de la UE ante la catástrofe del año pasado fue muy rápida y dinámica. 
En primer lugar, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE realizaron una declaración firme en la que dejaban claro que la UE haría todo lo posible para garantizar que los responsables fuesen juzgados y castigados. 
La UE también destacó que el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos podían contar con su plena solidaridad y cooperación en la lucha permanente contra el terrorismo. 
No vamos a modificar esta postura. 
La UE no se quedó en las meras palabras. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron, el 21 de septiembre, el plan de acción que ha constituido el eje vertebrador de los esfuerzos de la UE. 
La lista de logros resulta impresionante. 
Uno los puntos fundamentales de esta lista ha sido la consolidación de la cooperación policial y judicial. 
Algunos ejemplos concretos son la introducción de la orden de detención europea, la implantación de una definición común de acto terrorista y la creación de equipos de investigación conjuntos. 
La UE ha avanzado a pasos agigantados en estos ámbitos, mediante la rápida aprobación de los actos jurídicos necesarios. 
Además, se ha alcanzado un acuerdo sobre una decisión relativa al embargo de bienes y la protección de las pruebas. 
Ésta establecerá normas sobre el procedimiento que seguirán los Estados miembros para reconocer y ejecutar en sus territorios las órdenes de embargo emitidas por una autoridad judicial de otro Estado miembro. 
Asimismo contribuirá a dificultar la actuación de los terroristas en los Estados miembros. 
Además, se ha empezado a negociar con los Estados Unidos un acuerdo de cooperación en materia de extradición y de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, y se espera que a finales de este año se habrá completado un acuerdo entre Europol y los Estados Unidos sobre el intercambio de datos personales. 
A la vista de todo ello, puede decirse que la UE ha hecho cuanto cabía esperar de ella? y más. 
Otro punto destacado ha sido atajar de manera eficaz la financiación del terrorismo. 
En diciembre de 2001, ya se adoptaron los actos jurídicos necesarios para aplicar la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad. 
De este modo, hemos conseguido cortar el flujo de dinero destinado a financiar atentados terroristas, el cordón umbilical sin el que el terrorismo internacional no puede sobrevivir. 
Además, también se han adoptado una serie de iniciativas importantes en materia de seguridad aérea. 
En conjunto, tenemos motivos para estar satisfechos y orgullosos de nuestra actuación en la lucha contra el terrorismo. 
A los terroristas les resulta ahora más difícil desenvolverse y cometer atentados terroristas en los Estados miembros, y además ha mejorado la seguridad de nuestros ciudadanos. 
¿Podemos descartar la posibilidad de futuros ataques terroristas? 
No, no podemos, pero justamente por esta razón tenemos que continuar la lucha con renovada energía. 
Esto no significa sólo seguir persiguiendo a los terroristas, dondequiera que se encuentren, sino también apoyar de manera concreta los esfuerzos para eliminar las causas subyacentes que avivan el terrorismo. 
¿Hemos arriesgado la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos? 
El dilema que se nos plantea a los políticos es fundamentalmente de orden político también: ¿es aceptable coartar nuestra libertad, a fin de protegernos contra el terrorismo? 
¿Están conduciendo nuestros esfuerzos por proteger nuestra libertad y nuestra seguridad a la creación de una sociedad sometida a un férreo control estatal? 
¿Dónde debemos trazar el límite? 
Creo que el famoso filósofo liberal Karl Popper nos dio algunas orientaciones al afirmar lo siguiente: «Si no estamos dispuestos a defender a una sociedad tolerante contra los ataques de los intolerantes, los tolerantes serán destruidos y, con ellos, la tolerancia». 
Ésta es también la orientación que creo percibir en la propuesta de resolución del Parlamento, que destaca que es necesario mantenerse firmes para evitar que los terroristas se beneficien de sus atrocidades. 
La Presidencia coincide plenamente con la insistencia de la propuesta de resolución en el principio de que el terror no debe verse recompensado. 
Creo que hemos conseguido el equilibrio adecuado. 
Al mismo tiempo, la Presidencia no considera necesaria, por el momento, la adopción de otras iniciativas antiterroristas importantes en la UE. 
La Presidencia danesa ha concedido a la lucha contra el terrorismo la máxima prioridad. 
Ésta se ha orientado, sobre todo, hacia el papel internacional de la UE. 
Al mismo tiempo, nos proponemos seguir trabajando, como es obvio, en la aplicación de medidas internas. 
El objetivo de la Presidencia danesa es lograr avances en la integración de la lucha contra el terrorismo en todos los aspectos de la política exterior de la UE. 
Además de consolidar el papel internacional de la UE, acrecentando la importancia que tiene la lucha contra el terrorismo en la política exterior y mediante una evaluación sistemática de la contribución de terceros países a esta lucha, nuestra ambición es que la UE llegue a ser la abanderada de esta lucha en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales. 
Mantener la coalición antiterrorista internacional y la cooperación con los Estados Unidos son aspectos esenciales. 
Otros son la firma de un convenio general contra el terrorismo y la aplicación universal de los doce convenios internacionales existentes sobre la lucha contra atentados terroristas específicos. 
Las conclusiones del Consejo del 22 de julio de 2002 sobre la acción exterior de la UE contra el terrorismo inauguraron un nuevo capítulo en la lucha contra esta lacra. 
En sus futuros acuerdos con terceros países, la UE tendrá más en cuenta la contribución de estos países a la lucha contra el terrorismo y mantendrá con ellos un diálogo político más centrado en esta cuestión y más exigente, si es necesario. 
También se decidió considerar medidas específicas encaminadas a ayudar a terceros países a cumplir sus obligaciones conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y concentrar la actuación en un pequeño número de países, con el fin de iniciar un proyecto piloto en cooperación con el Comité de la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. 
Dicho proyecto estará dirigido, sobre todo, a los países que tienen la voluntad política de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, pero se ven incapacitados para hacerlo. 
Esperamos que antes de finalizar la Presidencia danesa se habrán alcanzado resultados concretos en estos últimos ámbitos en particular, con la puesta en marcha de uno o dos proyectos piloto. 
Una evaluación precisa y completa de la amenaza es, sin embargo, un requisito previo para poder reconsiderar el contenido de fondo de las relaciones contractuales con terceros países desde la perspectiva de la suscripción de acuerdos, para poder establecer un diálogo político más estricto en caso necesario y para poder evaluar la posible necesidad de ofrecer ayuda a terceros países. 
Por consiguiente, la Presidencia también ha otorgado una alta prioridad a la elaboración de los análisis necesarios sobre regiones y países concretos. 
Los trabajos avanzan a buen ritmo y prevemos que pronto se dispondrá de los fundamentos analíticos necesarios. 
Debemos transmitirles a nuestros interlocutores de terceros países que su manera de llevar la lucha contra el terrorismo influirá considerablemente en sus relaciones con la UE. 
Me congratulo, por lo tanto, de que esta idea se exprese en la propuesta de resolución. 
La UE puede estar ciertamente orgullosa de los esfuerzos realizados tras el ataque terrorista del 11 de septiembre. 
Hemos puesto orden en nuestra propia casa de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y lo hemos hecho respetando la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos. 
Ahora es importante que volvamos la mirada hacia el exterior y cumplamos el papel internacional que de nosotros se espera. 
Tenemos que mantener la coalición antiterrorista y una intensa cooperación con nuestros socios más próximos, en particular los Estados Unidos; así lo hacemos, tendremos esperanzas de triunfar. 
Por consiguiente, espero seguir contando con el apoyo del Parlamento a la línea de actuación que hemos seguido y quiero agradecer a los dos Comisarios su cooperación en este ámbito. 
Señor Presidente, señor Haarder, Señorías, los trágicos acontecimientos recientes en Indonesia demuestran que el terrorismo, un crimen sin sentido y cobarde, todavía puede atacar con consecuencias devastadoras, a pesar de los esfuerzos realizados durante el último año por la comunidad internacional, en general, y por la Unión Europea, en particular. 
Estos sucesos sólo pueden fortalecer nuestra convicción de que debemos combatir sin tregua a este terror, empleando todos los recursos disponibles y desde una perspectiva global. 
La Unión Europea debe cumplir un papel de primer orden en esta lucha, tal y como ha expuesto de manera tan elocuente el Ministro Haarder. 
Nuestra respuesta frente al terrorismo se basa en la voluntad de dotar rápidamente a la Unión Europea y a sus Estados miembros de los recursos que les permitan mantener una cooperación más eficaz y con pleno respeto de nuestros principios democráticos, con el objetivo de consolidar a la vez la protección de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. 
Además, es preciso constatar que el hecho de que la reacción de la Unión Europea tras los ataques del 11 de septiembre fuese tan rápida se debió, en gran parte, a la cooperación entre nuestras instituciones, es decir, entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Esta cooperación también quedó patente en la aplicación de un enfoque transpilar, capaz de responder a la magnitud del desafío que plantea el terrorismo, tanto el de carácter internacional como el que tiene lugar dentro de cada Estado miembro. 
No voy a repetir los frutos que ya ha dado la aplicación de la estrategia que se adoptó el año pasado. 
En lugar de ello, deseo mencionar que, tras las propuestas presentadas por la Comisión, la Unión adoptó una definición común de terrorismo, armonizó las penas aplicables a los atentados terroristas y creó una orden de detención europea. 
Estos instrumentos están resultando útiles en las negociaciones del Convenio Mundial contra el Terrorismo, que se está desarrollando en el seno de las Naciones Unidas. 
En lo que se refiere a la cooperación policial, se han realizado considerables avances en el estrechamiento de la colaboración entre las fuerzas antiterroristas nacionales y Europol. 
Esta cooperación operativa a veces no es demasiado visible, pero existe y se ha mejorado mucho durante el último año. 
La Comisión no puede dejar de agradecer los esfuerzos realizados para mejorar las capacidades analíticas, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de la amenaza terrorista por parte de Europol, y particularmente en relación con las medidas concretas adoptadas para incrementar el flujo de información aportado a Europol, incluyendo el intercambio de datos entre las fuerzas policiales y los servicios de información de los Estados miembros, así como para garantizar la mejora y un uso más amplio de este instrumento de cooperación y análisis. 
Tras la iniciativa del Parlamento Europeo, la Comisión propuso, por su parte, al Consejo la financiación, con cargo al presupuesto comunitario, de actividades específicas destinadas a dotar a Europol de los recursos adicionales necesarios para fortalecer y coordinar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
Por lo que respecta a la lucha contra la financiación del terrorismo en Europa, quiero señalar que continúan los trabajos para elaborar instrumentos que faciliten el embargo de bienes y el bloqueo de los fondos de las organizaciones terroristas, así como también en el ámbito del reconocimiento mutuo, que permitirá ejecutar en un Estado miembro las órdenes de embargo emitidas por una autoridad judicial de otro Estado miembro. 
La Comisión va a realizar en 2003 una evaluación de los mecanismos adoptados contra los delitos financieros y, paralelamente, presentará una propuesta sobre el embargo y la confiscación de los fondos de entidades controladas por individuos implicados en la financiación de actividades terroristas. El objetivo es garantizar que no se puedan aprovechar actividades legítimas para financiar el terrorismo. 
La protección de nuestras fronteras exteriores también ha sido objeto de intensos trabajos y de algunas propuestas innovadoras, que algunos consideran arriesgadas, pero que en mi opinión son adecuadas para contemplar de manera equilibrada los múltiples retos que debe estar preparada para afrontar la Unión, con objeto de preservar su estabilidad y su seguridad interior. 
Pasando a los asuntos que rebasan nuestras fronteras- y sin entrar en demasiados detalles con respecto a nuestras acciones, puesto que el Comisario Patten volverá a tratar la cuestión -, entre éstos merece especial atención nuestra cooperación con los Estados Unidos. 
El acuerdo sobre cooperación estratégica entre Europol y los Estados Unidos, que contempla el intercambio de información estratégica y de funcionarios de enlace, constituye un buen ejemplo de dicha cooperación. 
En estos momentos, estamos trabajando para ampliarla en el plano policial mediante una cooperación a escala judicial en el marco de Eurojust. 
Los acuerdos que se están negociando actualmente, ya sean relativos al intercambio de datos personales, a la extradición o a la asistencia mutua, van a desempeñar también un papel fundamental. 
La Comisión se congratula de que los mandatos emitidos por el Consejo garanticen el pleno respeto de nuestros valores y principios de derecho por parte de estos futuros acuerdos de cooperación. 
No obstante, voy a reiterar, por si fuese necesario, que lo que está actualmente en juego en la lucha contra el terrorismo no es sólo la protección de nuestros principios, sino- en primer lugar y por encima de todo- la protección de nuestros conciudadanos, así como la garantía de que, en los momentos de infortunio, se podrá demostrar la solidaridad. 
También quiero recordar que la Comisión propuso la semana pasada que todas las víctimas de delitos y de atentados terroristas en la Unión Europea reciban una indemnización por las pérdidas y los daños personales sufridos, y que se fije un mínimo con respecto a ella. 
La solidaridad y la prevención son también el núcleo central de las iniciativas muy prácticas adoptadas en el ámbito de la seguridad aérea y la protección civil, con objeto de mejorar la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, incluyendo las cuestiones relativas a la salud pública y a la protección de las instalaciones públicas fundamentales para la vida en comunidad, como las de abastecimiento de agua o de electricidad o las centrales nucleares. 
Los días 27 y 28 de octubre, un ejercicio de protección civil europeo simulará, por primera vez, las consecuencias de un ataque terrorista con intervención de sustancias radiológicas y químicas, con el fin de probar el nuevo centro de vigilancia e información creado por la Comisión. 
Sin embargo, estos esfuerzos considerables no deben detenerse aquí y no se detendrán. 
La prevención y la lucha contra el terrorismo requieren, ahora más que nunca, la consolidación de la Unión como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Éste es uno de los mayores retos a los que debe responder nuestro trabajo en el marco de la Convención sobre el Futuro de Europa. 
La Comisión va a presentar propuestas de reforma institucional, con el fin de que la Unión disponga de todos los recursos necesarios para hacer frente, de manera diligente y eficaz, a los retos actuales y, sobre todo, a los que nos reserva el futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, quiero hacer constar una protesta. 
Dos comisiones elaboraron las resoluciones a las que los grupos políticos han presentado ahora sus enmiendas. 
No me parece correcto ni pertinente que mi colega de la otra comisión no encabece también la lista de oradores. 
Pido que esta lista se rectifique, de manera que se conceda a mi colega el uso de la palabra inmediatamente después de mí y que los oradores de los grupos políticos la sigan a continuación. 
No creo que ningún miembro de los grupos oponga objeciones. 
De hecho, resulta simbólico que la cuestión del terrorismo haya sido tratada por estas dos comisiones. 
El hecho de que las enmiendas de los Grupos se refieran al trabajo que hemos elaborado y presentado conjuntamente pone de manifiesto que nos enfrentamos a una circunstancia completamente nueva, a la necesidad de abordar la lucha contra el tumor canceroso del terrorismo como una causa común en la que confluyen la seguridad interior y la exterior. 
Los métodos policiales y las medidas represivas tradicionales dentro de los Estados ya no obtienen éxito, y tampoco es posible solventar la situación con medios militares tradicionales. 
Se requiere una nueva definición de la política de seguridad que deje bien claro que nos enfrentamos a un problema que no conoce fronteras. 
El antagonista ya no se encuentra al otro lado de una frontera fija: ahora está dentro de nuestras propias fronteras. 
Se encuentra, sobre todo, dentro de las fronteras que lo protegen, pues allí se prepara para actuar en otro país; es decir: que las fronteras ya no nos separan del enemigo, sino que lo protegen. 
Por ello, tenemos que desarrollar nuevos métodos, y hoy queremos presentar una serie de propuestas. 
En cualquier caso, está claro que es necesaria una cooperación en todas las cuestiones militares y de seguridad interior, por parte de las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y los servicios secretos, que permita obtener información sobre cómo actuar contra el terrorismo. 
Es de todo punto inaceptable que en nuestros Estados mueran asesinados ciudadanos debido a que los Estados-nación no se muestran dispuestos a intercambiar información. 
Creo que, a pesar de que después del 11 de septiembre se dieron pasos importantes, sólo una parte de lo que se debatió en aquel momento se ha hecho realidad. 
El Comisario Patten se ha referido, de manera particularmente explícita, al terrible suceso de Bali, que ha demostrado, una vez más, que este tipo de incidentes seguirán proliferando. 
No obstante, debe quedar claro que sólo podremos combatirlos con éxito si respetamos el Estado de Derecho y el derecho internacional. 
No podemos responder infringiendo la ley, pero tenemos que estar preparados para actuar, sin dejar de garantizar, al mismo tiempo, el respeto del Estado de Derecho y el derecho internacional. 
Ésta es la situación compleja en la que nos encontramos, y que está vinculada a las Naciones Unidas y al papel que cumple el Consejo de Seguridad. 
La función primaria y más importante del Consejo de Seguridad es tomar la iniciativa en los asuntos de política exterior, pero ésta no puede ser la única vía. 
Me parece acertado que en este contexto se hable de un convenio general contra el terrorismo. 
Asimismo creo que debe quedar claro que ni la religión, ni la pobreza, ni ningún otro motivo pueden justificar la muerte de civiles en atentados terroristas. 
No hay excusa para el terrorismo: absolutamente ninguna. 
Señor Presidente, mi colega el Sr. Brok ha hecho una petición al inicio de su intervención y creo que, cuanto menos, merece una contestación de la Presidencia. 
En cualquier caso, me ratifico en lo que él ha dicho teniendo en cuenta, además, que, cuando se hizo el mandato para esta resolución, la Conferencia de Presidentes se refería a las dos comisiones, Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Así figura en la lista de votos de los servicios de la Cámara. 
Puesto que desea una respuesta de la Presidencia, se la voy a dar gustosamente: el Reglamento establece el orden de intervención de los oradores. 
Está usted confundiendo el artículo 37 con los artículos 42 o 50, en virtud de los cuales los autores o los presidentes de las comisiones intervienen en primer lugar. 
No ocurre lo mismo en el caso del artículo 37. 
La Conferencia de Presidentes tendría que haber modificado el orden de intervención de los oradores, pero no lo ha hecho. 
Por lo tanto, estoy obligado a aplicar el Reglamento. 
Cuando llegue el momento, dispondrá usted del tiempo de uso de la palabra que tiene asignado, pero estoy obligado a seguir el orden de intervenciones establecido. 
Vuelvo a repetirlo: se han interpretado mal mis palabras o a lo mejor no me he expresado bien. 
En este caso se debe aplicar el artículo 37, que no prevé el concepto de autor. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quiero insistir en que el presidente de mi comisión, el Sr. Hernández Mollar, intervenga antes que yo. 
Ésta es una propuesta conjunta de las dos comisiones. 
Como portavoz del Grupo Liberal en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, quisiera que el presidente de mi comisión interviniera antes que yo. 
Si el Reglamento no lo estipula así, debería hacerlo. 
Tengamos la flexibilidad suficiente para aceptar las cosas como deben hacerse. 
Señorías, mi propuesta es la siguiente: voy a consultar con la diputada a la que, en principio, conforme a la lista y al Reglamento, le correspondería hacer uso de la palabra ahora. 
Si ella está de acuerdo, evidentemente no me opondré y concederé primero la palabra al Sr. Hernández Mollar. 
Señor Presidente, el procedimiento que se ha seguido para elaborar esta resolución ha sido un poco extraño y nos ha planteado dificultades a todos. 
Es cierto que en estos momentos la lucha contra el terrorismo tiene una dimensión de política interior y de política exterior, y no quisiera ver menoscabada la importancia del trabajo que ha hecho mi propia comisión. 
Por tanto, le ruego que el Sr. Hernández Mollar intervenga antes que yo. 
Si esto es imposible con arreglo al Reglamento, estoy dispuesta a cambiar con él mi turno de palabra, lo que imagino que no causará mayor dificultad a los servicios. 
El sentimiento general parece ser favorable a que prescindamos del Reglamento y es un placer para mí concederle el uso de la palabra al Sr. Hernández Mollar. 
Sin embargo, deben comprender que soy el guardián del dogma y estoy obligado a tomar en consideración las normas o de lo contrario podrían reprochármelo. 
Señor Presidente, en política los dogmas se rompen por la voluntad mayoritaria y en este caso creo que mis compañeros, cuya intervención agradezco enormemente, han dejado bien clara cual era su voluntad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, el último barómetro 2002 publicado por la Comisión refleja que seis meses después del 11 de septiembre más de 2 de cada 3 ciudadanos europeos consideraban que la lucha contra el terrorismo era un asunto que debía tratarse a nivel de la Unión Europea más que a nivel nacional. 
Ahora bien, un año y un mes más tarde, ¿siguen mereciendo la Unión y sus Estados miembros tal confianza? 
En ese contexto es en el que se sitúa el debate de hoy. 
Nos encontramos reunidos para debatir sobre los progresos realizados por la Unión Europea en el arduo combate de la lucha contra el terrorismo y su estrategia futura. 
Después del intenso trabajo y esfuerzo desempeñados ha llegado el momento de parar el tiempo y reflexionar: ¿qué hemos logrado? , ¿en qué hemos fallado? 
Y como consecuencia, ¿cuáles son los próximos pasos que deberemos dar? 
Ciertamente, el trabajo realizado ha sido enorme. 
Pensemos en la adopción del Plan de acción de lucha contra el terrorismo, la aprobación en tiempo récord de una definición y de sanciones comunes así como de la orden de detención y entrega, además de la puesta en marcha- como aquí se ha dicho- de Eurojust y la reactivación de Europol. 
Sin embargo, hemos de ser sinceros, no sólo con nosotros mismos, sino con nuestros ciudadanos. 
Frente a la realidad y actualidad de la amenaza terrorista, gran parte de las medidas europeas siguen siendo virtuales. 
Los ataques del 11 de septiembre sacaron a relucir todos los frenos que bloquean la plena creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En caso de una nueva situación de crisis, ¿creen ustedes Señorías que los ciudadanos europeos y más aún las víctimas del terrorismo y sus familias quedarían satisfechos si explicásemos que la falta de eficacia en la reacción de la Unión Europea se debe a su propia arquitectura en pilares, a la dificultad de adoptar decisiones por unanimidad, a las actitudes de algunos Estados miembros, a la negativa de transferir datos a Europol? 
Creo sinceramente que no. 
El 11 de septiembre ha servido para darnos cuenta de que la Unión Europea no está plenamente adaptada al nuevo contexto mundial. 
Voy a destacar tres aspectos fundamentales. 
El primero es que el terrorismo pretende desestabilizar el Estado de Derecho. 
Nuestra tarea debe ser, pues, reforzar el contenido y la legitimidad de la legislación europea. 
Hoy sólo existe una posibilidad para hacerlo, aprovechar los trabajos de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea para comunitarizar todos los aspectos implicados en la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia y someterlos a las mismas reglas de control democrático y jurisdiccional. 
El terrorismo quiere promover el conflicto entre los ciudadanos de una misma comunidad. 
Debemos tener en cuenta que el terrorismo no sólo cuenta con quien pone una bomba o dispara con una pistola, sino que implica una infraestructura, medios financieros, asesoría legal, información sobre posibles objetivos, lugares donde cobijarse. 
Por ello, un aspecto esencial en la lucha contra el terrorismo es la reacción de repulsa de la propia sociedad frente a todos aquellos que se sirven de la amenaza y del crimen. 
Por último, el terrorismo se aprovecha de la apertura de nuestras sociedades para crear el máximo daño posible. 
Los terroristas se sirven de la eliminación de las fronteras físicas y de la persistencia de las fronteras jurídicas y policiales entre los Estados miembros, y por ello resulta indispensable avanzar en la creación de este espacio evitando que sea utilizado de forma abusiva por los tribunales. 
En la comisión que tengo el honor de presidir seguiremos con la misma atención los resultados de la aplicación del Plan de acción contra el terrorismo y la estrategia futura de la Unión. 
Además, nos reservamos el derecho de informar a esta Cámara si observáramos que el compromiso de la Unión contra el terrorismo se debilitara o si las disputas entre autoridades o gobiernos pusieran en peligro la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Antes de darle la palabra a la Sra. Terrón i Cusí, que intervendrá en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, quiero agradecerle una vez más su comprensión y su flexibilidad, que nos han permitido combatir el terrorismo de nuestro Reglamento. 
En nombre de mi Grupo político quisiera recordar y destacar aquí que la rapidez en la toma de decisiones por parte de la Unión Europea después del 11 de septiembre debe ser una muestra de voluntad política y de cómo con voluntad política podemos alcanzar logros importantes. 
Lo recuerdo porque un año después nos preocupa ver que la aplicación de estas decisiones no está haciéndose con la misma celeridad. 
Necesitamos voluntad política, pero- y me asocio a las palabras del presidente de mi comisión- necesitamos también nuevos procedimientos que nos permitan satisfacer las demandas de los ciudadanos. 
Es necesario que la Convención aborde esta cuestión y proponga las modificaciones necesarias para tener una única estructura que abarque el espacio de justicia interior. 
Y eso, que puede parecer jerga comunitaria incomprensible, quiere decir cosas como que podamos tener una base jurídica coherente- que hoy no tenemos- para poder congelar los bienes y haberes de los terroristas que actúan dentro de la Unión Europea y que podamos resolver cuestiones como la de Europol. 
Pregunto al Consejo si vamos a permitir que una vez más este Parlamento asigne presupuesto comunitario a Europol y que este presupuesto se quede pro memoria y no se gaste, y cuánto tiempo más podremos explicar esto a los ciudadanos. 
Un Eurojust operativo, resolver los problemas con los diferentes niveles de protección de datos, etc. Le pregunto directamente si están dispuestos a hacer esto. 
Yo espero que sí y que asocien plenamente al Parlamento a este trabajo, como fue asociado en la reacción después del 11 de septiembre demostrando que esto era positivo. 
Creemos además que estas medidas son indisociables de otras dirigidas a reforzar la defensa de nuestra sociedad. 
Defensa del Estado de Derecho, refuerzo de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, diálogo democrático, un cuidado extremo en evitar el racismo y la xenofobia, respeto y resarcimiento a las víctimas- y en ese sentido doy la bienvenida a la propuesta del Comisario- y también una política exterior basada en estos principios: fuerte en la lucha contra el terrorismo, fuerte también en el establecimiento de condiciones que permitan abordar en origen situaciones de inestabilidad extremadamente peligrosas para todos nosotros. 
En ese sentido, quisiera preguntarle también cómo están en este momento las negociaciones con los Estados Unidos en la cooperación en este terreno. 
Y quisiera preguntarle si van a informar al Parlamento del desarrollo de estas negociaciones, de su resultado, y si van a tener en cuenta la resolución del Parlamento del pasado diciembre en relación con esto. 
Terminaré diciendo que nadie va a comprender en Europa que palabras como unanimidad, bloqueo, pilares etc., nos hagan ir despacio en la cooperación en la lucha contra el terrorismo. 
Necesitamos asegurar a los ciudadanos mayor libertad defendiendo la cooperación entre los Estados miembros para ser más eficaces. 
Señor Presidente, no podemos transigir con los que odian la libertad y la democracia. 
No puede haber tolerancia con los intolerantes. 
Dicho eso, nos queda aún trabajo por hacer para convencer a los corazones y las mentes de nuestros ciudadanos proyectando una visión de Europa y los Estados Unidos como modelos de derechos humanos, no discriminación, respeto a las diferencias y aceptación de críticas. 
Resulta paradójico que los jóvenes de África y Asia suspiren con nostalgia por el estilo de vida americano al mismo tiempo que condenan a los Estados Unidos como el «gran Satán». 
Tenemos que demostrar, por ejemplo, que comprendemos la diferencia entre la religiosidad moderada, razonable y compasiva y el fundamentalismo dogmático que existe en todas las religiones, no sólo en el islam. 
Pero tenemos que hacer un esfuerzo especial para mantener el diálogo con los musulmanes e integrarlos en las sociedades europeas. 
Tenemos que demostrar que tratamos a los demás como nos gustaría que nuestros ciudadanos fueran tratados. 
¿No habría sido un gesto magnífico, además de moralmente correcto, haber ofrecido un servicio de evacuación en helicóptero a todas las víctimas locales de la bomba de Bali, demostrando con ello que no velamos únicamente por los occidentales blancos y ricos? 
Quizás no sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. 
La lucha internacional contra el terrorismo se mezcla inevitablemente con la cuestión de las armas de destrucción masiva. 
Todos conocemos la situación actual en Iraq. 
El peligro está en que cualquier acción preventiva que adopte la forma de una guerra de conquista para derrocar el régimen actual convertiría a los Estados Unidos en un poder imperialista a los ojos de Oriente Medio. 
Un ataque bélico podría crear toda una nueva causa célebre para el terrorismo. 
Tenemos que asegurar la transparencia y el respeto por la libertad y la democracia en la adopción de medidas antiterroristas, pero en las 30 páginas que ocupa el «mapa de carreteras» contra el terrorismo, el Parlamento aparece mencionado tan sólo en cuatro ocasiones. 
El Consejo está negociando acuerdos sobre asistencia jurídica mutua, extradición e intercambio de datos personales con los Estados Unidos, que contemplan la colaboración con la Europol y el FBI. 
En principio, eso está muy bien, pero no existe ningún escrutinio democrático ni judicial. 
Aunque respecto de los temas de justicia y política interior suele existir cierta intervención parlamentaria, los acuerdos externos se negocian sin ningún tipo de control parlamentario. 
Esta situación deja mucho que desear y debilita nuestras pretensiones como defensores de la libertad y la democracia. 
Señor Presidente, el informe sobre la lucha contra el terrorismo contiene muchas bellas palabras. 
Incluye muchas bellas palabras sobre la protección de la democracia, la garantía de los derechos civiles y la prevención de las crisis civiles. 
Sin embargo, lo cierto es que en este momento nos encontramos en una situación crucial, en la que la UE debe decidir si quiere seguir a ciegas a los Estados Unidos, independientemente de lo que éstos decidan con respecto a Iraq. 
Algunas de las preocupaciones que ha expresado mi colega Baroness Ludford sobre los ataques preventivos también son dignas de atención. 
Comienza a ser un problema que usemos estas bellas palabras pero luego actuemos de otro modo, y ahora pienso en los derechos civiles en particular. 
La resolución da su plena aprobación al paquete antiterrorista de la UE, que incluye la lista de organizaciones terroristas de la Unión. 
Como resultado, nos enfrentamos a un problema de actualidad, concretamente que, al parecer, el Ejército Nacional del Pueblo y el Partido Comunista de Filipinas han quedado incluidos finalmente en la lista de organizaciones terroristas de la UE, junto con su dirigente, José María Sison, que resulta que está exiliado en los Países Bajos. 
El problema reside en que estos grupos constituyen una parte fundamental de la red que está participando en las negociaciones de paz en Filipinas, un proceso que, por cierto, está en marcha desde hace muchos años. 
En cualquier caso, el Parlamento ha aprobado dos resoluciones en las que apoya activamente este proceso, y creo que el Sr. Haarder votó incluso a favor de una de ellas. 
Nos disponemos a incluir a una parte vital de un proceso de paz en la lista de organizaciones terroristas de la UE. 
Si esto no es completamente contradictorio con todas las bellas palabras que se han dicho sobre la prevención de las crisis, no sé qué puede serlo. 
Estamos creando un problema, y yo aconsejaría al Comisario Patten y al Sr. Haarder que relean a Popper. 
Siguen existiendo regímenes totalitarios contra los que es preciso ofrecer resistencia, y si en la UE somos incapaces de distinguir entre terroristas y luchadores por la libertad, el mundo se va a volver un lugar muy triste para todos. 
Desearía recibir una respuesta definitiva a las siguientes preguntas: ¿es cierto que se va a incluir a Sison, al ENP y al Partido Comunista de Filipinas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea? 
¿Es cierto que, con ello, estamos haciendo lo posible por condenar al fracaso ese proceso de paz? 
¿Se ha parado alguien a considerar cómo se pueden conciliar estas bellas palabras con la dura realidad? 
Muchas personas- creo que casi todas- asocian inmediatamente el terrorismo y la lucha contra el terrorismo con imágenes de violencia extrema como las que hace poco pudimos ver en Bali. 
Lamentablemente, esta asociación con la violencia está justificada en el caso del terrorismo, pero no lo está y no debe estarlo en el caso de la lucha contra éste. 
Me alegro de que el Parlamento haya logrado alcanzar un consenso sobre una lucha contra el terrorismo predominantemente no violenta. 
Permítanme que recuerde algunos elementos: el terrorismo no es un fenómeno natural, pero también tiene raíces económicas y sociales, y los programas de la UE podrían aportar un valor añadido justamente en este aspecto. 
Como ha señalado hace un momento el Comisario Patten, la estrategia más eficaz para combatir el terrorismo es la prevención de los conflictos. 
Las acciones militares sólo pueden ser legitimadas por las Naciones Unidas. 
Todos ellos son elementos que mi Grupo acoge con satisfacción porque son los elementos clave de la lucha no violenta contra el terrorismo. 
Sumados a la preocupación por el unilateralismo de los Estados Unidos y el rechazo de los llamados ataques preventivos, a la fuerte insistencia en la protección de los derechos civiles fundamentales y al reconocimiento de la necesidad de establecer unas normas mínimas en materia de derecho penal, creo que es justo decir que la resolución presenta una relación equilibrada de causas y acciones posibles. 
A mi parecer, se trata de una visión europea del terrorismo, no necesariamente comparada con una visión estadounidense, sino como base para un diálogo ecuánime entre iguales sobre el terrorismo. 
Sin embargo, debemos garantizar que esta visión equilibrada sobre el papel no quede impregnada de una práctica que continúa estando gobernada por la opresión y los medios militares. 
Estoy convencido de que sólo si la práctica llega a ser tan equilibrada como esta resolución sobre el papel, sólo si la practica es como la resolución, conseguiremos combatir con éxito el terrorismo sin crear nuevas causas de terrorismo. 
Finalmente, en la resolución se menciona el sistema Galileo de inteligencia, información y navegación que está instalando la Unión Europea. 
He releído también el debate sobre el sistema Galileo. En él se afirmó reiteradamente que éste es, en principio, un sistema civil que no se utilizará, o no se debería utilizar, para obtener información militar, y tengo la impresión de que la primera generación del sistema Galileo es, desde luego, totalmente inadecuada para obtener ningún tipo de información que pueda ser de utilidad en la lucha contra el terrorismo. 
Por lo tanto, sinceramente se me escapa por qué el Parlamento tiene tanto interés en incluir esta referencia al sistema Galileo. 
A mi modo de ver, o bien esta mención es prematura, pues en su estado actual el sistema Galileo no puede servir para ningún fin, o bien no se informó debidamente al Parlamento Europeo en el pasado. 
El sistema Galileo es, sin duda, lo que se denomina un sistema de doble uso. 
Y éstos son dos argumentos por los que, en mi opinión, se debería suprimir la referencia a dicho sistema en la presente resolución sobre el terrorismo. 
Señor Presidente, puede que sea incorrecto decirlo, pero la democratización del mundo islámico es imprescindible para la seguridad del mundo occidental. 
No es posible prevenir y combatir con eficacia el terrorismo, cuando tantos millones de personas viven en un estado desesperado de ignorancia, pobreza, inmovilismo político, estancamiento económico y falta de libertad. 
Lamentablemente, todo esto seguirá igual mientras no intervenga Occidente. 
Los dirigentes europeos, con la excepción de Tony Blair y el Gobierno danés, mantienen la deshonesta convicción de que todo el problema se podría resolver desde dentro, con verborrea diplomática, esperando a ver qué pasa y criticando a los Estados Unidos, con la esperanza de que los terroristas no lleguen a atacar una ciudad europea. 
Ningún dirigente del mundo árabe ha sido derrocado por una sublevación popular en los últimos ochenta años, y nada cambiará si continuamos permaneciendo pasivos. 
Europa se encuentra sencillamente en la misma situación en la que se encontraba en 1938, cuando Chamberlain regresó de su reunión con Adolf Hitler en Munich y proclamó que habría paz en nuestro tiempo. 
Puedo comprender muy bien que a los Estados Unidos les cueste respetarnos, puesto que no tenemos el valor de respaldar nuestras bellas palabras con el uso de la fuerza. 
Europa no va a desempeñar ningún papel sólo porque adopte quién sabe cuántas resoluciones. 
Sólo llegaremos a desempeñarlo si desarrollamos los ejércitos de nuestros países hasta alcanzar el mismo nivel que el de los Estados Unidos. 
Los regímenes dictatoriales de los países que producen terroristas y financian el terrorismo no gozan del apoyo popular, pero los pueblos están tan oprimidos, que son incapaces de llevar a cabo la necesaria revolución. 
Si nuestras declaraciones de libertad y democracia significan algo, tenemos el deber de estar al lado de los Estados Unidos en su enfrentamiento contra todo el puñado de Estados dictatoriales que son responsables de alimentar el terrorismo. 
Quisiera agradecerle al Ministro Haarder la claridad con que ha resaltado la necesidad de esto. 
Señor Presidente, el 11 de septiembre de 2001, de triste recuerdo, me encontraba en Washington con una delegación de esta Asamblea. 
Aquel día es el punto de referencia de la lucha mundial contra el llamado terrorismo internacional. 
Las fuerzas impulsoras islámicas que estaban detrás del ataque terrorista de ese martes negro ya han quedado suficientemente documentadas. 
La amenaza sigue en pie hasta ahora, como lo demuestran los ataques recientes en Indonesia e Israel. 
Por lo tanto, no cabe ninguna duda en cuanto a la urgencia de la lucha contra el terrorismo islámico a escala mundial. 
La presente propuesta de resolución común del Parlamento resulta, sin embargo, de escasa utilidad en este contexto. 
En primer lugar, no se destaca suficientemente la naturaleza de la amenaza islámica. 
La resolución no va más allá de ofrecer posibles soluciones para contrarrestar la propagación del islamismo. 
Con esto no basta. 
Deberíamos tomarnos mucho más en serio la naturaleza de esta amenaza. 
El primer requisito, en este sentido, es conocer mejor la herencia psicológica de estos terroristas. 
Además, la resolución genera confusión. 
Quisiera referirme, en particular, al apartado 28 de la propuesta de resolución común, en la que se recomienda la inclusión de cláusulas antiterroristas en los acuerdos entre la UE y terceros países, como instrumentos para combatir el terrorismo. 
¿Quién podría oponerse a ello? 
Sin embargo, el problema es que se cita como ejemplo modélico, de entre todos, un acuerdo de asociación con la República Libanesa, un Estado en el que el movimiento terrorista islámico Hezbolá es una fuerza en expansión que es preciso tener en cuenta. 
A esto se suman las estrechas vinculaciones entre Hezbolá y Siria y, sobre todo, la República Islámica del Irán. 
Justamente por esta razón, agradecería mucho que el Consejo y la Comisión nos explicasen cómo encaja la República Libanesa en la estrategia europea de lucha mundial contra el terrorismo. 
Espero con verdadero interés una respuesta. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate nadie puede poner en duda que hoy la principal amenaza para nuestra seguridad como europeos, es el terrorismo. 
No cabe distinguir entre terrorismo nacional o internacional porque, en el mundo en que vivimos, la estrategia del terror tiene un carácter globalizado y los Estados miembros no tienen capacidad por sí solos para combatirlo con eficacia. 
En ese sentido, es justo reconocer que, desde los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001, hemos avanzado considerablemente a nivel europeo e internacional en el combate de esta lacra. 
Por lo tanto, hoy no toca hacer un ejercicio declarativo sobre nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo- que se da por supuesto- sino debatir con la Comisión y el Consejo sobre las medidas concretas adoptadas, la eficacia de su aplicación, su efectiva implementación en todos los Estados miembros y, ante todo, sobre qué más podemos y debemos hacer. 
Para ello, tenemos como referencia el plan de acción ya aprobado y, como horizonte, la necesaria traslación a la Convención sobre el futuro de la Unión Europea del mandato para desarrollar el tercer pilar y seguir ampliando la base jurídica comunitaria en esta materia. 
Siendo coherentes con el papel impulsor que el Parlamento Europeo ha venido desempeñando, incluso antes de los atentados del 11 de septiembre, voy a exponer brevemente algunas ideas que, a propuesta de mi Grupo, han sido incluidas en la resolución común que vamos a votar mañana. 
Como prioridad, la adopción de nuevas reglas que amparen a las víctimas del terrorismo, armonizando las legislaciones nacionales y, ¿por qué no? , creando algún instrumento comunitario de amparo a las víctimas. 
También es necesario introducir cláusulas democráticas en los acuerdos de asociación y de partenariado que la Unión suscribe con terceros Estados- el que vamos a firmar dentro de poco con el Líbano puede ser un precedente -, y hemos de adoptar medidas compartidas en los Estados miembros que eviten la instrumentalización del marco democrático en beneficio tanto directamente de los terroristas como, indirectamente, de sus cómplices y colaboradores necesarios. 
Al amparo de la legislación vigente, y siempre al amparo del Estado de Derecho, la Unión Europea ha de estar siempre vigilante ante cualquier intento de justificación del recurso a la violencia, porque no hay terroristas buenos y malos. 
Todos son igualmente despreciables. 
La motivación de sus crímenes es siempre la misma, y su resultado, igualmente injusto, ya produzcan muertes en el País Vasco o en Indonesia. 
Señor Presidente, el presente debate se celebra al cabo de poco más de un año de los atentados cometidos en los Estados Unidos. 
Creo que es un buen momento para hacer balance de los avances realizados en la lucha contra el terrorismo internacional, pero también de los principios rectores en los que éstos deberían basarse. 
Sucesos recientes, incluida la terrible catástrofe que ha tenido lugar en Bali hace un par de semanas, demuestran que la amenaza sigue siendo muy real. 
La pregunta fundamental que debemos hacernos con respecto a la política de la Unión Europea es, evidentemente, en qué grado han contribuido todas las medidas en su conjunto a reducir el riesgo de terrorismo. 
¿Podrían comentar este aspecto la Comisión y el Consejo? 
El Parlamento Europeo quisiera ser informado con mayor frecuencia y de manera más eficaz sobre la ejecución del plan de acción. 
Esto es necesario para el apoyo ciudadano. 
Comprendo que gran parte de la información es confidencial, pero una descripción general de las actividades no nos ofrece una apreciación directa de la eficacia de las políticas. 
¿Estamos consiguiendo contener realmente a los terroristas? 
La propuesta de resolución del Parlamento dedica, y con razón, una gran atención al papel de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo internacional, que es fundamental. 
Deseamos abordar un problema internacional mediante un enfoque internacional basado en la seguridad colectiva, lo que significa que las acciones se deberían emprender a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no de manera unilateral o por medio de coaliciones ocasionales. 
Además de ser una cuestión de principios, esto es también deseable, dada la necesidad de generar el máximo apoyo posible a favor de la lucha contra el terrorismo internacional. 
Combatir la causa última del terrorismo es la vía más eficaz para atacar el caldo de cultivo de este fenómeno. 
Quisiéramos que aspectos como el fomento de la democracia y la lucha contra la pobreza cumpliesen un claro papel en este empeño. 
La política no se debería limitar a operaciones militares o policiales. 
La Unión Europea tiene a su disposición, como nadie, una gama completa de instrumentos necesarios para ello. 
De hecho, se trata de una forma de prevención de los conflictos, algo que constituye, sin lugar a dudas, una prioridad general de la política exterior de la UE. 
Esto enlaza con el problema particular que ya ha mencionado el Comisario Patten: concretamente el de los llamados Estados fracasados. 
Éstos se encuentran sobre todo en África, pero también en lugares más próximos como, por ejemplo, Transdniéster, la parte secesionista de Moldova. 
Estos países o regiones ofrecen un excelente refugio y una magnífica base de operaciones para actividades delictivas y terroristas, que a menudo van de la mano. 
La Unión Europea debería adoptar, a mi parecer, una postura más proactiva, sobre todo en el caso de algunas regiones más próximas a nosotros? de las que acabo de mencionar una? , y no dejar la solución del problema de Transdniéster, por ejemplo, exclusivamente en manos de otros países y otras organizaciones. 
Finalmente, nosotros opinamos que la Unión Europea podría plantearse sin dificultad, con un poco más de ambición, su papel en la lucha contra el terrorismo, en lo que respecta al despliegue de los nuevos instrumentos de Política Exterior y de Seguridad Común para combatir el terrorismo. 
En las circunstancias excepcionales a las que nos enfrentamos, tenemos que preguntarnos si existen otras tareas aparte de las de Petersberg. 
Esto concordaría también con la idea más general de que nuestras actividades para combatir el terrorismo se deberían desarrollar a escala europea más que a escala nacional. 
Si la Unión Europea aúna sus fuerzas, esto también rendirá dividendos a escala de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, el temor y el pánico que propaga el terrorismo son idénticos tanto si el agresor es un francotirador solitario en Washington como si se trata de una red a gran escala como Al Qaeda. 
El terrorismo en sí no es un fenómeno nuevo. 
No se «inventó» el 11 de septiembre de 2001. 
Por otro lado, el terrorismo internacional, como una red a escala mundial que cuenta con armas sofisticadas y recursos económicos aparentemente inagotables, representa un fenómeno nuevo y aterrador. 
Los atentados en Nueva York y Bali han dejado claro para todo el mundo que la lucha contra el terrorismo se debe desarrollar a escala mundial, mediante la cooperación policial y judicial, la actuación de los servicios secretos y la investigación. 
No obstante, también es importante llevar a cabo una cooperación preventiva a largo plazo encaminada a erradicar o, al menos, mitigar las causas del terrorismo. 
La democracia es el mejor antídoto contra el terrorismo. 
La alianza internacional debe otorgar, por lo tanto, prioridad a la realización de grandes esfuerzos para consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. 
También son importantes el comercio, la ayuda y la cooperación en el marco de las organizaciones internacionales. 
La paz en Oriente Medio sería una aportación sumamente importante a la solución del rompecabezas, en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es plenamente consciente de la necesidad de aumentar la cooperación para combatir el terrorismo. 
Ya se ha hecho mucho y se puede hacer mucho más. 
No obstante, debemos tener presente que el objetivo principal de los terroristas es la sociedad libre. 
Por ello, en nuestro afán por combatir el terrorismo, no debemos socavar el núcleo central de la democracia. 
El Estado de Derecho no se debe sacrificar jamás en aras de nuestra determinación de actuar. 
Son inaceptables las normas especiales, los tribunales militares y la inclusión de individuos o de grupos en una determinada lista por razones poco claras. 
Es escandaloso que los prisioneros de la base de la bahía de Guantánamo continúen en un limbo jurídico. 
Quisiera preguntarle al Consejo qué se está haciendo para obtener una idea clara, en particular, de la situación de los ciudadanos europeos que se encuentran en Cuba. 
Señor Presidente en ejercicio, usted ha citado La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. 
Debemos evitar convertirnos, a nuestra vez, en enemigos de la sociedad libre. 
Si lo hacemos, los terroristas triunfarán sin ninguna dificultad. 
Señor Presidente, seguimos sin estar dispuestos a votar a favor de una resolución que, con el pretexto de combatir el terrorismo, en realidad intenta criminalizar las movilizaciones sociales. 
Bajo la batuta del Gobierno Bush, los diferentes Gobiernos europeos están creando un verdadero arsenal para aplastar la libertad. 
Con frecuencia se establecen paralelismos entre los inmigrantes, los jóvenes, los delincuentes y los terroristas. 
En esto se apoya fundamentalmente la extrema derecha. 
En Francia, el Gobierno, no satisfecho con poner entre rejas a sindicalistas, ahora se dispone a aprobar leyes destinadas a castigar a los mendigos, a las personas sin hogar, a los gitanos y a las prostitutas. 
En Italia, el Sr. Berlusconi espera impedir la celebración de una reunión del Foro Social Europeo en Florencia mediante la suspensión del Convenio de Schengen, con objeto de cerrar sus fronteras. 
Seguimos oponiéndonos a cualquier acción que tenga como finalidad aterrorizar a una nación, ya sea algún tipo de terrorismo privado, como el que practica Osama Bin Laden, o el terrorismo de Estado de Ariel Sharon. 
No acabaremos con esta plaga restringiendo las libertades democráticas, sino erradicando sus causas, esto es, la opresión y la pobreza. 
Son la tiranía de los bancos y las guerras imperialistas las que convierten a la gente en alguien como Osama Bin Laden. 
Señor Presidente, Señorías, Señores representantes del Consejo y de la Comisión, en primer lugar, quiero manifestar mi total acuerdo con la resolución y con las palabras de los representantes del Consejo y de la Comisión aquí presentes. 
No es necesario que yo, en nombre de mi Grupo ni en el de mi propia organización política gallega, manifieste una vez más mi absoluto rechazo y condena del terrorismo. 
En este sentido, quiero destacar que la resolución exige la creación de condiciones para combatir el terrorismo en el marco del absoluto respeto de la ley y de los derechos humanos, tanto mediante la eliminación de la pobreza y la marginación como mediante el combate contra las ideologías fundamentalistas, que- incluso más que la pobreza- a menudo se presentan como la justificación principal del terrorismo. 
Dicho esto, quiero destacar tres cuestiones concretas. 
En primer lugar, creo que es necesario hablar de política concreta y rechazar- como también lo hace de alguna forma la resolución- el unilateralismo militarista de los Estados Unidos y su doctrina de acción preventiva que rompe todas las normas internacionales. 
En este sentido hay que destacar que ese Estado prepara una acción contra otro Estado, gobernado por una dictadura, ideología que, evidentemente, no compartimos; en cambio, no ha sido capaz de detener prácticamente a nadie relacionado con los atentados del 11 de septiembre. 
A nadie; 20 personas actuaron en los Estados Unidos y no se ha detenido a nadie directamente relacionado con la acción. 
También quiero llamar la atención sobre el problema en Oriente Medio. 
Me parece que todos estamos de acuerdo en que el problema de Palestina está en la raíz del terrorismo internacional, y en todo caso, de una aparente justificación. 
Y no se trata de resolverlo como un problema religioso; se trata de un Estado, con independencia de la religión que profesa, contra un pueblo colonizado, con independencia de la religión que profesa. 
Creo que esta cuestión debe ser tenida muy en cuenta. 
Mientras no se resuelva el problema entre Israel y Palestina, si no se fomenta la paz y se crea el Estado palestino, difícilmente podremos combatir una parte fundamental de la aparente justificación del terrorismo. 
Acabo, señor Presidente, diciendo lo siguiente: el combate contra el terrorismo no se puede convertir- como dice la resolución- en un combate contra los grupos políticos que por medios pacíficos pretenden cambios en las estructuras políticas y sociales, eso se está dando en el Estado español y en general en Europa. 
Y muchas veces no se fomenta el diálogo necesario, no ya entre grupos políticos, sino entre instituciones diferentes afectadas y que sufren el terrorismo. 
Señor Presidente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, más recientemente, los que han tenido lugar en la isla de Bali, han demostrado el carácter impredecible de la amenaza terrorista, su mortal gravedad y nuestra vulnerabilidad frente a ella. 
En años 60 y 70, Europa se enfrentó a la violencia de movimientos extremistas de inspiración comunista, como las Brigadas Rojas o la Banda Baader-Meinhof. 
Actualmente, son organizaciones extremistas como Al Qaeda las que encarnan la destrucción de la modernidad. 
Se consideran autorizadas a recurrir a medios violentos para derrocar el orden democrático vigente, creen estar librando una guerra total destinada a proteger al Islam de la hegemonía occidental y a imponerlo a los infieles, como ellos llaman a los que no comparten esas ideas, y llegan a atacar incluso a los países musulmanes moderados. 
Es cierto que existen otras motivaciones- de carácter político, nacionalista o separatista- de la actividad terrorista, incluso en suelo europeo, que nos repugnan por igual, pero sobre ellas prevalece, lamentablemente, esta forma predominante de terrorismo, que es especialmente peligrosa, ya que ataca en todas partes, emplea una violencia indiscriminada y se considera libre de cualquier restricción moral o humana. 
No podemos ignorar el hecho de que Europa se está convirtiendo, a causa de su liberalidad y su tradición de acogida a los exiliados políticos, en un lugar de refugio para numerosos grupos radicales y terroristas. 
A pesar de su generosidad política, estos extremistas siembran las semillas del odio y se aprovechan de las facilidades que les ofrece el sistema democrático, se organizan, obtienen financiación, reclutan a nuevos miembros y urden atentados contra objetivos situados en nuestro continente y en todo el mundo. 
La lucha contra el terrorismo, en su calidad de fenómeno verdaderamente internacional, que podría amenazar en cualquier momento los derechos, las libertades y las salvaguardias que son nuestro patrimonio común, debe ser objeto, por lo tanto, de una estrategia mundial de la Unión y de los Estados miembros que, por si sola, bien en el marco de las Naciones Unidas, bien en cooperación con los Estados Unidos en el marco de la OTAN, impida y reprima los atentados terroristas y, a la vez, consolide el Estado de Derecho. 
A escala europea, la estrategia de los Estados miembros debe estar respaldada, como ya se ha dicho, por un uso eficaz de los mecanismos de cooperación judicial y policial y de intercambio de información que consolide asimismo una concepción ampliada de la seguridad y la defensa que tenga en cuenta la necesidad de hacer frente a esta renovada amenaza internacional. 
Somos conscientes de que la prevención y la represión del terrorismo también pueden incluir el fomento del diálogo entre culturas y la adopción de políticas eficaces destinadas a combatir los factores sociales, económicos o culturales que, aunque no pueden justificar en modo alguno la violencia terrorista, son aprovechados y utilizados de manera sistemática por los terroristas. 
Señor Presidente, sobre la base de estos principios de la unidad de propósitos en la lucha contra el terrorismo, que obviamente superan nuestras discrepancias con respecto a algunas de las conclusiones de la propuesta de resolución común que ahora se debate, vamos a dar nuestro apoyo a la propuesta y a votar a favor de ella. 
Señoras y señores representantes de los Estados miembros, no quisiera emplear una palabra que usó por primera vez el Sr. Prodi y que se ha puesto muy de moda, y describir como estúpidas las declaraciones del Consejo y de la Comisión que hemos escuchado. 
Sin embargo, es preciso reconocer que hay algo particularmente absurdo en el problema que en este momento nos ocupa y que se conoce como lucha contra el terrorismo. 
En realidad, fue bastante desacertada la elección de esta expresión y de la propia palabra terrorismo para describir un hecho evidente, esto es, que la política desarrollada por lo que hemos convenido en llamar la comunidad internacional (es decir, los Estados Unidos y sus cómplices, las potencias imperialistas) está siendo objeto de un rechazo cada vez más violento en todo el mundo, con lo cual, como les ocurre de hecho a todos los imperios, acabamos etiquetando como terrorismo lo que se podría describir muy bien como resistencia; el Sr. Krivine lo ha expuesto muy bien antes. 
Evidentemente no apruebo los actos dirigidos contra personas inocentes, aunque sé que, en una democracia, nadie es del todo inocente. 
No obstante, no voy a entrar en ello. 
No hace falta decir que condeno rotundamente los atentados del 11 de septiembre y también el reciente atentado en Bali, al igual que condeno el reciente atentado contra un petrolero francés o los cometidos ya no tan recientemente, en 1995, en el metro de París. Esto me lleva a condenar, una vez más, el hecho de que la persona que cometió estos crímenes pueda gozar de refugio, aun hoy, en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, un país que actúa básicamente como cómplice de los citados crímenes. 
Esto viene a demostrar que nada es simple. 
Sin embargo, Señorías, subsiste el hecho- y esto es fundamental- de que no somos un tribunal. 
No podemos dictaminar sobre el bien y el mal. 
Hemos de observar con una mirada clara el mundo actual y el estado en que se encuentra, y no engañaremos a nadie durante mucho tiempo haciéndole creer que lo que se designa como Occidente sólo tiene un enemigo: Osama Bin Laden, Al Qaeda y sus supuestas ramificaciones De hecho, los llamados terroristas existen en todo el mundo, su número va en aumento y se están radicalizando todavía más mientras el imperio extiende su dominación cada vez más violenta contra poblaciones cuyos valores y secretos menosprecia y a las cuales demoniza, a pesar de que pertenecen, a todas luces, a una categoría distinta desde el punto de vista militar. 
Jamás habrá paz entre los pueblos ricos, si son demasiado ricos y arrogantes, y los pueblos pobres, si son demasiado pobres y están demasiado humillados. 
Es una realidad de la vida, Señorías, que cualquier imperio que no sea capaz de crecer y sobrellevar la ambición desmesurada y la arrogancia propias del poder, sin tener que recurrir a la violencia, acaba provocando, inevitablemente, rebeliones; es otra realidad de la vida que la rebelión de los pueblos oprimidos es violenta, ciega y salvaje, y nada podría ser más grave para nosotros, los Estados de Europa, conocedores de la historia, que vernos envueltos en un problema que, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, podría conducirnos a una desconfianza generalizada hacia el mundo en desarrollo, que representa- quisiera recordarlo- las tres cuartas partes de los pueblos del mundo. 
Señor Presidente, en el caso del terrorismo, las opiniones evolucionan deprisa. 
Esto también sucede en el informe. 
En el pasado, dábamos de hecho por sentado que el terrorismo era fundamentalmente un problema que afectaba a los países inestables, más que a los Estados en apariencia pacíficos. 
Hemos tenido que revisar por completo estas opiniones, porque ahora sabemos que el terrorismo también florece en países pacíficos como el mío, los Países Bajos, aunque no de manera violenta: los terroristas se cuidan de evitarlo. 
En cambio, como ya ha señalado el Comisario, se aprovechan de las sociedades libres y abiertas, con sus facilidades para preparar en sigilo atentados terroristas que cometen en otros lugares. 
Por ello, la Unión Europea y sus también muy pacíficos Estados miembros tendrán que estar en alerta para combatir el terrorismo también en sus propios países. 
Además, no todas las categorías de ciudadanos de los Estados miembros se van a enfrentar a algún intento de atentar contra el Estado de Derecho. 
A veces, sólo determinadas categorías de ciudadanos son objeto de extorsión en nuestros países, por parte de compatriotas que recaudan dinero para cometer atentados terroristas en lugares como el norte de África. 
En los Países Bajos y en otros Estados miembros hay determinadas categorías de ciudadanos que son víctimas de esta extorsión y tenemos que proteger a las personas que se encuentran en esa situación, a fin de que el Estado de Derecho deje de estar en peligro para ellos. 
A menudo se buscan las causas del terrorismo en la pobreza. 
En realidad, yo no creo que sea así. 
Es bien sabido que las revoluciones no las hace la gente muy pobre, sino con frecuencia otro tipo de personas. 
Lo mismo ocurre en este caso. 
Los responsables de los graves atentados eran personas bien instruidas, acomodadas, perfectamente capaces de adaptarse a cualquier sociedad desarrollada, incluida la sociedad occidental, donde incluso podrían haber alcanzado una categoría social elevada. 
El problema es que, a menudo, se saca provecho de la parte más vulnerable de las personas, de sus convicciones más profundas, y la semilla maligna del terrorismo violento se implanta en la célula madre del organismo social. 
Siempre hay un puñado de personas sensibles a ella. 
El motivo no es necesariamente el fundamentalismo; hay un gran número de fundamentalistas que aman la paz. 
Hay que dar un salto considerable para recurrir a la violencia. 
Todos quedamos horrorizados ante los atentados cometidos en Bali. 
En mi opinión, deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el Gobierno indonesio reciba el máximo apoyo, de manera que el Estado de Indonesia pueda tener la solidez suficiente para prevenir y combatir, en la mayor medida posible, el terrorismo dentro de sus fronteras. 
Señor Presidente, los sucesos de Bali han dejado patente la necesidad de un enfoque multilateral de la lucha contra el terrorismo. 
Ahora evidentemente sabemos que los terroristas pueden atacar en cualquier parte del mundo y ha quedado demostrado que tenemos que trabajar unidos, por encima de las fronteras y saltando el Atlántico, para erradicar el terrorismo. 
En Europa actuamos rápidamente tras el 11 de septiembre; podemos felicitarnos por ello. 
Queremos vivir en un espacio de seguridad, libertad y justicia, y la lucha contra el terrorismo internacional es el reto más importante en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Cualquiera que haya seguido durante los últimos meses el debate europeo sobre las relaciones con los Estados Unidos habrá empezado a contemplar con cierto recelo el desequilibrio y la parcialidad que ha revelado. 
Compartimos un conjunto sólido de valores con los Estados Unidos. 
Estoy seguro de que, inmediatamente después de los atentados de septiembre del año pasado, muchos los consideramos un atentado contra nosotros y nuestros valores. 
Los Estados Unidos y Europa están unidos por los valores y los principios fundamentales de la democracia, la libertad y la justicia, de los derechos humanos y el derecho de los individuos a desarrollar todo su potencial. 
Debemos permanecer firmes con respecto a ellos. 
A pesar de nuestras diferencias de opinión, lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. 
Debemos ejercer nuestra influencia sobre los Estados Unidos, en el marco de un enfoque multilateral de la lucha contra el terrorismo internacional, que no entiende de justicia. 
Señor Presidente, el debate es interesante, pero uno se pregunta qué sentido tiene un folleto de cincuenta apartados sobre la cuestión del terrorismo, más allá de su valor como vehículo para una serie de intercambios internos de opiniones entre los grupos políticos del Parlamento Europeo. 
En cambio, si dirigen la atención a los medios de comunicación que siguen los ciudadanos europeos, comprobarán que, en este momento, el asunto principal relacionado con el terrorismo es el ataque contra Iraq, un país que alberga, o se considera que alberga, armas de destrucción masiva que podrían ser utilizadas en apoyo de actividades terroristas o de otro tipo. 
La Unión Europea se ha convertido literalmente en un hazmerreír internacional, en el contexto del procedimiento del Consejo de Seguridad, con el Gobierno británico haciendo, por un lado, propuestas secretas que luego presentan los Estados Unidos, y el Gobierno francés negándose a aceptar, por el otro lado, la idea de una intervención sin condiciones en Iraq. 
Creo que el Parlamento Europeo debería haber adoptado una postura sobre estas cuestiones, pero lo ha eludido deliberadamente mediante la redacción difusa de la presente propuesta de resolución que, a mi parecer, no responde a los intereses de los ciudadanos de Europa ni tampoco a las exigencias del momento. 
Señora Presidenta, quisiera realizar algunos comentarios sobre textos que me parecen un poco ambiguos. 
En primer lugar, aunque los atentados terroristas más relevantes del último año han tenido lugar en Nueva York y en Bali, sería interesante considerar cuál habría sido la respuesta de Europa si el atentado que llamó inicialmente la atención sobre la importancia del terrorismo, el del 11 de septiembre de 2001, hubiese tenido lugar en Europa; si los aviones, en vez de estrellarse contra las torres gemelas de Nueva York, se hubiesen incrustado en la torre Eiffel, en los edificios del Parlamento Europeo o en cualquier otro edificio importante europeo. 
Quizá esta autorreflexión nos permitiría percibir mejor las ambigüedades y las dificultades a las que nos enfrentamos al abordar el fenómeno del terrorismo, que todavía no hemos dejado de lado por completo. 
El segundo aspecto que desearía mencionar- además de elogiar que el Consejo se proponga mantener una estrecha cooperación con los Estados Unidos en este ámbito- es que, de hecho- y éste es un aspecto importante -, el terrorismo tiene escasa relación con la pobreza. 
En los atentados terroristas participan, sin duda, personas pobres, pero quienes dirigen las operaciones no son pobres. 
Y si consideramos el mundo en su conjunto, veremos que los más pobres no están implicados en el fenómeno del terrorismo. Si en verdad existiese una correlación entre terrorismo y pobreza, los principales atentados terroristas vendrían de África. 
Sin embargo, esto no es así. 
El terrorismo es un fenómeno que tiene unas motivaciones políticas que implican la consecución de determinados objetivos y el logro de un cierto grado de poder. 
Y esto no procede, como es obvio, de los más pobres, o al menos no directamente de ellos. 
Finalmente, quisiera referirme a un comentario que ha hecho el Comisario Patten, citando a Popper. 
Popper también planteó el problema al que ahora nos enfrentamos: más que el de la tensión entre la necesidad de preservar las libertades y nuestra concepción de la seguridad y la defensa de las sociedades libres, es el de nuestra incapacidad y reticencia a creer en la superioridad moral de la democracia y la libertad. Es más: si partiésemos de esta idea, que es fundamental para nuestra sociedad y que los pueblos de todo el mundo, en particular los pobres, anhelan, tal vez seríamos capaces de actuar contra el terrorismo y estaríamos dispuestos a hacerlo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Haarder- antiguo colega nuestro y ahora Presidente en ejercicio -, hoy volvemos a debatir sobre el terrorismo y la manera de combatirlo. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que combatir el terrorismo y también en que esto sólo se puede hacer a escala internacional, ya que el terrorismo ha pasado a ser un problema internacional. 
No obstante, si queremos combatir el terrorismo a escala internacional, es evidente que también tenemos que mirar con ojos críticos nuestra propia actuación. 
En mi calidad de ponente del presupuesto de la Comisión de Mercado Interior, en la que antaño coincidimos, señor Presidente en ejercicio, he observado que tenemos que hacer frente a muchas disputas mezquinas. 
Queremos combatir el terrorismo y para ello necesitamos una fuerza policial europea, Europol, y una autoridad eficaz, como por ejemplo Eurojust. 
Sin embargo, constato que, aun cuando en el Parlamento Europeo ya hemos destinado 2,8 millones de euros para Eurojust, por ejemplo, este dinero no se puede gastar porque nuestras autoridades europeas son incapaces de actuar con eficacia debido a mezquinas consideraciones nacionales. 
Si los cuerpos nacionales de policía no están dispuestos a cooperar con Europol y si los Ministerios de Justicia nacionales no están dispuestos a apoyar Eurojust, podemos seguir pronunciando bellos discursos sobre la importancia de combatir el terrorismo, pero jamás llegaremos a hacerlo porque lo que se requiere es una acción preventiva. 
Para poder emprender acciones preventivas también necesitamos unas autoridades que funcionen y esto sólo lo conseguiremos si los países, los quince Estados miembros de la Unión Europea, permiten por fin que nuestras autoridades, como Europol y Eurojust, puedan actuar. 
Por ello, quisiera pedirle, señor Haarder, y también al Comisario Vitorino, que así se lo manifiesten reiteradamente y con claridad a los Estados miembros en el Consejo o de lo contrario no tendremos éxito. 
Señora Presidenta, en nuestro próximo debate sobre Echelon volveremos a escuchar, sin duda, una vez más, un aluvión de críticas contra el sistema de interceptación- que supuestamente funciona muy bien- y, por consiguiente, contra los Estados Unidos. 
No obstante, al mismo tiempo he observado que los diputados mantienen una disposición básicamente positiva con respecto a la legislación antiterrorista y han votado a favor de ella. 
No obstante, ésta no sirve primordialmente para combatir las actividades terroristas, sino que, sobre todo, otorga a la UE mayores competencias para llevar a cabo investigaciones, mediante el Sistema de Información Schengen II y la orden de detención europea, por ejemplo. 
Esta ampliación cualitativa y cuantitativa de las competencias de la UE introduce como resultado modificaciones de amplio alcance en los derechos fundamentales, que se traducen, en particular, en un mayor intervencionismo del Estado civil moderno y un menoscabo del derecho de defensa para los acusados, quienesquiera que sean. 
La definición completamente arbitraria de terrorismo constituye la indicación más clara de que la guerra contra el terror guarda escasa relación con la lucha contra el terrorismo y tiene, en cambio, como objetivo primordial la erosión de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, recuerdo que a mi regreso de la misión que me había encomendado la OTAN en Bosnia y Herzegovina, visité a Manfred Werner- por aquel entonces, Secretario General de la OTAN- en Bruselas, en otoño de 1993. Le manifesté con firmeza que la Alianza debía prepararse para intervenir en los Balcanes o, de lo contrario, renunciar a su existencia. 
Ahora, podría repetir fácilmente el argumento que expuse en aquel momento. 
En el período posterior a la Guerra fría, la Alianza tenía que ser capaz de intervenir en la crisis mayúscula que se estaba gestando en el corazón de Europa o, de lo contrario, los ciudadanos europeos se preguntarían para qué podía servir ya y si merecía la pena continuar invirtiendo una parte de sus impuestos en ella. 
Tuvieron que transcurrir dos largos años y la trágica caída de Srebrenica para que se comprendiese este mensaje. 
No obstante, el 31 de agosto de 1995, la Alianza desempeñó un papel esencial en la solución de la crisis, que permitió la firma de los Acuerdos de Dayton y la proclamación de un alto el fuego permanente, con su apoyo a la acción de la fuerza de reacción de la OTAN desplegada en el monte Igman para poner fin al fuego de las baterías serbias que habían reanudado el bombardeo indiscriminado sobre la ciudad de Sarajevo. 
Desde entonces, se han desplegado con éxito fuerzas de la OTAN en Kosovo y, más recientemente, en Macedonia, que han contribuido a apaciguar la zona, aunque esto no haya resuelto todos los problemas políticos. 
Actualmente, se ha iniciado el mismo debate sobre el papel que podría cumplir la Alianza atlántica en la lucha contra el terrorismo internacional. 
La Alianza está en crisis, como lo ilustra el hecho de que los Estados Unidos no se hayan sentido obligados a pedir su apoyo en la guerra de Afganistán. 
¿Significa este unilateralismo la muerte de la Alianza? 
No lo creo, pues de ser así, los propios Estados Unidos lo habrían puesto de manifiesto y habrían expresado este deseo. 
La vocación de la Alianza sigue siendo intervenir en el territorio europeo y en los países vecinos, siempre que surja una amenaza potencial contra sus valores, que Pacheco Pereira acaba de recordar. 
El terrorismo internacional es una de estas amenazas y una amenaza de gran importancia. 
Con este objeto, el único camino para reformar la OTAN y garantizar su supervivencia es construir, por fin, una Europa de la defensa. 
La elección es sencilla: o bien la Unión Europea continúa dejando que los Estados Unidos se ocupen de los problemas militares que surjan en el continente y se conforma con cumplir un papel secundario en la resolución de los problemas que amenazan a la paz, a semejanza de lo que hicieron los atenienses en la Roma antigua, o bien se sitúa por fin a la par y comparte la responsabilidad de defenderse contra todas las amenazas, que es lo que nos vienen pidiendo desde que se constituyó la Alianza atlántica. 
Señora Presidenta, el terrorismo es inaceptable. 
En esto todos coincidimos. 
Son nuestras opiniones sobre los métodos para combatirlo lo que tal vez difiere. 
El enfoque que ha adoptado la UE al elaborar su estrategia de lucha contra el terrorismo es sumamente importante. 
El Estado de Derecho y los derechos humanos no se deben socavar durante el desarrollo de este importante combate. 
La resolución común que las dos comisiones presentan hoy es, por lo tanto, una resolución importante. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha aportado la descripción de los principales instrumentos con que cuenta la UE para la prevención de conflictos, como por ejemplo el desarrollo de la democracia y también el comercio y la diplomacia. 
Evidentemente, es esencial atacar las causas fundamentales del terrorismo, esto es, la pobreza, las violaciones de los derechos humanos y la opresión. 
Bajo la sombra del 11 de septiembre, se corre el riesgo de descuidar los derechos humanos fundamentales en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
También existe el riesgo de que la única superpotencia que queda hoy en día se tome libertades unilaterales al margen del sistema de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, es muy importante que el Parlamento defienda la Carta de las Naciones Unidas y que quede claro que el derecho de un Estado a atacar en defensa propia sólo es legítimo si el Consejo de Seguridad de la ONU lo confirma o adopta una decisión al respecto. 
Abrir un debate sobre la conveniencia de las resoluciones de la ONU la socavaría de manera directa. 
Me alegra constatar nuestra unanimidad en cuanto a que una estrategia basada en los ataques preventivos, de la que desean valerse los Estados Unidos, no es una manera eficaz de combatir el terrorismo, así como en cuanto a la insistencia en que una solución del conflicto de Oriente Medio conforme a las resoluciones de la ONU constituye un elemento muy importante de la lucha contra el terrorismo. 
El derecho internacional es un elemento crucial si queremos tener una sociedad basada en el Estado de Derecho. 
Esto es particularmente cierto en el caso de los Estados más pequeños. 
Socavar a la ONU sólo puede conducir al desastre. 
Por esta razón, es fundamental que la UE salga en defensa de la ONU y de sus cartas, también en los tiempos difíciles, y que no socave su papel central como guardiana de la paz mundial. 
Señora Presidenta, en esta nueva política de la Unión Europea no deberíamos limitarnos a calcar milimétricamente las tradicionales políticas terroristas, sino que hemos de ser capaces de afinar en las características específicas del terrorismo presente y hacer un tratamiento político de los tres factores que están en las raíces del terrorismo presente y que pueden ser claramente identificados: el fundamentalismo religioso, la desesperación palestina y el ultranacionalismo terrorista. 
No basta hoy en día, señor Comisario, con encarcelar a los terroristas. 
Hemos de desactivar las ideologías asesinas que fabrican terroristas. 
Hasta ahora, hemos actuado mucho más sobre las consecuencias del terrorismo que sobre sus raíces. 
A partir de ahora la Unión Europea debe concentrarse también en identificar, en seguir el rastro, en desarticular estas ideologías asesinas que están en la base del presente del terrorismo. 
Señora Presidenta, el objetivo del debate de hoy es hacer balance de la lucha contra el terrorismo un año después del 11 de septiembre. 
¿Cómo ha reaccionado la Unión Europea ante este trágico suceso? 
Ha demostrado su solidaridad y su voluntad de apoyar a los Estados Unidos, ha advertido a la gente del riesgo de asociar el terrorismo con el mundo árabe islámico y ha agilizado la integración en la lucha contra el terrorismo mediante un plan de acción que consta de más de 60 medidas y una serie de decisiones marco, incluida la orden de detención europea y la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo. Ha destacado la necesidad urgente de encontrar vías políticas para resolver los conflictos que alimentan el fanatismo terrorista, en especial el conflicto entre Israel y Palestina. 
La determinación de erradicar el terrorismo y la necesidad urgente de crear nuevos instrumentos eficaces para conseguirlo no pueden afectar, bajo ninguna circunstancia, y de manera desproporcionada, a los derechos, las libertades y las garantías individuales. 
En una democracia, la legitimidad de una autoridad pública para hacer uso de la fuerza se sustenta en la afirmación de la intangibilidad de los derechos fundamentales. 
Del mismo modo, el combate sin tregua contra la amenaza terrorista debe tener como límite definitivo el derecho internacional. 
Las sociedades totalitarias desprecian la primacía del derecho a escala nacional y también en las relaciones internacionales. 
El concepto de legalidad internacional es un invento de las democracias. 
Si los Estados que han sido víctimas del terrorismo reaccionan frente a esta amenaza infringiendo las normas y los principios del derecho internacional, estarán dando un balón de oxígeno inesperado a los criminales, algo que también significaría un retroceso para la sociedad. 
Situaciones persistentes de injusticia o de humillación alimentan, a menudo, el odio fanático que conduce a los seres humanos a atacar a otros y a suicidarse. 
Esto no se debe interpretar, de ningún modo, como una justificación de los detestables atentados que se cometen contra la población civil, pero es un factor crucial para comprender el fenómeno de la violencia. 
A escala estrictamente europea, debemos destacar y condenar desde aquí la incapacidad y la falta de voluntad que han demostrado, de manera persistente, los Gobiernos de los Estados miembros para desarrollar la propuesta de armonización de las políticas y de creación de los instrumentos comunes para combatir el terrorismo que presentó, oportunamente, la Comisión. 
El terrorismo es una amenaza que requiere una respuesta integrada y supranacional. 
Esta respuesta sigue sin dar señales suficientes de vida en el ámbito europeo. 
Señora Presidenta, ante todo, permítame que manifieste que acojo con satisfacción el método de trabajo que ha empleado el Parlamento para elaborar esta resolución común. 
Ahora quisiera hacer una pregunta: ¿cuál es el blanco del terrorismo y cuál es su lógica? 
Yo diría que el terrorismo tiene como blanco a seres humanos y que, por lo tanto, contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no puede estar basado en consideraciones religiosas o ideológicas. 
Si actualmente todo el mundo ha hecho suya la lucha contra el terrorismo, esto se debe a que éste infringe precisamente lo que todo el mundo- todos los Estados y todos los ciudadanos- suscribió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Por lo tanto, cuando elaboramos definiciones de terrorismo, indicamos, para simplificar, los grupos que desarrollan actividades terroristas, pero sería inadmisible que esto nos indujese a deslizarnos por la pendiente y a mezclar con estos grupos lo que definimos como movimientos religiosos, de los que sólo una parte muy reducida puede que esté implicada en el terrorismo. 
Si queremos avanzar, debemos hacerlo, sobre todo, transmitiendo como Unión Europea un mensaje a favor del control de los sistemas penales de todos los Estados que hayan firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues muy a menudo los sistemas penales que han elaborado sus propias definiciones internas de derechos humanos no son coherentes con dicha Declaración. 
He querido dedicar mi intervención a decir esto porque pienso que tenemos que superar este período de conflictos y trabajar de manera más proactiva por el bien de todo el mundo. 
Señora Presidenta, es posible que nos sintamos horrorizados, pero no debemos sorprendernos por la naturaleza de los últimos atentados terroristas. 
Los terroristas no tienen ningún poder si no inspiran miedo. 
Cuanta más conmoción produce, más espeluznante e inesperado es y más atención atrae un atentado, mayor es su éxito. 
Pero siguen existiendo algunos que tratan de disculpar a los terroristas y establecen cierta equivalencia moral entre los actos terroristas y, por ejemplo, las acciones de las fuerzas de seguridad de las democracias que luchan contra el terrorismo. 
El terrorismo tiene que afrontarse con diferentes instrumentos políticos, siendo la fuerza militar tan sólo uno de ellos. 
Una de las áreas tradicionalmente más débiles de nuestras democracias ha sido el ataque a la legitimidad de los terroristas y la lucha contra ellos en el terreno político de una manera sistemática y bien dirigida. 
Este aspecto no se entiende bien. 
Nosotros nunca luchamos políticamente contra el IRA, porque nunca tuvimos claros cuáles eran nuestros propios objetivos políticos. 
Ahora tenemos a terroristas del IRA en el gobierno. 
Con demasiada frecuencia, nuestras acciones han contribuido a dar credibilidad y categoría a los terroristas, fomentando con ello el terrorismo. 
El mensaje de los últimos años es que el terrorismo funciona. Ese es un mensaje fatal. 
La resolución contiene algunos elementos que son indiscutibles, pero se presenta de una manera muy sesgada y contiene los ingredientes habituales del antiamericanismo, una excesiva preocupación por los derechos de los terroristas, los extremistas y los que les apoyan, además de apoyar las ambiciones federalistas de la Unión Europea. 
Hemos oído hablar mucho sobre esta cuestión a otros oradores también. 
Personalmente rechazo la condena implícita de la acción preventiva en el peligroso mundo actual, donde las armas de destrucción masiva pueden caer en manos de terroristas irracionales y fanáticos. 
La disuasión no siempre funciona. 
No podemos esperar a actuar hasta que se produzca un ataque. 
Eso sería una negligencia en el cumplimiento del deber de cualquier gobierno. 
La referencia que hace el apartado 4 de la resolución al derecho a la legítima defensa es incorrecta y una distorsión de la Carta de Naciones Unidas. 
El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas dice: «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas.» 
Esta resolución ocupa 12 páginas y añade muy poco a nuestros conocimientos o a nuestras capacidades. 
¿Dónde se hace un llamamiento a la solidaridad política y a una mayor cooperación entre todas las democracias? 
¿Dónde se demandan mejores capacidades militares y una mayor voluntad política de los estados europeos y dónde están las medidas que deben adoptarse frente a los que apoyan el terrorismo? 
Eso es lo que hace falta. 
Señora Presidenta, la incesante escalada del terrorismo convierte la lucha contra el mismo en objetivo prioritario de muchas políticas y, desde luego, de la que queremos los diputados de esta Cámara. 
Sucesos recientes, como los ocurridos en Bali, Filipinas e Israel, ponen de manifiesto la urgencia de una acción conjunta y coordinada que elimine esta lacra social que atenta contra los derechos más fundamentales, como son la vida y la democracia, sistema con el que nos gobernamos. 
Tuvimos la suerte de ponernos pronto de acuerdo y, a los diez días de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya habíamos firmado un plan para luchar conjuntamente contra el terrorismo. 
Sr. Vitorino y Sr. Patten- ahora ausente -, éste es el momento de que vengan a esta casa, para decirnos los problemas que tiene su desarrollo e identificar a los actores. 
No hace falta un juicio general. 
Hay que pormenorizarlo y decir qué Estados están colaborando más y cuáles menos, porque éste es un problema que también vivimos en casa. 
El sábado pasado, el colectivo Basta ya, al que dimos el Premio Sajarov, convocaba una enorme manifestación en San Sebastián por la libertad de los ciudadanos vascos y españoles, para que tengan la creencia política que quieran, sea o no nacionalista. 
El martes pasado, interrumpíamos el Pleno para condenar el atentado en el que murió el cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leiza (Navarra). 
Es un objetivo prioritario, que debe impulsar a todos los ciudadanos europeos a exigirles a ustedes que vengan aquí para dar explicaciones y al Consejo que identifique a los Estados que están cumpliendo sus deberes, desarrollando el plan de acción que el día 21 de septiembre de 2001 desarrollamos, y a los que no lo están haciendo. 
Si no identificamos quiénes cumplen mejor y quiénes peor, no estaremos sirviendo a nuestros electores ni defendiendo la democracia con democracia. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer el largo e interesante debate y añadir un par de comentarios. 
Muchos se han referido al equilibrio que debemos encontrar entre la eficacia de la lucha contra el terrorismo, por un lado, y el respeto de los derechos de los ciudadanos, por el otro. 
Si deseamos crear una comunidad internacional basada en el Estado de Derecho, en la que los Estados planteen los asuntos ante los tribunales, en vez de tomarse la justicia por su mano, esto requerirá que también tengamos la determinación de actuar- por la fuerza, si fuese necesario- contra los poderes que intentan acabar con los Estados libres, democráticos y constitucionales, por medio de la violencia y el terror. 
Evidentemente, es necesaria la cooperación para poder emprender una acción tan decidida. 
Yo no creo que se pueda excluir la acción preventiva si existen indicios claros de un atentado inminente o de cualquier otra forma de terrorismo. 
En tal caso, sin duda puede tener sentido evitar ese ataque o ese atentado. 
En cuanto al papel y la posición de la Unión Europea, quiero decir que estamos participando activamente en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Queremos que se enjuicie a las personas responsables, de manera que se puedan investigar sus delitos en el transcurso de un procedimiento que cumpla los principios del Estado de Derecho relativos a un juicio justo. 
En la Unión Europea tenemos muy presente que la lucha contra el terrorismo no debe incluir violaciones de los derechos humanos. Igual que el fin no debe justificar los medios y jamás podrá legitimar el terrorismo, el fin tampoco debe justificar los medios en nuestra lucha contra el terrorismo. 
Por lo que respecta a los recursos financieros, el Consejo ha adoptado medidas para congelar los fondos pertenecientes a terroristas y a organizaciones terroristas, como parte del seguimiento de la Resolución 1373. 
Las primeras listas de terroristas se aprobaron en diciembre del año pasado. 
La lista de terroristas de la UE se ha revisado, desde entonces, en dos ocasiones, bajo la Presidencia española y se prevé realizar una nueva revisión en el futuro inmediato, durante la Presidencia danesa. 
Sería improcedente comentar las posibles modificaciones hasta que la lista esté acabada y, por consiguiente, me abstendré de hacerlo. 
Como ya han mencionado varios oradores, la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es básicamente muy sólida y está basada en una comunidad de valores. 
Cada uno es el socio más importante del otro, por medio de una cooperación política, militar, económica y cultural, y el 11 de septiembre estrechó nuestros lazos. 
Necesitamos a los Estados Unidos y éstos nos necesitan. 
Lo que nos une es más importante que lo que nos separa. 
En la reunión extraordinaria del Consejo del 21 de septiembre del año pasado, transmitimos a los Estados Unidos un mensaje inequívoco de solidaridad y cooperación. 
Es un compromiso vinculante para nosotros y ha sido un éxito que ahora esperamos que culmine con la firma de un acuerdo de asistencia jurídica mutua y extradición. 
En este ámbito, como también en otros, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos se mantienen hombro con hombre, podemos hacer mucho a favor de la justicia y la libertad en el mundo. 
Es fundamental que mantengamos nuestra estrecha cooperación con los Estados Unidos, en este ámbito y en otros, y por supuesto debemos hacer un esfuerzo continuado para garantizar que los Estados Unidos opten por actuar multilateralmente y no de manera unilateral. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Como conclusión de esta declaración, he recibido cuatro propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 137 del Reglamento. 
Los recientes ataques perpetrados por extremistas islámicos en Bali, Yemen y Kuwait son una confirmación de que la comunidad de Estados ha de librar ahora una continua batalla contra el deseo y la capacidad de destrucción de diversos agentes no estatales. 
Por ello, la cooperación interestatal ha de llevarse a cabo de una forma más eficaz, de manera que los extremistas islámicos no tengan ningún santuario. 
Parece que el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán era tan sólo la fase inicial de esta batalla, que ha de librarse sobre todo dentro de nuestros propios Estados. 
En este sentido, el Comisario Patten, que es tan generoso como para repartir consejos a países no europeos, debería preguntarse a sí mismo acerca del recibimiento que se da en el sistema británico a las organizaciones terroristas. 
Lejos de abogar por un aumento de la vigilancia y una mayor cooperación entre nuestros Estados miembros, la propuesta de resolución conjunta va en una dirección peligrosa al recomendar un mayor uso del método del cuarteto, que finalmente haría que se prescindiera del Consejo de Seguridad. 
¡Y la misma resolución se vuelve ridícula cuando intenta persuadirnos de que uno de los principales retos a la hora de combatir el terrorismo podría ser la estructura de tres pilares del Tratado de la Unión Europea! 
Cualquier asunto, incluido el terrorismo, puede valer para impulsar la causa federalista. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Echelon. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene usted la palabra. 
Señora Presidenta, con sus sabias palabras finales, el Sr. Vitorino no sólo ha coronado el debate anterior de la mejor forma posible, sino que también ha allanado el camino al debate que vamos a tener ahora. 
Hace más de un año que el Parlamento Europeo aprobó una decisión sobre la existencia de un sistema mundial para interceptar las comunicaciones privadas y comerciales, que se conoce por sistema de interceptación Echelon. 
La decisión dice que ya no existen dudas acerca de la existencia de un sistema mundial dedicado a interceptar las comunicaciones. 
La decisión se basó en un informe de la Comisión Temporal sobre el Sistema de Interceptación Echelon. 
El informe llamaba la atención acerca de diversos mecanismos para proteger a los particulares y a las empresas en la UE. 
A mi entender se trata de un trabajo muy exhaustivo y encomiable. 
El informe ha contribuido mucho a que en la UE, los Estados miembros y los parlamentos nacionales exista una sensibilidad especial en este ámbito. 
Como diputado del Parlamento Europeo, tuve el placer de participar en una de las audiencias celebradas por la comisión. 
El hecho de que el interés se centrara entonces en la capacidad para interceptar las comunicaciones con miras a obtener ventajas comerciales también ha ayudado a los europeos y a las empresas europeas a ver la necesidad de proteger las comunicaciones. 
En relación con la lectura del informe en el Parlamento, la contribución de la entonces Presidencia belga trató de los principios básicos que debía cumplir cualquier sistema de interceptación. 
En este contexto, la Presidencia hizo referencia, por ejemplo, a los principios básicos de protección de la intimidad y el derecho a la libre comunicación, expresados en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el artículo 7 de la Carta de la Unión Europea. 
Quisiera referirme a lo que dijo entonces la Presidencia belga sobre este asunto. 
Mi enfoque será diferente. 
En mi calidad de representante de la Presidencia del Consejo, deseo centrarme en la protección de nuestras comunicaciones. 
Por desgracia, hemos de tener en cuenta el hecho de que el desarrollo tecnológico ha hecho técnicamente posible, en mucho mayor medida que antes, la interceptación de nuestras comunicaciones. 
La interceptación ilegal de las comunicaciones privadas o la vigilancia de empresas con el fin de distorsionar la competencia es por supuesto inaceptable y un grave delito, y por consiguiente es importante que los Estados miembros, tanto individualmente como en un contexto europeo, sean conscientes de la posibilidad de esta forma de vigilancia y sigan trabajando para lograr una protección óptima de las comunicaciones de las personas y las empresas. 
Ya se está trabajando en un contexto europeo para incrementar la seguridad de las comunicaciones de los particulares. 
Así se ha puesto de manifiesto recientemente en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
La Presidencia considera que, además de ello, es preciso realizar esfuerzos para extender el uso de la encriptación, al igual que tendría que prestarse atención a la seguridad de las TI, tanto en las instituciones de la UE como en los Estados nacionales. 
La seguridad de las TI es una prioridad máxima en el plan de acción europeo común «eEurope 2005» , que abarca, por ejemplo, el desarrollo de comunicaciones seguras utilizadas para un intercambio seguro de información pública cualificada dentro de la Comunidad. 
El plan de acción también aspira a promover una cultura de seguridad en todos los ámbitos en que se trabaja en el desarrollo y uso de sistemas de información y comunicación. 
Por último, el plan de acción también incluye el establecimiento de un grupo de trabajo de ciberseguridad que, en colaboración con los Estados miembros, y el sector privado, ha de servir de catalizador para las iniciativas en el ámbito de la seguridad. 
La Presidencia danesa cree que es importante poner en práctica las iniciativas del plan de acción «eEurope 2005». 
Para terminar, permítanme observar que la Presidencia también desearía favorecer la adopción de una resolución del Consejo encaminada a establecer una estrategia común para la seguridad de la red y de la información con miras a establecer una cultura de seguridad europea común. 
La propuesta de resolución pide, por ejemplo, que los Estados miembros garanticen que la seguridad de las TI se convierta en una característica esencial de las reglas de los distintos países, del mismo modo que los Estados miembros deberían adoptar medidas satisfactorias para evitar y responder a los sucesos relacionados con la seguridad. 
Por último, la propuesta pide a los Estados miembros que fomenten la asociación entre el mundo universitario y las empresas, con miras a conseguir una tecnología y mantenimiento seguros. 
Sobre la observancia del Reglamento, señora Presidenta. 
Las declaraciones que acabamos de oír son en efecto muy interesantes, salvo que, aparte del último comentario del Sr. Liikanen, no tenían nada que ver con el asunto de nuestro orden del día, concretamente Echelon. 
Señora Flesch, su comentario constará en acta. 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera limitarme a algunos comentarios en atención a la Comisión. 
Como saben ustedes, hace un año que la Comisión Echelon presentó su informe final. 
El trabajo fue muy elogiado. 
Sin embargo, aunque todavía estábamos elaborando el informe, ya quedaba claro que la Comisión estaba tratando el asunto como los famosos tres monos que, en la tradición budista, han de informar a la humanidad en el festival de Koshin de acuerdo con el dictado de «nada veo, nada oigo, nada digo». 
Un año más tarde casi podríamos añadir «y tampoco hago mucho más» , pues hasta ahora la Comisión no ha hecho nada para remediar muchas de las deficiencias o poner en práctica muchas de las tareas descritas en el informe. 
Señor Comisario, será usted consciente de lo que pedimos a la Comisión que haga en los puntos 27 a 44 del informe. 
La pregunta aún pendiente es: ¿Qué ha hecho usted para informar al público y a las empresas sobre los peligros de Echelon? 
¿Qué ha hecho usted para asegurar que los correos electrónicos dentro de la Comisión sean sistemáticamente encriptados? 
¿Y qué se ha hecho para formar al personal de la Comisión en las nuevas tecnologías y en el encriptado? 
No basta con introducir nuevas tecnologías; también hay que ofrecer formación al personal. 
Sus directivas en materia de protección de datos, que son muy importantes y de mucho alcance, tienen en realidad un interés limitado en este contexto. 
Asimismo está la pregunta de ¿qué ha sucedido dentro de la Comisión? 
Usted dijo que habían adoptado una decisión. 
No obstante, no veo evidencia alguna de que la Comisión haya realizado entre tanto el análisis de seguridad que solicitamos, que en realidad también exige el desarrollo de un amplio sistema para clasificar a las personas y documentos a fin de proteger los secretos. 
Eso se desprende claramente de lo que ha dicho usted. 
Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿quién es responsable de ello en la Comisión? 
Recuerdo muy bien la ocasión en que nos envió usted al Sr. Perkins. 
Era el jefe del servicio de encriptado de la Comisión. 
Sin duda podía contarnos lo avanzado que era el equipo criptográfico, pero no pudo explicarnos nada acerca de las normas generales de seguridad en la Comisión Claramente no había nadie que fuera realmente responsable de ello, y- por lo menos esa es mi sensación- sigue sin haber nadie. 
O bien, señor Comisario, ¿es usted, o una de las direcciones generales, responsable de garantizar que los documentos se clasifiquen continuamente? 
¿Interviene usted en asuntos de personal y clasifica a las personas para garantizar su seguridad en la Comisión? 
Hoy en día, cada institución nacional tiene alguien encargado de proteger la información secreta y realiza precisamente estas tareas. 
¿Tiene usted a una persona así en su Comisión, alguien que sea también responsable de concienciar sobre posibles ataques por parte del sistema Echelon? 
¿O sigue usted trabajando con un sistema británico de encriptado de faxes, señor Comisario? 
Casi me temo que la respuesta sea afirmativa, porque no ha dicho usted nada al respecto. 
De ahí que vayamos a echarle una mano aprobando una nueva resolución y, señor Comisario, si los progresos siguen siendo tan decepcionantes como hasta ahora, y si se sigue casi ignorando nuestros puntos de vista, tendremos que llegar a un entendimiento sobre la base de próxima aprobación de la gestión de la Comisión. 
Pronto pondremos sobre la mesa nuestras instrucciones para usted. 
Me gustaría manifestar mi acuerdo con los comentarios del Sr. von Boetticher, que generaron un gran número de preguntas el año pasado. 
El Parlamento hizo un gran número de recomendaciones a la Comisión y al Consejo a las que nunca hemos recibido respuesta. 
Supongo que otros diputados también abundarán en esta cuestión. 
Me gustaría centrarme en un aspecto del debate del año pasado. 
En la resolución que aprobamos el año pasado sobre la interceptación mundial de las telecomunicaciones, se prestó gran atención a la importancia política de la cooperación internacional por parte de los servicios de inteligencia. 
Un punto importante en aquel debate era que la gran mayoría de este Parlamento no se opone a la interceptación de por sí, y que los servicios de inteligencia son necesarios incluso en democracia. 
En el informe elaborado por la comisión temporal, se recalcaba que unos servicios de inteligencia eficaces son una necesidad en nuestra sociedad moderna. No sólo en la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional, sino también como elemento clave del desarrollo de nuestra política de seguridad europea. 
Si queremos lograr una capacidad autónoma en el ámbito de la defensa y nuestra propia fuerza de intervención en el marco de las tareas de Petersberg, entonces la habilidad y capacidad para reunir formas de inteligencia forman parte de ello. 
De ahí que el Parlamento Europeo haya pedido una mejor colaboración en este ámbito y un mayor control democrático sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia. 
De acuerdo con nuestro informe, también este aspecto deja mucho que desear en diversos países. 
Bajo la presión del terrorismo internacional y los sucesos del último año, la cooperación entre los servicios de inteligencia parecen haber mejorado, no sólo dentro de la Unión Europea, sino también con los Estados Unidos. 
Sin embargo, con respecto al control democrático, parece haber cambiado poco. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a saber que la intimidad protegida en su legislación nacional también está protegida en caso de cooperación internacional entre los servicios de inteligencia. 
Los ciudadanos y las empresas europeas han de poder confiar en que la confidencialidad de sus comunicaciones se garantizará del mismo modo en toda la UE. 
Es preciso darles la garantía de que los servicios de inteligencia europeos no se utilizarán para robar secretos de empresa, sino para luchar eficazmente contra las actividades criminales. 
Ni que decir tiene que deseamos dar las gracias al Comisario Liikanen por informar a esta Asamblea acerca de los aspectos técnicos de la interceptación mundial de las comunicaciones en nombre de la Comisión. 
Sin embargo, es lamentable que el Comisario Patten no esté aquí para informarnos más de los aspectos internacionales que he mencionado hace un momento. 
Sin una claridad suficiente sobre este punto, la política de la UE no sólo es incompleta, sino que además le falta credibilidad. 
Señor Presidente del Consejo y señor Comisario, el Sr. Haarder ha hablado claramente acerca de la necesidad de proteger las comunicaciones y también ha dicho que la tecnología permite interceptar las comunicaciones a gran escala. 
Esta tecnología no sólo lo hace posible, sino que se está practicando, como ha ilustrado nuestra investigación. 
Así pues, me pregunto qué hacemos al respecto. 
El Sr. Liikanen ha hecho alusión a la Carta de derechos constitucionales, pero el Grupo de los Liberales tenía la firme convicción de que es necesario un marco legal a fin de frenar las prácticas de escucha ilegales y definir claramente una interceptación legal con un control efectivo a escala europea. 
El Grupo de los Liberales optó por un enfoque de doble vía en este sentido, concretamente la protección de los derechos y la intimidad del ciudadano individual por un lado, y la salvaguardia de los intereses económicos de la UE con medidas para proteger el espionaje industrial, por otro. 
Asimismo propusimos medidas específicas. 
En lugar de ello, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior habla ahora de amplias competencias de los Estados miembros para el almacenamiento de datos tanto de las telecomunicaciones como de Internet. 
¿Quién protege realmente a nuestros ciudadanos frente a las autoridades? 
Mi siguiente cuestión es que también pedimos unas medidas muy específicas para estimular la conciencia entre los ciudadanos y la comunidad empresarial. Esto incluye el desarrollo de software de encriptado y análisis de seguridad europeos. 
Ahora quisiera preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario: ¿qué se está haciendo realmente acerca de esto, qué se ha logrado hasta el momento y qué se está tramitando en este punto? 
De hecho, tengo la sensación de que se hace poco acerca de cualquiera de nuestras recomendaciones, y me gustaría llamar su atención una vez más sobre la observación de la Sra. Flesch dirigida al Comisario Liikanen. 
Señora Presidenta, hasta hace unos cuantos años, cualquier intento de diálogo con el Consejo o la Comisión sobre Echelon se habría interrumpido con el pretexto de que se trataba de un rumor en la prensa sobre el cual no había ningún comentario que hacer. 
Después del trabajo de la Comisión Echelon, la Unión Europea ha reconocido finalmente que este sistema de interceptación existe, y el tema de este debate- como ha señalado oportunamente la Sra. Flesch al inicio del mismo- es Echelon. 
Nada más y nada menos, así que no nos vayamos por las ramas. 
No tengo nada más que decir, salvo que, después de oír hablar al Sr. Boetticher y a los demás diputados, me sumo a lo que han dicho y estoy de acuerdo con ellos, pues han dado ya una imagen precisa de lo que no se ha hecho después de haber realizado ese trabajo. 
Hemos dedicado tiempo y recursos humanos a la cuestión, pero es muy poco lo que podemos enseñar, pues hasta hoy, ni la Comisión ni el Consejo han hecho esfuerzo alguno por proteger a los ciudadanos. 
El problema tiene otra dimensión: las empresas y las instituciones, con todos los recursos humanos y materiales a su disposición, son bastante capaces de protegerse a sí mismas, pero el mensaje real de la Comisión Echelon era que es preciso proteger a los ciudadanos y su intimidad, que existe un derecho fundamental a la intimidad. 
Pues bien, hasta ahora nada se ha hecho en Europa en este ámbito y creo que el fracaso de las instituciones y del propio Parlamento para emprender pasos prácticos en relación con Echelon y la cuestión de la interceptación de las comunicaciones merma su legitimidad. 
Ello reduce realmente la legitimidad de nuestras instituciones. 
Si me permite el atrevimiento, creo que el Consejo y la Comisión deberían, al menos, considerar la posibilidad de elaborar una decisión marco que proteja a los ciudadanos contra la interceptación arbitraria de las comunicaciones y darles el derecho de defender su causa ante un tribunal, recurrir a un tribunal nacional para que se emprendan acciones judiciales contra estos tipos de interceptación. 
Señora Presidenta, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Parlamento ha dedicado un año a realizar un trabajo exhaustivo en la comisión que tuve el privilegio de presidir. 
Hemos oído a muchos expertos, hemos realizado muchas visitas y estudiado innumerables documentos, y todo ello culminó en el excelente informe del Sr. Gerhard Schmid, cuyas conclusiones fueron aprobadas por una inmensa mayoría en este Parlamento. 
Casi todo nuestro trabajo se realizó en público, salvo raras excepciones en las que la índole de las acciones y los organismos convocados exigían que se hiciera a puerta cerrada. 
Llegamos a la conclusión de que la red «Echelon» ha de existir forzosamente, es capaz de interceptar y procesar comunicaciones, implicando a los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
Expresamos claramente nuestra preocupación acerca del bajo nivel de protección dado a nuestras libertades individuales frente a esta amenaza, acerca de la seguridad de las comunicaciones enviadas y recibidas por nuestras empresas, e incluso acerca del «comercio justo» en el mercado internacional. 
Además, en esta sesión plenaria, adoptamos 44 recomendaciones dirigidas principalmente al Consejo, la Comisión y los Estados miembros. 
Mi sensación es que todo el mundo ha optado por olvidar este informe y sus conclusiones. 
En primer lugar sólo puedo deplorar la decisión tomada por la Mesa del Parlamento de no promover la publicación del informe. 
Y, volviendo al Consejo y a la Comisión, ha llegado el momento de decir claramente que este año se ha visto poca actividad. 
Nuestra situación hoy con respecto a los ciudadanos y a nuestras empresas no es sustancialmente diferente de la de hace un año. 
Incluso hemos visto una tendencia que tenemos que combatir claramente- y sobre esta cuestión he de recalcar la intervención del Sr. Haarder en el anterior debate- que sugiere que la lucha contra el crimen y el terrorismo internacional se emprende necesariamente a expensas de nuestras libertades. 
He de repetir y recalcar que la seguridad es una herramienta para proteger nuestra libertad, pero cuando los requisitos de seguridad suprimen nuestras libertades, traicionamos nuestros valores fundamentales y caemos en la tiranía. 
Espero que, dentro de un año, no tengamos que hablar de nuevo al Consejo, la Comisión y los Estados miembros, y repetir lo que hemos dicho hoy: que se ha hecho poco y que casi todo está como antes. 
Señora Presidenta, después de lo que ha dicho sobre todo el Sr. Coelho- nuestro Presidente y coordinador en la comisión el año pasado -, queda poco que añadir. 
Tan sólo quisiera señalar que, el año pasado, la delegación del Partido Socialista italiano se abstuvo en la votación sobre el informe Smith porque el informe no recalcaba suficientemente el hecho de que la interceptación indiscriminada de las comunicaciones por parte de Echelon es contraria a cualquier legislación sobre derechos humanos. 
De hecho, la interceptación no está sujeta a ninguna restricción, no está autorizada por una decisión legal y no se han declarado sus objetivos. 
Es como echar una red y esperar a que alguien diga la palabra «bomba» o «ataque». 
Desde entonces, no hemos expresado ninguna opinión. 
Después del 11 de septiembre, por supuesto, todo esto se olvidó y las personas se decían: «¡Ya ves lo necesario que es el servicio secreto!» 
Es necesario, pero podría haberse objetado que, considerando su fracaso hasta el momento para evitar el terrorismo, puede que no sea muy eficaz. 
Sea como fuera, ante nosotros tenemos hoy un informe que revela que no se ha hecho gran cosa para cumplir las propuestas, las 44 recomendaciones que habíamos formulado. 
De todas formas considero que es esencial que el informe de la Comisión se publique a fin de que los ciudadanos reciban alguna información. 
Asimismo es esencial insistir en que se introduzca en todos los países de la Unión una legislación que respete la Carta de los Derechos Fundamentales, tanto la que plantea la Convención como la que adoptamos antes de Niza. 
Esta debería ser una condición para la adhesión a la Unión. 
Por supuesto, entonces surge el problema del control democrático de los servicios secretos en los diferentes Estados que, en efecto, es en gran medida inexistente. 
Por último, quisiera señalar- sin ánimo de ofender a nadie- que el Reino Unido es aún miembro de Echelon y creo que sigue cooperando con los Estados Unidos, es decir, con las personas que planean y organizan las actividades antiterroristas, que están violando los derechos humanos- baste pensar en Guantánamo, los bombardeos y cosas por el estilo-. 
¿Cómo podemos estar seguros de que estos llamados aliados nuestros no están violando también los derechos humanos a través de la interceptación de las comunicaciones? 
Señora Presidenta, creo que el Comisario Liitaken y el Sr. Haarder han concluido con éxito una difícil operación, consiguiendo un resultado que fuimos incapaces de alcanzar incluso durante el trabajo en comisión, a saber, la unanimidad del Parlamento. 
Respaldo todo lo que han dicho hasta ahora, pero quisiera añadir un punto concreto. 
Seguimos centrándonos, como hizo el Sr. Vattimo en su última intervención, en el sistema angloamericano de interceptación sistemática y general de las comunicaciones filtradas por motores de búsqueda, pero seguimos pasando por alto el hecho- y todos somos responsables, pues sabemos que está sucediendo- de que estos sistemas también se están utilizando en países europeos como Alemania, los Países Bajos y Francia. 
De hecho, tenemos una situación en que algunos Estados miembros están interceptando las actividades de instituciones, ciudadanos y empresas de otros Estados miembros. 
Estos sistemas indiscriminados de interceptación y comunicación de datos y documentos violan el derecho fundamental del respeto de la vida privada de la persona que está enmarcado en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Como acaba de decir el Comisario Liikanen, estos sistemas suponen una flagrante violación de las libertades de los ciudadanos europeos, y por tanto socavan el concepto de comercio libre y también la seguridad de la Unión. 
Consideramos que estas violaciones son inaceptables, y las palabras del Comisario, lanzadas así en medio del debate, sólo serán suficientes si son confirmadas por una acción posterior. 
Quisiera tan sólo recordar al Comisario y al Ministro el punto 9 de las recomendaciones del Parlamento, que exige la aprobación de un sistema de control democrático de los servicios de inteligencia europeos independientes- a la que no hemos recibido respuesta- y de otras actividades de espionaje afines a escala europea. 
Básicamente, no podemos tratar unos puntos tan delicados relacionados con la interceptación de las comunicaciones y la supervisión de la policía y de los servicios de inteligencia sin abordar una cuestión clave que es una fuente de discriminación: el control judicial y parlamentario, o el control democrático. 
Señora Presidenta, es bueno que este debate tenga lugar aquí y hoy. 
Después de un año de trabajo, la Comisión Echelon presentó recomendaciones y peticiones. 
No es más que un buen control parlamentario si tratamos de averiguar, un año más tarde, lo que ha sido de ellas. 
Permítame hacer una observación preliminar. 
Unos días después del debate que celebramos el año pasado, se produjo el terrible ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos. 
Ello provocó dos reacciones. 
Algunos decían que esto había demostrado que los sistemas de interceptación eran inútiles y que deberían suprimirse, mientras que otros querían convocar concursos públicos para los servicios secretos y sus actividades. 
¡Ambas reacciones son un error! 
La mayoría de esta Asamblea estaba convencida de que los controles estratégicos de las telecomunicaciones podían ser un instrumento útil para los servicios de inteligencia, siempre y cuando se establecieran salvaguardias legales y un sistema adecuado con controles y equilibrios. 
Lo que sucedió el 11 de septiembre no cambia en modo alguno nuestras peticiones de unas bases legales claras, para que se cumpla el control parlamentario y las disposiciones del Convenio Europeo sobre Protección de los Derechos Humanos. 
De la serie de peticiones que hicimos, quisiera recalcar los aspectos esenciales de cuya aplicación es responsable la Comisión, y por ello no mencionaré nada en el ámbito de la política exterior o a escala internacional. 
Como ha dicho el Comisario Liikanen, la Comisión ha realizado una labor considerable en materia de seguridad de las TI. 
Mirándolo más de cerca se descubre que se trata de iniciativas que habrían sido necesarias de cualquier modo debido al comercio electrónico y a la necesidad de apoyar al sector de las TI. 
El Parlamento formuló unas exigencias precisas que- al menos esta es mi impresión, señor Comisario- no se han cumplido plenamente. 
En primer lugar, queríamos que se fomentara una fuente abierta como base para el software de encriptado a fin de que supiésemos con seguridad lo que hacía el software. 
Queríamos que la Comisión ayudara a distribuir el software de fuente abierta para que pudiéramos estar seguros de que no se incorporaran vías de escape en las redes. 
La Comisión hace demasiado poco en este sentido. 
Por cierto, la propia Comisión, para mi decepción, tampoco utiliza el software de fuente abierta, como tampoco el Parlamento. 
En lo que respecta a la protección de la información confidencial en la Comisión, que es algo que por supuesto también hemos examinado, el Sr. Liikanen dijo que se habían realizado cambios considerables. 
Hemos de alegrarnos por ello. 
¡La última vez que echamos un vistazo a esto en la Comisión, seguían utilizando faxes cifrados, en los que algunas de las cifras eran generadas en Gran Bretaña! 
Sería bueno, señor Comisario, que la Comisión se ofreciera a convencer a algunos miembros de la antigua comisión temporal sobre sus niveles actuales de seguridad invitándoles a la Comisión para que lo vean por sí mismos. 
Comprendo que no pueda revelar detalles en un debate público, pero nos sería útil saber qué ha sucedido realmente en este sentido con algo más de detalle. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Permítame decir que lo que ha conseguido usted es casi inaudito. Ha dado usted respuestas concisas a todos los puntos, ¡y más o menos dentro del tiempo de uso de palabra que le ha sido asignado! 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0494/2002). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Tiene la palabra, por una cuestión de orden, el Sr Ortuondo Larrea. 
Señor Presidente, es una cuestión de orden. 
Quiero expresar aquí mi profunda queja por lo que entiendo ha sido un trato discriminatorio dispensado a algunos diputados europeos en el día de ayer con ocasión del turno de preguntas a la Comisión. 
He podido ver en la televisión, con un cierto estupor, como la Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Transportes y Energía, la Sra. Loyola de Palacio, contestaba personalmente ante la puerta del hemiciclo y ante los medios de comunicación a la pregunta número 93 de una diputada, a la que no se había respondido oralmente porque se había cubierto el límite de tiempo disponible para el turno de preguntas a la Comisión. 
Otros diputados que habíamos presentado preguntas con mayor antelación que la número 93, no solamente no hemos recibido la explicación personal de ningún otro Comisario, sino que ni siquiera hemos recibido aún la preceptiva respuesta por escrito. 
Considero que esto es una discriminación y que, como no hay ciudadanos europeos de primera ni de segunda y todos los diputados representamos a los ciudadanos europeos, esto se debe atajar y no se debe volver a repetir una discriminación como la que he señalado. 
- (ES) Señor Ortuondo, le puedo garantizar que, en la responsabilidad que tenemos en el Parlamento, ayer seguimos escrupulosamente el turno de preguntas y todos los diputados que no han tenido contestación oral, de acuerdo con el Reglamento, van a tener contestación por escrito. 
Cualquier otro tipo de respuesta o intervención que haya habido, en todo caso, no es de la competencia de esta presidencia y no puedo entrar en ello. 
Solamente hablo del desarrollo del turno de preguntas en la sala. 
Les rogaría, Sres. diputados, que pudiésemos entrar en el orden del día, sin perjuicio de darles la palabra si piden intervenir por una cuestión de orden, porque saben que entonces otros diputados no tendrán contestación hoy. 
Señor Presidente, quiero poner de manifiesto que el hecho irregular de que la Comisaria y Vicepresidenta contestase a la pregunta 93 en los pasillos fue agravado porque sus palabras- que pronunció como representante de la Comisión- fueron acompañadas y matizadas por dos diputados, la diputada del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que formuló la pregunta y un diputado del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Espero que este tipo de manipulación, con independencia de nuestras posiciones políticas, todas ellas respetables, no se vuelva a producir en esta Cámara. 
Me parece que es un hecho absolutamente lamentable. 
Yo estaba esperando la pregunta nº 2 de "Otras preguntas", consulté con un gesto a su Señoría y, al decirme que no entraba la pregunta nº 2, me marché, lógicamente. 
Este tipo de actos no se debe producir. 
Si la Sra. Comisaria quiere manifestar su opinión política personal, lo puede hacer en cualquier momento, sin necesidad de utilizar ese tipo de manipulaciones, que me parecen absolutamente lamentables. 
-Sr. Nogueira, yo no me atrevería a poner ningún calificativo, menos todavía el de irregular y además, no está en mis funciones. 
Le vuelvo a asegurar que ayer no se trataron muchas preguntas dentro de la Sala y que a partir de ese momento, la Comisión se dirige por escrito, en principio, a todos los diputados. 
En todo caso, le sugiero que se dirija usted a la Sra. Comisaria. 
Hay una tercera cuestión de orden, y espero que sea la última. 
Sr. Galeote, tiene usted la palabra. 
Sí, es por alusiones, porque, en efecto tuve la ocasión y también la satisfacción, dicho sea de paso, de comentar una respuesta de la Comisión Europea, que fue dada con toda regularidad y, por consiguiente, le pediría a su Señoría que retirase la mención a la manipulación. 
Se ha hablado aquí de ciudadanos de primera y de segunda categoría. 
Desde luego, no son ciudadanos de segunda categoría aquéllos de la región de donde procede el Sr. Ortuondo y que son sistemáticamente amenazados, expulsados de sus casas y, a veces, asesinados. 
Me gustaría que el Sr. Ortuondo se ocupase también de estas personas, que- insisto- no son ciudadanos de segunda categoría. 
-Señores diputados, lo que les tengo que recordar y recomendar es que reorientemos esta sesión a su objetivo, que es hacer preguntas al Consejo, y no a producir un debate entre los diputados. 
Yo sé que ustedes pueden alegar alusiones, pero yo les rogaría que nadie se dé por aludido y que comencemos el debate. 
Si me piden la palabra por alusiones personales, como ha habido una alusión, yo le concedo la palabra al Sr. Ortuondo, que es el diputado mencionado por el Sr. Galeote. 
Sr. Ortuondo, le ruego la mayor brevedad. 
Señor Presidente, quiero decir que son inadmisibles las palabras del diputado que me ha precedido en el turno de palabra. 
Es inadmisible que, ante una queja formulada correctamente por mi parte sobre un trato discriminatorio, sin hacer ninguna referencia al contenido de pregunta alguna, mezcle el trato discriminatorio recibido por los diputados con una situación en el País Vasco que por desgracia se debe, precisamente, a la cerrazón y a la falta de democracia que padecemos en el Estado español. 
-Sres. diputados, comprenderán ustedes que, a pesar de mi procedencia como diputado de la circunscripción española, de la que me honro, tenga yo que intervenir aquí en mi condición escueta de Presidente de sesión, en el turno de preguntas al Consejo. 
Probablemente a mí me gustaría participar en este debate iniciado, pero no tenemos derecho a ello, empezando por mí. 
Y, por consiguiente, el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo- al que le pido disculpas por este retraso- va a contestar a la pregunta formulada por el Sr. Nogueira. 
-Pregunta nº 1 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0606/02): 
Asunto: La producción lechera en el marco de la revisión de la Política Agrícola Común presentada por la Comisión 
Para un país como Galicia, cuya producción de leche representa una proporción importante de la producción total del Estado español, cuya estructura agraria se basa en la pequeña propiedad familiar- precisamente la más apropiada para un desarrollo rural sostenible- y cuyo esfuerzo de modernización del sector en las últimas décadas ha sido extraordinario, la reforma de la PAC debería favorecer el incremento de la producción de leche- hasta atender como mínimo las necesidades del mercado peninsular- mediante el establecimiento de un período transitorio durante el que se mantuviera el precio de intervención. 
¿Considera el Consejo que un régimen de estas características resulta compatible con las opciones previstas en la propuesta de reforma de la PAC para después del año 2008? 
¿Podría establecerse este régimen para países que se encuentren en las mismas condiciones que Galicia? 
Señor Presidente, el 12 de julio de este año, la Comisión publicó una comunicación sobre una Revisión Intermedia de la Política Agrícola Común y un documento de trabajo sobre el sector lácteo. 
Aparte de estos dos documentos, el Consejo no presentó propuestas formales para cambiar las actuales normas que rigen las diversas organizaciones comunes del mercado ni, por consiguiente, aquellas que rigen la organización común del mercado de productos lácteos. 
Tan pronto la Comisión, que por supuesto tiene el derecho de iniciativa, haya presentado al Consejo las propuestas que considere necesarias, el Consejo prestará toda su atención a la cuestión y, en cualquier caso, tendrá en cuenta la declaración del Parlamento antes de tomar una decisión. 
El Consejo ha tomado nota de los diversos informes que acompañan a la comunicación de la Comisión sobre la Revisión Intermedia, y este mismo mes ha celebrado un amplio debate, por ejemplo sobre los productos lácteos. 
El debate ha partido de diversas preguntas formuladas por la Presidencia y tenía por objeto aclarar las cuestiones clave. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera decir que, si no fuera por las trabas puestas al Estado español y a Galicia, mi país podría alcanzar un nivel de producción lechera similar al de Irlanda o Dinamarca, mientras que hoy en día produce tan sólo 1,8 millones de toneladas. 
En cualquier caso podría satisfacer sus propias necesidades y duplicar su nivel de producción. 
Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la estructura ganadera de Galicia, que se basa en la propiedad familiar, con una clara concentración en la producción lechera, quiero preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo: ¿aceptaría el Consejo unas medidas específicas- que también podrían aplicarse a otro país- que permitieran a Galicia incrementar su producción manteniendo temporalmente el sistema de precios de intervención? 
Señor Presidente, es la Comisión la que tiene el derecho de iniciativa. 
Por esta razón es la Comisión la que ha de presentar una propuesta. 
Después, el Consejo tratará la cuestión y, como he dicho, también tendrá en cuenta los puntos de vista del Parlamento antes de tomar una decisión. 
Por consiguiente, el hecho de que el Sr. Nogueira haya planteado la cuestión hoy puede haber sido muy útil. 
-Pregunta nº 2 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0608/02): 
Asunto: Declaración de la Presidencia de la UE sobre la isla de Perejil 
El pasado 13 de julio la Presidencia de la UE efectuó una declaración en la que manifestaba su preocupación sobre la situación creada por Marruecos en la isla de Perejil y expresaba su total solidaridad con España, urgiendo al primero a retirar inmediatamente sus tropas. 
Es de agradecer este gesto con un Estado miembro por parte de la Presidencia. 
Sin embargo, supongo que la Presidencia ignora que hay historiadores españoles que afirman que no existe ningún derecho ni título que avale la soberanía española sobre dicho islote, el cual estuvo ocupado por tropas españolas, como acción protectora territorial, hasta comienzos de los años sesenta del pasado siglo XX, en que fueron retiradas como un paso más del proceso de finalización del protectorado español sobre Marruecos, derivado de su independencia en 1956. 
¿No cree la Presidencia que el Gobierno español se ha extralimitado enviando importantes fuerzas militares para ocupar este islote, lo cual ha sido considerado por Marruecos como un acto de guerra, y que lo mejor que se podría hacer desde la Unión Europea es promover que sea el Tribunal Internacional de la Haya quien dirima la cuestión de la soberanía de Perejil? 
¿No cree que es un contrasentido que España reclame al Reino Unido la soberanía sobre Gibraltar y niegue a Marruecos la de la isla de Perejil y otras posesiones en el continente africano? 
Señor Presidente, se trata de una cuestión que recuerdo con suma claridad, pues se planteó por primera vez en el momento en que Dinamarca asumió la Presidencia. 
A principios de julio, todos seguimos con gran preocupación los desarrollos en torno a esta pequeña isla. 
No había duda alguna acerca del estatuto actual de la isla, que se había aprobado. 
Había un entendimiento entre España y Marruecos en el sentido de que la isla permanecería deshabitada y sin ningún signo de soberanía por ninguna de ambas partes. 
Cuando Marruecos infringió este acuerdo y este estatuto, la Presidencia danesa emitió una declaración en la que expresaba su preocupación acerca de la situación, así como su solidaridad con España. 
Al mismo tiempo, se presentó una petición enérgica a Marruecos de que retirara sus fuerzas. 
El Consejo se sintió satisfecho por el hecho de que la Ministra de Asuntos Exteriores española, la Sra. Palacio, que acababa de llegar al Consejo desde el Parlamento, se hubiera reunido con su homólogo marroquí inmediatamente después del episodio y que hubieran confirmado el deseo de volver al anterior status quo. 
La Presidencia danesa confía en que esta y posteriores reuniones ayudarán a fomentar las buenas relaciones entre España y Marruecos. 
En nombre del Consejo, quiero recalcar que, tradicionalmente, las relaciones de la UE con Marruecos han sido por lo general buenas. 
En los últimos años se han realizado muchos progresos, y la cooperación mutua se ha ampliado en diversos ámbitos, desde el comercio hasta cuestiones delicadas como la inmigración, todo ello sobre la base del acuerdo de asociación que entró en vigor hace dos años y medio. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que Marruecos no estará de acuerdo con lo que usted ha manifestado respecto a que la isla Perejil no pertenece a ninguna parte. 
Quisiera preguntarle: ¿Considera el Consejo que es justo y democrático que el Gobierno español alegue que los ciudadanos de Ceuta y Melilla no quieren ser marroquíes porque son españoles y, en cambio, al mismo tiempo, rechace que los gibraltareños puedan decidir libremente en referéndum si quieren ser británicos o españoles? 
Señor Presidente, ni soñando podría contestar a esta pregunta. 
No tiene nada que ver con lo que se me preguntó y es una cuestión sobre la cual el Consejo no puede tener en absoluto una opinión. 
Señor Presidente, la presidencia de la Mesa ha actuado muy correctamente apoyando a un Estado miembro frente a la errónea e injusta actitud de Marruecos- socio privilegiado de la Unión Europea, como acaba de exponer- ante una imposición inaceptable desde los puntos de vista político y legal. 
Resulta escandaloso que un diputado vasco, como el Sr. Ortuondo, se preocupe más por las cabras de Perejil que por la situación de las víctimas de ETA, por quienes nunca se ha preocupado ni ha formulado ninguna pregunta en esta Cámara. 
Tampoco por la lucha contra el terrorismo. 
Su ausencia en el debate que acabamos de mantener lo delata, y desacredita a quien tiene la desfachatez de hacer esta pregunta y de decir lo que en esta Cámara hemos tenido que oír. 
¿No cree el Consejo que, por las razones expuestas, esta pregunta carece de sentido? 
Señor Presidente, esto es por supuesto lo que yo he sugerido en mi primera respuesta. 
-El Sr. Presidente del Consejo puede contestar como lo crea conveniente. 
Les ruego que no intenten decir al Consejo lo que tiene que contestar o cómo tiene que contestar. 
La única cuestión que aquí se puede aceptar es que, por segunda vez, el Sr. Ortuondo intervenga por alusiones personales, y en esto soy muy cuidadoso. 
Naturalmente, le ruego al Sr. Ortuondo que hable con la mayor brevedad y, si es posible, que no tengamos más réplicas. 
Señor Presidente, hay gente que está empeñada y empecinada en utilizar y manipular a las víctimas del terrorismo, y esto no le he dicho yo. 
Tengo que decir al diputado que ha intervenido precedentemente- mezclando una pregunta sobre Gibraltar, Marruecos y España con el terrorismo, con las víctimas, etc.- que quienes verdaderamente estamos trabajando en el País Vasco para superar la situación de conflicto político en que nos encontramos desde hace más de tres siglos- conflicto político con el Estado español, con el Gobierno centralista de Madrid- y quienes precisamente estamos tratando de que no vuelva a haber nunca más atentados, asesinatos ni violencia en el País Vasco, somos los nacionalistas vascos. 
Los nacionalistas democráticos vascos, que hemos dado pruebas suficientes de nuestro talante, de nuestro rechazo a la violencia, de nuestra lucha contra el terrorismo y de nuestra defensa de las libertades. 
-Sr. Ortuondo, ha agotado usted el tema con este turno por alusiones personales. 
-Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-0610/02): 
Asunto: Dramática disminución de los ingresos de los productores de algodón en Grecia 
Con la aplicación de las nuevas disposiciones y de las "sanciones" sin límites previstas por el Reglamento 1051/2001/CE 
Gracias, señor Presidente, por expresar brevemente de qué trata la pregunta. 
A menudo pienso que debe ser raro estar escuchando y no saber cuál es la pregunta as la que hay que contestar. 
Gracias, por tanto, por esa orientación pedagógica. 
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el Reglamento del Consejo nº 1051 del año pasado entró en vigor, conforme al artículo 23 del mismo Reglamento, el 1 de junio de 2001. 
El Consejo no puede modificar una disposición de un acto legal sin que la Comisión haya presentado una propuesta a tal efecto. 
Asimismo quisiera recordar a Su Señoría que es la Comisión la que ha de utilizar el procedimiento del artículo 21 del Reglamento que he mencionado, y que la Comisión ya ha hecho al adoptar medidas de transición. 
El Consejo tampoco ha recibido ninguna solicitud de un Estado miembro en la línea referida por Su Señoría. 
Nos hemos apartado del punto con los vascos y España. Se trata de una cuestión explosiva porque los agricultores algodoneros griegos están absolutamente desesperados con este Reglamento que llega en plena temporada de cultivo. 
He escuchado la respuesta del Ministro, he oído que ningún Gobierno ha pedido medidas transitorias y sólo quiero preguntarle al Ministro si el Consejo está dispuesto a aprobar subvenciones nacionales para salvar a miles de granjas algodoneras pequeñas y medianas, si pretende permitir que Grecia pague la ayuda nacional para completar lo que, para ellos, son unos ingresos ruinosos totalmente insuficientes. 
En respuesta puedo decir con confianza que, por supuesto, también se necesita una propuesta de la Comisión para una solución como la indicada aquí, y no creo que ningún Estado miembro haya solicitado tal propuesta. 
No puedo decir nada más. 
Me gustaría seguir a partir de la pregunta formulada por el Sr. Alavanos en relación con la cosecha de 2001-2002, que es ahora un hecho consumado. 
El problema es que esta situación no sólo afecta a la cosecha del año pasado, sino también a las cosechas subsiguientes. 
Mientras hablamos se está cosechando el algodón de este año. 
Por segundo año consecutivo, los productores se están rasgando las vestiduras porque el Gobierno griego ha fijado arbitrariamente la producción en 275 kilogramos por decárea, mientras que la producción es mucho más alta y nadie sabe qué será de ella. 
En febrero de 2001, esta Asamblea votó unánimemente a favor de un aumento en la producción de algodón porque la Unión Europea tiene un déficit del 70%. 
El Gobierno griego no sólo no ha hecho ningún intento de aplicar esta resolución del Parlamento Europeo a fin de proteger a los agricultores algodoneros griegos y sus productos, sino que, como han oído ustedes, se ha apresurado a aplicar el nuevo Reglamento y se ha negado a aprovechar la resolución del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, le pido que nos defienda y pido al representante del Consejo que adopte una postura sobre la solicitud de los agricultores algodoneros griegos para examinar de inmediato este desastroso Reglamento a fin de proteger a los agricultores abocados a la ruina, y a su producto, que tiene categoría de producto nacional en Grecia. 
Señor Presidente, no puedo sino remitirme a lo que acabo de decir. 
Las reglas de procedimiento son bastante claras. 
Es la Comisión la que, en casos particulares, ha de presentar tales propuestas y, como ya he dicho, ningún Estado miembro ha planteado una propuesta. 
Bajo ningún concepto puedo decir nada más al respecto, pero los diputados del Parlamento Europeo están por supuesto en su derecho de plantear cuestiones importantes para ellos. 
No puedo reprocharles nada por hacerlo. 
-Pregunta nº 4 formulada por Bart Staes (H-0612/02): 
Asunto: Carácter coercitivo del código de conducta de la Unión Europea sobre la exportación de armas 
En junio de 1998, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre un código de conducta de la Unión Europea referente a la exportación de armas. 
Este código no es de obligado cumplimiento. 
Entre otras cosas, se pide a los Estados miembros que, en caso de denegación de la autorización, transmitan al Estado miembro de destino una descripción de la mercancía, así como la identidad del usuario final. 
Recientemente, la empresa FN de Herstal, de la que es accionista la Región de Valonia, suministró 5500 ametralladoras a un usuario final desconocido. 
¿Qué medidas va a tomar el Consejo para que la ley obligue a cumplir el código de conducta acordado y para obligar a empresas como FN a publicar la información a que se refiere el código de conducta, también en caso de autorización del suministro? 
Las decisiones relacionadas con la autorización de las licencias de exportación son tomadas individualmente por cada Estado miembro, teniendo muy en cuenta el Código de Conducta sobre exportación de armas y los criterios establecidos en dicho Código. 
La aplicación de políticas sobre la exportación de armas y, por consiguiente, también del Código, sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros. 
El Consejo no ha sido informado de la situación a la que se refiere Su Señoría en su pregunta. 
Sea como fuere, el Consejo no ha sido informado de las razones por las que los Estados miembros autorizan o rechazan las licencias de exportación, y no entra en modo alguno en el ámbito de competencia del Consejo erigirse en juez de estos Estados miembros. 
En la reunión del 25 de enero de 1999, el Consejo debatió una propuesta de la Presidencia para conseguir que el Código fuera vinculante desde el punto de vista jurídico, por ejemplo por medio de una posición común, pero no se alcanzó ningún acuerdo al respecto, y, por consiguiente, desde entonces no se ha tratado la cuestión de transformar el Código en una ley vinculante. 
Señor Presidente, doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta. 
En Septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores belga, el Sr. Michel, hizo una declaración a la prensa belga a raíz de la crisis de Nepal, en la cual afirmaba que pediría a sus colegas los Ministros de Asuntos Exteriores en el Consejo que el Código de Conducta, que, en efecto, en estos momentos no es vinculante, se transponga a la legislación nacional. 
¿Podría decirme el Presidente en ejercicio del Consejo si la propuesta del Sr. Michel ha sido presentada en el Consejo? 
¿Podría decirme también si considera probable que el Consejo se comprometerá a transponer el Código de Conducta a la legislación nacional en cada país? 
Señor Presidente, si me hubieran pedido en la pregunta que ofreciera la información que se me pide aquí, quizás habría podido hacerlo. Sin embargo, la información no se solicitaba en la pregunta, y por consiguiente no puedo dar ninguna respuesta. 
No obstante, quizás Su Señoría pueda presentar una pregunta escrita si considera importante que la conteste. 
Asimismo podría llamar por teléfono al Ministerio de Asuntos Exteriores belga, donde creo que serían tan atentos como para darle una respuesta. 
-Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n° 5, 6 y 7 recibirán una respuesta conjunta.Pregunta nº 5 formulada por Mihail Papayannakis (H-0616/02): 
Asunto: Corte Penal Internacional 
Tras su negativa a ratificar la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI) , los EE.UU. firmaron el 1 de julio un acuerdo bilateral con Rumania sobre la concesión a los estadounidenses de inmunidad ante la CPI. 
Dado que Rumania es un país candidato a la adhesión a la UE, y que los EE.UU. persiguen evidentemente la firma de acuerdos bilaterales del mismo carácter con los restantes países candidatos, ¿podría indicar el Consejo si, además de manifestar su desaprobación, también se propone tomar otras medidas, tanto en lo que concierne a los EE.UU. como a los distintos países candidatos, con el fin de que no se debilite desde su creación la institución de la Corte Penal Internacional? 
Pregunta nº 6 formulada por Carlos Carnero González (H-0667/02): 
Asunto: Acuerdo de inmunidad con los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional 
En su decisión de pasado 30 de septiembre, el Consejo de Asuntos Generales estableció la posibilidad de que los miembros de la Unión puedan acordar con los Estados Unidos la inmunidad de sus diplomáticos y militares destinados en territorio comunitario ante la Corte Penal Internacional, en determinadas condiciones. 
El que suscribe considera que dicha posición debilita la fuerza de la CPI en su propio nacimiento y alienta a Estados terceros a proceder por igual o peor vía que la UE, por lo que rechaza el planteamiento del Consejo. 
¿Considera el Consejo que la citada decisión se ajusta a la opinión mayoritaria de la ciudadanía europea? 
¿Ha tenido en cuenta el Consejo el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales y los juristas que han promovido desde el primer momento la creación de la CPI? 
¿Le consta al Consejo qué socios comunitarios establecerán acuerdos de inmunidad con Estados Unidos y con qué límites? 
¿No cree el Consejo que así la UE se desdice de su primer planteamiento y pierde credibilidad ante la comunidad internacional? 
Pregunta nº 7 formulada por Sarah Ludford (H-0681/02): 
Asunto: La Corte Penal Internacional 
El Consejo de Asuntos Generales de 30 de septiembre de 2002 adoptó las orientaciones sobre cuya base los Estados miembros podrán negociar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, con el objetivo de conceder al personal estadounidense una cierta inmunidad frente a la Corte Penal Internacional. 
Habida cuenta de que el Consejo considera que la CPI es un ' valioso instrumento para la comunidad mundial en su lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves?: 
¿Cómo puede la Presidencia mantener su afirmación de que los acuerdos bilaterales con los EE.UU. no perjudican el Estatuto de Roma y la integridad de la CPI? 
¿Cómo armonizan las directrices del CAG del 30 de septiembre con el asesoramiento jurídico proporcionado anteriormente por los servicios de la Comisión y del Consejo? 
¿Por qué motivo no hizo más el Consejo para proteger al Gobierno rumano frente a la presión bilateral, cuando los EE.UU. le propusieron celebrar un acuerdo bilateral con anterioridad al establecimiento de las orientaciones de la UE, y porqué no se integró suficientemente a Rumanía, en su calidad de país candidato, en la postura de la Unión Europea respecto de la Corte? 
Sin embargo, en primer lugar quisiera recalcar que las conclusiones del Consejo acerca de la Corte Penal Internacional no estimulan la firma de acuerdos bilaterales sobre inmunidad. 
Se ha recalcado que hay que tener en cuenta los acuerdos vigentes entre los Estados Unidos y los Estados miembros individuales. 
Desde nuestro punto de vista, muchas de las reservas norteamericanas pueden resolverse sobre la base de los acuerdos vigentes. 
Dependerá de cada Estado miembro individual valorar si sus relaciones bilaterales o multilaterales con los Estados Unidos pueden considerarse suficientes para hacer concesiones a las peticiones norteamericanas. 
Si un Estado miembro considerara necesario cambiar los acuerdos existentes o firmar un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, ello se haría sobre la base de los principios rectores de la UE. 
Si, en sus contactos bilaterales con los Estados Unidos, los países individuales se atienen al marco que se ha fijado, la Corte no se verá socavada. 
Asimismo queremos dejar bien claro que, si Estados que son parte en la Corte Penal Internacional firmaran acuerdos como los que ahora proponen los Estados Unidos, ello sería incompatible con sus obligaciones en relación con los estatutos de la Corte. 
De acuerdo con los principios rectores de la UE, cualquier solución debería incluir unas disposiciones operativas adecuadas que garantizaran que las personas que han cometido delitos dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no gozan de inmunidad. 
Por consiguiente, hay que entablar un proceso judicial contra ellas y, si es preciso, han de ser castigadas. 
Tales disposiciones deberían poder garantizar que se realizarán investigaciones adecuadas y que, si hay suficientes pruebas, las autoridades nacionales incoarán un procedimiento judicial contra las personas a petición de la Corte. 
Este principio rector garantiza que se piden responsabilidades a las personas si han cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. 
Además, serán llevadas ante los tribunales independientemente de si son norteamericanas o europeas. 
La UE y los Estados Unidos han acordado que se aplicará la responsabilidad individual en el caso de los delitos más graves que afecten a la comunidad internacional. 
Durante muchos años, los Estados Unidos, en estrecha cooperación con la UE, han adoptado un papel destacado con respecto al establecimiento de tribunales penales internacionales con miras a entablar acciones judiciales contra tales delitos. 
Otro principio rector es que los nuevos acuerdos sólo abarcarían a las personas que no son ciudadanas de un Estado que sea parte en la Corte. 
Además, la UE ha definido cuidadosamente la categoría de personas a quienes se puede aplicar. 
Sin embargo, se afirma que ciertas personas no entran en la jurisdicción de la Corte porque gozan de inmunidad conforme al derecho internacional. 
Sin embargo, aparte de estos casos, cualquier solución sólo debería incluir a quienes, por haber sido enviados allí por el Estado remitente, residen en el país al que se ha solicitado entregar a alguien a la Corte. 
Ello es conforme a la muy estricta definición del Estatuto de Roma de personas que deberían incluirse en los acuerdos de inmunidad. 
Si se examinan las alternativas, el enfoque de la UE que acabamos de describir es el mejor modo de defender la Corte Penal Internacional. 
Cualquier otra solución habría resquebrajado el fuerte apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional y habría debilitado a la Corte. 
Sin embargo, un simple rechazo de la propuesta norteamericana habría tenido consecuencias muy negativas para las relaciones transatlánticas, y habría puesto en peligro el compromiso norteamericano absolutamente vital para las operaciones mundiales de mantenimiento de la paz. 
Si no se hubiese establecido una posición común de la UE, ello habría causado daños irreparables a la Corte. 
En relación con ello, quisiera mencionar que los Estados Unidos ya han firmado acuerdos bilaterales con 12 países que no están en condiciones de adoptar una postura sobre la posición de la UE. 
Si se alentara a los Estados miembros de la UE y a otros a entablar negociaciones bilaterales con los Estados Unidos sin un sólido acuerdo de la UE y sin unos criterios claros sobre quién ha de incluirse en los acuerdos bilaterales, el resultado sería una multiplicidad de acuerdos bilaterales, y esto es algo que socava sin lugar a dudas a la Corte. 
Con respecto a lo que piensan los ciudadanos de la UE, las ONG y los expertos en materia jurídica, quisiera recalcar que el Consejo no debatió este tema en un espacio vacío y que sin duda no alcanzó el resultado expuesto en un espacio vacío. 
Las conclusiones del Consejo se basan en amplias consultas entre los Estados miembros y en valiosas contribuciones del servicio jurídico del Consejo y de la Comisión. 
El Consejo también ha tenido en cuenta los puntos de vista expresados por las ONG afectadas. 
Durante todo el proceso, ha habido contactos con terceros países que son parte en la Corte, y la Presidencia también ha mantenido conversaciones exploratorias con los Estados Unidos. 
Ni que decir tiene que el Consejo también ha tenido en cuenta los puntos de vista expresados por los representantes electos en la UE, tanto en los parlamentos nacionales como en el Parlamento Europeo. 
En cuanto a los Estados miembros que podrían firmar acuerdos de inmunidad con los Estados Unidos, por desgracia, en estos momentos, no estoy en condiciones de facilitar información, pero me gustaría contestar a las preguntas sobre el acuerdo bilateral de Rumania con los Estados Unidos, firmado el 1 de agosto de 2002. 
A este respecto, quisiera llamar la atención, en nombre del Consejo, sobre la posición común adoptada el 11 de junio del año pasado y modificada el 20 de junio de este año. 
Era una posición apoyada por los países candidatos. 
El Consejo mantuvo estrechos contactos con los países candidatos durante todo el trabajo preparatorio en torno a la posición, y el Consejo tiene intención de proseguir con estos contactos a fin de mantener totalmente informados a los países candidatos sobre futuros desarrollos. 
El Consejo ha observado que Rumania aún no ha ratificado el acuerdo en cuestión, y espera que tenga en cuenta la posición establecida por la UE después de que se hubiera firmado el acuerdo. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta, pero para serle franco ha habido algunos puntos que no he conseguido comprender. 
¿Acaso los Estados Unidos están reclamando un papel aparte en el mundo y nosotros reconocemos ese papel, sí o no? 
Es la enésima vez que lo hacemos desde los acuerdos de Kioto, y sobre muchas otras cuestiones. 
Ha dicho usted que lo hizo para no alterar las relaciones transatlánticas. 
Para serle sincero, tampoco lo comprendo. 
Del mismo modo en que no consigo comprender que las partes culpables, según dice usted, serán juzgadas ante tribunales nacionales. 
No, señor Presidente en ejercicio, por los tribunales de los Estados Unidos. 
De ningún modo. 
La pregunta es: ¿se aplicará esto a otros países en una fecha posterior? 
¿A los rusos y a quién sabe quién más en las misiones de mantenimiento de la paz? 
¿Cómo puede usted decir que ello no socava la Corte? 
En todo caso, en lo que respecta a Rumania, que fue lo que pregunté expresamente, la pregunta es: que usted espere que el acuerdo firmado por Rumania no sea ratificado carece de interés para mí. 
Lo que me interesa es si tiene usted intención de decir a Rumania, en presencia de los demás países candidatos, que su integración depende de que respete la posición común de la Unión Europea sobre la Corte Penal Internacional. 
Quisiera recalcar que se ha encontrado una solución que no socava la Corte Penal Internacional. 
Esta solución será de gran ayuda, por ejemplo, para los países candidatos de Europa Central y Oriental que han tenido ciertas dudas sobre lo que debían hacer. 
También se ha encontrado una solución que no lesiona los acuerdos existentes. 
Realmente pienso que esto es, con todo, un resultado bastante bueno. 
La UE no puede controlar el mundo entero. 
Hemos garantizado que no se podrá socavar la Corte Penal Internacional, y no puedo decir nada más al respecto. 
Quisiera que me precisara los siguientes extremos: en primer lugar, ¿qué carácter jurídico tiene la decisión del Consejo? , ¿cómo la define usted? ; en segundo lugar, dependiendo de su carácter jurídico, ¿forma o no parte del acervo comunitario? 
Si forma parte del acervo comunitario, los Estados miembros y los países candidatos están obligados a acatarla y, por tanto, es evidente que no podrían ratificar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos contrarios a lo decidido por el Consejo. 
Por último, ¿cómo piensa controlar el Consejo las decisiones de los Estados miembros, como, por ejemplo, las que éstos pueden tomar mediante verdaderos acuerdos eventuales bilaterales con los Estados Unidos a través de modificaciones de otros ya existentes con ese país? 
Señor Presidente, por supuesto que no me preguntaron acerca de esto en la pregunta escrita. 
Me limitaré a señalar que estamos hablando de una posición común. 
Se espera que todo el mundo, incluidos los países candidatos, defienda la posición común. 
Me sorprendería- de hecho me quedaría atónito- si no lo hicieran, y por ello pienso que Su Señoría puede estar bastante seguro de que lo harán. 
Con respecto al último punto, creo que resulta evidente lo restringida que es la cobertura de una categoría de personas. 
Y en cuanto a la primera pregunta que me ha hecho, quiero decir que una posición común es una posición común. 
No existen medidas punitivas para los países que hagan caso omiso de una posición común, pero estamos normalmente acostumbrados a respetar las posiciones comunes en la UE, y creo que los países candidatos harán lo mismo. 
Señor Presidente, tengo que decir que la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo muestra signos de una elasticidad considerable en su interpretación pero, como decimos en Dinamarca, se necesita un carácter muy firme para vender cinta elástica por metros. 
La cinta elástica puede estirarse en todas las direcciones, pero no creo que el Presidente en ejercicio haya abordado la cuestión fundamental de si la estrategia estadounidense insta a otros países a participar en acuerdos bilaterales que les comprometen a no entregar a ciudadanos estadounidenses. 
Esta cuestión está en línea con el hecho de que Estados Unidos se haya negado sistemática y repetidamente a ratificar el Tratado del Tribunal Penal Internacional. 
Me parece evidente que el Consejo tiene un problema de credibilidad cuando, por un lado, dice que apoya plenamente la creación del Tribunal Penal Internacional y lo considera un requisito para la cooperación judicial internacional y, por otro lado, hace la vista gorda y acepta el chantaje de los Estados Unidos a terceros países. 
El Presidente en ejercicio ha dicho que se ha encontrado una solución al chantaje de Rumania. 
Las únicas cuestiones prácticas que quiero plantear son las siguientes: ¿Cuáles son las líneas generales de esa solución? y ¿se trata de una solución que el Consejo considera aceptable? 
Sí, en respuesta a la última pregunta, quiero decir que se ha encontrado una solución que, en mi opinión, garantizará que ninguno de los otros países candidatos pueda firmar acuerdos similares a los que ha firmado Rumania. 
Me gustaría añadir también que, hasta donde yo sé, Rumania no ha ratificado todavía ese acuerdo. 
Con respecto al primer punto, le contestaré que, aun en el caso de que Estados Unidos ejerciera la presión a la que se ha referido el Sr. Krarup, sería igual de bueno que hubiéramos alcanzado esa posición común, que es fácil de apoyar y se opone a cualquier posible presión de ese tipo. En mi opinión, una de las grandes ventajas de la posición común es que apoya claramente a los países que pueden ser objeto de esas presiones. 
No tengo noticias de que haya sucedido algo así, aunque su Señoría dice que sí. Y en cualquier caso y como ya he dicho antes, la posición común sería igual de buena y podría ser refrendada también por los nuevos Estados miembros. 
-Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 8 decae. 
Pregunta nº 9 formulada por Efstratios Korakas, a quien sustituye el Sr. Alyssandrakis (H-0623/02): 
Asunto: Acuerdo UE-EE.UU. sobre expulsiones, operaciones policiales secretas e intervención de las comunicaciones 
Según denuncias de la organización Statewatch, la UE u los EE.UU. proyectan concluir un acuerdo sobre la lucha contra el terrorismo y cuestiones de Derecho penal común que incluirán operaciones policiales conjuntas, la intervención de comunicaciones, la localización y confiscación de productos del crimen, la simplificación de los procedimientos de expulsión de ciudadanos, comunitarios o no, y limitaciones en las solicitudes de obtención de asilo. 
¿Cuál es la postura del Consejo, teniendo también en cuenta las denuncias de que la Presidencia danesa elabora un proyecto sobre la intervención de las comunicaciones y que medidas represivas y procesales semejantes entran en total contradicción con el respeto de los derechos humanos y son incompatibles con las declaraciones habidas hasta la fecha según las cuales la UE no concluirá acuerdo alguno que prevea expulsiones a países donde esté vigente la pena de muerte, como es el caso de los EE.UU.? 
Puedo garantizarle que cualquier acuerdo que se alcance entre los Estados Unidos y la Unión Europea respetará los derechos humanos según se establece en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea: 'La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho, principios que son compartidos por todos los Estados miembros.' 
Lo anterior se aplica no sólo a los acuerdos sobre cooperación judicial en asuntos penales que ya están en proceso de negociación, sino también a todos los acuerdos sobre intercambio de información policial alcanzados entre los Estados Unidos y la Europol, tras su aprobación por el Consejo. 
Las declaraciones de que la Presidencia danesa ha presentado propuestas relativas a normas vinculantes que regulen el almacenamiento de datos sobre el tráfico de telecomunicaciones, que los proveedores de telecomunicaciones tendrán que conservar los datos sobre el tráfico de telecomunicaciones durante un período de hasta dos años y que dicha información tendrá que ser recogida en bases de datos centralizadas y ponerse a disposición de otros Estados miembros, se basa en un malentendido- yo diría incluso que en un malentendido muy creativo- que podría haberse evitado si los medios de comunicación hubieran consultado al país que ocupa actualmente la Presidencia. 
La Presidencia ha propuesto un proyecto de conclusiones del Consejo sobre medidas relacionadas con la tecnología de la información, motivadas por la necesidad de investigar el crimen organizado y perseguir a sus autores. 
La propuesta no tiene relación alguna con la creciente cooperación con Estados Unidos, que incluye conversaciones sobre un acuerdo de asistencia legal mutua y extradición mutua. 
Me gustaría llamar la atención sobre la declaración del Consejo con fecha de 30 de septiembre de 2002 relativa a la pena de muerte y, en particular, a las formas crueles de ejecución. 
Esa declaración demuestra una vez más que la Unión Europea se opone desde hace mucho tiempo y rechaza enérgicamente cualquier uso que se haga de la pena de muerte. 
Señor Presidente en ejercicio, deduzco de su respuesta que ya se han iniciado conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
En cuanto a sus garantías sobre los derechos humanos, no tendría ningún problema en aceptarlas si la manera en que la Unión Europea interpreta los derechos humanos en la práctica no fuera tan diferente de lo que el hombre de la calle entiende por derechos humanos; si, ayudada por el terrorismo, la Unión Europea no estuviera creando un mecanismo represivo y autocrático que puede utilizar en contra de cualquiera que se oponga a sus políticas. 
El periódico inglés The Guardian publicó el 3 de septiembre un artículo expresando su preocupación por las consecuencias de estas conversaciones con los Estados Unidos. 
Si The Guardian está preocupado, Señor Presidente en ejercicio, nosotros tenemos derecho a estar diez veces más preocupados. 
Me gustaría hacerle una pregunta en particular: ¿Qué contribución harán los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo a estos acuerdos y, en términos más generales, qué papel jugarán en su ratificación? 
Por supuesto, los países que participen en dichos acuerdos lo harán respetando sus legislaciones nacionales. En lo que se refiere a las instituciones europeas, su participación tendrá lugar respetando la legislación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la documentación publicada por Statewatch deja claro que las negociaciones referentes a estos acuerdos se iniciaron ya el pasado otoño y que se han llevado a cabo en el mayor de los secretos. 
La propuesta de Tony Bunyan de Statewatch de que se publiquen los documentos para someterlos a un examen riguroso se ha aprobado aunque con el rechazo de una parte de la Cámara, porque las negociaciones en cuestión se llevaron en secreto. 
Lo cierto es que, según el Tratado, el Parlamento no tiene derecho a ser consultado sobre estos asuntos, razón por la cual nos preguntamos por qué no ha declarado públicamente que esas iniciativas formaban parte de las medidas antiterroristas en las que se está trabajando. 
Mi primera pregunta se refiere a por qué el Consejo esconde sus cartas cuando están en juego asuntos de interés general. 
Mi segunda pregunta se refiere al alcance de esos acuerdos. 
Considerando los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, el artículo 24 dice claramente que cuando se precise algún acuerdo con uno o más Estados para la aplicación de esos títulos, podrá alcanzarse en representación del Consejo sin necesidad de consultar al Parlamento y sin necesidad de un debate público. 
En opinión del Presidente en ejercicio del Consejo, ¿hasta dónde llegan esos poderes y por qué el Parlamento no ha sido informado? 
Me gustaría darle al Sr. Krarup una respuesta, pero no he leído lo que dice Statewatch. Tampoco sé si lo que dice es cierto. 
Además, mi obligación es responder preguntas formuladas de antemano, y estas preguntas no se habían formulado de antemano. 
Lo siento, pues, Sr. Krarup, pero quizá sería una buena idea que formulara su pregunta por escrito o remitiera sus preguntas por adelantado la próxima vez. 
-Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 10 decae. 
Pregunta nº 11 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0626/02): 
Asunto: Nuevas perspectivas de las relaciones con Libia 
¿Qué valoración le merece al Consejo las últimas declaraciones del coronel Muammar Gaddafi, jefe del Estado libio y el giro operado en su política así como los términos de su discurso televisado con ocasión del 33 aniversario de su acceso al poder? 
A la vista de esta nueva situación, ¿qué perspectivas se abren en las relaciones entre Libia y la Unión Europea? 
El Consejo no ha hecho referencia a los discursos del Coronel Gadaffi. 
El Consejo sigue estando dispuesto a que Libia participe de hecho y derecho en el Proceso de Barcelona tan pronto como ese país acepte plenamente y sin reservas las reglas de Barcelona. 
Libia no ha dado todavía una respuesta a esta cuestión. 
Hasta entonces, seguirá estando invitada en calidad de observadora a las reuniones de la Comisión Euromediterránea y a las reuniones de los máximos responsables en materia de política y seguridad. 
Libia participó en la conferencia ministerial de Valencia como invitada de la Presidencia. 
Actualmente parecen existir dos grandes tendencias en ese país. La primera de ellas está preparando el camino para un acercamiento a la UE y aboga claramente por la ruptura con el pasado, mientras que la segunda considera que las ambiciones de Libia respecto al continente africano son incompatibles con su participación en el Proceso de Barcelona. 
El peso relativo de estos dos puntos de vista libios depende, naturalmente, de las ambiciones del Coronel Gadaffi. 
En opinión de la UE, el importante papel de Libia en África y su participación en el Proceso de Barcelona son dimensiones que se complementan perfectamente. 
La alianza euroafricana, cuya próxima cumbre se celebrará en un futuro muy cercano, es testimonio de ello. 
El Consejo aplaude también la liberación de algunos prisioneros políticos en Libia e insiste en que, si este país se lo pide, permitirá que participe en el Proceso de Barcelona tan pronto como haya resuelto de forma clara y satisfactoria las cuestiones pendientes. 
Esa participación en la alianza euromediterránea significaría también que Libia, en común con los otros aliados, formaría parte de un acuerdo de asociación y se acogería al Reglamento MEDA. 
Señor Presidente, debo confesar que el Presidente en ejercicio del Consejo no ha sido muy explícito ante esta pregunta. 
He escuchado con atención sus palabras que, a veces, me han parecido contradictorias en el sentido de que sí sería invitada, pero no parece que contemple un cambio en la situación. 
En cualquier caso, quisiera hacerle la siguiente pregunta complementaria. 
¿Hay voluntad de proseguir por un camino de mutuo acercamiento? 
¿Se prevé una mejora del mutuo conocimiento entre la Unión Europea y Libia? 
Si las cosas van bien, ¿a qué acuerdos se podría llegar? , ¿a los mismos que con otros países del Magreb en el marco de la política euromediterránea? 
¿Con qué calendario previsible se podría actuar? 
Señor Presidente, verdaderamente pienso que mi respuesta ha sido bastante clara. 
Si Libia es capaz de dar respuestas claras y satisfactorias a las cuestiones pendientes, podrá, si así lo solicita, participar en el Proceso de Barcelona, aunque ambicione un acercamiento al continente africano. 
He dicho de forma bastante explícita que esas dos cosas no son necesariamente incompatibles. 
No obstante, en Libia parecen existir dos tendencias antagónicas. 
Eso no son perogrulladas mías, sino algo que hemos observado en Libia. 
-Pregunta nº 12 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0629/02): 
Asunto: Estatuto de país vecino para Ucrania 
En la cumbre UE-Ucrania que tuvo lugar en Copenhague el pasado julio se prometió a este país un "estatuto de país vecino" de la UE. 
Se trata de un nuevo concepto que hay que dotar de contenido. 
¿Qué implica exactamente este estatuto? 
¿Serán las condiciones para Ucrania las mismas que para Belarús, por poner un ejemplo? 
¿Se beneficiarán de este mismo estatuto todos los países que limiten con la UE tras la ampliación? 
Señor Presidente, estoy encantado de responder a la pregunta del Sr. Sacrédeus referente a Ucrania. 
En la cumbre UE-Ucrania celebrada en Copenhague este verano, Ucrania fue informada sobre la decisión adoptada por el Consejo en abril de aprovechar la oportunidad de estrechar las relaciones entre la futura Unión Europea ampliada y sus nuevos vecinos. 
Las dos partes insistieron en la importancia de tener en cuenta la diferente naturaleza de las relaciones entre la Unión Europea y los países en cuestión, así como sus diferentes grados de desarrollo político y económico. 
La Unión Europea y Ucrania se mostraron de acuerdo en que el proceso de ampliación ofrece nuevas oportunidades y retos en una serie de ámbitos. 
Las dos partes confirmaron también que Ucrania podía aprovechar mejor esas oportunidades si intensificaba sus esfuerzos por adaptar sus leyes, normas y reglas a las de la Unión Europea. 
Se acordó asimismo acelerar las conversaciones entre los organismos competentes en materia de alianzas y cooperación sobre los efectos de la ampliación en, por ejemplo, aspectos relacionados con el comercio, los visados, la circulación de personas y el fomento de la cooperación regional y transfronteriza. 
La Unión Europea reconoce las aspiraciones europeístas de Ucrania. 
Pero es importante que Ucrania cumpla mejor sus obligaciones si pretende dotar a sus aspiraciones de un contenido real. 
La Unión Europea seguirá ayudando a Ucrania en el proceso de reforma, que abarca el reforzamiento del sistema judicial, la libertad de prensa, los derechos humanos y la sociedad civil. 
La Presidencia danesa se siente obligada a estrechar las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. 
El plan de trabajo para la ejecución de la estrategia común de la Unión Europea para Ucrania ha sido ya presentado al Consejo, que lo examinó el 22 de julio de este año. 
La Presidencia cree que el objetivo general de la Unión Europea debe consistir en centrar el diálogo y la cooperación con Ucrania y orientarlo a la obtención de resultados. 
Las prioridades de este plan de trabajo son las siguientes: en primer lugar, consolidar la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones públicas; en segundo lugar, ayudar al proceso de transición económica, que engloba la integración de Ucrania en las economías europeas y mundiales y la cooperación transfronteriza regional con los países vecinos; en tercer lugar, cooperar con Ucrania para reforzar la estabilidad y la seguridad dentro y fuera de Europa; en cuarto lugar, reforzar la cooperación en los campos del medio ambiente y la energía, especialmente en el ámbito de la seguridad nuclear; en quinto lugar, ayudar a estrechar la cooperación en relación con la ampliación de la UE; y en sexto y último lugar, estrechar la cooperación en asuntos legales e internos. 
La ejecución de una política global de la UE respecto a los nuevos vecinos de la Unión Europea, con la debida consideración de las diferencias existentes entre esos países, ayudará a conseguir los objetivos generales. 
Tras considerar la contribución común del Alto Representante, el Sr. Solana, y del Comisario Patten, el Consejo examinó las relaciones entre la UE y sus vecinos del Este en la reunión del 30 de septiembre. 
El Consejo reitera su convicción de que la ampliación de la Unión Europea ofrece una oportunidad excelente para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y sus nuevos vecinos de cara a aumentar la estabilidad de la región y acortar las diferencias de prosperidad a ambos lados de las nuevas fronteras de la UE. 
Me gustaría agradecer sinceramente al Sr. Haarder y a la Presidencia danesa su detallada y excelente respuesta. 
Mi opinión personal es que la visita a Kiev del primer ministro sueco Göran Persson y su encuentro con el gobierno ucraniano en su último viaje al exterior durante la presidente sueca, tuvo una gran importancia estratégica. 
Considero que la dirección emprendida por la Presidencia danesa es una continuación de esa política. 
Me gustaría hacerle otro par de preguntas relacionadas con lo anterior. 
En primer lugar, ¿existe la posibilidad de que, en un futuro relativamente próximo, pueda ofrecerse a Ucrania un acuerdo especial, que sería una variante en Europa del Este de una relación económica especial, una especie de Acuerdo del Espacio Económico Europeo para Europea del Este? 
En segundo lugar, me gustaría saber lo que piensa usted sobre el efecto que han podido tener sobre las relaciones entre la UE y Ucrania las declaraciones de esta última respecto a la cooperación militar con Iraq. 
Me gustaría agradecer al Sr. Sacrédeus el gran interés que ha mostrado por Ucrania. 
Es importante que recordemos a Ucrania, ya que es un país muy importante en Europa. 
Me gustaría felicitar al Parlamento por el informe sobre Ucrania que- si no recuerdo mal- fue adoptado hace aproximadamente un año. 
Puedo añadir que la Presidencia danesa espera que el Consejo, una vez más este año, solicite a la Comisión que remita propuestas para la adopción de una política comunitaria global respecto a los nuevos vecinos de la Unión Europea, y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Ucrania es un país muy importante entre esos vecinos. 
Señor Presidente, con los antecedentes históricos que todos conocemos, el tema de la seguridad nuclear estará presente sin lugar a dudas en todas las conversaciones que mantengan la Unión Europea y Ucrania. 
-Pregunta nº 13 formulada por Bernd Posselt (H-0631/02): 
Asunto: UE- Macedonia 
¿Cómo valora la Presidencia danesa del Consejo la actual situación en Macedonia? 
¿Proyecta adoptar medidas para dar un mayor vigor al Acuerdo de asociación y estabilización, por ejemplo, a través de ayudas financieras adicionales o mediante la supresión de la obligación de visado? 
La Presidencia se alegra mucho de que las elecciones parlamentarias celebradas el 15 de septiembre en la Antigua República Yugoslava de Macedonia transcurrieran de una manera tan pacífica. 
En su reunión del 21 de octubre, el Consejo expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzando con el nuevo gobierno en Skopje. 
El Consejo instó al nuevo gobierno a que conceda la máxima prioridad a la aplicación del acuerdo marco y al proceso de estabilización y asociación en su programa de trabajo e insistió en que desea mantener con él una colaboración estrecha y fructífera. 
La Unión Europea mantendrá su firme compromiso con Macedonia y prestará su apoyo activo a un gobierno de talante reformista. 
El Consejo está también tratando de que el censo previsto se elabore conforme a las normas internacionales. 
El Acuerdo de Estabilización y Asociación no ha entrado en vigor porque todavía no se ha ratificado. 
Hasta que llegue ese momento, se ha alcanzado un acuerdo provisional sobre aspectos comerciales, que entró en vigor hace ahora justamente un año. 
Como parte de un programa plurianual que abarca el período 2002-2004, la Comunidad Europea ha destinado 130,5 millones de euros a la Antigua República Yugoslava de Macedonia para ayudar al país a prepararse para cumplir las obligaciones que conllevan el acuerdo provisional y el Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
La cuestión del visado exigido a los macedonios se consideró en la última reunión del Consejo de Cooperación Macedonia-UE celebrado los días 1 y 2 de julio de este año y, en esa ocasión, la Comisión recordó a las autoridades de Macedonia que tienen que adoptar una serie de medidas prácticas antes de que la Unión Europea pueda considerar la cancelación de dicho requisito de visado. 
Los Estados miembros y la Comisión están siguiendo de cerca el progreso de las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el cumplimiento de dichos criterios. 
Precisamente por las profundas repercusiones psicológicas de esta cuestión, que también ha apuntado el Sr. Posselt, no quiero manifestar ninguna opinión al respecto. 
No puedo decirle en este momento si existen fondos para la clase media. 
Pero no pueden concederse ayudas para el desarrollo económico sin que éstas beneficien a la clase media, y estoy convencido de que beneficiarán a las pequeñas y medianas empresas. 
Hasta donde yo sé, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia no existe otro tipo de empresas, por lo que no creo que su Señoría tenga motivos para preocuparse. 
Además, me gustaría expresar una vez más mi satisfacción por el rumbo que ha tomado Macedonia, especialmente por el rumbo político, que me parece tranquilizador si recordamos lo sombrías que eran las perspectivas hace tan sólo un año. 
-Pregunta nº 14 formulada por Olivier Dupuis (H-0634/02): 
Asunto: Secuestro del Ali Khanbiev, médico, en Chechenia 
Entre las tres y las cuatro de la madrugada, en la noche del 3 al 4 de septiembre, unos hombres enmascarados secuestraron a Ali Khanbiev cuando se encontraba en su casa en la localidad de Benoï (Chechenia). 
Ali Khanbiev continuaba trabajando como médico en el hospital de Benoi. 
Nacido en 1958, Ali Khanbiev es hermano de Oumar Khanbiev, Ministro de Sanidad del Gobierno de Aslan Maskhadov. 
¿De que informaciones dispone el Consejo sobre el secuestro de Ali Khanbiev? 
¿Es consciente el Consejo de que este secuestro presenta todas las características de los secuestros realizados por las fuerzas militares y paramilitares rusas y de que, por consiguiente, cabe temer lo peor para la integridad física de Ali Khanbiev? 
¿Qué iniciativas ha adoptado o piensa adoptar el Consejo para instar a las autoridades rusas a hacer todo lo que esté en su mano para que Ali Khanbiev sea inmediatamente liberado? 
El Consejo no ha recibido ninguna información sobre este secuestro, pero puedo decirle que sigue estando muy preocupado por la situación en Chechenia y que no puede más que condenar los numerosos secuestros que agravan la situación humanitaria ya de por sí muy difícil en esa región. 
El Consejo insiste en la importancia excepcional que concede al pleno respeto de los derechos humanos y también a los esfuerzos por encontrar una solución política y mejorar la situación humanitaria. 
Soy muy consciente de que el Sr. Dupuis quisiera que le dijera algo más y que le asegurara que se harán más cosas, pero esto es todo lo que puedo decirle por el momento. 
Me gustaría también agradecer al Sr. Dupuis el compromiso que demostró durante muchos años- especialmente en lo que respecta a la situación humanitaria en Chechenia- mientras fue, como yo, diputado de este Parlamento. 
Ministro Haarder, me cuesta entender esto. 
Ha dicho usted que el Consejo no ha recibido ninguna información sobre el secuestro del Sr. Khanbiev. 
Toda la información que hemos recibido en las últimas seis semanas es que ha sido secuestrado. 
¿No ha recibido el Consejo esa información, no ha sido capaz de pedirla, o no ha querido pedirla? 
Eso es lo primero que me gustaría saber. 
Lo segundo es que ustedes están trabajando en la preparación de una importante reunión que tendrá lugar en Copenhague, la cumbre entre la Unión Europea y Rusia. 
Como parte de los preparativos para esa cumbre, ¿incluirán en el orden del día el tema de las desapariciones, las torturas y las ejecuciones de civiles, por desgracia muy frecuentes, como la del Sr. Ali Khanbiev, que es un médico y nada más que un médico? 
En concreto, ¿se asegurará el Consejo de que, por lo menos, intentemos salvar a una persona, que intentemos salvar al Sr. Khanbiev, y cambiando las cosas completamente en Chechenia, enviemos una clara señal a las autoridades rusas? 
El orden del día para la Cumbre de la Unión Europea y Rusia que tendrá lugar en Copenhague el 12 de noviembre todavía no se ha preparado. 
Con respecto a este secuestro, sólo puedo repetirle que el Consejo no ha recibido ninguna información al respecto. 
Pero como ya dije antes, el Consejo es muy consciente de los numerosos secuestros que se producen y ha condenado esa situación, al igual que el Parlamento, en repetidas ocasiones. 
Lamentablemente, la situación es tan grave que probablemente sea cierto lo que dice el Sr. Dupuis, pero el Consejo no ha recibido todavía información sobre el incidente. 
Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta. 
Hemos tenido en varias ocasiones la oportunidad de considerar con el Comisario Nielson la posibilidad de que visitara Chechenia para evaluar la situación humanitaria con más detalle, y quisiéramos enviar también una delegación comunitaria a Chechenia. 
En esa Cumbre de la Unión Europea y Rusia, ¿no podría incluir en el orden del día el deseo de las instituciones europeas de visitar Chechenia para comprobar de primera mano la situación en la que se encuentra? 
Quizás podría usted considerar esta posibilidad con el Comisario Nielson. Mientras Dinamarca ocupe la Presidencia del Consejo, podría además hacerlo en su lengua madre, por supuesto. 
Pero aparte de eso, es importante que se realice una visita oficial. 
Me gustaría agradecerle al Sr. Posslet su compromiso y la propuesta que nos ha presentado. 
Naturalmente, yo no puedo adelantarle la respuesta, aquí como representante del Consejo, pero quisiera agradecerle su propuesta y añadir que el Consejo está, por supuesto, profundamente implicado en los asuntos que antes se han mencionado. 
-Pregunta nº 15 formulada por Paulo Casaca (H-0638/02): 
Asunto: Derechos humanos 
Según el Financial Times del pasado 8 de julio, las autoridades iraníes afirmaron ante la Sra. Laurette Onkelinx, Viceprimera Ministra belga, en Teherán, que defendían la práctica de la lapidación de mujeres para "asegurar la inviolabilidad de la familia" y castigar el adulterio. 
¿Puede indicar el Consejo qué consecuencias tiene para las relaciones entre la Unión Europea y el Irán la defensa de semejante práctica, habida cuenta de la prioridad que el Consejo, según afirma reiteradamente, concede a los derechos humanos? 
Por cuestión de principios, el Consejo nunca comenta los informes de prensa. 
Cuando se hacen comentarios públicamente, es la Presidencia quien los hace. 
Con respecto a la visita en cuestión, me gustaría dejar claro que, durante la misma, la viceprimera ministra belga, Sra. Onkelinx, expresó su condena de la lapidación. 
Además, reiteró la posición de la Unión Europea en este tema para disipar cualquier malentendido sobre lo que se había dicho durante la conversación en cuestión. 
El tema de los derechos humanos- y, en concreto, el uso de formas crueles de ejecución como la lapidación- ha recibido siempre prioridad en el extenso diálogo político que tiene lugar con ocasión de las reuniones semestrales que mantienen Irán y la Unión Europea. 
En la última reunión celebrada en Teherán el 10 de septiembre de 2002, se habló también de una serie de cuestiones específicamente relacionadas con los derechos humanos. 
Además, la Unión Europea hace cada cierto tiempo tentativas de acercamiento en relación con esos asuntos. 
Actualmente, tenemos conocimiento de tres casos en Irán de personas que han sido sentenciadas a morir lapidadas. 
Las tres sentencias han sido recurridas, de manera que todavía no son firmes. 
Pueden estar seguros de que el Consejo seguirá esos casos muy de cerca. 
En términos más generales, puedo informarles de que la UE ha estudiado una iniciativa dirigida a mantener conversaciones formales sobre los derechos humanos con Irán, partiendo de las directrices relativas al diálogo con terceros países aprobadas por el Consejo en diciembre del año pasado. 
Este mes se reunirán expertos europeos e iraníes en derechos humanos para mantener una ronda de conservaciones preliminares en Teherán. 
Me gustaría añadir también que los derechos humanos son una de las cuatro áreas básicas en las que el Consejo ha declarado que desea ver algún progreso, ahora que la Unión Europea e Irán están tratando de establecer relaciones comerciales más estrechas. 
El 21 de octubre, es decir, hace un par de días, el Consejo insistió en que considera muy importante que el diálogo sobre los derechos humanos consiga mejorar la situación en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. 
Ha decidido, por consiguiente, iniciar ese diálogo partiendo de las condiciones, calendarios, temas, puntos de referencia- es decir, objetivos- y elección de interlocutores que se acordaron durante la misión de indagación de la Unión Europea a Irán. 
Se decidió también que la primera reunión dentro del marco de dicho diálogo tuviera lugar este mismo año en Teherán. 
Finalmente, el Consejo ha tratado muy recientemente, por iniciativa de la Presidencia, una serie de asuntos que afectan a varios países, entre ellos Irán. 
Partiendo de esa iniciativa, el Consejo adoptó, el 30 de septiembre, una declaración sobre la pena de muerte y, en particular, sobre formas crueles de ejecución. 
En su declaración, el Consejo insiste de nuevo, de forma clara y sin ambigüedades, en que la Unión Europea rechaza la pena de muerte y, en particular, la ejecución por lapidación. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le doy mis más sinceras gracias por la franqueza de su respuesta. 
Me gustaría, no obstante, informarle de que precisamente en vísperas de una misión a Irán de expertos de la UE en octubre, se han perpetrado en ese país cinco ejecuciones públicas, de las que se ha hecho eco la prensa de todo el mundo. Espero, por cierto, que el Presidente en ejercicio del Consejo no nos diga que no conoce lo que ha aparecido en la prensa. 
Ese tipo de acciones demuestran claramente la posición de las autoridades iraníes, que no van a ceder un ápice en su postura frente a los derechos humanos. El número de ejecuciones declaradas en Irán se ha triplicado en los últimos tres años y, considerando estas circunstancias, nos preguntamos: ¿Va a firmar la Unión Europea un acuerdo comercial con Irán pese a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos? 
Me gustaría que usted respondiera a mi pregunta. 
Señor Presidente, en ningún momento he dicho que ni yo ni el Consejo leemos los informes de prensa y los periódicos. 
He dicho que el Consejo nunca comenta los informes de prensa. Eso es algo muy diferente. 
Mi estimado colega tiene toda la razón cuando dice que, en Irán, la pena de muerte no sólo existe en teoría, sino también en la práctica. 
Eso es terrible, pero el Consejo ha formulado una estrategia para poder embarcarse en un diálogo sobre los derechos humanos con países que imponen esta pena. 
Eso es, en mi opinión, perfectamente correcto, por otra parte. 
Se trata de un diálogo para, por un lado, condenar enérgicamente la pena de muerte, y por otro, realizar esfuerzos simultáneos de persuasión que consigan mejorar la situación. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que el Sr. Casaca ha tocado un tema muy específico. 
No estaba hablando sobre la pena de muerte, sino sobre la muerte por lapidación, que es totalmente inaceptable. 
Además, nuestra experiencia con los acuerdos de asociación alcanzados con varios terceros países, especialmente con países que mantienen vínculos estrechos con nosotros, como Túnez, demuestra que la cláusula sobre derechos humanos no tiene efecto alguno para instar a las autoridades nacionales a avanzar hacia la democracia y el Estado de Derecho. 
Por el contrario, las autoridades han utilizado esos acuerdos de asociación para afianzar su poder y para crear grupos de mafias que participan, en mayor o menor medida, en los sectores económicos del país y de la propia Unión Europea. 
¿Cree usted que, proponiendo a Irán que firme un acuerdo de asociación, existe el peligro de que nos encontremos en la misma situación que la de Unión Europea frente a Túnez hoy en día? 
Señor Presidente, una pregunta como esa no puede responderse en términos generales. Pero si quiere algo parecido a una respuesta, a menudo es una buena idea preguntar a las fuerzas democráticas del país en cuestión. 
-Dado que su autora no está presente, la pregunta n° 16 decae. Pregunta nº 17 formulada por Konstantinos Alyssandrakis (H-0648/02): 
Asunto: Fomento del Estado policial y la delación en un texto de EUROPOL 
Según una noticia publicada en el diario griego Rizospastis, en un documento de EUROPOL titulado "Mejores prácticas europeas para el trato de los informantes" se formulan orientaciones y directrices para "el reclutamiento y la gestión" de delatores. 
Dichas directrices abordan, entre otras cuestiones, métodos e importes de las retribuciones, incluso modalidades peculiares de inmunidad, puesto que no se detendrá a los delatores "cuando cometan delitos dentro de los límites establecidos" y asimismo les "está permitida la participación en actos delictivos" previa "aprobación de la autoridad designada de conformidad con las líneas directrices". 
¿Puede indicar el Consejo si cuenta con su aprobación dicho texto de EUROPOL, que contradice de forma flagrante el respeto de los derechos humanos y la propia dignidad humana, y si piensa tomar medidas urgentes para atajar esta deriva hacia el Estado policial, el autoritarismo y la delación en detrimento de la vida privada de los ciudadanos y de la actividad política, sindical y social de los mismos y de las organizaciones a las que pertenecen? 
Señor Presidente, lo siento, pero tengo que volver a insistir, puesto que el Consejo no ha comentado nada sobre las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación. 
Puedo confirmarle no obstante que existe un documento de la Europol referente al tema que nos ocupa. 
Dicho documento describe las buenas prácticas relativas al tratamiento de los informantes, con el fin de ayudar a las autoridades policiales de los Estados miembros. El documento no es vinculante y se ha inspirado en el punto i del apartado 2 del artículo 3 del Convenio de la Europol. 
Se basa parcialmente en la decisión del Comité Ejecutivo de 29 de abril de 1999 sobre los principios generales que regulan la retribución de los informantes y en la Decisión del Grupo Central de 22 de marzo de 1999 sobre los principios generales que regulan la retribución de los informantes. 
Estas decisiones se han integrado, por tanto, en el anterior marco reglamentario de la Unión Europea, cf. el Protocolo que integra las normas de Schengen en el marco de la Unión Europea, y todas ellas han sido publicadas en el Diario Oficial de 22 de septiembre de 2000. 
El uso policial de informantes, incluidos los aspectos de su retribución e inmunidad, depende lógicamente de la legislación nacional del Estado miembro en cuestión. 
Señor Presidente en ejercicio, me sorprende su respuesta; es algo a lo que no nos tiene acostumbrados. 
Al mismo tiempo, me estremezco al pensar que estamos rodeados por una red de informantes y me pregunto si el propósito de tanta claridad no será recordarnos precisamente eso y advertirnos de que nuestras más leves faltas son objeto de una vigilancia continua. 
Puesto que la Europol parece querer dar a sus informantes una categoría oficial, me pregunto si habrá fijado ya una escala de retribución y si hará ofertas de trabajo para que por lo menos algunos de nuestros jóvenes en paro puedan aspirar a esos puestos. 
Señor Presidente, la Europol es un órgano comunitario que combate algunos de los peores delitos imaginables, contra los cuales las democracias tienen que protegerse. 
No creo, por tanto, que sea adecuado hablar de una categoría de informantes. 
Esa es una expresión que me gustaría rechazar. 
Por supuesto, la Europol fue creada y dotada posteriormente de poderes más amplios en parte porque así lo solicitaron el Parlamento y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos. 
Una razón para ello es que la Europol no pretende, por supuesto, crear problemas a las personas, sino protegerlas. 
-Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 18 a 37 recibirán respuesta por escrito 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0298/2002) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos (COM (2001) 784- C5-0700/2001- 2001/0305 (COD) ). 
. (ES) Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de presentar al Parlamento esta importante propuesta, que forma parte de nuestra política de dar al transporte un rostro humano, es decir, de ocuparnos de los derechos de los ciudadanos, de los pasajeros, como anunciábamos en nuestro Libro Blanco. 
Es difícil para el pasajero aceptar una denegación de embarque. 
El pasajero ha pagado el billete, ha reservado el pasaje, ha llegado a tiempo al aeropuerto para la facturación y se encuentra con que no hay asientos en el avión, porque la compañía aérea tiene un exceso de reservas o porque, sencillamente, ha sucedido algún otro percance. 
Esto es incomprensible para los ciudadanos y causa grandes trastornos y un sentimiento de frustración y, finalmente, de resentimiento. 
En la Comunidad, cerca de 250.000 personas al año se encuentran con que- después de haber pagado su billete y llevado a cabo todas las formalidades- se les deniega el embarque. 
Aunque reconocía la flexibilidad que requieren las compañías aéreas para la gestión de la capacidad, en 1991 la Comunidad Europea adoptó- en vísperas de la aprobación de la legislación final sobre liberalización- un Reglamento sobre la denegación del embarque por exceso de reservas que garantiza a los pasajeros afectados una compensación económica y, además, una asistencia, pero que tiene enormes limitaciones. 
Por eso, la Comisión ha propuesto un nuevo reglamento, para reducir drásticamente el número de personas a las que se deniega el embarque y para mejorar la protección de los afectados. 
Cuando tengan previsto denegar el embarque, las compañías aéreas estarán obligadas, en primer lugar, a pedir voluntarios para que renuncien a sus plazas a cambio de determinados beneficios; sólo si no hay suficientes voluntarios, podrá denegarse el embarque a los pasajeros en contra de su voluntad. 
Ahora bien, para que sea eficaz, el Reglamento tiene que dar un fuerte incentivo para encontrar voluntarios. 
Por tanto, hemos propuesto un fuerte aumento de la compensación, por encima de los niveles actuales, que han quedado absorbidos en parte por la inflación y que hoy en día no disuaden a las compañías de recurrir a la denegación de embarque. 
Naturalmente, cuando las compañías aéreas encuentren voluntarios, no pagarán esta indemnización. 
En cuanto a las cantidades exactas, la postura de la Comisión es flexible, siempre y cuando sean suficientemente importantes como para inducir a las compañías a encontrar voluntarios. 
Nuestra propuesta eliminará también las limitaciones del presente Reglamento. 
En primer lugar, ampliará la aplicación de los derechos de los pasajeros víctimas de denegación de embarque a todos aquellos pasajeros cuyos vuelos sean anulados. 
Al fin y al cabo, una anulación equivale a una denegación de embarque generalizada para todo un pasaje. 
No obstante, sólo quedarían cubiertas las anulaciones de las que sea responsable la compañía correspondiente porque, evidentemente, en ciertas circunstancias, sería injusto que la compañía cargara con toda la responsabilidad. 
En segundo lugar, el Reglamento propuesto establecerá derechos fundamentales para los pasajeros que sufran retrasos, permitiéndoles organizar el viaje de otra manera, en vez de esperar indefinidamente en los aeropuertos. 
Sin embargo, en este caso, no tendrán derecho a indemnización. 
Por último, nuestra propuesta otorgará todos estos derechos tanto a los pasajeros que vuelan con vuelos regulares como a aquellos que lo hacen con vuelos no regulares. 
Por tanto, los pasajeros de viajes combinados se beneficiarán de la misma manera que los que sólo adquieren el billete de avión. 
No sería justo tratar a los pasajeros de manera diferente cuando tienen que hacer frente a dificultades semejantes. 
Señor Presidente, Señorías, he aquí lo esencial de nuestra propuesta, que amplía en gran medida la protección de los pasajeros cuando surgen problemas en los vuelos y que persigue, sencillamente, mejorar la calidad del servicio y, por lo tanto, aumentar las garantías para los ciudadanos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en este difícil momento para el sector de la aviación civil, cuyo futuro debatimos recientemente en esta Cámara cuando discutimos las normas para un cielo único europeo, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo Reglamento para la indemnización y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque. 
La liberalización del sector del transporte aéreo ha producido enormes beneficios para los pasajeros. 
Ahora hay competencia en muchas rutas, provocando una caída de los precios y un gran aumento en la variedad de rutas y destinos. 
Sin embargo, los consumidores tienen razones válidas para quejarse. La denegación de embarque y la cancelación de vuelos provocan un gran resentimiento, y la asistencia proporcionada durante los retrasos excesivos a menudo deja mucho que desear. 
En esta Cámara volamos con mucha frecuencia, y muchos de nosotros hemos experimentado tales inconvenientes. Por lo tanto, en este caso nos resulta muy sencillo ponernos en la piel de los ciudadanos y entender que se necesita una legislación nueva y eficaz para proteger sus derechos. 
Dado que la legislación vigente plantea limitaciones, la Comisión Europea propone un enfoque diferente: por una parte, la introducción del recurso a los voluntarios, inspirado en el eficaz sistema norteamericano; por otra parte, un sistema disuasivo que obligue a las compañías aéreas a proporcionar a los pasajeros una mayor indemnización por daños. 
Además, se incrementará la protección, como veremos a continuación. 
Sin embargo, no podemos ignorar el contexto general de esta propuesta. 
En el seno de la Comisión hemos tenido la oportunidad de seguir un debate muy constructivo, que ha explorado todos los aspectos de la cuestión. 
Tal y como la Comisaria acaba de señalar, el exceso de reservas, causa principal de denegación de embarque, es un fenómeno insignificante dentro del flujo anual de pasajeros en territorio comunitario. 
Para proporcionar mayor protección a un número muy reducido de pasajeros, no podemos arriesgarnos a penalizar a todo el espectro de viajeros con un posible aumento generalizado de los precios. 
Tenemos que ser muy precavidos y determinar con precisión, teniendo en cuenta el impacto económico, las mejores soluciones que alcancen los objetivos sin generar consecuencias negativas. 
En este contexto, señora Comisaria, tengo que lamentar la falta de estadísticas proporcionadas por la Comisión en apoyo de la propuesta. 
Necesitamos estadísticas prácticas y hechos en los que basar una decisión, y esta carencia me ha dificultado la preparación de un informe. 
Paso a explicar, en términos generales, los puntos principales en los que hemos trabajado para producir el documento final. 
El primero es el de las definiciones. En términos metodológicos, creo que resulta esencial definir con mayor precisión a todos los agentes involucrados y los términos empleados, con el fin de evitar una confusión que pueda afectar a los pasajeros o a las compañías aéreas. 
En este sentido, se han adoptado una serie de enmiendas para especificar lo estipulado en el artículo 2. 
El segundo punto se refiere a los operadores turísticos. Los pasajeros que compran viajes combinados ya están suficientemente protegidos por la Directiva 90/314. 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión puede crear confusión respecto del texto de referencia, en detrimento de los pasajeros. Por tanto, era necesario, tal como hemos hecho, limitar la responsabilidad de los operadores turísticos, en el contexto de este Reglamento, exclusivamente a las plazas. 
Por último, el punto más controvertido: la indemnización a los pasajeros en caso de denegación de embarque. 
La propuesta de la Comisión ha provocado un gran debate y mucha inquietud. 
Ni los criterios establecidos para la definición de las nuevas indemnizaciones ni la evaluación del impacto satisfacen a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Para nosotros, lo más importante es preservar el equilibrio entre la protección de los pasajeros y la vitalidad de un gran sector económico como el del transporte aéreo. 
Por lo tanto, hemos propuesto una división en tres categorías sobre la base de la distancia, y una reducción del importe de la indemnización. 
Tenemos que recordar que debemos centrarnos en implementar el sistema de recurso a voluntarios en lugar de las indemnizaciones. 
Además, creo que es totalmente inapropiado indemnizar por retrasos excesivos, por una serie de razones. En primer lugar, porque no resulta fácil determinar la causa del retraso con suficiente rapidez y, en segundo lugar, porque esto crearía una reacción en cadena. 
En consecuencia, creemos que resulta apropiado equiparar la denegación de embarque a la anulación, pero creemos que resulta inadecuado tratar los retrasos excesivos del mismo modo. 
Tenemos que asegurar el funcionamiento adecuado de un sistema coherente de asistencia en caso de retrasos, en particular cuando se trata de discapacitados o menores, por lo que se refiere al suministro de información y logística, y hemos adoptado una serie de enmiendas en este sentido. 
Para concluir, me gustaría decir rápidamente algo acerca de las enmiendas presentadas. Demuestran que el debate entre los que quieren que la indemnización sea mayor y los que quieren que sea menor sigue abierto. 
Es cierto que, hasta la fecha, la única reacción ha sido una cierta insatisfacción respecto de nuestra propuesta por parte de las compañías aéreas y los consumidores. Señora Comisaria, esto me autoriza a pensar que, precisamente porque ninguna parte está satisfecha, el compromiso que hemos alcanzado es la solución más inteligente y equilibrada. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Lisi por su informe. 
Cuando estaba elaborando el proyecto de este informe, asistió a los debates sobre mi opinión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor e incorporó muchos de los puntos planteados. 
Nuestras diferencias son realmente mínimas, aunque volveré sobre ellas. 
Tal y como afirmó el Sr. Lisi, los diputados opinan aquí acerca de muchos temas sobre los que no tienen unos conocimientos profundos, aunque todos nosotros nos consideramos expertos en los problemas de los viajes de pasajeros. Estos problemas dominan nuestras vidas laborales. 
Por lo tanto, se acogieron con gran satisfacción las propuestas de progreso con respecto al reglamento de 1991 planteadas por la Comisaria De Palacio, no sólo con respecto a la denegación de embarque, sino también al retraso y la anulación de los vuelos. 
No cabe duda de que debe aplicarse lo que nosotros llamamos la jerarquía de indemnizaciones, comenzando con unos niveles de compensación proporcionales a la distancia del viaje. 
Creo que la mayoría de las compañías aéreas han respondido bien a este debate, con el Compromiso de Servicio con los Pasajeros de Líneas Aéreas como gesto de intención. 
Me gustaría decir a las compañías aéreas disidentes que ignoran todo esto- y sabemos, si no siempre el país al que pertenecen, sí los destinos a los que vuelan- que sería aconsejable que tuviesen en cuenta el nivel de satisfacción del público. 
Sin adornos no debería querer decir sin preocupaciones. 
En nuestra opinión, se nos ha planteado una enmienda al artículo 7 que sugiere unos niveles de compensación basados en evaluaciones específicas del impacto, para que no se pueda argumentar que se ha fijado una compensación excesiva a la ligera. 
Tengo que decir que los niveles de compensación del informe del Sr. Lisi están muy lejos de lo que nosotros queríamos de conformidad con el artículo 7. 
Queríamos una compensación obligatoria de entre 300 y 1.500 euros, dependiendo de la distancia y sujeta a evaluación. 
Esta compensación se ha reducido hasta los 200 a 600 euros, aunque reconozco que este importe en sí representa un progreso para el consumidor. 
Sigo preocupado por el hecho de que esto no resulta necesariamente aplicable en virtud de la enmienda 31, que nos remite de nuevo al artículo 9 y no al artículo 8. 
Es posible que la Comisaria pueda garantizarme que estas enmiendas resultarán efectivamente aplicables. 
Por otra parte, el Sr. Lisi y su comisión han salido en defensa del consumidor y nos han permitido avanzar hasta un sistema de clasificación de las compañías aéreas. 
Ojalá esto se aplicase a todas las compañías aéreas, todos los vuelos y todos los problemas. 
Cada día salen a la luz nuevos horrores. 
En una compañía aérea británica, una mujer tuvo que soportar un vuelo de once horas junto a una mujer de 146 kilos que se sentó sobre ella, y no junto a ella, durante todo el vuelo. 
Sufrió graves lesiones e inicialmente se le ofreció una indemnización de 15 libras esterlinas. 
Se podría decir que la compañía aérea salió con una pasajera discapacitada y llegó con dos. 
Nuestras medidas deberían estar destinadas a reducir los obstáculos y no a incrementarlos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, doy las gracias al ponente. 
En nuestra opinión, el compromiso alcanzado en comisión constituye un paso significativo hacia una mayor protección del consumidor. 
Por fin tenemos seguridad legal en asuntos adicionales, y no sólo compromisos voluntarios de las compañías aéreas. 
Además, el Reglamento se amplía para incluir retrasos importantes y anulaciones de vuelos. 
A menudo he sido víctima de anulaciones por parte de la antigua compañía Sabena. 
Estoy seguro de que otros diputados habrán sufrido experiencias similares con otras compañías aéreas. 
Por último, vamos a doblar los niveles de indemnización actuales, que estarán más sutilmente diferenciados que hasta ahora, y divididos en tres franjas. 
Sin duda, la cuestión que más hemos de debatir es el importe de la indemnización. 
El Reglamento no puede tener por objeto la abolición de la práctica del exceso de reservas, pero sí asegurar que este procedimiento se use de una manera más razonable y orientada al consumidor. 
Por supuesto, también podríamos eliminar el exceso de reservas, como ya han hecho las líneas de bajo coste, siempre que por otro lado no se pudieran cambiar los vuelos y si la incomparecencia de un pasajero en la facturación implicase la pérdida automática de un vuelo. 
Sin embargo, esto no es beneficioso para el consumidor ni justificable por motivos medioambientales. 
Los consumidores necesitan flexibilidad cuando planifican sus viajes, y los aviones medio vacíos no tienen sentido desde un punto de vista medioambiental. 
El argumento económico resulta aún más persuasivo. 
Si se aboliese el exceso de reservas, los precios aumentarían de forma inevitable, y no podemos esperar que los consumidores se conformen con esto, ni por supuesto las compañías aéreas, que tienen que enfrentarse a la competencia internacional. 
Una razón adicional para apoyar el compromiso adquirido en comisión sobre los importes de indemnización reside en la importancia de que los consumidores se beneficien de estas normas mejoradas y obligatorias tan pronto como sea posible, y que no tengan que esperar durante años porque la legislación se encuentre, como ocurre en muchas ocasiones, esperando en el Consejo. 
En interés de los consumidores, mi grupo votará contra una parte de la enmienda 29, porque creemos que no es razonable ofrecer indemnización sólo por los vuelos cancelados hasta 48 horas antes de la salida. 
Se requieren al menos dos semanas, y esto debería negociarse después con el Consejo y la Comisión. 
Además, creemos que la inclusión de viajes combinados en la propuesta de la Comisión es innecesaria, porque están cubiertos en la Directiva sobre turismo combinado. 
El hecho de que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo haya abogado por la introducción de un esquema para clasificar a las compañías aéreas según el grado de satisfacción del usuario es un fuerte voto a favor del consumidor. 
Un sistema de clasificación de este tipo, muy usual en los Estados Unidos, puede ayudar a estimular la competencia entre las compañías aéreas en materia de calidad y de grado de satisfacción global del usuario respecto del servicio. 
Espero que esta propuesta también salga airosa en el pleno. 
En el marco de la situación actual, este informe supone un paso decidido hacia una mayor satisfacción del usuario. 
Quizá muchos sueños de los consumidores continúen volando, pero están sujetos desesperadamente a un exceso de reservas. 
Estoy de acuerdo con el ponente en líneas generales respecto de la propuesta inicial de la Comisión. 
Es hora de preparar un Reglamento mejor, en particular con respecto al exceso de reservas. 
Sin embargo, en mi opinión la propuesta de la Comisión resulta muy deficiente en materia de anulaciones de vuelos y retrasos. 
En este contexto, las compañías aéreas son responsables de un problema causado por el control del tráfico aéreo y las autoridades de aviación. 
Mis objeciones se basan en los motivos siguientes: 
La propuesta de la Comisión no está basada en una adecuada evaluación de las consecuencias económicas, y no ha considerado los efectos de la medida en el sector y, en particular, en los precios de los billetes. 
Aunque proporciona mayor protección, la propuesta limitará la libre elección del consumidor. 
La definición de un poder superior o fuerza mayor, que ha dado tanto la Comisión como nuestra propia Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, no permite distinguir adecuadamente entre retrasos y anulaciones de vuelos que no son responsabilidad de las compañías aéreas. 
Se puede argumentar que las propias compañías aéreas tienen que reparar el daño, pero en la práctica esto no es factible. 
Cuando hablamos de compañías aéreas regionales o económicas, sería preferible que los consumidores pagaran una prima además del precio del billete. 
Así podrían protegerse a sí mismos en caso de anulaciones de vuelos. 
El propio sector podría introducir esta opción de manera fácil. 
Quiero plantear a la Comisión un par de cuestiones más. 
¿Puede confirmar la Comisión que va a llevar a cabo un amplio análisis económico de las consecuencias y efectos de su propuesta, del aumento de los costes para las compañías aéreas y de las nuevas tarifas de vuelo en los diferentes segmentos del mercado aéreo? 
¿Puede confirmar que va a investigar las razones reales de las anulaciones de vuelos y de los retrasos, para que podamos entender mejor las causas que son responsabilidad de las compañías y las que no lo son? 
¿Se ha planteado la Comisión medidas alternativas a las incluidas actualmente en su propuesta, que mejoren los derechos de los pasajeros? 
Una posible solución sería un seguro de viajes destinado específicamente a los retrasos de los vuelos y las cancelaciones. 
Hemos debatido y discutido ampliamente estas cuestiones en el Parlamento. 
Mis enmiendas constituyen una medida necesaria para proporcionar un buen equilibrio entre el precio del billete y la indemnización. 
La primera enmienda se refiere a la denegación de embarque y las anulaciones de vuelos. 
Propongo una media suplementaria al compromiso firme, es decir, que debería existir un acuerdo diferente para una categoría adicional de billetes cuyo precio sea inferior a 200 euros. Esto se aplicaría tanto a la denegación de embarque como a la anulación. 
La otra enmienda se refiere a los vuelos de llegada a que se ha referido la Sra. Foster, y hace exactamente lo que ella desea. 
Mi enmienda se refiere precisamente a esto, y espero que mañana la apoyen. 
- (NL) Señor Presidente, sin duda es magnífico que los precios de los billetes hayan descendido tras la liberalización, pero nunca antes los pasajeros habían sufrido tantas cancelaciones, denegaciones de embarque, largos retrasos y pérdidas de equipajes. 
Otro fenómeno reciente es que nos enlaten como sardinas en un avión. 
Por lo tanto, creo que está usted en lo cierto cuando afirma que se necesitan medidas urgentes. 
Personalmente, me gustaría que se prohibieran todas estos abusos de autoridad, pero soy consciente de que no se puede llevar a cabo una acción drástica. 
De todos modos, las indemnizaciones que paguen las compañías han de ser suficientemente elevadas como para que sean disuasorias, en particular cuando las compañías aéreas confíen en un sistema de voluntarios, que no debería resultar tan atractivo como para alentar el exceso de reservas. 
Espero que vuelva a examinar nuestras enmiendas, que tienen por objeto incrementar las sumas de indemnización actuales e introducir un sistema de clasificación. 
Quiero recordarle el número de veces que hemos llegado a nuestro destino tras un vuelo y nos hemos encontrado sin equipaje. 
¿Qué compañía es aún «amiga del consumidor» en tales circunstancias? 
Si esto no puede realizarse en una enmienda separada, me gustaría preguntar al Sr. Lisi si podría incluir esta clasificación en su informe, aunque sea cada 5 años. 
Espero que este tipo de indemnización también se introduzca en un futuro para los pasajeros de tren, y para todas las personas que son víctimas de precios elevados y servicios de baja calidad. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, ante todo permítanme confirmar que la mayoría del grupo PPE-DE apoya la propuesta de la Comisión, junto con las propuestas presentadas por el Sr. Lisi para mejorarla. 
La propuesta presenta un doble enfoque muy claro. 
Primero, insta a las compañías aéreas a usar el principio del voluntariado, según el cual la compañía aérea, mediante una oferta personal, selecciona a los pasajeros que no necesitan urgentemente tomar el primer vuelo, sino que pueden esperar al siguiente. 
Es cierto que la experiencia del sistema de voluntariado en los Estados Unidos ha sido positiva. 
Sin embargo, si no hay suficientes voluntarios, y todos quieren llegar a casa o a sus reuniones de trabajo y se deniega el embarque a algunos pasajeros, entonces éstos tienen derecho a algún tipo de compensación legal. 
Han reservado un vuelo, han confirmado su reserva y, por tanto, tienen derecho a embarcar. 
Si la compañía aérea hace un exceso de reservas en su propio interés económico, porque sabe que hay muchos pasajeros que no se presentan, entonces tendrá que pagar si no puede mantener la reserva. 
Es así de sencillo. 
Si los pasajeros tienen su reserva confirmada saben que pueden volar, y si no pueden volar el transportista tiene que pagar. 
Comisaria, ha sido usted un poco dura respecto del importe de las indemnizaciones. 
Mi colega, la Sra. Foster, con quien no siempre estoy de acuerdo, ha dicho algo muy acertado. 
Los precios de los vuelos han caído en los últimos años, por lo que el debate sobre el establecimiento de indemnizaciones muy elevadas que tenga en cuenta los recientes aumentos de costes, tiene un fallo evidente. 
De cualquier modo, muchos de nosotros estamos familiarizados con el ingenioso sistema de tarifas especiales, con las que podemos volar a precios más razonables que los prescritos. 
Hemos reducido la indemnización a un nivel que juzgamos justo desde el punto de vista económico. 
Opinamos que si se paga una indemnización excesiva a los pasajeros que no embarcan, los transportistas pasarán esos costes a todos los pasajeros, y los precios generales aumentarán, lo cual afectará a más personas que las que han sufrido denegación de embarque. 
Quiero decir a los diputados del Grupo Liberal- normalmente estamos de acuerdo, pero hoy, de manera excepcional, no lo estamos- que tenemos que establecer una única tarifa de indemnización por dos razones: en primer lugar, el perjuicio que una persona sufre cuando se le deniega el embarque es siempre el mismo, con independencia de si ha pagado 150 euros, 500 euros o más por su billete. 
Se les ha garantizado que van a volar y se les deja en tierra. 
El precio el billete es totalmente irrelevante. 
Se ha lesionado su confianza, entre otras cosas. 
Por esta razón, creo que los transportistas económicos, quienes no tienen ningún problema con los excesos de reservas porque no aceptan más pasajeros de los que han reservado, también deberían compensar a los pasajeros por cualquier daño causado si anulan un vuelo por razones económicas. Por supuesto, en ocasiones lo hacen. 
Necesitamos tarifas uniformes para que el trabajo del pobre personal de tierra sea más fácil. 
Si a un pasajero se le deniega el embarque o si se anula un vuelo, queremos que la indemnización se pague en la puerta de embarque. 
Realmente, no podemos esperar que la pobre azafata calcule miles de precios y que la gente tenga que esperar hasta que haya calculado cada una de las diferentes indemnizaciones. 
En consecuencia, creo que nuestra propuesta es bastante lógica. 
Con su permiso, en nombre de mi colega, Sra. Ria Oomen-Ruijten, quien por desgracia no podrá hablar esta noche y quien me ha pedido tratar algunas cuestiones en su nombre, me gustaría referirme de nuevo al voto separado que proponemos sobre el apartado 2 del artículo 3. 
Este afirma que el reglamento no se aplica a pasajeros que viajan a un precio reducido que no está a disposición del público de forma directa o indirecta. 
Opinamos que esta forma de expresarlo resulta muy equívoca. 
Deberíamos afirmar con claridad que un pasajero que viaja a precio reducido también tiene derecho a una indemnización completa. 
Creo que es muy importante interpretar la disposición de esta manera. 
Señora Comisaria, me gustaría hacerle una última pregunta. 
Como usted ya sabe, el Sr. Lisi ha hecho una propuesta muy buena sobre el artículo 13, es decir, que los Estados miembros tienen que asegurar que si un transportista paga indemnización y no es en realidad responsable del retraso o la anulación, puede recurrir a los responsables, ya sea el control de tráfico aéreo o cualquier otro órgano, incluidos los sistemas que son propiedad del Estado. 
Con vistas a asegurar que la responsabilidad se comparta por igual, ¿puede asegurarnos que, si en primer lugar responsabilizamos de la indemnización a las compañías aéreas, éstas podrán también recurrir a las organizaciones estatales responsables del retraso o la anulación? 
Nos ayudaría mucho que apoyara esta parte de nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la liberalización del transporte aéreo ha comportado numerosas ventajas para los pasajeros. 
Sin embargo, como todos sabemos, los bajos precios y la mayor demanda no han acabado con las reclamaciones de los consumidores. 
Como ya han afirmado algunos disputados, estamos sufriendo vuelos anulados o retrasos, denegaciones de embarque, problemas con el equipaje y demás. 
¡Esto es inaceptable! 
La liberalización del transporte aéreo exige una mejor gestión y racionalización del mercado con el fin de proteger mejor a los consumidores. 
La armonización de la legislación actual resulta crucial a la luz de la nueva realidad. 
Asimismo, tiene mucho sentido involucrar a los operadores en este sector, obligándoles a adoptar normas para la protección de los ciudadanos, permitiendo a las autoridades intervenir en caso de que las garantías de protección anunciadas resulten insuficientes. 
También creo que la intervención de las autoridades es muy importante. 
La participación de los pasajeros mediante el recurso a voluntarios por parte de los operadores, que les involucra de forma directa en la negociación y la aceptación de acuerdos alternativos, es un buen enfoque que dará flexibilidad a la gestión de las reservas y contribuirá a la protección de los pasajeros, mejorando la eficacia de la operación. 
Quiero reiterar la cuestión de la autoridad competente: la propuesta de Reglamento revela la importancia del artículo 14, que se ocupa de la obligación que tiene la autoridad en este ámbito de informar a los pasajeros de sus derechos. 
Básicamente, esto reincorpora una enmienda aprobada por el Parlamento en su respuesta a la propuesta de la Comisión del año 1998. 
Hay que informar a los pasajeros de manera clara y transparente sobre la forma de ponerse en contacto con el órgano nacional competente responsable de las reclamaciones amparadas en el Reglamento, que a menudo, e incluso normalmente, no conocen. 
Asimismo, me gustaría recalcar la importancia del artículo 17, referente a la aplicación, que obliga a los Estados miembros a designar el órgano responsable de aplicar el Reglamento, facilitarles información y obligarles a cumplir las medidas que aseguran el respeto de los derechos de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena al ponente Sr. Lisi, porque he visto y vivido la intensidad con la que ha realizado su informe. 
Es un informe difícil, puesto que, como se ve, se han planteado una serie de controversias con la propuesta de la Comisaria, con la cual normalmente esta comisión ha tenido una unidad de criterio. 
Y en este caso vemos que hay ciertas discrepancias entre la propuesta de la Comisión y lo que en estos momentos plantea la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
También quiero dar la enhorabuena a la Comisaria, porque, independientemente de las discrepancias puestas de manifiesto en el debate de hoy, en el debate de la Comisión, ha resaltado el valor de afrontar una serie de cuestiones que los ciudadanos, los usuarios europeos, requieren en estos momentos de las compañías. 
Y aunque nosotros en estos momentos no acompañemos, y no lleguemos a las propuestas que la Comisión plantea, nos ha obligado a debatir sobre el tema y a acercar posturas. 
También quiero decir que un sector no puede ni debe pretender vivir de la subvención ni del abuso a sus usuarios; de ser así, carece de futuro. 
Estamos- y el sector lo sabe- ante la necesidad de reestructuración del sector. 
Hemos de decirle al sector: "tienen ustedes una última oportunidad, no acompañamos las propuestas de la Comisión, mejoramos, fortalecemos propuestas anteriores, endurecemos propuestas anteriores, pero ustedes deben afrontar los tiempos actuales; deben reconvertirse, modernizarse y ser capaces de dar respuestas". 
De lo contrario, los ciudadanos, que son nuestros votantes, nos van a exigir que seamos capaces de defender sus derechos. 
A la vez, también hemos de intentar- y ése es el mensaje de la comisión parlamentaria- tender la mano al sector en el difícil camino de la reconversión y la modernización. 
Se trata de un sector económico difícil, complicado, y nosotros le estamos tendiendo la mano. 
Entiendo las dificultades y doy la enhorabuena tanto al ponente como a la Vicepresidenta por tener el valor de afrontar un tema como éste. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando a la Sra. de Palacio por haber propuesto un texto de esta naturaleza. 
Creo que era necesario y oportuno a la luz de dos fenómenos: por una parte, la democratización del tráfico aéreo, que debemos anticipar en todas sus formas y con todas las consecuencias que supone y, por otra, el aumento en la denegación de embarque, que ocurre con bastante frecuencia- de hecho, cada vez con más frecuencia- por razones que no se declaran abiertamente y que, a menudo, son comerciales. 
Por tanto, era absolutamente crucial continuar progresando en la afirmación y la protección de los derechos de los pasajeros, evitando caer en la trampa de ver el asunto todo blanco o todo negro, y, en particular, en la trampa de castigar a las compañías aéreas en exceso. 
A este respecto, me gustaría felicitar a nuestro ponente y a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Creo que, tras esta lectura en la Comisión de Transportes, estamos finalmente consiguiendo un equilibrio bastante sano. 
En primer lugar, un equilibrio entre los derechos de los pasajeros y un servicio flexible. 
El exceso de reservas en particular es negativo cuando se convierte en una práctica comercial sistemática, pero también es un argumento para la flexibilidad entre los que anulan en último momento, ya que también los clientes son en ocasiones responsables del exceso de reservas, y los que pueden tomar su plaza. 
Asimismo, se ha conseguido un equilibrio entre la responsabilidad de las compañías en materia de indemnización y las necesidades económicas básicas del transporte aéreo, de manera que el pago de indemnizaciones no se refleje excesivamente en los precios en un período económico difícil, o no implique un aumento de los precios para los pasajeros. 
Por último, se ha conseguido un equilibrio entre el coste de la denegación de embarque y el principio de cautela en materia de seguridad. 
Había que evitar a toda costa que las sanciones o las indemnizaciones fueran tan elevadas que incitaran a las compañías aéreas a tomarse los incidentes técnicos a la ligera. En otras palabras, que utilizaran la seguridad para compensar los costes de la denegación de embarque. 
Gracias a estos diferentes equilibrios, la Comisión de Transportes ha apoyado al Sr. Lisi y hoy nos presenta un texto útil. 
Espero que la Comisión tenga en cuenta los comentarios y recomendaciones del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, también he de expresar un lamento: quizá no hemos sido suficientemente firmes respecto de las listas de espera, que a menudo no son claras y para las que deberíamos haber obligado a las compañías aéreas a embarcar a los pasajeros siguiendo el orden de su reserva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos nosotros pasamos más tiempo del que quisiéramos en aviones y aeropuertos. 
Estos asuntos nos afectan a todos, bien porque somos nosotros los afectados por retrasos, anulaciones o sobreventa, bien porque experimentamos de manera indirecta lo que les ocurre a otros pasajeros, y esto no siempre resulta grato. 
A menudo es incluso muy desagradable. 
En esta situación, el legislador europeo no sólo tiene que actuar en interés de los consumidores, sino también en interés de todo el sector del transporte aéreo. 
Ya se ha hablado mucho acerca de las normas que estamos examinando en primera lectura, y sobre las que votaremos mañana, acerca de la mejor manera de afrontar el problema de la denegación de embarque, y acerca de normas razonables en caso de retraso. 
Es cierto que todas estas normas no satisfacen mucho a la industria, en particular en el actual clima de dificultad económica. 
Sin embargo, no sólo se trata de las compañías aéreas, sino sobre todo de los pasajeros. 
Estos se encuentran repetidamente y cada vez más en el grupo de los débiles, y tenemos que protegerles y apoyarles con la ley europea. 
Tenemos que tener en cuenta a otro agente: los operadores del aeropuerto. 
Últimamente han estado sufriendo bastantes problemas a causa de la creciente preocupación sobre terrorismo y seguridad. 
Han resuelto un buen número de ellos, pero en algunos casos, sus actividades se han vuelto muy costosas. 
Hay otro problema que todavía no se ha resuelto: la manera en que se trata a los pasajeros. 
No cabe duda de que, en la actualidad, volar es un gran negocio. 
Sin embargo, esto no significa que haya que tratar a los pasajeros como si fueran ganado. 
Quizá deberíamos tratar estos aspectos en un futuro inmediato, y regularlos de acuerdo con esto. 
Los pasajeros nos lo agradecerán. 
. (ES) Quiero agradecer la intervención de todos los parlamentarios, con sus reflexiones y discrepancias en algunos puntos, pero, en cualquier caso, apoyando la idea de mejorar la calidad del servicio en el transporte aéreo. 
Como ya han señalado varios de ustedes, todos somos usuarios, y de primer nivel, de este tipo de transporte y, por lo tanto, víctimas de la falta de calidad en el servicio. 
Quiero agradecer muy especialmente al Sr. Lisi el esfuerzo realizado por encontrar un punto común entre todas las posiciones. 
Determinadas enmiendas están pensadas para excluir a los pasajeros de viajes combinados del ámbito de aplicación del Reglamento. 
En nuestra opinión, también es necesario proteger a este tipo de pasajeros. 
Es cierto que en el Reglamento específico se contempla esta protección, pero no de manera automática, sino después de un recurso o de una serie de procedimientos complejísimos, incluido, en algunos casos, el recurso ante los tribunales. 
De lo que se trata es de dar también una solución simple, inmediata, automática, a los usuarios de los viajes combinados; por lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas 2, 3, 13 y 15. 
Respecto a las cuantías de la compensación, he dicho al principio que estamos dispuestos a flexibilizar nuestra posición inicial y, en ese sentido, la Comisión no puede aceptar enmiendas como la 23 y parte de la 24 y 31, que elimina la indemnización en los casos de pequeños retrasos. 
Por la misma razón, no aceptamos la 44 ni la 45. 
Sin embargo, sí podemos aceptar la enmienda 40- de la que hablaba la Sra. Maes hace un momento -, porque con ella flexibilizamos nuestra posición, ofrecemos unas cantidades que pueden ser más equilibradas. 
Asimismo, debe quedar muy claro quién es responsable de indemnizar a los pasajeros y de prestarles asistencia en los aeropuertos. 
Nosotros hemos elegido una solución simple: la responsabilidad es de la empresa que ha suscrito un contrato con el pasajero, tanto si se trata de una compañía aérea como de un operador turístico. 
La Comisión de Transportes ha recomendado la responsabilidad conjunta entre la empresa y el transportista, pero eso podría crear incertidumbre a los pasajeros. 
Por consiguiente, no podemos aceptar las enmiendas 16, 17, 18, 19 ni parte de la 28, de la 29, la 30 y parte de la 31. 
Las enmiendas 4 y 21 podrían restringir la flexibilidad que las compañías aéreas necesitan para negociar con los posibles voluntarios y las enmiendas 7 y parte de la 14, 17, 20 y parte de la 22, podrían dificultar la aplicación práctica de las normas. 
Una parte importante de las enmiendas 25 y 33 limitaría innecesariamente los derechos de los pasajeros, por ello las rechazamos. 
En cuanto a la enmienda 43, que excluiría los vuelos de los países terceros, no podemos aceptarla porque supondría una desventaja para los operadores de la Comunidad. 
Por último, las enmiendas 5, 35 y 37 proponen medidas fuera del ámbito de aplicación del Reglamento que estamos discutiendo. 
Aunque nos identificamos con los objetivos que persiguen y estamos preparando propuestas al respecto, lamentamos no poder aceptarlas, y quiero señalar que, como decía hace un momento el Sr. Vairinhos, la información a los usuarios es absolutamente esencial para que estos derechos sean efectivos; y de ahí las campañas que hemos realizado hasta la fecha con apoyo de los aeropuertos y de los operadores de las compañías de viajes, pero también- tengo que decirlo muy claramente- con el apoyo de las compañías aéreas, que han colaborado de manera muy importante en el objetivo de mejorar la calidad del servicio. 
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento al Sr. Lisi, y a sus señorías, y espero que podamos obtener un buen resultado en beneficio de los consumidores. 
-Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. 
Ha sido muy felicitada hoy; supongo que mantienen la felicitación los Sres. diputados a pesar de que no ha aceptado todas las enmiendas propuestas, y esperemos que en el Pleno haya concordia y éxito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Tengo que decirles que hay numerosos informes para el día de hoy y que conviene terminar hoy los debates. 
Por lo tanto les ruego se ajusten lo más posible al tiempo programado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Khanbhai por su informe, y por hacer posible una cooperación tan efectiva entre todos los colegas. 
La agricultura y el desarrollo rural revisten una gran importancia tanto en la UE como en los países en desarrollo. 
Por esta razón, apoyo y agradezco el hecho de que «la seguridad alimentaria y las estrategias de desarrollo rural sostenible» sea una de las seis prioridades enumeradas en la política de desarrollo de la UE. 
Creo que el modelo de agricultura multifuncional y su filosofía subyacente constituye el único camino correcto de los países en desarrollo hacia el progreso. 
Tenemos que continuar apoyando el planteamiento de que la gestión sostenible forme parte de las consideraciones no comerciales. 
Permítanme recordarles que la UE es, de lejos, el mayor importador de productos agrícolas de países pobres. 
La Comisaria ya ha señalado que, en los últimos años, la EU ha incrementado de manera sustancial el acceso al mercado de los países más pobres. 
Espero que otros países industrializados también sigan el ejemplo de la UE. 
Las medidas agropolíticas de los países en desarrollo no deben centrarse exclusivamente en la exportación, sino que tienen que garantizar la seguridad alimentaria de la población. 
La batalla contra la pobreza debe seguir siendo el objetivo primordial de la política de desarrollo. 
Para ello, una importante condición necesaria es mejorar la infraestructura para el suministro energético, el transporte, el abastecimiento y distribución de agua, la salud y la educación. 
Sin embargo, como ya se ha afirmado, para conseguir una política fuerte se necesitan, ante todo, mejores sistemas gubernamentales y administrativos, democracia y Estado de derecho. 
Una reforma agraria adecuada y acceso al agua y los recursos productivos permiten a la población rural aumentar su nivel de vida e impulsan el desarrollo económico. 
Para apoyar la labor de capacitación en los países en desarrollo, la Comunidad Europea tiene que proporcionar más ayuda tecnológica a los agricultores, así como conocimientos técnicos, por ejemplo en el ámbito de las energías renovables y en muchos otros. 
En mi opinión, otro aspecto esencial reside en la política en las zonas rurales, que evite la migración a los suburbios. 
Asimismo, es importante que se reconozca de manera adecuada el trabajo que desempeñan las mujeres. 
Señor Presidente, la agricultura, la ayuda al desarrollo rural y la protección de las comunidades rurales constituyen los temas clave del informe del Sr. Khanbhai, quien además hace referencia a muchas de las desigualdades fundamentales que caracterizan de manera tan destacada las vidas de las poblaciones rurales pobres. 
Indudablemente, como ya han afirmado otros oradores, la Unión Europea y los Estados miembros tienen una función muy importante que desempeñar. 
Creo que debemos demostrar un conocimiento mucho más profundo de los verdaderos motivos del denominado éxodo de las zonas rurales a las urbanas, así como del efecto de los sistemas y estructuras que conspiran para destruir el sustento de millones de personas que viven de la agricultura. 
Por supuesto, la Unión Europea forma parte de la solución. 
Dado que constituimos el bloque comercial más importante, tenemos una importante función que desempeñar. 
Debo decir que resulta absolutamente hipócrita continuar protegiendo nuestra propia postura competitiva agrícola con unos mayores recursos y obligar, al mismo tiempo, a los países en desarrollo a liberalizar el mercado. 
La rápida apertura de sus mercados constituye una amenaza para la seguridad alimentaria y el abastecimiento sostenible en los países en desarrollo. 
Las negociaciones paralelas que se llevarán a cabo en la OMC y entre los países ACP y la Unión Europea deberán utilizarse como una oportunidad para demostrar que la Unión Europea entiende claramente que el comercio, el acceso al mercado y los niveles arancelarios están directa e inevitablemente vinculados a nuestros conocimientos acerca de cómo podemos satisfacer esos fundamentales objetivos de desarrollo del milenio. 
La paradoja es que, en tiempos de abundancia mundial, los agricultores de los países en desarrollo están abandonando las tierras y la agricultura. 
Sencillamente no pueden competir con los alimentos fuertemente subvencionados que inundan sus mercados y son objeto de dúmping. 
El informe describe el efecto del dúmping de la leche en Jamaica y el dúmping de la ternera en el oeste de África. 
En Uganda, por ejemplo, los agricultores dedicados al cultivo del café están sufriendo enormemente. 
Estos agricultores cobran ciento cincuenta chelines ugandeses por cada kilo de café que cultivan. 
Sin embargo, si bajamos al Sheraton de Kampala, pagaremos mil chelines ugandeses por una sola taza de café. 
Dado que los agricultores reciben tan poco a cambio de sus esfuerzos, no resulta sorprendente que Oxfam califique esto de una situación que afecta a la salud y a la educación, así como a la comunidad rural en su conjunto. 
Por lo tanto, los pequeños agricultores, de Haití a México y de Mozambique a Tanzania, están simplemente liquidando y vendiendo todo. 
No pueden competir con los ricos magnates agrícolas. 
Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y a la que se refiere el Sr. Khanbhai, con gran acierto. 
Por otra parte, también nos recuerda de forma muy oportuna en su informe que el 75% de los 1 200 millones de personas que subsisten con menos de un dólar al día habita en las zonas rurales. 
Sin duda, eso constituye un llamamiento a la acción. 
Señor Presidente, la existencia y el desarrollo de un sector agrario constituyen asuntos vitales para los países del Sur. 
Muchos tienen un gran potencial en este ámbito. 
Habría que dedicar a ello ambiciosas reformas agrarias. 
Sin embargo, el tema principal se refiere a la autonomía alimentaria de estos países. 
Por esta razón, desde el inicio, quiero apoyar el llamamiento que hace mi grupo al derecho a la soberanía alimentaria; en otras palabras, el derecho de las personas a definir su propia política, que se reconozca en una convención específica de la Naciones Unidas. 
A menudo, los países en desarrollo se ven limitados a exportar unos pocos productos no elaborados. 
Sin embargo, todo indica que la especialización en la exportación de materias primas es relativamente improductiva y debilita la economía, sometiéndola a los caprichos de los mercados mundiales. 
Además, la destrucción de la agricultura alimentaria tradicional provocada por los monocultivos para la exportación sólo beneficia a las grandes multinacionales. 
Más allá de esto, como afirma el informe de manera acertada, el libre comercio mundial incontrolado tiene efectos devastadores sobre la agricultura del Sur. 
La apertura de mercados agrícolas obliga a los agricultores a producir a precios establecidos por el mercado internacional. 
Estos son tan bajos que no permiten que los agricultores del Norte ni los del Sur produzcan respetando el medio ambiente y, al mismo tiempo, ganen suficiente dinero para mantener a sus familias. 
En tales circunstancias, como lo ha expresado una ONG que trabaja en Burkina Faso, ¿cómo podemos convencer a la gente de que el comercio internacional resulta primordial para el desarrollo de los países del Sur? 
Los países del Norte siempre han protegido su agricultura. 
¿Por qué un sistema que ha funcionado bien y que aún funciona bien para el Norte no es válido para el Sur? 
En consecuencia, ¿la apertura de los mercados debería beneficiar a los agricultores o a las multinacionales que compran, por ejemplo, las plantaciones de plátano de Camerún o de Côte-d ' Ivoire? 
Por lo tanto, permitir que los países en desarrollo salvaguarden su derecho básico a la seguridad alimentaria y a la supervivencia de sus métodos de cultivo exige que se incorporen principios claros en las negociaciones internacionales, comenzando por el reconocimiento por parte de la OMC de la necesidad de un tratamiento preferente y diferenciado para los países en desarrollo, tratamiento que debe interpretarse con este objetivo en mente. 
Por lo que respecta a nosotros, la Unión Europea no puede continuar, por una parte, defendiendo el desarrollo de los países del Sur y, por otra, sosteniendo una política agrícola que arruina muchos de sus esfuerzos en este sector. 
Por tanto, tenemos una necesidad innegable de acelerar la eliminación de las subvenciones a la exportación otorgadas por la Unión, y también tenemos que condenar el gran incremento de las subvenciones agrícolas previsto en la ley de orientación agraria norteamericana, con subvenciones de cerca de 180 millardos de dólares durante diez años. 
Seguidamente, la UE tiene que desempeñar un papel mucho más activo para asegurar que se fijen precios justos en el mercado mundial, impidiendo así el deterioro de las relaciones de intercambio. 
El peso de la deuda también contribuye al aumento de los cultivos de exportación, con el fin de obtener las divisas necesarias para devolver la deuda. 
En consecuencia, la anulación de la deuda urge más que nunca. 
Por último, en materia de ayuda, es preciso invertir de forma urgente en recursos humanos e infraestructuras, en especial de transporte. 
Asimismo, son cruciales la preservación del agua y la biodiversidad como bienes públicos. 
Señor Presidente, apoyo este informe de forma incondicional, pero me pregunto, señora Comisaria, si no conseguimos hacer lo que usted dice con tanto acierto, y si no conseguimos hacer lo que dice este informe, ¿seremos parte del problema o parte de la solución? 
Nuestra riqueza significa que tenemos que ser parte de la solución. 
Cuando leo en el informe que la inversión en las economías rurales casi ha descendido a la mitad en los últimos diez años, no debemos sorprendernos de que los ingresos de la población rural también hayan disminuido. 
Cuando viajé por las zonas rurales de África me avergoncé de que la gente que vive en zonas remotas no tuviera nada, apenas una oportunidad para sobrevivir. Por esta razón, quiero pedir que establezcamos prioridades. 
De ahora en adelante tenemos que declarar que detendremos la venta de aquellos productos de nuestros mercados que ocasionen problemas a los productores locales. 
Tenemos que fijar precios justos. 
Estoy de acuerdo sobre lo que se ha afirmado respecto del precio del café. 
Me gustaría proponer la abolición de subvenciones innecesarias para la exportación, el establecimiento de un plan por etapas en el que demostremos que queremos ayudar a las economías rurales, a los hombres y las mujeres- como ya se ha recalcado- que viven allí, a producir su propio alimento con su propio esfuerzo, con nuestra ayuda concreta, utilizando métodos respetuosos con el medio ambiente y nuevas formas de energía, sin ser arrastrados a un sistema de producción agrícola que ha demostrado ser desventajoso para sus propios países. 
Señor Presidente, todavía nos queda mucho camino por recorrer para conseguir salvar la distancia entre la pobreza del tercer mundo y el nivel de vida del mundo desarrollado. 
La ampliación propuesta para la Unión Europea nos recuerda las desigualdades existentes entre los actuales Estados miembros y los países candidatos de Europa Central y Oriental. 
A pesar de que no estoy sugiriendo que nuestros esfuerzos se centren en ayudar a estos países antes que a los países del tercer mundo, lo cierto es que cuanto más consolidemos las economías, especialmente las economías agrícolas de los nuevos Estados miembros propuestos, antes conseguiremos alcanzar nuestro objetivo de desarrollo para el tercer mundo. 
No hay nada malo en que recordemos- y no lo digo por ningún motivo interesado- que el compromiso de la Unión Europea relativo a la sostenibilidad de las explotaciones familiares, tanto en los actuales Estados miembros como en los futuros, se enfrenta a graves dificultades. 
A pesar de que las propuestas de la Comisión para una nueva reforma de la PAC probablemente son más compatibles con las necesidades de desarrollo del tercer mundo, me temo que nuestras aspiraciones de proteger a los agricultores comunitarios, particularmente a los de los países fronterizos, no se van a conseguir fácilmente. 
El hecho de que 1 200 millones de personas que habitan en las zonas rurales de países en desarrollo vivan en la pobreza constituye una escandalosa crítica del mundo desarrollado, pero, al mismo tiempo, el desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo de las economías del tercer mundo dependen de nuestros esfuerzos y de que consigamos ayudarles a desarrollar y a añadir valor a sus recursos naturales, con las correspondientes medidas para facilitar el acceso al mercado de sus productos. 
Sin embargo, no debemos pasar por alto que la Unión Europea es la importadora de alimentos más importante del mundo y que el 53% de estas importaciones proceden de países en desarrollo, gracias a las concesiones comerciales compatibles con la PAC. 
Estoy de acuerdo con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en que el libre comercio mundial incontrolado ha tenido unos efectos devastadores sobre el desarrollo de los cultivos alimentarios en los países en desarrollo y en su derecho a proteger a los productores mediante barreras arancelarias. 
Con respecto al desarrollo agrícola y rural, la Unión Europea y los países en desarrollo tienen el mismo objetivo de desarrollar una forma de agricultura multifuncional, con especial énfasis en el desarrollo rural y en la sostenibilidad de las comunidades rurales. 
Es un error echar toda la culpa de los problemas de los países en desarrollo a la Política Agrícola Común, especialmente por los motivos que he citado. 
Apoyo el continuo acceso de los productos de países en desarrollo a los mercados comunitarios, aunque pienso que la transición debe ser gradual y cuidadosamente planificada junto con la reforma de la PAC. 
Detesto el término dúmping en la medida en que hace referencia a alimentos producidos por encima de las necesidades del mercado. 
La sobreproducción de un producto alimentario para el que no existen consumidores no tiene sentido y menos aún deshacerse de ese producto de manera que trastorne la economía agraria de los países en desarrollo. 
Es necesario fomentar que los agricultores y fabricantes dejen de buscar un acceso excesivo a los mercados de los países en desarrollo como alternativa a la escasa comercialización y diversificación de productos existente en la Comunidad u otros países desarrollados. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con los objetivos del informe Khanbhai, que trata de la forma de reconciliar los métodos agrícolas europeos con el desarrollo de la agricultura en el mundo en vías de desarrollo. 
Me gustaría formular tres observaciones sobre este informe explícito y equilibrado. 
En primer lugar, se necesita una adecuada política «antidúmping» para que los precios del mercado mundial sean más razonables. 
El dúmping con excedentes en los mercados mundiales a precios muy bajos provoca, en muchos casos, una gran caída de los precios. Esto impide a los agricultores de los países pobres participar de manera independiente en el comercio mundial a precios de mercado. 
Sin embargo, la Unión Europea es todavía culpable de dúmping a causa de las subvenciones a la exportación. 
Estas subvenciones representan un 8% del presupuesto agrícola, que asciende a 40 000 millones de euros. 
El ponente debería haber hecho más hincapié en la abolición de las subvenciones a la exportación. 
En segundo lugar, la situación para los países pobres puede mejorar si se facilita el acceso al mercado europeo de productos esenciales para ellos. 
El acceso al mercado europeo se encuentra limitado por las barreras arancelarias y, en particular, por las barreras no arancelarias, como los requisitos sanitarios y medioambientales. 
Un mayor acceso resulta especialmente crucial para los países que sólo producen monocultivos, como plátano, azúcar o algodón. 
El ponente reconoce la necesidad de diversificar la exportación, y formula sugerencias prácticas. 
Finalmente, la posición comercial de los países pobres se puede reforzar estableciendo una cooperación para el desarrollo con objetivos. 
El informe se refiere correctamente a la necesidad de prestar apoyo. 
La ayuda estructural para una infraestructura básica proviene básicamente de los Estados miembros. 
Por lo tanto, el informe debería dejar el establecimiento de las prioridades respecto al gasto de este dinero en manos de los donantes y los propios países beneficiarios. 
En resumen, el informe contribuye al establecimiento de una relación productiva entre los sectores agrícolas europeos y los de los países en desarrollo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, este informe contiene algunas declaraciones muy importantes, en particular cuando reconoce que los mecanismos para proteger a los agricultores europeos en el marco de la Política Agrícola Común chocan con los intereses de los agricultores de los países en desarrollo, cuando exige- como los diputados ya han hecho en repetidas ocasiones- la eliminación progresiva de las barreras comerciales y arancelarias y un mayor acceso a los mercados para los productores de los países en desarrollo, y lamenta el dúmping con excedentes europeos en los mercados de estos países. 
El informe se contradice en este tema, prediciendo los efectos devastadores del libre comercio, que estoy seguro no afectarán al sector agrícola, pero la preocupación central, que ya se ha mencionado en varias ocasiones durante el debate de esta noche, son- y en el ámbito europeo deben ser- las barreras que la Unión Europa continúa levantando frente a los productos de los países en desarrollo, incluidos los agrícolas. 
Debemos tener en cuenta que las subvenciones agrícolas en los países ricos ascienden a 350 000 millones de dólares al año, lo cual representa siete veces más que los 50 000 millones de dólares que los mismos países asignan a ayuda externa. 
En este sentido, podríamos recordar lo que ha señalado Oxfam, es decir, que de hecho, debido simplemente a las barreras comerciales, la ayuda que damos a un continente como África, por ejemplo, es menor que el valor de las oportunidades comerciales que proporcionamos para estos países. 
Quisiera decir dos cosas a la Comisión Europea. Creo que tenemos que reflexionar sobre las características de una política agrícola sostenible para los países en desarrollo y, por tanto, sobre el hecho de que la política agrícola comunitaria no es sostenible. 
Creo que tenemos que comenzar a eliminar la PAC, de forma gradual, porque no existe ninguna razón económica, social, nacional, europea o internacional para preservar el sistema de la PAC. 
En este sentido, la propuesta de reforma presentada por la Comisión es insuficiente, porque mantiene el importe de la ayuda. 
El informe nos ayuda a entender el impacto devastador que esto provoca en los países en desarrollo. 
La Comisaria ha mencionado la iniciativa Todo menos armas, y hace bien, pero me gustaría recordarle que la propia iniciativa prevé el aplazamiento de la eliminación definitiva de los aranceles de tres importantes productos- plátano, arroz y azúcar- hasta el año 2009. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. Khanbhai por su excelente informe. 
A pesar del tono moderado del informe, formula algunas críticas a la Unión Europea y la PAC que en algunos casos considero injustas. 
En primer lugar, el informe no reconoce el hecho de que, en la actualidad, la UE es el principal mercado de productos agrícolas para los países más pobres. 
Cabe recordar que la UE es el mayor importador de productos agrícolas y que las importaciones de países en desarrollo ascienden a más de 27 000 millones de euros anuales. Dicho de otro modo, más que todas las importaciones que realizan los Estados Unidos, Japón, Nueva Zelandia, Canadá y Australia juntos. 
En segundo lugar, la UE y sus Estados miembros son la principal fuente de apoyo de estos países. Por ejemplo, proporcionan alrededor de 28 000 millones de dólares de ayuda al desarrollo, frente a 11 000 millones de Japón o 9 000 millones de dólares de los Estados Unidos. 
En tercer lugar, hay que recordar que en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio la Unión Europea es quien más ha impulsado una discriminación positiva a favor de los países en desarrollo y la mayor iniciativa para los 50 países más pobres del mundo: la iniciativa «Todo menos armas» , que propone que los principales productos de estos países entren en el mercado de la Comunidad libres de aranceles, y que no tengan que aceptar ninguna medida recíproca en este ámbito. 
Por último, me gustaría señalar que, fundamentalmente, la agricultura de la UE es complementaria a la agricultura de los países en desarrollo, ya que son grandes importadores de productos provenientes de zonas templadas, mientras que la Unión Europea es una gran importadora de productos tropicales. 
A menudo, el conflicto se aprecia más desde el punto de vista de los intereses de ciertas compañías que operan en estos países que desde el punto de vista de los intereses de las comunidades locales. 
Señor Presidente, en este año 2002 en el que la comunidad internacional se ha reunido sucesivamente en Monterrey, Roma y Johannesburgo, señalando como prioritario el reto de sacar a dos tercios de la humanidad de la situación de hambre, pobreza y subdesarrollo en que se hallan sumidos, parecía obligado que el Parlamento Europeo reflexionase y se posicionase sobre cómo apoyar desde la Unión Europea políticas agrícolas y de desarrollo rural que contribuyan al despegue de los países del Sur. 
Las numerosas enmiendas, aceptadas con flexibilidad por el ponente, hacen que nos encontremos ante una propuesta de resolución aceptable y equilibrada. 
Pero hay un planteamiento de principios que deberíamos tener más presente a la hora de valorar las distintas políticas de la Unión Europea y también, por supuesto, las políticas agrícolas comunitarias. 
En efecto, para los socialistas, durante muchos años, al juzgar cualquier política de la Comunidad, la vara de medir fue lo que dicha política aportase en términos de cohesión social. 
Así, una política determinada nos parecía positiva por el valor añadido que suponía en materia de cohesión de nuestras sociedades y negativa si contribuía a acrecentar las desigualdades entre los europeos. 
Pues bien, en el mundo global en que vamos adentrándonos es evidente que la solidaridad no puede ser un valor de uso exclusivamente interno, intraeuropeo. 
Y así, cada política comunitaria merecerá nuestro juicio favorable en la medida en que contribuya, no sólo a la cohesión social dentro de nuestras fronteras, sino también a disminuir desigualdades en su proyección mundial. 
Para nosotros, la política agrícola común ha sido positiva porque apoyaba a nuestros agricultores, para que no se quedaran descolgados en un proceso de prosperidad del que iban beneficiándose otros sectores de la sociedad. 
Pero, en adelante, a la hora de valorar las políticas agrícolas de la Comunidad, no será suficiente medir si con ellas se contribuye a mantener o mejorar la situación de nuestros agricultores y ganaderos. 
Además, habrá que considerar si con las subvenciones a nuestros productores se contribuye también a mejorar la situación del Tercer Mundo o si, por el contrario, lo que se hace es arruinar a éste, ampliando el precipicio que le separa de nuestro mundo desarrollado. 
En este caso, esas políticas no serán aceptables y, por difícil que sea el ejercicio, habrá que encontrar otras que sean buenas, justas y reequilibradoras para el Norte, a la vez que buenas y justas para el Sur, y reequilibradoras en lo que se refiere a las relaciones entre el Sur y el Norte. 
Con esta perspectiva votaremos a favor de la Resolución que propone la Comisión de Cooperación y Desarrollo como conclusión del informe presentado por el colega Khanbhai. 
) Señor Presidente, el problema de la seguridad alimentaria y el hambre al que se enfrenta un 20% de la población mundial es, sin duda, una mancha en la reputación de la civilización moderna, y demuestra que el capitalismo no ha sido capaz de resolver ni siquiera problemas básicos. 
Las principales características de este informe son un interés hipócrita por los pueblos y los agricultores de los países en desarrollo, intenciones piadosas y contradicciones, y su objetivo último es brindar a los responsables del problema una coartada para continuar con la misma política que está exacerbando el problema. 
El objetivo del proyecto propuesto es resolver el problema de la seguridad alimentaria, y fija la fecha provisional del año 2015 para reducir a la mitad el número de personas obligadas a vivir con un dólar diario. 
Este objetivo queda anulado con las reformas de la PAC, que reducen la producción agrícola comunitaria para alinearla con el mercado internacional, según dicta la OMC y no las necesidades alimentarias de la humanidad. 
¿Por qué? 
Porque según la opinión predominante en la Unión Europea, la comida no es un producto que satisface varias necesidades, sino un producto que garantiza grandes beneficios a la industria alimentaria y las multinacionales. 
Con sus incontables reformas de la PAC, la Unión Europea tiene un déficit creciente de productos, arruinando a los agricultores y, al mismo tiempo, obligando a los países en desarrollo, mediante acuerdos y mecanismos de precios leoninos, a vender su producción agrícola a precios muy reducidos, apretando el nudo en la garganta de su población y protegiendo los beneficios de las multinacionales. 
La solución no reside en suprimir las subvenciones a los países desarrollados, arruinando a los agricultores y situándolos en el mismo nivel que los agricultores de los países en desarrollo, sino mantener en la práctica la paridad en las relaciones comerciales internacionales entre los países desarrollados y los países de desarrollo, con el fin de mejorar su nivel de vida, reducir su deuda externa y aumentar el conjunto de su producción interior. 
Las intenciones piadosas y las contradicciones del informe alcanzan el nivel de hipocresía con la propuesta de subvencionar cultivos genéticamente modificados en los países en vías de desarrollo, que serán suministrados por varias multinacionales sin importar las consecuencias. 
Sabemos por experiencia que el hambre es un problema social y político, no técnico. 
Disponemos del potencial productivo y los recursos para alimentar al mundo entero, respetando el medio ambiente y la salud pública, pero no en el actual sistema social, y con ello me refiero al sistema capitalista. 
Este informe mantiene la fórmula estándar y no ofrece sugerencias positivas para mitigar el problema del hambre en el mundo. 
Por el contrario, las medidas propuestas aumentarán el problema, que se agudizará con graves riesgos para el medio ambiente y la salud pública, y con la dependencia de los países en desarrollo de las multinacionales del mundo desarrollado. 
Señor Presidente, en la actualidad, de los 6 000 millones de habitantes del mundo, 800 millones sufren malnutrición y, de esta cifra, tres cuartas partes viven en zonas rurales y son agricultores pobres, mal equipados, que no tienen mercado para vender sus productos y, por tanto, limitan su producción a sus propias necesidades de consumo. 
Resulta crucial entender que la mayoría de los que pasan hambre no son ciudadanos que pueden comprar comida, sino productores rurales de cultivos alimentarios. 
En consecuencia, la caída del precio de los productos agrícolas constituye la causa del hambre en el Tercer Mundo. 
Para que estos agricultores obtengan un ingreso suficiente para modernizar su producción, compren herramientas y accedan a los productos químicos, agua de riego y mejores semillas es necesario que tengan acceso a los mercados a precios razonables. 
Los países que han tenido más éxito en la erradicación del hambre, en particular India y China, son aquellos que, gracias a unas políticas que apoyan los precios agrícolas, subvenciones para productos químicos y para el transporte e infraestructuras de riego, han permitido que sus agricultores accedan a su propio mercado interior, y de ese modo, aumenten su poder adquisitivo, su productividad y su producción. 
En cambio, los países en los que el hambre se ha extendido son aquellos en los que la caída de los precios agrícolas ha provocado la pobreza de los agricultores, desestabilizando los circuitos de comercialización, y ha empujado a muchos de los que vivían en zonas rurales, oprimidos por la pobreza, hacia los suburbios mal equipados o la emigración. 
Por lo tanto, es crucial que detengamos la caída de los precios agrícolas. 
El acceso a un mercado local rentable es el primer derecho de cualquier productor agrícola, la primera condición para el crecimiento de la producción agrícola y un requisito imprescindible para eliminar el hambre en el mundo. 
Tenemos que abandonar la utopía de convertir el planeta en un inmenso mercado sin fronteras. 
No tiene sentido intentar que un agricultor del Chad compita con uno de Minnesota, o un pastor andino con un terrateniente de Nueva Zelandia. 
Los países que hacen de propagandistas a favor de un mercado único mundial, en particular los del grupo Cairns, no son países que sufran hambre, sino países que, gracias a unos costes de producción particularmente bajos, enormes extensiones de tierras de cultivo, salarios bajos y elevadas inversiones agrícolas son capaces de arruinar la agricultura de aquellos países que no comparten estas ventajas. 
En cuanto a las políticas que mantiene la Unión Europea, cabe extraer tres conclusiones. 
Primera, los proyectos de desarrollo agrícola que subvencionamos en los países en desarrollo tienen que incluir un capítulo de ayuda a la comercialización de los productos alimenticios. 
Segunda, tenemos que ayudar a los países en desarrollo, o grupos de países con costes de producción similares, a proteger sus mercados nacionales frente a los precios de dúmping fijados por el mercado mundial, mediante instrumentos sin los que sus productores se arruinarían. 
Tercera, tenemos que ejercer toda nuestra influencia en las negociaciones comerciales internacionales con el fin de asegurar que se reconozca el derecho a la excepción agrícola, es decir, el derecho de una nación a proteger a los agricultores que la alimentan. 
Señor Presidente, este era el objetivo de las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura. 
Han sido aprobadas por la Comisión de Desarrollo, y yo les ruego que las apoyen. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar me gustaría dar las gracias a mi colega, el Sr. Khanbhai por su informe de propia iniciativa. 
Como miembro de la delegación parlamentaria ACP, este asunto me ha preocupado durante años. 
La política agrícola sostenible, la reforma agraria y el desarrollo rural constituyen desafíos políticos importantes para alcanzar el objetivo de independencia de los países en desarrollo. 
¿Por qué, a pesar de nuestra considerable ayuda financiera, no hemos sido capaces de contribuir de manera más decisiva a la mejora de la situación de los países más pobres? 
Me pregunto constantemente qué estamos haciendo mal. 
¿Qué están haciendo mal los países ricos, y que ganan los países pobres redoblando sus esfuerzos? 
Creo que tenemos que ser más duros en estos asuntos, porque- y tenemos ejemplos que lo prueban- la población mundial no está dispuesta a soportar esta injusticia ni un minuto más. 
Como políticos europeos que trabajamos en el ámbito de la agricultura, sabemos perfectamente que la Política Agrícola Común de la Unión Europea es blanco de duras críticas debido al impacto que tiene sobre la agricultura de los países más pobres, como ha sido el caso de un gran número de intervenciones en el debate de esta noche. 
Sin embargo, es cierto que muchos críticos creen que la respuesta es demasiado sencilla, porque es erróneo pensar que una mayor apertura del comercio conducirá inevitablemente a un mayor desarrollo del sector alimentario en los países en desarrollo. 
Muchos lo han dicho: la UE ya es el principal importador de alimentos del mundo, y en este contexto los problemas agrícolas de la gran mayoría de países en desarrollo no se resolverán únicamente mediante un comercio más intenso y una desregulación de la agricultura. 
Es erróneo- y ahora me dirijo a la Sra. Kinnock- pedir una liberalización total y el abandono de los cupos nacionales en los países en desarrollo. 
Esto provocaría una competencia despiadada, que los pequeños agricultores no podrían resistir. 
En conclusión, permítanme mencionar tres hechos: necesitamos producción para el consumo interior y para la exportación sobre la base de un sistema reformado de posesión de tierras, necesitamos mejor empleo, necesitamos una gestión sostenible, y tenemos que estudiar nuevas maneras de avanzar. 
Señor Presidente, podríamos pasarnos toda la noche debatiendo acerca del desarrollo rural, las subvenciones agrícolas, la igualdad entre hombres y mujeres, la reforma agraria, el incremento de la AOD como parte del desarrollo rural, etc. Sin embargo, estoy segura de que no es eso lo que desean, a pesar de que estos serios asuntos merecen toda nuestra atención. 
El debate debe continuar y sólo hemos podido tocar por encima estos temas sumamente importantes y pertinentes. 
La reforma agraria, tal y como se describe en la revisión, avanza en la dirección correcta, aunque no cabe duda de que eso no bastará a largo plazo. 
Me complace comprobar que la lucha contra la pobreza constituyó el tema central de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johanesburgo. 
Esto servirá de ayuda para nuestros futuros debates. 
Este informe ofrece una valiosa contribución en la fase de aplicación y cumplimiento de los objetivos de la Cumbre, al igual que la comunicación sobre desarrollo rural presentada por mi colega Sr. Nielson. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (art. 120) 
. (FR) Las subvenciones a las grandes explotaciones agrícolas en Europa están restringiendo los niveles de producción agrícola de las pequeñas explotaciones en Europa y también en los países en desarrollo, que no son capaces de luchar contra esta competencia. 
Tenemos que revisar la PAC en este ámbito, incluidas todas las medidas que permitan a estos países el desarrollo de un sector agrario competitivo con respecto a los costes de producción así como a la calidad del producto. 
Por tanto, velaremos por el medio ambiente, para que su degradación no implique una degradación de las tierras de cultivo, en particular en relación con los cultivos intensivos, el uso intensivo de fertilizantes químicos y pesticidas y la contaminación de la producción agrícola por parte de las OGM. 
De esta manera, podremos salvaguardar una producción sana y biológica. 
Hay que prestar atención particular a estos asuntos, en especial mediante la colaboración con el Centro Común de Investigación. 
Asimismo, la preservación y el uso racional de los recursos hídricos revisten gran importancia para estos países. 
El programa de acción prioritaria a corto y medio plazo (SMAP) y el programa MEDA, junto con los demás programas de cooperación entre la Unión Europea y países terceros, también podrían desarrollarse en este terreno. 
-De conformidad con el orden del día, pasamos a la declaración de la Comisión sobre la duodécima Conferencia de las Partes de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea tiene la responsabilidad particular de garantizar el comercio sostenible de especies amenazadas, porque somos uno de los mayores mercados para estas especies y sus productos. 
Además, tenemos que ayudar a los países en desarrollo a desarrollar estrategias eficaces para la conservación de las especies silvestres. 
Como ya saben, en septiembre la Comisión propuso unas directrices para la Comunidad con vistas a la Conferencia de Santiago. 
Nuestra propuesta se basaba en el respeto de los criterios científicos que determinan en qué anexo de CITES aparecen enumeradas las diferentes especies. 
Asimismo, estos criterios incluyen el principio de cautela. 
Estoy muy contenta de que la opinión de la Comisión sólo difiera ligeramente de la expresada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La Comisión está de acuerdo con las recomendaciones respecto de los cetáceos, tortugas de mar y de agua dulce y caballitos de mar. 
Asimismo, agradezco que la comisión haya decidido introducir una recomendación sobre la ratificación de la enmienda Gabarone, que permite a la Comunidad convertirse en parte contratante de CITES. 
La Comisión apoya la inclusión de especies comerciales marinas en los anexos, a condición de que cumplan los criterios relevantes y que su gestión no esté ya regulada de forma adecuada en otra parte a escala internacional. 
En este sentido, estoy de acuerdo con su apoyo a la inclusión del cetorrino y el tiburón ballena en el Apéndice II de CITES. 
La opinión de la Comisión sobre la propuesta de incluir especies de merluza austral y merluza negra en el Apéndice II está basada en el mismo principio. 
Soy consciente de que existen razones biológicas importantes para esta propuesta. 
Al mismo tiempo, también soy consciente de que la explotación de estas especies está actualmente regulada por la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CAMELAR) , de la cual forma parte la Comunidad. 
Aunque sólo abarca un número limitado de miembros, el proyecto de documentación introducido por CAMELAR contiene disposiciones muy similares a las de CITES. 
En mi opinión, el listado de CITES debe apoyarse si permite favorecer la realización de este plan, y si estimula a otros países a hacer lo mismo. 
Sin embargo, la Comisión considera que los términos actuales de la propuesta no conseguirán el objetivo propuesto. 
Espero que en la Conferencia se llegue a un acuerdo sobre las enmiendas que hagan que la propuesta sea más eficaz. 
Asimismo, puedo confirmar que la Comisión se opone a la reanudación del comercio de marfil hasta que se haya demostrado con claridad que este comercio no implica una mayor protección de los cazadores furtivos, o que no tiene un impacto negativo sobre las poblaciones de elefantes. 
No se han podido extraer conclusiones al respecto a partir de las pruebas disponibles hasta el momento. 
Por lo tanto, resulta apropiado optar por una línea de conducta basada en el principio de cautela. 
Sin embargo, debemos hacer una distinción entre el comercio del marfil y la cuestión de la lista CITES más apropiada en la que incluir a los elefantes. 
Es innegable que hay un gran número de elefantes africanos en varios países de África austral cuyas poblaciones están incluidas en el Apéndice II. Estas poblaciones están bien gestionadas y su tamaño va en aumento. 
Por lo tanto, la propuesta hecha por Kenia e India de incluir todas las poblaciones de elefantes africanos en el Apéndice I no está justificada, sobre la base de los criterios científicos relevantes establecidos en CITES. 
En lugar de avivar el conflicto, la Comisión debería intentar encontrar soluciones que promuevan la preservación de los elefantes en toda su zona de distribución, y que disfruten del apoyo de todos los Estados en esta zona. 
Por último, quiero informar al Parlamento Europeo de que además de los puntos tratados en su resolución, se han presentado un gran número de propuestas adicionales a los organizadores de la Conferencia, que tendrán consecuencias positivas para la conservación de las especies, y que cuentan con el apoyo de la Comisión. 
Estas incluyen una propuesta para incluir la caoba en la lista del Apéndice II, y propuestas para la mejora de los métodos de trabajo de CITES. 
Señor Presidente, la protección de la biodiversidad constituye una de nuestras tareas principales y más difíciles. 
En repetidas ocasiones, nos encontramos en una situación en que parece que no sea el momento de optar por la biodiversidad. En repetidas ocasiones, existen buenas razones para abandonar medidas específicas y rigurosas para la protección de las especies amenazadas. 
Este es el caso ahora. 
Me refiero al caso de los elefantes africanos. 
Creo que existen buenas razones para no imponer una prohibición total sobre el comercio del marfil. 
En primer lugar, conforme al criterio científico, el elefante africano no cumple los requisitos, porque la población de elefantes está aumentando y está sana. 
En segundo lugar, no estoy convencido de que una prohibición total hará que cese la caza furtiva. 
La prohibición puede provocar un aumento del comercio ilegal y de los precios. Esto no ayudará a ningún elefante. 
En tercer lugar, la idea de destruir el marfil está encontrando bastante resistencia. 
La destrucción atenta contra cualquier noción de uso sostenido. ¿Por qué tenemos que destruir un material natural, valorado y valioso como el marfil? 
Por último, estoy convencida de que la protección no funcionará sin el compromiso de las autoridades y las poblaciones locales. 
Podemos prescribir leyes para otros desde nuestras torres de marfil, aquí en Estrasburgo. Podemos predicar moral desde nuestro púlpito de marfil, pero tenemos que ser conscientes de que esto no funciona en absoluto. 
Han ganado experiencia, y también han tenido un cierto éxito. Como mínimo, tendríamos que tomar sus argumentos en serio. 
La idea de la conservación no la puede imponer la comunidad internacional, y no queremos que sea así. 
Por lo tanto, existen buenas razones para no transferir mañana el elefante africano al Apéndice I. Sin embargo, también existen buenas razones para hacerlo, y es la conveniencia de emitir una señal política. 
En resumen, apruebo la resolución a regañadientes, pero, en mi opinión, tiene que incorporar una promesa política: la promesa de que nosotros también haremos algo por la biodiversidad. Tenemos que encontrar una solución que también funcione para los pueblos africanos. 
Yo también quiero hablar acerca de los elefantes. 
Cinco países de África austral quieren vender sus existencias de marfil. 
Esto no sería nada bueno. 
Las conferencias CITES anteriores decidieron dejar de proteger al elefante. 
Por desgracia, la Comisión lo aprobó con el acuerdo de la mayor parte de los quince Gobiernos de la UE, pero en contra de los deseos del Parlamento Europeo. 
El resultado ha sido desastroso. 
La caza furtiva ilegal del elefante se realiza ahora a mayor escala, también en África austral. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor propone, de forma unánime, reanudar la protección del elefante. 
La Comisión tiene que abandonar su posición cobarde e indiferente. 
MIKE (seguimiento de la matanza ilegal de elefantes) no funciona. 
Utilicemos dinero europeo- 10 ó 15 millones de euros serán suficientes- para comprar y destruir las existencias de marfil de África austral, y si la mayoría de gobiernos europeos no están de acuerdo con esto, las ONG tendrán que recaudar dinero para detener la venta de todos los elefantes. 
Sólo quedan 10 000 elefantes en Asia y 300 000 en África. 
Hace veinte años, en 1981, había 1 500 000. 
Quien mantenga que los elefantes están en buenas condiciones está equivocado. 
No apruebo la matanza selectiva de elefantes, es incivilizado. 
Tengo curiosidad por saber quién votará a favor de la matanza selectiva mañana. 
Señor Presidente, no creo que ninguno de nosotros esté debatiendo aquí si debería existir o no el comercio de marfil: por supuesto que no. 
Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el hecho de que los elefantes sudafricanos no deberían incluirse de nuevo en el Apéndice I. 
No sé si han visto la carta que hemos recibido esta semana del grupo especializado en uso sostenible europeo. 
Nos recuerda que una decisión como ésta sería directamente contraria al asesoramiento científico proporcionado a las partes por la UICN, que son los asesores oficiales de la Conferencia de la CITES sobre propuestas relativas al listado de especies. 
Este asesoramiento subraya que las poblaciones de elefantes de los países sudafricanos mencionadas no cumplen los criterios para ser incluidas en el Apéndice I, sino en el Apéndice II. Por lo tanto, desde el punto de vista científico no tenemos absolutamente ningún motivo para cambiarlos. 
Tampoco deberíamos hacerlo, si queremos mantener las poblaciones, dado que resulta bastante evidente que el uso de recursos vivos silvestres, si son sostenibles- como en el sur de África- constituye una importante herramienta de conservación. 
Los beneficios sociales y económicos que se derivan de ese uso suponen incentivos para que la gente los conserve. 
Por lo tanto, si los incluimos de nuevo en el Apéndice I, esto enviaría la señal equivocada a los países que cuentan con una pequeña población de elefantes. 
Les indicaría que si intentan invertir dinero en la conservación de sus elefantes, no sacarían a cambio ningún beneficio. 
Por lo tanto, invertirían en los elefantes, en lugar de escuelas u hospitales. 
¿Qué tipo de incentivo para conservar a los elefantes supone eso para los países con una pequeña población de elefantes? 
Es una pena que muchos de ustedes no estuvieran presentes en la presentación realizada por la Ministra de Naturaleza y Turismo de Botswana. 
Afirmó que ellos amaban a sus elefantes. 
Quieren conservarlos y la mejor manera de hacerlo es que continúen en el Apéndice II. 
Señor Presidente, voy a referirme al apartado 3 de esta propuesta de resolución y, concretamente, a la especie de nombre científico Dissostichus, que en la versión española es la merluza austral y negra. 
El Dissostichus tiene un gran valor comercial (se le llama "oro negro") y su equilibrio es muy delicado. 
La Comisión de Pesca, de la que soy miembro, está elaborando tres informes sobre este recurso y soy ponente del que se refiere a la elaboración de un sistema de documentación de capturas. 
Hoy quiero defender ante esta Cámara su no inclusión en la lista de CITES, y ello por las siguientes razones: no podemos olvidar que existe ya una organización de carácter internacional- la Convención para la Preservación de los Recursos Marinos Antárticos, a la que a partir de ahora llamaré por sus siglas, CAMELAR- que, desde hace veinte años, se ocupa con éxito de la preservación de ésta y de otras especies en el océano Antártico. 
La Comunidad es parte contratante de dicha Convención. 
La propuesta de incluir el Dissostichus en el Convenio CITES no ha partido de nosotros, sino de Australia. 
Ni nosotros ni- hasta donde yo sé- la Comisión nos oponemos; simplemente, consideramos más útil que sea la propia CAMELAR la que tome esta decisión en su asamblea anual, que se celebra esta semana y la próxima en Chile, y en la que el Parlamento Europeo estará representado por el Sr. Stevenson, presidente de la Comisión de Pesca. 
En estos momentos, y tras arduas negociaciones, CAMELAR ha logrado el ingreso del Canadá y de Mauricio con el estatuto de miembros asociados. 
Canadá es, junto con los Estados Unidos, el principal destino comercial de la especie Dissostichus y Mauricio, un importante lugar de paso. 
Su entrada en CAMELAR da a esta organización internacional el control del 98 % del comercio mundial de Dissostichus. 
Para nosotros, CITES tendría utilidad como valor complementario de CAMELAR. 
Pero hemos de ser precavidos, porque- de adelantarnos con nuestra decisión al curso natural de los acontecimientos- podríamos, sin quererlo, provocar un efecto contrario al deseado, debilitando a una organización que, en su larga vida, ha demostrado ampliamente su buen hacer respecto al medio marino antártico, sumamente delicado. 
Tenemos que concentrar esfuerzos, no dispersarlos, y debemos reforzar nuestra presencia en las organizaciones multilaterales de pesca, única manera de responder a los desafíos que la preservación de las especies pesqueras provoca a nivel mundial. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como usted- al igual que mis colegas- ha dicho, el tema de los elefantes se volverá a discutir en la próxima reunión de la CITES. 
Si volvemos a incluir a los elefantes en el Apéndice I, a petición de India y Kenia, ¿será suficiente para prevenir la trágica extinción de estos animales en algunos países de África, por mucho que de su número esté aumentando en otros países? 
Las opiniones están divididas. 
Según la opinión de un buen número de especialistas, el sistema MIKE, altamente sofisticado, todavía no ha proporcionado ni proporcionará una respuesta satisfactoria. 
De hecho, ha absorbido una cantidad sustancial de subvenciones que se podrían haber utilizado de manera más eficaz si, por ejemplo, se hubieran gastado en combatir la caza furtiva o en la formación de guardias. 
Se caza a los elefantes por su marfil, y su hábitat natural se ha visto alterado y reducido de forma considerable. 
A pesar de que su uso esté autorizado, cualquiera que sea el marco restrictivo y preciso fijado, existe el peligro de que la caza furtiva se extienda de nuevo y de que, a largo plazo, provoque la extinción de los elefantes en algunos países de África. 
En consecuencia, la Unión Europea tiene que rechazar con firmeza cualquier reanudación ilegal del comercio del marfil. 
Al mismo tiempo, ¿qué lección podríamos dar a las poblaciones locales que impusiera una contribución razonable sobre su fauna, cuando nosotros mismos, como por ejemplo en Francia, somos incapaces de establecer las condiciones adecuadas para la supervivencia de los osos en los Pirineos, o de los lobos en los Alpes? 
A título comparativo, agradecemos el gesto de Cuba, quien ha retirado su petición para la explotación de las tortugas y, de forma paralela, la Unión Europea tiene el deber de rechazar la petición de las Islas Caimán de criar tortugas verdes en cautividad, lo que facilitaría el comercio ilegal de estos animales. 
El deseo y la necesidad de salvaguardar la biodiversidad del planeta pasa por la adopción de decisiones rigurosas y activas que no dejen escapar a ningún tipo de traficante, y que permitan a las poblaciones locales utilizar sus recursos naturales, incluida la fauna, de forma sostenible, aunque esto parezca a veces pedir lo imposible. 
