Por lo demás, estas propuestas de la Comisión de Medio Ambiente suponen también una deregulación, una simplificación del procedimiento. 
En vez de fijar un valor para cada alimento, ya sea ruibarbo o coliflor, proponemos que exista un valor límite único para los plaguicidas y un valor límite para el total de residuos, de modo análogo a la directiva sobre el agua potable. 
Esto supondría una simplificación y muestra claramente que para nosotros se trata de lograr una mayor protección del medio ambiente. 
Nuestro deseo es reducir la carga de plaguicidas en el sentido de la protección del medio ambiente. 
Un análisis de costes-utilidades realizado en 1991 en los EE.UU. ha demostrado que el 90 % de todos los plaguicidas son superfluos. 
Unos programas para reducir su uso en Suecia, Dinamarca y en los Países Bajos, han demostrado que también funciona de otro modo. 
En Suecia, en el plazo de 5 años han logrado reducir en un 50 % la cantidad de agentes activos y en Dinamarca un 30 % en un plazo de siete años. 
Esto muestra que es posible reducir los plaguicidas sin poner en peligro la producción agrícola. 
El informe propone aplicar una protección fitosanitaria integrada, debiéndose tener en cuenta que la UE se ha comprometido ya en la AGENDA 21 de la Conferencia de Río. 
El informe exige que se realice una definición vinculante de los que es una «buena práctica agraria» que debe basarse exactamente en los compromisos de Río. 
Solamente si se evitan los plaguicidas en la agricultura se podrán superar los problemas de los residuos en los alimentos. 
Para finalizar, permítanme que realice una cita del Sr. Fischler que comparto. 
Ha dicho que puede parecer cínico, pero precisamente la crisis de la EEB puede acelerar el proceso de reorientación en la agricultura de la UE. 
Creo que debemos producir para el mercado y no al margen del mercado. 
Les pido por ello su voto favorable al informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, primero quisiera referirme a lo último que nos acaba de decir la Sra. Breyer, porque es muy fácil hacer demagogia en esta Asamblea con unos datos que sólo corresponden a parte de la verdad. 
Es muy fácil decir que se puede reducir la carga de plaguicidas en un 50 % en Suecia o en un 30 % en Dinamarca, pero la climatología es totalmente distinta a la que tenemos en otros países de la Unión Europea, los cultivos no son exactamente los mismos y la carga agraria tampoco. 
Y sobre todo, en unos países de la Unión Europea se están gastando 300 dólares por hectárea de media y en otros estamos gastando 30 dólares por hectárea. 
Luego, cuando todos estemos al mismo nivel, podremos decir que todos debemos reducir la carga de productos fitosanitarios en nuestros cultivos. 
En cuanto a la propuesta de directiva, nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que ha dicho la Comisión. 
La Comisión intenta solucionar problemas reales detectados en la aplicación de estas directivas que nos propone modificar en cuanto a la armonización de las legislaciones nacionales en materia de límites máximos de residuos, y de los que se derivan graves obstáculos al mercado único de productos vegetales. 
También pretende actualizar algunas directivas más antiguas, mejorar y avanzar en la armonización de aspectos tan importantes como la vigilancia del cumplimiento de los límites máximos de residuos, que hasta ahora se dejaban al criterio de los Estados miembros, y agilizar el procedimiento para la fijación de los límites máximos de residuos comunitarios. 
Con la aprobación de esta propuesta conseguiríamos un gran paralelismo entre las Directivas 86/362, 86/363 y 90/642. 
Es un paso previo para emprender la tarea de refundirlas, pues parece claro que la Comisión, o no ha encontrado motivos que lo justifiquen, o bien ha encontrado importantes dificultades técnicas para abordarlo. 
Yo comparto el criterio de la Comisión de hacerlo en varias fases, pues en caso de hacerlo como nos propone la Sra. Breyer, sería subir la escalera en un solo salto en lugar de subirla peldaño a peldaño como acostumbramos todos. 
Yo pediría a la Comisión que elabore una propuesta de directiva única, en caso de que se aprobase el informe de la Sra. Breyer, para resolver los problemas técnicos y científicos con las suficientes garantías jurídicas. 
Podemos apreciar en esta propuesta una forma muy diferente a la Directiva 76/895 y pienso que el motivo será que esta directiva no armoniza los límites máximos de residuos nacionales de los Estados miembros, sino que establece unos mínimos comunitarios para límites máximos de residuos nacionales, que pueden ser iguales o superiores en virtud de la disposición contenida en su artículo 3.2. 
El único modo posible de solucionar esto, a mi criterio, es revisar los límites máximos de las sustancias activas contenidas en su Anexo II y transferirlas como límites máximos de residuos comunitarios al Anexo II de la Directiva 90/642, tarea que ya ha sido iniciada por la Comisión en la Directiva 93/58, que una vez concluida nos permitiría derogar la Directiva 76 y yo pediría agilidad y rapidez a la Comisión en esta tarea de homologar los límites máximos de residuos. 
Otro de los aspectos que quiero resaltar es el paralelismo que se trata de introducir entre los criterios para establecer los límites máximos de residuos en vegetales y los criterios de pureza para las aguas potables, ignorando que hay bases científicas reconocidas y admitidas internacionalmente para la fijación de estos límites máximos de residuos, lo cual puede conducir a obstrucciones al comercio en importaciones con países terceros, etc., en contra de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 
Resulta evidente que las aguas potables no se tratan, ni deben tratarse, con plaguicidas agrícolas. 
Incluso puede ocurrir que los coloides del suelo en algunas aguas nos den una lectura superior a las señaladas en el informe. 
Asimismo, en las plantas hay sustancias activas que existen naturalmente en los vegetales, como el ácido giberélico, que dan lecturas muy superiores a las indicadas en el informe. 
En caso de establecer estas exigencias, resultarían imposibles hasta los cultivos ecológicos con los que todos estamos de acuerdo. 
Hay otro aspecto que quiero señalar a esta Asamblea: las menciones a los productos dietéticos y alimentos para bebés. 
No es razonable que se puedan comercializar alimentos frescos- zanahorias, por ejemplo- aptos para el consumo humano, excepto para bebés o enfermos. 
¿Dónde está la protección al consumidor? 
Habría que advertirles de que no son buenos para ellos. 
¿Y podrían consumirlos las madres lactantes? 
No es coherente. 
Los límites máximos de residuos deben cubrir científicamente la ausencia de riesgos para todas las personas desde su nacimiento. 
Permítanme señalar otra contradicción: asignar el mismo límite máximo de residuos para un producto fresco que transformado, para un producto entero o a partes de él, nos puede llevar a grandes contradicciones. 
Por último, yo le pediría a la Comisión que estudiase con mucho detenimiento las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que fueron aprobadas por unanimidad, y que estudiemos con mucho cuidado el informe de la Sra. Breyer, para el que nosotros como Grupo pedimos un cambio de fundamento jurídico, esto es, aplicar el artículo 100 A del Tratado. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ¿cuántos plaguicidas soporta la consumidora? 
Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor han tenido que plantearse esta pregunta al tratar el informe de la Sra. Breyer, un informe sobre cuatro directivas relativas a los residuos de plaguicidas en los alimentos y cereales. 
Creo que la unificación en una directiva, tal como ha propuesto la Sra. Breyer, supone una simplificación del trabajo administrativo. También lo que ya se ha realizado en algunos países miembros, es decir, programas dirigidos a reducir el empleo de plaguicidas y pesticidas, se puede integrar mucho mejor en una directiva que en cuatro diferentes, tal como propuso originariamente la Comisión. 
Creo que, de este modo, se puede lograr realmente una simplificación del trabajo administrativo. 
Ustedes saben que no soy letrada, pero el sentido común me dice que, como fundamento jurídico, el artículo 100 A, relativo al mercado interior, es mucho más adecuado que los demás que han surgido en el debate. 
El tema sobre el que hoy hablamos afecta a las consumidoras y consumidores en el mercado interior. 
Si tomamos como fundamento jurídico el artículo 43, la agricultura, excluiremos a una parte de los que quieren consumir estos productos. 
El artículo 130 S, relativo al medio ambiente, es sin duda muy importante. 
Aquí se trata también de una cuestión de medio ambiente, pero creo que debemos dar más importancia a la protección del consumidor. 
La utilización de plaguicidas es, sin duda, una cuestión de medio ambiente, pues éste se ve en peligro por un uso desproporcionado de todos estos productos. 
Se nos ha presentado también una comunicación sobre la protección de las reservas de agua. 
Hay propuestas para una directiva sobre el agua potable, una directiva sobre la protección ecológica de las aguas. 
Creo que solamente seremos sinceros con tales directivas si evitamos todas aquellas sustancias que pueden ir a parar al agua potable a través del aire o del suelo. 
El agua es una sustancia de la que no disponemos en Europa en tal demasía como para ponerla en peligro. 
También hay que recapacitar hasta qué punto una utilización intensiva de productos fitosanitarios puede influir sobre la alimentación animal, pues no solamente se rocían los productos que los consumidores toman sino también muchos que comen los animales y precisamente hoy día tenemos que recapacitar muy exactamente sobre qué es lo que se introduce en la cadena alimenticia. 
Un enfoque integrado conduce a un desarrollo sostenible que es lo que todos queremos y que está además reflejado ya en muchos programas. 
Creo que tendremos que llegar a una agricultura ecológica si queremos que la agricultura y el medio ambiente sobrevivan en equilibrio. 
Un equilibrio en la Naturaleza conduce también a un equilibrio en la agricultura, en la producción, en la demanda y, a la postre, también en los ingresos de la población rural. 
Para finalizar, me permito decir que mi grupo político apoya la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señora Presidenta, estamos ante un proyecto de directiva que viene a completar y a reforzar años de armonización en el ámbito de los pesticidas. 
Esta nueva propuesta asegura una mayor protección de la salud del consumidor sin comprometer la producción, y esto es importante decirlo y reafirmarlo. 
Se garantiza un informe mucho más sistemático y hace realidad la previsión de la directiva de 1991 relativa a la comercialización de los productos pesticidas con la fijación de los correspondientes contenidos máximos de residuos en los diferentes productos agrícolas. 
Por otro lado, afronta procedimientos para resolver casos de aparición de barreras al comercio intracomunitario. 
España ha sufrido con mucha frecuencia- quizá con demasiada en los últimos años- este problema en sus exportaciones de frutas y hortalizas, así como en otros productos más sensibles como los productos dietéticos infantiles. 
Por eso, damos la bienvenida a esta nueva propuesta de la Comisión que evitará estos problemas artificiales. 
Esta directiva debería haber recibido un apoyo generalizado en la Comisión de Medio Ambiente. 
Sin embargo, la ponente- tal vez en un exceso de celo- ha realizado propuestas bien intencionadas, pero tal vez no acertadas y que no corresponden a la realidad de las necesidades. 
Y, por lo tanto, esto nos impedirá apoyarlas como hubiese sido nuestro deseo. 
Muchos podemos compartir sus propuestas como objetivos finales y de orientación de lo que debe ser una política sobre pesticidas, pero los deseos no se pueden confundir con propuestas de Derecho positivo que es necesario cumplir. 
Una cosa es compartir la idea que fundamenta la lucha biológica y otra bien distinta es contrastar las limitadas posibilidades actuales de su aplicación. 
Podemos estar de acuerdo también en que es necesario tener en cuenta las sinergias de los diferentes productos, pero otra cosa bien distinta, señora Breyer, es pretender considerar como restos de plaguicidas todos los posibles productos de metabolización, aunque sean sustancias inocuas. 
Esto cambia por completo todo el cálculo de contenido de residuos. 
Tampoco podemos dejar que se transmita a la opinión pública la idea de que las normas comunitarias son decididas por burócratas sin control, cuando el procedimiento- y usted lo sabe muy bien- es todo lo contrario: es bastante complejo e intervienen científicos independientes, los comités que representan a los gobiernos, la Comisión e, indirectamente, este Parlamento, pues seguimos muy de cerca todas las decisiones que se toman a nivel comunitario. 
Por último, señora Presidenta, creo que no podemos olvidar que realmente sólo existen dos tipos de agricultura: la que puede utilizar pesticidas y abonos y la que, desgraciadamente, no dispone de lo mismo y, por lo tanto, no llega a ser autosuficiente. 
Yo creo que no es bueno magnificar los riesgos tecnológicos potenciales del progreso y parecer ignorar lo que realmente es trágico en nuestra sociedad: que sigan muriendo millones de niños y adultos por falta de alimentos. 
Señora Presidenta, la directiva que discutimos actualmente permite uniformizar la reglamentación creada por cuatro directivas anteriores que fijaban los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas, los cereales y los productos alimenticios de origen animal. 
Esto era necesario ya que, en una época aún reciente, la agricultura trajo aparejada una concentración demasiado elevada de plaguicidas en los alimentos y en el agua, sobre todo por la utilización de nitratos. 
Sin embargo, desde entonces se ha constatado un esfuerzo de los agricultores y se han realizado evaluaciones científicas y técnicas de los riesgos relacionados con los plaguicidas, lo que permite una reglamentación adaptada a cada caso. 
Por eso nosotros nos oponemos totalmente a la opinión del ponente de fijar un límite máximo de 0, 01 mg. de residuos por kilo para todos los productos alimenticios y agrícolas, tal cual se comercializan, que es el límite aplicable al agua potable. 
Ahora bien, los productos alimenticios no son en absoluto comparables al agua potable, y la aplicación de esta cantidad a la agricultura conduciría a una limitación muy importante del número de sustancias activas utilizables, lo que supondría graves consecuencias agronómicas y económicas para la agricultura y nuestra alimentación. 
Por lo tanto, no nos parece razonable proponer reglamentos imposibles de aplicar, y es conveniente no aprobar las enmiendas 10 y 11, 14 y 15, así como tampoco las enmiendas 20 a 24. 
Señora Presidenta, me permito comenzar diciendo que pienso que la Sra. Breyer ha realizado un excelente trabajo y que ha ampliado el alcance de la propuesta de directiva hasta incluir además los valores límite. 
Volveré sobre esto más adelante. 
En Suecia la sociedad, los agricultores y los consumidores, se han mostrado innovadores en la disminución del uso de plaguicidas en la agricultura. 
Nuestro deber en el Parlamento Europeo es el de impulsar un desarrollo correspondiente. 
Al mismo tiempo, esta cuestión debería plantearse también en otros foros internacionales, por ejemplo en la Organización Mundial del Comercio, para que los productos importados no sean de un nivel inferior al de los que producimos nosotros. 
La cooperación a nivel de la UE debe constituir un instrumento para disminuir notablemente el uso de plaguicidas, pero para que esto se lleve a cabo es necesario que el Parlamento Europeo tenga una mayor influencia sobre las decisiones. 
Eso es lo que lograremos si seguimos la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y cambiamos la base jurídica por la del artículo 100a. 
El uso de plaguicidas en la agricultura es naturalmente una cuestión ambiental y que afecta a los consumidores, y no solamente a la profesión agrícola, como se podría interpretar si dejamos el asunto bajo el artículo 43. 
La responsabilidad por la reducción del uso de plaguicidas no puede recaer sobre el agricultor o los consumidores. 
No se puede, porque los fabricantes de plaguicidas son demasiado fuertes. 
Es un deber político hacer más estrictos los valores límite a través de la legislación, y mediante ella impedir que se encuentren residuos perjudiciales en la comida. 
La armonización de varias directivas sobre valores límite para los residuos de plaguicidas crea una legislación más clara. 
Es la naturaleza la que debe dictar las normas para la actividad agrícola de la UE. 
La agricultura ecológica y una agricultura integrada que se realice en mayor grado en base a las condiciones naturales, deben ser la norma a seguir en el futuro para la producción en este sector. 
Es importante que el Parlamento Europeo haga hincapié en que los Estados miembros deben adaptarse a los compromisos logrados en la Conferencia de Río con objeto de disminuir el uso de plaguicidas. 
Utilizar grandes cantidades de abonos para la producción de alimentos no constituye una vía sostenible en el futuro. 
Es naturalmente injusto además a largo plazo que se permitan unos residuos de plaguicidas más elevados en los alimentos que en el agua potable; los alimentos no deben ser más perjudiciales que el agua. 
Me parece muy bien la propuesta de la Sra. Breyer de un valor límite general de 0, 01 mg/kg, y pienso lo mismo sobre el valor global de 0, 05 mg. Lamentablemente carecemos de una base científica suficiente para que se pueda realizar esta propuesta. 
Por ello no podemos apoyarla. 
Pero espero que la Comisión vuelva pronto al Parlamento con una propuesta de reducción de los valores límite. 
La fijación de unos valores máximos de residuos significaría ya solamente para Austria que habría que suprimir la mayor parte de los valores o sustancias activas residuales. 
No solamente sería imposible una producción suficiente de alimentos de origen herbáceo sino que la economía y la agricultura europeas ya no serían competitivas a nivel internacional. 
Con estos valores de residuos propuestos arbitrariamente e infundados desde un punto de vista toxicológico, ya no se podrían producir convencionalmente frutas y verduras y se impediría la importación de productos frescos durante los meses de invierno. 
Por ello, es recomendable conservar el sistema actual de valoración individual de los residuos. 
Se basa en análisis científicos y tiene en cuenta las características toxicológicas de las sustancias activas y las buenas prácticas agrarias para los correspondientes alimentos. 
Los valores de residuos fijados son valores de previsión y no una limitación de peligros para los consumidores. 
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿Es posible reducir los plaguicidas o los abonos mediante la biotecnología o la ingeniería genética? 
Señora Presidenta, me doy cuenta de que el Parlamento está examinando la propuesta después de un largo y detallado estudio de sus muchos aspectos, y antes que nada quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Breyer, y asimismo a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por el trabajo que han realizado en relación con ella. 
Quiero empezar diciendo que la Comisión apoya plenamente el punto de vista principal del informe, en el sentido de que el empleo de los plaguicidas debe limitarse al mínimo absoluto y de que los métodos de producción como el control integral de plagas y la agricultura ecológica pueden ayudar a alcanzar tal objetivo. 
No obstante, en nombre del Comisario responsable quiero mencionar también que ya existe una normativa estricta para el uso de plaguicidas en la agricultura convencional, según la Directiva 91/414 sobre la comercialización de plaguicidas. 
En ella se indica que sólo se permite el uso de estas sustancias en las cantidades mínimas necesarias para un control adecuado de parásitos y en condiciones que no supongan un riesgo para la salud humana o que no produzcan efectos inaceptables sobre el medio ambiente. 
La Comisión considera que el equilibrio entre la necesidad de un empleo restrictivo y seguro de los plaguicidas y las ventajas que estas sustancias tienen para una agricultura eficaz no se manifiestan con suficiente claridad en las enmiendas núms. 
6 a 10. En consecuencia, no puede aceptarlas. 
En cambio, acepta en principio la enmienda nº 43, por lo que está dispuesta a incluir una observación general que ponga de manifiesto la necesidad de un uso restrictivo y seguro de los plaguicidas en la agricultura y que, al mismo tiempo, subraye el papel positivo que desempeñan una serie de métodos como la agronomía integral y la agricultura ecológica. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 42, ya que se refiere a los principios sobre el uso de plaguicidas en la agricultura ecológica, que en su caso corresponde al ámbito del Reglamento nº 2092/91 del Consejo sobre la producción ecológico de productos agrícolas y la indicación de este tipo de producción en los productos agrícolas y alimenticios. 
En cuanto al fundamento jurídico, la Comisión entiende que, si un precepto legal sirve uno o varios de los objetivos de la política agrícola común incluidos en el artículo 39 del Tratado, el artículo 43 es el fundamento jurídico correcto y suficiente, tal como ha sancionado el Tribunal. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 1. 
14 y 22 y las enmiendas técnicas basadas en ellas, esto es, las núms. 11, 15, 20, 23, 24 y 31, buscan introducir un límite máximo arbitrario de 0, 01 mg/kg para todos los plaguicidas y todas las cosechas por encima de los usos permitidos y las características toxicológicas de cada sustancia activa. 
La Comisión no puede aceptar estas enmiendas ni la iniciativa básica a la que responden, porque significaría dejar de lado el procedimiento que se aplica a nivel mundial, incluido el Código Alimentario, que va encaminado a la fijación de límites máximos sobre una base científica. 
En el marco del procedimiento aprobado recientemente para la adopción de medidas relativas a la salud humana y a la sanidad vegetal de conformidad con el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, también hay que respetar la base científica en el caso de las medidas relacionadas con la sanidad vegetal, y la enmienda propuesta podría implicar conflictos con nuestros socios comerciales. 
Finalmente, si no se pudieran proteger las cosechas mediante el uso de plaguicidas, la competitividad de la agricultura europea y el abastecimiento de productos agrarios correrían gran peligro. 
La Comisión está de acuerdo en que habría resultado más sencillo tener toda la legislación sobre residuos de plaguicidas resumida en una sola directiva o por lo menos disponer de una codificación de las directivas en vigor. 
Sin embargo, considera esta solución demasiado precipitada en un momento en que la Directiva 76/895 pronto perderá su vigencia. 
Además se necesita acumular más experiencia en la utilización de los procedimientos ahora propuestos, antes de iniciar nuevas tareas. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 2 a 5, 16, 17 y 33 ahora, aun cuando señala que los principios en que se basan serán investigados más a fondo con miras a la presentación de una propuesta en el futuro. 
En todo caso, la Comisión examinará de inmediato las posibilidades de enviar con regularidad a todas las partes interesadas unas tablas actualizadas y bien preparadas con información sobre los límites máximos permitidos en la Comunidad de todas las combinaciones de plaguicidas, en la medida en que tales valores estén fijados. 
La Comisión entiende que una serie de enmiendas suponen mejoras técnicas útiles de la propuesta, por lo que acepta con gusto el apartado 5 de la enmienda nº 14, que mejora las disposiciones de control de la Directiva 76/895. 
La Comisión acepta en principio también las enmiendas núms. 12, 13 y 18, que alinean las disposiciones pertinentes de la Directiva 76/895 con las contenidas en la directiva aprobada con posterioridad. 
La Comisión puede aceptar la enmienda nº 21. 
Está de acuerdo en que el procedimiento de arbitraje debe ser aplicado sin demora innecesaria y en que puede aplicarse también a los productos alimenticios transformados. 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas núms. 25, 26, 28, 29, 32, 39 y 49. 
Hay muchas enmiendas. 
La Comisión también puede aceptar en principio las que llevan los núms. 27, 30, 38 y 48, que definen con mayor precisión el modo de utilizar los resultados de las medidas de control. 
La Comisión acepta en principio las enmiendas núms. 35, 37, 41, 45, 47 y 51. 
La Comisión estima que el procedimiento del comité previsto es apropiado para el establecimiento de los límite máximos, ya que las decisiones en juego son muy técnicas. 
Se basan en la evaluación de datos técnicos muy bien definidos. 
El mismo procedimiento se prevé para medidas técnicas parecidas, como las referentes a los límites máximos provisionales conforme a la letra f del apartado 1 del artículo 4. 
La Comisión lamenta, por lo tanto, no poder aceptar la enmienda nº 19. 
No obstante, acepta que los datos en los que se basa la fijación de los límites máximos sean más precisos. 
Podemos, por lo tanto, en principio aceptar las enmiendas núms. 34, 36, 40, 44, 46 y 50. 
Sin embargo, su última parte no es aceptable, ya que los requisitos de los datos sobre los residuos de plaguicidas quedan fijados en la Directiva 91/414. 
La Comisión está convenida de que la propuesta, una vez aprobada, mejorará considerablemente las normas comunitarias en vigor sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas en los productos agrícolas. 
Junto con la Directiva 91/414 sobre la comercialización y uso de los plaguicidas, contribuirá más aún a fijar con eficacia los límites máximos que corresponden a los métodos científicos empleados a nivel internacional, y tiene en cuenta el alto nivel de protección de la salud humana y de los animales, que es el objetivo de la legislación comunitaria sobre plaguicidas. 
Lo siento, señora Presidenta, ha sido una respuesta muy larga. 
Señora Comisaria, le estaría muy agradecida si nos pudiese aclarar cómo es posible que en los últimos diez años los valores de las cantidades de residuos se hayan reducido constantemente y en qué datos científicos se basa esto. 
Permítame una observación, realizada también por la Sra. Redondo y el Sr. Valverde, en lo tocante a que el valor de 0, 01 miligramos es arbitrario. 
Tengo aquí el Reglamento sobre cantidades de residuos máximos de la República Federal que fue aprobado el 1 de septiembre de 1994. 
Dicho reglamento prevé que precisamente este valor, es decir, 0, 01 mg por kilogramo de alimento, debe aplicarse si no hay otros valores de residuos. 
No se puede achacar al Gobierno Federal ser totalmente arbitrario cuando él mismo lo propone. 
Señora Comisaria, un último punto que formulo también en forma de pregunta: hay una serie de enmiendas, en especial de la Sra. Redondo, que se refieren a un Anexo 6 de la Directiva 414/91, del que sabemos que ya no existe. 
A demanda del Parlamento Europeo, el 18 de junio, el Tribunal Europeo de Justicia acordó que este Anexo ya no existe. 
Es decir, estamos ante la situación de que no hay criterios de evaluación. 
Por ello, me gustaría saber de la Comisión cómo hay que actuar en esta situación si no sigue a la Comisión de Medio Ambiente y actualmente no hay un Anexo 6. 
Como se trata de una situación muy actual, creo que esta es una pregunta muy difícil que quizás deberíamos plantear también a la Mesa de cara a la votación de mañana, es decir, cómo debemos actuar ante tal situación. 
No alargaré el debate. 
He intentado en nombre del Comisario Fischler dar respuesta detallada a todas las preguntas surgidas en relación con las enmiendas presentadas, y estoy segura de que durante el examen en las distintas comisiones ha sido posible entrar más en detalle con respecto a los resultados científicos publicados y a los límites máximos mencionados en la propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Le doy las gracias a cada uno de ustedes, así como a los intérpretes, y les recuerdo que nuestra próxima sesión tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas) 
Debate de actualidad y de urgencia (escritos de objeción) 
De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 de Reglamento, he recibido los siguientes escritos de objeción a la lista de asuntos del próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, que tendrá lugar mañana. La votación tendrá lugar sin debate. 
Sobre el punto I- Situación en Chipre: 
Señora Presidenta, habida cuenta de que mañana celebraremos una declaración sobre Bosnia, retiramos la objeción. 
En tal caso, no subsiste ninguna objeción con respecto a los puntos I y II. 
Señora Presidenta, habíamos presentado dos recursos. 
El primero, relativo al punto Bosnia, lo retiramos porque ya se ha solucionado por otro lado, pero, por supuesto, mantenemos el segundo. 
Por consiguiente, sólo procede votar el segundo. 
He recibido un escrito de objeción del Grupo Unión por Europa, por el cual solicita la supresión de este punto. 
Motivación: Todos los Estados miembros tienen grandes problemas humanos y económicos como resultado de la inmigración masiva de personas procedentes de países en desarrollo. 
La magnitud de este fenómeno no nos deja indiferentes, pero la búsqueda de una solución debe ser un esfuerzo común y meditado. 
Consideramos totalmente improcedente abordar esta cuestión en el marco del debate de actualidad y urgencia. 
(El Parlamento rechaza el escrito de objeción) 
He recibido dos escritos de objeción, del Grupo del Partido Socialista Europeo y del Grupo Unión por Europa, tendentes a incluir un nuevo subpunto «Defensa y conservación del Camino de Santiago». 
Señora Presidenta, una moción de orden para aclarar un malentendido. 
He escuchado que se habla de destrucción del Camino de Santiago. 
Yo procedo de aquella circunscripción- y hay que recordar que no hay ningún diputado socialista que proceda de aquella circunscripción- y debo aclarar que las obras no afectan al Camino de Santiago. Son obras en una carretera que no está en el Camino de Santiago. 
Por lo tanto, este Parlamento no debe tomar medidas sobre esta cuestión. 
(El Parlamento aprueba el escrito de objeción) 
Bienvenida 
Antes de iniciar el debate sobre el estado de la Unión Europea en el que intervendrán los Presidentes del Parlamento, del Consejo Europeo y de la Comisión, quiero dar la bienvenida a nuestro Parlamento a un visitante muy ilustre que hoy nos honra con su presencia y que asistirá a este debate, Sir Edward Heath. 
(Vivos y prolongados aplausos) Sir Edward Heath fue Primer Ministro de Gran Bretaña desde 1970 hasta 1974. 
Sus largos años de actividad política están muy estrechamente relacionados con Europa y con la integración de Gran Bretaña en la Unión Europea. 
Encabezó el equipo negociador británico en la primera ronda de negociaciones a comienzos de los años sesenta y ostentaba el cargo de Primer Ministro cuando Gran Bretaña se unió a la Comunidad Europea en 1973, y desde entonces ha sido un constante defensor de una Unión Europea fuerte y eficaz. 
Nunca ha dudado en criticar a aquellos compatriotas suyos que desearían ver a Gran Bretaña fuera de la Unión y despiertan los demonios del nacionalismo. 
Sobre todo lo demás, personifica el hecho central de que no existe ninguna contradicción entre el amor a la patria, el servicio leal a los intereses de la nación y el apoyo a Europa. 
Sir Edward, sea bienvenido a nuestro Parlamento. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Presidente del Parlamento, del Presidente en ejercicio del Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión, sobre el estado de la Unión Europea, seguidas de debate. 
En extensas zonas, una inmensa masa temblorosa de seres humanos atormentados, hambrientos, agobiados por las inquietudes y desconcertados contemplan boquiabiertos las ruinas de sus ciudades y de sus hogares y escrutan el oscuro horizonte temiendo la llegada de un nuevo peligro, de una nueva tiranía o de un nuevo terror. 
Entre los vencedores reina una confusión de voces discordantes; entre los vencidos, el triste silencio de la desesperación. 
Es lo que han conseguido los europeos, agrupados en tantos antiguos Estados y naciones, es lo que han conseguido las potencias germánicas a base de hacerse pedazos unos a otros y de hacer estragos por todas partes. 
Tenemos que recrear la familia europea en una estructura regional llamada, quizás, los Estados Unidos de Europa. 
Quien describió así la situación en Europa hace casi exactamente cincuenta años, el 19 de septiembre de 1946 en Zúrich, fue Winston Churchill. 
Ahora, cincuenta años más tarde, en una Unión integrada por quince Estados europeos, cuando hablamos con las ciudadanas y ciudadanos de todos los Estados miembros, para quienes las instituciones europeas de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo aparecen como un mundo distante y abstracto, de nuestras conversaciones se desprende siempre una misma impresión: esas personas no son contrarias a la Unión, no están en contra de la unificación de Europa, ni en contra de Maastricht ni de Bruselas. 
Sin embargo, ¡ya no saben qué justifica su apoyo! 
¡Existen muchos motivos que lo explican! 
Uno de los principales es que la Unión ofrece mil respuestas distintas para un millar de problemas concretos, pero permanece muda ante los grandes interrogantes con que se enfrenta la sociedad europea en este final de siglo. 
(Aplausos) ¿Cómo modernizaremos las estructuras de nuestra economía en un mundo globalmente intercomunicado a fin de garantizar que el trabajo humano, fundamento de la civilización europea, siga teniendo un futuro en Europa? 
¿Cómo lograremos establecer un nuevo equilibrio entre el rendimiento económico y la justicia social, un nuevo equilibrio que garantice la estabilidad de nuestra sociedad democrática? 
Un número creciente de personas asocian la Unión Europea con el desmantelamiento de la protección social y la destrucción de puestos de trabajo. 
Debemos restablecer la asociación de la Unión con la creación de empleo y el progreso social. 
De ello depende el éxito de la Unión Monetaria y también el éxito de la Conferencia Intergubernamental. 
Evidentemente, la principal responsabilidad y, por lo tanto, también el peso principal de la creación de empleo y del reparto y organización del trabajo recaen sobre los Estados miembros. 
No queremos hacer cargar a la Unión con la responsabilidad de una política de empleo para la cual no dispone de recursos. 
Sin embargo, la Unión al menos podría fomentar, orientar y coordinar los esfuerzos nacionales. 
¡Pero no hace ni siquiera esto! 
Los 18 millones de parados que existen en los Estados miembros de la Unión Europea- y no sólo ellos- esperan que por fin logremos algún progreso en la coordinación de las políticas de los Estados miembros con respecto al mercado de trabajo, en la utilización óptima de los fondos de la Unión Europa para promover la creación de puestos de trabajo, en el fomento de unos mejores niveles educativos y de formación inicial y continua, en un fortalecimiento de la competitividad de la economía europea. 
Todos- el Consejo, la Comisión y el Parlamentovenimos reclamándolo desde hace años, ¡y hasta ahora sin resultados! 
Desde diciembre de 1994, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno han asignado la máxima prioridad a la lucha contra el desempleo en cada una de las reuniones del Consejo Europeo. 
Sin embargo, sus decisiones nunca han ido más allá de encargar nuevos informes y elaborar nuevos calendarios, que no dan trabajo a los parados, sino sólo a la Comisión y a las autoridades nacionales. 
(Aplausos) Todavía no se han aplicado las propuestas del Libro blanco de 1993 sobre Crecimiento, competitividad y empleo. 
La Comisión ha propuesto un Pacto de confianza en favor del empleo. 
El Consejo Europeo lo está examinando. 
Los 14 proyectos prioritarios para la construcción de las redes transeuropeas permanecen cerrados encima de la mesa. 
Los ministros de Finanzas tienen que examinar la propuesta. 
Tienen que examinar si es procedente destinar un millardo de ecus a la financiación inicial de un proyecto cuyo volumen de inversión se eleva a 45-50 millardos de ecus. 
Señorías, los mismos ministros de Finanzas, que están examinando si disponen de un millardo de ecus para dedicarlo a la construcción de las redes transeuropeas, ¡aceptan sin decir palabra que nuestra Unión dedique cada año un millardo de ecus a subvencionar el cultivo de tabaco en Europa! 
(Aplausos) Quien así actúa, no es pobre en recursos, sino pobre de espíritu. 
El mercado interior absorbe el 90 % de nuestras mercancías y servicios. 
Todas las lamentaciones por las consecuencias de la globalización de la economía no dejarán de ser excusas gratuitas mientras no nos decidamos a transformar este potencial en crecimiento y empleo, mientras nos permitamos el lujo de mantener 14 monedas distintas en nuestro mercado interior. 
La supresión de las fronteras interiores representa una nueva libertad para muchos millones de personas en Europa. 
Pero Europa no puede permitir que el preciado bien de la libre circulación sea utilizado indebidamente y desacreditado por las organizaciones criminales internacionales, los millones de las mafias y el tráfico de drogas. 
Los habitantes de la Unión esperan soluciones para estos problemas. 
Un Estado miembro se negó y sigue negándose a aceptar que el Tribunal de Justicia Europeo controle la actividad de la Europol. 
La decisión del Consejo Europeo de Florencia de aprobar este control al menos para los otros catorce Estados miembros, en vez de seguir aplazando la entrada en funcionamiento de la Europol, fue acertada. 
Las medidas propuestas por la Presidencia irlandesa para combatir el tráfico de drogas posiblemente nos permitirán avanzar otro paso. 
No basta con que Europol pueda ocuparse en adelante- lo cual deseamos- de controlar y perseguir el tráfico de drogas. 
Europa debe estar en condiciones de protegerse en el futuro no sólo del lavado de dinero, de los traficantes de coches y de los terroristas, sino también frente a las organizaciones internacionales de pederastas y traficantes de menores. 
(Aplausos) Esperamos que toda la Unión actúe solidaria y decididamente cuando en la Organización Mundial de Comercio se debatan las medidas para impedir el recurso al trabajo infantil como un medio para conquistar mercados y frenar la creación de un mercado de prostitución infantil. 
Será preciso actuar con unidad y firmeza para evitarlo. 
La Comunidad Europea es una comunidad de derecho. 
Este es uno de los logros de la unificación europea. 
Últimamente están proliferando los intentos de vaciar de contenido a la Unión en tanto que comunidad de derecho. 
Un Estado miembro ha intentado utilizar su derecho de veto, no para impedir la adopción de una decisión concreta, sino para privar a la Unión de capacidad de decisión en general. 
Si el Gobierno británico hubiese mantenido su negativa a aceptar el embargo contra la exportación de carne de bovino británica, todos los Gobiernos habrían intentado recurrir en adelante a este medio de presión cada vez que se planteara un tema conflictivo. 
La tentativa británica se estrelló contra la cerrada oposición de los otros catorce Estados miembros. 
¡Todo un triunfo para Europa! 
(Aplausos) La República Federal de Alemania es uno de los Estados miembros que han instado repetidamente a la Comisión a actuar contra las distorsiones de la competencia y el fraude en el uso de las subvenciones en los demás Estados miembros. 
Desde Alemania se intenta negar últimamente legitimidad a la Comisión para aprobar las ayudas públicas correspondientes a dicho país. 
¡Es preciso evitar que prevalezca esta posición! 
(Aplausos) Quien degrada a la Unión Europea para promover sus intereses políticos particulares, está destruyendo su futuro. 
(Aplausos) Sólo conseguiremos preservar y consolidar la confianza en la integridad jurídica de los órganos de la Unión y en la capacidad de actuación de los mismos si somos capaces de garantizar el control interno y- en caso necesariola depuración interna de responsabilidades. 
Este es el motivo que nos ha impulsado a crear una Comisión de investigación encargada de aclarar si en la lucha contra la epizootia de la encefalopatía espongiforme bovina se cometió alguna infracción contra el Derecho comunitario o alguna anomalía en su aplicación. 
La enfermedad de las vacas locas estuvo precedida, sin duda, por la locura humana de autorizar durante años la utilización de harinas de carne en la alimentación de animales hervíboros. 
Es un error que ya no podemos remediar. 
No obstante, Señorías, sería un enorme éxito si consiguiéramos que la Comisión aporte en el futuro más propuestas encaminadas a promover la producción de alimentos saludables, en vez de dedicarse a redactar notas sobre las posibilidades de evitar el hundimiento de los mercados de carne de bovino mediante el encubrimiento y la ocultación. 
(Aplausos) Como también sería un enorme éxito que los Gobiernos de los Estados miembros se abstuvieran al fin de comunitarizar los riesgos de la política europea y nacionalizar sus éxitos. 
¡Quien sólo ve en la Unión un vertedero para los desechos de la política nacional, no debe extrañarse luego de que a muchos les huela a podrido! 
(Aplausos) La Comisión se ha apresurado a cerrar filas, y los Estados miembros la han respaldado, para salir decididamente al paso de las exigencias abusivas de la ley norteamericana Helms-Burton; ¡en este empeño cuenta con nuestro apoyo firme y decidido! 
Pero cuando lo que está en juego es la guerra o la paz en Europa, cuando de lo que se trata es de proteger a las personas del asesinato, el destierro y la violación al menos en nuestro propio continente, cuando se trata de hacer extensivos a todos los europeos los valores fundamentales de nuestro modo de vida europeo, entonces sólo nos llega de los Estados miembros una babel de voces discordantes y de la Unión, nada más que un desconcertado silencio. 
La Unión no es toda Europa, pero es responsable de su conjunto. 
Los Estados miembros deberán asumir el peso principal de la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
La Unión deberá estar a la altura de su responsabilidad de coordinar las medidas internacionales de apoyo y, siempre que el presupuesto de la Unión lo permita, deberá prevalecer el principio según el cual las nuevas políticas y tareas requieren también nuevos recursos financieros. 
La Unión, que en estos momentos se prepara para su ampliación hacia el Este y el Sur, debe hacerse a la idea de que en adelante será más heterogénea. 
En el futuro debería admitirse la posibilidad de que los Estados miembros que lo deseen y estén en condiciones de hacerlo, se adelanten a la actuación común de la Unión, sobre todo por lo que respecta a la Política Exterior y de Seguridad Común, pero también en el ámbito del tercer pilar. 
No obstante, Señorías, esta vanguardia, que es necesaria, no puede convertirse en un comite directivo. 
Esta es una posibilidad que rechazamos. 
No debe renunciarse a la meta de una actuación concertada a través de las instituciones comunes de la Unión. 
Quien desee sinceramente la ampliación de la Unión Europea, debe respaldar con la misma sinceridad sus reformas de fondo. 
El curso que ha seguido hasta ahora la Conferencia Intergubernamental para la reforma del Tratado de Maastricht no parece indicar que todos los Gobiernos tengan clara esa interconexión, ni que estén dispuestos a tomarla en consideración. 
La Conferencia Intergubernamental proseguirá sus deliberaciones hasta el próximo verano. 
Este plazo tan prolongado también deja, lamentablemente, mucho tiempo para el detallismo tecnocrático y la erosión política. 
Confiamos en que la Presidencia irlandesa velará para que esto no suceda, para que no nos perdamos en un perfeccionismo detallista ni cedamos a la erosión política. 
La Conferencia Intergubernamental debe hacer frente a las consecuencias de dos decisiones histórica ya adoptadas por la Unión: la introducción de la moneda común y la ampliación hacia el Este y hacia el Sur. 
La Unión Monetaria requiere una mayor solidez de las estructuras políticas de la Unión. 
La ampliación exige una mayor flexibilidad de sus estructuras y políticas. 
La continuidad de la Unión depende de que consigamos responder a ambas exigencias a la vez. 
Sólo de este modo podrá responder la Unión Europea a las expectativas que han depositado sus habitantes en su contribución a la creación de un orden común europeo basado en la paz. 
¡Todavía no es demasiado tarde para conseguirlo! 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, usted dijo aquí, en el debate sobre el estado de la Unión Europea del pasado año, que el nuevo nacionalismo conduce directamente de vuelta a la Europa de la anteguerra. 
Y tenía toda la razón. 
Durante el debate dijo asimismo que el mayor reto al que nos enfrentamos a finales de este siglo es el de reformar la Unión de tal forma que pueda ampliarse hacia el Este y el Sur sin desintegrarse ni autodestruirse. 
Una vez más, puso el dedo en la llaga. 
Tenemos una enorme deuda con los visionarios que dieron a luz a la Unión Europea, uno de los cuales, Emile Noël, fue comparado la semana pasada con James Madison, autor de la Constitución de los Estados Unidos, debido al importante papel que desempeñó en la creación de la Unión. 
La mejor forma de honrar la memoria de Noël, de Schuman y de Monnet es garantizando que la Unión que pasemos a nuestros sucesores continúa siendo vital, relevante y, sobre todo, una Unión con la que puedan identificarse nuestros ciudadanos. 
No podemos dar la Unión Europea por descontada. 
Como dijo uno de sus diputados, el Sr. Spencer, en el debate sobre el estado de la Unión Europea del pasado año, el apoyo a Europa hay que ganarlo de nuevo con cada generación. 
El ritual consistente en volver a exponer los puntos de vista de una élite y la letanía de siglas indescifrables no garantizarán ese apoyo de nuestros ciudadanos. 
La Sra. Roth dijo en su intervención en el debate del año pasado que en el momento de su fundación, los padres de Europa tenían un corazón lleno de ilusiones, pero que no habían encontrado la forma, mientras que ahora, en su opinión, la Unión tiene forma, pero su corazón es de piedra. 
Tal vez sea un juicio exagerado, pero hay algo de verdad en sus palabras. 
Las personas no se sienten suficientemente comprometidas de un modo positivo con lo que Europa está haciendo. 
En estos momentos en que los gobiernos se preparan para el Consejo Europeo extraordinario que se celebrará en Dublín el 5 de octubre, pido a los diputados a este Parlamento que asisten a este debate que ofrezcan sus opiniones sobre la mejor forma en que todos nosotros- incluida la Presidencia irlandesa- podemos volver a ganarnos el apoyo de esta generación a la Unión Europea. 
Los teóricos políticos del siglo XIX asumían que una persona sólo podía sentir lealtad soberana hacia su Estadonación territorial. 
Lo cual era comprensible. 
Los recursos naturales basados en la territorialidad, como las tierras de cultivo y los minerales, eran cruciales para la economía del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Por ello, la nación y el territorio tenían que ser una y la misma cosa. 
Por otro lado, los conocimientos, las comunicaciones instantáneas y la libre circulación serán las características de la economía del siglo XXI. 
E inevitablemente, las nacionalidades se mezclarán entre sí cada vez en mayor medida sobre el territorio del mundo desarrollado. 
En muchas partes del mundo se necesita un nuevo modelo político para organizar esta nueva realidad social, un modelo que reconozca que las personas sienten más de una lealtad y que, sin embargo, pueden vivir y trabajar juntos y felices con personas que sienten lealtades diferentes. 
Hoy, la Unión Europea y, en particular, el concepto de una ciudadanía europea en desarrollo se basan en este nuevo modelo. 
En la Unión Europea, una persona puede sentirse simultáneamente leal a Flandes, a Bélgica y a la Unión Europea y, al mismo tiempo, trabajar y vivir junto y en la misma calle que alguien que tiene un conjunto de lealtades distintas. 
Dicho esto, no podemos pedir a Europa o a la Unión Europea que realice lo imposible y luego juzgarla con severidad si fracasa. 
En una era de lealtades múltiples, la Unión nunca será más que una de las entidades hacia las que la sociedad sentirá o a la que deberá lealtad. 
Tenemos que situar esta cuestión en un contexto histórico. 
La mayoría de las naciones se unieron a través de la guerra, y a muchas de ellas las mantuvo unidas un afán de gloria a expensas de otros pueblos o un sentimiento compartido de agravio. 
Afortunadamente, la Unión Europea carece de estos profundos, aunque negativos, lazos emocionales. 
La Unión Europea se fraguó, a diferencia de la mayoría de las naciones, en paz y para hacer muchas cosas terrenales y prácticas. 
Además, la Unión Europea se propone ahora profundizar en su unidad al mismo tiempo que amplía el número de sus miembros, tarea especialmente difícil como puede recordarnos cualquier estudiante de historia de los Estados Unidos del siglo XIX. 
Para ganar los corazones de los europeos en esta etapa de nuestra historia, la Unión Europea debe demostrar que es el mejor vehículo con el que cuentan el continente y sus ciudadanos para prepararse para el mundo de mañana. 
La población mundial alcanza actualmente los 6.000 millones de personas- aproximadamente 2.000 millones más que cuando se firmó el Tratado de Roma en 1958, y la población del planeta habrá crecido en otros 1.500 millones de seres dentro de treinta años. 
Todas esas personas tendrán que alimentarse y vestirse y necesitarán agua limpia. 
Actualmente hay en el mundo 2.800 metros cuadrados de tierra cultivable por cada persona. 
En el año 2025 no habrá más que 1.700 metros cuadrados de tierra cultivable por cada habitante del planeta, y las cosechas de cereales no crecen con la rapidez suficiente para poder alimentar a esa población cada vez mayor. 
La población de Europa representa apenas el 7 % de la población mundial y está descendiendo. 
Sin embargo, Europa consume el 18 % del petróleo que se consume en el mundo. 
¿Qué sucederá cuando el resto del mundo reclame su parte de energía hasta alcanzar el nivel europeo? 
Las emisiones de carbono en el mundo continúan subiendo. 
La proporción de CO2 en la atmósfera ha pasado de 280 partículas por millón en el siglo XIX a 350 partículas por millón hoy. 
¿Qué niveles alcanzarán en 2025? 
Problemas de este tipo son demasiado grandes para que un Estado-nación- cualquier Estado-nación- pueda resolverlos por sí solo. 
Éste es uno de los motivos por los que necesitamos la Unión Europea. 
Sólo la Unión Europea será lo suficientemente grande para movilizar los recursos de Europa y atajar los problemas del mundo. 
Los jóvenes se dan perfectamente cuenta de ello y ése es el motivo por el que ellos son menos escépticos en lo relativo a Europa que sus mayores. 
La semana pasada tuve el honor de dirigirme al Congreso de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos constituyen un excelente ejemplo de integración con éxito de una variedad de pueblos que continúan siendo diferentes. 
En unos momentos en que estamos trabajando por una integración más estrecha en el marco de la Conferencia Intergubernamental, no debemos temer que ello pueda significar el fin de las lealtades nacionales o locales. 
Una integración más estrecha de la Unión Europea y el hecho de poder seguir identificándonos con el Estado miembro al que pertenecemos cada uno son aspectos complementarios entre sí y no excluyentes mutuamente. 
Una integración europea más estrecha es, no obstante, el reconocimiento de la realidad de que la economía mundial moderna avanza hacia un modelo político de mundialización. 
Sólo la Unión Europea es lo suficientemente grande para permitir a los europeos influenciar y dar forma a la política mundial de una manera eficaz. 
Señor Presidente, la Unión se enfrenta a cinco tareas principales en los próximos años. Dichas tareas son: dar mayor relevancia a la Unión a los ojos de sus ciudadanos; llevar a buen puerto la Conferencia Intergubernamental; hacer realidad la moneda única a tiempo; completar la próxima ronda de ampliación hacia el Este y el Sur; y afianzar la posición de Europa en el mundo. 
La primera tarea consiste en dar relevancia a la Unión a los ojos de sus ciudadanos. 
El hombre o la mujer de la calle, ya viva en Barcelona, Berlín o Belfast, no juzgará a la Unión europea por sus Tratados, sus instituciones ni por sus documentos políticos. 
El efecto que tiene la Unión sobre la vida diaria de cada persona será el baremo que ellos utilicen. 
Europa debe centrarse, por lo tanto, en los temas clave que preocupan a los ciudadanos, y en julio, la Presidencia irlandesa resumió las preocupaciones de los ciudadanos de Europa en cuatro puntos: puestos de trabajo estables, calles más seguras, una economía saneada y una Europa en paz. 
Crear puestos de trabajo estables no es algo que pueda lograrse mediante la intervención masiva de la Unión Europea; no es algo que pueda solucionarse con soluciones simplistas; no las hay. 
La Unión, sin embargo, debe intentar frenar el desempleo de manera coordinada. 
El número de parados que hay actualmente en la Unión es superior a la población combinada de sus cuatro Estados miembros más pequeños. 
El desempleo es un derroche de recursos humanos y agrava los problemas sociales como la criminalidad y la exclusión social. 
Además está llevando a los sistemas de ayuda social de Europa a los límites absolutos de sus posibilidades. 
Debemos comprender la dinámica del desempleo a escala mundial. 
El precio de la demanda de trabajo poco cualificado en los países en vías de desarrollo está cayendo. 
Cuando el precio de la demanda de trabajo poco cualificado caiga por debajo del nivel que la sociedad considera como un salario mínimo aceptable- lo que podemos denominar como umbral del bienestar -, se produce el desempleo. 
El desempleo europeo, por consiguiente, está en función de la relación que existe entre la competitividad internacional de los niveles de especialización de la fuerza laboral de Europa y lo que la sociedad europea considera como unos ingresos mínimos socialmente aceptables. 
Si la solución pasa por no tener que reducir nuestras expectativas salariales, en ese caso será necesario elevar los niveles de especialización para aumentar así la competitividad de nuestra fuerza laboral en su conjunto. 
Ello exige una acción coordinada a nivel europeo que esté enfocada hacia la educación básica y la formación, hacia el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y las inversiones en infraestructura que hagan nuestra economía total más competitiva. 
Cualquiera que sea el enfoque que demos a este problema, siempre repercutirá sobre la distribución. 
O bien aquellos mejor situados contribuyen a soportar el coste que supone elevar los niveles de especialización y competitividad de aquellos que no gozan de una posición tan buena como la suya o, de lo contrario, los primeros deberán cotizar más para cubrir las prestaciones sociales. 
Es una elección muy simple. 
La Presidencia irlandesa se está esforzando en cumplir la orden del Consejo Europeo de Florencia de elaborar un enfoque integrado de la creación de empleo. 
Nuestro objetivo es que el Consejo Europeo de Dublín de diciembre aúne los temas del pacto de confianza del Presidente Santer, el proceso de Essen y otras iniciativas de una manera integrada. 
Millones de europeos dependen de la explotación agrícola. 
Muchos sienten una profunda preocupación por su futuro. 
Ante el panorama del incremento de la población mundial, la agricultura europea se enfrenta al reto de producir alimentos de forma eficiente y competitiva para los mercados del mundo, además de los mercados locales. 
Para ello es necesario introducir un cambio estructural e incrementar la confianza de los consumidores garantizando la calidad. 
Es necesario proteger el tejido de la vida rural y el mercado único agrícola con el fin de que los cambios puedan tener lugar de forma organizada. 
Se trata de un desafío importante para la Unión, especialmente en el contexto de la crisis de la EEB. 
La Presidencia se ha comprometido a encontrar una solución a la crisis de la EEB que esté basada en el restablecimiento de la confianza de los consumidores en el sector del vacuno y en la adopción de medidas provisionales que garanticen la supervivencia de los productores de carne de vacuno. 
De lo que no hay duda es que la crisis de la EEB sólo podrá solucionarse eficazmente a nivel de la Unión Europea. 
Todas nuestras sociedades han experimentado un incremento de la criminalidad durante las últimas décadas. 
No queremos que el mercado único de mercancías y servicios se convierta en un mercado único de la droga y el crimen. 
El acuerdo sobre el Convenio Europol de Florencia supuso un importante avance en la dirección acertada, pero ahora debemos hacerlo operativo con carácter de urgencia. 
Luchar contra el narcotráfico es una de las prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Esperamos que el Consejo Europeo de Dublín adopte en diciembre decisiones importantes relativas a la lucha contra el narcotráfico. 
Recientes acontecimientos han llevado hasta nuestro hogares de toda Europa los obscenos y horribles crímenes perpetrados contra niños en nuestro continente. 
La Presidencia irlandesa está trabajando en estrecha colaboración con otros Estados miembros en la elaboración de medidas a nivel europeo para luchar contra éste, el más vil de los crímenes. 
En particular, la Presidencia ha propuesto que se amplíe el mandato de Europol para que pueda luchar contra la trata de menores. 
(Aplausos) La aprobación cuanto antes de esta propuesta es una cuestión de máxima prioridad. 
Espero que en la reunión que celebrarán la semana próxima en Dublín los ministros de Justicia y de Interior puedan llegar a un acuerdo sobre esta iniciativa. 
La segunda tarea a la que se enfrenta la Unión consiste en llevar la CIG a una conclusión rápida y acertada. 
Aunque es poco probable que la CIG concluya durante la Presidencia irlandesa, debo decir que la Conferencia avanza bien. 
Estamos pasando de las aspiraciones a lo concreto. 
Hemos recibido el mandato de elaborar una presentación general del proyecto de revisión de los Tratados para el Consejo de Dublín de diciembre, y lo haremos. 
El proyecto contemplará todos los temas y establecerá las opciones para las enmiendas del Tratado en forma de Tratado y basadas en las negociaciones que han tenido lugar en el marco de la CIG. 
El nuevo Tratado debe equipar a la Unión para los retos internos y externos a los que se enfrenta cuando nos disponemos a entrar en el siglo XXI. 
Deberá establecer la base para la ampliación. 
Hay que conseguir que el funcionamiento de las instituciones de la Unión sea más eficaz, más democrático y más transparente. 
La CIG debe fortalecer el papel del Parlamento Europeo en la Unión. 
(Aplausos) Entre las cuestiones que deben ser abordadas se incluyen la ampliación del procedimiento de codecisión, la simplificación y reducción del número de procedimientos de toma de decisiones y la cuestión de fijar el número máximo de diputados al Parlamento después de la ampliación. 
Reconozco la valiosa contribución del Parlamento Europeo a la labor de la CIG. Ha contribuido a que la CIG mantenga un enfoque más amplio. 
Rindo especial homenaje a sus representantes Elisabeth Guigou y Elmar Brok. 
La CIG nos brinda una oportunidad única de acercar más el trabajo de la Unión a la sociedad y hacer la Unión más transparente y comprensible. 
De poco sirve la transparencia sin comprensibilidad. 
Irlanda apoya plenamente la inclusión en el Tratado del principio general de transparencia, incluido el libre acceso a los documentos. 
Pero la sociedad juzgará a Europa no por el hecho de que tengan derecho a leer los documentos que se redactan para las reuniones del Consejo Europeo, sino por lo que el Tratado Europeo haga para solucionar los problemas a los que se enfrenta el ciudadano en su vida diaria. 
Por ello me complace especialmente que las disposiciones del Tratado relativas al empleo, la criminalidad y la droga estén siendo objeto de un estudio en profundidad en el marco de la CIG. 
A pesar de que estos asuntos continúan dependiendo principalmente de los Estados miembros, existe también una responsabilidad europea en cada uno de estos ámbitos, y la incorporación en el Tratado de las enmiendas propuestas nos ayudará a ganar el apoyo del electorado a dicho Tratado. 
En cuestiones institucionales, sin embargo, no podemos cometer el error de abordar falsos problemas. 
En particular, la reforma institucional no debe basarse en la percepción infundada de que la Unión está dividida en dos campos- uno formado por los Estados grandes, y el otro por los pequeños. 
El nuevo Tratado debe dotar asimismo a la Unión de los medios que le permitan desempeñar un papel internacional a la medida de su importancia a través de una política exterior y de seguridad común eficaz para contribuir con ello a la paz. 
La tercera tarea a la que se enfrenta la Unión consiste en hacer realidad la moneda única. 
La Unión Económica y Monetaria debe comenzar puntualmente y de acuerdo con los requisitos que recoge el Tratado. 
Si queremos que el mercado único se consolide, debe estar apuntalado por una moneda europea fuerte y estable. 
Los criterios de convergencia para la UEM se limitan a marcar un camino inteligente para la política presupuestaria a la que cada Estado debe aspirar en cualquier caso. 
Unas finanzas públicas estables garantizan tipos de interés bajos, índices de inflación bajos, aumento de la inversión y, en definitiva, más puestos de trabajo. 
En otras palabras, los criterios de convergencia tienen sentido desde el punto de vista social y económico, aun en el caso de que no existiera el proyecto de la UEM. 
La moneda única eliminará los riesgos asociados a los tipos de cambio y los costes de las transacciones para el comercio, el turismo y la inversión entre los Estados miembros participantes. 
Situará a Europa firmemente en el centro del panorama económico mundial. 
La Unión Económica y Monetaria cimentará además la integración de los pueblos de Europa y reforzará la identidad europea. 
Ese sentido de identidad se verá potenciado por el hecho de que las políticas económicas de todos los Estados participantes se situarán dentro del marco de un entorno económico estable y dejarán de estar sometidas a las presiones a corto plazo que en ocasiones siguen afectando a las distintas monedas nacionales. 
La cuarta tarea a la que se enfrenta la Unión es la ampliación para incluir a los Estados asociados de la Europa central y oriental y del Mediterráneo que han solicitado su ingreso. 
Ya se ha definido el proceso de preparar a la Unión y a los países candidatos para la ampliación. 
Dichos países deben intensificar sus relaciones con la Unión en lo relativo a la estrategia de preadhesión, sus acuerdos de asociación y la aplicación del Libro Blanco sobre el mercado interior. 
Como se recoge en las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid, la ampliación es a la vez una necesidad política y una oportunidad histórica. 
A pesar de que la ampliación conlleva problemas importantes para la Unión y para los países aspirantes, dichos problemas pueden ser superados con un espíritu de compromiso. 
Irlanda se prepara con interés para entablar negociaciones a nivel ministerial y oficial con los países candidatos dentro del marco que ofrece el diálogo estructurado, y para recibir a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países candidatos en Dublín con ocasión del Consejo Europeo de diciembre. 
Esto me lleva a la quinta tarea que debemos abordar, la de construir una Europa que esté abierta al mundo y que sea una fuerza para el desarrollo y la paz. 
Europa debe promover la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. 
Como decía en su intervención, señor Presidente, las relaciones transatlánticas tienen una importancia especial y presentan una cierta dificultad. 
La nueva agenda transatlántica y el plan de acción UE-EE.UU. han proporcionado el marco para la realización de objetivos en materia de política común en beneficio de los Estados Unidos y de la Unión. Ofrecen un marco para resolver las diferencias que se producen de vez en cuando. 
Y en estos momentos existen diferencias en lo relativo a los efectos extraterritoriales de las dos leyes que ha aprobado el Congreso recientemente. 
Planteé estas cuestiones con ocasión de mi visita a Washington la pasada semana ante el Presidente y ante representantes de los dos partidos del Congreso. Creo que una solución amistosa a esta disputa interesa igualmente a la Unión Europea y de los Estados Unidos y que puede alcanzarse. 
Un sistema de comercio multilateral es importante para ambas partes. 
Por ello debemos proseguir nuestros esfuerzos para que dicho sistema permita solucionar este caso y para prepararnos para la Conferencia Mundial del Comercio que se celebrará en Singapur. 
Debemos cooperar también con los Estados Unidos en el desarrollo de métodos más sofisticados para luchar contra el crimen organizado internacional. 
También debemos desarrollar el diálogo político con nuestros otros países asociados en el ámbito de la seguridad europea y fortalecer la OSCE. 
Debemos apoyar un proceso de reformas en Rusia y en otros países de la antigua Unión Soviética sobre una base de asociación. 
Debemos ayudar a todas las partes que participan en la aplicación de la iniciativa por la paz en la antigua Yugoslavia y, en particular, en lo relativo al Acuerdo de Dayton para Bosnia-Herzegovina. 
A raíz de las elecciones del 14 de septiembre, la comunidad internacional debe apoyar al Alto Representante, Carl Bildt, a garantizar el pleno cumplimiento de la constitución de Bosnia-Herzegovina, tal y como se acordó en Dayton. 
Ello garantizará que Bosnia y Herzegovina puedan seguir existiendo como un Estado único compuesto por dos entidades. 
En lo relativo a Oriente Próximo, la Unión ha hecho uso de los recientes contactos a alto nivel con las partes implicadas para instarles a que reemprendan el proceso de paz y para ofrecerles nuestro total apoyo en la búsqueda de una paz completa, justa y duradera. 
Nuestras relaciones con las regiones mediterráneas y con África tienen un interés vital para Europa. 
En esa zona se prevé un rápido crecimiento demográfico. 
Debemos promover el desarrollo económico indígena en dichas zonas y debemos aplicar íntegramente la Declaración de Barcelona. 
Debemos impulsar el diálogo que ya se ha iniciado con organismos regionales como la Organización para la Unidad Africana y la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur. 
Debemos fortalecer nuestros lazos con Asia, con América Latina y con Australia. 
Irlanda ostenta la Presidencia de la Unión Europea cuando nos encontramos en una coyuntura crítica de la historia. 
Nos hemos propuesto garantizar que la agenda de la Unión avance de manera efectiva y diligente. 
Permítame que resuma la agenda de la Unión: atajar el problema del desempleo y la criminalidad; culminar con éxito la Conferencia Intergubernamental; comenzar puntualmente la Unión Económica y Monetaria; llevar a cabo la ampliación; y garantizar que la Unión tenga una voz eficaz en el mundo. 
El Parlamento Europeo debe desempeñar un papel clave en todo este trabajo. 
La Presidencia irlandesa colaborará con el Parlamento para impulsar toda la agenda. 
Estamos llamados a desarrollar una nueva Europa, orgullosa de sí misma y merecedora del orgullo de todos sus ciudadanos. 
Una Europa que inspire confianza por su unidad y que atraiga la lealtad a través de su diversidad. 
Es hora de responder a esa llamada. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente en funciones del Consejo. 
Tiene ahora la palabra el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señorías, es la segunda vez, señor Presidente que toma usted la iniciativa de organizar un debate sobre el estado de la Unión. 
Le felicito porque el ejercicio es útil. 
De vez en cuando, es preciso tomar distancia y plantearnos algunas cuestiones de fondo. 
¿Seguimos teniendo una buena percepción de nuestras verdaderas prioridades? 
¿Actuamos en función de éstas? 
Esto es aún más esencial en un momento en que Europa parece dudar, en que las dificultades de vincular el mundo político al de los ciudadanos son innegables, en que la Unión se encuentra ante algunas grandes fechas cruciales. 
Como preparación para este gran debate, he vuelto a leer mi discurso sobre el estado de la Unión de noviembre de 1995. 
Mi análisis de hace un año sigue siendo el mismo, como lo es por otra parte mi rechazo del pesimismo y de la resignación. 
Sigo convencido de que la Unión ha hecho muchos méritos, que ha conocido muchos éxitos, que tiene demasiadas bazas para permitir que la melancolía ensombrezca nuestro paisaje económico y político. 
La Unión tiene demasiado que aportar a nuestros países, a nuestros ciudadanos y me atrevo a decir que al mundo entero, para que se tomen a la ligera y se pongan en peligro sus logros. 
La Unión tiene todavía demasiadas ambiciones por realizar, demasiadas responsabilidades que asumir, tanto en el interior como en el exterior, para que disminuyamos los esfuerzos en mejorarla y reforzarla en todos los sentidos de la palabra. 
En efecto, hay puntos flacos, dificultades objetivas. 
Pero, ¿medimos de verdad toda la extensión de los progresos realizados desde el comienzo de la integración europea? 
El dispositivo institucional imaginado por Jean Monnet se ha mantenido firme. 
Para la mayoría de los europeos, la Unión sigue siendo indispensable, a pesar de todas las críticas y de todos los ataques que, por otra parte, son normales en un sistema democrático. 
Miren la demanda de Europa en los países que nos rodean. 
¿Cuáles son los Estados europeos que estiman poder quedar al margen de esta Unión, a menudo criticada en su interior? 
Es éste el contexto en el que desearía examinar el estado de la Unión. 
Desearía hacerlo evocando tres grandes ámbitos prioritarios, a saber, la moneda única, la estrategia integrada crecimiento/empleo y la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, primero, las buenas noticias. 
Tomemos la Unión Económica y Monetaria. 
Estamos en el camino de un logro sin precedentes en la historia de nuestra integración, incluso de nuestra historia, a secas. 
Hay razones para entusiasmarse, para impulsar la superación de otros obstáculos. 
La moneda única llegará, y lo hará el 1 de enero de 1999. 
Un número sustancial de Estados miembros participará en ella desde el inicio, estoy convencido de ello. 
Por supuesto, está la obligación que nos fija el Tratado, pero no es ésta la que determina en primer lugar a los Estados miembros. 
Tienen una motivación mucho más fuerte: reconocen sin equívocos la necesidad de la moneda única porque ésta es de capital importancia para la Unión, para perfeccionar el mercado interior y asentar su competitividad en una estabilidad duradera, para hacer una política monetaria basada en las necesidades de la economía europea y, por último, para establecer su posición en los mercados financieros mundiales. 
Esta necesidad refuerza la determinación de los Estados miembros de hacer todo lo necesario para cualificarse lo antes posible para la moneda única. 
Prueba de ello son las confirmaciones repetidas del Consejo Europeo. 
Observo asimismo que todos los Estados miembros persiguen el rigor presupuestario, rigor, por otra parte, indispensable aun sin el objetivo de la moneda única, porque nadie quiere caer en la trampa inflacionista destructora de empleos de la que acabamos de librarnos. 
Hace ya algunos años que Europa conoce niveles de inflación históricamente bajos. 
Hay que proseguir estos esfuerzos. No deben decaer por el argumento falaz que rigor presupuestario equivale a recesión y paro. 
Los Estados miembros que han hecho grandes esfuerzos de reducción de los déficits presupuestarios han tenido buenos resultados en materia de creación de empleo. 
Fíjense en Holanda, Dinamarca, Irlanda y otros. 
Los mercados reconocen y recompensan las políticas económicas y presupuestarias sanas. 
Otra razón que me inspira confianza: los avances de los preparativos técnicos. 
Tengo muchos motivos para esperar que la reunión de los Ministros «Ecofin» del próximo fin de semana en Dublín progresará en tres temas importantes que preparan las decisiones que deberá tomar el Consejo Europeo de diciembre, a saber: el pacto de estabilidad, garante adicional de la solidez de la moneda única, el régimen de cambio entre el euro y las demás monedas, garante de una mayor estabilidad, y el estatuto jurídico del euro, garante de la confianza en la transición hacia la moneda única. 
La decisión política y los preparativos técnicos que la acompañan son una cosa, siempre que los operadores económicos y financieros y el público en el amplio sentido de la palabra tomen el relevo. 
Ahora bien, es exactamente eso lo que está ocurriendo. 
En toda Europa se preparan para la moneda única que, en lo sucesivo, deberá considerarse como incontestable. 
La Unión ha mantenido el rumbo. 
El proceso se ha hecho irreversible. 
Señor Presidente, la Unión Económica y Monetaria es un instrumento al servicio del crecimiento económico. 
Es una contribución esencial a una Europa próspera y creadora de empleo. 
No volveré a mencionar la oposición que algunos han querido hacer entre Unión Económica y Monetaria y empleo. 
Estos argumentos están superados. 
Desde la última vez que les presenté el estado de la Unión se ha recorrido un largo camino. 
Dos consejos europeos hicieron del empleo una prioridad. 
Y la realidad nos pide que hagamos más y nos movilicemos realmente a todos los niveles. 
He ahí el sentido de mi pacto por el empleo, al que se ha suscrito el Consejo Europeo de Florencia. 
Ahora, es preciso llevarlo a cabo y deseo que en el mes de diciembre, en Dublín, queden zanjadas definitivamente una serie de cuestiones. 
Desearía recordar tres grandes principios del pacto e ilustrarlos con las citas que nos hemos dado de aquí a Dublín. 
En primer lugar, lograr la sinergia de las responsabilidades de todos los actores. 
Y aquí cuento especialmente con los interlocutores sociales. 
La negociación que se abre sobre la flexibilidad y el tiempo de trabajo está en el centro de nuestra reflexión sobre el futuro del empleo. 
Es esencial que los interlocutores sociales asuman ahora las responsabilidades que les ha conferido el Tratado, tal como lo hicieron con la licencia parental. 
A continuación, una reforma acelerada de los mercados de trabajo. 
Una década de esfuerzos nacionales aislados no ha permitido atajar el desempleo. 
Ahora hemos establecido un procedimiento que obliga a los Estados miembros a presentar programas plurianuales. 
Por supuesto, habrá que extraer lecciones de estas experiencias puestas en común y analizar tanto los logros como los fracasos. 
El informe que la Comisión presentará en Dublín subrayará las recomendaciones políticas que se desprenden de este ejercicio de comparación y de análisis de las reformas llevadas a cabo a escala nacional. 
Por último, es preciso que nuestras políticas se cimienten más en el objetivo de creación de empleo. 
Y para ello, debemos explotar plenamente todas las bazas del mercado interior. 
Los pactos territoriales deben constituir la ilustración de esta dinámica. 
Además, la respuesta no se ha hecho esperar tanto por parte de los Estados miembros como de las ciudades y de las regiones. 
Recibimos cantidad de proyectos que tratan de explotar las sinergias creadoras de empleos. 
En Dublín, los Estados miembros aprobarán la lista de regiones y ciudades que participarán en proyectos piloto con el apoyo de los fondos estructurales. 
La movilización general no debe hacernos perder de vista las decisiones ya aprobadas pero que todavía no se han aplicado. 
Nos hemos establecido fechas. Es necesario pasar de las intenciones a la acción y de las decisiones sobre el papel a su aplicación. 
Esto va también por el mercado interior, que sigue siendo una baza fundamental para la Unión. 
Extraigamos de ello las máximas ventajas, suprimiendo los obstáculos restantes. 
Nuestras empresas esperan desde hace demasiado tiempo el estatuto de la sociedad europea y el marco jurídico para los inventos biotecnológicos. 
El Consejo debe decidir finalmente, como debe decidir antes de Dublín, acerca del plan de acción para las pequeñas y medianas empresas propuesto por la Comisión. 
En el sector de futuro por excelencia, el de las telecomunicaciones, estamos encajando las piezas del mercado único. 
La Comisión velará atentamente para que se abra realmente dicho mercado el 1 de enero de 1998. 
Pero no miremos sólo a escala europea. 
Los obstáculos burocráticos, costosos y hostiles para la creación de empleo, persisten sobre todo a escala nacional. 
Las administraciones nacionales, subsidiariedad obliga, deben actuar para simplificar la vida de nuestros empresarios, para fomentar el espíritu de empresa y de innovación. 
La Comisión informará pronto acerca de las iniciativas en estos ámbitos. 
Además, invita a todos los interesados a señalarle los obstáculos persistentes en el mercado interior o las complejidades burocráticas a nivel nacional. 
¿Se hará la liberalización preconizada en detrimento de los logros de nuestra sociedad, como algunos lo temen? 
Por supuesto que no. 
Esta liberalización debe permitir explotar plenamente nuestro potencial económico y en ningún caso tiene como objetivo debilitar nuestro modelo europeo de sociedad. 
Es lo que la Comisión subraya en la comunicación que acaba de aprobar sobre la promoción de los servicios de interés general y la mención de dicho objetivo en el texto mismo del Tratado. 
Ante la globalización de la economía mundial, no podemos ignorar las exigencias del mercado interior competitivo y las formidables oportunidades que ofrece. 
Pero la solidaridad es y debe seguir siendo el centro de nuestro modelo europeo. 
Hasta aquí hemos podido asegurar un equilibrio entre estos dos objetivos. 
Es preciso que siga así. 
En el conjunto, lo que he llamado la estrategia integrada crecimiento/empleo va en la buena dirección. 
Pero hay asimismo una sombra. 
Así, me produce inquietud que algunos quieran beneficiarse del mercado interior sin aceptar las reglas del juego. 
Cuidado con no sucumbir en la tentación de buscar el remedio al problema del desempleo en la huida hacia adelante que supondrían la concesión de subvenciones estatales en aumento. 
¿No se trataría también aquí de una distorsión de la competencia? 
Hay un segundo fenómeno que me preocupa más aún y es que se ponga una vez más en tela de juicio la comunidad de derecho que es y debe seguir siendo nuestra Unión. 
La parálisis de los trabajos de las instituciones, erigida en método de gobierno durante la crisis de la EEE sólo pudo evitarse al precio de esfuerzos políticos considerables. 
El asunto Volswagen, en Sajonia, nos llevó al borde de una grave crisis. 
Que no se esté de acuerdo con las decisiones de la Comisión, pase. 
Que se quiera someterlas al Tribunal de Justicia, entra totalmente dentro de las normas de una comunidad de derecho, pero ¡ignorarlas consciente y públicamente! 
La Comisión haría flaco servicio a la Unión si tolerara semejantes actitudes. 
Se convertiría en cómplice del cuestionamiento del mercado interior y, estoy seguro de ello, de la Unión como tal. 
Señor Presidente, al principio de mi exposición, he hablado de la dificultad de vincular al mundo político con el de los ciudadanos. 
Es un fenómeno general que la política no sea popular, es su destino. 
Pero que ya no inspire confianza, que su credibilidad esté minada por su impotencia ante problemas como el desempleo y la delincuencia, esto es grave, y es peligroso para la cohesión de nuestras sociedades y para el futuro de la Unión. 
De ahí la importancia de la Conferencia Intergubernamental. 
¿No ha sido convocada precisamente para acercar la Unión a sus ciudadanos, para hacerla más eficaz y por lo tanto más creíble? 
¿No es una vez más una expresión de esta necesidad que nos empuja también a lograr la moneda única, el mercado interior y la estrategia integrada crecimiento/empleo? 
En el Consejo Europeo de Florencia, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron acerca de la necesidad de pasar de la fase del análisis a la de las negociaciones. 
En efecto, una presidencia irlandesa que no escatima esfuerzos para insuflar dinamismo a la Conferencia y que, con determinación y dinamismo, hace cuanto está a su alcance para poder presentar un proyecto de texto de tratado en Dublín. 
Pero, por otra parte, compruebo asimismo una gran duda por lo que respecta al compromiso de todos los Estados miembros de abordar los problemas con firmeza y avanzar. 
Falta de dinamismo y pobre nivel de ambiciones, he ahí la impresión que producen los trabajos por el momento. 
En lugar de concentrarse en lo esencial, de tomar la medida a los verdaderos retos del año 2000, a veces, tengo la impresión de que las administraciones nacionales utilizan la Conferencia para resucitar sus viejas propuestas. 
Pero no es demasiado tarde. 
El Consejo Europeo se reúne el 5 de octubre. 
Aprovechemos esta oportunidad para dar un empujón decisivo a la negociación. 
Deseo aprovechar la oportunidad para recordar algunas verdades. 
En primer lugar, la evidente, que la ampliación está a nuestras puertas, que es preciso dejar de comportarnos como si la Unión pudiera permitirse el lujo de proceder a un ensayo general. 
Debo manifestar que la idea de una segunda Conferencia Intergubernamental de recuperación antes de final de siglo me da que pensar. 
Debo desaconsejar firmemente semejante idea. 
¿De verdad se quieren llevar paralelamente las negociaciones de adhesión externas y una negociación institucional interna? 
¿De verdad se quiere hacer coincidir todo esto con los debates excesivamente difíciles sobre las futuras perspectivas financieras? 
Por consiguiente, hay urgencia. 
Es preciso abordar las cuestiones institucionales que se plantearán inevitablemente en una Unión ampliada. 
El mantenimiento de la unanimidad acabaría con la Unión. 
El mantenimiento de las complejidades de los procedimientos de decisión la paralizaría. 
Ahora bien, singularmente, todavía falta esta dimensión en los trabajos de la Conferencia. 
Y, sin embargo, el principio de la ampliación está políticamente logrado. 
Las primeras negociaciones de ampliación deben comenzar seis meses después del fin de la Conferencia Intergubernamental y algunos avanzan ya las fechas para la entrada de los primeros adherentes. 
Señor Presidente, por lo que a mi respecta, deseo la ampliación, pero lo digo muy claramente, este escenario no aguantará si los resultados de la Conferencia Intergubernamental no están a la altura del desafío institucional que constituye la ampliación. 
(Aplausos) Además de la reforma institucional, es preciso aprovechar la Conferencia Intergubernamental para reforzar la identidad exterior de la Unión. 
La Comisión insiste en una cosa muy sencilla. 
La Unión debe hablar al unísono en los ámbitos económicos y decidir por mayoría cualificada. 
Sólo así podrá defenderse Europa de forma válida, por ejemplo, frente a los actos unilaterales como la ley Helms-Burton de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, tenemos que adaptar nuestro dispositivo a la evolución del comercio internacional y a la Organización Mundial del Comercio. 
¿Cómo se puede pretender, en la actualidad, tratar de diferente manera y de forma razonada, el comercio de las mercancías y el de los servicios? 
Es absurdo. 
Lanzo una verdadera llamada a los Estados miembros para que no debilitemos nuestra acción exterior bajo el pretexto de querellas institucionales que, estoy seguro, nuestros empresarios tienen muchas dificultades en comprender. 
Siguiendo en el ámbito de las relaciones exteriores, cómo se puede esperar que la Unión pueda alguna vez afirmar una identidad fuerte a escala internacional sin una Política Exterior y de Seguridad Común digna de ese nombre. 
Paradójicamente, su acción internacional es ya colosal, ya sea en Europa Central y Oriental, en América Latina, en la cuenca mediterránea, en Oriente Medio, en África, o en la ex Yugoslavia, por todas partes donde está presente. 
La Unión tiene una política. 
La Unión es el donante más grande. 
Sin embargo, parece que los únicos visibles son los americanos. 
Aun cuando, por ejemplo, en la ex Yugoslavia los europeos tienes el doble de soldados sobre el terreno y proporcionan cinco veces más ayuda de todo tipo. 
¿Tendremos que creer que hemos hecho una elección deliberada por nuestra parte de pagar las facturas y renunciar a cualquier forma de influencia política decisiva? 
No tengo esa impresión, si juzgo a través de las frustraciones que este estado de cosas suscita en toda Europa, a todos los niveles. 
Pero si queremos cambiar esto, si queremos hacer valer todo el peso de la Unión, a nosotros nos corresponde hacerlo, y sabemos lo que hay que hacer. 
Poner en común nuestros medios de análisis, mejorar nuestros procedimientos de decisión, hablar al unísono en el exterior y reforzar la cohesión entre los diferentes ámbitos de nuestra acción exterior, económica, comercial y política. 
Y no es la creación de una función adicional como un señor o una señora PESC la que responderá a nuestras necesidades. 
Al contrario, añadirá más confusión. 
Señor Presidente, la identidad europea es inconcebible sin un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
La libre circulación de las personas está recogida en el Tratado de Roma. 
Pero de las cuatro libertades citadas en el artículo 7A, es la que lleva más retraso, y sin embargo, es la que más directamente afecta a los ciudadanos. 
No es de sorprender, porque esta libertad debe ir acompañada necesariamente de medidas eficaces contra los abusos de ella misma. 
Maastricht constituye un primer paso útil en la concienciación de este efecto, pero, reconozcámoslo, el dispositivo establecido en aquel momento no responde a las exigencias de hoy. 
La droga, la violencia, la criminalidad organizada, el tráfico y la explotación sexual de los más vulnerables, nos recuerdan nuestras responsabilidades. 
Evidentemente, es imposible silenciar los trágicos acontecimientos que han enlutado nuestros Estados miembros este verano. 
La ola de emoción que han suscitado no se ha detenido en las fronteras. 
¿Se va a responder que Europa no puede hacer nada? 
Ante el desconcierto de nuestros conciudadanos ¿se van a esgrimir razonamientos juridicoburocráticos? 
No, los ciudadanos no comprenderían que la Unión no se da verdaderamente los medios, los medios eficaces para atajar estas calamidades mediante una acción concertada a escala europea. 
La Comisión, por su parte, no se quedará a la zaga. 
Someteremos a la Conferencia Intergubernamental las propuestas para responder de verdad a aquellos que esperan y desean que la eficacia sea nuestra primera preocupación. 
Señor Presidente, para ser completo sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión de aquí al año 2000, debo asimismo mencionar las futuras perspectivas financieras y la ampliación. 
Pero no ha llegado el momento de profundizar en estos temas. 
Cada cosa llegará a su tiempo. 
Sin duda, el paquete financiero será difícil pero estas dificultades se superarán, si tenemos la sabiduría de evitar la noción de justa compensación. 
Esta noción es contraria al principio de solidaridad y presenta una visión reductora de los beneficios que aporta la Unión a los Estados miembros. 
Los márgenes presupuestarios limitados de nuestros Estados miembros no son sólo un impedimento, son asimismo un desafío para hacer mejor las cosas, con más eficacia, lo que también significa reflexionar sobre algunas de nuestras políticas. 
La ampliación será complicada, pero también puede estar bien administrada, siempre que la Conferencia Intergubernamental no retroceda ante sus responsabilidades, en particular, en lo que concierne a la reforma de las normas institucionales. 
Por lo demás, la Unión ha trazado ya la vía formulando los criterios de Copenhague y los elementos de calendario establecidos en Madrid. 
Por lo que respecta a los dos temas, el paquete financiero y la ampliación, la Comisión hará su trabajo de forma profunda, rigurosa y constructiva. 
Mantendrá sus promesas, presentará sus contribuciones a partir de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, señorías, la Unión Económica y Monetaria será pronto una realidad. 
Se están estableciendo los últimos elementos del mercado interior. 
El enfoque integrado crecimiento-empleo sigue su curso. 
Todo esto me lleva a concluir que la Unión está en un estado mucho mejor de lo que dan a entender muchos comentarios críticos. 
Aunque dichas críticas tienen su lado positivo. Demuestran que la Unión se ha convertido en una realidad política viva. 
Sobrevivirá al debate. No sobreviviría a la indiferencia. 
Por supuesto, esto será así en la medida en que la Unión sea capaz de adaptarse a las nuevas exigencias y de responder a lo que los ciudadanos esperan de ella. 
Podrá hacerlo, porque el reconocimiento de la necesidad de la Unión y la falta de una alternativa válida es un motor poderoso. 
Añadámosle una chispa, una sola chispa del entusiasmo inicial de la década de 1950, porque seguimos estando comprometidos en una aventura sin precedentes. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Se procede al debate sobre el estado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento personal al Presidente Hänsch, al Primer Ministro Bruton y al Presidente Santer por sus excelentes intervenciones de esta mañana. 
Me veo obligada a iniciar el debate con las palabras siguientes: lamento profundamente que sean tan pocos los diputados que han acudido a la Asamblea para escuchar las excelentes ponencias que acabamos de oír. 
Nada de lo que pueda estar sucediendo en este edificio es más importante que este debate, y así pienso comunicárselo a mi Grupo en la reunión que celebraremos esta noche. 
En nuestro debate del pasado año nos mostramos ilusionados ante la inauguración de la Conferencia Intergubernamental. 
Ya entonces sabíamos que si queremos preparar la Unión Europea para que pueda superar el reto histórico que supone su ampliación para incluir a los países de la Europa central y oriental, del Báltico, Chipre y Malta, nos incumbe a todos garantizar una Unión Europea eficaz, democrática y abierta que, ante todo, vuelva a conectar con su pueblo, vuelva a conectar con la visión, la esperanza y las aspiraciones que llevaron a la generación de la época posterior a la II Guerra Mundial a abrazar la integración europea, y que vuelva a transmitir esa visión a la población. 
Hoy, cuando se cumplen seis meses de la inauguración de la CIG, la sensación general es de desánimo y pesimismo. 
Si nos dejamos llevar por el sentimiento de autocompasión, hay que reconocer que no faltan motivos para sentirnos deprimidos. 
La Unión resulta desconsoladamente aburrida. 
Es más, para la inmensa mayoría de la sociedad es totalmente irrelevante. 
Y sin embargo, no debería ser así. 
En un entorno en el que el comercio mundial cambia con tanta rapidez que incluso las personas peor cualificadas y que han recibido la educación menos adecuada sienten en lo más íntimo que la vida ya no es ni siquiera como era hace diez años; con la sociedad de la información introduciendo el potencial de la comunicación anárquica, que como todos podemos ver acelerará el ritmo y la naturaleza del cambio- démosle de diez a quince años para pulirse, centrarse y desarrollarse; en un mundo que avanza hacia la agrupación regional en un intento de facilitar y dominar los cambios, mientras que los grupos de identidades, idiomas y culturas regionales y locales vuelven a afianzarse, ciertamente nuestra Unión Europea- que se encuentra en el fulcro de dichos cambios, que puede funcionar al tiempo que reconoce y celebra la diversidad de nuestro continente- debería ser una fuente de mayor inspiración sobre todo para nuestros jóvenes. 
Pero no es así. 
El pasado años se caracterizó por el estancamiento y la parálisis: estancamiento de la lucha para crear puestos de trabajo en Europa; estancamiento del proceso de la CIG como todos podemos ver; parálisis de nuestro deseo de defender las políticas comunes que configuran el modelo social europeo; parálisis de nuestra capacidad de generar una voluntad común en temas que desafían la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Sé que me acusarán de excesivo pesimismo y de adoptar un enfoque de confrontación, pero ¿puede alguien explicarme por qué teniendo un superhábit de miles de millones de ecus en nuestro presupuesto agrícola, no podemos encontrar la voluntad política para destinar sencillamente parte de esos fondos a ayudar a decenas de miles de nuestros jóvenes, invirtiendo en la financiación del Cuarto programa de investigación, que es nuestra apuesta por puestos de trabajo para el futuro? 
¿Por qué no podemos encontrar la voluntad de transferir una parte de dichos fondos a garantizar la paz en nuestro continente mediante la reconstrucción de la sociedad civil de la antigua Yugoslavia? 
No se trata simplemente de destinar fondos europeos a personas y lugares lejanos, sino que estamos hablando de destinar fondos a asegurarnos de que nuestros hijos no se verán envueltos en un conflicto largo y sangriento durante la próxima generación en suelo europeo. 
Que alguien me diga por qué el Consejo Europeo no puede cumplir su parte del trato sobre las redes transeuropeas y tomar la decisión de transferir parte de esos fondos como prometió. 
Que alguien me diga por qué se le dice ahora a este Parlamento, que ha hecho todo lo que estaba en sus manos para apoyar el proyecto de las redes transeuropeas, que debido a que los gobiernos de la Unión quieren las redes transeuropeas, pero también quieren su dinero, ahora debemos recortar el presupuesto para educación y formación, creación de empleo y protección del consumidor. 
¿Por qué algunos gobiernos rechazan en el Consejo la asignación de fondos para los programas de lucha contra la pobreza, de ayuda a las personas de edad avanzada y a las personas marginadas? 
Que alguien me diga, por favor, cómo se puede seguir hablando del modelo social europeo cuando nos estamos viendo empujados por el camino de la americanización de la vida europea, un modelo que, debo decirles, es rechazado por la población europea, que no quiere convertirse en una fuerza laboral de salarios bajos, insegura y con una formación deficiente. 
Estamos subestimando la determinación y la voluntad de los ciudadanos europeos. 
Lo que falta en nuestros análisis políticos y nuestros planteamientos de cara al futuro es el reconocimiento de la importancia que nuestra sociedad atribuye a la cultura. 
No hay duda de que nuestro objetivo es preservar y proteger todo aquello que es valioso y único de cada país de la Unión, aquello que da a la población de dicho país o región su sensación de bienestar, su seguridad dentro de su propia identidad cultural e histórica y, al mismo tiempo que preservamos esa confianza para toda nuestra población, intentamos aunar aquello que es común a todos nosotros en la búsqueda de respuestas a las crecientes crisis de nuestro tiempo. 
Francamente, no disponemos de mucho más tiempo para convertir esta Unión en motivo de orgullo para sus pueblos, enriqueciendo su vida cultural e histórica. 
Quiero rogarle, señor Bruton, que en la reunión extraordinaria que está organizando en Dublín intente elevar las ambiciones de los Primeros Ministros. 
Como usted ha dicho, Irlanda tiene una oportunidad única en un momento decisivo para la Unión Europea, e Irlanda cuenta con un honroso historial de logros durante sus Presidencias de la Unión Europea. 
Señor Primer Ministro, nos ha pedido que le ayudemos a encontrar soluciones que garanticen el apoyo de la sociedad europea. 
Pues bien, enviemos un sólido mensaje a la población europea; queremos oír que los líderes de nuestros países están unidos, al menos, a la hora de insistir en que habrá un capítulo sobre el empleo en el nuevo Tratado que tendrá un efecto decisivo. 
Queremos oír que habrá un compromiso no sólo con la Unión Económica y Monetaria, sino con la población- con su futuro económico y su bienestar -, y queremos oír también que la Unión puede unirse para garantizar un compromiso de lucha contra la discriminación de nuestros grupos étnicos minoritarios. 
Concedamos a todos aquellos que viven en nuestros países la fe y confianza en la tolerancia como nuestra primera virtud, para infundir a los ciudadanos y residentes no europeos confianza en nuestra humanidad. 
Esto adquiere mayor importancia, señor Primer Ministro, a raíz de las vergonzosas declaraciones que ha hecho recientemente el Sr. Le Pen. 
En el Parlamento aborrecemos y rechazamos su filosofía y nos sentimos deshonrados, francamente, por su presencia en esta Asamblea. 
(Aplausos) Queremos oír que mantendremos el compromiso europeo con un servicio público universal para toda su población y queremos oír que nuestra cultura, historia y tradición, todas las distintas fuerzas y bellezas de nuestro continente, son las que nos harán palpitar, y no una especie de devoción esclavizante por un modelo de sociedad económico o académico. 
Queremos oír que el modelo social europeo está vivo y que goza de buena salud, que está a salvo en las manos de los líderes de nuestros gobiernos y que será la piedra angular sobre la que se construya todo lo demás. 
Para terminar, tras un año dominado por oscuras historias de decepción y fraude sobre «vacas locas» , el trauma del abuso de nuestros niños pequeños más vulnerables, la continuación de la exclusión de 18 millones de personas y la ausencia total de cualquier esfuerzo para mejorar la crisis ecológica, como si a causa de los problemas económicos, el medio ambiente ya no importara; después de todo esto, es hora realmente de demostrar una voluntad política positiva de avanzar. 
Nosotros, los que nos encontramos en esta parte del Parlamento, tenemos esa voluntad, pero sabemos que para hacerla realidad será necesaria una nueva dedicación a la responsabilidad colectiva y la cooperación que apuntale nuestra Europa. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, Señorías, quisiera dar las gracias a los tres presidentes por sus impresionantes intervenciones. Por desgracia, he de sumarme a las palabras de la Sra. Green. 
Este Parlamento todavía no ha logrado dejar de ser una especie de foro europeo para convertirse en un parlamento con competencias reales. 
Todos hemos de trabajar para hacerlo posible, y también transmitiré este mensaje a mi Grupo. 
Por segunda vez nosotros, las tres instituciones políticas, evaluamos el estado de la Unión Europea y el camino que seguimos juntas hacia el nacimiento de la gran Europa. 
Nuestro Grupo se alegraría de esta perspectiva histórica, si no fuera porque también nos enfrentamos continuamente a las dudas, el miedo y la intranquilidad que agobian a nuestros pueblos. 
Las noticias de las guerras y las grandes tensiones nos confirman que después de la Guerra Fría, la inseguridad y la inestabilidad todavía no han desaparecido de la faz de la Tierra. 
Por ello, ahora más que nunca, es necesaria una Europa fuerte y organizada, que lleve la paz y la estabilidad, que irradie humanismo, justicia social y libertad, valores con los que nos identificamos. 
En vísperas de la cumbre extraordinaria de Dublín, el Grupo del PPE pide encarecidamente que la Conferencia Intergubernamental despierte de una vez. 
La Unión se mantuvo dividida frente a los sucesos de Iraq. Una vez más quedó demostrado que la Unión es impotente si se expresa con voces disonantes. 
Esto nos recuerda al drama de Yugoslavia, sobre el cual el general belga Francis Briquemont, que estaba al mando de las tropas de la ONU, declaró recientemente: » Desde Bosnia sé que hay que intervenir como persona ajena cuando mueren asesinados ciudadanos inocentes. 
Durante siete meses he sido testigo de las crueldades que pueden infligir unas personas a otras. ¡A mil kilómetros de Bruselas! 
¿Cómo podemos lograr efectivamente la ampliación de la Unión con cinco o diez nuevos miembros, si ahora, con quince miembros, no conseguimos garantizar los intereses esenciales y la autoridad de Europa? 
¿Cómo podemos convencer a nuestros conciudadanos de que la integración europea es el plan del futuro, si nuestras instituciones no son capaces de superar los egoísmos nacionales y defender el interés común europeo? 
Nuestros conciudadanos también se sienten inseguros. 
La libre circulación, la apertura de las fronteras, la globalización y el libre comercio ofrecen nuevas y grandes oportunidades para el crecimiento económico y el empleo. 
Pero si este nuevo espacio libre de obstáculos se considera un espacio inseguro, en el que se da vía libre a la criminalidad transfronteriza, a la mafia, al terrorismo y a la explotación sexual de niños- el gran drama de mi país -, entonces la oposición a la integración europea no hará más que aumentar. 
No debemos subestimar los deseos legítimos de nuestros conciudadanos de mantener la seguridad en la que se basa el contrato social. 
Pedimos con insistencia que la Conferencia Intergubernamental, en el marco del tercer pilar, obtenga resultados rápidos y claros. 
Señor Presidente del Consejo, está usted preparando dos importantes cumbres. Usted puede poner fin a la incertidumbre y las dudas. 
También puede usted desarrollar una dinámica con la que no podrán ni siquiera los Estados miembros más reservados. 
Pero sobre el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental aparecen muchas informaciones. Por ello tenemos dos preguntas importantes. 
La primera pregunta: ¿Han decidido los gobiernos terminar las negociaciones de la CIG a más tardar en junio de 1997, bajo la Presidencia neerlandesa? 
La segunda pregunta: ¿Es cierto, como se ha dicho, que el Consejo se ha resignado a limitar a un mínimo sus objetivos y a aplazar hasta la siguiente CIG las reformas necesarias para que la Unión ampliada funcione con eficacia? 
He de recalcar que nuestro Grupo no se contentará con un Tratado que no suponga un salto adelante cualitativo, concretamente en materia de política exterior y de seguridad común, para las decisiones por mayoría en la cooperación judicial, para las decisiones por mayoría en el primer pilar comunitario y para la codecisión del Parlamento Europeo. 
Somos conscientes del abanico de posibilidades que se abrirá en el primer semestre de 1998, cuando casi al mismo tiempo se ratifique el nuevo Tratado, se inicien las negociaciones para la adhesión de Malta y Chipre y la mayoría de candidatos de la Europa Central, se decida quién formará el primer pelotón de la Unión Monetaria y por último se remueven los compromisos financieros. 
Nos damos cuenta de que este semestre europeo, el primer semestre de 1998, implica muchos peligros, pero que todas las esperanzas están puestas en él. 
La Comisión Europea tendrá que desempeñar plenamente su papel en este relanzamiento, y no le negaremos nuestro apoyo político. 
Además de estas negociaciones, la Unión ha de lograr dos objetivos fundamentales. 
Cumplir los criterios económicos para dar el paso a la moneda única. Hay que convencer a la opinión pública en nuestros Estados miembros de la necesidad de una política de austeridad sin la cual no será posible un crecimiento sostenible. 
El otro objetivo es lograr progresos día tras día, en la lucha contra el cáncer de nuestra sociedad, es decir, el desempleo de los jóvenes y el desempleo duradero. 
Nuestro Grupo valora mucho el respeto por el ser humano, la solidaridad y la libertad, valores que no se sostienen si se desgarra el tejido social y si la exclusión conlleva la marginación de millones de personas. 
La renovación y la creatividad pueden adaptar la sociedad europea a la creciente mundialización. 
¿Acaso nuestras formaciones políticas, nuestros sindicatos, nuestras asociaciones, nuestras iglesias han calculado suficientemente la profundidad de estos cambios? 
Señor Presidente, Señorías, quisiera citar a Jean Monnet, y en realidad aconsejo a todo el mundo que lea su biografía de 1.000 páginas para redescubrir el verdadero sentido de la integración europea. 
Jean Monnet, que ya al principio del proceso de unificación europea dijo ante este Parlamento: » Nous n ' avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entrainés et ceux que nous aurons su vouloir et accomplir». 
Este es nuestro reto. 
Este es el reto de buscar un modelo de civilización europeo para el siglo XXI, basado en los valores que expresamos aquí y que hemos de hacer realidad, también por medio de la Unión Europea. 
Señor Presidente, ba mhaith liomsa i dtosac báire céad mile fáilte a chur roimh Taoiseach na hEireann, John Bruton, ar an ocáid specialta seo, ar an céad turas dó go dtí Parlaimint na hEorpa. 
Doy mi más cordial bienvenida al Primer Ministro de Irlanda, Taoiseach John Bruton, en ésta su primera visita al Parlamento Europeo. 
Le deseo mucho éxito en la Presidencia irlandesa de la Unión Europea. 
Tengo el privilegio de encontrarme presente en esta Asamblea esta mañana y de haber asistido al debate que ha tenido lugar hasta ahora. 
Me siento orgulloso de estar aquí y muy agradecido por los comentarios que se han hecho esta mañana. 
Representantes de los quince Estados miembros están elaborando proyectos de enmiendas a los Tratados europeos que la Presidencia irlandesa espera tener listos a tiempo para presentarlos en la cumbre de Dublín a final de año. 
Es un plazo ambicioso y espero que pueda cumplirse. 
Aunque creo que es mucho más importante llegar a un acuerdo sobre una serie de iniciativas encaminadas a solucionar los problemas fundamentales que constituyen la principal preocupación de los ciudadanos europeos en estos momentos, aunque ello conlleve el aplazamiento de la presentación de un proyecto de revisión del Tratado hasta el año próximo. 
La creación de empleo debe ser la prioridad número uno de la Conferencia Intergubernamental. 
En la mayoría de nuestros países, los índices de paro se mantienen en unos niveles inaceptablemente altos. 
Este otoño, los millones de jóvenes que han terminado sus estudios o que se han licenciado en la universidad pasarán a formar parte de la fuerza laboral y se lanzarán a la busca de su primer puesto de trabajo. 
La mayoría de ellos tendrá serias dificultades para encontrar un empleo de calidad, como sucedió con sus predecesores el año pasado y, lamentablemente, el año anterior. 
Las negociaciones en el marco de la CIG ofrecen a los Estados miembros la oportunidad de reenfocar las políticas de la Unión hacia iniciativas que promuevan activamente el crecimiento del empleo en cada uno de nuestros países. 
En la última cumbre europea, el Presidente de la Comisión Europea presentó una serie de propuestas que tenían el potencial de iniciar este proceso de redirigir los recursos de la Unión Europea hacia la lucha contra el desempleo. 
Lamentablemente, los líderes europeos mostraron escaso entusiasmo y no consiguieron ponerse de acuerdo para liberar recursos financieros para las propuestas del Presidente Santer, que exigían emprender una acción coordinada a nivel europeo. 
Creo que fue un craso error. 
Los países europeos no han logrado reducir seriamente sus índices de paro a través de las iniciativas unilaterales que han venido aplicando durante estos últimos años. 
Al mismo tiempo, nuestros principales competidores en el panorama mundial- los Estados Unidos y los países del Lejano Oriente- han experimentado un fuerte crecimiento en sus niveles de empleo. 
La Unión Europea, el bloque comercial más fuerte del mundo, se está quedando atrás en relación con los EE.UU. y el Lejano Oriente. 
La prioridad de los líderes europeos debe ser la de invertir este proceso y que los quince Estados miembros comiencen a ponerse de acuerdo para hacer de la creación de empleo la prioridad política número uno de la Unión Europea mediante la incorporación de este principio en el nuevo Tratado que surja de la CIG. 
La segunda prioridad de la CIG debe ser adoptar medidas para combatir el narcotráfico internacional que es responsable de gran parte de la criminalidad que actualmente ha pasado a forma parte de la vida diaria en nuestras comunidades. 
El narcotráfico es un negocio internacional y sólo puede ser atajado debidamente mediante una acción internacional eficaz. 
La Unión Europea está en condiciones de ayudar a los cuerpos de policía nacionales y a los servicios de aduanas en sus esfuerzos por combatir este vil comercio a condición de que exista la voluntad política a nivel nacional de colaborar a nivel europeo en estos ámbitos, en los que la cooperación transnacional puede tener un papel muy útil. 
Si la Unión Europea quiere seguir gozando del apoyo de la mayoría de nuestros ciudadanos, debe mostrarse capaz de contribuir a encontrar soluciones a los principales problemas que asolan a la sociedad. 
Actualmente, los problemas comunes que comparte la práctica totalidad de los quince países comunitarios son el alto índice de paro, el consumo de drogas y los crímenes asociados a esta problemática. 
Los retos a los que se enfrenta la Presidencia irlandesa son considerables. 
Le deseo mucha suerte. 
Sé que se han preparado concienzudamente en un intento de garantizar el éxito de la Presidencia. 
Pero el éxito sólo será posible si los demás Estados miembros están dispuestos a desempeñar también la parte que les corresponde. 
Señorías, los próximos dos años serán decisivos para el futuro de la Unión Europea. Para ver si la Unión se convertirá en la piedra angular de la estabilidad geopolítica en nuestro continente, o si degenerará en un foco de inestabilidad. 
La Unión Monetaria y la Conferencia Intergubernamental pueden reforzar decisivamente a la Unión, pero también pueden causar una división doble en Europa. 
Una, entre los Estados miembros, y otra, entre los gobiernos y los pueblos. 
Actualmente creo que la segunda posibilidad es más probable que la primera. 
Porque la Unión Europea se ha convertido, a los ojos de sus ciudadanos, en una especie de organización autista. 
Al ciudadano le preocupa el trabajo, el crimen, la seguridad internacional, pero en la CIG los negociadores hablan de otras cuestiones, como el número de subcomisarios. 
Además, cuando la Unión habla de las preocupaciones del ciudadano, todo suele quedar en palabras. 
También hoy se han pronunciado muchas palabras altisonantes, pero ¿dónde están las acciones? 
En Maastricht, los Estados miembros prometieron una política exterior común, pero en Bosnia la Unión era y es políticamente irrelevante, y en Oriente Medio, Francia actúa como cavalier seul. 
La política de asilo y la política de drogas son para nosotros cuestiones de interés común, prometieron los Estados miembros en Maastricht, pero a la hora de acoger a los refugiados de la antigua Yugoslavia, la mayoría de los Estados miembros dejaron sola a Alemania, y el diálogo entre Francia y los Países Bajos sobre drogas es un diálogo de sordos. 
Se creará un mercado común, prometieron los Estados miembros ya antes de Maastricht, pero dentro de sus fronteras nacionales, los mismos países hacen caso omiso de lo que acordaron en Bruselas. 
Tan sólo en materia de gasto público hay cerca de 35 procedimientos de violación. 
Se instaurará una ciudadanía de la Unión, prometieron los Estados miembros en Maastricht, pero el ciudadano no ejerce el control sobre la actuación policial y judicial en Europa, ni a través de un juez, ni a través del Parlamento Europeo. 
De este modo se desmorona la credibilidad de la Unión, que amenaza convertirse en una organización de objetivos sin medios, de promesas sin consecuencias, de palabras sin acciones. 
Pero cuanto menos creíble sea la Unión, menor será la posibilidad de que la CIG sea ratificada por los quince países. De todas formas, esa posibilidad es pequeña. 
Y si la CIG no es ratificada, se producirá un retraso en la adhesión de países como Polonia y Hungría. 
Por tanto, es hora de actuar. 
Es hora de que nuestros jefes de gobierno detengan la erosión de la credibilidad de Europa. 
Es hora de que nuestros Estados miembros permitan por fin que la Unión actúe contra los tres principales azotes de nuestro tiempo: el nacionalismo, el crimen y el desempleo. 
Los países de la Unión no han querido combatir el genocidio en Bosnia. Tampoco parecen dispuestos a impedir la división de Bosnia a lo largo de líneas étnicas. 
A Europa sólo le queda un camino: conseguir que los sospechosos de crímenes de guerra sean entregados al Tribunal de La Haya. 
¿Está dispuesto el Consejo Europeo a ejercer la presión necesaria? 
¿Está dispuesta la Unión a vetar el ingreso de Croacia en el Consejo de Europa mientras el presidente Tudjman no haya entregado a los sospechosos croatas? 
¿Están dispuestos los países de la Unión pertenecientes al Consejo de Seguridad a aplazar el levantamiento de sanciones contra Serbia hasta que el presidente Milosevic no entregue a Karadzic y Mladic? 
De eso se trata, de acciones y no de palabras. 
La Unión no es nada si no es una comunidad de derecho. El Sr. Hänsch acaba de decirlo con razón. 
Lo mismo puede decirse de la lucha contra el crimen dentro de nuestras fronteras. 
Es precisamente aquí donde más necesario es modificar el Tratado. 
Por tanto, pregunto al Sr. Bruton: ¿Está dispuesto el Consejo Europeo a encargar a la CIG que sitúe la lucha contra el fraude, las drogas y el tráfico de niños y mujeres en el primer pilar? 
Sólo entonces vendrán las acciones. 
La lucha contra el desempleo es sobre todo responsabilidad de los Estados miembros. 
La Unión tiene tan sólo una tarea complementaria. 
Pero tiene que ejercerla. 
¿Está dispuesto el Consejo a tomar las decisiones que desde hace años exigen las empresas, como la armonización del impuesto de sociedades y la introducción de un estatuto de sociedades? 
Este último paso supondría ya una inyección económica anual de 30 millardos de ecus. 
El apoyo gubernamental en los Estados miembros es excesivo. 
El país más rico, Alemania, está en cabeza a la hora de pagar subsidios que generan competencia desleal. 
Quiero felicitar a la Comisión por haber recordado a Alemania las obligaciones que tiene según el Tratado en el caso de Sajonia. 
El Comisario Van Miert ha actuado muy bien en este caso. 
Pero cuando se trata de apoyar a las empresas aeronáuticas necesitadas, la Comisión es demasiado permisiva. 
¿Cuándo conseguiremos que la última operación de apoyo sea realmente la última operación de apoyo? 
Señor Presidente, Señorías, nuestra Unión habla demasiado de cuestiones secundarias y demasiado poco de las cuestiones primordiales. Es el caso del Parlamento. 
Igualmente es el caso de la Comisión que tendría que hacer más hincapié en su papel de motor de la Unión, pero la lucha contra la crisis de credibilidad de la Unión es sobre todo una tarea del Consejo. 
Que el Consejo escuche a la población. 
La población quiere que Europa se ocupe de la libertad, del derecho y del trabajo. 
No con palabras, sino con hechos. 
Por tanto, de eso ha de tratarse. Bajo la Presidencia irlandesa, y luego bajo la neerlandesa. 
Señor Presidente, este debate es sin duda una excelente ocasión para que los representantes del pueblo y de las instituciones europeas hagamos un diagnóstico sobre el estado de la sociedad europea y el funcionamiento de sus instituciones democráticas. 
Queremos y debemos decir en voz alta lo que preocupa, alarma o ilusiona a los protagonistas de la vida cotidiana, a los receptores de las grandes decisiones políticas y económicas. 
Queremos comentar y valorar lo que se discute en los parlamentos y en los medios de comunicación de nuestros países. 
La primera visión es preocupante. 
Como todos sabemos, según las estadísticas oficiales, hay 18 millones de parados- algo más del 10 % de la población activa-. 
La mitad son parados de larga duración con escasas posibilidades de incorporarse al mercado laboral y con una creciente dependencia de los servicios sociales. 
La tercera parte tiene menos de 25 años. 
50 millones de europeos viven con menos del salario mínimo. 
Llamados por su nombre son 50 millones de pobres, y de entre ellos, más de 2 millones no tienen vivienda. 
Señor Presidente, no es mi intención hacer ningún tipo de catastrofismo pero es obligado mencionar crudamente todos estos problemas y deseamos darles solución. 
Es necesario hablar con el lenguaje del hombre de la calle para después hablar de políticas macroeconómicas, de sociedades duales y de paro estructural. 
Debemos comprender y compartir la intranquilidad y el temor al futuro de amplias capas de la sociedad. 
Debemos conseguir que estas sensaciones no sean el caldo de cultivo del racismo y la xenofobia que sufren 13 millones de inmigrantes, especialmente los que carecen de permiso de residencia. 
Con este panorama nuestro Grupo parlamentario es muy crítico con la decisión tomada por los Gobiernos de negarse a reflexionar en la Conferencia Intergubernamental sobre los efectos del actual modelo de la Unión Monetaria. 
Su enfoque y sus rigideces hacen incompatible alcanzar la moneda única y realizar una política prioritaria de empleo. 
Esta contradicción a corto y medio plazo debe explicarse a la opinión pública, al pueblo europeo, para que pueda deliberar y decidir. 
En democracia no tiene sentido que la propaganda impida la información, las decisiones plenamente responsables y, en algún caso, la reconsideración de las decisiones. 