Señor Presidente, me gustaría concluir con dos breves observaciones acerca de los elefantes y la merluza austral. 
En primer lugar, quiero confirmarles que la Comisión continúa oponiéndose a cualquier medida que pueda favorecer la caza ilegal de elefantes. 
Ya he indicado que nos oponemos a reanudar la compraventa de marfil con fines comerciales, hasta que se pueda demostrar que esto no provocará un incremento del furtivismo. 
Al mismo tiempo, reconozco la excelente reputación de una serie de países sudafricanos por lo que respecta a la gestión de sus poblaciones de elefantes. 
Resulta fácil entender por qué estos países se sienten en ocasiones castigados en lugar de recompensados por sus esfuerzos. 
Si se ignoran sus preocupaciones, existe un riesgo real de que estos países sean incapaces de mantener el apoyo popular para la conservación de los elefantes o para la CITES en general. 
Deberíamos evitar medidas tales como la clasificación más rigurosa de los elefantes propuesta en la CITES, que sólo servirán para polarizar el debate, sin conseguir ninguna protección adicional real para estos animales. 
Con respecto a la merluza austral, debemos respetar la autoridad de CAMLAR y otras organizaciones pesqueras, adoptando, al mismo tiempo, un planteamiento constructivo con respecto a cualquier propuesta que pudiese conseguir una mejor protección de las especies de peces comerciales. 
Por consiguiente, si el listado de la CITES puede reforzar y complementar la actual gestión de merluza austral de CAMLAR, no les quepa duda de que contará con mi apoyo y con el de la Comisión. 
-Para cerrar el debate sobre esta declaración, he recibido, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la propuesta de resolución B5-0527/2002, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(A5-0291/2002) , sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (COM (2001) 803- C5-0320/2002- 2002/0026 (CNS) ), 
(A5-0290/2002) , sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba, en nombre de la Comunidad Europea, el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (COM (2001) 802- C5-0095/2002- 2002/0030 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, tienen ante ustedes dos propuestas de la Comisión relativas al Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 
Una es la decisión de ratificar este Convenio en nombre de la Comunidad Europea; la otra, el reglamento que se precisa para aplicar el Convenio en la Comunidad. 
La decisión sobre la ratificación apenas requiere mayor elaboración. 
La propuesta de la Comisión de un reglamento de ejecución refleja tanto la posición de la Comisión como la de los Estados miembros: las disposiciones no deberían ir más allá de la mera incorporación del Convenio, que fue resultado de un compromiso entre todas las partes en las negociaciones. 
La Comunidad exigió disposiciones más rigurosas en ciertos aspectos, pero no consiguió que se aprobaran. 
La Comisión considera que las propuestas están equilibradas, y que contribuirán a la consecución del objetivo de la Comunidad de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los productos químicos peligrosos en los países importadores- en especial los países en desarrollo -, sin impedir la aplicación efectiva del Convenio. 
La Comisión agradece el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor a las propuestas. 
Quiere que la Comunidad ratifique pronto el Convenio, de acuerdo con el espíritu de las conclusiones de la Cumbre de Johanesburgo. 
Por lo tanto, la Comisión espera que se alcance lo antes posible un acuerdo sobre el reglamento de ejecución, que constituye un requisito imprescindible para el proceso de ratificación posterior. 
En este sentido, la Comisión desea recalcar los esfuerzos del Consejo y el Parlamento por avanzar en la elaboración de las propuestas, y sobre todo, los compromisos alcanzados de cara a un posible acuerdo entre el Consejo y el Parlamento en la primera lectura de la propuesta de reglamento de ejecución. 
A modo de conclusión, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Blokland, a quien debería haber dado las gracias al principio. 
. (NL) Señor Presidente, no sucede a menudo que disponga de 10 minutos, pero espero no necesitarlos. 
Tenemos ante nosotros dos propuestas relativas a la importación y exportación de productos químicos. 
El primer informe apoya la aprobación del Tratado de Rotterdam respecto de los productos químicos peligrosos y plaguicidas en el comercio internacional. 
Propongo que hagamos esto lo más rápido posible, dado que el Tratado puede entrar en vigor desde el momento en que sea ratificado por un número suficiente de países signatarios. 
El informe se centra principalmente en los tres puntos siguientes: 
En primer lugar, las partes del Tratado sólo pueden exportar a otra parte del Tratado productos químicos incluidos en el Apéndice si han obtenido el consentimiento previo del país importador. 
Esto se llama procedimiento CFP- Consentimiento Fundamentado Previo. 
En segundo lugar, se pueden añadir nuevos productos al Apéndice al que se aplica el CFP. 
En tercer lugar, la parte exportadora de productos químicos prohibidos o severamente restringidos tiene que informar a la parte importadora. 
Además, todos los productos enumerados en el Apéndice al que se aplica el CFP tienen que estar etiquetados. 
Esto ya quedó establecido en un reglamento que data del año 1992. 
La industria química también comenzó a aplicar el Tratado de Rotterdam de forma voluntaria en abril de este año. 
Por lo tanto, no existe ninguna razón para seguir retrasando la ratificación del Tratado. 
El segundo informe intenta aplicar el Tratado de Rotterdam mediante un reglamento. 
Este reglamento va más allá del Tratado de Rotterdam en una serie de puntos. 
Es un poco más riguroso, más preciso y más amplio, y constituye una mejora de la legislación. 
Asimismo, se ha proporcionado más información a países terceros, en particular a los países en desarrollo. 
Un tema más espinoso es la propuesta original de la Comisión, en que la propia Comisión quería imponer un monopolio sobre los procedimientos. 
Esto no es lógico, porque los Estados miembros no tienen la misma legislación respecto de los productos químicos. 
En particular, me refiero a los plaguicidas y biocidas. 
Como ya saben, tardaremos otros cinco a diez años en tener una legislación comunitaria en este ámbito. 
También es posible que, incluso tras este período, los Estados miembros utilicen disposiciones excepcionales. 
En consecuencia, es una buena idea dejarles cierta libertad de acción en lo que respecta a este reglamento. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha adoptado 15 enmiendas. 
La base jurídica del reglamento se ha modificado, pasando del mercado interior al medio ambiente. Esto significa codecisión para el Parlamento Europeo. 
Asimismo, se ha ampliado el margen de libertad de cada Estado miembro, lo que significa que pueden aprobar un mayor número de medidas de gran alcance. 
Esto se reflejará en el hecho de que los Estados miembros individuales también podrán hacer propuestas respecto de la inclusión de nuevos productos en la lista a la que se aplica el consentimiento fundamentado previo, pues todavía hay un grupo de productos para los que no existe una legislación europea armonizada, como por ejemplo los plaguicidas. 
Otra mejora es que, como máximo, la lista de productos peligrosos sólo tendrá que actualizarse anualmente. 
Es muy importante que se añadan a este reglamento los contaminantes orgánicos persistentes. 
Los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Estocolmo están incluidos en la lista de productos prohibidos. 
Como parece que el Consejo tiene el mismo punto de vista que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, como ponente he intentado completar el proceso legislativo en primera lectura. Los grupos parlamentarios me otorgaron el mandato con este objetivo. 
Los debates en este ámbito han resultado muy satisfactorios. 
El Consejo ha aprobado la mayoría de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y los ajustes mayoritariamente técnicos del Consejo se han incorporado con facilidad. 
Esto ha dado pie a 42 nuevas enmiendas, firmadas por la mayoría de grupos. 
El Consejo envió una carta prometiendo que, si el Parlamento Europeo aceptaba todo el paquete de compromisos, el Consejo establecería la posición común de acuerdo con esto. 
Esto significa que podríamos concluir el tema al final de la primera lectura, ahorrando mucho tiempo, por lo menos un año. 
Me alegra que la Sra. Wallström asegure que la Comisión Europea también apoyará las medidas de forma incondicional. 
Me gustaría pedir que prestaran especial atención a la enmienda 22. 
Se ha acordado con el Consejo que, en cualquier caso, las normas se aplicarán a las cantidades que sobrepasen los 10 kilogramos. 
Esto es acertado a efectos de viabilidad y control. 
También forma parte del paquete total de medidas. 
Señor Presidente, los compromisos que tiene ante usted constituyen un resultado satisfactorio que recomiendo sinceramente al Parlamento. 
La papeleta de voto contiene 4 bloques. 
El bloque 1 abarca las enmiendas consensuadas con el Consejo. 
Si se aprueba el bloque 1, el bloque 2 decae. 
El bloque 3 contiene las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor aprobadas por el Consejo, por lo que tenemos que votar a favor. 
Finalmente, el bloque 4 contiene las enmiendas que el Parlamento debe rechazar, basadas en el compromiso de conjunto. 
Finalmente, me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a la Presidencia danesa por su cooperación constructiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos ante dos propuestas: una propuesta de Decisión del Consejo y una propuesta de Reglamento del Consejo relativos al comercio, la exportación y la importación de productos químicos peligrosos. 
En la propuesta de Decisión se pide que se ratifique lo antes posible el Convenio de Rotterdam, cuyo objetivo principal es regular el comercio internacional de los productos químicos peligrosos, pero también, como así lo hemos entendido en el Parlamento, proteger la salud humana y el medio ambiente, y es importante que se haga ya. 
Por eso hemos pedido el cambio de base jurídica, del artículo 133 del Tratado CE, que regula la política comercial, al artículo 175 con arreglo a codecisión. 
En la propuesta de Reglamento, exhaustivo y muy estricto, se disponen reglamentaciones muy estrictas para el comercio intracomunitario de productos fitosanitarios. 
Lo que nosotros pedimos es una cierta flexibilidad. 
Como ya ha dicho el Sr. Blokland, hemos llegado a un acuerdo importante después de muchas discusiones entre todos los grupos políticos, a fin de que, después del cambio de base jurídica, estos paquetes de enmiendas sean ratificados y asumidos tanto por la Comisión como por el Consejo, para poder terminar en una primera lectura esta posición del Parlamento y llegar a una conclusión con la que todos estemos de acuerdo. 
No todas las reglamentaciones- como también decía el Sr. Blokland- relativas a los productos fitosanitarios son homólogas en todos los países, y la Sra. Comisaria sabe perfectamente que se unificarán, pero no antes de un plazo mínimo comprendido entre 5 y 10 años. 
La reglamentación sobre productos fitosanitarios y los análisis para la homologación están muy retrasados, puesto que de las ochocientas y pico materias activas que tienen que regularse, no se ha analizado ni un centenar. 
Por lo tanto, podemos suponer que este tema se retrasará. 
Es importante el Reglamento que vamos a aprobar, relativo al procedimiento de consentimiento fundamentado previo, porque pone en conocimiento del receptor lo que el emisor le va a enviar previamente. 
Esto es válido no solamente para los países miembros de la Unión Europea, sino también para los países que no lo son, a los que debemos aplicar las mismas exigencias. 
Pido a los miembros del Parlamento que apoyen el informe tal cual está, con la lista de votación que ha propuesto el Sr. Blokland, al que felicito vivamente, puesto que ha realizado un gran trabajo en un tema muy polémico, difícil y que tiene un carácter científico muy marcado. 
Señor Presidente, no hace falta decir mucho más, porque el Sr. Blokland ya ha dicho casi todo. 
Me gustaría comenzar expresando mi acuerdo con la última oradora. 
Es un buen informe y los ponentes han trabajado mucho en él. 
Nos gustaría que se alcanzase un acuerdo en primera lectura, aunque todavía no es totalmente seguro. 
Creemos que, en general, las enmiendas constituyen añadiduras acertadas al texto. 
Estamos un poco preocupados por las propuestas relativas a que los Estados miembros incluyan los productos químicos en el procedimiento de consentimiento fundamentado previo y pensamos que, si va a ser así, habría que consultar a todos como es debido. 
Necesitamos esta medida sin demora. 
Ayudaría a mejorar la protección de nuestra salud pública y del medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Estamos ansiosos por ponerla en marcha, por lo que ofreceremos nuestro apoyo a la gran mayoría de las enmiendas y seguiremos al ponente mañana. 
Nos gustaría que se encontrase una solución lo antes posible. 
Necesitamos más acuerdos internacionales como éste y necesitamos rapidez. 
En el pasado se ha tardado demasiado en aplicar debidamente muchas partes de la legislación relativa a los productos químicos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy muy satisfecha de que hayamos alcanzado un compromiso, lo que significa que también podremos llegar a un compromiso con el Consejo en primera lectura. 
Quiero dar las gracias al ponente, Sr. Blokland, a la Presidencia danesa y a la Comisión por haber realizado un verdadero esfuerzo por llegar a una solución satisfactoria y aceptable para todos, aunque no se hayan adoptado todas nuestras enmiendas. 
Las intenciones del Convenio de Rotterdam son importantes, como también lo es que se ratifique lo antes posible, porque se refiere al comercio de productos químicos muy peligrosos. 
La Comisión realizó un magnífico trabajo cuando presentó esta propuesta de reglamento que reemplace la legislación vigente sobre productos químicos peligrosos y plaguicidas por las normas del Convenio de Rotterdam. 
La propuesta va más allá del Convenio, por ejemplo, al proponer que el procedimiento de notificación de exportación se amplíe hasta cubrir artículos que contienen formas de productos químicos «sin reaccionar» , y que la exportación de ciertos productos químicos se prohíba totalmente. 
Por tanto, estoy muy satisfecha con la propuesta. 
El objetivo de este ejercicio y del Convenio es mejorar el control del comercio de productos químicos, así como equiparar y aumentar la responsabilidad de los países importadores y exportadores. 
Se trata de proteger la salud humana y el medio ambiente. 
Por esta razón, creo que es razonable y justo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, con ayuda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, haya cambiado la base jurídica del artículo 133 por la del artículo 175, lo que significa que el Parlamento Europeo tiene poderes de codecisión y, al mimo tiempo, permite que los Estados miembros dispongan de normas más rigurosas. 
Por tanto, espero que mañana obtengamos una amplia mayoría, y quizás unanimidad, a favor de este informe. 
Creo que tenemos muchos motivos para felicitarnos. 
Señor Presidente, las propuestas legislativas amparadas en el Convenio de Rotterdam constituyen un importante paso hacia la protección de la salud humana y el medio ambiente en todos los países frente a los eventuales peligros derivados del comercio de productos químicos peligrosos y plaguicidas. 
Nuestro ponente, Sr. Blokland, ha realizado un excelente y preciso trabajo, como siempre, por el cual merece nuestro agradecimiento. 
El Convenio tiene por objeto incrementar la responsabilidad compartida y los esfuerzos de cooperación entre las partes signatarias del acuerdo sobre productos químicos peligrosos en el comercio internacional, promoviendo la protección del medio ambiente y la salud. 
Al mismo tiempo, la intención es alentar el uso ambiental racional de los productos químicos mediante un aumento de la transparencia y el intercambio de información. 
Todos estos objetivos merecen apoyo desde el punto de vista de los objetivos de la UE, pero algunas de las disposiciones que se están discutiendo van aún más allá del Convenio de Rotterdam. 
Por ejemplo, las normas relativas al tiempo y la frecuencia de las notificaciones de exportación y el nivel de información requerido son más avanzadas que las del Convenio. 
Creo que así tiene que ser. 
Las partes del acuerdo internacional sobre medio ambiente las forman países en niveles diferentes en términos de compromiso, y los niveles acordados en el Convenio no van suficientemente lejos respecto de los objetivos de la UE. 
Por esta razón, creo que los acuerdos sobre medio ambiente siempre deberían aplicarse de forma más ambiciosa en la UE. 
Sólo entonces alcanzaríamos una dinámica que permitiría conducir el desarrollo negativo del medio ambiente y la salud humana hacia una dirección más sana. 
Tenemos que apoyar la sugerencia del ponente de que esta propuesta de reglamento tenga en cuenta el Convenio de Estocolmo referente a los COP, que se concluyó en mayo del pasado año. 
El objetivo de la propuesta de reglamento es la protección del medio ambiente y la salud humana. 
Este es también el objetivo del Convenio de Rotterdam. 
Por esta razón, el ponente, Sr. Blokland, ha llegado a una conclusión acertada al proponer la sustitución del artículo 133 del Tratado, relativo a la política común comercial, por el artículo 175 como una base jurídica mejor para las propuestas. 
De este modo, las propuestas legislativas están sometidas sin duda al procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente, me gustaría realizar algunos breves comentarios con respecto a algunas de las enmiendas presentadas para la votación que se celebrará mañana. 
La mayoría hacen referencia al proyecto de ejecución del Reglamento. 
En primer lugar, con respecto a la base legal, tal y como la Comisión ya ha aclarado en el Consejo, considera que el artículo 133- y no el apartado 1 del artículo 175- constituye la base legal adecuada. 
La Comisión se ve obligada a reservarse el derecho de hacer uso de los medios legales a su disposición. 
Dada nuestra postura relativa a la base legal, la Comisión no puede aceptar que las acciones reguladoras nacionales emprendidas por los Estados miembros se encuadren únicamente dentro del marco del Reglamento y estén sujetas a los procedimientos de notificación de exportaciones y de notificación de consentimiento fundamentado previo. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 26, 33 y 34. 
Por otro lado, la Comisión reconoce que las informaciones recibidas con respecto a las importaciones comunitarias de los productos químicos para los que resulta aplicable el procedimiento de consentimiento fundamentado previo deberían, además, ofrecernos una idea lo más completa posible. 
Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 11 y 18. 
Con respecto al papel de la Comisión en la participación de la Comunidad en el Convenio, y dada su postura relativa a la base legal, la Comisión no puede aceptar la enmienda 28. 
El artículo 14 de las propuestas de la Comisión ofrece la posibilidad de una prohibición sobre las exportaciones de ciertos productos químicos que se recogerán en el anexo V. La Comisión conoce el deseo del Parlamento y del Consejo de añadir los productos químicos sujetos al Convenio relativo a los contaminantes orgánicos persistentes al anexo V, de conformidad con las disposiciones de los anexos correspondientes de dicho Convenio. 
Sin embargo, la Comisión puede aceptar la enmienda 56, sin cambios, junto con las enmiendas 41 a 46, 48, 50 y 53 asociadas. 
Las demás enmiendas se refieren a aspectos técnicos, principalmente destinados a conseguir una mayor precisión en ciertas disposiciones. 
La Comisión puede aceptar todas estas enmiendas. 
Ahora pasaré a la decisión relativa a la ratificación del proyecto. 
Se han presentado tres enmiendas y, por los motivos que ya he mencionado, la Comisión no puede aceptar el cambio de la base legal propuesto en la enmienda 1, ni puede aceptar la enmienda 3 que se deriva de la misma. 
Finalmente, la Comisión puede aceptar la enmienda 2, que reintroduce el principio de un papel principal de la Comisión en la participación de la Comunidad en los diferentes organismos que garantizan la aplicación del Convenio. 
Entregaré un resumen de la postura de la Comisión relativa a las declaraciones orales, si están ustedes de acuerdo. 
Finalmente, me gustaría dar las gracias una vez más al Sr. Blokland por el gran trabajo realizado en este constructivo y valioso informe. 
-El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-320/2002) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (programa Fiscalis 2003-2007) (10612/2/2002- C5-0383/2002- 2002/0015 (COD) ). 
Tiene la palabra el Sr. García-Margallo y Marfil, ponente. 
. (ES) Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, la Posición común que estamos discutiendo en estos momentos tiene una historia corta, pero intensa. 
En 1998, este Parlamento y el Consejo aprobaron un programa diseñado para mejorar el funcionamiento de los sistemas tributarios dentro del mercado interior. 
Hace tan sólo un año, en 2001, se hizo una evaluación de los tres primeros años de funcionamiento de este sistema. 
Me complace decir que la evolución fue satisfactoria, y también que este programa fue, en sí mismo, sometido a esa evaluación. 
Este mismo año, se nos presentó una propuesta de la Comisión para prorrogar el programa- que vencerá en la nochevieja de este año- otros cinco años, es decir, hasta el año 2007. 
Las novedades que tiene el programa que va a estar vigente en el próximo quinquenio (Fiscalis 2007) con respecto al anterior, son, a mi juicio, dos: se amplía, para cubrir los impuestos directos- lo cual es una buena noticia- y para cubrir las necesidades de los países candidatos, que es una noticia todavía mejor. 
Los objetivos genéricos del programa Fiscalis 2007 que ahora estudiamos son, a mi juicio, tres: en primer lugar, se propone que los sistemas tributarios de los países miembros funcionen; en segundo lugar, que ese mejor funcionamiento se logre a través de una cooperación entre las administraciones tributarias encargadas de aplicarlo y, en tercer lugar, que ese mejor funcionamiento a través de la cooperación sirva para erradicar el fraude. 
En cuanto a la primera idea, es decir, que los sistemas tributarios funcionen, en este programa no se trata de dar un paso más en la armonización fiscal- así lo han declarado la Comisión y, explícitamente, el Consejo- aunque a mí sí me hubiera gustado un poco más de ambición, un paso más decidido en el proceso de armonización comunitaria. 
En segundo lugar, en cuanto a la cooperación, es una idea que se repite en todos los documentos de la Comisión. 
Se hablaba de cooperación administrativa en las propuestas de 1987 para ir al IVA en origen, en el programa de 1996, en la nueva estrategia del IVA de 2000, en el código Monti de reforma de los impuestos directos, etc. se tiene el mismo objetivo; 
"Cooperación" es una palabra mágica, un tótem que se repite y que a mí me gustaría que fuese más realidad de lo que es en estos momentos. 
No puedo coincidir más con estos tres objetivos, pero tengo que hacer algunas observaciones sobre los objetivos específicos en materia de IVA y en materia de impuestos directos. 
En primera lectura planteamos unas enmiendas que no hemos querido reproducir en la segunda, en honor al Comisario. 
En estos momentos la urgencia es que este programa se apruebe para que esté en vigor el 1 de enero de 2003- de otra forma caducaría- y hemos sacrificado algunas aspiraciones legítimas que, sin embargo, quiero recordar aquí, porque reproduciremos en otro momento. 
El programa Fiscalis 2007, en materia de IVA, dice que es bueno conocer cómo funciona éste, y este afán de conocimiento, de cooperación y de coordinación empalma bien con los cuatro objetivos que fijan la estrategia del IVA para 2003: simplificar, modernizar, aplicar el impuesto de la forma más uniforme posible y un aumento de la cooperación entre las distintas administraciones. 
Sin embargo, Sr. Comisario, lamento que no se haya aprovechado este programa para avanzar un paso más en el proceso de transición al IVA en origen. 
En todos los documentos de la Comisión se repite hasta la saciedad que el mercado interior sólo funcionará bien- o funcionará mejor, si usted lo prefiere así- con un IVA en origen. 
Se nos dice también que si no avanzamos hacia el IVA en origen es porque los Estados miembros no se fían del sistema de compensación y del sistema de reasignación de recursos, que al principio se basaba en las declaraciones de los contribuyentes y después en datos estadísticos, pero que jamás ha satisfecho a los Estados miembros. 
Deberíamos haber avanzado con este programa para conocer los datos y el entramado que, a la vez que habrían hecho posible una compensación, también habrían posibilitado el deseado tránsito al IVA en origen. 
En materia de impuestos directos tampoco se ha aprovechado la ocasión para- como decía la enmienda, que no hemos querido repetir- profundizar en la relación entre la política tributaria y las demás políticas comunitarias. 
Es sabido que la política tributaria tiene un carácter instrumental respecto a estas otras políticas; daré sólo tres ejemplos: el Comisario conoce bien que, en el plan de acción de servicios financieros, se decía que había que avanzar de forma paralela en la liberalización del sector, en las normas de supervisión y control- tan conocidas ahora, después del caso Enron- y en la armonización de impuestos indirectos, para que la liberalización no se tradujese en una centralización de actividades financieras en los climas o en los países fiscalmente más benignos. 
En cuanto a las normas sobre la competencia, existe una relación evidente- sobre todo en lo referente a las ayudas de Estado- con la política tributaria. 
El código de buena conducta, que forma parte del paquete Monti, hacía referencia a las distorsiones fiscales que podrían alterar el funcionamiento del mercado único. 
El desarrollo sostenible- hemos tenido un debate sobre el tema- está estrechamente vinculado a los impuestos energéticos. 
Por eso, nuestra enmienda recomendaba que se aprovechase este programa de intercambio de información, de conocimientos y de formación para posibilitar un mejor conocimiento entre la política tributaria y las otras políticas de la Unión. 
La Comisión no ha aprovechado este viaje para avanzar en el conocimiento de los datos que hubiesen hecho posible el tránsito al IVA en origen, que sigue siendo el paraíso perdido al que todos queremos llegar, y no ha aprovechado la ocasión para favorecer el conocimiento y la interrelación entre la política tributaria y las otras políticas comunitarias a las que aquélla quiere servir. 
No obstante, insisto, los objetivos genéricos del programa me parecen bien: conocer el funcionamiento de los sistemas tributarios y cooperar entre las administraciones para erradicar el fraude. 
Me parece bien que este programa se ponga en marcha lo antes posible y, por eso, Sr. Comisario, le damos un voto de confianza al no reproducir las enmiendas que presentamos en primera lectura, para evitar un proceso de conciliación y para que este programa- que estoy seguro que el Comisario administrará muy dignamente- se ponga en marcha lo antes posible. 
No renuncio a plantear los otros objetivos en otras ocasiones, pero creo que en este momento son más importantes la prudencia y la urgencia que el valor y el perfeccionamiento del programa. 
Sr. Comisario, le deseo muchísima suerte en su aplicación. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias en nombre de la Comisión al ponente, el Sr. García-Margallo y Marfil, por su trabajo y por su actitud tan abierta. 
También me gustaría expresar nuestro agradecimiento por el hecho de que el Sr. García-Margallo y Marfil haya decidido no presentar de nuevo las enmiendas que ya aparecían en la primera lectura de esta propuesta. 
He escuchado con gran interés lo que el Sr. García-Margallo y Marfil acaba de decir. 
Muchos de los temas que ha planteado son importantes, aunque, en estos momentos, el programa Fiscalis está más limitado de lo que le habría gustado. 
Sin embargo, es importante que el programa sea adoptado antes del vencimiento, el próximo 31 de diciembre, del programa Fiscalis vigente. 
Por este motivo, me satisface enormemente que esta propuesta haya garantizado el apoyo del Parlamento Europeo en la segunda lectura y agradezco especialmente la positiva contribución del ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Sr. García-Margallo y Marfil. 
Como ya sabrán por la comunicación de la Comisión al Parlamento relativa a la posición común del Consejo, la Comisión ha expresado su satisfacción por el hecho de que el Consejo haya aprobado el planteamiento general adoptado en su propuesta original. 
La Comisión ha podido comprobar que el Consejo ha apoyado la continuación de las acciones llevadas a cabo actualmente, de conformidad con el programa Fiscalis vigente. 
En particular, la Comisión ha acogido con satisfacción el apoyo del Consejo para que estas acciones se extiendan al área de los impuestos directos. 
Sin embargo, la comunicación lamentaba la reducción del presupuesto con respecto a la propuesta original de la Comisión, de 56 a 44 millones de euros. 
Me complace que haya sido posible el acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, para que el nuevo programa pueda ser aprobado en breve. 
Quiero dar las gracias por este apoyo a los diputados del Parlamento y especialmente, como ya he dicho, al Sr. García-Margallo y Marfil. 
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción los avances realizados en este informe con respecto al programa Fiscalis para los próximos cinco años. 
Me gustaría especialmente agradecer y llamar la atención sobre la declaración incluida en la posición común. 
Como ya ha mencionado el ponente, esta declaración subraya que no se trata de un programa político, sino de un programa diseñado para mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades fiscales de los Estados miembros. 
Es importante que tengamos claro este objetivo. 
Estamos hablando acerca de mejorar la administración y en ningún caso acerca de la armonización fiscal. 
Cuando se propuso por primera vez la ampliación del programa a los impuestos directos, esto provocó grandes preocupaciones, especialmente en Reino Unido, de que pudiese conllevar medidas para introducir la armonización de los impuestos directos. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción el hecho de que la posición común indique claramente que esto no sucederá. 
Si he de hablar en nombre del Reino Unido de nuevo, acogemos esto con especial satisfacción, porque nosotros hemos sido uno de los países que hemos utilizado de manera más activa el programa Fiscalis, durante los últimos años. 
Creemos que resulta muy valioso y, por lo tanto, me preocuparía enormemente que sucediera algo que restase valor al programa y que dificultase que ciertos Estados miembros participaran en él. 
El programa tiene mucho que ofrecer. 
Ha introducido el intercambio de funcionarios; ha introducido seminarios sobre asuntos fiscales de interés común; ha previsto ejercicios de control multilateral; ha desarrollado la formación profesional, como por ejemplo los conocimientos sobre auditorías; ha mejorado la formación lingüística y ha mantenido y desarrollado sistemas de intercambio de comunicación e información. 
Todo eso resulta muy positivo y es algo que se debería agradecer, continuar y mejorar. 
Lo que siempre intentamos hacer en este tipo de situaciones es mejorar el funcionamiento de los sistemas y conseguir que las cosas vayan mejor. 
Indudablemente, ese ha sido uno de los logros del programa Fiscalis. 
Por lo tanto, resulta lamentable, tal y como ha afirmado el Comisario, que se haya producido un recorte del presupuesto. 
Todo lo que podemos esperar es que el presupuesto existente en la actualidad resulte adecuado para que el programa continúe avanzando. 
Por lo tanto, en general, acojo con satisfacción la posición común y el hecho de que parece que vamos a ser capaces de alcanzar un acuerdo y ampliar el programa. 
También me complace el hecho de que nos haya quedado muy claro que no se trata de armonizar los impuestos en modo alguno, sino de sistemas administrativos. 
Señor Presidente, la ausencia de un acuerdo institucional conduciría a una situación delicada, como ya ha reconocido el ponente, dada la urgencia de adoptar un nuevo marco Fiscalis que entre en funcionamiento el 1 de enero del 2003. 
Sin embargo, es una lástima que el acuerdo del Consejo con las posiciones del Parlamento sólo se haya establecido para un período mínimo. 
Resulta significativo que la Comisión reconozca que, aunque el objetivo del programa Fiscalis no es armonizar la legislación fiscal, haya agradecido que se incluya en las Actas una declaración en ese sentido. 
Aunque es aceptable clasificar el programa Fiscalis como una mera herramienta para reforzar la cooperación administrativa, el Parlamento Europeo tiene que preocuparse de los efectos políticos derivados de la aplicación de este programa. 
A pesar de que la evasión fiscal y el fraude tienen una dimensión nacional específica de cada país, también tienen una creciente dimensión supranacional, cimentada en el uso de sofisticadas técnicas y mecanismos. 
En un período particularmente delicado para las finanzas públicas de la Unión, estos factores no pueden ignorarse, ni tampoco podemos desperdiciar las oportunidades para cambiar y mejorar la situación fiscal. 
Cabe añadir que la UE se encuentra en el umbral de una ampliación histórica, lo que significa que, con la entrada de nuevos países y políticas fiscales diferentes, surgirán problemas nuevos e inéditos. 
De hecho, el nuevo programa amplía el ámbito de aplicación no sólo a los impuestos directos, sino también a los países candidatos. 
La mejora de los sistemas tributarios en el mercado interior es, en sí mismo, un objetivo loable, pero la lucha contra el fraude y la evasión de impuestos así como el lanzamiento de bases con un grado mínimo de armonía constituyen también oportunidades que no deberían desperdiciarse. 
Por lo tanto, lamento que la Comisión se haya acogido al artículo 95 del Tratado relativo a este asunto, y no se ha atrevido a acogerse al artículo 93. 
Formuladas las reservas y teniendo en cuenta la necesidad de entrada en vigor de un nuevo programa, apoyo la recomendación del ponente. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Bienvenida 
En nombre de esta Cámara, me gustaría dar una calurosa acogida a la delegación de Nueva Zelandia, encabezada por el presidente del Parlamento neozelandés, Sr. Jonathan Hunt, que se encuentra en la tribuna de visitantes distinguidos. 
Sr. Presidente, les damos la bienvenida. 
La delegación de Nueva Zelandia está compuesta por cinco diputados de su parlamento. 
La X Conferencia Interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y Nueva Zelandia se inauguró ayer y ya se han celebrado una serie de reuniones; para hoy están previstas otras más. 
Nueva Zelandia y la Unión Europea están estrechamente unidas por valores comunes: la fe en las instituciones democráticas y el papel decisivo desempeñado por la democracia parlamentaria. 
Les agradecemos su visita a esta Cámara en Estrasburgo; esperamos que puedan mantener diálogos interesantes durante su estancia y que los lazos de amistad entre Europa y Nueva Zelandia continúen floreciendo. 
(Aplausos) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0343/2002) del Sr. Robert Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común del Consejo (9359/6/2002- C5-0384/2002- 2001/0118 (COD) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. 
Señorías, tengo el honor de llamar al Sr. Thomas Mann, pero antes de cederle la palabra, señor Mann, permítame expresarle mi más sincera enhorabuena por haber conseguido la Cruz Federal al Mérito, que le fue concedida ayer por el Presidente Federal alemán. 
Enhorabuena, señor Mann. 
Permítanme también aprovechar la oportunidad, puesto que está aquí en la Cámara- por favor, se lo ruego- para felicitar también al dirigente del grupo, sentado justo frente a mí. En efecto, ayer recibió del Presidente Federal la Gran Cruz Federal al Mérito. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, me complace especialmente que sea usted quien presida la sesión en la que se presenta este importante informe. 
Los mercados financieros norteamericanos y europeos continúan viéndose acosados por sucesivos escándalos que indican claramente que, entre sus protagonistas, hay ovejas negras que carecen de integridad profesional. 
Se falsifican los balances financieros, se incurre en malversación de fondos y se hace llegar al público con gran destreza información falsa. 
Primero se incrementa el precio de los valores, que luego se convierten en beneficios y, poco después, se dejan caer los precios rápidamente. 
Muchos pequeños inversores han salido perjudicados por los abusos del mercado y de las operaciones con información privilegiada, por lo que claramente se impone la necesidad de aplicar normas y medidas para recuperar la confianza. 
Como ponente alternativo del Grupo PPE-DE de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, he participado en la redacción de una serie de enmiendas. 
En primera lectura, el Parlamento presentó 77 enmiendas, de las cuales, gracias a su calidad, el Consejo aprobó íntegramente 60, y 10 parcialmente. 
Al mismo tiempo, me gustaría dar la enhorabuena al ponente, Sr. Robert Goebbels, y reiterar las felicitaciones ahora que nos encontramos en segunda lectura. 
Hemos llegado a un acuerdo en aspectos importantes. 
Los puntos en cuestión incluyen la táctica desleal llamada «frontrunning» , por la cual, basándose en el hecho de que un cliente es lo suficientemente grande como para influir por sí mismo en el mercado, los corredores de bolsa cotizan por su cuenta, antes incluso de ejecutar las órdenes de los clientes. 
Esta táctica sirve para explotar la información privilegiada y está prohibida. 
La prohibición deberá aplicarse en todos los mercados que estén dentro del alcance de esta directiva. 
La cuestión sobre la manera en la que los periodistas financieros que recomiendan inversiones al público deben estar obligados a revelar sus conflictos de intereses- a los que se ha referido el Comisario Bolkestein- ha aportado material sustancial para el debate. 
Ahora no estamos hablando de información financiera objetiva, sino tratando exclusivamente de recomendaciones al público. 
Hay periodistas que han conseguido servirse de sus propias publicaciones para manipular los precios de los valores en su propio beneficio. 
Además, sería interesante para los propios periodistas hacer la distinción entre colegas acreditados y los menos dignos de confianza. 
Lo que no es aceptable bajo ningún concepto es que un pequeño grupo en una única profesión obtenga una especie de derogación. 
He propuesto, por vía de transacción, tomar la enmienda presentada por la Sra. Kauppi como base para tener en cuenta las normas de conducta profesionales de los periodistas, incluida la autorregulación, a la hora de determinar los detalles técnicos. 
El Sr. Goebbels y yo hemos presentado juntos una enmienda que incorpora esta idea en el apartado 10 del artículo 6, que trata este aspecto. 
Ha sido apoyada por un gran mayoría en comisión. 
Por supuesto, estoy al tanto de las críticas del CESR, Comité de Reguladores Europeos del Mercado de Valores, y de la carta abierta de las asociaciones de periodistas sobre su profesión, pero ahora me gustaría indicar que dicho Comité no dispone de autoridad legislativa y por tanto, no puede imponer normas vinculantes sobre el modo en el que los periodistas desarrollan su trabajo. 
La Comisión ha solicitado su opinión, como institución independiente, en calidad de entidad asesora. 
La Comisión elaborará el reglamento, que posteriormente se someterá al Comité Europeo del Mercado de Valores- que incluye a representantes de los ministros de Hacienda de los Estados miembros- y también a nosotros en el Parlamento. 
Me cuesta imaginar que la Comisión vaya a dar la espalda a los principios de libertad de prensa y los derechos de los periodistas a expresarse libremente. 
Después de todo, dichos principios se reafirman en los considerandos de esta Directiva. 
Como ponente alternativo del Grupo PPE-DE, busco apoyo para las resoluciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que datan de principios de octubre y que ahora, ligeramente modificadas, forman las enmiendas 1 y 5. 
Señor Comisario, en este punto tiene usted todo mi apoyo. 
En estas circunstancias, hay muchas probabilidades de que la Comisión y el Consejo den pronto su asentimiento. 
La Directiva podría entrar en vigor a principios de 2003, lo que significaría dar un paso decisivo hacia una mayor integridad en los mercados financieros europeos, y la mayor confianza por parte de los inversores dará lugar a un incremento en las inversiones. 
Creo que hay muchas probabilidades de obtener un amplio apoyo para este importante documento de comitología. 
La recomendación para la segunda lectura de una Directiva sobre el abuso del mercado, que estamos estudiando hoy, es apropiada y llega en el momento adecuado. 
Llega en el momento oportuno porque en los últimos dos años la confianza en la integridad de los participantes en el mercado se ha visto seriamente dañada a raíz de varios casos de abuso del mercado, principalmente en los Estados Unidos. 
Es apropiada porque la posición común plantea la necesidad de que las autoridades reguladoras tengan una flexibilidad de aplicación suficiente para poder detectar el abuso del mercado y sancionar de forma coherente y eficaz a quienes lo practiquen. 
También queda cubierto el derecho de los participantes en el mercado a tener una seguridad jurídica razonable de que sus acciones se considerarán adecuadas. 
La clave es poder tratar el abuso del mercado de forma coherente. 
Quienes tienen la intención de aprovecharse del mercado, y los conocimientos necesarios- y esto incluye a los periodistas -, o actúen con imprudencia, serán castigados. 
Sin embargo, aquellas personas cuyas acciones sean inocentes pero tengan efectos no deseados no serán castigadas. 
El hecho de que ahora estemos debatiendo tan pocas enmiendas presentadas casi 18 meses después de la propuesta inicial, cuando el sector de los servicios financieros en un principio cuestionaba que existiera la necesidad de una propuesta de este tipo, se debe a la habilidad y la paciencia de nuestro ponente, el Sr. Goebbels. 
Quiero felicitarle. 
Hemos obtenido una definición adecuada de manipulación del mercado y de instrumentos financieros cuyo uso entra dentro del ámbito de esta Directiva. 
Sin embargo, los Estados miembros deben aumentar los recursos de que disponen sus legisladores para que puedan ser eficientes en su investigación y perseguir a quienes manipulen el mercado. 
Señor Presidente, el concepto de confianza es la clave de cualquier discusión sobre economía. 
Todo nuestro sistema económico está basado en la confianza. 
Mientras la confianza no se vea amenazada, el sistema económico funcionará conforme a nuestras expectativas. 
Las expectativas de los mercados financieros están estrechamente relacionadas con el modo en que las instituciones legislativas, como el Consejo, la Comisión y el Parlamento, traten las circunstancias imprevistas. 
Los mercados financieros esperan estar regulados, pero los reglamentos deberían ser inequívocos, que no den lugar a muchas diferentes interpretaciones. 
El concepto de interpretación, en particular, desempeña un papel importante en el debate sobre la información privilegiada. 
Al fin y al cabo, ¿qué se entiende por información privilegiada y cuándo se habla de que la información privilegiada tiene un efecto real? 
El artículo 1 de la Directiva menciona las «repercusiones significativas en los precios de dichos instrumentos financieros» , un concepto que, sin embargo, debería explicarse en función del efecto de la Directiva en la práctica. 
No es posible elaborar una única norma desprovista de ambigüedad que se pueda aplicar en todas las situaciones. 
Los acontecimientos que han tenido lugar en los Estados miembros han llevado a la elaboración de reglamentos con el fin de prevenir o sancionar el fraude y la información privilegiada. 
Esta práctica nos demuestra que en muchos casos se requiere una evaluación de los hechos en una situación dada. 
En mi opinión, los periodistas están perfectamente en condiciones de determinar si hay o no información privilegiada en casos prácticos concretos. 
Después de todo, ellos son los que tienen que juzgar en el día a día si una información es «noticia» o información privilegiada. 
La razón por la que se recoge o se difunde la información constituye la base para juzgar si se trata de información privilegiada o no. 
Por estos motivos no voy a respaldar las enmiendas 6 y 7. 
No basta con declarar que la modalidad técnica no se aplica a los periodistas en el ejercicio de su profesión. 
Si consideramos el hecho de que un proceso de evaluación se realiza según unos hechos y unas situaciones, debería hacerse referencia a las normas y a la autorregulación vigentes en este colectivo profesional. 
Un llamamiento a este colectivo también constituye una cuestión de confianza. 
Aunque creo que deberían regularse una serie de cuestiones en el ámbito de los Estados miembros, los argumentos para armonizar las normas a escala europea son convincentes. 
La legislación nacional se queda corta en el contexto internacional de los mercados financieros. 
Por lo tanto, apoyo la recomendación para la segunda lectura propuesta por el Sr. Goebbels. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Goebbels, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha realizado un excelente trabajo en relación con esta Directiva. 
Sin embargo, creo que existen una serie de aspectos que deberíamos tener en cuenta. 
Estamos bastante familiarizados con asuntos como el de Enron y otros escándalos financieros, pero lo más importante es dejar de pensar que una nueva ley, un nuevo reglamento, una nueva autoridad, van a resolver las cuestiones de abuso del mercado e información privilegiada. 
Puede que la situación mejore gradualmente, pero bajo ningún concepto debemos hacernos ilusiones- repito- de que la nueva ley, la nueva directiva, la nueva autoridad resolverán de una vez por todas la cuestión de la transparencia y evitarán el abuso de los mercados financieros. 
A ello se unen una serie de preocupaciones graves, como el hecho de que el reglamento afecte a los mecanismos mediante los cuales la información llega al mercado, principalmente la labor de los medios de comunicación. 
Además, en el pasado, se ha demostrado que la herramienta más efectiva para prevenir el aprovechamiento y la manipulación de la información confidencial, entre otro tipo de informaciones, es el mercado, lo que confirma la credibilidad y validez de los métodos de producción y difusión de la información. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Huhne y con la enmienda presentada por el Sr. Huhne y la Sra. Villiers, y creo además que debemos evitar la introducción de una específica y rígida que conduciría inevitablemente, en última instancia, a una especie de reglamentación de la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo. 
No debemos caer en la ilusión de que podemos usar la ley para regular y garantizar la veracidad de la información aportada por los periodistas económicos y financieros. 
Además, correríamos el riesgo de que tal reglamento apenas surtiera efecto, en el mejor de los casos; si una persona quiere aprovechar de la información que posee de forma indebida, siempre encontrará la forma de hacerlo, independientemente de lo que hagamos o de la ley vigente en la materia. 
Señor Presidente, es esencial que existan unas normas estrictas para evitar el uso de información privilegiada y castigar a quienes manipulen el mercado, incluidos los periodistas y los profesionales del mercado. 
Es esencial proteger a los pequeños inversores de las malas conductas de quienes utilizan información privilegiada. 
Quisiera que constara en acta mi agradecimiento al Consejo, a la Comisión y al ponente por poner sobre la mesa varios temas relacionados con las prácticas de mercado aceptadas, productos financieros derivados y murallas chinas en primera lectura. 
Pero este proyecto de Directiva ignora algunos problemas de gran importancia. 
Es motivo de gran preocupación, como hemos oído, para muchos periodistas y agencias de noticias de toda la Unión Europea, agencias de noticias que viven o mueren gracias a su reputación de integridad y su exquisita conducta pública. 
Estoy de acuerdo en que los periodistas deberían someterse a las normas sobre el abuso del mercado. 
Estoy de acuerdo en que los periodistas deberían someterse a las normas para evitar conflictos de intereses. 
Estoy de acuerdo en que deberíamos aplicar unos mecanismos estrictos para ejecutar estas normas. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con el ponente en que el Comité de Reguladores Europeos del Mercado de Valores sea el organismo adecuado para ello. 
En el caso de los periodistas, las normas deben ser aplicadas por reguladores especializados en medios de comunicación, que conozcan cómo funcionan los medios de comunicación y entiendan los temas relacionados con los periodistas. 
El CESR no tiene la experiencia necesaria para regular a los periodistas. 
Ha demostrado ya que no entiende cómo funcionan los medios de comunicación. 
Las propuestas de su documento de consulta serían impracticables e inviables. 
A los periodistas se aplican cuestiones constitucionales especiales a causa de las exigencias y la importancia de una cuestión constitucional vital, la libertad de expresión. 
Es vital que respetemos estas cuestiones constitucionales. 
Y por lo menos se puede argumentar que en algunos países, otorgar este papel al CESR sería inconstitucional y contrario al principio de la libertad de expresión. 
La libre circulación de información en los mercados es absolutamente vital para evitar el abuso del mercado y proteger a los pequeños inversores. 
Si interrumpimos este flujo de información en el mercado, nos encontraremos en manos de quienes los manipulan. 
Ésta sería la consecuencia de dejar que el CESR regule a los periodistas aunque no entienda los problemas de los medios de comunicación. 
En primera lectura, los diputados del Parlamento Europeo opinaron que el apartado 5 del artículo 6 no apuntaba a los periodistas. 
A pesar de esta afirmación, el CESR ha indicado que regulará a los periodistas. 
Esta es la piedra de toque. 
Es la primera vez que hemos utilizado el proceso Lamfalussy. 
Necesitamos utilizar nuestro poder de codecisión para enviar un mensaje claro al CESR de que asumiremos las prerrogativas y los poderes de la única institución electa de la UE y daremos nuestro apoyo a la enmienda 7. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar por dar las gracias a los miembros de todos los grupos, pero en especial a todos los que pertenecen al mío, que han trabajado sobre este informe en nuestra comisión y que han demostrado compromiso, conocimiento y pasión- tal como se ha demostrado en este debate- a la hora de abordar un tema tan importante. 
Es una Directiva importante y necesaria; es una Directiva que deseamos; queremos alcanzar un acuerdo con el Consejo y queremos que la Directiva entre en vigor a principios del año 2003. 
Esta Directiva es la primera que se elabora según el nuevo procedimiento de comitología. Considero que está basada en siete puntos. 
El primero es que la Directiva sobre información privilegiada, que establece el marco, tiene trece años. 
Han pasado muchas cosas en este tiempo. 
Está basada en los resultados del Consejo de Lisboa y en las conclusiones de la Cumbre de Estocolmo. 
Forma parte del plan de acción sobre servicios financieros. 
Es una respuesta al 11 de septiembre, puesto que la Directiva refleja lo que los Estados miembros desean con el fin de estar mejor capacitados para contraatacar de forma más eficaz el terrorismo. 
Es una respuesta a Enron, a Microsoft y al juicio de EM.TV; la actual sociedad de la información facilita el tráfico de información privilegiada explotando las múltiples fuentes de información disponibles. 
Tenemos que establecer la confianza en el sector de los servicios financieros, en los mercados financieros y en la economía. 
Esta Directiva ayuda a ello velando por la integridad de los mercados financieros europeos, estableciendo las normas para combatir el abuso del mercado en Europa y reforzando la confianza de los inversores en el mercado financiero europeo. 
No obstante, me gustaría decir que nosotros no nos lo hemos puesto muy fácil, tal como demuestra este mismo debate. 
Entre el informe del Sr. Goebbels para la primera lectura, y el asunto que tenemos hoy entre manos, hay otros dos puntos de vista extremos más. 
Sin embargo, permítanme señalar que no se trata de una Directiva de periodistas, sino de una Directiva sobre información privilegiada y manipulación del mercado. 
Esta Directiva no pretende excluir a nadie, pero tiene que tratar las diferencias cualitativas. 
No deberíamos esperar que esta Cámara tome ninguna decisión destinada a promover la censura e infringir los derechos y libertades fundamentales. 
Esta es la base de nuestro trabajo político. 
Porque queremos unir a ambas partes, combinando los argumentos del Sr. Huhne, la Sra. Villiers, la Sra. Kauppi y los de las partes afectadas, la comisión llegó a una propuesta de transacción y creo que ella y la perspicacia nos han permitido llegar a un acuerdo muy amplio y muy bueno, basado en el papel especial de los periodistas y en la posibilidad de autorregulación. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, muchos de los implicados en esta cuestión solían preguntarse si la reglamentación es necesaria, y todavía se lo preguntan. 
En mi opinión, la respuesta a esta pregunta debería ser un sí rotundo y sin ambigüedades, incluso a pesar de que muchos de los protagonistas adopten la postura contraria. 
En principio, me opongo a la proliferación de normas. 
Espero que en el futuro, los políticos, las estrategias políticas e incluso la Comisión sean juzgados de acuerdo con las normas y directivas que han abolido o unificado, más que por lo contrario. 
No obstante, esta situación es bastante diferente. 
Hablamos de honestidad, de confianza; tiene que ver con la prevención del robo, de la inseguridad y, a fin de cuentas, del fraude. 
Me complace que se vayan a incrementar los controles y es de esperar que habrá más sanciones en el futuro. 
Volviendo al tema del periodismo y de la libertad de los medios de comunicación, apoyo plenamente lo que ha dicho el Sr. Karas sobre el principio de defender la libertad de opinión y oponerse a todo tipo de censura. 
Sin embargo, creo que no basta con adoptar la postura, como hacen algunas personas de esta Cámara, de creer que el buen nombre de algunos medios de comunicación y algunas organizaciones del sector que se han mencionado garantiza que no se produzcan tales abusos. 
Reconozco que yo mismo pensaba de esta manera y lamentablemente, soy muy consciente de que los editores y los periodistas son humanos, pero la línea que divide la honestidad y la respetabilidad por un lado y una conducta dudosa por otro, es muy, muy fina. 
Por esta razón, creo que en estos momentos, una buena reputación no ofrece las suficientes garantías y pienso que hay que regular el sector. 
Arthur Andersen también tenía buena reputación hasta que se vio afectado por el desastre. 
Estoy a favor de que se declaren estos intereses. 
Creo que tenemos el deber ante el público de plantear los problemas y de buscar enfoques que encuentren soluciones incluso en los ámbitos más delicados. 
De cara al futuro, soy partidario de demostrar si hemos sido capaces de hacerlo bien en esta primera fase, con todos los matices que haga falta. 
Entonces tendremos que realizar cualquier ajuste que sea necesario. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, he pedido de nuevo la palabra para hablar de este tema a causa de algunas observaciones efectuadas por la Sra. Villiers, la Sra. Kauppi y el Sr. Huhne. 
Tanto la Sra. Villiers como la Sra. Kauppi han dicho que se está atacando la libertad de expresión. 
Con todos mis respetos por las diputadas y diputados que han hablado y que acabo de mencionar, esto es una caricatura de los objetivos de esta Directiva. 
Los periodistas financieros son libres de escribir lo que quieran. 
No existe la menor duda de que pueden escribir lo que quieran. 
Lo único que dice la Directiva es que, cuando recomienden a sus lectores invertir en unas determinadas acciones en las que ellos mismos hayan invertido, deben decirlo. 
En otras palabras, si los periodistas financieros aconsejan a sus lectores que compren acciones de una empresa determinada, si ellos también han invertido en dicha empresa, deben declarar cuántas acciones poseen. 
No entiendo de qué forma esto puede constituir un ataque a la libertad de prensa o, como ha dicho el Sr. Huhne, una regulación de la prensa o de los medios de comunicación por la puerta trasera. 
¿Por qué la norma de la transparencia debería aplicarse sin excepción a todos quienes operan en el mercado de valores pero no a los periodistas financieros? 
Al fin y al cabo, simplemente les pedimos que sean transparentes en cuanto a sus inversiones en las acciones que recomiendan a sus lectores. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0324/2002) del Sr. Ward Beysen, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, relativa a la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo (COM (2001) 775-C5-0111/2002-2001/0311 (COD) ) por la que se modifica la Decisión nº 1254/96/CE que establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea propone la revisión de las orientaciones sobre las redes transeuropeas de energía, a fin de actualizar la política europea en este ámbito. 
Desde 1996, año en que se adoptaron las primeras orientaciones, se han producido hechos destacados en la escena energética europea. 
Me limitaré a señalar los más significativos, es decir, la primera fase del mercado interior, una utilización creciente del gas natural- que refleja, asimismo, nuestra preocupación por una mayor protección del medio ambiente -, la fijación de objetivos más ambiciosos respecto a la utilización de las fuentes de energía renovable y, por último, las perspectivas hoy confirmadas de ampliación de la Unión. 
La propuesta de la Comisión traduce estos hechos en las prioridades de nuestra política para las redes de energía y en las demás disposiciones de las orientaciones. 
El elemento más importante de nuestra propuesta es la fijación de doce ejes prioritarios para el desarrollo de las redes energéticas, verdaderamente integradas a escala europea. 
Esos ejes determinan los corredores esenciales para el funcionamiento competitivo del mercado de la energía y la mejora de la seguridad del abastecimiento energético, en concreto, respecto al gas natural. 
Me complace recordar que el Consejo Europeo de Barcelona dio el visto bueno a la rápida realización de estos proyectos y reconoció en términos contundentes su importancia política para el conjunto de la Unión Europea. 
Quisiera recordarles que, además de las propuestas de revisión de las orientaciones relativas a las redes de transporte y energía, la Comisión ha propuesto también adaptar ciertas disposiciones del Reglamento relativo a las ayudas financieras en el ámbito de estas redes. 
En este contexto, la Comisión ha sugerido la posibilidad de conceder una ayuda financiera más elevada, concretamente hasta el 20% de los proyectos prioritarios de redes de energía. 
Es evidente que sólo se concederá una ayuda más elevada a los proyectos que realmente lo necesiten y en los que exista una perspectiva clara de acelerar el desarrollo, la realización efectiva y un valor añadido para el conjunto de la Unión. 
Por lo que respecta a las redes de energía, esta focalización de los medios financieros se realiza con un presupuesto limitado, poco elevado, constante, y, por lo tanto, no debería plantear a priori ninguna inquietud en cuanto al impacto sobre la competencia o sobre el gasto, porque, insisto, se trata del mismo volumen y de la misma cantidad. 
Por último, respecto a todas las consecuencias de la ampliación, quisiera pedirles un poco de paciencia. 
Un número importante de proyectos de interés para los países candidatos a la adhesión figura ya en la presente propuesta. 
No obstante, la Comisión considera necesario un primer período de funcionamiento más competitivo del mercado de la energía en esos países antes de proponer su integración en los ejes prioritarios. 
En cuanto sea posible, la Comisión presentará una propuesta en este sentido. 
Señor Presidente, Señorías, he resumido brevemente los objetivos perseguidos por la Comisión a la hora de presentar esta propuesta y espero con gran interés el debate sobre este asunto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la importancia particular que reviste este informe queda patente en las mismas explicaciones introductorias que ha dado la Comisaria en su intervención. 
Debido a la congestión y de la insuficiente actividad conjunta, los Estados miembros sólo pueden disfrutar hasta cierto punto de las ventajas de la apertura de los mercados, lo que significa que las ventajas competitivas para los consumidores son cada vez menores. 
En consecuencia, la Comisión Europea está en lo cierto al proponer una reforma de las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. 
La propuesta revisada toma en cuenta la liberalización de los mercados energéticos, la creciente dependencia exterior del sector de la energía y los requisitos cada vez más estrictos para que se acepten fuentes de energía sostenibles. 
Estos son los objetivos destacados por los líderes políticos en los Consejos Europeos de Estocolmo y de Barcelona. 
El núcleo de esta propuesta consiste en la elaboración de una nueva lista de proyectos prioritarios. 
Los Estados miembros dedicarán especial apoyo y atención a estos proyectos. 
El máximo porcentaje destinado a cofinanciación aumentará del 10% al 20% y, a partir de ahora, la fase de construcción tendrá prioridad. 
La cuestión que nos viene inmediatamente a la cabeza es si se trata de la mejor solución. 
En mi opinión, creo que las ayudas financieras al sector de la energía no son una buena solución, porque considero que van en contra de la tendencia actual hacia la liberalización y la creación de un mercado interior competitivo. 
Hay que destacar que la mayor responsabilidad recae en el sector energético y en la propia industria. 
Las medidas adoptadas sobre la base de esta decisión no deberán bajo ningún concepto distorsionar las prácticas competitivas en el mercado interior de la energía. 
También creo que la ayuda comunitaria debería limitarse únicamente a la fase de diseño. 
Las ayudas financieras en la fase de construcción, tal como propone la Comisión, deberían concederse únicamente en casos excepcionales. 
En este contexto, la integración de las fuentes de energía renovables constituye un factor importante. 
Desde mi punto de vista, contribuirán en un futuro a la diversificación de fuentes de energía y por lo tanto, a la continuidad del abastecimiento energético en la Unión Europea. 
Por tanto, habría que promover ayudas destinadas a proyectos tangibles como los parques eólicos marítimos. 
El modo en el que la Comisión quiere aplicar todas estas medidas nos hace plantearnos una serie de cuestiones. 
Creo que no es buena idea conceder al Parlamento el derecho de control sólo cuando las cuestiones conllevan cambios estratégicamente importantes de las especificaciones del proyecto. 
Creo que es importante encontrar el equilibrio entre una reacción rápida de la Comisión ante los nuevos desarrollos por un lado, y por otro, la necesidad de ejercer un control efectivo por parte del Parlamento. 
Para satisfacer la necesidad de transparencia, la Comisión tiene que presentar informes periódicos. 
Por último, me gustaría hacer hincapié en que hay que aplicar medidas reales si queremos cosechar los frutos del mercado interior. 
De hecho, las nuevas orientaciones podrían contribuir significativamente a resolver los siguientes problemas: la continuidad del abastecimiento de energía, la integración de la energía renovable, las zonas remotas y la perspectiva de la ampliación. 
Me gustaría indicar claramente que la ayuda comunitaria debe aplicarse de forma pragmática y que, en primera instancia, el propio sector energético debería asumir su responsabilidad. 
Señor Presidente, le agradezco sinceramente a mi colega, el Sr. Beysen, el trabajo realizado. 
Ha tenido en cuenta de modo ejemplar los puntos de vista de los ponentes alternativos en la fase de formulación y los niveles de cooperación que hemos podido comprobar han sido muy fructíferos. 
No olvidemos que dentro de poco más de un año, diez nuevos Estados miembros pasarán a integrar la Unión Europea. 
Sus preocupaciones también son nuestras preocupaciones. 
Los países candidatos deberán formar parte lo antes posible de programas tales como el de las RTE de energía. 
Todos los países candidatos adolecen de muchos problemas en sus redes de transmisión de electricidad. 
Cuando se cierre la central nuclear de Ignalina, si se llega hacer, e independientemente de las decisiones que se tomen sobre el esquisto bituminoso, las estrategias energéticas de los países bálticos no podrán basarse exclusivamente en Rusia. 
¿Qué calendario propone la Comisión para incluir a los nuevos Estados miembros en las redes transeuropeas? 
He hecho hincapié en la cuestión de si la UE debe o no apoyar al sector privado. 
La filosofía básica que se pretende transmitir con esto es que el sector de la energía permita que la economía de mercado trabaje sin ayuda. 
El sector público sólo concederá ayudas al sector privado en casos excepcionales. 
La contribución de la Comisión, que al fin y al cabo procede del dinero del contribuyente europeo, no debe incrementarse del 10% al 20%. 
Antes, la ayuda se concedía únicamente para estudios en la fase de planificación. 
Si la nueva propuesta de la Comisión se acepta, también se concederán ayudas al desarrollo de proyectos. 
Siempre cabe el riesgo de que los coordinadores de proyectos incrementen los costes para obtener la mayor cantidad posible de ayudas procedentes de la Comisión. 
Es positivo que la Comisión conceda las ayudas necesarias para construir redes transeuropeas. 
Sin embargo, este programa y estas sumas de dinero tendrán un efecto limitado y no servirán para resolver los problemas que plantean las infraestructuras energéticas en Europa. 
La solución del problema de los cuellos de botella está en cada uno de los Estados miembros y no tanto en este programa de la UE. 
Al construir las líneas de conducción de electricidad surgieron muchos problemas debido a las decisiones que se tomaron en el ámbito local y regional. 
Los residentes se quejan de las radiaciones electromagnéticas, del impacto medioambiental, de los paisajes arruinados, etc. Por esa razón no se han encontrado soluciones para descongestionar el mayor cuello de botella que hay en las redes eléctricas europeas, en la frontera entre España y Francia. 
Las cuestiones relativas a la tecnología no deben relacionarse con este programa. 
Ahora estamos hablando de redes transeuropeas, sin adoptar una postura acerca del tipo de tecnología que se va a usar para producir la energía transmitida a través de la red, ni de la clase de fuente que la generará. 
El papel complementario que desempeñan las fuentes de energía renovables en la producción básica es una parte del abanico energético europeo. 
En algunas circunstancias, constituyen excelentes soluciones locales. 
Este informe trata de la infraestructura, no de la producción de energía. 
La red y la producción deben mantenerse separadas. 
Por otro lado me gustaría mencionar la enmienda 9. 
Si lo que se sugiere es que las fuentes de energía renovables van a suponer una reducción del coste para los consumidores, he de decir que no es cierto. 
Todas las investigaciones demuestran que la energía nuclear es la opción más barata para el consumidor entre todas las formas de energía. 
La Comisión propone una interconexión eléctrica de al menos un 10% de la capacidad como nivel mínimo europeo, pero el nivel de interconexión es ya de un 20% en algunos países. 
La Comisión debería subir el listón de sus objetivos e insistir en un nivel del 20% en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría empezar por dar las gracias al Sr. Beysen. 
No suelo comenzar mis discursos felicitando al ponente, porque creo que éste es nuestro trabajo y por lo general, lo solemos hacer correctamente. 
Sin embargo, creo que el Sr. Beysen merece un reconocimiento especial por haber desarrollado la dura tarea de ponerse en contacto con los demás grupos desde el principio, con el fin de conseguir que el informe fuera lo más unánime posible antes de llevarlo al pleno. 
Y lo ha conseguido de forma admirable. 
Gracias por habernos implicado desde el principio. 
Gracias a ello, en nombre de mi grupo creo que no se necesita presentar ninguna enmienda porque, en mi opinión, lo que ha hecho el Sr. Beysen está bien como está. 
No obstante, me gustaría comentar brevemente tres aspectos políticos que me parecen importantes. 
En primer lugar, tal como ha comentado la Comisaria, esta decisión surge a raíz de la liberalización del mercado energético. Dicho de otro modo, contribuye a lo que ya se contempla en la agenda del Consejo. 
Y con respecto al paquete completo de medidas para abrir el mercado energético, si no me equivoco, hemos cumplido con nuestro deber a tiempo. 
Adoptamos nuestra primera lectura en el pleno del día 13 de marzo, tras la insistencia del Consejo en que nos diéramos prisa. 
La Comisión hizo lo mismo; también ella ha cumplido con su deber, no como el Consejo. 
El Consejo está haciendo lo que hace siempre, y lo hace muy bien: no hace nada de nada. 
Se sienta, habla y nunca toma ninguna decisión. 
Esta actitud contribuye a engrosar la indecisión institucionalizada y por eso mismo hemos de decir aquí y ahora que se trata de un paquete global y queremos resultados para poder avanzar. 
En segundo lugar, creo que la Comisión tiene razón en este contexto al sugerir (y nuestra resolución debería reflejarlo) que los proyectos estratégicamente importantes sobre redes transeuropeas en el sector de la energía deberían tener la máxima prioridad. 
Con ello nos referimos a los proyectos que son vitales para la seguridad del abastecimiento energético, proyectos que desde el punto de vista estratégico son fundamentales para la apertura del mercado, especialmente los relacionados con una parte de este paquete al que me he referido, principalmente el reglamento sobre el que el Sr. Mombaur hizo de ponente. 
Es una pena que hoy no esté con nosotros; creo que él también habría añadido algunos comentarios. 
En tercer lugar, al contrario de lo que ocurre con las redes de tráfico, la industria y las empresas implicadas en las redes de energía normalmente ganan dinero de verdad. 
¡Ganan dinero! 
Eso significa que la industria es la principal responsable de financiar estos proyectos. 
Nuestro trabajo como legisladores consiste en apoyar esto sentando las condiciones marco necesarias, lo que me hace volver de nuevo al hecho de que el Consejo necesita dejar las cosas atadas al respecto. 
Por tanto, esta es la manera en que queremos abordar este tema, mediante la cofinanciación del apoyo pero con las empresas al frente cuando se trate de aportar fondos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada también me gustaría dar las gracias al Sr. Beysen por su excelente informe. 
Ha planteado algunos puntos importantes y nuestro grupo respalda su enfoque. 
La Comisión propone el aumento de la ayuda financiera a las redes transeuropeas. 
Esta medida merece nuestro apoyo con el fin de impulsar el mercado interior del gas y la electricidad. 
Tal como se ha dicho con anterioridad, también es importante conectar a los nuevos Estados miembros con el mercado interior de la energía. 
Este punto de vista se encuentra incluido también en el informe adoptado por el Parlamento sobre el intercambio transfronterizo de electricidad. 
También se ha dicho que la responsabilidad principal sobre la construcción y el mantenimiento de las redes de energía adecuadas recae en la industria y las empresas de la UE. 
En este sentido, las redes de energía difieren de las redes transeuropeas en que éstas reciben grandes cantidades de dinero público. 
Sin embargo, los explotadores de las redes no tienen ningún interés en eliminar los cuellos de botella que se producen en el abastecimiento de la energía a sus vecinos. 
Por esta razón, la intervención estatal y la ayuda de la UE para promover la competencia está perfectamente justificada. 
Como es natural, también tenemos que procurar que la ayuda financiera no distorsione la competencia y que se destine a buenos propósitos. 
Al concentrar la ayuda de la UE en los proyectos prioritarios, se favorecerá la desaparición de los cuellos de botella y se promoverá la competencia, ofreciendo a los consumidores una selección más amplia. 
De este modo, las fuentes de energía de las que dispone Europa tendrán un uso más efectivo, impulsando la economía europea. 
Al desarrollar las redes transeuropeas de energía, hay que tener en cuenta además las consideraciones sociales y económicas. 
También tenemos que garantizar que las redes lleguen hasta las islas y las regiones periféricas y remotas. 
Si es necesario, debemos aportar la ayuda necesaria para conectar las redes de estas regiones con otras redes. 
De conformidad con las decisiones de la Unión, también debemos favorecer la diversificación de formas de energía e incrementar el uso de fuentes de energía renovables. 
Debemos garantizar que la energía renovable descentralizada acceda a la red a costes razonables. 
Los numerosos daños provocados recientemente por los temporales nos recuerdan que debemos insistir en que las empresas y la industria estén suficientemente preparadas para reparar los daños de forma rápida y reponer las redes en todas las regiones de la Unión. 
Señor Presidente, he tomado la palabra para explicar a los diputados que quieran escucharlo el significado de la enmienda que he presentado, la enmienda 22 para ser más precisos. 
Plantea una serie de cuestiones relacionadas con la región que represento, Cerdeña, pero que también afectan a todas las islas de la Comunidad, y por lo tanto a unos 15 millones de ciudadanos repartidos por todos los mares de Europa. 
El marco general que regula las redes transeuropeas descritas en esta propuesta incluye, por supuesto, el deseo y la intención de ayudar a las regiones subdesarrolladas. 
La enmienda que he presentado equipara la situación de las islas a la de las regiones menos desarrolladas, puesto que la energía es uno de los sectores en los que las islas están en mayor desventaja: no hay ni una sola isla en nuestro continente que no presente problemas de energía en términos de coste, cantidad, capacidad de progreso y de desarrollo económico. 
Se han tomado algunas medidas prácticas, puesto que se ha incluido en la lista de proyectos de interés común un importante proyecto de dos islas de la Comunidad, Córcega y Cerdeña, relativos en concreto a la canalización del gas que permitirá distribuir una cantidad considerable de gas metano procedente de Argelia en Italia, Francia y el sur de Alemania. 
Se ha incluido entre los proyectos de interés común, pero todavía no se encuentra entre los proyectos prioritarios. 
Espero que, si el Parlamento Europeo aprueba esta enmienda, se logre dar un mayor impulso a este proyecto, del que un amplio sector de Europa espera su aplicación y si es posible, a otros proyectos que puedan aplicarse a partir de éste. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, gracias por este informe. 
Estamos tratando de construir un sistema logístico en la Unión Europea. 
Aparentemente el consumo de electricidad continuará aumentando en los próximos 20 años, pero la tasa de crecimiento tenderá a caer o a aumentar más despacio. 
Al mismo tiempo, la producción de electricidad y de otras formas de energía descenderá en comparación con el consumo. 
En los países nórdicos hemos abierto nuestros mercados de electricidad. 
Por ejemplo, en mi país, Finlandia, las familias pueden elegir su compañía de suministro eléctrico desde hace muchos años. 
Esta práctica ha funcionado bien en los países nórdicos e incluso Noruega, país que no pertenece a la Unión Europea, participa de esta iniciativa. 
Las fuentes de energía renovables están adquiriendo mucha importancia en nuestros sistemas logísticos; limitar las emisiones de dióxido de carbono se ha convertido en una cuestión primordial. 
El gas natural también está adquiriendo mucha importancia. 
Debemos permanecer vigilantes ante la emergencia de monopolios y la dependencia de un solo proveedor, puesto que nos causarían muchos problemas. 
Recordemos lo que ocurrió con Enron o cómo le van las cosas a algunas grandes empresas del Reino Unido. 
¿Dónde se encuentran las fuentes de energía más importantes y más cercanas desde el punto de vista de la Unión Europea? 
En Rusia. 
Ahora que la Comisaria competente está escuchando atentamente, me gustaría proponer que para la próxima cumbre de la Unión Europea y Rusia se intente llegar a algún tipo de acuerdo sobre energía- gas y electricidad- porque estamos muy interesados en ambas fuentes y porque vamos a depender de Rusia en cuanto al gas se refiere, durante al menos unos 20 años. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, tenemos que congratularnos de propuestas e informes como éste de hoy, porque incluye a las regiones ultraperiféricas al fijar orientaciones en materia de energía. 
La escasez de ésta en dichas regiones es precisamente una de sus desventajas más significativas, que ahora se pretende corregir. 
Aprovecho esta intervención para solicitar una precisión al anexo que fija las redes de gas natural en las regiones ultraperiféricas. 
Hay un error muy importante que me gustaría señalar, aunque, lógicamente, debe ser la autoridad española quien lo traslade. 
El apartado «E.07» incluye dos nuevas terminales en las Islas Canarias. 
Una, según el texto, en Santa Cruz de Tenerife y la otra, en Las Palmas de Gran Canaria. 
Nosotros- y el sector- entendemos que se trata de gas natural en la isla, no en la capital, es decir, Tenerife por un lado y Gran Canaria por otro. 
Señorías, de conformidad con el apartado 5 del artículo 120 del Reglamento, la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. de Palacio, tiene ahora la última palabra. 
. (ES) Señor Presidente, quiero agradecer a todos los oradores las precisiones y los problemas que han planteado. 
Quiero resaltar la magnífica labor realizada por el ponente, Sr. Beysen, y decir que compruebo que, en general, la Comisión y el Parlamento comparten el mismo punto de vista en cuanto a las redes transeuropeas como elemento esencial para facilitar la realización del mercado interior del gas y de la electricidad. 
La Comisión acepta la gran mayoría de las enmiendas propuestas, con alguna adaptación de su redacción en determinados casos. 
Dichas enmiendas completan o aclaran el texto de la Comisión. 
Facilitaré la lista exacta de todas ellas, señalando también las que no podemos aceptar porque contienen orientaciones ajenas al contexto de los objetivos planteados por la Comisión. 
Me centraré, sin embargo, en una explicación de las enmiendas 8, 10 y 11, que se refieren al Anexo III y, concretamente, a la utilización del proceso de comitología. 
La Comisión, en aras de la transparencia y la claridad, propone que se incluyan descripciones detalladas de los proyectos en este Anexo III de las orientaciones. 
En nuestra opinión, con ese grado de detalle, debería considerarse un Anexo técnico y su actualización- frecuente y necesaria- debería decidirse de acuerdo con el procedimiento de comitología. 
Señorías, les recuerdo que la utilización del procedimiento de comitología va más allá de lo que son estas redes transeuropeas y está siendo objeto de un análisis del acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones, y que los problemas que pueda plantear el Parlamento deberán encontrar una solución en ese ámbito. 
También quiero señalar, Señor Presidente, que, en cualquier caso, la Comisión presentará anualmente un informe sobre el desarrollo de las redes transeuropeas y el avance respecto a los proyectos y, si es posible, las modificaciones de los mismos en el Anexo III. 
Agradezco, una vez más, el apoyo del Parlamento a esta propuesta, el trabajo del Sr. Beysen, de todos los oradores y espero que consigamos una solución rápida también por parte del Consejo. 
Señor Presidente, antes de empezar a votar sobre el presupuesto y las enmiendas al mismo, quisiera hacer algunas declaraciones y someter a votación ciertas correcciones y enmiendas orales. 
En primer lugar, quisiera comunicar a los colegas de la Cámara que disponemos de un margen muy estrecho en la categoría 3, para políticas internas. 
Sólo es de 2,6 millones de euros. 
Si, a raíz de la votación, superamos el límite, me veré obligado a proponer compensaciones y nuevas reducciones en otras líneas presupuestarias. 
No es más que una pequeña advertencia. 
Y quiero presentar también algunas correcciones técnicas. 
Ante todo, la enmienda 662 de la línea presupuestaria B53004 (nueva) no debería someterse a un voto por separado porque nadie lo ha solicitado. 
Se ha relacionado como voto por separado por error. 
Lo comprobaré con todos los grupos políticos, pero entiendo que no habrá problema. 
También tenemos un ajuste técnico en el epígrafe 5. 
Las enmiendas propuestas reflejan el anuncio efectuado por Eurostat el 15 de octubre. 
Tenemos nuevos parámetros para los salarios de 2003. 
El aumento del 2,6 % se ha reducido ahora al 2%. Habrá que efectuar los ajustes necesarios para adaptarse al front-loading de 2002. 
Voy a leer rápidamente las cifras para que consten en acta. 
En la enmienda 525, el importe final debe ser 1 450 901 000 euros y nada más. 
En la enmienda 556, el importe final es de 68 890 436 euros. 
En la enmienda 650 de la línea presupuestaria A360 el importe final debe ser 38 219 720 euros. 
Y tenemos también dos nuevas enmiendas, porque no teníamos enmiendas relativas a las pensiones. 
Se refieren a la línea presupuestaria A1900, donde el importe final debe ser 412 887 000 euros, y a la línea presupuestaria A6000, donde el importe final debe ser 124 456 000 euros. 
En la enmienda 562 de la línea presupuestaria A7000 el importe final debe ser 54 916 000 euros. 
Finalmente, en la enmienda 527 de la línea presupuestaria A200, el importe final debe ser 147 529 904 euros. 
También tenemos algunas correcciones técnicas referentes a los organismos. 
Hay una observación independiente con respecto a los costes de ampliación de las agencias. 
Se han modificado ligeramente y deberían ser los siguientes: en la enmienda 583 de la línea presupuestaria B3-4201, el importe correcto es 7 150 000 euros. 
En la enmienda 589, línea presupuestaria B5-3111, el importe correcto es 300 000 euros. 
Para la enmienda 596, línea presupuestaria B5-8301, el importe final es 3 522 711 euros. 
Y para terminar, no necesitamos ninguna cifra para la enmienda 593 porque se ha eliminado. 
En este caso no hay ningún coste de ampliación. 
Hay un elemento sobre el que debemos votar, que es la línea presupuestaria A-3014, una de las líneas A-30 relativa a los cursos de posgrado europeos sobre derechos humanos y democratización. 
La referencia que aquí se hace a la Universidad de Padua no es correcta. Debería substituirse por Centro Europeo Interuniversitario. 
En realidad se trata de una nueva enmienda al proyecto de presupuesto, y debería votarse al principio. 
También me gustaría decir a Sus Señorías que, para ser coherentes con la resolución, pediré a los servicios de secretaría de la sesión que substituyan la segunda parte del primer párrafo de los motivos de la enmienda 644 relativa a Afganistán, por el párrafo 26 de la resolución, de modo que no haya diferencias entre el texto de la resolución y el de la enmienda. 
No creo que esto requiera una votación, pero sólo quería comunicarlo a la Cámara. 
Por último, un punto políticamente más importante, porque se refiere a Corea del Norte y el debate que hemos tenido sobre la KEDO y las cuestiones nucleares. 
Después de recibir información reciente sobre la declaración del Gobierno de Corea del Norte en cuanto a la posible fabricación de armas nucleares, la Comisión de Presupuestos, en su reunión del lunes pasado, me autorizó a presentar una enmienda oral en la sesión plenaria. 
En la misma se propone que la aportación total de la UE a la KEDO, que es de 20 millones de euros, se incluya en la reserva, basándose en el hecho de que el Gobierno de Corea del Norte ha admitido que está trabajando en la investigación y la producción de armas nucleares. 
Obviamente, esto se contradice con el objetivo general de la participación de la UE en la KEDO, la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana, de Euratom, que es «contribuir a reforzar y mantener el régimen internacional de no proliferación nuclear y ayudar a conseguir una cooperación adecuada tanto con Corea del Norte como con Corea del Sur para garantizar un uso seguro y pacífico de la energía nuclear.» 
Los créditos saldrán de esta reserva con la condición de que, en primer lugar, Corea del Norte demuestre que desea respetar el régimen internacional de no proliferación, y, en segundo lugar, que Corea del Norte demuestre que ha interrumpido su programa de producción de armas nucleares. 
Se trata también de una nueva enmienda al proyecto de presupuesto, y, preferentemente, debería votarse al principio. 
Finalmente, cuando lleguemos a la categoría 4, comentaré dos aspectos específicos de dicha categoría, pero esto es todo lo que quiero decir de momento. 
Señor Presidente, antes de proceder con las votaciones, permítame llamar la atención de Sus Señorías sobre las siguientes enmiendas orales al epígrafe 5. 
En primer lugar, dado que el Consejo está efectuando ahora una aportación a la operación de front-loading, y dado que el Parlamento aportará casi 43 millones de euros en vez de 40, que es lo que la mesa y la Comisión de Presupuestos decidieron el lunes por la noche, propongo que se recupere un importe de 35 millones de euros en 2003. 
De esta forma, la aportación neta del Parlamento ascendería a 8 millones de euros. 
En segundo lugar, después de la nueva cifra de Eurostat sobre ajustes salariales, que ahora ha pasado del 2,6 % al 2%, también hay que ajustar en consecuencia los importes anotados en las diversas secciones de gastos de personal. 
Tendré que presentar nuevas observaciones en la resolución. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que pasamos ahora a la categoría 4- Acciones externas- donde tenemos una situación especial porque hemos presentado una enmienda denominada «asterisco». 
Hemos superado el umbral de 72 millones de euros. 
Esta enmienda «asterisco» significa que si introducimos algún otro aumento después de este bloque 5, se reducirán los créditos para Afganistán. 
Sólo quería que todo el mundo lo supiera. 
Naturalmente, es una posición de primera lectura, pero de todas formas quería informarles de la situación. 
Señor Presidente, espero que ésta sea la última vez que hablo en esta votación. 
El lunes pasado hablábamos de Timor Oriental en la Comisión de Presupuestos, y sólo quería explicar lo que estamos haciendo. 
Para conservar una línea presupuestaria independiente para Timor Oriental- que sería políticamente importante para el gobierno de Timor y para muchos otros- se ha solicitado una votación por partes en la enmienda 674. 
Para que esta votación sea más clara, me gustaría explicar que una votación por partes significa que en la primera parte se incluirán los importes. 
Si votamos a favor de la primera parte, votamos a favor de un importe incrementado, que es de 25,5 millones de euros. 
Que yo sepa, esto es aceptable para todos. 
La segunda parte de la votación se refiere a la nomenclatura. 
Si Sus Señorías quieren una línea independiente para Timor Oriental, que es lo que recomienda el ponente, autorizado por la Comisión de Presupuestos, deben rechazar la segunda parte de la enmienda presentada por la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, espero que esto sea lo único que tenga que decir sobre la resolución. 
La resolución para la primera lectura debe ajustarse para reflejar la votación. 
Por lo tanto, el apartado 8 debe modificarse de la siguiente forma: La palabra «intención» debe cambiarse por «decisión». La cifra «40 millones» de la primera línea debe substituirse por «42 690 000» , y la cifra «40 millones» de la línea 8 debe cambiarse por «35 millones». 
En segundo lugar, hay que efectuar también ciertos cambios menores en los tiempos de los verbos del apartado 19. 
En la línea 5, la expresión «debe llevar a cabo» debe substituirse por «lleva a cabo». 
Gracias por estas aclaraciones. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quisiera empezar expresando las disculpas de la Sra. Schreyer, mi colega, que no puede estar aquí. 
Esta mañana tiene que estar en Bruselas para hablar con el Presidente, por supuesto sobre temas relacionados con la financiación de la ampliación y- también por supuesto- antes de que tenga lugar el Consejo Europeo de Bruselas. 
Muy brevemente, en nombre de la Comisión, quiero remarcar y agradecer el hecho de que el Parlamento haya adoptado una posición negociadora en la primera lectura del proyecto de presupuesto de 2003. 
Los ponentes, Sr. Färm y Sr. Stenmarck, han defendido un punto de vista que ofrece unas perspectivas razonables de conseguir un presupuesto constructivo y prudente para el ejercicio 2003 en segunda lectura. 
La Comisión responderá completamente y con rapidez las diversas peticiones y consultas del Parlamento para ayudar a una pronta resolución de los puntos pendientes antes de la segunda lectura. 
Todavía tenemos que acabar los preparativos para la ampliación, pero agradecemos al Parlamento sus ofertas referentes a 2002. 
Ni que decir tiene que esto resolverá algunos problemas de 2003. 
Hablaré brevemente sobre tres puntos: En primer lugar, debemos proseguir y proseguiremos con firmeza las reformas administrativas. 
En enero el Parlamento presentará un informe global de progreso de las reformas, para su revisión. 
En segundo lugar, debemos actualizar el presupuesto agrícola de la Unión y las necesidades de acuerdo sobre industrias pesqueras para 2003. 
La nota rectificativa se entregará a la Cámara la próxima semana. 
En tercer lugar, la Comisión observa la preocupación del Parlamento por el hecho de que ninguna de nuestras instituciones está suficientemente implicada en los preparativos de las posibles acciones conjuntas sobre Política Exterior y de Seguridad Común o en la estimación de la financiación requerida para dichas acciones. 
Evidentemente, el presupuesto de acciones externas todavía tiene que encontrar un equilibrio global razonable. 
En consecuencia, en las próximas semanas la Comisión propondrá soluciones realistas para ayudar a la autoridad presupuestaria a llegar a unas conclusiones satisfactorias. 
Señor Presidente, propongo que se añadan las palabras «Pakistán y Rusia» a la palabra «Israel». 
El Parlamento Europeo ha aprobado el presupuesto de la UE, rechazando una enmienda del Grupo EDD en la que se solicitaba el reembolso de los gastos de los diputados y diputadas a coste real. 
Desde que yo soy diputado de esta Cámara se han ido presentando enmiendas de este tipo en presupuestos sucesivos y siempre se han rechazado. 
En estos momentos en que la UE está celebrando la ampliación, es esencial que el Parlamento Europeo demuestre un compromiso con la probidad financiera y una contabilidad abierta. 
Una vez más, no lo ha conseguido. 
. 
(PT) He votado a favor de la primera lectura del proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003 porque creo que es un documento equilibrado y riguroso, que respeta las directrices establecidas en Berlín, sobre todo en lo que se refiere a las perspectivas financieras relacionadas con el uso de los fondos estructurales. 
Me gustaría incidir en dos puntos de la propuesta: el primero de ellos es la negativa por parte de la mayoría de los diputados de esta Cámara a reducir los créditos destinados a la financiación de los partidos y grupos parlamentarios europeos, una iniciativa que yo he apoyado; el segundo es el mantenimiento de una partida presupuestaria específica de ayuda económica para la rehabilitación y reconstrucción de Timor Oriental, y el considerable aumento de su cuantía comparado con el ejercicio anterior, una decisión que el Parlamento Europeo ha aprobado por una amplísima mayoría, desarrollando el proyecto de enmienda presentado en la Comisión de Presupuestos, que yo también he suscrito. 
He votado contra las líneas presupuestarias B7-6312, Arndt 605 y Arndt 361. 
Según el próximo informe Sandbæk, esta financiación de la ayuda a la población y para cuidados genésicos se utilizará para practicar abortos en los países en desarrollo. 
La Unión Europea no tiene ningún derecho legal a practicar o promover el aborto, y es inaceptable utilizar fondos públicos con este fin, ya sea en los Estados miembros, en los países candidatos o en los países en desarrollo donde es inaceptable para sus comunidades. 
. 
(FR) Por supuesto, nuestro grupo apoya la negativa del Parlamento Europeo a permitir que el Consejo de Ministros apruebe un recorte general del gasto del mercado agrario y la restitución de dicho gasto al nivel establecido en el anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003. 
Nuestro grupo celebra también la aprobación de su enmienda por la Comisión de Presupuestos, una enmienda que trata de aumentar en 20 millones de euros los créditos para facilitar el establecimiento de agricultores jóvenes en las zonas rurales, una iniciativa que está teniendo un gran éxito en Francia. 
Pero al inicio del Consejo Europeo de Bruselas, no podemos perder de vista las graves amenazas que supone para la PAC la nueva e histórica ampliación de la Unión Europea. 
Es más, el acuerdo alcanzado sobre las perspectivas financieras europeas, vigente hasta el año 2006 y que tanto le costó conseguir a Francia en la Cumbre de Berlín de 1999, no puede verse amenazado por la ampliación, considerando que el último año de aplicación de las perspectivas financieras actuales será también el año de la reforma de la PAC y que Francia empezará a ser un contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea. 
La carga que supondrá el aumento automático del gasto agrícola con la ampliación no tiene que repercutir en los agricultores franceses y, en el caso de que las subvenciones agrícolas se revisaran en el año 2006, esa revisión tendría que considerar, por supuesto, los fondos estructurales y la contribución que cada país hace al presupuesto europeo. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Celebro rotundamente la decisión, en el marco del presupuesto general de la Unión Europea, de mantener una partida específica de ayuda a la rehabilitación y reconstrucción de Timor Oriental, y un nivel apropiado de financiación. 
La votación sobre la función especial de las dos partes de la enmienda 674, en unos términos que la votación nominal deja bastante claros, continúa simplemente el espíritu de intensa cooperación y solidaridad que la Unión Europea ha demostrado hacia la nación más joven del mundo. 
Recordemos el Premio Sakharov de 1999 concedido por el Parlamento Europeo al actual presidente de Timor Oriental, Xanana Gusmão, y la promesa de ayudarle a consolidar la nueva nación, maravillosamente expresada en la Resolución de 4.10.2001 del Parlamento Europeo. 
La consideración de esta partida presupuestaria específica en el Parlamento recompensa la atención, la tenacidad y la excelente coordinación entre los Miembros que están mejor informados y mejor dispuestos hacia Timor Oriental, particularmente los diputados portugueses que ocupan algunos escaños en esta Cámara. Pero la amplísima mayoría conseguida en el pleno es también señal de que el Parlamento sigue siendo fiel a sus responsabilidades políticas y morales y que no está incumpliendo los compromisos que ha adquirido con la población de Timor. 
Eso es, de verdad, muy gratificante. 
Me gustaría felicitar al Sr. Asensio por su informe sobre la propuesta del Parlamento y el Consejo de establecer una normativa común referente a la recogida de estadísticas comunitarias del transporte ferroviario de mercancías y pasajeros, incluida información sobre seguridad, que yo apoyo plenamente. 
Al haber obtenido esa propuesta el consenso general de todas las partes afectadas, me gustaría simplemente insistir en que este instrumento legislativo facilitará, en el marco de la política común de transportes, la evaluación del sector ferroviario común. De esta forma podrán adoptarse decisiones informadas, sobre todo en lo que se refiere a la creación de incentivos para un tráfico ferroviario rápido, cómodo y seguro dentro y entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y terceros países, como alternativa a la excesiva congestión actual del tráfico rodado y aéreo, por el bien de los usuarios y, sin duda alguna, del propio medio ambiente. 
La promoción del transporte ferroviario- de la misma manera que el transporte marítimo de corta distancia o cabotaje- como una alternativa más segura y ecológica a la congestión de las redes de carreteras ha sido, desde hace mucho tiempo, una directriz básica de extrema importancia. 
Pero para tener la seguridad de que esa propuesta se basa en un debate fructífero y objetivo, es fundamental que tengamos un conocimiento riguroso y fiable de las realidades del sector, para que podamos determinar la urgencia de las decisiones estratégicas- especialmente en destinos y rutas prioritarios- y adoptar medidas que consigan una reducción aconsejable en el transporte por carretera. 
De ahí la importancia de esta propuesta de reglamento, que pretende actualizar y adaptar las estadísticas del transporte ferroviario para poder realizar un mejor seguimiento y un análisis más exacto de las tendencias en el sector, teniendo en cuenta las medidas que se adoptarán como parte del paquete ferroviario. 
Ahora que hemos alcanzado esta fase, celebro que se haya adoptado una posición común en el Consejo- con algunas enmiendas presentadas por el Parlamento- lo que demuestra que éste es un tema que une más de lo que divide y que podría tener una repercusión muy positiva en la calidad de vida de los futuros ciudadanos europeos. 
Esas son las razones por las que yo apoyo plenamente este informe. 
La propuesta que estamos votando hoy sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) es, como ya ha dicho nuestro colega, diputado y ponente, el Sr. Goebbels, una cuestión de principios básica. 
La importancia de esta Directiva y la necesidad urgente de su adopción justifican el uso que estoy haciendo de mi derecho a presentar una explicación de voto por escrito, pese a no ser miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y, en consecuencia, no tratarse de una cuestión que haya tratado a fondo. 
Por eso he querido utilizar este mecanismo para reiterar la necesidad de votar a favor de la recomendación en cuestión. 
Conductas como las que han llevado a la serie de escándalos en los mercados financieros estadounidenses, así como algunas formas de manipulación del mercado contempladas por la Directiva, tienen que ser penalizadas con eficacia y eficiencia. 
Esto es de crucial importancia, no sólo por tratarse de una cuestión de principios, como he dicho al inicio de mi intervención, sino también por tratarse de una manera de ayudar a recuperar la confianza en los mercados financieros. 
Y así se explica el espíritu de consenso conseguido en la primera lectura, que celebro. 
La serie de escándalos que han afectado a los mercados financieros de los Estados Unidos ha puesto de manifiesto la escasa integridad profesional de algunos intermediarios financieros, como ha dicho el ponente, que ha debilitado la confianza de los inversores públicos y privados y, al mismo tiempo, ha provocado dudas, sospechas e incertidumbres respecto a todas las instituciones económicas y creado una inquietud generalizada en la economía mundial. 
He votado a favor de las enmiendas a este informe porque realizan una contribución más eficaz a la lucha que tenemos que librar tenazmente contra la cara más oscura de una globalización que fomenta un nuevo tipo de delitos económicos, además de distorsiones, tapaderas y manipulaciones. 
En mi opinión, éste es el camino que tenemos que seguir para recuperar la confianza en las instituciones económicas, un requisito previo para poder crear un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia, y para acercarnos un paso más al objetivo tan esperado de convertirnos en la «economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de garantizar el desarrollo sostenible, con más y mejores empleos y con una mayor cohesión social» , como establece la Estrategia de Lisboa. 
Creo que la enmienda presentada por el ponente para que los inversores puedan acceder rápidamente a información sobre las operaciones comunicadas por personas con responsabilidades de dirección, en el seno de un emisor de instrumentos financieros, tiene una especial importancia. 
. 
(PT) Quisiera manifestar mi apoyo a las enmiendas presentadas por el ponente, Giorgio Lisi, a la iniciativa de la Comisión Europea para establecer normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de overbooking, anulación o gran retraso de los vuelos. 
Todos nosotros conocemos o hemos sido víctimas de esas prácticas, que destrozan la organización de nuestros viajes. 
Con esta iniciativa, los operadores aéreos solicitarán «voluntarios» que acepten, a cambio de renunciar a su reserva, el reembolso del precio de su billete o una plaza en otro vuelo que les conduzca a su destino final. 
Los clientes a los que se les niegue el embarque sin su consentimiento previo tendrán derecho a una indemnización económica proporcional a la distancia del vuelo. 
Estas normas se aplicarán en los casos de overbooking, anulación y retraso de vuelos, ya sean regulares o chárter. 
. 
(PT) La liberalización del transporte aéreo ha tenido claras ventajas para los pasajeros aéreos. 
Solo hay que pensar en la considerable reducción de los precios de los billetes de avión y el consiguiente aumento del volumen de pasajeros. 
En un clima en general favorable para el consumidor, siguen existiendo, al margen de los problemas de seguridad, aspectos que requieren cierta atención y que han motivado quejas frecuentes y justificadas de los usuarios, especialmente por los trastornos sufridos como consecuencia del retraso o la cancelación de vuelos. 
Por ese motivo he votado a favor de todas las propuestas dirigidas a conceder unas indemnizaciones de cuantía apropiada por los trastornos que sufren los pasajeros como resultado del overbooking practicado por algunas compañías aéreas, como parte de una política que impone responsabilidades claramente definidas a esos transportistas. 
La liberalización del transporte aéreo ha tenido claras ventajas para los pasajeros aéreos. 
Solo hay que pensar en la considerable reducción de los precios de los billetes de avión y el consiguiente aumento del volumen de pasajeros. 
A eso podemos añadir que el propio mercado interior se sustenta en la libertad de circulación. 
Ahora bien, desde el punto de vista del pasajero/consumidor, existen algunos aspectos que tienen que reconsiderarse de nuevo, sobre todo en lo que se refiere a la práctica excesivamente habitual de lo que se conoce como «overbooking» por parte de las líneas aéreas y los casos (no contemplados en la legislación anterior) en que los pasajeros son conducidos a su destino final en otros vuelos, aunque con cierto retraso. 
La situación actual ha motivado quejas justificadas de los pasajeros, especialmente por los trastornos y molestias causadas por el retraso o la cancelación de vuelos. 
Muchas líneas aéreas se han comprometido a responder mejor a las expectativas de los pasajeros, pero lo que realmente se necesita en un nuevo marco reglamentario que proteja los derechos de los pasajeros. 
Esa es la finalidad de la propuesta de la Comisión y también del Informe Lisi. 
He votado a favor de este informe sobre todo porque consigue un equilibrio entre los distintos intereses del sector y porque contiene una serie de compromisos razonables, motivo por el cual ha obtenido un amplio consenso en la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo. 
. (EN) El Grupo ELDR ha votado a favor del informe Lisi. 
Sin embargo, mantenemos serias reservas en relación con la propuesta de la Comisión sobre la compensación a los pasajeros aéreos, por los motivos siguientes: 
1) La propuesta de la Comisión no ha sido objeto de una valoración adecuada en cuanto al impacto económico, para determinar el posible efecto en el precio de los billetes y en la capacidad de elección del usuario. 
Es fundamental llevar a cabo una valoración de este tipo para garantizar que el sistema propuesto sea sostenible en la práctica. 
2) Ni la propuesta ni el compromiso del Parlamento reconocen la diferencia fundamental que existe entre las circunstancias habituales en que se produce la denegación de embarque y aquellas en las que se produce la anulación del vuelo. 
Mientras que el embarque suele denegarse a causa de un exceso de reservas, a menudo la anulación es debida a circunstancias que quedan fuera del control de la compañía aérea, por ejemplo el control del tráfico aéreo. 
La definición que ofrece el Parlamento de «caso de fuerza mayor» es una salvaguardia inadecuada en este contexto. 
Aunque se podría argumentar que las líneas aéreas deberían entablar recursos contra los responsables de cada caso, en la práctica sería muy complicado. 
3) Finalmente, y en especial cuando se trata de compañías económicas, sería preferible exigir a las líneas aéreas que ofrecieran al consumidor la opción de pagar una prima de seguro aparte, además del precio del billete, que les garantizara una compensación por aquellas anulaciones o retrasos que quedaran fuera del control de la compañía. 
Este informe está en línea con el proceso de liberalización de los mercados de la electricidad y el gas natural y tiene en cuenta las decisiones de los Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona, que proponían las nuevas directrices para estos sectores tras la decisión de su liberalización. 
Establece por tanto que, como norma, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras en el sector de la energía deben someterse a los principios del mercado. 
Eso supone una presión para la privatización del sector, incluidas sus infraestructuras, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. 
Si bien el ponente ha afirmado que el objetivo de la competencia y la consolidación del mercado interior de la energía debe lograrse permitiendo que exista la obligación de un servicio universal, la alternativa que favorece para aumentar la ayuda comunitaria a proyectos prioritarios, incluso en áreas delicadas, no puede sobrepasar el 20% y eso sólo en casos excepcionales. 
Aunque el informe va más allá de la propuesta de la Comisión, que se quedaba en un 10%, menciona sólo la fase de construcción, que sigue sometida al principio de la no distorsión de la competencia entre empresas, lo que significa defender la liberalización también en este campo y someterla al criterio del beneficio económico en lugar del beneficio social. 
La propuesta que estamos debatiendo y votando hoy, que modifica las directrices sobre las redes transeuropeas de energía, contempla la reconsideración de prioridades para las redes transeuropeas (RTE) e identifica, entre los proyectos de interés común, los proyectos prioritarios de interés europeo, que recibirán prioridad tan pronto como se decida su financiación conforme al Reglamento relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las RTE. 
La categoría de proyectos prioritarios engloba una serie de proyectos de redes de energía de gran importancia para la consolidación del mercado interior y encaminados a mejorar la seguridad del abastecimiento. 
Quisiera, no obstante, insistir en la importancia estratégica de estas RTE como una herramienta crucial para superar las restricciones impuestas por la lejanía geográfica en países como Portugal. 
Esas restricciones son especialmente importantes en las regiones más alejadas, como las Regiones Autónomas de Madeira y las Azores. 
Por eso me he declarado partidario de que tales regiones reciban un tratamiento diferenciado, dada su incapacidad para conectarse a las redes europeas de electricidad y gas. 
Por todo ello, considero fundamental que apoyemos los proyectos de producción energética basados en fuentes de energía renovables en el contexto del abastecimiento local de esas regiones y les demos la prioridad que merecen. 
Es fundamental que la regulación de las redes transeuropeas de energía esté sujeta no sólo a criterios de seguridad del abastecimiento de energía y no distorsión de la competencia, sino también a criterios de sostenibilidad medioambiental. 
Así pues, propongo que se fomente la producción de energía a partir de fuentes renovables, por tratarse del sector que consume menos recursos medioambientales. 
Es también importante que se fomente la investigación en el campo de las nuevas energías, para conseguir que se reduzcan sus costes de producción y se utilicen fuentes descentralizadas. 
He votado a favor de este informe porque creo que la estrategia propuesta por la Comisión de hacer un mayor uso del instrumento de ayudas financieras en el ámbito de las RTE (redes transeuropeas) para la consolidación del mercado interior de la electricidad y el gas es, en general, adecuada. 
De hecho, sigue la línea del informe del Parlamento Europeo, adoptado el 13 de marzo de 2002 en primera lectura, sobre la propuesta de un Reglamento relativo al fomento del comercio transfronterizo de electricidad. 
Debido al lento progreso realizado en los últimos años, reconocido por la propia Comisión- con sólo 3 de 14 proyectos específicos ya ejecutados -, la sugerencia del ponente de identificar una nueva categoría de trabajos es perfectamente apropiada. 
Así pues, se propone identificar una categoría de proyectos prioritarios de interés europeo entre los proyectos de interés común. 
En esa categoría se incluirán algunos proyectos de redes de energía que tendrán un impacto muy importante desde el punto de vista de los criterios esenciales de la política energética, a saber, la realización del mercado interior y el refuerzo de la seguridad del abastecimiento. 
Estoy también de acuerdo con la recomendación de vincular más estrechamente la producción de energías renovables a las redes de energía interconectadas, consiguiendo con ello el aumento deseado en la producción y el consumo de esas energías. 
En mi opinión, las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo sobre los plazos y la frecuencia de notificación de las exportaciones, el nivel de información requerido, la asistencia técnica y la formación son cruciales para cumplir mejor los objetivos establecidos por el Convenio de Rotterdam, por lo que esperamos que el Consejo y la Comisión acojan favorablemente esas enmiendas. 
Quisiera felicitar al ponente por su excelente trabajo. 
Esta resolución llega en un momento crucial para la paz mundial, en vista del inminente ataque a Iraq. 
El Parlamento Europeo siente la necesidad, una vez más, de adoptar una postura sobre esta cuestión, expresando todo su apoyo a la política militarista de la Unión Europea, que convierte la «lucha contra el terrorismo» en el principal objetivo de la seguridad y la política de defensa europeas y exige la plena y rápida aplicación de la ley europea sobre el terrorismo y otras medidas autocráticas de los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo comparte plenamente la interpretación estadounidense de los acontecimientos del 11 de septiembre, apoyando sus declaraciones sobre la amenaza global del terrorismo y dando crédito a la propaganda sobre los ataques a Iraq y otros países. 
Además, la resolución establece que la OTAN juega un papel decisivo en la estabilidad euroatlántica y apoya abiertamente la nueva doctrina de la OTAN, volcada como está en la lucha contra el «terrorismo». 
Por supuesto, sitúa a la Unión Europea al mismo nivel que Estados Unidos en su papel de policía del mundo, acusando a los Estados Unidos de unilateralismo. 
Con este telón de fondo, las declaraciones sobre el respeto del Estado de Derecho, la libertad y la democracia suenan tremendamente huecas. 
Consideramos que la referencia a la Carta de las Naciones Unidas es extremadamente peligrosa y reveladora, acompañada como va de la opinión de que el 11 de septiembre fue un caso de ataque armado. 
Por eso los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la resolución. 
La resolución sobre la evaluación y las perspectivas de la estrategia de la Unión Europea en materia de terrorismo un año después del 11 de septiembre de 2001 contiene algunas contradicciones. 
Entre otras cosas, quisiera incidir en algunos de sus aspectos más negativos: 
su defensa de la militarización de la «lucha contra el terrorismo» , que está cambiando el concepto actual de la defensa por lo que se entiende como un «concepto más amplio de la seguridad» , que engloba los «ataques preventivos» que estamos viendo ahora en manos de George W. Bush, y que confunde las misiones de seguridad interior de los Estados Miembros con la política de defensa; 
la consolidación de la OTAN y la colaboración con los Estados Unidos como marco de referencia para la Unión Europea en la «lucha contra el terrorismo»; 
su apoyo a la reforma de la OTAN (sus estructuras políticas y militares) para cambiar sus misiones de alianza defensiva en una alianza ofensiva; 
su voluntad de perseguir las actividades de las organizaciones y los movimientos que combaten, en ocasiones por medio de la lucha armada, la represión de la que es objeto su población, confundiéndolas con «terrorismo»; 
el uso de la guerra contra el terrorismo para avanzar en la comunitarización de la Justicia y los Asuntos Internos en la Unión Europea. 
Por todo ello, nosotros votamos en contra del informe. 
El pánico causado por el 11 de septiembre de 2001 todavía no se ha extinguido. 
El miedo al terrorismo ha llevado a adoptar decisiones que, en circunstancias normales, sólo habrían contado con el apoyo de una minoría de este Parlamento. 
Aunque los Estados miembros de la Unión Europea son más moderados que los Estados Unidos en su posición frente a una guerra preventiva y están más dispuestos a conceder ayudas económicas a los países en desarrollo, seguimos viéndonos muy afectados por las políticas tan cortas de miras de Bush junior. 
En la preparación de esta resolución, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha salido ganando sobre la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos, y los Demócrata-Cristianos y Liberales han podido imponer por mayoría su voluntad a los Social-Demócratas y a los Verdes. 
Eso significa que se está dando más importancia a la OTAN que a las Naciones Unidas y que la restricción del derecho a la libertad se ha considerado más importante que la eliminación de las causas que convierten a personas humilladas en terroristas. 
Eso es precisamente lo que se necesita para que perdure y aumente la indignación de los que son víctimas del actual reparto de poder, propiedad y riqueza en el mundo. 
Es comprensible que el partido Liberal siga queriendo añadir un enfoque caritativo a esa posición equivocada, pero eso no cambia para nada su efecto. 
Me siento decepcionado por el apoyo de los Social-Demócratas y los Verdes, que demuestra su deseo de pertenecer a la nueva mayoría parlamentaria a toda costa. 
Me opongo a dos párrafos realmente deplorables de la resolución común, pero al final he votado a favor de ella porque creo que la lucha contra el terrorismo es fundamental- es la mayor amenaza mundial de nuestros tiempos- y porque no quiero bajo ningún concepto contribuir a enviar un mensaje débil en este terreno. 
El secuestro ocurrido ayer mismo de miles de ciudadanos inocentes que habían acudido a un teatro en Moscú, creando una nueva tragedia cuya repercusión todavía no conocemos del todo, ha confirmado nuestros peores temores después de los atentados del 11 de septiembre de 1002, el atentado de Bali y otras acciones perpetradas en distintos puntos del mundo. 
Este clima brutal y cada vez más terrorífico deja al descubierto la vulnerabilidad de la sociedad moderna y debe, por esa misma razón, advertirnos de las ambigüedades y las trampas de la pseudo-justificación que, lamentablemente, abunda en el texto de la resolución. 
Bajo la presión de sucesivos compromisos, el texto es demasiado largo y se parece en exceso a un aburrido vals o a un tedioso tango, con pasos a la izquierda y a la derecha, hacia delante y hacia atrás, hasta el punto de que, al final, hasta olvidamos en qué dirección nos movemos. 
El resultado es que no llegamos muy lejos y los terroristas de todas las tendencias pueden seguir sonriendo mientras apuntan a ciudadanos inocentes e indefensos y siembran su odio, brutalidad y destrucción. 
La lucha decidida contra el terrorismo es una de las batallas políticas fundamentales en los albores de este siglo si no queremos llegar a su término en una situación peor que cuando lo iniciamos. 
Sin dar ningún paso político o moral en falso, la lucha tiene que realizarse con todos los instrumentos políticos, diplomáticos, militares, policiales y judiciales a nuestro alcance, según dicten las circunstancias del terreno y la eficacia de la disuasión o la represión, rechazando la demagogia que culpa a las víctimas y favorecen a los agresores. 
Al igual que muchos de mis colegas conservadores británicos, me he abstenido en la votación final de hoy sobre la resolución relacionada con el terrorismo porque varios de los apartados adoptados iban directamente contra el derecho inherente a la autodefensa contenido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho al ataque preventivo bajo la misma autoridad legal inherente, en caso de amenaza inminente de un Estado rebelde o una organización terrorista contra la seguridad de un país o una región. 
Además, se hace referencia a varios conceptos políticos, como la PESC, la PSDE o el proyecto Echelon. 
Sobre estos temas tenemos unas políticas bien definidas muy conocidas y difieren de las de la mayoría de este Parlamento. 
Ni que decir tiene que, como partido, condenamos las actividades terroristas de todo tipo en cualquier lugar, y como país hemos sufrido durante largo tiempo en manos de la brutal IRA y otras organizaciones paramilitares, de modo que nuestra abstención refleja también el tono más bien débil de la resolución. 
En parte parece que tiene más que ver con la protección de los derechos civiles de los terroristas que con la condena de su comportamiento asesino contra personas civiles inocentes. 
El Sr. Khanbhai ha demostrado una vez más que es un eficaz defensor de los países en desarrollo. 
Reconoce el derecho de todos los países a proteger sus productos imponiendo barreras arancelarias, pese a lo cual insta a los países ricos a que permitan la entrada de los productos exportados por los países más pobres. 
Pide también a los países ricos que dediquen como mínimo el 0,7 % de su Producto Interior Bruto a ayudas al desarrollo y reconoce la necesidad de redistribuir la propiedad del suelo agrícola. Espero que sus opiniones sean compartidas por sus colegas del grupo de los Demócrata-Cristianos y Conservadores. 
Lamentablemente, han descubierto una nueva prioridad en los últimos tiempos. 
Se trata de la prioridad del libre comercio, que apoya el tipo erróneo de globalización fomentada por la Organización Mundial del Comercio. 
Si se implanta el libre comercio, eso significará la supervivencia de los más capacitados. 
Las empresas con menos costes de mano de obra y protección del medio ambiente podrán dominar el mercado en detrimento de sus competidores, los países ricos se harán más ricos a expensas de los más pobres y aumentará la población excluida a escala nacional y mundial. 
Por consiguiente, celebro ver que una mayoría está adoptando una actitud basada en la solidaridad, más que en la opinión de «no se consigue nada gratis». 
Ya sé que se trata de una propuesta de iniciativa no legislativa que tendrá escasas consecuencias directas en la práctica. 
-De conformidad con el orden del día se procede al debate de la pregunta oral (B5-0492/02) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a la Comisión, sobre la estrategia de la Comisión con vistas a la Conferencia de Nueva Delhi sobre el Cambio Climático. 
Señor Presidente, esta pregunta se refiere a la Octava Conferencia de las Partes para el Protocolo de Kioto sobre la reducción de las emisiones de CO2. 
Es un tema urgente porque la Conferencia de Nueva Delhi, a la que se refiere la pregunta, ya está empezando. 
El Parlamento Europeo, y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en particular, están muy preocupados por mantener en marcha el impulso de Kioto. 
En la Unión Europea no todo va bien, porque algunos de los Estados miembros que han ratificado Kioto están aumentando sus emisiones de CO2, principalmente España. 
Hemos adoptado una serie de directivas con tendencia a disminuir las emisiones de CO2, y la Comisión ha presentado un programa muy útil que muestra lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer. 
En concreto estamos interesados en las propuestas de mecanismos de seguimiento, que probablemente se introducirán pronto. 
Quiero preguntar tres cosas. 
En primer lugar, ¿qué importancia tiene la Conferencia de Nueva Delhi? 
Seguramente la Comisaria dirá que es muy importante. 
Si es así, entonces la siguiente pregunta es por qué está aquí y si tiene intención de ir. 
Estoy segura de que si no tiene intención de ir, no es un síntoma de que haya bajado el nivel de la conferencia. 
Sólo queremos saber qué se cree que va a pasar en Nueva Delhi. 
Nos han llegado rumores contradictorios. 
En segundo lugar, sería interesante saber de qué forma cree la Comisión que se puede animar a otros países a participar en el proceso de Kioto. 
Por ejemplo, hace poco estuve hablando con el embajador de Australia en la Unión Europea. 
Australia no forma parte de Kioto, y obviamente no tiene intención de serlo. 
Es posible que las emisiones de CO2 de Australia no sean muy importantes, pero podría marcar el camino en el sudeste asiático, una región muy importante donde el aumento de la industrialización está incrementando estas emisiones. 
En tercer lugar, deberíamos decidir cuál es el papel de los diputados y diputadas cuando asisten a conferencias de este tipo. 
En el pasado, mis colegas han vivido situaciones incómodas al asistir a estas conferencias, por ejemplo en la Conferencia de Johanesburgo sobre Desarrollo Sostenible. 
La Comisión siempre es extremadamente útil y da el máximo de instrucciones a sus miembros, pero nuestras delegaciones no participan en las reuniones que celebra la delegación de la UE como tal. 
No entendemos por qué no podemos asistir a este proceso como observadores. 
Es absurdo que los representantes de los ciudadanos de Europa viajen hasta el otro lado del planeta para ser simples espectadores de una conferencia donde las personas que negocian en su nombre no han sido elegidas directamente en un mandato europeo. 
Quisiéramos que esto cambiara para que al menos pudiéramos tener la categoría de observadores en las reuniones que la UE celebra en estas conferencias. 
Señor Presidente, gracias por estas inteligentes preguntas sobre la COP 8, como suele denominarse, que intentaré responder de la forma más clara posible. 
En primer lugar, después de Bonn y Marrakech, la COP 8 es una oportunidad para reforzar los compromisos de los países desarrollados para reducir las emisiones de gases invernadero y repetir las llamadas a aquellos países que todavía no han ratificado el Protocolo de Kioto para que lo hagan en un futuro próximo. 
Los debates de la COP 8 en la India se centrarán ante todo en el progreso de la aplicación. Se hace para establecer cuál es la situación. 
Los países en desarrollo se preocupan por la adaptación al cambio climático y la iniciación de un proceso de nuevas medidas a tomar después de 2012, un segundo período de compromiso. 
El progreso de la Conferencia se detallará en un informe diario. 
Sin embargo, si me preguntan qué importancia tiene esta conferencia en comparación con las demás, puedo decir que no se prevén negociaciones sobre temas sustanciales. 
De modo que hay una diferencia entre los encuentros anteriores de la COP y éste. 
No quiero decir que no sea importante, pero de momento no tiene el nivel de unas verdaderas negociaciones. 
Podemos esperar que los países en desarrollo nos recuerden al mundo industrializado nuestras obligaciones para con la convención climática cuando se trate de ayudarles a favorecer la capacitación y adaptarse al cambio climático. 
La Unión Europea, junto con otros países desarrollados, quiere celebrar un debate inicial sobre el proceso para decidir nuevas medidas para el segundo período de compromiso e iniciar este proceso en Nueva Delhi. 
La semana pasada el Consejo de Medio Ambiente también pidió a otros países que participaran en un diálogo sobre este tema. 
Puedo anticipar que el papel de la Unión Europea será intentar construir puentes entre Japón, los Estados Unidos y otros países que podrían impulsar a los países en desarrollo hacia unos compromisos cuantificables para el segundo período de compromiso, a partir de ahora. 
Los países en desarrollo se oponen a ello y, naturalmente, argumentan desde un punto de vista político que nuestro papel es dar ejemplo, para demostrar que somos serios a la hora de reducir nuestras emisiones de gases invernadero, antes de que ellos acepten nada que pueda perjudicar su desarrollo. 
De modo que probablemente se iniciará este debate, pero en la Unión Europea hemos dicho que deberíamos concentrarnos en establecer el proceso, porque nuestro primer objetivo es que entre en vigor el Protocolo de Kioto. 
No debemos dejar que nada nos impida alcanzar este objetivo. 
La Comisión, junto con los Estados miembros, utilizará la COP 8 para resaltar la importancia de aplicar el Protocolo de Kioto y los acuerdos alcanzados en Bonn y Marrakech. 
Agradecemos los diversos puntos planteados en la resolución del 2 de octubre del Parlamento Europeo e intentaremos aceptarlos en la medida de lo posible. 
Un aspecto que perseguiremos en la COP 8 es un nuevo avance hacia la coalición de voluntades en cuanto a energía renovable que la Unión Europea inició en Johanesburgo. 
Discutiremos el camino a seguir con los países que piensen lo mismo y animaremos a los demás para que se unan a nosotros. 
Como saben, el Protocolo de Kioto entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 55 partes que representen al menos un 55% de las emisiones del Anexo 1. Hasta el momento, han ratificado el Protocolo de Kioto 95 países que representan un 37,1 % de las emisiones, y que constituyen más o menos dos tercios de la población mundial. 
La rapidez de la ratificación, y esto responde ya a su segunda pregunta, señora Jackson, aumentó antes y durante la Cumbre Mundial de Johanesburgo. 
Este tipo de acontecimientos suelen fomentar este tipo de reacciones. 
Y está muy bien, pero lo importante es conseguir que los países ratifiquen el Protocolo y que progresen en su aplicación. 
Durante la Cumbre Mundial, Canadá y Rusia dijeron que tienen intención de ratificarlo, mientras que otros países en desarrollo, como China, India y Brasil, ya lo han hecho. 
Yo diría que lo más importante ahora es seguir presionando a Rusia, porque todos sabemos que la ratificación de Rusia, que representa un 17,4 de las emisiones, es esencial para llegar al 55% necesario para que entre en vigor el Protocolo de Kioto. 
Naturalmente, estamos en contacto con las autoridades rusas y seguimos muy de cerca el progreso hacia la ratificación en Rusia. 
Mi colega y yo hemos instado a otras partes, con las que mantenemos reuniones bilaterales, para que ratifiquen el Protocolo de Kioto, y seguiremos haciéndolo. 
Hemos hecho todo lo que hemos podido, viajando por todo el mundo para hablar con Australia y otros países en el contexto bilateral de cada día, llamando la atención sobre este tema y la importancia de ratificar el Protocolo de Kioto. 
Y seguimos pidiendo a los Estados Unidos y a Australia que vuelvan al proceso de Kioto. 
El programa europeo sobre el cambio climático que comentaba la Sra. Jackson se lanzó el 8 de marzo de 2000 y ha identificado los elementos clave para una estrategia rentable en el ámbito de la UE para combatir el cambio climático. 
Nuestra comunicación del año pasado perfilaba un primer paquete de diez medidas con un potencial de reducción rentable de entre 122 y 178 millones de toneladas equivalentes de CO2. 
Esto nos deja casi a mitad de camino de nuestro objetivo de Kioto, de- 8%. 
La Comisión ya ha presentado propuestas para varias de estas medidas, incluido un programa de comercialización de emisiones de la UE, el rendimiento energético de los edificios, la cogeneración y una estrategia para aumentar el uso de biocombustibles en el transporte por carretera. 
Y se están tramitando otros, como la legislación sobre los niveles mínimos de eficiencia energética para los equipos de uso final o la promoción de servicios energéticos y sobre gases fluorados. 
Pero es cierto que algunos de nuestros Estados miembros tendrán que tomar medidas importantes para resolver su tendencia actual en lo que se refiere a las emisiones de gases invernadero. 
No se pueden permitir ser tolerantes en este tema. 
El transporte se ha revelado como uno de los sectores más intratables, donde las emisiones de dióxido de carbono aumentan con gran rapidez a pesar del progreso que representa nuestro acuerdo con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. 
La Comisión ha indicado que habrá que otorgar máxima prioridad a los cambios en los modelos actuales de movilidad. 
Volviendo al papel de los diputados y diputadas, aquellos con los que me reuní ayer, que formarán parte de la delegación que irá a la India, consideran frustrante que muchas veces les coloquen en el mismo grupo que las ONG. 
Como observadores, no tendrán acceso a las negociaciones o a las mesas redondas de Nueva Delhi. 
En las COP de Bonn y Marrakech algunos diputados del Parlamento Europeo formaban parte de la delegación de las Comunidades Europeas. 
En ambas ocasiones agradecí y aproveché la importante cooperación con la delegación del Parlamento Europeo. 
Ha sido muy útil que algunos miembros del Parlamento Europeo estuvieran presentes y participaran en dichas ocasiones y en las reuniones bilaterales con otros parlamentarios. 
En una carta al Presidente Cox, el presidente de la Comisión, Sr. Prodi, confirmó hace poco que, basándose en el acuerdo marco sobre relaciones entre Parlamento y Comisión, la Comisión podía aceptar la inclusión de ocho miembros del Parlamento Europeo como observadores en nuestra delegación de la Comunidad para la COP 8. 
La inclusión de los diputados en la delegación de la COP sigue las normas establecidas sobre la presencia de miembros del Parlamento en las delegaciones que participan en las conferencias internacionales. 
Después de nuestras discusiones de ayer, decidimos que por parte de la Comisión haremos todo lo que podamos para ver si algunas partes de los debates en mesa redonda pueden ser públicos o abiertos a los miembros del Parlamento Europeo, pero estamos en manos de una organización de las Naciones Unidas, de modo que sólo podemos pedir. 
De modo que deberán pedir al Consejo y a los Estados miembros si sería posible participar en las reuniones de coordinación. 
Este tema tendrá que plantearse en un contexto más general, porque afecta no sólo a los diputados que asisten a ésta y a otras reuniones sobre el cambio climático, sino también a otros foros internacionales. 
Es importante establecer para el futuro los diversos papeles y responsabilidades de la Comisión, los Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo. 
Quizás ahora no es el momento de cambiar todas las normas del acuerdo existente, pero más adelante debería plantearse de forma más general y establecer unas normas más claras. 
Agradezco en gran manera la cooperación con los miembros del Parlamento Europeo. 
Espero que seguirá siendo así en la COP 8 en la India. 
Señor Presidente, Comisaria, este ya no es un asunto sobre el que cabe negociar- sino acerca del que hay que emprender acciones. 
Yo diría que, desde el punto de vista de la nueva agenda política de la Unión Europea, existe un conjunto de tres objetivos en este campo que se deben conseguir a corto plazo. 
En primer lugar, garantizar que el Protocolo entre en vigor. 
Para que esto ocurra, Rusia deberá ratificar el Protocolo. 
Sin embargo, el problema es que Rusia ya ha prometido en varias ocasiones que ratificaría el Protocolo, aunque todavía no lo ha hecho. 
Me gustaría preguntar a la Comisaria qué tipo de iniciativas concretas diplomáticas y políticas está previsto adoptar y si serán adoptadas junto con el Gobierno ruso, para garantizar que el Protocolo sea presentado urgentemente a la Duma para su ratificación. 
En segundo lugar, creo que es importante no desistir- y, de hecho, no podemos desistir- en nuestro intento por convencer a la administración de Estados Unidos para que firme el Protocolo de Kyoto. 
La directiva relativa al comercio de derechos de emisiones servirá de ayuda a la campaña europea destinada a persuadir a los norteamericanos para que firmen el Protocolo de Kyoto. 
Permítannos decir que, con el comercio de emisiones, vamos a conseguir demostrar que resulta posible cumplir el Protocolo con un coste económico más reducido. 
Sin embargo, creo que también con respecto a este tema, no basta con procurar agradar. 
Debemos plantear el tema del Protocolo en la siguiente ronda de la Organización Mundial del Comercio. 
A este respecto, me gustaría preguntar a la Comisión si está dispuesta a presentar una iniciativa en la siguiente ronda de la Organización Mundial del Comercio, que garantice la eliminación de las ventajas competitivas y legítimas que los productos norteamericanos tendrán por el hecho de que su economía no quede cubierta por el Protocolo de Kyoto. 
En tercer lugar, señor Presidente, creo que es importante que la Unión Europea refuerce su liderazgo internacional, basándose en acciones y no tanto en las palabras. 
Con respecto a este tema, quiero felicitar a la Comisaria Wallström por el excelente trabajo que está realizando en este campo. 
La Comisión ha demostrado su capacidad de iniciativa, como ha dejado patente la directiva relativa al comercio de derechos de emisiones y el Programa Europeo sobre Cambio Climático, pero pienso que nos enfrentamos a un problema político serio: por lo que respecta a los Estados miembros, estamos presenciando una verdadera paralización. 
En mi opinión, resulta crucial, en aras de la credibilidad de nuestro liderazgo, que los Estados miembros también comiencen a emprender acciones. 
Con respecto a la función de la delegación del Parlamento en Nueva Delhi, me gustaría hacer hincapié en las palabras de su Presidenta, Caroline Jackson: resulta esencial que la delegación parlamentaria asista a las reuniones diarias celebradas por los representantes de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Sra. Jackson, porque, a pesar de que yo no estaba la semana en que se debatió la resolución, aceptó cuatro de las cinco enmiendas que presentamos. 
En segundo lugar, tendremos que rectificar el considerando C de la resolución que presentamos, porque en ese considerando se dice que 83 países han ratificado el Protocolo de Kyoto pero- como muy bien dijo la Sra. Comisaria -, a primeros de octubre eran 95 los países que lo habían ratificado, lo que supone un 37,1 % de las emisiones de CO2. 
Creo que nos vamos a repetir; creo que todos estamos de acuerdo en que hay unas cuestiones prioritarias- lo dijo la Comisaria -: conseguir que Rusia, con todas las gestiones diplomáticas y de presión, firme el Protocolo supondría pasar la barrera del 55% de emisiones, lo que nos permitiría dar por puesto en marcha el Protocolo de Kyoto. 
Tengo que decir que, desgraciadamente, mi país no es un ejemplo de reducción de emisiones, sino de todo lo contrario. 
Es necesario presionar a los diferentes países para que continúen cumpliendo los compromisos que todos contrajimos, y no cabe ninguna duda de que las energías renovables van a desempeñar un papel muy importante en este camino que emprendimos, además del transporte, a pesar del pobre resultado de Johannesburgo en cuanto a las energías renovables. 
La necesidad de abrir un debate en Nueva Dehli sobre los objetivos más allá de 2012, sobre las modalidades y los mecanismos de sanciones y sobre los mecanismos de resolución de conflictos, puede ser una apuesta importante para Nueva Dehli. 
Termino, señor Presidente, con una referencia al papel de los miembros del Parlamento Europeo en esas cumbres que- como muy bien dijo la Comisaria- debiera ser muy importante, pero no porque queramos estar presentes en todos lados, sino porque creo que podemos ser de ayuda para la Comisión y para aquellos que están empeñados en que el Protocolo de Kyoto sea una realidad. 
Señor Presidente, ya se han celebrado otras muchas conferencias desde la que tuvo lugar en Kyoto acerca del cambio climático. 
Sin embargo, ahora que nos estamos preparando para la de Nueva Delhi, el Protocolo de Kyoto todavía no está en vigor. 
Obviamente no podemos tener un control absoluto como ese sobre el mundo. Especialmente si consideramos que el hombre tiene una influencia limitada sobre las emisiones de CO2. 
Desde el punto de vista técnico, existen enormes fuentes de emisiones de CO2 y pozos de CO2 Por lo tanto, sólo cabe esperar que las emisiones causadas por el hombre tengan únicamente un efecto limitado sobre el volumen total. 
Sin embargo, seguimos teniendo la obligación de limitar las emisiones de CO2 en la medida de lo posible. 
Echando un vistazo al programa de la conferencia, entiendo que se van a sacar a debate asuntos específicos relativos a la ejecución. 
El énfasis que se está haciendo en la energía eólica, la cooperación con terceros países y los programas de comercio de los derechos de emisiones constituye un avance positivo. 
En mi opinión, la Unión Europea puede realizar una importante contribución a los proyectos para un desarrollo limpio en los países en desarrollo. 
La Unión Europea ya tiene una función pionera que desempeñar con respecto a los programas de comercio de los derechos de emisiones. 
El Parlamento ha decidido ejecutar un sistema poco ambiguo y bien planificado, que se introducirá en 2005. 
Se puede economizar mediante un uso más moderado de la energía por parte de las empresas y el vínculo con la política energética en general es, sin duda, muy importante. 
Con respecto a los pozos de CO2, me gustaría señalar que existe el riesgo de que sobrestimemos en nuestra contabilidad los pozos de CO2, por ejemplo, del océano. A medida que aumente la temperatura del agua, su capacidad para absorber CO2 descenderá de nuevo. 
La Unión Europea ratificó el Protocolo hace seis meses. 
Esperemos que la conferencia sobre cambio climático de Nueva Delhi permita la ratificación por parte del Gobierno ruso y canadiense. 
Señor Presidente, Señorías, deseo dar las gracias a la Sra. Jackson por haber planteado una pregunta tan importante y a la Sra. Wallström por su respuesta sincera. 
No obstante, es una pena que, en términos realistas, no se espere ningún progreso político importante en Nueva Delhi, porque, de hecho, la gente espera algo más. 
Tras las terribles inundaciones de Alemania y de sus países vecinos, la gente esperaba que el problema climático se resolviese de una vez por todas en Johanesburgo, sólo por el hecho de que se le dijera que su agenda era diferente. 
Lo mismo parece suceder con Nueva Delhi, aunque debemos continuar actuando como negociadores tenaces, a pesar de que no siempre podamos progresar rápidamente. 
Por supuesto, también debemos recordar que Kyoto es simplemente el primer paso, que es el motivo por el que reiteramos de forma bastante clara en nuestra resolución que todos los ciudadanos deben terminar con los mismos derechos, lo que significa básicamente que las emisiones per cápita deberían ser las mismas en todo el mundo. 
Para los países en desarrollo, esto implica mucho más de lo que prometimos en Kyoto. 
En vista del reciente debate acerca del comercio de los derechos de emisiones celebrado en Alemania, no debemos olvidar que todos los partidos alemanes están de acuerdo en que tenemos que reducir las emisiones en un 80% a largo plazo- y repito, en un 80% para 2050- y, si ya nos estamos oponiendo tan enérgicamente a ello, ahora que sólo es necesario dar los primeros pasos, no tengo muchas esperanzas de que este objetivo se cumpla a largo plazo. 
No obstante, debemos continuar defendiendo esta reducción, tal y como reafirma nuestra resolución. 
Sin embargo, la ratificación por parte de Rusia, Japón y Estados Unidos es importantísima. 
Como se nos ha dicho en numerosas ocasiones, todo lo que podemos hacer es continuar planteando exigencias y asegurándonos de que en cada reunión, a cualquier nivel, entre representantes de la Unión Europea, ya sean de la Comisión, del Consejo de Ministros, o los diputados del Parlamento Europeo, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, o entre la Unión Europea y Rusia, se trate este tema. 
Debe ser nuestra mayor prioridad en nuestras relaciones con estos países. 
No debemos relajarnos en nuestros esfuerzos y ratifico expresamente lo que el Sr. Moreira Da Silva ha dicho acerca de la OMC. 
Debemos conseguir que la OMC nos permita mantener ciertos productos fuera del mercado europeo, cuando hayan sido fabricados utilizando procesos que afecten al cambio climático. 
Por supuesto, la credibilidad de la Unión Europea resulta vital. 
Tenemos que reformar nuestro propio comportamiento. 
El Parlamento ha adoptado, por una gran mayoría, una clara postura acerca del comercio de los derechos de emisiones. 
Siento que el Consejo de Ministros haya pospuesto su decisión una vez más y siento advertir, por las reacciones iniciales, que algunas enmiendas importantes que adoptamos, por ejemplo relacionadas con la PAC o con el establecimiento de 1990 como año base, no vayan a recibir la aprobación del Consejo. 
El Consejo tiene que adoptar un concepto claro rápidamente y nosotros, el Parlamento Europeo, tenemos que ser negociadores tenaces. 
Eso es todo lo que tengo que decir. 
Tres minutos es muy poco tiempo para extenderse hablando acerca de todo el problema, pero creo que resulta verdaderamente importante que continuemos aclarando nuestra postura en esta Cámara. 
Señor Presidente, Rusia pretende ratificar el Protocolo de Kyoto en breve y, en ese momento, entrará en vigor. 
Entonces surgirá un debate mundial inmediatamente: ¿cómo y cuándo participarán los Estados Unidos y los países en desarrollo en este tema? 
Europa tiene que tomar la iniciativa una vez más en este debate. 
Después de 2012 se aplicarán unas reducciones mucho mayores en Europa, como una reducción del 30% en 2020, tal y como propuso el Gobierno alemán. 
¿Qué opinan los Comisarios acerca de esto? 
Por otra parte, como ya se ha afirmado, la igualdad de derechos para emitir CO2 por ciudadano del mundo a un nivel sostenible también está incluida en la resolución parlamentaria. 
¿Qué opina la Comisión acerca de esta idea? 
Eso significaría que la India tendría derecho a emitir el doble de la cantidad que emite actualmente, China se quedaría como está, Europa tendría que reducir sus emisiones en un 80% y los Estados Unidos en un 90%. 
Es necesario que se comparta la carga mundial, si realmente queremos avanzar en la lucha contra el cambio climático. 
Señor Presidente, gracias por estas valiosas aportaciones a este debate. 
Me gustaría comentar algunos de los puntos que se han planteado. 
Ante todo, ¿qué podemos hacer para influir en Rusia e impulsar la ratificación por parte de los rusos? 
Es difícil hablar con los rusos. 
Ya hace algún tiempo que estamos planeando una visita de la troika a Rusia y seguimos trabajando en esta visita porque queremos reunirnos con la gente adecuada. 
Queremos que tenga un alto nivel político para que la discusión pueda ser significativa. 
En todas las conversaciones bilaterales, incluidas las del Comisario Prodi y el Primer Ministro Putin, el cambio climático y el Protocolo de Kioto estaban en el orden del día. 
Naturalmente planteamos este tema en todos nuestros contactos bilaterales. 
También conocemos un estudio que acaba de publicar el Gobierno ruso sobre la ratificación del Protocolo de Kioto. 
Estamos analizando los resultados y esperamos que podremos utilizar algunos de ellos para nuestro debate en cierne. 
Vigilamos muy de cerca lo que ocurre en Rusia, para poder utilizar las fuerzas positivas que existen en este país. 
Supongo que al final será el Primer Ministro Putin quien decidirá. 
¿Y en cuanto a una iniciativa de la OMC? Todavía no lo tenemos previsto en nuestros planes. 
Quizás sea una buena idea. No he pensado bastante en ello para poder dar una respuesta hoy mismo, pero me preocupa cualquier cosa que pueda complicar u obstaculizar la aplicación del Protocolo de Kioto. 
Deberíamos cuidarnos mucho de no plantear el tema de manera que podamos crear más escollos en el debate sobre la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. 
Con mucho gusto volveré a intervenir en el debate sobre la OMC y los nexos entre estos temas. 
¿Qué ocurre en el segundo período de compromiso? 
En primer lugar, estamos interesados en establecer el proceso en Delhi y la COP 8. 
Es demasiado pronto y en vistas del riesgo de complicar todo el debate sobre la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, primero queremos establecer el proceso y decidir cómo llegar al segundo período de compromiso. 
Parece un poco inútil entrar en detalles sobre ello cuando el Protocolo de Kioto ni siquiera ha entrado en vigor. 
De modo que primero lo primero. 
Debemos atenernos a esta estrategia también en lo que se refiere a la COP 8. 
Había una pregunta sobre el tráfico aéreo. 
Naturalmente la Comisión y la Unión Europea están trabajando con la OIAC, porque es evidente que se trata de un tema internacional. 
Estoy segura de que todos estaremos de acuerdo en que el trabajo de la OIAC no ha sido satisfactorio en lo que se refiere a velocidad y compromiso, pero también tiene una orden de la UNCCC para trabajar sobre el tema del cambio climático. 
Es un área donde seguramente podemos hacer más, pero tenemos que seguir trabajando en un contexto internacional. 
Finalmente, ¿qué ocurre con la igualdad de derechos entre los ciudadanos del mundo? 
El objetivo final es estabilizar las concentraciones en la atmósfera a niveles no peligrosos. 
Recuérdenlo. 
El resultado debe ser reducir las emisiones. 
Creo que esto nos llevará a la convergencia de las emisiones per cápita a escala internacional. 
No puedo decirles si la igualdad de derechos es el objetivo correcto. 
No quiero decir al Parlamento Europeo que sea una idea ridícula, pero mi opinión personal es que quizás éste no sea el planteamiento más sensato. Es un concepto moral más que una medida medioambiental. 
Nuestro objetivo principal es proteger el medio ambiente. 
Y creo que es así como debe formularse. 
Nosotros emitimos ocho veces más, en promedio, que un ciudadano de la India. 
¿Cómo podemos crear una igualdad de derechos para los ciudadanos de todo el mundo? 
Quisiera plantearlo desde el punto de vista medioambiental, y asegurarnos de que estabilizamos las concentraciones en la atmósfera a un nivel no peligroso. 
Espero que entiendan mi argumento. 
Quizás es algo que deba debatirse más a fondo. 
Tenemos un papel importante en Nueva Delhi, en los debates de la COP 8, porque podemos trabajar de forma definitiva con los países en desarrollo. 
Probablemente podamos ser un enlace entre el G77, China y los países desarrollados en el debate sobre el modo de abordar el cambio climático. 
-Como conclusion a este debate, he recibido, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento, la propuesta de resolución B5-0531/2002, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La votación se celebrará a las 17.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día se procede al debate de la pregunta oral (B5-0497/2002) , en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, a la Comisión, sobre la presencia accidental de organismos modificados genéticamente en las semillas. 
Señor Presidente, Comisaria, cuando debatimos la directiva relativa a las semillas en el Parlamento, a mediados de los noventa, yo actué como ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En ese momento, conseguimos que la votación final sobre el problema de los organismos modificados genéticamente (OMG) se aplazase. 
Posteriormente, negocié durante dos años en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
El problema en cuestión entonces no era si se debería utilizar o no la ingeniería genética, sino el etiquetado y la inclusión de esta directiva relativa a las semillas y sus métodos en la directiva sobre la liberación intencional de OMG, que en esos momentos seguía siendo la Directiva 90/220. 
Lo conseguimos. 
En ese momento, los científicos seguían insistiendo en que los cultivos modificados genéticamente podían coexistir con los cultivos no modificados genéticamente; excluían la posibilidad de la contaminación. 
Esta postura ya se ha desechado, debido tanto a los acontecimientos como a la opinión de la propia comunidad científica. 
Ahora quienes desean o más bien quienes, de conformidad con el reglamento biológico, están legalmente obligados a cultivar- ya sea convencional u orgánicamente- sin utilizar la ingeniería genética, se enfrentan al problema de la contaminación no deseada. 
Ahora la Comisión quiere establecer un límite, por debajo del cual no sea preciso el etiquetado. 
Es aquí donde las cifras comienzan a resultar confusas. 
En una ocasión se habló de un 1% de contaminación y ahora se ha reducido hasta el 0,3 y el 0,5 %. 
Sin embargo, el hecho es que se están comercializando inintencionadamente organismos genéticamente modificados en grandes cantidades. 
Si relacionamos esto con una superficie de siete y medio a ocho millones de hectáreas de colza o maíz, sacamos la conclusión de que se siembran 7 millones de plantas cada año. 
Esto no se va a negociar con el Parlamento, ni siquiera en la comisión permanente para la directiva sobre la liberación intencional de OMG, que ya ha sido renovada. Se va a decidir en la comisión permanente sobre semillas, donde se va a tomar una decisión de conformidad con el procedimiento de comitología, que, si se ejecuta de conformidad con la postura actual, se contradice con la cifra del Parlamento del 0,5 % de la directiva relativa al etiquetado de los alimentos. 
Si aprobamos el cultivo de estas cantidades sin etiquetado, entonces debemos asumir que el otro valor se superará durante el cultivo y que incluso quienes no utilizan ninguna forma de organismos modificados genéticamente se verán obligados a cumplir los requisitos de etiquetado y autorización. 
Necesitamos una decisión en este ámbito que aclare de una vez por todas- y esta es también la postura que ha adoptado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural- que tiene que haber coexistencia y que quienes desean utilizar organismos modificados genéticamente deberán asegurarse de que quienes no desean utilizarlos no entren en contacto con ellos. 
Esto resulta aplicable tanto al 70% de los agricultores alemanes, que no quieren utilizar OMG, como a un porcentaje similar de consumidores que no quieren consumir OMG. 
Por lo tanto, no vale la pena comenzar desde un límite específico, porque, si se supera, el riesgo y los costes individuales no podrán ser soportados en virtud de normas de compensación. 
En consecuencia, necesitamos una decisión por la que los culpables tengan que someterse al principio de que el que contamina paga. 
Este proceso, estas decisiones no resultan sencillas, Comisaria, y no se pueden alcanzar de conformidad con el procedimiento de comitología ni en la comisión permanente ni en forma de anexo técnico. Necesitan ser debatidas en profundidad y otra votación, con la decisión conjunta del Parlamento. 
También debemos contar con la comunidad científica para que opine y organice audiencias, con el fin de aclarar cómo se puede aplicar una verdadera coexistencia. 
Todo esto lleva su tiempo y no debe, bajo ninguna circunstancia, hacerse de forma precipitada. 
Hasta entonces, la norma deberá ser que se podrá garantizar una semilla no contaminada a quienes no desean utilizar organismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, estas preguntas son muy importantes en el contexto del debate actual sobre OMG en Europa. 
Todavía no tenemos una respuesta bien definida para algunas de las preguntas del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Por favor, tenga en cuenta que mis respuestas son hasta cierto punto preliminares, y que requieren todavía un examen más profundo, tanto en la Comisión como en nuestras continuas conversaciones con los Estados miembros y las diversas partes interesadas. 
Quisiera empezar con una breve descripción del problema a que nos enfrentamos cuando hablamos de presencia accidental de semillas modificadas genéticamente en productos convencionales. 
Es importante también para todos quienes hayan seguido este debate. 
A escala mundial, el cultivo de OMG ha aumentado drásticamente en los últimos años. 
Entre 2000 y 2001, la cantidad de acres plantados en cultivos MG aumentó casi un 20%. 
Para algunos cultivos, este aumento ha sido especialmente alto. 
En los Estados Unidos el maíz modificado genéticamente pasó del 4,4 % de todos los acres cultivados en 1996 al 32% en 2002. 
La soja MG aumentó del 7,4 % en 1996 al 74% en 2002. 
Hasta la fecha, el cultivo de OMG se ha concentrado geográficamente, y el 99% de todos los cultivos modificados genéticamente se producen en cuatro países: los Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. 
Sin embargo, es probable que el cultivo de OMG se extienda a otros países en los próximos años. 
Hasta el momento Europa ha tenido un papel muy marginal, con menos de 20.000 acres de cultivos MG, principalmente en España y Francia. 
Es decir, sólo un 0,03 % de la superficie mundial. 
Europa participa con un gran volumen de comercio con importantes productores de OMG, aunque este comercio se ha basado principalmente en productos para el consumo animal. 
Las cantidades de productos MG para consumo humano, como el maíz, prácticamente han dejado de comercializarse, debido a la incapacidad de los exportadores para garantizar la identidad de cada uno de los OMG de los envíos. 
Durante los últimos años se ha visto que la presencia accidental de rastros de OMG en los productos convencionales se ha vuelto inevitable. 
La polinización cruzada entre plantas es un fenómeno natural, que también ocurre entre otras semillas. 
Simplemente no podemos controlar completamente sus mecanismos, en los que influyen factores como el viento y el movimiento de los insectos. 
Por lo tanto, en general es inevitable que pequeñas partes de OMG se transfieran a los cultivos convencionales y a los productos cosechados. 
Las prácticas de almacenamiento y transporte también pueden dificultar o hacer muy costoso garantizar la separación total. 
En consecuencia, los lotes de semillas convencionales contienen rastros de semillas modificadas genéticamente. 
La única forma de tratar el problema, en este caso concreto, es establecer unos umbrales de tolerancia para las impurezas de semillas modificadas genéticamente. 
Cerrar el mercado completamente no es una opción viable. 
Con estos antecedentes, la Comisión está preparando actualmente una propuesta para una directiva de la Comisión que modifique los anexos de las directivas sobre semillas. 
Esta propuesta incluye condiciones y requisitos adicionales en relación con la presencia accidental de semillas modificadas genéticamente en los lotes de semillas no modificadas genéticamente. 
Se ha informado dos veces a la Comisión de Agricultura sobre la situación de esta propuesta. 
El Comisario Byrne ha escrito para informar a la Sra. Jackson de que el texto se presentará formalmente al Parlamento Europeo, que después tendrá la oportunidad de estudiarlo a fondo. 
El apartado 2 del artículo 21 de la Directiva 18/2001/CE prevé la posibilidad de establecer umbrales por debajo de los cuales los rastros de OMG autorizados queden exentos de la obligación de etiquetado. 
Por este motivo, los productos convencionales que contengan rastros accidentales de estas semillas modificadas genéticamente, siempre que no sobrepasen el umbral indicado, no deberán etiquetarse como tales. 
Permítanme ahora que responda a las preguntas del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Sobre el organismo competente para establecer umbrales, el Comité Regulador previsto en la Directiva 18/2001/CE es competente cuando se trata de decisiones sobre los umbrales que se establezcan de conformidad con el apartado 2 del artículo 21 de la Directiva, en relación con la exención de las obligaciones de etiquetado. 
Sin embargo, no es competente cuando se trata de decisiones conformes a las Directivas sectoriales sobre semillas concretas, cuyos umbrales se refieren específicamente a los criterios de comercialización de semillas. 
Es el Comité Permanente de Semillas quien tiene competencias en este caso. 
Hay que mantener la coherencia entre los diferentes instrumentos legislativos. 
Sobre los riesgos de que un porcentaje significativo de semillas modificadas genéticamente se libere al ambiente fuera de control, yo diría ante todo que es de máxima importancia que se tenga en cuenta un umbral de protección de la salud humana y, en el caso de las semillas, del medio ambiente. 
Su Señoría comprenderá que esto incluye una valoración global de los riesgos potenciales sin tener en cuenta el mercado. 
En segundo lugar, los umbrales deben ser viables y aplicables. 
Los umbrales propuestos proceden directamente de la opinión del Comité Científico de las Plantas y tienen una base científica basada en las características de las especies cultivadas. 
En tercer lugar, sobre el registro del cultivo de OMG, de conformidad con lo dispuesto en la letra b del apartado 3 del artículo 31, los Estados miembros deben crear unos registros para conocer la ubicación de los campos MG cultivados con fines comerciales. 
Como se detalla en el artículo, el objetivo es permitir un seguimiento de los posibles efectos de estos OMG en el medio ambiente. 
En cuanto al ámbito de la Directiva 18/2001/CE, es evidente que se refiere al cultivo de un producto con semillas modificadas genéticamente y no a un producto cultivado con semillas convencionales que contenga rastros de semillas MG. 
El producto procedente de semillas modificadas genéticamente también tiene que ser etiquetado como tal y ser objeto de seguimiento de modo que los agricultores sepan lo que siembran. 
Por lo tanto, será posible que los Estados miembros registren las ubicaciones de los cultivos resultantes. 
Sin embargo, el objetivo de estos valores límite, que se basan en una valoración científica sólida, debería ser garantizar que el cultivo de semillas convencionales conserve básicamente las características del cultivo no modificado genéticamente. 
La coexistencia es un aspecto clave de la comunicación de la Comisión sobre Ciencias de la Vida y Biotecnología- una Estrategia de Futuro. 
La Comisión ha encargado varios estudios sobre este tema. 
El objetivo principal es valorar las consecuencias derivadas de un aumento en el cultivo de productos modificados genéticamente en la Unión Europea en el contexto de la coexistencia. 
Hasta el momento, sólo tenemos datos preliminares basados en escenarios hipotéticos, y se requieren más datos experimentales para obtener una imagen más exacta. 
La Comisión está llevando a cabo este trabajo antes de considerar posibles opciones para garantizar la viabilidad de los cultivos convencionales y orgánicos y su coexistencia sostenible con los cultivos modificados genéticamente. 
Como paso adelante en este proceso, la Comisión ha iniciado conversaciones con los Estados miembros, los agricultores y otros operadores privados para encontrar la solución más adecuada. 
Es importante decir que el tema de la coexistencia no es una cuestión de riesgo de por sí. 
Sin embargo, resalta una posible necesidad de establecer los sistemas y las prácticas adecuadas para la gestión agrícola de los diversos tipos de cultivos, con el fin de garantizar su coexistencia y la libertad de elección del consumidor. 
Ésta es mi respuesta inicial a sus preguntas y con mucho gusto haré más comentarios al final del debate. 
Señor Presidente, le ruego me permita plantear otra cuestión complementaria. 
La Comisaria afirmó que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido informada. 
Esto es cierto. 
Afirmó que el Parlamento será informado. 
Esto también se ha prometido. 
Sin embargo, no queremos ser informados, Comisaria, una vez que hayan tomado su decisión; queremos participar en el proceso de toma de decisiones. 
Nuestra reclamación es que este tema se va a regular en forma de anexo técnico. 
En nuestra opinión, se trata de una enmienda principal para la directiva y queremos participar en el proceso de toma de decisiones. 
Le agradecería que comentase esto o, al menos, que hiciese llegar este mensaje a la Comisión en conjunto. 
Señor Presidente, este debate institucional es recurrente. 
¿Hay que utilizar el proceso de codecisión o la comitología? 
Las Directivas sobre semillas disponen unos criterios de pureza en sus anexos, y se pueden adaptar a los conocimientos científicos y técnicos por el procedimiento de comitología establecido en la Directiva sobre semillas. 
De esta forma se pueden establecer unos umbrales para la presencia de OMG en variedades no modificadas genéticamente mediante el procedimiento de comitología. 
El umbral del 1% para el etiquetado de alimentos que se dispone en un reglamento del Consejo se determinó por el procedimiento de comitología establecido en la legislación sobre etiquetado de productos alimentarios. 
El apartado 2 del artículo 21 de la Directiva 2001/18/CE dispone también que los umbrales de etiquetado se pueden determinar por el procedimiento de comitología establecido en esta Directiva. 
El calendario y la posibilidad de convertirlo en un procedimiento práctico también son factores importantes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también he lamentado en numerosas ocasiones, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, el hecho de que los reglamentos relativos a las semillas se estén estableciendo, hasta tal punto, de conformidad con el procedimiento de comitología. 
He dicho que, en mi opinión, tendría más sentido que la Comisión aplazase la elaboración del reglamento relativo a la presencia de OMG en las semillas en virtud del procedimiento de comitología, hasta que el Parlamento haya completado el procedimiento actual. 
Necesitamos que los nuevos reglamentos relativos a las semillas sean coherentes con los reglamentos relativos a la presencia de OMG en los alimentos piensos y a la trazabilidad y el etiquetado de los OMG. 
Estos temas fueron intensamente debatidos en primera lectura en esta Cámara, este pasado verano. 
La resolución fue extremadamente severa en varios puntos, especialmente en la cuestión relativa a los umbrales. 
Ahora estamos esperando a que el Consejo de Ministros tome una decisión, dado que la semana pasada se pospuso de nuevo hasta diciembre. 
No cabe esperar una decisión final del Consejo hasta mediados del próximo año. 
En mi opinión, sería mucho mejor que la Comisión dejase su papel en la bandeja de asuntos pendientes para otro año, para que los umbrales se pudiesen ajustar a los reglamentos que se encuentran actualmente en la agenda, y más aún para el procedimiento. 
Ahora me gustaría realizar un breve comentario importante. 
La cuestión de si los OMG son buenos o malos no resulta pertinente en el debate de hoy. 
Sin embargo, ya que el Sr. Graefe zu Baringdorf hace referencia en su pregunta a las posturas relativas a los OMG, yo quiero hacer lo mismo. 
Las preguntas de todos los diputados ponen de manifiesto que hay algo que no ha entendido o que no desea admitir. 
Existe una diferencia entre la liberación de OMG estipulada en la Directiva 2001/18, por una parte, y el establecimiento de un límite técnico para la presencia accidental de OMG en la semilla convencional, mediante la modificación de los anexos de las directivas sobre semillas, por la otra. 
Estas directivas contienen un montón de normas y requisitos técnicos relativos a la calidad y comercialización de las semillas en la Unión Europea. 
El propio Sr. Graefe zu Baringdorf afirmó que las directivas en vigor fueron adoptadas de la manera habitual, tras haber escuchado la opinión del Parlamento Europeo, y que se decidió en el proceso que ciertos detalles técnicos iban a regularse en virtud del procedimiento de la comisión reguladora. 
Por supuesto, la comisión no decide acerca de la liberación de OMG, sino que decide cómo definir una nueva norma de calidad para la semilla convencional y tiene competencia para hacerlo, en virtud de la actual legislación comunitaria. 
Esto fue lo que afirmó la Comisaria. 
Por su parte, la comisión científica ha confirmado, al igual que otros muchos trabajos científicos, que los informes que estadísticamente resultan razonablemente fiables no permiten un límite inferior al 0,1 %. 
Este es el punto de corte. 
No puede existir un límite 0% y no hay nada totalmente libre de manipulación genética. 
El proyecto de la Comisión sugiere establecer unos umbrales para los OMG que no representan un riesgo para el medio ambiente ni para los consumidores y que, por lo tanto, pueden ser cultivados con fines comerciales en la Unión Europea. 
Los requisitos de registro de la Directiva 2001/18 no tienen nada que ver con la comercialización de la semilla convencional. 
La semilla de reproducción, que los propios agricultores cultivan, es en ocasiones un gran problema. 
No se somete a ninguna prueba de calidad de ningún tipo y, por lo tanto, a ninguna prueba para detectar OMG. 
El propio Sr. Graefe zu Baringdorf está a favor de liberalizar estos reglamentos relativos a la reproducción. 
Hay que tener en cuenta otra cosa. 
Cuanto más bajo sea el umbral establecido para la presencia accidental de OMG, más productos orgánicos y convencionales tendrán que ser etiquetados, que es el motivo por el que la Comisión, diversos Estados miembros y la gran mayoría del Parlamento Europeo están solicitando un límite realista del 1% en los futuros reglamentos relativos a los OMG. 
Para terminar, permítanme decir que los agricultores necesitan un conocimiento fundamental de los hechos biológicos simples de la presencia accidental y técnicamente inevitable de semilla de tipo A en el tipo B. El Sr. Graefe zu Baringdorf trabaja como agricultor. 
Hay cosas que son hechos naturales. 
Siempre habrá OMG. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, después de tanta crítica, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Graefe zu Baringdorf por su pregunta oral a la Comisión. 
Por supuesto, no está sólo en la mente de mi grupo, sino también en la de la Sra. Sommer. 
Como dijo, hemos trabajado con gran parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en este tema, precisamente porque tenemos la impresión de que se está restringiendo nuestro derecho de determinación conjunta, sea cual sea la situación legal en este ámbito. 
Creo que todos lo sabemos, señora Sommer. 
En diversas ocasiones, hemos pedido a la Comisión y a diversos representantes que están trabajando en esta un directiva un aplazamiento, porque el mensaje que seguimos recibiendo es que se pretende conseguir que se aprueben estas disposiciones legales de forma precipitada, antes de finales de año. 
La legislación en esta área, que actualmente está en manos del Consejo, aunque el Parlamento se ocupó de ella en primera lectura hasta el mes de julio, indica que nos estamos tomando este tema en serio. 
Resistiré la tentación de repetir el debate que mantuvimos hasta julio, pero me gustaría comentar un punto al que, por supuesto, también se hace referencia en la legislación y con el que, como ponente, estoy familiarizado. Me refiero concretamente al reglamento relativo a los alimentos y piensos genéticamente modificados. 
Lo que queremos saber es: ¿qué se está haciendo para prevenir la contaminación no deseada y técnicamente inevitable? 
¿Qué propuestas tiene la Comisión para investigar esta cuestión? 
Se está propagando la noticia de que, de hecho, estamos regulando algo en el ámbito europeo. 
Estamos regulando los límites, los umbrales para la, técnicamente inevitable, contaminación accidental. 
Todos estamos de acuerdo aquí en que necesitamos estos límites y en que no hay nada que esté completamente libre de modificación genética. 
Al mismo tiempo, no estamos diciendo que se estén elaborando leyes, sino que se están elaborando recomendaciones que plantean cómo se puede evitar esto en el futuro. 
Si el objetivo- y en esto también estamos de acuerdo con la Comisión- consiste en negar esta contaminación y si el objetivo es la coexistencia de diversos tipos de cultivos, tales como los cultivos tradicionales y orgánicos, entonces deberíamos estar planteándonos esta pregunta. 
Si la Comisaria afirma que no existen repuestas claras para estas preguntas, lo que resulta perfectamente comprensible, entonces entiendo todavía menos por qué se pretende aprobar este reglamento de forma precipitada, de conformidad con el procedimiento de comitología. 
Señor Presidente, hablo en nombre de mi compañera Ilda Figueiredo, que ha tenido que marcharse. 
He traducido sobre la marcha su nota en portugués; espero que sea coherente. 
Después de la adopción por la Comisión de la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación en el medio ambiente de OMG, existen preocupaciones serias en cuanto a la salud, al ambiente y a los intereses de los agricultores. 
Como es sabido, más allá de las cuestiones éticas relacionadas con la mercantilización y patentabilidad de la vida y del patrimonio natural, la liberación de OMG en el medio ambiente es irreversible y poco controlable, y puede tener consecuencias directas en la contaminación de la agricultura convencional y en la reducción de la biodiversidad. 
En la práctica, incluso a los agricultores que no cultivan plantas modificadas genéticamente, debido a la polinización cruzada o a fenómenos similares, se les obliga a etiquetar sus productos. 
Esto puede implicar que a los agricultores convencionales o biológicos no se les permita elegir. 
Así, con falta de estudios rigurosos, ¿no considera la Comisión que debería imperar el principio de precaución manteniendo una moratoria? , ¿cómo afrontar el etiquetado de productos que contengan OMG debido a circunstancias fortuitas o técnicamente difíciles de evitar? 
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy realmente consternado por su respuesta, porque no ha dicho absolutamente nada acerca del problema central que es cómo pretendemos conseguir o podemos garantizar la libertad de decisión del consumidor. 
No ha dicho absolutamente nada acerca de qué vamos a hacer con la resolución del Parlamento en primera lectura relativa a un límite del 0,5 % para el etiquetado. 
Esto es precisamente lo que el Consejo está negociando actualmente. 
Con el límite que tienen previsto para las semillas, es imposible conseguir este valor del 0,5 %. 
Usted ya lo sabe y éste es el motivo por el que me gustaría pedirle que nos diga qué conclusiones pretende sacar de esta votación del Parlamento. 
¿Es que desea seguir adelante, que desea producir un «hecho consumado» o que quiere hacer un regalo de Navidad a la industria de las semillas? 
Creo que debería explicar hoy aquí qué tiene previsto hacer con la resolución del Parlamento en primera lectura relativa a este reglamento. 
Acaba de decir que la contaminación es inevitable. 
¡Esto es tan incorrecto como inaceptable! 
Al decir esto, se está convirtiendo usted en portavoz de la industria de la ingeniería genética, porque eso es lo que afirman los grupos de presión, pero no es cierto. 
Las pruebas realizadas en Europa han demostrado que no existe una contaminación de las semillas importante y en Austria incluso contamos con requisitos de pureza para las semillas. En mi opinión, esto es exactamente lo que necesitamos. 
Necesitamos libertad de decisión para los consumidores y, para poder garantizarla, necesitamos requisitos de pureza. 
No deberíamos limitarnos a tirar la toalla con respecto a la contaminación, si, con la política adecuada, no existe contaminación, porque los productos o las semillas que provocan que esta contaminación se extienda no se pueden comercializar. 
Por lo tanto, lo que necesitamos es libertad de decisión para los consumidores y, por favor, en lugar de hacer regalos de Navidad a la industria de las semillas, regálenos unos plazos hoy mismo. 
Queremos saber qué tiene previsto hacer la Comisión y si verdaderamente está preparada para aceptar la resolución democrática del Parlamento y para esperar hasta que hayamos adoptado una resolución acerca del Informe del Sr. Scheele. 
Señor Presidente, Comisaria, estoy de acuerdo con usted en que todas las Directivas y los Reglamentos sobre OMG deben formar parte del mismo marco y no deberían entrar en conflicto unos con otros. 
En segundo lugar, entiendo que la Comisión elige las técnicas de detectabilidad cuantitativa para definir la presencia accidental de OMG. 
Esto lo entiendo. 
De hecho, ustedes a veces ignoran incluso la presencia accidental del 1% de OMG porque- y estoy de acuerdo con ustedes en esto- la autorización para la circulación de un determinado OMG viene de una Directiva distinta que tiene en cuenta los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
SI no hay riesgo para la salud humana y el medio ambiente, se concede la autorización. 
Sin embargo, cuando se trata de directivas sobre trazabilidad, por alguna razón peculiar, no siguen el principio de detectabilidad que siguen para todos los demás. 
Esto también ocasiona problemas a la Organización Mundial de Comercio, porque si ustedes aceptan que la presencia de este 1% no es problema para la salud y demás, ¿por qué no aceptan que la detectabilidad debería incluirse en todas las Directivas sobre trazabilidad? 
Si hay OMG, tanto si su presencia es accidental como si no, habría que declararlo. 
Usted insiste en no incluir la detectabilidad en las directivas sobre trazabilidad. 
Debería atenerse a lo que ha dicho, principalmente, que todas las Directivas deberían formar parte del mismo marco. 
Espero oír lo que tiene que decir sobre el tema de la detectabilidad, que es muy importante, incluso en el comercio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es importante, a la luz de la pregunta del Sr. Graefe zu Baringdorf, recordar que estamos discutiendo la presencia accidental de OMG que están autorizados en la Unión Europea. 
No estamos discutiendo la liberación de OMG, sino la definición de una nueva norma de calidad para la comercialización de la semilla convencional. 
El Parlamento adoptó una propuesta de reglamento acerca de la trazabilidad y el etiquetado de los OMG o alimentos y piensos modificados genéticamente, en primera lectura, en el mes de junio, en la que se pedía un umbral del 0,5 %. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en que este valor es demasiado bajo y resulta impracticable. 
Un umbral de tolerancia del 1% para la presencia accidental de OMG en productos no modificados genéticamente es realista. 
A la hora de establecer los umbrales para la semilla, que es lo que estamos debatiendo aquí, la Comisión tiene que tener convenientemente en cuenta los umbrales sugeridos por el Parlamento y el Consejo en el mencionado procedimiento. 
Los umbrales para la presencia accidental de OMG tienen que ser coherentes en los dos textos. 
También me gustaría señalar que la reproducción incontrolada representa otra fuente potencial y particular de OMG en los alimentos y piensos. 
La semilla de reproducción no está sujeta a ninguna prueba de calidad obligatoria y por lo tanto no se comprueba si contiene OMG. 
Esto debe quedar totalmente claro aquí. 
La estrategia biotecnológica de la Comisión establece la coexistencia de diversos tipos de cultivos como una prioridad importante. 
La coexistencia sólo es posible si contamos con unos umbrales razonables, dado que, técnicamente, el polen suspendido en el aire nunca se puede descartar en la naturaleza. 
Una pureza total nunca ha sido posible por motivos biológicos y nunca lo será en el futuro. 
Los umbrales para la pureza de los productos son estándar y necesarios en numerosas industrias. 
En el sector de los cultivos orgánicos, por ejemplo, existe un umbral del 5%. 
Esto significa que los productos etiquetados como productos orgánicos pueden contener hasta el 5% de ciertos ingredientes no orgánicos. 
Digo esto para recordárselo a los Verdes. 
El criterio importante debe ser que el marco legal resulte practicable y, lo que es más importante, que sea coherente con las normas de la OMC y no perjudique al desarrollo de la biotecnología en Europa, mediante la imposición de trámites innecesarios. 
Señor Presidente, por supuesto las preguntas y las estadísticas de nuestros colegas Verdes están cargadas de intención y son selectivas. 
¿Podría yo entonces preguntar si la Comisión sabe que un estudio de Eurobarómetro muestra que un 75% de la población está a favor de una investigación sobre nuevas tecnologías que ayude a impulsar el conocimiento? 
¿Es cierto que, según los estudios de Eurobarómetro, un 48% de los europeos están de acuerdo o muy de acuerdo en que los OMG son útiles en la producción de alimentos para mejorar la nutrición y mejorar la duración o el sabor, a pesar de la emotiva campaña que los Verdes han organizado para convencerles de lo contrario? 
Estas campañas no sólo están cargadas emocionalmente, sino que contienen información distorsionada y equívoca para reforzar su oposición insostenible e irracional hacia la nueva tecnología de cultivos modificados genéticamente. 
Desearía que fueran lo suficientemente honestos como para reconocer que al menos comportan algunos beneficios. 
Creo que estos beneficios reales, para no mencionar los beneficios potenciales, compensan substancialmente cualquier riesgo. 
Sí, siempre hay riesgos potenciales en todos los productos o procesos de nueva tecnología. 
Estamos atravesando las fronteras del conocimiento, pero tenemos protección. 
Necesitamos efectuar pruebas y ensayos exhaustivos en el laboratorio y sobre el terreno. 
Pero sus adversarios no quieren pruebas. 
Ellos permiten que continúe la obstrucción y la destrucción de estos ensayos. 
¿Van a negar que los cultivos modificados genéticamente comportan importantes beneficios para el medio ambiente? 
No sólo rebajan los costes de producción, sino que también reducen el uso de energía, plaguicidas y herbicidas, y las emisiones de CO2. 
Aunque sus adversarios todavía se agarran a este clavo ardiendo, por la experiencia en América y en otras partes es evidente que el medio ambiente se beneficia. 
Quizás en Europa podemos permitirnos el lujo de negarnos los beneficios para la productividad alimentaria que ofrecen los cultivos modificados genéticamente, pero ¿acaso nuestros colegas Verdes no tienen en cuenta los intereses de su prójimo del África subsahariana o de Asia oriental, para quienes los cultivos modificados genéticamente aportarán nutrición y salud y quizás incluso les pueden ayudar a sobrevivir? 
¿Tienen en cuenta el efecto que volver la espalda a este progreso tendrá en nuestra base científica y en los investigadores, en los agricultores y sus empleados? 
¿En miles de puestos de trabajo del sector del procesado de alimentos? 
¿En el precio de los alimentos así como en la calidad y la variedad disponible para nuestros consumidores? 
Sí, los consumidores europeos tienen derecho a poder elegir qué alimentos quieren comprar y comer. 
Debemos proteger nuestro medio ambiente de la mejor forma posible, pero nuestros votantes también se merecen que seamos francos y honestos sobre los riesgos y las ventajas. 
Se acepta que una etiqueta de producto orgánico indica que es orgánico en un 95%, es decir que hasta un 5% no es orgánico. 
¿Por qué queremos que la etiqueta de producto no modificado genéticamente sea casi inasequible especificando niveles de pureza imposibles de alcanzar? 
Podría aceptar esta premisa, con la intención maliciosa de hacer que los productos no modificados genéticamente sean tan raros que nadie pueda permitírselos. 
Entonces todo el mundo se vería obligado a aceptar el mundo real, donde siempre habrá la posibilidad de un contenido accidental de OMG. 
Señor Presidente y señor Purvis, sólo sé una cosa, y es que con el tema de los OMG me van a salir canas. 
Por las encuestas de opinión del Eurobarómetro sabemos que mucha gente está preocupada por los OMG. Al mismo tiempo, dicen que no saben bastante sobre ellos. 
Quizás exista una relación. 
Quisiera decir a la Sra. Breyer que hemos estudiado con gran detenimiento estas preocupaciones para garantizar que creamos una legislación clara- un marco claro- para tratar tanto los beneficios como los riesgos potenciales de los OMG. 
Por este motivo hemos revisado la Directiva 18/2001/CE para incluir una mejor valoración de los riesgos y más información, de modo que los consumidores puedan elegir con conocimiento. 
Éste es el motivo por el que hemos propuesto una nueva legislación sobre trazabilidad y etiquetado. 
Sin embargo, no sería honesto decir que si seguimos importando semillas, por ejemplo, podemos garantizar una pureza total y que no haya ninguna presencia accidental de OMG. 
Sabemos que en la naturaleza todo escapa- mediante la polinización cruzada, por ejemplo -, de modo que cerrar las fronteras no es una solución viable. 
Tenemos que ser pragmáticos y establecer unos niveles y unos umbrales para resolver los fenómenos naturales. 
Tenemos que valorar la situación tal como es y los productos que importamos. 
Y esto me lleva a la pregunta del Sr. Trakatellis sobre la trazabilidad. 
Las propuestas sobre trazabilidad y etiquetado, así como sobre productos alimenticios y piensos, no se basan totalmente en la detectabilidad de OMG. 
Aunque no se puedan detectar, los consumidores tienen derecho a saber. 
El actual Reglamento sobre Nuevos Alimentos quedará substituido por estas propuestas y el ámbito se ampliará para ofrecer a los consumidores la posibilidad de elegir, aunque los OMG no sean detectables. 
Los consumidores tienen derecho a estar informados de la presencia de OMG en los productos que compran, aunque los OMG no sean detectables. 
Comentaré ahora dos temas más que se han planteado. 
En primer lugar, sobre los umbrales para el etiquetado, la Comisión sólo puede tener en cuenta la legislación vigente y, de momento, para los productos alimenticios está en vigor un umbral del 1%. 
Este umbral del 1% lo establece el Reglamento del Consejo, modificado por el Reglamento de la Comisión (CE) nº 49/2000. 
Por encima de este 1%, es obligatorio indicar la presencia de una modificación genética del alimento. 
Como se dice en los considerandos del Reglamento, el valor del 1% es perfectamente apropiado para establecer un nivel de tolerancia que a la vez sea bajo y tenga en cuenta la posibilidad de aplicarse a lo largo de la cadena de producción. 
Todos estos factores de la cadena de producción están implicados. 
Los umbrales en las semillas se basan en este umbral del 1%. 
En la exposición de motivos del proyecto de Directiva sobre semillas de la Comisión establece que, si el umbral del alimento cambia, los umbrales para las semillas tendrán que reconsiderarse en consecuencia. 
En cuanto al tema de la coexistencia, el Institute for Prospective Technological Studies está llevando a cabo un estudio titulado «Escenarios para la coexistencia de cultivos orgánicos, cultivos convencionales y cultivos genéticamente modificados en la agricultura europea» , encargado por la Dirección General de Agricultura y coordinado por el Centro Común de Investigación. 
El objetivo principal del estudio es valorar las consecuencias derivadas de un aumento del cultivo de plantas modificadas genéticamente en la Unión Europea en el contexto de la coexistencia. 
El estudio pretende identificar el origen y estimar los niveles de la presencia accidental de OMG en cultivos no OMG en cada plantación, identificar y valorar los cambios en las prácticas agrícolas que podrían reducir la presencia accidental por debajo de los umbrales considerados relevantes, y estimar los costes de cambiar las prácticas agrícolas, los sistemas de seguimiento y los posibles sistemas de seguros. 
El estudio confirma que la polinización cruzada y la coexistencia son temas que deben considerarse en relación con la producción agrícola en general. 
Pero los resultados del estudio deben interpretarse con cuidado. 
Sólo se analizaron tres tipos de cultivos: el orujo de semilla oleaginosa para la producción de semillas, el maíz para piensos y las patatas para consumo humano. 
Los resultados se derivan de modelos y no se han validado con datos reales sobre el terreno. 
Por lo tanto, este estudio ofrece unas conclusiones preliminares pero los resultados hipotéticos deben confirmarse y hay que seguir investigando. 
La Comisión está debatiendo esto y coordinando con las diversas direcciones generales. Con toda seguridad, este debate continuará. 
Este tema es muy complejo y delicado, desde el punto de vista legal, técnico y político. 
Como he dicho antes, estamos dispuestos a admitir que no tenemos todas las respuestas. 
Sin embargo, lo que podemos hacer- como hemos hecho con otras tecnologías- es establecer un marco legal para tratar los beneficios potenciales además de los riesgos. 
Esto es lo que hemos intentado hacer con la Directiva revisada 18/2001/CE, sobre trazabilidad y etiquetado. 
En consecuencia, afectará, por ejemplo, a los umbrales cuando se trate de la regulación de semillas. 
Gracias por este debate, y estoy segura de que seguiremos hablando de ello más adelante. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las siguientes cinco propuestas de resolución acerca de la Corte Penal Internacional: 
B5-0546/2002 del Sr. Sakellariou y otros, en nombre del Grupo PSE, acerca de la postura del Consejo de Asuntos Generales con respecto a la Corte Penal Internacional; 
B5-0549/2002 del Sr. Wurtz y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, acerca de la Corte Penal Internacional; 
B5-0553/2002 del Sr. Oostlander, en nombre del Grupo PPE-DE, acerca de la Corte Penal Internacional; 
B5-0557/2002 del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, acerca de la Corte Penal Internacional; 
B5-0561/2002 de la Sra. Frassoni y el Sr. Wuori, en nombre del Grupo Verts/ALE, acerca de la Corte Penal Internacional. 
Señor Presidente, el objetivo de este informe es el de solicitar al Consejo de la Unión Europea que cumpla los compromisos que realizó con respecto a la ratificación y al establecimiento efectivo de la Corte Penal Internacional. 
La Presidencia danesa merece nuestro reconocimiento por haber hecho todo lo posible por mantener una postura unida de la Unión. 
Sin embargo, el Consejo de Asuntos Generales ha adoptado una postura muy ambigua con respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales, tras la ofensiva lanzada por la actual administración estadounidense, en un intento de obtener inmunidad para todos los ciudadanos estadounidenses fuera de sus fronteras y al deseo de aceptar esta exigencia planteada por una serie de países europeos, entre los que se incluye Italia- cosa que lamento especialmente, ya que, además de ser mi país de origen, fue también el primer Estado miembro en ratificar el Tratado de Roma. 
Por lo tanto, me gustaría subrayar lo vergonzoso que resulta que los Estados Unidos hayan llegado tan lejos como para recurrir a la amenaza de imponer sanciones a los países que hayan ratificado o tengan previsto ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y hacer hincapié en que no puede existir ningún acuerdo que permita que quienes se han rebajado al cometer delitos contra la humanidad o genocidios queden impunes. 
Dado que el Estatuto de Roma no permite restricciones con respecto a este requisito, cualquier acuerdo alcanzado a tal efecto se considerará incompatible. 
Esto resulta aplicable a los 15 Estados miembros, pero también a los países que se van a unir a la Unión y a aquellos que mantienen relaciones con la Unión. 
Por lo tanto, es necesario que el Consejo haga todo lo posible para mantener un diálogo abierto con la administración estadounidense y para presentarnos un informe en el que se exponga una postura clara con respecto a la compatibilidad de cualquier posible acuerdo bilateral con el Estatuto de Roma, antes de que se celebre el Consejo Europeo de Copenhague. 
Señor Presidente, este debate acerca de la Corte Penal Internacional ha pasado de un extremo a otro. 
Primero hemos escuchado un extremo, en el discurso de la Sra. Cauquil. 
Señora Cauquil, para ser sincero debo decirle que no queremos un tribunal internacional revolucionario. 
El planteamiento de tesis como las suyas constituye una manera segura de arruinar la idea general de una corte penal. 
Por otra parte- y en eso estoy de acuerdo con usted, tampoco queremos una corte penal que no sea más que un sello de caucho en manos de los poderes principales. 
Verdaderamente lamento que las fuerzas que, a pesar de que no desean o no son capaces de evitar totalmente la creación de esta corte, quieren reducirla a una especie de sello de caucho, estén ganando terreno en los Estados Unidos, China, Rusia y otros países. 
En la Unión Europea seguimos el camino de la ley y, en mi opinión, eso forma parte de una positiva e importante tradición. 
El Consejo de Europa se fundó como una comunidad de derechos humanos aquí, en Estrasburgo, hace 50 años. 
La Convención de los Derechos Humanos se adoptó y el Tribunal de los Derechos Humanos se fundó también aquí, en Estrasburgo. 
Durante los últimos 50 años, el Parlamento Europeo se ha reunido aquí, en Estrasburgo, como la voz del pueblo, como la voz del Estado de Derecho europeo y, dado que queremos extender este Estado de Derecho a todo el continente, establecimos de forma bastante deliberada la idea del Estado de Derecho, la democracia y los criterios de Copenhague, al comienzo del proceso histórico de la ampliación, que ya está llegando a su fin. 
Esto es una consecuencia de nuestra historia, que, desafortunadamente, ha sufrido su parte correspondiente de genocidios, expulsiones, privación de los derechos civiles, minorías reprimidas y delitos contra la humanidad. 
No tenemos derecho a dar lecciones al resto del mundo, como hacemos en ocasiones, a menos que nos tomemos en serio nuestro propio Estado de Derecho. 
Eso no sólo significa respetar el Estado de Derecho internamente, sino también ser el socio fuerte de otros países de todo el mundo, por lo que respecta al Estado de Derecho mundial. 
La Corte Penal, al igual que nuestro tratado constitutivo, nació en Roma y la idea de Roma está en cierto modo ligada al concepto del derecho. 
El Estatuto de Roma que sirve de base a la Corte Penal no debería verse perjudicado, debilitado ni arruinado. 
Si no queremos que los tribunales necesarios para genocidios y delitos recurrentes contra la humanidad sean desacreditados erróneamente como la justicia del vencedor o justicia extraordinaria, entonces necesitamos una corte penal permanente a la que nos sometamos todos en las mismas condiciones, estados grandes y pequeños por igual, independientemente de la nacionalidad del autor o delincuente. 
Este es el motivo por el que queremos adherirnos a este Estatuto, sin modificaciones. 
Somos muy críticos con el Consejo de la Unión Europea por escatimar claridad y dignidad aquí, por intentar repetidamente evadirse con maniobras enrevesadas y por ceder repetidamente ante los poderes que sean. 
Si Europa quiere tomarse en serio a sí misma, debe luchar por esta Corte Penal y tiene que decir a los Estados Unidos de América que son, sin duda, nuestro aliado más importante, pero que este tipo de alianza conlleva la obligación dentro del mundo libre de tomarse el derecho en serio, independientemente de lo molesto que pueda resultar. 
No necesitamos más unilateralismo en respuesta al 11 de septiembre; tenemos que reforzar el Estado de Derecho en todo el mundo, que es el motivo por el que estamos solicitando una rápida y completa ratificación del Estatuto de Roma. 
Señor Presidente, la última vez que debatimos este tema, en respuesta a mi pregunta, el Presidente en funciones confirmó que el acuerdo establecido según el apartado 2 del artículo 98 era compatible con el Estatuto de Roma y además estaba previsto en el Estatuto de Roma. 
Por lo tanto me sorprende un poco este texto negativo de la resolución que tenemos ante nosotros y algunas de las contribuciones al debate, porque sin duda el Consejo de Asuntos Generales presentó unos resultados muy buenos: se confirmó la solidaridad europea. 
Fue un buen ejemplo de cómo funciona la Política Exterior y de Seguridad Común para reunir a los Estados miembros y preservar la integridad del Tribunal Penal Internacional. 
De modo que nos gustaría llegar a un acuerdo de este tipo, especialmente porque establece los principios generales que deben regir todo los acuerdos que se firmen, incluyendo la observación efectuada por algunos colegas de que no hay que firmar ningún acuerdo si significa que algunas personas gozarán de impunidad. 
Esto se excluye específicamente. 
Debemos aceptar la realidad: hay que atraer con cuidado a los norteamericanos y convencerlos de que esto no es una caza de brujas contra las fuerzas norteamericanas, sino que se trata de tener una ley internacional que regule la política mundial. 
Señor Presidente, en respuesta a este interesante aunque corto debate, me gustaría decir, en nombre de la Comisión, que la Unión Europea, como ya hemos oído, está firmemente comprometida con el Tribunal Penal Internacional, al que considera esencial para los derechos humanos y la protección en el ámbito internacional. 
Los principios del Estatuto de Roma, así como los que rigen el funcionamiento del Tribunal, se ajustan plenamente a los principios y objetivos de la Unión. 
Como acaba de recordarnos el Sr. Titley, nuestro compromiso se articula en las posiciones comunes sobre el TPI adoptadas en junio de 2001 y revisadas en junio de 2002. 
Se refleja en el Plan de Acción sobre el TPI adoptado en mayo de este año y las conclusiones y directrices adoptadas por el Consejo sólo el pasado 20 de septiembre. 
Todas estas decisiones ofrecen una idea clara del apoyo continuado de la Unión Europea en relación con el Estatuto de Roma y con un Tribunal Penal Internacional eficiente. 
Asimismo la Unión Europea colabora activamente para asegurar que el Estatuto de Roma se firme, se ratifique y se aplique de la forma más amplia posible. 
Con este fin, entre 1995 y 2001, la iniciativa de la Comisión Europea para la democracia y los derechos humanos financió casi 7 millones de euros en proyectos con esta finalidad en varias partes del mundo. 
Y para los proyectos de 2002/223 se han reservado 6 millones de euros más. 
Además de seguir animando a todos los Estados que todavía no lo han hecho para que firmen, ratifiquen y adopten la legislación para aplicar el Estatuto de Roma lo antes posible, también animamos a todos los estados para que respondan a la petición de Washington para firmar acuerdos de inmunidad de forma coherente con el Estatuto de Roma. 
Las conclusiones y las directrices adoptadas por el Consejo a 30 de septiembre proporcionan una orientación sobre la forma de garantizar que estas respuestas preserven la integridad del Tribunal Penal Internacional, que es absolutamente fundamental y esencial. 
La Unión Europea también quiere que todos los estados que han ratificado el Estatuto de Roma se impliquen activamente en la nominación y elección del fiscal general y de los jueces del Tribunal Internacional. Esto debería hacerse de forma coherente con el proceso y los criterios establecidos por el Estatuto de Roma y la resolución de la primera asamblea de estados participantes. 
Doy las gracias por esta oportunidad de aclarar la posición de la Comisión y de la Unión Europea. 
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 142, me gustaría preguntar a la Mesa, en virtud del artículo 50 de nuestro Reglamento, ¿cómo discutiremos un asunto como el diálogo con Irán en el ámbito de los derechos humanos? 
¿Qué tiene esto que ver con los casos urgentes de violaciones de los derechos humanos? 
No tiene nada que ver con la disposición del apartado 1 del artículo 50. 
La moción presentada por el Grupo Socialista relativa a la lapidación de mujeres, una práctica frecuente en Irán, que incluso se aplica a niñas de 9 años de edad, tenía totalmente sentido. 
Esto es algo que no entiendo, señor Presidente. 
No obstante, quiero hacer a la Mesa una segunda pregunta: Si vamos a hablar acerca del diálogo sobre derechos humanos entre Irán y la Unión Europea, me gustaría que la Mesa aclarase el alcance y el significado preciso de este debate, porque, según las autoridades iraníes y según lo que podemos leer acerca del diálogo en Internet, lo que dicen es que el Islam está siendo perseguido en Europa y, particularmente, en el Reino Unido. 
Está ahí, por escrito. 
Señor Presidente, hablo en nombre del Grupo Socialista en este debate sobre una resolución que cinco grupos han presentado conjuntamente. Esto expresa claramente nuestra preocupación por las ejecuciones de mujeres y, más raramente, de hombres por la práctica cruel e inhumana de la lapidación, y el drástico aumento en el uso de la pena de muerte en Irán durante los últimos dos años. 
Setenta y cinco personas murieron en el año 2000, 139 en el 2001 y hasta el momento 250 este año. 
Remarcamos la carta del 23 de octubre del embajador iraní a la UE, asegurándonos que no ha habido casos de lapidación en los últimos meses, que las autoridades competentes han emitido las correspondientes directrices para el cese de este proceso, y que se están cumpliendo. 
Sin embargo, no estamos del todo tranquilos mientras se sigan aprobando sentencias de muerte por lapidación y mientras siga aumentando el uso de la pena de muerte en general. 
El Parlamento Europeo y la UE en general protestan contra el uso de la pena de muerte en todo el mundo, tanto si es en los Estados Unidos como si es en China, Japón o cualquier otro país. Irán no es una excepción. 
Sin embargo, reconocemos que algunos sectores de la sociedad iraní están intentando avanzar. 
Existen unas fuerzas de progreso que quieren ver una sociedad islámica menos cruel, y van en aumento. 
Esta resolución no amenaza las conversaciones entre la UE e Irán en relación con los futuros acuerdos sobre comercio y cooperación, aunque está claro que incluirá una cláusula en defensa de los derechos humanos. 
El Parlamento Europeo, que es quien tiene que aprobar estos acuerdos, vigilará con gran atención. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, un gobierno que ha permitido la ejecución de más de 250 personas desde enero de 2002, incluidas 27 sólo desde el 30 de septiembre- el día en que se celebraron las negociaciones entre la Unión Europea e Irán; un gobierno que, en segundo lugar, tiene a una mujer por asesora del Presidente Khatami, una mujer que ha afirmado que la lapidación constituye un método legítimo y justificable para proteger los valores familiares; un gobierno que, en tercer lugar, sentencia a años de prisión a activistas que luchan en defensa de los derechos humanos, como Nasser Zarafshan; un gobierno como éste se merece la etiqueta de «régimen inhumano» y debe ser condenado en los términos más duros. 
Indudablemente estoy de acuerdo en la necesidad material de un diálogo entre la Unión Europea e Irán. 
Sin embargo, sencillamente no puedo entender por qué las negociaciones relativas a un acuerdo de cooperación y comercial entre la Unión Europea e Irán deberían comenzar el 29 de octubre. 
El Parlamento ha solicitado en numerosas ocasiones que los acuerdos de cooperación o la ayuda financiera se suspendan o congelen, cuando se están violando los derechos humanos. 
Por lo tanto, ¿por qué estamos aplicando este doble criterio? 
El Consejo decidió el 22 de octubre, hace tan solo dos días, no presentar una resolución de derechos humanos sobre Irán, en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
Creo que resulta totalmente aceptable. 
Sin embargo, no puedo más que preguntarme si el motivo de que no quiera desenmascarar al Gobierno iraní ahora es que esto no cuadra con la política acerca de Irán. 
Los miembros del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoyamos la moción conjunta, aunque representa un giro de la resolución real sobre derechos humanos a una resolución compuesta sobre derechos humanos más cooperación entre la Unión Europea e Irak. 
Sin embargo, pensamos que parte de los puntos 4 y 5 no resulta acertada por los motivos que he mencionado y, por lo tanto, hemos solicitado una votación por partes. 
Sería una gran satisfacción para mí que la esperanza reflejada en esta moción común se cumpliese, es decir si el fin de las violaciones de los derechos humanos en Irán nos proporcionase un motivo de optimismo. 
Sin embargo, las circunstancias actuales en sí no me dan ningún motivo para pensar que esto sucederá, que es la razón por la que debemos alzar nuestras voces en el Parlamento cuanto sea necesario. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría hacer un comentario de autocrítica parlamentaria. 
Por lo que puedo apreciar, esta propuesta de resolución parece haber descuidado un punto en concreto, desde el punto de vista de la redacción. 
No se ha incluido el nombre completo, con nombre y apellidos, de las cuatro mujeres iraníes condenadas a morir por lapidación- véase el final del párrafo 3. 
De los cuatro nombres mencionados, por ejemplo, se entiende que al menos dos se utilizarían normalmente como nombres de pila. 
Por lo tanto, propongo una corrección del texto, en beneficio del caso de estas mujeres condenadas. 
Metafóricamente hablando, el diálogo con la República Islámica de Irán acerca de los derechos humanos sería algo así como un esfuerzo cuesta arriba. 
Desde el punto de vista europeo, tenemos que asegurarnos de no ser los responsables de la obstrucción del camino. 
Por lo tanto, cualquier mano tendida por Irán es bienvenida. 
Acogemos con especial satisfacción el valioso gesto del Ministro de Asuntos Exteriores iraní, el Sr. Kharrazi, consistente en una visita ad hoc de una delegación de este Parlamento el 20 de julio, con la intención de establecer un contacto directo entre representantes del sistema legal iraní y abogados de la Unión Europea. 
Me gustaría que el Consejo y la Comisión aceptasen esta invitación lo antes posible. 
Después de todo, las sentencias iraníes, que han sido lógicamente recusadas, se pueden tratar en esta propuesta de resolución de forma correcta y concluyente. 
La oportunidad que supone este tipo de contacto también se debería aprovechar para oponerse a la brutal pena de la lapidación, para que no quepa duda sobre la postura de Europa con respecto a Irán. 
No podemos vivir y no viviremos con un sistema que condena a la lapidación a otros seres humanos, sea donde sea. 
Señor Presidente, como ponente para Irán, apoyo la propuesta de resolución conjunta. 
El diálogo con Irán es importante. Sin embargo, nuestra principal preocupación en el Parlamento Europeo es el diálogo acerca de los derechos humanos. 
Como representantes parlamentarios, carecemos de restricciones diplomáticas por lo que respecta a la exigencia de este principio universal, que es el motivo por el que decimos alto y claro a cualquier país que la aplique que rechazamos la pena de muerte en general. 
Por lo que respecta al aumento del número de sentencias a muerte que se ha producido en Irán en comparación con años anteriores, me gustaría explicar aquí cómo veo yo la situación. 
Las fuerzas conservadoras, tanto de las estructuras formales como informales, están obviamente utilizando sentencias de muerte o castigos corporales para intimidar tanto a la población como a las fuerzas liberales del parlamento y otras instituciones sociales. 
No tiene nada que ver con el Islam ni con el Corán. 
Debido a que la presión interna está aumentando, la represión también lo está haciendo. 
Este es el motivo por el que debemos remitirnos a los hechos demostrables en todas nuestras críticas y comprobar cada acusación, independientemente de su fuente. 
Este es el motivo por el que estoy en contra de sobrecargar la resolución de acusaciones que, en definitiva, no podemos demostrar, lo que perjudicaría a nuestra propia credibilidad. 
Se ha sentenciado a personas a ser lapidadas hasta la muerte. 
Tenemos pruebas de que dos de estas sentencias se dictaron en el primer semestre de 2001, pero no para el 25 de septiembre de 2002. 
Por lo tanto, debemos hacer uso de la disposición de Irán a debatir todos los aspectos relativos a los derechos humanos, incluidos casos individuales, sin condiciones previas, tal y como se afirmó en las charlas con los Expertos en investigación de derechos humanos UE-Irán que tuvieron lugar a comienzos de mes. 
Me sigue preocupando el hecho de que el Consejo se haya equivocado al negarse oficialmente a presentar la resolución anual de derechos humanos sobre Irán en las Naciones Unidas. 
En este caso, no es la Presidencia la que merece ser criticada, sino los sospechosos habituales que piensan que se les pueden torcer sus planes. 
Lo que decimos es que es positivo que quieran hablar; debemos mantener un completo diálogo y sólo en el caso de que observemos mejoras es cuando deberíamos negarnos a presentar nuevas resoluciones, a su debido tiempo. 
No pueden hacerse concesiones abiertas a expensas de los derechos humanos. 
Dada la situación actual, deberíamos recordar claramente las estructuras en cuestión en Irán- y, en mi opinión, el Consejo y la Comisión también- de una cosa. 
Sólo se alcanzará un acuerdo negociado con el consentimiento del Parlamento y los temas a los que prestaremos especial atención son los que acabo de mencionar. 
La modernización que está teniendo lugar actualmente en Irán todavía no está provocando una mejora de la situación por lo que respecta a los derechos humanos. 
Todavía se imponen castigos horribles. 
La antigua práctica medieval de la lapidación continúa formando parte de su sistema de justicia penal. 
Se ahorca públicamente a las personas, se les cortan las manos por pequeñas transgresiones e incluso se les arrancan los ojos sin ningún tipo de anestesia. 
Las mujeres son principalmente las víctimas de este procedimiento judicial inhumano. 
Si realmente Irán se plantea abrirse hacia occidente, si realmente se plantea mantener un diálogo con la Unión Europea, esta violación de los derechos humanos tiene que detenerse. 
La naturaleza extrema de la jurisprudencia islámica (la sharia) representa un obstáculo insalvable para las relaciones normales. 
No puede plantearse un acuerdo de cooperación y comercial con Europa, mientras no se resuelva la situación relativa a los derechos humanos. 
Los negociadores que trabajan en nombre de la Unión Europea tienen que dejar esto muy claro desde el principio. 
¿Está de acuerdo conmigo en esto el Comisario Kinnock? 
Definitivamente no podemos abandonar una resolución de condena en la ONU, si Irán continúa con su perversa violación de los principios universales. 
No se trata de una cuestión de mantener un diálogo próspero acerca de los derechos humanos con la Unión Europea, tal y como se ha sugerido, sino de obtener la abolición de los métodos bárbaros. 
La Unión Europea no se puede permitir aislar a Irán. 
Es muy importante que los reformistas reciban apoyo en su lucha por un Irán democrático y más humano. 
La generación más joven desea cambiar y ofrece esperanzas. 
Sin embargo, lamentablemente las autoridades iraníes no saben cómo hacer frente a la situación. 
No obstante, no existe ningún sustituto de la franqueza y la democratización. 
La modernización sólo puede triunfar si se pone fin a las prácticas bárbaras y a un horrible pasado. 
Señor Presidente, señor Comisario, lamentablemente lo que el Sr. van den Bos está diciendo no está incluido claramente en esta propuesta de resolución conjunta y éste es el motivo por el que no la hemos firmado. 
Dado que la asesora acerca de los temas relacionados con las mujeres del Presidente Khatami considera que la lapidación constituye una medida que sostiene a la familia, sólo podemos pensar que es esto es realmente horrible. 
Desde nuestra resolución de 13 de diciembre de 2001, se han ejecutado 250 personas en Irán y 75 el año anterior. 
¡Cómo pueden hablar de progreso! 
No parece que la situación esté mejorando, por lo que respecta a los derechos humanos. 
En mi opinión, la propuesta de resolución que se nos ha presentado para votación no resulta lo suficientemente clara. 
A pesar de la visita de una delegación europea en relación con los derechos humanos, se produjeron cinco ejecuciones públicas el 30 de septiembre. 
Por lo tanto, condenamos la decisión del Consejo Europeo de no presentar una resolución acerca de los derechos humanos en Irán, antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebrará en Ginebra. 
Queremos afirmar de forma clara y sin ambigüedades que esta resolución debe ser presentada antes de la próxima sesión. 
Queremos decir con toda claridad que el Parlamento Europeo no puede asumir que podamos debatir acuerdos de cooperación, si no se produce una mejora real de la situación con respecto a los derechos humanos en Irán y éste es el motivo por el que no hemos firmado. 
Señor Presidente, Irán es un país grande e importante con una antigua tradición de cultura y aprendizaje que se remonta al período preislámico de Zaratustra. 
Es también un país con el que Occidente ha mantenido unas relaciones turbulentas durante muchos años. 
Al rechazar los valores consumistas de Occidente, Irán se radicalizó y dio su apoyo a los grupos radicales islámicos de Líbano, como Hezbolá. 
Y existe una complejidad añadida porque los conflictos con Occidente se han endurecido a causa de los desacuerdos internos dentro del propio Irán. 
En los últimos años ha ido creciendo en Irán la conciencia de que este aislamiento era perjudicial para los intereses islámicos y no llevaba a ninguna parte. 
El resultado ha sido un deshielo en las relaciones que en la UE deberíamos apreciar. 
Nuestras relaciones dependerán del progreso fundamental en las áreas de los derechos humanos y la inmigración ilegal, las armas de destrucción masiva, en particular el programa nacional sobre armas nucleares, las drogas, Oriente Medio, Afganistán y la lucha contra el terrorismo. 
En relación con el tráfico de drogas, deberíamos elogiar a los iraníes, que tienen en su propio país un grave problema con la droga, por sus esfuerzos y su cooperación. 
También han resistido la tentación de desestabilizar Afganistán y han declarado que no intentarán fomentar la inestabilidad en Iraq en el caso de que Sadam Husein haga mutis por el foro. 
Irán necesita estabilidad regional, y así lo ha reconocido el líder iraní. 
En cuanto a Oriente Medio, Irán se ha unido a Arabia Saudita y ha aceptado el principio de «terreno a cambio de paz» si esto es lo que quieren los palestinos. 
Todo este progreso es importante y muy bienvenido. 
Irán necesita entender que Europa le está alargando una mano amiga y que se pueden encontrar formas de convivencia sin que Irán pierda ni su identidad ni su oposición hacia los peores valores occidentales. 
No sería correcto que la Unión Europea ejerciera una presión excesiva en el tema de la pena de muerte per se, que sigue siendo legal en el derecho internacional, si se utiliza de forma adecuada. 
Se practica en las principales democracias del mundo, como los Estados Unidos, Japón y la India, y recibe el apoyo de decenas de millones de ciudadanos en mi país, el Reino Unido. 
Sin embargo, los líderes de Irán no deben tener ninguna duda acerca del horror universal que sentimos por el castigo bárbaro y medieval de la sharia, la lapidación hasta la muerte. 
Insto al gobierno iraní a reflexionar sobre esto y a encontrar soluciones a la altura de la dignidad y la historia de Irán. 
Señor Presidente, lamentablemente no se puede negar que se ha producido un aumento sin precedentes del número de ejecuciones en Irán, durante el pasado año. 
La práctica de lapidar a los hombres y, en particular, a las mujeres, no sólo continúa estando recogida en la ley, sino que también se aplica frecuentemente, tal y como demuestran las numerosas sentencias de muerte ya dictadas. 
Como sabemos, en los próximos meses otras cuatro mujeres serán lapidadas en virtud de un marco legislativo que impone un sistema de control opresivo y discriminatorio sobre las mujeres. 
Por lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales, el deterioro de la situación en Irán ha sido señalado y subrayado por diversas organizaciones, así como por una resolución de la Asamblea General de la ONU y por el informe más reciente elaborado por el Representante Especial de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU acerca de Irán. 
Ahora, en el diálogo que están manteniendo la Unión Europea e Irán, la misión de investigación de la Unión ha observado una disposición, por parte del Gobierno iraní, a discutir problemas relacionados con los derechos humanos, incluidos casos específicos. Sin embargo, esta expresión oral de buena voluntad no ha surgido de ninguna medida práctica. 
Más bien lo contrario: la situación parece estar empeorando. A pesar de que es cierto que debemos acoger con satisfacción los signos de cooperación del Gobierno iraní, también tenemos que tener en cuenta que el aumento de las ejecuciones y las constantes lapidaciones constituyen un signo negativo para la Unión y que no podemos aceptarlos si no respetan su propia Carta de Derechos Fundamentales y las convenciones internacionales. 
Por lo tanto, resulta imperativo que, en todas las fases del diálogo actual, la Unión Europea deje claro que es absolutamente necesario que Irán garantice el respeto de los derechos fundamentales, especialmente los derechos de las mujeres, y que reitere la necesidad de que Irán acuerde la abolición de la pena de muerte, la práctica de la lapidación y todas las demás prácticas inhumanas y degradantes. 
Señor Presidente, espero que los debates acerca de Irán se celebren pronto en forma de un diálogo entre las comisiones parlamentarias y que se firme y ejecute un acuerdo de asociación como resultado. 
Ambas partes tienen que hacer un esfuerzo, si deseamos lograr este objetivo. 
Por nuestra parte, tenemos que demostrar nuestra disposición a reconocer la historia de este enorme país, así como su situación actual y los factores naturales y socioeconómicos que lo definen, tanto desde dentro como desde fuera. 
Tenemos que dar ejemplo y demostrar nuestra confianza en los líderes y en el pueblo iraní, el amable, solemne y talentoso pueblo iraní que en espera de la democracia y la reforma, demuestra la esperanza que todavía tiene depositada en el Presidente Hatami, quien realmente está luchando para introducir cambios en su régimen teocrático. 
Por parte de Irán, sus líderes deben tener en cuenta que Occidente, y la Unión Europea en particular, sólo se abrirán al mundo en desarrollo y trabajarán con éste cuando respete los derechos humanos; esos no son valores que Europa desea imponer, son valores ecuménicos y entre ellos se incluyen los derechos de las mujeres, que son particularmente propensas a sufrir abusos. 
La comunicación y el diálogo ayudarán en este campo. 
Por lo tanto, debemos continuar y reforzar este diálogo y señalar una vez más, a través de esta resolución, que no renunciamos a nuestros principios y valores y que esto se reflejará en los preparativos del texto definitivo del acuerdo de asociación. 
Permítanme añadir, como coordinadora del Partido Popular Europeo de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que estamos prestando gran atención a este asunto. 
Estamos planificando una misión de investigación con nuestros homólogos de la oposición y representantes de la sociedad civil, y haremos presión con respecto al texto definitivo del acuerdo, por lo que respecta a la inclusión de una cláusula clara y expresa relativa a los derechos de las mujeres. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi gratitud hacia Sus Señorías por presentar esta propuesta de resolución. 
Por supuesto, la Comisión sigue preocupada por la situación de los derechos humanos en Irán y, en concreto, por la persistencia de las medidas represivas contra las instituciones democráticas la sociedad civil y los medios de comunicación. 
La prevalencia de las detenciones arbitrarias, la tortura, la discriminación de las minorías y la evidente ausencia de estado de derecho resultan muy inquietantes. 
La excesiva evidencia del uso de castigos crueles, inhumanos y degradantes, como la espantosa lapidación de niños, mujeres y hombres, sigue demostrando la falta de normas civilizadas. 
La forma más eficaz de expresar estas preocupaciones es mediante los diálogos globales semianuales, las conversaciones bilaterales y otras actividades similares continuadas. 
Además, recientemente la troika ha explorado métodos para conseguir un diálogo más directo y específicos, como ya han dicho varios diputados. 
El 21 de octubre el Consejo de Relaciones Exteriores y Asuntos Generales apoyó la estrategia de entablar un diálogo sobre derechos humanos con Irán basándose en las recomendaciones de la misión exploratoria de la troika que visitó Teherán del 30 de septiembre al 1 de octubre pasados. 
Durante estas conversaciones explicativas, el Gobierno iraní expresó una voluntad política de participar en un diálogo sobre derechos humanos y a hacerlo principalmente en los términos de la UE. 
No se solicitaron restricciones en relación con la lista de temas relacionados con los derechos humanos que se van a discutir y el diálogo se valorará regularmente con la ayuda de unos puntos de referencia específicos y realistas, como los informes de las visitas de los informadores temáticos de las Naciones Unidas. 
En un principio el diálogo sería en forma de mesa redonda experimental, en Teherán, en diciembre de este año. 
El formato se valorará inmediatamente después de la primera sesión y se podría revisar, si es necesario, en la primavera de 2003. 
El inicio de las negociaciones con Irán sobre un acuerdo comercial y de cooperación, indisolublemente vinculado a documentos sobre diálogo político y contraterrorismo, ofrece a la Unión Europea una fuerza considerable, dado que el avance en las negociaciones estará directamente relacionado con el progreso paralelo en derechos humanos, entre otros temas. 
Esta conexión es el núcleo del paquete político definido en el Consejo de junio y adoptado formalmente el 12 de julio. 
Obviamente, el establecimiento de un diálogo estructurado UE-Irán sobre derechos humanos no es un antídoto completo contra toda la gran diversidad de problemas graves y profundos. 
Sin embargo, en esta coyuntura, parece que constituye el medio más eficaz de que disponemos para promover nuestros intentos de conseguir mejoras tangibles en la grave situación de los derechos humanos en Irán. 
Quiero resaltar que, en todo esto, lo que nos preocupa son los derechos básicos y el bienestar de los seres humanos, independientemente de su fe, independientemente de sus costumbres. 
Éste es el valor fundamental que nos guía y motiva a la Unión Europea. 
Seguiremos actuando sobre la base de estos fundamentos. 
Señor Presidente, sólo una pregunta complementaria. ¿Estaría la Comisión dispuesta a incluir al Parlamento Europeo en la mesa redonda de diciembre de Teherán que se ha mencionado? 
Señor Presidente, por supuesto que puedo consultar a aquellos de mis colegas cuyas carteras se refieren directamente a este tema. 
Estoy seguro de que, tanto si el Parlamento participa como si no, la Comisión apreciará cualquier apoyo a sus esfuerzos firmes y continuos para conseguir unos objetivos que nosotros sabemos que esta Cámara comparte en su totalidad. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 5:30 horas, siempre y cuando los diputados que desean hablar sobre el último punto del orden del día, hagan un esfuerzo por ser concisos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de seis propuestas de resolución acerca de la situación en Nepal: 
B5-0545/2002 del Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN, acerca de la situación en Nepal; 
B5-0547/2002 de la Sra. Carrilho y otros, en nombre del Grupo PSE, acerca de la situación en Nepal; 
B5-0550/2002 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, acerca de la situación en Nepal; 
B5-0555/2002 del Sr. Thoma Mann, en nombre del Grupo PPE-DE, acerca de la situación en Nepal; 
B5-0558/2002 del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, acerca de la situación política en Nepal; 
B5-0560/2002 del Sr. Messner y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, acerca de Nepal. 
Señor Presidente, la escalada de violencia en Nepal constituye una amenaza inaceptable para la estabilidad de toda la región del Himalaya. 
La labor destructiva de las guerrillas maoístas sigue incólume. 
En muchas zonas de Nepal ya no hay escuelas ni hospitales y la infraestructura estará en ruinas en los próximos años. 
Cada semana escuchamos que más policías y civiles han sido asesinados. 
El momento crítico más reciente fue cuando la famosa estatua del Rey Gyanendra fue volada en medio de Patan, una zona que conozco bien. 
Falleció un transeúnte y otros nueve resultaron heridos. 
Las guerrillas- a diferencia de la mayoría de la población, que es inequívoca en su apoyo- quieren poner fin a la monarquía constitucional. 
Más de 5.000 personas han sido víctimas de la violencia desde 1996. 
Fue tan solo el pasado mes de mayo, cuando el Parlamento Europeo se entrevistó con el Primer Ministro Deuba en Bruselas. 
Ahora el Rey lo ha destituido, porque, en contra de lo que dijo en público, estaba a favor de posponer las elecciones de noviembre por un año. 
Bahadur Khadka, a quién el Rey nombró como su sucesor y que ya había sido primer ministro en otras dos ocasiones, dirige ahora el gobierno provisional y ha anunciado que tiene la intención de garantizar la paz y la estabilidad en el país, así como de comenzar a negociar con los rebeldes. 
La postura del PPE-DE está perfectamente clara. 
Nepal necesita el Estado de Derecho, el pluralismo y la continuación de la democracia parlamentaria. 
Debe incrementarse la lucha contra la corrupción y el nepotismo y las elecciones pospuestas deberán celebrarse entre medidas de seguridad efectivas, de forma que se puedan convocar lo antes posible. 
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea, para que ofrezca sus servicios como mediadora. 
El Consejo debería designar un representante especial para Nepal. 
Espero que la Comisión comparta esta opinión. 
Yo fui vicepresidente de la delegación ACRAM durante muchos años y sé, a través de mis contactos regulares con Nepal, que tienen en gran estima a los europeos. 
Podríamos comenzar actuando como intermediarios honestos ahora y realizar una importante contribución a la paz que el pueblo nepalí tanto merece. 
Señor Presidente, parece como si, en Nepal, el principio fundamental de la democracia hubiese sido asesinado al mismo tiempo que el Rey Birendra. 
El Rey actual está concentrando todo el poder en sus propias manos. 
El estado de emergencia ha sido sustituido por un estado permanente de poder absoluto, sin ninguna esperanza real de mejora. 
El movimiento rebelde crece diariamente, porque el sentimiento de esperanza está aumentando firmemente en el país y la gente joven se une a los rebeldes. 
Están luchando contra un régimen corrupto que posee el 95% de la riqueza del país. 
Por otra parte, algunos de nuestros Estados miembros, incluido el país del que procedo, Bélgica, están enviando armas a Nepal. 
En sus primeras resoluciones, el Parlamento Europeo había recomendado con acierto que Europa debería hacer un esfuerzo, no sólo para apoyar la democracia, sino también para garantizar que se pudiesen iniciar negociaciones y encontrar una solución política, pero no que se enviasen armas más potentes que fomenten una represión aún mayor. 
Esto viola el código de conducta europeo en sí. 
Sólo en los seis últimos años, han muerto 5 000 personas en Nepal. Ayer, otras 25 fueron asesinadas en diversos conflictos. 
No me importa de qué frente proceden las víctimas. Lo que me preocupa es que debemos esforzarnos por conseguir una solución pacífica, que la única esperanza que podemos dar a este país es el desarrollo de sus tierras y la concesión de oportunidades para sus gentes. 
Por lo tanto, espero que apoyen nuestras enmiendas, que hacen referencia a estos puntos. Sin duda, es inaceptable que sólo exista una respuesta: disparar y matar. 
Creemos que esto no resulta aceptable y solicitamos su apoyo. De lo contrario, no seremos capaces de aprobar esta resolución, al menos por lo que a mí respecta. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todo el mundo sabe que se están violando los derechos humanos en Nepal. 
Esta resolución condena con acierto todos los actos de violencia, tanto los perpetrados por las fuerzas de seguridad, como por los rebeldes maoístas. 
Presiona con acierto para que se establezca una mediación y consulta política. Sin embargo, también con acierto, pide que se haga frente a las causas subyacentes del conflicto, que son la extrema pobreza, la desigualdad social y los grupos de población marginales. 
En agosto la Comisión Europea destinó 615 000 euros a la solución pacífica del conflicto. 
Con estos antecedentes, no resulta inteligente suministrar armas letales a Nepal. 
Esto constituye también una clara violación del código de conducta con respecto a las exportaciones de armas. 
Los Verdes Flamencos afirman claramente que no se cumplen las condiciones para el suministro y nuestro partido continuará pidiendo al Ministro de Asuntos Exteriores del Parlamento belga que suspenda, en la medida de lo posible, los envíos de armas previstos. 
En este sentido, esta resolución es un signo más que obvio para el Sr. Michel de un documento pobre e incoherente. 
Señor Presidente, junto con Sus Señorías, la Comisión deplora el aumento de víctimas generado por los choques entre maoístas y fuerzas gubernamentales de Nepal. En concreto nos preocupan las violaciones de los derechos humanos tanto por parte de los insurgentes como de las fuerzas antiinsurgentes dentro y fuera del país. 
Los observadores creen que no puede haber una solución militar duradera a la crisis y que es extremadamente urgente acabar con un período de inestabilidad política causado por rivalidades endémicas entre los diferentes líderes de los diversos partidos políticos. 
La Comisión espera que la designación por parte del rey del Primer Ministro, Sr. Chand, como jefe de un gobierno provisional de gestión, proporcionará el ímpetu necesario para reconstruir el consenso nacional, incluyendo los esfuerzos para mejorar la gobernanza, permitir unas elecciones libres y justas lo antes posible y reanudar el diálogo con los insurgentes maoístas. 
Las consultas en curso con los partidos políticos deberían ayudar a completar la formación del nuevo gobierno. 
A partir de ahí, se esperan iniciativas tangibles para fomentar un dialogo multipartidista y la aplicación de medidas urgentes para luchar contra las causas socioeconómicas subyacentes del conflicto a las que el Sr. Staes y otros diputados se han referido. 
Dentro del contexto de sus actividades de cooperación, la Comisión está dispuesta a ofrecer apoyo a iniciativas de desarrollo a largo plazo, especialmente para el alivio de la pobreza en zonas críticas de la zona occidental central de Nepal, y apoyar a las instituciones locales con el fin de reforzar el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. 
La Comisión pide a las autoridades que creen las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones pacíficas y democráticas y anuncie en breve nuevas fechas para las elecciones locales y parlamentarias. 
Mientras, la Comisión confirma que la financiación prevista para la misión de observadores de la UE en las elecciones seguirá reservada hasta diciembre de 2003. 
En esta coyuntura, estos son todos los compromisos viables y prácticos que podemos ofrecer para intentar resolver una situación sangrienta espantosa y demasiado duradera. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
A continuación procederemos inmediatamente a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 17.40 horas) 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 24 de octubre de 2002. 
El 31 de octubre de 2002 se produjo un violento terremoto en la región italiana de Molise que destruyó algunos pueblos y se cobró la vida de numerosas personas. 
En concreto, la pequeña ciudad de San Giuliano di Puglia fue destruida y una escuela se derrumbó ocasionando la muerte de 29 personas, 26 de ellas niños. 
Todos los niños de la clase de primaria nacidos en 1996 fallecieron bajo los escombros de ese desastre. 
Muchas de las familias se encuentran ahora sin hogar, cuando se acerca el invierno. 
Todos los desastres naturales y los acontecimientos trágicos provocan en nosotros una respuesta de compasión y un sentimiento de familiaridad con aquellos que sufren. 
Sin embargo, en esta ocasión, en toda Europa y en otras partes, la gente se ha visto profundamente conmovida por la trágica pérdida de las vidas de tantos niños de tan corta edad. 
En nombre del Parlamento Europeo he expresado nuestra compasión y nuestro más sentido pésame al Alcalde de San Giuliano di Puglia, al Presidente de la región de Molise y a las familias de las víctimas. 
Ruego guardemos ahora un minuto de silencio en su memoria. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Asimismo lamento informar a la Asamblea de que esta mañana un avión de Luxair que volaba de Berlín a Luxemburgo se estrelló en Niederanven al aproximarse al aeropuerto de Luxemburgo con 19 pasajeros y tres tripulantes a bordo. 
Los informes iniciales indican que unas 17 personas han fallecido en este trágico accidente. 
Esta mañana en Francia, un tren que viajaba de París a Viena se incendió cerca de Nancy. 
En este fatal accidente han perdido la vida 12 personas. 
Quiero informarles de que he expresado en mi nombre y en el del Parlamento Europeo a las autoridades de Luxemburgo y Francia nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame a las familias de todas las personas implicadas en estos trágicos accidentes. 
También quiero informar a la Asamblea que he escrito una carta al Presidente de la Duma para expresarle nuestra condena del acto terrorista en el Teatro Doubrovka de Moscú, donde han estado retenidas más de 700 personas como rehenes. 
He expresado asimismo nuestro gran pesar por las posteriores pérdidas de vidas humanas. 
Señor Presidente, acabo de regresar de un viaje al Estado mexicano de Jalisco, donde he sido testigo presencial de los devastadores efectos que ha producido un huracán, especialmente en la localidad de Puerto Bayarta. 
Afortunadamente, gracias a la diligencia de las autoridades locales, no ha habido que lamentar desgracias personales, pero los daños materiales han sido muy cuantiosos. 
Señor Presidente, le agradecería que se dirigiese en nombre de la Cámara a las autoridades de México, al Presidente de la República, que estuvo en el Pleno de nuestro Parlamento en el mes de mayo, y al Gobernador del Estado de Jalisco, para manifestarles nuestra solidaridad ante estos hechos. 
Quisiera, también, pedirle a la Comisión- celebro que esté aquí su Vicepresidenta -, que estudie, con el mayor interés, cuál puede ser la respuesta solidaria de la Unión Europea ante una catástrofe de esta naturaleza, ya sea por la vía de la ayuda de emergencia, ya sea por la vía de la reconstrucción y rehabilitación, habida cuenta de que México es un socio positivo y activo de la Unión Europea, que se encuentra ligado a la Unión en virtud de un Acuerdo de Asociación y que comparte nuestro sistema de valores, como ha demostrado recientemente en los temas de la pena de muerte, de la Corte Penal Internacional y de los distintos debates que se han venido manteniendo últimamente en el seno de Naciones Unidas. 
De conformidad con el artículo 111 bis del Reglamento, he recibido una solicitud del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para la inclusión en el orden del día de un debate extraordinario sobre la reciente toma de rehenes en Moscú y su trágico final, y sobre la guerra en Chechenia. 
El Sr. Solana hará una intervención y presentará un informe sobre la Cumbre UE-Rusia. 
Esta cuestión podría tratarse en este punto. 
A la luz de la horrible tragedia que se produjo en Moscú y de la horrible tragedia que tiene lugar desde hace años en Chechenia, creemos que es necesario, en vísperas de la Cumbre UE-Rusia y en presencia de la Comisión y del Sr. Solana, que se incluya un debate sobre Chechenia en nuestros debates sobre política exterior, puesto que hay preguntas que nos gustaría plantear a Rusia sobre las masacres que se han producido en Chechenia y sobre la falta de información de los ciudadanos rusos tras la trágica y deplorable toma de rehenes. 
Por lo tanto, solicitamos que este punto se incluya oficialmente en el orden del día y se aborde durante los debates con la Comisión y el Sr. Solana. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, me gustaría decir que estamos de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit en que este tema es de suma importancia. 
Sin embargo, nuestro grupo considera que es necesario que se celebre un debate profundo y con una preparación algo más sistemática durante el segundo período parcial de sesiones de noviembre, cuando analizaremos las relaciones entre Europa y Rusia. 
No obstante, no tenemos, como es lógico, ninguna objeción a que los terribles acontecimientos de Moscú se mencionen específicamente en los puntos 22 y 23 de la resolución sobre los resultados del Consejo Europeo y a que el tema se aborde también durante el debate con el Sr. Solana. 
Sin embargo, creemos que es necesario que este tema se debata de una forma más estructurada durante el segundo período parcial de sesiones de noviembre, pero, como he dicho antes, no tenemos objeción alguna a que este punto se trate también en el debate sobre los resultados del Consejo Europeo y en el debate con el Sr. Solana que tendrá lugar esta tarde. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento: a la una de este mediodía me he sentido totalmente sorprendido al conocer la existencia de esta solicitud de los Verdes. 
Somos un grupo democrático, en el que el presidente no toma nunca las decisiones por su cuenta. 
De inmediato he enviado un correo electrónico a la mesa de mi grupo y a dos de los coordinadores, Philippe Morillon y Arie Oostlander, indicándoles que apoyaríamos esta solicitud de los Verdes si no se me hacía llegar ninguna objeción. 
Sin embargo, querido Sr. Cohn-Bendit, le ruego que en el futuro se asegure de que nuestros grupos tengan tiempo para debatir un asunto de este tipo de una forma democrática. 
En ausencia de objeciones de la mesa y de los coordinadores, nuestro grupo está a favor de tratar conjuntamente este tema y la declaración del Sr. Solana. 
Estamos de acuerdo, por tanto, en que no es necesario realizar una votación. 
La cuestión formará parte simplemente del debate general en torno al informe del Sr. Solana sobre política exterior. 
Señor Presidente, hace unos días un joven católico fue crucificado por activistas protestantes en Irlanda del Norte. 
Parece increíble que un símbolo universal como la cruz pueda transformarse en un horrible instrumento de tortura con fines políticos. 
Ese acto es una deshonra para Europa. 
Insto a la Presidencia que exprese su más profunda condena de un acto criminal que va contra los valores más sagrados de nuestra civilización europea, y no sólo en términos simbólicos. 
Estoy plenamente de acuerdo en que fue un atentado espantoso y transmitiré su solicitud al Presidente. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre el paquete de propuestas relacionadas con la energía nuclear: desmantelamiento y seguridad de los reactores en los países candidatos, gestión de residuos y comercio nuclear con Rusia. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, la Comisión, en su reunión de hoy, ha adoptado una serie de medidas que, dentro del marco del Tratado Euratom, están dirigidas a conseguir un enfoque comunitario de la gestión de los residuos radiactivos y de la seguridad nuclear. 
Este paquete está compuesto por una comunicación, una propuesta de directiva definitoria de los principios generales y las obligaciones en el marco de la seguridad de las instalaciones nucleares en la Unión Europea y una propuesta de directiva sobre la gestión de los residuos radioactivos. 
El paquete se completa con un proyecto de decisión del Consejo que autoriza a la Comisión a negociar un acuerdo entre Euratom y la Federación de Rusia sobre el comercio de material nuclear. 
Razones y oportunidad de la propuesta. 
Señorías, el amplio debate abierto por el libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético ha puesto de relieve el problema que supone la seguridad del aprovisionamiento en Europa y el papel que juega la energía nuclear en relación con ello y con nuestros compromisos medioambientales, en cuanto a emisiones de efecto invernadero en el ámbito de los acuerdos y del Protocolo de Kioto. 
Además, la energía nuclear, en la actualidad, se enfrenta a dos desafíos, a dos problemas señalados al hilo de este debate: la seguridad de las instalaciones y el tratamiento de los residuos nucleares. 
A pesar de que el Tratado Euratom dispone de importantes medidas que garantizan un elevado nivel de seguridad, sobre todo en lo que se refiere a la no proliferación, es decir, a la utilización adecuada del material fisible y del material radioactivo, la situación actual no es todo lo ideal que nosotros desearíamos. 
En primer lugar, tengo que señalar que en los distintos Estados de la Unión no existe una aplicación equivalente de estándares de seguridad nuclear. 
En segundo lugar, hay que decir que, en las negociaciones con los países candidatos, estamos exigiendo a los países candidatos unas obligaciones y unos comportamientos, en el ámbito de la seguridad nuclear, que no tienen parangón en ninguno de los países de la Unión. 
Por lo tanto, nos encontramos con una situación de importantes disparidades en el ámbito europeo. 
De alguna manera nos encontramos con una situación sorprendente. 
Podemos, como he señalado en alguna ocasión, tener una legislación completa, detallada, sobre la calidad de las aguas destinadas al baño en la Unión Europea y, sin embargo, no regulamos los niveles de seguridad exigibles a las instalaciones nucleares en el ámbito de la Unión. 
Pero es que además, como señalaba, en la perspectiva de la ampliación, con la preocupación que existe en parte de la ciudadanía europea, debemos actuar con rapidez y con contundencia. 
Estamos construyendo, no podemos decirlo de otra manera, una situación asimétrica entre los países candidatos y los países miembros de la Unión. 
A través de las propuestas, ¿qué es lo que planteamos? 
Sencillamente, una nueva visión comunitaria respecto a la seguridad nuclear y al tratamiento de los residuos radioactivos. 
La primera propuesta se refiere al reforzamiento de la seguridad en las centrales nucleares y a la cuestión del desmantelamiento de las mismas. 
Estamos hablando de una propuesta de directiva que no está todavía aprobada pues su fundamento jurídico es el artículo 31 del Tratado Euratom y eso nos obliga a someter este texto a un comité de expertos, compuesto por expertos de los distintos países de la Unión; está todavía pendiente de ese trámite, momento en el cual se aprobará definitivamente la propuesta para trasladarla al Parlamento y al Consejo. 
Pues bien, la propuesta que hoy planteamos tiene tres ejes fundamentales. 
En primer lugar, plantea unas reglas comunes de seguridad nuclear; en segundo lugar, un sistema comunitario de verificación de la aplicación de estas reglas comunes y, en tercer lugar, garantiza la existencia y disponibilidad de los fondos necesarios para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares. 
Las reglas comunes se basan, sencillamente, en las reglas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, pero nuestra propuesta aporta algo completamente novedoso. 
Y es que esas reglas, que en el ámbito de la Agencia de Energía Atómica, son sencillamente recomendaciones, gracias a la propuesta de directiva, cuando en su momento se adopte- como espero que así sea -, se convertirán en normas comunitarias, y por lo tanto, exigibles, obligatorias en todos los países de la Unión y con la fuerza jurídica que tiene siempre el Derecho comunitario. 
Pero, además, tienen un carácter evolutivo y recogen el resultado de las negociaciones mantenidas a lo largo de estos años con los países candidatos, que son precisamente las que han permitido desarrollar esas normas comunes, que deben ser cumplidas, no sólo por los países candidatos, sino, en opinión de la Comisión, también por todos los países de la Unión Europea sin excepción. 
El segundo eje fundamental consiste en que, una vez dotados de esas reglas comunes, ¿cómo se controla la efectividad de su aplicación? 
¿Cómo se garantiza a los ciudadanos que los estándares exigidos se cumplen en todas las instalaciones nucleares de la Unión Europea? 
Pues muy sencillo, Señorías, por dos sistemas. 
Primero, el control se exige a todos los países. 
Ya es un hecho que existen autoridades de control independientes. 
El control de las instalaciones sigue siendo una labor que desarrollarán las autoridades competentes nacionales de todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión. 
La novedad es que establecemos un sistema de control cruzado de auditoría, impulsado, coordinado desde la Comisión, que permitirá garantizar, en el ámbito de los distintos Estados miembros de la Unión, la adecuada aplicación de las normas comunitarias. 
Pero, además, el tercer elemento de esta propuesta de directiva supone definir unas normas comunitarias para la constitución, gestión y utilización de los fondos de desmantelamiento de las centrales nucleares, con el objetivo de garantizar la suficiencia, la disponibilidad y la liquidez de los fondos. 
Nos parece esencial, insisto, garantizar que esos fondos estén disponibles cuando sean necesario. 
Por esto proponemos una serie de elementos, pero, fundamentalmente, la externalización de esos fondos o un medio equivalente de garantía de la disponibilidad de esos fondos para evitar que estos puedan, por ejemplo, en el caso de una quiebra, entrar en la masa de la quiebra y, por lo tanto, no estar en su momento disponibles para servir a su objetivo, que es el desmantelamiento de las instalaciones. 
La segunda directiva, Señorías, contribuirá a la creación de nuevos hábitos en la gestión del combustible irradiado y de los residuos radiactivos en los Estados miembros de la Unión. 
Hablamos no sólo de residuos de alta radiactividad, no sólo de residuos provenientes de reactores, de centrales nucleares o de reactores usados en la investigación, sino también de residuos radiactivos que provienen de otro tipo de aplicaciones, como, por ejemplo, las aplicaciones médicas o industriales, residuos de baja intensidad. 
Proponemos, en primer lugar, un calendario con fechas límite para que todos los países de la Unión tengan preparadas y disponibles las instalaciones adecuadas para el confinamiento bajo tierra de los residuos de alta actividad, porque hoy ésa es la tecnología más segura para el almacenamiento de esos residuos. 
En el caso de los residuos de menor intensidad hay otro tipo de confinamientos, pero también en ese caso proponemos la disponibilidad y el establecimiento de lugares apropiados. 
En ese sentido felicito, por ejemplo, a Finlandia por haber tomado ya decisiones con fechas y calendarios concretos muy inmediatos, lo cual me parece sumamente importante. 
Felicito a Finlandia por su celeridad. 
Pero, por desgracia, otros países no están en situación tan avanzada y por eso ponemos una fecha límite. 
Establecemos la posibilidad de que el confinamiento en profundidad de esos residuos radioactivos pueda realizarse de una manera cooperativa entre distintos Estados de la Unión. 
Con esto, de una vez por todas nos enfrentamos a esta cuestión espinosa. 
En segundo lugar, consideramos que esta solución, siendo la más adecuada hoy, no puede considerarse suficientemente satisfactoria y, en ese sentido, planteamos la necesidad de seguir investigando en el tratamiento de residuos radioactivos para reducir o, eventualmente, eliminar la existencia de estos residuos. 
La última propuesta, señor Presidente, es un proyecto de decisión del Consejo para que la Comisión pueda negociar un acuerdo con Rusia relativo al comercio de material nuclear. 
Este comercio es objeto de fricciones con Rusia desde hace tiempo por distintas razones. 
Con la ampliación van a llegar cinco Estados nuevos, con veintidós reactores, en algunos casos con un cierre adelantado previsto; pero, en cualquier caso, durante un tiempo, esos reactores nos plantean un problema porque los límites que actualmente existen, según el Acuerdo de Corfú, impedirían el abastecimiento de combustible para esos reactores. 
Para hacer frente a esta situación, por lo tanto, hay que negociar con Rusia. 
Todo ello teniendo en cuenta la protección de las empresas de la Unión Europea que se dedican al enriquecimiento, la protección de los consumidores, pero también las nuevas dificultades que la situación pueda plantear desde el punto de vista ruso. 
Esto, además, nos puede abrir la puerta, y así esperamos que sea, para poder exigir e impulsar en Rusia el cierre rápido de los reactores nucleares más antiguos de ese país, algunos de los cuales claramente pueden en un momento dado plantear problemas y que están muy cerca de nosotros. 
Señor Presidente, Señorías, en conclusión, es todo un paquete de propuestas que persigue reforzar los niveles de seguridad en las centrales y en las instalaciones nucleares en el ámbito de la Unión Europea, a quince ahora y a veinticinco mañana. 
Reforzar la disponibilidad de fondos para garantizar que en su momento se puedan llevar a cabo los desmantelamientos necesarios para volver a la "pradera", es decir, para que aquellos lugares donde hay hoy día instalaciones nucleares estén totalmente descontaminados, libres de todo riesgo. 
Hay que reforzar la transparencia para que los ciudadanos sepan que, en el ámbito de la Unión Europea, hay una serie de normas y de niveles de seguridad que están garantizados. 
Y hay que hacer frente a un problema espinoso, el problema de los residuos, sobre todo los residuos de alta actividad, pero también los otros residuos provenientes de aplicaciones médicas o industriales. 
Hay que intentar asimismo avanzar en la solución de las cuestiones, las dificultades y las diferencias que tenemos con Rusia, pero que afectan también a futuros Estados miembros de la Unión. 
Gracias, señora Comisaria. 
Tenemos muchas peticiones del hemiciclo. 
Permítanme recordarles que las preguntas breves y directas son mejores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, muchos de nosotros recordamos que el Parlamento preguntó al Sr. Verheugen si no estábamos utilizando un doble rasero en lo tocante a la seguridad nuclear. 
Ponemos determinadas exigencias a los países candidatos y ninguna a nosotros mismos. 
Le felicito por la sinceridad de su declaración. 
Estoy convencido de que los controles entre iguales, o peer review, a los que usted hace referencia son necesarios para la seguridad nuclear. 
Sin embargo, usted no ha explicado, señora Comisaria, si los países podrán definitivamente negarse a recibir residuos cuando no deseen recibirlos. 
Esta facultad, también en el futuro, de negarse a admitir los residuos nucleares de otros países, ha sido uno de los puntos más controvertidos. 
En lo tocante al acuerdo con Rusia, sabemos que se está produciendo un debate sobre lo que son residuos y lo que es combustible nuclear. 
Euratom y la Comisión se han convencido de que las normas y la administración rusas no cumplen de ninguna forma nuestros requisitos. 
¿Cómo será ese acuerdo? 
¿Podrá garantizar que tampoco nosotros exportaremos lo que se denomina combustible nuclear en condiciones inaceptables? 
Señor Presidente, debemos felicitar calurosamente a la Comisaria por el valor con el que ha abordado este espinoso problema. 
Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos. 
En primer lugar, para algunos de los países candidatos, la cuestión de los fondos resulta muy complicada. 
La pasada semana, el Consejo mencionó concretamente a Lituania y Eslovaquia. 
¿Podría la Comisaria explicarnos cómo se va a abordar este problema? 
En segundo lugar, hace aproximadamente un año me permití invitar al Sr. Lacoste, presidente de la Nuclear Regulators ' Association, la asociación de órganos de control de la energía atómica, a asistir a la Comisión de Industria. 
Desde entonces me he mantenido en contacto con él y hemos hablado de la posibilidad de que acuda al Parlamento para presentar un informe anual sobre los hechos. 
¿Podría plantear usted la inclusión de esa posibilidad en sus propuestas? 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar aquí se demuestra que no hay dobles raseros. 
Es decir, lo que estamos haciendo es convertir en Derecho comunitario o hacer una propuesta para que sean Derecho comunitario, las normas y los estándares que, en la negociación, se ha acordado exigir a los países candidatos. 
Se lo hemos exigido a los países que son candidatos y lo que vamos a hacer es sencillamente que esa exigencia sea la misma también para los países de la Unión. 
En ese sentido, quiero recordar que en el año 1999 el Consejo se pronunciaba sobre la necesidad de establecer unas exigencias y unas garantías máximas en cuanto a las instalaciones nucleares en el ámbito de la Unión Europea. 
Y quiero recordar que el Consejo de Laeken, precisamente, pedía informes periódicos sobre el estado de la situación de la seguridad nuclear en la Unión. 
Con estas propuestas estamos contestando a ello. 
Y, para responder a una pregunta que se ha formulado antes. El artículo 15 plantea, por un lado, que los Estados miembros informen todos los años a la Comisión sobre las medidas adoptadas para cumplir los requisitos y que cada dos años la Comisión informe de la situación general en el ámbito de la Unión Europea al Parlamento y al Consejo. 
O sea, que hay unos informes anuales nacionales de los Estados a la Comisión y la Comisión, con esos informes y con controles de cruzados, lo que se llama "peer review", controles entre iguales, se elabora un informe cada dos años al Parlamento y al Consejo sobre la evolución y la situación de la seguridad en las instalaciones nucleares no sólo las centrales nucleares, que hay en la Unión Europea. 
Otra cuestión que se ha planteado es si los países pueden negarse a recibir residuos nucleares que no desean. 
Por supuesto, siempre y cuando no sean los propios. 
En principio, hay una obligación de todo país de hacerse cargo de sus propios residuos nucleares. 
Esta es la norma que nos obliga a todos hoy. 
Y esa norma queda como principio de base, lo cual no quiere decir que si, voluntariamente, dos o tres países se ponen de acuerdo en compartir unas instalaciones, unos repositorios, no lo puedan hacer. 
Abrimos la posibilidad- pensando precisamente en que hay algunos países de la Unión Europea, pequeños en su tamaño, con dificultades geológicas muy importantes y, por lo tanto, con dificultades para realizar en su territorio las infraestructuras necesarias- de que puedan, eventualmente, buscar un acuerdo con un tercer país. 
Y si no lo consiguen se tendrán que quedar con los residuos en su propio país, eso está claro. 
A nadie se le va a obligar a recibir residuos de terceros países, a nadie. 
Lo que planteamos es que distintos países se puedan poner de acuerdo en un almacenamiento conjunto, pero siempre sobre la base de acuerdos voluntarios. 
No se trata, respecto al acuerdo con Rusia, de negociar nada en cuanto a exportación de materiales por parte de la Unión Europea. 
Estamos planteando lo contrario. 
La situación, muy brevemente, Señorías, es que en este momento Rusia suministra a diecinueve centrales de países candidatos material fisible, lo que supone una actividad en una serie de instalaciones industriales rusas, unos ingresos y un desarrollo tecnológico e industrial en torno a esta actividad. 
Las instalaciones de esos países tienen unas características técnicas que hacen que los mejores abastecimientos procedan lógicamente de donde han venido hasta ahora, es decir, de la industria rusa. 
Esa es la situación de los países candidatos. 
Por otro lado, respecto a la situación de los actuales quince Estados miembros, tenemos un límite, para garantizar la seguridad de abastecimiento, en el volumen de importaciones en provenencia de un único país. 
Ese límite máximo, impuesto por el Acuerdo de Corfú, es el 20% del combustible nuclear necesario. 
Pero si se incorporan los 19 reactores de los países candidatos vamos a superar claramente ese límite. 
Es a eso a lo que tenemos que dar solución. 
O sea que, de lo que estamos hablando al referirnos al acuerdo con Rusia, es de que ellos están vendiendo un material fisible a una serie de países que al entrar en la Unión Europea podrían tener problemas si no se cambian las normas actuales. 
Lo que queremos es, a cambio de esa negociación, conseguir también acordar con los rusos una mejora de la seguridad nuclear en Rusia y, concretamente, el cierre de las centrales nucleares de primera generación rusas. 
Éste es un segundo elemento que queremos, al hilo de esta negociación, introducir en nuestras relaciones y en nuestro diálogo estructurado energético con Rusia. 
En cuanto a la cobertura financiera, Señorías, hoy la Comisión también ha aprobado incrementar el margen para los préstamos Euratom. 
La medida supondría poner a disposición 2 000 millones de euros. 
En este momento estamos casi agotando la línea existente. 
Este nuevo margen no supone, y que quede muy claro, que vaya a haber muchos más créditos vivos. 
La mayor parte de los créditos han sido ya utilizados e incluso amortizados por los prestatarios de los créditos. 
Pero lo que hace falta, según las normas de los préstamos Euratom, es abrir nuevas facilidades, ampliar el margen para que pueda haber una disponibilidad para el desmantelamiento de las centrales, por ejemplo, en Lituania o en Eslovenia, o para la mejora de la seguridad en esas centrales. 
Precisamente, entendemos que los préstamos Euratom son un instrumento adecuado. 
En cualquier caso, quiero decirles, Señorías, que aquí y en la Comisión he dicho reiteradamente que la Unión Europea tiene que tomar conciencia y tomar decisiones en cuanto al coste del desmantelamiento de algunas centrales nucleares en países del Este, en unos países que van a ser miembros de la Unión Europea. 
Todos sabemos que el cierre de las centrales va a ser acelerado y que no se ha constituido ningún fondo de desmantelamiento, que no tienen dinero para el desmantelamiento. 
Esto es un problema muy complicado. 
Se habló de un club de donantes para financiar el desmantelamiento de esas centrales, pero la realidad es que los fondos generados por ese club de donantes son más bien escasos, por no decir nulos. 
Esto es algo que yo he señalado, que me preocupa enormemente y a lo que habrá que hacer frente. 
En cuanto a la cuestión del ejemplo sueco, no voy a insistir en cuanto al almacenamiento conjunto. 
Ya he señalado cuál es el planteamiento. 
Por lo que respecta a Dinamarca, éste es un país que efectivamente tiene dificultades, pero Lituania, por ejemplo, tiene un problema también muy grave debido a su tamaño, a su composición geológica y a su situación. 
Señor Presidente, tenemos dos problemas: el abastecimiento energético y las emisiones. 
La energía nuclear, nos guste o no, da solución a los dos problemas. 
A su vez plantea otros dos problemas que son la seguridad y la gestión de los residuos. 
Para ser muy breve, sobre todo, la seguridad en los países del Este. 
Por ello, no se puede hurtar este debate a la opinión pública. 
Creo que ha sido una gran valentía poner el asunto encima de la mesa. 
También le damos la bienvenida a estas dos iniciativas de la Comisión y quisiera hacer una pregunta a la Comisaria: ¿Cómo han sido recibidas estas propuestas y estas iniciativas por parte de los países candidatos? 
Señor Presidente, es bastante difícil, en un día de duelo nacional para Luxemburgo- tras la muerte de 17 personas en un accidente aéreo- pasar a tratar asuntos más mundanos. 
Sin embargo, me gustaría hacer un comentario y plantear una pregunta. 
He tenido la oportunidad de estudiar los textos que usted presenta aquí hoy, señora Comisaria. 
Debo admitir que esos textos, sobre todo los que versan sobre seguridad nuclear, no son sino palabras vacías, puesto que usted no está proponiendo ninguna norma europea real. 
Usted promete directivas futuras; quizás pueda decirme cuándo se materializarán esas futuras directivas. 
Otro punto débil de sus propuestas es que basa sus comentarios en el artículo 31. 
Sin embargo, el artículo 31 se refiere a la protección frente a la radiación. 
El grupo de trabajo de protección frente a la radiación del artículo 31 se reúne hoy en Luxemburgo. 
He hablado con esos expertos y me han dicho que no se consideran cualificados para evaluar las directivas que usted propone, puesto que son directivas del campo de la seguridad nuclear. 
Esta opinión la comparte también Francis Jacob, el fiscal en un caso que se está juzgando actualmente en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre el Consejo y la Comisión Europea. 
¿Por qué está convencida de que el artículo 31 es el correcto? 
Para terminar, ¿ha hablado en su reunión de mediodía con el Sr. Giscard d ' Estaing de lo que haría falta, es decir, la reforma del Tratado Euratom de acuerdo con la Convención? 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, con independencia de que uno sea proclive a mostrarse favorable a la energía atómica, como ustedes, o a adoptar un punto de vista crítico sobre la misma, como yo, las propuestas que se han presentado hoy son en cualquier caso extremadamente importantes y un paso significativo por el que también querría felicitarles. 
Tengo dos preguntas. En primer lugar, señora Vicepresidenta, ¿está dispuesta a elaborar una política de información sobre energía atómica de acuerdo con la cual se facilite toda la información, con la mayor transparencia, sobre incidentes peligrosos y medidas de seguridad, y a exigir a los demás países que hagan lo mismo? 
¿Se encargará también de que los controles se lleven a cabo, así como de que los informes de los órganos de control se pongan a disposición del público, con el fin de que puedan tener la seguridad de que todo se está haciendo correctamente? 
Mi segunda pregunta tiene que ver con el calendario. ¿Qué calendario ha fijado para la votación de las propuestas que ha presentado? 
¿Está dispuesta a hacer lo que esté en su mano para acelerar ese proceso de votación? 
. (ES) Señor Presidente, respondo en primer lugar a la Sra. Ayuso González. 
¿Cómo han recibido los países candidatos esta propuesta? 
Entre otras cosas con la sensación de que por lo menos no van a estar discriminados. 
Porque tengo que decirle que algún país candidato nos decía: "A nosotros se nos exige y ustedes ¿qué controlan y cómo saben ustedes que en todos los países de la Unión se cumplan estas normas cuyo cumplimiento me están exigiendo a mí ?" 
Y estaban muy preocupados de cara al futuro por los informes que periódicamente tenían que presentar. 
¿Cómo se les iba a exigir a ellos y a los demás no? 
Dentro de los países de la Unión actual, en general, quiero decir que hay una aceptación bastante positiva. 
Algún país que tiene problemas con algún aspecto concreto, pero, en general, tengo la impresión de que la aceptación no es negativa, sino que hay un planteamiento constructivo y positivo. 
Son conscientes, además, de la situación que nos genera la ampliación y también de la necesidad de dar una mayor transparencia y una mayor información a los ciudadanos. 
En cuanto al Sr. Turmes, quiero decir que participo plenamente de la consternación por la tragedia del avión que se ha estrellado en Luxemburgo, así como por el incendio de un vagón en Francia, dos asuntos relacionados con mi cartera, con el transporte. 
Lo único que le puedo decir es que la Comisión, con la colaboración de todos ustedes, está intentando incrementar y mejorar al máximo los sistemas de seguridad. 
No sabemos todavía cuáles son las causas de estos dos accidentes, pero en cualquier caso lo que intentamos es evitar al máximo que se pueden producir situaciones semejantes, utilizando todos los sistemas, tanto de gestión como de tecnología. 
Estamos todos consternados y todos compartimos el dolor de las familias de las víctimas. 
En cuanto a las directivas futuras, Señoría, lo que planteamos son los procedimientos. 
Es verdad que no hemos entrado en los detalles. 
Pero usted sabe que todo esto está en los textos de WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) , el conjunto de los organismos de seguridad de los distintos países de la Unión, precisamente para poder exigir esos estándares a los países candidatos. 
A lo que hay que añadir las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, recomendaciones que, insisto, van a convertirse en Derecho comunitario y, por tanto, exigible en el ámbito de la Unión. 
Base jurídica: el artículo 31. 
Le quiero decir una cosa respecto a la radioprotección. 
Primero, saco una conclusión distinta de lo que dice el Abogado General, Sr. Jacobs. 
¿Por qué se plantea el problema de la seguridad? 
Pues precisamente por la ionización que se puede producir. 
O sea, que uno de los aspectos es, precisamente, evitar- para eso se toman las medidas de seguridad- que se produzcan esas situaciones de ionización. 
Por lo tanto, la cuestión de la radioprotección nosotros entendemos que procede totalmente. 
¿Por qué se buscan unos repositorios y unos sistemas de control de los residuos radioactivos? 
Precisamente para evitar la ionización y la contaminación por radioactividad. 
Es decir, por razones de radioprotección. 
Le voy a decir que ésta es una cuestión que hemos debatido a fondo en el ámbito de la Comisión y que, por supuesto, el servicio jurídico de la Comisión está totalmente de acuerdo sobre la base jurídica del artículo 31. 
Con el Sr. Giscard d ' Estaing efectivamente hoy hemos tenido una reunión de trabajo, pero no hemos planteado la revisión del Tratado Euratom. 
Respecto a la política de información, Sr. Swoboda, yo creo que si de verdad realizamos cada dos años un debate aquí en el Parlamento y en el Consejo donde se dé cuenta de la realidad país por país, y con una visión de conjunto- ya existen debates nacionales respecto a la situación de las instalaciones nucleares en los distintos países de la Unión -, para que también aquellos países que no tengan instalaciones nucleares o que sólo tengan instalaciones de investigación o universitarias puedan tomar conciencia de lo que pasa en sus propias instalaciones y en las del vecino, habremos dado un gran paso. 
Porque esto de la seguridad nuclear va más allá de las fronteras y todos somos conscientes de ello. 
Creo que con un debate de fondo cada dos años, bien preparado, bien hecho, en el Consejo y en el Parlamento, contribuimos a dar información transparente a los ciudadanos a través de todas sus Señorías y a través de los debates mismos que aquí se realicen. 
En cuanto al calendario, hoy mismo, en la reunión del Comité de Seguridad, se ha presentado la propuesta al grupo de expertos y la pretensión es que en dos meses esté elaborado el informe. 
Tan pronto como ello sea así, espero que la Comisión apruebe, estas propuestas y las enviaremos al CES y al Parlamento y al Consejo para su aprobación definitiva. 
Señor Presidente, es bueno hablar sobre estos asuntos relacionados con la energía y profundizar en ellos, y también me parece bien que incluyamos ahora a todos los países en el mismo marco de normas de seguridad. 
Sin embargo, tenemos que mantener la cabeza fría. 
En la fase de elaboración de las propuestas legislativas, todo debe basarse en hechos científicos y técnicos, y no en pasiones políticas. 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica es una organización experta cuyo nivel de competencia es reconocido en todo el mundo, y es importante que escuchemos su opinión experta también en relación con estos asuntos. 
Espero que la Comisión no cree otro supercontrolador que trabaje al mismo tiempo que la AIEA en el control de estos asuntos, porque la AIEA es muy importante en todo el mundo. 
Sin embargo, es importante que los niveles de seguridad que se consigan a escala de la Unión sean tan elevados que nos permitan exigir a los países candidatos que apliquen los mismos. 
No obstante, me gustaría preguntar a la señora Comisaria de qué forma pretende tener en cuenta a los órganos de control nacionales a la hora de elaborar este paquete de directivas. 
Los temas energéticos se deciden nacionalmente- y así es cómo debería ser- y el papel de los órganos de control nacionales será también de vital importancia en el futuro. 
Señor Presidente, ya hay algunas dudas sobre la viabilidad de la industria nuclear en un mercado energético liberalizado, como atestiguan los problemas de British Energy en el Reino Unido. 
Me gustaría que nos garantizara en este momento, señora Comisaria, que en ningún caso este paquete se utilizará para ayudar a la industria nuclear de una forma que pudiera perjudicar a otras fuentes de energía y favorecer injustamente a la industria nuclear en el mercado único europeo de la energía. 
Por ejemplo, el pago de los importantes costes de eliminación de residuos no debería suprimirse sencillamente de los libros de contabilidad de las empresas que producen energía atómica. 
En su declaración, ha dicho usted que se asegurará de que los fondos para el desmantelamiento de las centrales no se utilicen en ningún caso como subvenciones cruzadas para las operaciones comerciales de las empresas nucleares. 
¿Puede asegurarnos que no habrá ninguna excepción a esa norma y que los fondos para el desmantelamiento no podrán utilizarse en ningún caso con fines comerciales? 
Señor Presidente, la Comisaria está trabajando con las limitaciones que establece el antidemocrático y anacrónico Tratado Euratom. 
A pesar de eso, ¿aceptaría usted, señora Comisaria, la necesidad de que el Parlamento Europeo emita un dictamen sobre las dos directivas y la comunicación que nos está presentando, ante todo sobre si hay pruebas de la conveniencia del confinamiento subterráneo a gran profundidad de materiales altamente radioactivos? 
Esa posibilidad cuenta con la oposición de la British Royal Society, que considera que no hay pruebas científicas de ello. 
Señor Presidente, me gustaría empezar diciendo que procedo de la región francesa de Lorena y quisiera hacer llegar mis condolencias a las familias afectadas por el desastre ferroviario. 
También me gustaría reiterar que sigo siendo un ferviente partidario del transporte ferroviario. 
Señora Comisaria, el primer punto que voy a tratar hace referencia a la industria nuclear. Me sorprendió bastante que pudiéramos leer en Le Monde las diversas propuestas que ha descrito antes de que viniera a presentarlas en esta Cámara. 
Éste es un asunto que debemos lamentar, sobre todo porque, personalmente, no estoy en absoluto convencido- y tengo la impresión de que usted misma tampoco está muy convencida- de varias de sus propuestas, sobre todo de las relativas al confinamiento subterráneo de alta profundidad. 
Usted es plenamente consciente de que se trata de un asunto clave. 
Sabe que, por ahora, no se ha encontrado ninguna solución para el problema de la gestión de residuos, que no existe ninguna técnica que nos permita reducir la radioactividad de los residuos nucleares radioactivos. 
Y sin embargo, en 1974, cuando Francia lanzó su principal proyecto de energía nuclear, se dijo a todo el que quiso escuchar que estos problemas de residuos estarían resueltos en el plazo de treinta años. 
Hoy, 30 años más tarde, esos problemas siguen sin solucionarse. 
Por mi parte, tengo la impresión de que sus propuestas son, en cierta medida, engañosas para el público. 
En último término, lo que usted trata de decir es que, con estas decisiones, va a conseguir que la energía nuclear sea segura en Europa. 
Sin embargo, eso es completamente falso. 
Por último, señora Comisaria, ¿cómo justifica el hecho de que se estén dando más ayudas financieras a la industria nuclear, cuando, por ejemplo, la industria nuclear ya ha costado a cada ciudadano medio francés una gran cantidad de dinero, cuando todavía no se ha encontrado ninguna solución para el problema de la gestión de recursos y cuando sabemos cuán complicado es encontrar recursos, incluso limitados, para gastarlos en energías renovables? 
Señor Presidente, con toda seguridad el público estará muy interesado en los temas tratados en el debate de hoy, que nos dan la oportunidad de acabar con cierta esquizofrenia que, en las negociaciones que han tenido lugar hasta la fecha, nos ha hecho exigir más a los países candidatos que a los propios Estados miembros. 
Por lo tanto, me gustaría felicitar a la Comisión por hacer lo que ha sugerido la Vicepresidenta, así como poner sobre la mesa otro argumento de peso a favor de unas normas para toda la Comunidad. 
Cuanto antes tengamos unas normas para toda la Comunidad, antes podrán tener un efecto exterior, por ejemplo en Rusia y en Ucrania, lo que redunda en nuestro beneficio y es de vital importancia. 
Asimismo, ésa sería la mejor forma de apoyar a la AIEA. 
Señora Vicepresidenta, me gustaría hacerle una pregunta relacionada con eso. ¿Podría describir brevemente a dónde nos llevan las propuestas de la Comisión por el camino seguido hasta ahora en las negociaciones con los países candidatos? 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, les recuerdo el informe de su colega, el Sr. Rübig, de hace no tanto tiempo en este Parlamento, donde, precisamente, se planteaba la conveniencia de establecer unas normas europeas de seguridad nuclear exigibles en toda la Unión Europea, y no sólo a los países candidatos. 
Quiero decir que, cuando hago esta propuesta, lo que hago, sobre todo, es seguir una decisión de este Parlamento, y estoy encantada, señor Presidente, Señorías, de coincidir con el Parlamento y de poder dar cumplimiento a una petición casi unánime de esta Cámara. 
Eso es lo primero que quiero decirles. 
En segundo lugar, algunos de ustedes pueden sospechar todo tipo de intenciones ocultas- segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas intenciones. 
Pero hay hechos objetivos e incontestables. 
Con estas propuestas, si se aprueban, como espero, en los próximos meses, aumentaremos las garantías de que la seguridad nuclear en todas las centrales y en todas las instalaciones de la Unión Europea es la más adecuada y tiene un altísimo nivel. 
Aumentaremos las garantías de que el problema de los residuos nucleares va a tener una solución, al menos en cuanto a su confinamiento y a su almacenamiento adecuados, con unos períodos máximos. 
Aumentaremos las garantías de que los fondos necesarios para el desmantelamiento de las instalaciones actualmente más o menos contaminadas van a existir y van a estar a disposición en su momento. 
Y por lo tanto, aumentaremos, de cara a los ciudadanos, lo que nosotros tenemos que aumentar, creo yo: las garantías, la confianza, la información, la transparencia. 
Ése es el hecho objetivo. 
Todo lo demás son interpretaciones. 
Yo les digo que lo que pretendo es eso. 
Me hablan de las energías renovables. 
Yo, Señorías, sólo les quiero recordar que mi primera propuesta fue para impulsar la generación de electricidad basada en energías renovables- no se había hecho antes- con objetivos cuantificados para los distintos Estados de la Unión. 
Luego presenté una propuesta sobre biocarburantes. 
He presentado varias propuestas sobre eficiencia energética, concretamente una sobre edificios, ambiciosísima. 
Quiero decirles, Señorías, que en ningún caso he descuidado la cuestión de las energías renovables y de la eficiencia energética. 
Al revés. 
Me he volcado desde el primer momento en ello. 
Pero eso no quita que sea necesario llevar a cabo una mejora en cuanto a la seguridad de las instalaciones nucleares- no sólo de las centrales, sino también de las instalaciones universitarias, de investigación y de todo tipo- en toda la Unión Europea y una mejora en cuanto a la información y la seguridad en la gestión de los residuos en la Unión Europea en todos sus aspectos. 
Tercera cuestión: Le Monde. 
Mire, Señoría, yo no soy quien hace las filtraciones, se lo puedo garantizar. 
Es más, en algún momento he sido víctima de alguna de ellas, pero, desde luego, por principio no las hago. 
Esta mañana se ha aprobado este paquete sobre la seguridad nuclear y ahora estoy presentándolo ante sus Señorías. 
En cuanto a las tecnologías, se plantea un paquete y un impulso a la investigación. 
Hay vías de investigación- por ejemplo, lo que se llama separación y transmutación- que pueden aportar soluciones. 
No está garantizado, pero pueden aportar soluciones. 
Porque no están garantizados los resultados de esas investigaciones es por lo que, mientras tanto, hay que resolver la cuestión del confinamiento subterráneo de alta profundidad. 
Yo, Señorías, creo que con esto reforzamos la seguridad, la garantía, la información a los ciudadanos. 
No se trata de crear un nuevo cuerpo de investigación. 
Bien al contrario, son las autoridades nacionales- y los controladores- quienes tendrán la responsabilidad de investigar en el ámbito de toda la Unión. 
En cuanto al problema de la competencia desleal para el mercado interno de la electricidad, el artículo 11 y el Anexo correspondiente, donde claramente se establece que los fondos de desmantelamiento sólo pueden ser utilizados expresamente para los fines fijados, es decir, para, en su momento, desmantelar las instalaciones energéticas correspondientes, cosa que, lamentablemente, hoy día, en varios países de la Unión, no es así, sino que esos fondos entran en la masa general, en la contabilidad general, de las compañías y, por lo tanto, pueden ser utilizados para cualquier fin de funcionamiento. 
(Aplausos) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los resultados del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 24 y 25 de octubre de 2002. 
Me gustaría dejar constancia de mi gratitud personal al Primer Ministro Rasmussen por el grado de compromiso del que ha hecho gala con el Parlamento Europeo. 
Ha sentado un precedente que espero que mantengan otras Presidencias reuniéndose con la Conferencia de Presidentes antes de la presentación de la Presidencia danesa. 
Asimismo, antes de la cumbre de Copenhague ha vuelto a reunirse con la Conferencia de Presidentes. 
Con carácter excepcional, va a participar en nuestro debate sobre la ampliación que se celebrará, en presencia de observadores procedentes de los parlamentos nacionales de los países candidatos, en nuestro período parcial de sesiones de Estrasburgo el 19 de noviembre de 2002. 
Todas estos gestos se añaden, por supuesto, al diálogo normal para el que el Primer Ministro está hoy en esta Cámara. 
Deseo hacerle llegar mi gratitud personal en nombre del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer el recibimiento tan positivo que se me ha dado, y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gran satisfacción por la estrecha y fructífera cooperación existente entre el Parlamento Europeo y la Presidencia danesa. 
Concedemos a esta cooperación una importancia máxima, por ello es un gran placer observar que está tomando una forma tan positiva. 
El Parlamento Europeo y la Presidencia tienen un proyecto común. 
Compartimos la misma visión y trabajamos para alcanzar los mismos objetivos. 
La ampliación de la Unión Europea es la tarea política más grande de nuestra generación. 
Supone un reto y una oportunidad que se extiende más allá de nuestro propio tiempo. 
Para bien o para mal, la ampliación tiene sus raíces en la historia común a todos nosotros, y tendrá una importancia crucial en las vidas y oportunidades de nuestros descendientes. 
La ampliación de la Unión Europea marca el final de la tragedia europea del siglo XX, y es la puerta hacia un futuro común en el que nuestro pueblo pueda vivir en libertad, paz y prosperidad. 
La historia de Europa ha estado plagada de guerras, crisis y catástrofes humanas. 
Aun así, Europa y nuestra cultura europea se caracterizan por una capacidad única para levantarse, recuperarse, y volver a descubrir y a definir sus valores y objetivos. 
El siglo XX fue un desastre para Europa. 
Dos horribles guerras mundiales destrozaron nuestro continente. 
Al caos de la II Guerra Mundial le siguieron más de cuarenta años de dictadura comunista en Europa Central y Oriental. 
Durante casi medio siglo vivimos en una Europa dividida artificialmente. 
Antes de la I Guerra Mundial, nuestro continente se caracterizaba por el optimismo, la confianza en sí mismo y la fe en el futuro. 
Estos valores se perdieron con el ruido de las disparos en agosto de 1914 y fueron pisoteados hasta desaparecer en las trincheras de la Guerra Mundial. 
En realidad, nunca hemos recobrado el optimismo y la fe en el futuro que caracterizaron los primeros años del siglo XX. 
La ampliación de la Unión Europea marca el comienzo de una nueva época en la historia europea. 
La ampliación puede infundir dinamismo y energía a Europa y sentar las bases de una nueva conciencia europea. 
La ampliación es la clave del futuro de Europa. 
Después de noventa años- de 1914 a 2004 -, por fin podemos concluir uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia europea. 
Ésta es una tarea inspiradora, y al mismo tiempo una responsabilidad que nos obliga. 
Por todo esto, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo su apoyo permanente e incondicional al proyecto de ampliación. 
Este apoyo se manifestó recientemente en el curso de los debates que tuvieron lugar en la sesión plenaria del 23 de octubre, y el Presidente del Parlamento Europeo expresó dicho apoyo de manera contundente al Consejo Europeo en la Cumbre de Bruselas. 
En nombre de la Presidencia, me gustaría agradecer este mensaje claro y contundente del Parlamento. 
Es también por este motivo por el que hoy puedo informar a todos los presentes de que en la Cumbre de Bruselas el Consejo Europeo confirmó el apoyo total de todos los Estados miembros a la ampliación. 
Hemos tomado varias decisiones cruciales, que significan que la primera ronda de negociaciones para la ampliación se podrá concluir en el mes de diciembre en Copenhague. 
No obstante, debo subrayar que la ampliación todavía está lejos de estar garantizada. 
Aún tenemos una tarea enorme por delante, y un tiempo limitado para llevarla a cabo. 
Estamos negociando con un total de 27 países, y disponemos de 37 días para llegar a una conclusión, así que no podemos dar nada por hecho. 
Sin embargo, ahora tenemos un camino a seguir para nuestras negociaciones posteriores: la Presidencia y la Comisión tienen una base sólida sobre la que negociar en la Cumbre de Copenhague, y eso supone claridad. 
Supone claridad tanto para los actuales Estados miembros como para los países candidatos No se hallarán ante un hecho consumado. 
Les ofreceremos unos términos de negociación prácticos y les pediremos que sean ellos los que realicen el último esfuerzo clave. 
No debe quedar la menor duda de que en la Presidencia abordaremos esta tarea con toda nuestra energía y con una voluntad incansable de alcanzar resultados. 
La Presidencia se había marcado tres objetivos para la Cumbre de Bruselas: 
En primer lugar, queríamos que se acordara una base para las negociaciones finales de ampliación con los países candidatos. 
En otras palabras, decisiones sobre la selección de países, decisiones sobre las cuestiones financieras pendientes y decisiones sobre el resto de cuestiones institucionales finales. 
En segundo lugar, queríamos acordar una política común de la Unión Europea sobre la cuestión del tránsito entre Kaliningrado y Rusia, a fin de crear una base clara para las negociaciones de cara a la Cumbre entre la Unión Europea y Rusia del 11 de noviembre. 
En tercer y último lugar, la Presidencia concedió gran importancia al hecho de que la Cumbre de Bruselas se celebrara de acuerdo con las decisiones tomadas en la Cumbre de Sevilla. 
Estas decisiones comportan unas reuniones más breves, efectivas y centradas de los Consejos Europeos. 
Me complace informar de que se han alcanzado los objetivos en estos tres terrenos: 
Hemos logrado configurar la cumbre de manera que refleje el espíritu y las decisiones de Sevilla. 
Ha sido un Consejo breve que ha durado algo más de 24 horas y cuyo orden del día, concentrado y preparado minuciosamente, fue ideado con el mayor grado de apertura posible. 
También mencionaré que la agenda anotada de esta cumbre podía encontrarse en la página web de la Presidencia en las semanas previas a Bruselas, para permitir a todos el seguimiento de los preparativos. 
Personalmente, concedí gran importancia al hecho de que la Cumbre de Bruselas estuviera tan enfocada y orientada a la consecución de objetivos como fuera posible, y estoy muy satisfecho con el resultado. 
Pienso que hemos sido capaces de crear procedimientos que espero que sirvan de inspiración a futuras presidencias. 
En cuanto a Kaliningrado, la Presidencia también ha alcanzado sus objetivos en Bruselas. 
El Consejo Europeo apoya las conclusiones pormenorizadas que acordaron los Ministros de Asuntos Exteriores el 22 de octubre. 
Por ello, se ha creado una base para las negociaciones futuras con Rusia. 
La política de la Unión Europea es clara. 
Queremos encontrar una solución que tenga en cuenta los problemas de Rusia y al mismo tiempo respete la soberanía de Lituania y las reglas de cooperación de Schengen. 
Está claro que la ampliación ha sido el tema principal de Bruselas. 
Para la Presidencia, era vital establecer los marcos de las ulteriores negociaciones con los países candidatos. 
Hemos dejado muy claro que era ahora- y no en diciembre- cuando había que tomar las decisiones, y centramos el orden del día en las cuestiones esenciales. 
Éstas eran algunas de las razones que nos han permitido tomar las decisiones necesarias. 
No voy a repasar las conclusiones de la cumbre en detalle, puesto que son breves y claras, y hablan por sí solas, pero me gustaría subrayar las principales decisiones. 
El Consejo Europeo ha aprobado las recomendaciones de la Comisión acerca de la selección de países. 
Diez países podrán concluir las negociaciones a finales de año: Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 
Por lo que respecta a Bulgaria y a Rumanía, hemos decidido apoyar a estos dos países en sus esfuerzos por alcanzar su objetivo de adhesión en 2007. 
La Cumbre de Copenhague tomará decisiones prácticas sobre la forma de reforzar su preparación para la adhesión. 
El mensaje que se envía a Bulgaria y a Rumania es claro: la ampliación seguirá su curso y la Unión Europea está abierta a países europeos que deseen unirse y que cumplan los requisitos de adhesión. 
También hemos enviado una señal clara a Turquía. 
El Consejo Europeo está satisfecho con el progreso realizado por Turquía para llegar a cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
(Aplausos) 
Hacemos un llamamiento a Turquía para que prosiga con su proceso de reforma, y sobre todo en la aplicación efectiva de las reformas adoptadas. 
En la Cumbre de Copenhague tomaremos otras decisiones sobre Turquía. 
En relación con la selección de países, hemos discutido las cuestiones relativas a las cláusulas de seguimiento y salvaguardia. 
También en este ámbito, el Consejo Europeo ha apoyado la propuesta de la Comisión, con una simple modificación: hemos ampliado el período de aplicación de las disposiciones especiales de dos a tres años. 
El Consejo Europeo también ha tomado decisiones acerca de las últimas cuestiones institucionales pendientes relativas a las modificaciones necesarias a la luz de la transición de 15 a esperemos que 25 Estados miembros. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han aceptado el compromiso que ya había alcanzado la Presidencia en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del 22 de octubre. 
Así se ha sentado una base de negociación clara para la Presidencia en relación con los países candidatos también en este ámbito. 
El tema más complejo del orden del día de la Cumbre de Bruselas han sido las cuestiones financieras pendientes. Sin embargo, hemos logrado obtener un resultado. 
Con respecto a subvenciones agrarias directas, el Consejo Europeo ha apoyado la propuesta de la Comisión: el aumento gradual comenzará en 2004 con un 25%, y se completará al 100% en 2013. 
Este proceso tendrá lugar dentro de un marco de estabilidad financiera. 
Se establece una promesa acerca del gasto total anual en organizaciones comunes de mercado y subvenciones directas en una Unión Europea con 25 Estados miembros. 
Este gasto no debe superar el nivel de 2006 más un 1% por año, lo cual quiere decir que si la inflación supera el 1% habrá un descenso importante del gasto agrícola. 
También hemos llegado a un acuerdo sobre el nivel total de financiación para iniciativas de fondos estructurales en los nuevos Estados miembros. 
La cifra es 23 000 millones de euros para el período de 2004 al 2006, una cantidad algo más baja que la propuesta de la Comisión, de algo más de 25 000 millones de euros. 
En tercer lugar, se ha resuelto la cuestión de la compensación presupuestaria. 
Personalmente considero de gran importancia que establezcamos que ningún nuevo Estado miembro se encuentre durante el período 2004-2006 en una posición peor que la que existía en 2003. 
Ésta es una señal importante y correcta para los países candidatos. 
Estos son los puntos principales del Consejo Europeo, y a modo de conclusión me gustaría mencionar que el Consejo Europeo también se ha reunido con el presidente de la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea, el Presidente Valéry Giscard d ' Estaing, quien informó sobre el trabajo de la Convención. 
«De Copenhague a Copenhague» es el lema de la Presidencia danesa, que expresa una voluntad de contribuir a un proyecto y un proceso de carácter único, y también expresa una ambición muy práctica de concluir algunos de los trabajos que se nos han asignado. 
La Cumbre de Bruselas nos ha permitido dar un paso crucial hacia Copenhague y al mismo tiempo ha marcado la última parada antes de la Cumbre de Copenhague. 
Entonces, ¿qué hay en el camino que va de Bruselas a Copenhague? 
¿Qué nos espera en las semanas venideras? 
La respuesta es: mucho trabajo. 
Mucho trabajo y negociaciones intensas y laboriosas. 
Ya estamos en plena actividad. 
El 28 de octubre me he reunido con los Jefes de Estado y de Gobierno de los países candidatos para informarles directa y personalmente sobre la Cumbre de Bruselas. Y ya al día siguiente han empezado las conversaciones con funcionarios gubernamentales. 
Las decisiones que el Consejo Europeo ha adoptado en Bruselas han establecido la base de las ulteriores negociaciones. 
No obstante, está claro que si queremos alcanzar un resultado a tiempo, son necesarios grandes esfuerzos junto con una voluntad de compromiso por parte de todos los Estados miembros y países candidatos implicados. 
El Parlamento Europeo y la Comisión siempre han sido fuerzas motrices del proceso de ampliación. 
En nombre de la Presidencia danesa me gustaría agradecer una vez más al Parlamento Europeo y a la Comisión la sólida cooperación y el llamamiento que nos han hecho a todos a unir fuerzas, también en las próximas semanas, con el fin de alcanzar nuestro objetivo común: concluir la primera ronda de negociaciones sobre la ampliación en diciembre en Copenhague. 
A este respecto, espero ansiosamente participar en el gran debate sobre la ampliación que tendrá lugar en este Parlamento dentro de dos semanas, el 19 de noviembre. 
Espero que desde la Comunidad podamos enviar un mensaje enérgico a la gente y los gobiernos de Europa que diga que ha llegado la hora de concluir diez años de trabajo, ha llegado la hora de abrir las puertas a nuestro futuro común y ha llegado la hora de tomar la decisión crucial sobre la ampliación. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, a mí también me gustaría empezar uniéndome a las expresiones de gratitud a la Presidencia y al Parlamento. 
La presión ejercida por las tres instituciones conjuntamente ha posibilitado el avance de las negociaciones y nos ha permitido tener unas expectativas firmes de que este proyecto, el más grande de nuestro tiempo dentro de la Unión Europea, puede llegar a completarse, como estaba planeado, en Copenhague en diciembre. 
A partir de Bruselas, el impulso político se reforzado todavía más, y si este Consejo ha hecho algo visible ha sido el deseo compartido del éxito de este proyecto de unir Europa, que se está haciendo cada vez más fuerte. 
Ahora me gustaría informar brevemente sobre los progresos que se han realizado. 
El Presidente del Consejo ya ha mencionado que no se ha perdido el tiempo, y ya el lunes de la semana pasada comunicamos los resultados a los países candidatos. Al día siguiente comenzó otra ronda de negociaciones, que mientras tanto ha concluido. 
El objeto de esta ronda de negociaciones fue establecer las posiciones que estaban sin resolver por parte de los países candidatos. 
Ahora tenemos una visión de conjunto y una visión de cada aspecto pendiente de resolver en las negociaciones, y en este punto tengo tanto malas noticias como buenas. 
Empezaré con las malas noticias, que es que encima de la mesa nos queda mucho más de lo que esperábamos o deberíamos haber esperado. 
Las buenas noticias son que lo que queda puede resolverse en el plazo previsto, y sigue siendo realista en términos de plazos concluir una segunda ronda de negociaciones para el Consejo de Asuntos Generales del 18 de noviembre, que nos permitirá así quitarnos de en medio un gran número de cuestiones que todavía no están resueltas. 
Esto se completará entonces con una ronda final que llevará a las conferencias de adhesión inmediatamente anteriores al Consejo de Asuntos Generales de Copenhague. 
Permítanme concluir con una observación política que tiene gran importancia para mí. 
En las pocas semanas que nos quedan, es absolutamente necesario que las negociaciones se lleven de manera muy política. 
Ya no podemos negociar de la manera que lo solíamos hacer, de una manera muy técnica, a menudo con cuestiones que avanzaban y retrocedían. 
Ahora el establecimiento de prioridades políticas claras y la toma de decisiones políticas es lo que está en el orden del día. 
Tengo que subrayar que, en las negociaciones pasadas, esperábamos mucho de los países candidatos, y la posición de la Unión Europea no siempre se basaba en el entendimiento en profundidad de los problemas de los candidatos; de hecho, en muchas ocasiones estaba basada en nuestras propias necesidades. 
Simplemente me gustaría recordarles que no sólo hay que tener en cuenta la opinión pública de los Estados miembros al envolver el paquete de las negociaciones finales; también tenemos que tener en cuenta el hecho de que los gobiernos y parlamentos de los países candidatos tienen que convencer a la opinión pública de que adherirse a la Unión Europea es bueno. 
Permítanme señalar también que los resultados del proceso de transformación que ya hemos visto en los países de Europa Central y Oriental varían bastante. 
En los países en transición, la gente disfruta de libertades que hasta ahora les eran desconocidas; disfrutan de la democracia y de los derechos humanos. 
A pesar de esto, no deberíamos pasar por alto el hecho de que somos nosotros los que en conjunto nos hemos beneficiado de las ventajas económicas y de estabilidad que han ocasionado estas transformaciones. 
Hasta la fecha, somos nosotros los que más nos hemos beneficiado de la transformación de estos países en economías de mercado, una transformación que incluye, y sigue incluyendo serias carencias sociales para esas personas. 
Es hora de enviar una señal clara e inequívoca de que hacemos honor a los enormes logros que han tenido lugar en las sociedades de estos países en los últimos diez años, y es hora de que lo hagamos obligándonos a adoptar cierto grado de generosidad a medida que las negociaciones se acerquen a su fin. 
No se trata de interferir con tal o cual principio fundamental de la política comunitaria o del método comunitario. 
Nada de lo que buscan los futuros Estados miembros es fundamental desde nuestro punto de vista, pero puede ser fundamental para ellos y para la capacidad de ganarse el apoyo que necesitan, por ello espero de corazón que todos- me refiero al Consejo, a la Comisión y al Parlamento- evoquemos la flexibilidad que será necesaria si queremos que el proyecto sea un éxito, no sólo para los políticos como nosotros, sino para los que importan de verdad: los pueblos de los Estados miembros actuales y futuros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, rara vez habrá existido alguna cuestión o alguna resolución de problemas en las que la Presidencia del Consejo, el Consejo de Ministros en su conjunto, la Comisión y nosotros, el Parlamento, hayamos actuado con tal unanimidad y propósitos comunes. 
En lo que respecta a la adhesión de los países de la Europa Central- la suya especialmente por su pasado comunista, aunque Malta y Chipre también están incluidas -, se han merecido esta unanimidad grandiosa e histórica que hemos demostrado hoy aquí. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me ha impresionado muy favorablemente la manera en que ha enmarcado sus observaciones en este contexto histórico, y creo que es precisamente eso lo que tenemos que hacer. 
No obstante, también quiero añadir que Europa sólo habrá culminado con éxito su prueba de fuego si el resultado de la Convención sobre un tratado constitucional europeo reciba la misma unanimidad por parte de los gobiernos, la Comisión y el Parlamento, para que así Europa pueda tener estructuras institucionales estables en el siglo XXI. 
La tarea más grande y la principal del Consejo de Ministros será apoyar un modelo comunitario para que esta Comunidad ampliada de veinticinco Estados- y después incluso más- también tenga una base sólida. 
Esto es lo que ahora les pido encarecidamente que hagan. 
Acogemos con gran satisfacción el hecho de que el camino esté expedito para diez Estados de Europa Central más Malta y Chipre, que el mandato está sobre la mesa, y que ahora puede continuar la ardua labor de la Comisión y de los Gobiernos, permitiéndonos, señor Presidente en ejercicio, lograr aquello de lo que usted ha hablado: «¡De Copenhague a Copenhague!» 
También les permitirá decir el 12 y 13 de diciembre: «Los Tratados están listos para la firma.» 
Eso es lo que le deseo; eso es lo que deseo para todos nosotros en bien del futuro de Europa. 
Queremos animar a Bulgaria y a Rumania a que perseveren en sus esfuerzos. 
Nuestro grupo mantiene actualmente contactos estrechos con ambos países, pero todavía hay que recorrer una larga distancia. 
En cuanto a Turquía, diré con franqueza que en nuestro grupo existen posturas diferentes en cuanto a su pertenencia a la Unión Europea, puesto que nuestro grupo es muy democrático- Conservadores y Demócratas Cristianos no podrían ser otra cosa -, pero le diré muy claramente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que hay una cosa en la que estamos de acuerdo, y es que no creemos que sea oportuno fijar una fecha para el comienzo de las negociaciones en diciembre y en Copenhague. 
Sin duda acogemos con satisfacción el hecho de que los dos partidos que han ganado las elecciones en Turquía miran hacia Europa, pero tampoco podemos ignorar el déficit democrático por el que el 45% de los votantes turcos no están representados en su parlamento. 
Permítame recordarle que el líder del Partido de Justicia y Desarrollo, Sr. Erdogan, no puede convertirse en Primer Ministro porque pesan sobre él acusaciones que le impiden ser presidente del partido. 
Esta es una situación absurda. 
También me gustaría recordarle algo que concierne a Europa, aunque afecte a mi propio país, y es que diversas fundaciones políticas de la República Federal de Alemania, no sólo de nuestro propio partido, sino las asociadas con los Socialdemócratas, los Verdes y los Liberales, están acusadas de espionaje en Turquía. 
Esta es una manera absurda de hacer las cosas, y le pido que tome esto como ejemplo de todo lo que Turquía tiene que desarrollar todavía. 
(Aplausos) 
Señor Schulz, estoy encantado de que los Socialdemócratas se muestren cada vez más de acuerdo con lo que tengo que decir sobre Turquía ,... 
(Interrupciones) 
... y espero que también con lo que tengo que decir sobre otras cuestiones. 
Señor Cohn-Bendit, retomaré la cuestión de cómo llegamos a posiciones comunes en el tema de Chechenia, y si se considera que nuestro grupo ocupa en realidad el espacio central del Parlamento en estas cuestiones, eso es algo que acogemos con satisfacción. 
No entendimos por qué era necesario poner toda la cuestión agraria sobre la mesa en Bruselas. 
Ahora, gracias a Dios, hemos hecho las cosas bien hasta cierto punto, pero no entendíamos por qué un Estado miembro importante de la Unión Europea había escogido esa ocasión para poner la cuestión agraria como tema central, y a veces tengo la impresión- y el Sr. Daul y el Sr. Goepel tendrán algo más que decir sobre estos asuntos- de que realmente no sabemos lo que se ha decidido allí. 
Espero que salga a la luz antes o después, para que lo que en realidad se ha decidido se sepa después del evento. 
Me gustaría hacer un llamamiento a la Presidencia del Consejo y al Consejo en sí- la Comisión, a la que a veces criticamos por cosas que hoy no vienen a cuento, está de nuestra parte en estos temas- para incluir al Parlamento en el examen de todas las consecuencias financieras para la perspectiva financiera actual- tema en que James Elles es nuestro experto- y también para las futuras perspectivas financieras, y que lo haga de manera que los preparativos institucionales también puedan realizarse en este ámbito. 
Volviendo ahora a Kaliningrado, recomiendo con urgencia, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que no demos, a Lituania en particular, la impresión de que estaríamos dispuestos a hacer concesiones a un país europeo grande, que no pertenece a la Unión Europea, a espaldas de este futuro Estado miembro más bien pequeño, Lituania. 
La soberanía de Lituania también está en juego, y eso deberíamos tenerlo presente en todo momento. 
Mi última consideración es la siguiente: en breve debatiremos la cuestión de Chechenia con el Sr. Solana. 
Es muy deprimente leer en los principales periódicos europeos lo que Serguéi Kovalev, ex representante de derechos humanos del Presidente Yeltsin, dijo ayer a uno de ellos: que el comportamiento bárbaro del ejército ruso prosigue en Chechenia de la misma manera que hace varios años. 
Rechazamos con firmeza toda forma de terrorismo, inclusive en Moscú, pero no podemos tratar al terror y a los terroristas y a la población de Chechenia como si fueran lo mismo. 
Instamos a que muestren valor en la cumbre que se va a celebrar- desgraciadamente no en Copenhague, sino en Bruselas, porque Rusia así lo quiso, y puede que hayan cedido ustedes a la presión, pero es la sustancia lo que importa -, valor de verdad para encontrar un lenguaje claro y decir que tenemos que negociar en Chechenia, y que la gente tiene un futuro dentro de la Federación Rusa sin perder su identidad. 
Lo que me gustaría ver aquí son no sólo conversaciones diplomáticas de los Jefes de Estado y de Gobierno, sino también un enfoque firme de esta cuestión, porque como Unión democrática, tenemos la obligación de defender los derechos humanos en Europa y en todo el mundo. 
Les deseo mucho éxito en esta cuestión. 
Dejando otros temas aparte, la Presidencia danesa del Consejo ha llevado a cabo su trabajo extraordinariamente bien hasta ahora, lo cual demuestra que no hace falta ser un país grande para tener éxito en Europa. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero agradecerle al Presidente en ejercicio del Consejo que haya situado la cuestión en sus justos términos: lo que necesitamos es una visión política y superar una división del continente que ha durado más de un siglo. 
Creo que eso es lo que tenemos que trasladar a nuestros electores. 
A partir de ahí, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me permito recordarle que en la reunión a la que usted nos invitó gentilmente en Copenhague, usted habló de tres fases en la Presidencia danesa: la primera no dependía de ustedes, estaba el referéndum irlandés, el final del rally electoral en este año. 
Y además, ahora han aprovechado de manera constructiva un acuerdo- el acuerdo francoalemán sobre la financiación de la política agrícola- para conseguir desbloquear un tema importante de cara a la ampliación, que es el tema financiero. 
Y me permitirá el señor Presidente que, dejando de lado algo que tenemos que debatir en el Pleno del Parlamento en la segunda sesión de noviembre, que es el estado de las negociaciones y las condiciones para cada país candidato, entre en un tema importante, que es el de la financiación, con una advertencia previa: yo apoyo claramente al Presidente Cox en la crítica que les ha hecho a todos los Gobiernos- empezando por la Presidencia- sobre el tratamiento que siguen dando desde Niza a la asignación de escaños en el Parlamento Europeo. 
No son comodines que se pueden subordinar a la negociación entre los países, y sigue habiendo una clara discriminación de dos países candidatos- Hungría y Chequia, concretamente- en este punto. 
Hágannos caso. 
Traten de resolver el problema escuchándonos. 
En cuanto a las conclusiones, hay un punto positivo, y es que ustedes han aceptado que ningún país candidato debe ser contribuyente neto de entrada. 
Me parece que es de justicia señalarlo. 
Ahora bien, hay un punto en el que creo que debemos defender los derechos del Parlamento Europeo, como de todos los Parlamentos: los presupuestos en todos los países democráticos se hacen sobre base anual. 
Nosotros hemos apoyado que haya perspectivas financieras, pero, claro, no puede ser que, después de que se haya abandonado en Rusia la planificación quinquenal soviética, pasemos nosotros a la planificación decenal. 
No podemos. 
No podemos hipotecar nuestra vida política a diez años vista. 
¿De qué sirven las elecciones? 
¿De qué sirven los Parlamentos? 
Yo creo que este tema- y me parece muy bien que se haya desbloqueado la cuestión- hay que debatirlo más seriamente. 
¿Por qué? 
Porque, en el marco de la Agenda 2000, los cálculos se hicieron teniendo en cuenta a seis países. 
Ahora son diez. 
Vamos a conseguir un milagro presupuestario: hacer más con menos. 
Y eso tenemos que explicárselo a nuestras opiniones públicas y a las de los países candidatos. 
Es más, a mí me gustaría preguntarle directamente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sobre la quinta prioridad, creo, que usted mencionó en la reunión de Copenhague. 
Usted dijo que había que seguir trabajando en la reforma de la política agrícola. 
A la vista de los acuerdos de la Cumbre, ¿qué va a hacer el Comisario Fischler? 
¿Se va al paro? 
¿Abandona la propuesta? 
¿Vamos a seguir trabajando? 
Y se lo digo porque este Parlamento va a votar mañana una resolución sobre la revisión intermedia de la reforma de la PAC, y eso es importante. 
No podemos caer en la contradicción de aprobar lo que se debatió en Bruselas la semana pasada y que ello no sea coherente con la PAC. 
Y una última observación, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sobre la Convención. 
En la Convención están participando con pleno derecho y a pleno título los países candidatos. 
Se trata de nuestro futuro. 
Hasta ahora han desbloqueado un tema fundamental, han escuchado al Presidente Giscard d ' Estaing que ha planteado lo que se llama- me parece una expresión terrible- el "esqueleto de la Convención". 
Yo entiendo que, en vísperas de Halloween y del día de los difuntos, se hable de un esqueleto, pero ahora hay que ponerle carne. 
Yo lo único que digo es que tenemos que construir sobre lo que hay, y lo que hay es el método comunitario y el equilibrio entre las instituciones. 
Y eso hay que respetarlo y defenderlo. 
Usted ha dicho que de Copenhague vamos a volver a Copenhague. 
Sabe usted tan bien como yo que de Copenhague, en temas económicos y de defensa, para volver a Copenhague tenemos que pasar de momento por Atenas. 
Por lo tanto, yo le pediría en eso que hubiera un impulso sustancial de la Presidencia danesa, incluso desde el punto de vista de su plena incorporación al acervo comunitario. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisarios, tras la votación sobre el Tratado de Niza y el Consejo Europeo de Bruselas, no parece que haya ningún obstáculo importante para la ampliación. 
Hay sin duda varias piedrecillas en la vía, pero ninguna es lo suficientemente grande para hacer que descarrile el tren que va a Copenhague. 
Lo que durante mucho tiempo pareció ser un amorío malogrado entre Este y Oeste, se convirtió en un incipiente romance hace casi exactamente 13 años, cuando cayó el telón de acero y la relación pudo florecer en toda su plenitud. 
Ahora estamos casi listos para el matrimonio, y como liberal, me siento increíblemente orgullosa por el hecho de que sea un Gobierno liberal el que esté finalmente bendiciendo la unión entre estos países. 
Quisiera felicitar a la Presidencia danesa por todo lo que ha conseguido hasta el momento. 
Me gustaría abordar tres cuestiones, señor Presidente en ejercicio: en primer lugar, Turquía. 
La resolución que se votará mañana resulta muy vaga en lo que concierne a Turquía. 
Creo que es importante que hagamos como usted y animemos claramente y sin ambigüedades a las fuerzas de la reforma en Turquía, y que aplaudamos las señales positivas que provienen del nuevo Gobierno de Ankara. 
Todavía queda bastante por hacer antes de que los criterios de Copenhague puedan considerarse cumplidos, pero espero que el Consejo Europeo de Copenhague suponga un paso adelante cualitativo en las relaciones con Turquía. 
En interés de todos, deberíamos mantener una relación estrecha y continuada con Turquía y deberíamos ayudarnos unos a otros en la lucha por el refuerzo de los derechos humanos. 
En segundo lugar, las cláusulas de salvaguardia. 
Cuanto más oigo hablar de ellas, más confusas me parecen. 
¿Cómo van a aplicarse y cómo van a interpretarse y a ponerse en práctica? 
¿Se han considerado detenidamente y de manera apropiada? 
Lo que en realidad necesitamos en la Unión Europea es una especie de sistema de inspección que abarque a todos los países de la Unión Europea, viejos y nuevos, con el fin de asegurar que todos nos ajustemos a los valores democráticos y criterios en los que se basa la Unión Europea: respeto de los derechos humanos, no discriminación, gobernanza, respeto del Estado de derecho, etc. Sabemos que existen Estados miembros que actualmente no cumplen los criterios de Copenhague. 
En tercer y último lugar, está bien que se llegara a un acuerdo en materia de política agrícola, que era uno de los principales obstáculos para el calendario de la ampliación. 
De esta manera, la Presidencia demostró que los profetas de la catástrofe que habían condenado el Consejo Europeo de Bruselas estaban equivocados. 
Sin embargo, al Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos le habría gustado ver una voluntad de reforma más clara, con apoyo explícito a las propuestas del Comisario Fischler y a los compromisos que contrajimos en Doha. 
La política agrícola necesita una reforma sustancial. 
Todavía queda bastante trabajo por hacer antes de la Cumbre de Copenhague, y no debemos subestimar la dificultad de este trabajo. 
Posteriormente, los países candidatos tendrán que celebrar sus referendums. 
Espero que todos podamos aprovechar lo que queda hasta 2004 para hablar con personas de todo el continente y explicarles, informarles y convencerles de la importancia de unificar Europa, no sólo por nuestro bien, sino también por el suyo. 
Es como dijo Jean Monnet: «No estamos unificando Estados, sino ciudadanos y pueblos.» 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Prodi, Presidente de la Comisión, mi grupo está en general a favor de la ampliación, porque la vemos como una oportunidad histórica de unir a los pueblos de Europa, de consolidar la paz en el continente y de transformar esta Unión de 25 Estados miembros- y en el futuro 27 ó 30 Estados- en el nuevo agente global que a todos los que se oponen al liberalismo excesivo y unilateralismo de los líderes norteamericanos les encantaría ver. 
A este respecto, no pienso que sea una decisión sabia ocultar los problemas. 
Por ello, voy a decir lo siguiente abierta y honestamente: las decisiones del Consejo Europeo de Bruselas no nos satisfacen. 
Sin duda, acogemos con satisfacción el hecho de que la lista con los diez miembros propuestos ha sido aprobada, pero en nuestra opinión los términos del acuerdo alcanzado por los Quince en las cuestiones presupuestarias y financieras para el período 2004-2006 no prometen nada bueno en términos de la capacidad, si no la voluntad, de los líderes europeos clave de convertir en realidad una visión de Europa que esté a la altura de las aspiraciones que acabo de señalar. 
Ya hemos visto discriminación en la manera en que se ha distribuido la ayuda directa entre los agricultores de los países candidatos. 
Recientemente fui testigo del efecto político extremadamente negativo que tuvo esta medida en algunos de los países en cuestión. 
Además, la cantidad total de fondos que la Comisión ha destinado a acciones estructurales se ha reducido. 
Pensamos que la cantidad que había no era ni mucho menos suficiente si tenemos en cuenta todo el trabajo que queda por realizar para combatir las disparidades de desarrollo en la futura Unión ampliada. 
Redunda en interés de todos que hagamos de la ampliación un éxito duradero, pero el gasto que sin duda esto conllevará no puede ser, como es el caso en este momento, según los planes actuales, alrededor del 0,08 % del PIB de los quince Estados miembros durante los tres primeros años. 
El objetivo a medio plazo debe ser muy ambicioso: proporcionar trabajos seguros y formación para todos los hombres y mujeres de toda la Europa ampliada, consolidar los servicios públicos que merecen ese nombre, alcanzar un desarrollo sostenible genuino en los 25 Estados miembros, y de este modo, combatir el dúmping social y fiscal. 
También debemos redefinir las tareas y poderes del Banco Central Europeo y acabar con el racionamiento obsesivo del gasto público útil, que exigirá una revisión rápida y profunda de las perspectivas financieras. 
Todas estas cuestiones deben ponerse sobre el tapete y discutirse abiertamente, incluidos los parlamentos nacionales y los agentes sociales. 
En este preciso momento, en Florencia, el Foro Social Europeo está dando un ejemplo reuniendo a ciudadanos y especialmente jóvenes de todo el continente para debatir los retos de la sociedad y la civilización a los que nos estamos enfrentando. 
Si hacemos que la ampliación sea un éxito, también responderemos a sus expectativas. 
Me temo que, con el Consejo Europeo de Bruselas, los estamos decepcionando. 
Señor Presidente, reconocemos- y agradecemos- los esfuerzos del Primer Ministro Ramussen por inyectar algo de ideología en el Consejo Europeo de Bruselas y por ampliar su perspectiva más allá del árido y tedioso debate sobre fondos que tendremos que celebrar de aquí a 2006, pero como ya sabemos, los debates celebrados y las decisiones tomadas en Bruselas se centraron en los ganadores y perdedores financieros, y esto, junto con la cuestión de cómo evitar penalizar a los países sin perder la cara, fue el enfoque del trabajo de Bruselas más que la cuestión de cómo establecer la solidaridad dentro de un marco institucional firme y estable. 
En este contexto tan poco inspirador, acogemos con satisfacción, en cualquier caso, el hecho de que las decisiones tomadas en Bruselas permitirán a la Unión presentar a tiempo su posición negociadora a los países candidatos. 
Sin embargo, no podemos ocultar el hecho de que los acuerdos sobre la política agrícola común son fundamentalmente otra manera de posponer decisiones difíciles. 
Sólo nos queda criticar al Consejo por no vincular la decisión sobre pagos directos a otra reforma de la PAC y por no tratar de llegar a un acuerdo en torno al principio de condicionar estos pagos a los requisitos medioambientales y sociales, corriendo el riesgo de perpetuar todas las disfunciones y los desequilibros que hacen de la PAC la política europea más absurda y costosa que existe actualmente, que perjudica precisamente a los pequeños productores de productos de calidad a los que queremos recompensar. 
Además, no podemos ocultar el hecho de que los países candidatos no están enteramente satisfechos con los acuerdos alcanzados en Bruselas. 
En cambio, aunque es verdad que en el papel, la Unión se ha comprometido a compensar la obligación de los nuevos países a pagar el 100% al presupuesto comunitario desde el primer día con pagos compensatorios y apropiaciones de los Fondos Estructurales, también es verdad que no hay garantías de que estos países sean capaces de absorber estos recursos rápidamente en proyectos de alta calidad, o al menos no tan rápida y directamente como tendrán que desembolsar el dinero al presupuesto de la Unión. 
Nosotros habríamos preferido un sistema gradual de incremento de las contribuciones de estos países al presupuesto comunitario, como fue el caso de España y Portugal. 
Francamente, la impresión es que los nuevos países tendrán que financiar la deducción de la política agraria común del Reino Unido y que sólo en último momento se decidió no hacerles contribuir también a los Fondos Estructurales de España. 
En cuanto a la Cumbre de Copenhague, la Unión aún tiene que demostrar su valía. 
Como muy bien ha dicho el Primer Ministro Rasmussen, la ampliación todavía no es cosa hecha. 
Permítame, señor Presidente, otro comentario sobre la cuestión de Chechenia. Queríamos que el Consejo Europeo, aparte de señalar algunos puntos importantes de carácter general sobre el terrorismo, tomara partido claramente en favor de la negociación de un fin para el conflicto checheno, marcado por la continua violencia de las tropas rusas, y que condenara el desprecio de las vidas de los rehenes y los métodos propios del KGB utilizados por el Gobierno ruso para responder al ataque en el teatro de Moscú. 
Nos preocupa muchísimo el arresto de Akhmed Zakayev en Copenhague y las leyes que restringen la libertad de expresión recientemente adoptadas por la Duma. 
Señor Presidente, en el último ha cobrado un gran impulso el proceso de ampliación de la Unión Europea y el cumplimiento de nuestra visión política a este respecto. 
De hecho, han tenido lugar tres acontecimientos que han acelerado el ritmo de ampliación de la Unión Europea y han hecho que se convierta en un proceso imparable. 
En primer lugar, el 9 de octubre de 2002 la Comisión llegó a la conclusión de que 10 países candidatos están en condiciones de ingresar en la Unión Europea. 
En segundo lugar, el 19 de octubre de 2002, los irlandeses han aprobado las disposiciones del Tratado de Niza, que asegura la ampliación de la Unión Europea dentro de un plazo acordado. 
En tercer lugar, el 24 de octubre de 2002 los dirigentes de la Unión Europea han aprobado en Bruselas las recomendaciones de la Comisión Europea de que 10 países cumplen los criterios políticos y económicos necesarios para adherirse a la Unión Europea en 2004. 
Acojo con satisfacción la decisión tomada en la Cumbre de Bruselas para permitir a la Unión Europea que presente a los países candidatos una posición negociadora en relación con todos los asuntos pendientes a principios de noviembre. 
Esto asegurará que las negociaciones sobre la ampliación puedan concluir en la Cumbre de dirigentes de la Unión Europea de Copenhague en diciembre de 2002. 
También se ha establecido la fecha de abril de 2003 para que se firmen los tratados de adhesión en Atenas bajo la presidencia del Gobierno griego. 
Ahora existen elementos de certeza jurídica y política en relación con las negociaciones sobre la ampliación. 
En breve saltaremos las últimas vallas para culminar la adhesión a la Unión de 10 nuevos Estados miembros. 
El impulso a favor de la ampliación supone un gran reto para las instituciones de la Unión Europea en lo relativo a la ejecución de los cambios internos previstos en el Tratado de Niza. 
Esto incluye una serie de temas, entre los cuales se encuentra la extensión del voto por mayoría cualificada en el Consejo, una nueva ponderación de los votos en el Consejo, la extensión de medidas de codecisión con el Parlamento Europeo y la reforma de la Comisión Europea. 
La futura financiación de la ampliación de la Unión Europea ha sido una cuestión central en la Cumbre de Bruselas. 
De las conclusiones de la Presidencia se deduce que la perspectiva financiera, tal y como se expuso en Berlín en 1999, se va a respetar íntegramente. 
El coste de la ampliación de la Unión Europea se pagará dentro de los parámetros presupuestarios del Acuerdo de Berlín. 
También está claro que programas como los actuales acuerdos de la PAC para el periodo 2000-2006 no van a verse afectados por la decisión de los dirigentes de la Unión Europea en Bruselas, lo cual está muy bien, porque a nuestros granjeros, a sus familias y a las comunidades rurales se ofrecieron expectativas legítimas mediante el acuerdo sobre la PAC de la primavera de 1999. 
Se les explicó cómo la política agrícola común iba a operar durante un periodo de siete años, hasta 2006, y ellos han basado sus decisiones comerciales en este marco, tal y como se expone en el Acuerdo de Berlín. 
Como corolario de esta decisión tomada por los dirigentes de la Unión Europea, la revisión intermedia de la política agrícola común será simplemente eso, una revisión de la PAC más que una reforma. 
Esto puede que no les suene bien a los defensores de una reforma radical de la PAC, pero esa es la realidad de las conclusiones de la Cumbre de Bruselas. 
En conclusión, cuando se trata de abordar los retos de la ampliación de la Unión Europea, seguridad, determinación y compromiso son palabras que pueden usarse para resumir las opiniones de la gran mayoría de personas que viven en Europa y de los legisladores que trabajan en estas importantes cuestiones dentro de las diferentes instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Canciller Bismarck, que no era ningún novato en política europea, utilizó la siguiente expresión: «En un sistema de tres poderes, tú tienes que ser uno de los dos poderes.» 
Por ello pienso que él habría tomado la Cumbre de Bruselas por lo que realmente fue. 
En realidad, las decisiones tomadas en Bruselas, y especialmente el acuerdo entre Francia y Alemania, son una seria amenaza para el futuro. 
Francia ha acordado estabilizar el gasto de la política agrícola después de 2006, cuando el número de agicultores europeos duplique el actual, y de este modo, el Presidente de la República Francesa está adoptando la increíble actitud de «después de mí, el diluvio». 
A menos que sea una señal de una rendición anticipada- el resultado más probable- de la Unión Europea en la próxima ronda de negociaciones de la OMC programada en Doha y que, de hecho, concluirán en 2005. 
Por consiguiente, tras el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, que fue víctima de su propia estupidez, ahora es la política agrícola europea la que está condenada debido a la política comercial de Europa. Ahora estamos a la espera de que la política de competencia- otra de las áreas de excelencia de la Comisión de las que tanto se presume- se venga abajo por el peso de su arrolladora infalibilidad. 
¿Entonces, señor Prodi, qué queda de las políticas sobre las que la Comisión dice tener autoridad soberana? 
¿Quiere salir perdiendo sustancialmente en la nueva división de poderes en la que la Convención está trabajando, que no podría alcanzar de otra manera? 
Lo más grave es el hecho de que desde Niza, la Unión Europea parece estar precipitándose de una cumbre a la siguiente, como si Europa estuviera intentando ocultar su preocupación y recobrar algo de compostura a los ojos de los demás. 
La ampliación ha llegado, por tanto, en buen momento. 
La inminente integración de Asia Menor sin duda será un consuelo importante a este respecto. 
Señor Presidente, manteniendo una larga tradición de declaraciones que al mismo tiempo apaciguan y agitan a las masas, las conclusiones de la última Cumbre de Bruselas afirman que la Unión ampliada busca- y cito- «asegurar el desarrollo ordenado de sus políticas en beneficio de todos sus ciudadanos». 
No obstante, está claro que al menos una categoría de ciudadanos no se beneficiará de estas políticas después de 2006, y me refiero a los agricultores franceses. 
De hecho, Jacques Chirac acaba de realizar más concesiones en el ámbito de la política agraria común que, en este momento, constituye una capitulación genuina en medio de la campaña. 
Al acordar la restricción del gasto de la política agrícola común correspondiente al período 2007-2013 a los niveles de 2006, Chirac está recuperando lo que puede de la situación actual, simplemente para sacrificar a los agricultores franceses después de 2007. 
El presupuesto agrario será el mismo con 25 miembros que en la actualidad con 15, y además, de 2004 a 2013, las ayudas directas a los PECO aumentarán de un 25% a un 100% de lo que reciben en la actualidad los agricultores de los Quince. 
En este caso, será Francia la que cargue con los costes más importantes de la ampliación y de la restricción del gasto. 
Mi último comentario es que los miembros norteamericanos del Grupo Cairns exigirán, dentro del marco de la OMC, no sólo la eliminación de los reembolsos a la exportación, sino también reducciones sustanciales de los aranceles aduaneros y ayudas nacionales, especialmente las ayudas directas. 
¿Y quién se va a oponer, en esta clase de Europa? 
Señor Presidente, la Cumbre de Bruselas ha tratado sobre todo de la ampliación de la Unión Europea. 
El Partido Conservador británico ha defendido vigorosa y sistemáticamente la ampliación hacia el este de la Unión Europea desde la caída del Muro de Berlín hace unos 13 años. 
De hecho, el manifiesto electoral sobre cuya base fuimos elegidos mis colegas y yo en 1999 expone con bastante claridad las razones por las que apoyamos este proceso con tanto entusiasmo. 
Dicho manifiesto afirmaba que la ampliación es una oportunidad histórica para impulsar los principios que Europa debería representar: libre comercio, mercados libres, desregulación y cooperación. 
También supondría más comercio, más estabilidad y más prosperidad para los actuales Estados miembros de la Unión Europea. 
Es más, la Unión Europea simplemente no puede ignorar el deber moral que tiene para con los países de la Europa Central y Oriental. 
En Bruselas se ha dado un importante paso adelante hacia el acuerdo sobre la entrada de diez países candidatos en el Consejo de Copenhague de diciembre. 
Y mi partido acoge con gran satisfacción este dato. 
Europa será un lugar mejor a resultas de la ampliación, y felicito a la Presidencia danesa por la habilidad y el compromiso demostrados al alcanzar este punto. 
No obstante, y dado que hemos esperado este momento histórico durante 13 años, me gustaría reiterar que no debe haber reticencias, ni más retrasos, ni deben permitirse más intereses personales de última hora. 
Bajo ningún concepto debemos permitir que se desvíen las discusiones presupuestarias reabriendo cuestiones que se solventaron hace tiempo, especialmente la continuidad de la reducción presupuestaria británica, que fue acordada por unanimidad por los jefes de Gobierno en Berlín en 1999. 
Esta reducción presupuestaria es justa y está justificada, y cualquier intento de usarla como cortina de humo para disfrazar la reticencia a reformar la PAC debe tacharse de oportunismo político. 
Lamento el hecho de que los Estados miembros que promueven de manera más activa la reforma de la PAC, incluido el Primer Ministro británico, quedaran completamente fuera de juego en Bruselas. 
Espero que recobren sus habilidades negociadoras para cuando lleguemos a Copenhague. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar a la Presidencia danesa por no perder de vista la situación general y por no permitir que la cumbre se desviara de su propósito principal debido a detalles misteriosos y sumas relativamente pequeñas de dinero. 
Nunca debemos olvidar el hecho de que los beneficios de la ampliación pesan mucho más que los costes. 
Los costes que supondría no ampliar la Unión son mucho más grandes que los costes de la ampliación. 
Se acordarán de que en un debate anterior, me inspiré en el desaparecido gran Elvis Presley cuando dijo «ahora o nunca». 
Hoy me gustaría inspirarme en un personaje menor, el Sr. Iain Duncan Smith, que ayer dijo al Partido Conservador eso de «unirse o morir». 
Sin duda, el mismo principio se aplica a la Unión Europea. 
Me complace ver que la Cumbre de Bruselas demuestra que Europa está más capacitada que el Partido Conservador británico para aprender esa lección. 
Reconozco el entusiasmo de la Presidencia danesa por construir una carretera de Copenhague a Copenhague, pero quiero dejar claro que Copenhague no es el final del proceso, aunque esperemos que sea el comienzo del fin del proceso. 
Todavía hay mucho trabajo que hacer por parte de los países candidatos, todavía tenemos un proceso de ratificación y este Parlamento se va a tomar sus poderes de aprobación muy en serio. 
Sólo votaremos «sí» si tenemos claro que el acuerdo es bueno. 
Por ello, no debemos permitir que los países candidatos piensen que el proceso ha concluido. 
Quisiera recordar a todo el mundo que la Comisión presentará otro informe de situación seis meses antes de la fecha de adhesión. 
También quiero felicitar a la Presidencia danesa por establecer un marco indicativo para el gasto agrario adicional que de ninguna manera perjudica la reforma futura de la PAC, ni las discusiones futuras sobre la financiación de la Unión Europea, ni nuestros compromisos en materia de comercio internacional en la Ronda de Doha. 
Nos permite dar un paso adelante, pero todavía deja la discusión abierta para que alcancemos una conclusión sensata en ese debate. 
También me complace el texto de la resolución sobre Bulgaria y Rumanía. 
Hace poco he estado en Rumanía representando al Grupo Socialista y me ha impresionado bastante el progreso en curso bajo el gobierno actual, que finalmente ha cogido el toro por los cuernos en algunas cuestiones. 
Acojo con satisfacción la decisión del Consejo de incrementar las cláusulas de salvaguardia de dos a tres años, aunque me preocupa el texto, que dice que dichas cláusulas se podrían aplicar desde el primer día de adhesión. 
Supongo que eso tiene que ver con el informe de la Comisión de seis meses antes de la fecha de adhesión, pero tengo que decir que no daría buena impresión a los votantes, ni a los países candidatos ni a la Unión Europea que empezáramos a aplicar cláusulas de salvaguardia desde el primer día. 
Francamente, si estas cláusulas son necesarias es porque probablemente no es el momento adecuado para que esos países entren en la Unión Europea. 
Por último, como ex presidente de la Comisión Mixta Parlamentaria de Lituania, le recordaría al Consejo que Rusia no es un Estado miembro de la Unión Europea, no es un país candidato y no tiene veto en los asuntos de la Unión Europea. 
Por lo tanto, nuestra prioridad número uno sobre Kaliningrado es garantizar la soberanía del Estado de Lituania y su capacidad para entrar en Schengen. 
También me gustaría felicitar al Consejo por resolver las cuestiones relativas a la financiación del cierre de la central de Ignalina. 
Esto muestra una extraordinaria señal de solidaridad de los Estados miembros existentes para con un país candidato pequeño. 
Señor Presidente, es estupendo saber que la ampliación va por tan buen camino y que la reforma de la política agrícola común no va a retrasar la entrada de los diez países de la primera hornada. 
El informe periódico de la Comisión Europea marca un hito crucial para Rumania y supongo que también para Bulgaria. 
Aun así, Rumania está preocupada porque la fecha de su propia entrada se pueda ver retrasada debido a la energía y dedicación que brindamos a los diez primeros países. 
Desde el Parlamento podemos enviar una clara señal de nuestras intenciones apoyando la fecha escogida por Rumania del 1 de enero de 2007. 
Espero que esto también se apruebe en el Pleno. 
Después de todo, en el Parlamento pensamos en un principio en la fecha de 2004, y la misma fecha conviene a Bulgaria. 
En cuanto a Turquía, la Unión Europea es un grupo de instituciones seculares, y por lo tanto la religión no supone una barrera para la adhesión a la UE. 
Pienso que sería un apoyo correcto y conveniente que fuéramos capaces de enviar una señal al nuevo Gobierno turco que expresara que si cumple los criterios de valores democráticos de Copenhague, consagrados en la ley, entonces quizás junio de 2004 sería una buena fecha para entablar negociaciones. 
Quiero felicitar a todos los implicados en la labor realizada hasta la fecha. 
Señor Presidente, Señorías, habiendo llegado a este punto del debate y teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, me limitaré a empezar diciendo que este Consejo de Bruselas ha sido un Consejo que no nos ha dado sorpresas, ni buenas ni malas. 
Sin duda ha ratificado la lista de los diez futuros miembros de la Unión Europea, que es estupendo. 
Sin embargo, ¿podría haber hecho realmente otra cosa sin desatar una crisis o incluso un desastre? 
A pesar de esto, al mismo tiempo el Consejo no se ha provisto de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo esta ampliación con éxito. 
La Europa de los Quince dará, por lo tanto, la bienvenida a diez nuevos miembros con la condición de que sean dóciles y acepten hacer lo que los 15 Estados miembros a menudo no hacen. 
Y digo esto porque es mi opinión, por mucho que haya ensalzado el espíritu de apertura del Comisario Verheugen. 
Lo que sin duda es más grave es que esta ampliación podría haber sido o podría ser una manera de enriquecer a la Unión con una diversidad todavía mayor aportada por estos diez nuevos países y teniendo más en cuenta, de forma paralela, la diversidad de los 15 Estados actuales. 
Podríamos haber estimulado un mayor pluralismo. 
Y en cambio usamos la técnica de la apisonadora y seguimos ignorando las necesidades sociales genuinas, los servicios públicos y la ciudadanía en todos los sentidos de la palabra. 
Las únicas cosas que cuentan al final son el mercado y la libre competencia. 
Por ello, salvo que ocurra un desastre, la Unión Europea tendrá 25 miembros en 2004. 
Pero si no rectificamos el equilibrio ahora, entonces sólo tendremos un gran mercado liberal sujeto a dos restricciones, que son las restricciones de la política de los Estados Unidos por una parte y las restricciones globales financieras y económicas por otra. 
Así que en lugar de una Europa democrática de los ciudadanos, que era el sueño de los fundadores de esta Europa, tendremos una especie de casa de mecano que probablemente se venga abajo en cuanto se encuentre con la primera crisis importante. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, el Consejo de Bruselas nos ha ofrecido una vez más un aspecto político negativo: dos deciden por el resto, sin tener en cuenta la contribución de todos al proyecto común. 
Penoso, en todo caso. 
Por otro lado, hemos asistido a una decisión necesaria y esperada: la ampliación al Este. 
Como ha dicho usted, señor Prodi, la ampliación es la solución y no el problema. 
Pero ésta nos puede dar muchos dolores de cabeza si no establecemos los adecuados niveles de financiación, pues muchos ciudadanos como yo no se creen que se pueda hacer, cuando seamos veinticinco, con el dinero que tenemos para quince. 
Crecimiento, sí, pero afianzando los pilares básicos, la cohesión real, la convergencia real. 
Ambición, sí, pero también debemos asumir que precisamos una mayor contribución presupuestaria que refleje, en toda su dimensión, el reto de este enorme proyecto político, ya que rentabilizar al máximo el presupuesto actual no será suficiente. 
Señor Presidente, en el Consejo Europeo de Bruselas el Presidente de la Convención presentó la preparación de lo que él llamó un «tratado constitucional». 
Sin embargo, tres días más tarde, ante la Convención, presentó un borrador que llevaba el título de «Tratado por el que se establece una Constitución para Europa». 
Hay un cambio bastante significativo entre las dos reuniones y es una pena que esto no se discutiera en la reunión del Consejo. 
El cambio se acentúa más al compararlo con el mandato de Laeken, que se limitaba a plantear la cuestión de si la simplificación de los tratados que exigía no podría- y cito- «llevar a la larga a la adopción de un texto constitucional». 
Quiero subrayar las palabras «a la larga». 
Es más, el mandato de Laeken estaba en línea con el mandato de Niza, que ni siguiera mencionaba elemento constitucional alguno. 
Estos cambios sucesivos pueden explicarse por las maniobras realizadas por los federalistas entre bastidores y por la falta de oposición dentro de la Convención, basada en la defensa de la soberanía nacional, que es proporcional a su influencia en el público general. 
La falta de realismo puede prosperar si no hay nadie que la cuestione. 
Señor Presidente, el proceso de adhesión de diez nuevos Estados miembros está próximo a culminar. 
Estamos ansiosos de que así sea, y me gustaría felicitar a la Comisión y al Consejo por ello, puesto que cumple con el deseo más ferviente de la gran mayoría de ciudadanos europeos, que en el pasado parecía muy poco probable que se fuera a cumplir. 
Por desgracia, muchos ya han olvidado este punto. 
La ampliación se convirtió para ellos en una cuestión monetaria, y algunos políticos especularon con el miedo, el egoísmo y otros rasgos negativos que según ellos están muy presentes en la población. 
Ellos saben muy bien que son nuestra seguridad y nuestra prosperidad las que se van a beneficiarse de la ampliación. 
Con gran disgusto por mi parte, particularmente el parlamento neerlandés ha incurrido en este tipo de comportamiento, sin ir más lejos esta misma semana. 
Puesto que el Gobierno neerlandés ha sido suficientemente sensato para tomar las decisiones apropiadas, una mayoría en la Cámara extendió repentinamente una invitación a que el Gobierno examinara las opciones de un referéndum sobre la adhesión después de todo, aunque la fórmula es tal que el Gobierno ha tenido tiempo para responder negativamente. 
El oportunismo nacional ha prevalecido sobre la claridad y la política responsable en este caso. 
¿Podrían el Consejo y la Comisión, por su parte, comentar las opciones y la conveniencia de celebrar referendums sobre la ampliación en los Estados miembros actuales? 
Al mismo tiempo, ¿podría indicar la diferencia principal entre referendums en los Estados miembros actuales y en los Estados que son candidatos a la adhesión? 
¿Cuál sería el efecto de un resultado negativo en un referéndum celebrado en un Estado miembro o en uno o más países candidatos, respectivamente? 
Me gustaría que el Consejo, y si es posible, la Comisión, me diera una respuesta, puesto que esto tiene, sin duda, una gran importancia a efectos de publicidad e información facilitada al pueblo neerlandés. 
Por último, unas palabras sobre Chechenia. 
El presidente del grupo ya ha comentado, y de manera bastante apropiada, este tema. 
Se trata de una lucha contra el terrorismo, pero podríamos emplear medios diplomáticos para encontrar una solución. 
También le preguntaría al Consejo si la Unión Europea tiene una política sobre Chechenia. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el éxito indudable de la Cumbre de Bruselas se debe sin duda, en primer lugar, al compromiso alcanzado en materia de financiación agraria. 
Este es un compromiso con el que se puede vivir, pero muchos oradores ya han aludido al hecho de que no es un sustituto de la reforma de la política agrícola europea. 
Me gustaría instarle, señor Presidente del Consejo, a que haga algo que la decisión que vamos a tomar mañana declarará urgente, a saber, entablar un diálogo con el Parlamento sobre la reforma de la política agraria, sin dejar fuera a la Comisión, o, cuando aporta propuestas sensatas, al Comisario Fischler, que es el responsable de estos asuntos. 
En segundo lugar, la cláusula de salvaguardia, a la que ya se ha hecho referencia, es un factor importante para generar confianza en nuestros países de que proseguirán las reformas y el proceso de reforma en los países candidatos. 
Le pediría, señor Presidente del Consejo, que procurara que esta cláusula de salvaguardia también incluyera una consulta con los países implicados, para que hubiera un acuerdo general en cuanto al procedimiento. 
En tercer lugar está la cuestión de Turquía. 
Ambas Señorías han dado a entender que podemos esperar a que las decisiones relativas específicamente a Turquía se tomen en Copenhague. 
En mi opinión, cualquier respuesta que se dé al nuevo Gobierno ha de ser cauta. 
No hay necesidad de que sea acogida con desconfianza, o con elogios prematuros o que se declare más blanca que el blanco. 
Primero este Gobierno tiene que demostrar su capacidad de ejecutar las decisiones tomadas por el parlamento anterior, de reconocer los derechos humanos y los derechos de las minorías, y Turquía tiene que demostrar su capacidad de adaptarse al cambio de Gobierno sin intervenciones militares. 
Tenemos que poder mantener cualquier promesa que hagamos a Turquía durante los próximos años. 
Nuestras acciones en este terreno serán prudentes si tenemos esto en cuenta. 
No hay duda de que es una táctica astuta no discutir los pasos ulteriores hacia la ampliación en este momento, pero me gustaría subrayar lo que ha dicho el Presidente de la Comisión. 
Especialmente, en relación con los Balcanes, es importante indicar con palabras y acciones- tal y como ha hecho Bruselas- que cuando estos países estén listos para aplicar reformas económicas, cuando estén listos para escoger el camino que lleva a la democracia plena, entonces los países de los Balcanes podrán unirse a la Unión Europea, no hoy ni mañana, sino pasado mañana. 
Esta es una señal clara de que deberían tomar el camino de la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos, y un incentivo para que lo hagan. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Presidencia danesa por las conclusiones de la Cumbre de Bruselas en la preparación del camino para que estos diez países empiecen a asumir obligaciones de pertenencia a la UE a principios de 2004. 
Pero tengo algunas preguntas que quisiera que me aclararan sobre los presupuestos, Chipre y futuras ampliaciones. 
En primer lugar, los presupuestos: acogemos con satisfacción el enfoque global acordado por las instituciones acerca de las cuestiones presupuestarias y financieras, pero como Parlamento nos gustaría que la Comisión nos informara íntegramente del estado de las negociaciones, y nos gustaría establecer un proceso de diálogo con el Consejo para que podamos formular conclusiones a finales de año. 
De este modo, primeramente nos gustaría que se nos aclararan las nuevas obligaciones potenciales en materia de política exterior que podrían surgir a raíz de la ampliación. 
A este respecto, hemos solicitado un informe de la Comisión, el cual estamos esperando. 
En segundo lugar, la reforma agraria. en la Cámara de los Comunes, el Sr. Blair dijo, tras su regreso del Consejo Europeo, que apoyaba plenamente el primer punto del acuerdo sobre límites adicionales del gasto; no apoyaba el precio a pagar por ello: la renuncia a la reforma de la PAC. 
Esto ha sido rechazado en la cumbre. 
La pregunta para el Presidente de la Comisión es si esta reforma todavía va por buen camino y qué ha pasado con la revisión intermedia. 
Mirando al futuro, me gustaría subrayar el punto expuesto por el Sr. Barón Crespo. 
No es normal que estemos de acuerdo, pero sin duda cuando se trata de la perspectiva financiera de 1999, yo estaba en contra de ella precisamente por las mismas razones que él ha mencionado: ¿cómo se puede hacer planes a tan largo plazo? 
Y, al menos hasta 2013, el propio Parlamento debe involucrarse en la negociación de esta perspectiva financiera una vez que las negociaciones estén en marcha. 
En lo que respecta a Chipre, me gustaría recibir una declaración explícita de que ni la Comisión ni el Consejo tienen intenciones de establecer una fecha para la apertura de las negociaciones. 
Los criterios de Copenhague deben ejecutarse de manera justa e íntegra en cuestiones políticas y económicas. 
Ante todo, quizás la decisión sobre la fecha que habría que fijar para que Turquía comience las negociaciones corresponde a los Estados miembros y no a otros países. 
Por último, en la cuestión planteada por el Sr. Swoboda, tiene una importancia fundamental que establezcamos una estrategia para la iniciativa de «nuevos vecinos» , y Copenhague debería crear un mecanismo mediante el cual podamos llegar a un acuerdo con los países que podrían ser candidatos potenciales. 
Necesitamos una estrategia para atender las demandas que nos encontraremos en los próximos meses y años. 
No basta decir que todo el mundo es bienvenido, porque creo que existe un límite para la ampliación de la Unión Europea, y eso es algo que tenemos que plantearnos ahora. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Prodi, Presidente de la Comisión, trece años después de la caída del muro de Berlín, me gustaría decir que está muy bien que se haya dado el penúltimo paso que permitirá a Europa reconciliar su historia con su geografía. 
Este paso lo han dado ustedes en circunstancias particulares que también nos permitirán tranquilizar a nuestras poblaciones gracias a esta cláusula general de salvaguardia. 
Pienso que ésta es una buena señal. 
Al dar este paso, también se ha roto la barrera representada por el bloque financiero. 
¡Y esto es estupendo! 
Sin embargo, nos gustaría expresar nuestra preocupación por el efecto de este acuerdo sobre la reforma tan necesaria de la política agrícola común. 
Esta reforma no puede esperar hasta el 2007, puesto que sólo aumentará la injusticia y animará a los nuevos países miembros a que adopten un enfoque basado en la productividad máxima. 
Esta reforma es tanto más necesaria porque en 2007 se reducirá el presupuesto agrario. 
Esa es la razón por la que reafirmamos nuestro apoyo a las propuestas del Comisario Fischler y apoyamos la idea de una revisión intermedia, que puede capacitarnos para definir las perspectivas de futuro para todos los agricultores y no únicamente para los grandes productores de cereales. 
Es la única manera de reformar los mercados que tienen necesidad de estas reformas de manera inmediata, ya sea en el sector lácteo, azucarero o del aceite de oliva. 
Ésta es la única manera de estimular el desarrollo del pilar rural que necesitamos urgentemente, por medio de una modulación obligatoria. 
Es la única manera de hacer que nuestra política agrícola común se corresponda con nuestras ambiciones en el ámbito de la ayuda al desarrollo. 
Quisiera hacer otros tres comentarios. 
En relación con Kaliningrado, muy bien por respetar la soberanía de Lituania, aunque esto no significará nada si la Unión no usa todos los recursos de que dispone para poner fin a la situación anárquica de Kaliningrado, que ha venido causada por un deterioro de la situación económica. 
En relación con Rumania y Bulgaria, muy bien por el objetivo establecido en términos de plazos, pero no bajen ustedes la guardia con respecto a las ayudas de preadhesión para estos países, que las necesitan urgentemente. 
Por último, seamos coherentes: queremos una Unión basada en el principio de secularidad como escuela de democracia y tolerancia. 
Por ello, vigilemos a Turquía. 
Exijamos los criterios de Copenhague, todos los criterios, tanto políticos como económicos, pero evitemos aducir la cuestión religiosa para rechazar la entrada de Turquía en la Unión, debido a que este país es principalmente musulmán. Esta Unión debe ser una Unión abierta y tolerante. 
Señor Presidente, permítame felicitar igualmente a nuestros colegas daneses por la forma en que han manejado la cuestión de la ampliación. 
Sin embargo, debo haber malinterpretado por completo el hecho de que hemos resuelto de la noche a la mañana el problema de la política agrícola común. 
El Presidente de la Comisión ha afirmado que el tema de la política agrícola común se ha resuelto. 
Opino que lo que ha sucedido realmente es que el acuerdo entre el presidente Chirac y el canciller Schröder ha conseguido socavar de algún modo la forma en que el Comisario Fischler proponía sus reformas. 
Cuando el otro día se dirigió a la Comisión de Agricultura, me pareció que llegaría a ser un líder destacado en la revisión intermedia y que llevaría a cabo las reformas con éxito. 
Asimismo, he podido observar que una de las propuestas consiste en que reformemos la Comisión de Agricultura y apostemos por un procedimiento de codecisión. 
Confío en que el Consejo y la Comisión apoyarán esta propuesta, ya que contribuirá a realizar la reforma de la política agrícola común. 
Esta podría experimentar un cambio profundo si en la Comisión de Agricultura se siguiera el procedimiento mencionado. 
También hemos podido escuchar diversas ideas imprecisas acerca del modo en que vamos a reformar esta política, de las cuales comentaré aquellas que considero más importantes. 
Pregunto al Comisario, ¿en qué consistirá la modulación? 
¿Cómo vamos a arreglárnoslas si no se reforma finalmente la política agrícola común siguiendo la propuesta del Comisario Fischler cuando se proceda a debatir sobre las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio? 
Se ha hablado mucho acerca de limitar la política agrícola común y aún no se ha mencionado el modo en que vamos a trasladar la financiación del primer pilar al segundo. 
¿Cómo vamos a financiar las nuevas propuestas del segundo pilar? 
Por último, me gustaría dirigirme especialmente a mis homólogos de East Anglia, muchos de los cuales no han recurrido a la política agrícola común porque se dedican a cultivar productos que nunca han recibido subvenciones de la Unión Europea. 
Se van a encontrar en una posición desfavorecida ya que, en virtud de las nuevas propuestas, se producirá un pago basado en derechos históricos. 
Insto a la Comisión a repensar esta idea y examinar los antiguos formularios IACS. 
Disponen de los datos, analícenlos detenidamente antes de adoptar su última decisión. 
Aseguremos el establecimiento de una política agrícola común que ayude a nuestros agricultores, que favorezca el presupuesto y que refuerce las nuevas democracias. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría volver sobre el anuncio hecho por el Presidente del Consejo de que podemos esperar que Copenhague apruebe nuevas resoluciones sobre Turquía. 
Quisiera hacer cuatro comentarios a este respecto, comentarios que espero que usted, señor Presidente del Consejo, pueda tomárselos a pecho. 
En primer lugar, la Comisión, en su último informe, silencia significativamente la exigencia de fijar un plazo para el posible comienzo de las negociaciones; tengo que expresarlo en estos términos tan precisos. 
Sin duda hay razones para ello. 
Dicho de otra manera más sencilla, la Comisión, y creo que la inmensa mayoría del Parlamento también, no cree que en este momento se haya realizado progreso suficiente como para hacer posible que se llegue a unos acuerdos definidos con Turquía en torno al comienzo de las negociaciones. 
En segundo lugar, ya hemos experimentado una situación en la que muchos diputados del Parlamento Europeo, que siguen con nosotros, dijeron a este Parlamento que prohibir a Turquía entrar en la unión aduanera inevitablemente la arrojaría a los brazos de los fundamentalistas islámicos. 
El jefe de Gobierno en ese momento era Tansu Ciller, quien paseó este argumento por todo el país, diciendo «¡Por Dios, denme una perspectiva proeuropea, o los islamistas ganarán las elecciones! ». 
Seis meses más tarde, esta señora formó coalición con el Sr. Erbakan. 
¡Qué política más creíble! 
En tercer lugar, este conjunto de políticos al completo- Yilmaz, mi muy respetado colega Cem y especialmente la Sra. Ciller- ha sido expulsado de forma dramática del poder en Turquía y sustituido por una tendencia política que ha mantenido hasta la fecha un enfoque totalmente diferente. 
¡Esto no puede ser verdad! 
En cuarto lugar, les pido que consideren lo siguiente. 
Ningún partido se ha creado más dificultades al rechazar medidas para la reforma que el actual AKP. 
En la campaña electoral incluso llegaron a rechazar explícitamente la lista completa de medidas de reforma que habíamos exigido. 
Ahora bien, todos somos políticos, y si cada día nos juzgaran de acuerdo con las declaraciones que hicimos en las campañas electorales, todos nosotros saldríamos peor parados. 
Lo sé. 
(Interrupción) 
¡Sí, ustedes especialmente! 
Pero todos los Gobiernos tienen derecho a ser juzgados, no por sus palabras, sino por sus hechos. 
Para cuando llegue Copenhague, el actual Gobierno turco habrá estado en el poder durante sólo seis semanas. 
Démosle un poco más de tiempo para que se le pueda juzgar por sus acciones. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, me gustaría pedir, señor Presidente, que el discurso que acaba de pronunciar el Sr. Schulz sea pronunciado hoy mismo ante el canciller federal alemán y el presidente de su partido. 
(Risas, interrupciones) 
Creo que es la manera correcta de asegurarse de que la gente no dice una cosa en el Parlamento y después, por la razón que sea, de repente cambia de postura en el Consejo de Ministros, porque hay una cosa que tiene que quedar clara: ahora no hay que intentar reparar el daño causado a la campaña electoral por la postura alemana en política exterior hacia los Estados Unidos en relación con Iraq, causando aún más daño con el anuncio inoportuno de una fecha de comienzo de las negociaciones con Turquía. 
Creo que, en esta cuestión, tenemos que tener muy claro en nuestras mentes que la credibilidad de todo el proceso de adhesión depende de que se apliquen los criterios de la misma manera en cada uno de los países, y del calendario que se fije para cumplirlos. 
Señor Presidente del Consejo, me encantaría felicitarle por el trabajo realizado por usted y su gobierno hasta la fecha, incluidos los preparativos para la ampliación de la Unión Europea. 
Junto con el Presidente de la Comisión, tiene que dirigir la cumbre del lunes con Rusia, que entre otras cosas, tiene que ver con la cuestión de Kaliningrado. En mi opinión, hay dos cosas que tienen que tratarse conjuntamente. 
Por una parte, la ampliación de la Unión Europea y la OTAN significa que hay que construir puentes hacia Rusia, ese país importante, pero la historia de Europa quiere decir que la Unión Europea también tiene que mostrarse como protectora de países pequeños y que, en cualquier acuerdo que se concluya en relación con la cuestión de Kaliningrado, el estatuto y la soberanía de los países pequeños ha de tenerse en cuenta si queremos convertirnos en una Unión creíble. 
Les deseo a ambos Presidentes todo el éxito en esta empresa increíblemente difícil. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, ha sido una Cumbre extraordinaria con un resultado extraordinario, puesto que los diez Estados miembros candidatos admitidos por la Comisión han superado esta fase, de modo que las negociaciones pueden llevarse a término de acuerdo con el calendario previsto para 2004. 
También me complace que el Gobierno neerlandés no haya puesto trabas. 
Esto se debe principalmente a la oposición en el parlamento neerlandés, que era consciente de su enorme responsabilidad. 
Además de lo que ha dicho el Sr. Oostlander, en el fondo espero que los Países Bajos no levanten ningún obstáculo innecesario más en el camino para completar el proceso de ampliación. 
Eslovaquia, el país del que soy responsable, ha reaccionado con gran alivio a los acontecimientos de las pasadas semanas, incluido, sin duda, el referéndum en Irlanda. 
Tras un comienzo agitado en la década de 1990, Eslovaquia ha conseguido alcanzar a aquellos que llevan la delantera en el proceso de negociación, por lo que merece un gran elogio. 
Sin embargo, en cuanto a los demás países candidatos, es demasiado pronto para que se duerman en sus laureles. 
Queda por hacer muchísimo trabajo antes de 2004. 
En mi opinión, los Jefes de Gobierno tenían razón al adoptar las recomendaciones de la Comisión acerca de la creación de garantías relacionadas con la aplicación de las reglas de la Unión Europea, incluida la recomendación de acortar la duración de las normas de salvaguardia. 
También nos gustaría llamar la atención de modo específico sobre la lucha contra la corrupción, que está todavía demasiado extendida en muchos países candidatos. 
Gracias a la ampliación, vamos a tener vecinos nuevos, países que también están llamando a las puertas de la Unión Europea. Pero ahora no nos podemos ocupar de sus cuestiones porque estamos centrados en la próxima ampliación. 
Sin embargo, esperamos que la Comisión y el Consejo, al final de las negociaciones y después de la Cumbre de Copenhague, presenten propuestas concretas para reforzar las relaciones con dichos países. 
A este respecto, también necesitaremos abordar la cuestión de qué porvenir podemos ofrecer a países como Ucrania. 
Como el Presidente Prodi ha dicho muy bien hace un momento, la ampliación no debería llevar a la exclusión. 
Señor Presidente, debemos felicitar realmente a la Presidencia danesa por su habilidad negociadora, que ha permitido concluir la cumbre de dos días en Bruselas con buen resultado. 
El acuerdo en torno a los aspectos financieros de la ampliación ha salvado el obstáculo principal que impedía concluir las negociaciones para la adhesión de diez países en el Consejo de Copenhague en diciembre. 
Celebro el hecho de que, en relación con el delicado tema de la financiación futura de la política agrícola común, los líderes comunitarios hayan acordado que los pagos directos a los agricultores de los actuales Estados miembros de la Unión Europea permanecerán estables hasta el año 2006. 
Esto garantizará la postura favorable a la ampliación manifestada hasta ahora por parte de los agricultores actuales de la Unión Europea. 
Si queremos que la situación siga igual, es esencial que esta degresividad no se implante hasta 2006. 
En relación con este tema, es importante observar que en diversas intervenciones se han expresado inquietudes por la posibilidad de que los países candidatos exporten productos alimenticios que no cumplan las normas de seguridad de la Unión Europea. 
Debo añadir que esta preocupación no está necesariamente motivada por la oposición a la ampliación. 
A decir verdad, se basa principalmente en el deseo de evitar que se repitan los desastres provocados por la encefalopatía espongiforme bovina y los brotes de fiebre aftosa. 
Por lo tanto, celebro que una de las importantes declaraciones realizadas en la Cumbre haya confirmado la inclusión de una cláusula de garantía relativa a la seguridad alimentaria en cada uno de los tratados de adhesión. 
En virtud de dicha cláusula, si un país candidato no cumple las normas de seguridad de la Unión Europea, no podrá vender sus productos alimenticios en el mercado interior. 
Esto, al tiempo que conseguirá tranquilizar a los consumidores, eliminará otra arma del arsenal de aquellos que tienen reservas sobre la aceleración del proceso de ampliación. 
Para terminar, no sólo me gustaría felicitar a la Presidencia danesa una vez más y celebrar el hecho de que la confianza depositada en ella está justificada, sino también desear que el Consejo de Copenhague tenga el mismo éxito que la Cumbre de Bruselas. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea en cuestión de números es ya un hecho. 
También es un hecho que geográficamente- aparte de algunos enclaves que faltan- Europa está convirtiéndose en una gran entidad con una gran influencia política y económica, cuyo futuro está empezando a parecer interesante. 
La moneda única, la ampliación, los esfuerzos por crear una política de defensa y seguridad común y la labor que está realizando la Convención muestran claramente que Europa se está moviendo y lo está haciendo con gran dinamismo. 
La ampliación es si duda un hecho positivo en el camino hacia la unificación europea. Sin embargo, todavía hay problemas por resolver y preguntas por responder. 
Hay asuntos que necesitan aclaración en el sector agrario, por ejemplo. 
Y es el sector agrario, la PAC, con su gran fondo de experiencia y coherencia, que ha sido el punto de referencia común para la política europea frente a la nacional desde el nacimiento de la CEE hasta la actualidad. 
La ampliación debe ayudar a reforzar esta política común y no perturbar el compromiso equilibrado que se ha alcanzado, ya sea entre los 15, ya entre los 25 Estados miembros de la Unión. 
Un gran número de países candidatos están atrasados económicamente y no poseen los medios administrativos para aplicar el acervo comunitario de manera eficiente, y estos también son problemas que tenemos que tratar. 
¿Le quitan mérito estos u otros problemas a la enorme y positiva contribución de la ampliación al futuro de Europa? 
La respuesta es no. 
La ampliación contribuye de forma muy positiva al futuro de Europa, cuya importancia será cada vez más evidente a medida que pasen los días. 
Tengo que señalar la importancia de que se haya incluido a Chipre como nuevo Estado miembro. 
Al integrar a Chipre en la Unión Europea, se ha incorporado el punto más extremo de Europa y de su dimensión mediterránea. 
Estoy seguro de que en algún momento- antes o después de la integración- este desarrollo ayudará a resolver el problema político que ha perseguido a Chipre durante años. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo ha adoptado una histórica y aplaudida decisión sobre la ampliación de la Unión Europea, pero es una lástima que no aprovechara la oportunidad para tomar otra histórica decisión respecto de la reforma radical de la política agrícola común. 
Los 40 000 millones de euros que destina la Unión Europea cada año a esta política representan un método muy costoso de distorsionar nuestro sector agrario. 
Los ciudadanos británicos, cuya contribución al presupuesto comunitario es ya bastante desproporcionada, pagan dos veces por la política agraria común: una a través de los impuestos y la otra en el supermercado. 
Se ha desperdiciado la oportunidad de llevar a cabo una pronta reforma. 
Asimismo, el Consejo Europeo ha abordado la cuestión de la política europea de defensa. 
El Reino Unido tiene un interés y una responsabilidad particulares en este ámbito. 
Después de todo, fue el Primer Ministro británico quien dio luz verde a esta política equivocada en 1998 y quien, en la actualidad, ha prometido aportar elementos significativos de las ya sobrecargadas fuerzas armadas británicas para cubrir cualquier laguna, dada la absoluta falta de voluntad por parte de la mayoría del resto de países europeos para mejorar su capacidad defensiva de forma significativa. 
Justo en un momento en que deberíamos centrar el debate en la amenaza terrorista y en la posibilidad de un conflicto con Iraq, los anexos de defensa de las Conclusiones de la Presidencia resultan novelescos por su complejidad y su irrelevancia. 
Para aumentar la confusión y la pérdida de tiempo, los aliados europeos se dedican ahora a darle vueltas a la idea de dos conjuntos separados de mejora de la capacidad militar: las destinadas a la OTAN y las de la Unión Europea. 
Los recursos son escasos y lo último que debemos hacer es dividirlos entre dos conjuntos de objetivos para mejorar la capacidad. 
Desde hace casi un año se viene desperdiciando toda la energía del personal diplomático y militar en negociaciones sobre el acceso de la Unión Europea a los recursos de la OTAN. 
Se trata, evidentemente, de un problema creado por nosotros mismos que, además, plantea dificultades innecesarias a algunos aliados clave, como Turquía. 
Se plantea ahora la peligrosa participación de la Convención Europea en asuntos de defensa. 
Uno de sus grupos de trabajo está examinando el modo en que incluso la defensa colectiva, una de las tareas básicas de la OTAN, podría pasar a ser responsabilidad de la Unión Europea. 
¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a nuestros aliados norteamericanos con esto? 
Quizás aún más importante: ¿cuál es el mensaje que se envía a los enemigos potenciales? 
Es una lástima que, en lugar de trazar estos esquemas políticos grandiosos, el Consejo y la Comisión no centren sus esfuerzos en poner orden en la Unión Europea antes de la ampliación. 
Gracias, señor Presidente. 
Quiero darles las gracias por un buen debate. 
Espero ansiosamente poder continuar nuestras discusiones en el gran debate sobre la ampliación aquí en el Parlamento el 19 de noviembre. 
En relación con la ampliación, me gustaría agradecer los muchos comentarios positivos relativos al esfuerzo de la Presidencia hasta la fecha y al curso de la Cumbre de Bruselas. 
La Presidencia hará todo lo posible por estar a la altura de la confianza manifestada hoy aquí. 
Me gustaría subrayar que en las próximas semanas será necesario trabajar mucho. 
Como ha dicho el Sr. Verheugen, hay muchísimas cuestiones por resolver. 
Es necesaria una gran voluntad política, pero me gustaría decir que el Consejo Europeo me ha convencido de que esta voluntad política existe, y el debate que ha tenido lugar hoy en este Parlamento ha subrayado lo mismo: que dentro de la Unión Europea hay una voluntad política fuerte para que esta ampliación se realice con éxito. 
Se han planteado muchísimas cuestiones, y no me es posible responder a todas ellas. 
Por tanto, centraré mi respuesta en algunos de los temas principales que han planteado varios diputados. 
En primer lugar se encuentra la importante cuestión de Turquía. 
El Sr. Poettering, la Sra. Malmström y el Sr. Schulz han planteado la cuestión de Turquía y la decisión que puede tomarse en la Cumbre de Copenhague acerca de Turquía. 
Sobre todo, me gustaría dejar claro que la decisión crucial relativa al hecho de que Turquía sea país candidato se tomó ya en la Cumbre de la Unión Europea celebrada en Helsinki en 1999. 
Turquía es un país candidato. 
Como he dicho, la Unión Europea tomó esta decisión en 1999, y en mi opinión, en su condición de país candidato, Turquía debe ser tratada como cualquier otro país candidato. 
En otras palabras, Turquía podrá obtener una fecha para el comienzo de las negociaciones de adhesión si cumple los criterios políticos. 
Y a la inversa, es importante subrayar que los criterios políticos deben cumplirse en su totalidad para que el país en cuestión obtenga tal fecha. 
Turquía no debe medirse por un rasero distinto de los demás de países candidatos. 
Turquía debe ser tratada de la misma manera que cualquier otro país candidato. 
En el Consejo Europeo de Bruselas se ha reconocido el progreso que ha realizado. 
La Comisión ha dejado claro en su informe de situación que Turquía todavía no cumple los criterios políticos. 
Naturalmente debemos vigilar de cerca el desarrollo político en Turquía tras las elecciones que se han celebrado, y entonces encontrar una solución equilibrada en la Cumbre de Copenhague. 
Considero que es demasiado pronto para dar una respuesta final acerca de la decisión que pueda tomarse en la Cumbre de Copenhague, pero permítanme subrayar que para obtener una fecha Turquía debe cumplir las condiciones al igual que todos y cada uno de los países candidatos. 
El segundo tema que han planteado varias de sus Señorías es la agricultura y los presupuestos. 
El Sr. Poettering ha empezado preguntando por qué hemos debatido las perspectivas financieras a largo plazo de la Cumbre de la Unión Europea en Bruselas. 
Pues bien, la respuesta es muy sencilla: era una condición necesaria para la Presidencia y la Comisión recibir un mandato para ultimar las negociaciones con los países candidatos, porque ciertos países establecieron como requisito que se tomara una decisión sobre las perspectivas financieras a largo plazo. 
Mi opinión durante todo este tiempo ha sido que no debemos establecer nuevas condiciones anticipadas para una decisión respecto de la ampliación de la Unión Europea, pero hemos llegado a este compromiso, que creo que es un compromiso razonable. 
Después, el Sr. Barón Crespo y la Sra. Malmström han preguntado: sí, pero ¿la decisión tomada en la Cumbre de la Unión Europea de Bruselas significa que todavía podemos discutir las reformas y la política agrícola? 
En este punto me gustaría dejar claro que la Cumbre de la Unión Europea de Bruselas no ha tomado una postura acerca de las reformas futuras de la política agrícola; por lo tanto, la conclusión es que la revisión intermedia de la Comisión sigue estando sobre la mesa. 
El Consejo seguirá discutiendo la revisión intermedia de la política agraria por parte de la Comisión. 
Además, me consta que esta misma tarde se va a celebrar un debate en el que el Ministro danés de Alimentación va a participar como Presidente en ejercicio del Consejo, y esto subraya el hecho de que la revisión intermedia todavía está sobre la mesa. 
A este respecto, me remito a algunas frases clave de las conclusiones de la Cumbre de Bruselas, especialmente al apartado 12, que afirma que los pagos directos, etc. etc. se introducirían sin perjuicio de las decisiones futuras sobre la política agrícola común y la financiación de la Unión Europea después de 2006, y de cualquier resultado tras la aplicación del apartado 22 de las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín y de los compromisos internacionales en los que la Unión es parte, entre otros el lanzamiento de la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Estas son declaraciones muy importantes porque significan que la Unión Europea puede seguir cumpliendo sin duda sus compromisos internacionales dentro del marco de las negociaciones de Doha, y también significan que la revisión intermedia sigue estando sobre la mesa, sigue abierta a negociaciones y se decidirá de acuerdo con los procedimientos aplicables en el Consejo. 
También se ha planteado la cuestión de las cláusulas de salvaguardia. 
La cuestión de las cláusulas de salvaguardia ha sido mencionada por la Sra. Malmström, junto con otros. 
Me gustaría subrayar que existen dos tipos de cláusulas de salvaguardia. 
En primer lugar, existe una cláusula general de salvaguardia, y en segundo lugar hay dos cláusulas específicas. 
Las dos cláusulas específicas de salvaguardia tienen que ver con el mercado común y los asuntos jurídicos e interiores. 
En lo que respecta a la cláusula general de salvaguardia, es simétrica en el sentido de que puede ser invocada por los Estados miembros viejos y nuevos. 
En lo que respecta a las cláusulas específicas, éstas sólo pueden invocarlas los Estados miembros nuevos, pero es un aspecto importante que lo significativo de las cláusulas de salvaguardia es en realidad evitar que sean invocadas; sólo serán invocadas en el caso de que los nuevos países no obren de acuerdo con el acervo al que se han comprometido, y como esperamos que obren de acuerdo con este acervo, espero que la cuestión de la invocación de las cláusulas de salvaguardia no adquiera relevancia. 
En relación con la cláusula general de salvaguardia, me gustaría subrayar el hecho de que ya nos es familiar por ampliaciones anteriores de la Unión Europea. 
De hecho, siempre hemos tenido cláusulas de salvaguardia. 
Permítanme mencionar que cuando mi país- Dinamarca- se adhirió a la CE, había una cláusula de salvaguardia con una vigencia de cinco años. 
Por lo tanto, el grado de confianza depositado en Dinamarca no era suficiente para reducir la exigencia a menos de cinco años. 
Cuando España y Portugal se unieron a la Unión Europea, había una cláusula de salvaguardia que duraba hasta siete años. 
Cuando Suecia, Finlandia y Austria se hicieron miembros, había cláusulas de salvaguardia que duraban hasta un año. 
Por ello a todos nos son familiares las cláusulas de salvaguardia y por lo tanto no estamos ante un caso de discriminación de los nuevos miembros. 
Después está Kaliningrado, mencionada por el Sr. Poettering, el Sr. Titley y el Sr. Brock. 
Me gustaría decirle al Sr. Poettering que la Cumbre Unión Europea- Rusia no se cambió a Bruselas por exigencia de Rusia, sino que fue una decisión tomada por el Gobierno danés sin que nadie nos lo pidiera. 
No vamos a dejarnos presionar, pero tampoco quiero pasar tiempo discutiendo con nadie dónde se va a celebrar una cumbre. 
Si el Sr. Putin no quiere venir a Copenhague, podemos escoger otro sitio. 
Pero no quiero gastar tiempo hablando de esto. 
Estamos dando prioridad a la ampliación de la Unión Europea. Por lo tanto, no me voy a involucrar en cuestiones de diplomacia y protocolo relativas al lugar donde se celebran las reuniones. 
Lo más importante es que las reuniones se celebren y que las cosas que necesitan discutirse se discutan y que las decisiones que hay que tomar se tomen. 
Y eso es lo que espero que hagamos en la cumbre entre la Unión Europea y Rusia, es decir, tomar una decisión sobre Kaliningrado también, una decisión que se atenga a los principios subrayados por varios diputados de este Parlamento; especialmente que cualquier solución que se encuentre esté basada en el respeto total a la soberanía de Lituania. 
A este respecto, me gustaría subrayar que en principio la ampliación de la Unión Europea puede tener lugar fácilmente sin una solución de la cuestión de Kaliningrado. 
Si no hay solución, simplemente se introducirá un visado. 
Es así de sencillo. 
Sin embargo, naturalmente todos tenemos un interés común en encontrar una solución conjuntamente con Rusia, porque tenemos un interés global por desarrollar una asociación estratégica fuerte entre Rusia y la Unión Europea. 
Por supuesto, Rusia no tiene veto sobre la ampliación de la Unión Europea. 
Debemos encontrar una solución razonable para el tránsito de Rusia a Kaliningrado, pero esto debe realizarse con pleno respeto a la soberanía de Lituania. 
La Presidencia danesa estará al tanto. 
Permítanme una vez más que les agradezca este debate tan fructífero. 
Con un debate sobre el futuro de Europa, con una propuesta para el marco de un nuevo Tratado constitucional y con la posibilidad de concluir las negociaciones de adhesión con diez nuevos Estados miembros en algo más de un mes, estamos en medio de decisiones cruciales, estamos en el umbral de una nueva época de la historia europea. 
Y la ampliación de la Unión Europea es la fuerza motriz de todo esto, es la clave del futuro de Europa. 
El Parlamento Europeo, la Comisión y la Presidencia han luchado juntos por la ampliación. 
Ahora se ve el fin, y hoy hemos confirmado nuestra voluntad común de llevarla a cabo y concluir la primera ronda de negociaciones de ampliación en Copenhague en diciembre. 
Señor Presidente, seré muy breve puesto que el Primer Ministro danés ha comentado exhaustivamente los puntos clave del debate de hoy y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. 
Únicamente me gustaría hacer un comentario general sobre algunos de los puntos planteados. 
Es interesante ver que la totalidad del Parlamento- como del Consejo- está de acuerdo con la ampliación. 
Los debates y preguntas se han centrado en cuestiones de menor importancia y en el progreso que necesitamos realizar en estas cuestiones en el futuro. 
Este tipo de consenso es extremadamente raro. 
Me gustaría mencionar varios puntos que no han sido comentados en las otras respuestas. El primero es el punto planteado por el Sr. Swoboda sobre los Balcanes. 
Estoy totalmente de acuerdo: no hemos dedicado mucho tiempo a hablar de los Balcanes, pero nuestra política de asociación y procesos de estabilización y relaciones continuadas y asistencia forma parte de una estrategia para alcanzar un objetivo a largo plazo, precisamente hacer que los Balcanes también formen parte de la Unión. 
Esto llevará tiempo, y sobre todo, el proceso variará de país a país- el seguimiento de cerca de estos países ha demostrado que unos se mueven más rápido que otros- pero los Balcanes se están convirtiendo cada vez más en responsabilidad nuestra, y somos conscientes de esto y estamos tomando las acciones apropiadas. 
A este respecto, el cambio de gobierno no introduce ningún factor nuevo porque tendremos que ver qué medidas prácticas son necesarias para aplicar los criterios de Copenhague. El informe de la Comisión es muy específico y claro en este punto, y la postura que tomemos debe ser, por tanto, consecuente con él. 
No tengo ningún comentario sobre el tema de Kaliningrado, sólo decir que respetaremos la postura de Lituania y sus derechos como nuevo miembro de la Unión. 
Todo nuestro trabajo, incluidas las difíciles negociaciones, ha llevado tanto tiempo precisamente debido a la necesidad de respetar estos principios. 
Un gran número de ponentes ha mencionado hoy a Chechenia. 
Aunque Chechenia no forma parte de este debate, pienso que la cuestión se encuentra estrechamente relacionada con los temas que estamos discutiendo. 
La Comisión condena enérgicamente y de forma inequívoca todos los actos terroristas, empezando por el trágico incidente de los rehenes en el teatro de Moscú. 
De la misma manera, afirma explícitamente que la lucha contra el terrorismo no puede realizarse a expensas de los derechos humanos. 
Esto se aplica a Chechenia, donde nuestras agencias de derechos humanos que están trabajando sobre el terreno informan de constantes incidentes o de la falta de respeto por los derechos humanos o violaciones de los derechos humanos por parte de militares rusos y rebeldes chechenos. 
En mi opinión, la mejor manera de evitar violaciones futuras de los derechos humanos es proseguir con las investigaciones que se están realizando actualmente por parte de los fiscales militares y civiles que se han comprometido a llevar a cabo estas indagaciones. 
También existe un compromiso ruso para dar ciertos pasos para mejorar la situación de los derechos humanos en Chechenia, que incluye la reducción del número de tropas presentes, el fin de lo que se ha venido en llamar «acorralamientos» y, como he dicho antes, permitir a los fiscales que observen las operaciones militares. 
Ha habido innumerables declaraciones a este respecto y tenemos que asegurar que esto, como mínimo, se lleve a cabo. 
También hay otra cuestión en la que la Comisión está directamente involucrada, y es la ayuda humanitaria a la gente de este país, que tiene que aguantar el sufrimiento y los problemas causados por las difíciles condiciones de vida. 
Además, dos trabajadores de ONG- una europea y otra local- que fueron hechos prisioneros hace algunas semanas, todavía no han sido liberados. 
Estamos presionando para que se tome una resolución urgente respecto de esta cuestión. 
Por último, debemos dejar claro constante e insistentemente que una solución política es la única manera de resolver la cuestión chechena. 
Este es nuestro mensaje, la postura que adoptaremos en la reunión bilateral que se celebrará en Bruselas con las autoridades rusas. 
Como he dicho antes, el diálogo político es la única manera de avanzar. De otra manera, este conflicto no llegará a su fin. 
Para terminar hablaré de la PAC, que ha sido mencionada varias veces y sobre la que se han hecho comentarios que no son consecuentes con lo que se ha decidido en Bruselas. 
Después de Bruselas, la reforma de la PAC sigue sobre la mesa. 
Es más, el Comisario Fischler va a tomar parte en un debate sobre esta cuestión en este Parlamento. 
No voy a entrar en detalles, pero puedo asegurarles que la Comisión está trabajando mucho en torno a su reciente propuesta. 
Señor Presidente, he planteado una pregunta muy concreta sobre el tema de este referéndum que todavía se cernía sobre los Países Bajos y cuáles serían los efectos de un posible resultado negativo, comparados con los resultados de los países candidatos. 
Puesto que el Tratado tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros, un referéndum significa que los Países Bajos no lo ratifican y por lo tanto paralizan todo el proceso. 
Eso está claro. 
El caso es muy parecido al de Irlanda. 
De todos modos, según el procedimiento actual, todos los países tienen que suscribir el Tratado. 
Esto es lo que parece deducirse de cualquier análisis jurídico de la situación. 
He recibido cinco propuestas de resolución conforme al apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Sr. Solana acerca de la situación en Oriente Próximo e Iraq. 
Señor Presidente, usted ha dicho al comienzo que habrá un debate sobre Oriente Próximo e Iraq. 
Tenía la impresión de que los cambios realizados en el último orden del día implicaban la inclusión de Chechenia en este punto. 
¿Podría confirmármelo? 
Señor Presidente, trataré de ser breve en los dos temas que me ha sugerido la Presidencia del Parlamento, teniendo en cuenta que sus Señorías llevan ya una buena sesión debatiendo sobre un tema tan importante como es la ampliación de la Unión Europea, seguramente el tema más importante que está en la agenda de todos nosotros en esta hora. 
Se me ha sugerido que se hablara esta tarde sobre dos temas fundamentales: la situación en Oriente Medio y la política en relación con Iraq. 
Señor Presidente, me corresponde hablar en un día muy especial sobre dos temas que están cubriendo las primeras páginas de todos los periódicos en el día de hoy. 
En Oriente Medio, como saben sus Señorías, una decisión rápida- y quizá para algunos inesperada- del Primer Ministro Sharon ha llevado consigo el cambio de Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas en Israel para finales del mes de enero. 
Y desde el punto de vista de la situación en Iraq, a esta misma hora, en Nueva York se inicia el debate sobre la Resolución del Consejo de Seguridad sobre Iraq. 
Me referiré, por tanto, a los dos temas que me corresponden, teniendo en cuenta las limitaciones del momento en que nos encontramos. 
Sobre Oriente Medio, Señorías, quisiera decir que la Unión Europea ha seguido trabajando desde la última vez que hablamos sobre el tema, fundamentalmente en el ámbito del llamado Cuarteto, es decir, con Estados Unidos, con la Federación Rusa y con el Secretario General de las Naciones Unidas, tratando en el mes de septiembre, en la última reunión que tuvimos, de poner en marcha un proceso en tres fases para llegar al final del año 2005 al sueño de tantos de nosotros- y de tantos ciudadanos de Israel y de Palestina- de tener dos Estados que vivan en paz el uno junto al otro y que puedan tener un futuro de concordia y de estabilidad juntos. 
Como saben sus Señorías, ese proceso preveía- y así está publicado desde la reunión de septiembre- tres fases: una primera fase, en lo que queda de año y la primera parte del año que viene, con las elecciones en Palestina y con la solución de los temas de reformas internas y de los temas humanitarios que, desgraciadamente, todavía están pendientes. 
La segunda fase, como podríamos llamarla, llevaría consigo la declaración de un Estado palestino, aunque fuera con fronteras provisionales, y la tercera fase comportaría el debate final sobre los temas que todo el mundo conoce y que son todavía los temas más difíciles de resolver en el problema de Oriente Medio. 
Esperemos, Señorías, que la convocatoria de elecciones no frene este proceso. 
Deseamos, desde la posición europea, que este proceso continúe y seguir haciendo nuestro el proceso que habíamos iniciado no hace muchos meses en Nueva York en el seno del Cuarteto. 
Les diré, no obstante, que en el ámbito palestino están pasando tres cosas importantes. 
En primer lugar, el debate interno en el ámbito palestino sobre el significado estratégico de la intifada. 
Creo que es fundamental, desde el punto de vista de la política palestina, ver cómo se ha puesto en marcha un debate de fondo, positivo, constructivo, sobre el sentido estratégico de la intifada. 
La idea de que vuelva al centro de gravedad la política y no la violencia es verdaderamente importante. 
Sin ninguna duda, proporcionará más seguridad que todos los policías o que todas las estructuras de seguridad que se puedan poner sobre el terreno. 
Si en las mentes de los ciudadanos la violencia ha desaparecido, esto vale mucho más que todas las estructuras de seguridad que se puedan poner sobre el terreno. 
Estamos ayudando a ese debate y esperemos que dé, que ya está dando, los frutos deseados. 
El segundo tema importante en el campo palestino es el cambio en el Gobierno de la Autoridad Palestina que ha llevado a cabo el Presidente Arafat y que ha tenido el apoyo de la Asamblea Legislativa Palestina. 
Lo más importante, y lo que me gustaría subrayar de ese cambio de Gobierno, son dos cosas: primero, la figura del Ministro de Finanzas, que sigue en su puesto desde el primer cambio de Gobierno. 
Es un hombre que tiene el acuerdo, el consenso, el apoyo de la comunidad internacional y de las instituciones financieras internacionales. 
Está haciendo una gran labor y esperemos que pueda seguir trabajando en esa dirección. 
Y segundo, el cambio en el Ministerio del Interior, es decir, del Ministro responsable de la seguridad. 
Creo que ese cambio también va a jugar un papel fundamental para que el tema de la seguridad, que sigue siendo uno de los temas capitales del problema, pueda encontrar una fórmula de desarrollo y de solución lo antes posible. 
El tercer tema que me gustaría subrayar, Señorías, se refiere a los aspectos humanitarios. 
Sin ningún género de dudas, la situación de los ciudadanos palestinos sigue siendo dramática desde el punto de vista humanitario. 
Hemos hecho todo lo que hemos podido en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito del Cuarteto para que los recursos que corresponden a la Autoridad Palestina y que en este momento siguen todavía en manos del Gobierno de Israel, sean devueltos a la Autoridad Palestina inmediatamente, y sean devueltos mes a mes, de manera tal que el Ministro de Finanzas tenga la capacidad de construir un presupuesto digno de tal nombre sabiendo cuáles son los recursos con que cuenta al principio de cada ejercicio mensual. 
La última cuestión de la que me gustaría hablar, sobre el tema palestino, se refiere a los asentamientos. 
Señorías, me parece que es un tema serio, un tema grave y que, si no hay una congelación rápida de los asentamientos, nos podemos encontrar el día en que se pueda realizar el sueño de dos Estados, con que el Estado palestino sea irrealizable porque su territorio está minimizado por el número de asentamientos, que sigue creciendo. 
Señorías, por tanto, en nombre de la Unión Europea, vuelvo a hacer un llamamiento para que, a la mayor brevedad posible, el Gobierno de Israel congele los asentamientos. 
Desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Israel, les diré que he tenido esta tarde una conversación telefónica con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Netanyahu. 
Vamos a ponernos en contacto lo antes posible para que no se frene ningún proceso que se pueda mantener activo, incluso durante la campaña electoral, por el bien del proceso de paz. 
Como saben ustedes, en los dos grandes partidos, en el Likud y en el Partido Laborista, va a haber elecciones primarias en las próximas semanas. 
En el Likud, entre Netanyahu y Sharon, y en el Partido Laborista, a mediados del mes de noviembre, entre tres candidatos, el anterior Ministro de Defensa, el Alcalde de Haifa y el antiguo sindicalista- que fue ya ministro en el Gobierno de Rabin -, Sr. Haim Ramon. 
Vamos a ver cuál es el resultado de esas primarias para saber quiénes serán los candidatos que se van a enfrentar en las elecciones que tendrán lugar el día 28 de enero. 
Pero- insisto- el hecho de que haya una convocatoria electoral a nosotros no nos debe frenar para seguir trabajando por lo que es nuestra aspiración: la paz justa en ese territorio tan querido para los ciudadanos europeos. 
Les quisiera decir con respecto a Iraq que hemos entrado en el día de hoy en la fase crucial. 
Hace una hora la Resolución del Consejo de Seguridad ha empezado a debatirse en su seno. 
La Unión Europea, desde la primera reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores durante la Presidencia danesa, mantuvo una posición clara con tres elementos fundamentales: sobre el objetivo de esta operación sobre Iraq, sobre la manera cómo se debía realizar y sobre las grandes preocupaciones que teníamos sobre sus consecuencias. 
Tres palabras sobre las tres ideas. 
Sobre el objetivo. 
El objetivo para nosotros debía ser- y sigue siendo- desarmar Iraq de armas de destrucción masiva. 
No era el objetivo de la Unión Europea lo que se ha dado en llamar el cambio de régimen. 
El objetivo de la Unión Europea, en cualquier caso, es que Iraq cumpla con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Segundo, ¿cuál debía ser el camino para llegar a ese fin? 
Siempre hemos dicho- seguiremos diciéndolo y, afortunadamente, así ha sido- que sea el seno de las Naciones Unidas el lugar donde este debate tuviera su sitio. 
Afortunadamente, el 12 de septiembre, incluso el Presidente de Estados Unidos aceptó que el debate sobre este importantísimo problema se llevara a cabo en el ámbito de las Naciones Unidas, y les puedo decir que tenemos la satisfacción que, desde el 12 de septiembre hasta el día de hoy, ha habido negociaciones muy serias entre todos los miembros del Consejo de Seguridad para llegar a una resolución que esperamos y deseamos que, a la mayor brevedad, se pueda aprobar por unanimidad. 
Sería la mayor victoria de la legitimidad de las Naciones Unidas y, por tanto, una victoria para aquellos que creen en el multilateralismo y creen también en el papel importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Como saben sus Señorías, la resolución cuyo debate se está iniciando en este momento es una resolución larga, pero que tiene, como elementos fundamentales, los siguientes: un reconocimiento de que Iraq incumple en este momento resoluciones del Consejo de Seguridad; el segundo elemento fundamental es que se da a Iraq una oportunidad para que pueda cumplir con todas las resoluciones; en tercer lugar, no hay en este momento y en esta resolución la posibilidad de automatismo con respecto a una acción de carácter militar; y en cuarto lugar, se va a pedir a Iraq que, en un plazo de 30 días, haga un informe sobre las armas de destrucción masiva que posee, y que, inmediatamente, los inspectores, al mando del Sr. Blix, puedan desplegarse sobre el terreno para comprobar la declaración del Presidente Sadam Husein. 
Por lo tanto, desde el punto de vista de la Unión Europea, creo que podemos tener la satisfacción de que el ámbito multilateral de las Naciones Unidas ha funcionado, o está funcionando bien. 
Ése ha sido el deseo de todos nosotros y el deseo de los países y de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señorías, poco más les puedo decir en este momento, a la espera de los acontecimientos que puedan ocurrir en lo que respecta a Iraq en las próximas horas. 
El debate sobre la resolución es posible que termine en el día de hoy y la votación se realice durante el día de hoy o de mañana. 
Y sobre Oriente Medio, seguir insistiendo en que para nosotros, para los europeos, el proceso de paz y el problema de Oriente Medio va a seguir estando entre las prioridades de nuestra política exterior y de seguridad. 
Quisiera decirles que, en cierta manera, el hecho de que las elecciones en Israel se hayan adelantado desde octubre del año que viene a enero, en el fondo también lo podemos considerar como algo positivo, porque nos va a permitir empezar antes todo el proceso que nos debe llevar a la fase de negociación final que permita la existencia de los dos Estados que todos deseamos. 
Señorías, poco más les tengo que decir en este momento. 
Me gustaría, si la Presidencia me lo permite, decir que vamos a seguir trabajando sin descanso sobre estas dos materias, que, sin duda, son de naturaleza fundamental. 
Y una palabra también sobre el concepto de cambio de régimen en los países de la región: Señorías, para nosotros creo que lo fundamental es que se haga realidad el informe sobre Oriente Medio, sobre los países islámicos y árabes, que ha sido elaborado por las Naciones Unidas, donde se ponen de manifiesto las necesidades de transformación que son necesarias en esos países. 
Para eso nada mejor que el diálogo y, por tanto, la Unión Europea va a seguir un diálogo intenso con la Liga Árabe y un diálogo intenso también con la Organización de la Conferencia de Estados Islámicos. 
Todo esto, más el proceso de Barcelona, tiene que seguir siendo el motor de las relaciones entre la Unión Europea y los países de la región, países con los cuales tenemos- prácticamente con la totalidad de ellos- relaciones contractuales a través de acuerdos de cooperación. 
Señorías, señor Presidente, con esto entiendo que doy información sobre la situación, como digo, en estos momentos tan particulares, en que tantos acontecimientos están ocurriendo desde el punto de vista de Oriente Medio y de Iraq, para que, Señorías, puedan tener la más alta información posible, y me pongo a su disposición para contestar a cuantas preguntas me quieran formular. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión y en sustitución del Comisario Patten, que les transmite sus disculpas, me gustaría hacer una declaración sobre la situación actual en Oriente Próximo y sobre lo que está haciendo la Comisión al respecto. 
El Sr. Solana ya ha hablado de forma extensa sobre el avance del debate en torno al mapa de carreteras que elabora la comunidad internacional, representada aquí por el cuarteto internacional. 
El trabajo que usted ha hecho, señor Solana, se ha realizado en las condiciones más adversas imaginables y sin duda también contra reloj; me gustaría felicitarle por ello y prometerle el apoyo sostenido de la Comisión. 
El mapa de carreteras que elaboramos debe incorporar un calendario específico y tener como objetivo el resultado esbozado en la Declaración del Consejo de Sevilla, es decir, la creación de un Estado palestino viable. 
Confío en el éxito futuro de los esfuerzos de la Presidencia y del Sr. Solana al respecto, que implican el acuerdo con los demás socios internacionales en el cuarteto en torno a una solución viable. 
Sin embargo, antes de trazar el mapa, previsto para diciembre, hay aspectos que podrían ayudar incluso ahora a reducir la tensión en la situación. 
Éstos son la confirmación sin reservas de la solución de dos Estados que buscamos y sobre todo el final de todo uso de la fuerza y la provocación por ambas partes. 
Esto incluiría medidas enérgicas contra las organizaciones terroristas, además de la suspensión inmediata de los asentamientos y el control de las incursiones de los colonos en las tierras que son propiedad de los ciudadanos palestinos. 
Es igualmente importante que los palestinos perseveren en sus esfuerzos de reforma, y los israelíes con la aplicación de respuestas simbólicas a los mismos, como la reanudación de los pagos regulares de las transferencias, que ya han anunciado. 
La relajación de las restricciones al desplazamiento y la mayor facilidad de acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria podría reforzar esta tendencia positiva. 
La última reorganización del Gobierno israelí ha producido un marcado cambio a la derecha. 
Sin embargo, queda por ver si el efecto sobre el proceso de paz será tal y como se teme. 
En cualquier caso, el mapa sigue siendo una iniciativa internacional con perspectiva de éxito a largo plazo en forma de una solución de dos Estados. 
Cabe esperar que el nuevo gabinete palestino continúe con el trabajo de reforma que ha iniciado y que, con la ayuda de la comunidad internacional, no sólo lo intensifique, sino que también lo utilice para introducir importantes mejoras en la situación del pueblo. 
Es precisamente en este punto donde hay dificultades. 
Ha sido principalmente en el ámbito de la gestión financiera donde el proceso de reforma ha registrado sus primeros éxitos. 
Las condiciones asociadas al uso de los fondos de la UE para prestar apoyo al presupuesto han provocado la consolidación y han hecho que los acuerdos financieros palestinos estén mejor controlados y sean más transparentes. 
La Comisión seguirá trabajando estrechamente con Salam Fayad, el nuevo Ministro de Hacienda palestino, y utilizará condiciones adicionales para ejercer una influencia positiva sobre el proceso de reforma. 
Lamentablemente, el proceso de reforma se ha detenido en otros ámbitos. 
Esto es especialmente cierto con relación con la reforma de la administración y del sistema judicial, que desempeñan un importante papel en el establecimiento de un Estado democrático, y los preparativos para las elecciones anunciadas para mediados de enero tampoco han ido muy lejos. 
Aunque se ha nombrado un presidente de la comisión electoral, muchos palestinos, así como representantes de la comunidad internacional de donantes, creen que no se puede seguir descartando el aplazamiento de las elecciones. 
Una de las labores de la Task Force será la de informar al cuarteto de los obstáculos en los preparativos de las elecciones y proponer vías para superar dichos obstáculos. 
La Comisión, conjuntamente con los Estados miembros, sigue estando totalmente implicada en los preparativos de las elecciones, y se esfuerza por garantizar que se prestará todo el apoyo necesario cuando se celebren. 
Sin embargo, ni los esfuerzos internacionales por establecer un mapa prometedor, ni los esfuerzos de reforma de la Autoridad Palestina han sido capaces por el momento de mejorar la situación sobre el terreno. 
Sigue muriendo gente inocente por ambas partes. 
La vida cotidiana está marcada por el temor a los terribles suicidas y a las represalias en un entorno de frustración y desesperación. 
Hasta el momento no ha sido posible cubrir las necesidades de seguridad del pueblo israelí, ni satisfacer la demanda del pueblo palestino de una vida cotidiana más normal, poner fin a las restricciones a la libertad de movimientos, ni mejorar las atroces condiciones de vida. 
Son las necesidades humanas implicadas las que constituyen una enorme causa de preocupación. 
Los observadores internacionales en la zona están de acuerdo en que las restricciones a la libertad de movimientos y la falta de acceso para las organizaciones de ayuda han contribuido a la actual crisis humanitaria. 
Simplemente no es aceptable que las misiones de ayuda financiadas por la UE se vean obligadas a regresar o que se les impida hacer su trabajo. 
Tan sólo en las últimas dos semanas se han producido veintitrés ejemplos de esto. 
A modo de ejemplo, el 17 de octubre, dos funcionarios de la Comisión fueron detenidos a su salida de Israel, y se les quitaron los documentos y ordenadores portátiles que llevaban, los cuales les fueron devueltos bastante tiempo después. 
Sin duda ustedes son conscientes de que la Comisión ha tratado de conseguir que se destinasen 50 millones de euros de la reserva de emergencia con el fin de facilitar ayuda adicional a las ciudades y pueblos aislados del mundo exterior. 
También se precisan recursos financieros adicionales para la preparación de las elecciones y, a este respecto, espero que la Comisión pueda contar con el apoyo del Parlamento. 
Esto es muy importante de cara a la reunión especial de enlace que se celebrará en diciembre, en la que los Estados donantes debatirán la situación humanitaria en los territorios palestinos y el proceso de reforma, así como la necesidad de medidas de apoyo y ayuda financiera. 
Señor Presidente, los acontecimientos de los últimos días han servido para justificar, quizás más que nunca, la presencia del Sr. Solana aquí esta tarde y, en nombre del Partido Popular Europeo, me gustaría dar las gracias al Alto Representante por asistir a esta sesión. 
Estos diez días, que comenzaron con el atroz secuestro en Moscú, llegaron a un trágico desenlace el 26 de octubre y se han visto además marcados por el aumento de la preocupación relativa a la creciente inestabilidad política en Oriente Próximo y por la posibilidad de una guerra con Iraq, que todavía sigue debatiéndose en Nueva York. 
En la medida en que están implicadas Chechenia y nuestras relaciones con Rusia, acabamos de oír al Sr. Prodi expresar su compromiso, y le pedimos a usted, señor Solana, que hable en nuestro nombre y, estoy segura, en nombre de toda la Asamblea, y condene en los términos más duros posibles el acto de terrorismo criminal y cobarde que tuvo lugar en Moscú. Sin embargo, al mismo tiempo debe advertir contra una respuesta en Rusia, por parte del público y de los responsables de combatir el terrorismo, que pudiera confundir a la población chechena ordinaria con los extremistas culpables de preparar y llevar a cabo este crimen. 
Esta es precisamente la trampa en la que los terroristas quieren que caiga el gobierno y el pueblo ruso. 
Y si lo hacen, existe el peligro de que demuestren que la acción de los terroristas fue acertada. 
Al mismo tiempo, en Oriente Próximo, hemos sido testigos del aumento del caos político durante los últimos días y prácticamente con cada hora que pasa, y es obvio que esto no puede contribuir a la causa de la paz. 
A este respecto, señor Solana, no comparto su optimismo. 
Esto se debe, en primer lugar, a que el 29 de octubre el nuevo gobierno de la Autoridad Palestina, reconocido por el Consejo Legislativo Palestino, se presentó, tal y como usted ha mencionado, con una amplia mayoría. Sin embargo, el Presidente Arafat siguió siendo objeto de duras críticas incluso en esta Asamblea, debido a la ineficaz reestructuración que mantuvo en sus puestos a la mayoría de los ministros despedidos por el mismo Consejo. 
Y el hecho de que, en esta ocasión, el Ministro de Finanzas mantuviese su puesto- medida celebrada por usted -, pero que fuese despedido el ex Ministro del Interior, que tuvo el valor de solicitar el final de la violencia de la que hacen uso ambas partes, parece, en nuestra opinión, un indicio muy preocupante de que los partidarios de la línea dura han prevalecido sobre los artesanos de la paz en este nuevo Gabinete. 
Posteriormente, se produjo una crisis dentro del gobierno de Israel que provocó que la Knesset se disolviese y se adelantasen las elecciones. Éstas podrían celebrarse incluso antes de la fecha del 28 de enero actualmente prevista. 
Celebramos el hecho de que cuando estalló esta crisis, el Primer Ministro, Ariel Sharon, no cedió ante una mayoría de extrema derecha que pretendía condenar los Acuerdos de Oslo, expulsar a Arafat y rechazar la creación de un Estado palestino. 
Sin embargo, debemos temer que esta mayoría siga expresando su furia durante la próxima campaña electoral, aunque también esperamos que el pueblo israelí, que en su mayor parte sigue deseando la paz, no se dejará arrastrar por la acción de la extrema derecha. 
En este aspecto también contamos con usted y su representante, el embajador Moratinos, para que, en un entorno con brotes de violencia cada vez más incontrolados, trate de hacer que se oiga la voz conciliadora de Europa. 
Por último, esperamos que esta misma voz conciliadora también la oigan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquellos que se han visto implicados en las duras negociaciones, tal y como usted ha dicho, durante seis semanas, para que vuelvan a redactar una resolución que ponga a Iraq como es debido, ante sus responsabilidades, pero que todavía ofrezca la posibilidad de una solución que no implique de forma inevitable el uso de las armas. 
(Aplausos) 
En su calidad de ex Presidente, señor Barón Crespo, seguro que conoce las convenciones de esta Cámara. 
Tanto el Sr. Solana como el Comisario disponen de todo el tiempo que deseen para dirigirse a la Cámara. 
Sin embargo, ambos se han ceñido de forma bastante estricta al tiempo que se les había concedido. 
No creo que haya ningún motivo de queja. 
Señor Presidente, mi grupo condena de forma incondicional cualquier tipo de violencia en Oriente Próximo. 
Siempre es inaceptable que haya víctimas entre la población civil, ya sea debido a ataques suicidas o del ejército. 
Durante años, Europa ha tratado de desempeñar un papel importante en el conflicto, pero estamos combatiendo principalmente los síntomas y no las causas del mal. 
Es necesario que la gente vuelva a creer en el futuro. 
Las personas que tienen esperanzas en el futuro tienen algo que perder y por lo tanto están dispuestas a luchar por la paz en lugar de seguir lidiando con el status quo o, incluso peor, pensar que la violencia es la respuesta. 
Con el fin de garantizar un futuro prometedor, pedimos esfuerzos serios por ambas partes. 
En primer lugar, la Autoridad Palestina debe adoptar una postura mucho más dura con respecto a los ataques suicidas. 
Los terroristas no son héroes, sino asesinos, y debe tratárseles en consecuencia. 
Por otra parte, la Autoridad Palestina debe llevar a cabo una reforma, y erradicar la corrupción, de forma que la población palestina pueda confiar en sus líderes. 
En segundo lugar, solicitamos a Israel que ponga fin a la política de utilizar los cierres como método de estrangulación económica y humillación. 
También deben reanudarse los pagos a los palestinos, de forma que de nuevo pueda utilizarse el dinero europeo para proyectos de desarrollo en educación y atención en lugar de apoyo mediante pagos. 
Por otra parte, sigue siendo inaceptable que se permita que crezcan los asentamientos. 
La ocupación y los asentamientos siguen siendo el mayor obstáculo para la paz real y la seguridad para todos. 
Me avergüenza la falta de resolución europea en la zona de Oriente Próximo. 
Cada día muere gente inocente, y todo lo que hacemos es conformarnos con declaraciones y reuniones. 
Como principal donante de Palestina y mayor socio comercial de Israel, debemos poder hacer algo más para cumplir nuestras propias metas europeas. 
Me gustaría concluir con un comentario sobre las próximas elecciones. 
Es hora de que esto se haga, de forma que en enero, los israelíes y los palestinos puedan votar por la paz para ellos y para sus vecinos. 
Señor Presidente, señor Solana, Comisario, he escuchado atentamente los comentarios del Sr. Solana sobre Iraq. 
Sin embargo, me ha sorprendido enormemente- dado que el Presidente Bush no ha descartado todavía la amenaza de otra guerra contra Iraq, con o sin la resolución de las Naciones Unidas- que el Consejo Europeo de Bruselas no haya tenido nada que decir al respecto. 
Por otra parte, la Unión en su forma actual prácticamente no ha dicho nada sobre esta cuestión extremadamente sensible. 
Los únicos que han actuado son unos cuantos Estados miembros del Consejo de Seguridad, además de algunas fuerzas de paz que están trabajando conjuntamente. 
Respecto a este tema, el Sr. Kucinich, miembro del Congreso de los Estados Unidos y Presidente del Congressional Progressive Caucus, nos envía este mensaje: «Todavía podemos evitar esta guerra. 
Trabajemos conjuntamente por la paz, por la cooperación, por una nueva era en las relaciones humanas en la que la guerra no tenga cabida. 
Celebro cada oportunidad de trabajar con ustedes para crear este nuevo mundo». 
Señor Presidente, sueño con una Europa, una Europa unida capaz de aceptar el desafío que se le presenta. 
Europa no lo está haciendo en la actualidad, este es el desafío existencial que debemos aceptar. 
En Oriente Próximo, hace más de veinte años hubo la declaración del Consejo Europeo de Venecia, que hizo un llamamiento a poner fin a la ocupación israelí. Hacía hincapié en que los asentamientos eran ilegales, reconocía el derecho palestino al autogobierno e insistía en que la Organización para la Liberación de Palestina debería participar en las negociaciones. 
De esto hace más de veinte años. 
Más recientemente, en marzo de 1999, la declaración de la Cumbre de Berlín reconoció de forma explícita el derecho de los palestinos a un Estado. 
Pero en la actualidad, cuando la situación empeora notablemente día a día, cuando se han dejado de lado y olvidado los Acuerdos de Oslo, cuando los elementos radicales de los ocupantes responden a los elementos radicales de una parte de los ocupados, ¿cómo podemos interpretar el silencio de los Estados miembros de la Unión Europea? 
Mi grupo no cree que esto pueda continuar, que el silencio y las medidas poco entusiastas puedan seguir. 
Necesitamos iniciativas firmes que puedan demostrar al mundo, y especialmente a los pueblos de la región, una voluntad política clara que anime a tomar medidas los que apoyan la paz. 
Necesitamos dar impulso a esta cuestión. 
Por el momento avanzo una propuesta práctica. 
El jueves de nuestra próxima sesión será la víspera del 35º aniversario de la celebrada Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las principales referencias sobre el conflicto para la comunidad internacional. 
Bien, sugiero que organicemos un acto formal en el que se impliquen el Parlamento, el Consejo y la Comisión en Estrasburgo. 
Sugiero que también impliquemos a los jóvenes que apoyan la paz, a jóvenes europeos, jóvenes palestinos, jóvenes israelíes, a aquellos que se reunieron en masa el pasado sábado en Tel Aviv para conmemorar el asesinato de Isaac Rabin. 
Cada una de nuestras instituciones podrá establecer entonces, desde su punto de vista, de acuerdo con la legislación internacional y nuestros valores comunes, qué es aceptable y qué tipo de plan queremos elaborar para una paz justa y duradera. 
Señor Presidente, señor Solana, creo que podemos establecer un vínculo, no sólo filosófico, sino también político, entre el problema de Oriente Próximo, Iraq y Chechenia y el papel de Europa. 
Creo que nuestro papel debe ser lúcido y exponer la verdad. 
El Sr. Wurtz está en lo cierto al decir que hace veinte años condenamos, hace veinte años hicimos... 
Esto es lo que decimos a los israelíes, lo cual es totalmente cierto. 
Y a los palestinos debemos decirles: hace veinte años dijimos que debíais reconocer no sólo el Estado de Israel, sino también que no habría un retorno en masa de palestinos al Estado de Israel. 
Ambas cosas son ciertas. 
Si queremos dar alguna esperanza a la población israelí debemos erradicar el miedo. Ésta teme los ataques, los fatales ataques suicidas, que ponen de manifiesto sobre todo que aquellos que los llevan a cabo no reconocen el Estado de Israel. 
Los palestinos temen la ocupación por parte del ejército israelí. 
Ambas cosas están estrechamente relacionadas. 
Y además en Iraq la verdad no tiene dobleces. 
Decimos que Iraq debe reconocer las resoluciones de las Naciones Unidas, en otras palabras, todas las armas, si es que existen- y no sé nada al respecto, ya que nunca he sido inspector, al igual que ustedes, de hecho ninguno de nosotros lo ha sido- deben ser destruidas una vez que hayan sido inspeccionadas. 
El modo en que Sadam Husein hace política y el modo en que lo ha hecho en el pasado constituye un peligro para otras naciones. 
Por lo tanto, también debemos hacer un llamamiento a que se permita la entrada de los inspectores de armamento y las organizaciones no gubernamentales para que inspeccionen la situación democrática y la relación entre el pueblo iraquí y Sadam Husein. 
Es realmente increíble que mujeres y niños rusos hayan sido retenidos como rehenes, y lo condenamos. Es incluso más increíble que el Sr. Putin tomase como rehenes a los rehenes, al no decir cómo estaban, qué gases se utilizarían y al no comunicar a las familias la información con la que contaba. 
Es igualmente increíble que la totalidad de la población chechena pueda ser rehén de un antiguo hombre del KGB que actúa como si los bolcheviques y los comunistas estuvieran todavía en el poder, en otras palabras, como un agente del KGB. 
Europa debe condenar los ataques, Europa debe participar en medidas antiterroristas y Europa debe decir no a todos los impulsos totalitarios, incluso si está implicado un poder como Rusia. 
La Duma votó a favor de la restricción del derecho a la información, lo cual equivale a restringir la democracia. 
Si Europa sigue callada ante las acciones de Putin, entonces Europa no tendrá la perspicacia ni la fortaleza de salvaguardar la democracia. 
Señor Presidente, señor Solana, seré muy breve, dado que creo que tendremos la oportunidad de realizar un debate a fondo sobre el tema de Rusia y por lo tanto de Chechenia en Estrasburgo. 
Está claro que estamos creando un nuevo Afganistán con los talibanes, pero quiero centrarme en un punto muy concreto. 
Hace unos días, el Sr. Akhmed Zakayev, ex Primer Ministro del Gobierno checheno, fue detenido en Copenhague, en donde sigue retenido, y todos los intentos por hacer posible que Ilias Akhmadov, Ministro checheno de Asuntos Exteriores, regrese a la Unión Europea desde Estados Unidos están siendo bloqueados. 
Por ello, además de hacer la vista gorda a los acontecimientos en Chechenia, estamos impidiendo que los pocos interlocutores democráticos que están en condiciones de debatir y proponer soluciones democráticas para el país se pongan a trabajar. 
Mi pregunta, señor Solana, es la siguiente: usted tomó la iniciativa de elaborar listas negras de los implicados en el conflicto de la antigua Yugoslavia. 
¿No podría tomar ahora la iniciativa de elaborar una lista positiva de personas a las que consideramos esenciales para el diálogo, de forma que éstas puedan obtener visados sin obstáculos y sin agravio para un país pequeño que está sometido, como es el caso de Dinamarca y Bélgica, a una presión intolerable por parte de la Federación Rusa? 
Señor Presidente, señor Solana, Comisario, como ya se ha dicho, en las próximas horas el Consejo de Seguridad tomará una decisión en torno a la resolución sobre Iraq. 
Que no quepa la menor duda de que Iraq debe cumplir incondicionalmente todos los requisitos que ésta plantee. 
Esa es la postura de la UE, con la que en sustancia coincido plenamente. 
Actualmente existe una preocupación justificable sobre el modo en que Iraq hace uso de las armas de destrucción masiva y hace que estén disponibles a gran escala. 
Sadam Husein ya ha demostrado en varias ocasiones su disposición a utilizar estas armas de destrucción masiva contra su propio pueblo. 
Todos nosotros recordamos todavía con dolor a los kurdos de Halabja, asesinados con gas venenoso. 
La persecución brutal de los chiítas en el sur del país tampoco es un secreto. 
Las armas de destrucción masiva están en manos de los regímenes y países más diversos: pensemos en la India o en Pakistán, o últimamente en la República Popular Democrática de Corea, que ha admitido hacer un uso indebido de material fisible para armas nucleares, un incumplimiento de los compromisos internacionales que equivale a una ofensiva con el fin de aliviar la presión sobre Iraq. 
En cualquier caso, las armas de destrucción masiva solamente se convertirán en una amenaza incalculable para la comunidad internacional si los gobernantes que las controlan son impredecibles y constituyen una amenaza, como es sin duda el caso de Sadam Husein. 
Por este motivo la resolución del Consejo de Seguridad debe explicar en detalle la necesidad de que los inspectores de las Naciones Unidas puedan desempeñar sus funciones sin obstáculos, de que se amplíen los poderes de los equipos de inspección y de que no se repita el juego del gato y el ratón que hemos visto en otras ocasiones. 
Si alguien debe hacer visitas políticas a Iraq en este momento, deberían ser los inspectores internacionales de armamento y nadie más, y digo esto con referencia a la visita a Iraq del gobernador de la provincia de Carintia, Jörg Haider, que lo hace por tercera vez, visita que es superflua y contraria a los intereses de Austria. 
Iraq es un campo de minas demasiado peligroso y también merece algo mejor que ser utilizado para satisfacer los egos políticos neuróticos. 
El lugar de actuaciones en solitario, lo que se necesita en este caso es una acción concertada en el ámbito de la UE, que debería realizarse en colaboración con los Estados Unidos. 
El riesgo también debería ser calculable. 
Asimismo debemos evitar que cualquier escalada o cualquier falta de seguridad afecte a todo Oriente Próximo. 
Mirando hacia el futuro, existe la necesidad de trabajar para eliminar las causas de las crisis, ya estén localizadas en Chechenia o en Oriente Próximo, y cuentan con mi total apoyo para ello. 
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos apoya efusivamente al Sr. Solana y al Sr. Patten en sus intentos por limitar el permanente estado de guerra en Oriente Próximo y por hacer que las partes implicadas vuelvan a la mesa de negociaciones a través del «método del cuarteto». 
El Sr. Joshi Belin, una de las cabezas pensantes reconocidas que estuvo tras las Convenciones de Oslo, me aseguró hace unos días que, a pesar del hecho de que las convenciones se habían visto notablemente debilitadas por el régimen de Sharon por una parte y por los suicidas palestinos por otra, lo que necesitan los ciudadanos de ambas partes más que nunca en este momento son propuestas políticas estructurales que ofrezcan una perspectiva de paz. 
Éste subrayó una vez más que es esencial una acción europea para este proceso. 
Me gustaría recordarles que este Parlamento adoptó en una ocasión una resolución que afirmaba que las cláusulas comerciales en el tratado de asociación deben aplicarse, si fuese necesario, para garantizar que se pone fin la política de asentamientos, la cual, de no ser así, seguiría formando una barrera estructural para la paz. 
En la medida en que Iraq está implicado, al Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos le gustaría hacer hincapié una vez más en que ni los Estados Unidos, ni China, ni ningún otro país tiene, por lo tanto, el derecho unilateral de iniciar una guerra a gran escala en ningún lugar del mundo. 
Nuestro planteamiento es una ruta que, afortunadamente, a través del Consejo de Seguridad, hemos podido imponer de forma multilateral. 
Sin embargo, eso también significa que no podemos realizar ninguna declaración que lleve automáticamente a la guerra. 
Me complace mucho la declaración de la Sra. Morillon, que ha destacado esto una vez más en nombre del PPE-DE. 
Lo que necesitamos no es la guerra a modo de respuesta refleja, sino presionar enérgicamente a Sadam Husein a través de las inspecciones de armamento. 
Las inspecciones de armamento deben ser eficaces y, si hay algo, deben tomarse medidas. 
Sin embargo, lo que no necesitamos es avanzar por el camino que conduce a la guerra unilateral. 
Nuestra primera tarea es reforzar la coalición contra el terrorismo. 
Esta coalición debe ser nuestra principal prioridad, tanto por parte de Estados Unidos como de Europa. 
Nuestro esfuerzo conjunto debe estar relacionado con esto. 
En mi opinión, el papel de la Unión Europea en el proceso de paz en Oriente Próximo es todavía demasiado limitado. 
Los Estados Unidos llevan la voz cantante y nosotros somos simples actores secundarios. 
Esto es erróneo dada nuestra posición. 
Después de todo somos el mayor socio comercial de Israel. 
Nuestra aportación de 14 000 millones de euros también nos convierte en el mayor proveedor de ayuda humanitaria. 
La Unión Europea aporta también con diferencia la mayor contribución a la asistencia técnica y financiera a la Autoridad Palestina, cifrada en 10 millones de euros al mes. 
Por ello ya es hora de que Europa deje de ser un simple contribuyente y pase a ser un auténtico protagonista en el proceso de paz. 
Tenemos esta obligación con Israel y Palestina, pero también con nosotros mismos, por motivos de naturaleza histórica, cultural, geográfica, económica y política. 
Desde nuestra tradición europea, debemos insistir en que la violencia no es una solución y que la paz no debe venir directamente de los dirigentes, sino que debe empezar desde abajo. 
Los terroristas no siguen una agenda política. 
Por ello debemos garantizar que cada ejemplo de violencia sin sentido sea condenada por la opinión pública, de forma que los actos de terrorismo no vuelvan a frustrar las negociaciones de paz. 
Europa puede y debe desempeñar un papel ejecutivo al respecto. 
Debemos perseverar con la democratización y el desarrollo económico de la región. 
Debemos añadir una dimensión más política a nuestra amplia ayuda humanitaria, haciendo que los palestinos y los israelíes se den cuenta de que no pueden estar enemistados eternamente. 
Por ello es necesaria más que nunca una presencia política mayor y más regular en la región. 
Señor Presidente, la situación en Oriente Próximo sigue siendo un importante factor de preocupación y debemos hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para impedir que se produzca lo peor: la guerra. 
La determinación del Presidente de los Estados Unidos, alentado por los resultados del Partido Republicano en las diversas elecciones estadounidenses que se han realizado recientemente, es más fuerte que nunca. 
Éste no ha renunciado a su concepto de «guerra preventiva» , un eufemismo empleado para legitimar la guerra en cualquier lugar y en cualquier momento so pretexto de combatir el terrorismo. 
Sin tener en cuenta el debate que se está celebrando actualmente en el Consejo de Seguridad, los preparativos con respecto a Iraq continúan. 
El uso por parte de los Estados Unidos de su formidable superioridad militar para garantizar sus intereses económicos en la región puede primar sobre cualquier otra consideración. 
Si esta guerra prospera tendrá consecuencias terribles, pero debemos repetir que la guerra contra el pueblo iraquí nunca ha concluido; es un pueblo víctima de un embargo que mata, en primer lugar y principalmente, a niños y a los más débiles, al tiempo que protege a Sadam Husein y a su familia. 
El planteamiento bélico que persigue el Presidente de los Estados Unidos alimenta el planteamiento bélico que persigue Ariel Sharon en contra del consejo del pueblo palestino, pero también en contra de la seguridad de su propio pueblo. 
La sociedad palestina y los cimientos del Estado están destruidos; la vida cotidiana es cada vez más difícil. 
Una guerra servirá solamente para intensificar el sufrimiento del pueblo de la región, solamente retrasará más la solución política para una paz justa y duradera. 
Las consecuencias de esta guerra son todavía incalculables, pero sabemos que la actitud arrogante y agresiva del imperialismo americano podrá engendrar actos de terrorismo como respuesta refleja, una respuesta bárbara a una barbarie excesiva. 
No tenemos nada que ganar con esta acción bárbara. 
Dada esta situación, los pueblos de Europa y de los Estados Unidos deben confiar en ellos mismos, porque, en lugar de sus declaraciones, si Bush sigue adelante con su mortífero plan, nuestros gobiernos prestarán ayuda y apoyo como han hecho siempre, porque no se atreven a hacer otra cosa. 
Por ello debemos confiar en nosotros mismos, como en los Estados Unidos y en el Reino Unido, donde cientos de miles de personas se están manifestando en contra de esta guerra que no quieren que se haga en su nombre. 
La primera cumbre social europea comienza mañana en Florencia. 
Miles de personas participarán en debates para idear un orden mundial distinto. Esto requiere un planteamiento radicalmente nuevo, el de responder a las necesidades en lugar de los beneficios, ya que es el único modo de alcanzar una justicia real, la única garantía de paz. 
Señor Presidente, el mundo debe evitar la guerra. 
¿Cómo puede contribuir a esto Europa en Oriente Próximo? 
No con palabras, sino con hechos. 
Debemos tomar como punto de partida el derecho de los pueblos a la autodeterminación, algo a lo que el pueblo palestino tiene tanto derecho como los israelíes y los chechenos. 
No debemos olvidar que nunca se erradicará a los terroristas suicidas con la fuerza militar ni con la ocupación militar. 
El pueblo y las naciones que no tienen nada que perder más que sus vidas estarán dispuestos a sacrificar esas vidas por un futuro digno, por una vida en libertad. 
Tampoco olvidemos esta cuestión en las relaciones internacionales. 
La dictadura de Sadam Husein es un desastre para los habitantes de Iraq, especialmente para aquellos que se oponen a él, especialmente los kurdos y los chiítas. 
Esperemos que sea condenado en algún momento, pero no debemos darle una excusa para la guerra debido a la cuestión del petróleo, y Europa debe dejar esto muy claro a los Estados Unidos. 
Celebramos las resoluciones de las Naciones Unidas, siempre que éstas no conduzcan automáticamente a la guerra. 
Señor Solana, usted nos ha dicho que Iraq debería declarar sus armas de destrucción masiva. 
Sin embargo, existe una teoría que usted no ha mencionado, que es la de que Iraq ya no tenga ningún arma de destrucción masiva, ¿qué pasaría entonces? 
Bien, yo se lo diré: seguiremos diciendo que Iraq oculta armas de destrucción masiva. 
Y en la resolución del Consejo de Seguridad que usted nos ha explicado resumidamente, está claro que falta algo, y es qué pasará con las sanciones si, por casualidad, Iraq accede una vez más, tal y como ha hecho durante años, a permitir la entrada de los observadores de las Naciones Unidas. 
La condición de levantar las sanciones- que está provocando la inanición entre el pueblo iraquí- no ha sido respetada por el gobierno de los Estados Unidos ni por el británico, y este es el motivo, el único motivo, por el que Iraq se hartó de los observadores, los cuales, como varios han reconocido, se comportaron como espías. 
En realidad, Señor Presidente, la guerra ha empezado. 
Los ataques aéreos son constantes. 
El 10 de octubre el aeropuerto de Basora fue bombardeado en tres ocasiones. 
Se preparó una incursión masiva contra las intervenciones militares. 
La guerra ya ha comenzado. 
El trabajo del Gobierno de los Estados Unidos son las negociaciones con el Consejo Nacional del Petróleo de Iraq y, aparentemente, nosotros somos los únicos que no somos conscientes de esto. 
Señor Presidente, si hasta ahora la ausencia de voluntad política del recién dimitido Gobierno Sharon y su utilización del argumento de seguridad como pretexto han impedido la reanudación del proceso de paz, ahora este puede quedar congelado. 
Como editorializa Haaretz esta mañana, el recién dimitido ha sido un Gobierno terrible. 
La política de fuerza en los territorios ocupados no ha acabado con el terrorismo, al tiempo que ha costado a Israel la mayor sangría humana desde la guerra del Líbano. 
Nunca han estado peor sus relaciones con Egipto y con Jordania ni con la propia Europa, como sabemos. 
Hacía mucho tiempo que no había en Israel tanto miedo y menos esperanza. 
La situación económica, también lo sabemos, es pésima. 
El desempleo, creciente. 
Desde luego, en mi opinión, ello se debe, principalmente, aunque no únicamente, a la guerra con los palestinos, que es incompatible con la prosperidad. 
Los partidarios de la paz deben hacer un esfuerzo supremo para convencer a la mayoría de sus conciudadanos de que la mejora de su situación económica y social depende, precisamente, del restablecimiento de una negociación política con los palestinos; que es necesario impulsar un nuevo acuerdo nacional para llegar a un buen acuerdo con ellos. 
Los palestinos, a su vez, deben entender que la ausencia de terrorismo en Israel ayudará a estos partidarios de la paz. 
Parecen los palestinos, en mi opinión, caminar en esta dirección. 
La radio israelí informaba ayer que Al Fatah y Hamás se reunirán la próxima semana en El Cairo para negociar el cese de los atentados suicidas en Israel por parte de Hamás. 
Me pregunto si lo frustrará Israel, como ya ha hecho otras veces, con una nueva agresión mortal en Gaza o Cisjordania. 
La Unión Europea debe apoyar activamente a estos partidarios de la paz. 
Señor Presidente, Señor Solana, Comisario, a todos nos han horrorizado las imágenes del secuestro de Moscú, y sin lugar a dudas debemos aferrarnos al hecho de que nada justifica la toma de rehenes. 
Tampoco existe disputa alguna sobre el derecho de cualquier Estado a rechazar ser chantajeado por actos terroristas como éste y a tomar las medidas oportunas. 
Sin embargo, éstas deben estar dirigidas exclusivamente a los terroristas y no deben culpabilizar a todo un pueblo. 
Cabe criticar la falta de franqueza de los líderes rusos a la hora de manejar las relaciones públicas tras la liberación de los rehenes, especialmente con referencia al retraso en la obtención de ayuda médica para los rehenes liberados y el modo en el que se impidió a sus familiares visitarlos en el hospital. 
También existe la duda de por qué, a diferencia de los rehenes, las fuerzas especiales que irrumpieron no sufrieron efectos adversos para su salud a causa del gas, pese a que lo hicieron sin máscaras antigás. 
Si los informes de los testigos son exactos, al indicar que se disparó a los captores de los rehenes mientras estaban todavía inconscientes, esto representa una violación flagrante de cualquier sistema de derecho y por lo tanto debe ser condenado. 
La violencia nunca puede ser la solución a un problema; solamente los medios pacíficos. 
Por este motivo debemos decirle al Gobierno ruso que si en efecto tacha a todo un pueblo, y a sus representantes electos, de terroristas, entonces se estará privando del último socio con el que incluso puede tratar de resolver este problema de forma pacífica. 
Creo que debe ser tarea de la Unión Europea prestar apoyo a Rusia y contribuir a conseguir que se produzca un proceso de negociación sin demora. 
Señor Presidente, Señor Solana, Comisario, no creo en estas palabras tranquilizadoras sobre la situación en Palestina, debido a que, por una parte, los nuevos nombramientos en el Gobierno palestino no parecen aumentar la influencia de aquellos que trabajan sinceramente por la paz y, por otra parte, existe el riesgo de que sea obligatorio que Europa abandone. 
Oigo hablar de enormes cantidades de dinero que la Unión Europea va a asignar para proporcionar más ayuda. 
Debe haber la mayor transparencia posible en la distribución de esta ayuda y en su gestión, ya que la experiencia de situaciones previas nos ha enseñado que dicha ayuda con frecuencia se destina a objetivos específicos- y si se trata de objetivos humanitarios los refrendo, todos los refrendamos- pero luego se le pierde la pista. 
La situación de estos países, especialmente la situación actual en Palestina- una situación política y social en la que existen feudos y grupos opuestos- es tal que sugiere que dicha ayuda podrá utilizarse para las actividades de grupos como Hamás, por ejemplo, con la consecuencia de que los fondos donados como ayuda humanitaria acaben siendo una ayuda al terrorismo. 
Sin embargo, en lo que respecta a la política de Europa sobre Iraq, creo que no debemos limitarnos a medidas meramente diplomáticas, sino, conscientes de los compromisos realizados tras el 11 de septiembre, explotar todas las posibilidades ofrecidas por la inteligencia con el fin de llegar al núcleo de la cuestión y atajar las causas del terrorismo, que se encuentran en Arabia Saudita y los Estados del Golfo. 
Ahí es donde necesitamos atacar las raíces ideológicas del fundamentalismo wahabí. 
Señor Presidente, señor Solana, Señorías, les ahorraré más análisis de la cuestión, dado que parece que los principales aspectos ya han sido tocados. 
Sea como fuere, la situación en Oriente Próximo y en Oriente Medio requiere que estemos más alerta que nunca. 
A pesar del hecho de que en unos meses el pueblo tendrá la palabra sobre su futuro al participar en dos elecciones, creo que debemos centrar inmediatamente nuestra atención en esta parte del mundo. 
Con respecto a las elecciones palestinas, debemos apoyar el deseo del pueblo palestino de contar con líderes políticos que sean representativos y que tengan una mayor legitimidad democrática- lo cual ahora reconocemos- y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que estas elecciones se celebren como es debido. 
Mi pregunta al respecto es la siguiente: ¿qué asistencia técnica y práctica prevé proporcionar la Unión Europea? 
Me gustaría saber qué se hará en términos específicos y en qué plazo. 
En lo que respecta a las elecciones en Israel, las considero más como una causa de preocupación que como una fuente de esperanza. 
Hay que reconocer que estas elecciones constituyen una oportunidad para que la sociedad civil de Israel demuestre su deseo de paz en una región de la que ninguna parte ha escapado a este horror. 
Sin embargo, este retraso también será explotado por aquellos que alimentan este conflicto y no quieren ver a los dos pueblos viviendo juntos en paz. 
¿Tomará finalmente la Unión Europea, que puede proporcionar apoyo en términos económicos y humanitarios, la decisión de reforzar su presencia en la zona, para dejar de ser demasiado cauta en el terreno diplomático y contribuirá al diálogo y a las negociaciones? 
Solamente una acción concertada, legítima e internacional romperá finalmente el círculo vicioso de la violencia. 
Señor Presidente, trataré de ser breve para cumplir con los requerimientos de tiempo que la Presidencia, generosamente, ha concedido a todos los oradores. 
Señorías, hemos hablado de tres temas. 
Me gustaría resaltar una vez más que, sobre Oriente Medio, cada vez que nos reunimos en el Parlamento, deberíamos intentar no empezar todos los días desde los principios y asumir que todos los que estamos aquí reunidos creemos básicamente: que hay un pueblo que sufre, que hay un pueblo que está pasándolo muy mal desde hace muchos años, que ese problema debe resolverse y que hay que intentar aportar soluciones. 
Yo creo que los primeros principios, los principios generales, todos los compartimos. 
¿Qué es lo que queremos? 
Queremos que, en el plazo más breve posible, haya dos Estados que puedan vivir juntos, democráticamente, el uno junto al otro, en paz y prosperidad. 
Y ése es el esfuerzo al que tenemos que contribuir desde la Unión Europea. 
Yo les puedo decir que podemos ser optimistas. 
O pesimistas. 
De cada uno depende el juicio que quiera dar. 
A mí me gustaría en este momento ser realista y tratar de trabajar en la búsqueda de resultados específicos y concretos en esta hora tan difícil. Y creo que eso es lo que la Unión Europea está haciendo. 
No se trata de hacer grandes declaraciones. 
Ya las hemos hecho. 
Se trata de intentar resolver los problemas que existen. 
Hemos señalado, por ejemplo, que en el ámbito palestino hay un debate abierto, rico, que puede hacer que el terrorismo se acabe. 
Que se acabe intelectualmente. Y se acabe para siempre, si es posible. 
Y a ese debate está contribuyendo la Unión Europea de manera muy importante y muy eficaz, y así ha sido reconocido por todo el mundo, entre los palestinos y entre las fuerzas de Israel más inteligentes, que también se dan cuenta de la importancia de ese papel. 
Busquemos, por tanto, no solamente declaraciones de principios, sino acciones concretas que vayan encaminadas a encontrar un buen resultado. 
Los amigos palestinos tienen que hacer reformas. Y hasta este momento no han hecho suficientes, y en eso le daría la razón a mi amigo, el diputado Sr. Morillon. 
No ha sido posible. No ha sido posible quizá porque la acción de Arafat, al estar encerrado en la Mokata durante todo ese tiempo, perdió la energía que se había puesto en marcha para que se pudiera generar un cambio hacia un Gobierno más abierto y que tuviera incluso un primer ministro. 
Por lo tanto, desde el punto de vista palestino, hay que pedir que sigan luchando contra el terrorismo y también que sigan haciendo reformas. 
Y desde el punto de vista de Israel, lo más importante que podemos pedir ahora mismo es que levante el bloqueo de los territorios y que la gente se pueda mover; que el recorrido entre una ciudad y otra, que antes llevaba media hora, no lo tenga que hacer ahora el Alto Representante de la Unión Europea en ocho horas. 
Eso es lo que está pasando en este momento, que están cerrados los territorios. 
Y no hay economía, por mucha ayuda que se le dé, que pueda subsistir si no hay libertad de movimientos para sus ciudadanos. 
Por lo tanto, esto es un elemento absolutamente fundamental. 
En segundo lugar, que se pague. 
Que paguen los impuestos que recogen de manera tal que la Autoridad Palestina pueda tener un presupuesto para llevar a buen puerto sus esfuerzos. 
Por lo tanto, utilicemos el tiempo que nos queda hasta final de año, hasta que se celebren las elecciones, para intentar crear las condiciones de un debate sobre la paz y para la paz, que es posible durante la campaña electoral, y hagamos todo lo que podamos para que el Cuarteto, del cual formamos parte integral y fundamental, siga trabajando sin descanso a lo largo de los meses venideros, que van a ser tan importantes. 
Sobre Iraq dos palabras: creo que la Unión Europea ha intentado conseguir muchas de las cosas que tenía en su mente la mayoría de los ciudadanos de Europa. 
¿Qué queríamos? 
Queríamos el retorno de los inspectores. 
Queríamos que se hiciera eso a través de las Naciones Unidas, y queríamos también que no hubiera automatismo para una acción militar. 
Tres cosas. 
Las tres cosas se han conseguido. 
Se ha hecho todo este debate para que los observadores vuelvan. 
Van a volver. 
Se ha hecho en el ámbito de las Naciones Unidas. Se está discutiendo esta misma tarde. 
Y se ha hecho sin que la Resolución del Consejo de Seguridad permita automáticamente recurrir a la guerra, pues es una Resolución en dos fases. 
Por lo tanto, hemos, de una u otra manera, conseguido, con el esfuerzo de muchos países, también de muchos países que no están en la Unión Europea, que se pueda avanzar en ese camino. 
Pero reconozcamos también que hay un riesgo de armas de destrucción masiva, y que eso no es un problema de un país nada más. 
No es un problema de los Estados Unidos, sino un problema de todos. 
Nosotros también tenemos que luchar contra las armas de destrucción masiva. 
Está en nuestro interés y es nuestra obligación como países civilizados que somos. 
Tercera cuestión. Sobre Chechenia yo no he hablado más por dos razones: primero, porque la Presidencia del Consejo y el Presidente de la Comisión ya hablaron largamente. 
Comparto absolutamente todo lo que se dijo. El lunes, como sus Señorías saben, va a haber una Cumbre aquí, en Bruselas, donde, sin duda, todos estos temas van a ser tratados con el Presidente Putin. 
Por tanto, señor Presidente, y creo que no me salgo del tiempo impartido, le quiero recordar una vez más mi disposición a volver a discutir estos temas, pero volver a discutirlos con la idea de intentar encontrar soluciones para los problemas tan duros que tenemos delante de nosotros, para evitar que todos los días empecemos desde los primeros principios, que ya conocemos y en los que todos estamos de acuerdo. 
Muchas gracias, señor Solana. 
Como nos ha recordado el Alto Representante, llevamos retraso porque es imposible ahormar la actuación de los diputados al minuto o al minuto y medio que figura en la programación, pero les ruego a todos los estimados colegas que hagan el mayor esfuerzo por ajustarse porque, si no, al final no tendremos tiempo para nuestro debate. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto 
de la pregunta oral (O-0071/02- B5-0493/02) del Sr. Daul, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la revisión intermedia de la Política Agrícola Común; y 
de la Declaración del Consejo, sobre la revisión intermedia de la Política Agrícola Común. 
Tiene la palabra el Sr. Daul. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señor Comisario, me complace presentarles hoy la propuesta de resolución sobre una revisión intermedia adoptada el 21 de octubre por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Sin querer presentar un historial completo de las diversas etapas de la Política Agrícola Común y las posteriores revisiones realizadas por la Unión Europea, permítanme recordarles que el Consejo Europeo, en la Cumbre de Berlín, estableció las directrices aplicables para el período 1999-2006. 
También introdujo enmiendas con respecto a determinadas organizaciones comunes del mercado, concretamente las OCM de los cereales, la carne de vacuno y la leche. 
Me gustaría recordarles también que el Consejo de Europa pidió a la Comisión que presentase un informe en 2002 sobre los cambios en el gasto agrícola, acompañado, en aquellos casos en que fuese necesario, de las propuestas pertinentes. 
Dentro de este contexto, la Comisión Europea remitió una propuesta de reforma de la Política Agrícola Común al Parlamento y al Consejo, presentada por el Comisario Fischler el 10 de julio de este año. 
Por lo tanto, los debates con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se produjeron dentro de este contexto, dando pie a la redacción de la resolución que tengo hoy el honor de presentarles. 
El debate fue extremadamente amplio. 
Como podemos deducir de las 388 enmiendas presentadas por los miembros de la comisión, el compromiso que pudimos alcanzar requirió un gran esfuerzo de todas las partes implicadas, independientemente de sus inclinaciones políticas o los intereses nacionales que representaban. 
El voto a favor de una importante mayoría muestra, por si hiciera falta, la preocupación de sus miembros por ir más allá de las divisiones políticas y nacionales con el fin de presentar comentarios que permitieran influir en debates. 
El objetivo de esta resolución es triple. 
El primero y más importante es su objetivo de reiterar los principios fundamentales de la Política Agrícola Común, especialmente la solidaridad financiera, la necesidad de una renta justa para los productores y la protección de las fronteras con el fin de evitar las distorsiones en la competencia. 
Su segundo objetivo es definir las amplias directrices para su aplicación, prestando más atención a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos europeos en lo que respecta al medio ambiente, la protección de la salud, la calidad alimentaria, el desarrollo rural y el bienestar animal, al tiempo que se responde a las demandas de los agricultores relativas a la remuneración de su trabajo y la simplificación de la administración de la política agrícola, con el fin de animar a los jóvenes agricultores a que trabajen en su sector. 
Su tercer y último objetivo es enmarcar la revisión de la PAC en una perspectiva a largo plazo con el fin de hacer que los mecanismos de administración del mercado sean más comprensibles para los agricultores y, de forma más general, para el sector de los alimentos agrícolas, además de permitirles realizar inversiones a largo plazo. 
Por este motivo la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera que, sin cuestionar las competencias de las demás comisiones implicadas, cualquier adaptación de la PAC deberá realizarse dentro de una perspectiva presupuestaria a largo plazo que deberá, en cualquier caso, ir más allá de 2006, el año en que se negociarán las nuevas directrices. 
El Consejo también comparte esta preocupación. El hecho de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo tengan el mismo punto de vista muestra la importancia de mantener una sólida Política Agrícola Común que nuestros ciudadanos consideren que debe aplicarse de forma equitativa, y que debemos ahora refrendar. 
Con respecto a la resolución propuesta, en primer lugar debo tratar la ayuda a la administración del mercado. 
El planteamiento de la Comisión Europea, concebido para desacoplar la ayuda directa a los productores, simplifica la administración de esta ayuda, pero también llevará al desmantelamiento final de cualquier medida de administración del mercado. 
Por este motivo la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural propone un desacoplamiento parcial. 
Además, esta medida no debe hacer que los precios de la producción caigan. 
Por último, las propuestas sugeridas de bajar los precios de intervención no parecen necesarias en el actual contexto. 
El establecimiento de un desacoplamiento parcial en el trabajo de la comisión permitiría a los productores recibir una suma fija de ayuda básica por granja o por hectárea, calculada sobre las cifras del pasado pero limitada a una suma máxima de 10 000 euros. 
El segundo elemento de la resolución es la consolidación del segundo pilar, con el fin de apoyar determinadas políticas relativas al desarrollo rural. 
La resolución destaca la flexibilidad, que es esencial para aplicar las políticas de desarrollo rural, y que permite que se tome nota de las preocupaciones expresadas en el ámbito regional. 
La tercera directriz tiene que ver con la necesidad de un estricto cumplimiento por parte de los productores que reciben ayudas de la Comunidad, conforme al primer y al segundo pilar, con los principios establecidos por las directivas europeas en el campo de la protección ambiental y el bienestar animal. 
Por último, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural deseaba fortalecer, mediante su resolución, la posición de la Unión Europea en las negociaciones futuras, tomando nota de la dinámica de la ampliación, destacando especialmente la necesidad de coherencia entre las propuestas de una revisión intermedia y el suministro agrícola a los países candidatos, con el fin de permitir una mejor integración de estos países, al tiempo que se destacan los márgenes de maniobra establecidos por las negociaciones de la OMC. 
El Comisario nos ha recordado todo esto dentro de la Comisión de Agricultura en nuestra reunión del 5 de octubre, y la Comisión Europea debería proponer pronto medidas legislativas que tendrán que ajustarse a todas estas restricciones. 
Nuestra función es estudiarlas y escuchar a la Comisión cuando las proponga, y asumiremos nuestras responsabilidades en el Parlamento. 
Por este motivo me gustaría pedir a la Asamblea que apruebe la resolución mañana. 
Señor Presidente, Señorías, me complace tener la oportunidad de presentarles hoy mi evaluación de las decisiones sobre política agrícola tomadas en la Cumbre de Bruselas. 
En julio, la Comisión lanzó un amplio debate sobre el futuro de la política agrícola al iniciar la revisión intermedia. 
Ahora, por otra parte, el Consejo Europeo ha respondido a varias cuestiones presupuestarias relativas a la Política Agrícola Común. 
Las decisiones de la cumbre son, en primer lugar, importantes en el sentido de que se abre el camino para que los Estados miembros concluyan las negociaciones de ampliación, y de que los quince Jefes de Estado y de Gobierno han aceptado la propuesta de la Comisión para la introducción gradual de pagos directos en el sector agrícola para los nuevos Estados miembros. 
Si los países candidatos demuestran el mismo realismo, entonces sería posible concluir las negociaciones de ampliación en la Cumbre de Copenhague, pero las decisiones de Bruselas también tendrían efectos importantes sobre la política agrícola del futuro. 
La principal consideración en este caso es por supuesto que deberíamos tener, para el período de 2007 a 2013, un marco presupuestario predeterminado por los Quince de la UE para los costes de la regulación de mercado y los pagos directos. 
Este marco consiste por una parte en el gasto planificado de los Quince de la UE para 2006, y por otra en las propuestas financieras en valores nominales para 2006 de los diez nuevos miembros. 
Estos valores se verán incrementados solamente en un 1% anual. 
Inicialmente, esto significará que, en 2007 y 2008, dos tercios de la aplicación de las reformas de la Agenda 2000 en el sector lácteo tendrán que financiarse por debajo del nuevo límite superior, al igual que el 70% de la introducción gradual de los pagos directos y todas las reformas que ya ha anunciado el Consejo, con lo que me refiero a cosas como el azúcar o el aceite de oliva, el tabaco, el vino o el algodón. 
Esto significa finalmente que la antigua directriz agrícola- que ya ha dejado de tener efecto- ya no existe. 
Lo que importa ahora es que este nuevo marco financiero sirva de base para dar a la Política Agrícola Común durante los próximos diez años una perspectiva clara para la planificación y el desarrollo. 
¿Qué significa esto en primer lugar para la revisión intermedia? 
Las Conclusiones Finales de la Presidencia establecen que las decisiones de Bruselas no deben perjudicar más la revisión intermedia adoptada en Berlín que los compromisos internacionales que contrajimos en Doha y en otros lugares, ni más que cualquier otra decisión futura sobre la Política Agrícola Común. 
Esto nos compromete a seguir asumiendo las decisiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en Berlín y Gotemburgo. 
Cabe notar que, en este contexto, la Cumbre de Bruselas no ha fijado límites para los fondos para el desarrollo rural. 
Por el contrario, nos ha recordado la importancia de las regiones menos favorecidas y de la multifuncionalidad de la agricultura, en efecto, por tanto, del desarrollo del segundo pilar, al que el Parlamento ha apelado ya en varias ocasiones. 
Por ello estoy trabajando sobre el supuesto de que el Parlamento se muestre firme al declarar sus intenciones cuando establezca la nueva perspectiva financiera para el período posterior a 2006, sobre el cual, en contraste con la Política Agrícola Común, tiene pleno poder de decisión. 
El hecho de que las Conclusiones Finales hagan referencia expresamente a los compromisos de la Unión Europea derivados del inicio de la Ronda de Desarrollo de Doha es interpretado por algunos como que la propuesta de desacoplar los pagos directos está muerta y enterrada. 
Me gustaría prevenirles de las consecuencias negativas de una interpretación como esta, dado que, si las negociaciones internacionales producen cualquier compromiso para realizar reducciones de la caja azul- algo para lo que la Unión Europea, al igual que todos los miembros de la OMC representados en Doha, se ha declarado dispuesta a hacer, en un principio, y a lo que el Consejo se ha vuelto a comprometer en la cumbre del desarrollo sostenible de Johanesburgo -, esto significaría entonces al menos un abandono parcial de los pagos directos, dado que la opción de desacoplar dejaría de estar disponible. 
Esta cuestión se debatirá como muy tarde en marzo, cuando las disposiciones para el sector agrícola se pongan sobre la mesa de la OMC. 
¿Cuáles serán los efectos de la revisión intermedia sobre el sector agrícola? 
A menudo se plantea esta pregunta y, en su comunicación titulada «Auf dem Weg zu nachhaltiger Landwirtschaft- Eine Zwischenübersicht über die gemeinsame Agrarpolitik» («Hacia la agricultura sostenible- una revisión intermedia de la Política Agrícola Común» ), la Comisión lo ha sometido a una evaluación cualitativa inicial basada en los análisis internos, que se centran en cómo se beneficiarán los agricultores, los consumidores, los contribuyentes, el público, la industria alimentaria y las autoridades gubernamentales, además de la contribución que harían las propuestas al proceso de ampliación y a la postura de la UE en el ámbito internacional. 
Este análisis también se ha visto complementado en la comunicación sobre la revisión intermedia con los pronósticos a medio plazo para los mercados agrícolas y los informes sobre los sectores del arroz, los frutos secos y la leche, publicados en junio por la Dirección General de Agricultura. 
En marzo se publicó una investigación interna sobre los efectos de la ampliación de la UE en los mercados agrícolas y los ingresos en los países candidatos. 
El trabajo está actualmente en curso, bajo los auspicios de la Dirección General de Agricultura, sobre los análisis exhaustivos de los posibles efectos de las actuales propuestas políticas, cuyos resultados se presentarán a final de año junto con el proyecto legislativo. 
Por supuesto, en este aspecto tendremos en cuenta las decisiones de Bruselas. 
Permítanme añadir algo sobre el tema de la propuesta de Resolución del Parlamento. 
Comparto su punto de vista de que nuestros objetivos políticos requieren que estemos satisfechos con el hecho de que nuestros instrumentos políticos son equilibrados y uniformes. 
Celebro su oferta de cooperación con el objetivo de garantizar que, en una Europa ampliada, el modelo agrícola europeo no sólo se verá más desarrollado y mejorado, sino también salvaguardado. 
Ustedes piensan al igual que yo que las cuestiones distintas del comercio deben estar mejor integradas en los acuerdos multilaterales, pero, como negociadores de la Unión Europea, solamente podemos lograrlo si disponemos de bazas suficientes para negociar. 
En segundo lugar, reconocemos que la gran calidad, las certificaciones, las auditorías, etc. implicarán costes adicionales para nuestros agricultores, especialmente para los pequeños. 
Estas consideraciones hacen que nuestras propuestas de desacoplamiento y fortalecimiento del segundo pilar sean cruciales con respecto al mantenimiento del modelo agrícola europeo. 
También soy muy receptivo de las propuestas del Parlamento de dar a las mujeres un papel más importante en la agricultura. 
Puedo ver condiciones claramente definidas para la gestión agrícola, a modo de conformidad cruzada, como un factor esencial para readaptar la Política Agrícola Común a lo que el público quiere, y comparto totalmente el deseo del Parlamento de establecer procedimientos sencillos y eficaces para estas auditorías. 
La simplificación en general seguirá siendo un objetivo clave, pero deberá poder demostrase y certificarse la calidad si queremos que siga siendo creíble. 
Como ya he dicho, espero que el Parlamento se muestre firme al especificar cómo quiere que se equipe el segundo pilar. 
Por otra parte, apoyo la preocupación del Parlamento de que deberían acordarse derechos de codecisión también en política agrícola, lo cual mejoraría considerablemente la posición de la Política Agrícola Común en la opinión pública. 
Debemos aprovechar ahora la oportunidad de elaborar una política agrícola sostenible para acercarla a las expectativas de la sociedad y dar a los agricultores una perspectiva política a largo plazo. 
Cuento con su apoyo en esta cuestión. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecerle que me haya dado la oportunidad de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo del trabajo del Consejo sobre la revisión intermedia. 
Tal y como se acordó en la Agenda 2000, el 10 de julio de este año la Comisión remitió la revisión intermedia de la Política Agrícola Común. 
Una de las principales prioridades de la Presidencia danesa ha sido garantizar el mayor avance posible en los debates relativos a la revisión intermedia de la Política Agrícola Común. 
El Comisario Fischler presentó su documento de debate sobre el desarrollo futuro de la Política Agrícola Común en la reunión del Consejo celebrada el 15 de julio. 
En dicha ocasión se produjo un debate abierto en el Consejo en el que los Estados miembros tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus opiniones inmediatas sobre las ideas de la Comisión. 
La Presidencia danesa ha incluido debates de la revisión intermedia en el orden del día de todas las sesiones del Consejo de julio, septiembre y octubre, por lo que el Consejo ha debatido en profundidad los principales temas del documento de debate de la Comisión. 
El documento también se ha discutido en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, además de varios grupos de trabajo pertinentes. 
Las conclusiones de la Cumbre de Bruselas destacan, tal y como ha mencionado el Comisario en su intervención, que esto no afecta a las decisiones futuras sobre la Política Agrícola Común y la financiación de la UE después de 2006, ni a ningún resultado posterior a la aplicación del apartado 22 de las conclusiones de la agenda de Berlín, es decir, la Agenda 2000, ni a los compromisos internacionales celebrados por la UE, entre otros, en el lanzamiento de la Ronda de Desarrollo de Doha. 
En otras palabras, la revisión intermedia sigue siendo directamente parte de la Agenda 2000. 
Me gustaría destacar que, al igual que el Parlamento Europeo y otras instituciones, sabíamos desde el principio que nuestras discusiones sobre el documento de debate formarían parte posteriormente de la remisión de propuestas legislativas de la Comisión. 
Por ello la Presidencia ha organizado debates generales en los que los Ministros tengan la oportunidad de expresar sus diversas actitudes hacia todos los aspectos de la comunicación de la Comisión. 
Antes de comenzar con mi revisión, me gustaría dar las gracias al Parlamento Europeo por su debate en la materia. 
Esperamos la decisión final de mañana del Parlamento, y es obvio que la decisión será extremadamente importante, además de una importante contribución al debate. 
No existen motivos para ocultar que las reacciones de los Ministros a la revisión intermedia han sido diversas desde el principio, tanto con relación con el calendario como con su marco, y por supuesto con respecto al contenido. 
Sin embargo, en general, como Presidenta del Comité de Agricultura y Pesca, he podido constatar que existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que debe fortalecerse la política rural y de que debe hacerse mayor hincapié en la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar animal. 
Señorías, a continuación haré varios comentarios sobre los principales elementos de la comunicación de la Comisión a la luz de los debates que hemos tenido en el Consejo. 
La revisión intermedia contiene dos aspectos horizontales totalmente fundamentales, el desacoplamiento de las ayudas directas y la modulación dinámica. 
Las ideas de la Comisión en este terreno han sido más amplias que lo que hemos visto con anterioridad. 
El Consejo celebró su primer debate de estos aspectos en julio y todavía debe realizar más discusiones técnicas relacionados con los elementos individuales. 
En lo que respecta al desacoplamiento, puedo decir que las delegaciones han expresado una acuciante necesidad de obtener más información por parte de la Comisión en forma de evaluaciones de impacto de los efectos financieros, sociales y regionales de la propuesta antes de que pueda adoptarse una posición definitiva. 
Por otra parte, algunas delegaciones aprueban el principio del desacoplamiento. 
Creen que permitirá a los agricultores centrarse en los productos que proporcionan un mayor rendimiento en la venta sin tener que estar pendientes del volumen de las ayudas concedidas a los diversos productos. 
Al mismo tiempo, se considera una señal eficaz para enviar tanto a los consumidores como a los contribuyentes. 
Por último, los países también señalan las ventajas de negociación en un contexto de la OMC de la transición hacia un sistema desacoplado. 
También podría ser un paso importante hacia la consecución del entendimiento de los demás objetivos de negociación de la UE. 
En lo que respecta a la modulación dinámica, varios Ministros han celebrado la propuesta en un principio. 
Consideran que es un buen modo de garantizar la financiación necesaria para reforzar los objetivos prioritarios de seguridad alimentaria, de calidad, medioambientales y de bienestar animal, además de otros aspectos importantes. 
Otros Ministros han criticado la modulación dinámica basándose en que en realidad implica una reducción progresiva de las ayudas en términos reales y debido a que el modelo- aparte de conceder licencias y limitar- no tiene en cuenta suficientemente las diferencias regionales existentes. 
De igual modo, la opinión varía entre las delegaciones con respecto a la reducción de las ayudas del primer pilar y sobre cómo distribuir posteriormente los recursos modulados, además de los criterios conforme a los cuales esto debe hacerse. 
Quisiera hablar sobre sectores de mercado más específicos. 
En la sesión del Consejo de septiembre debatimos a fondo sobre los principales cultivos, y aunque se podría apoyar la indicación general de la Comisión en cierta medida, algunas propuestas específicas muy claras encontraron una importante oposición. 
Por ello, varios grupos de delegaciones expresaron sólidos argumentos en contra de una reducción del precio de intervención del grano, la eliminación del suplemento de grano mensual, la abolición del plan de intervención en la medida en que el centeno esté implicado, los cambios propuestos en las disposiciones relativas al trigo duro y la propuesta de retirada de tierras de la producción que favorezca al medio ambiente, además del ajuste propuesto por la Comisión de ayudas a los cultivos energéticos. 
La comunicación de la Comisión venía acompañada además de informes detallados sobre el arroz, los frutos secos y la leche. 
El Consejo sostuvo una vez más un debate a fondo sobre estos temas en su reunión de octubre. 
Con respecto al arroz y los frutos secos, las opiniones estaban claramente divididas entre los que son productores o no de los productos de los que se trataba. 
Sin embargo, en lo que respecta al arroz, inicialmente hubo un gran consenso en torno a la necesidad de un cambio en el sector; la adopción de la iniciativa «Todo menos armas» hace que esto sea inevitable. 
Sin embargo, varios Ministros de países productores manifestaron su descontento con las medidas específicas propuestas por la Comisión, mientras que los países no productores consideraron la propuesta de la Comisión como un paso en el buen camino. 
Con respecto a la leche, la Comisión presentó cuatro opciones para el sector lácteo para el período 2008-2015. 
Las opciones se debatieron con el resultado de que es probable que ninguna de ellas- aparte de la opción 3, es decir, la relativa a las cuotas a y c- pueda tenerse en cuenta debido a la incertidumbre sobre la compatibilidad con las normas de la OMC. 
Dado este hecho, se estimó oportuno considerar más a fondo la situación. 
En lo que respecta a los frutos secos, los países productores manifestaron de forma clara una necesidad de ayudas especiales para este sector. 
Señorías, la iniciativa de la Comisión de fortalecer la política rural es aplaudida por los Estados miembros. 
Sin embargo, tal y como ya he dicho, no existe acuerdo sobre la elección de herramientas para la consecución de este objetivo y el debate en el Consejo reveló actitudes divergentes sobre temas como la elección de instrumentos y la distribución de los recursos. 
No obstante, el debate fue extremadamente positivo en el sentido de que existe un amplio acuerdo en que hay que hacer algo en este terreno, incluido el hecho de que existe una enorme necesidad de simplificación de los acuerdos y que las delegaciones tienen varias ideas de mejora y de nuevas medidas a un plazo ligeramente más largo. 
Con respecto a la auditoría agraria, muchas delegaciones han expresado en general un gran interés por las ideas de la Comisión, en un principio. 
Sin embargo, la mayoría de las delegaciones considera que debería tratarse en primer lugar de un sistema voluntario atractivo para los agricultores, de forma que podamos conseguir que el mayor número posible de éstos utilicen el programa. 
En el Consejo hemos examinado a fondo la comunicación de la Comisión sobre la revisión intermedia. 
Se ha dado a las delegaciones la oportunidad de hacer preguntas, comentarios, aportar nuevas ideas, manifestar su apoyo o criticar todos los aspectos de la comunicación de la Comisión y los informes que la acompañan. 
En vista de esto, la Comisión cuenta ahora con una base sólida para considerar los deseos de los Estados miembros en lo que respecta al desarrollo futuro de la Política Agrícola Común, así como para sacar las conclusiones necesarias. 
Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Se darán ustedes cuenta, estimados colegas, de que estamos a punto de llegar a las 20.00 horas. 
Tenemos que ordenar el debate de otra manera si queremos escuchar también al Comisario y a la señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Les voy a anunciar cuál es mi propuesta. Que le demos la palabra a los portavoces de los diferentes grupos políticos, que se atendrán al tiempo impartido; esto llevará veinte minutos. 
Que a continuación responda el señor Comisario y la señora Presidenta en ejercicio del Consejo y luego habrá que interrumpir la sesión y reanudarla a las 21 00 horas. 
Todos tendremos que poner algo de nuestra parte, porque es imposible que la señora Presidenta y el señor Comisario estén presentes hasta el final de todas las intervenciones. 
Señor Presidente, Comisario Fischler, dadas todas las decisiones tomadas durante esta fase clave del proceso de ampliación, me gustaría prestarle mi apoyo en su llamamiento a que continuemos con la reforma de la Política Agrícola Común. 
Sin embargo, y esta es una distinción importante, estamos hablando ahora de reformar la Política Agrícola Común a partir de 2007, lo que significa que continuaremos con la política presente hasta 2006 y que el sector agrícola de Europa avanzará basándose en una política reformada a partir de 2007. 
Comisario Fischler, creo que usted debe asumir que ni el calendario ni el contenido de sus propuestas será viable si hemos interpretado correctamente el compromiso sobre los pagos agrícolas directos negociados en Bruselas por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
En otras palabras, ahora está claro que los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Berlín seguirán en vigor hasta 2006, y que las decisiones más recientes proporcionan una base firme para la planificación por parte de los agricultores de la UE hasta 2013. 
Esto significa que los países candidatos podrán contar con los aumentos de los pagos directos a partir de 2004. 
Esto mismo, casualmente, formó parte de las propuestas presentadas por la Comisión en diciembre de 2001 sobre la financiación de los pagos agrícolas directos para los países de la ampliación. 
La única diferencia, lo cual ya nos quedó claro entonces, es que los pagos de compensación del 100% para todos los Estados miembros de la UE en 2013 no serán igualados al 100% por la capacidad de financiación en 2006. 
Creo que debemos tener claro que éstos serán menores para entonces. 
Todos los agricultores de la Unión Europea deben ser conscientes de esto. 
Con el fin de evitar errores, en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos solicitamos, en una propuesta de resolución presentada por todos los grupos del Parlamento Europeo, por este motivo entre otros, que se transfieran derechos presupuestarios ilimitados y la plena codecisión a esta Asamblea en asuntos agrícolas. 
Señor Presidente, Presidenta en ejercicio del Consejo, Comisario, al igual que muchos diputados aquí presentes, me complace observar que el Consejo Europeo de Bruselas ha podido mostrar que las cuestiones agrícolas no serán un obstáculo para la entrada de los diez países a la Unión Europea en 2004. 
De igual modo, también creo que sería útil saber cuál será el nivel de presupuesto del primer pilar de la PAC hasta 2013. 
Dicho esto, aunque la cumbre estableció el nivel de los compromisos presupuestarios, no adoptó una posición sobre cómo lo lograría, es decir, sobre la dotación de la PAC durante la segunda parte de la Agenda 2000 y después de 2006. 
Por lo tanto, esta importante pregunta sigue sin respuesta, ya que nadie puede discutir el hecho de que la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la planificación del uso de la tierra siguen siendo cuestiones indiscutiblemente esenciales que deben resolverse sin demora. Tan sólo estos elementos ya justifican una revisión, o al menos cambios importantes de la PAC actual a partir de 2004. 
Este es el propósito de la única enmienda que nosotros, el Grupo del PSE como tal, planteamos con respecto a la resolución presentada por el Sr. Daul en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la que votará el Parlamento mañana. 
Por lo tanto, por una parte tenemos las expectativas de la sociedad, a las que la PAC debe proporcionar respuestas rápidas y positivas; por otra, está nuestra posición estratégica en las negociaciones de la OMC, que tendrá más éxito si se basa en el fortalecimiento efectivo del carácter multifuncional de la agricultura europea en el contexto del desarrollo rural, además del desacoplamiento parcial de la ayuda pública a la producción. 
Sería mejor adoptar una postura ofensiva en las negociaciones, de forma que podamos unir a los países en desarrollo, especialmente para cuestionar el «Farm Bill» de los Estados Unidos, en lugar de correr el riesgo de ser un objetivo para todos los grupos de interés especial presentes en la OMC. 
Aparte de todo esto, señor Comisario, me gustaría llamar su atención sobre la necesidad de protección externa cualificada y de regulación del mercado interior, con el fin de garantizar que los esfuerzos realizados por los agricultores para proteger el medio ambiente, su trabajo y la calidad de sus productos se vean adecuadamente compensados. 
Para una observancia del Reglamento, tiene la palabra el Sr. Cunha. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, deseo que conste en acta mi indignación por el método antidemocrático que ha seguido la Presidencia en este debate. 
Estamos aquí esperando desde las 5 de la tarde para comenzar este debate, pero la gestión del tiempo por parte de las distintas presidencias ha sido muy incompetente. 
Y ahora anuncia usted, señor Presidente, que intervendrán los coordinadores, seguidos del Comisario Fischler y que posteriormente se interrumpirá el debate, lo cual significa que los demás diputados inscritos tendrán que hacerlo después de la cena. 
Esto, señor Presidente, es muy antidemocrático e indigno de esta Asamblea. 
Naturalmente. 
Y va a constar en acta también? 
con todo sosiego, mi sorpresa de que el señor diputado suba a la mesa y se permita intentar establecer un diálogo sin pasar por el micrófono. 
Y tengo que añadir, con la mayor transparencia, que lo que hemos hecho es muy democrático, es que ustedes puedan escuchar al Comisario y a la Presidenta en ejercicio del Consejo porque si no, no les escucharían. Y quedarnos aquí después de las ocho de la noche. 
Les voy a añadir un dato personal, yo tengo que faltar a la reunión de la Mesa del Parlamento para poder presidir de ocho a ocho y media, fuera del tiempo previsto. 
Aquí no se ha combinado nada, simplemente se ha anticipado el momento de la intervención del Comisario y de la Presidenta en ejercicio del Consejo, para que ustedes puedan tener un verdadero debate. 
Y dicho esto. Vamos a continuar nuestro debate. 
Pero era necesario que quedara constancia de lo que realmente ocurre. 
Señor Presidente, Presidenta en ejercicio del Consejo, Comisario, con los mecanismos de toma de decisiones con que contamos en la Unión Europea, existe la posibilidad de experimentar en ocasiones situaciones imprevistas e interesantes. 
Me gustaría comenzar felicitando al Consejo Europeo por haber llegado a un acuerdo que es extraordinariamente sólido e importante. 
Sin embargo, también me gustaría destacar que este acuerdo implica cambios importantes, que realmente no habíamos previsto, en el debate sobre la futura política agrícola. 
Haré un breve comentario sobre la revisión intermedia. 
Existe una necesidad obvia de reformar la política agrícola por motivos que tienen que ver con el presupuesto, la justicia y el medio ambiente, por otros motivos- que no trataré aquí en detalle- y por motivos relacionados con los resultados de Doha y con la contribución a que el comercio mundial funcione mejor y facilitar que los países pobres desarrollen sus economías. 
Es sumamente importante que estas reformas funcionen. 
Por ello es esencial que sea posible aplicar las propuestas de la Comisión de desacoplar y adaptar mejor la política agrícola al mercado. 
También es fundamental poder aplicar la modulación, es decir, una mayor inversión en medio ambiente y en el campo, además de recoger algún dinero de los contribuidores directos. 
A continuación me referiré brevemente a la resolución del Parlamento. 
Hemos alcanzado un compromiso que, en esencia, apoya la propuesta de la Comisión. 
Creo que es muy importante que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya tenido éxito en esta labor, a pesar de existir puntos de vista muy distintos desde el principio. 
Sin embargo, hay varios puntos sobre los que habrá que votar por separado. 
Puedo decir, por ejemplo, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que no podemos apoyar el cambio del Acuerdo Interinstitucional con la idea de utilizar el techo presupuestario del 1,27 % del PIB. 
Esto es totalmente imposible. 
Debemos votar en contra de estos puntos que no podemos apoyar y espero que tampoco prosperen. 
Con el fin de poder continuar con el debate sobre un cambio constructivo en la política agrícola a largo plazo, es importante, sin embargo, que la propuesta presentada por la Comisión en su revisión intermedia pueda levantar el vuelo. 
Me gustaría preguntar tanto al Comisario como a la Presidenta en ejercicio del Consejo qué pretenden hacer para que el debate continúe, ahora que es mucho más difícil debatir la modulación, que no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero y que es considerablemente más difícil justificar un desacoplamiento de los pagos directos. 
¿Qué medidas debemos tomar con el fin de hacer que todo esto funcione y conseguir un debate constructivo sobre la política agrícola futura? 
Señor Presidente, me gustaría saber si le he entendido bien. Intervendrán los presidentes de grupo, a continuación escucharemos las respuestas del Comisario y de la Ministra y posteriormente se reanudará el debate a las 21 horas sin el Comisario y sin la Ministra. 
¿Es así? 
Le tengo que corregir con nuevas noticias mi afirmación anterior. 
A las 21 horas se reanudará el debate y estará presente la Presidenta en ejercicio del Consejo, que se puede quedar y contestará a todos los intervinientes. 
Señor Presidente, a pesar del alcance de las decisiones del Consejo de Bruselas, me limitaré a realizar algunos comentarios acerca de la Comunicación sobre la revisión intermedia de la PAC, que presentó la Comisión. 
De esto trata la Resolución del Parlamento. 
En nuestra opinión, el desacoplamiento de las ayudas acabaría por tener un carácter asistencial, con la consiguiente deslegitimación a medio plazo. 
Sería contrario a la cohesión, porque limitaría la percepción de las ayudas a la base histórica- me refiero a la propuesta tal como la hace la Comisión -, fomentaría la inactividad en las zonas con dificultades naturales y concentraría las ayudas en las zonas con una agricultura más intensiva. 
Se crearían problemas de despoblación y de reducción de la actividad económica. 
Estos procesos difícilmente podrían ser compensados por unos instrumentos de desarrollo rural con muy escasos medios económicos a su disposición actualmente. 
La mal llamada modulación está más dirigida hacia el ahorro que hacia una distribución de las ayudas más justa y más legitimable ante la sociedad. 
El techo de los 300 000 euros sólo afectaría a 1 900 de los cuatro millones y medio de explotaciones; sin embargo, según nuestros cálculos la reducción anual del 3% actuaría sobre un conjunto de explotaciones, desde las pequeñas hasta las mayores. 
El resultado es que el 15% de los ahorros se realizaría en las explotaciones que perciben entre 5 000 y 10 000 euros anuales. 
La propuesta, por tanto, responde a un enfoque bastante antisocial. 
Las reformas sectoriales están exclusivamente destinadas al ahorro. 
Sólo se propone una compensación parcial a la disminución de las rentas agrícolas derivadas de la reducción de los precios de mercado, de una mayor liberalización del comercio y de un incremento de la competencia resultante de la aprobación de la "Farm Bill" en los Estados Unidos. 
Ayer, señor Comisario, yo leí una cosa que a mí sí me gustó y es que parece que, después del Consejo de Bruselas, la Comisión está explorando nuevas fórmulas de modulación. 
Yo creí entenderlo así. Y eso podría ser positivo. 
Sería deseable que la revisión franquease el paso de una regresividad enmascarada para llegar a una verdadera modulación de carácter más redistributivo en función de una serie de criterios entre ellos, básicamente, el del empleo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en funciones del Consejo, ya han visto hasta qué punto la resolución propuesta por el Sr. Daul representa a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en todas sus vertientes políticas. 
Creo que esto debería preocuparle, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, en un momento en que el Consejo de Bruselas está decidiendo sobre la ampliación, pero en el que, al mismo tiempo, se está congelando el presupuesto para la agricultura hasta 2013. 
No queremos creer que lo que se ha debatido, especialmente con respecto a la revisión intermedia, pueda cuestionarse y pasar a ser obsoleto, porque los representantes del Consejo tienen diversos intereses. 
Señora Presidenta en funciones del Consejo, sus comentarios han sido muy tranquilizadores, pero no suficientes como para anestesiarnos. 
Cuando el Consejo habla de desarrollo rural o desarrollo sostenible, no se trata de nada más que de pura retórica. 
Si realmente queremos llevar a cabo el desarrollo rural, ustedes tendrán que decirnos antes o después cuándo será posible pasar de la financiación del 10% a la del 20% propuesta por el Comisario Fischler y aprobada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
¿Qué significa eso, si seguimos siendo tan imprecisos? 
¿Tendremos de hecho los medios para aplicar nuestra política si la modulación no es restrictiva? 
Entonces, ¿cómo podremos ser capaces de seguir llevando a cabo de forma efectiva la ecocondicionalidad, la planificación del uso de la tierra y tratar las cuestiones sociales? 
Esto no será posible si ustedes no ponen los medios para aplicar esta política. 
¿Podremos realizar un debate adecuado y contar en la OMC a partir de 2003 si no podemos demostrar, por ejemplo a los países en desarrollo, que el modelo que está creando Europa es realmente un modelo multifuncional que respeta a la humanidad y el medio ambiente, y no una forma de comercio disfrazada? 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión sobre la revisión intermedia de la Política Agrícola Común es preocupante en varios aspectos en lo que se refiere a la conservación y el desarrollo futuro de la agricultura europea. 
Nos preocupa, en particular, la propuesta de hacer grandes recortes en los pagos directos, dado que el desacoplamiento de los pagos directos de la producción no garantizará protección a los agricultores ante las fluctuaciones de precios y no impulsará su competitividad en el mercado internacional. Sin mencionar el hecho de que la Comisión propone convertir los sistemas de intervención en simples redes de seguridad, sin proporcionar una protección externa exhaustiva. 
Aparte del hecho de que esto es extremadamente peligroso, significa que no puede garantizarse la estabilidad de un modelo europeo de agricultura multifuncional. Además, la modulación obligatoria de los pagos directos, según lo propuesto por la Comisión, podría provocar, en el intento de liberar fondos para el desarrollo rural, daños mayores a las OCM de los sectores más vulnerables y débiles. 
Realmente apoyamos la agricultura multifuncional y el desarrollo del segundo pilar del la PAC, pero creemos que esta meta puede alcanzarse de forma más gradual. 
Dado que la modulación obligatoria no puede ser el medio de financiación del desarrollo rural a largo plazo, será necesario liberar recursos de otras partidas presupuestarias, pero creemos que esto no debe ir en detrimento de las OCM. 
Si la ampliación y la nueva situación económica hacen que los recortes sean necesarios, estos recortes no deberán afectar negativamente a los sectores y pequeños agricultores en riesgo, que ya están atravesando importantes dificultades, ya que de lo contrario, paradójicamente, puede que veamos nuestro campo lleno de personas que abandonan las ciudades, y no precisamente de jóvenes agricultores. 
Este no es el tipo de desarrollo rural que queremos. 
Consideramos excesiva la propuesta de la Comisión de recortar los pagos a los productores en muchos sectores- especialmente en los del arroz, los frutos secos y los trigo duro- y los animales para la ganadería. 
Por ello nos oponemos a la propuesta de la Comisión en general y solamente podemos celebrar la decisión tomada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Bruselas del 24 y el 25 de octubre que deja el acuerdo de la cumbre de Berlín y las partidas presupuestarias sin cambios hasta 2006. 
Celebramos el hecho de que las conclusiones de la cumbre hayan tranquilizado temporalmente a los productores y los mercados de los Estados miembros, haciendo que la posibilidad de una revisión completa y por lo tanto una distorsión de los principios fundamentales de la CAP sean menos probables. 
Celebramos asimismo el programa que se seguirá hasta 2013 decidido por la cumbre, aunque es bastante obvio que el presupuesto relacionado con la PAC y las decisiones de administración de recursos serán tomadas conjuntamente por los 25 países después de 2006, es decir, con la participación de los nuevos Estados miembros. 
Respecto a esto, esperamos un resultado positivo para un proceso de consulta necesario, y esperamos de igual modo que los nuevos Estados miembros ejerzan el mismo pragmatismo que han mostrado los Jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas y acepten la reciente propuesta del Consejo Europeo. 
Sin embargo, más concretamente, en lo que respecta al texto de la resolución que se someterá a votación mañana, debo destacar que, aunque ésta modera o mejora algunas de las propuestas de la Comisión en varios aspectos, existen determinados elementos que no podemos refrendar, especialmente dado que apoya el principio de introducir un nuevo modelo de apoyo basado en un sistema en el que las subvenciones se desacoplan de la producción, está a favor del principio de modulación obligatoria y dado que sectores completos- como el del arroz, los frutos secos, la leche y el de los animales para la ganadería- no se han tenido en cuenta. 
Estos son los principales motivos de nuestra oposición al texto. 
Señor Presidente, Comisario, Presidenta en ejercicio del Consejo, pese a que los acuerdos de Berlín establecieron una revisión intermedia de la PAC, usted, Comisario, ha propuesto una reforma fundamental sin evaluar el efecto que esto podría tener en la agricultura y en los ingresos de los agricultores. 
Pese a que nos garantice que el marco financiero será respetado, usted propone cambiar el espíritu de la PAC, especialmente al proponer desacoplar la ayuda a la producción. 
Creemos que los agricultores deberían poder ganarse la vida con su trabajo. 
Por lo tanto, la mayoría de sus ingresos deberían provenir de la producción. 
Para que la agricultura sea sostenible y cumpla su papel en la administración del medio ambiente y el mantenimiento del campo, toda propuesta que se refiera a ésta deberá implicar en primer lugar previsiones económicas y sociales. 
¿Cómo podríamos, de no ser así, garantizar un futuro para los agricultores de hoy en día y animar a los jóvenes a que trabajen en el sector? 
Hemos elegido la agricultura diversificada y un modelo de producción que favorece la calidad y la protección medioambiental. Todas estas son limitaciones que aumentan nuestros costes de producción sin que los mercados sean capaces de recuperarlos. 
Por lo tanto, deberíamos proporcionar una compensación. 
Usted propone fortalecer el segundo pilar, sin embargo, al mismo tiempo, da a entender que reforzará este segundo pilar y ampliará su alcance sin definirlo realmente. 
Señor Comisario, ya le hice esta pregunta en julio y lamento tener que decir que hasta la fecha no he recibido una respuesta. 
Los pequeños agricultores no pueden asumir la responsabilidad de todo. 
Éstos no pueden cargar con todos los problemas del mundo rural: el medio ambiente, las infraestructuras rurales, el mantenimiento de los servicios públicos, la planificación del uso de la tierra, ni la totalidad de las demandas de la sociedad, el bienestar animal y la salud del consumidor. 
Esta será la gota que colme el vaso. 
También debemos defender estas opciones en un contexto global cada vez más globalizado. 
Los Tratados nos proporcionan la herramienta adecuada: las prioridades comunitarias. 
Es lamentable que la Comisión no haga referencia a éstas y me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural las recuerda en su resolución. 
Como todos sabemos, estos profundos cambios vienen dictados por la ampliación. 
Sin embargo, debemos abstenernos de actuar precipitadamente, de robar a unos para pagar a otros, lo que en definitiva no contentaría a nadie. 
Señor Presidente, de acuerdo con las decisiones tomadas en la Cumbre de Bruselas, solamente determinadas partes de nuestro debate previo son todavía hoy relevantes. 
Este es el caso de los principios rectores en que debería basarse la PAC a largo plazo. 
Creo que existen cuatro principios especialmente importantes. 
El primero es el de la protección de los precios. 
Los agricultores, como cualquier empresario, deben vivir principalmente de la venta de sus productos, y no de la ayuda facilitada por los contribuyentes, lo cual es siempre precario y puede verse revocado en cualquier momento. 
Éstos necesitan precios remunerativos que también deben cubrir el coste de las exigencias medioambientales, sociales, de calidad y de seguridad, que constituyen las exigencias de nuestros conciudadanos. 
Este sistema de acoplamiento se ha puesto de manifiesto una vez más, dado que la Cumbre de Bruselas establece el techo del presupuesto de ayudas directas a un nivel que ni siguiera garantiza la compensación de la inflación. 
A no ser que se acepte una reducción considerable de la renta agraria, en concreto a partir de 2007, no será posible compensar esto de otro modo que no sea mediante precios que, conforme al Artículo 33 del Tratado, garanticen un modo de vida aceptable a la comunidad agraria. 
Este debe ser nuestro punto de partida en las negociaciones con la OMC, y no lo contrario. 
El segundo principio consiste en una definición revisada de las prioridades comunitarias, basada en la disparidad entre los requisitos impuestos sobre los productores europeos y en los impuestos sobre terceros países. 
Esta disparidad justifica la protección de nuestro mercado interior ante la competencia desleal social o medioambiental por parte del mercado mundial. 
El tercer principio es la estabilidad. 
Debemos detener la revisión completa y radical de las reglas del juego cada tres años. 
Los agricultores, especialmente los jóvenes, al igual que cualquier empresario, necesitan recibir información suficiente para realizar elecciones estratégicas y para realizar inversiones que tengan una vida de al menos quince años, y en ocasiones la duración de su carrera. 
Por último, el cuarto principio es el de la seguridad alimentaria. 
No sólo debemos hablar sobre ella; debemos proporcionarnos los medios para aplicarla. 
Una unidad económica como la Unión Europea no debe depender de forma importante de las importaciones, como es en la actualidad el caso del sector estratégico de las plantas proteaginosas forrajeras. 
Retomando los desastrosos acuerdos de Blair House, que han permitido a América dominar totalmente el sector de los cultivos oleaginosos, ésta debería ser una importante preocupación de una Comisión que realmente quiere defender los intereses europeos. 
En la actualidad, señor Presidente, esto está muy lejos de la realidad. 
Antes de interrumpir la sesión, tiene la palabra el Sr. Fiori para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, esto no constituye de ningún modo una crítica a su persona. 
Me gustaría dar las gracias a la Ministra por su disponibilidad, pero voy a retirar mi intervención por dos motivos. 
En primer lugar, esta Cámara tiene su dignidad, y dicha dignidad se manifiesta en el modo en que trabajamos. 
En segundo lugar, la agricultura atraviesa un momento extremadamente delicado. 
Constituimos una asamblea política y, dados mis antecedentes agrícolas, considero totalmente inaceptable que tratemos cuestiones agrícolas de este modo. 
Como grupo, decidiremos cómo hacer llegar del mejor modo la situación de esta noche al conocimiento del Presidente Cox. 
Señor diputado, yo le agradezco mucho la reflexión que ha hecho en voz alta porque la comparto plenamente, y habrá que plantearse la dignidad de los debates en la Cámara. 
Lo que yo le recuerdo es que nos hemos enterado sobre la marcha de que el Sr. Comisario tenía que ir a otra ocupación, y yo eso no lo puedo remediar. 
Ni ustedes ni yo. 
Tomamos muy buena nota de ello, para que no vuelva a ocurrir. 
Tiene la palabra el Sr. Graefe zu Baringdorf, para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, estoy seguro de que no hay mucho que podamos hacer con respecto a los programas ajustados y los compromisos establecidos, pero si usted hubiese explicado a la Asamblea que el Comisario Fischler debía estar en un avión a determinada hora y por determinados motivos, estoy seguro de que hubiésemos evitado este conflicto, ya que todos lo habríamos entendido. 
Sin embargo, si usted solamente informa que así son las cosas, puede provocar cierta resistencia por parte de los diputados de esta Asamblea, y con razón, dado que constituye una ofensa a nuestra dignidad. 
No nos complace que nuestros puntos de vista sean dejados de lado; queremos estar implicados en esta decisión y queremos saber qué pasa. 
Si usted puede asumir esto, entonces creo que podremos tener un diálogo razonable. 
Señor Graefe zu Baringdorf, éste es uno de los problemas de la transparencia. 
Yo le he explicado a usted y a los diputados presentes en la sala, con toda transparencia, que nos acababan de informar de que el Sr. Fischler no podría estar al final del debate. 
Naturalmente, yo no sabía cuál era la razón. 
Me he enterado a la vez que usted. Y no voy a entrar en ningún debate más. 
Entonces, hemos comunicado lo que pasaba y les hemos dado la oportunidad de escuchar al Sr. Fischler. 
Y luego escucharán a la Presidenta en ejercicio del Consejo, a la que agradecemos mucho que vuelva después de las nueve. 
(La sesión, suspendida a las 20.30, se reanuda a las 21.05 horas) 
Quería dar las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo que, dado que nos hemos visto obligados por las circunstancias a prolongar el debate fuera del horario inicialmente previsto, ha cancelado su vuelo de regreso de esta noche y lo ha aplazado a mañana, con lo cual el Consejo estará representado durante todo el debate de hoy. 
Quiero agradecerle en nombre del Parlamento su presencia. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, a quien doy las gracias por la buena disposición demostrada asistiendo a esta sesión, debo afirmar que soy de los que creen que se puede atribuir a la Cumbre de Bruselas el innegable mérito de desbloquear el procedimiento financiero de la ampliación, así como de establecer las normas para la financiación de la agricultura en los próximos diez años. 
No obstante, sería un error confundir esta estabilidad financiera con el status quo de la Política Agrícola Común. 
Existen cuatro razones para ello: 
la primera es que la Política Agrícola Común, en su forma actual, resulta contraria al enfoque multifuncional de la agricultura, que exige un refuerzo sustancial de su segundo pilar. 
Y, a menos que para lograr esto se realice una transferencia de fondos desde el primer pilar, no consigo adivinar de dónde se obtendrán los recursos para sufragar este gasto en el contexto de la ampliación a 25, 27 y quizás incluso, en el futuro, a 28 Estados; 
la segunda razón es que la defensa del status quo de la «caja azul» en las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio nos saldrá bastante cara. 
El precio que tendríamos que pagar podría ser el de hacer concesiones sobre asuntos tan relevantes como el acceso al mercado, la protección de las denominaciones de origen e incluso nuestra propia ayuda de la «caja azul»; 
la tercera razón es que disponemos, en virtud de la PAC, de un sistema de ayudas que resulta realmente esquizofrénico. En otras palabras, se trata de un sistema que ofrece ayudas a algunos agricultores y se las niega a otros. 
Esta situación resulta insostenible a largo plazo y, por lo tanto, es preciso cambiarla por un sistema de ayudas que no establezca diferencias entre productos y productores y que solucione este desequilibrio; 
la cuarta razón para tomar las medidas oportunas consiste en que el sistema actual de ayudas resulta bastante complicado como para ser aplicado en una Unión Europea formada por 25 ó 27 Estados miembros. 
Opino que sería mejor emprender una reforma equilibrada en este momento, antes del año 2004, en la que se garantice la administración de los mercados y sus instrumentos reguladores, se asegure la preferencia comunitaria y se garantice las ayudas para los agricultores. Si se deja dicha reforma para después de la ampliación, podría surgir una situación de inseguridad en torno a los procedimientos de negociación y de toma de decisiones en los primeros años de existencia de la Unión ampliada. 
Presidenta en ejercicio del Consejo, el proyecto de revisión intermedia de la Comisión relativo a la política agrícola representa una excelente base para emprender el debate sobre una reforma futura de la política agrícola de la Unión Europea. 
La decisión sobre la financiación a largo plazo, adoptada en la Cumbre de Bruselas, sienta las bases para la ampliación, lo cual resulta positivo. 
En consecuencia, hay que elogiar a la Presidencia por ello. 
Cualquier reforma debe centrarse en los agricultores y en los consumidores. 
Ha de ser dinámica y representar una continuación de la liberalización iniciada en la Cumbre de Berlín celebrada en 1999. 
Debe incluir los ajustes necesarios en respuesta a la economía de mercado y a los precios del mercado mundial y, por consiguiente, una restricción y un cambio de la consabida política de subvenciones. 
El período de tiempo que queda hasta el año 2006 se debe dedicar, por tanto, a la elaboración de una reforma de la política agrícola de la Unión Europea que fomente la competitividad de los agricultores comunitarios en el futuro mercado mundial. 
Señor Presidente, debemos retomar el proceso de reforma puesto en marcha por la reforma agrícola de 1992 y continuado por la Agenda 2000, ajustándolo según necesidad para reflejar las distintas circunstancias. 
Las propuestas de la Comisión constituyen una base para el debate posterior a 2007, ya que aún quedan por resolver un gran número de asuntos y problemas debidamente identificados sobre el papel. 
No obstante, la Política Agrícola Común ha resultado satisfactoria, por lo que hay que seguir defendiendo aquellos elementos que han contribuido a su éxito. 
Estoy convencida de que se producirán debates importantes sobre las decisiones alcanzadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas con respecto al modo de afrontar el gasto futuro en virtud de la política agrícola de la Unión Europea dentro del marco financiero prefijado, incluidos los diez países candidatos. 
Desde este punto de vista, la propuesta de resolución constituye sólo una instantánea y no un documento de reforma. 
La congelación del presupuesto agrario al nivel de 2006 a partir del año 2007 representa un recorte anual de las ayudas concedidas a los agricultores de los Estados miembros existentes, lo cual será difícil o incluso imposible de alcanzar en 2003, el año anterior a las elecciones. 
No se podrá llegar a una situación de consenso respecto al hecho de que los agricultores asuman los gastos de la ampliación, aunque parece que sea realmente esto lo que se pretende. 
En su discurso, la Presidenta en ejercicio ha mencionado que se han presentado propuestas sobre el sector lácteo. 
Me gustaría preguntarle, señora Presidenta en ejercicio, ¿cuándo cree que se aplicarán estas propuestas? 
¿Antes de 2008 o no? 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al presidente de nuestra comisión, Sr. Daul, por la presentación que ha realizado ante nosotros. 
No obstante, no se trata de una resolución aprobada sólo por el Sr. Daul, sino que cuenta con el apoyo de toda la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Espero que mañana cuente con el apoyo de todo el Parlamento Europeo. 
Su logro personal reside en el hecho de haber aunado varias tendencias diferentes en el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en haber documentado el deseo del Parlamento Europeo de participar en el proceso de reforma. 
Me gustaría pedirle, señora Presidenta en ejercicio, que haga llegar esta idea al Consejo, por favor. 
El Parlamento Europeo desea que se siga un procedimiento de codecisión en este asunto. 
Desea un procedimiento de codecisión con respecto a los debates sobre la forma y el contenido, así como en lo relativo a los recursos financieros. 
No queremos acabar con esa clase de extrañas decisiones adoptadas en conferencias intergubernamentales, en las que se nos informa de la cantidad de dinero que se destinará a la política agrícola, sin que nadie intente establecer un vínculo entre las sustanciales reformas necesarias y sus repercusiones financieras. 
Deseamos que se siga un procedimiento de codecisión tanto para la financiación como para la política agrícola. 
Han sido ustedes sido lo bastante prudentes como para no limitar el segundo pilar, ya que lo habríamos considerado inaceptable. Sin embargo, debemos llegar a una situación en la que el Parlamento Europeo disponga también de soberanía sobre los recursos financieros del primer pilar, y en la que pueda determinar las características básicas de la política agrícola. 
Estoy encantado de contar con el apoyo de la Comisión y de que podamos encontrar en el Comisario Fischler a la persona que promoverá las reformas en la dirección planteada por esta Cámara. 
Señor Presidente, el verano pasado la propuesta del Comisario Fischler sobre el desacoplamiento de los pagos directos y la producción hizo que las negociaciones de la OMC comenzaran con buen pie. 
Sin embargo, el desacoplamiento de los pagos directos también puede presentar una serie de desventajas. 
Si debido a los elevados precios de los terrenos los jóvenes agricultores no van a poder hacerse cargo de los negocios, significa que habremos errado el tiro. 
Entretanto, las decisiones adoptadas de antemano entre el Sr. Schröder y el Sr. Chirac en la Cumbre de Bruselas se han adelantado al Comisario Fischler. 
¿Qué queda de los planes del Comisario que pretendían dar mayor cabida a la política rural a través de un cambio en los fondos? 
Si el presupuesto de la PAC se congela, se producirá una reducción irrevocable de los pagos directos. 
Ayer, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el Sr. Fischler señaló que no podemos someter a los agricultores a una reducción del subsidio a la renta superior al 3% anual. 
En este sentido, los agricultores pueden esperar más del realismo de este Comisario que de muchos Ministros que afirman que las reformas de la política resultan innecesarias pero, a pesar de todo, congelan el presupuesto en el marco de una Unión que se amplía. 
Señor Presidente, señora Ministra, aunque la revisión intermedia de la Política Agrícola Común resulta verdaderamente innovadora, el debate sobre la PAC tiene que ser más mucho más radical. 
La cuestión no es, ni puede ser, cómo se mejorará el sistema de subvenciones, ya que son las propias subvenciones las que constituyen el problema. 
La pregunta que debemos hacernos es por qué (si es que todavía existe una razón) debemos seguir aplicando un gran sistema proteccionista que resulta contrario a los intereses de los consumidores europeos y que penaliza de manera vergonzosa a los agricultores de países más pobres. 
¿Qué sentido tiene que se destine aproximadamente un 40% del presupuesto comunitario a subvencionar una agricultura cuyo valor medio representa un 2% del PIB y emplea un 5% de la mano de obra europea en un sistema que promueve el despilfarro, el fraude, la ineficacia y la contaminación? 
Por un lado, los ciudadanos europeos destinan unos 40 000 millones de euros cada año al presupuesto de la PAC, y, por otro, cada ciudadano gasta unos 300 euros en la compra de productos agrícolas, lo cual supone 300 euros más de lo que tendrían que pagar si no existiera la Política Agrícola Común. 
Finalmente, el sistema agrícola proteccionista comunitario está destruyendo de forma sistemática las oportunidades de millones de personas de escapar de la pobreza, ya que se les excluye tanto de los mercados europeos como de los mercados de otros países, que dependen de las exportaciones subvencionadas. 
Debemos decir alto y claro que las políticas agrícolas proteccionistas europea y norteamericana son vergonzosas y que, mientras que los países ricos ofrecen a los países en vías de desarrollo la cantidad de 50 000 millones de euros en ayudas, aquellas políticas suponen un gasto de 100 000 millones de euros para esos mismos países. 
Debemos incluir este tema en nuestros debates y no tratar sólo la cuestión del desacoplamiento. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio, Señorías, la revisión intermedia de la Política Agrícola Común ha ocasionado un debate intenso en el sector agrario europeo. 
Celebro el hecho de que la Comisión haya presentado está revisión según lo previsto y me gustaría expresar mi agradecimiento concretamente por su carácter progresista. 
No obstante, quiero resaltar y repetir las palabras del Comisario: debemos considerar este documento como una base para el debate, un debate en el que se nos invita a todos a participar. 
La Comisión ha propuesto un enfoque amplio de la reforma. 
Todavía existe la necesidad sustancial de clarificar y debatir muchos ámbitos. 
La Cumbre de Bruselas celebrada los días 24 y 25 de octubre fijó el marco financiero hasta el año 2013. 
Ahora debemos establecer con suficiente antelación la forma que adoptará la política agrícola de la Comunidad ampliada. 
La propuesta de resolución del Sr. Daul se ha votado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural tras largas discusiones entre todos los grupos y muchas enmiendas. 
Me gustaría dar las gracias al Sr. Daul por su excelente labor y por su disposición al compromiso. 
Por este motivo, invito a sus Señorías a votar a favor de esta propuesta de resolución. 
No es necesario que entremos en detalles hoy, ya que espero contar con oportunidades suficientes para hacerlo más adelante. 
La idea del desacoplamiento de las ayudas y de la reducción de los trámites burocráticos suena atractiva. Sin embargo, no puedo imaginar cómo resultaría esto en la práctica. 
Estamos hablando de dinero destinado a familias de agricultores, lo cual significa que hay que tener en cuenta criterios de distribución justos y mensurables. 
Creo que basar el futuro de nuestra política agrícola en valores históricos, como propone la Comisión, no resulta realmente progresista. 
Con respecto a las normas, los compromisos y las auditorías, la Comisión debería proponer un procedimiento sencillo y eficaz para llevar a cabo tales auditorías. 
La idea de cargar a los agricultores con nuevas e innecesarias formalidades y gastos resulta inaceptable. 
Espero que en diciembre tengamos la oportunidad de debatir propuestas concretas de la Comisión sobre las organizaciones de mercado. 
Señor Presidente, la Resolución presentada mañana a este Pleno, efectivamente, es fruto del acuerdo y del consenso de todos los grupos políticos en la Comisión de Agricultura, pero no habría sido posible sin el estupendo trabajo y la labor realizada por el Presidente de la Comisión, el Sr. Daul, al que quiero agradecer su trabajo. 
En esta Resolución los grupos políticos manifestamos nuestro apoyo a la reforma de la política agrícola, que consideramos, además, necesaria. 
También saludamos y estamos de acuerdo con los objetivos que la misma busca. 
El reforzamiento del segundo pilar de la política agrícola comunitaria, desde un punto de vista presupuestario, trasladando fondos del primer pilar al segundo pilar, es absolutamente necesario. 
Y el fortalecimiento de este segundo pilar, ampliando sus medidas hacia la seguridad y la calidad alimentaria son, desde luego, valoradas muy positivamente. 
Sin olvidar que la reforma propone una redistribución de los fondos modulados según los criterios de cohesión social y territorial. 
Pero, dicho esto, hay elementos verdaderamente preocupantes. 
La modulación obligatoria propuesta en la reforma no es una verdadera modulación, sino una regresión lineal de las ayudas con la que no puedo estar de acuerdo. 
El principio de desacoplamiento de las ayudas, desde nuestro punto de vista, plantea un elemento muy preocupante. 
El criterio de la referencia histórica de los pagos no puede ser utilizado para establecer la ayuda única y el desacoplamiento. 
Si fuera así estaríamos renunciando a utilizar este instrumento para reequilibrar más justamente los apoyos de esta política agrícola, que ha creado profundas diferencias entre zonas de producción y agricultores en la Unión Europea. 
Quiero decir que después del acuerdo del Consejo, que hemos estado debatiendo, la reforma es aún más necesaria. 
El recorte del presupuesto agrícola no puede ser pagado por igual por todos los agricultores. 
El 5% que ha recibido el 50% de las ayudas directas en el año 2001 puede soportar este recorte; los pequeños y los medianos agricultores no. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, en primer lugar también me gustaría dar mis más sincero agradecimiento al presidente de la comisión, ya que ha sido capaz, en circunstancias realmente especiales, de elaborar y lograr el acuerdo unánime de esta amplia base sobre la que poder trabajar. 
Por lo tanto, reciba mi más sincera gratitud, señor Daul. 
La política agrícola de la Unión Europea se encuentra actualmente en una delicada y difícil situación. De hecho, se podría afirmar que la situación es caótica, teniendo en cuenta la proximidad de la ampliación y el contexto de las negociaciones actuales de la OMC. 
Por ese motivo, resulta esencial para nosotros poder establecer una política agrícola realmente estable, una que confíe y tenga fe en el futuro, especialmente considerando que la ampliación constituye también en este momento un tema clave. 
La Comisión, en sus futuras propuestas legislativas, deberá presentar criterios que tengan en cuenta los impedimentos debidos a condiciones naturales difíciles, así como los requisitos para la aplicación de programas medioambientales. 
La base de la acción medioambiental, en concreto, debe consistir en la consolidación de programas existentes. 
Los programas requieren flexibilidad, por ejemplo, a la hora de determinar los niveles de financiación, de modo que los Estados miembros puedan decidir la cantidad de recursos que necesitan para llevar a cabo diferentes acciones basándose en sus propias condiciones particulares. 
Señor Presidente, se está planteando que los agricultores de los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente los de la zona del Mediterráneo, corran con todos los gastos de la reforma y de la ampliación. Las penurias actuales, las cuotas míseras y los impuestos desorbitados se verán agravados por recortes drásticos de los ya reducidos precios de los productos agrícolas básicos, sin ofrecer compensación alguna a cambio. 
Esto afectará gravemente a los ya muy mermados ingresos de los pequeños y medianos productores, quienes se verán forzados a abandonar el sector, lo que provocará la contracción de la producción agrícola y mermará los niveles de calidad. 
La decisión adoptada en la Cumbre de Bruselas de mantener congelado el gasto agrícola de la Unión Europea en los niveles anteriores al año 2006 hasta el año 2013, con un aumento del 1% anual en previsión de la inflación, se traduce directamente en una reducción de las asignaciones. 
Esto se debe a que dichas asignaciones se tendrán que repartir entre 25 países y al hecho de que el complemento por inflación se ha establecido intencionadamente en un nivel bajo. 
La inflación se sitúa actualmente en una tasa dos veces superior y se espera que aumente cuando se unan los diez nuevos países. 
El modo en que se aplica la PAC a los países candidatos resulta absolutamente discriminatorio, con subvenciones directas repartidas a razón del 25% durante el primer año, que aumentará hasta el 100% en el año 2013, lo cual, en otras palabras, significa que las subvenciones no tendrán ningún valor. 
Para terminar, como miembro del grupo GUE/NGL... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Gracias señora Presidenta en ejercicio del Consejo por permanecer en el Hemiciclo. 
Quiero llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia que tiene esta propuesta de resolución, que ha aprobado la Comisión de Agricultura, porque es el fruto del esfuerzo de todos los grupos políticos para llegar a un consenso en una cuestión con tantos y tan diferentes intereses como es la Política Agrícola Común. 
Por ello, es justo felicitar a los miembros de la Comisión de Agricultura, a los coordinadores y, muy especialmente, al presidente y autor de esta propuesta, el Sr. Daul. 
También espero que estas conclusiones sean tenidas en cuenta por el Consejo y la Comisión. 
En cuanto a la propuesta de la revisión intermedia, son muchos los temas cuestionables pero, por razones de tiempo, me voy a centrar en el que más me preocupa como ciudadana de un país del sur de Europa, que tiene unos rendimientos bajos y donde la agricultura se desarrolla en unas condiciones muy difíciles: se trata del llamado desacoplamiento de las ayudas. 
En primer lugar, no es un verdadero desacoplamiento, porque se vincula la ayuda a la recibida durante los últimos años, por lo tanto, a los rendimientos de los últimos años. 
La única novedad es que no se exige producir. 
En segundo lugar, precisamente porque no se exige producir, se corre el riesgo de que en estas regiones difíciles y con rendimientos bajos se llegue a un abandono de las producciones y, en consecuencia, a un verdadero antidesarrollo rural. 
Porque no podemos olvidar que el verdadero motor del desarrollo rural es la producción; las ayudas son bienvenidas, pero son sólo ayudas. 
Por ello, en esta Resolución se incluye un apartado 7 que considera imprescindibles las ayudas parcialmente desacopladas. 
Finalmente, quiero decir que los agricultores tenían un escenario donde actuar hasta el año 2006, y que con esta reforma, llamada revisión intermedia, se pretende cambiar este escenario antes de tiempo. 
Creo que esto crea una inseguridad tremenda en un sector que ya sufre bastantes inseguridades. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio, en primer lugar me gustaría mostrar mi agradecimiento sincero al ponente, Joshep Daul. 
Al igual que varios de los oradores anteriores, celebro fundamentalmente el hecho de que el modelo agrícola europeo vaya a extenderse a un sector agrícola multifuncional en la Unión Europea ampliada. 
Esto requiere una protección exterior cualificada y dentro de la Unión Europea todavía es preciso regular mercados. 
No obstante, a pesar de que considero básicamente la unidad franco- alemana surgida en el período previo a la ampliación como algo positivo, hace que me plantee algunas cuestiones. 
Aunque los contribuyentes y los agricultores ya saben el dinero que se gastará hasta el año 2013, ignoran a qué irá destinado. 
La posición de Alemania como contribuyente neto empeorará simplemente porque el Canciller federal de este país nos ha atrapado en el marco financiero acordado para la política agrícola de 2006 a 2013, con 25 países. 
Tal y como hemos escuchado una y otra vez, y así como nos ha explicado el señor Comisario, la reducción necesaria de los pagos compensatorios después del año 2006 significa que se destinará menos dinero al sector agrícola que el que se asigna actualmente, y esto afectará especialmente a Alemania. 
Simplemente, deseo que quede clara esa crítica. 
Por cierto, nuestro Canciller no es conocido por su buena relación con los agricultores alemanes. 
El Comisario de Agricultura ha fijado la contribución neta que deberán realizar los agricultores de la Unión Europea para la ampliación financiera en la cantidad de 500 millones de euros para el año 2013. 
Esto equivale a la diferencia entre los costes adicionales derivados de los pagos directos para los nuevos Estados miembros y el aumento del gasto agrícola aprobado por la Cumbre de la Unión Europea. 
Este cálculo de la Comisión me indica que los agricultores europeos tendrán que cargar con la mayor parte de los gastos de la ampliación. 
El Comisario de agricultura ha presentado en repetidas ocasiones como algo positivo el hecho de que la Cumbre de Bruselas no recortara los recursos para el desarrollo rural, es decir, para el segundo pilar. Pero asimismo, él podrá decirnos? 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, me gustaría haber podido expresar mi agradecimiento también al señor Comisario, pero sus obligaciones le han impedido asistir hoy en la Cámara a este importante debate. 
Y me gustaría agradecer, en primer lugar, al Sr. Daul el esfuerzo conciliador que ha hecho para sacar adelante esta Resolución, que no ha sido fácil, y que ha sido fruto de un gran trabajo por parte, especialmente, suya y de todos los grupos políticos. 
Este consenso que no debe ser alterado por ningún tipo de cambio en esta Cámara, puesto que, entonces, se podría romper. 
La Cumbre de Bruselas nos ha despejado muchas incógnitas, sobre todo en lo que se refiere al techo máximo de gastos. 
Pero, sin embargo, nos ha dejado también dudas relativas al contenido de la revisión de la política agraria comunitaria que no van a quedar despejadas hasta que la Comisión nos presente las propuestas legislativas. 
Por lo tanto, lo verdaderamente importante mañana es que transmitamos un mensaje, todos los grupos políticos, que nos encontramos representados en este documento, un mensaje fuerte, un mensaje claro, un mensaje directo, de apoyo a nuestros agricultores que les diga que: es necesario revisar la política agraria comunitaria, pero que aquí estamos para sacar la mejor revisión posible dentro de los fondos que nos han sido asignados hasta el año 2013. 
En cuanto a los dos ejes fundamentales que veo en la revisión, lo que verdaderamente me preocupa, como ya ha señalado alguna de sus Señorías, es el desacoplamiento de las ayudas. 
Creo que es un tiro a la línea de flotación- si esto se lleva a cabo, como se propone- de la política agrícola comunitaria. 
El desacoplamiento parcial que se propone en el consenso que hemos logrado con el Sr. Daul creo que va en la buena dirección, pero podríamos todavía trabajar más y profundizar más en estos temas. 
No se puede entrar en ningún tipo de detalle, pero, en general, tenemos que dar una salida a los jóvenes y a las mujeres; si no, nos quedaremos sin personal de recambio en el mundo rural. 
Señor Presidente, apreciamos mucho y sinceramente la labor desarrollada por el Comisario y por la Comisión en general con respecto a la política de desarrollo rural y a la ampliación. 
Se trata de una empresa valerosa, y la transferencia de algunos recursos destinados al mantenimiento del mercado precisamente a las zonas rurales más empobrecidas resulta oportuna y positiva. 
Como siempre, cuando una persona sale beneficiada, muchas otras salen perdiendo. 
Los oradores anteriores ya han mencionado las razones para lamentar el desacoplamiento y otros aspectos técnicos, que no voy a repetir. 
En cambio, desearía centrarme en el lado positivo de estas innovaciones, de este avance osado, para abordar un punto que suele ser, lamento decirlo, frecuentemente ignorado. 
En realidad, este aperturismo promete mucho para todos aquellos que se declaran defensores del desarrollo de las regiones más remotas, especialmente de las regiones montañosas. 
Aunque esta sección sobre el desarrollo rural resulta extremadamente importante, su importancia se pasa totalmente por alto. 
La palabra «montaña» no aparece en la revisión intermedia del Comisario, a pesar de que, hace tan sólo un par de semanas, dedicó un seminario de dos días a los problemas de las zonas de montaña. 
Como siempre, no obstante, el debate se abrió y cerró sin que hubiera ningún adelanto. 
Aunque la palabra «montaña» tampoco se incluye en el documento que se debate hoy aquí, los problemas de las zonas de montaña se pueden identificar con bastante facilidad en la propuesta del Sr. Daul, al que doy mi más sincera enhorabuena. 
Por ejemplo, el apartado 1 de la propuesta de resolución de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural plantea el desarrollo de una agricultura multifuncional. 
La agricultura en las zonas de montaña representa un ejemplo típico de agricultura multifuncional y diversa. 
En el apartado 3, en el que se reclama una definición más precisa de los objetivos de protección del medio ambiente, la salud pública y el bienestar animal, se describen los parámetros tradicionales de la agricultura de montaña, lo que yo llamaría la agricultura de montaña endémica. 
Por encima de todo, sin embargo, las cuestiones relativas a las zonas de montaña están implícitas en la sección sobre desarrollo rural. 
En el apartado 17 se exige una serie de medidas diferentes en función de los distintos tipos de regiones agrícolas. 
Nuevamente, en el apartado 18 se enuncia que resulta esencial la conservación de los cultivos familiares tradicionales y el apoyo a los jóvenes agricultores de las zonas menos favorecidas y las regiones más remotas. 
Lamento afirmar que la ubicación remota de las zonas montañosas significa que éstas se sitúan siempre en regiones más alejadas y ciertamente menos favorecidas que las llanuras. 
Por último, en el apartado 20 se insta a la Comisión a que, en el modelo de distribución, dé prioridad a las regiones menos favorecidas, a las más vulnerables y necesitadas, y aquí añadiría yo, no sólo de planes de desarrollo, sino también de una inversión de confianza. 
Esta es la situación de las regiones montañosas de Europa, que representan el 30% del territorio europeo y albergan al 5% de su población. 
Las zonas montañosas no desean convertirse en un problema. Tan sólo pretenden que su enorme potencial llegue a ser un importante recurso para toda la Unión. 
Debemos llamarlas por su nombre. No tenemos que dudar a la hora de reconocer su situación específica ni tampoco a la hora de citar por su nombre en el nuevo Tratado, para así ofrecerles un apoyo y una base legal sobre la que elaborar una directiva específica. 
Debemos empezar a trabajar sobre un documento que responda específica y exclusivamente a las necesidades de las regiones montañosas. 
Este podría ser el comienzo de una reforma radical que mejoraría la situación de dichas zonas, así como de todas las regiones menos favorecidas, otorgándoles las mismas oportunidades de vida y de crecimiento que al resto de la Comunidad. 
Me gustaría dar las gracias, una vez más, a nuestro Presidente, el Sr. Daul, sobre todo por haberme dado pie a realizar estas observaciones acerca de una cuestión verdaderamente importante. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por habernos brindado la posibilidad de participar hoy en este debate, que me parece interesante y muy constructivo. 
Asimismo, deseo dar las gracias al Parlamento Europeo por su lectura de la comunicación de la Comisión, y entiendo que hay que tomar una decisión en la reunión de mañana. 
No sé si se me permite unirme a los elogios dedicados en la reunión de esta tarde al Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. 
Sin duda puedo darme cuenta, a partir de este debate, que en el Parlamento Europeo existen tantos enfoques sobre la política agrícola europea como en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, entiendo perfectamente las dificultades que el Sr. Daul ha tenido que superar de forma tan acertada, tal y como demuestra la propuesta que ahora se somete a votación. 
Mucha gente ha mencionado el tema de las perspectivas de reforma de la política agrícola tras la Cumbre de Bruselas. 
¿Cuánto tiempo llevarán las reformas? 
Aunque quedan pendientes numerosos temas, el Consejo ha logrado clarificar, con las conclusiones alcanzadas en la Cumbre de Bruselas, los aspectos relativos al gasto máximo en el ámbito de mercado y los pagos directos para el período presupuestario que abarca hasta el año 2013. 
En este contexto, me gustaría llamar la atención sobre el apartado 12 de las conclusiones, donde se afirman en realidad tres cosas diferentes. 
En primer lugar, se anticipan los límites establecidos para el gasto relacionado con el mercado y los pagos directos, y no las decisiones futuras en materia de Política Agrícola Común. 
En segundo lugar, no se anticipan los resultados posibles de la aplicación del apartado 22 de las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín. 
Dicho apartado representa la base de la revisión intermedia de la política agrícola, que ya se ha discutido en las reuniones más recientes del Consejo de Ministros. 
En tercer lugar, y a modo de respuesta, también, a algunas de las cuestiones planteadas aquí esta tarde, lo declarado se realiza sin perjuicio de los compromisos internacionales suscritos por la Unión Europea, por ejemplo, en lo que respecta al lanzamiento de la próxima Ronda de Doha, cuyos métodos y medios se pondrán en práctica antes de finales de marzo del año que viene. 
Tal y como he comentado en mi primera intervención, las negociaciones en cada uno de los tres ámbitos mencionados continúan y no se verán afectadas necesariamente por el hecho de que el Consejo Europeo haya fijado ahora el límite del gasto que se aplicará hasta el año 2013. 
Llegados a este punto, no aburriré a los diputados con un informe acerca de la opinión del Consejo sobre los avances, pero me gustaría conocer el alcance de los mismos. Esto es lo realmente fascinante e interesante del asunto: ¿hasta dónde llegaremos en cada uno de los ámbitos? 
No obstante, me gustaría dar las gracias nuevamente por la buena colaboración mantenida con el Parlamento Europeo. Espero que podamos proseguir con dicha colaboración durante futuros debates sobre el desarrollo de una política agrícola europea, para satisfacción y beneficio tanto de productores como de consumidores. 
Muchísimas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Además del esfuerzo que usted ha hecho de quedarse con nosotros, ha hecho algo absolutamente excepcional por parte del Consejo, que es respetar el tiempo de uso de la palabra. En principio, tenía usted cinco minutos. 
No los ha consumido. Lo cual es otro mérito por su parte. 
He recibido una propuesta de resolución 
No resulta sorprendente, dado el modo en que se está configurando la nueva Política Agrícola Común durante el período previo a la ampliación, que la población rural de la Unión Europea, en concreto la de Grecia, se encuentre ansiosa, pensando si será capaz de continuar con la profesión elegida, una profesión que resulta extremadamente necesaria e importante tanto para la sociedad como para la economía comunitaria. 
¿Por qué? 
Porque el conjunto de las subvenciones del sector agrario aumentará un 8% entre los años 2006 y 2013, en forma de una mínima previsión para contrarrestar la inflación. 
Me gustaría comparar este inquietante porcentaje con otra serie de incrementos de la Unión Europea posteriores a la ampliación, para así ofrecer una visión más detallada de los futuros avances. 
Aumento de Población 25% (de 370 a 470 millones) 
Aumento de Terrenos rurales 43% (de 140 a 200 millones de hectáreas) 
Aumento de Terrenos cultivables 55% (de 77 a 120 millones de hectáreas) 
Aumento de Agricultores 165% (de 6 a 16 millones) 
Y a cambio: repito, el total correspondiente a las subvenciones agrícolas aumentará tan sólo un 8% de aquí al año 2013, sin contar la integración de Bulgaria y Rumania programada para el año 2007. 
Cabe preguntarse qué pueden esperar nuestros agricultores... 
(Declaración presentada de conformidad con el artículo 120 del Reglamento) 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, a todos nos causó gran preocupación y decepción enterarnos hace tres semanas de que la República Democrática Popular de Corea del Norte había reconocido ante una delegación de los Estados Unidos, en visita a Pyongyang, que estaba desarrollando un programa clandestino de enriquecimiento de uranio con fines militares. 
Este programa constituye un inequívoco incumplimiento de los compromisos que la propia República Democrática había contraído en virtud de cuatro diferentes acuerdos internacionales en materia de energía nuclear, incluido el denominado acuerdo marco del año 1994. 
En lo que respecta a la Unión Europea, la Presidencia ya ha expresado nuestras inquietudes. 
En una declaración de 18 de octubre de 2002, la Unión no sólo manifestó su profunda preocupación, sino que, además, instó a la República Democrática Popular de Corea a cumplir sus compromisos internacionales de no proliferación y a congelar de manera comprobable su programa de armamento nuclear. 
La declaración señalaba que el incumplimiento del compromiso ponía en entredicho el proyecto KEDO. 
La Unión también manifestó la esperanza de que el proceso de paz en la península de Corea no se viera, a pesar de todo, obstaculizado. 
Por último, se comprometió la Unión Europea a trabajar con todas las partes interesadas a fin de resolver pacíficamente la situación. 
Tengo que señalar que mensajes similares fueron transmitidos al Viceministro de Asuntos Exteriores, que se reunió con funcionarios de la Comisión, precisamente al día siguiente de que se conociera la noticia. 
Hay que recordar que la Comunidad Europea ha contribuido a través de Euratom con un total de 75 millones de euros durante los cinco primeros años de aplicación y puesta en marcha del proyecto KEDO, entre el año 1996 y 2000. Y nos hemos comprometido a pagar 20 millones de euros anuales para el período 2001-2005. 
Quiero recordarles, para que sepamos de qué magnitudes estamos hablando, que Corea del Sur aporta más de tres mil millones de dólares estadounidenses, mientras que la contribución de Japón se cifra en torno a los mil. 
Los Estados Unidos, por su parte, han financiado hasta ahora por un importe de unos cuatrocientos millones de dólares. 
También quiero recordar que el acuerdo marco ha sido criticado tanto por algunos círculos en los Estados Unidos como por los propios norcoreanos. 
Sin embargo, a pesar de todo, se había conseguido el objetivo de congelar la producción de plutonio en Pyongyang. 
Sin este logro, recordemos que la República Popular de Corea sencillamente habría separado plutonio para docenas de bombas nucleares. 
Las recientes revelaciones sobre un programa de enriquecimiento de uranio con fines militares hacen planear sobre la región una nueva amenaza a la seguridad, pese a que probablemente el enriquecimiento de uranio es un método más lento y dificultoso de producción de materiales aptos para usos militares que la utilización del plutonio que se podía producir en Pyongyang. 
Ambas partes coinciden en que el nuevo acuerdo debe lograrse por vías diplomáticas. 
En ese sentido, la Unión Europea está celebrando consultas con los principales socios, es decir, Estados Unidos, Corea del Sur y el Japón, para ver cómo se puede tener una acción más efectiva y conseguir el objetivo general que se busca y que es, precisamente, evitar la proliferación nuclear y evitar que Corea del Norte disponga de armamento de estas características. 
Me parece obvio que la Unión Europea no debería adoptar una posición definitiva sobre el futuro de KEDO mientras otros países- que, además, aportan una cantidad sustancialmente más importante para llevar adelante el proyecto KEDO- están todavía sopesando sus opciones. 
En ese sentido, entendemos que hay que actuar de manera concertada con nuestros amigos y aliados a fin de persuadir a Corea del Norte de que haga honor a sus compromisos en cuanto a no proliferación en el ámbito nuclear. 
Debemos actuar de este modo y, al mismo tiempo, garantizar que los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica en Pyongyang puedan continuar desempeñando su tarea de control. 
Tengo que señalar, Señorías, que lamento no poder dar más datos en este momento, pero que lo esencial, insisto, es alcanzar el objetivo que perseguimos todos y mantener una posición coordinada con el resto de los participantes en el programa KEDO. 
Señor Presidente, la confesión por parte de la República Popular Democrática de Corea de que dispone de un programa en marcha para desarrollar armamento nuclear no sólo representa un insulto a la credibilidad de los acuerdos internacionales, sino también una derrota total del proyecto KEDO. 
La UE creyó poder utilizar la llamada energía atómica civil pacífica para inducir a un régimen totalitario a que se abstuviera de desarrollar armas nucleares. 
Esta ingenua confianza en las soluciones nucleares a problemas graves ha originado ahora un retroceso y ha hecho quedar a la UE en una situación vergonzosa y ridícula. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha defendido desde un principio que el proyecto KEDO se ha desarrollado de forma equivocada. 
Se ha demostrado que estábamos terriblemente en lo cierto. 
Por desgracia, parece ser que ni la Comisión ni los grupos políticos de este Parlamento que abogan por la energía atómica son capaces de mirar a la verdad a los ojos, de extraer las conclusiones lógicas del fracaso de KEDO y de abandonar el proyecto. 
Lo que falta en la propuesta de resolución común es el reconocimiento expreso del hecho de que KEDO se construyó de manera equivocada, se desarrolló erróneamente, de modo peligroso y contraproducente desde un principio. 
Es necesario prestar un apoyo muy distinto a la población seriamente afligida de la República Popular Democrática de Corea. 
La UE debe reconocer de manera clara y abierta su equivocación fatal al adherirse a KEDO, así como hacer saber a los demás miembros de KEDO su retirada del proyecto. 
La realidad es que los responsables de KEDO deberían avergonzarse de sí mismos. 
Sin duda existe la necesidad de proceder con precaución a fin de no dañar la denominada «Sunshine Policy» e indudablemente es necesario hablar con los dirigentes de Pyongyang para impulsar el proceso de normalización. 
Sin embargo, no hay ninguna necesidad de aferrarse desesperadamente a un proyecto tan radicalmente mal concebido y desacreditado como el proyecto KEDO. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0496/02) del Sr. Dell ' Alba y otros, sobre la comunidad de democracias. 
Señora Comisaria, como usted y el Parlamento bien saben, la Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias se celebrará en Seúl del 10 al 12 de noviembre próximo, con la participación de delegaciones de gobierno de más de 100 países. 
Es una continuación de la primera asamblea de este grupo celebrada en Varsovia hace dos años. 
Esta iniciativa busca promover la democracia política, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 
La Unión Europea, que dedica gran parte de su presupuesto precisamente a las iniciativas en pro de la democratización y a las que procuran promover los derechos humanos y el Estado de derecho, tiene o se supone que tiene como planteamiento estratégico sustentar la democracia en tanto que garantía de las libertades y de las mejores expectativas posibles de prosperidad para colectivos enteros de todo el mundo. 
Como sabemos, la Conferencia Ministerial de Seúl es una reunión de gobiernos. La Comisión participará en calidad de observadora. 
Nuestra pregunta, Comisaria, es la siguiente: ¿qué contribución se propone realizar la Unión Europea- tanto la Comisión como los Estados miembros- al éxito de esta Conferencia Ministerial? 
El Partido Radical Transnacional ha dedicado todo un congreso a este tema el pasado fin de semana, identificando dos posibles objetivos que me gustaría trasladarle. El primero consiste en crear una Secretaría de la Comunidad de Democracias que tendría la misión de preservar y fomentar el crecimiento de esta Comunidad con la idea de llegar a convertirse en una auténtica organización mundial de la democracia. 
(ES) Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción la convocatoria de la Segunda Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias, que se celebrará en Seúl y en la que estará representada por nuestra delegación en esa ciudad, con el apoyo pleno de los servicios de Bruselas. 
No sabemos cuáles son los detalles finales respecto al nivel de representación de los distintos Estados de la Unión. 
En el grupo de trabajo sobre derechos humanos del Consejo se decidió que no habrá una posición común de la Unión Europea para la Conferencia, que es exactamente lo mismo que se hizo en el caso de la reunión inaugural celebrada en Varsovia. 
Como saben sus Señorías, una de las cuestiones suscitadas sobre la primera Conferencia de la Comunidad de Democracias de hace dos años era, sencillamente, cuál era el criterio para invitar o no invitar a los distintos participantes. 
En ese sentido, la Comisión ve con satisfacción que Portugal haya tenido la responsabilidad principal de redactar los nuevos criterios de la Comunidad de Democracias en cuanto a la participación y a las posibles invitaciones a Estados. 
Ese documento, que debería adoptarse en Seúl, es, a nuestro entender, el que debe garantizar que la Comunidad de Democracias se desarrolle con formas y criterios objetivos y no politizados, que sencillamente vaciarían, dañarían, o reducirían la posible calidad o la autoridad de sus conclusiones. 
En lo que respecta a las contribuciones de la Unión a este acontecimiento, cada uno de los Estados de la Unión ha estudiado la posibilidad de proporcionar fondos para la participación a las ONG. 
La Comisión tiene noticias de que hay un Estado miembro que ha decidido tomar alguna decisión concreta en este sentido. 
En cualquier caso, la Comisión mantiene su compromiso de promover la buena gobernanza, la democracia y los derechos humanos por todo el mundo. 
Que estamos llevando a cabo ese compromiso lo demuestra nuestra última convocatoria general de propuestas para la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, a la cual se dedicarán 42,6 millones de euros destinados a proyectos conexos en 29 países seleccionados. 
Señor Presidente, la Comunidad de Democracias es un foro que se creó en 2000 y, me complace decirlo, fue relanzado en el último congreso del Partido Radical Transnacional. 
Se trata de un proyecto en el que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos tiene también enorme interés y, por tanto, queremos resaltar la necesidad de que la Comisión y demás órganos de la Unión desempeñen un papel activo en la próxima conferencia que, como es sabido, se va a celebrar en Seúl entre el 9 y el 12 de noviembre de 2002. 
En un mundo en el que la amenaza del terrorismo cada vez va más acompañada del peligro de que la lucha antiterrorista desemboque en nuevos casos de hegemonía imperialista, parece fundamental que a la alianza que los Estados Unidos están intentando construir para combatir lo que se ha venido en llamar el eje del mal se le contraponga, aunque no necesariamente con carácter polémico, la Comunidad de Democracias, un organismo internacional que promueva la paz y el respeto de las libertades y que condene cualquier tendencia autoritaria, venga de donde venga. 
La Comunidad de Democracias no es otra ONU, ya que ésta posee un ámbito de actuación distinto y cometidos diferentes. Tampoco es una imitación de lo que se denomina coalición antiterrorista que, por desgracia, incluye a algunos Estados que no son democráticos. 
Proponemos que la Unión Europea tenga una implicación más explícita y que esta Comunidad, que pretende promover la democracia y la libertad, no sólo se convierta en un foro de debate, sino en una auténtica institución internacional basada en un acuerdo vinculante que fije, entre otros, unos criterios claros para la adhesión. 
Estos criterios deben incluir el respeto a los derechos humanos por los Estados «buenos» implicados, además, en la lucha contra el terrorismo y el reconocimiento práctico de las libertades fundamentales, empezando por la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la libertad de prensa, que actualmente están siendo transgredidas ampliamente incluso en los distintos Estados miembros de la Unión- con la Italia de Berlusconi a la cabeza- y tienen que estar, en cualquier caso, en sintonía con la Carta de los Derechos Fundamentales que la Unión Europea proclamó en el Consejo Europeo de Niza. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto: 
del Informe Bernard Poignant (A5-0339/2002) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las prescripciones específicas de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado (COM (2002) 158- C5-0144/2002- 2002/0074 (COD)) 
del Informe Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (A5-0348/2002) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 98/18/CE del Consejo de 17 de marzo de 1998 sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (COM (2002) 158- C5-0145/2002- 2002/0075 (COD)) 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 11.00 horas. 
. (NL) Señor Presidente, Comisaria, Señorías, permítanme comenzar explicando brevemente los aspectos más importantes de mi informe. 
Me gustaría decir de entrada que estos puntos no constituyen ninguna novedad. 
Muchos de ellos ya han sido debatidos aquí con anterioridad, pero hay una serie de temas que merecen ser destacados. 
En primer lugar, es preciso vincular la ayuda concedida a los países de los Balcanes occidentales con medidas de apoyo. 
No es la primera vez que se afirma tal cosa, pero creo que es necesario volver a reseñarlo. 
La cooperación con el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de La Haya no es algo con lo que todos los países estén plenamente de acuerdo y, en consecuencia, actúan como si no existiera tal acuerdo. 
Ésa es y debería ser una genuina condición concreta que debe cumplirse y continuar cumpliéndose para que pueda concederse dicho apoyo. 
Lo mismo resulta válido para otro tema- el regreso de los refugiados- con el que todo el mundo está de acuerdo, pero respecto del cual la práctica también ha venido a demostrar que muchos países no cumplen lo prometido o no hacen lo que deberían hacer. 
Finalmente, echemos una ojeada a la lucha contra la corrupción y el crimen. 
Se han dicho muchas cosas muy acertadas al respecto, pero por desgracia la práctica ha demostrado que la corrupción sigue existiendo, llegando hasta el nivel de gobierno, como por ejemplo el último gobierno de Macedonia. 
La Unión Europea no puede continuar inyectando dinero en esa región mientras continúe tal práctica. 
Otro de los puntos de mi informe es la necesidad de entender cuál va a ser el futuro de Kosovo. 
No podemos admitir que Kosovo continúe existiendo al tiempo que los kosovares desean algo diferente, pero nos aferramos a la resolución de 1999 de las Naciones Unidas. 
No estoy en posesión de la solución, no sé si inclinarme por la independencia o por la autodeterminación, pero creo que corresponde a la Unión Europea iniciar tal debate. 
Por último, dos aspectos sobre los que el Parlamento tiene pleno derecho a exigir una y otra vez una respuesta y que precisan cierta atención. 
El primero es la necesidad de prever una educación a todos los niveles cara a un futuro al margen de las etnias. 
De los textos escolares no merece la pena hablar. Continúan repitiendo las fórmula tradicionales. 
Eso no es de recibo; constituye el caldo de cultivo de nuevos conflictos. 
En segundo lugar, todas las elecciones ponen de relieve la importancia que entraña la independencia para los medios de comunicación. 
En casi todos los países, los medios de comunicación desempeñan un papel decepcionante en el proceso de consolidación de la democracia y eso es algo a lo que hay que poner fin. 
Menciono rápidamente todos los puntos porque creo que se trata de temas importantes que ya han sido estudiados anteriormente en el Parlamento pero que, desafortunadamente, no han sido analizados con detenimiento. 
Soy consciente de los peligros hasta cierto punto y me encantaría mantener un debate abierto acerca de tales temas con otros diputados y con la Comisión. 
Todos, incluida la Comisión y el Parlamento, corremos el riesgo de parapetarnos detrás de una pauta, de una forma de pensar y trabajar con los Balcanes propias de la década de 1990, que se basaban en los enormes peligros existentes allí en aquella época. Se trataba del nacionalismo extremista y el odio étnico. 
Aún cuando estos problemas no han desaparecido todavía, creo que la situación ha variado tanto que los principales problemas objeto de nuestro análisis y nuestra forma de pensar respecto de los Balcanes no son objeto de la atención que merecen. 
En mi opinión, los problemas relevantes son la crisis económica y social, el estancamiento y un desencanto creciente en cuanto a los efectos de la democracia. 
En este preciso instante, existe el riesgo de que nuestro interés por los Balcanes occidentales se esté desvaneciendo. 
Basta con señalar que nos encontramos en un Parlamento que está casi vacío. 
A la hora de discutir la ampliación la sala está llena; cuando hablamos de los Balcanes occidentales, sólo hay un puñado de diputados, los habituales, que están dispuestos a hablar sobre este tema, y Europa simplemente sigue su curso. 
Esto no puede continuar así; la Unión Europea no puede seguir permitiéndose este comportamiento. 
El presupuesto para los Balcanes esta disminuyendo, desde 900 millones hace algunos años hasta 500 millones en 2005. 
Esa es la razón por la que me ha impresionado tanto un informe que acabo de recibir, titulado Los Balcanes occidentales 2004 (Western Balkans 2004) de la European Stability Initiative. 
Describe en detalle los problemas actuales y las soluciones posibles que la Unión Europea debería adoptar para afrontarlos. 
Una observación crucial consiste en que el periodo de reconstrucción ya ha terminado. 
Ha sido razonablemente satisfactorio y la UE ha logrado con él un cierto éxito, pero ahora se precisa algo distinto. 
La industria ha quedado diezmada o se ha permitido que desapareciera. 
En su lugar ha surgido una gran cantidad de pequeños negocios, pero no han conseguido resolver el problema del desempleo y no existe absolutamente ninguna perspectiva de futuro para grandes colectivos de la población. 
A raíz de este informe, que apoyo en gran medida, ¿qué implicaciones se derivan para la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento? 
Pienso que debemos aprender de los éxitos de los fondos estructurales y de cohesión. 
Han resultado muy satisfactorios en la Europa meridional y creo que ha llegado el momento de aplicar la metodología y el planteamiento de los fondos estructurales y de cohesión también a los países de los Balcanes occidentales. 
Por ejemplo, esto implicaría que la agencia para la reconstrucción que hemos tenido hasta ahora se transformara en una agencia para el desarrollo. 
Esto significaría asimismo que, tras la ampliación actual a otros diez países, los demás países candidatos y los países de los Balcanes occidentales deberían integrarse en una DG, ya que los problemas de Bulgaria y Rumania no se diferencian básicamente en nada de los de los Balcanes occidentales. 
Asimismo tendrá que traducirse en que parte de los recursos asignados a la etapa previa a la adhesión, que pronto sólo estarán disponibles para Rumania y Bulgaria, también se podrán invertir en los Balcanes. 
Ya no basta con aplicar más de lo mismo. 
Carece de sentido seguir celebrando sesiones con la misma gente, discutiendo las mismas políticas. 
Es preciso introducir un auténtico cambio de sentido y hay que realizarlo con prontitud. 
Estoy decididamente a favor de una acción de este tipo y hago un llamamiento a la Comisión y a cada uno de nosotros, los diputados de este Parlamento, para reunirse y analizar qué necesitan ahora los Balcanes. 
Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido satisfactorio, pero no resulta suficiente para el futuro. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer el informe preparado por el Sr. Lagendijk sobre el primer informe anual de la Comisión relativo al proceso de estabilización y asociación en la zona de los Balcanes. 
La Comisión y el Consejo necesitan el apoyo activo del Parlamento para lograr los objetivos a largo plazo en dicho proceso. 
Las elecciones recientemente celebradas en el sudeste de Europa demuestran que la región ha avanzado enormemente, aunque todavía queda mucho por hacer. 
El resultado de dichas elecciones refleja lamentablemente la desilusión de un importante número de votantes con el proceso político y su frustración ante el ritmo y el impacto de las reformas. 
Pero el proceso de estabilidad y de asociación debe ser una política pragmática, basada en un enfoque a largo plazo, aunque flexible, y debe contribuir a nuestro objetivo, que no es otro que el de apoyar la estabilidad, la democracia y el desarrollo económico en el sudeste de Europa. 
En cualquier caso, tomo buena nota de lo señalado por el Sr. Lagendijk en relación a las condiciones. 
También coincido en cuanto a lo que señala respecto al refuerzo del Estado de Derecho, que es un elemento clave y decisivo para la región, y sobre la importancia de que en la región existan medios de comunicación sólidos e independientes. 
Y, sobre todo, es importante saber qué se puede hacer para adoptar una orientación más estructurada respecto a la ayuda directa e indirecta que se suministra en este sector con la financiación de CARDS. 
Sobre el asunto de Kosovo, sin embargo, Señoría, quiero dejar algunas cuestiones muy claras. 
A todos nos preocupa la situación de Kosovo. 
Pero la Resolución nº 1244 de las Naciones Unidas debe seguir siendo el punto de referencia legítimo de todas nuestras acciones. 
Por ello, la Comisión apoya plenamente la política de normas ya aprobada por las Naciones Unidas. 
En cuanto a los fondos de preadhesión y los fondos destinados a esta zona, Señorías, no confundamos los géneros: los fondos de preadhesión, precisamente, tienen una finalidad muy concreta y están limitados, pensados y decididos para el apoyo a aquellos países con los cuales estamos en negociaciones- con fechas incluso, en el caso de los diez que van a acceder el año que viene previsiblemente, y en el caso de los otros dos, donde hay un horizonte muy concreto, que es el del 2007 -, y difícilmente podríamos mezclar los géneros. 
Otra cuestión es que haya que ver cuáles son las dotaciones que se destinan a los Balcanes. 
Señor Presidente, yo también deseo expresar mi satisfacción por el hecho de que este informe haga hincapié, una vez más, en que la Unión Europea está interesada en llevar adelante todas las políticas que son útiles y necesarias para lograr la integración de los países de los Balcanes occidentales en las estructuras europeas. 
Yo también creo que debemos proseguir con una política que ha arrojado buenos resultados en los últimos años en cuanto a la reconstrucción y, además, considerar el siguiente paso, que es el tema de la democracia y la legalidad en esos lugares. 
Estos países se encuentran en el corazón de la Europa mediterránea y por tanto va a redundar a favor del interés común de todas las instituciones de la Comunidad, al tiempo que es nuestra obligación para con los pueblos que habitan esa zona, proporcionar la ayuda, las decisiones y las medidas necesarias para ayudar a estos países a afrontar lo que consideramos son los actuales problemas fundamentales: problemas en el ámbito de la educación y formación, la lucha contra el crimen organizado y, en particular, el empeño por lograr la democracia. 
El informe evidencia claramente estos problemas. Los resalta y acentúa el papel de la Unión Europea. 
Además destaca los intentos- tímidos pero evidentemente reales- para establecer una mayor protección legal, sobre todo en lo concerniente a las mujeres- lo que nos satisface- pero eso no es suficiente. 
Este informe demuestra el interés de la Unión Europea: debe ir acompañado de medidas más prácticas que las aplicadas hasta ahora. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, cada vez que debatimos la crisis en los Balcanes, que lógicamente ha adoptado actualmente una forma más suave, definida más correctamente, la comprendemos un poco mejor. 
En este sentido, el informe de hoy del Sr. Lagendijk es un buen informe y todos nosotros estamos un poco mejor informados por haberlo debatido. 
La situación en la región es realmente complicada, complicada desde el punto de vista político, social y del desarrollo. 
Nuestra intervención en los Balcanes, por consiguiente, no es una intervención tecnocrática, es una intervención política, ya que es necesario erigir nuevas instituciones. 
Cuando todas las instituciones han quedado abolidas, es necesario alentar a las naciones sumidas en el conflicto a comunicarse y es necesario modificar todo el entorno social, político y de desarrollo. 
Así pues, nuestros esfuerzos han de ser firmes, deben gozar de un enfoque firme que evite toda controversia y deben serlo en el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Cualquier filosofía de cambio podría suscitar un rebrote de la crisis. 
En segundo lugar, es necesario que las naciones de la zona realicen un esfuerzo por comunicarse de nuevo entre sí; esto favorecerá además el desarrollo económico, ya que estos países solían sustentar mutuamente sus economías. 
En tercer lugar, es bueno que todos los países de la zona, considerada en su conjunto, pronto sean miembros de la Unión Europea, desde Rumania hasta Bulgaria, Austria, Grecia, etc.; en otras palabras, se producirá un impacto positivo sobre el desarrollo en estos países procedentes de todas partes. 
Y entonces tendremos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, políticamente hablando, para ayudar a estas naciones, que vivieron en coexistencia pacífica durante cientos de años, a fin de que recuperen su estabilidad histórica, de que vuelvan a descubrir su estilo de vida, que reencuentren la unidad política y la forma de vida común que, desgraciadamente, han quedado trastocadas en los últimos tiempos por culpa de movimientos inoportunos e iniciativas desaprensivas. 
Señor Presidente, me encuentro especialmente irritado por los apartados referentes a Kosovo en el sólido informe del Sr. Lagendijk. 
Por ejemplo, el apartado 4 reclama acertadamente la atención del Consejo y de la Comisión acerca del futuro político del antiguo Kosovo Polje. 
A tal efecto, la negativa contribución por parte de Belgrado resulta decepcionante. 
Según Michael Steiner, representante de las Naciones Unidas en Kosovo, esta ciudad es una patata caliente que los dirigentes serbios se aprestan a pasar con prontitud. 
Me gustaría que el Consejo y la Comisión nos relataran sus experiencias y las tentativas realizadas. 
Entre tanto, las elecciones locales de 26 de octubre en Kosovo han resultado poco alentadoras en lo que respecta a la participación serbia. 
Se ha pagado un precio muy elevado por el conflicto entre los llamamientos de Belgrado a favor de una participación muy limitada por una parte y, por el contrario, para que todo el mundo acudiera a votar. 
De hecho, el boicot a las elecciones por parte de la población serbia del norte de Mitrovica ha significado un rechazo total al plan de siete puntos, enormemente generoso, propuesto por el jefe de la UNMIK, Sr. Steiner, una propuesta que, sin embargo, realmente desea avanzar notablemente al encuentro de los intereses de la minoría serbia en un Kosovo de predominio albanés. 
A la vista de lo anterior, me encuentro debatiéndome con el contenido enormemente idealista de la enmienda del ponente al apartado 40. 
Con notable sensibilidad, el texto original de este apartado propugna un fin rápido de la situación actual en que la ciudad de Mitrovica no cae bajo la jurisdicción de la UNMIK ni del gobierno interino de Kosovo. 
Concretando, eso significa la desaparición de las estructuras serbias paralelas tanto de seguridad como administrativas, financiadas con dinero serbio. Y eso es totalmente coherente y coincidente con el plan de siete puntos de Steiner. 
En resumen, con un añadido sucinto y objetivo- haciendo referencia al plan de siete puntos -, el ponente habría conferido al apartado mayor poder de expresión, ya que la claridad y la firmeza por parte de la comunidad internacional redunda en beneficio de toda la población kosovar en pro de su futuro colectivo. 
¿Cómo creen el Consejo y la Comisión que pueden, dentro del contexto del proceso de estabilización y asociación para los países de Europa sudoriental, prestar su apoyo a los nobles esfuerzos de Steiner por hacer de Mitrovica una «ciudad europea normal»? 
Señor Presidente, el informe del Sr. Joost Lagendijk aborda gran cantidad de temas y no podemos comentarlos todos aquí. 
Sin embargo, quisiera decir de entrada que estoy totalmente a favor y lo mismo puedo afirmar de mi Grupo. 
Esta zona de Europa es una región de diferentes velocidades. 
Algunos países, como Macedonia y Croacia, ya disponen de acuerdos; los suyos son acuerdos de estabilización y asociación, aun cuando eso no significa necesariamente que se estén cumpliendo al completo todas las condiciones. 
El Sr. Lagendijk ya ha enumerado las deficiencias. 
No obstante, contemplamos con cierta satisfacción a Albania, un país que ha conseguido subsanar las fraudulentas elecciones celebradas en 2001 mediante la elección de un Presidente de consenso, algo que muy poca gente se atrevía a esperar, incluida la Comisión. 
Nos gustaría ver ahora el pronto arranque de las negociaciones en torno a este proceso, aunque sabemos que no finalizará rápidamente, ya que todavía quedan muchas tareas por hacer. 
Con respecto a Bosnia y Herzegovina, es preciso constatar que este país se enfrenta a la cuadratura del círculo. 
Me refiero al Acuerdo de Dayton. 
Sólo quiero decir que, por ejemplo, el 67% del presupuesto total de Bosnia y Herzegovina se destina a los sueldos de los ministros. 
Hay más de 120 ministros que sólo existen porque así queda virtualmente estipulado en el Acuerdo de Dayton. 
Algo hay que hacer al respecto y las últimas elecciones fueron una señal de aviso. 
El Presidente y el Primer Ministro de Serbia y Montenegro se pelean entre sí en vez de luchar codo con codo en pro de su país. 
Serbia y Montenegro deberían buscar una vía común hacia la integración en Europa y la propuesta de Solana, por muy limitada que sea, constituye por ahora el mejor y único camino en esa dirección. 
En cuanto a Kosovo, que he vuelto a visitar la semana pasada, sólo puedo decir que deberíamos ser capaces de garantizar que su gente pueda coexistir, haciendo innecesarios los enclaves serbios. 
Hay tensiones étnicas en ciertos territorios, están los deficientes acuerdos de retorno de los refugiados, existe la lucha contra el tráfico de seres humanos, que también resulta insuficiente, y hay corrupción. 
Sólo hay una cosa clara y es que no debemos renunciar a nuestro compromiso. 
Esa es la prueba de fuego para nuestra credibilidad. 
Como ya ha dicho el Sr. Lagendijk, necesitamos tener una idea precisa de lo que nos gustaría lograr en esta región en el futuro próximo. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Lagendijk es, como siempre, excelente, completo y prudente. 
Creo sinceramente que el Pacto de Estabilidad y el Proceso de Estabilización y de Asociación se han anotado, en general, un gran número de éxitos. 
Algunos de ellos ya han sido citados, tales como las elecciones en Macedonia y la secuencia de eventos en Albania, aunque he de confesar que me han llegado noticias de que el consenso alcanzado entre los principales grupos políticos en Albania está ahora al borde de la ruptura. 
Sin embargo, me gustaría comentar algunas de las observaciones fundamentales del Sr. Lagendijk, pues me parecen muy importantes. 
Usted ha mencionado los debates acerca de la ampliación y los debates sobre los Balcanes. 
He estado presente hoy en ambos debates y también he asistido al de la ampliación, en el que el Presidente Prodi ha formulado una afirmación que considero de suma importancia. 
Ha señalado que el proceso de ampliación con los diez nuevos países, así como con los demás países candidatos, aún no ha concluido, lo cual representa una guiño importante para los Balcanes concretamente. 
Creo, y así también lo he dicho en mi intervención, que nuestra experiencia en la preparación de la ampliación debe servir de indicación- y esto resulta aplicable igualmente para los países balcánicos- en el sentido de que los países que defienden la democracia, el Estado de derecho, la protección de las minorías y los derechos humanos tienen posibilidades de entrar a formar parte de la Unión Europea en una fecha futura. 
Pienso que necesitamos estudiar ya cómo vamos a hacer frente a los requisitos de carácter organizativo. 
A mi entender, el Pacto de Estabilidad- y ésta es la intención del Sr. Bussek en su papel de Coordinador Especial- necesita estar más centrado, con una función más limitada y transfiriendo cada vez en mayor medida tareas a la Comisión. 
No obstante, esto no debería producirse fuera del proceso de ampliación y debería entrar en vigor no más tarde de 2004/2005, cuando la nueva Comisión se reúna para tratar del proceso de ampliación. 
En consecuencia, pienso que desde este Parlamento deberíamos hacer un guiño, o más bien dar cierta esperanza, a los países balcánicos en cuanto a que también hay un sitio para ellos en Europa, teniendo siempre presente la Cumbre de Zagreb II. 
Queda entonces en sus manos decidir si están dispuestos a hacer todo esto para asegurarse efectivamente un lugar en Europa. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, Señorías, la cohesión económica y social constituye el corazón de la Unión Europea. 
Ofrece la posibilidad de un desarrollo sostenible, armonioso y, al mismo tiempo, policéntrico para la UE en su conjunto. 
El debate en curso versa sobre la Unión Europea del futuro, ya sea una Unión de 25 o incluso de 27 Estados miembros. 
Este compromiso de la Unión respecto de la integración sólo seguirá resultando creíble si existe una voluntad paralela de asumir conjuntamente la responsabilidad del modelo social europeo encuadrado en un espíritu de solidaridad. 
Nuestro punto de partida debe ser la hipótesis de que la imagen que tengan de Europa sus habitantes no dependa de su posición regional y social y que Europa debe ser enfocada como un ejercicio político conjunto por parte de todos los Estados miembros. 
Además necesitamos asumir que todos nuestros ciudadanos gozan de oportunidades similares y que no estamos viviendo nuestra existencia a cuenta de la siguiente generación. 
Sin embargo, sería ilusorio creer que disponemos de muchísimo más dinero para esta tarea del que en realidad hay. 
Ésa es la razón por la que forma parte de nuestro cometido desarrollar una concepción que se ajuste a los principios básicos mencionados y que al mismo tiempo funcione con unos recursos financieros relativamente iguales. 
Al tiempo que mi informe iba cubriendo las distintas etapas a través del Parlamento, he ido topándome con diferentes respuestas a estos interrogantes. 
Un grupo afirma que deberíamos pelear para garantizar que todo resulte aceptable para todo el mundo y que todo se solucionará por sí mismo más adelante. 
Otros opinan que todo resulta aceptable mientras su distrito electoral no pierda sus privilegios. 
Exigen solidaridad para su distrito electoral, pero no están dispuestos a participar en un movimiento de solidaridad más amplio. 
Luego están otros que no aceptan en absoluto el modelo social europeo y que contemplan con agrado esta disputa. 
Y luego hay quienes no osan decir la verdad y se atienen a las consecuencias. 
La verdad es que es necesario comenzar a planificar ahora si queremos efectuar los primeros pagos a las regiones el 1 de enero de 2007. 
Que nadie escurra el bulto, pues todos somos conscientes de que dos años son un plazo muy corto. 
Todo el mundo sabe cuál es el tema central: ¿cómo definir las regiones más pobres de la Unión Europea? 
El principio fundamental de la cohesión económica y social consiste en que aquellas zonas que necesitan hacer un mayor esfuerzo de recuperación deberían ser las receptoras del apoyo mayor. 
Sin embargo, pienso que el concepto de la solidaridad pierde todo su sentido si estamos continuamente inventando nuevos criterios para asegurar que nuestro distrito electoral recibe el apoyo que realmente estaba previsto para las regiones más pobres. 
En cualquier caso, eso es pensar muy a corto plazo. 
La ampliación del criterio en vigor y aceptado hasta ahora, según el cual toda región cuyo PIB sea inferior al 75% de la media comunitaria se considera una región muy necesitada, acarreará una serie de consecuencias. 
En primer lugar, significará que todo el mundo recibirá menos dinero, que el proceso de supresión progresiva dejará de existir y que ya no será posible habilitar subvenciones regionales especiales para los parados o para las zonas rurales. 
Una segunda consecuencia consiste en que tendríamos que estar proporcionando subvenciones a las regiones auténticamente desfavorecidas, como las de Europa oriental, durante un periodo más prolongado. 
Existe otra posibilidad de que los distritos electorales que en la actualidad precisen ayuda se conviertan de pronto en contribuyentes netos. 
El estudio del Instituto Alemán de Investigación Económica afirma que eso ocurriría al cabo de tres años. 
La peor consecuencia de este plan y de esta forma de pensar a corto plazo sería que supondría el fin de la solidaridad. 