Señor Presidente, y me refiero también, especialmente, al Sr. Presidente Santer- a quien casi renuncio a convencer -, y al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, en muchos países de la Unión, para cumplir los índices de convergencia, se reduce drásticamente el déficit público reduciendo el gasto y se acompaña de una venta masiva del patrimonio público y de una desregulación del mercado de trabajo. 
Todo ello con el fin, en principio loable, de disminuir la inflación. 
Esta lógica llega hasta el Parlamento Europeo, con los recortes en los fondos que buscan la cohesión y también con la utilización del superávit de la política agrícola común. 
Hay que decir que además se reducen notablemente los servicios sociales. 
Con todo ello se impide la creación de empleo y crece la angustia entre la población. 
Pero aquí viene lo más interesante: la paradoja es que con estas medidas no se cumplen los índices de convergencia. 
El motivo es fácil de comprender ya que aunque se alcancen en algunos países, por ejemplo, valores mínimos en materia de inflación, la competitividad extrema a que estamos sometidos ha hecho que el diferencial existente con respecto al valor a converger- que es la media de los tres países con menor inflación- haya aumentado. 
Es una carrera sin fin hacia alcanzar una convergencia que se aleja de nosotros. 
Con estas políticas monetaristas se llega a considerar el puesto de trabajo simplemente como un bien escaso en el mercado, sin respetar el código de valores de la democracia, que debe tener por referencia al ser humano, y sin tener en cuenta el coste futuro del paro en términos políticos, económicos y sociales. 
El camino a nuestro juicio es otro. 
Debemos ir hacia la moneda única con políticas de empleo y de cohesión social, con una paralela armonización fiscal. 
Esto es lo que daría sentido y credibilidad a una moneda verdaderamente única para todos los europeos. Unión monetaria con unión política. 
Es necesario avanzar en la definición y consolidación de las instituciones europeas en el ámbito de sus competencias, con una vinculación grande con las instituciones nacionales que supere el déficit democrático. 
No podemos perder la oportunidad que ofrece la Conferencia Intergubernamental de fortalecer las instituciones y acercarlas a los ciudadanos. 
Apoyamos la «comunitarización» de las políticas exterior y de seguridad común, de justicia e interior, porque es preciso que Europa tenga una sola voz en un escenario internacional donde sigue primando el lenguaje de la fuerza, en un mundo donde la economía se ha globalizado y donde organismos sin legitimidad democrática, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, toman las principales decisiones. 
Deseamos y exigimos instituciones cercanas a los pueblos y responsables ante ellos, instituciones europeas donde sea posible la información, la deliberación antes de la toma de decisiones y una posterior evaluación del resultado de las políticas. 
Solamente así será posible revitalizar la vida democrática y superar la desmotivación, la desmoralización y la angustia de gran parte de la sociedad europea. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me dirijo directamente a usted para terminar: confiamos en el buen sentido y en el buen hacer de la Presidencia irlandesa para que impulse en la Conferencia Intergubernamental la unión política y para que proponga una reconsideración del marco económico y monetario. 
Sabe usted muy bien que de sabios es rectificar. 
Distinguidos señores Hänsch, Bruton y Santer, Señorías, ¿cuál es la finalidad de Europa, cuál es la finalidad de la Unión Europea? 
¿Está Europa al servicio de las personas o son las personas quienes han de estar al servicio de Europa? 
Todos los aquí presentes responderán, evidentemente, que Europa está al servicio de las personas. 
Todos responderán que Europa no debe ser motivo de temor y angustia para sus ciudadanas y ciudadanos, sino fuente de protección y esperanza. 
Europa debe ser, obviamente, una comunidad protectora, en la que esté garantizado el respeto de los derechos fundamentales. 
Europa debe contribuir, obviamente, a garantizar una existencia segura y en paz para las personas. 
Pero si todo esto es tan evidente, ¿por qué no actúa la Unión Europea en consecuencia? 
¿Por qué ocurre, por ejemplo, todo lo contrario al amparo de los criterios de Maastricht? 
¿Es posible y admisible que se desmantelen los logros sociales y democráticos para cumplir estos criterios? 
La inmensa mayoría de las personas deberán sufrir para que la economía prospere y pueda cumplirse un calendario que no es realista. 
Esto equivale a insistir en la catastrófica continuación de una política que nos ha conducido a la presente situación. 
Europa se ha distanciado muchísimo de sus ciudadanas y ciudadanos, ha empezado a surgir una conciencia antieuropea que seguirá creciendo, porque las personas tienen la impresión de haberse convertido en meros peones sobre el tablero europeo, en una partida en la que acabarán imponiéndose la industria y la economía. 
La gente nos preguntará: » ¿Para qué queremos la Unión Monetaria, si ya antes de su entrada en vigor nos está perjudicando?» 
¡Evitemos convertir Europa en una maza que destruya los derechos sociales y democráticos conquistados a lo largo de los últimos decenios! 
De lo contrario, acabaremos destruyendo no sólo estas conquistas y estos derechos. 
El Consejo, el club de intereses de los Gobiernos nacionales, está jugando con fuego si cree poder prescindir de las urgentemente necesarias pautas en favor de una mayor comunitarización de Europa, de la ecología social, del principio de democratización y, por lo tanto, también de la participación, la transparencia y la publicidad, y reducir al absurdo las metas que nos propusimos alcanzar con la Conferencia Intergubernamental. 
El resultado no sería una nueva Europa más solidaria, sino la renacionalización de la política y el renacimiento de las patrias. 
La lucha política para consagrar los derechos ciudadanos como su fundamento, es, por lo tanto, crucial para la integración europea en estos momentos. 
Los Estados miembros y los Gobiernos tendrán que comprender que la democracia no es un impedimento para el desarrollo de Europa, sino su requisito fundamental. 
Señor Presidente, al referirme a mi última intervención sobre el estado de la Unión, me siento tentada por retomar casi palabra por palabra lo que había dicho entonces. 
A pesar de la buena voluntad de muchos, el escepticismo gana terreno. 
Un clima de intolerancia, de xenofobia y de violencia se extiende en Europa. 
El asunto de las vacas locas no ha engrandecido la imagen de la Unión, aun cuando esta última no sea, ni de lejos, la principal responsable de esta catástrofe. 
En la mayoría de los países de la Unión, la situación económica es muy mediocre y el desempleo sigue siendo alto. 
A este respecto, lamentamos que su pacto por el empleo, señor Presidente de la Comisión, haya suscitado tan poco entusiasmo por parte de lo gobiernos. 
La Política Exterior y de Seguridad Común sigue decepcionando a sus más fervientes partidarios. 
De nuevo, este verano, ante el conflicto de Iraq y la fuerte respuesta americana, hemos lamentado que no se produjera tan siquiera una adopción de postura común. 
Una vez más, la imagen que hemos proyectado ha sido la de las vacilaciones y las divergencias. 
Por lo que respecta a la CIG, las palabras que emanan, en particular, de las autoridades de mi país- pero no sólo de él- hacen pensar que se renunciaría a una reforma ambiciosa para contentarse con modificaciones mínimas. 
Como, al mismo tiempo, las mismas autoridades prometen a Polonia una adhesión rápida- de lo que personalmente me alegroveo, de todos modos, una contradicción grave ya que para lograr dicha ampliación, es necesario realizar previamente reformas institucionales significativas. 
El éxito de la CIG condiciona el éxito de la ampliación, pero en la actualidad, la CIG se estanca. 
Mi segundo punto se dirige más directamente al Presidente de la Comisión y concierne a los servicios públicos. 
Al parecer, la Comisión persevera en una actitud impertinente con respecto al Parlamento y hostil a la existencia del servicio público y a lo que representa para las poblaciones. 
El pasado 9 de mayo, votamos las enmiendas a un proyecto de directiva sobre el correo. 
El debate había sido denso, la posición del Parlamento reflexionada de forma madura. 
Ahora bien, nos enteramos de que, en su nueva versión, la Comisión no ha tenido en cuenta ninguna de las principales enmiendas del Parlamento. 
Evidentemente, esta forma de hacer es políticamente inaceptable. 
Es contraria al código de conducta que nos habíamos comprometido a respetar y, en el caso que nos ocupa, muestra el poco caso que la Comisión persiste en hacer de esta noción fundamental de servicio público en el interés general de los ciudadanos. 
Por último, mencionaré la crisis de las vacas locas. 
Una vez más, deploramos que el gobierno británico frene los procedimientos que permitirían salir de la crisis y devolver la confianza a los consumidores. 
Pedimos encarecidamente al Consejo y a la Comisión que manifiesten toda la firmeza posible para que por fin termine esta crisis. 
En este clima sombrío, desearía expresar una nota de esperanza. 
Se dirige a usted, señor Presidente del Consejo. 
Su compromiso europeo, su voluntad de lograr la moneda única, su preocupación por encontrar soluciones para el empleo y para los problemas sociales, su voluntad de reforzar la cooperación con los países de Europa Central y Oriental, de forma pragmática y eficaz, todo esto nos anima y le agradecemos por ello. 
Deseamos que triunfe, pero no sólo en los ámbitos que acabo de citar. 
Señores Presidentes, señorías, los debates de la Conferencia Intergubernamental- de los que, por otra parte, los dos tercios de los europeos jamás han oído hablar- revelan, sin duda alguna, unas divergencias muy profundas en cuanto a los objetivos y a los medios de la construcción europea. 
En realidad, en lugar de una unión que ustedes adornan con todas las virtudes, se instala el desorden. Están apareciendo movimientos secesionistas. 
Bélgica está amenazada de desaparición. 
Alemania trata de utilizar el proyecto de la Unión Económica y Monetaria para recuperar su antigua influencia en el Este. 
Francia, desorientada por los errores estratégicos y tácticos de algunos de sus dirigentes, se hunde en un clima de crisis económica y no cumplirá, en 1997, los criterios de Maastricht, con un déficit real de la hacienda pública que sobrepasará el 4 % del PIB y ello, a pesar de afirmaciones contrarias. 
Una vez más, la Comisión querría convencernos de que casi todo va bien y que, en cuanto a lo que no va bien, la situación sólo podrá mejorar gracias a la continuación de la integración a marchas forzadas. 
Sin embargo, estas declaraciones optimistas ocultan mal el temor de un fracaso de la Conferencia Intergubernamental, cuyos objetivos minimalistas se reducen a partir de ahora a la instauración de la moneda única. 
¡Cuánto camino recorrido desde el informe Lamers, que preconizaba una Europa federal! 
A pesar de su voluntad de hacer que esta Conferencia termine lo más rápidamente posible, no escapará usted, señor Presidente de la Comisión, a las obligaciones de los calendarios electorales francés y británico. 
Los franceses, en efecto, rechazan profundamente su concepción supranacional de Europa y no aguantan ya ese sermoneo, alejado de sus intereses y de sus preocupaciones. 
Además, el Gobierno francés se verá severamente desautorizado en las elecciones de 1998, a causa de su política europea. 
¿Cree usted sinceramente que el Gobierno que le suceda- ya sea de izquierda o de derecha- no se verá obligado a renegociar los criterios de convergencia y otro pacto, llamado de «estabilidad» , el cual carece además de todo valor jurídico? 
Señor Presidente, creo que la Unión está bastante enferma: 20 millones de desempleados; tensiones dentro de los países, más regurgitaciones racistas como la de Bossi en Italia, donde reaparecen las camisas verdes, que evocan las camisas pardas de tan triste recuerdo; gobiernos desinteresados en conseguir la Unión central, que debe preceder a la Unión política. 
Señor Presidente Santer, no se puede analizar en profundidad el tema de la ampliación limitándose a la modificación de las modalidades de votación. 
La ampliación no puede producirse antes de que se realice la Unión política: la Unión política implica, al menos, la defensa común, la solución conjunta del problema del desempleo, el eficaz funcionamiento de EUROPOL, que me parece que no funciona muy bien; es decir, implica ceder a un ente superior europeo algunas de las prerrogativas nacionales. 
Esta situación no se da actualmente y, por tanto, no hay Unión política. 
Hay que afirmar con valentía que la ampliación sólo debería ser tema de debate una vez llevada a cabo la Unión política: de hecho, Europa no es sólo el eje franco-alemán, sino que todos debemos dar respuestas políticas a hechos políticos. 
De otro modo, sucedería lo que ya ha sucedido en Iraq o en otros países, con el papel permanentemente desempeñado por Europa. 
Quienes no están de acuerdo trabajan de hecho para impedir la creación de la Unión política europea, quieren la destrucción de Europa, dependen de intereses específicos y particulares vinculados a unas ciertas finanzas, pero también a determinados países europeos y a otros países que están fuera de Europa y más allá del Atlántico. 
Queremos una Europa que garantice más seguridad a los propios ciudadanos, que interprete sus necesidades, que no sea una Europa fundamentalista: es decir, una Europa en última instancia política que garantice el crecimiento cultural además del económico. 
Y esto pasa también por la eliminación del déficit democrático que aún aflige a nuestro Parlamento. 
Deseo que la Presidencia irlandesa trate de trabajar por la reactivación de la Unión política, aunque esto pueda significar retrasar los plazos de la ampliación y abordarlo, con Maastricht, con un espíritu constructivo pero fiel a la realidad de nuestros países. 
No se puede ir en contra de la historia, pero, sobre todo, no se puede ir en contra de las necesidades de la población europea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, un debate como el que celebramos hoy siempre constituye también una ocasión para examinar desde una perspectiva autocrítica si nuestra pasada actuación ha estado a la altura de los objetivos comunes. 
Es importante y necesario que en el Parlamento se escuchen voces críticas. 
Pero también sería conveniente que la Comisión y el Consejo manifestasen, al menos verbalmente, parte de esta conciencia crítica. 
Resulta un poco decepcionante que, aun sabiendo que se navega por aguas difíciles, no se describa clara y críticamente esta situación. 
En efecto, todos sabemos, como ya se ha dicho repetidamente, que nuestras ciudadanas y ciudadanos no sólo mantienen una actitud escéptica y crítica en relación con Europa, sino que sobre todo se manifiestan indiferentes. 
¡Y esto es mucho más peligroso! 
Yo prefiero a unas ciudadanas y ciudadanos que miren a Europa con ojos críticos frente a quienes no se interesan en absoluto por esta cuestión. 
En efecto, sobre estos últimos ya no es posible hacer mella. 
¿Quién es, sin embargo, Europa? 
¿Quién es el culpable de la presente situación? 
La realidad es ineludible y ésta es que el número de Estados miembros es decisivo para el reparto de poder. 
También han aumentado los poderes del Parlamento. 
No obstante, aun así de los tres vértices del triángulos todavía sigue teniendo mayor peso el que corresponde al Consejo, a los Estados miembros. 
Y en este aspecto es donde debemos situar lisa y llanamente el fracaso. 
Todos sabemos dónde les aprieta el zapato a los ciudadanos. 
Pero en los temas del empleo, de la política exterior y también de la seguridad interior, todo se mantiene inamovible. 
El pesado buque cisterna europeo, con doce capitanes- algunos más gruesos, otros más delgados- no avanza y no tiene marcado un curso claro. 
Y no avanzaremos mientras esto siga siendo tan palpable como en estos momentos, mientras los cajeros mayores de los Estados miembros- nuestros ministros de Finanzas- sean quienes decidan en última instancia cuánta integración europea podemos permitirnos, o dicho de otro modo, cuánto estamos dispuestos a pagar por una determinada concepción de Europa. 
No basta con que nuestros Gobiernos- también mi Canciller federal alemán, cuyas palabras, como buen europeo, yo tomo al pie de la letra- invoquen a diario lo que todos deseamos. 
Pero si sus propios subordinados- con los ministros de Finanzas al frente- vacían por un lado las arcas y luego critican a Europa porque no cumple tal o cual misión, esto inevitablemente refuerza las tendencias nacionales y no contribuye a contrarrestarlas. 
En esta situación nos encontramos. 
¿Qué podemos hacer para remediarla? 
Lo primero sería una toma de posición sincera, clara y, si es necesario, también autocrítica por parte de la Comisión y del Consejo. 
Aun así, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, puesto que todos sabemos dónde residen los problemas, ¿por qué no tener el valor de decir claramente y en voz alta todas estas cosas, aun a riesgo de ser criticados por otros? 
Nadie puede escapar a la verdad. 
Si la Conferencia Intergubernamental no añade nuevas velas a nuestra nave común europea, cuando amague tormenta y se encrespen las aguas, faltos de impulso, pondremos con toda seguridad en peligro a Europa. 
Dios nos ampare entonces, si la situación mundial sigue evolucionando en la misma línea que hasta ahora y, con el mortal argumento de la globalización, se derriban todos los fundamentos sociales y también los de la política de seguridad y los fundamentos democráticos de la Unión. 
¡Yo les ruego que tengan un poco más de valor! 
Señores Presidentes, en mi idioma hay tres palabras que empiezan por «d» : desengaño, desencanto y desinterés, que creo que reflejan bien lo que sienten los europeos en este momento respecto a Europa. 
Desengaño porque Europa no cumple las expectativas. 
Usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha dado un buen ejemplo: todas las presidencias comienzan con una declaración donde se dice que la creación de empleo es prioritaria, y luego los resultados son muy escasos. 
Al final, los europeos dicen: bueno, no creeremos a estos señores en Europa cuando dicen que van a crear aquello que luego son incapaces de crear. 
Desencanto. 
¿Por qué desencanto? 
Lo diré de forma telegráfica. Se lo diré al Sr. Bruton. 
La posición europea en torno a la ley Helms-Burton es la adecuada. 
Todo el mundo ha entendido que Europa ha hablado con una sola voz y que ha plantado cara a nuestro amigo americano, diciéndole que no puede hacer aquello que quiere sin contar con nosotros. 
En cambio, la falta de posición de Europa ante el ataque americano en Iraq es la mala situación. 
La gente se pregunta: ¿cómo es posible que nos pongamos de acuerdo en unos casos y no seamos capaces de hablar con una única voz en otros? 
Y al final la gente- y recojo el guante que ha lanzado el Sr. Puerta para que hablemos de temas que interesan a la gente- no entiende nada de células de planificación ni de mayorías ni de abstención positiva. 
Lo que no entiende es por qué Europa existe en teoría, pero no existe en la realidad. 
Desinterés. 
Todos hemos hablado de desinterés. El anterior orador también lo ha hecho. 
Desinterés ante la Conferencia Intergubernamental. 
¿Por qué? 
Porque nadie entiende lo que está en juego. 
Porque no hemos sabido inculcar poesía en la política. 
Porque estamos hablando de temas que a la gente no interesa en lo más mínimo. 
A la gente no le interesa el tema de las mayorías, ni que si hay que reforzar la autonomía del Comité de las Regiones; ni siquiera le interesa nada si hay que incluir un catálogo de derechos humanos o no en el Tratado. 
No. La gente lo que necesita es que la movilicen. 
Alguien se ha referido antes- el Presidente Santer- a las ideas que dieron origen a la Comunidad en los años 50: la paz, la reconciliación... 
Estas ideas hoy ya no convencen a nadie, porque todos los jóvenes han crecido en paz, gracias a Dios. 
Hoy tenemos que buscar otros ideales movilizadores, y yo creo que no hay otro, otro más grandioso, que hacer la gran Europa. 
Hay que hacer la Europa de la ampliación. 
Ése es el ideal con el que conseguiremos movilizar a los europeos. 
Que no sea así. 
Señor Presidente, abordamos hoy el balance del estado de la Unión, en vísperas de dos citas que definirán el futuro de Europa: la ampliación de la Unión y, sobre todo, la realización de la moneda única. 
Será un proceso que durará varios años, serán dos fases durante las cuales se construirá definitivamente Europa o dejará de construirse para siempre. 
En tal sentido, debemos llenar este proceso de contenidos reales, luchando y combatiendo, con la fuerza de todo un continente, por los problemas de nuestra gente: el desempleo, una economía cercana a los consumidores y a los empresarios, la seguridad en la paz, la defensa de los niños contra supuestos miserables, la justicia social. 
Según el Presidente Samper, hay que acercar la política a los ciudadanos. 
Si no llenamos la Unión Europea de contenidos cercanos a los ciudadanos, tendrá el efecto de un huevo agujereado por un alfiler y desprovisto de su contenido: externamente será perfecto, pero en realidad estará vacío y carecerá de función. 
Una última consideración relacionada con la actualidad. 
Hay quienes trabajan hoy para dividir su propio Estado. 
Esto no es más que la primera fase del intento de quebrar la Comunidad, con el consiguiente perjuicio para nuestro futuro. 
Nosotros, todos los presentes en esta Asamblea, debemos combatir la división y trabajar por una Europa unida, unida en la diversidad y en las autonomías, pero unida. 
¡Trabajemos juntos por lo que nos une, siempre será más que lo que nos separa! 
Señor Presidente, desde la década de 1940 la paz ha reinado en este continente. 
Aún así, cada generación debe descubrir y crear por sí misma su Europa, y no creo que en este sentido Jean Monnet se vaya a convertir en santo patrón de las generaciones futuras. 
Lamentablemente, la tarea fundamental de la Unión Europea está, no obstante, a medias, ya que hoy en día también forma parte de la paz el que las personas sientan que pertenecen a una sociedad, que no se maltrate a los niños y que la economía se adapte a las exigencias de la protección del medio ambiente. 
Si se pone en práctica la UEM demasiado deprisa, nos encontraremos ante estos problemas y ello resultará caro. 
Señor Presidente, las ayudas al cultivo de tabaco denotan con toda seguridad una pobreza espiritual, pero aún es mayor pobreza espiritual creer que los problemas de nuestro continente se pueden resolver construyendo miles de kilómetros de autopistas y apoyando a empresas gigantescas. 
Se crean empleos fijos mucho mejor con una reforma fiscal de carácter ecológico. 
No podemos exportar nuestro modelo ni siquiera a Europa central y oriental, y mucho menos a todo el mundo. 
Es cierto que sólo la Unión Europea es lo suficientemente grande y capaz como para transformar las reglas del juego a nivel mundial, asunto que se le va a plantear seriamente a la Unión Europea ante la reunión de la OMC que tendrá lugar en Singapur en diciembre. 
Entonces será el momento de abordar la cuestión del trabajo infantil, de la intensificación de la protección del medio ambiente y se podrán formular propuestas para reducir la especulación de ámbito mundial. 
Pero también los ciudadanos deben contar con la posibilidad de influir en la cada vez mayor actividad a nivel mundial de la Unión y, por lo tanto, en la Conferencia Intergubernamental no debe olvidarse en absoluto la democracia y la transparencia. 
Señor Presidente, me gustaría facilitar al Presidente del Consejo, John Bruton, una propuesta para su discurso de bienvenida para la cumbre extraordinaria de Dublín del 5 de octubre: 
Señorías, bienvenidos a Dublín. 
Existen ahora 21.392 reglamentos, directivas y otros actos que limitan las actividades de los ciudadanos. 
Propongo que pongamos orden en ellos antes de adoptar otros más. 
¿Cómo conseguir que funcione una democracia para la gente normal si es imposible saber la situación jurídica de ningún ámbito concreto sin ayuda profesional? 
Las leyes referidas a los mismos temas deben estar juntas y hemos de hacerlas accesibles para que todo el mundo las entienda. 
Los periódicos se refieren a actas secretas cuyo contenido se aparta del de las disposiciones oficiales. 
Debemos publicar todas las actas secretas y decir a nuestros ministros y comisarios: se acabó la legislación secreta. 
Nunca más defenderemos los temas aprobados en secreto. 
Todos tenemos constituciones que exigen la aprobación de las leyes en un parlamento abierto y democrático. 
Las negociaciones y las votaciones del Consejo sobre las disposiciones comunitarias han de ser forzosamente abiertas. 
Hemos de fomentar que los ciudadanos conozcan los actos. 
Propongo que apoyemos la propuesta del Parlamento Europeo de abrir las puertas de las reuniones y publicar automáticamente las actas, a menos que una mayoría de 2/3 vote en contra y que exista una razón concreta para el rechazo de la propuesta. 
Ya es hora de poner orden y de simplificar y crear transparencia, en vez de huir hacia delante. 
Señor Presidente, señorías, desgraciadamente, la declaración del Consejo no aporta nada a la violación más flagrante del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, ocurrida a algunas horas de aquí. 
En efecto, no hablo ni del Tíbet aniquilado, ni de la lejana Timor, cuya población es atrozmente perseguida. 
Es cierto que no se trata más que de cristianos. 
Sin duda, es ésta también la explicación de lo que acaba de ocurrir en el Líbano, o en Siria, después de que una increíble parodia de elección acaba de imponer definitivamente su dominio mediante una representación parlamentaria a sus órdenes y de un gobierno enteramente sometido. 
Aquí, nadie se ha indignado por el hecho de que, para hacer triunfar a los candidatos de su hombre favorito, Hariri, el muy rico amigo de Jacques Chirac, Hafez-el-Assad haya mandado matar o encarcelar a los resistentes cristianos, organizando contra ellos inicuos procesos a la rusa. 
Pienso, en particular, en Samir Geagea, el indomable jefe de la resistencia, encarcelado desde hace tres años, incomunicado, sin ver el sol, Samir mi amigo y todos los demás que conocí allí, torturados, perseguidos y demandados porque quieren salvar la libertad y la soberanía del hermoso país de los cedros. 
Pero, después de todo, Hafez-el-Assad, el asesino de nuestros paracaidistas, no ha hecho sino acelerar un proceso semejante a aquel del que es víctima mi país, el desencadenamiento de una inmigración cuya naturaleza e importancia modificarán fundamentalmente las características políticas, culturales y sociales de nuestra sociedad. 
Sin embargo, ustedes no quieren ver eso. 
Nuestros pueblos sabrán recordárselo un día, pero tal vez sea demasiado tarde. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, querría dirigirme hoy a la Presidencia irlandesa para expresarle mi felicitación y mi reconocimiento. 
Mi felicitación por la labor que está desarrollando: en el escaso tiempo que hace que Irlanda ha asumido la Presidencia, Irlanda ha demostrado su gran capacidad y su Gobierno su gran responsabilidad. 
Y mi reconocimiento porque, sobre la base de esa labor, nosotros esperamos que, al concluir la Presidencia irlandesa, hayamos dado un paso adelante en la construcción europea. 
También quiero felicitarle por el discurso que ha pronunciado. Creo que ha tenido un amplio reconocimiento en esta Asamblea. 
Quiero decirle que me identifico con sus planteamientos y, sobre todo, con el salto que se ha dado al hacer coincidir los ideales en que se basa la Unión Económica con los objetivos concretos que tenemos que conseguir. 
Creo que ha combinado una gran dosis de idealismo y una gran dosis de realismo en el mismo discurso. 
Creo que es importante la observación que ha hecho sobre la globalización de la economía y los retos que supone para nuestra competitividad pero, al mismo tiempo- repitiendo lo que han dicho otros oradores que me han precedido -, considero que no podemos pensar que la competitividad se puede concebir a base de un coste social. 
La práctica europea, desde 1945 hasta ahora, se ha basado en que hemos conseguido un altísimo grado de competitividad con un aumento de nuestro bienestar social y de la igualdad de nuestros ciudadanos. 
Quisiera subrayar, señor Presidente en ejercicio del Consejo, un aspecto que estoy seguro que para usted es muy sensible y muy importante. 
Me refiero al problema de la cohesión. 
La Unión Europea ha conseguido ese grado de desarrollo económico enfrentándose a una ley económica fundamental. 
Cuando se construye una unión económica, cuando se unifica un territorio, se suelen producir enormes desequilibrios. 
Quizás el mejor ejemplo sea lo que ocurrió en los Estados Unidos después de la guerra civil de 1861-1865, cuando se produjo un enorme enriquecimiento en el norte y un enorme empobrecimiento en el sur. 
La Unión Europea ha conseguido evitar que se produzca esto. 
Ha conseguido que no aumenten las diferencias entre las regiones; que las regiones ricas se hayan desarrollado pero no a costa de las regiones pobres. 
En este momento nos encontramos con un reto importante: la Unión Económica y Monetaria. 
La Unión Económica y Monetaria supone el derribo de otra barrera existente, con el consiguiente peligro de que se puedan producir desequilibrios entre las regiones más ricas y las más pobres. 
En este momento hay quien habla de desmantelar los Fondos estructurales, las políticas estructurales, la política agrícola y el Fondo de Cohesión para conseguir otros objetivos. 
Si esto se hiciera, Europa estaría abocada a una crisis de carácter social y económico que pondría en peligro nuestra construcción. 
Yo animo a la Presidencia a que continúe por el camino seguido hasta ahora, reforzando los elementos de cohesión que han hecho posible el desarrollo de nuestra Unión y la paz en nuestro continente. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias al señor Presidente en ejercicio del Consejo porque ha tenido el valor de recordarle a esta Asamblea algo que ya habíamos olvidado: que el problema fundamental de las ayudas financieras de la Unión Europea sigue siendo su bajo nivel de competitividad. 
Las principales rasgos de la baja competitividad continúan combatiéndose de modo deficiente. 
El mercado común no está todavía concluido. 
Sectores básicos de la actividad económica, como las telecomunicaciones, la energía y otros, no se han liberalizado todavía. 
Los cambios estructurales necesarios no se aplican consecuente y coordinadamente y, mientras unos gobiernos adoptan con valor las medidas de disciplina financiera necesarias y a menudo poco populares, las reacciones de la sociedad inducen a otros gobiernos a desistir de avanzar hacia una verdadera convergencia de las economías de los Estados miembros. 
Los lentos ritmos de desarrollo prolongan serios problemas sociales, el principal de los cuales es el desempleo, y muchos, incluso dentro de esta Asamblea, contemplan seriamente la reducción del tiempo de trabajo como panacea para el problema; en lugar de intentar hacer Europa más atractiva para las inversiones, impulsando el desarrollo y capacitando a sus recursos humanos para enfrentarse a los retos de las nuevas tecnologías y de la competencia, procuramos ver el modo de repartir de manera más equilibrada la miseria e incapacidad humanas. 
La Unión Económica y Monetaria camina inseguramente en medio de una profusión de lenguas y de palabras. 
Considerando que el Tratado de Maastricht ha entrado poco en la conciencia de los ciudadanos de Europa, porque aún se le sigue dando una interpretación rígida y burocrática, los problemas surgidos en la Conferencia Intergubernamental crean una inseguridad igual o incluso más profunda, que desorienta a los ciudadanos europeos. 
La ampliación se trata con una lógica económica de vía estrecha, cuando podría ser el comienzo de una nueva etapa de desarrollo para la Unión Europea. 
Mientras que somos ricos en palabras, el presupuesto de la Unión, el instrumento que nos permitiría establecer una política comunitaria en un tiempo previsible, sigue siendo pobre y es cada vez más recortado por el Consejo. 
Señorías, ésta es, en mi humilde opinión, la situación actual de la Unión, y los ciudadanos europeos se preguntan si existen líderes que nos pueden ofrecer una visión para salir del pozo. 
Señor Presidente, me parece oportuno en el día de hoy, mientras se debate sobre el estado de la Unión, hablar de Bossi y de sus caprichos. 
Contrariamente a lo que se dice, se trata de un problema no sólo italiano, sino sobre todo europeo, y esto por tres motivos: en primer lugar, Bossi es un diputado, aunque ausente, de este Parlamento y, paradójicamente, siendo no liberal y racista, milita en el Grupo liberal; en segundo lugar, ha solicitado la anexión de su denominada Padania a la Unión Europea, solicitud que ha sido rechazada, pero que constituye un peligroso precedente; en tercer lugar, el activismo de Bossi, aunque vulgar y ridículo, puede hacer proselitismo en muchos Estados europeos en los que crecen juntos la intolerancia, el racismo y los ansias secesionistas. 
Existe, pues, el peligro de que, mientras los Estados europeos titubean y vacilan en la construcción de Europa, queden en su interior deslegitimados y se destruyan a sí mismos y destruyan también el sueño europeo. 
Por lo demás, muchas veces se pasa de lo ridículo a lo trágico, aunque espero que esto no suceda hoy debido a nuestra incapacidad para comprender la gravedad, pero también la globalidad del problema. 
Distinguidos señores representantes del Consejo y de la Comisión, hoy han erigido ustedes ante esta Asamblea una fortaleza de palabras frente a las críticas del Parlamento, pero sobre todo también frente a los temores y preocupaciones de la población. 
El señor Presidente Santer ha llegado a afirmar que los criterios de convergencia para acceder a la Unión Monetaria no están en contradicción con el fomento del pleno empleo. 
Lo ha afirmado en contra de todos los datos científicos y de las declaraciones de innumerables expertos europeos. 
Lo cierto es que el proyecto de Unión Monetaria ha generado desempleo, ha estrangulado el crecimiento y se utiliza abusivamente como excusa para desmantelar la protección social. 
Señores, dejen de confundir su política con Europa y de presentar calumniosamente cualquier crítica contra su política como una muestra de animosidad contra Europa. 
Desmantelen su fortaleza de palabras y no cierren por más tiempo los ojos a la realidad de que los temores, las preocupaciones y las críticas de tantísimos millones de personas son acertados y su política es errónea. 
A propósito del estado de la Unión, desearía decir unas palabras acerca de la inseguridad que castiga a los más débiles de nuestras diversas naciones. 
Esta Europa ha visto quintuplicar la delincuencia desde su creación en 1957. 
El laxismo penal que a menudo está de moda en los diferentes Estados no lo explica todo. 
La verdad es que esta Europa, es la Europa del dinero y del becerro de oro; bajo la influencia del materialismo, ha dado la espalda a los valores cristianos; bajo la influencia del igualitarismo, se ha desviado del humanismo clásico nacido de la antigua Grecia. 
¿Qué valor queda? 
El dinero. 
Esta situación moral se ha deseado políticamente, porque se ha querido humillar los valores familiares en nombre de un freudismo de bazar. 
Se ha querido ahogar los valores patrióticos en nombre de un cosmopolitismo de tipo masónico. 
Se ha querido olvidar los valores de mérito y de responsabilidad del individuo en nombre de un igualitarismo decadente. 
Resultado: cinco veces más delitos que en 1957. No es culpa de los nacionalistas, es culpa de los materialistas cosmopolitas que nos gobiernan y gobiernan la Europa de hoy. 
Señores Presidentes, yo quiero enlazar con las palabras del señor Presidente Hänsch: » Las personas no están en contra de la Unión; sin embargo, ¡ya no saben qué justifica su apoyo! », y con las palabras de Pauline Green, cuando se ha referido al estancamiento y la parálisis debido a la falta de progresos de la Conferencia Intergubernamental, y también con la intervención de Willi Görlach, quien ha señalado que la UE está en estos momentos en manos de los ministros de Finanzas. 
Con nuestro trabajo debemos ofrecer a las gentes de Europa motivos para apoyarla, en otras palabras, debemos encontrar soluciones para sus acuciantes problemas y preocupaciones. 
¿Qué quieren los ciudadanos? 
Como ustedes saben, en Austria se celebrarán elecciones dentro de tres semanas. 
A pesar del alto nivel de empleo y de protección social que tenemos en Austria, el primer deseo de nuestros ciudadanos es que se promueva el empleo y un alto nivel de protección social en Europa. 
Mientras siga habiendo políticos como el Sr. Voggenhuber del Grupo de los Verdes, que me ha precedido en el uso de la palabra, que atizan temores injustificados y les dicen a los ciudadanos que una Unión monetaria equivale al desmantelamiento de la protección social, los demás políticos que queremos trabajar en favor de Europa lo tendremos difícil. 
Es necesario inscribir en los Tratados de la Unión Europea un capítulo sobre el empleo, que incorpore mecanismos de control sobre las políticas de empleo de los Estados miembros, pero también es necesario contar con un presupuesto más elevado. 
Pauline Green ha pedido que se recorte el presupuesto agrícola. 
Yo comparto este parecer. 
Es necesario invertir en programas sociales, en programas de investigación y sobre todo en programas de formación. La educación y la formación profesional inicial y continua están, en efecto, estrechamente relacionadas con el empleo. 
La juventud percibe las ventajas de la adhesión a la UE- según se desprende de un estudio realizado recientemente en Austria- en el ámbito de la formación y el empleo. 
Su participación en los programas va en aumento. 
Éstos le permiten apreciar las oportunidades que ofrece Europa. 
Concedamos, por lo tanto, también a los jóvenes de Europa una oportunidad, incrementando los recursos para estos programas. 
Es igualmente importante, asimismo, dar respuesta a los problemas medioambientales e imponer unos altos niveles de protección del medio ambiente. 
Y por último: yo acojo con gran satisfacción que el próximo año tenga como lema la lucha contra la xenofobia, el racismo y el nacionalsocialismo. 
Las más recientes declaraciones de Le Pen demuestran precisamente la importancia de este tema. 
La lucha contra el racismo y la xenofobia es tan importante como la lucha contra la droga y el crimen, como los esfuerzos para promover una Política Exterior y de Seguridad Común en pro de la paz y la seguridad en Europa. 
Señor Presidente, el diálogo tripartito interinstitucional- Consejo, Comisión, Parlamentoestá en la esencia de la originalidad de las instituciones comunitarias. 
Siempre hay que felicitarse por estas reflexiones en común, aunque también hay que recordar que el debate formal para la evaluación política global del estado de la Unión Europea debe realizarse al amparo del artículo D del Tratado, que prevé un debate bajo la presentación de un informe por escrito del Consejo de la Unión Europea y, por lo tanto, tendremos que remitirnos a los próximos meses. 
No obstante, como he dicho antes, creo que este debate es una excelente ocasión para transmitir al Consejo nuestras principales preocupaciones. 
Y no importa que cada uno de nosotros nos repitamos quizás en algunas ideas ya expresadas o expresemos algunas opiniones un poco particulares; ello refleja la gran diversidad de este Parlamento, con grandes coincidencias y también con sensibilidades diferentes. 
Yo quiero destacar un hecho que considero esencial en estos momentos: la referencia básica que ha realizado el Presidente en ejercicio del Consejo respecto a que la Unión Económica y Monetaria y la moneda única son un movimiento irreversible, una decisión tomada. 
Esto debe quedar muy claro a todos los ciudadanos y es el gran mensaje que debe salir de este debate. 
Estoy convenido de que incluso aquellos que ponen reticencias a este gran objetivo serán los grandes beneficiarios de las consecuencias de ese gran paso histórico que debe dar la Unión Europea. 
Hay temas también del día a día. Crisis que estamos viviendo. 
Y yo creo que la tragedia de la EEB nos tiene que enseñar muchas cosas. 
Entre otras, los gobiernos nacionales tienen que asumir que tienen una grave responsabilidad, no sólo de cara a los ciudadanos sino también respecto al conjunto de la Unión. 
Cualquier negligencia que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones afecta a todos los ciudadanos. 
Por eso, cuando se hacen referencias retóricas a la subsidiariedad mal entendida, deberían sacar conclusiones cuando ocurren estos hechos del día a día que demuestran todo lo contrario. 
También debemos mencionar, señor Presidente, el desafío inaplazable de la seguridad, al que han hecho mención tanto usted como el Presidente Santer. 
Es indispensable que el ciudadano se sienta en una Europa en libertad y seguro y, por lo tanto, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado debe pasar de la retórica a la acción. 
Una disposición del Tratado en la que se contemple la imposibilidad de asilo político a ciudadanos de la Unión es una exigencia primaria. 
También el potenciar la facultad del Tribunal de Justicia de la Unión en estos campos es otra necesidad. 
Y, de cara a la Conferencia Intergubernamental- y se han hecho reiteradas referencias a ella -, la ampliación es una exigencia ética para todos. 
Es también una necesidad económica, pero tenemos que afrontar el gran desafío económico y de cambio institucional que conlleva. 
No podemos obviar estas circunstancias y creer que podemos dar otro paso sin profundizar en nuestras instituciones. 
Por otro lado, señor Presidente, otro de los desafíos consiste en transmitir a los ciudadanos que el proyecto de la Unión Europea merece la pena, que forma parte de nuestro futuro y que, a pesar de las contradicciones en que podamos caer y de nuestras miserias, Europa sigue siendo la única esperanza para todos. 
Señor Presidente, siguiendo la rutina de este Parlamento- de la cual forma parte el debate, a menudo estéril, sobre el estado de la Unión- nadie, excepto los diputados italianos, ha querido ni siquiera por un momento prestar atención al hecho de que, el pasado domingo, un diputado a este Parlamento- que, por otra parte, desde hace un año no se digna aparecer en esta Asamblea- ha proclamado oficialmente el nacimiento de una república independiente y soberana en el interior de uno de los países fundadores de la Unión Europea, anunciando la formación de un gobierno provisional y de una guardia nacional paramilitar. 
Ningún miembro de la Comisión, señor Samper, ha querido responder a nuestra pregunta formulada hace tres meses sobre los riesgos de lucha armada y guerra civil en Italia. 
Nadie se da cuenta- o acaso finge no darse cuenta- de que este regionalismo exasperado, basado en egoísmos socioeconómicos, puede ser un detonador devastador para todos los regionalismos irredentos en Europa. 
Nadie quiere detenerse a reflexionar sobre el hecho de que los motivos justificados de protesta de los electores de la Liga contra el Estado centralista, rapaz, burocrático e ineficiente pueden ser utilizados por el eurodiputado Bossi, demagogo y sin escrúpulos, para fines de poder personal, con gravísimos riesgos de inestabilidad en toda Europa. 
¡A ver si alguien se da cuenta! 
Señor Presidente, le agradezco, al igual que a los Presidentes del Consejo y de la Comisión, sus comentarios constructivos. 
En el debate similar que se llevó a cabo no hace todavía un año, intervine acerca de las cuestiones relacionadas con el sector industrial y las ayudas al sector de la construcción naval. 
Ahora podría volver a hablar de ello. 
El desempleo continúa registrando cifras elevadísimas y no se ha encontrado una solución adecuada al tema de las ayudas a la construcción naval. 
Cuando se inició el período de Presidencia de Irlanda afirmé que toda la cuestión de credibilidad de la UE desde el punto de vista de los ciudadanos reside en la mejora de la situación del empleo. 
Ahora lo vuelvo a repetir. 
En Finlandia organizamos una audiencia sobre la CIG para las organizaciones no gubernamentales, en la que el empleo se reveló claramente como la cuestión fundamental. 
Los comentarios de las organizaciones reflejaban la creencia en que la UE cuenta claramente con capacidad para influir en la mejora de la situación del empleo. 
El movimiento sindical exige que la competencia en materia de empleo se incluya claramente en el Tratado. 
La asociación de municipios dice que la CIG debería incrementar la atención que se presta a los aspectos relacionados con el empleo haciendo que esté presente en todas las actividades de la Unión. 
La organización de desempleados puso de relieve naturalmente la recuperación del empleo y de la economía como los asuntos decididamente más importantes. 
Según los desempleados, debe crearse una línea de actuación común en defensa del crecimiento económico sostenible, debe lograrse que el funcionamiento del mercado interior sea verdaderamente favorablemente al empleo, Europa debe desarrollar de manera decidida un sistema monetario común más estable. 
Las organizaciones de ámbito social, e incluso las de jubilados, apoyaban también el objetivo del empleo. 
En la audiencia se puso igualmente de manifiesto que la superficie de bosques de la UE y la capacidad de la industria forestal se han duplicado con los nuevos Estados miembros. 
La industria forestal subrayó la importancia de la moneda única e hizo hincapié en que los detalles en materia de selvicultura en los diferentes Estados miembros se deben regular mediante directivas. 
No obstante, en el sector se pueden alcanzar progresos a través de una estrategia común, por ejemplo, en la certificación de los productos derivados de la madera. 
Las organizaciones de protección de la infancia exigieron que se estudiasen de manera sistemática los posibles efectos de las decisiones, disposiciones y directivas comunitarias en la vida de los niños y de sus familias. 
Las asociaciones de minusválidos exigieron el fin de la marginación, y las organizaciones de consumidores desearían la inclusión de los asuntos que les afectan en el orden del día de la CIG. 
Señor Presidente, todas estas exigencias han surgido en el seno de los ciudadanos. 
Ya es hora de responder a las expectativas. 
Señor Presidente, permítame decir con la mayor imparcialidad que la Presidencia irlandesa está realizando un excelente trabajo. 
Está desempeñando un liderazgo fuerte y nos está ofreciendo a todos los europeos una clara visión de toda una serie asuntos complejos, desde aquéllos relativos a la droga y el crimen, hasta los difíciles preparativos para la ampliación. 
Lo que Europa necesita hoy es coordinación y cooperación a nivel europeo para crear puestos de trabajo para toda nuestra población. 
Pero ¿qué tenemos? 
En vez de medidas prácticas para estimular nuestras economías y generar el crecimiento, tenemos a los ministros de Economía de Alemania y Francia abogando y persiguiendo unas medidas que tendrán unos efectos exactamente opuestos. 
Para que la Unión Económica y Monetaria sea un éxito, la población no debe asociar dicha unión con el crecimiento del paro y con recortes de las prestaciones sociales. 
De ello se deduce, por consiguiente, que en vez de mantener una fijación ciega en un calendario rígido para la moneda única, necesitamos reconocer que la flexibilidad debe estar a la orden del día. 
Del mismo modo, cuando nos planteamos cómo llegar a esa moneda única, no podemos ignorar la importancia de lograr una auténtica convergencia económica. 
Francamente, el debate fundamental ahora no debería girar en torno al pacto de estabilidad para ensalzar aún más los criterios de convergencia de Maastricht, ni hablar de sanciones contra aquellos que no mantengan bajo sus déficits. 
Esto nos devuelve a los años treinta, en vez de hacernos avanzar hacia el nuevo milenio. 
Lo que hace falta es cambiar el énfasis. 
La creación de puestos de trabajo debería representar el papel principal. 
El Fondo Europeo de Inversiones necesita ser ampliado, hay que destinar recursos a las redes transeuropeas y a las pequeñas empresas, la idea del Libro Blanco de Delors necesita convertirse en una realidad y los fondos estructurales deben ser utilizados con mayor eficacia. 
Ésa debería ser la agenda en estos momentos y en el futuro. 
Es el camino a seguir para crear el tipo de Europa que realmente importa a nuestra población, y espero que sea eso lo que ocurra en el futuro. 
Señor Presidente, señor Santer, también yo estoy encantada de tener la oportunidad de dar hoy la bienvenida al Parlamento al Taoiseach, y quiero también felicitarle, señor Taoiseach, por su intervención. 
Este debate nos brinda una excelente oportunidad a aquellos de nosotros que participamos en la política de la UE para alejarnos de los asuntos terrenales del día a día y contemplar la imagen más amplia de analizar los avances que ha hecho la Unión durante el pasado año, e intentar trazar el camino que debe seguir la Unión en el futuro. 
Si volvemos nuestra mirada al pasado año podemos ver que se han conseguido algunos logros, aunque el ritmo ha sido muy lento y, como ya le han dicho muchos oradores hoy aquí- y creo que usted ya lo sabe, señor Taoiseach- Europa no es una fuente de inspiración para la gente sencilla. 
La población no considera que Europa tenga una relevancia directa sobre sus vidas. 
En el Parlamento representamos a más de 340 millones de personas de todo el continente, y todas ellas sufren las consecuencias del problema del desempleo. 
Usted ha podido oír los llamamientos reiterados que se han hecho aquí hoy para que se tomen medidas encaminadas a reducir el desempleo, algo a lo que ya estamos acostumbrados en este tipo de debates. 
Siempre estamos oyendo que el tema del desempleo debe ocupar el primer lugar de la agenda. 
El año pasado le dije al Comisario Sr. Flynn, y se lo repito ahora a usted, señor Taoiseach, que me gustaría que llegáramos a una situación en la que el desempleo figure como la última de las prioridades, no porque no nos interese resolver el problema, sino porque ya ha sido resuelto. 
Aunque debo felicitarle por sus buenas intenciones, el proyecto europeo no avanzará si se evitan tomar decisiones difíciles. 
Estimamos que no es probable que se avance significativamente en ninguno de los temas importantes en la CIG hasta después de las elecciones generales del Reino Unido. 
No obstante, usted debe resistir la tentación de permitir que las cosas se estanquen hasta entonces. 
Presentarnos su visión del futuro está muy bien, pero el auténtico desafío consiste en conseguir que las cosas funcionen realmente para la población de Europa. 
Existe la creencia general de que el orden del día de la cumbre de Dublín de octubre no está demasiado cargado, por ello creo que sería bueno incluir el desempleo entre los asuntos a tratar para poner las mentes a trabajar y comenzar a tomar las decisiones importantes que deben tomarse. 
Si quiere ganarse el respeto y los corazones de la gente, ¿por qué no comenzar por dar marcha atrás a la reducción del 10 % propuesta por el Consejo de Ministros del presupuesto para la cooperación al desarrollo? 
Por alusiones personales, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento, tiene la palabra el Sr. Voggenhuber. 
Le recuerdo, no obstante, que deberá atenerse a lo establecido en dicho artículo y que yo comprobaré rigurosamente si en efecto se trata de dar respuesta a una alusión personal. 
Señor Presidente, la Sra. diputada Hawlicek me ha acusado de atizar temores con mi intervención ante el Parlamento y de mantener una actitud electoralista. 
No he intervenido aquí como candidato, sino como diputado austriaco electo ante el Parlamento Europeo. 
No quiero atizar temores, sino expones ante esta Cámara y ante los representantes del Consejo y de la Comisión las preocupaciones de sectores importantes de la población. 
No se trata de temores. 
Austria tendrá dentro de pocos años el nivel de desempleo más alto... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señoría, ahora se está refiriendo usted al tema de este debate. 
Ya ha respondido a la alusión y no se trata de ampliar ahora el debate con una nueva aportación. 
El artículo 108 del Reglamento no contempla esta posibilidad. 
Tiene la palabra el Sr. Burton, Presidente del Consejo Europeo, quien dará respuesta a algunas preguntas. 
Señor Presidente, el tema predominante del debate ha sido el intento de responder a la pregunta «¿Por qué actualmente Europa no despierta sentimientos en los ciudadanos?» 
El Sr. Méndez de Vigo ha ofrecido la opinión de que no se ha inculcado poesía en la política europea. 
Creo que lo que ocurre es que nos falta el sentido histórico, el sentido para comprender la perspectiva histórica en la que estamos trabajando. 
Lo cierto es que en este siglo han muerto 190 millones de personas a causa de las guerras, 60 millones de las cuales, en Europa. 
Desde que existe la Unión no ha muerto prácticamente nadie víctima de la guerra en Europa occidental y necesitamos disipar el pesimismo reflexionando sobre ese importante hecho histórico. 
En segundo lugar, resulta fácil estimular el entusiasmo en los Estados-nación porque, como decía en el debate, muchos Estados-nación surgieron de la guerra o para explotar a otros Estados. 
La Unión surgió de la paz para hacer cosas prácticas. 
Es natural que no despierte el tipo de pasiones atávicas que despiertan a veces los Estadosnación, pero eso es un cumplido para Europa y no una crítica. 
En tercer lugar, debemos comprender la dificultad de la tarea que Europa está llevando a cabo actualmente. 
Esperamos poder ampliar nuestra asociación de forma radical y, al mismo tiempo, estrechar aún más los lazos que nos unen. 
Cualquiera que reflexione sobre lo que sucedió en los Estados Unidos entre 1861 y 1865, y que conozca las causas directas que condujeron a la Guerra Civil norteamericana, comprenderá que no se trata de una tarea fácil. 
Fue una tarea que los Estados Unidos no consiguieron llevar a cabo de forma pacífica. 
Nosotros sí lo lograremos en la Unión y debemos felicitarnos por nuestras aspiraciones en ese sentido. 
Además, la historia está del lado de la Unión, porque todas las tendencias en el campo de la tecnología moderna apuntan a que la interdependencia está a la orden del día. 
No podemos vivir los unos sin los otros. 
Nos vemos afectados los unos por los otros, ya sea a través de Internet, a través de las comunicaciones internacionales o través del dinero que mueven las Bolsas. 
La única forma en que la sociedad puede controlar esas cosas que afectan a sus vidas es a través de una gran entidad como la Unión Europea. 
Los Estados-nación simplemente no pueden hacerlo. 
En vez de tanta autocrítica como ha habido en este debate, sería bueno reflexionar sobre el hecho de que la historia está del lado de la Unión. 
Además, sólo a través de la Unión podremos abordar los problemas que afectan al medio ambiente a escala mundial. 
Si los Estados miembros actuaran a nivel individual no tendrían esa posibilidad. 
Reconozco la necesidad de que centremos nuestra atención en las preocupaciones reales del día a día. 
En el debate se ha defendido ardientemente la necesidad de centrarnos en la lucha contra el desempleo. 
Transmitiré el mensaje a la cumbre de Dublín Uno y a la cumbre de Dublín Dos. 
Del mismo modo transmitiré la opinión unificada del Parlamento de que debemos actuar contra la amenaza de la droga y contra la utilización de la tecnología moderna que hacen los delincuentes, y que debemos adoptar medidas jurídicas para luchar contra ello a nivel de la Unión. 
Pero, una vez más, no hay motivo para el europesimismo, porque sólo un organismo de las proporciones de la Unión podrá luchar contra las redes internacionales del crimen organizado. 
Los Estados-nación no tendrán ni tienen esa posibilidad. 
Por ello les ruego, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, a ustedes que son los líderes de la opinión pública europea, que no sigan diciendo en los debates en esta Asamblea que la Unión no está alcanzando sus objetivos, que hay motivos para el europesimismo, porque la población comenzará a creerles y sus predicciones se cumplirán. 
Lo cierto es que esta Unión Europea tiene un problema debido a su éxito. 
Debido al alcance de su éxito, la población da por descontada la existencia de la Unión. 
Por ello espero que en los futuros debates sobre el estado de la Unión no nos dejemos llevar por el pesimismo, como ha sido el caso en el presente debate. 
Quisiera decir que uno de los mensajes que he percibido con gran fuerza del debate es que el Parlamento espera buenos resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
No quiere una chapuza exenta de ambiciones que conste de un puñado de pequeñas reformas para que la gente tenga la sensación que ha hecho algo y que ya puede irse a casa. 
Recojo firmemente ese mensaje del debate y lo transmitiré a Dublín Uno y Dublín Dos. 
El Parlamento quiere que se resuelvan los problemas y haré todo lo que esté en mis manos, en calidad de Presidente en ejercicio, para asegurarme de que así se hará. 
Pero necesitaré el apoyo del electorado y de cada uno de mis colegas de los Estados miembros. 
Quiero decir algo sobre la Primera cumbre de Dublín. 
Se han hecho algunos comentarios en el debate de hoy sugiriendo que Dublín Uno haga esto o que haga aquello, y que Dublín Uno debe resolver este o aquel problema. 
Quiero dejar muy claro que el objetivo de Dublín Uno no es tomar decisiones. 
En Turín acordamos que Dublín Uno no sería un Consejo en el que deban tomarse decisiones. 
No se emitirá ninguna conclusión. 
¿Por qué? 
Lo cierto es que los problemas de Europa son tan profundos, que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea necesitan reunirse de vez en cuando para tratar sobre dichos problemas de manera preliminar, sin sentir la presión de los micrófonos que les colocan debajo de la nariz tan pronto como salen de la reunión para ser preguntados por lo que han estado haciendo durante la última hora y media. 
Necesitamos tiempo para reflexionar juntos en Dublín Uno si queremos que Dublín Dos sea un éxito. 
Será en Dublín Dos donde se tomen las decisiones. 
Les pido por tanto que no abriguen expectativas desmedidas sobre los resultados o las decisiones de Dublín Uno. 
No ha sido pensado con ese fin. 
Ha sido pensado para que sirva de preámbulo a la toma de decisiones en Dublín Dos y en otros Consejos. 
Por último, quiero hacer dos observaciones en respuesta a algunas opiniones expuestas aquí durante el debate. 
Aquellos de ustedes que critican la moneda única no deben olvidar que la moneda única significará que las distintas monedas nacionales dejarán de estar sujetas a la especulación en las Bolsas extranjeras. 
Eso ayudará a proyectar el empleo. 
Segundo, aquellos de ustedes que defienden el modelo de la Europa Social no deben olvidar que dicho modelo sólo será posible con una Europa competitiva. 
Para vender nuestras mercancías tenemos que competir con aquéllas de otros países. 
Sólo podremos crear una Europa Social si disponemos de los medios económicos para ello. 
Debemos, por consiguiente, ocuparnos de ambas cuestiones- la competitividad y la redistribución, juntas- y no una después de la otra. 
No podemos permitirnos olvidarnos de ninguna de las dos. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo Europeo. 
Queda cerrado el debate sobre el estado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, por una cuestión de orden. 
He tenido conocimiento de que la información sobre los textos aprobados en el Parlamento ya no se difundirá en adelante en una sola lengua, sino simultáneamente en inglés y en francés. 
Ambas versiones lingüísticas se difundirán también a través de Internet. 
¿Por qué se prescinde del alemán? 
Señor Rübig, trabajamos en esa dirección, pero la red del Parlamento no está todavía en condiciones de poder cumplir con su solicitud ni con la de otros diputados para otras lenguas. 
Votaciones 
¡No, no, un momento! 
¡No se alteren, Señorías! Esto requiere una aclaración... 
En la carta se argumenta que está justificado el rechazo de la posición común porque muchas de las enmiendas no han sido aceptadas. 
La Comisión ha rechazado las enmiendas decisivas, las que realmente podrían contribuir a la protección de la flora y la fauna. 
En este sentido, la carta se ajusta a los hechos. 
(Aplausos) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, ahora tiene usted que proceder a las votaciones de los informes. 
¿Por qué no respetar el orden en el que se debatieron ayer? 
Invirtió usted su posición y pedimos que los informes Tongue, Herman y Barzanti pasen antes de los demás porque se debatieron antes. 
Señor Herman, como ha podido comprobar, así lo prevé el orden del día que tiene delante. 
Nadie lo ha puesto en duda esta mañana. 
Quisiera sólo explicar a la Asamblea- porque, al preparar las votaciones, yo también pedí que se me pusiera al día- que existe la costumbre de dar siempre prioridad a las votaciones sobre propuestas de carácter legislativo. 
A partir de ahí, es cierto, que el informe Rocard se ha antepuesto a los tres informes sobre los que no llegamos a votar ayer, es decir el suyo, el del Sr. Barzanti y el de la Sra. Tongue. 
Si la Asamblea así lo desea, yo no tengo ningún reparo en anteponer estos tres informes al del Sr. Rocard. 
Temo que no llegaremos a tiempo para votar sobre todos. 
Someteré la cuestión a votación. 
Admito la intervención de un orador de opinión contraria. 
Señor Presidente, de hecho usted ya ha mencionado el argumento, pero aquí tenemos la buena costumbre de tratar primero los informes que versan sobre la legislación, los miércoles por la tarde, antes de pasar a los demás informes. 
He de constatar que a medida que pasa el tiempo, esta sala se está quedando vacía y en cualquier caso en el orden del día hay un informe de la Comisión de Derechos de la Mujer, cuyos intereses defiendo. 
No veo por qué tenemos que desviarnos de nuestra costumbre de sacar a votación primero los informes sobre legislación. 
Le ruego que lo haga primero. 
Señor Presidente, usted sabe perfectamente que ayer interrumpimos de improviso la sesión porque era demasiado tarde y había concluido el debate sobre estos tres informes. 
Las conferencias de prensa ya habían sido convocadas y los periodistas habían preparado ya todos sus artículos para hablar de estos temas, que también les interesan mucho. 
Si votamos hoy- y los periodistas están a la espera de la votación -, estos artículos aparecerán en la prensa. 
Si votamos mañana, el tema estará totalmente agotado, muerto desde el punto de vista de la prensa. 
Por supuesto, no todos los trabajos de nuestro Parlamento se siguen con tanta pasión: pero si nuestra actuación hace imposible el trabajo de los periodistas, ¡seguramente será más difícil que nos sigan en otras ocasiones! 
(El Parlamento rechaza la propuesta de modificar el orden de la votación) 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación del Parlamento australiano, que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
La delegación de diputados australianos, dirigida por el Sr. Watson, ha venido a Estrasburgo para participar en una conferencia interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y el Parlamento australiano. 
Esta conferencia, presidida por el senador Watson y por el Sr. Kerr, presidente de la delegación del Parlamento Europeo para Australia, es la vigésima de esta serie, número que refleja claramente la antigüedad de nuestras relaciones amistosas con Australia. 
Señores diputados, les deseo pleno éxito en su labor y les doy la bienvenida en el Parlamento Europeo. 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisión si, en vista del gran apoyo que el Parlamento ha dado a estas propuestas, está dispuesto a aceptar nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero ratificar que, tal como ya les ha anunciado el Sr. Flynn, la Comisión sólo puede aceptar la enmienda 5. 
Señor Presidente, en estas condiciones pido la devolución a comisión de este informe. 
Nosotros consideramos muy importante que este debate prosiga. 
(El Parlamento aprueba la devolución a comisión) 
Señor Presidente, lamento tener que volver a hablar de esta cuestión. 
Ha sucedido algo muy extraño. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer hemos hablado largo y tendido de este informe, y durante los debates nos hemos ocupado de que la Comisión Europea estuviera presente. 
En todos estos debates no hemos podido constatar que los representantes de la Comisión tuvieran problemas con las enmiendas. 
Me parece sumamente extraño tener que enfrentarme ahora, en el pleno, al hecho de que la Comisión considera inaceptables todas estas enmiendas. 
Asimismo me parece insensato que la Comisión Europea trate así el trabajo del Parlamento, porque así naturalmente no podemos elaborar rápidamente las propuestas que el Consejo quiere aprobar. 
Por consiguiente, en este caso el retraso no es culpa del Parlamento, sino de la Comisión Europea. 
Quisiera pedirle al Comisario Fischler que se lo comunicara a su colega, el Sr. Flynn. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, tengan la seguridad de que yo comunicaré, naturalmente, cuanto aquí se ha dicho a mi colega, el Sr. Flynn, y en segundo lugar, puedo anunciarles en su nombre que acudirá gustosamente a exponer su posición ante la comisión competente. 
Señor Presidente, quiero recordar que en la comisión nos pronunciamos con toda claridad sobre el fundamento jurídico. 
En cualquier caso, yo le pido al Grupo del Partido Popular Europeo que retire la enmienda 42, puesto que los contenidos máximos de residuos para los productos de cultivo ecológico quedaron fijados en el Reglamento 2092/91 y no pueden fijarse de ningún modo en esta directiva, toda vez que ya existe un reglamento específico que los regula. 
Por otra parte, yo quisiera señalar una vez más a la Asamblea que las enmiendas 34, 36 y 40 de la Sra. Redondo son problemáticas, puesto que se remiten al anexo 6 de la Directiva 91/414. 
Sin embargo, como ustedes saben, el Parlamento Europeo interpuso un recurso contra dicho anexo y el pasado 18 de julio el Tribunal de Justicia Europeo declaró nulo e invalidado el anexo 6 de la citada directiva. Por consiguiente, las enmiendas se remiten a un anexo que ya no existe. 
Quisiera informar a la Asamblea que, tras la decisión del Tribunal Europeo, los servicios técnicos del Parlamento ya han procedido a adaptar la redacción de las enmiendas. 
Señor Presidente, podemos estar de acuerdo con la propuesta de la Sra. Breyer de retirar la enmienda nº 42. 
Pero no estamos de acuerdo con lo que ella ha dicho respecto de las enmiendas 34, 36 y 40, puesto que si, efectivamente, se anuló la directiva, no se ha anulado el anexo. 
Yo quisiera volver a hacer uso de la palabra. 
Sra. Redondo, lo que fue anulado e invalidado fue el citado anexo 6, no la Directiva. 
Usted ha manifestado exactamente lo contrario, como si se mantuviera en vigor el anexo, pero no la Directiva. 
Dada la enorme confusión que existe al respecto, yo ruego a la Mesa de Presidentes que verifique este punto, a fin de que el Parlamento pueda decidir sobre la base de una información correcta. 
Tras la aprobación de la enmienda 40 
Señor Presidente, sin querer aludir a nadie en particular, permítame señalar que existe una disposición de los cuestores, confirmada por la Mesa, por la que se prohíbe la utilización de teléfonos móviles en el hemiciclo. 
¿Puedo pedir que se respete dicha disposición? 
Señor Balfe, le agradezco su indicación. 
De hecho, existe esa decisión y espero que los diputados la respeten. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, quisiera pedirle que interrumpiera las votaciones. 
Acabamos de oír al Sr. Herman. 
Hemos cambiado el orden. 
No podemos limitarnos a tratar el informe Rocard y dejar de lado los demás informes. 
Noto que otros compañeros en este Parlamento tampoco están de acuerdo. Quisiera pedirle que lo aplazara. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de aplazamiento de la sesión) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
No tiene sentido que celebremos las votaciones de este modo- es la hora de comer y no hemos terminado. 
Realmente va siendo hora de que la Conferencia de Presidentes estudie el modo en que asignamos el tiempo a las votaciones para garantizar que podamos realizarlas de forma sensata. 
Esto es una confusión y no puede seguir así. 
Señor Hallam, es verdad lo que usted dice, pero el Consejo no es responsable del orden del día; lo hemos establecido nosotros. 
Somos nosotros los que, quizás, tengamos que recapacitar algunos puntos. 
Señor Presidente, es inhabitual, pero me gustaría de todos modos aprovechar esta ocasión para manifestar personalmente al Sr. Herman cuánto lamento la manera en que se produce todo esto y darle prueba de mi amistad. 
No es mi culpa. 
Quería decirle que lo comprendo y que le doy testimonio de mi emoción. 
Con la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, la Europa social vuelve a ocupar por primera vez en mucho tiempo los titulares con una noticia positiva. 
Ante los innumerables riesgos de dumping social a través del desplazamiento temporal de trabajadores de los países de la UE o de terceros países, sobre todo en el sector de la construcción, cada vez es más evidente que la libre competencia en el ámbito del mercado interior y la política de apertura a terceros países deben ir acompañadas de medidas sociales si queremos evitar que pronto se venga abajo todo el sistema de medidas sociales. 
El Gobierno de Luxemburgo mantuvo encomiablemente una posición muy dura en el Consejo, en particular por lo que respecta al período de carencia, es decir el período durante el cual no son aplicables los salarios y las normas de protección social del país receptor. 
Este período de carencia ya no se contempla; por lo tanto, salvo en algunas pocas excepciones, debe aplicarse plenamente el derecho al salario mínimo y también al período mínimo de vacaciones anuales pagadas vigentes en el país receptor, con lo cual el dumping social ya tampoco es posible. 
El aspecto del control será importante en este contexto. 
El principio que se ha decidido preservar depende de que exista un control. 
Asimismo, es absolutamente necesaria una estrecha colaboración entre los Estados miembros de la UE para garantizar y salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
La directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, si llega a aplicarse, representará un progreso real tanto por lo que respecta a los intereses de los trabajadores como para la realización de un mercado interior que, además de la libertad para los empresarios, también garantice una clara y concreta salvaguarda social transfronteriza. 
El informe del colega Helwin Peter merece nuestro pleno y absoluto respaldo por este motivo. 
No ha sido sencillo alcanzar un compromiso aceptable sobre el tema del desplazamiento de trabajadores. 
Sin embargo, era imprescindible lograrlo para poner coto a la práctica del dumping social como resultado del ejercicio del derecho a la libre prestación de servicios dentro del mercado interior. 
Es inaceptable, en efecto, que se burlen las leyes sociales nacionales (sobre salario mínimo, prestaciones sociales o derecho al trabajo, por ejemplo) mediante el desplazamiento temporal de trabajadores de otros Estados de la UE o de terceros Estados, con la consiguiente expulsión del mercado de las empresas que respetan las disposiciones legales por otras que las ignoran. 
El presente texto ofrece la posibilidad de impedir este dumping social desde el primer día del desplazamiento. 
El Consejo ha recogido en este aspecto la posición del Parlamento, un hecho que conviene destacar positivamente. 
No obstante, también se incluye la posibilidad de que el legislador nacional o los interlocutores sociales nacionales puedan ampliar este límite hasta un mes. 
El reconocimiento de esta excepción es encomiable desde el punto de vista de la subsidiariedad, pero sería preferible alcanzar una solución unitaria para toda Europa. 
Lamentamos que la posición común no haya sido más estricta y clara, pero puesto que de todos modos demuestra tener buenas intenciones respecto de los trabajadores, votamos «sí». 
Informe Pollack 
Todos sabemos que las buenas intenciones si no van corroboradas por hechos son tañidos al viento. 
Y nunca mejor dicho, porque un mayor intercambio de información sobre la contaminación atmosférica, siendo positivo, no basta, por sí solo, para descontaminar el aire que respiramos. 
Por ello, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor reitera las enmiendas presentadas en primera lectura, para que el Consejo y la Comisión asuman que la citada información ha de ser pública y al alcance de todo ciudadano para su control. 
Todos sabemos, incluso los políticos, que la contaminación atmosférica es uno de los problemas acuciantes en las ciudades de la Unión, y de ahí la necesidad de que las enmiendas de nuevo presentadas por la Sra. Pollack- y que contarán con mi voto- sean adoptadas. 
La cooperación para la obtención y el intercambio de información fidedigna sobre la contaminación atmosférica en los Estados miembros es un eslabón importante en los esfuerzos por conocer las fuentes más importantes de contaminación y, por lo tanto, una condición indispensable para una lucha más sistemática contra la creciente contaminación atmosférica. 
Como es sabido, ya existen valores límite en la UE para las emisiones de una serie de sustancias nocivas, como el CO2, el plomo y el ozono. 
No obstante, tal como dijo la Comisión de Medio Ambiente en la primera lectura, las medidas comunitarias actuales en este aspecto han sido aplicadas esporádicamente, por no decir aleatoriamente. 
Se requiere, por tanto, la aplicación de normas homogéneas para la fijación de los valores límite para las emisiones de todas las sustancias nocivas. 
Estos valores límite han de ser fijados, obviamente, sobre la base de datos lo más completos posible respecto al medio ambiente. 
Lamentablemente, según la presente propuesta, los Estados miembros sólo están obligados a transmitir datos sobre los contaminantes que ya miden. 
Con la enmienda sobre revisión de la propuesta al cabo de dos años, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha subrayado su deseo de una próxima intensificación del nivel de exigencia de las disposiciones de la propuesta. 
Es decisivo que el público tenga acceso a los datos recogidos. 
Resulta positivo advertir cómo la Comisión ha aceptado la mayor parte de las enmiendas del Parlamento en la primera lectura, sobre todo la que va dirigida a implicar a la recién creada Agencia Europea de Medio Ambiente en la tarea de recoger, valorar y transmitir los datos importantes. 
Informe Virgin 
Sobre la recomendación del ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ivar Virgin, sólo resta decir que durante el año pasado y en enero de este año el ponente ha hecho un esfuerzo encomiable, cuidadoso y asiduo por alinear a la Comisión con el Parlamento Europeo en relación con el tema de la vigilancia y control de los traslados de residuos peligrosos en el interior, a la entrada y a la salida del territorio de los Estados miembros de la UE. 
Tal como resulta de la posición común del Consejo, no ha sido posible convencer a éste de la necesidad de un cumplimiento consecuente del «principio de proximidad» y del principio de prevención. 
En el futuro, los residuos serán tratados en el lugar más cercano al sitio en que se produzcan. 
En la situación actual, el Parlamento apenas tendrá otra posibilidad que seguir la recomendación del ponente, es decir, volver a presentar las enmiendas aprobadas en la primera lectura de la propuesta de revisión del Reglamento CEE 259/93 a principios de año. 
En mi calidad de ponente para opinión sobre la propuesta de reglamento «Cites» , desearía manifestar que estoy especialmente satisfecha, porque la propuesta común del Consejo se acerca al dictamen presentado en primera lectura por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
En efecto, el texto ya no contempla la posesión de especies de flora y fauna salvajes con fines no comerciales, tal como se desprende del cambio del título del reglamento. 
No obstante, el texto sigue teniendo un punto flaco en el artículo 9, que somete cualquier desplazamiento de especímenes contemplados en el Anexo A a una autorización previa, lo que haría la vida difícil, si no imposible, a las autoridades competentes. 
En efecto, éstas serían objeto de demandas diarias de «autorización previa» por parte de los halconeros que, naturalmente- y legalmente- se desplazan sin cesar. 
Mi grupo ha presentado una enmienda para corregir lo que considero como un infortunado accidente de recorrido en la posición común, ya que no hay ninguna razón para prohibir prácticamente la cetrería en la Unión Europea. 
Lamento que el Parlamento no haya aprobado esta enmienda. 
Abstracción hecha de esto, la posición común es aceptable y evidentemente no hay razón para rechazarla. 
Nuestro grupo ha presentado seis enmiendas sobre el informe de la Sra. van Putten. 
El comercio de las especies de fauna y flora salvajes debe reglamentarse y controlarse. 
Evidentemente, en ello va la salvaguardia de algunas especies que pueden debilitarse en el contexto ecológico, medioambiental y económico actual. 
No obstante, el exceso de obligaciones y de torpezas, y el exceso de reglamentaciones pueden producir efectos contrarios a los deseados. 
Es la razón por la cual mi grupo ha votado en contra de algunas enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores. 
Pienso especialmente en la enmienda 12 que suprime la posibilidad de utilizar especies de fauna y flora salvajes para las actividades de investigación o de enseñanza dirigidas a la salvaguardia o a la conservación de las especies. 
Es necesario que nuestros estudiantes y nuestros investigadores puedan trabajar con muestras reales en lugar de hacerlo con fotografías u otros materiales llamados «pedagógicos». 
Las seis enmiendas propuestas por mi grupo tratan de proteger la actividad tradicional que es la cetrería. 
Todos sabemos que existen espectáculos donde se utilizan halcones y rapaces. 
Dichos espectáculos permiten mostrar al público las capacidades extraordinarias de estos animales y hacer que sean apreciados por el mayor número posible de nuestros ciudadanos. 
Sería ridículo suprimir esta posibilidad pedagógica y olvidar que estos animales han sido hostigados durante mucho tiempo por la imagen negativa que tenían entre la gente. 
He escuchado con satisfacción- a través de las palabras de la Sra. comisaria Bjerregaard- la respuesta de la Comisión que acepta nuestra propuesta porque está sencillamente llena de sentido común. 
Espero que a lo largo de la votación en sesión plenaria, la mayoría de mis compañeros apruebe esta posición. 
Informe Breyer 
Los contenidos máximos de residuos de productos fitosanitarios en los productos agrarios previstos por la propuesta de modificación, 0, 01 mg/kg para cada sustancia y 0, 005 mg/kg para el contenido global, tienen gravísimas repercusiones en la producción y el consumo de alimentos en la CE, en la productividad y la competitividad de los productores agrícolas europeos y en las relaciones comerciales internacionales. 
El sistema actual de fijación, en el momento de la autorización (registro) , del contenido máximo de residuos de cada sustancia y cada cultivo en el que ésta se emplee se aplica a escala internacional desde hace más de 30 años. 
Ha sido desarrollado y perfeccionado por la FAO, la Organización Mundial de la Salud y el «Codex Alimentarius» a fin de permitir el comercio internacional de productos alimenticios excluyendo posibles riesgos tóxico-sanitarios. 
No ha planteado nunca problemas y es seguido por los principales países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo. 
De hecho, la utilización de cada sustancia está permitida actualmente en uno o más cultivos según modalidades de uso específicamente definidas, y para cada una se fija un contenido máximo de residuos (CMR). 
Este contenido es la máxima concentración de residuos de la sustancia en el cultivo que puede alcanzarme con el correcto uso del producto, con suficientes y amplios márgenes de seguridad en el hombre. 
El respeto del contenido máximo, además de la máxima seguridad para el hombre, garantiza la correcta utilización del producto. 
Así pues, resulta evidente que los CMR no tienen conexión con los problemas medioambientales, previstos por la Directiva 91/414/CEE, ya que su única función es ofrecer la máxima protección al hombre contra los posibles riesgos para la salud. 
De conformidad con la Directiva 91/414/CEE, debe facilitarse, para cada producto o cultivo, una amplia documentación en función de las características específicas quimicofísicas, toxicológicas, medioambientales y agronómicas, dado que la persistencia de los residuos y su peligrosidad varían de un producto a otro y de un cultivo a otro. 
Por lo tanto, la exigencia de esta documentación no está justificada por un único contenido máximo de residuos en todos los productos. 
La consecuencia de la adopción de un único CMR (contenido máximo de residuos) demasiado bajo sería la eliminación de la mayor parte de los usos de los productos fitosanitarios, en especial en los cultivos hortofrutícolas de los países mediterráneos. 
Además, no existen pruebas técnicas o científicas de los riesgos para la salud derivados de las sumatorias de los residuos en cuestión, ni se conocen las bases científicas para poder fijar contenidos sumatorios de residuos (¿por qué 0, 05 mg/kg y no 0, 004 o 0, 006?) 
El daño económico y social para la agricultura italiana no podría compensarse de ningún modo con la adopción de técnicas alternativas, como la agricultura biológica. 
Por lo tanto, su abandono en favor de nuevos criterios tendría graves consecuencias en el comercio internacional de productos agrarios, sean exportados o importados en la Comunidad, con dramáticas repercusiones agrícolas, económicas y sociales. 
Por otra parte, está ampliamente demostrado el carácter indispensable de los productos fitosanitarios para poder garantizar las demandas alimenticias, en fuerte crecimiento con el aumento de la población mundial. 
En Italia, la aplicación de la lucha integrada- que prevé la utilización de medios químicos y de medios biológicos -, el esfuerzo de racionalización de los usos, el progreso técnico y el desarrollo de nuevos productos han permitido una reducción de casi el 25 % del total de productos fitosanitarios empleados. 
Así pues, aceptamos la propuesta, si bien votaremos en contra de todas las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, en especial las enmiendas núms. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24 y 31, que se refieren a la modificación de los CMR. 
Informe Rocard 
Señor Presidente, el desempleo supone tal atolladero para los países de Europa y el margen de maniobra de los gobiernos parece tan escaso en un contexto de librecambismo, de crispación defensiva de las diversas categorías socio profesionales y, para algunos de nosotros, de sobreevaluación monetaria que, fatalmente, se llegan a vislumbrar soluciones heterodoxas, que anteriormente se habían descartado a priori. 
Sin embargo, no todas son buenas. 
Por ejemplo, resulta tentador decirse que el dinero dado hoy a los desempleados, estaría mejor utilizado si se destinara a las empresas para que reduzcan el tiempo de trabajo de su personal y contraten a nuevos asalariados. 
Desgraciadamente, este bonito equilibrio teórico es más difícil de llevarlo a la práctica y es sintomático comprobar que el informe Rocard, a pesar de toda la experiencia de su redactor, que fue Primer Ministro de Francia, no propone soluciones muy preparadas, sino simples pistas de reflexión, además, a menudo refutables, que se pide a la Comisión profundice en ellas y que, finalmente, no tienen otra utilidad que la de hacer reflexionar a la gente. 
En efecto, una grave hipoteca pesa sobre esta política. 
Para no parecer como una regresión social o un reparto de la penuria, debería implicar compensaciones salariales, pero en este caso, incluso teniendo en cuenta el ahorro realizado sobre la indemnización del desempleo, corre el riesgo de revelarse costoso y, por lo tanto, de destruir los empleos que desearía crear. 
Para evitar este círculo vicioso, una orientación así debe seguir siendo prudente, contractual y, sobre todo, no costar más caro a la hacienda pública que el importe de las subvenciones al desempleo ahorradas. 
Efectivamente, no debemos perder de vista la situación global. 
La tendencia secular a la reducción del tiempo de trabajo se ha interrumpido en la actualidad en los países desarrollados debido al librecambismo y a la entrada en liza de competidores que no obedecen las mismas normas sociales que nosotros. 
Mientras no se resuelva ese problema, ya sea mediante una política voluntarista, o a mucho más largo plazo, tal vez, mediante un reequilibrio internacional progresivo, la reducción del tiempo de trabajo no podrá ser objeto de una política general sino solamente de experiencias aisladas. 
El Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de que se solicite a la Comisión que estudie cómo se pueden crear más empleos a través de la reducción del tiempo de trabajo a cambio de unas compensaciones económicas para aquellos que ven reducida su jornada laboral. 
Nosotros- los diputados suecos del PPE- hemos votado en contra del informe. 
Consideramos erróneo ilusionar a los ciudadanos con la promesa de que existen unas soluciones simples al problema del paro. 
Los socialistas proponen que se incluya un capítulo sobre el empleo en el Tratado constitutivo de la Unión Europea y que se disminuya el tiempo de trabajo. 
Esto significa que vamos a dar a los ciudadanos unas falsas esperanzas que luego no van a poder cumplirse. 
Es solamente a través de la desreglamentación del mercado de trabajo, de una mejor educación básica, de una mejor formación universitaria con objeto de desarrollar tecnologías punta en los procesos de producción, de unas condiciones laborales justas para las pequeñas empresas, además de una menor presión fiscal que incite al esfuerzo personal que vamos a conseguir que aumente el empleo. 
En nombre de los diputados portugueses del Grupo del Partido Socialista Europeo, he de explicar por qué hemos votado a favor del informe Rocard, pese a algunas observaciones que nos inspira. 
La primera de ellas versa sobre la enorme diversidad de situaciones relativas al empleo, de un país a otro, difícilmente conciliables con soluciones aplicadas uniformemente a los diferentes países. 
De hecho, una solución de este tipo puede ser buena para un país europeo con una estructura económica y social avanzada y no ser pertinente para países como, por ejemplo, Portugal, donde los niveles salariales son mucho más bajos y la tasa de desempleo aún no alcanza cifras alarmantes. 
La segunda se refiere a la necesidad de que países menos desarrollados, como Portugal, intenten intensificar su ritmo de crecimiento económico para aproximarse a los países más desarrollados y, por esa vía, tengan esperanzas de crear empleo duradero y mejor remunerado. 
Ésa es la estrategia a la que da preferencia el Gobierno portugués y por la que apostamos. 
Pero, pese a esas interrogaciones y dudas, votaremos a favor del informe, porque suscita una reflexión y un debate imprescindible en la sociedad europea, en particular en cuanto a la relación trabajo/ocio, empleo/remuneración, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y las transformaciones que representa en la organización de las sociedades modernas. 
Se trata de una importante contribución política e intelectual que el Sr. Michel Rocard nos proporciona, si bien no agota la búsqueda de nuevas soluciones para un desempleo masivo que afecta hoy a las sociedades europeas, desempleo que se presenta como estructural, que desconcierta a los gobiernos y a los ciudadanos y parece resistirse a todas las terapéuticas que se han adoptado. 
Presentar la reducción de la jornada laboral como una solución a la crisis del desempleo es una propuesta que desafía la lógica. 
El nuevo mercado mundial en el que ahora competimos nos impone que seamos lo más competitivos posible. 
Introducir medidas que conllevan costes adicionales sobre la producción de mercancías es algo que debe ser estudiado con mucho detenimiento. 
Una flexibilidad en la organización de la jornada laboral que no infrinja los derechos fundamentales de los trabajadores podría formar parte de una solución integrada al problema del desempleo. 
No obstante, las propuestas presentadas por el Sr. Rocard abordan sólo superficialmente los otros mecanismos que podrían ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo final, es decir, más oportunidades de empleo. 
En particular, la ausencia de un análisis de los costes sobre el sector de las PYME y las microempresas desafía a otras acciones comunitarias encaminadas a ayudar a este sector, reconocido por todos como el motor impulsor del crecimiento del empleo y del crecimiento económico en Europa, por ejemplo, el Tercer programa plurianual para las PYME; artículo 118 del Tratado. 
El enfoque permanente y gradual desechará a personas con muchos conocimientos y años de experiencia. 
Una mayor regulación en el campo del empleo dificultará la creación de puestos de trabajo. 
En estos mismos momentos, la Directiva sobre el tiempo de trabajo aún no ha sido transpuesta a la legislación nacional en muchos países y ciertamente deberíamos aprender de las dificultades que han surgido de dicha legislación. 
Suprimir las horas extraordinarias discriminaría, en particular, a una serie de sectores a los que, por su fuerte carácter de temporada, les supondría un incremento de los costes. 
Por estos motivos no puedo apoyar el informe en su totalidad, aunque contiene muchas propuestas que estaría dispuesto a suscribir. 
Mis felicitaciones al Sr. Rocard por su tenacidad y perseverancia. 
Como representante del grupo de los Verdes, doy naturalmente la bienvenida a este informe sobre la reducción del tiempo de trabajo como instrumento para combatir el paro. 
La situación del mercado de trabajo es injusta, puesto que un gran grupo de personas se encuentra fuera de él, al tiempo que los que tienen un empleo hacen muchas horas extras. 
Por consiguiente, es necesaria una disminución del tiempo de trabajo para rectificar estas circunstancias. 
Un desempleo menor mejorará al mismo tiempo las finanzas estatales de los países miembros. 
Para los trabajadores la reducción de su jornada laboral es beneficiosa, puesto que aumenta su calidad de vida y disminuyen las diferencias sociales entre los que tienen y los que no tienen trabajo. 
En relación con la disminución del tiempo trabajado, también es adecuado rebajar las contribuciones del empresario para incitar a las empresas a emplear más personal, al tiempo que se incrementa la carga fiscal en concepto de medio ambiente y energía, para así encarecer el deterioro de la naturaleza. 
Este informe es un paso en el buen camino. 
No obstante, es importante destacar que no soy partidario de que la UE decida cómo se debe llevar a cabo la acción, y que ésta es una cuestión que hay que gestionar a través de la colaboración intraestatal, y no mediante decisiones adoptadas por encima de los Estados. 
He votado «sí» al informe Rocard. 
No lo he hecho porque crea que ésta es la solución al problema del elevado índice de desempleo en Europa. Pero estamos en un estadio del debate en que hay que poner en marcha unas propuestas como la de la repartición del trabajo, la reducción del tiempo trabajado, unos tiempos de trabajo más flexibles y otras ideas. 
Ninguna de ellas debe considerarse como superflua antes de ser puesta en práctica con el fin de solucionar un problema que afecta a 18-20 millones de ciudadanos. 
La disminución del tiempo de trabajo dará también una mayor calidad de vida a los que actualmente trabajan- muchos tienen largas jornadas laborales diarias, y un tiempo de trabajo semanal considerable. 
20 millones de parados en nuestros 15 países de la Unión Europea, 52 millones de ciudadanos que viven sin alcanzar el umbral de pobreza: es un fenómeno masivo que da miedo y paraliza nuestras imaginaciones. 
Tomamos medidas de acompañamiento social o de incitación a la contratación que cuestan fortunas al conjunto de nuestros países: 350 millardos de ecus (es decir, más de 2.000 millardos de francos, el 4, 5 % del producto nacional bruto de cada Estado miembro, 120.000 francos por año y desempleado) , sin por ello crear empleos, sin devolver su dignidad a millones de excluidos, sin dar esperanza a nuestros millones de jóvenes. 
Lo que necesitamos es otra organización de sociedad, otra organización del tiempo de trabajo. 
Ya es hora de dar pruebas de audacia y de tener ideas nuevas. 
Es la razón por la que no puedo por menos de agradecer a Michel Rocard por haber trabajado tanto sobre este tema haciendo hincapié en la dimensión humana de este desafío. 
En su informe, Michel Rocard hace propuestas que aceptará una gran mayoría de nuestro Parlamento, estoy seguro de ello. 
La semana de 32 horas se inscribe en la Historia. 
Recordaré que en 1880, en Europa se trabajaba 3.200 horas al año, ¡hoy la mitad! 
Y las tecnologías nos obligan a acelerar este proceso. 
Sólo una reducción masiva del tiempo de trabajo, sólo otra organización de trabajo, más ágil y más diversificada según los empleos, negociada entre los interlocutores sociales, puede responder a los desafíos del desempleo, con un estatuto de igualdad que garantice los mismo derechos, las mismas protecciones y las mismas oportunidades profesionales. 
¡Se podría contratar a un 10 % de asalariados y crear millones de nuevos empleos en la Unión Europea! 
El problema crucial sigue siendo el de los ingresos y los salarios. 
La idea original de Michel Rocard merece toda nuestra atención. 
Las compensaciones salariales podrían hacerse ya sea mediante subvención directa a partir de los ahorros realizados sobre el coste del desempleo, o mediante la modulación de las cotizaciones sociales: se disminuirían las cotizaciones a la mitad hasta las 32 horas, se multiplicarían por 4 a partir de dichas horas. 
Lo cual, al mismo tiempo, sería muy disuasorio para luchar contra las horas suplementarias, el equivalente a 3 o 4 millones de empleos en Europa. 
El ponente da prioridad a la negociación entre interlocutores sociales para poner en marcha este dispositivo. 
¿Será esta gestión eficaz en todos los países? 
Tengo mis dudas respecto a Francia, cuando se ve la inercia actual de la negociación sobre el tiempo de trabajo: es posible que se necesiten dispositivos legislativos. 
La semana de 32 horas, el tiempo parcial voluntario, la jubilación progresiva y la reducción de las horas suplementarias llevarán a un cambio de género de vida. 
Pasar de 2 a 3 días de tiempo libre por semana, supone un día más para otra forma de vida. 
El presente informe del Sr. Rocard se ha encontrado- tal como ha quedado reflejado durante el debate en esta Asamblea- con bastantes críticas y con una gran dosis de escepticismo. 
Y no es únicamente porque la fijación del tiempo de trabajo sea un asunto nacional y en varios Estados miembros sea además un tema de negociación colectiva. 
Es también porque la experiencia obtenida hasta ahora con la reducción del tiempo de trabajo, con la aplicación de diferentes regímenes de permisos, etc., los distintos Estados miembros no han logrado resultados muy positivos. 
En el mejor de los casos, podría hablarse de medidas para el fomento del bienestar, pero no de medidas que incidan positivamente en el empleo. 
Sobre todo en el sector privado. 
En relación con ello, me parece oportuno mencionar que el desempleo en Europa- a pesar de las reducciones transitorias durante períodos de bonanza- ha aumentado inesperadamente en los últimos 20 a 25 años. 
Y no sólo porque el sector privado se haya visto obligado a compensar las subidas salariales crecientes (directas e indirectas) con la aplicación de criterios de racionalización, sino también porque la distancia entre las cualificaciones de los desempleados y los requisitos que se han de cumplir en el sector privado va en aumento. 
El gasto financiero y en tiempo que exige la formación de mano de obra con un alto grado de especialización constituye en sí una barrera para el mantenimiento del empleo existente cuando trabajadores cualificados dejan temporal o permanentemente una empresa. 
Un mandato general de reducción del tiempo de trabajo iría en la misma dirección. 
El problema del desempleo no podrá solucionarse con medidas que no tengan en cuenta los requisitos actuales o futuros de cualificación en un mercado de trabajo con un nivel creciente de internacionalización. 
Por ello, me veo obligado a votar en contra del informe elaborado por el Sr. Rocard. 
Son los clientes quienes determinan el número de puestos de trabajo, la política sólo puede definir un marco de condiciones justo y equitativo. 
La tasa de desempleo de Austria es la segunda más baja de Europa y su tasa de desempleo juvenil es la más baja del mundo, gracias a su sistema dual muy eficiente de formación profesional inicial y continua. 
La formación no debe desarrollarse al margen del mercado de trabajo. 
Un año después de la integración en la UE se registró un máximo histórico en el nivel de empleo. 
Ante todo es preciso recibir pedidos, sólo entonces podrá procederse a repartir el trabajo y a continuación deberá remunerarse el trabajo realizado. 
Esta es la única garantía en una economía social de mercado. 
En Suecia la jornada laboral individual para aquellos que están empleados a tiempo completo ha aumentado 100 horas por año. 
El tiempo de trabajo normal, de 40 horas, es en realidad de 40, 7 horas semanales. 
Al mismo tiempo y mientras ha ocurrido esto, 600.000 personas han pasado a la condición de parados. 
Lo que le falta al informe Rocard es la distribución del trabajo entre los dos sexos. 
En Suecia los progenitores masculinos de niños son los que más trabajan como asalariados. 
El partido de la izquierda sueca intenta lograr una distribución más equitativa del tiempo de trabajo entre hombres y mujeres, entre trabajo asalariado y el que no se retribuye. 
Por consiguiente, consideramos la reducción del tiempo de trabajo semanal como el mejor método a seguir, pero compartimos la opinión del ponente de que la disminución del tiempo de trabajo es necesaria como instrumento para reducir el número de desempleados, y votamos por tanto a favor del informe. 
La preocupación por no seguir despilfarrando uno de los activos más valiosos de Europa, como son los recursos humanos, es un desafío global para las instituciones europeas, los Gobiernos y los agentes sociales. 
El desafío es complejo y, desgraciadamente, no tiene soluciones simplistas. 
Sería enviar un mensaje equivocado a la población decir que reduciendo el tiempo de trabajo vamos a conseguir el pleno empleo. 
Las reflexiones y propuestas del informe Rocard son un elemento más de los múltiples instrumentos que es necesario movilizar. 
Hay que reiterar que el crecimiento económico es una exigencia fundamental, pero no suficiente. 
Se necesita asimilar socialmente las innovaciones tecnológicas. 
El hombre ha realizado importantísimos avances técnicos para liberarse de los trabajos más duros y aumentar la eficacia, pero los avances técnicos no pueden ni deben conducir a hundir a los hombre en el paro y la desesperanza. 
Es necesario considerar no sólo las actividades directamente productivas sino también las que mejoran la calidad de vida. 
La organización y distribución del trabajo entre estos dos grandes sectores es esencial. 
Por otro lado, los recursos de solidaridad social han de dedicarse a financiar trabajos y no sólo promover la inactividad. 
Este desafío de distribuir el trabajo difícilmente se puede realizar con fórmulas simplistas. 
La sociedad tiene que encontrar sus propios equilibrios. 
Las empresas deben ser un punto de encuentro y acuerdo. 
También, y muy básicamente, la familia, como unidad económica básica y de articulación social, será otro polo de redistribución. 
Para conseguirlo son esenciales medidas fiscales revolucionarias que hagan posible asegurar unos ingresos suficientes a cada hogar y permitir una gran flexibilidad de opción a sus miembros. 
Por otro lado, instrumentos como las tasas de protección del medio ambiente para facilitar el empleo, tampoco pueden desdeñarse. 
El cambio en hábitos de producción y consumo será también otro instrumento útil. 
Opino que el informe es de gran calidad en líneas generales y no tengo absolutamente nada en contra de que la Comisión lleve a cabo un estudio sobre la situación. 
Sin embargo, tengo algunas reservas sobre los aspectos siguientes: 
Apartado F: No apruebo las alusiones que se incluyen en el sentido de que los impuestos y las contribuciones de carácter social constituyen un obstáculo para que haya más trabajo. 
Apartado M: Aquí se alude al hecho de que con la disminución del tiempo de trabajo se daría un trato distinto a los empleados públicos y a los privados. 
Los primeros recibirían compensación por el salario perdido y los otros no. 
Esto es totalmente erróneo. 
Todos los empleados deben ser tratados igual, independientemente de quién sea su empresario. 
Punto 2: Aquí se lanza la idea dominante del informe, que es la de que las contribuciones de carácter social deben reducirse si se trabaja menos de 32 horas semanales, y aumentarse si se trabaja más. 
En la exposición de motivos se menciona que deben aumentar 4, 5 ecus por hora si se trabaja más de 39 horas semanales y/o reducirse 4 ecus por hora si el tiempo de trabajo no llega a 32 horas por semana. 
Esto significaría que un trabajo de media jornada (20 horas semanales) resultaría 50 o 100 coronas suecas más barato por hora que un trabajo de dedicación completa. 
Tengo mis dudas sobre esta diferenciación, porque nos llevará a que, en lugar de un empleo de dedicación completa se crearán dos de parcial, y esta es una evolución que queremos contrarrestar en Suecia. 
Finalmente, pienso que el ponente podía haber mencionado la creación de empleo en el sector público como un medio eficaz para reducir el paro. 
Este sector está muy desatendido dentro de la Unión, mientras existen una serie de necesidades dentro del mundo de la escuela, de las infraestructuras, del cuidado sanitario, infantil y de ancianos, en el que los 20 millones de parados de la UE podrían encontrar puestos de empleo dignos. 
Voto no obstante a favor del informe, porque creo que su petición principal de que dilucidemos esta cuestión es perfectamente justa. 
Con el informe Rocard, el Parlamento previsiblemente manifestará al fin con toda claridad que no podrá ponerse remedio al escándalo del desempleo masivo en Europa, que actualmente afecta a más de 30 millones de personas, sin una reducción generalizada del tiempo de trabajo. 
Las anteriores declaraciones de que el objetivo del modelo de políticas liberal-conservadoras es combatir el desempleo masivo y la exclusión mediante el crecimiento económico y la renuncia de los trabajadores empleados a una parte de sus ingresos se han revelado como vanas promesas imposibles de cumplir. 
Es sin duda una señal positivo que el Parlamento Europeo haya empezado a proponer con mayor claridad una alternativa frente a esta vía equivocada y es de esperar que siga concretando y afinando esta posición en sus futuros informes y resoluciones sobre la política europea de empleo. 
No obstante, este primer resultado transitorio ya permitirá que todas las fuerzas sociales de los Estados miembros que luchan por un cambio económico y social para alcanzar una nueva forma de pleno empleo puedan dar nuevo impulso al discurso público y así lo harán. 
Las enmiendas aceptadas por Rocard y el Grupo de los Socialistas Europeos en las negociaciones de ayer para alcanzar un compromiso también revelan, no obstante, cuán precaria es aún la base política sobre la cual se desarrolla en estos momentos el debate. 
Así, por ejemplo, al parecer se consideró necesario apresurarse a renunciar al planteamiento central de reasignar al menos una parte de los 350 millardos de ecus que actualmente reciben los Estados miembros para combatir el desempleo, a fin de dedicarlos a subvencionar la reducción del tiempo de trabajo. 
Asimismo, la importante sustitución de la remuneración de las horas extraordinarias por una compensación en forma de horas libres ha quedado reducida a la petición de que se examine esta cuestión. 
En las deliberaciones previas para la elaboración del informe, el Grupo de los Verdes consiguió aportar algunos elementos y reforzar otros que inscriben el instrumento de la reducción del tiempo de trabajo dentro del marco de una estrategia de transición a un nuevo modelo de desarrollo, un modelo que fomenta la protección de la sostenibilidad ecológica y la comunicación, limita la intensificación y la aceleración del proceso de trabajo y refuerza las posibilidades de elección de mujeres y hombres para definir en términos más equitativos sus proyectos de vida. 
El Grupo de los Verdes apoya este informe como un signo positivo, aun en la forma lamentablemente mitigada en que ahora se presenta la resolución, si bien también ha procurado evitar las desvirtuaciones más flagrantes de su contenido. 
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Proyecto de presupuesto general de las Comunidades para 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 1997. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar diciendo que es para mí un placer poder estar aquí para presentar a la sesión plenaria el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1997 establecido por el Consejo el 25 de julio del presente año. 
Deseo subrayar desde un comienzo una característica del procedimiento presupuestario de este año, a saber, la cooperación entre las tres instituciones que, antes de que el Consejo estableciera el proyecto de presupuesto, las unió en una negociación auténtica y franca. 
Es una característica que nos gustaría que se mantenga. 
El procedimiento presupuestario que contempla el Tratado debe ser el punto culminante de la colaboración entre las instituciones interesadas. 
El Acuerdo Interinstitucional de 1993 estableció el marco para dicha colaboración. 
Desde entonces, la importancia de la cooperación ha aumentado claramente de año en año. 
Este año, el procedimiento se inició en un espíritu de cooperación. Tuvo en cuenta la necesidad de rigor presupuestario que es mayor que nunca en el contexto económico excepcional de 1997. 
El diálogo tripartito sobre las posibles prioridades para el próximo año propició unas negociaciones extremadamente minuciosas entre la Presidencia del Consejo, el Parlamento y la Comisión que hicieron posible fijar los primeros marcadores para conciliar determinados enfoques. 
A continuación, el dialogo tripartito que mantuvimos a comienzos de julio permitió al Consejo conocer las principales preocupaciones del Parlamento, especialmente en el área de gastos obligatorios, lo que resultó ser una preparación valiosa para la reunión y la conciliación que tuvieron lugar en la mañana del 25 de julio, día en que se reunió el Consejo de Presupuesto. 
Dicha reunión ofreció la oportunidad para que todas las partes expusieran detalladamente los puntos cruciales del procedimiento presupuestario para 1997 y para dar a conocer los objetivos que consideraban esenciales en este ejercicio especialmente delicado. 
Permitió asimismo a sus representantes plantear temas específicos que preocupan al Parlamento, en particular, la posibilidad de una revisión de la Perspectiva Financiera, el tema de los fundamentos jurídicos y algunas otras cuestiones. 
El intercambio de opiniones sobre estos temas resultó ser de gran utilidad. 
La conciliación ad hoc, especialmente sobre el gasto agrícola y los acuerdos pesqueros, hizo posible un importante acercamiento de los enfoques de ambos brazos de la autoridad presupuestaria con ayuda de la Comisión. 
Las circunstancias económicas y financieras especiales que rodean al presupuesto para 1997 pueden muy bien tener algo que ver con todo esto. 
No obstante, cualquiera que sea la razón, una cooperación tan estrecha sólo puede ser beneficiosa para la Comunidad, por lo que debe ser bien acogida. 
A la luz de estos intercambios minuciosos de opiniones con los representantes del Parlamento y de la Comisión, el Consejo estableció su proyecto de presupuesto para el ejercicio 1997. 
Al hacerlo, el Consejo se guió por los mismos principios de rigor y austeridad presupuestarios que han establecido los Estados miembros para sí mismos en 1997. 
Con el fin de alcanzar el mismo objetivo a nivel comunitario, el Consejo decidió reducir el proyecto de presupuesto preliminar en 1.000 millones de ecus en el ámbito del gasto agrícola y realizar una reducción idéntica en los créditos para pagos de medidas estructurales. 
El Consejo está convencido asimismo de que dichas reducciones deben ir de la mano del ahorro en las políticas internas y las actividades exteriores que ascienden a unos 550 millones de ecus en créditos de pago. 
El Consejo opina que dichas medidas están estrechamente relacionadas entre sí y que deben aplicarse de forma paralela. 
En particular, es fundamental que el gasto agrícola reciba un tratamiento equitativo. 
Estas medidas fundamentales para el procedimiento presupuestario de 1997 constituyen el punto capital de las negociaciones en el marco de la reunión del 25 de julio. 
Todos los participantes reconocieron su primordial importancia. 
Claramente, el Consejo considera absolutamente vital que el Parlamento Europeo se una a esta estrategia general y esperamos que así lo haga. 
En ese contexto, el Consejo observó con satisfacción que, cuando elaboró sus orientaciones para el procedimiento presupuestario de 1997, el Parlamento ya tenía conocimiento y se mostró partidario de la necesidad de que las asignaciones presupuestarias fueran lo más realistas posible. 
Ése es precisamente el objetivo de las medidas por las que aboga el Consejo en este proyecto de presupuesto. Limitar las asignaciones presupuestarias a lo estrictamente necesario con un ojo puesto en el resultado probable, aunque sin poner en peligro las importantes políticas comunitarias ni renunciar a los compromisos de Edimburgo. 
Quiero referirme ahora a los distintos componentes del proyecto de presupuesto establecido por el Consejo el 25 de julio. 
Permítanme que comience con el gasto agrícola. 
En este ámbito, el Consejo ha enmendado el anteproyecto de presupuesto en dos sentidos. 
En primer lugar, de acuerdo con la estrategia general que acabo de exponer, el Consejo hizo una reducción de 1.000 millones de ecus en las asignaciones para el Título I de las perspectivas financieras. 
Dicha reducción afecta horizontalmente a todas las partidas presupuestarias pertenecientes a este título, con excepción del capítulo de la carne de vacuno y de ternera y la reserva provisional para la EEB. 
De este modo, el Consejo destinó asignaciones por valor de 40.805 millones de ecus a la Sección de garantía del FEOGA, suma que es 1.000 millones de ecus inferior a la orientación agrícola establecida para el ejercicio de 1997. 
Teniendo en cuenta el gasto para la reserva monetaria, el importe total asciende a 41.305 millones de ecus, un 0, 6 % menos en relación con el ejercicio 1996. 
Además, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas en la reunión de conciliación ad hoc, el Consejo acordó asignar un total de 62 millones de ecus a la reserva procedentes de los tres títulos presupuestarios, cuyas estimaciones habían sido declaradas por la Comisión aptas para ser alteradas. 
Comenzando por la agricultura, por consiguiente, queremos mostrar nuestro compromiso con unas propuestas presupuestarias razonables y lograr un presupuesto para 1997 que se mantenga en el nivel de 1996. 
En el ámbito de las medidas estructurales, el Consejo acordó la suma total de asignaciones para compromisos propuesta por la Comisión, es decir, 31.477 millones de ecus de conformidad con los compromisos contraídos por el Consejo Europeo en Edimburgo. 
No obstante, en lo relativo a los créditos de pago para este título, el Consejo introdujo el segundo aspecto de su estrategia de ahorro general llevando a efecto una reducción de 1.000 millones de ecus en los créditos para pagos. 
En este sentido, el Consejo desea asegurarles que es posible aplicar esta medida sin poner en peligro el buen funcionamiento de la política esencial financiada con dichos créditos a luz del resultado en estos últimos años. 
En base a este criterio, la reducción no ha afectado a los objetivos 1 y 6 de los Fondos Estructurales, ni tampoco afectará en modo alguno al Fondo de Cohesión. 
El Consejo aceptó todas las asignaciones propuestas en el anteproyecto de presupuesto para el Fondo de Cohesión, a saber, 2.749 millones de ecus en créditos para compromisos y 2.326 millones de ecus en créditos para pagos, lo cual representa un incremento de aproximadamente el 12, 5 % en créditos para compromisos y poco más del 21 % en créditos para pagos en relación con las cifras de 1996. 
Para las operaciones estructurales en su conjunto, los importes asignados en el proyecto de presupuesto se elevan a 31.477 millones de ecus en créditos para compromisos y 26.300 millones de ecus en créditos para pagos, lo que supone unos incrementos de 2.346 millones de ecus y 545, 8 millones de ecus respectivamente. 
En lo relativo a las políticas internas, el Consejo ha vuelto una vez más a poner el énfasis en dos de las políticas prioritarias de la Unión, a saber, la investigación y las redes transeuropeas; es decir, B6 y B5. 
En ese contexto, el Consejo se mostró conforme con todos los créditos para compromisos propuestos por la Comisión para el apartado B6, o sea, 3.450 millones de ecus, lo que supone un incremento del 8, 4 % sobre 1996. 
En cuanto a los créditos para pagos, el Consejo aprobó la asignación propuesta para el Centro Común de Investigación. 
Para el título B6-5- es decir, culminación del Segundo y Tercer programas marco- y los títulos B6-7 y B6-8, el Cuarto programa marca, el Consejo ha introducido una reducción del 5 % en los créditos para pagos. 
Habida cuenta de los resultados en 1995, una reducción de esta naturaleza no entorpecerá la financiación normal de dichos programas. 
En lo relativo a las redes transnacionales- es decir, B5 -, el Consejo aprobó las asignaciones del anteproyecto de presupuesto a los créditos para compromisos destinados a prestar apoyo financiero a las redes de transportes, a saber, 352 millones de ecus, lo que supone un incremento de 72 millones de ecus con respecto a 1996. 
Los créditos para pagos, aunque ligeramente corregidos a la baja en el anteproyecto de presupuesto, reflejan no obstante un índice de crecimiento del 25 %. 
En cuanto a las redes de energía, el proyecto de presupuesto es ligeramente más bajo que el anteproyecto de presupuesto, y en el campo de las telecomunicaciones, el proyecto de presupuesto es igual que el presupuesto para 1996 en lo que se refiere a los créditos para compromisos, y lo supera en el caso de los créditos de pago. 
A este título en su conjunto, el Consejo ha asignado cantidades importantes, a saber, 489 millones de ecus en créditos para compromisos y 346 millones de ecus en créditos para pagos, lo que supone un incremento de 79 millones de ecus y 69 millones de ecus respectivamente. 
Con ello, el Consejo ha demostrado su clara intención de dar prioridad a estas dos importantes políticas comunitarias que pueden tener una influencia directa sobre el crecimiento y el desempleo. 
Como resultado, en lo relativo a otras políticas internas, el Consejo se ha visto obligado a tomar algunas decisiones de forma deliberada. 
Por ejemplo, ha dado prioridad a políticas fundamentales como educación, formación profesional y juventud, así como a otras medidas sociales. 
También ha reservado un lugar especial para políticas que actualmente están bien asentadas como aquéllas de medio ambiente, protección del consumidor, mercado interior e industria. 
El Consejo ha concedido un margen de 348, 2 millones de ecus en este epígrafe de las perspectivas financieras. Confía que el otro brazo de la autoridad presupuestaria, es decir, el Parlamento, apruebe éstas medidas u otras equivalentes y se una al Consejo en una política de rigor basada en limitarse a hacer asignaciones presupuestarias realistas en el contexto especial de 1997. 
Paso a continuación a la última política comunitaria importante cuya financiación se incluye en el presupuesto, a saber, las actividades exteriores. 
Para cubrir este apartado en su conjunto, el Consejo ha asignado un total de 5.310 millones de ecus en créditos para compromisos y 4.106, 5 millones de ecus en créditos para pagos. 
Estas cifras son prácticamente iguales a las del presupuesto para 1996. 
El Consejo considera que la autoridad presupuestaria no puede eludir su deber de conceder un trato preferencial a aquellas áreas que representan altas prioridades para la Comunidad. 
Por tanto ha asignado todos los créditos para compromisos previstos en el anteproyecto de presupuesto para los países de la Europa central y oriental y otros terceros países de la cuenca mediterránea, en línea con las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes. 
En lo relativo a los acuerdos internacionales de pesca, y de acuerdo con las conclusiones del procedimiento de conciliación sobre los gastos obligatorios, el Consejo acordó insertar un segundo epígrafe en el presupuesto bajo el importante artículo titulado «Ayudas a los organismos internacionales» e incrementar la suma transferida a la reserva. 
Se mantiene el sostenido esfuerzo en el campo de la cooperación con América Latina y Asia. 
Otra política de cooperación esencial con respecto a los Estados independientes de la antigua Unión Soviética ha obtenido una asignación de 541 millones de ecus en créditos para compromisos y de 445 millones de ecus en créditos para pagos. 
La parte para TACIS ha sido incrementada ligeramente en relación con 1996. 
A la cooperación con la antigua Yugoslavia también se le ha asignado una financiación importante. 