En tal caso no nos quedaría nada, porque no tendríamos plan y la cohesión económica y social sería un concepto vacío de contenido. 
Yo provengo de una región del objetivo 1 que perdería su condición por razones estadísticas si nos ciñéramos estrictamente a este criterio del 75% y, sin embargo, estoy convencida de que un proceso generoso de supresión progresiva permitiría a esa región solucionar sus problemas de desarrollo. 
Si nosotros en el Parlamento logramos colocar la piedra angular para los Fondos Estructurales de la UE del futuro, con unas regiones del objetivo 1 perfectamente definidas, estaremos por una parte obligando a la Comisión a seguir nuestro camino y, por la otra, estaremos lanzando tal reto al Consejo. 
Quisiera que mañana hubiera una votación nominal al respecto. 
Hay dos cosas en las que coincidimos. 
Un principio sobre el que hemos estado de acuerdo ha sido el de «un programa- un fondo». 
Se trata de un enfoque eficaz para simplificar la gestión de los Fondos Estructurales. 
También hemos acordado apoyar la idea de la Comisión acerca de los contratos tripartitos con las regiones y los Estados miembros cara a la implantación de las medidas para las políticas estructurales, a fin de facilitar la participación de los protagonistas reales. 
Espero que esto se traduzca en nuestro apoyo a un planteamiento eficaz y satisfactorio y que no socavemos la solidaridad en el seno de Europa. 
Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa se centra en la necesidad de examinar la política de cohesión en términos de su efecto sobre las relaciones intergubernamentales y la forma en que los países perciben a la Unión Europa. 
Evidentemente, lo más importante es que los desequilibrios económicos y sociales entre los nuevos y los antiguos Estados miembros se pueden disminuir de manera eficaz. 
La ampliación, sin embargo, no debe conducir a una situación en la que la política regional en las regiones más desfavorecidas de los actuales Estados miembros se vea frenada. 
Es necesario tomar en consideración otros factores al margen de las cifras del PIB, tales como la climatología de la región, la lejanía, la escasa densidad demográfica y la tasa de desempleo. 
Al mismo tiempo hay que reducir igualmente las diferencias de nivel de vida en las nuevas fronteras exteriores de la Unión. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa desea recordar a todo el mundo que cualquier Estado europeo que cumpla las condiciones para ser miembro tiene el derecho a entrar a formar parte de la Unión y desea acentuar la importancia de ayudarle a prepararse para adquirir la condición de miembro. 
Como diputado más septentrional del Parlamento Europeo, sé lo importantes que son estas propuestas en la práctica. 
La ampliación de la UE no contribuirá en nada a mejorar la posición relativa de Laponia u otras regiones periféricas de Finlandia y Suecia. 
En realidad, es más probable que venga a debilitarla, ya que las regiones más ricas serán las que recojan los beneficios de la ampliación. 
Las regiones septentrionales de nuestro país vecino, Noruega, están experimentando ahora un fuerte desarrollo económico gracias a la inversión en energía y de la sólida política regional. 
En circunstancias como las presentes, no debemos debilitar la política regional de la UE, sino fortalecerla de acuerdo con los principios que sustentan la dimensión septentrional. 
Nuestro otro vecino, Rusia, tiene muchos problemas que amenazan nuestro bienestar y seguridad. 
Así pues, la UE ha de resultar más eficaz más allá tanto de las fronteras exteriores actuales como de las futuras, tal como propone la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente alternativo del Grupo PPE-DE para el informe sobre la cohesión económica y social, quisiera dar las gracias a la Sra. Schroedter por su trabajo, aunque quedan todavía varios puntos que, de acuerdo con mi grupo, intentamos modificar proponiendo una serie de enmiendas que espero resulten aceptables para la ponente. 
En particular, considero prematuro solicitar a la Comisión la elaboración de una propuesta sobre el futuro de las regiones del objetivo 2 y el futuro de las iniciativas de la Comunidad, incluso antes de la publicación del tercer informe sobre la cohesión económica y social, máxime cuando los plazos necesarios para poder efectuar un análisis profundo antes de diciembre de 2003- la fecha límite fijada por el Comisario Barnier para presentar el informe- todavía no se han fijado y no se nos ha facilitado la información pertinente. 
Preferiríamos utilizar el tiempo necesario para trabajar en la reforma de la política de cohesión, en otras palabras, para trabajar de acuerdo con los plazos especificados por la Comisión, evitando sobre todo extraer conclusiones precipitadas que no beneficiarían a las regiones y aún menos a los nuevos Estados miembros. 
A continuación quisiera señalar que, en una Unión ampliada, algunas de las regiones del objetivo 1 superarán desde el punto de vista estadístico y de forma automática el umbral del 75% del PIB medio de la Unión, sin que ello represente un auténtico incremento del desarrollo. 
A este respecto, en la línea de lo que se decidió en el Segundo informe sobre la cohesión económica y social, para el que fui el ponente, considero que no es adecuado tomar el PIB como indicador único. 
Deberían contemplarse otros criterios, incluyendo concretamente la tasa de desempleo. 
Creemos además que las políticas de la Unión y las políticas sectoriales de los Estados miembros deben centrarse en la consecución de los objetivos de cohesión y los planes de desarrollo sostenible para las regiones. 
Por último, votaremos en contra de los apartados 16 y 22, ya que son una repetición de otros ya incluidos en el texto de la ponente. 
Señor Presidente, Señorías, señora Vicepresidenta de la Comisión, naturalmente yo también quiero dar las gracias a la ponente por su valiosa contribución. Me gustaría decir además que la comisión que presido ha debatido el tema en detalle con su habitual competencia y ha dedicado un esfuerzo tremendo a encontrar soluciones para la situación presente y futura. 
Éste es el primer informe intermedio sobre el segundo informe sobre la cohesión, que llega un par de semanas antes del segundo informe intermedio y unos meses antes del tercer informe sobre la cohesión, que será, como ya se ha dicho, el informe decisivo. 
¿Cuál es el decorado en el que se produce el debate? 
El primer punto afecta al periodo de programación en curso. 
Se ha discutido mucho en días pasados acerca de la necesidad del gasto y de la simplificación. Son temas recurrentes que deben servir de aviso también para el futuro, y por futuro me refiero al periodo de programación 2007-2013, el momento crucial para la ampliación a otros 10 y, más tarde, 12 países. 
Existen muchos problemas y temas de preocupación y quisiera mencionar uno que entraña especial interés para mí. 
Hace algunos días, la Comisión organizó en Bruselas un encuentro enormemente interesante sobre las regiones de montaña. 
Para aquellas regiones de montaña que no formen parte del objetivo 1 existe la posibilidad de poder establecer un fondo específico fundamentado sobre el concepto, recogido en el Segundo informe sobre la cohesión, de regiones que han de soportar desventajas geográficas o naturales permanentes. Aquí quedarían incluidas las regiones de montaña, las islas ultraperiféricas y las regiones con escasa densidad demográfica. 
Además de proporcionar mayores fondos para dichas regiones, esto introduciría al mismo tiempo unas normas más equitativas que las basadas en la competencia. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, creo que la versión final del informe de la Sra. Elizabeth Schroedter, tal como se ha aprobado en la comisión, contiene algunas opiniones y propuestas interesantes. 
Estoy pensando concretamente en el ámbito ampliado de colaboración que el informe apoya en forma de contratos tripartitos con las regiones y los Estados miembros. 
Creo que esta propuesta es una oferta atrevida; facilitará la aplicación del principio de subsidiariedad y eliminará gran cantidad de burocracia indeseada. 
Debiera animarnos el hecho de que los programas más eficaces han sido los que estaban basados en la máxima participación. 
Toda innovación, no obstante, precisa una fase de implantación cuidadosa, sujeta a algún tipo de procedimiento de seguridad, si queremos evitar desestabilizar la nave y asegurar que la prudencia financiera bajo el presupuesto de la Comunidad permanece incólume. 
Por tanto pienso que sería aconsejable que la Comisión retocase esta propuesta, de manera que podamos evaluar cómo y hasta qué punto se puede implantar en la fase inicial y proceder entonces a estudiar directrices de aplicación para ella. 
Tendremos también que supervisar de cerca la puesta en práctica de este ámbito de colaboración ampliado, conjuntamente con el potencial de descentralización de cada Estado miembro, tanto antiguo como nuevo. 
Quiero señalar asimismo que, a pesar de las simplificaciones y los cambios introducidos de acuerdo con la Agenda 2000, sigue existiendo un grave problema de reservas y las apropiaciones no se están transformando en pagos. 
¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto? 
¿Es necesario mantener los procedimientos de simplificación o tal vez exista un problema estructural muy arraigado que la Comisión y los Estados miembros deben abordar? 
¿Se han convertido las subvenciones de la Comunidad en algo tan complicado que ha dejado de ofrecer atractivo alguno para los inversores? 
Para finalizar, permítanme señalar que este tema merece toda nuestra atención, especialmente en la vía hacia la ampliación, que evidentemente acrecentará el problema de las reservas, por cuanto nuestros nuevos socios también tendrán que afrontar dificultades causadas por su falta de experiencia a la hora de aplicar el acervo comunitario. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Schroedter por elaborar un informe importante. 
Las medidas encaminadas a conseguir un equilibrio económico han resultado insuficientes. 
Las diferencias de nivel de prosperidad entre las regiones incluso han aumentado en cierta medida. 
Las diferencias entre los niveles de desempleo deberán tenerse muy seriamente en cuenta a la hora de planificar las políticas regionales y estructurales. 
El compromiso por parte de las pequeñas y medianas empresas con los proyectos y la concentración de las iniciativas estructurales en las regiones más desfavorecidas constituyen importantes focos de atención. 
Además, el desarrollo regional tiene que estar soportado por otros ámbitos políticos, como las políticas agrícolas, fiscales y de transporte. 
Coincido con muchos de los oradores en que el PIB no es el único criterio a utilizar a la hora de determinar las zonas candidatas. 
Asimismo deberán tomarse en cuenta las desventajas permanentes debidas a condiciones naturales difíciles. 
Por ejemplo, una población excepcionalmente dispersa, la migración, una población envejecida, las grandes distancias o un clima caliente o frío originan desventajas permanentes. 
En el futuro tendremos que prestar especial atención al tema del fortalecimiento de la vitalidad y la diversidad rural. 
Para que pueda producirse la ampliación de la Unión, será necesario reforzar la política de cohesión. 
Al mismo tiempo hemos de recordar que las diferencias regionales no van a desvanecerse por el hecho de que entren a formar parte de la Unión nuevas regiones pobres. 
La ampliación no debe producirse a costa de las regiones más desfavorecidas, sino gracias a un esfuerzo común. 
Como ha dicho el Sr. Caveri, la simplificación y la clarificación de la política regional y estructural siguen siendo un reto continuado. 
La carga administrativa debe aligerarse, por ejemplo, mediante la adopción del principio de «un fondo». 
Es importante que todos los recursos de la Unión se utilicen de manera eficaz, incluso en las regiones más periféricas. 
Juntos debemos garantizar que todo el ámbito de la Unión quede incluido en el mercado único y disfrute de los beneficios que éste conlleva. 
Señor Presidente, Comisaria, señora ponente, Señorías, este informe constituye un vínculo entre tres grandes procesos: la revisión de la política de cohesión, la reforma de la PAC y la culminación del proceso de la unificación y ampliación de la Unión. 
El futuro de Europa dependerá en gran medida de la forma de interacción de los tres grandes procesos y el grado en que el Parlamento Europeo logre influir en estos procesos determinará el grado en que su papel de codecisión sea un verdadero papel político en vez de una mera formalidad. 
El debate no ha hecho más que comenzar y me complace decir que hoy sólo tengo tres temas a plantear. En primer lugar, la política de cohesión debe continuar siendo una de las fuerzas impulsoras de la Unión Europea. 
En esta Cámara estamos deseando prestarle ayuda. 
En tercer lugar, la fase de implantación de la Agenda 2000 debe ser controlada atentamente, no sólo en lo que concierne a cantidad y gasto, sino también a la calidad. 
La tarea de preparar a nuestras regiones para la ampliación significa también, y sobre todo, utilizar estos fondos para aumentar la competitividad de nuestro capital humano y social. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, en esta intervención me limitaré a comentar el aspecto político clave que sustenta el futuro de la política de cohesión. 
Se trata, como es fácil de adivinar, de la cantidad de recursos financieros asignados a este pilar fundamental del proceso de la integración europea durante el periodo de 2007 a 2013. 
Es una cuestión política clave porque Europa sólo será viable si se sustenta sobre un proyecto de solidaridad a favor de las regiones más desfavorecidas; la Unión Europea no saldrá adelante sobre la base de unas disparidades regionales excesivas. 
Al suscribir el acuerdo franco-alemán de congelar el gasto común de la política agrícola hasta 2013, sobre la base del gasto en 2006, el último Consejo Europeo, celebrado en Bruselas, parte del supuesto que ese mismo principio de congelación podría aplicarse asimismo a las subvenciones destinadas a la política de cohesión. 
En otras palabras, el mismo presupuesto de la Unión que ha sido válido para una Europa de quince países tendrá que valer para una Europa de veintisiete. A esto cabe añadir el fin del espejismo de que el ahorro procedente de la PAC podría aplicarse a la política de cohesión; sin olvidar lo arduo que ha resultado fortalecer el desarrollo rural de la PAC y ésta, como es sabido, posee un enfoque basado en la cohesión. 
Podría decirse que una política de cohesión que estuviera financiada hasta un valor aproximado del 0,45 % del PIB de la Comunidad ya sería una conquista importante. 
Quedarían por los menos arrinconados los escenarios de renacionalización que se han estado incubando en algunos países afectados por la política de cohesión. 
No obstante, quisiera subrayar la insuficiencia de recursos, que pone en peligro la existencia futura de una política de cohesión equilibrada, que por una parte no ignore el déficit de cohesión que todavía existe en la Unión Europea actual de los Quince y, por la otra, está a la altura del mayor desafío planteado al proceso de integración europea. 
También quisiera resaltar, en relación con este tema y para finalizar, el contraste con el pasado reciente, cuando a la vista de otros importantes desafíos, se duplicaron los recursos financieros para la cohesión. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías y señora ponente, quiero darles las gracias tanto por el contundente informe como por el interesante debate. 
En calidad de última oradora, bien puedo afirmarlo. La política regional entraña una enorme importancia para la UE actual, así como, desde el punto de vista de la solidaridad, para la UE del futuro. 
Cuanto más nos aproximamos a 2007, mayor es la intensidad de las discusiones en nuestras regiones acerca de lo que deparará el futuro. 
Puedo confirmar que existe una honda preocupación en las regiones acerca de lo que pueda suceder en relación con la futura política estructural. 
Como ponen de relieve los informes de la Comisión, seguimos teniendo problemas, por ejemplo con el desempleo y las mayores diferencias entre las zonas urbanas y otras regiones que van quedando rezagadas. 
Debemos hacer un uso eficaz de los recursos disponibles actualmente y lo propio se puede aplicar a los futuros presupuestos de los fondos estructurales. 
Por eso es importante disponer de ámbitos de colaboración, una notable influencia regional sobre la forma de utilizar el dinero y una simplificación de los métodos administrativos a fin de que los trámites burocráticos no impidan a las regiones hacer buen uso de los fondos. 
Uno de los aspectos excelentes del informe es el acento que pone en que las regiones geográficamente desfavorecidas deben tener prioridad para los fondos estructurales del futuro. 
Sabemos que muchísimas regiones se hallan muy lejos de los grandes mercados y tienen que saber aceptar esta realidad geográfica. 
Creo además que la enmienda 10 de mi propio grupo, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, es tremendamente importante al señalar, como lo hace, que la utilización de los fondos estructurales debe estar gobernada por indicadores distintos del PIB. 
Por último, deseo resaltar lo importante que resulta para todos los ámbitos políticos promover el desarrollo regional. 
Si no lo hacen, la política regional resultará estéril. 
La política agrícola, en especial la política de transporte, debe fomentar la igualdad regional. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, a veces es fácil olvidar lo que se ha logrado desde 1992. 
Muchos de nosotros sin duda recordamos cómo los camiones eran detenidos en nuestras fronteras interiores, cómo se inspeccionaban sus cargas y se sellaban los documentos. 
Las posibilidades de conseguir un contrato público en otro Estado miembro eran en aquel entonces tantas como la de ganar la lotería nacional. 
Establecer una red europea bancaria o de seguros era virtualmente imposible debido a los diferentes requisitos reglamentarios. 
El coste de una llamada telefónica era extraordinariamente elevado, y la calidad del servicio era a menudo deficiente. 
Las tarifas bancarias transfronterizas eran astronómicas. 
Nuestros ciudadanos se veían continuamente frustrados en sus esfuerzos por obtener permisos de residencia para vivir en otro Estado miembro o lograr que se reconocieran sus cualificaciones profesionales, por ejemplo como médicos. 
Una mayor competencia y las mejoras de la productividad han ayudado a crear muchos nuevos empleos que no se habrían creado sin el mercado interior. 
Dentro de poco, la Comisión publicará cifras sobre el aumento del empleo y los efectos en el crecimiento de los diez años de mercado interior. 
Estos aumentos se han logrado pese al importante abismo que aún existe entre los marcos legales. 
Cuando miramos al futuro, nos enfrentamos a una elección. 
La elección entre un mercado interior aún más dinámico, que seguirá siendo un motor de creación de más empleos y de prosperidad en los Estados miembros tanto antiguos como nuevos, o un mercado interior que utiliza tan sólo uno o dos de sus cilindros, y que estará cada vez más expuesto a elementos corrosivos. 
Si elegimos la última opción, podemos abandonar directamente nuestros objetivos de Lisboa. 
Hace una década, había mucha energía detrás del programa del mercado interior. 
Hoy en día, parece que no hay tantas ganas de tomar decisiones políticas difíciles. 
Incluso durante los dos últimos años, cuando las cosas iban bien, hemos acumulado un gran desfase. 
La patente comunitaria, COMPAT, es quizás el mejor ejemplo. 
¿Cómo puede el Consejo decir seriamente que quiere que Europa se convierta en la economía más competitiva del mundo si no está dispuesto a adoptar esta medida crucial para la innovación y el crecimiento? 
La semana que viene, el Consejo de Competitividad intentará otra vez resolver los problemas de COMPAT, pero se me está acabando la paciencia. 
Hemos de crear un mercado interior digno de este nombre, también en los servicios. 
El sector de los servicios constituye el 70% de todas nuestras economías y por desgracia sigue lleno de barreras. 
No se hagan ilusiones, una vez que abordemos estas barreras, los intereses creados se mostrarán de nuevo y pedirán a los diputados al Parlamento y a los Ministros que defiendan el status quo. 
Necesitaremos el máximo apoyo del Parlamento para superar esa resistencia al cambio. 
También se ha introducido cierta erosión en nuestro marco para la libre circulación de mercancías. 
El reconocimiento mutuo, una de las bases del mercado interior, no funciona tan bien como debería. 
El marcado nacional sirve a menudo de barrera oculta al comercio. 
En algunos sectores industriales importantes no hay suficientes normas europeas. 
Esta debilidad de los cimientos del mercado interior será aún más evidente después de la ampliación. 
Tenemos que integrar un mercado de capitales capaz de canalizar los ahorros de hoy en inversiones de mañana. 
Hemos de reforzar la gestión empresarial, teniendo en cuenta las ideas expresadas en el reciente Informe Winter del grupo de expertos de alto nivel en derechos de sociedades presidido por el profesor Jaap Winter. 
Hemos de ofrecer a nuestras empresas la flexibilidad para organizarse a escala continental, incluso a través de ofertas de compra. 
Hemos de eliminar los obstáculos fiscales, que incrementan innecesariamente el coste de las empresas. 
Hemos de abrir más las industrias de red. 
Hemos de ocuparnos de la bomba de relojería de las pensiones. 
Necesitamos unas reglas mejores y más simples. 
Las reglas han de transponerse a tiempo y correctamente. 
Hablamos de la biotecnología como uno de los sectores de crecimiento de futuro de Europa. 
Pero sólo seis de los quince Estados miembros han transpuesto hasta ahora la Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. 
Esta transposición tenía que haberse realizado hace 18 meses, pero nueve Estados miembros se han salido de la fila y están rezagados en este ámbito. 
En conjunto, el déficit de transposición de las Directivas del mercado interior vuelve a alejarse del objetivo del 1,5 % fijado por el Consejo Europeo. 
Nosotros hemos cumplido. 
Sé que nada de esto es fácil. 
Seguramente, tomar decisiones será aún más difícil en una Unión Europea ampliada. 
Existe un riesgo real de que el desfase aumente más si no empezamos a actuar estratégicamente anteponiendo los intereses a largo plazo de la Unión Europea a los estrechos intereses sectoriales que se oponen al cambio. 
Contamos con el fuerte apoyo de nuestros ciudadanos y empresas. 
La semana que viene, la Comisión publicará los resultados de un importante estudio sobre los diez años del mercado interior. 
Puedo decirles que el estudio demuestra que el 77% de nuestros ciudadanos y el 84% de nuestras empresas creen que el mercado interior ha sido una fuerza muy positiva en sus vidas. 
Quieren que el mercado interior les sirva incluso mejor en el futuro. 
En el Parlamento, la Comisión espera con impaciencia el próximo informe sobre la estrategia del mercado interior, del cual es ponente el Sr. Harbour. 
Espero que el informe sea ambicioso e impactante. 
La reciente creación del Consejo de Competitividad también representa una grata oportunidad para hacer progresos. 
Diez años después de la eliminación de nuestras fronteras interiores, un año con el euro, y en vísperas de la ampliación, ahora ha llegado el momento de dar un nuevo impulso para mejorar el mercado interior. 
Cuento con el apoyo del Consejo y del Parlamento para impulsar una ambiciosa estrategia de mercado interior a medio plazo, que la Comisión tiene previsto presentar el próximo mes de abril. 
Si actuamos con decisión, aún queda por venir lo mejor. 
Señor Presidente, señor Comisario, es un placer tener la oportunidad de debatir con el Parlamento Europeo la situación con respecto al mercado interior y el impulso que lo mueve. 
Perdonen que me haya retrasado un poco. 
La UE se enfrenta en estos momentos a grandes retos. 
Tenemos que gestionar la próxima ampliación a diez nuevos Estados miembros y, al mismo tiempo, todavía tenemos que llevar a cabo una serie de reformas a fin de que la UE pueda desempeñarse como un actor global sólido. 
En mi calidad de Presidente en funciones del Consejo, he querido comentar hoy con ustedes la situación en cuanto a la conclusión del mercado interior porque me parece crucial que contemos con un auténtico mercado interior, que incluya a todos los nuevos países, y al mismo tiempo también con una economía capaz de competir a escala exterior, conforme al espíritu de la ambiciosa visión de Lisboa. 
El Parlamento Europeo es ahora un importante colegislador en los asuntos relativos al desarrollo del mercado interior. 
Por lo tanto, en mi calidad de Presidente del Consejo de Competitividad, creo que se trata de un tema que es lógico y particularmente necesario debatir con el Parlamento en la actualidad. 
Han transcurrido quince años desde que se incluyo por primera vez en la agenda la idea de un mercado interior. 
Hace casi diez años que se puso en marcha. 
El mercado interior es uno de los objetivos más ambicioso que se ha marcado la UE en toda su historia. 
En los sectores en los que hemos alcanzado nuestras metas, los beneficios para los consumidores y empresas europeos han sido enormes. 
El mercado interior ha aportado más y mejores productos a unos precios más bajos, libertad de movimientos a través de las fronteras y, sobre todo, un aumento de la competencia. 
No obstante, al mismo tiempo observamos que, lamentablemente, todavía quedan muchos temas difíciles que será necesario resolver antes de poder completar el mercado interior. 
La Presidencia danesa decidió otorgar la máxima prioridad a este ámbito. 
En primer lugar, porque un mercado interior plenamente operativo es un elemento clave para la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en la UE. 
En segundo lugar, porque el desarrollo de tecnologías y mercados requiere que se supriman las barreras al comercio transfronterizo que aún subsisten. 
En tercer lugar, porque la creciente globalización económica requiere que agilicemos las reformas estructurales. 
El buen funcionamiento de los mercados de productos y de capitales es de fundamental importancia. 
El mercado interior debe ser capaz de ofrecer lo que nuestros ciudadanos esperan de él: una amplia selección de productos y servicios de alta calidad, seguros y a unos precios razonables, y también libertad de movimientos a través de las fronteras interiores, sin trabas burocráticas innecesarias. 
La próxima ampliación es vital. 
Los países candidatos están haciendo un gran esfuerzo para estar preparados para la adhesión. 
Yo tengo la plena confianza de que harán todo lo posible para asumir la legislación que hemos adoptado a lo largo de muchos años y tenemos la responsabilidad de ayudarles en todo lo que podamos, incluso después de su adhesión. 
Un nuevo mercado interior ampliado ofrece un gran potencial, tanto para los ciudadanos como para las empresas; un mercado interior con cien millones más de consumidores en unas economías que están creciendo rápidamente, lo cual se traducirá en un crecimiento económico acelerado y más empleo en los Estados miembros actuales y también en los futuros. 
Un estudio de la Comisión de 2001 indica que la ampliación determinará un incremento de un 1,3- 2,1 % anual en el PIB de los países candidatos. 
Para los miembros actuales, el incremento global del PIB será del 0,7 %. 
El potencial de crecimiento de la próxima ampliación dependerá de que seamos capaces de aprobar las reformas estructurales aún pendientes. 
Uno de los grandes retos que debemos afrontar es la conclusión del mercado interior en los sectores en los que todavía no funciona de la manera deseada. 
El sector de los servicios es vital para el crecimiento europeo: dos de cada tres puestos de trabajo corresponden a este sector, y las empresas privadas y públicas de servicios representan el 70% del PIB de la UE. 
El informe de la Comisión sobre las barreras del mercado interior de servicios indica que existen muchas, de carácter legislativo y no legislativo. 
Tenemos que resolver esta cuestión. 
En cuanto la Comisión presente sus propuestas, el Consejo y el Parlamento deben considerar cómo se pueden suprimir lo más pronto posible las barreras que aún subsisten. 
El mercado interior de servicios financieros también es sumamente importante. 
Frente al carácter global de los mercados financieros, la regulación se debe aplicar a escala de la UE. 
El llamado «Grupo Gyllenhammer» ha analizado, entre otros, las ventajas económicas de la aplicación del Plan de Acción para los Servicios Financieros. 
El análisis sugiere que la integración financiera generará un incremento anual del crecimiento de hasta un 0,5 % del PIB. 
Puedo señalar con satisfacción que hasta el momento se han adoptado treinta propuestas, incluidas cuatro de las ocho citadas en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona. 
También es esencial la libre circulación de las personas y las empresas. 
Una mayor movilidad es crucial para mantener una buena tasa de crecimiento y evitar al mismo tiempo «cuellos de botella» en algunas partes de la Unión Europea. 
Se han introducido, entre otras, muchas modificaciones en el Derecho de sociedades, pero asuntos como el escándalo de Enron han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor armonización. 
El paquete relativo al mercado interior de la electricidad y el gas también es un elemento importante para la conclusión del mercado interior. 
La Presidencia concede una gran importancia a asegurar que se mantenga el impulso en este aspecto. 
La intención es poder alcanzar un consenso político sobre todo el paquete relativo al mercado interior de la electricidad y el gas en el Consejo de Energía del 25 de noviembre. 
Una política dinámica en materia de consumo en una UE ampliada debe tomar en consideración la evolución de los mercados y el nivel real de protección del consumidor necesario. 
En este contexto, es fundamental disponer de unas normas comunes sobre la comercialización de bienes y servicios en la UE. 
El Libro Verde constituye una buena base para continuar trabajando en este aspecto. 
Finalmente, es más importante que nunca que simplifiquemos y mejoremos nuestras normas, a fin de facilitarles la vida a los ciudadanos y a las empresas en la UE. 
En sus reuniones de mayo y septiembre, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre la modificación de las directivas relativas a los contratos públicos y la Presidencia está trabajando ahora con el fin de poder comunicar lo más pronto posible una posición común al Parlamento. 
Debemos colaborar para asegurar la simplificación y mejora de la normativa de la Unión mediante la aplicación efectiva del plan de acción de la Comisión. 
Estudios realizados por la Comisión indican que una legislación más adecuada podría suponer un ahorro de unos 50 000 millones de euros anuales para las empresas, lo que equivale a un 4% del PIB. 
La Presidencia concede una alta prioridad a esta cuestión. 
En las conclusiones de la reunión del Consejo del 30 de septiembre, las prioridades incluían los trabajos para simplificar la normativa de la Unión, así como la evaluación del impacto y la elaboración de métodos de seguimiento de la ejecución del plan de acción. 
Nuestro objetivo es que el acuerdo interinstitucional se adopte antes de fin de año. 
Esto depende, evidentemente, del desarrollo de las negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos con el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Es imposible satisfacer todos los deseos si queremos que el acuerdo se cierre antes de finales de 2002. 
El Consejo de Competitividad, junto con el Parlamento Europeo y la Comisión, tiene la responsabilidad de asegurar que se dé un impulso a los trabajos destinados a fomentar el crecimiento y la competitividad de la UE. 
Debemos recordar que para responder a estos retos es necesario que mantengamos una estrecha colaboración. 
Conseguir unas empresas competitivas y asegurar un crecimiento económico sostenido son tareas que requieren un esfuerzo concertado. 
A todos interesa que nuestra colaboración sea lo más eficaz posible, de manera que nos permita avanzar rápidamente en aquellos ámbitos de la normativa en los que, en nuestra calidad de legisladores, tenemos competencias y una responsabilidad comunes. 
Señor Presidente, me complace oír las declaraciones del Comisario y del Presidente del Consejo, tanto en nombre de mi Grupo como en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la estrategia de mercado interior. 
Estas declaraciones son muy importantes y muy oportunas. 
Desde mi propio punto de vista como diputado conservador británico, que ingresó en este Parlamento hace tres años y desde entonces se ha dedicado constantemente a actividades relacionadas con el mercado interior, es la primera vez que hemos tenido una declaración de este tipo. 
Para mí representa en cierto modo un hito, y espero que también para el Parlamento. 
Hemos de garantizar que no haya un intervalo tan largo entre este tipo de compromisos y los debates sobre una estrategia futura. 
También espero que en el décimo aniversario del programa de 1992, mis colegas me permitan recordar que fue un comisario británico, Lord Cockfield, quien fue responsable de que se aceptara ese programa con el estímulo activo de la Primera Ministra del gobierno conservador británico, Margaret Thatcher. 
Este décimo aniversario nos brinda una importante oportunidad de lanzar una nueva iniciativa para agilizar más la consolidación del mercado interior, cambiando a una marcha superior. 
Ello sólo puede lograrse uniendo a todas las instituciones, empresas y organizaciones de consumidores europeas en una coalición mucho más potente. 
En cierto sentido hemos dado el mercado interior demasiado por sentado. 
Como han dicho esta mañana tanto el Comisario como el Ministro, éste no es en absoluto el caso. 
Quiero decirle al Comisario Bolkestein que, como ponente de la comisión, mi proyecto de informe será sin duda incisivo y ambicioso. 
Espero que mis colegas me apoyen, y creo que lo harán porque la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha sido una firme partidaria de la política de mercado interior. 
Hemos mantenido vivos debates, pero el rumbo general apuntará al tipo de programas que la Comisión desea estimular. 
Sin duda estamos preparados para aceptar el desafío de crear el mercado interior de servicios. 
Será difícil y se necesitará mucho apoyo político que, Comisario Bolkestein, le daremos. 
En cuanto al Consejo, quisiera elogiar mucho al Sr. Bendtsen por su liderazgo en esta cuestión y al lanzamiento del Consejo de Competitividad. 
No tiene por qué esperar a que la Comisión tome iniciativas para llevarlo adelante. 
Examinando este informe sobre las barreras a los servicios en el mercado interior- que, Señorías, les insto a leer -, queda claro que ahora los Estados miembros podrían seguir con la tarea de liberalizar el establecimiento de negocios, eliminar la burocracia que entorpece la creación de pequeñas empresas y estimular a las empresas de servicios para que se establezcan en otros países. 
Aquellos de ustedes que formen parte del Consejo de Competitividad podrían tomar esta iniciativa en la próxima reunión. 
No es necesario esperar a la Comisión. 
Este es el tipo de enfoque positivo que queremos que adopten los Estados miembros, para eliminar el tipo de déficits de transposición que el Sr. Bolkestein ha señalado antes. 
Así pues, ruego al Consejo que tome la iniciativa. 
Para terminar, hace unos meses el Sr. Bolkestein publicó un artículo acerca del trabajo del Parlamento sobre las Directivas en materia de promoción de ventas, titulado: «El Parlamento acude a rescatar al mercado interior». 
No estamos aquí sólo para rescatarlo, estamos aquí para impulsarlo y esto es lo que tenemos intención de hacer en los próximos 12 meses y después. 
Señor Presidente, agradezco mucho las declaraciones de hoy, tanto del Presidente en funciones del Consejo como del señor Comisario, que nos recuerdan que se celebra el décimo aniversario del mercado interior. 
Es una fecha especial para mí, ya que el proyecto del mercado interior de la Unión Europea fue lo que impulsó, en última instancia, el debate en Austria, Suecia y Finlandia sobre la conveniencia de nuestra adhesión a la Unión, y es una satisfacción para mí que diésemos ese paso y poder participar ahora en este acontecimiento, que es en parte una revisión. 
Creo que los riesgos inminentes y los proyectos históricos de la Unión Europea- la próxima gran ampliación y la reforma fundamental de la UE en el marco de la Convención- hacen justamente necesario examinar si se han alcanzado los objetivos anteriores. 
También es justo que estemos orgullosos de lo que hemos conseguido y lo recordemos repetidamente. 
El mercado interior ya se da demasiado por sentado; por esto aún saltan más dolorosamente a la vista las insuficiencias derivadas de la transposición inadecuada de las directivas en los Estados miembros o su retraso. Mi propio país lleva, lamentablemente, un retraso significativo en este aspecto. 
Estas deficiencias y obstáculos tienen, sin embargo, su origen en que hasta ahora no hemos adoptado con suficiente acierto las medidas de armonización y coordinación necesarias a escala europea. 
Señor Comisario, usted ha expuesto algunos ejemplos muy pertinentes de insuficiencias y obstáculos que aún subsisten, sobre todo en los ámbitos de la prestación de servicios y de la circulación de mercancías. 
Creo que, en este contexto, también se debería resaltar muy especialmente el ámbito de la libre circulación de trabajadores, en el que aún persisten obstáculos para la realización del mercado interior que afectan a los elementos verdaderamente móviles de la población. 
Otro aspecto que es necesario abordar es la situación de los nacionales de terceros países, tanto en su calidad de trabajadores como en lo que respecta a la prestación de servicios transfronterizos. 
Creo que, aunque estemos revisando los objetivos del mercado interior y tengamos la voluntad de hacer todo lo posible para alcanzarlos al fin, también debemos recordar que nuestra finalidad ha de ser garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y del medio ambiente. 
No nos concentremos sólo en la diversidad de los bienes y servicios disponibles, y pensemos también en su calidad. 
Para acabar, quisiera pedir a cuantos están trabajando con vistas a la conclusión del mercado interior que contribuyan a evitar que el debate sobre el futuro de la Unión Europea, sus competencias y los principios que rigen su ejercicio ponga en peligro el fundamento jurídico del mercado interior. 
En la Convención se observan algunas tendencias en este sentido, sobre todo en lo que respecta al principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario por este llamamiento a despertar el mercado interior, al que hay que felicitar por su décimo aniversario. 
A veces olvidamos que el mercado interior sigue siendo un proceso y representa muchos asuntos inacabados, y ha hecho usted bien al recordárnoslo, señor Comisario. 
Si examinamos la agenda de nuestra comisión veremos que la mayor parte del trabajo se basa en el buen funcionamiento del mercado interior. 
Por desgracia, tal como nos ha recordado usted, con cuestiones como la patente comunitaria, esas grandes decisiones siguen quedando en suspenso, a veces, todo hay que decirlo, en el Consejo. 
Es extraño, porque el mercado interior ha sido todo un éxito para Europa, una visión que conseguimos vender con tanta eficacia a nuestros ciudadanos en el periodo previo a 1992. 
Quizás se esté apartando un poco de su rumbo y quizás haya llegado el momento de implicar de nuevo a nuestros ciudadanos, y especialmente a la pequeña y mediana empresa, en lo que estamos haciendo. 
¿Qué beneficio les reporta? 
¿Cómo funciona el mercado para ellos? 
De nuevo es una paradoja: con el euro y el comercio electrónico, el mercado interior debería despegar realmente. 
Aunque ha mencionado usted un estudio que demostraba un fuerte apoyo al mercado interior, realmente no creo que podamos darlo por sentado. 
Yo y mis colegas en esta comisión estuvimos encantados de formar parte, hace unos meses, de un foro sobre el mercado interior que se organizó en este parlamento. 
Deberíamos tomar más iniciativas como esta para tratar de nuevo con nuestros ciudadanos y empresas sobre la utilidad del mercado. 
Si lo conseguimos, y si los ciudadanos y las empresas se comprometen, el nivel de aplicación y entusiasmo en los Estados miembros será mucho mayor y mucho más completo. 
Quisiera hacerme eco de las preocupaciones de Maria Berger sobre la Convención Europea. 
El mercado interior ha de encontrar un lugar clave en esos debates, o nos arriesgamos a perder lo que hemos creado y convertido en un éxito. 
Señor Presidente, quiero sobre todo apoyar lo que han dicho el Sr. Harbour, el Comisario Bolkestein y otros acerca de la necesidad de desarrollar y mejorar el mercado único, especialmente en el contexto de los servicios y las patentes y otras cuestiones que se han debatido. 
Sin embargo, no hemos de olvidar que la confianza de nuestros conciudadanos en este proceso también depende de una observancia adecuada de lo que podríamos llamar condiciones fronterizas. 
Por ejemplo, el mercado único podría aplicarse sin duda de un modo que ignorara los imperativos colaterales de carácter medioambiental. 
Esto no sucede, pero es vital que se mantenga esta situación. 
Lo mismo puede decirse de ciertas condiciones y limitaciones sociales. 
En relación con los servicios, existe nerviosismo entre nuestros ciudadanos acerca de los servicios públicos y los servicios de interés general. 
¿En qué medida están plenamente expuestos a las condiciones del mercado único, y en qué medida se mantienen debidamente aparte? 
Hoy he estado examinando el documento de la Comisión COM (2002) 208 y reflexionando sobre lo que significa eso de los servicios de interés general. 
Y encuentro la siguiente definición, en el apartado 3.1.5: «los servicios de interés general se definen en la Comunicación de la Comisión sobre «servicios de interés general en Europa» como aquellos que las autoridades públicas clasifican como de interés general y sujetos a obligaciones específicas de servicio público». 
No creo haber encontrado nunca un ejemplo mejor de tautología en un documento público. 
Un servicio es un servicio de interés general si las autoridades públicas dicen que es de interés general, y así es como lo definen. 
Ahora bien, lo que esto sugiere es una cierta confusión conceptual. 
Intuimos que aquí hay un ámbito que está sujeto a diferentes condiciones y limitaciones de ese aspecto del mercado de servicios que reside plenamente en el sector privado. 
Si no lo resolvemos, perderemos definitivamente la confianza de nuestros ciudadanos. 
Tengo una gran saca de correos dedicada a los miedos que expresa ahora la gente acerca del modo en que discurrirá el acuerdo general sobre comercio y servicios y el efecto que tendrá en los servicios públicos en Europa. 
Además de ser claros acerca de la necesidad de ampliar y mejorar el mercado único, y de cuáles son las condiciones restrictivas, intentemos salir de la esfera de la tautología y entrar en el pensamiento claro. 
Voy a limitar mi intervención a la patente europea. 
Esto enlaza con lo que han expresado el Comisario Bolkestein y la mayoría de oradores, aunque el Presidente en funciones del Consejo no lo haya mencionado en su intervención. 
Tenemos que dar un firme toque de atención al Consejo e instarle a que ejecute la patente europea lo más pronto posible. 
El problema con que se encuentra, según hemos entendido, es el del régimen lingüístico, pero esto no debería ser un obstáculo para el desarrollo de una economía competitiva, tal como ha destacado el Presidente en funciones en su intervención. 
Cuando obtenemos una patente en la UE, habitualmente también la obtenemos en los Estados Unidos, es decir, que tenemos que traducirla al inglés; por lo tanto, ¿por qué no decidimos de una vez para siempre que una patente obtenida en la UE sólo se deberá expedir en inglés? Sería más sencillo y supondría un gran ahorro, además de adecuarse al proceder habitual de los inventores. 
Éstos se dicen: tengo una idea innovadora que puedo vender en todo el mundo y, por consiguiente, voy a tener que traducirla al inglés. 
Todos los inventores hablan inglés y yo quisiera abogar, por lo tanto, firmemente a favor de una patente en una lengua y sólo una: el inglés. 
Esto mejoraría la competitividad y tendría en cuenta los costes en los que se incurre en cualquier caso. Yo creo que el Consejo debería hacer un esfuerzo y sacar adelante esta propuesta. 
Señor Presidente, quiero expresar el apoyo al análisis hecho por el Comisario Bolkestein, en este décimo aniversario de la realización del mercado interior europeo, que tuvo su origen en el Acta Única europea, primera modificación de los Tratados, precisamente con el convencimiento de la necesidad de crear un espacio económico adecuado a la potencia económica y a las posibilidades de las empresas europeas para desarrollarse. 
Desgraciadamente, hay una serie de aspectos pendientes que se acaban de comentar- la falta de acuerdo sobre la patente europea, las ofertas públicas de compra, los obstáculos fiscales, los servicios financieros- que deberían impulsar al Consejo a cumplir sus compromisos y hacer realmente efectivos todos los acuerdos y todos los compromisos iniciados en el proceso de Lisboa para que no tengamos que esperar diez años más a que todo el mercado interior europeo sea una realidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el mercado interior probablemente acaba de recibir hoy su mejor regalo de aniversario en forma de las palabras del señor Comisario cuando ha dicho que, a pesar de sus logros, se le está acabando la paciencia. 
Le agradezco su impaciencia, con la esperanza de que, por el bien del mercado interior, cuantos en él operan y sobre todo los que dificultan sus progresos comiencen a comprender poco a poco cuán grande es esa impaciencia. 
Europa debe llegar a ser un continente y la Unión Europea, una unión política. 
Por lo tanto, nosotros decimos «sí» sin reservas a un mercado interior en pleno desarrollo y capaz de manifestar plenamente su dinamismo en beneficio de Europa. 
Sólo nos queda un año para aplicar la Estrategia para el mercado interior para el período 1999-2004, un año durante el cual necesitaremos una mayor determinación en lugar de desgana, mayor rapidez en lugar de vacilación y mayor responsabilidad global en lugar de un provincianismo. 
La importancia del mercado interior, que quedó patente después del 11 de septiembre, es innegable. 
Cuanto más fuerte sea el mercado interior, más fuerte será la posición de Europa en el mundo y más independientes seremos. 
Por esto, me alegra mucho que ahora hablemos de la ampliación, pues ésta ampliará nuestro mercado interior y, como resultado, fortalecerá a Europa. 
El euro ha transformado el mercado interior en un mercado interno para muchos países y con ello lo ha fortalecido en su conjunto; por esto también quiero expresar mi satisfacción por la inclusión de la cláusula de salvaguardia relativa al mercado interior en los tratados de adhesión. 
Es preciso que las directivas se transpongan con mayor rapidez. 
Necesitamos que se acelere el proceso de adopción de decisiones y que no tarde 28 meses como ocurrió con los planes de pensiones de empresa. 
Necesitamos un debate con vistas a la revisión de la legislación en materia de competencia a la luz de la estrategia para el mercado interior y de la estrategia de Lisboa, y con objeto de que sirva de base para los trabajos de la Convención. 
Por esto, pensando también en impaciencia, desearía que hiciese un mayor uso de su derecho de iniciativa y nombrase a quienes obstaculizan los progresos en vez de silenciar sus nombres. 
Señor Presidente, el Estatuto de la sociedad anónima europea constituye, obviamente, un paso importante para la conclusión del mercado interior. 
Voy a dedicar a este tema el minuto de que dispongo. 
Finalmente, tras veinte años de debates, tenemos un acuerdo, en forma de un reglamento que debe entrar en vigor en 2004. 
El Parlamento le ha dado su pleno apoyo e incluso ha renunciado a su poder de codecisión para ganar tiempo. 
Ahora nuestras empresas europeas parecen demostrar escaso entusiasmo por la sociedad anónima europea. 
Según algunos informes, las empresas interesadas en transformarse en sociedades anónimas europeas son pocas, si las hay. Los motivos parecen ser que el proceso requeriría mucho tiempo, sin ninguna ventaja inmediata y, sobre todo, sin un régimen fiscal uniforme. 
¿Son conscientes el Consejo y la Comisión de esta falta de interés y del riesgo de que la creación de una sociedad anónima europea se convierta en un ejercicio inútil? 
¿Se ha elaborado alguna estrategia para animar a nuestras empresas a transformarse en sociedades anónimas europeas? 
Señor Presidente, en su declaración introductoria, el Comisario Bolkestein se ha referido a dos directivas muy importantes para la realización del mercado interior: la Directiva sobre contratos públicos y la Directiva sobre reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Yo soy el ponente para dichas directivas. 
Ambas se refieren a asuntos de considerable importancia directa o indirecta para los trabajadores autónomos, como la aplicación de la libertad de circulación y de establecimiento, la seguridad de los ciudadanos, la salud, la libertad en general y, evidentemente, la salvaguardia de los derechos civiles. 
Parece bastante claro que la Comisión no está teniendo suficientemente en cuenta las necesidades de los trabajadores autónomos. 
Éstos son proveedores de servicios intelectuales, no empresarios, y no se les puede someter con facilidad a la competencia. 
Es necesario incluir una definición en los tratados, se deben establecer unas tarifas mínimas y los trabajadores autónomos deben gozar de un reconocimiento basado en la formación recibida y no en sus cualificaciones, que además difieren de un Estado a otro. 
Se debe conceder la debida importancia a las asociaciones y sociedades. 
Los planes de la Comisión con respecto a la normativa en este ámbito son inadecuados y con este enfoque burocrático se está penalizando a los trabajadores autónomos, que tienen derecho a un enfoque social. 
La Comisión y el Consejo están avanzando a pasos agigantados, con escasa consideración por las posiciones políticas del Parlamento. 
Espero que lo que acaba de manifestar el Comisario Bolkestein responda realmente a la situación y que se esté desarrollando un diálogo como es debido que incluya a los millones y millones de trabajadores autónomos que, repito, son proveedores de servicios intelectuales y no meros administradores. 
Señor Presidente, Señorías, el «Grupo Canguro» del Parlamento ha hecho una aportación esencial a la realización del mercado interior europeo. 
Muchos de los diputados que están interviniendo hoy forman parte del «Grupo Canguro». 
Éste presenta hoy una iniciativa en la que se pide que el mercado interior tal como existe en la actualidad se siga desarrollando hasta convertirlo en un auténtico mercado interno. 
Durante los últimos meses, hemos mantenido conversaciones con un gran número de personas del mundo empresarial con el fin de analizar hasta dónde hemos llegado y qué progresos se han conseguido en la realización del mercado interior, y hoy presentamos los resultados. 
De entrada, la historia del mercado interior es un éxito. 
Las realidades de Europa experimentaron un cambio fundamental cuando se abrieron las fronteras entre los países miembros de la Comunidad Europea. 
La estandarización de las condiciones de acceso mejoró substancialmente la competitividad de las empresas europeas y la creación de nuevos instrumentos, entre los cuales sólo voy a citar a la Oficina Europea de Patentes, ha facilitado mucho el acceso al mercado europeo para las pequeñas y medianas empresas, en particular. 
No obstante, al mismo tiempo también hemos constatado que en muchos sectores no existe un mercado interior, sino que tenemos quince mercados nacionales dentro de un mercado interior que en realidad no funciona. 
Para empezar, todos sabemos que así sucede en el caso de los servicios financieros. 
Es asimismo el caso de las ciencias de la vida, de los productos farmacéuticos y de otros sectores en los que tampoco existe un mercado interior, y otro tanto sucede en el campo de la defensa, donde se están dando los primeros pasos vacilantes hacia la creación de una política y un mercado interior comunes. 
Finalmente, pero no menos importante, para dar el salto del mercado interior a un mercado interno es preciso- y lo digo pensando también en el Sr. Harbour- que tengamos una moneda común para todos los países de la Unión Europea y esa evolución también requerirá que trabajemos sobre la base de un modelo económico común. 
A mi parecer, éste debe ser el de una economía social de mercado. 
Ahora pedimos a la Comisión que presente un proyecto coherente para iniciar esta nueva fase del desarrollo del mercado interno europeo. 
Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que en el debate de hoy se hayan presentado tantos puntos de vista interesantes. 
Como he señalado en mi intervención inicial, estamos adoptando conjuntamente decisiones sobre muchas propuestas que afectan al funcionamiento del mercado interior y la competitividad de la Unión Europea. 
Por lo tanto, también es importante que debatamos de manera continuada sobre los aspectos esenciales del mercado interior, especialmente con el fin de concentrarnos en aquellos ámbitos que no funcionan, a menudo en detrimento de la competitividad de la UE. 
He tomado nota de las opiniones que se han expresado hoy. 
Muchos han citado ejemplos de sectores en los que el mercado interior todavía está estancado. 
Puedo asegurarles que estoy de acuerdo con muchas de esas opiniones y quisiera hacer los siguientes comentarios al respecto: 
En primer lugar, coincido con el Comisario Bolkestein y con el Sr. Karas en que para que el mercado interior funcione- en beneficio de los ciudadanos y también de las empresas- es de decisiva importancia que las directivas se apliquen en los plazos previstos. 
Apoyo la tarea de seguimiento que está realizando el Comisario Bolkestein en este aspecto. 
El Consejo, en particular el Consejo de Competitividad que es responsable de la legislación sobre el mercado interior, concede la máxima prioridad a la aplicación de las directivas. 
Es evidente que debemos alcanzar la meta- que fijaron los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Estocolmo y luego en el de Barcelona- de transposición del 98% de las directivas para la primavera de 2003. 
En lo que respecta a la patente comunitaria en particular- que, naturalmente, muchos han mencionado hoy -, no puedo dejar de compartir la preocupación generalizada. 
Es un tema sumamente importante. 
La falta de progresos en las negociaciones en la reunión del Consejo del 21 de mayo obligó a reconsiderar la estrategia con respecto a la patente comunitaria. 
Se llegó a la conclusión de que la Presidencia danesa debía concentrarse en el sistema judicial y, por consiguiente, hemos mantenido conversaciones al respecto sobre la base de un documento consultivo elaborado por la Comisión, que recibimos en septiembre. 
El tema del sistema judicial, junto con otros puntos esenciales de la propuesta de una patente comunitaria, constituyen la llamada «solución global» , basada en el principio de que nada se puede considerar definitivamente acordado hasta que se haya acordado todo. 
En este contexto, he tomado nota, naturalmente, de la posición del Parlamento en lo que respecta al aspecto judicial. 
Hemos incluido las propuestas del Parlamento en nuestras deliberaciones sobre posibles soluciones. 
La patente comunitaria es de la máxima prioridad para la Presidencia danesa, pero a pesar de los denodados esfuerzos realizados no ha sido posible sentar las bases necesarias para elaborar un proyecto de compromiso común. 
Los países todavía mantienen posiciones demasiado distantes y quiero decirles, Señorías, que también yo estoy muy impaciente con este asunto. 
En la reunión del Consejo de Competitividad del 14 de noviembre habrá que revisar, por lo tanto, el estado de las negociaciones y buscar la manera de avanzar en relación con este tema extraordinariamente importante. 
Ahora también se ha alcanzado un consenso político en el Consejo sobre ambas directivas relativas a los contratos públicos. 
En estos momentos se está realizando un examen técnico, con objeto de poder presentarlas conjuntamente al Parlamento. 
El texto incorpora varias de las propuestas del Parlamento, incluida la referente a la posibilidad de incorporar consideraciones medioambientales y sociales en los contratos públicos. 
Confío en que el Parlamento aprobará las propuestas, de manera que en la UE podamos disponer lo más pronto posible de las nuevas normas mejoradas sobre contratos públicos. 
En lo que se refiere al mercado interior de servicios, en particular, puedo anunciarles que se prevé que el Consejo adopte las conclusiones del informe sobre las barreras en la reunión del Consejo de Competitividad del 14 y 15 de noviembre de 2002. 
En el Consejo existe un apoyo político a favor de que la Comisión se encargue del seguimiento de las conclusiones y se ha elaborado un calendario de trabajo, según el cual los Estados miembros y la Comisión se comprometen a alcanzar un determinado número de contratos de suministro en 2003. 
Entre otras cosas, la Comisión presentará una iniciativa legislativa sobre un sistema para suprimir las barreras. 
Los Estados miembros se comprometerán a acatar activamente y ejecutar las sentencias del Tribunal de Justicia. 
Para acabar, quisiera expresar mi agradecimiento por este inspirador debate. 
La Presidencia danesa concede una prioridad muy alta a la conclusión del mercado interior. 
Ésta constituye la base para poder hacer realidad nuestra visión de Lisboa. 
Esperamos poder continuar manteniendo nuestra buena relación de trabajo con el Parlamento Europeo, con el fin de completar con éxito el mercado interior, sobre todo con la perspectiva de la ampliación. 
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de contestar a los diputados que han hablado esta mañana. 
Para empezar quiero decir que estoy de acuerdo con el Sr. Harbour cuando ha dicho que Lord Cockfield desempeñó un papel importante en la construcción del mercado interior. 
Esto es cierto. 
Asimismo ha añadido que esto sucedió con el apoyo del Gobierno británico, y permítame decir que por ello es aún más lamentable que Lord Cockfield no regresara a Bruselas como Comisario para un segundo periodo. 
El Sr. Harbour ha hablado de los servicios. 
En efecto, dado que nuestras economías se basan aproximadamente en un 70% en los servicios, tiene razón al plantear este punto. 
Este punto también ha sido mencionado por otros. 
En respuesta a todos diré que no puede ser que se someta a las empresas a diversos requisitos que ya han cumplido en sus propios países. 
Hacerlo añadiría un coste considerable a la actividad empresarial en la Unión Europea y no sería compatible con los llamamientos a la reducción del papeleo. 
Es vital para los Estados miembros seguir avanzando en la modernización y simplificación de su marco legal. 
En muchos casos, la eliminación de barreras exige mejorar mucho la cooperación administrativa entre los Estados miembros o, si es preciso, la armonización. 
Esta acción exigirá el compromiso de los Estados miembros, y a la luz del informe sobre los servicios, la Comisión pretende proponer una iniciativa legislativa para eliminar las barreras legales innecesarias, así como también unas acciones no legislativas para abordar las barreras no reguladoras. 
La Comisión lo tendrá sin duda muy en cuenta, y tiene intención de volver al Parlamento cuando la ocasión lo exija. 
Asimismo estoy de acuerdo con el Sr. Harbour en que el déficit de transposición, que ahora aumenta de nuevo, es una cuestión sumamente grave. 
Quisiera hacer un llamamiento a todos los diputados del Parlamento para que utilicen la influencia que tienen sobre sus propios Gobiernos para recalcar la absoluta necesidad de reducir el déficit de transposición a un nivel similar o igual al 1,5 %, según el objetivo fijado por el Consejo Europeo. 
La Sra. Berger ha mencionado la necesidad de vigilar y mejorar la movilidad de los empleados. 
Estoy de acuerdo con ello y esta es una de las principales razones de por qué la Comisión se esfuerza por conseguir que en el ámbito de los fondos de pensiones, cuando los empleados coticen a un determinado fondo de pensiones en su propio país, puedan luego irse a trabajar a otro país y cotizar al mismo fondo de pensiones, manteniendo sus derechos de deducción fiscal de sus cotizaciones. 
Hace poco hubo un caso de un ciudadano finlandés que cotizaba a un fondo de pensiones que no era finlandés. 
La deducción fiscal de las cotizaciones no estaba admitida por las autoridades finlandesas. 
Después de recurrir al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, este error se subsanó y ahora tenemos la posibilidad de mantener tales ventajas fiscales. 
También es bueno para la defensa de la movilidad de los empleados. 
La Sra. Berger ha llamado asimismo la atención, al igual que la Sra. Wallis, sobre el artículo 95, que es una de las bases, si no la base por excelencia, del mercado interior. 
Ha habido rumores dentro y en torno a la Convención Europea de que el artículo 95 sería modificado. 
Los últimos comentarios que han llegado hasta mí sobre este punto me aseguran que esa no es la intención y que la Convención no desea cambiar el artículo 95, lo cual podría ser muy negativo. 
El Sr. MacCormick me ha llamado la atención sobre los servicios de interés general. 
Evidentemente se trata de un término general, pero se refiere a los servicios públicos que hasta ahora se han protegido de la competencia no sólo a escala nacional, sino a menudo también regional o local. 
La Comisión es partidaria de la liberalización. 
Quisiera establecer una distinción entre liberalización y privatización. 
La privatización no es asunto de la Comisión. 
De hecho, el artículo 295 del Tratado dice que ninguna disposición del Tratado debería afectar para nada a cualquier tipo de propiedad. 
De acuerdo con el Tratado, los Gobiernos de los Estados miembros son libres de nacionalizar, desnacionalizar, privatizar, expropiar o lo que sea. 
La privatización no es asunto de la Unión Europea y no es asunto de la Comisión. 
Sin embargo, la liberalización sí es asunto nuestro. 
La liberalización significa abrir a la competencia, y mi opinión es que si tales servicios de interés nacional, también llamados servicios de red, están abiertos a la competencia, el ciudadano corriente saldrá ganando. 
El Sr. Rovsing se ha referido a la patente comunitaria y ha sugerido que tales patentes deberían expresarse en un solo idioma. 
Puede que esté en lo cierto, pero conozco por lo menos un Estado miembro que se opondría firmemente a tal propuesta. 
Deseo al Sr. Rovsing mucho éxito en su intento por persuadir a los Estados miembros de que todas las patentes se expresen en inglés. 
El Sr. Karas ha dicho mehr Tempo statt Verzögerung- más ritmo y menos retraso- y no podría estar más de acuerdo con él. 
Asimismo ha dicho que cuanto más fuerte sea nuestro mercado interior, más fuerte será la posición de Europa en el mundo y, por supuesto, está en lo cierto. 
El peso económico es necesario para tener peso político. 
Esta es una de las razones por las que todos deberíamos apoyar el mercado interior. 
Asimismo está de acuerdo con la Schutzklausel, la cláusula de garantía en los tratados de adhesión sobre el mercado interior en su sentido más amplio, que abarca la energía, el transporte, etc., y no sólo los ámbitos correspondientes a mi cartera. 
Una parte importante de los tratados de adhesión, la cláusula de garantía funciona durante dos años a partir del ingreso, pero al amparo de la cláusula de garantía es posible proponer medidas que van más allá de este periodo de dos años. 
Tenemos la posibilidad, en caso de que surgiera la necesidad, de inculcar a los países candidatos la necesidad de establecer un periodo más largo que dos años. 
Deberían hacer lo necesario para colocarlos en línea con el mercado interior así definido. 
Quizás pueda contestar al Sr. de Clercq, quien también ha intervenido, en la lengua que compartimos. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0342/2002) de Earl of Stockton, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición, presentada por el reverendo Raymond Owen y admitida a trámite, sobre la discriminación contra los clérigos en el Reino Unido (Petición 395/2001). 
Señor Presidente, el caso del reverendo Raymond Owen plantea una serie de cuestiones interesantes, por no decir esotéricas. 
Sus Señorías tal vez piensen que la cuestión de si un clérigo es empleado de su iglesia o de Dios debió quedar zanjada hace décadas o tal vez siglos. 
Durante la elaboración de este informe, consulté informalmente a destacados eclesiásticos, pero acabo de recibir, el 4 de noviembre de 2002, un informe formal del Consejo del Arzobispado de la Iglesia de Inglaterra. 
Como no es de extrañar, hay partes del informe con las que no están de acuerdo. 
Enseguida volveré sobre ellas. 
Sin embargo, las cuestiones de principio fundamentales que plantea este caso incluyen el tema de si los miembros del clero deben gozar de los mismos derechos que los demás ciudadanos. 
Como he dejado claro en el informe, si bien la Directiva 2000/78/CE establece un marco general, yo acepto que los casos de determinados tipos de trabajadores dependerán de las definiciones que resulten de la legislación nacional y de su aplicación. 
También acepto que, aun cuando la Directiva 91/533/CEE es aplicable al clero en algunos Estados miembros, no ocurre así en el Reino Unido, y que las distintas directivas son vagas e imprecisas en sus referencias a los «trabajadores» , los «empleados» y la «población activa». 
A menudo se deja que la legislación nacional defina qué engloba cada categoría. 
A los colegas quizá les interese saber que, aun cuando nuestro personal y asistentes son a todas luces asalariados, no entran dentro de ninguna de las citadas definiciones. 
Las conclusiones del informe aceptan e incorporan las de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que es la comisión competente y experta para la mayoría de las cuestiones que plantea el peticionario. 
Debo decir que mi opinión, junto con la de mis colegas de la delegación conservadora británica, difiere un poco de las conclusiones alcanzadas, pero tras un intercambio de opiniones quedó claro que el informe refleja fielmente el consenso de nuestra comisión. 
El alegato presentado por el peticionario destacaba las pruebas aparentes de deficiencias de los procedimientos de la Iglesia de Inglaterra. 
Para ser justo, debo comunicar a la Asamblea que desde que la comisión aprobó el informe, la Iglesia de Inglaterra ha puntualizado que no decidió poner fin a la titularidad en el cargo del reverendo Owen, sino más bien no concederle una prórroga más allá de los 18 meses que permite el apartado 20 de la Pastoral Measure (Medida Pastoral) de 1983. 
Permítanme que recuerde a la Asamblea que, en su calidad de iglesia oficial, las normas y reglamentos de la Iglesia de Inglaterra forman parte del canon jurídico en Inglaterra, aunque no en el resto del Reino Unido. 
Es evidente que no es competencia de la comisión ni de esta Asamblea arbitrar sobre cuestiones de hecho. 
También es un hecho aceptado que la Comisión de Peticiones no es un órgano judicial y no debe ejercer o intentar ejercer una función semijudicial. 
Aun así, salta a la vista que las directivas en materia laboral y, en particular, la citada Directiva 91/533/CEE, son confusas e incluso incoherentes. 
En consecuencia, el informe pide que sean revisadas para aclarar esta situación. 
Entre paréntesis, ello no hace sino poner de manifiesto el acierto del anterior Gobierno conservador cuando optó por la exclusión voluntaria del Capítulo Social. 
Finalmente, si bien aceptamos que, en los aspectos en los que la legislación europea ofrece protección a los trabajadores, ésta debería extenderse lo más ampliamente posible, sería un gran error que la Unión Europea intentase imponer una estructura monolítica que no tome en consideración la diversidad de costumbres culturales, religiosas y sociales de los Estados miembros. 
Un sentimiento que sin duda obtendrá pleno apoyo no sólo de Lambeth Palace, sino también del Vaticano. 
Por esto, espero sinceramente que, tal como se indica en el punto 12 del informe, la Comisión colabore con los Estados miembros para encontrar los medios que permitan garantizar lo más pronto posible a los trabajadores con un estatuto constitucional diferenciado todos los derechos laborales compatibles con sus políticas nacionales, con objeto de que no se repitan este tipo de confusiones. 
Muchas gracias, lord Stockton. 
Señora Comisaria, ¿qué vamos a hacer ahora con respecto a la Iglesia de Inglaterra y al reverendo Owen? 
¿Puede ayudar Europa a este clérigo a conservar su empleo o no puede hacerlo? 
Señor Presidente, no sé si Europa puede ayudar siempre, pero al menos lo intenta. 
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al ponente y a los miembros de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su excelente trabajo y análisis. 
Como expone The Earl of Stockton, el reverendo Owen alega que no se han respetado sus derechos fundamentales y que las autoridades del Reino Unido han incumplido algunas directivas europeas o las han aplicado de manera incorrecta. 
En su petición, menciona en particular que se le ha discriminado, contraviniendo el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, y el apartado 2 del artículo 48 y el artículo 122 del Tratado de Roma. 
Además, alega que la Directiva 91/533/CEE del Consejo, relativa a la información sobre las condiciones individuales de empleo, no se ha incorporado debidamente a la legislación del Reino Unido. 
Es cierto que llevamos más de un año y medio examinando este tema y que se ha trabajado mucho en él, en el aspecto jurídico y en otros. 
Como se señalaba en la Comunicación de la Comisión del 13 de diciembre de 2001 sobre este caso y en mi carta del 11 de enero de 2002, dirigida a los Sres. Ford, Cashman y Hughes, la Comisión no pudo apreciar ningún incumplimiento del Derecho europeo ni ninguna insuficiencia por parte del Gobierno británico en cuanto a la correcta transposición de la normativa europea a la legislación del Reino Unido. 
No me parece necesario añadir nada más a lo ya expresado en mi carta, pero voy a intentar explicar y analizar algunos aspectos de las directivas y los artículos de los Tratados en cuestión. 
La Directiva 91/533/CEE del Consejo es aplicable a todo empleado con un contrato o una relación laboral definida por la ley vigente en un Estado miembro. 
Sin embargo, no ofrece una definición europea de «empleado» , para lo cual remite a la legislación nacional en materia laboral. 
El Reino Unido confirmó que bajo la legislación laboral del Reino Unido los miembros del clero, en lo que respecta a sus cometidos centrales como tales, son titulares de un cargo y no empleados. 
Puesto que los clérigos no son empleados a los efectos contemplados en el ámbito de aplicación de la citada Directiva, no era necesario incluirlos ni tampoco excluirlos de manera específica. 
Por lo que respecta al problema de discriminación, el artículo 13 del Tratado CE autoriza a la Comunidad a actuar, pero no tiene efectos directos. 
Por lo tanto, no otorga a los individuos ningún derecho exigible ante los tribunales nacionales o el Tribunal de Justicia Europeo. 
La Directiva 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 establece un principio general de prohibición de cualquier discriminación directa o indirecta. 
Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a transponer la Directiva hasta el 2 de diciembre de 2003, de manera que de momento no podemos aplicarla en este caso. 
El apartado 2 del artículo 48 del Tratado de Roma (ahora, apartado 2 del artículo 39) se refiere al trato dispensado en un Estado miembro a los trabajadores de diferentes nacionalidades y no a las diferencias entre países en materia de legislación y derechos laborales. 
Por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 39 en este caso no es evidente. 
El artículo 118 del Tratado de Roma (actualmente el artículo 137) , al que supongo que se refería el Reverendo en relación con la armonización de las condiciones de trabajo, otorga a la Comunidad una serie de competencias en materia social, incluido el tema de las condiciones de trabajo. 
Sobre la base de estas consideraciones, no aprecio ningún incumplimiento del Derecho europeo ni ninguna falta de transposición de la legislación europea pertinente por parte del Gobierno británico. 
Espero que con esto quede aclarado el caso. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
El reverendo no va a obtener, entonces, demasiada ayuda de ustedes. 
. (EN) Señor Presidente, parece evidente que la situación del reverendo Owen no representa ningún incumplimiento de la letra de la legislación comunitaria, aunque pueda ser contraria a su espíritu. 
El Parlamento Europeo le agradece, por lo tanto, su petición, que llama la atención sobre un problema en dicha normativa. 
Como ya ha señalado The Earl of Stockton, debido a que las directivas emplean una diversidad de términos para identificar a los trabajadores a quienes se aplican y a que en muchos casos la definición se remite a la legislación nacional, puede ocurrir que algunos grupos no se beneficien de la protección que otorgan. 
Evidentemente, se acepta que puedan existir algunas diferencias en lo que respecta tanto a la extensión de los derechos laborales como a los medios para obtener reparación en caso de incumplimiento. 
Esto es especialmente cierto cuando las personas afectadas tienen un estatuto constitucional particular. 
Por ejemplo, nadie esperaría que los diputados de esta Cámara o de cualquier otro parlamento recurriesen ante un tribunal laboral contra la decisión de su electorado de no designarles para una nueva legislatura. 
Dicho esto, todas las personas en una situación laboral deberían gozar del conjunto de derechos más amplio posible, sin más desviaciones admisibles que las que sean plena y objetivamente justificables. 
Es posible que en el caso del clero no corresponda a las autoridades laicas determinar esos derechos, pero sin duda las iglesias deberían aspirar a los máximos niveles de protección en tales casos, sobre todo en lo que se refiere a las vías para obtener reparación y a los temas de discriminación. 
Respondiendo a la petición, solicitamos a la Comisión que revise la legislación europea en materia laboral con el fin de garantizar que su cobertura sea lo más completa posible. 
Es bueno saber que el Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido ya está dedicando su atención a dicha cobertura. 
También pedimos un diálogo constructivo a escala de toda la Unión Europea con el fin de garantizar a todas las personas en situaciones laborales atípicas pero de dependencia económica- incluido, cuando sea necesario y a través de los medios apropiados, el clero- todos los derechos laborales, tanto sustantivos como procedimentales, que se deben considerar fundamentales para una vida laboral digna. 
Señor Presidente, como usted ha insinuado, este puede parecer un tema un poco críptico e incluso idiosincrásico para haber llegado hasta el hemiciclo del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, para el reverendo Owen no es nada críptico. 
Es su medio de vida, su hogar y sospecho que incluso algo más: su confianza en que se reparará el daño y prevalecerá la justicia. 
Según parece, el sistema legal no puede defenderle, a pesar de que no ha obrado mal. 
Mucho me temo que, cada vez más, las apelaciones a un principio moral no surten efecto, aunque cabría esperar que dentro de la Iglesia de Inglaterra- y soy miembro comulgante de ella- tuvieran algún peso. 
Mucho me temo que una vez que los abogados de los tribunales consistoriales se ponen sus pelucas y sus togas, lo que prevalece es la letra de la ley, más que la justicia moral y, menos aún, el espíritu cristiano. 
Espero que la difusión pública de este caso haga avergonzarse aunque sólo sea un poco a los obispos de la Iglesia de Inglaterra. 
Si la Iglesia no es capaz de dar ejemplo de caridad cristiana, comprensión y trato justo hacia sus servidores, ¿quién podrá hacerlo? 
La Iglesia no debería extrañarse de que sus bancos estén cada vez más vacíos. 
Es un claro tributo a los procedimientos democráticos de esta Asamblea y a la labor de la Comisión de Peticiones que el reverendo Owen por fin haya encontrado un organismo público que al menos está dispuesto a escuchar y no requiere costosos abogados. 
Confío en que Su Gracia, el nuevo Arzobispo de Canterbury, considerará con atención este pequeño y oscuro caso y demostrará que la Iglesia no ha perdido por completo su fe en la caridad cristiana y podrá conceder a su rector los derechos de los que disfrutan los demás ciudadanos europeos en su calidad de empleados. 
Muchas gracias, señor Perry. 
Permítame que añada un comentario personal. 
Es verdaderamente digno de mención que el Parlamento Europeo dedique un tiempo a tratar los problemas de un ciudadano individual, pero en esto consiste precisamente la democracia: en la posibilidad que tiene cada ciudadano de plantear sus problemas personales ante un gran Parlamento. 
Le agradezco su observación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista y como miembro de la Comisión de Peticiones, celebro tanto el informe del Earl of Stockton como la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales redactada por la Sra. Attwooll. 
Hoy se halla en la tribuna el reverendo Owen para asistir al debate. 
Su caso es muy simple. 
Ha estado empleado como rector de equipo en Stoke-on-Trent, Reino Unido, durante una serie de años. 
Su trabajo fue objeto de una revisión secreta y deficiente que dio pie a que se tomara la decisión, en una reunión, de despedirle sin previo aviso. 
No se dieron explicaciones sobre los motivos de su despido. 
Como cualquier otro trabajador, el reverendo Owen creyó tener derecho a recurrir contra semejante decisión, que ponía fin a 30 años de trabajo para la Iglesia y suponía despojarle de su residencia: si no continuaba trabajando para la Iglesia, sería desahuciado de su hogar. 
En resumidas cuentas, no se le permitió acudir a un tribunal laboral del Reino Unido porque una sentencia de 1911 establece que los miembros del clero no tienen empleador en la Tierra, es decir, que están contratados por Dios, aunque no sea éste quien firme los cheques del estipendio a final de mes. 
Sin embargo, tanto la legislación laboral como el mundo han cambiado desde 1911. 
Por ejemplo, las mujeres han conseguido el derecho al voto y en el Reino Unido las profesoras ya no tienen que renunciar al matrimonio. 
Incluso en la Unión Europea hay leyes aplicables a este caso. 
Cuando uno ingresa en la Iglesia, no tiene por qué abandonar sus derechos civiles junto a la puerta. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoya este argumento, al igual que la Comisión de Peticiones. 
Creemos que los miembros del clero en Europa deberían gozar de los mismos derechos laborales que los demás trabajadores, derechos con que ya les amparan en Dinamarca y también en el Reino Unido si trabajan de capellanes en hospitales o prisiones. 
Está claro que hay anomalías incluso dentro del propio Reino Unido. 
Esperamos que el gobierno de este país y la Comisión revisen el asunto, ya que estoy convencido de que las Directivas no se han incorporado debidamente en la legislación del Reino Unido. 
El reverendo Owen cumple todos los requisitos de un empleado y parece innegable que la Iglesia de Inglaterra le ha tratado de forma indebida. 
Esperamos que a la luz de este caso, que ejemplifica un problema más general que afecta a cientos de clérigos en el Reino Unido cada año, la Comisión presione al gobierno de este país para que acabe con esta laguna legal para casos futuros. 
En el Reino Unido hay 30 000 clérigos a los que se trata de este modo feudal, una cantidad superior a la de trabajadores de la industria minera. 
En toda Europa trabajan cerca de un cuarto de millón de clérigos, englobando todas las creencias y religiones, que en estos momentos no están seguros de si la legislación vigente les protege o no. 
Por último, me gustaría mencionar que no esperamos milagros, pero pedimos a las autoridades eclesiásticas del Reino Unido que practiquen en este caso algo de la caridad cristiana que predican. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al ponente, así como a la Sra. Attwooll, por expresar la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre este asunto. 
Es una lástima que esta discusión esté empezando a parecer un debate británico, ya que hay varios asuntos que conciernen a toda la Unión Europea. 
Como ya hemos escuchado, este caso supone tan sólo un ejemplo de las numerosas anomalías que se recogen en la legislación laboral de muchos de los Estados miembros. 
Normalmente, dichas anomalías sólo ven la luz cuando alguien cruza la frontera para trabajar y se encuentra con que su condición ha cambiado y también lo han hecho, por tanto, sus derechos a la seguridad social y otros derechos relacionados con el empleo. 
En este caso, hemos visto que nos enfrentamos a una situación nacional en la que los errores históricos y, hasta cierto punto, las anomalías teológicas, han llevado a una situación inaceptable de la que ya se nos ha dado una idea general clara. 
Vemos que el reverendo Owen se encontró con que los medios a su disposición para la obtención de una sentencia judicial no eran los más propicios. Por un lado, podía recurrir al organismo contra el que presentó su queja, en cuyo caso dicho organismo actuaría de juez, jurado y demandado: una aberración que no quisiéramos que se pusiera en práctica en la Unión Europea. 
Como la señora Comisaria ya ha señalado, parece que la situación es legalmente correcta. 
En cuanto al plano moral, en cambio, no cabe duda de que no lo es. 
El propósito de la Unión Europea es establecer al menos unos niveles básicos satisfactorios para la legislación laboral y se espera que los Estados miembros pongan en práctica dichos niveles, y el espíritu que los anima, de forma generalizada. 
Mi grupo apoya plenamente la petición de que los Estados miembros revisen sus prácticas laborales, con el fin de reducir al mínimo las situaciones en las que se niega el acceso a los procedimientos normales de resolución de conflictos laborales, que deberán estar plena y objetivamente justificadas, y que exista un medio de reparación con otras formas. 
También apoyamos la petición de una definición más clara de la condición de empleado. 
Ya planteamos este asunto en las conversaciones sobre la Directiva de insolvencia y volveremos a hacerlo en relación a la coordinación de los distintos sistemas de seguridad social. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al Earl of Stockton por la redacción de un informe excelente y a Elspeth Attwooll por la clara exposición de la opinión de la Comisión de Empleo sobre este asunto. 
Además, me gustaría felicitar al reverendo Owen por el valor y la determinación que ha mostrado al llevar su caso tan lejos. 
Estas cualidades, junto con su capacidad de comunicación y defensa, entre otras, me hacen preguntarme por el motivo por el que la Iglesia de Inglaterra querría despedirle. 
Creo que el reverendo supondría una aportación muy valiosa para cualquier organización y espero que las autoridades reconsideren su decisión. 
En mi opinión, no cabe duda de que se le ha tratado de forma injusta. 
O bien tenía una relación laboral con la Iglesia, en cuyo caso estaría bajo la protección de los arraigados procedimientos del derecho laboral del Reino Unido, o bien era un titular bajo la protección del propio código de prácticas recomendadas de la Iglesia de Inglaterra, donde se incluye el derecho de apelación. 
Parece que el reverendo Owen está nadando entre dos aguas, a causa de lo cual se ha producido una gran injusticia. 
Este es el contexto en el que ha de leerse el apartado 2 del informe del Earl of Stockton, en el que se menciona una situación inaceptable teniendo en cuenta el espíritu del artículo 136 del Tratado de Roma, del artículo 47 de la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales sobre el derecho a ser oído en público en un proceso justo por un tribunal independiente e imparcial, y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Es importante destacar estas referencias. 
De este caso se derivan implicaciones más amplias, como ha señalado Jean Lambert. 
Cada vez hay más trabajadores en toda la Unión Europea que dependen por completo de una determinada fuente de ingresos, pero que no están considerados por la ley de sus países como titulares de una relación laboral. 
Estas formas de independencia y trabajo autónomo son cada vez más comunes. 
Hemos estado trabajando en esto con la Comisión desde hace algún tiempo y, más recientemente, en relación con la última revisión de la Directiva de insolvencia. 
La Comisión ha encargado un estudio a raíz de nuestro trabajo en dicha revisión y también se ha comprometido a mantener una audiencia conjunta con la Comisión de Empleo para intentar establecer definiciones comunes. 
A falta de estas definiciones, se hace más y más evidente que cada vez un mayor número de trabajadores se encontrarán sin protección legal. 
Es necesario, por tanto, establecer unas definiciones que se apliquen en toda la Unión Europea. 
Por último, quisiera hacerme eco de los sentimientos de otros diputados al expresar mi más sincera esperanza de que, aunque sea bastante tarde, todas las partes involucradas en la disputa se sienten a discutir de forma civilizada y remedien el mal causado al reverendo Owen. 
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que Dios no tiene empleados y en que no existen leyes sobre el mercado laboral en nuestras sagradas escrituras. 
Por supuesto, Él ha dejado en nuestras manos la tarea de organizar el mercado laboral y, por supuesto, los clérigos tienen derechos civiles y sociales. 
Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos. 
El primero se refiere a la definición de empleado. 
Se trata de un tema muy difícil y delicado, y sabemos que en la mayoría de las directivas este aspecto suele dejarse en manos de los distintos Estados miembros. 
Existen muchos problemas y, como ya ha señalado el Sr. Hughes, estamos trabajando en las enmiendas a dos directivas con el fin de definir, de forma más efectiva, la protección de los trabajadores y la definición de empleado. 
Ahora quisiera referirme a los asuntos mencionados en el informe de Lord Stockton. 
Hemos realizado un nuevo estudio concerniente a los trabajadores económicamente dependientes, y se organizará una audiencia pública con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Creemos que tras este debate y el informe, la Comisión podrá llegar a algunas conclusiones nuevas a tenor de los resultados. 
Por este motivo, creo que siempre hay oportunidad de avanzar y tener en cuenta las necesidades específicas de los grupos de trabajadores en toda Europa, tras la aparición de un caso como este. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 10.44 horas, se reanuda a las 11.00 horas) 
Tengo el placer de dar la bienvenida al Sr. Christopher Smith, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y Presidente de la Comisión parlamentaria para los antiguos combatientes, que se encuentra en la tribuna oficial. 
El Sr. Smith se entrevistará con un gran número de diputados durante su estancia aquí y esperamos que su visita al Parlamento sea fructífera. 
Señor Presidente, nuestro primer informe es de la Comisión de Peticiones, elaborado por el Earl of Stockton sobre el caso del reverendo Owen. 
Este informe difiere de lo acostumbrado en cuanto a que trata del destino de una única persona de la Unión Europea. 
Puede que a los diputados les interese saber que el reverendo Owen se encuentra entre nosotros hoy, en la tribuna. 
Gracias, señor Ford. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, se ha acordado la siguiente enmienda oral: «Reitera su llamamiento a favor de una solución negociada e insta al Consejo a adoptar una iniciativa política firme en este sentido». 
El resto queda eliminado. 
Señor Presidente, quiero presentar una enmienda oral al punto 21. 
Primero voy a exponer los motivos de la misma. 
El texto, tal y como está, podría dar la impresión de que los agricultores quisieran atribuir el margen, es decir, los 20 000 millones de euros, como tal al segundo pilar. 
No obstante, no es ésta la intención; por el contrario, se trata de utilizar el presupuesto agrícola para situar la reforma sobre una base financiera sólida mediante la redistribución del primer pilar al segundo. 
A fin de evitar esta malinterpretación, presento la siguiente enmienda oral: 
«Opina que las propuestas de la Comisión no son aplicables en el marco del Acuerdo interinstitucional vigente, por lo que es necesario revisar las perspectivas financieras con vistas a transferir una parte de los fondos del primer pilar al segundo» , seguida de la frase añadida: «teniendo en cuenta el hecho de que el presupuesto comunitario en su conjunto queda muy por debajo del límite superior de renta». 
Espero que sea aceptable. 
Señor Presidente, anteayer la República Democrática Popular de Corea amenazó con reanudar las pruebas de misiles si las relaciones con Japón no seguían el curso que Corea desea y espera. 
Esta amenaza es inaceptable. 
En nombre de mi grupo, he presentado una enmienda que ha obtenido la aprobación del Sr. Ford y del Grupo Socialista, y que dice: «condena la nueva amenaza de Corea del Norte de reanudar las pruebas de misiles». 
Señor Presidente, la mencionada reunión del 11 de noviembre de 2002 no tendrá lugar, por lo que deberíamos modificar el párrafo 6 de modo que dijera que «espera que se invite a la UE como miembro de pleno derecho en todas las reuniones en las que se discuta el futuro de KEDO». 
Señor Presidente, quería proponer la eliminación de la última frase de mi propia enmienda que empieza con las palabras «subraya que» y termina con «proceso de asociación» , ya que es muy dura, en mi opinión demasiado dura, para con el gobierno de Croacia y sus esfuerzos. 
Señor Presidente, tan sólo quisiera informar de que, debido a problemas en el sistema electrónico de votaciones, en varias ocasiones he tenido que introducir mi tarjeta en el aparato del asiento de al lado. 
Teniendo en cuenta especialmente las disputas habidas en Italia, no quiero que se interprete esta acción como una artimaña. 
En todo caso, he utilizado únicamente mi propia tarjeta. 
Señor Presidente, mi grupo quisiera expresar su insatisfacción con la resolución que se ha aprobado hoy. 
Ha pasado ya más de un año desde que este Parlamento aprobó la resolución sobre Echelon, pero parece que se ha hecho muy poco por garantizar el derecho a la intimidad de los ciudadanos en la Unión Europea. 
Además, si observamos lo que ha estado haciendo el Consejo últimamente para incorporar las nuevas tecnologías a la intercepción de las telecomunicaciones, vemos que supone una infracción del derecho a la intimidad de la persona. 
De hecho, lo más decepcionante es que el Consejo no ha actuado en consonancia con lo expresado por el Parlamento en su informe inicial, tras la comisión de investigación temporal. 
Es totalmente inaceptable que los ciudadanos europeos estén expuestos a estas intercepciones generalizadas de las comunicaciones. 
El Consejo debería hacer algo al respecto. 
La resolución que se ha aprobado esta mañana es demasiado débil y nos ha decepcionado que no se hayan incluido en ella los puntos que nuestro grupo había propuesto. 
Actualmente, el derecho fundamental a la intimidad y, en concreto, el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones, se encuentran amenazados. En su lucha contra el terrorismo, los Estados han reducido- o se están preparando gradualmente para reducir- las salvaguardias que por ley protegen a los ciudadanos, en particular por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia asociada, por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por las Directivas 95/46/CE, 97/66/CE y 2002/58/CE. 
La idea de que el terrorismo se puede combatir limitando las libertades y derechos de los ciudadanos no es más que una ilusión, tal y como demuestra el caso Echelon. 
Ni siquiera la interceptación sistemática del contenido de todas las comunicaciones a través de Echelon- un sistema que en la actualidad está reforzándose, de acuerdo con las normas que se preparan para la recopilación de datos sobre tráfico de influencias- pudo evitar los ataques terroristas del 11 de septiembre o los demás trágicos sucesos, puesto que, en la práctica, se centra exclusivamente en el espionaje industrial. 
El único efecto de Echelon, que resulta clara e indiscutiblemente ilegal, ha sido la burla de la ley y los tribunales, la distorsión de la libre competencia en el mercado y la hipoteca de la democracia y los derechos y libertades de los ciudadanos. 
Sigue habiendo una tempestad de incompresible hipocresía sobre el tema de Echelon y la interceptación de comunicaciones de los ciudadanos: hipocresía por parte de los Estados miembros de la Unión que forman parte del sistema Echelon y que aún así han guardado silencio sobre su existencia; hipocresía por parte de otros Estados miembros (Países Bajos, Francia y Alemania, en concreto) que, aunque no forman parte del sistema Echelon, han desarrollado y aplicado sistemas que realizan exactamente las mismas funciones de interceptar las comunicaciones nacionales e internacionales de los ciudadanos a través del reconocimiento de palabras clave; e hipocresía por parte del Parlamento Europeo, que ha decidido no arrogarse la potestad de investigación que le habría permitido indagar sobre la existencia y el funcionamiento de Echelon. 
Aunque Echelon es un sistema totalmente ilegal según el derecho internacional, europeo y nacional, ninguna institución europea ni Estado miembro está tomando medidas para proteger los derechos de los ciudadanos mediante la incoación de una acción legal por violación del derecho a la intimidad. 
Si, en lo que se refiere a Echelon y la interceptación de las comunicaciones, el propósito es crear un sistema de inteligencia europeo, éste debe someterse a las normas básicas de la democracia: la ley tiene que ser realmente transparente, debe articularse con claridad y debe someterse al control democrático y judicial, y tiene que haber garantías para los ciudadanos. 
. (ES) Con este voto el Parlamento ha cumplido con el compromiso que él mismo se había impuesto con los ciudadanos europeos: crear, en un plazo mínimo, el dispositivo legal para que la UE pueda movilizar los fondos necesarios para ayudar a zonas víctimas de catástrofes. 
Debemos felicitarnos por ello. 
Pero el resultado podría, a mi juicio, haber sido aún mejor. 
Primero, más transparencia. 
Lo aprobado hoy debería haber sido un añadido al AII ya existente, no una nueva norma. 
En segundo lugar, una cuestión de rigidez. 
En el punto 2 dice que en octubre debe- obligatoriamente- estar disponible un 25% del Fondo. 
Demasiada rigidez. 
Si, durante un ejercicio presupuestario, en primavera se ha gastado el 75%, ¿tendrá la Comisión que hacer una recomendación para que no se incurra en una catástrofe hasta primeros de octubre? 
Por último, una incongruencia del Consejo. 
Para lograr el mejor uso de los créditos, el Consejo pedía la posibilidad de redistribución de los ya existentes, pero sólo en las categorías de gasto modificadas: Gastos Internos y Preadhesión. 
Pero en los Gastos Internos "no sobra ni un euro". 
Por lo tanto, la redistribución se podrá aplicar solamente, en caso de catástrofes, en los países en preadhesión. 
¿No se podrían utilizar los créditos agrícolas no ejecutados durante el ejercicio? 
. 
(PT) He votado a favor de este informe porque considero que el proceso legislativo que acaba de concluir ha sido ejemplar, no sólo porque remedia deficiencias que han tenido consecuencias trágicas en el pasado, sino porque está respaldada por un proceso de legislativo debidamente probado y consolidado. 
De hecho, tras el terrible desastre del Estonia en 1994, ocho países del norte de Europa decidieron, en 1996, adoptar y aplicar normativas más estrictas que las anteriores, estableciendo requisitos técnicos específicos para las embarcaciones a fin de garantizar una mayor resistencia y mejorar la estabilidad de los buques de pasaje, de modo que resultasen más seguros en caso de accidente, retrasando el vuelco y permitiendo la evacuación de todos los pasajeros a tiempo. 
Precisamente es la valoración de la eficacia de este acuerdo y, a la vez, su impacto tan positivo en la seguridad, que la Comisión ha resaltado, teniendo en cuenta- en mi opinión muy acertadamente, dado el marco descrito- que está justificada una iniciativa legislativa en forma de Directiva, destinada a extender esta medida legal a todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es, por tanto, cuestión de adoptar un conjunto de medidas concebidas para mejorar la legislación comunitaria con respecto a la seguridad de los buques de pasaje, de acuerdo con los objetivos políticos subrayados en el Libro Blanco sobre este tema, que por supuesto merece mi pleno apoyo. 
El Consejo Europeo de Bruselas ha confirmado nuestras predicciones más pesimistas. 
Las potencias muestran una actitud colonial hacia los países candidatos; fijan los términos y condiciones de la adhesión, prevén una financiación limitada entre 2004 y 2006 y su reducción en términos reales en el presupuesto de la UE de 2007 a 2013, un paso que afectará a todos los miembros de la UE ampliada. 
Y nuevamente, las principales víctimas de estas decisiones son los trabajadores, de quienes se espera que soporten todo el coste de la ampliación, ya que las asignaciones para la denominada cohesión real se han esfumado. 
Les siguen de cerca los agricultores de los Estados miembros y los países candidatos, que verán cómo sus ingresos se debilitan a causa de los recortes del gasto agrícola. 
Las negociaciones con la OTAN acerca de un ej? rcito europeo siguen la l? nea de los planes de los belicistas imperialistas. 
La UE se somete a la OTAN sin ninguna garantía acerca de la inviolabilidad de las fronteras de los Estados miembros, cede a las presiones de los Estados Unidos y nombra a Turquía para juzgar la evolución en el Mediterráneo y el sudeste europeo, «lavándose las manos» ante cualquier conflicto que esto pueda provocar entre Turquía y los Estados miembros de la UE. 
Los ciudadanos de Europa se han despertado ante las implicaciones negativas de estos acontecimientos y reaccionan frente a estas perspectivas rechazando estas opciones y luchando en contra del nuevo orden, la guerra y los planes imperialistas. 
. (NL) Estoy a favor de una rápida ampliación de la UE con los doce países con los que se está negociando. 
En mi opinión, la evaluación de la Comisión según la cual diez de dichos países cumplirán los criterios establecidos en el año 2004 es dudosa. 
Puesto que la resolución mantiene esta evaluación, no puedo aprobarla. 
. (NL) Estoy a favor de la ampliación pero en contra de esta resolución, puesto que echo en falta un enfoque crítico de diversos aspectos. 
En primer lugar, muchos países candidatos no cumplen los requisitos establecidos en Copenhague. 
Aún están muy extendidos los problemas que implican corrupción, detenciones sin juicios, discriminación y capacidad administrativa. 
En segundo lugar, se ha anunciado que la adhesión de nuevos países coincidirá con un «big bang» en 2004. 
No son los criterios, sino la fecha, lo que se ha convertido en un hecho decisivo. 
Se ha hecho, por tanto, políticamente imposible retrasar la adhesión de un país hasta que cumpla los criterios, con el mensaje subliminal de que los criterios carecen de importancia. 
En tercer lugar, es aceptable que se admitan países que no cumplen los criterios de Copenhague, pero deben existir mecanismos de evaluación (acompañados de sanciones) para asegurar que dichos criterios, así como el acervo comunitario, se adopten con la mayor celeridad posible. 
Tales mecanismos (que además deben aplicarse también en los Estados miembros actuales) existen para los criterios económicos, pero no para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. 
El partido neerlandés D ' 66 considera que estas insuficiencias son incluso más graves que las económicas. 
Por último, estamos aún esperando las reformas de la desastrosa política agrícola. 
Los recientes acuerdos entre Alemania y Francia no sirven para nada a este propósito. 
Al introducir la obsoleta y equivocada política agrícola en los nuevos Estados miembros, sólo se reducen las posibilidades de que exista una verdadera reforma en 2007. 
- (DA) En primer lugar, nos gustaría apuntar que apoyamos plenamente la revisión de la política agrícola de la UE, es decir, el objetivo real del informe. 
No obstante, dado que consideramos que la revisión contiene deficiencias fundamentales, hemos decidido votar en contra. 
Nos gustaría que la revisión incorporase la declaración de «iniciativa por una PAC sostenible» , que ha sido aprobada por 85 organizaciones medioambientales, de cooperación para el desarrollo, agrarias y de consumidores de toda Europa, entre ellas la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza. 
. (NL) La política agrícola común ha de reformarse, habida cuenta del elevado coste, del daño medioambiental y del gravísimo impacto que tiene sobre los países en vías de desarrollo. 
La política agrícola europea debe ser la adecuada, de cara a la comunidad internacional, y lograr los objetivos de la Ronda de Doha. 
No obstante, esta resolución aboga por un sistema desfasado que sigue haciendo hincapié en la necesidad de garantizar los precios, cuando esto, durante mucho tiempo, ha demostrado ser un aspecto negativo para el correcto funcionamiento del mercado. 
Esta resolución no subraya suficientemente la necesidad de llevar a cabo reformas profundas y se conforma con la mínima reforma que tenemos ante nosotros. 
En consecuencia, rechazamos por completo la resolución del Sr. Daul. 
El partido D ' 66 solicita un control democrático de la política agrícola europea. 
A este respecto, se debe otorgar al Parlamento Europeo el derecho de codecisión y plenas competencias presupuestarias. 
En lugar de llevar a cabo una reforma de la política, el Parlamento Europeo está consintiendo hoy que se conceda más dinero a la agricultura y que prosiga la calamitosa política actual. 
Nos horroriza que nuestros homólogos demócrata-cristianos neerlandeses de esta Cámara estén de acuerdo con la supresión de los topes presupuestarios para el sector agrícola. 
. (NL) He votado en contra de la resolución Daul sobre la revisión intermedia de la PAC, que solicita el mantenimiento y el reforzamiento del modelo agrícola europeo actual. 
Las consecuencias de esta resolución van a ser nefastas para los países en vías de desarrollo y para África, donde la mayoría de la gente vive de la agricultura. 
Los subsidios agrícolas europeos impiden a los agricultores de los países en desarrollo que sean capaces de competir con los agricultores europeos. 
Además, las subvenciones a la exportación hacen que los excedentes agrícolas de la UE se vendan en los países en desarrollo, en una práctica de dumping, a precios más bajos de lo que los productos agrícolas se pueden producir en estos países. 
Las ayudas, independientes de la producción, pueden estar justificadas, pero las subvenciones a la exportación, no. 
Éstas alteran el mercado, son muy negativas para los agricultores de los países más pobres y contravienen todos los principios de liberalización del comercio mundial. 
El sistema es, por encima de todo, injusto: mientras en los años 80, el FMI pedía a los países más pobres que eliminaran los subsidios agrícolas, los países ricos continúan subvencionando la agricultura, veinte años después. 
¿Quién acabará pagando esto? 
Los contribuyentes europeos y los pequeños agricultores de los países en desarrollo. 
Las beneficiadas serán las grandes empresas agroindustriales. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.) 
. 
(PT) El reconocimiento por parte de las autoridades de Corea del Norte de que han estado llevando a cabo un programa secreto de fabricación de armas nucleares exige que el Parlamento Europeo adopte una postura más firme que la contenida en la propuesta de resolución común sobre la que acabamos de votar. 
Debería constar en el texto, de manera específica, una petición para que concluya el programa y para que se inspeccionen las actividades referidas, de conformidad con las normas de salvaguardia dictaminadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. 
Además, el Parlamento Europeo debería tratar de garantizar que el mantenimiento del diálogo entre la UE y Corea del Norte, en el ámbito de la cooperación, la asistencia humanitaria, la inversión y el apoyo a las instituciones democráticas, esté sujeto a la clarificación de este asunto. 
Por ello, no he tenido más alternativa que abstenerme en la votación. 
- (DA) En el informe Lagendijk (A5-0338/2002) , la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa apela al Consejo y a la Comisión para que consideren la posibilidad de suspender la ayuda financiera a cada uno de los cinco países- Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro- si no cumplen tres condiciones políticas. 
El Movimiento de Junio apoya la postura de que estas condiciones políticas deben respetarse en todo momento. 
Por tanto, hemos optado por votar a favor del informe, aunque con algunas reservas. 
Opinamos que la UE no debería juzgar a los Estados de Europa o del mundo con respecto a este asunto. 
En la actualidad, la ONU representa la única organización internacional de cooperación que reconoce la posibilidad de aplicar sanciones equitativas a los Estados y que, al mismo tiempo, es reconocida por la comunidad internacional. 
El Movimiento de Junio no cree que la Unión Europea deba contar con una política exterior común, y considera que este informe es otro paso adelante para lograr este objetivo. 
Al votar a favor del informe, demostramos que estamos a favor de las peticiones políticas realizadas a los países de los Balcanes, pero no que aceptemos los medios. 
Además, el Movimiento de Junio se opone rotundamente al apartado F del informe, según el cual se prevé que la UE se encargue de Amber Fox, la operación que la OTAN lleva a cabo en la actualidad. 
Consideramos que esto es un paso encaminado a que la UE cree su propia fuerza militar de reacción rápida. 
. 
(PT) He apoyado este informe porque creo que, sin una verdadera estabilización del espacio territorial europeo en su conjunto, será difícil dar respuesta a las preocupaciones y las expectativas de los pueblos europeos por lograr una paz duradera y la consolidación de una zona económica dinámica, competitiva y más justa, desde el punto de vista social, por todo el continente. 
Todos sabemos que la estrategia seguida por la Unión Europea en relación con los cinco países de los Balcanes occidentales- Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo- se ha llevado a cabo en el ámbito del Proceso de estabilización y asociación, y que dicha estrategia pretende desarrollar, en esta región particularmente delicada, formas de democracia y fuertes economías de mercado similares a las de la UE. 
Por eso, en términos de fomento de un espacio europeo en el que prevalezca el Estado de Derecho y el progreso económico, debo hacer hincapié en algunos de los puntos a los que se ha referido el ponente, a saber: la clarificación del estatuto de Kosovo; la aplicación clara de una política que permita el regreso de los refugiados y una política activa que combata el crimen organizado y la corrupción; el fortalecimiento del Estado de Derecho, en concreto por medio de la creación de un sistema judicial independiente apropiado para los modelos democráticos; la mejora del sistema educativo, con el fin de consolidar la paz entre los pueblos, promoviendo el conocimiento objetivo de la historia, la comprensión mutua y el respeto por las demás naciones y sus culturas; y el fomento del papel de unos medios de comunicación creíbles e independientes de todo control político, que puedan actuar como un verdadero contrapoder. 
- (SV) Nosotros los moderados hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Schroedter porque hace hincapié en la necesidad de mantener el tope presupuestario y de abolir la ayuda regional para aquellas regiones cuyo PIB no sea inferior al 75% de la media de la UE. 
Sin embargo, es importante subrayar que la política regional precisa una reforma. 
El proceso de transformación de la UE en una unión de transferencias no debería proseguir. 
Abonar dinero a la UE para volverlo a recibir en forma de ayuda estructural no es una buena forma de resolver el problema de la regiones menos desarrolladas. 
Las ventajas de la UE para los nuevos Estados miembros no pueden limitarse a que ésta reparta subvenciones a costa de los contribuyentes. 
En lugar de proporcionar subvenciones destinadas a las regiones más pobres de los Estados miembros, debería haber reducciones de las cuotas para aquellas regiones que tengan unos ingresos muy inferiores a los de la media de la UE. 
De ese modo, ningún Estado miembro saldría perdiendo económicamente, y además evitarían así los efectos perjudiciales que una fuerte dependencia de las subvenciones podría traer consigo sobre sus economías. 
Como muy bien señala este informe, se han producido estafas y fraudes con dinero procedente del presupuesto de la UE. 
Los reglamentos que regulan las subvenciones deben, por tanto, ser más claros y menos ambiguos. 
La UE debería, asimismo, apoyar la cooperación regional transfronteriza, en especial entre países que hayan tenidos disputas en el pasado o que mantengan relaciones tirantes. 
. 
(PT) Apoyamos las afirmaciones contenidas en este informe acerca de que «la [?] política de cohesión tiene que estar basada en los principios de solidaridad, asociación y adicionalidad» y de que «las regiones ultraperiféricas [?] han de recibir un trato prioritario en la nueva política regional». 
Además estamos de acuerdo con que «puede alcanzarse una coherencia claramente mejor de las políticas de la UE con repercusiones sobre la cohesión económica y social». 
Y por esta razón, no podemos sino condenar los efectos negativos que las propuestas que estamos debatiendo en la revisión intermedia de la PAC y de la Política pesquera común tendrían en la política de cohesión de la Unión. 
No obstante, con respecto a la financiación de la política de cohesión en una futura Europa ampliada, consideramos insuficiente que apenas se reconozca que no es posible reducir el porcentaje actual del 0,45 % del PIB de la Unión. 
Dadas las implicaciones de las restricciones impuestas por el Pacto de Estabilidad a los países menos desarrollados- especialmente a Portugal, donde el proyecto de presupuesto propuesto por el Gobierno, con el objetivo de cumplir los criterios de convergencia, acentuará en gran medida el desequilibrio regional -, esa respuesta tendrá que ser dada sobre la base de una evaluación real de las necesidades de la política de cohesión y con una revisión de las perspectivas financieras, con vistas a la ampliación. 
. 
(PT) En su análisis de este informe, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo tuvo el mérito de subrayar algunos aspectos importantes relacionados con la política de cohesión económica y social, entre otros: el reconocimiento de la eficacia del sistema de fondos estructurales para ayudar al crecimiento económico de las regiones en vías de desarrollo; la oposición al intento de racionalizar esta política; y el reconocimiento de las características específicas de las regiones ultraperiféricas. 
Con todo, el informe omite un principio fundamental que nos permitiría darle nuestro apoyo sin reservas, el principio de que la aplicación de la política de cohesión europea en una Europa ampliada será, por consiguiente, mucho más desequilibrada desde el punto de vista del desarrollo regional, y no se puede lograr a costa de la solidaridad que aún debemos a los países de la cohesión, al frente de los cuales se encuentra Portugal. 
. (DE) Este informe señala, una vez más, las graves deficiencias de la política estructural y de cohesión. 
Llevo años leyendo detenidamente estos informes y siempre se enumeran las mismas deficiencias: el paro sigue aumentando, y debemos considerar que las intervenciones de la política de cohesión no han dado en el blanco. 
El presente informe subraya el hecho de que el 24,2 % de las ayudas de la UE ni siquiera llega a las regiones receptoras y, en lugar de ello, se desvía a regiones más ricas. 
Enfrentados a estos hechos, no podemos eludir la pregunta de si la política que estamos aplicando es la correcta. 
Además, los países candidatos me preocupan. 
Los informes de progreso de la Comisión muestran que se deben tomar medidas urgentes para desarrollar sus capacidades administrativas y sus mecanismos de coordinación. 
El informe de la Sra. Schroedter debe servirnos de advertencia. 
La perspectiva de una ampliación inminente implica que no se pueda retrasar más un cambio de rumbo. 
Precisamente porque apoyo el ideal fundamental europeo de solidaridad, solicito una reforma profunda de la política regional, una reforma que, por fin, haga realidad este ideal. 
El informe de la Sra. Schroedter contiene buenas recetas para lograr este objetivo y, por ello, la delegación del Partido de la Libertad lo ha aprobado. 
. 
(PT) Me he abstenido en la votación final de este informe, principalmente por las vicisitudes que han caracterizado su elaboración y por algunas de las ambigüedades derivadas de ello. 
En efecto, la versión original del texto propuesta por la ponente era bastante vaga y algunas partes contradecían incluso la resolución previa del Parlamento Europeo, que se aprobó por una gran mayoría el pasado febrero. 
Por tanto, el texto final es el resultado de varias enmiendas presentadas por la práctica totalidad de los grupos políticos, con lo cual se han logrado algunas mejoras, aunque como siempre ocurre en estas situaciones, el mosaico final no se caracteriza por su gran calidad formal. 
Es cierto que han acabado por reafirmarse algunos puntos fundamentales y consensuados con respecto al principio de cohesión económica y social y a las políticas respectivas- incluyendo la defensa de las características específicas de las regiones ultraperiféricas -, pero el texto, en última instancia, no tiene la fuerza que desearía, en especial en el contexto de los cambios que se avecinan en el horizonte: la ampliación y la reforma institucional. 
Por esta razón, mi voto final, junto con los de las diferentes votaciones parciales, es un intento de expresar el valor primordial que otorgo a este principio comunitario (véase el artículo 158 del Tratado CE) , considerado como un principio básico fundamental y un principio rector permanente de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea. Nunca está de más reafirmarlo y darle la importancia que merece. 
Únicamente la continuidad de las políticas de cohesión puede conducir a la ansiada reducción de las diferencias económicas y sociales y al fortalecimiento de los valores comunes dentro de la Unión Europea. 
Con esto concluye el turno de votaciones. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.45 horas). 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 7 de noviembre de 2002. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 14 de noviembre de 2002, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. 
Lunes: 
Señor Presidente, sin duda es usted consciente de que hay mucha niebla alrededor de Estrasburgo y me han dicho que muchos diputados no están presentes. 
Algunos de ellos lamentan no poder participar en el debate sobre el informe Medina Ortega sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. 
Le ruego considere la posibilidad de posponer el debate hasta esta noche. 
Me han dicho que un autocar está trayendo a personas desde Bruselas y se espera que llegue en torno a las 20.30. 
La Sra. Malliori, ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, se encuentra en dicho autocar y sería una lástima que no estuviera aquí para el debate. 
Ahora no quiero verme involucrado en el asunto del clima, pero más tarde podemos volver sobre él. 
Señor Presidente, esta cuestión afecta al orden del día en general- no sé si al lunes-. 
Como usted sabe, un barco que no ha hecho honor a su nombre, el Prestige, ha vertido varias toneladas de crudo en las costas españolas, lo que ha generado no sólo una mancha de más de 200 kilómetros de largo, sino también una honda preocupación medioambiental y económica para las más de 5 000 familias afectadas. 
Por eso, señor Presidente, como entiendo que nuestro Parlamento debe ser sensible a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, le pediría que incluyese en el orden del día de nuestros trabajos una declaración de la Comisión, seguida de un debate, en el que pudiésemos examinar las circunstancias en que se han producido estos hechos, las causas que lo han originado, las medidas que ha de tomar la Unión Europea para que no se repitan y los posibles términos de una respuesta solidaria de la Unión Europea. 
No sé, señor Presidente, si esto podría hacerse el lunes o el jueves, con motivo de la declaración de la Comisión sobre el cambio climático, pero quería dejarlo patente, desde ahora, para que pudiésemos, si el resto de los grupos políticos está de acuerdo, incluirlo en el orden del día de nuestros trabajos. 
Estoy intentando abrirme camino de una forma sistemática a través de nuestra semana. 
Ha anticipado usted algo que su grupo y otros grupos propusieron para un cambio del orden del día del jueves. 
Ruego a los colegas que deseen hablar sobre esta cuestión, que guarden sus comentarios hasta que abordemos el orden del día del jueves. 
Pero he tomado nota de su solicitud. 
Mañana es totalmente imposible. 
Incluso parece ya casi imposible sin añadir otro informe. 
Al escuchar al ponente, y en vista del hecho de que las solicitudes de este tipo han de presentarse a los servicios una hora antes de la sesión, me parece que lo mejor es proceder. 
Sin embargo, quiero decir que lamento que la Sra. Hautala y nosotros como Parlamento nos encontremos hoy en esta situación en la que no podemos asegurar la asistencia de colegas que hoy se han puesto en camino con tiempo suficiente como para esperar poder participar en un debate. 
No quiero prolongar el debate innecesariamente y comprendo perfectamente la dificultad. 
El ponente principal ha propuesto hoy o mañana. 
Así que no tenemos opción: la única posibilidad es hoy. 
Sin embargo, acepto que los puntos de vista puedan ser diferentes en las comisiones. 
En vista de las circunstancias excepcionales y la ausencia de la ponente, la Sra. Malliori, quisiera pedir a la Comisión de Medio Ambiente que asegurara que alguien que haya seguido los debates y haya votado en la comisión esté disponible para informar debidamente del punto de vista de la comisión durante el debate de esta tarde. 
En vista de las reacciones de los colegas, creo que es una sugerencia aceptable. 
Por consiguiente, empezaremos la sesión de hoy con un debate conjunto sobre los medios de comunicación. 
Después de este debate seguiremos con el informe Medina Ortega y con la opinión que debería acompañarle. 
Miércoles: 
En lo que respecta a la declaración del Consejo sobre la cumbre social tripartita, se pidió al Consejo que esta se incluyera en el orden del día del miércoles y se introdujera justo después de la declaración sobre Pakistán. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Jueves: 
He recibido una solicitud del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para incluir en el orden del día de este período parcial de sesiones una declaración de la Comisión sobre la aplicación del paquete Erika sobre seguridad marítima al naufragio del petrolero frente a la costa gallega y las medidas que es preciso tomar para paliar el desastre socioeconómico y ecológico que ha causado. 
Ya he indicado que hemos recibido una solicitud de declaración por parte de dos grupos, incluido el suyo. 
Ahora no necesitamos ningún debate, solamente necesitamos una votación relativa al procedimiento sobre la solicitud del Grupo del PPE-DE y del Grupo de los Verdes/ALE para que se incluya la declaración el jueves. 
(El Parlamento da su conformidad) 
En lo que respecta al informe del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que actualmente está incluido en el turno de votaciones del mediodía de conformidad con el artículo 110 bis, he recibido una objeción por escrito del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea a que se aplique este procedimiento. 
Este grupo desea que se incluya un debate sobre el informe Maaten al final del orden del día del jueves. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Periodo parcial de sesiones Diciembre I (4 y 5 de diciembre, Bruselas): 
Sin cambios. 
En relación con la reunión de mañana con diputados a los parlamentos de los países candidatos, me gustaría pedir que, en las reuniones de grupo que se celebrarán esta noche, los Presidentes de los diferentes grupos informen tanto a nuestros diputados como a sus homólogos de los países candidatos- si han podido acudir- que es absolutamente esencial que nadie utilice ni conecte su teléfono móvil. 
La interpretación será un enorme reto con tantos idiomas, y por consiguiente, para facilitar el proceso, se utilizará un sistema de interpretación con rayos infrarrojos. 
Si alguien conecta su teléfono móvil para recibir mensajes de texto o para efectuar o recibir llamadas, interferirá con el equipo técnico y nuestros invitados no podrán oír la traducción de lo que se está diciendo. 
Aunque normalmente tenemos un procedimiento que ruega a los colegas que no utilicen sus teléfonos móviles, mañana es una necesidad técnica y absoluta de que todos desconecten sus teléfonos móviles antes de venir aquí. 
Repetiré esta advertencia mañana, pero agradecería que los grupos tomaran nota de esta cuestión. 
Cuento con su colaboración. 
En relación con las dificultades generales experimentadas por los colegas que llegan a Estrasburgo hoy, he recibido diversas cartas de diferentes autoridades: autoridades del aeropuerto, del alcalde de la ciudad y de Air France. 
Me gustaría leerles parte de la carta de la autoridad aeroportuaria: 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera preguntarle si puede usted confirmar si los renos estaban en tierra o en el aire en ese momento. 
Si le contestara quizá introduciría demasiada levedad en la situación. 
Me gustaría recordar a Sus Señorías que estas intervenciones han de limitarse a un minuto. 
Señor Presidente, como gallego y como coordinador de pesca del grupo mayoritario de esta Cámara me felicito por la decisión que hemos tomado de que la Comisión comparezca el jueves para explicarnos con todo lujo de detalles- porque vamos a exigir todo lujo de detalles- cómo ha podido producirse este gravísimo accidente. 
Señor Presidente, Galicia está negra: sus playas, sus costas, sus faunas, sus pescados, sus aves... y la gente ve un futuro negro. 
Quería pedirle, señor Presidente, que usted, en nombre de la Cámara, se solidarice con las autoridades españolas y gallegas y se dirija a ellos. 
Nosotros nos encargaremos ya el jueves de pedir a la Comisión ayudas e investigación. 
Quería anunciar también, puesto que la Cámara, de acuerdo con el nuevo Reglamento, no nos permite presentar una resolución, que a través de la Comisión de Pesca propondré una resolución para declarar zonas marítimo-pesqueras europeas sensibles protegidas que obliguen a un mayor alejamiento del transporte marítimo de mercancías peligrosas por esas zonas y el adelantamiento de la obligatoriedad del doble casco en este tipo de buques, que está previsto para el año 2015 y voy a pedir que se adelante para el año 2005. 
Señor Presidente, se lo digo a usted como irlandés y hombre céltico: no nos podemos permitir en Europa una desgracia más de este tipo. 
Hay que extremar el control y no permitir que se destroce nuestro medio ambiente. 
Señor Presidente, hablo en nombre del Grupo Socialista y hablo también como coordinadora socialista en la Comisión de Pesca para llamar la atención de esta Cámara sobre el mismo accidente del petrolero Prestige al que acaban de referirse mis compañeros, que se produjo la semana pasada frente a las costas de mi región, Galicia. 
El jueves- el accidente se produjo el miércoles- presenté una propuesta de resolución ante esta Cámara y presenté también dos propuestas de resolución, porque entiendo que aquí hay intereses comunes: intereses medioambientales, pesqueros- que tendrá que seguir la Comisión de Pesca- e intereses relativos al transporte marítimo de mercancías peligrosas, que tendrá que seguir la Comisión de Transportes. 
Este petrolero ha dejado ya una mancha de 37 km. que avanza hacia la costa y, paradójicamente, a pesar de llamarse Prestige- y fíjese si será europeo el problema -, tiene bandera de Bahamas, tripulación filipino-rumana, transporta desde Letonia- un país candidato a la adhesión- hacia Gibraltar, lo que implica a un país de la Unión Europea, a un Estado miembro, en este caso al Reino Unido, y está bajo el mando de un capitán griego. 
Yo pido que las instituciones comunitarias endurezcan la legislación sobre esta materia, que cumplan la ya existente y que dediquen su atención a este tipo de catástrofes a través de la solidaridad europea, tal y como se ha establecido, por ejemplo, en el caso de las catástrofes naturales que se han producido en cuatro Estados miembros durante este verano. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera referirme a otra catástrofe. 
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que opera a escala mundial, publica sus resultados cada cuatro años y formula recomendaciones a los Estados signatarios. 
Hasta ahora, el Reino de España no ha superado esta prueba. 
El informe español para el período 1997-2001 no ofrece garantías en lo referente a la detención incomunicada que puede conllevar malos tratos y tortura, algo que resulta frecuente en los casos relacionados con el País Vasco. 
Además, el resultado final de casos de tortura en España ha sido el indulto de los torturadores. 
A pesar de ello, la delegación española del Ministerio del Interior sacó la siguiente conclusión, y cito textualmente: «el número de gracias otorgadas no son comparables al número de recursos criminales que implican a los miembros de las fuerzas del orden por violación de los Derechos Humanos» y que no existe ninguna política de absolución, siendo tal proceso «no automático» en palabras de la delegación. 
Mañana por la tarde, a las 15.00 horas, se emitirá el informe sobre España. 
¿Podría la Conferencia de Presidentes de grupos políticos echarle un vistazo? 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, es usted consciente de que la Asamblea Parlamentaria Paritaria tiene previsto empezar el próximo lunes en el hemiciclo de Bruselas. 
Tengo entendido que la Conferencia de Presidentes ha enviado una carta con palabras enérgicas a las autoridades belgas en relación con la posibilidad de que dos miembros de la delegación de Zimbabwe se encuentren en la lista de prohibición de visado. 
Tengo entendido que ahora se han concedido visados a los dos ministros de Zanu-PF y que llegarán mañana a Bruselas. 
Señor Presidente, ¿podría darnos alguna indicación sobre lo que hará el Parlamento Europeo con respecto a esta cuestión tan grave? 
A la luz de las resoluciones del Parlamento que presentamos justo después de la Conferencia de Presidentes a las autoridades belgas- que ya habían expedido visados y no deseaban retirarlos -, propongo que la Conferencia de Presidentes aborde de nuevo esta semana la situación actual. 
Deberíamos debatir opciones del Parlamento compatibles con sus resoluciones y compatibles con la necesidad de ser coherentes a la hora de adoptar sus resoluciones y considerar la posibilidad de declarar a estas dos personas personae non gratae con respecto al acceso al propio Parlamento. 
Si la Conferencia de Presidentes toma tal decisión, la transmitirá a las autoridades belgas y a las autoridades de Zimbabwe. 
Personalmente, prefiero esta opción. 
Sea como fuere, le aseguro que la cuestión se planteará en la Conferencia de Presidentes. 
La voluntad de la mayoría de la Conferencia será la que determinará la acción adecuada a emprender y a continuación transmitirá esta decisión a usted y a los colegas, y también a quienes están fuera de esta Asamblea. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, apoyo las observaciones que acaban de plantearse, pero también quiero proponer que, si hay alguna posibilidad de que esta Asamblea Parlamentaria Paritaria prosiga en otra parte y los ministros de Zimbabwe siguen estando allí, se recomiende que Sus Señorías no asistan a esa Asamblea mientras estén presentes dichos ministros. 
Ruego a los diputados que deseen continuar con esta cuestión que aseguren mediante el trabajo político preparatorio en sus respectivos grupos esta semana que éstos estén en condiciones de adoptar una postura política clara. 
La reunión de la Conferencia de Presidentes hará una declaración con respecto a estas opciones el jueves de esta semana. 
Señor Presidente, hace cuatro semanas pedí apoyo para la operación de rescate de los centenares de víctimas del mayor desastre marítimo de África, en el que se vio involucrado el barco Joala delante de las costas de Senegal. 
Nada ha sucedido hasta la fecha. 
De acuerdo con la Comisión, se ha informado de que hay oposición religiosa por parte de los senegaleses a esta operación de rescate. Se ha dicho que la recuperación de los cuerpos es técnicamente difícil y se dice que el Presidente Wade prefiere dejarlos en el mar a recuperarlos. 
Sin embargo, estas informaciones han sido desmentidas ahora por datos completamente nuevos. 
A través de mis contactos con senegaleses he podido saber que el Presidente Wade da prioridad a la recuperación y que ha reservado cierta suma de dinero para este fin. 
Los buzos locales han recuperado ya más de 200 cadáveres. Por ello, desde el punto de vista técnico, es posible, aunque falta financiación. 
Los familiares senegaleses y todos los parientes de Francia, los Países Bajos y otros Estados miembros no pueden vivir con la terrible idea de que sus seres queridos no hayan recibido una despedida digna. 
En mi propio nombre, quisiera pedirle que trasmitiera una vez más este mensaje a la Comisión con la máxima urgencia, pues se trata del mayor desastre marítimo de África. 
Si esto hubiese ocurrido frente a nuestras costas, no habríamos dudado ni un momento en intervenir. 
Estas personas se merecen un rescate digno. 
Transmitiré esta observación a las autoridades competentes en la Comisión. 
Diré, para que conste en acta, que después del debate sobre esta cuestión en la última ocasión, expresé en nombre del Parlamento nuestras sinceras condolencias a las autoridades competentes, de acuerdo con la solicitud hecha en su momento a la presidencia. 
Señor Presidente, el estatuto de los diputados, una pregunta oral al Consejo, aparece ahora en el orden del día del período parcial de sesiones de Bruselas. 
Dentro de nuestro grupo, una minoría pensaba que no era aconsejable presentar esta pregunta al Consejo en este momento, porque seguimos debatiéndola nosotros mismos, pero se ha tomado una decisión democrática. 
Según el informe de la Conferencia de Presidentes, ha mantenido usted conversaciones con los Primeros Ministros de los Estados miembros. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que escribiera a los diputados de este Parlamento que no acudieron a la conferencia acerca de los contactos que mantuvo usted y lo que debatió con los Primeros Ministros, para que también nosotros estemos bien pertrechados ante la tarea que nos espera y sepamos de qué estaremos hablando en el pleno del 4 de diciembre. 
A la luz de su solicitud, lo mejor que puedo hacer es decir que daré personalmente los pasos necesarios para ponerme en contacto con Sus Señorías antes de que se celebren estos debates. 
Mientras tanto, puedo decirle que por primera vez tuve oportunidad de rendir cuentas a la Conferencia de Presidentes acerca de los resultados de los debates exploratorios sobre el Estatuto de los diputados, que mantuve en nombre de la Conferencia de Presidentes con las autoridades competentes del Consejo. 
El pasado jueves, en la reunión de la Conferencia de Presidentes, se tomó la decisión de invitar al ponente, el Sr. Rothley, para que elaborara de nuevo nuestras ideas y su informe ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, con objeto de debatir la cuestión en una fecha aún por determinar y votar al respecto en la sesión plenaria. 
Mientras tanto, podríamos considerar la posibilidad de formular una pregunta oral o pedir al Consejo que haga una declaración en el primer período parcial de sesiones de diciembre. 
Cuando haya tenido la oportunidad esta semana de informar a la Mesa, que es el siguiente organismo en liza, después de haber informado a la Conferencia de Presidentes intentaré garantizar que todos los diputados tengan su propia valoración sobre el estado de la exploración tal como la hicimos. 
Señor Presidente, mientras los bomberos de Estrasburgo avanzaban por la niebla intentando atrapar a los- sin duda euroescépticos- ciervos que según creo pertenecen al Sr. Roger Helmann, el avión en el que yo viajaba daba vueltas en el cielo, lo cual me dio tiempo para leer y releer los periódicos italianos que informaban de la declaración del Ministro italiano de Economía, Giulio Tremonti, de que «Europa ha de decidir sobre las pensiones». 
Por supuesto, somos incapaces de detener a unos ciervos que corren por la niebla, pero hemos de decidir qué hacer con las pensiones. 
Creo que es un caso en el que se invierte el principio de subsidiariedad: cuando conviene a los Estados, entonces son los Estados los que deciden; cuando necesitan recortar las pensiones y hacer que los pensionistas se aprieten el cinturón, entonces les conviene más decir que la decisión ha de tomarla Europa. 
¿No cree usted que debería hacer algo, señor Presidente? 
Se trata de una observación muy sabia por su parte, señor Fatuzzo. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, debido a los debates históricos que tendrán lugar en este periodo parcial de sesiones, no hay Turno de Preguntas. 
Yo había presentado una pregunta al Consejo sobre el proceso legislativo y el modo en que esta Asamblea está siendo tratada potencialmente en relación con la Directiva propuesta sobre asistencia jurídica. 
El Consejo tiene previsto aprobar esta medida a finales del mes sobre la base de un texto diferente del que se sometió al dictamen del Parlamento. 
Así se evitará el procedimiento de codecisión, que se iniciaría a finales de mes, y también evitará la firme recomendación de la Comisión de que el Consejo debería volver a consultar al Parlamento. 
Me gustaría saber, en nombre de esta Asamblea, por qué el Consejo cree que no tiene obligación de volver a consultarnos. 
¿No está de acuerdo en que esta acción es absolutamente contraria al principio de respeto mutuo y buena fe entre estas instituciones en el proceso legislativo, tal como se establece en los Tratados y tal como confirma el Tribunal de Justicia? 
Señor Presidente, esto es grave y quisiera pedirle que se ocupe de ello. 
Señora Wallis, dado que no hay Turno de Preguntas, su pregunta queda anotada. 
Permítame retomar su solicitud para ver si podemos obtener una respuesta del Consejo sobre la importante pregunta que acaba usted de formular. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, continúo con lo que ha dicho el Sr. van Hulten sobre el miércoles 4 de diciembre. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, soy muy consciente de la importancia constitucional y práctica que tiene avanzar con el Estatuto de los diputados, aunque personalmente no habría elegido esta manera particular de hacerlo. 
Sin embargo, observo que en el orden del día del miércoles hay importantes debates sobre pesca- los primeros en diez años- en que se examinará la industria pesquera de Europa en un momento crítico. 
Los electores en toda Europa se preguntarán qué está pensando y qué esta haciendo el Parlamento Europeo al respecto. 
Lo que dirán entonces los periódicos es que el Parlamento aplazó este debate hasta haber hablado de su propio sueldo. 
Es una situación escandalosa. 
Espero que, si la Conferencia de Presidentes persiste en mantener este orden del día de esta forma, cambie el orden y coloque la cuestión de la pesca- que es de vital importancia- antes y por delante del debate del Estatuto de los diputados. 
Si Sus Señorías quieren debatir esta cuestión podrían plantearla en la Conferencia de Presidentes del jueves. 
Le recuerdo que acabamos de votar sobre la aprobación del orden del día de diciembre para Bruselas sin que haya habido debate, contradicción o propuestas en el hemiciclo. 
Tomo nota de lo que acaba de decir. 
Los grupos todavía pueden examinar el orden de debates de ese día. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento. 
Celebro la reciente absolución de los observadores de aviones británicos y holandeses acusados de espionaje en Grecia y el hecho de que el tribunal de apelación tuviera la integridad de reparar el error judicial original que supuso hace un año la condena. 
Recuerdo que, en la década de 1980, se tardaron años en rectificar errores similares en procesos en el Reino Unido, por ello me complace que, aunque un año es una experiencia terrible para los acusados, no fuera más. 
Pero el hecho es que esta acción judicial no habría tenido que producirse nunca, y el modo en que se desarrolló provocó mucha inquietud acerca del trato dado a los acusados y las normas judiciales. 
Por ello es esencial que avancemos en la tarea a fin de garantizar unas normas procesales justas para las personas acusadas en procedimientos judiciales, que la Comisión presentará el año próximo en una propuesta de decisión marco. 
Asimismo tenemos que sustanciar nuestros compromisos en materia de derechos humanos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Señor Presidente, simplemente quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre algo que sucedió en Italia el jueves por la noche. Veinte activistas «antiglobalización» fueron arrestados y mantenidos incomunicados, acusados de «subversión del sistema económico» o de «entorpecer la actuación de las instituciones y autoridades gubernamentales». 
Se trata de delitos que contempla el código penal italiano desde la década de 1930. Son figuras creadas para impedir que anarquistas y socialistas desarrollaran sus actividades políticas durante el período del fascismo. 
Si estos delitos hubieran existido en un país candidato y se hubiera informado al respecto a todas las instituciones europeas, el país en cuestión no habría prosperado en las negociaciones sobre la ampliación. 
Me parece que esta cuestión es relevante para toda Europa, y que semejantes incidentes no han de repetirse ni en los Quince ni en los Veinticinco. 
También nosotros hemos de mantener los ojos abiertos para este tipo de situaciones. Hemos de debatir la cuestión o, al menos, ser conscientes de que tales cosas estas sucediendo. 
Señor Presidente, yo también quiero expresar, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, mi simpatía con los afectados por los sucesos en Galicia. 
Todos nos sentimos impotentes. 
Yo misma visité la página web en la que se supone han de figurar todos los buques y busqué el Prestige. 
No estaba allí, aunque debería haber estado. 
Quisiera pedirle que transmita a la Comisión que también nosotros queremos saber acerca del papel desempañado por Letonia en lo que ha sucedido. 
Asimismo quiero que nuestros colegas letones comenten el asunto para que tengamos un debate, puesto que el barco viajaba de Letonia a Gibraltar. 
También creo que estos países deberían cumplir las normas vigentes. 
Al mismo tiempo quisiera pedir a la Comisión que averiguara el nombre del fletador. He intentado encontrarlo en los periódicos. 
Es una información que necesitamos si queremos controlar la marcha de los acontecimientos. 
A la luz de las anteriores intervenciones, quiero señalar que el miércoles es el día en que celebramos los derechos del niño. 
Pienso que deberíamos celebrarlo juntos y que deberíamos enviar saludos a Carol Belami. 
Quizás podamos pedir a la Comisión que tome nota de su pregunta antes de la declaración que hará el jueves. 
Señor Presidente, hoy hemos visto en el aeropuerto que la naturaleza puede en ocasiones volverse contra la tecnología. 
Para evitar trastornar deliberadamente a la naturaleza hemos de elaborar una política climática eficaz. 
Es preciso reducir drásticamente las emisiones de CO2. 
Una mayoría de este Parlamento ha pedido durante años que los costes medioambientales se repercutan al consumidor. 
Es preciso aplicar una tasa medioambiental a los billetes de avión, especialmente en el sector del transporte aéreo. 
Sin embargo, hasta ahora la Unión Europea ha fracasado, pues no hay tasa climática. 
Afortunadamente, también hay algunas buenas noticias. 
A cambio de una cuota, la organización Trees for Travel planta árboles después de cada viaje de avión que uno hace. 
Cada vez que uno viaja, puede comprar un certificado climático para equilibrar la emisión de CO2 de su viaje. 
A pesar de la falta de legislación, por lo menos podemos predicar con el ejemplo. 
La delegación neerlandesa del Grupo del Partido del Partido de los Socialistas Europeos ha decidido respaldar esta iniciativa y comprar certificados climáticos en Estrasburgo esta semana para sus viajes de avión. 
Insto al Presidente y a los demás colegas diputados del Parlamento Europeo que viajan con regularidad a que hagan lo mismo. 
Señor Presidente, como diputado procedente de una región periférica y marítima, quiero mostrar también mi solidaridad con los pescadores gallegos afectados por la catástrofe ecológica del Prestige. 
En segundo lugar, quiero decir que, como miembro de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y suplente en la Comisión de Pesca, son cuatro los aspectos afectados de manera significativa por esta catástrofe. 
Por tanto, yo pediría a la Comisión y, sobre todo, al ponente, Sr. Izquierdo Collado, que en ese Libro Blanco del transporte tengamos en cuenta, para el año 2010, algo que a mí me preocupa y que me ha comentado hoy un compañero canario, el diputado Sr. Medina: la falta de respeto, por parte del transporte marítimo, de las rutas que hacen muchos barcos, comunitarios y no comunitarios, de la zona exclusiva económica de algunas regiones, como es el caso de Galicia. 
Este punto queda cerrado. 
Pregunta oral (O-0045/02- B5-0498/02) de Graham Watson- «Mercado interior: pluralismo de los medios de comunicación y ampliación» 
Pregunta oral (O-0053/02- B5-0499/02) de Enrique Barón Crespo, Michel Rocard, Barbara O ' Toole, Reino Paasilinna, Demetrio Volcic y Karin Junker- Concentración de los medios de comunicación 
Pregunta oral (O-0080/02- B5-0500/02) -de Raina A. Mercedes Echerer, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Heide Rühle y Jean Lambert- Concentración de los medios de comunicación 
Pregunta oral (O-0082/02- B5-0501/02) de Fausto Bertinotti, Lucio Manisco y Geneviève Fraisse- Concentración de los medios de comunicación 
Pregunta oral (O-0083/02- B5-0502/02) de Mariotto Segni, William Abitbol, Teresa Almeida Garrett, Guido Bodrato, Juan José Bayona de Perogordo, Jean-Louis Bourlanges, Luigi Cocilovo, Gerard Collins, Thierry Cornillet, Paul Coûteaux, Brian Crowley, Luigi Ciriaco De Mita, Gérard M.J. Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Carlo Fatuzzo, Fernando Fernández Martín, Concepció Ferrer, Jim Fitzsimons, Konstantinos Hatzidakis, Liam Hyland, Florence Kuntz, Franco Marini, Mario Clemente Mastella, Reinhold Messner, Juan Ojeda Sanz, Seán Ó Neachtain, Marcelino Oreja Arburúa, José Pacheco Pereira, Giuseppe Pisicchio, María Antonia Avilés Perea, José Javier Pomés Ruiz, Bartho Pronk y Lennart Sacrédeus- Concentración y pluralismo de los medios de comunicación 
y 
Pregunta oral (O-0084/02- B5-0503/02) de W.G. van Velzen, Ruth Hieronymi, Christopher J.P. Beazley y Mario Mauro- Salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en una Unión Europea ampliada. 
Señor Presidente, en 1997 se utilizaba la palabra de moda «convergencia» para definir el proceso a través del cual se acercaban cada vez más entre sí la telefonía fija y móvil, la televisión e Internet. 
La Comisión aprobó un Libro Verde ampliamente anunciado sobre esta cuestión, que prometía un mundo nuevo y maravilloso de regulación horizontal común a todas las plataformas. 
La realidad es mucho más prosaica. 
La convergencia no se realizó en la medida prevista y la Comisión se limitó básicamente a revisar el paquete legislativo sobre telecomunicaciones para tener en cuenta las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, desde entonces hemos sido testigos de fusiones y adquisiciones en los medios de comunicación con la aparición de grandes conglomerados como AOL Time Warner, CBS, Viacom y Viviendi Universal. 
Ahora bien, la Comisión no ha explorado a fondo la idea de propiedad cruzada y concentración de medios de comunicación desde su informe de 1994 de seguimiento del Libro Verde sobre pluralismo y concentración de los medios de comunicación. 
El silencio de la Comisión en una cuestión tan importante resulta especialmente extraño teniendo en cuenta que, desde la década de 1990, el Parlamento Europeo pide una directiva sobre unas reglas de juego equitativas y el pluralismo de los medios de comunicación. 
Admito que regular los medios de comunicación es una cuestión muy delicada. 
Los medios de comunicación no son como los demás sectores, dado que se encuentran en el centro de nuestra cultura y nuestra forma de vida. 
Unos medios de comunicación diversos y pluralistas son fundamentales para la democracia, la libertad y la diversidad cultural. 
Pero en vista de la tendencia a la concentración de medios de comunicación, a la dominación por parte de determinados conglomerados de medios de comunicación, mi grupo cree que va siendo hora de replantear esta cuestión. 
¿Cuáles son los principios que deberían cimentar nuestro enfoque? 
En primer lugar hemos de reconocer que unos medios de comunicación florecientes constituyen el distintivo de una sociedad libre. 
Si el control de los medios de comunicación se deja excesivamente en manos de un reducido número de personas, ello supone un peligro para la democracia. 
Los medios de comunicación han de tener suficiente diversidad para que puedan presentarse eficazmente todos los puntos de vista de la sociedad. 
De lo contrario existe el peligro de que los agentes dominantes de los medios de comunicación puedan limitar el acceso a la información y con ello influir en la opinión pública. 
Evitar la concentración de los medios de comunicación es también importante para nuestra economía. 
Algunos han argumentado que el control monopolista es imposible gracias al desarrollo vertiginoso de diferentes medios de comunicación, incluida la televisión digital, la televisión por satélite y por cable, así como Internet. 
Sin embargo, muchos de estos diferentes canales de comunicación son controlados en estos momentos por los mismos conglomerados de medios de comunicación, que de esta manera pueden promocionar estos servicios y ofrecer incentivos o presionar a los anunciantes a comprar espacio o tiempo de emisión en otros medios de comunicación que también controlan. 
Por último, no hay que olvidar que la concentración de medios de comunicación tiene implicaciones para nuestra diversidad cultural. 
Una Europa en la cual los medios de comunicación están dominados por unos cuantos agentes principales, corre el riesgo de ser una Europa en la que se concede menos acceso a los medios de comunicación a determinadas regiones, culturas y grupos minoritarios. 
Unos medios de comunicación diversos tienen más probabilidades de ofrecer un contenido más original de cosecha propia, mientras que los grandes grupos de medios de comunicación no se resisten a la tentación de llenar su tiempo de emisión con programas importados y repeticiones. 
Mis preguntas a la Comisión hoy son: ¿qué acción se propone emprender la Comisión? 
Si el Comisario adopta el punto de vista, como sospecho que hará, de que no existe ninguna base jurídica para emprender una acción, quisiera recordarle los artículos del Tratado que rigen el mercado único. 
Quisiera recordarle asimismo que el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales garantiza el pluralismo de los medios de comunicación, y que si esta Carta se integra en un nuevo tratado constitucional, como esperan los Demócratas Liberales, ¿no constituiría esto una base jurídica necesaria para la acción? 
¿Se comprometerá la Comisión a presentar un Libro Blanco que actualice su comunicación de 1994 a la luz de los cambios tecnológicos y las innovaciones del sector? 
Me parece que no podemos ignorar los peligros que conlleva la concentración de medios de comunicación para nuestra sociedad. 
El poder de la propiedad de los medios de comunicación incluso rebasa ahora a menudo las fronteras nacionales. 
Dado que unos medios de comunicación libres y diversos son esenciales para la democracia, la prosperidad y la vitalidad cultural de nuestro continente, ya va siendo hora de que los políticos asuman sus responsabilidades y vuelvan a tratar esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi Grupo ha planteado esta pregunta sobre la concentración de medios de comunicación y tengo que decir que me alegro mucho de que la iniciativa se haya extendido a toda la Cámara, porque consideramos que esta no es una cuestión de partido ni de grupo, sino que es una preocupación sobre un tema constitucional para la Unión. 
Lo hemos hecho porque, hace diez años, la Comisión planteó un Libro Verde sobre el pluralismo y el mercado interior, y propuso- elaboró incluso- un anteproyecto de directiva para armonizar las leyes nacionales sobre la propiedad de los medios de comunicación. 
Desde entonces no ha ocurrido nada; y la Comisión, que tiene el monopolio de iniciativa, tiene también que merecérselo. 
En estos diez años han pasado muchas cosas. 
Tecnológicamente, se han producido avances sustanciales- Internet sobre los medios escritos, el cable, la televisión vía satélite, la tecnología digital- que han transformado todo el panorama. 
Y también se ha producido un proceso de concentración que va más allá de nuestras fronteras y que hace que haya nombres que se extienden y que representan estos medios en toda Europa, por ejemplo, Murdoch y Berlusconi, también hay algunos que se han quedado al borde del camino, como Messier y Kirsch, y otros que están llegando, como Blommberg. 
También hay que tener en cuenta los desarrollos que se están produciendo en los Estados Unidos, donde las autoridades federales están adaptándose para poder fortalecer la capacidad tecnológica norteamericana. 
Pero, en cualquier caso, señor Presidente, mi grupo piensa que ésta es una cuestión ante todo democrática, porque se refiere a una de las bases del sistema en el que vivimos, que es la protección de la libertad de expresión, que es una de las piedras angulares de una sociedad democrática. 
Y me refiero no sólo a la libertad de expresión que nosotros defendemos como políticos, sino a la de todos los ciudadanos y también a la de los trabajadores de la prensa y de los medios; porque no tiene sentido que siempre aboguemos por que haya más democracia para los trabajadores en otros sectores y no en éste. 
Esto hay que extenderlo también a los países candidatos, donde la preocupación por la pérdida del carácter nacional de sus medios de comunicación se está extendiendo. 
A partir de ahí, señor Comisario, permítame que haga de abogado del diablo. 
He dicho que durante diez años no ha habido progresos. 
¿Por qué no los ha habido? 
Sería interesante que lo analizáramos. 
¿Es porque es muy complicado? 
La construcción europea ha sido siempre un desafío a los problemas y, por lo tanto, lo que digo es que si era necesaria la directiva o el tratamiento del tema en el año 1992, con mucha más razón lo es ahora. 
En segundo lugar- y ésta es otra de las cuestiones que hemos planteado- se puede considerar que no existe una base legal suficiente. 
Pero hace diez años parece que sí la había. 
Sería interesante que la Comisión nos explicara esto y, si no, que nos dijera si conviene, por ejemplo, que, dentro de su propuesta a la Convención, este tema se considere como una cuestión de derechos fundamentales. 
Por último, señor Presidente, somos conscientes de que éste es un tema de los que se denominan "transversales". 
Tengo que decir que me alegro mucho de que sea el Comisario responsable de la protección de los derechos de los consumidores y de la salud el que conteste a esta pregunta, porque siempre se nos dice que es un tema de mercado interior o de competencia. 
No es solamente eso. 
Es de competencia, de mercado interior, de cultura, de derechos fundamentales. 
Y yo había pensado en cuatro comisarios, y me he llevado la sorpresa agradable de encontrarme con el Sr. Byrne que, además, tiene que defendernos a los consumidores de esa invasión incontrolada no solamente de mensajes muchas veces subliminales por la vía de los medios audiovisuales, sino también para defendernos de la publicidad incontrolada y también del monopolio en el campo de la publicidad. 
Por lo tanto, espero que este debate hoy, en el que participamos y mostramos nuestro interés todos los grupos de la Cámara, sea un paso adelante, rompa con este silencio de diez años y permita que la Comisión, de una manera responsable, ejerza su monopolio de iniciativa en una cuestión fundamental. 
Señor Presidente, estos debates sobre el tema candente de la política de los medios de comunicación se han sucedido desde 1992, y el Parlamento siempre ha mantenido un enfoque democrático de la cuestión. 
Sin embargo, desde 1997 reina el silencio, pero ahora perece que puedo felicitar al Parlamento por haberse despertado, como la Bella Durmiente. 
Ahora quisiera hablar en nombre de mi grupo. 
No puedo sino subrayar los argumentos de quienes han intervenido antes que yo, y quisiera recoger dos de las observaciones significativas que han hecho. 
Se ha perdido el equilibrio entre el espíritu empresarial por un lado, y por otro la actividad periodística, como también sucede ahora con quienes producen material creativo. 
La UE, que anunció la creación del mercado interior como una de sus prioridades, ha de asumir su responsabilidad política en este proceso, que implica la consolidación y la concentración. 
No liberalizamos hace unos cuantos años rompiendo los monopolios de los medios de comunicación simplemente para crear nuevos monopolios. 
Tanto la diversidad económica como el pluralismo de los medios de comunicación están en peligro. 
El carácter extensivo de las concentraciones merece una atención especial. 
Mi segunda observación es que uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes, algo que preocupa de forma especial a mi grupo. 
Después de haber logrado con éxito la separación de la Iglesia y el Estado, creo que deberíamos consagrar nuestras energías a separar el poder político y los medios de comunicación. 
Estoy hablando aquí de una cultura oficial europea, especialmente en vísperas de la ampliación. 
Otra pregunta más práctica para la Comisión: en 1997, la Directiva sobre la propiedad de los medios de comunicación desapareció en un cajón, posiblemente debido a presiones políticas, aunque no podemos estar seguros de ello. 
Necesitamos una mejor base legal a escala europea, pero eso ya lo sabemos: es una afirmación que oímos hace cinco años, y no necesitamos que se repita. 
Entonces, ¿por qué la Comisión ha empezado sólo ahora a hacer algo al respecto? 
Todos somos conscientes de estos problemas; no son nuevos, y no necesitamos reinventar la rueda. 
¡Lo que hace falta es acción, querida Comisión! 
No dejemos que se convierta en eso. 
La Sra. Fraisse no está presente, probablemente por problemas de transporte, que estamos todos sufriendo hoy; por lo tanto, tiene la palabra, durante dos minutos el Sr. Segni. 
Señor Presidente, yo y otros 32 diputados hemos formulado una pregunta pidiendo a la Comisión- en vista del hecho de que los medios de comunicación, especialmente la televisión, son un ámbito en que el abuso del poder supone una grave amenaza para un funcionamiento adecuado de la vida civil y democrática y en vista del hecho de que incidentes de esta índole ocurren en muchos países- que reanude el proceso interrumpido en 1994 y prepare una directiva. 
Veintidós de los treinta y tres signatarios son del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y los demás pertenecen al Grupo Unión por la Europa de las Naciones, lo cual demuestra, como acaba de decirse, que esto no representa intereses particulares o intereses de partido, sino que el algo que preocupa a todos aquellos que se interesan por los principios básicos del Estado liberal. 
Es posible que los italianos sean especialmente sensibles a esta cuestión, pero quiero pedir a la Asamblea que muestre algo de comprensión. 
Quiero preguntar a los diputados alemanes de todos los partidos si no estarían preocupados si su Canciller, Gerhard Schröder, fuera propietario de todas las redes de televisión privadas, de una de las principales revistas y de uno de los principales periódicos. 
Quiero preguntar a los diputados británicos, si piensan participar en este debate, cuál sería su reacción si Tony Blair hubiera pedido públicamente que se apartara a tres famosos periodistas de la BBC y hubiera conseguido lo que quería en cuestión de pocos meses. 
He planteado esta cuestión no porque se trate de problemas que tenga que resolver Europa- surgieron en Italia y los hemos de resolver los propios italianos -, la he mencionado porque, de hecho, lo que está sucediendo en Italia es diferente de la situación en otros países, pero hay un factor común: la concentración de medios, que se está convirtiendo en un fenómeno a escala mundial y puede poner en peligro el pluralismo de los medios de comunicación y por tanto su libertad. Como se ha dicho con razón, es preciso trazar una línea entre la política y la información en los medios. 
Aunque por ley no entre en el ámbito de responsabilidad de la Comisión, señor Presidente, este es el punto común de la sociedad en toda Europa. 
Por ello he planteado esta cuestión a la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las principales preocupaciones de la Unión Europea incluyen la salvaguardia de la libertad de información y la libertad y diversidad de opinión. 
Estos son algunos de nuestros valores fundamentales a los que, esperemos, la Convención otorgue un lugar prominente en la constitución de lo que será nuestro acervo común. 
Así pues, en los últimos años el Parlamento ha profundizado repetidas veces en estas cuestiones y se ha basado en los hechos reales en la Unión Europea y en los Estados miembros para juzgar el grado en que estas cosas se han hecho realidad. 
No creo que pueda decirse que el Parlamento ha estado durmiendo. 
No hablo tan sólo de 1997; me gustaría recordarles todo lo que decidimos juntos en 2000 con nuestra posición sobre las cuestiones fundamentales relacionadas con la sociedad de la comunicación y la información en la Unión Europea, y también quiero recordarles nuestra posición común sobre la revisión de la Directiva sobre televisión en 2001. 
En eso no cedimos. 
Lo único es que hemos de ver de modo realista cómo están las cosas. 
Hasta ahora, los resultados son claros e inequívocos: no tenemos más opción que establecer distinciones. 
Los mercados de los medios de comunicación siguen siendo en gran medida los mercados nacionales que eran antes, como sucede sin lugar a dudas en el caso de los medios impresos. 
En segundo lugar, se da el caso de que en el ámbito de los medios de comunicación electrónicos, los mercados de la televisión siguen teniendo un carácter predominantemente nacional. 
En tercer lugar, hemos de tener claro que el desarrollo ha seguido adelante. 
Los desarrollos transfronterizos están ocupando un lugar cada vez más importante en los medios de comunicación electrónicos, especialmente cuando entra en juego la tecnología digital. 
Es una cuestión sobre la cual hemos de concentrarnos, examinando con sumo cuidado qué consecuencias está teniendo este desarrollo para la salvaguardia de la libertad de opinión e información y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Por ello mi grupo, el del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, ha de formular una pregunta referente a este desarrollo específico. 
Pedimos a la Comisión que elabore un Libro Verde sobre la situación actual para retomar la cuestión de los desarrollos estructurales observables hoy en día en los medios políticos, económicos y jurídicos europeos. 
Asimismo pedimos que nos presente una propuesta sobre lo que considera una acción adecuada a fin de conseguir el objetivo, que esperemos sea compartido por todos nosotros, de salvaguardar el pluralismo de los medios de comunicación y de opinión en la Unión Europea. 
Creo que, si avanzamos juntos en esta dirección, daremos un paso importante para garantizar la diversidad de opinión en la Unión Europea. 
Señor Presidente, sin duda los medios de comunicación desempeñan un papel crucial a la hora de someter el ejercicio de los poderes públicos y privados a un escrutinio permanente. 
Por consiguiente, el pluralismo de los medios de comunicación es de vital importancia y es esencial para la manera en que operan nuestras sociedades democráticas. 
En efecto, es uno de los valores esenciales que fundamentan la Unión Europea, como se consigna en el apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que hace referencia expresa a la protección del pluralismo de los medios de comunicación. 
Sobre esta cuestión, no puedo sino refrendar lo que ha dicho Su Señoría sobre la situación en el sector de los medios de comunicación de acuerdo con los desarrollos de los últimos diez años. 
Quisiera añadir que aunque las audiencias estén concentradas en un pequeño número de programas, los ciudadanos europeos tienen una elección mucho más amplia gracias a una gama de tecnologías. 
En este nuevo marco, la Comisión ha recurrido a los instrumentos que tiene a su disposición. 
A la hora de aplicar la legislación en materia de competencia, defiende la libertad de competencia en los medios de comunicación, sobre todo en los servicios de medios de comunicación innovadores como Internet y UMTS. 
Además, aplica el Reglamento de fusiones que sirve para controlar el fenómeno de la concentración de medios de comunicación en el plano económico. 
Asimismo, sobre la base de las propuestas de la Comisión, el legislador comunitario aprobó la Directiva «Televisión sin fronteras» , la Directiva «Satélite y cable» , y la Directiva relativa a la protección jurídica de servicios con acceso condicionado, que tratan diversos aspectos de la radiotelevisión transfronteriza. 
El marco legislativo se complementó con la Directiva sobre comercio electrónico, aprobada en el año 2000, cuyo objetivo es facilitar la prestación transfronteriza de nuevos servicios de comunicación interactivos distribuidos de punto a punto. 
Por último, en mayo de este año se ha aprobado la propuesta de la Comisión de un marco legislativo común para liberalizar las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
Uno de sus principales objetivos era abrir el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas, incluidas las que transmiten contenidos. 
Para tal fin, estipula que los operadores que ocupan una posición fuerte en el mercado pueden tener que cumplir obligaciones ex ante en cuanto a transparencia, no discriminación, separación contable y acceso a o uso de instalaciones específicas. 
La Comisión controla de cerca la transposición de estas directivas en los países candidatos así como en los Estados miembros, asegurando que la legislación nacional en materia de medios de comunicación sea siempre compatible con la legislación comunitaria. 
Si bien los instrumentos legislativos comunitarios tienen indudablemente repercusiones positivas para la protección del pluralismo, hay que decir que su objetivo es asegurar un cierto equilibrio económico entre los agentes en el contexto del mercado interior. 
Estos instrumentos afectan directamente al sector de los medios de comunicación como un ámbito de actividad económica y no- o al menos sólo de forma muy indirecta- como un vehículo para proporcionar información al ciudadano. 
Esta situación proviene del hecho de que, aunque el pluralismo es una libertad fundamental reconocida por la UE, no es una de las tareas asignadas a la Comunidad Europea en el artículo 2 del Tratado CE. 
Ello se ve confirmado por el artículo 21 del Reglamento de fusiones, que permite a los Estados miembros prohibir una fusión a fin de proteger el pluralismo, aunque esta haya sido aprobada por la Comisión. 
Por consiguiente, cualquier iniciativa nueva basada en las libertades del mercado interior tropezaría con la misma limitación que los instrumentos que he mencionado, y, de por sí, no aseguraría la protección del pluralismo. 
También surge la pregunta de si una iniciativa como esta podría justificarse haciendo referencia a las disposiciones del Tratado. 
La Comisión no conoce obstáculos concretos para ejercer las libertades fundamentales del Tratado CE- especialmente el derecho de establecimiento o la libertad de ofrecer servicios a efectos de los artículos 43 y 49- en el sector de los medios de comunicación en virtud de las disposiciones nacionales encaminadas a proteger el pluralismo como tal. 
Además, cualquier iniciativa tendría que estar destinada a eliminar una distorsión importante de la competencia. 
En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estas son las piedras de toque de la acción comunitaria sobre la base del artículo 95, que implica medidas para mejorar el funcionamiento de mercado único. 
Asimismo hemos de considerar si tal iniciativa cumpliría el principio de subsidiariedad, dado que el objetivo de las propuestas legislativas basadas en las libertades del mercado interior ha de ser en todo caso poner obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios, y no regular situaciones específicas en los Estados miembros. 
En cuanto a la cuestión de si es conveniente que la Convención Europea asegure la protección del pluralismo en general a escala de la UE, quisiera recordar que la Comisión, al igual que el Parlamento, cree que la Carta de los Derechos Fundamentales debe incorporarse en el Tratado básico y adquirir rango constitucional. 
Por último, concluiré recordando que el Consejo de Europa existe, entre otras cosas, para preservar el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. 
También habría que aspirar a una cooperación más estrecha con esta institución a fin de aumentar la protección del pluralismo en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no se necesita ninguna una dictadura basada en la fuerza militar en la sociedad de la información si en las mismas manos hay un megapoder que se autoperpetúa, un poderoso conglomerado que representa a los medios de comunicación, la economía y el control político. 
Es la dictadura del siglo XXI. 
Si el dirigente de un país tiene influencia sobre dos cadenas de televisión, por ejemplo, y por consiguiente sobre prácticamente todos los telespectadores, y si bajo su control hay una fuerza manipuladora e hipnotizadora que rezuma de estas emisoras, lo que tenemos es una oligarquía de la sociedad de la información. 
Esta viscosidad también puede detener la competencia. 
Cuando los medios de comunicación que se infiltran en los hogares alimentan continuamente los logros de un dirigente pregonado por medio de los resultados de los sondeos Gallup, entonces se trata de una nueva máquina, una especie de movimiento perpetuo que se mantiene activo con un sentido su propia legitimidad. 
Baste con mirar lo que está sucediendo en Italia, un país que tengo en alto concepto. 
Mi punto de vista básico es el siguiente: cuanto más concentrados estén los medios de comunicación, más amplia será la gama de derechos que han de amparar a los periodistas en su trabajo. 
También es erróneo decir que un servicio público es siempre un monopolio. 
En absoluto: está controlado por toda una serie de fuerzas sociales. 
En algunos países candidatos, el Gobierno puede intervenir, en cuyo caso no se trata de un servicio público, sino de televisión dirigida por el Gobierno. 
La competencia y los mercados tampoco producen siempre libertad o pluralismo: a veces sucede lo contrario. 
La situación puede empeorar a resultas de la concentración. 
El libre comercio tampoco garantizará necesariamente la diversidad. 
Puede que los mercados se autorregulen, pero simplemente aplican otra serie de reglas que se basan en acuerdos mutuos y no son democráticos. 
Comisaria Reding, pedimos que elabore un proyecto de directiva sobre la concentración de los medios de comunicación y su efecto en la cultura, la diversidad, la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. 
Comisario Monti, pedimos que investigue si se han violado las reglas de competencia y se ha abusado de una posición dominante en el mercado, y Comisario Bolkestein, a usted le pedimos que aclare si la concentración, la convergencia y los nuevos medios de comunicación tienen un impacto negativo en el mercado interior. 
Por último, Comisario Vitorino, rogamos examine la cuestión de si se respetan o no los derechos culturales y democráticos de nuestros ciudadanos. 
Además querríamos preguntar a la Comisión por qué no elabora la directiva que todos hemos estado esperando. 
La Convención Europea también tendrá que debatir esta cuestión. 
Señor Presidente, uno de los principios cruciales de una sociedad democrática que funcione adecuadamente es la libertad de expresión y el acceso a la información. 
En esta Cámara hemos recalcado una y otra vez la importancia de la apertura y la transparencia. 
Los ciudadanos han de tener acceso a la información que afecta a sus vidas para que puedan tomar parte en el debate democrático y tomar sus opciones. 
Los medios de comunicación desempeñan un papel central en este proceso. 
Si no funcionan adecuadamente, tampoco lo hará la democracia. 
Actualmente hay tendencias inquietantes en los medios de comunicación. 
La concentración de que hemos sido testigos puede mermar el pluralismo de los medios de comunicación. 
Combatimos los monopolios porque reducen la oferta de bienes, lo que hace que disminuya la prosperidad, y lo mismo se aplica al mercado de los medios de comunicación. 
Los monopolios socavan el pluralismo democrático y provocan un descenso de la prosperidad democrática. 
Antes, los medios de comunicación adscritos a partidos políticos, como los periódicos, sólo podían ejercer la crítica política dentro de su propio medio. 
No controlaban lo que sacaban otros medios. 
La amenaza a la que nos enfrentamos hoy es la de una concentración potencialmente poderosa, que puede implicar que ciertos puntos de vista no estén representados en ningún medio de comunicación. 
Como legisladores elegidos por el pueblo nos enfrentamos a la ruptura de un equilibrio muy sensible. 
Qué podemos hacer para asegurar la libertad y diversidad de medios de comunicación sin dejar de lado al mismo tiempo otro principio cardinal de la sociedad democrática: el de la distribución del poder. 
Queremos establecer reglas que garanticen la equidad sin entrometernos con el contenido real de los medios de comunicación. 
En esta Asamblea, hemos de ejercer nuestra responsabilidad democrática y cerciorarnos de que los medios de comunicación ejerzan la suya. 
Señor Presidente, como se ha afirmado repetidas veces en este debate, existe sin duda un vínculo entre la libertad de información y la democracia, y creo que este debate ha de servir sobre todo para que el Parlamento y las instituciones europeas adquieran más conciencia que hasta ahora del vínculo existente entre la democracia y la suprimida libertad de información, del modo en que los medios de comunicación son utilizados para suprimir la democracia. 
Este es el caso en muchos países con los que mantenemos relaciones económicas o comerciales, y países como Iraq, China, Cuba, Vietnam, etc. Sin duda, salvaguardar la libertad de información como garantía de una democracia genuina es un problema, también para Europa. 
Hay dos o tres observaciones que me gustaría hacer en este sentido. 
En primer lugar, en mi opinión, tenemos que ser precavidos al exigir una legislación europea, al exigir a la Comisión que imponga algún tipo de limitación en un mercado- la fusión de los mercados de telecomunicaciones y de medios de comunicación- que, no lo olvidemos, ha de ser capaz de resistir los desafíos de los mercados internacionales del mismo modo en que las empresas europeas han de poder resistir los desafíos de los mercados internacionales. 
Entonces, podría ser peligroso sobrecargar un mercado que ya está luchando- existen barreras lingüísticas y culturales, por ejemplo, que dificultan el crecimiento de las empresas- con las cargas adicionales de limitaciones y restricciones. 
Sin embargo, hay una paradoja que quisiera señalar en este debate. 
Es absurdo que nosotros, que si bien no somos diputados de parlamentos nacionales, sí somos representantes de las instituciones europeas, nos concentremos en gran medida en dinámicas y concentraciones de mercado, pero no seamos capaces de mencionar la enorme fuerza de las empresas de medios de comunicación estatales en Europa. 
Pongamos por ejemplo Italia. 
Es justo llamar la atención sobre la situación y es justo estar preocupados, así como también lo es siempre estar preocupado por la relación entre los medios de comunicación y la democracia, pero lo que no se dice es que la mitad del sector de la información está en manos del Estado, es decir, en manos de los partidos. 
Este es el caso en casi toda Europa. 
¿Pensamos realmente que los partidos están utilizando sus cadenas de televisión con el debido respecto por el pluralismo de la información y el debido respeto por el derecho de los ciudadanos a ser informados, o bien están sirviendo a sus propios intereses y ofreciendo una información específica? 
Hay otra dimensión, y en este punto rindo tributo al trabajo del Comisario Van Miert en la anterior Comisión. 
La existencia de cadenas de televisión estatales es perjudicial para el mercado de los medios de comunicación y de la información. 
Las cadenas de televisión estatales acaparan espacio que podría utilizarse para crear empresas competidoras, posiblemente incluso empresas europeas, y las tasas, los derechos de licencia y la financiación asociados con ellas reducen los recursos que podrían redistribuirse en el mercado y utilizarse para crear una pluralidad de empresas competidoras. 
Hemos de reflexionar sobre esto. Creo además que un comentario de la Comisión sobre estos asuntos- ayuda estatal, competencia, abuso de posición dominante, etc. en los mercados interiores- también vendría a cuento. 
La Sra. Fraisse ha conseguido llegar desde Basilea al Hemiciclo y le concedemos la palabra en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
Señor Presidente, en efecto nos han desviado a Mulhouse y muchos de nosotros hemos llegado en autobús, por lo que ruego me perdone las dificultades que pueda tener al presentar mis comentarios. 
Lo que me sorprende, con respecto a la competencia y al pluralismo, es que esencialmente examinamos esta cuestión desde dos puntos de vista totalmente diferentes y opuestos. 
Por un lado, la examinamos desde el punto de vista de nuestros países, los Estados miembros, en que la competencia puede llegar a ser muy feroz, especialmente en Italia, como todos sabemos. 
Por otro lado, también podemos examinar la cuestión del pluralismo y la competencia desde el punto de vista de algunos de los países candidatos; incluso podemos examinar la cuestión de una única fuente de información que puede tener un efecto perjudicial en el pluralismo exigido por el Parlamento, dado que cabría pensar que hasta ahora la cobertura de los medios de comunicación en estos países dependía exclusivamente de esta única fuente. 
Por consiguiente, ambos lados de la cuestión de la competencia se encuentran en extremos opuestos del espectro. Sin embargo, hemos de tener en cuenta estos dos extremos si queremos encontrar, al mismo tiempo, un equilibrio entre el pluralismo y cierto grado de concentración. 
El equilibrio es sin duda delicado, pero ello se debe a que- y no creo que hayamos recalcado suficientemente este punto hasta ahora en este debate- es una cuestión de servicio público. 
Por consiguiente, no es simplemente una cuestión de competencia entre medios de comunicación privados, porque este problema también implica al servicio público, y hemos de lograr un equilibrio entre ambos. 
A fin de conseguir este equilibrio, quizás la Comisión debería reconsiderar su indecisión acerca de la necesidad de una directiva, algo que el Parlamento ha exigido durante varias años. 
La Comisión ha de reexaminar también la situación de los medios de comunicación, que ha cambiado de forma desconocida en los últimos años. 
El último estudio sobre esta cuestión se realizó en 1994. 
Por lo tanto, pedimos a la Comisión que tome nota de las nuevas dificultades y proponga una directiva. 
Quizás tengamos que recalcar también el hecho de que el Tratado de Amsterdam tiene un protocolo sobre el sistema de servicio público de televisión en los Estados miembros. 
El protocolo es un extracto del Tratado de Amsterdam que establece, de conformidad con el principio de subsidiariedad, que los Estados miembros son responsables de definir y organizar estas tareas, y de financiarlas, siempre y cuando ello no socave la competencia. 
También en este ámbito, la ayuda estatal es importante y hemos de recalcarla y mantenerla. 
Por ello, todos nosotros aquí hoy, y mi grupo en particular, creemos que es necesario replantear la necesidad de un directiva. 
En lo que respecta a la cobertura de los medios de comunicación, es imposible evitar la cuestión del contenido. 
Existe sin duda una característica específica del mercado y de la competencia, una característica relacionada con el contenido, con la creación y que también está relacionada con la edición en particular. 
Permítanme recordarles la situación en Francia- que nos preocupa -, donde que existe una concentración en la industria editorial dentro de los nuevos mercados que se han establecido recientemente. 
Esta característica específica debería tenerse en cuenta y también deberíamos recalcar el carácter urgente de esta situación. 
En resumidas cuentas, señor Presidente, Señorías, esperamos que la Convención respete lo que dice la Carta sobre el pluralismo, y que la Convención sea capaz de salvaguardar este pluralismo. 
Señor Presidente, el sistema de medios de comunicación se ha desarrollado junto con la democracia, pero nuestra impresión es que durante algún tiempo ha habido un creciente conflicto entre ambos y que existe una tendencia hacia la concentración, cuyo resultado, en la práctica, es menos democracia. 
Los medios de comunicación tienen una extraordinaria influencia sobre la sociedad, pero creo que hemos de darnos cuenta de que sólo hay un medio para resistir el dominio de las inversiones norteamericanas en la industria de los medios de comunicación y de la publicidad, y ello no implica la concentración de medios de comunicación en los países de la Unión Europea. 
En Italia, el Presidente acabó enviando un mensaje al parlamento sobre este asunto, pero también quisiera señalar que la máxima autoridad moral, el Papa Juan Pablo II, ha pedido unas reglas claras y justas que garanticen el pluralismo, la libertad y la participación, a fin de evitar el abuso de unas herramientas extremadamente poderosas que tienen un impacto devastador en las conciencias de las personas y en la sociedad. 
Sin embargo, quisiera señalar que esta cuestión afecta también a otros sectores aparte de la política. 
Durante la reciente audiencia organizada por el Grupo del partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos sobre la televisión sin fronteras, un periodista observó que la televisión está exacerbando la comercialización del deporte y la concentración de los recursos publicitarios. 
Por lo tanto, hay una creciente separación entre los pocos deportes ricos y los deportes pobres, y el vínculo entre televisión, publicidad, derechos deportivos y los propietarios de los principales equipos de fútbol es cada vez más estrecho. 
Las cadenas de televisión públicas pueden ofrecer alternativas a estas tendencias, pero todos sabemos ya que, en el mundo en el que vivimos, en una sociedad liberal, las empresas de televisión privadas y comerciales desempeñan un papel importante. 
Sin embargo, no ha de permitirse que este papel se desarrolle de tal forma que el extraordinario poder para influir en la opinión pública se concentre en las manos de unos cuantos. 
Señor Presidente, Señorías, la libertad y la independencia de los medios de comunicación no combina bien con un poder económico acumulado, por no hablar de monopolios. 
Ello es especialmente cierto cuando uno trata con el poder político en manos de un jefe de Gobierno. 
El nombre que hay que mencionar aquí es Berlusconi. 
El magnate italiano de los medios de comunicación y Primer Ministro, en una misma persona, junto con el Sr. Murdoch y el Sr. Kirch, ha enseñado a los campeones de la plena libertad de prensa lo que es el miedo. 
El hecho de que el imperio Kirch se haya venido abajo puede servir de poco consuelo en vista de la presión ejercida sobre las televisiones públicas por las empresas comerciales- me refiero al coste de los derechos para los acontecimientos deportivos, entre otras cosas -, y en vista de una creciente concentración de medios de comunicación regionales, nacionales y mundiales con implicaciones transfronterizas cada vez más grandes. 
La concentración de medios de comunicación en un grado ilícito pone en peligro la diversidad y el pluralismo de opinión y la promoción de la diversidad cultural. En los últimos días se ha publicado el volumen 44 de «Media Research» , una serie de tratados publicados por el Instituto de Medios de Comunicación de Renania del Norte-Westfalia; contiene una aguda descripción de los efectos negativos de la concentración de medios de comunicación sobre los cimientos democráticos y culturales de la sociedad. 
Asimismo hay que decir sin miedo a equivocarse que el Estado de derecho en Italia está en peligro. 
Ya se ha llevado la peor parte. 
Todo ello nos lleva a una única conclusión, concretamente que se necesita una normativa europea para limitar la concentración de medios de comunicación, porque la ley nacional no se aplica fuera de las fronteras de los Estados, o también porque- como en Italia- ni siquiera se intenta. 
Ya se ha hecho referencia al modo en que la profunda preocupación del Presidente de la República Italiana le ha hecho exigir una ley italiana para evitar que el Primer Ministro tenga un control político de hecho sobre los servicios de la televisión pública, la RAI, y para limitar su poder como persona privada sobre los medios de comunicación. 
Berlusconi es en todos los sentidos un caso especial, y esperemos que siga siendo único, que implica una serie de acciones legales relacionadas con la evasión de impuestos, falsificación de documentos, perjurio, pagos realizados con fondos secretos, el soborno de jueces y cosas por el estilo, de las cuales algunas aún no han concluido. 
Por consiguiente, pedimos a la Convención que imponga una prohibición constitucional sobre semejante acumulación de poder, que es totalmente indecente. 
Incluso el Papa- o al menos eso hemos oído- aboga por una normativa para salvaguardar el pluralismo y la libertad de opinión. 
¡Por eso, señor Prodi, Comisarios, digo que ya va siendo hora de hacer algo! 
Señor Presidente, me opongo a la mayoría de mis colegas que han intervenido hasta ahora en el debate, en lo que respecta a su deseo de adoptar precipitadamente algún tipo de nueva Directiva o Reglamento indefinido sobre la llamada concentración y la propiedad de los medios de comunicación. 
Como nos ha señalado el Sr. Byrne en una intervención admirablemente clara, no existe para ello base alguna en el Tratado. 
¿Cómo va a definirse esto? 
¿Hasta qué punto se puede intervenir políticamente en cuestiones de concentración de medios de comunicación en ámbitos que, como ha señalado muy claramente el Comisario, rebasan toda la gama de armas que la Comisión tiene a su disposición para regular el poder de los monopolios, una palabra que esta tarde ha sido utilizada sin cortapisas en esta Cámara? 
Si existe un poder monopolista desde el punto de vista comercial, entonces hay instrumentos para afrontarlo y estos deberían utilizarse. 
Me pregunto cuántos de los colegas que han intervenido en este debate esta tarde se han tomado la molestia de leer el nuevo paquete que regula las comunicaciones electrónicas. 
El Sr. Watson, que ha abierto el debate, probablemente no lo ha hecho, porque si examina este Reglamento- y yo fui uno de los que trabajaron en él muy a fondo- verá que prevé el hecho de que habrá convergencia y que las grandes cuestiones que se han abierto en el mundo de la convergencia tratan del control del acceso a los canales. 
Este Reglamento incluye disposiciones para abrir el acceso, para hacer que el acceso esté disponible en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, de nuevo palabras clave sobre las que deberíamos reflexionar en cualquier contexto, especialmente en el de los medios de comunicación. 
Asimismo incluye una disposición para el servicio público de televisión, una cuestión que deberíamos debatir más en este contexto, para que los Gobiernos puedan abrir canales siempre que consideren que los canales públicos han de transferirse al mercado. 
Estas cuestiones ya están ahí. 
No las ignoren. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Hieronymi. 
Sin duda deberíamos pedir a la Comisión que examinara este problema, pero lo último que deberíamos hacer es adelantarnos a los resultados de este examen. 
Señor Presidente, la cuestión del pluralismo de los medios de comunicación es un tema importante, que afecta a la esencia de los valores que constituyen la base de nuestro trabajo en Europa. Ello se debe a razones que todos nosotros, evidentemente, tenemos muy presentes. 
Sin el pluralismo no hay oposición, ni libertad, y por consiguiente, no hay democracia. 
Sin pluralismo, la libertad de creación audiovisual y cinematográfica estaría en peligro y por ello se vería amenazada la identidad cultural de Europa. 
Por lo tanto, es crucial asegurar que los principios de diversidad, pluralismo e independencia de los medios de comunicación se apliquen en los Estados miembros y en los países candidatos. 
El pluralismo de los medios de comunicación tiene que ver con la retransmisión de la información, la televisión e Internet, así como con la creación audiovisual. 
En un entorno de medios de comunicación en constante cambio, la presencia de cadenas de televisión públicas y privadas, así como las restricciones a las fusiones y adquisiciones entre agentes comerciales, son esenciales para mantener el pluralismo audiovisual y la diversidad cultural. 
Igualmente, hemos de asegurar que se difunda una información suficientemente diversa, tanto desde las fuentes públicas como desde las privadas, en todas las plataformas de medios de comunicación. 
De ahí que la Comisión debería realizar una profunda evaluación de la situación de los medios de comunicación en cada país candidato y en cada Estado miembro. 
En 1997 se redactó un Libro Verde sobre esta cuestión. 
Hoy, los desarrollos en las tecnologías de comunicación, el papel clave desempeñado por Internet a la hora de difundir la información y la televisión por cable son fenómenos que nos impulsan a examinar de nuevo la cuestión de la concentración de medios de comunicación. 
Por ejemplo, es muy importante que la Comisión empiece a trabajar cuanto antes para resolver los problemas que ha provocado la falta de transparencia a la hora de conceder licencias de televisión en los Estados miembros y en los países candidatos. 
Una vez que se haya realizado esta evaluación, la Comisión podrá optar por establecer reglas de competencia que aseguren el pluralismo de los medios de comunicación en caso de que resulte necesario. 
La libertad de expresión es frágil y sólo puede garantizarse si existe una genuina pluralidad de medios de comunicación, y esto es algo que todos hemos de controlar con regularidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿necesitamos una legislación europea vinculante para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, sí o no? 
Esta es la cuestión. 
Yo digo sí, la necesitamos. 
Y quisiera añadir que es sumamente importante que, en el futuro, en el marco de la nueva Constitución, la Comisión europea tenga el único poder de iniciativa. 
No hemos de meternos en asuntos ajenos. 
Sin embargo, no estamos planteando que se obligue a la Comisión Europea a hacer algo que no puede y no quiere hacer. 
La cuestión es que ahora existe claramente un vacío legal. 
Hemos de admitirlo y asegurarnos de que se llene. 
Ya existe un vacío legal debido a las notables e impresionantes innovaciones tecnológicas que han tenido lugar, pero ese vacío se ensanchará más cuando la Unión se amplíe a 25 Estados miembros y, en particular, como acaba de decir el Sr. Watson, cuando se establezca en breve una nueva Constitución. 
La Constitución incluirá artículos que forman parte de la Carta de los Derechos Fundamentales, su artículo 11 que consigna el pluralismo de los medios de comunicación. 
Ahora bien, si no introducimos una nueva legislación, nosotros mismos- el Parlamento, la Comisión y el Consejo- correremos el riesgo de promover la violación de esta Constitución, que todos queremos aprobar pronto. 
Dicho de otro modo, lo único que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. 
Si- y esto es algo que lamento amargamente, muy amargamente- uno de los Estados miembros de la Unión se sitúa por debajo de la República de Benin, por debajo del número 40 en el mundo en cuanto a pluralismo de medios de comunicación, ello no es única o primariamente una cuestión de conflicto político dentro del país en cuestión, y me estoy refiriendo a mi propio país, Italia. 
No, desde mi punto de vista, esto exige un análisis por parte de la Unión Europea, seguido de la adopción de medidas políticas, institucionales y jurídicas, cuyo contenido deberá decidir la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, si aceptáramos las sugerencias hechas en esta Asamblea por oradores como el Sr. Segni, por ejemplo, e hiciéramos responsable a una determinada persona de todos los males del sector de los medios de comunicación, tendríamos que sacar de algún modo la conclusión de que el ciervo y otros animales que hoy invadieron la pista del aeropuerto de Estrasburgo eran en realidad extras de las redes Mediaset que habían sido reclutados y contratados para evitar que se celebrara este debate. 
¡Este no es el caso! 
El asunto que estamos discutiendo es tanto más complejo y problemático cuanto que hemos de ser conscientes de que la velocidad del progreso tecnológico está provocando, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, el desarrollo de nuevas maneras de transmitir el conocimiento, nuevas formas de coexistencia pacífica entre los pueblos y nuevos estilos de vida y mentalidades. 
Es decir, que las comunicaciones generan cultura, y la cultura se transmite a través de las comunicaciones. 
Cabría decir que todas nuestras vidas están encerradas ahora en un mecanismo de comunicación que exige una completa reevaluación de todos nuestros puntos de referencia básicos. 
La enorme proliferación de fuentes de información y la incapacidad de distinguir entre sus niveles de autoridad, la sustitución progresiva de relaciones interpersonales por un enfoque mediatizado y la expresión de opiniones sobre la base de encuestas de opinión que no se basan en hechos, son factores que finalmente provocan diversas formas de disociación, que influyen en nuestras creencias y nuestras vidas. 
Los recientes acontecimientos en Italia no han sido el resultado de esta cuestión tan compleja de los medios de comunicación. 
Más bien, lo que sucedió fue que la izquierda, que había controlado la televisión estatal en los últimos años, llegó incluso a intentar influir en las últimas elecciones y, en sus esfuerzos por mantener la espada de Damocles sobre la cabeza de su oponente político, posponer indefinidamente la cuestión de la regulación del sector de los medios de comunicación y dificultar mucho la resolución del asunto. 
La ausencia de control y supervisión nunca ha dado garantías o libertad, como muchos querrían hacernos creer. 
En última instancia fomenta el uso indiscriminado de herramientas sumamente potentes que, si se abusa de ellas, tienen efectos devastadores sobre las conciencias de las personas y de la sociedad. 
Por ello, pido a la Comisión que garantice este principio de libertad y proponga una acción apropiada al Parlamento y al Consejo, que, por ejemplo, podría ser el tema de otro Libro Verde. 
Señor Presidente, nos enorgullecemos del modo en que el principio de competencia engrasa las ruedas del sistema económico y no debemos permitir que se debilite el componente más vital de la democracia, y me refiero a las fuentes de información, y se socave el principio de competencia política. 
En segundo lugar, en esta era de democracia electrónica, deberíamos invertir en garantías para salvaguardar nuestra larga tradición de valores democráticos y, sobre todo, la separación del poder de los medios de comunicación y el poder económico. 
Por ello quisiera decir que deberíamos aprobar unánimemente esta moción y señalar que aprobar medidas legislativas y otras medidas de apoyo es una prioridad absoluta para el futuro democrático de Europa, que ha habido un retraso injustificado a la hora de emprender acciones desde el Libro Verde que se publicó, que las medidas exigidas han de incorporarse en una política general sobre medios de comunicación audiovisuales, que hemos de aceptar que las reglas tradicionales de la competencia del mercado son inadecuadas, y que necesitamos una red competitiva independiente que aspire a un pluralismo real y que, para estos fines, las restricciones sobre la concentración son compatibles con la legislación comunitaria. 
Ya hemos agotado el turno de los intervinientes que están presentes en el Hemiciclo. 
He recibido seis propuestas de resolución 
FR) El apartado 2 del artículo 11 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales dice que «Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo». 
De hecho, ¿qué es más fundamental en una democracia que la libertad para comunicar y recibir información? 
Ahora bien, en la Europa de hoy, la concentración de medios de comunicación, exacerbada por los avances tecnológicos, significa que este pluralismo de medios de comunicación está en peligro, o incluyo ya está comprometido en algunos casos. 
Va siendo hora de que la Comisión aborde la cuestión y asegure, en especial en el sector de la televisión, que haya muchos operadores diferentes, como ya se ha hecho en otros muchos sectores. 
Aunque los tratados fundacionales vigentes no ofrecen una base jurídica suficiente para esta normativa esencial, ahora es crucial que la Convención trabaje para establecer una nueva base constitucional que garantice la pluralidad de los medios de comunicación. 
Sin embargo, esto no es suficiente, dado que la pluralidad de los operadores privados por sí sola no puede cumplir el papel fundamental de la información en una democracia moderna, ni salvaguardar la diversidad cultural. 
Por ello hemos de reafirmar la importancia de la televisión pública. 
No me refiero tan sólo a las cadenas de televisión públicas nacionales, sino también a cadenas locales, que tienen un valor indiscutible a la hora de asegurar la interacción social y restaurar los vínculos sociales. 
(Intervención acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0344/2002) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco (COM (2001) 283- C5- 0274/2001- 2001/0119 (COD)) 
Esperamos que puedan estar presentes ya los diputados y diputadas que estaban todavía de viaje. 
Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que me complace estar hoy aquí para presentar la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. 
Ha pasado mucho tiempo desde que la Comisión aprobó esta propuesta: 18 meses, para ser exactos. 
Sería un eufemismo decir que estoy decepcionado con lo poco que se ha avanzado hasta ahora con esta propuesta. 
Ha habido tácticas dilatorias, información incorrecta y, muy a menudo, declaraciones engañosas. 
Es muy lamentable que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no haya podido trabajar más rápido, a diferencia de la respuesta mucho más diligente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, cuyos miembros son los verdaderos expertos en el Parlamento Europeo sobre salud pública y protección del consumidor. 
Por lo menos, ellos comprendieron claramente la importancia y la urgencia de esta propuesta. 
En todo el mundo, casi 5 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. 
Son dos veces y media más muertes que la causadas por el SIDA. 
De estos 5 millones, medio millón son europeos, el equivalente a la población de Copenhague. 
La publicidad desempeña un papel importante en la promoción del uso del tabaco, sobre todo entre los jóvenes. 
La industria tabacalera necesita nuevos reclutas para sustituir a aquellos que han muerto prematuramente a causa del consumo de este producto mortal. 
Les pido que examinen la presente propuesta sobre este trasfondo. 
Esta Directiva es importante para el funcionamiento del mercado único. 
Sin ella, no puede garantizarse el mercado único para los medios de comunicación impresos, la radio e Internet, debido a las variaciones en la legislación nacional en materia de publicidad del tabaco en los Estados miembros. 
La propuesta pretende sustituir a la anterior Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco, anulada por el Tribunal de Justicia Europeo hace dos años. 
La anterior Directiva incluía la prohibición de todas las formas de publicidad y patrocinio del tabaco. 
El Tribunal consideró que esta prohibición general no tiene base legal en el Tratado. 
Sin embargo, el Tribunal no fue del todo negativo en su fallo. 
Ni mucho menos. 
Tuvo a bien confirmar que una Directiva que prohibiera determinadas formas de publicidad y patrocinio podría adoptarse sobre la base del artículo 95 del Tratado. 
Por ello, la nueva propuesta sigue muy de cerca las directrices mencionadas en el fallo del Tribunal. 
La lógica subyacente a la presente propuesta es clara: todos los Estados miembros han aprobado normas nacionales para regular la publicidad y el patrocinio de productos del tabaco. 
Esta normativa, evidentemente, varía considerablemente entre los Estados miembros. 
Irónicamente, esta divergencia se ha visto exacerbada por la anulación de la Directiva anterior. Ello ha hecho surgir mayores obstáculos a la libre circulación entre Estados miembros de productos y servicios que sirven de apoyo a este tipo de publicidad y de patrocinio. 
Pretendemos eliminar estos obstáculos armonizando las reglas relacionadas con la publicidad de los productos del tabaco y el patrocino relacionado con ellos en la medida de lo posible a la luz del fallo del Tribunal. 
La propuesta prevé una prohibición general de la publicidad del tabaco en la prensa. 
Este es un vector importante para la promoción del tabaco, y tiene fuertes implicaciones transfronterizas. 
La propuesta incluye asimismo una prohibición de la publicidad del tabaco en Internet. 
La publicidad de los productos del tabaco a través de la radio y el patrocinio de programas de radio por parte de compañías tabacaleras también se prohibirá del mismo modo que la publicidad en televisión en la Directiva «Televisión sin fronteras». 
Por último, la propuesta trata del patrocinio, prohibiéndolo en los acontecimientos o actividades con implicaciones transfronterizas. 
En conjunto, la propuesta tiene un alcance mucho más limitado que la Directiva anterior. 
Sé que muchos de ustedes lo lamentan y comprendo este punto de vista. 
No oculto que habría preferido presentar una propuesta de prohibición más completa de la publicidad de los productos del tabaco. 
Pero, por desgracia, el ordenamiento jurídico no nos permite ir tan lejos. 
Hemos de reconocer las limitaciones jurídicas. 
Nuestra preocupación común ha de ser asegurar que esta nueva Directiva pueda mantenerse y se mantenga firme contra cualquier posible futura recusación del Tribunal y elimine la distorsión del mercado armonizando las actuales reglas nacionales, y promoviendo al mismo tiempo la salud pública. 
Esta propuesta se ha elaborado con sumo cuidado. 
Cualquier menoscabo de su situación jurídica abriría la puerta a una recusación que, si tuviera éxito, haría el juego a la industria tabacalera. 
Sencillamente no podemos permitirnos que ello suceda. 
. 
(ES) Señor Presidente, el Comisario Byrne ha hecho un enorme esfuerzo por sacar adelante una propuesta de Directiva en un ámbito en el que el Tribunal de Justicia había llegado a la anulación de la anterior Directiva sobre prohibición absoluta de la publicidad del tabaco. 
Creo que esta Comunidad se encuentran en una situación kafkiana en materia de salud, porque, si bien tenemos competencia en materia de salud animal- desde el estabulamiento, pasando por la alimentación y llegando al transporte -, en cambio, prácticamente nuestras competencias en materia de salud son mínimas, es decir, la Unión Europea apenas tiene competencias en materia de salud humana. 
Tiene la posibilidad de adoptar ciertas medidas, ciertas recomendaciones, ciertas actuaciones de promoción, como, por ejemplo, la cooperación entre los Estados y con organizaciones internacionales, pero cuando llegamos al ámbito de la armonización legislativa nos encontramos prácticamente con un bloqueo. 
La Comisión, inteligentemente, ha tratado de sacar el máximo provecho de las conclusiones del Tribunal de Justicia, yo diría de los obiter dicta del Tribunal de Justicia en la sentencia por la cual se anula la anterior Directiva sobre la publicidad del tabaco. 
Y desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, concretamente el ponente ha visto con la mayor simpatía los esfuerzos de la Comisión y del Comisario Byrne, en particular, por sacar adelante esta propuesta de directiva que, como él ha dicho, es mucho más modesta que la anterior. 
Sin embargo, el ponente ha de reconocer que se ha encontrado con dificultades enormes en el seno de la propia Comisión de Asuntos Jurídicos y, al objeto de hacer posible la tramitación de esta Directiva, ha tenido que aceptar una serie de enmiendas de compromiso que son las que constituyen el texto actual, que ha sido adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No sabemos todavía cuál va a ser el resultado de las votaciones del próximo miércoles al respecto. 
La impresión que tengo es que, en este momento, esta Cámara se encuentra ampliamente dividida, ya que, como alegan algunos miembros, determinadas enmiendas pueden incluso debilitar la base jurídica que había propuesto la propia Comisión y, en este momento, concretamente, la opinión, por ejemplo, de la ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- que creo que escucharemos a continuación- es, desde luego, contraria a la introducción de enmiendas. 
Me da la impresión de que algunas de las enmiendas, por lo menos, tienen bastante fundamento, ya que se trata de corregir algunos de los aspectos en que podría mejorarse la Directiva. 
Por ejemplo, una extensión generalizada de la prohibición de la utilización de ciertas marcas podría perjudicar a empresas que, en realidad, no se dedican a la producción de tabaco; lo único que ocurre es que algunas de sus marcas coinciden con las de otra empresa que tiene esa actividad propia. 
Creo que cada una de las enmiendas habrá de ser estudiada con bastante detenimiento. 
Comparto con el Sr. Byrne la preocupación por el retraso que se ha producido en el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Nos vimos obligados a celebrar una audiencia como consecuencia de la enorme disparidad de opiniones que se había manifestado en la comisión y, en esa audiencia, he de reconocer o recordar que la mayor parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos se mostraron bastante críticos con respecto a las propuestas de la Comisión. 
Por tanto, el ponente se ha visto obligado a llevar a cabo una labor un poco de filigrana, tratando de acercar posiciones para hacer una primera formulación que llegara hasta el Pleno de esta Cámara. 
Será esta Cámara, pues, la que decida el próximo miércoles, efectivamente, sobre el destino de cada una de esas enmiendas. 
Se ha presentado alguna enmienda posterior, que al ponente, en principio, le parece bastante aceptable- la enmienda encabezada por la Sra. Hautala, que tiende a reforzar, a través de un considerando, la base jurídica de la Comisión. 
Espero que, el próximo miércoles, con independencia de lo que ocurra con cada una de las enmiendas en las diferentes votaciones, el texto de la Directiva en su conjunto pueda ser aprobado. 
Es decir, espero que se apruebe el informe al objeto de que continúe la tramitación. 
Como estamos en un procedimiento de codecisión, tenemos la oportunidad de ir corrigiendo cada uno de nosotros las deficiencias que se puedan advertir al objeto de tener la seguridad de que esta nueva propuesta de Directiva pueda resistir la prueba de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia que, sin duda, se va a producir, porque en materia de tabaco siempre se producen recursos ante el Tribunal de Justicia. 
El Comisario puede tener la seguridad de que la actitud de este ponente es absolutamente constructiva al objeto de conseguir un buen resultado final con respecto a esto. 
Pero- repito- esta Cámara es una Cámara democrática y las opiniones de los diferentes miembros son muy diversas. 
Me da la impresión, incluso, de que hay divergencias importantes entre las diferentes delegaciones nacionales dentro de los diferentes partidos. 
Por ello, la misión del ponente, en este caso, debe ser sobre todo una misión de coordinación, de buena voluntad, si usted quiere, y sobre todo de coordinar los resultados que se obtengan el próximo miércoles en esta Cámara con los buenos propósitos, por parte de la Comisión y del Comisario, de adoptar una reglamentación comunitaria en el ámbito de la salud. 
En todo caso, hay que recordar que sigue siendo una tarea pendiente la inclusión de una cláusula relativa a la salud en la próxima Constitución europea, y me da la impresión de que, en este momento, los trabajos de la Convención no van en ese sentido, lo cual es bastante preocupante. 
Señor Presidente, nuestra ponente, la Sra.? alliori, no ha podido acudir debido a la niebla en el aeropuerto de Estrasburgo, y me ha pedido que, con su permiso, intervenga en su lugar. 
Cada segundo, alguien muere por efecto directo del tabaco. Ello equivale a más de 3 millones de víctimas al año en todo el mundo, y 500 000 de ellas son ciudadanos europeos. 
El cuarenta y dos por ciento de la población comunitaria fuma y empieza a hacerlo a edades cada vez más tempranas. 
El sesenta por ciento de los fumadores empiezan a fumar a los 13 años y el 90% antes de los 18 años. 
La diferencia de género entre fumadores se está estrechando, con un aumento del número de chicas que fuman y 500 000 bebés que nacen prematuramente y con un peso insuficiente porque sus madres son fumadoras. 
Los niños en hogares en los que ambos padres fuman corren un 72% más riesgo de padecer enfermedades respiratorias como el asma. 
Estas son tan sólo algunas de las razones por las que los legisladores de los Estados miembros de la Unión Europea se han sentido obligados a limitar los derechos de publicidad de los productos del tabaco, a fin de proteger los intereses públicos en general y la salud de los ciudadanos europeos y los jóvenes en particular. 
El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud que actualmente se está negociando, y que deberá estar ultimado en los próximos meses, adopta el mismo enfoque, recalcando que una prohibición de la publicidad y del patrocinio del tabaco es una de las normas políticas más urgentes que han de aplicarse a escala internacional. 
Como sabe la Asamblea, esta propuesta de la Comisión sustituye a la Directiva 43, la Directiva que, después de diez largos años de negociaciones, fue finalmente aprobada por el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo en 1998, pero lamentablemente anulada por el Tribunal de Justicia en octubre de 2000. 
La finalidad de la Directiva que debatimos hoy, dieciocho meses después de que la Comisión presentara su propuesta, es aproximar las diversas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas adoptadas por los Estados miembros, a fin de eliminar los obstáculos al mercado interior y salvaguardar la libre circulación de mercancías y servicios, respetando las reglas establecidas en la Directiva. 
La presente Directiva, que tiene en cuenta la actual legislación de los Estados miembros y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, adopta partes de la anterior Directiva y prohíbe la publicidad en los medios impresos, en Internet y en la radio, junto con el patrocinio de espectáculos con efectos transfronterizos. 
Asimismo prohíbe la libre distribución de productos del tabaco, pero no abarca la publicidad indirecta. 
Sin embargo, a diferencia de la anterior Directiva, no se basa en el principio de una prohibición total de todas las formas de publicidad y patrocinio. 
No obstante, habría que señalar que la Comisión ha presentado esta propuesta más restrictiva, que tiene en cuenta el marco jurídico establecido por el Tribunal de Justicia, junto con una propuesta de recomendación que contiene los elementos que, como he dicho, se han excluido de esta Directiva. 
Por desgracia, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado 25 enmiendas que podrían provocar otra anulación por parte del Tribunal de Justicia y que limitan aún más el alcance de la Directiva. 
Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aceptado mi propuesta de no presentar ninguna de las enmiendas propuestas y ha votado unánimemente a favor de la propuesta de la Comisión. 
Señorías, nuestra decisión del miércoles tendrá enormes implicaciones políticas porque tiene que ver con una cuestión sobre la cual el Parlamento Europeo y el Consejo ya han expresado su punto de vista y han tomado una decisión. 
Por consiguiente, les pido que voten en contra de todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Es el único modo de garantizar un procedimiento rápido y, sobre todo, de asegurar que damos un paso decisivo, firme y jurídicamente sostenible hacia una política comunitaria para controlar el tabaquismo. De acuerdo con los datos científicos disponibles, ello promoverá unos elevados niveles de salud, especialmente entre los jóvenes, que no son meramente el principal grupo meta, sino también el futuro de Europa. 
Señor Presidente, las medidas adoptadas por la Unión Europea para combatir la proliferación del tabaco vienen de lejos, al igual que las tretas legales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y creo que deberíamos asegurarnos de sacar alguna lección de estas experiencias. 
La Directiva propuesta aspira a proteger la salud pública, pero jurídicamente se basa en la prohibición de distorsionar la competencia. 
Esta situación ambivalente ha de ser recordada por todo aquel que defienda modos más eficaces de proteger la salud contra la proliferación del uso del tabaco que, por desgracia, no tiene su propio artículo en el Tratado. 
Por ello es lógico que la propuesta sea más modesta en lo que respecta a la salud pública que la Directiva anulada, que también incluía la publicidad indirecta. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos consideró que la prohibición necesitaba una dimensión transfronteriza, no sólo para el patrocinio, sino también para la prensa, a fin de reforzar su viabilidad. 
Por definición, la publicidad y el patrocino nacional no afectan al mercado interior. 
La base legal seleccionada sólo permite regular la publicidad cuando repercute en el mercado interior. 
Por consiguiente, el material impreso que circula tan sólo en el territorio de un Estado miembro no tiene efectos transfronterizos y no puede crear un obstáculo al mercado interior o una distorsión grave de la competencia. 
Ello se desprende claramente tanto de los acuerdos propuestos para el patrocinio de acontecimientos como del hecho de que la propuesta de Directiva no hace en absoluto referencia a la publicidad exterior de productos del tabaco o a la publicidad en los cines. 
Sabemos que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado reservas acerca de algunas enmiendas desde un punto de vista puramente jurídico. 
La Sra. Hautala, por otra parte, se mueve en una longitud de onda totalmente diferente y ha pedido que se refuercen los acuerdos de protección de la salud. 
Dado que nadie aquí está en contra de medidas de protección de la salud, lo principal es que ambas partes decidan tranquilamente qué enmiendas son necesarias para rescatar esto como una Directiva válida. 
Señor Presidente, aquí hay principalmente dos elementos de interés: uno es el contenido y otro es el procedimiento. 
Centrémonos primero en el contenido, porque evidentemente es muy fácil pasar por alto este aspecto en un debate legal de este tipo. 
¿Sirve de algo prohibir la publicidad del tabaco si el objetivo es evitar su uso? 
Sí, claro que sirve. 
Casi nadie empieza a fumar porque le gusta. Lo hacen por otras razones. 
Pueden empezar a fumar debido a la presión de sus compañeros en el patio, porque son hijos de padres fumadores o porque lo asocian con una determinada imagen. 
Quieren emular al hombre que se abre camino en la selva en un bote de remos, por ejemplo, o ese otro hombre que vemos a caballo en algún lugar del lejano oeste con una agradable música de fondo. 
Esta es la razón por la que la gente empieza a fumar. 
La imagen tiene mucho que ver con ello. 
De ahí que una prohibición de la publicidad del tabaco sea buena. 
Pero si es un producto legítimo, ¿por qué habría que prohibirlo? 
El mes pasado, una abrumadora mayoría de personas en esta Asamblea votaron a favor de prohibir la publicidad de productos farmacéuticos, pero, a diferencia del tabaco, se trata de productos destinados a curar a la gente. 
Soy partidario de legalizar el cannabis, pero no se me ocurriría ni en sueños permitir que este producto se anunciara. 
Así pues, el problema es más complejo que a primera vista. 
Y da la casualidad de que ya había una opinión del Parlamento Europeo, y de hecho también del Consejo. 
En 1998 declaramos que estábamos a favor de una prohibición de la publicidad del tabaco. 
En este contexto, el Tribunal dijo que habíamos ido demasiado lejos, y con razón, a mi entender. 
Eso no tenía nada que ver con el tabaco, sino únicamente con la cuestión de hasta dónde podíamos ir, como Unión, en relación con los Estados miembros. 
Creo que la Comisión estaba en lo cierto al afirmar: vale, esto es lo que querían el Parlamento y el Consejo, querían ir lo más lejos posible. 
A continuación, la Comisión consultó la sentencia del Tribunal y también la opinión del Abogado General, y copió casi textualmente lo que se sugería. 
Por consiguiente, creo que la Comisión ha realizado una labor excelente, y quiero aconsejar a la mayoría de mi grupo a rechazar las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Estas no son esenciales para hacer que la directiva sea más aceptable. 
Quisiera hacer dos observaciones finales. 
En primer lugar, creo que deberíamos tener cuidado de no empezar una campaña de desprestigio contra el uso del tabaco, por ejemplo estableciendo una prohibición completa del tabaco en los lugares públicos, o prohibiendo juguetes infantiles, cigarrillos de chocolate, pipas de regaliz y cosas por el estilo. 
Eso sería ir demasiado lejos, y al hacerlo perderíamos también a nuestros aliados en la lucha contra el tabaco. 
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para llamar una vez más su atención sobre una anomalía inaceptable, concretamente que, por un lado, estamos desalentando el uso de los productos del tabaco, mientras que por otro continuamos subvencionando fuertemente la producción de tabaco en Europa. 
Señor Presidente, el problema que tenemos cuando hablamos del tabaco es que quienes estamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hablamos desde el punto de vista de la salud pública y no desde el de los inconvenientes que la prohibición de la publicidad del tabaco pueda tener para el mercado interior. 
El Sr. Comisario ya lo ha dicho: cinco millones de personas mueren al año por enfermedades vinculadas al uso del tabaco. 
Otros compañeros han dicho que miles de jóvenes se inician cada año en el uso del tabaco, con las consecuencias que la adicción tiene para ellos. 
Diferentes estudios han demostrado clarísimamente los efectos que esta publicidad y el patrocinio de determinados eventos deportivos tienen en que los jóvenes empiecen más pronto a fumar. 
De hecho, el 60% de los fumadores, según las estadísticas, empieza antes de los 13 años y, cerca del 90%, antes de los 18 años. 
Por eso a nosotros nos parecía mucho mejor la Directiva del año 1998, desgraciadamente anulada por el Tribunal Europeo. 
En el caso que nos ocupa, varios diputados de la Comisión de Medio Ambiente han decidido que no van a presentar enmiendas a la propuesta de la Comisión porque más vale una directiva limitada que ninguna directiva. 
Y, por lo tanto, sólo presentamos una enmienda, que propone que, con arreglo al Tratado, los Estados miembros mantengan competencias y puedan regular este tipo de cuestiones e incluso ir más allá. 
Asimismo, la ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente recuerda muy claramente que éste es un paso y que, seguramente, en el futuro, la Comisión Europea, podrá presentar propuestas sobre la publicidad indirecta, sobre el control de los gastos en publicidad y sobre las máquinas expendedoras de tabaco. 
En resumidas cuentas, señor Presidente, en este tema es preferible tener una directiva limitada que ninguna. 
Señor Presidente, se ha mencionado aquí que el anterior intento de conseguir una prohibición completa de la publicidad del tabaco fue revocado por el Tribunal de Justicia y en efecto es interesante leer que cuando se comunicó esta decisión, el Abogado General Fennelly dijo que había buenas razones para suponer que una prohibición de la publicidad salvaría cerca de 38 000 vidas en la Unión Europea cada año. 
Asimismo podríamos decir que hay muy buenos fundamentos para introducir esta Directiva ahora, aunque su alcance jurídico sea menor que el de la anterior. 
Hemos de proceder de tal forma que la propuesta original de la Comisión sea aprobada en su totalidad en la medida de lo posible, y me ha alegrado mucho que la Comisión haya mostrado su apoyo a la enmienda de distintos partidos al primer considerando que hemos propuesto en esta Asamblea. 
Su finalidad es aclarar el hecho de que la publicidad indirecta sigue siendo competencia de los Estados miembros y que pueden prohibir la publicidad en este ámbito. 
En general queremos proteger las prohibiciones nacionales de publicidad del tabaco. 
Lamento mucho tener que decir que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha aguado totalmente la propuesta de la Comisión. 
Me gustaría sobre todo centrar la atención en las enmiendas 17 y 24, que son sumamente peligrosas. Esperemos, asimismo, que el ponente vuelva a su posición original y rechace estas enmiendas, que fueron aceptadas a título transaccional por la Comisión de Asuntos Jurídicos, puesto que no son en absoluto transaccionales: no hacen más que vaciar de contenido esta Directiva. 
Señor Presidente, esta nueva Directiva declara ilegal la publicidad del tabaco en los medios de comunicación impresos en toda Europa y también prohibirá la publicidad de los productos del tabaco en la radio y en Internet. 
Igualmente, se declarará ilegal el patrocino por parte de empresas tabacaleras de acontecimientos o actividades que impliquen a varios Estados miembros. 
Como legisladores de la UE hemos de presentar propuestas que ayuden a proteger la salud de nuestros ciudadanos y creo que los peligros que encierra el tabaco para nuestra salud han de recalcarse enérgicamente a cada ocasión. 
De hecho, tenemos la obligación moral de hacer algo más que prevenir a los jóvenes, sobre todo a los quinceañeros, contra los peligros agudos que tiene el tabaco para nuestra salud. 
Un estudio reciente ha sugerido que, sólo en Alemania, el consumo de tabaco entre los niños ha aumentado hasta en un 50%. 
La industria fabricante de cigarrillos afirma que sus productos son para adultos, pero todas las pruebas indican que un marketing y una publicidad inteligentes sólo tienen como resultado el reclutamiento de la siguiente generación de fumadores, que son quinceañeros. 
El presupuesto de la Comisión Europea para recalcar los peligros del consumo de cigarrillos es de tan sólo 6 millones de euros y esta cifra se vuelve insignificante si se compara con las increíbles cantidades de dinero disponible al lobby del tabaco para emprender un marketing y unas campañas innovadoras a favor del tabaco. 
Tenemos que hacer algo más para dejar bien claro a los jóvenes cuáles son las terribles consecuencias del tabaco para nuestra salud: que tres mil personas mueren cada día en Europa debido al tabaco. 
Esto significa que medio millón de ciudadanos mueren innecesariamente en Europa cada año debido a una adicción a los productos del tabaco. 
Fumar cigarrillos es la principal causa única de muerte prematura y enfermedad en toda la Unión Europea. 
Un reciente estudio demuestra que los fumadores norteamericanos pierden 13 años de vida debido al hábito de fumar cigarrillos y que las fumadoras pierden 14 años y medio de vida debido al tabaco. 
Si vamos a preparar amplias campañas de marketing para advertir a los jóvenes contra los peligros del tabaco, necesitamos los recursos financieros necesarios para supervisar tal programa. 
La Comisión, el Parlamento y los Gobiernos de la UE han de incrementar sustancialmente el presupuesto financiero para las campañas de salud pública que explican a los quinceañeros los peligros del tabaco. 
Evitar las enfermedades relacionadas con el tabaco haría más para ayudar a los ciudadanos de la Unión que cualquier otra medida para salvar vidas, y las compañías tabacaleras se equivocan al afirmar que la publicidad no estimula el consumo de tabaco, sino que sólo promueve la lealtad a la marca para un producto legal. 
La publicidad tiene una influencia a la hora de alentar el consumo de tabaco; por ello, todos los Estados miembros de Europa tienen reglas que limitan o prohíben de alguna forma la publicidad del tabaco. 
La publicidad de los productos que se venden legalmente, incluidos los productos farmacéuticos y el alcohol, también se ha limitado. 
Esta Directiva no significa que los Estados miembros no puedan incluir medidas más estrictas para frenar el consumo de cigarrillos si así lo desean. 
Las cuestiones que no entran en la competencia de las directivas, como la publicidad indirecta o las vallas publicitarias y la publicidad en salas de cine, siguen siendo competencia de los Estados miembros individuales. 
Señor Presidente, es un hecho que la publicidad del tabaco alienta a los jóvenes a empezar a fumar y frena a la gente que ya fuma de dejar el tabaco. 
Sin embargo, las relaciones clientelares tienen su precio. 
Dados los efectos nocivos que tiene el tabaco para la salud, inclusive para los que no fuman debido a que son fumadores pasivos, nuestro grupo está a favor de una prohibición total de la publicidad para los productos del tabaco. 
Estos productos son peligrosos y pueden, al encenderlos e inhalarlos, causar graves enfermedades que incluso pueden ser mortales. 
Por ello estamos muy decepcionados con la nueva propuesta de la Comisión. 
Aunque nos damos cuenta de que, dada la sentencia del Tribunal de Justicia, las opciones de la Comisión son muy limitadas, esta propuesta no alcanza el objetivo propuesto, concretamente el de proteger la salud pública. 
Por consiguiente, apoyaré de mala gana la propuesta de la Comisión sin más enmiendas. 
En estos momentos es la opción más viable en la lucha contra la publicidad del tabaco. 
Hace seis meses, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor celebramos un amplio debate sobre esta cuestión. 
Por ello no entiendo por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior tiene que presentar aún todo tipo de enmiendas que acabarán frustrando la promulgación de esta legislación. 
Si se aprueban estas enmiendas, hay posibilidades de que el Tribunal declare de nuevo inválida la Directiva. 
Sin embargo, quisiera instar a la Comisión Europea a que siga buscando maneras de reducir el uso del tabaco, en especial en lo que respecta a los jóvenes. 
Es incomprensible que retiremos del mercado todo tipo de productos menos peligrosos, pero no el tabaco. 
Una vez más, el uso del tabaco es un eufemismo para la incineración imprudente de sustancias carcinógenas peligrosas. 
Si tuviera que ver con otros productos, los habríamos prohibido hace tiempo. 
No puedo imaginarme que pusiéramos en circulación juguetes que causaran 5 millones de víctimas al año. O que aceptáramos otros productos en los alimentos que provocaran 5 millones de muertos al año, pero hacemos la vista gorda en lo que respecta a los productos del tabaco. 
Es un ejemplo de una extrema incoherencia. No tiene nada que ver con el principio de cautela. 
Sabemos que fumar tiene efectos perjudiciales como estos, y por ello deberíamos dictar simplemente una prohibición total de su publicidad. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Medina Ortega, aunque es insuficiente, revisa de hecho la decisión de cancelar la Directiva de 1997 sobre el tabaco, y lo celebramos. 
El tabaco, que mata a cientos de europeos cada día, es una plaga que hemos de combatir para proteger la salud de nuestros conciudadanos. 
No nos daremos por satisfechos con medias tintas. 
Una de dos: o el tabaco es un veneno mortal y hay que hacer todo por reducir su uso, incluso erradicarlo por completo, o se cree- erróneamente- que el tabaco es como cualquier otro artículo de consumo y por tanto no hay razones para legislar al respecto. 
De hecho, debido a la persistencia de estos puntos de vista opuestos, que el Sr. Maaten ha señalado, las personas empiezan a decir ahora que el Parlamento está apoyando el crecimiento de un producto que está reprimiendo de otras maneras. 
El texto presentado por el Sr. Medina Ortega va en la buena dirección, pero las enmiendas propuestas lo debilitan considerablemente y nosotros las rechazamos. 
Va en la buena dirección porque se ha demostrado que la prohibición de la publicidad ha ayudado a reducir el consumo de tabaco y que en efecto existe un vínculo entre la publicidad y un consumo excesivo. 
Por extraño que parezca, las enmiendas prestan más atención de la debida a los problemas transfronterizos. 
Así pues, algunos diputados parecen pensar que la existencia de fronteras pueden tener efectos económicos positivos, mientras que en muchos casos, son los mismos los que recomiendan que se abran de par en par las mismas fronteras, al margen de sus consecuencias. 
Hoy, dados nuestros vastos conocimientos sobre los efectos perjudiciales del tabaco, sería criminal no intentar disuadir a consumidores cada vez más jóvenes de volverse adictos a un producto cuya publicidad hace alarde de sus ventajas. 
La negligencia, la indiferencia y una falta de valor político en el ámbito de la salud pública siembran las semillas de crímenes contra la humanidad. 
Esta actitud irresponsablemente laxa ha causado el escándalo de la sangre contaminada en Francia y la enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaña. 
Hoy, nadie puede decir que no era consciente y esto significa que todo el mundo es responsable. 
Por ello apoyaremos el informe del Sr. Medina Ortega. 
Señor Presidente, señor Comisario, cada vez que debatimos sobre el tabaco en esta Cámara se arma un jaleo tremendo. 
Hay divisiones dentro de los grupos, se enfrían las relaciones entre las comisiones y diputados que normalmente son amigos, se tratan con desconfianza. 
El tabaco es un tema de debate que divide debido a los muchos aspectos diferentes que tiene la cuestión. 
Está la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que no parece especialmente preocupada por la salud pública y que otorga más importancia a las reglas del mercado interior. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor parece no ser consciente del hecho de que no existe ninguna base legal para proponer una política de salud pública. 
Pero todo es un engaño. 
En realidad, ambas comisiones son conscientes de todos los hechos, pero esto ha degenerado ahora en un juego de roles. 
Sea como fuere, y sea cual sea la línea que adoptemos, no podemos pasar por alto el hecho de que la Directiva 98/43 fue anulada por el Tribunal de Justicia porque carecía de una base legal apropiada. 
Por ello, ahora tenemos la oportunidad de remediar la situación, aunque sólo sea en parte. 
En efecto, tal como ha admitido hace unos minutos con gran franqueza la Comisión, su última propuesta es decididamente insuficiente para ofrecer la clase de protección de la salud pública exigida por la Comisión de Medio Ambiente. 
En cualquier caso, tal como están las cosas, parece limitar sus exigencias para estar preparada a conformarse con muy poco a fin de evitar otro rechazo por parte del Tribunal de Justicia, debido a las innovaciones que propone, aunque son muy equilibradas. 
Como han dicho otros y yo deseo reiterar, no dejaría de ser un resultado importante si nos fuésemos a casa con la propuesta de la Comisión. 
Al igual que en anteriores ocasiones, más vale algo que nada. 
Como ponente de la oposición, yo también he recomendado que mi grupo vote a favor de la propuesta de la Comisión sin enmiendas. 
Veremos que pasará mañana. 
Lo importante es que no empecemos a proponer una vez más recortar la ayuda comunitaria a los productores de tabaco so pretexto de proteger su salud o, ahora, de prohibir la publicidad. 
Son los fumadores- y recalco, los fumadores- y no los cultivadores los que han de ser el objetivo de estas medidas para persuadir a la gente de dejar el tabaco. 
De hecho, lo extraño es que incluso si se acabara toda la producción de la Comunidad, el número de fumadores no disminuiría en absoluto, al contrario, los fumadores se limitarían a cambiar de marca y empezarían a comprar productos de terceros países. 
Este cambio no supondría ninguna mejora de las condiciones de la salud pública, sino tan sólo un incremento de los ingresos de las empresas no comunitarias y, lo peor de todo, tendría un impacto negativo considerable sobre los niveles de empleo en las zonas europeas de cultivo de tabaco, es decir, en el sur de Europa, donde el desempleo es lo que menos necesitan. 
En resumidas cuentas, es correcto oponerse a la publicidad en interés de la salud pública, pero, por el amor de Dios, no empecemos a proponer una vez más recortar la ayuda a los productores comunitarios. 
Señor Presidente, todos nosotros en el Parlamento Europeo hemos de respetar los principios del Estado de derecho, lo cual significa que hemos de defender las sentencias del Tribunal de Justicia. 
Como sabemos, en relación con la publicidad del tabaco, este tribunal ha anulado con anterioridad una Directiva por considerar que su base legal era incorrecta. 
Esto no me sorprende, porque durante el debate en torno a esta primera Directiva, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, bajo mi presidencia en aquella época, había declarado claramente que la Unión Europea no tiene poder para promulgar una Directiva de esta clase. 
En resumidas cuentas, el derecho también tiene derechos. 
Por consiguiente me gustaría agradecer calurosamente al Sr. Media Ortega por sus logros como ponente en esta ocasión. 
Quisiera recalcar directamente que le respaldaré durante la votación. 
Después de todo, el ponente se ha asegurado de que la Directiva que va a promulgarse ahora sea jurídicamente irreprochable. 
Es cierto que la Unión Europea puede imponer una prohibición de la publicidad del tabaco a los Estados miembros si existe un claro efecto transfronterizo. 
Sin embargo, me gustaría añadir que me parece necesario que la prohibición de la publicidad del tabaco, si tiene un efecto transfronterizo, se sitúe en el mismo nivel en todos los Estados miembros. 
Los Estados miembros que actualmente toman sus propias iniciativas distorsionan la organización del mercado interior y a menudo se provocan una desventaja competitiva a sí mismos. 
Quisiera tomar el ejemplo de mi propio país, Bélgica, y el patrocinio de acontecimientos deportivos importantes en Bélgica. 
Nuestro país ya ha promulgado una ley que prohibe cualquier publicidad del tabaco a partir de 2003. 
Como pueden ver, esto va mucho más lejos que el reglamento europeo actualmente propuesto. 
¿Es aconsejable? 
Creo que un reglamento europeo general, como propone nuestro ponente, garantizaría, debido a su aplicación general, que se eviten en el futuro medidas unilaterales que a menudo tienen consecuencias poco afortunadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, no repetiré lo que ya ha dicho mi colega, la Sra. Hautala. 
Es evidente que mi grupo y yo compartimos su punto de vista. 
Simplemente quisiera recalcar lo que ha dicho la Sra. Berger. 
Creo que la Comisión debería presentar una propuesta a la Convención Europea para modificar las bases jurídicas actuales del Tratado en el ámbito de la salud pública. 
La Sra. Berger tiene razón al recalcar el hecho de que el grupo de trabajo de la Convención ha presentado sus conclusiones, que despertaron duras críticas en la sesión plenaria de la Convención. 
Creo que se nos ha de permitir absolutamente legislar en el ámbito de la salud pública, dado que los argumentos presentados aquí en relación con la subsidiariedad no son válidos. 
Por un lado, el Consejo y las instituciones comunitarias conservan sus poderes de apreciación en cuanto a la oportunidad de legislar o no. 
Por otro lado, si examinamos los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, es evidente que para que una prohibición de la publicidad sea eficaz, ha de aplicarse de forma general y global. 
La solución está en una legislación mundial en este ámbito. 
Hemos de tener por lo menos los medios para aprobar la legislación europea, sin la cual- y remito al anterior debate sobre la concentración de los medios de comunicación- lo que sucederá es que los agentes económicos jugarán la carta de una legislación nacional contra las demás. 
Este argumento también aboga a favor de una legislación europea. 
Señor Presidente, mientras escuchaba al Comisario con la misma atención de siempre, pensaba que este es otro caso de conflicto interminable entre nuestros deseos y nuestras capacidades. 
De hecho, es fácil dejarnos llevar por las emociones cuando debatimos cuestiones como esta, pero quisiera recordarle que esta es una Asamblea legislativa y que hemos de respetar las reglas que hacemos. 
Por ello estoy de acuerdo con la posición expresada por el Sr. Medina Ortega en la conclusión de su intervención en el sentido de que, cuando elaboremos la nueva versión de los Tratados, hemos de reflexionar de una vez por todas sobre las competencias de la Unión Europea en este ámbito. 
El prolongado análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior fue un proceso muy serio. 
Al haber sido anulada la primera Directiva, la segunda propuesta, aunque menos completa, sigue siendo de gran alcance y, en nuestra opinión, sigue dejando mucho espacio para otro recurso al Tribunal de Justicia. 
En cuanto al derecho primario, el proyecto presentado no responde plenamente a las cuestiones que surgieron a raíz de la sentencia del Tribunal. 
Creo que, si queremos hacer las cosas como es debido, dos minutos no son suficientes para entrar en las complejidades de las cuestiones jurídicas. Por ello me limitaré a dos observaciones muy breves. 
La primera tiene que ver con la prohibición de la publicidad en la prensa, con respecto a la cual la declaración general derivada de las decisiones del Tribunal de Justicia sobre la publicidad de los productos del tabaco, en el sentido de que una prohibición de la publicidad puede contemplarse, en principio, sobre la base del artículo 95, se comprendería probablemente de acuerdo con una interpretación muy estricta del Tribunal de las competencias de la Comunidad en el ámbito del mercado interior y no como una especie de carta blanca para la promulgación de una prohibición general de la publicidad de los productos del tabaco en la prensa. 
Esta es la situación de la legislación actual. 
La segunda observación se refiere a la prohibición de la publicidad en Internet. 
En lo que respecta a la prohibición de la publicidad del tabaco a través de los servicios de la sociedad de la información, resulta difícil percibir posibles obstáculos futuros a la libertad de prestación servicios o a las distorsiones de la competencia. 
Como mucho, una prohibición de este tipo puede basarse en la necesidad de evitar la posibilidad de otra prohibición, y en este momento, ello significa que los principios de la competencia y la responsabilidad comunitaria son revocados y reducidos a competencias en principio, y esto es sumamente peligroso desde un punto de vista jurídico. 
Señor Presidente, señor Comisario, el carácter perjudicial el tabaco puede juzgarse, por ejemplo, a la luz del hecho de que las personas dicen que si el tabaco se hubiese descubierto ahora, habría sido definitivamente prohibido porque causa tantos problemas de salud pública. 
Parece extraño que estemos buscando excusas sobre cómo podríamos seguir anunciando a escala europea para hacer que este producto, tan horrible como es para la salud pública, sea más tentador para la gente. 
Ahora nos encontramos en una situación en la que hemos de aprobar una Directiva que es poco satisfactoria, pero ya hemos oído la historia sobre esta cuestión. 
Es lamentable que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no haya ido más lejos al respecto: tuvimos que aceptar un resultado muy poco satisfactorio como solución de compromiso. 
Por otro lado, esta Directiva se tramita de acuerdo con el procedimiento Hughes con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y la propuesta de la Comisión ha sido apoyada unánimemente por esa comisión, por lo cual podemos decir que, gracias a ello, la mayoría respalda firmemente la propuesta de la Comisión. 
Estas decisiones poco afortunadas, a las que llegó la Comisión de Asuntos Jurídicos, pueden sin duda modificarse en la votación del miércoles. 
Sin embargo, dado que no podemos estar satisfechos con esta propuesta, aunque sea lo único que tenemos ahora, es vital que aceptemos la enmienda 26 presentada por Heidi Hautala, que permitiría preservar la legislación en aquellos países donde está más avanzada. 
Señor Presidente, el Sr. Maaten tenía razón al centrarse en el contenido del debate. 
En este contexto, lamento que su informe no se debata junto con el del Sr. Medina Ortega hoy. 
Pienso que sin duda habría ampliado el alcance de este debate. 
Como ha señalado el Sr. Tsatsos, el tabaco mata. 
En Europa, causa 548 000 cada año, o una cada minuto. 
El Sr. Maaten tiene razón al decir que una prohibición de la publicidad del tabaco funciona y es legal. 
¿Me permite añadir algunos ejemplos? 
Noruega ha prohibido la publicidad desde 1975. 
Ello ha provocado una caída del consumo del 31%. 
Se han evidenciado tendencias parecidas en Finlandia y Nueva Zelandia, donde una prohibición desde 1978 y 1990, respectivamente, ha provocado una caída del consumo del 34% y del 33%, respectivamente. 
Asimismo deberíamos condenar la anomalía de que, aunque damos cada año 1 millardo de euros a los productores de tabaco, nos resulta difícil elaborar una estrategia global para limitar el uso del tabaco. 
Por último, quisiera llamar su atención sobre el vínculo entre el lobby del tabaco y los políticos. 
Quisiera pedirles que respaldaran las enmiendas presentadas por la Sra. Stihler y otros, que yo también apoyo, y que piden la introducción de un sistema de registro de donaciones por parte de la industria del tabaco a políticos y partidos. 
Señor Presidente, por mucho que digan algunos diputados, este debate no trata de emociones. De lo que trata es de la medida y el modo en que podemos y estamos dispuestos a eliminar los obstáculos existentes a la organización de un mercado interior en el ámbito de la publicidad del tabaco. 
Cualquiera que haya leído la sentencia del 5 de octubre de 2000, sabrá que el Tribunal de Justicia había optado específicamente por rechazar de plano la primera Directiva, por un lado, porque reconocía que el legislador tiene margen para tomar acciones de armonización y, por otro, porque, como Tribunal, no quería ocupar el lugar del legislador. 
Fue una decisión sabia por parte del Tribunal. Espero que como colegisladores actuemos con la misma sabiduría. 
Esto significa para mí que deberíamos respaldar la propuesta de la Comisión sin ninguna enmienda, puesto que las alternativas son menos buenas. 
Si tuviéramos que limitar la publicidad del tabaco aún más de lo que ha propuesto la Comisión, nuestra ambición chocaría con los límites de nuestra competencia, y nos arriesgaríamos a una nueva sentencia. 
Si no fuéramos tan lejos como propone la Comisión, daríamos media vuelta políticamente hablando, pues ¿acaso no indicamos en 1998 que deseábamos conseguir una protección máxima de la salud pública? 
La propuesta de Directiva de la Comisión respeta los límites de la autoridad. 
No es únicamente mi convicción política, sino también mi convicción jurídica. 
Es posible que se trate de una versión light de la primera Directiva, pero hemos de aceptarla por razones jurídicas. 
Sin embargo, no deberíamos llegar al extremo de convertir esta versión light en una versión ultraligera. Es innecesario y afectaría a nuestra credibilidad política. 
Por ello, aprobemos la propuesta sin modificar. 
Es lo que la gente espera de nosotros y es lo sin duda tenemos competencias para hacer. 
Señor Presidente, en este momento del debate quizás quede poco por añadir, pero no obstante lo intentaré. 
Es muy importante crear unas condiciones y reglas básicas comunes para la publicidad del tabaco. 
En una situación en que no existen, hay a menudo espacio para la discreción, y diferentes agentes actúan como mejor les parece. 
Por ello es bueno que tengamos propuestas que también se consideran viables legalmente. 
Hemos de tener en cuenta muchos planteamientos difíciles si no queremos acabar en la misma situación en la que nos encontramos con la anterior propuesta de Directiva sobre la publicidad del tabaco. 
La perspectiva de la salud pública es muy importante tratándose del modo en que se comercializa el tabaco. 
Regulando la comercialización del tabaco, es posible proteger la salud pública. 
Sin embargo, al mismo tiempo es importante enviar las señales correctas, sobre todo a los niños y a los jóvenes. 
El tabaco es un producto adictivo que causa más de medio millón de muertes al año dentro de la Comunidad. 
Siendo muy restrictivos en lo que respecta a la publicidad del tabaco, podemos ayudar a los jóvenes a no empezar a fumar, evitar el sufrimiento y salvar vidas humanas. 
Según el apartado 3 del artículo 95 del Tratado, la Comisión «se basará en un nivel de protección elevado» en sus propuestas referentes al establecimiento del mercado interior y su funcionamiento. 
Es indudable que la publicidad del tabaco incrementa el consumo, tanto alentando a niños y jóvenes a empezar a fumar como disuadiendo a los fumadores de dejar el tabaco o reducir su consumo diario. 
Los estudios también han demostrado que los niños y quinceañeros son especialmente vulnerables a la publicidad del tabaco y al patrocinio relacionado con el tabaco. 
Por ello, una prohibición parcial de la publicidad no es suficiente para proteger la salud pública. 
Señor Presidente, voy a intervenir en el debate de esta noche en nombre de mi colega, Lord Inglewood, quien ha sido víctima del famoso incidente con los renos que ya se ha comentado. 
Quisiera centrarme en los principios subyacentes a la propuesta, puesto que los detalles ya han sido ampliamente debatidos por otros colegas. 
Se trata de un viejo asunto que provoca reacciones comprensibles. 
Es perfectamente comprensible que los Estados miembros quieran controlar la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco. En su intervención inicial, el Comisario está en lo cierto al hacer hincapié en la publicidad dirigida a los jóvenes, con objeto de intentar controlar la llegada de nuevos fumadores al mercado del tabaco. 
Pero quisiera argumentar que este entusiasmo no debe restar valor a los principios de los tratados europeos. 
Todos sabemos que la Comisión fue demasiado ambiciosa la primera vez que lo intentó. 
Fue más allá de los poderes de dichos tratados y la Directiva fue rechazada. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- y recuerdo a mis colegas que esta comisión ya estaba en lo cierto la primera vez -, esta propuesta comporta los mismos riesgos. 
Por esta razón, les invitamos a que apoyen nuestras enmiendas. 
Si no las apoyan, nos arriesgamos a que toda la Directiva fracase. 
El segundo punto que quiero señalar se refiere a la cuestión de la subsidiariedad. 
La propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior garantiza que los Estados miembros asuman esta responsabilidad. 
Delega estos poderes en los Estados miembros. 
El Sr. Fiori ha afirmado antes que no se trata de lo que queremos hacer, sino de lo que resulta apropiado en las circunstancias. 
En este momento, se habla mucho acerca de la subsidiariedad. 
Muchos colegas participan en debates sobre subsidiariedad en el ámbito de la Convención. 
Esto supone una verdadera prueba. 
Quizá queramos hacer algo, pero no entra necesariamente dentro de las competencias de la Unión Europea. 
Estamos intentando decir que no deberíamos desalentar a los Estados miembros de hacerlo. 
Esta es la prueba de fuego que decidirá si somos serios acerca de los principios de subsidiariedad. 
Por esta razón, tenemos que apoyar el argumento de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior cuando votemos el miércoles. 
En primer lugar, permítanme tratar algunas cuestiones técnicas. 
Empezando por la importante cuestión de la actitud de la Comisión ante las diferentes enmiendas, vemos que se proponen 26 enmiendas. 
La Comisión acepta las enmiendas 3, 10, 22 y 26 en su totalidad, y las enmiendas 8, 11 y 17 con pequeñas modificaciones. 
La Comisión rechaza todas las demás. 
Hemos tenido ocasión de escuchar a muchos oradores, y está claro que hay puntos de vista distintos. 
Incluso hay puntos de vista distintos en los Estados miembros. 
De hecho, han intentado regular la publicidad de los productos del tabaco. 
Estoy convencido de que existe una correlación entre la legislación de los Estados miembros en materia de publicidad y los índices de consumo de tabaco entre los adultos en esos Estados miembros. 
Si examinamos el caso de Alemania, el Estado miembro con uno de los índices de consumo de tabaco más elevados, del 37%, observamos que mantiene una actitud bastante laxa respecto a la publicidad sobre el tabaco en comparación con Suecia, uno de los Estados miembros con la legislación más restrictiva en materia de publicidad. 
En Suecia, el índice de consumo de tabaco por los adultos es del 19%. 
En mi opinión, existe una correlación clara. 
Algunos de ustedes ya lo han mencionado en sus intervenciones. 
Se trata de atacar la imagen del tabaco. 
La Sra. Álvarez González se ha referido a los diferentes puntos de vista de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, siendo el deseo de la Comisión de Medio Ambiente de promover la salud pública como un elemento básico a la hora de determinar estos asuntos. 
Los que tienen un punto de vista opuesto, por así decirlo, quieren disponer de una certidumbre legal que, como abogado, me parece bastante razonable. 
Se trata de un objetivo que yo mismo me plantearía, no sólo como abogado, sino también como Comisario. 
Lo hemos conseguido. 
Hemos examinado muy de cerca el fallo del Tribunal de Justicia sobre la primera Directiva relativa a la publicidad. 
Cuando el Tribunal examinó este caso y emitió su fallo, dijo claramente que la legislación tenía aspectos buenos y otros malos. 
Prosiguió diciendo que estaban tan inextricablemente unidos que todo intento de separar los buenos de los malos, para conservar los buenos y desechar los malos, significaría que la judicatura se pusiera a legislar, y esto no puede ser. 
Por esta razón, se anuló la Directiva. 
Yo llevé el fallo a Bruselas. Pedí a mi personal que hiciera un seguimiento atento, y presentamos un nuevo proyecto de reglamento. 
Quisiera comentar brevemente una parte del fallo del Tribunal, el apartado 98, donde se afirma que en principio es posible adoptar una directiva que prohíba la publicidad sobre los productos del tabaco en publicaciones, revistas y periódicos sobre la base del artículo 100a del Tratado- actualmente el artículo 95 -, con vistas a asegurar el libre movimiento de los productos de prensa conforme al artículo 13 de la Directiva 89/552, la directiva de televisión sin fronteras, que prohíbe la publicidad de productos del tabaco en televisión con objeto de promover la libre emisión de programas televisivos. 
El Tribunal se ha manifestado claramente sobre el tema. 
Hemos tenido en cuenta su recomendación en nuestro proyecto. 
En respuesta al Sr. Lechner, que antes ha afirmado que no existían pruebas que confirmaran una distorsión del mercado del tabaco, tengo que decirle que existen numerosas pruebas de ello. 
En la Comisión recibimos con regularidad cartas de personas con puntos de vista opuestos, hasta de la industria, quejándose de la distorsión del mercado provocada por los diferentes regímenes de los Estados miembros respecto de este asunto. 
El Sr. De Clercq ha mencionado el abandono de Spa por parte de la carrera de Fórmula 1. 
Esta es otra distorsión clara del mercado, porque dicen que Bélgica ha promulgado una ley que les obliga a irse de Bélgica. 
Esto apoya mi argumento sobre la necesidad de que haya igualdad de condiciones en Europa. 
Necesitamos una legislación armonizada en toda la Unión Europea, de manera que no se pueda contraponer un Estado miembro a otro. 
Esta afirmación sirve también de respuesta al Sr. Harbour. 
No se trata de una cuestión de subsidiariedad, por la sencilla razón de que se ha acusado a Bélgica de un modo particular, y ésta ha salido perdiendo. 
Por lo tanto, no sólo el Tribunal afirma que se puede hacer, sino que la Comisión sostiene que tiene que hacerse. 
Pero no acepten este argumento sólo porque yo lo digo. 
La Comisión de Medio Ambiente afirma que deberíamos tener esta legislación en la forma en que he descrito, y estoy seguro de que estará de acuerdo con las pocas enmiendas que admite la Comisión. 
Incluso cuando examinamos el primer informe de nuestro concienzudo ponente, el Sr. Medina Ortega, se propusieron tres enmiendas que yo habría aceptado. 
Leyendo entre líneas lo que ha dicho, y ruego me disculpe si le he malinterpretado, cuando se ha referido a las enmiendas acordadas he tenido la impresión de que no hablaba con mucho entusiasmo, sino que señalaba el hecho de que esta Cámara está dividida. 
Está en lo cierto. 
Por lo tanto, quizá podamos extraer la conclusión de que las primeras reflexiones del ponente sobre este asunto, que se parecen a las de la Comisión de Medio Ambiente y a las mías, son las que deberían seguirse en este debate. 
Pero vayamos más allá. 
Hemos mantenido una serie de discusiones acerca del tabaco en el Consejo, incluidas las discusiones preliminares sobre el convenio marco relativo al control del tabaco, y el resultado ha sido de 14 a 1. 
Un Estado miembro opina que no debería aplicarse esta legislación, o que debería aplicarse de tal modo y con tales enmiendas que, a mi juicio, se extirpa el corazón de la legislación o se añaden enmiendas que hacen que sea de nuevo impugnable ante el Tribunal de Justicia. 
Por lo tanto, ¿qué quiero decir a los diputados que aún no han tomado una decisión al respecto? 
Les diría que adoptaran el punto de vista del Tribunal. 
Sigan el consejo de la Comisión. 
Acepten la opinión de los expertos de esta Cámara, de la Comisión de Medio Ambiente, y las primeras reflexiones del ponente. 
Piensen hasta qué punto se quedará solo el Parlamento si vota en contra de esta legislación, o si la vota con las enmiendas propuestas. 
Quizá no esté tan solo, sino que estará con un Estado miembro, el que tiene el índice de consumo de tabaco entre los adultos más elevado de toda la Unión Europea. 
Esta es la opción y por ello quisiera sugerir cómo votar a aquellos que todavía no han tomado una decisión. 
Les propongo que voten dando prioridad a la salud pública, en lugar de entrar en un debate estéril sobre los pormenores jurídicos, puesto que éstos ya han sido resueltos por el Tribunal de Justicia y por aquellos que han estudiado el asunto en detalle, y que creen que existe certeza legal, hasta el punto de que es necesario apoyar la legislación encaminada a proteger la salud pública, conforme a los artículos 95 y 152. 
Tanto la Comisión como el Parlamento tienen el deber y la obligación de promover los más altos niveles de salud pública. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0367/2002) del Sr. Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9754/3/2002- C5-0424/2002- 2001/0095 (COD)) 
Señor Presidente, intervengo en lugar del Sr. Lipietz, quien debería haber presentado este informe en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con su habitual talento. Por desgracia, el Sr. Lipietz no ha podido asistir a esta sesión por motivos personales urgentes. 
Por lo tanto, le sustituyo en calidad de miembro de la misma comisión y del mismo grupo. 
Todos somos conscientes de que los conglomerados financieros poseen una parte sustancial de los mercados financieros nacionales de muchos Estados miembros. 
Algunos pertenecen a grupos mayores, que están presentes en los mercados financieros de la UE. 
Si las empresas que pertenecen a los conglomerados de este tipo se enfrentaran a dificultades financieras, podrían desestabilizar seriamente el sistema financiero. 
En la actualidad, estos grupos financieros intersectoriales no están suficientemente regulados por la legislación vigente. 
En consecuencia, acogimos con satisfacción que la Comisión, en la primavera del año 2001, presentara una propuesta de directiva que introducía la supervisión de tales conglomerados financieros. 
Los acontecimientos del pasado año, tales como el colapso de la nueva economía, los numerosos escándalos financieros, incluida la conocida quiebra de Enron, así como la presión cada vez mayor que sufren las compañías de seguros tras el 11 de septiembre, han demostrado repetidamente la necesidad de mejorar la reglamentación de este sector. 
La propuesta de la Comisión y las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios recibieron el apoyo firme del Parlamento en primera lectura a principios de este año. 
Asimismo, el Consejo realizó rápidos progresos en este expediente al alcanzar una posición común poco después. 
El resultado de las deliberaciones del Consejo también es sumamente prometedor. 
El Parlamento puede felicitarse de que el Consejo haya mantenido casi todos los puntos contenidos en las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, y de que las principales preocupaciones planteadas por el Parlamento estén suficientemente recogidas en la posición común. 
Si bien existe un reducido número de aspectos en que la posición común aún podría mejorarse, la mayor preocupación del ponente es que este nuevo marco reglamentario reforzado entre en vigor lo antes posible. Por lo tanto, propone- y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado esta posición de forma casi unánime- que se apruebe la posición común sin modificaciones. 
Señor Presidente, antes que nada quiero rendir homenaje a la rapidez y la calidad de la labor del Parlamento. 
Asimismo, felicito al ponente por su excelente trabajo. 
Asimismo, un número significativo de ellos son grupos importantes para el sistema. 
Si estos grupos se enfrentaran a dificultades financieras podrían afectar gravemente a los mercados financieros y a los ahorros de las personas. 
En este momento, la supervisión de tales grupos no está regulada de forma adecuada en la legislación financiera europea. 
Por lo tanto, la Directiva cubrirá una importante laguna en nuestra legislación financiera. 
Su adopción contribuirá a la estabilidad del mercado financiero, cuya necesidad ha quedado sobradamente demostrada durante los últimos meses. 
Asimismo, el Consejo ha reconocido la importancia de esta directiva y ha aprobado una posición común de forma unánime. 
La posición común tiene en cuenta las principales preocupaciones del Parlamento expresadas en primera lectura, y se mantiene fiel a los objetivos y el espíritu de la propuesta de la Comisión. 
Por todos estos motivos, recomiendo al Parlamento la posición común del Consejo y solicito su pronta adopción. 
Señora Presidenta, si el Consejo está preocupado por el colapso de la nueva economía, los escándalos financieros y el consiguiente deterioro de la situación, ¡es que existen buenas razones para estarlo! 
Los que tienen más motivos de preocupación son los empleados que ya han sido despedidos o están a punto de serlo en las empresas en cuestión, si bien no son en absoluto responsables de la anarquía de esta economía, que es tan injusta como irracional. 
Sin embargo, frente a este mal real, la única solución que se nos propone es el fortalecimiento de las reglas prudenciales o la mejora de la supervisión, como si las autoridades responsables de proteger a los conglomerados financieros pudieran supervisarlos desde arriba. 
Para evitar que la mera evocación de la palabra «supervisión» provoque la indignación de los conglomerados financieros, el informe les promete que la Directiva respetará la confidencialidad. 
Y, por lo tanto, aquellos que creen que un puñado de reglas prudenciales y un puñado de coordinadores sin poder real pueden acabar con la especulación, los escándalos y las crisis financieras de la economía capitalista serán los que voten a favor de este informe. 
Ni siquiera un voto del Parlamento Europeo puede transformar una recomendación insípida en una poción mágica contra los males del capitalismo. 
Una economía basada en la búsqueda de los beneficios privados y en la competencia es aún más impredecible que el tiempo. 
Aunque somos capaces de predecir las perturbaciones atmosféricas con tres días de antelación, ¿quién puede predecir los altibajos de la bolsa de un día para otro? 
Al votar contra este texto, estamos expresando nuestra oposición a un sistema económico estúpido y peligroso para nuestra sociedad. 
Señora Presidenta, Señorías, saludos de los Estados Unidos, desde donde volví ayer de una reunión de la delegación responsable de las relaciones del Parlamento con los Estados Unidos, y donde mantuvimos discusiones con los representantes del Congreso norteamericano y de la Comisión del mercado de valores norteamericana sobre la regulación de los mercados financieros. 
Esta Directiva sobre la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero también ha despertado un gran interés en las empresas norteamericanas. 
Los escándalos de Enron y de otros sectores financieros similares han debilitado la confianza que los inversores y los operadores del mercado tenían puesta en los conglomerados financieros a ambos lados del Atlántico. 
Los acontecimientos de los últimos años han demostrado de forma innegable que el sector de los servicios financieros necesita una normativa y una supervisión mejores. 
Los mercados financieros y comerciales son mercados globales. 
La legislación europea tiene un impacto obvio sobre la manera en que los conglomerados financieros funcionan en terceros países, y a la inversa. 
Por esta razón, es absolutamente necesario que las autoridades legislativas y reguladoras de la Unión Europea y de los Estados Unidos mantengan conversaciones continuas y profundas sobre la viabilidad del reglamento y las leyes y sobre la necesidad de un cambio. 
Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tomado una actitud crítica respecto del paquete legislativo aprobado a finales de octubre por el Congreso norteamericano, la ley Sarbanes-Oxley y, en particular, respecto de las obligaciones adicionales que plantea a las empresas de la UE. 
Aún nos queda mucho por hacer para conseguir el reconocimiento mutuo de sistemas y para detener la proliferación de múltiples sistemas normativos. 
A cambio, las empresas norteamericanas tienen que dar a conocer su opinión sobre la forma en que la legislación europea les afecta. 
Muchas de ellas se han opuesto a esta propuesta de Directiva porque consideran que les dificultaría innecesariamente las cosas en la UE. 
El resultado final no satisfará a todas las partes implicadas, pero al menos podemos estar satisfechos de que el debate a ambos lados del Atlántico se haya llevado a cabo de forma abierta. 
En el futuro tendremos que considerar todos los puntos de vista legítimos para asegurarnos de que los mercados globales funcionen perfectamente. 
El Consejo ha llegado ahora a una posición común. 
Es positivo que haya aceptado casi todas las enmiendas del Parlamento en primera lectura. 
Yo he presentado algunas enmiendas en segunda lectura que acercan la legislación sobre los valores umbral de la Directiva a las realidades del mercado. 
Sin embargo, nuestro ponente, el Sr. Lipietz, propone que la posición común se apruebe sin enmiendas, para que la labor de cara a la aplicación pueda comenzar de inmediato. 
Acepto esta propuesta, y apoyo al ponente con la condición de que las disposiciones de la Directiva se evalúen de forma regular en términos de viabilidad y de que se revisen si es necesario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre los siguientes informes: 
informe (A5-0380/2002) del Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión sobre la reforma de la política pesquera común («Guía» ) [COM (2002) 181- C5-0330/2002- 2002/2174 (COS)] 
informe (A5-0360/2002) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión que establece un plan de actuación comunitario para integrar las exigencias de protección del medio ambiente en la política pesquera común [COM (2002) 186? C5-0331/2002- 2002/2175 (COS) ]. 
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, al acercarse la fecha decisiva para el futuro de la PPC, y con la redefinición de sus objetivos, términos y condiciones, me parece importante que el Parlamento afirme con fuerza los cinco principios que han servido de hilo conductor a mi informe y que la Comisión de Pesca ha querido poner de relieve con el propósito de integrar las exigencias de protección del medio ambiente a la nueva política pesquera común. 
El primer principio es que no se hará nada sin los pescadores. 
Los profesionales del sector pesquero son los primeros a quienes concierne la protección del medio ambiente marino, y los más conscientes de la necesidad de protegerlo. 
También son las primeras víctimas de los ataques al medio ambiente marino, como por desgracia lo demuestra la última marea negra, que hoy desespera a los pescadores gallegos. 
Tres años después del desastre del Erika, que golpeó a la región de Vendée y a la Bretaña, no se debería haber permitido al Prestige, un viejo petrolero desvencijado, navegar por aguas comunitarias. 
Nuestro informe insiste en la necesidad de aplicar de manera eficaz y rigurosa las disposiciones de los paquetes de directivas Erika I y Erika II. 
Nos negamos a calificar a los pescadores de depredadores, como a veces se hace injustamente. 
Al contrario, esta comisión reconoce su condición de agentes con pleno derecho a la protección del medio ambiente, e insiste en que cualquier medida tomada sin su apoyo resultará inadecuada e ineficaz. 
El segundo principio es que deberíamos basar las decisiones relativas a la gestión de las poblaciones de peces en un conocimiento científico lo más sólido y preciso posible. 
Las consecuencias económicas y sociales derivadas de estas decisiones son tan importantes que no pueden tomarse a la ligera. 
Por esta razón, me alegra que la Comisión de Pesca mantenga la petición para la elaboración, por parte de la Comisión, de un plan de acción detallado con vistas a mejorar el actual dispositivo inadecuado de evaluación de las poblaciones, en el que se integren los conocimientos prácticos, empíricos y pragmáticos de los pescadores, así como el control de los desembarques, y en el que el carácter interdisciplinario de las ciencias biológica y socioeconómica ocupe una posición central en el proceso de formulación de los dictámenes científicos. 
El tercer principio propone mantener los instrumentos de gestión flexibles y reversibles, como los TAC y las cuotas, para que el esfuerzo pesquero se ajuste al estado de los recursos, en lugar de hacer uso de instrumentos rígidos de efectos irreversibles y socialmente dramáticos, como el desguace de barcos. 
El cuarto principio exige la mejora del equipamiento y las artes pesqueras con el propósito de reducir el descarte, las capturas accesorias y el impacto en los hábitats marinos. 
Por supuesto, tales medidas no se pueden adoptar de forma uniforme y centralizada, sino que tienen que dar cabida a las iniciativas de los profesionales del sector. 
Los pescadores, sus organizaciones profesionales y las comunidades costeras tienen derecho a experimentar. 
Hay que reconocer y fomentar las iniciativas en este ámbito. 
Así es como surgieron los prometedores experimentos en el litoral atlántico. A título de ejemplo, quisiera mencionar los experimentos que intentan adaptar los barcos y el equipamiento pesquero a la recogida de residuos marinos o de vertidos de fuel, la creación de arrecifes artificiales que facilitan el desarrollo de zonas de reproducción o de descanso para la fauna marítima, o incluso las técnicas de inseminación artificial de la lubina en mar abierto. 
Mi informe propone que estos experimentos se financien mediante ayudas públicas. 
El quinto y último principio establece que las ayudas públicas para la modernización de la flota, cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de trabajo, la seguridad a bordo, el ahorro de energía y la calidad de los productos, son perfectamente compatibles con la protección del medio ambiente marino. 
Me alegra contar con el apoyo general de la Comisión de Pesca, que ha mantenido todas estas propuestas positivas y constructivas, y ha rechazado la visión negativa de la actividad pesquera que impregnaba la comunicación de la Comisión. 
Espero que la abrumadora mayoría del Parlamento, al votar a favor de este informe, deje bien sentado que la protección del medio ambiente marino se llevará a cabo con los pescadores y no contra ellos. 
Por esta razón, en lugar de adoptar posturas acusatorias, de hablar constantemente de una industria en declive y de una política paliativa, la Comisión de Pesca prefiere enviar un mensaje de confianza y esperanza a los trabajadores del sector para consolidar su creciente respeto por la calidad del medio ambiente marino, uno de los principales objetivos que la nueva política pesquera común tiene que alcanzar. 
Señora Presidenta, he leído con atención el informe adoptado por la Comisión de Pesca sobre nuestro plan de acción para la integración medioambiental. 
Me satisface comprobar que coincidimos más respecto de la integración medioambiental que en otros aspectos de la reforma. 
Compartimos las mismas metas en los importantes ámbitos que se mencionan en el informe como la protección medioambiental, la mejora de la investigación, incluida la integración de la experiencia de los pescadores, las medidas específicas para problemas específicos, la aplicación de un enfoque basado en el ecosistema, las ayudas a la modernización, la pesca industrial, la agricultura sostenible y así sucesivamente. 
De hecho, la Comisión ya ha comenzado o planificado varias iniciativas para responder a estas exigencias. 
Permítanme señalar algunas. 
Hemos pedido al ICES que estudie en el año 2003 la posibilidad de que los procedimientos operativos integren la experiencia y el conocimiento de los pescadores en el proceso consultivo y de evaluación. 
Estamos de acuerdo en que los problemas específicos requieren medidas específicas. 
No aplicamos la misma combinación de instrumentos de gestión en el Báltico que en el Mar del Norte o en el Mediterráneo. 
Por supuesto, tampoco pretendemos establecer los mismos objetivos para las diferentes flotas. 
Para alcanzar los objetivos propuestos en Johanesburgo, estamos implementando el plan de acción sobre biodiversidad con vistas a detener su descenso para el año 2010, y mediante la PPC pretendemos reconstruir las reservas pesqueras antes del año 2015. 
Recientemente, hemos cofinanciado una reunión de expertos de la FAO para desarrollar instrucciones operativas que apliquen a la gestión de la pesca un enfoque basado en el ecosistema. 
En nuestras propuestas de reforma hemos descartado el desguace obligatorio de buques pesqueros, y hemos subrayado la importancia de los planes plurianuales que utilicen instrumentos flexibles como los TAC, la regulación del esfuerzo pesquero y las medidas técnicas como principales elementos reglamentarios. 
Hemos propuesto el mantenimiento de la ayuda para la modernización de los buques pesqueros por razones de seguridad, condiciones de trabajo e higiene, con la condición de que no aumente la eficacia pesquera con objeto de prevenir un aumento de la presión pesquera. 
Estamos promoviendo la elaboración por parte de los principales socios de un código de conducta europeo para la pesca responsable. 
La Comisión Asesora de Pesca y Acuicultura ya está debatiendo los primeros borradores. 
Hemos pedido al ICES que estudie el impacto ecológico de la pesca industrial y los efectos de las actividades no pesqueras, así como las amenazas para las reservas comerciales, incluido el calentamiento global. 
La Comisión ha iniciado un debate para promover la protección coordinada del medio ambiente marino. 
La reciente comunicación sobre la elaboración de una estrategia para proteger y conservar el medio ambiente marino nos brinda los elementos de la política que abordará el problema en su conjunto. 
Hemos abordado el problema del vertido de petróleo del Erika mediante la consecución de la mayoría de elementos del paquete, es decir, de las normas sobre control de los buques por el Estado del puerto, la certificación y comprobación de medidas de seguridad y la propuesta de eliminación progresiva de los petroleros monocasco. 
La creación de un fondo de indemnización europeo para el vertido de petróleo concluirá en el año 2003. 
Estamos presionando continuamente a los Estados miembros para que apliquen la directiva sobre hábitats en el medio ambiente marino lo antes posible. 
Finalmente, puesto que ya habrán tenido ustedes la oportunidad de examinar nuestra comunicación sobre acuicultura sostenible, habrán observado que nuestra política tiene en cuenta los requisitos de protección medioambiental. 
Por lo que respecta a los acuerdos pesqueros, pronto tendrán la oportunidad de confirmar que la Comisión comparte sus preocupaciones medioambientales. 
La anunciada comunicación sobre los acuerdos de asociación se presentará en breve. 
En términos generales, la Comisión está de su parte con respecto a las resoluciones principales del informe. 
Sin embargo, me gustaría comentar algunas afirmaciones de la exposición de motivos. 
En primer lugar, aunque admito las deficiencias del asesoramiento científico, no comparto en absoluto la opinión de que este sea el principal problema de la gestión pesquera. 
Todos sabemos que el principal problema radica en hay pocos peces para demasiados pescadores. 
En segundo lugar, el ponente afirma que la Comisión está llevando a cabo una política de reducción de la capacidad pesquera. 
Como ya he dicho antes en numerosas ocasiones, esto no es cierto. 
Tampoco es cierto que la Comisión haya propuesto la abolición de la ayuda pública para modernizar la flota. 
Para concluir, no comparto la opinión de que la pesca industrial provoque un impacto medioambiental mucho mayor por valor añadido en euros que la pesca para consumo humano, sobre todo porque la comparación del impacto ambiental con un término monetario me parece extraña, pero también porque el impacto ambiental de este tipo de pesca aún está por determinar. 
En resumen, no estoy totalmente de acuerdo con la forma, pero apoyaré el fondo del informe y la propuesta de resolución en particular. 
Señora Presidenta, Comisario, en primer lugar quisiera felicitar y agradecer al ponente el trabajo que ha realizado. 
A continuación, me gustaría subrayar que la reforma de la política pesquera común tiene que basarse en el desarrollo sostenible de las pesquerías. 
La sostenibilidad tiene que justificarse desde un punto de vista medioambiental, y concebirse tanto en términos económicos como sociales. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya las propuestas de la Comisión para la reforma, que contiene toda una serie de elementos destinados a promover el desarrollo sostenible y, por tanto, el equilibrio necesario si las poblaciones de peces se ajustan al número existente de barcos. 
Es muy importante que lleguemos a un acuerdo con los pescadores y que cooperemos, porque de lo contrario no alcanzaremos los resultados necesarios. 
En este sentido, tenemos que respetar el hecho de que los pescadores de la UE desempeñen su trabajo de maneras diferentes. 
Para la política pesquera común es esencial que las decisiones se tomen sobre la base de una información científica clara. 
La Comisión tiene que reunir esta información de los Estados miembros y, al mismo tiempo, disponer de todos los recursos técnicos y humanos a su alcance, especialmente administrativos y de supervisión. 
Asimismo, queremos subrayar que la UE tiene que participar más activamente en el desarrollo de la política pesquera internacional. 
En este sentido, es importante dar prioridad a nuestros acuerdos con terceros países. 
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor cuando afirma que, ante todo, la política pesquera común es una cuestión de tratados internacionales y de todo lo que ocurre fuera de éstos. 
Por lo que respecta al medio ambiente marino- y hablo como ponente alternativo del informe del Sr. Souchet, a quien quisiera felicitar por su informe y por la manera en que lo ha presentado -, parece que la política pesquera sólo determina una pequeña parte de la aplicación de sus exigencias medioambientales. 
Me sorprende que el Comisario haya dicho que, si examinamos el problema desde diferentes ángulos, éste se reduce a que hay muy pocos peces para demasiados pescadores. 
Me pregunto si la situación está tan clara para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en particular a la luz del reciente desastre en las costas de Galicia. 
La franja marítima que ocupan los pescadores europeos sólo representa una pequeña parte del área total destinada a la pesca. 
Como ya ha afirmado el Sr. Busk, esto significa que es muy importante alcanzar tratados sólidos, en particular fuera de la Unión Europea, con objeto de encontrar la solución más adecuada. 
Al mismo tiempo, la Comisión de Pesca y, por supuesto, mi propio grupo, reconocen la importancia del medio ambiente marino, en especial porque resulta decisivo para la industria pesquera en términos de lo que se puede pescar. 
Esto significa que si el medio ambiente marino se encuentra en una situación precaria, la industria pesquera llevará la peor parte. 
Al mismo tiempo, este sector se siente presionado, y lo más difícil es encontrar el equilibrio adecuado entre los aspectos económicos y ecológicos. 
Me gustaría que las declaraciones públicas de la Comisión dieran un mayor testimonio de este equilibrio. 
Un sector pesquero debidamente motivado puede contribuir con facilidad tanto a una mejora del medio ambiente marino, y esto también se aplica a la legislación necesaria para ello. 
A este respecto, me alegro de que el Sr. Souchet- y, por supuesto, el informe Stevenson, antes informe Noriega- haga especial hincapié en la acuicultura. Es muy posible que Europa disponga de buenas oportunidades en este ámbito, si se nos permite dejar que la legislación vaya de la mano de la economía por una parte y de la ecología por la otra. 
Quisiera decir que el informe Souchet ha sido especialmente bien acogido en nuestro grupo. 
Por lo tanto, aconsejamos al Parlamento que vote a su favor, teniendo en cuenta, como ha observado el ponente, que los aspectos económicos y sociales de la pesca son esenciales para fomentar la industria pesquera y la legislación medioambiental. 
Quisiera felicitar al Sr. Souchet por ello. 
Señor Presidente, en el marco de la reforma de la PCP que la Comisión ha decidido presentarnos en pequeñas dosis, debatimos hoy los informes relativos al documento "guía" y a la protección del medio ambiente. 
Deseo felicitar al señor Souchet por su excelente trabajo y porque el medio ambiente es un aspecto fundamental de la PCP, y el sector pesquero el principal afectado por los ataques al medio marino, como lo pone de relieve la marea negra que ahora mismo amenaza las costas de mi región, de Galicia. 
Conocemos poco del mar, y la frágil situación de los recursos no se explica exclusivamente por la sobrepesca, como bien afirma el Sr. Souchet y como dramáticamente pone en evidencia la marea negra provocada en las costas de Galicia por el petrolero Prestige. 
Quiero creer que los pescadores y mariscadores de mi región no se van a enfrentar solos a esta terrible situación, sino que van a poder contar con la solidaridad europea y con el apoyo sin fisuras de la Comisión Europea. 
Y quiero decir a la Comisión que desde que en mayo presentó estas propuestas ha recibido ya suficientes mensajes de este Parlamento, del Consejo y del sector para reorientar esta reforma de otra manera, teniendo en cuenta que siempre habrá de ser gradual, dotada con suficientes recursos y consensuada con el sector, con los Estados miembros y con esta Cámara. 
Creo que la Comisión está entendiendo este mensaje. 
Es una lástima que en mayo, al presentar sus propuestas para la reforma de la PCP, la Comisión hiciera caso omiso de la resolución aprobada en enero por este Parlamento acerca del Libro Verde, en la que esta Cámara la instaba a presentar una propuesta de reforma para hacer una PCP sostenible y más comunitaria, en contra de los intentos renacionalizadores; más justa, superando las discriminaciones contra determinadas flotas, y más solidaria, apoyando a las comarcas dependientes de la pesca, básicamente a través de la cofinanciación comunitaria a la renovación de la flota. 
Señora Presidenta, el futuro de la industria pesquera está en el desarrollo sostenible. 
No sólo es importante redactar estos informes, sino también estudiar la acuicultura y las condiciones de trabajo seguras dentro de la industria pesquera. 
Es una pena que el informe haya llegado con retraso, si bien después se ha trabajado con rapidez. 
Ha sido verdaderamente impresionante. 
Tras las votaciones en las reuniones de la comisión, tenemos ante nosotros informes muy sólidos. 
A pesar de ello, además de las medidas de cautela necesarias, también tenemos que examinar la situación a que nos enfrentamos. 
El ICES, Consejo Internacional para la Explotación del Mar, quiere reducir aún más las cuotas para el pescado plano, ahora que todavía disponemos de un margen prudente. Esto no está totalmente justificado. 
Sin embargo, la nueva política pesquera común tiene que respetar y salvaguardar los derechos de captura históricos. 
Por otra parte, tenemos que reflexionar muy seriamente sobre el acceso a los mares. 
Por supuesto, me estoy refiriendo al Mar del Norte, pero lo que quiero dejar claro es que la pesca de especies sin cuotas es peligrosa, porque se pescan junto con las especies con cuotas. 
En la actualidad, resulta muy difícil comprobar si se han pescado especies con cuotas. 
¿Deberían devolverse al mar o bien llevarse a alguna parte? 
De todos modos, esto tiene un gran impacto sobre el seguimiento de las cuotas, y es importante para las especies valiosas. 
En mi opinión, esta carga adicional en las poblaciones es inaceptable, sobre todo si las cuotas se reducen todavía más. 
Ya se ha suavizado la presión en las diferentes iniciativas. Por lo tanto, será muy difícil convencer de la necesidad de reducir las cuotas aún más. 
La política y la gestión dependen del apoyo dentro del sector. 
Tenemos que impedir que éste se aleje demasiado, e involucrarlo en la búsqueda de nuevas soluciones. 
Por esta razón, es muy importante que los controles y las sanciones se armonicen en el ámbito internacional. 
Por lo que se refiere a la pesca internacional, condeno las medidas unilaterales, porque no benefician a las poblaciones de peces sostenibles. 
Para finalizar, quisiera dar las gracias a los ponentes que han preparado los informes. 
Creo que disponemos de una base sólida para votar sobre este informe en el Parlamento. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Souchet su excelente informe, que incluso representa una buena base para el informe del que yo después he sido responsable. 
Hechos de actualidad, como los del buque Prestige, dan mucha más relevancia a lo que yo he querido decir sobre el informe del Sr. Souchet. 
En cuanto al informe que ha asumido el Sr. Stevenson, creo que ha sido víctima de varios problemas de procedimiento. 
Este informe debería haber representado el marco de referencia de la posición del Parlamento sobre la reforma de la política pesquera, y es sorprendente y sólo atribuible a problemas de procedimiento el hecho de que este informe, en bastantes aspectos, difiera incluso de lo que después hemos hecho al aprobar las propuestas legislativas en la Comisión de Pesca. 
Indudablemente, los problemas se han originado en una propuesta de la Comisión que ha venido con retraso, que se ha revelado quizás poco madura, y que además al principio era incompleta. 
Por ejemplo, el paquete principal se ha presentado en ausencia de partes muy importantes, como la pesca en el Mediterráneo. 
Asimismo, hay indicios muy claros de que las propuestas de la Comisión, en las vertientes estructurales, carecen de una base razonable y, a veces, pueden llegar al absurdo. 
En cuanto a la política de conservación de recursos, me resisto a avanzar un debate posterior, que vamos a tener. 
No obstante, quiero manifestar un cierto sinsabor sobre la forma en que hemos abordado esta cuestión. 
Desde hace tiempo la política pesquera ha establecido una división entre Estados, y la propuesta de la Comisión ha sido acompañada de una puesta en escena que ha acentuado dicha separación entre Estados. 
Quizá algunos ministros hayan entrado en ese juego, pero esto no es lo relevante. 
Lo verdaderamente relevante es que la situación de las poblaciones de bacalao, merluza y otras especies han difuminado la distribución de lo que se llamó las fuerzas entre "amigos de la pesca" y "amigos de los peces". 
Creo que, por muchos debates que hayamos tenido y por más cuestiones que nos puedan dividir legítimamente, está claro que debemos resolver el problema de cómo garantizar una pesca sostenible. 
En este sentido, creo que es necesario abordar cuestiones fundamentales, trascendiendo lo que yo llamaría intereses muy específicos y demasiado nacionales. 
Quizá podríamos haber escapado a rígidos esquemas que nos han dividido- por ejemplo, el reparto de cuotas- y haber reformado la política comunitaria, protegiendo segmentos de flota de los que depende la mayor parte económica de grandes zonas dependientes de la pesca. 
Señora Presidenta, no es casualidad que se emprenda la reforma de la PPC en el año 2002. 
Tenemos que aprobarla justamente ahora porque, de conformidad con los Acuerdos de adhesión de 1986, el período transitorio establecido para España y Portugal está a punto de concluir. 
Por lo tanto, de ahora en adelante estos Estados deben disfrutar de los mismos derechos en aguas comunitarias que los nueve Estados miembros que establecieron la política pesquera común a principios de los años 80. 
Señora Presidenta, a pesar de ello, una mayoría de la Comisión de Pesca ha denegado, en una decisión totalmente inaceptable, la igualdad de derechos a España y Portugal. 
La nueva PPC tiene que reconocer que las flotas de los quince Estados miembros poseen los mismos derechos, y debe poner fin a los privilegios y a la discriminación entre los ciudadanos, las flotas y los países de la Unión Europea. 
Esta posición europeísta, y también gallega, de mi país inspiró el informe que tuve el honor de redactar sobre las políticas para la reforma de la PPC. 
Tampoco nos hemos negado a que, en este tratamiento igualitario de acceso a las aguas comunitarias, se estableciesen o mantuviesen las restricciones temporales basadas únicamente en la necesidad de mantener las poblaciones de peces. 
Abogamos por la necesidad de revisar o, cuando sea necesario, sustituir el principio de estabilidad relativa por un principio más justo y coherente con los Tratados en este ámbito. 
Abogamos por el fortalecimiento de la política de pesca internacional y de las iniciativas conjuntas, y por el mantenimiento de las ayudas públicas de la Unión Europea para la inversión destinada a mejorar las condiciones a bordo de los barcos, que en la actualidad son muy precarias. 
Por estas y otras razones rechazadas por una mayoría de la comisión, no puedo aceptar el informe que ahora lleva el nombre del presidente de la Comisión de Pesca. 
Sin embargo, el informe defiende algunos principios con los que estoy de acuerdo, que han resistido la ofensiva destructiva de las enmiendas propuestas y aprobadas por la mayoría. 
Esto significa que aún es posible el diálogo y un nuevo compromiso por parte de todos sobre la reforma de la PPC. 
En todo caso, siguen siendo necesarios. 
Señora Presidenta, discrepo esencialmente con varios aspectos de las propuestas de la Comisión Europea sobre la reforma de la política pesquera común. 
Sin embargo, es cierto que necesitamos un enfoque más equilibrado. 
La presente COM sobre política pesquera no ha prosperado. 
No ha hecho ningún favor a los pescadores irlandeses, y en algunos casos ha resultado incluso discriminatoria. 
No podemos perder la oportunidad de rectificar el desequilibrio actual durante este proceso de reforma. 
Esto es lo que están pidiendo los pescadores irlandeses en este momento, y esto es lo que yo pido. 
Uno de los asuntos que se están debatiendo en este momento se refiere al acceso a los caladeros irlandeses. 
Por ejemplo, el gobierno español está reclamando el derecho a un mayor acceso a las aguas irlandesas a partir del próximo mes de enero. 
Sencillamente, esto no puede ocurrir. 
Tendría consecuencias desastrosas para los pescadores irlandeses, sus familias y las comunidades pesqueras irlandesas. 
En la actualidad, las reservas del Mar de Irlanda son precarias. 
La apertura de nuestras aguas a un número superior de barcos españoles al actualmente permitido provocaría una grave merma de nuestras reservas. 
El Mar de Irlanda es una zona muy delicada desde un punto de vista biológico. 
Es el lugar de desove de muchas de nuestras especies. 
La semana pasada, la Comisión de Pesca del Parlamento presentó una enmienda en la que se afirmaba claramente que no se puede destruir el equilibrio pesquero de las aguas occidentales y, por tanto, la estabilidad relativa debe entenderse en este contexto. 
Tenemos que proteger las regiones pesqueras cuyas reservas se encuentren amenazadas, y los caladeros irlandeses y el Mar de Irlanda es una de esas regiones. 
Lo último que deseamos es que nuestras aguas se abran a más pescadores españoles, o a otros. 
Tenemos que proteger nuestras reservas, no diezmarlas. 
Cualquier nueva medida de conservación que se introduzca en el ámbito de la Unión Europea tiene que consultarse con todas las partes interesadas de todos los Estados miembros, con el fin de proteger un recurso natural muy valioso para todos nosotros. 
Señora Presidenta, consta que las líneas básicas de la reglamentación de la política pesquera común no se acordaron hasta ocho horas después de que la Comunidad abriera las negociaciones de adhesión con el Reino Unido en 1971. 
El jefe de la delegación británica, Sir Con O´Neil, señaló que ambos acontecimientos estaban relacionados. 
Antes de esto prácticamente no había interés por una política pesquera común porque los seis países fundadores prácticamente no poseían reservas pesqueras. 
Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega tenían una pesca costera rica, y la habían mantenido en buenas condiciones con medidas de conservación eficaces. 
O´Neil puede dar fe de ello; algunos expertos del Ministerio de Agricultura británico realizaron un informe demostrando que las aguas británicas estaban literalmente repletas de peces, mientras que dentro de los límites de los actuales países comunitarios había muy pocos. 
La principal prueba de ello es que las aguas de la Comunidad no atrajeron a pescadores extranjeros, mientras que las aguas británicas sí lo hicieron. 
Tras 30 años de PPC, las aguas británicas ya no están repletas de peces. 
Parafraseando a Sir Con: «Estos dos acontecimientos están relacionados.» 
Sin embargo, los miembros de la Comisión de Pesca aún parecen incapaces de establecer dicha relación. 
Exigen mayores recursos técnicos y humanos. 
Quieren más dinero para la investigación. 
Desean plantas de gestión, desarrollo sostenible, políticas integradas, planes plurianuales, la aplicación del principio de cautela y, más aún, puntos de referencia para la biomasa y la mortalidad por pesca. 
Si la solución residiese en el uso de la jerga, las aguas de los Estados miembros todavía estarían repletas de peces, y la PPC sería imbatible. 
Pero la jerga sólo esconde una verdad incómoda: la política pesquera común no ha funcionado, no funciona y no puede funcionar aunque su reforma se disfrace con bonitas palabras. 
Mientras consideremos la pesca como un recurso común europeo no tendremos sentido de la propiedad o responsabilidad. 
La pesca depredadora es la norma. 
Es una consecuencia inevitable de la política y conduce al agotamiento de las reservas. 
La reforma no es la solución. 
La PPC no puede reformarse. 
Se ha demostrado que no puede reformarse. 
Deberíamos olvidarla, y la pesca debería volver a ser gestionada por los gobiernos nacionales. 
Señora Presidenta, inicio mi intervención en este debate de pesca, conmocionado, ya lo saben ustedes, por los acontecimientos que han tenido lugar en Galicia. 
Recuerdo que siendo presidente de la Comisión de Pesca se produjo el dramático accidente del Erika y nuestra comisión hizo una pregunta oral y aprobamos una resolución. 
En aquel momento estuvimos todos unidos, espero que en este caso también lo estamos. 
Quiero destacar- y ustedes lo saben- que Galicia es la región más dependiente de la pesca de toda Europa y tiene una riqueza marisquera y pesquera extraordinaria que, después de este accidente del Prestige va a costar muchos años recuperar, sobre todo en las zonas afectadas más directamente por la marea negra. 
Voy a preparar una propuesta de resolución y creo que los Grupos políticos debemos estar unidos, para poder emitir una opinión política en esta Cámara, para que acontecimientos de ese tipo no se repitan jamás. 
Creo que tenemos una responsabilidad política muy importante. 
Da pena ver los recursos pesqueros llenos de petróleo y las aves marinas muertas y a los pescadores que viven exclusivamente de eso. 
A veces se habla de sobrepesca y no se habla de estas cuestiones. 
Creo que es muy importante tenerlo en cuenta y espero que tengamos, como digo, la solidaridad de todos nuestros colegas. 
En relación con los informes que nos traen al Pleno, no se ha hablado del informe Busk, a quien yo quiero felicitar, porque no hace falta ni que presentemos enmiendas ni que haya debate, porque la ilegalidad en la pesca ha sido aprobada por todos y la lucha contra ella también; por lo tanto, es importante destacarlo. 
Creo que el informe del Sr. Souchet ha salido bien. 
Es un informe razonable y positivo, que tampoco tiene enmiendas en este Pleno. 
Acerca del informe del Sr. Stevenson, todo el mundo sabe lo que pasó, no voy a entrar en detalles; hoy es el informe que lleva el nombre del presidente de nuestra comisión. 
Simplemente les digo que mi Grupo político ha presentado unas enmiendas mínimas; hemos intentado pulir algunas cuestiones. 
Quiero decir, y lo digo en general, que nos encontramos ante una comunicación; es decir, no estamos ante un documento legislativo y sí lo será el informe del Sr. Jové, que examinaremos en el próximo período parcial de sesiones. 
Espero que podamos concentrar todos nuestros esfuerzos y el enfoque equilibrado que aquí se ha señalado, para adoptar los compromisos en ese informe que tendrá que debatirse, como digo, en el próximo período parcial de sesiones de Bruselas. 
En relación con las enmiendas que hemos presentado, hemos intentado suprimir la palabra "permanente" de las doce millas, porque los Servicios Jurídicos del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la Comisión, admiten que, al ser una derogación del Tratado, no puede ser permanente, porque eso supondría una modificación del propio Tratado. 
Por lo tanto, es simplemente una medida que necesita un plazo. 
Como no estamos de acuerdo en si son cinco, diez, quince o veinte, hemos pedido simplemente que en el debate sobre el informe Jové podamos adoptar un acuerdo sobre esto. 
Señora Presidenta, Comisarios, Señorías, a veces el debate sobre la reforma de la política pesquera común levanta una gran polémica. 
Algunos argumentos son razonables y están justificados, mientras que otros son precipitados y desproporcionados. 
La reforma de la política pesquera común es necesaria, y nadie con un mínimo de sentido común puede negarlo. 
El agotamiento de las poblaciones de peces no es una fantasía o una exageración de los ecologistas, de los que intentan proteger la vida marina o de los científicos pesimistas. 
Es una realidad trágica para muchas especies. 
En el pasado, también asistimos al colapso de algunas poblaciones de peces, pero entonces fue posible reconstituirlas transfiriendo el esfuerzo a otras especies y a otras latitudes. 
En la actualidad, esto es prácticamente imposible. 
El ejemplo del colapso de los bancos de bacalao en Terranova, fuente de tanta historia y de tanta leyenda en mi país, Portugal, debería servirnos de escarmiento. 
De las más de 35 000 especies que habitan los mares, sólo 100 tienen un interés comercial. 
¡Es un hecho! 
Sin embargo, en la actualidad asistimos a un empobrecimiento de la diversidad biológica en el medio ambiente marino y a la destrucción gradual de los hábitats y los ecosistemas. 
La situación ha alcanzado este punto alarmante no sólo a causa de la presión ejercida por la pesca, sino también por otros motivos de sobras conocidos. 
En la actualidad, la pesca está sujeta a una doble exigencia: la exigencia ecológica de preservar las poblaciones de peces y la exigencia política y social de mantener la actividad económica del sector pesquero. Por lo tanto, dicha actividad tiene que prestar una atención especial al estado de las poblaciones y no se puede realizar de forma depredadora, como si aún viviéramos en la Edad de Piedra. 
La asociación del informe Souchet sobre un plan de actuación comunitario para integrar las exigencias de protección del medio ambiente a la política pesquera común, con el informe Stevenson sobre la reforma de la PPC y el informe Busk sobre el control y erradicación de la pesca ilegal, es una medida muy acertada. 
La reforma de la política pesquera común tiene que ser un compromiso que equilibre todas las vertientes: la social, la económica, la cultural y la ecológica. 
Por lo tanto, los diputados que están- como ellos mismos afirman- más a favor de la pesca deberían tener presente el tópico de La Palice: no se puede pescar sin peces. 
Señora Presidenta, yo también apoyo el informe del Sr. Souchet y lamento profundamente la contaminación provocada por el petrolero en Galicia. 
Respecto del informe Stevenson, aunque resulta algo contradictorio, tiene en cuenta muchas de las propuestas y posiciones que exigíamos y que son importantes para Portugal, en especial el establecimiento del límite de 12 millas para las zonas costeras como una característica permanente de la PPC, la participación de las organizaciones de pescadores en el proceso de toma de decisiones, las medidas socioeconómicas para compensar los efectos de la reforma, que deben tener en cuenta los esfuerzos pasados, la mayor inversión en la investigación y asegurarse de que no exista un vacío legal. 
Asimismo, se han aceptado dos de las propuestas que consideramos de máxima importancia: la extensión de la derogación relativa al libre acceso a 50 millas en el caso de las regiones ultraperiféricas, tal y como establece el Tratado, y el refuerzo de los mecanismos de apoyo para la industria transformadora, en particular para la industria conservera. 
Sin embargo, nos oponemos a las propuestas que intentan cambiar el informe, que fueron rechazadas por la Comisión de Pesca y que son contrarias a las posiciones y propuestas que se han aprobado. 
Sin embargo, votaremos a favor de una propuesta similar a una de nuestras enmiendas, de gran importancia para Portugal, que ya se aprobó en el otro informe y que considera que las zonas de 6-12 millas deben mantenerse y definirse como un elemento de la política pesquera común, por un período ilimitado de tiempo, con objeto de fomentar la conservación y de alentar el desarrollo local de la pesca a pequeña escala. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar diciendo que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya las propuestas de la Comisión para la reforma de la política pesquera común. 
Las medidas y propuestas presentadas deberían haber llegado hace mucho tiempo. 
Por esta razón, ahora son absolutamente necesarias. 
Lo único que nos plantea dudas y nos preocupa es la propuesta de la Comisión relativa a la posibilidad de reducir las flotas pesqueras mediante la simple propuesta de «un barco adentro, un barco afuera». 
No entiendo cómo esta medida puede funcionar, ni cómo conseguiremos reducir la flota pesquera. 
Entiendo la frustración de la Comisión en vistas de las dificultades que está encontrando para hacer que tanto el Consejo como los Estados miembros asuman su responsabilidad. 
Durante muchos años, los Ministros y el Consejo no han sido capaces de establecer una relación entre la política pesquera y la necesidad de reducir el acceso a los peces. 
No se han responsabilizado del desarrollo sostenible ni han preservado las poblaciones, y esta era la única manera de salvar la industria pesquera. 
Por ejemplo, respecto del Mar de Irlanda, durante los últimos diez años se ha permitido una cuota un 28% más elevada que la que los investigadores consideraban aceptable. 
En este contexto, no importa si las flotas vienen de Irlanda, de España o de cualquier otro país. 
Por lo tanto, en materia de poblaciones de peces ahora nos enfrentamos a nuestro destino. 
El Consejo no ha querido tomar una decisión respecto de las cuotas, que no son realistas en absoluto. 
No se han creado programas de supervisión adecuados, ni establecido límites a las flotas pesqueras. 
Ya sabemos que esta es la raíz del problema. 
En consecuencia, ¿qué podemos hacer? 
Creo que debemos aceptar las propuestas de la Comisión. 
Suecia va a introducir una moratoria unilateral para la pesca del bacalao en el Báltico. 
De hecho, esta es una demanda hecha por el Grupo de los Verdes/ALE en relación con la formación de un gobierno. 
El bacalao está amenazado, no sólo en el Báltico sino también en el Kattegat y en todo el Mar del Norte. 
El Consejo Internacional para la Investigación Marina considera que el plan de reconstrucción de la UE es totalmente inadecuado y que la situación es urgente. 
Por consiguiente, tenemos que adoptar medidas drásticas, como por ejemplo, la introducción de una moratoria. 
Espero que la Comisión apoye esta propuesta. 
Asimismo, supongo que la Comisión responderá lo antes posible y de manera positiva a la posibilidad de utilizar los fondos estructurales para las indemnizaciones, porque está en línea con su propia propuesta sobre la necesidad de actuar de manera responsable para salvaguardar y preservar las poblaciones de peces en el futuro. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar haciéndome eco de los comentarios de mis colegas gallegos, y diciendo que apoyaré todas sus iniciativas. 
Mi región sufrió los desastres del Amoco Cadiz y del Erika; su región el del Prestige, pero el nombre del barco no mitiga los problemas de los que viven en la región y de los pescadores gallegos. 
Comisario, el alumbramiento de la nueva política pesquera común resulta problemático, pero nacerá la noche del 31 de diciembre. 
Creo que la Comisión de Pesca ha trabajado muy duro para restablecer el equilibrio entre la explotación de los recursos pesqueros y la protección de estos recursos para las generaciones futuras, sin olvidar la economía de las regiones costeras. 
De todos modos, estamos intentando mejorar el equilibrio propuesto por ustedes entre estas dos facetas, como corresponde a una buena definición del término «desarrollo sostenible». Por supuesto, esto no sólo concierne a las poblaciones de peces, donde se necesita este equilibrio, sino también a la economía de las zonas costeras. 
Hemos tratado de llamar su atención, en estos tres informes y en otros, sobre las implicaciones de las decisiones políticas relativas al empleo en regiones que viven de la pesca, sobre las consecuencias del desguace de barcos, puesto que si se desguazan y el número de peces aumenta en el futuro, quizás no queden pescadores para pescarlos. 
No podemos perder la cabeza. 
Asimismo, tenemos que asegurarnos que nuestros pescadores no pesquen en barcos demasiado viejos, a los que se les alarga la vida y se les sobrecarga con equipamiento, con los riesgos que esto comporta. 
Nuestra comisión, tanto en todos sus debates como a través de sus ponentes, intenta influir en las decisiones finales de la Comisión y del Consejo. Por supuesto, se han tomado buenas decisiones y hay que subrayarlas: los controles y las sanciones, la participación de todos los agentes en el proceso de toma de decisiones y la mejora del conocimiento de las artes de la pesca y los recursos. 
En resumen, si todo esto se lleva a cabo, si se mantiene el equilibrio, nuestros pescadores seguirán confiando en su trabajo, en su actividad y nosotros en nuestras regiones. 
Señora Presidenta, la gestión de la pesca en la UE se encuentra en un momento decisivo: las reservas principales del Mar del Norte y de otros lugares están disminuyendo y en consecuencia el futuro de la pesca y de las industrias pesqueras está amenazado. 
Por lo tanto, es esencial que la Comisión acierte esta vez, y proponga un nuevo sistema de gestión que asegure el apoyo a la pesca sostenible mediante pruebas científicas actualizadas, independientes y verificables que incluyan a los interesados y restauren la confianza en el sistema. 
Sin embargo, puesto que las primeras propuestas de reforma de la PPC están a punto de concluir, me siento más incrédulo respecto del proceso y menos optimista que nunca respecto del futuro de las comunidades escocesas que dependen de la pesca. 
¿Podemos llevar a cabo una política pesquera europea? 
Siempre he creído que la única manera de alcanzar el equilibrio necesario entre recursos, pesca y conservación y de alentar la conformidad con cualquier sistema de gestión, pasa por tener un sistema que disfrute de la confianza de los interesados. 
Por esta razón, he acogido con agrado el apoyo de la Comisión para crear consejos consultivos regionales como un paso hacia una manera nueva y mejor de hacer las cosas. 
Sin embargo, los hechos tienen que acompañar a las palabras, y me indigna la actitud demostrada por la Comisión en relación con las cuotas del bacalao y otros pescados blancos para el próximo año. 
El anuncio de un posible cierre de la industria pesquera escocesa mediante declaraciones como «nosotros sabemos más» y «la culpa es vuestra» , atribuidas al Comisario Fischler, contradice abiertamente la intención declarada de implicar más a los interesados. 
Este enfoque «chulesco» , concebido probablemente para que las consecuencias reales del año que viene resulten relativamente aceptables, no debería tener cabida en una nueva PPC. 
La triste verdad es que, en los últimos seis meses, la Comisión ha causado un daño irreparable a la confianza que tenía Escocia en la capacidad de Europa para gestionar la pesca. 
Con el radical cambio de postura del Sr. Fischler respecto de la gestión de las aguas profundas, y la presentación poco sensible del dictamen del ICES sobre el bacalao y sus repercusiones para Escocia, no me sorprende que abunden las teorías conspirativas. 
¿Quiere el Comisario Fischler que se le recuerde como el arquitecto de una nueva y próspera política pesquera europea? 
¿O como la persona que trajo la desolación a las comunidades pesqueras y la destrucción de un estilo de vida? 
Por desgracia, me parece que conseguirá esto último. 
El líder del sector pesquero escocés y yo mismo hemos desempeñado un papel constructivo, colaborando con las organizaciones medioambientales en el proceso consultivo hacia una reforma de la PPC. 
Me gustaría que la Comisión y el Consejo lo tuvieran en cuenta y lo agradecieran, en lugar de castigar a los escoceses por sus esfuerzos. 
El presente informe del Parlamento sobre la reforma de la PPC corrige algunas deficiencias de la propuesta de la Comisión, pero omite otras. 
Quisiera hacer hincapié en tres aspectos positivos principales: 
el primero es que la gestión de la pesca sostenible tiene que basarse en un amplio abanico de medidas, no sólo en la solución simplista de una reducción de las flotas, sino también en una mayor selección de los métodos de pesca, en el uso adecuado de los POP, los TAC y las cuotas. 
Y, sobre todo, en la recomendación de que la reducción del esfuerzo pesquero sea menor para los Estados miembros que ya han reducido su flota; 
el segundo aspecto es la recomendación clara de que los acuerdos de pesca con terceros países, que aplicados de manera adecuada son de conveniencia mutua para ambas partes, tienen que continuar siendo una parte integrante de la PPC. 
Por esta razón, está justificado que los barcos que se retiran de la flota comunitaria puedan incluirse en las flotas de las sociedades mixtas; 
el tercer aspecto es el deseo de encontrar una solución específica al problema del acceso a las aguas de las regiones ultraperiféricas, que tienen equilibrios y ecosistemas muy delicados, como las Azores, la isla de Madeira y otras regiones de la Unión Europea. 
El aspecto que me parece más negativo es la omisión del componente estructural. 
Existen dos razones principales para no cambiar las normas establecidas en el Consejo Europeo de Berlín sobre la financiación de las estructuras pesqueras. 
La primera es que la modernización de la flota es una cuestión prioritaria en sí misma, porque de lo contrario la competitividad de flota comunitaria disminuirá: por lo que respecta a Portugal, el 40% de nuestra flota tiene más de 25 años y, por lo tanto, a menos que reciba apoyo, será inviable. La segunda razón es que, puesto que en Berlín se asignaron fondos para la modernización de la flota para el año 2007 y que varios armadores ya han realizado sus pedidos sobre esta base, es políticamente inaceptable cambiar ahora las reglas a mitad del juego. 
Señora Presidenta, hacemos que este tema parezca complicado, pero para mí se reduce a dos sencillas cuestiones: ¿Cuántos peces podemos pescar, y quién puede pescarlos? 
Si nos ponemos de acuerdo en estas dos cuestiones, podremos llegar a una solución amistosa en el resto de cuestiones que se planteen. 
No comparto la opinión de quienes afirman que la política pesquera común es responsable del estado actual de las reservas pesqueras. 
La razón de que las reservas se encuentren en el estado actual es que no se ha tenido en cuenta el asesoramiento científico. 
El Consejo de Ministros hizo caso omiso del mensaje que los científicos transmitieron a la Comisión, y su dictamen no se aplicó. 
No estoy de acuerdo con la política actual. Sin embargo, en este marco las reservas se podrían haber conservado si durante todos estos años se hubieran seguido los consejos de la Comisión. 
El otro problema de la política pesquera común es que la Comisión tiene responsabilidad, pero únicamente puede aconsejar. 
El Consejo de Ministros y los Estados individuales tienen la responsabilidad última. 
Existen numerosas pruebas de que en el pasado no cumplieron con su responsabilidad de forma imparcial, de tal manera que cada pescador pescase lo que le correspondiese y de que cada barco recibiera sólo su cuota. 
La política pesquera común va demasiado lejos. 
Nunca ha sido necesario que el pescado sea una propiedad común. 
Esto no tiene sentido. 
Tenemos una política agrícola común. 
Esto no me da derecho a mí o a un agricultor irlandés a recoger uvas o aceitunas en el sur de España. 
No nos da derecho a talar bosques en Finlandia o Suecia. 
La política pesquera común tampoco debería incluir la propiedad común de reservas. 
No tiene sentido. 
Sin embargo, sólo hay un país que sale perdiendo y recibe menos de lo que le corresponde. 
No encontrarán a una persona más convencida que yo de la integración europea. Por lo tanto, puedo afirmar que existe una región en la unión, el oeste de Irlanda, que no recibe lo que le corresponde. 
No tengo nada en contra de los pescadores españoles, franceses o británicos que pescan en aguas naturales. 
Sin embargo, en otros ámbitos- petróleo y minerales- y en todas las formas de jurisdicción que los Estados miembros tienen sobre sus océanos, los recursos naturales son competencia de los gobiernos nacionales. 
Esto debería aplicarse al pescado. 
Tendría mucho más sentido. 
Señora Presidenta, la PPC ha fracasado estrepitosamente. 
No ha podido mantener las reservas de pescado ni el empleo de los pescadores. 
Resulta totalmente ridículo que cada año se descarten casi dos millones de toneladas de pescado sano. 
Los peces no nadan por separado en el mar. 
Nadan juntos, y será mejor que lo entendamos cuanto antes. 
Los límites de 6 y 12 millas deben confirmarse de forma permanente. 
No me convence el razonamiento de que no podemos confirmarlos, y votaré con firmeza para que estos límites se conviertan en la regla de oro. 
No sólo deben mantenerse, sino también gestionarse localmente, delegados por Bruselas con todas las de la ley y no sólo como un gesto simbólico. 
Si se permite que los pescadores locales gestionen estas aguas, las medidas de conservación funcionarán. 
El bacalao está desapareciendo del Mar del Norte. 
¿Es una coincidencia que el bacalao esté desapareciendo de las zonas donde se lleva a cabo la pesca industrial? 
Pescamos miles de toneladas de anguilas y limpiamos el fondo del mar, y el bacalao se alimenta de anguilas. 
No es una coincidencia. 
Tenemos que hacer algo al respecto. 
Noruega e Islandia tienen buenas reservas de pescado y no aplican la política pesquera común. 
¿Es otra coincidencia? 
Estoy de acuerdo con el Sr. McCartin. 
¿Es necesario incluir los recursos pesqueros en la política pesquera común? 
Lo diré sin rodeos: si la Comisión no puede gestionar la política pesquera común adecuadamente, que la devuelva a los Estados miembros y permita que ellos la gestionen. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, considerando el reciente desastre provocado por el Prestige, creo que son tiempos preocupantes tanto para los pescadores gallegos, que esperan la respuesta de la Comisión Europea, que desean que estos hechos desgraciados no vuelvan a producirse en ninguna parte, como para toda la gente de bien que defiende el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
En primer lugar, quiero felicitar al Sr. Souchet y al Sr. Busk por la calidad de sus informes; y respecto al informe del que, al final, se ha hecho cargo el presidente de la comisión, me referiré al considerando K y a la enmienda 23, presentadas al mismo. 
La zona reservada a la pesca tradicional en una banda de 6 millas- que posteriormente fue incrementada a 12 y ampliada a todos los Estados miembros- fue prorrogada, por última vez, en el marco de la reforma de la política pesquera común de 1992 por un período de diez años. 
Llevamos, por lo tanto, treinta años de provisionalidad. 
Parece que la finalidad era permitir una adaptación progresiva de la flota costera artesanal. 
Y si no la han hecho, no sé cuándo van a llevarla a cabo. 
La propuesta de la Comisión Europea sobre el calendario de reforma de la política pesquera común aboga por mantener, de forma permanente, la prohibición de pesca dentro de las 12 millas- propuesta, por cierto, cuya validez jurídica ya ha sido contestada. 
Creo que en los tiempos de la ampliación y de la Convención, paradójicamente, con esta propuesta se estaría iniciando una fase de renacionalización de las aguas comunitarias en contra del principio de igualdad de acceso de los barcos de pesca a todos los recursos de la Unión Europea que entrañaría, además, un riesgo añadido, el eventual incremento, en un futuro, de esa área restringida si se adopta como excepción permanente. 
Los europeos, señora Presidenta, en general, y las gentes del mar, en particular, no entenderán que no se comunitaricen las aguas, por qué esta restricción, -excepción al principio de libre acceso -, por qué no se comunitariza en este sector y sí en los demás. 
Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico debe descartarse para siempre el establecimiento de una excepción permanente. 
Quiero llevar al ánimo de los colegas la necesidad de votar contra el considerando K y contra la enmienda 23, que, en mi modesta opinión, son contrarios al Derecho comunitario y al sentido común europeo. 
Señora Presidenta, gracias por alargar el debate para darme la oportunidad de llegar y participar. 
Hoy he tardado 16 horas en llegar a Estrasburgo. 
Hace dos semanas, llegué a Hobart en Tasmania en menos tiempo de lo que se tarda en llegar a Estrasburgo. 
Cuando me han comunicado que el motivo del retraso ha sido en parte debido a que había renos corriendo por la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Estrasburgo, me ha parecido totalmente increíble. 
En primer lugar, tengo entendido que durante el debate se ha expresado una gran preocupación por el naufragio del Prestige en las costas de Galicia. 
En vista de ello, espero que mis colegas estén de acuerdo conmigo en que deberíamos exigir a la Comisión y a las instituciones de la UE que den los pasos necesarios para ayudar a Galicia a hacer frente a este horrible problema. 
Hoy los periódicos en Escocia la estaban llamando «Costa de la muerte» , y decían que ya se han vertido 3 000 toneladas de fuel. 
Creo que el petrolero transportaba 70 000 toneladas. La idea de un vertido de esta envergadura resulta absolutamente horrorosa. 
Ya han escuchado cómo el Sr. Parish ha expresado su rabia en este debate que nos ocupa. 
Asimismo, han escuchado al Sr. Hudghton manifestar su enfado desde una perspectiva escocesa. 
Una parte de este debate se ocupa de la «guía» de la Comisión. 
Quiero comenzar diciendo que el reciente informe científico del ICES, que recomienda el cierre total del sector del pescado blanco en el Reino Unido e Irlanda, señala el hecho de que tener un documento «guía» resulta superfluo. 
Por lo que a la política pesquera común se refiere, nos encontramos en un camino que no lleva a ninguna parte. 
¿Qué sentido tiene debatir esta noche una futura política pesquera común si los pescadores británicos e irlandeses no tienen futuro? 
¿Qué sentido tiene discutir planes de gestión plurianuales si las cuotas en el Mar del Norte, el oeste de Escocia, el Mar de Irlanda y el Kattegat se van a eliminar al menos durante los próximos cinco años? 
¡Menuda acusación contra la política pesquera común! 
Resulta penoso que, tras veinte años de fracaso de las políticas pesqueras, ahora estemos considerando la destrucción de una industria tan antigua como la humanidad. 
En nombre de la conservación, nuestros pescadores se han visto obligados a devolver al mar millones de toneladas de pescado de primera clase para cumplir el lunático mecanismo de las cuotas. 
En nombre de la conservación nuestros pescadores han sufrido bloqueos, paros forzosos, cierres de emergencia, pérdidas de empleo y descenso de sus salarios. Ahora, el mensaje de los científicos es que todo lo que aconsejaron en el pasado ha fracasado: las medidas de conservación, los aumentos del tamaño de las redes, las puertas de malla cuadrada que permiten que los bacalaos juveniles se escapen, los cierres de emergencia de los lugares de desove de los bacalaos, las 40 000 millas cuadradas del Mar del Norte cerradas durante 12 semanas el año pasado sin un céntimo de indemnización pagado a los pescadores, los tres años consecutivos de prohibición de pesca del bacalao en el Mar de Irlanda y el desguace masivo de 100 buques demersales de la flota escocesa. 
Parece que todas las medidas recomendadas por los científicos y ordenadas por la Comisión han fracasado. 
Es increíble. 
No hay lugar en la política pesquera común para nuestro documento «guía» si 20 000 pescadores, procesadores de pescado y trabajadores portuarios se enfrentan al cierre de su industria y a la pérdida de sus trabajos. 
No hay justificación para el cierre de todo el sector del pescado blanco. 
El pasado año se capturaron setecientas mil toneladas de bacalao en el noreste del Atlántico. 
No me parece que sea una especie al borde del colapso. 
Alrededor de las Islas Faroe e Islandia, donde no aplican la PPC, se capturan cientos de miles de bacalaos grandes. 
Si el bacalao ha emigrado hacia el norte debido al calentamiento global, la contaminación o el impulso de la corriente del Atlántico Norte, ningún tipo de medidas draconianas lo hará regresar. 
Es cierto que el bacalao se ha marchado de la zona central del Mar del Norte. 
Nadie lo discute. 
Pero lo ha reemplazado el langostino, que constituye una de las principales pesquerías alrededor de las Islas Británicas. 
Sabemos que el bacalao es uno de los principales depredadores del langostino, así que no es sorprendente que cuando el bacalao disminuye, el número de langostinos aumente. 
Sin embargo, también es cierto que los langostinos se alimentan de larvas de bacalao, así que una vez que el bacalao se ha marchado quizá no regresen. 
Esto ha ocurrido en Canadá. 
No puedo aceptar que la posible recuperación de las reservas de bacalao sirva de pretexto para el sacrificio de la pesca del langostino, el eglefino, la pescadilla, la platija y el pez plano. 
Tampoco acepto que no haya suficientes fondos en el presupuesto para cubrir ni siquiera una mínima parte de los costes del probable impacto socioeconómico que conlleva esta propuesta catastrófica. 
Por lo tanto, no tiene sentido discutir un documento «guía» esta noche. 
Gracias, Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Señora Presidenta, Comisario, en mi opinión, e imagino que en la opinión de la mayoría de la comisión, los dos informes que debatimos esta noche se han preparado con demasiada precipitación. No están a la altura de las tradiciones jurídicas de Europa y de sus Estados miembros. 
Se centran en particular en la aproximación de las diferentes legislaciones sobre el decomiso de bienes y productos procedentes del delito. 
Se refieren a la posibilidad de ampliar los poderes de decomiso. O dicho de otro modo, a la posibilidad de decomisar no sólo los productos procedentes del delito mismo, sino también los bienes de la persona condenada a cumplir una pena prolongada de privación de libertad que no pueda probar la procedencia legítima de sus bienes. 
Comisario Vitorino, la comisión ha suprimido esta parte del informe y, por lo tanto, ahora sólo se pueden decomisar los productos procedentes del delito. 
Sin embargo, la Comunidad Europea no necesita una Decisión marco para alcanzar este objetivo, porque la legislación de casi todos los países estipula el decomiso obligatorio de los productos procedentes del delito o, al menos, lo posibilita. 
Con vistas a resolver las dificultades de la comisión en la inversión de la carga de la prueba, he sugerido, mediante una enmienda que recuerda a la legislación italiana en esta materia- la enmienda 11, que modifica el apartado 1 del artículo 3 -, la posibilidad de decomisar los bienes adicionales- bienes sujetos a amplios poderes de decomiso- sólo cuando la acusación haya probado una desproporción entre los bienes poseídos y la actividad ejercida o la renta declarada a efectos fiscales. 
La persona condenada tendrá la oportunidad de demostrar la procedencia legítima de sus bienes. 
Por consiguiente, se han matizado las disposiciones, pero no se ha invertido la carga de la prueba. 
La comisión estaba desconcertada, sorprendida y confundida y, en consecuencia, ha rechazado mi enmienda. 
En consecuencia, pido a la Cámara que la apruebe, porque es la única manera que tenemos de incluir en la legislación los amplios poderes de decomiso, que son uno de los objetivos de la propuesta y, a mi juicio, una herramienta útil para combatir la delincuencia organizada. 
Está basada en un doble principio: la acusación tiene que demostrar que los bienes de la persona condenada son desproporcionados. Dicho de otro modo, tiene que demostrar que el valor de los bienes de la persona condenada sobrepasa la actividad ejercida y su renta, mientras que la persona condenada tiene la posibilidad de demostrar que estos bienes son de procedencia legítima. 
Sin embargo, si el informe se conserva en la forma aprobada por la comisión será totalmente inútil, porque los países europeos ya disponen de una legislación similar y no necesitan una Decisión marco del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, Comisario, a diferencia de nuestro estimado ponente- cuyo enfoque básico, sin embargo, aprecio- estoy convencido de que nuestro trabajo no resulta superfluo ni inútil. 
Es un llamamiento valioso para todos los Estados miembros, que tienen que armonizar su legislación o, en cualquier caso, cooperar en el ámbito de la justicia así como en el delicado ámbito del decomiso de los productos y bienes procedentes del delito. 
No cabe duda de que se trata de un valioso instrumento porque, como sabemos por experiencia, acabará con las fuentes de financiación que apoyan a la delincuencia organizada, en particular a la delincuencia organizada internacional. 
En el centro de esta lucha está la lucha contra lo que conocemos como blanqueo de dinero entre las organizaciones internacionales, que hoy no conoce fronteras ni en Europa ni en el resto del mundo. 
Quisiera recordarles una frase del inolvidable juez italiano Giovanni Falcone, relacionada con este asunto. Como recordarán, fue asesinado por la Mafia. 
Hace diez años, en una audiencia dijo: «la Mafia no ha esperado hasta la realización del mercado interior para internacionalizar su actividad». 
Por esta razón, es importante que los que están a cargo de los sistemas jurídicos en los Estados miembros den una respuesta internacional a esta internacionalización de la delincuencia. 
Cabe decir que, tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Europa se han adelantado, elaborando convenios que son un punto de referencia muy valioso para el tema que estamos debatiendo. 
Sin embargo, la base legislativa adecuada es el plan de acción aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en el mes de junio de 1997 y desarrollado por el Consejo Europeo de Viena en diciembre del año 1998. 
Estos planes de acción especifican los procedimientos de aplicación de las medidas internacionales en materia de decomiso, que son claramente un complemento de las diferentes medidas nacionales. 
El Consejo subraya la importancia de que cada Estado miembro- y cito el texto del Consejo- «cuente con una legislación desarrollada y de amplio alcance en materia de confiscación de productos del crimen» y «establezca procedimientos especiales para la detección, la incautación y la confiscación de los productos del crimen». 
Por lo que respecta al debate en comisión sobre el informe del Sr. Di Lello Finuoli, hemos presentado toda una serie de enmiendas que han sido aprobadas por la comisión. 
Nuestro ponente opina que estas enmiendas debilitan el texto original, pero, por supuesto, nosotros creemos que lo refuerzan. 
Quisiera mencionar una en particular: la enmienda que invierte la carga de la prueba y la transfiere de la defensa a la acusación. 
Señora Presidenta, todos somos conscientes de las reservas de mi grupo ante las iniciativas de los Estados miembros relativas a la construcción del espacio judicial europeo. 
El método más eficaz y coherente, en la mayor parte de las materias que lo integran, es la iniciativa de la Comisión, que esperamos sea el método de trabajo por excelencia después del trabajo de la Convención, precisamente porque sólo la Comisión está en condiciones de defender y promover el equilibrio de valores y los principios que no se agotan con la construcción de la seguridad europea, que se aparta del componente arraigado de los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. 
La historia de la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia está hecha de iniciativas aisladas de los Estados miembros, que realizan contribuciones específicas en materia de seguridad según estiman conveniente, a partir de las preocupaciones de sus ciudadanos. 
Por el contrario, asistimos a la desaparición de las iniciativas de la Comisión para una aproximación de la legislación, en la que los esfuerzos para la persecución de la delincuencia se concilien con la protección de los valores individuales. No es culpa de la Comisión, sino el resultado de las diferencias entre los varios Estados miembros. 
Además, si bien no existen pruebas de que el espacio nacional sea el más adecuado para combatir la delincuencia organizada internacional, tampoco se podrá probar nunca que las libertades se protegen mejor dentro del restringido marco de las fronteras nacionales. 
Recordemos los motivos de las peticiones de adhesión y los ejemplos de España y Portugal, que entraron a formar parte del marco europeo muy rápidamente y, en consecuencia, se convirtieron en democracias estables y profundamente arraigadas. 
La iniciativa y el informe del Sr. Di Lello Finuoli, que retoman los mecanismos sobre la congelación de bienes y pruebas que yo mismo traté en este Parlamento y que el Consejo todavía no ha aprobado, merecen mejor suerte que la que ha sufrido mi informe. 
Por lo tanto, a pesar del método y de algunos pormenores con los que estamos en relativo desacuerdo, votaremos a favor de esta iniciativa y de este informe en señal de que el Parlamento continúa apoyando al Consejo de Tampere y a la interpretación sensata y genuinamente europea de la Comisión sobre las promesas hechas en el Consejo Europeo. 
Porque, Señora Presidenta, los electores no quieren que la delincuencia quede impune, en particular la delincuencia internacional, en nombre de la soberanía de cada uno de los Estados miembros. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando al ponente por su trabajo. 
El decomiso de productos procedentes del delito es, como el ponente ha señalado, una herramienta muy eficaz para combatir la delincuencia organizada. 
Yo añadiría que el decomiso de productos procedentes del delito es también una manera muy valiosa de aumentar los fondos de indemnización para las víctimas de la delincuencia organizada, víctimas de crímenes atroces asociados con el terrorismo, la pedofilia, la trata de seres humanos o el tráfico de armas o drogas, víctimas que- conviene señalar- a menudo lo son por partida doble, en primer lugar porque son víctimas de un crimen y, en segundo lugar, porque después no reciben una indemnización suficiente y oportuna por los daños sufridos. 
Por lo tanto, urge la aproximación de la legislación y los procedimientos en esta materia, en especial cuando se trata de actividades criminales que no conocen fronteras. 
Por lo que se refiere a la propuesta del Reino de Dinamarca, estoy de acuerdo con el ponente en que su marco de aplicación debe limitarse a los delitos de la delincuencia organizada. Asimismo, apoyo su propuesta para que la carga de la prueba sobre la procedencia ilegítima de los bienes recaiga sobre la acusación y no sobre la defensa. 
Por último, si bien creo que es importante decomisar los productos procedentes del delito, cuando éstos hayan sido transferidos de manera ficticia al cónyuge, a la pareja o a cualquier otra persona jurídica, la acusación tiene que probar que los bienes del cónyuge, de la pareja o de cualquier otra persona jurídica pertenecen efectivamente a la persona condenada y que, por tanto, las otras personas sólo tienen una titularidad o una disponibilidad ficticia sobre ellos. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar agradeciendo al ponente, Sr. Di Lello Finuoli, su útil y exhaustivo informe sobre las dos iniciativas danesas en materia de decomiso. 
En primer lugar, voy a hablar de la Decisión marco sobre el decomiso de instrumentos y productos del delito. 
Como ya ha dicho el ponente, es esencial que todos los Estados miembros adopten normas para el decomiso en general. 
Sin embargo, el valor adicional de esta iniciativa es que permite amplios poderes para decomisar los bienes de una persona condenada por un delito grave, en especial cuando el condenado está relacionado con la delincuencia organizada. 
Los problemas que plantea esta iniciativa, como ha dicho el ponente, se refieren principalmente al concepto de los poderes amplios de decomiso, que amplía las medidas de decomiso a los bienes no relacionados con el crimen por el que se ha condenado a la persona. Dichas medidas permiten el decomiso de los bienes de una persona condenada si ésta no puede probar su procedencia legítima, y permite el decomiso de los bienes del cónyuge de la persona condenada. 
En mi opinión, debería ser posible romper el lazo entre el delito cometido y los bienes que se confiscan, especialmente si éstos son de procedencia ilegal. 
Sin embargo, el ámbito de aplicación de estas medidas debería restringirse a los delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. 
Además, la relación entre la persona condenada y el tercero no es importante, sino el hecho de que los bienes obtenidos ilegalmente se hayan transferido a un tercero. 
Por tanto, al igual que el ponente, comparto el enfoque general adoptado por la Presidencia danesa. 
Apoyo en especial la enmienda del ponente que introduce el concepto de proporcionalidad, de manera que el decomiso no resulte en una pérdida patrimonial desproporcionada con respecto al delito cometido. Asimismo, apoyo la enmienda que restringe el ámbito de aplicación de los poderes amplios de decomiso a la delincuencia organizada. 
Tengo algunas dudas respecto de la enmienda mencionada por el ponente, que exige a los Estados miembros la exclusión en su legislación de la inversión de la carga de la prueba. 
Sinceramente, no me parece necesario incluir tal disposición en este instrumento específico en materia de decomiso, porque podría interpretarse como opuesto al principio de subsidiariedad. 
La iniciativa danesa prevé una cierta flexibilidad en relación con la carga de la prueba. 
Como ha mencionado el Sr. Di Lello Finuoli, tenemos que encontrar un equilibrio entre la lucha contra la delincuencia organizada por una parte, y el respeto de los derechos fundamentales del acusado por otra. 
Por lo tanto, no es necesario invertir la carga de la prueba. 
Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que la persona condenada en conexión con la delincuencia organizada que no pueda justificar su nivel de vida tendrá que enfrentarse al decomiso de sus bienes, a menos que pueda demostrar su procedencia legítima. 
Como acaba de decir el Sr. Marinho, la segunda iniciativa danesa para la adopción de una Decisión marco sobre la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea se refiere al reconocimiento mutuo y la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea. 
Está íntimamente relacionada con la iniciativa propuesta sobre congelación y decomiso de bienes, de la cual era ponente el Sr. Marinho, y la Comisión tiene la intención de mantener la coherencia entre las dos iniciativas. 
Algunos de los temas tratados en la segunda iniciativa en relación con la Decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de sanciones financieras se están debatiendo en el Consejo en este momento. 
En consecuencia, nos alegra que el ponente comparta la opinión de la Comisión sobre esta Decisión marco. 
La mayoría de sus enmiendas tienen por objeto asegurar que las decisiones se reconozcan sólo cuando las adopten los jueces. 
Compartimos la opinión de que es importante aclarar la posición de la autoridad de emisión. 
Como usted ya ha mencionado, el texto inicial resultaba confuso para las autoridades judiciales, los tribunales y los jueces. 
Tiene que ratificarse. 
Estamos de acuerdo en que las decisiones adoptadas tanto por los magistrados encargados de la investigación como por los fiscales no deberían ser competencia de estos órganos. 
Asimismo, el ponente sugiere que el Estado de emisión no pueda imponer una pena privativa de libertad como alternativa al decomiso. 
Aunque estamos de acuerdo con esta enmienda, nos parece que este asunto debería tratarse en la primera Decisión marco sobre la aproximación de las normas nacionales sobre decomiso. 
Quisiera concluir agradeciendo al ponente y a la Cámara su paciencia durante este debate de última hora. 
Gracias, Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.09 horas) 
Señor Presidente, yo tendría que haber intervenido en el debate de ayer sobre los medios de comunicación pero, lamentablemente, los problemas que tuve para llegar a Estrasburgo me impidieron aprovechar mi tiempo de uso de la palabra. 
Simplemente quiero decir que, procediendo del Reino Unido- conocido por sus nieblas, por no hablar de sus smogs- no puedo criticar de ningún modo el clima de Estrasburgo. 
De hecho, quisiera felicitar y dar las gracias al personal del aeropuerto por anteponer la seguridad sobre cualquier otra consideración. 
Sólo quiero disculparme ante la Presidencia y ante esta Cámara por no haber podido aprovechar mi tiempo de uso de la palabra. 
Había salido de casa a las 6 de la madrugada para tratar por todos los medios de estar aquí presente. 
Además de sus comentarios, que constarán en acta, les recuerdo que tienen la posibilidad, según establece el apartado 7 del artículo 120 del Reglamento, de presentar una declaración por escrito que se incorporará al Acta literal del debate en cuestión. 
(El Acta de la sesión anterior queda aprobada) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0371/2002) del Sr. Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe de los progresos en la vía de la adhesión (COM (2002) 700- C5-0474/2002- 2002/2160 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, puesto que esta mañana hemos tenido muy presente la dimensión histórica, me gustaría empezar refiriéndome al gran esfuerzo realizado por los países candidatos para completar el proceso de transformación. 
Creo que muchos de estos países han demostrado valentía política al estar dispuestos a recurrir a medidas impopulares pero necesarias para reformar sus sistemas políticos, económicos y sociales. 
Estas medidas se habrían tenido que adoptar, de todos modos, en sectores muy amplios, pero han estado también vinculadas al ingreso en la Unión Europea. 
Creo que nuestra propia labor política puede salir ganando con este coraje político y esta capacidad de repercusión. 
Al mismo tiempo, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que han participado en las negociaciones- el Consejo, la Comisión en particular y los países candidatos -, que han realizado en los últimos años un trabajo de una magnitud incalculable para conducir lentamente esta empresa hacia un desenlace positivo. 
No obstante, debemos tener claro que siguen existiendo algunas cosas en este proceso que han de ponerse en orden. 
Por ejemplo, quedan aún algunas cuestiones de peso por resolverse antes de Copenhague o que seguirán exigiendo algunos ajustes en el proceso subsiguiente. 
Con esto me refiero no sólo al cumplimiento de las disposiciones transitorias, que por supuesto deben tener una limitación de tiempo, sino también a las cuestiones que planteamos en nuestros informes y que están relacionadas con las insuficiencias de las administraciones y de los sistemas de justicia, así como con los derechos de las minorías, la corrupción y el tráfico de seres humanos. 
Éstos son ejemplos de problemas que debemos abordar con decisión antes de que la ampliación tenga lugar. 
Pienso, por consiguiente, que la Comisión está tomando la dirección adecuada al concentrar las ayudas de preadhesión en estos ámbitos, para crear así las condiciones necesarias antes de mayo de 2004. 
Estoy de acuerdo con ustedes en que todavía nos queda mucho por hacer, incluso después de que todas las partes hayan resuelto estas cuestiones. 
Quienes formamos parte de este Parlamento estamos dispuestos a aportar nuestro grano de arena mediante el respeto al calendario establecido. 
Fue esta Cámara la que decidió que la ampliación debía seguir adelante para que los países candidatos pudieran participar en las elecciones europeas de 2004, fijando así una fecha que los demás han adoptado. 
Cuando se haya implantado el tratado de adhesión, que tiene una extensión de unas 6 000 páginas, queremos tener la seguridad de que podremos tomar una decisión a principios de abril, como muy tarde, para que pueda cumplirse la fecha prevista para la firma y, por tanto, podamos ajustarnos al calendario, según el cual la ratificación tendría lugar a mediados del año 2004. 
Existen una serie de cuestiones muy concretas que habrán de abordarse durante las negociaciones. 
Me refiero a los fondos estructurales y a la agricultura. 
Quisiera insistir de nuevo en que confío en la prudencia de todos los que participan en las negociaciones, y en que éstas se lleven a cabo de modo que sea creíble presentar su resultado como un éxito, evitando así que terminemos frustrados, en uno u otro referéndum, por cuestiones que son trivialidades, en comparación con la dimensión histórica. 
Creo que no debemos perder esto de vista y que hemos de ser plenamente conscientes de nuestras responsabilidades, teniendo en cuenta además que se nos pedirá más apoyo en las próximas semanas. 
Esto significa también que debemos considerar seriamente si, por ejemplo, queremos inyectar una cantidad desproporcionada de fondos- una suma que no va a aumentar antes de 2006- en forma de ayudas directas, o si no sería mejor adoptar un enfoque macroeconómico y destinar esos fondos al desarrollo rural en su conjunto. 
Ésta es simplemente una cuestión que planteo aquí en beneficio de estos países. 
Estoy convencido de que también conseguiremos resolver el problema de Kaliningrado. 
Espero que se ponga fin a toda la controversia que ha rodeado a las negociaciones y que la Comisión y el Consejo puedan explicar en breve y en términos categóricos lo que entienden por «travel document light». 
Lo único que está claro es la postura del Parlamento Europeo: tenemos que tender puentes hacia Rusia, pero dejando claro que Lituania se convertirá, sin reservas, en Estado miembro de la Unión Europea, que tenemos en cuenta los intereses de este pequeño estado soberano y que no aceptaremos ninguna solución que impida, obstaculice o retrase el ingreso de Lituania en el sistema de Schengen. 
Creo que éste es un asunto importante para las próximas semanas. 
Espero que los resultados de las negociaciones previas sirvan como base para que todo transcurra sin problemas. 
Quisiera también dejar claro que los dos países con los que todavía no se vislumbra el final de las negociaciones tienen que ser capaces de confiar en que nosotros- si concluyen las negociaciones y cumplen los requisitos- no les vamos a aplicar un nuevo veto ni les vamos a poner una nueva excusa para cerrarles la puerta. 
Esto debería servir también para tranquilizar a países como Bulgaria y Rumania. 
Espero que el problema de Chipre pueda resolverse sobre la base de la propuesta de Kofi Annan, que en mi opinión constituye un importante avance en términos de las relaciones internas y externas de la Unión Europea y también de la consolidación de la paz en el Mediterráneo, independientemente de la adhesión y la ampliación de la UE, pero en relación con ella. 
Creo, sin embargo, que el logro de un objetivo tan evidente como éste no debe conllevar la renuncia a los criterios políticos de Copenhague para conseguir un equilibrio político. 
Después de Copenhague, la opinión pública se dará cuenta de que hemos dado un primer paso en serio con diez países, y se iniciará un amplio debate en los actuales Estados miembros de la Unión Europea sobre lo lejos que debemos llegar. 
Entonces sólo podremos esgrimir un argumento convincente si reiteramos que cualquier futura ampliación de la Unión Europea tendrá que basarse en el pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague, tanto los políticos como los económicos. 
Pienso que la credibilidad de todo el proceso depende de ello. 
Para evitar cualquier malentendido quiero decirles que, si Turquía cumple estas condiciones, que actualmente consisten en la observancia de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y si eso forma parte integral de una reforma política en Turquía mediante la que las fuerzas armadas dejen de detentar un papel político y se establezca plenamente el Estado de Derecho, entonces Turquía habrá experimentado un profundo cambio y tendremos que reconsiderar con buena predisposición su posible ingreso en la UE. 
No sé si lo conseguirá, pero nosotros debemos darle una oportunidad. 
Por eso son tan cruciales aquí los criterios políticos. 
(Aplausos) 
. 
(DA) Señor Presidente, nos estamos acercando ya a la fecha crucial. 
Dentro de 23 días, en Copenhague, esperamos concluir las negociaciones de adhesión con 10 países candidatos, impulsar las negociaciones con Bulgaria y Rumania y tomar alguna decisión sobre la siguiente fase de la candidatura de Turquía. 
De esta forma, nos acercaremos al objetivo que nos hemos marcado: una Europa única y reunificada. 
Eso es algo que hoy hemos anticipado. 
Hemos realizado una prueba y de ella se desprende que la existencia de un Parlamento de mayor tamaño, con la presencia de diputados de 27 países, es perfectamente posible, al igual que la tarea de traducir a 23 lenguas, como ya se ha hecho. 
Muchas personas que se mostraron escépticas deben ahora reconocer que estas cosas son perfectamente posibles. 
Esta mañana hemos vivido un acontecimiento histórico, y creo que el Parlamento se merece un aplauso por habernos enseñado en qué estaremos todos embarcados dentro de un año y medio, además de demostrarnos que el proceso es factible y contribuir así a que todo el proceso sea irrevocable, sin que pueda haber marcha atrás. 
No obstante, ayer fue también un día histórico en otro sentido. 
Ayer se celebró, por primera vez, una reunión ministerial en Bruselas con la participación de los 25 Estados miembros. 
Fue, por supuesto, una reunión informal. 
Tuvo lugar justo antes de la reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Generales, y lo que decidimos fue, por supuesto, lo que habíamos hablado ya con los nuevos Estados miembros. 
Acordamos, por ejemplo, que los nuevos países miembros deberían ingresar el 1 de mayo de 2004. 
Esta fecha dejará tiempo para la ratificación del tratado de adhesión y, al mismo tiempo, permitirá a los nuevos Estados miembros participar en igualdad de condiciones en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Se acordó también que los países candidatos podrán tener sus propios Comisarios en la actual Comisión desde la fecha de su adhesión, que será el 1 de mayo de 2004. 
Lo anterior presupone, naturalmente, que se llegará a un acuerdo con este Parlamento para que 10 Comisarios puedan acceder sin carteras y, presumiblemente, sin la aprobación del Parlamento, especificándose sin embargo que cuando se designe a la nueva Comisión, presumiblemente el 1 de noviembre, todos los Comisarios tendrán que ser aprobados, como siempre, por el Parlamento, que para entonces habrá sido elegido de nuevo. 
Debemos expresar, en especial, nuestro agradecimiento, así como demostrar nuestro respeto, por las contribuciones de los países candidatos. 
Han realizado un trabajo impresionante para cumplir todos los criterios que les hemos impuesto. 
Tal y como yo lo veo, ése es también el mensaje del informe que estamos debatiendo hoy aquí. 
Los criterios de Copenhague han constituido la base para evaluar las reformas políticas y económicas en estos países. 
Se han efectuado reformas radicales. 
Se han creado estructuras democráticas. 
Se ha introducido legislación para proteger los derechos humanos y se ha realizado un gran avance en lo que se refiere a las minorías. 
En la esfera económica, se ha llevado a cabo una transición admirable de la economía planificada del pasado a una economía de mercado. 
Se han liberalizado los mecanismos de formación de los precios, se han realizado privatizaciones y se ha emprendido una reestructuración completa de la industria, de la agricultura y del sector financiero. 
La administración pública se ha reformado para que pueda implantarse el acervo comunitario. 
Si consideramos el esfuerzo que han hecho en todos y cada uno de estos ámbitos, no podemos más que admirar a los países candidatos. 
Por eso no podemos defraudar sus tan justificadas expectativas de convertirse dentro de poco en miembros de pleno derecho. 
Este impresionante avance se describe en el Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los progresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión, presentado el 9 de octubre, que examina a los 10 países, y el que la Comisión declara que todos ellos están preparados para avanzar en el proceso de adhesión. 
Con todo, antes de convertirse en Estados miembros, es evidente que tienen que realizar otros esfuerzos. 
La Comisión no ha manifestado que el trabajo haya concluido y que estos países estén ya preparados: ha afirmado que pueden estar preparados a tiempo. 
En respuesta a los informes de la Comisión sobre los progresos en la vía de la adhesión, los países candidatos han dejado claro que intensificarán sus esfuerzos en los ámbitos apuntados por la Comisión, esfuerzos que se apoyarán con fondos de la UE. 
Queda todavía trabajo por realizar en las negociaciones de adhesión. 
El Consejo Europeo de Bruselas adoptó una serie de decisiones importantes referentes a cuestiones financieras pendientes. 
Actualmente se están celebrando intensas negociaciones con los países candidatos sobre estos asuntos. 
Además, está claro que para que el proceso culmine con éxito se necesita el esfuerzo y el compromiso de todas las partes implicadas, es decir, de los Estados miembros actuales y futuros. 
Todos somos conscientes de que se ha creado un cierto marco económico, pero existe lógicamente espacio para la negociación dentro de este marco. 
La conclusión de las negociaciones en Copenhague dentro de 23 días representará un avance muy importante, que continuará con el trabajo de preparación, firma y ratificación. 
El Parlamento tendrá que dar su visto bueno antes de que pueda firmarse el tratado, y el deseo expresado por el Parlamento de aprobar el tratado lo antes posible demuestra, una vez más, el papel de esta Cámara como fuerza motriz para acelerar el proceso de la ampliación. 
El Consejo Europeo de Copenhague no se limitará sólo a los 10 países implicados. 
En él tendrán que adoptarse también decisiones importantes sobre Bulgaria y Rumania, países a los que todavía les queda mucho camino por recorrer. 
En Bruselas se manifestó claramente el apoyo a los esfuerzos que están realizando estos países con vistas a su adhesión para el año 2007. 
En respuesta a las conclusiones de Bruselas, el Consejo Europeo de Copenhague tendrá que tomar decisiones referentes a calendarios detallados, incluyendo fechas y un aumento de las ayudas de preadhesión, para que el proceso de adhesión de estos países pueda avanzar. 
Las decisiones tomadas en Copenhague servirán, por tanto, para reforzar las perspectivas de adhesión de Bulgaria y Rumania. 
Con respecto a Turquía, la Comisión ha concluido que, desde el último informe de situación, se han realizado grandes avances en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. 
Ésa es una dirección satisfactoria que ha de mantenerse. 
Los cambios habidos en Turquía en el último año demuestran que la decisión tomada en Helsinki en 1999, cuando se le concedió a Turquía el estatuto de país candidato, fue acertada. 
Al mismo tiempo, se hace constar que todavía les queda trabajo por realizar para cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
Para reforzar sus perspectivas de adhesión, la Comisión instó a Turquía a que aprobara nuevas reformas y pusiera en práctica las que ya había aprobado. 
En vista de las conclusiones de Sevilla, el Consejo Europeo de Copenhague será el momento crucial en las relaciones entre la UE y Turquía. 
Por eso es importante mantener todas las puertas abiertas en este período previo a la decisión que se adoptará dentro de 23 días en Copenhague. 
Quiero concluir agradeciendo al Parlamento su apoyo firme e incondicional a la ampliación, expresado esta mañana y reflejado en el informe presentado. Dicho apoyo quedará también reflejado en el próximo debate. 
El Parlamento ha participado en la creación del telón de fondo sobre el que se celebrará todo el debate sobre la ampliación. 
El apoyo de los eurodiputados y de los ciudadanos es fundamental para el proceso de ampliación. 
Debemos asegurarnos de que este apoyo se mantenga creando el marco para un debate profundo y sereno sobre la ampliación, tanto en nuestros propios países como en los nuevos Estados miembros. 
Los debates sobre la ampliación en el Parlamento Europeo tienen mucha importancia. 
En el transcurso de ellos se envían señales a los ciudadanos europeos sobre la importancia de las decisiones que tenemos que tomar. 
Por eso, quisiera agradecer de nuevo al Parlamento y al Presidente personalmente, y también al Comisario Verheugen, el arduo trabajo que han realizado las instituciones de la Unión Europea desde distintos frentes. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría, en primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Brok y a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por el informe que han presentado y que demuestra que el asunto que estamos tratando se ha analizado en profundidad. 
Quisiera expresar también mi gratitud por la excelente cooperación que hemos mantenido a lo largo de los años. 
Es algo parecido al sentimiento de antes de Navidad, precisamente la época del año en la que nos encontramos ahora, cuando uno sabe que está haciendo algo por última vez, y ésta es probablemente la última vez que podré agradecer a la Comisión de Asuntos Exteriores su cooperación, por lo menos en lo que se refiere al gran paquete de la ampliación. 
Quisiera incluir en este agradecimiento al Parlamento en su conjunto y, en particular, a su Presidente, Pat Cox. 
Pienso que la iniciativa que ha propuesto hoy el Parlamento es realmente propia de un Parlamento Europeo y demuestra que los representantes de los ciudadanos europeos en esta Cámara no consideran la ampliación como un proceso técnico, sino más bien como un elemento crucial para lograr la unidad política de nuestro continente. 
Hoy ha quedado claro asimismo que este proceso de ampliación tiene también, si me permiten decirlo así, un alma. 
Hay que decir que el año 2002 fue una carrera de obstáculos. 
Si se me permite un pequeño recuerdo, algunos de los problemas a los que nos enfrentamos a principios de este año y algunos acontecimientos de los que hemos sido testigos han sido la adquisición de suelo en Polonia, el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina, los decretos Benes en la República Checa, las elecciones en Eslovaquia, el referéndum irlandés, el problema de Kaliningrado y, finalmente, el paquete financiero. 
Realmente hemos ido de obstáculo en obstáculo, pero hemos sido capaces de superar todos ellos. 
Sólo queda ante nosotros un obstáculo, y es el acuerdo sobre el paquete final de negociación. 
Ayer, el Consejo de Asuntos Generales encomendó a la Presidencia y a la Comisión un mandato claro, y le dio la flexibilidad y los poderes necesarios para iniciar conversaciones sustantivas e inmediatas con los países candidatos, lo que supondrá que habrá que presentarles paquetes finales a la medida de cada uno de estos países. 
No habrá un único paquete de propuestas aplicable a todos ellos, sino que trataremos de llegar a un punto intermedio y prestar atención suficiente a los problemas de cada país que todavía están sobre la mesa. 
Podemos hacerlo así porque mantuvimos dos rondas de extensas conservaciones con los países candidatos inmediatamente después de la reunión en Bruselas del Consejo Europeo, durante las que los países candidatos trataron de poner sobre la mesa todo lo que aún no se había decidido. 
He informado ya sobre esto a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Quedan todavía numerosas cuestiones bilaterales que tendrán que resolverse directamente con los países afectados. 
Algunas de estas cuestiones son extraordinariamente problemáticas, como por ejemplo todo el problema de los polacos y los húngaros con la competencia; otras son extrañas y especiales, pero tienen que tenerse en cuenta, dadas las circunstancias, ya que pueden influir- de manera notable, además- en la opinión pública. 
Por otro lado, esta ronda de conservaciones nos ha enseñado que las cuestiones horizontales se ven bajo el mismo prisma en todas partes. 
Aquí estamos tratando con asuntos familiares, que se resumen básicamente en cuatro, todo ellos estrechamente relacionados entre sí. 
En el capítulo presupuestario, existe un problema de liquidez, especialmente durante el primer año. 
Existe también el problema de la presión que el paquete financiero en su conjunto impondrá a los presupuestos de los países candidatos en 2004, 2005 y 2006. 
Permítanme que les aclare lo que quiero decir: las normas que rigen la disponibilidad de los fondos europeos constituyen claramente una imposición a los presupuestos de estos países. 
En uno u otro caso, dicha imposición determina la necesidad de realizar importantes recortes en ámbitos en los que estoy seguro de que nadie en esta Cámara es partidario. 
No obstante, el país no tiene otra posibilidad si quiere hacer pleno uso de los fondos disponibles. 
Estamos tratando de encontrar una forma de evitar este tipo de problemas con los presupuestos. 
Por una parte, el Consejo de Bruselas, al igual que el Consejo de Asuntos Generales de ayer, ha vuelto a confirmar los límites dentro de los que tenemos que actuar, pero permitiendo un cierto grado de flexibilidad, y quisiera explicar lo que supone esa flexibilidad. 
Hay que admitir, por ejemplo, que el Consejo sí dijo que reduciríamos los Fondos Estructurales y de Cohesión en 2 500 millones de euros (por cierto, les recuerdo que contó con el respaldo de la Comisión, porque también nosotros habíamos llegado a la conclusión de que sería muy difícil incorporar plenamente estos fondos al programa durante los tres años) , pero no modificó el límite superior de gasto decidido en Berlín. 
De nuestra insistencia en la necesidad de respetar escrupulosamente el marco de Berlín y en que las decisiones tomadas en Bruselas tampoco pueden alterarse se deduce que existe un cierto espacio de maniobra. 
Analizando a fondo lo que el compromiso franco-alemán, que obtuvo el respaldo del Consejo, dijo sobre los pagos directos, se constata que sólo se verán afectados los pagos directos realizados a partir del tercer año- en el año 2006, cuando alcancen el 35% -según se decidió en Bruselas. 
El gasto agrícola se quiere fijar en el nivel de 2006. 
No se menciona el año 2005 ni el año 2004. 
Quiero utilizar estos dos ejemplos para demostrar que tenemos razón cuando decimos que lo que se está discutiendo no es una oferta que sólo pueda aceptarse en su totalidad o rechazarse. 
Por el contrario, deja un espacio considerable para la flexibilidad en las negociaciones. 
Cuando concluya la cumbre de Copenhague, los países candidatos tendrán que hacer lo que les exijan los informes de la Comisión de Asuntos Exteriores, es decir, concentrarse, con nuestra ayuda, en las deficiencias y los puntos débiles identificados. 
Volveremos a informar minuciosamente de los resultados de estos esfuerzos. 
Ahora que se ha fijado el 1 de mayo de 2004 como la fecha para las adhesiones, este informe final será remitido al Consejo y al Parlamento el 1 de noviembre, y casi seguro el 31 de noviembre de 2003, creando así otra oportunidad para volver a insistir en la necesidad de que cumplan de verdad los compromisos que hayan contraído. 
En lo que respecta a Bulgaria y Rumania, el Consejo de ayer adoptó la propuesta de la Comisión de desarrollar más a fondo la estrategia de preadhesión de estos dos países, que se aplicará a cada país por separado, de manera que no haya una estrategia común, sino una para Bulgaria y otra para Rumania. 
Existe una diferencia respecto a los calendarios anteriores de las negociaciones, puesto que antes especificábamos siempre las fechas para la adopción de decisiones específicas relacionadas con las negociaciones. 
Eso ha dejado de ser ya necesario, porque ya se han abierto casi todos los capítulos de estas negociaciones. 
Estamos ahora fijando objetivos a corto y medio plazo, así como objetivos referidos a la fecha de adhesión, que todos los países deberían alcanzar antes de una cierta fecha para que pueda avanzar la adhesión, prevista para 2007. 
Después de ello, es decir, después de Copenhague- como se dijo en esta Cámara esta mañana -, les tocará el turno a los parlamentos, cuando se ponga en marcha el proceso de toma de decisiones políticas. 
No tengo que decir mucho más al respecto en este momento, salvo que la Comisión estará evidentemente a disposición del Parlamento para ayudarle de todas las formas posibles durante los primeros meses de 2003, que serán cruciales. 
Sea cual sea la comisión o el foro que pida asesoramiento a nuestros expertos o que exprese la necesidad de un debate, nos tendrán a su disposición. 
Ésa es, para nosotros, la máxima prioridad para principios del próximo año, y el Presidente Prodi tendrá algo más que decir al respecto cuando suba mañana a este estrado y presente nuestro programa de trabajo. 
Creo que, juntos, el Parlamento y la Comisión podrán sacar adelante esta tarea pese a su extrema dificultad. 
Me gustaría decir ahora algo más sobre Turquía, una cuestión que tendrá también su importancia el año que viene. 
Estoy de acuerdo con todo lo que ha afirmado el Sr. Brok- podría haber sido yo el que hubiera hablado- acerca de que la Turquía que podrá ingresar en la Unión Europea será una Turquía bastante diferente. 
Son precisamente estos cambios los que queremos facilitar por medio del proceso de preadhesión. 
Tengo que decir que no entiendo por qué tenemos que renunciar a una estrategia que ha tenido tanto éxito. 
Fue lo que hicimos en Helsinki, más que nada de lo que le precedió, lo que puso realmente en marcha el proceso de reforma en Turquía. 
En lo que respecta a la fecha, la Comisión ha dejado perfectamente claras cuáles son sus preferencias. 
La Comisión sigue insistiendo en que todos los candidatos reciban el mismo trato, lo que significa que sólo podremos hablar de una fecha para el inicio de las negociaciones cuando se hayan cumplido los criterios políticos, algo que claramente no ha sucedido hasta la fecha. 
Quiero decirles también que esta cuestión la han planteado los turcos de manera bastante unilateral y sin consultar. 
Nunca y en ninguna parte se ha hablado de la posibilidad de fijar una fecha para el inicio de las negociaciones antes de que se hayan cumplido los criterios políticos. 
Ésa es una demanda unilateral por parte de Turquía, y ni la Comisión ni yo estamos dispuestos a aceptar una situación en la que la otra parte aumenta la presión y dice: «Si no ceden a esta presión, provocarán una crisis en sus relaciones con nosotros». 
Ésa no es forma de tratarnos los unos a los otros. 
Esto es algo que quiero dejar absolutamente claro. 
El problema de Chipre está relacionado con lo anterior, y me gustaría decir brevemente algo al respecto: también en este asunto creo que la estrategia de Helsinki está demostrando ser la acertada. 
Sin las conclusiones de Helsinki, no habríamos llegado hasta donde hoy nos encontramos. 
Siempre he opinado que, cuando las cosas cambian en Chipre, lo hacen muy lentamente, lo que significa que hay dos cosas que se deben dejar perfectamente claras en términos políticos: en primer lugar, y con independencia de lo que suceda en los veintitrés días que nos quedan, la decisión sobre las adhesiones, entre ellas la de Chipre, tiene que tomarse en Copenhague. 
No puede retrasarse más, pues es el punto de apoyo y el eje central de toda la estrategia. 
La solución que nosotros queremos es, por supuesto, que la adhesión se base en el acuerdo fundamental sobre el paquete propuesto por Kofi Annan, pero huelga decir que también sería posible tomar las decisiones necesarias en Copenhague para luego continuar con el proceso político con el que pretende llegarse a una solución pacífica en Chipre. 
Es indudable que no se dice que la decisión de Copenhague marcará el final del proceso de paz si no se resuelven estas cuestiones antes de Copenhague. 
Se han planteado toda una serie de cuestiones relacionadas con las propuestas de Naciones Unidas, referidas a la compatibilidad del plan de paz con la legislación de la Comunidad Europea. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar que algunas cosas no son negociables. 
Existen requisitos que han de cumplirse. 
Un Estado miembro debe ser capaz, por ejemplo, de participar en las decisiones que toman nuestras instituciones y debe hablar con una sola voz. 
Tiene que contar con un gobierno central cuyas estructuras sean suficientemente sólidas como para poder concretar y aplicar la legislación comunitaria, además de respetar y defender nuestros valores y principios básicos, que son la democracia, los derechos humanos, la protección de las minorías, etc. 
Las Naciones Unidas saben que esto es una condición sine qua non para nosotros, y después de haber realizado un examen inicial y meticuloso, creo que puedo afirmar que las propuestas cumplen estas condiciones. 
Eso nos plantea una segunda dificultad: lo que se nos pide es una consecuencia del principio de dos zonas y dos comunidades sobre el que se basa la propuesta. 
Lo que se nos pide requiere la adaptación del acervo comunitario. 
No creo necesario abordar estas cuestiones por ahora, pero tendremos que hacerlo cuando nos las planteen aquellos que deseen vivir juntos en este estado en el futuro. 
Pero mientras ellos mismos no expresen su apetencia por este Estado, no creo que tengamos que responder a la pregunta de qué normas de convivencia en dicho Estado son compatibles con el acervo comunitario. 
Lo importante es que no debemos dar a nadie la oportunidad de aludir a la legislación comunitaria para evadir la responsabilidad de tomar la decisión política que ahora tiene que tomarse. 
Se trata de conseguir que, al fin y al cabo, los Estados miembros y los países candidatos acepten el resultado final, de manera que diré claramente que el paquete final para los distintos países candidatos debe acompañarse también de una dosis aceptable de generosidad por nuestra parte. 
No hay lugar aquí para la estrechez de miras. 
Estamos llegando también a un punto en el que simplemente tenemos que decir que estas preocupaciones y estas aspiraciones están justificadas y que, políticamente hablando, no habrá otra forma de explicar a los ciudadanos por qué deben ingresar en la UE. 
En ese caso, tendremos que llegar a un punto intermedio con los países candidatos y dejar claro que en ningún caso habrá miembros de segunda categoría. 
Quisiera agradecer a la Presidencia del Consejo el hecho de haber dejado esto claro en relación con la Conferencia Intergubernamental. 
La Comisión opina lo mismo. 
Una vez concluidas las negociaciones, los países candidatos participarán en igualdad de condiciones en la Conferencia Intergubernamental y, además, desde el momento en que se les dé la salida. 
Lo mismo puede decirse de la Comisión. 
Lo único que quiero decir sobre las salvaguardas y los períodos de transición es que son instrumentos perfectamente normales cuya finalidad es evitarnos sorpresas desagradables. 
No son más que una forma necesaria de controlar los riesgos. 
Considero que el trabajo desarrollado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que concluirá en breve, es una contribución valiosa e importante en la etapa final de estas negociaciones, y me gustaría expresar la esperanza de que, con todo el esfuerzo que estamos realizando, consigamos acelerar el proceso en este tramo final del viaje y podamos llegar puntualmente a su término en Copenhague. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, después de 28 años de conflictos y ocupación, ha surgido un rayo de esperanza para la reunificación pacífica de Chipre. 
Ese rayo de esperanza es lo que ha inspirado la propuesta de resolución que vamos a votar mañana. 
Esperamos que las dos partes, a las que se les está agotando el tiempo y que se están aproximando a la fecha tope, acepten después de Copenhague los puntos básicos contenidos en las sensatas propuestas de Kofi Annan. 
De ser así, la isla reunificada y reconciliada de Chipre podrá ingresar en la Unión Europea. 
Los grecochipriotas han aceptado ya estas propuestas, dentro del plazo establecido por el Secretario General, pero los turcochipriotas siguen sin dar su brazo a torcer. 
Cualquier intervención de un tercero podría todavía destruir el frágil equilibrio del plan de Naciones Unidas. 
Podría haberse destruido, por ejemplo, con la amenaza del Gobierno turco, que insiste en que, aunque se alcance una solución política, Chipre no puede entrar en la Unión Europea antes que Turquía. 
Este tipo de actitud colonialista- dicho sea de pasada- pondría en peligro la independencia y la soberanía de Chipre, confirmadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Acallaría también la opinión de los sindicatos, los partidos de la oposición y la población turcochipriota, el 98% de la cual, según una reciente encuesta, se declara partidaria de la adhesión. 
Puesto que todos los países candidatos están siendo juzgados por sus propios méritos, este tipo de veto? en el caso de que llegue a aplicarse? no merecería más que un profundo rechazo y, en este escenario, el Consejo Europeo de Copenhague tendría la fácil tarea de permitir el ingreso de la República de Chipre en la Unión Europea, en línea con las conclusiones de Helsinki. 
Por desgracia, los turcochipriotas saldrían perdiendo, porque ésta es una oportunidad única en la vida. 
En el mismo sentido, me gustaría también que el Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario Verheugen reiteraran al Parlamento que un posible fracaso del referéndum constitucional en una de las dos partes de la isla no pondrá en peligro la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Pero aún no hemos llegado a este punto y hoy esperamos que, haciendo un último esfuerzo, no perdamos esta oportunidad histórica. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, Señorías, en su discurso introductorio el Sr. Brok ha dicho algo que, básicamente, puede aplicarse a todos los países candidatos, pero también a la República Checa. 
Queda todavía tiempo para ponerse al día en las esferas económica y administrativa. 
No quiero profundizar más en ello, puesto que se trata de cuestiones poco problemáticas que se resolverán en un futuro próximo. 
Les ruego que me permitan centrarme en un punto que tiene una especial importancia: los decretos del Presidente Edward Benes, que hemos debatido ampliamente en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
En nombre de nuestro Grupo, he presentado una enmienda final que me gustaría explicarles ahora. Dice así: «El Parlamento Europeo remite a los dictámenes encargados por el PE y apoya su conclusión común, según la cual los decretos presidenciales no constituyen un obstáculo insalvable para la adhesión de la República Checa, lo que supone que, tras la adhesión del país, todos los ciudadanos de la Unión gozarán de los mismos derechos en el territorio de la República Checa, que se anularán las sentencias en rebeldía y que la Ley nº 115 de 8 de mayo de 1946 no tiene justificación desde el punto de vista de la jurisprudencia moderna» -permítanme que lo repita- «que la Ley nº 115 de 8 de mayo de 1946 no tiene justificación desde el punto de vista de la jurisprudencia moderna; considera que las afirmaciones de principio incluidas en la declaración checo-alemana de 21 de enero de 1997 son una buena base para la reconciliación, que constituye el fundamento moral de la integración europea; considera deseable un gesto político de la parte checa en este sentido». 
Este texto respeta la dignidad de todos los que han sufrido durante las últimas décadas, aunque es importante recordar, una vez más, el devenir de los acontecimientos históricos. 
Primero llegó el dominio nazi, después el territorio checo fue ocupado por Alemania, luego estalló la guerra y más tarde comenzaron las expulsiones. 
Muchísimas personas sufrieron: checos, alemanes de los Sudetes, húngaros, romaníes y otros. 
Pienso que este texto respeta la dignidad de todos ellos, pero respeta también la dignidad de todos los que viven en la República Checa y en la Unión Europea hoy en día, la dignidad de todos los que están vivos pero no tuvieron personalmente nada que ver con estos acontecimientos y que miran hacia delante, porque lo que les preocupa es el presente y el futuro. 
Aparte de ello, este texto no hace demandas ni ejerce presión sobre la República Checa. 
Permítanme que concluya diciendo que, puesto que mi enmienda final hace justicia a todas las partes, les pido que voten mañana a favor de ella, junto con el informe en su totalidad. 
Señor Presidente, como ponente sobre Estonia, me acuerdo de ese inolvidable día, hace ahora nueve años y medio, en que llegué a Estonia por primera vez. 
Ya entonces encontré pruebas palpables de la firme intención de olvidarse del pasado, de mirar hacia delante, de aunar las capacidades personales de los ciudadanos con las posibilidades de la tecnología moderna y de emprender una modernización sin precedentes de la economía y de la administración. 
Es cierto que las drásticas medidas económicas crearon al principio dificultades sociales, pero este tipo de problemas también se han observado en otros países. 
No obstante, creo que la estructura económica de Estonia se ha saneado más que en muchos otros países candidatos. 
Esto nos permite ahora prestar más atención a la cohesión social de la población. 
Aunque ya he empezado a actuar en los ámbitos más problemáticos, me gustaría recordar las palabras del Comisario Verheugen acerca de que tenemos que mostrar algo de generosidad ahora que hemos alcanzado la fase final de las negociaciones. 
Quisiera expresar lo anterior en términos concretos diciendo que la Unión Europea no se va a ver inundada por productos como la leche de Estonia que, de exportarse a algún sitio, iría a Finlandia. 
Hemos visto, no obstante, cómo durante diez años los estonios abandonaron su agricultura a merced de las condiciones del mercado mundial. 
Si hubiéramos hecho eso en la Unión Europea, seguro que habríamos mostrado un especial interés por los que sobrevivieron a ese drástico trato. 
Verdaderamente creo que deberíamos demostrarles a los estonios ese interés. 
Seamos pues generosos con este sector en Estonia. 
Existen otros problemas en ámbitos como la extracción de aceite de ballena, en los que los problemas estructurales se suman a los ambientales, y lo curioso es que precisamente en este sector es donde las minorías están más representadas. 
También en este caso creo que la Unión Europea tendría que participar en las inversiones. 
Pero, en definitiva, lo que quiero decir a nuestros amigos estonios es lo siguiente: «¡Tere tulemast ja kõike head, kallit söbrad eestist! ». 
Como Vicepresidente de la delegación para las relaciones de la UE con Lituania, me gustaría hacer un breve comentario en el sentido de que, cuando celebramos allí la reunión de nuestra Comisión Parlamentaria Mixta la semana pasada, debatimos ampliamente sobre las razones de que no estemos muy contentos con las posibles consecuencias prácticas del acuerdo sobre Kaliningrado. 
Tememos que las autoridades lituanas en particular, pero también los propios viajeros, tengan que soportar algunas cosas técnicamente inadecuadas o impracticables, y esperamos que se puedan encontrar soluciones mejores. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, hace doce años un acontecimiento extraordinario, simbolizado por la caída del muro de Berlín que separaba dos bloques políticos, pero que también dividía a los ciudadanos, constituyó en cierta medida un avance pionero en el proceso de ampliación europea hacia Europa central y oriental. 
Tras esa reunificación, el Consejo Europeo, en su reunión de Copenhague de 1993, decidió integrar en la Unión Europea a los Estados asociados de Europa central y oriental que así lo desearan. 
El Consejo Europeo de Copenhague dejó claro que la adhesión de estos países estaría supeditada al cumplimiento de las obligaciones inherentes a su participación en la Unión. 
Todos sabemos cuáles son esas obligaciones, conocidas también como los criterios de Copenhague, de manera que no es necesario que las mencione aquí expresamente. 
Además de la reunificación alemana, no podemos ignorar otros dos acontecimientos políticos que, aunque carecen del mismo poder simbólico, han adquirido una importancia crucial para el progreso de las siguientes etapas en este proceso de reunificación europea. 
Me refiero, en primer lugar, a la Cumbre de Niza, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos se comprometieron a reformar las instituciones comunitarias, con el fin de garantizar su adaptación a una Europa ampliada con doce nuevos países. 
Todos somos conscientes de que un fracaso en este terreno comprometería el proceso de ampliación durante muchos años. 
Sea cual sea la opinión que podamos tener sobre las soluciones institucionales que se alcanzaron, el hecho es que, desde Niza, los países candidatos han sido por lo menos conscientes de sus posiciones relativas en la Unión y de lo que pueden esperar en el futuro. 
En segundo lugar, me refiero a la Cumbre de Gotemburgo, que puso punto final a la Presidencia sueca. 
En sus conclusiones, los dirigentes europeos afirmaron categóricamente que el proceso de ampliación era irreversible y establecieron por primera vez un plazo- finales de 2002- para concluir las negociaciones con los países candidatos que estuviesen preparados en ese momento, con la finalidad expresa de que estos países pudieran participar como Estados miembros en las elecciones de 2004 al Parlamento Europeo. 
Hoy, a punto de concluir el año 2002 y con el Parlamento Europeo reunido esta mañana por primera vez en sesión plenaria con los representantes de todos los países candidatos, nuestra obligación, y también nuestro deseo, es aplaudir los extraordinarios esfuerzos que han realizado estos países para adaptar sus estructuras políticas, económicas, sociales y judiciales al modelo de la Unión Europea, unos esfuerzos que, por encima de todo, han hecho de este momento un triunfo que les pertenece a ellos y que nosotros debemos reconocer. 
Como ha dicho un diputado húngaro esta mañana, no podemos más que lamentar el hecho de que la dictadura comunista que sojuzgó a estos países durante más de cuarenta años les impidiera participar en esta maravillosa aventura de la integración europea desde sus comienzos. 
No obstante, con estas palabras no quiero decir que ignore los riesgos que conlleva la Unión, unos riesgos que, con la ampliación, aumentarán al unir dos mundos que, por desgracia, se encuentran en etapas muy diferentes de su desarrollo, lo que acentuará las diferencias entre las regiones ricas y las menos prósperas y aumentará la proporción de ciudadanos que habitan en las regiones menos favorecidas. 
Por lo tanto, es de esperar que se planteen cuestiones y se expresen temores, por ejemplo, con respecto a la pérdida de efectividad de las políticas de cohesión regional o con respecto a las dificultades de financiar las políticas estructurales en los ámbitos económico y social. 
Pero es esta Europa, tan llena de retos y dificultades, cuya historia reciente se ha acelerado a la velocidad de la luz y que ha visto cambiar todos sus equilibrios en poco más de media docena de años, la que ha separado a los fuertes de los débiles y a los ganadores de los tímidos y de los resignados a su destino. 
Señor Presidente, uno de los países que se ha distinguido por sus esfuerzos por cumplir los requisitos de la Unión Europea para poder ingresar en ella es Hungría, a cuyos avances y situación actual he tratado de realizar un seguimiento como ponente de este Parlamento. 
Tal como estaba previsto, el último informe periódico de la Comisión sobre Hungría concluyó que, dados los avances realizados en la fecha de su publicación, este país estaría en situación de concluir las negociaciones antes de finales de año y asumir las obligaciones derivadas de la adhesión, de conformidad con el calendario que se había fijado. 
Esto no nos sorprende. 
Hungría ha sido siempre uno de los países candidatos más destacados en lo que se refiere a la dinámica de las negociaciones, y sus logros, especialmente en el terreno económico, se han acogido como de los mejores de la región. 
La economía húngara sigue obteniendo uno de los mejores resultados de la región, y se caracteriza por una de las tasas de crecimiento más altas de Europa, el menor índice de inflación visto en los últimos diez años, una tasa de desempleo relativamente baja y un constante incremento del comercio con la Unión Europea. 
En las resoluciones adoptadas en los últimos dos años, el Parlamento ha elaborado una serie de recomendaciones, encaminadas específicamente a promover reformas en el campo de la integración de la minoría romaní, a reforzar el diálogo social y a aprobar una ley sobre los medios de comunicación, o incluso con respecto al cumplimiento de las normas que rigen los mercados públicos. 
Hoy en día, podemos decir que se han realizado avances en estos y en muchos otros campos, y que los esfuerzos hechos por las autoridades húngaras han sido constantes. 
Para concluir, quisiera decir tan solo que Hungría está en una buena situación para ingresar en la Unión Europea en 2004, aunque tiene que seguir avanzando en sus preparativos para cumplir los compromisos contraídos durante las negociaciones, y que esperamos tener a Hungría entre nosotros en la siguiente legislatura de este Parlamento, con la misma representación parlamentaria que ya disfrutan los actuales Estados miembros con una población equivalente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, estoy muy impresionado por las intervenciones de esta mañana sobre las hazañas históricas de los ciudadanos de los países de Europa central y oriental. 
En aquellos tiempos, fue el ansia de libertad y de democracia lo que hizo que se rompieran los alambres de espinos, que se derribaran muros y que se restaurara la independencia, todo ello con la convicción de que ése era el camino correcto para la integración y la unión de este continente. 
El poderoso deseo de integración en aquella época no permitió a los ciudadanos estimar el coste o considerar quién pagaría la factura, ni mucho menos preguntarse a qué privilegios tendrían que renunciar en este proceso. 
Fue la voluntad colectiva lo que unió a todo el mundo en el deseo de recuperar su libertad. 
Señorías, si ellos hubieran vacilado o dudado no habrían podido alcanzar nunca estas metas. 
Verdaderamente es una pena que lo que hacemos hoy no esté determinado por tal visión política unida a la voluntad política. 
No quiero dar la impresión de que me limito a esquivar los problemas que tenemos sobre la mesa o a pensar que no existen. 
No obstante, para resolver estos problemas debemos establecer prioridades, y para ello hemos de tener en cuenta que de esas prioridades depende la integración de Europa; no debemos hacerles el juego a los bufones populistas ni a sus espectáculos. 
Estoy convencida de que un indicador básico de la integración- y, además, para todos- es el cumplimiento de las reglas básicas de la democracia, la protección de las minorías y el respeto de los derechos humanos. 
Considero importante que los países candidatos no desfallezcan en sus esfuerzos por integrarse en este sentido. 
Esto significará también reforzar sus sistemas administrativos hasta el ámbito local, luchar contra la corrupción, crear ministerios de justicia y un sistema judicial a todos los niveles, dar a todos libre acceso a los tribunales y hacer que sientan que han sido tratados con justicia, porque así podrán percibir los cambios que la Unión Europea ha traído a su país. 
Para Letonia esto significa que incluso después de su adhesión, tiene que tratar de integrar a la minoría rusa y no cejar en sus esfuerzos en el frente financiero, aunque el nuevo Gobierno tendrá dificultades para tomar este tipo de decisiones económicas. 
No obstante, también la Unión Europea tiene la obligación consigo misma de ser capaz de lograr la integración, de tomar decisiones y de adoptar un modelo transparente y democrático, y en este sentido, debo decir que la parte occidental tiene que hacer mejor sus deberes. 
La acusación de incompetencia se refirió al gasto agrícola y también al gasto estructural, y creo que no está justificada. 
Pienso que es importante que el desarrollo rural y regional se convierta en uno de los principales centros de atención. 
Si no tenemos cuidado, son ámbitos en los que los países candidatos terminarán en una situación de dependencia pasiva durante años o incluso décadas. 
Se trata de una cuestión muy importante, y simplemente quiero decir que Bruselas tomó al respecto una decisión equivocada. 
Me ha parecido bien secundar la propuesta del Comisario Verheugen; debemos introducir un mayor elemento de flexibilidad, de manera que puedan destinarse fondos allí donde exista capacidad de absorberlos, asegurando así que el desarrollo estructural avance en estos países. 
Lo mismo pienso sobre los reactores inutilizables. 
Estos reactores serán, después de la ampliación, un problema para todos nosotros, de manera que constituyen otro ámbito en el que considero necesaria la flexibilidad. 
En el caso, por ejemplo, de que Lituania sea incapaz por sí sola de desmantelar la central de Ignalina, habrá que aumentar la financiación considerablemente. 
En vista de que esta central nuclear puede explotar y de que constituye un peligro para todos, quiero que las últimas cosas que hagamos estén encaminadas a lograr la verdadera integración de estos países, en lugar de? 
(El Presidente interrumpe al orador). 
Señor Presidente, Señorías, estamos viviendo uno de los períodos más importantes de la historia europea moderna. 
Todos nosotros, naciones, gobiernos, parlamentos y los que estamos aquí en el Parlamento Europeo, estamos iniciando y escribiendo un nuevo capítulo, con imaginación y realismo, con esperanza y firmeza. 
Y cada país, cada nación, debe sentirse en igualdad de condiciones y segura dentro de este desarrollo. 
En este sentido, cuando lleguen los trámites finales para Kaliningrado, Lituania- en cuyo nombre actúo como ponente- no debe sentir que se la ha tratado de forma diferente respecto a los demás Estados miembros de la Unión Europea en lo que se refiere a su soberanía. 
Malta, país al que represento como ponente alternativo del Grupo Socialista, no tiene nada que temer. 
Además, todos los pueblos mediterráneos, especialmente los que somos de las islas, sabemos que el espíritu humano se crea y se desarrolla con el fondo azul oscuro del mar y el cielo y que, tan cierto como que después de la noche viene el día, el espíritu creativo siempre gana. 
En Chipre, el más avanzado de los países candidatos tanto a nivel institucional como económico, se está decidiendo la capacidad de determinación política de la Unión, que no debe tolerar ningún concepto que pueda permitir a terceras partes intervenir en las actividades de la Unión. 
También se está juzgando la capacidad de determinación de la Unión para respaldar una solución que respete el acervo comunitario y la necesidad de que la República de Chipre sea un estado operativo. 
Tal como están las cosas, la integración de Chipre en la Unión Europea es una conclusión previsible, independientemente de cómo se progrese en la resolución del problema político. 
Confío en que Rumania y Bulgaria se convertirán pronto en miembros de la Unión Europea. 
Creo que Rumania en concreto se está tratando con un poco más de dureza que otros países, y debo indicar que su cuota de parlamentarios es desproporcionada en relación con su población. 
Como griego, espero que Turquía se convierta pronto en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Me refiero a una Turquía democrática, como todos los demás países europeos. 
Kemal Ataturk, que planeó un estado moderno para el pueblo turco, se verá reivindicado cuando se hayan completado y puesto en práctica todas las reformas institucionales, cuando los altos cargos militares obedezcan y ejecuten las decisiones tomadas por los jefes políticos democráticos de Turquía. 
Estoy convencido de que los nuevos líderes políticos de Turquía se han dado cuenta de que el modo de construir Europa consiste en un procedimiento democrático y no mediante el regateo al estilo oriental. 
Y para terminar, nosotros no somos contables. 
Somos políticos que deben allanar el camino para la nueva Europa con un realismo imaginativo, y esto es precisamente por lo que se nos juzgará y se nos respetará. 
Como griego, espero y deseo, igual que usted, Comisario, que el Tratado de la nueva Europa del siglo XXI se firme en Atenas, a la sombra de la Acrópolis de Pericles, de la Colina de Pnyx, la sede del ayuntamiento, y de la tribuna desde la que San Pablo predicó a los atenienses. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, con permiso de los miembros de esta Cámara, quisiera utilizar este discurso para hacer una declaración relacionada con mis dos funciones simultáneas, como ponente para Malta y también como copresidente de la Comisión Mixta de la República Checa. 
Hoy me siento orgulloso de que el Parlamento haya demostrado su apertura y haya manifestado a los candidatos a la adhesión que son bienvenidos entre nosotros. 
De este modo el parlamentarismo europeo ha demostrado que está muy vivo. 
La impresión que estoy teniendo con respecto al debate de hoy con los países candidatos es que todo ello no hace más que poner de manifiesto que es normal que Europa se agrupe, por primera vez de forma pacífica, voluntaria y democrática. 
En lo que se refiere a Austria en concreto, un país en el corazón de Europa, esto significa que, después de la división de Europa por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, hemos dado un gran paso hacia una Europa más estable económica y socialmente con un valor añadido en términos de política de seguridad. 
Estamos continuando una tradición centroeuropea, una tradición que hemos recordado hoy especialmente gracias al noventa aniversario de Otto von Habsburg, diputado comprometido e hijo de un emperador. 
Por supuesto, no debemos permitir que la perspectiva histórica distraiga nuestra atención de los problemas actuales. 
Todavía queda mucho por hacer en la marcha hacia la adhesión- debemos combatir la corrupción, y hay que crear unos sistemas administrativos y un sistema judicial viable e independiente. 
Por supuesto, tiene que haber seguridad en el terreno nuclear, y por este motivo agradezco la expectativa expresada en el informe sobre la República Checa de que se adherirán totalmente a los compromisos bilaterales negociados por la Comisión Europea en relación con Temelin, y que deben cerrarse las centrales eléctricas de Ignalina y Koslodui, y parte de Bohunice. 
Podemos acoger de buen grado las medidas provisionales que demuestran flexibilidad al permitir que se proteja el mercado laboral y los sectores más vulnerables de la economía. 
También tiene sentido la introducción progresiva de los pagos directos a los agricultores de los países candidatos- principalmente en Polonia. 
Estas medidas no son de ninguna manera un obstáculo. 
Los procesos de integración siempre han ido acompañados de unas medidas provisionales y de unas cláusulas de salvaguarda temporales como las que usted, señor Verheugen, ha mencionado. 
Si la ampliación no llegara a buen fin, la economía austriaca perdería 270 millones de euros anuales. 
Ya la eliminación de las barreras al comercio, por sí sola, cuesta 450 millones de euros anuales, lo que significa que cada austriaco está invirtiendo 28 euros anuales en la ampliación. 
En la ampliación de la UE reside nuestro futuro. 
Hay problemas del pasado que deben resolverse, y es en este sentido que hay que entender la cláusula adicional propuesta por Jürgen Schröder- que es el ponente para la República Checa- sobre el tema de los decretos Bene?. 
Quiero expresar mi total acuerdo con lo que ha dicho en su discurso pidiendo el apoyo a este artículo. 
Con un amplio apoyo a esta enmienda, el Parlamento estará enviando un mensaje positivo. 
Permítanme que hable ahora de mi propio informe sobre Malta. 
Es positivo que la ampliación tenga también un componente mediterráneo. 
Malta es un estado formado por una isla pequeña, y sin ninguna duda, su futuro reside en la Unión Europea. 
Los problemas de integración que hay que superar tienen que ver esencialmente con la agricultura y las subvenciones para los astilleros. 
Malta tiene también un patrimonio profundamente europeo. 
Austria tiene un interés especial en Malta porque cada año miles de nuestros ciudadanos van a pasar allí sus vacaciones y porque somos accionistas de su aeropuerto privatizado. 
En términos políticos, esperamos que el resultado del referéndum sobre la adhesión de Malta a la UE se acepte como una opción democrática de los ciudadanos ¡porque no va a haber una tercera oportunidad! 
Señor Presidente, muchos de los oradores de hoy han hablado de ocasión histórica- y creo que lo es- pero no quiero caer en la trampa de la repetición. 
Sin embargo, como ciudadano europeo, hijo de padre polaco, y ponente para Polonia, quisiera saludar y dar la bienvenida a todos los miembros del parlamento polaco que están sentados en la galería de visitantes, tanto a los que van a formar parte de nuestro grupo como a los que se van a unir a otros grupos. 
El informe sobre Polonia surgió de la votación de la Comisión sobre Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa exactamente en la forma que yo deseaba, es decir, se adoptaron todas las enmiendas que yo defendía y se rechazaron todas aquellas a las que yo me oponía. 
Es un informe equilibrado que reconoce un progreso considerable pero expresa ciertas reservas respecto al traslado en interés propio de miembros de la administración pública, que es una prueba de una interpretación bastante exagerada del «spoil system» , así como en el tema del control estatal sobre la prensa y la televisión. 
Algo se ha progresado en este ámbito pero la situación se ha estancado de nuevo, si no ha retrocedido, de modo que he presentado una enmienda sobre este tema que espero que se adopte mañana. 
Tengo que decir que, en mi trabajo como ponente para Polonia, he tenido siempre en mente algo que dijo el Papa Juan Pablo II- y me complace poder mencionar su nombre aquí; no lo he oído esta mañana a pesar de que fue uno de los pioneros de la reunificación de Europa- algo que dijo durante una entrevista que me concedió. 
Cuando pregunté a Su Santidad quién se beneficiaría más de esta reconciliación entre las dos Europas que él tanto deseaba, respondió que la Europa de los antiguos países comunistas podría aportar más a la otra Europa, porque las experiencias de estos países bajo el sistema comunista les habían proporcionado sabiduría. 
El debate de esta mañana me hace albergar la esperanza expresada también por el Presidente Cox y el Comisario Verheugen, de que esta profecía se va a cumplir. 
Me gustaría ver más convicción por parte de los miembros polacos del Parlamento Europeo- debo decir que esta mañana hemos oído a algunos oradores polacos que no son representativos- y quisiera que compartieran con nosotros aquella fuerza, aquel motor que les empujó a destruir los muros, a crear Solidarnosc y a preparar el camino para la caída del comunismo, que fue un factor decisivo para la creación de nuestro futuro común. 
(Aplausos) 
Me temo que debo recordar a nuestros invitados que el Reglamento de este Parlamento no permite a quienes se sientan en la galería mostrar su acuerdo o desacuerdo con lo que se está diciendo. 
Señor Presidente, hoy dedicaré la totalidad de mi discurso a Eslovaquia, el país para el que soy ponente en nombre del Parlamento. 
Eslovaquia ha llegado al tramo final de las negociaciones sobre su adhesión a la UE, lo que merece nuestra felicitación teniendo en cuenta que, hace cuatro años, este país se encontraba todavía políticamente aislado. 
En dos elecciones consecutivas, la población no dejó ninguna duda sobre su talante democrático y proeuropeo. 
Según las encuestas de opinión, el apoyo a la UE sigue siendo sólido. 
Hoy no es el momento adecuado para llegar a un veredicto final; esto es algo que el Parlamento hará a principios del próximo año. 
Naturalmente, seguimos esperando los resultados de la Cumbre de Copenhague, pero estoy convencido de que Eslovaquia podrá llevar las negociaciones a buen fin. 
La resolución de hoy, pues, nos ofrece también una especie de instantánea limitada en el tiempo; redactaremos el informe completo el año que viene. 
Al igual que los demás países candidatos, queda mucho por hacer antes de la adhesión en el año 2004. 
Quisiera dar a Eslovaquia dos prioridades en este sentido. 
En mi opinión, reforzar su capacidad administrativa es la prioridad más importante, Debe ser posible aplicar las normas de la UE de forma satisfactoria y gastar como es debido los fondos de la UE. 
Y esto es coherente también con la aspiración de un gobierno más transparente que luche con fuerza contra la corrupción. 
El nuevo gobierno de Eslovaquia ha anunciado iniciativas en este sentido, y estamos esperando los informes con interés y una cierta inquietud. 
En el mismo marco de una sociedad transparente y un gobierno transparente, es importante que sigan reformando el poder judicial y la estructura que lo rodea. 
Todavía estamos un poco preocupados por la situación de Roma, aunque de hecho no solo en relación con Eslovaquia. 
Cada vez que me enfrento directamente con sus condiciones de vida, me doy cuenta de que de todas las intenciones que se han expresado en los últimos años, muy pocas han llegado a la práctica. 
Sé que los problemas no se pueden resolver en un período de pocos años. 
La aplicación de las políticas requiere tiempo y dinero. 
Y éste es el motivo por el que pido al gobierno eslovaco una especie de compromiso multianual para resolver aquellos problemas que seguirán existiendo después de la adhesión. 
De hecho, en el informe sobre la República Checa se puede leer el mismo texto. 
Además, considero que la posición de Roma en la Unión Europea ampliada será tan especial que la Convención no tendrá más remedio que dedicarle su atención. 
Estamos pidiendo mucho. 
Y lo hacemos con la esperanza de que los eslovacos reconocerán la imparcialidad de este hecho, del mismo modo que pueden esperar que sea imparcial la valoración final. 
No podemos pedir más a los nuevos Estados miembros que a los Estados miembros actuales. 
Por este motivo me molesta la, a menudo, injusta crítica que se le hace a Eslovaquia, incluso en mi propio país. 
Eslovaquia ha trazado una línea sobre su pasado magiar. 
Lo que cuenta son los logros de hoy y en estos debemos basar nuestras opiniones. 
Señor Presidente, las nuevas culturas, como la cultura de Eslovenia- el país para el que soy ponente- constituirán un valor añadido y, a la vez, aportarán más seguridad tanto para ellos mismos como para la familia europea en conjunto. 
Ahora, pues, es el momento de ver la botella medio llena, de optimismo, de ventajas. 
Naturalmente, llegará también el tiempo de las dificultades, de las botellas medio vacías, cuando los gobiernos deban intentar obtener la aceptación de sus ciudadanos. 
Los socialistas siempre han defendido la ampliación. 
Los países que dan al Mediterráneo, como Italia, que constituyen una puerta hacia Europa Central, han tenido un papel muy importante en este proceso. 
Estamos a favor de abrir las puertas de par en par para quienes quieran entrar a formar parte de la familia europea. 
Evidentemente, el derecho a formar parte del club no se concede de forma automática: este derecho se obtiene después de un duro trabajo, como bien saben los negociadores de los países candidatos. 
E imagino que en ocasiones incluso se habrán sentido desconcertados por la dureza de las negociaciones. 
Eslovenia es el más rico de los países candidatos y tiene también una tradición institucional europea. 
El principal problema en la fase de preparación para la adhesión fue la aceleración del aspecto administrativo de los casos presentados a los tribunales y la resolución de los problemas ocasionados por el régimen anterior. 
Por lo tanto la situación era similar a la de otros países candidatos, pero menos compleja. 
Hace algunos años cuando se expresaban grandes críticas, siempre era difícil encontrar carencias o defectos importantes en Eslovenia que no se explicaran por la naturaleza de la vida diaria o por la cantidad de personas que cruzaban el país. 
Sin embargo, todos los países candidatos, incluyendo Eslovenia, tendrán dificultades para cumplir sus compromisos cuando realmente entren en Europa. 
De todos modos, los informes de las organizaciones internacionales sobre Eslovenia hablan de una economía de mercado que funciona y de un respeto por los criterios de Copenhague que establecen el nivel que se debe conseguir. 
En el informe se ha incluido un párrafo que menciona la lucha contra el fraude y la corrupción y la lucha contra el tráfico de drogas. 
Se trata de fenómenos que ciertamente están presentes, pero mucho menos que en otros países. 
Quizás el hecho de mencionarlos desequilibrará el texto: la mejor solución sería simplemente borrar el párrafo. 
Además, de los 102 países donde se ha registrado el nivel de corrupción, Eslovenia se encuentra en el puesto veintisiete y, lo que es más, en 2002 organizó una conferencia sobre corrupción. 
Por lo tanto, no se puede decir que no se esté haciendo nada en este campo. 
Finalmente, en el aspecto técnico, el término «desnacionalización» que he utilizado en el texto original se ha traducido en algunos idiomas por «privatización» , que tiene un significado distinto. 
Señor Presidente, el proceso de ampliación ha recibido en general una buena acogida por parte de todos nosotros. 
Pero en contraste con las grandes exigencias que impone a los países candidatos, es lamentable que la Unión Europea todavía no haya puesto orden en su propia casa. 
En particular, me refiero a la necesidad de reformar la política agrícola común y la gestión financiera de la Comisión. 
Parece incapaz todavía de administrar adecuadamente los cuantiosos fondos públicos que ponen a su disposición nuestros contribuyentes. 
Espero también que, cuando los países candidatos hayan dominado su primer arrebato de entusiasmo incondicional por la Unión Europea, empiecen a adoptar una actitud más escéptica respecto a muchos aspectos del proyecto de la Unión Europea. 
Después de todo, muchos de ellos han rechazado ya el terrible experimento comunista que tanto distorsionó y corrompió a sus países en los últimos 50 años, por lo que espero que quieran oponerse también a una intrusión injustificada en su soberanía nacional y a la corriente de corrección política izquierdista que con demasiada frecuencia generan las instituciones de la Unión Europea. 
Hablando ahora como ponente sobre Bulgaria, quiero dar expresamente la bienvenida a la delegación parlamentaria búlgara. 
Soy consciente del enorme progreso que ha hecho Bulgaria con sus reformas económicas, políticas y sociales en los últimos años. 
Su ambición de ingresar en la Unión Europea antes del año 2007 es ya un objetivo factible y así se lo debemos hacer saber. 
Tenemos que prestarle toda la ayuda que necesite para satisfacer esa ambición. 
Bulgaria ha hecho grandes avances en los últimos años. 
Actualmente existe una economía de mercado que funciona correctamente y se está avanzando en el terreno de la privatización. 
Las propuestas para reformar la administración pública y para luchar contra la corrupción constituyen también un pilar esencial para el cambio político y económico. 
Pero todavía queda mucho por hacer en numerosas áreas. 
Sigue existiendo una extensa economía sumergida y una elevada tasa de desempleo, características que no son del todo desconocidas para algunos de los países que ya son Estados miembros de la Unión Europea. 
El progreso macroeconómico tiene que seguir avanzando y empezar a generar beneficios económicos tangibles para el conjunto de la población. 
Todavía quedan extensas áreas castigadas por la pobreza. 
La pobreza afecta no sólo a la población romaní, aspecto que demanda una acción más enérgica, sino a la población búlgara en general. 
Los niños constituyen siempre el sector más vulnerable de cualquier población, razón por la que quiero hacerles notar la necesidad de destinar más recursos, inclusive fondos comunitarios, para conseguir mejoras importantes en el bienestar y el cuidado de los niños. 
Tengo que mencionar la central nuclear de Kozlodvy y, en particular, las fechas previstas para el cierre de las unidades 3 y 4. 
Se han expresado opiniones firmes sobre este tema que, por desgracia, se ha convertido en un debate simbólico, con personas atrincheradas en posturas enfrentadas. 
Cuando se habla de energía nuclear, las consideraciones relativas a la seguridad tienen que recibir siempre la máxima prioridad. 
Pero no parecen existir razones de peso basadas en esas consideraciones de la seguridad para no retrasar el cierre de la central hasta el año 2008, en lugar de 2006, si ello supone una diferencia importante para la situación económica de Bulgaria. 
Esta decisión debe basarse en el mecanismo de supervisión de la UE realizada bajo los auspicios del Consejo, teniendo en cuenta los resultados de la misión del OIEA en junio y un análisis objetivo de las consecuencias económicas del cierre. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera agradecer a la Conferencia de Presidentes la creación y el mantenimiento de este período parcial de sesiones extraordinario. 
Me gustaría agradecer también a nuestro antiguo colega, el Sr. Haarder, y a su equipo, una labor que está creando una Presidencia danesa histórica. 
Quiero rendir un tributo especial al propio Comisario y a su equipo. 
La gran capacidad de liderazgo del Comisario ha derribado todos los obstáculos que podían haber retrasado la ampliación y tanto él como su equipo han combatido y solucionado con éxito muchos e importantes problemas y nos han conducido a la feliz situación que disfrutamos hoy día. 
En ese contexto, quiero dar expresamente la bienvenida a la delegación parlamentaria rumana. 
Rumania, al igual que otros países candidatos en este proceso de ampliación único, aunque dividido en dos partes, ha realizado un progreso importante, sobre todo a partir de diciembre de 1999 cuando tomó posesión el nuevo gobierno, tras la Conferencia de Helsinki. 
Si Rumania sigue fielmente el nuevo y excelente itinerario trazado por la Comisión y recibe el apoyo de la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento, podrá cumplir sin lugar a dudas la fecha prevista para su ingreso en la UE el 1 de enero de 1997 y cumplirá esa fecha no tanto por derecho, sino por mérito propio. 
Por ello, estoy totalmente a favor de que se mantenga esa fecha en el informe del Parlamento. 
Tengo la plena confianza de que antes de que finalice esta semana, Rumania entrará a formar parte de la OTAN. 
Con tesón, coherencia, aplicación y nuestro apoyo, el 1 de enero de 2007 Rumania podrá estar aquí entre nosotros. 
Quiero destacar ante esta Cámara el progreso realizado por Rumania. 
Señor Presidente, Turquía goza de un estatus especial como país candidato. 
Mantenemos relaciones con Turquía desde hace muchos años, no sólo en la Unión Europea como país candidato o candidato inminente, sino también, principalmente, como miembro de la OTAN. 
Era una situación excelente que siempre hemos valorado en relación con Turquía, y la seguimos valorando. 
Sin embargo, con la UE es distinto; se requiere un compromiso mucho más profundo. 
Entrar en la UE significa compartir unos rasgos de carácter entre los estados participantes, porque como miembros de la Unión Europea decidimos sobre el futuro de cada cual. 
Éste es el motivo por el que se concede tanta importancia a los criterios políticos. 
En otros tiempos, cuando todavía éramos sólo una comunidad económica, nunca pensábamos en ello de esta forma. 
En realidad era bastante normal que fuéramos estados constitucionales con unas democracias parlamentarias que funcionaban; era un hecho que ni siquiera se mencionaba. 
Ahora las cosas son distintas: 
Durante el proceso de ampliación hemos descubierto la importancia del carácter de la UE como una unión de estados constitucionales democráticos. 
También creo que es de gran importancia que sigamos diciendo a Turquía que nuestra opinión, como se adoptó en Helsinki, es la siguiente: no podemos empezar las negociaciones para la adhesión hasta que no cumplan los criterios políticos de Copenhague. 
Desde mi punto de vista, es una postura clara y transparente que debemos conservar a toda costa. 
Tomando como base esta declaración de principios, es muy poco coherente establecer una fecha antes de que empiecen las negociaciones. 
Si de todas formas el Consejo decidiera sobre ello, ya fuera directa o indirectamente, significaría enviar el mensaje de que los criterios políticos no son tan importantes. 
Incluso he oído especulaciones en el sentido de que el Consejo establecerá una fecha para que empiecen las negociaciones. 
Estoy seguro, señor Haarder, muy honorable Presidente en ejercicio del Consejo, de que no nos enfrentará a algo tan radical como esto. 
Supongo que querrá proteger a Europa de una especulación indirecta de este tipo y que simplemente los criterios políticos seguirán ocupando una posición prominente. 
Si el carácter de la UE no tuviera importancia, el Consejo podría preguntarse por qué debemos seguir manteniendo conversaciones de este tipo. 
Sin embargo, cuento con el hecho de que el próximo Consejo no se enfrentará con algo de esta naturaleza. 
Rechazo una línea de razonamiento de este tipo. 
Va en contra de los intereses de la Unión Europea y de los de los ciudadanos turcos, y- lo que es más importante- también deteriora la base actual de apoyo a la adhesión de Turquía entre los ciudadanos europeos. 
Recientemente hemos vivido la experiencia neerlandesa donde, incluso en relación con un país excelente como Polonia, con el que hemos mantenido buenas relaciones durante mucho tiempo y que comparte ampliamente nuestra cultura política, fue amenazado con la celebración de un referéndum sobre su adhesión. 
Si la adhesión de un país candidato no recibe el apoyo de su población, sólo Dios sabe lo que puede ocurrir, y éste es el motivo por el que el proceso debería seguirse muy de cerca también en el caso de Turquía. 
El tema del estado de derecho y la democracia no ha resultado ser tan difícil en ninguno de los países candidatos. 
En comparación con esto, la adopción del resto del acervo comunitario no parece tan preocupante, al menos en lo que se refiere a Turquía. 
El Comisario Verheugen ha declarado hace un momento que Helsinki en concreto, con la declaración de que Turquía es ahora un verdadero país candidato, ha hecho mucho para conseguir que dicho país tome las medidas necesarias. 
Naturalmente hemos sido testigos de ello, y nos damos cuenta de que estas medidas fueron importantes para las relaciones con Turquía, pero para nosotros no han llegado lo suficientemente lejos. 
Sin embargo, la cuestión que más me preocupa es por qué Turquía está haciendo esto; seguramente habrá alguna convicción oculta. 
¿Esta garantía europea era necesaria para permitir que Turquía avanzara en la dirección de un estado constitucional? 
Si así fuera, sería un error. 
Debemos poder confiar en el hecho de que el gobierno turco, incluso el nuevo gobierno turco, optará por la vía que lleva a un estado constitucional y a la democracia por iniciativa propia. 
No debería ser objeto de regateo por parte de la Unión Europea; debería ser una reacción espontánea. 
Recuerdo las conversaciones con los ministros rumanos quienes decían que ellos mismos habían resuelto el problema que habían tenido con Ucrania en relación con una pequeña isla del Mar Negro. 
Yo dije que nosotros habíamos fomentado esta solución, pero ellos afirmaban que habían resuelto el problema por sí solos, porque Ucrania da gran importancia al hecho de que el cumplimiento de estos criterios sea una actividad espontánea. 
Creo que lo que hicieron los rumanos es importante, y espero que Turquía también, en este sentido, opte por esta solución por iniciativa propia. 
Si no fuera así, nunca se establecería la confianza. 
Me uno al deseo de enviar a Turquía una señal positiva, y por este motivo doy todo mi apoyo al párrafo presentado por los socialistas sobre la ampliación y la cooperación en varios sectores. 
Y lo hago con fines prácticos. 
Sin embargo, puede que transcurra algún tiempo antes de que lleguemos a la siguiente fase, principalmente la de las negociaciones y la adhesión. 
Por este motivo también apoyo el texto de la enmienda Ferber, que dice que habría que poner en práctica algunas medidas y que deberemos ponernos de acuerdo sobre si necesitamos buscar una solución provisional al respecto. 
No me gustan las supresiones propuestas en esta enmienda, porque eliminan el marco de todo el proceso de adhesión. 
Es importante que conservemos este marco de forma coherente y como principio en todo momento. 
También para el bien de Turquía. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, quisiera hacer hincapié en el hecho de que, por supuesto, las ventajas políticas y económicas de la ampliación compensarán en gran medida los posibles costes para el Presupuesto pero, a pesar de ello, sigue existiendo la necesidad de proporcionar a la política de presupuestos un marco que sea fiable a medio y largo plazo, y capaz de obtener el apoyo de una mayoría por ambas partes. 
Para poner un ejemplo, estamos hablando en términos de un marco de Presupuesto con un gasto de 15 billones de euros en 2006, pero, por otro lado, y esto es algo que a menudo olvidamos, tendremos nuestros propios recursos, que ascenderán a unos 5 billones de euros, que los nuevos Estados miembros ya habrán aportado al presupuesto de la Unión Europea. 
Esto significa que es importante aclarar de nuevo las posiciones sobre cuestiones de principios relacionadas con el ajuste de la nueva perspectiva financiera, que se votaron en la sesión plenaria de junio. 
Desde entonces, el Consejo, en su Cumbre de Bruselas, también ha adoptado partes de esta posición asumida por el Parlamento, y son ejemplos de ello el principio de integración progresiva para los pagos directos a la agricultura, la aclaración de que después de la ampliación ninguno de los nuevos Estados miembros debería convertirse en contribuyente neto, y una norma para evitar que después de la adhesión un país se encuentre en una situación financiera peor que la inmediatamente anterior. 
Para mí es muy importante que el ajuste necesario de la Perspectiva Financiera tenga lugar tomando como base el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional y la propuesta de la Comisión conjuntamente- esto es lo que dice, conjuntamente- con el Consejo y el Parlamento y por las mayorías adecuadas. 
Por ejemplo, señor Presidente en ejercicio, me gustaría que se dejara bien claro en la conciliación del Presupuesto que el Parlamento debe recibir siempre información completa sobre el progreso de las negociaciones, y que se abriera un triálogo sobre el tema para llegar a un acuerdo sobre cómo debemos avanzar en el procedimiento de ajuste de la perspectiva financiera en los próximos meses. 
Algunos de los muchos temas que todavía quedan pendientes son: por ejemplo, ¿cómo debemos interpretar la formulación del Consejo Europeo de Berlín, en el punto 12 de sus conclusiones finales, que establece expresamente que hay que hacer una distinción clara entre los nuevos Estados miembros y el gasto de la vieja UE? 
¿Esta declaración de Berlín seguirá siendo vigente o todas las rúbricas del presupuesto posterior a la ampliación serán comunes para todos? 
Tiene que quedar claro. 
¿Si la fecha de la adhesión debe ser el 1 de mayo de 2003, habrá un presupuesto suplementario? 
¿Incluso tiene sentido invertir, por así decirlo, cuatro meses organizando los programas previos a la adhesión, dejando que sigan su propio curso, y- ya sea en agricultura, política estructural o política interna- tratar a los nuevos miembros como tales cuando hayan transcurrido sólo ocho meses? 
Y también ocurre, creo, en temas referentes a los nuevos vecinos y socios, que tendría que haber un examen muy cuidadoso sobre qué ajustes financieros hay que llevar a cabo en ámbitos como el título 4, sobre política exterior. 
Esto afecta tanto a Turquía como a los demás vecinos y los nuevos socios, con quienes tendremos que hablar sobre nuevas asociaciones bastante específicas. 
Señor Presidente, Señorías, el día de hoy está marcado por una gran sensación de comunidad y por la confianza en el futuro de Europa. 
Las emociones positivas ayudan a superar las dificultades que todavía esperan a los países candidatos. 
Los procesos de ajuste económico exigen el máximo compromiso político y social por ambas partes. 
Los procesos de reestructuración de la industria pesada y la minería ya por sí solos exigen una intensificación de las medidas para combatir el aumento del desempleo. 
Esto hace necesario el uso de todas las medidas disponibles que puedan ayudar a evitarlo y establecer el diálogo social en los países candidatos. 
Esto por sí solo garantizará que la legislación social y laboral siga progresando en la línea democrática. 
Hablamos muchos, y en muchas ocasiones, sobre la dimensión social de Europa, pero deliberadamente, olvidamos dejar claro que la legislación sobre asuntos sociales es una parte del acquis tan importante como, por ejemplo, las disposiciones sobre la competencia. 
La transposición del acquis social tiene una importancia que se extiende por toda Europa, dado que puede ser un medio para conseguir la estabilidad y evitar conflictos potenciales. 
Teniendo esto en cuenta, les pido que adopten las dos enmiendas en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, presentadas por el Sr. Oostlander y yo mismo. 
En el tiempo que nos queda antes de que los países candidatos se adhieran, tenemos mucho que hacer en el ámbito de la política de empleo, la política económica y la política social. 
Y corresponde a aquellos Estados miembros que comparten fronteras con los países candidatos hacerse cargo de la cooperación transfronteriza y presionar para que se avance en este tema. 
Habrá que ayudar a los trabajadores de estas zonas a adaptarse mejor a los cambios en el mercado laboral. 
Sólo de esta forma podremos eliminar los perjuicios que todavía influyen en la libertad de circulación de servicios y trabajadores. 
Quisiera acabar haciendo hincapié en el hecho de que, en cualquier caso, los países candidatos merecen el máximo respeto por los esfuerzos que han hecho hasta la fecha de cara a la adhesión a la UE. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo y querido colega en las tareas parlamentarias, señor Comisario, señores diputados, la ampliación es una necesidad histórica y moral y una oportunidad única de reconciliar este continente consigo mismo. 
En el fondo del debate que hemos mantenido esta mañana y en el del debate que estamos manteniendo sobre el informe del Sr. Brok- al que quiero felicitar por su trabajo -, subyace una necesidad: llevar a cabo una profunda reflexión acerca de nosotros mismos, de nuestro papel en el mundo, de lo que ha sido el proyecto de Unión Europea, de lo que es y de lo que queremos que sea en un contexto de Unión ampliada. 
Y, precisamente al hilo de esta reflexión, creo que cobran una importancia fundamental los trabajos de la Convención Europea y creo que deberíamos buscar una fórmula adecuada para asociar- como se ha pedido esta mañana- a los representantes de los países candidatos a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
En lo que se refiere al corto plazo, yo estoy convencido de que, gracias a los esfuerzos de la Comisión Europea, de los Estados miembros y de los países candidatos, dentro de pocas semanas, en Copenhague, seremos capaces de lograr un acuerdo razonable y justo. 
Creo también que seremos capaces, sobre la base de condiciones iguales para todos y, por lo tanto, no discriminatorias, de jalonar el camino, mediante las estrategias de preadhesión que se han expuesto aquí esta mañana y de culminar las negociaciones en curso. 
Sin embargo, señor Presidente, me parece importante que no caigamos en una hipertrofia de lo inmediato y del presente. 
Yo creo que la Historia no se escribe solamente narrando y evocando el pretérito. 
Porque, si no tenemos presente ante nuestros ojos el horizonte de nuestras ambiciones y de nuestros proyectos, no sólo no seremos capaces de diseñar el futuro, sino que tendremos grandes dificultades incluso para comprender el pasado. 
Hoy, la Historia, señor Presidente, se conjuga en presente. 
Y, en este presente histórico que nos ha tocado vivir, la Unión Europea se perfila como uno de sus actores principales. 
Hoy se presenta como una potencia económica, financiera e industrial, pero tiene una necesidad grande e imperativa de afirmar su presencia en la escena internacional y de dotarse de una política de seguridad y de defensa que le permita hacer frente a la nueva configuración de las amenazas, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre. 
Señor Presidente, hemos de superar los retos que presenta la ampliación, hemos de aprovechar todas las potencialidades y sinergias, hemos de construir un espacio político y económico unificado en el que se darán cita más de 500 millones de personas, de los cuales, en una primera fase, 300 utilizarán la misma moneda. 
Señor Presidente, yo creo que, en definitiva, se trata de que con generosidad y visión de futuro seamos capaces, aunque las cifras sean importantes, de poner las cifras al servicio de los ideales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Verheugen, Señorías, quisiera comenzar mis observaciones manifestando mi propia gratitud y la de mi grupo, por este debate, y también por todo el trabajo de información sobre la ampliación y de preparación, que quiero dirigir a la Comisión entre otros. 
Y no lo digo, Comisario, sólo para quedar bien, porque hemos recibido toda la información que necesitábamos en el momento en que la necesitábamos. 
Hemos llevado a cabo el debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y también quiero agradecer al presidente de la comisión, no sólo su informe sino también toda la cooperación que ha implicado. 
Creo firmemente que todos los grupos y todas las fuerzas políticas de la comisión ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para seguir este proceso con un espíritu crítico y han ayudado a convertirlo en un éxito, al igual que la ampliación. 
Hay dos puntos específicos sobre los que me gustaría hablar, además de lo que ya han dicho mis colegas sobre cada uno de los países y también en general, que ha sido apropiado e inteligente. 
Y tienen que ver con dos problemas muy reales. 
Mi primer punto trata sobre Chipre, en concreto la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el tema, que ha sido bien recibida por todas las partes. 
Sin embargo, hay un punto en el Anexo IX que podría provocar malentendidos; me refiero a las propuestas relacionadas con el artículo 1 (1) sobre un referéndum de los ciudadanos de este país dividido cuando se adopte el acuerdo básico. 
La respuesta a las preguntas de este referéndum deberá ser «sí» o «no». En primer lugar, se refieren a la nueva estructura del estado y después a la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Independiente de esto, y me complace poder esperar todavía algo de usted, Comisario, creo que la Unión Europea debería poder resolver este asunto de conformidad con los acuerdos de Helsinki, y Chipre debería poder opinar sobre el tema. 
El segundo punto tiene que ver con Turquía. 
Me gustaría recordarle que hoy no estamos debatiendo sobre Turquía, pero estamos participando en el debate sobre la ampliación y, aunque Turquía goza del estado de candidato desde 1999, no es uno de los países con posibilidades de adherirse en un futuro inmediato. 
Todavía no se han cumplido los criterios políticos de Copenhague, a pesar de los grandes esfuerzos de Turquía en esta dirección, de los grandes logros obtenidos y el gran progreso que ha conseguido. 
Por lo tanto no veo motivos para hablar en términos de tal o cual fecha. 
Permítame decirle algo, señor Presidente en ejercicio del Consejo: establecer una fecha no es una salida, y en cualquier caso no para nosotros. 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías y futuros compañeros diputados de la galería de visitantes, hoy es un día histórico, una especie de celebración preliminar antes de la gran fiesta que pronto vamos a celebrar juntos. 
Es una celebración que marcará el final del largo viaje que hemos hecho juntos con el fin de llegar, conjuntamente, a la unificación de Europa. 
Estrasburgo y la región en la que nos encontramos fueron testimonio de cómo se realizaron los intentos de unificar Europa en el pasado. 
Todas las tumbas anónimas en las que se enterraron miles de muchachos franceses y alemanes son un trágico recordatorio de cómo se utilizaron la fuerza y la violencia para imponer la unidad europea. 
El muro de Berlín, por otra parte, fue una forma de evitar que se agruparan las personas y se compartieran las ideas. 
Lo que caracteriza a la UE es la idea, brillante, pero históricamente inusual, de agrupar a los pueblos ante una mesa de negociaciones en vez de en una guerra de trincheras. 
A mi colega, la Sra. Paulsen, le gusta decir que la UE prefiere conceder poder a los burócratas en vez de a los soldados, y la verdad es que es una buena forma de expresarlo. 
Pero la UE no está formada sólo por burócratas sino también por políticos con ideas e ideales. 
La idea y el ideal combinados del Parlamento Europeo han conseguido que esté convencido de las ventajas de desarrollar una cooperación europea. 
Con obstinación y coherencia, hemos dado ímpetu a la ampliación estableciendo unas fechas claras, unos requisitos y unas metas. 
Ha habido momentos tempestuosos para los gobiernos y las políticas nacionales, pero nos hemos mantenido firmes. 
El informe del Sr. Brok es una clara manifestación de este acuerdo. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas concede su apoyo al informe. 
Para nosotros, como liberales, la ampliación, o reunificación, ha sido un asunto de máxima prioridad durante muchos años. 
Es una consecuencia natural de la caída del muro de Berlín y el resurgimiento de la democracia, la libertad y la economía de mercado en la Europa Central y del Este. 
Durante mucho tiempo la UE ha estado incompleta, con sólo los miembros de la Europa Occidental. 
Sólo si actuamos juntos podremos defender y levantar nuestros valores y nuestras ambiciones comunes: libertad, democracia, derechos humanos y un mercado en funcionamiento con crecimiento y prosperidad en una Europa donde los ciudadanos ocupan un puesto de honor. 
Las importantes dificultades que llegarán- los problemas medioambientales, la delincuencia transfronteriza, el papel de Europa en el mundo y nuestra responsabilidad para conseguir un orden mundial más justo- exigen también un esfuerzo conjunto, como el trabajo de reformar las instituciones europeas para que sean más democráticas y eficientes. 
Estoy deseoso de escuchar las aportaciones y las ideas frescas de los nuevos diputados sobre estos temas. 
Señor Presidente, en una Europa unida, todos somos diferentes, pero todos valemos igual y debemos ser juzgados siguiendo los mismos parámetros. 
Los liberales hemos luchado obstinadamente para llegar a una situación en la que se respeten los criterios de Copenhague, especialmente los criterios políticos La violación de los derechos humanos no tiene excusa, y nos complace ver el progreso considerable que se ha logrado en los países candidatos. 
Seguiremos controlando estos temas, es decir, el respeto a las minorías, la libertad de prensa y la buena gobernanza tanto en los Estados miembros actuales como en los nuevos. 
Creemos que así es como deben utilizarse las cláusulas sobre seguridad, es decir, mediante el examen continuo de cómo aplicamos y respetamos nuestros valores comunes. 
Debemos exigirnos más a nosotros mismos, tanto en los viejos Estados miembros como en los nuevos, y no deberíamos dividirnos en grupos A y B. 
Durante este otoño se han resuelto muchos temas difíciles. 
La presidencia danesa ha realizado un esfuerzo fantástico, al igual que los países candidatos. 
Ciertamente, sería maravilloso si, para fin de año, pudiéramos ver también una solución en el tema de Chipre. 
También quiero pedir que se dé una respuesta clara y positiva a Turquía. 
El nuevo gobierno merece todo el ánimo y el apoyo que podamos darle. 
El informe del Sr. Brok debería interpretarse como una bienvenida a los países candidatos y una invitación a celebrarlo. 
Será una celebración en la que dejará de existir la división entre «los que formamos parte de la UE» y «los países candidatos» , y donde todos seremos «los de la UE». 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no es necesario repetir que hoy es un día histórico, en cualquier caso para esta Cámara. 
También mi grupo considera que la ampliación de la Unión Europea es una oportunidad histórica, y una gran mayoría de nosotros apoyará el informe del Sr. Brok. 
Sr. Haarder, no me ha quedado del todo claro por qué, igual que la Sra. Malmström hace poco, ha hablado en términos de reunificación. 
Lo que me resulta evidente de la lectura de la historia europea es que este continente nunca ha estado realmente unido. 
Lo que ahora se está llevando a cabo será un logro mucho mayor por el hecho de que implica unir a este continente por primera vez en la historia. 
No quiero que mis palabras suenen demasiado discordantes, pero sí que quiero al menos mencionar tres aspectos problemáticos que me hacen sentir algo descontento con el informe, a pesar de la aprobación general que recibe. 
Para empezar, creo que es lamentable que se hayan rechazado casi todas las enmiendas relacionadas con los graves problemas sociales y laborales que la ampliación y los procesos de ampliación provocan en los países candidatos. 
Se presta demasiada poca atención a estos temas, incluso en las decisiones prácticas. 
En segundo lugar, mi grupo sigue estando descontento por el hecho de que, al contrario que en las anteriores adhesiones a la UE, no existe una plena garantía de que los nuevos Estados miembros y sus ciudadanos gocen de los mismos derechos desde el primer momento. 
Ya sé, Comisario, que ha hecho mucho por los ciudadanos en general, pero el egoísmo de algunos gobiernos ha impedido que se realice el trabajo esencial. 
Soy plenamente consciente de las dificultades que existen, pero creo que es bastante preocupante que no se evite la discriminación jurídica y financiera desde el inicio de un proceso de ampliación que se describe como una labor histórica. 
En tercer lugar, lamentamos que no se hayan incorporado al informe las propuestas para un mayor esfuerzo en las regiones fronterizas. 
Creo que, en concreto los gobiernos responsables, y bastante probablemente también la Comisión, están haciendo muy poco en estas zonas para dar un apoyo real a medida que vayan entrando en vigor los cambios extensivos. 
En la actualidad no se puede ignorar la posibilidad de que al menos algunas de estas zonas se parezcan más a zonas de tránsito de la ampliación. 
Y aparte de los aspectos prácticos del problema, también quiero pedir a la Comisión y a los gobiernos que hagan todo lo posible para que lo que en la actualidad son regiones fronterizas se conviertan en talleres para la integración europea y se les permita experimentar sus efectos positivos en las personas y la sociedad, al igual que las anteriores regiones fronterizas como por ejemplo Saarland, Lorraine y Luxemburgo hicieron de forma tan empática. 
Señor Presidente, esperemos que el Sr. Giscard d ' Estaing engendre tanto debate con su propuesta de Convención como con las observaciones sobre la indeseabilidad de que Turquía se convierta en miembro de la UE. 
De repente, todo el mundo se muestra apasionado por la cuestión de si ha sido correcto o no ofrecer a Turquía la posibilidad de entrar en la UE. 
A decir verdad, las dos posiciones extremas no son muy útiles en este debate. 
Por una parte, están las personas que están a favor de que Turquía se adhiera a la UE, siempre que se cumplan todas las condiciones, y por otra parte, hay quien dice: no, nunca. 
Entre estas posturas opuestas como el blanco y el negro, existe una gran cantidad de personas que intentan hacer todo lo posible para introducir todo tipo de tonos de gris. 
La aportación del Sr. Brok ha sido un típico ejemplo de ello. 
Lamentablemente ya no está presente, pero si le he entendido bien, hoy ha dicho que cree que habría que dar una oportunidad a Turquía. 
Sin embargo, si Turquía cumple todos los requisitos de la UE, dejará de ser Turquía. 
Yo les pediría, al Sr. Brok y a mis colegas diputados, que abandonen este juego de palabras y dejen de empañar este tema. 
Ayer había niebla en el aeropuerto; hoy, ustedes están produciendo niebla en esta Cámara. 
En los medios de comunicación, el Sr. Brok expresó con gran claridad que opinaba que la decisión tomada en 1999 para que Turquía fuera un país candidato había sido un error, un error que había que rectificar. 
Aplaudo la flexibilidad del Sr. Brok y aplaudo también lo que ha opinado hoy aquí, pero la actitud que ha mostrado hoy no es compatible con el apoyo que expresó él mismo como ponente con respecto a una de las enmiendas del Sr. Ferber en la que se dice que habría que establecer una relación especial entre la UE y Turquía. 
Esto es una alternativa a la adhesión. 
Me opongo a ello y espero que el Sr. Brok también lo haga, hoy y mañana. 
Yo les pediría que dejen de empañar este tema y que abandonen los juegos de palabras. 
Si existe una diversidad de opiniones entre nosotros es sobre el calendario y las diferentes fases de acercamiento entre Turquía y la UE. 
De modo que ya no se discute el objetivo de todos estos esfuerzos, es decir la adhesión. 
Deberíamos abandonar estas dobles agendas, la hipocresía, y el decir «sí» y esperar que sea «no». 
Si damos luz verde a Turquía, significa que la UE eliminará todos los obstáculos para hacer posible que Turquía se convierta en miembro en algún momento futuro. 
¿Qué significa eso en la práctica? 
Si el nuevo gobierno turco quisiera aprovechar la oportunidad para resolver el conflicto de Chipre, si este gobierno pudiera finalmente trasladar a la práctica las reformas ya decididas, si, además, este gobierno quisiera incorporar nuevas reformas, como anunció este fin de semana, con una tolerancia cero hacia los casos de tortura, si este mismo gobierno quisiera liberar a los prisioneros, incluyendo a la ganadora del Premio Sakharov, Leïla Zana... si todo esto ocurriera, entonces la UE no tendría otra opción que aceptar a este país. 
Quisiera hacerme eco de las palabras del comisario Verheugen al respecto. 
Si los países candidatos se mueven en la dirección de la UE, la UE no puede quedarse parada. 
Esto significa también que el acercamiento entre Turquía y la UE no puede ser unilateral. 
En lo que a mí se refiere, esto significa que hay que pensar seriamente en Copenhague al establecer la denominada fecha de revisión, es decir una fecha, pongamos en el plazo de un año, en la que reconsideraremos si Turquía cumple todas las condiciones y los criterios políticos y entonces, si el resultado es positivo, tener la valentía de establecer una fecha para las futuras negociaciones. 
Señor Presidente, en las últimas semanas se ha trabajado mucho para acelerar el proceso de ampliación, pero todavía tenemos que vencer algunas dificultades para que la ampliación de la UE pueda convertirse en una realidad práctica. 
No debemos subestimar los retos a que nos enfrentamos en el período previo a la adhesión de los diez países candidatos a la Unión Europea. 
La Convención de la UE debe recordar que muchos de los países candidatos tienen todavía que celebrar un referéndum sobre su ingreso en la UE. 
Debemos hacer que sea lo menos complicado posible para los ciudadanos de los países candidatos. 
Ahí es donde la Convención de la UE podría tener problemas: se está adelantando demasiado a los ciudadanos europeos. 
¿Estamos pidiendo en serio a los países candidatos que ratifiquen el Tratado de Adhesión mediante referéndum el próximo año sólo para pedirles un año después que ratifiquen otro tratado de la UE con nuevos cambios en las actividades cotidianas de la Unión? 
¿En qué basarán los ciudadanos de los países candidatos su decisión en el referéndum del próximo año? 
¿En los Tratados actuales de la UE, entre ellos el Tratado de Niza recientemente ratificado, o en el conjunto de nuevas propuestas que emanarán de la Convención de la UE? 
¿No hemos aprendido nada del reciente referéndum celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Niza? 
El Tratado era bastante modesto desde cualquier punto de vista, pero ha resultado muy difícil explicar los problemas a la gente. 
En la segunda vuelta conseguimos en parte explicar el Tratado, pero el desconocimiento de los problemas de la UE sigue siendo generalizado. 
Pese a ello, algunos miembros de la Convención de la UE insisten en realizar una extensa reforma de todos los asuntos relacionados con las actividades cotidianas de la Unión. 
Estamos transmitiendo mensajes y propuestas contradictorios a los ciudadanos de los países candidatos. 
De hecho, yo iría más lejos y diría que la Convención de la UE corre el riesgo de empañar el proceso de la ampliación. 
Tengo que recordar a la Cámara y a los miembros de la Convención de que ésta es un proceso de consulta; las decisiones reales deben y tienen que ser tomadas por el Consejo de Ministros. 
No subestimemos todo el trabajo que nos queda por realizar para que la ampliación concluya con éxito. 
Los países candidatos tienen que aplicar aún todo el conjunto de directivas y reglamentos de la UE. 
Las negociaciones para la ampliación se dividen en 38 capítulos diferentes. 
Los países candidatos van a necesitar tiempo para aplicar toda esa legislación. 
Todos sabemos que la adhesión de diez nuevos países no es una tarea fácil. 
El ritmo de la reforma constituye la principal consideración. 
No podemos permitir que los diplomáticos y los políticos corran demasiado y dejen atrás a los ciudadanos europeos en el área de futuras mejoras. 
Tenemos que conseguir que los ciudadanos europeos nos acompañen en todo el proceso, sin dar por sentado que contamos con su apoyo. 
Desde una perspectiva irlandesa, cualquier futuro Tratado de la UE que amenace con reemplazar a la Constitución irlandesa será extremadamente difícil- cuando no imposible- de vender a los ciudadanos irlandeses. 
Todas las propuestas para reducir la representación de los Estados miembros más pequeños en las instituciones de la UE se estrellarán contra los principios de igualdad enarbolados por la Unión Europea. 
Señor Presidente, existe una gran conmoción alrededor de la ampliación. 
Por lo que se refiere a la EU-fähigkeit de los nuevos Estados miembros, seré breve: el informe Brok nos permite hacernos una buena idea de las dudas que quedan por parte de la UE. 
Los países candidatos deben centrar sus esfuerzos en unas áreas determinadas. 
Además, los políticos europeos y los de cada país deben aclarar a sus respectivos ciudadanos los esfuerzos previos que han realizado los países candidatos. 
Otro punto es la candidatura de Turquía. 
En Helsinki, se presionó mucho a la UE para que este país se convirtiera oficialmente en miembro candidato. 
Ankara está intentando una vez más presionar a la UE para que establezca una fecha para iniciar las negociaciones. 
Sin embargo, me parece evidente el hecho de que la UE debería resistirse a esta presión precisamente porque Turquía es un país que no encaja en la UE. 
Aunque sea una democracia, desde luego no es una democracia occidental. 
Aunque se trata de un estado secular, su cultura y su historia son muy distintas de las de los actuales Estados miembros de la UE, que llevan el sello de la cristiandad. 
Incluso podríamos borrar la palabra «europea» de nuestro nombre si Turquía se convierte en miembro de la UE. 
Además, Turquía ha avanzado algo como estado constitucional, pero ni mucho menos lo suficiente. 
Yo recordaría, por ejemplo, las dificultades a las que se enfrentan los cristianos en este país. 
La UE puede ofrecer a Turquía una cooperación más estrecha en diversas áreas, pero el estado de candidato fue un error que habría que enmendar. 
Sin embargo, el momento de la adhesión no es el destino final de la UE. 
¿Qué tipo de Unión Europea tendremos después de la ampliación? 
¿Una Europa que es capaz de dejar atrás los viejos conflictos? 
¿Una Europa que respalda la paz, la solidaridad y unas relaciones justas entre los Estados miembros? 
Para mí, las ideas sobre la adopción del método comunitario para la política exterior y de seguridad común se contradicen con estos principios. 
Simplemente, las discrepancias entre los Estados miembros sobre este tema son demasiado grandes. 
Por este motivo, en este aspecto, la integración sólo se puede conseguir mediante la coacción. 
Y no se puede crear una política equilibrada con esta base. 
Además, este tema tiene mucho que ver con nuestro sentido de identidad, que sólo aumenta el potencial de tensión entre los Estados miembros. 
Los países de Europa deberían estar atentos al nacionalismo. 
Sin embargo, también se puede desarrollar un nacionalismo a nivel europeo, con el cual sólo pretenderemos alcanzar la categoría de potencia mundial para una mayor glorificación de nosotros mismos. 
Y esto me parece incluso más perjudicial que el nacionalismo tradicional. 
Esperemos que la ampliación nos proporcione algo de sentido común por lo que se refiere a esto. 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, señoras y señores, creo que el Sr. Gawronski tiene razón: seguramente será la Europa de los quince Estados miembros quien más se va a beneficiar de la ampliación. 
Sin embargo, creo que debe decirse, y de hecho espero que el Consejo y la Comisión hablen de ello, que esto no es el fin del proceso de ampliación de la Unión Europea. 
Existen docenas de países caucásicos y balcánicos que ni siquiera se encuentran en la lista de los países candidatos, cuya situación ni siquiera es similar a la de Turquía, y son países que la Unión Europea necesita, al igual que necesita a Turquía, especialmente para evitar el desarrollo de una tendencia hacia el fundamentalismo, como varios miembros han dicho hoy. 
Hemos oído los informes que se han presentado sobre cada uno de los países candidatos, pero creo que habría sido correcto y conveniente dar a estos diez países que van a unirse a la Unión un informe sobre la situación actual de cada uno de los 15 Estados miembros actuales. 
Creo que, desde la perspectiva económica, quizás habría sido adecuado que estos países supieran que existe el peligro de que el continente europeo se «japonice» , que Alemania, Italia y Francia en la actualidad también son incapaces de llevar a cabo las reformas estructurales que deben aplicar, lo que, considerando sus dimensiones, podría influir en las economías de los diez países candidatos. 
También podría ser beneficioso para estos países que se les informara de que los sistemas jurídicos de algunos de los quince países de la Unión actual no son precisamente dignos de una democracia. 
Me refiero a Bélgica e Italia, pero también a lo que podrían parecer casos más insignificantes, como lo que está ocurriendo en estos momentos en su país, Dinamarca, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y me refiero, en concreto, a cómo las autoridades de su país están tratando el tema de la detención del viceprimer ministro checheno, Akhmed Zakayev. 
No creo que esto pueda justificarse en términos de respeto al estado de derecho. 
Estamos hablando de una Europa de democracias, pero quizás también deberíamos hablar de la Europa de la democracia. 
Con toda seguridad, la democracia de esta Cámara, la democracia del Consejo y de la Comisión, la democracia de la Unión en general, no cumplirían los criterios que estamos imponiendo ahora a los países candidatos. 
Éste es el asunto que está analizando la Convención, un tema que espero que se estudie y se resuelva con la decisión de adoptar el planteamiento de Estados Unidos, de adoptar una democracia al estilo estadounidense, no con un regreso a la tradición europea que tanto daño a hecho a nuestro continente. 
Señor Presidente, como ya han dicho otros oradores, éste ha sido un día histórico para el proceso de ampliación en curso. 
Me gustaría mirar más allá de Copenhague para ver lo que sucederá en la siguiente fase. 
Algunos oradores han planteado la cuestión de si los comentarios de Valéry Giscard d´Estaing sobre Turquía estuvieron fuera de lugar, si fue un mensaje equivocado en un momento inoportuno y si, en el caso de que Turquía entrase en la Unión Europea, eso supondría el final de una Europa como ahora la conocemos. 
Tiene razón en plantear esa cuestión, porque una vez que digamos que sí definitivamente a Turquía y le pongamos una fecha, ¿cómo podremos decir que no a Ucrania, Bielorrusia y otros países que probablemente tienen más territorio dentro de Europa que Turquía? 
El Sr. Rasmussen, el Sr. Watson y el Sr. Haarder han sido muy liberales al afirmar que, una vez que Turquía cumpla los criterios políticos, podremos asignarle una fecha. 
¿Y qué pasa con los criterios económicos contenidos en la Declaración de Copenhague de junio de 1993? 
En dicha declaración ocupaba un lugar central la cuestión de la estabilidad institucional, que todos nosotros parecemos haber olvidado mientras damos la bienvenida a nuevos países en la Unión. 
¿Pensamos realmente que la Unión seguirá siendo estable después de la adhesión de Turquía, y posiblemente también de otros países que sin duda alguna acogeremos después aplicando los mismos criterios, y que podremos gestionarla eficazmente? 
La pregunta que se hacen ahora los ciudadanos es si la OTAN es realmente capaz de actuar y si seguirá siendo realmente eficaz cuando incorpore en su seno a otros países de Europa Central y Oriental? 
Lo mismo puede decirse de la Unión Europea. 
El Consejo de Helsinki designó a Turquía como un país candidato oficial. 
Lo mismo hizo el acuerdo de asociación de 1961, ¿pero será la Unión Europea, con Turquía como miembro de pleno derecho, plenamente capaz de actuar y comportarse democráticamente? 
Mi tesis es triple. 
En primer lugar, creo que debemos hacer una pausa tras la incorporación de los diez países y la conclusión de las negociaciones con Rumania y Bulgaria. 
Es prematuro que fijemos una fecha ahora, o que fijemos una fecha para fijar una fecha. 
En segundo lugar, tenemos que examinar todas las posibles alternativas, como podría ser un acuerdo de asociación especial con Turquía, antes de comprometernos con el pleno proceso de iniciar negociaciones de adhesión. 
Quizás lo más importante de todo sea que el Consejo de Copenhague ponga en marcha un proceso, como ha mencionado el Sr. Prodi esta mañana, para considerar nuestra postura frente a los futuros candidatos que aspiren a ingresar en la Unión, de manera que sepamos como negociar con ellos. 
En conclusión, el Consejo Europeo, presidido por los daneses, está caminando dormido hacia el futuro. 
A todo el mundo le resulta más fácil decir sí que no, pero en esta etapa parece ser que ningún miembro del Consejo Europeo quiere decirle que sí a Turquía, aunque tampoco quiere nadie decirle que no. 
Tenemos que aclarar nuestras ideas y formular una estrategia clara para que podamos asegurar a los ciudadanos europeos que dentro de diez años tendremos una Unión Europea estable, próspera y eficaz. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, confieso que me sentía algo escéptico en relación con la reunión con nuestros colegas de los países candidatos aquí en Estrasburgo, hoy, porque podría haberse malinterpretado como si se tratara de un mensaje entre líneas diciendo «hemos resuelto todos nuestros problemas y la ampliación marcha muy bien». 
Gracias a Dios no ha sido el caso. 
Ha sido realmente emocionante ver a estos colegas hablando lenguas diferentes y comprender que queda mucho por hacer, y que todavía quedan problemas y trabajos pendientes. 
También ha sido una buena oportunidad para poner de manifiesto ante ellos que también nosotros tenemos unos ciudadanos a quienes debemos explicar los resultados de las negociaciones y a quienes debemos convencer. 
El proceso de adaptar las normas de la Unión Europea, el acervo comunitario. debe proseguir. 
Este Parlamento constituye una buena antecámara para la ampliación, pero las condiciones- incluyendo las financieras- deben ser las adecuadas. 
De modo que la ampliación no es un acto de caridad ni una obra de misericordia. Es un intento de construir una Europa compartida y hacerlo tomando como base el progreso conseguido por la Unión Europea hasta la fecha, que ha sido el resultado de un esfuerzo político compartido. 
Se trata también de derribar el orden de la guerra y la posguerra, y creo que esto será en beneficio de todos nosotros. 
Para poner un ejemplo práctico, creo que también la República Checa debería poder examinar el pasado con un espíritu crítico y mirar hacia el futuro, de la misma forma que todo el mundo debería evitar sacar provecho político de unos acontecimientos de la posguerra que, aunque comprensibles, son muy dignos de crítica. 
Si podemos convencer de ello a ambas partes, entonces podremos realmente construir un nuevo futuro. 
Y ahora quiero hablar de Turquía, un país que durante el verano promulgó una serie de medidas para poner en marcha un progreso real hacia un estado de derecho y una democracia con todas las de la ley. 
Lo cierto es que las medidas legales no llegan muy lejos y todavía no han entrado en vigor, pero el gobierno ha declarado su voluntad de hacerlo y también quiere demostrar su orientación europea y su aceptación de la norma europea según la cual la religión y el estado deben mantenerse independientes. 
Sobre todo, queremos que este gobierno resuelva el problema de Chipre. 
Señor Elles, considero que es una iniciativa peligrosa en esta fase hacer lo que se propone en una enmienda, dejar a Turquía al otro lado de la puerta y hablar sólo en términos de una relación especial. 
Tanto los ciudadanos musulmanes como los ciudadanos de descendencia turca tienen un lugar en la Unión Europea. 
No creo que podamos decidir hoy si debemos mantener negociaciones reales con Turquía o cuándo deben empezar. 
Y creo que nos beneficiará a todos nosotros animar a Turquía, y demostrar que el Islam y una democracia moderna pueden convivir en un mismo nivel, y rechazo todo lo que pueda interpretarse como un obstáculo para que así lo hagan. 
Terminaré diciendo que he estado en los Balcanes a principios de esta semana, y he visto que la ampliación evoca en la población un cierto temor- temor a sentirse excluidos, temor a quedarse atrás. 
Pido a la Comisión y al Consejo que consideren de qué forma, en el transcurso de los próximos seis meses, pueden generar una señal que indique a los Balcanes que podrán participar en el proceso de ampliación- no hoy, ni mañana, sino quizás pasado mañana, si hacen lo que han hecho los países candidatos y cumplen los mismos requisitos. 
Señor Presidente, el ingreso de Chipre en la UE no habrá concluido con éxito hasta que veamos una profunda reconciliación entre griegos y turcos. 
Por fortuna, las propuestas de Kofi Annan parecen constituir una buena base constitucional para esa reconciliación. 
El paquete de propuestas se inspira hábilmente en el modelo suizo de sistema de gobierno y el modelo belga de relaciones europeas. 
La oferta que se está barajando ahora parece ser la mejor que pueden esperar los turcochipriotas. 
Les concede la misma condición jurídica y política y protege sus intereses como comunidad minoritaria. 
Compromete a la refundada República de Chipre a apoyar el ingreso de la propia Turquía y sus acuerdos de transición parecen capaces de satisfacer la mayor parte de las demandas relativas a la propiedad, la residencia y la autoestima. 
El Sr. Erdogan, el Sr. Simitis, el Sr. Clerides y el Sr. Denktash tienen ahora que prepararse para dar un paso histórico hacia la integración y la reconciliación y rechazar las divisiones y las venganzas. 
Señor Presidente, por primera vez en la historia, poco a poco vamos unificando el continente. 
No se había unificado nunca hasta ahora. 
Sin embargo, de momento, el debate trata sólo de la ampliación geográfica y no de la profundización de la Unión, que es el motivo por el que realmente queremos la Unión. 
La unión política, la unión económica, la política social común, la intervención ecológica integrada aquí y en todo el mundo, éstas son las auténticas razones por las que queremos la Unión, y espero y deseo de todo corazón que nuestros honorables amigos de los países candidatos deseen lo mismo, en vez de discutir otros temas de menos importancia. 
Sin embargo, ahora que estamos hablando de la ampliación, lo que realmente necesita la ampliación es un tratamiento de igualdad y respeto a la dignidad de los demás. 
Y no siempre es así. 
Creo que, aunque figure en nuestra resolución, no hemos puesto suficiente énfasis en el hecho de que hay que eliminar lo antes posible la injusta medida relacionada con el número de miembros de Hungría y de la República Checa. 
Es absurdo desde todos los puntos de vista. 
¿Quiero decir, por qué estamos siendo tan tacaños? 
No lo entiendo. 
Y también es evidente que, si queremos que la ampliación tenga éxito, necesita un marco de tiempo claro. 
Turquía tiene derecho a saber cuál es el calendario para sus relaciones con la Unión Europea. 
Bulgaria y Rumania tienen el mismo derecho. 
Comisario y señor Presidente en ejercicio, los países que se encuentran en el agujero negro de los balcanes tienen el mismo derecho y no decimos nada sobre ellos, a pesar de que, miremos hacia donde miremos, están incluso más cerca, están justo en el centro del continente europeo. 
Parece que ha llegado el momento de negociar seriamente una solución política, Tenemos que apoyar estas negociaciones. 
Debemos confiar en que irán bien. 
Sin embargo, hay algo que debe quedar claro, más claro quizás que hasta ahora. 
No se puede defender o aceptar ninguna solución que se desvíe permanentemente del acervo comunitario. 
Las medidas provisionales son una cosa, y todos los países las han experimentado en algún momento durante la ampliación, pero se aplican durante un período de tiempo específico y tienen una fecha de caducidad. 
O sea, que si queremos avanzar, tenemos que dejar esto claro para todas las partes interesadas. 
De otro modo, creo que iremos en contra de un intento que muestra muy buenos augurios para el futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, aunque el inicio de la reunificación pacífica de Europa quedó simbolizado por la caída del muro de Berlín, ahora sabemos por la reunión que ayer celebró el Consejo de Asuntos Exteriores que el 1 de mayo de 2004 la UE se ampliará con los diez primeros países candidatos. Pero también sabemos que la transición, o más bien el proceso de transformación de las economías de los países afectados, durará mucho más. 
Sólo quiero apuntar que el índice de desempleo oficial en un país como Polonia es del 17% y que, en el año 2000, el PNB per capita de Polonia era equivalente a un 39% de la media de la Comunidad. 
Por lo tanto, en relación con el proceso de transición, estoy oyendo a muchos de mis colegas puntualizar- y en cierto modo tienen razón- todas las condiciones que los países candidatos deben cumplir. 
Por mi parte, señor Presidente en ejercicio, quisiera plantearle una cuestión muy directa y muy específica sobre lo que hará el Consejo en respuesta a las peticiones presentadas el pasado viernes en Varsovia por los gobiernos de los diez países candidatos. 
Reconozco que no soy experto en estos temas, pero creo que sus demandas son perfectamente legítimas: un paquete financiero que genere una estabilidad macroeconómica, una situación financiera neta que debe mejorarse no sólo para 2004 sino también de 2004 hasta 2006 y, finalmente, el uso máximo del procedimiento presupuestario de Berlín. 
En mi opinión, estas demandas son bastante legítimas. 
Por lo tanto, temiendo, como he oído esta mañana, que el primer ministro danés decía que no tenía intención de renunciar a las posiciones adoptadas en el Consejo Europeo de Bruselas, quisiera saber exactamente si, en respuesta a las demandas legítimas de los gobiernos de los diez países candidatos, van ustedes a presentar una oferta mejor que la que presentaron en Bruselas, o si van a mantener lo que decidieron en dicho Consejo Europeo. 
Creo que, además de los puntos generales que usted menciona, existen unas demandas específicas que deben tenerse en cuenta y que creo que han sido articuladas- repito- bastante legítimamente por los gobiernos de los países candidatos. 
Señor Presidente, celebro la oportunidad de participar en este debate histórico y deseo que llegue el día, ahora ya más cercano, en que los representantes de cada uno de los países candidatos ejerzan sus plenos derechos como diputados de esta Cámara y como miembros de todas las instituciones de la Unión Europea. 
Celebro en particular la confirmación por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores celebrado ayer en Bruselas de la plena participación de los nuevos Estados miembros en la redacción del Tratado que seguirá a la Convención. 
Uno de los capítulos básicos de las negociaciones que todavía sigue abierto es el de la agricultura. 
Las conclusiones del reciente Consejo Europeo celebrado en Bruselas descartan claramente cualquier negociación sobre los acuerdos de Berlín y la Agenda 2000. 
Este es el marco en el que tenemos que avanzar para concluir las negociaciones sobre agricultura con los países candidatos. 
A los países que defienden una política agraria firme, sean Estados miembros actuales o futuros, les conviene la integración más rápida posible en la política agrícola común. 
Señor Presidente, quisiera dirigirle mi primer comentario a usted personalmente. Tengo una queja formal que presentar, y lo más fácil es que lo haga en forma de una cuestión de observancia. 
Esta cuestión de orden se refiere al artículo 17, que establece un tratamiento de igualdad para los idiomas de la Unión. En las pantallas de vídeo, por ejemplo, cuando no es posible un tratamiento de igualdad, suele utilizarse un sistema establecido desde hace tiempo según el cual se utiliza al menos el idioma del país en el que estamos reunidos, de modo que aquí, en Estrasburgo, sería el francés. 
Pero desde ayer por la tarde, y todo el mundo puede verlo, en todas las pantallas adicionales instaladas en la Cámara en atención a los recién llegados, los futuros miembros, sólo se utiliza un idioma, que es el inglés. 
Muchos nos sentimos decepcionados por ello, y no sólo los miembros franceses, añadiría, sino también los diputados de todas las nacionalidades que no quieren que el inglés se convierta en la única lengua de Europa. 
También anoche, Señorías, oí un comentario efectuado por un colega diputado español que decía que los nuevos miembros pensarán que no están entrando en una Unión Europea sino en la Federación de Estados Unidos de América. 
Le agradecería que pasara esta queja a la presidencia del Parlamento. 
Es también este temor el que quería expresarles, en nombre de nueve miembros franceses de mi grupo, y también en nombre de muchos otros miembros. 
¿Estamos seguros de que adhiriéndose a la Unión Europea, tal como es en la actualidad, más arrogante cada día que pasa, los países candidatos están entrando en Europa? 
¿Estamos seguros de que, en realidad, no están renunciando a una parte de su alma europea, con la que muchos han creado la culturas más fértiles? 
¿Estamos seguros de que no son víctimas de una complicada ilusión y que, en definitiva, no van a dejar Europa para unirse a un universo atlántico donde las diferencias, las culturas, los idiomas y, a fin de cuentas, el patrimonio europeo- con el que ellos, como nosotros, están en deuda- van a desaparecer? 
La realidad es que ellos pertenecen a Europa; y no hay necesidad de reconocerlo porque han pertenecido a Europa, de forma natural, durante siglos. 
Hay que dejar bien claro que son países europeos aunque no se unan a la Unión Europea: incluso podríamos decir que, si no se adhieren, sin ninguna duda, serán incluso más europeos que si lo hacen. 
De hecho, la cuestión no es la ampliación de Europa, que se llevó a cabo hace mucho tiempo; es la ampliación de la Unión Europea, en otras palabras, una organización que es algo totalmente distinto y que a veces incluso puede ser algo exactamente opuesto. 
Y les digo esto por amistad a estos pueblos, en nombre de muchos ciudadanos franceses- e incluso pienso que en nombre de la mayoría del pueblo francés- que se oponen a esta idea terrible y virtualmente totalitaria que se denomina integración europea. 
Mis queridos amigos del Este, están renunciando a sus almas, a su patrimonio, a sus culturas, a sus libertades y, en definitiva, a sus propios intereses, y nada es más revelador, al final del día, Señorías, que el aspecto lingüístico que he mencionado al inicio de mi discurso. 
También quiero aprovechar esta oportunidad para quejarme a la Comisión, representada aquí por el Sr. Verheugen, porque el pasado mes de febrero pidió a los países candidatos que se comunicaran en inglés durante el proceso de negociación. 
Este problema lingüístico es un indicio. 
La omnipresencia del inglés pone claramente de manifiesto dónde está la trampa: es muy, muy lamentable, amigos míos de los países del Este, que estén abandonando un imperio para unirse a otro. 
Señor Presidente, en nombre de mis colegas de la delegación del MPF, quisiera dar una calurosa bienvenida a los representantes de los Estados que pronto se unirán a la Unión y que, de esta forma, se reúnen con su familia natural, la gran familia europea de la que fueron separados por el comunismo. 
Y con este espíritu aceptaremos el informe Brok. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar una queja y manifestar una esperanza. 
En primer lugar, lamento que se haya tardado tanto en reintegrar Europa desde la caída del muro de Berlín, aunque la integración europea sea claramente parte de los valores de nuestra civilización, del patrimonio cristiano que compartimos. 
En la actualidad hay dos países, Rumania y Bulgaria, que no podrán unirse a Europa durante algunos años. 
¿Por qué no enviarles una señal ahora, por qué no permitirles que se unan sin esperar el Tratado de la Unión Europea en un sentido estricto, lo que no plantearía ningún problema puesto que es un tratado intergubernamental flexible más que un tratado sobre la Comunidad? 
En segundo lugar, también queremos manifestar una gran esperanza. 
Vamos a construir juntos la nueva Europa. 
Si las cosas siguen como hasta ahora, pronto podríamos tener un superestado que pretenda tenerlo todo centralizado y uniforme, que ignore las democracias nacionales. 
Es un peligro real. Además, esta mañana hemos oído también a quienes creen que, después de la ampliación, necesitaremos un sistema de bloqueo central más estricto para responder a una mayor diversidad. 
Como nosotros, muchos de los que pronto serán Estados miembros, condenan esta tendencia. 
Sería mejor inventar una nueva Europa, diversa, más flexible, con más libertad y que se base en un respeto a las democracias nacionales. 
Esta mañana, hemos oído a un representante de Lituania manifestar su preocupación por lo que ocurriría con la libertad de decisión de Lituania cuando estuviera representada por ocho diputados en un Parlamento Europeo con 732 miembros. 
Es una cuestión legítima que muchos países, incluso los más grandes, deberían plantearse. 
La única forma de evitar que en el futuro se diluya la democracia, de evitar la sensación de no poder controlar nada, es aumentar la implicación de los parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones en Europa, proporcionándoles un verdadero derecho a decir sí o no a la participación de sus países en cada decisión. 
Para alcanzar esta Europa más libre y más democrática, señor Presidente, quienes valoran la libertad de sus países, quienes valoran la democracia de su país, y por lo tanto, quienes valoran la verdadera Europa, deberían unirse para defender sus valores. 
Señor Presidente, nos encontramos en la víspera de otro acontecimiento memorable: el nacimiento de la nueva Europa. 
Las reformas institucionales que la Convención y el Comité Intergubernamental deben llevar a cabo, especialmente para reducir los riesgos y aumentar las oportunidades para los ciudadanos, no son más que el paso final, esencial, antes de la reunificación de nuestro continente. 
Señoras y señores, los ciudadanos de la Unión no debemos subestimar la importancia histórica de este acontecimiento. 
Por fin, después de sesenta años, los países de la Europa del Este son invitados a formar parte de una importante nueva fuerza motora de la política internacional. 
En realidad, no se trata de una ampliación. Más bien preferimos hablar de unificación, porque los pueblos de la Unión se reagrupan con los pueblos del antiguo imperio soviético, que fueron aislados del área de libertad, paz y progreso por el superestado estalinista. 
Espero que, en la Europa del futuro, podrán seguir hablando sus lenguas, al igual que nosotros queremos seguir hablando las nuestras. 
Praga, Varsovia y Budapest, Sofía y Bucarest, son ciudades tan europeas como Roma, Atenas, París, Madrid o Londres. 
Quisiera señalar, si me lo permite, señor Presidente, como ciudadano de Roma, que Europa tiene también sus raíces en Estambul, en la antigua ciudad de Constantinopla, la capital de imperio romano del Este. 
Y esto nos lleva al tema de Turquía. 
Creo firmemente que debemos establecer una fecha antes de final de 2003 para que empiece el proceso de adhesión de Turquía. 
Si cerráramos las puertas a este país, que tanto hizo por proteger a Europa durante la Guerra Fría, sería un error que en definitiva alentaría el crecimiento del fundamentalismo islámico. 
La democracia turca ha hecho un gran progreso- con la abolición de la pena de muerte, por ejemplo- si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer. 
Los europeos tenemos la obligación de ayudar a este país. 
Tenemos la obligación de facilitar este viaje hacia la nueva Europa del futuro. 
Esperemos que Copenhague envíe una señal positiva en este sentido. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, la ampliación de Europa nos sitúa cara a cara con una cuestión histórica: estamos hablando de ampliar Europa, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos Europa? 
Creo que interpretar la Unión como una reinstauración de una entidad geográfica sería excesivamente mecánico. 
En mi opinión, la Unión Europea es una reinstauración de una realidad histórica que se remonta a tres mil años atrás, y que necesita una nueva base si quiere seguir funcionando. Y todos quienes hayan desempeñado un papel en estos tres mil años, si todavía existen, naturalmente deberán tener un lugar en la Europa de los tiempos modernos. 
Digo esto porque hace poco se ha planteado la cuestión de si Turquía merece ser un país europeo, basándose en criterios geográficos. 
Pero, por supuesto, los criterios no pueden ser geográficos. 
Sin lugar a dudas, Turquía es parte de nuestra historia. 
Les recuerdo que cuando la crisis del Imperio otomano llegó a su punto álgido en el siglo XIX, los poderes europeos se refirieron al Sultán como «el enfermo de Europa» , no el enfermo de Oriente Medio o el enfermo de Asia Menor. 
Lo que se impone en el camino de Turquía no es la falta de credenciales europeas, sino la falta de credenciales democráticas y su política exterior expansionista. 
Hoy tenemos motivos para la esperanza en ambos frentes. 
Las últimas elecciones han sido otro ejemplo de la voluntad de la República turca y han demostrado que es posible un cambio de gobierno real, fundamental. 
Lo único que queda por ver es si se introducirán cambios permanentes que consoliden la democracia en Turquía y ayuden a cumplir los criterios de Copenhague. 
Y, cuando se cumplan los criterios de Copenhague, no habrá obstáculos para que Turquía se convierta en miembro de la Unión Europea. 
En cuanto al segundo obstáculo, su agresiva política militar exterior, también existe un criterio, y este criterio es, por supuesto, la resolución del problema de Chipre, la ocupación del norte de Chipre por el ejército turco. 
Si, como se ha pedido en las resoluciones del Parlamento Europeo, Turquía realmente quiere ayudar a resolver el problema de Chipre basándose en el plan más reciente del Secretario General de las Naciones Unidas, entonces empezará a ceder también en su política exterior. 
Esto comportaría una revolución pacífica en este campo, que sería especialmente valiosa para Turquía, que necesita más que nadie labrarse por fin un futuro democrático. 
Señor Presidente, la cuestión principal que se ha planteado durante el debate de hoy ha sido hasta qué punto los países candidatos están preparados para la adhesión. 
Lamentamos que no se haya planteado la cuestión de si la Unión Europea está preparada para ello o, en cualquier caso, se ha mencionado sólo de paso. 
En la euforia del momento, no deberíamos cerrar los ojos ante las diversas áreas problemáticas. 
Creo que el problema principal sigue siendo la financiación de la ampliación e, inherentemente relacionado con ello, la reforma de la política agraria. 
Sigo lamentando que la reforma necesaria se haya aplazado hasta 2007. 
También lamento que los agricultores de los nuevos Estados miembros no recibirán el mismo trato que los de la Unión Europea actual hasta 2013. 
La actual política agraria europea, que vincula la subvención a la producción, es injustificable e inaceptable. 
Crea excedentes, mantiene altos los precios de los alimentos, deteriora el medio ambiente y actúa en detrimento de los agricultores de los países en desarrollo. 
Creo que como Parlamento deberíamos seguir mostrando nuestro acuerdo con el Comisario Fischler en sus esfuerzos para conseguir unas reformas rápidas y profundas en la política agraria, con un redireccionamiento de las subvenciones para el desarrollo rural y para los nuevos Estados miembros. 
Debemos evitar a toda costa una Europa de dos velocidades, con una velocidad para los países ricos de la UE actual, que se agarran con fuerza a sus privilegios, y otra para los países pobres de los nuevos Estados miembros que tienen las mismas obligaciones, pero, lamentablemente, no los mismos derechos. 
Señor Presidente, el debate extraordinario ha puesto todavía más de manifiesto tanto la diversidad de los puntos de vista sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea como los problemas de su forma futura. 
Algunas cosas se ven tal como se han descrito en el informe, pero muchas otras reciben un tratamiento más crítico que el del informe. 
Se han dicho algunas cosas que no pueden pasar sin crítica; cuando se están discutiendo las fronteras de Europa, quien simplemente dude de todo lo que se hizo en Yalta y en Potsdam, debería saber lo que está haciendo. 
Quizás no es un desastre que se anuncie el retraso de la fecha de la adhesión, pero pocas semanas después se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo, y serán sólo los Quince quienes decidirán sobre los resultados de la Convención. 
Sobre todo, hay otras razones de forma y de contenido para retrasar la fecha. 
Los problemas que quedan por resolver son más complicados de los que se supone. 
Es verdad que Polonia y otros estados esperan que se reconsidere el apoyo a la agricultura, y que no llegarán a la paridad antes del año 2013. 
No ha desaparecido el temor de que se creen dos Europas, una de primera clase y una de segunda. 
Estos temores son una reacción natural a las grandes concesiones que se han pedido a los candidatos, mientras que no ha habido negociación, o si la ha habido, ha sido muy poca, sobre los períodos de transición que se exigen. 
El Comisario Verheugen tiene unos complejos comprensibles si espera que los diputados digieran 6 000 páginas de texto para confirmar la adhesión. 
Sin embargo, deberíamos preguntarnos qué esperamos de los ciudadanos de la futura UE si tienen que tratar con la misma cantidad. 
Incumbe a los parlamentos- los parlamentos de cada país y el nuestro- poner el dedo en la llaga y exigir un planteamiento que asegure la estabilidad y la igualdad, e impida que terminemos dando vueltas en un círculo sin fin. 
Señor Presidente, creo que esta mañana hemos sido testigos de un momento histórico, como han dicho ya todos mis compañeros, cuando hemos dado la bienvenida a nuestros colegas de los países candidatos. 
Quisiera plantear una cuestión de menor importancia, en concreto la de la interpretación. 
En vez de las 11 lenguas oficiales, ahora tenemos 20. 
Es un cambio considerable. 
Debemos dar las gracias a los servicios de interpretación, que han seguido trabajando a pesar de las condiciones técnicas provisionales. 
Como catalán nativo, espero que en el futuro mi idioma, que es hablado por diez millones de ciudadanos europeos, pueda ser reconocido también en esta Cámara. 
Quería hacer este comentario durante el examen del informe Brok. 
En relación con el informe mencionado, uno de los criterios de Copenhague estipula que los Estados miembros deben respetar a las minorías y en concreto a las minorías nacionales, y subraya una parte del progreso que han conseguido los estados candidatos. 
Y es de agradecer. 
Pero el informe omite tratar algunos puntos difíciles. 
Por ejemplo, sé que en algunos de los Estados candidatos se han efectuado recortes administrativos de tal modo que las minorías nacionales quedan diluidas, mientras que en otros países candidatos, se han impuesto unas condiciones para la formación de partidos políticos de modo que las minorías no puedan formar uno. 
Y, finalmente, existe el problema de los decretos Bene? que en 1945 explotaron injustamente a estas minorías, una injusticia escandalosa, que aún hoy sigue siendo un problema y que algún día debería rectificarse. 
Es cierto, señor Presidente, es cierto que, antes de empezar a dar lecciones, deberíamos mirarnos a nosotros mismos. 
Y cuando digo «nosotros» me refiero a los Estados miembros. 
Por ejemplo, un Estado que hoy se niega a ratificar la Carta Europea sobre Derechos Lingüísticos podría unirse a Europa? 
Es una pregunta que podríamos plantearnos, como muchas otras, y por este motivo creo que debemos valorar los criterios de Copenhague con un cierto grado de indulgencia y abrir de par en par las puertas de nuestra Europa. 
Señor Presidente, no nos hemos mostrado parcos en nuestras críticas a la ampliación y a menudo hemos expresado nuestra preocupación, incluso en la Cámara del Parlamento Europeo, por los problemas que plantea para el mercado laboral- con el riesgo de que podría descompensar el equilibrio del sistema de pequeñas y medianas empresas de Padania, con consecuencias muy graves- y por el temor, que vemos reflejado de forma adecuada en el informe Brok, de que una legislación inadecuada y las tradiciones políticas de algunos de estos países puedan comportar que no se disponga de los programas necesarios o que éstos sean insuficientes para proporcionar una protección eficaz contra la expansión de la delincuencia financiera y de la mafia. 
Sin embargo, queremos aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida y extender una mano amiga a los pueblos libres que consiguieron preservar su identidad cultural incluso durante los años terribles de la opresión comunista, que ahora se unen a Europa, igual que hicimos nosotros, ciertamente no para aceptar, después de tantos años de dictadura, los dictados de la normalización impuesta por la globalización o la corrección política, ni para ser sometidos de nuevo al centralismo. 
Contamos con ellos para que nos ayuden en estas batallas, para que nos ayuden a preservar la naturaleza cristiana de la Europa de los pueblos y las regiones que estamos intentando crear. 
En relación con el tema extremadamente delicado de Turquía, que ha ido surgiendo a intervalos durante este debate, nunca lejos de la superficie, queremos destacar especialmente el coraje del presidente, el señor Giscard d ' Estaing, que ha provocado una tormenta en las aguas de un debate a menudo demasiado cauteloso sobre la política europea, describiendo los hechos tal como son, como todos sabemos que son, como se desprende de los libros de historia que estudian todos los alumnos de todos los países europeos, principalmente que Turquía no forma parte de Europa, ni históricamente, ni geográficamente ni políticamente, y que no satisface los criterios políticos de adhesión que se establecieron en Copenhague sobre los derechos humanos, las libertades fundamentales o incluso la libertad de religión. 
Es un país, un régimen, que todavía tiene que resolver el problema histórico de la aniquilación, el holocausto del pueblo armenio, y que ha progresado muy poco en términos de reconocimiento de los derechos de la minoría kurda, es un país que legítimamente se puede definir, con todo el respeto posible y toda la diplomacia necesaria, como una especie de Colombia mediterránea: es el hogar de uno de los grupos de la mafia más peligrosos que organiza el tráfico de drogas a nivel internacional. 
En otras palabras, creemos que la unión política con Turquía está fuera de toda duda, especialmente porque, si Turquía llegara a formar parte de Europa, la Unión Europea tendría entonces fronteras directas con Iraq, Irán y Siria. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me habría gustado saludar también al Comisario, Señorías, quisiera concentrarme sólo en un tema que ya se ha mencionado, pero que quiero tratar de una forma marcadamente distinta. 
Creo que nosotros, como Parlamento Europeo, debemos preguntarnos seriamente cómo tenemos intención de tratar a un país tan importante como Turquía a largo plazo. 
Creo que debemos dar respuestas muy serias a unas cuantas preguntas. 
La primera pregunta es ¿realmente queremos sostener un espejo ante los informes de progreso de Turquía año tras año y decirle: perdón, ¿todavía no está listo? 
¿Queremos tolerar permanentemente una situación en la que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea se ve perjudicada por ser incapaz de utilizar los recursos de la OTAN porque los turcos podrían utilizarlos para chantajearnos? 
Antes de que Turquía se convierta en miembro o tanto si la plena adhesión a la Unión Europea se convierte en una posibilidad como si no, ¿no deberíamos buscar las respuestas a la pregunta de cómo podemos incluso hoy ayudar a la Unión Europea a crear unas relaciones especiales con Turquía, permitiéndonos así tratar seriamente todas las cuestiones que debemos responder conjuntamente, más concretamente en el campo de la política exterior y de seguridad? 
De modo que pido a mis colegas diputados que piensen seriamente en este tema y entonces quizás, después de todo, acepten la moción del PPE-DE sobre este mismo tema y voten a favor de la misma. 
Me refiero a la enmienda número 7, que dice que debemos empezar a crear una relación especial con Turquía ahora para que podamos resolver juntos todos los problemas comunes. 
No deberíamos esperar hasta que la situación de Turquía en cuanto a derechos humanos, democracia, etc., sea tal que pueda ser considerado seriamente como un país candidato. 
Me complacería que esta Cámara mostrara su apoyo a este tema urgente para que podamos conseguir una buena colaboración con esta parte importante de Europa. 
Señor Presidente, aunque esta tarde nos hemos reunido como representantes de los Estados miembros, nuestra preocupación es obviamente por nuestros amigos, los países candidatos. 
La reunión de esta mañana ha sido un símbolo maravilloso y muy positivo. 
Pero el trabajo no está terminado. 
Como todo el mundo, confío en que las negociaciones acabarán en las próximas semanas y que los resultados serán positivos. 
En este sentido, lamento la importancia que se da a los temas financieros. 
Lejos de defender una actitud de derroche- pueden estar seguros de que no defiendo la idea del gasto sin medida- nuestros gobiernos y nosotros mismos deberíamos mostrar una cierta generosidad e idealismo. 
«Realpolitik» no es necesariamente sinónimo de engreimiento. 
Existe un riesgo de que un presupuesto inadecuado obstaculice las reformas en Europa Central y quizás acabemos pagando un precio muy alto por ello en el futuro. 
La adhesión de nuestros amigos de la UE no significará el final de las dificultades. 
Mi principal preocupación es la opinión pública y el estado de ánimo de los demás. 
Así, en nuestros países, todavía queda mucho por hacer para que nuestros ciudadanos comprendan el profundo significado de la ampliación de la UE. 
De momento, están más o menos deslumbrados por la complicación de los cálculos y, en definitiva, los árboles les impiden ver el bosque. 
Me temo que existe una cierta confusión en los países candidatos sobre lo que realmente es la Unión Europea, sobre sus objetivos fundamentales y lo que significa tener una voluntad de convivencia y a la vez consentir una delegación genuina de la soberanía. 
Para los países que se sienten fervientemente orgullosos de su independencia y de su libertad, ser miembro de la Unión Europea es un paso muy beneficioso- y no soy un euroescéptico- pero de mucha consideración. 
Lamento que en las negociaciones, basadas en los criterios de Copenhague, en cierto modo se haya ignorado este aspecto de las cosas, y se haya dedicado la mayor parte del tiempo a los aspectos técnicos, especialmente los económicos, del expediente. 
Sin embargo, después de la adhesión debemos seguir trabajando para iluminar y convencer a los ciudadanos de la UE ampliada. 
Como el propio Comisario ha dicho antes, no se trata sólo de los aspectos técnicos, sino también de nuestra alma. 
Señor Presidente, con la ampliación de la Unión Europea la frontera que compartiremos con Rusia será más larga y tendremos varios vecinos nuevos. 
Es probable que también nuestros nuevos vecinos soliciten formar parte de la UE y que así continúe la ampliación. 
Es muy importante para todos nosotros que nuestra frontera externa siga abierta y segura. 
No hay que poner nuevos obstáculos en Europa que se conviertan en un impedimento para las relaciones y la cooperación con otros países. 
También debemos compensar las diferencias económicas y sociales que existen entre los Estados miembros y nuestros países vecinos. 
Esto es especialmente importante para los Estados miembros situados en las fronteras externas. 
A medida que la ampliación avance, tenemos que establecer una nueva política para una Europa más grande, una política que incorpore las relaciones bilaterales con nuestros vecinos actuales y futuros y el desarrollo de una cooperación multilateral, por ejemplo, en el contexto del Consejo de Europa y la OSCE. 
Esta mañana algunos eurodiputados intentaban aconsejar a los diputados de los nuevos Estados miembros, diciéndoles que deben estar preparados para abandonar el derecho de su país a la autodeterminación y aceptar que la Unión se convertirá en una federación supranacional. 
No estoy de acuerdo con estos puntos de vista. 
Una Unión ampliada debe ser una confederación democrática de estados independientes dirigidos por un Consejo de Ministros que represente a los Estados miembros. 
Señor Presidente, sin duda estamos viviendo momentos importantes. 
Ésta es una sesión importante, un informe con muchos puntos positivos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y un momento muy importante para uno de los países candidatos, Chipre. 
Creo que, aunque las perspectivas pueden ser buenas, existen también algunos interrogantes. 
Tengo dos preguntas. 
La primera dirigida al Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Haarder. 
Señor Presidente en ejercicio, aquí existen dos procedimientos paralelos, el procedimiento de la integración y el procedimiento de la negociación basado en el plan presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, que utiliza la Cumbre de Copenhague como punto límite y una de cuyas condiciones es que ambas partes firmen la versión original de su plan. 
Ayer finalizaba el plazo para una respuesta verbal; la República de Chipre ha dicho sí pero no ha habido respuesta del lado turcochipriota, quizás porque el Sr. Denktash está enfermo. 
Mi pregunta es la siguiente: si las cosas siguen así, quiero decir si no hay respuesta del lado turcochipriota y esta incertidumbre persiste, la presidencia del Consejo podrá asegurarnos que la primera decisión tomada en la Cumbre de Copenhague será la decisión de integrar la República de Chipre de conformidad con las resoluciones de Helsinki? 
Mi segunda pregunta va dirigida al señor Verheugen, que está ausente, lo que es algo poco habitual. 
Suele ser bastante estricto en la asistencia a nuestras sesiones. 
Confío en que su colega le pasará la pregunta. 
El plan de Annan, que contiene varios puntos interesantes, impone limitaciones cuantitativas al derecho de establecimiento, a los derechos de propiedad y al derecho de elegir y ser elegido de los ciudadanos de ambos lados, que pueden solicitarlo para siempre y no sólo durante un período de transición. 
¡Para siempre! 
Esto es una infracción del acervo comunitario. 
Un ciudadano finlandés, por ejemplo, tendrá más derechos en el estado grecochipriota que un turcochipriota, y un ciudadano portugués tendrá más derechos en el estado turcochipriota que un grecochipriota. 
Esto contraviene claramente el acervo comunitario. 
¿La Comisión tiene intención de intervenir de forma positiva y constructiva para asegurar que el plan de Annan sea conforme y no se contradiga con el acervo comunitario? Me gustaría tener una respuesta del Sr. Verheugen a esta pregunta cuando llegue. 
Señor Presidente, he tenido el privilegio de trabajar los últimos tres años en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Lituania, donde hemos tenido que enfrentarnos a una serie de dificultades que ya se han mencionado, de manera que no volveré sobre ellas. 
La determinación de los países candidatos a resolver esos problemas y trabajar constructivamente ha permitido realizar un progreso increíble. 
Para un pequeño país como Gales, al que yo represento, es también importante que otros países pequeños estén representados aquí en el Parlamento Europeo por derecho propio. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiere una Europa en donde esas pequeñas naciones y regiones desempeñen un papel importante y en donde países como Gales tengan en el futuro los mismos derechos que nuestros amigos de los diez países candidatos. 
Tienen que asegurar que se respeten las minorías y que se avance en materia de regionalización. 
La diversidad de Europa es cada vez mayor, no sólo en términos económicos y sociales, sino también lingüísticos, culturales y políticos, algo que nosotros celebramos. 
Tenemos que trabajar para lograr una verdadera Europa de los pueblos, donde todos tengan los mismos derechos y sean tratados con el mismo respeto. 
Señor Presidente, el apartado 46 del informe pide al Grupo de Trabajo sobre Seguridad Nacional del Consejo que informe al Parlamento sobre la aplicación de las medidas de seguridad en Temelin antes de que finalicen las negociaciones para la adhesión. 
Este requisito es adecuado e importante porque en la actualidad los operarios no satisfacen ni las normas de seguridad mínimas como la renovación del tan discutido nivel de 28,8 m. 
Tampoco se ha mejorado la tan criticada calidad de las válvulas peligrosas. 
Las tuberías todavía no tienen un segundo revestimiento protector como exigen las normas europeas. 
En cualquier caso, el primer revestimiento protector es inadecuado. 
Por lo tanto, la central nuclear de Temelin no satisface en absoluto las condiciones que establece el grupo de trabajo del Consejo como se acordó en el proceso de Melk. 
Si todo esto se ignora, el intento de la Comisión, a principios de este mes, de crear unas nuevas normas de seguridad para las centrales nucleares se puede considerar un fracaso ya desde el principio. 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, diputados de este Parlamento y colegas de los países candidatos, permítanme que dé una cálida bienvenida a nuestros colegas letones que fueron elegidos para el nuevo parlamento de su país a principios de octubre de este año. 
Y les doy esta cálida bienvenida porque durante muchos años me he sentido muy implicado en sus esfuerzos y en su trabajo. 
En días como hoy me pregunto- y estoy seguro de que no soy el único- qué es lo que más me ha impresionado del proceso de ampliación en los últimos años. 
Entre los muchos logros destacables, hay uno que apenas se aprecia. 
Muchos informes de la Comisión o del Parlamento contienen una breve frase que está impregnada de significado- una frase que pocas veces recibe comentarios, y la atención que se le presta no tiene ninguna relación con su importancia. 
La frase dice sencillamente- y se aplica a los diez países candidatos: «Se cumplen las condiciones políticas para la adhesión.» 
Esto significa que el primer criterio de adhesión, y para mí el más importante, formulado en Copenhague no es un obstáculo. 
Yo no doy por sentada esta valoración fundamental. 
Deberíamos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros colegas de los parlamentos y los gobiernos de los países candidatos por haber seguido con celeridad los principios democráticos, incluso en situaciones difíciles. 
El cultivo de las relaciones democráticas no se puede dar por sentado en tiempos de agitación y reorientación, en tiempos de graves problemas económicos y cambios radicales de circunstancias. 
Después de décadas de dictadura, los ciudadanos han demostrado cuál debe ser la prioridad política: la democracia y la libertad tienen preferencia, deben cuidarse y protegerse. 
Señor Presidente, hemos llegado a un punto crucial de la historia de Europa. 
Creo que todos hemos sentido un agradable zumbido durante la reunión de esta mañana. 
A partir del 1 de mayo de 2004, la Comunidad incluirá no menos de 25 países. 
Casi toda Europa estará ahora unida como comunidad. 
Los diez países candidatos han completado esencialmente sus preparativos para la adhesión. 
Ha sido un proceso exigente y a veces doloroso para estos países. 
Todavía tienen que desarrollar la capacidad administrativa y judicial necesaria para aplicar y cumplir la legislación de la UE en términos puramente prácticos, por ejemplo en el ámbito de la agricultura, la alimentación y el medio ambiente. 
Esto se aplica también a nivel regional y local. 
Una de las cosas para la que creo que es importante es para que, en la práctica, todos los sectores cumplan los requisitos para la integración de la protección medioambiental y sanitaria. 
Esto se aplica especialmente en la agricultura y en el desarrollo de infraestructuras. 
Es un requisito que se aplica no sólo hasta la adhesión de los nuevos Estados miembros sino también, y por supuesto lo que es más importante, después de dicha fecha. 
En el marco establecido en la pasada Cumbre de Bruselas celebrada en octubre, finalmente las condiciones de adhesión para cada nuevo Estado miembro se acordarán individualmente. 
Lo que se exige fundamentalmente en las negociaciones es un alto grado de flexibilidad, así como de solidaridad tanto con los países candidatos como, recíprocamente, también entre los Estados miembros. 
Debemos vigilar que se garanticen a los nuevos Estados miembros unas condiciones justas de competencia, de modo que su adhesión a la UE pueda ser una aportación positiva al desarrollo de la prosperidad de los países. 
Además, digo esto en parte porque sólo un apoyo positivo y convincente de los ciudadanos en los próximos referéndums situará esta importante ampliación en la perspectiva adecuada. 
Estoy convencido de que la presidencia danesa y el Comisario Verheugen tienen la flexibilidad y la actitud de solidaridad necesarias para hacer posible que se pueda adoptar la decisión final en Copenhague sobre la adhesión de cada país, y si no es el 12 de diciembre, será el 13 de diciembre. 
Señor Presidente, la generación más joven apenas puede imaginar un continente partido por la mitad y la amenaza permanente de la guerra entre la zona occidental y la oriental. 
Los pueblos de la Europa Central cortaron ellos mismos la alambrada y, desde entonces, los países candidatos han conseguido un progreso importante. 
A pesar de ello, no deberíamos subestimar el trabajo que todavía queda por hacer en cuanto a buena gobernanza, corrupción, tráfico de personas humanas y minorías. 
La celebración de hoy marca el inicio de la recta final, pero no veremos la meta hasta dentro de un par de años. 
Resulta decepcionante que algunos partidos, como el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de los Países Bajos, se aprovechen de la ampliación como medio para recuperar votos explotando los temores de los ciudadanos. 
Estas personas reciben una información falsa. 
Los políticos responsables no sólo describen los problemas de la ampliación, sino también sus grandes ventajas. 
El populismo es una nueva epidemia, contra la que debemos luchar con medios liberales y que no deberíamos fomentar. 
La Unión Europea por sí sola es incapaz de preparar la ampliación con eficacia. 
La estrecha visión de miras del egoísmo nacional de Francia hace que la aplicación de las reformas agrarias sea imposible. 
Además, la división de opiniones sobre el tema de la adhesión de Turquía planea de nuevo sobre Europa y sobre este Parlamento. 
Las invitaciones ya se han enviado; ni Giscard ni el Papa pueden recuperarlas de los buzones, pero es demasiado pronto para establecer una fecha para el inicio de las negociaciones. 
No queremos unir nuestras fuerzas con un país que todavía permite la tortura. 
Para las próximas generaciones, las principales amenazas vendrán del exterior del continente; aquí, parece que la paz está garantizada. 
Señor Presidente, muchas veces he tenido la oportunidad de citar en esta Cámara el excelente libro del montañismo noruego. 
El mensaje, eminentemente simple, es que en caso de que surjan discrepancias entre el mapa y el terreno, siempre debe seguirse el terreno. 
Tanto en esta Cámara como en la Unión Europea en general podríamos encontrar muchos ejemplos en los que no se sigue esta norma elemental. 
La vida transcurre detrás de un velo de ilusión y, de hecho, el ejemplo más sorprendente que he vivido jamás es este debate. 
No se ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales de lo que se denomina ampliación hacia el Este. 
Por una parte, no hay ninguna duda de que las realidades económicas nos obligarán a mantener la tradición, que se remonta a muchos años atrás, según la que Europa Occidental explota a los vecinos de la Europa del Este, con diferencias de salarios, diferencias de capital, etc. Por otra parte, el ajuste que estamos llevando a cabo es una expresión de la demanda de infraestructura, a la que se ha referido ya mi conciudadano Torben Lund y que todavía queda muy lejos de la realidad. 
Lo que exigimos es simplemente inviable. 
Permítanme añadir sólo que nuestro excelente Ministro para Europa es un excelente compositor pero su capacidad para componer canciones no es suficiente en este contexto. 
Señor Presidente, Comisario, hoy es un día excepcional para las naciones de Europa, porque, en tiempos de paz, nos estamos comprometiendo en un proceso de ampliación, no, de reunificación que ni siquiera podíamos imaginar durante el siglo pasado. 
Es un momento único y una oportunidad para todos, miembros actuales y futuros miembros de la Unión, dado que la historia y la diversidad de Europa conservan algunos valores fundamentales. 
Europa se encuentra en una encrucijada. 
Tiene una población más numerosa, es más poderosa y más solidaria- todavía puede cambiar el orden mundial. 
Mientras tenga la fuerza y el coraje para hacerlo, esta Europa es capaz de hacer que el individuo vuelva a ser el centro del planeta, de integrar la dimensión social y medioambiental en todas sus decisiones. 
El plan para un desarrollo sostenible basado en la solidaridad debe reafirmarse como objetivo de la Unión. 
Europa será lo que hagamos de ella: o bien una potencia media, atrincherada en sus egoísmos- los egoísmos de las naciones que han concedido a los países implicados en la ampliación sólo 25 000 millones de euros mientras que el Plan Marshall les ofrecía 97 000 millones de euros -, o bien una Unión que promueva sus valores políticos, sociales y medioambientales. 
Por mi parte, Señorías, creo en el futuro que estamos modelando, especialmente en relación con los esfuerzos considerables que están haciendo los países candidatos. 
Ahora nos toca convertir las palabras en hechos. 
Señor Presidente, Comisario, quisiera hablar sólo del tema de la seguridad interna, porque esta seguridad es muy valiosa para nosotros, tanto para los ciudadanos de la Unión Europea como para la Unión Europea como sistema económico. 
Uno de los objetivos de la ampliación debe ser conseguir más seguridad con una estrategia común, una política común en la lucha contra la corrupción, el crimen internacional, la inmigración ilegal y demás. 
Todos los países candidatos han realizado un esfuerzo tremendo durante el proceso de preparación para que la seguridad interna tenga un nivel elevado. 
La Unión Europea les ha ayudado activamente con diversos programas. 
La Comisión realiza una revisión anual del progreso conseguido. 
Algunos han progresado bastante mientras que otros, lamentablemente, todavía tienen mucho terreno por delante. 
Sin nombrar a ningún país, quisiera llamar la atención hacia algunos de estos defectos. 
En un punto de este informe leemos que se necesita un mayor esfuerzo para luchar contra la corrupción y los delitos económicos, que siguen siendo motivo de gran preocupación. 
O que todavía quedan déficits en la aproximación de las legislaciones en el ámbito del blanqueo de dinero o de la protección de intereses financieros. 
Además, dice que hay que prestar una atención especial a la lucha contra las drogas y el contrabando, el fraude, la corrupción y el crimen organizado, o que hay que incrementar los esfuerzos para combatir el crimen organizado. 
Son unos puntos bastante específicos que muestran dónde tienen que incidir los esfuerzos de cada uno de los países candidatos. 
Como los países candidatos están aquí representados hoy, les pido a todos que hagan lo posible para resolver estas carencias que todavía existen y para garantizar que la Unión ampliada siga siendo una unión de seguridad. 
Estoy convencido de que con el apoyo que están recibiendo podrán resolver estos déficits y alcanzar los objetivos. 
Y esto nos beneficiaría a todos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, ya hace muchos años que, junto con el Sr. Oostlander, tengo el privilegio de seguir el proceso de la adhesión desde el punto de vista de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
El informe escrito dice que todavía queda mucho por hacer. 
Al contrario que el Sr. Pirker, a mí me gustaría remarcar el enorme progreso que todos los candidatos han conseguido en este ámbito que es tan amplio y tan difícil, y en el que han recibido ayuda de la Comisión y de nuestros Estados miembros: la abolición de la pena de muerte, que todavía existía al menos en la legislación de algunos países candidatos, la discriminación de diversas minorías, minorías rusas por ejemplo, la mejora de la integración de las minorías de Roma, la creación de una policía democrática y de los organismos democráticos de persecución de delitos, así como otros organismos importantes del sector judicial y administrativo, y muchos logros más que se han conseguido con un esfuerzo sin precedentes. 
Así ha ocurrido en todos los países candidatos, con más o menos éxito, pero sobre todo en la República Checa, que siento especialmente cerca de mi corazón. 
Por lo tanto, considero que es de lo más lamentable que el actual gobierno austríaco no reconozca los hechos positivos que se han conseguido, y que al menos uno de sus partidos en el gobierno esté utilizando lemas antichecos para acaparar votos en la actual campaña electoral. 
Por supuesto, se están centrando de nuevo en el pasado. 
Espero que después de las elecciones del domingo, tendremos en Austria un gobierno que dé prioridad a un futuro común para la República Checa y Austria, y que no obstaculice ni la ampliación ni la profundización de la Unión Europea. 
Señor Presidente, este es el momento de confirmar el final de unas divisiones históricas. 
En primer lugar, me gustaría decir unas palabras sobre Chipre e instar a las autoridades turcochipriotas a que den una respuesta positiva al plan de Annan. 
Sé que, lamentablemente, el Sr. Denktash sigue estando muy delicado de salud, pero tiene que haber alguna manera de que manifieste su apoyo a este plan como punto de partida de las negociaciones. 
Estoy convencido de que la mayoría de los turcochipriotas quieren esa respuesta positiva. 
En segundo lugar, les pido que apoyen la enmienda 24 al informe, presentada por el Grupo ELDR. 
Dicha enmienda contempla la transformación del proceso de vigilancia de la adhesión en un sistema de revisión mutua aplicable a todos los Estados miembros, nuevos y antiguos. 
De esta forma se aseguraría el respeto a la responsabilidad democrática, la integridad de la administración pública, la no discriminación, las libertades civiles y el Estado de Derecho. 
Tenemos que invertir dinero, tiempo y esfuerzo en nuestros sistemas democráticos y judiciales en toda la Unión Europea. 
Los 15 Estados miembros actuales no son, por supuesto, perfectos y tenemos que invertir al menos tanto como lo hacemos en nuestra agricultura. 
Nos pasamos mucho tiempo hablando sobre agricultura y fondos estructurales. 
Tenemos que dedicar al menos el mismo tiempo a hablar sobre los cimientos de la democracia y la justicia en todos nuestros Estados miembros, por medio de una evaluación mutuamente constructiva. 
Señor Presidente, estoy a favor de la ampliación de la Unión Europea para que incluya a toda la Europa geográfica y más allá, pero si las principales potencias que dominan la Unión Europea la amplían, no es precisamente por generosidad. 
Sus grupos industriales y financieros ya están controlando la economía de los países de la Europa del Este y la ampliación es el medio ideal para reforzar este control. 
La adhesión a la Unión Europea no protegerá a los trabajadores de estos países contra el desempleo que ya es elevado, contra los salarios bajos o la reducción de los programas de protección social y no evitará que se expulse a los agricultores de sus tierras. 
Estos países no se integrarán en la Unión Europea como iguales, sino como subordinados, sujetos a las decisiones de las principales potencias y al dominio de los grandes empresarios de Francia, Alemania o Inglaterra. 
Los trabajadores tendrán que trabajar para empresas occidentales, ganando bastante menos que los salarios ya inadecuados de sus colegas occidentales. 
Además, resulta realmente escandaloso comprobar que, durante varios años, los ciudadanos de estos países no podrán disfrutar de los mismos derechos de libre circulación y establecimiento que tienen los ciudadanos actuales de la UE. 
Por este motivo, cuando estos países se adhieran a la Unión Europea, daré la bienvenida a los trabajadores y a las clases obreras y manifestaré la esperanza de que en las luchas futuras para cambiar nuestro destino podamos combatir juntos. 
Señor Presidente, Señorías, en general valoro positivamente el informe del Sr. Brok. 
También quiero agradecer todo el trabajo que ha llevado a cabo la Comisión, el Parlamento Europeo y, en especial, los países candidatos para que la ampliación sea posible. 
Hoy, sin embargo, quiero desviar la atención hacia la estrategia de desarrollo sostenible adoptada por la Cumbre de Gotemburgo y también hacia el programa de gestión medioambiental de las Naciones Unidas adoptado en Johanesburgo. 
La UE ha prometido tomar la iniciativa en la aplicación de este programa de gestión. 
La tendencia hacia un desarrollo ecológicamente sostenible debe mostrarse ahora en todas las áreas de política de la UE y en todos los planes y programas que se elaboren para satisfacer la necesidad tanto de un cambio de dirección en la UE como de inversión medioambiental en los países candidatos. 
Por lo tanto, deberíamos ver un aumento considerable de la proporción de recursos procedentes de los fondos estructurales y de la política agraria común que deben reservarse para el medio ambiente. 
Hasta el año 2006, aproximadamente un 10% de los fondos estructurales deben reservarse para fines de infraestructura medioambiental, por ejemplo la limpieza de aguas residuales. 
También es necesario realizar valoraciones de impacto medioambiental de las políticas agrarias y estructurales, tal como ya ha apuntado el Parlamento Europeo. 
Todo esto entrará en vigor en los Estados miembros en 2003 y es absolutamente necesario si queremos conseguir un desarrollo sostenible en la UE ampliada. 
Señor Presidente, apoyo plenamente este informe y me gustaría referirme en particular al tema de Turquía, ante los recientes y desafortunados comentarios del Sr. Giscard d ' Estaing. 
Considero que esos comentarios del presidente de la Convención son inaceptables e inapropiados. 
Me parece especialmente ofensivo su comentario de que los partidarios de la adhesión de Turquía son «los adversarios de la Unión Europea». 
Yo soy partidario del ingreso de Turquía en la UE, pero siempre que cumpla los criterios de Copenhague. 
No comparto la estrecha perspectiva de la Unión como un club «cristiano» ; prefiero verla como una entidad pluralista capaz de reflejar la naturaleza diversa de la UE tal como existe hoy en día, incluso antes de que prosiga su expansión. 
Siempre he creído que la adhesión de Turquía tendería un puente importante entre Occidente y el mundo islámico. 
Desde el 11 de septiembre, ese puente ha adquirido una importancia aún mayor. 
El posible ingreso de Turquía demostraría que la democracia y la cultura occidentales pueden coexistir y cooperar plenamente con el mundo islámico. 
El reciente cambio de gobierno en Turquía no cambia para nada mi opinión. 
Los ciudadanos han hablado y nosotros tenemos que aceptar su veredicto. 
Celebro el firme compromiso adquirido por el Sr. Abdullah Gul, subsecretario del AKP, durante su reciente visita a Bruselas, de continuar con el programa de reformas. 
No obstante, antes de que pueda fijarse una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión, tenemos que recibir más pruebas de que su programa de reformas se está llevando a cabo. 
Liberar a prisioneros políticos, poner fin a las torturas, someter a las fuerzas de seguridad al Estado de Derecho, respetar los derechos de la minoría kurda y adoptar otras medidas relacionadas con los criterios de Copenhague son pasos seguros para que Turquía consiga esa fecha de inicio de las negociaciones de adhesión. 
El progreso en este terreno depende no tanto de la UE como de la nueva administración turca. 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo, quisiera decir que me complace que, en lo que se refiere a la ampliación de la Unión y el establecimiento de unas bases para una Europa realmente unida basada en nuestros valores comunes, finalmente hayamos llegado a la recta final. 
Y mientras tanto, creo que las mujeres de Europa tienen un papel muy importante en este sentido, y que en la carrera hacia un nuevo Tratado constitucional de la Unión Europea ha llegado el momento de que respetemos y demos prioridad en la agenda política a los derechos humanos de las mujeres y la aplicación práctica del principio reconocido de la igualdad de géneros en todos los sectores de la vida política, social y económica de Europa. 
Lamentablemente, todavía estamos muy lejos de este ideal, como ha quedado perfectamente claro en el debate de esta mañana en la Cámara, donde la lista de oradores parecía más la lista de un club de caballeros en el que ocasionalmente se invita a algunas mujeres. 
Estoy muy preocupada por la posición de las mujeres en muchos de los países candidatos; su situación no ha mejorado con el cambio a una economía libre. 
El desempleo ha aumentado y se han incrementado también las diferencias salariales. 
Las infraestructuras para el cuidado de los niños y los ancianos se están deteriorando y el tráfico de seres humanos, el comercio de mujeres y niños por parte de bandas internacionales de crimen organizado, está adquiriendo unas proporciones explosivas. 
Nosotros, en la Comisión de Derechos de la Mujer, hemos destacado en repetidas ocasiones que en este proceso de ampliación debe ser esencial la aplicación eficaz de medidas para combatir la explotación sexual y la violencia contra las mujeres. 
Queremos hacer hincapié de nuevo en el hecho de que los partidos y los gobiernos deben promover la igualdad de condiciones en la participación de hombres y mujeres en los procedimientos de toma de decisiones. 
No puede tener credibilidad una política que no promueva la igualdad de géneros en los procedimientos de toma decisiones y la planificación del futuro. 
Los partidos y los gobiernos deben tener la misma cantidad de hombres y mujeres candidatos en las elecciones europeas de 2004. 
La ampliación nos ofrece la oportunidad de conseguir que los cimientos de la democracia sean aún más profundos. 
Estoy convencida también de que la igualdad de géneros no es un lujo superfluo; es una necesidad básica si queremos mejorar la calidad de nuestras decisiones, mejorar nuestra comprensión de los problemas contemporáneos y hacer que nuestra democracia funcione con mayor eficacia. 
Señor Presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad, también en nombre de los liberales neerlandeses, para expresar nuestro apoyo a la ampliación con los doce países con los que se están negociando actualmente. 
Y es por motivos históricos, que esta mañana se van repitiendo una y otra vez, pero también por motivos políticos, económicos y culturales. 
Estamos a favor de la ampliación, pero creo que no deberíamos encubrir el problema, que es todavía más grave a causa de los problemas adicionales que el Big Bang traerá consigo. 
Ser miembro de la Unión Europea es más difícil que convertirse en uno. 
Parece que la mayor parte de los candidatos están logrando los avances necesarios, pero algunos tienen graves problemas, principalmente en el campo de la corrupción, la implementación del acquis, la capacidad administrativa y el control financiero. 
Aunque los informes de progreso de la Comisión son excelentes, no estamos del todo convencidos de que la adhesión de los diez pueda tener lugar en 2004. 
Lo evaluaremos al final de las negociaciones. 
El régimen de seguimiento de progreso de la Comisión y las cláusulas de salvaguarda a veces pueden proporcionar la respuesta, pero es un buen instrumento que sólo se puede desplegar hasta cierto punto. 
En países donde no prevalece el estado de derecho, las cláusulas de salvaguarda no serán de ninguna utilidad. 
¿Cuál es la opinión de la Comisión al respecto? 
¿Al fin y al cabo, qué pretende la UE si no se ponen en práctica principios esenciales como el Estado de derecho? 
Además, consideramos que estas condiciones deberían aplicarse no sólo a los países candidatos sino también a los quince actuales. 
Un ejemplo positivo es el informe del Sr. Jan Mulder de la Comisión de Control Presupuestario. 
Y esto me lleva al problema final, que el proceso interno de toma de decisiones de la UE no está estructurado ni mucho menos. 
Nos gustaría que el resultado del próximo Comité Intergubernamental contribuyera a resolver todo tipo de obstáculos, como el de la codecisión del Parlamento y del Consejo, el acceso público a las reuniones legislativas del Consejo, la apelación del derecho de veto en el Consejo y la elección del Presidente de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo o del electorado. 
¿Si, como en Niza, el Comité Intergubernamental no resuelve los cuellos de botella institucionales, existe un plan B al que podamos recurrir? 
Es una pregunta para el Consejo. 
En cualquier caso, deberíamos, por encima de todo, votar a favor de una ampliación equitativa para abril de 2003. 
Señor Presidente, hablando de democracia y de ampliación, acaban de comunicarme que un periodista y varios miembros de la Rifondazione han sido expulsados de Praga, a donde habían acudido para participar en una manifestación en contra de la ampliación de la OTAN, una medida que condeno. 
La Unión Europea no es ni una institución benéfica ni el paladín de la prosperidad y la libertad para los ciudadanos. 
Es un mecanismo represor para defender los intereses de las grandes empresas, es el reducto europeo del sistema imperialista mundial, que está arremetiendo contra los derechos de los trabajadores y creando un ejército y unos mecanismos represivos para silenciar cualquier oposición. 
El objetivo de la ampliación es llenar el vacío dejado por el derrocamiento del sistema socialista en Europa, como atestiguan los gritos de venganza que se han escuchado hoy en esta Cámara. 
El objetivo es también consolidar la nueva burguesía, preocupada por su dominio ante la conciencia cada vez mayor de los ciudadanos de lo que perdieron con el socialismo. 
Al mismo tiempo, la OTAN está ampliándose hacia el este y adoptando un papel más agresivo con el pleno apoyo de los Estados Unidos. 
La naturaleza de la Unión Europea y la experiencia de los ciudadanos de mi país durante 22 años de pertenencia a ella es tal, que no podemos ocultar la verdad a otras personas: estamos obligados a advertirles de las consecuencias de su encarcelación. 
Pese a las expectativas de prosperidad creadas por la propaganda, las consecuencias de la integración serán catastróficas para la economía de estos países, cuya producción sigue siendo mucho menor que durante los últimos años del socialismo. 
La Unión Europea tiene ya un superávit en la balanza comercial de 30 000 millones de euros al año; en otras palabras: en lugar de financiar, está siendo financiada. 
En lo que se refiere a Chipre, todo el mundo sabe que el plan de Annan, que cuenta con el pleno respaldo de los Estados Unidos y de la Unión Europea, es muy distinto del marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y de los acuerdos intercomunitarios alcanzados hasta la fecha, que han acabado en la papelera. 
Es una forma encubierta de confederación, que tendrá como resultado el reconocimiento institucional de la división y la aceptación del hecho consumado de la invasión y la ocupación turcas. 
Este hecho tiene implicaciones de mayor alcance, porque equivale a que las Naciones Unidas acepten el uso de la violencia militar para fines políticos y de movimiento de fronteras. 
Estos problemas son la consecuencia directa del procedimiento para integrar a Chipre en la Unión Europea, de la resolución del G8 y de la resolución de Helsinki, y nuestro partido ya advirtió hace mucho tiempo de sus consecuencias. 
Puede que sea la primera vez en 84 años de historia del Partido Comunista de Grecia en que no podemos expresar la satisfacción de que nuestras predicciones se hayan hecho realidad. 
Señor Presidente, como paneuropeísta, ha sido para mí un privilegio trabajar desde los años setenta para llegar a este gran día. 
Otto von Habsburg ha estado hoy aquí, se le ha mencionado varias veces y yo he podido acompañarle en su visita. 
Celebro este día, que es para mí un gran día. 
Como hijo de una familia de Bohemia, estoy también satisfecho de que un diputado, mi amigo Daniel Kroupa, haya hablado hoy en checo por primera vez en esta Cámara. 
Kroupa sigue la estela del gran socialdemócrata Jiri Pelikan, que estuvo aquí como checo en el exilio después de las primeras elecciones directas de diputados al Parlamento Europeo. 
No obstante, siempre ha habido también diputados del segundo grupo étnico de Bohemia: los alemanes de los Sudetes. 
Pienso en Volkmar Gabert y Egon Klepsch. 
Yo también formo parte de esa tradición; siempre nos hemos visto como embajadores de Bohemia en esta Cámara. 
La idea paneuropeísta nació en Bohemia hace 80 años. 
Bohemia es el corazón de Europa, y por eso lamento el hecho de que, a principios de este año, se hablara de pronto en Praga de la defensa del orden de posguerra. 
En Europa no necesitamos un orden de posguerra. 
No necesitamos tampoco un orden bélico ni prebélico: lo que queremos es construir, al inicio del siglo XXI, un orden nuevo y equitativo de naciones basado en la reconciliación, en la cicatrización de las heridas que nos hemos infringido los unos a los otros, en la justicia y en el respeto y el reconocimiento mutuos. 
Por eso, insto a las autoridades checas a que retiren decretos injustos como los decretos Benes y los sepulten en la triste historia a la que pertenecen. 
Unámonos para crear una nueva Europa donde las personas puedan convivir como iguales, donde los grupos étnicos y las minorías estén protegidos y donde la diversidad cultural europea, que se ha manifestado tan claramente en las intervenciones de esta mañana, se respete. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias al ponente por su, como siempre, lúcido informe. 
Éste es un día histórico para el Parlamento. 
La ampliación es la cuestión de mayor envergadura en la que tenemos que trabajar en la Unión Europea. 
Europa se volverá así más segura para las futuras generaciones y la democracia se afianzará en esta parte del mundo. 
No obstante, en algunos círculos, ciertas personas se muestran escépticas con respecto a esta cooperación, que ha sido acusada de beneficiar sólo a los países más ricos de esta parte del mundo. 
Ahora estamos ofreciendo esa cooperación a todos los países de esta parte del mundo y demostrando que es una alternativa abierta a toda Europa. 
Comparto la opinión expresada por otros oradores de que todos podemos salir ganando en esta situación. 
Está claro que la ampliación va a implicar costes a corto plazo, pero estoy totalmente convencido de que obtendremos beneficios económicos. 
Yo soy de la región báltica, y preveo que la ampliación favorecerá el crecimiento económico en nuestra parte de Europa. 
En el ámbito de la política medioambiental, los principales beneficios se derivarán de la adopción de medidas en los países que están a punto de ingresar en la UE. 
Será ventajoso para ellos, para también para nosotros. 
Lo mismo puede decirse en el ámbito del mercado laboral, donde existe el riesgo de un movimiento de puestos de trabajo por la existencia de peores condiciones. 
Esa situación mejorará si todos conseguimos las mismas condiciones mínimas. 
Hace unos días participé en un seminario sobre delincuencia transfronteriza. 
A través de una estrecha cooperación, podremos resolver también este problema. 
Todos podemos salir ganando, tanto los países actuales de la UE como los países candidatos. 
No obstante, depende de nosotros mismos y de cómo respondamos a los retos que se nos presentan ahora. 
Lo que deseamos es una Europa más diversa, así como más rica en términos económicos, sociales y culturales. 
Señor Presidente, la semana pasada impartí a los alumnos de una escuela de enseñanza secundaria de mi provincia algunas lecciones sobre Europa y la inminente ampliación. 
Mi público se mantuvo atento, interesado e imperturbable, algo sorprendente en estos tiempos y a esas edades. 
Mi argumento político de que nosotros no hemos hecho ningún mérito político ni personal para haber nacido en el lado soleado del telón de acero y de que los países candidatos no tienen la culpa de haber vivido tanto tiempo a nuestra sombra, fue acogido con el debido respeto. 
Sin embargo, las preguntas que me hicieron a continuación demostraron hasta qué punto mi argumento les había parecido o no suficientemente convincente. 
¿De qué nos sirve? ¿En qué nos beneficiará a nosotros exactamente? 
El debate de esta mañana muestra también la otra cara de la moneda. 
Junto con la firme convicción de que es importante tener una Europa indivisible para garantizar que las personas puedan convivir en paz, se expresaron otras ideas. 
¿Hasta qué punto somos bienvenidos? 
¿No nos estamos convirtiendo en ciudadanos de segunda? ¿Y qué estamos recibiendo en términos de financiación adicional para ayudarnos a convencer a los ciudadanos de que se pongan de parte nuestra? 
Hemos conseguido crear un escenario convincente para la ampliación que debería tener éxito. 
Ahora bien, deberíamos tomarnos en serio el hecho de no haber conseguido convencer plenamente a nuestros ciudadanos de la importancia y la necesidad del ideal político de que esta ampliación es para todos nosotros. 
Hemos informado demasiado poco, y esto significa que la incertidumbre, o los sentimientos viscerales latentes, pueden salir a la superficie y convertir la ampliación en un juego político con beneficios a corto plazo. 
Yo también participo en este debate, en calidad de ponente sobre la ampliación para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y, por tanto, sigo detenidamente el asunto. 
Otra cosa que deberíamos tomarnos en serio es la preocupación de los ciudadanos. 
Algunos de los temas que más les preocupan son la seguridad alimentaria, la libre circulación, los problemas medioambientales y el enfoque transfronterizo de ellos. 
Asimismo, les inquieta las centrales nucleares, desmanteladas por un lado y envueltas en dudas por otro. 
Creo que ahora, después de Copenhague, tenemos que poner todo nuestro empeño en abordar esta cuestión de una manera mucho más eficaz. 
Señor Presidente, de camino a Estrasburgo he leído un relato excelente y bastante espeluznante del avance del Ejército Rojo sobre Berlín, escrito por Antony Beevor. 
Ha sido una lectura de viaje idónea para este histórico período parcial de sesiones. 
La tarea más importante de la ampliación a la que se enfrenta la Unión es garantizar que nunca más las naciones europeas sucumban a las aspiraciones de unos dictadores ávidos de poder ni se les lleve a odiarse las unas a las otras. 
Igual de importante es que reforcemos nuestras estructuras democráticas comunes al mismo tiempo que tiene lugar la ampliación. 
Celebro que los representantes de los países candidatos puedan participar en la labor de la delegación que debate el futuro de Europa. 
Hasta ahora hemos hablado muy poco de los beneficios que la propia UE obtendrá de la ampliación. 
En efecto, no nos limitamos a dar. 
La magnífica tradición cultural de los países candidatos y su capacidad creativa ofrecerá nuevas oportunidades para la competitividad basadas en la información y las capacidades, así como una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. 
La diversidad cultural y lingüística es una gran fuente de riqueza y ofrece un potencial enorme. 
Es también gratificante ver que los países candidatos participan ya en el programa Cultura 2000, entre otros. 
Sin embargo, no debemos olvidarnos de los criterios de adhesión hasta que las negociaciones hayan concluido. 
Debemos recordar que las relaciones laborales viables constituyen una parte esencial de la actividad de la Unión. 
Como Vicepresidente de la delegación de Estonia, me preocupa la información que circula sobre la ruptura del diálogo social en Estonia. 
Eso no es aceptable ni conveniente. 
Espero que mi país vecino, que ha conseguido grandes logros en los sectores financiero y tecnológico, pueda resolver también este problema. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Verheugen, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo al Sr. Brok y a todos los ponentes este informe. 
Estamos llegando al final de la primera etapa de la reunificación europea, y esta mañana hemos podido vislumbrar un futuro alentador. 
La reunificación continuará hasta que hayamos acogido en el seno de la Unión o en otro órgano igual de eficaz a todos los países que comparten la cultura europea y sus valores fundamentales. 
Es fundamental que continuemos con este proceso si queremos ayudar a implantar los valores de la democracia, la libertad y la igualdad en todo el mundo, para que cada día se consolide aún más la paz, una paz basada en entender cada vez más a los demás y en compartir cada vez más con los demás. 
Comprendo el problema de las fronteras de Europa, pero es el patrimonio que podamos ofrecer al mundo lo que definirá las fronteras de nuestra sociedad: cuanto más compartamos nuestra cultura, más amplias serán nuestras fronteras y más ciudadanos optarán por compartir nuestras ideas sobre la organización institucional, política y social de la Comunidad. 
Junto con los otros países candidatos, Eslovenia es importante porque representa la puerta por la que los países balcánicos que compartan nuestra sociedad multicultural, multiétnica y multirreligiosa tendrán que pasar en el futuro. 
Creo que el objetivo político que hemos alcanzado debe corresponderse con un avance en la defensa de los derechos humanos, el logro de unos ciertos niveles económicos y sociales y la lucha contra la corrupción y el crimen, cuyos niveles siguen siendo muy altos. 
Es realmente importante que rechacemos la mentalidad individualista y nos demos cuenta de que formamos parte de una entidad mayor, que tenemos que complementar en lugar de empeñarnos en ignorarla, donde todo el mundo pueda participar en la empresa de conseguir unos objetivos comunes. 
Espero que la Convención pueda elaborar una propuesta que ponga en funcionamiento los instrumentos democráticos, lo que ayudará también a otras regiones del mundo y traerá paz, prosperidad y progreso a la humanidad. 
Señor Presidente, la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Lituania se reunió en Bruselas la semana pasada y las conversaciones confirmaron el progreso realizado hacia la adhesión que se describe en los apartados 78 a 84 del informe. 
Pero dos capítulos siguen sin cerrarse. 
El primero de ellos es la agricultura, donde se desearía cierta flexibilidad en el tema de las cuotas y, el segundo es el capítulo financiero, donde la contribución a la financiación del cierre de la central nuclear de Ignalina y la disposición relativa a la generación eléctrica alternativa son cuestiones todavía pendientes. 
Para ello hay que acordar los procedimientos para el cierre definitivo y el plazo establecido. 
La CPM ha recordado la necesidad de vigilar de cerca el progreso de los programas SAPARD, Phare e Ispra y asegurar que Lituania esté perfectamente preparada para aprovechar las posibilidades que ofrecen los fondos estructurales y los fondos de desarrollo rural después de su adhesión. 
En este sentido es fundamental que se apruebe pronto el documento del programa único. 
Con respecto al reciente acuerdo alcanzado sobre el enclave ruso de Kaliningrado, quiero insistir en la necesidad de respetar la soberanía lituana y no comprometer su pertenencia a Schengen. 
Ahora bien, nos preocupa que los problemas prácticos puedan retrasar la puesta en práctica. 
He hecho un estudio de los aspectos nucleares de la adhesión. 
El cierre de las centrales nucleares de Ignalina y Kozloduy requiere una estrategia energética que tenga en cuenta a los países vecinos. 
Por ejemplo, el cierre de la unidad 2 en Cernovoda está plenamente justificada por el estudio Phare de agosto de 2001. 
El cierre de las unidades 3 y 4 en Kozloduy debería reconsiderarse a la vista de la conclusión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en su informe publicado en junio, de que esas unidades han alcanzado un nivel de seguridad operativa similar al de unidades de la misma antigüedad que existen en otras partes del mundo. 
Espero que el Consejo esté de acuerdo con esa reconsideración. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea a partir del año 2004 constituye un hito histórico en la construcción de Europa, y eso es algo que nosotros acogemos con sincera satisfacción por varias razones. 
En primer lugar, porque simboliza la reconciliación de dos partes del mismo continente que estuvieron divididas durante más de medio siglo, hasta hace poco más de una década. 
En segundo lugar, porque es la mayor ampliación en la historia de la Unión Europea, que casi duplicará el número de Estados miembros y aumentará en una tercera parte su población y su territorio. 
En tercer lugar, porque integrará a países que hasta hace poco vivían sometidos a una economía estatal, que actualmente están atravesando la fase dolorosa pero necesaria de reestructurar sus economías y que todavía tienen una renta per cápita media relativamente baja. 
En cuarto lugar, porque la mayoría de los nuevos países siguen teniendo un sector agrario muy importante comparado con la actual Unión Europea. 
En este contexto, me gustaría insistir en dos aspectos: 
en primer lugar, se deben destinar ayudas a estos países, ayuda comunitaria, ayuda económica y ayuda técnica, para que puedan acelerar su proceso de recuperación económica y desarrollo. 
No obstante, hemos de tener asimismo en cuenta que algunas regiones de la actual Unión Europea de los 15 son también muy pobres, de manera que la Unión Europea no puede, al mismo tiempo, abandonar la política de cohesión económica y social que lleva años adoptando con estos países; 
en segundo lugar, debemos recordar que el hecho de que se multiplique por dos el número de agricultores, con la adhesión de Rumania y Bulgaria, exigirá una importante simplificación de la política agrícola común, así como una reducción de las ayudas que reciben todos los agricultores, tanto de los actuales países miembros como de los futuros, de conformidad con los nuevos límites de financiación para la PAC establecidos por el Consejo Europeo de Bruselas del 25 de octubre. 
La Unión Europea debe, por tanto, tomarse en serio la propuesta de reforma de la PAC presentada recientemente por su Comisario de Agricultura, para sentar las bases de un mejor futuro para los agricultores, tanto en la Unión actual como en la futura. 
Señor Presidente, y ustedes, señor Comisario Verheugen y Sr. Haarder, Ministro de Asuntos Europeos del país que ocupa la presidencia, que tanto han trabajado hoy, permítanme que diga que éste ha tenido que ser un largo día para ustedes. 
No obstante, me gustaría plantear una cuestión que el Presidente Prodi ha mencionado hoy. 
Ha defendido una Unión Europea futura capaz de formular para sí misma una firme política de buena vecindad. 
La ampliación de la Unión Europea en todas sus etapas significa la adquisición de nuevos vecinos. 
En la anterior ocasión, la Unión Europea adquirió la dimensión septentrional, que vino a sumarse a las dimensiones occidental y meridional que ya existían. 
Como resultado de la próxima ronda de ampliación, tendremos una dimensión oriental muy especial. 
No obstante, la política de buena vecindad no debe quedarse sólo en palabras: la Unión Europea ha de formular también una política práctica adecuada con objetivos y acciones. 
La dimensión septentrional y la dimensión oriental se tocan en la zona del mar Báltico. 
Después de la ampliación, el mar Báltico será prácticamente un mar interior de la UE, salvo una esquina que está en Rusia y que se halla en la que es casi la región más poblada del país: San Petersburgo y el área que la rodea. 
En esta región tenemos que reforzar todavía más la cooperación que ya hemos iniciado, con el objetivo de dotarla de estabilidad y de equilibrio social y ecológico. 
Además, la futura política regional y estructural debe hacer posible la cooperación transfronteriza y la cooperación tanto en las viejas como en las nuevas fronteras. 
Señor Presidente, se ha hablado mucho hoy de Turquía. 
Esto no nos sorprende en absoluto, puesto que este Parlamento es un reflejo de la población de la Unión Europea y este tema preocupa mucho a nuestros ciudadanos. 
Existen cada vez más indicios de que en la reunión de Copenhague de diciembre se pretende fijar una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía. 
¿No han sido claras las palabras de hoy del representante del Consejo? 
Pero nadie nos presiona para que actuemos. 
Turquía sigue sin cumplir los criterios de Copenhague, unos criterios que no son negociables. 
En este sentido, me gustaría agradecer al Sr. Verheugen que haya hablado tan claramente sobre el tema de Turquía. 
Por muy importante que sea Turquía para nosotros, no podemos hacer concesiones políticas sobre el problema de Chipre ni sobre el papel geoestratégico de Turquía. 
Turquía ha querido siempre fijar sus propias reglas para la adhesión esgrimiendo el argumento de: «Nosotros no somos como los otros candidatos». 
Turquía ha intentado siempre presionarnos, pero ése no es el camino que tiene que seguir. 
Eso sería, a fin de cuentas, una afrenta para los representantes de los países candidatos que están presentes hoy aquí. 
Aun así, personalidades como, por ejemplo, el Canciller Federal Alemán nunca se cansan de decir que apoyarán la petición de Turquía de que se fije una fecha. 
Esto es más que un signo de grave incompetencia en materia de política europea. 
Este canciller, que ha mentido y engañado a su propia gente, está tratando de corregir los errores de su campaña electoral. 
Ahora las relaciones entre Alemania y los Estados Unidos han vuelto a mejorar a expensas de la Unión Europea en su conjunto. 
¿No es eso simple oportunismo? 
¿No resulta difícil de creer? 
Es de una deshonestidad intolerable, sobre todo para los ciudadanos turcos. 
¿No es mucho más honesto decirle a Turquía que siguen existiendo problemas en su país y que tenemos que abordar esos problemas en su propio beneficio, porque de otro modo no podrán resolverse? 
Lo honesto sería decir que el acercamiento entre Turquía y la Unión Europea sólo puede tener lugar dando pasos pequeños pero seguros. 
El camino sigue sin ser fácil. 
Esperamos que Turquía, esa nación grande y orgullosa, encuentre rápidamente su camino para su propio beneficio, y que en algún momento considere si realmente quiere ceder tantos derechos soberanos a la Unión Europea a cambio de su adhesión, o si prefiere cooperar con nosotros a otro nivel. 
Incluso ahora hacemos esta oferta. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no entiendo el porqué de todo este alboroto. 
Llevamos discutiendo sobre Turquía desde ayer. 
Aunque tengo en gran estima a la Sra. Sommer, es ella en particular la que hace que me resulte imposible entender por qué, cuando hablamos de la ampliación, nos ponemos de pronto a discutir sobre una cuestión de principio: si Turquía debe pertenecer o no a la Unión Europea. 
Dentro de muy poco tendremos la oportunidad de tratar esta cuestión objetivamente cuando hablemos del informe Oostlander. 
Ahora el ponente es un miembro de su Grupo: se trata de un político muy conocido que, desde luego, no apoya a Turquía. 
Su informe nos dará la oportunidad de discutir o debatir este asunto objetivamente. 
Cada vez que leo la moción del Sr. Ferber, la enmienda 7, aumentan mis sospechas de que no trata, en absoluto, de Turquía y la Unión Europea. 
Parece tratar más bien de Alemania, de política interior alemana. 
Parece tratar del hecho de que, en breve, se celebrarán dos importantes elecciones regionales en Alemania: en Hesse y en la Baja Sajonia. 
Supuestamente tenemos que discutir ahora sobre Turquía en el Parlamento Europeo, pero ésa es la verdadera razón de que estemos haciéndolo. 
Ése es el principal problema. 
Seré totalmente sincero con ustedes. 
Por ahora, tengo más reticencias con respecto a Turquía de las que tiene la Sra. Sommer, porque no tengo muy buena opinión de los islamistas y creo que los turcos son islamistas, aunque ahora se llamen a sí mismos de otra manera. 
Tengo mucha curiosidad por saber cómo pretenden cumplir todas sus promesas. 
En particular, tengo muchas reticencias con respecto a los últimos acontecimientos. 
De todas maneras, no entiendo por qué estamos ahora perdiendo tiempo con este debate, en lugar de tratar otras cuestiones. 
Con estos debates tan artificiales, en realidad tampoco estamos siendo honestos con los ciudadanos de la Unión Europea. 
Si quieren, seamos honestos cuando debatamos el informe Oostlander, y entonces la gente verá que somos capaces de dialogar con franqueza y honestidad. 
Señor Presidente, durante 28 años Berlín y Alemania estuvieron divididos. 
Eso ha pasado ya a la historia. 
Nicosia y Chipre llevan divididos 28 años. 
Que eso pase a la historia y que sea lo antes posible. 
Turquía debe respetar las resoluciones de las Naciones Unidas y apoyar plenamente las iniciativas para lograr una solución política con respecto a Chipre. 
Aunque fracasen las conversaciones, Chipre debe recibir luz verde para su adhesión en 2004 en el Consejo Europeo de Copenhague del próximo mes de diciembre. 
Es importante dejar claro al nuevo Gobierno turco de Islamophile que debe hacer caso omiso de la amenaza turcochipriota de una división permanente de Chipre si la parte meridional ingresa en la UE antes de que hayan concluido las conversaciones entre Turquía y Grecia. 
Supongo que los turcos tienen perfectamente claro que su país nunca se embarcará en negociaciones de adhesión si no se retiran las tropas invasoras de un futuro Estado miembro de la UE: Chipre. 
En este sentido, nos preocupa la credibilidad de la UE y el proyecto de paz que representa la UE. 
Las iniciativas del nuevo Gobierno turco y de las Naciones Unidas con respecto al problema de Chipre deben basarse en este planteamiento evidente. 
En el texto elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, expreso mi opinión de que la consolidación de la democracia en Turquía, especialmente en lo que se refiere a la protección de las minorías étnicas y religiosas, debe ser un requisito previo para que este país reciba de la UE más ayudas económicas de preadhesión. 
En 1900, la cuarta parte de la población turca era cristiana. 
Cien años después, sólo la milésima parte de la población es cristiana. 
Ésta es una muestra trágica de las numerosas agresiones perpetradas contra la libertad y la tolerancia religiosas, que afectan especialmente a los cristianos sirios y armenios. 
He contribuido también a endurecer las peticiones realizadas por el Parlamento Europeo a los países candidatos en lo que se refiere, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción, y he añadido también una perspectiva económica. 
Me gustaría dar la bienvenida a la UE a los países candidatos. 
Señor Presidente, hablo como miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Bulgaria y también como ponente alternativo sobre Rumania. 
Trataré de ser breve. 
Respecto al tema de Bulgaria y Rumania tenemos que fijar una fecha, un objetivo. 
Por eso apoyo totalmente la fecha propuesta. 
Asimismo, durante mi reciente visita a Malta, he visto el estupendo trabajo que se está haciendo en materia de inclinación sexual. 
No tenemos que olvidarnos de este término de la ecuación cuando consideremos los derechos de las minorías. 
El trabajo del movimiento en defensa de los derechos de los homosexuales de Malta me permitió ver claramente que la ley de relaciones laborales no cumple la directiva marco sobre empleo, especialmente en lo que respecta a la inclinación sexual. 
Celebro las declaraciones positivas sobre Turquía. 
En lo que se refiere a las declaraciones negativas sobre Turquía, temo que, lamentablemente, hemos visto aparecer el fantasma del racismo y la xenofobia. 
Tenemos que aplicar los mismos términos, condiciones y principios. 
No podemos ser selectivos en la aplicación de los principios. 
Tenemos que aplicar los mismos principios a todos los países candidatos y también a países como Turquía que han expresado su deseo de ingresar en la Unión Europea. 
Si rechazamos a Turquía, creo que será una decisión de la que siempre nos arrepentiremos. 
Señor Presidente, quisiera pedir al Comisario, aquí presente, y al Presidente en ejercicio del Consejo que expresen cómo van a aplicar el principio de equidad en este proceso de ampliación. 
A mi juicio, tras el pacto franco-alemán, es preciso puntualizar que el impacto financiero de la ampliación no debe recaer sobre las rentas desfavorecidas, que no llegan a la media comunitaria y que necesitan un progreso sostenido. 
Equitativamente, la factura de la ampliación debe recaer sobre los más potentes. 
Tenemos que preservar el conjunto de la Europa ampliada de cualquier riesgo de empobrecimiento de ninguna de sus partes. 
Debemos hacer extensivo el apartado 24 del informe Brok a todas las zonas y regiones de la Unión Europea, ya que la ampliación no debe tener repercusiones negativas sobre ningún territorio comunitario. 
Quiero decir a los países candidatos que deben tener en cuenta que la defensa de la persona humana, sin exclusiones, sin discriminaciones, es hoy la columna vertebral de la Unión Europea. 
La otredad de las mujeres, la otredad de las minorías romaníes son hoy el centro de nuestra atención. 
En Europa no caben ni exclusiones, ni expulsiones, ni marginaciones, ya sean colectivas, ya sean individuales. 
Europa, a partir de hoy, entra en una nueva dinámica, que, por ser más fuerte y poderosa, tiene que ser más sensible con los distantes y los distintos. 
Señor Presidente, me gustaría hacer tres comentarios. 
En lo que se refiere a la adhesión de Turquía, el procedimiento habitual es celebrar un debate. 
No podemos lamentarnos de que los ciudadanos europeos muestren una falta de interés por Europa y de que rechacen el debate sobre la ampliación, una ampliación que tendría poco que ver con el plan original de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, el proceso de ampliación que está teniendo lugar actualmente afecta a más países que nunca. 
Debemos recordar que nunca han ingresado más de tres países a la vez. 
El actual proceso de ampliación todavía no ha concluido, y todos esperamos que sea un éxito. 
Con respecto a los grandes vecinos de la Unión Europea, uno de los cuales es Turquía, aunque no el único, debemos ser capaces de proponer otra solución al dilema que estamos tratando de resolver: adhesión o exclusión. 
No obstante, como propone el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, existe otra solución mejor adaptada al problema planteado. 
Dicha solución consiste en crear un marco específico de relaciones que incluya un apartado económico sustancioso y que nos permita financiar un número específico de proyectos e infraestructuras. Así es como se organiza el continente de América del Norte, sin que nadie haya propuesto que México o el Canadá deban ser miembros de los Estados Unidos de América. 
El Grupo del Partido Popular Europeo propone otra alternativa, que se adapta mucho mejor al problema real. 
Estoy seguro de que el Parlamento será receptivo al sentir de los ciudadanos y que pedirá que se avance en esta dirección, estableciendo un nuevo marco entre la Unión Europea y sus países vecinos. 
Señor Presidente, Señorías, la ampliación de la Unión Europea es, en esta ocasión, verdaderamente impresionante. 
Diez nuevos países están a punto de ingresar. 
Me gustaría, si me lo permiten, centrar mi atención en los interesantes y prometedores cambios que están afectando a Chipre, en lugar de referirme a otros países con mayor densidad de población y más cercanos a nosotros. 
Chipre, ese diminuto país con una larga historia y que ha atravesado por trágicas vicisitudes en los últimos años, constituye la región más alejada del ámbito mediterráneo de la Unión Europea y, por su situación geográfica, puede contribuir valiosamente a la política mediterránea de la Unión. 
Todos sabemos que la importancia política de Chipre es mayor que su importancia económica para el futuro desarrollo de la Unión Europea. 
No obstante, al mismo tiempo, con la integración de Chipre la propia Unión Europea está demostrando que es una entidad internacional con credenciales internacionales, y esto va a ser de gran ayuda para resolver el problema de Chipre. 
La implantación del acervo comunitario en Chipre es esencial para la reconciliación y la cooperación, y permitirá a los grecochipriotas y a los turcochipriotas convivir en un estado único, federal, libre e independiente, formado por dos comunidades, que respete los derechos humanos, los orígenes étnicos y las creencias religiosas de sus ciudadanos. 
Esta base permitirá encontrar una solución justa, viable y factible, el tipo de solución que el plan del Secretario General de las Naciones Unidas debería proponer después de haber negociado con las partes interesadas. 
Lo más importante es que la integración de Chipre en la Unión Europea constituye una prueba y un reto para Turquía en sus esfuerzos por acelerar el proceso para cumplir los criterios de la Comunidad, el proceso que le permitirá también entrar en la Unión Europea en el futuro. 
Ojalá todo suceda según lo previsto. 
Señor Presidente, después del debate de hoy, entiendo por qué Turquía está pidiendo que en el próximo Consejo de diciembre se fije una fecha para el inicio de las negociaciones. 
Apoyo la petición de Turquía, porque lo que estamos viendo aquí es una farsa iniciada por el Sr. Giscard d ' Estaing y proseguida hoy en esta Cámara. 
No estamos debatiendo aquí si Turquía cumple las condiciones necesarias para convertirse en miembro de la Unión en un futuro próximo- y podemos ser estrictos en nuestra exigencia de que las cumplan -: estamos abriendo un debate que se centra en si debemos permitir la adhesión de Turquía en el futuro o si sería más adecuado un tipo diferente de asociación. 
Estamos volviendo a decisiones que ya habíamos tomado y reiniciando el debate sobre la apertura de una línea de crédito para un país importante- un país que es esencial para Europa y Occidente- que ha solicitado su ingreso como miembro de pleno derecho en la Unión. 
Personalmente soy partidario de la línea adoptada por el Sr. Brok en su informe y en su resolución, en los que solicita una mayor cooperación previa a la adhesión por parte de la Comisión y pide al Consejo que adopte una postura más en consonancia con la expresada en varias ocasiones por el Parlamento, pero no apoyo la enmienda Ferber, contra la que votaré mañana, porque en el caso de que se adoptara, se daría la vuelta a todo el planteamiento del informe Brok y de su resolución y dejarían de tener sentido. 
Tengo buenas razones para decir esto: estamos obligados a no ser ambiguos con un país importante que practica un Islam moderado, que se declara partidario de Occidente, que podría tener una gran importancia cultural en nuestras fronteras y que podría dar contenido a la política exterior y de seguridad de la Unión. 
Espero que mañana rechacemos la enmienda Ferber- como miembro del Partido Popular Europeo, así lo haré -, dando con ello un paso en esa dirección. 
Señor Presidente, Señorías, puesto que nos acercamos al final de este debate, no resulta fácil introducir un nuevo aspecto. 
Aunque existe un amplio consenso sobre la buena acogida de este proceso y estamos dando por sentado que diez nuevos Estados enviarán oficialmente, en breve, a sus representantes a esta Cámara, me gustaría, no obstante, plantear de nuevo una cuestión, que es la necesidad de realizar sondeos en la totalidad de los 25 futuros miembros para saber si el proceso cuenta con la aceptación de la opinión pública, de los ciudadanos. 
Creo que tenemos ante nosotros una gran tarea que no podemos empezar cuando el proceso de adhesión esté casi concluido y los tratados, firmados. 
Soy de una región que en 1990 ingresó en esta Unión Europea de la noche a la mañana, por decirlo así. 
Sé que muchos ciudadanos vivieron el necesario proceso de reestructuración como una derrota personal, como una degradación que les marcó como fracasados. 
Creo que debemos explicar claramente a las gentes de los países candidatos que el ingreso en la Unión Europea les permitirá también disponer de recursos y medios para proteger a los ciudadanos y ayudarles en este difícil proceso. 
Ésa será una gran tarea para nosotros porque, al fin y al cabo, necesitamos mayorías en la población. 
Celebro que exista consenso en este Parlamento, pero los ciudadanos deben acompañarnos en este proceso, que desde luego no será tan fácil como puede parecer. 
Trabajemos juntos para hacer que sea posible. 
Como miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, me gustaría que los comités consultivos participaran más y mejor en las próximas conversaciones concretas sobre el resultado de las negociaciones. 
Ya sé que es un gran logro político, un magnífico informe político, pero las distintas comisiones especializadas tendrán, con seguridad, algo importante que decir sobre el proceso. 
Señor Presidente, estamos avanzando hacia la unificación de Europa. 
Ésta es la consecuencia natural de los vientos de libertad que han barrido las fronteras cerradas de Europa y los antagonismos insalvables, así como los recelos, del sistema soviético y las dictaduras comunistas. 
Estoy convencido de que el año 2004 pasará a la historia como ya lo hizo el año 1989. 
No obstante, la labor de ampliación debe continuar. 
Los nuevos Estados miembros han de ser tratados con respeto. 
El principio de subsidiariedad debe guiar de manera más clara la cooperación, a medida que crezca la UE. 
La autodeterminación nacional ha de ser la misma en los nuevos Estados miembros que en los actuales. 
De la misma manera que no queremos que la UE interfiera en algunos asuntos internos de nuestros países, la UE tampoco debe interferir en esos mismos asuntos internos de los nuevos Estados miembros. 
El proceso de ampliación no debe cesar después de 2004 y 2007, y ya sabemos que otros países han solicitado también su ingreso en la UE. 
En el Consejo Europeo de Helsinki celebrado en 1999, se reconoció a Turquía como un país candidato para su ingreso en la UE. 
Tres años después, el Parlamento Europeo no puede ahora, como proponen algunas enmiendas, tratar de cambiar esto. 
No ha sucedido nada que justifique una medida así, y las condiciones básicas que rigen un proyecto internacional tejedor de confianza no pueden modificarse de repente. 
No sería propio de un Parlamento Europeo generoso y responsable cambiar de esta forma las condiciones básicas establecidas para Turquía. 
Turquía ha hecho grandes progresos para poder iniciar las negociaciones para su adhesión a la UE. 
Quedan cosas por hacer, y Turquía tiene que decidir si desea seguir adelante. 
No obstante, estoy convencido de que, en el futuro, una sociedad turca democrática regida por el Estado de Derecho puede tener una importancia crucial para mejorar las relaciones entre Occidente y los Estados musulmanes. 
Este tipo de amistades tienen un gran valor en los tiempos que corren. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Arvidsson sobre Turquía. 
Turquía ha mejorado el estado de los derechos humanos y el sistema judicial de una manera que merece todo nuestro respeto. 
Considero muy inoportuna la propuesta de un cambio de política. 
Nuestro mensaje a Ankara debe seguir siendo el de siempre: que todos los países europeos pueden solicitar su ingreso en la UE siempre que cumplan los criterios de adhesión. 
Con la ampliación, el mercado interior, que constituye el mecanismo básico de la UE, se hará más grande, aumentando con ello las posibilidades de éxito de la UE en los mercados mundiales. 
No obstante, entre tantos discursos de felicitación, tenemos que recordar que la creación de un mercado interior viable ha exigido, y exigirá también en el futuro, un gran esfuerzo por parte de todos los implicados. 
Por ese motivo, los criterios de Copenhague incluyen también el requisito de competitividad en el mercado interior. 
Estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Brok, en que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. 
Tomar decisiones políticas es más fácil que realizar cambios en la estructura económica. 
El calendario para 2004 es apretado. 
A veces, resulta difícil realizar reformas estructurales económicas, pero tenemos que seguir cumpliendo los compromisos que hemos contraído. 
Tenemos que asegurarnos, en particular, de que los futuros Estados miembros tengan capacidad administrativa y jurídica para actuar como parte del mercado interior. 
Nuestra labor como políticos consiste en garantizar que el mercado interior funcione con éxito después de la ampliación, lo que significa que el trabajo no puede terminar en Copenhague. 
Incluso después de la adhesión, los nuevos Estados miembros tendrán que continuar con sus políticas de reforma. 
Las reformas internas realizadas por los países candidatos contribuirán, no obstante, a aumentar la prosperidad y la estabilidad de sus sociedades a largo plazo. 
El Parlamento Europeo tendrá también que realizar un seguimiento del proceso y asegurarse de que los actuales Estados miembros, la Comisión y los futuros Estados miembros participen todos ellos en la culminación del proceso de ampliación. 
Señor Presidente, una noche, después de ganar una batalla, Winston Churchill dijo: «Esto no es el final, no es ni siquiera el principio del final, pero puede decirse que es el final del principio». 
Creo que esta frase refleja perfectamente nuestra situación. 
Los países amigos que están a punto de unirse a nosotros piensan, sin duda alguna, que han llegado al final del trayecto, pero en realidad, han llegado sólo al final de la primera etapa del trayecto, y mañana tendremos que sentarnos todos juntos para acometer la construcción de Europa. 
No llegan a un mundo ya formado. 
Debemos crear una Unión política, así como formular tanto la política exterior como la política de defensa. 
Las instituciones tienen que reformarse radicalmente en el marco de la Convención, y los países que se unirán a nosotros próximamente están ya participando en las labores de la Convención. 
Se trata, pues, de una Europa que vamos a construir entre todos. 
No tengan ideas preconcebidas ni piensen que van a llegar a un mundo hecho por otros y para otros: van a llegar al mismo tiempo que los demás a un mundo que estamos construyendo entre todos. 
Simplemente quería explicarles lo que yo pienso que es el secreto de la influencia en Europa. 
Algunos creen que hay que ser duros y estrictos, que hay que quejarse y protestar constantemente para defender los respectivos intereses nacionales, pero eso no es así. 
Europa se entrega a los que la defienden. 
Ésta es la regla fundamental de la Unión Europea: apóyala y te prestará un buen servicio. 
Me gustaría agradecerle al Sr. Bourlanges su comentario final, que me ofrece una buena oportunidad para presentarles ahora algunas de mis conclusiones. 
En primer lugar, me gustaría agradecer a los ponentes el excelente trabajo que han realizado con sus informes. 
Dichos informes contienen buenas exposiciones, deliberaciones prudentes y algunas conclusiones. 
De esta forma, se han sentado unas buenas bases para el gran apoyo a la ampliación que el Parlamento ha confirmado hoy. 
Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que ha recibido un gran apoyo. 
Ese apoyo se ha hecho evidente en esta Asamblea en las últimas ocho horas. 
Me gustaría agradecerles su dedicación y su apoyo. 
Me gustaría también responder a un par de preguntas fundamentales que me han planteado. 
Hasta las negociaciones de Copenhague- es decir, durante los próximos tres meses -, nos enfrentamos a la enorme tarea de concluir las negociaciones con cada uno de los 10 países candidatos. 
La Presidencia llevará a cabo esas negociaciones en colaboración con la Comisión y con total respeto de las normas de la UE sobre los topes de gasto establecidos en Berlín y por las conclusiones adoptadas en Bruselas. 
Eso fue lo que el Consejo de Asuntos Generales le recomendó a la Presidencia en la reunión de ayer. 
La Presidencia se esforzará activamente sobre esta base y tratará, por todos los medios, de hallar soluciones de compromiso que puedan aceptar tanto los Estados miembros nuevos como los actuales. 
No obstante, se requiere una gran voluntad de compromiso, además de una gran comprensión de las necesidades y los puntos de vista de la otra parte. 
Sobre el tema de la situación de las negociaciones, cabe decir que, por supuesto, las negociaciones pueden seguir adelante y que, desde luego, se puede mostrar cierta flexibilidad, pero creo que todos en esta Cámara estamos de acuerdo en la necesidad de que se respete la legislación de la UE. 
Hay que respetar los topes de gasto establecidos en Berlín, así como las decisiones adoptadas en Bruselas con respecto, por ejemplo, al gasto agrario. 
No obstante, existe cierto margen de maniobra, como ha señalado también el Comisario Verheugen. 
Al Sr. Bonde, al Sr. Modrow y a algunos otros, me gustaría insistirles en lo que el Sr. Rasmussen ha dicho también justo antes del almuerzo, de que no cabe duda de que los 15 Estados miembros van ahora a redactar un nuevo tratado que tendrán que aceptar los 10 nuevos países, sin haber participado en su elaboración. 
En la reunión de ministros de ayer se volvió a confirmar lo que dice el apartado 23 del Tratado de Niza: que los nuevos países participarán en la próxima conferencia intergubernamental en igualdad de condiciones y con los mismos derechos de voz y voto que los Estados miembros actuales. Así es como están las cosas. 
Cualquier otra cosa sería, por supuesto, censurable e inaceptable, y haría imposible que los políticos de los nuevos Estados miembros pudieran celebrar un referéndum sobre el asunto. 
Creo que ha sido la Sra. Myller la que ha planteado la cuestión de los nuevos vecinos. 
Después de la ampliación, tendremos lógicamente nuevos vecinos en el este, y ayer en la reunión de Bruselas, el Consejo de Asuntos Generales adoptó una estrategia a más largo plazo para las relaciones con nuestros nuevos vecinos. 
El Consejo expresó el deseo de formular una estrategia ambiciosa, a largo plazo e integrada, en relación con cada uno de esos nuevos países vecinos, para promover la democracia y las reformas económicas, el desarrollo sostenible y el comercio, la estabilidad y la prosperidad, etc., al otro lado de la nueva frontera de la UE. 
Se insistió en la necesidad de tener en cuenta las circunstancias políticas y económicas especiales de cada país y en ver toda la cuestión desde la perspectiva de las relaciones actualmente más estrechas con Rusia. 
Se habló también de la cooperación transfronteriza, del crimen organizado, de la inmigración ilegal y de la cooperación regional entre los nuevos países vecinos. 
Puedo, por tanto, asegurarles que se ha reflexionado sobre todo esto. 
En conclusión, se decidió solicitar a la Comisión y al Sr. Solana que elaboraran propuestas más detalladas lo antes posible, y la decisión se remató con la declaración de que los países candidatos serían consultados a la hora de llevar a cabo esta labor. 
Al Sr. Alavanos y a otros oradores que han hablado sobre Chipre les diría que, como bien saben, el Secretario General de las Naciones Unidas remitió el 11 de noviembre una propuesta general para resolver el conflicto de Chipre. 
Es una propuesta compleja y extensa que ocupa 150 páginas. 
El plan remitido está concebido como una solución política global para garantizar el ingreso en la UE de un Chipre reunificado. 
En lo que respecta a la adhesión, las conclusiones de Helsinki siguen constituyendo la base de la postura de la UE. 
Para la UE lo ideal sería la adhesión de una isla reunificada, pero sin que una solución en estos términos sea un requisito previo para la adhesión. 
El Consejo tomará una decisión sobre la adhesión de Chipre teniendo en cuenta todos los factores relevantes. 
La UE respalda también los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y apoyará una solución global al conflicto, conforme a los principios que sustentan a la Unión Europea, es decir, con vistas a que Chipre pueda, en su calidad de Estado miembro, hablar con una sola voz y garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE. 
En lo que se refiere a las relaciones con Turquía, dependerán de la decisión del Consejo Europeo, tomada también en Helsinki. 
Turquía es un país candidato que será tratado exactamente de la misma forma que los demás países candidatos. 
Según el informe de la Comisión, todavía no cumple los criterios políticos, que constituyen un requisito previo para iniciar las negociaciones. No obstante, se han hecho avances importantes. 
Los criterios económicos deben cumplirse antes de la adhesión a la UE. 
En el Consejo Europeo de Copenhague se tomará una decisión sobre la siguiente fase de las relaciones de Turquía con la UE, y Turquía recibirá exactamente el mismo trato que han recibido los demás países candidatos. 
Por último, quisiera decir al Sr. Maaten y al Sr. Arvidsson que todos reconocemos que la ampliación de 15 a 25, y posteriormente a 27 o quizá 28 Estados miembros, requiere un nuevo tratado. 
Ése es el motivo, por supuesto, de que se reúna la Convención y de que debamos celebrar una conferencia intergubernamental. 
Ni que decir tiene que estamos obligados a tomar decisiones en esa conferencia intergubernamental. 
Por todo lo que he escuchado hoy- y ayer, de boca de los Estados miembros actuales y futuros -, me parece que somos conscientes de la necesidad de tomar decisiones para evitar los cuellos de botella a los que se ha referido el Sr. Maaten o, en otras palabras, los problemas que conlleva la incapacidad de tomar decisiones. 
El Sr. Arvidsson tiene, por supuesto, mucha razón cuando dice que una Unión con tantos Estados miembros debe centrarse también en las cuestiones básicas y no dispersarse demasiado, porque el sistema se haría muy complicado si no se tuvieran en cuenta el principio de proximidad y el principio de subsidiariedad. 
Con estas palabras, señor Presidente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este debate que ha durado ocho horas y media y que ha puesto de manifiesto el apoyo mayoritario que recibe el gran proyecto en el que nos hemos embarcado. 
Tenemos motivos para estar orgullosos de este apoyo, y me tomo la libertad de decir tenemos porque yo mismo participé en la puesta en marcha del proyecto cuando todavía era diputado del Parlamento Europeo. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Tiene razón cuando subraya el hecho de que este debate ha sido uno de los más largos que hemos tenido nunca en el Parlamento. 
Esto refleja la magnitud de la tarea a la que nos enfrentamos. 
Para concluir este debate, cedo la palabra al Sr. Verheugen, que intervendrá en nombre de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, puesto que la Presidencia del Consejo ha respondido a todas sus preguntas con tanta precisión, mi intervención será muy breve. 
Creo que este debate ha sido muy útil. 
Ha contribuido al dinamismo que necesitamos para alcanzar, con el viento a favor, nuestro objetivo en Copenhague. 
El debate ha servido también para delimitar claramente las cuestiones que deben centrar nuestra atención en las negociaciones pendientes, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para incorporar las sugerencias que se han hecho aquí a estas negociaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.09 horas) 
Programa legislativo anual y programa de trabajo de la Comisión Europea para el año 2003 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el programa legislativo anual y el programa de trabajo para 2003. 
Quisiera agradecer al Ministro Haarder su presencia hoy aquí. 
Esta es la primera vez que el Consejo ha estado realmente presente en la presentación del programa legislativo. 
Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Sus Señorías, nos ha dicho usted, señor Prodi, que inauguraríamos un nuevo método que permitirá a las instituciones, a la hora de elaborar el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2003, colaborar más estrechamente entre sí. 
Quisiéramos destacar la importancia de este nuevo método. 
Por primera vez, el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han comprometido a entablar un diálogo constructivo para establecer un programa legislativo. 
Apoyamos en particular esta cooperación y especialmente el aumento de las conversaciones iniciales ente el Parlamento y la Comisión. 
Sin embargo, aunque este diálogo en realidad tuvo lugar la primavera pasada, fue difícil diferenciar entre este ejercicio específico de planificación legislativa y lo que se conoce por reuniones regulares que se celebran a lo largo de todo el año entre comisiones parlamentarias y comisarios en sus respectivos campos de competencia. 
En el futuro probablemente necesitemos una mayor preparación y una mejor estructura para este diálogo y, en particular, es probable que cada uno de los Comisarios tenga que presentar directrices iniciales para cada una de las áreas legislativas específicas. 
El documento «Annual Policy Strategy for 2003» («Estrategia Política Anual para 2003» ) presentado por la Comisión en febrero resultó insuficiente, y esta situación podría parecer perjudicial, ya que 2003 es un año especialmente importante debido a la ampliación. 
Sin embargo, he observado, señor Presidente, que a usted le gustaría que la Comisión presentara informes mensuales al Parlamento. 