En las demás áreas, el proyecto de presupuesto sigue ampliamente las solicitudes de la Comisión para otras medidas de cooperación y, en particular, en lo relativo a las medidas en favor de la democracia y los derechos humanos, ya sea en la Europa central y oriental, y en particular en Yugoslavia, ya sea en Mongolia, Latinoamérica u otros países. 
Por consiguiente, a pesar de que, por un lado, el Consejo se ha esforzado para mantener las políticas esenciales concediendo importantes créditos para compromisos, también ha considerado que puede ser más realista con el pago de los créditos necesarios a la luz de los resultados previstos. 
Por último, paso al tema de los gastos administrativos de las instituciones comunitarias. 
Consciente de los problemas que conllevan actualmente las fuertes restricciones del gasto público en los Estados miembros, el Consejo está preconizando y aplicando un enfoque muy estricto de los gastos en este área. 
Con la previsión de un importe global de 4.244, 6 millones de ecus, el proyecto de presupuesto representa más o menos el statu quo en términos reales. 
El Consejo ha sido particularmente estricto en sus decisiones relativas a determinados tipos de gasto, como los costes de asesoría y los gastos relativos a los restaurantes y comedores para el personal, el proceso de datos y los medios de transporte. 
El Consejo no ha aprobado ninguna partida nueva, salvo para la Comisión, y en un sentido muy restrictivo, para el Tribunal de Cuentas y la estructura común del Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, y luego sólo para cubrir las necesidades derivadas de la ampliación. 
En este epígrafe, el Consejo ha dejado un margen que considera esencial. 
Quisiera subrayar, no obstante, que al igual que en el pasado año, el Consejo considera que dicho margen no debe utilizarse para las necesidades de una única institución. 
Estos son pues los puntos principales del proyecto de presupuesto establecido por el Consejo. 
Este proyecto de presupuesto no fue fácil de establecer. Fue necesario un esfuerzo considerable por parte de cada uno de los Estados miembros y una buena medida de compromiso. 
Pero hay que decir que logra el equilibrio que se buscaba entre sus medidas, las cuales reflejan el principal objetivo nacional de los Estados miembros, que se ven obligados a esforzarse para hacer realidad la Unión Económica y Monetaria según el calendario que hemos previsto. 
Este objetivo no podía por menos que tener también un efecto significativo sobre el presupuesto comunitario. 
Además, el Consejo es plenamente consciente de que su proyecto de presupuesto es solamente una etapa del procedimiento presupuestario. 
El Consejo es asimismo consciente del hecho de que la estrecha colaboración e incluso una interpretación común con su Parlamento es indispensable para ejecutar un presupuesto que está bien equilibrado. 
No es necesario subrayar el carácter excepcional de las medidas que propone el Consejo en este proyecto de presupuesto, ni tampoco hay ninguna duda de que un acuerdo aceptable para ambas autoridades presupuestarias, alcanzado con ayuda de la Comisión, sería un buen augurio para el futuro desarrollo de las relaciones entre ambas autoridades y para el bienestar de la Comunidad en su conjunto. 
En nombre de la Presidencia, quisiera decir que ésta no escatimará esfuerzos en su afán por hacer realidad ese objetivo a lo largo de todo el procedimiento presupuestario con el fin de lograr, junto con el Parlamento y la Comisión, un presupuesto que refleje lo más fielmente posible los intereses de la Comunidad. 
Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento a todos aquellos que ha participado en este ejercicio y que, sin duda, continuarán haciéndolo en el marco de los dos brazos de la autoridad presupuestaria y la Comisión. 
Deseo agradecer, en particular, a la Comisión de Presupuestos, a su presidente, Detlev Samland, quien lamentablemente no puede encontrarse presente, al Sr. Fabra Vallés, ponente del presupuesto de la institución, y también al Comisario Erkki Liikanen y a los departamentos correspondientes de la Comisión y, por último, a la Secretaría del Consejo, en especial a Joseph Lentz, que ha sido de gran ayuda para mí. 
Desde que asumí la Presidencia he podido apreciar la enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y entrega que todas estas personas, además de otras, han dedicado a esta difícil tarea y quiero darles las gracias por ello. 
Señor Presidente, la Unión no puede mantenerse al margen de los esfuerzos que están realizando los Estados miembros para reducir sus altos niveles de déficit presupuestario y deuda pública. 
A medida que se acerca el momento de la verdad para poner en marcha con éxito la Unión Económica y Monetaria, dichos esfuerzos han pasado a ser urgentes e inevitables. 
El anteproyecto de presupuesto presentado en abril se enfrentaba al reto siguiente: índice de crecimiento, sin la EEB, por debajo de la tasa de inflación, márgenes significativos en las categorías 3, 4 y 5, y un crecimiento cero de personal, salvo para la ampliación. 
No obstante, desde entonces las tendencias presupuestarias de los Estados miembros han necesitado correcciones adicionales tanto para el ejercicio en curso, como para 1997. 
Es comprensible que los Estados miembros, ante una situación semejante, contemplen el gasto comunitario desde una perspectiva rigurosa y que hayan alcanzado la mayoría sobre el denominado proyecto de presupuesto de crecimiento cero. 
Por ello la mayoría del Consejo decidió arriesgarse. 
Es una apuesta segura que los compromisos jurídicos ineludibles de las Categorías 1 y 2 podrán cumplirse con 1.000 millones de ecus menos cada uno en relación con las previsiones del anteproyecto de presupuesto. 
Habida cuenta del considerable incumplimiento de estas categorías durante los últimos años, no es un riesgo irrazonable. 
Pero mientras el Consejo no vote a favor de un auténtico ahorro en la normativa subyacente, puede que la Comisión tenga que proponer un presupuesto complementario si en el transcurso del próximo ejercicio resulta que los créditos son insuficientes. 
En cuanto a las Categorías 3, 4 y 5, éstas no pueden escapar al rigor excepcional. 
Pero al mismo tiempo, la Comunidad no puede apagar las luces. 
Mientras más apretado sea el presupuesto, mayor será la necesidad de que las prioridades sean correctas. 
Las prioridades del proyecto de presupuesto no son las prioridades de la Comisión. 
Todas las actividades necesitan ser revisadas. 
Pero las inversiones en el futuro de la Unión hay que mantenerlas o incluso fortalecerlas. 
Destinar fondos para la investigación, para las redes transeuropeas, en particular para el transporte, y para las pequeñas y medianas empresas supone invertir en el futuro. 
Numerosos Consejos Europeos han subrayado sus prioridades y la Comisión sigue estando convencida de su importancia al igual que lo está la Presidencia, según he podido entender. 
El proyecto de presupuesto desea poner fin al programa piloto para el servicio militar voluntario sin haberle dado una oportunidad adecuada, recortar los fondos para la protección de los consumidores, recortar los fondos para la lucha contra el fraude, reducir el presupuesto para la información en más de la mitad y recortar los fondos para los programas para la igualdad entre hombres y mujeres. 
Dichos recortes debilitan el tejido de la Unión, el cual necesita ser fortalecido, sobre todo, en tiempos difíciles. 
Al menos deberían mantenerse los fondos para la protección del medio ambiente. 
En actividades exteriores, el proyecto de presupuesto elimina las ayudas al Fondo Europeo de Desarrollo, que había sido decidido por el Consejo Europeo de Cannes. 
Recorta las ayudas alimentarias precisamente cuando la lista de países beneficiados ha aumentado considerablemente. 
Hasta cierto punto, las prioridades del proyecto de presupuesto del Consejo obedecen a una aplicación mecánica y desigual del principio de fundamento jurídico. 
Esto pone de manifiesto una vez más, como ya he señalado repetidas veces, la importancia de un acuerdo entre las instituciones sobre esta cuestión en concreto. 
Parece haberse avanzado en a un nivel técnico y ahora hace falta un acuerdo político. 
Si se establece claridad en torno a esta cuestión sería un importante logro del procedimiento presupuestario de 1997. 
La Comisión está dispuesta a contribuir en la medida de sus posibilidades para alcanzar este fin. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señoras y señores, el Presidente en ejercicio acaba de decir que agradece el espíritu de diálogo que ha existido con el Parlamento. 
Ésa es su opinión personal, y quisiera decir que no dudo que él sea una bella persona y un excelente Presidente en ejercicio. 
Pero existe una diferencia entre forma y contenido. 
No dudo en calificar al Consejo la institución del estancamiento de la Unión Europea. 
En todos los puntos esenciales, el Consejo no duda en recurrir al autoelogio, al mismo tiempo que se facilita mucho la vida. 
Antes de pasar a hacer algunos comentarios específicos, quisiera decir algo sobre el resultado del diálogo. 
En este caso no sólo es la institución del estancamiento, sino además una institución que quiere hacer retroceder el reloj. 
En lo esencial estamos más lejos de lo que estábamos hace un par de años. 
Es cierto que hemos mantenido muchas reuniones, pero el procedimiento ad hoc no se ha cerrado aún y el Consejo, sin lágrimas en los ojos, dice sobre la pesca, por ejemplo, que está claro que debería ser gasto obligatorio, cuando sabe que ésa no es la opinión del Parlamento. 
En cuanto al fundamento jurídico no hemos avanzado en absoluto y existe el peligro- como ha mencionado el Sr. Comisario- de que hagamos retroceder el reloj. 
Tenemos más de cuarenta líneas presupuestarias en las que el Consejo ha introducido recortes a la totalidad o casi la totalidad en base al fundamento jurídico. 
No es así como las dos instituciones presupuestarias pueden colaborar, y el Parlamento, sencillamente, no puede aceptar esto sin sacar ciertas conclusiones. 
En cuanto a otros temas como la comitología, el Fondo Europeo de Desarrollo y el famoso asunto de los gastos obligatorios y no obligatorios, el Consejo es una institución del estancamiento y una institución que quiere hacer retroceder el reloj. 
No veo que la mayoría del Consejo tenga ninguna voluntad de progresar. 
Paso a continuación a las perspectivas financieras- que es quizá el aspecto más lamentable que hemos presenciado este año. 
El Presidente de la Comisión, Sr. Santer, presentó propuestas para modificar las perspectivas financieras, que es la revisión que deseaba el Parlamento. 
El Presidente en ejercicio comprendió que ahí radicaba la voluntad del Parlamento de trabajar sobre unos márgenes razonables en las distintas categorías. 
Como usted sabe, el Sr. Colom i Naval y yo asistimos a la reunión del Consejo del pasado lunes, y puesto que el Consejo quiere ser transparente, es mi deber informar sobre lo que oímos. 
Oímos que no existía ni una maldita posibilidad de que se modificaran las previsiones financieras. 
Se dijo en términos más corteses y puede que no oyera las once traducciones- pero básicamente, eso es lo que oí. 
O sea, que nos encontramos en una situación muy difícil. 
Nos enfrentamos a una situación en la que se está pidiendo al Parlamento que se desnude, que hagamos un striptease colectivo, mientras que el Consejo se tapa con una capa de santidad. 
Ése no puede ser el resultado del diálogo que deseamos en la primera y la segunda lectura. 
El Consejo es además una institución que finge; finge ahorrar. 
El Comisario Sr. Liikanen lo ha expuesto muy claramente: deberán ahorrarse mil millones de ecus de los Fondos estructurales en agricultura. 
Pero no se trata de un ahorro real. 
La situación se debe a una evidente falta de voluntad por parte de los miembros del Consejo de gastar en fondos estructurales. 
En agricultura, la denominada reserva se agotó apenas cuatro semanas después de que fuera asignada a la EEB. 
Ayer alguien sugirió que lo que debíamos hacer era liberar simplemente mil millones de ecus. 
Todos los aquí presente- y lamentablemente hay más personas del público que diputados al Parlamento- saben que 1.300 millones de ecus es una suma muy considerable para una familia normal. 
No hay control político democrático a nivel nacional ni a nivel europeo mientras sea una cuestión de gastos obligatorios. 
Esto me lleva a la cuestión de las prioridades y a la actitud del Consejo de querer ser más papista que el Papa. 
¿Cómo puede decir el Presidente en ejercicio del Consejo que las políticas fundamentales no se han visto afectadas? 
Nos dice que la política del consumidor ha sido recortada- tengo aquí la lista- en un 40 %, la política de energía en un 80 %, la política de transportes en un 62 % y el mercado interior en un 33, 88 %. 
Ése no es el modo de entablar un auténtico diálogo. 
Quisiera terminar con dos preguntas concretas a la Comisión. 
Deseo preguntar al Sr. Comisario, que es un hombre muy valiente, si puede decirnos algo sobre su ayuda a las organizaciones no gubernamentales no sólo en la parte A, sino también en la parte B del presupuesto. 
En segundo lugar y ya que aprecio enormemente lo que la Comisión está haciendo para reformar la administración, ¿podría decirnos el Sr. Comisario qué ha sido de la transferencia de asignaciones con respecto a los puestos? 300 personas se ven afectadas, pero si he entendido correctamente, es muy poco lo que ha estado sucediendo. 
Estaría muy agradecido si pudiera responder a esas preguntas. 
Señor Presidente, el señor Presidente en ejercicio del Consejo nos comentaba que estaba contento de dirigirse al Pleno, y yo, mirando alrededor mío, estoy contento de que por lo menos estemos las partes interesadas. 
Desde la Comisión de Presupuestos no sólo aceptamos sino que encarecemos que se continúe en el clima de rigor y austeridad que refleja el presupuesto, indispensable para alcanzar la Unión Monetaria, y todo ello siguiendo las líneas acordadas en la reunión de concertación celebrada por delegaciones del Consejo y del Parlamento. 
Por lo que se refiere al procedimiento presupuestario de 1997, quisiera señalar el importante acuerdo al que se llegó en el diálogo tripartito entre Consejo, Comisión y Parlamento el pasado 16 de abril, por el que se limitaba la creación de nuevos puestos a los compromisos ya contraídos en el marco de la ampliación. 
Así pues, la propuesta del Consejo es reforzar las secciones lingüísticas en cuanto al finlandés y al sueco, así como perseverar en la mejora de la relación coste/eficacia, en lo que, por supuesto, estamos de acuerdo. 
La Comisión de Presupuestos ha señalado, ya respecto al anteproyecto de presupuesto para 1997 y en el ámbito de los gastos administrativos, que se superaba el límite de la rúbrica 5 en 14, 55 millones de ecus. 
Debemos señalar que, en el proyecto elaborado por el Consejo, no sólo se ha modificado la falta de cobertura financiera, sino que ha dejado un cierto margen. 
En cuanto a los ajustes realizados en los créditos del Capítulo XI- Personal en activo -, nos parece correcto que se hayan incorporado las últimas informaciones habidas en cuanto a la evolución de determinados parámetros económicos. 
Para información de la Asamblea- de los presentes -, diré que las previsiones han sido corregidas a la baja. 
Por lo que se refiere a los créditos del Título II- Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento -, hay que decir que lo que llama tal vez la atención es el fuerte incremento en lo que se refiere al Parlamento- éste representa el 49, 81 %-, pero, en fin, todos sabemos qué compromisos ha adquirido el Consejo que obligan al Parlamento a seguir detrás de esos mismos compromisos. 
Por otro lado, resulta que se han revisado a la baja los créditos que afectan al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. 
No nos molestaría, señor Presidente, una mayor precisión en lo referente al Tribunal de Justicia, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. 
Agradecemos que se haya tenido en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas- y ya que lo menciono, quiero rendir un homenaje a su buen hacer- sobre los arrendamientos del Tribunal de Justicia. 
Dicho informe, que fue solicitado por el Parlamento, servirá para desbloquear una partida de 60 millones de ecus con la que se reducirá el último plazo de pago de anexos del Tribunal de Justicia o bien, tras renegociación con el Estado de Luxemburgo, permitirá una reducción de 6 millones de ecus anuales en arrendamientos. 
Creo que se debería aprovechar también, por parte del Tribunal de Justicia, la actual situación del mercado de valores inmobiliarios para que se hiciera una renegociación general a la baja de estos arrendamientos. 
Señores del Consejo, no quiero ocultarles que, a estas alturas del procedimiento, el Parlamento sigue esperando información suplementaria sobre el edificio Palais. 
¿Cuál es el estado del edificio? 
¿Qué pasa con sus materiales? 
¿Cuáles son sus arrendamientos reales? 
¿Los va a renegociar? Porque se pueden renegociar, como acabo de decir. 
En cuanto al Consejo Económico y Social y al Comité de las Regiones, lamento que el proyecto del Consejo, en su Capítulo XX- Inmuebles -, no tenga en cuenta las necesidades de estas instituciones después de que el Parlamento Europeo ha anunciado que abandona el edificio Van Maerlan, amén de las conclusiones y preguntas que les hice en mi documento nº 5. 
Sólo les recordaré que en nuestro presupuesto únicamente tenemos créditos comprometidos para el primer semestre. 
¿Qué ocurrirá si no se lleva a cabo en el tiempo deseado y resulta que el Parlamento debe seguir haciendo frente a los alquileres del Van Maerlan? 
En nuestro presupuesto no está previsto. 
Y por último, sólo me queda recordar la falta de acuerdo en el sistema de cálculo y de facturación del coste medio de interpretación/día. 
Estoy de acuerdo con usted en que no debe ser fácil, ya que dentro del Parlamento tampoco nos ponemos de acuerdo. 
Al igual que no acabamos de entender el aumento de los gastos de pensiones. 
Opinamos que sigue mereciendo estudio, reflexión e información que la cuarta parte de los créditos autorizados en 1996- o sea, 94 millones de ecus- destinados a indemnizaciones por cese, se reserve a las pensiones de invalidez. 
Señor Presidente, éste es el comentario de la Comisión de Presupuestos al informe del Consejo. 
A pesar de las grandes coincidencias, nos veremos obligados a presentar alguna enmienda para velar por el buen funcionamiento de las instituciones. 
Ustedes son testigos de excepción de la dificultad del presupuesto para 1997. 
Sepan que mi única compensación en este presupuesto es el trabajar con ustedes, gente tan preparada y tan dialogante hasta ahora. 
El Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario han pedido contestar brevemente. 
Señor Presidente, lo que se ha dicho sería suficiente para entablar aquí un debate considerable, y estoy seguro de que lo haremos en su momento. 
Doy las gracias a todos los que han intervenido y les diré que he escuchado atentamente lo que han dicho. 
Permítame que me repita: vivimos en una época inusual, en la que todos los Estados miembros atraviesan por dificultades de distinto grado en lo relativo a sus propios presupuestos, y evidentemente eso tiene que reflejarse en nuestro trabajo. 
A ello se debe que éste sea un año especialmente difícil. 
El Comisario ha hablado de fundamentos jurídicos al igual que el Sr. Brinkhorst; es un asunto clave. 
Estamos trabajando de forma constructiva con las autoridades afectadas y esperamos que durante nuestra Presidencia y en el marco del Consejo podamos avanzar en este tema que, como todos coincidimos, no es deseable, pero sí absolutamente necesario. 
Naturalmente, las opciones y prioridades del Comisario difieren algo de las nuestras, pero mientras reconozca que atravesamos por una situación en la que tenemos que tomar decisiones difíciles y renunciar a algunas cosas que todos desearíamos, podremos colaborar y, espero, llegar a una solución con la que todos podamos estar de acuerdo al final. 
El Sr. Brinkhorst tuvo la amabilidad de señalar que he intentado- y continuaré haciéndolo- acercar posiciones, pero el Consejo y el Parlamento tienen que tener prioridades diferentes a veces y siempre existirá la sensación de que la cooperación podría ser mejor, y lo único que podemos hacer es trabajar en ese sentido. 
Pero creo que el nivel de diálogo este año ha sido muy real y aún no hemos terminado. 
Es poco lo que puedo decir sobre la revisión de la perspectiva financiera. 
Como ustedes saben, es uno de los puntos del orden del día de la reunión de Ecofin que se celebrará este fin de semana y no dudo de que volveremos sobre el tema. 
Pero realmente no es mi deber tratar sobre ello dos días antes de que lo haga mi ministro de Economía, quien se ocupará de ello en Dublín el fin de semana. 
He tomado nota de lo que ha dicho el Sr. Fabra Vallés. 
Muchos de los puntos eran de un carácter tan detallado que no creo que espere de mí que pueda responder a ellos esta tarde, pero tomo nota y no dudo de que seguiremos hablando sobre ellos. 
El Sr. Brinkhorst ha formulado dos preguntas bastante específicas. 
En primer lugar, en lo relativo a las ayudas a organizaciones no gubernamentales, tomó la valiosa iniciativa de organizar una audición la semana próxima en el Parlamento Europeo. 
Hemos cooperado en ese sentido. Hemos enviado cartas a todas las organizaciones y les hemos pedido que asistan a la reunión. 
No deseo hacer hoy un análisis improvisado de este informe, pero estamos dispuestos a presentar, más tarde, una evaluación a la Comisión de Presupuestos. 
Lo mismo es cierto en lo relativo a la transferencia de créditos para el empleo. 
Coincido plenamente con él en que si se hace una transferencia de créditos para el empleo, el objetivo debe ser reducir la dependencia del trabajo externo. 
Si no es así, no hay ninguna lógica ni justificación para nuestros esfuerzos. 
Estoy dispuesto a informar a la Comisión de Presupuestos sobre el modo en que se desarrolle esta situación. 
Por último, y me dirijo al ministro Sr. Coveney, la Comisión está dispuesta a cooperar en un presupuesto que sea lo más riguroso posible. 
Pero como decía antes, cuando el rigor es grande, necesitamos ponernos de acuerdo sobre las prioridades. 
Esto es incluso más importante en semejantes circunstancias que cuando existe un amplio margen para gastos. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los recientes acontecimientos en Iraq. 
Señor Presidente, me consta que los diputados han seguido con atención los recientes acontecimientos en Iraq. 
El conflicto en el norte de Iraq ha desatado una grave situación de emergencia humanitaria y existe el peligro de que pueda tener aún otras consecuencias, como una posible contienda militar entre Iraq y los Estados Unidos. 
Todos sabemos que durante muchos años, la dictadura iraquí ha causado enorme sufrimiento a su propio pueblo y a sus vecinos. 
En el extranjero, sus ambiciones expansionistas y la ocupación de Kuwait desató la guerra del Golfo, la cual trajo consigo gran sufrimiento y destrucción, y aún ahora, Iraq continúa amenazando la estabilidad del Golfo. 
A nivel nacional, el régimen ha violado de manera constante y masiva los derechos humanos de su propio pueblo, desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad, así como los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos. 
En el sur de Iraq, el régimen ha devastado el medio de vida de la población árabe de los pantanos en un intento de someterlos al control de Bagdad. 
En el norte, su opresión de la población kurda tras la guerra del Golfo fue tan atroz que la comunidad internacional tuvo que intervenir y establecer zonas de exclusión para protegerla del régimen. 
A raíz de la opresión que sufrió su propio pueblo tras la guerra del Golfo, la comunidad internacional se vio obligada a modificar la ley fundamental del Derecho internacional de inviolabilidad de las fronteras e intentar garantizar, a través de las zonas de exclusión aérea, que Sadam Husein disminuyera la presión sobre su propio pueblo. 
Lamentablemente, pese a esta medida de protección internacional, no fue posible resolver las amargas y antiguas diferencias que existen entre los dos partidos kurdos más importantes de Iraq- el Partido Democrático Kurdo y la Unión Patriótica de Kurdistán- tras la guerra del Golfo. 
Por algún motivo, se estableció un alto el fuego temporal de las hostilidades entre ambas facciones, las cuales acordaron algunas medidas para infundir confianza, pero la frágil paz que se mantuvo a lo largo de todo 1995 ha dado paso recientemente a una reanudación de las hostilidades. 
La lucha entre las facciones y el estado general de anarquía en el norte de Iraq vinieron a sumarse a las presiones existentes sobre la estabilidad de la zona y condujeron a incursiones fronterizas por parte de Turquía e Irán. 
Turquía sostenía que sus incursiones estaban justificadas ya que elementos del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, prohibido en Turquía, se habían servido de su relativa protección en el norte de Iraq para atacar a Turquía. 
Irán, por su parte, sostenía que un subgrupo del PDK había realizado ataques en su territorio desde el norte de Iraq. 
La precaria situación ha ofrecido a Sadam Husein la oportunidad y el pretexto para reafirmar su influencia sobre la totalidad del territorio, influencia de la que se había visto privado a raíz del establecimiento de las zonas de protección. 
Su incursión en las zonas kurdas perturbó el elemento de estabilidad que la Resolución 688 y el consiguiente establecimiento de la zona de exclusión aérea habían hecho posible, lo que originó los ataques con misiles por parte de los EE.UU. la semana pasada. 
La situación en el norte de Iraq fue discutida en el marco de la reunión informal que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebraron en Tralee los pasados días 7 y 8 de septiembre. 
Por tratarse de una reunión informal no hubo, naturalmente, ninguna declaración formal, pero creo que en base a las conversaciones de Tralee, existe un amplio acuerdo entre los Estados miembros sobre el tema central del actual conflicto. 
Yo resumiría las áreas en las que hay acuerdo como sigue. 
La Unión siente una gran preocupación por el enorme potencial de muertes y daños económicos y sociales que pueden traer consigo las incursiones en el norte de Iraq por fuerzas ajenas, incluidas las del régimen iraquí. 
La Unión atribuye una gran importancia a la soberanía y la integridad territorial de Iraq. 
La Unión continúa estando a favor del mantenimiento de un enclave kurdo en el norte de Iraq. 
Hay acuerdo sobre la necesidad de mantener la zona de exclusión aérea en Iraq, como medida para controlar las políticas opresivas del régimen iraquí contra el pueblo de Iraq. 
La Unión Europea mantiene su deseo de entablar contactos con los países vecinos de la zona con vistas a reducir la tensión existente en el norte de Iraq. 
La Unión desea asegurarse de que se toman medidas para aliviar el sufrimiento de la población civil iraquí, y en particular de los niños, mediante la aplicación de la Resolución 986 del Consejo de Seguridad, que hará posible la venta de petróleo iraquí para comprar alimentos tan pronto como la situación lo permita. 
La Unión continuará persiguiendo estos objetivos en cooperación con la comunidad internacional haciendo uso de todos los canales disponibles. 
Como les explicará ampliamente el vicepresidente de la Comisión Sr. Marín, la Unión, que mantiene un antiguo compromiso de paliar la difícil situación humanitaria por la que atraviesa la población en el norte de Iraq, se propone responder a la actual situación de emergencia de los refugiados con toda la generosidad que permitan los recursos disponibles. 
Las estimaciones del número de refugiados se sitúan actualmente en torno a los 150.000 en el lado iraquí de la frontera, y aproximadamente en 59.000 los que han sido autorizados a entrar en Irán. 
La Presidencia ha dado asimismo instrucciones a la Troika formada por los jefes de misión en Ankara para que soliciten a las autoridades turcas que eliminen las recientes modificaciones administrativas para las ONG que desde Turquía operan en el norte de Iraq, de manera que estas ONG estén en mejores condiciones para ayudar a aliviar las consecuencias humanitarias de la actual situación en el norte de Iraq. 
Queremos asimismo que el personal de ayuda local iraquí que trabaja en proyectos de la UE pueda acogerse a la amnistía anunciada recientemente por el régimen iraquí con respecto al norte de Iraq. 
Representantes de la Presidencia y de la Comisión en Ankara intentarán conseguir garantías del Sr. Barzani, líder del PDK, en lo relativo a la seguridad del personal de ayuda local que trabaja en proyectos de la UE en la reunión que se celebrará en el norte de Iraq mañana jueves, 19 de septiembre. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo señor Mitchell, naturalmente la Comisión está muy preocupada por el aumento de la tensión en el norte del Iraq y por la situación humanitaria causada por los recientes conflictos militares. 
El riesgo de desestabilización de una región tan estratégicamente importante es motivo de profunda inquietud para todos, si bien las últimas informaciones parecen indicar una disminución del peligro de agravación del conflicto. 
Como acaba de señalar el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Mitchell, la Unión Europea reafirma la necesidad de respetar la integridad territorial de todos los Estados de la región, incluyendo el Iraq, y hace un llamamiento a todos los Gobiernos de la zona para que respeten este principio básico del Derecho internacional. 
La Unión Europea continúa firmemente convencida de la necesidad de aplicar en su integridad todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al Iraq, subrayando la obligación por parte del Iraq de respetar la Resolución 688 del Consejo de Seguridad para que se abstengan de realizar acciones contra la población kurda o contra otras minorías en el Iraq. 
En este contexto, también los ministros de Asuntos Exteriores condenaron la incursión iraquí en la zona de protección kurda e hicieron un llamamiento al Gobierno iraquí para la retirada inmediata de sus tropas, y la Unión Europea ha acogido también con satisfacción el acuerdo alcanzado con respecto a la Resolución 986 del Consejo de Seguridad, que autoriza al Iraq la exportación de petróleo a cambio de suministros humanitarios. 
De acuerdo con las informaciones disponibles, se ha producido, efectivamente, un flujo importante de refugiados hacia la frontera iraní. 
Según algunas estimaciones, el número de refugiados sería de varias decenas de miles de personas en el lado iraquí de la frontera, y ello además de los aproximadamente 40.000 refugiados a los cuales ya se les ha autorizado la entrada en territorio del Irán. 
Este país ha solicitado ayuda internacional para hacer frente a los suministros de comida, medicinas y cobijo para dichos refugiados. 
Aunque la tensión es todavía importante en la zona fronteriza con la presencia de fuerzas del PDK y varios miles de refugiados del UPK que podrían prepararse para una contraofensiva, la Comisión sigue decidida a aliviar la situación humanitaria de las víctimas inocentes del conflicto en la medida en que las circunstancias lo permitan. 
Como me pedía el Sr. Mitchell, paso a informarle de las medidas que está preparando la Comisión. 
El departamento para la ayuda humanitaria de la Comunidad (ECHO) está reuniendo, de manera activa, toda la información posible a través de sus partenaires en el Iraq. 
En este momento, la Comisión está trabajando en el Iraq a través de 22 organizaciones no gubernamentales y se espera que las agencias competentes de las Naciones Unidas establezcan próximamente sus estimaciones. 
Todo esto permitiría a ECHO determinar las intervenciones prioritarias, con el fin de responder a las necesidades más urgentes. 
No necesito recordar a los miembros del Parlamento la importante ayuda que ya ha sido prestada por la Unión Europea a las poblaciones kurdas del norte del Iraq en las dramáticas circunstancias que siguieron al fin de la guerra del Golfo en 1991. 
Desde 1992, la Unión Europea ha destinado aproximadamente 83 millones de ecus para la ayuda humanitaria en el Iraq, y el 80 % de esta suma ha sido precisamente asignada al norte del país. 
Además de esta cantidad, la Comisión ha comprometido 8 millones de ecus para los programas de rehabilitación en el norte del Iraq, y otras cantidades han sido destinadas también en favor de ONG para el desarrollo de la cooperación descentralizada. 
Quisiéramos manifestar no nuestra satisfacción pero, al menos, nuestra esperanza al saber que las fuerzas del PDK, después de la conquista de Arbil y Sulamainiya, se han comprometido a proteger a los miembros de las ONG de posibles ataques. 
Sin embargo, tengo que manifestar que estamos muy preocupados por la declaración del Gobierno iraquí del pasado día 11 de septiembre, según la cual la amnistía prometida para la población kurda del norte no se aplicaría a los nacionales iraquíes que han sido calificados como traidores porque han trabajado para agencias internacionales de ayuda humanitaria en el norte del Iraq. 
La Comisión quiere aprovechar esta oportunidad para señalar que, tanto los miembros extranjeros como los miembros kurdos de los equipos de ayuda humanitaria que han sido financiados por la Comunidad Europea en el norte del Iraq, han llevado a cabo labores puramente humanitarias y, en consecuencia, el régimen iraquí no les puede calificar de traidores, tratándose esta circunstancia de un elemento de presión inaceptable e injustificable. 
La Comisión hace, pues, un llamamiento al Gobierno del Iraq para que evite cualquier acción de represalia o que ponga en peligro la seguridad de los miembros nacionales o extranjeros del personal de las ONG en el norte del país. 
Y en este sentido, nos complace señalar, como ya planteaba el Sr. Mitchell, que el Presidente del PDK, Sr. Barzani, ha acordado tratar esta cuestión- la del personal de ayuda humanitaria en el norte del Iraq para garantizar su seguridad y su trabajo- en una reunión que tendrá lugar el jueves 19 de septiembre, es decir, mañana. 
Esperamos que de esta reunión salga, efectivamente, el compromiso de los vencedores, en principio, de esta guerra entre kurdos para que se proteja al personal de la Unión y al personal kurdo que está trabajando sobre el terreno. 
La Comisión coincide también con el Sr. Mitchell en que es muy importante- teniendo en cuenta que posteriormente ustedes van a discutir acerca de Turquía- que las autoridades turcas se muestren dispuestas a cooperar con los servicios de la Comisión Europea para facilitar todas las medidas necesarias y que nos permitan, efectivamente, si fuera necesario, utilizar el corredor turco, al objeto de poder hacer llegar la ayuda humanitaria vía Turquía hacia el norte del país. 
Y esto es muy importante. 
Este es el resumen del estado de la cuestión que le puedo ofrecer en este momento al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, ante todo tengo que decir que aprecio el esfuerzo humanitario que la Comisión está desarrollando en la región: es muy importante y de ningún modo lo infravaloro. 
No obstante, quisiera detenerme en los aspectos políticos de carácter general. 
Es la segunda vez que Sadam Hussein pone a prueba a la comunidad internacional, a la ONU y sus resoluciones y no nos cabe ninguna duda de que la comunidad internacional debería reaccionar, ya sea para proteger a la población kurda, ya sea para evitar una posible reactivación del conflicto entre Iraq e Irán: reaccionar, con el objetivo de hacer retroceder a las tropas iraquíes fuera de la zona protegida de la ONU, pero también afrontando las múltiples causas de crisis que han frenado en pocos meses, o pueden frenar, la perspectiva de una difícil y gradual pacificación de la región. 
Desde hace algunos meses, la situación en la región se ha deteriorado considerablemente. 
Muchos comentaristas se han preguntado porqué Sadam Hussein ha escogido este momento para iniciar un conflicto de resultados imprevisibles y establecen una conexión con las inminentes elecciones norteamericanas. 
Yo no lo creo. 
Creo, en cambio, que el deterioro de las relaciones entre Israel y los países árabes, el peligro concreto de que la acción de paz llevada a cabo por Arafat con el apoyo de los gobiernos árabes moderados pueda fracasar y provocar un debilitamiento político e irremediable de sus promotores, han reabierto la lucha por el liderazgo en el mundo árabe. 
Tras la guerra del Golfo, Arafat, Mubarak, Hussein de Jordania han ocupado el terreno de la política internacional recorriendo una vía estratégicamente opuesta a la del conflicto con Israel, y en definitiva con los Estados Unidos y Europa. 
Iraq, Irán, Libia y, aunque en muy diferente medida, Siria han permanecido fuera de los grandes procesos políticos de la región. 
Ahora Sadam Hussein relanza su liderazgo frente al posible fracaso de los acuerdos de Oslo. 
La decisión del Gobierno de Israel de reanudar los asentamientos en la zona palestina, en vez de retirarse progresivamente según lo previsto en los acuerdos, pone en entredicho la estrategia de paz por territorios y repercute en la situación política más general. 
Asimismo, tal política impide las negociaciones con el Líbano y con Siria sobre el Golán, situando estos países en una posición conflictiva. 
En este contexto, es posible que resurjan las múltiples causas de crisis en la región. 
Por ello, consideramos que no se trata sólo de llevar a cabo una acción militar disuasoria con Iraq, sino también de desarrollar una acción política, económica y de seguridad, dirigida conjuntamente por todos los países que tienen relevancia en la zona: ante todo, los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, los países árabes moderados y la ONU. 
Por consiguiente, el límite de la intervención norteamericana es que es unilateral y parcial. 
La falta de implicación de otros protagonistas debilita la presión sobre Sadam Hussein. 
Esta situación causa graves divisiones, incluso entre los países árabes más moderados, y presenta a la ONU como una institución dependiente, demasiado dependiente, de los Estados Unidos, lo cual no interesa ni a una parte ni a la otra. 
Es preciso reflexionar sobre ello si se quiere afrontar globalmente la situación y dar una respuesta adecuada a Sadam Hussein. 
Entre tanto, lo primero que debe hacer la Unión es asumir sus obligaciones buscando una concertación con los Estados Unidos, con Rusia y con los países árabes que hasta ahora han apoyado el proceso de paz en Oriente Medio. 
Señor Presidente, está muy bien que el Parlamento Europeo llegue a un acuerdo sobre la resolución que condena las incursiones iraquíes en la zona de seguridad kurda, y que exige la retirada total de las fuerzas iraquíes. 
La resolución subraya la gravedad del hecho de que los kurdos no puedan llegar a un acuerdo entre ellos mismos, y solicita que el Consejo de Ministros y la Comisión adopten una posición común sobre el conflicto, proponiendo además que se ofrezcan para actuar como mediadores entre los partidos kurdos PDK y UPK. 
Ciertamente, señor Presidente, todo esto está muy bien. 
Pero en una de las cuestiones centrales en este contexto no se llegó a la unanimidad en el Parlamento. 
Todos los partidos han presentado su propuesta de resolución. 
El grupo liberal expresa en su propuesta su total apoyo hacia el ataque americano con robots teledirigidos- una respuesta que Sadam Hussein entiende a la incursión que realizó en la zona de seguridad kurda. 
Los liberales apreciamos el hecho de que al menos exista alguien que esté despierto y actúe. 
Otros partidos desean por el contrario distanciarse, o condenar del todo la acción americana. 
El único compromiso al que se llegó fue que la resolución común no expresaría ninguna tendencia. 
La posición común que el Consejo no pudo conseguir tampoco se logró en el Parlamento. 
Ahora el Parlamento ruega al Consejo de Ministros que lo intente de nuevo. 
Espero, como otros diputados de mi grupo, que el Consejo lo haga. 
En cualquier caso, señor Presidente, el Consejo debería sentirse muy halagado por la confianza que le tiene el Parlamento. 
Señor Presidente, a nuestro parecer, las declaraciones de los Sres. Mitchell y Marín se han limitado a los temas tratados, han resultado evasivas respecto a la declinación de responsabilidad por parte de la Comisión y del Consejo y, en su conjunto, son profundamente frustrantes. 
La intervención del régimen de Bagdad en las provincias septentrionales del territorio nacional iraquí no ha provocado únicamente la huida desesperada de los civiles kurdos y una crisis político-militar por las imprevisibles consecuencias en Oriente Medio, sino que ha intensificado y exasperado los terribles sufrimientos de toda la población iraquí. 
Aunque la intervención de Sadam Hussein no pueda justificarse, tan injustificada y desproporcionada debe considerarse la violenta reacción unilateral de los Estados Unidos, los ataques con misiles a distancia, los preparativos para posteriores y más duras operaciones militares contra Iraq, la ampliación, sin mandato alguno de la ONU, de las zonas de prohibición aérea. 
Estas son las conclusiones implícitas y explícitas adoptadas en las propias Naciones Unidas por la inmensa mayoría de los países que participaron en la coalición bélica de 1991. 
Por lo tanto, es para nosotros motivo de profunda sorpresa, si no de verdadera consternación, comprobar cómo en esta Asamblea parlamentaria se hacen declaraciones de apoyo, más o menos encubiertas, más o menos explícitas, a las insensatas iniciativas de los Estados Unidos, o cómo, de cualquier forma, son interpretadas en este sentido por la Administración Clinton, que hasta ayer únicamente contaba con el apoyo de Kuwait, de Bahrein y del gobierno de Londres. 
Pero no es de esto de lo que queramos hablar, sino de la insensibilidad demostrada por esta Asamblea y por los promotores de una resolución que acabo de leer en relación con el crimen, casi con el genocidio perpetrado durante cinco años por la vía de las sanciones aplicadas contra la población civil iraquí. 
560.000 muertos por privaciones o enfermedad desde 1992 hasta enero de 1996, de los cuales 480.000 eran niños menores de cinco años. 
Ahora, la Administración Clinton ha decidido prorrogar sine die estas sanciones y no permitir ni siquiera el intercambio de exportaciones limitadas al petróleo iraquí por productos alimenticios y médicos. 
Una decisión execrable que va en contra de los acuerdos explícitos de la ONU, una decisión que, más allá de la escalada en curso, merece la condena de la población civil y, así lo deseamos, de esta Asamblea parlamentaria. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, condenamos con la máxima firmeza la intervención de las tropas iraquíes. 
El régimen iraquí destruyó en los años ochenta millares de aldeas kurdas y utilizó gases tóxicos para matar y deportar a decenas de miles de personas. 
No obstante, yo también critico los nuevos ataques norteamericanos, puesto que Estados Unidos y sus aliados son igualmente corresponsables, como mínimo, de la situación desesperada de esta región y del Kurdistán. 
Lo realmente trágico es, empero, que el conflicto entre el UPK y el PDK, que en los pasados dos años se ha cobrado alrededor de 2.000 vidas humanas, ha favorecido la inferencia continuada de los Estados vecinos, Irán y Turquía, y también la reciente invasión iraquí. 
Sobre los dirigentes de ambos partidos recae una enorme responsabilidad por la desestabilización de la autonomía kurda y esto es ciertamente una tragedia para los kurdos. 
No obstante, recordemos también los siguientes hechos: en 1991, después de la guerra del Golfo, una parte del territorio kurdo del Iraq fue declarado zona protegida. 
A pesar de ello, esta región se ha convertido en una de las más pobres e inseguras del mundo, debido a las presiones a que está sometida y al bloqueo económico. 
Esta ha sido otra de las causas del estallido del conflicto entre los dos grandes partidos kurdos que compiten por el poder y los recursos. 
Hace años que la población kurda no cuenta con una auténtica protección frente a las continuadas agresiones, incluidos los ataques militares, de Irán, Turquía e Iraq. 
Nunca existió una auténtica voluntad de promover la reconciliación entre los kurdos dotándola de una base sólida en forma de apoyo económico y de un reconocimiento internacional de la autonomía kurda, y éste es, de hecho, el requisito previo para una solución política pacífica, la única que puede contemplarse. 
Ante todo queremos dirigir, no obstante, un urgente llamamiento a los partidos kurdos para que declaren por fin un alto el fuego y pongan término a esta insensata guerra intestina. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su sucinto y útil análisis de la situación. 
No obstante, a medida que avanzaban las presentaciones del Consejo y, luego, de la Comisión, comencé a preguntarme cada vez con más insistencia qué estábamos haciendo en la zona kurda o qué estábamos haciendo en Iraq. 
Al parecer, la respuesta es que la Unión Europea está proporcionando ayuda humanitaria y que lo estamos haciendo muy bien. 
Tenemos grandes esperanzas de que nuestro personal de ayuda no se vea afectado por los problemas, y que las personas que les han prestado su ayuda puedan gozar de inmunidad. 
En realidad es una ambición muy minimalista. 
Es muy triste que el esfuerzo de la Unión Europea en asuntos exteriores tenga que limitarse a recoger los pedazos cuando el daño ya está hecho, a pesar de lo importante que esta labor pueda ser. 
Tenemos que hacernos algunas preguntas sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y hacia dónde queremos ir este año en la CIG. 
No sería mucho mejor si, en vez de esa ficción postimperial de tener dos miembros de la UE que insisten en que son potencias nucleares con un papel mundial, lo cual les da derecho a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aunáramos nuestra acción como Unión Europea y dijéramos: en la PESC debe aplicarse la votación por mayoría cualificada. Ello evitaría que cualquier Estado pueda vetar las medidas que desea la mayoría de los europeos. 
En ese momento tal vez descubramos que es posible abandonar la extraña situación de condenar a Sadam Husein y de condenar a los norteamericanos por atacarle, porque entonces podríamos decir «si hay algo que Europa puede hacer, que lo haga». 
Los quince Estados miembros pertenecen a las Naciones Unidas. 
La voz europea y el esfuerzo europeo no están siendo aprovechados al máximo. 
La última oradora, Claudia Roth, tenía razón cuando apuntaba a una solución democrática. 
Tenemos que dirigir nuestros esfuerzos hacia la autodeterminación del pueblo kurdo, hacia su autonomía en el norte de Iraq y en el Kurdistán turco, en todas esas zonas, porque es la única forma de llegar a una solución duradera. 
Desde el punto de vista del derecho internacional público quizás puedan formularse muchas preguntas críticas a las recientes acciones militares de Estados Unidos en Iraq. 
A fin y al cabo, la instauración y la defensa de zonas seguras para los kurdos no puede atribuirse directamente a una resolución del Consejo de Seguridad. 
Pero es evidente que Iraq sigue suponiendo un enorme peligro para Oriente Medio. 
El país se recupera poco a poco de la Guerra del Golfo. 
Está levantando de nuevo su poder militar y también hay indicios de que Iraq dispone de armas de destrucción masiva. 
La falta de consenso por parte de la Unión Europea en relación con los sucesos en Iraq vuelve a poner de manifiesto lo difícil que es seguir una política exterior común. 
Una diferencia de opiniones, como en este caso en torno a Iraq, no se supera tan fácilmente creando instituciones o procedimientos de decisión. 
La soberanía, las tradiciones y los intereses de los Estados miembros tienen una y otra vez un significado decisivo. 
Las expectativas en este ámbito tampoco han de ser demasiado altas. 
Ello no quita que sea muy decepcionante que por las diferencias de opinión entre Estados Unidos y diversos países europeos sufran las relaciones transatlánticas. 
En vistas del proceso de paz entre Israel y los países árabes, y los intereses vitales en Oriente Medio, los aliados occidentales deberían hablar con una sola voz en esta región y tendrían que evitar un enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa en Oriente Medio. Con ello, sólo se logra hacerle el juego a Saddam Hussein. 
Por último, los kurdos. La posición de este pueblo es crítica. 
Los kurdos son una vez más el chivo expiatorio. 
La lucha interna entre grupos kurdos es una de las razones, pero Occidente ha de hacer frente a su corresponsabilidad, protegiendo ahora con preferencia a estos pueblos frente a Iraq y estimulando alguna forma de autonomía. 
Señor Presidente, por razones electorales y petroleras, el Gobierno Clinton acaba de ordenar el envío a Kuwait de varios miles de soldados americanos. 
Viniendo después del ataque unilateral perpetrado recientemente por la aviación y la marina americanas contra Iraq, esta acción hace que pese una nueva y grave amenaza sobre la paz mundial. 
Esta política de la cañonera no se oculta ni tan siquiera detrás de la tapadera de la ONU. 
Clinton no perdona al Gobierno iraquí que le haya desbaratado el complot urdido por la CIA para derribarle y que le haya demostrado que la gran mayoría de los cuatro millones de kurdos iraquíes deseaba quedarse en su marco nacional, con el partido del Sr. Barzani. 
La Unión Europea, una vez más, como en la ex Yugoslavia, ha demostrado que no puede tener una política exterior común. 
En efecto, Francia, que fue aliada de Iraq, ha tomado cierta distancia, aunque modesta, con respecto a esta política loca. 
Gran Bretaña y Alemania han apoyado inmediatamente la agresión, como apoyan desde hace cinco años el genocidio criminal, metódico e hipócrita del pueblo iraquí. 
Todos los observadores de todas las opiniones políticas han denunciado el hecho de que, cada día, el bloqueo mata a más de mil personas en Iraq, entre ellas a 600 niños. 
Esta política criminal ha matado ya a un millón de iraquíes. 
Ya no hay medicamentos, anestésicos, material médico o quirúrgico, ni libros y muy pocos alimentos. 
El acuerdo «petróleo a cambio de alimentos» jamás se ha aplicado y sigue bloqueado. 
Ahora bien, ustedes no dicen nada. 
¡No hacen nada! 
¿Quién es, pues, racista? 
Se lo pregunto a ustedes. 
¿Los que defienden a los árabes musulmanes y cristianos de Iraq o los que, como ustedes, les asesinan y les hacen padecer hambre en nombre de los derechos humanos? 
La urgencia absoluta, la que exigen la justicia y los derechos humanos, es el levantamiento total del bloqueo y ello ¡no aliviará su conciencia o sus crímenes! 
Quisiera recordar al público presente en la tribuna que no está permitido hacer comentarios sobre el debate que se está desarrollando en la Asamblea. 
Se debe asistir en silencio y escuchar a todos los participantes, si así se desea. 
Los visitantes deberían de saberlo, porque así figura en las instrucciones que reciben al entrar en el recinto del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, el regreso de las tropas de Sadam Husein al Kurdistán iraquí, después de todo lo que ha hecho durante años para destruir las aldeas kurdas y oprimir al pueblo kurdo, es indignante, pero lo más monstruoso es que haya sido invitado a volver por uno de los principales partidos kurdos, el PDK. 
Lamentablemente, el UPK, el otro partido kurdo importante iraquí, es igual de culpable ya que anteriormente había colaborado con los guardianes de la revolución iraní en los ataques que éstos dirigieron a los campamentos kurdos en Irán, los cuales han sufrido el despiadado acoso de los iraníes, y más tarde en una vil campaña militar contra el PDK iraquí. 
Todo ello demuestra que la división que existe actualmente entre los partidos kurdos es más profunda que la que los separa de sus enemigos foráneos, y representa una enorme amenaza para los intereses reales del pueblo kurdo en su conjunto. 
Esta situación se ha visto facilitada por la falta de un acuerdo permanente en el Golfo que garantice los derechos de los kurdos a largo plazo. 
Aunque todos tenemos grandes deseos de que se instaure un régimen democrático en Iraq, aplazar la consolidación de la autonomía kurda hasta entonces equivale a dejar un vacío en el que podría continuar la intriga mortífera de estos últimos años. 
Aunque no debe producirse el más mínimo levantamiento del embargo de suministros militares a Iraq, si pudiera alcanzarse un acuerdo para levantar las sanciones sobre otros suministros, sanciones que están causando mayores daños a la población que el propio Sadam, a cambio de una estabilización de la autonomía kurda, supondría dar un importante paso adelante. 
El PDK controla actualmente la mayoría del Kurdistán iraquí y al parecer ha declarado la amnistía y ha permitido que el Parlamento se reúna tras haber permanecido paralizado durante dos años. 
Ahora es el momento de ejercer la máxima presión posible sobre el PDK para que mantenga alejados a los agentes de Sadam, para que proteja al personal de las ONG y para que conceda la libertad a todos y facilite la celebración de nuevas elecciones. 
Como se propuso en el marco de las conversaciones de Drogheda, hay de disolver las milicias que mantienen los partidos para que sean sustituidas por un ejército kurdo unitario que esté bajo el mando de una autoridad elegida por los kurdos. 
Los ataques militares del ejército norteamericano, aparte de otras objeciones, no son ningún sustituto de una política constructiva e, independientemente de las repercusiones que puedan tener en Washington, en muchos aspectos son contraproducentes para la zona. 
La Unión Europea nunca debe permitir que los Estados Unidos tomen la iniciativa. 
La Unión debe participar en los esfuerzos para resolver las diferencias entre los partidos kurdos y ayudarles a reconstruir la economía. 
Tenemos un excelente historial de la ayuda facilitada, pero lo cierto es que no debemos permitir que esa zona se deje a merced de las bandas armadas para que recauden impuestos y tasas ilegales y para que sigan actuando como lo han venido haciendo. 
Si las ONG se ven obligadas a abandonar la zona, se producirá un deterioro de las condiciones y una escalada del conflicto armado. 
Existe en estos momentos un argumento muy fuerte, quizá para el Parlamento- y ciertamente para la Unión- a favor de enviar una nueva delegación de investigación que podría además transmitir nuestra profunda preocupación y ayudarnos a mejorar aún nuestra contribución en la búsqueda de soluciones a los problemas de la zona. 
Señor Presidente, la presunción de los Estados Unidos de poder resolver unilateralmente problemas que se remontan al año 3000 a.C, esto es, a los sumerios y acadios, es proporcional a las contradicciones europeas al abordarlos. 
Obviamente, estas contradicciones son consecuencia de la divergencia de intereses dentro de la Unión Europea, así como de la falta de una política exterior común que, si por una parte alimenta la presunción norteamericana ya comentada, por otra infravalora la secular amenaza procedente del fundamentalismo islámico, la cual no debe inducirnos aún a ignorar que las principales víctimas de tal fundamentalismo son precisamente las poblaciones de esta zona geográfica. 
Es preciso, pues, expresar nuestro aprecio por las ayudas humanitarias y nuestro estímulo para que la Unión Europea asuma finalmente el papel de protagonista que le corresponde. 
Señor Presidente, los miembros del grupo interparlamentario Estados Unidos-Europa estuvimos debatiendo hace pocas semanas en Washington la ley Helms-Burton y criticamos que no se consultara a la Comunidad Europea. 
Europa constituye la base para el desarrollo de una nueva cultura política. 
La tarea más importante de la política es resolver conflictos, y no crearlos, intentar comprender al otro y buscar soluciones compartidas, que incluyan unas reglas del juego y un marco de condiciones adecuados. 
El diálogo transatlántico ofrece un modelo para la cooperación, el intercambio de información y la adopción de objetivos comunes. 
Es urgentemente necesario abordar la resolución de conflictos a través de incentivos financieros y materiales y crear una institución administrativa que sirva de marco para un diálogo permanente. 
Pensemos en posibles alternativas y presentémoslas a nuestros interlocutores para que las valoren y elijan entre ellas. 
Estados Unidos tomó la iniciativa después de la invasión iraquí de Kuwait, con la presentación de una propuesta de resolución internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Para nuestros intereses es fundamental que actuemos unidos. 
Es preciso evitar una nueva escalada y debe impedirse el uso de armamento nuclear, biológico, químico y otros en conflictos de este tipo. 
Es necesario que progrese sin demora la acción de «intercambio de alimentos y medicamentos por petróleo». 
Sobre todo es urgente una ayuda rápida para los refugiados. 
Yo insto al Consejo y a la Comisión a que plasmen en una posición común de la Comunidad Europea las medidas tácticas y estratégicas exigidas. 
Europa ha demostrado en los últimos decenios que la cultura europea, la política europea, el diálogo, la discusión de los problemas y la definición de unas reglas del juego permiten resolver conflictos. 
Se requieren nuevos enfoques para la resolución de conflictos. 
La escalada no es en sí misma ninguna garantía de una paz futura. 
Y esta es la tarea y la motivación más importante de la actividad política: garantizar a nuestros ciudadanos la paz en el mundo entero. 
Señor Presidente, yo creo que lo que un parlamentario europeo tiene esencialmente que decir sobre el Iraq es que, una vez más, los acontecimientos nos han sorprendido. 
Quizás si hubiéramos puesto en marcha aquel mecanismo, del que tantas veces hemos hablado, para analizar los posibles conflictos esto pudiera no haber ocurrido. 
Pero es indudable que la dispersión de nuestras diplomacias y la falta, a pesar de los mecanismos de cooperación intergubernamental, de un verdadero entendimiento entre ellas parece haber cogido, una vez más, por sorpresa a la Unión Europea. 
Esta es la explicación benevolente que podemos y debemos dar- y queremos dar, sobre todo- al hecho de que haya habido respuestas tan variadas, tan dispersas e incluso tan contradictorias entre los miembros de la Unión Europea ante un episodio que se podía saber que algún día volvería a producirse. 
Por lo demás, yo creo que nosotros debemos insistir en la necesidad de una respuesta firme y clara a la acción de Sadam Husein, al rechazo de los principios de totalitarismo y dictadura implacable que él impone en aquel país y a la necesidad de que los derechos del pueblo del Iraq sean respetados en primer lugar por quien los gobierna. 
Por supuesto, de esa situación están derivando consecuencias tristísimas para el pueblo del Iraq en general, y para sus poblaciones más jóvenes en particular. 
Y están derivándose consecuencias también muy tristes para los pueblos que componen una suerte de anfictionía llena de contradicciones internas, que son los pueblos que pueblan aquel territorio. 
Nos parece necesario que los derechos de autonomía, los derechos de expresión de la propia personalidad, del abigarrado conjunto del pueblo del Iraq sean aceptados y reconocidos, lo que, por cierto, no tiene que ir en desmedro ni contra los intereses del mantenimiento de la unidad del Iraq. 
Es perfectamente comprensible que se quiera mantener esa unidad, que los demás países de la zona no deseen ver en peligro la unidad de una nación que pueda después repercutir sobre la unidad de ellos mismos, pero creo que habría llegado el momento de que la Unión Europea, manifestándose por fin solidaria con la acción que ha sido necesario iniciar por parte de los Estados Unidos, lo sea también con el destino unido de ese pueblo y con la diversidad interna de las diversas poblaciones que lo componen. 
Señor Presidente, en primer lugar, he tomado nota de los comentarios de sus Señorías en el debate y quisiera asegurar a la Asamblea que la Unión Europea se siente profundamente comprometida con la búsqueda de una paz justa, duradera y completa en toda la zona de Oriente Próximo. 
El Consejo Europeo de Florencia reafirmó que el éxito del proceso de paz en Oriente Próximo continúa siendo uno de los intereses fundamentales de la Unión. 
El reto al que se enfrenta la Unión y la comunidad internacional consiste en devolver el impulso y el ímpetu al proceso, y continuaremos colaborando constructivamente con todas las partes de la zona en nuestros esfuerzos para apoyar el proceso de paz. 
Varios oradores han planteado la cuestión de la respuesta de la Unión al futuro del norte de Iraq y a la situación humanitaria de la población iraquí. 
La Unión tiene una serie de objetivos muy claros, a saber: contribuir a garantizar la seguridad permanente de la población civil iraquí; aliviar las tensiones que existen en el norte de Iraq, principalmente mediante la retirada de las fuerzas gubernamentales iraquíes así como mediante el apoyo al diálogo entre las facciones kurdas; defender el mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados de la región, incluido Iraq; y garantizar que se toman medidas para paliar el sufrimiento de la población civil iraquí y de los niños en particular mediante la aplicación de la Resolución 986 del Consejo de Seguridad de la ONU, como he dicho anteriormente, la cual permitirá la venta de petróleo iraquí para comprar alimentos tan pronto como las condiciones lo permitan. 
La Unión continuará persiguiendo estos objetivos mediante todos los canales. 
Quisiera repetir, como ha declarado el Comisario Sr. Marín, que la Unión, que mantiene el antiguo compromiso de paliar la difícil situación humanitaria de la población del norte de Iraq, se propone responder a la situación de emergencia en la que viven actualmente los refugiados con toda la generosidad que le permitan los recursos disponibles. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Situación política en Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la actual situación política en Turquía, así como a la declaración de la Comisión sobre la realización de la Unión aduanera con Turquía. 
Señor Presidente, tengo entendido que los temas de Turquía y Chipre serán tratados conjuntamente. 
La Unión Europea reconoce desde hace mucho tiempo la importancia de mantener unas relaciones estrechas y constructivas con Turquía. 
Las relaciones formales establecidas a raíz del Acuerdo de asociación de 1964 han entrado ahora en una nueva fase con la entrada en vigor, a finales del pasado año, de la unión aduanera. 
La unión aduanera debe ser vista como un elemento central de la estrategia de la Unión Europea para apoyar el proceso de democratización y de reforma interna en Turquía. 
La unión aduanera es una de las formas de asociación más estrechas con terceros países que ofrece la Unión Europea. 
Aunque básicamente se trata de un acuerdo económico, los posibles beneficios de una unión aduanera se extienden mucho más allá de la esfera económica. 
El desarrollo económico que se intenta estimular con la unión aduanera debe contribuir a la creación de un clima favorable para acelerar la reforma interna en Turquía. 
Una mayor interacción económica entre la Unión Europea y Turquía fomentará un mejor entendimiento mutuo y el reconocimiento por ambas partes de una comunidad compartida de intereses. 
Del estrechamiento de la integración en las estructuras europeas que lleva consigo la unión aduanera cabe esperar un fortalecimiento de la orientación europea de Turquía y un aumento de la capacidad que tiene la Unión Europea para ejercer una influencia positiva y útil sobre los acontecimientos en Turquía. 
El Consejo se ha mantenido constantemente atento a la situación de los derechos humanos y los avances democráticos en Turquía, de conformidad con los deseos manifestados por el Parlamento Europeo cuando éste dio su dictamen conforme a la unión aduanera. 
Hemos continuado reiterando ante las autoridades turcas que el respeto del Estado de derecho y de las libertades fundamentales constituye la base para el acercamiento entre Turquía y la Unión Europea. 
El proceso de ratificación de la unión aduanera y la clara posición adoptada por la Unión Europea en ese contexto dieron un valioso impulso a las reformas internas en Turquía. 
Los cambios constitucionales y las enmiendas al artículo 8 de la Ley antiterrorista aprobados por la Gran Asamblea Nacional turca el pasado año fueron pasos gratificantes en la dirección acertada. 
Asimismo nos vimos alentados por las muestras que apuntaban a que las autoridades turcas consideraban dichas medidas como una etapa del proceso continuo de revisión constitucional y legislativa. 
Durante su visita a Dublín el pasado mes de julio, la Sra. Çiller aseguró a la Presidencia irlandesa que, desde su cargo actual, se proponía perseguir las reformas que ella misma había iniciado cuando era Primera Ministra. 
El Consejo reconoció la gravedad de los problemas en materia de seguridad interna que, para las autoridades turcas, plantea el mantenimiento de la campaña de violencia que se lleva a cabo en el sudeste del país. 
El Consejo condena sin reservas todos los actos de terrorismo. 
La mejor forma en que un gobierno democrático puede hacer frente a la amenaza terrorista, sin embargo, es manteniéndose fiel a los valores fundamentales. 
La perdurable atracción y la flexibilidad de la sociedad democrática están enraizadas en gran medida en la protección que proporciona al individuo y en la garantía de la libertad de expresión. 
De ello se deduce, como una cuestión de principio y viabilidad, que la lucha contra el terrorismo se libre dentro de la ley y en cumplimiento estricto de los derechos humanos. 
El Consejo cree que la situación en las provincias del sudeste no debe enfocarse exclusivamente como un problema de seguridad. 
En ese sentido, nos sentimos optimistas por la legislación aprobada recientemente por la Gran Asamblea Nacional turca encaminada a levantar el estado de excepción que dura nueve años en esas provincias. 
(Protestas) Instamos a las autoridades turcas a que reanuden sus esfuerzos para mejorar la situación de la minoría kurda. 
Una solución sostenible exigirá la aceptación y la confianza de la amplia mayoría de la población de la zona. 
Debe ser lo bastante imaginativa y generosa como para permitir una expresión adecuada de la identidad cultural kurda que sea compatible con el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de Turquía. 
Una solución política duradera garantizaría la estabilidad y la cohesión interna de Turquía y liberaría valiosos recursos para el desarrollo económico y social. 
La entrada en vigor de la unión aduanera ha ido acompañada de la introducción de mayores acuerdos sobre el diálogo político entre la Unión Europea y Turquía. 
Ello proporcionará un marco para entablar contacto sobre temas de mutuo interés y preocupación en los que la cooperación entre ambas partes puede contribuir a la paz y la estabilidad internacional. 
Turquía tiene un importante papel en la incipiente arquitectura de la seguridad europea, y ha participado activamente en los esfuerzos internacionales para consolidar el proceso de paz en Bosnia y Herzegovina. 
La asociación euromediterránea lanzada en Barcelona en 1995 ha venido a añadir un nuevo lazo a las relaciones que la Unión Europea mantiene con Turquía. 
Ambas partes se han embarcado ahora activamente en una importante iniciativa encaminada a garantizar que la región mediterránea se convierta en una zona de comercio y diálogo en la que la paz, la estabilidad y la prosperidad estén garantizadas. 
La adopción del reglamento del programa MEDA por el Consejo de Asuntos Generales el pasado mes de julio, a raíz del dictamen conforme del Parlamento, fue un paso importante en el desarrollo de la asociación euromediterránea. Dicho reglamento estableció el mecanismo regulador y presupuestario necesario para dar una expresión concreta al compromiso de la Unión de contribuir más activamente al desarrollo socioeconómico de sus socios mediterráneos, incluida Turquía. 
El reglamento financiero especial, una medida complementaria pensada para ayudar a Turquía a adaptar su sector industrial al nuevo entorno competitivo creado por la unión aduanera, está aún pendiente de ser adoptado formalmente. 
El proyecto de reglamento aprobado por el Parlamento a comienzos del presente año prevé una ayuda financiera por valor de 375 millones de ecus para Turquía durante un período de cinco años. 
El Consejo emitió en julio una declaración recordando que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía deben basarse en un claro compromiso de respetar el Derecho internacional y los acuerdos contraídos, en la práctica internacional pertinente y en la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros y de Turquía. 
El Consejo considera que las disputas deberán resolverse recurriendo únicamente al Derecho internacional. 
El diálogo debe ajustarse a las líneas fijadas por las partes interesadas. 
Se espera que ello contribuya a una mejora de sus relaciones bilaterales, así como al establecimiento de un mecanismo de prevención de crisis. 
A petición del Consejo, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Dick Spring, presentó la declaración a la viceprimera ministra Çiller durante su visita a Dublín en julio, y pidió al Gobierno turco que se pronunciara sobre si estaba dispuesto a cumplir los principios recogidos en la declaración. 
La ministra confirmó que el Gobierno turco estudiaría atentamente la declaración. 
El Sr. Spring volverá a reunirse con la Sra. Çiller... 
Señor Presidente, resulta muy difícil hablar si los diputados interrumpen. 
Están presentes pocos diputados: al menos, estén en silencio y tengan respeto por la Presidencia del Consejo. 
¡Si estuviéramos todos, qué espectáculo daríamos! 
El Sr. Spring se reunirá con la Sra. Çiller durante la Asamblea General de las Naciones Unidas e intentará obtener su respuesta a dicha declaración. 
La Presidencia se mantendrá en contacto con las autoridades turcas al respecto, y abriga grandes esperanzas de recibir una respuesta constructiva que permita crear condiciones adecuadas para la intensificación de las relaciones UETurquía. 
En lo relativo a Chipre, la Unión Europea ha decidido que las negociaciones de adhesión se iniciarán con Chipre seis meses después de que concluya la Conferencia Intergubernamental, y que se tendrán en cuenta los resultados de la Conferencia. 
Se ha establecido un diálogo estructurado con Chipre como parte de la estrategia de preadhesión. 
Este mecanismo innovador ha sido ideado para facilitar, en un espíritu de asociación, la adaptación progresiva de las políticas de los futuros Estados miembros a aquéllas de la Unión y allanar así el camino hacia la integración. 
Además de crear un marco para el ajuste de las políticas económicas, se han desarrollado medidas para entablar un diálogo político que permita a los países candidatos, incluido Chipre, familiarizarse con las posiciones de la política exterior de la Unión. 
La perspectiva de integrarse en la Unión Europea ofrece un abanico de oportunidades históricas para encontrar una solución al problema de Chipre. 
Es fundamental no dejar escapar esta oportunidad y aprovechar el período de preadhesión de modo constructivo para avanzar hacia una solución equitativa y sostenible. 
Los recientes disturbios y las trágicas muertes ocurridos en Chipre son motivo de profunda preocupación. Representan el brote más grave de violencia en la isla desde hace bastante tiempo y han dado paso a un agravamiento de las tensiones entre ambas comunidades. 
La Unión Europea deplora enormemente la reciente violencia desatada en Chipre y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el norte de Chipre en respuesta a una entrada no autorizada en la zona de contención. 
Condenó los brutales asesinatos de dos civiles y expresó su profunda preocupación por las heridas que sufrieron muchos otros, entre los que se encontraban miembros del personal responsable del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
El Consejo ha hecho un llamamiento a la contención y la calma a raíz de estos trágicos sucesos. Ha instado a ambas partes a que eviten nuevos enfrentamientos y a que cooperen plenamente con las fuerzas de las Naciones Unidas destacadas en Chipre en sus esfuerzos por disipar las tensiones. 
El objetivo inmediato debe ser restablecer la calma e impulsar los esfuerzos para establecer un diálogo político entre ambas partes. 
El anuncio que hizo la semana pasada el Presidente Clerides de que se reunirá con el líder de la comunidad turcochipriota, Sr. Denktash, para discutir la desmilitarización de Chipre, supone un avance muy positivo. 
El Consejo espera que dicha reunión conduzca a la reanudación del diálogo político y permita avanzar hacia una solución concertada. 
Estos incidentes de Chipre han puesto de manifiesto la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos por promover una solución política amplia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Existe la opinión generalizada de que en el Conjunto de ideas elaborado por la Misión de Buenos Oficios del Secretario General de las Naciones Unidas se han identificado amplios parámetros para alcanzar una solución. 
La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General para avanzar hacia una solución que esté basada en la idea de una federación de dos zonas y dos comunidades dentro del marco ya establecido por las decisiones y resoluciones correspondientes de las NU en lo relativo a Chipre. 
Una coordinación estrecha de las actividades de la comunidad internacional en apoyo al Secretario General y su Enviado especial es crucial. 
Los distintos Estados y organismos internacionales interesados en el tema de Chipre deben desempeñar papeles complementarios que reflejen las diferentes aportaciones que pueden hacer a la búsqueda de una solución. 
El papel de la Unión Europea en este proceso deriva, lógicamente, de la perspectiva del ingreso y de su potencial como catalizador para encontrar una solución. 
La Unión siente una preocupación natural y esencial por la estabilidad de los países con los que entablará negociaciones de adhesión. 
También siente un interés legítimo por la forma que pueda tomar cualquier solución interna en Chipre, dado que deberá ajustarse al acervo de la Unión. 
El Consejo, por consiguiente, participa activamente en el esfuerzo internacional para hallar una solución política amplia en el marco de las Naciones Unidas. 
El representante de la Presidencia irlandesa, el embajador Kester Heaslip, visitó la región recientemente y mantuvo contactos con representantes de todas las partes implicadas. 
Asimismo está sirviendo como oficial de enlace con otros representantes, incluido el Profesor Han, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas. 
El Consejo también es consciente de que unas relaciones más estrechas con Turquía pueden contribuir a propiciar un clima de mayor entendimiento y confianza mutuos. 
He resumido en mi anterior intervención los esfuerzos del Consejo para crear unas condiciones idóneas para avanzar en las relaciones que la Unión mantiene con Turquía. 
La adhesión de Chipre a la Unión Europea debería aportar mayor prosperidad y seguridad a ambas comunidades de la isla. 
El acceso al mercado único podría actuar como un potente estimulante del desarrollo económico en toda la isla. 
La aplicación adecuada de las políticas comunitarias, incluidos los principios de cohesión económica y social, deberían ser un beneficio particular para la comunidad turcochipriota. 
Por otro lado, la Unión, en su calidad de comunidad de Estados democráticos y basada en el principio de unidad y diversidad, puede dar cabida a diferentes identidades. 
Además de las ventajas económicas, la pertenencia a la Unión podría ayudar a replantear las relaciones entre ambas comunidades en un marco internacional más amplio y reforzar las actuales garantías de su posición. 
La Unión intenta activamente garantizar que las ventajas de la asociación son conocidas por todos los chipriotas. 
Proseguiremos con nuestros esfuerzos para convencer a ambas partes de que, con la entrada de un Chipre unificado en la Unión Europea, tienen todas las de ganar y nada que perder. 
Señor Presidente, con motivo de los recientes graves incidentes de Chipre, la Unión Europea- como acaba de comunicar la Presidencia- ha condenado duramente la violencia fatal por parte turcochipriota. 
También la Comisión se ha sumado a esta declaración. 
La reacción contra los manifestantes grecochipriotas fue desproporcionada e inaceptable. 
Ahora sabemos también que ha muerto un militar turcochipriota, por causas todavía desconocidas. Por supuesto, también hemos de lamentar profundamente este suceso. 
Es de temer que los autores de semejante agresión intenten convencer a la opinión política de Chipre de que es peligroso permitir la convivencia de la comunidad grecochipriota y turcochipriota en un futuro Estado federal. 
La Unión Europea no puede desviarse del camino seguido hasta ahora. Es decir: hemos de mantener la decisión política tomada de iniciar las negociaciones de adhesión con Chipre a más tardar seis meses después de finalizar la Conferencia Intergubernamental. 
Ello nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos por hallar una solución política al problema de Chipre. 
Junto con la Presidencia y su representante especial, el embajador Heaslip, con las Naciones Unidas y Estados Unidos, hemos de hacer todo lo posible por reactivar el proceso de negociación. 
Naturalmente, habrá que pedir a todas las partes implicadas que aporten su granito de arena. 
Esto me lleva a las relaciones de la Unión Europea con Turquía. 
En octubre espero poder presentar al Parlamento el informe de progresión sobre la Unión aduanera con Turquía. En este informe también se abordará nuestra evaluación de los desarrollos en el ámbito de la democracia y la protección de los derechos humanos. 
Señor Presidente, permítame expresar mi sorpresa por los rumores de que en el proyecto de resolución se dice que la Comisión no ha cumplido su compromiso en relación al informe sobre los derechos humanos. 
El mes que viene, cuando se publique el informe, la Comisión cumplirá por completo las promesas hechas. Y dejo al margen la información que la Comisión ha facilitado regularmente en muchas reuniones de comisiones o en otras ocasiones en las que el Parlamento nos pidió datos sobre los desarrollos en Turquía. 
Pero anticipándome al informe que recibirán ustedes el mes que viene, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, sobre la Unión aduanera que entró en vigor en 1996: esta funciona- por lo que podemos comprobar ahora- sin demasiados problemas, y las dificultades que han surgido han podido resolverse con bastante facilidad por los expertos de ambas partes. 
Las exportaciones de la Unión Europea a Turquía han aumentado considerablemente, mientras que las importaciones de Turquía también han experimentado un crecimiento. 
Todavía es difícil determinar con respecto a este período cuál ha sido la influencia de los factores coyunturales. 
Lo que sí está claro es que, como se esperaba, los efectos negativos de la Unión aduanera, concretamente en el presupuesto nacional turco a raíz de la disminución de los ingresos aduaneros, se sentirán con fuerza y con todas sus consecuencias en la economía turca, que ya ha de soportar fuertes presiones. 
En cuanto a la cooperación financiera, el ministro Mitchell, la Presidencia irlandesa, lo acaba de esbozar. 
El apoyo financiero, que forma parte del acuerdo de la Unión aduanera del 6 de marzo de 1995- los 375 millones de ayuda especial en concepto de donaciones y los 750 millones de préstamos del Banco Europeo de Inversiones -, sigue estando bloqueado por razones políticas. 
Lo mismo sucede con el apoyo a la balanza de pagos, posibilidad que se previó en su momento. 
La única de las cinco partidas financieras para Turquía que en estos momentos no está bloqueada es el derecho de Turquía a recibir un importe procedente del programa MEDA. 
En lo que respecta a la situación en torno al desarrollo democrático y la situación de los derechos humanos, quiero observar de nuevo, anticipándome al informe ya mencionado, que a nuestro entender los resultados de las elecciones nacionales turcas de finales de 1995 siguen imprimiendo su sello en la situación. 
Todos hemos podido constatar que el gobierno Yilmaz/Çiller tuvo que hacer sitio poco después a un gobierno de composición totalmente diferente, concretamente del partido islámico del Sr. Erbakan, y el partido de la Recta Vía de la Sra. Çiller. 
Estos cambios políticos han tenido un efecto retardatorio en la economía y la política de Turquía, sobre todo con respecto a la labor legislativa. 
No se han logrado los propósitos expresados por anteriores gobiernos turcos de introducir una mayor democratización en la legislación. 
Es cuestión de seguir exigiéndolo con insistencia. 
Durante la huelga de hambre de los presos kurdos, la Comisión intervino ante la Sra. Çiller. 
Naturalmente, todos nos alegramos de la solución alcanzada al final, pero entre tanto hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. 
La situación política en Turquía es complicada, y hoy por hoy resulta difícil sacar conclusiones importantes sobre la dirección que emprenderá Turquía en su política exterior, también con respecto a su relación con Europa. 
Desde aquí exigimos enérgicamente que Turquía deje de incrementar la tensión con Grecia, a través de nuevas pretensiones territoriales, provocaciones militares u otras cosas. 
Las pretensiones territoriales han de dirimirse ante el Tribunal Internacional de La Haya. Recalco lo que la Presidencia ya ha dicho antes al respecto. 
Seguimos interesados en mantener buenas relaciones con Turquía. 
Es un país importante, y por consiguiente tiene una gran responsabilidad en la libertad y la estabilidad de su propio país y de toda la región. 
Conocemos y aprobamos la orientación europea de los sucesivos gobiernos turcos. 
La Unión aduanera quiere ser en este sentido una señal de acercamiento por parte de la Unión Europea. 
Pero la Comisión considera asimismo que nuestras relaciones con Turquía necesitan urgentemente un nuevo y claro impulso por parte turca, que contribuya a un clima que ofrezca perspectivas de solución a diversos problemas importantes que he mencionado antes. Problemas que deterioran las relaciones con Grecia, pero también las relaciones con la Unión. 
Al igual que la Presidencia, espero que en un descanso de la Asamblea General de la Naciones Unidas, la semana que viene en Nueva York, tengamos oportunidad de hablar seriamente con la Sra. Çiller sobre estas cuestiones. 
Quizá ahora la cuestión de procedimiento que quería plantear haya quedado ahora obsoleta en parte, pero la plantearé para que conste en acta. 
Afortunadamente, ha intervenido el Comisario Van den Broek después del representante del Consejo, resolviendo así la duda que me surgió durante la intervención de aquél en relación con cuál era el país del que estábamos hablando. 
En vista de lo que decía el representante del Consejo, me preguntaba si me había equivocado de debate y acaso estábamos hablando de Suiza en vez de Turquía. 
Pero el Sr. Van den Broek ha vuelto a poner las cosas en su orden. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. van den Broek por la declaración que ha hecho sobre Turquía en el tono comedido que le caracteriza. 
No obstante, debo decir que me siento escandalizada por la declaración del Sr. Mitchell. 
Mientras él hablaba, yo no sabía si reír o llorar. 
No podía creer que en esta Asamblea estuviéramos pidiendo en serio al Consejo que se ocupe de nuestra política exterior después de oír esa declaración sobre uno de los países con los que se supone debemos tratar en política exterior. 
Señor Mitchell, debo decir que sentí preocupación cuando usted inició su declaración diciendo que tenía entendido que queríamos que Chipre y Turquía se trataran conjuntamente. 
Chipre es parte integral de nuestras relaciones políticas con Turquía porque el ejército turco está ocupando el tercio norte de Chipre. 
Turquía tiene 35.000 soldados destacados en el norte de Chipre y la propia ministra de Asuntos Exteriores turca reconoció recientemente ante la Gran Asamblea Nacional turca que había destinado 65 millones de liras turcas para cubrir los gastos del envío a Chipre de los Lobos Grises, un destacamento fascista turco, que- como hemos podido ver en vídeo- participaron en el asesinato de dos grecochipriotas en la zona de contención. 
¿Cómo podemos no considerar Chipre parte de nuestras relaciones con Turquía? 
¡Naturalmente que es parte integral! 
Apoyamos la soberanía y la integridad territorial de la isla de Chipre, y Turquía está ocupando un tercio de la misma. 
Chipre, no lo olvidemos, es un país aspirante a integrarse en la Unión Europea y ha obtenido un avis positivo de la Comisión. 
Por ello queremos, naturalmente, analizar lo que ha sucedido en Chipre como parte integral de nuestras relaciones políticas con Turquía. 
Debo decirle que no estamos hablando de los turcochipriotas. 
Cuarenta y cinco organizaciones turcochipriotas han condenado los asesinatos ocurridos en la zona de contención el pasado verano. 
Esas personas fueron traídas de Turquía expresamente, porque entre la población turcochipriota no existe suficiente ira ni odio para hacer lo que los Lobos Grises hicieron en la isla. 
Eso tiene que ser una parte integral de nuestro debate de esta tarde. 
Antes de que aprobáramos la unión aduanera en diciembre del año pasado, se hicieron muchas promesas, como todos los diputados recordarán. 
Representantes del Gobierno turco hicieron promesas y declaraciones sobre su intención de fortalecer la democracia y respetar los derechos humanos, que se haría algo más positivo para encontrar solución al problema de Chipre, que se ocuparían de los derechos humanos de su propio pueblo. 
Y nos dijeron que todo eso querían hacerlo por el pueblo de Turquía, no porque la Unión Europea les obligara a ello. 
También oímos que se ocuparían del problema kurdo. 
Hicieron promesas claras. 
Pues bien, los turcos, los kurdos, los chipriotas no han obtenido nada. 
Nada, salvo opresión, intimidación y una negación flagrante de sus derechos humanos en los nueve o diez meses que han transcurrido desde que se aprobó la unión aduanera. 
En realidad, las relaciones no sólo no han mejorado, sino que han empeorado en todos los ámbitos que acabo de mencionar. 
Todos hemos recibido un aluvión constante de faxes, panfletos, vídeos y testimonios de testigos oculares sobre los acontecimientos cotidianos en Turquía y más recientemente en Chipre. 
¿Qué hemos obtenido del Gobierno turco y de los Estados que lo apoyan? 
Un sinfín de faxes lamentando que Turquía sea incomprendida y esté mal representada. 
Y debo decir que es eso lo que he creído oír del Consejo hoy. 
Sé por ciudadanos turcos, por refugiados kurdos y turcochipriotas- muchos miles de los cuales viven en mi circunscripción del norte de Londres- que no comprenden por qué las autoridades turcas los trata así y por qué Turquía no comprende que el reconocimiento de los derechos de las minorías, el respeto a la dignidad de sus propios ciudadanos y la retirada de las fuerzas de ocupación de Chipre sería bueno para Turquía. 
¡No malo, sino bueno! 
El texto de nuestra resolución aclara la siniestra lectura de lo que ha sucedido en los últimos meses. 
La opresión, el asesinato, la intimidación no son valores europeos. 
Las buenas intenciones, las expectativas y las promesas todas se han visto devaluadas por las acciones de las autoridades turcas. 
Las resoluciones conciliadoras y el doble baremo no tienen cabida en nuestras relaciones con Turquía. 
Las palabras y las promesas tienen que traducirse, francamente, en voluntad política y en una acción inequívoca. 
Mi Grupo, por consiguiente, hará todo lo posible por que se congelen todos los compromisos financieros con Turquía. 
Hacemos un llamamiento a todos los Grupos políticos de esta Asamblea para que apoyen esta postura y esperamos que la Comisión y el Consejo respeten nuestra opinión y actúen en consecuencia. 
Sólo así conseguiremos un cambio real en las relaciones con Turquía. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, yo también doy las gracias a la Comisión y al Consejo por sus declaraciones, aunque comparto con la Sra. Green la inquietud de que el Consejo, en particular, parece haber ignorado los sucesos de los últimos meses. 
El Grupo Socialista no tiene el monopolio de la angustia ni el monopolio del enfado por los acontecimientos ocurridos particularmente en Chipre, que han sido motivo de preocupación para todo el mundo durante los meses de verano. 
Debemos obtener la mejor información posible sobre lo que sucedió realmente antes de que los acontecimientos desemboquen en un caos mayor. 
Es una situación muy grave por la que el Consejo debería haberse tomado un interés mucho más serio. 
Como decía, durante los últimos meses se ha producido en Turquía un deterioro de la situación. 
El año pasado por esta fecha nos estábamos preparando para aprobar la unión aduanera. 
Muchos de nosotros lo hicimos abrigando grandes esperanzas. 
Creíamos que podríamos alentar a Turquía a seguir un nuevo camino en busca del pluralismo y la democracia, valores hacia los que dicho país, de tradición islámica, pero con una tradición política secular, parecía dirigirse. 
Sentimos una enorme preocupación por el cariz que ha tomado la situación últimamente: diputados detenidos- independientemente de sus trayectorias; el trato que reciben los presos políticos; el modo en que el régimen, especialmente el actual, ha venido reprimiendo a ciertos medios de comunicación; y por la forma en que se está ocupando de su política exterior. 
Tras su elección, las primeras visitas del Sr. Erbakan no fueron a la Unión Europea ni a los Estados Unidos, colegas y amigos tradicionales de Turquía, sino a países lejanos, países, comprensiblemente, de tradición islámica, pero ninguno de ellos democrático. 
Cuando el Sr. Erbakan visitó Irán, muchos de nosotros nos sentimos recelosos. 
He estado allí recientemente. 
No es una democracia. 
Todo lo contrario; es una tiranía gobernada por extremistas religiosos. 
Son los nuevos vecinos con los que Turquía está intentando establecer nuevas relaciones. 
Nos gustaría que existieran unas relaciones de una naturaleza mucho más constructiva entre la Unión Europea y Turquía. 
Estamos asistiendo a grandes cambios en el modo de enfocar sus políticas interior y exterior. 
El año pasado asistí a un debate en la Gran Asamblea Nacional sobre la unión aduanera. 
Oí al Sr. Erbanak decir en tono enérgico que estaba en contra de la unión aduanera. 
Hoy es el Primer Ministro de Turquía. 
Por eso, mañana, en nuestra resolución no nos estaremos dirigiendo al pueblo de Turquía ni a la clase política de aquel país, sino a la persona que está actualmente al mando, al propio Sr. Erbakan, cuando tratemos no sólo de la situación interna del país, sino también del tema de Chipre. 
Sin embargo, Turquía es un país que tiene gran valor para Europa. Es un país con el que tenemos una balanza de pagos a favor de la Unión y al que deseamos alentar. 
El PPE ha estudiado este asunto con mucho detenimiento y espero que apoyemos la resolución de compromiso; pero quiero llamar la atención, en particular, sobre la necesidad de mantener una actitud constructiva hacia la unión aduanera, al mismo tiempo que recordamos que en los debates del año pasado se establecieron unas condiciones para la unión aduanera. 
Dichas condiciones deben cumplirse. Por consiguiente, el PPE opina que debemos iniciar el proceso de congelar los acuerdos financieros con Turquía, y que en lo sucesivo debemos interrumpir el programa MEDA en todos sus apartados, salvo en las cuestiones relativas a los derechos humanos, la democratización y el desarrollo de la sociedad civil. 
Señor Presidente, la crisis del Kurdistán y el progresivo enfrentamiento con Turquía, no son más que dos aspectos de una misma realidad desestabilizadora y compleja que abarca, en el Mediterráneo oriental, Oriente Medio y el Golfo. 
Es una realidad que preocupa a Europa, que se siente impotente, verdaderamente impotente, como se ha visto en ambos casos. 
Turquía representa el elemento clave de esta zona, como lo demuestran en distintos sentidos su constante enfrentamiento con Grecia respecto a Chipre y el Egeo, su acuerdo con Israel, la presencia militar en el Kurdistán y su comportamiento en la crisis iraquí. 
Turquía ejerce una poderosa influencia en la región y, por lo tanto, debe preocuparnos el crecimiento del belicismo contra Grecia y la ambigüedad de un gobierno que oscila entre los silencios y la ostentación proislámica del Sr. Erbakan y la explícita y a veces excesiva pasividad de la Sra. Çiller. 
Aunque Turquía está cerca, su gobierno nos queda muy lejos y albergamos serias dudas de que esté en condiciones de beneficiar a los intereses de Turquía. 
¿Qué podemos hacer entonces? 
Creemos que hay que decir no a la interrupción de la unión aduanera que, aunque comprensible como reacción a tales comportamientos inaceptables y desmesurados en el interior y en el exterior, podría alejar y aislar a Turquía, agravando la situación en el interior y separándola de Europa, a la cual intenta acercarse desde hace tanto tiempo. 
No, además, a la continuación de un diálogo que no parece aportar ningún fruto y perjudica la autoridad de la Unión Europea. 
Hay que establecer, como desea el propio Comisario van den Broek, un diálogo sobre bases radicalmente diferentes, rigurosas, exigentes, sólidas, para demostrar que Europa puede comprender las crisis, pero que no puede tolerar ser objeto de burla. 
Señor Presidente, quiero precisar, para mis colegas, que non intervengo en este debate como presidente de la delegación de nuestro Parlamento en la comisión parlamentaria mixta. 
Hablo en nombre de mi grupo. Ello no quiere decir que no sea preciso escuchar mis palabras. 
A continuación, deseo manifestar que votaré la resolución común que se nos ha propuesto y sus disposiciones para la congelación de las ayudas financieras. 
No soy ambiguo. 
Deseo que nuestro Parlamento se exprese claramente en cuanto a nuestras relaciones con Turquía. 
Que diga claramente- lo ha hecho en diciembre- su voluntad de establecer el Tratado de la Unión, pero también su voluntad para que con este tratado se inicie en Turquía una evolución política nueva. 
Evolución democrática, hemos dicho, evolución política para resolver el problema kurdo, evolución pacífica para resolver el problema chipriota. 
Soy de los que consideran que hay que llamar a las cosas por su nombre. 
Es la única manera de que un parlamento actúe con autoridad en la arena internacional y es la única manera de hacerse respetar por sus interlocutores. 
Y hacerlo así es afirmar que la situación en Turquía y en esta región del mundo se ha agravado señor Presidente del Consejo, querámoslo o no, los hechos son obstinados. 
La situación se ha agravado. 
Nuestro Parlamento ha votado el tratado en diciembre pasado, arguyendo que dicha votación y el tratado en sí mismo ayudarían a las autoridades turcas a solucionar positivamente las cuestiones a las que se enfrentaban. 
Ahora bien, nada, -insisto nada- ha cambiado. 
Es más, esta situación se ha agravado. 
Las detenciones continúan, se deploran los muertos de las prisiones turcas, sabemos que están prohibidas las emisiones de la televisión kurda, asistimos a un recrudecimiento de las actividades militares en el Kurdistán, y conocemos los trágicos acontecimientos de Chipre. 
Todo esto se produce en contra de los deseos de nuestro Parlamento. 
Para concluir, señor Presidente, después de la votación de nuestro Parlamento que, no dudo será mayoritaria, deseo que la Comisión y el Consejo se expresen, en sus relaciones con las autoridades turcas, de la manera más firme posible. 
Es una cuestión de necesidad política, y lo digo sinceramente, es también una cuestión de dignidad para la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los gigantes imaginarios parecen enormes vistos desde lejos, pero cuanto más se aproxima uno a ellos, más pequeños parecen. 
Al Parlamento Europeo le tocó representar este papel cuando se concluyo la unión aduanera y luego comenzó una función en tres actos. 
Primer acto: El Parlamento Europeo como gigante. El Parlamento impone tres condiciones: democratización, liberación de los diputados kurdos, fin de la guerra y solución política de la cuestión kurda. 
Fin de una guerra que ha obligado a huir a millones de personas de sus hogares, ha destruido 3.000 aldeas y ha causado incontables pérdidas de vidas humanas. 
Segundo acto: Se acerca el momento de la conclusión de la unión aduanera. 
Las exigencias del Parlamento Europeo bajan de tono. 
Las condiciones ya no son tan rigurosas. 
Las voces críticas enmudecen. 
Poco antes de la votación, se presenta a la Sra. Çiller como garante de la democracia y de una Turquía laica. 
Comienza a cuajar el argumento de que para cerrar el paso al fundamentalismo y a Erbakan, ¡es preciso aceptar a Çiller, respaldarla y aprobar la unión aduanera! 
Tercer acto: Se aprueba la unión aduanera y ¿qué sucede? 
Al cabo de muy poco tiempo, la supuesta garante de unas reformas democráticas facilita precisamente la investidura del citado Sr. Erbakan. 
En este contexto resulta sumamente inquietante que el Consejo siga confiando en la Sra. Çiller como garante fiable. 
De la democratización no se ha visto ni rastro, de la liberación de los diputados kurdos ya no se habla. 
Toda la presidencia del partido kurdo HADEP está en la cárcel y el jueves pasado fue juzgada. 
Doce presos políticos han muerto a consecuencia de una huelga de hambre. 
No se ha levantado el estado de excepción, Sr. Mitchell, sino que éste se prorrogó recientemente. 
Se ha producido una escalada en la guerra y ésta continúa. 
Se pretende establecer una zona de seguridad y el conflicto chipriota está adquiriendo características cada vez más violentas y brutales. 
Nosotros no podemos plegarnos a la estrategia del Consejo de no modificar su posición y seguir otorgando carta blanca. 
Esta Cámara aprobó la unión aduanera y ahora tiene una especial responsabilidad. 
Asumir esta responsabilidad significa luchar por la paz en Turquía, por una convivencia pacífica y por una Turquía democrática. 
Declarar ahora que debemos cerrar los ojos y la boca y taparnos los oídos ante esta realidad es una política cínica cuya principal preocupación es promover los intereses de la Unión Europea, no los intereses de la democracia y los derechos humanos en Turquía. 
¡Lamentablemente ya existe una tradición en este sentido! 
Señor Presidente, hoy intervengo a título personal y, de entrada, desearía manifestar que algo me molesta profundamente en la actitud de nuestro Parlamento y de la Unión Europea en general, con respecto a Turquía. 
Hace apenas algunos meses, nuestro Parlamento ratificaba los acuerdos de unión aduanera que, como decíamos entonces, no preveían ningún programa político serio de acompañamiento, ningún calendario preciso en cuanto a las reformas que nuestro Parlamento desearía ver aplicadas en Turquía, en particular, por lo que respecta a la justicia, al sistema carcelario y a la cuestión kurda. 
Desde la firma del acuerdo, se han sucedido dos crisis gubernamentales en Turquía y, por primera vez, el partido islamista está en el gobierno, sin que esta participación haya desembocado en una guerra civil, o haya dado lugar a una ola de contrarreformas. 
En efecto, los problemas siguen estando ahí y la forma de afrontarlos no ha cambiado desde la entrada en vigor del acuerdo. 
Por su parte, el PKK tampoco ha renunciado a la utilización de la violencia. 
Desde un punto de vista económico, ya sabemos que la Unión Europea es la gran beneficiaria de estos acuerdos. 
De hecho, lo que está claro, es que la Unión no tiene ni quiere una verdadera política con respecto a Turquía, ya que no desea pagar el precio de ella, a saber, la oferta de una perspectiva seria de adhesión plena y entera de Turquía en la Unión Europea, poniendo a su disposición los medios que permitan dicha adhesión. 
Hay que poner fin a esta hipocresía. 
Es preciso decir claramente lo que queremos y ponerle el precio. 
Sólo entonces tendrán todo su sentido nuestras exigencias en cuanto al funcionamiento de la democracia y del respeto a los derechos humanos. 
El año pasado, cuando el Parlamento debatió sobre la Unión aduanera, parecía que Turquía iba por buen camino. La Constitución se modificó en algunos puntos en sentido democrático, se puso en libertad a algunos presos y todos esperaban que la Unión aduanera estimulara el desarrollo positivo. 
Sin embargo, ahora hay que constatar que la situación en Turquía se ha desarrollado de forma muy decepcionante. 
Las resoluciones propuestas relatan en este sentido hechos estremecedores. 
Por lo visto, no hay que sobreestimar la capacidad de la Unión de lograr, a través de ventajas económicas, cambios en un país en el que los valores democráticos occidentales no están muy arraigados. 
En este sentido cabe preguntarse si con este medio de presión económica es posible llevar a Turquía por el buen camino. 
En relación con Irán, el Consejo ha defendido siempre la política del diálogo crítico. Nosotros seguimos cuestionándolo. 
Pero si hay buenas razones para hacerlo, quizás deba optarse por una política crítica parecida en relación con Turquía. Para favorecer el conjunto de la política de Oriente Medio, pero también para encontrar una solución a la cuestión kurda. 
Hay suficientes motivos de indignación sobre lo que está sucediendo en Turquía, pero no creemos que, tan pronto después del cambio de poder en este país, nuestra relación con Turquía salga beneficiada de las medidas económicas. 
Esperamos con atención el informe de evaluación de la Comisión. 
Señor Presidente, hace diez meses, una mayoría de socialistas, de democristianos, de liberales y de elegidos del RPR votaban a favor de la unión aduanera con Turquía. 
Muchos de ustedes afirmaban entonces que la ratificación de dicho acuerdo impediría a los turcos echarse en brazos de los islamistas. 
Dos semanas más tarde, los islamistas ganaban las elecciones legislativas. 
Hoy, están en el poder y sus bonitas palabras, señor Mitchell, no cambiarán nada. 
El acuerdo de la unión aduanera, lejos de suponer una disminución de la influencia de los islamistas, va a contribuir a incrementarla. 
No sólo dicho acuerdo librecambista someterá a nuestras industrias a la competencia de una mano de obra infrapagada, sino que desestabilizará también a la sociedad turca, acelerando el éxodo rural que empuja a millones de desarraigados a las aglomeraciones de Estambul y de Ankara. 
Ahora bien, es entre esta muchedumbre de desenraizados donde prospera el partido islamista. 
No hablo de las condiciones de vida de las minorías kurdas en Turquía: parecen conmover menos que las que reinan en Iraq. 
Pero este acuerdo, queridos compañeros, tiene un alcance mucho más grave. 
Tal como lo prevé el artículo 28 del Tratado de Ankara, constituye una etapa decisiva en la integración de 65 millones de turcos en Europa, 65 millones que se añadirán a los millones ya presentes en nuestros países. 
Por último, recuerden ustedes, el Gobierno turco había prometido que encontraría soluciones al problema chipriota. 
Ahora bien, los turcos que ocupan desde hace más de veinte años un tercio del territorio de Chipre, Estado europeo, están asesinando en la actualidad a los chipriotas. 
Creo que nuestros gobiernos estarían bien inspirados si anularan este funesto acuerdo. 
En todo caso, por una vez, uno mi voz a la de la Sra. Green- sin que sirva de precedente- y pido: » ¡Ni un duro más para Turquía! ». 
Muchas gracias, señor Presidente. señor Presidente del Consejo, señor Comisario van den Broek, ante todo yo quiero pedir disculpas al Presidente del Parlamento. 
Señor Presidente, reconozco haber cometido una falta con mis sonoras risas durante la intervención del Presidente del Consejo. 
Le ruego que en este caso me conceda excepcionalmente un atenuante, puesto que la Presidencia del Consejo provocó directamente mis carcajadas. 
Aun así, me comprometo a contener en el futuro la risa aunque la Presidencia del Consejo insista en detallarnos las promesas de la Sra. Çiller. 
Señor Presidente, hace un año esta Cámara se declaró unánimente a favor de estrechar las relaciones con Turquía- y mantuvimos apasionados debates al respecto- y de aprobar también la unión aduanera siempre que se cumplieran determinadas condiciones. 
Estas condiciones son, repito, respeto de los derechos humanos, reformas democráticas, solución del problema de Chipre y también de la cuestión kurda. 
A finales de diciembre de 1995 no se había cumplido ninguna de estas condiciones, pero aun así algunos miembros de esta Cámara creyeron en las aseveraciones de la Presidencia del Consejo, de la Comisión y sobre todo del Gobierno turco. 
Todavía conservo la carta que me remitió la Sra. Çiller, al igual que a los restantes 626 diputados de esta Cámara, en la cual nos solicitaba nuestra ayuda para hacer realidad todas esas promesas. 
He conservado la carta, porque no recibo todos los días una carta de un Presidente de Gobierno. 
Leer ahora esta carta es como para echarse a reír de nuevo, hasta que se nos salten las lágrimas, porque nada de cuanto en ella se dice se ha cumplido. 
No sólo ha empeorado la situación en Turquía- en cada uno de esos cuatro aspectos -, sino que la Sra. Çiller ha abusado de nuestra ayuda para instaurar de hecho en el Gobierno al mismo a quien pretendía cerrar el paso. 
El Presidente del Consejo viene ahora y nos dice que la Sra. Çiller ha manifestado que está dispuesta a considerar gustosa las observaciones de la Presidencia del Consejo. 
¡Ya no podemos tomarnos en serio sus palabras, señor Presidente del Consejo! 
Ha olvidado usted decirnos lo que acaba de exponer la colega André, a saber, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hace pocos días a Turquía. 
No nos ha dicho ni una palabra sobre las intenciones de Turquía de establecer una zona de seguridad en el Norte del Iraq. 
La Unión Europea debería adoptar, sin embargo, una posición al respecto. 
Señorías, yo sólo puedo manifestar que debemos hacer comprender efectivamente a Turquía que nos tomamos en serio nuestras condiciones y la única posibilidad que a mi parecer aún nos queda para ello es suspender todas las entregas de fondos a Turquía. 
Señor Presidente, si se estableciera un galardón para premiar el comportamiento sarcástico con la Unión Europeo, un país se lo habría ganado con creces: la Turquía de la aberrante pareja Erbakan- Çiller. 
Ningún otro Estado hasta ahora ha osado tan a menudo y de manera tan provocadora ridiculizar sus promesas, descuidar sus compromisos y poner en ridículo a los gobiernos de este y del otro lado del Atlántico en tan poco tiempo; violar tan descaradamente los derechos humanos dentro y fuera de su Estado y utilizar incluso métodos siniestros, incluso asesinatos, para sus oscuros intereses. 
¡Ningún otro Estado ha demostrado con su indiscriminada agresividad que no es un factor de estabilidad, como lo tenía presente y, por desgracia, parece seguir teniéndolo el Consejo, sino un factor de desestabilización de la escena internacional! 
No ha pasado todavía un año desde que el Parlamento, accediendo a los llamamientos de los Gobiernos, aprobó la Unión Aduanera. 
El argumento principal era el de ayudar a la Sra. Çiller, en su función de barrera prooccidental contra el peligro representado por el islamista Sr. Erbakan. 
Hoy, la Sra. Çiller es ministra del Gabinete del Sr. Erbakan, y ahora el Sr. Erbakan pone en entredicho el valor de la Unión Aduanera, mientras la Sra. Çiller disputa la política de la Unión Europea sobre el ingreso de Chipre. 
Turquía prometió una democratización- y la Comisión le dio crédito -, el respeto de los derechos humanos y una solución política del conflicto Kurdo, y hoy Leila Sana titular del premio Sajarov, se encuentra encarcelada junto con otros diputados, mientras decenas de presos, en protesta contra las condiciones de vida infrahumanas, han muerto. 
Los gobiernos ejercieron presión también para que se aprobara el Reglamento de MEDA, pero el Parlamento estableció como condiciones previas el respeto de los derechos humanos y el cese de las provocaciones de Turquía sobre sus países vecinos y su cooperación en la solución del conflicto de Chipre. 
En contra de todo esto, la pareja Erbakan-Çiller ha multiplicado las persecuciones en el interior del país, como se señala en informes recientes, y ha centuplicado la conducta provocadora de Turquía frente a Grecia. 
¡En lugar de Imia (gracias a la intervención americana se pudo evitar una escalada en el Egeo) , ahora reivindica cien islotes del territorio griego, y en lugar de una solución política en el conflicto kurdo, ahora pretende invadir la parte kurda de Iraq! 
La culminación más trágica de este descaro es reciente: en vez de contribuir a un diálogo constructivo para buscar una solución justa, viable y segura en la atormentada Chipre, envía a la parte norte, ocupada por sus tropas, representantes del grupo fascistoide de los «Lobos Grises». 
No describiré las consecuencias. 
Todo el mundo civilizado se ha estremecido al ver en las pantallas de televisión de qué forma bestial ha cumplido ésta su misión matando a dos jóvenes chipriotas. 
Solamente les pido que registren los honores con que trató a los asesinos el Sr. Denktash. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio y al Comisario las declaraciones que han hecho al Parlamento. 
Aunque no tengo por costumbre defender al Consejo, ni menos al Presidente en ejercicio, que pertenece al partido de la oposición de mi país, creo que algunos de los comentarios que aquí se han hecho no hacen justicia a la Asamblea, y quisiera decir que el Sr. Ministro está desempeñando bien su labor en unas circunstancias muy difíciles. 
Intervengo aquí hoy como alguien que votó en contra de la unión aduanera con Turquía el año pasado porque no creía los argumentos que me dieron. 
No creía que Turquía pudiera cambiar de la noche a la mañana porque estableciéramos una unión aduanera. 
No creía que la situación de los derechos humanos en Turquía mejorara porque tuviéramos una unión aduanera, y del mismo modo, no creía que la isla de Chipre se reunificara porque Turquía suscribiera una unión aduanera. 
La Sra. Green ha presentado un argumento muy valioso sobre los 35.000 soldados turcos destacados en el norte de Chipre. 
Procedo de un país insular, en el que también tenemos 35.000 soldados de otro país en una zona de la isla. 
Comprendo las dificultades que ello crea. 
Lo que esta situación necesita es calma, diálogo, reconciliación y respeto por la igualdad de que cada grupo pueda tener su propia opinión, presentar sus propias creencias y presentar sus propias ideas para el futuro. 
No conseguiremos nada si lo que tomamos con una mano lo damos con la otra. 
Después de haber tomado la decisión equivocada el año pasado, creo que ahora es un error intentar poner fin a la unión aduanera, pero también creo que deberíamos esforzarnos más en nuestro intento de acercar a Turquía a la familia democrática, y apoyar a uno de los Estados miembros, Grecia, en su antiguo conflicto con Turquía, a través del diálogo y medios pacíficos. 
Señor Presidente, hace nueve meses, el Parlamento Europeo dio su aprobación a la Unión aduanera. Concedimos a Turquía el premio de estímulo para fomentar el avance de la democracia y los derechos humanos. 
Este apoyo tenía un carácter claramente condicional. 
Se exigían unos progresos en estos ámbitos y ello nos fue prometido por la entonces primera ministra Çiller. 
El Comisario Van den Broek, que ha pronunciado unas palabras muy justas y serias, lo prometió. No necesito el informe sobre esta cuestión, señor Presidente, para constatar que el gobierno turco no ha cumplido sus promesas y que, en lugar de la mejora prometida, se ha producido más bien un empeoramiento. 
Se ha interrumpido el proceso de democratización. 
Los parlamentarios del DEP siguen encarcelados. 
La situación de los derechos humanos no ha mejorado en absoluto. 
Con los kurdos se está aplicando una política cada vez más agresiva. 
Y en lo que respecta a Chipre, se evidencia un endurecimiento de la postura turca con sangrientas consecuencias en la isla. 
Turquía ya no merece el beneficio de la duda. 
Por ello apoyaré la resolución común, que nuestro Grupo no firma, pero que yo personalmente sí hago, y que exige con razón una explicación clara al gobierno turco sobre la situación, y este ha de saber que ya no podemos aceptar que se aferre a la política actual. 
Por ello es preciso poner en la reserva los fondos del protocolo financiero y bloquear los fondos MEDA destinados a Turquía, aunque quizás no los fondos que tienen por objeto apoyar el proceso de democratización. Además, he presentado una enmienda con el mismo fin al proyecto de presupuesto de la Unión. 
La semana que viene se votará al respecto en la Comisión de Asuntos Exteriores. Hago un llamamiento a los miembros para que pasen de las palabras a los hechos. 
Señor Presidente, al escuchar el debate, se podría pensar que el Sr. Mitchell y el Consejo en conjunto padecen alguna grave enfermedad de la vista y del oído y que por eso hablan de Chipre como han hablado. 
Pero no es así. 
El Sr. Mitchell y el Consejo sufren una ignominiosa hipocresía y una notoria tendenciosidad que les inducen a defender sucios intereses en esa crítica región del Oriente Próximo con la ayuda de Turquía. 
Por eso ha pasado por alto todos los testimonios de sus Señorías acerca de lo que todos sabemos sobre los sucesos y sobre lo que está pasando en Turquía. 
No lo repetiré. 
Señor Presidente, alguna vez, y ojalá este debate ayude a ello, tendrá que terminar una situación como ésta, en la que se tolera, se fomenta y se alienta un elemento desestabilizador y provocador que podría causar incluso problemas de paz en los Balcanes, en el Mediterráneo, en el Egeo y más allá. 
Desde este punto de vista, señor Presidente, quiero subrayar la responsabilidad que incumbe al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión, y en concreto a algunos grandes entre ellos, y por encima y más allá, la responsabilidad de la Administración americana, que, a favor de los intereses del nuevo orden mundial, es decir, del predominio del imperialismo americano, anima y arma a Turquía y su orden económico militarista, que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo turco ni de Turquía en general. 
La aprobación de esta resolución- ya en su artículo 5 se inducen y se exigen medidas concretas: la congelación de los fondos de la Unión Aduanera y del programa MEDA destinados a Turquía- supondría una señal, y quizá un comienzo para tomar decisiones concretas. 
Sería, señor Presidente, una señal de credibilidad del Parlamento, una señal a las fuerzas democráticas del pueblo turco que luchan contra este régimen, una señal y una contribución a la estabilidad y a la paz en esa peligrosa región del mundo, que podría provocar perturbaciones mayores. 
Señor Presidente, por desgracia no dispongo de la propuesta de resolución. 
Vengo directamente del departamento de distribución, y siguen sin tenerla. 
Me parece lamentable estar obligada a intervenir sin tenerla delante. 
No obstante, ya basta con eso. 
Me limitaré a adivinar lo que pondrá allí. 
Cuando en su día adoptamos la decisión sobre la Unión Aduanera con Turquía, voté en contra. 
No estaba convencida de que una unión aduanera significase el comienzo de un desarrollo democrático en el ámbito de los derechos humanos en Turquía, y lamentablemente el tiempo ha demostrado que tenía razón. 
Soy partidaria de un incremento de los intercambios comerciales, incluso con Turquía, pero hasta que se cumplan los derechos humanos debemos, en mi opinión, suspender la Unión Aduanera y congelar los regímenes de ayudas. 
Es posible que esto ayude al Gobierno turco a comprender que la situación de la minoría kurda en la parte oriental del país no puede solucionarse por la vía militar. 
Varios diputados kurdos siguen encarcelados, entre ellos Leyla Zana, que ha recibido el premio Sajarov. 
Los recientes acontecimientos en Chipre son otro ejemplo estremecedor de la falta de respeto del régimen turco hacia las Naciones Unidas y sus resoluciones. 
Hoy mismo he recibido de Amnistía Internacional un fax sobre la supuesta tortura de un joven estudiante de derecho y podría seguir mencionando ejemplos sin fin. 
Debemos actuar ya y, si no lo hacemos, nadie tomará en serio nuestras bonitas palabras sobre democracia y respeto por los derechos humanos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Van den Broek por su interesante informe, pero las declaraciones del señor Presidente en ejercicio del Consejo han sido decepcionantes y demuestran que el Consejo o bien no tiene una imagen completa de la situación o bien carece de la voluntad política para ejercer presión sobre Turquía. 
Así, este deber ha caído otra vez sobre el Parlamento Europeo, erigido en guardián de los principios de la democracia, de los derechos humanos y de la protección del orden jurídico. 
La situación en Turquía ha empeorado dramáticamente desde principios del año, a pesar de la aplicación de la Unión Aduanera. 
La persecución de ciudadanos por sus ideas políticas, sus convicciones o su religión ha llegado a un punto culminante. 