Dicho esto, saludamos las tres prioridades políticas fijadas por la Comisión y quisiéramos comentar lo siguiente: 
En cuanto al primer punto, titulado «Una Europa ampliada» , nuestra principal preocupación es garantizar que el acervo comunitario se aplica de forma apropiada en toda la Unión ampliada. 
Por lo tanto, es crucial disponer de una versión codificada del derecho comunitario en todos los idiomas de los nuevos Estados miembros. 
El éxito de la ampliación implica incluir el aspecto medioambiental y el objetivo de la salud pública y de la protección al consumidor en todas las demás políticas, además de tener en cuenta, tal y como ha dicho usted antes, los recursos humanos, y también supone innovar. 
Por último, implica supervisar la aplicación de la legislación comunitaria, y deberemos ayudar a los futuros Estados miembros a establecer estructuras adecuadas lo más rápidamente posible. 
Con respecto al segundo punto, titulado «Estabilidad y seguridad» , la amenaza terrorista pende sobre la Unión. 
Por lo tanto, celebramos las medidas propuestas para combatir esta lacra. 
Luchar contra el terrorismo es un factor de un objetivo más amplio, el de garantizar la seguridad en la Unión. 
También celebramos el compromiso de la Comisión de avanzar en la creación de una zona de libertad, seguridad y justicia, donde se protejan los derechos de las personas, desde el punto de vista de la protección civil, de la seguridad alimentaria e industrial, de la planificación del uso del transporte, la energía o la tierra, a fin de tener en cuenta todos los factores que afectan a la salud pública y al medio ambiente. 
Con respecto, más concretamente, al establecimiento de un Fiscal Europeo, creemos conveniente esperar a las conclusiones de la Convención en torno a esta cuestión antes de adoptar ninguna iniciativa. 
Garantizar la estabilidad y la seguridad en la Unión también implica definir y establecer un sistema de control transfronterizo integrado y adoptar medidas prácticas coordinadas para combatir la inmigración ilegal. 
También pediríamos a la Comisión que presente en un futuro próximo propuestas sobre la política de asilo e inmigración que distingan claramente entre personas que solicitan asilo, que piden protección internacional y trabajadores emigrantes. 
En torno a este asunto, en nuestro grupo preocupa lo que percibimos como falta de resolución en el seno del Consejo. 
También es importante supervisar con regularidad las acciones de la Unión Europea y los Estados miembros con respecto a la Corte Penal Internacional. 
En cuanto al tercer punto, titulado «Una economía estable y solidaria» , si queremos impedir que el deterioro del entorno económico afecte negativamente al empleo, sería deseable que la Comisión pudiera informarnos de propuestas sobre un mercado de trabajo más flexible, algo esencial para aumentar las oportunidades de empleo. 
Reconocemos la firme postura de la Comisión en cuanto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero, por otro lado, la consideramos deficiente en otras áreas. 
Es lamentable que el programa de la Comisión no mencione siquiera el paquete fiscal y que no se haya avanzado nada en el área del IVA con respecto al principio del país de origen. 
En particular, invitaríamos a la Comisión a profundizar en la armonización de la base para la fiscalidad, independientemente de dónde sea necesaria para el correcto funcionamiento del mercado único, y también le pediríamos que no proponga una medida dirigida únicamente a armonizar los tipos. 
La política fiscal de la Unión Europea debe, en todo los casos, tener por objetivo reducir la fiscalidad general y reducir los costes administrativos. 
El desarrollo económico también se logra mediante la consolidación de infraestructuras, en particular en el ámbito del transporte. 
Además, a raíz de caso del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2002, en el que se declaró culpables a ocho Estados miembros de haber celebrado acuerdos sobre «el cielo abierto» con los Estados Unidos, también exhortaríamos a la Comisión Europea a que presente lo antes posible una comunicación sobre la redacción de futuros acuerdos bilaterales en el ámbito del transporte aéreo. 
Con respecto a la política exterior de la Unión, pediríamos a la Comisión que publique un Libro Verde sobre las nuevas fronteras de la Unión Europea ampliada, con un suplemento que recoja ideas relativas a las relaciones con los nuevos países vecinos y los diferentes interlocutores. 
Es lamentable que el programa legislativo de la Comisión no se refiera en ningún momento a la creación de un área de libre comercio Euromed o a la creación de una asamblea parlamentaria Euromed. 
En el contexto de las conversaciones posteriores a Doha, preguntaríamos a la Comisión cómo espera poder integrar el compromiso de Europa, no ya de quince, sino de veinticinco estados. 
Por último, es preciso consolidar el diálogo transatlántico con un espíritu de desarrollo sostenible e inclusivo, y, naturalmente, debe convertir en éxitos los compromisos de Kioto. 
Nos alegra que la propuesta presente siete estrategias, tal y como se indica en el Sexto Programa de Acción Medioambiental, además de propuestas relativas a la política de productos integrada y a una nueva estrategia de productos químicos. 
Para concluir, señor Presidente, Sus Señorías, me parece importante empezar a reformar la situación de los empleados, dotar a OLAF de mayor independencia y publicar en Internet declaraciones sobre los intereses financieros de comisarios y directores generales. 
Estoy segura, señor Presidente, de que de esta forma podremos evitar un aumento exponencial de medidas, criterios duplicados, además de, y aquí termino, un trabajo excesivo de transposición, a fin de garantizar el mejor futuro posible para la ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, nos acercamos cada vez más a lo que pedíamos al principio de la legislatura, es decir, un programa político anual presentado ante el Parlamento con participación del Consejo- y espero que el ministro Harder no esté aquí como un invitado de piedra y pueda participar también contestando a nuestras observaciones, dentro de una línea de visibilidad, transparencia y control democrático-. 
En este contexto, permítame, Sr. Presidente, que me refiera a una frase que está en el programa- y que creo que es un error del "plumífero" que la escribió- que dice que éste proporciona la aportación, el input de la Comisión al programa operativo anual del Consejo. 
¿Podría el Presidente de la Comisión aclararnos el sentido de esta frase? 
Porque lo que nosotros hemos entendido es que no se tiene en cuenta al Parlamento y se reduce la Comisión al papel de secretaría del Consejo, y estamos en absoluto desacuerdo con ese tipo de planteamientos. 
Me voy a concentrar en las tres grandes prioridades que ha mencionado el Presidente y dejaré que mis compañeras y compañeros se ocupen de los frentes sectoriales. 
En relación con la ampliación, ya hablamos ayer del tema. 
En el acervo comunitario, nosotros damos una gran importancia al fortalecimiento de la dimensión social en los países candidatos, salvo en lo que creemos que la Comisión debe de poner un mayor empeño. 
Y, aparte de discutir- todavía está pendiente la fase final de las negociaciones -, hay algunas cuestiones que deberíamos recordar. 
Por ejemplo, nos llama mucho la atención que, en el informe del Tribunal de Cuentas de este año, se diga que en el programa SAPAR de preadhesión solamente se ha gastado un millón de euros, que es el 0,1 %. 
Estamos todo el día discutiendo sobre las cantidades, pero hay que ver cómo se gastan y cómo se invierten. 
Hemos de debatir este asunto no sólo de cara a la Comisión, sino con nuestros amigos- y espero que, dentro de poco- vecinos de los países candidatos. 
En segundo lugar, en relación con el tema económico, que es absolutamente central, vemos que los espíritus de Lisboa y Gotemburgo siguen vivos para la Comisión. 
De todas maneras, hay que reconocer que acontecimientos recientes han demostrado que no estamos desempeñando un papel de polo de crecimiento económico y, sobre todo, existe la preocupación de que no se está fortaleciendo la gobernanza económica- y hay que ver lo que está pasando en el grupo de trabajo de la Convención-. 
A largo plazo, una unión monetaria que no se consolida con una unión económica y con una unión política no es viable; eso nos lo enseña la historia y hay que tenerlo muy en cuenta para avanzar. 
Un último punto sobre las prioridades económico-sociales. 
Además del desarrollo sostenible, ustedes, frente a la Directiva marco sobre servicios de interés general, que se acordó en Barcelona, nos proponen un Libro Verde. 
Nosotros preferimos una Directiva marco. 
En cuanto a la estabilidad y seguridad- aparte de la prioridad del terrorismo, que es absolutamente general -, la Presidencia sueca planteó una consideración sobre el futuro demográfico de Europa. 
Sería conveniente que eso se ligara con el tema de la inmigración. 
Nosotros saludamos- y sobre todo me refiero a nuestros colegas de la derecha de la Cámara- que ustedes defiendan el papel de la inmigración legal en relación con nuestras sociedades del bienestar y nuestro futuro demográfico, pero, en cualquier caso- ahí me dirijo al Consejo -, creo que sería muy positivo que hubiera una actitud más activa. 
En cuanto al debate sobre las fronteras de Europa, usted ha hablado del alma y del espíritu- entiendo que en términos laicos- para todos los europeos. 
Ya ha dicho nuestra antigua colega, la Sra. Palacio, ministra de Asuntos Exteriores de España, que Europa no es un club cristiano. 
En cualquier caso- eso también en relación con la Convención -, es importante encontrar fórmulas de asociación cualificada. 
Permítame que me refiera a las ausencias del programa. 
No figura como prioridad el estatuto de los partidos políticos. 
Ahora que se ha aprobado el Tratado de Niza, es absolutamente necesario avanzar rápidamente en este frente para poder consolidar un elemento básico de la democracia europea. 
La Comisión ya había hecho, incluso antes, una propuesta transitoria. 
En segundo lugar, vamos a votar una resolución- creo que con una amplia mayoría de la Cámara- en relación con la libertad de expresión y la concentración de medios. 
Ahí saludaríamos una actitud más dinámica de la Comisión. 
Por último, y con ello concluyo, señor Presidente, hay un tema que nos preocupa mucho: los acuerdos del Consejo de Asuntos Generales del lunes pasado. 
Nos consta, por lo que se nos ha dicho y por las filtraciones, que al Presidente de la Comisión le preocupa encontrar una fecha final para el mandato de esta Comisión. 
Yo siempre he pensado que ustedes serían una Comisión en funciones desde el día de las elecciones. 
En cualquier caso, éste es un tema constitucional. 
Nosotros nos oponemos a que el Consejo de Asuntos Generales, sin haber debatido el tema con el Parlamento y sin que usted lo haya presentado, tome una decisión unilateral que contiene muchos elementos que rozan claramente con los Tratados. 
Por lo tanto, pedimos- y me dirijo a usted, señor Presidente, para que se lo comunique al Presidente del Parlamento -, que la propuesta de un acuerdo interinstitucional sobre esta cuestión tan importante sea planteada por el Presidente en Copenhague y me gustaría tener una explicación en este acto por parte tanto del Presidente de la Comisión como del Consejo. 
Señor Presidente, en el pasado el grupo ELDR siempre ha sido bastante crítico con el carácter algo incoherente y arbitrario de los anteriores programas anuales. 
En este programa siempre hemos buscado dos cosas: en primer lugar, una idea clara de la dirección política reflejada en las opciones estratégicas tomadas por la Comisión Europea, y, en segundo lugar, un debate político entre las propias instituciones. 
Es cierto que este año se ha avanzado algo en estos dos aspectos, en comparación con años anteriores. 
Queremos dar las gracias a la Comisión por haber mantenido el formato y el calendario de los nuevos acuerdos y, por supuesto, agradecer a la institución su presencia en un número tan elevado hoy aquí. 
Sin embargo, tal y como ha dicho el mismo Presidente Prodi, sigue habiendo espacio para la mejora. 
El grupo ELDR quisiera destacar tres áreas que en nuestra opinión tendrían que mejorarse más. 
La Comisión Europea aspira a ser una especie de gobierno de la UE. 
Los buenos gobiernos hacen opciones estratégicas. 
Fijan prioridades políticas. 
Esto implica sobre todo que expliquen lo que no van a hacer además de lo que van a hacer. 
Lo que nos preocupa es que, incluso en este documento mejorado, las tres prioridades son tan amplias y abiertas que no representan realmente ninguna opción política significativa. 
Esto se refleja en los anexos. 
El anexo que recoge las acciones emprendidas en el marco de las tres prioridades consta de 40 páginas. 
Aún más preocupante es que el anexo donde figuran las cuestiones que no se enmarcan en las prioridades tiene 50 páginas. 
En otras palabras, nos enfrentamos a la perspectiva de que la mayoría de las iniciativas emprendidas sobre la base de este programa anual el año que viene en realidad quedarán fuera de la orientación política establecida en el conjunto del programa anual. 
Esta no es, dicho en plata, la mejor forma de proceder. 
Una vez más recurre a un tipo de enfoque de lista larga con respecto a la iniciativa legislativa y nosotros, como grupo, quisiéramos que hubiera un mayor abanico de opciones y más orientación política en relación con lo que propone hacer la Comisión Europea de un año a otro. 
El segundo punto es el nivel de detalle facilitado para cada acción legislativa propuesta. 
Esto sin duda ha mejorado en comparación con años anteriores, si bien no era difícil. 
Pero aún no es suficiente, y quisiera llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que en la Convención hay propuestas presentadas para implicar a los parlamentos nacionales en este debate en el futuro. 
Este anexo es casi incomprensible para los diputados al Parlamento Europeo, por lo que sería totalmente incomprensible para los diputados de los parlamentos nacionales. 
Es preciso explicarlo de forma clara, convincente, simple, para que lo puedan entender las personas que viven en el mundo que existe fuera de las instituciones. 
Por último, el tercer punto es nuestro firme apoyo a la intención expresada por la Comisión de aplicar evaluaciones de impacto en una serie de iniciativas piloto. 
Creemos que las evaluaciones de impacto son absolutamente indispensables para mejorar la calidad de la legislación europea y quisiéramos que avanzara un poco más en dos aspectos importantes. 
En primer lugar, pensamos que a largo plazo la Comisión no puede ser juez y parte con respecto a sus propias evaluaciones de impacto: evaluar sus propios proyectos. 
Creemos que debería hacerse de forma independiente. 
En segundo lugar, tiene poco sentido que se realicen evaluaciones de impacto en la Comisión si después las enmiendas parlamentarias y del Consejo escapan a todas las evaluaciones de impacto. 
Por lo tanto, quisiéramos que se adoptara un enfoque interinstitucional con respecto a las evaluaciones de impacto en todos los puntos del ciclo legislativo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, las tres prioridades políticas de su programa solo pueden evaluarse a la luz de los desafíos afrontados por la Unión Europea. 
Sin embargo, y lo diré desde el principio, convendría indicar que los criterios ultraliberales que siguen afectando a la integración europea nos impiden afrontar estos desafíos. 
Así, la Comisión propone, y cito, «volver a implicar a los ciudadanos en el proyecto europeo». 
Lo creeré cuando lo vea. 
De hecho, aumenta el abismo entre la integración europea actual y las expectativas de los ciudadanos, expresadas en particular en el Foro Social Europeo en Florencia, donde cientos de miles de personas se unieron en una manifestación antibélica y pacifista. 
Sin embargo, la Unión sigue aplicando una política de seguridad y defensa basada en la opción militar y la alianza con la OTAN, en lugar de trabajar por impedir el conflicto. 
En numerosas conversaciones, debates y manifestaciones celebrados en Florencia se reivindicó la salvaguarda de los servicios públicos, para que el agua, la salud y la educación puedan convertirse en activos comunes. 
127 Diputados al Parlamento Europeo y de parlamentos nacionales ya han firmado una petición contra la liberalización de los servicios al amparo de la OMC, en el marco del AGCS. 
La Comisión, por otro lado, de acuerdo con los Consejos Europeos de Barcelona y Lisboa, persigue y acelera actualmente el proceso de liberalización y desregulación que conduce a la privatización de los sectores de la energía, del transporte, postal y otros. 
Mantiene las restricciones al gasto público en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluso aunque se ha reconocido en los más altos niveles que el Pacto es más tangible de lo que parece. 
Después de Florencia, el 26 de noviembre los trabajadores del ferrocarril francés tomarán de nuevo las calles. 
En Florencia, los jóvenes se declararon a favor de una Europa fraternal, inclusiva, abierta al mundo. 
El programa de la Comisión hace aún más impenetrable el fuerte de Europa. 
Sin embargo, este eficaz control fronterizo es totalmente ilusorio y nos aleja aún más de la Europa inclusiva de la que hablaba ayer usted, señor Prodi. 
Las políticas comunes de asilo e inmigración no deben depender de la lucha contra el terrorismo, un enfoque según el cual todos los extranjeros serían potencialmente peligrosos y criminalizaría a todos los emigrantes o solo los consideraría un recurso económico. 
Por otro lado, el camino hacia la igualdad de derechos podría dar lugar a una Unión Europea segura, inclusiva. 
Por igualdad de derechos quiero decir unos mismos derechos económicos, sociales y políticos: la concesión a los residentes extranjeros del derecho a votar a partir de las próximas elecciones de 2004, tal y como defendió el Comisario Vitorino ante uno de los grupos de trabajo de la Convención, supondría una poderosa señal a este respecto de que una Europa generosa y fraternal se ha abierto al mundo. 
Es realmente urgente definir el futuro de Europa, pero no creo que debamos hacerlo como se ha hecho en el diseño y el proyecto de la Comisión. 
¿Hemos de confinarnos a las limitadas ideas relativas a las instituciones y a la retórica sobre la dimensión social recogidas en la Convención, debemos confiar plenamente en la Convención, tal y como usted ha dicho, señor Prodi? No basta simplemente con anunciar que es preciso implicar a los ciudadanos. 
Tenemos que responder a sus necesidades y esperanzas, y reconocer plenamente sus derechos, con respecto al trabajo, la salud, la vivienda, la educación y la cultura, y para ello realmente hemos de volver a la mesa de trabajo y volver a reflexionar sobre los principios básicos del Tratado de Maastricht, pues impone un dogma de competencia y libre mercado. Hemos de desafiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y tener en cuenta los nuevos criterios de crecimiento, empleo y formación, y examinar las responsabilidades del Banco Central Europeo. 
Es preciso promulgar el reglamento sobre la liberalización y la desregulación, reconocer los servicios públicos en el Tratado, y no solo como derogación de la competencia. 
Por último, señor Prodi, ha hablado usted de las grandes esperanzas existentes en el Sur. 
Comparto esta ambición de la Unión Europea de desempeñar un nuevo papel en el mundo, de impedir conflictos, de fomentar la paz y la verdadera seguridad. 
La Unión debería desempeñar un papel en las negociaciones internacionales, en particular en la OMC, y potenciar el interés por el verdadero desarrollo en los países más pobres. 
A este respecto, quedarnos en los compromisos limitados de Monterrey o en la iniciativa HIPC es una actuación muy pobre, cuando lo que deberíamos hacer en su lugar es anular todas las deudas de los países del sur. 
Por último, aunque la Comisión ha declarado su ambición de desempeñar un papel en la resolución del conflicto de Oriente Próximo, me gustaría que se emprendieran más iniciativas políticas y que no solo haya palabras, en particular con el espíritu de las declaraciones habituales del Sr. Patten sobre la posición. 
Señor Presidente, el Presidente Prodi ha descrito tres puntos fundamentales del programa y, en general, estoy de acuerdo con la línea global. 
Sin embargo, como representante del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea creo que deberíamos basar nuestra evaluación de este programa legislativo en la agenda del desarrollo sostenible, tanto fuera como dentro de la Unión Europea. 
Temo que he decirle, Presidente Prodi, que su programa es bastante vago a este respecto, por no decir ligeramente retórico. 
Esperemos que esta vez el informe de la Comisión sobre desarrollo sostenible, que debe presentarse en la Cumbre de Primavera, no llegue a última hora. 
Igualmente, esperemos que, como parte del seguimiento de Johanesburgo, pueda publicarse oportunamente el informe anual sobre las iniciativas de cooperación relativas al agua y a la energía que, como sabe usted, forman parte de lo que se conoce como los acuerdos del tipo dos celebrados en Johanesburgo. 
El programa legislativo menciona la importancia del éxito de la reunión de Cancún. 
No obstante, pensamos que el Parlamento Europeo debe participar en el debate sobre lo que la Comisión va a hacer y decir en Cancún. 
Realmente no queremos que se repita la desafortunada situación de Johanesburgo, donde nos enfrentamos a un lo hecho hecho está, un acuerdo ya celebrado entre la Comisión, o quizá el Comisario responsable, pues este misterio aún no está aclarado, y los Estados Unidos, para que las normas de la OMC prevalezcan sobre los acuerdos internacionales en materia medioambiental. 
Este intento se frustró en parte en Johanesburgo, pero realmente tememos que pueda ocurrir algo similar en Cancún, sin ningún debate público y totalmente en contra de los esfuerzos que la propia Comisión hace en el área del medio ambiente. 
En cuanto a la dimensión externa del desarrollo sostenible, también quisiera indicar que, aunque es verdad que ahora se precisan evaluaciones sobre el impacto y la sostenibilidad para todos los acuerdos internacionales, algo que constituye una novedad positiva que celebramos y que nos satisface mucho, también es verdad que resulta difícil llevarlo a cabo, sobre todo por cierta falta de recursos, tal y como refleja el trabajo realizado en torno al acuerdo con Chile, que, lamento decir, ha sido poco preciso y apresurado. 
Esperamos con gran interés, señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión sobre servicios de interés general, y realmente deseamos que se pueda hablar sobre él también aquí en el Parlamento, presidente Barón Crespo. 
Además, esperamos que se pueda crear una directiva también sobre este asunto, sobre todo porque tememos que pueda haber cierta incoherencia, tal y como acabo de decir, entre lo que dice y hace la Comisión en la Unión, y lo que pretende negociar en el ámbito internacional, en particular en el seno de la OMC, que es ahora extremadamente poderosa. 
Además, en este Año Internacional de las Montañas, Presidente Prodi, a sabiendas de su pasión por la montaña, quisiéramos saber qué medidas quiere adoptar la Comisión para la aplicación práctica del Convenio de los Alpes, en particular el protocolo sobre el transporte. 
Otra cuestión medioambiental que nos parece merecedora de atención pero que me temo ya no forma parte del programa es el PVC, un material reconocido como altamente peligroso en al menos cinco estudios en curso de la Comisión. 
Esperábamos una comunicación para antes de finales de verano, pero parece que, después de que el Comisario Liikanen haya anunciado su posición, todo el trabajo se ha detenido. 
Cito este ejemplo, aunque pueda parecer una cuestión menor, porque, si bien es cierto que trabajamos de forma constructiva para mejorar el programa legislativo, también lo es que nuestras conversaciones no tienen mucho sentido si resulta que después perdemos de vista las principales propuestas legislativas, sólidamente apoyadas por el Parlamento, que se presentan como parte del programa durante años y después desaparecen de repente. 
Terminaré, señor Presidente, expresando nuestra gran preocupación por la influencia de los grupos de presión industriales sobre la elección del instrumento legislativo, que quizá ni siquiera sea un instrumento legislativo apropiado, y también quiero decir que esta cuestión constituye una parte muy específica del acuerdo internacional que, junto con otros Diputados al Parlamento, intentamos suscribir antes del Consejo Europeo de Copenhague. 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, quisiera empezar por pedir disculpas al Presidente Prodi por el carácter improvisado de este discurso, que será una serie de breves reflexiones sobre lo que he leído u oído. 
Está claro que, además de las indicaciones dadas en el programa de trabajo para 2003, no podemos esperar que la Comisión lo haga todo de forma inmediata y, idealmente, correcta en el espacio de tan solo un año, pero es cierto que convendría establecer directrices, tal y como se ha hecho. Me parece que, al menos en términos generales, estas directrices son suficientemente aceptables. 
He escuchado su discurso, Presidente Prodi, y agradezco mucho algunos de los puntos que ha destacado con su entusiasmo habitual, en particular las consideraciones sociales, que son muy importantes en un momento en que hablamos sobre la seguridad, la solidaridad y las medidas que incluso podrían dar al mundo del trabajo una nueva orientación. 
Por lo tanto, si se me permite, quisiera invitar a la Comisión y a las instituciones comunitarias en general a reflexionar con carácter formal o informal sobre una serie de políticas que considero de vital importancia para el futuro de Europa, en particular para el futuro de una Europa ampliada verdaderamente unida con respecto a sus principios fundamentales. 
Bien, ayer celebramos largos debates formales e informales con varios diputados de parlamentos de países que aspiran, si se me permite utilizar esta expresión, a convertirse en miembros de pleno derecho de Europa, y, además, hablamos sobre nuestro deseo de trabajar para lograr una Europa que esté auténtica, esencial y, en el plano ideal, políticamente unida. 
Sin embargo, para que esté políticamente unida y sea coherente, Europa necesita abordar cuestiones de importancia histórica con transparencia. 
Señor Presidente, creo que necesitamos reflexionar mucho sobre la cuestión de la inmigración. 
Nunca será suficiente lo que se hable sobre la cuestión de la inmigración legal, al igual que no lo serán nunca los debates sobre la integración de los inmigrantes. 
A menudo pienso, y sigo sin saber la respuesta, sobre el problema de la integración de los inmigrantes en la sociedad, y a veces me pregunto si la integración no es otra nueva forma de opresión a las culturas que son diferentes a las nuestras y que, por lo tanto, deberían respetarse plenamente. 
Uno de los oradores acaba de mencionar el asunto de un interesante debate, que tuvo lugar tanto en Florencia como en mi propia ciudad, Lecce, una ciudad donde no tenemos miedo al diálogo o a la presencia de personas que piensan de otra forma. 
También aquí debemos escuchar lo que se dice sobre la globalización, sobre nuevas formas de pobreza que realmente existen, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste. 
Hemos de reflexionar todavía más, repito, sobre cómo podemos, en cierta medida, estar oprimiendo a los inmigrantes o emigrantes a quienes, imagino, les gustaría volver a sus países de origen y recuperar sus identidades y sus raíces culturales, pero que realmente no quieren volver a la pobreza económica. 
Por lo tanto, si tenemos que adoptar medidas económicas, es esencial que garanticemos que en último término no suponen una opresión cultural. 
Por lo tanto, a este respecto, quisiera llamar la atención de la Comisión sobre las cuestiones de la inmigración y el empleo, a fin de impedir que el empleo, en lugar de ser un factor de cohesión, siente las bases para una nueva disputa entre los inmigrantes de nuestros estados y quienes necesitan convertir sus actividades comerciales. 
Tome la crisis industrial de nuestro país, Presidente Prodi, y la necesidad resultante de reciclar a los trabajadores a través de medidas de formación sustancial, auténticamente incisiva y a gran escala. 
La formación también depende de la cultura, y debe promoverse si es cierto que Europa quiere seguir creciendo, tal y como sostiene usted. 
- (NL) Señor Presidente, hablo en nombre de la delegación neerlandesa del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias. 
Las tres prioridades principales de la Comisión Europea son una elección lógica para este programa de trabajo para 2003. 
La preparación para la ampliación es una prioridad primordial que la Comisión Europea considera acertadamente un ejercicio de afrontamiento de la diversidad cultural, las tradiciones administrativas y las estructuras económicas. 
Además, la estabilidad y la seguridad como segunda prioridad cuenta con todo mi apoyo incondicional. 
La lucha contra el terrorismo, la administración de las nuevas fronteras exteriores y el control de la inmigración ilegal son muy importantes tanto para la Unión actual como para la ampliada. 
Sin embargo, ahora quisiera examinar más de cerca la tercera prioridad: el desarrollo sostenible. 
Si bien me alegro, por supuesto, de que el desarrollo sostenible sea una prioridad para la Comisión Europea, hay algo más. 
Se ha prometido solemnemente que se prestará especial atención al impacto de la nueva legislación en el medio ambiente. 
Sin embargo, en el Anexo 2 veo que el punto de mira principal se sitúa en la conclusión del mercado interior. 
Naturalmente, siento curiosidad por el anuncio de la inclusión del medio ambiente en la legislación de la Unión Europea. 
También me preocupa la categoría de este documento. 
Se corre el grave peligro de que vuelva a acabar como documento de debate, constituido por buenas palabras e intenciones, pero sin decir nada concreto en términos legislativos. 
Es cierto que hay mucho espacio para realizar mejoras en los ámbitos de la energía y del transporte. 
De hecho, no veo muchas iniciativas en el área de la legislación medioambiental. 
Quizá esto no sea una imprudencia a la luz de los problemas con la aplicación y el cumplimiento de la legislación existente sobre medio ambiente. 
También puede muy bien ocurrir que en los próximos años ya no podamos desarrollar más legislación trascendental en una Unión de 25 miembros. 
Ha menudo he insistido para que se proponga examinar la Directiva sobre pilas. 
Ya sé que durante años se ha trabajado en torno a esta revisión, pero alcanzar un acuerdo interno es imposible. 
Ya va siendo hora de enviar la enmienda propuesta al Parlamento y al Consejo. 
Le tomo la palabra en cuanto a la promesa de marzo de 2003. 
Señor Presidente, el programa de trabajo de la Comisión para 2003 ha sido presentado mejor que en el pasado. 
Su base gira claramente en torno a importantes prioridades, lo que es un punto a su favor. 
La forma, sin embargo, sigue siendo muy ambigua. 
Nos han dicho que este programa contribuirá al programa operativo anual del Consejo para 2003, que el Consejo deberá adoptar posteriormente en diciembre. 
Pero, ¿cuál es la situación exacta de la contribución de la Comisión? 
¿Debería el Consejo aceptarla tal cual es o tiene derecho a modificarla para introducir nuevas prioridades? 
Sólo la última hipótesis es coherente con la jerarquía de las instituciones. 
Naturalmente, no dudamos en absoluto de que en la práctica el diálogo en el seno del triángulo institucional permitirá resolver este problema. 
Sin embargo, plantea una importante cuestión de principio. 
La primera prioridad del programa de la Comisión consiste básicamente en prepararse para la ampliación. 
Es imposible no sentirnos impresionados, al leer las medidas que se van a adoptar a este respecto, por su número, que refleja la escala del acervo comunitario que van a aplicar los países candidatos. 
Después de haber escuchado ayer a los representantes de estos países, después de haber oídos sus reacciones, podemos ver claramente que estos países están deseando entrar en la Unión. 
Quieren formar parte de la familia europea y están listos para hacer grandes esfuerzos por lograrlo. 
Sin embargo, no debemos agotarlos con un exceso de legislación y autoridad. 
Hemos de ser lo suficientemente inteligentes como para dejarles trabajar a su ritmo y aceptar el análisis variable en mayor medida. 
La segunda prioridad del programa se titula «Estabilidad y seguridad» y presenta en particular medidas relativas a la inmigración. 
Una vez leída la lista de iniciativas básicas varias veces, debo decir que encontré la iniciativa relativa a la integración de los inmigrantes legales, pero aún estoy buscando la iniciativa que supuestamente abarca la repatriación de los inmigrantes ilegales. 
Si está allí, está bien escondida. 
Lo que refleja de forma bastante simple que la Comisión tiene un largo camino por delante hasta tener conciencia de la escala del problema que afrontamos hoy día. 
Por otro lado, y concluyendo, quisiéramos dar nuestra enhorabuena por el apartado titulado «Relaciones con los vecinos de la Unión Europea ampliada» , que el Sr. Prodi ha destacado antes. 
De hecho, es preciso redefinir estas relaciones y a este respecto la cooperación euromediterránea podría dar lugar a la creación de una nueva comunidad, que, hay que decir, estará separada de la actual. 
Sería más normal que Turquía formara parte de esta comunidad en lugar de la propia Unión Europea. 
El Sr. Prodi tiene que marcharse antes para regresar a Bruselas a causa del tiempo. 
Por lo tanto, ahora escucharemos la respuesta del Sr. Prodi a las intervenciones. 
Entiendo que la Sra. Palacio va a dar sus respuestas durante la sesión de solicitud incidental de intervención. 
Señor Presidente, no es tanto una cuestión de tiempo como que tengo una cita con el Sr. Erdogan en Bruselas, que, tal y como están las cosas, parece apropiada, dado que el vencedor en las elecciones turcas se encuentra de visita en Bruselas. 
Voy a reunirme con él esta tarde, y me parece importante precisamente porque creo que necesitamos un diálogo potente y directo sobre estas cuestiones. 
De hecho, las cuestiones que hay sobre la mesa son las cuestiones más trascendentes, fundamentales, y, por lo tanto, creo que es apropiado analizarlas con cierto detenimiento, como voy a hacer en Bruselas esta tarde, como acabo de decir. 
Ahora, sin embargo, quiero responder a las primeras críticas. Por lo tanto, dejaré a mis colegas de la Comisión la tarea de desarrollar los temas y de examinarlos más detenidamente. 
De hecho, hay una serie de cuestiones que son absolutamente básicas para nuestra futura actuación. 
La Sra. Grossetête ha mencionado nuestros planes para el Mediterráneo. 
Estoy completamente de acuerdo con ella. 
Yo mismo en varias ocasiones me he sentido incómodo porque todos los líderes de los países mediterráneos critican directamente a la Comisión, acusándonos de favorecer a Europa Oriental en detrimento de los países mediterráneos. 
Mi respuesta ha sido simple: las exigencias de la historia nos han obligado a tomar esta dirección, pero tenemos la intención, en primer lugar, de consolidar la política de Barcelona, con cuyo desarrollo seguimos teniendo grandes problemas, y, en segundo lugar, de definir la nueva política que he esbozado- el grupo de amigos que comparten todo excepto instituciones con la Unión -, a cuyo impulso, ahí está el meollo del asunto, espero que contribuyan las Presidencias griega e italiana el próximo año, dado que vamos a tener dos presidencias mediterráneas consecutivas en el mismo año. 
Ya he hablado sobre estas cuestiones y del deseo de la Comisión de cumplir sus responsabilidades en esta área con los griegos, y también trataré sobre ellas después con los italianos, pues creo que es una cuestión muy importante. 
Además, exhorto al Parlamento a que a partir de ahora consolide nuestra acción conjunta en el ámbito del Mediterráneo. 
Volviendo a la cuestión de nuestros métodos de trabajo, esta es la antigua cuestión de la cooperación interinstitucional. 
Es una cuestión amplia con grandes implicaciones políticas, en torno a las cuales, sin embargo, hay que adoptar toda una serie de decisiones operativas, porque no podemos limitarnos a hacer declaraciones de principio. 
La política mediterránea nos exigirá adoptar decisiones que afectan al presupuesto y a toda nuestra forma de trabajar. 
Por lo tanto, me parece que, con respecto a esta cuestión, es imperativo que nos centremos primordialmente en la programación interinstitucional. 
Una vez más, la Sra. Grossetête ha mencionado la necesidad de que cada uno de los Comisarios presente un informe preliminar a la comisión parlamentaria pertinente. 
No me opongo a esto. De hecho, podría resultar útil, precisamente porque es un nuevo proceso que necesitamos mejorar. 
Evaluaremos esta propuesta y estoy seguro de que tendremos en cuenta su sentido. 
Lo único que quiero evitar es el peligro de fragmentación. 
Hay una serie de puntos en los que, a pesar de necesitar un análisis a fondo, debemos centrarnos dentro del marco del panorama general, específicamente en la fase de la propuesta preliminar al principio del proceso y otra vez cuando se adopte la decisión final, al final del proceso. 
Quisiera que estas dos fases fueran debates en sesión plenaria. 
Es evidente que a veces durante el debate será necesario hablar sobre aspectos técnicos y específicos, a lo que no nos oponemos, pero el principio y el final del debate son una cuestión que nos concierne a todos nosotros, no solo a algunos. 
Señor Barón Crespo, en primer lugar, la propuesta sobre el programa de la Comisión suele estar determinada por la relación entre la Comisión y el Parlamento, que es extremadamente delicada. 
Quisiera indicar que el programa de la Comisión para 2003 se centra en nuevas iniciativas, mientras que el programa del Consejo, con muy pocas salvedades, se ocupa de iniciativas que ya ha presentado la Comisión pero que no han sido aprobadas. 
En este sentido, hemos de centrarnos en nuestra relación con el Consejo, porque ahora vamos con retraso en cuanto a las cuestiones que ya ha abordado el Parlamento. 
Por supuesto, la Comisión apoya totalmente al Parlamento Europeo, en lo que hemos sido coherentes, y garantizamos que el Consejo implica al Parlamento en todos los puntos de su programa. 
Además, la Comisión define las prioridades políticas para el Consejo, y ya las ha presentado al Consejo de Asuntos Generales del 18 de noviembre. 
A este respecto deberíamos mantener una estrecha relación también con la Presidencia griega. 
En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Barón Crespo relativa a la situación de los partidos políticos, presentaremos la nueva propuesta tan pronto como entre en vigor. 
Estamos totalmente de acuerdo con usted con respecto a su importancia, pero ahora estamos esperando el momento adecuado para presentar la propuesta, que todos juntos deben comentar. 
En cuanto a las resoluciones interinstitucionales para 2004, me parece que lo que ha dicho el Sr. Barón Crespo es muy importante, y estoy totalmente de acuerdo con él. 
La Comisión ha venido llamando constantemente la atención de la presidencia sobre la necesidad de encontrar soluciones que no trastornen el buen funcionamiento de las instituciones. 
Es totalmente necesario un acuerdo con el Parlamento. 
Cuando fue evidente que existía una especie de denso tráfico legislativo, la Comisión inmediatamente dejó clara la necesidad de una coordinación entre el ritmo de trabajo del Parlamento y el ritmo de trabajo de la Comisión. 
Rápidamente hicimos hincapié en que el nuevo Parlamento debe trabajar codo con codo con la nueva Comisión desde el principio. 
Tal y como yo lo veo, estas decisiones son muy necesarias, pero tenemos poco tiempo porque hay que encontrar soluciones antes de Copenhague. 
Creo que podríamos hablar sobre esta propuesta en la cumbre interinstitucional a finales de noviembre-principios de diciembre con vistas a lograr precisamente un acuerdo antes de Copenhague. 
He de destacar la vital importancia de esta cuestión porque tenemos que evitar una situación donde tengamos el nuevo Parlamento, una Comisión que solo durará tres meses y una nueva Comisión, con cambios en los órganos y, en consecuencia, un completo colapso en algunas áreas del sistema. 
Comparto totalmente las preocupaciones de la Sra. Frassoni en relación con el desarrollo sostenible, sobre el que la Comisaria Wallström va a hablar después. 
El Comisario Nielson va a hablar sobre Johanesburgo y la Vicepresidenta de Palacio hablará sobre el transporte. 
Diría que nuestra posición en Johanesburgo fue muy sólida, pero también muy incómoda. 
No me avergüenzo de decir que los países del mundo en desarrollo, los países africanos en particular en este caso, de hecho África es el verdadero gran problema, tienden a distinguir cada vez menos entre Europa, los Estados Unidos y otros países. 
Lo que debería preocuparnos a todos. 
A pesar del hecho de que, en los últimos años, hemos actuado de forma verdaderamente responsable- piensen en Kioto, la iniciativa Todo menos Armas, las incisivas decisiones que abren nuestros mercados unilateralmente, las incisivas decisiones relativas al Protocolo de Kioto, las incisivas decisiones sobre muchos aspectos de la ayuda al desarrollo, por ejemplo en Monterrey, donde nosotros obtuvimos el mínimo que podía obtenerse en relación con la ayuda exterior, incluso a pesar de que en realidad fuera un mínimo absoluto -, no debemos sorprendernos si el mundo en desarrollo reacciona metiéndonos a todos en el mismo saco sin distinciones. 
Es una cuestión muy preocupante que requiere un análisis muy profundo por nuestra parte. 
Así es cómo debemos abordar la cuestión. 
Hay otro aspecto que preocupa, según la Sra. Boudjenah, y es la interpretación de la paz y el desarrollo en general, como asunto de interés general. 
También con esto estoy de acuerdo, ya lo he dicho antes. 
En cuanto a las cuestiones como el pluralismo del mundo y el multilateralismo, es incluso más importante que adoptemos una función de liderazgo absoluto porque no hay nadie más que pueda mantener estos debates abiertos, y sabemos lo valiosos que son en estos momentos. 
También hay que decir, con franqueza, que son debates que pueden mantenerse abiertos de forma creíble si existe un compromiso financiero, que en estos momentos es muy difícil de cumplir. 
Por lo tanto, creo que en realidad deberíamos abrir un debate político a fondo sobre esta cuestión, porque, evidentemente, si no comprometemos suficientes recursos, estaremos solamente moralizando a estos países, en lugar de ser capaces de cambiar la situación mundial. 
Quiero subrayar hemos hecho mucho y desempeñamos un papel ejemplar. 
Debemos seguir haciéndolo, pero hemos de mejorar tanto la calidad como la cantidad de nuestros esfuerzos. 
Lo que me lleva a la última parte del discurso de la Sra. Poli Bortone, relativa a la inmigración. 
Es cierto que tenemos que centrarnos en la inmigración legal e ilegal, es cierto que es preciso hablar sobre la cuestión de integrar a los inmigrantes, pero, en primer lugar, la cuestión principal por abordar es si en estos momentos tiene o no lugar la integración. 
Sin embargo, he de decir que, en su mayoría, los inmigrantes que llegan a Europa son cada vez más estables, cada vez más desean integrarse en las sociedades de nuestros países europeos, independientemente de dónde procedan, y se integran con mayor facilidad y en algunos casos en mayor medida que en otros. 
En cualquier caso creo que, por el bien de la futura cohesión de nuestras sociedades, debemos hacer un gran esfuerzo por facilitar la integración como prioridad. 
Destacaría que es una cuestión cuyas facetas y características varían mucho en función del país de origen y recepción, pero no podemos arriesgarnos a que nuestras sociedades se fragmenten. 
Para mí ha sido una experiencia personal muy intensa visitar durante varios años diferentes comunidades de inmigrantes italianos en Alemania y Bélgica. 
Cuando he visto que se ha producido la integración social, me he dado cuenta de que es la única forma para que lleven vidas felices y serenas en igualdad de condiciones que sus conciudadanos. 
En mi opinión, la integración total es un gran objetivo para una sociedad abierta, y debe producirse respetando plenamente todas las culturas, las diversidades, con vistas a crear sociedades que no aquejan conflictos o tensiones. 
Es evidente que para ello necesitamos una política de inmigración que sea mucho más compleja y mucho más cohesiva que en la que hemos trabajado hasta ahora. 
Pasamos ahora al procedimiento de solicitud incidental de intervención. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que tengo el honor de presidir, celebra la iniciativa de la Comisión de introducir un procedimiento de planificación política más compacto e integrado. 
La Comisión de Derechos de la Mujer tuvo la oportunidad de mantener un diálogo constructivo con dos Comisarios, la Sra. Anna Diamantopoulou y el Sr. Antonio Vitorino. Tuvimos un debate muy productivo, en el que nuestras opiniones y posiciones coincidieron en numerosos puntos. 
A la luz de esta positiva experiencia, me sorprendió, y me pregunto por qué, que no pudiera encontrar ni una sola palabra sobre la igualdad de géneros en el programa de la Comisión para 2003. 
La Sra. Diamantopoulou nos aseguró en una reunión con nuestra comisión a principios de octubre que la política de igualdad entre géneros es una prioridad de la Comisión y no tenemos noticia de nada que nos haga pensar lo contrario. 
Como saben ustedes, la Comisión de Derechos de la Mujer tiene el privilegio exclusivo de ser invitada una vez al año a una reunión de un día con el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, y diez Comisarios, para hablar sobre la cuestión específica de la igualdad entre géneros. 
2003 es un año importante para la Comisión de Derechos de la Mujer. 
La principal prioridad es la Convención sobre el futuro de Europa y hemos invertido mucho tiempo y esfuerzos para asegurar que el nuevo Tratado promueve la igualdad entre géneros. 
En segundo lugar, necesitamos que se aplique el acervo comunitario sobre la mujer, y no solo que los países candidatos lo aprueben. 
En tercer lugar, esta el asunto de la integraci? n de la cuesti? n del g? nero y, por supuesto, todav? a queda mucho por hacer para poner orden en nuestra propia casa. 
En todo caso, celebro la iniciativa de incluir el informe de progreso anual de la Comisión sobre la igualdad entre géneros en la agenda de la cumbre de primavera bajo la presidencia griega. 
Otra prioridad importante es garantizar que existe una representación equilibrada de los géneros en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. 
El Parlamento Europeo y la Comisión deberían sentar un precedente para las demás instituciones. 
Por último, me preocupa el hecho de que siga aplazándose la propuesta de una nueva directiva sobre la lucha contra la discriminación sexual basada en el artículo 13 del Tratado. 
¿Hay alguna novedad sobre esto? 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, la igualdad de oportunidades de la mujer es una prioridad constante y permanente en la acción comunitaria. 
No sé si la Sra. Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades entiende que no está suficientemente recogida en los textos. 
Es posible, pero le quiero decir que está presente sistemáticamente, porque es nuestra obligación y así lo queremos todos. 
En cuanto a algunas ideas que ha aportado de hacer igualdades matemáticas en la representación en los distintos órganos, he de decirle claramente que eso no figura en nuestro programa. 
A este respecto, le recuerdo a la Sra. Presidenta- que además es griega- el famoso mito de Procusto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al Comisario Bolkestein la creación del marco adecuado para el futuro de Basilea II. Sin embargo, al mismo tiempo, quisiera preguntar a los Comisarios Liikanen y Busquin por lo que hacen en sus respectivos ámbitos para garantizar que Basilea II se ejecute sin perjudicar a la economía. 
Basilea II trata sobre la solvencia de las empresas, de pequeñas y medianas empresas, y sobre las garantías y la transparencia que esto requiere. 
Creo que, si no tomamos medidas de precaución a su debido tiempo, acabaremos teniendo un gran problema que implicará aún más bancarrotas y un elevado índice de desempleo. 
Me gustaría dirigir la segunda pregunta al Comisario Lamy. 
El Sr. Prodi ha mencionado que queremos impulsar la democratización política de la OMC. 
¿En qué medida se ha previsto en el programa de trabajo de la Comisión que se logren avances con la asamblea parlamentaria? 
Como hay muchas peticiones de palabra, a fin de acelerar las cosas escucharemos las respuestas de la Comisión al final en lugar de después de cada intervención. 
Señor Presidente, Comisarios, Sus Señorías, en 2003 el programa de trabajo de la Comisión, e incluso el trabajo político de toda la Unión, dependerá mucho del entorno económico mundial. 
Por el momento, no hay motivos para el optimismo. 
De acuerdo con la Comisión, los indicadores siguen reflejando una aceleración del crecimiento a finales de 2002. 
Sin embargo, esta aceleración no superará el 1%, lo que implica, y cito, que por lo tanto parece imposible lograr en 2003 un índice de crecimiento de alrededor del 3%. 
El riesgo de un descalabro bursátil, el impacto del terrorismo y la amenaza de la guerra han marcado significativamente la economía mundial. 
Podríamos adoptar una postura dogmática para responder a esta situación, salmodiando supersticiosamente «estabilidad, estabilidad». 
También podríamos buscar una política económica más pragmática mediante el impulso al crecimiento. 
Esto es lo que ha hecho el Gobierno de los Estados Unidos, con la inyección de más de 100 millardos de dólares en la economía en un año. 
Es lo que ha hecho la Reserva Federal a través de su política de reducción de los tipos de interés. 
Para nosotros, como socialistas, la estabilidad es importante. 
Debemos luchar contra la deuda pública y por un presupuesto equilibrado. 
La derecha ha atacado al Gobierno alemán por este motivo, pretendiendo olvidar que los gobiernos de derechas de Portugal, Italia y, en particular, Francia, se alejan cada vez más de la política de estabilidad. 
Sin embargo, los socialistas defendemos una política activa en favor del crecimiento y del empleo, porque en política salmodiar nunca ha dado resultados. 
Ha llegado el momento de volver a lanzar redes transeuropeas y de utilizar todos los créditos disponibles para impulsar la inversión productiva, la investigación y la economía basada en los conocimientos. 
Es realmente escandaloso ver que la Comisión ha sido incapaz de utilizar todos los créditos disponibles en 2001. 
Incluso aunque el presupuesto de la Unión solo sea el 1% del producto interior bruto comunitario, el 16% de estos créditos escasos no se utilizó, en otras palabras, se ahorró. 
Señor Presidente, terminaré diciendo que la Unión se estableció una ambiciosa estrategia en la Cumbre de Lisboa, y debemos conseguir los medios para cumplir esta ambición. 
Señor Presidente, Comisión, Consejo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiero poner una nota negativa a las propuestas sobre el programa legislativo y el programa de trabajo de la Comisión. 
Tenemos que indicar que, en el contexto del proceso de Lisboa, en el contexto de una creciente demanda de participación de los trabajadores, en el contexto de las peticiones de flexibilidad en el mercado laboral y en el contexto de la movilidad de los empleados en Europa, los programas de la Comisión, y en particular su programa legislativo, carecen, a nuestro parecer, de ambición, lo que es una pena. 
2003 amenaza con ser un año perdido en este sentido, al menos en cuanto a la legislación. 
Solo hay tres propuestas que llevan la dirección correcta. 
Éstas se refieren a la igualdad de trato, que ya se ha mencionado, las directrices normales de empleo y el reglamento 1408/71 relativo a la seguridad social. 
Sin embargo, no son propuestas legislativas nuevas; son enmiendas. 
También observamos retrasos en una serie de áreas o incluso alguna que otra omisión, como ocurre con el comité de empresa europeo, que no figura en la agenda del próxima año o quizá solo lo haga al final. 
También se advierte una falta de iniciativa en las áreas del permiso parental, la protección de las trabajadoras, los discapacitados y los trabajos atípicos, y podría seguir. 
Como comisión hemos de apuntar que en el aspecto legislativo el programa no es realmente satisfactorio cuando se trata de las demandas de la sociedad y que también tienen una base social. 
Ya hemos dedicado cierto tiempo a hablar sobre ello en nuestra comisión y con nuestra Comisaria. 
También creemos que el problema no corresponde únicamente a la Comisaria, sino también y en particular a la Comisión como tal y al Consejo. 
Por lo tanto, pedimos al Consejo en particular que adopte medidas con ocasión de la próxima revisión intermedia de la agenda social. 
Debemos prepararla junto con la Comisión, y espero que podamos avanzar. 
En estos momentos realmente no hay posibilidades de que esto ocurra y nos sentimos decepcionados en cierta medida. 
Pero tenemos esperanza y por esto pedimos que se adopten medidas. 
Le deseo una larga vida y salud, Vicepresidente Martin, larga vida y salud a todos los Comisarios, larga vida y salud a todos los Diputados al Parlamento Europeo y larga vida y salud también al representante del Consejo, aunque sé que el Consejo, los 15 jefes de Gobierno, está muy preocupado de saber que los ciudadanos europeos van a vivir más tiempo. 
Esta mañana he leído en varios periódicos que se ha descubierto una pastilla con la que podremos vivir hasta 150 años. 
De camino al Parlamento he recordado lo que tenía que preguntarle a la Comisión. 
Aunque siempre he sabido que Europa empieza ahora a preocuparse de las pensiones, y he de decir que la Comisión del año pasado abordó con acierto y especial entusiasmo esta cuestión, creo que con la ayuda de la Comisaria responsable, la Sra. Anna Diamantopoulou, incluso aunque esta área sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, he advertido que muchos gobiernos, también incluyendo en especial el gobierno que me gobierna a mí, Carlo Fatuzzo, hacen declaraciones que pueden llevar a los ciudadanos europeos a pensar que Europa va a recortar sus pensiones, que Europa va a recortar los ingresos de sus pensiones, que Europa va a obligarles a apretarse los cinturones. 
Sin embargo, son los gobiernos nacionales quienes han de tomar estas decisiones, y si van a tener que recortar las pensiones entonces han de decirlo con claridad, franqueza y sinceridad a sus ciudadanos. 
Por lo tanto, quisiera preguntarle, Vicepresidenta, qué va a hacer la Comisión para que los ciudadanos europeos sepan que la Comisaria Diamantopoulou no es un hada o una hechicera que pueda garantizar riqueza a todos los ciudadanos, sino un malvado ogro que va a hacer lo que le digan los gobiernos nacionales. 
Señor Presidente, Vicepresidenta de la Comisión, quisiera centrarme básicamente en el capítulo 1 de la comunicación de la Comisión. 
La Comisión acaba de lograr los principales objetivos establecidos a principios de su mandato, la ampliación y las reformas, pero creo que, en la fase final de este mandato, debe hacer algo más que gestionar y aplicar lo que ya se ha logrado. 
Me parece que los apartados titulados «Definir el futuro de Europa» y «Relaciones con los vecinos de la UE ampliada» son la clave para darnos cuenta de que tenemos que empezar sentando las bases de la futura perspectiva política de la Unión a partir de ahora. 
Tras la adhesión prevista de Bulgaria y Rumania para 2007, debemos dirigir con decisión nuestra mirada a tres puntos: Europa Oriental, los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo. 
Celebro la apertura exhibida en la frase «? the Stabilisation and Association process opens perspectives for membership» (el proceso de Estabilización y Asociación abre perspectivas para la adhesión). 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente Prodi: hemos de crear un grupo de amigos que abarque de Rusia a Marruecos, sin negarles la posibilidad de acceder a la Unión en las mismas condiciones que los demás países que ya forman parte de ella. 
Esto abre horizontes para el futuro que extenderán nuestro proyecto incluso más allá de los límites geográficos de nuestro continente. 
Mientras nos preparamos para realizar la mayor ampliación de la Unión, y quizá la más amplia, tenemos que ser conscientes de estas posibilidades. 
En cualquier caso, cuando Rusia acceda a la Unión, aunque quede lejos en el futuro, no podremos disponer que solo la parte a este lado de los Urales pueda hacerlo, lo que traerá grandes cambios, en particular en la forma en que la Unión se define a sí misma. 
Por lo tanto, debemos ver la Unión como un grupo de círculos concéntricos conectados entre sí. 
Esta es la forma de que Europa siga manteniendo su alma viva. 
El día que Europa deje de preocuparse por los países al otro lado de sus fronteras perderá parte de su razón de ser fundamental. 
Señor Presidente, quiero hacerle a la Comisión una pocas preguntas específicas sobre la política de desarrollo. 
Han dicho ustedes que queremos un gasto más rápido porque en estos momentos queda mucho por gastar. 
Sin embargo, en la práctica esto todavía no sucede. 
Les planteo la siguiente pregunta: ¿qué nuevas medidas van a adoptar para lograrlo en su programa de trabajo para 2003? 
También han dicho ustedes que debemos gastar mejor, que queremos encaminarnos hacia un gasto social básico, como la educación. 
Han aceptado ustedes la cifra de 35%, han alcanzado ustedes una media del 28%. 
¿Qué nuevas medidas van a adoptar para lograrlo en su programa de trabajo para 2003? 
En tercer lugar, en Doha asumieron ustedes la obligación de presentar propuestas de reducción de las subvenciones agrícolas y su conversión en subvenciones rurales antes de marzo de 2003. 
¿Para cuándo podemos esperar estas propuestas concretas en el área de la agricultura, como suplemento al paquete de medidas de Fischler? 
En cuarto lugar, prometieron ustedes presentar un suplemento al reglamento relativo al vacío entre la ayuda estructural y la ayuda urgente. 
Este vacío, la famosa zona gris, a veces causa uno o dos años de retraso. 
¿Para cuándo podremos ver este reglamento específico? 
Quinto, y para concluir, en el contexto de la política de migración, y el Sr. Prodi también lo ha mencionado, han dicho ustedes que es necesario concluir nuevos acuerdos de cooperación con los países en desarrollo. 
La pregunta concreta es: ¿qué iniciativas presentarán ustedes en esta área, además del Tratado de Cotonou, que hagan realmente algo en relación con una política de migración reglamentada que, empezando con el norte de África y una serie de proveedores de las diferentes regiones, realmente integre la relación con los países en desarrollo? 
Señor Presidente, tenemos el Mediterráneo y Europa Oriental, pero quisiera recordar al Sr. Prodi, la Comisión, y Sus Señorías aquí presentes, que también tenemos el norte de Europa y la Dimensión Septentrional, y me gustaría pedirles que también lo tengan en cuenta. 
En estos momentos parece que toda nuestra atención se centra en la ampliación, pero tenemos que luchar con uñas y dientes por no olvidar los objetivos de Lisboa. 
La ampliación supondrá una carga para la economía de la Unión Europea, lo que destaca la importancia de contar con una estrategia competitiva para abordar este problema. 
Por este motivo, también hemos de poder aplicar algunas reformas complejas a la vez que la ampliación. 
Hemos de centrar nuestra atención en la capacidad para cumplir los objetivos de Lisboa de los países candidatos. 
También en los antiguos Estados miembros es necesario prestar atención a la aplicación de la legislación de la UE. 
Cuando se produzca la ampliación tendremos que evitar, en particular, las distorsiones de la competición a causa de la aplicación irregular de las directivas, por ejemplo, en la política medioambiental y sobre competencia. 
Es preciso acelerar el proceso de liberalización sobre todo en los sectores de la electricidad, el gas, las telecomunicaciones y el transporte. 
En la situación actual los consumidores no pueden contar con el crecimiento económico. 
La inversión se aplaza y los mercados siguen estando constreñidos. 
Los costes laborales son altos, y al mismo tiempo hay un alto índice de desempleo en Europa. 
La fe en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento flaquea. 
Preguntaría a la Comisión cómo quiere integrar este ambicioso calendario para la ampliación en la competitividad económica mejorada de Europa. 
Señor Presidente, tengo una pregunta para la Comisaria Diamantopoulou relativa al proceso de empleo europeo y la mayor dificultad práctica que comporta, a saber, el problema de aplicar la política en los Estados miembros. 
La mayoría de los agentes de los mercados laborales de toda Europa no saben absolutamente nada de la Estrategia Europea de Empleo. 
La Comisión lo sabe y ha empezado a hacer hincapié en la importancia de la aplicación, que celebro sinceramente. 
Cuando al final he escuchado a la Sra. Diamantopoulou hablar sobre nuestra comisión, le he oído decir que también se estudiaría la forma de incluir al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales en el proceso de empleo europeo. 
Suena muy bien. 
Mi pregunta ahora es si la Comisión ha avanzado más en esta cuestión y si tiene ideas más claras a este respecto. 
Si nos fijamos en cada unos de los Estados miembros individuales, todos tienen cierto tipo de plan nacional de acción sobre empleo dado que sus parlamentos han aprobado presupuestos que establecen qué medidas en el área de la política del mercado laboral cuentan con financiación para el próximo año. 
Como no puede haber dos planes nacionales de acción separados, el plan nacional de acción que forma parte de las directrices del proceso de empleo europeo y se basa en ellas ha de coordinarse con cada uno de los trabajos politicoeconómicos del parlamento en torno a la creación de una política nacional de empleo. 
Por lo tanto, me pregunto por qué la Comisión no es más clara en este asunto. 
Sé que decir a los Estados miembros cómo deben manejar sus procesos de toma de decisiones no es una opción, pero evidentemente se pueden hacer recomendaciones, sobre todo en el marco del proceso de empleo abierto. 
A punto de introducirse este proceso en los países candidatos, que tienen una capacidad administrativa débil, es incluso más importante dejar claramente la responsabilidad política del proceso de empleo al proceso político y hacer hincapié en que los parlamentos nacionales, además de influencia, tienen una responsabilidad crucial referente a esta cuestión. 
Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo ha sido y tiene que seguir siendo una de nuestras prioridades si no la primera de nuestras prioridades. 
Los avances en este terreno y en la cooperación en materia penal han sido muchos y se ha demostrado que cuando hay voluntad política podemos ser eficaces. 
Quisiera preguntar si no creen que es ahora el momento, después de este éxito en la cooperación en materia penal, de abordar la necesaria mejora de los estándares judiciales en la Unión Europea y la defensa de los derechos individuales. 
Y me refiero a la Unión actual y a la Unión ampliada. 
También creo- y me gustaría conocer la opinión de la Comisión- que debería haber alguna iniciativa de coordinación en el ámbito policial que terminara con estas áreas de confusión, tan difíciles de explicar a los ciudadanos. 
Me refiero a Europol y a otros. 
Soy, en cambio, menos optimista por lo que se refiere a la política de inmigración. 
Hay una palabra en el programa de trabajo que me ha resultado realmente fantástica: consolidar la política de inmigración y asilo. 
Miren, no es culpa de la Comisión Europea, estoy más que convencida de ello, pero a mí, sinceramente, me parecería ya muy positivo que empezáramos la política de inmigración y asilo. 
La Sra. Grossetête pedía a la Comisión más iniciativas. 
Yo pido a la Comisión menos iniciativas. 
Ha presentado todas las que debería haber presentado. 
Tenemos un paquete de propuestas que configuran una política coherente y razonable de inmigración. 
Lo que tenemos que hacer es empezar a tomar decisiones en este terreno. 
Creo que no debemos aumentar el escaparate de propuestas para que el Consejo pueda escoger trocitos de ellas, sino que debemos demostrar voluntad política para avanzar en términos globales. 
Y quiero, por fin, dar la bienvenida a la propuesta de políticas de integración y, sobre todo, a la idea de coordinar estas políticas con la política social. 
Si creemos que los inmigrantes deben entrar en Europa por razones de empleo, tenemos que ser eficaces en ambos terrenos: necesitamos una política de inmigración que funcione, pero también un mercado de trabajo que funcione, una política social que incorpore a los inmigrantes para dar respuesta a los problemas locales que genera la inmigración. 
Señor Presidente, la seguridad marítima es uno de los retos recogidos en el programa de trabajo de la Comisión para el año 2003. 
Desgraciadamente, en este momento nos encontramos con la actualidad del terrible accidente del buque Prestige en las costas gallegas, lo que hace más evidente este principio de trabajo. 
Aprovecho para dar la enhorabuena a la Comisión, a través de su Vicepresidenta, por su rápida reacción y su colaboración con las autoridades españolas y gallegas en este dramático tema. 
También quiero expresar mi reconocimiento a la Comisaria de Transportes y a la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo por haber aprobado los paquetes Erika I y Erika II, que, si ya estuviesen aplicados, quizás nos habrían servido para evitar un accidente de estas características. 
En esta línea, quiero señalar que la Directiva sobre control de tráfico ("Monitoring") -todavía no transpuesta- establece en su artículo 20 la definición de áreas de refugio, que, aun siendo vagas, permitirían que buques con problemas pudieran acudir a ellas para intentar resolverlos. 
Tenemos ejemplos como el Erika, que no fue autorizado por las autoridades francesas a entrar en el puerto de Saint Nazaire, o ahora el buque Prestige, no autorizado a entrar en puertos gallegos, evidentemente debido al alto valor ecológico de dicha costa. 
Convendría replantearse una propuesta, como es la creación de áreas de refugio en alta mar, lo suficientemente cercanas para que los buques con problemas pudieran acudir a ellas y lo suficientemente alejadas de las costas para evitar los graves problemas ecológicos, pero que permitieran una acción inmediata de salvamento naval con los medios técnicos, tanto aéreos como náuticos. 
Y esa medida, señora Vicepresidenta, si así se recogiera en el programa de la Comisión, podría ser aplicada de forma urgente sin necesidad de que se esperase a la transposición de la Directiva. 
Señor Presidente, mis preguntas también se refieren a la política medioambiental. 
Me gustaría repetir la pregunta de la Sra. Frassoni sobre el PVC y qué ha ocurrido con los objetivos relativos al PVC en este programa de trabajo, ya que se incluyeron tanto en el programa del año pasado como en el del año anterior, pero ahora han desaparecido. 
Lo que resulta muy molesto, pues estamos hablando de una sustancia increíblemente peligrosa que sabemos que existe en grandes cantidades en nuestro ambiente. 
En cuanto a los residuos, todos los años se producen como mínimo cuatro millones de toneladas de PVC. 
Quizá el Comisario Liikanen o la Comisaria Wallström deberían responder a la pregunta de qué ha ocurrido con los objetivos de la Comisión relativos a la cuestión del PVC. 
Mi segunda pregunta se refiere a los fondos estructurales, la política agrícola común y los programas y los planes en general financiados por la Unión Europea. 
Entre 2003 y 2004 entrará en vigor la Evaluación Estratégica Medioambiental en los Estados miembros. 
Sin embargo, esta evaluación aún no abarca los planes y los programas financiados por la Unión Europea, pero la Comisión ha prometido que lo hará, algo a lo que el Parlamento ha manifestado su apoyo. 
Ahora me gustaría saber si es cierto que la Comisión ha empezado a crear una organización interna para garantizar que existe capacidad suficiente para aplicar este tipo de evaluación sobre el impacto en los planes y los programas financiados por la Unión Europea. 
Mi última pregunta se refiere a Natura 2000. 
Seguimos esperando una comunicación de la Comisión, que se ha retrasado varias veces. 
Ahora se ha incluido en el programa, y por lo tanto me gustaría simplemente señalar la importancia de esta comunicación que en realidad va a publicarse el próximo año, preferiblemente lo antes posible. 
Señor Presidente, el cierre del aeropuerto de Estrasburgo el lunes por la tarde, que por supuesto nos hizo retrasarnos bastante rato, me ha empujado a plantear una pregunta a la Comisión sobre el siguiente asunto. 
Sería buena idea disponer de una perspectiva general de todos los aviones del espacio aéreo europeo, que estuviera coordinada centralmente: en el marco de Eurocontrol, por ejemplo. 
Naturalmente, son los propios países los responsables de los sistemas de control del tráfico aéreo nacional, pero, ¿no sería apropiado contar un una perspectiva central de todos los vuelos actuales y previstos, sean civiles o militares, para mejorar la utilización del espacio aéreo, reducir el número de retrasos y mitigar el impacto sobre el medio ambiente? 
Señor Presidente, si bien celebro el programa que se nos ha presentado hoy, he de expresar cierta inquietud porque en la página 12, en las «iniciativas clave- economía sostenible e inclusiva» se ha insistido y prometido elaborar un libro verde sobre servicios públicos o servicios de interés económico. 
Me parece asombroso. 
Este Parlamento ha venido indicando repetidamente durante varios años a la Comisión y al Consejo que urge una directiva marco sobre servicios de interés económico general. 
Según tengo entendido, en la cumbre de primavera se instó a la Comisión a que presentara para finales del presente año una propuesta sobre un marco para servicios de interés general. 
Sin embargo, lo que tenemos en este programa para el año que viene es la promesa de un libro verde para tratar los principios sobre los que podrían- podrían- construirse los servicios de interés económico general. 
Al mismo tiempo, en la página 12 se promete que el año que viene se abordarán medidas para completar el mercado interior, eliminando las barreras a la prestación y recepción de servicios por parte de empresas y consumidores. 
No me parece aceptable. 
Esta Asamblea y la cumbre de primavera han sido ignoradas. 
Se han ignorado todas las peticiones que ha hecho esta Asamblea de garantizar que los servicios universales de interés general para los ciudadanos de Europa como asuntos de urgencia, aunque es una parte esencial de la ciudadanía europea y del modelo social que nos llenan de orgullo en Europa. 
Quisiera que la Comisión respondiera con claridad a la pregunta de por qué no hace lo que este Parlamento le ha pedido y por qué no sigue las instrucciones dadas por el Consejo en la cumbre de primavera, porque esto no es aceptable. 
Señor Presidente, tengo dos preguntas. 
La primera trata sobre la seguridad de nuestras fronteras exteriores. 
Celebro con satisfacción el programa y las propuestas en cuanto a la ampliación, y en particular el hecho de que quiera usted tener responsabilidades uniformes. 
La pregunta es la siguiente: ¿para cuándo cree usted que el nuevo manual Schengen estará disponible? 
Contaremos con programas de formación comunes. 
¿Para cuándo cree usted que estará en marcha este sistema de formación común? 
Lo que también quisiera pedir es que deberíamos estudiar la compatibilidad de la tecnología que se utiliza y que también tendríamos que conseguir que Europol realizara la evaluación sobre riesgos propuesta lo antes posible. 
¿Cuándo cree usted que el sistema estará en marcha? 
Mi segunda pregunta se refiere a la migración. 
Nuestro objetivo, y aquí es donde coincidimos, debe consistir en crear mecanismos de inmigración legal viable y prevenir la inmigración ilegal. 
Sin embargo, el problema que surge aquí se refiere en particular a la zona de asilo, donde, aunque la Comisión ha formulado propuestas, todavía han de adoptarse decisiones definitivas en todas las áreas. 
Pero necesitamos que se adopten decisiones rápidamente para que los verdaderos refugiados, que constituyen cerca del 10% de los solicitantes, puedan recibir ayuda con rapidez y para que pueda organizarse la repatriación del restante 90%, a quienes se les debe negar. 
Comisario Vitorino, ¿cómo quiere usted garantizar que un sistema de este tipo pueda finalmente ponerse en marcha y que podamos asegurar la aprobación del Consejo? 
Señor Presidente, quisiera agradecer a los Comisarios que, por respeto al Parlamento y al debate sobre el programa de trabajo, han sido capaces de dedicarnos un par de horas, una vez al año. 
Mi admiración para la Sra. de Palacio por responder a preguntas de todos los ámbitos políticos, incluyendo los de sus colegas que tienen otras prioridades. 
Que viene a ser lo mismo que alabar a los colegas de la Sra. de Palacio que se encuentran aquí. 
Señora de Palacio, Comisarios, he leído el programa de trabajo con detenimiento. 
Es mejor que lo que han presentado otras veces. 
Al menos en las áreas que son de mi interés es más útil. 
Han integrado ustedes el concepto de sostenibilidad en todo el programa, tal y como siempre hemos pedido. 
Verdaderamente tengo la impresión de que han hecho ustedes los deberes, que han entendido las cuestiones y que por lo menos la presentación externa está muy bien cuidada. 
Sin embargo, «presentación externa» y «comportamiento interno» son dos cosas muy distintas. 
Mis dudas se refieren en particular al comportamiento interno. 
Examinemos primero los restos, es decir, todo lo que llevan haciendo desde 2002. 
En mi campo, que es la política medioambiental, hay algunas áreas que han tocado la Sra. Schörling y la Sra. Frassoni y otras, como la política sobre productos químicos, PVC, la directiva sobre pilas, y otras varias. 
Si me pongo a buscar el motivo, encuentro que una de las principales áreas problemáticas es que no pueden ustedes alcanzar ningún acuerdo interno. 
Tienen ustedes conflictos entre la política medioambiental, industrial y comercial, y también suele haber conflictos entre la política de protección al consumidor y de comercio. 
Si no pueden ustedes resolver estos conflictos internos, si no pueden demostrar liderazgo y decir «bien, el Comisario responsable es competente en el procedimiento entre servicios» , entonces siempre nos encontraremos con «los restos». 
Solo podemos intentar adivinar los motivos por los que no se nos han presentado propuestas. 
Los conocemos gracias a los rumores que hemos oído por casualidad. 
Casi siempre buscamos respuestas en las áreas de responsabilidad del Comisario Liikanen, a veces, de hecho bastante a menudo, en las áreas del Comisario Lamy, y a veces también en las áreas del Comisario Bolkestein. 
En mi opinión, ellos son los malos. 
No me refiero a la pobre Comisaria Wallström y al Comisario Byrne, que siempre hacen lo que pueden pero a veces se ven empujados hacia un lado. 
Espero que su comportamiento interno refleje cómo presentan ustedes las cosas al exterior. 
Lo que implica que en el futuro también ustedes presentarán las propuestas que nos han presentado muy rápidamente. 
Señor Presidente, esperaba dirigir mis preguntas al Sr. Solbes, pero no lo veo en la Asamblea, por lo que la Sra. de Palacio o la Sra. Diamantopoulou pueden responder en su lugar. 
En primer lugar, quisiera hace una petición: por favor, no abusen del adjetivo «sostenible». 
Es como en estos horribles restaurantes donde ponen nata o perejil en todo y al final estropean todos los platos. 
«Economía sostenible» , señora de Palacio y señora Diamantopoulou, no significa absolutamente nada. 
Es solo un guiño al ecologismo de los Verdes, a la izquierda con «solidaridad» y a la derecha con «economía». 
Resumiendo, no pasaría nada por hablar con cierta corrección semántica. 
Centrémonos en cuestiones más serias que he observado. 
El Presidente Prodi ha hablado de un ciclo único de coordinación de la política económica, me refiero al punto 2.3, b4) , y, de hecho, solo se precisa un ciclo único porque los objetivos establecidos en el Pacto de Estabilidad y las directrices generales de política económica deben coincidir con los de la economía real, en otras palabras, el mercado laboral y, sobre todo, el bienestar. 
Saben que el mercado laboral y el bienestar son dos caras de la misma moneda. 
Bien, mientras que el mercado laboral ya tiene un proceso de coordinación implícito, el proceso de Luxemburgo, que durante los últimos seis o siete años ha hecho progresos positivos, no ocurre lo mismo con el proceso Laeken más reciente (podría decirse) para coordinar acciones de bienestar, que aún deben ponerse en práctica. 
Los dos sistemas no guardan un equilibrio: se ha hecho mucho en el área de la coordinación estrecha en el mercado laboral, si bien queda todo por hacer en cuanto al bienestar. 
Por lo tanto, pido que los dos procesos de coordinación se sincronicen todo lo posible para poder cumplir no solo el Pacto de Lisboa, sino también el Pacto de Estabilidad. 
Señor Presidente, en relación con el programa de trabajo de la Comisión sobre la ampliación tenemos, tal y como era de esperar, un programa riguroso y, de hecho, formidable, para ejecutarlo en los próximos 12 meses, durante los cuales la Comisión debe abordar un gran número de ámbitos, incluida, en particular, la supervisión de los progresos de los países candidatos. 
¿Podemos estar seguros de que incluso una vez firmados los tratados la DG de Ampliación no se relajará? 
Esta seguridad nos dará la garantía de que contamos con personal para llevar a cabo el proceso de supervisión, que sigue siendo importante hasta la adhesión. 
En segundo lugar, inevitablemente el punto de mira se situará en la estabilidad de nuestras fronteras, tal y como indica la Comisión en su programa, pero no dice qué nuevas medidas vamos a adoptar en realidad. 
Hablamos de las relaciones con Moldavia, por ejemplo. 
Moldavia está muy cerca como para darle un suspenso. 
¿Cómo vamos a ocuparnos realmente de este país y de Ucrania, con la que ya hemos intentado relacionarnos? 
En cuanto a Bosnia y Kosovo, ¿vamos a limitarnos a seguir como antes, o vamos a ver si podemos ampliar nuestra labor allí para asegurar mejor nuestras fronteras? 
Por último, insistimos en que la PESC debe preparar la acción de la Comisión en este ámbito. 
Sin embargo, los suministros de defensa y el futuro de las industrias de defensa europeas son cuestiones importantes. 
Para ello hemos tenido con anterioridad planes de acción de la Comisión sobre cómo puede utilizar sus instrumentos para apoyar este proceso. 
El Comisario Liikanen sigue prometiéndome que presentará otro plan de acción, pero no veo referencia alguna a él en el programa anual. 
¿Vamos a tener un plan de acción sobre futuras industrias de defensa y sobre los suministros de defensa, y la Comisión va a utilizar los instrumentos de que dispone? 
Con esto concluye el procedimiento de solicitud incidental de intervención. 
Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en funciones del Consejo, Comisaria, señor Presidente, Sus Señorías, la presentación del programa legislativo y del programa de trabajo de la Comisión para el año 2003 constituye una fase importante en las relaciones de trabajo entre nuestras dos instituciones. 
De hecho, la presentación de este programa en el día de hoy marca el final de un plan interinstitucional de pagos financieros acordados entre nuestras dos instituciones en enero de 2002. 
Como este es el primer ejercicio de este tipo, la próxima vez será ciertamente posible mejorar una serie de puntos, y me tomaré la libertad de volver sobre esta cuestión al final de mi discurso. 
En febrero de 2002 la Comisión presentó al Parlamento la estrategia política anual para el año 2003. 
Basándose en este documento se celebró un verdadero diálogo interinstitucional, de abril a julio, entre las comisiones parlamentarias y los Comisarios correspondientes, sobre el alcance y la ejecución de las prioridades políticas en cada uno de los ámbitos específicos de competencia. 
En julio, en la Conferencia de los presidentes de Comisiones, junto con la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. de Palacio, realizamos una evaluación del programa de este año. 
Entonces, en septiembre, la Conferencia de los presidentes de Comisiones, también en presencia de la Sra. de Palacio, completó un inventario de las diferentes propuestas legislativas que la Comisión quería introducir en su programa legislativo y su programa de trabajo para el año siguiente. 
El documento que el Sr. Prodi acaba de presentarnos es, por lo tanto, y en gran medida, el resultado del diálogo que ha tenido lugar en todo el año. 
Ahora, a fin de concluir este proceso, el Parlamento debe tomar una decisión en torno a una propuesta de resolución el 5 de diciembre. 
A este respecto, quisiera informarle de que las comisiones parlamentarias decidieron, en la reunión que se celebró anteayer, preparar, cada una en su propio ámbito de competencia, una contribución que puede incluirse en esta propuesta de resolución. 
Señor Presidente, permítame informar a la Comisión Europea, así como al Parlamento, de mi evaluación positiva del plan interinstitucional de pagos financieros que ha sido establecido por primera vez. 
Hace más o menos un año, la posición de la Comisión, como recordarán todos ustedes, fue prácticamente la contraria. 
El establecimiento de este plan de pagos financieros exigió un gran esfuerzo, en particular por parte del Parlamento. 
A este respecto quisiera subrayar el notable trabajo de nuestra colega la Sra. Malmström, durante las negociaciones con la Comisión. 
De hecho, el plan de pagos financieros pudo establecerse gracias a la confianza mutua que se ha creado entre nuestras dos instituciones con respecto a la programación legislativa. 
Naturalmente, sobre la base de la experiencia de este año, se entenderán mejor las diferentes fases y podrán aplicarse el próximo año. 
Actualmente se desarrolla una verdadera cultura de planificación y programación interinstitucional entre las instituciones europeas, que seguramente cumple las expectativas de nuestros ciudadanos. 
A este respecto, permítame concluir mi discurso recordando que durante la Cumbre de Sevilla del 21 y 22 de julio de este año, el Consejo Europeo decidió que el Consejo establecería un programa de trabajo. 
Por lo tanto, espero que la resolución sobre la que va a votar el Parlamento el 5 de diciembre también se dirija al Consejo con vistas a establecer su programa anual. 
Quisiera terminar haciendo hincapié en la importancia del diálogo con el Consejo. 
Quisiera agradecer al Sr. Haarder en particular, que siempre ha estado allí cuando lo hemos necesitado. 
Creo que merece la pena destacarlo, señor Haarder, porque también es bueno que le feliciten a uno de vez en cuando. 
Una programación legislativa eficaz efectivamente significa dos cosas. 
Primero, transparencia desde el punto de vista de los conocimientos y del acceso de los ciudadanos al trabajo legislativo que la Unión Europea quiere emprender el año que viene. 
En segundo lugar, una mayor eficacia en la realización del trabajo legislativo, sin olvidar que, gracias a una mejor programación, el Parlamento, el Consejo y la Comisión pueden informar a los parlamentos nacionales y a los ciudadanos sobre el trabajo legislativo y hacerse plenamente responsables de él. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones, Comisarios, señora Vicepresidenta, en primer lugar me gustaría hacer unas pocas observaciones sobre los puntos básicos. El primero es la ampliación de Europa. 
Ya hemos escuchado varias veces que las señales que indican la dirección que la Comisión querría ver aquí son demasiado débiles. 
Echemos un vistazo a los Balcanes, por ejemplo. 
Esta región en particular ahora se siente bastante abandonada, se ha reducido el dinero que se ponía a su disposición. 
Esto puede justificarse, pero por esto mismo es preciso lanzar señales políticas más claras que ofrezcan a estos países dos alternativas: la ruta a la adhesión en una fase posterior u otra opción. 
La Cumbre de Zagreb está cerca. 
No sé qué tiene en mente el Consejo, pero me gustaría saber, señora Vicepresidenta, qué pretende proponer la Comisión en la Cumbre de Zagreb, en Zagreb II que versa sobre lo que debería ocurrir en la región de los Balcanes. 
¿En estos momentos se la considera específicamente una región de la ampliación una vez concluida la primera ronda de la ampliación? 
¿Sí o no? 
En segundo lugar, está la cuestión de la estabilidad y la seguridad. 
La cuestión que voy a plantear ya se ha mencionado, pero creo que podría hacerse más convincentemente. 
Nuestra seguridad está muy estrechamente vinculada a nuestra visión de los demás, las regiones vecinas, que van desde los Balcanes hasta el Cáucaso, como regiones socias con quienes tenemos tratados apropiados y donde queremos extender la cooperación contra los delitos transfronterizos y la emigración masiva ilegal. 
Con un tono más positivo, examinemos la energía. 
Creo que podemos llegar a un acuerdo sobre esto, Comisario. 
Ha presentado usted una plataforma de propuestas de política energética, incluyendo propuestas sobre política energética relacionadas con la seguridad nuclear. 
Ahora podemos discutir los detalles y estoy seguro de que no siempre estaremos de acuerdo. 
Sin embargo, creo que ya va siendo hora de que consideremos que una estrategia de política energética coherente forma parte de nuestra política exterior. 
¿Qué regiones queremos vincular más estrechamente con Europa, especialmente en cuanto a la política de seguridad energética? 
Centrémonos en la región caucásica, ¿o vamos a dejar que sean los norteamericanos quienes actúen allí? 
Los Balcanes también participan en cuanto a los diferentes proyectos que deben desarrollarse y garantizarse allí. 
Es preciso consolidar aún más esta combinación entre la estrategia de política exterior y la estrategia de política de seguridad, incluyendo también la seguridad energética. 
En tercer lugar, está la cuestión de una economía sostenible e inclusiva. 
Creo que lo que falta es una declaración sobre la cooperación en política económica, en particular con el Banco Central Europeo. 
La forma cómo se ha aplicado esta cooperación en la práctica hasta la fecha no parece en absoluto satisfactoria. 
Sin embargo, reconozco que las observaciones del Sr. Prodi relativas a una mayor flexibilidad en relación con el pacto de estabilidad no están reflejadas en el programa de trabajo, al menos no directamente. 
En tal caso no sé por qué ha hecho hincapié en ese punto, pero así es. 
Sin embargo, es preciso dar más importancia a la cuestión de cómo podemos cooperar con el Banco Central para asumir una mayor responsabilidad desde el punto de vista de la política económica y, por lo tanto, también de la política de empleo. 
En la página 14 hay un apartado sobre servicios de interés general. 
Me sorprende que la Comisión deba decir otra vez que tenemos que iniciar un debate al respecto. 
Ya existe en estos momentos un debate necesario, aunque por desgracia la Comisión no ha desempeñado ninguna función realmente importante en él. 
Los comentarios del Sr. Prodi sobre esto deben tomarse con seriedad si queremos avanzar en esta área, porque los servicios de interés general son una cuestión importante no solo en Francia, sino también en muchos de nuestros Estados miembros, y hemos de tener una postura clara a este respecto. 
Por último, quisiera plantear algunas cuestiones generales sobre las propuestas legislativas. 
Señora Vicepresidenta, sabe que es usted nuestra interlocutora en el debate sobre formas alternativas de regulación. 
En esta Asamblea estamos muy interesados en que se aprueben leyes con más rapidez y en aplicar el proceso legislativo de forma más flexible, pero para ello necesitamos la cooperación de la Comisión y del Consejo. 
En un momento diré algo a este respecto. 
La Comisión está deseando ayudar en muchas cuestiones. 
Quizá tenga un poco de miedo de que queramos eliminar su derecho de iniciativa. 
No queremos hacer esto, ni podemos. 
Incluso si lo quisiéramos hacer, no podríamos quitárselo a ustedes. 
Pero esto no implica que vayan a tener un diálogo más productivo con nosotros. 
Y tampoco implica, sobre todo en las áreas donde hemos delegado nuestra competencia legislativa, que tengamos el derecho a volver a llamar, porque después de todo estamos renunciando a algunas de nuestras competencias y, por ello, queremos algo a cambio. 
Hay una cosa que me parece del todo incomprensible. 
Siento decirlo y solo tengo elogios para usted, Sr. Haarder, por sentarse aquí durante horas y escuchar; realmente admiro esto. 
Pienso en la decepcionante opinión adoptada por el Consejo, por Coreper, sobre la cuestión de otras formas de legislación. 
No se ve a menudo algo tan restrictivo y retrógado. 
No pueden ustedes esperar que el Parlamento renuncie a la competencia legislativa si no están dispuestos a cambiar ni un ápice de opinión. 
Hablaron ustedes sobre comitología como si fuera lo más sagrado, como si fuera nuestro objetivo principal. 
Esto no puede aceptarse. 
Necesitamos una situación donde se trate por igual al Parlamento y al Consejo. 
No queremos vulnerar sus derechos, pero por favor respeten los nuestros. 
Señor Presidente, sin duda alguna ha sido un buen debate entre las instituciones, y 2003 será un año importante con el telón de fondo de la ampliación. 
Hemos de asegurar el buen funcionamiento de la Unión para nuestros ciudadanos actuales y futuros. 
Esto guarda mucha relación con el proceso legislativo, con aplicación de la legislación y su cumplimiento. 
El debate ha sido muy amplio en cuanto a nuestra forma de legislar en este proceso. 
Sin embargo, no podía dejar de pensar mientras escuchábamos los múltiples detalles de las cuestiones planteadas que quizá, en una fase anterior en las comisiones, se podría haber abordado más de lo que yo y mis colegas hemos abordado, para que el debate de hoy hubiera sido más estratégico. 
En nombre de mi grupo, celebro el énfasis que se ha puesto en las evaluaciones de impacto, en la participación de nuestros ciudadanos y en la transparencia. 
Este ha de ser el buen camino. 
Quiero plantear cierta inquietud sobre el poder de la Comisión para hacer cumplir la ley en relación con los procedimientos de infracción a medida que se acerca la ampliación. 
Hemos de asegurarnos de que a este respecto dispone de suficientes recursos y medidas. 
Lo mismo vale para el Tribunal. 
El Tribunal ha de contar con todos los recursos necesarios para desempeñar sus tareas en los tiempos difíciles que nos aguardan. 
Ha sido un buen debate, un buen intercambio, pero sigo preguntándome si verdaderamente ha sido el debate estratégico que debería haber implicado a toda esta Asamblea y a nuestros ciudadanos. 
Lo hemos hecho bien, pero podríamos haberlo hecho mucho mejor. 
Señor Presidente, Comisarios, Sus Señorías, yo tampoco puedo entender cómo nadie podría oponerse a las prioridades de la Comisión. 
Quién podría oponerse a los objetivos de éxito de la ampliación, garantizar la estabilidad y la seguridad, apoyar con firmeza el repunte de la economía y el empleo, controlar la globalización y garantizar que los beneficios resultantes se redistribuyan lo más ampliamente posible teniendo en cuenta Kioto, Monterrey y Johanesburgo, sin olvidar una sociedad basada en los conocimientos, desarrollar la investigación con mayores créditos y una mejor interacción entre ciencia y sociedad. 
Sin embargo, debo admitir ante ustedes mi preocupación por la creciente distancia entre los objetivos declarados, por un lado, y los medios aplicados a fin de conseguirlos y, por lo tanto, lo resultados que se derivarán de ellos, por el otro. 
Además, en los sondeos de opinión pública europeos a menudo esto es lo que destruye el ideal europeo. 
¿Cómo podemos tener éxito en la ampliación sin tener en cuenta la diversidad de los países candidatos, reconociendo así mejor la diversidad de los Estados miembros actuales, sin tener suficientemente en cuenta sus dificultades y necesidades, exigiéndoles al mismo tiempo que consigan inmediatamente lo que algunos de los Quince aún no han logrado hacer? 
¿Cómo podemos garantizar la seguridad y también luchar contra el crimen a la vez que nos limitamos a una estrategia del tipo «la Gran Muralla China» o «el Muro de Berlín» , en otras palabras, a la vez que incorporamos sustancialmente al ámbito comunitario las normas de aceptación e inmigración de forma realista y humana en toda la Unión? 
¿Cómo podemos impulsar el empleo cuando la libre competencia y el libre mercado perjudican los servicios públicos en su conjunto y cuando los puestos de trabajo siguen considerándose una variable que debe ajustarse para beneficiar a las empresas, y cuando adjudicamos más importancia a consideraciones financieras, de contabilidad y monetarias en lugar de a la economía y al empleo? 
¿Cómo, por último, podemos controlar la globalización cuando lo Estados Unidos dominan el mundo desde el punto de vista político y militar y cuando los grandes grupos industriales y financieros se ocupan del resto, a menudo, además, bajo el control de los Estados Unidos y de grandes bolsas mundiales? 
No sé lo que depara el futuro en relación con las conclusiones de Johanesburgo, pero soy plenamente consciente de cómo algunos han tratado las conclusiones de Kioto. 
Antes de terminar, haré la pregunta que me habría gustado hacer cuando se mencionó la investigación: el Consejo ha impuesto una moratoria a las células madre. 
¿Qué ocurrirá a finales de 2003 si el Consejo no consigue alcanzar un acuerdo en torno a las cuestiones éticas relativas a estos cientos de millones de euros de los créditos? 
Repito, comparto los objetivos de la Comisión. 
Sin embargo, no me puedo creer que se cumplirán mejor en 2003 que en 2002 ó 2001, a menos que se establezcan los medios financieros y políticos necesarios. 
No se cuestionan las buenas cualidades de la Comisión y los Comisarios, el problema es más profundo. 
Es todo el problema del marco europeo y mundial, el sitio de las cuestiones sociales, las cuestiones humanas y los ciudadanos. 
De hecho, existe cierto desacuerdo entre nosotros a este respecto. 
Señor Presidente, Comisaria, señor Presidente en funciones del Consejo, Sus Señorías, el Sr. Caudron nos acaba de ofrecer su lista de buenas intenciones y no tengo intención de repetirla. 
Solo me gustaría decir que aunque me parece bien, habría preferido un debate más estratégico. 
Como la Sra. Wallis, creo que tenemos que establecer una serie de prioridades y que Europa debe decidir sobre su lugar y su función en el mundo y en el futuro del mundo. 
Esta es verdaderamente la principal prioridad para mí y para nosotros. 
Debemos empezar adaptando nuestras propias instituciones y preguntándonos si nuestra propia casa está en orden. 
De nuevo pediría que se prestara atención al lugar de las regiones, que va camino de ser una cuestión importante. Un gran número de pequeños países se adherirá a la Unión Europea, con todo lo que conlleva, incluyendo su propio idioma, su propio lugar en el Consejo, en el Parlamento y en la Comisión. 
Las regiones constitucionales, también las otras regiones, las regiones con su propio idioma, su propia cultura, incluso con sus propias autoridades legislativas y ejecutivas, seguirán estando privadas de todo esto y se las dejará atrás con las manos vacías. 
Quisiera preguntar si entonces tendrán que convertirse en estado para obtener un lugar respetable en la Unión Europea? 
Es una incitación al separatismo. 
En segundo lugar, queremos una integración plena de los países que van a formar parte de la Unión Europea con nosotros. 
Sin embargo, ¿entonces no deberíamos hacer nada más para implicar realmente a las poblaciones de estos países? 
Puedo oír la queja, por ejemplo, de que muchas personas no son capaces de encontrar documentos de la Unión Europea disponibles en su propio idioma. 
Sin embargo, quisiera que se prestara más atención, porque este fue el debate de ayer, a los círculos de países socios que hemos de crear. 
Este debate sobre la expansión de este segundo círculo me parece fundamental si deseamos celebrar un debate sobre los límites de la Unión de forma positiva. 
Personalmente, no creo que Europa debería ampliarse hasta las fronteras de Iraq, Irán y Siria, pero tenemos que poder ofrecer a Turquía una cooperación atractiva. 
En estos momentos es algo sobre lo que hablamos muy poco. 
También está nuestro papel en el mundo. 
La paz y el desarrollo implican en estos momentos más que simplemente las acciones de seguimiento en relación con Johanesburgo. 
Mientras Europa forme parte más del problema de la pobreza que de la solución, entonces, señor Nielsen, hemos de plantear un gran interrogante sobre todas las cosas buenas que indudablemente hacemos. 
Porque sabemos que mientras nos comprometamos en agricultura, en comercio, tal y como lo hacemos ahora, formamos más parte del problema. 
Señor Presidente, si se lee el programa legislativo de la Comisión con atención, uno de repente se encuentra con un ejército europeo: la Fuerza de Reacción Rápida. 
Se creará de acuerdo con lo que se ha llamado el «artículo universal». el famoso artículo 235, ahora artículo 308, que no ha sufrido cambios en el Tratado de Niza. 
Refleja que no hay límites a la interferencia de la Unión Europea en los asuntos de los Estados miembros. 
Con la entrada el próximo año en la Unión Europea de tantos nuevos países, haríamos mejor en concentrarnos en la consolidación y la simplificación de la legislación existente, en lugar de seguir haciendo más alta la pirámide legislativa de Bruselas. 
Lo que podría hacerse de la siguiente manera: la Comisión solo debería tener permiso para presentar nuevas propuestas a condición de que se borre en el proceso la antigua legislación correspondiente. 
Deberían presentarse todas las nuevas propuestas en su contexto jurídico, para que sea posible comparar las propuestas de nueva legislación con la legislación existente. 
No deberían presentarse nuevas propuestas a menos que vayan acompañadas de propuestas relativas a los medios de consolidación de la legislación existente en el ámbito en cuestión. 
Este enfoque permitiría reducir el acervo comunitario de más de 85 000 páginas a quizá 25 000 páginas. 
Una vez logrado esto, tendríamos que esforzarnos por simplificar la legislación vinculante, transformándola en recomendaciones no vinculantes; los reglamentos pueden convertirse en legislación marco, las directivas de armonización total en directivas de armonización mínima, y las normas uniformes en normas voluntarias. 
Los intentos de crear un estado federal con una cada vez mayor cantidad de legislación podrían sustituirse por una confederación descentralizada de estados, que concedería a los Estados miembros mucha más libertad. 
Esta es nuestra visión de la forma que debería adoptar el programa legislativo de la Comisión. 
Queremos una Europa de democracias basadas en la diversidad, pues creemos que las personas serán más felices si pueden decidir sobre sus propios asuntos en lo posible sin interferencias y sin que los burócratas y los grupos de presión de Bruselas establezcan normas pormenorizadas. 
Señor Presidente, Sus Señorías, como todos los años, basta con leer el programa legislativo para 2003 de la Comisión para que la cabeza le de a uno vueltas, en primer lugar porque mide el alcance de las áreas de intervención en la Unión Europea. 
Refleja que, de las revisiones a las reformas de los Tratados, los Estados miembros han abandonado sus prerrogativas más legítimas para convertirse en nada mas que en municipios del futuro super Estado europeo. 
La introducción teórica del principio de subsidiariedad que dicen querer ustedes finalmente tener en cuenta después de diez años en modo alguno pone freno al apetito legislativo de la Unión. 
En lo que respecta al resto, solo podemos aprobar los objetivos legislativos, como el deseo declarado de estudiar el impacto de la legislación comunitaria o codificar la legislación existente. 
Incluso podríamos preguntar por qué no ha ocurrido antes. 
El informe también refleja el compromiso subyacente de preparar a la Unión Europea para la ampliación, y no solo desde el punto de vista institucional. 
Además de las decisiones en materia agrícola y financiera que está lejos de haber concluido, quedan aún por hacer muchos ajustes presuntamente técnicos, así como un examen general de varias políticas que solo se hará una vez concluidas las negociaciones sobre la adhesión. 
En cuanto al objetivo de participación en el proceso de paz de Oriente Próximo, ¿cómo no podemos tener dudas al enterarnos de que antes de ayer Gran Bretaña participó unilateralmente, junto con los Estados Unidos, en una huelga aérea, otra, contra Iraq, el mismo día en que llegaron allí los inspectores establecidos en la Resolución 1 441 l? 
Admito con satisfacción que la Comisión no es responsable de esta situación. 
Por último, el documento en su conjunto deja un mal sabor de boca. 
El programa 2003 revela la importancia de la servidumbre internacional de la Unión Europea, además de desear la apertura del conjunto de la Unión a la inmigración, que se describe como una fuente de riquezas culturales y solidez económica, que por desgracia no confirman los hechos. 
Europa no tiene motivo alguno para existir si su unión no consolida a sus miembros. 
La Europa que ahora construimos en un nivel constitucional y legislativo no contribuye por desgracia a esto en absoluto. 
. (ES) Señor Presidente, intervendré muy brevemente para permitir que otros colegas puedan responder respecto a las áreas concretas de su responsabilidad. 
En primer lugar, señalo la satisfacción que nos produce poder realizar este debate, que ha ido precedido del trabajo de todos los Comisarios en las comisiones, y que, al final, ha producido un resultado cuyo balance es positivo. 
En ese sentido, quiero agradecer, en nombre de todos los Comisarios, la aportación, los inputs que han supuesto, sistemáticamente, los debates y las discusiones que se han desarrollado en las distintas comisiones para afinar nuestro programa. 
Cuando hemos presentado nuestras primeras propuestas, hemos recibido las primeras reacciones desde las propias comisiones responsables del Parlamento. 
Por lo tanto, agradezco el trabajo realizado. 
Esto ha sido una primera prueba cuyo resultado no ha sido homogéneo en todas las comisiones. 
Espero que el año próximo funcione perfectamente en todas ellas. 
En segundo lugar, sobre la cuestión de la ampliación, creo que el Presidente Prodi ha sido muy claro. 
Indudablemente, el año 2003 sigue siendo la primera prioridad. 
Debemos proseguir las negociaciones con los países que van a venir en una segunda ola y comprobar que, efectivamente, todos los cambios, todas las adaptaciones a las que se han comprometido los países candidatos que van a entrar en el año 2004, se desarrollan y se realizan. 
Eso reclama, indudablemente, un esfuerzo muy notable de los países candidatos, y también de la Comisión, de colaborar con ellos para facilitar esa labor y comprobar con rigor que se realizan. 
De no ser así, deberían ponerse en marcha mecanismos para corregir esa falta de desarrollo. 
Después de la ampliación y con las perspectivas que tenemos, ¿qué ocurrirá? 
El Presidente ha señalado muy claramente que habrá que decidir en cuestiones relativas a los países de la antigua Yugoslavia y también a ese círculo de países con los cuales tenemos unas especiales relaciones. 
Creo que ése será el reto que deberemos discutir, desarrollar y ver. 
Pero, en este momento, la prioridad- digámoslo muy claro- es lo que está sobre la mesa: tanto los países del año 2004 como los que- en principio, Bulgaria y Rumania -, debieran entrar en el 2007. 
Respecto a Turquía, estamos en una situación de stand-by, de espera, sencillamente porque Turquía todavía no ha cumplido las exigencias políticas requeridas para incorporarse a la Unión. 
En el ámbito económico, diré que la Comisión- es la tercera prioridad, como lo ha señalado el Presidente- seguirá desarrollando las modificaciones estructurales necesarias para impulsar el proyecto de Lisboa. 
La Unión Europea, como sociedad más desarrollada basada en el conocimiento, que apuesta por el pleno empleo, será, en el 2010, la sociedad más competitiva. 
Ahí vamos a seguir trabajando y, en ese sentido, señalo que respecto al Pacto de Estabilidad tenemos el marco de los Tratados que son muy claros, incluido el Protocolo, donde se mencionan claramente cifras- como el 3% del déficit y el 60% de la deuda- y es verdad que se nos ha pedido en el Consejo de Barcelona que se trabajara para plantear una mayor coordinación económica- a la cual también ha hecho antes referencia, por ejemplo, el Sr. Barón-. 
El Comisario responsable, Sr. Solbes, nos ha hecho una primera presentación en cuanto a planteamiento y calendario, y próximamente van a ser presentados ya los documentos concretos a este respecto. 
En cuanto a los demás aspectos, sólo daré un par de pinceladas sobre cuestiones de mi propia competencia. 
Se ha hablado de los problemas de la legislación y del problema de la comitología, Señorías. 
Sabemos que en este momento, a través del grupo de alto nivel de cooperación interinstitucional, estamos negociando unos acuerdos con el Consejo. 
Precisamente en ese problema no tenemos un acuerdo real, y estamos intentando lograr unos puntos de encuentro. 
Creo que, de todas formas, en este terreno también se ha ido avanzando y que el avance se ha producido precisamente en este último año. 
Creo que las perspectivas de perfeccionamiento son favorables. 
En ese sentido, quiero decir que la Comisión seguirá trabajando con el Parlamento y también, por supuesto, con el Consejo. 
De este modo lograremos salir adelante en esta cuestión. 
En cuanto a los medios y las ambiciones, Señorías, creo que, a pesar de todo, los resultados que aporta el desarrollo y el proceso de construcción de la Unión Europea señalan claramente que nuestras ambiciones son muy grandes pero que las estamos logrando. 
Por supuesto, la Comisión siempre puede pedir más medios humanos y lo ha hecho, concretamente de cara a la ampliación. 
Se ha llegado al acuerdo del mínimo necesario. 
Sólo puedo decirles que a nosotros nos hubiera gustado todavía más. 
Si alguien insiste en ese terreno, creo que estamos haciéndolo con los mínimos, pero estamos consiguiendo un buen resultado. 
Termino refiriéndome a los temas específicos de mis carteras. 
Se ha hablado del cielo único y de una responsabilidad de Eurocontrol. 
Señorías, el cielo único no quiere decir que los planes de vuelo vayan a ser decididos desde la Comisión. 
Los planes de vuelo siguen siendo coordinados en el ámbito europeo por Eurocontrol, no sólo para los Quince, sino para todos los miembros de Eurocontrol, que somos ya más de treinta. 
Son cosas distintas; la iniciativa cielo único tiene que ver con otra serie de áreas que suponen la armonización de las reglas de gestión dentro de la Unión Europea y la compatibilidad de los sistemas interoperativos, los sistemas de gestión, integrándolos en una red. 
La ejecución concreta sigue estando en manos de los Estados y la coordinación global de Eurocontrol. 
En el otro ámbito, en el ámbito del Sr. Ripoll, quisiera decir que con esta tragedia del Prestige, que todos lamentamos y en primer lugar la Comisión, lo único que se ha demostrado es que teníamos razón. 
Teníamos razón cuando exigíamos mayor rapidez en la aprobación de las medidas y mayor rapidez en la aplicación de las medidas propuestas. 
Lamentablemente el Consejo, el Parlamento y los acuerdos finales no llegaron a tanto; hubo más dificultades de las esperadas y se han retrasado. 
Y se han retrasado de tal forma que, lamentablemente, el accidente del Prestige se ha producido. 
Esperemos que la puesta en marcha adelantada del paquete "Erika I" -he pedido a los ministros su entrada en vigor antes de junio próximo- y del paquete "Erika II", en febrero de 2004, eviten que se produzca otro accidente del tipo del Prestige o del Erika de hace tres años. 
En cuanto a las áreas de refugio, entre las propuestas del paquete "Erika I" y "Erika II", precisamente, hay unas que piden que los distintos países determinen y designen los puertos adecuados para hacer frente a situaciones emergencia. 
Desde luego, Galicia forma parte de "Natura 2002". 
Al hablar de ciertas cosas, debemos tener en la cabeza todos los datos, por no hablar de la dificultad de algunos puertos de esa costa, que conozco muy bien y mejor que algunas otras. 
Señor Presidente, ruego que intervengan a continuación la Sra. Diamantopoulou, el Sr. Nielson y el Sr. Vitorino, que han sido reiteradamente interpelados. 
Señor Presidente, en primer lugar, como en este interesante debate se han hecho muchas referencias a la presencia de la Comisión, quisiera, a mi vez, dar las gracias a los diputados al Parlamento que han sido lo suficientemente pacientes como para quedarse y dar respuestas definitivas a preguntas específicas. 
. (EN) Señor Presidente, además de las respuestas ya dadas por el Presidente Prodi, quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que, en cuanto a la política de regreso, se trabaja en estos momentos de forma intensa en el marco del programa de regreso a Afganistán, gracias al compromiso de la Presidencia danesa. 
En 2003 la Comisión presentará una directiva sobre normas mínimas relativas a la política de regreso, sobre todo para garantizar el reconocimiento mutuo de las decisiones en torno al regreso adoptadas por un Estado miembro. 
Los demás Estados miembros deberían reconocer y ejecutar estas decisiones automáticamente. 
La Comisión acaba de presentar una propuesta de programa europeo de regreso. Actualmente es objeto de debate en los grupos de trabajo especializados del Consejo. 
En materia de política de integración, hemos presentado una propuesta para crear algunos proyectos piloto entre 2003 y 2005, a fin de promover el intercambio de buenas prácticas en cuanto se refiere a la política de integración. 
Sin embargo, hay que reconocer que no existe ningún fundamento jurídico explícito en el Tratado para abordar la política de integración en el ámbito europeo. 
Por lo tanto, necesitamos discutir el valor añadido que tiene abordar la política de integración en términos europeos. 
En tercer lugar, en cuanto se refiere a la inmigración y al asilo, puedo reiterar que la Comisión ha planteado todas las propuestas solicitadas por el Consejo Europeo de Tampere y el Consejo de Laeken. 
Ha llegado la hora de que el Consejo tome una decisión. 
Los dos únicos elementos nuevos de política de asilo que hemos de tener en cuenta son dos propuestas que se incluyen en nuestro programa para 2003. 
El primero se refiere a la política de traslado y el segundo a la protección en la región: la posibilidad de solicitar asilo fuera del territorio de la Unión Europea. 
Estas dos propuestas seguirán inmediatamente a las consultas lanzadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
En tercer lugar, en cuanto a las Conclusiones de Sevilla, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión ya ha presentado al Consejo la propuesta sobre mandatos para nuevos acuerdos de readmisión con la República Popular China, Albania, Argelia y Turquía. 
Está previsto que en junio de 2003 presentemos, tal y como establece nuestro programa, el informe sobre el reparto de responsabilidades de control de las fronteras exteriores. 
En estos momentos preparamos un informe sobre las asignaciones financieras a cooperaciones con terceros países dirigidas a abordar la inmigración ilegal. 
El informe tiene por objeto identificar asignaciones efectivas de instrumentos financieros, posibles deficiencias y puntos vulnerables que deben superarse en el futuro. 
En cuanto a las fronteras exteriores puedo confirmar que la Comisión quiere presentar en marzo de 2003 una reforma del manual común sobre fronteras exteriores. 
Todas las demás acciones que nos pidieron en Sevilla, como la formación conjunta y la colaboración en el control de las fronteras exteriores, ya las está preparando el grupo de trabajo competente del Consejo y se financiarán a través del programa ARGO de la Comisión. 
Por último, reconocemos la lucha contra el terrorismo como prioridad para 2003. 
En cuanto a la acción legislativa, convendría dar prioridad a la lucha contra las fuentes de financiación del terrorismo, y varias de las propuestas incluidas en nuestro programa abordan este desafío. 
Tal y como ha dicho la Sra. Terrón y Cusí, queremos presentar propuestas relativas a garantías procesales comunes en procedimientos penales. 
Hemos lanzado una consulta y queremos basarnos en los resultados de esta consulta en un libro verde. 
Por lo tanto, para finales del año que viene presentaremos una propuesta sobre normas mínimas comunes relativas a las garantías procesales penales en los 15 Estados miembros. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera responder a las preguntas más específicas planteadas por la Sra. Frassoni y el Sr. van den Burg. 
Empezaré diciendo a la Sra. Frassoni, quien ha hablado del resultado de la Cumbre de Johanesburgo, que la Comisión comparte en muchos sentidos las preocupaciones por el carácter blando de algunas de las decisiones adoptadas allí, pero se han hecho los debidos comentarios al respecto. 
En cuanto a la cuestión de la relación entre los acuerdos internacionales sobre medio ambiente y el marco de la OMC, en Johanesburgo no hubo ningún acontecimiento y no ocurrió nada nuevo: no se añadió nada a la OMC, y nada se quitó. 
Johanesburgo fue un intento por ambas partes de ver si podía cambiarse este equilibrio, pero no se cambió. 
Por este motivo no todos estaban contentos, pero el descontento tiene un límite. 
La segunda cuestión planteada por la Sra. Frassoni se refiere a las iniciativas de categoría II que son demasiado débiles y poco claras. 
Estoy de acuerdo en que se corre el riesgo de que estas iniciativas débiles no produzcan un resultado sustancial. 
El núcleo de las acciones de seguimiento que emprenderá la Unión Europea en relación con Johanesburgo está formado por nuestras iniciativas sobre agua y energía. 
No van a ser débiles y poco claras. 
Ya figuran en la agenda para el Consejo Europeo de primavera y ya nos hemos comprometido con los Estados miembros a aclarar estas iniciativas, que consideramos grandes e importantes. 
Estoy de acuerdo con el Sr. van den Burg en que necesitamos un desembolso más rápido, especialmente en relación con las actividades contempladas por el FED. 
Las cosas van adelante y van mejorando algo con respecto a antes, pero seguimos teniendo problemas sin resolver en relación con el personal y la estructura. 
Es una lucha continua. 
Nos estamos preparando para hacer grandes cosas en el fondo mundial para la salud, HIPIC, educación para todos. 
Todo depende de la puesta en marcha del 9º FED, e insistiría al Sr. van den Burg en que cuando vuelva a los Países Bajos se asegure de que el último país que quede en el convoy adopte las medidas necesarias, de forma que estemos preparados para recibir el dinero del 9º FED. 
En cuanto al perfil agrícola de Europa en estas negociaciones internacionales, vuelve a estar en el orden del día. 
En Johanesburgo hemos conseguido, y seguimos haciéndolo, mantener vivas las formulaciones integradas en el lenguaje de Doha en este frente. 
Seguimos considerando las acciones externas de allí como parte del proceso necesario de adaptación, que en Europa nos hemos tomado en serio. 
Este lenguaje no deja de confirmarse en todas las reuniones. 
Por ejemplo, ayer, en el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores. 
Vamos por buen camino. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Titley por su interés y coherencia a la hora de seguir el desarrollo de las industrias de defensa europeas. 
La Comisión ha invertido mucho en este asunto. 
En julio celebramos una reunión entre los Comisarios de relaciones exteriores ampliadas, donde se debatieron algunas de las opciones para la comunicación de la Comisión. 
Desde entonces, los servicios del Sr. Patten y los míos han seguido trabajando en ello. 
En diciembre se celebrará otra reunión de los Comisarios Relex con objeto de definir una visión de la Comisión de una política óptima sobre armamento para la Unión Europea, asegurando que su industria de defensa sea competitiva y esté en condiciones de sustentar las capacidades necesarias para la PSDE. 
Espero que la próxima vez que se someta a debate esta cuestión podamos presentar documentos específicos. 
El último orador es el Presidente en funciones del Consejo. 
Me complace que haya estado presente en persona en todo el período parcial de sesiones, lo que demuestra un gran respeto al Parlamento. 
Su Señorías, el señor Haarder, ex diputado a esta Asamblea, concluirá ahora el debate, y quisiera pedirles que prestaran especial atención a lo que va a decir. 
Señor Presidente, Comisarios, Sus Señorías, ha sido un gran placer participar en este debate, el primero de este tipo. 
Lo sé porque el año pasado estuve ahí sentado como diputado del Parlamento cuando la Comisión presentó su programa legislativo, y por entonces la forma de trabajar era completamente diferente. 
Además, el Parlamento ha criticado que no hemos escuchado nada de hoy. 
Este es un testimonio de los grandes progresos alcanzados en el diálogo entre el Consejo y el Parlamento, y me complace estar presente también en esta ocasión, y contribuir al debate durante un par de minutos, sin demorar el inicio de la votación a las 12.00 horas en punto. 
La Presidencia está muy satisfecha con las propuestas de la Comisión. 
Hemos anotado las prioridades fijadas por el programa legislativo y el programa de trabajo, y puedo decir en nombre del Consejo que apoyamos la intención de la Comisión de aplicar evaluaciones sobre el impacto a las principales iniciativas legislativas. 
El Sr. Clegg lo ha mencionado y la Sra. Frassoni creo que ha hablado sobre ello. 
En este sentido, deseo decirles tanto a la Sra. Frassoni como al Sr. Swoboda que a mí también me habría gustado que se hubiera avanzado más en el acuerdo interinstitucional sobre un mejor proceso legislativo. 
El 1 de octubre celebramos una excelente reunión en Bruselas, a la que creo asistieron tanto la Sra. Frassoni como el Sr. Swoboda, y tuve la sensación de que estábamos muy cerca de alcanzar un acuerdo tangible en torno a una serie de cuestione. 
Ahora, por supuesto, el tiempo se agota, y si queremos obtener un resultado para finales de año, propondría que nos fijáramos algunos objetivos realistas, que expongamos las cuestiones en las que podemos llegar a un acuerdo y que también mostremos un grado de flexibilidad. 
El Consejo puede hacer concesiones en algunas cuestiones, por ejemplo, estas formas alternativas y deficientes de reglamento sobre las que habló la Sra. Frassoni. 
Me parece que podemos llegar a un acuerdo a este respecto. 
Además hay otros asuntos que son más difíciles, por ejemplo, la comitología, con respecto a los cuales se sabe que los diferentes países tienen diferentes tradiciones; pero intentemos llegar a todos los acuerdos posibles. 
Estoy preparado para continuar el diálogo, que por desgracia se ha alargado y ha sido interrumpido. 
Reanudemos el diálogo, y empecemos a pedir a nuestros gobiernos oficiales que nos proporcionen una base para el debate en el futuro próximo. 
Por lo tanto, ahora corresponde a las Presidencias griega e italiana elaborar un programa de trabajo conjunto para el Consejo para el próximo año. 
El nuevo programa de trabajo se presentará al Consejo en diciembre: probablemente el 9 y 10 de diciembre. 
Me parece que la votación sobre el programa de la Comisión aquí en el Parlamento tendrá lugar como muy pronto el 5 de diciembre. 
Estoy convencido de que las próximas Presidencias prestarán la atención debida no solo al programa de trabajo de la Comisión, sino también a las opiniones sobre el programa de trabajo que el Parlamento ha expresado y va a expresar en los próximos días. 
También deseo agradecer al Sr. Vitorino sus palabras sobre el asilo y la inmigración. 
Como resulta que soy Presidente del Consejo que se ocupa de estas cuestiones, quisiera confirmar todo lo dicho por el Sr. Vitorino. 
Nuestro objetivo es completar nuevas series de normas relativas a la acogida de personas que solicitan asilo, la definición de un refugiado y también la cuestión de a qué estado corresponde examinar la solicitud de asilo. 
Le diría al Sr. Titley, que reclamaba una política para nuestros nuevos vecinos después de la ampliación, que, antes de ayer, el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas preparó una estrategia más a largo plazo, que se deberá aplicar en colaboración con los países candidatos; una estrategia que garantice que estas nuevas fronteras hacia el este sean fronteras cooperantes, en lugar de otro Telón de Acero. 
Por último, deseo dirigirme al Sr. Barón Crespo, que ha preguntado por la situación con respecto a la Comisión, que incluirá a los Comisarios de los nuevos Estados miembros, y cómo se producirá la transición. 
Tal y como comuniqué ayer, el Consejo de Asuntos Generales recomendó antes de ayer en su reunión de Bruselas que la adhesión tenga lugar el 1 de mayo y que la nueva y flamante Comisión, incluyendo a los Comisarios de los nuevos Estados miembros, inicie su mandato el 1 de noviembre, para que el nuevo Parlamento tenga tiempo suficiente de dar su aprobación a los nuevos Comisarios. De esta forma, entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre habrá Comisarios de los nuevos Estados miembros que no tengan cartera, y que, por lo tanto, no necesiten contar con la aprobación del Parlamento. 
Pero esto es solo una recomendación. 
Lo mencioné ayer porque, evidentemente, solo es posible con la cooperación del Parlamento, y fue pensando en esta buena relación de trabajo por lo que mencioné las reflexiones del Consejo. 
Estamos completamente abiertos a las ideas del Parlamento sobre este asunto. 
Las propuestas de resolución sobre estas cuestiones se votarán en Bruselas el 5 de diciembre de 2002. 
Señor Presidente, lo que yo he dicho al Consejo y al ministro Haarder es que han decidido unilateralmente sobre un tema constitucional para la Unión, sin consultar al Parlamento y sin hablar. 
El Presidente Prodi me ha dado la razón y me ha dicho que está a favor de que se trate el tema en la Cumbre Interinstitucional de final de mes. 
Ya he escrito al Presidente del Parlamento y me gustaría saber si la Presidencia del Consejo está dispuesta a hablar con el Parlamento sobre una decisión unilateral que- como él ha reconocido- conduce a consecuencias absurdas. 
El Sr. Haarder hace un gesto afirmativo. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, ayer por la mañana celebramos el período parcial de sesiones con sus colegas de los países candidatos. 
Aunque no fue una reunión oficial, fue una de las más interesantes de las celebradas en esta Asamblea. 
Por lo tanto, creo que es lamentable que, aunque existen unas actas literales del procedimiento de ayer por la tarde, no existen actas literales del histórico procedimiento de ayer por la mañana, y simplemente quería preguntar si podría rectificarse esto. 
Señorías, ayer por la mañana en esta Cámara dije que el año que viene, desde el punto de vista del proceso de ampliación europea, será un año de parlamentos y parlamentarios. 
Me refiero al trabajo que debemos hacer y al trabajo que hay que en los parlamentos de los Estados miembros y los países candidatos. 
Si bien es prioritario que la ampliación tenga éxito, no deberíamos olvidar nuestras relaciones parlamentarias con el resto del mundo. 
Al contrario, debemos mantener y desarrollar las relaciones con los representantes elegidos de otros Estados, y también con el Congreso de los Estados Unidos. 
Por lo tanto, hoy estoy muy contento de poder saludar a cuatro congresistas que se encuentran en nuestra tribuna de visitantes distinguidos: señor Capuano, señor Dooley, senor Kind y señor Moran, les damos la bienvenida a Estrasburgo y les deseamos una grata visita. 
También quisiera indicar que algunos de los diputados de las delegaciones de los países candidatos se encuentran hoy en la tribuna para estar presentes en la importante votación que vamos a celebrar. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0371/2002) del Sr. Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe sobre los progresos en la vía de la adhesión (COM (2002) 700- C5-0474/2002- 2002/2160 (INI)) 
Señor Presidente, simplemente quiero decir que se han deslizado una serie de errores importantes en la versión española y que le agradecería que, antes de la votación de los apartados 9, 30 y 146, me diese la palabra para intentar subsanar esas deficiencias. 
Le puedo asegurar que realizaremos una comprobación sistemática de todas las versiones en los distintos idiomas tras la votación, para garantizar que los textos sean compatibles, pero si necesita usted intervenir en un punto concreto le ruego me lo comunique. 
Antes de la votación del apartado 3: 
- (DE) Señor Presidente, Sus Señorías, el lunes el Consejo aceptó fijar la fecha de adhesión para el 1 de mayo a más tardar. 
En mi opinión, no deberíamos discutir por un mes u otro, y propongo que hagamos los ajustes necesarios aquí y aceptemos la fecha del 1 de mayo. 
Sin embargo, para asegurarnos de que esto no supone una desventaja para el Parlamento en la posterior designación de la nueva Comisión, deberíamos establecer un mecanismo que beneficie ahora al Parlamento y añada el texto siguiente después de la fecha: «? e invita al Consejo a que no designe y confirme la nueva Comisión junto con el Parlamento hasta después de las elecciones europeas, y a encontrar una solución provisional para los países candidatos». 
Creo que deberíamos evitar que los derechos del Parlamento se vean cercenados porque las designaciones se han hecho antes de las elecciones. 
Señor Presidente, solo quiero informarle de que los coordinadores de todos los grupos políticos de la Comisión de Asuntos Constitucionales han aprobado la decisión, que ratificará la propia comisión, de presentar una pregunta oral durante el próximo período parcial de sesiones relativa a las decisiones que aprobó el Consejo de Asuntos Generales en torno a asuntos de razonable importancia institucional sin consultar con el Parlamento Europeo. 
Tomo nota de sus observaciones. 
Señor Presidente, ¿podría usted explicar, desde el punto de vista del procedimiento, qué ha ocurrido con el apartado 3? 
El texto original formará parte de la votación sobre el apartado 3. 
Señor Presidente, creo que, con el consentimiento del ponente, al menos deberíamos cambiar la fecha, porque aquí sigue diciendo 1 de marzo, y el texto adicional debe discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Sin embargo, la fecha tendría que cambiarse. 
- (DE) Señor Presidente, creo que la propuesta del Sr. Swoboda es muy inteligente. 
Permítanme que retome el apartado 3 con lo que ahora es una nueva enmienda oral. 
El Presidente constata que no hay objeciones a la presentación de la enmienda oral. 
Antes de la votación del apartado 9: 
Señor Presidente, en el apartado 9 del texto de la versión española dice que "apliquen este problema" refiriéndose a la transposición del acervo comunitario. 
Creo que lo que quiere decir es que se resuelva este problema lo antes posible. 
Es un error lingüístico claro y quisiera hacerlo constar, así como los otros dos, que son más importantes. 
Tal y como le he asegurado, haremos una comprobación de las diferentes versiones lingüísticas. 
Antes de la votación de la enmienda 51: 
- (DE) Señor Presidente, si el ponente está de acuerdo, quisiera proponer una cosa, a saber, que el texto «da la bienvenida» se sustituya por «toma nota». 
El motivo es simple: las autoridades lituanas y el Parlamento lituano aún no han dado su aprobación. 
Sin embargo, creo que es importante para el Parlamento Europeo que los lituanos aprueben este acuerdo, y por este motivo deberíamos utilizar el texto «toma nota». 
Espero que el ponente pueda aceptarlo. 
También quisiera proponer que la primera oración de la Enmienda nº 52 del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, originalmente retirada, se añadiera al apartado 18. 
De esta forma habremos superado los problemas técnicos e incorporado el mensaje esencial. 
Me complacería que los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo estuvieran de acuerdo con esto. 
Evidentemente, esto es un disparate, habida cuenta de lo que nos dijeron ayer nuestros colegas, y por lo tanto lo que se quiere decir es que "no se debe dar por descontada la aprobación de la opinión pública de antemano". 
Me parece que es un matiz importante y vale la pena corregirlo. 
De nuevo, como ya le he prometido antes, corregiremos todas las versiones lingüísticas después de la votación. 
Antes de la votación de la enmienda 42: 
Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral relativa al apartado 34. 
De hecho, no propondré cambios fundamentales, pues se trata solo de vincular varias enmiendas que tienen en cuenta nuevas consideraciones, que se aplican a raíz de la postergación del proyecto de informe, a saber, las propuestas de paz del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Propondría mantener el apartado 34 tal y como está en el borrador, y añadiría la enmienda 42 a este texto del apartado 34, simplemente insertando las palabras «and welcomes it in this context» (y lo celebra en este contexto). 
En cuanto al resto de la Enmienda nº 42, permanecería tal y como está; se añadirían las palabras «in this contexto» (en este contexto) , en otras palabras, un vínculo sencillo. 
Entonces, la segunda parte de la Enmienda nº 9 del PPE-DE podría considerarse un añadido, así como la segunda parte de la Enmienda nº 12 de los Verdes, que también sería un añadido. 
Señor Presidente, debo decir que quienes han votado en contra no han entendido nada? 
? porque todo lo que han conseguido es impedir la inclusión de las palabras «in this context» (en este contexto) , pues vamos a votar sobre todas las demás partes. 
De forma excepcional, permitiré un breve comentario, pero no habrá debate al respecto. 
Señor Presidente, puedo asegurar al Sr. Poos que entendemos perfectamente lo que propone y nuestra objeción se refiere concretamente a la inclusión de la segunda parte de la enmienda 9. 
Por eso votamos. 
Tenemos la oportunidad de hacer constar nuestras opiniones. 
Antes de la votación de la enmienda 10: 
Señor Presidente, permítame resumir una larga historia. Podemos estar de acuerdo con los representantes del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos en varios compromisos, incluyendo el apartado 1 sobre los decretos Bene?. 
Ahora la Enmienda nº 6 efectúa más cambios. 
Para lograr la más amplia base posible votaremos a favor de la Enmienda nº 6. 
Sobre todo también votaremos a favor de esta enmienda como reconocimiento de los enormemente positivos esfuerzos del Sr. Schröder por dirigir un rumbo razonable en relación con los decretos Bene?. 
Gracias por esta temprana explicación de voto. 
Antes de la votación del apartado 71: 
Señor Presidente, soy la ponente para esta parte. 
Quisiera indicar que se preparó originalmente en inglés, y que la traducción alemana no hace justicia alguna al texto en inglés. 
Indudablemente es por esto que ahora se intenta celebrar una votación aparte. 
Solo quisiera decir una vez más que la versión inglesa es la única correcta. 
La versión inglesa es la que prevalece y, tal y como he dicho antes, nos aseguraremos después de la votación que todas las versiones lingüísticas sean correctas. 
Antes de la votación del apartado 102: 
Señor Presidente, quisiera añadir una frase que recoge los avances más recientes en el sector de los medios de comunicación, un sector que los gobiernos intentan controlar, además de intentar presionar a la prensa. 
Esta frase sería la siguiente: «Sin embargo, se insiste en la necesidad de seguir supervisando la situación en el sector de los medios de comunicación para preservar plenamente su independencia y pluralismo, permitiendo así a Polonia satisfacer los criterios que prevalecen en los Estados miembros». 
Esta vez no intervengo para plantear una cuestión de interpretación o de traducción, sino simplemente para decir que ha desaparecido misteriosamente de la versión española el texto "de acuerdo con las relevantes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas". 
Por lo tanto, en esta versión hay que incluir esta referencia, que es importante. 
Señor Presidente, aprovecho que estoy en el uso de la palabra para decirle que, quizás de la misma forma misteriosa, ha desaparecido, al principio de la votación, mi tarjeta de voto y no he podido participar en las tres primeras votaciones nominales. 
Esto no va a modificar el sentido del voto, pero habida cuenta de que estaba presente en la Sala, transmitiré esta información a los servicios de la Cámara. 
Gracias por añadir una nota de misterio a una votación igualmente interesante. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0372/2002) del Sr. Neil MacCormick, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Karl-Heinz Florenz (2002/2200 (IMM)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0335/2002) del Sr. Luciano Caveri, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda (2003-2004) (COM (2002) 472- C5-0426/2002- 2002/0210 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5.0376 /2002) del Sr. Luciano Caveri, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prohibición de los compuestos organoestánnicos en los buques (COM (2002) 396- C5-0347/2002- 2002/0149 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0377/2002) de la Sra. Margie Sudre, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 89/688/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1989, relativa al régimen del «octroi de mer» en los departamentos franceses de ultramar (COM (2002) 473- C5-0416/2002- 2002/0209 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0382/2002) del Sr. Francesco Rutelli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (10689/2002- C5-0376/2000- 2002/0817 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0374/2002) del Sr. José Ribeiro e Castro, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo relativa al uso conjunto de los funcionarios de enlace destinados en el extranjero por parte de los servicios policiales de los Estados miembros (10507/02- C5-0357/2002- 2002/0815 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0385/2002) de la Sra. Mary Elizabeth Banotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, derogando el Reglamento (CE) nº 1347/2000 y modificando el Reglamento (CE) nº 44/2001 en materia de alimentos (COM (2002) 222- C5-0234/2002- 2002/0110 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0366/2002) de la Sra. Christa Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388 CEE con el fin de prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra (COM (2002) 525- C5-0470/2002- 2002/0230 (CNS)) 
- (DE) Señor Presidente, solo quisiera destacar que el Parlamento Europeo apoya la propuesta de la Comisión de aprovechar al máximo este experimento de reducir los tipos de IVA sobre servicios de gran intensidad de mano de obra. 
Sin embargo, nos sentimos muy decepcionados por que los nueve Estados miembros que han sacado provecho de esto no encuentran la forma de presentar sus informes sobre este experimento tal y como se acordó, de modo que la Comisión no tiene ninguna base para preparar su propia propuesta legislativa. 
Concretamente me gustaría pedir a estos Estados miembros que presenten sus informes el próximo año para que podamos tener una propuesta legislativa europea relativa a la reducción de los tipos del IVA sobre servicios de gran intensidad de mano de obra para finales de esta legislatura parlamentaria. 
- (DE) Señor Presidente, sé que las estadísticas son áridas y aburridas, y hay quien incluso dice que son la forma más sutil de la mentira. 
Sea como sea, las estadísticas, al menos así cabe esperar, constituyen un instrumento notable para que los responsables de adoptar decisiones obtengan información y tomen así las decisiones correctas. 
La recomendación para la segunda lectura que tenemos ante nosotros versa sobre el programa estadístico comunitario para los próximos cinco años, de 2003 a 2007. 
En la primera lectura el Parlamento Europeo solicitó, en particular, un aumento significativo de la financiación, algo al parecer realmente esencial dado el trabajo que hay que hacer a causa de la ampliación. 
La Comisión y el Consejo aceptaron todas nuestras enmiendas excepto esta. 
Lamento esta falta de visión. 
En un mundo cada vez más complicado y en vista del carácter cada vez más unido del mercado interior, la importancia de las estadísticas europeas aumenta, y la Comisión y el Consejo en particular deben tenerlo en mente. 
A menos que hoy se alcance una decisión, Eurostat no tendrá dinero para empezar este programa el 1 de enero de 2003, y, por lo tanto, exhorto a esta Asamblea a que apruebe la posición común. 
Lo digo con la esperanza de que el Consejo muestre esta vez más perspicacia y sea más receptivo a nuestros sabios consejos. 
(Grandes aplausos e interrupciones) 
Debo recordar a la Cámara que, en virtud del apartado (4) del artículo 110 bis del Reglamento, la ponente tiene derecho a hablar durante dos minutos. 
La ponente ha hablado durante menos tiempo, por lo que debemos respetar este derecho. 
(Risas y grandes aplausos) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, esto no se rige por el artículo 110 bis. 
Se trata de una segunda lectura. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera añadir las palabras «el importe de referencia financiera ha de ser compatible con los umbrales del epígrafe 3 de la perspectiva financiera». 
Señor Presidente, quisiera añadir una quinta nota a pie de página, sin carácter oficial, que diga: «La referencia financiera ha de ser compatible con los umbrales del epígrafe 3 de la perspectiva financiera». 
Señor Presidente, es preciso hacer una corrección lingüística en el texto italiano. 
Como usted sabe, esta resolución se negoció en inglés. 
En el punto 5 la expresión «notably a directive» (particularmente una directiva) se ha traducido al italiano como «ad esempio una direttiva» (por ejemplo una directiva). 
No me parece apropiado y creo que debería corregirse. 
Efectuaremos las correcciones lingüísticas después de la votación. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta conjunta de resolución 
Señor Presidente, a fin de aclarar este asunto, quisiera que se incluyeran las palabras «y sus regiones constitucionales» después de «Estados miembros». 
Es una cuestión que preocupa realmente en muchas partes de Europa, incluida Escocia. 
. (EN) Señor Presidente, para que quede claro, quiero pedir a la Cámara que acepte la inclusión de las palabras «si fuera posible desde un punto de vista jurídico» en esta enmienda. 
En ese caso, quedaría así: «Considerando que deberían establecerse zonas costeras de 6-12 millas como elemento permanente de la política pesquera común, si fuera posible desde un punto de vista jurídico.» 
. (EN) Señor Presidente, una vez más, al igual que en la enmienda oral anterior, ¿podríamos evitar la supresión de esta enmienda en particular y para mayor claridad añadir las palabras «si fuera posible desde un punto de vista jurídico»? 
Sería coherente con la decisión que tomamos con respecto a la enmienda anterior. 
Señor Presidente, la concentración de los medios de comunicación es un problema importante, no sólo en el plano europeo y nacional, sino también dentro de los propios Estados miembros. 
Existe un grave problema en Escocia. 
En el cinturón central de Escocia existen dos periódicos de gran formato serios: The Herald y The Scotsman. 
Recientemente el Grupo Scottish Media ha puesto en venta The Herald. 
Existen rumores de que los actuales propietarios de The Scotsman- los hermanos Barclay- tienen intenciones de comprar The Herald Esto supondría la creación de un monopolio de la cobertura de los medios de comunicación serios en el cinturón central de Escocia. 
Por lo tanto, a la hora de analizar la concentración de los medios de comunicación, deberíamos tener en cuenta su impacto en todos los niveles. 
Espero que las autoridades del Reino Unido escuchen los consejos de este Parlamento y se aseguren de que los hermanos Barclay no puedan convertirse en los propietarios del periódico The Scotsman. 
La situación, con respecto a los medios de comunicación electrónicos en particular, no para de empeorar. 
La información tendenciosa, la censura o la distorsión de las noticias y opiniones, inaceptables para los intereses imperantes, la simplificación generalizada y la total falta de respeto por los derechos de los trabajadores están a la orden del día en la mayoría de los medios de comunicación modernos. 
El motivo principal es que la información y las noticias se concentran en manos de unos pocos grandes propietarios que también son poderosos empresarios. 
Su objetivo es controlar la información y dictar una ideología, una forma de vida y hábitos de consumo. 
Los grandes negocios han penetrado agresivamente en sectores que pertenecen al estado, naturalmente con el consentimiento de éste. 
Todo lo que podemos hacer es proponer unas pocas mejoras, como por ejemplo: 
prohibir a los propietarios de los medios de comunicación (incluso los que solo tengan una acción) poseer acciones de empresas que concursan en obras públicas o adquisición pública, insistir en que se registren las acciones de estas empresas; garantizar que nadie tenga una del mismo tipo de medio; y reabrir el debate en la radio y la televisión públicas sujeto a un control público constante y eficaz. 
La resolución que se debate hace la vista gorda ante los verdaderos peligros y mantiene una posición general en cuanto al pluralismo y la libertad de expresión, así como propuestas incomprensibles (evidentemente de compromiso) relativas a cómo y si la Unión Europea debería legislar en esta área, y por esto los Diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votaron en contra de ella. 
Los autores de estas resoluciones parten de la idea de que la concentración de medios de comunicación se ha acelerado notablemente. 
En su búsqueda de la piedra filosofal que permitiría mantener el pluralismo, la Comisión Europea se ve inundada de peticiones. 
Algunos creen que deberíamos organizar una amplia consulta a organismos profesionales. 
Otros creen que deberíamos examinar las implicaciones políticas, económicas y jurídicas de un marco regulador europeo u otras opciones reguladoras que permitan salvaguardar la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación. 
Un tercer grupo cree que deberíamos elaborar una directiva que fije límites a la titularidad de medios de comunicación, o proponer restricciones al uso apropiado de los recursos publicitarios para garantizar la libre competencia. 
Todas ellas son propuestas ridículas cuya única función es dar a entender que el Parlamento Europeo es un pilar de la democracia. 
La mayoría de los periódicos y algunos canales de televisión pertenecen a grupos de prensa que, a su vez, pertenecen a consorcios privados de empresas de muchos otros ámbitos: del estilo de Vivendi, Lagardère, Bouygues y unas docenas más desempeñan un papel económico y social decisivo y son más poderosos que el Estado y mucho más influyentes que el electorado. 
Frente a estos poderes, los gobiernos como las autoridades europeas solo agachan la cabeza y acatan los beneficios de los mercados de valores especulativos y los secretos de la bolsa. 
La mejor forma de combatir la concentración de medios de comunicación en el ámbito europeo es no crear ningún mercado interior europeo. 
En la creciente concentración de grandes grupos mediáticos y su mayor cuota de mercado también tienen culpa las autoridades públicas, que han liberalizado y privatizado esta área, y recientemente se han desentendido de la responsabilidad de los medios de comunicación. 
Por ejemplo, la situación actual en Portugal. 
Condeno el hecho de que, tal y como decía la propuesta presentada por mi grupo, no se haya incluido en la resolución una defensa específica de la función de los servicios públicos y la necesidad de garantizar la supervivencia de canales de televisión que reciben financiación pública. 
La mejor forma de garantizar la democracia y el pluralismo es promover un sector público sólido, diverso y moderno, en otras palabras, la titularidad pública de los medios de comunicación, con mecanismos e instrumentos que proporcionen un verdadero control democrático, por no mencionar el hecho de que este sector es estratégicamente importante para garantizar la soberanía de un país. 
. (EN) Yo he propuesto una enmienda oral a esta resolución. 
Quería dejar claro que en países como Escocia y otras denominadas «regiones constitucionales» debe existir protección contra las concentraciones monopolistas de medios de comunicación que suponen una amenaza para el debate público plural e imparcial. 
Actualmente, en Escocia hay un riesgo serio de que los propietarios del periódico The Scotsman adquieran también The Herald, el periódico que representa su principal competencia. 
Otras regiones similares, como por ejemplo Cataluña, el País Vasco y Gales, tienen problemas parecidos. 
Las apretadas filas del conservadurismo británico, junto con sus aliados del PPE, bloquearon la enmienda oral que habría concedido máxima prioridad a este aspecto de la libertad de los medios de comunicación. 
Eso queda sobre su conciencia. 
Sin embargo, incluso sin la enmienda oral, la resolución plantea un punto vital acerca de la relación entre los medios de comunicación libres y la democracia real. 
Por ello he votado a favor de la misma. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Bulgaria, me complace que se haya aprobado el informe Brok. 
En particular, quisiera subrayar la importancia de los apartados 121 y 122, que mencionan la intención de la Comisión de proponer un aumento de la ayuda financiera y de la ayuda de preadhesión para los países que seguirán siendo candidatos después de 2004, es decir, Bulgaria y Rumanía. 
Espero que esta ayuda sea sustancial, y no que haya un modesto incremento de estos recursos porque, aunque es verdad que ambos países, Bulgaria y Rumanía, siguen careciendo de la prosperidad económica que ha permitido a los demás países ser admitidos antes, también es cierto que, por este mismo motivo, tienen mayor necesidad de ayudas para dar un giro a sus economías, especialmente dañadas por los años pasados bajo el régimen soviético. 
Señor Presidente, aunque el contenido de la Enmienda nº 6 representa una mejora del compromiso Bene? original, no tiene en cuenta el requisito con respecto a la ley de amnistía antes de la adhesión de la República Checa. 
Esta ley no tiene lugar en una Comunidad Europea de valores que reivindica la protección de los derechos básicos. 
Por lo tanto, hemos rechazado esta enmienda. 
Una recién reunida Europa no puede legitimar la expulsión colectiva. 
El Considerando O del informe da aquí una importante señal y, por lo tanto, cuenta con nuestro apoyo incondicional. 
Incluso aunque básicamente se celebran los apartados 46 y 47, el informe carece de demandas específicas respecto de los problemas graves de seguridad con la central nuclear de Temelin y su posible desmantelamiento. 
Apoyamos todas las enmiendas y los puntos relativos al cierre de las centrales nucleares que no pueden volverse a acondicionar y apoyamos el más alto nivel posible de seguridad nuclear. 
Si bien el informe es deficiente en cuanto a propuestas más vinculantes con respecto a los decretos Bene? y la central nuclear de Temelin, se declara con claridad muchas veces contrario al fraude, la corrupción y la discriminación. 
Apoyamos tajantemente las demandas específicas de que se solucionen estos problemas antes de la adhesión. 
Con respecto a Turquía, mi grupo apoya la recomendación de la Enmienda nº 7 para la creación de una cooperación especial entre la Unión Europea y Turquía. 
Creemos que permitir a Turquía entrar en la Unión Europea no puede jugar a favor del conjunto de Europa. 
Por otro lado, convendría oponerse con firmeza a la táctica de demora que mantiene la perspectiva del inicio de negociaciones sobre la adhesión. 
Para concluir, quisiera decir que apoyamos el proyecto de paz común europeo y la necesidad histórica de una futura ampliación. 
Sin embargo, como la calidad del proceso de ampliación es y seguirá siendo muy importante, mi grupo se ha abstenido en la votación final. 
He votado a favor del informe Brok sobre la ampliación porque creo que el pleno debería enviar una señal positiva a los 10 países candidatos a entrar en la Unión Europea. 
Sin embargo, tengo serias reservas sobre ciertos aspectos de la resolución. 
Creo que el Parlamento Europeo debería librarse de su camisa de fuerza actual y reclamar un aumento sustancial en el presupuesto comunitario, para que los países de la cohesión puedan seguir recibiendo ayuda estructural y para que no se trate a los nuevos miembros, en términos financieros, como ciudadanos de segunda clase. 
También creo que nuestra prioridad principal debería consistir en apoyar a los grandes sectores de la sociedad de los países europeos dejados de lado por las políticas neoliberales, la venta de propiedad pública y el desmantelamiento de los sistemas de bienestar. 
Siguiendo con lo que dije ayer, los Diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia no han tenido otra opción que votar en contra del informe Brok. Especialmente porque una mayoría conservadora ha rechazado la votación de hoy: 
1) nuestra enmienda relativa a Chipre, incluyendo un anexo al efecto de que la solución política establezca un estado federal de dos zonas, de comunidades hermanas, con una única soberanía, una personalidad internacional y una nacionalidad; la enmienda reclama expresamente que se permita a los refugiados volver a sus casas, y la propuesta de sustituir la expresión «northern Cypriot leadership» (liderazgo del norte de Chipre) por «' Turkish Cypriot leadership» (liderazgo turcochipriota). 
El Parlamento Europeo también ha sometido al pueblo chipriota con la aprobación de una enmienda que reclama a ambas partes la firma de un acuerdo marco antes de Copenhague. 
Es evidente, ahora que el plan Annan ha sido presentado, que el Parlamento Europeo renuncia abiertamente al marco de las resoluciones de la ONU hasta el punto en que niega a los refugiados el derecho al regreso; 
2) nuestras enmiendas que reclaman la prohibición de que los partidos comunistas de numerosos países candidatos suban al poder y el reconocimiento total de los derechos políticos de la minoría rusa de Letonia. 
Sin embargo, este resultado ilustra otra vez que los pomposos pronunciamientos del Parlamento Europeo y de la Unión Europea en general sobre el respeto y la defensa de los derechos humanos son pura hipocresía, y que la ampliación es un ejercicio contrario a los intereses de la gente y antidemocrático. 
Desde el Consejo de Helsinki, la Unión Europea pretende considerar a Turquía como un candidato «normal» , como los demás, y hace la vista gorda ante los problemas básicos de su solicitud de adhesión. 
El informe Brok introduce cierta ambigüedad pues, tras rechazar una enmienda que habría confirmado la categoría de Turquía como candidato de pleno derecho, sin embargo, pide al Consejo Europeo «que se comprometa? a desarrollar el proceso de adhesión». 
Creemos que sería totalmente prematuro que en el Consejo de Copenhague se fijara una fecha para el comienzo de las negociaciones sobre la adhesión con Turquía. 
Igual de prematuro nos parece fijar una fecha a partir de ahora para una futura reunión donde se decida la fecha de inicio. 
No debemos permitirnos caer en la trampa de los calendarios preestablecidos, que los eurócratas utilizan habilidosamente, confiando en la debilidad de los Estados miembros. 
El Consejo de Helsinki cometió un grave error en 1999, al reconocer a Turquía como un estado «europeo» que podría ser candidato a la entrada en la Unión. 
De hecho, Turquía no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea con respecto a la adhesión. 
Por otro lado, encajaría perfectamente en una cooperación amplia y renovada euromediterránea. 
. (SV) La Unión Europea se basa en las cuatro libertades. 
Cuando celebramos el referéndum sueco sobre la pertenencia a la Unión Europea, el bando del sí ganó debido al optimismo de los ciudadanos con respecto a las cuatro libertades. 
Con esta ampliación, los nuevos países candidatos tendrán un período de cuarentena desde el punto de vista de la libertad de una persona a solicitar trabajo en los diferentes Estados miembros. 
Gracias a que se ha permitido a los Estados miembros actuales decidir sobre el uso de esta libertad se ha creado uno de los derechos más fundamentales de la Unión para los Estados miembros. 
La generosidad variará. 
La nacionalización de los derechos de la Unión existente viola el espíritu del Tratado de Roma y no debería aplicarse. 
Nadie quiere introducir la protección de las fronteras interiores en el seno de la Unión. 
Los conceptos ajenos como este constituyen un riesgo de debilitación de las libertades fundamentales. 
) La aprobación de la resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión Europea relativo a la ampliación, el informe de progreso, supone un sólido apoyo positivo a Europa y es un seguimiento activo de las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001. 
Esta resolución establece una opinión equilibrada del impacto de la ampliación en la agricultura y en pequeñas y medianas empresas e industrias. 
Los votos también han permitido que se rechacen las enmiendas diseñadas para apartar a Turquía del procedimiento normal de adhesión. 
Deberíamos celebrar estos votos, que salvaguardan las oportunidades de Turquía de entrar en la Unión Europea. 
- (DA) El informe Brok contiene numerosas instrucciones para los futuros Estados miembros, que en algunos puntos les llevan a preguntar si realmente la Unión Europea debería interferir. 
El informe también apoya los planes de la OTAN de admitir a nuevos países: una línea de acción con la que no estamos en absoluto de acuerdo. 
El informe contiene algunos elementos muy positivos. 
En primer lugar, demuestra un claro apoyo a todo el proyecto y subraya que debería considerarse seriamente a Turquía, también, un país candidato. 
Naturalmente, Turquía ha de cumplir los requisitos relativos a los derechos humanos y a la democracia antes de que puedan celebrarse conversaciones sobre las negociaciones apropiadas para su adhesión, pero nos oponemos a la línea reaccionaria consistente en pensar que quiere convertir a la Unión Europea en un club blanco y cristiano- es tentador utilizar la palabra «ario». 
Por lo tanto, incluso si el informe es federalista en una serie de puntos, hemos de apoyar su aprobación final. 
Aunque este informe adopta la misma línea que informes anteriores, ahora afrontamos una nueva situación, creada por las condiciones discriminatorias e inaceptables impuestas a los países candidatos en el Consejo Extraordinario de Bruselas del 25 de octubre, a raíz del acuerdo francoalemán. 
Consecuentemente, los recursos financieros establecidos en la Agenda 2000 para apenas seis países candidatos no solo no han aumentado, a pesar del hecho de que se aceptaron diez para la adhesión, sino que, además, la propuesta de la Comisión de 25 millardos de euros se ha reducido a 23 millardos de euros en la política estructural, y, lo que empeora aún más las cosas, en el marco de la PAC, intentan dividir entre 25 miembros los fondos que actualmente sirven para 15, sin ni siquiera corregir las injusticias actuales de su reparto, y se adjudica únicamente el 25% de la ayuda directa para el primer año, excluyendo a los pequeños agricultores, algo que nos parece inaceptable. 
La propuesta del Consejo no satisfizo las expectativas e incluso podría distanciar más a las comunidades del proyecto de la Unión Europea. 
Y sin embargo el próximo año solo se celebrarán referendos en los países candidatos. 
Solo entonces conoceremos realmente los deseos de las diferentes naciones. 
Seguiremos luchando por una cohesión económica y social eficaz, que no garantizan las condiciones actuales para la adhesión, luchando contra las propuestas discriminatorias y por los derechos y los intereses de Portugal, que podrían verse seriamente afectados a menos que se revisen las propuestas actuales. 
Este informe destaca el extraordinario trabajo realizado por las autoridades democráticas de Chipre para aplicar el acervo comunitario en Chipre y, así, cumplir sus compromisos. 
Aunque la reunificación de Chipre no se considera un criterio para la adhesión a la Unión Europea, lo que me complace, una solución política pacífica sigue siendo una prioridad. 
Turquía también debe apoyar los esfuerzos por alcanzar una solución completa lo antes posible, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 
La Unión Europea ha de ejercer toda su influencia a este respecto. 
Más específicamente, en cuanto a la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea, no deberíamos olvidar que la verdadera cuestión de las fronteras europeas sigue sin resolverse. 
Por lo tanto, la Unión Europea tendría que crear un área de relaciones privilegiadas con nuestros vecinos más cercanos, Turquía, Rusia y los países del norte de África. 
. (FR) Los considerandos esconden una situación que, en general, es desastrosa, caracterizada en todos los países en cuestión por abismos sociales y regionales cada vez mayores y un vasto aumento de la pobreza y el desempleo. 
El desempleo es el único de estos puntos que se aborda. Estas regresiones y sus causas se esconden completamente para dar la impresión de que los únicos problemas encontrados proceden de los regímenes anteriores o de la mala aplicación de fórmulas liberales. 
Sin embargo, la causa principal es la verdadera naturaleza de las políticas impuestas por la Unión Europea. 
También rechazamos la evaluación positiva de la ampliación de la OTAN. 
Por lo tanto, la ampliación de la Unión Europea se presenta como un «paso adelante institucional» sin derechos sociales, sin desarrollo de los activos públicos comunes o ninguna verdadera opción democrática. 
Sin embargo, esta evaluación se refiere al conjunto de la integración europea. 
Las declaraciones sobre la naturaleza «histórica» de la ampliación europea no van acompañadas de ningún recurso presupuestario o procedimiento democrático que permitiera mejorar la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos para normalizarlos eficazmente en toda Europa. 
Nos parece que corresponde a los ciudadanos de Europa Occidental decidir si este deterioro de su situación podría combatirse más eficazmente permaneciendo fuera de la Unión o entrando en ella. 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Cuando hace 13 años el Telón de Acero cayó, todo el mundo el Occidente pensó que los grandes cambios en el Este consistirían principalmente en una mayor libertad de expresión y una mayor libertad de los electores para elegir a los políticos. 
Desde entonces estos cambios han sido eclipsados por otros. 
Ahora hay una diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres, un descenso sustancial en las tasas de empleo, una debilitación del servicio público, números incontrolables de coches, proyectos de crecimiento incompatibles con la protección medioambiental y una creciente dependencia de las costosas importaciones y de empresas extranjeras. 
Los ciudadanos de estos países han estado preparados para aceptar sacrificios, la debilitación y el caos, con la esperanza de que se les recompensaría con grandes entradas de dinero de la Unión Europea en el momento de su adhesión. 
Por lo tanto, en su opinión 2004 llega demasiado tarde y las subvenciones al desarrollo agrícola y regional son demasiado bajas. 
Los políticos de Europa occidental que siguen reacios a admitir a estos recién llegados o que quieren economizar en su adhesión dan la impresión de que solo están interesados en los beneficios para su propio país y las empresas establecidas en él. 
Como europeo oriental quizá rechazaría la adhesión a la Unión Europea, pero como europeo occidental me siento obligado a mostrar solidaridad con esas personas, si desean la adhesión. 
. 
(PT) He votado a favor del informe Brok, aunque he votado en contra del apartado 31 por dos motivos: 
1. 
Portugal no participó en la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, no tiene sentido que mi país firme una «Declaración Europea» común. 
No podemos admitir haber cometido crímenes y atrocidades contra la humanidad cuando, afortunadamente, no cometimos o condonamos acciones de este tipo. 
2. No se mencionan los crímenes y las atrocidades cometidos en muchos de los países candidatos después de la Segunda Guerra Mundial por parte del comunismo soviético, del que esta ronda de ampliación proporciona una liberación definitiva. 
La historia no puede utilizar un doble rasero para hechos que deberían inspirarnos una misma repulsa ética y mortal. 
A pesar de algún desacuerdo relativo a las votaciones separadas, he votado a favor del informe Brok, de conformidad con el apoyo que el CDS/PP siempre ha dado a este proceso de ampliación de la Unión Europea. 
De hecho, tal y como hemos dicho con frecuencia, nuestra posición es que en la disputa entre la ampliación y la llamada «intensificación» de la Unión Europea, siembre habría- y hay- que dar prioridad a la ampliación. 
Consecuentemente, pensamos que Maastricht en particular fue un error histórico de tiempo, y que, entonces, a la luz de la caída del Muro de Berlín, que se había producido unos meses antes, los líderes de Europa deberían haber tenido la visión política de dar prioridad a la ampliación en lugar de lanzarse directamente a la unión política y a la UME. Muchos de los problemas adicionales que la ampliación, por desgracia, afronta hoy día proceden de este error de tiempo. 
En este sentido, lamento el hecho de que el informe Brok no afirme y recomiende un compromiso básico serio con respecto a estos nuevos Estados miembros futuros: la última revisión de los Tratados antes de la adhesión de estos países se emprendió en Niza y no se hará ninguna nueva revisión de los Tratados al menos hasta que la primera tanda de nuevos Estados miembros pueda participar en ella, con todos los derechos y con tiempo suficiente para debatir y reflexionar. 
. (FR) He votado a favor del informe Brok en su forma enmendada, a pesar de su ambigüedad en torno a Turquía, a fin demostrar con claridad la importancia histórica de la reunificación de Europa, incluso si, bajo el nombre de la ampliación, ha ocurrido demasiado tarde y en unas condiciones que distan bastante de ser ideales. 
El Sr. Brok insta a la Unión Europea a adoptar una posición más coherente en torno a la cuestión de la candidatura de Turquía. 
Necesitamos urgentemente reconocer que la decisión desafortunada de la Cumbre Europea de Helsinki, que concedió a Turquía la categoría de un país candidato como Polonia o Hungría, por ejemplo, no se basa en motivos geográficos, históricos, culturales o jurídicos. 
La Cumbre de Copenhague brinda una oportunidad de poner fin a esta ambigüedad que, si no se resuelve, empañará seriamente las relaciones entre Turquía y los Estados miembros durante mucho tiempo. 
En lugar de fijar directa o indirectamente una fecha de inicio para las negociaciones de la adhesión que no tendría sentido, tendríamos que ubicar nuestras relaciones con Turquía en el marco de una cooperación euromediterránea a la que se daría verdadero fondo político, en lugar de simplemente desviarla a la vía del libre comercio. 
Este informe reclama, en su exposición de motivos, que es preciso ampliar el régimen de «octroi de mer» a las cuatro regiones francesas más remotas pues ya sufren un desempleo especialmente grave. 
Sin embargo, dado que el régimen de «octroi de mer» ha existido durante 150 años, parecería que en realidad no protege a los trabajadores frente al desempleo. 
En la práctica es un impuesto adicional al consumo. 
Por lo tanto, presiona a los hogares más pobres. 
Además, no se menciona el hecho de que los ingresos procedentes del régimen del «octroi de mer» se utilizan, en particular, para financiar varios fondos de ayuda social. 
En realidad es responsabilidad del estado dar protección social apropiada. 
En lugar de obligar a los ciudadanos más pobres a financiar con sus propios impuestos los verdaderos fondos diseñados para ayudarles, y de pagar sumas considerables de dinero para conceder subvenciones a los empresarios de estas regiones, incluso para construir yates para los ricos, este dinero tendría que utilizarse para crear puestos de trabajo útiles en los servicios públicos. 
Quisiera felicitar a la Sra. Sudre por su informe, que se refiere a la ampliación de los mecanismos de exención para el régimen del «octroi de mer» , autorizando la exención parcial o total de este impuesto a la producción local en los departamentos franceses de ultramar. 
Como he argumentado en la intervención en el pleno y en la explicación de voto, no puede y no debe haber dudas sobre lo apropiado de mantener instrumentos de apoyo para las regiones más remotas en virtud del apartado 2 del artículo 229 del Tratado de la CE. 
Por lo tanto, apoyo totalmente la propuesta de ampliar la validez de este plan al 31 de diciembre de 2003. Esta ampliación está justificada por las persistentes desventajas de estos territorios y por la consecuente necesidad de adoptar medidas que compensen estas condiciones. 
Este informe, que propone combatir la corrupción, solo ilustra su incapacidad para hacerlo. 
¿Cómo podría ser de otra manera? 
Han convertido ustedes secretos industriales, bancarios y comerciales en leyes supremas precisamente a fin de correr un modesto velo sobre las mil y una malversaciones, sobornos, estafas y otros chanchullos que les permiten recoger los máximos beneficios e incluso ocultar los residuos que sus sistema económico representa para la sociedad. 
Intentar reconciliar los secretos comerciales con la lucha contra la corrupción es como intentar la cuadratura del círculo. 
Entonces, ¿cómo podemos combatir la corrupción en una economía que convierte todo en una mercancía y donde todo puede comprarse y venderse, sean cerebros, músculos o conciencia? 
Al abstenernos en la votación sobre este informe, quisiéramos destacar su falta de esperanza. 
. 
Lo que es crucial es una estrategia común integrada y flexible, que nos permita lograr una mayor transparencia, menos burocracia, una mayor simplificación de las normas y mecanismos de control eficaces, con la intención de impedir que se den condiciones que conducen a la proliferación de la corrupción y de aumentar las oportunidades para detectar y castigar estas prácticas. 
Debemos luchar contra la corrupción tanto en el sector público, donde socava el funcionamiento del sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en la integridad del estado de derecho democrático, como en el sector privado, donde la corrupción tiende a distorsionar las normas de la competencia y a impedir un desarrollo económico saludable. 
Por lo tanto, lamento el hecho de que esta propuesta de decisión marco tenga por objetivo regular únicamente el sector privado y no el público, especialmente dado que las legislaciones nacionales siguen sin armonizarse; hay, por ejemplo, cuatro Estados miembros que aún no han ratificado la Convención de la Unión Europea sobre corrupción en el sector público, lo que podría dar lugar a situaciones de incertidumbre jurídica objetiva. 
Además, si se establece un enfoque regulador de la corrupción diferente en el sector privado, que es el asunto de esta decisión marco, y de la corrupción en el sector público, el asunto de la Convención de la Unión Europea de 1997, también podrían surgir problemas a la hora de aplicar la decisión marco sobre la orden de arresto europea. 
Por lo tanto, exhorto a la Comisión a que presente una propuesta para regular estos dos tipos de delito. 
Este informe se votó conforme al artículo 110 bis del Reglamento, que no prevé ningún debate ni enmienda al informe. 
La delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado anteriormente modificar informes que no apoyaba. 
Sin embargo, la nueva reglamentación no deja otra opción que votar en contra de ciertos informes. 
A pesar de que los diputados conservadores desean combatir la corrupción, en nuestra opinión este asunto no debe ser legislado en el plano europeo, sino que debe ser tratado internamente por los Estados miembros. 
Queremos cooperar con las autoridades de otros Estados miembros, pero no aceptaremos unas sanciones máximas armonizadas. 
. 
(PT) A este respecto, nuestra votación ha estado determinada por la posición, adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que consideramos bien fundada. 
Aunque creemos que se necesita una legislación que castigue los tipos de delito sobre el que hablamos, la corrupción tanto en el sector público como privado, la cuestión exige un estudio más amplio para impedir que se adopten conceptos vagos e indeterminados, la falta de observancia del principio de subsidiariedad, el riesgo de encontrar obstáculos a las libertades fundamentales o distorsiones de la competencia e incluso el uso de diferentes enfoques jurídicos de los dos tipos del delito en cuestión. 
En pocas palabras, por esto he votado en contra del informe. 
A pesar del hecho de que, en casi todos los puntos, estoy de acuerdo sustancialmente con las consideraciones del ponente, y las suscribo, he decidido votar en contra del informe porque, al igual que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me parece que el texto viola el principio de subsidiariedad y, en particular cuando la Convención debate sobre esta cuestión en el contexto del futuro de la Unión Europea e intenta aclarar la distribución definitiva de las competencias entre la Unión y los Estados miembros, todos los órganos comunitarios, y el Parlamento en particular, tienen la responsabilidad de demostrar un respeto escrupuloso del principio fundamental. 
Además, también me parece, como a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que hace falta legislación para regular estos dos tipos de delito, la corrupción en los sectores público y privado, que nos permitirá establecer un marco regulador más coherente y eficaz. 
Convendría añadir que, a tal efecto, la Comisión Europea se está preparando para presentar una iniciativa en forma de comunicación. 
Creo que esta iniciativa proporcionará algunos enfoques positivos que deberán examinarse, específicamente con respecto a la necesidad de una acción coordinada de los órganos europeos responsables de potenciar la cooperación entre Estados miembros en la eliminación de delitos de corrupción, como Eurojust, Europol, OLAF y la red judicial europea, tanto en el sector público como en el privado. 
De hecho, la acción coordinada entre estos órganos debería consolidar la acción de las fuerzas policiales nacionales y facilitar las investigaciones transfronterizas sobre el terreno, compartiendo las capacidades de información de los Estados miembros. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo, me complace especialmente que el Parlamento haya mostrado claramente cohesión en un asunto tan importante como la lucha contra la corrupción. 
El Parlamento ha dado una respuesta clara a los ciudadanos, que afrontan una grave falta de confianza en la transparencia de los mercados y muchas instituciones. 
El marco de referencia europeo de la lucha contra la corrupción sigue estando fragmentado, sin ser vinculante y necesitado de un definitivo paso adelante. 
La iniciativa danesa sobre la corrupción en el sector privado es un paso inicial en la dirección correcta, pero debemos avanzar más, especialmente con miras a la ampliación. 
El Parlamento ha pedido a los Estados miembros que aún no lo han hecho que ratifiquen la Convención de la Unión Europea y el Convenio del Consejo de Europa sobre la corrupción en el sector público. 
Si no lo hacen, el Parlamento ha pedido al Consejo que presente una nueva decisión marco sobre la corrupción en el sector público. 
Este es el asunto del informe. 
Algunos Estados miembros anticipan la aplicación de la orden de arresto europea, como el Reino Unido, que fue el primer país que traspuso la orden de arresto a la legislación nacional con el proyecto de Ley de extradición. 
(Texto abreviado sobre la base del apartado 1 del artículo 137) 
. 
(PT) Una vez más, nos encontramos examinando la iniciativa de un Estado miembro que peca de cautelosa y poco ambiciosa, y que no propiciará los cambios legislativos deseables y necesarios en este campo. 
Los cambios introducidos por el ponente, el Sr. Ribeiro e Castro, han mejorado la propuesta inicial. 
Para luchar eficazmente contra el delito transfronterizo es preciso prestar especial atención a la intensificación de la cooperación a la hora de destinar funcionarios de enlace a terceros países y a organizaciones internacionales. 
Aunque ya existe una cooperación que contribuye a la prevención, la identificación y la investigación de delitos, debemos consolidar ciertos aspectos de esta cooperación entre funcionarios de enlace para aprovechar al máximo los recursos de los Estados miembros, proporcionando así una mayor cobertura mundial. 
La lucha contra el crimen internacional ha de ser una acción conjunta basada en una cooperación y una confianza máximas entre Estados miembros. 
Es crucial contar con instrumentos vinculantes en el ámbito comunitario, estableciendo normas comunes sobre las competencias de los funcionarios y la protección de datos, y someter la legalidad de este intercambio de información a control judicial. 
La enorme variedad de leyes vigentes crea grandes dificultades para la cooperación eficaz de los funcionarios de enlace nacionales y Europol, además de complicar el control judicial. 
De ahí esta propuesta de decisión, dirigida a actualizar y mejorar la cooperación en este campo y a ser jurídicamente vinculante para los Estados miembros, a diferencia de la Acción Conjunta de 1996. 
La propuesta de la Comisión Europea ya justificó nuestra oposición, pero el informe del Sr. Ribeiro e Castro justifica incluso una oposición mayor, porque acentúa los aspectos negativos de la propuesta original. 
Destacaré los siguientes ejemplos: 
la gravedad de la perspectiva de que haya «funcionarios de enlace enviados por los distintos Estados miembros» sin ninguna supervisión por parte de las autoridades policiales; 
el término «cooperación» no se limita al intercambio de información, específicamente sobre delitos, sino que también abarca la prevención y la investigación de delitos criminales, lo que es inaceptable. 
A causa de la necesidad indiscutible de la cooperación policial en la Unión Europea para luchar contra las organizaciones criminales internacionales, la cooperación podría realizarse con medios institucionales, judiciales y penales sin socavar la soberanía nacional. 
Así pues, para las instituciones europeas sería de mayor utilidad centrar sus preocupaciones en las miles de organizaciones policiales ya existentes, creadas al amparo de los acuerdos de Maastricht y Schengen y que operan sin ningún control o supervisión democráticos y que constituyen graves violaciones de los derechos y de las libertades de los ciudadanos y de la soberanía de los propios Estados miembros. 
. 
(PT) Parece que los Diputados de todos los grupos políticos han recibido en general el informe con satisfacción, dado que se han aprobado todas las enmiendas presentadas por el ponente y las que, aunque no las ha elaborado él, cuentan con su aprobación. 
Solo un único nuevo considerando, propuesto por la Sra. Buitenweg, que propone la creación de instrumentos vinculantes en el ámbito de la Unión Europea, se ha aprobado sin el apoyo del Sr. Ribeiro e Castro. 
El informe refleja la cautela de la iniciativa danesa, que respeta el marco jurídico actual, y, por lo tanto, nos vemos obligados a apoyarlo y al mismo tiempo felicitar a su ponente, mi colega, José Ribeiro e Castro. 
Por supuesto, he votado a favor de mi propio informe. 
Esta iniciativa danesa es muy positiva y oportuna, además de estar bien equilibrada, porque respeta totalmente la situación del desarrollo institucional de la Unión y las propias competencias de los Estados miembros, y porque ahora intenta adoptar un instrumento legislativo vinculante. 
De hecho, es un intento, mediante la determinación de métodos de trabajo conjunto, de consolidar las capacidades internacionales de los funcionarios de enlace destinados a terceros países por parte de las autoridades policiales de los Estados miembros, que comportará un claro beneficio común para todos ellos. 
Esta intensificación específica de la cooperación policial es especialmente relevante en el ámbito de la información y sin duda alguna desempeñará un papel cada vez más importante en la lucha contra el crimen organizado, en particular dado el ritmo de crecimiento de este tipo de delito. 
Las propuestas de enmiendas que he presentado, con el apoyo de la comisión parlamentaria competente, van todas dirigidas a aumentar la eficacia de los mecanismos de cooperación y de uso compartido entre funcionarios de enlace, y al mismo tiempo intentan solucionar varias deficiencias, específicamente en las siguientes áreas: garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la protección de datos, la supervisión regular del sistema de funcionarios de enlace, a través de informes anuales y el estudio de estos informes; un mismo tratamiento para los funcionarios de enlace de Europol y, por último, la financiación. 
Este informe se votó conforme al artículo 110 bis del Reglamento, que no prevé ningún debate ni enmienda al informe. 
La delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado anteriormente modificar informes que no apoyaba. 
Sin embargo, la nueva reglamentación no deja otra opción que abstenerse con respecto a ciertos informes. 
Ésta es una área muy delicada de la política. 
La delegación conservadora británica está particularmente interesada en proteger a los niños y sus derechos y, por lo general, los criterios que se aplican en el Reino Unido son muy estrictos. 
Por lo tanto, creemos que para mejorar los criterios y proteger a los niños se deberían compartir las mejores prácticas, pero la introducción de un reglamento de este tipo podría sin duda ralentizar el proceso de mejora general del planteamiento. 
La reducción de ciertos tipos de IVA podría constituir una ventaja para los consumidores. 
Sin embargo, hay que decir que el término «servicios de gran intensidad de mano de obra» en realidad esconde una subvención apenas oculta a empresarios en ciertos sectores, sin que los consumidores disfruten, como nos hacen creer, de siquiera el más mínimo beneficio. 
Defendemos la eliminación total del IVA, pues es injusto que el impuesto sobre el consumo penalice incluso a las personas cuyos salarios o pensiones son demasiado bajos para considerarse imponibles. 
Es un impuesto muy desigual, pues se aplica el mismo porcentaje a las personas adineradas, que solo gastan una mínima parte de sus ingresos en productos de consumo, y a los pobres, cuyos escasos recursos solo llegan para sus gastos. 
Nos hemos abstenido de votar sobre este informe. 
Cuando el Consejo aprobó una directiva en 1999 que autorizaba la aplicación de tipos reducidos del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra, se entendió que era una medida experimental que vencía el 31 de diciembre de 2002. 
Dadas las circunstancias, la decisión de prorrogar esta medida hasta finales de 2003 es un factor positivo, lo que destaca la ponente. 
De hecho, tenemos que impedir que se produzca un vacío jurídico al llevarlo a la práctica después del 31 de diciembre de 2002, pues sería perjudicial para las empresas en cuestión, en particular, microempresas, pequeñas y medianas empresas. 
El sector hotelero y de restauración debe beneficiarse de un tipo preferencial de IVA, dado el altísimo nivel de las cargas sociales y fiscales que paga en general. 
Los empresarios del sector de la restauración, de gran intensidad de mano de obra, tienen dificultades tanto en la financiación de sus inversiones como en la contratación de personal adicional. 
Los trabajadores de este sector consideran con bastante razón que la reducción del tipo del IVA permitiría contratar a un número significativo de empleados. 
Una reducción de los tipos del IVA también permitiría a muchos establecimientos ajustar los horarios de trabajo. 
Por último, esta medida permitiría recaudar el impuesto de forma más justa. 
. 
(PT) La política de pesca común es muy importante para Portugal. 
La reforma actualmente en curso tiene gravísimas implicaciones para mí país y para la región del Algarve. 
Si se aplica la reforma tal y como está ahora, los pescadores portugueses se verán gravemente perjudicados, desde el punto de vista económico, social y de su industria. 
Sin embargo, a pesar de estas consecuencias, creo que intensificar la lucha contra la pesca ilegal es una prioridad aceptada por todos. 
Esta actividad impide una gestión eficaz y sostenible de los recursos pesqueros. 
Por lo tanto, apoyo inequívocamente el informe Busk y todas las medidas para erradicar la pesca ilegal. 
En este contexto, estoy de acuerdo con la petición de cerrar los puertos europeos a buques que enarbolen pabellones de conveniencia o que hayan practicado la pesca ilegal. 
Así, impediremos la entrada de estos productos al mercado europeo. 
Por un lado, no podemos imponer estrictas cuotas de pesca y, por el otro, no hacer nada para impedir las actividades de pesca ilegal. 
Por lo tanto, estoy a favor de nuevas medidas de control de ámbito comunitario, específicamente a través de: 
una señalización y una identificación más clara de los buques; 
el cumplimiento de las normas supervisado por organizaciones regionales, 
sanciones uniformes y disuasorias. 
A tal efecto, la Comisión debe posibilitar el acceso a recursos financieros apropiados para esta lucha. 
El colapso del socialismo en Europa central y oriental tuvo consecuencias desastrosas para la investigación, así como para todos los logros sociales de la era socialista. 
La financiación disminuyó al mínimo, los institutos de investigación cerraron, los investigadores abandonaron la investigación, los nuevos investigadores no tenían incentivos y, lo peor de todo, se dio una fuga de cerebros: los investigadores más experimentados se marchaban a occidente. 
Los antiguos países socialistas con instalaciones avanzadas de investigación se vieron obligados a vivir de limosnas miserables del extranjero y la Unión Europea. 
El informe recomienda la participación de los países candidatos en el programa marco de investigación de la Unión Europea, casi como una panacea. 
Sin embargo, al mismo tiempo aconseja vincular la investigación con la industria y crear un clima empresarial favorable; en otras palabras, intenta que se adopte el modelo de la Unión Europea y quiere que la investigación se realice de acuerdo con las normas de mercado. 
Aunque nadie podría oponerse a la cooperación científica internacional en iguales condiciones, no podemos bajo ningún concepto permitir que la investigación sirva a los grandes intereses financieros y esté bajo su control. 
Por ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia no apoyan el informe. 
El informe destaca el alcance del deterioro de la situación en los países candidatos de Europa Oriental (PECO) durante el «difícil proceso de reajuste de los Peco». 
Solamente en términos de investigación, esta observación se refiere a un estado más general. 
El colapso de la investigación, el colapso de la financiación pública previamente asignada a la investigación, y los irrisorios salarios de los investigadores que desembocaron en la «fuga de cerebros» , que consistió en la marcha de los investigadores al extranjero o a puestos de trabajo del sector privado, son solo algunos de los hitos de esta «transición? a las economías de mercado» , de la que están tan orgullosas las autoridades europeas. 
Hemos oído que los programas europeos dirigidos a apoyar la investigación en estos países podrían subsanar este paso atrás. 
Sin embargo, ni el propio ponente se cree esto, pues solo prevé la estabilización a largo plazo. 
Mientras tanto, las empresas de Europa Occidental pueden mostrarse exigentes Se aprovechan de investigadores cualificados a quienes se paga incluso menos que en Occidente y que no tienen otra elección. 
Lo que dice mucho del verdadero contenido social y de la naturaleza de la «ampliación». 
Por lo tanto, el único motivo por el que no votaremos en contra de este informe es que algunos programas y fondos establecidos quizá podrían, incluso si su finalidad original fuera apoyar a la industria europea occidental, servir de pequeña ayuda a ciertos investigadores de Europa Oriental. 
Lamento que las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y, por desgracia, también el Parlamento hagan el ridículo al votar, por un lado, a favor de las restricciones a la publicidad de tabaco y, por otro lado, mantengan las subvenciones a las tabacaleras. 
Mientras continúe esta esquizofrenia, las votaciones sobre resoluciones moralizantes son pura hipocresía y no participaré en ellas. 
Señor Presidente, Sus Señorías, creo que deberíamos apoyar los esfuerzos fundamentales por la protección de la salud realizados en la Unión Europea. 
Estoy en contra de la directiva sobre la publicidad de tabaco por varios motivos de principio. 
En primer lugar, porque carece de fundamento jurídico y, en segundo lugar, porque el tabaco, después de todo, sigue siendo un estimulante legal. 
Si aceptamos la lógica de la Comisión, también tendríamos que pensar de nuevo nuestra posición con respecto a la publicidad de las golosinas, de los coches rápidos y del alcohol. 
En tercer lugar, una política que subvenciona el tabaco y prohíbe su publicidad al mismo tiempo no es ni lógica ni coherente, y, por lo tanto, realmente no puede ser tomada en serio. 
En mi opinión, es una cuestión de principio, y ha de abordarse en consecuencia. 
Señor Presidente, ¿no es un poco simple pensar que esta directiva es la panacea para los efectos nocivos del tabaco? 
¿Realmente cree la Comisión Europea que una prohibición total de la publicidad de tabaco va a conseguir que la gente deje de fumar? 
A mi entender es pura ilusión. 
También creo que la gente ha de poder informarse de productos mientras no estén prohibidos. 
Además, me parece que hay formas mejores de abordar este problema, por ejemplo, redactando directrices europeas que establezcan normas para productos de tabaco. 
Por último, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que lo que aquí tenemos es una contradicción en sí misma. 
Vamos a prohibir la publicidad sobre tabaco, pero todos los años los cultivadores de tabaco reciben millones a través de subvenciones europeas. 
Hagan con esto lo que quieran. 
He votado a favor de la propuesta enmendada relativa a la prohibición de la publicidad sobre productos de tabaco porque todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos han sido rechazadas. 
Estas enmiendas, primero: han debilitado las restricciones de la propuesta; segundo: han permitido a las empresas publicitarias dar un rodeo a estas restricciones; y tercero; ponen un interrogante sobre el fundamento jurídico, especialmente a raíz de la anulación de la primera propuesta del Tribunal de Justicia. 
Sin embargo, incluso esta segunda propuesta de la Comisión sigue teniendo un interrogante sobre ella, porque se basa en el mercado interior en lugar de en la protección de la salud pública. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos detrás de esta explicación de voto quisiéramos decir por qué votamos en contra de la Enmienda nº 17 relativa a la letra b del artículo 2, y es que la definición de publicidad no puede aplicarse de acuerdo con la legislación sueca. 
La definición de publicidad como comunicación comercial no puede reconciliarse con la Constitución de Suecia / Ley básica sobre libertad de expresión. 
Preferiríamos ver que se emplea la definición «publicidad comercial» , que nos permitiría seguir excluyendo la publicidad sobre tabaco de la libertad de expresión sin modificar la constitución. 
Como el término comunicaciones comerciales es un concepto más amplio que también incluye la colocación de productos, entra en conflicto con la Constitución sueca. 
El término publicidad comercial no incluye los textos editoriales, la publicidad de opinión, la colocación de productos, la expresión artística y todas las demás formas de marketing que no forman parte de un anuncio. 
Por lo tanto, en virtud de la legislación sueca no es posible prohibir la publicidad sobre tabaco en «comunicaciones comerciales» o «declaraciones comerciales» sin modificar primero la constitución. 
Además, creemos que la perspectiva de la salud pública debe tener una función más clara y sólida que la del mercado interior. 
Cuando se trata de sopesar la competencia frente a la salud pública, pensamos que debe darse prioridad a la salud debe antes que a los intereses económicos. 
La publicidad de productos de tabaco, como la protección de la naturaleza y del bienestar animal, siempre da lugar a un debate apasionado y lleno de polémica. 
Felicito al ponente por la calidad de sus enmiendas y su intento de apaciguar los ánimos. 
Apoyamos su informe, cuyo objetivo es reconciliar la prevención de la adicción al tabaco, un área prioritaria desde el punto de vista de la salud pública recomendada por la OMS, y la oportunidad de los Estados miembros de conservar sus disposiciones sobre publicidad, sin crear barreras al funcionamiento del mercado interior, al tiempo que se mantienen ciertas perspectivas para el cultivo de tabaco, un sector con un futuro incierto, que permite a muchas explotaciones pequeñas y precarias seguir funcionando. 
Entre el 5 y el 7 de noviembre se reunieron aquí en Estrasburgo quinientos productores europeos para expresar sus preocupaciones por el futuro de la COM creada en 1999, pero también para presentar los avances logrados. 
De hecho, han hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad de sus cultivos, que solo representan el 6% de la producción mundial, reduciendo la cantidad de alquitrán en la planta (habría que indicar que el tabaco de Virginia, que se cultiva cada vez más, apenas libera nitratos). 
Demos nuestro apoyo a los esfuerzos de los cultivadores de tabaco. 
. (FR) Cada día que pasa el tabaco mata a más personas, y todos los años mueren más de 500 000 europeos por el consumo activo o pasivo de tabaco. 
En respuesta a este azote, deberíamos adoptar las medidas necesarias, en particular reduciendo significativamente todas las formas de publicidad o patrocinio de estos productos. 
Sabemos que estas comunicaciones desempeñan un papel en el aumento del consumo de tabaco, en particular entre los jóvenes. 
Además, con una armonización en este asunto, a través de una cooperación adecuada y responsable entre los Estados miembros, es posible reducir de forma efectiva el aumento de las ventas de cigarrillos, así como el número de vidas destruidas por el tabaco. 
Sin embargo, las enmiendas propuestas por el Parlamento son muy ambiguas y no adoptan una posición favorable a la salud pública, sino más bien lo contrario. 
Al amparo de unos argumentos adaptados a este contexto, como el énfasis dado a la libertad de expresión, el texto de las propuestas parlamentarias permite una interpretación demasiado libre y no presenta una disposición firme para proteger a los europeos. 
La comunicación sobre el tabaco debería basarse más en los peligros que comporta el consumo del producto, que es muy perjudicial para las personas y particularmente costoso para el conjunto de la sociedad. 
Sin duda éste es el primer paso en el próximo conjunto de procedimientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Fumar mata. Cinco millones de personas al año mueren a causa del tabaco y 550 000 de ellas son europeos. 
Hay que detener esto. La Unión Europea está en proceso de establecer una legislación que prohíba toda la publicidad de tabaco. 
Respaldamos esta iniciativa, cuyo objetivo principal debería ser proteger la salud pública. 
Nuestros hijos son el objetivo principal del despliegue publicitario y del marketing agresivo del tabaco. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los 1 200 de millones de personas de todo el mundo que actualmente fuman empezaron a hacerlo con dieciocho años. 
Por lo tanto, debemos detener la promoción directa e indirecta del tabaco que conduce a la dependencia, la enfermedad y la muerte. 
Esta propuesta es un paso en la dirección correcta, aunque tiene dos defectos. 
En primer lugar, la propuesta no condena la publicidad indirecta que promociona marcas, aunque no los propios productos de tabaco. 
Por supuesto, promocionar una marca, un símbolo de la industria tabacalera, tiene los mismos efectos en cuanto a fumar se refiere que la publicidad de los paquetes de cigarrillos. 
En segundo lugar, este proyecto de directiva establece una plataforma de prohibiciones a la publicidad y no una prohibición completa, como nos habría gustado. 
Las legislaciones nacionales tendrían que poder ser más restrictivas que la directiva relativa a esta cuestión. 
Por lo tanto, es preciso incluir una cláusula de salvaguarda. 
Solo votaremos a favor de este proyecto de directiva si se subsanan estos dos defectos. 
Con la producción y venta de tabaco se gana dinero, pero también se acortan las vidas de muchas personas y surgen problemas de salud. 
La publicidad que anima a las personas a empezar a consumir productos de tabaco o a empezar a consumirlos más es muy perjudicial. 
En la Directiva 98/43/CE se intentó acertadamente impedir la publicidad y el patrocinio en el ámbito europeo. 
De acuerdo con el Tribunal de Justicia, esto no está permitido porque el apartado 4 del artículo 152 del Tratado excluye la armonización de disposiciones legales y administrativas de los Estados miembros para la protección y la mejora de la salud humana. 
Otra prueba es que la Unión Europa consiste en la libre competencia y el crecimiento económico, pero no en la protección del bienestar de las personas. 
Mientras tanto, la Unión Europea sigue manteniendo las subvenciones a los cultivadores de tabaco griegos. 
La solución ahora propuesta consistente tan solo en la prohibición selectiva de la publicidad de tabaco empujará a las empresas afectadas a buscar los vacíos legales para seguir con su publicidad. 
Se recortará el trabajo de los abogados y los tribunales porque tendrán que explorar los límites de estos vacíos, en particular, para decidir qué debe o no considerarse publicidad transfronteriza. 
Por lo tanto, apoyo a las organizaciones que se oponen a esta debilitada propuesta. 
. 
(PT) Aunque entiendo muchos de los objetivos del ponente de dotar a la directiva de mayor fuerza jurídica, para que así los tribunales no rechacen su aplicación, creo que el ponente ha puesto en peligro en último término los objetivos de la directiva relativos a la salud pública. 
Me parece intolerable. 
Por lo tanto, prefiero la posición original de la Comisión Europea a la de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
La Enmienda nº 26, que apoyo, intenta impedir este excesivo debilitamiento de la protección de la salud pública. 
Como todos sabemos, el Tribunal de Justicia anuló la Directiva 98/43/CE, porque el artículo del Tratado elegido como su fundamento jurídico impide la armonización destinada a proteger la salud humana, y porque debería, en su lugar, complementar las medidas determinadas por los Estados miembros de la Unión Europea. 
De hecho, la prohibición general de la publicidad y el patrocinio de productos de tabaco que establecía superaba los límites de la competencia del Tratado e incluso violaba las normas de libre circulación que conforman el mercado interior Por lo tanto, la nueva propuesta de directiva intenta establecer, desde un punto de vista acorde con el Tratado de la Comunidad Europea, un marco menos restrictivo, sin nuevos objetivos para la protección de la salud pública, con la convicción de que el tabaco es un producto perjudicial para la salud, que deben potenciarse medidas de disuasión para que las personas no lo consuman, en particular cuando se trata de personas jóvenes. 
. (SV) He votado a favor del informe en la votación final y en contra de las 25 enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Como demócrata-cristiano sueco me siento obligado a apoyar la política restrictiva y vencedora (311 votos a favor, 202 votos en contra y 39 abstenciones) en el Parlamento Europeo. 
La directiva supone la prohibición de la publicidad de productos de tabaco en periódicos, emisiones de radio e Internet, además de la ilegalización del patrocinio relacionado con el tabaco. 
Los Estados miembros conservarán el derecho a adoptar las medidas que estimen necesarias para proteger la salud pública cuando se trate de publicidad no contemplada por la directiva. 
Me parece algo positivo que todas las organizaciones médicas europeas se unieran en su apoyo a esta política. 
La propuesta de la Comisión, cuyo objetivo es aplicar un programa de acción plurianual en el ámbito de la energía entre 2003 y 2006, consolida el apoyo comunitario a las áreas de la energía que contribuyen al desarrollo sostenible. El programa sobre el que hablamos sustituirá a los programas ALTENER y SAVE, y en parte a SYNERGY, a la vez que mantiene sus actividades. 
La tercera es el apoyo a iniciativas relacionadas con los aspectos energéticos del transporte, la diversificación de combustibles y la promoción de combustibles renovables y la eficiencia energética en el transporte (STEER). La última línea consiste en al apoyo a iniciativas que promueven las fuentes de energía renovables y la eficacia energética en los diferentes países a raíz del desarrollo del sector (COOPENER). 
La energía es una preocupación principal de la Unión Europea. Por lo tanto, me complace ver que estas acciones se han incluido en un programa único. 
Lo que debería permitir gestionarlas y aplicarlas con más eficacia. 
Además, estoy de acuerdo con la ponente en que necesitaremos un presupuesto mayor si se quieren cumplir estos objetivos. 
El ponente ha dejado muy claro que las instituciones europeas han venido hablando sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado (blanqueo de dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, etc.) desde hace ya más de veinte años. En las raras ocasiones en que realmente se han adoptado medidas, en general se enfrentan a una falta de cooperación de los Estados miembros o de resultados tangibles, cuando no son simplemente ignoradas. 
Hay motivos sobrados para creer que lo mismo ocurrirá con la iniciativa danesa. 
Hay un motivo de peso. 
El crimen organizado forma parte del sistema capitalista, incluso en cuanto se refiere a la justicia burguesa. 
Tómese el ejemplo del dinero de las drogas. 
¡Cuántas supuestamente respetables fortunas de Francia y Gran Bretaña se amasaron cuando las cañoneras de estos países obligaron a China a abrirse al opio de las colonias británicas y francesas! 
Incluso ahora, los bancos europeos siguen sacando grandes beneficios del tráfico de drogas, armas y personas. 
En este contexto, estas medidas triviales, sobre las que nos abstendremos, son patéticas en su intento de dotar de moralidad a un sistema que es básicamente amoral e inhumano. 
. 
(PT) Deseo felicitar al Sr. Di Lello por la calidad de su trabajo. 
Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a esperar que la Unión afronte con eficacia el problema del aumento de las amenazas de la delincuencia, que no reconoce fronteras y que ataca su libertad y sus derechos. Se precisa una acción rápida, concertada y conjunta, que coordine con eficacia todos los esfuerzos por combatir e impedir el crimen en todo el territorio de los Estados miembros. 
Uno de los instrumentos más eficaces con que combatir el crimen organizado es el decomiso y la confiscación de lo recaudado por el delito. 
Sin embargo, surgen dificultades a raíz de las disparidades entre las diferentes legislaciones de los Estados miembros. 
La Unión debe hacer esfuerzos por aproximar el derecho penal y los procedimientos relativos al blanqueo de dinero y al decomiso de productos. 
La adopción de la decisión marco sobre blanqueo de dinero nos ha permitido hacer progresos, pero ha resultado insuficiente, porque existe un margen considerable para la impunidad penal en la medida en que esta decisión solamente establece sanciones para delitos graves. 
Finalmente dos actos de diferente valor jurídico han regulado este asunto, porque no se ha revocado la Acción Conjunta 98/699/JHA. 
Esta propuesta de una decisión marco es un paso en la dirección correcta, porque su objetivo es garantizar que todos los Estados miembros apliquen normas eficaces que dispongan el decomiso cuando un delito se castigue con la privación de libertad por un período superior a un año. 
Estoy de acuerdo con la posición del ponente en relación con las propuestas de la Presidencia danesa sobre la posibilidad de un decomiso «más amplio» y la inversión de la carga de la prueba. 
Toda iniciativa legislativa debe respetar los derechos individuales y las libertades fundamentales de nuestros ciudadanos. 
A pesar de que los diputados conservadores apoyan todo aquello que intensifique la cooperación entre los órganos encargados de hacer cumplir la legislación de los Estados miembros, no podemos apoyar ninguna medida legal europea como las propuestas en este informe. 
Estos temas deberán ser tratados internamente por los Estados miembros individuales. 
Tal y como indica el ponente, uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra el crimen organizado es la incautación y la confiscación de lo recaudado en actividades ilegales, en particular cuando esta recaudación se destina al blanqueo. 
La falta de coordinación entre los diferentes organismos de lucha contra el crimen solo puede beneficiar a los implicados en estas actividades, lo que implica que debemos, a tal efecto, mejorar la asistencia mutua en la lucha por aprehender lo recaudado por el crimen organizado. 
Estas iniciativas y el ponente han intentado establecer un marco designado de acción al amparo de las decisiones marco, para salvaguardar la independencia necesaria de las autoridades nacionales cuando se ocupan específicamente de incidentes que han ocurrido dentro de su territorio, a la vez que determinan mecanismos comunes de regulación para cumplir el compromiso compartido de lucha contra todas las formas del crimen organizado, de conformidad con las conclusiones del Consejo de Tempere. 
El ponente también ha tenido cuidado de garantizar que, si se considera que la propiedad tiene un origen ilegal, la inversión de la carga de la prueba solamente se aplica cuando el proceso puede demostrar que la propiedad poseída es desproporcionada con respecto a los ingresos declarados o la actividad prevista, y la persona condenada tendrá entonces la responsabilidad de demostrar el origen legal de la propiedad. 
Por ello he votado a favor del informe. 
. (SV) Las salvaguardas para los derechos jurídicos de la propuesta presentada por Dinamarca son insuficientes. 
Es inaceptable que los Estados miembros puedan confiscar la propiedad del acusado o sus familiares, que no tienen nada que ver con la actividad delictiva, si la persona condenada no puede demostrar que esta propiedad se adquirió con medios legítimos. 
Lo que implica algo tan revolucionario como invertir la responsabilidad de la prueba. 
Las enmiendas de la comisión son ciertamente buenas, pues su objetivo es repudiar la responsabilidad invertida de la prueba, pero sigue sin quedar lo suficientemente clara la situación. 
Un texto jurídico satisfactorio debería establecer con claridad que solamente puede incautarse la propiedad procedente de una actividad criminal demostrada, o de valor equivalente. 
Nosotros los demócrata-cristianos suecos creemos que el texto de la decisión marco debería discutirse más, para que no haya restricciones precipitadas de los derechos jurídicos. 
Aunque me parece que la legislación de la Unión Europea armonizada desempeña un papel importante en la facilitación de la lucha contra el crimen, desde el punto de vista de los derechos jurídicos tengo la obligación de abstenerme en esta cuestión. 
Señor Presidente, me gustaría expresar mi apoyo a su discurso acerca de The Scotsman y The Herald. 
Antes de hablar de los informes del Sr. Stevenson y del Sr. Souchet, me gustaría señalar que me parece vergonzoso que los diputados de esta Cámara no reconozcan que cada año mueren medio millón de ciudadanos comunitarios a causa del tabaco. 
La prohibición de los anuncios de tabaco sería una medida excepcional para intentar proteger la salud pública y salvar vidas. 
Con respecto al informe del Sr. Stevenson, me gustaría señalar que nosotros votamos a favor de mantener zonas costeras de 6-12 millas para proteger los derechos pesqueros históricos y las derogaciones relativas a los boxes en el Mar del Norte. 
También pensamos que los beneficios de los acuerdos pesqueros deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer las cuotas y que la erradicación de la pobreza es un objetivo clave de estos acuerdos. 
Somos muy escépticos con respecto a una enmienda por la que se elimine el considerando que apuntaba que las empresas mixtas se podían utilizar para maquillar las cifras de reducción de las flotas. 
Con respecto al informe del Sr. Souchet, hemos votado en contra de las enmiendas 10 y 11 y de los considerandos H e I por motivos de sostenibilidad, y nos hemos abstenido en la votación final por motivos muy similares, es decir, por el impacto medioambiental y para garantizar que el desarrollo sostenible sea un punto clave de la política. 
Señor Presidente, como saben todos ustedes, yo fui el ponente original de este informe. 
El documento quedó totalmente destruido en la Comisión de Pesca y me sentí obligado a abandonar la tarea de redactar el informe, que se encomendó al presidente de la Comisión, Struan Stevenson. 
Sé que soy una minoría, pero he de decir que la razón principal de mi actitud es que el informe que acabamos de aprobar ignora la cuestión principal. 
Quiero decir que la reforma de la política de pesca común en 2002 es pura y simplemente resultado del hecho de que el período transicional de 16 años concedido al Estado español y a Portugal, para que no sea necesario considerarlos más intrusos en aguas comunitarias y tengan los mismos derechos que los demás Estados miembros, ha llegado a su fin. 
Por supuesto, no puedo aceptar esta situación. 
Naturalmente, también estoy a favor de la conservación de los recursos pesqueros, de hecho no tengo nada en contra, pero el informe y la comisión no han tenido en cuenta las consecuencias económicas y sociales de la reforma. Tampoco discuten un presupuesto para una reforma de tal importancia, sino que mantienen el principio de estabilidad relativa, que ahora es discriminatoria y concede privilegios, porque así se estableció cuando la Unión Europea solo contaba con seis o siete miembros. 
Además, el informe muestra desprecio por la industria pesquera internacional. 
Por lo tanto, me atrevo a decir que pronto será necesario tener una nueva y verdadera reforma de la PPC, para garantizar que es una política auténticamente común. 
Ahora es menos una política común de lo que solía ser. 
Este informe pretende tratar las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la pesca, tanto en la Unión Europea como en las relaciones con otros países, especialmente los países en desarrollo El ponente propone soluciones técnicas a los problemas que actualmente afectan a la pesca. 
De acuerdo con el ponente, estas soluciones van dirigidas a compensar en cierto grado la llamada liberalización que experimenta la pesca en estos momentos. 
Hemos votado a favor de los capítulos del informe que consideramos de interés para los pequeños pescadores, los consumidores o la protección del medio ambiente. Sin embargo, nos hemos abstenido en cuanto al conjunto del informe. 
El informe destaca algunas amenazas contra el equilibrio entre personas y naturaleza, y algunas de las amenazas contra las personas que viven totalmente del mar y no tienen otro medio de vida. Sin embargo, el informe no desafía en modo alguno la base de un sistema social donde los productores, los trabajadores y el mundo de la naturaleza siempre se sacrifican en favor de los beneficios del capitalismo. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos hemos decidido abstenernos en la votación final sobre este informe. 
Hemos llegado a esta decisión porque creemos que, aunque el informe hace hincapié en la importancia del desarrollo sostenible en la pesca, en las cuestiones medioambientales que van a integrarse en la reforma de la política de pesca común y en la mayor necesidad de aclarar el impacto medioambiental de la industria pesquera, también contiene una serie de señales y declaraciones que no podemos apoyar. 
Por ejemplo, nos oponemos a las subvenciones estatales a una flota pesquera que ya es demasiado grande en relación con los recursos pesqueros, a pesar del hecho de que probablemente existan deficiencias en cuanto a la seguridad en algunos barcos de pesca. 
Habría que desguazar estos barcos en lugar de mejorarlos para contribuir a una sobreexplotación continua de los recursos pesqueros. 
El objetivo a largo plazo de la industria pesquera debe ser el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, la capacidad pesquera debe recortarse para que mantenga un equilibrio con los recursos pesqueros existentes. 
A este respecto no puede haber ninguna duda. 
La pesca sostenible no es el enemigo de la comunidad pesquera, sino su mayor amigo. 
También somos muy escépticos sobre la declaración del informe de que ningún análisis del impacto realizado hasta la fecha ha podido demostrar que una mayor reducción de la capacidad beneficiaría al medio ambiente, en particular porque actualmente sabemos muy poco de la forma en que las diferentes partes de los ecosistemas tienen efectos unas en otras. 
Aunque seguramente una mayor inversión en la investigación marina, que ha aumentado, en el futuro puede comportar conclusiones más claras en esta área, el principio de precaución dicta en cualquier caso que una reducción de la capacidad es una medida necesaria, aunque insuficiente. 
Supuestamente con motivo de la protección medioambiental, la Comisión propone reducir la flota pesquera y promover el uso de medios de pesca más potentes, además del uso de medios menos potentes. Lo que reducirá el número de pescadores artesanos. 
Deberíamos preguntarnos si es realmente necesario poner límites a las capturas y, por lo tanto, a la pesca para salvaguardar el entorno marino. 
Las medidas propuestas en modo alguno afectarán a la pesca industrial que saquea el mar. 
No hay nada que nos impida proteger e incluso mejorar los ingresos de los pequeños pescadores y quienes viven del mar y no tienen otras ayudas. En cualquier caso, el ponente no contempla esto. 
La única forma en que podemos proteger el medio ambiente y a los trabajadores es proteger los ingresos de los pequeños pescadores. 
Sin embargo, el informe no ofrece una protección así. Una de las opciones presentadas a los pescadores en el informe es que se conviertan en limpiadores del mar y utilicen sus barcos para ocuparse de las mareas negras. 
Lo peor es que, por desgracia, es posible que este trabajo de limpieza sea continuamente necesario, a causa de las acciones de los grandes conglomerados del petróleo, junto con los armadores y sus accionistas. La incapacidad de las autoridades europeas y nacionales para anteponer los intereses colectivos al egoísmo destructivo de los capitalistas también contribuye a este problema. 
Aunque votaremos a favor de ciertos aspectos del informe que beneficiarían a los pescadores y al medio ambiente, nos abstendremos en cuanto al conjunto del informe. 
El informe Souchet es bastante positivo y merece nuestro apoyo. 
En primer lugar, por la importancia que da a la participación de los pescadores y sus asociaciones profesionales en el ámbito de la investigación y la información sobre el estado de los recursos pesqueros, dado que los pescadores están a favor de proteger el medio ambiente, pues se encuentran entre los primeros en sufrir sus trastornos. 
En segundo lugar, estoy de acuerdo con la declaración del ponente de que la presión que ejerce la pesca sobre los recursos pesqueros no debe abordarse de forma uniforme y global, sino que, en su lugar, hay que tener en cuenta las características particulares de cada una de las áreas pesqueras y la naturaleza específica de cada una de las especies de pesca. 
El informe rechaza el uso de instrumentos rígidos como el desguace de buques, que tiene consecuencias irreversibles y notables efectos socioeconómicos, y prefiere otros instrumentos más flexibles para gestionar los recursos pesqueros. 
Apoyo el mantenimiento de la ayuda pública para modernizar la flota pesquera, que afecta directamente a las condiciones de trabajo, a la seguridad y a la calidad de los productos, rechazando así una filosofía que, aunque dice preocuparse por el medio ambiente, intenta socavar la ayuda, a través de lo que podríamos llamar una «ecologización» liberal. 
Primero, creemos que la propuesta de resolución sobre la protección medioambiental al amparo de la política de pesca común es una buena idea y la apoyamos. 
Indica acertadamente que el Parlamento Europeo se opone a la aplicación horizontal de medidas restrictivas, es decir, medidas que no tienen en cuenta las zonas pesqueras o las especies de pesca. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo adopta una postura indirecta contra la opción básica de reformar la política de pesca común, que supondría el final de la ayuda pública para la modernización de los barcos de pesca. 
También identifica con acierto los peligros que acechan a las economías de las áreas costeras afectadas por estas medidas. 
Señala con razón que los argumentos de la Comisión a favor de la aplicación de las políticas restrictivas no se basan en datos científicos y que es preciso realizar estudios específicos para evaluar el verdadero estado de los recursos pesqueros. 
Aunque reclama que se lleven a cabo estos estudios, también pide que se mantengan restricciones como el TAC y las cuotas. 
Quisiéramos indicar que proponer estas medidas sin primero realizar los estudios mencionados es una contradicción en sus términos y que tenemos ciertas reservas con respecto a consolidar más la función de la Comisión, nos oponemos a ello y a lo que contribuya a una mayor integración. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 23.06 horas, se reanuda a las 23.08 horas) 
Durante la sesión del 24 de octubre de 2002, el Parlamento votó a favor del proyecto de Enmienda nº 654 relativa a la línea presupuestaria B3/300 titulada «Labor de información general relativa a la Unión Europea». 
El resultado de la votación fue el siguiente. 
El resultado de la votación de la Enmienda nº 654 realizada por partes fue el siguiente: 
1. 
Todo el texto aparte de la preasignación de Euronews y las reservas: esta parte fue aprobada. 
2. 
Preasignación de 3 millones de euros para Euronews mediante votación de lista: esta parte fue aprobada. 
3. 
Reservas de la preasignación a Euronews: esta parte fue rechazada. 
4. 
Reservas generales: esta parte fue aprobada. 
El resultado de la votación implica el mantenimiento de la preasignación de 3 millones de euros a Euronews, el abandono de la reserva para Euronews, la inclusión en la línea de los créditos y el mantenimiento de la reserva global. 
La Enmienda nº 736, que se incluyó en el apéndice del Acta de la sesión del 24 de octubre de 2002, no refleja el resultado de la votación del pleno en la medida en que las dos últimas partes de la votación aparecen en el orden inverso. 
Por lo tanto, los servicios correspondientes han realizado el cambio necesario. 
Señor Presidente, no me cabe duda de que eso es lo que indican las notas del Presidente, pero uno de los problemas para aceptarlo es que tanto mis notas como las de otros diputados y las del ponente general indican otra cosa. 
Desafortunadamente mis notas se encuentran en Bruselas y no en Estrasburgo, por lo que cuando vi esto en el Acta solicité que se plantease el tema. 
Permítame solicitar que comprobemos las cintas de audio y de video que contienen ese procedimiento de votación para establecer la postura real. 
Sin duda, estoy convencido de que lo que digo es correcto. Sin embargo, si resulta que no estoy en lo cierto, no tendré ningún inconveniente en aceptarlo. 
Muy bien, señor Wynn. 
Por supuesto, tal y como ha pedido usted, comprobaremos estas cintas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el resultado de la Cumbre Unión Europea / Rusia. 
Invito al Sr. Haarder a hablar en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, la décima Cumbre Unión Europea / Rusia se celebró el 11 de noviembre en Bruselas con resultados satisfactorios. 
La reunión reflejó la intensidad y la profundidad de la cooperación entre la Unión Europea y Rusia. En ella se vio que esta cooperación entra ahora en una nueva fase; el marco para la cooperación estratégica ha sido establecido y ahora falta darle cuerpo con acciones prácticas. 
Como saben ustedes, había un gran problema, del que se ha hablado muchas veces en el Parlamento: Kaliningrado. 
Se alcanzó el consenso en torno a una declaración conjunta relativa al tránsito entre Kaliningrado y el resto de Rusia. 
El acuerdo representa un equilibrio entre los intereses de los países candidatos, Rusia y la Unión Europea. 
El hecho de que pudiera encontrarse una solución al problema confirma la solidez de la cooperación entre la Unión Europea y Rusia; y al mismo tiempo la Unión Europea confirmó que asigna la máxima importancia al respeto por la soberanía de los países candidatos y la eficacia de los controles fronterizos en las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Nos mantuvimos firmes en los principios de que Lituania es un país soberano y que tiene todo el derecho a participar en la cooperación relacionada con Schengen, como los demás países candidatos. 
Esto fue respetado por todos, incluso por el Presidente Putin. 
Se llegó al consenso, y puedo añadir que el Presidente Adamkus de Lituania también aceptó el acuerdo alcanzado. 
También se llegó a consenso en cuanto a una declaración conjunta sobre la lucha contra el terrorismo. Fue una cuestión básica para ambas partes. 
La cumbre condenó el terrorismo en todas sus formas. 
La declaración y el plan de cooperación que le acompañaba indican que en este aspecto la cooperación entre la Unión Europea y Rusia está pasando de ser un intercambio de información a ser una cooperación real. 
Por último, hubo consenso en torno a una declaración sobre la situación de Oriente Próximo, que confirma el consenso existente entre la Unión Europea y Rusia en este asunto. 
Se celebró un debate sincero sobre la situación en Chechenia. 
Las partes acordaron que el conflicto no puede simplemente considerarse y tratarse como un problema de terrorismo, y que una solución política es la única solución para lograr la paz duradera, la estabilidad y el desarrollo de la zona. 
Sé que el Comisario Patten ya ha hablado del debate de extraordinaria franqueza que se celebró. 
La Unión Europea supervisará de cerca los desarrollos. 
Ambas partes deben respetar los derechos humanos, y la Unión Europea debe insistir en que se lleve ante la justicia a quienes no lo hagan. 
La Unión Europea también pedirá que la comunidad internacional tenga la oportunidad de prestar la ayuda humanitaria urgente a Chechenia. 
También se habló de conflictos regionales, en particular el de Moldavia. 
Es importante decir que no hay restricciones geográficas al alcance del diálogo político entre la Unión Europea y Rusia. 
La Unión Europea ha destacado la necesidad de avanzar en las reformas económicas y jurídicas en Rusia a fin de garantizar la entrada de Rusia en la OMC. 
Además, se hizo hincapié en la necesidad de que Rusia ratifique el Protocolo de Kioto y la Carta de la Energía. 
A modo de conclusión, puedo considerar la cumbre un éxito, donde hubo diálogos constructivos en todos los ámbitos. 
La cooperación entre la Unión Europea y Rusia ha entrado en una nueva fase donde no se descarta ningún asunto de debate; y esto redundará en beneficio de ambas partes. 
. (EN) Señor Presidente, en la Cumbre entre la Unión Europea y la Federación de Rusia que tuvo lugar el 11 de noviembre en Bruselas se consiguió alcanzar un acuerdo, como ya sabe, acerca del problema del tránsito entre Kaliningrado y el resto de Rusia. 
Como también sabe, a raíz de los debates mantenidos en la cumbre de mayo en Moscú, la Unión Europea se había comprometido a llevar a cabo una revisión del asunto, teniendo más en cuenta las inquietudes de Rusia relativas al libre tránsito de ciudadanos rusos a través de todo el territorio de la Federación de Rusia, incluida Kaliningrado. 
En el período relativamente corto transcurrido entre las dos cumbres, la Unión examinó a fondo la situación. 
Tras una comunicación de la Comisión en septiembre se formuló una nueva postura con respecto a los problemas de tránsito de Kaliningrado, que fue adoptada en octubre por el Consejo Europeo durante su reunión en Bruselas. 
En debates paralelos celebrados tanto con Rusia como con Lituania, la Presidencia y la Comisión consiguieron desarrollar formas y medios para garantizar que se respetasen los intereses esenciales de todas las partes implicadas. 
Además de los intereses legítimos de Rusia, la Unión Europea sabía bien que cualquier acuerdo que exigiera una mayor definición no podría afectar a la soberanía de Lituania- futuro miembro de la Unión- ni tener implicaciones negativas para la futura y completa adhesión de Lituania al régimen de Schengen. 
Finalmente, la Unión Europea debe proteger convenientemente sus fronteras en todo momento, una tarea para la que resulta fundamental respetar el acervo de Schengen. 
La Comisión Europea confía en que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Bruselas consiga el equilibrio apropiado entre estos parámetros, haciendo posible resolver el problema del tránsito en Kaliningrado de una manera que resulte aceptable para todas las partes implicadas. 
La Comisión ya ha comenzado a trabajar para preparar la aplicación del acuerdo alcanzado en la Cumbre. 
El tiempo vuela y todos somos conscientes de la necesidad de comenzar los preparativos sin demora, para cumplir el plazo del 1 de julio de 2003, momento en el que Lituania introducirá el nuevo régimen para los viajeros de trenes rusos que crucen su territorio. 
Confiamos en que para entonces existan unas condiciones que permitan la introducción de documentos de viaje simplificados. 
Me gustaría añadir que la resolución del problema de Kaliningrado nos permitirá intensificar y acelerar notablemente nuestra cooperación con la Federación de Rusia en una serie de áreas importantes. 
Entre ellas, la Comisión Europea considera que las áreas de justicia y asuntos interiores resultan particularmente importantes. 
De hecho, la cooperación con Rusia con respecto a temas como la lucha contra la delincuencia organizada, la migración ilegal, el tráfico de drogas, la trata de mujeres y la pornografía infantil, entre otros, resulta crucial. 
Con respecto a este asunto, Rusia confirmó en la Cumbre que el acuerdo entre la Europol y Rusia se había alcanzado rápidamente. 
Por otra parte, Rusia y la Unión Europea iniciarán inmediatamente negociaciones, con la intención de alcanzar un acuerdo de readmisión lo antes posible. 
En este contexto, en la Cumbre también se elaboró una declaración conjunta en la que se definían las áreas de nueva cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, que constituye una prioridad clara para ambas partes. 
Tenemos la intención de incrementar el intercambio de información en una serie de áreas pertinentes, así como de intensificar la cooperación contra el terrorismo en escenarios multilaterales y con respecto al suministro de ayuda en este ámbito a terceros países. 
En la Cumbre se debatieron otros problemas importantes. 
Entre ellos destacó notablemente el actual conflicto de Chechenia. 
A este respecto, la Unión Europea planteó sus serias preocupaciones con respecto a Chechenia. 
Me gustaría asegurarles que la postura bien definida de la Unión con respecto a este tema se planteó al Presidente Putin en términos bastante claros. 
Además de expresar su apoyo a Rusia en la lucha contra todas las formas de terrorismo, la Unión afirmó explícitamente que la lucha contra el terrorismo no se puede organizar a costa de los derechos humanos básicos. 
Esto también es válido para Chechenia. 
La Unión planteó de nuevo el problema del acceso libre y seguro de los trabajadores humanitarios a los territorios chechenos. 
Por otra parte, la Unión Europea recomendó a los rusos la promoción sin demora de una solución política que establezca un marco para una paz duradera, una estabilidad y la reconstrucción en Chechenia. 
En la Cumbre también mantuvimos un debate interesante con respecto a diversos temas internacionales, incluyendo Oriente Medio, sobre el que acordamos una declaración conjunta. 
Repasamos la situación de Afganistán, así como la necesidad de que Iraq cumpla íntegramente la Resolución nº 1411 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
También intercambiamos opiniones con respecto a la amenaza de la proliferación nuclear en la Península de Corea. 
Finalmente, repasamos la situación de Moldova y Belarús. 
Rusia ya se ha comprometido a la retirada y la destrucción de las municiones en la región independiente de Transnistria. 
La Unión Europea afirmó que resulta fundamental que esto se produzca rápidamente, con el fin de promover una solución para el conflicto que continúa impidiendo el desarrollo en Moldova, que es actualmente el país más pobre de Europa. 
También dejamos claro que esperamos que Rusia utilice su influencia sobre el gobierno de Belarús para adoptar un planteamiento más positivo con respecto a la democratización y al respeto de los derechos humanos. 
Desde el punto de vista económico, el progreso resultó menos destacado, excepto por lo que respecta al cambio de los reglamentos antidumping de la Unión Europea, que ahora armonizan con la situación económica del mercado ruso. 
Por otra parte, en la Cumbre se ratificaron informes de progreso acerca de los debates sobre la energía y del concepto de un espacio económico común europeo. 
La Unión Europea también planteó varias de sus preocupaciones comerciales, incluidas las tasas discriminatorias impuestas por Rusia sobre los aviones europeos que sobrevuelan Siberia. 
La Unión Europea presionó a Rusia para que confirmase las expectativas de una temprana ratificación rusa del Protocolo de Kyoto y para que se comprometiese a concluir un acuerdo ampliamente demorado acerca de la limpieza de residuos nucleares en el noroeste de Rusia, el Programa medioambiental nuclear multilateral de la Federación de Rusia. 
Confío en que la mayoría de ustedes ya sabrán que la XI Cumbre UE-Rusia tendrá lugar en San Petersburgo, en conmemoración del 300 aniversario de la ciudad. 
Teniendo esto en cuenta, Rusia ha invitado a todos los líderes de la Unión Europea a esta cumbre especial, que debería servir para intensificar aún más nuestra cooperación bilateral con Rusia. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones, Comisario, Sus Señorías, mi grupo defiende una cooperación estratégica más sólida entre la Unión Europea y Rusia, porque estamos convencidos de que la paz en nuestro continente depende en gran parte de nuestra capacidad para mantener una Unión Europea sólida y eficaz y una verdadera Federación Rusa democrática. 
También reconocemos los avances que ha logrado Rusia en los últimos años en la superación del legado de la época comunista. 
Sin embargo, nos sorprenden algunas de las circunstancias que rodean a la Cumbre de Bruselas. 
Realmente es preciso airear aquí esta opinión negativa. 
Se refiere tanto a Chechenia como a Kaliningrado. 
En cuanto a Chechenia, quisiera decir que somos estados constitucionales y Dinamarca también es un estado constitucional. 
Los chechenos tienen el derecho irrefutable de celebrar una conferencia en paz en Copenhague, si así lo desean. 
No quiero criticar a la presidencia por el hecho de que la cumbre haya terminado por celebrarse en Bruselas. 
Pero creo que tenemos que ser valientes y no ceder siempre cuando nuestros interlocutores nos presionan y nos piden concesiones. 
Por el contrario, hemos de ser firmes. 
Estamos a favor de luchar resueltamente contra el terrorismo, porque es un obstáculo a la coexistencia pacífica de las personas. 
Declaramos la guerra a cualquier forma de terrorismo. 
Sin embargo, también nos parece que la guerra contra el terrorismo no tendría que verse privada de su legitimidad por la renuncia a los derechos humanos en su nombre. 
Por este motivo pedimos que la guerra contra el terrorismo vaya de la mano de una ética global basada en los derechos humanos. 
Lo que en la práctica significa que los derechos humanos del pueblo checheno no deberían sacrificarse en beneficio de la guerra contra el terrorismo, a pesar de lo necesaria que pueda ser esa guerra. 
Me quedé totalmente sorprendido por lo que leí el 13 de noviembre en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Se informaba de que el Presidente de Rusia Putin había respondido a un periodista que «a quien quiera ser radical islámico y, por lo tanto, desee ser circuncidado, le invito a ir a Moscú». 
«Somos un país de diferentes credos y tenemos médicos excelentes». 
«Recomendaríamos realizar la operación de forma que no creciera nada nuevo». 
«Esto es típico de cómo se violan los derechos humanos en Chechenia». 
Me gustaría mucho, señor Presidente, que en el futuro la cuestión de Chechenia se abordara por escrito en los comunicados emitidos después de estas cumbres. 
No he podido encontrar ni una sola palabra sobre esto en el comunicado, incluso aunque los corresponsales me dijeran que el Sr. Rasmussen defendió esta causa, y el Comisario Patten también informó a la Comisión de Desarrollo y Cooperación a este respecto. 
Sin embargo, debería incluirse en las conclusiones de una cumbre de este tipo. 
Ahora permítanme centrarme en Kaliningrado. He leído hoy en un periódico local, el Neue Osnabrücker Zeitung, un buen artículo titulado «Rusia ofrece pocas esperanzas. 
La población de Kaliningrado espera mucho de la Unión Europea, pero poco de Moscú» Por supuesto, celebro el hecho de que se haya resuelto la espinosa cuestión de los visados. 
No obstante, la población de la región de Kaliningrado o «oblast» , y este es el meollo de la cuestión, miran más hacia Occidente que hacia Rusia. 
Igor Rudnikov, el editor ejecutivo del valiente periódico Novye Kolyosa, que significa «Ruedas Nuevas» , ha dicho que la retórica y el alboroto procedente de la Federación Rusa en torno al asunto de Kaliningrado solo ha dañado su causa. 
Tienen los ojos puestos en las capitales de Europa, desde París hasta Varsovia y Berlín. 
La cuestión central es que la región de Kaliningrado debería desarrollarse para que no se convierta en una tierra de nadie en Europa, sino en parte de un eje de desarrollo que pasa por Polonia y desemboca en los estados bálticos. 
La inclusión de esta cuestión en la agenda, para poder resolver estos problemas humanos, haría honor a Rusia. 
Quisiera rogarles, señor Presidente en funciones y a la Comisión, que tuvieran esto en mente. 
Si así lo hacen, contarán también con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, Comisario, Sus Señorías, mi grupo considera importante tener un programa de cooperación ampliada y completa con Rusia. 
Ahora empezamos a recoger los frutos de la caída del Telón de Acero. 
Ahora también las condiciones en Rusia se estabilizan, excepto en relación con aspectos, sobre los que volveré más adelante. 
Así las cosas, defendemos el establecimiento de un Espacio Común Económico Europeo. 
Será un importante paso en el camino que estamos abriendo hacia unas relaciones normales con Rusia. 
La Unión ha dicho que Rusia es una economía de mercado normal. 
Quizá sea decir demasiado, aunque Rusia lleva la dirección correcta y esto, por consiguiente, constituye un paso adelante hacia la adhesión a la Organización Mundial del Comercio. 
Hemos de recordar que una consecuencia de la ampliación es que la frontera entre Rusia y la Unión se alargará, lo que es muy significativo. 
Rusia perderá sus mercados en cierta medida en los países que entran a formar parte de la Unión Europea, y esto es algo que también debemos tener en cuenta en cierto modo. 
Me complace que se haya resuelto en la cumbre la acalorada controversia relativa a Kaliningrado. 
No creo que este fuera el principal problema que a veces surgía en el debate. 
También somos responsables de los desarrollos relacionados con Kaliningrado, y estoy de acuerdo con el Sr. Poettering en que tenemos que poder prestar ayuda y asistencia y colaborar para mejorar las condiciones de las personas que viven allí. 
Opinamos que la guerra de Chechenia es un problema de Rusia, nuestro y de los chechenos, que se encuentran en el centro de la guerra. 
Creemos que bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo no deben violarse los derechos humanos. 
Lo cual tiene que ver con Rusia y también con otros países que hemos elogiado aquí o que quizá hayan sido nuestros antiguos aliados. 
La lucha contra el terrorismo se ha convertido en un conglomerado que permite a los países llevar a cabo acciones violentas contra sus propios ciudadanos u otros. 
No hay que dejar que esto ocurra. 
Se ha planteado la cuestión de Chechenia porque tenemos una delegación que está a punto de marcharse a Chechenia, y yo soy su presidente. 
A este respecto se ha logrado un avance, porque hoy, tras unas largas negociaciones, he recibido una carta de Dmitri Rogozin de la Duma estatal invitándonos a ir allí el 20 de enero. 
Se ha propuesto que fuéramos a finales de diciembre, pero será Navidad y hemos preguntado si podía buscarse otra fecha para la visita. 
Así las cosas, enero parece un buen momento, si los miembros de mi delegación están de acuerdo: todo esto ha sido hace poco. 
Rusia es un gran socio para nosotros. 
El comercio entre nosotros tiene un valor aproximado de 25 millardos de dólares al año, si bien la cifra para los Estados Unidos de América es de 3 millardos y para los antiguos países de la Unión Soviética un poco más de 10 millardos de dólares. 
Por lo tanto, me gustaría preguntar al Comisario en qué estado puede celebrarse el diálogo sobre la energía si de repente Gazprom se decide en cuanto al gasoducto, más concretamente, decide construir un gasoducto. 
El diálogo sobre energía entre nosotros no ha sido muy visible en este proyecto. 
Somos la mayor área energética del mundo, y, por lo tanto, la cuestión de la energía es muy importante. 
Además, quisiera mencionar la situación de la prensa en Karelia y otras partes de Rusia, donde existen presiones que simplemente son inaceptables. 
Señor Presidente, Rusia nos interesa y es un socio que presenta ciertos desafíos. 
Por algún motivo, cuando expresamos nuestras opiniones a menudo hacemos hincapié en particular en los diferentes problemas de Rusia, en lugar de centrarnos en sus logros positivos y el potencial de la futura cooperación. 
En la Unión hay por supuesto muchas cosas que son mejores, pero también tenemos problemas de los que podrían aprovecharse los Diputados rusos al Parlamento, si así lo desearan. 
Pero no es así, lo que les honra. 
No quiero decir que tengamos que callarnos, por ejemplo, en relación con los problemas medioambientales, la falta de democracia o las violaciones de los derechos humanos en Rusia. 
Se trata de cómo sopesamos las cosas y cómo las manejamos. 
Justo ahora nos parece importante hablar sobre los efectos que la ampliación de la Unión Europea tendrá en la cooperación entre la Unión Europea y Rusia. 
Hemos podido resolver problemas relacionados con la categoría de Kaliningrado, pero queda mucho trabajo por hacer. 
A este respecto la pelota se encuentra en el tejado de Moscú. 
Necesitamos que sean imparciales en su enfoque de la aplicación de cambios en Kaliningrado, para que allí haya inversiones procedentes del resto de Rusia y también del extranjero. 
Ahora que la frontera entre la Unión Europea y Rusia va a alargarse, debemos hacer esfuerzos renovados para desarrollar la parte noroccidental de Rusia e impulsar la cooperación en las regiones fronterizas. 
La Unión debe esforzarse más que antes por participar en programas de cooperación en las regiones del Mar Barents y el Mar Báltico y, además, por dirigir recursos económicos sustanciales a esas áreas. 
Otra cuestión importante es el desarrollo de la cooperación en el área de la energía. 
Lo que nos permitirá, por un lado, ayudar a Rusia a desarrollar su economía energética y proteger su medio ambiente y, por el otro, salvaguardar nuestra propia economía energética. 
Hay que avanzar con este espíritu en el área de la cooperación. 
Señor Presidente, mi grupo informa con satisfacción de que se ha alcanzado un acuerdo que garantiza las conexiones de tráfico con Kaliningrado después de que Lituania y Polonia entren en la Unión. 
En la Unión Europea debemos prestar especial atención a las reparaciones básicas de las vías de ferrocarril en Lituania. 
A tal efecto hemos prestado suficiente ayuda financiera. 
Se cree que en la Unión Europea la necesidad de energía aumenta a un ritmo del 1% al año. 
La intención es satisfacer la demanda extra aumentando el consumo de gas natural. 
Rusia es un socio importante para la Unión Europea porque en veinte años, más o menos, las reservas de gas del Mar del Norte y del norte de África se agotarán. 
La demanda de la Unión Europea de gas debe satisfacerse con exportaciones del este. 
La cooperación en materia energética no avanza satisfactoriamente. 
La mejor forma de cooperación consistiría en la construcción de conductos que unieran Rusia y la Unión Europea. 
Si los conductos pasan por Polonia, Bielorrusia y Ucrania habrá residuos innecesarios. 
A principios de esta semana Gazprom anunció, como ha dicho el Sr. Paasilinna, que estaba construyendo, sola, un gasoducto que va del depósito Shtokmanovsk al Mar de Barents y llega a Europa Central. 
Son buenas noticias, pues de esta forma se satisface la mayor demanda de consumo energético de los países de la Unión Europea. 
Pero son malas noticias si lo vemos desde el punto de vista de la cooperación. 
Ahora la Unión Europea no participa en el proyecto y pagará en el futuro. 
La adhesión a las condiciones de mercado en la Unión Europea no resolverá los problemas del mercado energético. 
La liberalización del mercado imposibilita en la práctica financiar nuevas inversiones mediante contratos de suministro a largo plazo. 
Si quienes necesitan gas compartieran los costes de su transporte al mercado, esto mejoraría la fiabilidad del suministro y en un período de tiempo de veinte años esto será lo más importante. 
Con Rusia hemos de hablar sobre factores que nos unan. 
Una cuestión que nos separa es la guerra civil en Chechenia. 
Todos esperamos una solución pacífica a la guerra. 
Al mismo tiempo, informamos de que en la cumbre a la que asistieron los líderes de la Unión Europea y Rusia, la Unión Europea no formuló demandas relativas a la independencia de Chechenia como estado. 
Por lo tanto, la región se considera parte de la Federación Rusa. 
En Rusia no pueden pisotearse los derechos humanos utilizando como excusa el terrorismo, ni tampoco en los Estados Unidos de América. 
Señor Presidente, Sus Señorías, quisiera hacer cuatro comentarios. 
El primero es sobre Kaliningrado. 
Creo que en los últimos meses se han hecho enormes esfuerzos a este respecto, La Comisión y el Consejo celebraron reuniones con el Sr. Rogosin, el enviado presidencial, y con el Ministro Rasov. 
A instancias de nuestro Presidente, el Sr. Pat Cox, también recibieron apoyo parlamentario en dos reuniones con nuestros colegas polacos, lituanos y rusos. 
Creo que podemos sentirnos satisfechos con esto y mi grupo está satisfecho con el resultado logrado. 
En segundo lugar, Chechenia. 
Sí, es evidente que hay que condenar los acontecimientos del Teatro Dubrovka, y como Presidente de la delegación de Rusia es lo que transmití inmediatamente al Sr. Lukin. 
Podemos condenarlo, pero por supuesto también queremos una explicación del gas que se utilizó, de las circunstancias en que se actuó y de cómo actuaron las fuerzas del orden. 
Me parece que deben aclararse más cosas sobre esta cuestión. 
También queremos indicar que los rusos han adoptado una postura más rígida con respecto a Chechenia. 
Sin embargo, en los últimos meses el Parlamento Europeo ha llevado la batuta en este debate. 
Hemos dicho que defendemos las negociaciones y las conversaciones, porque una solución militar no va a dar resultado. 
Me parece que nuestros amigos rusos, sobre todo el Presidente Putin, han adoptado una actitud muy rígida y desde el 11 de septiembre han situado toda la lucha en Chechenia en el contexto de la guerra contra el terrorismo internacional. Creo que es una aberración. 
Con solo mantener unas conversaciones, incluso con las personas que rodean al Sr. Maskhadov, se obtendrá una auténtica solución. 
En tercer lugar, me gustaría expresar aquí mi preocupación por la situación general de los derechos humanos en Chechenia. 
Amnistía Internacional acaba de publicar un informe sobre la libertad de prensa, sobre la falta de libertad de credo y sobre las situación general de los derechos humanos en Rusia. 
Creo que esto merece cierta atención por nuestra parte. 
Por último, llamaría su atención sobre un problema medioambiental. 
A principios de octubre mi delegación visitó Murmansk. Allí estudiamos la herencia nuclear de la Unión Soviética. 
Todos los ciudadanos y todas las autoridades locales de allí solicitan un programa medioambiental nuclear multilateral. 
Me gustaría preguntar con claridad a la Comisión y al Consejo en qué situación se encuentran las negociaciones en torno a este tratado. 
Es absolutamente básico que haya uno, de lo contrario nadie podrá asumir la responsabilidad de esclarecer apropiadamente la herencia nuclear de la Unión Soviética. 
Quisiera formularle esta pregunta a usted, Comisario y a usted, señor Haarder, a quienes doy la gracias de todo corazón. 
Señor Presidente, Sus Señorías, los terroristas chechenos fueron muy poco inteligentes al decidir atacar el teatro de Moscú. 
Fue una decisión terrible que se cobró muchas vidas humanas. No hace falta decir que los miembros de mi grupo desean presentar sus respetos a cada una de las víctimas. 
Este incidente con toma de rehenes ha cambiado algo el punto de vista del Parlamento sobre esta cuestión. 
Antes del 11 de septiembre la situación era sencilla. 
Por un lado estaban los chechenos, un pueblo que lucha por su libertad y el derecho de autodeterminación. 
Por el otro lado, estaba el tiránico régimen ruso. 
También estaban los Estados Unidos, que, por interés propio, también defendían la causa de los musulmanes chechenos. 
La investigación en torno a este ataque y el final de la situación de los rehenes ha demostrado que existen vínculos muy estrechos entre el movimiento checheno y el terrorismo islámico internacional. 
Chechenia se ha convertido en el campamento base del terrorismo internacional y del tráfico de armas y drogas. 
Sus Señorías, les invito a no repetir los errores cometidos cuando la guerra de Kosovo. Entonces nos permitimos que nos guiaran los medios de comunicación y las declaraciones de los Estados Unidos que aplaudían los ataques contra los serbios cristianos que amenazaban a los valientes musulmanes de Kosovo. 
Desde entonces, hemos visto, especialmente en Francia, que Kosovo no solo se ha convertido en una ruta, sino también en una base para los terroristas islámicos que operan en Europa Occidental Estos terroristas han estado activos en Francia y Alemania en particular. 
Las principales detenciones practicadas en Francia, Alemania y, recientemente, también en Bélgica lo confirman. 
Por lo tanto, les exhorto a que no cometan el mismo error que con el movimiento checheno, y que se mantengan firmes contra el terrorismo islámico. 
Naturalmente, mi grupo apoya la adhesión de Rusia a la Unión Europea. Rusia es un país con tradición y cultura cristianas. 
La historia, la geografía, las costumbres y las tradiciones de Rusia dan a entender que pertenece claramente a la Unión Europea. Rusia puede contribuir mucho y su adhesión sería de ayuda al proceso de renovación en el seno de la Unión Europea. 
Creo que deberíamos apoyar a Rusia a medida que desarrolla una cultura de democracia y de respeto por los derechos humanos. 
Señor Presidente, la cooperación con la Federación Rusa supone grandes responsabilidades para la Unión Europea. 
¿Cómo abordar la ambivalencia de la política de Moscú? 
Esta ambivalencia se manifiesta en la apertura al mundo exterior y la creciente incomunicación en casa. 
La paradoja de Putin puede, de forma bastante angustiosa, ilustrarse eficazmente con la tragedia chechena. 
La guerra justa contra los terroristas se combina aquí con la terrible privación del derecho de voto a todo un grupo de población, incluso amordazando a sus propios medios de comunicación relacionados con este asunto. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea sobre esta constante sangría mutua en territorio ruso? 
Poco más, pero también, ciertamente, como mínimo tener siempre la cuestión de Chechenia en la agenda cuando se consulta con Rusia. 
Por lo tanto, me complació escuchar la declaración del Comisario Patten el martes 12 de noviembre. 
Dijo que la Presidencia danesa había planteado la situación de Chechenia en su totalidad y convincentemente en la cumbre con Rusia. 
En este contexto pediría al Consejo y a la Comisión que ofrecieran respaldo político a la misión de la OSCE en Chechenia. 
Ojalá el Consejo y la Comisión persistan en la búsqueda de una solución política casi imposible entre rusos y chechenos. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea debe ser sincera a la hora de tratar con el Kremlin otras manifestaciones de maldad del sistema político de Putin de una «democracia guiada». 
La lista rusa de asuntos tabú del parlamentario Yavlinsky puede prestar un buen servicio a este respecto. 
Piénsese, por ejemplo, en los intentos de los poderes de silenciar a políticos aceptables y a otros ciudadanos o en la corrupción existente en las altas esferas del poder. 
Por último, quisiera defender todo el respeto en nombre de la Unión Europea por la soberanía de Lituania en el acuerdo sobre tránsito celebrado para Kaliningrado y la Federación Rusa. Han surgido serias dudas sobre esto en la parte lituana. 
La semana pasada estuve con una delegación del Parlamento Europeo en los Estados Unidos. 
Observé los sondeos de la prensa, y me enteré de que Lituania está muy preocupada por esta solución. 
Consejo y Comisión, ¿están justificadas estas serias dudas por parte de Lituania? 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Comisario, Sus Señorías, hemos hablado mucho sobre estabilidad, ¿pero qué tipo de estabilidad queremos lograr? 
¿Queremos la estabilidad de Budapest en 1956 o la estabilidad de Praga en 1968? 
Tenemos noticias de que el Sr. Marchiani intentó engañarnos. Lanzó un discurso completamente racista, fundamentalista cristiano, que representa la antítesis de lo que debemos hacer. 
En Rusia actualmente está en juego la democracia. El problema checheno lo utilizan los oligarcas en Rusia para reforzar las bases de su poder y, concretamente, para impedir que la democracia se convierta en una realidad en Rusia. 
Una vez que se ha dicho y se ha hecho todo, podríamos haber encontrado soluciones más ambiciosas. Podríamos haber respondido positivamente a la propuesta del Sr. Putin de un mercado común, no solo de productos y dinero, sino también de personas. 
Podríamos haber dicho que sí, señor Putin, a condición de que resuelva usted la cuestión de Chechenia, a condición de que resuelva la cuestión nuclear y a condición de que resuelva la cuestión de la libertad de prensa en Rusia. 
Sin embargo, preferimos obsesionarnos con los oleoductos y con las discusiones con tecnócratas. 
La verdadera cuestión consiste en salvar a Chechenia para salvar también el alma de Rusia. 
En estos momentos vamos justo en la dirección opuesta. 
Me gustaría preguntar al Sr. Paasilinna si, como el 20 de enero va a Chechenia, podría encontrar un asiento extra en el avión para que le acompañe el Comisario Nielson. Después de todo, llevo, con el Sr Posselt y otros, cerca de dos años pidiendo al Sr. Nielson que visite el país. 
También quisiera preguntar al Presidente en funciones del Consejo, como afirma que el intercambio de información sobre el terrorismo ha mejorado, en qué situación estamos con respecto al Viceprimer Ministro en funciones de Chechenia. Este último sigue en prisión en Dinamarca, incluso aunque las acusaciones rusas en contra de él parecen totalmente irrisorias e infundadas. 
Señor Presidente, cada vez somos más conscientes, y también actuamos en consecuencia, de que en Rusia se han producido cambios fundamentales. 
Afortunadamente ahora podemos hablar de cooperación constructiva. 
A este respecto hemos mencionado la dimensión septentrional y todo tipo de cosas que nos interesan a todos. 
Concretamente, nuestros colegas finlandeses Diputados al Parlamento Europeo han hablado mucho sobre esto. 
Y con razón. 
También se ha hablado de la búsqueda de un espacio económico europeo común. Me parece algo positivo, porque con la ampliación de la Unión Europea con tantos países de Europa central a punto de llegar, también debemos examinar lo que ocurre en nuestras fronteras. 
¿Tenemos una política clara con respecto a las áreas colindantes, en particular Rusia, Ucrania y Moldavia? 
Vamos a tener que prestar atención a esta cuestión, para que podamos seguir hablando de una cooperación regular. 
Tenemos muy claro cuáles son casi todos los problemas de Rusia. 
Hemos hecho lo posible por contribuir a la conclusión satisfactoria del problema de Kaliningrado. 
Al Gobierno lituano en particular le interesaba mucho. 
Por lo tanto, me complace que el Presidente en funciones, el Sr. Haarder? no esperábamos otra cosa? en particular subraye la soberanía de Lituania. 
Sin embargo, realmente a mi también me gustaría saber cómo están las cosas con el desarrollo de la solución al problema de Kaliningrado. 
Si he leído correctamente la situación, está todo amarrado con numerosas cuestiones técnicas. 
En cierto punto Schengen entra en juego y realmente tenemos que saber en cualquier momento si los acuerdos con Rusia son o no un obstáculo para Lituania. 
Me parece que esto debe ser una prioridad. 
Rusia es bastante grande, puede cuidar de sí misma. 
Hay que levantarse por un país pequeño, especialmente si ha compartido historia con Rusia de forma tan trágica como Lituania. 
Me gustaría que, en última instancia y con total imparcialidad, las directrices dieran prioridad a la soberanía y a los intereses de Lituania. 
También quisiera sacar a colación el problema de las fronteras. 
Las fronteras con Rusia y, por ejemplo, Letonia. 
A este respecto, la ratificación hace tiempo que está por llegar. 
El porqué no está claro y en las reuniones de la delegación en Moscú nos dicen que no es una prioridad. 
En mi opinión es también otro ejemplo de estrategia de un gran país. «los alevines tendrán que esperar». 
Me parece que, como Comunidad Europea, hace tiempo que hemos abandonado esta forma de pensar y que tenemos que aclarar a Rusia que este enfoque autoritario, incluso para el mundo exterior (interiormente ya prevalece demasiado) nos parece muy desagradable. 
Si ayudamos a Rusia con todo tipo de problemas, entonces Rusia también debe ser constructiva y decir: bien, vamos a resolver inmediatamente un problema con este país candidato, ratificaremos. 
De hecho, no se necesita nada más. 
Ahora quisiera centrarme en el problema con Chechenia. 
Está muy claro que incluso en la política rusa están completamente perdidos. 
De hecho, ha pasado a ser sobre todo una guerra contra el terrorismo, pero los daños causados a la población civil son tan desproporcionados que no podemos permitirlo. 
Me parece que para los militares, posiblemente de la OTAN y Rusia, es muy importante hablar de ello, preguntar por qué lo hacen, no hay otra forma, y en particular no dejar de insistirles en que al final la única solución que traerá por fin la paz será una solución política. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Comisario, quisiera mostrar mi apoyo a los sentimientos expresados por los portavoces anteriores porque a mí también me complace la celebración de la última Cumbre de la Unión Europea y Rusia y su resultado. 
En cuanto al caso de Kaliningrado, es agradable que se haya alcanzado una solución aceptable para la Unión Europea y Rusia. 
Espero que a los lituanos también les parezca satisfactorio el acuerdo. Naturalmente, sin su apoyo el acuerdo no tendría sentido. 
Quisiera centrarme en el futuro económico, social y político de Kaliningrado. 
El acuerdo incluye un compromiso de la Unión Europea de prestar ayuda técnica y financiera a los rusos para promover el desarrollo económico del enclave. 
Es un compromiso muy importante. 
Los efectos desestabilizadores del subdesarrollo del enclave en toda la región serían terribles. 
Los astilleros navales de Kaliningrado y todas las actividades marítimas sufren actualmente un grave receso económico. 
Por esto, probablemente el enclave sea un buen lugar para todo tipo de tráfico, y puede surgir la disensión entre su población. 
Comisario, imploro a la Unión Europea que haga todo lo posible por ayudar a la región a recuperarse de esta situación sangrante, que también amenaza a Polonia y los Estados Bálticos. 
En cuanto a otras cuestiones, apoyo totalmente nuestra cooperación con Rusia. 
Pero es evidente que con este compromiso no deberíamos quedarnos sordos y mudos ante la cuestión de Chechenia. 
La franqueza es una señal de amistad y Europa adopta una postura firme a la hora de hablar del Sr. Sakharov en el Kremlin. 
Junto con esta compleja y trágica cuestión, claramente hay una gran cantidad de trabajo que debe hacerse con Rusia. Lo que incluye el trabajo en torno a los Asuntos Exteriores y la Seguridad Común y Política de Defensa. 
A diferencia del Sr. Marchiani, no contemplo la adhesión de Rusia a la Unión Europea. 
Este no es el problema. 
Sin embargo, en cuanto a la seguridad y la defensa, aunque trabajamos duro en torno a la relación entre Rusia y la OTAN, deberíamos empezar a reflexionar sobre la relación entre la Política de seguridad y defensa europea y Rusia. 
Hablaremos sobre esta cuestión en otra ocasión. 
Señor Presidente, Comisario, Rusia rechaza firmar el Programa medioambiental nuclear multilateral en la Federación de Rusia, que permitiría recibir ayuda significativa de Occidente para limpiar los residuos en Rusia, algo que también ha mencionado el Comisario Nielson. 
Rusia también se niega a firmar el acuerdo relativo a 190 millones de euros, en su mayoría en forma de donación, para la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales del sur en San Petersburgo, que mejoraría la calidad del agua en el Golfo de Finlandia. 
No ha habido ninguna señal de que Rusia quiera ratificar el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
Se refiere a los contaminantes que amenazan a las personas y a los animales en el norte de Rusia. 
Tampoco hay noticias del Convenio Espoo sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo. 
Tenemos buenos motivos para creer que en el accidente del Prestige hay mezclados intereses rusos. 
¿Crown Resources es una empresa rusa? 
¿Qué empresa rusa era responsable de las 50 000 toneladas de petróleo del petrolero que había sido cargado en San Petersburgo? 
Sus Señorías, quisiera formular la siguiente pregunta al Consejo y a la Comisión: ¿Es correcta nuestra táctica actual de garantizar la posición de Rusia como economía de mercado y de defender al país ante la OMC? 
Al parecer esta zanahoria no ha sido suficiente. 
Necesitamos algo más fuerte. 
Ya va siendo hora de sacar el palo. 
Sinceramente espero, en cuanto a la cooperación en el área de la economía, que se retome la dimensión medioambiental. 
Hacemos todo lo que podemos, pero no hay que olvidar la dimensión medioambiental. 
Espero que los ejemplos que he dado les convenzan de que nuestro trabajo no ha tenido éxito. 
Señor Presidente, el vulgar arrebato del Presidente Putin y la cumbre de la Unión Europea no han sido especialmente sorprendentes. 
Está desesperado porque la situación de Rusia es desesperante. 
Los estados en crisis suelen buscar un cabeza de turco, en el caso de Rusia, los chechenos. 
Por supuesto, hemos de condenar la masacre rusa en Chechenia, pero no debemos olvidar nuestra propia complicidad en la tragedia de Rusia. 
Tras la caída de la Unión Soviética, los expertos occidentales se volcaron en Moscú, incluso Anders Åslund de Suecia, y recomendaron una terapia de choque. 
En 500 días Rusia debía hacer lo que China había intentado durante 25 años. 
Naturalmente, el resultado fue la pobreza masiva, el declive de la producción, la reducción de la media de la esperanza de vida y la dominación de la Mafia. 
Tendríamos que reconocer nuestra parte en la crisis y el caos de Rusia. 
Por lo tanto, también deberíamos tratar a Rusia como tratamos a otros países europeos como Turquía, y dejar claro que el país tiene derecho, en las mismas condiciones que otros países europeos, a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea si así lo desean y si se cumplen todas las condiciones. 
Señor Presidente, tenemos que ser activos a la hora de desarrollar muchas relaciones diferentes con Rusia en una serie de cuestiones estratégicas, desde la lucha contra el terrorismo hasta la situación en Oriente Próximo, desde la energía hasta el espacio. 
Querer indexarlas a las diferentes formas que tiene el Gobierno ruso de abordar la compleja cuestión de Chechenia refleja una visión cerrada de estas relaciones. 
Tenemos razón al condenar la desproporcionada brutalidad de los métodos utilizados por las autoridades rusas. Sin embargo, nos haríamos entender mejor si no ignoráramos la verdadera base de la reacción de Moscú, que no corresponde únicamente a preocupaciones rusas. 
El Gobierno ruso invoca su derecho legítimo a defenderse de los ataques producidos en el territorio de la Federación. El país recibe ataques de fuerzas que, tras suscitar la adhesión al separatismo checheno, quieren capturar este sentimiento y utilizarlo en beneficio de un tipo de Islam radical que está llevando el terrorismo justo al corazón de Moscú. 
¿Quién se atrevería a negar que Chechenia se ha convertido, después de Afganistán bajo el régimen talibán, en uno de los mejores territorios de formación de terroristas islámicos internacionales que suponen una amenaza para todos nosotros? 
Quienes insisten en negar estas realidades o quienes hablan de ellas en términos relativos nos conducen a un punto muerto. 
Señor Presidente, debemos ser responsables y ofrecerles resistencia. 
Señor Presidente, como cristiano me siento avergonzado por el mal uso que el Sr. Marchiani ha hecho del concepto de cristianismo. 
No considero que el asesinato de musulmanes sea un deber cristiano. 
El terrorismo, el comercio de armas y el tráfico de drogas también existen en otros estados, incluso en nuestros propios Estados miembros. 
Sin embargo, nadie sugiere que debamos bombardear esos Estados miembros, incluso el propio país del Sr. Marchiani. 
Hemos de dejar claro que en este caso se está permitiendo una manipulación emocional. 
Ciertamente no hablamos de una guerra contra el terrorismo, sino de la creación del terrorismo. 
Los chechenos han sido víctimas de la persecución colonial durante 150 años. 
Fueron deportados por Stalin. 
En la edad moderna han sido invadidos dos veces en brutales guerras que servían a intereses petrolíferos. 
La campaña para la elección del Sr. Putin fue uno de los factores subyacentes a la intensificación de la segunda de estas guerras, que se mantiene hoy día. 
Así, hay que decir de una vez por todas que no es una guerra contra el terrorismo, ¡es más probable que lo fomente! 
Tenemos parte de responsabilidad en todo esto. 
El Sr. Putin boicoteó la hermosa ciudad de Copenhague porque los daneses ejercieron su derecho democrático a respetar la libertad de expresión y la libertad de asociación. 
¿Y por qué el Consejo se trasladó a Bruselas? 
El Comisario Nielson, que es responsable de las cuestiones humanitarias en Europa, no ha anunciado que vaya a visitar Chechenia, sino que va a asistir a un banquete que se celebrará para los jefes de Estado y de Gobierno en San Petersburgo. 
Voy a decirlo muy claro: me pone enfermo formar parte de una Europa que toma champán de Crimea en San Petersburgo mientras la gente muere desangrada en las calles de Chechenia. 
Me parece que la tarea más noble de Europa es defender la libertad y los derechos humanos. 
Ayer celebramos la presencia de nuestros colegas del Báltico entre nosotros por primera vez. 
Nuestros colegas de los estados bálticos también deben su libertad a un checheno, el General Dudayev, quien entonces se negó a participar en la sangrienta represión del movimiento de liberación báltico, pues le habían ordenado que actuara como un oficial soviético. 
Señor Presidente, el resultado de la Cumbre de la Unión Europea y Rusia ha sido especialmente decepcionante con respecto a los derechos humanos. 
El Primer Ministro de Dinamarca, el Sr. Rasmussen, tuvo el coraje de recordar al Sr. Putin que el conflicto en Chechenia no consistía en un problema de terrorismo y que se precisaba una solución política. 
El Sr. Putin respondió fríamente y ahí se quedó. 
Cuando Europa había dado la prematura y no solicitada enhorabuena por el uso de armas químicas prohibidas contra los rehenes y los secuestradores en Moscú, no era el momento para las reprimendas. 
Además, sin duda alguna sus colegas habían atado las manos al Presidente del Consejo. 
No se dijo nada más sobre posibles sanciones, que habían figurado en la agenda desde la cumbre de 1999 con el Sr. Yeltsin. 
Desde entonces, la situación en Chechenia ha empeorado dramáticamente, y la población civil de la región no puede hacer nada ante las acciones de las fuerzas especiales. 
Torturas, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones son sucesos cotidianos. 
Los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de guerra actúan con total impunidad. 
Señor Presidente en funciones del Consejo, ¿por qué no ha hecho usted, junto con el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Comisión, al menos un seguimiento de la petición específica de Amnistía Internacional de permitir el acceso a organizaciones humanitarias a Chechenia, amenazadas con sanciones? 
¿Por qué no ha insistido usted en establecer el libre acceso a la Cruz Roja a las personas que se pudren en las cárceles o centros de control, los gulags actuales? 
Ahora que todos nuestros acuerdos de cooperación contienen una cláusula de derechos humanos, ¿por qué, sin embargo, la legislación humanitaria internacional ha vuelto a ceder de forma espectacular a la fuerza y la razón de Estado? 
Señor Presidente, este acuerdo me parece muy problemático, dado el conflicto actual en Chechenia. 
¿Cuál es la situación en Chechenia? 
Por un lado, hay un pueblo que lucha por su libertad, y por el otro un poder colonial que emplea continuamente todos los medios de opresión y represión. 
El artículo que se nos acaba de leer demuestra el estado mental de los líderes rusos. 
Además, aunque el Consejo y la Comisión declaran haber hablado sobre los derechos humanos en Chechenia, me parece que está lejos de ser cierto. 
No nos andemos con rodeos. Lo que ahora ocurre en Chechenia es genocidio. 
Es cuestionable el inicio de negociaciones con los rusos cuando se está cometiendo este genocidio, incluso aunque deban protegerse los intereses legítimos de los estados bálticos. 
La afirmación de que debemos llegar a un acuerdo sobre la lucha contra el terrorismo también puede ponerse en entredicho. 
El terrorismo de la desesperación de los luchadores chechenos no es en modo alguno comparable con el terrorismo de Estado practicado por Rusia. 
Por este motivo este acuerdo realmente plantea un problema. 
Señor Presidente, Comisario, creo que el destino de toda la Unión Europea está más estrechamente entrelazado con Rusia de lo que imaginamos en el presente. 
Tras 70 años de sistema soviético, el futuro desarrollo de Rusia es naturalmente problemático, pues se basa en una combinación de estructuras enraizadas y un nuevo sistema. 
Tal y como yo lo veo, la posición de la Unión Europea solo puede consistir en prestar apoyo activo durante este proceso de reestructuración masiva. 
En las próximas décadas Rusia será el socio proveedor de energía más importante de Europa. 
Incluso durante la época soviética Rusia siempre ha sido un agente esencial a la hora de establecer la paz mundial. 
Lo que no debería llevarnos a perder de vista los problemas de Chechenia, problemas que no pueden negarse, sino que hemos de tener una perspectiva general. 
Además, Europa no tiene derecho a tratar a Rusia de forma diferente a cómo trata a otros países que también violan los derechos humanos. 
Quisiera hacer hincapié una vez más, para evitar toda duda posible, en que en modo alguno esto justifica la situación de Chechenia, y debemos analizar minuciosamente esta área. 
Europa ha de proceder sobre la base de que solamente una cooperación justa y abierta entre iguales puede tener éxito a largo plazo. 
Las medidas más importantes que deben adoptarse son acciones sistemáticas para crear confianza, para establecer relaciones comerciales justas y para reforzar el desarrollo económico de Rusia y prestar algún tipo de asistencia que promueva el desarrollo de la democracia, un proceso que aún no ha concluido después de 12 ó 13 años. 
Es preciso dejar claro que si Rusia no es un país estable, democrático y fuerte, la paz mundial peligrará aún más que en el presente. 
Señor Presidente, la semana pasada en la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Unión Europea y Lituania celebramos un debate a fondo y crítica de la solución determinada para Kaliningrado. 
El Sr. Haarder dijo que la solución es «equilibrada» , pero a mí me parece, sobre todo, equilibrada desde el punto de vista de permitir a Rusia guardar las apariencias y complacer a nuestros puristas de Schengen. 
El Comisario nos ha dicho que la Unión Europea necesita asegurar sus fronteras en todo momento en todos los lugares. 
Incluso Erich Honecker podría haber firmado esta declaración, porque el tránsito por Lituania será más difícil para los pasajeros que lo que era antiguamente el tránsito de Alemania Occidental a Berlín Oeste pasando por Alemania Oriental. 
Creo que la Unión Europea debería avergonzarse de haber aceptado estos trece años tras la caída del muro. 
Las dificultades prácticas serán problema de las autoridades fronterizas lituanas y de los propios pasajeros. 
Rusia podrá explotar esta situación también para otros fines, debido al gran potencial de problemas técnicos y la probabilidad de que se quejen los afectados. 
¿Se han dado cuenta de que el destino oriental de estos viajes no es Rusia, sino Bielorrusia, un país que no se ha mencionado en estos debates ni una vez? 
¿Qué ocurriría si las relaciones entre Rusia y el Sr. Lukashenko se deterioraran hasta el punto de que el Sr. Lukashenko decidiera explotar esta situación? 
Entonces todo el acuerdo no valdría ni lo que vale el papel en el que está escrito. 
También es fácil imaginar lo que ocurrirá en la práctica cuando se solicite un documento de viaje por ferrocarril. 
En un caso extremo, alguien de Khabarovsk en el este de Rusia tendría que dar su dirección con su billete con la esperanza de que todo se enviara a una oficina central de Rusia que, después, enviaría todo a las autoridades lituanas, que a su vez tendrían que procesarlo todo a tiempo, para que cuando llegara el pasajero a bordo del tren a la frontera, el agente aduanero de la frontera de Lituania tuviera previsiblemente el permiso de tránsito para dicho pasajero. 
Sin embargo, es muy fácil imaginar lo bien que esto marcharía en la práctica, dada la capacidad administrativa de las autoridades rusas. 
Por lo tanto, les insisto en que no pierdan de vista este problema y que no crean que podemos pensar que ya ha sido abordado. 
Ciertamente ha sido un debate muy animado. 
Casi me he visto en el papel de uno de esos Diputados al Parlamento que pedían que ahora la Presidencia debería hacer esto y lo otro, y que informaban de que el Consejo había fallado en esto o aquello. 
Así es cómo debería ser, y pediría al Parlamento que siga pidiendo al Consejo que tenga presentes los ideales democráticos sobre los que se basa el Parlamento. 
Además, ahora no seguiré con un «pero». 
Continuaré con un «y» porque siempre he entendido que nuestro enfoque común significa que también debemos ser buenos vecinos, que también tenemos que poder resolver problemas comunes y que también hemos tenido contacto suficiente como para permitir un diálogo, para que podamos decir las cosas que deben decirse. 
Le diría al Sr. Posselt que si vamos a orientar a Rusia en la dirección correcta en el ámbito de los derechos humanos, es necesario que haya un lugar donde podamos dialogar con Rusia. 
Este lugar existía hace una semana en Bruselas, pero no importa si es en Copenhague o Bruselas. 
Se celebró el diálogo, se dijo todo lo necesario y el Sr. Patten fue testigo. 
El Sr. Nielson lo ha confirmado hoy. 
El Consejo ha dicho exactamente lo que debía decirse a Rusia, también en torno a la cuestión de Chechenia. 
Con respecto al Sr. Zakayev, actualmente bajo custodia en Dinamarca, quisiera decir al Sr. Dupuis que el caso Zakayev se está tratando de forma totalmente conforme con los principios del estado de derecho, con las normas de extradición europeas y con nuestra política establecida sobre la lucha contra el terrorismo. 
Con respecto al Sr. Zakayev no se ha adoptado ni una sola decisión política. 
Todo se ha hecho según las reglas. 
Hemos seguido el libro de texto de la democracia al pie de la letra. 
Además, lo mismo se aplica a la celebración de la conferencia que creó el conflicto entre Dinamarca y Rusia. 
Esta conferencia se celebró porque celebrar conferencias es un derecho democrático. 
No lo podemos impedir, y defendemos este derecho, al igual que nos hemos mantenido fieles en todos los demás aspectos a nuestros ideales democráticos. 
Estoy completamente de acuerdo con que, tal y como han indicado el Sr. Poettering y muchos otros, no debemos sacrificar los derechos humanos en beneficio de la lucha contra el terrorismo. 
Por supuesto que no. 
Precisamente en esto, además, se basó el diálogo con Rusia en la cumbre. 
Estamos de acuerdo en luchar contra el terrorismo, pero no estamos de acuerdo en nuestra valoración de lo que ha pasado, y sigue pasando, en Chechenia, lo que se ha dicho con mucha claridad. 
Se encontró una solución satisfactoria al problema de Kaliningrado, que respeta la soberanía de Lituania y el derecho de Lituania a acceder a Schengen. 
El hecho de que lográramos resolver un problema en la región de nuestro alrededor de esta forma es muy importante para la ampliación. 
Además, con respecto al acuerdo fronterizo aún por ratificar entre Rusia y Lituania, puedo afirmar que, durante las negociaciones de la cumbre, la Presidencia dejó claro a Rusia que ahora se firmará el acuerdo fronterizo entre Rusia y Lituania. 
No hay nada de lo que debamos avergonzarnos. 
Todo se ha hecho siguiendo las reglas de la democracia. 
Afortunadamente, el diálogo se mantuvo y los problemas de debían resolverse en la cumbre se resolvieron. 
Sin embargo, quisiera finalizar diciendo que es importante que el Parlamento se mantenga fiel a sus ideales y ponga al Consejo a trabajar si se corre el riesgo de que no hagamos lo mismo. 
Sin embargo, no creo que haya motivos para amonestar al Consejo o a la Presidencia por la forma en que han llevado esta cumbre tan difícil que acaba de celebrarse. 
. 
(EN) Señora Presidenta, me gustaría comenzar afirmando de forma rotunda que estoy totalmente de acuerdo con la declaración que acaba de realizar el Sr. Haarder. 
Es una descripción de la realidad clara y acertada. También nos recuerda qué tiene que hacer la Unión y cómo tiene que hacerlo. 
He escuchado detenidamente todas las intervenciones. Repetiré lo que dije anteriormente en el Parlamento, cuando se estaba discutiendo el problema de Chechenia. 
La división de la responsabilidades en la Comisión resulta bastante significativa. 
Si no hubiésemos definido cuidadosamente las tareas y responsabilidades del Comisario responsable de la ayuda humanitaria, habríamos empañado todo el tema, especialmente a la hora de garantizar que se respete el acceso a la entrega de ayuda humanitaria. 
Este es el motivo por el que soy muy prudente al ofrecer una definición clara de mis responsabilidades como Comisario responsable de la ayuda humanitaria. 
Si cayera en la tentación de entrar en discusiones políticas con respecto a este tema, reduciría la legitimidad y eficiencia de mis esfuerzos destinados a proteger el acceso de los trabajadores humanitarios en lugares como Chechenia. 
Este es el motivo por el que me resisto a implicarme en maniobras o proyectos políticos, a pesar de que pueda simpatizar con los mismos. 
Eso corresponde al Comisario responsable de las relaciones exteriores y resulta importante, especialmente en este caso, que seamos prudentes en nuestra utilización de los instrumentos y comisarios disponibles. 
Si, con mis responsabilidades, cayese en la tentación de politizar, reduciríamos el peso de nuestros esfuerzos y de nuestros intentos de insistir en tener acceso. 
Por otra parte, he criticado públicamente a los rusos con respecto a este tema y lo hago con bastante frecuencia. 
Introduzco elementos de este tipo en cada cumbre que mantenemos con Rusia. 
Desafortunadamente no se ha producido ningún progreso. 
Existen las conocidas emisiones de permisos de trabajo para los trabajadores humanitarios, la capacidad para utilizar el sistema de radio VHF de la ONU, que es importante para la seguridad de las personas que se mueven por allí y para la situación de los refugiados y de las personas desplazadas internamente a los campamentos. 
Todos estos temas se plantean una y otra vez y me gustaría repetir mi llamamiento para que el Parlamento entienda que el Comisario responsable de la ayuda humanitaria se está limitando un cometido relativamente bien definido, que es lo que hago. 
Tenemos otras personas que se encargan de la dimensión política del debate. 
Esto es importante no sólo con respecto a Chechenia, sino también a otros muchos lugares. 
Observarán el mismo planteamiento a la hora de hablar acerca del acceso a las víctimas del conflicto entre israelíes y palestinos. 
Siendo un animal político yo mismo, no entraré en un debate político más sustantivo acerca de la naturaleza del conflicto y estos otros problemas, a pesar de lo tentador que pueda resultar. 
El Sr. Paasilinna y algunos otros han planteado la pregunta acerca del diálogo sobre energía con Rusia y especialmente sobre la cooperación en el área del gas natural. 
Resulta bastante difícil sacar una conclusión rápida acerca de una área en la que la negociación de las realidades también tiene que reflejar quién se compromete comercialmente y quién no lo hace. 
La negociación sobre los conductos de gas es una cuestión a largo plazo. 
Existe un riesgo de contradicciones entre el establecimiento de las bases a muy largo plazo de estos tipos de acuerdos y la liberalización del mercado del gas dentro de la Unión, a la que concederíamos prioridad. 
Teniendo esto en cuenta, no resulta fácil acomodar el deseo demostrado por la otra parte de contar con un contrato a muy largo plazo y estable como base. 
En cualquier caso, no nos correspondería a nosotros, sino a las empresas y al mercado establecer semejante contrato, que es otra de las razones por la que las cosas no son tan sencillas. 
Por otra parte, existen otros temas estratégicos interesantes en relación con la geopolítica del suministro de energía en Europa en los próximos años, incluidos los temas relacionados con el gas natural y no resulta sorprendente que se trate de una cuestión complicada y dura. 
Por razones tácticas, pediría cierta prudencia a los diputados del Parlamento a la hora de tratar este asunto. 
Puede resultar útil e importante garantizar que contemos con los suministros y la cooperación de Rusia a largo plazo, pero también es importante no embarcarse en unas negociaciones que finalmente provoquen que no consigamos un acuerdo tan bueno como todos esperaban. 