Recientemente Turquía ha sido condenada por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa por su conducta frente a los kurdos. 
El problema de los kurdos se sigue abordando a través de la violencia y de la intervención militar. 
Además, Turquía no limita su política autoritaria y agresiva al interior del país; esa misma mentalidad determina sus relaciones internacionales y su política exterior. 
Es significativo que no tenga buenas relaciones con ninguno de sus países vecinos. 
En concreto, la agresión política de Turquía se dirige contra nuestro país, Grecia, y contra Chipre, país con el cual la Unión Europea mantiene una relación especial. 
La conducta provocadora de Turquía en el mar Egeo constituye un ataque directo contra el territorio y las fronteras europeas, y pone en peligro la paz de la región. 
En Chipre, Turquía continúa ocupando ilegalmente una parte de la República, negándose a someterse a las decisiones internacionales que apelan a una solución pacífica, justa y viable del problema. 
Los trágicos acontecimientos de agosto, en los que dos jóvenes grecochipriotas, que se manifestaban pacíficamente contra la ocupación fueron asesinados por las fuerzas de ocupación, se utilizan por parte turca para reforzar la opinión de que las dos comunidades chipriotas no pueden coexistir, con ánimo de frustrar así los esfuerzos por la unificación de la isla. 
Señorías, fui testigo presencial de los hechos y les aseguro que se trataba de una acción planeada por el ejército de ocupación, con la ayuda de grupos extremistas paramilitares que, pagados por el Gobierno turco, habían llegado especialmente de Turquía para cometer tales barbaridades. 
Debemos ser conscientes de que estamos tratando con un país que se mueve fuera del orden jurídico, un país cuya clase dirigente desconoce los conceptos de justicia, de respeto de los derechos humanos y de democracia. 
Principios que para nosotros representan valores fundamentales de nuestra civilización, en Turquía no tienen el mismo contenido. 
Por este motivo, creo que ha llegado el momento de dirigir un firme mensaje político a Turquía. 
A este nivel, la acción más eficaz que podemos promover como Parlamento es la congelación de cualquier financiación del presupuesto comunitario destinada a Turquía. 
Europa tiene esta obligación y esta responsabilidad, y al menos ha de tomar iniciativas. 
Señor Presidente, una chica de 16 años permaneció 19 días detenida en Turquía. 
Durante ese tiempo, la chica fue sometida a descargas eléctricas sobre su cuerpo y sus genitales, recibió palizas y la tuvieron colgada de los brazos durante mucho tiempo. 
Este terrorífico episodio tuvo lugar en noviembre de 1995, apenas unos días antes de que el Parlamento Europeo diera su aprobación a la unión aduanera con Turquía. 
Nos dijeron que las autoridades turcas condenaban la tortura por orden del Estado y que estaban realizando serios esfuerzos para respetar los derechos humanos fundamentales y la democracia. 
No obstante, el 7 de marzo de 1996, Yasar Kemal, el más renombrado autor vivo de Turquía, recibió una condena condicional de 20 meses por «incitar al odio» en un ensayo titulado «Nubarrones sobre Turquía». 
Y luego nos aseguró la Sra. Çiller hace apenas nueve meses que el artículo 8 de la Ley Antiterrorista había sido modificado. 
Pero la mayoría de las personas que han tenido un nuevo juicio siguen en prisión, y las autoridades han recurrido esta vez al artículo 312 del código penal, en virtud del cual fue juzgado Yasar Kemal. 
Las personas sospechosas de incumplir la Ley Antiterrorista aún pueden ser detenidas durante 15 días sin que se les permita tener acceso a un abogado o a la familia. 
En el sudeste pueden ser 30 días; a menudo son más. 
Se están produciendo ejecuciones extrajudiciales no sólo en el conflictivo sudeste, sino también en Estambul y Ankara. 
Desde 1991, 87 personas- espero que el representante del Consejo esté tomando nota de las cifras- han sido asesinadas durante batidas en las casas en dichas ciudades. 
En abril de 1995, el ministro de Justicia reconoció que «lamentablemente, dichas ejecuciones extrajudiciales se llevan a cabo en todas las capas de la sociedad». 
Por tanto, como han demostrado ampliamente los colegas en esta Asamblea, lejos de haber mejorado, la situación de los derechos humanos en Turquía continúa siendo crítica y- yo diría, al igual que han dicho muchos otros oradores- que se ha deteriorado. 
Como ha dicho al menos un orador, Leyla Zana, la actual titular del premio Sajarov, permanece en prisión. 
No olvidemos que Turquía ha suscrito el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos del Consejo de Europa. 
Lamento decir que tengo la sensación de que el silencio de la Comisión y del Consejo en el tema de los derechos humanos en Turquía ha sido ensordecedor durante los últimos meses. 
El pasado mes de agosto recibimos el informe provisional de la Comisión, pero el Parlamento sigue esperando la versión definitiva. 
Me parece que tanto la Comisión como el Consejo carecen de voluntad política para reprender al Gobierno turco por su actitud en materia de derechos humanos. 
Deseo instar a sus representantes que remedien la situación lo antes posible. 
Que nos convenzan, sobre todo el Consejo, de que tienen principios y que no siempre se dejan guiar por las conveniencias. 
Señor Presidente, debemos actuar y hacer operativa la unión aduanera entre Europa y Turquía, acuerdo que este Parlamento aprobó el pasado mes de diciembre, cuando Turquía parecía encaminarse hacia una joven democracia que superaba las limitaciones religiosas y extremistas que habían caracterizado hasta entonces la mayor parte de los gobiernos del país. 
Sin embargo, en la actualidad, la relación con Chipre, con los incidentes acaecidos y las acciones violentas turcas, nos obligan a reflexionar sobre este acuerdo, que, aun siendo económico, no puede carecer de implicaciones en lo social. 
Repetiré ahora todo lo que dije entonces. 
Con el acuerdo aduanero, ofrecemos a Turquía las condiciones para dialogar con Europa y, así, mirar de manera optimista el futuro. 
No existe una alternativa para Turquía, salvo recaer en un triste pasado. 
La Unión Europea debe proteger siempre los intereses de sus Estados miembros y de Grecia en primer lugar. 
La nación y el pueblo turco, en quienes, de cualquier modo, confiamos, tienen grandes oportunidades y responsabilidades en el escenario futuro de Europa y en especial del Mediterráneo. 
Somos favorables al acuerdo aduanero, pero ésta podría ser la última oportunidad que este Parlamento da a la democracia turca para demostrar que es realmente una democracia. 
Señor Presidente, nuestro debate de hoy es penoso y doloroso para las tres partes implicadas: Parlamento, Consejo y Comisión. 
Las tres se han visto inducidas a error, burladas por los compromisos que había adquirido la parte turca con motivo de la ratificación parlamentaria de la unión aduanera. 
Nueve meses después, es preciso constatar que no se ha respetado ninguno de los compromisos en el ámbito de los derechos humanos. 
La situación no ha dejado de deteriorarse desde la entrada en vigor de la unión aduanera. 
La Comisión lo comprobará efectivamente cuando nos presente próximamente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, a lo que se comprometió formalmente en el momento de la ratificación de la unión aduanera. 
Los progresos y la esperanza de una mejora se hacen esperar. 
Sin duda, ya no bastará con una simple llamada al orden para hacer que Turquía respete sus compromisos. 
Si acaso, hubiéramos podido aceptar la situación actual- muy deplorable- como punto de partida, reconociendo las circunstancias atenuantes a Turquía, pero sólo a condición de exigir que se establezcan mejoras que puedan- esto es muy importante- evaluarse debidamente por parte de instancias independientes. 
Ello implica, ante todo, que Turquía tome por sí misma la iniciativa de renunciar en lo sucesivo a la práctica y a la facultad de la ocultación que le proporcionan desgraciadamente algunas disposiciones del Convenio Europeo contra la tortura y, en particular su artículo 11. 
Con claridad, es importante que como señal de buena voluntad, y para mostrar finalmente sus buenas disposiciones, Turquía acepte en adelante que prevalezca la transparencia más completa en la materia renunciando voluntariamente a parapetarse detrás de dicho artículo para evitar que se haga la luz en estas prácticas incalificables. 
No se trata sólo de acusar a Turquía. 
Por lo que a nosotros respecta, se impone un mea culpa. 
Nuestro Parlamento, en su gran mayoría, así como el Consejo y la Comisión, pecaron de ingenuidad en diciembre pasado. 
Algunos, al no querer creer que les engañarían, habrán comprendido demasiado tarde. 
Desgraciadamente, se ha revelado y confirmado desde entonces que las reflexiones geopolíticas, las consideraciones de orden estratégico y el temor al fundamentalismo islámico- resumiendo, la realpolitik- no pueden servir de pretexto al abandono del respeto de los principios básicos solemnemente aceptados por el país incriminado. 
En ello nos va nuestra credibilidad. 
Señor Presidente, el presente debate se está transformando progresivamente también en un debate sobre la propia concepción de la Unión Europa. 
¿Es una organización común para la conquista de nuevos mercados en terceros países? 
Si es así, nuestra política en relación con Turquía es aparentemente todo un éxito. 
¿O, por el contrario, la Unión también es ante todo un intento no sólo de consolidar un sistema europeo de valores compartidos en los Estados miembros de la Unión, sino también de instaurarlos fuera de sus fronteras? 
Si aplicamos esta medida, lo que tenemos ante nosotros- y creo que el Consejo y la Comisión deberían reconocerlo- son los despojos de una política absolutamente fallida en relación con Turquía. 
La expectativa de que Turquía evolucionaría por sí sola hacia un Estado democrático de derecho una vez hubiera estrechado de algún modo su relación con la Unión, se ha visto defraudada, como no puede dejar de reconocerlo cualquiera, salvo quienes no quieran verlo. 
Todos recordamos- como ya han señalado muchas y muchos colegas- que la Sra. Çiller también esgrimió en su momento, para conseguir la aprobación de la unión aduanera, el argumento de que ese era el único medio para frenar al fundamentalismo. 
La misma Sra. Çiller desempeña actualmente el papel de directora de orquesta de la política exterior del Sr. Erbakan, ganador de las elecciones. 
Seguramente también será ella quien deberá formular ante la Unión las futuras peticiones de revisión de la unión aduanera que ha anunciado el Sr. Erbakan. 
¡Un envidiable papel para tan absolutamente voluble dama! 
Esta supuesta garante de los avances democráticos fue también quien después concedió a los tristemente famosos fascistas de los Lobos Grises- también esto ya se ha dicho- 65 millones de liras turcas de los fondos reservados del Gobierno para financiar su expedición de castigo contra Chipre, con objeto de poder matar a dos inocentes manifestantes desarmados. 
En Turquía se tortura, se asesina, se silencia a la prensa, se arrasan las aldeas kurdas. 
Se impide la oposición, y no sólo la kurda, se encarcela a las personas bajo los más inconsistentes pretextos. 
Los antiguos y los nuevos gobernantes comparten en igual medida la responsabilidad por estos hechos. 
Yo no creo que podamos considerar a estas personas como asociados sinceros en nuestro todavía firme afán de acompañar a Turquía en sus progresos hacia el establecimiento de un Estado democrático de derecho y de encauzarla, si es necesario, por esa vía. 
Debemos decir que no podemos colaborar con estos socios y que, por el contrario, sin ánimo de injerencia en la política turca, debemos fortalecer las fuerzas que representan una alternativa, que efectivamente ofrecen garantías de que en Turquía llegará a prevalecer la democracia. 
Por consiguiente: ningún recurso para el presente gobierno y sus proyectos, pero sí para respaldar proyectos democráticos, proyectos de la sociedad civil. 
Señor Presidente, Señorías, el 13 de diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo celebró un debate y una votación sobre la Unión aduanera. 
En dicho debate declaré que reconocía claramente la dimensión política de la Unión aduanera y que había problemas sobre todo en lo que respecta a la cuestión chipriota, la cuestión kurda, los derechos humanos y el creciente fundamentalismo. 
Todas ellas cuestiones que socavan los fundamentos del Estado de derecho democrático. Una vez tenidas en cuenta todas las consideraciones, me dejé convencer para votar a favor de la Unión aduanera con Turquía y me sumé a quienes querían asumir el riesgo de una cooperación reforzada. 
Hoy nos sentimos engañados y no podemos hacer nada más que censurar enérgicamente la situación en Turquía. 
No se han cumplido los acuerdos a los que se comprometió la Sra. Çiller. 
La situación de la democracia, los derechos humanos, la cuestión chipriota y el problema kurdo han empeorado en lugar de mejorar. 
Por consiguiente, hay muchas razones para preocuparse de la situación en Turquía. Por ello, personalmente soy partidario de congelar todos los medios financieros, sobre todo teniendo en cuenta los recientes sucesos en Chipre. 
En lugar de contribuir a una solución pacífica, se mandó a un grupo de lobos grises asesinos. 
Por ello, comparto la gran indignación expresada en este Parlamento. Creo que nos enfrentamos claramente a una provocación por parte turca. 
Turquía está jugando fuerte. Y aquí estamos nosotros con la Unión aduanera. 
El Comisario Van den Broek ha señalado que el mes que viene se presentará un informe sobre el funcionamiento de la Unión aduanera. 
En cualquier caso, quisiera evocar mi intervención de hace nueve meses en relación con la situación del sector textil, uno de los sectores más sensibles al funcionamiento de la Unión aduanera. 
Señor Comisario, tengo en mi poder cartas de responsables de este sector en las que se afirma que Turquía intenta con todas sus fuerzas frenar la importación de productos textiles procedentes de la Unión Europea. 
Mi pregunta es: ¿Puede usted garantizarnos que dentro de un mes la Unión aduanera podrá funcionar con normalidad, tal como ha propuesto usted hoy aquí? 
Hay muchas dudas al respecto. 
Señor Presidente, las cuatro condiciones del Parlamento para aceptar una unión aduanera con Turquía fueron: un mayor respeto de los derechos humanos, la solución pacífica a la cuestión kurda, unas reformas constitucionales y la democratización, además de la solución al problema de Chipre. 
Muchos de los diputados del Parlamento votaron en contra de la Unión Aduanera porque las condiciones del Parlamento no se habían cumplido en ninguno de sus apartados. 
Consideramos poco realista creer que se cumplirían las condiciones cuando la Unión Aduanera fuera un hecho. 
Lamentablemente, teníamos razón. 
Según el periódico «Turkey Watch» sobre la situación actual en Turquía no se ha cumplido ninguna condición del Parlamento y la situación ha empeorado aun más. 
Sigue habiendo tortura en las estaciones de policía, se producen desapariciones durante los transportes policiales, y la brutalidad de los agentes se ha desatado en conexión con las manifestaciones ocurridas. 
Han continuado las operaciones armadas en la zona del sudeste. 
Han sido evacuadas y quemadas ciudades enteras. 
Y el número de refugiados del país se calcula actualmente en tres millones. 
A pesar de unas declaraciones prometedoras por parte de su Primera Ministra, no ha habido seguimiento alguno de la cuestión kurda. 
Al partido kurdo HADEP no se le permitió realizar una campaña electoral en la región rural. 
El Gobierno no ha recogido la propuesta de alto el fuego que le han presentado los kurdos para llegar a un acuerdo pacífico. 
Se han efectuado algunas modificaciones en la ley antiterrorista, pero no han sido completadas con ninguna ley. 
El famoso artículo 8 que reglamenta la libertad de expresión, o más bien la falta de ésta, sigue aplicándose a través de otros artículos de la normativa penal. 
Aunque se ha liberado a ciertos escritores, se ha denunciado a otros. 
Los presos políticos siguen encerrados en las prisiones turcas, incluso algunos parlamentarios, entre ellos Leyla Zana. 
No se ha producido progreso alguno en la cuestión chipriota, bien al contrario. 
Hace poco, soldados turcos y tropas paramilitares asesinaron a dos jóvenes chipriotas que iban desarmados. 
El Parlamento debe condenar la ejecución de Anastasios Isaak y de Solomos Solomos, y exigir que se someta a los responsables a juicio. 
El Parlamento Europeo debe naturalmente exigir una solución pacífica al conflicto de Chipre, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La continuación de las violaciones de los derechos humanos en Turquía menoscaba el Convenio sobre la Unión Aduanera, y contrasta profundamente con las normas especiales aprobadas sobre concesión de ayudas financieras. 
Por consiguiente, la Comisión debe interrumpir desde este momento todos los créditos del programa MEDA para Turquía, naturalmente a excepción de los apartados que apoyan la democracia y los derechos humanos. 
Turquía comete una seria infracción del Derecho internacional con el establecimiento de una zona de seguridad en el norte de Iraq. 
La evolución registrada en los últimos tiempos demuestra que la democracia no puede conseguirse por la vía de la tolerancia. 
La UE dispone de los instrumentos políticos y económicos para influir sobre Turquía en una dirección democrática. Ya es hora de que los aplique. 
Señor Presidente, aprobamos la unión aduanera con Turquía a pesar de los muchos problemas que veíamos y que todavía no se han resuelto. 
Podríamos discutir mucho sobre la fiabilidad y las promesas políticas de la Sra. Çiller- en estos momentos, ya tiene bastante con intentar resolver sus propios problemas -, pero lo cierto es que la situación se ha deteriorado desde la instauración del Gobierno de Erbakan y tras la substitución del Primer Ministro Yilmaz, quien a mi parecer había empezado con buen pie. 
La situación de los derechos humanos se ha agravado considerablemente, como ya ha señalado el Sr. Moorhouse. 
El nuevo Gobierno suscita serias dudas sobre su voluntad de trabajar sinceramente para mejorar la situación en materia de derechos humanos y equipararla a los criterios europeos. 
Turquía, nuestro socio en la OTAN, está reorientando su política y el Sr. Erbakan prefiere convertirse en la potencia dirigente del mundo islámico, antes que ser la quinta rueda del carro europeo. 
Al fin y al cabo, un 23 % de la población mundial profesa la fe islámica y ésta está implantada en más de 100 Estados. 
Se han agudizado los conflictos con Chipre y con los kurdos y nuestra misión debe ser procurar no añadir más leña al fuego en esta difícil situación. 
Tampoco ha mejorado la situación política y económica interior- inflación, desempleo, problemas con el PKK- en la propia Turquía y sencillamente debemos preguntarnos, con toda la comprensión hacia las cuestiones que nos han expuesto hoy los colegas griegos, en qué términos queremos definir nuestra futura relación con Turquía. 
Este es el interrogante al cual debemos responder. 
Un interrogante que no podemos eludir. 
¿Queremos abandonar a Turquía a su suerte o rechazarla? 
Esto no puede favorecer nuestros intereses. 
La estabilidad y la paz en la región no serán posibles sin Turquía, sino sólo con su concurso. 
Tampoco puede favorecer los intereses de nuestros amigos griegos, considerar a Turquía como un factor inestable de un mundo islámico vuelto de espaldas a Europa. 
¿Debemos rescindir la unión aduanera? 
Yo digo sí a interceder y presionar incesante y firmemente en favor de un mayor respeto de los derechos humanos. 
Pero digo no a poner en cuestión la unión aduanera. 
A mi parecer, el debate de hoy y la propuesta de suspender los fondos del programa MEDA podrían llegar a ser una consecuencia del informe del señor Comisario van den Broek sobre los derechos humanos, pero de ningún modo pueden ser una condición previa para la elaboración de este informe, que el Sr. Comisario no presentará hasta principios de septiembre. 
Así quedó entendido ya a principios de 1996. 
Habida cuenta de que el Sr. van den Broek siempre ha informado detallada y adecuadamente al Parlamento, no comprendo el sentido del apartado 6 de la propuesta de resolución común y debo instar al Parlamento a votar en contra de este punto. 
Debemos hacer todo lo posible para que Turquía, aun con un Gobierno islámico, siga manteniendo abierta la opción europea y no nos vuelva la espalda. 
Señor Presidente, Señorías, lo que acaba de manifestar el colega Lange es peligroso. 
A finales del año pasado ya celebramos un debate en el cual todas las reflexiones se centraron en la necesidad de que el Parlamento Europeo y la Unión Europea procuraran evitar que nuestra política pudiera desencadenar una desestabilización en Turquía y, como resultado, una desestabilización de la región. 
Dicho en otras palabras: la decisión adoptada en aquel momento fue un error y sigue siéndolo, puesto que mientras Turquía siga obteniendo lo que quiere sin verse obligada a ofrecer ninguna contrapartida, no tendrá ningún motivo para modificar su política. 
Este es el problema que en realidad estamos debatiendo. 
Por esto, señor Presidente del Consejo, yo debo decirle que si la Sra. Çiller le ha prometido, tal como acaba usted de comunicarnos, que tendrá en cuenta sus observaciones sobre las exigencias de la Unión Europea en relación con la democratización y los derechos humanos, yo le recomiendo que no le preste atención. 
La Sra. Çiller- como ya ha manifestado muy acertadamente el colega Konečny- es con mucha diferencia la persona que menos crédito merece en el ámbito de la política internacional. 
Imagine por un momento qué ocurriría si el ponente de esta Cámara para la lucha contra el racismo y la xenofobia, Arie Oostlander, propusiera la próxima semana a Le Pen para el puesto de Presidente del Parlamento. 
También usted diría que había perdido el juicio o bien era una persona sin principios éticos. 
Sin embargo, más o menos así es como actúa la Sra. Çiller, quien en efecto no ha engañado sólo al Parlamento Europeo. 
Lo más grave es que también ha engañado a su propio pueblo en Turquía. 
En efecto, muchas personas votaron por Tansu Çiller con la esperanza de evitar de este modo la islamización de Turquía. 
Una persona como ella no puede ser la interlocutora del Parlamento Europeo. 
Y el Sr. van den Broek tampoco puede ser un interlocutor del Parlamento Europeo. 
Sr. van den Broek, usted y el Presidente del Consejo han dado muestras aquí de lo que yo llamo una política maquiavélica. 
Cuanto favorezca los intereses de la Unión Europea está bien, cualquiera que sea su precio, aunque se obtenga a costas de la democracia interna en Turquía. 
No podemos participar en esta actitud. 
No podemos aceptar un reparto de papeles según el cual ustedes desarrollan una política al estilo Metternich, mientras a los mentecatos del Parlamento Europeo les corresponde velar por los derechos humanos. 
¿Cuándo se decidirá a visitar usted una cárcel? 
¿Cuándo visitará el Kurdistán, señor Presidente del Consejo, para que pueda hacerse directamente una idea de lo que está ocurriendo en ese país? 
No nos ha anunciado ningún proyecto en este sentido y mientras usted se limite a mantener negociaciones en el Palacio de Gobierno, Turquía le parecerá una democracia. 
Yo lo sé muy bien. 
También he estado en el Palacio de Gobierno. 
Allí todo es agradable. 
Pero también conozco la otra cara de Turquía, la de la tortura y el menosprecio y los atentados contra los derechos humanos. 
Usted también debería informarse al respecto y cuando lo haya hecho, verá las cosas de otro modo. 
Ha llegado el momento de retirar el apoyo a Tansu Çiller y con Erbakan tampoco podemos tener ninguna relación. 
Él mismo declaró que no quería tener ningún contacto con nosotros. 
Nuestro deber es empezar a apoyar de una vez a las fuerzas democráticas de Turquía, puesto que si Turquía fuese auténticamente democrática, si ese país respetara realmente los derechos humanos y los derechos democráticos, el Parlamento Europeo le daría la bienvenida como socio. 
Ya estoy harto de que se presente como un enemigo de Turquía a cualquier persona que critique al Gobierno de Erbakan. 
Así ocurre explícitamente, por cierto, en el caso de nuestros colegas griegos, que proceden de un país que respeta y practica la democracia. 
A mi parecer, si no empezamos a volver la espalda a quienes pisotean los derechos humanos y a apoyar a quienes luchan por la libertad de las personas, por la libertad de opinión, por el libre ejercicio político de sus derechos democráticos y por su derecho a la autodeterminación, estaremos atentando contra nuestros propios principios y pisoteándolos. 
Por lo tanto, sólo existe una alternativa: suspensión de las entregas de fondos hasta que Turquía comprenda que sólo podemos aceptar como socios a los Estados democráticos de derecho. 
Señor Comisario, señorías, a mi vez, deseo comenzar mi intervención recordando una convicción redoblada por la realidad. 
Turquía es un gran país, especialmente importante en el tablero mundial, es un país poderoso, es un país aliado de Europa que debe seguir siéndolo y debemos hacer todo cuanto podamos para que siga así. 
Es esta realidad geopolítica la que, en su momento, ha explicado un cierto número de nuestras decisiones y que explica la evolución de nuestras relaciones con este país. 
Es esta misma realidad, hoy, la que justifica, explica e ilustra nuestras decepciones y nuestras graves inquietudes. 
Por último, es esta circunstancia la que justifica nuestra firmeza en cuanto al porvenir, firmeza que los socialistas y todos los grupos reclamen en este debate. 
Personalmente, conozco un poco Turquía por haber sido miembro de la comisión mixta Europa-Turquía durante cinco años de 1989 a 1994 y pude entonces medir la evolución del estado de ánimo de nuestros interlocutores. 
Al principio, sólo pedían una cosa, su adhesión, mientras que al final, respondían a nuestras preguntas y a nuestras interpelaciones mediante agresiones verbales y reproches severos. 
Es preciso decir que mientras tanto, había progresado el islamismo y había estallado la URSS, devolviendo a Turquía sus sueños de posición dominante en su región. 
Fue con este estado de ánimo, cuando hace un año, a finales de 1995, en vísperas de las elecciones legislativas turcas, se puso en marcha una fantástica máquina de convencer para pedirnos que aceptáramos la unión aduanera. 
Gestiones de las cancillerías, presiones de los gabinetes ministeriales, llamadas de teléfono, promesas múltiples en el terreno de los derechos humanos y de la democracia para los kurdos e incluso la paz en Chipre, para terminar con un argumento contundente: si no se vota la unión aduanera, los integristas y los islamistas llegarán al poder. 
Votamos la unión aduanera, y muchas otras cosas, arrastrados por las circunstancias. 
Votamos, optamos y nos equivocamos por no decir que nos engañaron. 
La represión política en Turquía es más dura que nunca. 
Las prisiones están llenas y los hombres se mueren, los turcos no han hecho ningún esfuerzo, nuevas provocaciones asesinas se han producido en Chipre y, para colmo de la decepción, al día siguiente de las elecciones, la derecha laica se desgarra y la Sra. Çiller nos pide en diciembre que le ayudemos a combatir el integrismo que instala a un islamista declarado, el Sr. Erbakan, en el puesto de primer ministro. 
Está claro que hoy, las condiciones políticas en consideración a las cuales el Parlamento Europeo dio su acuerdo no existen ya. 
Por lo tanto, hay que denunciarlas y Europa debe bloquear el conjunto de créditos derivados del protocolo financiero y todos los previstos en el marco del programa MEDA. 
Añado que la Comisión debería asimismo estudiar las condiciones de denuncia de la propia unión aduanera. 
En efecto, para mi, señor Presidente, en la actualidad, es el único y último medio de obligar a Turquía a respetar sus compromisos. 
Es, pues, con el tiempo, nuestro único y último medio de ayudar a Turquía a seguir siendo, en los confines de Europa, un gran país laico, democrático, pacífico y aliado. 
«No creería que el Estado ha quemado una aldea aunque lo viera con mis propios ojos». 
Espero que esa declaración de la Sra. Çiller haya perdido su validez, incluso para ella, tras la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos del pasado lunes, en la que declaraba explícitamente que el Gobierno turco quema aldeas y al hacerlo viola el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y su Protocolo nº 1. 
Es importante señalar este veredicto, porque es una prueba de que las conexiones turcas con Europa pueden ser fructíferas a largo plazo, también para la situación democrática en Europa. 
Pero ello exige acción, y lo que lamento de las declaraciones del Consejo es la ausencia de voluntad de emprender cualquier tipo de acción, a parte de limitarse a continuar con la unión aduanera. 
Con ello, el Consejo se hace corresponsable del deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía, como hemos podido ver hoy. 
Existe un deterioro, no se ha hecho ningún progreso, la tortura se practica de forma sistemática, se producen desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y éstas son toleradas y permitidas en un Estado, por citar un informe de Amnistía Internacional «que dispone de todas las instituciones necesarias para establecer un Estado de derecho más estricto y para mejorar significativamente la situación de los derechos humanos». 
Ése es el problema. 
Cuando votamos a favor de la unión aduanera el año pasado no pensábamos que estableceríamos los derechos humanos plena e inmediatamente, pero la Sra. Çiller y una mayoría de los miembros de la Gran Asamblea Nacional nos llevaron a pensar que el sistema político turco reconocía esa responsabilidad, al menos en parte, y que estaba dispuesto a mejorar la situación. 
Fuimos engañados: la reforma del artículo 8- el Sr. Moorhouse ha sido bastante explícito al respecto- no condujo a una auténtica reforma de la libertad de expresión. 
No existe ningún indicio de mejora en ningún ámbito de los derechos humanos, solo pruebas de deterioro. 
Tras los debates de diciembre y tras las promesas hechas por los turcos, no obtuvimos lo que teníamos derecho a esperar. 
¿Estamos ahora obligados a dar al Sr. Erbakan y a la Sra. Çiller lo que ellos esperan? 
Yo no lo creo así. 
Mi Grupo esta decidido a continuar bloqueando las asignaciones para Turquía que derivan del Protocolo financiero del Acuerdo sobre la Unión Aduanera en el presupuesto para 1997. 
Turquía tiene que mejorar primero su situación. 
Tenemos una propuesta más difícil y es la de intentar bloquear los fondos del programa MEDA destinados a Turquía, y si asignamos a la reserva recursos suficientes del MEDA, podemos hacerlo. 
Sólo si se produce un avance serio en materia de los derechos humanos, estaremos dispuestos a desbloquear los fondos. 
Es posible que eso esté aún muy lejos, pero debemos ejercer nuestros derechos para seguir siendo creíbles, y eso es, precisamente, lo que desapruebo de las declaraciones del Consejo. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo votó a favor de la unión aduanera con Turquía el pasado diciembre. 
Yo acogí entonces con respeto los argumentos de las y los colegas que daban por sentado que la aprobación de la unión aduanera fortalecería a las fuerzas democráticas de Turquía y promovería un cambio positivo. 
Yo voté negativamente con un resquicio de duda sobre si esa era la posición correcta. 
Ahora sabemos que no sólo no se ha registrado ningún progreso en relación con una evolución democrática de Turquía ni tampoco en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional, sino que por el contrario son bien visibles los retrocesos y el deterioro de la situación, tanto en Turquía como en Chipre, donde la responsabilidad recae también sobre Turquía. 
Este verano se habló y se escribió erróneamente muchas veces sobre los enfrentamientos entre comunidades en Chipre. 
Sin embargo, en realidad no hubo enfrentamientos entre los greco y los turcochipriotas, sino que fueron los turcos quienes asesinaron a dos grecochipriotas desarmados que se manifestaban con otras personas contra la ocupación que dura 22 años del 37 % de la isla. 
Algunos colegas ya han señalado un dato de particular importancia para la posición de esta Asamblea con respecto a Turquía y yo ahora lo repito: según declaraciones de la Gran Asamblea Nacional turca, la organización juvenil fascista de los Lobos Grises recibió 65 millones de liras turcas de las arcas del Estado para viajar a Chipre. 
Fueron miembros de este grupo de los Lobos Grises quienes mataron a Isaak. 
El oficial turco que mató al chipriota Solomas fue designado tres días después ministro de Agricultura del autodenominado Estado nortechipriota por el Sr. Denktasch, casi como un premio, en un gesto que va mucho más allá del mero cinismo y es realmente muy grave. 
Estimadas y estimados colegas, ha llegado el momento de decir claramente y sin dejar lugar a dudas que el Parlamento Europeo y la Unión Europea se sienten engañados; ha llegado el momento de decir claramente que no queremos mantener buenas relaciones con un país que pisotea los derechos humanos y el derecho internacional y que, por consiguiente, suspenderemos la entrega de recursos financieros a Turquía. 
Señor Presidente, cuando a finales del año pasado votamos sobre la Unión Aduanera con Turquía, muchos diputados tenían dudas al respecto, pero la voluntad de cooperar y mantener un dialogo con Turquía ganó, debido sobre todo, a que la presión ejercida por el Parlamento Europeo nos hacía ver reformas y el Gobierno turco nos había prometido seguir por ese camino. 
En los casos en que el Consejo de Ministros lo aceptó, el Parlamento Europeo aprovechó la oportunidad para robustecer la democracia y los derechos humanos. 
No obstante, desde entonces se ha dado un paso atrás, y no podemos cerrar los ojos ante este hecho. 
Varios diputados al Parlamento turco elegidos por el pueblo siguen encarcelados y otros están en la cárcel porque han solicitado la apertura de conversaciones de paz entre los turcos y los kurdos. 
Hace poco se ha celebrado un juicio contra los empleados de un centro de rehabilitación de víctimas de la tortura por negarse a entregar los nombres de éstas a las autoridades. 
Freddy Blak y yo estuvimos presentes durante el juicio en Ankara celebrado contra el ciudadano danés de origen kurdo, Kemal Koc, fue encarcelado por algo que hizo en Dinamarca, que es legal hacer en Dinamarca, y que las autoridades danesas no están dispuestas a investigar. 
Existe una evidente preocupación por el papel desempeñado por la embajada turca de Dinamarca en éste y en otros casos. 
Tenemos razones para creer que el Gobierno turco contribuye al alboroto entre la población de Chipre. 
Por estos motivos, nos negamos a liberar los fondos que deben destinarse a Turquía según la Unión Aduanera, es decir, 375 millones de ecus en cinco años, y a invertir fondos del programa MEDIA en Turquía, no porque no haga falta ayudar a mucha gente en Turquía, sino porque el Gobierno turco gasta miles de millones en hacer la guerra contra sus propios habitantes, y esto hay que dejarlo bien claro. 
Señor Presidente, la postura del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo ante la situación de los derechos humanos y de la democracia en Turquía es cínica y, en cualquier caso, hace burla de la razón de los diputados al Parlamento. 
Las instituciones se ponen a prueba en las situaciones críticas, en las situaciones en las que hay que cambiar de opinión por haberse equivocado. 
En su día, la mayoría del Parlamento votó en favor de la Unión Aduanera basándose en hechos que han resultado después ser falsos. 
Los pesimistas tenían razón. 
La declaración que se somete a votación no es tan severa como yo quisiera; pero no hay otra opción que votarla, porque no hay que olvidar que, por su naturaleza, el Parlamento Europeo, es el guardián de los valores humanos, y sus declaraciones deberían ser tan estrictas como corresponde a este papel suyo. 
La postura de Turquía ante la Unión Europea es de desafío, alentada tanto por la postura de algunos gobiernos europeos, como por nuestra tolerancia. 
En esta Asamblea se ha manifestado una hipocresía increíble. 
Se ha dicho que conviene evitar que, por ser Grecia miembro de la Unión Europea, se ejerza una posible dureza en el trato con Turquía como parcialidad a favor de Grecia, añadiéndose que «comprendemos a los diputados griegos». 
¡Esto es vergonzoso! 
Grecia, aparte de ser Europa, en ningún caso se presta a ser utilizada como coartada para mostrar indulgencia con un régimen basado en la violencia contra las personas y en el desprecio del derecho internacional. 
No olvidemos que es en nuestra insistencia en el respeto de los derechos humanos donde buscan consuelo los demócratas de la propia Turquía, sometidos a un régimen de violencia, y también los turcochipriotas, sometidos en su territorio a la ocupación ilegal de Turquía. 
Señor Presidente, con respecto a la intervención del Sr. Langen y a su indicación de que los diputados griegos han solicitado la congelación de los créditos, quiero subrayar que la congelación de los créditos destinados a Turquía ha sido solicitada por el conjunto de los oradores de hoy, por los motivos que han alegado. 
Asimismo ruego que se tome nota, señor Presidente, de que hay que poner un fin a los intentos de presentar a Turquía y la tragedia de Chipre como una tema entre Grecia y Turquía. 
Estos problemas atañen al mundo civilizado entero y, en especial, a la Unión Europea, por lo que se deben tratar del modo correspondiente. 
Acabo de enterarme de que la cabina francesa ha traducido que yo no firmaría la resolución común. Lo contrario es cierto. 
No sólo lo he firmado, sino que votaré a favor. 
Así pues, quisiera que quedara claro a todas sus Señorías. 
I will vote against Turkey. 
Señor Presidente, he escuchado el debate con gran interés y ciertamente tendré en cuenta los distintos argumentos que se han presentado. 
Hay un par de cuestiones puntuales sobre las que me gustaría tratar brevemente. 
Primero, me ocupé de la cuestión del norte de Iraq en el debate anterior sobre Iraq. 
Sólo quería aclarar ese punto. 
En cuanto a mis comentarios sobre tratar ambas propuestas conjuntamente; fue un comentario de procedimiento. 
Me habían informado de que las propuestas serían tratadas por separado, y quería estar seguro de que esa era la intención de la Asamblea. 
Fui informado inmediatamente antes del debate de que se tratarían conjuntamente. 
Para comenzar, quisiera agradecer a Brian Crowley sus magnánimos comentarios. 
He tomado buena nota de las opiniones que hoy han expresado aquí los diputados. Transmitiremos al Consejo dichas opiniones y las tendremos en cuenta en nuestras deliberaciones. 
También me aseguraré de que el Tánaiste Dick Spring recibe plena información sobre este debate antes de que se reúna con la Sra. Çiller la semana próxima, que será su segunda reunión en cuestión de semanas. 
He dejado muy claro en mi declaración que la determinación del Consejo es ocuparse de aquellas preocupaciones, que compartimos plenamente con el Parlamento, relativas a la situación de los derechos humanos en Turquía. 
Seguimos presionando a las autoridades turcas para que cumplan las promesas que hicieron a la Unión Europea y los compromisos que han contraído en virtud del Derecho internacional. 
Estamos insistiendo en la adopción de un enfoque de la situación kurda que garantice la libertad de expresión sobre el enfoque políticamente aceptable del problema kurdo. 
Si hoy hubiera estado presente un representante turco, me pregunto si habría criticado al Consejo por las implicaciones de lo que decíamos en nuestra declaración. 
La estrategia del Consejo no es- como se ha descrito- la actitud de que todo sigue igual. 
Lo que estamos intentando hacer es utilizar los canales de que disponemos para presionar y potenciar el tipo de cambios que deseamos. 
También nosotros hemos adoptado una firme declaración en la que exponemos los principios por los que deben regirse nuestras relaciones con Turquía. 
Continuaremos presionando para obtener una respuesta constructiva a dicha declaración. 
Por último, en lo relativo a Chipre, quisiera recordar que el Consejo ha condenado los brutales asesinatos de civiles ocurridos en la isla y hemos deplorado profundamente que se haya hecho un uso desproporcionado de la fuera por parte de las fuerzas de seguridad en el norte de Chipre, como ya he dicho anteriormente. 
Y, como también he dicho, estos trágicos incidentes ponen de manifiesto la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos para promover una solución bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea está desempeñando un papel completo, activo y comprometido en apoyo de dichos esfuerzos. 
Agradezco al Parlamento las intervenciones realizadas que recalcan la gravedad de la situación y también, creo, expresan un sentimiento relativamente unívoco del Parlamento. 
Sé que dentro de poco, en todo caso, volveremos a hablarnos. 
Repito la promesa de que, en el transcurso del próximo mes, esperamos poder disponer a tiempo del informe, para que en la sesión en Estrasburgo, si lo permite el orden del día, se pueda hablar del informe de la Comisión tanto sobre la Unión aduanera como sobre los derechos humanos. 
Esto significa que entonces también se habrán celebrado las conversaciones con la Sra. Çiller en Nueva York, cuyos resultados podrán tratarse también en el debate. 
Para terminar, quisiera hacer una observación- aunque soy plenamente consciente de la gravedad de la situación, algo que también he intentando expresar en mi primera intervención- sobre el desarrollo político excepcionalmente complicado que ha tenido lugar en Turquía y que de hecho se mantiene por la formación de este gobierno. 
Este desarrollo nos coloca en la tesitura paradójica de que todos aquellos que, a pesar de comprender la situación, dudan ahora de la conveniencia de que entonces se aprobara la Unión aduanera, se encuentran ante el dilema de que interrumpir, aplazar o retirar la Unión aduanera es precisamente lo que quiere el actual jefe de gobierno islámico, el primer ministro Erkaban, que por cierto no es lo mismo que desea la Sra. Çiller. 
La Unión Europea tendrá que decidir su política y tendrá que intentar contribuir en un momento dado a la estabilidad y la no radicalización de Turquía. 
Se trata de una tarea molesta, pero considero que al fijar la política también hay que escuchar lo que dice el Parlamento, y por ello, agradezco este debate. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
Señor Presidente, nuestro Grupo manifiesta su satisfacción por la posibilidad de este debate en la Asamblea. 
Han sido muy graves los hechos acaecidos en los últimos tiempos que han contemplado Europa y todo el mundo; me refiero a los actos de violencia y a los abusos sexuales de menores. 
Desde hace tiempo, nuestro Grupo viene participando en jornadas de estudio dedicadas a este problema, como las desarrolladas en Carcasona, y después en Dublín, en las cuales se adoptaron algunos documentos. 
Se aprobó una propuesta de resolución y en el mes de julio se presentó una pregunta oral con una propuesta de resolución. 
Además, muchos de nuestros representantes de Grupo han propuesto enmiendas al presupuesto para introducir nuevas líneas de gastos destinadas a acciones en favor de los menores víctimas de abusos, diferentes de las partidas presupuestarias dedicadas a las políticas en favor de la familia y de las clases desfavorecidas. 
Estas líneas presupuestarias han sido propuestas por la Comisión de Cultura, la Comisión de Asuntos Institucionales y la Comisión de Asuntos Sociales. 
Nuestras enmiendas se debatirán en las próximas semanas, pero nos tememos que, en esta batalla, todos los Grupos estén en contra. 
Quisiera volver a destacar los puntos principales de nuestra propuesta de resolución común. 
Estos puntos son: la creación de instrumentos adecuados para estudiar y prevenir el fenómeno de la violencia sobre los menores, entendida en sentido general o en cualquier forma; la aplicación de una acción común y global que abarque tanto a los Estados miembros como a los Estados europeos candidatos a la adhesión; la necesidad de luchar contra fenómenos internacionales como el tráfico internacional de menores, la prostitución entre los emigrantes y el turismo sexual, en todos los acuerdos de cooperación con terceros Estados. 
Reafirmo también la necesidad de prever partidas presupuestarias suficientes y específicas para el problema. 
Debería aplicarse una acción común de los Estados miembros en el marco del tercer pilar- la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior- en el ámbito específico del Convenio de Schengen y del Convenio de EUROPOL. 
En este sentido, quisiera informar a la Asamblea de que mañana propondré una enmienda oral al punto 5.II de la propuesta de resolución, a fin de que se considere la posibilidad de crear en la próxima reunión de EUROPOL bancos de datos comunes a todos los Estados miembros que incluyan la información sobre los culpables de actos de pedofilia. 
Es preciso, pues, una armonización de las legislaciones nacionales en materia de delitos y penas. 
Además, es necesario prestar especial atención a las nuevas tecnologías, como Internet, a través de las cuales puede entrarse en contacto con los jóvenes y, sobre todo, con los menores. 
Por último, solicitamos la creación de un «teléfono azul» a escala europea y, sobre todo, pedimos a la Conferencia Intergubernamental la inclusión en la futura revisión del Tratado de un capítulo que contenga normas sobre los derechos humanos de los menores. 
El desarrollo de Europa depende sobre todo del desarrollo social y cultural; de otro modo, nunca se construirá una Europa unida. 
Señor Presidente, los acontecimientos trágicos del verano de 1996 quedarán grabados para siempre en la memoria colectiva, pero hay un tiempo para la emoción, un tiempo para la reflexión y un tiempo para la acción. 
Hasta ahora, es preciso constatar la falta de voluntad en la lucha contra la explotación sexual de los niños. 
El asunto Dutroux nos ha revelado numerosas disfunciones de la justicia y de la policía. 
La lección vale para todos los Estados, ya que los dramas actuales son también la consecuencia de un laxismo colectivo. 
El papel del Estado ¿no es, ante todo, el de garantizar la protección de sus ciudadanos? 
Cada Estado miembro tendrá su papel que desempeñar para actuar de forma que otros Dutroux no escapen más, el día de mañana, a la vigilancia de su justicia. 
Desde ahora, es preciso poner en marcha acciones comunes, reforzar el tercer pilar y hacer que los Estados miembros ratifiquen el Convenio Europol. 
Saludo la iniciativa del Consejo de Ministros de Justicia y de Interior, que se reunirán los días 26 y 27 de septiembre próximos en Dublín para intentar reforzar nuestra cooperación policial y judicial. 
Con unos 120 millones de niños en la Unión, es inaceptable que el Tratado, tal como está redactado en la actualidad, no contenga ninguna referencia a los niños. 
Desearía asimismo recordar mi petición de creación de una comisión temporal de investigación. 
Señor Presidente, hace ya dos años que presenté esta petición. 
Si se hubiera creado esta comisión, tal vez hubiéramos podido darnos cuenta de la amplitud de las redes pedófilas y las ramificaciones de la trata de menores. 
Hubiéramos podido constatar las carencias de las autoridades y las insuficiencias y disparidades legales que subsisten entre los Estados miembros. 
Hubiéramos podido actuar para mejorar los métodos de investigación, de intercambio de informaciones, de protección de los testigos y de las víctimas. 
Todavía no es demasiado tarde, pero es hora ya de unir nuestras fuerzas, nuestros medios y nuestras competencias para impedir que otros niños sean sacrificados en el silencio de nuestras sociedades que no habrán querido afrontar la realidad de los actos abyectos que nos sumergen en el abismo del horror. 
Señor Presidente, Señorías, el hecho de que el tema que nos ocupa hoy merezca tanto tiempo y tanta atención tiene que ver naturalmente con las prácticas terribles que han salido a la luz, entre otros países, en Bélgica. Las prácticas han cubierto de luto y han provocado una conmoción en primer lugar en las familias de las víctimas, pero también en todo el país. 
Los nombres de unas niñas han quedado marcados para siempre en nuestra conciencia. Podían haber sido las hijas de cualquiera de nosotros. 
La intensidad de los sentimientos que se han manifestado está estrechamente relacionada con el hecho de que la mayor parte de las víctimas son menores de edad. 
Unas sociedades ricas, supuestamente desarrolladas, que no son capaces de ofrecer seguridad y protección a niños inocentes e indefensos, supera todo lo imaginable. 
Bélgica, sin duda, no está sola con el problema de las redes comerciales de pedofilia, pero la envergadura que ha podido desarrollar la red durante años es espectacular, del mismo modo que otros asuntos han adquirido magnitudes espectaculares en Bélgica. 
En este sentido, Señorías, quisiera distanciarme un poco de un determinado tenor del compromiso de resolución común que en realidad confía mucho en la cooperación internacional, en Europol. 
Todo irá mejor, mientras, entre otros, precisamente el caso de Bélgica pone de manifiesto que ante todo hay que poner el dedo en la llaga, hay que hacer limpieza en el propio país. 
Nos enfrentamos a la inoperancia de la justicia, donde hay elementos corruptos, donde también hay claros vínculos con la esfera política. 
Si no se hace algo al respecto- en estos momentos detecto algunas iniciativas -, entonces la cooperación internacional no servirá de nada. 
Por consiguiente, no hemos de invertir las cosas, y antes que nada hemos de decir, sobre todo en el caso de Bélgica, que primero hay que poner las cosas en orden en el propio país. 
En segundo lugar, quiero prestar atención a un doloroso informe que se ha publicado precisamente hoy en «La Libération» , en el que se denuncia el problema de la violencia contra los niños, y en términos más amplios la violencia sexual, el abuso y el asesinato, y del cual se desprende que la violencia ha aumentado un 18 por ciento en un año. 
Ello puede atribuirse en gran medida a la mejora de la información, a las posibilidades de detección, pero el principal problema es la degradación, el retroceso social y la pobreza social que en realidad es la base de una determinada forma de violencia. 
En este sentido, pienso que si hablamos de violencia contra los niños, hemos de considerarla en una perspectiva más amplia, lo cual por supuesto no significa que no tenga que prestarse una atención especial a la violencia contra los niños, entre otros en el marco de la pedofilia comercial. 
En este sentido defendemos enérgicamente, junto con otros diputados, que también se preste atención a la formación de magistrados y agentes de policía, para que aprendan a tratar mejor este tipo de fenómenos, para que también se emprenda la lucha contra el turismo sexual ilegal, contra la trata de personas en general, pues- no hay que olvidarlo- no son sólo los niños que están en esa red, sino también jóvenes y adultos. 
Están sucediendo más cosas. 
Por último, como flamenca no puedo por menos que decir que me parece una vergüenza que determinados políticos flamencos estén dispuestos a subirse a los ataúdes de las niñas asesinadas para proclamar que se trata de una cuestión valona. Cuando está claro que nos encontramos ante un problema belga, una crisis del Estado de derecho en Bélgica, y que no hemos de sacar provecho comunitario, como si no existiera la mafia flamenca de las hormonas, como si no existiera el Superchannel. 
Señor Presidente, pensaba comenzar mi intervención diciendo que la emoción, la tristeza y el recuerdo no están olvidados, y añadiré que no deben olvidarse. 
No olvidemos la emoción de la semana pasada, porque, tal vez, también sea el resorte fundamental de nuestra acción. 
El Grupo Socialista ha señalado su acuerdo sobre la propuesta de resolución común y es mi deseo confirmar aquí, sin ambigüedad, que deseamos la comunitarización de la cooperación en el marco de la lucha contra la trata de seres humanos, de mujeres y de niños. 
Me gustaría decir sin ambigüedades que la Europol debe desempeñar su papel y debe colocar esta lucha entre sus misiones. 
Y desearía manifestar asimismo sin ambigüedades, que si un Estado no quiere asociarse a Europol, que los otros lo hagan y continúen sin él. 
El Grupo Socialista es unánime al decirlo y repetirlo con fuerza al Consejo y a la Comisión. 
Pero, en cuanto a esta resolución, desearía asimismo completar algunos puntos. 
En primer lugar, pensamos que es preciso hacer un esfuerzo de búsqueda y de reflexión. 
De hecho, existen muy pocas experiencias en este ámbito, porque, durante mucho tiempo, el tema ha sido considerado tabú y difícil. 
Hay que delimitarlo con precisión, porque se trata de un sistema que debemos combatir: no se trata simplemente de desvíos y monstruosidades individuales. 
Pensamos asimismo que es preciso armonizar las definiciones de violación en nuestras legislaciones; que es preciso armonizar la noción de delito ligado a la explotación de los niños y de los jóvenes adultos; que es preciso reforzar nuestras legislaciones suprimiendo, en algunos de nuestros países, el principio de la doble incriminación, en particular, en el caso del turismo sexual; y, por último, que es preciso adaptar nuestras legislaciones para apartar los casos de trata de niños disfrazada, ya sea en forma de adopciones, o en forma de matrimonios artificiales. 
Por último, debemos luchar contra la pornografía infantil, es decir, la banalización de la explotación sexual de los niños. 
Lo que no se encuentra en la resolución, es el principio de la lucha contra el blanqueo del dinero. 
¿Sabemos que la red Spartacus, de la que algunos responsables han sido condenados, prosigue sus actividades porque contemplan ante todo la realización de beneficios? 
Ahora bien, si esa es su fuerza, también debe ser su debilidad. 
Creo que debemos asimismo pensar en la lucha contra el blanqueo del dinero y en las sanciones que hay que aplicar a los bancos, incluso si hay bancos europeos implicados. 
Para terminar, pensemos asimismo en las víctimas, en la escucha ofrecida a las víctimas. 
Pensemos en la recolección de pruebas, que debe ser más humana, que debe facilitarse de todos los modos posibles para ser más eficaz. 
Señor Presidente, debo decir que en todo este asunto- que ha supuesto una conmoción, es verdad- sólo nos queda esperar que dicha conmoción sea saludable y que por encima de las palabras de circunstancias, que, en efecto, son útiles y necesarias, esperamos con la ayuda de la Comisión y del Consejo, tomar todas las medidas que se imponen. 
Señora Comisaria, ¿se plantea la Comisión dar un carácter global a las medidas a adoptar contra la pornografía que implica a los niños, de manera que estas puedan también aplicarse a otros sectores vulnerables de la población como las mujeres? 
¿Se va a profundizar en el estudio de la problemática de la que derivan los delitos de tráfico sexual y pornografía, tanto infantil como femenina, atendiendo también a las causas que los motivan y apelando a la cooperación internacional? 
Yo quisiera obtener una respuesta que pudiera ser interpretada en un sentido claro y contundente, una respuesta que despejara dudas sobre la posibilidad de emprender acciones eficaces que impidan la proliferación de este delito. 
No podemos olvidar sobre quién recae la violencia sexual y debemos preguntarnos los porqués y cómo eliminarla. 
Finalmente, ¿se tiene la intención de elaborar disposiciones que incluyan los fundamentos jurídicos básicos para la igualdad y no discriminación de los niños, niñas y mujeres en el Tratado de la Unión? 
Señor Presidente, colegas, recordarán que en nuestro debate de julio hice una propuesta profética para que se creara una base central de datos en la que se registraran los pormenores de todos los niños desaparecidos, y mi propuesta ha resultado ser, como decía, proféticamente trágica. 
Es imposible obtener datos estadísticos exactos sobre el número de niños que permanecen desaparecidos en Europa. 
Los niños desaparecen por distintos motivos: algunos son raptados por sus propios padres; otros se fugan de unos hogares, a menudo, violentos y abusivos; otros lo hacen porque tienen problemas en el colegio, problemas que pueden ser tan pequeños como una evaluación. 
Algunos niños, sin embargo, son secuestrados con fines criminales y nunca son encontrados. 
Otros niños desaparecen porque han sufrido accidentes mortales y tampoco son encontrados jamás. 
Lo que está claro es que la ley en todos nuestros países no ha evolucionado al ritmo que lo han hecho los crecientes y horribles crímenes contra menores ni al ritmo de la sofisticación y la vileza de aquellos que acechan a los niños. 
Pederastas y personas malvadas han hecho un uso entusiasta y hábil de Internet para lograr sus objetivos. 
Lamentablemente, los cuerpos nacionales de policía o de voluntarios no han tenido el mismo éxito. 
Como les decía en julio, en los Estados Unidos, el National Institute for Missing and Exploited Children (agencia nacional que se ocupa de los niños desaparecidos y explotados) tiene un registro de más de 367.000 niños. 
Nosotros seguimos sin tener la más mínima idea de cuántos niños están desaparecidos en Europa. 
Para luchar contra estos problemas será necesaria una reforma radical de las leyes de los Estados miembros para proteger a nuestros hijos con mayor eficacia. Espero que lo hagamos tras la ratificación del Tratado Europol. 
¿Puede asegurarnos el Presidente en ejercicio que en el nuevo Tratado que surja de la CIG, los derechos de los niños recibirán el peso jurídico justo que merecen? 
Los sucesos de Bélgica han centrado la atención internacional en los numerosos casos de vacío legal que existen tanto a nivel nacional como internacional. 
Si logramos responder clara y eficazmente al reto que se nos presenta, creo que sería el homenaje adecuado a la memoria de las niñas que fueron tan brutalmente asesinadas en Bélgica. 
Asimismo debemos avergonzarnos de los abusos sexuales de niños que cometen los turistas en los países en desarrollo. 
La mayoría de los clientes de los niños víctimas de abusos sexuales proceden de países occidentales y, debido a que esos niños se encuentran muy lejos, hemos conseguido ignorar lo que se les está haciendo. 
La legislación extraterritorial para condenar a las personas que viajan al extranjero para abusar de niños es absolutamente vital. 
Un registro europeo de pederastas condenados puede despertar inquietud como incumplimiento de las libertades públicas, pero no creo que sea imposible tener en cuenta la protección de los niños al igual que la protección de las libertades públicas de las personas. 
Necesitamos un sistema que haga posible llevar un registro de aquellas personas que hayan sido condenadas por actos de pederastia tanto a nivel nacional como internacional, al que sólo tengan acceso el personal judicial o aquellas personas que deban contratar a personal para puestos que ofrecen un acceso privilegiado a menores. 
Dicho registro se limitaría a facilitar información a los responsables de contratar al personal en la forma de un «sí» o «no» en lo relativo a si ha habido una condena anterior. 
Durante demasiado tiempo, la asistencia al público ha corrido a cargo únicamente de las redes de voluntarios. 
Dichas redes han realizado una labor excepcionalmente buena con unos recursos muy escasos y muchas de ellas fueron iniciadas por padres que habían experimentado la angustia de perder a un hijo y, en muchos casos, de descubrir que sus hijos han sido asesinados. 
Desde mi nombramiento como mediadora para niños secuestrados he podido conocer muchas cosas y mucho de lo que he conocido me ha provocado náuseas. 
Señor Presidente, hace algunas semanas, en Bruselas, gritamos nuestra indignación contra los crímenes perpetrados contra menores en uno de nuestros Estados miembros. 
Hoy, nos comprometemos en un debate de fondo sobre la explotación sexual de los menores, porque es urgente que reaccionemos. 
En efecto, ¿cuántos menores habrá que violar, raptar, incluso asesinar para que, por fin, encontremos las soluciones que se imponen? 
Sin embargo, por desgracia, no es sencillo combatir estos actos abominables. 
Por una parte, parece que asistimos a una verdadera multiplicación de los malos tratos de los que son víctimas los niños. 
Las cifras avanzadas hacen estremecer. 
Por otra parte, los niños maltratados no siempre son capaces de reaccionar y, a veces, es muy difícil de romper esta ley del silencio, esta ley de impunidad, tan frecuente cuando estos abusos los cometen nuestros allegados. 
Por último, estas redes de pedofilia, que están en desarrollo constante y que son una de las causas de los crímenes que denunciamos, saben disfrazar sus actividades y desbaratar los controles mejor organizados. 
¿Qué hacer entonces? 
En nuestra resolución común, hemos evocado los medios de lucha. 
Por lo que a mí respecta, me hubiera gustado que sean un poco más precisos en cuanto a las acciones a desarrollar, en particular, en este programa que tanto deseamos. 
Llegado el momento, convendrá dotarlo con medios financieros adecuados, y el debate presupuestario que se anuncia debería permitirnos concretar este proyecto. 
A este respecto, desearía conocer la posición de la Comisión. 
Sin embargo, por encima de las acciones que deban aplicarse- pienso sobre todo en el papel que debería desempeñar la Europol mediante el establecimiento de un fichero común -, no debemos perder de vista que la mundialización tiene efectos perversos que hay que tener en cuenta. 
Ha permitido el desarrollo de una verdadera trata de niños a través de las redes de turismo sexual. 
En cuanto a Internet, sabemos que constituye una cobertura ideal de la incitación a la pedofilia. 
Es la razón por la que nuestra exigencia de protección de los niños debe ser universal. 
Debemos hacer respetar en todas partes el derecho de los niños, comenzando por mostrar el ejemplo. 
Por otra parte, debemos considerar que, por abyecta que sea, la explotación sexual de los niños no es más que un elemento entre el conjunto de las agresiones de las que son víctimas hoy en día. 
En nuestras sociedades, con frecuencia, juventud rima con violencia. 
Los diversos hechos que conocemos a diario se han convertido en un verdadero hecho de sociedad. 
En los estadios, en las escuelas, y, por desgracia, en algunas familias, los golpes sustituyen al diálogo, a la ternura y al afecto. 
Entonces, queridos compañeros, movilicémonos para rechazar estos muros de la vergüenza. 
Señor Presidente, la lucha contra la plaga de la pedofilia y de la explotación sexual de los niños debe llevarse a todos los niveles- local, nacional, europeo e internacional-. 
Cada nivel de competencia y de eficacia es importante y debe completar a los otros. 
Es verdad que unos y otros no deben devolverse las responsabilidades. 
Se ha evocado poco el nivel local. 
Sin embargo, me permitiré insistir porque, en mi opinión, es preciso tener en consideración la organización de la vida en sociedad, en el ámbito de las unidades de base que constituyen las familias, los barrios y las ciudades donde el interés por los niños no es prioritario. 
Demasiados niños están abandonados a su suerte, están solos, vuelven solos de la escuela y se encuentran solos en sus casas y son presas fáciles. 
En el ámbito de la represión y de la policía, de la cooperación judicial y otros, me uno a todas las observaciones muy pertinentes de los compañeros. 
Pero en el ámbito de la prevención, me permitiría suscitar una pregunta que no es fácil. 
Decimos que estamos en la sociedad de la información. 
Entonces, es urgente lanzar, a escala nacional, europea, y también internacional, una reflexión ética a propósito de las sociedades de la información. 
Preguntémonos también sobre el estatuto de la sexualidad en esta sociedad de la información, porque si hay oferta que reprimir, es porque hay demanda. 
¿Por qué existe una demanda semejante de prácticas sexuales perversas? 
Debemos preguntarnos sobre la manera en que se trata la sexualidad en la publicidad. 
Además, ¿cabe poner todas las prácticas sexuales al mismo nivel y anunciarlas de todas maneras? 
La sexualidad es una energía humana extraordinaria, que es benéfica, que desarrolla cuando está ligada a la afectividad, cuando se produce un encuentro profundo entre dos seres. 
Pero cuando se la evoca en todo momento en la sociedad mediática, como desconectada del amor y de la vida, ¿no son temibles todas las derivas, incluida la explotación sexual de los niños? 
Señor Presidente, ¿podríamos obtener garantías de que el Sr. Ministro también se ocupara de la cuestión relativa a una enmienda del Tratado que proteja los derechos del menor? 
Tengo la sensación de que tenemos las manos atadas en lo que se refiere a nuestros poderes jurídicos, a menos que estén legitimados por el Tratado. 
Señor Presidente, como decía en mi intervención, somos conscientes de las opiniones expresadas aquí por los diputados, y este asunto está siendo estudiado actualmente en el marco de la CIG. 
Algunos diputados me han preguntado, al igual que han hecho otras personas fuera de esta Asamblea, si no deberíamos ampliar las disposiciones del Tratado para incluir una disposición sobre la ciudadanía de los niños. 
La respuesta que he recibido sobre dicha disposición en particular del Tratado es que la referencia que se hace a la ciudadanía de un Estado miembro incluye a todo el mundo, incluidos los niños, pero me complacerá encargarme de que esto vuelva a examinarse. 
En lo que a mí respecta, si un texto adicional fortalece las disposiciones del Tratado y nos ayuda en nuestra campaña, ciertamente no necesitarán esforzarse conmigo. 
Señor Presidente, la Presidencia irlandesa ha anunciado hoy que se ampliará el mandato de Europol y que incluirá también la trata de niños. 
Son buenas noticias. 
Pero hemos de añadir que el Convenio de Europol no ha sido ratificado por los Estados miembros, eso se ha repetido suficientes veces aquí. 
Nos preguntamos cuánto falta todavía para que Europol pueda por fin arrancar. 
Por lo visto, todos estamos completamente de acuerdo. La cuestión es si estamos tan de acuerdo en otros aspectos. 
Hoy en día, la cooperación entre la justicia y la policía es competencia exclusiva de los gobiernos. Esto no produce directamente resultados rápidos y eficaces. 
Los ciudadanos no comprenden por qué es tan difícil cooperar a nivel europeo en la lucha contra el crimen, que sí está organizado internacionalmente y que no se inmuta lo más mínimo ante las fronteras entre países. 
A qué esperamos para elevar la cooperación entre la justicia y la policía al nivel de la Unión, para otorgar competencias a la Comisión y el control democrático al Parlamento Europeo. 
Los ciudadanos de Europa están dispuestos a asumir su responsabilidad. 
Los usuarios de internet rastrean la pornografía infantil. 
En los Países Bajos, por ejemplo, los usuarios de internet han creado un buzón de denuncia especial a este fin. 
El Parlamento también exige que se tomen medidas contra la distribución de pornografía infantil a través de internet y a través de los medios de comunicación más modernos. 
Pero los especialistas nos indican que este es un asunto bastante difícil. 
Por ello es lógico que se creen y apoyen los buzones de denuncia. 
Este tipo de milicias ciudadanas en internet parecen ejercer un control social eficaz. Al mismo tiempo podemos realizar un pedazo de la Europa de los ciudadanos y aprovechar el compromiso sincero de las personas. 
Por último, la pornografía y la prostitución infantil existen porque algunos individuos tienen tendencias perversas. Pero también existen porque las organizaciones mafiosas y criminales pueden lograr enormes ganancias con ello. 
Hoy, sus actividades se concentran en la pornografía infantil, mañana en el tráfico de drogas, la trata de mujeres o el tráfico de armas. Sólo conocen un código: el del dinero. 
Para combatirlo hemos de atacar al núcleo de su existencia: eliminar el secreto bancario es un medio excelente para lograrlo. 
Señor Presidente, recientemente un responsable de EUROPOL ha admitido que el tráfico y la explotación de seres humanos está convirtiéndose en el comercio más rentable para la delincuencia internacional y que esta actividad está sustituyendo o de alguna manera está complementando a la de la droga, porque resulta más rentable y menos peligrosa. 
La causa se encuentra en que actualmente existe en todos los países una gran atención y sensibilidad respecto al problema de la droga, mientras que el fenómeno del tráfico y explotación de seres humanos está aún lleno de silencios, complicidades e indiferencias. 
Pienso que éste debe ser el punto de partida. 
No se vence este fenómeno sin una altísima tensión y atención política. 
Recuerdo que este Parlamento elaboró hace tiempo un informe y no podemos esperar otros sucesos como éstos para concluir y hacer operativas las directrices del mismo, como ha explicado con acierto la Sra. Gradin. 
La atención debe basarse en propuestas concretas de financiación y de control. 
Este fenómeno no se solucionará si no se adopta a escala local e internacional un sistema integrado de actuaciones con los diferentes interlocutores institucionales, en los diferentes sectores formativos, preventivos y represivos. 
No nos hagamos la ilusión de encontrar soluciones fáciles o milagrosas. 
La estructura del informe que este Parlamento aprobó sobre la trata de seres humanos debe recogerse en toda su globalidad y valorarse y estudiarse desde el punto de vista específico del niño. 
Tercer punto, la red de protección debe ser más sólida que la red delictiva. 
Puede parecer obvio, pero en realidad no es fácil de llevar a cabo. 
Estamos, pues, a la espera de la comunicación de la Comisión y agradezco a la Sra. Gradin su contribución a este tema en otros momentos en que sólo algunos diputados pensaban que pudiera alcanzar dimensiones tan dramáticas. 
Para fortalecer esta red es preciso, ante todo, hacer menos vacilante el tercer pilar. 
No solucionaremos este problema si no tenemos el coraje de llevar a cabo una actuación fuerte, de reforzar la coordinación entre la policía y los órganos judiciales. 
Soy consciente de que no se puede responsabilizar de todo a EUROPOL, pero tampoco es admisible que, estando EUROPOL encargado de prevenir el robo de automóviles o el tráfico de materiales de fisión, no pueda ocuparse del tráfico de seres humanos, que está convirtiéndose en uno de los mayores problemas. 
Por último, debemos afrontar sin titubeos el núcleo de las legislaciones. 
La red será sólida si sabemos mantener los valores básicos. 
¿Qué hay debajo de esta mercantilización? 
No basta con continuar proclamando los derechos si somos incapaces de disfrutarlos cotidianamente. 
Pienso que ésta es una reflexión, que, como Parlamento, debemos hacer. 
Señor Presidente, ¡niños a los que se ha acariciado, de los que se ha abusado, a los que se ha violado, marcados para toda la vida, niños desaparecidos, matados, que ya no volveremos a ver! 
Es muy triste que haya hecho falta el asunto Dutroux para que nuestra Asamblea debata este problema hoy y se dé cuenta de que, cada año, se entregan un millón de niños al mercado del sexo en el mundo, y que varios miles de niños se ven afectados en nuestro continente. 
Pero más allá de las cifras, se trata de hombres y de niños. 
El niño debe ser reconocido, no como un objeto de consumo sino como un verdadero ciudadano. 
Es la razón por la cual me uno a todos mis compañeros cuando afirman que, en primer lugar, hay que actuar a nivel jurídico, colmando las lagunas de nuestras legislaciones y armonizándolas en el ámbito de la protección de la infancia y de la pedofilia, y que, finalmente, la Conferencia Intergubernamental debe integrar una base jurídica que permita llevar a cabo una política comunitaria contra la trata de seres humanos. 
En esta espera, es asimismo importante que el Observatorio europeo pueda estar dotado de medios humanos y financieros importantes para desempeñar un verdadero papel con respecto a la aplicación de la legislación. 
Pero además de ello, lo he manifestado, esto nos afecta a todos. 
Conviene que nuestra Asamblea eche una nueva mirada filosófica a estos problemas. 
Nuestro continente debe tener la voluntad de elevar los derechos de los niños a la categoría de valores fundamentales de nuestras civilizaciones europeas. 
Para ello, conviene, como ustedes han dicho, llevar a cabo una política familiar adaptada. 
Cuando hoy, algunos de nuestros compañeros reciban a hombres y mujeres sin papeles librándose tal vez a una operación política, ¿cómo no decir que cuanto más se quebranten los valores de nuestro continente, menos disponibles estaremos para acoger a aquellas y aquellos que se vuelven hacia nosotros con desesperación pidiendo ayuda, una ayuda material o moral? 
Esta Europa, queridos compañeros, no es la de los mercaderes, es la de los hombres y las mujeres que, todos los días, nuestros conciudadanos nos piden que construyamos. 
Una Europa más humana, una Europa más digna. 
Por esta razón, Europa pasa necesariamente por un verdadero proyecto familiar, es decir, una política familiar que cree un entorno moral, afectivo, jurídico y material favorable al desarrollo de las familias y de cada individuo. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Gradin su comunicación, pero me permito insistir en el hecho de que lo que nosotros pedimos, no son solamente estudios, sino, por supuesto, acciones. 
Nos encontramos ante una resolución que, por una vez, me parece relativamente precisa. 
La Sra. Todini lo ha recordado: he presentado una enmienda al presupuesto previendo los créditos necesarios- del orden de 5 millones de ecus- para establecer un programa de acción de la Unión Europea contra la criminalidad sexual en detrimento de los niños. 
Además, tanto en la resolución como en la enmienda, se han presentado un determinado número de acciones precisas. 
Por consiguiente, esperamos que se produzca un debate a este respecto y que las instancias competentes de la Unión Europea, comenzando por la Comisión, nos digan claramente si aceptan conceder los créditos indispensables para este género de acción que esperan llevar a cabo. 
Esto me parece esencial. 
Desearía insistir en un determinado número de acciones que me parecen útiles. 
Pienso que todos mis compañeros lo han hecho. 
Tal vez, añadiré un punto que no figura ni en la resolución, ni en la enmienda: independientemente de todo lo que se ha dicho, es preciso tener cuidado también con el tráfico de órganos, práctica sin duda tan espantosa y tal vez todavía más discreta, que se lleva a cabo en la clandestinidad e, incluso, a veces, en las propias fronteras de la Unión Europea. 
En este caso, es posible recurrir a algunas directivas en materia de control, de forma que se evite todo riesgo de desliz a este respecto. 
Por supuesto, vamos a votar la resolución. 
Espero que la enmienda al presupuesto- en su forma actual o un poco modificada- se votará a finales de año. 
Por consiguiente, tendremos las armas en la mano para responder al desafío que se nos ha lanzado, y ésta sería, a mi entender, la grandeza de la Unión Europea de demostrar que no es una máquina sin alma, sino que es capaz, de forma duradera, de aportar concretamente un «plus» a la acción de los Estados en un ámbito que afecta directamente a los ciudadanos y que sitúa el respeto a la dignidad y a la integridad del ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. 
Señor Presidente, hoy se ha hablado de la importancia de Europa en el mundo, y de la cultura europea. Pero nuestra alma está enferma. 
Parecemos estar paralizados ante esta obscenidad. 
Algunas de nuestras instituciones políticas, religiosas, jurídicas y policiales se han visto implicadas en la corrupta confabulación con este mal. 
Otras no han tomado las medidas oportunas. ¿Cómo podemos infundir confianza en nuestras instituciones judiciales y policiales para que detecten e impidan el flujo de pederastia? 
Recientemente me sentí terriblemente escandalizada en mi país cuando comencé a leer en un periódico dominical serio la supuesta transcripción de un acto criminal y pornográfico. 
Creí que no podría seguir leyendo. 
No consigo comprender cómo se pueden publicar transcripciones de carácter criminal como esa. 
Pedí una explicación a nuestro ministro de Justicia, y tengo entendido que la persona en cuestión está en libertad. 
Quisiera pedir ahora al Consejo que tenga en cuenta estos casos en sus delegaciones de los ministros de Justicia que se reunirán en Dublín a final de mes. 
Quisiera que el Consejo pudiera darme hoy una respuesta más. 
Agradezco la respuesta que ya han dado el Consejo y la Comisión, pero necesitamos poner fin a este tráfico criminal de niños y a su utilización en representaciones violentas, abusivas y obscenas. 
¿Podría asegurarnos el Consejo que las sanciones judiciales contra estos crímenes se harán de manera abierta y eficaz? 
Este tipo de cosas no sólo circulan en Internet. 
En el Parlamento Europeo estamos a favor de la libertad de expresión y la libertad de información, pero nos preocupa aún más la protección de los niños contra la explotación criminal y violenta. 
Tenemos que encontrar los medios en cada caso, a medida que vayan surgiendo, para acoplar ambos principios. 
Por último, el representante del Consejo ha aludido al hecho de que el derecho a la ciudadanía es asimismo aplicable a los niños y menores, y que constituye, por consiguiente, una base para la acción común. 
¿Puede confirmar el Consejo que eso es así y, en caso contrario, qué medidas piensa adoptar para incluir a los niños en el Tratado de Maastricht II, con carácter de urgencia, de manera que exista un fundamento para la acción común? 
Señor Presidente, lamento tener que decir que hoy, por lo menos esto es lo que pienso, en algunos escaños nos las tenemos que ver con la hipocresía política. 
En primer lugar, el problema en la lucha contra la red de pedofilia de Dutroux era un asunto interno de Bélgica. 
El sistema judicial belga está deteriorado por la falta de medios, pero sobre todo por los nombramientos políticos y la injerencia política en la magistratura, y en particular por una política increíblemente indolente. 
Ahora comprendo que los políticos de los partidos belgas quieran aplazar el debate a la cooperación europea, pero en realidad no se trata de esto, y lo hacen únicamente para esconder su culpa e incompetencia en este expediente. 
En segundo lugar, leo en las resoluciones, firmadas también por mis compañeros flamencos y valones, que es preciso actuar duramente contra la trata de niños, y leo incluso que los socialistas hablan de, y cito: » las penas más duras posibles». 
Son palabras de partidos que, por ejemplo, siguen considerando a Etienne Vermeersch un faro moral, a pesar de que el hombre considere que el rechazo público de la pedofilia es, y cito: » desmedidamente exagerado» , y no excluya de ningún modo la posibilidad de que, y vuelvo a citar: » algunas formas de pedofilia se libren del castigo moral y penal». 
Son las palabras de partidos que desde hace décadas socavan la política penal de mi país, y que hasta el día de hoy siguen estando en contra de las condenas cautelares. 
Son los mismos políticos que hasta el día de hoy protegían al juez del Tribunal Europeo, Melchior Wathelet, a pesar de que este hombre ordenara la liberación de Dutroux en 1992, después de que hubiera cumplido apenas la mitad de su condena por delitos sexuales calificados de «monstruosos» con menores de edad, y ello pese a las súplicas del fiscal general de no liberar a Dutroux. 
Si este Parlamento es serio, por lo menos tendría que exigir el cese de Melchior Wathelet, juez del Tribunal Europeo, que es responsable político del terrible destino de unas niñas inocentes. 
Pero dado que este no es el caso, me tomo la libertad de dudar de la voluntad de mantener un enfoque duro, que no es viable si los políticos no damos el buen ejemplo. 
Si no lo hacemos nos rebajaremos, lamentablemente, a una fábrica de palabrería vana. 
Señor Presidente, las noticias de actualidad sitúan bajo los focos el destino y la explotación infantiles y los ánimos se conmueven, hasta que nuevas imágenes escandalosas vuelven a inundar la sociedad de la información. 
Se adoptan resoluciones y se difunden declaraciones, ¿pero ayudamos realmente a las víctimas? 
Yo solicité ya en 1991 medidas concretas contra el turismo sexual y los abusos contra los niños y niñas en el informe sobre la situación de la infancia en la Unión Europea. 
Cinco comisiones parlamentarias están trabajando entre tanto sobre esta cuestión. 
Pero sólo los horribles sucesos de Bélgica han logrado conmover a la opinión pública y que se conceda a este tema la atención que requiere. 
Las organizaciones no gubernamentales y los representantes de los Gobiernos reunidos en las Conferencias de Estocolmo y de Viena han elaborado ahora nuevos planes de acción y debemos exigir que continúen los trabajos a escala europea y se destinen a esta cuestión los recursos presupuestarios necesarios. 
Esta es la conclusión de la sesión de trabajo de ayer de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Los abusos contra la infancia implican que la utilización de las niñas y niños y también de las mujeres es habitual en algunas partes. 
Las terribles imágenes ya eran conocidas desde mucho antes para quienes llevan largo tiempo trabajando sobre este tema en la comisión de Derechos de la Mujer y para las organizaciones no gubernamentales. 
Creo que difícilmente ninguno de los presentes puede hacerse una idea de lo que en realidad deben soportar las víctimas. 
Las escenas se graban con cámaras de vídeo ocultas y se transmiten a través de Internet, y las redes pederastas ganan millones con esta horrenda actividad. 
Debemos dar rápidamente curso a la presente iniciativa de la Comisaria Gradin y a las ya adoptadas por la Presidencia irlandesa. 
Debemos procurar que los coches robados no sean más importantes que los niños y niñas en la Unión y yo les insto a actuar rápidamente en este sentido, con la máxima urgencia, si no queremos quedar absolutamente superados por la situación. 
Señor Presidente, señorías, los trágicos acontecimientos del asunto Dutroux que ha conmovido a mi país acaban de estallar ante nuestros ojos una realidad difícilmente soportable porque, de hecho, no nos encontramos sólo ante hechos aislados de pedofilia. 
Lo que el asunto Dutroux muestra es que hay una forma de criminalidad organizada contra los niños y contra los jóvenes, porque Dutroux no era el único y muchos Dutroux que no conocemos hoy no actúan solos. 
Es una banda organizada que acorralaba a jovencitas y chicas jóvenes, las drogaba abusaba de ellas, las filmaba y después se deshacía de ellas. 
Es la misma banda organizada que difundía a continuación innobles productos audiovisuales en circuitos ocultos que todavía no hemos desmantelado y sobre los cuales debemos sacar toda la verdad. 
Y son también bandas organizadas, en Europa y en el Sudeste de Asia las que ponen a la disposición de los turistas sexuales de nuestros países a los niños de los que abusan y las facilidades necesarias para su buen placer. 
Esta es la razón por la cual debemos combatir este mal con los medios de lucha contra la criminalidad organizada. 
Es preciso crear urgentemente un registro especializado y centralizado de los niños raptados o desaparecidos. 
Un registro así existe en los Estados Unidos desde 1984, fecha en la cual, como ocurre todavía entre nosotros, no había ni tan siquiera una identificación sistemática de los niños raptados y no comenzaba ninguna investigación antes de las 24 horas, un plazo suficiente para no dejar rastros. 
Es preciso dar urgentemente a Europol, cuyo convenio debe ser ratificado por todos los países, el mandato y los medios necesarios para identificar las ramificaciones del tráfico de seres humanos y desmantelarlas. 
Hay que legislar urgentemente en todos los países miembros para luchar contra el turismo sexual y el comercio de las cassettes destinadas a los pedófilos, convirtiendo en delito la simple detentación de dichas cassettes. 
Hay que legislar urgentemente también a escala internacional y nacional para que las redes modernas de comunicación no sirvan para el mantenimiento de circuitos indecentes o mafiosos. 
Porque han sido útiles en nuestro país, la experiencia lo ha demostrado, hay que ayudar también a las ONG que se especializan en la búsqueda de los niños desaparecidos o que luchan contra la explotación sexual de los niños. 
Por último, señor Presidente, señorías, es preciso preguntarse sobre las penas. 
La bestialidad de los actos de la banda Dutroux y la frecuencia de la recidiva entre los pedófilos deben hacernos reflexionar en nuestra escala de valores y en el agravamiento de las sanciones. 
Necesitamos más garantías para nuestros hijos y menos clemencia para los delincuentes sexuales y los asesinos de niños. 
Señor Presidente, deseo expresar mi satisfacción por el apoyo que está recibiendo de todos los partidos este debate, iniciado por nuestro Grupo y encabezado por la Sra. Todini, sobre la compleja e inquietante cuestión de la violencia contra niños. 
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué puede hacer Europa para dar una respuesta eficaz a la necesidad de proteger a nuestros hijos de la violencia, el secuestro, las redes de pederastas, el abuso que se hace de Internet y otras explotaciones? 
Estos problemas no pueden ser solucionados de una manera paulatina. 
Nuestras instituciones europeas tienen que ser valientes y tomar la iniciativa en lo relativo a los derechos y las necesidades de nuestros niños y nuestros jóvenes. 
Hoy hago un llamamiento al Consejo para que enmiende el Tratado con el fin de que se incluya una referencia específica y vinculante a los niños y a sus derechos como ciudadanos. 
Las muestras de simpatía no bastan. 
Hoy necesitamos un claro compromiso de su Presidencia de que antes de que finalice diciembre, usted habrá presentado a la Conferencia Intergubernamental la propuesta necesaria sobre la inclusión de un capítulo especial sobre los derechos de los niños y adolescentes en el Tratado. 
La inclusión en el Tratado necesita ir seguida del compromiso de que será un solo Comisario y una sola unidad de la Comisión los que se encarguen de todas las distintas cuestiones que afectan a los niños. 
Quisiera pedir a la Comisión que ofrezca un resumen de las propuestas que piensa presentar para poner fin al abuso que se hace de Internet. 
Hace unos meses solicité a la Comisión que emprendiera una iniciativa piloto sobre este asunto. 
¿Qué papel prevé la Comisión para Europol? 
¿Por qué Irlanda no ha ratificado el Convenio Europol y por qué no estamos participando plenamente en el mismo? 
¿Cómo pueden los Estados miembros, incluida Irlanda, contribuir en mayor medida a la lucha contra todas las formas de violencia contra niños? 
Para terminar hago un llamamiento al Sr. Ministro, en su capacidad de Presidente en ejercicio del Consejo, para que se arme de valor y busque activamente el apoyo de todos los demás Estados miembros para que se incluya a los niños, de manera clara y prioritaria, en el Tratado. 
Señor Presidente, es hora de que esta Asamblea tome una seria y decisiva iniciativa parlamentaria para abordar a corto plazo el problema de la pedofilia y de la explotación de los menores. 
Hemos manifestado nuestra satisfacción por el hecho de que la Comisión esté preparando otras comunicaciones, otros estudios sobre el tráfico de mujeres y de niños con un fin sexual, pero siempre que vayan inmediatamente seguidos de medidas de lucha precisas y concretas; de otro modo, serán sólo palabras añadidas a otras palabras. 
A mi parecer, contamos ya con datos, estadísticas, análisis y estudios suficientes para conocer a fondo el problema. 
Sabemos que al menos 15 millones de niños y niñas en todo el mundo se dedican a la prostitución; sabemos que muchas agencias de viaje, con absoluta libertad y a plena luz, hacen con el turismo sexual rentables negocios; conocemos el increíble número de menores desaparecidos o raptados y el auténtico comercio de recién nacidos; también conocemos, frente a todo esto, la escasez de estructuras de prevención, ayuda inicial y asistencia psicológica para los menores. 
Conocemos, sobre todo, los terribles hechos de la crónica negra, los más recientes en Bélgica, que dicen más que muchas estadísticas y a los que no podemos dar una respuesta sólo con informes escritos. 
Por esta razón, además de una campaña pública de denuncia y sensibilización, hay que establecer un fondo comunitario específico para la protección de la infancia, sobre todo de los menores víctimas de abusos. 
Para finalizar, quiero decir que ésta no sería una inversión inútil: ¡así pues, tengámoslo en cuenta al debatir el presupuesto! 
Señor Presidente, los abusos y actos de violencia contra menores no son, por desgracia, un fenómeno nuevo. 
Lamentablemente también en nuestros estados miembros se cometen a diario abusos y raptos de menores o éstos son víctimas de otros delitos violentas. 
Hoy celebramos un debate sobre este tema debido a los sucesos de la pasada semana, pero éste también guarda relación con la Conferencia de Estocolmo. 
Esta Conferencia ha adquirido mayor significación a causa de esos hechos. 
Todas y todos los participantes coincidieron en que la Conferencia no habría conseguido la misma publicidad si poco antes no hubiesen salido a la luz los terribles sucesos de Bélgica. 
Muchas ciudadanas y ciudadanos comprendieron claramente que el turismo sexual y el abuso sexual de niñas y niños no es algo que ocurre en países turísticos situados a muchas horas de vuelo de distancia, sino que lo tenemos muy cerca y también nos afecta un poco a todos aquí, puesto que también aquí se cometen a diario abusos contra los niños. 
Es un hecho positivo constatar que la Conferencia de Estocolmo y su programa de acción no están cayendo tan rápidamente en el olvido como suele ocurrir a menudo con las Conferencias. 
Muchas y muchos colegas del Parlamento también seguirán trabajando con ahínco para conseguir la transposición del plan de acción. 
No sólo debemos destinar los recursos necesarios para ello, sino que también es preciso que continuemos desarrollando medidas de prevención, control, rehabilitación e información. 
Yo me congratulo de que tanto la Comisión como el Consejo se propongan abordar en términos concretos este tema en la reunión informal de los ministros de Justicia e Interior del 26 y 27 de septiembre. 
No obstante, debemos presionar sobre todo para que todos los países miembros procedan a la inmediata ratificación, transposición y observancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, incluido también mi país, Alemania, donde alrededor del 30 % de nuestra población es menor de edad. 
Razón por la cual resulta incomprensible también que en el Tratado no se menciones específicamente a este grupo. 
Yo espero que este aspecto se contemple en la Conferencia para la revisión del Tratado. 
Gracias, señor Presidente, por permitirnos denunciar hoy, desde este Parlamento, lo que los editoriales de las publicaciones europeas más importantes se preguntaban estos días: ¿qué ocurre en las entrañas de una sociedad para que puedan producirse tantas aberraciones y crímenes contra niños y adolescentes? 
El Congreso de Estocolmo ha denunciado también el espectacular crecimiento de una nueva diversión turística que subraya la miseria moral de una generación que ha hecho del placer, conseguido a cualquier precio, el motivo supremo de la vida. 
Millones de niños y niñas son forzados a la prostitución para satisfacer el capricho de ciudadanos americanos, japoneses, europeos, australianos y otros muchos. 
Hace escasas horas esta Asamblea ha sido escenario de un debate sobre el papel de la televisión pública y privada, ambas, por cierto, con grandes dosis de telebasura que dejan a los jóvenes sin referentes morales. 
En las nuevas tecnologías, Internet ofrece paraísos perdidos y pornografía a precio de saldo. 
El panorama es desolador. 
No podemos contribuir a que se consolide una sociedad escandalosamente superficial y groseramente consumista, en lo que todo quede sacrificado a las leyes de un mercado escabroso y muy rentable, pero cuyas víctimas son los niños y las mujeres. 
Las instituciones europeas deben revisar su eficacia, ver qué hacen para salvaguardar la dignidad y el bienestar de los niños. 
Pedimos la coordinación entre los Estados de legislaciones penales que persigan la realización y comercialización de material pornográfico en el que participen menores. 
Austria- usted lo ha dicho, señora Comisaria- ha sido el primer país en reaccionar triplicando las penas para estos delitos, así como la pena de dos años de cárcel para el cliente de la prostitución infantil, e introduciendo en el Código penal el derecho absoluto a la indemnización para las víctimas. 
Apoyo, pues, señor Presidente, la petición de la Sra. Banotti de crear un registro europeo centralizado sobre niños raptados o desaparecidos. 
Pido también la ratificación del Convenio de Europol que le permita incluir competencias sobre tráfico, explotación sexual, abuso y comercio de niños abandonados. 
Y por último, señora Gradin, quisiera pedirle algo muy concreto, así como al Presidente en ejercicio del Consejo y a esta Asamblea: que apoyen la creación de una red europea de asociaciones no gubernamentales que luchan desde la sociedad civil contra el crimen y la explotación sexual de menores y prestan gran apoyo a las familias de las víctimas supliendo carencias que, desgraciadamente, en muchas ocasiones, los organismos públicos no son capaces de cubrir. 
Señor Presidente, el asunto Dutroux no sólo ha sacado a la luz la existencia de una red internacional de pedofilia y hace aparecer una complicidad entre algunos medios políticojudiciales belgas y los truhanes. 
La muerte de Julie, Melissa, Anne y Efje, revela más el laxismo de las autoridades frente a la criminalidad. 
No tenemos que extrañarnos de ello. 
¿Qué cosa mejor se puede esperar de un país que sacrifica a sus niños a la ideología de los seudoderechos humanos, ideología que ha conducido a Bélgica a no aplicar ya la pena de muerte a los asesinos de niños? 
Si el multirreincidente Dutroux hubiera sido justamente castigado, Julie, Melissa, Anne y Efje estarían todavía vivas. 
Han pagado con su vida la loca irresponsabilidad de los que militan por el derecho de los asesinos a la vida. 
Señor Presidente, está la pedofilia hard, la de Dutroux- tráfico, asesinatos de niños- pero no debe servir de pantalla para una pedofilia soft, corriente, asimismo sádica, que mata el proceso de maduración psicosexual de los niños. 
Freud tiene razón. 
Los niños tienen una sexualidad que debe elaborarse lenta y exclusivamente entre ellos. 
La intrusión de un adulto constituye un abuso de poder, una violación y una perversión que daña definitivamente su desarrollo. 
Pedofilia de proximidad, doméstica: El pedófilo ordinario tiene, con frecuencia, la figura del protector, incluso del padre. 
Condenas recientes lo confirman: los que deberían proteger a los niños, a menudo, abusan de ellos- magistrados, directores de teatro, curas, profesores, padres. 
Es en lo más cercano, y en todos los medios, donde los niños son víctimas de esta pedofilia estructural. 
A veces, se encuentra una madre perversa, excepción que confirma la regla patriarcal. 
Está la pedofilia fea, condenada; al parecer hay una, tolerable, estética y filosófica. 
Sin hablar de los admiradores de Gilles de Ré y de Sade, demasiado numerosos todavía dentro de la intelligentsia, nuestra cultura está desde la más remota Antigüedad, impregnada de pedofilia. 
Michel Foucault insiste en ello en su Histoire de la sexualité: la pederastia era, en Atenas, una forma de amor casi cortesana. 
Cito de memoria al dulce Virgilio, enseñado sin comentarios en nuestras humanidades: » El pastor Corydon estaba prendado de amor por el bello Alexis, delicia de su amo». 
Por supuesto, Alexis es un chico joven. 
En 1947, André Gide, no hace mucho denunciado por pedofilia, recibe el premio Nobel de literatura. 
Es saludado como el emancipador de los espíritus, el liberador de las costumbres. 
Nuestra modernidad da a su desviación el rostro de la sabiduría. 
Tan cerca de nosotros, ¿evocaré al muy popular Serge Gainsbourg, que canta el incesto con su hija Charlotte? 
Atenas inventó la democracia, excluía a los metecos, los esclavos y las mujeres. 
Hemos sabido hacerla evolucionar e inventar los derechos humanos. 
Europeos un poco de coraje: tenemos que erradicar de nuestro inconsciente cultural esta tradición perversa que es la pedofilia. 
Por encima de la represión de todas las Europol, inventemos una verdadera filosofía de los derechos del niño. 
Señor Presidente, Señorías, el incremento de abusos y violencias sobre menores y adolescentes en los últimos tiempos, el comercio mundial de menores y el aumento de la pedofilia en todos los países constituyen motivos de gran preocupación. 
Es necesario intervenir de manera concreta, desplegando una acción de sensibilización de la opinión pública sobre esta problemática con la ayuda de los medios de comunicación, a fin de que las instituciones europeas pongan en marcha un sistema de prevención del fenómeno, con la implicación de los servicios públicos y privados especializados de cada Estado miembro. 
Es preciso crear centros especializados dedicados a la protección de los niños y adolescentes en peligro, con objeto de prevenir y descubrir cualquier forma de abuso sexual sobre ellos, y de facilitarles asistencia médica, psicológica y jurídica. 
Deben reforzarse la cooperación y el intercambio de información entre los Estados con la colaboración de EUROPOL, que cuenta entre sus objetivos de lucha contra la delincuencia internacional la trata de seres humanos. 
En este sentido, el Consejo de Ministros debería solicitar a los Parlamentos nacionales que asuman la Recomendación R 91/11, adoptada por el Consejo de Ministros el 9 de septiembre de 1991, instándoles a que debatan cuanto antes las medidas sobre abusos sexuales, sobre el rapto con fines libidinosos, el estupro, la pornografía, la prostitución y el tráfico de niños y adolescentes, desde el punto de vista penal y armonizando las disposiciones nacionales de manera que se logre finalmente resolver el problema. 
Señor Presidente, la Sra. Seillier ha dicho que tenemos que combatir el crimen contra los niños a tres niveles: internacional, nacional y local. 
La diputada tiene razón y he tomado buena nota de los comentarios que ha hecho durante el debate. 
En mi anterior intervención hablé principalmente de la respuesta internacional, pero también es necesario que cada uno, en calidad de Estado miembro individual, desarrolle sus propias iniciativas. 
Este enfoque se ve reforzado por las conclusiones del Congreso de Estocolmo que decían que la principal tarea de la lucha contra la explotación sexual de los niños con fines comerciales recae en el Estado y las familias. 
La sociedad civil también debe desempeñar un papel fundamental en la protección de los niños de la explotación sexual con fines comerciales. 
Es urgente que establezcamos una sólida asociación entre los gobiernos, los organismos internacionales y todos los sectores de la sociedad para combatir este tipo de explotación. 
Eso es lo que se dijo en el Congreso de Estocolmo. 
Asimismo estoy convencido, como decía al comienzo, de la necesidad de que la Unión Europea también intervenga y tome claramente la iniciativa en la lucha contra este problema. 
Una de esas iniciativas podría ser prohibir la transmisión de información sobre este tipo de actividades a través de Internet. 
Planteé esta posibilidad hace algunos meses en mi intervención en la Conferencia Regional ante el Consejo de Europa, preliminar al Congreso de Estocolmo, y fue respondida con cierta mofa por un cierto columnista en la edición dominical de un periódico de mi país. 
Me alegra comprobar que las autoridades de algunos países están trabajando estrechamente con los proveedores de la red, que son los principales responsables en este ámbito, con vistas a aplicar inicialmente un código de autorregulación. 
Es muy posible que sea necesario recurrir a la legislación en una etapa posterior. 
Tengo entendido que el asunto está siendo estudiado y es posible que nos estemos acercando a la fase de cooperación en mi país. 
Es algo que ya se ha hecho en algunos países y es importante que todos nos planteemos la posibilidad de hacerlo. 
Asimismo, todos podríamos legislar en nuestros respectivos Estados miembros que el turismo sexual sea constitutivo de delito, como se ha dicho durante el debate. 
Ya he presentado las propuestas de la Presidencia para emprender una acción de la UE. 
He escuchado atentamente la intervención de la Comisaria Sra. Gradin y espero con interés poder oír la propuesta de la Comisión relativa a los controles de Internet y al turismo sexual. 
Deseo felicitarla por las medidas que ha adoptado en el seguimiento de este asunto desde hace algún tiempo. 
Una diputada ha hecho referencia a un artículo aparecido en la edición dominical de un periódico de Irlanda, que también yo leí y me pareció igualmente horrible. 
El artículo declaraba que la persona a la que se ha referido la diputada no fue procesada y tengo entendido que ha muerto. 
Pero estoy seguro de que la diputada recibirá una respuesta del ministro de Justicia, al que se ha dirigido por escrito. 
¿Se harán públicas las condenas judiciales? 
Ciertamente espero y deseo que así sea. 
Las leyes deben aplicarse abiertamente. 
La Sra. Ahern y el Sr. Andrews han preguntado sobre la ciudadanía. 
Si es necesario estudiaremos la inclusión de nuevos fundamentos en el Tratado, pero la Conferencia Intergubernamental tendrá que asesorarse sobre este asunto. 
No puedo ofrecer garantías a la Asamblea. 
Pediré al servicio jurídico del Consejo que estudie el asunto y que nos asesore y, si es viable, ciertamente es algo que podemos plantearnos presentar. 
En cuanto a la ratificación del Convenio Europol, no hemos podido hacerlo hasta fecha reciente, ya que el Convenio fue aplazado por uno de los Estados miembros. 
Varios diputados han apuntado- quizá sin intención- a que este asunto se ha planteado únicamente a raíz del caso belga. 
Eso no es cierto. 
El caso belga lo ha hecho ciertamente más urgente, más acuciante y lo ha puesto en mayor medida en la mente de los ciudadanos. 
Pero este asunto ya había sido planteado por varias personas. 
La Sra. Banotti se viene ocupando de ello y de temas relacionados desde hace algún tiempo, y yo respondí a una pregunta suya en el debate celebrado aquí en la Asamblea de julio. 
Asimismo, como he mencionado antes, hablé de este asunto en una reunión del Consejo de Europa hace algunos meses, a raíz de una presentación que hice al Secretario General del Consejo de Europa de una serie de artículos sobre pederastia y turismo sexual aparecidos en The Irish Times. 
Tras haberle presentado dichos artículos me pidió que pronunciara el discurso de apertura de la conferencia. 
Eso sucedió mucho antes que el caso belga. 
Permitan que mencione asimismo que el Congreso de Estocolmo fue previsto mucho antes de que dicho caso saliera a la luz. 
Pero es cierto que el caso belga nos ha llevado hasta todos nuestros hogares la gravedad del problema. 
Repito lo que decía antes. 
No es un problema belga, es un problema de todos los Estados miembros y de países que no son miembros de la Unión Europea. 
Tenemos que afrontar esa responsabilidad. 
Son raras las ocasiones en las que las tres instituciones- el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de Ministros- coinciden en la gravedad de un problema. 
Éste es uno de esos casos. 
Pero debemos traducir este acuerdo en acción y espero que la acción del Presidente en ejercicio del Consejo de Justicia e Interior y la Comisaria Sra. Gradin satisfagan esta necesidad. 
Ciertamente nos han demostrado que avanzan por el buen camino. 
La Sra. Bennasar Tous ha formulado una pregunta relativa a las redes de las ONG europeas. 
No estoy en condiciones de responder a esa pregunta aquí, pero si puede escribirme aportando detalles, le daré una respuesta específica. 
Estoy encantado de poder responder a este debate. 
Es muy triste que hayamos tenido que celebrarlo, pero es oportuno que el Parlamento Europeo haya planteado este importante asunto que es motivo de preocupación para todos los ciudadanos de la Unión. 
Señor Presidente, hay una pregunta que pienso que debo responder, y es de qué manera acostumbra la Comisión a ayudar a las organizaciones de voluntarios y cómo trabajamos con estas redes. 
Con anterioridad a la Conferencia de Estocolmo, la Comisión ha invertido dinero para que se mantuviesen activas las ONG y se preparasen para la Conferencia. 
Pero también hemos apoyado proyectos donde las organizaciones de mujeres han trabajado contra la prostitución infantil, o con miras a liberar a los niños de las «prisiones» donde acaban habitando. 
Como resultado de las conferencias y actividades que hemos realizado sobre la esclavización de la mujer, se ha constituido una red de colaboración para las mujeres. 
Esta red se compone en parte de organizaciones de mujeres, en parte de mujeres de países que envían a las mujeres a diversas «instituciones» como bares y otros lugares por el estilo de nuestros países. 
De este modo se consigue una red que funcione. 
Yo creo que es muy importante que apoyemos las ONG, porque para muchas personas con problemas es más sencillo dirigirse a una organización de mujeres que a una comisaría de policía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Garantías vinculadas al Presupuesto General 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0254/96) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el informe de la Comisión (COM (95) 0625- C40064/96) relativa a la situación a 30 de junio de 1995 de las garantías vinculadas al Presupuesto General. 
Señor Presidente, ésta es una de las ocasiones en que uno se acuerda de lo mucho que ansiaba obtener un escaño en el Parlamento Europeo para poder entablar un diálogo político con los demás colegas. 
Son las nueve de la noche y podríamos reunirnos en una cabina telefónica: por lo menos estaríamos más cómodos. 
Sin embargo, el que tenemos ante nosotros es un importantísimo informe. 
Es un informe sobre otro informe de la Comisión acerca de empréstitos y préstamos y de garantías de esos empréstitos y préstamos. 
Los préstamos concedidos por la Comunidad, por conducto de la Comisión mediante sus empréstitos y préstamos o por conducto del Banco Europeo de Inversiones, necesitan una garantía. 
Hasta ahora las instituciones han tenido que confiar siempre en el Parlamento a este respecto. 
Las garantías solían consistir total y exclusivamente en un cargo simbólico contra el presupuesto. 
La presión ejercida por este Parlamento provocó un cambio y condujo a la institución de un Fondo de Garantía. 
Uno de nuestros argumentos era que había que proteger al presupuesto comunitario, particularmente a sus gastos no obligatorios, contra el riesgo de tener que cubrir los préstamos no reembolsados. 
Hemos conseguido establecer el Fondo de Garantía, pero su mecanismo, como indica el informe de la Comisión, no acaba de ser apropiado. 
El informe de la Comisión de Presupuestos, por lo tanto, trata del informe de la Comisión Europea sobre las garantías vinculadas al presupuesto general en 30 de junio de 1995, y es el noveno informe de este tipo. 
Contiene una exposición de motivos complicadísima pero que cumple su misión: explica todas las circunstancias del caso. 
No solamente explica la estructura del informe de la Comisión Europea, sino también las diversas operaciones inscritas en el presupuesto. 
Describe las operaciones de empréstito y de préstamo, y describe las operaciones del Banco Europeo de Inversiones. 
Quien lo lea y se fije en el grado de compromiso que hemos asumido para proteger esos préstamos con garantías, se percatará de las repercusiones económicas que tiene la Unión Europea en la evolución de la situación no solamente dentro de la Comunidad sino particularmente fuera de ella: la evolución de la situación en la cuenca mediterránea, en América Latina y en Asia; la evolución de la situación en los países del programa PHARE; los empréstitos y préstamos particularmente relacionados con los países de la CEI; nuestra participación con países tan diferentes y tan alejados unos de otros en lo político como Israel, por una parte, y Argelia, por otra. 
El informe ofrece una detalladísima explicación del tipo de préstamos que estamos garantizando, de la importancia de esas garantías y del volumen de actividad económica en que, por lo tanto, estamos involucrados. 
La propuesta de resolución indica que en el Consejo Europeo de Cannes se llegó a la conclusión de que era preciso aumentar las actividades de empréstito y préstamo de la Comunidad en terceros países. 
En Cannes declaramos clarísimamente que en principio apoyábamos la propuesta. 
Ahora bien, no tenemos más remedio que hacer algunas observaciones críticas. 
Si es verdad que los Jefes de Estado y de Gobierno aprecian el programa y desean ampliarlo, tendrán que hacer frente a las consecuencias financieras y económicas de esa voluntad política. 
No podemos tener una Unión Europea en la que los Jefes de Gobierno, reunidos en Cannes o en cualquier otro lugar, hagan una promesa y no sepan luego establecer los mecanismos necesarios para llevarla a la práctica. 
En la actualidad hay una clara expresión de apoyo en favor de desarrollar más actividades de empréstito y de préstamo, pero al mismo tiempo no se tiene la voluntad de modificar el mecanismo para facilitar los recursos que requiere el Fondo de Garantía. 
Por consiguiente, si la Comisión lee la resolución cuando tenga que ocuparse detalladamente de lo que preconiza, verá que se formulan algunas críticas concretas. 
Hay una crítica concreta acerca del mecanismo del Fondo de Garantía. 
Hay una declaración según la cual es preciso modificar el mecanismo, pero la Comisión no puede modificarlo unilateralmente; tiene que involucrar a la autoridad presupuestaria en sus debates sobre el particular. 
De no hacerlo, se producirá una estrangulación de nuestra capacidad de garantizar precisamente los programas que los Jefes de Estado y de Gobierno hicieron suyos en la reunión de Cannes. 
En la primera parte de la resolución se formulan varias declaraciones específicas- no diré críticas, porque estimamos que trabajamos en asociación con la Comisión- de pesar o inquietud. 
Como el ponente dice en el párrafo 3, consideramos al informe como una apreciación descriptiva hecha sin el método analítico apropiado. 
Confiamos en que la Comisión se ocupe muy seriamente de nuestras observaciones, las tome en cuenta y prepare un informe mejor la próxima vez, con lo que reconocerá lo que decimos en el informe de que tiene que ocuparse de toda la cuestión de la presentación de informes al Parlamento, particularmente cuando se trata de nuestras garantías. 
Tenemos que encontrar la manera de superar algunos de los problemas de confidenciabilidad pero, como es el Parlamento el que debe facilitar el mecanismo y el Parlamento ha insistido en que sea el mecanismo del Fondo de Garantía, hay que contar con la voluntad de conseguir mejores sistemas para alimentar al Fondo por una parte, y, por otra, para avisar al Parlamento cuando los fondos disponibles en el Fondo de Garantía se colocan en condiciones propicias a un posible desfalco. 
Recomiendo el informe, que se ha preparado en respuesta a la Comisión. 
Confiamos en que, en vista de la forma constructivamente crítica en que nos hemos ocupado esta vez del informe de la Comisión, la Comisión sabrá reaccionar de forma igualmente constructiva y nos ofrecerá una base sobre la cual podamos trabajar en colaboración en el futuro. 
Quiero dar las gracias al ponente por el buen informe que ha elaborado. 
El informe de la Comisión sobre las garantías vinculadas al presupuesto es bueno y trata en profundidad la situación de los países a los que se han concedido préstamos. 
Por ello, en sí, no podemos más que alabar al informe. 
Sin embargo, el informe plantea preguntas sobre la reforma del fondo de garantía. 
El fondo de garantía conlleva una serie de grandes riesgos. 
Sobre todo los países que son políticamente débiles o inestables tienen dificultades para pagar los préstamos. Esto supone, a largo plazo, una fuerte carga para el presupuesto de la Unión. 
El Grupo del PPE considera por ello que es necesario crear nuevas condiciones marco para el fondo de garantía. En dichas condiciones habrá que incluir diversos aspectos. 
En primer lugar tendrá que mejorarse mucho la adjudicación de la ayuda financiera, la cooperación con la Comisión y la información al Parlamento. 
En segundo lugar, al ofrecer ayuda financiera a terceros países se sigue aplicando el fundamento jurídico 235, que a mi parecer es erróneo. 
Este debería reemplazarse porque la Autoridad Presupuestaria ha de tener derecho de codecisión en una cuestión tan importante, como de hecho no es el caso ahora. 
Por último, es preciso reconsiderar el papel de la Autoridad Presupuestaria. 
El Parlamento Europeo no puede quedar al margen del proceso de toma de decisiones. 
Ahora que el Parlamento Europeo no tiene mucho que decir sobre el riesgo de garantía en el presupuesto, se trata de una situación inaceptable y también arriesgada desde el punto de vista financiero. 
El Grupo del PPE quiere por ello pedir a la Comisión que fije nuevas condiciones marco para el fondo de garantía. 
Convendría que antes de 1997 se presentara este informe al Parlamento. 
En 1997, como es sabido, se tramitan todos los préstamos a terceros países. 
Se trata de un momento oportuno para eliminar todos los errores que pueda tener el sistema a fin de lograr un sistema realmente bueno, aunque hay que admitir que gracias a los esfuerzos del Sr. Tomlinson, entre otros, en este Parlamento se han introducido muchas mejoras en comparación con ocasiones anteriores. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo pide mayor creatividad, lo que está bien y es correcto, pero lo que él no hace es preocuparse suficientemente de la seguridad. 
Ante los esperados impagos de los próximos años por valor de varios millones de ecus, la propuesta del Consejo de reducir el porcentaje de aprovisionamiento del Fondo de Garantía es presupuestariamente irresponsable. 
La única respuesta correcta sería una revisión de las perspectivas financieras. 
Y como ésta, evidentemente, no se permite, el Consejo tendrá que responder en los próximos años del aumento del índice de cobertura de riesgo, a costa del presupuesto de la UE, y de los riesgos incalculables que esto supone para la financiación de la política interna y exterior de la UE. 
Solamente por este motivo ya se requiere imperiosamente más transparencia en la concesión de créditos y en los impagos de las deudas. 
Donde el contribuyente ha de pagar los vidrios rotos no se puede pretender actuar en secreto. 
Hay que apoyar, además, la exigencia de que la Comisión proceda a una revisión flexible del Fondo de Garantía, acentuando su orientación hacia los riesgos concretos de los préstamos concedidos. 
Yo mismo he necesitado dos días para poder familiarizarme con los complicados mecanismos listados en el informe de John Tomlinson y entenderlos. 
Creo que el informe Tomlinson pone de manifiesto que no se trata de un problema técnico, sino que, de no prever el remedio, nos encontraremos ante una verdadera amenaza al presupuesto de la UE. 
En este sentido, pido al Consejo y a la Comisión que presenten propuestas a la Asamblea sobre este particular. 
Nosotros hemos hecho lo necesario con el informe del Sr. Tomlinson, que apoyamos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme que ante todo exprese al ponente, Sr. Tomlinson, mi agradecimiento por el excelente trabajo que nos ha presentado y por las opiniones expresadas, que la Comisión Europea aprueba en gran parte, según aclararé. 
El objetivo del informe semestral sobre las garantías es informar a la Autoridad Presupuestaria sobre la evolución registrada en los empréstitos y las garantías de préstamos que tienen consecuencias para el presupuesto de la Unión. 
El informe presenta la evolución anual de los riesgos hasta el año 2002, sobre la base de las acciones decididas o propuestas por la Comisión Europea. 