Finalmente, con respecto a la pregunta clara del Sr. Oostlander acerca de si Lituania puede unirse a Schengen tras este acuerdo sobre Kaliningrado, éste ha sido uno de los puntos determinantes de nuestro planteamiento para las negociaciones. 
Este es el motivo por el que consideramos que una solución en la que no existan complicaciones de esa naturaleza será la adecuada. 
Me gustaría terminar alabando la cooperación entre el Consejo y la Comisión con respecto a este tema. 
Esta es una de las áreas en las que hemos obtenido un éxito considerable. 
También es algo que ha sido debidamente reconocido por Lituania y que ha demostrado verdaderamente a los demás países candidatos que nos tomamos en serio su situación. 
Señora Presidenta, esto tiene una dimensión política, que el Sr. Haarder ya ha mencionado. 
Me refiero a la detención del Sr. Zakayev, el representante checheno. 
¿Por qué ha estado en prisión durante tanto tiempo, sin que existiese ninguna prueba en su contra? 
Se trata de una situación muy preocupante. 
Señora Presidenta, es una larga historia. 
Chechenia lleva tres años sufriendo. O el Sr. Nielson, Comisario designado para la ayuda humanitaria, sabe quien le impide hacer su trabajo y puede denunciarlo, o debería dimitir, pues no hay 36 soluciones. 
Esto ha venido sucediendo durante tres años, llevamos tres años pidiéndole que vaya allí pero nunca nos ha respondido. 
¡Es una situación intolerable! 
Debe dimitir o decirnos quién le impide hacer su trabajo. 
. 
(EN) Estuve allí hace dos años. 
Mi área de responsabilidad no está desatendida. 
Estamos constantemente trabajando en ello y también en relación con la iniciativa de la ONU, además de ser la principal fuente de financiación de ayuda humanitaria destinada a Chechenia. 
De hecho, somos los únicos que mantenemos en pie las actividades de financiación dentro de Chechenia. 
No quiero debatir aquí el programa de mi viaje. 
Por las razones que ya he expuesto anteriormente, sigo decidido a evitar que mi responsabilidad principal se mezcle con el trabajo político general a este respecto. 
Señora Presidenta, después de oír el debate, quiero llamar la atención sobre un hecho: después del ataque terrorista de los rebeldes chechenos, han muerto 120 rehenes, pero también 50 terroristas. 
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que, aunque se trate de terroristas, jamás se justifica una ejecución sumarísima como la que llevaron a cabo las tropas rusas cuando esa gente estaba probablemente completamente dormida. 
Llamo la atención sobre el hecho de que ningún medio de comunicación ha hablado de esto, que es gravísimo, porque atenta contra la convivencia democrática y humana- por mucho que sean terroristas -, y también sobre el hecho de que tampoco en esta Cámara se haya mencionado semejante acto, que es de una barbarie inaudita. 
Solo quisiera repetir a Lord Bethell que en Dinamarca no se ha adoptado ni una decisión política en relación con el encarcelamiento del Sr. Zakayev. 
Se han formulado algunas acusaciones, que la policía danesa debe investigar. 
Un juez ha decidido que el Sr. Zakayev va a permanecer bajo custodia más tiempo, pero si se demuestra que las acusaciones no tienen base, entonces se le dejará otra vez en libertad. 
Así es como funciona el sistema judicial, y Lord Bethell puede tener la certeza de que el sistema jurídico danés funciona de acuerdo con todos los principios que sostienen esta Unión. 
Gracias por esta esclarecedora respuesta. 
En este debate he recibido seis propuestas de resolución, que han sido enviadas de acuerdo con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo y la Comisión sobre las consecuencias de las elecciones parlamentarias en Pakistán para la firma de un acuerdo comercial y de cooperación. 
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, hace algo más de tres años el General Musharraf se hizo con el poder en Pakistán mediante un golpe de Estado. 
Esto causó gran inquietud en el mundo democrático y fue condenado por muchos. 
El golpe fue aprobado posteriormente por el Tribunal Supremo de Pakistán con la condición de que Pakistán volviera a implantar la democracia en un plazo de tres años a partir del golpe de Estado, es decir, para el 12 de octubre de este año. 
El 14 de agosto del año pasado, el General Musharraf publicó su llamado «Itinerario a la democracia» , que describía el modo en que proponía cumplir la decisión del Tribunal Supremo pakistaní y restaurar la democracia en Pakistán. 
Este plan constaba de cuatro partes: 1) el establecimiento de consejos elegidos localmente (esto tuvo lugar en agosto de 2001) , 2) los preparativos para las elecciones provinciales y federales mediante el establecimiento de un comité electoral y la preparación de registros de electores, documentos de identidad, etc., así como la aplicación de varias enmiendas constitucionales, 3) la celebración de las elecciones como tal y 4) la transferencia del poder gubernamental a las asambleas civiles elegidas en el ámbito provincial y federal, al igual que la elección de los presidentes de las asambleas, etc. 
Las elecciones del 10 de octubre de este año estuvieron supervisadas por observadores electorales, especialmente de la Unión Europea. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Cushnahan el excelente trabajo realizado por él y por los demás miembros de la Misión a este respecto. 
Las razones de seguridad fueron el único motivo que dificultó la supervisión de las elecciones, pero a pesar de esto, el Sr. Cushnahan y su equipo completaron la tarea que se les había encomendado. 
Tal y como ha señalado el Sr. Cushnahan en su informe sobre la supervisión de las elecciones, hay varias cuestiones relacionadas con las elecciones en Pakistán que más de uno habría querido que fueran diferentes. 
Hemos advertido concretamente la crítica del informe a las circunstancias que precedieron a la celebración de las elecciones, especialmente las enmiendas constitucionales introducidas este verano por el Presidente Musharraf. 
Las oportunidades para llevar a cabo campañas electorales no fueron iguales, como tampoco lo fue el acceso a los recursos y a los medios de comunicación, y consta que hubo algún tipo de manipulación en relación con las elecciones. 
Todos estos factores juntos fueron motivo de preocupación. 
Sin embargo, la valoración del Consejo es que la celebración de las elecciones ha sido un paso importante en el camino hacia la restauración de la democracia en Pakistán. 
A lo largo del proceso, la Unión Europea ha mantenido un diálogo constante con Pakistán con respecto a la restauración de la democracia, y durante este diálogo también ha tenido la oportunidad de expresar sus críticas a factores que han evolucionado en la dirección equivocada. 
El resultado de las elecciones del 10 de octubre dio lugar a la formación de un Gobierno de coalición. 
Las negociaciones no han finalizado todavía. 
Se espera que la transferencia del poder ejecutivo al futuro Primer Ministro se realice este mismo mes. 
La Unión Europea y Pakistán publicaron una declaración común al firmar en Islamabad el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Pakistán el 24 de noviembre del pasado año. 
Considerando la situación actual, la Unión Europea y Pakistán han confirmado la importancia de los esfuerzos internacionales por combatir el terrorismo. 
En la misma declaración, Pakistán también ratificó su compromiso de restaurar la democracia de acuerdo con el mencionado «itinerario» , hecho que la Unión Europea acogió con satisfacción. 
Hay que hacer constar que el Presidente Musharraf ha sido fiel a su promesa de implementar el prometido «itinerario». 
Con lo cual se han creado las condiciones para avanzar en el acuerdo. 
Otro factor positivo es el hecho de que el Presidente ha aplicado varias reformas cuyo objetivo es restablecer la economía y combatir la corrupción. 
También es crucial afirmar que la aplicación del acuerdo de cooperación no garantiza automáticamente la democracia de Pakistán. 
Como ya he mencionado, hay muchas cosas que desearíamos que fueran diferentes, como puede deducirse del informe del Sr. Cushnahan. 
El acuerdo incluye un párrafo inicial en el que las partes del acuerdo confirman su respeto por los derechos humanos. 
Con este acuerdo en la mano, creo que disponemos de un instrumento mejor con el que debatir la democracia y los derechos humanos con Pakistán. 
El Consejo continuará ampliando el diálogo con Pakistán a fin de reforzar la democracia en Pakistán. 
Con estas palabras, también quisiera agradecer de nuevo al Sr. Cushnahan su extraordinario trabajo y las bases proporcionadas para la evaluación de la democracia en Pakistán. 
. 
(EN) Señora Presidenta, la Comisión está de acuerdo con la Presidencia en que las elecciones a la Asamblea Nacional y Provincial celebradas el 10 de octubre en Pakistán deberían considerarse un primer paso en la transición gradual desde una administración militar a una civil, con instituciones democráticas permanentes y bien gestionadas. 
Las elecciones dieron lugar a un parlamento fragmentado que, a su vez, retrasó la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. 
Finalmente, ésta se produjo el 16 de noviembre. 
Las extensas negociaciones entre partidos políticos demuestran que se ha iniciado un proceso democrático revitalizado tras las elecciones. 
Esperamos que el nuevo Gobierno ostente la totalidad del poder ejecutivo. 
La Comisión mantendrá su compromiso con Pakistán durante todo el proceso de transición. 
La Comisión desearía asimismo felicitar a la misión europea de observación del proceso electoral, dirigida por el Sr. Cushnahan, por el excelente trabajo realizado en unas circunstancias tan difíciles, concretamente en un entorno de seguridad particularmente complicado. 
Su dedicación ha ido mucho más allá de lo que normalmente se podría esperar de un observador principal de un proceso electoral. 
La Comisión agradece que la misión fuese capaz de llevar a cabo su tarea, cumpliendo totalmente los criterios aceptados internacionalmente para la observación de procesos electorales. 
Permítanme aprovechar también esta oportunidad para expresar la satisfacción de la Comisión con respecto a la cooperación del Parlamento Europeo en la observación del proceso electoral de Pakistán. 
Me gustaría dar las gracias en particular a los miembros de la delegación del Parlamento Europeo, dirigida por la Sra. Grönfeldt Bergman, por su valioso trabajo. 
Lo que es más importante es que no se trata de un caso aislado. 
La Comisión y el Parlamento han desarrollado unas relaciones laborales muy buenas en el campo de la observación de procesos electorales en general. 
La Comisión cree que la presencia de la misión de la Unión Europea de observación del proceso electoral ha servido para intensificar el proceso democrático en Pakistán. 
Asimismo, sus recomendaciones acerca de cómo fortalecer más este proceso y mejorar el marco electoral se plantearán en el diálogo con las autoridades pakistaníes. 
La Comisión también está preparada para investigar posibles actividades de seguimiento basándose en su informe. 
La Comisión está de acuerdo con la misión de la Unión Europea de observación del proceso electoral en que unas elecciones generales no garantizan por sí mismas el establecimiento de la democracia y en que quienes apoyan el regreso de la democracia deberían trabajar juntos para alcanzar ese objetivo. 
Con respecto a la metodología que aplicamos en la observación del proceso electoral en Pakistán, la Comisión desearía señalar que hemos seguido nuestro planteamiento estándar. 
Las elecciones no son acontecimientos de un solo día y el proceso en general, incluido el período previo a la votación, ha de ser evaluado. 
Por lo tanto, las críticas realizadas en Pakistán acerca de que la misión estaba sobrepasando su encargo, porque llegó demasiado pronto e interfirió en los asuntos internacionales del país al analizar el marco electoral general, son infundadas. 
Por lo que respecta al nuevo acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y Pakistán, la Comisión desearía recordar que las circunstancias excepcionales de la región exigían una respuesta adecuada al riesgo que el Presidente Musharraf asumió al ponerse a favor de la comunidad internacional en Afganistán. 
El objetivo del acuerdo consiste en comprometerse significativa y visiblemente con Pakistán, tanto en términos políticos como económicos, así como en fomentar que Pakistán aplique un mapa de carreteras que permita el regreso a la democracia. 
Las razones por las que es importante que la Unión Europea y la Comisión se comprometan con Pakistán en un diálogo político mejorado son bien conocidas. Entre ellas se incluyen la lucha contra el terrorismo, las difíciles relaciones de Pakistán con la India, la necesidad de estabilidad de su vecino Afganistán, los arraigados problemas sociales y económicos de Pakistán y finalmente, aunque no menos importante, la continua transición hacia la democracia. 
Entre los temas importantes que se plantearán en ese diálogo se incluyen la educación básica, donde nuestro objetivo consiste en reforzar el sistema educativo secular, fomentar lazos comerciales y empresariales, y los derechos humanos, que son un elemento esencial del nuevo acuerdo. 
A este respecto, Pakistán ha sido designado como el punto de concentración, de conformidad con la Iniciativa europea para los derechos humanos y la democracia. 
La Comisión sabe que la constante incertidumbre con respecto al papel y al funcionamiento de las instituciones políticas en Pakistán significa que tenemos que controlar de cerca si se trata de un verdadero progreso de la transferencia de poderes al parlamento electo, en las próximas semanas y meses. 
La ratificación del nuevo acuerdo de cooperación nos permitiría restablecer el diálogo de cooperación completo con el nuevo gobierno. 
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos aquellos que participaron en la reciente misión de la Unión Europea de observación del proceso electoral de Pakistán, especialmente a los miembros de mi equipo central y también a la delegación del Parlamento Europeo, dirigida por la Sra. Grönfeldt Bergman. 
En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a los miembros de la Comisión Europea implicados en la observación del proceso electoral. 
En tercer lugar, me gustaría expresar también mi agradecimiento al Comisario Patten por el apoyo moral y la solidaridad política demostrada. 
Lamentablemente no puedo añadir el nombre del Consejo ni de la Presidencia a la lista de agradecimientos. 
El motivo es que estoy muy decepcionado por la declaración emitida por la Presidencia con respecto a las elecciones y lamento que hoy se hayan repetido las mismas opiniones. 
Me gustaría aclarar algunos aspectos de la declaración. 
¿Cómo puede la Presidencia alabar a las autoridades pakistaníes por su cooperación con la misión cuando sabía perfectamente que nunca recibimos una invitación formal de las autoridades y que también se negaron a firmar un memorando de acuerdo, incluyendo un acuerdo para ofrecer cobertura en materia de seguridad? 
Esta información fue oficialmente confirmada en una gestión ante la Presidencia danesa seis semanas después de que llegásemos a Pakistán. 
La Presidencia también debería estar al tanto de los ataques públicos sobre la misión de observación del proceso electoral lanzados por varios ministros del Gobierno, utilizando un lenguaje tan incendiario como «estos blancos occidentales no están interesados en la paz en Pakistán; vienen de naciones poco amistosas y tienen objetivos hostiles; esta misión está interfiriendo en los asuntos internos de Pakistán». 
¿Cómo pueden llamar cooperación a esto? 
De hecho, finalmente nos proporcionaron la cobertura de seguridad para la segunda mitad de nuestra misión, pero fueron los gobernadores provinciales y no las autoridades federales. 
Por otra parte, en esta declaración la Presidencia expresa «preocupación» acerca de los informes de manipulación- una terminología muy suave, de hecho- y pide a la Comisión Electoral que realice un seguimiento de esas reclamaciones. 
¿Realmente han leído nuestro informe? 
¿Seguro que saben que emitimos serias críticas acerca de la Comisión Electoral y su falta de independencia? 
Pedir a la Comisión Electoral que investigue las malas prácticas electorales es como pedir a Sadam Husein que dirija al equipo de inspección de armas de la ONU en Irak. 
Me gustaría recordar al Consejo que la misión que dirigí no era una misión parlamentaria. Era una misión de la Unión Europea compuesta por 88 personas entregadas, que realizaron su tarea profesionalmente de acuerdo con los criterios aceptados internacionalmente para la observación de procesos electorales. 
Como usted y el Comisario han afirmado, trabajaron en un entorno de seguridad y político particularmente delicado, corriendo un gran riesgo personal. 
Sin embargo, cuatro días después de que nuestro informe prelimitar se publicase en Islamabad, ustedes se distanciaron efectivamente de nuestras conclusiones de que se trataba de un proceso con serios defectos. 
Lo hicieron a pesar del hecho de que los Estados miembros recibían informes semanales completos acerca de nuestra observación. 
Algunos miembros de mi equipo central y yo también informamos a los directores de la misión en Islamabad semanalmente. 
Sin embargo, nunca nadie puso en duda la valoración que estábamos realizando. Incluso en el informe final de los directores de la misión en Islamabad se incluyeron pocas o ninguna objeción a nuestro análisis. 
No obstante, paradójicamente la Presidencia criticó duramente las elecciones celebradas en Togo el 27 de octubre, donde no hubo ninguna misión de observación de la Unión Europea, aunque prefieren ignorar la conclusión de la misión de Pakistán que ha estado trabajando durante dos meses y medio. 
¿Por qué su reacción inicial prevista ante las elecciones descendió de tono? 
¿Quién influyó en ustedes? 
¿Quién les presionó? 
Por otra parte, dado que su declaración está siendo utilizada por las embajadas de Pakistán de todo el mundo para poner en entredicho nuestro informe, ustedes han traicionado a la misión de la Unión Europea que enviaron al lugar y quiero decir en su nombre: ¡qué vergüenza! 
También me gustaría aprovechar la oportunidad para rebatir la falsa acusación realizada por el embajador de Pakistán en Washington de que la misión de la Unión Europea filtró un informe provisional. 
De hecho, este informe fue filtrado por un diplomático asentado en Islamabad de un gobierno de un Estado miembro, que estaba en Europa en ese momento, y que fue designado para que sabotease el trabajo de la misión de la Unión Europea. 
Volviendo al tema de su reacción, no sólo su respuesta traiciona a la misión de la Unión Europea, sino que también se trata de una traición a los intereses del pueblo pakistaní y especialmente de aquellos que están trabajando valientemente para que se restaure la democracia. 
El hecho de que no ratificasen las conclusiones de la misión de la Unión europea y de otros grupos de observadores, tales como ANFREL, NDI y el Commonwealth, agrava el error de su predecesor al no criticar el absurdo referéndum presidencial y es directamente responsable de fomentar que el Gobierno de Pakistán se comporte tal y como lo está haciendo. 
Además de traicionar a la misión de la Unión Europea y al pueblo pakistaní, también están traicionando los ideales de su propia Presidencia. 
Permítanme recordarles que en el programa de su propia Presidencia se fijaron ustedes mismos la doble tarea de una mayor efectividad y franqueza en el campo de los derechos humanos. 
La declaración sobre las elecciones de Pakistán demostraban un escaso compromiso al respecto. 
Lo peor de todo es que el hecho de adaptar su respuesta a razones geopolíticas supuso una traición total de los principios subyacentes a la observación de los procesos electorales, que está diseñada para intensificar la democratización y los derechos humanos. 
Señora Presidenta, quisiera ir al grano: aunque el debate de hoy debería centrarse únicamente en la cuestión de las recientes elecciones en Pakistán, sin duda es hora de evaluar la totalidad del proceso de transición hacia la democracia en este importante país asiático. 
También queda claro que, ahora más que nunca, las relaciones internacionales en varios ámbitos, incluidos el económico y el comercial, deben incluir el respeto de los compromisos contraídos y la cuidadosa gestión de las expectativas. 
Todos hemos acogido con satisfacción el apoyo prestado por el Presidente de Pakistán a la lucha contra el terrorismo, que ha ayudado a suavizar la imagen extremadamente negativa que creó el golpe de Estado que destituyó al Gobierno electo encabezado por Nawaz Sharif. 
También sabemos que es imposible hablar de democracia consolidada cuando los militares están interfiriendo en la escena política; pero también sabemos por varios ejemplos en países de Europa del Sur y de América Latina que es posible comenzar un proceso de transición hacia la democracia pactando con los representantes políticos civiles con la condición de que se respeten las etapas y los acuerdos establecidos. 
Es precisamente el respeto a estas condiciones el que, en el período de transición a la democracia, proporciona la legitimidad necesaria- aunque insuficiente- de los militares para mantener cierto papel político. 
Y ése es nuestro principal motivo de preocupación. 
En agosto del 2001, el presidente pakistaní anunció el itinerario hacia la democracia, que incluía las elecciones que se iban a celebrar el 10 de octubre. 
Aquel fue un momento histórico. 
Sin embargo, al final lamentamos tener que decir que esta oportunidad se malgastó en gran medida. 
No deseamos emitir ningún tipo de juicio sobre el proceso de transición a la democracia en Pakistán, pero podemos afirmar que ésta es una manera muy mala de promoverlo y que esperamos que los diputados electos posean la claridad mental, la habilidad política y el valor necesario para guiar una nueva fase de transición genuina hacia un poder político democrático. 
Señora Presidenta, me gustaría dejar claro que no estoy hablando en nombre del Grupo ELDR ni a favor de esta resolución. 
A pesar de que entiendo algunas de las preocupaciones de las personas que elaboraron esta resolución, sobre todo en el período previo a las elecciones en Pakistán, relativas particularmente a que todo aquel que se presenta a unas elecciones debería tener un título universitario, no estoy de acuerdo con ellas. 
Estoy de acuerdo en que el Presidente Musharraf tomó el poder mediante un golpe de Estado. 
Sin embargo, permítanme aclarar para que así conste que se trató de un golpe incruento: los partidos políticos no fueron prohibidos y no se impusieron restricciones a los medios de comunicación. 
Sí es cierto que el presidente modificó el marco legal, lo que le otorgó poderes para destituir al parlamento. 
Sin embargo, tengo entendido que tales poderes existen en algunos países de la Unión Europea. 
El presidente francés, por ejemplo, puede disolver el parlamento. 
Creo que lo estamos analizando desde un punto de vista demasiado europeo. 
Durante siglos se han producido acusaciones de corrupción en Pakistán. 
Estas elecciones representan un paso en la dirección adecuada. 
El hecho de que muchos de los que se oponen al Presidente Musharraf fueran elegidos lo dice todo. 
De hecho, el Presidente Musharraf ha cumplido su compromiso- como dijo el Consejo- de celebrar estas elecciones. 
Señora Presidenta, creo que deberíamos prestar una atención constante a nuestro comportamiento y nuestras acciones políticas para con los países con los que tenemos relaciones y acuerdos en materia de cooperación y ayuda. 
Hay ocasiones en las que las convicciones de nuestro modelo de democracia ignoran el contexto político e histórico de la integración europea, y pueden aparecer nuevas formas del antiguo colonialismo que crean desconfianza y sentimientos de dignidad herida, e incluso soberanía herida. 
Sabemos que la democracia no se mide únicamente el día de las elecciones, sino que se mide sobre la base de la participación efectiva de las bases populares, las libertades civiles, la igualdad de oportunidades, la justicia y el desarrollo. 
Dicho esto, no tengo la mínima intención de abandonar la postura amplia e internacionalmente compartida de que los derechos humanos son universales, que es la razón por la cual ninguna circunstancia especial puede justificar la pena de muerte, ni en Pakistán ni en los Estados Unidos. 
Tomé parte en la misión electoral a Pakistán encabezada por el Sr. Cushnahan, al que todos debemos estarle agradecidos- por lo menos, yo lo estoy- por la rigurosa y exhaustiva naturaleza de su trabajo. 
Estoy de acuerdo con el informe de la Unión Europea y las críticas contenidas en el mismo, si no tanto con respecto al día de las elecciones, que, por lo que pude ver, se llevaron a cabo de modo correcto- fuimos objeto de una recepción excelente por parte de la población y de los representantes electorales, teniendo en cuenta que hablo de Peshawar, una zona en la que prevalecía el partido religioso islámico -, sí en cuanto a la totalidad del proceso electoral, por sus restricciones y la decisión errónea de permitir presentarse a candidatos únicamente a aquellos que poseen un título universitario. 
En mi opinión, la transición de la dominación militar a la representación política elegida democráticamente será difícil: el camino hacia la democracia en Pakistán es difícil, y se encuentra, sin duda, entorpecido por los militares. 
También pienso que será sumamente difícil erradicar la corrupción y la pobreza, que va de la mano de su derrota, y digo esto porque yo misma vengo de un país que no es pobre pero que todavía presenta un alto grado de corrupción. 
Creo que debemos realizar un esfuerzo importante en los terrenos de la cooperación y el comercio y llevar a cabo un análisis político en el ámbito del desarrollo y de la educación. También creo que deben defenderse los derechos humanos de todos, incluso de los que están acusados de terrorismo. 
Por ello debemos hacer un llamamiento al Gobierno de Pakistán para que cumpla los tratados internacionales. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar expresando mi acuerdo con las declaraciones realizadas aquí por la Comisión y el Consejo, pero me gustaría señalar algunos puntos clave. 
Pakistán es en la actualidad una potencia nuclear que incluso se dedica al comercio de tecnología nuclear, si incluimos a Corea del Norte. 
La guerra en Afganistán fue en gran medida una prueba de fuego para Pakistán, y creo que fue únicamente el régimen actual, el régimen de Musharraf, el que hizo posible la coalición antiterrorista en Pakistán. 
El problema de Cachemira no ha desaparecido, y constituye uno de los focos más importantes de conflicto en Asia. 
Por desgracia, la estrategia antiterrorista ha significado la usurpación de los derechos humanos y una frenazo al proceso de democratización en Pakistán, como también ha sucedido lamentablemente en muchos otros países. 
Por su parte, -y al decir esto me limito a describir la situación sin ánimo de ser crítico- el régimen de Musharraf es esencialmente consecuencia de la sucesión de Gobiernos corruptos que había tenido anteriormente. 
Comparto la opinión que hemos oído aquí: Pakistán ha estado gobernado durante generaciones por gobiernos corruptos cuyo liderazgo estatal no ha dado pruebas de responsabilidad. 
Eso significó que los gobiernos militares se sucedieran en el poder una y otra vez. 
Todos esos gobiernos mostraron cierta democratización en beneficio de Occidente, y al mismo tiempo tuvieron que mantener contentos a los extremistas nacionales. 
Esta situación estaba abocada a crear tensiones. 
Un comentario acerca de las elecciones: sabemos que tan sólo un 30% de la población de Pakistán acudió a las urnas, por diversas razones. 
En Beluchistán y en el noroeste del país, los fundamentalistas religiosos salieron victoriosos en las elecciones. 
Eso supone un problema, porque significa que el país se está haciendo cada vez más inestable. 
El MMA, el partido que reúne a las diferentes ramas fundamentalistas, le creará problemas a Musharraf y al gobierno que va a formarse. 
Señora Presidenta, esta tarde hemos escuchado tres declaraciones muy importantes sobre el tema central de este debate en concreto: una del Consejo, otra de la Comisión y otra del observador principal de la misión de la Unión Europea, que representó oficialmente a las tres instituciones durante las elecciones. 
Me satisface especialmente la declaración realizada por la Comisión. 
He examinado detenidamente su equilibrio y su contenido, y deseo decir al representante de la Comisión que está presente aquí esta tarde que se trata de una declaración excepcionalmente pertinente para la situación que se produjo. 
También quiero decir al Consejo que esperaba algo más. 
Esperaba franqueza y esperaba hechos. 
Me gustaría decir al Presidente del Consejo que esta declaración me desconcierta y, si eso es lo que me sucede a mí, sin duda desconcertará a nuestro colega, el Sr. Haarder, a quien todos hemos conocido y respetado como un hombre de principios y de gran integridad desde sus tiempos en esta Cámara. 
Su declaración es totalmente irrelevante para la situación real que se ha producido. 
Hemos escuchado a nuestro colega el Sr. Cushnahan, quien se desplazó allí corriendo un gran riesgo personal para cumplir una misión, que ha informado honestamente y basándose en sólidos principios acerca de la situación que ha presenciado. 
Sin embargo, antes de que su declaración pudiese valorarse como merecía, fue totalmente arruinada por el Consejo. 
El Sr. Haarder, en nombre de sus colegas del Consejo, no nos dijo en qué se basaba la opinión del Consejo. 
Dijo: «La opinión del Consejo fue» y la declaración que se emitió fue «opinión del Consejo». 
Resulta sumamente lamentable que el Consejo haya descrito la situación de esta forma. 
Todos queremos que la democracia regrese a Pakistán. 
El general tomó el poder mediante un golpe de Estado. 
Incruento o no incruento, un golpe de Estado es un golpe de Estado. 
En este Parlamento decidimos cancelar nuestra relación parlamentaria con Pakistán. 
Ahora nos encontramos con que el observador principal que representó a la Unión Europea ha sido objeto de ciertas críticas en una declaración del Consejo, que contenía unas excelentes maniobras de evasión pero que no hacía referencia a los graves defectos del proceso electoral, sino simplemente una ligera referencia a los informes de manipulación. 
En otra parte, la Presidencia alaba a las autoridades pakistaníes por su cooperación con la misión del observador para garantizar una jornada de elecciones libre y segura en general. 
En conclusión, acojo con satisfacción las declaraciones realizadas por la Comisión y por el Sr. Cushnahan, pero lamentablemente la declaración realizada por el Consejo supone una injusticia para esta Cámara, dado que representa un insulto a nuestra inteligencia y a nuestros principios. 
Señora Presidenta, yo creo que, como ha dicho el representante de la Comisión, en este debate tenemos que distinguir dos cosas. 
En primer lugar, las circunstancias excepcionales que, efectivamente, está viviendo Pakistán y el papel estratégico que le corresponde en la estabilidad de Afganistán, en la coalición internacional contra el terrorismo y en la estabilidad del conjunto de los países de Asia Central. 
Pero, por otro lado, creo que nada tiene que ver este hecho con la situación interna que está viviendo el país, con el incremento del fundamentalismo islámico, con los intereses y personas contra los que se atenta en Afganistán y contra nuestros aliados y con la situación de los derechos humanos en el país. 
Hay casos espeluznantes, como el secuestro, la extorsión y el cautiverio de los llamados "niños jockey" y, por supuesto, me refiero también al resultado en la evaluación de unas elecciones. 
Usted sabe, señor Haarder, el afecto y el respeto personal que yo le profeso desde que trabajamos juntos en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero yo le pregunto de qué sirve enviar una misión de observación electoral de la Unión Europea, en la que sus miembros se comportan con enorme ejemplaridad y con un riesgo personal muy alto, que hace una evaluación de la situación que además es compartida por otras misiones internacionales, como la de la Commonwealth y la de ANFREL, si luego el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo la desautoriza. 
¿Acaso no tenemos suficientes diferencias ya en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el Consejo de Asuntos Generales o en los Consejos Europeos para dar todavía estas pruebas de disenso y de división? 
Creo, señora Presidenta, que hemos de tomar nota de esta actitud y trabajar de forma conjunta para evitar que se vuelva a producir este tipo de situaciones que dan esta imagen de fragmentación total que, desde luego, redunda en perjuicio de la imagen y del prestigio de la Unión Europea en el exterior. 
Señora Presidenta, Pakistán, el séptimo país más grande del mundo con 140 millones de habitantes, ha estado controlado desde el 12 de octubre de 1999 por un régimen militar bajo el mandato del General Musharraf. 
Todos los ojos han estado puestos en Pakistán desde que el General prometió la celebración de elecciones en un período de tres años a partir del golpe de Estado para restaurar la democracia y la autoridad civil en el país. 
Una ínfima parte de esta promesa se ha cumplido: las elecciones se han celebrado. 
Sin embargo, la simple celebración de elecciones no garantiza la democracia. 
También hay que tener en cuenta las circunstancias que rodean a las elecciones, en primer lugar, antes de las elecciones en forma de cambios legislativos para aumentar el poder del régimen militar y su derecho a disolver el parlamento y destituir al gobierno, los cambios legales que restringieron el derecho de sufragio pasivo del 4 por ciento de la población y las restricciones en el modo de realizar las campañas electorales. 
En segundo lugar, durante las elecciones en forma de presión sobre políticos individuales, distintas reglas para distintos candidatos de partidos distintos, irregularidades durante el proceso de elección y restricciones en las oportunidades de la gente para votar. 
En tercer lugar, después de las elecciones en forma de una clara reticencia a entregar el poder a los elegidos. 
Por desgracia, todo esto significa que ahora tenemos que admitir que esto fue una oportunidad desaprovechada para restaurar la democracia en Pakistán. 
Las consecuencias para la población de Pakistán no pueden recalcarse suficientemente. 
El desempleo, la pobreza y el analfabetismo están aumentando. 
El único camino que puede proporcionar un nivel de vida mejor a la población de Pakistán incluye la democracia, la sustitución del régimen militar por un gobierno civil y las oportunidades para un gobierno elegido democráticamente de aplicar reformas en los ámbitos de la educación y el empleo. 
Considero que se trata de nuestro deber y responsabilidad aquí en el Parlamento Europeo de informar con claridad y veracidad acerca de las circunstancias que rodearon a las elecciones, que pudimos observar mediante la delegación de la Unión Europea que se encontraba allí. 
También debemos subrayar la importancia de la continuidad del trabajo para restaurar la democracia en Pakistán. 
Por ello apoyo la declaración realizada hoy aquí por el Sr. Cushnahan. 
Hay que presionar al gobierno de Pakistán para que trabaje en pro de la democracia, y la Unión Europea debe seguir vigilando de cerca y de manera crítica los progresos en Pakistán. 
Señora Presidenta, al escuchar las declaraciones del Sr. Cushnahan y del Sr. Collins, creo que tengo que volver a mi guión y comprobar si realmente es verdad que lo que he dicho ha sido tan terrible. 
¿Es verdad que ni siquiera he mencionado las críticas del Sr. Cushnahan? 
Y veo en el guión que, en efecto, he mencionado y elogiado al Sr. Cushnahan y que he mencionado cinco puntos importantes de crítica: 1) los cambios constitucionales que precedieron a las elecciones, 2) la desigualdad de acceso para realizar campañas electorales, 3) la desigualdad de acceso de los partidos políticos a los recursos, 4) la desigualdad de acceso a los medios de comunicación y 5) las pruebas de manipulación en relación con las elecciones. 
Quisiera reiterar las gracias al Sr. Cushnahan por llamar la atención con tanta claridad sobre estos defectos fundamentales del proceso democrático. 
Pero puede que lo que haya molestado tanto a él y al Sr. Collins fuera mi afirmación posterior, que cito aquí: «Sin embargo, la valoración del Consejo es que la celebración de las elecciones ha sido un paso importante en el camino hacia la restauración de la democracia en Pakistán.» 
No se trata de una afirmación reaccionaria; al contrario, afirma que a pesar de todo, estamos hablando del paso de la dictadura pura a algo que es dictadura menos pura, es decir, algo que también tiene un elemento democrático, incluso si tenemos en cuenta todas las críticas que cabe formular al respecto. 
Por supuesto, podemos preguntar, como hace el Sr. Cushnahan, por qué el Consejo tiene que emitir una declaración. 
Pero en mi opinión, es importante establecer- también en pro de los futuros observadores electorales- que la actuación de los observadores de la Unión Europea es completamente independiente del Consejo. 
Por ello, su declaración también debe ser totalmente independiente. 
Así es como están las cosas, y esto significa que aunque el Consejo haya expresado una opinión, los observadores electorales pueden expresar una opinión completamente distinta; y de la misma manera, si los observadores electorales han expresado una opinión, el Consejo puede referirse a ésta en mayor o menor medida, puede mirar hacia atrás o hacia delante. 
Las dos partes funcionan independientemente una de otra, y creo que esto debe mantenerse así. 
El hecho de que el Consejo encontrara motivos para realizar una declaración en este caso debe considerarse teniendo en cuenta lo siguiente. Desde el cambio de año, la seguridad en la región se ha deteriorado gravemente, y tanto en India como en Pakistán se han movilizado tropas. 
La situación era tan aguda que había un grave riesgo de guerra. 
El Consejo ha estado implicado en gran medida en el trabajo internacional para favorecer la desescalada, y a este respecto el Consejo ha considerado las elecciones en Pakistán y las elecciones en las provincias indias de Jammu y Cachemira, como un paso importante en el camino hacia la mejoría de la situación. 
La declaración del Consejo también exigía a la India y a Pakistán que aprovecharan las oportunidades posteriores a las elecciones para mejorar su relación bilateral. 
Y la declaración del Consejo debe considerarse a la luz de esta esperanza de futuro. 
La declaración del Consejo no quita hierro a las críticas del Sr. Cushnahan, de ninguna manera. 
Quisiera pedirle al Sr. Cushnahan que creyera esto y que se quedara tranquilo, y quisiera asegurarle que sus críticas no han sido aguadas de ninguna manera por el hecho de que el Consejo haya dicho lo que haya dicho. 
En efecto, el Consejo se refiere a las críticas y yo me he referido a las críticas. 
Así que espero que ahora podamos convenir en lo siguiente: que se necesitan observadores electorales, se necesitan informes independientes que señalen lo que no es como debería ser. 
Aquí he mencionado cinco puntos importantes de crítica, pero al mismo tiempo, en esta región del mundo tan afectada por las crisis, es necesario que el Consejo intente encontrar algo a lo que agarrarse en términos de cualquier paso adelante que pueda proporcionar una esperanza de paz y que proporcione a cualquier precio una esperanza de evitar la guerra. 
Creo firmemente que es posible trabajar para conseguir los dos objetivos: la democracia plena y los intentos prácticos de mejorar las oportunidades de paz. 
. 
(EN) Me gustaría comenzar con unas palabras acerca del asunto más general de la observación de las elecciones, repitiendo una frase de mi declaración: la Comisión desearía señalar que seguimos nuestro procedimiento estándar en la metodología que aplicamos para observar las elecciones de Pakistán. 
Esto es importante. Asimismo esto ilustra la profesionalidad con la que lo hacemos y también con la que trabajamos con el Parlamento Europeo. 
En general, con el paso de los años, hemos conseguido establecernos como observadores de procesos electorales de calidad en todo el mundo. 
Lo que se ha conseguido y aportado en este caso viene sin duda a sumarse a nuestro historial. 
Sin embargo, es importante no confundir la tarea de observación de las elecciones con la gestión de la relación en general, la agenda general con respecto al país en cuestión. 
Me ha gustado lo que la Sra. Lynne ha dicho acerca del proceso. 
Muy poco después de la firma del acuerdo de cooperación en noviembre del pasado año, cuando el Sr. Verhofstadt y el Presidente Prodi visitaron al Presidente Musharraf, yo también lo visité cuando venía de regreso desde Afganistán en la primera semana de diciembre, y mantuve una conversación muy larga y honesta con él. 
Comparto la opinión de que, en general, parece ser más parte de la solución que del problema actual de Pakistán. 
Debemos evitar una simplificación excesiva. 
Hablamos más acerca de la democratización que de la democracia. 
Trabajar constructiva y coherentemente en la situación en su conjunto es una manera mejor de enfrentarse a los problemas que insistir demasiado en los principios puros y perfectos de la democracia. 
Así es como estamos intentando marcar una diferencia en África y en otros lugares. 
Permítanme hacer un comentario sobre el acuerdo de cooperación. 
Lo que intentamos conseguir a través del acuerdo es una contribución al proceso de democratización, a la promoción del progreso y el desarrollo económico. 
Recomiendo encarecidamente al Parlamento que considere este acuerdo de cooperación como una contribución positiva europea para la estabilidad de la región y para entablar el diálogo con el Presidente Musharraf y con los líderes democráticos pakistaníes emergentes, con el fin de acelerar el progreso. 
Éste es el pensamiento que se esconde tras el acuerdo de cooperación y espero que el Parlamento lo considere desde ese punto de vista. 
-Sin que sirva de precedente, porque no vamos a seguir el debate, le voy a conceder la palabra al Sr. Cushnahan para una aclaración. 
Señor Presidente, en respuesta al Sr. Haarder desearía pedirle que lea detenidamente la declaración del día 12 y quizá entonces entienda por qué estoy enfadado. 
¿No le convence el hecho de que las embajadas de Pakistán empleen esto a escala mundial para poner nuestro informe por los suelos y decir que es erróneo? 
¿Admitiría también- y estoy de acuerdo con su argumento sobre la importancia estratégica de Pakistán en la región, especialmente en estos tiempos críticos- que los Estados colapsados, la violación de los derechos humanos y la violación de la democracia son los elementos que alimentan el terrorismo? 
La mejor manera de erradicar el terrorismo es restaurar la democracia, no hacer la vista gorda ante un régimen militar que no respeta la democracia y quiere retener el poder en lugar de restituirlo a una administración civil. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo, pero también lo estoy con la última frase del resumen de su informe, la llamada declaración preliminar del 12 de octubre. 
Concluye diciendo que «la MOE de la UE espera que tras estas elecciones todas las partes colaboren para establecer la gobernanza en Pakistán». 
Creo que todos tenemos esa esperanza. 
En mi opinión, necesitamos ambas visiones sobre la situación de Pakistán: su crítica y mi argumento a favor de la importancia estratégica de Pakistán. 
-He recibido cinco propuestas de resolución 
-De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la cumbre social tripartita. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, se ha solicitado al Consejo que realice una declaración sobre el tema del diálogo social y la cumbre social tripartita. 
El Consejo está totalmente de acuerdo con la evaluación positiva del Parlamento sobre el significado del diálogo social europeo y toma nota del progreso y los resultados tan alentadores que se han alcanzado en relación con las cumbres informales celebradas hasta la fecha, a pesar de la falta de un marco institucional formalizado para estas reuniones. 
Un contacto estrecho basado en la confianza recíproca entre las autoridades públicas y los interlocutores del mercado de trabajo en el ámbito europeo, nacional y local reviste una importancia crucial para reforzar el progreso económico, la prosperidad y la integración social en Europa. 
Las partes implicadas afirmaron en la declaración del Consejo Europeo de Laeken que el Comité permanente del empleo no estaba a la altura de sus objetivos y que las partes implicadas querían que el comité fuera sustituido por una práctica establecida de celebración de cumbres sociales tripartitas. 
El Consejo Europeo de Laeken y el Consejo Europeo de Barcelona concluyeron que tales cumbres sociales debían celebrarse antes de cada cumbre de primavera. 
El 26 de junio de este año, la Comisión presentó una propuesta de decisión por parte del Consejo sobre el establecimiento de una cumbre social tripartita junto con la abolición de la Comisión permanente de empleo. 
La Presidencia danesa otorgó gran prioridad a la propuesta y trató de conseguir una resolución rápida. 
No obstante, durante los trabajos iniciales en el Consejo resultó que la propuesta dio lugar a varias cuestiones y problemas jurídicos e institucionales que no pudieron resolverse de inmediato. 
La Presidencia desea que se adopte una posición en la cumbre del Consejo del 3 de diciembre sobre la continuidad de los esfuerzos por establecer la cumbre social. 
Si se decidiera seguir trabajando en torno a una propuesta de decisión formal, entonces el resto de detalles no podrán dilucidarse hasta la Presidencia griega. 
No obstante, no hay nada que impida que las cumbres sociales se celebren de modo informal sin necesidad de una decisión, como se ha hecho hasta la fecha. 
Espero que esto responda a la pregunta de qué se propone hacer el Consejo para crear la cumbre social. 
La cuestión de la consulta con el Parlamento todavía no ha sido debatida por el Consejo. 
Una vez que el Consejo haya decidido los detalles del establecimiento de la cumbre social, existirá una base sobre la que discutir la implicación del Parlamento. 
Quisiera terminar agradeciendo al Parlamento que haya planteado la cuestión del diálogo social y la cumbre social tripartita. 
En efecto, ello supone una buena oportunidad para debatir los distintos aspectos de esta cuestión tan importante. 
Espero que se celebre un buen debate, y puedo asegurarles que la Presidencia danesa procurará incluir los puntos de vista expresados hoy en sus futuras deliberaciones. 
Señor Presidente, como ya ha señalado el Presidente en ejercicio, la Comisión ha presentado una propuesta para esta cumbre social tripartita sobre el crecimiento y el empleo mediante una decisión del Consejo. 
Esta propuesta no estaba aislada; estaba incluida en el marco de la necesidad de cambiar y modernizar el diálogo social europeo. 
El propósito de esta propuesta es formalizar las cumbres de diálogo social celebradas en Estocolmo en marzo de 2001 y en Barcelona en marzo de 2002. 
No hay nada que nos impida celebrar otra reunión informal, pero como ya ha señalado el Presidente en ejercicio, es muy importante formalizar esta cumbre social tripartita, porque así lo acordaron los interlocutores sociales en la Cumbre Europea de Laeken. 
En cualquier caso, será una cumbre sobre crecimiento y empleo y sustituirá al actual Comité Permanente de Empleo. 
Este foro tendrá un papel muy importante en lo que se refiere a la puesta en práctica del proceso de Lisboa, porque es el foro apropiado para que los interlocutores sociales presenten sus propuestas y su agenda común para la puesta en práctica de la estrategia de Lisboa. 
La Comisión optó por el artículo 202 como fundamento jurídico para la creación de la cumbre social tripartita, porque también fue el fundamento jurídico del Comité Permanente de Empleo. 
Aunque no haya ninguna disposición sobre la consulta al Parlamento Europeo en ese artículo, la Comisión previó en su propuesta que el Parlamento fuese consultado sobre la creación de una cumbre social tripartita, puesto que es una cuestión delicada e importante. 
La prerrogativa sobre seguir o no esta sugerencia corresponde al Consejo. 
La Comisión considera de una gran importancia que la propuesta se adopte rápidamente. 
Como ya he indicado, esta opinión está firmemente respaldada por los interlocutores sociales interprofesionales europeos. La cumbre asegurará una mayor coherencia entre los distintos procesos de diálogo en que se ven envueltos los interlocutores sociales. 
Hemos mantenido conversaciones informales en el Consejo y la gran mayoría de los Estados miembros estaban de acuerdo sobre esta cuestión. 
Creemos que superaremos algunos de los problemas- jurídicos o de otra índole- que existen en algunos Estados miembros. 
Espero que esta propuesta reciba el apoyo político necesario en el Consejo de Asuntos Sociales del 3 de diciembre, lo que permitiría que fuera adoptada en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 9 y 10 de diciembre, de forma que podríamos contar con una cumbre social tripartita formal durante la Presidencia griega. 
Celebro que la respuesta se haya dado de este modo, pero tengo que decir que la respuesta es bastante insatisfactoria. 
Tenemos ante nosotros una propuesta en la que todos están probablemente de acuerdo en cuanto al objetivo. 
Este objetivo es, por supuesto, la celebración de esta reunión tripartita. 
No obstante, aquí es donde comienzan todos los problemas. 
La Comisión se refiere al artículo 202; evidentemente, el Consejo no está de acuerdo con esto, puesto que está deliberando sobre ello. 
Antes del resultado de estas deliberaciones, no hay voluntad de solicitar el dictamen del Parlamento Europeo, especialmente la opinión que está elaborando el Sr. Ettl. Consideramos esta situación totalmente inadmisible. 
Como coordinadores de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, también hemos deliberado sobre el tema y nuestra opinión es que si las cosas siguen así, tendremos que considerar seriamente acudir al Tribunal Europeo de Justicia, porque los derechos del Parlamento Europeo están siendo violados. 
También pienso, señora Comisaria, que incluso si se utiliza como base el artículo 202, no está usted aplicando dicho artículo correctamente. 
Debe leer la segunda parte del artículo, que afirma que existen, en efecto, casos en los que no se solicita el dictamen del Parlamento Europeo, pero que el asunto tiene que haber sido determinado con anterioridad y previo dictamen del Parlamento Europeo o que debe haberse emitido algún tipo de mandato. 
Ahora, que nosotros sepamos, no se ha emitido mandato alguno en esta cuestión. 
En cualquier caso, todo requiere una investigación exhaustiva. 
Tengo que decir, y esto se aplica también al Consejo, que podrían haberse evitado muchos problemas si se hubiera solicitado el dictamen del Parlamento Europeo. 
Al no haberlo hecho, todo este asunto adquiere un perfil bastante siniestro. 
Nosotros nos encontramos en proceso de consulta con el Departamento de Asuntos Jurídicos del Parlamento acerca de este asunto. 
Sin duda, es posible utilizar una base jurídica distinta, pero estoy seguro de que será increíblemente difícil para el Consejo y la Comisión encontrar una base legal que no requiera la opinión del Parlamento Europeo. 
Después de todo, de esto se trata, y estamos defendiendo nuestros derechos. 
Los derechos del Parlamento ya están relativamente limitados en asuntos de este tipo. 
Quizás esto se deba en parte a una razón lógica y en parte también se derive del propio Tratado, pero en cualquier caso no podemos tolerar una mayor erosión de los ya limitados derechos del Parlamento a este respecto. 
Este es el mensaje que me gustaría transmitir al Consejo y a la Comisión para sus deliberaciones futuras. 
Por último, tengo otra pregunta. 
Si en efecto va usted a proceder sobre la base del artículo 202, ¿no deberían imputarse los gastos de esta operación al Consejo más que la Comisión, como ha sido el caso hasta la fecha? 
Quizás también se pueda responder a esta pregunta. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al Sr. Pronk que haya señalado que el artículo 202 no es de ninguna manera una opción legislativa socorrida, y no facilita las cosas ni al Consejo ni a la Comisión. 
También me gustaría dar las gracias a la Comisaria por su clara declaración sobre los acuerdos en torno a la cumbre social tripartita y agradecer a la Presidencia danesa sus intentos de complacernos. 
Sin embargo, lo que yo no entiendo como ponente nombrado es que en un momento en el que estamos ansiosos por abordar la política de empleo y el crecimiento de manera activa, estemos perdiendo el tiempo. 
La intención era empezar ya a tomar medidas en relación con esta cumbre social tripartita permanente, antes de la cumbre de primavera, para que los interlocutores sociales pudieran empezar a trabajar de inmediato. 
El enfoque que hemos adoptado ahora significa que estamos perdiendo el tiempo de nuevo, probablemente un año entero, en un momento en el que queremos desempeñar un papel activo en las cuestiones de empleo. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha sido prácticamente neutralizada; no poseemos un mecanismo adecuado a este respecto. 
Esto significa que el diálogo social no se utilizará en especial como mecanismo fundamental para que los interlocutores sociales puedan- o de hecho se vean obligados a- alcanzar un resultado práctico. 
En un momento en el que el término «dimensión social» y por tanto el mecanismo que incluye en concreto el diálogo social está constantemente en boca de todos, y cuando estamos hablando de profundizar en las cuestiones sociales en Europa, estamos perdiendo el tiempo. 
Simplemente no lo entiendo. 
Una última cuestión: hoy nos encontramos en la antesala de la ampliación de la Unión Europea. 
He debatido estas cuestiones con muchos Estados asociados y todos quieren un mecanismo que funcione adecuadamente en este campo y que sirva de ayuda a todos los Estados miembros nuevos. 
Sin embargo, si el mecanismo no se hace operativo bajo la Presidencia griega, no creo que sea más fácil resolver las cuestiones entonces, cuando los Estados miembros nuevos se nos hayan unido. 
En ese momento la situación será más difícil, puesto que los acuerdos sociales existentes, es decir, las relaciones laborales, no serán tan robustas. 
Ese es el problema a que nos enfrentamos. 
No necesito agotar mi tiempo de intervención: ya he expresado mi indignación sobre el hecho de que constantemente se haga referencia al artículo 2002 como una opción socorrida. 
El Servicio Jurídico del Parlamento nos dará su opinión sobre esta cuestión la próxima semana, y espero que nos sea de alguna ayuda. 
Quisiera agradecer de nuevo a la Presidencia danesa y a la Comisaria Diamantopoulou su apoyo. 
Espero que el 3 de diciembre sea un día productivo en este terreno. 
Señor Presidente, el Grupo ELDR está totalmente de acuerdo en que el Parlamento tiene derecho a ser escuchado. 
Esta semana, no obstante, estoy de acuerdo con el Sr. Ettl en que resulta apropiado añadir algo sobre la necesidad de una pronta participación de los futuros nuevos miembros en la cumbre social tripartita y el estado del diálogo en aquellos países. 
El modo de organización de sindicatos y organizaciones patronales varía considerablemente de un país a otro, así como la forma y la amplitud de la negociación colectiva. 
El desarrollo de las organizaciones patronales es reciente y esporádico y sus actividades no siempre están coordinadas. 
Las confederaciones sindicales y patronales, donde existen, difieren en la medida en que están involucradas en sus equivalentes a escala europea. 
Por tanto, aún hay mucho que hacer para desarrollar la base para el diálogo social. 
Sé que la Comisión ya ha empezado a afrontar esta cuestión a través de una serie de medidas. 
Su labor tiene una importancia fundamental, puesto la cooperación entre las autoridades, los sindicatos y las organizaciones patronales es vital para el desarrollo social y económico y, en consecuencia, para un mayor empleo. 
Como ha manifestado la Presidencia danesa recientemente, la cooperación tripartita y el diálogo social deben reforzarse si queremos que los nuevos Estados miembros puedan participar en la labor en igualdad de condiciones con respecto a los demás Estados miembros. 
Debemos asegurarnos de que sus voces, así como las nuestras, sean debidamente escuchadas. 
Señor Presidente, quisiera decir lo siguiente: esta postura del Consejo acerca del diálogo social es contradictoria. 
Por una parte afirma estar interesado, pero por otra continúa obstruyendo su aplicación, como se deduce de su aplazamiento de la creación formal de la Cumbre Social Tripartita. 
La Comisaria ya ha facilitado información importante, que nos permite llegar a esta conclusión y por la que le estoy agradecida. 
Por desgracia, esto demuestra la escasa importancia que dan los gobiernos de los Estados miembros a las cuestiones sociales. 
Quiero destacar el caso de Portugal, con el que estoy bastante familiarizada por ser portuguesa. 
Además de las cuestiones que ya han planteado otros oradores acerca de la participación del Parlamento y acerca de la trascendencia del aplazamiento de la creación de la Cumbre Social Tripartita, quisiera también preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo lo siguiente: ¿qué medidas prevé adoptar con el fin de incrementar por lo menos la participación de las mujeres en el diálogo social, con respecto a los organismos de toma de decisiones, con respecto a las bases jurídicas y también con respecto al contenido que hay que abordar en todo este proceso? 
¿Qué medidas prevé adoptar para asegurar que se dé prioridad a las cuestiones sociales, especialmente en el ámbito del empleo, la inserción social, la igualdad de derechos y oportunidades y la conformidad con la agenda social en general? 
¿Qué medidas prevé adoptar con el fin de proteger de modo efectivo los derechos sociales y laborales y para garantizar su cumplimiento en la práctica? 
Señor Presidente, las respuestas que el Consejo ha dado esta tarde a nuestras preguntas han sido claras, aunque no tan completas como muchos de nosotros hubiéramos deseado. 
Somos muy conscientes de la importancia que la propia Dinamarca confiere a la labor de los interlocutores sociales, ya que el 80% de los trabajadores daneses están cubiertos por convenios colectivos, pero también sabemos, como hemos estado escuchando, que una serie de Estados miembros no comparten esta opinión. 
El Parlamento empieza a experimentar una sensación de urgencia respecto a la necesidad de dar una mayor coherencia a la labor de los interlocutores sociales. 
Como se ha dicho, esta cuestión se vuelve crucial al volver la vista hacia la ampliación. 
Nos interesaría saber qué participación se prevé que tengan, y en qué punto, los interlocutores sociales de los países candidatos. 
Asimismo, sabemos que hay muchas áreas en las que ya se aboga por este tipo de consulta, en la directiva sobre empresas de trabajo temporal, por ejemplo, y en muchas otras áreas relacionadas con el trabajo que respete el bienestar de las familias, la calidad del trabajo, la modernización del trabajo, la organización, políticas de prolongación de la vida activa, etc. Así, esperamos que este nuevo enfoque pueda contemplar los aspectos cualitativos del crecimiento y el empleo, que se olvidan demasiado a menudo, y las repercusiones sociales en su conjunto. 
Me hago eco de muchos de los comentarios que la Sra. Figueiredo acaba de hacer. 
Respecto a la financiación, estoy de acuerdo con el Sr. Pronk en cuanto a la fuente de financiación y, una vez más, habrá que tener en cuenta particularmente el proceso de ampliación. 
En cuanto al papel del Parlamento Europeo, empezamos a descubrir un número creciente de formas y áreas de cooperación en las que el Parlamento no participa plenamente. 
La coordinación abierta es un área en la que aún no conseguimos una respuesta clara respecto a en qué lugar de todo el proceso encaja el Parlamento. 
Asimismo, somos conscientes de que algunos gobiernos no desean una ampliación de las competencias parlamentarias en el proceso de la Convención. 
Algunos de estos gobiernos parecen haberse puesto muy temprano a examinar cuestiones como la cumbre tripartita y la participación del Parlamento en la misma. 
Mientras consideramos aspectos sobre el fundamento jurídico, ésta no es la única cuestión en la que se plantea el problema de la participación del Parlamento. 
Estoy pensando en la coordinación de la seguridad social para nacionales de terceros países. 
Estamos deseando que se emita un dictamen jurídico y una mayor participación del Parlamento, de forma que en el futuro esto deje de ser un problema. 
Señor Presidente, no ocultamos el hecho de que hay cierto desacuerdo en torno a la base jurídica de estas actividades. 
Sin embargo, en primer lugar me gustaría subrayar que nadie ha planteado ninguna objeción a la idea de celebrar cumbres tripartitas. 
En efecto, la idea obtuvo el apoyo de todos, tanto en Laeken como en Barcelona, así que no existe desacuerdo en cuanto a esta cuestión. 
En pocas palabras, puedo decir que la Comisión propone utilizar el artículo 202 como base jurídica. 
Sin embargo, el Servicio Jurídico del Consejo es de la opinión de que esta disposición no puede utilizarse porque no concede al Consejo una competencia irrestricta para la toma de decisiones. 
Simplemente se refiere a los artículos del Tratado que especifican las medidas que puede tomar el Consejo. 
Y de acuerdo con el Servicio Jurídico del Consejo, eso no supone una base jurídica. 
Y cuando la Comisión propone que la cumbre reúna a la presidencia del Consejo a nivel de Jefe de Estado y de Gobierno, el Servicio Jurídico del Consejo cree que el Consejo (empleo, política social y protección de la salud y del consumidor) no puede tomar una decisión acerca de la creación de una cumbre a nivel de Jefe de Estado y de Gobierno. 
Este asunto quizás pueda resolverse de alguna manera u otra si hay voluntad de resolverlo. 
El Servicio Jurídico del Consejo tampoco está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de que los resultados de la cumbre- que tendrá lugar el día anterior al Consejo Europeo- se presenten al Consejo Europeo en forma de informe. 
Señala que esto contravendría las reglas sobre la organización del trabajo del Consejo Europeo, que el propio Consejo adoptó en Sevilla en junio, y que sería contrario al artículo 2 del Reglamento del Consejo, que obliga a este a preparar los Consejos Europeos, incluida la coordinación de todos los preparativos. 
Además, el artículo 2 establece períodos de tiempo para redactar el orden del día provisional del Consejo Europeo y la presentación de contribuciones a los debates, y no se cumple estos plazos de acuerdo con la propuesta. 
Sin embargo, sobre este punto quisiera decir que probablemente puede resolverse con buena voluntad. 
Simplemente requiere seguir discutiendo. 
Creo que el primer problema que he mencionado, el uso del artículo 202 como base jurídica, es el mayor problema. 
Pero veamos si podemos avanzar algo al respecto. 
Ya he ofrecido una visión abierta y franca acerca de la raíz del desacuerdo. 
A veces queremos preguntar a los abogados si no pueden intentar llegar a un acuerdo antes de comunicárnoslo a los políticos, pero probablemente es más fácil decirlo que hacerlo. 
Quizás las bases del Tratado no siempre están igualmente claras, en cuyo caso tenemos que encontrar una solución política que nos permita hacer lo que queremos sin que se afirme que estamos rompiendo las reglas que constituyen la base de nuestro trabajo. 
Estas eran un par de cuestiones. 
Le puedo asegurar al Sr. Ettl que no estamos perdiendo el tiempo. 
Sin embargo, hasta que encontremos una solución formal correcta, tendremos que seguir el procedimiento informal y continuar con las cumbres informales. 
Quisiera decirle a la Sra. Figueiredo que soy plenamente consciente de lo que ha mencionado acerca de la representatividad de los partidos, pero esta cuestión todavía no se ha debatido en profundidad. 
No quiero emprender un debate jurídico a gran escala aquí en el Parlamento. 
Simplemente creía que tenía la obligación de expresar las razones por las que el Consejo aún no está preparado para comenzar un diálogo formal tal como se solicitó. 
Sin embargo, estamos dispuestos a seguir con un diálogo más informal hasta que se encuentre una solución. 
Señor Presidente, la razón por la que la Comisión ha elegido el artículo 202 es que es el fundamento que se utiliza para el Comité Permanente de Empleo y ha funcionado durante muchos años. 
Ya se ha hecho referencia a algunos de los aspectos jurídicos de la propuesta. 
Creemos que estas dificultades se pueden superar con la cooperación entre los Consejos, si del Consejo de Empleo vamos al de Asuntos Generales y se inserta un apartado final en las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales. 
El Consejo es responsable del presupuesto, pero es bastante reducido. Por esta razón, sólo permite invitar a entre ocho y diez representantes de los interlocutores sociales. 
Puesto que se me brinda la oportunidad, me gustaría decir unas palabras sobre la participación de los países candidatos. 
Estos países se convertirán en miembros de los interlocutores europeos, la CES y la UNICE, y participarán en la cumbre social a través de sus instituciones y organizaciones europeas. 
En cualquier caso, colaboramos estrechamente con los gobiernos y los interlocutores sociales de todos los países candidatos, porque algunos de ellos tienen que empezar desde cero y existen problemas importantes respecto al funcionamiento del diálogo social. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, es un gran placer tener la oportunidad de debatir la ampliación del procedimiento Lamfalussy para incluir todos los servicios financieros. 
Aprecio enormemente la oportunidad que se me brinda para dar cuenta de la propuesta del Consejo al Parlamento Europeo para que pueda haber un diálogo constructivo y abierto entre ambas instituciones sobre esta importante cuestión. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha planteado algunas cuestiones relativas al reestructurado GPSF y a la participación del Parlamento Europeo en los debates sobre política en el sector financiero. 
Espero que estas cuestiones queden resueltas antes de que el Consejo Ecofin apruebe el informe el 3 de diciembre. 
Los mercados financieros están desempeñando un papel cada vez mayor en la economía europea. 
Son un factor importante para la creación de crecimiento y empleo e integración financiera en la Unión Europea, y la consecución de un mercado único para los servicios financieros supondrá una contribución sustancial a la prosperidad en aumento. 
Un informe publicado la semana pasada por la Comisión demuestra que la plena integración financiera en la Unión Europea aumentará a largo plazo el PNB de la Unión Europea un 1,1 %. 
No obstante, la creciente integración financiera también exige un mayor grado de cooperación en materia de supervisión financiera en la Unión Europea y una mayor vigilancia en cuanto a la estabilidad financiera. 
El desarrollo de los mercados financieros ha subrayado estas necesidades en los últimos años. 
Por lo tanto, el Consejo Ecofin desea extender la estructura de la legislación, la supervisión y la estabilidad financiera en el mercado de valores sobre la que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo en febrero de este año para abarcar todos los servicios financieros. 
Los acuerdos interinstitucionales que se firmaron con respecto a los mercados de valores también se aplicarán en la estructura extendida. 
Y el seguimiento de la estabilidad financiera en la Unión Europea se reforzará de la misma manera. 
Por varias razones es importante e imperativo que esta nueva estructura se amplíe para incluir los sectores bancario y de seguros: 
En primer lugar, la nueva estructura contribuirá a la estabilidad financiera y a la armonización efectiva de la normativa financiera mediante la creación de un marco para la cooperación efectiva y la convergencia entre las autoridades supervisoras financieras. 
La integración creciente y la influencia recíproca de los mercados financieros en la Unión Europea hace de esto una necesidad que no debe posponerse. 
En segundo lugar, las circunstancias que dieron pie a la introducción del procedimiento Lamfalussy en el sector bursátil también están presentes en los sectores bancario y de seguros. 
El modo en que están fijadas las normas en este momento es inflexible, lento y pesado, y soy plenamente consciente de que el Consejo también puede convertirse en un factor que retrase el proceso en curso. 
Las normas comunes también se aplican de forma diferente en los distintos Estados miembros. 
El sector financiero en su conjunto se desarrolla rápidamente, y la cooperación rápida y efectiva en materia de legislación y supervisión es igual de necesaria para los demás sectores como lo fue para los mercados de valores. 
Hay una necesidad de responder con más rapidez de lo que permite la estructura actual. 
Las iniciativas conducentes a nuevas directivas, como la aplicación de las normas sobre niveles de capital suficientes en el terreno bancario y las normas Solvencia II en el terreno de los seguros, precisarán ciertas disposiciones técnicas detalladas, y por ello es lógico aplicar un proceso legislativo más efectivo en este ámbito, como el que se usa en el mercado de valores. 
La nueva estructura también allana el camino para distinguir mejor entre el núcleo del asunto, es decir, lo que es central en el terreno político, y lo que puede reservarse para la aplicación de decisiones que se pueden ajustar sobre la marcha de acuerdo con las condiciones cambiantes del mercado. 
Aunque no se espera que la Comisión emita su propuesta sobre Basilea II hasta la primavera de 2004, no obstante sería útil que la nueva estructura estuviera establecida ya en una fases temprana. 
En tercer lugar, la nueva estructura es necesaria para garantizar la eficiencia en relación con la próxima ampliación de la Unión Europea. 
La nueva estructura será más práctica y efectiva en una Unión Europea con 25 Estados miembros. 
El Comité Consultivo Bancario, que actualmente realiza las tareas de nivel 2 y de nivel 3, incluye 3 miembros de cada Estado (uno del Ministerio, uno de la autoridad supervisora y uno del banco central). 
Tras la ampliación, contará con 75 miembros junto con varios observadores. 
La mejor manera de promover la armonización y la convergencia de la práctica de supervisión europea pasa por establecer una estructura uniforme para todos los sectores. 
La estructura del mercado de valores proporciona un modelo adecuado a este respecto. 
La nueva estructura de supervisión garantizará el carácter nacional de la organización de las tareas de supervisión y creará una estructura más transparente de la comisión, sin mandatos mixtos, como es el caso actual en los sectores bancario y de seguros. 
Crea una estructura permanente y clara para la cooperación en las distintas comisiones supervisoras, al igual que en la relación entre las comisiones supervisoras y los comités de «nivel 2». 
Por lo tanto, establece una buena práctica de cooperación en materia de supervisión intersectorial y permite una distribución idónea y clara de responsabilidades. 
En resumen, por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente en cuanto a la trascendencia de la nueva estructura: 
Existirá un mayor grado de concentración en cuestiones políticas y por tanto en los principios generales de la normativa. 
Los debates políticos y técnicos en principio tendrán lugar en foros separados, permitiendo así que el proceso se desarrolle con más rapidez, puesto que el trabajo se podrá llevar a cabo paralelamente en la vertiente técnica. 
Se creará una mayor apertura y un mayor compromiso con respecto a los sectores financieros en muchos países, y la aplicación de las normas contempladas en las distintas directivas en cada uno de los Estados miembros será más uniforme, sentando las bases para una supervisión más uniforme. 
Por último, establecerá una mayor correlación entre las normas de las distintas partes del sector financiero. 
Es necesario encontrar una estructura adecuada para el papel del Parlamento Europeo con relación con la formulación de directrices políticas generales para la esfera financiera, y estoy convencido de que esto será posible. 
Como punto de partida, pienso en reuniones frecuentes entre el presidente del GPSF reestructurado, la Comisión y el Parlamento Europeo con el fin de reforzar el diálogo sobre las principales directrices políticas para los servicios financieros. 
Sin embargo, el rejuvenecimiento del Grupo 2005 también es posible si así se prefiere; después de todo, esto se menciona en la resolución del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. 
En cuanto al GPSF reestructurado y su papel en la formulación de la política en la esfera financiera, tendríamos en cuenta las preocupaciones del Parlamento Europeo. 
La función del GPSF reestructurado no consiste en «definir la política en la esfera financiera» («formulación de la política» ) como se afirma en el texto. 
Al contrario, el GPSF reestructurado ha de proporcionar una visión de conjunto y aconsejar al Consejo y a la Comisión. 
Esto se verá reflejado en el informe final que se va a adoptar el 3 de diciembre. 
El Consejo toma nota de que si llega a establecerse la nueva estructura, el Parlamento Europeo considera esencial que el sistema legislativo de la Unión Europeo se modifique de tal forma que exista una clara distinción entre actos jurídicos primarios y secundarios y que existan las cláusulas de revocación necesarias. 
El Consejo es consciente de la intención de la Comisión de proponer a la Convención que el artículo 202 del Tratado se modifique para reflejar los poderes de las instituciones legislativas, el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Como es bien sabido, el Consejo, como institución, no puede tomar decisiones que impongan obligaciones a la Convención o a la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Este es un asunto que corresponde exclusivamente a los Estados miembros, que definirán sus propias posturas en la Convención y en la Conferencia Intergubernamental. 
Como presidente del Consejo Ecofin, puedo asegurarles que puedo y pienso animar a mis colegas a que convenzan a sus Jefes de Estado y de Gobierno de la importancia de este tema, y al mismo tiempo les insten a deliberar y debatir esta cuestión durante los preparativos de la Conferencia Intergubernamental. 
En el Consejo somos conscientes de que hay que respetar el papel del Parlamento Europeo. 
Es muy importante que la Convención y la Conferencia Intergubernamental consideren un sistema legislativo que permita una mayor eficiencia en el proceso legislativo y respete el principio de subsidiariedad y los poderes de las instituciones implicadas. 
Es esencial encontrar una respuesta a los retos a que se enfrentan los sectores financieros y la Comunidad en su conjunto. 
Sin embargo, todos debemos ser conscientes de que esta es una cuestión amplia que no concierne únicamente a la legislación financiera. 
En resumen, quisiera expresar mi esperanza de que la postura final del Parlamento Europeo acerca de esta cuestión tenga en cuenta las oportunidades de que dispone el Consejo y la garantía de buena voluntad que he ofrecido hoy al Parlamento Europeo. 
. 
(EN) Señor Presidente, este debate se refiere tanto a la resolución presentada por la Sra. Randzio-Plath como al informe elaborado por la Sra. van den Burg. 
Con su permiso, hablaré primero sobre la resolución y luego pasaré al informe de la Sra. van den Burg. 
Como quizá sepan, el Consejo ECOFIN ha respaldado ampliamente los informes del CEF sobre la ampliación del procedimiento Lamfalussy a los seguros, la banca y los conglomerados financieros. 
A petición del Consejo y la Presidencia, la Comisión ha organizado una consulta pública que terminó la semana pasada. 
En general, la respuesta de los profesionales comerciales, los consumidores y otras partes interesadas ha sido positiva. 
En breve, publicaremos estas respuestas en nuestra página web, en consonancia con el enfoque abierto y transparente que el Parlamento desea que se aplique a todo el procedimiento Lamfalussy. 
La Comisión apoya al Consejo en la propuesta de extender el procedimiento Lamfalussy, respetando plenamente todos los aspectos de nuestros acuerdos con los parlamentos y nuestro acuerdo con esta Cámara. 
Creo que, con el tiempo, esto proporcionará ventajas reales, puesto que el proceso legislativo se agilizará y se hará más flexible y transparente. 
Recordemos lo que intentamos conseguir. 
Uno de nuestros objetivos es fomentar la convergencia de las estructuras reglamentarias, lo cual está empezando a suceder en el caso de los valores. 
Creemos firmemente que la convergencia también resulta necesaria en otros sectores. 
Admito la validez de sus reservas sobre la falta de experiencia hasta el momento con respecto al enfoque Lamfalussy. 
Inevitablemente, éste es un proceso en el que se va aprendiendo sobre la marcha. 
Debemos examinar las carencias, una labor que ha sido asignada específicamente a un grupo de seguimiento interinstitucional. 
No obstante, aún tenemos que prepararnos, con tiempo, para las decisiones futuras, particularmente porque necesitamos tiempo para crear el marco y las estructuras necesarias para ampliar Lamfalussy. 
Además, independientemente de que lo ampliemos o no, este procedimiento dará forma al tipo de directivas que aprobemos con relación a la banca, los seguros y los conglomerados. 
También debemos tener en cuenta la necesidad de crear estructuras de toma de decisiones eficientes antes de la ampliación. 
No deberíamos esperar, por tanto, hasta el año 2006 o una fecha posterior. 
Dicho esto, entiendo perfectamente los argumentos formulados por este Parlamento respecto a la necesidad de unos principios y salvaguardas democráticos y exigibles apropiados. 
Las propuestas del CEF se han beneficiado significativamente de la aportación de mis servicios. 
En particular, respetan los acuerdos jurídicos y políticos interinstitucionales actuales y las prerrogativas de este Parlamento. 
Hemos insistido constantemente sobre este punto, así como sobre la necesidad de someter la propuesta a consulta pública. 
A propósito, no creo que transferir la presidencia del grupo de política de servicios financieros a un Estado miembro debilite el papel de la Comisión. 
El GPSF tendrá un papel estratégico y con perspectiva de futuro, pero el derecho de iniciativa de la Comisión y su papel en el procedimiento de comitología no se verán comprometidos. Esto se manifiesta explícitamente en el informe del CEF. 
He notado el prolongado interés del Parlamento en participar en el GPSF. 
No obstante, me gustaría señalar que el papel del GPSF es asesorar al Consejo y a la Comisión. 
No se trata de un grupo interinstitucional. 
No obstante, tenemos el Grupo 2005- el Presidente del Consejo lo mencionó -, en el que las tres instituciones podrían discutir de forma regular cuestiones estratégicas. 
Asimismo he observado que el Parlamento aboga por un compromiso claro e inequívoco para reformar el Artículo 202 del Tratado. 
Como saben, la Comisión ha manifestado reiteradamente que apoya la reforma de este artículo. 
El Presidente Prodi así lo manifestó en esta misma Cámara el 5 de febrero de 2002, cuando acordamos con el Parlamento las salvaguardias democráticas para seguir adelante con el procedimiento Lamfalussy. 
Asimismo, la postura de la Comisión a este respecto esta recogida en su Libro Blanco sobre la gobernanza europea, en su comunicación sobre una mejor regulación y en su contribución a la Convención, su comunicación del 22 de mayo titulada «Un proyecto para la Unión Europea». 
En todos estos documentos se expresa la misma opinión, esto es, que apoyamos al Parlamento en su deseo de cambiar el artículo 202 del Tratado. 
La Comisión presentará en breve, probablemente el 4 de diciembre, su comunicación sobre arquitectura institucional. 
El contenido de la misma aún no se ha finalizado, pero debo decir que creemos que ambas ramas del poder legislativo- el Consejo y el Parlamento- recibirán el mismo trato en cuanto al control de la Comisión y a todo el procedimiento de comitología. 
Esto está claro. 
Lo que yo desaconsejaría- y en este punto deseo terminar con mis cometarios sobre la resolución presentada por la Sra. Randzio-Plath- es la adopción hoy de una resolución que, lo saben por adelantado, resulta políticamente inviable para los Estados miembros. No pueden dar su aprobación antes de una conferencia intergubernamental que no empezará hasta el 2004. 
No pueden dar su aprobación a una conclusión particular. 
Seguramente, lo razonable sería asegurarse de que estas cuestiones tan importantes estén bien consolidadas en el orden del día de la CIG cuando ésta empiece. 
Respecto al informe van den Burg, la Comisión lo acoge muy positivamente. 
Me gustaría dar las gracias a la Sra. van den Burg por haber elaborado un informe tan oportuno, dado el actual debate sobre la ampliación del procedimiento Lamfalussy, un debate que tiene lugar en el Parlamento, el Consejo y, debido a la consulta pública, también entre grupos de interés más dispersos. 
En mi opinión el informe está muy centrado. 
Se concentra en los avances clave del sector financiero, como la supervisión de los conglomerados, las cuestiones de la globalización del sector financiero y las respuestas a las carencias del enfoque reglamentario norteamericano. 
Tiene una nota realista al reconocer los diferentes enfoques de supervisión adoptados por los Estados miembros. 
El informe insta a la Comisión a actuar en una serie de áreas. 
Algunas de las sugerencias se están tratando ya o bien hay planes de hacerlo próximamente. 
Permítanme mencionar cuatro de ellas: en primer lugar, el diálogo con las asociaciones que representan a los sectores financiero y del consumidor; en segundo, el diálogo con los Estados Unidos; en tercer lugar, principios de regulación y supervisión sólidos para las autoridades relevantes de los países candidatos; por último, evaluaciones del impacto de las nuevas propuestas legislativas. 
La Comisión tal vez decida no seguir todas las sugerencias del informe, pero las considerará debidamente. 
Me complace observar que el informe apoya a la Comisión en una serie de áreas. 
Por ejemplo, reafirma el liderazgo de la Comisión en la elaboración de legislación, consagrado en el Tratado como el derecho de iniciativa. 
De hecho es un monopolio de iniciativa. 
El informe también respalda el papel de la Comisión como un agente distribuidor de poder justo. 
Señala la importante labor que los servicios de la Comisión realizan de cara a la creación de un mercado financiero integrado que, como ha indicado el Sr. Pedersen, es vital para el objetivo a medio plazo de la Unión Europea de crear la economía del conocimiento más competitiva y dinámica en torno a 2010. 
Señor Presidente, a finales de la semana pasada, el Ministro de Finanzas neerlandés anunció las medidas destinadas a restaurar la confianza en los mercados financieros. 
Acojo con satisfacción este anuncio. 
Más vale tarde que nunca, y observo que se están dando pasos similares en muchos otros Estados miembros. 
No obstante, parece como si cada Estado miembro estuviera tratando de reinventar la rueda por su cuenta. 
Mientras nosotros, a escala de la Unión Europea, nos dedicamos a integrar los mercados financieros bajo el inspirador liderazgo del Comisario Bolkestein, las capitales están, en mi opinión, pasando por alto el hecho de que mucho de lo que ocurre en los mercados financieros va más allá de las fronteras de los Estados miembros y también va más allá de las fronteras sectoriales. 
Antes del verano, empezamos a debatir las opciones para aumentar la efectividad de la supervisión y la cooperación europea en el Parlamento. 
Se celebraron audiencias con importantes personalidades del mundo de la supervisión, y el informe que tienen ante ustedes es un reflejo de los debates que hemos celebrado. 
Los reguladores y los propios agentes del mercado están presionando para que exista una mayor cooperación e integración europea. 
Eso es lo que me ha asombrado en este debate, y pienso que, como políticos, es nuestra obligación responder como es debido a los nuevos riesgos que se presentan. 
En mi informe, he optado por un enfoque pragmático, como ha dicho antes el Sr. Bolkestein, y he propuesto un gran número de medidas prácticas, con respecto a las cuales las que no voy a entrar en detalles, pero la intención es trabajar poco a poco para conseguir una mejor cooperación e integración. 
Deliberadamente, no he ofrecido un anteproyecto de lo que podría ser una situación ideal, que entonces se tendría que haber impuesto de arriba abajo, sino trabajar principalmente sobre la base de la práctica actual para hacer hincapié no en el debate interinstitucional, sino en la calidad y efectividad de la aplicación de la supervisión en este momento. 
Creo que este es un punto de partida importante para el debate que debemos proseguir. 
De esta manera podremos avanzar paso a paso hacia una mayor integración europea. 
Lo que me ha asombrado es que el debate celebrado en Bruselas, y me refiero especialmente al informe del CEF y al debate del Consejo ECOFIN, ha tratado de la arquitectura institucional y del equilibrio mutuo de poderes, en lugar del refuerzo de la cooperación estructural y la coordinación a escala europea. 
Se están librando batallas de poder en torno a las presidencias y las funciones de secretaría, quizá ya con la ubicación pensada. 
No creo que esto sea sensato. 
En mi informe he intentado mantener las distancias con juegos de poder de este tipo y centrarme en los argumentos sustantivos. 
El Sr. Bolkestein ya ha dicho, y para mí es incuestionable, que necesitamos una Comisión Europea fuerte que trabaje desde la perspectiva de un mercado integrado y cumpla la función de agente independiente capaz de reunir a proveedores y consumidores de servicios financieros. 
Para mi gusto, el Consejo está basando esta cuestión demasiado en el ámbito nacional únicamente, y temo que esto lleve a los Estados miembros grandes a formar la mayoría del equipo y a permitir que en el proceso pesen más otros intereses que los de una mejor cooperación y una supervisión más efectiva. 
Otro punto susceptible de crítica es que el debate en el Consejo y en el CEF ha tenido lugar en su mayor parte a puerta cerrada, sin permitir la participación de los parlamentos nacionales. 
Pienso que ha sido positivo que a raíz del debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, hayamos sacado esta situación a la luz y la hayamos hecho más transparente. 
Pues bien, este debate no ha llegado ni mucho menos a su fin por lo que a nosotros respecta. 
Hacemos un llamamiento a los Ministros de Finanzas para que amplíen el debate. 
Se han sugerido varias ideas para este fin, pero, como ya he dicho, en la resolución todavía no se contempla una opción definitiva. 
Y este es precisamente el motivo por el que se necesita ampliar el debate. 
Lo que quiero subrayar de verdad y recalcar en este debate es la «cláusula de autorización» que hemos incluido en el informe para proporcionar una base legal ante la posibilidad de realizar la supervisión europea también a escala europea. 
Quizás esta cuestión también pueda debatirse en la CIG y quizás también en la Convención. 
Actualmente no hay disposiciones a este respecto en el Tratado, ni para el BCE ni para otros posible reguladores que podamos imaginar en el plano europeo. 
Dejamos totalmente abierta la cuestión de cómo y cuándo se va a plantear esta problemática, pero pensamos que es importante preverlo ahora, como condición para esta evolución. 
Obviamente, al Sr. Bolkestein le sorprendió bastante esta propuesta cuando la debatimos en comisión. 
Espero que desde entonces lo haya considerado con más detenimiento y pueda mostrarse más positivo acerca del tema, porque eso es lo que no hemos echado en falta en el procedimiento Lamfalussy, es decir, que se ha considerado de antemano y que también hay que crear las condiciones para ello. 
Por último, unas palabras sobre el procedimiento Lamfalussy. 
Tengo que decir que personalmente no tengo nada que objetar a que se incluyan los bancos, los seguros, los conglomerados y los fondos de pensiones. 
Esto es lo que también aparece de forma clara en la resolución, pero considero esencial que examinemos las condiciones necesarias para permitir al Parlamento participar de lleno. 
Sin embargo, estudiaremos el asunto con más detenimiento en lo que queda del debate. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera comentar mi opinión y la de mi Grupo acerca del procedimiento Lamfalussy y acerca del informe van den Burg. 
En primer lugar, estamos totalmente a favor de un proceso más rápido, más flexible y más transparente. 
Este es el motivo por el que también estamos a favor de los objetivos del procedimiento Lamfalussy. 
No obstante, hay que decir aquí y ahora que no tendríamos problemas ni con el ritmo ni con el contenido de los resultados si el Consejo pudiera trabajar tan rápidamente y tan orientado a la Comunidad como el Parlamento Europeo. 
A modo de ejemplo, me gustaría mencionar la Directiva de fondos de pensiones sobre los planes de pensiones de empresa. 
El Parlamento presentó su informe en nueve meses, mientras que el Consejo tardó veintiséis. 
Mi segundo punto es que todos los expedientes afectados por el procedimiento Lamfalussy están incluidos en el procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo. 
Hay que decir que las normas relativas a los detalles técnicos muchas veces no carecen de ciertos enfoques políticos. 
Sin embargo, acogemos con satisfacción los objetivos del procedimiento Lamfalussy, de eso no hay duda. 
Ni tampoco nos oponemos por principio a su extensión. 
Pero espero que lo entienda si decimos que no creemos en extender cheques en blanco. 
Además, admito que me preocupa que el procedimiento Lamfalussy/von Wogau se haya considerado alguna vez sólo como medida transitoria, como solución temporal y nunca como producto final. 
El producto final, el resultado final debe ser la paridad entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Y todavía no hemos alcanzado este resultado final. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción las enmiendas presentadas por el Sr. Von Wogau al informe Bourlanges en la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Apoyamos la propuesta de resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Esperamos que la Comisión asuma este punto en vista de las declaraciones realizadas por el Presidente Prodi y el Comisario Bolkestein en la «lista de la compra» presentada a la Convención. 
También hacemos un llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno para que hagan una declaración de intenciones en la cumbre de Copenhague. 
Quisiera proponer una audiencia conjunta de la Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con representantes del CERV y del comité de participantes del mercado sobre la experiencia del procedimiento Lamfalussy en relación con las Directivas sobre abusos de mercado y sobre los prospectos. 
Parte del propósito de esto es tener en cuenta esta experiencia, que no es totalmente positiva, al preparar los próximos pasos. 
También acogemos con satisfacción el informe van den Burg, y no sólo porque se aprobaran algunas de mis propias enmiendas. 
La mayoría de nosotros votará a favor de este informe. 
No obstante, quisiera señalar que no pensamos que sea el momento oportuno para determinar el formato óptimo de la supervisión financiera paneuropea. 
Por ello, también abogamos por un llamamiento a los Ministros de Asuntos Económicos y Financieros y a las autoridades supervisoras nacionales para establecer un diálogo exhaustivo con los interlocutores relevantes acerca de un sistema de supervisión integrado europeo, teniendo en cuenta el papel de los sistemas de supervisión nacionales y las responsabilidades del BCE. 
También apoyo la cláusula de autorización en relación con la Convención, porque no queremos tener las manos atadas en caso de que se produzca un resultado político distinto del esperado. 
No se trata de contraponer a la Unión Europea y los Estados miembros, sino de disponer de un sistema de supervisión que sea apropiado para un nuevo mercado interior de productos financieros. 
Señor Presidente, quisiera recalcar firmemente que el informe van den Burg se ha presentado al Parlamento en el momento más oportuno, porque es necesario que celebremos el debate sobre la supervisión en Europa. 
Dicho esto, es más importante que nunca distinguir entre la cuestión de la supervisión y la regulación. 
Apruebo el enfoque tan abierto que la Sra. van den Burg ha adoptado en su informe. 
También apruebo el modo en que de la misma manera ha examinado los distintos modelos de supervisión de los que disponemos en la Unión Europea sin recomendar un modelo definitivo. 
Digo esto porque necesitamos desarrollar un enfoque común, necesitamos aprender de nuestra experiencia, y sobre todo necesitamos procurar mantener este debate libre de cualquier actitud dogmática o ideológica al intentar alcanzar una posición única. 
Por este motivo creo que este informe nos proporciona una buena base para el diálogo con las demás instituciones. 
Ahora quisiera concentrarme en los problemas a los que nos enfrentamos en relación con la ampliación del proceso Lamfalussy, puesto que de lo que estamos tratando aquí es principalmente de la regulación. 
Señor Presidente en ejercicio, tenía usted mucha razón al afirmar que la integración financiera es muy necesaria, pero que también es necesaria la estabilidad financiera. 
Este es un ámbito en que el Parlamento no dejará que el Consejo o la Comisión le fallen, puesto que creemos que la estabilidad del mercado financiero es buena para el público, y que nosotros, como diputados del Parlamento, necesitamos abogar por la preservación de esa estabilidad. 
No obstante, debemos preguntarnos constantemente si el proceso elegido ayudará a contribuir a esa estabilidad. 
Cuando pienso en que hace tan sólo nueve meses yo apoyaba- con gran pesadumbre- un acuerdo que significaba que el procedimiento Lamfalussy se introducía en el ámbito de la regulación de las inversiones, me parece bastante prematuro estar discutiendo el «nacimiento de los trillizos Lamfalussy» , y con esto me refiero a la ampliación del procedimiento Lamfalussy a los tres nuevos sectores de la banca, los seguros y los conglomerados financieros, y más aún apoyarlo. 
La cuestión no es únicamente, como yo lo veo, que todavía no tengamos experiencia alguna en este ámbito. 
Usted sabe tan bien como yo que la primera Directiva Lamfalussy, sobre los abusos de mercado, todavía está muy lejos de haber sido transpuesta, y que la segunda todavía está esperando que se llegue a una posición común. 
No, la cuestión es que la Comisión ha confesado muy claramente que todavía no tenemos ni idea de las propuestas legislativas urgentes que puede que tengamos que tratar. 
Por eso es tan importante para nosotros obtener una garantía de la Comisión y del Consejo de que el undécimo mandamiento, la transparencia, seguirá siendo respetado en caso de ampliación del procedimiento Lamfalussy. 
Pienso- y lo digo expresamente en nombre de este Parlamento- que hemos alcanzado cierto éxito en esta cuestión. 
La transparencia es, sin duda, una cuestión central para el correcto funcionamiento de la democracia. 
Sin embargo, aquí no sólo estamos tratando de la institucionalización de nuevos mecanismos de transparencia. 
No, también estamos tratando de la manera de progresar más en materia de legislación. 
Creo que todavía no hemos llegado al equilibrio institucional en el proceso legislativo, y que tenemos que modificar el artículo 202. 
El Sr. Bolkestein nos ha señalado en varias ocasiones que el Parlamento siempre tiene la opción de bloquear una directiva futura a través del procedimiento de codecisión. 
Pero no se trata de bloquear nada. 
Se trata de la cooperación mutua constructiva. 
Esa es la razón, señor Presidente en ejercicio, por la que espero que el Consejo Financiero y también el Consejo Europeo de Copenhague lleguen a un acuerdo sobre una declaración política acerca de la necesidad de una enmienda del Tratado relativa a legislación secundaria, en relación con la voluntad del Parlamento con respecto a la autorización, y también en relación con el derecho de «call-back» , y que tratarán de lograrlo, sin olvidar todas las implicaciones legales que sin duda se derivarán de ello. 
Tiene que haber paridad entre el Consejo y el Parlamento como partes del proceso de codecisión. 
Esta es una cuestión central para el futuro de esta democracia parlamentaria, que al fin y al cabo todos queremos alcanzar a través de la Convención y a través de la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
Señor Presidente, mi grupo respalda los esfuerzos que la Sra. van den Burg ha realizado en su informe. 
Por tanto, si me lo permite, me centraré en la ampliación del procedimiento Lamfalussy. 
Este grupo está a favor de extender el procedimiento Lamfalussy a la banca y los seguros. 
Basta con ver en detalle las decisiones tomadas en Basilea sobre la adecuación del capital de los bancos para darse cuenta de que no tendría sentido incorporarlas al derecho primario. 
Nuestros homólogos americanos ya han permitido la introducción de las decisiones de Basilea mediante derecho derivado y un retraso innecesario haría que los bancos europeos se encontrasen en una situación de desventaja competitiva. 
Sin embargo, en ocasiones parece que el Consejo de Ministros ha olvidado dos cuestiones importantes. 
En primer lugar, que el Parlamento está plenamente comprometido con el control democrático de los comités que establecen las disposiciones de ejecución. 
En segundo lugar, que el acuerdo sobre aplicar los comités Lamfalussy al mercado de valores era una medida estrictamente temporal y ésta es la razón de que haya «cláusulas de extinción» a cuatro años aprobadas por el Consejo en las directivas sobre folletos y abusos de mercado. 
Temporal quiere decir temporal. 
Si nuestra función democrática de control debe ser efectiva, el artículo 202 del Tratado debe reflejar la codecisión con respecto a los comités de ejecución, de lo contrario siempre habrá un prejuicio en esta Cámara contra la delegación de poderes necesarios para tratar con cuestiones extremadamente técnicas. 
Por el buen gobierno y el control democrático, los Estados miembros deberían comprometerse- en una declaración del Consejo o de otra forma- a una revisión del artículo 202 que no sólo otorgue poderes equivalentes al Parlamento y al Consejo, sino que asegure que haya un control apropiado por parte de esta Cámara y del Consejo. 
Entonces, podremos proceder a ampliar Lamfalussy, una vez más de forma temporal. 
Señor Presidente, tras la caída y los graves problemas de funcionamiento de los mercados financieros mundiales, es esencial que se establezca una normativa europea más sólida y una supervisión prudencial común. 
Bien podríamos preguntarnos si el procedimiento Lamfalussy es el método más apropiado y si debería ampliarse. 
El procedimiento se basa en la distinción entre legislación marco y legislación secundaria. 
En principio, esto está justificado, pero plantea un problema fundamental para el ejercicio de la democracia. 
Como colegislador, el Parlamento debe situarse en pie de igualdad con el Consejo. Por ello, debe tener poder de «call-back». 
Por lo tanto, junto con mis colegas solicito la modificación del artículo 202 de los Tratados. 
Aprecio el compromiso de la Comisión en esta cuestión. 
He tomado nota de lo que ha dicho el Sr. Pedersen, y espero la confirmación del Consejo. 
La calidad de la consulta es otro problema que concierne al control democrático. 
Todavía tiene que celebrarse un debate sustancial sobre el programa legislativo. 
Ahora la consulta de profesionales es mejor, pero queda mucho por hacer para mejorar la consulta con otros sectores de la sociedad civil, y todavía hay que establecer programas satisfactorios al respecto. 
Creo que tengo razón al pensar que el Consejo ya ha ratificado la selección del Consejo Ecofin. 
La consulta no ha intervenido en esta decisión, lo que a mí me parece una negación de la democracia. 
En cuanto a la sustancia de la cuestión, he tenido la oportunidad de oír a Alexandre Lamfalussy explicar detenidamente los problemas. Éstos giran en torno a una diferencia significativa entre bancos y aseguradoras en relación con el mercado y el imperativo prudencial, que es de suma importancia. 
Sin embargo, somos conscientes de que las estructuras reguladoras nacionales no sólo son diferentes, sino que no están en absoluto en la misma línea. 
Siendo así, me ha sorprendido mucho oír al Sr. Pedersen defender una solución única del tipo LSF, incluso antes de debatir el asunto. 
El informe de la Sra. van den Burg ofrece un enfoque mucho más inteligente. Tiene como objetivo introducir una coordinación genuina. 
También propone definir el papel del Banco Central Europeo, que posee un papel esencial como prestamista de último recurso. 
Quisiera debatir uno de los problemas relativos a las normas. Guarda relación con nuestra disposición para equiparar nuestras normas a las de los Estados Unidos, y trabajar hacia un mercado transatlántico integrado. 
Esta es una cuestión política crucial que no hemos debatido todavía. 
Estoy de acuerdo con equiparar las normas entre sí, pero debemos trabajar teniendo en cuenta que estamos ideando nuestros propios modelos. 
Algunos miembros del sector bancario europeo ya han planteado pública y audazmente la cuestión de las normas contables. Estos profesionales no desean ver sus establecimientos e impositores amenazados por la inseguridad que surgiría si se hiciera referencia a los valores de mercado al redactar los balances. 
Tengo que decir que el Consejo actuó de manera irresponsable al conferir la totalidad de poderes al consejo IAS. Cuando se trata de reglas fundamentales y las normas que protegen el interés general de los europeos, la cuestión del control democrático merece un lugar más destacado. 
Esta semana el pleno está dominado en gran medida por la ampliación de la Unión Europea. 
El debate sobre la ampliación y sus consecuencias para la legislación vigente y la nueva legislación nos hace conscientes de las diferencias que existen, junto con muchas semejanzas, entre los Estados miembros y los países candidatos. 
Hay una diferencia importante en el terreno de la economía de mercado social y la supervisión independiente de su actuación. 
Una economía social de mercado que funcione adecuadamente es una de las condiciones para la adhesión de los países candidatos a la Unión Europea. 
No hay una descripción concreta de lo que es una economía social de mercado que funcione adecuadamente. 
Lo que sí es evidente es que nuestra propia economía de mercado todavía no está funcionando de manera óptima. 
Después de todo, se ha redactado un informe bajo la dirección del Sr. Lamfalussy con recomendaciones para la mejora de los mercados financieros. 
Un objetivo primordial del procedimiento Lamfalussy es la mejora del control y la supervisión de los mercados financieros. 
Sin embargo, tengo serias dudas sobre el progreso en materia de supervisión independiente en los países candidatos. 
En mi opinión, la creación de marcos en los que puedan operar los mercados financieros es una tarea para el Gobierno. 
Dado el desarrollo de los mercados a nivel global y una ámbito de actividad mundial, es muy importante que la supervisión y la aplicación se organicen de manera efectiva. 
De esta manera el ciudadano puede estar protegido y los excesos no deseados se pueden controlar. 
Es evidente que el desarrollo de los mercados financieros tendrá un impacto en los países que accedan a la Unión Europea en los próximos años. 
Por ello me gustaría preguntarle al Comisario Bolkestein cómo piensa que se puede alcanzar una supervisión independiente adecuada en los países candidatos. 
¿Espera que los países candidatos puedan cumplir a corto plazo las directrices relativas a los mercados financieros en el mismo grado que los Estados miembros actuales? 
Me disculpo de antemano por no poder esperar la respuesta, pero la leeré con detenimiento después. 
Señor Presidente, Comisario, quisiera expresar mi apreciación por el trabajo que la Sra. van den Burg ha realizado sobre un tema- la supervisión prudencial- que es tan amplio y complejo como mas definidas están sus fronteras, especialmente en relación con una supervisión europea en cierne, aunque sólo sea imaginaria por el momento. 
Sin duda, los casos mencionados con más frecuencia en el informe- los escándalos Enron y WorldCom, Vivendi y otros- nos obligan a reflexionar sobre la efectividad de los sistemas que protegen los intereses de los ahorradores, y en términos más generales, operadores de mercado, no menos con el fin de satisfacer el interés de los consumidores, usuarios e inversores europeos. 
Creo que es oportuno que el informe señale que no hay pruebas de que Europa sea inmune a estas crisis tan dramáticas. 
Es bueno que se haya producido el escándalo Enron, no tanto por las nuevas leyes que se han derivado y se derivarán del mismo, sino porque el escándalo ha concienciado más a los inversores y a los fondos de pensiones de la necesidad de una supervisión. 
Antes de condenar el sistema americano, primero debemos recordar que este año la caída general del índice Dow Jones ha sido de un 16%, mientras que en la zona del euro los índices de bolsa han registrado una caída del 34%. 
Por lo tanto, los ahorradores han perdido mucho más en Europa que lo que ha ocurrido en este annus horribilis para los Estados Unidos, y en Alemania la caída ha alcanzado hasta un 40%. 
El mismo grado de prudencia se necesita, en mi opinión (y el informe ofrece una definición muy equilibrada a este respecto) , al mencionar las nuevas reglas como la panacea para los obstáculos y las dificultades que los mercados puedan encontrar, especialmente si se menciona el control público. 
Voy a concluir mencionando un punto más concreto que tiene que ver con la integración de los mercados financieros. 
Pienso que mantener la supervisión prudencial y de crédito a nivel nacional, es decir, en los bancos centrales, es cada vez más cuestionable, en especial- como es el caso de Italia- cuando la misma institución, el banco central, no sólo se encarga de la supervisión prudencial, sino que también desempeña funciones antimonopolio en el mercado crediticio, creando así un conflicto de intereses que no fomenta la eficiencia del mercado. 
Señor Presidente, apoyo la ampliación del procedimiento Lamfalussy en principio y espero que las dificultades interinstitucionales puedan resolverse lo antes posible, de modo que podamos seguir adelante y modernizar las estructuras de toma de decisiones con relación a la banca, los seguros y los conglomerados financieros. 
Todas las instituciones deben colaborar para hacer que esto sea posible y espero en particular que el Consejo pueda hacer una declaración que manifieste su disposición a revisar el artículo 202 en 2004. 
Acogemos positivamente partes destacadas del informe van den Burg: su atención sobre una mejor ejecución, su argumentación a favor de conceder a los supervisores cierto margen de maniobra y permitirles emplear su juicio en lugar de aplicar normas inflexible e irreflexiblemente y marcar casillas. 
Asimismo, apoyamos la llamada a una evaluación del impacto de los costes originados por la regulación por parte de la Comisión y del Parlamento con respecto a sus enmiendas. 
Estamos de acuerdo en que son necesarias una mayor cooperación entre los supervisores nacionales y una mejora de los lazos y el diálogo con los Estados Unidos. 
Respecto a la cuestión de un control único paneuropeo, se da una divergencia de opiniones en el seno de nuestro grupo. 
Estamos de acuerdo en que sería un error crear un control paneuropeo ahora o a medio plazo. 
Algunos de los conservadores británicos lo descartaríamos en principio, mientras que otros miembros del grupo del PPE-DE son partidarios de mantener esta opción abierta como una posibilidad a largo plazo. 
Me opongo a un control paneuropeo porque tendría mucho poder. 
La concentración de poder, por ejemplo, en la Financial Services Authority del Reino Unido ya resulta desalentadora. 
Un equivalente europeo constituiría un monstruo burocrático, incapaz de adaptarse al dinamismo y la innovación de los mercados financieros. 
Una autoridad reguladora paneuropea no tendría los conocimientos necesarios para enfrentarse a transacciones y mercados tan distintos entre sí como, por ejemplo, el mercado de los derivados de Londres y los miles de pequeños bancos públicos y cajas de ahorro alemanes. 
Una autoridad de regulación efectiva debe estar próxima a los mercados que regula y entenderlos. 
Una única autoridad responsable para los servicios financieros de la UE tendría una labor imposible, dada la diferencia de normas y sistemas jurídicos en la UE. 
Las autoridades reguladoras financieras tienen un papel clave en el enjuiciamiento y la justicia penal y éstas son cuestiones que deberían mantenerse entre las atribuciones de los Estados miembros. 
Hay mucho más trabajo que hacer con objeto de crear un mercado único de servicios financieros y materializar esas ventajas de las que hablaba el informe de la Comisión hace sólo unos días. 
Los responsables de la toma de decisiones en la UE deberían aceptar que una solución centralizadora no siempre es la mejor opción. 
Señor Presidente, Comisario, existe un apoyo a un mercado financiero integrado en Europa y a este fin debemos redactar reglas apropiadas con rapidez y en concordancia con los intereses del mercado, y aplicarlas en el Parlamento. 
Este es el motivo por el cual la Comité de Sabios creó el procedimiento Lamfalussy. 
El objetivo es conseguir una legislación más rápida y mejor. 
Esa era la intención original, y por ese motivo el Sr. Lamfalussy lanzó este proyecto, que fue complementado posteriormente por el informe von Wogau. 
En líneas generales, lo apoyamos. 
Sin embargo, debemos calibrar el proceso en su conjunto y comprobar si los objetivos se están alcanzando. 
El objetivo es una legislación rápida y mejor, como ya se ha afirmado. 
No es culpa sobre todo del Parlamento que la legislación no se aprobara con tanta celeridad como se esperaba, y sin duda también el Consejo debe examinar su papel en este contexto. 
Antes de tratar la cuestión de la aplicación del procedimiento CERV-Lamfalussy en otros sectores, tales como el bancario, el de seguros y los conglomerados financieros, debemos plantear primero una pregunta crítica: ¿cómo funciona el CERV hoy? 
¿Es el CERV efectivo en los terrenos en los que opera? 
Todavía se escucha un gran número de preguntas y críticas abiertas por parte de varios sectores del mercado. 
Creo que la primera cuestión que deberíamos plantear aquí es la de la transparencia, y si es sensato que el CERV empiece a trabajar ya, en paralelo con propuestas de directivas. 
La pregunta es si queremos aceptar esto de este modo. 
Al respecto tengo dos puntos de vista: por una parte, me opongo esencialmente a que el CERV trabaje en paralelo a una propuesta de directiva. 
En este momento esta situación se da con la Directiva sobre prospectos. 
El CERV debería esperar a ver qué deciden el Parlamento y el Consejo antes de embarcarse en su trabajo. 
Por otra parte, en realidad estoy bastante satisfecho con el hecho de que el CERV trabaje en paralelo, porque esto significa que sabemos a tiempo lo que está ocurriendo en las mentes del CERV y podemos poner freno al proceso legislativo si es necesario. 
En este contexto, la cuestión de los detalles técnicos sin duda sale también a colación. 
Casi tengo la impresión de que se considera detalle técnico casi cualquier cosa que, desde la perspectiva de la Comisión, el diputado medio del Parlamento probablemente no entiende, una definición bastante amplia. 
Sin embargo, con respecto a los detalles técnicos, no deberíamos pasar por alto el hecho- ya se ha mencionado Basilea II- de que aquí, sin duda, también existe un potencial político: hay un potencial de conflicto que sólo se pondrá de manifiesto con el paso del tiempo. 
Por esta razón, simplemente no es suficiente revisar el artículo 202; debe modificarse. 
Me habría gustado escuchar hoy palabras más valientes por parte de la Presidencia. 
Estas palabras deben oírse en Copenhague como muy tarde. 
Necesitamos palabras transparentes que envíen una clara señal de que el Consejo y el Parlamento están codo con codo en igualdad de condiciones. 
Hay constantes peticiones al Parlamento de que los intereses del mercado exigen una legislación rápida. 
En general, hay acuerdo respecto a esta postura, pero insto al Consejo a que se tome los argumentos del Parlamento en serio. 
Habrá discusiones y debates serios, y no queremos que nadie escurra el bulto en este tema. 
Por este motivo Copenhague será una buena oportunidad para enviar una clara señal acerca del artículo 202. 
Lo mismo vale- y apoyo los comentarios del Comisario Bolkestein sobre este punto- para el futuro papel de la Comisión. 
La Comisión debe conservar su papel central, puesto que es la Comisión la que aplica y supervisa los intereses de Europa en su conjunto. 
Por último, permítame decir unas palabras sobre la supervisión financiera integrada en Europa. 
Debemos asegurarnos de que se tengan en cuenta los aspectos regionales. 
Por esta razón, apoyo ampliamente los comentarios de mi colega, la Sra. Villiers, de que no necesitamos un regulador financiero integrado en este momento. 
También debemos, sin duda, considerar de qué forma operarán las grandes compañías europeas en este ámbito en el futuro. 
Aquí veo algunos modelos positivos en la Directiva de conglomerados financieros, que marca un rumbo que bien podemos seguir. 
Señor Presidente, a observadores exteriores los dos temas de esta tarde podrían parecerles demasiado esotéricos y técnicos, pero, como han puesto de relieve varios oradores, son temas que están afectando a la vida de los ciudadanos y que, en este momento, con motivo de los grandes escándalos internacionales, están afectando a los consumidores. 
Se ha mencionado el caso Enron, en los Estados Unidos, pero, por ejemplo, en mi país, en España, en este momento tenemos un gran escándalo financiero en la calle, el caso Gescartera, que ha provocado ya la dimisión de varios altos cargos del Gobierno y que podría poner en peligro a otros- concretamente, el Parlamento español está investigando la situación en este momento -.Cuando se habla de servicios financieros se está hablando de algo que afecta a la vida de los ciudadanos ordinarios. 
Afecta a sus pensiones y a sus expectativas de ahorro. 
Estamos tratando de crear en este momento unos servicios financieros paneuropeos, a través de las fronteras de Europa. 
Estamos preocupados por garantizar a nuestras empresas financieras la más amplia libertad y las más amplias posibilidades de actuación en el ámbito europeo, pero, si no establecemos un sistema de supervisión paneuropeo, de forma que se controle el funcionamiento de esas empresas, corremos el peligro de que el tipo de estafas y de escándalos que ahora se están produciendo en el ámbito exclusivamente nacional se produzcan en todo el ámbito de la Unión Europea. 
Yo no creo que sea concebible un sistema de liberalización de servicios financieros a través de toda la Comunidad si no va acompañado de un sistema de supervisión de las actividades financieras en el conjunto de la Comunidad. 
Todos estamos de acuerdo en que este tema requiere democracia. 
Democracia quiere decir "el gobierno del pueblo", y ello sólo es posible a través de la representación parlamentaria- en Grecia era posible la democracia directa porque se reunían todos los ciudadanos en una plaza-. 
El intento de sustituir la democracia por un sistema de consulta pública, sin recurrir a las urnas, por ejemplo a través del ordenador o de consultas públicas- como decía el Comisario Bolkestein- es un engaño. 
La única consulta que cabe hoy es la consulta pública a través de las urnas y a través de los representantes legalmente elegidos. 
En este momento, por ejemplo, se está hablando de un procedimiento en virtud del cual las propuestas de la Comisión podrían ser bloqueadas por una simple consulta a sectores empresariales. 
Creo que no hay nada más alejado de la democracia que identificar a los interlocutores que representarían esa democracia. 
En consecuencia, pasamos al punto final: las propuestas de la Sra. Randzio-Plath. 
La codecisión no es algo arbitrario, es un procedimiento que ha supuesto la participación del Parlamento y es resultado de un proceso político. 
Es cierto que hay una fase de ejecución y una fase de delegación, y que se puede alegar que, como la ejecución le corresponde a los Gobiernos de los Estados miembros, el Parlamento no tendría que entrar en esa fase, fuera de la actividad propia de control. 
Pero, en el campo legislativo, si hablamos, por ejemplo, de normas delegadas, yo no veo que haya posibilidad de seguir con el procedimiento Lamfalussy si no se establece una participación clara del Parlamento, a través de las llamadas medidas de call-back. 
Es decir, la institución parlamentaria, representante del pueblo legalmente elegida, tiene el derecho y la obligación de participar en la supervisión del desarrollo legislativo. 
Como ha señalado la Sra. Randzio-Plath, acabamos de adoptar el procedimiento Lamfalussy, no tenemos en este momento ninguna experiencia de cómo está funcionando y ya queremos seguir limitando la posible participación del Parlamento sin ver si ese procedimiento funciona efectivamente. 
Probemos primero cómo funciona, veamos si, en efecto, las garantías democráticas se mantienen y, si así fuere, tengan la seguridad, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio del Consejo, de que este Parlamento estará dispuesto a dar el máximo de participación. 
Pero la democracia no puede consistir en una participación- por ejemplo- de las empresas, en unos foros arbitrarios, en unas consultas de carácter particular. 
Ningún comité puede sustituir la voluntad del pueblo y ésta se expresa únicamente a través de las elecciones, de los Parlamentos y de la representación parlamentaria. 
Se podrá mejorar el sistema de funcionamiento de este Parlamento, se podrán cambiar las estructuras parlamentarias en la nueva constitución, pero todo lo que no sea la adopción de normas legislativas a través de un instrumento elegido por el pueblo, en un procedimiento normal ante las urnas, sería un engaño y una forma de colocar esto en manos, quizás, de las propias personas que luego actuarían como depredadores en perjuicio de los consumidores. 
Creo que hemos de reforzar nuestro procedimiento de supervisión, reforzar nuestros mecanismos y hacerlos lo más flexibles posible, y ello a través de una participación parlamentaria en todo el procedimiento legislativo, desde arriba hasta abajo. 
Señor Presidente, al igual que a muchos de mis colegas, me complace observar que se han aplicado las recomendaciones del informe del barón Lamfalussy. 
Resulta realmente necesario ampliarlas a otros sectores financieros e incluir disposiciones apropiadas al respecto en el Tratado. 
No obstante, antes de dar este paso, debe hacerse una evaluación apropiada de estas medidas considerando la experiencia previa. 
La cuestión del derecho derivado también se señaló en el Grupo de trabajo sobre la Gobernanza Económica de la Convención, del que fui miembro. 
El grupo de trabajo del Sr. Hänsch y posteriormente la reunión plenaria de la Convención apuntaron que esto planteará cuestiones horizontales en el área de la comitología, como el papel del Parlamento Europeo, lo cual supera el cometido del grupo de trabajo del Sr. Hänsch y por tanto debería ser tratado por otros grupos. 
Esperamos que la Convención examine esta cuestión en un futuro próximo. 
En el grupo de trabajo del Sr. Hänsch, diputados como la Sra. Berès y yo misma intentamos conseguir un acuerdo del grupo de trabajo según el cual el Tratado debería ser reformado para dar al Parlamento un derecho formal de avocación en el marco de este procedimiento. 
No estoy de acuerdo con el Sr. Bolkestein en que resulta imposible que el Consejo nos dé un compromiso político. 
Si hay suficiente voluntad política en el Consejo, todo es posible. 
Carece de sentido sostener que los cambios respecto al Tratado sólo se pueden hacer en la CIG. 
Eso son jerigonzas legales. 
Si hay una voluntad política verdadera en el Consejo, se puede hacer. 
No obstante, siento que el Sr. Petersen podría ser más preciso en sus comentarios. 
El procedimiento Lamfalussy también debería tener en cuenta el desarrollo nacional del sector de servicios financieros. 
También necesitamos un mayor diálogo trasatlántico respecto al sector de servicios financieros en el ámbito legislativo. 
Esto resulta muy importante. 
Además, me gustaría hacer hincapié en la función de la consulta. 
El proceso de consulta, como ya señaló el Sr. Herzog, debe formalizarse y ser tan transparente como sea posible. 
Apoyo el argumento de nuestra ponente sobre la cláusula de habilitación. 
Si se decidiese que necesitamos una autoridad de supervisión financiera supranacional, ésa posibilidad debe estar prevista en el Tratado tras la Convención en la próxima CIG. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. van de Burg, por la excelente labor que ha realizado al preparar este informe sobre el futuro de la reglamentación financiera en Europa, cuestión que siempre resulta compleja y controvertida. 
Me gustaría hacer hincapié en el hecho de que tras la recesión económica global que comenzó con el colapso del mercado de las nuevas tecnologías, lo que se mostró de forma clamorosa en los Estados Unidos fue el peligro de la reglamentación ultraliberal en un mercado en auge. 
¿Se habrían dado los escándalos de contabilidad financiera si la reglamentación hubiera sido tan intensa como ahora? 
Seguro que no. 
Por supuesto, se puede rebatir este punto preguntando si habría sido posible introducir normas estrictas en un mercado en auge. 
Se sabe que un mercado en auge funciona como un gran catalizador para tomarse libertades con la ley e incluso con la honestidad. 
Quizá una de las ventajas de la depresión económica que atravesamos actualmente sea que podemos aprovechar esta oportunidad para introducir el tipo de regulación que nos permita estar bien colocados cuando la euforia vuelva a apoderarse de los mercados financieros, como inevitablemente sucederá. 
Uno puede preguntar si la recesión habría sido tan aguda si no hubiéramos tenido una tras otra oleadas de revelaciones sobre la falta de controles internos y supervisión externa. 
Podría decirse que no, pero éste es el momento de reforzar las normas para cuando vuelvan los buenos tiempos, haciendo una inversión de la historia de las vacas gordas y flacas. 
No estoy abogando por una regulación severa ni por una regulación que atente contra el espíritu del mercado interior o el plan de acción sobre servicios financieros. 
Estoy bastante seguro de que la gran mayoría de los parlamentarios están a favor de crear un mercado único de servicios financieros en Europa, como hemos mostrado en los dos últimos años con las distintas posturas adoptadas con respecto a la legislación relativa al plan de acción sobre servicios financieros. 
No comparto los reparos de algunos de mis colegas sobre una autoridad reguladora europea. 
No veo que la Securities and Exchange Commission haya hecho ningún daño en los Estados Unidos. 
Hay muchas pruebas, incluido el informe Gyllenhammar, que muestran las ventajas de un mercado financiero unificado y que la integración del mercado de servicios financieros de Europa proporcionaría ventajas económicas sustanciales. 
Eso sería de esperar. 
Cualquier medida que apoye el procedimiento de inversión en nuestra economía proporcionará ventajas financieras, porque somos muy débiles en esta área. 
De acuerdo con el informe, se podría obtener una mejora de al menos medio punto porcentual de crecimiento económico adicional por año. 
Uno también podría referirse a los resultados del nuevo estudio publicado la última semana por la Comisión, que sugirió que el empleo total europeo podría aumentar en medio punto porcentual la próxima década como consecuencia de la integración de mercados financieros. 
Hay que aceptar que una mayor integración aumenta las responsabilidades de las instituciones europeas en cuanto a descubrir la forma más apropiada de regulación, consultar de la forma más extensa posible, aplicar e interpretar la legislación de la forma más consistente posible y, cuando surjan problemas, ser flexible. 
Hasta el momento, me temo que de acuerdo con los nuevos procedimientos Lamfalussy no hay bastantes pruebas de que la Comisión haya estado actuando de acuerdo con estos principios de consulta. 
La falta de consulta respecto al proyecto de directiva sobre abusos de mercado y los cambios de última hora con respecto al proyecto de directiva sobre servicios de inversión no son buenos síntomas. 
Sostengo, por tanto, que debemos ser cautelosos al ampliar los procedimientos Lamfalussy a otros campos de servicios financieros. 
Debemos tener tiempo y realizar un análisis apropiado sobre cómo ha funcionado el procedimiento. 
El grupo de seguimiento interinstitucional del procedimiento Lamfalussy aún no ha elaborado su primer informe. 
En estas circunstancias, estoy en contra de una ampliación apresurada del procedimiento Lamfalussy. 
Señor Presidente, debo decir que las interesantes opiniones y observaciones que acabo de oír me han convencido de que el Parlamento Europeo y el Consejo tienen un interés común en resolver la cuestión de la ampliación del procedimiento Lamfalussy. 
Por lo que he visto, estamos de acuerdo en la esencia del problema que estamos intentando resolver. 
Estamos de acuerdo en que se necesita estabilidad financiera, para la armonía efectiva de la legislación en este ámbito y para la cooperación efectiva y la convergencia de las autoridades supervisoras financieras. 
También veo que se ha tomado nota del informe de la Comisión sobre las oportunidades de crecimiento en la esfera financiera a través de la introducción de las nuevas estructuras, con la conclusión de que podemos contribuir al crecimiento y al empleo. 
El Consejo y el Parlamento tienen una responsabilidad común respecto a los problemas importantes que vemos en los Estados miembros en estos ámbitos. 
También tengo un par de comentarios personales, especialmente para el Sr. Herzog, que dice que he dicho, o dejémoslo en que ha entendido, que estaba a favor de la supervisión unitaria. 
No debo haberme expresado con claridad sobre este punto, porque precisamente es la supervisión unitaria lo que no estoy defendiendo. 
Estamos defendiendo la supervisión nacional, es decir, una solución nacional, y después debemos cooperar dentro de la Unión Europea. 
Esto no es defender la supervisión unitaria. 
A la Sra. van den Burg le puedo decir que entiendo su opinión en relación con el contenido. 
En cuanto al comentario de que el Consejo debería prestar más atención a una estructura de mercado, puedo decir que nos gustaría salir del dilema que ha caracterizado los intentos anteriores de resolver problemas mientras se discutían las estructuras de mercado, por lo que queremos señalar que respetamos al Parlamento y el papel del Parlamento. 
Mencionamos esto en especial para poner fin a la eterna lucha de poder entre el Parlamento y el Consejo. 
Cada uno tiene sus propias responsabilidades con las que tratar, tanto si se nos elige para el Parlamento Europeo o para los parlamentos nacionales como si somos miembros de un gobierno. 
Puedo comprender bien los diferentes deseos del Parlamento. Si yo fuera diputado del Parlamento desearía lo mismo. 
Y los considero totalmente legítimos. 
El problema es simplemente que si uno dice, como la Sra. Kauppi, que el Consejo Ecofin puede simplemente decidir modificar el Tratado, ese no es, en efecto, el caso. 
Por consiguiente, es necesario que me refiera al hecho de que es tarea de la Convención, y posteriormente de la Conferencia Intergubernamental, modificar el Tratado. 
Lo que puedo ofrecer es el hecho de que nos estamos tomando estas cuestiones seriamente, y que en el Consejo Ecofin estamos haciendo lo que podemos, pero también comunicaremos a nuestros Jefes de Estado con gran claridad las actitudes que prevalecen en el Parlamento Europeo, porque el Consejo Ecofin no tiene voto en la Convención, pero nuestros Jefes de Estado sí lo tienen, los países lo tienen, y deberíamos aprovechar esta oportunidad. 
Esto me lleva a decirle al Sr. Blokland que el Parlamento Europeo puede influir, y nuestro deseo a este respecto es que las directivas estén equipadas con la misma cláusula «sunset» con la que estamos familiarizados por el mercado de valores. 
Además, eso significa que debe haber una revisión en el año 2004 y que, si entonces no hay acuerdo acerca de las conclusiones de la Convención o acerca de las conclusiones de los Gobiernos en la Conferencia Intergubernamental, entonces estas directivas decaerán. 
El Parlamento puede influir en ello. 
Simplemente hago un llamamiento a que tengan ustedes en cuenta en su declaración lo que el Consejo Ecofin puede hacer y expresar, y se refieran a la responsabilidad que tenemos de conseguir que los mercados de capitales funcionen con efectividad para que todos contribuyamos al crecimiento y al empleo en Europa. 
Quisiera darles las gracias por el debate. 
Muchas gracias por sus opiniones, las cuales me encargaré de transmitir. 
. 
(EN) Señor Presidente, considerando las distintas intervenciones que han tenido lugar esta tarde sobre esta cuestión, entiendo que hay una aceptación general de la ampliación del procedimiento Lamfalussy a nuevas áreas, como la banca, las empresas de seguros y los conglomerados. 
Existen distintas opiniones respecto a la forma concreta de llevar esto a cabo, pero el principio general parece aceptarse, lo cual es positivo. 
Muchos diputados de esta Cámara han mencionado el problema del artículo 202. 
Es normal y en mi primera intervención de esta tarde indiqué que la Comisión está de acuerdo con el Parlamento en este punto y ha sido muy clara al respecto. 
Habiendo señalado estas dos cuestiones, quizá deba tratar con más detalle lo que han dicho los diputados. 
En primer lugar, la Sra. van den Burg ha dicho que desea un enfoque práctico- lo cual siempre es positivo- y estoy de acuerdo con ella. 
Es partidaria de una mayor cooperación y supervisión, pero dentro de un proceso constante y no todo de una vez. 
También estoy de acuerdo con ella en este punto. 
Ha apoyado a la Comisión, manifestando que debe ser fuerte, y no estoy en desacuerdo con estas afirmaciones. 
De hecho, una Comisión fuerte es necesaria para conservar el equilibrio institucional. 
Posteriormente, ha mencionado la intrigante cuestión de la cláusula de habilitación, valorando si debía o no haber una cláusula de habilitación en la Convención o en la CIG. 
Del debate de esta tarde deduzco que hay diferentes opiniones al respecto. 
La Sra. Villiers se opone firmemente. La Sra. Kauppi está a favor y el Sr. Radwan, como la Sra. Villiers, también está en contra, así que el tanteo es de dos a dos, al menos en este debate. 
Deberíamos seguir el cuidadoso enfoque de la Sra. van den Burg, porque el actual Tratado ya contiene puntos que el BCE podría utilizar para llevar a cabo una importante labor en esta área. 
Estos puntos se refieren a la relación entre los desarrollos macroeconómicos y las soluciones microeconómicas y el texto puede encontrarse en el apartado 6 del artículo 105 del Tratado de la UE. 
No hay obstáculo, al menos por parte del BCE, para que se ocupe de esta labor. 
En el futuro habrá que considerar toda la cuestión exhaustivamente y el procedimiento Lamfalussy resulta esencial para ese punto concreto. 
De forma paralela a ese debate, los supervisores deben cooperar de una forma más activa que la actual. 
En lo que a mí respecta, sigo siendo algo escéptico respecto a la cláusula de habilitación. 
No compromete a nada. 
Soy consciente de las distintas sensibilidades de los supervisores a este respecto, así que recordemos el refrán: el necio es atrevido y el sabio comedido. 
Paso al Sr. Karas, que desafortunadamente ha tenido que ausentarse. 
Llama al procedimiento Lamfalussy el procedimiento Lamfalussy-von Wogau. 
Le permitiré que asocie el nombre de un miembro de su partido con este procedimiento, aunque yo más bien lo llamaría el procedimiento Lamfalussy-Randzio-Plath. 
No obstante, no es más que un detalle y no deseo dar pie a una controversia. 
Ha dicho que es una solución temporal. 
El Sr. Huhne ha manifestado una opinión en la misma línea, haciendo referencia a la «cláusula de extinción» , etc. Estoy de acuerdo. 
Se discutirá de nuevo en la CIG de 2004. 
No obstante, aprovechemos el tiempo que tenemos hasta entonces para aclarar nuestras ideas y ponernos de acuerdo en la medida de lo posible respecto al mejor camino a seguir. 
La Sra. Randzio-Plath ha dicho que aún es demasiado pronto. 
Ése es un argumento que ya ha empleado anteriormente. 
Permítanme repetir lo que dije antes. 
Creo que deberíamos empezar relativamente pronto a prepararnos para las decisiones futuras. 
Habrá que crear nuevos comités y estructuras. 
Harán falta nuevos actos jurídicos y todo eso lleva tiempo. 
Como ya he dicho, también dará forma al tipo de directivas que pretendemos elaborar. 
También debemos tener en cuenta la necesidad de avanzar, de forma que tengamos estructuras de toma de decisiones eficientes antes de la ampliación. 
La Sra. Randzio-Plath ha repetido los mismos argumentos que han empleado otros diputados, esto es, que debe haber igualdad entre el Consejo y el Parlamento y la necesidad de optar por el artículo 202. 
Estoy de acuerdo con ella. 
El Sr. Huhne también ha expresado su apoyo a la ampliación del procedimiento Lamfalussy. 
Ha mencionado su carácter temporal y señalado la «cláusula de extinción». 
Piensa que el Parlamento debía tener la posibilidad de revocar las medidas de ejecución. 
Esto está en consonancia con la igualdad entre el Consejo y el Parlamento y sólo puedo estar de acuerdo. 
El Sr. Blokland me pregunta cómo podía estar seguro de que los supervisores de los países candidatos tendrían la misma independencia que nosotros tenemos. 
Tiene razón al señalar que es importante que haya supervisión independiente en todos los países candidatos. 
Además, hemos estado examinando los sistemas y las organizaciones de los países candidatos con los supervisores de todos los Estados miembros durante los últimos cuatro años precisamente con este propósito en mente. 
Debemos darnos cuenta de que han recorrido un largo camino y hecho un progreso bastante considerable, aunque no todo sea como debiera en algunas áreas. 
Por tanto, debemos seguir los avances de los países candidatos, porque tienen una necesidad esencial de una agencia de supervisión y regulación independiente. 
Hemos organizado un programa de cooperación, de forma que podamos ayudar a los países candidatos a mejorar la calidad de su supervisión. 
La Sra. Villiers ha dedicado gran parte de su tiempo a oponerse a la decisión de orientar los avances hacia la creación de un control único europeo. 
Ya he hablado sobre esa cuestión y, por lo que respecta a la Comisión, se remitirá al Parlamento y éste podrá tomar una decisión. 
La propia Comisión dejaría esta cuestión en suspenso. 
El Sr. Radwan pregunta sobre CERV y sobre cómo funciona. 
Me gustaría responder diciendo que el CERV es una organización nueva que necesita tiempo para desarrollarse y encontrar un modo apropiado de actuar. 
Hasta donde yo sé, el CERV ya ha conseguido logros notables durante el poco tiempo que lleva en marcha. 
Me han llegado algunas críticas y quejas sobre el CERV- subrayo la palabra «algunas» -sobre las que he llamado la atención. 
Las quejas básicamente se refieren a su falta de transparencia y consulta. 
Ya he hecho esas observaciones y sigo convencido de que el CERV será un comité muy útil que todos podremos utilizar. 
Ésta es otra de las razones por las que tenemos un grupo de seguimiento interinstitucional. 
La Sra. Randzio-Plath, yo mismo y otros han decidido crear este grupo de seguimiento interinstitucional, de forma que las quejas, como las mencionadas por el Sr. Radwan, puedan tratarse de una forma adecuada. 
El Sr. Medina Ortega ha hecho referencia a algunos escándalos en el país que mejor conoce. 
Ha dicho que sólo los representantes elegidos democráticamente deberían tener la posibilidad de revocar las medidas de ejecución. 
Éste argumento ya ha sido empleado por otros y, como he dicho, sólo puedo estar de acuerdo con él. 
Por otra parte, me gustaría felicitar a la Sra. Kauppi por su uso del lenguaje: la expresión «jerigonza legal» no se emplea a menudo en el Parlamento, pero es bastante expresiva y se refiere de forma precisa a lo que quiere decir. 
Esto siempre resulta positivo; después de todo, ¿qué haríamos si no hubiera claridad en lo que decimos? 
Quiere para el Parlamento el derecho de revocación que discutíamos anteriormente. 
También dice que debe haber voluntad política en el Consejo. 
No nos distraigamos con las «jerigonzas» , es lo que ha dicho. 
Debo remitir a la Sra. Kauppi al Presidente del Consejo, el Ministro Pedersen, que nos acompaña hoy. 
Asimismo, la Sra. Kauppi dice que debería haber un diálogo trasatlántico más activo y puedo asegurarle que el diálogo existe y es activo. 
En particular, el Director General de la Competencia, el Sr. Alex Schaub, acaba de volver de Washington, donde ha mantenido conversaciones a este respecto en el Capitolio, en el Congreso, sobre la llamada ley Sarbanes-Oxley, que plantea grandes problemas a las empresas de auditoría europeas y otras empresas que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses. 
Yo mismo visitaré Washington dentro de unas pocas semanas y pretendo discutir estas cuestiones con el presidente en funciones de la comisión del mercado de valores. 
Así, estas conversaciones serán una continuación de las que mantuvimos con el Sr. Harvery Pitt en Bruselas hace un mes. 
Aquellas conversaciones fueron provechosas. 
Desgraciadamente, como todos sabemos, ha dimitido y tendremos que retomar las conversaciones donde las dejamos cuando visitó Bruselas. 
No obstante, puedo asegurar a la Sra. Kauppi que este diálogo es esencial porque queremos conseguir un gran mercado trasatlántico integrado de servicios financieros. 
No podemos pasar sin un mercado así, pero estas relaciones deberían basarse en la reciprocidad y el reconocimiento mutuo. 
Puedo asegurar a todos los diputados que una de las principales prioridades, en mi opinión, es unirse a los Estados Unidos en un programa de convergencia. 
Eso es lo que me gustaría decir a los diputados que han intervenido hoy. 
Por último, el Sr. Katiforis ha encarecido a la Comisión a que sea cautelosa. 
Yo soy realmente cauteloso en todo lo que hago. 
Así que me gustaría tranquilizar al Sr. Katiforis a este respecto. 
Muchas gracias, Comisario Bolkestein. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0373/2002) de la Sra. Keppelhoff-Wiechert, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal (COM (2002) 153- C5-0143/2002- 2002/0073 (COD) ). 
Señor Presidente, Comisario, en primer lugar quisiera agradecer a la Comisión su propuesta tan positiva sobre los aditivos en la alimentación animal, que acojo con satisfacción en principio. 
También quisiera dar las gracias a la Presidencia danesa y a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Esta propuesta tiene por objeto consolidar la normativa vigente en materia de piensos y aclara algunos aspectos de procedimiento relacionados con la evaluación de expedientes y los tipos de autorización concedidos para los aditivos para piensos, haciéndolos así más transparentes tanto para los productores como para los consumidores. 
Un aspecto de gran trascendencia política en esta propuesta es la prohibición a partir del 2006 de los cuatro antibióticos promotores del crecimiento que todavía están autorizados. 
Esta no es una prohibición arbitraria, sino que está basada en informes del Comité científico de alimentación humana, y es coherente con las exigencias formuladas repetidamente por expertos médicos ante la opinión pública. 
Puesto que tampoco se puede descartar una resistencia cruzada a los fármacos utilizados en medicina humana, hay que tomar medidas para proteger a los consumidores. 
A este respecto, es preciso presionar concediendo tan sólo autorizaciones temporales de modo que puedan desarrollarse métodos alternativos, como vacunas adecuadas. 
En principio, estoy a favor de la propuesta de la Comisión. 
Yo también creo que no conviene, en lo que respecta a los antibióticos, conceder lo que viene a ser un cheque en blanco al uso sin restricciones de coccidiostáticos en el futuro. 
No tiene sentido prohibir los antibióticos por motivos de política sanitaria si estos mismos argumentos no se aplican al uso de coccidiostáticos. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, como comisión responsable, quiere que el uso de los coccidiostáticos y los histomonostáticos siga estando autorizado hasta el 2008. 
Entonces, la Comisión debería presentar un informe antes del 1 de enero de 2008 sobre la utilización de estas sustancias, junto con una propuesta sobre su uso posterior. 
¿Entonces, cuáles son las diferencias? 
En primer lugar, la enmienda 2 regula las importaciones de aditivos procedentes de terceros países para su uso en la alimentación animal, y afirma que las reglas que rigen las importaciones deben, como mínimo, ser igual de estrictas, en términos de aplicación y seguimiento, que las que aplican los propios Estados miembros con el fin de salvaguardar la salud animal y humana. 
En cuanto a las enmiendas 4, 7 y 9, me declaro sin rodeos a favor de las directrices para la autorización de aditivos para piensos. 
Hago un llamamiento a la Comisión a que en colaboración con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establezca y aplique directrices para la autorización de aditivos para piensos. 
En su voto, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó claramente la adopción de directrices para simplificar la autorización de aditivos. 
Una vez que se ha autorizado un aditivo, sin duda bastará actualizar regularmente el expediente en cuestión y no será necesaria una revisión a fondo cada vez que haya que modificarlo. 
El Parlamento solicita que las mezclas y premezclas que contengan aromas y sustancias estimulantes del apetito estén exentas del requisito de etiquetado. 
Se afirma explícitamente que la exención no se aplicará a los aromas y sustancias estimulantes del apetito que limiten la cantidad que pueda emplearse en los piensos y en el agua potable. 
Sin duda, hay peticiones en este Parlamento de que sólo se permita el uso de coccidiostáticos con receta de un veterinario. 
Yo opto por la postura- y hablo por experiencia- de que también conviene tener servicios sanitarios preventivos para los animales. 
Se necesita algún tipo de protección para los animales, y es obvio que un animal que ya está enfermo tiene que ser tratado con dosis superiores a las normales, por lo cual, en virtud de mi propia experiencia práctica, me resulta difícil comprender los motivos de estas peticiones. 
En cuanto a la prohibición a partir de 2006 de los cuatro antibióticos promotores del crecimiento, quisiera decirle al Comisario Byrne que mi enmienda 31 ofrece un compromiso sensato al respecto. 
Por último, quisiera reiterar mi más sincera gratitud a todos los que han dedicado tanto esfuerzo a esta cuestión. 
. 
(EN) Señor Presidente, estoy gratamente impresionado de que el Parlamento Europeo haya elaborado con tanta celeridad su informe sobre la propuesta de la Comisión relativa a los aditivos para su utilización en la alimentación animal. 
Esto subraya la importancia que el Parlamento concede al delicado tema de la alimentación animal en relación con la salud humana y animal. 
Deseo agradecer y felicitar especialmente a la Sra. Keppelhoff-Wiechert por la ardua tarea que ha llevado a cabo en este informe. 
Éste es también un tema de alta prioridad para la Presidencia danesa del Consejo. 
Por lo tanto, espero que podamos avanzar rápidamente para mostrar al mundo exterior cuán importantes son para la Unión Europea las cuestiones relativas a la seguridad humana y animal. 
Esta propuesta representa una racionalización principal de las normas actuales sobre evaluación de la seguridad y de las autorizaciones de comercialización para los aditivos alimentarios. 
Esta revisión es oportuna y bien acogida. 
La legislación actual ha sido revisada más de cien veces. 
Las nuevas normas serán mucho más claras y sencillas. 
Vamos a disponer de un procedimiento de autorización claro y transparente. 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria será la primera escala y la encargada de evaluar todos los aditivos alimentarios. 
A partir de ahora, el periodo de validez de las autorizaciones estará limitado a diez años. 
El nuevo sistema también incluye una revisión incorporada y un proceso de reevaluación para permitir que se tome en cuenta nueva información científica. 
Las compañías deberán demostrar el efecto positivo en animales y la ausencia de todo tipo de riesgo para la salud humana y animal o para el medio ambiente en el momento de solicitar la autorización o nueva autorización de un aditivo alimentario. 
Siempre que se requiera en beneficio de la salud pública, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria propondrá a la Comisión que se establezcan legislativamente límites de residuos máximos. 
Actualmente, sólo se autoriza la utilización de cuatro antibióticos en la alimentación animal como estimuladores del crecimiento. 
La UE ya ha suprimido la utilización en alimentos para el ganado de todos los antibióticos que se utilizan en medicina humana y veterinaria con el fin de impedir la resistencia cruzada. 
Los cuatro antibióticos en cuestión no se utilizan para medicamentos antibióticos en humanos. 
La Comisión anunció su intención de suprimir estos antibióticos restantes en los alimentos para el ganado en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. 
Esta medida refleja la recomendación científica de que el uso de antibióticos como promotores del crecimiento no es aconsejable para la salud animal y humana, debido a la preocupación que despierta el aumento de la resistencia de enfermedades al tratamiento con antibióticos. 
El Comité director científico también ha recomendado la substitución gradual de los cuatro antibióticos restantes por productos alternativos no antimicrobianos. 
La Comisión propone la retirada de las autorizaciones para estos cuatro antibióticos el 1 de enero de 2006. 
Respecto a los coccidiostatos- sustancias utilizadas para la prevención de infecciones por coccidia- la propuesta contiene normas más estrictas para la autorización y puesta en el mercado de los mismos. 
El motivo es que las precauciones higiénicas y unas mejores prácticas en la cría de animales no son suficientes para evitar que las aves de corral no contraigan este tipo de enfermedades. 
Sin embargo, para asegurar la seguridad de estas substancias, propongo que las autorizaciones actuales se revisen en los próximos cuatro años de la entrada en vigor del reglamento. 
Estas son las principales cuestiones que ha considerado el Parlamento. 
Espero y deseo que podamos llegar a soluciones constructivas. 
Trataré las diversas enmiendas propuestas por el Parlamento al término de este debate. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la Sra Keppelhoff-Wiechert la elaboración de un informe tan práctico. 
Es necesario que estemos seguros de cómo vamos a tratar estos aditivos, en particular en lo que refiere a las aves de corral. 
No se descubre que un pollo contiene coccidiostatos hasta que está muerto y entonces ya es demasiado tarde. 
También deben considerarse los problemas de bienestar en la manipulación efectiva de pollos. 
Es necesario que podamos solucionar este problema y considerarlo desde una perspectiva muy realista. 
En Europa nos preocupa mucho que los consumidores estén protegidos, y con toda la razón, pero ¿qué hará la Comisión para proteger a los consumidores europeos de las importaciones de aves de corral que han sido muy probablemente alimentadas con promotores del crecimiento? 
Se importan millones de pollos de China y Tailandia. 
El problema reside en que la carne de ave no puede someterse a pruebas para verificar si se han utilizado promotores del crecimiento o, si se puede, ha podido transcurrir algún tiempo y ya no se pueden detectar en la carne. 
Será imposible determinar si los pollos han sido alimentados con promotores del crecimiento, y de este modo los productores de pollos en Europa estarán en una total situación de desventaja económica. 
Esto no protegerá a los consumidores europeos, ya que la carne seguirá importándose. 
Nos vamos a encontrar con que los consumidores europeos consumen carne de aves de corral producida en China y Tailandia que contienen substancias prohibidas en Europa. 
Desearía preguntar al Comisario Byrne cómo va a impedir que se plantee este problema. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la cuestión de la alimentación animal se ha convertido en un tema regular del orden del día de este Parlamento. 
En los últimos años hemos participado con gran éxito en la formulación de la legislación de la Unión Europea sobre piensos animales. 
Permítanme recordar algunos ejemplos: la declaración abierta de ingredientes de piensos, el establecimiento de una lista positiva y las nuevas disposiciones sobre la producción y el uso de comidas a base de carne. 
Hoy nos estamos embarcando en una nueva ronda que se centra en los aditivos para piensos. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya buena parte de lo que acaba de mencionar la ponente, como la prohibición de antibióticos, etc. Ha realizado un trabajo excelente, y ha sido receptiva a muchas de nuestras propuestas. 
Quisiera darle mis más sinceras gracias por ello. 
Así, en general, estamos satisfechos con el informe que se votó en comisión. 
Sin embargo, hay dos puntos que deberían corregirse, y que me gustaría explicar a continuación. 
Los coccidiostáticos y los histomonostáticos no deberían estar autorizados como aditivos para piensos; en cambio, deberían autorizarse, a largo plazo, para su uso como medicamentos veterinarios. 
Tenemos que ser coherentes en este punto. 
Si imponemos una prohibición general sobre antibióticos en la alimentación animal, no podemos hacer una excepción inmediatamente para una clase de productos. 
Esto no puede justificarse ante los consumidores. 
En cuanto a los coccidiostáticos, deben ser objeto de un uso controlado y deben ser recetados por un veterinario que esté familiarizado con la situación en la granja en cuestión y que pueda responder de manera adecuada. 
De otra manera, el uso preventivo general de estos productos, que también son antibióticos, podría ocultar posibles problemas de higiene en las granjas. 
Rechazo enérgicamente toda acusación de que estoy intentando generar una nueva fuente de ingresos para los veterinarios. 
Hemos presentado enmiendas sobre esta cuestión, y les ruego las apoyen. 
Mi segundo punto guarda relación con la duración de la autorización. 
Apoyamos la autorización por un período ilimitado con la condición de que esto no afecte a la seguridad del producto. 
Por lo tanto, debería realizarse una reevaluación de los aditivos cada diez años, a la luz de la nueva información científica y los resultados de la investigación. 
Esto asegura la fiabilidad para el solicitante, por una parte, y la seguridad del consumidor y del animal por otra. 
Señor Presidente, Comisario, yo también quisiera agradecer sinceramente a la ponente su informe tan equilibrado. 
La cuestión más importante de este informe es la prohibición del uso de antibióticos como promotores del crecimiento en la producción ganadera. 
Yo apoyo con gran fervor la prohibición. 
En algunos países de la Unión Europea esto ya se ha hecho de forma voluntaria. 
El uso de los antibióticos durante un plazo prolongado tiene efectos adversos graves cuando los microbios desarrollan mutaciones que los hacen resistentes a los antibióticos. 
Como ya he dicho, la ponente ha redactado un informe muy equilibrado. 
Sin embargo, también en nuestro grupo existen puntos de vista diferentes. 
¿Cuál debería ser nuestra actitud ante el uso de coccidiostáticos como remedio contra parásitos en la avicultura? 
Sería un error no regular su uso en absoluto y dejar que permanezcan en una «zona gris». 
El objetivo debe ser el abandono del uso de coccidiostáticos, pero no se puede hacer inmediatamente, puesto que las vacunas todavía no pueden reemplazarlos. 
Por ello, se necesita cierto período de transición. 
Apoyo con entusiasmo la propuesta de la ponente. 
Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre el uso de aditivos en la alimentación animal debería aplaudirse como un importante paso adelante para la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. 
Rectifica una situación inadmisible. Evidentemente no se trata de una solución completa, pero es un paso en la dirección correcta, puesto que propone prohibir el uso de antibióticos como aditivos en piensos. 
Quisiera recordarles que además de matar bacterias causantes de enfermedades infecciosas, los antibióticos poseen otra propiedad que se descubrió hace mucho tiempo. En la década de 1940 se descubrió que los antibióticos mejoran la capacidad de los animales para transformar la comida, aumentando así el ritmo de crecimiento del animal. 
Esto significa que cuando los pollos criados en batería reciben antibióticos en el pienso, pueden alcanzar un peso de 2,3 kilos en siete semanas. 
A las siete semanas, los pollos que consumen antibióticos con el pienso están listos para ser sacrificados, mientras que los que no los consumen apenas pesan un kilo. 
En realidad estos pollos tardan el doble de tiempo en alcanzar el peso apropiado para ser sacrificados. 
Por lo tanto, el incentivo económico para el uso de antibióticos como aditivos en el pienso es evidente. 
La práctica de añadir antibióticos en cantidades más bajas que las terapéuticas a los piensos de animales de granja se extendió con el desarrollo de la cría intensiva. 
Este uso se justificó oficialmente por el hecho de que los antibióticos protegen a los animales de enfermedades infecciosas a la vez que comportan un crecimiento más rápido. 
Hay que entender que las condiciones en que se crían los animales desempeñan un papel importante en la extensión de enfermedades infecciosas. 
Esta práctica fue legalizada en 1970 por la Directiva 70/524/CEE, que a la sazón autorizaba el uso de trece antibióticos como aditivos. 
No obstante, hemos sido testigos de una consecuencia potencialmente dañina de la sobredosis de antibióticos desde la década de 1950. El uso excesivo de antibióticos puede producir bacterias resistentes que hacen que el antibiótico carezca de efecto. 
Trabajos posteriores a lo largo de los años han confirmado estos descubrimientos. Recuerdo que en 1985 el Parlamento sueco votó la prohibición del uso de antibióticos como aditivos para piensos por esta misma razón, en otras palabras, ¡17 años antes de la propuesta de la Comisión! 
Aunque por desgracia hayamos tenido que esperar tanto, debemos acoger con satisfacción el hecho de que la Comisión haya decidido intervenir en esta cuestión. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Kindermann en que también debemos prohibir el uso de coccidiostáticos como aditivos para piensos y permitir únicamente su uso como medicamentos. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la Sra Keppelhoff-Wiechert el excelente trabajo que ha llevado a cabo en este ámbito. 
Esta propuesta es una de las medidas previstas en el Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria de la Comisión. 
Los acojo con satisfacción y estoy en gran parte de acuerdo con los procedimientos de evaluación y autorización que propone. 
La Directiva vigente ha sido modificada cinco veces desde 1970 y nunca ha llegado a refundirse. 
Se trata de una disposición compleja y que es muy difícil de utilizar en este momento. 
En el clima actual, es correcto que hagamos lo que estamos proponiendo ahora. 
Estamos modificando o revisando esta Directiva paralelamente con la Directiva sobre medicamentos veterinarios y ambas están relacionadas entre sí. 
Sin embargo, no debemos movernos demasiado rápido de una definición de aditivos alimentarios a una definición de medicamento veterinario hasta que se hayan establecido alternativas y estemos preparados para hacerles frente. 
A mí, como a otras personas, nos preocupan los controles adecuados en las importaciones de terceros países. 
Existe una manera de asegurar la tranquilidad, no sólo para nuestros agricultores y productores de aves de corral, sino también para los consumidores, y pasa por incrementar los recursos de que dispone la Oficina Alimentaria y Veterinaria para que pueda mantener la situación bajo vigilancia. 
No es suficiente ir a Taiwán, Hong Kong o América del Sur una vez cada cinco años y esto ya no engaña a nadie. 
Este tema ha surgido en la comisión temporal sobre la revisión de la fiebre aftosa. 
Se trata de una cuestión fundamental, junto con las enfermedades raras y la importación de enfermedades y problemas. 
Si queremos asegurarnos de que los reglamentos están ahí para crear unas reglas de juego equitativas dentro de la Unión Europea, debemos cerciorarnos de que nuestros inspectores disponen de recursos suficientes para satisfacer nuestras expectativas. 
Desearía que el Comisario tratara este punto concreto. 
Estoy de acuerdo con gran parte de este informe y deseo dar las gracias a la ponente y al Comisario una vez más. 
Apresurémonos lentamente y asegurémonos de que disponemos de sustitutos, en lugar de movernos a un ritmo que llevará a la gente hacia medicamentos veterinarios, lejos de sus prácticas actuales. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar antes que nada a la Sra. Keppelhoff. 
Siempre pienso que informes de este tipo están seguros en sus manos. 
Apoyo en gran medida la propuesta de la Comisión. 
De vez en cuando hay que someter a revisión todos los aditivos contenidos en los piensos animales. 
Pienso que esto está totalmente en consonancia con el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. 
También estoy de acuerdo con la prohibición de los antibióticos en general en el año 2005. 
La prohibición de su uso profiláctico puede apoyarse. 
Sin embargo, tengo más problemas con los coccidiostáticos, porque si los prohibiéramos también ¿cuál sería entonces la alternativa? 
Según me consta, si esto se llevara a cabo, el siguiente tratamiento de animales con antibióticos tendría muchas más consecuencias dañinas en general que si las cosas se quedaran como están. 
Puedo consentir en que esto se evalúe también y que se decida la actuación posterior en función del resultado. 
Quisiera reiterar lo que ha dicho el Sr. Peres: estamos imponiendo unas exigencias muy estrictas a los ganaderos europeos. 
¿Cómo podemos asegurarnos de que se impongan las mismas exigencias a los demás ganaderos del mundo que quieren vendernos sus productos, a fin de impedir la competencia desleal? 
. 
(EN) Señor Presidente, por supuesto no deseo retenerle aquí hasta medianoche. 
Permítame que le explique mi posición sobre los principales puntos de esta propuesta y, en particular, las diferencias que en algunos casos siguen existiendo entre nuestras instituciones. 
Respecto a la fecha para la supresión de antibióticos, me es grato comprobar que el planteamiento de la Comisión cuenta con su amplio apoyo. 
Pero existen algunas pequeñas diferencias acerca de la fecha para la retirada de las autorizaciones. 
La recomendación científica sobre la cual se toma esta medida de gestión de riesgos menciona la necesidad de un período de transición para permitir que las prácticas de cría de animales se adapten y también para el desarrollo de antibióticos alternativos. 
Por estos motivos de tipo práctico, no puedo aceptar la enmienda que prevé la supresión de antibióticos a partir del 1 de enero de 2005, a pesar de mi reconocimiento del deseo del Parlamento de eliminar los antibióticos en la alimentación animal lo más pronto posible. 
Estoy de acuerdo con este sentimiento, pero deseo añadir que debe efectuarse de acuerdo con la opinión científica y debe tomar en cuenta los posibles efectos sobre la salud y bienestar de los animales. 
En cuanto a la dimensión externa del proceso de supresión, permítanme que clarifique mi posición. 
Esta cuestión ha sido planteada por unas cuantas personas, incluidos el Sr. Parish y la Sra. Doyle. 
La prohibición de antibióticos también será de aplicación para las importaciones de alimentos. 
Respecto a las importaciones de alimentos de origen animal, el sistema de pruebas de residuos actualmente en vigor va a ser utilizado para comprobar la utilización de sustancias prohibidas. 
Este sistema de pruebas protege la salud humana, puesto que ha sido diseñado para detectar residuos de medicamentos, aditivos y sustancias en los alimentos en niveles que suponen un riesgo inaceptable para el consumidor. 
No es suficiente verificar si se han utilizado sustancias prohibidas en la alimentación de animales en terceros países, puesto que los residuos de este tipo de sustancias pueden no estar presentes en el momento de la importación. 
Agradeceré cualquier sugerencia que se pueda efectuar para incrementar los recursos de la OAV y, en particular, agradeceré esta observación de un miembro de la autoridad presupuestaria. 
Creo que el control de los productos importados y la condición de equivalencia entre la normativa de la UE y la normativa de terceros países sobre la cría de animales debe considerarse de conformidad con la legislación horizontal. 
La Comisión propondrá un reglamento en materia de controles alimentarios y de alimentos que impondrá una normativa sobre esta cuestión. 
Esta propuesta tendrá en cuenta sus preocupaciones. 
El proyecto de legislación que hoy estamos debatiendo sólo tiene por objeto- y subrayo «sólo» -establecer una normativa para la autorización de aditivos seguros. 
Sobre el plazo fijado para las autorizaciones, repito lo que dije en mi declaración de introducción. Sólo puede aceptar autorizaciones con vencimiento para todos los aditivos alimentarios. 
En lo que se refiere a los coccidiostatos, soy consciente de que algunas personas consideran que los coccidiostatos sólo se deben autorizar como medicamentos veterinarios y no como aditivos alimentarios. 
Me refiero al punto mencionado por el Sr. Kindermann en este aspecto. 
Mi posición es que la normativa impuesta por esta propuesta garantizará que los coccidiostatos se utilicen de modo seguro, respetando la salud de los humanos y de los animales. 
Una acción precipitada, que no deje tiempo suficiente para la autorización del mismo tipo de sustancias como fármacos veterinarios, o el establecimiento de una fecha límite sin previa evaluación, tendría consecuencias desastrosas para la producción, la salud y el bienestar de los animales. 
Estoy deseoso de que se redacte un informe sobre este tema, pero no puedo estar de acuerdo en que se establezca una fecha límite para las autorizaciones. 
En lo que se refiere a la introducción de flexibilidad en el procedimiento de autorización, algunas enmiendas mejoran la propuesta de la Comisión ya que toman en cuenta las necesidades de especies menores y de los animales no destinados a la alimentación. 
El establecimiento de condiciones específicas para la protección de datos en la solicitud de autorizaciones para las especies menores es otra enmienda bien acogida. 
La Comisión puede aceptar estas enmiendas. 
Sin embargo, es necesario que se reconozca la imposibilidad de establecer una normativa especial para todos los tipos de aditivos y para todas las categorías de animales. 
Para concluir, desearía una vez más agradecer a la ponente y a los diputados por su amplio apoyo a la política iniciada por la Comisión para la protección de la salud pública al tiempo que toma en cuenta la salud y el bienestar de los animales y las necesidades de producción agrícolas. 
Se ha suministrado a la Secretaría del Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas. 
Estoy seguro de que se incluirá en el Acta de esta sesión 
Invito a la ponente a que hable de nuevo brevemente. 
Señor Presidente, el Comisario debe escucharme un momento, pues de lo contrario no tiene sentido que yo hable. 
Entonces puede que sea más fácil que le formule sus comentarios directamente, ahora mismo. 
Comisario, tengo otra pregunta. 
Creo que su respuesta al problema de las importaciones de terceros países consiste simplemente en introducir controles más rigurosos sobre las importaciones de piensos. 
Sin embargo, la Sra. Doyle y, de hecho, el Sr. Parish se referían al producto final. 
Después de todo, en toda Europa tenemos alimentos prefabricados en nuestros congeladores que provienen de estos países. 
Por esa razón es por la que preguntamos en qué medida tenemos que imponer controles, rechazar los productos o incluso tolerar distorsiones de la competencia con la Comunidad Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0365/2002) del Sr. Nisticò, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo que se refiere a medicamentos tradicionales a base de plantas (COM (2002) 1- C5-0026/2002- 2002/0008 (COD) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, de entrada quiero dar las gracias al ponente, Sr. Nisticò, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por la labor y esfuerzo que han llevado a cabo en este informe. 
El Sr. Nisticò es un reconocido experto en este campo, pero ha supuesto un verdadero reto para mí y mis servicios. 
Permítanme que comience con los objetivos. 
¿Cuáles son los principales objetivos de esta propuesta? 
Son tres. 
El primero y más importante, es garantizar un elevado nivel de protección de la salud a los pacientes europeos. 
Tendrán acceso a los medicamentos de su elección, siempre que se cumplan todas las garantías necesarias. 
En segundo lugar, fomentar el Mercado Único de medicamentos a base de plantas. 
El establecimiento de normativas y procedimientos armonizados facilitará el comercio transfronterizo de medicamentos a base de plantas, que actualmente es muy limitado. 
En tercer lugar, crear un entorno claro y favorable para la mayoría de pequeñas y medianas empresas que trabajan en este sector. 
En cuanto a las propuestas, voy a centrarme en tres cuestiones principales. 
Primero, el alcance del nuevo procedimiento simplificado. 
El uso de medicamentos a base de plantas cuenta con una larga tradición en Europa. 
Ya se conocían y se utilizaban ampliamente en la Edad Media. 
Para los nuevos medicamentos, es indispensable facilitar datos científicos actualizados si los pacientes deben recibir tratamiento con medicamentos seguros. 
Pero si ya poseemos suficientes conocimientos sobre un medicamento, los nuevos ensayos preclínicos y clínicos representan una carga y una realización de pruebas innecesarias en humanos y animales. 
Para proteger la salud del paciente, la información sobre el uso tradicional del producto debe ser lo suficientemente fiable para permitirnos concluir que el producto es seguro. 
Esta información existe para numerosos medicamentos a base de plantas tradicionales. 
Es por ello que el nuevo procedimiento debe limitarse en un principio a los medicamentos a base de plantas. 
En segundo lugar, el período mínimo de utilización. 
Para asegurarse de que la información está bien fundamentada, consideramos que 30 años nos permitirán decidir si se puede considerar que un producto es seguro y eficaz. 
La evaluación debe ser para su utilización en la Unión Europea. 
Hago hincapié en este punto ya que los efectos de un medicamento dependen del escenario en el que se utiliza un producto así como del propio producto. 
Por lo tanto, como norma general, el producto debe haber sido utilizado durante 30 años en la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, reconocemos que existen importantes tradiciones medicinales fuera de la UE. 
Por ello, proponemos que el periodo de utilización fuera de la Comunidad sea de hasta 15 años. 
Por último, el nuevo Comité científico. 
Los medicamentos a base de plantas difieren de otras categorías de productos farmacéuticos en varios aspectos. 
Durante algunos años, un grupo de trabajo informal ha estado trabajando sobre medicamentos a base de plantas en la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. 
Nuestra propuesta ofrece una oportunidad de establecer una base legal explícita para este grupo de trabajo y darle un mandato claro para los medicamentos a base de plantas. 
Esto también nos va a permitir confiar en la pericia nacional específica para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos a base de plantas a escala europea. 
Al mismo tiempo contribuirá a mejorar la libre circulación de estos medicamentos. 
Estoy deseoso de que llegue el debate en la Asamblea de hoy e instar al Parlamento Europeo para que apoye esta iniciativa. 
Señor Presidente, señor Liikanen, estamos encantados de que, por fin, después de tantos años, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor haya adoptado la propuesta de Directiva de la Comisión sobre los medicamentos tradicionales a base de plantas, y me complace ver que la misma tiene un enfoque responsable y científico. 
En primer lugar, debo agradecer a los ponentes de la oposición de todos los grupos, especialmente a la Sra. Roth-Behrendt, por sus sabias enmiendas, al igual que otros colegas, el Sr. Bowis, la Sra. Doyle, el Sr. Schnellhardt, la Sra. Müller, la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Whitehead por su constructiva ayuda en la mejora de la Directiva. 
Gracias a la Directiva que estamos examinando, por fin será posible registrar hierbas medicinales tradicionales en los distintos Estados miembros de la Unión Europea a través de un procedimiento simplificado, con la condición de que- como ha afirmado el Comisario- cumplan ciertos requisitos de seguridad. 
La Directiva reconoce el pleno valor de los productos medicinales que provienen de plantas y, por fin, organiza un poco este campo tan confuso y polémico. 
Por ejemplo, el alcance de la Directiva está definido y no abarca el uso de hierbas tradicionales en otros ámbitos, como los alimentos, los suplementos alimenticios y los cosméticos. 
Además, por razones de protección de la salud de los consumidores, se especifican ciertas características de calidad y de buena práctica de fabricación que deben cumplir tanto las hierbas medicinales producidas en Estados miembros de la Unión Europea como las importadas de terceros países. 
El Parlamento ha decidido reconocer que las hierbas medicinales siguen siendo una fuente inagotable de ingredientes activos para uso terapéutico. 
No obstante, mientras debe reconocerse el valor terapéutico de los medicamentos derivados de plantas, no debe olvidarse que el uso impropio puede dar lugar a toda una gama de efectos secundarios no deseados y gravemente tóxicos que pueden llegar a ser, me temo, incluso mortales. 
A este respecto, Comisario, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos ha registrado hasta la fecha 2 900 casos de efectos tóxicos, incluidas 104 muertes, principalmente debidas al uso anómalo de efedrina, un fármaco que libera catecolaminas, causa taquiarritmias y puede producir insuficiencia cardíaca. 
La FDA también ha señalado la falta de control de calidad para este tipo de hierbas que llegan al mercado procedentes de países lejanos como China y la India. Me duele decir que la mayoría de ellas están adulteradas por diversos contaminantes. 
Esta es la razón por la que el Parlamento y la Comisión han intentado asegurar que la Directiva se centre principalmente en la protección de la salud de los consumidores, exigiendo normas de alta calidad y de seguridad y disponiendo con carácter preceptivo que las etiquetas y los folletos informativos faciliten a los ciudadanos información sencilla y clara sobre la toxicidad potencial del producto y las posibles interacciones con otros medicamentos y alimentos. 
Llamamos la atención del Comisario sobre el hecho de que por hierbas medicinales tradicionales entendemos las que se llevan usando durante al menos treinta años, diez de ellos al menos dentro de la Comunidad y veinte fuera, como ha sugerido el Parlamento. 
Como especialista en el tema- soy farmacólogo -, pienso que los diez años de uso en Estados miembros comunitarios añadidos a los veinte años de uso fuera de la Comunidad son suficientes para evaluar cualquier efecto tóxico potencial. 
Por ello estoy a favor de reducir los quince años de la propuesta inicial de la Comisión, pero no estoy de acuerdo con la enmienda del Sr. Davies, que no habla de diez años de uso como mínimo en la Unión Europea ni mucho menos de que, dada la constitución genética de distintas poblaciones, sin el uso extensivo en los Estados miembros todavía pueden surgir efectos tóxicos graves. 
Otro aspecto positivo es la creación, por fin, de un comité de medicamentos a base de plantas. 
Como se habrá dado cuenta, Comisario, el Parlamento está preocupado por que este comité sea independiente y esté dotado de los mismos poderes que el Comité de Especialidades Farmacéuticas. 
Espero que se acepte la petición del Parlamento, de modo que la EMEA pueda, como siempre, realizar su trabajo con calma y eficiencia. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, tienen ustedes mucha razón. 
Tenemos una experiencia muy amplia sobre el uso de medicamentos tradicionales a base de plantas. 
En la Unión Europea, los consumidores conceden cada vez más importancia a su uso. 
Por este motivo, en mi opinión, es hora de establecer un marco legal armonizado para los medicamentos tradicionales a base de plantas. 
Durante demasiado tiempo, el comercio de estos productos tradicionales dentro de la Comunidad se ha visto dificultado por las diferentes normativas nacionales. 
Creo que en su forma actual, la Directiva corregirá este desequilibrio, y más gracias al excelente trabajo realizado por el ponente, el Sr. Nisticò. 
Permítanme tocar dos puntos que, en mi opinión, revisten una importancia especial. 
En primer lugar, el establecimiento de un nuevo comité de medicamentos a base de plantas dentro de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. Creo que éste es un paso necesario, y acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión se haya decantado por este enfoque. 
Una de las tareas más importantes del comité será elaborar una lista de sustancias vegetales. 
Sin embargo, también pienso que la clasificación en varios grupos, tal y como ha solicitado la comisión, es especialmente importante. 
Realmente espero que podamos llegar a esta nueva clasificación. 
Los fitofármacos con lo que se llama «uso medicinal arraigado» deben incluirse en el grupo de los fitofármacos racionales. 
Permítanme explicar brevemente el significado de esta distinción: en el caso de los fitofármacos de uso arraigado, las monografías que contienen datos generalmente disponibles pueden presentarse como prueba en una solicitud. 
No se requieren datos específicos de extractos en este tipo de prueba. 
Una situación diferente es la de los fitofármacos racionales. 
En este caso, las pruebas se aportan mediante la presentación de datos específicos relacionados con el extracto que describen el efecto concreto del extracto individual. 
Para evitar distorsiones de la competencia- y creo que esto reviste una importancia especial- debería permitirse al fabricante que ha invertido grandes sumas en la investigación de los efectos de los fitofármacos racionales, aducir sus esfuerzos especiales como parte del proceso de registro, beneficiando así a los consumidores a través del suministro de una información mejor sobre el producto. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción esta directiva y la elegante mejora que ha introducido el Sr. Nisticò en su orientación. 
Hemos discutido- de hecho, hoy hemos discutido- pero no sobre este tema. 
Millones de personas y muchos de nosotros adquieren remedios a base de plantas y confían en ellos. 
Su uso se remonta a miles de años atrás. 
La presente Directiva permite el registro fundamental de remedios tradicionales. 
Debe ser generosa en su interpretación de cómo y dónde este uso tradicional estableció los requisitos de seguridad que son necesarios. 
Igualmente, el uso de estos productos junto con otros, incluidos los fármacos, exige que se preste una rigurosa atención a los posibles efectos secundarios que puedan producirse. 
De hecho, este requisito básico de seguridad es una propuesta modesta. 
Las asociaciones profesionales de herboristas y agrupaciones de consumidores la apoyan en toda Europa. 
Todo lo que necesita es lo que conocemos sobre calidad y contenido. 
Cuanto mejor sea el producto, mejor el fabricante acogerá con satisfacción esta Directiva. 
¿Qué contiene? 
¿Qué efectos me va a producir? 
Son preguntas formuladas por los consumidores, que uno hace por cualquier cosa que ingiere, incluso si se trata de una gominola. 
El problema es que aquí nos enfrentamos a un proceso muy simple y, sin embargo, hay peticiones, conversaciones paranoicas sobre conspiraciones de grupos de interés industriales que imitan las preocupaciones de los consumidores. 
¿De qué tienen miedo? 
La Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos ha calculado que en el Reino Unido, por ejemplo, de 207 sustancias notificadas, todas excepto 2 ó 3 serán aprobadas sin ningún problema en el proceso de registro sin la onerosa prueba exigida para los productos químicos. 
Solicitaría a este grupo de interés industrial, que ha puesto en una situación embarazosa a tantos herbolarios, si sus productos son tan seguros y legales. 
O ¿acaso también están adulterados, irradiados o substituidos? 
¿Cuántas pruebas se han llevado a cabo para determinar los efectos secundarios? 
Cuando la Asociación de Consumidores de Gran Bretaña analizó este punto con una muestra aleatoria de 30 tiendas, sólo 5 fueron capaces de facilitar datos sobre las recomendaciones que formulaban. 
Esto representa una oportunidad para armonizar la tradición con el redescubrimiento moderno de habilidades antiguas. 
Ofrece al consumidor más oportunidades de elección y expansión para el productor de calidad. 
Señor Presidente, todos los medicamentos pueden ser peligrosos. 
Si necesitamos que se nos lo recuerde, sólo es preciso mirar a las miles de personas que mueren todos los años por ingerir medicamentos de prescripción autorizada. 
Comparativamente, los riesgos que plantean los remedios a base de plantas tradicionales son mínimos. 
Así pues, mantengamos la proporcionalidad de las cosas y asegurémonos que no tiramos el bebé junto con el agua del baño. 
Nadie debe oponerse a una normativa destinada a garantizar la salud y asegurar que el consumidor pueda tomar decisiones con conocimiento de causa. 
Sin embargo, una aplicación de la normativa excesivamente restrictiva podría constituir una amenaza para el futuro de algunos productores y proveedores especializados como las tiendas de alimentos dietéticos, probablemente estimulando a los consumidores a que efectúen sus compras a través de proveedores no reglamentados en Internet. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que sea cautelosa en la aplicación de este reglamento y tome en cuenta estas preocupaciones legítimas. 
En particular, pido a la Asamblea que si se ha utilizado un medicamento a base de plantas en algún lugar del mundo durante más de 30 años y existen pruebas evidentes de que su uso normal es seguro, no debemos negárselo a las personas que representamos. 
No debemos ser tan arrogantes de suponer que Europa no tiene nada que aprender de los demás. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con mis colegas diputados en que en general, esta es una propuesta positiva. Comparto su opinión de que deberíamos apoyar los objetivos de la Comisión y de que, si la consideramos en su conjunto, la propuesta del ponente es buena. 
Por lo tanto, mi Grupo la apoyará. 
Tomemos el ejemplo de la propuesta de crear un comité de medicamentos a base de plantas. Este comité sería independiente, tendría el mismo poder que el comité de medicamentos convencionales y estaría encuadrado en la Agencia Europea. 
Sin duda, es una buena idea. De hecho, es una idea excelente, que pienso que nos permitirá utilizar medicamentos a base de plantas de alta calidad con plena seguridad. 
Otro beneficio significativo adicional es que este comité estará formado por expertos en medicina vegetal, algo que es sin duda esencial. 
El segundo elemento positivo de la propuesta es la enmienda que establece la distinción entre suplementos alimenticios y medicamentos. 
Debemos asegurarnos de no establecer un sistema de reconocimiento demasiado estricto, puesto que esto podría llevar a que se clasificaran ciertos suplementos alimenticios como medicamentos cuando no tienen efectos medicinales. 
Estoy de acuerdo con él en que necesitamos establecer un único período de uso tradicional para los productos vegetales, independientemente de su origen. Creo que es un tanto arrogante suponer que terceros países no serían capaces de suministrar información de alta calidad y correcta que nos permitiera usar estos medicamentos sin riesgo alguno. 
Señor Presidente, desde el principio de los tiempos la gente ha confiado en el uso de sustancias naturales vegetales y minerales para curar enfermedades y aliviar el dolor. 
Incluso en la medicina actual, a pesar del advenimiento de la farmacología moderna, los remedios vegetales todavía desempeñan un papel importante. 
Por lo tanto, es lógico que las normas de calidad europeas se apliquen a los remedios vegetales del mismo modo que se aplican a las medicinas sintéticas, y que se tomen medidas para asegurar que se informa a los ciudadanos de manera comprensible sobre el efecto y los posibles efectos secundarios de estos remedios: Por ello, estamos satisfechos con la propuesta de creación de un comité independiente para los remedios vegetales dentro de la EMEA y de establecer disposiciones relativas al seguimiento de los medicamentos, aplicable también a los remedios vegetales. 
No obstante, no es preciso realizar nuevas pruebas, puesto que muchos remedios vegetales han sido usados durante largo tiempo. 
Los altos costes asociados son difíciles de justificar, especialmente si muchos años de uso no han causado ningún problema. 
No obstante, considero justo que los consumidores dispongan de información fiable. 
Cuando no se ha probado la efectividad de un remedio, conviene mencionarlo en las instrucciones. 
Esto anima al consumidor a hacer una opción bien informada, del mismo tipo que la que el Parlamento Europeo quiere promover con otras medidas legislativas. 
Por último, señor Presidente, quiero señalar que hay que dar cancha a las distintas necesidades de los distintos Estados miembros. 
Por esta razón, quisiera proponer el voto a favor de la propuesta de que si un Estado miembro toma una decisión acerca de una solicitud de registro de un remedio vegetal, reconozca los registros o licencias concedidos por otros Estados miembros. 
Con esta disposición, será más fácil, en particular para las pequeñas empresas, vender productos regionales en toda Europa, para que los ciudadanos europeos puedan beneficiarse de productos regionales que han demostrado su valor terapéutico. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, los medicamentos a base de plantas se han usado durante siglos en todo el mundo. 
También en Europa, el interés de los consumidores se ha extendido mucho más allá de los remedios caseros que se utilizan habitualmente en determinadas regiones. 
Mucha gente cree ciegamente en estos productos naturales, ya sea el ginseng chino o el aceite de árbol de té indio. 
Sin embargo, en la Unión Europea, los medicamentos a base de plantas carecen de una regulación uniforme. 
En algunos Estados miembros, tienen que autorizarse, mientras que en otros basta probar su eficacia. 
El Sr. Nisticò ha presentado un informe muy bueno que crea disposiciones ampliamente uniformes que rigen la fabricación, la promoción y el etiquetado de los medicamentos a base de plantas y fijan elevadas normas de calidad y seguridad. 
En este contexto, los siguientes puntos revisten una importancia especial. 
En primer lugar, está la cuestión de la calidad y la seguridad. 
Los fabricantes de medicamentos a base de plantas deben aportar pruebas de su seguridad, de la misma manera que se exige para los medicamentos químicos. 
En el procedimiento de autorización simplificado, la eficacia y la inocuidad de un producto se prueban por su uso prolongado, es decir, tradicional. 
También necesitamos crear un nuevo comité de medicamentos a base de plantas en el seno de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. 
Este comité debería responsabilizarse de todo tipo de tareas relacionadas con los medicamentos a base de plantas. 
Establecerá monografías sobre vegetales de interés para la evaluación precisa pero rápida de las solicitudes de autorización. 
La propuesta que tenemos ante nosotros no sólo nos permite alcanzar unos criterios de autorización ampliamente uniformes en Europa; sino que también nos permite facilitar la promoción de medicamentos a base de plantas en todos los Estados miembros, respetando al mismo tiempo la subsidiariedad. 
Los consumidores europeos pueden seguir escogiendo entre una amplia gama de productos que ha presentado el fabricante de conformidad con la normativa legal, y que han sido examinados cuidadosamente y autorizados por las autoridades. 
Esto garantiza la calidad del producto y protege la salud humana en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, cuanto más estudiamos el tema de los medicamentos tradicionales a base de plantas más convencidos estamos de que es necesario actuar urgentemente. 
Al igual que millones de ciudadanos de la Unión Europea, soy un usuario de medicamentos a base de plantas. Deseo una garantía de que cuando acudo a mi tienda de productos dietéticos la equinacea o el gingseng que adquiero es de buena calidad. 
Lamentablemente, en estos momentos en el Reino Unido no hay ninguna garantía de que esto sea así. 
Tengo ante mí cuatro certificados de análisis y cuatro diferentes tipos de productos a base de equinacea. 
El primero de ellos indica en su etiquetado raíz de equinacea. 
Sin embargo, los otros sencillamente no son lo suficientemente buenos. 
Uno incumple la normativa ya que el producto contiene cantidades excesivas de ceniza ácido insoluble. 
Otro, aparentemente, no contenía raíz de equinacea y el último no había sido fabricado exclusivamente con polvo de raíz de equinacea tal como indicaba la etiqueta. 
Esto significa que la próxima vez que compre mi equinacea tengo un 25% de posibilidades de comprar lo que realmente deseo. 
Esta lotería debe terminar. 
Estos productos inferiores en el mercado están engañando a los consumidores y desacreditan los medicamentos a base de plantas. 
Sin embargo, también es necesario un enfoque flexible, en especial sobre combinaciones de sustancias nutritivas a base de plantas, medicamentos tradicionales a base de plantas de fuera de la Unión Europea y medicamentos tradicionales que no son a base de plantas. 
Las combinaciones de sustancias nutritivas a base de plantas para productos no se clasifican como medicamentos. 
Actualmente, suelen venderse legalmente como alimentos y esta posición no va a cambiar. 
Cuando estos productos combinados se clasifican como medicamentos, actualmente no están amparados por el régimen del Reino Unido en materia de medicamentos a base de plantas sin licencia y, por lo tanto, se requiere una autorización de comercialización. 
La propuesta de la UE ofrecerá una mayor flexibilidad que la que ofrece en estos momentos el Reino Unido ya que la directiva permitirá la inclusión de sustancias nutritivas que no estaban incluidas. 
Los medicamentos tradicionales de fuera de la UE, como los medicamentos chinos, cumplirán el requisito de 50 años. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con aquellas personas que en el sector herbolario desean una mayor flexibilidad en el momento de considerar las pruebas para los productos de fuera de la UE. 
El punto principal es que la calidad y la relevancia de las pruebas del uso tradicional es más importante que el origen geográfico. 
La presente Directiva merece ser considerada a la luz de todos los hechos, en interés de la salud pública, la confianza del consumidor y una oferta más amplia en el mercado. 
Señor Presidente, parece ser que un valor orientador de esta institución es el principio de cautela, que tiene por objeto mantener el nivel de riesgo tan bajo como razonablemente práctico sea posible. 
Sin embargo, los tribunales británicos sugieren que esto requiere que se sopesen los costes de las medidas necesarias para eliminar el riesgo. 
Si debemos creer al ponente, los riesgos derivados del uso incontrolado de medicamentos a base de plantas son considerables. 
Pero acabo de mirar a una de sus reivindicaciones: que en los productos estadounidenses a base de efedrina se han contabilizado más de 1 200 casos de efectos tóxicos, incluidas 70 muertes. 
Sin embargo, el sector de suplementos dietéticos calcula que todos los años se consumen dos mil millones de dosis de este producto en los Estados Unidos. 
Respecto a las reivindicaciones del Sr. Nisticò, la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos ha examinado los datos del Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) que utiliza. 
Para llegar a sus conclusiones, el FDA ha utilizado una combinación de pruebas científicas sobre los efectos de la efedrina y una serie de informes sobre acontecimientos adversos (AER). 
Según la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos, el FDA se basó en «informes de acontecimientos adversos mal documentados e información deficiente». 
Asimismo, no llevó a cabo un análisis causal para determinar si productos a base de efedrina causaron o contribuyeron a producir efectos adversos. 
No documentó cuáles eran los AER formales y no establecía criterios para determinar cuáles eran los acontecimientos graves. 
No llevó a cabo ninguna evaluación fidedigna de sus análisis. 
Sólo existen unos breves extractos de un informe de 83 páginas. 
Estoy en posesión de otros informes similares sobre otros riesgos que el Sr. Nisticò menciona. 
Se han exagerado los riesgos gravemente sobre la base de pruebas escandalosamente insuficientes. 
Apenas existe un riesgo perceptible en el uso de medicamentos a base de plantas y, en todo caso, éste es mucho menor que el que se deriva de los medicamentos convencionales. 
Dado el riesgo mínimo, el coste de esta medida pesa claramente más que las ventajas. 
No existe nada que la justifique. 
Declaro un interés personal. Utilizo medicamentos a base de plantas todos los días del año. 
Señor Presidente, aunque la farmacología moderna y las medicinas sintéticas gozan de un estatus indiscutible, las medicinas a base de plantas todavía son importantes para la salud y el bienestar humano. 
Por otra parte, no debe pensarse que las sustancias naturales no pueden ser un gran peligro para la salud cuando se abusa de ellas o se preparan sin cuidado. 
Encontrar el equilibrio justo supone un reto, y estoy convencida de que mi colega el Sr. Nisticò lo ha conseguido, dicho sea en su honor, con su informe. 
Deberían establecerse estrictas normas de calidad y seguridad para los medicamentos a base de plantas, y las instrucciones y el etiquetado han de ser claros. 
Las instrucciones deben contener información sobre la toxicidad potencial de las sustancias y su interacción con alimentos, bebidas y otros medicamentos. 
Además, con respecto a los medicamentos a base de plantas cuya comercialización debe autorizarse se aplicará la misma práctica, en la medida de lo posible, que a los medicamentos sintéticos. 
Esto no pretende ser un ataque a los remedios medicinales tradicionales: al contrario, el objetivo es garantizar un marco seguro en el que la industria de medicamentos a base de plantas pueda prosperar en el mercado europeo. 
Los empresarios del sector se beneficiarán a medida que el mercado crezca y las reputaciones estén protegidas, y los consumidores ganarán en seguridad y precio. 
Se han encontrado sustancias vegetales tóxicas o venenos como el arsénico y el mercurio y otras sustancias medicinales como hormonas en medicamentos. 
Cuando se combina semejante indiferencia con la buena fe del consumidor, corren peligro vidas humanas. 
La gente asocia medicinas a base de plantas con algo natural, bueno y seguro, y no se imaginan que si se equivocan con la dosis o se da cualquier otro tipo de abuso, esto puede causar graves daños e incluso la muerte, o que puede que existan serios problemas de calidad con el producto. 
El Parlamento Europeo está promoviendo una tradición humana respetable: los remedios a base de plantas. 
El informe del Sr. Nisticò marca los límites seguros y claros en los que la industria puede florecer y tener éxito. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítame comentar brevemente algunas de las intervenciones y enmiendas. 
Se facilita por escrito al Parlamento un listado completo de la posición de la Comisión de cada una de las enmiendas. 
En primer lugar, sobre la extensión del alcance del procedimiento simplificado. Déjeme subrayar que le agradezco su apoyo para limitar, en principio, el nuevo procedimiento simplificado para los medicamentos tradicionales a base de plantas. 
Es crucial que adquiramos una sólida experiencia con este nuevo procedimiento antes de que podamos programar cualquier posible ampliación del mismo. 
Al mismo tiempo, entiendo que la solicitud por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor amplía ligeramente el alcance del procedimiento a estos medicamentos a base de plantas, que contienen componentes adicionales que no son a base de plantas. 
En principio, la Comisión puede dar su apoyo a aditivos como vitaminas y minerales. 
Sin embargo, debemos ser prudentes y excluir determinadas sustancias como los componentes biológicos, que conllevan riesgos particulares. 
Para este tipo de sustancias, hemos de insistir en que hace falta obtener los datos científicos clásicos. 
Numerosos oradores han mencionado el periodo de tiempo mínimo de uso. 
Por norma general, 30 años de uso tradicional en total y 15 años en la Comunidad son el periodo de tiempo mínimo de uso para garantizar la seguridad y la eficacia de los productos. 
Puede ocurrir que un producto haya sido utilizado fuera de la UE durante miles de años, pero sólo ha estado disponible en la Comunidad durante 10 años o menos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha propuesto reducir el tiempo mínimo de uso en la Comunidad de 15 a 10 años. 
La Comisión está dispuesta a establecer normas específicas para estas excepciones. 
Sin embargo, desde una perspectiva europea es preferible dar una solución europea. 
Cuando un producto no cumpla los criterios generales de 30 y 15 años, podemos facultar al nuevo comité para que investigue este producto y evalúe si la información disponible es suficiente. 
Esta forma de establecer flexibilidad tendrá la ventaja de cumplir el doble objetivo de asegurar la protección de la salud pública y, al mismo tiempo, facilitar el libre movimiento de estos medicamentos en la UE. 
La propuesta de la Comisión ya confiere al nuevo comité poderes considerables. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor desea incluso ir más allá y sustituir al comité que trata generalmente los medicamentos para uso humano (CPMP) por el nuevo «comité de hierbas medicinales». 
En principio, la Comisión podría dar su apoyo a una parte de la ampliación propuesta. 
Estamos de acuerdo con que el «comité de hierbas medicinales» debe tratar sobre la decisión de procedimientos mutuos reconocidos que conlleven decisiones nacionales divergentes sobre medicamentos a base de plantas. 
-Gracias, Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0356/2002) de la Sra. van den Burg, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (COM (2002) 149- C5-0140/2002- 2002/0072 (COD) ). 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. van den Burg por su excelente informe y por su aportación positiva a la propuesta de la Comisión relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
Todos sabemos que no ha sido un proceso fácil; han surgido una serie de dificultades políticas y técnicas de cierta gravedad y quiero demostrarle mi agradecimiento, porque creo que, gracias a su trabajo, el Parlamento ayudará a sacar adelante esta importante Directiva. 
Desde principios de los años ochenta, las empresas de trabajo temporal se han convertido en una pieza esencial del engranaje del mercado laboral europeo, a medida que las empresas intentan aplicar formas de gestión del trabajo cada vez más flexibles. 
En los últimos años, este tipo de trabajo se ha incrementado a pasos agigantados. 
En muchos países desarrollados han proliferado empresas de trabajo temporal de grandes dimensiones, a veces con cientos o miles de trabajadores, y consideramos que este tipo de intervención en el mercado laboral es un fenómeno positivo; suele favorecer el empleo y siempre es una herramienta muy importante para aquellas personas que buscan su primer empleo. 
El aumento de la cesión temporal de trabajadores se encuentra firmemente recogido en la agenda de reforma social y económica que se vio reforzada en la Cumbre de Barcelona. 
Sin embargo, en muchos países, el trabajo temporal se encuentra infravalorado, sobre todo cuando la flexibilidad y la calidad del trabajo no avanzan en la misma dirección. 
Esta es la deficiencia de algunos mercados de trabajo, que se pretende rectificar o evitar en el futuro mediante esta Directiva. 
El objetivo consiste en crear un marco amplio y flexible que recoja los derechos fundamentales de los trabajadores; estos derechos deben protegerse en todos los casos para poder proteger a su vez la calidad del trabajo. 
La Comisión ha planteado esta propuesta tras el fracaso de las conversaciones entre los interlocutores sociales en mayo de 2001. 
Creo que es muy importante que el Consejo y el Parlamento consigan aprobar esta Directiva, que emite un importantísimo mensaje político al indicar que las instituciones europeas están dispuestas a asumir sus responsabilidades y a actuar incluso cuando los interlocutores sociales no lleguen a ningún acuerdo. 
Señor Presidente, mi intención era comenzar por el difícil legado de este tema, que se remonta a principios de los años noventa, cuando se presentaron una serie de propuestas de Directivas sobre formas de trabajo atípico. 
Ya se ha referido usted a los acuerdos de los interlocutores sociales y también al fracaso de las negociaciones a este respecto. 
Se han invertido considerables esfuerzos en presentar esta propuesta en la Comisión. 
Ha llevado casi un año entero. 
De hecho, todo este legado nos demuestra lo extremadamente difícil que ha sido elaborar la Directiva, y que ha sido un proceso muy controvertido. Mucha gente me ha preguntado por qué razón pensaba que lo iba a conseguir. 
¿Por qué me he involucrado de esta manera? 
En primer lugar, porque tengo 25 años de experiencia en el tema de las relaciones laborales atípicas y de la protección de las personas que ocupan las posiciones más débiles. 
En segundo lugar, porque estoy totalmente convencida de la utilidad y de la necesidad de flexibilizar el mercado laboral europeo y considero que el trabajo temporal es una herramienta muy valiosa, siempre y cuando se regule de forma razonable la protección de los trabajadores cedidos. 
En tercer lugar, porque creo en las oportunidades que ofrece el trabajo temporal a los trabajadores con determinadas pretensiones o con problemas. Está destinado a aquellas personas que necesitan ayuda en el mercado laboral o a las que buscan pautas de trabajo a medida que las empresas convencionales no ofrecen porque siguen los modelos convencionales. 
En cuarto lugar, porque creo en la iniciativa empresarial del sector del trabajo temporal y en el arte de combinar positivamente los deseos de flexibilidad de trabajadores y empresarios. 
Sin embargo, me gustaría añadir que el arte de esta iniciativa empresarial consiste no sólo en no transferir, por ejemplo, el riesgo de infrautilización a los trabajadores, sino en garantizarles, en tanto que empresarios, que tendrán trabajo y que se recurrirá a ellos en los períodos que lo deseen. 
En quinto lugar, porque creo en el efecto regulador y beneficioso de las condiciones laborales colectivas, que también adquieren importancia en esta propuesta. 
Se trata de una cuestión que afecta no sólo a los acuerdos establecidos por convenio colectivo en los sectores que se sirven de este tipo de trabajo, sino también a los acuerdos del convenio del sector de trabajo temporal. 
Por último, porque estoy en total desacuerdo con la tendencia que afirma que la regulación europea en materia social está obsoleta. 
Creo que de hecho es muy importante, en especial con vistas a la ampliación y a los cambios en curso, establecer estas bases en la legislación europea y demostrar que, desde nuestra posición, también avanzamos en Europa. 
Esto es todo lo que veo en la Directiva propuesta. 
Incluye flexibilidad y seguridad, promoción y patrocinio, aceptación y protección, liberalización y regulación. 
Creo que existe un buen equilibrio en la propuesta de la Comisión, y que dicho equilibrio se ha visto reforzado gracias a la labor desarrollada por este Parlamento. 
Por tanto, me opongo rotundamente a las tentativas de algunas personas de este Parlamento de eliminar precisamente este equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 
Sus ataques se centran en tres aspectos en particular. 
En primer lugar, están intentando eliminar el principio de trato igualitario al no vincularlo a las condiciones de trabajo de la empresa usuaria, sino tomando como referencia a otros trabajadores temporales. Es como si habláramos de igualdad de trato para las mujeres, comparándolas sólo con otras mujeres y no con los hombres. 
En segundo lugar, están impugnando el hecho de que la Directiva no tenga nada que ver con la retribución. 
Ahora disponemos de los dictámentes jurídicos de las tres instituciones, en los que se establece que esto es muy posible, porque se trata de comparar y no de fijar un nivel de retribución. 
Sin embargo, con esta tentativa, también están procurando compensar la situación, porque la retribución es, por supuesto, la condición más importante del trabajo. 
En tercer lugar, están intentando eliminar la excepción expuesta en el apartado 5.4 de la propuesta de la Comisión sobre misiones temporales cortas y hacerla general e incluso, elevarla a 12 meses. 
Esto significa que la Directiva ya no tiene ningún sentido porque entonces, la mayoría del trabajo temporal, sino todo, quedaría fuera de su alcance. 
Sé que esto es también un problema importante en el Reino Unido. 
He intentado también formular una propuesta para que sea posible durante un período transitorio, es decir, en las primeras seis semanas. 
Por el momento esto no ha sido aprobado en este Parlamento, pero espero que tras un debate más amplio sobre el tema lo consigamos. 
Quisiera realizar un último comentario. 
La semana pasada, el parlamento alemán decidió aceptar un sistema que está muy en la línea de esta Directiva. 
Espero por tanto- y quiero concluir con este punto- que el Consejo de Asuntos Sociales del 3 de diciembre intente adoptar una posición común porque, en cualquier caso, la vía también está ahora expedita en Alemania para poder proceder según la Directiva y porque sería muy bueno y, de hecho, probaría que la legislación social todavía es factible si pudiéramos disponer rápidamente de una decisión y proceder en consecuencia bajo la Presidencia griega. 
Señor Presidente, tengo hoy el inesperado privilegio de ser el segundo en hablar en este debate. 
Hablo en nombre del Sr. Gargani, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en cuyo nombre se presenta nuestra opinión. Ello es debido a la caballerosidad de mi colega, el Sr. Koukiadis, quién se encuentra hoy aquí y que es el ponente de opinión original. 
Intentó en vano persuadir a nuestra Comisión para que apoyáramos la idea central de las propuestas de la Comisión. 
Por una convincente mayoría, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior votó una serie de modificaciones sensibles que hubieran suavizado de alguna manera el perjuicio que esta Directiva, si no se cambia, va a causar a la economía y al empleo en toda la Unión Europea. 
Agradezco al Sr. Koukiadis por hacer lo que es correcto y desembarazarse de su informe. 
Como segundo orador, deseo rendir homenaje a la Sra. van den Burg. 
No he tenido ocasión de trabajar con ella anteriormente. Ha trabajado de forma generosa y amablemente. 
Tal como comentó, se ha asesorado con numerosas personas. Lamentablemente, no ha escuchado sus consejos. 
Me alegra que otros grupos hayan apoyado la idea central de nuestras enmiendas y agradezco a los miembros de mi propia familia política el haber secundado algunas de nuestras ideas. 
El problema es que, con las modificaciones oportunas, la propuesta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no consigue el tipo de flexibilidad que sus defensores, la Comisión y la ponente, reivindican. 
Se ha vuelto más intervencionista, propone más regulación. 
Lo que me preocupa de este informe es de que no acepta que el trabajo temporal de alta calidad, proporcionado por un organismo bien gestionado y de vocación social, no es sólo un segundo puesto para el empleo. 
Deseo concluir agradeciendo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el haber aceptado una de mis enmiendas, la cual expone: «La transposición de estas disposiciones por parte de los Estados miembros se efectuará de manera coherente con el objetivo de fomentar la creación de empleo y hacer más atractiva la cesión de trabajo temporal, reconociendo al mismo tiempo las diferentes circunstancias de cada Estado miembro». 
Si se hubiera logrado esto, estaría encantado de apoyar la Directiva. 
Señor Presidente, para lograr combatir el desempleo masivo hay que encontrar nuevos modelos de trabajo más flexibles. 
Las empresas de trabajo temporal representan un factor cada vez más importante en este proceso. 
La colocación temporal efectiva aumenta las oportunidades de empleo permanente. 
Esto se aplica a los parados poco cualificados y a los de larga duración, pero también a los trabajadores especializados. 
En la opinión presentada en nombre de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades nos remitimos a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Hemos incorporado en el proyecto de Directiva el derecho al permiso de maternidad y al permiso parental pagado. 
Nos oponemos a toda forma de discriminación, tanto la relativa a la remuneración del trabajo igual o de igual valor, como a la que se fundamenta en el sexo o hace distinciones entre los trabajadores cedidos y el personal fijo de la empresa. 
Para nosotros ha sido muy importante asegurar que los trabajadores cedidos no deban utilizarse para romper las huelgas o para imponer recortes radicales de los puestos a jornada completa o de la plantilla fija. 
Los hombres siguen representando las tres cuartas partes de los trabajadores cedidos. 
La dificultad a la hora de conseguir un equilibrio entre la vida laboral y familiar explica el bajo porcentaje de mujeres en esta categoría. 
Sin embargo, el trabajo temporal, en particular, permite la adaptación a las necesidades individuales y ofrece a las mujeres grandes oportunidades de acceder al mundo laboral o de volver a trabajar. 
No obstante, existen problemas en la práctica. 
En Alemania, las empresas de trabajo temporal, conocidas por el nombre de «agencias de servicios de personal» , se crean ahora en las oficinas nacionales de empleo, pasando a formar parte del sector público, lo que les permite recibir subsidios con cargo a los impuestos y no corren ningún riesgo comercial. 
Esto sitúa al sector privado de las empresas de trabajo temporal en una fuerte desventaja. 
Le puedo asegurar a la ponente, la Sra. van den Burg, que el Gobierno alemán no está aplicando sus conceptos supuestamente innovadores de una forma correlativa, tal como pretendía, sino que los está echando a perder. 
El personal de las empresas temporales tiene que recibir una remuneración equivalente a la de los trabajadores fijos de la empresa usuaria desde el primer día. 
Sin embargo, la igualdad de retribución desde el principio y la aplicación exclusiva de los acuerdos del convenio colectivo son un impedimento para el trabajo temporal. 
Lamento que mi propuesta de introducir un período de prueba de seis meses en el ámbito europeo no haya sido aceptada por la mayoría. 
En el Grupo del Partido Popular Europeo estamos elaborando por tanto un compromiso que tenga en cuenta las diferentes normativas de los Estados miembros y respete el principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, Señorías, tras bastantes meses de intenso trabajo, ahora podemos votar por primera vez en un pleno el proyecto de Directiva relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
Todas las partes implicadas han realizado grandes esfuerzos con el fin de alcanzar la mejor solución posible para los trabajadores cedidos y las empresas de trabajo temporal y lograr un desarrollo económico dinámico en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Alcanzar este resultado ha sido una tarea difícil. 
Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han contribuido a garantizar el que hoy pudiéramos presentar un compromiso suficientemente bueno. 
Ante una Unión Europea con cerca de 10 millones de parados y una economía inestable, debemos cerciorarnos de que nuestra intención- garantizar un nivel básico de disposiciones sociales para los trabajadores temporales- no paralice a todo un sector. 
Sería muy inapropiado denominar «trabajo temporal» a una forma de trabajo atípica o incluso indigna. 
El trabajo temporal puede permitir a los nuevos contratados encontrar un rumbo para el futuro y puede impedir que los empleados con dificultades de colocación abandonen el mercado laboral o ayudarles a volver a trabajar. 
Mi Grupo concede especial importancia a la flexibilidad en este sector. 
No debemos poner nuevas trabas burocráticas: el trabajo temporal debe continuar siendo asequible también para las pequeñas empresas. 
De lo contrario, los días de la cesión temporal de trabajadores estarían contados, dejando todavía más millones de parados en la Unión Europea. 
Si, a la hora de votar mañana, nos guiamos por el principio de subsidiariedad y el concepto de desarrollo económico activo como fundamento para conseguir más puestos de trabajo, daremos a los Estados miembros de la UE mayores posibilidades de perseguir sus propios objetivos con el fin de desarrollar un mercado laboral flexible que no entre en conflicto con la protección apropiada de los trabajadores. 
Las medidas adoptadas en Alemania en materia de trabajo temporal conducen a un callejón sin salida. 
Espero que desde aquí podamos crear un marco más efectivo. 
Señor Presidente, desearía añadir mis felicitaciones a la ponente, la Sra. van den Burg, y a los diputados de otros grupos que han contribuido a orientarnos hacia lo que esperemos sea una votación satisfactoria mañana. 
Hemos oído decir que esta disposición varía de un Estado miembro a otro respecto a la protección ofrecida a los trabajadores de empresas de trabajo temporal. 
Este es, en efecto, el caso y justifica el establecimiento de un marco básico de protección para los trabajadores temporales en toda la Unión Europea, pero también deseo destacar que incluiría a los países de adhesión. 
El número de este tipo de trabajadores se está incrementado en estos países, pero hasta donde tengo conocimiento no existe protección para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
Mi segundo punto es que hoy estamos siguiendo una estrategia que se ha llevado a cabo desde 1997, cuando aprobamos la estrategia para el empleo a escala de la Unión Europea. 
En el pilar de adaptabilidad de esta estrategia, a la que todos los Estamos miembros se adhirieron, acordamos dar con el justo medio entre la flexibilidad para las compañías, de todas las formas y tamaños, y un grado de seguridad para los trabajadores que trabajaran en estas empresas y se desplazaran entre las mismas. 
Ya hemos tratado este tema en relación con las propuestas anteriores de trabajo a tiempo parcial y de trabajo con contrato de duración determinada. 
Se nos advirtió en el momento de la Directiva sobre trabajo a tiempo parcial de que costaría cientos de miles de empleos a tiempo parcial, en particular para las trabajadoras en la Unión Europea. 
Ahora tenemos la prueba y se da el caso contrario, ya que en estos momentos el trabajo a tiempo parcial se considera una alternativa positiva. 
Sobre lo que ahora estamos trabajando significará que el trabajo a través de empresas de trabajo temporal constituirá una alternativa positiva en el futuro. 
A menudo nos dicen que ya es una alternativa positiva y que muchas personas desean trabajar a través de empresas de trabajo temporal. 
Sólo un 10% de los trabajadores temporales en mi propia región manifiestan que son trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal por elección. 
Podemos aumentar este porcentaje considerablemente si lo hacemos correctamente y conseguimos que esta propuesta llegue a buen fin. 
Debemos insistir en el equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad. 
El Sr. Harbour dice que todavía no lo hemos conseguido, pero le diré que ésta es la primera etapa. 
Ésta es la táctica para entablar una conversación y no el final del partido. 
Se trata de un expediente de codecisión. 
Tenemos un largo camino por recorrer, a través de una posición común, de una segunda lectura y sin lugar a dudas sometiéndolo a conciliación. 
Podemos continuar insistiendo en lograr este equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad. 
En mi propio grupo, en este primer debate se han planteado dos cuestiones de gran importancia. 
Una es «comparabilidad del día uno». 
Espero, por lo tanto, que mañana se apruebe la enmienda 42. 
El segundo es el comparador. 
¿Con quién se compara el trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal en lo que se refiere a los condiciones elementales de empleo y de salarios? 
Ninguna de las posibles soluciones que actualmente tenemos sobre el papel son así de elegantes, pero nos llevan a través del primer debate y estoy seguro de que volveremos a plantearlas en las etapas de posición común y de segundo debate. 
Señor Presidente, no creo que la Comisión se haya esforzado lo suficiente por tratar los problemas existentes en los Estados miembros. 
No sólo representa un problema en el Reino Unido, es un problema para Dinamarca, Suecia, los Países Bajos y otros diversos Estados miembros. 
Lo que debemos hacer es llevar a cabo una adecuada evaluación de impacto exhaustiva. 
Deseamos devolver la Directiva a la Comisión para que se encargue de esta evaluación. 
Estoy a favor de que los trabajadores temporales reciban protección pero creo que quizá sea mejor dejarlo a discreción de los Estados miembros, en lugar de tener la Directiva del «todo encajado» que hoy tenemos delante nuestro. 
La propuesta en su forma actual reducirá la flexibilidad, las oportunidades para los trabajadores temporales y conllevará una mayor burocracia. 
Sin embargo, hemos sugerido diversas enmiendas en caso de que no se rechace rotundamente la propuesta. 
Para que sea más viable para los Estados miembros, deseamos en primer lugar excluir el salario y otras prestaciones económicas del alcance de la directiva en general. 
En todo caso, no creo que sea de la competencia de la Unión Europea. 
La segunda enmienda más importante es conceder una exención de 12 meses para los trabajadores temporales empleados en compañías usuarias. 
Esto sólo se refiere al salario y a las prestaciones económicas, no a la salud y la seguridad. 
Gran parte de los trabajadores temporales en el Reino Unido y de algunos otros Estados miembros están cubiertos en cuanto a salud y seguridad. 
Otra enmienda clave es asegurarse de que la compañía usuaria o la empresa de trabajo temporal sean comparativas, para dar esta alternativa a los Estados miembros. 
Otro ámbito de preocupación son los honorarios del contrato temporal a contrato indefinido. 
Las empresas de trabajo temporal deberían obtener algún tipo de recompensa si el trabajador temporal es contratado por la compañía usuaria. 
Desde mi punto de vista, estas enmiendas harán que la Directiva sea mucho más viable y aceptable para los trabajadores temporales, empresas de trabajo temporal y compañías usuarias. 
Señor Presidente, es bien sabido que esta propuesta de Directiva surgió a raíz del bloqueo impuesto por los empresarios europeos en las negociaciones emprendidas por los interlocutores sociales. 
Sin embargo, a pesar de que la propuesta pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores cedidos, garantizándoles la igualdad de derechos y de trato, sólo garantiza estos aspectos mediante normas básicas de protección basadas en el principio de no discriminación, con innumerables derogaciones y la perspectiva peligrosa de la proliferación de empresas de trabajo temporal que contribuirán a una mayor inestabilidad del trabajo. 
Por tanto, en el debate de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales estuvimos de acuerdo con todos los intentos de los ponentes de mejorar la propuesta de Directiva y garantizar los derechos de los trabajadores, presentando varias propuestas de enmienda, en especial las que eliminan algunas derogaciones que puedan minar el principio de no discriminación, la garantía de que no se utilizarán los trabajadores temporales para romper huelgas y el principio de que el trabajo realizado por las empresas de trabajo temporal no contribuirá a incrementar la inestabilidad laboral. 
Lamentamos que la mayoría de estas propuestas no hayan sido aceptadas, aunque se hayan adoptado algunas ideas, en especial las referentes a la limitación de las derogaciones, que aplican el principio de no discriminación desde el primer día mediante la eliminación de la derogación de seis semanas y que, por tanto, garantizan algunos derechos en el ámbito de la información y de la participación de los trabajadores cedidos y aseguran que dichos trabajadores no serán utilizados para romper huelgas. 
Sin embargo, otros artículos están formulados de modo desafortunado, incorrecto y en algunos casos peligroso para los trabajadores, además de abrir camino a otras derogaciones concedidas por los interlocutores sociales. Estos artículos también pretenden otorgar un papel activo a las empresas de trabajo temporal, contribuyendo a una mayor flexibilidad del trabajo. 
De ahí las propuestas que hemos presentado para la votación en el pleno. 
Tratamos de garantizar que la propuesta del Parlamento Europeo mejore significativamente los derechos de los trabajadores cedidos y no abra paso a una mayor inestabilidad laboral. 
Nuestro compromiso consiste en asegurar la máxima valoración del trabajo mediante la creación de más puestos de trabajo de alta calidad con derechos, que no creen inestabilidad ni devalúen a los trabajadores. 
Esperamos por lo tanto que apoyen ustedes nuestras propuestas y rechacen todas aquellas que en la práctica generen mayor inestabilidad y lesionen los derechos de los trabajadores cedidos que, en la mayoría de los casos, sólo acuden a este tipo de trabajo cuando no pueden encontrar un empleo fijo. 
Por tanto, no propiciemos a una doble forma de discriminación. 
? (EN) Señor Presidente, deseo muy sinceramente dar las gracias a la ponente por su arduo trabajo y buena disposición para llegar a un acuerdo, por difícil que sea este camino. 
Mi grupo no va a apoyar las enmiendas que se oponen a esta Directiva, pero dará su apoyo en general a la ponente. 
Es cierto de que existen muchas empresas de trabajo temporal de confianza que pagan bien, que imparten formación a su personal y que conceden muy buenas condiciones. 
Por lo general, ya se utilizan estas empresas para trabajar en un marco regulado. 
Posiblemente esta Directiva cambia parte de esta reglamentación. 
Determinadas empresas de trabajo temporal importantes, algunas de las más grandes que operan en la Unión Europea, nos han comunicado que no se oponen a una regulación, lo que no es lo que quieren hacernos creer la Confederación Británica de Industria y otras. 
Pero nos resulta difícil dar crédito a algunas de las dificultades planteadas. 
Algunas de las empresas de trabajo temporal nos han manifestado que no pueden comparar el trabajo realizado por su personal con el del personal de las compañías usuarias finales, ya que su personal realiza tareas exclusivas, altamente especializadas y sobre la base de proyectos. 
Así pues, me encontré pensando sobre qué base, entonces, se fija el baremo de salarios a partir del cual la empresa factura a la compañía usuaria final. 
¿Qué porcentaje de estos ingresos se paga al trabajador? 
No pueden estar trabajando en un vacío legal. 
Algunas nos han comentado que los baremos de salarios internos son confidenciales. 
Entonces, ¿cómo llevan a cabo las compañías acreditadas auditorías transparentes sobre una salario igual por un trabajo igual? 
Creo que las buenas empresas de trabajo temporal no tienen nada que temer a esta Directiva. 
Queremos pensar que aquéllas que deben preocuparse son las que no son dignas de crédito y que explotan a los trabajadores poco cualificados, o a personas de sectores donde existe un elevado nivel de desempleo que tienen pocas posibilidades de elegir para quién trabajan y en qué condiciones. 
Esto incluye a las empresas de limpieza que contratan turnos de trabajadores nocturnos temporales y les pagan según tarifas de formación durante más tiempo del necesario, y compañías que efectivamente contratan a trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a largo plazo aplicándoles tarifas más bajas que al personal fijo, y que sustituyen el personal pagado que deja su empleo con trabajadores cedidos ya que pueden despedirlos con mayor facilidad y en peores condiciones. 
Por alguna extraña razón, estas agencias no nos han presionado. 
Necesitamos asegurarnos de que protegemos los derechos de los trabajadores que no tienen alternativas y cuyos agentes conocen que pueden explotar esta debilidad. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la ponente por intentar alcanzar un compromiso entre los diferentes puntos de vista sobre esta cuestión. 
Sin embargo, tal como he dicho en numerosas ocasiones en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, comenzamos con una propuesta viciada. 
Está viciada porque nos hemos alejado del diálogo social y del modelo de asociación social donde existía un acuerdo entre ambas partes del sector antes de que se presentara una propuesta en este Parlamento. 
Nos ha puesto a todos en un brete ya que nosotros, que somos defensores del diálogo social, de proteger los derechos de los trabajadores y de incrementar las oportunidades de empleo para todas las personas de Europa, deseamos garantizar las mejores condiciones posibles para los más necesitados. 
Mientras no tengo ninguna dificultad con el tenor general o la intención general de esta Directiva, hay que reconocer una serie de hechos antes de que dispongamos de una mayor protección para aquellos que trabajan con contratos de trabajo temporal bajo los auspicios de las empresas de trabajo temporal. 
En primer lugar, existen varias disposiciones nacionales que ya protegen a los trabajadores, por el mero hecho de repetir o reproducir lo que ya está establecido. 
En segundo lugar, tenemos diferentes tipos de sistemas de empleo en cada uno de los Estados miembros y un enfoque de «una sola talla para todo» no funcionará. 
En tercer lugar, los trabajadores temporales trabajan temporalmente por elección y algunas veces ganan más dinero como trabajadores temporales a través de empresas de trabajo temporal. 
En cuarto lugar, no existe ninguna disposición en los Tratados ni en ningún lugar de este Parlamento, el Consejo o la Comisión para establecer condiciones relacionadas con el salario de los trabajadores, que todavía sigue siendo de la exclusiva competencia de los Estados miembros. 
Mi último punto es sobre la cuestión del periodo de seis semanas. 
Se han presentado enmiendas a este respecto para que se amplíe a un periodo de un año. 
Esto es mucho más sensible y práctico desde la perspectiva de proteger todos los derechos de los trabajadores. 
Señor Presidente, en primer lugar debo decir que creo que la propuesta de Directiva de la Comisión es muy positiva. 
Creo que es mejorable y creo que en parte ha sido mejorada y aclarada por el Parlamento cuando se votó en la comisión correspondiente; espero que pueda mejorarse aún más mañana en la votación de la Cámara. 
No deseo añadir mucho más a la opinión expresada con anterioridad en el debate por la Sra. Comisaria y otros muchos parlamentarios sobre la cuestión del trabajo temporal. 
Esta modalidad de trabajo ha permitido probar formas necesarias y oportunas de empleo flexible, en algunos casos ha permitido que los trabajadores consigan sus objetivos y les ha ofrecido más oportunidades de acceder al mercado laboral, que en el fondo es la cuestión principal. 
En esta coyuntura, según la experiencia atesorada hasta el momento, necesitamos elevar el umbral para ciertos niveles básicos de protección obligatoria y mantener el principio de no discriminación. 
Rechazo el argumento presentado por aquellos cuyo deseo es imponer ciertas limitaciones a las cuestiones de retribución planteadas con anterioridad: nadie puede establecer una retribución específica de ámbito europeo que sea válida en todos los Estados miembros. 
El principio que había que esgrimir era el de la no discriminación y eso ya se ha hecho, pero todavía se puede hacer más si, tal como espero, se aprueban algunas de las enmiendas propuestas en esta Cámara, sin imponer un modelo único ni mucho menos, negando el papel directo que desempeñan las empresas en la relación a tres bandas que define este tipo de trabajo. 
No queremos una Europa unidimensional, sino una Europa que pueda disponer de unas características que concedan significado a un modelo y un compromiso comunitarios que, cuando sea necesario nos impida echar al bebé con el agua de la bañera, o peor todavía, correr el riesgo de hacer justo lo contrario de lo que pretendíamos hacer. 
Señor Presidente, Señorías, la mayor parte de los Estados miembros ya disponen de legislación en materia de trabajo temporal o de convenios colectivos, pero estos varían sustancialmente en calidad. 
La antigua legislación alemana no era tan simple como se ha pretendido exponer aquí y el público, tanto empresarios como empleados, no la aceptó. 
Permítanme enumerar sólo algunas de las peculiaridades de las restricciones alemanas: la prohibición de la «sincronización» , limitación a 12 meses, la prohibición del empleo a plazo fijo y la prohibición en el sector de la construcción. 
Esta es la razón por la que pienso que el Gobierno y el parlamento alemán han dado un paso muy significativo y resuelto, al incorporar en las mejoras cualitativas para Alemania la Directiva europea que se está debatiendo en estos momentos. 
Los trabajadores en Alemania no aceptaron ganar hasta un 40% menos que los trabajadores fijos. 
No es de extrañar que todo el sector de la industria presente una imagen tan desoladora; eso es precisamente lo que estamos intentando cambiar. 
Sin embargo, lo interesante es que el trabajo temporal ya está siendo aceptado por la sociedad y está adquiriendo su máxima dimensión en los Estados miembros en los que se aplican los principios de igualdad, principalmente en Francia y en los Países Bajos. 
Por supuesto, los empresarios también desean una aceptación social del fenómeno. 
La principal razón por la que recurren a las empresas de trabajo temporal (según nuestra Fundación en Dublín) no es el ahorro de costes, sino la posibilidad de disponer de una mano de obra flexible ante los cuellos de botella estacionales que se producen, de responder a las fluctuaciones de personal y, en algunos casos, de ampliar los períodos de prueba. 
Esto es exactamente lo que permite la Directiva europea con las enmiendas de la Sra. van den Burg. 
La flexibilidad necesaria se garantiza además mediante las negociaciones salariales. 
Adoptemos mañana esta Directiva y enviemos una señal clara de que sí existe una verdadera Europa social. 
Señor Presidente, a diferencia de algunos colegas, no creo que esta Asamblea deba buscar un aplazamiento para el cumplimiento de sus obligaciones con relación a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
Si debemos fomentar mercados de trabajo flexibles, debemos asegurar que no se ponga en una situación de desventaja a las personas que trabajan en los mismos. 
No podemos correr el riesgo de que el trabajo temporal se utilice como una forma de pasar por encima de la legislación laboral normal en lugar de, como debe ser, un medio regulado adecuadamente para satisfacer las necesidades a corto plazo de los empresarios. 
Es por esta razón que no deben mutilar la propuesta, eliminando el salario del ámbito de aplicación de la directiva o aplicándola solamente a trabajadores cedidos por un periodo superior a los 12 meses. 
Dicho esto, no estoy seguro de que hayamos encontrado el equilibro correcto entre la flexibilidad y la protección. 
Existen serias dificultades para implementar un comparativo de salarios para un trabajador con contrato de trabajo de duración determinada en caso de misiones de corta duración. 
En consecuencia, insto a los colegas para que den su apoyo a las enmiendas 72 y 74 que superarán este problema. 
Igualmente, espero que una votación a favor de las enmiendas 71 y 73 que impiden los efectos adversos que las Directivas puedan ocasionar en los contratos de mayor y menor duración. 
Por último, mi especial agradecimiento a la ponente por la forma global en que ha gestionado un expediente tan difícil y mis mejores deseos personales para el resultado de la votación de mañana. 
Señor Presidente, aunque debemos tener una visión europea, inevitablemente uno se deja influenciar por la situación de cada uno de nuestros países. 
En concreto, en mi propio país las empresas de trabajo temporal- o al menos una parte de esas empresas- son fábricas de trabajo precario. 
En este momento, en España, el 33% de ese trabajo es precario, más del doble de la media europea, que se sitúa en el 13%. 
Por eso nosotros tenemos dificultades con algunas de las enmiendas de las que ya habló mi compañera, Ilda Figueiredo, en el sentido de que abren la posibilidad de discriminación. 
La propia ponente, en la exposición de motivos, dice que no está muy contenta con aquellas enmiendas que ponen en peligro el principio de no discriminación. 
En la propia opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aunque se señala que estas empresas han contribuido a mejorar la competitividad del mercado de trabajo, también se afirma que estas empresas, en algunos países de la Unión Europea, utilizan mano de obra de inmigrantes ilegales, y que vulneran regularmente los derechos de los trabajadores. 
Por eso nosotros- ya lo ha dicho mi compañera -, si se aprueban algunas de las enmiendas mencionadas, tendremos dificultades para aprobar el informe. 
En el Consejo de Lisboa se hablaba de trabajo de calidad y con derechos. Por eso, nosotros presentamos algunas enmiendas (no estoy muy segura de que corran muy buena suerte) inspiradas en un principio formulado en una de ellas: defendemos que esta Directiva tiene por objeto mejorar la calidad del trabajo temporal, garantizando el respeto del principio de no discriminación. 
Sin más coletillas, sin más restos, eso es lo que nosotros defendemos. 
Y apoyaremos a la ponente en tanto no se aprueben algunas enmiendas de los compañeros sentados en los escaños de enfrente. 
Señor Presidente, estamos ante una Directiva muy complicada, con un pasado complicado, como ya se ha dicho. 
Hemos tenido grandes dificultades para lograr que esta Directiva llegara a buen puerto. 
Creo que el punto principal es que la legislación a que se refiere esta Directiva es muy diferente en cada país, que el trabajo temporal está regulado de formas muy distintas en los distintos países europeos y me gustaría que todo el mundo lo reconociera. 
No obstante, debemos encontrar una solución, debido a los antecedentes y debido también al hecho de que, de otro modo, seríamos incapaces de regular el tráfico transfronterizo. 
Para avanzar en la dirección establecida por el proceso de Lisboa, debemos seguir desarrollando el importante papel que puede llegar a desempeñar el trabajo temporal. 
En el país del que procedo tenemos bastante experiencia en este tema. 
Actualmente, sigue siendo el país con el porcentaje más alto de trabajadores cedidos y la experiencia demuestra que se puede desregular, pero que hay que adoptar ciertas medidas legales. 
Esto es un hecho. 
Como cada país necesita su propio equilibrio, la Directiva debe ser relativamente flexible. 
Gracias a la labor de la ponente y también gracias a la de los dos ponentes alternativos del Grupo PPE-DE, este objetivo se ha podido lograr completamente y me gustaría, por tanto, expresar mi más sincero agradecimiento a estas tres personas. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al igual que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, también han contribuido de forma significativa al logro de un resultado. 
Tal como he dicho con anterioridad, es muy importante obtener resultados, pero en ocasiones se producen ciertas interferencias. 
Estas interferencias suelen proceder de aquellas personas que sólo piensan en su situación individual, en su país. 
Esto debemos evitarlo; no podemos aceptarlo. 
Por último, señor Presidente, le pediría al Grupo ELDR que revisara sus propias enmiendas. 
Se han presentado enmiendas por duplicado o por triplicado y existen incluso enmiendas contradictorias para un mismo apartado. 
Así no hay manera de negociar. 
Así no podemos proceder con el proceso de codecisión. 
Les rogaría, si son tan amables, que repasaran de nuevo su lista de enmiendas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero felicitar a la ponente por su paciente labor en un tema tan difícil. 
El Parlamento mantendrá un debate sobre este tema hoy y mañana, y espero que sea capaz de adoptar un informe que mejore la propuesta de la Comisión. 
Como se ha dicho con anterioridad, es un tema muy complicado porque los distintos países tienen sistemas muy diversos para tratar este aspecto: unos disponen de medidas que garantizan una protección máxima y otros presentan una carencia total de cualquier tipo de protección. 
También acojo favorablemente la iniciativa de la Comisión, puesto que no se trata de una restricción que limite la autonomía y la subsidiariedad, sino que llega tras veinte años de tentativas por parte de empresarios y trabajadores de alcanzar un acuerdo. 
Creo que la propuesta recoge tres objetivos básicos de trato igualitario: trato igualitario para los trabajadores cedidos en comparación con los demás trabajadores en lo que se refiere a seguridad y condiciones; respeto por las normas sociales establecidas en las empresas usuarias, a través del trato igualitario, en lo que se refiere a los salarios y a las condiciones de los trabajadores cedidos y los trabajadores comparables de las empresas usuarias; reconocimiento de las empresas del sector del trabajo temporal como empresas legítimas y profesionales, eliminando las restricciones, autorizaciones y prohibiciones innecesarias. 
Por tanto, el propósito de la Directiva consiste en garantizar y armonizar un nivel básico común de protección para los trabajadores cedidos, evitando cualquier tipo de discriminación. 
Es una Directiva que reconoce el lugar que ocupa el sector del trabajo temporal en el mercado laboral, admitiendo la importancia y el valor que se merece sin que, por el contrario, lo convierta en el único sistema para contratar trabajadores. 
También creo que, puesto que se ha mencionado Lisboa, esta Directiva regula el trabajo temporal situándolo cualitativamente en línea con los objetivos de Lisboa. 
Señor Presidente, este informe introducirá algunas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores cedidos temporalmente en Europa. Sin embargo, su principal objetivo es legitimar la flexibilidad y la fluidez del mercado laboral, favoreciendo los intereses de la parte empresarial y, por añadidura, los de los capitalistas que invierten en las empresas de trabajo temporal. 
Esta es la razón por la que el informe presenta el trabajo temporal como una forma normal de trabajo, a pesar de que en realidad potencia la explotación, la flexibilidad y la inseguridad. 
En un período de altos niveles de desempleo, el trabajo temporal no se plantea como una verdadera opción para los trabajadores. 
En muchos países, el trabajo temporal se está convirtiendo en el modo habitual de llevar una empresa. Hay empresas en las que el 30% e incluso el 40% de los empleados ocupan puestos de trabajo precarios de forma permanente. 
Esto ha sido reconocido por la organización patronal británica correspondiente. En sus informes se indica que hay 1 300 000 trabajadores temporales en Gran Bretaña y que un 10% llevan en su puesto de trabajo temporal desde hace un año o más. 
Todos los trabajadores cedidos deberían beneficiarse, al menos desde el primer día del contrato, de las mismas condiciones laborales, salariales y de vacaciones que el personal fijo de la empresa usuaria. 
Sin embargo, algunas de las enmiendas indican que los trabajadores cedidos no deberían beneficiarse de estas condiciones de igualdad hasta que no hayan trabajado en la empresa al menos durante un período de seis semanas, seis meses o incluso doce meses. 
¡Esto es intolerable! 
Debemos oponernos a todas las directivas y reglamentos europeos que respalden esta política inaceptable de los empresarios, que pretende, en general, empeorar las condiciones laborales y hacer el empleo más inseguro. 
Señor Presidente, todos nosotros deseamos ver menos pobreza y más justicia social. 
Más empleo puede aportar ambas cosas. 
Una mayor legislación laboral como la Directiva relativa a los trabajadores atípicos no asegurará ninguna de las dos. 
La Comisión está intentando imponer una limitación a algo que no se puede y no necesita tipificarse. 
Mi colega, el Sr. Pronk, ha dicho hace un momento de que desearía que todo el mundo reconociera que los Estados miembros organizan el trabajo temporal de formas distintas. Esto es absolutamente correcto. 
Yo también desearía que todo el mundo lo reconociera, y deseamos que los Estados miembros puedan continuar organizándolo de modos distintos. 
El adjetivo «atípico» en sí mismo en el título de esta Directiva lo dice todo. 
Antes, en el curso de este debate, la Sra. Attwooll ha dicho que la enmienda 71, por ejemplo, impedirá cualquier efecto adverso. 
Esto es hacerse ilusiones. 
Esta enmienda nos ofrece alguna ayuda, pero las mejoras son marginales y todos nuestros trabajadores temporales, empresas de contratación y compañías clientes dirán lo mismo: que todavía seguimos con una Directiva que sólo al Reino Unido le puede costar unos 160 000 empleos. 
Mis últimas observaciones son para la Sra. Comisaria, aunque probablemente no volverá a dirigirme la palabra nunca más. 
La semana pasada, la prensa publicó que había declarado que la Unión Europea ha creado 12 millones de empleos netos durante los últimos seis años y que el mercado laboral de la UE, caracterizado por su rigidez, no era el principal problema con que se enfrentaba la economía de Europa. 
Es muy fácil decir que no existe ningún problema o que, si existe, es el problema de otro. 
Es un problema de todos nosotros, pero, con todos mis respetos, lo está usted empeorando. 
Usted propone la Directiva relativa a los trabajadores atípicos que, en lugar de fomentar la flexibilidad laboral, contribuirá a destruirla. 
Esta Directiva tiene poco que ver con la protección de los derechos de los trabajadores temporales, sin duda alguna en el Reino Unido, donde afortunadamente ya disfrutan de esta protección. 
En teoría, trata de la protección del empleo de trabajadores con contratos indefinidos dificultando la contratación de personal temporal por parte de las empresas. 
Ayer, el Financial Times informaba de los problemas del mercado laboral en Alemania, describiendo cómo se resisten a la reforma y se protegen los derechos adquiridos, todo bajo capa de fomentar la justicia social. 
La Comisión debería tener las agallas de renunciar a esta pretensión y retirar esta Directiva. 
Para animarla a que así lo haga, la delegación de los Conservadores del Reino Unido votará contra este informe. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. van den Burg por la enorme y excelente labor realizada y a la Comisaria por presentar esta Directiva. 
El tipo de trabajo detallado que conlleva esta Directiva no se aprecia nunca en su justo valor fuera de esta Asamblea. Cualquiera que se haya fijado en el modo en que ha trabajado la Sra. van den Burg en torno a esta Directiva, apreciará el enorme compromiso y pericia que ha tenido que aportar. 
Estamos intentando equilibrar la flexibilidad con la seguridad de los trabajadores quienes, en muchos países, no disfrutan de ningún tipo de seguridad. 
Se nos ha dicho aquí que en Irlanda ya existe una legislación nacional para proteger a estos trabajadores. 
Esto no es así. 
Se nos ha dicho que es mejor que estos asuntos se dejen en manos de los Estados miembros. 
La experiencia irlandesa nos demostrará que esto no es así. 
En Irlanda hay cerca de 100 000 trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
La Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, con sede en Dublín, publicó en mayo un estudio en el que se demostraba que en Irlanda no existe garantía de trato igualitario para los trabajadores cedidos y que no existe prácticamente ningún tipo de protección legal para los mismos. 
Este estudio se llevó a cabo por una fundación subvencionada por la Unión Europea. 
También señala que Irlanda no cumple la Directiva en materia de Salud y Seguridad de 1991, aplicable a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
Por cierto, Italia también incumple la Directiva relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial y actualmente no coincide con el resto de Europa en estas cuestiones. 
Así pues, no es una buena idea dejar estos asuntos en manos de los Estados miembros y, menos aún, dejarlos en manos del gobierno irlandés actual, a cuyo partido gobernante está adscrito el Sr. Crowley. 
Le reto a que confirme hoy su declaración en esta Asamblea de que existe una protección suficiente para los trabajadores irlandeses en este ámbito. 
No existe una protección suficiente. 
No hay ninguna. 
Señor Presidente, la Directiva sobre cesión temporal de trabajadores se plantea como un ataque aún más organizado y metodológico al derecho a disfrutar plenamente de un empleo estable y a la seguridad social. 
Demuestra que la política de flexibilización del trabajo está viva y coleando, que exacerba la explotación de los trabajadores y confunde la lucha del movimiento obrero. 
El hecho de que todo esto ocurra con el consentimiento de los dirigentes del movimiento sindical y la Organización Internacional del Trabajo no hace más que demostrar su papel destructivo. 
La reivindicación por la cual se pretende hacer creer que esta directiva salvaguarda y potencia el régimen profesional de las víctimas del mercado laboral, que mejora la salud y la seguridad e incrementa el empleo, es un auténtico fraude. 
En realidad se trata de una tentativa muy bien orquestada de aumentar la explotación y repartir el desempleo creando organizaciones modernas de trata de esclavos. 
Un objetivo vital es siempre garantizar a cada persona un empleo estable con todos sus derechos, pero esto sólo se alcanzará si se avanza en la lucha contra los monopolios y la política antiobrera de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Comisaria por la presentación de este documento, así como a la Sra. van den Burg por los esfuerzos realizados para encontrar un punto de equilibrio, y voy a referirme brevísimamente a tres puntos concretos. 
En primer lugar, la finalidad de las agencias de trabajo temporal, como instrumento de flexibilidad en el mercado de trabajo, que hacen compatibles las aspiraciones de los trabajadores y las necesidades de las empresas. 
Creo que van a permitir mayores posibilidades y oportunidades de empleo, de colocarse en el mercado. 
En segundo lugar, quiero referirme a las restricciones o prohibiciones relativas a la utilización de la cesión temporal de trabajadores y, desde un planteamiento teórico o doctrinal, poder decir que, allí donde exista permisión de temporalidad en la contratación laboral, no hay razón para prohibir la contratación de trabajadores cedidos por las empresas. 
Han de ser sólo criterios objetivos y debidamente justificados- y, por tanto, restrictivos- los que regulen las prohibiciones. 
En tercer lugar, quiero destacar la necesidad de una acción particularmente intensa en cuanto a la protección en materia de salud y seguridad de los trabajadores en misión, de los trabajadores cedidos por la empresa o agencia de trabajo temporal, y ello por diversas razones: en primer lugar, por la propia temporalidad, que parece acompañar o incentivar el riesgo; en segundo lugar, por la diversidad de los trabajos a realizar en las distintas empresas usuarias; y, quizás, en tercer lugar, por los distintos métodos y procedimientos, incluso dentro de una tarea u oficio sustancialmente idéntico en las distintas empresas. 
Creo que cabe buscar argumentos diversos- por ejemplo, la prescripción a la voluntad de la no discriminación- que pueden hacer posible una referencia a la salud laboral, lo mismo que a las condiciones, en general, y a las retributivas, en particular, sin regularlas, pero haciendo esa remisión desde el apoyo de un principio de no discriminación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me complace especialmente unirme a las muestras de agradecimiento que han sido transmitidas a la Sra. van den Burg y me gustaría una vez más insistir en la importancia de esta Directiva. 
Algunos diputados han señalado que el sector temporal está creciendo muy rápidamente. 
Si queremos asegurarnos de que este sector aporte flexibilidad al mercado laboral, al mismo tiempo que suministre puestos de trabajo de calidad a las personas que trabajan en él y además no ponga en peligro la contratación fija, entonces necesitamos normas de protección sólidas en el ámbito europeo. 
El Sr. Pronk tiene razón al afirmar que los sistemas y las normativas son distintos en cada uno de los Estados miembros. 
Además, algunos Estados miembros ofrecen un sistema de protección considerable y es evidente que eso no lo vamos a deshacer. 
He aquí la razón por la que la cláusula de no retroactividad es tan importante. 
Sin embargo, existen también muchos Estados miembros que no ofrecen un buen sistema protección, como el Sr. De Rossa nos ha explicado ampliamente. 
Tampoco es una Directiva comodín. 
Hay espacio para diversas opciones nacionales. 
Me gustaría hacer tres breves comentarios. 
En primer lugar, y en conexión con lo que acaba de comentar el Sr. Hughes, para nosotros es crucial que los trabajadores cedidos reciban protección desde el primer día. 
Señora Comisaria, me ha parecido que este aspecto quedaba muy flojo en la propuesta de la Comisión. 
Por lo tanto, entenderá que es completamente inadmisible para nosotros aceptar la enmienda liberal que excluye el trabajo temporal hasta un año. 
Esto convertiría la Directiva en un saco roto. 
En segundo lugar, es importante que los trabajadores temporales disfruten de unas buenas condiciones de trabajo. 
Sigo pensando que la igualdad de trato queda mejor reflejada cuando, en lo que se refiere a las condiciones laborales, un trabajador temporal se compara con los trabajadores fijos de las empresas usuarias. 
Sin embargo, en este punto debemos garantizar también, por supuesto, que nuestra definición de las condiciones de trabajo básicas sea correcta. 
¿Se puede considerar una definición que no incluya el concepto de remuneración? 
¡Esto sería el colmo! Anularía por completo el principio de trato igualitario. 
En tercer lugar, la excepción al principio de trato igualitario es aceptable, pero sólo cuando el sistema implicado aporte suficientes garantías internas en el sector de trabajo temporal, inclusive para el período entre dos contratos. 
Los países en los que este aspecto está regulado de forma adecuada suelen ofrecer contratos de tiempo indefinido de tiempo o contratos de larga duración. 
Me gustaría advertir a nuestros colegas del Grupo PPE-DE que no se metan en berenjenales reduciendo demasiado estas garantías. 
Señora Comisaria, al igual que usted, espero que, en calidad de legisladores, seamos capaces de hacer lo que los interlocutores sociales han sido incapaces de hacer: garantizar a todos los trabajadores cedidos de la Unión Europea una sólida protección social. 
Definitivamente, esto también redundará en mérito de la Sra. van den Burg. 
Señor Presidente, en los últimos diez años se ha producido un crecimiento continuo del sector del trabajo temporal en la Unión Europea. 
Este rápido crecimiento está justificado porque el sector del trabajo temporal ofrece a las empresas la posibilidad de responder mejor a las necesidades de flexibilidad y de adaptación al clima económico. 
Los objetivos de la propuesta que estamos discutiendo son: 
asegurar que el trabajo temporal sea un factor de creación de empleo que promueva relaciones laborales más estables y duraderas; 
garantizar los derechos y la seguridad de los trabajadores cedidos; 
incrementar la flexibilidad en el mercado laboral. 
La premisa básica es ampliar, en el ámbito comunitario, el principio de no discriminación entre los trabajadores cedidos y los demás trabajadores. 
La garantía de derechos mínimos permitirá que este sector sea más atractivo y goce de más reputación, acabando por completo con los prejuicios que existen en la actualidad. 
Este informe es equilibrado y representa un avance con respecto a la propuesta de Directiva presentada por la Comisión, y por tanto agradezco las contribuciones de la ponente y de los ponentes alternativos de mi Grupo. 
Este equilibrio se refleja especialmente en la definición de requisitos básicos comunitarios, dejando que los Estados miembros y los interlocutores sociales los adapten a la situación específica de sus respectivos países. 
Se ha hecho bien en tener en cuenta otros aspectos, como la garantía de protección básica, las oportunidades de las mujeres para reconciliar la vida familiar con la vida profesional y la integración en el mercado laboral de jóvenes y de personas escasamente cualificadas. 
Me gustaría señalar que, en Portugal, el artículo 4 es la disposición que podría causar más problemas: de hecho, la legislación nacional vigente contiene una serie de acuerdos restrictivos de este tipo de trabajo, con el fin de garantizar que los empresarios sólo recurran a él para cubrir sus necesidades de forma ocasional. 
Señor Presidente, yo también quiero comenzar agradeciendo a la ponente su excelente labor. 
Me gustaría que los interlocutores sociales del ámbito europeo hubieran resuelto este tema, de modo que hubiéramos conseguido una Directiva por esta vía. 
Sin embargo, los empresarios no quisieron. 
Esa fue la razón, señor Crowley. 
Por lo tanto, agradezco a la Comisión el hecho de haber presentado una buena propuesta. 
Este sector está creciendo, como ya han indicado muchas personas. 
También es una cuestión transfronteriza. 
Además, implica una forma de trabajo atípica, que es por lo que nos resulta fácil adoptar una Directiva que establezca los requisitos básicos, en especial teniendo en cuenta la ampliación. 
No debemos crear una Unión sólo para el capital; la Unión debe también ser para sus ciudadanos. 
Este es, de hecho, el meollo de todo este asunto. 
He escuchado a la Sra. Lynne decir que esto también es un problema en Suecia. 
Como socialdemócrata sueco, no estoy de acuerdo. 
Esta información debe proceder de fuentes incorrectas. 
En Suecia existen acuerdos en este ámbito que continuarán aplicándose en el futuro. 
Así consta en la propuesta de la Sra. van den Burg. 
Como es natural, hay que abordar la principal condición laboral, que es la retribución. 
Se trata de un caso de discriminación salarial. 
Este aspecto ya se planteó en relación con la Directiva relativa al trabajo a tiempo parcial. 
Tampoco me gusta la idea de un período de seis semanas, porque esto permitiría misiones más cortas y sólo favorecería el engaño. 
Las disposiciones deberían aplicarse por lo tanto desde el primer día. 
De hecho, tampoco estoy de acuerdo con la idea de los períodos de transición, pero los acepto como una necesidad política para poder seguir adelante. 
Por último, me gustaría añadir algo sobre los miembros del partido moderado sueco que pronto hablarán ante la Cámara. 
Están aliándose cada vez con más frecuencia con el partido conservador euroescéptico. 
Hablan todo el tiempo de los derechos de las empresas y nunca de los derechos de los trabajadores. 
Los derechos de las empresas en el ámbito europeo y los derechos de los trabajadores en el ámbito nacional: eso facilita el camino hacia el dúmping social. 
Ya no se trata de una cuestión de cohesión social, sino que se ha creado una sociedad y una Europa de conflictos. 
Señor Presidente, lamento que la Comisión haya echado por la borda el concepto de diálogo social con esta Directiva. 
Con el fracaso de las conversaciones, éste ha discurrido según la visión de una de las partes, a saber, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) , y ha pasado por alto a la patronal europea, UNICE. 
Si el diálogo social debe avanzar, es necesario que exista un planteamiento más equilibrado sobre las medidas sociales, en particular para que se ajusten a los compromisos de flexibilidad del mercado laboral en el contexto del proceso competitivo de Lisboa. 
La definición del artículo 3 de un «trabajador comparable» causará serias dificultades, y al adoptar una comparación de usuarios, los trabajadores cedidos se van a encontrar con que sus condiciones de empleo varían según dónde lleven a cabo su misión. 
En el artículo 4, la inclusión de un límite sobre la utilización de trabajo temporal es contraria a la política de empleo de la Unión Europea y no hay nada que lo justifique. 
Incluso puede constituir una discriminación de género. 
Respecto al artículo 5, la referencia a condiciones «esenciales» de empleo no está clara y no tiene ningún precedente en la legislación de la Unión Europea. 
La Comisión se ha apartado de la práctica normal y la redacción utilizada en acuerdos de diálogo social anteriores debe constituir la plantilla, en lugar de los puntos de vista de un sólo interlocutor social. 
Lo mismo se aplica al artículo 6 y a los asuntos regulados en los apartados 6.2. y 6.3. Debe dejarse al libre criterio de los Estados miembros. 
El apartado 6.4 del artículo 7 refleja un mal conocimiento de las relaciones laborales y comerciales. 
La referencia a «sanciones» en el artículo 12 también se aparta de los planteamientos y acuerdos de diálogo social anteriores y deberían abordarse en cada Estado miembro, de acuerdo con las prácticas de las relaciones laborales nacionales. 
No procede hacer referencia al salario como si se tratara de un aspecto de las condiciones laborales básicas, dada la limitación impuesta por el apartado 6 del artículo 137 del Tratado. 
Un periodo de seis semanas es demasiado corto para decidir si se puede contratar por tiempo indefinido o no a un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal. 
A todos los trabajadores se les aplica un periodo de prueba. 
Irlanda está atrasada en la transposición de la legislación de la Unión Europea en este ámbito, pero mantenemos un diálogo social auténtico y poseemos una exhaustiva jurisprudencia nacional que contempla una prestación de servicios continua con un período legal general de 12 meses para adquirir el derecho al mismo. 
Para concluir, el planteamiento de esta Directiva es un ejemplo de cómo, en teoría, no se ha pensado una idea desde un punto de vista práctico, ni desde la perspectiva del trabajador temporal ni del empresario. 
Deseo felicitar a nuestra ponente, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por sus enmiendas. 
Las necesitamos; sin ellas, sería inviable. 
Señor Presidente, esta iniciativa de la Comisión- y en particular, de la Comisaria implicada- de presentar una propuesta de Directiva que complemente las otras dos Directivas sobre trabajo atípico, merece todo nuestro apoyo, y la Sra. van den Burg, que ha intentado conservar el espíritu de la Directiva a pesar de las fuertes reacciones, también merece, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena. 
El Sr. Harbour me ha hecho recordar nuestra confrontación, pero le aseguro que estos enfrentamientos son siempre apasionantes. 
La segunda parte de la enmienda 87, y sobre todo la enmienda 86 no deberían ser adoptadas porque eliminan todas las válvulas de seguridad aceptadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Si se aceptan tal cual, los trabajadores no recibirán, en la mayoría de los casos, los mismos salarios que los trabajadores fijos de las empresas usuarias. 
No sé si ha sido un descuido, pero debo señalar que nuestra enmienda 40, relativa al apartado 2 del artículo 5, por la que se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas con miras a impedir los abusos, ha sido eliminada en virtud de la enmienda 86. 
La enmienda 87 otorga a los Estados miembros el derecho, siempre que las derogaciones lo permitan, de aprobar leyes que permitan nuevas derogaciones y, en especial, las mismas condiciones laborales que se aplican a los trabajadores cedidos similares. 
¿Dónde está el equilibrio entre la flexibilidad y el equilibrio y dónde está la protección de la competencia económica en el mercado interior? 
Señor Presidente, las empresas de trabajo temporal son un elemento necesario en el mercado laboral flexible del futuro. 
Las dificultades de contratación de las empresas se ven resueltas cada vez con más frecuencia por mediación de las empresas de trabajo temporal. 
Los inmigrantes suelen disponer de excelentes ventajas para acceder al mercado laboral por medio de estas empresas. 
Por lo tanto, es importante promover y facilitar las actividades de las empresas de trabajo temporal. 
Hemos escuchado en esta sesión que la legislación que regula las empresas de trabajo temporal varía enormemente de unos Estados miembros a otros. 
En consecuencia, es difícil crear una legislación marco uniforme que tenga en cuenta todas las diferencias. 
Los puntos políticos de partida de la propuesta de Directiva consideran el trabajo realizado por las empresas de trabajo temporal como una variante del trabajo temporal y tratan de prevenir lo que se ha denominado dúmping social. 
Los problemas que plantea la legislación marco en el ámbito europeo se comprenden claramente cuando observamos lo que ocurre en Suecia. 
En este país, los puntos políticos de partida no se reflejan en las condiciones reales. 
En Suecia, el empleo fijo es la norma. 
Cerca del 70% de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal obtienen contratos permanentes. 
Las condiciones de trabajo están reguladas por convenio colectivo tanto para los trabajadores permanentes como para los cedidos. 
El salario de los trabajadores cualificados se establece por negociación salarial personalizada, lo que significa que no se pueden establecer comparaciones salariales. 
Los obreros manuales disponen de convenios colectivos que garantizan que la retribución no será inferior a la de la empresa usuaria y que se respetará la jornada laboral de la empresa usuaria. 
Sin embargo, estas medidas no están reguladas por ley, sino por las negociaciones entre los interlocutores sociales, tal como debe seguir en el futuro. 
Esta es la razón por la que no creemos que la retribución deba estar incluida en la definición de las condiciones de trabajo en la Directiva. 
Tampoco creemos que deban estar regulados en la Directiva las comparaciones de retribución ni las condiciones de trabajo. 
El sector de las empresas de trabajo temporal funciona bien en Suecia y podría servir de modelo para Europa. 
Ahí lo tiene, señor Andersson. 
Sin embargo, la propuesta que se nos ha presentado no facilita el desarrollo de este sector en Europa. 
Europa necesita más formas de empleo, no menos. 
Señor Presidente, la Sra. Attwool ha dicho que la ponente ha mostrado una actitud integradora al elaborar su informe. 
Yo quisiera ir más allá y decir que se hicieron tremendos esfuerzos para entender la situación en algunas de las más altas concentraciones de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal en toda la Unión Europea. 
Por ejemplo, en mi propia región de Londres hay personas de la limpieza, enfermeros, especialistas de tecnologías de información y ahora, de crucial importancia, trabajadores industriales, a muchos de los cuales se habrá referido antes el Sr. Harbour. 
En estos momentos, la situación es un contraste clásico entre la flexibilidad y la protección. 
Es necesario entender la situación en países donde existe una reglamentación menos desarrollada del trabajo temporal a través de agencias de trabajo temporal. 
Por esta razón acojo con satisfacción enmiendas como la enmienda 71, gracias a los esfuerzos de los ponentes y otras personas para entender esta situación. 
No hemos llegado al límite en este ámbito. 
Nos hallamos en una situación donde es evidente que aquellos trabajadores vulnerables que buscan en nosotros protección necesitan esta protección y que las buenas empresas de trabajo temporal necesitan crecimiento y flexibilidad. 
Hay que encontrar un equilibrio. 
Tal como ha dicho el Sr. Hughes, nos encontramos en el comienzo de este proceso. 
Desarrollemos una Directiva que sancione este equilibrio fundamental. 
Señor Presidente, le agradezco sinceramente a la Sra. van den Burg trabajo que ha realizado. 
Durante muchos años, Europa ha sido claramente incapaz de cumplir el objetivo de convertirse en la zona económica más competitiva del mundo. 
Por desgracia, esta propuesta de Directiva relativa a las empresas de trabajo temporal nos va a alejar más todavía de nuestro objetivo. 
Los objetivos de Lisboa nos obligan a enfrentarnos a un mercado laboral cada vez más flexible. 
El incremento de la burocracia y de las interferencias en los contratos entre empresas limitará el mercado laboral. 
¿Acaso no queremos que la oferta responda a la demanda? 
Desde el Tratado de Roma, la UE aspira a la creación de un mercado interior dinámico. 
Los Estados miembros tienen en cuenta las consecuencias sociales de ello, considerando los intereses de los trabajadores en el sentido que éstos consideren mejor. 
Esta actitud está en el núcleo del principio de subsidiariedad. 
La UE no tiene por qué regular sectores que no requieren una intervención de ámbito europeo. 
Por razones históricas existen grandes diferencias entre los sistemas de los mercados laborales de los Estados miembros. 
Una solución única en este sector nunca llegaría a satisfacer a todos. 
El que las cosas no se hayan resuelto de forma adecuada en Irlanda, no significa que esta Directiva deba utilizarse para complicar las cosas en Finlandia, donde sí lo están. 
La aplicación de esta Directiva va a empeorar la situación general de las empresas de trabajo temporal en Finlandia. 
Es como si, de nuevo, no se hubieran realizado análisis exhaustivos de coste-beneficio. 
Los resultados se verán reflejados en última instancia en unas cifras de desempleo que van en aumento y en una competitividad cada vez menor. 
Sin embargo, la decisión de la comisión competente de permitir que las empresas de trabajo reciban costes razonables mejoran la propuesta deficiente presentada por la Comisión. 
Negarse a pagar estos costes conduciría a la suspensión de la actividad de dichas empresas. 
Las empresas de trabajo temporal ofrecen una solución flexible en el sentido de que cubren las vacantes de forma rápida en los sectores que sufren carencia de mano de obra. 
No deberíamos empeorar sus condiciones bajo ninguna circunstancia. 
El Sr. Crowley quiere hablar sobre la observancia del Reglamento. 
Señor Presidente, el Sr. De Rossa ha aludido a mi persona y me ha desafiado a un debate. 
En lugar de emplear el tiempo del Parlamento explicando el éxito que ha tenido mi partido gobernante en la creación empleo y en la protección de los derechos de los trabajadores, desearía invitarle a hablar sobre sus méritos y fracasos tomando una copa. 
Señor Presidente, empezaré con tres comentarios generales. 
En primer lugar, varias de sus Señorías ya han planteado la cuestión de la subsidiariedad. 
Hay todo un cuerpo de pruebas sobre subsidiariedad; me gustaría señalar un punto muy importante al respecto. 
En un momento en que los mercados nacionales se están transformando rápidamente en mercados europeos y estamos a puertas de la ampliación, la legislación, altamente diversificada, y los derechos, que difieren en cada uno de los países, crean, como es obvio, distorsiones en el mercado interior. 
Por tanto, existe una clara necesidad, como en todos los sectores de la legislación laboral, de establecer un marco común y flexible. 
Mi segundo comentario trata de si hemos evaluado las repercusiones de esta Directiva o no. 
Permítanme recordarles que esta Directiva se aplicará a un 1,5 %-2% de los trabajadores en Europa. 
Sin embargo, lo que desde el punto de vista político es importante es que este sector está proliferando y los derechos de los trabajadores se están distorsionando a diestro y siniestro, razón por la que necesitamos tomar la iniciativa y regularlo lo más rápidamente posible, siempre, repito, dentro de un marco general. 
Hemos tenido en cuenta un estudio, que me gustaría que examinaran- está a disposición de todo diputado interesado -, realizado por la CIETT, la Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Temporal. 
En medio de este estudio, las propias empresas concluyen que la legislación laboral es necesaria para resolver los problemas que normalmente surgen ante las cuestiones salariales y las condiciones de trabajo, y para afirmar el desarrollo de un sector que goza de muy mala prensa en muchos países. 
Hay una referencia muy clara a los Países Bajos y al modelo neerlandés, un modelo que ha logrado combinar la flexibilidad con la seguridad social y la protección de los trabajadores en un país en el que se encuentran las empresas de trabajo temporal más grandes y prósperas. 
Se han expresado serias preocupaciones con respecto al modelo que se establece. 
Yo diría que carecen completamente de fundamento. 
La legislación no introduce ningún procedimiento nuevo de contratación o transferencia de trabajadores y cada país mantiene su sistema actual. 
La flexibilidad, al menos tal como la interpretamos en Europa, se refiere al conjunto de políticas y prácticas destinadas a ayudar a la empresa, al trabajador, al sector público y a la ley a adaptarse a las nuevas necesidades de producción. 
La flexibilidad no debe ser interpretada como algo que merme o suprima los derechos como requisito para la creación de empleo. 
Se ha hecho referencia al Reino Unido con respecto a los recortes de puestos de trabajo, etc. Todo lo que pueda ocurrir en este país en concreto es que se produzca un pequeño incremento de los costes laborales debido a los derechos sociales básicos que reciben los trabajadores en el mercado laboral británico. 
Señor Presidente, me gustaría comentar algunas enmiendas específicas con objeto de expresar la posición de la Comisión. 
Existen dos tipos de enmiendas. 
El primer tipo aclara la propuesta y añade una serie de definiciones. 
El segundo tipo modifica la propuesta sustancialmente, añadiendo y eliminando algunas disposiciones importantes. 
En cuanto al primer tipo se refiere, acojo favorablemente la propuesta del nuevo título. 
Creo que ilustra mucho mejor el objetivo de la Directiva. 
Estoy de acuerdo con la enmienda destinada a reflejar de modo más completo la relación triangular- entre trabajador, empresa temporal y empresa usuaria- propia del sector del trabajo temporal. 
Apoyamos las enmiendas que redefinen la cesión temporal de trabajadores, las empresas usuarias y las empresas de trabajo temporal. 
Igualmente, aceptamos las enmiendas que aclaran el texto. 
La definición propuesta para el término «misión» es mucho más precisa. 
La nueva formulación del grupo de trabajadores que los Estados miembros no pueden excluir del alcance de la Directiva constituye una gran mejora. 
Estoy de acuerdo con el añadido que especifica las medidas que deben emplearse para informar a los empleados sobre cualquier puesto vacante en las empresas usuarias. 
También creo que es muy útil establecer que las empresas de trabajo temporal reciban un nivel de retribución razonable por los servicios prestados a las empresas usuarias, pero no creo que las empresas deban cobrar honorarios a los trabajadores que firmen un contrato de trabajo fijo con la empresa usuaria al término de la misión. 
Acepto la enmienda que reformula la referencia a los servicios sociales de forma más clara. 
También aplaudo la referencia a los convenios colectivos y a la representación de los trabajadores, porque de hecho la representación de los trabajadores se puede definir en los convenios colectivos. 
Acepto la enmienda que exige a los Estados miembros que garanticen que tanto los trabajadores como sus representantes puedan exigir el respeto de las disposiciones de la Directiva. 
Esto me lleva a las enmiendas sustanciales a la Directiva, que añaden o eliminan algunas disposiciones importantes. 
Voy a tratar primero las enmiendas que son aceptables y luego las que no lo son. 
Estoy de acuerdo con la enmienda que amplía el alcance al levantamiento de las restricciones y prohibiciones que pesan sobre la cesión temporal de trabajadores. 
Este alcance era muy restringido en la propuesta de Directiva, porque sólo se aplicaba a las restricciones o a las prohibiciones de ciertos grupos de trabajadores o de determinados sectores. 
Y por supuesto, acepto el espíritu de la enmienda que asegura que los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal no sustituirán a los trabajadores que participan en acciones colectivas como huelgas, etc. 
También creo que el principio de no discriminación ha sido reformulado de forma inteligente; creo que es más claro y más sencillo centrarse en las condiciones laborales que disfrutarían los trabajadores cedidos si fueran contratados directamente por las empresa usuaria. 
Puedo permitir que se limite la excepción relativa a los contratos fijos únicamente a las retribuciones, pero no puedo aceptar que esta derogación se extienda a los contratos de trabajo a plazo fijo. 
Tampoco puedo permitir que se elimine el período de 6 semanas que permite contratar a trabajadores cedidos en algunos países durante un espacio muy corto de tiempo para trabajar en misiones de poca importancia. 
Es un factor que puede ayudar de forma significativa en las negociaciones globales. 
En resumidas cuentas, acepto las enmiendas 1, 4, 22, 28, 33, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 85 y 92 en su totalidad. 
Acepto las enmiendas 6, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44 y 49 en parte o en su espíritu, si se reformulan. 
El resto de las enmiendas se rechazan. 
Me gustaría dar las gracias por la ayuda recibida en la elaboración de un nuevo texto que facilite la aceptación final de la Directiva, que es, sin lugar a dudas, una Directiva complicada desde el punto de vista político y técnico. 
También quiero felicitar a la Sra. van den Burg e instar a la Presidencia danesa que adopte las medidas necesarias con el fin de llegar a un acuerdo en el Consejo del 3 de diciembre. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0359/2002) de la Sra. Damião, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión «Ciencias de la vida y biotecnología- Una estrategia para Europa» (COM (2002) 27- C5-0260/2002- 2002/2123 (COS) ). 
ponente suplente. (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me han encomendado la delicada misión de presentar el informe de la Sra. Elisa Damião, que actualmente está enferma y debido a ello no puede estar con nosotros, a pesar de tener la suficiente lucidez para seguir cada paso del informe que merecidamente lleva su nombre. 
Estoy muy conmovido por presentar este informe; le envío mis mejores deseos a la Sra. Damião y espero que se recupere para poder regresar al Parlamento lo antes posible, porque es una persona de gran capacidad política y parlamentaria, además de una gran ciudadana. 
Señor Presidente, Señorías, el impresionante progreso que ha experimentado la biología y la genética molecular es fascinante y a la vez, inquietante. 
El conocimiento científico ha realizado un gran avance a un ritmo tal que, en la actualidad, nos encontramos en condiciones de cambiar radicalmente no sólo el mundo vegetal y animal, sino, quizás con el tiempo, también nuestra propia especie. 
Esto supone un auténtico cambio radical. 
Hoy en día, las capacidades de la ciencia y la tecnología han conseguido superar con creces la ficción reflejada en obras maestras de la literatura como «Un mundo perfecto» de Huxley o «1984» de George Orwell. 
No obstante, hay que decir que, afortunadamente, las visiones contenidas en estas obras sobre sociedades y seres humanos oprimidos y deshumanizados por la manipulación de la ciencia y de la tecnología, no se han cumplido. 
Sin embargo, la inquietud expresada por el gran público con respecto, por ejemplo, a los organismos modificados genéticamente y a la clonación, es un signo muy claro que el mundo político, científico e industrial deben tener en cuenta. 
La UNESCO elaboró una respuesta inicial al adoptar por consenso, en noviembre de 1997, la declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos. 
No obstante, de todas las revoluciones que han tenido lugar en el reino del conocimiento, la protagonizada por la biología molecular es quizás la mayor de todas, y la que protagoniza la genética, la que tendrá las implicaciones más importantes en las esferas económica, cultural y ética. 
La biotecnología es parte de la tecnología del futuro. 
El desarrollo potencial de estas ciencias nos brinda una muestra de los cambios más importantes que se producirán en los próximos años en el mercado de los productos farmacéuticos, la alimentación, la agricultura y el medio ambiente. 
No obstante, estas tecnologías, en su aplicación práctica, dan pie a cuestiones éticas y filosóficas que ya forman parte de la cultura actual. 
Dadas sus implicaciones, siempre existen almas pesimistas, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia y en la historia de la ciencia y la tecnología, que ven en este conocimiento una amenaza apocalíptica para la humanidad, que despierta miedos y temores antiguos. 
Debemos combatir a todos los que explotan el miedo y despiertan los fantasmas y las supersticiones, mediante una actitud cauta pero optimista de cara a la ciencia, y darnos cuenta de que tiene que estar inspirada por las normas éticas más elevadas y marcos jurídicos que, a la vez que promocionan la libertad intelectual y la creatividad científica, eviten los excesos. 
El humanismo clásico expresado en la famosa frase del filósofo Séneca decía que «el hombre es sagrado para la humanidad». 
Este humanismo clásico debe ser la fuente de inspiración de la ciencia contemporánea y de toda la ciudadanía. 
La Unión Europea ha aprovechado en los últimos años toda una panoplia de directivas y reglamentos en el ámbito de la biotecnología y de la ciencia. 
Sin embargo, la mayoría de los actos legislativos adoptados constituyen un auténtico batiburrillo, falto de una visión coherente, global y sistémica de este amplio sector. 
Parte de la legislación adoptada no ha sido aplicada y otra ha sido sometida a derogaciones, moratorias o incluso peor, contiene numerosas lagunas y zonas grises. 
Sin embargo, la batalla global en el campo de la biotecnología es crucial. 
Estados Unidos es el líder indiscutible en este ámbito. 
No obstante, la Cumbre de Lisboa destacó un objetivo ambicioso para la UE en las próximas décadas: llegar a convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
¿Cómo se podrá conseguir este objetivo si no existe un compromiso europeo con la biotecnología? 
Europa presenta cierto retraso con respecto a Estados Unidos. 
A pesar de que la Unión Europea dispone de 1 570 empresas que operan en este sector y Estados Unidos unas 1 263, el hecho es que dichas empresas en la Unión Europea emplean a 61 000 trabajadores que producen un volumen de negocio de 42 000 millones de euros, mientras que, en el mismo sector, Estados Unidos dispone de 162 000 trabajadores que producen 365 000 millones de euros. 
Señor Presidente, esto es un resumen del contexto cultural, político, jurídico y económico en el que se enmarca la comunicación. Está respaldado ampliamente por el informe de la Sra. Damião. 
De hecho, este plan social y la estrategia presentada por la Comisión resuelven por arte de magia la naturaleza difusa, la incoherencia y las deficiencias del marco jurídico y de las políticas europeas en el ámbito de las biotecnologías. 
Está claro que no podremos lograrlo por arte de magia, pero al menos nos indica el camino a seguir. 
. 
(EN) Señor Presidente, desearía dar las gracias a la ponente, la Sra. Damião, en su ausencia, y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Lage sobre un informe que reclama un apoyo sólido y claro para el desarrollo responsable de las ciencias de la vida y la biotecnología en Europa. 
También acojo con satisfacción que el informe haya sido confeccionado basándose en un acuerdo político amplio. 
Este informe marca un paso muy importante: la biotecnología es la nueva ola de la economía basada en el conocimiento y la investigación biotecnológica es crucial para reforzar la competitividad europea en este ámbito. 
Los europeos cada vez son más conscientes de que esta tecnología es importante para nuestra competitividad y bienestar futuros. 
Está emergiendo un consenso de cómo debemos reforzar este desarrollo de modo coherente con nuestros valores y principios éticos europeos. 
Nos enfrentamos a una alternativa política: o bien hacerse a un lado y observar cómo se desarrollan estas tecnologías en otra parte, o las explotamos de modo responsable y en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Tal como se puso de manifiesto en el informe que presentó el Sr. Purvis al Parlamento la pasada primavera, la biotecnología es una tecnología instrumental. 
Afecta, o incluso puede transformar, amplios ámbitos como la asistencia sanitaria, la protección del medio ambiente, la agricultura y los alimentos y los procesos de producción industriales. 
Puede constituir una fuente de innovación tanto para compañías de nueva constitución como ya establecidas, y ofrece enfoques únicos para solucionar problemas finalmente como, por ejemplo, en los campos de la asistencia sanitaria y de los productos farmacéuticos novedosos. 
Europa no se puede permitir perder la oportunidad de las ventajas que la biotecnología aportará. 
Los miembros de la Comisión, bajo la dirección del Sr. Prodi, han cooperado para poner a punto una estrategia que abarca todas las diferentes aplicaciones de la biotecnología, pero que también intenta permitirnos dar respuestas coherentes a las cuestiones más difíciles y alternativas a las que nos enfrentamos. 
La Comunicación de la Comisión relativa a «Ciencias de la vida y biotecnología» recoge: una estrategia para Europa se crea sobre la base del conocimiento común en las ciencias de la vida y conducirá a la creación de empleos cualificados que respaldarán las economías del futuro. 
Proponemos una serie de acciones para el fomento del desarrollo tecnológico en Europa y, al mismo tiempo, más medidas para un gobierno responsable, que aseguren que este desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con nuestros valores y necesidades sociales. 
El Sexto Programa Marco de Investigación (2002-2006) , bajo el liderazgo del Comisario Busquin, proporcionará un respaldo considerable para el suministro de recursos altamente especializados y para superar la fragmentación de la investigación y la carencia de masa crítica. 
Es necesario garantizar que los resultados de la investigación puedan ampararse mediante una protección de la propiedad intelectual armonizada y que se puedan traducir en productos y procesos comerciales a través de una transferencia de innovación y tecnología eficaz. 
La estrategia también hace hincapié en la necesidad de superar la fragmentación anterior en el desarrollo comercial de la biotecnología en Europa y varias acciones contribuirán a conectar a investigadores, nuevas empresas, proveedores de servicios e instituciones financieras. 
Urge prestar atención especial a la actual caída de los mercados de capitales y la ausencia de capital riesgo. 
El éxito de la estrategia sobre la biotecnología sólo podrá asegurarse si la tecnología se crea sobre la base de la credibilidad social. 