En cuanto al acuerdo mencionado por el Sr. Tomlinson entre el mecanismo del Fondo de Garantía y los préstamos a terceros países, quisiera recordar que ese mecanismo y la reserva de garantía se crearon, como usted mismo ha indicado, señor Tomlinson, de conformidad con las orientaciones del Parlamento Europeo, con objeto de imponer disciplina en la política de préstamos a terceros países. 
Por consiguiente, es satisfactorio, y creo que todos nosotros deberíamos saludar el hecho de que se mantenga esta disciplina en el funcionamiento de tal mecanismo. 
Por lo demás, la práctica demuestra que hasta ahora este mecanismo ha ayudado a combinar la disciplina financiera con el mantenimiento de un volumen de préstamos del orden de 2, 300 millones de ecus anuales. 
No obstante, la Comisión ha comprobado que este mecanismo no permitiría la aplicación de una política de préstamos más ambiciosa, de acuerdo con las orientaciones emitidas por los Consejos Europeos de Cannes y de Madrid, ni tampoco repetir con facilidad la contribución macroeconómica. 
Por lo tanto, en julio de 1995 la Comisión informó a la Autoridad Presupuestaria, mediante comunicación especial, de que el informe semestral sobre las garantías no constituía un medio adecuado para evaluar el funcionamiento del sistema ni para presentar nuevas propuestas. 
Además, la Comisión estudió junto con el Banco Europeo de Inversiones la posibilidad de modificar las especificaciones de contenidas en el presupuesto de la Unión para los préstamos del Banco en favor de terceros países. 
En septiembre de 1995 presentamos un informe al Consejo, del cual se remitió copia al presidente del Parlamento y al presidente de la Comisión de Presupuestos, respectivamente, en el que se proponía una reducción del porcentaje de garantía global al 75 % para los préstamos del Banco a terceros países. 
Recientemente, la Comisión Europea ha presentado incluso, previo acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones, un nuevo informe, con nuevas propuestas de modificación. 
Este informe llega a la conclusión de que la reducción del porcentaje de la garantía global al 50 % es compatible con el mantenimiento del máximo nivel de solvencia que ha caracterizado hasta la actualidad al Banco Europeo de Inversiones. 
Además, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones consideran posible una distribución del riesgo entre la Unión y el Banco en algunos tipos de programas. 
En ese caso, como resultado de la distribución, el presupuesto comunitario se liberaría de lo que llamamos «riesgo comercial». 
La propuesta de la Comisión tendrá como resultado directo la combinación de la disciplina financiera impuesta por el mecanismo de garantía con un notable aumento de las cantidades totales de préstamos, de conformidad con lo acordado en los Consejos Europeos de Cannes y de Madrid. 
La Comisión Europea considerará seriamente las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo y me puedo comprometer a que mantendrá informado al Presidente del parlamento y al presidente de la Comisión de Presupuestos sobre la evolución, en el marco de las posibilidades, de la flexibilidad y de la confianza que existan en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
Señor Presidente, doy gracias al Comisario Papoutsis por su respuesta. 
Para que las actas de nuestra propia institución puedan reflejar la verdad histórica quisiera hacer constar lo siguiente: sé que los Comisarios necesitan que se les asesore sobre este tipo de cuestiones, pero cuando dice que esto estaba «en consonancia con una propuesta del Parlamento Europeo» me parece que procede decir al autor del texto que eso no corresponde exactamente a la realidad. 
El Parlamento Europeo insistió en la propuesta en favor de un fondo de garantía, y la propuesta se aprobó. 
Desgraciadamente, por lo que se refiere al ritmo aconsejado para la reconstitución de sus fondos, nuestro consejo no se siguió y por eso tropezamos con las dificultades financieras a que se refiere mi informe. 
De todos modos, quedo muy agradecido al Comisario por el resto de su respuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0253/96) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (95) 0285- C4-0430/95) referente a los tipos del impuesto especial establecidos en la Directiva 92/79/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos; la Directiva 92/80/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre las labores de tabacos distintas de los cigarrillos; la Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, y la Directiva 92/82/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, sobre la aproximación de los tipos de impuesto especial sobre los hidrocarburos. 
(DE) Señor Presidente, Señorías, el presente informe sobre la aproximación de los impuestos especiales en la Unión Europea tiene tres partes. 
Presento la totalidad del informe como presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
La Sra. Karla Peijs elaboró la parte correspondiente a los impuestos sobre cigarrillos y las labores del tabaco distintas de los cigarrillos, el Sr. Miller la del alcohol y el Sr. Cox la de los hidrocarburos. 
En la Unión Europea existe un criterio decisivo para aproximar los tipos de impuesto especial referidos: las graves distorsiones traban el tráfico de mercancías intracomunitario. 
Una armonización escasa se traduce en distorsiones de la competencia y en defensa de los mercados frente al exterior. 
Lo primero conduce al proteccionismo y obstaculiza el libre tráfico de mercancías. 
Lo segundo lleva a una discriminación de los precios según los mercados y niega el principio de una mercancía para un bien. 
Quisiera hacer hincapié en que la armonización no es en sí misma un valor. 
No se trata de crear artificialmente condiciones iguales en toda Europa. 
A menudo no es necesario y, a veces, es perjudicial. 
El mercado europeo vive de la competencia entre los sistemas. 
Por lo tanto, nuestro objetivo no debe ser la igualación absoluta, sino una aproximación de los impuestos especiales. 
Nos esforzamos en que, por lo menos, no se acreciente la distancia existente entre los impuestos especiales de los diferentes Estados. 
El tema que nos ocupa tiene también una dimensión cultural. 
Me parece determinante que se considere de modo suficiente la diversidad cultural de la Unión Europea. 
Esto tiene un papel importante en el impuesto especial sobre el alcohol. 
En algunos países miembros, el consumo de vino ocupa el papel estelar. 
En otros, la cerveza, como en Baviera, o el whisky, como en Escocia. 
El gusto, las costumbres, el estilo de vida y la conducta social son elementos de la cultura de cada país que no tienen por qué verse afectados por una armonización fiscal. 
Quisiera mostrar con un ejemplo, quizás también con una crítica a la opinión existente, las implicaciones de lo anterior. Según una opinión muy extendida, las bebidas alcohólicas compiten entre sí directamente. 
Siempre he tenido mis dudas sobre el particular y una vez las comenté con un colega escocés. 
Le dije que ni siquiera con la mejor voluntad podía él argumentar que hay una competencia directa entre el vino y el whisky. Cuando vamos juntos a comer o a cenar bebemos vino, no vamos a beber whisky en la comida. 
A lo cual me repuso: » En Escocia lo hacemos todos los días». Aquí se puede ver lo distintas que son las costumbres. 
Dicha diversidad se plasma en fiscalidades distintas. Si tratáramos de igualarlas en la Unión Europea, cometeríamos sin duda un grave error. 
Los productos de los que se trata tienen consecuencias nocivas, entre ellas, dependencia de la nicotina, contaminación del medio ambiente por medio de hidrocarburos o alcoholismo. 
Mediante los impuestos especiales se puede influir en estos aspectos. 
Otro punto importante es la trascendencia de estos impuestos como fuente de ingresos del Estado. 
Debido al poco tiempo disponible, no puedo detenerme en el particular. 
Sin embargo, la coponente les ofrecerá seguramente la información esencial. 
En mi opinión, la armonización de los impuestos especiales sólo puede tener éxito si le sigue una armonización de la estructura de los tipos impositivos. 
Esto ha de acompañarse de medidas adicionales para mejorar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, sé muy bien que a lo largo de los años la cuestión de los tipos de impuesto especial ha dividido a este Parlamento, y que la división no ha sido en términos políticos sino en términos geográficos. 
El debate se ha centrado entre las regiones productoras de vino y las regiones que no producen vino. 
Cuando empecé a preparar este informe procuré evitar los antiguos prejuicios y quise enfocar el tema desde un punto de vista diferente. 
Estimo que los impuestos especiales no deben considerarse exclusivamente como un ejercicio encaminado a obtener ingresos, sino también como un instrumento de creación de puestos de trabajo. 
Sin embargo, por encima de esta cuestión, la prioridad esencial es la de instituir un sistema fiscal equitativo en la que la competencia entre bebidas alcohólicas no sea víctima de ninguna distorsión. 
El Acta Única Europea estableció el principio de la armonización de impuestos indirectos en el seno de la Unión Europea. 
Hemos fracasado una y otra vez en nuestras tentativas de alcanzar ese objetivo, y eso ha sido la causa de una grave distorsión en el comercio transfronterizo y de un incremento del contrabando y del fraude. 
Hay que examinar este problema y hay que adoptar las medidas apropiadas para resolverlo. 
En el horizonte surge una nueva amenaza: Gran Bretaña es víctima ahora de una enfermedad peor que la EEB, una enfermedad denominada «limonada alcohólica». 
Es una enfermedad que se está extendiendo al continente. 
Se trata de bebidas exclusivamente para los jóvenes, y hay que velar por que esos tipos de cóctel están sometidos a un impuesto especial de la mayor cuantía posible. 
En el informe se propone también que se reduzca la tasa de impuesto especial para las pequeñas empresas cerveceras y de destilación. 
Es de esperar que de esta manera se promueva el empleo, especialmente en las zonas rurales en la que están situadas gran parte de esas empresas pequeñas cerveceras y de destilación y en las que, según me consta personalmente, el desempleo es más grave. 
Esperemos, pues, que la Comisión tenga en cuenta esta cuestión. 
Quisiera señalar también a la atención de la Comisión la enmienda 23, que es una enmienda de transacción que subraya la diferencia entre las tasas de impuesto especial aplicables al vino, la cerveza y los licores, y preconiza que no se aumenten. 
Si aceptamos que hay competencia entre las bebidas alcohólicas- y sé que la Comisión acepta este principio, ya que formaba la base de su argumentación ante la Organización Mundial del Comercio cuando se ocupó de los impuestos del Japón sobre los licores- no podemos tolerar que un país aumente unilateralmente el impuesto especial sobre una de esas bebidas, con lo cual beneficiará a las demás. 
La mencionada enmienda, por lo tanto, es importante para todos los sectores de la industria de la bebida. 
Me referiré a continuación a la espinosa cuestión de la tasa cero para el vino. 
La razón de que nos hayamos opuesto a esta cuestión ha sido, desde el principio, que no debe haber cifras concretas en el informe. 
Una tasa cero es una cifra concreta. 
El momento de citar cifras concretas, o tasas concretas, llegará cuando la Comisión produzca el informe complementario del que tenemos ante nosotros. 
Hasta entonces hemos de atenernos a los principios rectores que adoptamos desde el principio en la comisión parlamentaria y debemos evitar toda cifra concreta. 
Por último, no podemos hablar de la cuestión del impuesto especial sin referirnos a la cuestión de la salud. 
Sería irresponsable no tener en cuenta el consumo alcohólico en los Estados miembros y los costos sociales, económicos y de salud. 
En consecuencia, la cuestión se subraya en el informe y espero que se la tenga muy en cuenta. 
Ya se ha hablado antes de esta cuestión, así que acabaré diciendo que en mi país, Escocia, para brindar con un vaso de whisky decimos «Slàinte mhaith». 
Así pues, les deseo a todos buena salud y «Slàinte mhaith». 
Señor Presidente, el Parlamento se ha esmerado en un informe sobre impuestos de la Comisión en el que curiosamente no se hace ninguna propuesta concreta. Ello resulta extraño para una Comisión que se afirma en su derecho de iniciativa. 
El Parlamento ha tenido que sudar mucho para poder presentar un informe bastante coherente al pleno. 
Hemos de constatar que las mismas contradicciones que afectan a la Comisión y al Consejo en este punto, también juegan malas pasadas al Parlamento. 
Enumeraré brevemente estas contradicciones en forma de preguntas que se han planteado- 
Segunda pregunta: ¿Existe un efecto de automatic trigger? Este es el efecto que puede surgir si se modifica uno de los elementos constitutivos del precio: si el importe total del impuesto se sitúa por debajo del 57 % del precio de venta de la clase de precios más solicitada, entonces es preciso aumentar el impuesto en todas las demás clases de precios. 
Esto puede distorsionar aún más de forma artificial las relaciones competitivas. 
En la tercera pregunta, los ánimos estaban exaltados. 
Esta pregunta implicaba la cuestión del hand rolled tobacco. 
¿Es un cigarrillo liado por uno mismo más perjudicial que un cigarrillo normal? 
«Sí» , según el Sr. Metten, » no» según el ponente, así que no avanzamos mucho. 
Pedimos a la Comisión que diera una respuesta definitiva a partir de un estudio que, por lo vito, se está realizando, y en caso necesario que tomara medidas. 
La cuarta pregunta era el problema del fraude. 
El informe de la Comisión subestima el problema de una forma casi increíble. 
Lo menos que cabe esperar de la Comisión es que reconozca el problema e intente calcular su envergadura de una forma real. 
Según la industria se trata por lo menos del 5 % de todas las ventas, por lo menos 32.000 millones de cigarrillos, es decir 1.300 millones de paquetes de 25 cigarrillos. 
De este modo, el fraude fiscal casi ha arruinado ramos industriales completos por medio de la garantía del 100 %. 
La Comisión está diseñando un nuevo régimen, y quizás el Comisario pueda decir algo al respecto. 
Por lo demás, le deseo a la Comisión que disfrute tanto como el Parlamento con este informe. 
Señor Presidente, Señorías, con respecto al conjunto de los productos sometidos a impuestos especiales, el objetivo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido favorecer la producción agrícola europea, y he podido constatar con satisfacción que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha recogido una gran parte de nuestras conclusiones. 
Ya se trate del sector del tabaco, del alcohol o de los hidrocarburos, los impuestos especiales, como saben, se rigen por tres principios: la estructura, los tipos y la circulación. 
En cuanto a los vinos, a las bebidas alcohólicas, las conclusiones de la Comisión de Agricultura son simples: no debe introducirse ninguna modificación ni a la Directiva «Estructura» ni a la Directiva «Tipos». 
Con respecto al vino debe mantenerse una tasa mínima cero de impuestos especiales y debe aplicársele un impuesto por volumen. 
Algunos colegas, hubieran deseado, naturalmente, un impuesto por grado alcohólico y un impuesto especial positivo para los vinos. 
Personalmente, me he opuesto a ello. 
En efecto, el hecho de incluir los vinos dentro de la categoría de las bebidas industriales es ignorar la especificidad de esta producción. 
El vino es un producto agrícola que se elabora una vez al año. 
La única modificación notable que ha introducido la Comisión se refiere a la Directiva «Circulación». 
El sistema administrativo vigente es demasiado complejo y oneroso para los viticultores, las cooperativas regionales y los comerciantes locales. 
Este es el verdadero obstáculo a la realización del mercado único. 
Es necesario que la Comisión proponga rápidamente una modificación de dicha Directiva «Circulación» , ya que es inadmisible la obligación de que la comercialización deba efectuarse con un operador registrado para que se aplique un impuesto de cero ecus. 
Con respecto al sector del tabaco, la Comisión de Agricultura ha propuesto una pausa fiscal, pero sobre todo se opone a cualquier tipo de modificación en cuanto a la manera de calcular los impuestos especiales. 
Al leer ciertas propuestas de enmienda, puede constatarse, en efecto, que hay quienes desean favorecer a los importadores de tabaco rubio. 
La desaparición de la producción de tabaco europeo acarrearía una desertización muy elevada de zonas rurales desfavorecidas. 
En relación con los hidrocarburos, nuestra comisión desea que se fomente la utilización de los biocombustibles, y ello por dos razones: la utilización de tierras agrícolas y el medio ambiente, y la calidad del aire. 
Actualmente, muchos productores de carne bovina piensan roturar la superficie forrajera para producir cereales u otros cultivos. 
La superficie sembrada de cereales, oleaginosas y proteaginosas (SCOP) de la Unión Europea y de algunos Estados miembros, como Francia, podría ser ampliamente rebasada. 
La solución de los biocombustibles es, por lo tanto, factible para permitir el control de la producción europea de cultivos arables. 
Señor Presidente, de los ponentes de este informe sobre impuestos especiales yo soy el que se ocupa de los hidrocarburos. 
Creo que vale la pena recordar que el impuesto especial sobre hidrocarburos existe y está bien establecido en todos nuestros regímenes fiscales. 
Probablemente tiene mejores probabilidades de éxito en relación con cuestiones normativas más amplias, como el transporte, el medio ambiente o la política económica, que, por ejemplo, el impuesto sobre el dióxido de carbono, que realmente no ha conseguido instaurarse ni generar el consenso apropiado. 
Este Parlamento, en el actual proyecto de informe si no lo modifica, está dispuesto a prever un incremento sustancial de los impuestos especiales sobre la gasolina, especialmente por motivos ambientales, y estima que ese régimen fiscal no debe tener nunca una tasa inferior de impuesto sobre un combustible que es más contaminador. 
Pedimos que haya una amplia base fiscal para los hidrocarburos, y que si hay que excluir a productos como el gas natural, el queroseno o combustible para los aviones, la Comisión debería justificar las excepciones y explicar sus efectos en cuanto al funcionamiento del mercado interior. 
Hay algo que tememos: si esos impuestos se incrementan y han de ser la compensación, en base al Libro Blanco sobre competitividad y crecimiento del empleo, de una reducción del empleo y de los impuestos directos, ¿cómo vamos a hacer la conexión entre unos y otros? 
Nos gustaría saber lo que va a hacer la Comisión para incitar al Consejo, con las prerrogativas de su artículo 99, a que lo haga, en vez de limitarse sencillamente a aceptar un incremento de la fiscalidad y ha hacer caso omiso de los impuestos laborales. 
Por lo que se refiere al tabaco diré que soy partidario de la enmienda 20, que es una enmienda de transacción sobre la necesidad de tener en cuenta el mecanismo automático de activación. 
En cuanto al alcohol, apoyo la enmienda 23 de transacción, la denominada enmienda de vinculación que ha explicado nuestro colega el Sr. Miller, para velar por que la distorsión no se incremente. 
Para acabar, diré a mi colega y amigo el Presidente de la comisión parlamentaria que, si va a cenar con escoceses, no debe tomar demasiado en serio su preocupación por beber whisky en vez de vino. 
A lo mejor es una víctima de un exceso de vasos de vino de tasa cero... 
Señor Presidente, ha sido muy emocionante haber participado en comisión en la realización de este trabajo, porque en realidad se trata de una cuestión de política económica y, a la vez, de una cuestión de gran importancia desde otras muchas perspectivas. 
Me gustaría que la Comisión presentase el próximo año en este Parlamento una propuesta más detallada con soluciones para modificar los impuestos especiales. 
El Grupo de los Verdes da su total aprobación a la utilización de los impuestos especiales para poner en práctica objetivos más amplios, como, por ejemplo, mejorar la salud pública y favorecer la protección del medio ambiente. 
Nos parece que, por ejemplo, la política ambiental en relación con los hidrocarburos es un objetivo muy adecuado, y en cuanto a la salud, naturalmente la cuestión se centra en el alcohol y el tabaco. 
El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Sr. von Wogau, se ha referido hace un momento con entusiasmo a las diferencias culturales y a las distintas tradiciones sobre el alcohol. 
También yo puedo señalar que a veces he disfrutado en este Parlamento de los vinos que él ha traído de su región y reconozco que me gusta este producto. 
A pesar de ello, considero que no existe ninguna razón objetiva para que un tipo de alcohol quede totalmente exonerado del impuesto especial. 
Los Verdes preferiríamos que se gravase el alcohol en función de su graduación, lo cual sería muy favorable para el mercado interior. 
Por lo que respecta al tabaco, existe una excepción bastante extraña, a la que se ha referido la Sra. Peijs, y es que el tabaco para liar recibe un tratamiento mucho más favorable en el impuesto especial. 
Tampoco existe ninguna razón para ello y hemos presentado nuestra propia propuesta de enmienda al respecto. 
En cuanto a los hidrocarburos nos encontramos, por su parte, con el combustible empleado en la aviación, el queroseno. 
¿Por qué motivo debería estar exento del impuesto especial? 
No existe tampoco ninguna justificación. 
Ya por último, Sr. Presidente, ya que intentamos aplicar los criterios de convergencia, ¿no deberían recibir los Estados también ingresos fiscales de alguna otra fuente? 
En mi opinión, los impuestos especiales son un medio adecuado que contribuye a mantener en equilibrio la economía de los Estados. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo dar las gracias al ponente por su trabajo y también a mi colega Philippe Martin por su opinión en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Los impuestos especiales son gravámenes con miras a realizar objetivos políticos. 
Algunos de nosotros desean alzas o bajas de los tipos de impuesto especial con el fin de ayudar a una u otra categoría de operadores económicos. 
Personalmente, como miembro de la Comisión de Agricultura, no quiero tomar partido para beneficiar una empresa determinada, sino que deseo defender el conjunto de la agricultura europea. 
Con respecto a los impuestos especiales en el sector de los cigarrillos y otras labores del tabaco, soy personalmente favorable al statu quo actual, y deseo recordar que ciertas regiones agrícolas europeas dependen de la producción de tabaco. 
En ningún caso hay que beneficiar a los importadores e industriales de tabaco rubio importado, en detrimento de los productores de tabaco negro. 
Con respecto a los impuestos especiales sobre los vinos, el alcohol y las bebidas alcohólicas, deseo recordar que el vino es un producto agrícola y no un producto industrial y que por eso hay que mantener el principio del tipo cero, así como el principio del impuesto por volumen y no por grado alcohólico, como querrían ciertos grupos de presión del sector industrial de la cerveza y del whisky. 
En cuanto a los hidrocarburos, la Comisión de Agricultura ha aprobado por unanimidad el siguiente texto, cito: » Habida cuenta del interés ecológico y de la utilización de tierras agrícolas para la fabricación de biocombustibles, pide a la Comisión que estudie la aplicación de un régimen fiscal que incite a su consumo». 
En el momento en que se habla de disminuir las ayudas en el sector agrario, en que ciertos agricultores, y en particular los ganaderos, desean destinar al cultivo las superficies forrajeras frente al estancamiento actual de la producción de carne de bovino y en que corremos el riesgo de rebasar la SCOP europea, es necesario fomentar el consumo de biocombustibles fabricados con productos agrícolas. 
Por ejemplo, en Francia, hoy se considera que, en vista de la situación catastrófica del sector de la carne de bovino, podríamos llegar a un rebasamiento de la SCOP de 300.000 hectáreas. 
En conclusión, Señorías, les pido que, con su voto, elaboren un régimen de impuestos indirectos que beneficie el conjunto de la agricultura europea. 
Nuestros acuerdos internacionales lo permiten, y debemos tener, por tanto, la voluntad política de hacerlo. 
Este informe supone para el Parlamento la oportunidad de dar su visión sobre la armonización de impuestos sobre el consumo, sin tener que entrar en los detalles de los diferentes tipos de impuestos. 
He de constatar que no hemos aprovechado de forma óptima la oportunidad. 
Se examina de forma muy limitada las principales funciones de los impuestos sobre el consumo, es decir, recaudar impuestos y encauzar la conducta. Es una lástima. 
Me limitaré a la primera de ellas. La cuestión es: ¿son los impuestos sobre el consumo un buen instrumento para recaudar más impuestos que permitan a los gobiernos reducir los impuestos sobre el trabajo? 
La comunicación de la Comisión para el Consejo informal de Ecofin en Verona dejaba claro que en los últimos quince años, el impuesto sobre el trabajo ha subido un 20 % y el impuesto sobre el capital ha bajado un 10 %. 
Nuestro primer objetivo tendría que ser una inversión de la tendencia. 
Pero el capital es más móvil y escurridizo. 
¿Pueden contribuir los impuestos sobre el consumo a lograr este giro? 
Y los apartados 4, sobre la armonización al alza de los precios del tabaco; 20 b, sobre un incremento sustancial de los tipos mínimos de impuestos sobre los carburantes para vehículos; 20 c, sobre la internalización de los costes externos, y 20 f, sobre una base impositiva amplia para los hidrocarburos y los productos que compiten con ellos, apuntan claramente en la buena dirección. 
En este Parlamento parece ser tabú el aumento de los impuestos sobre el alcohol, y concretamente la introducción de tipos mínimos de impuestos sobre el vino. 
Comprendo que mis compañeros del sur incluyan el consumo de vino entre las necesidades básicas, sobre todo para los jubilados y otras capas de la población menos acomodadas, que con la introducción de un impuesto mínimo acabarían en la miseria. 
Sin embargo, esto me parece increíble, viniendo de los Países Bajos, donde incluso el agua mineral está gravada. 
Lo que tampoco me gusta es que este informe lleve tan claramente el sello de actividades específicas de los grupos de presión. 
Nombraré tan sólo, al margen del apartado sobre el impuesto especial cero para el vino, las propuestas de exención de impuestos sobre el tabaco de liar, los pequeños destiladores y cerveceros, y los biocombustibles. 
Si queremos estimular el consumo de determinados productos a través de unos impuestos más reducidos, sé de algunos productos más útiles y simpáticos. 
Semejantes donaciones a grupos de presión específicos no aumentan precisamente la credibilidad de este Parlamento. 
Por último, tengo que decir que este informe contiene desatinos, como cuando recomienda la venta directa a distancia para los pequeños productores y la pequeñas cooperativas, realmente el método para lograr la armonización al nivel más bajo de la Unión. 
Lo mejor que podemos hacer mañana es votar con mi Grupo en contra de gran parte de este informe. 
Por lo que a mí respecta, en este informe incluso podríamos dejarlo en los apartados sobre la armonización al alza y sobre la ampliación de la base impositiva. 
Por supuesto que no estoy de acuerdo con la afirmación del Sr. Martinez de que no debemos subir ahora los impuestos directos. Ése es su problema en Francia. 
En mi opinión, no hay ninguna necesidad de acometer la armonización de los impuestos especiales sobre el tabaco, los hidrocarburos y el alcohol. 
El paquete de armonización de impuestos especiales aprobado en Luxemburgo en 1992 para que el mercado interior fuera una realidad a partir del 1 de enero de 1993 no necesita reforma. El mercado interior no funciona en absoluto tan mal, y así lo confirman, por cierto, los informes de los expertos. 
En esta Asamblea hay, naturalmente, diputados que creen que se puede llevar a cabo una política de salud, especialmente en materia de tabaco y de alcohol, mediante impuestos especiales exagerados. 
Los cigarrillos y las labores del tabaco distintas de los cigarrillos se producen a partir del cultivo agrícola de la planta del tabaco. 
Decenas de miles de puestos de trabajo en la industria y en la agricultura dependen de este sector productivo. 
No se puede tolerar el cultivo de tabaco, e incluso integrarlo en una organización común de mercado en el marco de la política agrícola común que cuesta mucho dinero, y luego penar fiscalmente los productos resultantes y enfrentar a los productos fabricados con tabaco europeo en las pocas industrias medianas que no han sido absorbidas por las multinacionales a una competencia de las multinacionales de terceros países que no pueden sostener. 
Por cierto, señora Peijs, el contrabando de cigarrillos de las marcas multinacionales ocasiona muchas mayores pérdidas al mercado interior que la no homogeneidad de los impuestos especiales. 
¿Quién vende a los contrabandistas el tabaco y millones de cigarrillos libres de impuestos? 
Es una cuestión adicional. 
En cuanto al alcohol, espero que la mayoría de esta Asamblea siga la recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y, especialmente, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de no tocar el tipo mínimo 0 del vino. Más todavía cuando la aplicación de las directivas en vigor no plantea ningún problema ni en la estructura ni en los tipos. 
Al contrario, habría seguramente más problemas si no conseguimos que disminuyan los impuestos especiales confiscatorios de los Estados nórdicos miembros, permitiendo de este modo que sus ciudadanos puedan beber un vaso de vino en cada comida, lo que favorecería su salud. 
Desde los tiempos de Hipócrates (el padre de la medicina, que ya descubrió que la austeridad y la tristeza son responsables de muchas enfermedades) sabemos que el vino sienta bien tanto a las personas enfermas como a las sanas si se toma con medida. 
Aquí es donde tenemos que actuar reduciendo los impuestos especiales demasiado altos de algunos Estados miembros. 
Sería bueno para la salud. 
Señor Presidente, en un minuto sólo puedo pedir atención a la enmienda presentada en nombre de nuestro Grupo para eliminar gradualmente las diferencias de impuestos sobre el tabaco de liar y los cigarrillos. 
Esta se sustituyó por un compromiso de enmienda que personalmente considero demasiado flojo. 
Señor Comisario, Señorías, no estoy en absoluto de acuerdo con la Sra. Lulling. 
El nivel de impuestos extremadamente bajo sobre el tabaco no se justifica. 
Si pensamos que el tabaco para liar es igual de perjudicial que los cigarrillos, entonces es preciso aplicar un gravamen equivalente. 
A fin de cuentas, no se avisa de ninguna manera al fumador de tabaco para liar, ni con el precio, ni con la indicación del contenido de alquitrán, de los riesgos para la salud a los que está expuesto. 
El argumento de que son sobre todo los más desfavorecidos los que consumen tabaco para liar no sirve, pues también corre peligro su salud. 
Por último, no pretendo atacar únicamente el tabaco de liar. 
Sin embargo, el actual informe no nos dejó hacer propuestas concretas para aumentar los impuestos sobre los cigarrillos. 
Espero que este Parlamento, a la hora de examinar las propuestas concretas de la Comisión, se guíe más por las consideraciones relacionadas con la salud que por los intereses nacionales. 
Señor Presidente, el debate en torno a los impuestos sobre el consumo está minado por una hipocresía fundamental. 
En teoría, el objetivo consiste en reducir el consumo de tabaco y alcohol y el tráfico. 
Pero en la práctica, los políticos se interesan por las ganancias máximas para suministrar suficientes medios a las arcas del Estado. 
Ya se ha dicho mucho de las diferencias de tipos impositivos entre los Estados miembros. 
A mi entender hay que dar prioridad a la armonización de la estructura tributaria. 
Para empezar, los Estados miembros han de ponerse de acuerdo sobre los principios. Sólo entonces podrá hablarse de los tipos impositivos en concreto. 
Un argumento es que debido a las diferencias de estructura, los fabricantes de cigarrillos tienen interés en que se haga contrabando con sus productos. Gracias a ello aumentan su volumen de ventas y su margen de beneficios. 
Los Estados miembros atraen en cierto sentido el fraude. 
Quizás pueda llegarse a algún acuerdo por medio de convenios reguladores con los fabricantes para erradicar estas prácticas. 
Los ciudadanos siguen asombrándose de que, desde el punto de vista de la salud pública, el precio de los cigarrillos, etc. siga aumentando considerablemente a través de impuestos especiales, pero que al mismo tiempo se otorguen fuertes subvenciones al cultivo de tabaco. 
De este modo se desvanece la idea de que hay que acercar Europa al ciudadano. 
En el caso de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, algunos compañeros mantienen un alegato a favor del impuesto especial cero para el vino, por tratarse- según ellos- de un producto puramente agrícola. Y ello a diferencia de la cerveza, la ginebra y otros productos. 
Naturalmente, esto es erróneo. Pero sobre esta cuestión existe por lo visto una diferencia entre demócratas y vinócratas. 
El interés de los viticultores es evidente, pero el de la salud pública también. 
Quiero señalar la anomalía de la exención de impuestos sobre el queroseno para el tráfico aéreo. Con ello se merma la competitividad de las alternativas más ecológicas. 
Pienso que hemos de hacer todo lo posible por restringir el rápido incremento del tráfico aéreo. El primer paso necesario es detener los subsidios prohibidos. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que tratamos forma parte de las medidas para la constitución del mercado interior. 
El artículo 99 del Tratado nos autoriza a proceder a una armonización de las disposiciones legales sobre los impuestos especiales, en la medida que sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 
Creo que es conforme tanto al espíritu del Tratado como al carácter de los impuestos especiales que realicemos una interpretación y aplicación restrictivas de estas disposiciones. 
Los impuestos especiales son una irregularidad tanto del sistema tributario como del funcionamiento del mercado. 
Sin embargo, se trata de una irregularidad profundamente arraigada. 
Desde hace siglos, las autoridades tributarias de nuestras naciones han elegido determinados productos- antes eran la sal y las cerillas, hoy son el alcohol, la gasolina y el tabaco- para obtener determinados ingresos aprovechándose de la demanda especialmente inelástica de los mismos. 
Los impuestos especiales nunca han estado caracterizados por consideraciones de justicia tributaria, ni de lógica económica. 
Han estado caracterizados únicamente por una estricta lógica de recaudación, por no decir, de extorsión. 
Creo que de lo anterior se deduce de que la armonización legislativa no se debe aprovechar para ampliar los impuestos especiales con otros nuevos, por mucho que parezcan homogéneos. 
Ampliando el ámbito de aplicación de una irregularidad, en vez de buscar una armonización, lo que conseguimos es únicamente una mayor irregularidad. 
Esta observación se refiere, por supuesto, al intento de ampliar la tributación de bebidas alcohólicas al vino. 
Nuestro objetivo- y para ello sólo nos autoriza el Tratado- es armonizar los impuestos especiales existentes, y no crear otros nuevos donde no los hay. 
Además, no debemos dejarnos llevar por el intento de armonizar los impuestos para intentar una armonización fiscal, es decir, artificial de los precios. 
El comercio de tabaco se realiza en extremas condiciones de oligopolio. 
Los precios, en vez de reflejar el coste de producción, se rigen por la estrategia de conquista de los mercados y de eliminación de los pequeños productores. 
En Francia y Alemania hay sistemas tributarios fundamentalmente distintos, pero el precio de un paquete de Marlboro es el mismo. 
Grecia e Italia tienen el mismo sistema tributario, pero el precio del paquete de Marlboro varía entre los dos mercados en un 40 %. 
Debemos armonizar los sistemas tributarios, pero no es nuestra tarea facilitar las maniobras de los oligopolios mediante el establecimiento de impuestos especiales, tanto menos cuando se ha demostrado que la introducción del impuesto mínimo del 57 % ha conducido, ya hoy, a una convergencia del gravamen tributario y, según cierto punto de vista y ciertos datos, también a la convergencia de los precios de venta al por menor. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, los intentos de armonizar fiscalmente en materia de bebidas alcohólicas parten casi siempre de una concepción armonizadora del concepto de bebida alcohólica. 
Dicha concepción, de manera simplificada, equipara dentro del término «bebida alcohólica» a productos como la cerveza, el vodka o el vino, propugnando en último término un tratamiento similar para todas ellas en materia de penalización de su consumo o en materia recaudadora. 
Yo no puedo compartir este enfoque. 
El vino es un producto alcohólico, pero un producto alcohólico de la Unión Europea que tiene la mayor incidencia socioeconómica, tanto en términos de empleo- con dos millones de personas trabajando en este sector -, como en términos de cohesión social, ya que la actividad vitivinícola está en mayor medida centrada en determinadas comarcas, comarcas con graves problemas sociales, y que en torno a ellas se generan actividades dependientes en cierta forma de esta actividad vitivinícola. 
Por tanto, el vino- y no sólo en términos de política fiscal- debe tener un tratamiento diferenciado respecto a otras bebidas alcohólicas producidas en la Unión Europea. 
Porque no nos engañemos: aquí, al final, lo que existe es una diferente visión cultural del producto, por un lado, entre los países productores y en gran parte consumidores de este producto- que lo consideramos un producto agrícola y alimenticio, muchas veces de gran calidad, y cuyo consumo en cantidades moderadas, y me remito a estudios científicos, es beneficioso para la salud, y, por otro lado, la visión de los países no productores que, como ya he comentado anteriormente, lo consideran una bebida alcohólica sin más. 
Ello se traduce en que mientras los primeros- nosotros- aplicamos al vino un impuesto especial de tipo cero, otros aplican tasas que provocan que el precio del consumo incluso llegue a triplicar el que resultaría de la ausencia de esta imposición. 
Por tanto, considero- y termino, señor Presidente- que debemos apoyar este informe- y felicito al ponente y a los coponentes- que aboga por el mantenimiento de la tasa cero para el vino en aquellos países en los que actualmente existe, porque no existen justificaciones de recaudación o de armonización fiscal para que países que no alcanzan el 1 % de la producción vinícola y apenas el 10 % del consumo comunitario impongan la obligación de un gravamen al vino, provocando una disminución del consumo en los países productores y generando problemas económicos y sociales a determinadas zonas rurales vitivinícolas. 
Señor Presidente, voy a centrarme en la parte del informe von Wogau donde se habla de los efectos que tiene el alcohol, en especial el vino, sobre la salud. 
Es cierto, y desde un punto de vista médico correcto, que el alcohol en pequeñas cantidades es beneficioso para ciertas personas en ciertas situaciones. 
Pero no es correcto extraer la conclusión de que no cabe limitar fuertemente el consumo de alcohol por motivos de salud. 
Puesto que aumenta el consumo total de alcohol, sabemos que una proporción elevada de la población experimentará en el futuro unos graves daños. 
Estos daños sobrepasarán con creces los efectos positivos que puedan experimentar unos pocos. 
También es cierto que no es el alcohol lo que es beneficioso en el vino, sino los antioxidantes que se encuentran en todos los zumos de uva. 
Si lo que se desea es mejorar la salud del ciudadano, cabe imponer tasas sobre las bebidas alcohólicas y subvencionar los zumos de uva sin alcohol. 
Como ha dicho el colega Svensson, existen pocas substancias cuyas repercusiones médicas hayan sido estudiadas tan a fondo como el alcohol. 
Las conclusiones son totalmente unánimes. 
Si aumenta el consumo en un país- independientemente de que se trate de cerveza, vino o bebidas de alta graduación- aumentan los daños. 
Existe una relación directa y proporcional entre el consumo de un país y sus repercusiones. 
Esto es independientemente de que se consuma vino o alcohol. 
Lo que cuenta es la cantidad. 
Para Suecia se calcula, por ejemplo, que una reducción del 30 por ciento de nuestros impuestos sobre el vino y el alcohol llevaría a que 1.800 personas más morirían prematuramente de lo que es el caso en la actualidad. 
La conclusión es, por tanto, que Suecia debe poder mantener sus impuestos elevados por razones de salud pública. 
Por último, señor Presidente, en lo referente al debate sobre el hecho de que el vino es un producto agrícola y que por consiguiente, debería tener un nivel cero de imposición, quiero destacar que también nuestro aguardiente sueco se elabora a partir de la patata, que también es un producto agrícola. 
A pesar de ello, no se nos ocurriría clasificar el aguardiente como producto alimenticio. 
Señor Presidente, en contra de lo dicho por el Sr. Metten, en mi opinión, el Sr. von Wogau ha hecho un informe excelente. 
Quien esté al tanto de la génesis del informe, señor Metten, sabe que usted tuvo problemas personales con la coordinación de los tres sectores, lo que hizo que el presidente de la comisión tuviera que hacerse cargo. 
El Parlamento no tiene por desgracia nada que hacer ni que decir en materia de impuestos. 
Mi impresión es que cuanto menos tenemos que decir, más polemizamos sobre cuestiones objetivas. 
El debate está dominado por intereses regionales y económicos. 
En el fondo, el debate no concuerda con los tres sectores. El alcohol, el tabaco y los hidrocarburos son tan distintos en sus intereses regionales que habría que considerarlos por separado. 
Los impuestos sobre el alcohol son objeto de polémica, pero hay un principio en la Unión Europea. Los países productores de alcohol tienen, por regla general, impuestos más bajos, mientras que los países consumidores tienen impuestos más altos. 
Si los británicos y los irlandeses gravan en exceso su whisky, ése es problema de ellos, y no de los países productores que no quieren gravar al vino con impuesto alguno. 
Segundo principio: el impuesto sobre el alcohol y el alcoholismo no guardan evidentemente una relación entre sí de tal clase que a menos impuestos, más alcoholismo y viceversa. 
El ejemplo de Suecia y Finlandia- impuestos altos y elevado alcoholismo- prueba lo contrario. 
O sea, que no hay ninguna relación directa. 
Tercer principio: excedentes de vinos y altos impuestos no son combinables. 
Nos gastamos 1.500 millones de marcos alemanes al año para eliminar los excedentes de vino. Me temo que, si pretendemos reducir el consumo, el resultado va a ser contraproducente. 
Lo que está científicamente demostrado tras prolongados estudios en los Estados Unidos es que un consumo moderado de vino, medio litro por persona al día, es bueno para el corazón y la circulación, es decir, es positivo. 
Las cuentas en la Unión Europea serían: 250 millones de adultos, a medio litro al día, darían un consumo de 440 millones de hl. La producción europea son 135 millones de hl. 
Eso sería más sano para el individuo, más barato para la Unión Europea y mejor para la solidaridad de la Comunidad que pensar en impuestos más altos. 
Señor Presidente, en mi opinión, el sistema de impuestos especiales en vigor desde el 1.1.1993 se ha acreditado en líneas generales. 
Habría que reformar muchas cosas, especialmente en algunos ámbitos normativos concretos. Hoy, como hace años, podríamos ofrecer muchos ejemplos. 
Ciertamente, sería importante en estos momentos reflexionar sobre si el inicio del funcionamiento del mercado interior requiere progresos adicionales. 
En el informe del Parlamento Europeo se hace mucho hincapié en la orientación ecológica de los impuestos especiales, lo que es muy correcto y muy importante. 
Se podría utilizar más el impuesto sobre hidrocarburos como elemento director. 
A mi entender, son especialmente insuficientes los análisis sobre el objeto imponible. 
Habría que ir más allá y reflexionar sobre si tiene sentido en el mundo de hoy que la eliminación de las exenciones sea un tabú. 
Pienso concretamente en el queroseno utilizado en la aviación. 
Por otra parte, opino que está justificado que las consideraciones de salud y de medio ambiente desempeñen un papel en el resto de los impuestos especiales. 
Existe un amplio acuerdo sobre las propuestas de impuestos especiales sobre los cigarrillos y las labores del tabaco distintas de los mismos. 
No obstante, el tratamiento fiscal del tabaco tiene que ser acorde con la orientación general. 
La fiscalidad del alcohol y las bebidas alcohólicas no necesita modificarse. 
Me parece inevitable que se mantenga la conexión, señor Presidente, y, al igual que mi predecesor en el uso de la palabra, la apoyo. 
Quiero decir que hay que gravar los refrescos alcohólicos y las mezclas preparadas porque éstos son los productos con los que los jóvenes se inician en el alcohol. 
Permítanme concluir con un comentario: todo el mundo considera a los impuestos especiales minucias fiscales. 
En la mayor parte de los Estados miembros, sin embargo, suponen el 10 % de los ingresos fiscales. 
Precisamente en este ámbito se dan muchos actos de ocultamiento, mucha evasión fiscal. Por esta razón, la Comisión tiene que luchar contra la evasión de impuestos y esforzarse por conseguir una armonización amplia. 
No hay lugar para la evasión de impuestos en una época de austeridad presupuestaria. 
Necesitamos informes anuales de la Comisión para conseguir progresos no sólo en la armonización, sino también en la aplicación de estos impuestos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, Sr. von Wogau, y al Parlamento por los esfuerzos realizados en la preparación de su dictamen sobre la revisión de los tipos mínimos de los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas, tabaco e hidrocarburos realizada por la Comisión. 
Naturalmente, quisiera aprovechar también la ocasión para felicitar a los componentes, la Sra. Peijs, el Sr. Cox y el Sr. Miller. 
Como ustedes recordarán, la revisión de la Comisión dio lugar a un amplio proceso de deliberaciones sobre la futura política en materia de impuestos sobre consumos específicos. 
Gracias a ello, el Parlamento ha tenido la oportunidad de ampliar su dictamen a temas que, posiblemente, no se abordaron muy detalladamente en la revisión, a pesar de la gran importancia que puedan tener en un futuro. 
Así, la Comisión Europea apoyó al Parlamento en sus esfuerzos, que se concentraban en hallar temas políticos más amplios que, en su opinión, podían influir en el desarrollo futuro de la política comunitaria en materia de impuestos sobre consumos específicos. 
Quisiera confirmar, tanto en nombre del Comisario, Sr. Monti, que lamentablemente no puede asistir al debate de hoy, como en nombre de la Comisión, que tomaremos seriamente en consideración el dictamen del Parlamento durante la preparación de la próxima revisión; el Parlamento seguirá teniendo el derecho de emitir su dictamen sobre esa revisión, así como sobre cualquier propuesta relacionada. 
Entiendo que sobre la propuesta relativa a los hidrocarburos no ha habido serias dudas en el Parlamento. 
Esto es alentador, dado que coincide con nuestra posición acerca de la línea a seguir en el marco de nuestros compromisos con el Consejo ECOFIN con respecto a la presentación de nuevas propuestas para un sistema tributario general de los productos energéticos. 
Los debates sobre las bebidas alcohólicas, así como sobre el tabaco, han mostrado claramente que se trata de un tema complejo y sensible. 
El tratamiento tributario de estos productos siempre provoca tensiones, bajo la influencia, además, de diferentes criterios geográficos dentro de la Unión, que a su vez crean distintas prioridades políticas. 
La opinión del Parlamento sobre estos temas, así como las diferentes opiniones expresadas a lo largo de los debates, por supuesto, se tomarán seriamente en cuenta en nuestros futuros trabajos sobre estos ámbitos. 
La opinión del Parlamento constituye un importante elemento del proceso de deliberación iniciado el pasado mes de septiembre. 
Espero que entiendan ustedes que la Comisión Europea, por el momento, no está en condiciones de presentar más detalles. No obstante, les puedo confirmar que su dictamen, junto con otros informes y opiniones que hemos recibido, se tomará en cuenta en nuestros próximos trabajos en el ámbito de los impuestos sobre consumo específicos. 
Dada la necesidad de progresar en el ámbito de los hidrocarburos y considerando que se perfila cierta convergencia acerca del modo de conseguir un progreso significativo, espero que nuestras propuestas sobre los productos energéticos constituyan un tema de máxima prioridad. 
Una vez cursadas esas propuestas, la Comisión abordará el tema de la revisión, así como las propuestas sobre las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco. 
Como ya he mencionado, cada informe y grupo de propuestas se someterá al Parlamento para dictamen. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Tercer Programa en favor de las PYME (1997-2000) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0249/96) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0098- C4-0232/96-96/0087 (CNS) ) relativa al Tercer Programa Plurianual en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea (1997-2000). 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, si la Unión Europea y los Estados miembros dan realmente prioridad al empleo, entonces va siendo hora de concentrar más nuestra atención en la pequeña y mediana empresa. 
En EMAC hemos tenido tiempo y oportunidad de intercambiar ideas. 
Quien todavía esté presente y forme parte del núcleo duro de la Comisión de Asuntos Económicos, será consciente del significado socioeconómico de las PYME y habrá leído la propuesta del programa plurienal y esperemos que también mi informe. 
Por ello no creo conveniente volver a examinar el programa de principio a fin. 
Como saben ustedes, muchos compañeros y yo misma sentimos mucha simpatía por las PYME, y estamos de acuerdo en términos globales, tanto con el análisis de la problemática de las PYME como con las propuestas presentadas por la Comisión, que son mucho mejores que las precedentes. 
Por ejemplo, consideramos que es un gran paso adelante que a partir de ahora en el programa plurienal se remita a la nueva definición de las PYME. 
Espero que la Comisión se mantenga firme y pueda convencer a cada uno de los miembros del Consejo de la necesidad de una correcta designación del grupo destinatario del programa. 
Dado que en algunos sectores cunde cierta incertidumbre, quiero preguntarle al Comisario si puede confirmar que los profesionales liberales y las PYME del sector turístico, por lo que respecta a los aspectos horizontales de la política de las PYME, no quedan excluidos de este programa. 
Además quiero recalcar nuestro convencimiento de que es preciso que podamos encontrar en los informes de evaluación la segmentación que aparece en la descripción del grupo destinatario. 
Sólo de este modo podremos averiguar si todo el mundo, y cuando sea necesario también las empresas más pequeñas del programa sacan provecho. 
Asimismo quiero decir algo en torno a la comitología. Por lo que veo, algunos Estados miembros abogan por crear un comité mixto para las PYME y la economía social. 
Lo considero inaceptable. No sólo porque el programa para la economía social todavía ha de iniciar su fase experimental, sino también porque se trata de un mundo completamente distinto. 
También quisiera conocer su punto de vista al respecto, señor Comisario. 
En cuanto a los centros de información europeos, nos complace enterarnos de que las ambiciones en torno a la recomposición de la red no van tan lejos como se había anunciado en un principio, y abogamos por llevar a cabo una mejora de la calidad a través de la profesionalización, y no a través de una ampliación desenfrenada de tareas. 
Nos complace que se preste una atención específica a las mujeres independientes en el programa plurienal, pero exigimos que también se haga lo mismo con las cónyuges que trabajan, que siguen esperando una evaluación de una directiva de 1989. 
Por lo demás, sólo me resta alabar la propuesta, a condición naturalmente de que se concrete en el sentido que indicamos en las enmiendas y, en los casos en que no ha podido ser de otra forma, en el dictamen. 
Para terminar, una última cuestión. Esta mañana se nos ha recordado con razón que los ciudadanos europeos no juzgan nuestro trabajo sobre la base de programas y bonitas declaraciones, sino desde el clima en que viven a diario. 
El plan de implicar mejor en la política a la organización de las PYME, causa muy buena impresión, pero es totalmente inverosímil si la Comisión permite pasivamente las prácticas de exclusión que UNICE y los sindicatos aplican en el diálogo social. 
¿No debería usted tomar más en serio este expediente, señor Comisario, para que acabe de una vez este espectáculo antidemocrático? 
Con un bonito programa, pero sin dinero, no somos nada. 
Es preciso reponer el presupuesto de este programa, tal como ha propuesto la Comisión, y quisiéramos que la Comisión nos dijera qué se eliminará en caso contrario. 
Por último, la realización del programa también dependerá del buen funcionamiento de la dirección general XXIII. 
Sin dinero no lo lograremos, pero sin suficientes personas tampoco funcionará. 
Gracias de antemano, señor Comisario, por su respuesta a mis preguntas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Investigación se ha ocupado con mucha dedicación del programa de trabajo para pequeñas y medianas empresas y ha presentado numerosas propuestas. 
En el curso de nuestros trabajos hemos constatado que la participación de las pequeñas y medianas empresas en los programas marco de investigación, por ejemplo, sigue siendo insuficiente, a pesar de que el 99, 8 % de las empresas en Europa son pequeñas y medianas y a pesar de que éstas aportan el 66 % de los puestos de trabajo y el 65 % del volumen de negocios en la Unión Europea. 
Por eso, hemos propuesto que se duplique el número de empresas pequeñas y medianas que participan en los programas marco de investigación hasta el año 2000 y también que se reduzca el coste de las solicitudes. 
Este último punto es muy importante. No tiene sentido solicitar fondos de investigación si el coste de dicha solicitud es más o menos igual a los recursos que con ella se obtendrían. 
Además, deberíamos considerar si se puede subvencionar más del 50 % de los costes para las PYME. 
También se trata de ofrecer un acceso fácil y rápido a los bancos de datos de la Unión Europea en el área de la investigación, como, por ejemplo, el banco de datos CORDIS. 
La ponente ya ha señalado la importancia de que contemos sólo con un banco de datos y no con una multiplicidad de medios, de software, de redes, que al final no benefician a nadie. 
La mejor manera de ayudar a las pequeñas y medianas empresas sería a través de un desarrollo adicional del banco de datos CORDIS, al que se puede acceder desde Internet. 
Para concluir, quisiera referirme brevemente a la opinión de la Comisión de Investigación sobre el Libro Verde de la innovación. 
En nuestra sociedad, son precisamente las pequeñas y medianas empresas los motores de la innovación. Existe un gran potencial en este terreno y habría que fomentarlo mediante este programa plurianual. 
Me permito felicitar cordialmente a la ponente por su trabajo. Espero que nuestras peticiones sean atendidas. 
Señor Presidente, intentaré completar el óptimo trabajo desarrollado por la Sra. Thyssen con algunas otras consideraciones, inducida por la constatación de que, si bien es cierto que se han elaborado numerosos programas de intervención y de ayuda en favor de las pequeñas y medianas empresas, tema del cual nos ocupamos esta tarde, no se han conseguido resultados muy satisfactorios en lo que respecta a la mejora del contexto operativo en el que éstas actúan. 
Este aspecto también ha sido tratado por el Sr. Harrison. 
De hecho, las normas burocráticas, administrativas y fiscales en materia de relaciones laborales de casi todos los Estados miembros se han concebido teniendo en cuenta las condiciones operativas de las empresas medianas o grandes, sin prestar ninguna atención a las peculiaridades de las empresas de pequeñas dimensiones. 
Por ejemplo, un reciente estudio sobre los gastos administrativos impuestos por la normativa del IVA intercomunitario ha demostrado que son inversamente proporcionales al tamaño de la empresa, con lo cual penalizan de manera considerable a las más pequeñas. 
Asimismo, tengo gran interés en poner de manifiesto que estos problemas, debido a las diferencias existentes entre los Estados, discriminan a los operadores, sobre todo cuando éstos intentan incorporarse al mercado europeo. 
El resultado es que, a pesar de tratarse de cuestiones que aparentemente tienen relevancia dentro de los Estados, adquieren una importancia a nivel europeo, ya que violan el principio fundamental de la igualdad de trato de los sujetos económicos e impiden el buen funcionamiento del mercado interior. 
Por esta razón, me parece oportuno, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, presentar la enmienda nº 52, sobre la cual querría atraer la atención del señor Comisario, en la que se solicita a la Comisión la adopción de acciones específicas encaminadas a ayudar a los Estados miembros a resolver de manera eficaz tales diferencias. 
Creo que la Comisión podría realizar una tarea extremadamente meritoria si avanzara en esta dirección y considerase oportuno, como parece totalmente evidente, solicitar también la colaboración de todas las asociaciones de clase para recoger la mayor y más provechosa documentación posible. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión ha realizado un excelente trabajo. 
Es sumamente importante que el tercer programa plurienal se haya estructurado como parte del pacto de confianza para el empleo. 
Se trata en efecto de mejorar la competitividad de las empresas. Una posición competitiva más estricta garantiza a su vez un mayor crecimiento y por tanto más empleos. 
Además, el crecimiento del empleo en las PYME es más fuerte que en las grandes empresas. 
Así, nos parece positivo que este programa plurienal se presente junto con un informe de evaluación sobre el programa actual, que permite presentar una política más eficaz. 
Por fin se ha hecho algo por lograr una mejor definición de las PYME. 
¿Cómo puede seguirse una política más selectiva, si esta es aplicable a casi la totalidad, concretamente al 99, 8 %, de las empresas? 
Con respecto a las medidas propuestas: los liberales siempre han dicho claramente que un clima favorable a las empresas es la condición básica más importante para el crecimiento y el empleo. Es algo que también han indicado a primeras horas de la tarde el Primer Ministro irlandés y Presidente del Consejo. 
Sin embargo, son ante todo los Estados miembros los que han de asumir su responsabilidad al respecto. 
A menudo es la legislación nacional la que aplica las cargas más pesadas a los comunitarios. 
Por ejemplo, cuando- en 1994- la Comisión propuso 250 páginas de reglamentos, los Estados miembros querían producir una pila 40 veces más alta, de unas 10.000 páginas. 
Pero también la Unión tiene su misión. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que juzgue a fondo el efecto de sus propuestas legislativas en las PYME. 
La Comisión admite que es posible introducir más mejoras en el estudio de impacto. 
No hemos de olvidar que no se trata de un detalle sin importancia. 
El papeleo administrativo cuesta anualmente a las empresas más de 150 millardos de ecus. 
El proyecto piloto SLIM, que tiene que ver con una legislación más simple para el mercado interior y se concentra en cuatro sectores, estudia las posibilidades de simplificar la legislación. 
Esperamos con ansiedad los resultados de este proyecto, anunciados para noviembre, y las iniciativas que tome la Comisión en este sentido. 
En segundo lugar, no podemos aceptar que el Consejo de ministros se demore tanto en aprobar el estatuto de Sociedad Europea, en torno al cual la Comisión formuló propuestas hace ya 21 años, concretamente en 1975. 
No obstante, un estatuto europeo para las empresas supondría un verdadero ahorro de unos 30 millardos de ecus. 
En tercer lugar, considero que la Unión ha de fomentar el desarrollo del acceso al capital riesgo. 
Las PYME de rápido crecimiento que invierten en alta tecnología son las que más necesitan un venture capital. 
Espero que ISDAC- la bolsa informática europea- dé un empujoncito a nuestras empresas de rápido crecimiento. 
Por último, deseo felicitar a la ponente por su informe, y apoyo sus enmiendas, en particular la de incluir a los profesionales liberales en la decisión del Consejo. 
También quiero recalcar la propuesta de prestar una atención especial a las empresarias y a las cónyuges que trabajan. 
Espero que todo ello no quede en simples palabras, sino que se traduzca en una acción real, no sólo por parte de la Comisión, sino también de los gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, el excelente programa de la Comisión en favor de las PYME, objeto del informe, ha mostrado y muestra el compromiso del Parlamento en la mejora de la situación de las pequeñas y medianas empresas. 
El examen del informe ha sido constructivo, incluso creativo, en todas sus fases, por lo que manifiesto mi agradecimiento a la Sra. Thyssen. 
Para los nuevos Estados miembros, que no contamos con una larga tradición en el sector de la pequeña empresa, ha sido interesante descubrir la semejanza de los problemas pese a contar con situaciones de partida distintos. 
Teniendo esto en cuenta resulta perfectamente comprensible que, por ejemplo, en mi país se depositaran grandes esperanzas en las posibilidades que iba a ofrecer la Unión. 
Sin embargo, lo cierto es que los recursos de la Unión, naturalmente, no ofrecen ayuda de forma inmediata para los graves problemas de capital, cuando se observa que los peores problemas financieros en este momento se encuentran precisamente en la obtención de capital propio y capital de riesgo, y, al menos en nuestro caso, en el exceso de precaución de los bancos a la hora de conceder los créditos. 
La Unión debería centrar su actuación en tratar estas cuestiones. 
La adhesión a la Unión en sí nos ha proporcionado estabilidad. 
La política económica posterior a la adhesión ha sido relativamente positiva, ya que ha habido disposiciones en materia de financiación, incluso para la comercial. 
Por nuestra parte, podríamos señalar ejemplos para introducir disciplina y rapidez en los pagos. 
Se pueden establecer disposiciones en la materia y se pueden hacer respetar las mismas. 
Naturalmente, se deben regular de manera inmediata los pagos transfronterizos. No existe ninguna razón para su demora. 
Por supuesto, no olvidamos que la UEM eliminará problemas y creará posibilidades. 
No se debería hacer fracasar la UEM ante obstáculos formales. 
Después de eliminar los obstáculos financieros de los que se tiene conocimiento debemos triunfar en la europeización. 
Debe mejorarse el funcionamiento de los centros de información y la creación de redes. 
Sin lugar a dudas es evidente que en cualquier actividad la cooperación internacional es importante. 
Sabemos muy bien que la empresa finlandesa Nokia no sería el segundo mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo si la información no traspasase las fronteras. 
La innovación es, por lo tanto, el punto de partida de toda actividad de formación. 
El ejercicio de una actividad empresarial es claramente un fenómeno positivo, también desde el punto de vista de la persona. 
La libertad afecta a uno mismo y de ello se obtiene una compensación. 
Esto colma los ideales de los socialdemócratas, cuando a ello se añade la idea del respeto de la libertad de otra persona. 
Sería positivo que, a nivel europeo y de manera activa, se intentasen encontrar vínculos de unión entre las PYME y el movimiento sindical. 
Ello podría constituir una nueva fuente de valor añadido. 
El programa plurienal es el punto álgido de una lucha de muchos años por parte del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo por incluir a las PYME en el calendario europeo. 
El Parlamento se ha mantenido coherente en el transcurso de los años. 
Fiel al empresario que a menudo obtiene grandes logros económicos con pocos empleados, a menudo a riesgo de perder todo lo que posee. 
Por fin, también el Consejo ha llegado a la conclusión de que la pequeña y mediana empresa está muy ocupada solucionando un enorme problema político para el Consejo. Concretamente, el problema del desempleo. 
Es evidente que el Consejo no es capaz de solucionar por sí mismo este problema, ni con el Libro Blanco de Delors, ni a través de las redes europeas. Simplemente no puede. 
Tenemos por testigo a 17 millones de desempleados. 
No es de extrañar que en los últimos años, el Consejo lance continuas alabanzas a la pequeña y mediana empresa, concretadas en resoluciones de los Consejos de Ministros. 
Hoy tendríamos que estar reunidos para coronar festivamente un importante debate europeo y traducirlo en acciones. 
Pero el champaña, con o sin zero rate, lo tendremos que dejar en casa. 
El Consejo ha decidido que el fomento del empleo en la pequeña y mediana empresa ha de salir barato. 
El Consejo no quiere reservar los 180 millones de ecus necesarios, sino sólo 120 millones de ecus, y no lo haremos como el Sr. Santer- hacer menos, pero mejor -, no, lo haremos más barato, para que parezca que hacemos más. 
Y de pasada, el Consejo liquida también el programa Elise. 
A fin de cuentas, sería una pena dejar que siguiera existiendo un programa bueno y poco burocrático. 
Está claro que los quince gobiernos, que han sido elegidos para prever, no han mirado adelante, y ahora tienen que hacer lo imposible por cumplir los criterios de la UEM que ellos mismos fijaron en 1992. Y el gobierno neerlandés va naturalmente en cabeza. 
Señor Presidente, la Comisión ha establecido con razón un programa amplio, y sobre todo no sectorial, que abarca muchos aspectos de las PYME. 
Y la Comisión podía contar con razón con el apoyo del Consejo. 
Pero si el Consejo se sale con la suya presupuestariamente, el Parlamento tendrá que reflexionar seriamente sobre el programa. 
Con menos dinero, la Comisión hará muchas cosas, pero ninguna bien. 
Entonces tendremos que fijar prioridades y sin ninguna duda habrá que reconsiderar el programa. 
Señor Presidente, el programa plurianual en favor de las PYME brinda una base jurídica y presupuestaria para el desarrollo de actividades normativas concretas de la Comunidad en favor de esas empresas. 
Apoyo sin reservas este programa, que reconoce que las pequeñas y medianas empresas constituyen la piedra angular de una economía local, nacional o incluso europea. 
En el contexto de la mejora del entorno comercial de las PYME, se recomienda la europeización de las estrategias comerciales de las PYME mediante el suministro de informaciones y servicios de apoyo. 
Espero que, en términos prácticos, esto signifique que va a haber una expansión del programa de centros de información comercial europeos en mi propio país, Irlanda. 
Esos centros facilitan un valioso servicio porque brindan a las empresas pequeñas y medianas informaciones acerca de la actividad de los fondos de carácter regional, social, agrícola y de pesca de Europa, además de asesorar sobre los diversos planos europeos en materia de cofinanciación y contratos de adquisición en el sector público. 
Debería haber un centro de información comercial en cada una de las regiones administrativas de Irlanda. Esto ayudaría mucho a colmar las deficiencias que existen acerca del suministro de información sobre los fondos europeos. 
Una de las verdaderas dificultades con que tropiezan las PYME es la comercialización de sus productos en otros países. 
Todo plan europeo que brinde oportunidades de cooperación transnacional y que promueva la labor que están desarrollando en la actualidad organismos como la Junta de Comercio, An Bord Tráchtala, sería acogido con gran satisfacción. 
Apoyo la recomendación de que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad de luchar contra el exceso de normas administrativas y fiscales burocráticas que penalizan a las PYME. 
En el mejor de los casos, el exceso de formularios que hay que rellenar y de normas que hay que respetar hace que muchos empleadores de las PYME no sean capaces de controlar todos los requisitos de su labor. 
Diré para acabar que el presupuesto propuesto, 144 millones de ecus para este plan, representa un aumento del 60 por ciento sobre el anterior. 
Me permito recordar al Parlamento, sin embargo, que estos fondos deben asignarse cuidadosamente y deben utilizarse de la forma más práctica que sea posible. 
No debe asignarse fondo alguno para ninguna medida que no esté directamente relacionada con las necesidades de las PYME. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99, 8 % de todas las empresas de Europa, de las cuales el 50 %, desgraciadamente, fracasan en los primeros tres años a causa de un entorno fiscal, jurídico y administrativo extremadamente complejo, de dificultades para acceder a los programas de investigación, de debilidades en la capacidad de gestión, de dificultades para obtener financiación a costes razonables y de la existencia de barreras que impiden el acceso a los mercados de sus productos y servicios. 
Algunos Estados miembros han realizado esfuerzos considerables y adoptado medidas destinadas a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, mientras que Italia obliga a los atrevidos empresarios a anticipar el impuesto sobre los futuros beneficios hipotéticos, que se eleva al 72 %. 
Con ello no sólo se compromete la posibilidad de inversión de las pequeñas y medianas empresas en la producción y en la tecnología innovadora, sino que también se reduce su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 
Ayudemos a los empresarios con información y asistencia para que puedan acceder, al igual que las grandes cadenas, a las ayudas que la Unión pone a su disposición. 
Señor Presidente, al llegar a esta Asamblea hace algo más de dos años, una de las primeras valoraciones que hice fue aparentemente trivial pero de gran eficacia. 
Había en Europa 18 millones de pequeñas y medianas empresas y hay, qué casualidad, cerca de 18 millones de desempleados. 
La ecuación es muy simple: si cada pequeña y mediana empresa pudiera recibir un sólo empleado, habríamos resuelto el problema número uno de la Unión Europea, es decir la revitalización del mercado de trabajo. 
Esto, que de palabra es muy fácil, en la realidad es muy difícil. 
Es muy importante el trabajo que el Comisario Papoutsis y la Dirección XXIII han concluido hace pocas semanas: el nuevo Programa Plurianual 1997-2000 que, desde mi punto de vista, presenta, respecto a los programas anteriores, dos grandes innovaciones que lo hacen diferente y más importante. 
La primera es de carácter político, organizativo: finalmente se da a las pequeñas y medianas empresas el papel que les corresponde en el escenario económico europeo; ya no se trata de una cuestión de dimensiones; la atención no sólo se dirige a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas. 
El segundo aspecto es sectorial. 
Por fin vemos, con satisfacción, cómo en el nuevo Programa Plurianual se dedica una especial atención a algunos sectores económicos hasta ahora infravalorados y cuya capacidad, sin embargo, es conocida: me refiero especialmente al comercio, la artesanía y, en menor medida, el turismo. 
Creo que sobre todo en estos sectores hay enormes posibilidades de crecimiento operativo profesional, de nuevos puestos de trabajo, en suma de oportunidades, que el mercado de las pequeñas y medianas empresas debe aprovechar. 
Con este programa se ofrecen oportunidades que no debemos descuidar, porque la economía europea necesita una dimensión más contenida, y nosotros debemos estar más cerca de los empresarios. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi especial satisfacción por tener la oportunidad de intervenir hoy sobre la propuesta de la Comisión relativa al nuevo Programa plurianual en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME). 
La propuesta de la Comisión relativa a este tercer Programa plurianual incluye un paquete completo de medidas para el fomento y el apoyo de las PYME. 
Este programa viene a completar las acciones realizadas en el marco de otras políticas comunitarias, así como las acciones realizadas por los Estados miembros. 
Como ha señalado el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Santer, este programa forma parte integrante del pacto de confianza para el empleo; y como acaban de destacar tanto el Sr. Harrison como el Sr. Garosci, las PYME desempeñan un papel decisivo en nuestra estrategia de creación de puestos de trabajo. 
Los tres últimos Consejos de Cannes, Madrid y Florencia han confirmado la política a favor de la PYME como una de las prioridades políticas de la Unión Europea. 
Saludo, especialmente, el interés que el Parlamento ha manifestado por nuestra propuesta, y quisiera felicitar en este punto a la ponente, Sra. Thyssen, por su excelente trabajo, así como al Parlamento por su apoyo a las políticas a favor de la PYME durante todos estos años. 
Asimismo quiero expresar mi satisfacción por las conclusiones positivas del informe de la Sra. Thyssen sobre la calidad de la propuesta de la Comisión Europea. 
Coincido absolutamente con la ponente en que la ayuda prevista, destinada a las PYME, es una parte imprescindible de una política encaminada a combatir el desempleo, y, por supuesto, a crear posibilidades de empleo en toda Europa. 
Este programa, de hecho, aporta la base jurídica y financiera para las acciones especiales de la Comunidad a favor de las PYME. 
Permítanme que me refiera, en breve, a las cinco campos de prioridad del programa, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las PYME. 
La primera prioridad es enfrentarse al complejo entorno administrativo, que obstaculiza tanto la creación como el desarrollo de las PYME. 
El alejamiento de esta postura requiere la acción coordinada y guiada por objetivos claros por parte de los Estados miembros de la Unión, pero, naturalmente, también, por parte del Parlamento. 
Me comprometo a no escatimar esfuerzos para aumentar la contribución de la Comisión en la reducción de la burocracia, así como en la mejora de la legislación correspondiente para simplificar el entorno administrativo. 
La segunda prioridad del programa es mejorar el entorno económico-financiero de las PYME. 
Las PYME europeas siguen teniendo un déficit de capital. 
Sobre este aspecto, precisamente, se ha expresado con mucha claridad el Sr. Moretti hace un instante. 
Las PYME han de luchar con la dificultad de conseguir las garantías suficientes para los bancos, así como con la falta de un mercado de capitales europeo adecuado. 
El nuevo programa se dirige precisamente a fomentar métodos innovadores para la mejora del entorno económico-financiero, así como el acceso de las PYME a los medios de financiación. 
La tercera prioridad es mejorar el acceso de las empresas al mercado único y a las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. 
El mercado interior y el aumento de la internacionalización han empezado a dar frutos para las empresas. 
Sin embargo, las PYME todavía tienen dificultades para acceder a determinados mercados. 
Queremos que los Centros Europeos de Información, que constituyen la conocida red transeuropea de la Comisión, asuman la función de «Centros de Primer Contacto». 
Queremos que los Euro-Info-Centres se conviertan en «first stop shops» , que puedan dirigir las diversas preguntas a los organismos de servicios a la empresa adecuados. 
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Centros Europeos de Información, como muy correctamente acaba de subrayar el Sr. Gallagher. 
Además, se fomentarán la creación de redes y la cooperación entre las PYME mediante la mejora de las redes para la búsqueda de socios y programas de cooperación. 
Simultáneamente, estamos examinando la posibilidad de interconexión con nuevos bancos de datos, como la red Cordis, que ha mencionado el Sr. Ferber. 
De todas formas, me alegro especialmente de que la ponente, Sra. Thyssen, se adhiera a esta idea apoyando el concepto de los «Centros de Primer Contacto». 
La cuarta prioridad es fomentar la competitividad de las PYME mediante la mejora del acceso a la investigación, a la innovación y a la formación profesional. 
El número relativamente pequeño de empresas europeas basadas en las nuevas tecnologías revela que existe la necesidad de mejorar un entorno que promueva esta clase de empresas de desarrollo rápido. 
Las PYME también son conscientes de no invertir lo suficiente en la formación profesional, pero no debemos olvidar que los programas existentes en este campo no suelen ajustarse a sus necesidades especiales. 
Este nuevo programa prevé acciones piloto para conseguir un nuevo acercamiento a estos ámbitos y probar su aplicación. 
El último objetivo del programa que, desde mi punto de vista, tiene especial importancia es el fomento del espíritu emprendedor, el desarrollo de una nueva cultura empresarial a través de acciones específicas, enfocadas, sobre todo, en el ámbito de la artesanía y de las empresas muy pequeñas. 
Los empresarios que tengan buenas ideas podrán recibir, y recibirán, apoyo, sobre todo en la fase decisiva, que es el comienzo de la actividad empresarial. 
Esto se aplica especialmente a las mujeres, pero también a los jóvenes empresarios, así como a las empresas pertenecientes a personas que forman parte de grupos minoritarios, en lo cual sé que tiene especial interés el Parlamento Europeo. 
El programa propone también una serie de acciones cuyas medidas más concretas estarán destinadas a ofrecer oportunidades sobre todo a los sectores menos privilegiados y a las regiones desfavorecidos Sin embargo, estos ambiciosos objetivos sólo podrán alcanzarse con la activa participación y el apoyo de las propias PYME. 
Por este motivo, mantenemos conversaciones con los representantes de las organizaciones europeas de las PYME y saludo que las propuestas de la Comisión hayan sido acogidas favorablemente por las mismas de forma unánime. 
En lo que se refiere a las profesiones liberales, a los que se ha referido la Sra. Thyssen, no se excluyen explícitamente del campo de aplicación del programa, y en muchos casos se incluyen indirectamente. 
Coincidimos asimismo en que es necesario tener en cuenta los problemas especiales de las diferentes categorías de PYME, tal como vienen descritas y definidas en la definición de PYME presentada por la Comisión Europea el 3 de abril de 1996. 
En cuanto al tema planteado por el Sr. Ferber, la relación entre el programa de investigación y desarrollo tecnológico y las PYME, es especialmente importante. 
Por lo tanto, insistimos en darle prioridad a la investigación y tecnología en el nuevo marco, confiando en que las PYME ocuparán su lugar en el programa. 
En todo caso, seguramente habrá que prestar una especial atención al futuro. 
Señor Presidente, quisiera agradecer una vez más a la ponente y a las comisiones parlamentarias su participación en la elaboración de las enmiendas propuestas. 
Muchas de éstas vienen a mejorar la propuesta inicial de la Comisión y pueden ser aceptadas. 
En concreto, podemos aceptar las enmiendas núms. 2, 3, 8, 10, 16, 17, 20, 21, 23, 35, 36, 39, 40, 44 y 45. 
Además, podemos aceptar parte de las enmiendas núms. 4, 5, 19 y 42, 33 y 34. 
En lo que se refiere a las enmiendas núms. 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 41, 43, 47, 48, 51, 52- por la que ha preguntado concretamente el Sr. Secchi -, 53, 55 y 56, podemos aceptar su idea general, pero consideramos que, a nivel de principios, en parte se cubren por la propuesta de la Comisión y en parte corresponden a otras políticas incluidas en el programa completo a favor de la PYME. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas. 
En primer lugar, la enmienda nº 7, al considerar que no encaja en el programa plurianual por oponerse al principio de subsidariedad. 
En segundo lugar, la enmienda nº 9, que, a pesar de representar una observación correcta, no se puede incluir en el texto legal de la propuesta. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda nº 24, referente al funcionamiento del comité consultivo, ni la enmienda nº 25, considerando que la información periódica de los órganos institucionales prevista cumple con la necesidad de información. 
En lo que se refiere a las enmiendas núms. 26 y 46, consideramos que la propuesta original de la Comisión abarca el tema de manera satisfactoria. 
Por último, con respecto a las enmiendas núms. 49 y 50, no podemos aprobar la conexión con el programa «FILOXENIA» propuesta, dado que se crearía una confusión considerable al intentar poner en práctica eficazmente ambos programas. 
Finalmente, la Comisión no puede aceptar tampoco las enmiendas núms. 54, 57, 58 y 59. 
Señor Presidente, el programa que hemos presentado hoy se caracteriza por un conjunto completo de acciones que permitirá a las PYME participar de manera decisiva en los desafíos de los próximos años. 
En cuanto al presupuesto, debo subrayar que la correcta aplicación depende de la disposición de recursos financieros suficientes. 
Quisiera, por tanto, expresar mi satisfacción por la afirmación de la ponente de que la cantidad de 180 millones de ecus es el mínimo absoluto necesario para la correcta aplicación del programa. 
Quiero darle las gracias al Parlamento por su apoyo en este punto. 
Por supuesto, es necesario que la gestión contable de los recursos se realice correctamente y que éstos se aprovechen racionalmente. 
Para terminar, quisiera destacar la importancia de que promocionemos suficientemente el espíritu de la iniciativa empresarial en Europa, de forma que se cree un entorno empresarial que pueda contribuir a la creación de puestos de trabajo. 
Esto requiere un esfuerzo coordinado y continuo de todos las partes implicadas en el desarrollo de las empresas, así como de todos los que participan en la elaboración y delimitación de la política relacionada con las PYME, y me refiero en concreto al Parlamento, a los Estados miembros, a las organizaciones empresariales de las PYME y a la Comisión Europea. 
Sólo de esta manera, Señorías, transformaremos el amplio apoyo político que existe respecto a la aplicación de medidas políticas eficaces a favor de la PYME en una acción positiva y eficaz. 
Creo realmente que, si todo el conjunto de acciones propuestas en el programa plurianual a favor de la PYME se aplica consecuentemente, los resultados en toda Europa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Telecomunicaciones y ONP 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0276/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C4-0329/96-95/0207 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interconexión en el sector de las telecomunicaciones y en la garantía del servicio universal y de la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de red abierta (ONP) (Ponente: Sra. Read). 
Señor Presidente, este texto que examinamos en segunda lectura trata de interconexiones, de fomento de la competencia y de la forma de evitar que los operadores que se hallen en una situación firme puedan limitar el acceso de otros operadores. 
Los debates del Parlamento sobre el particular se basan en la necesidad de conseguir que la industria europea de telecomunicaciones pueda sobrevivir y prosperar. 
En mi calidad de ponente estoy al corriente de la necesidad de establecer condiciones de interconexión justas, transparentes y que tengan debidamente en cuenta la cuestión del costo, y de establecer al mismo tiempo normas efectivas para cerciorarnos de que se responde a esa necesidad. 
Así como decimos que una justicia que se retrasa es una justicia que se deniega, un retraso en la institución de negociaciones comerciales normales puede privar efectivamente a los nuevos operadores de redes de una participación importante en este mercado de importancia crucial. 
No es tan fácil que se plantee esta situación porque toda la comisión parlamentaria sabe perfectamente que los nuevos operadores de redes de comunicaciones pueden desempeñar un papel muy sustancial y muy influyente en su propio país o en el plano mundial. 
La mayor parte de las enmiendas reflejan una vez más las inquietudes que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial manifestó en la primera lectura, pero hay algunos cambios importantes y el Parlamento inicia la segunda lectura a sabiendas de que la posición del Consejo ha cambiado muy sustancialmente. 
Me agradaría muchísimo saber lo que opina el Comisario acerca de la enmienda 10, que modifica la definición de «interconexión». 
Me gustaría, repito, saber lo que piensa el Comisario en general y, en particular, si estima que ese cambio ayudaría a abrir más las puertas del mercado y cómo se compara con la posición original de la Comisión. 
Hay una importante enmienda que trata de la transportabilidad de los números y mi colega el Sr. Whitehead, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, se referirá a esa importante medida para los consumidores y el comercio. 
Estoy seguro de que el Parlamento necesitará ocuparse en ocasiones futuras de esta cuestión de importancia capital. 
En cuanto a la enmienda 8 sobre la cuestión de la reglamentación europea, también me gustaría saber lo que opina el Comisario. 
En mi opinión y en opinión de la comisión parlamentaria, no es posible prever el futuro de las interconexiones, por lo menos el futuro inmediato, sin que haya una reglamentación. 
Una vez más, la Comisión de Asuntos Económicos y yo mismo estamos preocupados por la latitud que se ha dejado a los reglamentadores nacionales en esta cuestión y en otras. 
Todos sabemos que los países y el Consejo son sumamente susceptibles ante todo lo que se refiera a una reglamentación europea, y por eso la enmienda 8 ha sido redactada cuidadosamente y sólo habla de «prever la posibilidad». 
También me gustaría sobremanera que la Comisión nos detallara lo que opina acerca de la enmienda 5 sobre los litigios transfronterizos, cuestión sobre la cual espero que pueda darnos sus comentarios, así como sobre la cuestión del servicio universal que muy lógicamente inquieta a la Comisión de Medio Ambiente. 
Sé que de esta cuestión se va a tratar en una comunicación futura y que el Parlamento tendrá otra oportunidad de determinar lo que opina acerca de la definición del servicio universal y de su financiación, pero, como en todo informe sobre telecomunicaciones, ésta es una cuestión de importancia fundamental para nuestro Parlamento. 
Recomiendo el informe a mis colegas y espero que obtenga el apoyo de todos los sectores, pero, como ya he dicho, me gustaría que el Comisario nos indicara lo que opina acerca de las cuestiones que he citado antes de que adoptemos una decisión final. No me queda si no recomendar que apoyemos las diversas enmiendas presentadas. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados presentes quisiera decir lo mucho que nos agrada que nuestra colega la Sra. Read vuelva a estar entre nosotros, perfectamente restablecida de su enfermedad y con su tradicional elocuencia. 
La Sra. Read se estaba ocupando de esta cuestión antes de que yo pasara a formar parte de este Parlamento, y su labor empieza ahora a dar fruto. 
El proyecto es digno de aplauso particularmente desde el punto de vista de un mercado único liberalizado en el que los nuevos operadores tienen que disfrutar de igualdad de condiciones con los operadores existentes. 
Dicho lo que antecede precisaré que el acceso es una necesidad para los nuevos operadores pero no siempre una condición suficiente para la protección del consumidor, y dedicaré mis breves comentarios al consumidor. 
Cuando la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor escribió una opinión sobre el último informe de la Sra. Read, el 12 de enero de 1995, procuró definir lo que deberían ser las condiciones del servicio universal. 
Me limitaré a indicar que al tratar de cotejar lo que se dice en este informe con manifestaciones anteriores de la Comisión, no nos esforzamos por proteger una definición nebulosa y relativamente inestable, sino que procuramos recabar del Comisario Bangemann y de sus colegas una indicación sobre el momento en que aparecerá una definición adecuada y aceptable del servicio universal. 
En segundo lugar, quisiera decir algo acerca de la transportabilidad de los números. 
La enmienda 25, que la Sra. Read acaba de mencionar, tiende a determinar- y el Sr. van Velzen y otros se han referido ya a esta cuestión- que, a cambio de una tarifa razonable, sea la autoridad de reglamentación la que establezca que existe una verdadera transportabilidad de los números y que, de no ser así, una vez que el usuario ha cambiado de red una llamada telefónica al número antiguo pueda ser desviada al nuevo número del usuario a un precio razonable. 
Esperamos que se acepte ese compromiso. 
Por último, espero que mañana el Parlamento vote a favor de la recomendación sobre protección del medio ambiente que la Sra. Read presentó en una fase avanzada del examen de esta cuestión en calidad de enmienda del informe. 
Sé que algunos sectores se oponen a la enmienda pero me parece que lo menos que podemos hacer, para atender legítimas necesidades en los puntos de interconexión, es dejar de lado las consideraciones ambientales durante las negociaciones entre los antiguos operadores y los nuevos operadores de este mercado. 
La interconexión es una de las principales condiciones para la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, para que este funcione bien. 
Una tercera parte del precio del teléfono es dinero de la interconexión, y a nivel europeo supone millardos de ecus. 
Una interconexión mal regulada provoca además protección del mercado, distorsiona la competencia y es negativo para el consumidor. 
Puede provocar un aumento de precios, un menor nivel de servicio y una oferta menos variada. 
Por ello es necesario tener reglas justas, que los procedimientos y la estructura de costes sean transparentes y que no haya abuso de poder. 
Por ello, también es necesario que se dé acceso a las redes a los nuevos ofertantes a cambio de precios aceptables. 
Este es el alcance de la interconexión. 
Quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Read, por su experta contribución, por la cooperación y por el hecho de que hoy podamos volver a estar juntos. 
Y esto me lleva a la definición de la interconexión. 
Habrán visto ustedes que hay una enmienda, que ha devuelto la definición original, pues si se borran los servicios de telecomunicaciones, como dice ahora la posición del Consejo, el valor de la reglamentación se reducirá entre el 25 y el 50 %. 
A fin de cuentas, el alcance se reduce mucho, y esto significaría poner en peligro el acceso a las redes a cambio de costes reales para los nuevos ofertantes de servicios. 
Pienso que esto es esencial. Es el núcleo de la liberalización. 
Ahora, en las empresas de telecomunicaciones existe el temor de que, al implicar los servicios que no tienen redes propias, estos exijan también la misma reducción. 
Es un grave malentendido, pues el apartado 2 del artículo 7 de la posición común del Consejo indica con razón, y cito: » las cuotas de interconexión deberán atenerse a los principios de transparencia» , y ahora viene: » y se guiarán por los costes». 
Aquí está el quid de la cuestión. 
Es decir, el hecho de guiarse por los costes implica que, si se tienen menos costes, no se puede exigir una reducción proporcional. 
Y esta es la razón de que hayamos devuelto esta cuestión. 
Mi Grupo apoya la propuesta de la Sra. Read. 
Hace hincapié en las directivas comunitarias elaboradas por la Comisión para los acuerdos de interconexión. 
Un buen procedimiento de resolución de disputas, insistencia en el desarrollo de un verdadero mercado europeo de telecomunicaciones armonizado. 
Nos ha decepcionado mucho que el Consejo se haya apartado de nosotros en 6 o 7 puntos esenciales. 
Por ejemplo, para empezar, señalo que la medida de armonización de las reglas por el Parlamento va más lejos de lo que ha aceptado el Consejo. Y ello se nota sobre todo en la enmienda nº 21 del Parlamento. 
Una segunda cuestión es que vamos más lejos en relación con la transparencia de los costes en el acuerdo de interconexión. Nuestras exigencias son elevadas en este punto. 
En tercer lugar, queremos más poder de decisión a nivel europeo. 
En este conjunto, es preciso reforzar el papel de la Comisión. 
Con vistas a la subsidiariedad es muy positivo que brindemos muchas posibilidades a las instituciones reguladoras nacionales, pero si la Comisión no puede desempeñar un papel importante en esta cuestión, presagio que saldrá poco del mercado europeo de telecomunicaciones. 
Queremos un régimen transfronterizo de resolución de disputas y queremos que se mantengan los números, pues si se pasa de una compañía a otra y no se lleva consigo su número, se establece un enorme obstáculo a la liberalización. Y se trata de una cuestión crucial. 
Queremos que se avance hacia la creación de una autoridad reguladora europea. 
Espero que, aunque ahora iniciemos la conciliación, el Comisario esté de nuestro lado, que esté dispuesto a luchar con nosotros, pues pienso que es de crucial importancia. 
Sin embargo, tendremos que desregular, y hemos indicado exactamente en qué ámbitos tendrá que suceder esto. 
Y quisiera preguntarle al Comisario: el 1 de febrero dijo usted que había que introducir reglas de competencia independientes para las telecomunicaciones. ¿Cuánto falta para eso? 
Señor Presidente, la interconexión dentro del ámbito de las telecomunicaciones es importante, y también lo es que se armonice y desarrolle conjuntamente en la UE y en Europa. 
Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener la responsabilidad final por la promoción del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. 
Esto debe darse en beneficio del usuario. 
Hay que garantizar que exista una interconexión entre redes diversas. 
Si esto se hace del modo adecuado, podemos cuestionar la necesidad de unas directrices generales de la Comisión o de otra autoridad de reglamentación a nivel de la UE. 
También puede cuestionarse la necesidad de una directiva de la UE sobre el cálculo de costes y sobre la financiación del servicio universal. 
Los litigios deben solucionarse en primer término entre los operadores a nivel nacional, y debe crearse un sistema de arbitraje entre las autoridades nacionales de reglamentación. 
Opino que cabe considerar estas cuestiones en relación con el tema que estamos sometiendo a debate. 
Señor Presidente, yo también quisiera agradecer cordialmente a la Sra. Read su trabajo. 
Ésta es una de las normas más importantes para que podamos contar con un mercado de telecomunicaciones europeo que funcione. 
Una buena colaboración con usted y con el Parlamento en general nos hará más llevaderas las discusiones con el Consejo, habida cuenta que no tenemos, desgraciadamente, la misma opinión que él en todas las cuestiones. Por descontado que el Consejo percibe los dos objetivos principales de esta directiva. 
Uno es que todas las redes estén interconectadas, pues esto amplia enormemente las posibilidades del consumidor. El otro consiste en el control que hay que ejercer sobre las empresas de infraestructura que tienen una posición dominante en el mercado. 
Hay que obligarles a abrir su infraestructura de una manera justa y transparente. También se deben calcular los costes de tal manera que los competidores, especialmente los recién llegados, puedan aprovechar las posibilidades que ofrece el nuevo mercado. 
Esto no se discute. 
Lo que sí se discute son, como siempre, los detalles. Quizá convenga que me ocupe de las enmiendas más importantes para que así quede más clara nuestra posición. 
La Comisión ha estimado siempre que es absolutamente necesario contar con una autoridad europea de reglamentación porque la interconexión, los controles y las otras medidas que serán necesarias en el futuro afectan siempre a todo el mercado interior y no, como venía siendo el caso hasta ahora, a uno o dos países. En esta cuestión, el Consejo está extraordinariamente remiso. 
Prácticamente a todos los países les asusta renunciar a sus competencias y posibilidades. 
La visión de la Comisión encargándose de este asunto, que tanto atrae al Sr. van Venzel, resulta más bien algo horroroso para los Estados miembros. Como ustedes saben, ha sido la Comisión la que ha forzado una y otra vez a los Estados miembros a actuar en materia de política de comunicaciones. 
Siempre hemos sido nosotros los que hemos llevado de caza al perro. 
Eso está muy bien, pero no suscita el entusiasmo. 
Por eso me temo que no vamos a avanzar mucho en este asunto. Ya veremos qué decide el Consejo. 
Y lo mismo sucede con la superación de los litigios transfronterizos en materia de interconexión. 
Apoyamos las enmiendas núms. 5 y 27 propuestas por el Parlamento. 
Ya dije ayer o antes de ayer en el debate que abogamos por la transportabilidad de los números. 
Es uno de los requisitos más necesarios para conseguir una competencia abierta entre los operadores. 
Cambiar un número supone un alto coste para los clientes; por eso ha de ser transportable. 
También podemos apoyar la enmienda nº 10, a la que se ha referido especialmente la Sra. Read. 
El único problema es que presenta una redacción un poco confusa, pero podría llegarse eventualmente a un arreglo puesto que la enmienda reza: » linking of telecommunication services». 
En realidad, se trata de linking of the facilities of organisatios providing telecom-services. 
Este es el tenor de la versión original, que nosotros preferimos. 
Creo, además, que está en la línea de lo que pretende la Sra. Read. 
En las enmiendas se encuentra también la cuestión del servicio universal. 
No se trata de un problema específico de este caso, sino que es un problema general y por eso hemos de abordarlo primero de manera general. 
En primer lugar hay que definir qué se entiende por servicio universal, lo que me parece relativamente fácil. 
Consiste en la posibilidad para cualquier cliente de participar en un servicio público desde cualquier lugar y en condiciones iguales y adecuadas. 
Ésa es la definición. 
Queremos evitar la referencia a una determinada posibilidad técnica. 
La definición ha de ser, en cierto sentido, dinámica. 
En el caso del teléfono, basta con que haya una posibilidad técnica de interconectarse a la red. 
Pero en el futuro los servicios de telecomunicación ofrecerán una serie de servicios adicionales, servicios de valor añadido. 
En principio, el servicio universal ha de comprender también el acceso a estos servicios. Es decir, no podemos establecer una definición demasiado estrecha. 
A menudo he dicho que estoy convencido de que no hará falta una financiación adicional por dos motivos. La competencia entre los competidores jugará un gran papel en esta conexión. 
A la hora de elegir entre los proveedores del servicio y los operadores de red, la diferencia entre un servicio que cubra todo el territorio o sólo parte de él es un argumento de peso. Es decir, la competencia conducirá a que todos traten de abarcar a todos. 
En segundo lugar, hay algo que todavía no se acaba de comprender de manera suficiente: la estructura de costes, el cálculo del coste de la infraestructura o de los servicios que se ofrecen depende de manera esencial de la cantidad de clientes a los que se llega. 
Cuantos más clientes se tienen, mejor se pueden trasladar los costes. 
Ambos argumentos son la mejor garantía de que no tendremos problemas. 
Pero como siempre hay personas que no creen a la Comisión (se puede decir que es una falta de carácter, pero siempre los hay) hemos ofrecido dos posibilidades de financiar el establecimiento de un servicio universal: bien mediante un fondo, o bien mediante tasas por la concesión de licencias, lo que puede llegar incluso hasta condicionar la concesión de la licencia a que se ofrezca un servicio universal. 
Esto es lo que nosotros querríamos conservar. En este sentido, no creo que haya problema alguno entre nosotros. 
Tenemos que aclarar también si necesitamos una directiva o si basta con un Anexo a la presente para cuestiones como la del cálculo de los costes y otros asuntos. 
Se trata de una cuestión técnica. 
También hacen falta, naturalmente, principios fundamentales que regulen la aplicación de esa transparencia y del cálculo de los costes. 
Eso está completamente claro. 
Dado el poco tiempo disponible, creo, señor Presidente, que éstas son las cuestiones esenciales. 
Doy las gracias una vez más a la señora Read y a todos los que han intervenido. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de los ocupantes de vehículos de motor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0275/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativa a la posición común adoptada por el Consejo (C4-0326/96-94/0323 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los ocupantes de vehículos de motor en caso de choque frontal por la que modifica la Directiva 70/156/CEE (Ponente: Sr. A. Donnelly). 
Señor Presidente, con el proyecto de directiva que hemos presentado finaliza nuestra labor sobre las pruebas de resistencia a la colisión. 
Nos hemos ocupado de la legislación sobre colisiones laterales en pruebas encaminadas a dotar de mayor seguridad a los vehículos, o a construirlos mejor, para beneficio de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Con este examen en segunda lectura de la legislación acerca de nuevas pruebas de colisión frontal para vehículos de motor en la Unión Europea se completan las dos medidas legislativas propuestas. 
Las enmiendas que hemos presentado en la segunda lectura, hasta cierto punto en consulta con la Comisión Europea, y en todo caso en consulta con los comités especializados que se ocupan de la seguridad de los vehículos de motor, consisten principalmente en enmiendas técnicas encaminadas a afianzar la legislación. 
Supongo que la Comisión tendrá algunas reservas que formular o acogerá con reservas algunas de las cifras que presentamos en las enmiendas, pero creo que en principio aceptará las propuestas que presentamos. 
No quisiera ocuparme esta noche de los aspectos técnicos. 
Lo que quiero decir a las numerosas personas, particularmente de mi propio país, que ponen en entredicho la validez o la utilidad de la Unión Europea es que en este Parlamento Europeo, con el apoyo del Comisario Bangemann y gracias a las medidas que aceptó el Consejo de Ministros, hemos conseguido introducir medidas que entrarán en vigor en 1998 y que permitirán reducir sustancialmente el número de accidentes graves o fatales en las carreteras. 
Esto es un ejemplo tangible para explicar a los ciudadanos del Reino Unido, que como saben ustedes están debatiendo una vez más la cuestión de Europa, o de otros países de la Unión Europea- y muy en breve habrá elecciones en Finlandia y en Austria para el Parlamento Europeo- de qué forma el Parlamento, obrando en buena colaboración con las demás instituciones de la Unión Europea, puede abrir la puerta, gracias a nuestras facultades de codecisión, a una legislación que entrañará cambios importantes. 
Me limitaré a citar las cifras correspondientes al Reino Unido: una vez que esta legislación entre en vigor en el Reino Unido, nos permitirá evitar cada año nueve 9.000 casos mortales y de lesiones graves. 
Las economías anuales que entrañará, por lo que se refiere a los accidentes en el Reino Unido, serán de 400 millones de libras, lo que representa un ahorro importantísimo en términos de coste financiero sin contar, naturalmente, con la sustancial reducción que habrá en el número de accidentes fatales en toda la Unión Europea, particularmente como consecuencia de colisiones frontales. 
Este texto legislativo de que nos estamos ocupando esta noche representará algo así como 15.000 vidas salvadas en toda la Unión Europea. 
Por eso quisiera dar gracias a los diputados del Parlamento, pues todo esto ha sido en gran parte una iniciativa general de este Parlamento, y al Comisario Bangemann por su apoyo político en un momento dificilísimo en el que creíamos que no iba a ser fácil conseguir que la Comisión y el Consejo aceptasen el enfoque que habíamos adoptado. 
Este es un ejemplo que deberíamos tratar de utilizar, y sé que los diputados de este Parlamento tratarán de utilizarlo, para ilustrar de que forma esta institución y de que forma la Unión Europea pueden ser de beneficio para nuestros ciudadanos. 
Espero realmente que, cuando esta norma legislativa entre en vigor en 1998, los fabricantes de automóviles velen por que los vehículos que están fabricando para nuestros ciudadanos del futuro respeten plenamente las nuevas leyes y, por consiguiente, no sólo protejan a los conductores sino también a sus pasajeros. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Donnelly ha esclarecido el significado del proyecto de directiva que queremos aprobar en segunda lectura y ha ilustrado los resultados que producirá cuando se haga realidad en 1998. 
Sólo me resta manifestar que el trabajo de los integrantes de la Comisión de Economía en la prosecución de este objetivo ha sido muy fecundo y que todos han contribuido a la conclusión de este documento. 
En este tema, como en el de la protección en caso de colisión lateral, ha quedado claro, además, lo que la pericia del ponente, Alan Donnelly, puede conseguir en colaboración con los expertos de la industria del automóvil, de las industrias que se ocupan de cuestiones de seguridad y, sobre todo, con la Comisión. 
Ojalá suceda lo mismo en el futuro con muchos otros temas importantes para el ciudadano. 
Un tema que contribuirá a la mejora de la seguridad automovilística en el futuro y que hasta ahora constituye uno de sus puntos débiles es la regulación de los asientos para niños. 
Me gustaría que se emprendiera algo semejante en este asunto para que consiguiéramos lo antes posible en el Parlamento, en colaboración con la Comisión, la industria y, naturalmente, el Consejo, mejorar más todavía la seguridad del tráfico rodado y evitar tantas muertes y lesiones de niños. 
Si trabajamos como hasta ahora, progresaremos con rapidez y conseguiremos un buen resultado. 
Señor Presidente, quiero felicitar de verdad, y no por mera cortesía, al señor Alan Donnelly. Como ha dicho, con razón, el Sr. Hoppenstedt, ha cumplido de manera ejemplar su papel de ponente, lo que queda reflejado en el hecho de que casi todas las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo se han incluido en la posición común. 
Todavía hemos añadido un nivel, hemos regulado en detalle en el apéndice séptimo la normativa de certificación para el ensayo del maniquí, es decir, contamos ahora con una medida lógica, práctica y completa. 
Tiene toda la razón Alan Donnelly cuando dice que es una pena que sean tan poco conocidas las ocasiones en las que el Parlamento Europeo, en colaboración con la Comisión y el Consejo, consigue tener en cuenta los intereses en juego. 
También es un problema en su propio país. 
En mi última visita a nuestra delegación en Londres encontré un prospecto muy útil que, al exponer todos los llamados mitos europeos, mostraba un problema que siempre sale a relucir en la prensa británica y que no responde en absoluto a la realidad. 
Así resulta muy difícil que un diputado o un Comisario pueda aclarar a los ciudadanos que aquí también hacemos cosas razonables. 
Por supuesto que cometemos errores, pero, en general, la influencia de esta Unión en aspectos concretos de la vida de los ciudadanos es grande y positiva, a diferencia de lo que ocurre a menudo en algunos de los Estados miembros. Pero, así es la vida. 
Nos hemos de esforzar continuamente. Espero que alguna vez podamos hacer ver todo esto en colaboración con la industria y con las asociaciones que representan a las víctimas de estos accidentes o que luchan por la seguridad del tráfico en general (hay asociaciones de este tipo, con participación ciudadana, en todos los Estados miembros) y espero que consigamos cambiar la opinión sobre la Unión. 
Pero sólo lo podremos conseguir si contamos con el apoyo de nuestros homólogos nacionales. 
No puede sorprender que los ciudadanos desarrollen de repente sentimientos negativos hacia la Comunidad cuando los primeros ministros de algunos países actúan como modernos Robin Hoods y dan a sus ciudadanos la sensación de que hacen algo por ellos cuando hacen campaña contra Bruselas e infringen todas las normas jurídicas. 
Pero ése es otro problema que se tratará también hoy en el debate sobre el estado de la Unión. 
En el fondo, podemos estar todos muy satisfechos. 
También tiene razón Alan Donnelly al señalar que, cuando haya que regular nuevos aspectos técnicos, las modificaciones se podrán efectuar a través de las instituciones o del Comité de adaptación al progreso técnico. 
Esto hay que saberlo a la hora de votar, pero es normal, la técnica va a progresar en este terreno. 
Doy las gracias una vez más a Alan Donnelly. Podemos estar satisfechos de haberlo conseguido. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Normalización 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0248/96) del Sr. Meier, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una mayor utilización de la normalización en la política comunitaria (COM (95) 0412- C4-0504/95). 
Señor Presidente, señor Comisario, alta y nocturna Asamblea, la normalización no consiste sólo en el conocido ejemplo del enchufe, sino que abarca desde los videocasetes a la clasificación de hoteles, desde el chipcard a la utilización de instalaciones turísticas. 
Al ocuparme de este tema, se me ha ocurrido que el euro supondría también una gran normalización, por mucho que, naturalmente, no sea nuestro tema de hoy. 
Quisiera dar las gracias a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, a la Comisión de Transportes y Turismo y a los Sres. 
Ferber, Pex, y Cornelissen. 
Hemos considerado sus propuestas en la medida de lo posible, también las de la Comisión de Transporte. 
Por desgracia, no hemos podido tratar en la comisión las nuevas enmiendas que se presentan. 
Lo siento mucho, pero ahí están y ya diré unas cuantas cosas sobre ellas. 
El informe no puede, por supuesto, entrar en todos los aspectos políticos. 
Cada día se producen entre 4 y 5 normas en la Unión Europea, lo que sobrepasaría con creces el marco del informe. 
¿Quién participa en la elaboración de las normas? 
En el plano nacional y en el europeo, la industria, las pequeñas y medianas empresas, los consumidores y, naturalmente, las organizaciones de normalización. 
Pero no olvidemos el plano internacional, que excede al ámbito europeo. Me limitaré a mencionar las normas ISO. 
Ya en esta estructura horizontal y vertical se muestra la complejidad de la génesis del proceso de normalización (standardización). Por un lado, se espera que haya normas. 
Por otro, no deben dominar ni contener demasiados parámetros. Por un lado, se han de producir adaptaciones. 
Por otro, no deben tener como resultado un exceso de conformidad y homogeneización. 
Se puede reconocer así la diversidad de planos del proceso normalizador. 
El debate ofrece también la garantía de que no se traten de manera apresurada las cuestiones de normalización llegando, quizá, a resultados defectuosos. 
Es un hecho que la crítica a las normas que se van imponiendo y que son al final las que se aprueban se mantiene dentro de ciertos límites. 
Siempre se las puede mejorar. 
Hemos de posibilitar la intervención de todos los participantes, pero también hemos de hacer un llamamiento a su dedicación y hemos de fomentar la necesaria formación. 
Esto es válido tanto para las grandes empresas como, de manera especial, para las pequeñas y medianas empresas. 
Hemos de fomentar a los representantes de estas últimas, es decir, tenemos que proporcionarles un cierto apoyo financiero. 
También se ha de apoyar paralelamente a los representantes de los consumidores. 
Quisiera decir en este contexto que, según he oído, la partida presupuestaria para los trabajos normalizadores de los representantes de los consumidores va a pasar de 750.000 a 250.000 ecus, lo que estaría en contradicción con lo que hemos decidido aquí. 
En los puntos 8, 9 y 10 nos pronunciamos, de manera especial, a favor de que se ofrezca a las pequeñas y medianas empresas, de las que nos hemos ocupado hoy, la posibilidad de intervenir a través de formación e información. 
Pido que examinemos esto otra vez para no dar la impresión de que se las quiere excluir del proceso de normalización. 
Naturalmente, estamos a favor de que CEN, CENELEC y ETSI cooperen entre sí, de que no haya duplicidades y de que se consiga una eficacia orgánica interna, a lo que ya ha contribuido el Programa de Optimización del CEN. 
Como ya se ha mencionado, también es importante la colaboración internacional con las normas ISO. 
Los productos fuertes que provienen del extranjero o de otros bloques económicos pueden trazar el camino para futuras normas, lo que significa que normas que se han desarrollado sin Europa y que son las dominantes van a influir en la producción. 
Quien no participa en la normalización sufrirá las consecuencias negativas en su economía. 
Ahora voy a ocuparme brevemente de las nuevas enmiendas, que, por desgracia, se han presentado demasiado tarde y no se han examinado en la comisión. Sobre la primera hay acuerdo general acerca del contenido. 
No obstante, en ella se pide que se tengan en cuenta las disposiciones del apartado 2 del artículo 130 r del Tratado. 
Todos estamos, por descontado, a favor de la observancia del Tratado, pero es, sencillamente, imposible incluir todas las disposiciones del mismo en un informe. 
Estoy a favor de la necesaria normalización de las piezas de los aviones, naturalmente. No obstante, intentaré presentar una enmienda oral para que no se especifique todavía la institución que se va a hacer cargo de esa normalización. 
Es importante tener en cuenta las cuestiones medioambientales allí donde resultan relevantes, pero no creo que con ello cedamos una competencia legislativa a las organizaciones normalizadoras. 
Por ello, no estoy a favor de la enmienda nº 3. 
Doy las gracias por haber podido sobrepasar mi tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Meier por su informe sobre esta cuestión, cuya importancia muchos apenas reconocen. Desde el punto de vista de la política comercial, considero muy importantes las normas en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones, el medio ambiente, la energía, así como las normas relativas al lugar de trabajo. 
En todos estos ámbitos considero muy importante sintonizar con los organismos internacionales de normalización, como la ISO y la CEI. 
Además, es muy importante que la sintonización de las normas europeas con las internacionales implique que se eliminarán las barreras comerciales técnicas a escala mundial y que se evitarán nuevas barreras. 
Mi conclusión es que la ampliación del uso de la normalización favorecerá la integración de Europa. 
Como ya he dicho, considero necesaria una mayor cooperación entre los organismos de normalización europeos, para que Europa tome posición a la hora de establecer las normas a escala mundial. 
Para la industria europea es sumamente importante que la normativa esté lo más cerca posible de los últimos avances de la tecnología. 
Considero que la instauración de una marca europea que indique la conformidad con las normas europeas es un medio adecuado para la política de calidad que puede contribuir a mejorar nuestra competitividad. 
La normalización en materia de medio ambiente y seguridad laboral puede suponer una importante contribución al debate sobre el dumping social y ambiental en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Investigación se ha ocupado con mucha intensidad de la comunicación de la Comisión sobre una mayor utilización de la normalización en la política comunitaria. 
Como ya se han dicho muchas cosas inteligentes, sólo voy a hacer unas consideraciones fundamentales. 
En primer lugar, necesitamos una política de normalización que sea compatible con la competitividad, el crecimiento y el empleo. 
No es suficiente tener 15 o 5 grandes líneas normativas en la Unión Europea. Hemos de ser capaces de llegar a un acuerdo sobre una vía común. 
En segundo lugar, nos hace falta una base jurídica. Hemos de pensarla con calma. 
No hay por qué hacerlo de la noche a la mañana, pero tenemos que crear una base jurídica común para CEN, CENELEC, ETSI y EOTC. 
En tercer lugar, se requiere transparencia y participación de todos los grupos. 
En cuarto lugar, necesitamos investigación prenormalizadora, cosa que hemos de tener en cuenta para el quinto programa marco de investigación. 
En quinto lugar, nos hace falta un amplio consenso europeo en el plano de los organismos europeos de normalización para evitar que la preeminencia industrial de determinados Estados miembros defina determinadas normas europeas en perjuicio de los otros Estados. 
Por último, necesitamos más medidas de investigación en el campo de la criminología y en nuestros laboratorios. 
Agradezco al ponente por haber tenido en cuenta tantas de las consideraciones de la Comisión de Investigación y espero que las normas nacionales no entorpezcan más la consecución del mercado interior. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar mi satisfacción por la comunicación del Comisario que, en mi opinión, es perspicaz y sensata. 
En ella se determinan numerosas posibilidades de normalización y nosotros, en nuestra calidad de representantes de los ciudadanos de Europa, nos percatamos plenamente del valor y de las oportunidades que este aspecto del mercado único normalizado nos ofrece. 
El ponente, Sr. Meier, se explaya acertadamente sobre el particular en su excelente informe, recalcando la necesidad de que esa normalización sea voluntaria y reciba amplia promoción, y poniendo de relieve especialmente la forma en que las pequeñas y medianas empresas pueden ayudar a conseguir esa normalización sin por ello quedar en una situación desfavorable como consecuencia de las correspondientes repercusiones financieras. 
Tenemos ante nosotros un instrumento que de un producto europeo puede hacer un producto verdaderamente paneuropeo, cuya etiqueta de calidad europea puede brindarnos la misma seguridad que las calificaciones de la British Standards Institution con que contamos en el Reino Unido. 
Lo que los consumidores merecen y lo que necesitan es una garantía de calidad, y la normalización de las normas de calidad se la puede ofrecer. 
Ayer en esta misma sala, Comisario, le hice una pregunta acerca de las normas de seguridad en los «cámping» de Europa. 
Todos recordamos las tragedias que hay cada verano. 
Los que hemos ido con nuestra familia a esos campamentos de turismo sabemos lo mucho que confiamos en su situación y en su localización, a veces con resultados trágicos. 
La normalización de las medidas de seguridad relativas a la localización y al equipo de los «cámping» podría salvar muchas vidas, y por eso me animó mucho la respuesta positiva que me dio ayer. 
Esto no es más que un ejemplo- habrá muchos más- de las buenas prácticas que pueden ser de utilidad cotidiana para nuestra vida. 
Estoy seguro de que habrá otros muchos ejemplos, fundados en la labor básica que este informe nos brinda. El informe merece sin duda alguna nuestro total apoyo y está en consonancia con los comentarios que usted, Comisario, acaba de hacer en relación con el informe anterior, lo que indica que la Unión Europea es órgano rector e instrumento de una legislación buena y positiva. 
Creo que la cuestión de la delegación de competencias legislativas es seria. 
Considero importante el acceso de todos los grupos afectados. 
También creo que los consumidores y los grupos ecologistas deben participar y considero que es un camino equivocado reducir la importancia de la política medioambiental en todos los terrenos de la política normalizadora. 
Probablemente, es correcto introducir la aviación civil, pero la preeminencia industrial no se va a poder controlar exclusivamente de esa manera. 
Señor Presidente, quería terminar con una frase que se impone en esta fase del debate parlamentario: » Que el último apague la luz». 
Gracias. 
Señor Presidente, el sentido de la comunicación de la Comisión es el de poner de manifiesto al Parlamento y a la opinión pública en general la importancia de la normalización europea. 
Me alegro de que el informe del Sr. Meier y las aportaciones realizadas por los diputados esta noche hayan mostrado que la comunicación ha sido bien entendida. 