Es vital que los desarrollos, y en particular las políticas públicas, tengan lugar con la máxima transparencia. 
Es necesario que fomentemos el diálogo público en toda Europa para garantizar que se cumplen las metas sociales y que se abordan las inquietudes públicas. 
La estrategia tiene por objeto de mejorar la coherencia entre las diferentes políticas en diferentes niveles. 
De este modo, podemos considerar de forma adecuada y ampliamente las decisiones políticas que tienen un impacto en nuestra competitividad y la prosperidad futura de nuestras sociedades. 
La Comisión ha comenzado a aplicar medidas en sus propias áreas de responsabilidad. 
En breve, vamos a publicar el primer informe regular sobre el escenario alcanzado en este trabajo de puesta en práctica. 
Sin embargo, esta estrategia sólo funcionará correctamente si todos- instituciones europeas, Estados miembros, regiones, industria, mundo académico y sociedad civil por igual- contraemos compromisos conforme a nuestras respectivas obligaciones y recursos. 
La aprobación del informe del Parlamento y las próximas conclusiones de la Comisión proporcionarán un respaldo político fundamental para la puesta en práctica eficaz de la estrategia a escala europea. 
- (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, acojo favorablemente el objetivo de la Comisión de recuperar la voz cantante para la UE en el ámbito de las ciencias de la vida y la biotecnología. 
Sin embargo, la estrategia propuesta no responde suficientemente a las expectativas. 
Me gustaría agradecerle con toda sinceridad a la Sra. Damião el que haya realizado un extenso informe que aclara muchos aspectos del documento de estrategia de la Comisión. 
Europa debe adoptar de nuevo un papel activo si no quiere perder comba en este ámbito tan sofisticado de la tecnología. 
Hablamos en particular de la ingeniería genética «verde» , es decir, de la agricultura. 
Un requisito es el establecimiento de un marco jurídico efectivo, predecible y estable para la agricultura y para la industria biotecnológica en Europa. 
Este marco debe cumplir en particular las normas de la OMC y salvaguardar la coexistencia de toda forma de producción agrícola. 
Eliminar las moratorias de facto que pesan sobre la aprobación de productos es condición necesaria para ofrecer una garantía de planificación a las empresas y al sector agrario. 
La moratoria es especialmente dañina para las PYME más innovadoras en Europa y entra en conflicto con los objetivos de Lisboa. 
En el seno de la Comisión, y en el de las instituciones europeas, debe lanzarse una política «B-Europe» , que promueva un calendario en el ámbito de la biotecnología. 
Estas mismas prioridades, basadas en el famoso concepto de «eEurope» , podrían aplicarse sobre una base integrada por diversas Direcciones Generales de la Comisión. 
Otros puntos clave incluyen: apoyo al desarrollo de bioagrupaciones y otros modelos de transferencia tecnológica; acceso más fácil al capital riesgo, en especial para las empresas de reciente creación y a las PYME dedicadas a la investigación biotecnológica; introducción de una patente europea y de una política de información transparente y de carácter científico por parte de autoridades, empresas y científicos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero enviar a la Sra. Damião mis mejores deseos para que se recupere. 
Me gustaría expresar mi agradecimiento a ella y a sus colegas, pero también al Sr. Lage, por su excelente colaboración. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya el informe de la Sra. Damião, no sólo porque todo el planteamiento (el plan de acción y el informe) esté basado en el informe de nuestro colega, el Sr. Purvis. 
El informe de la Sra. Damião emite una señal positiva al sector de la biotecnología, pero también establece claramente la necesidad de elaborar normas mejores de las que existen en la actualidad. 
El informe no pretende presentar un panorama en blanco y negro. 
Existe la concepción de que la ingeniería genética puede ser muy positiva en cardiología, pero que debe rechazarse a cualquier precio en la agricultura. 
El informe rechaza esta postura. 
Declaramos firmemente que existen oportunidades para ambos sectores o, dicho de otro modo, que también existen oportunidades para la agricultura. 
De hecho, el informe afirma que la ingeniería genética puede contribuir a encontrar soluciones reales al desarrollo sostenible y me gustaría insistir en este punto. 
Esta es la razón por la que nos oponemos a la moratoria de facto. 
La Directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente fue adoptada hace mucho tiempo. 
Los Estados miembros la deberían haber incorporado a su legislación nacional en octubre. 
En aquel momento, participé en el Comité de Conciliación junto al Sr. David Bowe, y nunca pensé que tantos años más tarde esta moratoria seguiría vigente. 
El informe dice que debe expirar a finales de 2003. 
Creo que, de hecho, debería finalizar ahora mismo, porque la fecha límite para la aplicación de la Directiva 220/90 ya se ha rebasado. 
De otro modo, las PYME en particular van a sufrir de forma considerable, como ya ha dicho la Sra. Müller. 
No sólo existen riesgos en el sector agrícola, sino que también hay beneficios importantes, al igual que no sólo existen beneficios en el sector médico, sino que también hay riesgos importantes. 
Por ejemplo, hay un peligro en el uso incontrolado de pruebas de ADN. 
Las pruebas de ADN no son servicios como cualquier otro. 
Sólo pueden llevarse a cabo tras recibir asesoramiento experto competente, independiente y personal, que deberá cubrir los aspectos médicos, éticos, sociales, psicológicos y jurídicos. 
Hace un año, nuestro grupo elaboró en comisión un informe de expertos en esta materia. 
Este informe dice que la Unión Europea tiene competencia en este ámbito. 
Las pruebas de ADN es también un servicio transfronterizo o, lo que es lo mismo, las pruebas de ADN son productos comercializados en el mercado interior. 
Por eso necesitamos normas en este ámbito, normas de calidad y normas relacionadas, por ejemplo, con el asesoramiento. 
En este aspecto, la Comisión tiene una misión y le pido que aplique lo que exige el informe, principalmente para introducir legislación. 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con los comentarios de los oradores anteriores, y presumo que mañana habrá una mayoría a favor del informe de la Sra. Damião. 
Existen muchos motivos para ello. 
El Comisario tiene toda la razón al describir la biotecnología como una indudable pieza clave para el futuro. 
Algunos ya lo han intuido con anterioridad; a otros les llevará más tiempo, pero es una realidad indiscutible. 
El Sr. Liese tiene toda la razón: la biotecnología también contribuirá a encontrar soluciones para el desarrollo sostenible. 
Me gustaría añadir a esto una explicación, porque la biotecnología no funciona a base de la termodinámica «clásica» , sino de una termodinámica irreversible: dicho de otro modo, funciona con unas diferencias potenciales muy pequeñas que producen un impacto muy sustancial. 
Si no fuera así, no llegaríamos a viejos, sino que dejaríamos este mundo a los quince años. 
Es decir, la biotecnología tiene muchos beneficios, y eso es un hecho ampliamente reconocido. 
De hecho, la biotecnología «roja» ya ha sido reconocida en la actualidad por gran parte del partido de los Verdes. 
El problema es el siguiente: ¿cómo plantear la biotecnología verde? 
Esto también puede tener que ver con el hecho de que muchas personas en Europa dicen que no la necesitan; dicen que tienen bastante comida y que el problema radica en la distribución, no en los productos nuevos. 
Sin embargo, en los países en desarrollo se tiene una visión diferente. 
Por ejemplo, si tengo un producto que puede producirse usando una cantidad mínima de agua o tengo una especie de arroz que contiene unas vitaminas determinadas, para muchas personas en los países en desarrollo es una cuestión de supervivencia. 
A nosotros no nos importa, porque podemos comprar otros productos con todo el dinero del que disponemos. 
¿Qué significa esto en la práctica? 
Significa que el desarrollo de la biotecnología en Europa, incluida la biotecnología verde, podría ayudar a mucha gente. 
Permítanme aclarar un malentendido sobre este punto, que también se produjo en nuestro Grupo. 
Se dice que pretendemos luchar contra el hambre en el mundo con la biotecnología. 
Esto no es lo que se dice aquí. 
Lo que decimos es que la biotecnología a solas no puede vencer el hambre en el mundo y que existen otras medidas bastante más importantes, como la distribución de los alimentos disponibles. 
Esto es lo que se está diciendo aquí. 
Permítanme aclarar este malentendido desde el principio. 
No obstante, la biotecnología puede contribuir a reducir el hambre en el mundo. 
Para concluir, permítanme añadir un comentario: el conflicto en esta Cámara no es que mañana rechacemos el informe de la Sra. Damião, sino que votaremos de forma diferente durante el proceso legislativo. 
Esta es la razón por la que pido a todo el mundo de esta Cámara que plantee un diálogo de mayor alcance con la Comisión sobre estos aspectos. 
De no ser así, continuaremos conviviendo con esta dicotomía que nos parece tan difícil de tratar. 
El informe de la Sra. Damião cuenta con el cálido respaldo del Grupo ELDR. 
Hay dos puntos que quiero destacar. 
El clima en la Unión Europea: el clima empresarial y también, la ética y el medio ambiente. 
A pesar de ser una tecnología clave, la biotecnología sigue siendo el pariente pobre en Europa y también en mi país, los Países Bajos. 
Por tanto, acojo con satisfacción la estrategia presentada por la comisión competente en materia de biotecnología y ciencias de la vida, que contribuye a la investigación y al desarrollo en Europa. 
No sólo para la industria, sino también en relación con la asistencia sanitaria y la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, este aspecto no cambia el hecho de que la comisión se ha visto desbordada por los acontecimientos. 
Después de todo, ¿acaso no adoptamos en marzo de 2000 el informe del Sr. Purvis cuya intención era mejorar el clima empresarial en Europa? 
¿Acaso no criticamos también a los Estados miembros por la moratoria que pesa sobre la importación de productos modificados genéticamente? 
Todavía queda mucho por hacer en Europa en lo que se refiere al acceso a capitales de lanzamiento y a los derechos de propiedad industrial con el fin de crear un clima favorable. 
La Directiva relativa a las patentes de invenciones biotecnológicas es una mejora demostrable. 
Pero esta Directiva de 1998 ha sido dejada de lado por la mayoría de los Estados miembros. 
Sólo ha sido aplicada en cuatro de los quince Estados miembros. 
¿Qué es los que pretende hacer el Comisario al respecto? 
Otro obstáculo importante que frena el progreso y la aplicación son las preocupaciones éticas y medioambientales. 
Es completamente lícito que, como legisladores, no descuidemos las preocupaciones del consumidor. 
Sin embargo, el plan de acción de la Comisión ya lanza un debate social. 
Por lo tanto, no me parece necesario reforzar este informe con apartados que regulen al detalle la comunicación con la sociedad. 
Después de todo, no es cuestión de llevar de la mano al consumidor. El consumidor es perfectamente capaz de saber si le estamos ofreciendo la información adecuada. 
Señor Presidente, me gustaría enviar un saludo a la Sra. Damião y desearle una pronta recuperación. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con el informe que su colega, el Sr. Lage, nos ha presentado: nótese que este informe transcribe por completo las posturas e intereses de las grandes multinacionales de la biotecnología, la agroquímica y la agroindustria, tal como podemos comprobar si comparamos el informe con la postura de UNICE. 
Pedimos que se mantenga la moratoria de facto que está en vigor desde 1998 para la aprobación de nuevos organismos modificados genéticamente en la cadena alimenticia y rechazamos de plano el informe propugna el levantamiento de dicha moratoria, porque consideramos que sería un auténtico crimen medioambiental. 
Aparte de las profundas cuestiones éticas y de derechos humanos que plantean la comercialización y el derecho de propiedad industrial sobre la vida y el patrimonio natural, debemos comprender que liberar en el medio ambiente organismos modificados genéticamente es un factor irreversible e incontrolable que tiene consecuencias directas en la contaminación de la agricultura convencional y orgánica y para la destrucción de la biodiversidad. También tiene efectos incalculables en el ecosistema. 
Esto significa que los agricultores y los consumidores orgánicos, de hecho, no lo consideran algo digno de elogio, sino una libertad de elección ficticia. 
Además, refuerza la dependencia de los agricultores y las políticas alimentarias de los Estados miembros con respecto a las multinacionales. 
El grado de interferencia y de presión ejercida sobre los países en desarrollo para introducir los organismos modificados genéticamente en su cadena alimentaria es increíble. 
Es realmente desconcertante e inaceptable que se esté planteando de nuevo la idea de que la escasez de alimentos y el hambre en el mundo pueden tener una solución tecnológica cuando la cuestión (como se ha insistido en muchos foros y organizaciones internacionales) es política y, por tanto, es una cuestión de política. 
Sólo hay que recordar de nuevo la celebérrima «revolución verde» de hace unas pocas décadas. 
Nos hemos propuesto promover el progreso científico y tecnológico de la humanidad, pero respetando siempre el principio de cautela. 
Señor Presidente, comprobamos cada vez con más frecuencia que cuando hablamos de biotecnología, en realidad nos referimos a la ingeniería genética, pero esto no se dice claramente. 
Durante más de 20 años se han hecho promesas que luego, en la práctica, se han roto. 
Los alimentos y la agricultura modificados genéticamente son un fracaso. 
Los consumidores no los quieren. 
En el campo de la medicina, los productos de imitación, que se producen en un proceso ligeramente modificado con objeto de obtener las patentes y lograr precios muy atractivos, son los que, por encima de todo, están robando a los fondos de seguros de enfermedad. 
Me pregunto a menudo por qué hemos estado hablando de estas tecnologías clave en este foro durante tantos años y por qué dichas tecnologías, que se supone que son claves, no triunfan en el mercado. 
En realidad, ¿dónde está el mercado? 
Las empresas biotecnológicas son un completo fracaso en bolsa. 
No tenemos productos satisfactorios ni aceptados en el mercado. 
Tan solo nos hemos dedicado a «inflar» el valor de la ingeniería genética durante años. 
Vayamos al punto que realmente quiero tratar. 
Para nosotros, es completamente inaceptable eliminar la moratoria de facto, puesto que en realidad, muy pocos Estados miembros han aplicado la Directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
También creo que lo que está ocurriendo aquí es inaceptable. 
Tenemos el informe Scheele y hemos mantenido un debate sobre la moratoria de facto. 
También hemos discutido el informe Fiori de forma muy amplia y detallada y ha quedado claro que no queremos patentes de genes humanos. 
El informe actual pide justo todo lo contrario. 
Existe una reticencia evidente a aceptar la aplicación de lo que se lleva solicitando durante mucho tiempo en otras comisiones. 
Creo que es una farsa bastante inaceptable. 
Creo que debemos reconocer que debemos transparencia absoluta a los consumidores, y alimentación sana. 
Entonces, nadie podrá acusarnos de estar dispuestos a anteponer los intereses de la industria a la protección del consumidor simplemente por impulsar estos productos en el mercado. 
Teniendo esto en mente, me gustaría indicar de forma clara otra vez que muchas cosas que están escritas aquí no gozan de nuestro apoyo. 
No obstante, creo que el informe es bastante bueno, y les pido que apoyen nuestras enmiendas 26 y 27, que permiten aclarar que la coexistencia es muy importante para la agricultura y que la coexistencia sostenible de la agricultura convencional y orgánica debería estar garantizada. 
La Comisión también lo reclama. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a pesar de que el informe de la Sra. Damião necesita algunas modificaciones, creo que es un excelente informe. 
Destaca las limitaciones del desarrollo de la biotecnología y de las ciencias de la vida, al mismo tiempo que demuestra de forma pertinente su papel e importancia en nuestra sociedad. 
Sigue totalmente la línea de los enfoques y estrategias definidas en el Consejo Europeo de Lisboa. 
La biotecnología y las ciencias de la vida son los factores clave indudables en la construcción de una economía basada en el conocimiento que sea competitiva y dinámica. 
Este informe también respalda plenamente el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, un programa al que brindo todo mi apoyo. 
La biotecnología aportará una nueva dimensión más amplia a la economía del futuro. Tiene implicaciones para la agricultura, la nutrición, el medio ambiente y, por supuesto, la medicina y el tratamiento de enfermedades. 
La biotecnología también tiene implicaciones para nuestra competetitividad y para el desarrollo del trabajo, aumentando tanto la cantidad, como la calidad de los puestos de trabajo. 
Sin embargo, esto no significa que se tenga que dar rienda suelta a la investigación en esta área. 
No se puede permitir que la biotecnología domine todo. Nos enfrentamos a un campo científico extraordinariamente rico, con muchas áreas que todavía están sin conocer, aún por explotar. 
Existen dos aspectos de este ámbito de la ciencia, pero uno de ellos no siempre representa lo mejor para la humanidad y el bienestar de nuestras sociedades. 
Debemos ser precavidos ante el aprendiz de brujo. 
Conviene apoyar y promover las ciencias de la vida, pero tienen que estar reguladas. 
Sólo se debe dejar que las ciencias de la vida crezcan y se expandan dentro de los límites de las estrictas reglamentaciones, que deberían priorizar los principios de salud pública, prevención, precaución y el respeto de la vida y la dignidad humanas. 
Estoy segura de que comprenden que me estoy refiriendo a los problemas planteados por los organismos modificados genéticamente y por la investigación de los embriones humanos. 
Por tanto, me complace comprobar que el informe refleja estas preocupaciones; también quiero elogiar el trabajo de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por haber establecido una reglamentación mejor sobre la investigación y por mejorar la información ofrecida al consumidor. 
Con este espíritu, debemos hacer todo lo posible por mejorar la financiación de las empresas en el sector y permitirles que accedan al capital riesgo. 
Estas empresas son por lo general muy jóvenes, a menudo pequeñas y por lo tanto, vulnerables. 
Debemos favorecer asimismo el desarrollo de investigadores en nuestras universidades y facilitar su trabajo de laboratorio dentro del espíritu de la Carta Europea de las Pequeñas Empresas. 
La investigación forma la base de nuestra competitividad futura. 
No obstante, no debemos olvidar que no podemos poseer la ciencia sin conciencia. 
Todas las ciencias dignas de tener este nombre deben ser conscientes del papel que desempeñan en la sociedad. 
La biotecnología es sin lugar a dudas la clave de una nueva sociedad que, si gestionamos correctamente, será cada vez más equitativa. 
Por último, me gustaría comentar de qué modo afecta esto a los países en desarrollo. 
A pesar de actuar para combatir el hambre, la pobreza o la enfermedad que impiden el desarrollo en estos países, no tenemos derecho a imponer un modelo científico o un modelo de pensamiento en ningún país. 
Tenemos que respetar el principio de respeto por los demás. 
En consecuencia, no podemos plantearnos la imposición de la ciencia y de la tecnología como un medio de desarrollo. 
La elección del modo en el que cada persona desea alimentarse y las normas a las que se quiere acoger dependen de cada individuo. 
Señorías, la biotecnología es la tercera revolución tecnológica de nuestra sociedad, tras la revolución industrial y la revolución de la información. 
Espero de verdad que se plantee un espléndido reto y que, en interés de la reputación europea y del futuro de nuestros hijos, actuemos siempre respetando las normas éticas básicas y la dignidad humana. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía a la Sra. Damião una pronta recuperación y le felicito sinceramente por su excelente informe. Me adhiero al estímulo que el sector de la biotecnología necesita para realizar su potencial en mi circunscripción escocesa y en toda Europa. 
La idea central de este informe se ajusta plenamente a los objetivos de la Cumbre de Lisboa y sigue la actitud progresista demostrada coherentemente por el Parlamento. 
También servirá para levantar el ánimo recién descubierto de la Comisión respecto a la biotecnología y las ciencias de la vida. 
Pero cuán terrible es el contraste con el Consejo de Ministros, que todavía, una vez más esta semana, demostró su lamentable fracaso para continuar con las metas que se fijaron en Lisboa. 
El mal llamado «Consejo de la competitividad» no pudo llegar a un consenso sobre la jurisdicción adecuada para los litigios sobre patentes de la Comunidad. 
¿Qué esperanza hay de conseguir un potencial de Europa en este ámbito cuando el Consejo lleva al menos un año de retraso respecto al plazo previsto que él mismo fijó para llegar a un acuerdo en este asunto fundamental? 
Sin un recurso rentable para la patente de derechos de propiedad intelectual, ¿qué incentivos existen para nuestros científicos? 
Esto sólo es un ejemplo de una forma de dar largas al asunto que podemos ver constantemente en el Consejo y por parte de cada Estado miembro. Moratorias, incertidumbre legal, marcha atrás e indecisión acerca de directrices éticas, aplazamientos de transposición, falta de apoyo para los que se ocupan de sus asuntos legales con pruebas sobre el terreno, trámites burocráticos elaborados para el etiquetado y la trazabilidad. 
Señora Damião, gracias por darnos esperanzas de que en Europa existe una esperanza real para la biotecnología y las ciencias de la vida. 
Señor Presidente, el futuro alberga amenazas y oportunidades por igual. 
La biotecnología y las ciencias de la vida son áreas que provocan al mismo tiempo temor y entusiasmo. 
Existen razones para no apresurarse a pensar que estas ciencias tienen la solución a todos los problemas que se plantean ante nosotros. 
Al mismo tiempo, no deberíamos atemorizarnos ante el simple hecho de no obtener respuestas a todas las preguntas. 
La Unión ha destacado el ámbito de las ciencias de la vida como el área que permitirá que Europa consiga la economía del conocimiento mejor preparada y más competitiva. 
Usada correctamente, la biotecnología puede ofrecer soluciones a muchos de los problemas que nos planteamos. 
Para compensar todas las amenazas que sufre el medio ambiente, no sólo necesitamos restricciones en nuestras vidas, sino también nuevos descubrimientos que puedan ayudarnos a combatir las amenazas del medio ambiente desde el punto de vista técnico, mecánico y biológico. 
En este contexto, la biotecnología ofrece muchas oportunidades. 
La lucha contra la pobreza y el hambre en los países en desarrollo requiere de varias iniciativas para triunfar. 
No deberíamos sorbreestimar la biotecnología, pero tampoco infravalorarla. 
Los cultivos que toleran diferentes temperaturas y niveles de sequía y de precipitaciones pueden ayudar a asegurar el alimento en las zonas que en la actualidad sufren el hambre. 
Una sociedad que intenta desarrollar la prosperidad y la justicia y quiere que cada vez más gente viva en entornos aceptables debe garantizar un crecimiento económico. 
Hoy en día, muchas industrias maduras están fallando, lo que significa que se necesitan otras nuevas. 
La biotecnología es una de las empresas más prometedoras. 
Invirtamos desde el ámbito comunitario en recursos económicos para continuar desarrollándonos y avanzando juntos. 
No basta con proclamar que tenemos que tener más éxito, sino que además debemos actuar. 
Esto implica adoptar el informe de la Sra. Damião, la acción positiva que promete buenos augurios para el futuro. 
Señor Presidente, uno no tiene por qué ser un oponente implacable de los organismos genéticamente modificados (OGM) -yo no lo soy- para contestar la defensa lisa y llana de los mismos en este informe. 
Numerosos Demócratas Liberales desafiarán este informe en la votación de mañana. 
Deseamos ver una reducción en el uso de pesticidas y herbicidas. 
Deseamos que los insectos y la flora se multipliquen en nuestro campo. 
Deseamos una agricultura sostenible en las naciones en desarrollo. 
Pero necesitamos saber si el remedio no seré peor que la enfermedad. 
Oímos reivindicaciones de los fabricantes, afanosos como están de hacerse de oro y asegurándose de que los agricultores de todo el planeta están atrapados en su cadena de suministro. 
Pero, ¿dónde está la prueba científica sobre los efectos a medio y largo plazo de los cultivos genéticamente modificados sobre la biodiversidad? 
¿Quién va a indemnizar a los productores de productos orgánicos cuyos cultivos se contaminen y pierdan su valor? 
Necesitamos respuestas a estas preguntas antes de abrir las compuertas. 
El jurado está todavía considerando los cultivos genéticamente modificados y, dado el carácter irreversible de estas decisiones no existe una base sólida para reivindicar que la biotecnología dará la respuesta a todos nuestros problemas. 
. (FR) Espero y ruego por una Europa unida y pacífica. 
Por lo tanto, estoy a favor de ampliar la Unión para incluir a todos los países candidatos actuales, también a Turquía. 
Sin embargo, me abstuve en la votación sobre el informe Brok porque creo que la ampliación contemplada en el informe se lleva a cabo en malas condiciones. 
Ni la Unión actual ni los países candidatos están realmente preparados. 
Todos estamos de acuerdo en que el Tratado de Niza no ha dotado a la Unión de las estructuras necesarias para funcionar debidamente con 25, 27 ó 28 Estados miembros. 
La Convención, que debería estar perfeccionando estas estructuras, da prioridad al continente antes que al contenido. 
¿Qué sentido tendrá, por ejemplo, tener un Presidente del Consejo Europeo elegido para cinco años sin nada para decidir, ya que las políticas comunitarias serán renacionalizadas e intergubernamentalizadas? 
Además, el último Consejo Europeo, en lugar de decidir en torno a una mayor solidaridad con los países candidatos, prácticamente casi todos los cuales tienen graves problemas económicos y sociales, en realidad ha reducido el paquete de ayudas establecido en Berlín en 1999. 
No se ha decidido nada sobre la futura financiación, excepto que los créditos de la PAC se congelarán después de 2006 con una tendencia descendente, ¡a fin de servir a más países con menos dinero! 
Por lo tanto, está previsto que el bloqueo financiero se produzca después de la ampliación. 
Se corre el gran riesgo de que la Unión Europea ampliada termine simplemente siendo un área de libre comercio, sin una verdadera solidaridad y, por lo tanto, sin integración europea. 
Su Señoría tiene el honor de formar parte de la Conferencia de Presidentes, y éste asunto compete a dicha conferencia. 
Puede usted escribir al Presidente, estoy seguro de que puede levantar el teléfono y hablar con él. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual del Tribunal de Cuentas para el año 2001. 
. 
(ES) Honorable señor Presidente, señor Secretario General, honorables miembros del Parlamento Europeo, señoras y señores, me complace presentarles hoy el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al ejercicio 2001. 
He organizado mi exposición en torno a cuatro grandes apartados: primero, el análisis de la gestión presupuestaria; segundo, el seguimiento dado a las observaciones anteriores del Tribunal; tercero, la Declaración sobre la fiabilidad de las cuentas (la DAS) ; y en cuarto lugar, la reforma de la Comisión. 
Comencemos pues por el análisis de la ejecución del presupuesto. 
Por segundo año consecutivo se ha producido un excedente presupuestario elevado, superior a 15 mil millones de euros (un 16% del presupuesto final). 
El superávit se debe a la anulación de créditos provocada principalmente por el retraso en la ejecución de medidas estructurales. 
Hubiera sido conveniente modificar el presupuesto para mantener en equilibrio los ingresos y los gastos previstos. 
Otro rasgo determinante de la gestión presupuestaria ha sido la escasa utilización de los créditos de pago en algunas áreas. 
En el caso de los Fondos estructurales el porcentaje de utilización ha sido inferior al 70%, el nivel más bajo desde 1999. 
La lentitud caracteriza también la puesta en marcha de las ayudas de pre-adhesión, especialmente del programa SAPARD, donde solamente se ha pagado el 9,2 % de los créditos. 
Además, los beneficiarios finales de este programa han recibido únicamente 1 millón de euros y, si no se acelera la ejecución, habrá que anular créditos en el 2003. 
La Comisión debe continuar con su esfuerzo de depuración de las cuentas, cancelando aquellos compromisos que ya no son operativos. 
Los compromisos pendientes de liquidación suman más de 12 mil millones de euros en las ayudas exteriores y casi 3 mil millones en los nuevos instrumentos de pre-adhesión. 
La ejecución de los Fondos Europeos de Desarrollo también se efectúa a un ritmo lento. 
Tras cuatro años en vigor, sólo el 30% del 8º FED ha sido desembolsado. 
En conclusión, las estimaciones de ejecución y pago de los programas deberían ser más realistas y ajustarse a la capacidad de absorción de cada país. 
El resultado sería un presupuesto más riguroso y equilibrado. 
El Tribunal ha analizado el seguimiento acordado a sus observaciones anteriores. 
En general, la Comisión ha tomado las medidas oportunas para corregir las deficiencias señaladas; así, por ejemplo, se ha simplificado el régimen aduanero de perfeccionamiento pasivo, se ha mejorado el régimen de promoción de sociedades mixtas de pesca y se han revisado los procedimientos de licitación del programa TACIS. 
En otros sectores no se ha constatado una evolución tan satisfactoria, como en el caso del régimen de ayudas para el trigo duro, donde subsisten deficiencias señaladas por el Tribunal en 1998 y donde se gastan, innecesariamente, 450 millones de euros anuales. 
También es el caso de la Organización Común del Mercado del azúcar donde, a pesar de la reforma del 2001, persisten problemas de sobreproducción y precios elevados. 
Confío en que la puesta en funcionamiento del Comité de acompañamiento de la auditoría permita a la Comisión prestar mayor atención al seguimiento de los informes del Tribunal. 
Veamos ahora la declaración de fiabilidad. 
El Tribunal opina que las cuentas del ejercicio 2001 reflejan fielmente los ingresos y los gastos, así como la situación financiera de las Comunidades. 
No obstante, el informe formula algunas reservas y observaciones originadas en gran parte por defectos del sistema contable, ya señalados anteriormente por el Tribunal. 
En su respuesta a nuestro informe, la Comisión reconoce las deficiencias y se compromete a presentar un plan de modernización del sistema contable antes del final del año 2002. 
El Tribunal verificará la concepción y ejecución de este plan, e informará, por supuesto, al Parlamento de su progreso. 
Como en pasados ejercicios, el Tribunal opina que las operaciones correspondientes a los ingresos, a los compromisos y a los gastos administrativos son legales y regulares. 
No obstante, debido a los errores detectados, no podemos ofrecer aún esa garantía respecto a los otros pagos. 
La mayor parte de los errores se registran en los pagos relativos a la política agrícola y a las acciones estructurales, es decir, en las áreas de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, que suponen un 80% del presupuesto. 
Reducir la incidencia de los errores requiere una mejora significativa en los sistemas de administración y control, tanto en la Comisión como en los Estados miembros. 
Así, en relación con la política agrícola común, las declaraciones presentadas por los beneficiarios de las subvenciones no han mejorado respecto a años anteriores. 
La puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión y Control no se ha completado y en casi la mitad de los Estados miembros, el sistema de identificación de bovinos, obligatorio desde el año 2000, no se ha introducido. 
Otros errores están relacionados con deficiencias en los controles de los Estado miembros, por ejemplo en el caso del aceite de oliva y del algodón. 
Las recomendaciones del Tribunal pasan, obviamente, por aplicar integralmente los mecanismos de control previstos en la reglamentación. 
En relación con las acciones estructurales, se han detectado de nuevo pagos erróneos provocados por deficiencias en los sistemas de control y en las declaraciones de gastos de los Estados miembros. 
El Tribunal se inquieta por el retraso de las administraciones nacionales en la aplicación de los dispositivos de gestión y control para el nuevo período de programación. 
Las unidades de inspección no funcionan y no se realiza un control independiente de las operaciones. 
Se recomienda que la Comisión intensifique sus chequeos y explote, sistemáticamente, los resultados obtenidos. 
En el área de las políticas internas, gestionadas directamente por la Comisión, el análisis del Quinto Programa Marco de investigación ha revelado pagos incorrectos producidos por el incumplimiento de los contratos por parte de los beneficiarios. 
El Tribunal recomienda simplificar los sistemas de reembolso de gastos e introducir dispositivos de sanción más eficaces. 
Las autoridades nacionales de los países beneficiarios y las organizaciones no gubernamentales tienen un papel determinante en el sistema de gestión de los programas de ayuda exterior. 
Del análisis de la documentación justificativa, disponible a nivel central, en Bruselas, se concluye que la Comisión ha realizado los compromisos y los pagos legal y regularmente. 
Sin embargo, el Tribunal no tiene la seguridad de que esas operaciones hayan sido ejecutadas correctamente en los países beneficiarios. Los sistemas de control son insuficientes y se han detectado frecuentes errores sobre el terreno. 
La Comisión debe profundizar la transformación de la ayuda exterior, que ha dado ya pasos positivos. 
Para concluir este punto, quisiera abrir un pequeño paréntesis. 
En los últimos meses hemos asistido a un encendido debate acerca del sistema contable de la Comisión. 
Esto es bueno y espero que el interés suscitado sirva para impulsar las reformas preconizadas por el Tribunal desde hace tiempo. 
Sin embargo, en algunos aspectos el debate ha adolecido de falta de rigor y serenidad. 
Llega el momento de poner un poco de orden y establecer un mapa objetivo de la situación. 
En este sentido, conviene subrayar que, a pesar de ciertas reservas, las cuentas de la Comisión son fiables; así, salvo quizás en algunos aspectos puntuales, las cifras suministradas por la contabilidad presupuestaria se corresponden con la ejecución real de los créditos. 
Esta opinión está avalada por un trabajo de auditoría riguroso y profesional, en el que el Tribunal invierte numerosos recursos. 
Pero como fruto también de este trabajo, el Tribunal ha criticado el sistema contable. 
Las insuficiencias señaladas dificultan la obtención de información de mayor calidad, necesaria para mejorar la gestión. 
Me refiero, por ejemplo, a las carencias de la contabilidad patrimonial al presentar la situación del activo y pasivo de la Comisión. 
El Tribunal insiste en estos defectos desde hace años, por fin parece que sus observaciones tienen eco. 
Hoy exigimos, con decisión, que la Comisión tome acciones correctoras; el año próximo, en este mismo foro y con idéntica decisión, exigiremos resultados y confío en que sean positivos. 
Mientras tanto, dejemos por favor a la Comisión concentrarse en la tarea, que no es simple. 
Abordemos ahora el que yo considero tema crucial del Informe: la reforma de la Comisión. 
El 2001 ha sido un año de transición en el que se han hecho progresos significativos, especialmente en la gestión financiera y el control interno. 
Veamos cuáles son las principales observaciones del Tribunal al respecto. 
En primer lugar, señalemos que algunas medidas no se están introduciendo en los plazos estipulados. 
Este retraso se debe sobre todo, a un calendario inicial demasiado ambicioso, como ya denunció el Tribunal. 
En segundo lugar, el Consejo ha adoptado un nuevo Reglamento Financiero que el Tribunal considera globalmente adecuado. 
A pesar de que quedan algunos elementos insatisfactorios, es un buen instrumento que permitirá mejorar la administración de los fondos comunitarios. 
Los Directores Generales han elaborado por primera vez un informe de actividad y han formulado una declaración sobre la calidad de la información y del control interno. 
Esta responsabilización del gestor es una de las claves del éxito de la reforma. 
Se trata de una auténtica revolución en la cultura de gestión de la Comisión. 
Recomendamos mejorar la metodología de elaboración de los informes y las declaraciones: la fecha de presentación se debe avanzar; se deben dictar orientaciones más precisas que eviten ambigüedades, que concreten las posibles observaciones y reservas y que definan con más rigor los planes de acción. 
La Comisión ha sintetizado los informes y declaraciones de los Directores Generales en un documento enviado al Parlamento y al Consejo. 
Este documento incluye un plan de acción destinado a corregir los problemas detectados. 
El plan debería abordar más en profundidad cuestiones como el seguimiento de las normas de control interno o la reforma de SINCOM. 
Finalmente, un aspecto de la reforma reclama mayor atención. 
Se trata de la gestión de los programas efectuada por los Estados miembros, lo que se denomina como ' gestión compartida?. 
La Comisión tiene dificultades para integrar en su estrategia acciones concretas encaminadas a verificar y mejorar el funcionamiento de estos sistemas de gestión que cubren más del 80% del presupuesto. 
Es urgente buscar soluciones, pero la Comisión sola se verá impotente, por lo que precisará de la colaboración activa de las autoridades nacionales. 
Yo creo que este mensaje sirve como conclusión a mi exposición. 
La reforma avanza positivamente. 
La Comisión ha cumplido con su compromiso de trabajar con ímpetu en la mejora de sus prácticas administrativas y de control. 
No obstante, tardará todavía en ser esa administración excelente y ejemplar que todos deseamos. 
Se trata de un proceso laborioso, al que todas las instituciones deben aportar su experiencia. 
El Tribunal analizará cada año los progresos alcanzados, informará de las deficiencias y recomendará aquellas medidas que considere necesarias. 
Les agradezco vivamente la atención que me han prestado. 
Señor Presidente, Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señores diputados de este Parlamento y miembros del Tribunal de Cuentas, quiero expresar mi agradecimiento más sincero al Sr. Fabra Vallés por su alocución y por su decidido apoyo a la reforma de la Comisión. 
Deseo dar las gracias a todos los miembros y empleados del Tribunal de Cuentas por su válida cooperación durante este año y por las recomendaciones del Tribunal, que resultan indispensables para la buena utilización y correcta administración del presupuesto europeo. 
Refiriéndome concretamente a la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas, también quiero agradecer la franqueza en cuanto a la metodología aplicada. 
Siguiendo el ejemplo del Sr. Fabra Vallés, voy a concentrarme en tres aspectos, a saber, el excedente de 2001, la contabilidad y la reforma de la Comisión. 
El Tribunal hace patente su crítica respecto del excedente de 15 000 millones de euros para ese año, que no procede del ahorro- lo que hubiera sido de desear- sino que es el resultado de no haberse utilizado en su totalidad el presupuesto previsto por el Parlamento, así como del retraso en la puesta en marcha de los programas, especialmente de política estructural, con el ritmo previsto. 
El excedente representa la diferencia entre las estimaciones y los datos de caja tal como se refleja en las cuentas de ingresos y gastos, ajustadas a la contabilidad exigida por el Parlamento. 
¿Por qué se ha producido tal discrepancia en el gasto estructural? 
En este ámbito, la Comisión siempre depende de las propuestas y predicciones de los Estados miembros, y en este caso, hemos estado trabajando sobre la base de supuestos que sencillamente no se correspondían con la realidad. 
Ayer dije durante la reunión del ECOFIN, y no ha sido la primera vez que lo he hecho, que sigue sin existir en los Estados miembros un procedimiento sistemático para estimar sobre una base sólida qué cantidad de recursos se puede gastar realmente durante un año fiscal. 
Aquí es donde los Estados miembros tienen que trabajar conjuntamente con la Comisión en la mejora de las previsiones, lo que puede facilitarse ahora por nuestra presentación de las previsiones de los Estados miembros a la Comisión parlamentaria. 
El reglamento financiero exige que todo excedente de un año financiero sea asignado a los Estados miembros en concepto de ingresos para el año siguiente. 
Lo hemos hecho principalmente mediante dos presupuestos suplementarios, un instrumento que también ha estado presente durante los debates sobre el reglamento financiero. 
En cuanto a las normas contables, el Tribunal ha dictaminado de nuevo, al igual que en años anteriores, que las cuentas anuales para el año fiscal 2001 reflejan una imagen veraz y fidedigna de los ingresos y gastos, así como de la situación financiera de la Comunidad a finales de año. 
El Tribunal supedita la gestión financiera, incluida lógicamente la situación de liquidez, a un análisis en detalle. 
Por tanto, resulta rotundamente falso afirmar que los libros contables y la situación de liquidez de la Comisión no han sido auditados en los últimos diez años. 
El Tribunal analiza en detalle las cuentas y las normas aplicadas. 
El Tribunal ha vuelto a expresar ciertas reservas acerca del balance y ha solicitado realizar más modificaciones al sistema. 
Como es sabido, el nuevo reglamento financiero exige que todas las instituciones tengan, a partir de 2005, un único balance referido a un periodo concreto, un requerimiento que también rige para el Parlamento. 
A fin de disipar cierta confusión en este punto, permítanme adherirme al Presidente del Tribunal de Cuentas a la hora de exponer una reflexión básica para clarificar conceptos. 
La contabilidad en el sector público se basa tradicionalmente en el libro de caja, por cuanto se centra en el registro de ingresos y gastos en comparación con las estimaciones presupuestarias fijadas por las autoridades responsables del presupuesto. 
Este sistema se encuentra por tanto en armonía con la contabilidad para las autoridades presupuestarias. 
En algunos Estados miembros, la gestión financiera sigue estando basada en este principio, y carece de toda verosimilitud la pretensión de que este tipo de contabilidad de liquidez se presta por naturaleza al fraude. 
Sin embargo, este tipo de información no resulta suficiente para las medidas administrativas orientadas a la eficacia, y eso es lo que le preocupa al Tribunal de Cuentas, como ha venido señalando durante años, y también es motivo de preocupación para la Comisión. 
Existe una vinculación estrecha entre la adopción de normas comerciales en el sector público y la reforma global de la administración en el seno de la Comisión, y especialmente en algunos Estados miembros. 
Estos aspectos son los que han de desempeñar un papel muy importante en el presupuesto, y sobre todo en el balance, pero los centros de gasto del presupuesto tienen que poder recabar mayor información de las cuentas. 
Nos hemos comprometido a un desarrollo continuado, a lo que además nos ha exhortado expresamente el Tribunal, incluida la mejora del sistema informático aplicado. 
Nuestro sistema contable está informatizado y funciona eficazmente; quiero añadir, de paso, que los centros de gasto presupuestarios en todas las Direcciones Generales y en las representaciones están enlazados entre sí mediante un sistema con el que algunos Estados miembros no pueden ni soñar. 
En este punto también se han vertido afirmaciones falsas en el sentido de que 4.000 funcionarios habrían podido realizar transacciones de forma directa y casi bajo su propia responsabilidad. 
Esto también es falso. 
Tienen la obligación de introducir todo en un único sistema y la Dirección General del Presupuesto es la que se encarga de efectuar las transacciones reales. 
A este respecto, se han adoptado una serie de medidas de mejora. 
Durante este año también nos hemos preocupado de implantar mejoras en el ámbito de la seguridad, concretamente en lo concerniente al acceso por parte de los gestores del sistema, un aspecto sobre el que el Tribunal de Cuentas había llamado nuestra atención en numerosas ocasiones. 
Todos los años, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento tiene la importante misión de comprobar los estados financieros y, si alguien necesita ayuda, huelga decir que mi equipo se encuentra siempre a su entera disposición. 
Señor Elles, si su Grupo ha adoptado la decisión de solicitar ayuda externa, es algo que evidentemente sólo le incumbe a él. 
En lo referente al interrogatorio de una funcionaria suspendida de sus funciones, la Conferencia de Presidentes ha estudiado el asunto y, cuando la interesada presentó una petición, se le informó debidamente sobre aquella y sobre la causa judicial iniciada, nada más. 
En resumen, quiero agradecer al Sr. Fabra Vallés nuevamente por la constatación de que el Tribunal de Cuentas, sobre la base de una labor de auditoría rigurosa y profesional, ha vuelto a confirmar la fiabilidad de la contabilidad de la Comisión. 
La Comisión está ultimando actualmente un planteamiento detallado para la ulterior modernización del sistema contable que recogerá todas las sugerencias y críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas, y estaré en condiciones de presentarlo al Parlamento durante el mes de enero. 
En cuanto al tercer aspecto- el de las reformas -, las medidas adoptadas por la Comisión son cuantiosas en número y ambiciosas en cuanto a alcance. 
Como es sabido, en lo referente al presupuesto, la presupuestación basada en las actividades está cambiando la forma de confeccionar el presupuesto. 
La planificación estratégica sobre la base de la estrategia política anual dentro de la Comisión constituye otro cambio importante. 
Los departamentos del Servicio de Auditoría Interna y del Servicio Financiero Central se han estructurado con ese mismo enfoque. 
Sin embargo, el aspecto más importante es la descentralización de la responsabilidad contable, tal como la han descrito los Directores Generales en su informe. 
Aquí se ha de reflejar si se han logrado los objetivos fijados en el presupuesto y si resulta posible emitir un dictamen, dando fe de la implantación y el correcto funcionamiento de todas las medidas de control. 
Todo ello implica además nuevas estructuras, como la elaboración de informes anuales. 
Lo hicimos por primera vez en 2001 y el Tribunal de Cuentas lleva razón al señalar que las declaraciones de los Directores Generales todavía difieren en demasiados aspectos como para servir de base para algún tipo de planteamiento de auditoría única. 
Es una observación con la que coincide la Comisión, y por esa razón tendremos que decir en breve las mejoras pertinentes cuya implantación autorizaremos a los Directores Generales. 
Hay una sugerencia en el informe del Tribunal de Cuentas en la que quiero detenerme concretamente, una que tendrá importancia en cuanto al trabajo realizado por la Comisión de Control Presupuestario, y es la de que los informes anuales elaborados por los Directores Generales deberían incluir una declaración sobre cuáles de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas ya se han llevado a la práctica y cuáles están todavía pendientes de acciones futuras. 
Eso reduciría el número de posibles críticas; se trata de una propuesta muy válida, realmente esencial, y es algo que vamos a asumir. 
Facilitará las labores tanto de la Comisaria responsable del Presupuesto, como las de la Comisión de Control Presupuestario. 
Permítanme aprovechar esta ocasión para felicitar al Tribunal de Cuentas por sus veinticinco años de existencia y, en nombre de la Comisión, volver a agradecerle muy cordialmente toda la labor que ha realizado. 
Quiero dedicar también unas palabras al ponente principal, Sr. Casaca. 
Los trabajos acerca del procedimiento de aprobación de la gestión ya han comenzado y el cuestionario que nos ha enviado es bastante exhaustivo. 
Por su parte, la Comisión hará todo los posible por proporcionarle respuestas satisfactorias en el plazo establecido, es decir, antes del 18 de diciembre. 
El cuestionario también deja bien claro, señor Casaca- y así se lo puede comunicar a la Comisión- que la cooperación exigida será, en mi opinión, no sólo intensa, sino muy satisfactoria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Fabra Vallés, Señorías, quisiera empezar haciendo extensiva mi felicitación cordial al Tribunal de Cuentas por sus veinticinco años de existencia y por las celebraciones de la pasada semana, que estuvieron perfectamente a la altura de las circunstancias. 
El debate de hoy acerca del informe anual 2001 del Tribunal de Cuentas, que usted, señor Fabra Vallés, afortunadamente presentó a la Comisión de Control Presupuestario a principios de noviembre, nos permite examinar los mismos aspectos clave que ya han sido mencionados, sobre todo el enorme excedente presupuestario de más de 15 000 millones de euros, cuya explicación radica en que no se pudo gastar el 16% de los recursos asignados, tanto más cuanto que el año fiscal 2000 se había cerrado con el 14% de los fondos sin utilizar y sobrantes. 
Estamos bastante a favor de la austeridad, pero no a expensas de los objetivos que habían quedado acordados, a menos que la capacidad para llevarlos a la práctica estuviera sobrestimada desde el principio. 
En el capítulo 1, el Tribunal reitera el llamamiento que hizo el año anterior para que se presentara a tiempo un presupuesto suplementario y rectificativo. 
La respuesta de la Comisión tal vez sea técnicamente correcta, pero no lo es desde el punto de vista político. 
Queda aún mucho trabajo por hacer aquí. 
Lo que el Tribunal afirma en el capítulo 9 de la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas resulta muy interesante, pero al mismo tiempo constituye un motivo de grave preocupación. 
Una vez más, excepción hecha de algunos ámbitos, no se emite aprobación de las cuentas. 
La cuestión estriba en saber si alguna vez se llegará a alcanzar la marca superior de esta vara de medir. 
En relación con la aprobación de la gestión, los aspectos realmente importantes serán una serie de elementos como la reforma de la Comisión, la gestión financiera y el nuevo reglamento financiero. 
La fiabilidad del sistema contable de la Comisión ha sido el centro de acalorados debates, que los medios de comunicación se han encargado de difundir a los cuatro vientos. 
No se ha permitido a la Comisión de Control Presupuestario escuchar los argumentos de la responsable contable de la Comisión, que desde entonces se encuentra suspendida de su cargo. 
Lo que podemos leer en el informe del Tribunal- en la página 308 y siguientes, por ejemplo- esboza una imagen bastante sombría de los déficits que vienen estando presentes en los libros y los procedimientos contables de la Comisión desde hace años. 
Si se juntan todas las críticas que el Tribunal ha vertido en sus informes desde 1994 hasta hoy, el resultado constituye una prueba de la negligencia dolosa con que la Comisión se encarga de poner remedio a estas graves deficiencias. 
Según sus planes actuales, la Comisión pretende eliminarlos progresivamente, pero no lo habrá logrado antes de 2005, por lo que les quedan muchos años de control al Tribunal de Cuentas y al Parlamento. 
Voy a terminar con dos preguntas. 
La primera es si el año 2001 ha sido testigo de una mejora en la puesta en práctica del presupuesto. 
Será la resolución de aprobación de la gestión la que proporcione la respuesta a este interrogante. 
La segunda es la siguiente: según el Tratado de la Unión, el organismo responsable de la gestión del presupuesto en su conjunto es la Comisión. 
El nuevo reglamento financiero asigna a sus Direcciones Generales una responsabilidad descentralizada. 
Pero, ¿quién, dentro de la Comisión, es responsable de controlar todo el conjunto en el seno de la propia Comisión? 
¿Los diferentes Directores Generales, el Director General del Presupuesto o el responsable contable? 
En cualquier caso, será principalmente a usted, Comisaria Schreyer, en su función de Comisaria del Presupuesto, a quien seguiremos dirigiendo nuestras preguntas. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Fabra Vallés especialmente por la sensibilidad que ha demostrado en las últimas semanas en relación con la cuestión de cómo presentar públicamente su informe a la Comisión, tanto más cuanto creo que era necesario que no celebráramos este tipo de acto a puerta cerrada, mientras un informe de tal naturaleza va cubriendo la ronda por los circuitos interesados en Bruselas. 
Por tanto, permítame expresar mi gratitud por ello. 
Quiero decir algo acerca de los aspectos que ya han sido objeto de numerosos comentarios, por ejemplo, el tema del sistema contable. 
A lo largo de los meses venideros, nosotros los socialdemócratas tenemos que asumir las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas como elemento fundamental del trabajo que hacemos y, en ese punto, tengo plena confianza en nuestro ponente, el señor Paulo Casaca, que no eximirá a la Comisión de su obligación de suministrar información. 
Sin embargo, hay una cosa que quiero que conste en acta, y es el hecho de que la Comisión de Control Presupuestario puso condiciones a la invitación a la contable a quien se ha aludido en repetidas ocasiones. 
Ella debía proporcionar pruebas adicionales de los aspectos que los comentarios del Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, ya habían denunciado. 
Más tarde supimos por un artículo en un periódico publicado aquí en Bruselas que no estaba dispuesta a hacerlo. 
Esto forma parte también de la historia y no debería ocultarse. 
He anotado lo que ha dicho el Sr. Fabra Vallés de manera muy diplomática acerca del otro tema, el de la falta de rigor y objetividad. 
Permítanme expresarlo a mi manera: nosotros los socialdemócratas- al igual que otros grupos- nos hemos negado a permitir que esta Cámara y sus procedimientos degeneren en un circo de personalidades, y continuaremos haciéndolo. 
Por supuesto, no incluimos en ello las expresiones de entusiasmo proferidas por la Comisión acerca de la situación del sistema contable. 
Los comentarios vertidos por el Tribunal de Cuentas de hecho proporcionan motivo de preocupación, y este no es realmente un asunto en el que vayamos a regalar puntos de bonificación. 
Vamos a perseguir este asunto y la Comisión tendrá que proporcionar una respuesta a por qué, durante determinados periodos de tiempo, no se ha hecho prácticamente nada en el sentido de tomar en cuenta los comentarios realizados por el Tribunal de Cuentas. 
No les vamos a permitir que se escabullan diciéndonos que no pudieron hacerlo, porque había que trabajar en el nuevo reglamento financiero. 
Los dos temas no tienen nada que ver entre sí y esperamos una información rápida y transparente, que nos permita seguir las razones por las cuales no han sucedido determinadas cosas. 
En el caso de que estas explicaciones resulten menos que satisfactorias, la situación va a empezar a ponerse fea para todos los implicados. 
Y les puedo prometer que entonces sí que se van a poner las cosas realmente feas. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, gracias en cualquier caso por concederme la palabra. 
El Tribunal de Cuentas está celebrando su veinticinco aniversario, por lo que debemos felicitarle, y lo que sí puedo decir es que en esos veinticinco años, el Tribunal de Cuentas se ha convertido en una figura patriarcal sin la cual este Parlamento no sería capaz de desempeñar su función. 
Me agrada asimismo que el Tribunal de Cuentas testimonie que la Comisión está funcionando de manera cada vez más eficaz. 
El Tribunal de Cuentas tiene una opinión positiva de la reforma de la Comisión, y lo mismo resulta aplicable, en mayor o menor medida, al nuevo reglamento financiero. 
Esa es la buena noticia. 
La mala noticia consiste en que este año tampoco se ha emitido todavía una declaración positiva sobre la fiabilidad de los datos. 
Quisiera repetir lo que dije el año pasado y el anterior. 
¿Por qué no puede ser más concreta la Comisión y fijar una fecha para la que debamos tener una declaración positiva sobre la fiabilidad? 
Sería algo a favor de lo que podríamos trabajar todos y sabríamos lo que esperar. 
Resulta asimismo decepcionante no percibir una mejora real en el ámbito político más antiguo de la unificación europea, a saber, el de la política agrícola. 
Una vez más, el Tribunal de Cuentas valora el gasto agrícola de forma muy crítica y tengo la impresión de que apenas hay ninguna mejora tangible. 
Por eso tomé la iniciativa a principio de año de mejorar el control del gasto agrícola. 
Este tema será objeto de discusión próxima en esta Cámara y espero que la Comisión, el Consejo y los diputados lo valoren positivamente. 
También por primera vez este año, los Directores Generales de la Comisión tendrán que rendir cuentas de su saneada gestión financiera. 
En lo que concierne al procedimiento, es seguro que existe margen para al menos cierta mejora, y los informes tendrán que ser más específicos y transparentes, si bien creo que esto constituirá un aspecto esencial para nosotros como Parlamento en el futuro. 
Como todo lo que había que decir acerca del excedente del presupuesto ya se ha dicho, no voy a entrar en mayor detalle en este tema. 
Baste con decir que naturalmente tenemos que confeccionar los presupuestos con mayor eficacia. 
Quisiera decir algunas palabras acerca de la propia declaración sobre la fiabilidad. 
Es el mismo mensaje que me veo obligado a repetir. 
Me dicen el Tribunal de Cuentas y la Comisión que resulta muy difícil establecer márgenes de error en algunas secciones del presupuesto, pero de todas formas agradecería que el Tribunal de Cuentas desarrollara ciertos indicadores allá donde fuera posible. 
Tendríamos que ser capaces de juzgar, de un año para otro, si las cosas han mejorado con carácter general en un determinado porcentaje. 
A todo el mundo le gusta saber el resultado final, lo cual también debería ser posible en el caso del presupuesto europeo. 
Un punto importante que nos queda es la ampliación. 
El propio Tribunal de Cuentas admite que incluso los Estados miembros actuales dejan mucho que desear al respecto. 
Hasta donde yo sé, el SIAC (Sistema Integrado de Administración y Control) no se halla todavía operativo en ninguno de los nuevos Estados miembros. 
Este tema es motivo de grave preocupación y va a exigir atención, sobre todo en el futuro. 
Señor Presidente, ¿qué ocurriría si una pequeña sociedad limitada danesa con 100 empleados tuviera unas cuentas anuales, sobre las que un auditor oficial hubiera elaborado un informe poniendo de relieve que la mayoría de las reservas se debían al hecho de que se repetían año tras año; y si se confirmara que las deficiencias se debían en gran medida al fracaso del sistema contable de la empresa para garantizar debidamente que su balance estaba completo e incluía todos los elementos de las actividades de la compañía; y si, además, el informe reflejaba que existían problemas con los sistemas de control y de seguridad, y que los datos en el sistema no estaban completos, y continuase afirmando que constituía un motivo de preocupación el que la compañía no había otorgado una prioridad suficientemente elevada a remediar estos defectos, y que no había concedido suficiente atención a este ámbito o asignado suficientes recursos para encontrar una solución a los problemas en un espacio de tiempo razonable? 
¿Qué ocurriría si finalmente se llegara a la conclusión de que no se podía afirmar nada acerca de si los trabajos de edificación, las compras o los servicios que justificaban los pagos a los proveedores locales se habían producido realmente? 
Si hubiera ocurrido todo lo anterior, el comité de dirección se habría negado, en primer lugar, a dar su aprobación a la gestión. 
A continuación prescindiría del equipo de gestores. 
Después, las autoridades fiscales habrían hecho acto de presencia y habrían confiscado toda la documentación contable de la empresa para someterla a un análisis crítico. 
Más tarde, la compañía habría visto cómo su nivel impositivo habría quedado asimilado al del gasto indocumentado y, por último, estaríamos hablando de responsabilidad penal. 
Pero eso no ocurre en la Unión Europea. 
Ese es el enfoque que adoptamos para las empresas privadas. 
Aquí, la Comisión está intentado silenciar las críticas por todos los medios a su alcance, que es exactamente lo que ocurrió con la responsable contable despedida, la Sra. Marta Andreasen, y cuando el Parlamento quiso investigar su crítica, una mayoría de la Conferencia de Presidentes evitó que pudiéramos celebrar una audiencia. 
Si la crítica fuera injustificada, como reivindica la Comisión, lógicamente lo pondríamos en claro y todo quedaría en paz. 
Sin embargo, la Comisión sabe, y así lo ha confirmado el Tribunal de Cuentas europeo, que las críticas están justificadas y por tanto no es conveniente que salgan a la luz. 
En su lugar, este Parlamento opta por cerrar los ojos, lo que significa dar la aprobación a la gestión, pues de lo contrario los ciudadanos podrían enterarse de que las finanzas de la Unión Europea no se hallan bajo control. 
Creo que resulta increíblemente torpe prolongar esta política de silencio, y no pienso que a la larga resulte posible eludir el escándalo que supone el fracaso por parte de la Unión Europea para gestionar el dinero que los contribuyentes ponen en nuestras manos. 
Considero el informe enormemente aleccionador. 
El problema radica en que no nos atrevemos a respaldar nuestras críticas con la acción. 
Señor Presidente, todos los otoños, cuando los árboles pierden sus hojas, nosotros en esta Cámara debatimos el informe anual del Tribunal de Cuentas europeo, cuyo contenido apenas cambia de un año para otro. 
Parece como si la Comisión casi no se hiciera eco de las críticas y recomendaciones recogidas en este informe anual. 
¿Va a producirse realmente algún cambio este año? 
Nos tememos lo peor. 
Esta Comisión lleva prometiendo un cambio a mejor desde 1999, pero el hecho de que en mayo de 2002 no haya tenido lugar ninguna acción para reformar el sistema contable constituye, en opinión del Grupo EDD, una auténtica burla. 
La Comisión está buscando una repetición del otoño de 1999, sobre todo a la luz del hecho de que no se le haya permitido a la señora Andreasen proporcionarnos ninguna información acerca de las deficiencias en la organización contable y administrativa esta mañana. 
Así las cosas, queremos preguntar al Presidente del Tribunal de Cuentas si está dispuesto a remitir un informe especial que contenga toda la información de interés acerca de este tema para mediados de marzo de 2003. 
Estamos hartos de las tácticas dilatorias de la Comisión y de que se ande por las ramas. 
¿Comparte el Presidente del Tribunal de Cuentas la opinión de que una posición más independiente respecto de la Comisión podría incrementar notablemente la eficacia de su institución? 
Dado el excedente prácticamente intrínseco en la política de los Fondos estructurales, se impone una revisión a fondo, a la vista además de la ampliación inminente de la Unión Europea. 
Además de un mejor control, necesitamos con carácter de urgencia una evaluación integral de la política. 
¿Nos puede indicar el Tribunal de Cuentas si el curso inalterado de la actual política de los Fondos estructurales conducirá después de 2004 a problemas administrativos aún mayores? 
En nuestra opinión, deberíamos detener cuanto antes el trasvase de fondos gubernamentales, que conlleva el riesgo considerable de que alguien se aproveche de ello. 
Señor Presidente, querría felicitar al Presidente del Tribunal de Cuentas, Sr. Fabra Vallés, por el informe que nos ha presentado. 
Es un informe riguroso, claro y muy concreto, que nos permite conocer con precisión cómo se ha ejecutado el presupuesto. 
Lo más llamativo de este informe es, de nuevo, el importante excedente presupuestario del ejercicio 2001: el 16%. 
Es un porcentaje muy elevado, como han repetido aquí los oradores que me han precedido, sobre todo si lo analizamos con detalle y vemos que, de los Fondos estructurales se ha ejecutado sólo el 70% y que el presupuesto de SAPARD apenas ha sido ejecutado, a pesar de ser un instrumento de enorme importancia para los nuevos países de la Unión Europea. 
También ocurre algo parecido en el ámbito de la política agraria. 
Por lo que se refiere a la fiabilidad de las cuentas que le ha presentado la Comisión, el informe del Tribunal las considera adecuadas y, entre las recomendaciones que hace, hay que destacar lo relativo al sistema de contabilidad. 
Como en años anteriores, el Tribunal considera que se deben realizar acciones que modifiquen el actual sistema para perfeccionarlo. 
Y dado que este asunto ha levantado una cierta polémica- en mi opinión, una polémica excesiva- sería deseable que la Comisión tuviera muy en cuenta las recomendaciones de modernización del sistema contable y lo dotara de unas características que lo hicieran lo más transparente posible, en un plazo lo más breve posible. 
Creo que es preciso también señalar la referencia a la reforma interna de la Comisión y la lentitud con la que se está produciendo. 
Esto se debe sin duda a que es un proceso complicado y ambicioso, pero también hay que señalar que es una reforma necesaria, por lo que esperamos que la Comisión tenga muy en cuenta las recomendaciones que se le hacen. 
No quiero abundar en las intervenciones que me han precedido. 
Prácticamente todos los diputados que estamos tomando la palabra coincidimos en las preocupaciones de este informe y en la claridad con la que se han presentado y, por tanto, creo que ahora es la Comisión quien tiene la pelota en su tejado. 
Reitero mi felicitación al Sr. Fabra Vallés. 
Sin duda alguna, su experiencia como antiguo miembro de la Comisión de Control Presupuestario le ha resultado de gran ayuda para realizar su tarea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señora Comisaria, Señorías, quiero saludar con satisfacción este informe del Tribunal de Cuentas, sobre todo por las innovaciones que introduce y por la abundancia de contenido, así como rendir especial tributo a su Presidente, Sr. Fabra Vallés. 
Deseo también dar las gracias a la Comisaria por sus amables palabras hacia mí y quiero manifestarle mi especial gratitud por la cooperación que me han dispensado los servicios de la Comisión en este proceso de aprobación de la gestión. 
El marco de referencia de la implantación presupuestaria en 2001 descrito en este informe se caracteriza por una puesta en práctica muy rígida del presupuesto, que afecta concretamente a las asignaciones para los programas de la adhesión previa y de los Fondos estructurales, debido tanto a deficiencias continuadas en los procedimientos contables de la Comunidad, que necesitan ser reformados con carácter urgente, como a la persistencia de problemas antiguos, tales como la falta de transparencia en la gestión, por parte de la Comisión, del sistema de protección para la industria azucarera europea. 
Entre las deficiencias de la implantación presupuestaria resulta especialmente chocante constatar que la preocupación manifestada por la falta de preparación de los países candidatos parece haber variado en una magnitud que es inversamente proporcional a los fondos que se han concedido efectivamente a los beneficiarios finales, en especial, los agricultores de dichos países. 
A veces parece como si las miles de empresas consultoras que revolotean alrededor de las instituciones europeas, formadas a menudo por antiguos funcionarios o funcionarios en excedencia, fueran más importantes que los ciudadanos. 
Además, las normas van adquiriendo una complejidad absurda y creciente, desconectada de la realidad. 
En el contexto de la tan necesitada revisión del sistema contable, hay que hacer todo- y subrayo «todo» -lo que se considere preciso para garantizar que los sistemas contables de la Unión Europea cumplen las mejores prácticas y las normas internacionales de contabilidad pública. 
La modernización de los procedimientos de contabilidad y de pagos, con una codificación clara, accesible y exhaustiva de todos los gastos, con la notificación sistemática de los beneficiarios finales y con una terminología clara y coherente, son proyectos que nos gustaría ver llevados a la práctica. 
La transparencia de las relaciones entre las instituciones europeas y el mundo exterior constituye un motivo de preocupación recurrente. 
El informe del Tribunal sobre el proceso que llevó a que no se produjera la reforma del régimen azucarero demuestra cómo uno de los sistemas agrícolas más anacrónicos de la Comunidad ha sido capaz de resistir durante casi cuatro décadas sin experimentar apenas ningún cambio significativo. 
En un sistema complejo de alto nivel de intermediación a veces resulta fácil de olvidar a los ciudadanos en beneficio de los grupos de presión, sacrificando a los más necesitados por quienes son capaces de ejercer la presión mayor y más eficaz. 
Por tanto resulta fundamental hacer de la transparencia y de la equidad una lucha diaria. 
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, pero quisiera expresar mis dudas sobre lo que acaba de decir el Sr. Fabra Vallés, que da un giro interesante a las palabras que se recogen en el informe. 
En sus declaraciones, con las que estoy de acuerdo, usted plantea que hay una falta de equilibrio en lo que se dice públicamente en estos momentos. 
Me habría gustado establecer ese equilibrio frente a los comentarios de los 300 expertos de la Comisión sobre Marta Andreasen y llamar la atención de los miembros del Parlamento sobre el hecho de que esta mujer ha sido silenciada por la Comisión esta misma mañana. 
Sin embargo, ¿qué ha escrito usted? 
Cito textualmente: «Desde la primera declaración de fiabilidad (DAS) relativa al ejercicio 1994, el Tribunal ha reiterado sus reservas sobre la fiabilidad de las cuentas. 
Dichas reservas con frecuencia se deben a las debilidades del sistema contable y a la debilidad de la sensibilización de las DG operativas de la Comisión [... ] ». 
También dice usted: «Sin un sistema contable completo, la preparación de los estados financieros se basa en gran medida en los inventarios extracontables». 
En mi opinión, estas declaraciones son bastante escandalosas y, por extraño que parezca, parecen respaldar exactamente algunas de las opiniones de Marta Andreasen, ex jefa de contabilidad de la Comisión. 
Si, como ha dicho usted en su declaración, las cuentas son tan fiables, ¿que necesidad había de decir esas cosas en el informe? 
Asimismo, si las cuentas son tan exactas, ¿por qué se negaron tantos jefes de departamento a firmar sus propias cuentas sin reservas? 
Si las comprobaciones que se llevan a cabo son tan exhaustivas, no entiendo el motivo por el cual no nos proporcionan a nosotros, el Parlamento, una cifra que pedimos desde hace tantos años: el porcentaje de dinero perdido a través del fraude, la mala gestión y los gastos excesivos. En el pasado, esta cifra era un punto de referencia que nos ayudaba a ver con claridad si la situación iba mejorando sustancialmente. 
Por último, me gustaría formular un par de preguntas a la Comisaria, ya que estoy bastante seguro de que sabe usted muy bien maniobrar políticamente, Comisaria Schreyer. 
Creo que ya ha escuchado usted hoy en esta Cámara un montón de discursos políticos sobre los informes del Tribunal de Cuentas y cómo la gente se sitúa con vistas al descargo. 
Estoy seguro de que se avecinan un gran número de problemas y, si lee usted los signos correctamente, se dará cuenta de la conveniencia de acelerar la marcha de las reformas. 
En consecuencia, apelo a su sentido político y le ruego que conteste a esta serie de preguntas cortas que le planteo a continuación. 
¿Quién dio, dentro de la Comisión, la aprobación final de las cuentas en el año 2001? 
Creo haberle hecho esta pregunta antes, del mismo modo que muchos periodistas. 
Esperamos su respuesta con gran expectación. 
¿Fue la responsable máxima de cuentas de por entonces? 
¿O quizás fue la Dirección General de Presupuestos? 
¿Fue usted? 
¿O alguna secretaria? 
¿Fue el ingeniero comercial que han contratado ustedes como jefe de contabilidad de la Comisión? 
¿Qué está ocurriendo en sus sistemas? 
Queremos una reforma. 
Este Parlamento le urge a que reforme, y si no lo hace pronto, haga el favor de irse y deje que alguien dispuesto a hacer el trabajo, lo haga en condiciones. 
. 
(ES) Señor Presidente, conociendo como conozco su habitual agenda, le agradezco de todo corazón que esté usted aquí. 
Muchas gracias. 
Ha habido una serie de preguntas concretas o comentarios en general, pero siguiendo un poco el orden del día, creo que ha sido el Sr. Kuhne el que ha dicho que tenía confianza en el Sr. Casaca. 
En lo que a mí respecta, desde luego, por lo que le conozco, la confianza es total y absoluta. 
Y no solamente en él, sino en toda la casa, en todos los parlamentarios, pero me consta del buen hacer, habitualmente, del Sr. Casaca. 
Por otro lado, se han tocado temas de la DAS. 
Se nos pregunta muchas veces cuándo vamos a poder dar una DAS positiva. 
Pues bien, yo estoy convencido de que el día en que el control interno de la Comisión- que acaba de empezar- funcione como Dios manda, será el día en que la DAS será positiva. 
Porque estoy seguro de que será la propia Comisión la que se rectificará y controlará a sí misma. 
¿Por qué no damos la tasa de error? 
Yo he comentado varias veces, siempre que se me pregunta, que la tasa de error da una información limitada y puede conducir a interpretaciones sesgadas. 
Por tanto, yo creo que es mejor no dar ese dato. 
Se nos dice entonces que podríamos dar la DAS por sectores. 
Ojalá, y digo ojalá porque si tuviéramos nosotros los medios para poder hacer una DAS por sectores, estén seguros de que la haríamos. 
Y estén seguros de que podríamos sacar mucha más información. 
La verdad es que hoy en día, con la información que da la DAS, hay que tener en cuenta algo muy claro: hablar de error no siempre significa hablar de irregularidad, y hablar de irregularidad no siempre significa hablar de fraude. 
Por tanto, la tasa de error lo que muestra son errores y lo que hay que ver es el fondo de esos errores. 
Esta tasa de error, por el sistema que se ha seguido, de muestreo, es tan pequeña, que lo que no podemos hacer es dársela al Parlamento para que la interprete como si fuese un resultado claro, que diga exactamente lo que se quiere oír. 
Éste es el motivo. 
Estamos trabajando en una nueva metodología de la DAS, y esperamos que con esa nueva metodología podamos llegar a un punto en que demos la información requerida por el Parlamento y que ésta sea suficiente para las necesidades de nuestra autoridad presupuestaria, tanto del Consejo como del Parlamento. 
El Sr. Staes me ha hecho una pregunta sobre el caso de la Sra. N, lo único que le puedo decir al respecto es que, desde el momento en que llegó la OLAF al Tribunal de Cuentas, se les dejaron todas las puertas abiertas, los armarios abiertos y los ordenadores enchufados para que pudieran mirar lo que quisieran. 
Cuando usted me pregunta si nosotros hemos tomado ya medidas, yo creo que el Tribunal de Cuentas ha adoptado una actitud prudente, esperando a que sea el fiscal el que califique la documentación que ha entregado la OLAF, porque al miembro N todavía no se le ha escuchado. 
Creo que nosotros, como Tribunal de Cuentas, no nos podemos poner a juzgar, porque por mucho que nos llamen tribunal, nosotros no juzgamos, nosotros solamente hacemos recomendaciones. 
Entonces, creo que es prudente esperar a que sea el Fiscal General de Luxemburgo el que califique la documentación que le ha sido entregada por la OLAF. 
Pero que conste que, en este mismo momento ya hay un grupo de miembros del Tribunal trabajando en este asunto. 
Para tener adelantado el máximo posible para cuando se manifieste el Fiscal General, sea en un sentido, sea en otro, sea en la calificación que crea oportuno hacer. 
El Sr. Dell ' Alba decía que está preocupado. 
Y debemos estarlo todos porque, que la Comisión mejore o no, depende de todos. 
Yo sé que ustedes cumplen con su trabajo, y lo sé porque lo he hecho antes, y me acuerdo que era de los que me gustaba meter el dedo y rascar. 
Pero debo decirle que he encontrado una situación completamente diferente. 
No es que me haya pasado al enemigo o que me haya cambiado de bando, ni me he pasado del Barcelona al Real Madrid, no; de verdad que he encontrado una Comisión diferente de la que yo estaba acostumbrado a tratar. 
Una Comisión en la cual veo cambios diariamente; 
¿Que todavía no se notan en el resultado final? 
Es cierto, todavía no se notan en el resultado final. 
Y ¿sabe usted por qué no se notan? 
Porque no es un simple maquillaje. 
Si fuera un simple maquillaje, tocas dos cositas y a los dos meses ya ves resultados. 
Es un cambio profundo el que está llevando a cabo la Comisión. 
Y por tanto, hasta el año que viene, yo estoy seguro de que no veremos cambios. 
Yo creo que esa confianza y, además de confianza, ayuda, la tenemos que dar todos, y no olvidar- ustedes están en contacto con los Gobiernos, con los Estados, y ustedes tienen que hacer llegar también a estos Gobiernos- que uno de los problemas que hoy día tiene la Comisión para mejorar sus resultados, el presupuesto comunitario para mejorar su resultado, está también en manos de los Gobiernos. 
Por tanto, yo creo que si todas las instituciones más los gobiernos hacemos un esfuerzo, podemos ayudar a la Comisión a que se noten lo antes posible sus resultados. 
En cuando al Sr. Heaton Harris, lo siento, pero no voy a responder sobre la anterior contable porque está en un proceso disciplinario y, por tanto, yo no voy a contestar. 
Lo que sí le puedo decir, y en esto tenemos que estar todos de acuerdo, es que yo creo que se ha equivocado en el procedimiento; creo que hay un error de procedimiento. 
Y en cuanto a la Sra. Morgan, por supuesto, que nos esforzamos. 
Nos pide que nos esforcemos; de verdad que lo hacemos cada día, de verdad que cada día incrementamos los contactos y el diálogo con las diferentes instituciones para mejorar nuestro trabajo. 
Trabajo que esperamos y deseamos que cada vez les sea de más utilidad. 
Me comprometo, por supuesto a ello. 
Yo creía que había conseguido mejorar algo el planteamiento del informe, porque lo único que he hecho ha sido buscar aquello que yo preguntaría y presentarlo en consecuencia. 
Parece ser que todavía no es suficiente, pero en fin, yo me comprometo, Sra. Morgan, a que el año que viene haremos otro esfuerzo. 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia brevemente a mi alocución anterior. 
He formulado tres preguntas al Presidente del Tribunal de Cuentas, dos de las cuales han quedado sin respuesta. 
Le he preguntado concretamente si yo podría tener acceso al expediente preparado por la OLAF como consecuencia de la presentación al Tribunal de Cuentas de mi informe sobre el fraude. 
No me ha dado una respuesta al respecto. 
Tampoco he recibido una contestación a la pregunta de si el caso relacionado con la Sra. N, antigua miembro del Tribunal de Cuentas, constituye un caso aislado y de si podemos fiarnos de que ésta no es una práctica habitual dentro del Tribunal de Cuentas. 
En tercer lugar, debo decir que estoy tremendamente descontento con sus contestaciones. 
En su nota de prensa, la OLAF primero afirma lo siguiente acerca del caso: «hemos remitido un expediente a las autoridades judiciales en Luxemburgo». 
A continuación la OLAF añade: «en este contexto la OLAF ha recomendado al Tribunal de Cuentas europeo que abra un expediente disciplinario a estas personas y que inicie procedimientos de recuperación en relación con las cantidades en cuestión». 
Ahora escucho que el Tribunal de Cuentas está a la espera de la vista judicial en Luxemburgo. 
Me temo que esto durará años y años, como es habitual en los tribunales belgas. 
Quisiera apremiar al Tribunal de Cuentas a que actúe tal como ha recomendado la OLAF. 
. 
(ES) Sr. Staes, perdone que me haya dejado en el tintero alguna de sus preguntas. 
En cuanto a conocer el informe de la OLAF, hasta que no haya respuesta del Fiscal General, el asunto está sub iudice, y por tanto, no hay nada más que decir. 
Por otro lado, la OLAF en su informe deja claro- y voy a dar un pequeño dato del informe- que el caso del miembro "N" es un caso- y cito textualmente- "un caso específico y que los procedimientos utilizados por el Tribunal de Cuentas para el control interno son correctos". 
Eso es todo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la discusión de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Copenhague de los días 12 y 13 de diciembre de 2002, incluidos los aspectos institucionales de la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, antiguos colegas, Señorías, la próxima reunión del Consejo Europeo de Copenhague tendrá un papel decisivo en la conclusión de la Presidencia danesa. 
La agenda se va a centrar en dos cuestiones: la ampliación y el funcionamiento del Consejo a raíz de ésta. 
En la reunión, el Presidente de la Convención informará al Consejo Europeo sobre el estado de los trabajos de la Convención y, además, el Consejo Europeo se reunirá con el Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Cox. 
Permítanme comenzar por esto último. 
La reunión con el Presidente del Parlamento es, como todos saben, una tradición arraigada en las reuniones del Consejo Europeo, una tradición que los Jefes de Estado y de Gobierno consideran importante y valiosa. 
Es importante que las instituciones tengan periódicamente la oportunidad de intercambiar opiniones y debatir sobre cuestiones europeas de primer orden, como estamos haciendo hoy también en esta Cámara y como hicimos el Primer Ministro danés y yo mismo la semana pasada, cuando recibimos la visita del Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, y del Sr. Cox, Presidente del Parlamento. 
Estoy seguro de que ambos tienen fresca en su memoria esa reunión. 
Si la ampliación tiene éxito en Copenhague, y lo tendrá, este éxito será otra consecuencia del arduo trabajo realizado por las instituciones y de su eficaz colaboración durante los últimos años. 
La ampliación será el punto más importante de la agenda de la reunión del Consejo Europeo de Copenhague. 
Durante varios meses, el ritmo de las negociaciones de adhesión ha sido muy rápido. 
Ahora estamos a punto de tomar la decisión que sellará la reunificación del continente europeo: la conclusión de las negociaciones de adhesión con el primer grupo de países candidatos, con vistas a su adhesión el 1 de mayo de 2004. 
Este proceso ha sido enormemente difícil y complicado, y aún quedan algunos flecos por resolver. 
El hecho de que la posibilidad de llevar las negociaciones a buen término parezca ahora una realidad se debe, en no poca medida, al positivo resultado obtenido en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. 
Como ustedes saben, el Consejo Europeo de Bruselas decidió que diez países estarán preparados para su ingreso en la UE a partir de principios de 2004. 
Las negociaciones finales y definitivas están teniendo lugar en estos momentos. 
La semana pasada, la Presidencia presentó un paquete de negociación para cada uno de los países candidatos. 
Estos paquetes constituyen la propuesta de la Presidencia para resolver definitivamente las negociaciones. 
Tienen en cuenta, en la medida de lo posible, las opiniones que los países candidatos han manifestado en las reuniones individuales mantenidas con cada país, y están en consonancia con el marco financiero de la ampliación, es decir, con el Acuerdo de Berlín y con las decisiones tomadas en la reunión del Consejo Europeo celebrada en octubre en Bruselas. 
La Presidencia espera que podamos avanzar mucho en las negociaciones- tanto como sea posible -, antes de la reunión del Consejo Europeo de Copenhague. 
No es ningún secreto que las negociaciones finales no van a ser fáciles. 
Sin embargo, dada la acertada voluntad de compromiso tanto de los actuales como de los futuros Estados miembros, estoy convencido de que lograremos un resultado satisfactorio. 
La ampliación, no obstante, no concluye en Copenhague. 
El Consejo Europeo también desea dar un nuevo impulso al proceso de adhesión de Bulgaria y Rumania. 
Se tomará una decisión sobre planes de trabajo y calendarios detallados y sobre las ayudas de preadhesión, con el fin de avanzar en el proceso de adhesión de Bulgaria y Rumania. 
La comunicación de la Comisión del 13 de noviembre relativa a los planes de trabajo para ambos países es un gran paso en la dirección correcta. 
En la última reunión del Consejo Europeo, celebrada en octubre, la UE se congratuló de las nuevas reformas que se están llevando a cabo en Turquía. 
Los países de la UE destacaron unánimemente que las muchas e importantes reformas realizadas en Turquía han acelerado el inicio de negociaciones de adhesión con dicho país. 
La adhesión de Turquía se regirá por los mismos principios y criterios que se han aplicado con los demás países candidatos. 
La UE está decidiendo cuál será el próximo paso con respecto a la candidatura de Turquía, una decisión que se tomará en el Consejo Europeo de Copenhague. 
La Presidencia confía en que se pueda encontrar una solución al problema de Chipre antes de la reunión de Copenhague. 
La UE apoya de corazón los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para hallar una solución. 
Si no se encuentra una manera de resolver el conflicto político de Chipre en la Cumbre de Copenhague, la UE tomará su decisión sobre la adhesión de Chipre basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 1999. 
Fijar la fecha de adhesión de los nuevos Estados miembros conlleva diversas consecuencias institucionales, y es obvia la importancia de que el Parlamento participe plenamente en los debates sobre dichas consecuencias. 
Yo mismo he tenido el placer de informar al Parlamento en todas las fases de las deliberaciones. 
Ya he tenido la ocasión de debatir algunos asuntos durante la última sesión de Estrasburgo, en la que el Sr. Barón Crespo planteó esta y otras cuestiones, y también la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en la que debatimos el asunto con detenimiento. 
La Presidencia comprende perfectamente el gran interés del Parlamento por las consecuencias institucionales de la ampliación y está dispuesta a celebrar un debate abierto sobre estos aspectos. 
Al mismo tiempo, debo llamar su atención sobre el complicado proceso de negociación que está teniendo lugar ahora en torno a la ampliación. 
Es preciso alcanzar un acuerdo no sólo dentro del Consejo- y en el seno de las demás instituciones -, sino también- y esto es especialmente importante- con los futuros Estados miembros. 
Por lo tanto, puede decirse que se trata de un proceso en curso e intensivo en el que todavía no tenemos todas las respuestas. 
Las cuestiones institucionales son apremiantes y representan una parte necesaria de la ampliación en su conjunto. 
Cuestiones como el peso de los votos de los países en el Consejo o la representación de éstos en el Parlamento Europeo constituyen una parte esencial del tratado de adhesión. 
Ahora tenemos que empezar a establecer disposiciones claras sobre el período de transición. 
Estamos hablando de derecho primario en consonancia con el tratado. 
A este respecto, me gustaría señalar que el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento y que el tratado de adhesión ha de ser ratificado tanto en los Estados miembros actuales como en los nuevos Estados miembros. 
El acuerdo que fija como fecha de adhesión el 1 de mayo de 2004 se basa en prolijos debates sobre lo que es deseable y lo que es posible, en vista del proceso de ratificación tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros. 
Tenemos el deber con los futuros Estados miembros de no demorar la adhesión más tiempo del estrictamente necesario. 
Creo que esto va por todos nosotros: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Eso significa que son precisas algunas medidas de transición, como ocurrió también en las anteriores ampliaciones. 
Se ha sugerido en esta Cámara que las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 se celebren antes: por ejemplo, el 9 de mayo. 
El asunto se debatió con detenimiento durante muchos años en relación con la revisión del Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, que se ha modificado recientemente (publicada en el Diario Oficial del 21 de octubre de 2002). 
Se han estudiado todo tipo de fechas, pero ha sido en vano. 
Por desgracia, no creo que ningún futuro intento de cambiar la fecha tenga éxito. 
No obstante, no es la Presidencia la que está poniendo trabas a que se fije una fecha más temprana. 
Espero que el Parlamento se dé cuenta de la situación en que se encontrará la Comisión durante el período comprendido entre la adhesión de los nuevos Estados miembros y la investidura de la nueva Comisión. 
Es evidente que redistribuir las carteras dentro de la Comisión para sólo medio año no es una solución satisfactoria. 
La Presidencia confía en que el Parlamento acepte que los comisarios interinos de los nuevos países no estén sujetos a la obligación de comparecer en audiencia ni a la aprobación del Parlamento. 
De esta forma se evita cualquier posibilidad de predisponer la opinión del nuevo Parlamento sobre la nueva Comisión. 
Como es lógico, los nuevos Estados miembros no pueden aceptar que «sus» comisarios sean aprobados por un Parlamento en el que todavía no están representados por diputados con derecho de voto. 
La solución propuesta evita cualquier posibilidad de predisponer la elección de candidatos por parte del Presidente designado de la Comisión Europea en la composición de la nueva Comisión. 
No hace falta decir que si los comisarios de los nuevos países no tienen una cartera durante el período comprendido hasta la investidura de la nueva Comisión, no tiene mucho sentido que las comisiones especializadas del Parlamento reciban en audiencia a los nuevos comisarios y los examinen en áreas especializadas que no son de su competencia. 
Es por eso que espero que el Parlamento no tenga inconveniente en aceptar que los nuevos comisarios sean nombrados mediante un procedimiento simplificado en el período de transición, hasta que pueda nombrarse una nueva Comisión con la total implicación del Parlamento. 
Por último, está la cuestión de la plena participación de los nuevos Estados miembros en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
El Consejo mantiene una postura claramente definida al respecto: los nuevos Estados miembros deben estar en igualdad de condiciones con los antiguos Estados miembros en las negociaciones que conformarán su futuro y nuestro futuro en común. 
Además, al igual que los antiguos Estados miembros, deben tener, sin duda alguna, derecho de veto. 
Esto debe ser así, si queremos comportarnos con ellos de una forma justa. 
Me he esforzado por explicar las complicadas consecuencias institucionales de la ampliación, y ahora espero con ansiedad el debate. 
Voy a prestar mucha atención y estoy abierto a toda sugerencia que aporte soluciones alternativas realistas. 
El Consejo debatirá, una vez más, las consecuencias institucionales de la ampliación en el Consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el lunes y el martes. 
Ya se ha acordado mi presencia en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 10 de diciembre. 
Entonces podré informar a la comisión parlamentaria competente de los últimos cambios, y se podrá realizar también un debate sobre la importancia de éstos. 
A mi juicio, lo normal es que los debates tengan lugar en el seno de esta comisión, pero si el Parlamento desea que dicho debate se realice en otro foro, en la fecha en cuestión, el 10 de diciembre, yo estoy, como es lógico, a su disposición. 
El Consejo Europeo de Sevilla solicitó a la Presidencia danesa que continuara trabajando en la cuestión del funcionamiento de la presidencia, en el futuro, en una UE ampliada. 
La Presidencia debe presentar un informe inicial en el Consejo de Copenhague: de esta manera, podremos tener un debate orientativo inicial sobre el tema en esa reunión. 
El informe de la Presidencia expone tres modelos de presidencia para el futuro y aborda, a este respecto, la cuestión del fortalecimiento del papel del Alto Representante y la posibilidad de contar con un presidente electo del Consejo Europeo. 
No se pretende que el Consejo Europeo tome una decisión sobre los modelos. 
La Presidencia sugerirá que el trabajo para establecer el formato de las presidencias en el futuro continúe tanto en el Consejo como en la Convención, algo que, en el caso de ésta última, forma parte de sus debates generales sobre las instituciones. 
En la reunión de Copenhague, el Presidente de la Convención presentará un informe sobre los avances realizados por ella. 
Este diálogo es muy importante. 
El trabajo de la Convención entró en una fase decisiva con la presentación, el mes pasado, de un anteproyecto de Tratado Constitucional. 
Los debates sobre los pormenores de este marco que presentó el Presidente avanzan rápidamente. 
En estos momentos se está creando la base del texto final de la Convención. 
A este respecto, es positivo que el anteproyecto de Tratado Constitucional haya dado lugar a un debate, en toda Europa, sobre la forma que tendrá en el futuro la Unión Europea. 
Es un buen presagio para nuestra ambición común de establecer una cooperación europea que sea más democrática y cuente con el apoyo popular. 
Durante todo su mandato, la Presidencia ha trabajado para asegurarse de que la labor de la Convención se desarrolle de conformidad con el objetivo de hacer una buena y bien elaborada aportación a la Conferencia Intergubernamental. 
Como habrá quedado claro por mi intervención, el Consejo Europeo tiene una agenda muy amplia y ambiciosa para su reunión. 
Espero- y estoy convencido de ello- que todos los países presentes en dicha reunión hagan gala de la necesaria voluntad de compromiso y contribuyan a tomar las importantes decisiones de las que he hablado hoy aquí. 
Esperamos que en Copenhague podamos tomar una decisión histórica sobre la mayor ampliación, hasta la fecha, en la historia de la Comunidad, y me atrevo a decir también, la ampliación con mayores consecuencias y mayor perspectiva histórica. 
El gran debate sobre la ampliación que tuvo lugar en el Parlamento el mes pasado es sólo un ejemplo de la fuerza de voluntad que ha demostrado esta institución y de los esfuerzos que ha realizado para lograr el éxito de este proyecto. 
Asimismo, como dije al principio, este gran proyecto sólo podrá salir adelante si las tres instituciones trabajan codo con codo. 
Creo que así lo están haciendo, y me gustaría dar las gracias de nuevo al Parlamento por la claridad con que se ha expresado en lo que se refiere a la ampliación. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, el Consejo Europeo de Copenhague puso en marcha en 1993 el actual proceso de ampliación, el mayor en la historia de la Unión. 
Casi diez años después, estamos a punto de llegar a puerto. 
A finales de la semana próxima, los Jefes de Estado y de Gobierno volverán a la capital danesa para tomar las últimas decisiones. 
¿Qué se va a debatir en Copenhague? 
Básicamente tres puntos: primero, la conclusión de las negociaciones con los diez países candidatos citados en el informe de la Comisión del pasado octubre; segundo, el fortalecimiento de la estrategia de preadhesión para ayudar a Bulgaria y Rumania a acelerar sus preparativos de ingreso en la Unión; y tercero, la toma de una decisión sobre los próximos pasos de la candidatura de Turquía. 
En mi intervención de hoy, quisiera desarrollar estos tres aspectos. 
No obstante, en primer lugar me gustaría decir unas palabras sobre las decisiones que debemos tomar para conducir con éxito los tres grandes cambios que tendrán lugar en 2004: la adhesión de los nuevos Estados miembros, el nombramiento de la nueva Comisión y las elecciones al Parlamento Europeo. 
Ahora podemos fijar el apretado calendario de acontecimientos políticos e institucionales de 2004 teniendo en cuenta las reflexiones que se están haciendo en esta Cámara sobre cómo van a organizarse los distintos plazos relacionados con la llegada de los nuevos Estados miembros y con las elecciones europeas. 
Creo que las recomendaciones del Consejo pueden, en caso de ser necesario, revisarse y complementarse para adaptarse del mejor modo posible a las necesidades concretas del Parlamento. 
Mi sugerencia es que organicemos las cosas en el orden más práctico y que, cuando el Tratado no disponga nada, utilicemos el sentido común. 
Desde el punto de vista político, es muy significativo que las elecciones europeas constituyan el eje de las actividades institucionales relacionadas con la ampliación. 
El nuevo Parlamento abrirá sus puertas de inmediato a los representantes electos de los nuevos Estados miembros, que ingresarán en esta Cámara como miembros de pleno derecho, lo que permitirá a esta Asamblea aprobar con total legitimidad el nombramiento del nuevo Colegio, que asumirá su cargo lo antes posible. 
¿Cómo se presenta la Cumbre de Copenhague en lo que se refiere al punto principal de la agenda, la ampliación? 
El Consejo Europeo de Bruselas permitió alcanzar un acuerdo en el seno de la Unión sobre las directrices generales de la oferta a los diez países candidatos, sobre todo en lo referente a asuntos agrícolas y presupuestarios. 
Las conclusiones del Consejo Europeo se presentaron inmediatamente ante los Jefes de Estado y de Gobierno de los países candidatos, que las acogieron bien en general. 
No obstante, todavía hay muchos asuntos que deben resolverse antes de que se pueda alcanzar un acuerdo aceptable para todas las partes implicadas. 
La Presidencia del Consejo y la Comisión han trabajado sin descanso- y lo seguirán haciendo- para lograr un acuerdo. 
Sin entrar en los pormenores de las conversaciones en curso, voy a describir sucintamente algunos de sus puntos principales: en primer lugar, debemos encontrar el modo de respetar un principio sobre el que todos estamos de acuerdo, es decir, que las cantidades netas que reciban de la Unión Europea los países candidatos en 2004, 2005 y 2006 no pueden ser inferiores a las percibidas en 2003; en segundo lugar, los países candidatos necesitan ayuda para prepararse mejor para la labor de controlar las fronteras exteriores de la Unión, lo que significa permitirles llevar a cabo plenamente las tareas derivadas de Schengen; y por último, debemos resolver algunas cuestiones concretas relativas a la política agraria. 
Ante todo, la Comisión apoya plenamente a la Presidencia danesa en sus esfuerzos por conseguir el compromiso necesario sobre todos estos aspectos. 
Algunos Estados miembros han expresado sus reservas sobre el contenido de la oferta realizada a los países candidatos, reservas que nosotros, no obstante, no compartimos. 
Al igual que el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Rasmussen, creo que debería hacerse una oferta razonable, una oferta que permita a los países candidatos defender el resultado de Copenhague ante la opinión pública de sus propios países. 
Debemos respetar los límites del marco general fijado por el Consejo Europeo de Bruselas, pero también son necesarias cierta apertura, flexibilidad y generosidad. 
En segundo lugar, la semana pasada pedí públicamente a los líderes de los países candidatos que fueran realistas en esta fase final de las negociaciones. 
De hecho, es preciso destacar que hay muchas cuestiones pendientes de solución y que sólo nos quedan unos días. 
Estamos caminando sobre una fina capa de hielo y es necesario avanzar. 
Hay circunstancias históricas en las que los pequeños intereses particulares, a pesar de ser legítimos, deben ceder el paso al interés general: así es como funciona la democracia, y nosotros debemos respetar esto. 
Quiero reiterar, en tono solemne, que la mayor parte de los puntos del compromiso final deben decidirse en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el 9 y el 10 de diciembre. 
No podemos permitir que el Consejo Europeo de Copenhague se halle en la necesidad de tomar decisiones sobre docenas y docenas de aspectos. 
Es por eso, Señorías, que apelo ante esta Cámara al sentido común de los líderes de los países candidatos y de los Quince. 
Las dificultades deben solventarse rápidamente en ese mismo espíritu de asociación y amistad que ha presidido todas las negociaciones de adhesión. 
Me gustaría ahora comentar las últimas novedades con respecto a la conclusión de las negociaciones con Chipre. 
Como saben, la Unión Europea siempre ha respaldado los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, y durante las últimas semanas, el Sr. Kofi Annan ha tomado la valiente iniciativa de presentar un plan de solución global, que cuenta con todo nuestro apoyo. 
Las reacciones de las partes enfrentadas han sido, en conjunto, positivas. 
Han aceptado estas propuestas como una base adecuada para llegar a una solución, y en los próximos días, darán a conocer sus propuestas. 
Confiamos en que estas contribuciones permitan al Sr. Kofi Annan avanzar hacia una solución. 
Ya hemos declarado formalmente que estamos dispuestos a tener en cuenta los términos de tal solución en las disposiciones de adhesión de Chipre, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo así de alcanzarse ese acuerdo. 
En cualquier caso, los compromisos alcanzados en Helsinki siguen siendo válidos para la candidatura de Chipre. 
En lo relativo a Bulgaria y Rumania, el Consejo Europeo de Copenhague tendrá que aprobar las propuestas de la Comisión sobre planes de trabajos detallados, incluidos calendarios concretos y un incremento de las ayudas de preadhesión, con el fin de avanzar en el proceso de adhesión. 
Como saben, estos dos países han propuesto como fecha de adhesión el año 2007, y la Comisión opina que es preciso no escatimar en esfuerzos para hacer realidad este objetivo. 
Para terminar, unas consideraciones sobre Turquía. 
Esta Cámara ya ha tenido la oportunidad de debatir este asunto con detenimiento. 
Por mi parte, quisiera exponer nuestra postura, una vez más, especialmente en vista de los contactos que el Comisario Verheugen y yo hemos mantenido recientemente con el líder del AKP, el Sr. Erdogan. 
De acuerdo con las Conclusiones de Helsinki, la Comisión considera a Turquía un candidato más, sujeto por lo tanto, a exactamente los mismos criterios de evaluación. 
El informe sobre Turquía presentado por la Comisión en octubre se basaba en información objetiva que nadie rebatió. 
Dicho informe destacaba los avances de Turquía en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, además de subrayar las dificultades a las que aún hay que hacer frente. 
En resumen, Turquía ha realizado grandes avances, pero todavía queda mucho por hacer. 
El programa legislativo del nuevo Gobierno turco confirma esta aseveración. 
En efecto, el Gobierno prevé presentar al Parlamento turco varios paquetes de medidas legislativas, e incluso algunas enmiendas constitucionales, con el fin de impulsar la democracia y los derechos humanos en Turquía. 
La Unión Europea debe fomentar este proceso. 
Redunda en nuestro beneficio que un importante socio como Turquía, cuyo papel es de gran importancia desde el punto de vista estratégico, político y económico, refuerce sus instituciones, mejore la calidad de su democracia y se comprometa inequívocamente con los valores y principios que todos compartimos. 
Por otra parte, antes de dar un paso irreversible, debemos estar seguros de que Turquía cumple plenamente todas las condiciones, al igual que hemos hecho con los demás países candidatos. 
Señor Presidente, Señorías, la inminencia de la entrada en la Unión ha dado a millones de europeos una nueva perspectiva política y económica. 
Sobre todo, les ha dado esperanza, y la esperanza es el bien más escaso y preciado en la política. 
La historia no se ha portado bien con estos pueblos en los últimos tiempos, pero ahora tienen la esperanza de lograr un futuro mejor: un futuro de dignidad, de libertad y de prosperidad. 
Estoy seguro de que esta esperanza hará avanzar a la Unión durante muchos años y que, junto con los gobiernos y los pueblos de los nuevos Estados miembros, alcanzaremos grandes logros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en la actualidad se producen cambios o hay novedades cada día o incluso cada hora, así que la descripción que les voy a hacer a continuación no es sino una instantánea de este momento. 
Suscita varias observaciones sobre el tema de Copenhague. 
Para empezar, todavía no hemos alcanzado el objetivo. 
Sigue habiendo notables diferencias entre las perspectivas de futuro de los Estados miembros y las de los países candidatos, y cualquier resultado real de Copenhague exigirá un gran coraje político, prudencia y una buena dosis de liderazgo. 
Por supuesto, me complace oír que estamos abordando una dimensión histórica, que no debemos permitir que se hunda por un mero detalle. 
¿Creen que no lo sé? 
Sin embargo, hasta los grandes proyectos históricos deben pagarse, todo debe hacerse correctamente, y tenemos que superar los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos. 
No obstante, confío en que los Jefes de Estado y de Gobierno evalúen los riesgos que correríamos si no consiguiéramos un resultado, y las concesiones que es posible que deban hacerse todavía en Copenhague. 
En segundo lugar, es importante que la reunión de Copenhague no se sobrecargue, y me dirijo ahora a los futuros Estados miembros, a los que ruego encarecidamente que hagan todo lo que esté en su mano para solucionar los muchos problemas bilaterales y flecos que quedan pendientes en las negociaciones para principios de la semana que viene, algo que creo que tienen muchas posibilidades de conseguir. 
Sin embargo, también me dirijo a los Estados miembros, que deben resistir la tentación de vincular la gran decisión sobre la ampliación al fomento de determinados intereses nacionales. 
He asistido ya, con cierta preocupación, a los primeros intentos de meter cosas muy distintas en un mismo paquete. 
En tercer lugar, debemos alcanzar un resultado que no dé lugar a que haya ganadores y perdedores. 
Todos los que piensen en términos de ganadores y perdedores fracasarán. 
Es preciso que alcancemos un resultado que sólo produzca ganadores, un resultado por el que el principal vencedor sea Europa en su conjunto. 
Por lo tanto, todos deberíamos ser conscientes de que la propuesta de la Presidencia que está ahora sobre la mesa, que se elaboró con la Comisión y que cuenta con el pleno respaldo de ésta en su forma actual, es una oferta justa y equitativa para los Estados miembros. 
A pesar de que en estos momentos estamos organizando la adhesión de diez países, en lugar de los seis previstos en Berlín en 1999, la propuesta danesa se queda más de 2 000 millones de euros por debajo del límite máximo fijado en Berlín. 
Esto facilita a los países candidatos un argumento para preguntar por qué ya no se pueden poner a su disposición los fondos que en 1999 se consideraban apropiados para seis países, a pesar de que actualmente estamos trabajando con diez. 
Se trata de un argumento que no es fácil de rebatir, y por eso creo que habrá algún movimiento a ese respecto. 
De verdad tengo que decirles que este problema es la consecuencia, sencillamente, de las normas que hemos elaborado para la Unión Europea. 
Los nuevos Estados miembros tendrán que pagar todas sus contribuciones desde el principio, pero como ustedes saben, el flujo de fondos es muy lento y está sujeto a determinadas normas. 
No sólo nos hallamos ante el problema de tener que evitar que los nuevos miembros pasen a ser contribuyentes netos, sino que además debemos enfrentarnos al problema adicional de que no podemos permitir que los presupuestos estatales de los nuevos Estados miembros se desequilibren. 
Éste es el problema que tenemos en estos momentos. 
Permítanme añadir, a modo de conclusión, que la propuesta que se está debatiendo actualmente ya ha incorporado muchos de los argumentos y las aspiraciones de los países candidatos y contiene un buen número de nuevas ideas, la más importante de las cuales, a mi parecer, es la creación de lo que se ha denominado línea de crédito Schengen, mediante la que apoyaremos a los nuevos miembros en la protección de nuestras fronteras exteriores. 
Creo que lo que hace que esta idea sea tan buena es el hecho de que convencerá a los ciudadanos de que el dinero se está gastando con un fin que nos beneficia a todos. 
Dado que el Presidente Prodi ha hecho referencia a Rumania, Bulgaria, Chipre y Turquía, no necesito repetir lo que él ha dicho, pero sí que quisiera presentarles algunas ideas y someterlas a su consideración. 
Tal y como está la situación en este momento, en el que nos hallamos más cerca de resolver el problema de Chipre de lo que lo hemos estado en décadas, y hay una oportunidad real de solucionarlo- una oportunidad que perderemos si no actuamos antes de Copenhague- en un momento como éste, los mensajes de aliento son extremadamente importantes. 
Por lo tanto, es de justicia que las instituciones europeas, antes incluso de Copenhague, se manifiesten claramente a favor de que la comunidad internacional acepte su parte de responsabilidad en la gestión de las grandes tareas que seguirán pendientes después de solucionar el problema de Chipre. 
Este país soportará grandes cargas, cargas que no podrá llevar sólo, y dependerá de la ayuda de la comunidad internacional. 
Cuanto antes declare la comunidad internacional su disposición a proporcionarle esta ayuda, mayor será, quizás, la buena voluntad para hacer lo que propongan las Naciones Unidas. 
Bien mirado, creo que podemos estar satisfechos con la posición a la que hemos llegado. 
Lo que ahora necesitamos es un gran esfuerzo final, un esfuerzo realizado siendo plenamente conscientes de que el tiempo se acaba. 
Con frecuencia hemos hablado de una oportunidad. 
No tenía ni idea de hasta qué punto eso es cierto. 
Todos debemos ser conscientes de que, si no actuamos ahora, cada mes que sigamos dudando dificultará más las cosas. 
Estoy totalmente convencido de que sólo harían falta seis meses para que la situación presupuestaria de los Estados miembros imposibilitara prácticamente cualquier solución. 
Por lo tanto, sólo puedo decir que debe actuarse ya, y que las partes han de hacer todo lo posible para superar los obstáculos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, empezaré por pedirles que me disculpen, puesto que voy a hacer algo que no he hecho nunca antes: abandonar la Cámara inmediatamente después de mi intervención. La razón de que lo haga es que, al contrario de lo que habían acordado conmigo, la televisión turca ha anunciado que el Sr. Watson y yo mismo estaremos a su disposición para un debate que comienza a las cinco de la tarde. 
Dado que no deseo dar una impresión política equivocada, voy a ir y a participar en ese debate, aunque no suelo acceder a solicitudes de este tipo si no las he acordado de antemano. 
Volvamos ahora al asunto de Copenhague: ¡de Copenhague a Copenhague! 
Le deseo un gran éxito a la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar bajo la Presidencia danesa, para que podamos abordar los asuntos pendientes de solución. 
Esta cumbre de Copenhague debe convertirse en una cumbre de la ampliación. 
Turquía no puede terminar siendo el único tema de debate. 
Es posible que Turquía sea importante, pero Copenhague debe transmitir el mensaje de que los pueblos de Europa Central, así como Malta y Chipre, van a ingresar en la comunidad de valores que representa la Unión Europea. 
Ése debe ser el tema central. 
Copenhague debe culminar el proceso histórico que tuvo lugar durante los años 80 y 90, y es por eso, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que le deseamos un gran éxito. 
Apoyo sin reservas lo que se ha dicho en nombre de la Comisión, tanto por parte del Presidente Prodi como del Comisario Verheugen, a quienes, junto con el Presidente en ejercicio del Consejo, quiero dar las gracias por el trabajo que han realizado. 
En nombre de nuestro Grupo, me gustaría también recordarles que, aunque se acepte la propuesta danesa, seguimos disponiendo de 2 391 millones de euros, suponiendo que esa cifra, que ha mencionado el Comisario Verheugen, sea correcta. 
Deberíamos contar cada euro y, como sabrá el Presidente Prodi, estoy muy a favor de la estabilidad, pero no debemos permitir que el resultado de Copenhague sea que todo el proceso de ampliación se demore por falta de acuerdo en los asuntos financieros. 
Por lo tanto, solicitamos a los gobiernos que se logre un resultado positivo en Copenhague. 
Señorías, para mí sería una tragedia que finalmente no llegáramos a un acuerdo con Polonia, un país que fue una de las piedras angulares del cambio en Europa- no quiero volver a recapitular las circunstancias históricas, pues ya lo he hecho suficientes veces- que finalmente no llegáramos a un acuerdo con Polonia, el país al que, junto con otros, obviamente, debemos el gran cambio experimentado en Europa. 
De ahí la petición a los Jefes de Estado y de Gobierno para que hagan algo ahora y posibiliten un resultado positivo. 
Señorías, el Tribunal Europeo de Justicia cumple hoy 50 años; en todo caso, fue hace 50 años cuando se convocó por primera vez, el 4 de diciembre de 1952. 
La ley nos importa. 
Hay criterios de adhesión, y éstos incluyen aspectos como la legislación. 
Por lo tanto, otros aspectos- todos ellos importantes, pero que nada tienen que ver con los criterios en sí mismos- no pueden constituir razones válidas para fijar ahora una fecha para las negociaciones con Turquía, a pesar de que no se hayan cumplido en absoluto los criterios. 
Rechazamos rotundamente la idea de que Copenhague deba establecer una fecha para las negociaciones. 
Señorías, digo esto siendo plenamente consciente del hecho- que no oculto y que nunca he pretendido ocultar- de que dentro de nuestro Grupo existen opiniones muy divergentes sobre si Turquía debería o no convertirse en miembro de la Unión. 
Algunos miembros son muy favorables a la adhesión de Turquía, mientras que otros abogan por una relación de asociación estratégica o privilegiada. 
Eso es normal en un grupo mayoritario, y estoy seguro de que en otros grupos la situación será similar. 
Sin embargo, no sólo estamos hablando de Turquía al acordar, sin ninguna disensión, que sería incumplir nuestros propios requisitos si tirásemos por la borda las condiciones que hemos fijado para el inicio de las negociaciones. 
¿Cuál será la imagen de la Unión Europea si se nos presiona con respecto al problema de Chipre, si se nos dice que, en caso de no fijarse ya una fecha, el problema de Chipre no se va a resolver? 
Nos exponemos a un chantaje. 
Por consiguiente, recomiendo que nos basemos en los sólidos cimientos del derecho y los criterios europeos. 
La Comisión nos ha señalado la dirección correcta: no vamos a abrir negociaciones ahora mismo sólo porque no se hayan cumplido los criterios, y a este respecto, nuestro Grupo no tiene inconveniente alguno en seguir el ejemplo de la Comisión. 
Lo que yo espero de la Presidencia del Consejo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es que usted también adopte una postura basada en los criterios y en los acuerdos tomados hasta la fecha en la Comunidad de los Quince. 
Si opta por una línea diferente, nuestra evaluación de los logros de la Presidencia danesa será menos favorable que hasta ahora. 
Tampoco aceptamos la forma en que los Estados Unidos de América tratan de influenciarnos; aunque tienen derecho a intentarlo, no vamos a someternos a esa influencia ni a esas presiones. 
No obstante, soy consciente también de que hay países en la Unión Europea más rezagados que otros; en concreto, hay un importante país de la UE que necesita recuperar el tiempo perdido en lo que se refiere a su solidaridad con los Estados Unidos, y este país, por lo tanto, podría sucumbir a la presión. 
Para nosotros, como amigos y socios de los Estados Unidos, las presiones no tienen ninguna consecuencia, puesto que nos atenemos a nuestros propios principios, y es por eso que decimos a nuestros socios y amigos estadounidenses lo siguiente: podéis hacernos recomendaciones, pero nosotros actuaremos de acuerdo con nuestras propias convicciones. 
Turquía nos dice ahora que el problema de Chipre no se va a resolver si no les damos una fecha. 
Teníamos unos principios claros, a los que ha hecho referencia el Presidente en ejercicio del Consejo: si el problema de Chipre no se soluciona en el marco de una federación compuesta por las dos partes de la isla, será de aplicación lo que ya había decidido la Unión Europea, es decir, que toda la isla? aunque en la práctica sólo la parte griega? se convertirá en miembro de la Unión. 
Tengo otro comentario que dirigir a la Comisión sobre el orden posterior al 1 de mayo de 2004. 
Recomendamos al Consejo y a la Comisión que no se tome ninguna decisión, ya sea de previsión o de otro tipo, sin tener en cuenta al Parlamento. 
Estamos dispuestos a ser tan flexibles como corresponda, pero de lo que pueden estar seguros es de que siempre vamos a defender los derechos del Parlamento. 
De acuerdo con este principio, queremos mantener una buena cooperación con todas las instituciones de la Unión Europea. 
Estamos en vísperas de un importante acontecimiento histórico: la reunificación de Europa, más que la conclusión de una nueva etapa de la ampliación, que ya van cinco. 
Creo que tenemos que desear que la presidencia danesa tenga suerte en su cometido porque ésta es una cita muy importante. 
El Vicepresidente Titley y otros compañeros de mi Grupo tratarán esta cuestión en todos sus aspectos. 
Yo me voy a limitar a agradecer al Presidente del Consejo, Sr. Harder, la referencia que ha hecho a mi pregunta en el anterior Pleno, concretamente a los aspectos institucionales y su incidencia en el Parlamento Europeo. 
Tengo que decir que considero absolutamente inaceptable el comportamiento del Consejo y de la Comisión en estas últimas semanas en cuestiones que no son solamente objeto de negociación con los países de la ampliación, sino que afectan a nuestra vida cotidiana y a la esencia del Parlamento. 
He escuchado con atención al Presidente Harder y al Presidente Prodi, agradezco y saludo que venga el día 10 a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento, pero mantengo mi crítica por las siguientes razones: en primer lugar, se plantea una modificación del mandato de la Comisión; yo siempre he pensado y por eso defendemos que hay que elegir a la Comisión, que la Comisión desde el día de las elecciones europeas está en funciones. 
Se dijo que su mandato duraría hasta enero y ahora resulta que se adelanta el plazo de finalización de funciones la Comisión. 
Nunca se hace coincidir con las elecciones, cosa que me preocupa mucho. 
En segundo lugar, el Consejo de Asuntos Generales del 18 de noviembre ha tomado una serie de decisiones que afectan a muchas cosas, concretamente, al calendario parlamentario del 2004, y que hacen de este Parlamento en la próxima legislatura, un Parlamento acordeón. 
Vamos a tener diputados que van a estar un mes, luego tendremos la incorporación de otros diputados de los países candidatos que ya serán miembros. 
Después, si concluyen las negociaciones con Rumania y Bulgaria al mismo tiempo, habrá otra modificación; si no es al mismo tiempo habrá dos modificaciones, es decir, que no sabremos cuál es la mayoría absoluta de esta Parlamento ni cuál es su composición a lo largo de la próxima legislatura, por tanto, eso no está bien hecho y plantea muchos problemas. 
Además, creo que no es serio tener a comisarios que se estén paseando por los pasillos de la Comisión varios meses. 
Creo que el Parlamento debe defender su derecho a celebrar audiencias y a investir una Comisión a partir de un programa conjunto y ésa es nuestra responsabilidad ante los electores. 
Yo esperaba que en el «triálogo» , como decía el Presidente Prodi, se avanzara en esta cuestión. 
Pero Señor Presidente, como no ha habido ninguna información por su parte, mucho me temo que no ha habido ningún avance en el "triálogo" de la semana pasada; si no es así, desmiéntame ahora mismo. 
Y yo le pido por favor, y estamos pendientes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 10 de diciembre, que plantee estas cuestiones seriamente ante el Consejo Europeo de Copenhague, porque así no se puede actuar. 
Y por último, y con ello concluyo, todavía tengo esperanzas porque, como dijo Alfonso X El Sabio, un rey filósofo, «si Dios me hubiera consultado el día de la creación, yo le habría dado algunos consejos útiles». 
Ni el Consejo ni la Comisión son Dios ni nosotros somos el diablo. 
Señor Presidente, quisiera transmitir también mi agradecimiento a la Presidencia danesa y a la Comisión, entre otros. 
Nos enfrentamos a una especie de evaluación, y ha llegado la hora de repartir alabanzas y, por supuesto, también algunas críticas. 
Empiezo con las alabanzas. 
Me gustaría felicitar a la Presidencia danesa por haber logrado la liberación de Ajmed Zakayev antes del comienzo de la gran Cumbre de Copenhague. 
Ha sido una magnífica decisión y significa que, afortunadamente, no se han hecho realidad mis peores temores. 
Deseo también felicitar a la Presidencia por su arduo trabajo en el ámbito de la ampliación. 
No obstante, creo que merece la pena recordar que también los países candidatos merecen nuestras alabanzas por su hercúlea labor de adaptación y por la enorme tarea que los pueblos de estos países han tenido que acometer en relación con todo este proceso. 
Asimismo me gustaría destacar, tal y como ha hecho el Sr. Verheugen, que esto todavía no ha acabado. 
Aparte de que todavía no hemos terminado todo el proyecto, los ciudadanos de estos países tendrán que votar, por supuesto, si desean o no unirse a nosotros. 
A este respecto, esperamos que los votantes no comparen el debate sobre el dinero con el debate que hemos celebrado hoy, el debate sobre todo el dinero- la gran cantidad de euros- que, por diversas razones, la Comisión no ha podido emplear. 
Confío en que los ciudadanos de los países candidatos no comparen ambos debates y se sientan frustrados. 
Espero que su voto sea favorable. 
En lo que se refiere a Turquía, también estoy de acuerdo en que todavía no es el momento adecuado para dar una fecha a ese país, pero creo que lo correcto sería fijar una fecha para dar la fecha; en otras palabras, establecer una combinación de un calendario y un plan de trabajo. 
¿Cuáles son las exigencias prácticas que les imponemos? 
¿Cuáles son los plazos? 
¿Cómo deben cumplirse? 
¿Cuándo deben aplicarse las distintas partes de los proyectos sobre derechos humanos y democracia en Turquía, con el fin de poder establecer una fecha definitiva? 
Es obvio que no es posible dar una fecha fija ahora mismo, puesto que hay aspectos fundamentales por resolver y muchas decisiones por poner en práctica. 
No obstante, lo correcto sería fijar una fecha para dar la fecha. 
Sin embargo, hay un par de cosas en las que la Presidencia danesa me ha decepcionado. 
Me decepciona que no hiciera nada con respecto al Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo. 
Me decepciona que el Defensor del Pueblo siga sin poder obtener los documentos que solicita: no sólo es necesario que se le permita sentarse en algún sitio a leerlos, sino también que se le entreguen los documentos que haya pedido y que necesite para llevar a cabo su trabajo. 
Me decepciona también que no se haya realizado ningún avance para garantizar que los empleados que se hallen en contacto con el Defensor del Pueblo sólo estén obligados a una cosa, esto es, a decir la verdad, en lugar de estar obligados a ser leales con alguna de las instituciones de la UE. 
Estos empleados deben tener la obligación de decir la verdad, con el fin de garantizar un trato equitativo para los ciudadanos dentro del sistema, un asunto que constituía una de las prioridades de Dinamarca. 
Me decepciona también la buena disposición de Dinamarca a colaborar con los Estados Unidos en lo referente a la guerra contra Irak y la lista de organizaciones terroristas de la UE. 
Me gustaría conocer la opinión de la Presidencia sobre los planes para incluir al movimiento de resistencia iraní en la lista de organizaciones terroristas. 
¿No entra esto en conflicto con lo que Dinamarca, entre otros países, apoyó cuando se debatió por primera vez la lista de organizaciones terroristas, es decir, que los movimientos de resistencia similares al CNA o al movimiento de resistencia danés no terminarían, bajo ningún concepto, en la lista de organizaciones terroristas? 
Tenemos un problema, y me gustaría oír la opinión de la Presidencia danesa al respecto. 
Señor Presidente, la Cumbre de Copenhague va a constituir un acontecimiento histórico. 
Diez países podrán entrar en la UE a partir de 2004, dos países a partir de 2007, y es probable que a Turquía se le dé una fecha para su próxima reunión. 
Europa está estrechando sus lazos, y eso es positivo. 
No obstante, el estatuto de miembro que se está negociando en la actualidad no es el que disfrutarán, en la práctica, los países candidatos. 
Pueden votar a favor de la UE, pero la próxima Navidad, cuando la Cumbre de Roma haya enterrado el Tratado de Roma y nazca la constitución de Roma, recibirán el estatuto de Estado constituyente de un nuevo Estado federal. 
Se quiere finalizar la redacción de la nueva constitución antes de que ingresen los nuevos países, con su derecho de veto en cuestiones que tengan que ver con la modificación del Tratado. 
Esto es injusto, como también ha afirmado el Sr. Haarder. 
Una vez los países candidatos hayan firmado sus acuerdos de adhesión y éstos hayan sido aprobados en este Parlamento- para marzo o abril- se les debería conceder un estatuto idéntico al de los Estados miembros actuales y deberían disfrutar de la misma representación legal en todos los órganos. 
Si el resultado de un referéndum es contrario a la adhesión, la representación del país puede suspenderse como ocurrió cuando Noruega votó en contra de la adhesión a la CE y tuvo que encontrarle un trabajo de embajador a su Comisario. 
Si los referendos confirman la adhesión, dicha adhesión se convertirá en una realidad, y los países deberían tener el mismo derecho de veto en asuntos relacionados con la modificación del Tratado que los actuales Estados miembros. 
No deben ingresar en la Unión como miembros de segunda clase, sino como miembros que gocen de los mismos derechos desde el primer día. 
Creo además que podríamos ser mucho más generosos con respecto a la financiación de su adhesión a la UE. 
Cuando Dinamarca, un país rico, ingresó en 1973, sólo pagamos el 20% de nuestra contribución durante el primer año, el 40% el segundo, el 60% el tercero y el 80% el cuarto, hasta que, a los cinco años, alcanzamos el total de nuestra aportación. 
¿Por qué no podemos adoptar un sistema inicial similar con contribuciones reducidas, o conceder una exención de las contribuciones, mientras estos países se hallen tan alejados de nosotros en términos de riqueza? 
Deberíamos tener en cuenta que la pertenencia a la CE y a la UE no es sólo, obviamente, algo que se recibe. 
Para algunos resulta, de hecho, un seguro muy caro, ya que la gente de a pie tiene que pagar contribuciones a través de sus compras de bienes de consumo diario y a través de los impuestos nacionales. 
Todo el mundo tiene que pagar, pero sólo algunos reciben subvenciones procedentes del presupuesto comunitario. 
Quizá ahora deberíamos pasar a estudiar la redistribución, o el Sr. Rasmussen correrá el riesgo de recibir una desagradable sorpresa cuando los ciudadanos se percaten de cuánto tendrán que pagar en contribuciones a la UE. 
Permítame tan solo unas palabras sobre el siguiente punto del orden del día. 
Deberíamos hacer algo para que los sueldos se paguen de una forma abierta y se graven en los Estados miembros, y el sistema de gastos de viaje debería reemplazarse por un sistema de tarjeta para diputados, conforme al cual el Parlamento pagase todos los gastos en que se incurriera, con independencia de su importe. 
Señor Presidente, el Sr. Bonde se convirtió en diputado por primera vez- al igual que yo- en julio de 1979. 
En su calidad de activista comunista, fue elegido para defender la necesidad de detener el ingreso de Dinamarca en Europa. 
Más de 20 años después, han oído lo que nuestro querido Sr. Bonde tiene que decir sobre la gestión de la situación que tenemos ante nosotros. 
En 1979, el Sr. Cohn-Bendit era todavía, probablemente, muy revolucionario con respecto a nuestras posturas como federalistas europeos, intransigentemente liberales, intransigentemente antifascistas, anticomunistas, antifundamentalistas y federalistas. 
Hoy las cosas han cambiado. 
Hoy el Sr. Cohn-Bendit ha dicho algo muy interesante, pero lo ha presentado como una paradoja. 
Los Estados Unidos proponen que aceleremos los plazos para el ingreso de Turquía en Europa. 
El Sr. Cohn-Bendit dice que es como si nosotros pidiéramos a los Estados Unidos que aceleraran su proceso federalista e incorporaran al Canadá y a México. 
¿No es acaso hoy nuestra preocupación avanzar en pos de una organización mundial de democracia y democracias, empleando el arma mundial definitiva de atracción de masas, frente a las armas definitivas de destrucción masiva? 
El arma definitiva, libre y liberal, de atracción de masas es el reconocimiento del derecho natural, históricamente adquirido, de cada hombre y de cada mujer a la democracia política, al Estado de Derecho y, por lo tanto, a los cimientos liberales de los Estados federales y federalistas que respetan la libertad del ciudadano individual. 
¿Qué tiene todo esto que ver con Copenhague? 
Mucho. 
Después de la guerra, Benedetto Croce recordaba que la Europa monárquica- las monarquías escandinavas, la monarquía británica, las monarquías holandesa y belga- había sido la única que no había sucumbido a los distintos nacionalismos, incluido el nacionalsocialismo, ni a los distintos socialismos, incluido el comunismo, para defender así la libertad. 
Esta historia presenta algunas paradojas. 
La paradoja en la que queremos centrarnos, señores Presidentes, es que ustedes no son libres para construir Europa en la Cumbre de Copenhague: representan a Estados burocratizados y a un Parlamento burocratizado. 
Es difícil entonar el Veni Creator en estas condiciones. 
Debemos luchar por la libertad y por Europa. 
Señor Presidente, intervengo para explicar la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre las implicaciones institucionales de la ampliación. 
Dichas implicaciones, empezando por los plazos iniciales, requieren mucha atención, a nuestro juicio, y deben abordarse con el debido rigor. 
No podemos permitirnos no llevar a cabo un meticuloso análisis con la excusa de que se trata de temas políticos- y por lo tanto, no hace falta entrar en pormenores- o de que se trata de cuestiones técnicas sobre las que no merece la pena perder el tiempo. 
Las soluciones deben ser sostenibles, respetar los Tratados, cumplir varios criterios institucionales y tomarse por acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento; por su parte, la comunicación del Consejo del 21 de noviembre pretendía presentarnos unos hechos consumados. 
El representante de la Presidencia, el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Haarder, ha dicho que es importante que el Parlamento participe, pero no basta un debate, algo que, sin embargo, ha solicitado la Comisión de Asuntos Constitucionales: es preciso alcanzar un verdadero acuerdo formal entre las tres instituciones. 
No obstante, voy a indicar los puntos que consideramos esenciales. En primer lugar, creemos que deben evitarse o reducirse al mínimo las medidas de transición relativas a la composición tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo. 
El Consejo ha fijado la fecha del 1 de mayo de 2004 para la entrada formal en la Unión de los nuevos Estados miembros. 
Eso supondría el nombramiento de diez nuevos comisarios, de modo que el número total de comisarios se elevaría a 30, lo que obviamente traería consigo problemas, dado que la Comisión debe terminar su mandato el 20 de enero de 2005, como muy tarde. 
¿Qué responsabilidades y qué estatuto especial podrían otorgarse a esos diez comisarios para unos pocos meses, diez comisarios a los que el Parlamento Europeo no tendría tiempo de examinar, en mayo, antes de su disolución, en las necesarias audiencias? 
Nos encontraríamos con unos comisarios cuyo nombramiento no se habría aprobado, cuyo papel en la Comisión sería incierto y cuyos nombramientos podrían no ser renovados unos meses después. 
No creo que eso beneficie a los países candidatos, a los futuros Estados miembros. 
De la misma manera, si los representantes de los nuevos Estados miembros entrasen en el Parlamento Europeo después del 1 de mayo, sólo ostentarían su cargo durante unas semanas, durante un único período parcial de sesiones, antes de las elecciones de las que habría de salir el nuevo Parlamento. 
En conclusión, si mantenemos la fecha del 1 de mayo de 2004, la solución más sensata sería adelantar las elecciones al Parlamento Europeo y fijarlas para el mismo mes de mayo. 
El Presidente en ejercicio nos ha dicho que estas tentativas han fracasado en el pasado. 
No vemos por qué deberían volver a fracasar, y creemos que es preciso hacer un esfuerzo para adoptar esta solución. 
En concreto, las elecciones al Parlamento Europeo- ¿por qué no celebrarlas el 9 de mayo de 2004, inmediatamente después del ingreso de los nuevos Estados miembros? -adquirirían una especial importancia, lo que podría fomentar una participación mayor y más entusiasta del electorado. 
Asimismo, eso nos permitiría proceder a la elección- en caso de que el Presidente de la Comisión se nombre mediante una elección, como nosotros también esperamos- o, en cualquier caso, a la votación para nombrar al Presidente de la Comisión, durante el período parcial de sesiones de junio del Parlamento Europeo, y nos permitiría también completar el proceso de examen de los comisarios y de refrendo de su nombramiento para finales de julio, con lo que la nueva Comisión asumiría sus funciones el 1 de agosto, sin necesidad de poner en práctica dudosas medidas de transición y con todos los comisarios gozando de plena legitimidad y del mismo estatuto. 
Al mismo tiempo, es necesario tomar una decisión para adelantar el final del mandato de la Comisión. 
La consecuencia principal sería básicamente- y creemos que esto también es fundamental- la sincronización de los mandatos de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
Para ello, necesitamos un acuerdo interinstitucional que adelante el final del mandato de la Comisión y la fecha de las elecciones al Parlamento Europeo, un acuerdo interinstitucional que nosotros exigimos. 
Un último comentario sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Haarder, usted ha dicho que los futuros Estados miembros deberán también poder ejercer el derecho de veto en la Conferencia Intergubernamental, es decir, que deberán tener exactamente los mismos derechos que los Estados miembros sin ser realmente Estados miembros, estatuto que no adquirirán hasta el 1 de mayo de 2004. 
Me gustaría saber cómo casa esto con el artículo 48 del Tratado. 
Creemos que una solución satisfactoria sería que tuvieran el mismo estatuto a efectos de la Conferencia Intergubernamental que el que disfrutan a efectos de la Convención. 
Señor Presidente, para que conste en Acta, mi nombre se pronuncia van Velzen. 
En efecto, nos hallamos en la fase final de las negociaciones, y estoy seguro de que el paquete que está preparando la Presidencia danesa, que consiste en varios puntos clave relativos a la agricultura, la seguridad nuclear y el control de las fronteras, también va a resultar interesante para nuestros ciudadanos de la Unión Europea. 
No tengo más remedio que llegar a la conclusión, a raíz de la lectura del informe de la Comisión, de que los países candidatos tienen que solucionar todavía un montón de cosas. 
Creo asimismo que deberíamos mencionar esto expresamente en Copenhague, para que nuestros ciudadanos sepan con qué tendrán que vérselas los nuevos Estados miembros durante el próximo año y medio. 
Otro ámbito de preocupación al que convendría prestar mayor atención es el pluralismo de los medios de comunicación en Europa central y oriental. 
Ya hemos visto en el pasado que, digamos, el antiguo aparato reservó recursos y creó oportunidades para mantener intactos sus propios medios de comunicación. 
También en este ámbito, creo que podríamos pedir a la Comisión que dedique más atención a la diversidad real- más que a la teórica- de los medios de comunicación de los países de Europa central y oriental. 
Creo además que no deberíamos mezclar la ampliación con el debate sobre Turquía. 
Si ahora nos enfrascásemos en un debate de estas características, estaríamos incumpliendo nuestras propias normas, como ya ha señalado el Sr. Poettering. 
Analizando los hechos y el informe de la Comisión- y me ha complacido, a este respecto, la intervención del Comisario Verheugen- no podemos sino llegar a la conclusión de que, aunque Turquía ha realizado grandes avances, sigue sin cumplir los criterios de Copenhague en su totalidad. 
Por este motivo, estamos manteniendo un debate virtual, y además haciendo tonterías, por si fuera poco. 
Nos gusta fijar fechas por el mero hecho de hacerlo. 
Le deseo suerte a quien sea capaz de explicar esto a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por lo tanto, abogo por que suspendamos este curioso debate. 
No podemos olvidar la necesidad de que Turquía cumpla los criterios de Copenhague, ni el hecho de que actualmente no los cumple. 
Por consiguiente, deberíamos dejar de perder el tiempo con eso. 
No tendría sentido que los Estados miembros fijaran, en la actualidad, fechas que, de momento, no se basan en hechos. 
En cuanto a la agricultura, hay algo que sigue preocupándome: las enormes diferencias existentes entre los países candidatos (por ejemplo, entre Polonia, la República Checa y Hungría). 
Me pregunto si no deberíamos centrarnos en adaptar más el paquete a cada país. 
La Presidencia danesa ha dado un buen ejemplo de esto. 
Con toda seguridad, dedicarse a la agricultura en Polonia con menos de un acre y medio es fundamentalmente un problema social, un problema que debe abordarse en este país, y la Unión Europea podría tener un importante papel al respecto. 
Los agricultores con hasta 8, 9 o 10 hectáreas van a necesitar ayuda fundamentalmente en forma de programas mundiales de desarrollo, lo que es muy diferente de los amplios debates sobre cuotas y otros aspectos, puesto que las cuotas se aplican, sobre todo, a zonas agrícolas mucho mayores de Polonia. 
Por lo tanto, me gustaría pedir que se preste más atención a este ámbito; desde luego, sería muy triste que Polonia y el Gobierno polaco no pudieran llegar a un acuerdo por nuestra incapacidad de ofrecer un programa más personalizado y, sobre todo, por no permitir al Gobierno polaco que elabore un programa más personalizado para sus propios agricultores. 
Por consiguiente, pido algo de creatividad en este campo. 
En lo relativo a los nuevos Estados miembros, todos estamos de acuerdo, por supuesto, en que tenemos que establecer un sistema que no permita la existencia de contribuyentes netos. 
Sin embargo, también deberíamos estudiar cómo podemos acelerar el flujo de dinero para que estos Estados miembros no terminen teniendo graves problemas. 
Permítanme concluir diciendo lo siguiente: tenemos una enorme oportunidad en Copenhague y deberíamos aprovecharla. 
Señor Presidente, Señorías, dentro de unos días el Consejo Europeo de Copenhague decidirá ampliar la Unión Europea con la adhesión de ocho países del antiguo Bloque del Este, además de Chipre y Malta. 
Éste es el tema de negociación y- necesariamente- de alguna que otra controversia y de alguna discusión sobre un punto u otro, pero nada puede ocultar el hecho de que Europa, dividida hasta 1989, se está dotando, con este paso, de un nuevo orden comunitario, basado en el principio de la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y la economía de mercado. 
Estoy convencido de que, de todos los acontecimientos políticos a los que hemos asistido, éste será el más importante para todas las generaciones que viven en la actualidad. 
Si alguna persona muy clarividente hubiera escrito hace 15 años la agenda de este Consejo Europeo, tal cual, junto con la reunificación de Europa, le habrían tomado por loco. 
Si en ese momento nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a pagar otros 2 300 millones de euros para lograrlo, estoy seguro de que, de inmediato, habríamos contestado rotundamente que sí. 
Si queremos sacar adelante esta ampliación, tendremos que realizar un continuo esfuerzo- tanto en términos políticos como financieros, de eso no hay ninguna duda- pero éste es el momento en que esta Unión nuestra recibe en su seno a antiguos países europeos con los que nos unen tantos lazos como con Francia y el Reino Unido, y que lucharán con nosotros por defender los principios de la libertad y la democracia, conforme al Estado de Derecho. 
La Unión Europea se basa en la aplicabilidad del derecho, y es el reconocimiento de esta aplicabilidad lo que la mantiene unida. 
Por eso es tan significativo que el Parlamento, en una resolución sobre el informe acerca de las negociaciones con la República Checa, afirmara que la llamada Ley de Exención era incompatible con nuestro concepto del derecho, y lo hiciera de una forma cuidadosa y equilibrada. 
Esta cuestión no sólo abarca las relaciones germano-checas en el pasado, sino también el presente y el futuro de Europa, puesto que están en juego principios fundamentales del derecho, así como su aplicabilidad, y desde luego sería muy útil que la República Checa dijera algo para aclarar las cosas antes de la ampliación. 
Mis notas incluyen una frase, que ya hemos oído con mucha frecuencia, acerca de que no podemos permitir que los debates sobre Turquía monopolicen, en cierta forma, la cumbre sobre la ampliación, pero veo que nosotros mismos hemos sido incapaces de resistir a la tentación, así que es muy probable que esto ocurra también en Copenhague, lo que deja claro que es un asunto que preocupa a la gente. 
Hace unos días, el Comisario Verheugen afirmaba en un periódico alemán que era contrario al ingreso de Turquía en la UE y que proponía a los turcos establecer una relación especial en calidad de vecinos, un tratado que podría aplicarse también a otros países vecinos de la UE. 
Estoy seguro, Comisario Verheugen, de que usted lo considera un malentendido o una mala interpretación y, con razón, señala que se trata de un incumplimiento de la obligación de confidencialidad a la que suponemos que se comprometió. 
Pero la cuestión no es que no se le haya permitido guardarse algo que quería haber tratado de una forma confidencial, sino que esta forma de hacer las cosas refuerza la impresión de que, a este respecto, muchos dicen en público exactamente lo contrario de lo que en realidad piensan. 
En lo que respecta a Turquía, usted no sería el único, ya que una gran parte de los que abogan por su ingreso no quieren realmente que entre en la Unión y se están escudando en los criterios. 
Ésa es una forma hipócrita de abordar las cosas, y perjudica más las relaciones de la UE con Turquía de lo que las perjudicaría enfrentarse a la situación con toda la honestidad que exige el respeto por este país. Por eso, más que fechas de adhesión, lo que deseamos es una mayor honestidad en nuestras relaciones con Turquía. 
Señor Presidente, Señorías, mi problema con el Sr. Corbett es que tiene unos conocimientos de derecho demasiado amplios y siempre me llena de confusión. 
Sus desmedidos conocimientos hacen que su manera de hilvanar las ideas sea tan complicada, que el mensaje llegue a perderse. 
No obstante, el mensaje político es que queremos dar a los países candidatos una calurosa bienvenida sin enredarles en minucias burocráticas. 
Ése es, en mi opinión, el mensaje que debemos darles. 
Por eso, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que es la principal comisión sobre la ampliación, hemos hecho otras propuestas, que pretenden ser pragmáticas y directas. 
Hagamos lo que hagamos- ya optemos por elegir a la nueva Comisión o consideremos que es mejor que sea nombrada- seguirá habiendo un período de transición en el que los candidatos tendrán derecho a cooperar con la actual Comisión en el nombramiento de comisarios. 
Con independencia de que sean cuatro semanas o cuatro meses, el principio sigue siendo el mismo e indisoluble. 
Por eso, sólo voy a decir: dejemos que haya comisarios sin cartera, como hemos acordado, a partir del 1 de mayo. 
Estos Comisarios pasarán controles para comprobar su competencia, su independencia económica, etc., y esto se hará mediante un procedimiento que no se llevará a cabo en las comisiones, puesto que aún no tendrán cartera. 
Los observadores, que ya llevan un año trabajando con nosotros, pasarán a ser diputados durante cuatro u ocho semanas, como hemos hecho siempre, y en caso de adhesión, a veces han llegado a permanecer en ese puesto un año o año y medio. 
¿Cuál es el problema entonces? 
Creo que la forma de avanzar en esto es simplificando. 
Si los miembros de la nueva Comisión deben haber ocupado sus cargos para el 1 de noviembre, es crucial que se garanticen los derechos del Parlamento. 
El nombramiento del Presidente de la Comisión se hará tras las elecciones europeas para que éstas puedan influir en él y para que tengamos tiempo de hacer lo que sea necesario. Me refiero con esto a que las comisiones someterán a los candidatos de los antiguos y de los nuevos Estados miembros a un riguroso examen para ver si son adecuados para el cargo. 
Esto es de lo que se trata, en términos políticos, y esto es lo que tenemos que tomarnos en serio, como corresponde. 
Permítanme hacer otro comentario. 
Me gustaría expresar mi gratitud a la Presidencia danesa del Consejo por haber sido capaz, centrando sus esfuerzos en la ampliación, de cooperar con éxito con la Comisión para llevar estas negociaciones de adhesión a lo que es, sin duda, un buen resultado. 
Los necesarios compromisos habrán de alcanzarse con un espíritu de buena voluntad y habrán de estar- como ha dicho acertadamente el Comisario Verheugen- bien diseñados: estoy seguro de que lo haremos bien. 
El debate suscitado en relación con Turquía y la fijación de una fecha ya ha demostrado en nuestra sesión de hoy algo que se perpetuará en Copenhague y posteriormente en los medios de comunicación: nadie se alegrará de nuestra bienvenida a los diez nuevos países, nadie hablará públicamente de la adhesión de Polonia, Estonia y la República Checa; en lugar de ello, Copenhague se convertirá en una cumbre sobre Turquía, y Turquía será nuestro único tema de conversación. 
Creo que es muy lamentable que hayamos llegado a esta situación, un panorama de chantaje en el que tenemos que hacer frente a la PESD y la OTAN, a la presión estadounidense, a Irak y al problema de Chipre. 
No creo que esté bien que se haya producido esta situación. 
Si el Consejo Europeo se deja llevar por consideraciones de lógica política- a veces conocida en otros lugares como oportunismo- y decide fijar una fecha, me temo que los ciudadanos de nuestros Estados miembros dirán: ¡ajá, van en serio! 
¡Diez nuevos países, lo que ya es bastante complicado, y además los turcos! 
El debate subsiguiente nos creará problemas cuando queramos vender la adhesión de Polonia y Eslovenia a nuestros ciudadanos, y espero que el Consejo sea consciente de esta responsabilidad y no piense demasiado a corto plazo. 
Señor Presidente, me gustaría estar de acuerdo con el Sr. Brok. 
Lo fundamental es, por supuesto, que demos la bienvenida a los Estados miembros y que esta Cámara- que pronto se renovará- pueda decidir conjuntamente con otras instituciones cuál será el nuevo Presidente de la Comisión; sin embargo, a partir de aquí nuestros razonamientos divergen. 
Me complace que el Sr. Brok haya mencionado el 1 de mayo como una fecha importante, pero yo diría que este 1 de mayo podría ser, de hecho, la fecha de las elecciones europeas, en cuyo caso estaría del lado del Sr. Napolitano. 
Quisiera ponerles al día de lo que ha venido sucediendo recientemente en los Países Bajos. 
Un líder liberal neerlandés, el Sr. Gerrit Zalm, realizó una campaña electoral suicida. Pidió que los Países Bajos dificultaran la ampliación, con el fin de ejecutar las reformas agrícolas. 
Afortunadamente, el Sr. Zalm ha quedado fuera del Gobierno por el momento, pero con las próximas elecciones de los Países Bajos fijadas para el 22 de enero de 2003, sigue siendo naturalmente una fuerza peligrosa que hay que tener en cuenta. 
Tengo la esperanza de que los neerlandeses elegirán a un Gobierno que reconozca las ventajas de la estabilidad y el crecimiento económico, además de la importancia de la reunificación de Europa, evitando así que la reputación de los Países Bajos quede aún más manchada. 
Esto no reduce, en forma alguna, la importancia primordial de estas reformas agrícolas para los países de la ampliación, los países candidatos, para nosotros mismos y para los países en vías de desarrollo. 
Además, es evidente que, gracias a las propuestas del Sr. Fischler, ya tenemos un gran número de propuestas lúcidas sobre la mesa, pero muchos Estados Miembros siguen amenazando con ponerles trabas. 
Lo que necesitamos es la valentía necesaria para hacer nuestros deberes en el campo de las reformas agrícolas, y esto es imprescindible también para contribuir al éxito de la ronda del dólar. 
De hecho, podemos hablar de una ronda de desarrollo, pero si no se presentan unas propuestas más firmes y amplias que beneficien a las reformas agrícolas, las cosas empeorarán y esta ronda será un fracaso. 
En ese caso, no habremos hecho nuestros deberes, algo necesario si queremos tratar con justicia a los países candidatos. 
Las cuentas netas y brutas entre Europa y los países candidatos se mencionan a la ligera, sin tener en cuenta suficientemente la necesidad de estas reformas agrícolas. 
Me gustaría añadir que espero que los debates que estamos celebrando aquí nos sirvan, en cierta manera, como lección en el próximo paso hacia la ampliación mediante la adhesión de más países. 
Tengamos antes un debate menos ambiguo con nuestro electorado, y tengamos el coraje de preguntarle su opinión a tiempo por medio de un referéndum europeo. 
En mi opinión, hemos desplegado demasiada tecnocracia y no la suficiente política en esta ocasión. 
Deberíamos reunir el valor necesario para mirar a nuestros propios ciudadanos a los ojos y aceptar sus opiniones. 
Gracias por otro útil y constructivo diálogo sobre la ampliación. 
El debate confirma que hay un apoyo generalizado a lo que ocurrirá la semana que viene. 
Me gustaría agradecer también todos los buenos consejos que se han dado, y sobre los que me gustaría hacer algunos comentarios. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Poettering por poner al Consejo Europeo de Copenhague exactamente en la perspectiva correcta desde el principio. 
Sin repetir sus palabras, es esta perspectiva histórica la que no debemos perder de vista en ningún momento. 
El agradecimiento dirigido a la Presidencia debemos hacerlo también extensivo a la Comisión, sobre todo al Sr. Verheugen, que lleva años trabajando sin descanso en la ampliación. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Titley. 
No sé si es «ahora o nunca» , pero en cualquier caso es hora de pasar a la acción. 
Es preciso que tengamos éxito. 
A pesar de los complicados problemas que siguen sin solucionarse, hemos llegado tan lejos, que no podemos justificar un fracaso. 
En lo relativo a Chipre, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Verheugen. 
La UE y la comunidad internacional deben manifestar claramente su buena disposición para prestar la ayuda necesaria para hacer frente a los grandes retos que la reunificación supondrá para Chipre y para sus dos comunidades. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas por hallar una solución antes de Copenhague den sus frutos. 
En lo relativo a Turquía, los principios están claros. 
Turquía es un país candidato. 
Las negociaciones de adhesión podrán empezar cuando se hayan cumplido los criterios de Copenhague. 
Hasta ahora no se han cumplido, pero Turquía ha realizado unos avances impresionantes con el amplio paquete de reformas. 
En Copenhague se enviará un mensaje contundente y positivo a los políticos y los ciudadanos turcos. 
La forma exacta que adoptará este mensaje es algo que debe ser debatido pormenorizadamente por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Poettering en que éste no es el tema principal de Copenhague. 
Los diez países serán las estrellas de esta cumbre. 
Sin embargo, no vamos a olvidar las perspectivas de Turquía, ni tampoco a Bulgaria ni Rumania. 
Estos dos países han realizado enormes avances en las negociaciones de adhesión, pero todavía no están listos. 
Se les facilitará un plan de trabajo para la última parte del camino. 
Deseo dar las gracias al Presidente de la Comisión por su apoyo al contenido de los paquetes que la Presidencia ha presentado a los diez países, y quiero agradecer también al Sr. Verheugen su advertencia sobre una posible sobrecarga de la agenda de Copenhague con todo tipo de asuntos distintos. 
Él sabe mejor que nadie cuán difícil y complicado es el proceso de ampliación, y conoce el peligro de entrar en debates pormenorizados sobre los paquetes individuales en la Cumbre de Copenhague. 
Asimismo quiero dar las gracias a las muchas personas que han expresado su apoyo a nuestra decisión de mantenernos dentro de los límites de gasto fijados en Berlín y en Bruselas. 
Deseo además dar las gracias a todos aquellos que han dicho que no deberíamos discutir por pequeñas cantidades en este decisivo momento histórico. 
No obstante, y pese a las sugerencias recibidas, mi consejo es que no debatamos la posibilidad de añadir otros dos miles de millones al importe fijado en los diez paquetes. 
El talento reside en no tener opiniones y hacer sugerencias. 
El talento reside en conseguir una mayoría y obtener el apoyo de todo el mundo, y hay, como es lógico, países que piensan que los paquetes elaborados por la Presidencia danesa ya son demasiado generosos. 
Debemos tener en cuenta que el talento reside en lograr un consenso o, en otras palabras, en dar los últimos retoques a los paquetes en Copenhague. 
El Sr. Barón Crespo y algunos otros tienen razón cuando dicen que sería mejor que los nuevos países tuvieran comisarios con carteras desde el principio y que el Parlamento pudiera celebrar elecciones a tiempo para aprobar la nueva Comisión. 
Eso significaría que los diputados de los nuevos Estados miembros podrían participar en la aprobación de los comisarios de sus países. 
No obstante, no es tan fácil como parece. 
Fijar una nueva fecha para las elecciones podría ser de ayuda, pero nuestros esfuerzos han sido en vano. 
La Presidencia está por la labor, pero nos tememos que no será posible. 
Si esto es así, es bueno tener otra solución, una que, aunque no sea perfecta, sea tolerable para todas las partes. 
Creo que el Consejo ya ha dicho- y, en cualquier caso, es algo que yo mismo he dicho cuatro o cinco veces aquí en el Parlamento, en nombre del Consejo- que los nuevos Estados miembros estarán en igualdad de condiciones con los antiguos Estados miembros en la Conferencia Intergubernamental, en la que se aprobará un nuevo tratado. 
Esto no me lo he inventado: está en el artículo 23 del Tratado de Niza. 
Sería totalmente irrazonable que ofreciéramos a los nuevos Estados miembros, que es posible que estén a punto de celebrar referendos, un estatuto distinto al de los antiguos Estados miembros, justo cuando sus ciudadanos deben votar a favor del nuevo tratado. 
En cierta forma, ya es bastante que tengan que aceptar un tratado que está en proceso de enmienda. 
Si no les permitimos estar en igualdad de condiciones con nosotros cuando se apruebe el tratado modificado, creo que no nos estaremos portando bien con ellos. 
Por último, me gustaría dar mi apoyo a algo que muchos de ustedes han dicho. 
Ninguno de los países candidatos tendrá que esperar a los demás. 
Si sólo están listos nueve países candidatos, esos países ingresarán en la Unión. 
Por lo tanto, es importante que también los países candidatos sepan aprovechar la oportunidad, o el pronóstico del Sr. Titley se cumplirá. 
Para terminar, quisiera decirle al Presidente que la Presidencia estará encantada de reunirse con él y con la Conferencia de Presidentes en Copenhague justo antes de la cumbre. 
Ahí podremos continuar el diálogo que hemos mantenido durante todo este proceso sobre estos complicados pero también gratificantes asuntos que son comunes a las tres instituciones. 
Señor Presidente, ahora que este debate está llegando a su fin, me complace comprobar, una vez más, que hay un amplio consenso entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión acerca de la ampliación, y ésta es una importante señal política en sí misma. 
A continuación, quisiera decir unas palabras sobre los temas más importantes del debate. 
En primer lugar, retomaré la cuestión del dinero. 
Creo- y a nadie le sorprenderá esto- que cuando se llega a la fase final de un proceso de negociación que implica mucho dinero, la gente empieza a dar marcha atrás en público, y aquellos que van a tener que pagar empiezan a decir que es demasiado, y los que quieren algo dicen que es demasiado poco. 
Esto es normal, y yo no me preocuparía mucho por ello. 
Sin embargo, hay una cuestión estructural que han mencionado, con toda razón, algunos diputados de esta Cámara: ¿está nuestra legislación, de verdad, diseñada para permitir que los nuevos miembros, que son más pobres que la media actual de la Unión Europea, obtengan beneficios de su adhesión durante los primeros años? 
Éste es justamente el problema. 
Para que nadie se preocupe sin razón, la postura, tal y como yo la veo en la actualidad, es la siguiente: de acuerdo con la propuesta de la Presidencia, los nuevos Estados miembros percibirán más de 9 000 millones de euros netos en pagos reales en 2004, 2005 y 2006. 
Por lo tanto, si se restan sus propias aportaciones, quedan 9 000 millones de euros netos de pagos adicionales. 
Eso significa que nadie es un contribuyente neto y que todos están en una situación mucho mejor que en 2003. 
He de decir, Señorías, que el importe de los créditos es realmente impresionante, y que la palabra tacañería no me parece apropiada. 
Créditos por valor de 25 700 millones de euros estarán disponibles para esos tres años. 
Se trata de una considerable suma teniendo en cuenta el tamaño de las economías de estos países. 
Conviene no olvidar que el producto nacional bruto de los países de Europa central y oriental asciende a sólo el cinco por ciento del de la actual Unión Europea. 
Yo diría que estas cifras ya están razonablemente equilibradas. 
No obstante, también es cierto que ambas partes tienen que repetir constantemente que la Unión Europea no es un cajero automático. 
No se mete una tarjeta, ya sea una tarjeta de miembro o una tarjeta de crédito, y se saca dinero. 
No funcionamos así en absoluto. 
Somos una comunidad basada en el derecho y nuestro objetivo es que las personas disfruten del mismo nivel de vida, meta que ayudamos a alcanzar, pero sólo en la medida de nuestras posibilidades. 
La Sra. Schroedter se ha referido a un asunto concreto, y por desgracia, tengo que estar de acuerdo con ella: el hecho de que, en opinión de la Unión, haya que lamentar la propuesta de que los fondos para el desarrollo rural estén disponibles para ayudas directas. 
La propuesta que presentamos tenía precisamente la intención de posibilitar un desarrollo estructural sensato y amortiguado, desde el punto de vista social, de la agricultura de los nuevos Estados miembros. 
No obstante, debo señalar que los propios países candidatos exigieron poder realizar una transferencia, al menos durante los tres primeros años. 
Su argumento es tan sencillo como convincente: sin esta medida, no hay ninguna posibilidad de ganar el referéndum en Polonia, por ejemplo. 
Éstos son los antecedentes de esta decisión, pero estoy dispuesto a admitir que es ciertamente lamentable desde el punto de vista de un desarrollo sensato de la política agrícola. 
A continuación, quisiera decir unas palabras sobre el tema de Turquía. 
El Sr. Nassauer ha hablado conmigo sobre este asunto en persona. 
No tengo nada que decir en privado que no haya dicho en público. 
Lo que se citó en el periódico es algo que he dicho muchas veces, y también aquí en el Parlamento Europeo. Si en 1999 hubiéramos tenido la oportunidad de desarrollar una estrategia para Turquía sin los 40 años de historia que ya teníamos, nunca se me hubiera ocurrido que la solución correcta podía ser ofrecer a Turquía su plena adhesión a la Unión Europea. 
El problema es, sin embargo, que no tuvimos esa opción. 
Ese camino ya se había explorado y había fracasado, y no había otro. 
Estoy seguro de que todos los debates de las últimas semanas, incluidos los suscitados por el Sr. Giscard d ' Estaing, no han alcanzado el resultado que deseaba el Expresidente francés. 
La consecuencia de esos debates ha sido precisamente que aquellas personas que no querían comprometerse de momento- y había bastantes que hubieran preferido no hacerlo- se han visto ahora obligadas a volver a ratificar el resultado de Helsinki, es decir, que Turquía tiene claramente estatuto de candidato, que será tratado como cualquier otro candidato, que sus perspectivas de adhesión son claras y sin condiciones y que se le anima a seguir por ese camino. 
Ése es el resultado del debate de los 15 Estados miembros, en lo que se refiere a los Gobiernos. 
Soy plenamente consciente de que en público se adoptan otras posturas, y que a veces lo hace incluso la mayoría. 
Sin embargo, sabemos que los 15 Gobiernos de los Estados miembros tienen la opinión unánime de que debemos atenernos a la estrategia de Helsinki. 
Es posible que, a este respecto, la contribución del Sr. Giscard d ' Estaing no haya obtenido el resultado que él deseaba. 
En el debate sobre las fechas, estoy de acuerdo con el Sr. Brok en que no debemos permitir que el asunto de Turquía eclipse el proceso de toma de decisiones sobre la ratificación en los Estados miembros, y es posible que ya haya un peligro real de que eso suceda. 
En cuanto a las cuestiones institucionales, la Comisión está, por supuesto, más que dispuesta a celebrar debates intensivos en esta Cámara en cualquier momento, y como siempre, la Comisión no tendrá el más mínimo problema, sino que, al contrario, intentará garantizar la plena protección de los derechos del Parlamento. 
Me gustaría hacer sólo dos pequeños comentarios. 
Naturalmente, necesitábamos ahora una hipótesis de trabajo para las adhesiones. 
Sin una fecha, no habríamos podido negociar el capítulo financiero, porque la fecha tiene enormes consecuencias para la situación financiera durante el primer año de adhesión. 
Los paquetes financieros para cada país son bastante distintos, dependiendo de la fecha en la que se haya basado el trabajo. 
Por eso era necesaria la decisión. 
Que yo sepa, el Consejo la tomó teniendo en cuenta fundamentalmente el tiempo que los Estados miembros dijeron que necesitarían para la ratificación. 
Eso también debería tenerse en cuenta, como he dicho en muchas ocasiones. 
En lo que respecta a la Comisión, me gustaría señalar, una vez más, que sugirió evitar la Comisión transitoria de 30 Comisarios y se ofreció, por tanto, a reducir su mandato, pero eso resultó imposible de negociar. 
Los países candidatos y los Estados miembros opinaron que los nuevos comisarios debían ocupar sus cargos desde el primer día tras la adhesión. 
En ese caso, creo que es razonable pedir que este período transitorio con 30 comisarios sea lo más breve posible. 
Por este motivo, se pensó en la fecha del 1 de noviembre para la próxima Comisión. 
Éste es el período de tiempo mínimo necesario para nombrar a un nuevo Presidente de la Comisión, conseguir su aprobación y darle tiempo para formar una nueva Comisión. 
Éstos son los antecedentes. 
Creo que podemos debatir juntos la cuestión con sensatez, y como he dicho antes, la Comisión está dispuesta a hacerlo en cualquier momento. 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Señor Presidente, la ampliación de la UE con la entrada de diez nuevos Estados miembros será un triunfo para la democracia si somos también capaces de adaptar nuestras instituciones de una manera que garantice que esta Unión ampliada, de 500 millones de habitantes, pueda funcionar también de una forma más eficaz, transparente y democrática. 
Esto presupone una mayor voz para el Parlamento Europeo, que es elegido directamente por los ciudadanos, pero también una Unión en la que los pueblos y las regiones se sientan como en casa. 
Todos los futuros Estados miembros han realizado enormes esfuerzos para cumplir los criterios de Copenhague e integrar el acervo comunitario en sus estructuras legislativas y nacionales. 
Turquía no puede exigir una fecha en Copenhague. 
Es obvio que a Turquía le queda un largo camino por recorrer antes de que pueda llegar a cumplir los criterios de Copenhague. 
Con toda seguridad, depende de Turquía decidir lo que debe, puede y está dispuesta a hacer para convertirse en una verdadera democracia que respete los derechos humanos, así como a las minorías culturales. 
Estos cambios no sólo deben evidenciarse a través de la legislación, sino también por medio de su aplicación real. 
Esto no depende sólo del Gobierno o del Parlamento turcos, sino, sobre todo, de la actitud del ejército, y mientras el ejército siga teniendo este papel protagonista, Turquía no podrá ser considerada una democracia en el sentido exacto de la palabra. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre dos preguntas orales, 
Pregunta oral (O-0085/02- B5-0506/02) del Sr. Enrique Barón Crespo al Consejo sobre el Estatuto de los diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos 
y 
Pregunta oral (O-0092/02- B5-0507/02) del Sr. Othmar Karas al Consejo sobre el Estatuto de los diputados en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, he planteado esta cuestión oral en nombre de mi Grupo para traer de nuevo al Pleno y, por lo tanto, a debate público y transparente, un tema esencial que es un tema constitucional. 
En un momento en el que estamos en la Convención planteando reformas de la Comisión, del Consejo, de todas las instituciones, el que podamos cumplir nuestro mandato con dignidad, con honor e igualdad como ciudadanos europeos, es una cuestión esencial en la que llevamos trabajando mucho tiempo. 
Añadiría algo más: tenemos que resolver este tema en esta legislatura, antes del final de la misma, habida cuenta de la proyección política que tiene. 
Planteé mi pregunta buscando el mayor apoyo y consenso en el Parlamento Europeo porque creo que es necesario y tengo que decir que mi Grupo piensa que éste es un tema que tiene que definirse con la máxima transparencia, tanto en lo que respecta al Estatuto en sus aspectos constitucionales como en las normas con las que tenemos que dotarnos. 
Lo que tengo que lamentar en este momento es que parece que, buscando el máximo acuerdo, se han acentuado los desacuerdos. 
Me he encontrado con una acusación abierta y sistemática; esta mañana tres presidentes de grupos parlamentarios han acusado públicamente, en conferencia de prensa, al Grupo Socialista de bloquear el Estatuto. 
Yo fui, y lo sabe bien el Presidente, quien planteó la enmienda al informe de Palacio que se aprobó con 455 votos a favor. 
Yo fui quien planteó, y está en la resolución conjunta del Grupo Liberal como considerando, que tenía que constituirse el grupo de personas eminentes, y lo sabe bien el Sr. Haarder, y propuse su composición, empezando por el Sr. Ersbøl. 
Eso es lo que he hecho yo en nombre del Grupo Socialista. 
Me gustaría que aquéllos que nos critican- y no me parece mal que se adelante la campaña electoral, pero sin bordear a la difamación -, me gustaría que explicaran aquí- que es donde hay que explicar las cosas- qué es lo que han hecho ellos. 
Y le diría al Sr. Watson, con toda la estima que le tengo, que también sería muy interesante- tiene una oportunidad de oro- que nos explicara por qué se siente rodeado por los alemanes. 
Yo no me siento condicionado por los alemanes, no es verdad. 
No es verdad, por ejemplo, que se haya creado este sistema de dietas para compensar a los ibéricos. 
Yo vengo de un parlamento en el que me daban el billete, nunca había cobrado más. 
Me encontré con ese sistema y no conozco a ningún parlamentario, incluso de los que cobran más, que haya renunciado a ese sistema. 
¿Por qué tenemos que desarrollar entre nosotros todo ese discurso de hipocresía y cinismo? 
Creo que hay que buscar la unidad y no ofender a los colegas porque tenemos que buscar conjuntamente la manera de salir hacia adelante. 
Por último, Sr. Presidente, usted sabe muy bien que yo fui el presidente del Grupo que más apoyó el que usted tuviera la posibilidad de mantener contactos exploratorios con el Consejo. 
Ahora bien, estamos en un parlamento, tenemos que aplicar el método parlamentario, no el método plebiscitario, y me alegro de que después de que yo haya planteado la pregunta, usted haya escrito dando cuenta de sus gestiones, y me alegro también de que haya hablado con el Sr. Rothley. 
En relación con el Sr. Rothley tengo que decir una cosa; con el Sr. Rothley como ponente el Estatuto es muy difícil, sin el Sr. Rothley, es imposible y tenemos todos que ser conscientes de ello y, por lo tanto, en vez de ahondar en las divisiones y ofender a muchos miembros de esta casa, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente y sacar el Estatuto adelante. 
Le agradezco la carta que ha escrito y espero una cosa, Presidente, porque creo que usted también está en esa misma línea. 
Espero que hoy el Consejo diga que está dispuesto a dialogar con nosotros sobre las modalidades de aprobación del Estatuto. 
Es lo único que le pido hoy al Consejo, y agradezco mucho que el Sr. Haarder esté aquí porque él ha estado luchando con nosotros por el Estatuto. 
Quiero mencionar una cosa, que en este momento está ya vigente el Tratado de Niza, lo cual implica la aprobación por mayoría, salvo los aspectos relativos a la fiscalidad, que se decidirán por unanimidad. 
En el día de hoy, lo único que hay que pedir es que el Presidente del Consejo me tienda la mano- no a mí sino al Parlamento-. 
Lo demás tenemos que hacerlo con un debate abierto y con trabajo conjunto entre nosotros y, por favor, no ahondemos las divisiones. 
Busquemos la unión del Parlamento porque es una responsabilidad nuestra que no podemos transferir a los demás. 
Señor Presidente, Señorías, estamos tratando aquí una historia interminable. 
Creo que ya es hora de que lleguemos a buen puerto. 
Estamos prácticamente al final de la legislatura y además tenemos una ampliación a la vista. 
Creo que debe resolverse la situación jurídica de los diputados de esta Cámara, de una vez por todas. 
Por supuesto, también necesitamos una respuesta oficial del Consejo a las propuestas realizadas por los órganos oficiales de esta Cámara. 
El informe Rothley, que fue aprobado inicialmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo como una opinión para nuestro Presidente y la Conferencia de Presidentes, es el único documento de esta Cámara que contiene una propuesta realmente integral de Estatuto de los diputados. 
Hemos estado esperando una respuesta del Consejo desde abril de este año, por lo que creemos que esta pregunta oral es ahora necesaria. 
Ya es hora. 
Esta propuesta del Sr. Rothley es muy equilibrada. 
Nos basamos en las aportaciones realizadas por personas de gran valía a las que solicitamos que nos presentaran propuestas concretas. 
Hemos llegado a la conclusión de que deberíamos percibir un sueldo que ascienda a la mitad del salario básico de un juez europeo. 
Creo que todo lo concerniente a este plan está bien equilibrado. 
Considero que es muy lamentable que tres presidentes de grupo hayan hecho público un comunicado de prensa esta mañana sobre este importante asunto, que realmente depende del consenso de esta Cámara; creo que ha sido absolutamente intolerable. 
Hay una contradicción bastante obvia entre las afirmaciones falsas realizadas esta mañana y el contenido real de la resolución. 
No obstante, quisiera señalar que sólo hay una diferencia importante entre las propuestas que tenemos sobre la mesa, a saber, la referencia, en el apartado 2 de nuestra propuesta de resolución, a la decisión de abril de la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque queremos que el Consejo adopte una postura clara sobre este documento. 
El resto del contenido es prácticamente idéntico. 
Por lo tanto, no entiendo en absoluto por qué se ha afirmado esta mañana que los grupos mayoritarios se iban a oponer al estatuto y que querían llenarse los bolsillos. 
Desde luego, esto no es así, y no resulta correcto decirlo de este modo en esta Cámara o en una conferencia de prensa. 
Me gustaría dejar esto muy claro. 
En esta Cámara no hay lugar para el populismo barato. 
Los grupos mayoritarios son responsables de toda la Cámara, y estamos intentando hacer honor a ello. 
Esta pregunta oral y esta resolución se han vuelto a incluir en el orden del día para que podamos avanzar en el debate sobre el Estatuto, no para obstaculizarlo. 
Señorías, llevamos negociando casi cinco años y no podemos seguir por más tiempo en una situación en la que el Consejo hace bailar al Parlamento como si fuera un oso con una argolla en la nariz en la pista de un circo. 
Debe estar ya claro lo que quiere el Consejo. 
Sabiendo lo que desea el Consejo, seremos además capaces de elaborar un Estatuto razonable en el transcurso de las futuras negociaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el actual proceso legislativo, en virtud del apartado 5 del artículo 190. 
Espero que el Sr. Haarder, que al fin y al cabo fue en su día colega nuestro, se ha sentado en esta Cámara y conoce los problemas existentes, y que además participó con anterioridad en los trabajos de elaboración del Estatuto, pueda ahora dar al Parlamento una señal clara y positiva, en nombre de la Presidencia danesa. 
Lo que considero inadmisible es que se repita lo que ya sucedió con las Presidencias sueca y belga. 
Permítanme recordárselo. 
El grupo de contacto se reunió y se nos dijo que, si llegábamos a un compromiso sobre los impuestos, los problemas se resolverían y el Estatuto podría entrar en vigor según lo propuesto. 
¿Qué ocurrió? 
Aceptamos el compromiso, un compromiso que, por cierto, considero ilegal y que el Tribunal Europeo de Justicia nunca aceptará. 
Pero lo aceptamos en aras de un estatuto común: ¿y cuál fue el resultado? 
El Consejo volvió a plantear otros problemas y otras cuestiones y, al final, no hicimos el más mínimo avance. 
Es por eso que, en esta ocasión, me gustaría ver sobre nuestras mesas no sólo una carta bienintencionada de nuestro Presidente, sino también una declaración en firme del Consejo. 
Ésa es la finalidad de esta pregunta oral y de la resolución que la acompaña. 
Está perfectamente claro que deseamos transparencia, y también está perfectamente claro que nuestra presidencia presentará nuevas propuestas para el reembolso de los gastos si conseguimos el Estatuto. 
Lo doy por sentado, y ése es el tema de todas las propuestas de resolución que están sobre la mesa. 
Señor Presidente, he escuchado con gran atención las intervenciones que se han realizado ya. 
Éste es, ciertamente, un asunto en el que yo participé muy activamente como diputado del Parlamento Europeo, y concedo una gran importancia a la decisión sobre el Estatuto de los diputados. 
Me gustaría manifestar que, como ya se ha señalado, el Consejo desea ayudar a encontrar una solución que garantice a cada diputado gozar de dignidad y del respeto de los ciudadanos. 
En lo referente a la forma en que debe aplicarse un estatuto como éste, debo señalar, como es lógico, que las normas que rigen su aplicación están contempladas en el apartado 5 del artículo 190 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que dice que corresponde al Parlamento Europeo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo, establecer el estatuto de sus diputados y las condiciones generales de ejercicio de sus funciones. 
Cuando el Tratado de Niza haya entrado en vigor, el Consejo podrá tomar decisiones por mayoría cualificada y ya no sólo por unanimidad, como ha sucedido hasta ahora. 
No obstante, esto no se hace extensivo al régimen fiscal. 
A pesar de que el Parlamento aprobó una propuesta de estatuto el 3 de diciembre de 1998- es decir, antes de que el Tratado de Ámsterdam entrara en vigor- el Parlamento lleva debatiendo desde entonces las nuevas directrices, concretamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Las sucesivas Presidencias del Consejo y los interlocutores designados por el Parlamento han mantenido un permanente diálogo en el grupo de contacto creado para promover las negociaciones entre las dos instituciones. 
Como es bien sabido, el Consejo no ha adoptado ninguna posición sobre algunos ejes centrales del futuro Estatuto. 
A este respecto, me gustaría subrayar un par de elementos fundamentales. 
De acuerdo con las posiciones expuestas hasta ahora por el Consejo, en primer lugar debe haber una conformidad entre el Estatuto y el derecho primario, por ejemplo en lo relativo a las inmunidades y los privilegios. 
En segundo lugar, se ha de respetar el acuerdo del Consejo sobre fiscalidad y, por último, debe haber transparencia y respeto por el principio de reembolso de los gastos, que contempla sólo los gastos en que se haya incurrido realmente. 
A mi juicio, la declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de abril de este año no cumple todas estas condiciones, y puedo entender por qué el Presidente del Parlamento ha transmitido el mismo mensaje en sus contactos informarles con los Gobiernos de los Estados miembros. 
Entiendo además la razón de que, sobre la base de sus contactos con los Estados miembros, el Presidente del Parlamento haya sacado varias conclusiones sobre algunos elementos de un compromiso que, una vez entre en vigor el Tratado de Niza, podrá conseguir la necesaria mayoría en el Consejo. 
En conclusión, celebraría cualquier esfuerzo orientado a lograr una solución aceptable tanto para el Consejo como para el Parlamento. 
Me gustaría instar al Parlamento, en nombre del Consejo, a que no deje pasar esta oportunidad. 
El Parlamento es quien hace las propuestas, y el Consejo, quien las aprueba, así que le corresponde al Parlamento dar el siguiente paso. 
Hago un llamamiento para que lleguemos a un acuerdo sobre una propuesta que pueda suscitar un apoyo amplio en el Parlamento y un apoyo lo suficientemente amplio en el Consejo y pueda ser aprobada de conformidad con las nuevas normas del Tratado de Niza que estarán en vigor para febrero. 
Señor Presidente, no tengo mucho que añadir a las palabras del Sr. Lehne, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. 
En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me gustaría darle la razón al Sr. Barón Crespo porque, sinceramente, la inteligencia del Sr. Rothley ha hecho posible concluir una iniciativa en la que habíamos estado trabajando bastante tiempo y que ahora se ha completado satisfactoriamente. 
Hemos refrendado un Estatuto, y un Estatuto no sólo implica dinero- una remuneración -, sino también algo más fundamental para un Parlamento y para sus diputados, en términos, como ha dicho el Sr. Haarder, de aspectos constitucionales y paraconstitucionales. 
A la hora de establecer los derechos y las obligaciones de los diputados, hemos destacado la cuestión de la autonomía del Parlamento que, aunque no es absoluta porque el proceso europeo es ligeramente distinto, se asemeja a la de la mayoría de los parlamentos nacionales. 
Con el Estatuto, los diputados refuerzan esa autonomía. 
Creemos, señor Presidente, Señorías, que hay un nexo indisoluble entre nuestros derechos y nuestras obligaciones, entre la naturaleza de nuestro trabajo y, por supuesto, la naturaleza de nuestra remuneración. 
El Sr. Haarder ha demostrado que está de nuestra parte. 
He tomado nota, señor Presidente en ejercicio, de que el Consejo ha declarado su intención de tener en cuenta la decisión del Parlamento, además de cuestiones de mayoría o unanimidad. 
Al hacerlo, estará teniendo debidamente en cuenta un asunto que ha sido destacado por primera vez por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que hará que el Parlamento tenga un mayor protagonismo, mucha más autonomía y un papel mucho más completo. 
Hemos presentado la pregunta, que ha sido respaldada por el Presidente en ejercicio, con el fin de darle una oportunidad aún mayor de encontrar una solución. 
Creo que, al aprobar este texto, el Parlamento incrementará estas posibilidades todavía más. 
Señor Presidente, mi más sincero agradecimiento por su trabajo. 
Hemos avanzado. 
Gracias también por la carta que envió a los diputados, y que ha aclarado muchas cosas. 
Por cierto, no he olvidado el apoyo que me dio en la Conferencia de Presidentes de 1998 cuando debatíamos si la Comisión de Asuntos Jurídicos debía elaborar una propuesta de estatuto. 
Usted era presidente del Grupo Liberal en ese momento. 
Hace ya mucho tiempo de eso. 
Deseamos que la resolución espolee un debate más profundo con el Consejo sobre las cuestiones que siguen abiertas. 
Estamos hablando de reforzar la democracia, y no sólo de salarios; estamos hablando de la dignidad del Parlamento, cuyos diputados representan a 380 millones de ciudadanos de la Unión Europea, y no sólo de reembolsos y dietas. 
Por supuesto, estas cuestiones deben solucionarse. 
Estoy seguro de que la Presidencia, que es el único órgano competente para hacerlo, resolverá el sistema de reembolsos de una forma comprensible y transparente para los ciudadanos. 
Los que sólo hablan de dinero revelan su gran desprecio por este Parlamento. 
No somos una banda de estafadores cuyas actividades haya que detener. 
Cuando el Consejo Europeo introdujo las elecciones directas en 1976, no estableció los derechos constitucionales de los diputados. 
El Consejo no puede esperar, más de dos décadas después de las primeras elecciones directas, que aceptemos seguir sin una definición de los derechos constitucionales de los diputados. 
Las normas sobre la inmunidad datan de 1965 y fueron diseñadas para los delegados enviados a la Asamblea Parlamentaria por los Parlamentos nacionales. 
El Consejo no puede esperar que no cambiemos nada de esas disposiciones de 1965 en el año 2003. 
Conozco bastante bien los problemas jurídicos, pero con una dosis de buena voluntad por ambas partes pueden solucionarse. 
Hay un momento para cada cosa. 
Omnia tempus habent. 
Tengo la sensación de que se aproxima el momento de tomar una decisión. 
En 1999 el propio Consejo Europeo nos instó- ya lo hemos mencionado- a resolver la cuestión del Estatuto de los diputados, con carácter de urgencia. 
Es probable que solucionemos para siempre el asunto a principios del año próximo. 
Estamos autorizados para presentar un informe al Pleno. 
Sé que sigue habiendo problemas con el derecho primario, pero pueden resolverse, y quedaría muy agradecido al Consejo si se centrara en esta cuestión y nos enviara sugerencias concretas para hallar una solución. 
En cualquier caso, el Estatuto deberá aprobarse antes de la ampliación, porque después será prácticamente imposible. 
Señor Presidente, el motivo por el que esta moción y este debate están en nuestro orden del día radica en la insistencia de los demócrata-cristianos y los conservadores del PPE y los socialistas y socialdemócratas del PSE. 
No es necesario que tengamos hoy este debate. 
Mi grupo está a favor de que existan condiciones iguales para todos los diputados en un Estatuto de los diputados, pero esta propuesta hace que sea más arduo y difícil conseguir dicho estatuto. 
Si se aprueba la propuesta planteada por el Sr. Barón Crespo y el Sr. Poettering, bloqueará el avance de nuestras conversaciones con el Consejo. 
Estos dos caballeros le confirieron un mandato de cara a las conversaciones preliminares con el Consejo, pero ahora sus partidos quieren forzar un voto sobre la opinión del Sr. Rothley antes de dar al Parlamento la oportunidad de considerar el resultado de sus discusiones. 
La opinión del Sr. Rothley quiere incluir en el Estatuto de los diputados cuestiones de derecho primario, como inmunidades y privilegios que requieren la ratificación por parte de los parlamentos nacionales. 
El mensaje sobre la reforma que transmiten al Consejo es «o lo toma o lo deja». 
El mensaje que transmiten a los diputados al PE que quieren la reforma es «olvídelo». 
La resolución conjunta de mi partido con los Grupos GUE/NGL y Verts/ALE requiere un estatuto común, acordado con los gobiernos nacionales en el Consejo, que dé igualdad de trato a los diputados y suponga transparencia en nuestras asignaciones. 
Nuestra pregunta a los diputados individuales del PPE-DE y el PSE, muchos de los cuales se reirán de camino al banco si detienen la reforma, es la siguiente: ¿no tienen ustedes amor propio? 
¿No les preocupa la reputación de esta Asamblea? 
En el comunicado de prensa del Sr. Rothley se me acusa de ser poco serio, de hacer acusaciones deshonestas. 
Señor Rothley, me tomo en serio las acusaciones de falta de honradez que nos hacen los ciudadanos. 
El Sr. Barón Crespo me acusa de lanzar invectivas contra los socialistas. 
Si le lanzo invectivas, señor Barón Crespo, ¿por qué tantos diputados de su grupo, incluidos todos los británicos, van a apoyar nuestra moción en el voto de mañana? 
La respuesta es que lanzan ustedes invectivas sobre ustedes mismos y se lo merecen. 
Por otra parte, usted lanza invectivas sobre aquellos de nosotros que reconocemos el malestar público, que admiten que el régimen de gastos es injustificable y que tratan de introducir los estándares más elevados en la gestión de esta Asamblea. 
Señor Presidente, al no realizar la reforma abusamos del contribuyente por nuestra cuenta y riesgo y degradamos la política democrática. 
Al hacer un llamamiento a los diputados para que apoyen la resolución presentada por tres grupos, los convoco a que rechacen la descripción de los políticos en las palabras del poeta Hilaire Belloc, quien escribió: 
«Con pompa y ridícula demostración 
el cadáver del político era llevado, 
mientras por ahí lo criticaban sin perdón, 
Yo lloré: ojalá lo hubiese visto colgado». 
Señor Presidente, el punto de partida de las deliberaciones de mi grupo sobre la cuestión del Estatuto de los diputados debe ser señalar que hay una crisis de confianza entre los ciudadanos de la mayoría de nuestros países y los políticos. 
Todo lo que hagamos debe tener en cuenta este objetivo. 
En este caso, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica considera que es necesario garantizar una total transparencia en las condiciones que rigen el ejercicio del mandato parlamentario y disipar cualquier idea de privilegios para los diputados. 
A mi juicio y a juicio de la amplia mayoría de mi Grupo, eso requiere dos cosas: en primer lugar, necesitamos un estatuto a muy corto plazo, es decir, antes de las elecciones de junio de 2004. 
Por lo tanto, en las propuestas que vamos a negociar con el Consejo, no debemos incluir disposiciones que ya sepamos que no son aceptables. 
De lo contrario, será como decir que no queremos un estatuto. 
La segunda exigencia, a mi juicio, es que el contenido de las propuestas que presentemos respete las posiciones de principio que he mencionado anteriormente, sobre todo la transparencia y el rechazo a cualquier idea de privilegio. 
No pretendo insultar ni ofender a nadie al decir esto, señor Presidente. 
Es muy sencillo explicar por qué mi Grupo se opone- y ya lo ha dicho- a que el Parlamento envíe al Consejo el documento elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en su actual forma. 
Por poner sólo dos ejemplos: el artículo 9 del documento pretende garantizar a los futuros diputados la práctica impunidad, lo que es injustificable. 
En cuanto al artículo sobre la remuneración, solicita un enorme aumento de las dietas para la mayoría de los diputados. 
En un momento en que la Unión aboga por la austeridad con los trabajadores y pide que el gasto público se racione, esto podría sonar como una provocación. 
Obviamente, lo consideramos inadmisible. 
Juguemos limpio. 
Aquellos de ustedes que deseen llegar a un rápido acuerdo con el Consejo sobre el Estatuto de los diputados no deben aprobar, en la votación de mañana, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos en su forma actual, puesto que este informe descartaría obviamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo efectivo sobre un estatuto. 
Por otra parte, si votan a favor de la resolución de compromiso elaborada por los tres grupos «bisagra» del Parlamento, allanarán el camino de la búsqueda de un acuerdo que la amplia mayoría de nosotros, de ustedes, dice que quiere. 
Mañana cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de cargar con sus responsabilidades. 
Señor Presidente, ya ha quedado claro aquí que tres grupos han presentado una propuesta de resolución común, y a mi juicio, es muy importante que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea se hayan unido en una campaña común, porque ya es hora de que obtengamos resultados concretos. 
Queremos lograr un estatuto y resolver todos estos asuntos que molestan tanto a nuestros ciudadanos. 
No podemos aprobar un estatuto que contenga elementos que puedan constituir una retribución oculta. 
Queremos que todo el dinero que se nos abone en concepto de sueldo y de gastos sea lo más transparente posible y justificable a los ojos de los ciudadanos. 
No podemos aceptar tampoco privilegios para nosotros mismos que no se puedan hacer extensivos a nuestros ciudadanos. 
Dado que mi colega, el Sr. Lehne, ha atacado a los presidentes de los tres grupos aquí presentes, debo observar que tanto el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos como el Grupo del Partido Socialista Europeo nos han explicado la razón de que los tres grupos hayan tenido que formar una alianza. 
Los medios que los dos grupos mayoritarios han empleado para impedir que usted, señor Presidente, mantuviera conversaciones con el Consejo son del todo inaceptables. 
En nombre de mi Grupo, quiero darle las gracias por los esfuerzos que ha realizado, y creo que ya ha logrado más, en relación con esta cuestión del Estatuto, que su predecesora durante la totalidad de su mandato. 
En la carta que nos envió decía que, en vista de ciertas condiciones previas, tenemos realmente la oportunidad ahora de llegar a una solución y que debemos aceptar que los asuntos relacionados con la inmunidad de los diputados, por ejemplo, se resuelvan en otro contexto. 
Mañana todos podremos decidir de qué lado estamos. 
Si queremos un estatuto, tendremos que seguir explorando las diversas posibilidades del camino iniciado por el Presidente, y de este modo, conseguiremos por fin sacar este asunto de la agenda. 
Señor Presidente, el manido asunto del Estatuto de los diputados vuelve a asomarse a esta Cámara, sin que podamos saber muy bien cuál será el resultado de las conversaciones con el Consejo. 
A nuestro juicio, la razón por la que las negociaciones están estancándose es fundamentalmente porque, además de los detalles técnicos, el Parlamento Europeo pretende obtener un estatuto puramente europeo para sus diputados, con una remuneración con cargo al presupuesto comunitario, y este objetivo contraviene el espíritu y la letra de los Tratados. 
Los artículos 189 y 190 establecen claramente que los diputados de esta Cámara son representantes del pueblo que los ha elegido. 
Por eso, hace mucho tiempo presentamos una propuesta que seguimos creyendo que supondría un buen compromiso. 
Consta de tres partes: en primer lugar, los diputados deberían, exactamente igual que ahora, seguir percibiendo su remuneración principal del Estado que los ha elegido, y esta cantidad estaría sujeta a los regímenes fiscales nacionales. 
Sería absurdo- y recalco estas palabras -, en nuestra opinión, que el representante de un país percibiera dinero de cualquier otra fuente que no fuera su propio país y que no tuviera que pagar los mismos impuestos que sus conciudadanos en lo que se refiere a su remuneración principal. 
En segundo lugar, los gastos de desplazamiento y otros gastos deberían reembolsarse en su totalidad, pero obviamente dentro de unos límites razonables. 
Por último, si fuera necesario, y a título complementario, podría haber dietas de importe limitado abonadas por el Parlamento Europeo por cada día de asistencia. 
Éstas constituirían un ingreso- pero, en esta ocasión, un ingreso claro y transparente- que podría estar sujeto a un impuesto comunitario. 
Hace mucho tiempo que pensamos que esta propuesta ofrece un buen compromiso entre los diversos objetivos. 
Es racional, comprensible y transparente y, por último, creemos que nos permite preservar un principio fundamental: el vínculo jurídico y económico entre todos los diputados y las personas que los han elegido. 
Señor Presidente, tengo la impresión de que los votantes ajenos a esta Asamblea tendrían cierta dificultad para comprender lo que está sucediendo aquí esta tarde y lo mismo nos puede ocurrir, de hecho, a algunos de nosotros. 
Me pregunto cómo lo interpretaría la opinión pública. 
El quid de la cuestión es, sin duda, que la mayoría de esta Asamblea desea un paquete de remuneración razonable, un salario, una pensión, reembolso de los gastos cuando sea factible, sobre la base de facturas y justificantes; el mismo tipo de sistema que se aplica a nuestros electores en sus lugares de trabajo. 
Evidentemente, algunos dirán que el nuestro no es un trabajo corriente. 
Somos especiales. 
Sí, efectivamente lo somos, somos funcionarios públicos. 
Hace ya tres años que vengo escuchando innumerables debates sobre este asunto en esta Asamblea y no parece que hayamos avanzado nada. 
¿Qué tenemos ahora sobre la mesa? 
Mi respuesta inmediata sería que nos encontramos ante un intento de buscar subterfugios que se halla encallado en un atolladero de cuestiones de procedimiento. 
Por un lado, estamos hablando de un informe- un informe que no era tal, sino una mera recomendación- votado en una comisión. 
Por el otro lado, estamos hablando de alguna información que usted nos ha aportado, señor Presidente, y que le agradecemos mucho. 
Pero algunos de los presentes no quieren ni oír hablar de ello. 
¿Me estoy embrollando? 
Sin duda alguna. 
Los diputados no tenemos nada consistente o detallado que debatir, nada que tengamos la potestad de enmendar o que podamos votar debidamente todos. 
¿De qué estamos hablando, entonces? 
Algunos confiábamos en que al menos se trataba de debatir sobre un proceso que conduciría a la elaboración de un informe propiamente dicho, dedicado a presentar los detalles de una propuesta de estatuto clara y transparente, que todos los diputados tendrían derecho a enmendar y votar, y que les permitiría asumir su responsabilidad ante sus electores y poner punto final al fin, de una vez para siempre, a las críticas de que somos objeto con tanta facilidad. 
En cambio, nos encontramos encallados en esta interminable ronda de debates sobre cuestiones de procedimiento. 
Pero, ¡tenemos una oportunidad de salir del atolladero! 
Hablemos claro: la propuesta de resolución común presentada por tres partidos contiene un apartado muy práctico, que permitiría iniciar un proceso práctico. 
Se trata, evidentemente, del mismo apartado al que se oponen las mayorías de los grandes grupos de la Asamblea. 
Ese apartado se ha presentado individualmente en forma de enmienda. 
Por lo tanto, están avisados: si bloquean esa enmienda, estarán obstaculizando el progreso, estarán impidiendo que esta Asamblea inicie un procedimiento abierto que conduzca a un estatuto y que esta Cámara sea merecedora del nombre de parlamento, y dejarán a nuestros ciudadanos todavía más desconcertados y escépticos. 
Le ruego, por lo tanto, señor Presidente, que compruebe el procedimiento por el que se ha presentado la pregunta, pues dudo sinceramente que éste sea aceptable conforme a nuestro Reglamento. 
No quisiera que la gente llegue a sentirse aún más desorientada de lo que ya lo estamos nosotros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, dado que soy relativamente nuevo en esta Cámara, aunque no en la política, me gustaría empezar contándoles algo sobre mí. 
En una ocasión, presenté una petición juvenil de referéndum a favor del servicio y la justicia y en contra de los privilegios. 
He contribuido al endurecimiento de la normativa de incompatibilidades y he trabajado en nuevas normativas referentes a la separación de la política y los negocios, en medidas y decretos orientados a que los puestos del sector público se cubran con una mayor objetividad, así como en la creación de un grupo de expertos dedicado a elaborar una estructura salarial que cubre todas las funciones públicas de mi país natal, desde el Presidente Federal hasta los alcaldes de las localidades más grandes. 
La cuestión del servicio y la justicia, el mandato, la profesión y el privilegio está presente en toda mi carrera política, y siempre ha sido una cuestión de credibilidad de la política ante los ciudadanos. 
Por esta misma razón, he abogado por que esta pregunta se presentara ante el Consejo, ya que desde que estoy en esta Cámara siempre he tenido la sensación de que abundan los rumores y las recriminaciones mutuas en el Parlamento y el Consejo y entre los grupos, pero carecemos de un estatuto. 
La causa de nuestro problema reside realmente en el hecho de que, aunque a todos nos han elegido para ser diputados de esta Cámara, no recibimos el mismo trato. 
Parte de nuestro problema es que tenemos 15 legislaciones electorales nacionales y ninguna legislación electoral europea, que no tenemos una norma de incompatibilidades, sino varias. 
Ése es un problema. 
Ya debatimos este tema en 1998, en 1999 y en abril de 2001. 
El Presidente nos ha dicho que casi hemos llegado a nuestro destino y, por lo tanto, queremos que el Consejo nos informe de qué asuntos quedan pendientes y de cómo vamos a llegar a nuestro destino. 
Hoy tampoco hemos recibido respuesta alguna del Consejo, porque ésa no ha sido una respuesta. 
Por lo tanto, me pregunto hasta qué punto estamos cerca de llegar a nuestro destino si no podemos decir claramente cuáles son los asuntos pendientes. 
Al mismo tiempo, esta mañana he presenciado una conferencia de prensa en la que se han lanzado acusaciones contra cualquiera que mencione el informe Rothley, que es un informe de una comisión y contiene una opinión para el Presidente. 
Considero intolerable este comportamiento y declaro que las afirmaciones que se han realizado son falsas, y me pregunto: ¿quién está dañando la dignidad de esta Cámara y el respeto que merece? 
¿Aquellos que hacen referencia a una decisión tomada por una comisión parlamentaria o a una opinión dirigida a la Presidencia, o aquellos que hacen caso omiso de esa decisión y quieren iniciar acciones paralelas? 
Ningún mandato nacional puede compararse con el mandato del Parlamento Europeo. 
La duración es mayor, la distancia es mayor y estamos en casa menos tiempo que cualquiera de nuestros colegas de los parlamentos nacionales. 
Tenemos una decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que constituye la base para las conversaciones del Presidente. 
Tenemos un grupo de expertos que ha llegado a una conclusión, para que nadie pueda decir que estamos organizando las cosas a nuestro gusto. 
Tenemos el informe Rothley y tenemos una situación jurídica según la cual nosotros debemos adoptar el Estatuto y el Consejo ha de aprobarlo para que pueda entrar en vigor. 
Con esta pregunta deseábamos una mayor transparencia, en lugar de rumores; una mayor claridad, en lugar de recriminaciones. 
Queríamos que la respuesta del Consejo, que desgraciadamente ha brillado por su ausencia, nos acercara un paso más a la decisión que necesitamos. 
No queremos tampoco que oportunistas políticos o la indecisión del Consejo nos confundan. 
Les digo que, si no nos tomamos en serio a nosotros mismos, nadie lo va a hacer. 
Por lo tanto, debemos resistirnos al oportunismo y avanzar con determinación por el camino que nosotros, en este Parlamento, hemos escogido conforme a la ley. 
Evidentemente siempre estamos dispuestos a dividir el informe en una parte constitucional y el resto, si se nos argumentan detalladamente las razones para hacerlo, pero por desgracia, esta pregunta también se ha quedado hoy sin respuesta. 
- (DA) Señor Presidente, tengo que decir que el discurso del Sr. Karas no tiene sentido. 
La pregunta al Consejo era: ¿está el Consejo dispuesto a iniciar, a nivel de Jefes de Estado y Gobierno, un diálogo con el Parlamento Europeo acerca de las modalidades de adopción del Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo? 
La respuesta es que sí: lo he dejado bastante claro. 
Además, he reiterado lo que el Consejo ha dicho siempre: que le corresponde al Parlamento dar el siguiente paso. 
Ahora que el Parlamento ha llegado a un acuerdo sobre algo que hay posibilidades de que el Consejo adopte y apruebe, supongo que será el turno del Consejo. 
No voy a entrar en detalles sobre la declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior dirigida a la Conferencia de Presidentes del Parlamento. 
Como es lógico, esa declaración no se ha enviado al Consejo, y no ha sido aprobada por mayoría en el Parlamento. 
El Consejo no va a presentar una propuesta detallada. 
Con esto respondo al Sr. Lehne. 
Le corresponde al Parlamento dar el siguiente paso. 
Me gustaría recordarles los acontecimientos de 1999, cuando la entonces Presidencia alemana hizo un gran esfuerzo por llegar a un compromiso. 
Eso es algo que creo que recuerda el actual ponente, así que no es necesario que lo repitamos. 
Estoy de acuerdo con quienes han afirmado que es absolutamente fundamental que se apruebe ya un Estatuto con normas claras y transparentes que refuercen la dignidad de cada diputado, así como el respeto de los ciudadanos por el Parlamento. 
Es preciso que el reembolso de gastos se realice de una forma clara; debe haber un nivel salarial adecuado; y los gastos de viaje deben calcularse por medio de los justificantes. 
Esto es en lo que el Consejo ha hecho siempre hincapié. 
Es preciso que este Estatuto entre en vigor a tiempo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
En vista de la próxima ampliación, estas elecciones recibirán una mayor atención que las anteriores, y si este problema no se soluciona, dará lugar a debates muy perjudiciales, sobre todo en los nuevos Estados miembros. 
No es bueno que el electorado trate a este Parlamento con indiferencia. 
Por desgracia, hay demasiadas personas que obran así, como se desprende de la elevada abstención. 
Será aún peor si, la primera vez que van a las urnas, los votantes de los nuevos Estados miembros leen noticias sobre debates acerca del Estatuto de los diputados en las primeras páginas de sus periódicos. 
Si eso ocurre, existe el riesgo de que muchos votantes traten al parlamento no sólo con indiferencia, sino también con desprecio, y eso sería lo peor que podría pasar. 
Por último, no me voy a morder la lengua a la hora de solicitar el apoyo para el Presidente del Parlamento en relación con la iniciativa que ha tomado, a la vez que pido que se llegue a una solución referente a los paquetes que tenga posibilidades de que el Consejo la apruebe. 
El Consejo ha dado, por supuesto, señales claras. 
Debe ser posible hacer estas cosas, señor Presidente. 
Está en sus manos y en las de sus diputados. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Señor Presidente, hay algo que no puedo dejar de decir. 
El domingo expresé mi solidaridad con el pueblo gallego acudiendo a la manifestación que tuvo lugar en Santiago de Compostela. 
Su lema era «Nunca mais» y me gustaría repetirlo en esta Cámara. 
Galicia vive del mar, y el mar ha sido destruido por comerciantes delincuentes que navegan junto a la costa en viejos petroleros llenos de petróleo. 
No son más que delincuentes medioambientales que permiten que petroleros que tienen fugas sean remolcados a alta mar. 
Ha llegado la hora de ser consecuentes y utilizar el Fondo Europeo de Solidaridad para ayudar a los gallegos, y también a los miles de voluntarios que se enfrentan a una tarea imposible. 
Insto a todo el mundo a que vea esta apocalíptica escena por sí mismo, porque la realidad es mucho peor que la que aparece en las imágenes de televisión. 
Por favor, que éste sea el último desastre petrolífero registrado en Europa. 
El Consejo debe tomar ya las medidas necesarias. 
«Nunca mais» : nunca más. 
Señor Presidente, la catástrofe del Prestige en Galicia tiene las consecuencias de una catástrofe natural, pero es realmente una catástrofe política. 
Política, porque ni los Estados miembros, ni la propia Unión Europea, ni este mismo Parlamento supieron tomar medidas apropiadas en su momento para impedir que buques como el Prestige- y hay cientos de ellos- circulen por los mares comunitarios. 
Política, porque este Parlamento, después de que frente a las costas de Galicia hubiera siete catástrofes semejantes a la del Prestige en los últimos veinte años, no tuvo el coraje de instaurar una legislación semejante a la de los Estados Unidos con la Oil Pollution Act, de tal forma que se impida radicalmente circular por esas aguas a este tipo de buques, que son bombas de relojería manejadas por mafias del capitalismo delincuente. 
En este momento, por lo tanto, señor Presidente, cuando no hay un plan de emergencia europeo para atender estos problemas, son cientos y cientos los barcos gallegos que están intentando impedir- junto con la ayuda de muchos Estados, que agradecemos- que entre el fuel oil en las rías gallegas. 
En la ría de Arosa, 500 pequeños barcos están procurando resolver, con métodos artesanales, un problema que le corresponde al Estado español y a la Unión Europea. 
Termino, señor Presidente, diciendo lo siguiente: creo que la Presidencia de este Parlamento debe ir a Galicia, y mostrar la compasión humana y el afán de arreglar el problema que ese país, como muchos otros, padece; pero especialmente a Galicia, que es quien más sufre en el mundo este problema, se le debe mostrar la compasión y la ayuda que merece. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, Señorías, deseo expresar mi solidaridad, como ciudadano portugués, con nuestros vecinos gallegos que han sufrido esta tragedia. 
Muchos ciudadanos portugueses han estado colaborando en este esfuerzo humanitario, y estamos muy preocupados por el destino de la mancha de petróleo del Prestige, que también podría llegar a las costas del norte de Portugal. 
Éste es un desastre de enormes dimensiones, y debemos congratularnos de que Europa, por una vez, haya aprendido la lección. 
Parece que el Erika no fue suficiente, pero el Prestige debe serlo, para que sea la última vez que esto suceda. 
Por lo tanto, me gustaría manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Nogueira Román, que sugiere que el Presidente del Parlamento visite Galicia y, en caso de que las costas portuguesas resulten también afectadas, que visite también esa zona. 
Sobre todo, debería expresar la solidaridad de este Parlamento y apoyar, en nuestro nombre, las peticiones de que se refuercen las medidas europeas en este campo, algo que probablemente se debatirá en la Cumbre de Copenhague de la semana que viene. 
Es muy importante que el Parlamento envíe una señal inequívoca y, por lo tanto, respaldo plenamente las palabras del Sr. Nogueira Román. 
informe (A5-0392/2002) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común [COM (2002) 185- C5-0313/2002- 2002/0114 (CNS) ]; 
informe (A5-0396/2002) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad comunitaria en el sector de la pesca [COM (2002) 187- C5-0314/2002- 2002/0116 (CNS) ]; 
informe (A5-0393/2002) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una medida comunitaria urgente para el desguace de buques pesqueros COM (2002) 190- C5-0315/2002- 2002/0115 (CNS) ]; 
y 
pregunta oral (O-0091/2002- B5-0504/2002) del Sr. Struan a la Comisión, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la crisis del bacalao. 
Señor Presidente, Señorías, no creo que hayamos necesitado el desastre del Prestige ni los informes científicos que acabamos de recibir del ISIS sobre el bacalao y el estado catastrófico de esta especie tan importante, para darnos cuenta de lo urgente que es reformar la política pesquera. 
Creo que cualquier persona que tenga ojos para ver y oídos para oír debe reconocer que nuestra actual política pesquera no nos permite ni garantizar un futuro a nuestros pescadores y a todas las familias que dependen de la pesca, ni crear condiciones estables que permitan que nuestros recursos pesqueros sigan estando disponibles para las generaciones futuras. 
Señorías, no hay necesidad de excederse en la dramatización; la situación es dramática de por sí. 
Creo que esto hace que el debate de hoy sea crucial para el futuro de la industria pesquera. 
Estamos debatiendo varias cuestiones e informes a la vez. 
Quiero comenzar dando las gracias a todos los ponentes, además de la persona que formuló la pregunta, por los informes, ya que nos proporcionan una visión general. 
Voy a dividir mi intervención en dos partes. 
En primer lugar, quisiera hablar principalmente de los aspectos generales y luego retomaré la palabra al final para hablar las diversas enmiendas presentadas y de la postura de la Comisión sobre dichas enmiendas. 
Sin embargo, Señorías, quisiera decir unas palabras sobre el desastre del Prestige. 
Realmente el nombre de Prestige no es nada acertado para este barco. 
Las consecuencias para los pescadores y los mejilloneros y ostreros son realmente colosales y dramáticas. 
En la Comisión estamos tratando, con los medios de que disponemos, de ayudar al menos a evitar lo peor y a obtener ayuda para las familias afectadas a la mayor brevedad posible. 
Por ello la Comisión ha creado un grupo de trabajo. 
Éste ya ha estado en Galicia y ha hablado con las personas afectadas sobre el terreno y también con las autoridades. 
En la actualidad estamos elaborando planes para los programas de ayuda y ya podemos utilizar todos los recursos legales de que disponemos para ver que los instrumentos existentes se aplican con la mayor flexibilidad posible de forma que podamos ayudar a los afectados. 
Yo mismo me he puesto en contacto con las autoridades españolas al inicio de este desastre y me mantengo en contacto con las personas que ocupan puestos de responsabilidad en ese país, y dado que ahora parece que también Francia se verá afectada con mayor severidad que la que se preveía inicialmente, se aplicarán por supuesto los mismos principios y se prestará la misma ayuda a este país. 
Creo que los informes del ISIS constituyen la prueba más reciente de la situación desesperada en la que se encuentra nuestra industria pesquera. 
Como ustedes saben, el ISIS publicó en octubre la noticia de que cuatro de las poblaciones comunitarias de bacalao se encuentran al borde del colapso. 
Uno de los motivos de esta alarmante situación es que las poblaciones ya se encontraban en niveles bajos- y esto no sólo se refiere a los peces jóvenes; ya no hay tampoco suficientes adultos- otro estriba en la escasa reproducción de la pasada temporada y el último es que la mortalidad sigue siendo demasiado alta. 
Los científicos del ISIS han recomendado de forma clara e inequívoca que en ausencia de un plan de recuperación la pesca directa de bacalao debería interrumpirse durante el próximo año en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda, las aguas situadas al oeste de Escocia, el Skagerrak y el Kattegat. 
También debería suspenderse la pesca de eglefino y de pescadilla, ya que junto a éstos se pescan muchos bacalaos. 
La reducción de las capturas de bacalao durante los últimos años no ha sido suficiente y desafortunadamente ahora encontramos que las reducciones de las cuotas han dado pie a falsas recuperaciones y a la pesca ilegal. 
Los científicos también han señalado esto. No se trata simplemente de una afirmación de la Comisión, como muchos han dicho. 
Los científicos han advertido en repetidas ocasiones de que no sólo debemos establecer cuotas, sino que también debemos reducir el esfuerzo pesquero de forma que podamos realizar mejores controles y garantizar que las capturas no deseadas no sean demasiado altas, además de que el total de capturas admisibles sea adecuado. 
Me limito a citar su palabras. 
Los científicos afirman- ya lo hicieron en 1990- que recomendamos limitar el esfuerzo pesquero, ya que los TAC por sí solos no permiten controlar la mortalidad por pesca. 
Doce años después, Señorías, todavía no hemos puesto en práctica esta recomendación. 
Posteriormente presentamos las averiguaciones del ISIS a nuestro Comité científico y técnico de la pesca, y éste recomendó de nuevo que adoptásemos un plan de recuperación para el bacalao lo antes posible, un plan que, además de recortar los TAC y las cuotas más de lo inicialmente previsto, también redujese en consecuencia el esfuerzo pesquero. 
En su opinión, este es el único modo de realizar lo primero y evitar una moratoria. 
Como saben, la Comisión propuso hace un año que el esfuerzo pesquero se limitase en el marco de un plan de recuperación para el bacalao y la merluza. 
Hasta el día de hoy el Consejo no ha tomado ninguna decisión al respecto, y entretanto la situación ha empeorado. 
Sin embargo, el Parlamento expresó su opinión sobre este plan de recuperación el 13 de junio este año. 
Dada esta situación, la Comisión ha estado sopesando las diversas opciones disponibles. 
Hemos rechazado la moratoria y en su lugar hemos optado por un plan de recuperación mejorado, precisamente porque debemos tomarnos en serio los datos científicos y la difícil situación de nuestros pescadores. 
Entonces ¿en qué se diferencia este plan del del año pasado? 
En primer lugar, en cuanto a capturas, la gran reducción del esfuerzo pesquero significa una captura admisible total en el Mar del Norte para la Comunidad y Noruega de 16 800 toneladas de bacalao, 31 600 toneladas de eglefino, 10 400 toneladas de pescadilla, 60 000 toneladas de platija y 16 000 toneladas de lenguado. 
Para las aguas al oeste de Escocia significa aproximadamente 1 000 toneladas de bacalao y 7 200 toneladas de eglefino, para el Mar de Irlanda 1 200 toneladas de bacalao, 7 500 toneladas de eglefino y 400 toneladas de pescadilla. 
Por supuesto, estas son sólo algunas de las capturas. 
En segundo lugar, proponemos un sistema simplificado para el esfuerzo pesquero, en el que queremos aplicar el esfuerzo no para cada barco individual, sino para un grupo de barcos. 
En tercer lugar, hemos propuesto controles más estrictos. 
Los Estados miembros tendrán que notificar mensualmente a la Comisión el esfuerzo pesquero y los buques deberán notificar a las autoridades encargadas del control cuando cambien de zonas pesqueras. 
También estoy dispuesto a financiar más trabajos de investigación que nos ayuden a encontrar modos incluso mejores de rescatar esta pesquería. 
Sin embargo, Señorías, esto no puede significar posponer de nuevo las medidas necesarias. 
Nuestro objetivo es tomar una decisión sobre este plan de recuperación mejorado junto con la reforma pesquera en diciembre. 
¿Qué significa todo esto para nuestros pescadores? 
Soy consciente de que desgraciadamente significa dificultades iniciales, grandes dificultades para los implicados. 
Soy muy consciente de que su medio de vida está en juego. Por ello no debemos abandonar a los pescadores en esta difícil situación. 
Así que hemos presentado también un plan de acción adecuado para suavizar algunas de las posibles consecuencias socioeconómicas negativas. 
Me gustaría destacar solamente tres de estas medidas. 
En primer lugar, se insta a los Estados miembros a que ajusten sus programas estructurales y proporcionen recursos adicionales a la industria pesquera y a las zonas dependientes de la pesca. 
En segundo lugar, los Estados miembros pueden aplicar medidas centradas en la pesca costera de pequeña escala, que es intensiva en mano de obra. 
Pueden reservar, por ejemplo, determinados caladeros para pequeños buques o pueden centrar sus programas en la flota costera con el fin de conservar empleos en las regiones costeras en particular. 
En tercer lugar, es esencial que las economías de las regiones pesqueras se diversifiquen. 
Señorías, me referiré a continuación a otros temas incluidos en el orden del día de hoy, en primer lugar y concretamente al informe del Sr. Jové. 
Nuestra propuesta al respecto es un nuevo reglamento de base para la política pesquera común como pilar de la reforma. 
Los cuatro elementos cruciales de este reglamento básico son los siguientes: 
En primer lugar, en el futuro queremos gestionar las poblaciones conforme a un enfoque plurienal. 
Aplicar un principio anual a los peces no es coherente con su biología; en su lugar, debemos hacer que los ciclos biológicos de nuestras poblaciones sean la esencia de nuestra política. 
Para que la gestión sea coherente, en el caso de las poblaciones en las que sea sensato hacerlo, queremos gestionar el esfuerzo pesquero, además de los TAC y las cuotas. 
Tomen nota de que me refiero a las poblaciones en que sea sensato hacerlo. 
Esto significa que no se hará en todos los casos, lo cual depende principalmente del estado de las poblaciones. 
En segundo lugar, proponemos una nueva política de flotas. 
Los objetivos finales del llamado MAP 4 radican en servir de punto de partida para el límite superior. 
Este límite superior solamente puede cambiar en una dirección, es decir, la reducción del tamaño de la flota. 
Cada vez que un pescador desguaza su barco con fondos públicos, el límite superior se ve reducido por el tonelaje en cuestión. 
Esto significa que también necesitamos un sistema para definir la proporción en la que los nuevos buques pueden cambiarse por otros nuevos, en caso de que se haga con fondos privados. 
En tercer lugar, proponemos una vigilancia más estrecha de las pesquerías. 
Los Estados miembros tendrán que coordinar sus actividades de control y los inspectores de estos países podrán realizar controles más allá de las fronteras. 
La vigilancia por satélite se ampliará gradualmente a los buques de menor tamaño y por último también habrá mayor poder para la Comisión en lo que respecta a los controles en los Estados miembros. 
Solamente cuando todas las personas implicadas puedan contar con que su vecino está sometido a exactamente los mismos controles que él y a las mismas sanciones si rompe las normas, solamente entonces habrá justicia y solamente entonces la gente confiará en el sistema. 
En cuarto lugar, queremos que la industria pesquera esté más estrechamente implicada en la toma de decisiones en los consejos consultivos regionales. 
Ahora me referiré a los Fondos estructurales. 
En primer lugar, hay algo que me gustaría dejar claro. 
No se trata, tal y como se ha dicho en repetidas ocasiones, de que la Comisión haya cometido un error jurídico, ya que los Estados miembros están legalmente autorizados a seguir utilizando dinero de sus fondos estructurales para la renovación de las flotas. 
El hecho es que si el Consejo no consigue llegar a una solución de compromiso este mes de diciembre y no toma una decisión sobre la reforma, no podremos utilizar ningún dinero más para la política de flotas a partir del 1 de enero de 2003. 
Esta es la consecuencia jurídica de la decisión del Consejo tomada en diciembre del pasado año. 
En primer lugar, proponemos conservar las ayudas públicas que sirven para mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la higiene a bordo. 
En segundo lugar, queremos que no haya más ayudas para la modernización o la construcción de nuevos barcos. 
En el futuro queremos que estos recursos beneficien a quienes realmente los necesitan; es decir, a los pescadores, a los que debemos ayudar económicamente de forma que puedan diversificar su actividad y tener una oportunidad- si es lo que quieren- o retirarse de la pesca. 
En concreto, esto está pensado para los muchos pescadores que de hecho no se encuentran lejos de la jubilación pero que no pueden retirarse porque todavía tienen préstamos pendientes con el banco, ya que todavía no han pagado sus barcos. 
¿Estamos tomando una actitud social si seguimos ignorando esto o fingiendo que no es un problema? 
No lo creo. 
En tercer lugar, proponemos que las ayudas pagadas hasta el momento para la exportación de barcos y para iniciativas conjuntas se utilicen en el futuro para reducir el exceso de capacidad. 
Estoy dispuesto a proceder de forma diferente en el caso de los pequeños buques con el fin de ayudar a los numerosos propietarios de este tipo de buques de un modo distinto, ya que estos constituyen una fuente de presión mucho menor sobre las pesquerías. 
Esto me lleva a la propuesta final, es decir, las medidas de emergencia para el desguace. 
Proponemos establecer un fondo de desguace. 
Se trata de una medida de emergencia. 
Esta está concebida no como un programa a largo plazo, sino como una medida de emergencia y su objetivo consiste en ayudarnos a restaurar el equilibrio entre el tamaño de nuestras flotas y el de los recursos disponibles. 
El fondo añadirá los recursos para el desguace que todavía hay que reprogramar, a los recursos ya dispuestos en el fondo estructural para la pesca. 
Estos recursos y el nuevo fondo garantizarán apoyo financiero para guardar durante una temporada los buques pesqueros. 
Esto comprende dos elementos principales. 
En primer lugar, una prima mayor del 20%, pero con un límite temporal, para aquellos barcos cuyos días en el mar se reduzcan al menos un 25% y, en segundo lugar, 32 millones de euros más disponibles para el desguace el año que viene. 
También estamos dispuestos a negociar si fuesen necesarios más recursos para ayudar a los pescadores que lo deseen. 
En ese caso también tendremos que encontrar un modo de hacerlo. 
. (ES) Señor Presidente, no me gustaría llegar a los cinco minutos, pero en estas cosas no me controlo muy bien. 
En todo caso, quiero disculparme ante los compañeros de la Comisión de Pesca porque voy a hacer una intervención que consiste, no tanto en comentar el resultado final del informe- y quiero resaltar que yo no he presentado ninguna enmienda al resultado final de la votación en la Comisión de Pesca- como en hacer unos comentarios sobre la propuesta de la Comisión. 
Nos enfrentamos a una propuesta que presenta diferentes problemas- a mi juicio algunos- con la falta de compatibilidad con los tratados y con elementos del ordenamiento jurídico. 
Es cierto que las poblaciones de peces atraviesan una situación difícil y que es necesario adoptar medidas urgentes. 
Es cierto que la actividad pesquera debe ser sostenible y para ello es necesario preservar las poblaciones de peces, evidentemente, pero en el binomio desarrollo sostenible o explotación sostenible, las dos palabras son indisociables y, por lo tanto, tiene que haber un equilibrio: tiene que haber pescadores y tiene que haber regeneración de las poblaciones de peces. 
Pero no tiene sentido hablar de desarrollo sostenible en sí, si disociamos las dos palabras. 
A mí me parece, en este sentido, que la Comisión plantea un enfoque que prioriza, o sólo tiene en cuenta básicamente, el tema de la regeneración rápida de las poblaciones y desconoce la otra vertiente del desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, su enfoque, desde mi punto de vista, implica un mayor impacto social en las poblaciones dependientes de la pesca, que puede inducir a modificaciones estructurales de gran alcance. 
En efecto, sólo podrían sobrevivir los segmentos de flota de mayor dimensión y la flota artesanal, que genera mayor nivel de empleo, quedaría abocada a la desaparición. 
Por lo tanto, en la gestión y la recuperación de recursos hay que tener en cuenta los impactos sociales y económicos de los planes de recuperación. 
Por ello, sería necesario, en primer lugar, mejorar la calidad de la información científica y, además, introducir elementos económicos y sociales en la elaboración de los planes de recuperación. 
Sólo en este sentido, adaptando la velocidad de recuperación de los recursos pesqueros, podríamos modular y minimizar los impactos sobre las poblaciones dependientes de la pesca. 
Y creo que la Comisión no ha sido cuidadosa e interpreto que ha habido un debilitamiento implícito en su propuesta al no querer reforzar el Comité científico y técnico de la pesca que, personalmente, pienso que debe ser reforzado. 
Y naturalmente los enfoques de planes plurianuales deben ser multiespecíficos, teniendo en cuenta la relación entre las especies de las poblaciones, y los planes de una sola especie por su enorme gravedad deberían tener carácter excepcional. 
La propuesta de la Comisión en algunos aspectos supone una descomunitarización de la política pesquera, o a mí me lo parece. 
Por ejemplo, se propone facultar a los Estados para adoptar medidas de emergencia en materias de competencia comunitaria o para las que ya existe un mecanismo comunitario. 
La Comisión ha presentado dos propuestas difíciles, complejas y muy restrictivas sobre, por ejemplo, la pesquería del bacalao. 
Aprovecho esta cuestión para hacer la siguiente reflexión, muy personal, que quizás sea mi reflexión sobre lo que he aprendido en ese debate. 
Es evidente que hay una reducción, un declive de los recursos. 
Además, y es muy grave, la destrucción de empleos ha sido muy superior a la de los recursos, y esto ha sucedido en todos los Estados de la Unión Europea a pesar de las excepciones, las medidas de protección y discriminaciones, algunas en relación a los accesos. 
Yo, que no he sido excesivamente beligerante en este tema, hago esta reflexión porque ahora seguramente va a ser necesario- ojalá evitemos los mayores impactos- tomar medidas duras que siempre van a repercutir en mayor medida en la flota artesanal. 
Este caso ilustra a la perfección la necesidad de cambiar el enfoque de la política pesquera común, porque a mí me parece que no son tanto los Estados como los pescadores los que pescan y es necesario adoptar medidas para garantizar la actividad de aquellos segmentos de flota más sensibles, cualquiera que sea su nacionalidad. 
Y, aunque supongo que esto ya es un tema de futuro creo que la asignación en la atribución de capturas por tipos de pesca y segmentos de flota, si deseamos preservar aquellas regiones con vocaciones pesqueras y segmentos de flota que crean un alto nivel de empleo, estamos perdiendo seguramente una ocasión única, dejándonos llevar quizá por demasiados particularismos, que la propuesta de la Comisión ha alentado de alguna manera. 
No comento otros aspectos de la Comisión. 
Quiero agradecer a mis colegas el debate, al Presidente, Sr. Stevenson, el gobierno de todo este dificultoso tema, y manifestar el apoyo de mi grupo político al informe del Sr. Varela. 
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme a los agradecimientos a los ponentes, Sres. Jové Peres y Varela Suanzes-Carpegna, por sus excelentes informes y expresarles, puesto que ambos proceden de Galicia, que desde la Comisión de Pesca les acompañamos sinceramente en el sentimiento por la tragedia que se está desencadenado en esa zona como consecuencia del naufragio del Prestige. 
Si la Comisión de Pesca puede prestar alguna ayuda, haremos cuanto sea necesario y buscaremos toda la ayuda que podamos conseguir para el pueblo de Galicia. 
En estos momentos, estamos a su lado de corazón. 
Yo quisiera referirme a la crisis del bacalao. 
Como sabe la Asamblea, para hacer frente a la disminución gradual de las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda, al oeste de Escocia y en la zona de Skagerrak, la Comisión propugna una reducción masiva, de hasta el 80%, de la pesca de bacalao y eglefino, y reducciones significativas en otros segmentos del sector del pez blanco. 
Reducciones de esta magnitud acabarían con el sector del pez blanco en el Reino Unido e Irlanda y destruirían muchos puestos de trabajo en dichos países y también en Francia, Escandinavia y los Países Bajos. 
He visto el plan revisado de recuperación del bacalao y el eglefino de la Comisión, y debo decirle a la Asamblea que éste representa un cambio radical con respecto al plan originario que examinamos y que, a mi parecer, conforme al artículo 37 del Tratado, tenemos derechos a que se consulte a esta Asamblea sobre las propuestas revisadas. 
Espero que la Asamblea apoye mi reivindicación de este derecho y mi declaración de que nos proponemos intervenir en este asunto y exigir que se nos consulte sobre estas propuestas revisadas. 
Con objeto de ampliar el debate, quisiera preguntar a la Comisión si están dispuestos a aceptar los datos científicos viciados y desfasados en los que han basado la petición de esas reducciones draconianas, dado que los datos científicos del CIEM se obtuvieron en año 2001, antes de que empezaran a aplicarse medidas de conservación rigurosas, cuyos resultados positivos todavía no se han medido. 
Por ejemplo: los pescadores de mi circunscripción, en Escocia, ampliaron el tamaño de las mallas de las redes a 120 milímetros, sufrieron la primavera pasada la prohibición durante 12 semanas de la pesca en 40 000 millas cuadradas de zonas de desove del bacalao en el Mar del Norte, se desguazaron 170 buques en el marco de la última ronda de desmantelamiento de las flotas, todo lo cual ha dejado nadando en el mar muchos miles de toneladas de peces que de lo contrario se habrían capturado. 
Y, evidentemente, la pesca del bacalao ha estado prohibida en algunas partes del Mar de Irlanda durante los últimos tres años, lo cual ha permitido la recuperación de las poblaciones. 
Los científicos no han analizado aún el impacto de estas medidas, ni tampoco la posibilidad de que el aumento de las temperaturas, la contaminación o las corrientes superficiales del Mar del Norte hayan contribuido a la migración del bacalao hacia el norte, en dirección a Islandia y las islas Faroe, donde se capturan regularmente muchos miles de toneladas de bacalao. 
De hecho, los mismos científicos que propugnan la prohibición de la pesca durante seis años como mínimo para nuestro sector del pez blanco no pueden garantizar que el bacalao regrese algún día al Mar del Norte, aunque apliquemos esas medidas. 
Como sabemos los miembros de la Comisión de Pesca, el Gobierno canadiense prohibió hace diez años la pesca en los bancos de Terranova y todavía no se aprecia ningún indicio de que el bacalao haya vuelto. 
En su lugar, los pescadores canadienses están encontrando grandes poblaciones de cangrejos de las nieves y camarones que les están permitiendo cuadruplicar los ingresos en dólares que les solía reportar el bacalao. 
Creo que se comienza a perfilar un patrón similar en el Mar del Norte, donde vemos florecer grandes poblaciones de gambas, que ahora son uno de nuestros recursos pesqueros más abundantes. 
Algunos científicos han revelado hace poco que, del mismo modo que el bacalao come gambas, las gambas se comen las larvas de bacalao. 
Es muy posible que, por muchas medidas draconianas que adoptemos, no conseguiremos recuperar el bacalao. 
Cuando caduque la prohibición de pesca de seis años como mínimo que se pretende aplicar, dichas medidas serán teóricas en cualquier caso, ya que, según el estudio más reciente sobre su impacto socioeconómico, para entonces hasta 44 000 pescadores y trabajadores auxiliares habrán perdido sus puestos de trabajo. 
Este es el tipo de catástrofe que les aguarda esta Navidad, después de haber cumplido fielmente las normas y regulaciones de la Política Pesquera Común durante los últimos veinte años. 
Yo suscribo la necesidad de una pesca sostenible y de ajustar la capacidad de la flota a las poblaciones de peces disponibles, pero también reconozco que una industria pesquera viable necesita pescadores que capturen los peces. 
. (ES) Señor Presidente, el Reglamento marco sobre la reforma de la política pesquera común no recoge todavía las implicaciones financieras fijas de la reforma a cargo del presupuesto comunitario. 
Estas implicaciones se presentarán en propuestas separadas y, por tanto, la Comisión de Presupuestos las analizará detenidamente a su debido tiempo. 
Sin embargo, los importes que se prevén para la puesta en marcha de la reforma son bastante modestos y se incluyen en el Capítulo B-II 90 «Medidas de apoyo a la política pesquera común» : 1 millón de euros para la creación de una estructura común de inspección, 100 000 euros para la creación de cuatro consejos consultivos regionales y 1 millón de euros para la mejora del asesoramiento científico. 
La Comisión de Presupuestos ha valorado positivamente estas tres acciones de la reforma y ha aprobado las cantidades propuestas, manteniéndolas en la reserva tal y como proponía la Comisión, a espera de la adopción definitiva del Reglamento marco. 
Sin embargo, la Comisión de Presupuestos considera que el Parlamento debería poder examinar de cerca las propuestas detalladas que la Comisión presenta sobre cada una de estas acciones, teniendo en cuenta sus repercusiones, sobre todo en los recursos humanos, los gastos administrativos, las misiones y las reuniones de comitología. 
Quisiera pedir una aclaración a la Comisión: para la acción para la mejora del asesoramiento científico, el Reglamento marco prevé la cantidad de 4 millones de euros; sin embargo, la Comisión señala en el anteproyecto de presupuesto, que para esta acción de la línea B II-904, se destinará solamente 1 millón de euros que se consigna en la reserva. 
Al mismo tiempo observamos que la Comisión ha aumentado esta partida en 3 millones respecto al año pasado que, sumados al millón en la reserva, podrían suponer un aumento general de 4 millones de euros, tal como está previsto en el Reglamento marco. 
Pero como no queda claro, mi pregunta a la Comisión es: ¿ese aumento de 4 millones- 3 más 1- está destinado a la acción para la mejora del asesoramiento científico, tal como prevé el Reglamento marco, o por el contrario, se destina solamente a esta acción el millón en la reserva? 
Y de ser cierto esto último, ¿para qué ha previsto la Comisión ese aumento de 3 millones en la línea B-II 904? 
En cuanto al informe del Sr. Varela, que se refiere a uno de los elementos principales de la reforma de la política pesquera común- la reducción de la capacidad pesquera de la flota de la Unión Europea -, la Comisión de Presupuestos, y no puede ser de otra forma, deja por supuesto al criterio de la Comisión de Pesca la valoración de la necesidad de la aplicación de la medida del desguace. 
De ahí la necesidad de la puesta en marcha de otras medidas menos drásticas e irreversibles, así como la valoración del número de buques a los que se tendría que aplicar era medida, y de ahí el que la Comisión de Presupuestos sólo se pronuncie sobre el impacto financiero del desguace. 
La propuesta de Reglamento prevé una cantidad inicial de 32 millones de euros para el año 2003, como incentivo especial para la cofinanciación. 
Calcula igualmente que los importes adicionales totales necesarios durante el período 2003- 2006 ascienden a 271,6 millones de euros. 
La Comisión de Presupuestos considera que la financiación de la nueva acción es incompatible con el límite máximo de la Rúbrica 2 de las perspectivas financieras vigentes y que por lo tanto, los 32 millones ya previstos para el presupuesto 2003, únicamente se podrán poner a disposición mediante la movilización de créditos adicionales utilizando los instrumentos que ofrece el acuerdo interinstitucional. 
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, señorías, antes de entrar a valorar los informes, permítanme, como europeo y como gallego, que les traslade a ustedes mi enorme preocupación por la mayor catástrofe marina que ha conocido nunca Europa. 
La mayor reserva pesquera y marisquera de Europa- y tal vez del Planeta- está siendo arruinada por un accidente que todos teníamos la obligación de evitar. 
Estamos ante una tragedia de dimensiones todavía incalculables. 
Toda la costa de Galicia, mil kilómetros, está cerrada a la pesca y al marisqueo. 
Paisajes de una belleza singular, parques nacionales, Red Natura 2000, todo el ecosistema marino y nuestra riquísima biodiversidad, arruinados. 
Estamos ante un problema europeo que requiere una solución europea. 
Un Estado miembro, y más aún, una región, en este caso desfavorecida, periférica, del objetivo número 1 que basa su desarrollo en gran parte en la mar y en actividades industriales conexas, -con las que 54 sectores económicos de los 62 que recogen las tablas input-ouput de nuestra Comunidad están relacionadas -, más del 10% del producto interior bruto, el turismo, etc., están dramáticamente afectados. 
Nos estamos sintiendo impotentes ante lo que tenemos encima y pedimos en Europa y a Europa ayuda. 
Ayúdennos, ayuden a los gallegos. 
Cuando el pasado verano vimos a la potente Alemania desbordada literalmente por sus caudalosos ríos, acudimos todos a una y creamos un Fondo Europeo de Solidaridad. 
Hoy pedimos aquí, en el Parlamento Europeo, la movilización urgente de ese Fondo para ayudar a Galicia. 
No es tiempo de disquisiciones jurídicas, hay que movilizarlo. 
Quiero hacer mías las recientes declaraciones del Gobierno gallego: la Unión Europea no puede ser sólo un sueño de unidad, sino que tiene que ser, además de eso, una realidad solidaria que apoye a cada uno de sus ciudadanos cuando la desgracia se ensaña con cualquier país, ya sea en el Norte, en el Sur, en el Este o en el Oeste. 
Europa será una realidad cuando esté mentalizada con los problemas de sus ciudadanos. 
Pongámonos a trabajar todos juntos, codo con codo. 
Hemos creado una Agencia Europea de Seguridad Marítima y no sabemos dónde ubicarla. 
¿Qué región europea está más expuesta a los accidentes marítimos? 
¿Qué región ha sufrido más accidentes? 
¿Qué región guarda el mayor tesoro natural pesquero y marisquero, que es preciso proteger? 
¿Qué región depende más de esos recursos? 
¿Qué región puede estar más sensibilizada y más motivada para acoger y trabajar por la seguridad marítima? 
Dejémonos en Europa de política con minúscula y de discusiones bizantinas. 
Europa tiene una deuda con Galicia. 
Galicia es la respuesta a esas preguntas y Galicia debe ser la propuesta. 
Fomentemos sin complejos nuestra industria naval, construyamos los petroleros de doble casco que surquen nuestras aguas con más seguridad, sigamos así el ejemplo de los Estados Unidos. 
Creemos los corredores marítimos de mercancías peligrosas, como han propuesto ya Francia y España. 
Lo urgente, lo inmediato, es ayudar a las personas que han perdido su medio de vida y restaurar el medio ambiente. 
Para ello, flexibilicemos las ayudas de todos los Fondos estructurales y movilicemos el Fondo de Solidaridad. 
Pero más a corto plazo son necesarias también medidas como las que acabo de mencionar. 
Concluyo, queridos colegas, con el lema que miles de gallegos adoptaron en una manifestación multitudinaria el pasado domingo: «Nunca mais». 
Sr. Fischler, hablaremos de estos temas el próximo lunes día 9 en la Comisión de Pesca, pues como portavoz del Grupo PPE-DE he pedido la inclusión de este asunto en el orden del día. 
De momento, le pido y le invito a que visite Galicia para conocer directamente la realidad, tal como se ha visto afectada por la catástrofe, en la pesca y en el marisqueo. 
Hablemos ahora de la reforma de la pesca. 
Lo que hay que desguazar no son, señor Comisario, los barcos de pesca; lo que hay que desguazar son los petroleros viejos. 
Ha hecho más daño a la pesca el Prestige que toda la flota pesquera europea junta. 
¿Para cuándo la evaluación de los daños a la pesca por actividades no pesqueras? 
¿Por qué un barco de 12 metros se puede subvencionar y otro de 13 no? 
¿No sabe usted que lo grave es que pesquen en zonas de reproducción? 
Y eso lo puede hacer tanto el grande como el pequeño, y posiblemente más el pequeño. 
La reforma de la política pesquera común no requería tocar los fondos; el acceso sí, pero el IFOP no era preciso, y menos unilateralmente como la Comisión pretende. 
Como había dicho su colega Barnier- y está escrito -, carece usted de la base legal y moral para reformar los Fondos estructurales ahora. 
¿Por qué la política agrícola puede recibir subvenciones que suponen el 50% del presupuesto de la Unión- y puede recibirlos hasta el año 2013- y, en cambio, a la política pesquera común, que no llega ni al 1%, hay que retirarle ahora los apoyos previstos hasta el 2006? 
¿Acaso no hay excedentes agrícolas? 
Y, sin embargo, tenemos un déficit de productos pesqueros. 
La pesca no pide más dinero, sólo pide lo prometido y en las condiciones prometidas. 
Eso sí, con más control, como señalan los informes que presento al Pleno, con más transparencia, haciendo justicia a los Estados miembros que cumplieron los objetivos de reducción de la flota y no equiparándolos a los incumplidores. 
En el 2004 o 2005, habrá que reformar los Fondos estructurales. 
Ya veremos entonces si todas las ayudas deben desaparecer. 
Si desaparecen, tendrá que ser para todos, pero hasta entonces queremos que se cumplan los planes previstos y que en el 2006 la Unión Europea tenga su flota pesquera renovada, moderna, segura. 
No se trata de pescar más, sino de pescar mejor, controlando la conservación de nuestros recursos mediante los totales admisibles de capturas, -que para eso están, con las cuotas y las medidas técnicas- las artes selectivas, las paradas biológicas, el esfuerzo pesquero, la regulación de los días en el mar, y también, con desguaces, pero como una medida más, no la única, porque es la única irreversible. 
Con cada barco que desguazamos, destruimos empleos, y eso hay que tenerlo en cuenta. 
Hay que hacer compatibles la conservación de los peces con la conservación de los pescadores, y en momento difíciles, como los que ahora está pasando Galicia, y los que le quedan por pasar, no se trata de incrementar el esfuerzo pesquero, y menos en las aguas comunitarias; se puede cooperar al desarrollo de terceros Estados manteniendo nuestro empleo y aprovisionando nuestros mercados. 
Eso es el fomento de la exportación de buques y la creación de empresas mixtas. 
Lo contrario, en ocasiones difíciles, anima a los pescadores a enrolarse en barcos pesqueros pirata, con pabellones de conveniencia, que tenemos que evitar. 
Por eso he aceptado las enmiendas de los colegas, que enriquecen mis informes, para dotar a la política de la flota de un mayor control y de mayor transparencia. 
En esa misma línea van dos enmiendas que yo mismo he presentado al Pleno, para dejar claro que no pretendemos aumentar la capacidad pesquera en modo alguno, y que van también en la línea de la coherencia con la política de cooperación al desarrollo. 
Sólo me queda agradecer, por tanto, la colaboración de todos los diputados que han trabajado y que han presentado enmiendas. 
Quiero ahora decirles, ya no sólo como ponente de estos informes, sino como he dicho al principio, como europeo de Galicia, a quienes no estén totalmente de acuerdo con estos informes, que he pretendido hacerlos con la mayor honestidad y con la mayor dedicación que he podido, que ha sido bastante, y pedirles que no voten en contra en este caso. 
Que, al menos, lo consideren y consideren la abstención, que yo les agradecería. 
Y quiero tener unas palabras finales de agradecimiento y felicitación para mi colega, el Sr. Jové Peres, por su magnífico trabajo en condiciones- como ha reconocido nuestro presidente Stevenson- difíciles, contra reloj, con ciertas presiones y con muchos malos entendidos. 
Y, finalmente, expresarle mi solidaridad, como no podía ser menos, al presidente Stevenson, en la pregunta oral que ha presentado. 
A todos, muchas gracias. 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, quiero en primer lugar felicitar al Sr. Jové Peres por su trabajo, por el informe y por el sentido común que ha inspirado su informe. 
Hoy, en realidad, señor Comisario, a uno le puede más la dolorosa situación que atraviesa mi país, Galicia, como consecuencia de la tragedia del PRESTIGE, que cualquier otra consideración. 
Contemplar la situación de las costas gallegas tras la catástrofe y a un pueblo triste, irritado, generoso, preocupado y que, a pesar de todo, mira hacia adelante, me parece la mejor demostración de que, de verdad, Galicia, la región del noroeste de la Península Ibérica, es una región altamente dependiente de la pesca, y no sólo porque el 20% de su producto interior bruto proceda de la pesca y de actividades vinculadas con ella. 
Y aprovecho para hacer mías todas las peticiones que formuló el ponente, el Sr. Varela. 
Y tiene relación lo anterior con el informe del Sr. Jové Peres porque los gallegos, ante la catástrofe provocada por el PRESTIGE, trabajamos denodadamente frente a las nefastas consecuencias medioambientales, económicas, pesqueras y sociales. 
Pienso que los tres aspectos están, indefectiblemente, ensamblados como partes de un mismo todo. 
La propuesta para la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros, en virtud de la política pesquera común, tiene que apostar y comprometerse con el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente. 
Ambas ideas son como puntos de partida, como quicios, en los que se asienta el edificio de la reforma de la política pesquera común. 
Obviamente, la sostenibilidad estaría garantizada si no hubiese desarrollo, pero en función de los puntos de partida, -que unas veces son apriorísticos y otras veces no están bien fundamentados, pero que, en todo caso, son siempre cuestionados o cuestionables -, las soluciones pueden ser diferentes, y en esto, una vez más, el trabajo del ponente, el Sr. Jové Peres, merece alabanza por huir de la sobredimensión de aspectos tomados unilateralmente, aunque éstos fuesen importantes. 
En este orden de cosas, la recuperación que todos pretendemos y todos queremos no puede descansar en una idea única- reducción, cuando no desaparición de la actividad pesquera -, porque la pesca la realizan personas, seres humanos, padres de familia, y sólo por eso hace falta buscar y encontrar equilibrios entre consecuencias de la limitación y medios de la conservación. 
Un ejemplo sería el mecanismo de cese temporal de actividad, de limitación de días de pesca, etc. 
Señor Comisario, un periódico de Galicia, esta mañana, recogía lo siguiente: «el Comisario europeo de pesca dice que el recorte de ayudas mitigará la destrucción del empleo. 
La supresión de las ayudas públicas a la modernización de buques será positiva, pues contribuirá a mantener el empleo a bordo de los buques». 
En mi opinión, dado que el barco no sólo es el centro de trabajo, sino también el hogar del profesional de la pesca, bien merece el esforzado trabajador una mejora de sus condiciones de trabajo y de vida. 
Lo exige su dignidad, lo demanda y lo espera la sociedad, y la región pesquera en particular. 
Señor Presidente, Señor Comisario, yo pensaba hablar de los informes que vienen a este Pleno y felicitar a los ponentes porque han hecho, todos, un magnífico trabajo, pero usted se ha referido a la catástrofe que asola Galicia. 
Y por primera vez ha reconocido que sus servicios pueden hacer algo por mi región. 
Y espero que su grupo operativo le haya informado de que en Galicia, más que ostras, hay mejillones y rodaballos, que hacen de Europa el primer productor mundial de estas dos especies, gracias a empresarios acuicultores pujantes y modernos, que en estos veinte días lo han perdido todo. 
Espero que le informen de que nuestro litoral es enormemente rico en biodiversidad, y que esta biodiversidad no es gallega, señor Comisario, sino europea. 
Ahora somos ricos en petróleo y la inacción de nuestros dirigentes nos golpea con fuerza en lo que más amamos, en nuestro modo de vida. 
Las ciento veinte mil personas que viven de la pesca en Galicia no le entienden a usted muy bien. 
Y yo siempre he intentado explicar sus propuestas con rigor, tratando de encontrar un punto de encuentro para ambos, para usted y para mis conciudadanos. 
Me gustaría, ya que nos ha hablado de este grupo operativo, de cuya visita los pescadores gallegos no tienen noticia, que diese a conocer sus conclusiones en este Parlamento, pero aquí y ahora. 
Porque hemos escuchado a la Comisaria de Transportes, que haciendo frente a la total inactividad del Gobierno español y del Gobierno gallego ha redactado, para poner encima de la mesa del Consejo, propuestas concretas para hacer frente a esta catástrofe y para que esta catástrofe no se repita. 
Y también hemos escuchado medidas del Comisario Barnier, quien se ha mostrado sensible y receptivo y se ha comprometido a comparecer en breve ante la Comisión de Política Regional, para explicarnos de qué manera se puede movilizar el Fondo de Solidaridad. 
Y ahora le toca a usted, Sr. Fichler. 
¿No es hora, Sr. Fischler, de que los pescadores europeos de Galicia escuchen de su Comisario algo más que malas noticias? 
Porque su nombre, hasta hoy, para los pescadores de Galicia, está asociado- y hay que decirlo así- al no acuerdo con Marruecos, al desguace de la flota y a toda una serie de medidas que no sé si son malas o buenas. 
El Grupo Socialista ha hecho un esfuerzo enorme e incluso ha celebrado una audiencia para hablar de la reforma de la PPC, ha editado un folleto y escuchado al sector, pero, cuando menos, las medidas no están suficientemente bien explicadas. 
Y todo ello, señor Comisario, y es el reproche que yo le hago, se traduce en pérdida de credibilidad europea, porque a sus conciudadanos austríacos, como a los alemanes, les habrá quedado otro recuerdo de la respuesta europea frente a la catástrofe que ustedes sufrieron por las inundaciones, y en esa respuesta europea me incluyo, señor Comisario. 
Pues a lo mismo, exactamente a lo mismo, aspiran los ciudadanos europeos de Galicia. 
Yo no puedo creer que, tras casi un mes de catástrofe, no tenga usted otra respuesta que decirnos que ha enviado a un grupo operativo. 
Yo creo que le toca a usted ahora, Sr. Fischler, decirle a sus pescadores- porque son sus «pescadores» , no los míos; son los míos, sino los suyos, son sus administrados- qué pueden esperar de su Comisario. 
Yo no le voy a proponer visitas, aunque no me parecería nada mal que fuese a Galicia. 
Los empresarios turísticos empiezan a pensar, como salida, en ofertar turismo de catástrofes, y es que los gallegos somos muy partidarios del humor negro. 
Pero, Sr. Fischler, ¿no cree que ya es hora de que explique, en este Pleno, en esta Cámara, aquí y ahora, qué pueden esperar los pescadores europeos, los gallegos, de su Comisario en estos momentos de catástrofe? 
Los gallegos sabemos que tenemos dos orejas, una a cada lado de la cabeza, lo que no sabíamos es que, además de dos orejas, íbamos a tener en nuestras playas setenta mil toneladas de petróleo, y que hoy, en este Pleno, íbamos a estar hablando de qué restringir o decidir para que los pescadores no siguieran destruyendo los recursos naturales en el mar. 
Es que todo esto, señor Comisario, forma parte del humor negro de los gallegos, pero es tragicómico. 
Y eso es todo lo que tengo que decir. 
Señor Presidente, Comisario, quiero dar las gracias a ambos ponentes por el gran trabajo que han realizado. 
Las reformas de nuestra política pesquera que estamos debatiendo esta noche son muy importantes. 
En particular, son muy importantes los informes del Sr. Varela sobre las ayudas públicas para la renovación y la modernización de la flota pesquera. 
En nombre de mi Grupo, quisiera expresar al mismo tiempo que comprendemos la declaración del Sr. Varela sobre la contaminación de fuel a lo largo de la costa gallega. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya las propuestas de reforma de la Comisión, que contienen los elementos necesarios para que seamos capaces de adaptar la flota pesquera comunitaria a los recursos del océano. 
Bien habríamos podido refrendar el mantenimiento de las ayudas públicas para la modernización de los buques pesqueros si esto hubiese mejorado exclusivamente la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo. 
También podríamos debatir sobre la ayuda a la renovación si la condicionásemos a que se retirase más capacidad que la que se añadiese. 
Sin embargo, en ninguna circunstancia podemos aceptar que continúe la situación actual, en la que la flota pesquera europea se hace cada vez mayor a costa del contribuyente. 
Uno de los mayores problemas para la industria pesquera europea es, concretamente, que la flota es demasiado grande. 
Simplemente hay demasiados barcos para demasiados pocos peces, y existen discrepancias excesivas entre los modos en que los Estados miembros han administrado hasta el momento la política pesquera. 
Seguir con esta política catastrófica, que solamente exacerbaría los problemas y pospondría el proceso de reforma que sin duda hay que llevar a cabo, sería engañar a los pescadores. 
Con respecto a la prohibición propuesta sobre la pesca del bacalao, el Grupo ELDR apoya las medidas de conservación. 
Sin embargo, también destacamos que cuando se proponen medidas tan drásticas como estas para reducir las cuotas, realmente necesitamos estar seguros de los hechos, ya que las medidas tendrían consecuencias de gran alcance para el sector pesquero, no sólo en el mar, sino también en tierra. 
Por ello debe concederse gran prioridad a la investigación y deben facilitarse recursos suficientes. 
Todo el mundo está de acuerdo en que la política pesquera actual ha demostrado ser un fracaso. 
Por este motivo es esencial para nosotros apoyar las propuestas de reforma de la Comisión y por lo tanto rechazar las enmiendas presentadas con el propósito de perpetuar la política pesquera actual. 
Señor Presidente, felicito a los ponentes por su labor, ya que los informes que estamos debatiendo merecen un gran aplauso, introducen mejoras considerables en los aspectos más negativos de las propuestas de la Comisión e incorporan varias enmiendas que yo presenté en el curso del trabajo preparatorio en la Comisión de Pesca, aunque en algunos casos no estoy de acuerdo con la solución que se ha decidido y me parece que el informe podría haber ido más lejos. 
Me gustaría destacar los aspectos de esta revisión que más merecen la pena: una derogación permanente que rija el acceso a los recursos dentro de las zonas de 12 millas de las aguas territoriales de los Estados miembros es esencial para la pesca tradicional y para la estructura socioeconómica de regiones dependientes de la pesca, defendiendo la pesca costera a pequeña escala, protegiendo las poblaciones de peces y la parte más sensible de la costa. 
Me gustaría recordarles que una propuesta que presentamos anteriormente, que solicitaba que esta derogación se ampliase a las 24 millas, ya ha sido adoptada aquí. 
Al menos no debería cuestionarse ahora la naturaleza permanente de las 12 millas. 
La adopción de la propuesta que presentamos para ampliar esta excepción a las 50 millas en las regiones más remotas conforme a los términos de su condición especial es también muy positiva. Esta condición especial, una vez confirmada por el Consejo, proporcionará ventajas claras para la protección del sector pesquero en las regiones autónomas de Madeira, las Azores y en todas las regiones más remotas, contribuyendo así a su desarrollo. 
Debemos rechazar la reprogramación de los Fondos Estructurales (IFOP) para el sector pesquero, impidiendo las asignaciones para que el objetivo de «modernización» se transfiera a la destrucción de buques, que está, de hecho, en línea con la opinión de la Comisión de Pesca sobre el presupuesto de 2003. 
Como hemos señalado, existen otros modos alternativos de reducir el esfuerzo pesquero, a los que ya se ha hecho referencia aquí, como son el sistema basado en la regulación de los días en el mar, la adopción de los períodos de recuperación biológica y las medidas técnicas orientadas a la pesca más selectiva. 
Señor Comisario, hay que decir que en determinadas regiones lo que causa la mayor destrucción de las poblaciones de peces no es la pesca, sino la contaminación. 
Y, por desgracia, en la actualidad el caso del Prestige nos demuestra que esto es tristemente cierto: lo que causa la mayor destrucción son estos accidentes; los viejos e inseguros petroleros que todavía navegan junto a nuestras costas. 
El desguace de barcos debe considerarse un último recurso, teniendo en cuenta que cualquier política nueva para reducir la capacidad de la flota debe basarse en el grado de cumplimiento efectivo de los objetivos prefijados y no debe penalizar adicionalmente a aquellos que ya han cumplido estos objetivos. 
Incluso la prohibición, en algunos casos, para los buques de menos de 12 metros de eslora, aunque positiva, es extremadamente limitada. 
Necesitamos ir más lejos. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que cualquier reducción del esfuerzo pesquero deberá ir de la mano de un incremento de los recursos financieros para el IFOP y las políticas internas de la Unión, con el fin de compensar los efectos socioeconómicos de dicha reducción. 
También lamento el hecho de que el programa específico para la pesca costera a pequeña escala no se haya adoptado. 
La participación de los pescadores y de sus organizaciones representantes en el proceso de toma de decisiones también es esencial para la política pesquera común y para la gestión de las poblaciones, concretamente a través de la cogestión, de forma que garantice la auténtica descentralización. 
También creemos que es responsabilidad de los Estados miembros garantizar el seguimiento, la inspección y la aplicación eficaz de las normas establecidas en la política pesquera común. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las propuestas que pretenden socavar este principio. 
Señor Presidente, a lo largo del proceso de reforma de la PPC, yo he apoyado sistemáticamente la conservación del principio original de la estabilidad relativa, con la delimitación de las zonas costeras hasta una distancia de 12 millas como mínimo como un rasgo permanente de la PPC y la consolidación del papel de los consejos consultivos regionales propuestos, con el fin de conseguir una auténtica participación de las partes interesadas. 
También he apoyado en principio las propuestas a favor de un enfoque plurianual de la gestión de la pesca, basado en la pluralidad de especies y en el ecosistema, y mis puntos de vista sobre los aspectos estructurales coinciden a grandes rasgos con los de la Comisión. 
No obstante, creo que todo el potencial positivo de la reforma de la PPC podría resultar vano si la Comisión no se muestra dispuesta a escuchar de verdad a los realmente afectados por la política pesquera. 
Es preciso que nuestra política pesquera se comprenda y no se perciba sólo como una imposición arbitraria de una Unión Europea que afirma saber mejor lo que conviene, pero en realidad no puede demostrarlo. 
Desde luego, hasta el momento la PPC no ha sido un éxito rotundo, como todos hemos reconocido. 
Lo cual significa que el asesoramiento científico debe estar actualizado y debe ser verificable e independiente, y se tiene que poder demostrar que lo es. 
La crisis del bacalao que amenaza al Mar del Norte desde hace casi dos años ha encontrado a los pescadores ya sujetos a prohibiciones de pesca en tiempo real, reducciones aceleradas del tamaño de las flotas y diversas medidas técnicas, incluido el aumento del tamaño de las mallas de las redes. 
Sus esfuerzos por lo menos han dado algún fruto, puesto que el restablecimiento de las poblaciones de bacalao se sitúa sólo alrededor de un 3% por debajo de la meta fijada en los planes de recuperación. 
Ahora esos mismos pescadores se enfrentan a reducciones drásticas y una pérdida total de confianza en la Comisión y su asesoramiento científico, que proponen medidas que podrían devastar por completo a unas comunidades pesqueras ya frágiles. 
Creo que la Comisión debería tener en cuenta el carácter específico de esta crisis del bacalao y no atarse de manos con plazos políticos. 
El próximo Consejo de diciembre será el foro donde se ultimarán las propuestas de reformas y no se debería utilizar para conseguir la aprobación apresurada de medidas dictadas por el pánico para el bacalao y otras especies afines. 
Insto a la Comisión a que traduzca sus palabras en acciones reales. 
¿Por qué no se crea urgentemente el primer consejo consultivo piloto regional- o comité de gestión, como preferiría llamarlo yo- y se le confía la tarea de colaborar en el diseño de medidas para salvar las poblaciones de pez blanco del Mar del Norte? 
Esto permitiría restablecer simultáneamente la confianza en el proceso. 
Insto asimismo a la Comisión a que vuelva a replantearse el tema del libre acceso al Mar del Norte como parte de una futura PPC. 
La crisis actual sólo pone de relieve la fragilidad de ese mar y de las poblaciones clave de sus pesquerías mixtas. 
Según sus propias palabras, señor Comisario, en una respuesta escrita dirigida a mí: «se sabe muy poco sobre la abundancia y situación de las especies del Mar del Norte no sujetas a cuotas, pero su pesca implicaría casi con toda certeza la captura secundaria de especies sujetas a las mismas.» 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme de todo corazón a las palabras de condolencia dirigidas al pueblo de Galicia y coincido plenamente con los oradores y con los colegas que han pedido solidaridad con ellos en estos momentos. 
En líneas generales, acojo con satisfacción el Informe Jové Peres en su forma actual. 
La propuesta de la Comisión se basa en el principio del desarrollo sostenible y en el mal estado de los recursos pesqueros. 
El punto de partida es indiscutible, pero muchas opiniones, incluida la mía propia, discrepan en cuanto a la cuantificación del estado de las poblaciones. 
La propuesta se basa en la consideración de los informes científicos exclusivamente en lo que respecta a las medidas de gestión. 
Sin embargo, no se proponen medidas creíbles para mejorar los conocimientos científicos, a pesar de las deficiencias bien reconocidas en este aspecto. 
Prevén una Política Pesquera Común que tiene más en cuenta los intereses a corto plazo de algunos Estados miembros que a los pescadores. 
Yo digo a la Comisión que la PPC debe estar orientada a mantener vivas las regiones que dependen de la pesca en vez de convertirse en un campo de batalla entre los Estados miembros. 
Los pescadores comparten intereses comunes. Todos necesitan recursos pesqueros para continuar sus actividades. 
Las decisiones y los objetivos de los planes de recuperación no pueden desechar sus posibles consecuencias sociales y económicas. 
Los planes de recuperación deben buscar un equilibrio entre la recuperación y conservación de las poblaciones de peces y las medidas destinadas a limitar sus repercusiones sobre la industria pesquera. 
Los pescadores irlandeses están firmemente decididos a conservar la exclusividad sobre la zona costera, al igual que los pescadores de Escocia, Gales, Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda, y los de Dinamarca, Alemania y otros países; es algo que estoy firmemente convencido que debemos mantener. 
El objetivo básico del régimen de la zona costera de 6-12 millas era proteger los recursos pesqueros reservando el acceso a los mismos a las actividades de pesca costera en pequeña escala. 
En general, esto somete a una menor presión a las poblaciones de peces de esas zonas, que a menudo albergan criaderos de alevines. 
También ha contribuido a proteger las actividades pesqueras tradicionales de las comunidades costeras y a mantener de este modo su tejido económico y social. 
La situación crítica actual de muchas poblaciones de peces hace más urgente que nunca, no la mera ampliación del régimen de acceso de las 6 a las 12 millas, que es totalmente inadecuada, sino la ampliación de la zona de exclusividad hasta las 24 millas, si nos tomamos en serio la conservación de las poblaciones de peces. 
Les pido que apoyen mis enmiendas a favor de la ampliación a 24 millas de la zona de pesca costera exclusiva. 
No tengo la menor duda de que sus pescadores les pedirían lo mismo. 
Porque lamento el insatisfactorio estado actual de las poblaciones de peces y porque soy partidario de la conservación, estoy firmemente convencido de que es preciso proteger las zonas altamente sensibles. 
El Box irlandés es una de esas zonas sumamente sensibles. 
Las aguas de esa zona también son importantes lugares de desove y esta es la razón de la excepción al libre acceso a estas aguas. 
Lamentablemente, ésta no ha impedido el saqueo ilegal de las poblaciones del Box irlandés a lo largo de los años por algunos pescadores comunitarios al amparo de pabellones de conveniencia. 
Este saqueo se tiene que acabar. 
Hay que proteger esas aguas. 
En el contexto del proceso de reforma, es preciso mantener con carácter permanente las actuales disposiciones de acceso al Box irlandés. 
No existen recambios burocráticos capaces de sustituir al conocimiento y la experiencia de los pescadores. 
Por esto, mi Grupo ha venido pidiendo durante muchos años una mayor participación de los pescadores en el modo de gestión de la Política Pesquera Común. 
La Comisión hace ahora suya esta idea, lo cual es de agradecer, con la propuesta de crear unos consejos consultivos regionales que por primera vez incluirán a los pescadores y sus organizadores. 
Si se desea que dichos consejos desempeñen un papel significativo en el futuro, los pescadores deben participar en todas las fases del proceso de gestión. 
También se debe promover su participación en el trabajo de los científicos, con objeto de que se establezca una confianza mutua. 
Sólo así podrán contribuir los pescadores a la política comunitaria e influir sobre ella. 
Felicito al Sr. Varela por sus dos equilibrados informes. 
En conclusión, permítanme que manifieste de manera inequívoca, como hice en el debate sobre el Informe Stevenson, que la Política Pesquera Común no trata sólo de los peces, sino también- y como un aspecto más importante- de los pescadores. 
De sus familias y el futuro de sus familias. 
De su modo de vida, el único posible en muchas zonas. 
Señor Presidente, el informe Souchet, que hemos adoptado recientemente por amplia mayoría, ya recomendaba firmemente mantener la ayuda estatal para la modernización de las flotas pesqueras. 
Las conclusiones del informe Varela van en la misma dirección, cosa que celebramos. 
El Parlamento Europeo debe confirmar su apoyo para mantener esta ayuda y no debe aprobar las propuestas de la Comisión que pretenden retirarla basándose en el pretexto de conservar el medio marino. 
La ayuda a la modernización sigue siendo necesaria y no contribuye de por sí a la sobrepesca, sino todo lo contrario. 
Utilizando una flota moderna y equipada de forma adecuada y mediante el uso de métodos de pesca selectiva y controlada, fomentaremos la gestión sostenible de los recursos y combatiremos el fraude. 
No es esta ayuda la que contribuye al exceso de capacidad; esta contribuye a mejorar las condiciones de trabajo, la higiene y la seguridad a bordo; contribuye a la conservación y mejora la calidad de los productos pesqueros. 
Por lo tanto, desempeña un papel esencial. 
Hablando en términos más generales, después de haber oído anteriormente al Sr. Fischler, que ha descrito a grandes rasgos la política general, también queremos destacar que desde luego es necesaria una buena gestión de los recursos, pero ésta debe realizarse de forma objetiva, transparente, implicando a los profesionales y con reducciones o aumentos de las cuotas, en función de las fluctuaciones de las poblaciones de peces. 
Quisiera hacer un último comentario. Si introducimos una legislación más estricta en el ámbito de la pesca, ¿se reducirá la demanda de los consumidores o, por el contrario, aumentarán más las importaciones desde otros países? 
¿En beneficio de quién? 
Nos gustaría obtener respuestas a todas estas preguntas. 
Señor Presidente, necesitamos asegurar la viabilidad de este sector vital para el empleo y la cohesión económica y social en las zonas costeras de la Unión. 
Necesitamos mantener unos ecosistemas marinos sostenibles que conserven las poblaciones de peces para las generaciones futuras. 
La resolución del Parlamento sobre el Libro Verde identificaba el objetivo fundamental de la PPC como la consecución de un equilibrio entre ambos aspectos. 
Las enmiendas del Grupo ELDR al Informe Jové Peres intentan asegurar el futuro a largo plazo del límite de las 12 millas y de la estabilidad relativa. 
Ambas cosas son esenciales para la sostenibilidad de las frágiles comunidades costeras y de las poblaciones de peces de las que éstas dependen. 
Nuestro objetivo es especificar con mayor claridad las demás medidas que es necesario adoptar para proteger a las poblaciones de peces. 
Preferiríamos rebautizar los consejos consultivos regionales como consejos regionales de gestión. 
Este nombre deja claro que dichos consejos deberían contribuir de manera efectiva a la formulación y aplicación de las medidas necesarias en el marco de la PPC reformada. 
En particular, debemos utilizar dichos consejos para contribuir a la obtención de los conocimientos más completos posible sobre el funcionamiento de los ecosistemas marinos. 
Por ejemplo, investigaciones recientes sugieren que aumentar, en vez de reducir, las cuotas de cigalas podría tener, de hecho, un efecto positivo para la regeneración de las poblaciones de bacalao. 
Finalmente, lograr un equilibrio entre la viabilidad del sector y la sostenibilidad de las poblaciones de peces no ha de ser sólo una preocupación de la reforma de la PPC. 
Es exactamente lo que se requiere en el contexto de la crisis actual del bacalao. 
Es bueno que la Comisión se haya ocupado de los problemas socioeconómicos, pero hasta ahora las medidas se asemejan a la receta de un par de aspirinas para curar un caso grave de neumonía. 
Por consiguiente, apoyamos formalmente la resolución. 
Confiemos en que una aplicación adecuada de la reforma de la PPC impida que en el futuro vuelvan a repetirse otras crisis como esta. 
Señor Presidente, las disposiciones que se someterán a votación el jueves constituirán el cuerpo legal principal de la PPC para los próximos diez años y regularán las ayudas pesqueras y la creación de un fondo de emergencia destinado a resolver el problema del exceso de capacidad de las flotas de la Unión. 
Depende de los Estados miembros decidir sobre su plan de acción durante este tiempo. 
Quiero romper una lanza a favor de la pesca a pequeña escala, que afecta al mayor número de empleos y permite sobrevivir a muchas familias de pescadores tradicionales. 
Hasta ahora ha sido la pesca industrial la que se ha fomentado cada vez más y me gustaría dar las gracias al Comisario Fischler por las propuestas que ha hecho en su presentación sobre la política general en este ámbito. 
En primer lugar, cuando las ayudas del IFOP se emplean para construir barcos cada vez mayores y más poderosos, los Estados miembros, por supuesto, fomentan una pesca mayor y menos selectiva, lo cual tiene un efecto perjudicial en los pequeños comerciantes, que se preocupan por conservar barcos eficaces que se mantienen en buen estado y que por lo tanto proporcionan buenos niveles de seguridad sin dañar el medio marino. 
Nos gustaría que se concediese más dinero a las empresas, especialmente de los Fondos Estructurales. 
Este dinero también puede emplearse para adquirir equipos mejores, no para destruir barcos. 
También deberíamos dar acceso, por ejemplo, a los barcos pequeños con menor potencial a las zonas reservadas para que las utilicen como su recurso principal. 
Los Estados miembros podrían aplicar medidas similares para fomentar el acceso a los mercados en los que los pescadores a pequeña escala, cuyas actividades no están tan bien estructuradas como las de los pescadores a gran escala, tienen una menor influencia en el área de gestión. 
Por ejemplo, puede prestarse ayuda a las pesquerías y a las subastas de pescado. 
En lo que respecta a la representación de los pescadores en los consejos consultivos de la Comisión, debemos estimular a las pequeñas empresas. 
Deberíamos aumentar la representación de los pescadores tradicionales, especialmente en las comisiones regionales de pesca, en las que las asociaciones profesionales pueden expresar sus puntos de vista. Los tribunales sectoriales del Mediterráneo son un buen ejemplo de esto. 
De este modo podrían defender sus intereses con más energía. 
Por último, son siempre los pescadores a gran escala los que pueden ir más lejos, a África, por ejemplo a Senegal, en donde las especies se pescan en mayor grado, o a otros países cuyos recursos pesqueros son esenciales para la economía local. 
Así contribuyen al agotamiento de las poblaciones, lo cual es dañino para los pescadores locales y para los pescadores de todo el mundo. 
Por lo tanto, estas son algunas propuestas que podemos hacer para fomentar la pesca a pequeña escala. 
Señor Presidente, los acuerdos adoptados con respecto a la pesca de bacalao en el Mar de Irlanda discriminarán drásticamente a la flota de Irlanda del Norte. 
Ésta ha hecho más sacrificios que ninguna otra flota de la Unión Europea. Ha sufrido una poda tras otra, una y otra vez. 
Los pescadores de Irlanda del Norte son quienes más desean mantener unas pesquerías sostenibles en el Mar de Irlanda. 
El bacalao representa el 10% de todo el pescado desembarcado anualmente en Irlanda del Norte. 
Los pescadores norirlandeses se oponen a las presentes propuestas.