También espero que la opinión pública en general comprenda cada vez más y mejor el papel de la normalización y que ocurra lo mismo con las reflexiones que vamos a presentar próximamente, por ejemplo, el papel de las normas o de las especificaciones de mercado en la tecnología de la información. 
También la cuestión, tocada por la Sra. Billingham, de la relación entre calidad y normas se abordará en nuestra próxima comunicación sobre la competitividad de la industria europea. 
Nos estamos ocupando intensamente de estas cuestiones. Ojalá podamos mostrar que no se trata de ningún tema esotérico para maníacos de la técnica, sino de algo verdaderamente importante para los consumidores, el medio ambiente y, consecuentemente, para la competitividad de la Unión Europea. 
He tratado hoy con el presidente de la Comisión de Presupuestos la cuestión de la dotación presupuestaria. 
Espero que consigamos, con el concurso de la Comisión de Presupuestos, que no haya recortes para los organismos de normalización. 
Si queremos que las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones ecologistas y de consumidores participen, evidentemente, necesitamos que haya contribuciones públicas para los trabajos, pues a estos grupos les resulta más difícil que a las empresas industriales hacerse cargo de los costes. 
Es sorprendente, y también a mí me ha asombrado, que haya un sector industrial, el de la construcción aeronáutica, en el que en la práctica existan pocas normas comunes. 
Quien reflexione sobre la construcción aeronáutica dirá: antes que nada habría que empezar a normalizar por aquí. Pues no es así. 
Pero también esto va a cambiar seguramente con el tiempo. 
Las tensiones que existían por la concurrencia de normas nacionales y europeas se han aplacado. 
Los organismos normalizadores nacionales colaboran razonablemente. Es de esperar que esto dé sus frutos. 
Por lo demás, nos reunimos regularmente con CEN, CENELEC y ETSI. 
Nos reunimos siempre en lugares agradables. 
Puede, por tanto, estar seguro de que el entorno estará a tono. 
Si el Sr. Wolf insiste en acudir, me pensaré si lo invito o no. Eso tengo que pensármelo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.01 horas) 
Señor Presidente, quiero denunciar la grave violación de los derechos civiles y democráticos más elementales por parte de las fuerzas de policía del Estado con respecto al movimiento al que yo represento en Italia. 
Eso ha superado todo límite de la decencia. 
Esas acciones intimidatorias y provocadoras, llevadas a cabo contra el movimiento al que yo represento, ponen de manifiesto la voluntad del Estado de querer pisotear todo derecho democrático. 
La policía del Estado nunca ha actuado con la misma determinación contra la delincuencia organizada... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Estimado colega, lo que usted está explicando no es una cuestión relativa al Reglamento. 
Usted ha pedido la palabra para una cuestión relativa al Reglamento, pero usted no está hablando sobre el Reglamento y, en consecuencia, no puedo permitirle seguir hablando. 
Lucha contra el fraude 
Señor Presidente, estimados colegas, estimada señora Comisaria Gradin, antes de entrar en cada una de nuestras exigencias quisiera colocar mi informe dentro de un contexto más amplio, aunque esto pueda parecer pretencioso a los ojos y oídos de algunos. 
En esta semana, y no sólo en esta semana, hemos hablado extensamente acerca del estado en que se encuentra la Unión Europea. 
Hemos celebrado un debate sobre la ampliación, hemos celebrado un debate sobre la Conferencia Intergubernamental, y estamos celebrando- y con frecuencia con comentarios deplorables en voz baja- un debate sobre la futura financiación de esta Unión Europea. 
En los países denominados pagadores netos estamos teniendo un debate con comentarios deplorables en voz baja, y los ciudadanos y ciudadanas se preguntan cada vez más no sólo ¿cuánto nos cuesta esta Unión? , sino también ¿qué beneficio obtenemos? y ¿estamos dispuestos en el futuro a dar dinero para esto? 
Todos estos debates están interrelacionados. 
Hemos oído que una Unión sólo podrá seguir desarrollándose si logra la aceptación de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los 370 millones de personas que viven en esta Unión Europea, y también de las que quieren pertenecer a la misma y que, naturalmente, deben contribuir también un poco a ella. 
La aceptación no es solamente una cuestión de la cabeza. 
El Presidente ha indicado una y otra vez que debemos dirigirnos también a los sentimientos y también al sentir general. 
Hemos de ganar a las personas para la causa de Europa. 
Sin embargo, si este debate tiene lugar en un tiempo en el que el dinero es escaso y en el que se ha de ahorrar por doquier, entonces pasa, naturalmente, a primer plano la pregunta de cuánto cuesta todo esto. 
Esta cuestión va unida siempre a las siguientes preguntas: ¿Manejan también con cuidado nuestro dinero? 
¿Son así de correctos? 
¿Son tan estrictos como deberían serlo? 
¿Quizá, no sólo paguemos demasiado, sino qué pasa con ello? 
¿No se cometen fraudes por doquier en Europa? 
En efecto, todos los días puede leerse en los periódicos: fraude y corrupción, fraude en las subvenciones y otras tantas cosas deplorables. ¿No es esto una enfermedad europea? 
Por un lado, la cuestión está, en mi opinión, mal planteada, pues lamentablemente el fraude y la corrupción no son un invento europeo, sino que existen a todos los niveles. 
Sabemos que comienzan a nivel municipal y no terminan, ni con mucho, en el nivel europeo. 
Esta es una lucha que debemos realizar todos conjuntamente y para ella necesitamos a la opinión pública. 
¿Cómo obtener el apoyo de la opinión pública? 
¿Cómo ganar a los ciudadanos y ciudadanas para que nos apoyen en esta lucha? 
Los ganaremos, en primer lugar, informándolos bien acerca de lo que hacemos, informándolos y explicándoles dónde residen las responsabilidades, quién cumple sus tareas y quién descuida quizá algunas cosas. 
Señora Comisaria, la Comisión ha publicado en Internet en todos los idiomas este informe sobre sus medidas encaminadas a la lucha contra el fraude. 
Lo encuentro excelente y espero que siga haciéndolo así. 
De esta manera se crea una opinión pública que jamás se logra a través del papel. 
Sin embargo, si nos dirigimos a esta amplia opinión pública, necesitamos también en este informe formulaciones mucho más claras, pues entonces no se escribe solamente para un par de especialistas, no sólo para la Comisión de Control Presupuestario, ni sólo como justificación frente a este Parlamento, sino que se escribe para 370 millones de ciudadanos y ciudadanas, y éstos tienen el derecho de poder entender lo que se contiene en el mismo. 
No quiero repetir aquí cada una de mis exigencias, pues he redactado mi informe con tanta brevedad, porque espero que algunos de nuestros colegas que no pueden estar presentes ahora mismo quizá puedan leer todavía este informe. 
No demanda mucho tiempo y yo misma he intentado ser tan clara y comprensible como se lo exijo a ustedes. 
Sin embargo, existen dos puntos que quisiera destacar. 
Por un lado, es importante que en el futuro el programa de trabajo se base claramente en el informe del año precedente. 
De ahí mis exigencias y yo sé que ustedes apoyan esto. 
Yo les agradecería que conecten entre sí ambas cosas en el tiempo. 
Esto significaría también que el programa de trabajo mencione puntos claramente reconocibles, acerca de los cuales pueda comprobarse clara e inequívocamente si han sido cumplidos. 
La otra cosa que quiero pedir y que quizá sea algo novedosa es la siguiente: en su informe la Comisión no sólo debería opinar acerca de qué programas ha llevado a cabo contra el fraude, es decir, una lucha retroactiva contra el fraude, sino que debería manifestarse acerca de cómo estudia preventivamente en lo que respecta a la seguridad contra el fraude sus propios programas, su propia política de subvenciones, allí donde pueda formularla. 
Yo quisiera que emita su opinión al respecto en el informe. 
Estamos escuchando una y otra vez, incluso de labios del Comisario Sr. Liikanen y también de los de usted en el marco de la discusión SEM 2000, que es importante eliminar desde el principio la posibilidad de fraude y no tener que ejercer el control después y constatar el fraude. 
Si ustedes diesen su opinión, si ustedes no sólo nos rindiesen cuenta a nosotros sino también a toda la opinión pública europea acerca de qué están haciendo en este aspecto, ello contribuiría a la aceptación y a la credibilidad en la Unión Europea, y espero, que no sólo en el ámbito financiero, sino también en el ámbito político, cosa que necesitamos todos con tanta urgencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, el informe que he de presentar hoy en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, tiene una historia previa particular. 
Por iniciativa de usted, señor Presidente, en abril del presente año diputados de los Parlamentos nacionales debatieron junto con diputados de nuestra Asamblea acerca de cómo se puede proteger mejor el dinero de los contribuyentes europeos. 
Esta Conferencia interparlamentaria de Bruselas constituyó una experiencia positiva y productiva para todos los participantes. 
Al final de la misma existía la convicción y la voluntad de hacer algo en común para la protección de los intereses financieros de la Unión y de poner fin a las atribuciones mutuas de culpa como ha ocurrido ocasionalmente en el pasado. 
El informe de la Comisión de Control Presupuestario recoge los resultados de esta Conferencia y hace propuestas concretas sobre su realización, totalmente en el sentido de los diez criterios sobre la mejora de la lucha contra el fraude que fueron formulados por usted, señor Presidente, como conclusión de la Conferencia. 
Mi informe menciona los puntos que han de ser solucionados en el plano de los Estados miembros. 
Indica dónde se necesitan iniciativas de la Comisión y hace propuestas acerca de una mejor cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Algo de esto se encuentra también en el programa de trabajo de la Comisión sobre el cual acaba de informar la Sra. Wemheuer. 
Sin embargo, si ustedes me lo permiten, en algunas exigencias y propuestas somos más claros y más audaces que la Comisión. 
Me refiero aquí a las iniciativas del Sr. Bontempi, cuya opinión en nombre de la Comisión de Libertades Fundamentales y de Asuntos Interiores, lamentablemente, no nos llegó a tiempo de manera que pudiéramos haber votado sobre ella. 
En una situación en la que hay que ahorrar por doquier, en la que hay que hacer recortes dolorosos incluso en el presupuesto de la Unión Europea, va a ser intolerable por completo que con frecuencia nosotros mismos nos atemos en cierto modo las manos en la lucha contra el fraude. 
No me interpreten mal: no es que no se haya hecho nada en esta materia en los años pasados. 
El creciente número de casos descubiertos en todos los ámbitos muestra muy bien que se están haciendo renovados esfuerzos, en especial, por parte del Parlamento y de la Comisión, pero también en parte por los Estados miembros, los cuales administran alrededor del 80 % de los recursos de la Unión. 
Nuestras insuficiencias están en otro lado. 
¿Cómo atraparemos a los autores? 
¿Cómo los pondremos ante los tribunales y cuáles han de ser las penas? 
Esta es la pregunta decisiva a la que tenemos que dar respuesta y de ésta dependen la disuasión y una prevención eficaz. 
Sólo en la minoría de los casos se pide cuentas de hecho a los autores. 
En este punto no cambiará realmente nada mientras no hayamos superado todo el arsenal administrativo, jurídico y judicial y lo hayamos ajustado entre sí. 
En este ámbito necesitamos una armonización de las figuras delictivas en los Estados miembros y una equiparación de las medidas penales para que en todas partes pueda dictarse justicia por igual. 
Necesitamos reglas precisas para la cooperación entre las autoridades policiales y entre los tribunales, unas organizaciones lo más competentes posible, como la Guardia di Finanza en Italia, así como instancias o departamentos en el ámbito judicial. 
Todo esto debe ir bien trabado, de lo contrario, cualquier laguna se puede convertir en refugio para el crimen organizado. 
En este contexto debería estudiarse también la posibilidad de establecer a nivel europeo una instancia que tenga la posibilidad de iniciar la persecución penal en los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, en especial, en los casos en que los funcionarios de la Unión se dejen sobornar. 
Un segundo ámbito es la cuestión de cómo organizamos, de cómo organizan los Estados miembros la lucha contra el fraude. 
La unidad de la Comisión de lucha contra el fraude, la UCLAF, ha superado sus primeras pruebas acreditadoras y ha obtenido éxitos. 
Pero la UCLAF podría ser más eficaz aún si en los Estados miembros dispusiera de interlocutores semejantes con claras competencias y estructuras de decisión. 
Lamentablemente, lo que nos encontramos con demasiada frecuencia es una dispersión de las competencias que incluso hoy es objeto de una celosa defensa. 
Los ciudadanos no sólo esperan de nosotros que descubramos los fraudes y que los perpetradores de los mismos sean puestos a disposición judicial. 
Los ciudadanos esperan también de nosotros que recuperemos el dinero sustraído. 
Hasta ahora la cuota de restitución se cifra en el caso más favorable en el 20 %. 
En este punto necesitamos urgentemente un programa de acción encaminado hacia un mayor volumen y una mejor formación del personal y hemos de eliminar del camino obstáculos jurídicos como, por ejemplo, plazos de prescripción demasiado breves que imposibilitan cualquier restitución. 
Finalmente, en el futuro hemos de analizar sistemáticamente nuestras regulaciones y reglamentos respecto de su susceptibilidad de fraude y en caso necesario hemos de modificarlas convenientemente. 
Un ejemplo actual es la regulación de subvenciones al aceite de oliva. 
En este ámbito gastaremos en el presente año 300 millones más de ecus sobre los 1.800 millones inicialmente previstos. 
Sabemos con toda exactitud que una parte considerable de los mismos irá a parar directamente a los bolsillos de los defraudadores. 
En este punto estamos esperando urgentemente propuestas de reforma por parte de la Comisión. 
En este contexto hay que recordar también la decisión del Consejo sobre la disciplina presupuestaria que prevé expresamente la posibilidad de suspender el pago de los gastos agrícolas si se produce una utilización abusiva de los recursos comunitarios. 
Permítanme una frase sobre la próxima reforma de los Tratados CE: en este punto esperamos de la Conferencia Intergubernamental que se formule con mayor eficacia el artículo 209 a, es decir el artículo relativo a la lucha contra el fraude, es decir, que deben elaborarse instrumentos jurídicos que sean equivalentes, eficaces, proporcionados y disuasorios, tal como se ha decidido ya en la Sentencia 68/88 del Tribunal Europeo de Justicia sobre el asunto del maíz griego. 
La lucha contra los fraudes debería fundamentarse como un asunto de interés común y los acuerdos legales deberían adoptarse en el futuro por el procedimiento de codecisión, es decir, mediante la total participación del Parlamento Europeo. 
La experiencia habida hasta hoy con la codecisión en otros ámbitos muestra que este procedimiento no sólo significa una ganancia democrática, sino que conduce también a resultados más rápidos. 
Lamentablemente, y con esto paso a la pregunta oral, el Consejo se ha decidido justo en pro de lo contrario en el ámbito de la protección penal de los intereses financieros, en concreto, en pro de una convención interestatal dentro del marco del Tercer Pilar. 
Esta decisión fue adoptada por el Consejo el 26 de julio del pasado año, pero hasta el día de hoy no ha sido ratificada por un sólo Estado miembro. 
Y si estoy bien informada, tampoco se prevé semejante ratificación aunque sólo sea porque no ha sido aclarado el litigio sobre la competencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
También está abierta la cuestión de los protocolos adicionales a la Convención los cuales, entre otras cosas, han de regular la cuestión del soborno. 
También sobre este asunto hemos hecho nuestros críticos comentarios y propuestas. 
Es lamentable que hoy no tengamos ocasión alguna de preguntar al Consejo por el estado de la cuestión, el banco no está ocupado en su totalidad. 
Pero, usted, estimada señora Gradin, se encuentra en él como comisaria competente, y quisiera recordarle que usted el 15 de marzo de 1995 afirmó ante esta Asamblea que a pesar de las advertencias del Parlamento la Comisión tomaría también el camino hacia la Convención para evitar una situación de bloqueo. 
Pero ahora tenemos esta situación de bloqueo y nos estamos impacientando. 
Ustedes disponen del apoyo total de este Parlamento. 
Así lo muestran las decisiones que han sido adoptadas hasta ahora y yo le pregunto lo siguiente: ¿Hasta cuándo van a tener paciencia con los países miembros? 
¿Cuándo podemos esperar una ratificación o cuándo tomarán ustedes con nosotros la vía hacia la directiva que ha sido propuesta en este ámbito? 
Le agradecería una respuesta y creo que tienen ustedes nuestro apoyo. 
Señor Presidente, la comisión en cuyo nombre tomo la palabra ha valorado muy positivamente el informe de la Sra. Theato, sobre todo porque mediante la precisión de las propuestas se quiere dar un impulso muy fuerte a una acción que el Parlamento ya está apoyando desde hace tiempo. 
Por lo que respecta a las propuestas que ha formulado nuestra comisión, hay una de carácter general pero que me parece importante y que se refiere a una cuestión de buena legislación. 
Corremos el riesgo de acumular al respecto varios instrumentos, sobre todo protocolos y convenios, incluso protocolos y convenios sobre el mismo tema como la corrupción, con el resultado nada ejemplar de no producir ningún efecto, porque los convenios siguen siendo letra muerta y, en cambio, contribuyen a producir mucha confusión. 
Es necesario reunir dichos instrumentos, y por lo que respecta, por ejemplo, a la corrupción, recomendamos que se adopte un único instrumento autónomo que pueda unir tanto la persecución del perjuicio de los intereses financieros de la Unión como la corrupción de los funcionarios extranjeros. 
Está claro que ahí existe una laguna del ordenamiento internacional. 
Deseo plantear otra cuestión, desde el punto de vista de nuestras competencias, relativa a la corrupción. 
Pedimos que en el nuevo Tratado se mencione explícitamente la corrupción como una cuestión de interés común. 
En efecto, se trata de un delito que comprende todos los actos de fraude internacional, de fraude en detrimento de los intereses del presupuesto comunitario, y que constituye además el caldo de cultivo de la delincuencia organizada. 
Por otra parte, se están moviendo otros organismos, como la OCDE y el Consejo de Europa. 
Creo que la revisión del Tratado deberá implicar, como punto importante, la inclusión de la corrupción como materia de interés común. 
Sobre la corrupción, quisiera recordar especialmente a la Comisaria, la Sra. Gradin, que se ha comprometido en este ámbito, que las medidas preventivas son asimismo importantes. 
Creo que debemos prestar mucha atención también a las medidas preventivas, a la transparencia, a mecanismos simplificados, descifrables, comprensibles y utilizables. 
El segundo punto que nos interesa mucho se refiere al segundo protocolo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. 
No me extiendo mucho sobre por qué deberíamos abordarlo, pero es un punto clave. 
Cada vez más se atribuye la responsabilidad no sólo a personas físicas sino a entidades, a empresas. 
Es un problema jurídico delicado, pero que ha de abordarse, conscientes de que sólo con sanciones adecuadas a las personas jurídicas, es decir, a las entidades, podremos obtener un efecto disuasivo mayor con respecto al fraude y a la delincuencia. 
Por último, un punto clave que quizás incluye todos los demás, y es la adopción, como nosotros pedimos, de un acto jurídico, general, horizontal tanto en materia de cooperación judicial como de asistencia judicial. 
Les recuerdo a todos el tema de la extradición y las relaciones entre magistrados. 
La velocidad del crimen está aumentando, la velocidad de la lucha contra el crimen está disminuyendo, si cabe, a pesar de nuestros esfuerzos. 
Por consiguiente, debemos darnos cuenta de que ese instrumento representa una estrategia posible para el futuro. 
Por otra parte, todo eso figura en el informe. 
Sólo siento que no hayamos podido completarlo debido a los plazos; sin embargo, me reservo la posibilidad de presentar, como enmienda oral, tres propuestas. 
Si el Hemiciclo está de acuerdo, será posible añadir también al excelente informe, presentado aquí por la Sra. Theato, estos tres puntos que desde el punto de vista de la acción de lucha pueden ser muy útiles. 
En cuanto a la pregunta, me uno a las preocupaciones y también a los estímulos que ha propuesto la Sra. Theato. 
Señor Presidente, el fraude no es únicamente un delito financiero que estafa al presupuesto de la Unión y al contribuyente europeo: cada vez más, es un cáncer en el cuerpo político de la Unión Europea. 
En mi opinión el fraude está socavando desproporcionadamente nuestra credibilidad ante los ciudadanos europeos y ofrece a los oponentes de la Unión y también a los gobiernos nacionales un chivo expiatorio al que echar la culpa de todo. 
Los ciudadanos se hacen una idea mucho más negativa como consecuencia de las acusaciones de fraude que por cualquier otra razón. 
Por eso son tan importantes los informe que estamos examinando esta mañana. 
Antes que nada quisiera felicitar a la Sra. Wemheuer por su excelente informe. El informe enuncia con claridad y pragmatismo la intención de trabajar con la Comisión en esa nueva actitud, evidentísima en la Comisión, de tomar la lucha contra el fraude mucho más en serio que lo que quizá haya sido el caso hasta ahora. 
Añade algunas propuestas acertadas y pragmáticas acerca de diferentes aspectos del programa de trabajo de la Comisión y acerca de la relación entre el programa de trabajo y el informe anual. 
Espero que la Comisaria Gradin- y me alegra que hoy esté aquí con nosotros- pueda responder positivamente al informe Wemheuer. 
Es un informe positivo, apoyado unánimemente en la Comisión de Control Presupuestario, y espero que la Comisión Europea sepa reconocer lo que es: un enfoque acertado para colaborar en la lucha contra los problemas gemelos con que nos enfrentamos. 
En cuanto al informe Theato, antes de felicitar a la Sra. Theato me parece que tengo que felicitarle a usted, señor Presidente, porque el «hermanamiento» del informe Theato se debe a su propia intervención en la Cumbre de Essen. 
La Cumbre de Essen puso los cimientos para una conferencia que agrupase a los que verdaderamente tienen que cooperar si queremos que tenga éxito la lucha contra el fraude. 
No podemos esperar que la Sra. Gradin y la UCLAF puedan hacerlo por su propia cuenta. 
Como todos sabemos, el 80 por ciento del presupuesto lo gastan los Estados miembros y la incidencia del fraude en los Estado miembros es por lo menos tan grave como la incidencia del fraude con los fondos que se recaudan y gastan colectivamente en el centro de la Unión en Bruselas. 
Se ha celebrado esa conferencia, y la Sra. Theato ha presentado un excelente informe que mi grupo apoya como medida complementaria de la iniciativa que lanzó usted y de la conferencia que ha tenido lugar. 
Hemos de considerar a esos dos informes- el informe Theato y el informe Wemheuer- como una respuesta coherente a un sólo problema: el informe Wemheuer es para la Comisión, el informe complementario de la conferencia es principalmente para los Estados miembros. 
Si no trabajamos todos juntos, defraudaremos a los ciudadanos de Europa. 
El fraude no es solamente un delito, ni es solamente un desastre político: es también el precio que cada uno de nosotros tendrá que pagar el mes que viene cuando empecemos a examinar el presupuesto. 
Es el precio que tenemos que pagar en términos de oportunidades perdidas para las políticas que deseamos instaurar en el plano de la Unión Europea y que no podemos financiar porque el dinero ha desaparecido del presupuesto. 
En la lucha contra el fraude tenemos que aceptar la idea de que los ciudadanos europeos no nos confiarán mayores recursos mientras no podamos demostrar que utilizamos los recursos existentes de forma efectiva y eficaz. 
Ese es el mensaje sencillo que proclaman estos dos informes: si no conseguimos colaborar, la Unión Europea habrá defraudado a los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a ambas ponentes, las Sras. Wemheuer y Theato, y también a usted, señor Presidente, por haber tomado la iniciativa de la audiencia pública que se celebró en Bruselas. 
El domingo pasado, el Parlamento Europeo organizó un día de puertas abiertas en el que más de 12.000 personas nos visitaron y hablaron con los diputados. 
Una de las preguntas más frecuentes que hicieron los ciudadanos fue precisamente la referida al fraude masivo en perjuicio de los fondos comunitarios. 
¿Qué sucede con el dinero del contribuyente? 
¿Qué medidas adopta la Unión Europea para luchar contra el fraude? 
De hecho, ésas fueron las dos principales preguntas de nuestros ciudadanos. 
Hemos de explicarles, una y otra vez, que se trata de una lucha y responsabilidad comunes, tanto de las instituciones comunitarias como de las autoridades nacionales. 
Por lo tanto, la pregunta que hemos de hacernos es: ¿Cuáles son las competencias comunitarias? 
Señora Comisaria, quisiera llamar especialmente su atención sobre la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo. 
Es una sentencia de 24 de abril de 1996, de este año, pues, en la que los jueces de la Sala Cuarta afirman que, de hecho, se dispone de un fundamento jurídico para legalizar las actividades de la Comisión en su lucha contra el fraude. 
No sé si nos damos suficientemente cuenta de lo que esto significa. Es más, la sentencia declara taxativamente que la función de la Comisión Europea es imprescindible en esta materia. 
Si la Comisión no tuviera competencias, sencillamente no se sancionarían las irregularidades comprobadas. 
Por otra parte, la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores comparte íntegramente esta opinión. 
Me gustaría pasar ahora a los numerosos Acuerdos con los que nos enfrentamos- en efecto, ya se ha destacado este tema con anterioridad- y que unas veces provienen de la Comisión y otras del Consejo o de la Presidencia. Nos encontramos en una situación caótica, en la que ya que no es tan sencillo saber a qué Acuerdo, procedente de qué institución, nos estamos refiriendo. 
Es más, algunos no han sido ratificados. 
Por otra parte, me gustaría hacer la observación de que hemos de mejorar la cooperación entre las instituciones europeas y los parlamentos nacionales. 
Pongo por ejemplo la experiencia que viví hace algunos meses. 
Yo mismo soy ponente de la Comisión consultiva para asuntos europeos del Parlamento belga y en ella informo sobre el control de los flujos financieros entre la Unión Europea y Bélgica. 
En calidad de tal, organicé en el mes de mayo una audiencia en el Parlamento belga sobre la lucha contra el fraude europeo en Bélgica. 
En ese momento no se habían comprobado abusos serios. 
Dos meses después, un periódico flamenco publicó un informe de la Comisión sobre los casos de fraude europeo a gran escala en las subvenciones agrarias en Bélgica. 
Ese informe, señora Comisaria, se publicó en la prensa y no fue presentado al Parlamento belga ni al Parlamento Europeo. 
Así que ¿cómo podemos desarrollar una estrategia para establecer una acción común? 
Está claro que no sólo necesitamos una estrategia de transparencia, sino también de cooperación; de lo contrario, nunca obtendremos resultados concretos. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha presentado una vez más una serie de iniciativas para la protección de los intereses financieros de la UE. 
No nos hemos limitado a hablar de cómo pueden limitarse las posibilidades de comisión de fraudes con los fondos de la Unión, sino que hemos presentado propuestas concretas que garantizan la disponibilidad de los instrumentos necesarios para luchar contra el fraude. 
Sin embargo, vemos que el Consejo no se mueve de su sitio. 
Está claro que no es capaz de adoptar las decisiones necesarias ni de aplicarlas. 
Supongo que los Estados miembros no tienen realmente la voluntad de ceder la parte de soberanía necesaria para acabar con el problema. 
No salimos de las palabras bonitas, y los hechos siguen brillando por su ausencia. 
Un buen ejemplo de la falta de voluntad de los Estados miembros para solucionar los problemas es que no han ratificado el Convenio sobre protección de los intereses financieros de la UE. 
A pesar de haberse firmado en julio del año pasado, ni un solo país lo ha ratificado. 
Me parece embarazoso para la UE y me parece que revela claramente la incapacidad de actuación de los Estados miembros. 
No existe ningún plazo fijo para la ratificación del Convenio, no se impondrán sanciones, no existe ninguna posibilidad de presionar a los Estados miembros si deciden no ratificarlo, por lo que realmente no tiene contenido ni supone un progreso real. 
Ni siquiera mi propio país, Dinamarca, lo ha ratificado. 
Dinamarca, muy exigente siempre en pedir que se luche contra el fraude, tampoco ha hecho nada en la práctica. 
Me parece una hipocresía que el ministro responsable exigía en una reunión tras otra que se hagan mayores esfuerzos, si no está dispuesto a aplicar la legislación necesaria. 
Uno de los mayores problemas es, obviamente, el de todo el procedimiento decisorio, ya que falta un verdadero fundamento jurídico que permita adoptar las medidas necesarias. 
Finalmente, quiero también apelar a los diputados de los parlamentos nacionales, ya que, al parecer, tampoco ellos tienen gran interés en el tema. Si lo tuviesen, podrían presionar a sus gobiernos y provocar un debate nacional sobre los motivos por los que los Estados miembros se muestran tan reacios a adoptar las decisiones necesarias. 
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica está a favor de todas las iniciativas comunitarias que puedan aumentar la eficacia en la lucha contra el fraude comunitario. 
A su vez se muestra de acuerdo con los informes y trabajos realizados por el Sr. Wemheueur y por la Sra. Theato. 
Igualmente coincidimos con los diez puntos destacados como resumen por usted cuando clausuró la Conferencia Interparlamentaria sobre el fraude. 
Sin embargo, hay tres aspectos que desearía destacar en relación con el fraude. 
Primero, hay que denunciar que parte del fraude es posible por la filosofía neoliberal y de desprestigio de la intervención pública que fomenta la actual política europea de pensar que todo lo que pasa en mercado es positivo y que hay que desprestigiar, hay que disminuir, la intervención pública, lo estatal. 
Ello supone, como decía, un debilitamiento de las finanzas públicas y de la fortaleza de los servicios públicos. 
Segundo, por este motivo pensamos que es imprescindible adoptar en la revisión del Tratado de Maastricht, en la Conferencia Intergubernamental, un capítulo, un apartado expreso, sobre política estratégica, jurisprudencia, coordinación policial, fiscal, homogeneización sobre estas cuestiones puesto que, si no, es imposible infundir la mentalidad adecuada en la población para que se adopte la corresponsabilidad en estas cuestiones. 
Es increíble que asociaciones públicas, entidades, funcionarios, sindicatos, patronales, estén participando en la práctica de aprovecharse de fondos públicos europeos defraudando a la fiscalidad comunitaria. 
Y en tercer lugar, yo creo que es imprescindible mayor eficacia por parte de la Comisión Europea. 
Yo he pasado por la experiencia, desagradable, de haber denunciado la comisión de fraude, en relación con el Fondo Social Europeo, por entidades en nuestro país y, además, hice la denuncia con actas de Hacienda Pública. 
Sin embargo, lo que hizo la Comisión fue escurrir el bulto y decir que eso no era de su responsabilidad y remitirla al Gobierno. 
Creo que es imprescindible aunar esfuerzos para una causa tan importante como es la mejora de la fiscalidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, en el informe de la Sra. Theato sobre los resultados de la Conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra el crimen leemos precisamente que- cito- «se han constatado lagunas notables en el instrumentario que existe a nivel nacional y comunitario para la protección de las finanzas de la Unión». 
En efecto, en la Conferencia sucedió varias veces que los representantes de los Estados medios tuvieron experiencias de asombro al oír los planes, los deseos e intenciones del Parlamento. 
No puedo menos que esperar que de aquí a la Conferencia Intergubernamental, como muy tarde, estas lagunas en la conciencia se cierren, al menos un poco. 
Los Estados miembros deben comprender, por fin, que una lucha eficaz contra el fraude, incluso, y sobre todo, en los recursos que son administrados por los Estados miembros, sólo podrá ser eficaz, cuando establezcamos, por fin, una base jurídica eficaz, emprendamos las armonizaciones pertinentes y corresponda al Parlamento la codecisión en este asunto. 
Mientras esto no ocurra, los esfuerzos se quedarán en la superficie. 
Que, no obstante, exista por parte del Parlamento esta voluntad política me parece dudoso a la vista de los recortes que se han propuesto en el ámbito de la lucha contra el fraude para el próximo ejercicio presupuestario y a la vista del predominio del Consejo en nuestra discusión de hoy. 
Quisiera apoyar insistentemente la invitación contenida en el informe de la Sra. Theato de emprender un análisis de riesgo de las directivas y reglamentos. 
Necesitamos ya de entrada un estudio de susceptibilidad de fraude. 
En efecto, nada parece más fácil- y lo demuestran nuestros conocimientos en la comisión de investigación sobre el procedimiento de envío- que pescar en río revuelto precisamente en la jungla de las subvenciones y de los reembolsos. 
Es preciso simplificar las normas y reducir la política de subvenciones tanto como condenar también con eficacia el fraude que redunde en detrimento de la Comunidad. 
Finalmente- esto se deduce también de la comisión de investigación- deberíamos estudiar más atentamente los peligros del crimen organizado y del circuito del dinero negro y ruego a la Comisión, en especial a la UCLAF, que proporcione al Parlamento informaciones cualificadas al respecto. 
Como última cuestión, señor Presidente, me interesaría saber cómo valora usted, como iniciador de la Conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra el fraude, los resultados producidos hasta ahora y las iniciativas de los Estados miembros. 
Por añadidura, recibimos noticias de que, al parecer, gran parte del presupuesto europeo va a parar a manos de personas y organizaciones que no tienen derecho a los fondos percibidos o que no los necesitan en absoluto. 
Yo pertenezco a la Comisión de Agricultura, y quien conozca un poco el mecanismo de las restituciones y de las ayudas a la intervención sabe de qué estoy hablando. 
Millones de ecus van a parar a las manos de profesionales del fraude, de organizaciones delictivas o incluso del delito organizado. 
Se tomó declaración a casi 200 personas y fueron detenidas 50, contra las que se dictó auto de procesamiento. Resultó que habían sido sobornadas. 
En el mes de febrero de 1996 hubo una segunda causa de fraude en el mismo sector. 
No obstante, también en otros países hay bastantes prácticas de adulteración de la carne. 
Pensemos tan sólo en las sonadas revelaciones sobre Goodman International Imperium en Irlanda. 
Entre los años 1991 y 1994, una comisión especial de investigación analizó esas malversaciones. 
Una investigación de la Comisión Europea reveló que en el período de 1990 a 1992 sólo en Irlanda se defraudaron 100 millones de ecus. 
Bélgica, mi propio país, tampoco se queda atrás, ya que en este año se ha descubierto la actuación de una gigantesca red de fraude. 
La carne, importada oficialmente en régimen de tránsito y, por tanto, exenta de derechos de importación, había sido reenvasada y exportada a otros países, como Francia y España, utilizando sellos de aduana falsos. 
Una investigación posterior demostró que se había creado una ingeniosa red con ramificaciones en mataderos, compañías inmobiliarias, testaferros y otras personas en el sector de la hostelería. 
También estaban involucrados un matadero irlandés y varias asesorías contables. 
Se habían aplicado complejos mecanismos de ingeniería fiscal. 
Pero, de momento, ilustran la importancia de este debate. 
Por tanto, los dos informes que debatimos hoy merecen nuestro total apoyo. 
En mi partido y mi Grupo tenemos una inclinación esencialmente proeuropea, pero aspiramos a una Europa diferente y, por supuesto, a una Europa sin fraude. 
Es preciso subrayar claramente que en el caso presente la responsabilidad principal de la utilización y protección de los fondos de la Unión Europea corresponde a las autoridades nacionales. Pero también Europa debe asumir su responsabilidad en esta materia. 
Así que me gustaría recordarles brevemente las reivindicaciones principales contenidas en ambos informes. 
La necesidad absoluta de una mayor cooperación transnacional, de un marco jurídico en el que se mejore considerablemente la cooperación judicial. La necesidad de modificar el derecho administrativo, así como de una mayor cooperación en esta materia, de una mejora de los programas de formación y la creación de servicios de aduanas y de impuestos sobre el consumo especializados en la lucha contra el fraude. 
Señor Presidente, estimados colegas, cuando en el marco de las elecciones al Parlamento Europeo, como ocurre ahora en Austria, se contacta a muchas personas, puede advertirse una cosa: apenas hay un tema que excite más las emociones de los contribuyentes europeos que el conocimiento del hecho de que una parte considerable del presupuesto se destruye mediante el fraude y el derroche. 
Existe una directa interrelación entre el rechazo, cada vez más frecuente, de la Unión Europea y el conocimiento de esta anomalía. 
El fraude y el derroche en detrimento del presupuesto de la Comunidad son, naturalmente, ante todo, un fraude y un derroche en detrimento de los contribuyentes de los países miembros. 
En consecuencia, una lucha eficaz contra el fraude es, sobre todo, un servicio a los contribuyentes europeos. 
Los ciudadanos socialmente débiles que deben realizar grandes sacrificios para que su estado pueda cumplir los criterios de Maastricht no comprenden en absoluto que individuos o instituciones delictivos se enriquezcan indirectamente a su costa. 
A la lucha contra el fraude debe asignársele un rango muy elevado en el marco de la política comunitaria. 
Hay que crear los instrumentos adecuados y, en concreto, en el ámbito de los preceptos jurídicos, del aparato de lucha contra el fraude y, sobre todo, a la hora del establecimiento de las bases para la cooperación. 
Es necesario un control eficaz. 
Pero, sobre todo, es preciso castigar con toda severidad el fraude. 
Es preciso lograr una política de castigo comunitaria, única, eficaz y disuasoria. 
Hay que evitar también que algunos Estados miembros intenten sustraerse a un control eficaz bajo el pretexto del principio de subsidiariedad. 
Esto constituiría un abuso inaceptable del principio de subsidiariedad. 
Quien reciba dinero del presupuesto de la Comunidad debe someterse también consecuentemente al control. 
No obstante, la evitación del fraude debe tener prioridad. 
Una política regional de subvenciones que distribuya según el principio de la regadera abre las puertas a la corrupción. 
Por el contrario, una política de subvenciones que determine y persiga de manera consecuente y eficiente objetivos claros está también menos expuesta al peligro del derroche, de la corrupción y del fraude. 
Señor Presidente, antes de entrar en el Parlamento era lector asiduo de novelas policíacas y me gustan las series y las películas policíacas en la televisión. 
Ahora me basta con trabajar para experimentar fraudes por valor de miles de millones. 
Acuso a los gobiernos europeos de participar en el fraude, en la medida de que son conocedores de la cuantía de éste pero prefieren mirar en otra dirección. 
Si hemos de luchar contra el fraude con los fondos comunitarios y garantizar que éstos son empleados con eficacia, la lucha ha de hacerse necesariamente a nivel internacional. 
El fraude no se detiene en las fronteras nacionales. 
Antes bien, se beneficia cuando las autoridades nacionales y los inspectores de la UE se ven frenados en sus intentos de lucha por las barreras nacionales que mantienen los gobiernos europeos con la excusa de estar defendiendo la soberanía. 
Si se puede acabar con el fraude renunciado a un poco de soberanía, a mí me parece perfecto, y lo digo a pesar de las excepciones para Dinamarca. 
Mi colega y compatriota Kirsten Jensen describió la semana pasada las excepciones para Dinamarca como una necesidad política que puede restringir la cooperación en la UE, y tiene razón, y la Sra. Kjer Hansen también. 
Durante 10 años, el Gobierno conservador no ha hecho nada. 
Por eso, me parece un acto de valor por parte del Primer Ministro danés que se haya atrevido a comunicar que está dispuesto a ampliar la cooperación internacional dentro de la UE en el ámbito de la lucha contra el delito. 
Una serie de Jefes de Estado de otros Estados miembros podrían aprender de él. 
Se trata en concreto de permitir a los inspectores de la UE que accedan a toda la información y puedan hacer un seguimiento de los casos en cualquier sitio. 
Las actividades delictivas no paran en las fronteras nacionales. 
No conocen límites. 
Para luchar contra el fraude hemos de establecer una cooperación transfronteriza que vaya desde el nivel gubernamental hasta el nivel de los inspectores. 
Se trata de cooperar para lograr un objetivo común: luchar contra el fraude internacional con los fondos comunitarios. 
Esto es algo que los ciudadanos entienden. 
Por eso es este tema tan importante. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, distinguida señora Gradin, constantemente conseguimos relatar en el Parlamento nuevos casos de fraude. 
También conseguimos que éstos sean recogidos por la prensa y se informe sobre los mismos. 
Sin embargo, lo que hemos de hacer realmente es poner a punto un procedimiento eficaz contra ellos. 
Nuestros esfuerzos por conseguirlo apenas se elogian en la prensa internacional. 
No obstante, hay que reconocer claramente que hay razones para ello. 
Ya se ha dicho varias veces que existen lagunas notables en la lucha contra el fraude, lagunas notables en la lucha por la protección de los intereses financieros de la Comunidad, lagunas en la Comunidad y en los Estados miembros. 
Los esfuerzos del Parlamento Europeo- lo sabemos- no carecen de éxito, pero muchas veces se quedan en el vacío. 
Lo que necesitamos realmente es una estrategia completa. 
No debemos dejarnos llevar a tratar siempre solamente los detalles particulares en cada uno de los informes. 
De lo contrario no se tendrán en cuenta nuestros esfuerzos. 
El artículo 209a sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad, que prescribe que para la protección de los intereses comunitarios los Estados miembros han de adoptar las mismas medidas que para la protección de sus propios intereses, no es suficiente y tampoco se lleva a la práctica. 
Necesitamos propuestas concretas y no solamente una procedimiento sectorial. 
Aunque la convención pueda ser muy útil, es débil y estoy firmemente convencido de que dentro de cinco o más años no tendremos aún una ratificación de esta convención comunitaria, ni de sus protocolos adicionales. 
Lo que necesitamos realmente es una directiva comunitaria y en ella se trata de figuras penales comunes y de una persecución penal igual, de la participación de todos los órganos de la Comunidad en el procedimiento penal. 
Esto es lo mínimo. 
Quiero dar personalmente las gracias a la Sra. Theato y a la Sra. Wemheuer por sus informes, los cuales han contribuido a esta toma común de conciencia. 
En el informe de la Sra. Wemheuer considero especialmente importante la exigencia de que tiene que estar más clara esta interconexión de programas de trabajo, de análisis de riesgo y del programa anual y que la Comisión debe exponer de forma muy clara en estos informes la más insignificante ampliación de las bases jurídicas. 
En cualquier caso, en esta lucha sólo podremos participar, bien de forma preventiva bien de forma disuasoria- y sin ello carece de sentido todo esto- si jugamos realmente de forma valiente por encima de las facciones contra los Estados miembros y contra el Consejo. 
Entonces diremos también con toda claridad quién nos detiene. 
Señor Presidente, señora Comisaria, de hecho, el Parlamento Europeo ha desempeñado en estos últimos tiempos un papel importante por lo que se refiere a la lucha contra el fraude comunitario, ha intentado por todos los medios acabar con la idea de que Europa es como un tamiz agujereado por donde todo pasa, con lo que se da una sensación de inseguridad tanto a los consumidores como a los inversores. 
Europa, tal como está constituida desde el punto de vista del control del tránsito, del control de las mercancías, no ofrece confianza. 
Porque, de hecho, por la mala de voluntad de los Estados miembros, es muy difícil controlar todo lo que sucede en el nivel comunitario. 
Ahora bien, por lo que se refiere a las medidas reales adoptadas, se han logrado enormes avances, aquí, en el Parlamento, con la actuación de la Sra. Theato, de la Sra. Wemheuer, del Sr. Tomlinson y de tantos otros, en el sentido de examinar cuáles son los cometidos y cuáles las medidas que se deben adoptar. 
La verdad es que, después de la Conferencia Interparlamentaria celebrada los días 23 y 24 de abril, ya hay reglamentos sobre la acción por llevar a cabo, hay también acuerdos sobre los cometidos y las competencias, hay una posible intervención en el nivel comunitario y nacional, hay una panoplia legislativa exhaustiva que precisa las modalidades de las sanciones, de los controles, de los procesos judiciales, y la recuperación de las sumas desviadas. 
Pero, ¿se podrá contar con la colaboración de los Estados miembros? 
¿Podrá de hecho la Comisión constituirse en parte civil en los Estados miembros? 
¿Podrá de hecho contar con la colaboración de éstos? 
¿Comprenderán éstos los problemas- y yo considero que no -, en la medida en que en gran parte los ingresos por IVA no se aplicaron en la informatización? 
¿Estarán dispuestos a responsabilizarse del bienestar y la conservación de cierto nivel de probidad en el nivel de los negocios? 
La verdad es que hasta en el mundo de los ladrones hay algunas reglas que observar. 
En este momento en Europa, ¡regla no hay ninguna! 
En mi país, Portugal, vemos aparecer ganado de todas partes sin el menor control, ni sanitario, ni financiero, ni tributario. 
Así, pues, ¿cuándo se conseguirá, de hecho, comprometer, responsabilizar, a los Estados miembros para que, junto con la Comisión y el Consejo de Ministros, puedan responsabilizarse de lo que sucede en su territorio? 
Al no haberla entre los honrados, la honra seguirá estando en el campo de los ladrones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, además de felicitar a la Sra. Wemheuer y a la Sra. Theato por el excelente trabajo que pasa ahora a constituir una referencia obligatoria, destaco tres aspectos. 
Ésta es una cuestión que, por su naturaleza, a todos debe interesar, tanto a la Unión Europea en general como a cada uno de los diputados al Parlamento Europeo, tanto a los Estados miembros como, dentro de ellos, a cada uno de los representantes de los poderes regionales y locales. 
A fin de cuentas, a todos los ciudadanos. 
Y esta acción ha de ser permanente: nunca se podrá considerar que lo que hay que hacer está hecho y descansar en su contemplación. 
Seremos tanto más eficaces cuanto más efectivas y articuladas sean las acciones en los diversos niveles, desde la Unión Europea hasta el poder local. 
En este marco, reviste importancia particular la ratificación del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros que asegurará una visión y una acción de consenso en la lucha contra el fraude y una efectiva división de tareas, sin dejar de respetar el principio de subsidiariedad. 
Con la experiencia adquirida en el ámbito de la utilización de los Fondos estructurales en relación con la política regional, en los que es digno de mención que no se haya verificado una evolución de las situaciones de fraude, estoy convencido de que lo que hay que hacer es simplificar procedimientos, reducir burocracias, eliminar etapas. 
La complejidad de procesos es uno de los terrenos más fértiles para el aumento del fraude y la corrupción. 
En contrapunto, la simplicidad de procesos es lo que mejor permite la lucha eficaz contra esos fenómenos. 
En la vía de la simplificación también hay aún mucho que hacer. 
Señora Presidenta, en su detallado informe la Sra. Theato indica una serie de medidas apropiadas para dar forma y eficacia a la voluntad política de luchar contra los fraudes efectuados en detrimento del presupuesto comunitario, reforzando la armonización de las normas existentes y la cooperación entre las autoridades comunitarias y las nacionales. 
Las propuestas de la Sra. Theato prefiguran la inclusión en el Tratado de un fundamento jurídico que permita una reglamentación contra el fraude y abogan por un procedimiento de codecisión y la creación de un dispositivo jurídico que obligue a los Estados miembros a proteger también, aparte de sus finanzas, las de la Comunidad. 
La armonización de las normas existentes debe realizarse tanto a nivel administrativo, por lo que respecta a las sanciones y controles, como a nivel legislativo, ratificando rápidamente el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad adoptado en 1995 y firmando los dos protocolos de acompañamiento, uno de los cuales se refiere a la apertura del procedimiento penal para los funcionarios culpables de corrupción, el otro a la responsabilidad no sólo de los funcionarios sino también de los diputados en las instituciones nacionales de los gobiernos. 
Todo eso es ciertamente digno de mérito, pero quisiéramos volver a la realidad, convencidos como estamos de que la propia Comisión no cree realmente que el Convenio de 1995 pueda, efectivamente, ser ratificado por todos los gobiernos comunitarios, al considerar las dificultades objetivas de coordinar las voluntades políticas de los quince países. 
Dicha ratificación resulta difícil sobre todo porque está vinculada a los dos protocolos anejos, que no conciernen sólo a la responsabilidad de los funcionarios, sino que comprometen también la responsabilidad de diputados, instituciones y gobiernos. 
Creemos que sería más serio y honesto si la Comisión estudiara el establecimiento de un instrumento comunitario que pueda suplir a un reglamento de la Comunidad Europea para iniciar finalmente una lucha eficaz contra los fraudes comunitarios. 
Señora Presidenta, durante este debate hemos oído una y otra vez cómo los ciudadanos de toda Europa piden que se conceda la máxima prioridad a la lucha contra el fraude. 
Puedo asegurarle que las personas que represento en Hampshire y en la Isla de Wight se suman resueltamente a la petición. 
Ahora bien, no hay que exagerar las cosas. 
Durante el debate he tenido a veces la impresión de que la Unión Europea es el único órgano que es víctima de fraude. 
No olvidemos que los países también tienen sus propios problemas. 
Lo que tenemos que hacer es unirnos todos en la lucha contra el fraude. 
Quisiera felicitar a la Comisión por la labor que está llevando a cabo, por la intensificación de sus esfuerzos, y felicitar asimismo al Presidente de este Parlamento por haber utilizado su autoridad para establecer el sistema de reuniones de magistrados. 
Todos recordamos esas antiguas películas del Oeste en las que los bandidos cruzaban al galope las fronteras mientras que el Sheriff tenía que detener su caballo al llegar a ellas. 
¿Hemos adelantado mucho desde entonces? 
Hemos de tener en cuenta que necesitamos estar en condiciones de cruzar nuestras fronteras nacionales, y la ratificación del Convenio reviste, sin duda alguna, altísima prioridad. 
Quisiera poner de relieve dos aspectos en que podríamos mejorar la situación. 
Uno de ellos es la transparencia, como han dicho otros diputados. 
Si nuestros ciudadanos saben de qué forma gastamos el dinero, es posible que se sumen a nuestra manera de obrar sin dudarlo. 
La Comisión ha tendido ya la línea telefónica de urgencia. 
Si el público está bien informado, podrá aprovechar mucho mejor esa línea. 
Me referiré a continuación a la cooperación: cooperación entre la Comunidad y los gobiernos nacionales, y entre los gobiernos nacionales y otros gobiernos nacionales. 
Puedo asegurar al Parlamento que el Gobierno británico toma muy en serio esta necesidad de cooperación. 
El Primer Ministro británico me ha pedido que presida un grupo de trabajo de miembros de la Cámara de los Comunes, de este Parlamento y de la Cámara de los Lores, para examinar conjuntamente los problemas del fraude y ver de qué manera podemos controlar mejor en el plano nacional los gastos comunitarios. 
Un Primer Ministro británico vino hace tiempo a la Comunidad Europea y pidió que se le devolviera su dinero. 
Tengo la impresión de que si no resolvemos este problema, no será solamente el Primer Ministro de un país el que pida que se le devuelva su dinero, sino que todos los ciudadanos pedirán que se les devuelva todo su dinero. 
Por eso tenemos que corregir la situación. 
Señora Presidenta, los informes de la Sra. Theato y la Sra. Wemheuer son apasionantes: el fraude, la corrupción, el crimen organizado, el crimen de guante blanco. 
Parecen las «minutas» probablemente de la Internacional Socialista probablemente. 
Por supuesto, están también los apasionantes informes del Tribunal de Cuentas, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los fraudes en el aceite de oliva, en los cereales, en los gastos, en los ingresos, en los barcos que se cargan por delante y se descargan por detrás para embolsarse mientras tanto las restituciones, el puerto de Rotterdam. 
Todo esto es apasionante. 
Hay que prevenirlo y quizá deberíamos curarlo, buscar las causas, y en primer lugar las causas nacionales, en Grecia, en Portugal, en donde se manipula la contabilidad nacional para el cálculo del PNB. 
Sin embargo, ¿no ha habido en el Parlamento Europeo un asunto sobre el hemiciclo? 
¿No hubo un presidente que quince minutos antes de finalizar su mandato firmó un extraño contrato? 
¿Quién ha permitido en la Comisión Europea el fraude del IVA? 
¡Los que han suprimido las fronteras! 
¿Quién ha permitido el fraude en las harinas contaminadas? 
¡Los que han suprimido las fronteras! 
¿Acaso no hay un señor llamado Andriessen que en 1992 firmó un acuerdo secreto en Blair-House que preveía la supresión en las fronteras del control microscópico que permitía detectar el fraude estadounidense en los PSC? 
¿No es cierto que hay una carta de la Sra. Scrivener que empieza diciendo «Querido Franz, si alguna vez los ministros se enteran de que has firmado un acuerdo secreto, etc... ? 
¿Quién hace que se pierdan al año 25.000 millones de ecus del presupuesto comunitario con los SPG? 
¿Quién hace que se pierdan al año 850 ecus en cada tonelada de plátanos importados en beneficio de la multinacional Chiquita? 
¿No es acaso la Comisión Europea quien ha provocado todo esto? 
Aunque el artículo 113 o el artículo 130 W dan una base jurídica a los SPG, no por ello dejan de existir estas cosas. 
¡Quién no ha leído el libro del trotskista Gérard de Celis, periodista de la radiotelevisión belga, titulado «Privé de public» (» Privado de público» ) que da los días, las horas y los restaurantes en los que los altos funcionarios de la Comisión Europea, los ministros y los representantes de las multinacionales se reúnen y negocian la liquidación de las empresas públicas! 
La verdad es que ustedes quieren aprovechar este fraude para llegar más lejos en la integración europea. 
Ustedes quieren derecho comunitario. 
Por otro lado, firmaron en 1995 un convenio de cooperación judicial y policial. 
¿Cuándo tendremos un FBI comunitario? 
Por cierto, para el Sr. Hoover, el ministro belga Van der Biest podría ser un excelente jefe del FBI, y probablemente el Sr. González y el Sr. Tapie podrían ser consejeros técnicos. 
¡La verdad es que el mayor de todos los fraudes es la Unión Europea! 
Ustedes le han robado a los pueblos su libertad, su independencia, su trabajo, su moneda y su democracia. 
Ustedes han hecho el mayor robo con efracción de la historia de la humanidad, puesto que han destrozado las soberanías nacionales. 
Así pues, ¡lleven su lógica hasta sus últimas consecuencias e instalen a la Comisión Europea en Palermo! 
Señora Presidenta, la lucha contra el fraude y la delincuencia organizada encabezan la agenda política de la Unión. 
La Cumbre de Florencia dejó bien claro que había que dar primacía a estas cuestiones. 
Con ocasión de la Conferencia del Báltico celebrada en Visby se subrayó encarecidamente la necesidad de unas acciones más amplias, así como a través de la Conferencia interparlamentaria sobre el fraude en detrimento de la Unión Europea, en relación con la cual el presidente de esta cámara tomó la iniciativa. 
La Presidencia irlandesa hace además hincapié en la relevancia de la lucha contra el comercio de estupefacientes. 
Actualmente también está en lugar prioritario del programa de trabajo sobre el comercio de personas para su explotación sexual. 
Estoy de acuerdo con muchos de los oradores en que debemos disponer de unos instrumentos mejores para hacer frente a los grandes retos que suponen estos trabajos. 
El debate celebrado en este Pleno ha demostrado que el Parlamento y la Comisión están de acuerdo a grandes rasgos sobre la estrategia que debe aplicarse a la lucha. 
Es importante que trabajemos unidos para lograr una Europa más segura y más tranquila. 
Debemos garantizar a los contribuyentes que su dinero va a parar a los bolsillos de quien los necesita y que se emplea bien. 
También debemos luchar más eficazmente contra la delincuencia organizada, que no solamente se dedica a amasar diestramente el dinero de los fondos de la Unión Europea, sino que continúa ejerciendo con éxito en los ámbitos del comercio de estupefacientes, de personas, del fraude y del blanqueo de dinero. 
El informe de la Sra. Theato hace hincapié en que la actual Conferencia intergubernamental debe modificar las condiciones de trabajo del tercer pilar. 
Estoy totalmente de acuerdo con ella. 
Como ustedes saben, la Comisión también ha propuesto que todos los sectores que cubre el tercer pilar, a excepción de la legislación penal y de la colaboración policial, se transfieran al primero. 
Con ello se conseguiría aplicar el procedimiento de codecisión de la Unión, y el Parlamento sería incluido plenamente en los trabajos. 
Por tanto, la Conferencia intergubernamental debe establecer un fundamento jurídico fijo para la lucha contra la corrupción, tanto cuando ésta afecta a los propios medios de la Unión como a los de los Estados miembros. 
Por eso estoy plenamente de acuerdo con la propuesta de resolución de que se cree un fundamento jurídico lo más amplio posible. 
La decisión sobre el modo en que se debe llevar a cabo la lucha contra la corrupción, el fraude y la delincuencia debe adoptarse por mayoría cualificada, y la norma debe ser la de la codecisión. 
Por la evidencia que tenemos, será necesario además hacer referencia en el nuevo texto del Tratado a la necesidad de que toda la Unión disponga del mismo grado de protección contra la corrupción. 
He propuesto a mis colegas de la Comisión que la corrupción en detrimento de la UE debe incluirse en un capítulo más amplio sobre cuestiones de justicia e interior dentro del primer pilar. 
Esto es lo que ha promovido la Comisión, y el próximo paso será que la Conferencia interparlamentaria adopte una posición. 
Hemos realizado grandes progresos en la lucha contra la corrupción, pero para que ésta sea verdaderamente eficaz debemos recibir un apoyo mayor dentro del Tratado de la UE. 
También hemos demostrado que se ha progresado gracias al informe de 1995 sobre las irregularidades en detrimento de la Unión. 
El informe de la Sra. Wemheuer, por el cual le doy las gracias, nos alienta en nuestros esfuerzos por estructurar y mejorar aun más el informe anual. 
Ya he prometido a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento que en el futuro no publicaremos dos informes. 
El próximo año el informe anual y el programa de trabajo se publicarán simultáneamente. 
Para hacer el informe más accesible y legible hemos pensado reducirlo y hacer que el contenido sea más conciso, puesto que a menudo se utiliza el informe anual como material de referencia para el ciudadano y la prensa. Por eso no es justo que se lo recargue de una cantidad excesiva de información. 
Asimismo, hay una serie de propuestas en el informe de la Sra. Wemheuer que consideramos merecedoras de un estudio más profundo. 
En este sentido, quiero añadir que van a aprobarse algunas de las propuestas de la Sra. Wemheuer sobre el tratamiento que se da a los medios de la UE a través del proyecto de la Comisión SEM 2000, el proyecto «Sound and Efficient Management». 
Se ha dado inicio a unos trabajos intensivos para hacer mejor y más eficaz el tratamiento que se da a los medios de la Unión. 
Éstos incluyen una actividad de contabilidad y de control más eficaz, así como un examen de las normas de la UE con el punto de partida de que sean lo más seguras posibles, es decir, que se trata además de un trabajo preventivo. 
Vuelvo ahora a referirme a algunos apartados importantes del informe de la Sra. Theato sobre el seguimiento de la Conferencia interparlamentaria, que ha resultado muy estimulante en relación con la continuación de la lucha contra la corrupción dentro de la UE. 
Estoy segura de que los parlamentarios nacionales también volverán a sus países con nuevos conocimientos sobre la materia, y que esto producirá unos resultados en sus propios parlamentos. 
La Conferencia ha tenido una repercusión directa sobre el proceso legislativo en marcha actualmente dentro del Consejo. 
Los ministros de Economía adoptaron por ejemplo en su reunión de junio una resolución de principio muy importante sobre los controles in situ, es decir «sobre el terreno». 
La resolución se está debatiendo actualmente en el Parlamento, y el reglamento significará un paso adelante considerable en varios ámbitos. 
Por primera vez tendremos un sistema jurídicamente vinculante, o para decirlo de otro modo, una obligación de proteger el dinero de los contribuyentes de forma uniforme en todos los Estados miembros. 
La Conferencia desembocó en una serie de propuestas muy prácticas del ponente Sr. Hänsch. 
El informe de la Sra. Theato se basa asimismo en estas propuestas. 
Opino que se trata de un informe de gran calidad, con muchas propuestas interesantes, que es justo que la Comisión y el Consejo estudien más de cerca y detalladamente. 
El punto más importante y fundamental sobre la modificación del tercer pilar ya lo he expuesto. 
Además, completaré el Reglamento relativo a la protección de los intereses financieros comunitarios con unas disposiciones sobre sanciones por sectores, y sobre las actividades de control. 
En este sentido la Comisión ha dado comienzo a unos amplios trabajos de preparación. 
Sobre todo cabe investigar si los países miembros cumplen con el nuevo principio de igual protección contra la corrupción. 
Cuento con que se presente la propuesta a este respecto durante la próxima Presidencia neerlandesa, a principios del año que viene. 
La Resolución del Parlamento invita a una rápida ratificación del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros comunitarios. 
El Convenio es verdaderamente una condición previa para que podamos atacar seriamente la corrupción y para que sepamos que se persigue legalmente a los culpables de igual modo en todos los países miembros. 
Como muchos de ustedes han apuntado, ningún país ha ratificado todavía el Convenio, aunque los gobiernos lo han tenido sobre la mesa durante un año. 
Veo que en algunos países ha comenzado el proceso, y que la Presidencia irlandesa tiene la intención de debatir el asunto seriamente con sus colegas de gobierno. 
Al mismo tiempo, pienso que las dificultades que se ponen a la ratificación del Convenio dejan al descubierto totalmente- lo cual también se ha dicho en el debate- el carácter interestatal del tercer pilar. 
Se nos obliga a trabajar con unos convenios que entran en vigor tras unos largos procedimientos de ratificación, eso cuando llegan a entrar en vigor. 
Esto se habría podido evitar si el Tratado de Maastricht hubiese tenido un procedimiento decisorio más práctico para el tercer pilar. 
La Conferencia intergubernamental está debatiendo una propuesta muy interesante de la Presidencia irlandesa a este respecto. Por consiguiente, la resolución del Parlamento llega en el momento preciso a la cumbre extraordinaria de Dublín. 
Los países miembros ya han comenzado a establecer unas unidades especiales con amplias competencias profesionales en contra de la corrupción. 
Estoy a favor de que éstas tengan su análogo dentro de la Comisión, tanto en el ámbito jurídico como en el administrativo. 
Por ello comprendo perfectamente el deseo de que se confiera a la UCLAF un status más específico, y de que tenga un peso mayor en sus trabajos con los países miembros. 
La Comisión y los países miembros deben colaborar más estrechamente para acabar con la corrupción. 
Es por eso que hemos presentado una propuesta de protocolo para una mayor cooperación jurídica. 
Me permito terminar, señora Presidenta, con unas nuevas palabras sobre la actual Conferencia intergubernamental. 
La Comisión está debatiendo sobre el modo en que se va a dar seguimiento a la anterior propuesta de modificación del tercer pilar. 
Vamos a presentar una propuesta conjunta con el objetivo de garantizar la libertad, la seguridad y la justicia para todas las personas. 
El comercio de estupefacientes, la corrupción y la delincuencia organizada constituyen una seria amenaza y se requiere un frente unido que conste de unas medidas que los contrarresten. 
Esto es de una importancia vital, teniendo en cuenta el gran desprecio hacia los políticos que se hace cada vez más profundo en Europa. 
Ante ello debemos alentar la confianza en el ciudadano, y cumplir con sus deseos de seguridad y tranquilidad. 
Señora Presidenta, permítame unas palabras de agradecimiento en nombre de nuestra Comisión de Control Presupuestario y también en mi propio nombre. 
Pienso, también, en nombre de la Asamblea, pues no se ha presentado ninguna enmienda a los informes. 
Esto significa que estamos en la misma línea, señora Gradin. 
Sus palabras de aliento y sus claras afirmaciones nos siguen dando ánimos de colaborar también en este punto. 
He recibido en la conclusión de este debate una propuesta de resolución de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (B4-1009/96). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Elecciones en Bosnia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las elecciones en Bosnia. 
Señora Presidente, Señorías, la Comisión, a solicitud del Parlamento Europeo y aun no estando previsto en el orden del día, ha convenido en hacer una declaración sobre las elecciones en Bosnia. 
Hoy nos limitaremos a informar, de acuerdo con los datos recibidos hasta el momento, sin que la Comisión conteste a ninguna pregunta, tal como se ha acordado. 
Los resultados oficiales de Bosnia confirman que el Sr. Izetbekovic estará a la cabeza de la nueva Presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina. 
El Sr. Zubak representará a los croatas en la Presidencia y el Sr. Creisnik a los serbios. 
Los resultados de estas elecciones eran previsibles, pero lamentablemente confirman las tendencias nacionalistas y acaso entorpezcan la vuelta de los refugiados musulmanes a la República Serbia de Bosnia. 
Se ha elegido asimismo a los diputados del Parlamento nacional y de los parlamentos regionales y a los presidentes de las unidades locales. 
El curso de las elecciones ha sido seguido por más de mil observadores internacionales, distribuidos entre más de tres mil distritos. 
El Parlamento Europeo ha participado con 16 observadores, apoyados por la delegación de la Comisión en Sarajevo. 
Tres funcionarios de la Comisión asistían al coordinador de los observadores internacionales, Sr. Vantain. 
Aquí cabe destacar también la ayuda ofrecida por la comisión electoral provisional, así como por la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y por todos los observadores internacionales que han participado en la preparación y ejecución de las elecciones. 
Desde el punto de vista técnico, no se han presentado muchos problemas y gracias a la fuerte presencia de la IFOR no ha habido disturbios significativos. 
Con todo, pocas personas han hecho uso de la posibilidad de volver a su localidad de origen para votar. 
Esto hubiera obligado a cruzar la línea divisora entre las unidades territoriales étnicas. 
Se habían fijado rutas y medios de transporte especiales para garantizar la seguridad de los electores, pero, lamentablemente, al final ha ganado el miedo. 
De todas formas, muchos ciudadanos de Bosnia-Herzegovina han acudido a votar y muchos de ellos en condiciones difíciles. 
También habría que manifestar críticas sobre la libertad de expresión durante el período preelectoral. 
El acceso de los partidos de la oposición y de los tres grupos étnicos a los medios de comunicación de masas no ha sido satisfactorio. 
El SDA, el HDZ y el SDS han dominado en la lucha preelectoral. 
Por esa razón, a duras penas se puede hablar de un entorno políticamente neutral, que era una de las condiciones del Acuerdo de Dayton. 
Por lo tanto, coincidimos con el dirigente de los observadores internacionales, Sr. Vantain, en que estas elecciones representan un primer paso en la transición del período de conflictos intensos y violentes a la perspectiva de un futuro democrático para Bosnia-Herzegovina. 
La etapa que hoy se inicia será muy difícil. 
Las instituciones tienen que mejorar sus funciones, hay que formar un nuevo gobierno central y todos los partidos deben demostrar su disposición a colaborar. 
Nada de esto será posible sin una fuerte y coordinada presión y apoyo internacionales. 
Las elecciones locales ofrecerán una importante oportunidad de control, se podría decir que serán un «test case». 
Como ustedes saben, se prevé celebrarlas el 30 de noviembre, aunque no es nada seguro que hayan concluido para entonces todas las tareas de organización necesarias, incluida la del nuevo censo. 
Esta, Señorías, señor Presidente, es toda la información que la Comisión Europea puede presentar a la Asamblea en el debate de hoy. 
Señora Presidenta, les ruego que disculpen a la Sra. Imbeni, que tenía que haber tomado la palabra, pero que ha tenido que regresar urgentemente a su país. 
Había que organizar varias elecciones diferentes: para la presidencia de todo el país; para la presidencia de la República Srpska; para la presidencia de la Federación, y, además, elecciones regionales. 
Las elecciones municipales han quedado aplazadas. 
Se trataba de elecciones sin precedentes: sin precedentes, porque las administraban y organizaban extranjeros, en realidad, nosotros. 
Ha habido algunas quejas concretas. 
Algunos colegios electorales estaban situados cerca de cementerios, o cerca de muros utilizados para fusilamientos, o en campos de minas. 
Ha habido una denuncia de carácter general: que del 15 al 20 por ciento de las personas que deseaban votar no podían hacerlo porque no figuraban en las listas de votantes. 
Se consiguió superar la indignación dejando abierto un colegio electoral en cada comunidad hasta que se investigaran las denuncias. 
Los organizadores y la misión de la Unión Europea merecen que les felicitemos: en circunstancias terriblemente difíciles han trabajado bien, no perfectamente, pero suficientemente bien. 
El principal problema es que más del 50 por ciento de la población no vive en los hogares en que vivían hace cinco años. 
La tercera parte de la población está constituida por personas desplazadas que viven en otros lugares de Bosnia-Herzegovina. 
Los electores podían votar de tres maneras diferentes: podían votar en la localidad en que vivían, podían votar como electores ausentes, o podían desplazarse al lugar en el que vivían antes para votar allí. 
Su viaje estaba bajo la protección de la IFOR. 
Para impedir que una persona votara dos veces- pues en la mayor parte de los casos una persona podía votar en donde quisiera- se les marcó un dedo con un producto especial. 
Solamente he encontrado una persona que quería votar dos veces: se trataba de una anciana de unos 80 años. 
Me parece que el pueblo respetó el proceso electoral. 
Los bosnios se quejarán de que los serbios no permitieron que los ausentes votaran, etc., pero como su candidato probablemente será Primer Presidente, esas quejas no suscitarán tanta atención en el futuro. 
Teniendo en cuenta todo lo sucedido, la conclusión es que hemos de respetar los resultados. 
No constituyen más que un pequeño paso en el camino hacia la paz y la reconstrucción. 
¿Qué tenemos que hacer ahora? 
Se han formulado cuatro recomendaciones: en primer lugar, las tropas- la IFOR- tienen que quedarse. De esta manera se promueve la estabilidad. 
No tenemos que enviarlas a sus países de origen hasta que no haya más seguridad en el país. 
Hemos enseñado a personas locales cómo neutralizar los seis millones de minas antipersonal que hay esparcidas por el país. 
El que visite el país, que tenga cuidado y que no se salga nunca del asfalto. 
En segundo lugar, habrá elecciones municipales, probablemente en noviembre y, si no, el año que viene. 
Pido al Parlamento que envíe una fuerza de observación porque es posible que haya más problemas con esas elecciones locales que con las otras. 
Durante el día de la elección no se mató a nadie, cosa rarísima en el país, pero los alcaldes y los concejales locales tienen un poder enorme. 
Las elecciones para los ayuntamientos serán importantísimas, y tenemos que vigilarlas. 
En tercer lugar, tenemos que encontrar la manera de vincular a todas las diferentes organizaciones en el país. 
Tenemos que contar con alguna entidad general que las vincule y coordine su labor. 
Están colaborando en su trabajo, pero se puede mejorar la situación. 
En cuarto lugar, tenemos que contar con un programa especial de ayuda. 
El país seguirá recibiendo ayuda, pero es preciso que la coordinemos. 
En Srpska, que ha sido objeto de depuración étnica, la política reviste una forma diferente. 
En la federación todo el mundo votó en plan nacionalista. 
Incluso han dado votos a las personas a quienes acusábamos de haber originado el problema. 
La elecciones no han traído la democracia. La campaña no fue justa y objetiva porque los medios de información estaban mediatizados. 
El día de la elección la gente tenía libertad, pero no tenía libertad de información. 
Los tres partidos principales son autoritarios. 
Deberíamos preguntarnos si en el futuro nuestra ayuda no debe estar vinculada a una actitud mejor y a mejores derechos de los ciudadanos. 
Estoy seguro de que examinaremos este aspecto más adelante. 
Señora Presidenta, en mi calidad de jefa de la delegación que ha viajado a Bosnia para observar las elecciones me gustaría resumir lo que tenemos que decir conjuntamente sobre tales elecciones. 
Puesto que en Bosnia-Herzegovina no hay libertad de circulación ni libertad de información, estas elecciones no pueden ser medidas con arreglo a nuestros criterios. 
En consecuencia, ustedes echarán de menos en nuestra valoración las palabras free and fair. 
Los partidos de la oposición han tenido grandes dificultades para atraer la atención pues, sobre todo, la televisión de la parte serbia y croata no les concedió ninguna posibilidad de mostrarse. 
Por consiguiente, la lucha electoral ha discurrido de manera unilateral. 
Sobre la jornada electoral hay que decir que las elecciones transcurrieron sin dificultades en los territorios étnicamente limpios gracias a la prudencia de los partidos mayoritarios o gracias a la ausencia del otro grupo étnico y, seguramente, gracias también a la presencia del IFOR. 
Sin embargo, los fallos que todos nosotros tendríamos que constatar no fueron tan insignificantes como hemos declarado hasta ahora aquí. 
Los fallos se dieron principalmente en la OSCE, que había preparado las elecciones. 
La insuficiente preparación de las elecciones para que los refugiados emitieran su voto en su lugar actual de residencia dentro de la Federación en favor de su antigua patria en la actual parte serbia de Bosnia, condujo a situaciones bastante caóticas para miles de refugiados. 
Lo pude ver con mis propios ojos. 
También hubo dificultades con los refugiados musulmanes que se atrevieron a traspasar la llamada línea de demarcación para votar en su lugar de origen en la actual República Serbia. 
Su entrada fue tramitada por los serbios con una demora intencionada, de manera que muchos no pudieron votar. 
El registro de los electores en toda Bosnia, realizado por la OSCE, fue increíblemente defectuoso. 
Casi un 20 % de las personas no fueron registradas. 
Esto sólo pudo ser corregido allí donde los electores tuvieron libertad de movimiento para quejarse de ello en el comité electoral local. 
Sin embargo, los serbios impidieron hacer esto a los refugiados que cruzaron la frontera. 
No tuvieron libertad de movimientos para acudir al comité electoral local. 
Sin embargo, en mi opinión, el mayor error fue la decisión de la OSCE de añadir una tercera posibilidad de votar a las dos posibilidades que se habían previsto, es decir, o votar en el lugar actual de residencia o dónde se residía según el censo de 1981. 
Se podía votar donde se desease votar. 
En el papel se decía que donde se tuviera intención de residir, cosa que nadie tenía necesidad de comprobar. 
Esto condujo a manipulaciones nacionalistas de todas las partes y a la estabilización de la partición étnica como, por ejemplo, en Brcko, donde el 80 % de los que votaron eran serbios, aunque este territorio era casi totalmente musulmán en 1992. 
Gracias a Dios, en las elecciones locales, que se suprimieron por esta razón, esto no va a estar permitido, pues, de lo contrario, el agresor habría vencido en toda línea. 
Instamos a la OSCE a que aprenda de sus errores y prepare mejor las elecciones de finales de noviembre. 
El hecho de que sólo el 20 % de los musulmanes refugiados pudiera votar en su antigua patria se debió también, en parte, a la circunstancia de que allí sólo podían dar su voto a un candidato serbio a la presidencia. 
¡Cuán difícil les resultaría votar, por ejemplo, en Priedor o en Srebrenica a los autores directos o indirectos de las masacres que se produjeron allí! 
No obstante, quiero decir en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo que la alternativa a evitar estas elecciones habría sido la pervivencia de una situación insostenible en la que habrían seguido teniendo sin legitimación la última palabra los partidos nacionales, o nacionalistas, dominantes. 
Estas elecciones pueden ser el comienzo de una posible y necesaria democratización. 
Pueden ser también el comienzo de una difícil convivencia de los grupos étnicos que tras nueve meses de alto el fuego no conocen la paz y tienen que sentir todavía la xenofobia e incluso el odio. 
Pero, por vez primera va a haber una oposición, pues ha habido votos para la oposición. 
Por vez primera hay una Presidencia del Estado en el que los tres representantes de los grupos étnicos han de compartir el poder. 
Ya veremos si esto se logra. 
Puesto que todos los grupos étnicos han participado en estas elecciones, existe la posibilidad de que la cooperación en instituciones comunes haga posible el establecimiento de estructuras democráticas y de que se vuelva a constituir también, por fin, una sociedad civil. 
Naturalmente sigue existiendo el peligro de excisión de Bosnia-Herzegovina que el Tratado de Dayton no ha conjurado sino incluso ha estimulado mediante la partición estricta del país y mediante la remuneración territorial del agresor. 
Sin embargo, señoras y señores, sin estas elecciones el peligro sería sustancialmente mayor. 
Para que conduzcan realmente hasta la paz las estructuras democráticas creadas recientemente en medio de la xenofobia aún reinante- cosa comprensible recién terminada la guerra- de suerte que del alto el fuego pueda seguirse una verdadera paz en Bosnia-Herzegovina siguen siendo necesarios el aseguramiento mediante las tropas internacionales de paz y nuestra presencia y ayuda. 
Doy la razón a nuestro colega; es preciso coordinar mejor la ayuda. 
No puede ser que allí abajo estén trabajando yuxtapuestas innumerables organizaciones. 
Pero, nosotros, como Parlamento, hemos vinculado esta ayuda a determinadas condiciones y ahora hemos de poner cuidado en que se cumplan tales condiciones. 
También es preciso que se detenga rápidamente a los criminales de guerra, los señores Karadzic y Mladic. 
Y si es verdad que Karadzic votó el domingo en Pale, no puedo menos que preguntar si esto se compagina con nuestra exigencia a la IFOR de que lo detengan, por fin, cuanto antes. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, creo que en esta materia hay un enorme consenso tanto con las informaciones que el Comisario ha dado aquí como con las informaciones también ya dadas por los representantes del Grupo Socialista y del Partido Popular Europeo. 
Por tanto, habrá, naturalmente, repetición de algunos aspectos en que coincidimos, pero quisiera referirme sintéticamente a aspectos que me parecen fundamentales. 
En primer lugar, ha sido útil, ha sido importante, que se celebraran las elecciones. 
A pesar de estar un poco condicionado tal vez a la ayuda americana, la verdad es que ha sido un primer paso. 
No podemos cometer el error, como se ha dicho aquí, de transmitir el mensaje de que las elecciones han sido completamente libres. 
Si bien lo han sido desde el punto de vista técnico- había condiciones efectivas para votar en libertad, a pesar de la falta de papeletas de voto, de la falta de registros, de la falta de libertad de movimientos -, la verdad es que, en el período preelectoral, no había condiciones políticas para unas elecciones efectivamente libres: las comisiones electorales pertenecían todas a los partidos mayoritarios, los medios de información estaban al servicio de dichos partidos, hubo una clara manipulación. 
Ahora bien, como decía un representante de un partido de oposición, » nada será como antes» , lo que quiere decir que la oposición y los partidos más moderados van a pasar a tener una voz y eso es importante para el futuro de esa zona de Europa. 
Veamos algunos aspectos y algunos elementos de reflexión. 
Recogemos la imagen ya citada aquí de que es fundamental que la IFOR continúe. 
Sin la IFOR, la guerra volverá a comenzar. 
Sin la IFOR, seguro que las instituciones democráticas no funcionarán. 
Se hablaba del plazo de un año, pero se reconoce que tal vez sea más de un año. 
Segunda reflexión, la reputación de la Unión Europea: mala, pésima. 
La Unión Europea es acusada de todo lo que ha sucedido, a pesar de la ayuda humanitaria aquí mencionada. 
No hemos tenido una política común, porque los Estados miembros han aplicado políticas bilaterales, de acuerdo en cierto modo con un pasado histórico, en consonancia con los intereses estratégicos, y la verdad es que la imagen de la Unión Europea es extraordinariamente mala. 
Ya se ha dicho aquí que se deberá juzgar a los criminales de guerra: considero fundamental juzgarlos. 
Si quedaran impunes, la comunidad internacional ratificaría esa misma criminalidad y no se valorizaría. 
El aislamiento de la República Serbia me parece peligroso. 
La tendencia a aislar a la República Serbia puede provocar radicalismos graves para la paz en aquella zona. 
Para terminar, señora Presidenta, ya se ha hablado de la ayuda humanitaria. 
Estoy de acuerdo: es preciso revisar la ayuda humanitaria, tal vez no sólo en Bosnia, tal vez toda la ayuda humanitaria de la Unión Europea. 
Termino con un mensaje de esperanza: algo ha comenzado de nuevo. 
Si las instituciones democráticas funcionan, creo que, como decía un representante de un partido de oposición, se está empezando a construir una casa por el tejado. 
El tejado son las instituciones democráticas: si funcionan, permitirán resolver el problema de los refugiados, de los desplazados, en fin, de todos los problemas éticos. 
Me parece que hay un mensaje de esperanza y una palabra de aprecio para la organización que ha sido- me parece a mí- impecable y también para nuestra presidenta de delegación, que también lo ha sido. 
Señora Presidenta, señor Comisario, mi Grupo es plenamente consciente de la importancia política de estas primeras elecciones legislativas y presidenciales en Bosnia. 
Pero quisiera resaltar que estas elecciones no son, por supuesto, la solución definitiva de los problemas que persisten en la región y que la unidad de Bosnia, de su carácter interétnico, no está ciertamente garantizada por estas elecciones. 
Paradójicamente, la prueba electoral puede ser un bumerang porque pueden consolidarse aún más las divisiones étnicas del país y pueden legitimarse las posiciones más extremas del panorama político bosnio. 
Lo confirma precisamente la importante victoria del candidato serbobosnio, muy próximo a las posiciones de Karadzic, es decir, a las posiciones de un teórico de la división étnica, y en cierto modo y con las debidas diferencias tampoco la propia victoria de Izetbegovic garantiza la integridad de Bosnia, porque su campaña electoral se ha basado precisamente en una mezcla de personalismo y de nacionalismo que considero potencialmente peligrosa. 
Pero existen aspectos positivos que no debemos subestimar: me refiero, entre otras cosas, a los resultados positivos de aquellas fuerzas democráticas que piden precisamente la convivencia interétnica, esa convivencia sometida a una dura prueba durante los cuatro años de guerra. 
El buen resultado del ex Primer Ministro bosnio Siladic hace realmente concebir esperanzas, porque indica que hay anticuerpos en la sociedad bosnia. 
Por último, mi Grupo quiere resaltar otro aspecto de la cuestión bosnia que corre parejas con la estabilidad institucional de Bosnia: me refiero a los programas de reconstrucción económica del país que, en nuestra opinión, la Unión Europea debe seguir financiando. 
No habrá paz sin desarrollo. 
Y es precisamente en la reconstrucción económica donde se mide la voluntad política de la Comisión y del Consejo de fomentar también la reconstrucción social y civil de un país cuya guerra ha pisoteado los valores en los que se basa la Unión Europea. 
Este aspecto es decisivo para la solución bosnia y, en mi opinión, un banco de prueba para la Unión Europea, a la que se ha sorprendido demasiadas veces con retraso y que ha tenido a menudo un papel marginal precisamente en los momentos decisivos de la guerra. 
Señora Presidenta, yo también querría confirmar inmediatamente que, desde un punto de vista estrictamente formal, las elecciones que como delegación hemos observado han sido ciertamente regulares; se calcula un 3 % de problemas en las mesas electorales. 
Pero quisiera subrayar el hecho de que han sido regulares sólo formalmente, porque tenemos que considerar también el conjunto de las condiciones que se decidieron tras el conflicto militar a nivel social y político general durante la campaña electoral y durante las elecciones. 
No debemos efectivamente ocultarnos que uno de los errores que han minado la posibilidad de tener elecciones democráticas reside ya en los acuerdos de Dayton, porque con esos acuerdos, de hecho, se ha consolidado el resultado obtenido con las armas. 
De este modo se ha fomentado inevitablemente el aumento de las fuerzas nacionalistas y por lo tanto, desde un punto de vista político, el resultado ya estaba determinado previamente y el único problema era ver con qué porcentaje ganarían los tres partidos nacionalistas. 
Es por este motivo por lo que debemos denunciar las condiciones que han supuesto una falta de igualdad de oportunidades y de democracia durante la campaña electoral. 
En primer lugar, el problema de los órganos de información que no eran ni libres ni independientes. 
A este respecto es conveniente también subrayar el hecho de que, como Unión Europea, hemos financiado ayudas a tal efecto, ayudas que no han dado los resultados esperados, y yo creo que es necesario- y lo digo también en nombre del Grupo de los Verdes- abrir una investigación para comprender cómo es posible que haya ocurrido eso. 
Eso vale también para el futuro, porque todas las ayudas que se proporcionen para la reconstrucción deberán evaluarse con atención, dado que las fuerzas en el poder, las fuerzas nacionalistas han utilizado también las mismas ayudas humanitarias como arma de chantaje para la campaña electoral, para tener mayor aceptación. 
En tales condiciones no se ha garantizado la igualdad de oportunidades. 
Además, quisiera poner de relieve otro aspecto que se refiere a los refugiados y a las dificultades que encuentran cuando vuelven a su país de origen, la falta de libre circulación, el hecho de que las líneas de demarcación se han convertido en verdaderas fronteras. 
A la vista de todo eso no podemos afirmar que estas elecciones han sido libres y democráticas. 
A lo sumo podemos decir que estas elecciones pueden representar un primer paso hacia la democracia, pero con condiciones concretas, a saber, que haya un compromiso en este momento, a nivel internacional, por parte de la Unión Europea y por parte del Parlamento Europeo, para que el desarrollo decidido con estas elecciones suponga una posibilidad positiva de diálogo entre las partes. 
Es, pues, necesario por parte nuestra, como Parlamento Europeo y Unión Europea, y por parte de las organizaciones internacionales garantizar también una presencia militar, que salvaguarde una situación de no beligerancia, y es necesario que, por lo que respecta a las ayudas, éstas se destinen a fomentar órganos de información independientes, una red social y cultural de diálogo, para que las próximas elecciones municipales, que afortunadamente se han aplazado- el módulo P2 habría impedido, efectivamente, un sistema realmente democrático y habría sancionado una división ulterior de Bosnia- se celebren en condiciones de mayor garantía de democracia y de igualdad de oportunidades. 
Señora Presidenta, la misión de observación que hemos efectuado bajo la presidencia de la Sra. Pack ha tenido como escenario la ruina y la desolación más terribles, entre poblaciones que nos ha parecido que, en su mayoría, ya no quieren vivir juntas, desgraciadamente, y dentro de un clima general en el que la intolerancia, la violencia, el totalitarismo, la religiosidad y, accesoriamente, la corrupción azotan en distintos grados, sin duda, a cada una de las tres grandes regiones de Bosnia. 
En este contexto, hemos podido observar unas elecciones técnicamente correctas, pero políticamente poco satisfactorias. 
Desde el punto de vista técnico, la votación se ha desarrollado correctamente, a pesar de algunos incidentes, en mi opinión, exageradamente hinchados, y a pesar de las patentes insuficiencias que hemos podido presenciar nosotros mismos en la campaña. 
No ha habido intimidación, ni violencia, ni fraude manifiesto de excesivo alcance en las votaciones, sobre todo por la presencia de los observadores. 
Políticamente, se han podido comprobar los dos riesgos a estas elecciones se han podido comprobar. 
El primero era saber si los refugiados pasarían las líneas de demarcación para ir a votar a las zonas de las que habían sido expulsados, y no lo hicieron. 
El segundo era saber si los partidos de oposición democrática de las distintas zonas podrían hacer frente a la supremacía de los grandes partidos nacionalistas. 
En realidad, han sido marginados. 
Estos dos riesgos estaban, no obstante, inscritos/previstos en los acuerdos de Dayton, lo que pone en evidencia, y quizá no insistimos lo suficiente en ello, la responsabilidad de los países occidentales y de la Unión Europea en la maduración de la crisis yugoslava. 
En la actualidad existe realmente el riesgo de división. 
Se puede considerar que Bosnia está al borde de lo peor. 
Paradójicamente, la esperanza llegó de Belgrado, pues la existencia de un candidato designado por Belgrado es lo que impidió el acceso de un extremista serbio a la presidencia de Bosnia-Herzegovina, que habría sido algo insostenible sin duda alguna. 
Acojamos esta tenue esperanza para actuar en cuatro direcciones. 
En primer lugar y por artificiales y conflictivas que hayan podido parecer, debemos mantener cueste lo que cueste la independencia y la integridad territorial de Bosnia- Herzegovina. 
En segundo lugar, debemos quizá juzgar de una forma más matizada a los protagonistas y, en cualquier caso, alentar a los que quieren aplicar con total lealtad los acuerdos de Dayton. 
En tercer lugar, deberemos solicitar- todos los observadores coinciden en esto, como se ha comprobado- el mantenimiento de la IFOR, cuya presencia es la garantía de la estabilidad en Bosnia en el día de hoy. 
Por último, deberemos solicitar que se aplacen de nuevo las elecciones municipales, que no pueden tener lugar en las condiciones técnicas actuales. 
Con estas condiciones que he enumerado y sólo con estas condiciones, lo peor no volverá a convertirse en algo probable o incluso seguro. 
Además, en el distrito electoral en que estuve como observador, se veían carteles del Dr. Karadjic. Desde el punto de vista político se ha criticado la limitada libertad de circulación y de opinión, y desde el punto de vista estratégico se ha censurado la legimitación o casi legimitación de la división de hecho del país. 
Pese a ello, tendremos que convivir con los resultados de las elecciones. 
Ya se ha dicho que técnicamente no han ido del todo mal y que, estratégicamente, la división de hecho de Bosnia no se debe a las elecciones, sino al Acuerdo de paz de Dayton que, en su momento, fue necesario para acallar las armas. 
Tal y como expresan los ingleses, se ha dicho que better ballots than bullets: son preferibles las papeletas de voto a las balas. 
Tal vez sea ésta una débil justificación, pero tendremos que conformarnos con los resultados. 
A Bosnia le espera un futuro sombrío. 
Los serbios bosnios han conseguido mucho en la república de Srpska: su propio presidente y su propio parlamento. No me parece lo mejor para la cohesión del país. 
En la presidencia nacional de la nueva Bosnia se han elegido dos copresidentes potencialmente separatistas, a saber, el copresidente serbio bosnio y el copresidente croata bosnio. 
Los criminales de guerra, y ahora me refiero al futuro, han de ser detenidos. 
Han pasado las elecciones y las fuerzas IFOR siguen allí, pero no por mucho tiempo. ¿Qué pasará después con ellas? 
Por último, lo más importante es que desaparezca el odio, pero esto es algo que los propios bosnios deben conseguir. 
El debate queda cerrado. 
Votaciones 
A petición de los presidentes de los Grupos políticos, todos los textos previstos, incluidas las propuestas de resolución relativas a la situación política en Turquía, se someterán a votación durante este turno de votaciones. 
Señora Presidenta, si lo he entendido bien, esta mañana se votará sólo hasta la situación política de Turquía inclusive y, por lo tanto, la votación relativa a los menores tendrá que posponerse a una hora en que probablemente muchos de los colegas no estarán aquí presentes. 
Me parece que una cuestión tan importante debe votarse necesariamente esta mañana con la presencia de los colegas. 
Tengan ustedes en cuenta que cuanto antes empecemos más tiempo tendremos para las votaciones. 
Señora Presidenta, ayer se hizo una cosa que no es reglamentaria, al anteponer un determinado informe a otros y al cambiar así el orden que se había establecido. 
Quisiera que hoy se solucionara esa irregularidad, introduciendo de nuevo los informes Herman, Barzanti y Tongue antes del informe Thyssen. 
Señorías, les garantizo que la sesión de votaciones se prolongará como mínimo hasta que se hayan visto las resoluciones relativas a Turquía. 
Llegado el momento, les preguntaré si desean seguir más allá de ellas. 
Señora Presidenta, este Parlamento no presta ninguna atención a un Jefe de Estado, anciano y herido, que es ultrajado estos días mientras que aquí, en Francia, se están profanando las iglesias. 
Pido que el Parlamento Europeo tome una posición de solidaridad hacia un Jefe de Estado que también es jefe de una religión. 
Señora Presidenta, hablo en nombre del Sr. Barzanti, que le pide disculpas a usted y a los colegas, ya que ha tenido que marcharse inesperadamente. 
Quisiera destacar tres cosas. 
En primer lugar, se ha distribuido en todas las lenguas un corrigendum que debe entenderse como parte integrante y, por consiguiente, debe votarse junto con el resto del texto. 
Luego hay dos correcciones importantes que hay que tener en cuenta: la primera se refiere al apartado 26, cuyo texto original dice: » problemi legati alla titolarità dei diritti» (" problemas relacionados con la titularidad de los derechos» ); esta palabra «titolarità» se ha traducido como «proprietà» en muchas lenguas. 
«Titolarità dei diritti» es, obviamente, distinto de «proprietà dei diritti». 
Hay que considerar la palabra «titolarità dei diritti» en el texto original. 
Por último, en medio del apartado 9 hay una frase que debe suprimirse. 
Por lo tanto, habrá que votar el apartado por partes, para eliminar esa frase que está en medio. 
Lo veremos en su momento. 
Le pediré entonces que vuelva a hacer uso de la palabra y presente una enmienda oral porque ahora, al comienzo de las votaciones, no puedo aceptarlo. 
Señora Presidenta, desearía que saludáramos la presencia de una delegación de la Asamblea de Quebec en la tribuna. 
Les doy la bienvenida. 
Señora Presidenta, en nombre de los redactores de esta propuesta de resolución común quiero presentar una enmienda oral. 
Después del considerando A hay que incluir el siguiente párrafo: 
» considerando la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Turquía» 
¿Hay alguna objeción a este añadido? 
Señora Presidenta, diré en principio que al tratar de estas cuestiones es poco prudente aceptar enmiendas orales, por muy valiosas que puedan parecer. 
Espero que el Parlamento convenga en esta ocasión en no aceptar una enmienda verbal. 
Lo lamento, señor Sakellariou, pero me parece que no es útil plantear esas cuestiones en esta fase del procedimiento. 
Señoría, he consultado con la mirada a los presidentes de los Grupos políticos que me parecieron estar de acuerdo. 
Pero tiene usted todo el derecho a oponerse individualmente a la presentación de una enmienda oral. 
El artículo 124 tiene esta función. 
¿Hay doce diputados que se oponen a esta enmienda oral? 
(La enmienda oral queda aceptada) 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señora Presidenta, quisiera presentar la siguiente enmienda oral, señalando que ayer, durante el debate en el Hemiciclo, todos los grupos políticos presentes se mostraron a favor de la enmienda que enunciaré, entre otros también el propio Presidente en ejercicio irlandés. 
La enmienda es la siguiente: » faciliten a Europol los medios para garantizar una búsqueda activa de las redes criminales mediante intercambios de experiencias y de informaciones especializadas, en particular a través de la creación de bases de datos específicas para los individuos culpables de pedofilia». 
¿Hay doce diputados que se oponen a la presentación de esta enmienda oral? 
(Reacciones varias) Señorías, el artículo 124 contempla este tipo de situaciones. 
Nosotros no hemos dado nuestra aprobación a la enmienda, porque lo que ha dicho la presentadora de la enmienda, sencillamente, no es cierto. 
Ayer estuvimos presentes un buen número en el debate y no se discutió ninguna enmienda oral. 
En este momento hemos escuchado esto por vez primera y por esta razón creemos que no es posible autorizar esta enmienda. 
(La presentación de la enmienda oral es rechazada) 
Señora Presidenta, estuve presente ayer durante todo el debate y he de decir que la Sra. Todini dijo que iba a presentar una enmienda oral. 
No dijo de qué se trataba, pero no hay duda de que ayer durante el debate manifestó que lo iba a hacer. 
No hay debate. 
El artículo 124 es muy claro. 
Doce diputados se oponen a la presentación de la enmienda oral y, por lo tanto, no es admisible, sea cual sea la opinión sobre el fondo de la enmienda. 
Señora Presidenta, quisiera señalar que la enmienda oral que yo he propuesto hoy está escrita incluso en el Acta y repito que el Presidente en ejercicio irlandés estaba completamente de acuerdo con esta enmienda oral. 
Los diputados que se han levantado que asuman toda la responsabilidad política. 
No vamos a abrir un debate de fondo cuando el reglamento es muy claro. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señora Presidenta, la confusión se debe a la forma en que está presidiendo usted la reunión. 
Mi cuestión de orden ha estado pendiente durante mucho tiempo y consiste en lo siguiente: está convirtiéndose en una práctica desagradable en este Parlamento que los diputados presenten enmiendas orales. 
Si se desea presentar una enmienda, entonces lo natural es que se presente de antemano y por escrito para que puedan examinarla los demás. 
En consecuencia, le pido que transmita esta cuestión a la Mesa para que se pronuncie sobre si uno tiene que aceptar enmiendas orales como ha sucedido en el caso de la última oradora. 
Lo sucedido no se puede justificar, ni tiene por qué suceder: si la enmienda vale la pena, lo que hay que hacer es presentarla por escrito antes de la votación. 
Señor Falconer, usted sabe igual que yo que la Mesa del Parlamento no puede cambiar nuestro Reglamento sino que ha de hacerlo la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Se trata de una regla escrita y, en este caso, no hago más que aplicar el Reglamento. 
Este programa plurianual en favor de las PYME ofrece en su nueva versión mayor claridad y nos permitirá cumplir los requisitos mínimos para el desarrollo de las PYME y PYMI en la Unión Europea. 
Efectivamente, debemos recordar que, en estos tiempos de crisis, más que los grandes grupos son las PYME las que deben generar empleo. 
De ahí que nuestra colega Thyssen haya logrado alcanzar un amplio acuerdo en cuanto al fondo de este informe, cuya filosofía general se refiere a la mejora de las condiciones administrativas y financieras de desarrollo de las PYME en una sociedad de la información en la que imperan las investigaciones de competitividad óptima. 
Sin embargo, subsisten las inquietudes y se alzan voces aquí y allá para decir que las cantidades previstas de 180 millones de ecus en tres años son demasiado importantes. 
Yo no lo creo así. 
Afirmo incluso que esta dotación es el minimum minimorum de lo que debe hacerse en favor de las PYME europeas. 
Recordaré que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha rechazado algunas enmiendas relativas a proyectos de estudios en el marco del programa para conceder el máximo de fondos a la acción directa en favor de las empresas. 
¿Qué ocurre entonces? 
¿Acaso se entenderá, por fin, que la Unión está abocada al fracaso si no toma una iniciativa importante en favor del empleo y si persiste en vivir de las rentas de sus glosas diplomáticas estériles? 
El Consejo debe tomar sus responsabilidades frente a los ciudadanos de la Unión, que esperan de Europa las verdaderas respuestas a los verdaderos problemas. 
Desearía manifestar el voto positivo de mi Grupo al informe de la Sra. Thyssen sobre el programa plurianual relativo a las pequeñas y medianas empresas. 
Felicito a la Sra. Thyssen por este informe que demuestra una vez más su conocimiento de este importante sector de la economía. 
Quisiera recordar la importancia de las PYME en la economía europea como la dimensión empresarial más dinámica en la creación de empleo y en la adaptación de las nuevas exigencias de una economía abierta y globalizada. 
A esta dimensión e influencia positiva de las PYME en la economía de la Unión ha intentado responder la Comisión con los diversos programas interanuales, el tercero de los cuales examinamos en este Pleno. 
Desearía expresar mi inquietud y preocupación por la aplicación de este programa llamando la atención sobre la necesidad de evitar una aplicación rutinaria del mismo. 
En los últimos años observo una falta de dinámica y una excesiva burocratización por parte de los servicios responsables de la Comisión, que no hacen llegar con la suficiente diligencia a las PYME las acciones de la propia Comisión. 
Tampoco se ha solucionado la percepción y el acceso de los créditos en condiciones favorables a las PYME continuando con un sistema de asignación que no permite percibir precisamente el origen de los créditos por parte de las PYME dada la forma que se utiliza en la asignación de los correspondientes fondos. 
Lo cual exige, insisto, una nueva dinámica y una acción más eficaz por parte de los servicios responsables de la Comisión en la aplicación de las acciones y propuestas del Tercer programa interanual en favor de las PYME de la Unión. 
Señor Presidente, soy resuelto partidario de las pequeñas empresas y me alegra poder votar en favor de ese informe. 
Me satisface que la Comisión se esfuerce por limitar el papeleo administrativo en el caso de la compañías más pequeñas, facilitándoles la recepción de asistencia financiera y- pero no antes del debido tiempo- ocupándose de las grandes empresas que pagan con retraso, pero lo que me interesa especialmente es la promoción de los aspectos empresariales. 
La formación profesional es la clave del éxito de los empresarios, así como de la fuerza de trabajo. 
Ahora bien, en el caso de las pequeñas empresas la formación profesional ha de impartirse de forma que corresponda muy bien a sus necesidades. 
Ese tipo de formación profesional se puede obtener en el curso de MBA en pequeñas empresas que se imparte en la Bolton Business School de mi circunscripción, curso que yo mismo lancé este verano. 
La forma en que el curso moviliza recursos públicos y privados para beneficio de los pequeños empresarios debería servir de modelo para los proyectos análogos desarrollados en otros lugares de la Unión Europea. 
No hace falta decir que de todos nosotros, los diputados de este Parlamento, depende el que las propuestas de la Comisión se transformen en realidad, en vista de la enorme importancia de las pequeñas empresas para nuestro futuro económico. 
Sobre el informe Herman 
La llegada de la sociedad de información mundial ha transformado los sistemas de comunicaciones internacionales. 
Esa sociedad promete grandes ventajas para zonas alejadas como Irlanda, en el que el costo de las comunicaciones ha puesto freno al desarrollo económico. 
Gracias a los inmensos progresos realizados en la esfera tecnológica, esas desventajas están empezando a desaparecer. 
La llegada de la sociedad de información brinda la posibilidad de tener acceso directo a las decisiones gubernamentales (en los planos local, nacional y europeo). No podrá sino mejorar el carácter democrático y abierto de la sociedad europea. 
Desgraciadamente, el sistema más conocido de comunicaciones mundiales, el «Internet» está siendo objeto de abuso en una importante esfera: en el Internet hay una masa enorme de material pornográfico y violento. 
Los pederastas están organizando redes de intercambio de información y arrastran con intensivos a los niños a su sórdido mundo. 
Esto tiene que acabar. 
Las personas que publican material pornográfico en el Internet tienen que quedar sometidas a las leyes penales. 
Tenemos que instituir normas para evitar el abuso del Internet, que puede entrar sin dificultades en nuestros propios hogares y al que los niños tiene fácil acceso. 
Como miembros del Grupo de los Verdes hemos dado nuestra aprobación a este informe una vez que este ha sido mejorado en el Pleno en puntos esenciales. 
Sin embargo, quisiera aprovechar una vez más la oportunidad para afirmar aquí que en nuestra opinión el «Plan de acción» no ofrece bajo la forma de una «comunicación» el marco requerido para una discusión global política y social acerca de las tendencias y alternativas en la realización de la «sociedad de información». 
Nuestra posición sigue siendo la siguiente: es necesaria una directiva que presente en una coherente interconexión las numerosas directivas particulares de la Comisión. 
A través del procedimiento Gomes se ha conseguido una opinión del Parlamento Europeo que en su conjunto es notablemente más equilibrada que en las anteriores ocasiones en que se manifestó sobre la problemática global. 
Sin embargo, es de esperar todavía que la Comisión (y también el Consejo) comprenda que en este punto es preciso defender y adoptar una serie de decisiones de índole política y social. 
Se trata de mucho más que de marketing y de conseguir aceptación para un destino que en cualquier caso es cierto. 
Por consiguiente, no vamos a perder la esperanza en que celebraremos sobre esta cuestión en esta Asamblea y en la opinión pública europea una discusión» by contradictory argument» sobre estas cuestiones del futuro. 
Sobre el informe Barzanti 
Como parlamentarios sentimos el deber de manifestar la máxima preocupación por las obras de la cultura europea, que si se consideran como mercancías, del mismo modo que otros productos de consumo, corren un gravísimo peligro de agostamiento y de homologación. 
Estamos convencidos de que la resistencia cultural de Europa dependerá de la voluntad política, claramente expresada, de no ceder a las presiones mercantiles que ponen en el mismo plano las obras del ingenio artístico y las botellas de aguardiente. 
Con el Libro Verde de la Comisión, fechado en julio de 1995, parece que se ha dado un paso adelante. 
Con el debate de esta mañana, el Parlamento Europeo también parece moverse en la dirección de manifestar esa «voluntad política» claramente expresada. 
Es como si un mecanismo bloqueado desde hace mucho tiempo empezara de nuevo a ponerse en marcha. 
En nombre de los artistas de Europa quisiéramos dar las gracias por el trabajo efectuado por la Comisión y por este Parlamento, en particular por el brillante informe del colega Barzanti. 
Sin embargo, en el delicadísimo tema de la tutela y de la protección de los derechos de autor y los derechos afines probablemente ya no basta afirmar una simple voluntad política. 
Hay que resolver, inmediatamente, un retraso normativo. 
Es necesaria una directiva, para armonizar las legislaciones nacionales y, sobre todo, que tenga el valor de apoyar tres principios fundamentales: 
A. Incluso en un mercado muy liberalizado, la obra de arte representa una excepción. 
Debe ser protegida y tutelada reorganizando y regulando los aspectos generales de los derechos de autor y los derechos afines. 
Si no existen normas, el riesgo de mercantilización estará siempre presente, con un gravísimo perjuicio para toda la cultura europea. 
B. Los derechos de autor deben protegerse siempre, prescindiendo de las formas o de los medios a través de los cuales se expresa la obra de arte. 
Ya no se pueden tolerar diferencias de trato entre músicos y autores cinematográficos, o entre intérpretes ejecutantes y actores de teatro o, peor aún, entre creadores de software y autores de obras literarias, teatrales o cinematográficas. la nueva directiva deberá realizar el esfuerzo de uniformar los derechos, a partir de la tutela de la originalidad de la obra. 
C. Cada transmisión o comunicación al público de una obra original, de hecho, es también una distribución, y el derecho de distribución es uno de los elementos fundamentales de los derechos de autor. 
Pensamos que este concepto tiene que expresarse con toda la eficacia normativa que ofrece una directiva comunitaria. 
Actualmente, sería realmente una revolución si se lograra regular uno de los aspectos más inquietantes de la industria cultural europea. 
Concluimos expresando a la Comisión y a los colegas el reconocimiento de los artistas de Europa por el trabajo que se ha realizado hasta ahora. 
Esperamos a muy corto plazo, después de esta fase parlamentaria, la aprobación de la nueva directiva y esperamos una mayor, más constante, participación de los artistas, de los intérpretes de Europa en todas las fases de decisión. 
Sobre el informe TongueDarras (PSE) y Bernardini (PSE) , por escrito. 
(FR) Asocio a mi colega François Bernardini a mi explicación de voto puesto que hemos trabajo juntos en este tema. 
Apoyamos totalmente el excelente informe de Carole Tongue. 
En la era de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías de comunicación era de justicia querer reafirmar defendiéndolo el papel de servicio público del sector audiovisual. 
Las cadenas de servicio público tienen como tarea fundamental garantizar la información, la formación y el entretenimiento de los ciudadanos. 
Precisamente por estar lejos de las preocupaciones de las empresas de medición de audiencia tienen esa capacidad de facilitar un amplio abanico de programas que pueden interesar a todos los ciudadanos y de hacerlos participar en ese modelo social europeo tan buscado. 
La televisión pública debe poder garantizar las misiones de servicio público con total independencia y por esta razón la Unión Europea debe seguir considerando toda financiación pública como algo legítimo para las cadenas públicas, en la medida, claro está, en que respeten estrictamente sus obligaciones de servicio público. 
Estas financiaciones no son pues asimilables a ayudas estatales «reprochables» según lo dispuesto por el Tratado de Roma de 1957. 
Las reglas de competencia deben ser interpretadas aquí con inteligencia y flexibilidad. 
Las cadenas de servicio público son las garantes de una comunicación libre, de elevada calidad, accesible a todos, dentro del respeto de las diversas culturas. 
Participan en el conocimiento y la comprensión mutuas, desarrollan la idea de ciudadanía europea y, en definitiva, son las guardianas de nuestras democracias. 
Por esta razón, en un entorno audiovisual en constante evolución, merecen ser defendidas en gran medida. 
Con la entrada en servicio de tantas cadenas de televisión de patrocinio privado, la televisión pública ha experimentado cambios reales y muy profundos en los últimos años. 
Sin embargo, para el futuro, las cadenas de televisión públicas tienen que seguir siendo el principal proveedor de una gama de servicios para el público en general lo más amplia posible. 
A medida que se intensifica la competencia comercial y que las principales cadenas comerciales se asemejan cada vez más en su atractivo comercial para la masa, la televisión pública seguirá ofreciendo el mejor método para mantener la mayor gama posible de opciones para el público. 
Apoyo el llamamiento en favor del acceso de las organizaciones del servicio público a los principales acontecimientos deportivos. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, del Parlamento Europeo, tiene razón cuando insiste en que, si los derechos exclusivos a las manifestaciones deportivas o a otros acontecimientos de valor e interés particular para la audiencia televisiva pasan a la televisión de pago, sus rasgos más salientes deben estar a disposición de los servicios de televisión que operen libremente y que estén a disposición de todos. 
Comparto la inquietud de que la sociedad europea acabe por dividirse en «ricos en información, y pobres en información» debido a que el acceso a la información se encarece con el desarrollo de servicios de televisión de pago y de televisión a base de «pague lo que desee ver». 
Las emisiones de servicio público deben estar a disposición de todos los ciudadanos. 
Estoy de acuerdo en que los servicios de cable y de satélite queden obligados a proporcionar cadenas públicas de emisión de sus programas. 
Para acabar, la televisión pública sufrirá una presión cada vez más fuerte ejercida por las fuerzas del mercado a medida que los servicios de «pague lo que desee ver» y otros parecidos adquieren más programas y más transmisiones deportivas, pero hay que establecer un equilibrio adecuado entre los servicios privados y los servicios públicos en esta esfera. 
No votaré a favor del informe que nos ha presentado la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación acerca del papel de la televisión pública en una sociedad plurimediática, porque las ideas que ahí se defienden provocarían graves distorsiones en la competencia. 
Sabrán ustedes que en estos últimos tiempos se multiplican las quejas ante la Comisión respecto a las ayudas estatales atribuidas a algunas televisiones públicas, debido a que en el sector televisivo europeo cada es vez más difícil establecer la distinción entre «televisión pública» y «televisión comercial». 
Se hace cada vez más patente una confusión de los papeles ya que las empresas públicas han reaccionado frente a la competencia con una programación cada vez más comercial, mientras que las televisiones comerciales están sujetas a numerosas reglamentaciones y obligaciones. 
Frente a las ideas defendidas en el informe Tongue, hay que estar atentos al aumento del gasto público, que provocaría todavía mayores distorsiones de la competencia y amenazaría la creación de empleos en el sector privado. 
Al votar a favor del informe Tongue, lo hacemos sobre todo por la creencia que tenemos en el servicio público de radiodifusión (SPR) como vehículo fundamental para la divulgación de lo que un país quiere para sí mismo. 
El concepto de servicio público no se puede circunscribir a la cultura, al deporte, a la recreación, la salud, la educación, sino que debe englobar también la ciencia, el medio ambiente, la innovación tecnológica, las ramas de la actividad económica que más interesan a la población, y debe ir, además, destinado a todos los ciudadanos de un país, por lejos que se encuentren, incluso en comunidades en el extranjero. 
Tampoco importa que el SPR se concrete mediante uno o más canales o emisoras propias o mediante empresas privadas, mediante el pago por los servicios prestados o financiado exclusivamente por el Estado o recurriendo a la publicidad. 
¡Lo que los Estados deben hacer es asegurarlo! 
También está claro para nosotros que en Europa debe existir un conjunto de SPR, en plural, y no un SPR único y europeo. 
Y un buen ejemplo de ello- permítasenos presentarlo con orgullo- es el de la RTP Internacional, ejemplo por excelencia de servicio público prestado a una gran comunidad, como es la de los emigrantes portugueses. 
No obstante, es esencial una estrecha cooperación entre todos los SRP, sobre todo para abordar problemas comunes que afectan a Europa y al mundo. 
En resumen, el concepto de SPR deberá ser sólo uno, pero su materialización podrá adoptar múltiples formas, en función de los públicos a los que vaya destinado. 
Por nuestra parte, consideramos que lo más importante es cumplir el objetivo principal: ¡defender la existencia de servicio (s) público (s) de radiodifusión! 
Nosotros, como verdes, celebramos y apoyamos la enérgica actitud de Carole Tongue en favor de una radiodifusión fuerte de Derecho público que además sea capaz de producir de forma continuada comunicación social y autoimagen cultural como bienes públicos esenciales. 
A este respecto nos parece especialmente importante que: 
se garantice la recaudación de los pertinentes impuestos de radiodifusión y que no se vean afectados o amenazados, por ejemplo, a causa de una política de competencia, orientada por puros criterios de economía privada, en el ámbito audiovisual, y que-los acontecimientos importantes de la denominada cultura de masas continúen sustraídos a la apropiación privada y a la utilización comercial; en consecuencia, por ejemplo, que acontecimientos deportivos importantes puedan seguir siendo emitidos sin codificar y por los entes de Derecho público.Apoyamos, evidentemente, de manera especial algunas importantes formulaciones verdes, por ejemplo, acerca del concepto de radiodifusión, que desde la primavera de 1996 han entrado a la adopción de acuerdos del Parlamento. 
Resolución sobre Turquía 
Señora Presidenta, nos complace que se haya suspendido el acuerdo de Unión Aduanera con Turquía. 
Nos acordamos de que aquí mismo nuestro colega Jean-Thomas Nordmann decía que no había que exasperar a Ankara, y algunos pretendían que al votar este acuerdo de integración con Turquía se evitaría la victoria de los islamistas en Estambul. 
Pues bien, los islamistas han ganado las elecciones y Turquía sufrirá de ahora en adelante una evolución caracterizada ya por la transformación de Santa Sofía, antigua iglesia convertida en museo y cuyo destino será convertirse dentro de poco en mezquita. 
Europa no es, por supuesto, un club cristiano, como pretendía la Sra. Tansu Çiller haciéndose eco de las palabras del Sr. Attali, pero constatamos que nuestra política de apertura sólo habrá conducido a reforzar el dominio islamista en Turquía en un momento en que este país practica en Chipre un imperialismo totalmente inadmisible, que viola totalmente el derecho de los pueblos y los derechos humanos. 
Esto es, Señora Presidenta, lo que teníamos que decir. 
Señora Presidenta, he votado a favor de la resolución sobre Turquía porque pienso que es importante subrayar que Turquía infringe los derechos humanos en numerosos ámbitos. 
No obstante, lamento la falta de equilibrio de la resolución. 
Entre otras cosas, pienso que es injusto que se mencione a las personas que han sido asesinadas procedentes del sector greco-chipriota. 
Esto no lo veo justo, muy al contrario. 
Lo injusto es que no se mencione también que hechos parecidos les han ocurrido a ciudadanos turcos en Chipre. 
Creo que se rompe con el equilibrio. 
En lo referente al respeto de la vida y de los derechos humanos debemos procurar mostrar las infracciones de los dos bandos. 
Durante el debate en el Parlamento Europeo sobre la realización o no de la Unión aduanera con Turquía, más de un diputado habló con ingenuidad. 
Tras expresar todas clase de críticas con respecto a Turquía, se agregó que había que tener confianza en este país. 
La muestra concreta de tal confianza era la Unión aduanera. 
Una vez que se estableciera esta Unión, todo mejoraría. 
Se aprobó la Unión aduanera, pero nada ha cambiado ni mejorado. 
Para los ingenuos, los esfuerzos han resultado inútiles. 
El que tuviera una pizca de sentido común lo sabía de antemano. 
El que tuviera un poco de sentido de la realidad política podía prever la situación sin miedo a equivocarse. 
Fiar en vagas promesas no acredita un sentido político avispado. 
Eso sí, podía y puede esperarse mucho de numerosos políticos europeos, pero este «mucho» no incluye la sabiduría política. 
Dicho esto, cabe destacar que ningún europeo desea que haya más relaciones tensas entre Europa y su vecina Turquía. 
Deseamos tener buenas relaciones con todos nuestros vecinos, por tanto, también con Turquía. 
Sin embargo, en primer lugar ha de seguir siendo vecino, ni más ni menos. 
En segundo lugar, hay que insistir en que las buenas relaciones sólo serán posibles cuando ponga fin a la ocupación de territorio europeo, es decir, de una parte de Chipre. 
La persistente ocupación y la inmigración masiva turca en Chipre sólo pueden tener un resultado: el fin de la Unión aduanera. 
Resolución sobre Iraq 
Señora Presidenta, el grupo de los Verdes ha votado naturalmente a favor de la resolución sobre Iraq. 
Es evidente que debía producirse una fuerte condena de las acciones llevadas a cabo por las fuerzas iraquíes en el Kurdistán, pero al mismo tiempo debía haberse criticado la intervención de los Estados Unidos. 
Ciertamente está muy justificado defender los intereses kurdos y contribuir a derrocar el régimen de Saddam Hussein. 
Pero no estamos convencidos de que esto deba suceder a través de unas acciones unilaterales por parte de los americanos, sin una decisión unánime de las Naciones Unidas. 
El régimen de Saddam Hussein es sin duda uno de los peores que existen en la tierra. 
Yo mismo he tenido la oportunidad de visitar Iraq durante la época de gobierno de Saddam Hussein en muchas ocasiones, y en comparación con la mayoría de las dictaduras que he visitado, Iraq es un caso aparte. 
Es el único país donde no se encuentra una sola persona, ni siquiera estando a solas o en medio de un desierto, que se atreva a emitir una sola frase crítica sobre Saddam Hussein. 
Naturalmente, hemos apoyado la resolución, pero lamentamos que no se aprobasen nuestras enmiendas, especialmente la que proponía adoptar una iniciativa para la celebración de una conferencia internacional con el objetivo de dar solución al problema kurdo. 
Este viejo problema debe resolverse, y debe hacerse de modo que se dé a los kurdos el derecho justo a decidir sobre sí mismos, del que todo pueblo debe disfrutar. 
Los recientes acontecimientos del Iraq han revelado una vez más lo inadecuada que es la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
Los Estados miembros hablan con diferentes voces cuando responden a la evolución de la crisis. 
El Reino Unido era partidario de la intervención de los Estados Unidos; otros países tenían una actitud ambigua, y un gran número de países no estaban nada contentos con la manera de proceder del Gobierno de los Estados Unidos. 
La actual CIG tiene que poner término a esta situación tragicómica. 
Tenemos que modificar el proceso y los procedimientos para que podamos tener una política exterior y de seguridad común coherente. 
La mejor manera de conseguirlo consiste en abolir la necesidad de que haya unanimidad para adoptar una decisión en esta esfera. Así se evitaría que un Estado miembro (o una pequeña minoría de Estados miembros) puedan bloquear el desarrollo de una política eficaz en una situación determinada. 
Además, aunque no se exigirá de los Estados miembros en desacuerdo que acaten la política convenida, tampoco se les debe permitir que sigan una línea de acción que socave la opinión de la mayoría. 
Ese tipo de reformas puede ayudar a crear una situación en la que la Unión Europea pueda ejercer el mismo tipo de influencia en cuestiones geopolíticas que la que ejerce actualmente en cuestiones económicas de ámbito mundial. 
Resolución sobre malos tratos a los niños 
Señora Presidenta, quisiera manifestar mi satisfacción por la votación acerca de la cuestión de la pedofilia. 
Ahora bien, una de las cosas que me defrauda en la resolución que ha surgido finalmente es que no hacemos más que una mención efímera de la palabra «familias» en el apartado uno, cuando nos referimos al valor de esas familias que han sido víctimas en Bélgica de los malos tratos dados a sus hijos. 
Ya es hora de que la Europa Occidental acepte el hecho de que la mejor defensa de los niños contra el flagelo de la pedofilia consiste en comprender que el pedófilo se dirige a los niños más vulnerables. 
Los niños más vulnerables son los que no cuentan con un hogar estable y con el amor de sus padres. 
Ha llegado la hora de que digamos que tenemos que hacer lo que sea preciso para animar a los familiares a vivir con sus hijos; que hagamos constar claramente que todos los hijos tienen derecho a dos progenitores que les amen desde su nacimiento hasta su edad adulta. 
Ha llegado la hora de que Europa se percate de que, a no ser que nos ocupemos muy cuidadosamente de la forma en que estructuramos nuestros hogares y nuestras familias, acabaremos por cosechar resultados terribles. 
Como ocurre a menudo en nuestra sociedad, nos obliga a reaccionar la actualidad candente y de los medios de comunicación. 
¿Debemos lamentarlo o felicitarnos por ello? 
Lamentémoslo porque este fenómeno sin nombre no es nuevo y hasta ahora ha imperado la ley del silencio. 
Felicitémosnos porque por fin parece preocuparnos el tema, pero en tal caso procuremos siempre mantener nuestra vigilancia y determinación respecto a estas violencias físicas y morales inaceptables que padecen los niños. 
En efecto, desde hace tiempo el fenómeno del turismo sexual se conoce y se denuncia pero no se combate. 
¿Cómo se puede explicar esta falta de combatividad? 
En mi opinión las respuestas son numerosas y quizá no siempre edificantes, pero algún día habrá que explicarlas. 
Esta explotación de seres humanos, frágiles por naturaleza, con fines sexuales debe conducirnos a una posición intransigente y determinada. 
Ha hecho falta que nos demos cuenta de que había niños occidentales, europeos, que eran víctimas de todas estas perversiones para que reaccionemos. 
Es realmente una pena y sin duda es tarde, demasiado tarde para todos los que lo padecen en estos momentos, pero al menos consigamos los medios para proteger a las víctimas potenciales, a los niños de todo el mundo. 
Que la ONU tome medidas estrictas sobre la denuncia y la erradicación de este fenómeno. 
Que a nivel europeo, Europol se ocupe de esto con los medios suficientes. 
Que el Consejo Europeo sancione con mayor severidad a todos los ciudadanos adeptos de esas odiosas perversiones. 
Que la Unión actúe rápidamente en favor de los países que, debido a dificultades económicas, utilizan a sus niños para estos fines innobles. 
No bastará con denunciar. 
Habrá que escuchar a las asociaciones, a los padres que conocen el funcionamiento de este vergonzoso mercado y que luchan contra él a diario. 
Hay que atreverse a actuar contra todos los que viven de ello, estén en las calles del sudeste asiático o en las capitales europeas. 
Deben escucharse las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo y ponerse en práctica las soluciones. 
Hoy, al igual que les ocurre a muchos, me avergüenza lo que los hombres pueden hacer. 
Tanto para hoy como para el futuro creo en la especie humana y en su capacidad de reacción. 
Los sucesos tan terribles como trágicos de Bélgica han polarizado nuestros pensamientos en la necesidad de proteger a nuestros hijos de las bandas internacionales de pedófilos y de los delincuentes que se dedican al comercio sexual. 
En particular, hay que reforzar la función de Europol, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de una base central de datos para los niños desaparecidos y a la compilación de un registro central de pedófilos conocidos. 
Sean cuales fueren las facultades que necesita, hay que dárselas a Europol para evitar que vuelvan a suceder incidentes sórdidos y depravados como los que han tenido lugar en Charleroi. 
La Unión Europea tiene que tomar medidas también contra el turismo de explotación sexual de menores. 
Cada uno de sus Estados miembros tiene que cerciorarse de que sus leyes son adecuadas y que permiten enjuiciar a sus propios nacionales si han participado en tan terrible comercio, independientemente del lugar del mundo que hayan visitado para dar satisfacción a sus perversiones. 
Además, hay que investigar y adoptar medidas acerca del abuso de Internet para promover la pornografía, incluida la pornografía infantil. 
No basta ya con hablar: ahora hay que pasar a la acción. 
La propuesta de resolución común relativa a los menores víctimas de malos tratos está llena de buenas intenciones, pero soslaya lo esencial. 
Esta resolución ignora, o quiere ignorar, la aplastante responsabilidad del ministro belga de justicia que, en contra de la opinión del fiscal general, decidió liberar al pederasta Dutroux. 
Este ministro, que actualmente es juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Luxemburgo, no es objeto de ninguna investigación judicial ni de cualquier otro tipo de medida. 
Sin embargo, Melchior Wathelet es un multi-reincidente en este tipo de falta grave. 
En junio de 1990, mediante una nota confidencial dirigida a la Seguridad del Estado, el ministro Wathelet concedía la libertad a 215 detenidos condenados a penas graves por robos con agresión, pero también por violación, cuando la ley preveía la repatriación a sus países de origen, en el Magreb. 
Según ha reconocido el propio Melchior Whatelet, varios de ellos han reincidido y otros están en paradero desconocido. 
Nos sofoca la indignación que supone constatar que mis colegas flamencos, bruselenses y valones que han presentado esta resolución se permitan soslayar la culpabilidad flagrante de un antiguo ministro de justicia, asiduo practicante de esta clase de actuaciones criminales. 
La lucha contra la violencia que se ejerce contra los menores debe llevarse a todos los niveles, tanto nacional como de los Estados miembros, e internacional. 
¡La violencia nunca debe aceptarse! 
Por ello hemos apoyado la resolución, pero hacemos hincapié en que no nos identificamos en absoluto con los apartados que mencionan Europol. 
La lucha contra los pederastas y la violencia ejercida sobre los menores se lleva adelante del mejor modo a través de una mayor colaboración policial interestatal, vía Interpol. 
Queremos subrayar que es importante que esta colaboración se desarrolle también fuera de la UE, por ejemplo con las fuerzas de la policía de los Estados bálticos y las de los países del sudeste asiático. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0994/96 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Chipre; -B4-1024/96 del Sr. Kaklamanis y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre los grecochipriotas asesinados en la «línea verde» ; -B4-1039/96 del Sr. Hatzidakis y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el asesinato de dos jóvenes grecochipriotas en Chipre; -B4-1043/96 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los asesinatos en Chipre; -B4-1058/96 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el asesinato de dos grecochipriotas por las fuerzas turcas de ocupación; -B4-1073/96 del Sr. Avgerinos y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el asesinato a sangre fría de dos jóvenes grecochipriotas indefensos por las fuerzas de ocupación turcas. 
El Grupo liberal está profundamente impresionado por los asesinatos que se cometieron el mes pasado durante una manifestación pacífica en favor de la reunificación de la isla. 
Hay que adoptar medidas para evitar una escalada de la situación. 
El comportamiento del Gobierno turco parece apuntar precisamente a tal escalada. 
Debemos condenar con firmeza la decisión del Gobierno turco de financiar el traslado de los «Lobos Grises» armados para estabilizar la situación en Chipre. 
El Gobierno turco ha trasladado a criminales desde Turquía ante la negativa de los turcochipriotas a servirle. 
Debemos exigirle que detenga y procese a los responsables de estos atentados. 
Este incidente pone de manifiesto una vez más la necesidad de que la Unión Europea se esfuerce por buscar una solución pacífica a la cuestión de Chipre. Así que, por enésima vez, insto al Consejo a que coordine una acción común sobre Chipre. 
Después de todo, la paz y la estabilidad de Europa son uno de los objetivos de la política común de seguridad exterior. 
La Presidencia irlandesa ha comenzado con buen pie al nombrar al embajador Heaslip representante especial, pero no basta con ello. Habría que aumentar la presión sobre Turquía, que ahora admite abiertamente que ha destinado recursos nacionales a la desestabilización de Chipre. 
Debemos mantenernos fieles al reconocimiento indiviso de la isla. 
Hemos de seguir oponiéndonos a la ilegal ocupación turca y seguir apoyando nuestras acciones en las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Tenemos mucho trabajo por delante. 
Apelo a todos los partidos para que en este conflicto mantengan la calma y prosigan con sus esfuerzos en pro de una solución pacífica. 
La Unión Europea debe apoyar a Chipre, futuro miembro de la misma. Estas son nuestras obligaciones internacionales en virtud del Tratado. 
Señor Presidente, toda Europa y todo el mundo pudo ver el modo bárbaro en que turcos asesinaron a Isaak y Solomos el pasado mes de agosto. 
Por lo tanto, creo que sobra cualquier referencia a los hechos por mi parte. 
Lo que quisiera destacar es que la expresión de duelo, incluso de indignación, de esta Asamblea sobre tales acontecimientos no es suficiente. 
Mientras nos quedemos en el duelo, no sólo continuará siendo imposible hallar una solución, sino que además, Turquía se hará cada vez más osada; y, es que hemos llegado al punto de que las autoridades turcochipriotas importen asesinos de Turquía, porque eso es lo que son el grupo de los Lobos Grises. Hemos llegado al punto de que un ministro del Gobierno turcochipriota, como se llama a sí mismo, el ministro de Agricultura, se convierta en el asesino de Solomos, que a fin de cuentas, como Isaak, no hizo más que reivindicar la vuelta a la legalidad en esa desgraciada isla. 
Debo constatar que hemos llegado a esto gracias también a nuestra propia inercia, la inercia de la Unión Europea. 
Por consiguiente, diría que el debate de hoy no tiene ningún sentido si no incita a una intervención activa de la Unión Europea para restablecer la normalidad y la legalidad internacional en la región. 
Hoy, el Parlamento Europeo, a pesar de la triste posición del Consejo de ayer, ha enviado un mensaje a Turquía, el mensaje de que «no estamos dispuestos a prestarles ayuda, en vista de que la situación de los derechos humanos está cada vez peor y de que su conducta constituye un peligro para la estabilidad de la región». 
Con el presente debate, nosotros y la Comisión debemos enviar un segundo mensaje: » No crean que los trágicos sucesos ocurridos contribuyen a reducir la presión para buscar una solución a la cuestión de Chipre. 
No crean que los asesinatos contribuirán a cerrar el camino del ingreso de Chipre en la Unión Europea; al contrario. 
Estos sucesos contribuirán a una intervención más activa aún de la Unión Europea en el conflicto de Chipre y a reconfirmar el comienzo de las negociaciones para el ingreso de Chipre en la Unión Europea, el cual podría tener una función catalizadora en la solución de la cuestión chipriota». 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes deplora que la crisis en Chipre, que viene arrastrándose desde hace 22 años, haya vuelto a cobrar vidas humanas. 
No sólo debemos condenar severamente el asesinato de dos grecochipriotas, perpetrado por paramilitares del ejército turco de ocupación, sino también exigir la búsqueda de los responsables de tales crímenes. 
Por otra parte, consideramos que también el asesinato del soldado turco requiere ser aclarado, porque ha supuesto la muerte de una persona. 
La retirada de las fuerzas turcas constituye una condición sine qua non para la desmilitarización de la isla. 
Sinceramente, consideramos que, con la perspectiva de las negociaciones de adhesión de Chipre a la Unión Europea, ha llegado el momento de hacer todo lo posible para desbloquear la situación y ofrecer garantías de seguridad a los dos grupos étnicos de la isla. 
Todo ello requerirá una importante inversión a corto plazo. 
La cuestión de Chipre está planteada desde hace 22 años y, a pesar de las condenas internacionales, las resoluciones de las Naciones Unidas y otras medidas, nada ha cambiado. 
Si la Unión Europea no procede realmente a ejercer presión para que se alcance una solución política, se llegará a la situación de que un posible miembro de la Unión Europea esté parcialmente ocupado. Sería una situación insostenible desde el punto de vista político. 
Señor Presidente, consternados e impresionados hemos tenido que tomar conocimiento este verano de los funestos acontecimientos acaecidos en Chipre. 
Tras 22 años de la ocupación turca, contraria al Derecho internacional, de más de un tercio del territorio chipriota se llegó a una escalada de violencia que apenas era considerada posible. 
En primer lugar, en algunos medios de prensa se difundió falsamente la impresión de que se trataba de un enfrentamiento intercomunal. 
Sin embargo, el hecho es que unos chipriotas griegos, desprovistos de armas, que se manifestaron en la zonas desmilitarizada contra la partición de su país se vieron enfrentados a una masiva violencia militar turca y a miembros de la organización fascista juvenil «lobos grises» , transportados hasta allí de manera organizada. 
Sesenta y cinco mil millones de liras turcas procedentes de las arcas estatales turcas fueron puestas a disposición para el viaje de esta organización de extremistas. 
Por consiguiente, no se enfrentaron chipriotas griegos y turcos. 
Dos chipriotas jóvenes, desprovistos de armas, fueron asesinados precisamente por miembros de este grupo terrorista y por un oficial turco de ocupación; otros fueron gravemente heridos. 
En nombre de mi grupo condeno de la manera más severa estos hechos horrorosos. 
Para cualquier estado de Derecho sería evidente la búsqueda, persecución y detención de los autores. 
En Chipre Norte, que no es un estado y menos un estado de Derecho, uno de los autores ha sido nombrado Ministro de Agricultura. 
Éste es un proceder increíble. 
Estos desgraciados incidentes, acaecidos en Chipre, no dicen nada sobre la relación entre los dos grupos étnicos. 
Los patriotas turcos y griegos tienen el derecho a poder convivir y lo desean también. 
Se urge a la Unión Europea a hacer todo lo que esté en su poder- y esto quiere decir más que hasta ahora- para poner término a la ocupación de Chipre y conseguir un Chipre unificado. 
Ya en junio del pasado año el Parlamento Europeo instó al Consejo a que decidiera una acción común sobre Chipre. 
En nombre de mi grupo quiero encarecer una vez más con toda energía esta petición. 
Esta mañana el Parlamento Europeo ha condenado severamente a Turquía respecto de la violación de los derechos humanos y el Derecho de gentes y ha decretado el embargo de los recursos financieros destinados a Turquía. 
En este momento se insta con urgencia a la Comisión y al Consejo a hacer entender de manera inequívoca al Gobierno turco que la mejora de las relaciones con la Unión Europea incluye también una solución del problema de Chipre. 
Señor Presidente, el doble asesinato y los varios heridos, entre ellos dos componentes de las fuerzas de la ONU en Chipre, han provocado sorpresa en la opinión pública y en los diputados. 
Creo que esta sorpresa está de más, porque se trata de un asesinato, de una acción organizada encaminada a fomentar la convicción de que es imposible la convivencia en paz de las dos comunidades de la isla, aunque hayan convivido pacíficamente durante siglos. 
¿Para qué todo esto? 
Para justificar la división de facto impuesta por la invasión y la ocupación desde hace más de veinte años, así como la legalización, en la medida posible, de tal régimen de ocupación. 
Esa es la fuente de todos estos sucesos, que se multiplicarán en un futuro. 
Sin embargo, señor Presidente, detrás de este satánico, diabólico e intolerable plan del chauvinismo turco hay planes de otras potencias. 
En concreto, se ha descubierto que los Estados Unidos tienen planes y estudios, elaborados por sus servicios, que prevén la división de Chipre- y no sólo de Chipre, sino del Egeo- con objeto de poder ejercer un control sobre la región dividida y, con ello, sobre los yacimientos de petróleo que, según sus cálculos, existen, y sobre la entrada y salida de petróleo desde el mar Negro, el Caúcaso, el Caspio y cualquier otro punto que les sea posible. 
Por consiguiente, la resolución, en nuestra opinión, es insuficiente en cierto grado; es insuficiente, porque no revela ni denuncia estos motivos más remotos. 
No obstante, es algo y le daremos nuestro voto favorable. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1010/96 de la Sra. Maij-Weggen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Burundi; -B4-1015/96 de la Sra. André-Léonard y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre Burundi; -B4-1019/96 del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Burundi; -B4-1033/96 del Sr. Carnero González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Burundi y el golpe de estado del 25 de julio de 1996; -B4-1038/96 de la Sra. Baldi y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre Burundi; -B4-1045/96 de la Sra. Aelvoet y el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Burundi; -B4-1074/96 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Burundi. 
Señor Presidente, señoras y señores, la situación política de Burundi se ha vuelto a trastocar totalmente en los últimos dos meses. 
El golpe de estado del 25 de julio ha mostrado que el ejército de Burundi está totalmente interesado en conservar el poder absoluto, aunque con ello se hunda el país. 
Mi grupo es de la opinión de que deberíamos condenar con toda energía este golpe de estado. 
Con esto mostraremos a la población de Burundi nuestro apoyo a sus esfuerzos por establecer una democracia y por implantar el orden en su país devastado por la guerra. 
Señor Presidente, un golpe de estado no debe ser rentable jamás. 
Por esta razón, deberíamos mostrar también nuestro apoyo a los 7 estados africanos que con su embargo quieren impedir la internacionalización de esta injusticia. 
Sin embargo, la única esperanza eficaz para Burundi es que todas las partes en conflicto se sienten sin condiciones previas a la mesa de negociación. 
En este sentido, hemos de manifestar nuestra especial admiración hacia los esfuerzos del Presidente de Tanzania por desempeñar esta tarea. 
Señor Presidente, desde el golpe de estado de los oficiales tutsis, reina una relativa calma en Bujumbara. 
Desgraciadamente la situación no es la misma en el campo, donde la guerrilla causa estragos e impide que las ONG trabajen fuera de la capital. 
A pesar de los esfuerzos desplegados por el ex presidente Nyerere, no se ha podido encontrar ninguna solución para superar la crisis de Burundi. 
La ausencia de voluntad de reconciliación nacional es lamentable. 
Sin embargo, el Sr. Ajello ha seguido las negociaciones iniciadas con las fuerzas extremistas, lo que parece darle la razón a los que defienden la idea de enviar una fuerza militar internacional. 
Esta fuerza de interposición permitiría impedir que se produzca en Burundi una tragedia semejante a la que acaeció en Rwanda durante la primavera de 1994. 
Pero nos preguntamos sinceramente, señor Presidente, si nuestras resoluciones tienen todavía alguna posibilidad de ser escuchadas. 
Sin embargo, esperamos que pueda establecerse por fin el diálogo con vistas a evitar un nuevo baño de sangre. 
Señor Presidente, es realmente un desastre que ya sean más de diez las resoluciones sucesivas sobre un país que acaba de ser, una vez más, víctima de un golpe de estado. 
Claro está que una de nuestras primeras reacciones será la de no reconocer la legitimidad de las autoridades en el poder. 
La segunda reacción importante podría ser, o debería ser, reforzar el embargo, en particular sobre el conjunto de bienes estratégicos. 
Me refiero, especialmente, a los carburantes, a las armas y a las municiones ya que, en lo demás, es la población la que paga casi siempre el precio de un embargo. 
En nuestro caso lo pagaran las fuerzas armadas. 
La tercera reacción viene del hecho de que siguen las masacres y, a este respecto, sólo cabe pensar que se ha franqueado una nueva etapa con el asesinato deliberado de Monseñor Ruhuna, arzobispo de Gitega, que era un hombre de paz, un hombre de valor y cuya desaparición interesaba a todos los extremistas. 
De momento, al menos en lo que nos afecta, debemos presionar para que se abran negociaciones entre todas las partes afectadas, incluidas las que hasta ahora han tomado las armas. 
Es necesario también que esté preparada para intervenir la fuerza de mantenimiento de la paz- sobre la cual se tomó un principio de acuerdo en Arusha- y, para decirlo todo, que intervenga inmediatamente. 
Por último, diré que sólo si se produce una importante modificación de los grandes estamentos del Estado se podrá restablecer la paz en este país. 
Señor Presidente, señores diputados, el genocidio selectivo que sigue perpetrándose en Burundi, en particular como consecuencia del golpe de Estado militar del pasado 25 de julio que ha llevado al poder a Pierre Buyoya, lo ha querido sin duda alguna alguien que desea poner fuera de juego la voluntad y la inteligencia de ese pueblo. 
Aunque la comunidad internacional siga con todas sus energías tratando de restablecer la democracia y de garantizar la paz y la reconciliación nacional en los distintos países de la región de los Grandes Lagos, la situación es cada vez más dramática. 
Estamos profundamente conmovidos por el asesinato del arzobispo de Gitega, Monseñor J. Ruhuna, y de otras víctimas que tuvo lugar el 9 de septiembre. 
El golpe de Estado perpetrado por Buyoya y condenado por todos los gobiernos se produjo increíblemente en el momento mismo en que la OUA, con el apoyo y la ayuda logística y financiera de la Unión Europea y de la ONU, había decidido intervenir para tratar de resolver esa dramática situación. 
Es necesaria una intervención clara, dado que no hay ninguna seguridad en el país y que la impunidad está en el origen del conflicto, que alguien hace pasar sólo por odio étnico entre las tribus hutu y tutsi. 
La viva petición de ayuda y el grito desesperado que llega de muchas partes del país se dirige a nosotros para que impongamos sanciones económicas y un embargo total, incluido el embargo de las armas en todas las regiones de los Grandes Lagos: tales peticiones no pueden no ser atendidas y, por lo tanto, es necesario el embargo de las armas. 
Muchas preguntas siguen sin respuesta: ¿por qué se desestimó la intervención militar que la OUA había decidido en Arusha, donde Burundi estaba presente? 
¿Por qué se mata a personas que pertenecen a determinados grupos políticos? 
¿Por qué existe este estado de inseguridad e impunidad desde hace más de treinta años? 
¿Por qué, si existe la voluntad de resolver esta situación, no se consigue volver a un Estado de derecho? 
Por último, ¿por qué los esfuerzos de toda la comunidad no logran determinar los cambios decisivos para llegar a un Estado democrático sin el uso de la fuerza? 
Señor Presidente, Señorías, me alegra comprobar que la resolución de este Parlamento que ahora debatimos es mucho más clara que las comunicaciones del Consejo y la postura de los diversos gobiernos: me refiero a Francia, Bélgica y otros. 
La gran diferencia radica en que este Parlamento tiene el valor de condenar el golpe de estado y, en segundo lugar, de afirmar que no sólo respaldará a Nyerere, sino que también dará su apoyo al embargo. 
Es ésta una necesidad absoluta si queremos tener algún control sobre los dirigentes de Burundi. 
Si pasamos por alto este aspecto, nos estaremos engañando. 
A mi juicio, el llamamiento que consta en este documento implica que el resultado del embargo ha de ser que los dos partidos vuelvan a negociar y se pongan de acuerdo sobre un proyecto de reparto del poder, ya que la paz sólo volverá a Burundi si se logra un acuerdo sobre el reparto del poder entre los tutsis y los hutus. 
Señor Presidente, quisiera hacer una enmienda oral a la propuesta de resolución que vamos a votar. 
Se trata del apartado 7, donde se dice que el Parlamento Europeo toma nota del restablecimiento de la Asamblea Nacional y del levantamiento de la prohibición sobre los partidos políticos que constituyen un paso positivo pero insuficiente para el restablecimiento de la legalidad constitucional. 
Este punto debe ser suprimido porque, en primer lugar- según informaciones directas de las fuerzas políticas democráticas de Burundi -, es falso que se hayan levantado las prohibiciones contra los partidos políticos. 
Se trata de un intento de adherir al régimen a parlamentarios de la oposición. 
En segundo lugar, y esto es clave, sólo hay una forma de avanzar en el restablecimiento de la legalidad constitucional a partir de un golpe de Estado. 
Y esa forma es la devolución del poder usurpado a quien constitucional, democrática y legítimamente corresponde. 
En estos momentos esa persona es el Presidente Ntibantunganya, que se encuentra refugiado en una embajada occidental y su familia está fuera del país. 
Cualquier otra fórmula que no sea la reposición en el poder de las autoridades derrocadas o hacer elecciones libres- como este, más que dudoso, restablecimiento de la Asamblea Nacional- no es más que un burdo intento de legitimar el golpe de Estado contra el que precisamente nos estamos pronunciando. 
La Asamblea Nacional se ha restablecido- y leo textualmente el comunicado del régimen golpista- en el marco legal del sistema institucional de transición. 
Creo que es bastante elocuente lo que dice el golpista con respecto al restablecimiento de la Asamblea Nacional. 
Desde Europa, y respecto a África, solemos caer en la tentación de aceptar las ficciones democráticas como un fatalismo inevitable. 
Si aplaudimos componendas como ésta, en la que un dictador pretende manipular las instituciones presuntamente democráticas, estaremos contribuyendo a incrementar la lista de países con regímenes que nos repugnan en Europa pero que cínicamente aceptamos para África. 
Propongo, por todo ello, la supresión de este apartado 7, tal y como está redactado en la propuesta de resolución común. 
Quiero advertir, por otra parte, que este Parlamento va a tener la próxima semana la oportunidad de aplicar los principios que defendemos más allá de las meras aprobaciones de resoluciones. 
Espero, y en todo caso quiero solicitarlo desde aquí, que los representantes de Burundi sean efectivamente los representantes parlamentarios legítimos cuyo mandato procede de las elecciones de 1993 y no los enviados diplomáticos de un régimen que la Unión Europea no debiera reconocer. 
En Burundi se está produciendo una masacre en nombre de la limpieza étnica, ese concepto que determinó la intervención en Bosnia. 
En Burundi han sido asesinados después del golpe de Estado del 25 de julio, a partir del cual Buyoya se hizo con el poder, más de 7.000 personas, entre ellos el arzobispo, Monseñor Ruhuna, al cual tuve el honor de conocer y de hablar con él sobre Burundi. 
La situación de violencia existente en Burundi no ha disminuido sino que ha aumentado. 
La única solución es nuestro apoyo a Julius Nyerere, a los dirigentes africanos y a la OUA en sus esfuerzos por encontrar una solución a la grave crisis que atraviesa Burundi y toda la zona de los Grandes Lagos. 
Muchas gracias, señora Sauquillo. 
He escuchado su intervención con el interés que siempre sus palabras me merecen y le debo recordar que la propuesta de enmienda oral que usted ha hecho encontrará su momento reglamentario oportuno a la hora de la votación, que, como recordaré al final del debate, tendrá lugar esta misma tarde a partir de las 17.30 horas. 
Señor Presidente, ayer tuvimos ocasión de comprobar que la Presidencia de la Unión Europea soslayaba la cuestión de Iraq y de Turquía. 
No me cabe la menor duda de que hoy la Comisión y la Presidencia de la Unión se percatarán de que el Parlamento no quiere ya que se soslaye la cuestión de Burundi. 
La tragedia de Burundi continúa con total menosprecio por los derechos humanos, con ejecuciones sumarias y con la matanza de miles de personas a lo largo de un prolongado período de tiempo. 
No hay embargo alguno que impida llevar armamento a esa región. 
Junto con la Sra. Baldi y otros miembros de mi grupo, he hecho un llamamiento en favor de un embargo sobre armamentos en la región porque el número de vidas perdidas y de casos de abuso de los derechos humanos alcanza proporciones verdaderamente aterradoras. 
He pedido al Comisario, en quien personalmente tengo mucho fe y mucha confianza en su capacidad de conseguir cosas en la Comisión, que insista en que se instituya un embargo de ese tipo en la región. 
Pediré también al Comisario que considere de nuevo toda la situación en lo que se refiere a la Organización de la Unidad Africana y su deseo de intervenir directamente en Burundi, para instituir la paz y la estabilidad que se puedan lograr. 
La inestabilidad persistente de Burundi, junto con la escalada de los combates, tiene que acabar, y la Unión Europea no puede seguir indiferente en espera de que se encuentre una solución a este problema concreto. 
Un problema concreto, Comisario, es la institución de un embargo de armamentos- no solamente en Burundi, pero empecemos con Burundi- para ver de qué forma podemos controlar la llegada de armamentos procedentes de la Unión Europea, que es lo que está contribuyendo a las situaciones terriblemente tristes que presenciamos en Burundi, en Rwanda y en otras regiones. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales condena el golpe de estado realizado en Burundi, país inmerso en una situación de absoluta inestabilidad. 
El golpe de estado ha supuesto una escalada de la violencia, y es urgente la instauración de una autoridad estable que restablezca finalmente el control sobre el ejército y que declara el procesamiento de los responsables de los actos de violencia. 
Por esta razón, el diálogo con todos los componentes políticos ha de iniciarse lo antes posible. La Sra. Aelvoet ya ha hecho una observación al respecto. 
Así pues, el Grupo de los Liberales acoge con satisfacción las presiones ya ejercidas por la comunidad internacional sobre el nuevo régimen, que deberían incluir además el embargo de las armas y las municiones. 
Esta ampliación del embargo es una medida mínima para evitar una nueva escalada de la situación. 
Obviamente, este embargo sería también aplicable a Zaire, país ante el que se debe insistir para que cese en su apoyo a los grupos extremistas. 
La comunidad internacional no puede seguir mirando sin más. 
Los intentos de mediación sólo tendrán éxito si se establece una fuerza de intervención internacional en Burundi. 
La propuesta de Butros Ghali puede convertirse pronto en una realidad, ya que algunos países africanos han anunciado su voluntad de contribuir con tropas a la creación de esa fuerza. 
Por tanto, insto al Consejo para que pida a los miembros europeos del Consejo de Seguridad que apoyen esta idea. 
Señor Presidente, la delegación de Alleanza Nazionale está de acuerdo con los contenidos de la resolución y, por lo tanto, la votará. 
Sin embargo, nos preguntamos qué eficacia puede tener esta resolución si luego la Unión Europea no tiene una voz unívoca ni reacciones conjuntas ante las tragedias humanas que se producen un poco en todo el mundo. 
Mi impresión es que los pueblos africanos, tras el abandono de las utopías comunistas por sus elites y ante la evidente decepción de éstas por el mensaje político-cultural que procede de Occidente, están deslizándose peligrosamente hacia el tribalismo. 
Añádase a eso que el púlpito desde el que lanzamos anatemas y lecciones en nombre de tales principios empieza a tambalearse un poco después de las tragedias y las divisiones étnicas que se han producido en el corazón mismo de Europa, y el intento de secesionismo por parte de la Lega en Italia podría ir precisamente en ese sentido. 
Por consiguiente, un poquito de realismo y de concreción no haría daño. 
Así pues, concretamente, ¿qué podemos hacer nosotros, los parlamentarios europeos? 
La semana próxima, en Luxemburgo, se reunirá la Asamblea paritaria ACP-UE, y precisamente en ese contexto podremos tomar esas medidas de represalia económica que quizás obtendrán más resultados que mil proclamas altisonantes. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión sigue, evidentemente, muy preocupada por la situación actual en Burundi y no puede dejar de deplorar una vez más, en particular, el reciente asesinato del Arzobispo de Gitega. 
Compartimos la opinión de Sus Señorías de que la única solución para los problemas de Burundi radica en su propio pueblo. 
Así, habrán de celebrarse negociaciones entre todas las partes en el conflicto a fin de que se intente establecer un sistema que sea estable y justo para todas las personas de todos los grupos étnicos y es importante que sigamos instando a todas las partes a que pongan fin a la lucha y comiencen a hablar de paz. 
La Comisión ha dicho en diversas ocasiones que está dispuesta a hacer todo lo posible en el sentido de apoyar la reconstrucción de Burundi en cooperación con los Estados vecinos, organizaciones internacionales interesadas y otros donantes. 
Evidentemente, consideramos la posibilidad de contribuir a la financiación de observadores de paz y de los derechos humanos una medida importante en el ámbito del proceso de paz. 
También queremos seguir colaborando en el sentido de que se establezca un diálogo nacional y se restaure la constitución y el sistema jurídico, así como preparar un importante conjunto de medidas de recuperación y ayuda al desarrollo, en cuanto las circunstancias lo permitan. 
Pero es importante que se diga que, después de que en varias ocasiones hemos hecho un llamamiento para que organizaciones como la Organización de la Unidad Africana u organizaciones subregionales tuvieran un papel activo y prioritario en el examen de los problemas del África Subsahariana, ahora tenemos una oportunidad- y la hemos aprovechado- de apoyar al grupo de países vecinos que, reunidos en Arusha, adoptaron decisiones importantes y- podríamos decir incluso- valientes en el sentido de restablecer la legalidad constitucional. 
Por eso, la Unión Europea apoya inequívocamente el proceso y las orientaciones trazadas por los Jefes de Estado africanos de la región y lo hace por mediación de sus delegaciones o de la notable acción de su enviado especial, Sr. Aldo Ajello, enviado especial de la Unión Europea para la región de los Grandes Lagos. 
Quisiera también subrayar que, pese al terrible escenario que nos llega todos los días de Burundi, hay, pese a todo, algunas señales de esperanza. 
Yo no puedo dejar de transmitir al Parlamento que me sentí alentado, en cierto modo, al saber que los grupos extremistas de Burundi habían celebrado algunos contactos exploratorios, en Roma, por mediación de la Comunidad del Santo Egidio, que desempeña un papel decisivo en el proceso de paz en Mozambique. 
Son contactos preliminares, pero se trata de una luz en el fondo del túnel y no están, evidentemente, en contra del resto del proceso que se ha desarrollado de forma más oficial, pero paralela y, probablemente, complementaria y útil. 
Quisiera subrayar también, si me permiten, señor Presidente y Señorías, que se ha examinado ya en varias ocasiones la cuestión del embargo de armas. 
La Comisión nunca ocultó su simpatía por ese embargo, pero quisiera subrayar que, a consecuencia de las sanciones que se están aplicando, el tráfico de armas es en este momento virtualmente imposible, en la medida en que es imposible que haya movimientos físicos importantes a través de las fronteras. 
Ahora bien, creo que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y las reuniones que se celebrarán, la próxima semana, en Nueva York, será uno de los puntos del orden del día para los contactos con el Secretario General de las Naciones Unidas o con nuestros socios, en particular, norteamericanos, o con nuestros socios, evidentemente, africanos, será uno de los asuntos del orden el día que se debatirán y espero que de esa semana neoyorquina emanen nuevas orientaciones, y con una única voz. 
Termino, señor Presidente, diciendo que, una vez más, el Parlamento Europeo pone el dedo en la llaga en relación con algunos asuntos relativos a la cuestión de Burundi y mucho me complace que se apruebe esta resolución. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales se ha pronunciado siempre a favor de la creación de un Tribunal penal internacional permanente. 
Los derechos humanos universales han de ser defendidos a escala internacional y sus infracciones han de ser sancionadas internacionalmente. 
Los Tribunales internacionales ad hoc sobre Rwanda y sobre la antigua Yugoslavia realizan una labor positiva, pero ha llegado el momento de trabajar de un modo permanente, de crear un órgano permanente. 
No se perdería el tiempo que se requiere para constituir un tribunal ad hoc y el coste, probablemente, no sería tan elevado. 
Afortunadamente, se han logrado progresos significativos y el Comité preparatorio para la definición de los estatutos del Tribunal internacional ha clausurado su trabajo y ha solicitado que se convoque, antes de que concluya el año 1998, una conferencia diplomática para su constitución. 
Pese a ello, todavía queda mucho por hacer y la Unión debe desempeñar un papel dirigente al respecto. 
Con objeto de ejercer una influencia máxima, la Unión debe llegar a una posición común lo antes posible respecto a la necesidad de constituir el Tribunal y actuar de común acuerdo durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta Asamblea General, la Unión Europea debe defender la renovación del mandato del Comité preparatorio e instar a la convocatoria efectiva de una conferencia diplomática antes de que concluya el año 1998. 
Si los Estados miembros actúan de común acuerdo, pueden ejercer una gran influencia. Eso lo sabemos. 
Esta es la idea básica de la política exterior y de seguridad común, con la que todos estamos de acuerdo. 
Pido a los Estados miembros que apliquen en la práctica esta política, sobre todo en relación con la protección de los derechos humanos universales y la sanción de los crímenes contra la humanidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, considero especialmente importante este debate, esta voluntad del Parlamento, por tercera vez en tres años, de pedir enérgicamente que la Unión Europea promueva, como lo ha hecho desde el inicio, un proceso que desemboque en la decisión política de constituir el Tribunal Penal Internacional. 
Comisario Pinheiro, usted sabe muy bien que en la ONU, en las reuniones preparatorias para definir la posición de la Unión Europea está evidentemente, entre los demás puntos del orden del día, la cuestión del Tribunal. 
En efecto, el sexto Comité de las Naciones Unidas tendrá que pronunciarse en noviembre sobre dos peticiones del Comité preparatorio: una, para la renovación del mandato para concluir los trabajos sobre el estatuto, mientras que la otra, que es una petición política muy importante, se refiere a la decisión, que se ha de tomar este año en la 50ª Asamblea General, de que, en cualquier caso, en 1998 se convocará la Conferencia. 
Por consiguiente, el Parlamento pide a la Unión Europea, a la Presidencia irlandesa, a la Comisión- y, por lo tanto, me dirijo a usted, señor Comisario, esperando una respuesta positiva- que, evidentemente, hagan todo lo que sea de su competencia, todo lo que sea posible para armonizar la posición de la Unión y para que los 15 países puedan expresarse con una sola voz. 
Si hemos querido pedir este debate, presentar esta resolución, es porque cada uno de nosotros sabe que al menos dos países tienen todavía reservas, países que han estado en el origen de la constitución de los Tribunales ad hoc y que han promovido incluso, al menos uno de los dos, la idea misma del Tribunal Permanente. 
Eso nos preocupa, pero esperamos que, con la ayuda de la Comisión, el Consejo quiera tomar realmente esta importante decisión. 
Señor Presidente, señoras y señores, en esta discusión me interesa la credibilidad de esta Asamblea. 
Estamos a favor de un Tribunal Penal Internacional, pero antes de la pausa de verano no estábamos en condiciones de habilitar los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal, el cual está actualmente ocupado en investigar los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. 
Si esta Alta Asamblea desea realmente que exista una persecución penal internacional en este tipo de crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, entonces tampoco nos podemos sustraer a la responsabilidad financiera por tales proyectos. 
Por consiguiente, pido que esta Asamblea apoye en el procedimiento notenboom así como también en el futuro presupuesto para 1997 las solicitudes del Grupo de los Verdes y del Grupo de la Coalición Radical Europea, que apoyan las subvenciones para el trabajo del Tribunal Internacional sobre la antigua Yugoslavia. 
¿Dónde quedará nuestra credibilidad si deseamos políticamente una cosa pero, por otro lado, la dificultamos no habilitando los recursos? 
Señor Presidente, espero que, como propugnaba el Sr. Dell ' Alba, ese Tribunal militar se pida realmente con energía, porque, si no, corremos el riesgo de pedir pero de que no se nos escuche. 
Creo que la comunidad internacional debe proveerse realmente de este Tribunal Penal Permanente que pueda juzgar los crímenes contra la humanidad. 
Hay que combatir una especie de impunidad jurídica y política de la que gozan los culpables de genocidio. 
Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia y en Rwanda se han violado la dignidad humana y los fundamentos de la convivencia civil, y sólo una jurisdicción mundial, con muchos tribunales y muchos jueces internacionales, puede garantizar la justicia. 
Por eso, el Consejo y la Comisión deben elaborar una acción común en los términos previstos en el Tratado de Maastricht, para que Europa apoye al Comité preparatorio de las Naciones Unidas para la constitución de este Tribunal Penal. 
A este respecto, señalo, y que la Comisión lo tenga en cuenta, que mi país, el Gobierno italiano, ya se ha brindado a albergar la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria. 
En nombre de nuestro Grupo, y en nombre también de la Sra. Lenz que desgraciadamente no puede estar aquí con nosotros, tomo la palabra para expresar nuestro completo apoyo a esta resolución. 
Creo que tenemos que dar prueba de una actitud coherente ante estos crímenes internacionales de guerra y que no puede haber refugio alguno para los que los han perpetrado. 
Quisiera decir también que, personalmente, estoy muy contenta de que la resolución incluya una prohibición de la pena de muerte. 
Sea cual fuere la pena que los tribunales decidan imponer a esas personas, no me parece que la pena sea acertada. 
Estimo que es necesario en estos momentos decir lo que he dicho porque hay muchas voces que claman por la reintroducción de la pena de muerte para determinados delitos, y me alegra sobremanera que la resolución mencione la prohibición de la pena de muerte. 
Indonesia 
Señor Presidente, señor Comisario Deus Pinheiro, Señorías, con una frecuencia dramática el Parlamento Europeo denuncia y repudia la total falta de respeto por parte de Indonesia de los derechos humanos. 
Cada vez que se vuelve a abordar ese asunto, la situación se ha agravado y no sólo en Timor Oriental. 
¿Qué más habrá de suceder para que cesen las ventas de armas a ese país, en particular por parte de Estados miembros de la Unión Europea? 
No se trata de actuar con pragmatismo político, sino de proporcionar medios para la represión. 
¿Y qué decir de las palabras pronunciadas reunión tras reunión a favor del respeto por los derechos humanos seguidas de manifestaciones de aprecio? 
Las sucesivas manifestaciones del Parlamento Europeo en las que se repudia la situación en Indonesia son justas. 
Con todo, o la Unión Europea, como un todo, hace suya la posición del Parlamento Europeo, o el crédito que- creo yo- merecemos se tambaleará. 
Ante la situación en Indonesia, ¿para cuándo la adopción de una posición común que tenga consecuencias efectivas en el nivel de las relaciones políticas y económicas? 
Señor Presidente, me entristece tener que tomar la palabra otra vez ante este Parlamento acerca de una clara falta de democracia y de derechos humanos en un tercer país, Indonesia. 
Se trata de un país que disfruta de una economía floreciente y que es miembro de la importante Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 
Como todos sabemos, especialmente los que tomamos parte en estos debates, esas credenciales no son una garantía de democracia ni de respeto de los derechos humanos. 
El ataque innecesariamente violento lanzado contra la sede central del Partido Democrático Indonesio, apenas unos días después de la reunión ministerial de la ASEAN en Jakarta, no es más que otro ejemplo de los esfuerzos del Gobierno por suprimir toda oposición a su régimen en el país. 
En esta ocasión, hubo 90 heridos y más de 180 personas detenidas; la mayor parte de ellas siguen en prisión. 
El Partido Democrático del Pueblo, que es otro partido de la oposición, también ha sido tratado como si sus actividades fueran criminales y muchos de sus seguidores están también encarcelados. 
Además, a los activistas que son partidarios de la democracia se les tiene incomunicados para que no puedan intervenir en actividades pacíficas. 
Todo esto es intolerable. 
A los medios de información indonesios se les ha dicho que vigilen todo brote de propaganda comunista. 
Las fuerzas de seguridad han intimidado a los periodistas, y en el país prevalece una atmósfera de censura. 
Mi grupo preconiza que no podemos cerrar los ojos ante la represión de que es objeto Indonesia. 
Las estructuras para la democracia existen, y hay que hacer todo lo posible por protegerlas. 
Subrayo especialmente lo que se dice en el apartado 8 de nuestra resolución común, en el que se apela a la Comisión a que subordine el establecimiento de relaciones comerciales con la ASEAN al respeto de los derechos humanos, y se pide a la Comisión que exponga sus observaciones sobre el particular. 
Señor Presidente, cuando las Indias Orientales Holandesas se convirtieron en Indonesia, muchos de nosotros nos alegramos de ese paso en el camino de la descolonización y de la democracia. 
¡Qué amargos se están haciendo nuestros sueños y esa visión! 
Los días de la conferencia de Bandung, que era una atalaya de la liberación, parecen datar de hace muchos siglos, pues lo que tenemos ahora es un régimen de represión. 
La prueba de lo que digo no es únicamente los ataques lanzados contra sus propios ciudadanos, sino la denegación continuada del derecho de libre determinación no solamente en Timor Oriental, como algunos colegas han indicado ya y este Parlamento ha subrayado muchas veces, sino también en Papua Occidental o Irian Jaya Occidental. 
Tenemos que preguntar a la Comisión que cuándo va a ejercer presión sobre Indonesia- como suponemos que hará- en relación con los derechos humanos, cuándo va a dejar que esas denegaciones concretas del derecho democrático a la libre determinación figuren en lugar prioritario de su orden del día, para que cuando Indonesia acabe por regresar a la democracia esas regiones queden liberadas, de igual manera que Cataluña y el País Vasco pudieron beneficiarse cuando la democracia se instituyó en España. 
Señor Presidente, después de lo que hemos escuchado cabe decir que éste no es un estado democrático y no es un estado en el que se salvaguarden los derechos humanos. 
El 27 de julio la sede del Partido Democrático de Indonesia, del PDI, fue asaltado por el ejército y por fuerzas paramilitares: 5 muertos, 24 desaparecidos, 149 heridos; éstas son las cifras que hay que lamentar. 
Estamos indignados de que los manifestantes pacíficos del movimiento democrático fueran perseguidos también en los días siguientes. 
Al menos 100 personas, según las cifras de que disponemos, fueron detenidas arbitrariamente y están sometidas a la Ley de antisubversión. 
No existe ninguna libertad de pensamiento ni de prensa; al contrario, los periodistas son perseguidos también. 
Indonesia no ha ingresado en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. 
No existe un acuerdo contra la tortura y por esta razón estamos sumamente preocupados. 
Por consiguiente, exigimos tres puntos: en primer lugar, la puesta en libertad de los detenidos; en segundo lugar, lo que siempre hemos exigido en relación con Timor Oriental e Irian Jaya, la suspensión de todo tipo de ayuda militar procedente de Europa y, en tercer lugar, la inclusión de los derechos humanos en las relaciones comerciales con ASEAN. 
La Unión Europea ha firmado acuerdos comerciales sin mencionar la cuestión de los derechos humanos. 
Esto tiene que volver a cambiar por parte de la Comisión. 
En este punto es preciso que se garanticen los derechos humanos. 
Este es nuestro compromiso. 
La supresión violenta de un movimiento pacífico partidario de la reforma democrática en Indonesia, con detenciones, restricciones impuestas a los periodistas, heridos y muertos, es algo ante lo cual este Parlamento tiene que reaccionar. 
No se trata de un suceso aislado que no corresponde a la política seguida usualmente por el Gobierno de Indonesia. 
Este Parlamento se ha manifestado una y otra vez en contra de los abusos de los derechos humanos de que se ha hecho responsable el Gobierno de Indonesia. 
Lo peor que ha ocurrido en estos últimos años es el caso de Timor Oriental, donde se estima que ha fallecido la tercera parte de la población. 
Desgraciadamente, hay muchos otros ejemplos de abuso flagrante y en escala considerable de los derechos humanos por el Gobierno de Indonesia. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo tiene que pedir que se interrumpan a título permanente todas las entregas de armas y de equipo militar y que se haga todo lo posible para obligar al Gobierno de Indonesia a poner término a su política consistente en aplastar por la fuerza toda tentativa de desacuerdo. 
Los que están en la cárcel por delitos puramente políticos, entre ellos Muchtar Pakpathan, deben quedar en libertad, y debe abandonarse la actuación jurídica contra la Sra. Megawati Sukarnoputri. 
A menos que cambie la situación, las autoridades indonesias tienen que hacerse cargo de que su menosprecio total de las normas internacionales de derechos humanos tendrá repercusiones para las relaciones económicas y políticas entre Europa y el Gobierno de Indonesia, y el Consejo y la Comisión tienen que estudiar cuidadosamente qué medidas inmediatas cabe adoptar a este respecto. 
Queremos tener las mejores relaciones que sea posible con Indonesia pero esas relaciones sólo se pueden lograr sobre la base de una mejora considerabilísima en la esfera de los derechos humanos. 
Este es el mensaje que debemos transmitir con toda claridad al Gobierno de Indonesia. 
Señor Presidente, es digna de mención la convergencia, una vez más manifestada, de los Grupos políticos en defensa de los derechos humanos en Indonesia y la exigencia de medidas concretas por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros. 
En otras ocasiones, el Parlamento examinó y condenó violaciones graves de los derechos humanos por el régimen vigente en aquel país contra su propio pueblo y contra otros pueblos de la región sometidos a su dominación ilegal. 
Aquí se ha recordado el caso de Timor, entre otros. 
Lo que es nuevo en la situación evidenciada por los acontecimientos de julio y promete novedades interesantes es la generalización de las protestas y el surgimiento de un amplio movimiento democrático con dirigentes creíbles de una oposición auténtica que pone en entredicho los métodos y- me atrevo a esperar- la propia existencia del régimen dictatorial y opresor de Suharto. 
Así, pues, es necesario que la Unión Europea no favorezca la perpetuación de ese régimen, lo que equivaldría a trocar principios y valores por negocios. 
La resolución común sobre la creciente represión en Indonesia demuestra que en amplios sectores de este Parlamento se habla con sentido crítico de algunos aspectos de la política indonesia, y digo algunos aspectos porque las autoridades indonesias llevan en otros ámbitos una política acertada. 
En todo caso, la situación de los derechos humanos no es, ni mucho menos, la adecuada y lo mismo sucede con el grado de democracia del país. 
Si pienso en los tejemanejes contra la Sra. Megawati Soekarnoputri y su Partido Popular Democrático, tejemanejes que, de hecho, impiden una oposición democrática en Indonesia; si pienso en la detención de Muchtar Pakpahtan, dirigente del sindicato SBSI; si pienso en el elevado número de presos políticos; si pienso en los raids organizados recientemente y en la deshonra que sigue manchando a Indonesia en relación con Timor, debo concluir, en efecto, que el Gobierno de Indonesia ha logrado escasos progresos e incluso que la situación ha empeorado. 
Creo que la situación de la Sra. Megawati y del Sr. Pakpathan es esencial en esta resolución. 
En primer lugar, hemos de ofrecerles nuestro apoyo para que puedan mejorar esa situación, e intentar que se libere pronto a estos sindicalistas y a algunas otras personas. 
Por lo demás, la resolución contiene también algunos puntos que, en este momento, no vienen al caso y que quizá no sean tan sensatos o útiles. 
Me refiero al apartado 7 y sobre todo al 8. 
Si pudiéramos eliminarlos de la resolución, a mi juicio ésta conseguiría una gran mayoría y podríamos obligar al Gobierno de Indonesia a pensarlo mejor. 
Si una gran mayoría de este Parlamento da un aviso, creo que cabe esperar que el Gobierno de Indonesia se muestre dispuesto a escucharnos y a actuar en consecuencia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, los últimos acontecimientos en Indonesia, que se desprenden de la propuesta de resolución, vienen a reforzar la posición de todos aquellos que, a lo largo de los años, han denunciado lo que ocurría en Timor Oriental. 
Ante ese marco, consideramos que la Comisión y sobre todo la Presidencia irlandesa pueden llegar a desempeñar un papel importante. 
En primer lugar, deben prestar atención a la posición común, ya adoptada por el Consejo, y aplicar sus disposiciones en todas las instancias y ocasiones apropiadas, en particular en el 51º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la reunión del Consejo Europeo que pondrá fin a la Presidencia irlandesa, a semejanza de lo sucedido en Madrid, en 1995. 
En segundo lugar, incluir la cuestión de Timor Oriental, siempre que sea posible, entre las cuestiones de actualidad internacional que preocupan a la Unión Europea. 
En tercer lugar, apoyar y promover acciones destinadas a utilizar recursos a disposición de la Unión Europea para mejorar los derechos humanos en Timor y, por último, consideramos que se debe promover la publicación de un Libro Blanco en el que se reúnan testimonios y documentación sobre esas violaciones cometidas en Timor Oriental. 
Alexandre Nikitine 
Compruebo con satisfacción que nuestra iniciativa para que se incluya esta cuestión en el orden del día de los debates de actualidad y urgencia ha encontrado un gran apoyo entre los diputados. 
A menudo se reprocha a esta Asamblea que insistamos con demasiada frecuencia en los mismos temas, pero tratándose de Nikitin, el activista medioambiental de Rusia, se comprueba que, desafortunadamente, hay que incluir esta cuestión por tercera vez en diez meses. 
Pese a las dos resoluciones urgentes de este Parlamento y a las actividades de la Comisión Europea en Moscú, la situación de Alexander Nikitin parece que sólo empeora. 
Con razón le ha declarado Amnistía Internacional preso político. 
No hay que olvidar que, en su informe, Alexander Nikitin sólo hizo uso de fuentes públicas. Por tanto, en este caso no es cierto que haya publicado información secreta que pueda poner en peligro al país. 
Es inaceptable que en un país que además es miembro del Consejo de Europa esté detenida una persona por motivos políticos. 
Por esta razón, Alexander Nikitin debe ser absuelto en un juicio justo por un tribunal civil. 
Espero que la Comisión preste especial atención a esta cuestión y vuelva a sondear a las autoridades rusas. 
Aguardo con gran interés la respuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, el asunto Nikitine es importante por dos motivos. 
En efecto, estamos ante una persecución política por parte de las autoridades rusas respecto a un antiguo oficial que ha cumplido con su deber de ciudadano ruso y de ciudadano europeo, sin por ello desvelar el más mínimo secreto de tipo militar. 
¿Qué ha hecho el Sr. Nikitine? 
Ha denunciado la situación en la que se hallan las instalaciones nucleares de la península de Kola: un auténtico basurero nuclear. 
Mucho más que una amenaza, por lo tanto, se trata de un peligro real, enorme, presente, que no sólo se limita a Escandinavia sino que se extiende, a través del mar de Barents, a una región mucho mayor. 
Este asunto exige que se forme con la máxima urgencia una comisión mixta Parlamento Ruso-Parlamento Europeo y, por supuesto, la liberación inmediata del Sr. Nikitine. 
Señora Presidenta, debemos preocuparnos en esta Asamblea por el continuo deterioro del respeto de los derechos humanos en Rusia. 
En el caso que nos ocupa hoy, un medioambientalista ha sido apresado por el simple hecho de colaborar en un informe sobre la contaminación de los mares que rodean la península de Kola. 
Este Parlamento se ha pronunciado ya en febrero pero además Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité de Helsinki le consideran también preso de conciencia. 
Yo creo que nosotros debiéramos ya exigir, no solicitar sino exigir, la puesta en libertad de un hombre que está en la cárcel por el único hecho de cumplir con sus deberes cívicos. 
Otra cosa sería para el medio ambiente europeo, y ruso en particular, si todos los ciudadanos cumplieran con ese deber cívico de respetar nuestro medio ambiente. 
Por lo tanto, este Parlamento debe pronunciarse enérgicamente por la puesta en libertad del Sr. Nikitin, cuya salud, además, está deteriorada. 
Señora Presidenta, lo que hace que el caso de Alexander Nikitin sea especialmente importante para nosotros es que él ha participado en los trabajos del programa TACIS de la Unión Europea en colaboración con la organización Bellona. 
Nikitin ha sido declarado por Amnistía Internacional como preso político y, además, el primer preso de conciencia en Rusia después del derrumbamiento del sistema comunista. 
Así pues, estoy de acuerdo con Amnistía. 
Esta organización ha estudiado los capítulos que Nikitin escribió en el informe de la organización Bellona y ha constatado que están basados en fuentes públicas documentadas. 
No tenemos ninguna razón para hacer la vista gorda en este caso. 
Ahora es el momento de hablar también de quién va a recibir el premio Sajarov que concedemos anualmente y me gustaría que en los diferentes grupos políticos se pensase en Nikitin. 
En octubre o noviembre puede llegar a ser condenado a una pena de hasta 25 años de cárcel, por lo que ahora es el momento de actuar. 
A finales de año tal vez sea demasiado tarde. 
Por último, querría informar de que la red medioambiental Globe, que cuenta con bastantes miembros en este Parlamento, quiso realizar un viaje a Murmansk, en la península de Kola, para estudiar las cuestiones sobre las que Bellona y Alexander Nikitin habían escrito, es decir, el problema de las emisiones radiactivas. 
Lamentablemente, este viaje, planeado para finales de agosto, no dio en esta ocasión resultado alguno, ya que no se alcanzó una buena cooperación con las autoridades locales. 
El tema está de actualidad y espero que los miembros de este Parlamento lleguen a conocer las cuestiones por las cuales Alexander Nikitin está encarcelado sin razón. 
Rumania. 
Señora Presidenta, la noticia de que en Rumania una revisión del Código Penal ha conducido a la introducción de penas de hasta cinco años de prisión para castigar a los homosexuales merece, por la gravedad de las penas contempladas en la revisión, que la Comisión y el Consejo adopten medidas con la finalidad de exigir el cumplimiento de los derechos humanos en este país. 
Derechos que en este caso se vulneran por normas que, además de ser discriminatorias, son expresivas de juicios de valor mediante los cuales se pretende criminalizar, como siempre ocurre donde no se respeta la autonomía del individuo, a quienes en su vida y en sus elecciones disienten del común. 
Por ello, es preciso exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno de Rumania con el Consejo de Europa para suprimir totalmente la represión de las conductas homosexuales. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, con la decisión de prever una pena de hasta 5 años por homosexualidad se ha desacreditado, en mi opinión, el Parlamento rumano. 
O el Parlamento rumano no tiene idea de los estándares europeos en materia de derechos humanos o ha querido propinar conscientemente una bofetada, cosa que yo supongo, a todos los que en Rumania están padeciendo persecución por su orientación sexual y, por lo demás, a todos los que en este país están a favor de un acercamiento a la Unión Europea. 
En mi opinión, ambas cosas son intolerables y sólo indican cuán necesario es un proceso de democratización en las instituciones de Rumania. 
Es preciso que nuestra reacción se produzca hoy y ahora mismo. 
Es absolutamente necesario aumentar la presión, pues tenemos una posibilidad de que probablemente en un procedimiento de intermediación o mediante una revisión en el Tribunal Constitucional se conjure de hecho la amenaza de esta pena y se evite una criminalización de la homosexualidad. 
Quisiera destacar que celebro expresamente que el Presidente de la Delegación de Rumania en la Comisión Parlamentaria Mixta nos haya comunicado ya su intención de incluir este punto en el próximo orden del día de nuestra reunión de delegaciones. 
Señora Presidenta, esta propuesta de resolución es especialmente importante y tengo entendido que además de eso el gobierno de Rumania la considera oportuna. 
En efecto, ha llegado el momento de que el Parlamento rumano o al menos los miembros de algunas facciones especializadas en maniobras sospechosas como la que hoy nos ocupa, comprendan que tales iniciativas van en contra no sólo de los convenios que Rumania ha suscrito libremente, sino también de los valores en los que se basa la Unión Europea, de la que Rumania desea formar parte. 
Para acabar, creo también que este episodio y otros del mismo tipo deberían incitar a todos los miembros del Parlamento a redoblar los esfuerzos para que la Unión Europea se dote de una constitución en la que se codifiquen estos derechos fundamentales. 
Cuando visitamos Rumania hace algunos meses, he de decir que me pasmó la actitud de algunos políticos destacados ante la cuestión de la homosexualidad. 
Si antes estaba asombrado, ahora estoy profundamente consternado por las recientes medidas adoptadas por la Cámara de Diputados de Rumania, que desea introducir penas aún más duras y más rigurosas para los adultos que cometan actos homosexuales con pleno consentimiento. 
Esto es totalmente inaceptable en una sociedad que se proclama civilizada. 
Como todos sabemos, Rumania quiere ser Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
A menudo la Unión Europea pide con toda razón a Rumania y a países como Rumania que lancen un programa de liberalización de sus economías. 
Eso es una medida esencial, pero me parece que no menos importante es pedir a países como Rumania que, si desean ser Estados miembros de la familia europea, introduzcan mayor democracia, desarrollen su sociedad civil y, sobre todo, desarrollen su historial de derechos humanos y lo mejoren realmente a fondo. 
Espero que éste sea el mensaje fuerte y claro que enviemos hoy al Gobierno de Rumania. 
Señora Presidenta, señor Comisario, creo que hoy toda persona tiene el derecho fundamental a expresar su sensualidad con total libertad y respetando plenamente a su partner, sea del sexo que sea. 
Por eso es importante condenar enérgicamente- y mi Grupo lo hace- la vergonzosa decisión del Parlamento rumano de aumentar la represión contra la homosexualidad entre personas adultas, lo que, efectivamente, sitúa a un país, sea el que sea, en los límites del civismo. 
Pedimos urgentemente que el Presidente Iliescu ponga el veto presidencial a la ley: eso es posible y está previsto en la ley rumana. 
Subrayo, efectivamente, que homosexualidad y heterosexualidad deben tener los mismos derechos sociales, económicos y políticos. 
En ese sentido se ha manifestado los pasados años nuestro Parlamento. 
Pido que la Comisión se encargue de recordar a Rumania los compromisos contraídos cuando tenía que adherirse al Consejo de Europa: entre éstos estaba precisamente la supresión de las discriminaciones contra la homosexualidad. 
¡Procuremos por una vez que pesen decisiones ya tomadas! 
Señora Presidenta, recuerdo bien cuando el Sr. Samper estuvo aquí en nuestra Asamblea hace aproximadamente dos años y nos aseguró que haría todo lo posible por que en su país se dedicara mayor atención a la salvaguardia de los derechos humanos y a darles mayor vigencia. 
Tengo ante mí una cifra, que ha sido publicada por «Brot für die Welt» , una organización eclesiástica, según la cual más de 30.000 personas han sido asesinadas en el año 1995. 
Ahora bien, sé que la situación en Colombia es extraordinariamente complicada, pero no puedo tolerar, y tampoco nuestra Asamblea, que sigan sin emprenderse pasos decisivos en pro de una protección eficaz de los derechos humanos, sobre todo, la instalación de una oficina para los derechos humanos en Colombia. 
Con esto el gobierno se encuentra claramente retrasado. 
Pido a esta Asamblea que apruebe esta decisión, que marche al lado de la delegación y que por una obediencia precipitada no oculte sus intenciones respecto de nuestra posición política acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo intentó, durante varios meses, que se aprobara una resolución con respecto a los derechos humanos en Colombia. 
Son muchos los campesinos que han desaparecido o que han muerto. 
Nosotros estamos a favor de que desaparezcan los cultivos de droga, pero con cultivos sustitutivos. 
No puede quitarse una forma de vida a los campesinos si no se les ofrece otra, y es lo que está produciendo una guerra civil soterrada. 
Nosotros sabemos de la expulsión de varias familias de la finca de Bellacruz. 
Sabemos que todavía no está en funcionamiento la Oficina de derechos humanos acordada con las Naciones Unidas y nos tememos que no se apruebe esta resolución. 
Sería muy importante que la delegación de este Parlamento que va a ir a Colombia llevara la resolución, es decir, nuestro acuerdo sobre las consideraciones que el Parlamento hace del respeto de los derechos humanos en Colombia y todas estas dudas que hay sobre la actitud de las autoridades colombianas, porque pretenden quizá hacer una contrarreforma y considerar al ejército como policía judicial. 
Nos apenaría mucho que esta resolución no se aprobara y no pudiera esta delegación contar con el acuerdo del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, hemos estudiado con todo detenimiento esta propuesta de resolución que estamos debatiendo y, a fuer de sinceridad, encontramos muy razonable quizá la mayoría de la propuesta. 
A nosotros también, como al que más, nos preocupa el clima generalizado de violencia que hay en aquel país. 
Pero, por otro lado, esta propuesta tiene partes discutibles. 
Por ejemplo, nosotros dudamos que sea oportuno a estas alturas discutir si es procedente analizar la procedencia de la campaña de erradicación de los cultivos de coca. 
Pero entrando en la verdadera razón de nuestro Grupo, ésta es más bien de procedimiento. 
Hay una falta manifiesta de oportunidad de esta propuesta, tan flagrante que a nosotros nos obliga a no apoyarla. 
No olvidemos que estamos en vísperas, puesto que va a ser la próxima semana, como ha dicho la Sra. diputada, de que la delegación del Parlamento Europeo visite Colombia, donde se va a entrevistar con el Gobierno, con la oposición, con el Congreso, con el fiscal general y con las organizaciones no gubernamentales. 
Lo lógico sería esperar su informe antes de proceder a aprobar esta resolución. 
No olvidemos que esta visita es una visita oficial de este Parlamento y que uno de sus objetivos más importantes es comprobar los extremos señalados. 
Si la aprobáramos, estaríamos intentando sancionar antes de comprobar. 
No hay que olvidar que, en muchas ocasiones, el propio Parlamento e incluso instituciones de la Comisión Europea se han manifestado en favor de que siga adelante la actual lucha de erradicación de los cultivos de coca. 
Por tanto, nuestra postura es que es completamente inoportuno aprobar la resolución en estos momentos. 
Señora Presidenta, voy a intentar ser lo más sintético posible, respondiendo a todas las intervenciones o, al menos, interviniendo a ese respecto. 
Comenzaré por la cuestión del Tribunal Penal Internacional diciendo que, además de los argumentos ya aducidos por todos los oradores, y que son pertinentes, hay que tener en cuenta los ejemplos de los tribunales ad hoc en la antigua Yugoslavia y en Rwanda para comprobar que, en tiempo y en costo, optar por situaciones ad hoc no es lo mejor. 
Pero más importante aún que la cuestión de los costos es sin lugar a dudas la cuestión de la eficacia. 
La existencia de un Tribunal Penal Internacional con un estatuto jurídico bien definido y una esfera de acción bien delimitada y secreta sería sin duda un disuasor importante respecto de algunos de los crímenes contra la Humanidad y contra los derechos humanos que presenciamos en las diversas partes del mundo. 
Ésa es la razón por la que la Comisión apoya firmemente la creación de dicho tribunal penal internacional. 
Ésa es la razón por la que la Comisión, en los dos o tres años últimos, ha apoyado con 3, 5 millones de ecus la creación de los tribunales ad hoc en la antigua Yugoslavia y en Rwanda. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en cuanto a la cuestión de los derechos humanos en Indonesia, es, por desgracia, una situación recurrente. 
Por eso, hablar de la cuestión de Timor Oriental corre el riesgo, por desgracia, de convertirse en un lugar común, porque nada ha cambiado ni nada ha mejorado. 
Pero ahora que la falta de democracia y la falta de respeto de los derechos humanos es patente respecto de ciudadanos de Indonesia, en particular sindicalistas y políticos de oposición, la cuestión resulta, desde mi punto de vista, aún más flagrante. 
Por eso esta resolución, que sigue la línea de otras aprobadas por el Consejo y subscritas también por la Comisión, a propósito del respeto de los derechos humanos, no sólo en Indonesia, sino también de forma general, y de la influencia que deben tener en las relaciones políticas y económicas de la Comunidad, es sin duda una resolución importante y espero que el Consejo y la Comisión, en conjunto, tengan, como yo lo tengo, el debido respeto por ella. 
Señora Presidenta, respecto de la cuestión del caso de Alexander Nikitin, en Rusia, la Comisión ha adoptado, evidentemente, iniciativas ante las autoridades rusas y ha seguido de cerca los acontecimientos por los cauces adecuados. 
Considero que la legislación que Rusia subscribió con ocasión de su adhesión al Consejo de Europa es sin duda uno de los argumentos más poderosos para exigir, como se ha dicho, a las autoridades rusas la liberación del Sr. Nikitin. 
La defensa del medioambiente, como también se ha dicho, no puede ser objeto de comisiones, de ONG, pese a su buena intención, o del Parlamento Europeo. 
Debe ser un esfuerzo de todos, todos y cada uno, en cuanto ciudadanos. 
El Sr. Alexander Nikitin actuó en cuanto ciudadano y en cuanto ciudadano- en este caso del mundo y de Europa- merece nuestra solidaridad. 
En cuanto a la cuestión de los derechos de los homosexuales en Rumania, tengo el gusto de decir, señora Presidenta, Señorías, que hemos tenido conocimiento de una nota publicada ayer por el Gobierno de Rumania en la que encarga al ministro de Justicia que procure ante la Cámara de Diputados y el Senado rumanos que las normas de conducta del Consejo de Europa sean respetadas íntegramente, en particular por lo que se refiere al artículo 200 del código penal de Rumania. 
Tal vez signifique eso que la acción de Sus Señorías y también- permítanme la inmodestia- de la Comisión, por medios más discretos, habrá dado ya los primeros resultados. 
Esperemos que ello tenga consecuencias positivas y a corto plazo. 
Por último, señora Presidenta, señoras y señores diputados, en cuanto a la cuestión colombiana, la Comisión ha subscrito, como saben, la tesis, que, por lo demás, también ha mencionado la señora diputada, de que no basta con luchar e intentar hacer desaparecer la producción de coca: es preciso dar a los agricultores opciones substitutorias para ganarse el pan. 
Y ésa es una de las razones por las que en el nivel del sistema de preferencias generalizadas, no sólo para Colombia, sino también para otros países andinos, se han concedido algunas facilidades suplementarias y que consideramos importantes. 
También por esa razón se considera a Colombia un país prioritario dentro de nuestra rúbrica de democratización y derechos humanos en América Latina. 
También es ésa la razón- pero también la falta de respeto denotada en varios sectores de los derechos humanos- por la que la Comisión ha decidido financiar los gastos correspondientes a cinco observadores encargados de hacer, in loco, una evaluación de la situación de los derechos humanos, observadores que dependerán de la autoridad jerárquica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está en fase de instalación en Bogotá con los auspicios de las Naciones Unidas, pero financiado por la Comisión y por el Estado español. 
Esperemos que del informe de esos peritos nos llegue una indicación detallada no sólo sobre la cuestión de Santa Cruz, sino también sobre otras cuestiones que se han comunicado y que requieren y merecen una evaluación más detallada. 
Señor Presidente, por una cuestión de orden. Al fondo de la sala, en los escaños centrales, es imposible ver nada. 
Quisiera pedirle que se coloque lo antes posible una pantalla de televisión en esta parte, para que podamos seguir el orden de los trabajos incluso cuando estemos sentados aquí. 
Bastará con una pantalla de televisión. Hace dos meses pedí lo mismo. 
Si resultara demasiado costoso para el Parlamento, no tendría inconveniente en traer y colocar un aparato yo mismo. 
Usted decide. 
Lo que importa es que se solucione el problema. 
Gracias, señor Eisma. 
Estudiaremos la situación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0999/96 del Sr. Pailler y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, sobre la expulsión de inmigrados en situación irregular; -B4-1023/96 de la Sra. André-Léonard y Sr. Nordmann, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los inmigrados en situación irregular; -B4-1040/96 de la Sra. Lalumière, en nombre del Grupo de la Alianza Radical Europea, sobre los prejuicios racistas y la expulsión de los inmigrados ilegales; -B4-1047/96 de la Sra. Roth y Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, sobre la expulsión de los inmigrantes ilegales de la iglesia Saint-Bernard de París; -B4-1061/96 de la Sra. Palacio y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las expulsiones de inmigrantes en situación irregular; -B4-1065/96 del Sr. Van Lancker y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las prácticas de expulsión y alejamiento de los extranjeros en situación irregular; -B4-1066/96 de la Sra. Dury, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la expulsión de la familia Vangu; -B4-1069/96 del Sr. Pons Grau y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la expulsión de 103 inmigrantes clandestinos. 
Ayer recibimos a los que ahora llaman «indocumentados» y que algunos prefieren seguir designando como clandestinos para justificar lo injustificable: las hachas del gobierno francés que hundieron las puertas de las iglesias donde se habían refugiado. 
Desdén, arbitrariedad en el tratamiento de los expedientes, cuestionamiento del derecho a la reagrupación familiar, etc. Estos niños, mujeres y hombres iban con el rostro descubierto. 
Estaban aquí para testimoniar, explicar y combatir unas leyes como la ley Pasqua, que transforman al inmigrado en un clandestino, al ser humano en animal perseguido, al «otro» en enemigo. 
Algunos hablaron de su apego a Francia y a Europa después de numerosos años trabajando, cotizando, estudiando, en definitiva, viviendo en ella. 
De este modo, Henri Leclerc, Presidente de la Liga de los Derechos Humanos y eminente abogado, introdujo en el debate la idea de aplicar en nuestras legislaciones la presunción de integración. 
A pesar de que el electrochoc lo propinó el gobierno francés, la cuestión ya está afectando- o lo hará muy pronto- a la mayoría de nuestros Estados miembros. 
Ayer los inmigrantes nos describieron la situación: ya es muy grave en los Países Bajos, en Alemania y, de modo mucho más, encubierto en Gran Bretaña, en España y en Portugal, a pesar de las regularizaciones permitidas en estos dos últimos países. 
Es de lamentar que a pesar del éxito de la jornada de ayer, que supone un reconocimiento por parte de nuestra institución hacia estos hombres y mujeres, muchos de nuestros colegas no se hayan dignado a venir para poder mirarles a la cara. 
¿Habrían entonces podido despreciarlos, aplicarles términos vacíos de sentido como «clandestinos» o «delincuentes»? 
Ayer en el Parlamento Europeo se dieron cita la humanidad y la dignidad. 
Que Europa vaya hasta el final y respete sus propios principios y valores, que refuerce las ayudas a los países del Sur, que contribuya a las políticas de desarrollo, sin concesiones frente a los dictadores. 
Que no haya concesión tampoco para los Le Pen y otros Mégret cuyas voces están habitadas por el odio y que culpan a los inmigrantes de todos nuestros males. 
Demasiado a menudo nuestros países se han convertido para los extranjeros en un escollo. 
Procuremos que vuelvan a ser tierra de acogida y no de escollo. 
Señora Presidenta, una de las singularidades de nuestro Parlamento consiste en que se puede ser signatario de enmiendas de compromiso en la cuestiones urgentes con un discurso totalmente distinto al espíritu de tal compromiso. 
Esto es lo que acabamos de constatar. 
Personalmente defenderé el compromiso. 
Lo defenderé porque es un compromiso razonable que, sobre todo, no pone en duda al gobierno de un Estado miembro, y creo- para decirlo con claridad- que el gobierno francés tuvo razón en no dejar que se pudriera una situación que hubiera podido evolucionar de manera dramática. 
¡Lo que habría llegado a oír si un huelguista de hambre hubiese ido hasta el final y hubiera fallecido! 
El gobierno francés ha evitado hallarse en una situación como la de Bobby Sands y está bien que sea así. 
Esto no significa que la legislación sea perfecta; ninguna legislación lo es. 
Una legislación es una continua creación. 
Las leyes de 1993 en Francia han supuesto un remedio a ciertos abusos. 
Han podido crear situaciones delicadas, problemas individuales que habrá que examinar caso por caso. 
Pero debemos ver las cosas con perspectiva y recordar que una irregularidad no puede, en sí misma, ser generadora de derechos. 
Con lo cual, los inmigrantes en situación irregular no son por ello delincuentes, comparables a unos ladrones o asesinos. 
Deben ser tratados con miramientos y con humanidad, y esto afortunadamente es lo que ha ocurrido en Francia. 
Dejemos las amalgamas y las confusiones y tratemos de ver juntos de qué modo permitiría la cooperación entre los gobiernos resolver- o contribuir a resolver- este problema de la inmigración clandestina que nos afecta a todos y que no debemos dejar en manos de los extremistas. 
La pasión no siempre es buena consejera. 
Sin embargo, ¿cómo no indignarse por el modo en que acaban de ser tratados en Francia los que se ha dado en llamar «indocumentados»? 
¿Cómo admitir, en efecto, que en un país llamado democrático la brutalidad sustituya al diálogo y que la repatriación colectiva en vuelo chárter haga las veces de política de inmigración? 
Así pues, lo que se plantea actualmente en Francia es un problema de fondo. 
La aplicación de la ley Pasqua ha tenido consecuencias, a menudo, dramáticas, ya que al amparo de una lucha contra la inmigración clandestina, ha hecho que numerosos inmigrantes, que hasta entonces estaban en situación regular, perdieran su permiso de residencia y se encuentren en situación ilegal. 
Además, esta nueva legislación que tantas veces hemos denunciado no justifica en modo alguno la violencia con la que se ha reprimido el movimiento de los «indocumentados». 
Añadiré que algunos expulsados han sido perseguidos y arrestados en el momento en que se disponían a regresar a su país de origen. 
Todo esto en contradicción con los textos fundamentales que regulan los derechos humanos básicos; y citaré para dejar constancia el estatuto de refugiado, el concepto de reagrupamiento familiar o incluso la prohibición de reconducción colectiva a la frontera, principios todos ellos que están inscritos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Tenemos la obligación de reaccionar frente a esta amalgama que asimila a los «indocumentados» con los clandestinos, a la inmigración con la ilegalidad. 
Sabemos que esto es abrir la puerta al racismo y a la xenofobia. 
Algunas declaraciones sobre la desigualdad de las razas así lo demuestran. 
En tal caso, estimados colegas, ¡no bajemos la guardia! 
Señora Presidenta, como alemán de mi generación he aprendido una lección histórica: no puede volver a suceder que tener o no tener papeles se convierta en una cuestión vital, de suerte que los papeles sean más importantes que las personas. 
Esto no debe suceder en ninguno de los lugares en que tengamos influencia política. 
No quiero poner ahora en la picota al Gobierno francés, ni acusarlo. 
Este es más bien un problema común al que tienden todas nuestras burocracias, porque, naturalmente, las burocracias prefieren siempre manejar papeles a manejar personas y por eso pisotean luego derechos elementales. 
En una situación en la que todos nosotros, como Comunidad Europea, constituimos un país de inmigración, debe estar clara una cosa, en concreto, que las situaciones jurídicamente dudosas que luego inevitablemente aparecerán se eliminen en intervalos regulares mediante la legalización y que se garantice los mismos derechos humanos a todos los que vivan aquí, sin distinción de color de piel ni de pasaporte. 
Debe estar claro que practicamos una política de derechos humanos y civiles que tienen el sencillo objetivo de volver al inicio de la Revolución Francesa, cuando la cuestión de los derechos políticos, de la citoyennité, era sencillamente esta pregunta: ¿Quién vive y trabaja sobre el territorio? 
Lamentablemente, esto es hoy casi un objetivo utópico, pero lo conseguiremos. 
Señora Presidenta, nos encontramos ante una cuestión que es de gran sensibilidad y preocupación en los Estados miembros de la Unión y en la propia opinión pública europea. 
La inmigración en Europa, en su vertiente económica y política, está originando fuertes tensiones y debates en el seno de los países afectados, especialmente en aquellos que son frontera exterior de la Comunidad o de los que son receptores de quienes buscan, a veces en situación desesperada, soluciones a sus problemas de trabajo o de persecución política. 
Pero es evidente que en países democráticos, como son los países europeos, la actuación de los Gobiernos viene enmarcada por la aplicación de la ley que, en virtud de los Convenios o Tratados internacionales y de su propia legislación emanada de sus Parlamentos, han decidido promulgar y aplicar. 
Y las leyes están para cumplirlas y hacerlas cumplir, no sólo por los Gobiernos y los tribunales, sino por los propios ciudadanos. 
Y esto es lo que han hecho los Gobiernos de Francia y España. 
Independientemente de esto, nuestro Grupo político cree y trabaja por una Europa libre donde se respeten los derechos fundamentales y humanos, no sólo de sus propios ciudadanos, sino de aquellos que llaman a nuestras puertas pidiendo asilo o ayuda económica y repudian de plano a quienes utilizan motivaciones racistas o xenófobas para rechazar a los extranjeros. 
Pero también es cierto que los problemas exigen soluciones y que las leyes marcan unas normas para convivir. 
Los derechos individuales exigen un tratamiento individual. 
Los Estados miembros de la Unión Europea conceden asilo basándose en el artículo 1 de la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados, como protección contra la persecución por motivos de raza, convicciones políticas, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social. 
Efectivamente, además del derecho de defensa, los solicitantes de asilo tienen derecho de estancia, acceso a la traducción y al asesoramiento jurídico, así como derecho a la asistencia básica de acuerdo con los principios del Estado social. 
La inmigración económica tiene otras connotaciones: Europa tiene una alta tasa de paro y lamentablemente no puede acoger toda la avalancha de personas procedentes de terceros países que presionan sobre nuestras fronteras en demanda de trabajo o para paliar el hambre. 
Hay que hacer una política, yo diría que agresiva, para ayudar a los países que originan esta inmigración y en esa línea, por ejemplo, van los recientes acuerdos de asociación con los países norteafricanos. 
Pero, al mismo tiempo, hay que perseguir a las mafias organizadas que explotan a estas personas, aconsejándoles a buen precio que utilicen la ley fraudulentamente, que destruyan su documentación para impedir la identificación de su nacionalidad y hagan casi imposible su devolución, y esas mafias, señora Presidenta, tienen nombre y apellidos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera decirle al Sr. Nordmann que no se trata sólo de dejar constancia de nuestro acuerdo sobre el compromiso, de publicarlo, de que todos lo lean y de que luego nada cambie. 
Las intervenciones que hacemos aquí también sirven para defender nuestros puntos de vista, que, necesariamente podrán ser matizados en torno a este compromiso. 
En Europa, y especialmente en mi país, a muchos nos ha chocado la actitud de las fuerzas del orden y del gobierno francés respecto a los que ellos denominan «indocumentados». 
Además, lo que ha reforzado tal vez nuestra idea de la necesidad de una acción común en Europa ha sido también el espíritu de solidaridad hacia estas personas. 
Nos hemos dado cuenta de que todavía hay en nuestros países hombres y mujeres que, sin duda, viven con comodidad y sin problemas, pero que reaccionan en función de algunos valores, tales como el respeto a la dignidad humana, el respeto a los niños del que hemos hablado mucho estos últimos días, la atención que debemos prestar a todos los que vienen a nuestros países creyendo que tal vez sea su único recurso, pero también huyendo de la realidad que supone la violencia y los problemas de supervivencia, y de la realidad de las dificultades económicas. 
Puesto que se ha estado hablando mucho de derecho, hay que decir que debemos vivir en Estados de derecho, e incluso afirmaré que en una Europa de derecho. 
Sin duda es necesario tener reglas porque, a su vez, son garantías democráticas, pero el derecho también evoluciona, observa la realidad de las cosas y, a veces, se ajusta a esa realidad. 
Si tomo el ejemplo de una lucha que yo he llevado a cabo, que es la de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley belga estuvo inadaptada durante años. 
Nosotros pedimos que el derecho se ajuste a la situación de la gente, es decir, que los derechos fundamentales sean respetados. 
Yo desearía que todos aquellos que llegan a nuestros países y apelan a la solidaridad social puedan ser reconocidos cuando se hayan integrado, que sus hijos estén protegidos, que sus familias no sean dispersadas y que Europa sea una Europa de la solidaridad y de la defensa de algunos valores. 
Señora Presidenta, en los países de la Unión viven muchos miles de ciudadanos en situación irregular y llegan todos los días gentes de otros países. 
Vienen de países con conflictos armados o con situaciones socioeconómicas realmente insostenibles. 
A pesar de nuestra riqueza no somos capaces de dar una respuesta humanitaria a las situaciones límite ni tenemos una política común de inmigración. 
Ponemos el grito en el cielo para evitar la exportación de residuos radiactivos y de basuras, lo que está muy bien, pero no reaccionamos de forma tan contundente para evitar las expulsiones masivas de ilegales. 
Conocemos los lugares en los que se ubican los basureros pero carecemos de información fidedigna sobre el destino de los expulsados, y además se utiliza el argumento de los ilegales para atizar los sentimientos de xenofobia y racismo. 
Las recientes expulsiones decididas por los Gobiernos de Francia y España ni son ejemplarizantes ni resuelven problema alguno. 
En el caso español, y siento decirlo, la operación se realizó en secreto. 
Se obvió la notificación a las instituciones que velan por las garantías de estos ciudadanos, cuando algunos de ellos tramitaban peticiones de asilo. 
Los 103 emigrantes fueron repartidos por varios países de África- no todos lo fueron en los de su origen -, llegaron en aviones militares bajo los efectos de calmantes administrados durante el viaje y no se previeron garantías legales suficientes en los países de acogida. 
España ha firmado todos los acuerdos y protocolos internacionales para la defensa de los derechos humanos, la Constitución es progresista y tolerante, existe una ley de extranjería- que ha sido criticada -, pero tampoco ésta se cumplió. 
No parece que sea pedir mucho exigir que al menos se respete el ordenamiento jurídico, por una parte, y, por otra, que como país receptor de emigrantes se impulse en el seno de la Unión Europea la concertación de políticas comunes para hacer frente a este tipo de situaciones. 
Estoy convencida de que este Parlamento ayudará en estos objetivos. 
Señora Presidenta, quisiera comunicarle a usted y a la dirección de esta Asamblea que, en los últimos años, los Estados miembros han dificultado cada vez más la entrada legal de los refugiados en sus países. 
Recurriendo a conceptos poco transparentes, tales como «país de origen seguro» o «tercer país seguro» , se ha producido una situación en la que no siempre actuamos conforme a los acuerdos internacionales o a nuestro sagrado principio de «non-refoulement». 
Con todo ello, hemos logrado que en los últimos años hayan entrado menos refugiados legales, si bien ha crecido el número de los ilegales. Ya es hora de que la Comisión y el Consejo reflexionen sobre lo que hemos hecho, para resolver el problema. 
Ya es hora de que estudien una forma de compartir este problema, en lugar de pasarlo los unos a los otros para que los demás apechuguen con ello, una forma de pasar del «burden shifting» al «burden sharing». 
Un punto en el que por lo visto nos hemos puesto de acuerdo todos, incluso sin compromisos, es en el modo de deshacernos de los ilegales. Este reviste formas cada vez más inhumanas y censurables. 
A mi juicio, es infame que esta clase de prácticas sucedan en el denominado mundo «civilizado». 
Con todo, es un hecho positivo, y soy optimista al respecto, que hoy debatamos el problema. Lo considero como un paso adelante hacia el debate que celebraremos en el mes de noviembre sobre las garantías mínimas del derecho de asilo, de las que yo misma soy ponente. 
Naturalmente, espero que también actuemos de forma humana y justa con todos los que han sido expulsados de sus casas y hogares. 
Señora Presidenta, ante algunas de las manifestaciones que se han vertido en esta Asamblea esta tarde debo hacer una llamada a la coherencia, y esa coherencia va en la dirección de que hay que decirlo todo, no sólo una parte; lo contrario es caer en la tergiversación y eso va camino del sectarismo y, si se sigue por ahí, se acaba en la demagogia. 
Yo debo- y lo voy a intentar- exponer la situación en un sentido real y objetivo, y me va a bastar con recordar algunos titulares de prensa sobre hechos acaecidos en España (me estoy refiriendo al caso español) : El Diario de Melilla decía el 11 de julio de 1992 lo siguiente: » Policías de la reserva forzarán a los africanos a abandonar la concentración». 
Al día siguiente, » La reserva policial expulsó violentamente a los africanos de las puertas de la Delegación del Gobierno» ;» 36 inmigrantes quedaron detenidos en la comisaría» ;» Otro grupo fue expulsado a Marruecos a través de las alambradas» ;» Casi un centenar de africanos, en la mismas fechas- julio del 92 -, está atrapado entre España y Marruecos» ;» La CEAR lleva a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos» , y así sucesivamente. 
Recuerdo, para terminar, que en esas fechas del 92 el Gobierno de España no era el actual. 
Señora Presidenta, como ha dicho anteriormente uno de mis colegas, todos nuestros Estados miembros están enfrentados actualmente al problema que plantea la inmigración masiva de poblaciones, que no huyen tanto de la persecución de las dictaduras políticas- afortunadamente cada vez menos frecuentes -, como de las condiciones económicas que se les ofrecen en sus países de origen. 
Nuestros Estados miembros- y Francia entre ellos- tienen una amplia tradición de acogida a refugiados políticos y quieren conservarla. 
Se trata de un deber tanto moral como humano. 
Sin embargo, una política de inmigración crea derechos obligaciones. 
¿Qué otra situación es humanamente más difícil que la clandestinidad? 
Estos migrantes que han abandonado sus países y su entorno, ¿acaso encuentran en la clandestinidad el Paraíso que buscan? 
Seguro que no. 
Por lo tanto, debemos oponernos a cualquier tentativa que fomente el mantenimiento de estas situaciones así como un uso torticero del derecho de asilo mediante la utilización de presiones políticas inadmisibles. 
La regularización automática de los ilegales crearía inevitablemente dos tipos de situaciones que nadie persigue. 
La primera constituiría una implacable injusticia respecto a los que ajustándose a las reglas regresan por cuenta propia al país de origen y respetan la soberanía del Estado al que quieren acceder. 
La segunda haría un triste favor a nuestros Estados que, al alentar un mal uso del derecho de asilo, inducirían inevitablemente a nuevas poblaciones a lanzarse a esa aventura insostenible. 
Señorías, agrupando a los ilegales en asociaciones no solucionaremos sus problemas. 
Nuestro deber es otro. 
Un elemento de solución se halla, sin duda, en la política de desarrollo llevada a cabo por la Unión. 
Hay programas europeos que responden a estas cuestiones y que, a menudo, son cuestionados en este hemiciclo. 
Apoyemos al Fondo Europeo de Desarrollo, PHARE, TACIS, sostengamos también al programa MEDA pues todo ello son otras tantas ayudas económicas que llevan aparejadas un apoyo a la democracia que permitirán que cada cual pueda vivir feliz en su tierra natal. 
La ley la hacen seres humanos para otros seres humanos, y si la ley es imperfecta seamos activos para que evolucione, pero no utilicemos la miseria humana para hacer política. 
Además, la verdad es que yo no quisiera ver al hemiciclo transformado en una tribuna de oposición a uno de los Estados miembros. 
Los oradores deberían ceñirse a la política europea. 
Señora Presidenta, efectivamente no sabía que drogar a las personas para expulsarlas a sus países- que no eran los suyos, precisamente- es cumplir la ley en España, como se ha dicho aquí. 
A propósito, en el caso de España, hay más que sobrados indicios de que se han vulnerado no solamente los derechos humanos, sino la propia ley de extranjería. 
De todos modos, señora Presidenta, quiero agradecer a los diferentes Grupos políticos que hayamos sido capaces de incluir entre los debates de urgencia un debate sobre la situación de los «sin papeles» en Europa. 
Los acontecimientos recientes en el interior de la Unión Europea ponen de manifiesto que nos encontramos ante un fenómeno de una dimensión mayor a la estrictamente nacional. 
Melilla y París no son sólo dos ejemplos, y creo que no necesitamos hacer un gran esfuerzo intelectual para prever otros en un plazo breve. 
Los Estados miembros preparan leyes cada vez más restrictivas a la entrada y al establecimiento de extranjeros en su territorio, se viola constantemente la Convención de Ginebra en lo que respecta al reagrupamiento familiar, al derecho de asilo y a la libre circulación. 
La aprobación de estas leyes termina por convertir a una buena parte de ellos en sujetos sin papeles, arrebatándoles la condición de ciudadanos que, aunque de segunda, han ostentado de una forma efímera después de una larga presencia en estos países. 
Ante este panorama, a la Unión Europea le incumbe el cometido de desarrollar un orden jurídico y democrático que proteja a estas minorías, creando las condiciones para que los Estados miembros aborden los problemas en un diálogo franco con la organizaciones de apoyo a estos colectivos. 
Señora Presidenta, debemos extraer varias lecciones de los múltiples incidentes relacionados con las expulsiones o intentos de expulsión de inmigrantes ilegales que han acompañado la actualidad este último verano en distintos países de Europa. 
En primer lugar, hemos podido constatar que la opinión, en su gran mayoría, esperaba por parte de las autoridades un comportamiento humano, pero también la aplicación de la ley. 
En efecto, ¿por qué iba uno a respetar la ley, no dejaban de repetirnos, si hay otros que están dispensados de hacerlo? 
Este interrogante plantea el problema del consentimiento de los ciudadanos al pacto social, consentimiento que sólo puede ser obtenido si cada cual sabe que se está respetando la ley democrática. 
Ahora bien, el primer deber humanitario de los gobiernos consiste en preservar gracias a este pacto a la sociedad que ha depositado su confianza en ellos. 
Segunda lección: es humanamente muy difícil expulsar a personas, incluso desprovistas de permisos legales, que residen desde hace tiempo en un territorio, puesto que estas personas han ido tejiendo obviamente múltiples lazos, a veces incluso familiares. 
En cambio, cuando se detiene a un inmigrante ilegal en la frontera o en las cercanías, la expulsión no plantea excesivos problemas psicológicos. 
Todos los expertos nos aseguran que la persona que cruza sin permisos una frontera sabe perfectamente que está cometiendo una falta. 
Sin embargo, esta persona prueba suerte. 
Si fracasa, para esta persona se trata de un contratiempo pero no de un trauma. 
Por este motivo la lucha contra la inmigración clandestina debe ser llevada a cabo prioritariamente en las fronteras. 
Sin duda sabemos que la frontera no es la panacea, pero siempre será más fácil detener a los clandestinos en ese momento que después, cuando se hayan dispersado en toda la sociedad. 
Así pues, sería muy perjudicial renunciar de modo definitivo a nuestros controles fijos o móviles en las fronteras, incluso en las fronteras interiores. 
Por último, tercera lección: hay que garantizar a los inmigrantes ilegales el beneficio de un trato respetuoso con su dignidad humana y, además, conforme a los compromisos internacionales que todos hemos suscrito, pero al mismo tiempo hay que evitar concederles unas prestaciones que supongan un aliciente para lo que acaben de llegar. 
En esta materia no puedo más que remitirme a la recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995, donde se expone, entre otras propuestas excelentes, que la solicitud de prestaciones públicas para los inmigrantes sólo debería y cito: » poder satisfacerse tras comprobar que el interesado y su familia pueden optar a la prestación habida cuenta de su situación en materia de residencia y de trabajo». 
Claro está que han de preverse excepciones a este principio por razones humanitarias imperiosas, por ejemplo, en el caso de amenaza grave para la salud de los interesados. 
Sin embargo, no nos parece que la necesidad educativa pueda constituir un motivo humanitario lo bastante imperioso como para suspender la expulsión de un inmigrante ilegal, tal como parece dar a entender, extrañamente, el proyecto de resolución sometido a votación. 
Señor Presidente, la espectacular expulsión de unas decenas de extranjeros clandestinos, por lo visto, ha consternado a este Parlamento. De paso, debo admitir que me resulta difícil apreciar el grado de emoción y de consternación de este Parlamento por el tono de las resoluciones sobre el papel, habida cuenta del masivo absentismo durante el debate de las mismas. 
Pero ahora paso al fondo de la cuestión: nadie puede negar que se han seguido, especialmente en el caso francés, todos los procedimientos aceptables desde el punto de vista legal y humano. 
Si se permitiera permanecer a un grupo de inmigrantes que abusan del derecho de asilo por el simple hecho de estar ocupando una iglesia, se abriría la puerta a toda clase de abusos de este derecho a asilo, del que finalmente sería víctima una pequeña minoría de verdaderos refugiados. 
Detrás de la fachada de unas decenas de ilegales que han sido expulsados de un modo humano y legal, lo cual podría dar la impresión de que nuestros gobiernos se están ocupando del problema de los extranjeros, existe y se esconde una realidad totalmente distinta. La realidad de un ingente problema de extranjería, de ocupación de calles y barrios, de desarraigo y de delincuencia grande y pequeña inseparablemente unida a ella. 
Lamento comprobar una vez más que la gran mayoría de mis colegas de este Parlamento no tienen ojos para ver esta realidad, la realidad de una situación precaria en la que los débiles de nuestros propios pueblos se ven mortificados hasta el punto que acaban marchándose de sus propios barrios y calles, o peor aún. 
Señora Presidenta, la acción respecto a los «indocumentados» franceses obliga a plantear el problema de la inmigración ilegal a partir de otras bases, pues se ha comprobado que la actitud puramente represiva es a la vez inhumana e ineficaz. 
Mientras el ministro francés de Interior quería ante todo demostrar su firmeza, el escaso número de personas puestas en la frontera ha dejado patente las limitaciones de este modo de actuar. 
En efecto, hay que elegir: o bien se respeta el Estado de derecho y se renuncia a hacer creer a la opinión pública que todo ilegal debe ser expulsado manu militari, o bien se sigue el método hasta sus últimas consecuencias. 
Pero en este último caso es necesario renunciar al Estado de derecho y aceptar un giro hacia el totalitarismo al que inexorablemente conducen los métodos radicales preconizados por la extrema derecha. 
Muchos de los indocumentados franceses, lejos de ser clandestinos, se han visto abocados a la ilegalidad por lo absurdo de las leyes, la mala voluntad de la administración o por una concepción muy limitada del derecho de asilo. 
No pienso ni mucho menos que deba regularizarse por principio cualquier denegación al derecho de asilo, pero constato que, a pesar de que en Francia el número de solicitudes es desde hace algunos años tres veces menor, el porcentaje de reconocimientos del estatuto disminuye sin cesar. 
Las personas que proceden de determinados países con riesgo están prácticamente excluidas de la protección del Convenio de Ginebra debido a una interpretación restrictiva de la definición de refugiado, apoyada además por una posición común aprobada recientemente por el Consejo. 
Así pues, algunas de estas personas están realmente y gravemente amenazadas en su país, como ha confirmado el HCR, lo que debería llevar a un nuevo examen de su situación. 
Dado que Francia no tiene, por supuesto, la exclusiva en este tipo de problema, apruebo las recomendaciones formuladas en la resolución que se nos presenta con el fin de pensar en soluciones a escala europea. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la Comisión ha seguido atentamente la actualidad de este verano, marcada en algunos Estados miembros por decisiones de expulsión de nacionales de terceros Estados en situación jurídica irregular. 
Esas decisiones y su aplicación, han suscitado un debate en la opinión pública y la Comisión quisiera decirle, ante todo, que esas medidas fueron adoptadas por los Estados miembros en el ejercicio de sus competencias nacionales. 
Por otra parte, los acontecimientos censurados no son consecuencia, como podría parecer y se ha sugerido en algunas propuestas, de la aplicación de las recientes decisiones del Consejo en materia de expulsión. 
La Comisión tiene también conocimiento, y también ahora, en este debate, de las criticas del Parlamento en relación con el proceso de decisión en el marco de la cooperación en materia de asuntos de Interior y ya hemos tenido ocasión de subrayar en varias circunstancias que deploramos la falta de consulta al Parlamento. 
Del mismo modo, criticamos el recurso constante por parte del Consejo a textos jurídicamente no vinculantes. 
La Comisión ha sostenido siempre que las decisiones en la esfera de la inmigración deben ser imperativas y deben poder garantizar un control por parte del Parlamento. 
Por ese motivo nos pronunciamos, con vistas a la Conferencia Intergubernamental, claramente a favor de una comunitarización de esos asuntos. 
Señoras y señores diputados, el problema de fondo que así ese plantea, más allá de los acontecimientos inmediatos, es el de la política de inmigración de los Estados miembros. 
La Comisión, por su parte, ha tenido ocasión de subrayar en varias circunstancias, en particular mediante una comunicación al Consejo y al Parlamento y de la exposición de mi colega Anita Gradin en esta misma Asamblea, que su planteamiento se articula en torno de dos principios que conviene conjugar permanentemente: por un lado, el control de las corrientes migratorias, pero, paralelamente, la integración de los inmigrantes ilegales. 
Así, es inevitable que, respecto de los derechos fundamentales, se impongan medidas de expulsión en relación con los nacionales de terceros Estados en situación jurídica irregular. 
La expulsión es una medida necesaria para demostrar la voluntad de los Estados de luchar contra la inmigración ilegal, pero debe ir a la par de un intenso compromiso con la lucha contra la entrada ilegal y la explotación de los nacionales de terceros Estados en situación de clandestinidad y- no pocas veces- de fragilidad. 
También conviene subrayar que algunos usos de algunos Estados miembros en la regularización de la situación de inmigrantes ilegales ha de ser reconocida como una medida, por el contrario, muy positiva en los tiempos más recientes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Biescas 
B4-0967/96 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la catástrofe del cámping «Las Nieves» de Biescas (España) ; -B4-1013/96 del Sr. Sisó Cruellas y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la catástrofe acaecida en Biescas (España) el día 7 de agosto de 1996, que ha producido 86 víctimas mortales, un desaparecido, cientos de heridos y cuantiosas pérdidas materiales; -B4-1030/96 del Sr. Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la catástrofe acaecida en Biescas (España) el día 7 de agosto de 1996, que ha producido 86 víctimas mortales, un desaparecido, cientos de heridos y cuantiosas pérdidas materiales; -B4-1076/96 del Sr. Izquierdo Colado y Sr. Cabezón Alonso, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la catástrofe de Biescas (Huesca, España).Inundaciones en España 
B4-1014/96 del Sr. Ferrer y Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las inclemencias meteorológicas en Cataluña; -B4-1025/96 del Sr. Sánchez García, en nombre del Grupo de la Alianza Radical Europea, sobre las inundaciones en la Comunidad Valenciana; -B4-1032/96 del Sr. Gutiérrez Díaz y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las inundaciones en la comarca del Maresme (Cataluña, España); 
Temporales en Grecia 
B4-1035/96 del Sr. Theonas, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los cuantiosos daños que provocaron en los cultivos los vendavales que asolaron la región de Pilioni; -B4-1062/96 del Sr. Dimitrakopoulos, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los daños ocasionados en Grecia, en la región de Tesalia, por las lluvias torrenciales y los pedriscos; -B4-1079/96 del Sr. Lambraki, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las catástrofes naturales en Tesalia (Grecia) a causa de los pedriscos y las inundaciones.Residuos tóxicos 
B4-0998/96 del Sr. Iversen y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en Sudáfrica a causa del comercio de residuos peligrosos; -B4-1052/96 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, sobre las violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en Sudáfrica a causa del comercio de residuos peligrosos; -B4-1071/96 de la Sra. d ' Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la destrucción del medio ambiente en Sudáfrica a raíz del comercio de residuos peligrosos.Camino de Santiago 
B4-1072/96 de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la defensa y la conservación del Camino de Santiago, ante la brutal destrucción y agresión que está sufriendo la localidad de Pazos.Biescas 
Señora Presidenta, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, se suma plenamente a lo que está expresado en la propuesta de resolución común sobre nuestra condolencia a los familiares de las víctimas causadas por la catástrofe ocurrida en Biescas, así como también sobre la petición de ayuda para los familiares y para la reconstrucción de la zona afectada. 
Sin embargo, queremos destacar que el aspecto más importante de esta catástrofe es su evitabilidad. 
Abogamos por que se adopten medidas preventivas en todos los países de la Unión Europea para que no se instalen campings en zonas de peligro y, a su vez, se revisen las condiciones de los que ya están instalados para que no se pueda repetir este tipo de catástrofe. 
Pensamos que es importante el que la Unión Europea tome medidas, primero de condolencia- como he dicho -, pero sobre todo de prevención, de cara al futuro, porque precisamente miles de europeos viajamos en verano en estas condiciones. 
Señora Presidenta, quiero empezar mi intervención expresando nuevamente mi condolencia y solidaridad con todos los familiares de las víctimas y con todos los demás afectados por la catástrofe que se produjo en el Pirineo oscense en la tarde del día 7 de agosto pasado. 
Ha sido una de las mayores tragedias en la historia del Alto Aragón, consecuencia de una tormenta que descargó sobre la sierra de Limes una gran tromba de agua, provocando el desbordamiento del barranco de Arás que al confluir con la avenida del de Betés produjo una avalancha de agua, lodo, árboles y piedras que destruían y arrastraban cuanto encontraban a su paso, irrumpiendo finalmente sobre el camping de «Las Nieves» , ubicado en el término municipal de Biescas, al que, literalmente, arrasó. 
En aquel momento en dicho camping acampaban varios cientos de personas y, en unos instantes, tiendas de campaña, caravanas, coches y las personas que cobijaban fueron arrastradas con virulencia produciendo 86 víctimas mortales, un desaparecido y cientos de heridos de distinta consideración. 
Viendo los informes que recogen los datos sobre la situación de las familias afectadas se da uno cuenta de la dimensión de la tragedia. 
Familias en las que ha fallecido la madre y los hijos- quedando sólo el padre -, o bien que ha muerto el padre y los hijos y ha quedado la madre, además en una situación económica muy grave; hijos que han perdido a los padres y han quedado solos, padres que han perdido a todos sus hijos, incluso familias en que han muerto todos sus miembros. 
Por otra parte, las víctimas mortales, heridos y demás afectados no sólo pertenecían a la Comunidad Autónoma de Aragón sino también a otras muchas regiones españolas y a otros países de la Unión, por lo que el dolor ha llegado a diversos y distantes lugares. 
En nombre de todos ellos pido ayuda a esta Asamblea. 
Pido que una vez más sus Señorías hagan honor a su probada sensibilidad y solidaridad con los que necesitan ayuda. 
Pido, en fin, que votemos a favor de esta propuesta de resolución para que pueda instrumentarse con carácter de suma urgencia- con el fin de mitigar el dolor y la grave situación económica en que han quedado algunos de los afectados -, la mayor ayuda comunitaria posible. 
Lo mismo pido a todos y cada uno de los comisarios que integran la Comisión Europea, y también que sean generosos a la hora de dotar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente y, sobre todo, que sean diligentes porque es urgente auxiliar a los damnificados. 
Señora Presidenta, me sumo a las palabras de condolencia y de recuerdo de los afectados en esta tragedia. 
Quiero añadir la consideración que se les concede en la propuesta de resolución a los pueblos de Biescas, Jaca y Sabiñánigo y a todos aquellos que participaron en momentos tan difíciles porque nos dieron una gran prueba de solidaridad. 
Estamos aquí con esta propuesta de resolución para reclamar fundamentalmente ayudas reales, eficaces y suficientes por parte de las instituciones europeas para ayuda de los familiares de las víctimas, para ayuda del resto de damnificados y para reconstruir el tejido de infraestructuras que fue dañado en la tragedia. 
También para reclamar medidas legales más sensatas y más responsables a la hora de garantizar la ubicación de los campings. 
Las ayudas del Gobierno español son insuficientes. 
Las ayudas de la Unión Europea son necesarias. 
Señora Presidenta, en realidad yo tenía previsto intervenir sobre las inundaciones en Cataluña y en el País Valenciano, compartiendo con mis dos compañeros el sentimiento por lo ocurrido en la tragedia de Biescas. 
Señora Presidenta, todos los veranos en las regiones del Mediterráneo se producen graves catástrofes naturales: lluvias torrenciales o incendios devastadores. 
El País Valenciano no escapa a esa casi venganza de la naturaleza. 
La Baldiña, la Sazor, la Marina y la Ribera Baja han sido hace unos días escenario de unas gravísimas inundaciones que han arrasado cosechas y destruido fábricas e infraestructuras. 
No entran en estas estimaciones los puestos de trabajo agrícolas que se han perdido y las industrias que tendrán que cerrar sus puertas. 
Sorprendentemente, el Presidente de la Comunidad Autónoma, Sr. Zaplana, tras una visita relámpago decidió que no era pertinente la declaración de zona catastrófica. 
Como buena conocedora de la región, me pregunto en este momento qué posibilidades tendrán todas esas empresas y puestos de trabajo destruidos de poder salir adelante sin las ayudas oficiales y las indemnizaciones que deberían ser razonablemente dadas como consecuencia de la catástrofe sufrida. 
Señora Presidenta, ante las pérdidas en vidas humanas y las pérdidas también materiales causadas por inundaciones que, en este caso, tuvieron lugar en la comarca del Maresme en Cataluña, así como en la Comunidad Valenciana, el Grupo del PPE quiere expresar su condolencia a los familiares de las víctimas y, al mismo tiempo, pedir la solidaridad activa de este Parlamento a fin de paliar los efectos de estas inundaciones e intentar prevenirlas en el futuro. 
De ahí que pidamos a la Comisión que se pueda establecer, junto con las autoridades competentes, un plan de rehabilitación de la zona afectada del Maresme que se destine prioritariamente a la canalización de los cauces, a fin de evitar las inundaciones, y a la reconstrucción de las infraestructuras, viviendas e instalaciones agrícolas que se han visto dañadas a causa de estas lluvias torrenciales. 
Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter recurrente de este tipo de inundaciones en la cuenca mediterránea, llamamos la atención sobre la necesidad de una línea presupuestaria que sirva precisamente para poder prevenir y subsanar los efectos de este tipo de catástrofes. 
Creo que si la Unión Europea sabe estar cerca del ciudadano en los momentos en que sufre las consecuencias de una catástrofe, aunque sea natural, es indudable que estamos contribuyendo a crear esa conciencia ciudadana, ese concepto de ciudadanía que tanto puede ayudarnos a hacer avanzar la Unión Europea. 
Por ello, reitero la petición de este Parlamento a la Comisión para que tenga en cuenta los daños sufridos y la necesidad de actuaciones, tanto en el Maresme como también en Valencia, que prevengan en el futuro daños como los que han tenido lugar. 
Señora Presidenta, quisiera en mi primera intervención saludar a todos los miembros de este Parlamento, pues fue ayer cuando me incorporé al mismo en sustitución de un compañero, Isidoro Sánchez, y agradecer la acogida que me han dispensado y manifestarles sinceramente mi esperanza de poder corresponder a tan sensible recibimiento y contribuir en mi modesta participación al proyecto que a todos nos une. 
Lamento que mi primera intervención sea para hacer referencia a los trágicos sucesos acaecidos recientemente, tanto en la zona de Biescas (Huesca) como en el Mediterráneo español. 
A nadie se le escapa la terrible tragedia que supuso para toda la Unión Europea la catástrofe acaecida en el camping de Las Nieves, en Biescas, donde perdieron la vida 86 personas y donde se ha hecho patente la necesidad de una actuación urgente por parte de las distintas instituciones, como ya en su día lo manifestó la Comisión. 
Pero no podemos olvidar lo acaecido también en el Mediterráneo español, que año tras año vienen castigando fuertes temporales y que, en esta ocasión, ha dejado, en la Comunidad Valenciana en concreto, un panorama desolador como consecuencia de unas inundaciones que nadie recordaba desde hace más de 14 años. 
Los desbordamiento de ríos y barrancos, los desmoronamientos de muros de contención y de puentes, hicieron que la intervención de Protección Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos e incluso del ejército y de la policía no fueran suficientes, desgraciadamente, para evitar la desaparición de una persona ni las cuantiosas pérdidas. 
Aún hoy, una semana después, hay zonas cuyos daños no se pueden valorar porque es imposible acceder a ellas. 
Por ello, y considerando que han resultado dañadas gravemente todas las infraestructuras básicas de las zonas afectadas- viviendas, comercios, instalaciones y cultivos agrícolas -, se hace imprescindible una actuación urgente encaminada, por una parte, a rehabilitar las zonas afectadas y, por otra- si cabe más importante- a establecer una línea presupuestaria, como ya se ha dicho, que prevenga y subsane los efectos de las fuertes trombas de agua que, año tras año, vienen repitiéndose y castigando esta zona. 
Señor Novo Belenguer, le felicito por esta primera intervención y le deseo una calurosa acogida. 
Señora Presidenta, como en años anteriores la gota fría ha inundado varias zonas del Mediterráneo, Cataluña y el País Valenciano, dejando a su paso incontables pérdidas en bienes y cosechas y, lo que todavía es más lamentable, causando pérdidas humanas. 
Sería necesario, debido al carácter periódico de las inundaciones, crear una línea presupuestaria para prevenir y subsanar los efectos de estas desgracias. 
La rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras, de las viviendas y de las instalaciones agrícolas necesita grandes inversiones, porque grandes han sido las pérdidas. 
Las autoridades regionales no han dado respuesta suficiente y han de verse apoyadas por las instituciones de la Unión Europea. 
Para no tener que lamentar tantas pérdidas- las materiales se pueden reponer, pero no las vidas humanas, que no tienen reposición posible- solicitamos a la Comisión que, junto con las autoridades competentes, establezcan planes de prevención. 
Señora Presidenta, la catástrofe ha sido terrible: las inundaciones, el granizo y los fuertes vientos han destruido grandes extensiones de manzanos en la región de Pilion. 
Se trata de un monocultivo que constituye la única fuente de ingresos para los agricultores y la catástrofe ha ocurrido precisamente diez días antes de la cosecha. 
En estos momentos, los agricultores «no tienen sobre qué caerse muertos» , carecen de los mínimos ingresos para vivir y, por supuesto, para reorganizar su producción. 
Quisiera pedir al Parlamento que apruebe unánimemente la resolución presentada y al señor Comisario que anuncie en su intervención si la Comisión piensa proceder a la adopción de medidas directas de ayuda económica a los agricultores y, más allá de éstas, de medidas que les capaciten para reiniciar el cultivo. 
Señora Presidenta, a principios de agosto fuertes precipitaciones de granizo castigaron varias regiones de Tesalia, concretamente las de Carditsa, Trikala, Larisa y Magnisia. 
Fueron tan intensas que se quedó destruido un gran número de cultivos. 
Sobre todo, los de algodón, maíz y manzano, que sufrieron una destrucción total. 
Espero que el Parlamento, con su conocida sensibilidad, exprese su condolencia y su apoyo a los habitantes de esas regiones y que, paralelamente, la Comisión y el Consejo dispongan la inmediata ayuda económica, tanto para los agricultores como para la población, a fin de conseguir una rápida recuperación y restitución de los daños provocados. 
Residuos tóxicos: 
Señora Presidenta, en esta cuestión de actualidad y urgencia tratamos de un caso grave de exportación de residuos tóxicos. 
Se trata de la empresa multinacional británica, Thor Chemicals, que ha exportado cientos de toneladas de residuos tóxicos de mercurio procedente de la Unión Europea, en especial del Reino Unido, de España y de Italia, a la instalación que posee la empresa en Cato Ridge, Sudáfrica. 
El punto de partida era el reciclado, una explotación de residuos no compatibles con el medio ambiente. 
Pero en vez de una reelaboración ha tenido lugar un mero vertido. 
Vertido de residuos tóxicos de mercurio, lagos contaminados de desechos, un muerto, veinte trabajadores que tendrán que sufrir durante toda su vida las consecuencias de los daños a su salud originados en el trabajo, son el resultado. 
El agua potable se halla contaminada, los valores que se han medido se sitúan miles de veces por encima de las normas de la OMS sobre el agua potable. 
En 1993 el fiscal general de Natal acusó de homicidio a tres altos directivos. 
La Thor se declaró culpable. 
Mandela ha constituido ahora una comisión de investigación. 
Nuestras exigencias a la empresa y a la Unión Europea son las siguientes: quien produzca los residuos debe ocuparse de su eliminación, es decir, la reexpedición de 470 toneladas a Inglaterra, de 57 toneladas a Italia y de 10 toneladas a España. 
En especial, instamos a Sudáfrica a que suscriba el artículo 39 del Tratado de Lomé. 
Por lo demás, me remito expresamente al párrafo 4 de nuestra resolución común. 
Con un fuerte sentimiento de vergüenza voy a dedicar algunas palabras a esta resolución sobre el dumping de residuos tóxicos en Sudáfrica. Es difícil de entender que algunos países de la Unión Europea nos autoexculpemos y hayamos endilgado a Sudáfrica, un país que ya tiene suficientes problemas, una situación de crisis que amenaza a la vida y al medio ambiente. 
Es difícil de entender que la multinacional inglesa Thor Chemicals haya depositado, so pretexto de una gestión ecológica de los residuos, 5000 toneladas de residuos tóxicos en Sudáfrica, causando así, a sabiendas, la muerte o la invalidez de más de 20 personas. 
Pero nuestra vergüenza no vale de nada a los damnificados. 
Lo único que le serviría a Sudáfrica sería devolvernos los residuos y recibir apoyo financiero y técnico. Y procuremos no ser nunca jamás corresponsables de una situación tan infame. 
Coincido íntegramente con lo expuesto por la Sra. d ' Ancona, así que podría ahorrar casi un minuto del tiempo de uso de la palabra. No obstante, me gustaría señalar que, aunque adoptemos excelentes leyes medioambientales, mientras las empresas no hagan caso de ellas, tendrán una eficacia escasa. 
Por fortuna, hay organizaciones que investigan esta clase de abusos y los sacan a la luz. Gracias a ellas, tenemos la oportunidad de tomar medidas en contra. 
Ayer mismo se ha votado en esta Asamblea una propuesta de reglamento sobre la vigilancia y control durante el traslado de residuos hacia y desde de la Unión Europea y en su interior. 
El incidente con Thor Chemicals, que es el tema del debate de hoy, demuestra una vez más que las propuestas de este tipo son necesarias. 
No obstante, no debemos olvidar que se trata tan sólo de un ejemplo y que en el mismo instante en que estamos celebrando este debate ocurre lo mismo en muchos otros lugares. Por eso hemos de tratar de intensificar aun más el control sobre el cumplimiento de la legislación en la Unión Europea, valiéndonos de las normas que tenemos a nuestra disposición. 
Señorías, el escándalo de la exportación de residuos tóxicos tiene carácter generalizado para numerosos países del sur. Ahora nos deberíamos centrar concretamente en el hecho de que, en las negociaciones entre la Unión Europea y Sudáfrica a propósito de la adhesión de este país al Convenio de Lomé, el Gobierno sudafricano pida que se le reconozca una excepción para poder seguir importando y exportando residuos tóxicos. 
Es precisamente este punto el que nos ha inducido a debatir con carácter urgente esta cuestión, a fin de dar, como Parlamento, una señal clara a la Comisión y naturalmente al Consejo en el sentido de que tal cosa es inaceptable y dirigir, al mismo tiempo, un llamamiento al Gobierno de Sudáfrica para que abandone su propósito de solicitar una excepción al artículo 39, por el que se prohíbe la exportación de residuos tóxicos, en cuanto que este artículo ha tenido precisamente un carácter precursor en el marco del Convenio de Lomé, y afirmar, a petición de los diputados al Parlamento Europeo y los diputados africanos, que eso debe acabar. 
Camino de Santiago 
Señora Presidenta, Señorías, esta propuesta defiende el patrimonio monumental europeo del Camino de Santiago en su propio corazón de Galicia. 
Y no cabe que se intente manipular o confundir diciendo si es más genuino el tramo francés o el portugués, porque estamos hablando del corazón mismo del Camino de Santiago, en Galicia. 
Y yo no hablo de oídas, Señorías, yo misma he sido testigo presencial, directo, de los gravísimos destrozos que estas obras de la carretera nacional 550 están ocasionando en su paso por Pazos, entre Iria y Esclavitud. 
Es un atentado gravísimo al arte, al patrimonio histórico y cultural de Europa. 
Es un desguace arquitectónico, paisajístico. 
Es una brutal agresión al medio ambiente y al patrimonio etnológico y antropológico. 
Se están violando las leyes, tanto las autonómicas como las nacionales, con absoluta pasividad de la Xunta y de los demás responsables que consienten esta injustificable atrocidad. 
¿Tiene sentido, Señorías, que por un lado estemos financiando la protección del Camino de Santiago y, por otro, estemos consintiendo esta brutal destrucción? 
Hasta el propio Arzobispo de Santiago de Compostela ha intercedido en defensa de los afectados y de los vecinos. 
Señora Presidenta, además existen soluciones alternativas, mejores y menos costosas. 
Es urgente detener estas obras, que se paralice esta destrucción. 
Sería un daño irreparable. 
Hay que paralizarlas porque es un patrimonio de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, Señorías, con todos mis respetos para los ciudadanos de Pazos, en Padrón, en mi Galicia, afectados por las obras de ensanchamiento de la carretera nacional 550 debo, sin embargo, señalar con rotundidad ante todos ustedes que no es cierto, como se dice en esta propuesta de resolución, que las obras afecten al Camino de Santiago, declarado Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Y no es cierto por una razón elementalísima, que yo, señora Presidenta y Señorías, les digo con toda claridad: la localidad de Pazos no se encuentra en el Camino de Santiago. 
El camino denominado «Camino Francés» es el único Camino de Santiago declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y Primer Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa- precisamente aquí, en este mismo hemiciclo, allá por el año 1986-. 
Y por lo tanto, si aquello no es cierto, lo que hay que deducir es que se está utilizando con falsedad el nombre del Camino de Santiago por simple conveniencia política y debo decir que esto es muy grave. 
Es grave para el Camino y es grave también para esta Institución, para la credibilidad del Parlamento Europeo. 
Por todo ello, señora Presidenta y Señorías, estamos en contra de esta propuesta de resolución. 
Señor Presidente, a través de usted quisiera pedir a los diputados que se aplace la votación de esta resolución. 
Ha habido un debate, pero todo parece estar sumamente complicado. 
Dentro de poco va a ir a Colombia una delegación de este Parlamento y en este caso excepcional quisiera pedir a todos que se aplace la votación hasta el próximo período parcial de sesiones. 
Muchas gracias, señora d ' Ancona. 
Usted sabe cuanto me gusta seguir sus orientaciones. 
Pero siento decirle que, reglamentariamente, esto no es posible. 
Hemos de someter la propuesta a votación y, por lo tanto, reglamentariamente esta Presidencia no puede aceptar su sugerencia. 
Tiene la palabra para una cuestión de orden la Sra. González Álvarez. 
He pedido la palabra porque yo no recordaba tan bien como usted, señor Presidente, el Reglamento, y no sabía que era imposible aplazar la votación de la propuesta de resolución para el próximo mes. 
En el caso de nuestra resolución, si es posible, antes de que sea rechazada, preferimos aplazar su votación hasta el próximo periodo parcial de sesiones porque queremos que se apruebe una resolución sobre los derechos humanos en Colombia y, por lo tanto, nosotros, si pudiéramos hacerlo, preferiríamos aplazar la votación de nuestra propuesta hasta la próxima sesión. 
Señor Presidente, en su día presentamos la solicitud de que no se incluyese Colombia en el orden del día, precisamente por los motivos expresados por la Sra. d ' Ancona. 
Ahora, una vez formulada la solicitud de aplazamiento de la votación, decimos «mejor tarde que nunca» y aceptamos, con gusto, tal solicitud. 
Señorías, yo entiendo que al mismo tiempo que se ha hecho una demanda en voz alta también se ha hecho una reflexión. 
Por desgracia, esta Presidencia tiene como servidumbre el Reglamento, y el artículo 47 sobre este debate de urgencia no acepta sugerencias como la que ha hecho la Sra. d ' Ancona. 
Por lo tanto, Señorías, yo no tengo más remedio que someter a votación la presente propuesta de resolución. 
Señor Presidente, por supuesto que no quiero contradecir las facultades y poderes del Sr. Presidente. 
Pero yo entiendo que esta Asamblea, en cuestiones que le conciernen tan directamente como votar o no votar, es soberana y si la Asamblea decidiera por mayoría de votos aplazar la votación, podría hacerlo. 
Ésta es mi interpretación del Reglamento con menos conocimiento del Reglamento que usted, señor Presidente, pero obedeciendo a un principio natural de que las asambleas parlamentarias son soberanas para parlamentar cuando y como lo tienen a bien. 
Señor Robles Piquer, esta Presidencia no puede estar de acuerdo con usted. 
El Reglamento no se puede modificar en el curso de los debates. 
Se pueden tomar decisiones, pero no modificar el Reglamento. 
Lo que sí se puede hacer, señor Robles Piquer, es que los autores retiren la propuesta. 
Pero, si no se retira la propuesta, Señorías, esta Presidencia, asumiendo la responsabilidad que le corresponde de respetar escrupulosamente el Reglamento, la someterá a votación. 
Pero antes hay que tener en cuenta que ésta es una propuesta de resolución presentada por el Grupo de los Verdes. 
Señor Presidente, a mi juicio la Asamblea debe respetar su propio Reglamento. Este no puede alterarse sin más. 
En segundo lugar, hemos reflexionado concienzudamente sobre el momento de presentar la cuestión y no estamos dispuestos, en absoluto, a retirar la propuesta de resolución. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Señorías, pasamos ahora a la votación de la propuesta de resolución del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre la misma cuestión, a la que no se han presentado enmiendas. 
¿Mantiene el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica su propuesta de resolución? 
No retiramos nuestra propuesta por una sola razón. 
Llevamos varios meses pretendiendo que se apruebe en esta Asamblea una resolución sobre Colombia y el respeto por los derechos humanos en Colombia. 
Y pretendíamos, como dije en mi intervención anterior, que la delegación que va a ir allí diga lo que piensa este Parlamento sobre los derechos humanos en Colombia. 
No podemos retirarla porque no confiamos que sea realista que en el próximo mes se vaya a presentar una resolución que pida el respeto a los derechos humanos en Colombia. 
Y es esa la única razón por la que no podemos retirarla, aunque sabemos que vamos a perder la votación. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, intervengo por una cuestión de reglamento. 
Según una norma de este Parlamento, las personas que se encuentren en la tribuna no deberán manifestar en ningún caso sus sentimientos. 
Sin embargo, ha habido en la tribuna aplausos que han pasado inadvertidos para usted. 
Votaciones 
Señora Presidenta, para terminar, quisiera decir claramente una cosa sobre esta votación. 
Se ha tratado aquí de compromisos muy difíciles que hemos adoptado. 
Celebro mucho que se hayan aceptado las enmiendas transaccionales, aunque ello haya sido difícil para muchos de nosotros. 
Al final se han producido preguntas acerca de qué han significado realmente las dos votaciones, pues se ha votado dos veces contra el tipo impositivo cero en el vino. 
Sé que algunos colegas estaban preocupados por esta razón. 
Sin embargo, ya habíamos acordado previamente que el tipo impositivo cero debería mantenerse en el vino. 
Por consiguiente, no habría sido necesario votar, adicionalmente, dos veces sobre esto. 
Así se produjo esta votación. 
Creo que es muy importante, hacer esta aclaración, pues sé que algunos de nuestros colegas estaban preocupados por el resultado de esta votación. 
Señor von Wogau, si considera que se ha mantenido la coherencia de la votación, mucho mejor. 
Señora Presidenta, nuestro colega, el Sr. Bontempi, que lamentablemente no puede estar aquí, me ha pedido que les presente en su nombre una propuesta. 
El ha sido el redactor de la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
La Comisión ha adoptado por unanimidad algunas conclusiones, que deberían haber sido presentadas hoy aquí como enmiendas orales, porque se produjo el olvido de presentarlas a su debido tiempo. 
Se trata de las conclusiones 1d, 2a, 2b y 6b. 
La Sra. Theato, como redactora del informe, ha dado su aprobación al procedimiento, como me ha comunicado el Sr. Bontempi. 
Por consiguiente, permítanme que les pida excepcionalmente admitir y dar su conformidad a estas enmiendas orales que les acabo de mencionar. 
Muchas gracias también a los colegas que al principio estaban tan impacientes. 
Esta mañana dije ya en el debate que la Comisión de Libertades Públicas no vio ninguna posibilidad de presentar a tiempo la opinión, de manera que pudimos votar estas conclusiones- como debía haber sido normalmente el caso- en la Comisión de Control Presupuestario, que es la competente para el fondo. 
Estoy segura de que nosotros las habríamos aceptado allí. 
Hay una conclusión que yo no puedo admitir. 
Puedo admitir la que acaba de presentar ahora el Sr. Schulz. 
Sin embargo, considero importante indicar que el documento está a disposición para que se sepa sobre qué se está votando. 
Estas conclusiones que han sido añadidas a mi informe pueden ser consultadas, y yo, como ponente, estoy dispuesta a aceptar las conclusiones numeradas como 1d, 2a, 2b y 6b. 
Tenemos la respuesta de la Sra. Theato. 
Hay dos soluciones: o aceptamos la propuesta del ponente y podemos votar si no hay objeción; o si prefieren renegociar entre ustedes se puede aplazar la votación hasta mañana por la mañana. 
(Al no haber objeciones se prosigue con la votación) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
He votado «no» al informe. 
No es porque ponga en duda la afirmación del informe Tomlinson sobre las irregularidades de los reglamentos presupuestarios y del fondo de garantía, sino porque soy contrario a que se confieran al Parlamento unas competencias mayores en cuestiones presupuestarias, y estoy en contra de que se establezca un procedimiento obligatorio y vinculante por el que tenga que consultarse la opinión del Parlamento antes de conceder préstamos del fondo de garantía. 
Sobre el informe von Wogau 
Señora Presidenta, no puede dar esta explicación por escrito ya que lo sucedido durante la votación sobre el informe Von Wogau no honra precisamente a este Parlamento. 
Voté en contra del informe en definitiva porque, según han fluctuado las votaciones, aquí nos apartamos por un solo voto de lo que fue aprobado en la Comisión de Agricultura así como en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por aplastante mayoría, esto es, la recomendación a la Comisión de que mantuviera el tipo cero para el vino. 
Un único voto ha bastado para que desapareciera el punto 11 c) respecto al que nos pusimos de acuerdo, porque quedaba mencionado el tipo cero y porque no era necesario repetirlo en el punto 16. 
Desgraciadamente una serie de colegas no lo han entendido, habida cuenta de que ya no había punto 11 c) y que había que votar a favor del punto 16. 
Por esta razón ahora, contrariamente a todo aquello que habíamos acordado, ya no hay referencia al tipo cero para el vino en nuestro informe. 
Estoy convencida que siendo las cosas lo que son- como decía de Gaulle- la Comisión sabrá a qué atenerse y comprenderá que debido a la insuficiente presencia esta tarde en el Parlamento, el tipo cero ha sido rechazado por el Parlamento por un único voto. 
Estoy segura de que la Comisión sabrá que la mayoría de este Parlamento está a favor de mantener el tipo cero. 
Desgraciadamente, no estaban aquí todos los colegas para poder votar. 
Las divergencias entre los países miembros en sus opiniones en torno a la cuestión del alcohol y de política relativa a su consumo son tan considerables que, en nuestra opinión, el tema debe seguir siendo de competencia nacional. 
Para muchos países la producción de cerveza y vinos es sobre todo una cuestión agrícola y generadora de empleo. 
Para los países nórdicos la política en torno al alcohol constituye una cuestión social y de salud pública. 
Se basa en la idea de reducir el consumo general para con ello disminuir sus efectos negativos. 
En este sentido, el precio (reglamentado a través de la política impositiva) , junto con la información y la transparencia, han constituido aspectos significativos de la política relativa al alcohol. 
Los precios elevados tienen una repercusión positiva sobre consumidores moderados, puesto que les pueden inducir a no beber con demasiada frecuencia. 
En nuestra opinión, está fuera de toda cuestión describir el consumo como «beneficioso cuando es moderado». 
No existe documentación alguna que pruebe la corrección de esta afirmación. 
Por el contrario, existe una cantidad aplastante de pruebas circunstanciales por lo que respecta a los efectos dañinos desde el punto de vista médico. 
Accidentes de tráfico, en el lugar de trabajo, abuso de mujeres y de niños, son las repercusiones típicas del consumo de alcohol- a menudo causadas por personas que se consideran consumidores moderados. 
Con respecto al apartado sobre política relativa al consumo de alcohol del informe von Wogau, hemos votado de conformidad con las directrices expuestas anteriormente. 
Como representantes del partido de los Verdes hemos votado «no» al informe von Wogau, ya que por principio consideramos que la política fiscal debe decidirse a nivel de Estados miembros. 
Un efecto de las repercusiones negativas de los impuestos especiales adoptados a nivel de la UE es la experiencia actual de las líneas aéreas suecas, por la que se ha puesto en marcha la devolución de unos impuestos verdes suecos por armazón de los aviones, haciendo referencia a la normativa vigente en la UE. 
Además, pensamos que la resolución final- sobre todo por el rechazo de las enmiendas relativas al cuidado de la salud presentadas por los Verdes- no toma en consideración del modo adecuado la necesidad de reducir el consumo de tabaco y alcohol a través de la imposición fiscal, cuando en ambos casos esta suficientemente comprobada su repercusión negativa sobre la salud pública. 
Sobre el informe Meier 
He votado en contra del informe Meier a pesar de que encierra muchos aspectos positivos. 
Lo que hace que el informe sea inaceptable es la propuesta de convertir los órganos técnicos de armonización en órganos de la UE. 
Se trata de una medida absolutamente innecesaria; los trabajos se llevan a cabo excelentemente bajo las modalidades existentes e incluyen a más países que los Estados de la UE. 
Además, estoy en contra de que se disminuya la influencia de las autoridades en los procesos de armonización, como lo defiende el informe. 
El principal problema hoy en día es el exceso de influencia de la gran empresa, no de las autoridades. 
Sobre el informe Theato 
He votado en contra del informe de la Sra Theato y de la Comisión de Control Presupuestario. 
La comisión ha tomado por cuenta propia la iniciativa de elaborar un informe sobre el seguimiento de la Conferencia interparlamentaria contra la corrupción en la Unión. 
Tiene fallos tanto en la parte de análisis como en sus juicios políticos. 
Echo a faltar evidencias de cualquier tipo de análisis de las causas del aumento de la actividad fraudulenta. 
Las causas hay que buscarlas en la decisión de la UE de eliminar los controles fronterizos, en la política supraestatal relativa a la agricultura y a los fondos estructurales, y en la flora de programas incontrolados de ayuda a países terceros. 
Estas causas dan lugar a que se calcule con menor precisión, y a que personas con un pasado criminal se dediquen a las actividades fraudulentas. 
Estoy en contra de la propuesta del informe de transferir sectores importantes del tercer pilar, el interestatal, a la supraestatalidad comunitaria de la UE, lo cual incluiría el procedimiento de codecisión. 
Precisamente este ámbito es de importancia vital para los Estados miembros. 
Por eso he votado en contra del informe de la Sra. Theato. 
Aun no siendo, por ahora, el problema número uno de la Unión Europea, el fraude está adquiriendo en el momento actual proporciones tal vez nunca vistas. 
Por eso, más que propugnar medidas, que ya se han adoptado, determinar medios, que ya existen, o formular ideas, que por todos lados vemos surgir, lo que importa hoy es actuar. 
El informe Theato plantea casi siempre bien el problema, señala casi siempre bien las opciones, reclama casi siempre bien acciones. 
Por eso hemos votado a favor del informe Theato. 
No obstante, no podemos dejar de señalar a la atención de Sus Señorías un aspecto que, aun no siendo determinante, nos inspira las más serias reservas. 
Se trata de la comunitarización, defendida por la ponente, de una buena parte del «tercer pilar» , lo que- si bien no tendríamos inconveniente, si se pudiera circunscribir simplemente a los aspectos relacionados con la lucha contra el fraude, como parece ser intención de la ponenteya nos inspira esas dudas, porque consideramos que el verdadero problema no estriba en eso. 
Luchar contra el fraude, sí y siempre, pero (a pesar de que admitimos la hipótesis de que los propios Gobiernos puedan ser, voluntaria o involuntariamente, cómplices de algunos) , no compartimos la tesis de la comunitarización de esa lucha, porque pensamos que, al hacerlo, estaríamos concediendo un certificado de «persona de bien» a la Unión Europea, como si los Estados miembros no lo fueran o no lo mereciesen. 
Exigimos cooperación, exigimos aclaración, exigimos fiscalización, exigimos rapidez y eficacia en relación con la protección de los intereses financieros de la Comunidad, la lucha contra el fraude y la lucha contra la corrupción que se extiende por esta Europa. 
Los ciudadanos lo reclaman, la sociedad lo precisa. 
Aunque sólo sea, por una cuestión de seguridad y de confianza en sí mismos. 
Diemut Theato ha sabido transmitirlo. 
Casi siempre bien... 
Cooperación Este-Oeste en materia de energía y de seguridad nuclear 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0242/96) del Sr. Adam, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre las actividades de cooperación Este-Oeste en materia de energía y de seguridad nuclear. 
Señor Presidente, la palabra clave de este informe es «cooperación». 
En los 20 a 25 próximos años, la Unión Europea dependerá aún más de la energía importada. 
Aumentará la demanda de petróleo, carbón y gas, principalmente gas, y sólo podremos atenderla mediante la importación. 
Suponemos que las cantidades adicionales de gas que necesitemos provendrán principalmente de Rusia. 
Si no hay cooperación cabe dudar de que podamos disponer de esos suministros, sin contar con que se debilitará la influencia sobre el desarrollo técnico de la Europa Oriental, a la que el Oeste tiene mucho que ofrecer. 
El informe procura determinar las cuestiones principales y proponer un marco de acción comunitaria, dando por supuesto que el Este sabrá responder 
Teniendo en cuenta que las importaciones de gas son de interés capital, el informe propone la creación de un centro conjunto con el apoyo de Gasprom y de la Comunidad. 
No está de más indicar que Gasprom es la mayor empresa del mundo en términos de volumen anual de negocios, que asciende a unos 200.000 millones de dólares. 
Se han establecido Centros de energía en todos los países de la Europa Oriental y a ellos debemos recurrir para fomentar la cooperación en una extensa gama de actividades. 
Pienso, en particular, en el estímulo de una cultura de la eficiencia y el ahorro de energía y en la promoción de las energías renovables. 
Desgraciadamente, las disposiciones administrativas adoptadas por la Comunidad para prestar apoyo a esos Centros no son satisfactorias. 
Participan en ellas no menos de cuatro programas: THERMIE, PHARE, TACIS y SYNERGY. 
Hay casos en que incluso hay más de una oficina en la misma ciudad. 
No es de extrañar que los programas PHARE Y TACIS no hayan convencido todavía a este Parlamento de que las prioridades se tienen debidamente en cuenta. 
Algunos pasajes del informe sobre esta cuestión se dirigen en duros términos a la Comisión. 
La resolución pide que se presenten propuestas para fortalecer la función de los Centros mediante la utilización de recursos financieros adecuados. 
Se trata de una cuestión urgente. 
Hace apenas una hora el director de un Centro de energía me llamó por teléfono para comunicarme que el Centro tenía que cerrar sus puertas al final de este año. 
Esta no es una manera adecuada de fomentar la cooperación. 
Es evidente que tiene que haber una voluntad común por parte de la Comunidad y de los gobiernos de los países interesados para que esta cuestión tenga éxito. 
Hay que evitar que la Comunidad actúe de forma precipitada en lo que se refiere a los cierres de Centros. 
He de decir con toda franqueza que la Comisión ha comenzado ya a operar con arreglo a las líneas de acción sugeridas y que me satisface la cooperación entre Direcciones que se está instaurando. 
También quiero hacer constar que he recibido ayuda de la Comisión para preparar este informe. 
La energía nucleoeléctrica representa en la Europa Oriental sólo el 17 por ciento de la electricidad generada, y en la mayor parte de los países su producción es inferior a la disminución de la electricidad que se ha registrado desde que esos países iniciaron la tendencia hacia la economía de mercado. 
En teoría, por lo tanto, las centrales nucleares podían haber quedado fuera de uso. 
Los motivos de que esto no sucediera son políticos y financieros. 
Hay una acusada resistencia a quedar en una situación de dependencia respecto de combustibles fósiles importados, y no se cuenta con los recursos necesarios para adquirir esos combustibles. 
La institución de un impuesto del 20 por ciento en Rusia para las importaciones procedentes de Ucrania no ha contribuido, como es natural, a fomentar la venta de gas o de petróleo a ese país. 
Hay que hacerse cargo de que las evaluaciones hechas en Occidente de la seguridad de las centrales nucleares no obtienen siempre la aceptación de los países de la Europa Oriental. 
Una cooperación fructuosa entre la Unión Europea y los países de la Europa central y oriental y la antigua Unión Soviética sólo podrá tener éxito si se basa en la comprensión. 
Occidente no posee el monopolio de la sensatez. Los países occidentales no pueden dictar su conducta a los países de la Europa Oriental. 
La institución de las economías de mercado llevará tiempo. 
En los 20 próximos años no es razonable esperar que el problema energético en esos países quede resuelto mediante economías en la utilización de la energía, ni cabe esperar incrementos espectaculares en materia de utilización de energías renovables. 
La utilización de la energía nucleoeléctrica continuará y probablemente aumentará. 
Los rusos no han interrumpido su labor sobre el diseño de reactores. 
De todos modos, el informe enuncia directrices firmes para regular la asistencia financiera en el sector nuclear. 
La finalidad consiste en fomentar, mediante la cooperación industrial, procedimientos y una cultura de la seguridad que sean mutuamente aceptables. 
El informe y la resolución se ocupan de cuestiones en las que la cooperación sería beneficiosa para el Este y el Oeste. 
No hay soluciones inmediatas, no hay varitas mágicas, y el Parlamento se vuelve ahora hacia la Comisión, esperando que ponga en práctica el espíritu del informe. 
Señora Presidenta, seré muy breve ya que en su discurso de introducción el Sr. Gordon Adam ha dicho lo que esencialmente debía decirse sobre este informe excelente cuya importancia es inversamente proporcional al número de colegas que lo están escuchando aquí. 
Se trata efectivamente de un documento de una gran densidad, que define realmente el marco de lo que debería ser- y de lo que desgraciadamente no es o todavía no es- la política energética de la Comunidad europea respecto de los países de la Europa central y oriental y especialmente, claro está, de ese gran vecino que es Rusia. 
Demasiado a menudo nos vemos encallados en debates teóricos acerca de las fuentes de abastecimiento, de la energía nuclear, en favor o en contra de ésta, etc. 
El informe del Sr. Adam, realizado con muchas matizaciones, demuestra, si todavía era necesario hacerlo, que un país como Rusia debe, sobre todo, diversificar necesariamente sus fuentes de suministro, que no puede confiar únicamente en el gas o incluso menos en las energías renovables o simplemente en la eficacia energética sino que debe, por el contrario, seguir desarrollando una poderosa industria nuclear. 
Claro está que al hablar de nuclear surge en nuestras mentes Chernóbil y, por lo tanto, la necesidad absoluta de seguridad. 
Este llamamiento a la «cultura de la seguridad» , cuya difusión en Rusia debemos fomentar, es evidentemente un punto esencial en el informe del Sr. Adam. 
Otro punto importante es la demostración de que debemos abandonar de forma inmediata la ayuda transitoria que concedemos a estos países. 
Debemos pasar a una etapa de mayor organización y de cooperación mejor planificada, y procurar que los programas PHARE, TACIS, los créditos de la BERD, etc, se reagrupen en un plan global, un plan que propugnamos desde hace ya varios años y cuya elaboración se ha convertido- para recoger una expresión que usted conoce bien, señora Presidenta- una obligación acuciante. 
El informe del Sr. Adam nos muestra todo esto y también nos muestra que entre las palabras y los actos existen a veces importantes diferencias, y que el futuro que se dé a los centros de energía es un ejemplo de ello. 
Esto es lo que hay que subrayar en el informe del Sr. Gordon Adam e invito a la Comisión a que lo lea con atención y a que defina ahora las modalidades prácticas de su aplicación. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, permítanme que en nombre del Grupo del PPE felicite cordialmente al ponente por su informe acerca de las medidas de cooperación entre el este y el oeste en los ámbitos de la energía y de la seguridad nuclear. 
Es realmente un informe que puede tomarse en cuenta, en comparación con los demás asuntos que estamos discutiendo aquí. 
Es concreto, suficientemente concreto para las tareas que han de llevarse a cabo. 
Es equilibrado, es decir, se da una correcta valoración de las cosas, y es también suficientemente amplio como para referirse de forma sucinta a todos los ámbitos de problemas. 
Por esta razón, los miembros del PPE no hemos presentado enmienda alguna. 
Apoyamos también las enmiendas que han sido presentadas todavía por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
También apoyamos la enmienda nº 9 de los verdes; no podemos apoyar las demás. 
También compartimos las de los liberales. 
Pero quisiera realizar aún aquí un par de reflexiones básicas sobre el tema. 
En primer lugar: cada ecu que contribuya a hacer más seguras las centrales nucleares del este es un dinero bien invertido y no deberíamos ceder en nuestros esfuerzos. 
En segundo lugar: debemos respetar también- y lo han dicho ya quienes me han precedido en el uso de la palabra- que cada país decida qué fuentes de energía quiere utilizar. 
Como europeos, no debemos intentar hacer realidad nuestras teorías en una especie de intento de hacer felices a los pueblos. 
En tercer lugar: también hemos de procurar que si un país se ha decidido por la energía nuclear cumpla los estándares de seguridad pertinentes. 
En este punto, me permito aludir al debate que celebramos en relación con la central nuclear de Mochovce. 
No sirve de nada que situemos tan altos los estándares de seguridad si al final se utiliza tecnología rusa y no los estándares de seguridad europeos. 
En este punto nos hemos hecho un flaco favor, y quizá esto haya contribuido también de forma importante a aclarar algún punto. 
El Informe Adam muestra vías muy practicables y todos deberíamos hacer todos los intentos posibles- y no puedo menos que instar a ello a la Comisión- por controlar esto, para estar como europeos a la altura de nuestra responsabilidad por todo el continente. 
Señorías, señor Comisario, también quisiera felicitar, en nombre del Grupo liberal, al Sr. Adam por su informe. 
Las actividades de cooperación entre los países de la Europa oriental y la Unión Europea se centran en la seguridad de las centrales nucleares de la Europa oriental. 
Las inversiones en seguridad revisten una importancia vital tanto para la población de la Europa oriental como para los ciudadanos de la Unión Europea. 
La otra cara de esta atención prestada a la seguridad de la energía nuclear consiste en que se dejan de lado otras alternativas energéticas distintas de las nucleares. 
En opinión del Grupo liberal, la cooperación en el ámbito de la seguridad de la energía sólo tendrá éxito si se tienen en cuenta todas las fuentes de energía. 
Por ello, votaremos en contra de la enmienda nº 5 del ponente. 
Si la Unión Europea sólo exporta a los países del Este conocimientos y tecnologías nucleares, seguirán existiendo las centrales nucleares de alto riesgo y, por consiguiente, también los riesgos para los ciudadanos y para el medio ambiente. 
Una investigación reciente ha demostrado que la Unión Europea ocupa una posición de liderazgo en el ámbito de las tecnologías de energías no nucleares y ecológicas. 
Exportemos, pues, estas tecnologías. En la actualidad, ya están creando mucho empleo. 
El consumo de energía en los países de la Europa central y oriental se ha reducido considerablemente como consecuencia de la recesión económica e industrial, lo cual significa que se podrían cerrar, sin más, reactores inseguros como los de Chernobil. 
No obstante, para estos países resulta más rentable explotar reactores inseguros, en cuanto que pueden exportar así combustibles fósiles a cambio de moneda sólida. 
Mi Grupo se pregunta si es necesario que la Unión Europea invierta en la seguridad de las centrales nucleares, teniendo en cuenta que estos países exportan combustibles fósiles. Podríamos invertir mejor en un uso más eficiente y limpio de los combustibles fósiles. 
Por último, quisiera hacer una observación sobre la enmienda nº 8 del Grupo Liberal. 
Es sumamente lamentable que los Estados Unidos no se hayan adherido al Tratado relativo a la Carta de la Energía y, por ello, esperamos que lo hagan próximamente. 
Antes que nada quisiera dar gracias al Parlamento por su iniciativa en la preparación de un informe sobre las actividades de cooperación entre el Este y el Oeste en la esfera de la energía y de la seguridad nuclear, particularmente al Sr. Adam, que ha redactado un texto valiosísimo. 
En mi intervención quisiera tratar de las siguientes cuestiones: el funcionamiento de los programas PHARE y TACIS, los centros de energía de la Unión Europea, la cooperación nuclear, y la coordinación entre programas. 
Por lo que se refiere a los programas TACIS y PHARE, aunque es posible que la política no estuviera suficientemente elaborada en los primeros años, los servicios de la Comisión se han esforzado considerablemente por conseguir una mejor concentración de la acción en esferas en las que mayores son la necesidad y las repercusiones. 
Este proceso se desarrolla en paralelo y en consonancia con una evolución de la comprensión entre la comunidad internacional de donantes. 
En realidad, los programas PHARE Y TACIS desarrollan sus funciones en la mayor parte de las esferas que se ponen de relieve en el proyecto de informe. 
Se ponen muy de relieve las economías que pueden obtenerse en materia energética y otras cuestiones conexas, y la reforma de la estructura jurídica y reglamentaria del sector energético, con miras a crear un clima favorable para las inversiones. 
Por una parte, el sector del petróleo y el gas es más inherentemente próspero que los demás, y se halla en mejor situación cuando se trata de recaudar fondos de fuentes privadas. 
Siempre que sea posible, el programa debería ceder el paso a estas últimas actividades, restringiendo su funcionamiento a las cuestiones jurídicas y de reglamentación. 
Por lo que se refiere a los centros de energía de la Unión Europea, coincido completamente con la evaluación muy positiva de sus actividades que se hace en el proyecto de informe. 
Como saben ustedes, la financiación de centros de energía de la UE por conducto del programa THERMIE tuvo que interrumpirse al final de 1995 y los centros reciben apoyo temporal por mera sinergia, mientras que la Comisión está buscando una solución apropiada para su futuro. 
La Comisión estima que ha de tener en cuenta la evolución de las estructuras administrativas en los países de que se trata. 
En algunos casos la financiación ha sido asumida por los programas PHARE y TACIS previo cuidadoso examen y cuidadosa planificación, y se pondrá término a la operación de los centros financieros que no han tenido éxito. 
La financiación de los centros que han tenido éxito se está renovando en escala adecuada. 
El ámbito de la labor de esos centros se está modificando también a fin de incrementar el papel que desempeñan para atraer las inversiones, para darles una misión regional y para fomentar su sostenibilidad a largo plazo. 
En el sector nuclear el informe da un paso importantísimo al colocar la utilización de la energía nucleoeléctrica en el contexto de la política energética mundial. 
Tiene mucha razón cuando considera el volumen energético y no solamente los aspectos de seguridad, pero hay que dejar bien sentado que no hay que socavar los niveles de seguridad. 
Tenemos que seguir esforzándonos por que se mejoren las condiciones de las instalaciones de los países de que se trata, a fin de alcanzar un nivel equivalente al que tenemos en la Unión. 
La seguridad ha de ser un requisito previo para la utilización de la tecnología nuclear. 
Teniendo en cuenta los aspectos económicos y estratégicos de la energía nucleoeléctrica en esos países, su estructura energética es esencial hoy en día para la solución a largo plazo de las cuestiones relativas a la seguridad. 
Tenemos que reconocer que esos países tienen derecho a elegir la energíanucleo eléctrica, si así lo desean. 
Teniéndolo en cuenta, debemos ayudarles a definir y establecer las estructuras que permitan instituir un nivel adecuado de seguridad. 
Esas estructuras se basan en una cultura de la seguridad en todos los planos del diseño, la fabricación y el funcionamiento del equipo y de las instalaciones. 
Este ambicioso objetivo no se conseguirá por medio de programas de asistencia que únicamente movilicen dinero. 
Esos programas pueden ayudar a iniciar el proceso, pero la cooperación industrial a largo plazo basada en inversiones e intereses compartidos será probablemente la única manera de conseguir que se efectúe la transferencia necesaria de capacidades. 
En régimen paralelo, los programas de asistencia y los programas TACIS/PHARE en particular, tienen que seguir ocupándose de las cuestiones de seguridad de máxima importancia, al mismo tiempo que consideran también algunos problemas específicos del ciclo del combustible. 
Hay que seguir prestando especial atención al aspecto de las salvaguardias. 
La definición de los proyectos debe seguir efectuándose teniendo en cuenta la perspectiva a largo plazo y el desarrollo a fondo de una cultura de la seguridad en la industria nuclear de los países de que se trate. 
Hay que establecer un marco para la publicación de los resultados de los programas, pero teniendo debidamente en cuenta la cuestión de la propiedad intelectual. 
Hay que aprovechar lo mejor posible los resultados disponibles. 
Por último, hay que promover las facilidades crediticias siempre que sea apropiado para fomentar un enfoque general a plazo más largo encaminado a desarrollar relaciones de asociación y cooperación entre las organizaciones industriales de la Unión Europea y los países interesados. 
Hay que respetar las reglas y los procedimientos, y hay que adoptar un enfoque riguroso y sin cortapisas en materia de préstamos para integrar los problemas específicos de los países con economías en transición. 
Por lo que se refiere a la coordinación de los programas, la Comisión coincide en que es necesario mejorar la coordinación entre las diferentes medidas adoptadas por la Comunidad en esta esfera. 
Permítanme que mencione los esfuerzos que ya está realizando la Comisión para desarrollar esa acción de forma consecuente y coordinada. Hay que tener en cuenta dos tipos de coordinación; en primer lugar, la coordinación de programas comunitarios dedicados concretamente a la energía, como TERMIE, SAVE, ALTENER y SYNERGY. 
Los objetivos de esos programas son diferentes y, a menudo, complementarios. 
Por ejemplo, el programa TERMIE se ocupa principalmente de promover nuevas tecnologías y el programa SYNERGY se ocupa de preparar las condiciones para la cooperación industrial. 
No sólo se pueden evitar las duplicaciones, también se pueden y se deben aprovechar las posibilidades de sinergia. 
El segundo tipo de coordinación es la coordinación entre programas energéticos concretos y los programas generales de asistencia técnica. 
Hay una importante diferencia entre la asistencia técnica, que está firmemente basada en la demanda, y la sinergia, en la cual el interés mutuo constituye el elemento central. 
Además, los servicios de la Comisión trabajan en estrecha unión y han instaurado estructuras para dar carácter permanente a los contactos y para evitar la duplicación de actividades. 
Señor Adams, quisiera concluir mi intervención dando gracias de nuevo al Parlamento, y especialmente a usted, por esta iniciativa que ayudará a hacerse una idea global y consecuente de un tema que reviste importancia primordial para el equilibrio de las relaciones entre el Este y el Oeste. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Cooperación en la región del mar Báltico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0259/96) del Sr. Toivonen, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el informe de la Comisión (COM (95) 0609- C4-0017/96) (A4-0259/96) sobre el estado actual y las perspectivas de cooperación en la región del mar Báltico 
Distinguidos colegas, todos ustedes saben que tanto Finlandia como Austria se encuentran en el punto álgido de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, seguramente comprenderán ustedes que el ponente, Sr. Toivonen, no pueda estar presente. 
Por esta razón, el Sr. Kittelmann se ha declarado dispuesto a tomar aquí la palabra en representación del ponente. 
Pero antes ha pedido la palabra la Sra. Stenius para una cuestión relativa al Reglamento. 
Señora Presidenta, usted ha dicho que es comprensible que el Sr. Toivonen no esté presente debido a que en Finlandia se van a celebrar elecciones. 
Aquí estamos presentes los representantes finlandeses de los demás grupos políticos. 
En mi opinión, la afirmación de la Presidenta en el sentido de que es comprensible la ausencia cuando se están tratando cuestiones relacionadas con el Mar Báltico en vísperas de elecciones no está justificada. 
Señora Presidenta, me alegro siempre, cuando la colegialidad en esta Asamblea en casos especiales no se corresponde con la que se podría esperar. 
Esto se ha dicho en relación con el último comentario. 
Tengo el honor y el placer de representar aquí al ponente, Sr. Toivonen, y puesto que yo mismo soy portavoz del PPE para cuestiones de economía exterior y puesto que estoy también comprometido personalmente con esta región, se justifica también desde el punto de vista de la materia el hecho colegial de representarlo. 
Nosotros hemos sabido siempre- aunque no hemos podido aprovecharlo casi nunca, porque la dictadura y el aislamiento lo han impedido una y otra vez- que el Báltico ha desempeñado un papel esencial en la historia de Europa. 
Las vías acuáticas han constituido la conexión principal para la cultura y el comercio, lo cual ha dado adicionalmente a los mares un papel político especial. 
El Mediterráneo es la conexión de Europa con África y Asia. 
El Atlántico reviste una importancia especial para la seguridad y para la cooperación político-comercial de Europa. 
Ahora, tras la adhesión de Suecia y Finlandia a la UE, la Unión ha cobrado una nueva dimensión marítima: el Báltico se ha convertido en un mar interior de la Unión. 
Para ello se necesita también ahora una nueva política báltica. 
Yo he crecido en la RDA y puedo acordarme aún de que los comunistas intentaban siempre abusar de las posibilidades y oportunidades de esta región mediante la propaganda de que el Báltico era un mar de paz, y todos nosotros deberíamos estar contentos y permitirnos un poco de euforia por tener nuevas oportunidades y posibilidades. 
El informe sobre el Báltico que presenta el Sr. Toivonen está subdividido en varios temas: el desarrollo económico y la democratización propiamente dicha, el desarrollo de infraestructuras y la coordinación de la aportación de los recursos y de la cooperación. 
Las posiciones acerca de la política exterior común y de seguridad constituyen el trasfondo para los comentarios económicos. 
La seguridad y la paz constituyen a fin de cuentas nuestra prioridad. 
Más tarde el Sr. Poettering dirá más cosas al respecto. 
El esfuerzo por la seguridad y la paz en Europa está tomando forma en una nueva y especial manera en el ámbito del Báltico: la Unión tiene desde ahora por vez primera una frontera común con Rusia. 
Este territorio que está situado en el punto de encuentro del este y del oeste tiene una naturaleza especial desde el punto de vista de la política de seguridad. 
La vecindad de Rusia con la UE plantea unas exigencias especiales en el mar Báltico, pero a la vez constituye una enorme oportunidad. 
La integración económica es el mejor medio para el aseguramiento de la paz en Europa. 
Nuestro objetivo- en este punto somos unánimes todos- debe ser la integración del espacio báltico en la Comunidad y, en concreto, tanto en el aspecto político como en el económico. 
Por consiguiente, debemos apoyar con ahínco la prosecución de los radicales cambios estructurales de las antiguas economías comunistas del espacio báltico. 
Sabemos una cosa: el crecimiento económico y la estabilidad política están estrechamente interrelacionados. 
Un desarrollo equilibrado tanto de las estructuras democráticas como de la libre economía de mercado, que constituyen la esencia de las estructuras democráticas, conducirán a un rápido crecimiento del comercio. 
A este respecto hay que indicar especialmente que el surgimiento de la zona de libre comercio en el Báltico y la facilitación de acceso libre de los productos del este de Europa al mercado comunitario son extraordinariamente importantes, pero al mismo tiempo constituyen también algo de extrema dificultad. 
El Báltico constituye una parte esencial de la vida y del modo de vida de los pueblos de esta región. 
Constituye también una parte del nivel de vida de los finlandeses, de los suecos, de los bálticos, de los polacos, de los alemanes. 
Interesa a todos que los problemas ecológicos de esta región tan sensible encuentren solución. 
Es de suma urgencia la ayuda en materia de seguridad nuclear, pero existen también muchas otras formas de contaminación de la naturaleza y del medio ambiente en este espacio. 
Los requisitos para la conservación de esta naturaleza tan variada y tan peculiar pueden garantizarse mejor mediante los esfuerzos comunes. 
Del lado de la UE existen muchos canales disponibles para la habilitación de medios financieros y para la facilitación de ayudas, por ejemplo, las diferentes organizaciones ecologistas. 
Los principales proyectos de infraestructura en este ámbito son las comunicaciones con la Europa central y oriental, una red de abastecimiento de gas natural y de petróleo desde Rusia a la Europa central y la inclusión de las vías acuáticas interiores de Rusia en el sistema internacional de transporte. 
En vista de los dolorosos procesos de adaptación de las estructuras en los países bálticos hay que aumentar de la subvención de la Unión para esta región. 
Comparado con el período quinquenal pasado, señor Comisario, el aumento de la ayuda aprobada por la Unión es, a fin de cuentas, muy reducido, asciende a sólo a pocos puntos porcentuales. 
Esto no puede ser suficiente. 
Al mismo tiempo habría que coordinar de manera más eficaz los actuales recursos financieros nacionales e internacionales. 
Permítanme que como última reflexión traiga una vez más a la memoria en sus líneas fundamentales los contenidos económicos de la política de la Unión Europea para el Báltico. 
No basta simplemente con describir solamente el contenido. 
También es eficaz emprender medidas para llenar el contenido. 
Y quiero mencionar aquí algo de lo que está especialmente orgullosa la región báltica en su tradición secular, en concreto, el principio de subsidiariedad. 
Subsidiariedad significa que las experiencias comerciales que se han producido durante siglos en esta región constituyen uno de los requisitos más esenciales, que actuar en esta región es importante no sólo para la ayuda de la Unión Europea, sino para el apoyo de las experiencias existentes. 
Si logramos esto entre todos, aprovecharemos también la oportunidad histórica que se nos ha dado de cuidar que esta región se convierta realmente en una región económicamente estable en interés de las personas y de todos nosotros en la Unión. 
Señora Presidenta, si se compara el documento de la Comisión con el nivel de la cooperación regional y local en la región del mar Báltico que puede remontarse hasta antiguas tradiciones y que incluso en tiempos de la guerra fría tendió una serie de puentes importantes hacia el entendimiento, constituye un certificado de pobreza y se queda muy por detrás del actual nivel de la cooperación interregional en la región del mar Báltico. 
Incluso cuando por parte de la Unión Europea se formulan pretensiones de liderazgo, éstas resultan sencillamente ridículas ante el presente documento. 
Por esta razón, una exigencia central es que las acciones europeas en el ámbito del Báltico se sometan al council of baltic sea states y que se utilicen las infraestructuras existentes para desarrollar un centro de coordinación para la planificación del territorio y para la información regional acerca de las intervenciones que se hayan coordinado conjuntamente. 
La Comisión Regional celebra todos los planteamientos de interconexión regional que se están llevando a cabo por la participación de las regiones y municipios en el espacio del mar Báltico. 
No obstante, rechazamos las tendencias centralizadoras. 
En este contexto la enumeración de las contribuciones financieras de la EU- distribuida entre las categorías nacionales- constituye un paso atrás. 
Pero esto indica también la necesidad de reforma que existe en el seno de la Comisión cuando se trata de una política estructural en un marco interregional. 
A pesar de diversas instancias por parte del parlamento la Comisión tampoco ha hecho en este documento siquiera una propuesta que prevea una financiación común o una forma para realizar proyectos croos border o proyecto interregionales. 
La Comisión no debería darse golpecitos en la espalada a causa de sus proclamas generales, pues de ello no sacamos absolutamente nada. 
Vender como estrategia la ejecución de estas medidas de financiación, que se decidieron hace mucho tiempo en el marco de los Fondos estructurales PHARE y TACIS, muestra sobre todo que la Comisión no ha hecho sus deberes y que no se advierte hasta ahora ningún progreso en esta dirección. 
Por consiguiente, quiero hacer un llamamiento a la Comisión para que recoja las propuestas del Parlamento y desarrolle, por fin, en proyectos modelo y en el marco de una nueva línea presupuestaria- cfr. la enmienda de los socialdemócratas- una cooperación trasfronteriza para el espación del mar Báltico en interés de Europa. 
Señora Presidenta, quisiera indicar todavía que las enmiendas 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 son conclusiones aprobadas por unanimidad en la Comisión Regional que ésta no pudo presentar debido al orden del día. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha dejado escapar la votación de las mismas; ahora, en nombre de Grupo de los Verdes serán sometidas a votación mañana y pido a la Asamblea que sigan también la unanimidad del Consejo de las Regiones. 
Señora Presidenta, estimados colegas, nuestro colega sueco, Staffan Burenstam Linder, me ha pedido que presente aquí la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa porque hoy se encuentra en la capital de Letonia, en Riga, donde interviene en la fundación de una Facultad de Derecho de ámbito europeo. 
Creo que ésta es una espléndida, muy práctica, contribución a la unión de estos estados, en este caso concreto, de Letonia, a Europa. 
Me ha pedido que exponga su opinión porque fui el ponente del acuerdo europeo para Lituania, de suerte que se da ya una vinculación interna, no sólo política, y ldigo esto a la crítica colega que hace un momento, en el caso de nuestro colega el Sr. Toivonen, creía que debía manifestar sus reservas. 
El 25 de junio de 1996 la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa aceptó por unanimidad la opinión que fue redactada por el Sr. Burenstam Linder, manifestando así que la Comisión de Desarrollo y Cooperación tiene un gran interés en el espacio del mar Báltico. 
Nuestro colega, el Sr. Peter Kittelmann, acaba de aludir a la cooperación en el espacio mediterráneo. 
Creo que nosotros, como Unión Europea, y también los Estados miembros tenemos una extraordinaria oportunidad de fomentar con nuestra política la paz, la seguridad y la estabilidad tanto en el espacio mediterráneo como en el espacio báltico. 
La ciudad de la que procedo, una pequeña ciudad de la Baja Sajonia, perteneció durante mucho tiempo a la Liga Hanseática en Alemania, y esta unión de ciudades de la Hansa fue en siglos pasados la forma de cooperación en el espacio del Mar Báltico y del mar del Norte. 
Si hoy tenemos una nueva forma de cooperación en el espacio del mar Báltico, debemos recordar que ya hubo una cooperación semejante en la historia europea. 
Debo decirles, si me permiten esta puntualización personal como comentario de mi grupo, que considero un progreso formidable que podamos hablar hoy en el año 1996 sobre este tema. 
¿Quién podría pensar hace diez años que hoy podríamos abordar este tema? 
La cooperación en el espacio del mar Báltico es importante tanto en la cooperación bilateral como también en la cooperación multilateral de los estados, pero también es importante que la Unión Europea, como tal, participe en esta cooperación, para que todo lo que se haga en el aspecto bilateral y multilateral se inscriba también en el proceso europeo de unificación. 
Efectivamente, de los estados de la cooperación Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia pertenecen a la Unión Europea. 
Polonia, Estonia, Letonia y Lituania desean ser miembros de la Unión Europea y por esta razón es tan importante esta cooperación. 
Quisiera aludir expresamente la importancia que entraña la cooperación con Rusia. 
Tenemos todo nuestro interés en una Rusia estable, en una economía fuerte y productiva, en una situación democrática en Rusia. 
Tenemos un gran deseo de que esta Rusia fuerte, que ojalá se desarrolle, permanezca siempre abierta, se oriente siempre hacia la parte occidental de nuestro continente- hacia Europa- y no recaiga en el aislamiento. 
En los próximos meses y años deberíamos hacer a través de esta cooperación en el espacio del mar Báltico todo lo posible para ayudar a los estados que quieren ingresar en la Unión Europea a construir en el marco de una estrategia de preparación, entendida como ayuda a autoayudarse, una democracia fuerte y una buena situación económica, de suerte que este continente un día, ojalá no muy lejano, se convierta en un continente de estabilidad, de paz y de libertad. 
Señora Presidenta, primero quiero dar las gracias por concedérseme la palabra. 
Quiero que sepan que soy presidente de la Delegación para las Relaciones con Estonia, Letonia y Lituania y en calidad de tal estoy aquí. 
Quiero mencionar tres puntos: el gran número de iniciativas, la seguridad nuclear y el transporte en la región del mar Báltico. 
En primer lugar: Los oradores anteriores ya han mencionado el desarrollo positivo en muchos aspectos. 
Se pueden mencionar el compromiso de la UE con la región, la cooperación báltica, el trabajo en el Consejo Nórdico, el Consejo de Estados del Mar Báltico y la cooperación en sectores como la energía, el transporte y la seguridad. 
Me parece importante subrayar que en la Conferencia en Riga celebrada la semana pasada, en la que representé al Parlamento, no llegamos a ningún punto. 
El motivo de esta situación es que nos encontramos en una fase decisiva, en la que hay que insistir en hacer los proyectos más funcionales, tal como también han dicho los oradores anteriores. 
Existe satisfacción por la evolución en general, pero se palpa al mismo tiempo un poco de temor o preocupación. 
La economía de mercado va bien y avanza. 
No obstante, también hay que tener en cuenta el aspecto social. 
Estoy de acuerdo en que necesitamos tiempo para coordinar todo. 
Hemos de estudiar cómo funciona PHARE y TACIS. 
Sé que la gente que trabaja en PHARE y TACIS se preocupa por lo que estoy diciendo ahora, pero ha llegado la hora de establecer un verdadero programa para la región del mar Báltico, en el que las cosas se coordinen de forma muy diferente. 
En segundo lugar, quiero mencionar la seguridad nuclear. 
Hace un momento se ha debatido el informe del Sr. Adam, y he oído al Sr. Pinheiro hablar de seguridad y de los problemas relacionados con la energía nuclear. 
Me parece importante repetir lo que he dicho en otra ocasión en esta Asamblea. 
Si no solucionamos el problema de Ignalina, que es un problema para todo el mundo, nos enfrentaremos en 5 o 10 años con un problema aún mayor que el que tenemos hoy. 
En tercer lugar, me referiré al transporte. 
Se han mencionado la Vía Báltica y la Vía Hanseática. 
Quiero prevenirles para que no se cometa el mismo error que estamos sufriendo en la Europa central, es decir, la construcción de muchas autopistas. 
El camino para salir del mar Báltico es el agua; las olas azules sostendrán el desarrollo verde. Debemos apostar por los ferrocarriles y la navegación. 
Finalmente, voy a referirme a la seguridad. 
Para mí, está totalmente claro que la única forma de garantizar la seguridad en la región del Báltico pasa por una estrecha cooperación con Rusia. 
Cuanto mejor coordine la UE su cooperación con Rusia, tanto más fácil será a largo plazo crear seguridad en la región del Báltico. 
Esta tiene que ver con la OTAN, pero también con la política de seguridad blanda, es decir, la política de seguridad económica. 
Nuestro debate está, por lo tanto, también relacionado con la situación en Rusia. 
Señora Presidenta, en líneas generales pienso que el informe es de gran calidad. 
Mi grupo votará además en su favor. 
Pero resultaría ulteriormente beneficiado si se aprobasen más enmiendas de las que han sido presentadas, entre ellas las de los Verdes, porque tienen algo muy importante que aportar al informe. 
Tras el final de la guerra fría, la cooperación en la región del Báltico ha aumentado fuertemente de un modo casi espontáneo. 
Lo que en mi opinión es único en este sentido es que no solamente se trata de una cooperación a nivel estatal, sino que se da también entre ONG, ciudades, regiones, universidades- existen miles de lazos que se establecen a través del Báltico de modos muy distintos. 
La tarea de la UE es apoyar la cooperación que ya existe, y que está desarrollándose de modo espontáneo entre los diversos pueblos, y no empezar automáticamente a crear nuevas estructuras. 
Creo que ésta es la aportación que representan las enmiendas de los Verdes. 
Varios de estos países tienen como objetivo convertirse en miembros de la UE. 
Se trata de los países bálticos y de Polonia. 
La perspectiva de la adhesión tiene una gran relevancia. 
La cuestión no es solamente cómo se van a adaptar a nosotros. 
Cabe preguntarse si la Unión les conviene a ellos. 
¿Les conviene quizá una cooperación paneuropea? 
El informe no menciona este punto, pero existe un apartado que lo menciona, y es el C. En él se habla de la cooperación paneuropea en asuntos de seguridad, precisamente por lo que respecta al mar Báltico. 
Yo creo que esto es vital, porque solamente se puede construir una seguridad duradera en nuestra región contando con Rusia. 
Esta prioridad puede colisionar con los planes de la UE relativos a la militarización y a unas mayores competencias en el ámbito militar, etc. Actualmente ya somos testigos de que Rusia está en contra de que el Báltico entre en la OTAN. 
En el momento en que la UE comience a tener unas ambiciones en el terreno militar, Rusia se opondrá también a la adhesión de estos países a la UE, lo cual puede dar lugar a unas tensiones muy negativas en la zona del Báltico. 
Creo, por consiguiente, que una UE que sea menos federalista, que esté desprovista de ambiciones políticas, y que en cambio se concentre en aquello que es realmente necesario, tiene mayores posibilidades de contribuir a la estabilidad en la zona del Báltico. 
Empezaré diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir mi colega sueco. 
También nosotros apoyamos el informe del Sr. Toivonen, pero con la modificación de que pensamos que sería mucho mejor si se admitiera nuestra enmienda. 
En el transcurso de un minuto y medio me limitaré a presentar dos aspectos diversos. 
El primero es la importancia vital de que tengamos un sistema paneuropeo de seguridad que incluya a Rusia. 
En este sentido los países neutrales y no alineados, que ahora son además países miembros, pueden contribuir de un modo especial. 
Defendemos también la creación de un foro regional en el marco de la OSCE que debe conseguir cuanto antes que se desmilitarice Kaliningrado; esto daría como resultado la estabilidad en toda la región circundante. 
El otro punto que voy a mencionar es que todos los países miembros deben contribuir a la mejora de la seguridad nuclear en la zona del Báltico, e incluso desmantelar las centrales más peligrosas como por ejemplo, Chernobil y Ignalina. 
Deben realizarse además unas acciones para arreglar la situación catastrófica en que se encuentra la península de Kola, provocada por los residuos nucleares de origen militar, que yo considero como la amenaza más grande al futuro común de Europa. 
Señora Presidenta, después del debate celebrado el año pasado sobre las directrices de la Comisión para el acercamiento de la región del mar Báltico, el Parlamento ha de pronunciarse ahora sobre un informe que ofrece una visión de conjunto de la ayudas extranjeras destinadas a esa región. 
El informe de la Comisión ofrece una clara exposición de los diversos programas de asistencia aplicados en la región del mar Báltico. 
Durante su lectura, nos planteamos la pregunta de cómo consigue la Comisión armonizar los numerosos programas divergentes y conservar la cohesión de la política. 
Tal y como el diputado Sr. Toivonen observa en su informe, la zona del mar Báltico reviste una gran importancia. 
Los países correspondientes se encuentran en un proceso de transición política y económica que difícilmente podrá concluirse sin ayuda extranjera. 
Además, algunos de ellos se están preparando para su adhesión a la Unión Europea. 
Este objetivo merece nuestro apoyo, tanto por motivos morales como porque la región del mar Báltico, desde el punto de vista político, se encuentra en un punto de intersección entre el Este y el Oeste. En tal sentido, es sumamente importante nuestra relación con Rusia. 
En lo relativo a las ayudas, el amplio acceso del comercio a la Unión Europea es, a nuestro juicio, la medida más adecuada, tal y como expresamos ya en el debate sobre las directrices. 
Además de la cooperación en los ámbitos de la economía, el medio ambiente y la infraestructura, merece nuestra atención la cooperación en la lucha contra la delincuencia internacional. 
Estoy pensando en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y de materias peligrosas, aunque también el tráfico de personas y la pornografía infantil pueden combatirse eficazmente en cooperación con la región del mar Báltico. 
Resumiendo, señora Presidenta, es un programa de cooperación que apoyaremos con mucho gusto. 
Señora Presidenta, la región del mar Báltico ha servido tradicionalmente de escenario de luchas por la hegemonía económica, militar y política. 
La aspiración predominante en cada momento ha dictado las condiciones en que había de desarrollarse la cooperación en la región. 
Sólo actualmente nos encontramos en una situación que permite una verdadera acción común. 
El objetivo ha de ser respetar la independencia de los Estados de la región, lograr una democracia y una economía de mercado que funcionen adecuadamente, la preocupación por los derechos de las minorías y por el medio ambiente, así como unos contactos variados y recíprocos. 
Con la desaparición de la división militar y política de Europa, la cooperación en el mar Báltico ha cobrado más fuerza. 
La incorporación de la Unión Europea a los trabajos del Consejo del mar Báltico le ofrece aún más posibilidades para esa cooperación. 
Al mismo tiempo que se apoyan las aspiraciones de los Estados bálticos y Polonia, que desean la adhesión, en sus trabajos de reconstrucción, hay que velar porque también Rusia forme parte del ámbito de cooperación. 
A largo plazo debe hacerse extensiva la cooperación septentrional también a la región de Barents, que posee considerables riquezas naturales, pero también es importante desde el punto de vista estratégico. 
Los países bálticos han expresado su aspiración, no sólo de ingresar en la Unión Europea, sino también en la OTAN. 
Deben tomarse en serio los intereses en materia de seguridad de Estonia, Letonia y Lituania. 
E igualmente hay que velar por que no se produzca en Europa el nacimiento de una nueva división en ámbitos de influencia. 
Ello incrementaría de inmediato la inestabilidad en la región báltica. 
Reviste gran importancia que la construcción del nuevo sistema de seguridad europeo se realice sobre la base de la cooperación. 
La profundización en el programa de la Asociación para la Paz de la OTAN es parte fundamental de ese objetivo. 
Un buen ejemplo de este nuevo tipo de cooperación lo que constituyen las tropas de IFOR en Bosnia, de las que forman parte, junto con los soldados de la OTAN, tropas de pacificación rusas, bálticas y de países no alineados. 
También ha de velarse por que a cada uno de los países bálticos se le ofrezca igual oportunidad de negociar su adhesión a la UE. 
Señora Presidenta, gracias por su consideración. 
Querría añadir a lo señalado por el Sr. Pelttari en su intervención que en la UE haría falta también una política para la región ártica. 
En el informe del Sr. Toivonen se insiste en que la Unión debe apostar por la región del mar Báltico como punto de intersección de la red europea de suministro de gas natural y de petróleo que se está proyectando. 
La Comisión ya ha respondido a este desafío al proponer la actualización de la lista de proyectos de redes transeuropeas de energía. 
La Comisión propone que se incluya en la relación de proyectos el proyecto Nordic Gas Grid, al que el Parlamento dio su aprobación ya en primavera. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía iniciará el examen de la nueva propuesta de la Comisión el próximo 30 de septiembre. 
Espero que se pueda concluir el examen en primera lectura, según lo previsto, en la sesión plenaria de noviembre. 
Espero asimismo que los partidos políticos suecos comprendan mejor la importancia de este proyecto para satisfacer las necesidades energéticas de toda la UE y, en particular, de los países bálticos, y, sobre todo, para mejorar la seguridad en el suministro de gas. 
Pido perdón, señora Presidenta, por alargar la sesión, pero no podemos despedir así a la Comisión. 
Todo esto no son más que cosas que ya están marchando. 
Se trata, ciertamente, de un documento sobre estrategias. 
Se trata de estrategias y en este sentido debo decir ante todo que el acuerdo de asociación y cooperación con Rusia ya está firmado y el Consejo debe procurar que se ratifique ahora en cada uno de los Estados miembros. 
En segundo lugar, quisiera saber si la Comisión ha reaccionado a las propuestas del Parlamento de establecer una línea propia que supere las dificultades que existen entre PHARE e INTERREG y entre TACIS e INTERREG y a las propuestas de introducir proyectos modelo de cooperación transfronteriza, y si esto se va a poner en marcha en el futuro próximo. 
En tercer lugar, quisiera saber si ahora sigue un documento complementario en el que se aborden realmente todos los problemas que están en el aire. 
No basta con darse palmadas en la espalda y decir todo lo que se ha hecho ya. 
Señora Presidenta, creo que me he expresado con claridad cuando he dicho que, respecto de Rusia, estábamos aún esperando la ratificación. 
Eso es lo que he dicho, tal vez Su Señoría no lo haya entendido correctamente. 
Pero somos conscientes de que falta la ratificación de lo que se firmó. 
Respecto de las otras cuestiones, considero que también me he expresado con claridad. 
La Comisión considera que la proliferación de instrumentos no es sin duda la mejor forma de avanzar. 
También considera que no debe infundir falsas esperanzas, cuando no existen. 
Y una cosa es cierta: respecto de la distribución de las asignaciones del Capítulo IV, es una cuestión cerrada. 
Y, por tanto, cualesquiera otros refuerzos para la región del mar Báltico deberán obtenerse mediante el reajuste de las grandes asignaciones del Capítulo IV y, en particular, en este caso, mediante los programas que fueron aprobados para que se ejecutaran en esa zona, que son TACIS y PHARE. 
Además, hay otros programas que funcionan en la zona transfronteriza de la Comunidad, como INTERREG, que, naturalmente, también se podrían aplicar. 
Y lo que he dicho es que estamos dispuestos a utilizar todos los instrumentos existentes y aprobados. 
Lo que no haré será decirle en este momento que aceptaremos nuevas formas de funcionamiento o nuevos tipos de programas o nuevos tipos de compromisos, porque probablemente la induciría a error. 
Pero estoy seguro de que, con la cooperación que tenemos, en particular con el Consejo de los Estados del Mar Báltico y con las relaciones en el nivel del comercio internacional con los países del mar Báltico, si esas soluciones fueran viables, la Comisión necesariamente las apoyaría. 
Nuestro objetivo, que no es de ahora, ha sido desde siempre el de apoyar a la región del Báltico. 
En ese aspecto nuestro curriculum habla por nosotros. 
Y continuaremos en esa misma dirección. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas.) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera plantear una cuestión que, creo, preocupa enormemente a la población de la Unión Europea, a saber, los informes publicados esta mañana sobre la decisión tomada anoche por el Gobierno británico de suspender el sacrificio de vacas británicas que se sospecha que pudieran estar afectadas por la EEB. 
Es un asunto muy grave y, como usted sabe, tendrá un enorme impacto sobre los temores de la población europea en materia de salud pública y protección del consumidor. 
Quisiera pedir a la Comisión Europea que responda inmediatamente sobre cómo piensa reaccionar a la medida tomada por el Gobierno británico, que parece dar un brusco giro al plan de acción que presentó el Primer Ministro británico al Consejo Europeo en su última reunión. 
Señora Green, evidentemente no podemos improvisar un debate. 
Podría sugerirle- si la Comisión está de acuerdo, claro está- que la Comisión aborde eventualmente este asunto en el marco del informe del Sr. Funk, que está inscrito en el orden del día de la mañana. 
Sería perfectamente posible. 
Comprenderá usted, en efecto, que no podemos improvisar un debate al iniciar la sesión. 
Señora Presidenta, el Grupo del PPE es de la misma opinión que la portavoz de Grupo Pauline Green. 
Se trata de un grave precedente que no podemos ignorar. 
No se trata tan sólo de la salud, sino de la comunidad jurídica de la Unión Europea: ningún Estado miembro puede por sí mismo anular lo que se ha decidido conforme a derecho. 
Apoyamos su sugerencia, señora Presidenta, de que la Comisión haga una declaración sobre este asunto con ocasión del informe Funk. 
Se lo agradezco señor Pöttering. 
Veo que la Sra. Green también está de acuerdo con esta propuesta. 
Señora Presidenta, me sorprende oír a la Sra. Green hacer esas observaciones esta mañana. 
Son comentarios de este tipo los que agravan los problemas por los que el sector de la carne de vacuno está atravesando actualmente. 
Es este tipo de observaciones inflacionistas e insidiosas lo que está creando el problema y lo está agravando. 
Permítame asegurar a los diputados de la Asamblea que la decisión tomada por el Gobierno británico la noche pasada se propone llevar a cabo un sacrificio más eficaz para eliminar el problema de la EEB más rápidamente, y de esa forma todos podremos volver a la normalidad cuanto antes. 
Señor Provan, dije que no habría debate por ahora. 
Señora Presidenta, lo que aquí se ha planteado es motivo de enorme preocupación para la población europea. 
Naturalmente nadie de nosotros desea seguir causando daños al sector del vacuno, y son precisamente observaciones como las que acabamos de oír lo que tanto daño ha causado a todo ese sector. 
Es absolutamente grotesca la falta de sinceridad de los representantes del Gobierno británico que intervienen ante el Parlamento sobre el hecho de que se trata de una preocupación capital. 
Su engaño durante largos años ha sido lo que realmente ha originado este problema. 
Es hora de que afronten la realidad y traten a la población europea con un poco de respeto. 
Señorías, hablaremos de todo ello en el marco del debate sobre el informe del Sr. Funk. 
Señora Presidenta, me refiero a la votación sobre el informe del Sr. von Wogau relativo a los impuestos especiales. 
El Presidente Pasty, dos días antes, nos había efectivamente prevenido sobre los riesgos de interferencia entre las votaciones, el desarrollo de la plenaria y las reuniones de las comisiones. 
Resulta, señora Presidenta, que la votación sobre el informe relativo a los impuestos especiales se disputó a solas. 
El incremento de los impuestos especiales sobre el vino se disputó a solas. 
Ahora bien, los numerosos miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por tanto sumamente interesados en ella, aunque se trate únicamente de mí, que represento el Languedoc-Roussillon, el viñedo europeo más grande del mundo, participábamos en ese momento en una reunión de la comisión de investigaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina. 
Usted misma es jurista, señora Presidenta: estamos ante un caso de vicio de consentimiento, con una maniobra que consiste en prever al mismo tiempo, una comisión y una votación en sesión plenaria, una maniobra que ha permitido confiscar una votación. 
Es el ejemplo perfecto de vicio de consentimiento y nulidad de una votación. 
Me parece que esos métodos, un poco- perdóneme la expresión excesiva- de pícaros únicamente con el objeto de fabricarse una mayoría son inadmisibles. 
Señora Presidenta, quizás sea necesario encontrar otra fórmula y volver a proceder a esta votación que resulta fraudulenta. 
Señor Martinez, no se trata de una modificación del Acta. 
Por el momento, estamos en el marco de la aprobación del Acta, por tanto, le pediría que limitara sus observaciones a ella. 
Una vez dicho esto, con ello plantea usted un problema de fondo, un problema general. 
Por tanto, le propongo que la Mesa se ocupe de este asunto, es decir, saber si, en efecto, es normal que se celebren otras reuniones durante las votaciones. 
Creo que deberíamos apegarnos a esta regla estricta según la cual no debe haber otras reuniones durante las votaciones- por lo demás, veo que los presidentes de los Grupos coinciden con esta opinión. 
¿Hay otras observaciones sobre el Acta? 
Señora Presidenta, un comentario sobre el acta y sobre la votación de ayer a la que se ha referido el Sr. Martinez. 
Al final de la votación hubo mucha confusión sobre lo que realmente se había decidido. 
Quiero hacer constar que ayer rechazamos por un voto una propuesta en la que se pedía la introducción de un impuesto sobre el vino. Por lo tanto, la parte de los comentarios del Sr. Martinez referente a este punto, ciertamente, no es exacta. 
Señora Presidenta, le ruego me disculpe pero no me referiré al Acta. 
Es sencillamente para apoyar.... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, respecto al informe von Wogau, en la votación nominal de la enmienda 15 aparece mi nombre como a favor. 
Yo voté en contra. 
Señor Arias Cañete, vamos a verificarlo y, en caso necesario, lo rectificaremos. 
¿Hay otras observaciones? 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A4-0272/96, conforme al artículo 52, del Sr. Vallvé, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0102- C4-0214/96) «Pesca costera artesanal» (línea presupuestaria B2-521). 
En ausencia de oposición escrita las enmiendas y la resolución contenidas en el informe se consideran aprobados. 
Debido a la creciente dependencia energética de sus Estados miembros, se ha hecho indispensable para la Unión Europea una estrategia global y coherente dirigida hacia los PECO y Rusia. 
Asimismo, es necesario desarrollar con esos países una política de cooperación, en el ámbito de la seguridad nuclear, para favorecer los intercambios en el ámbito de la investigación y, por otra parte, con el fin de evitar desastres comparables al de Chernobyl. 
No obstante, es importante recordar, en un contexto semejante, la necesaria distinción entre las instalaciones civiles y militares. 
Por lo que se refiere al informe que nos ocupa, es preciso subrayar sobre todo prioridades tales como la modernización de las redes de distribución de energía y la creación de un marco jurídico fiable destinado a garantizar las inversiones extranjeras. 
En este contexto, parece primordial establecer una instancia encargada de vigilar el desarrollo de la industria del gas en los PECO, así como en Rusia. 
Con este propósito, es necesario apoyar la iniciativa para la creación, en Moscú, de un centro conjunto para el petróleo y el gas entre Rusia y la Unión Europea. 
Asimismo, es preciso apoyar la idea de una operación del mismo tipo con la región del Mar Caspio. 
La cuenca del Mar Caspio, Ucrania y los países Bálticos desempeñará, en efecto, un papel de primera importancia en un futuro próximo. 
Su función será enlazar Europa central y oriental a las economías de rápido crecimiento del Este y el Sudeste asiático. 
En cuanto a los programas PHARE y TACIS, no han tenido hasta ahora el nivel de seguridad buscado. 
En conclusión, la ayuda financiera concedida en el marco nuclear debe ser dirigida prioritariamente hacia la seguridad nuclear. 
El enfoque industrial debe acompañarse de una preocupación constante por el respeto de las normas de seguridad que implican cerrar los reactores nucleares peligrosos y modernizar los más recientes. 
Con vistas al futuro, es importante subrayar la importancia de proyectos tales como el desarrollo del reactor del futuro, tipo EPR, para que el siglo XXI sea el del desarrollo de una energía limpia y sin peligro para las poblaciones futuras. 
Informe del Sr. Toivonen 
A causa de unas cuestiones de procedimiento no se ha podido dar curso a mi enmienda en el Parlamento. 
Volveré sobre este asunto en cuanto sea posible. 
Mi intención decidida es que se cree un programa conjunto para el Báltico con su propia rúbrica presupuestaria dentro de la Unión Europea. 
Esto produciría unos efectos notables de armonización, puesto que actualmente muchas líneas presupuestarias de diverso carácter para los trabajos relativos al Báltico se hallan incluídas dentro de una serie de programas distintos. 
Un programa para el Bático del mismo tipo que el del Mediterráneo significaría que la Unión Europea demuestra inequívocamente su intención de ampliar la Unión hacia el este, y que se desea alcanzar la cohesión social en toda Europa. 
Es indudable que se han de llevar a cabo unas grandes inversiones para lograr la cohesión social entre los países bálticos. 
No existe ninguna otra región en Europa donde reine una divergencia tan grande a nivel social y económico como entre los países bálticos. 
Para lograr la estabilidad económica, social y política en la zona debe darse primacía a la cooperación báltica. 
Existe un gran riesgo de que varios de los Estados se transformen en economías duras de mercado con una democracia superficial y una gran inseguridad social y criminalidad. 
Este tipo de evolución menoscabaría la estabilidad en toda Europa. 
OCM de la carne de bovino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0281/96) del Sr. Funk, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, relativa a la propuesta de Reglamento CE del Consejo (COM (96) 0422- C4-0447/96-96/0211 CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 805/68 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino 
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, Señorías, vamos a votar hoy la modificación de la organización común de mercados de la carne de bovino. 
El Consejo y la Comisión introdujeron una moción de urgencia para los días 4 y 5 de septiembre. 
La comisión competente la rechazó en su momento al no disponer de ninguna documentación. 
El Consejo presentó una nueva moción de urgencia para el día 10 de septiembre. 
El lunes 16 de septiembre de 1996 la Comisión de Agricultura aceptó la urgencia para este caso y, al mismo tiempo, la rechazó para las modificaciones en la normativa de apoyo a los cultivos agrícolas y para la eficacia de las estructuras agrarias. 
El Parlamento en su conjunto ratificó por gran mayoría estas decisiones el 17 de septiembre. 
La comisión y el Parlamento rechazan las propuestas de la Comisión para financiar la crisis de la carne de bovino. 
Según informaciones periodísticas, el Consejo tampoco aprueba este modo de financiación. 
Ciertamente, la dramática situación del mercado de la carne de bovino requiere una pronta actuación, pero no a costa de los productores de cereales. 
Más de la mitad de los ganaderos de bovino, señor Comisario, son al mismo tiempo productores de cereales, lo que implica, según el plan de la Comisión, que deben hacerse cargo de las pérdidas por sí mismos. 
En la exposición de motivos de la Comisión se señala que el consumo de carne de ternera ha descendido entre el 20 y el 30 %. 
Es el cálculo de pérdidas de la propia Comisión y no requiere mayor debate. 
Ante esta situación hemos de desarrollar nuevas estrategias. 
Y será imposible hacerlo si no se recupera la confianza del consumidor en la carne de ternera. 
El programa de lucha contra la epidemia se ha de aplicar sin paliativos. 
La decisión de ayer es contraproducente y no supone ningún avance. 
Hay que implantar inmediatamente un sistema obligatorio de designación de calidad y de origen para la carne de ternera no afectada por la EEB. 
Se tienen que intensificar las medidas de información y publicidad para la carne de vacuno no afectada por la EEB. 
No se han agotado todavía las posibilidades existentes para aliviar las tensiones en este sector. 
También hay que incentivar el consumo de los grupos sociales más débiles mediante acciones de abaratamiento, como se hizo con buenos resultados con la mantequilla. 
Hay que negociar con los PECO, puesto que nos enfrentamos aquí a un círculo vicioso: les compramos las terneras, las engordamos y luego les vendemos de vuelta la carne más barata. 
Tendríamos que negociar con estos países la introducción de ciertas modificaciones a cambio de compensaciones. 
Será inevitable incrementar las cantidades intervenidas a corto plazo debido a que el ganado se retira de los pastizales en otoño. 
Esta medida es la forma más cara de aliviar las tensiones del mercado, porque la carne vuelve después al mismo. 
Mis enmiendas tratan de estimular el envío al matadero de animales más ligeros para conseguir reducir esas cantidades de carne. 
Estos animales se contabilizan siempre en el nivel más alto. 
Yo no pongo en cuestión la producción extensiva. 
Pero me parece que es casi imposible vigilar democráticamente tres clases, y además crean desconcierto entre los ganaderos. 
Usted, señor Comisario, ha publicado un artículo en una gran revista especializada sobre un programa lechero y de engorde de terneros que se aplica en Austria con buenos resultados. 
Desgraciadamente, no hemos encontrado nada parecido en sus propuestas. 
Le pido y le insto a que, si son buenas, ofrezca este tipo de cosas. 
La ruina de un mercado que hasta ahora había funcionado amenaza a los ganaderos. 
Ya no quieren saber nada de política. 
Señor Comisario, le pido que, con nuestra ayuda y la del Consejo, busque soluciones para remediar la miseria. 
Todos deben colaborar proporcionalmente en la búsqueda de un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. 
Por regla general, la Comisión rechaza de modo sucinto muchas de las propuestas del Parlamento. 
Da igual cuáles son las mejores propuestas; la cuestión es que tengan éxito. Señor Comisario, necesitamos aciertos en la situación actual de crisis. 
No pretendo ser el mejor. 
Si usted tiene mejores soluciones, le felicito por ello. Pero formule las propuestas que vayan a tener éxito. 
Es importante. 
Todos son afectados: los ganaderos con sus pérdidas, las industrias cárnicas, los remisos consumidores, los empleados en el sector. 
Hoy ya está claro que las carencias políticas, la no aplicación de medidas de control y las estimaciones técnicas incorrectas son los responsables de la catástrofe del mercado de la carne de vacuno, mientras que los ganaderos, en su mayor parte, son las víctimas, no los autores. 
Este aspecto es decisivo y ha de tenerse en cuenta en las propuestas de financiación. 
Urjo al Parlamento a apoyar mis enmiendas. 
Los acontecimientos de esta noche en el Reino Unido prueban una vez más que hemos de aprobar el informe por encima de todo. 
(Vivos aplausos) 
Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Funk por haber elaborado un buen informe en el breve plazo del que disponía. 
Es un alivio para los agricultores de la Unión Europea que en el Parlamento existan voces solidarias y bien informadas. 
También deseo agradecer al Comisario que haya sabido tomar la iniciativa en esta gravísima crisis, así como por la competencia y habilidad de que ha hecho gala. 
Las demandas de compensaciones ilimitadas para los agricultores europeos no son realistas a la luz del rigor del presupuesto actual. 
Para el presente ejercicio y el próximo, la Comisión Europea propone asignar un total de más de 3.000 millones de ecus para ayudar a paliar la crisis a los productores de carne de bovino. 
Tenemos que reconocer que las pérdidas anuales de los agricultores ascenderán a otros 3.000 millones de ecus. 
En el país al que represento- Irlanda -, los agricultores que dependen en gran medida de las ayudas perderán al menos otros 300 millones de ecus más de sus ingresos a pesar de las medidas, por lo que no es posible que todas estas pérdidas puedan ser compensadas con cargo al actual presupuesto de la Unión Europea. 
Resulta algo difícil presentar y debatir una medida ante la Asamblea sin reconocer cuál podría ser el coste y sin tener una cierta idea de dónde procederán los fondos. Un Parlamento tiene el deber de asegurarse de que se ponen a disposición los recursos necesarios. 
La Comisión de Presupuestos es de la opinión de que estas medidas merecen ser bien acogidas, pero que deberán ser financiadas con los recursos previstos en el actual proyecto de presupuesto. 
Tras haber estudiado los resultados de los presupuestos de los tres últimos ejercicios y, en particular, los del actual, en el que ya hemos destinado 1.600 millones de ecus a paliar la crisis y en el que la Comisión aún tiene previsto liberar 460 millones de ecus adicionales a final de año, personalmente creo que existen recursos disponibles dentro del presupuesto actual para encontrar los 1.330 millones de ecus que la Comisión propone destinar a esta medida, que no es necesario modificar todos los arreglos que hemos hecho con los demás sectores en el marco de la reorganización de la Política Agrícola Común, y que es posible encontrar los fondos. 
Si no fuera posible encontrar los fondos, creemos que se podría introducir un presupuesto complementario al final del ejercicio para volver a incluir los 1.000 millones de ecus recortados por el Consejo, y que la solución puede, al menos, incluirse dentro del actual anteproyecto de presupuesto. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que tanto en esta sala como fuera de ella existe una composición de lugar clara sobre la difícil situación por la que atraviesa el sector de la carne de bovino. 
Desde el principio de la crisis de la EEB el consumo ha descendido en algunos Estados miembros entre un 20 % y un 30 % y lo mismo sucede con los precios, que en dos Estados miembros se encuentran a un 63 % del precio de intervención, es decir, muy cerca de la red de seguridad. 
Desgraciadamente, no hay de momento ninguna señal de que la situación vaya a mejorar en el futuro inmediato. 
La EEB seguirá en boca de todos y, por lo tanto, no resulta previsible que el consumo remonte a los altos niveles anteriores. 
En otoño accederán al mercado cantidades considerables de terneros sin que exista la correspondiente demanda. La intervención se limita, como ustedes saben, a 400.000 toneladas, cantidad que vamos a alcanzar próximamente. 
En estas circunstancias, todos los que dicen que necesitamos medidas urgentes tienen razón. 
En cualquier caso, el objetivo general ha de ser aliviar las tensiones del mercado y retrotraer lo antes posible la producción a niveles que el mercado pueda absorber. 
El Consejo se enfrenta a una situación delicada porque esta Asamblea aceptó la urgencia para la carne de vacuno pero no para la propuesta relativa a los cultivos agrícolas que constituye su base financiera. 
Por un lado, se pueden adoptar medidas para reducir la producción de carne, por otro, no se pueden financiar. 
Ante esta situación, está claro que la mayoría de las medidas tendrán un carácter limitado, tanto en su duración como en sus repercusiones. 
El problema se podrá tratar en su conjunto cuando ustedes se pronuncien sobre el paquete completo. 
Por eso, resulta todavía más sorprendente que las enmiendas contengan gastos adicionales a los propuestos por la Comisión por valor de varios cientos de millones de ecus. 
Me voy a limitar en mis consideraciones a la propuesta sobre la carne de bovino y a las enmiendas. 
Para empezar quisiera aclarar una vez más que en las enmiendas propuestas se trata de medidas inmediatas y no de soluciones definitivas al problema global. 
La crisis de la EEB se ha de contemplar en el contexto general del mercado de la carne de bovino, que ya se encontraba en una situación difícil con anterioridad, como les expuse, tanto a ustedes como al Consejo, a principios de este año. 
El primer objetivo de las medidas previstas a medio plazo es proporcionar un margen de maniobra que permita en algún momento vaciar los almacenes de intervención. 
El núcleo de las propuestas de disminución de la producción de carne de bovino es la cuestión del sacrificio de terneros y la apertura de la intervención para Fresser o Broutard. 
Reconozco que la propuesta de sacrificio de terneros es muy controvertida, aunque su materialización es relativamente fácil, como muestra la experiencia del Reino Unido y Portugal. 
Es, además, la medida más económica para reducir la producción, ya que incide en la fase más temprana de su ciclo. Y en mi opinión, puede defenderse frente a la inquietud de los consumidores en circunstancias tan excepcionalmente difíciles como las presentes. 
Señor Funk, en la ampliación de nuestras propuestas ya se encuentra un programa de sacrificio temprano de terneros. 
Otra alternativa contenida en sus enmiendas, concretamente, la reducción de la cuota de vacas nodrizas en lugar del sacrificio de terneros, no es, en mi opinión, practicable. 
Con ello propiciaríamos que los ganaderos sacrificaran ahora sus vacas nodrizas cuando hay una serie de motivos para no hacerlo precisamente ahora. 
Primero, el sacrificio de este número adicional de vacas no reduciría de momento la oferta de carne de vacuno, sino que la aumentaría. Segundo, la reducción de las primas por vaca nodriza y del número de dichas vacas implicaría prejuzgar aspectos de la futura normativa de la carne de vacuno; por eso, creo que se puede valorar mejor esta cuestión desde una perspectiva a largo plazo. 
Tercero, hemos de tener siempre presente que, a diferencia de lo que ocurre con los bovinos machos, en el caso de las vacas nodrizas los derechos a la prima se conceden con carácter individual; en consecuencia, el resultado final de una reducción sustantiva de esta naturaleza sería que probablemente tendríamos que emprender una acción de compra de estos derechos. 
Sin embargo, sabemos que en la actualidad un millón de estos derechos no se utiliza, es decir, que tenemos que comprar un millón de derechos sin que se produzca efecto alguno. 
Y si reducimos las cuotas de vacas nodrizas, ¿no tendríamos que reducir también las cuotas de leche, teniendo en cuenta que las vacas nodrizas constituyen la mayor parte del ganado vacuno destinado al engorde? 
Resumiendo, creo que nos debemos ocupar de los terneros y no tanto de las vacas. 
Pero le agradezco su apoyo a mi propuesta de integrar en la intervención a los bovinos machos jóvenes y sus sugerencias, en este contexto, sobre edad y peso. 
Creo que merece la pena analizar esta alternativa. 
En cualquier caso, haré que mis expertos la examinen. 
Paralelamente al programa de sacrificio de terneros y a la extensión de la intervención a animales jóvenes, propongo también la reducción de los contingentes nacionales para la concesión de las primas especiales. 
En mi opinión, sería aceptable para todos los Estados miembros, pues en el futuro próximo se recurrirá menos a las primas de resultas del programa de sacrificio de terneros y nosotros hemos tomado como punto de partida para nuestra propuesta el nivel más alto de solicitudes de primas alcanzado hasta ahora. 
El punto de partida son las peticiones inscritas en 1995. Cada Estado miembro ha de reducir la cifra en un 5 %. 
De las solicitudes que rebasaron el número pactado en 1992 solo se computará la mitad. 
Sé que esta medida será objeto de fuertes críticas, sobre todo en los Estados miembros que fundamental o mayoritariamente recurrieron hasta ahora para su compensación a las primas de cultivo de maíz de silo en vez de las primas por bovino macho sin castrar. 
Creo que, transcurrido un cierto plazo de ejecución de la medida, se podría atajar este problema mediante una cláusula de revisión. 
Por último, para reforzar las medidas de reducción de la producción, propongo una reducción de la densidad para obtener las primas por ganadería extensiva, para lo cual habría que aumentar de manera correspondiente esta prima para los ganaderos que estuvieran dispuestos a conformarse con una densidad menor a una cabeza de ganado grande por hectárea. 
Para el futuro más inmediato hay que aumentar las cantidades de intervención. 
No hay manera de evitarlo. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con los que dicen que la intervención ha de ser lo más breve posible. 
La intervención es y ha de seguir siendo una medida a corto plazo. 
Por esta razón, el aumento propuesto sólo estará en vigor hasta que las otras medidas produzcan sus efectos. 
Con todo, mi pregunta es: ¿es excesivamente largo el plazo de 14 meses que se prevé para el aumento de cantidades? 
¿Acaso no es un objetivo ya suficientemente ambicioso regresar al nivel normal de producción en el plazo de un año? 
Si, además, exigen una disminución de los pesos de la intervención van a contar, en principio, con todo mi apoyo. 
Creo, sin embargo, que habría que ser realistas y hacerlo paso a paso y no todo a la vez. 
Se me ha pedido que me pronuncie sobre lo que presuntamente decidió el miércoles la Comisión y sobre la decisión de ayer del Gobierno británico. 
Sobre este tema, he de decir que sólo conozco el comunicado de prensa del Gobierno británico. 
Quisiera manifestar con toda claridad lo siguiente. Primero, la Comisión adopta su decisión basándose, naturalmente, en las conclusiones de la cumbre de Florencia. 
Segundo, la Comisión se ha limitado en su última sesión a acusar recibo de un informe presentado por mí sobre la última reunión del Consejo. 
He puesto en conocimiento de la Comisión que he dicho al Consejo que nosotros mantenemos lo decidido en Florencia y que, además, hace más de una semana hice lo que hago siempre cuando se nos entrega un nuevo estudio, trasladar ambos estudios, tanto el relativo a la posible transmisión de la EEB de la madre al ternero como el que se cita a menudo como estudio Oxford, al Comité interdisciplinario y al Comité Científico Veterinario. 
No se ha tomado ninguna decisión sobre cambios o modificaciones porque nadie en la Comisión lo ha exigido. 
Creo que esto aclara las cosas. 
Las conclusiones de Florencia rezan: primero se han de cumplir unas condiciones previas (entre ellas un programa de sacrificio adicional) ; una vez se hayan cumplido, está previsto un plan de acción con diferentes fases para levantar la prohibición de exportación. 
La Comisión trasladará el citado documento a los dos comités científicos. 
Si estos comités emiten una recomendación positiva, comenzará el proceso de decisión normal previsto para este caso. 
Sé que el paquete que propongo para aliviar los problemas del mercado de la carne de vacuno va a originar una controversia. 
Por otra parte, cualquier persona con sentido práctico sabe que una crisis de la magnitud de la presente propicia lógicamente un debate controvertido entre intereses contrapuestos. 
La posición de partida de los Estados miembros es demasiado diferente. 
Pero para todos rige el principio de que una ayuda rápida es la más efectiva. 
Por eso les pido que adopten su posición con respecto al paquete completo lo antes posible. 
Señora Presidenta, habida cuenta de que esta mañana he solicitado una declaración sobre las últimas noticias procedentes del Gobierno británico, tengo una pregunta para el Comisario Sr. Fischler. 
Sus propuestas, sobre las que se basa el informe del Sr. Funk, se basan en la información de que habría un sacrificio adicional en el Reino Unido de 147.000 reses que, según hemos podido saber, acaba de suprimirse. 
Si eso es cierto, ¿qué implicaciones tendría esta medida sobre las propuestas que se han discutido aquí esta mañana en el marco del informe del Sr. Funk? 
Señora Presidenta, Señorías, me gustaría aclarar que las conclusiones de Florencia se refieren a las condiciones previas que han de cumplirse para que se pueda iniciar el levantamiento gradual de la prohibición de exportación que pesa sobre el Reino Unido. 
El paquete que se discute hoy no es una consecuencia de las conclusiones de Florencia. Su objetivo es la superación de la crisis del ganado vacuno más allá del paquete que se acordó en Florencia. 
Entonces se recomendó destinar 850 millones de ecus a apoyar directamente los ingresos de los ganaderos. 
Esa fue la recomendación de Florencia, pero las medidas que debatimos hoy afectan a los 15 Estados miembros y no tienen relación directa con la cuestión del procedimiento a seguir en el futuro para el levantamiento de la prohibición de exportación. 
Creo que habría que separar ambas cosas. 
Señor Comisario, mi pregunta es relativamente sencilla y espero que la respuesta también lo sea. Las decisiones tomadas ayer por el Gobierno de Londres, ¿concuerdan con las conclusiones de la Comisión? 
Señora Presidenta, Señorías, en mi opinión, las cosas están completamente claras. 
La decisión de ayer del Gobierno británico se refiere a la actuación a seguir en el Reino Unido. 
Si usted quiere, se trata un problema británico. 
Si no se cumplen las condiciones previas de Florencia, no habrá lugar al levantamiento de la prohibición de exportación. 
La pregunta que se ha de plantear el Gobierno británico es ¿qué quiere conseguir? 
Mientras no se cumplan las condiciones previas y no dispongamos de un documento de trabajo que podamos examinar, no se puede, lógicamente, hablar de un levantamiento de la prohibición de exportar. 
Esto no tiene nada que ver con la cuestión de la necesidad que tenemos de una nueva normativa sobre la intervención, cuyo límite de 400.000 toneladas sobrepasaremos el próximo mes. Sin ella, el mercado de la carne de bovino europeo se derrumbará. 
Esta es mi visión del asunto. 
Señor Presidente, como portavoz para asuntos agrarios del Grupo político más numeroso presente en el Parlamento, confieso, señor Presidente, mi incapacidad para expresar un voto serio y razonado sobre las enmiendas. 
No sé, señor Funk, quién debe esta más preocupado, si yo o Su Señoría. 
Señorías, sepan, en realidad, que hoy no damos el visto bueno sólo a una intervención a corto plazo para la carne a fin de evitar la llamada red de seguridad: en este caso hacemos una reforma profunda del reglamento sobre la OCM de la carne de bovino en Europa. 
Una broma de 1, 4 mecus tan sólo en 1997, con la que da comienzo, de forma desconcertante, el período de la reforma de la PAC. 
¿Qué ha sido, señor Comisario, de las buenas intenciones con vistas a hacer participar al Parlamento desde el comienzo en las reformas agrarias fundamentales? 
Yo pensaba que la estrategia de los documentos de reflexión, iniciada con el vino y las frutas y hortalizas, era una opción permanente. 
En el caso de la carne de bovino, expediente no menos complejo, recibimos los documentos el 5 de septiembre y hoy, 20 de septiembre, aquí estamos cien diputados, un viernes, para hacer la reforma. 
Parece que estuviéramos soñando con los ojos abiertos, sobre todo después de las decisiones de esta noche, que, en mi opinión, volverán a poner en entredicho, señor Comisario, objetivamente, por sus repercusiones en el mercado, esa propuesta misma. 
Pero, por hablar claro sobre las responsabilidades, la urgencia de la intervención a corto plazo se nos podría haber pedido con una propuesta de simple modificación del artículo 6 del Reglamento 805 exclusivamente. 
Eso es lo que debería haber hecho el Consejo después de nuestra votación de hace apenas 15 días, en la que expresamos una clara negativa a la urgencia en conjunto. 
¿Por qué volver a presentarnos ahora todo el conjunto, como si nada hubiera ocurrido, en lugar de elegir la única vía razonable? 
También en el caso del Parlamento- permítanme que se lo diga, Señorías -, la decisión de separar la urgencia, como quien corta una manzana picada en dos, quedándose con la parte buena, es decir, la del gasto, aumentándola incluso, como indica el informe Funk, y reexpidiendo al remitente la mala, es decir, la de la entrada a saco en los sembrados, a mi no me parece una actitud demasiado encomiable. 
¿Somos el mismo Parlamento que quiere contener los gastos agrarios en el presupuesto para 1997? 
Si hay una urgencia, creo que se refiere a la utilización y el reparto de los recursos en el capítulo agrario, pero el Sr. Funk ha elegido, en cambio, la comodidad del silencio y de la prórroga, después de habernos propuesto incluso un aumento de los recursos. 
Yo creo que no se puede hacer como que no sucede nada y con mayor razón después de la decisión adoptada esta noche por el Gobierno. 
Atrévase, señor Comisario: no me parece admisible que sea Suiza la que deba dar ejemplo a esta Europa. 
Dénos esas mínimas condiciones necesarias para echarle una mano, sepa que nuestro Grupo está con usted. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo quiere felicitar, en primer lugar, al Sr. Funk por su excelente informe, redactado en un tiempo récord, cuyo contenido asume plenamente. 
Pero además, nuestro Grupo quiere mostrar su desacuerdo con la estrategia seguida por la Comisión en esta materia. 
Es intolerable que para afrontar una crisis grave en el sector bovino se nos presente un paquete de propuestas en el que, simultáneamente, se modifican reglamentos de apoyo a los productores de cultivos herbáceos y relativos a la mejora de eficacia de estructuras agrarias, vinculando presupuestariamente los tres sectores y exigiendo sacrificios financieros en unos para apoyar otros. 
Esta técnica, para nuestro Grupo, es condenable, porque supone mezclar acciones urgentes con reformas necesitadas de reflexión dilatada. 
Supone tratar de forzar la voluntad del Parlamento para que asuma lo inaceptable so pena de rechazar lo necesario. 
Pero es evidente también que había elementos necesarios en esta reforma que han justificado la posición de nuestro Grupo: aceptar la urgencia en un sector necesitado de soluciones y rechazarla en los demás, porque presupuestariamente hay margen para abordar las reformas más urgentes y presupuestariamente es posible, con imaginación, dar cobertura a las propuestas que hace el Parlamento. 
Nosotros compartimos plenamente las propuestas del Sr. Funk. 
Sin embargo, hay delegaciones en nuestro Grupo que no entienden el porqué de la oposición a la propuesta de la Comisión respecto a las condiciones de extensificación y mejora de las primas cuando el factor de densidad disminuye, porque, en un contexto como el que estamos padeciendo de crisis del sector debido a enfermedades, oponerse a la extensificación y a la alimentación natural del ganado es difícil de comprender para algunas delegaciones nacionales. 
Por último, es dudoso el criterio que ha seguido la Comisión para modificar los techos regionales de primas para terneros, habiendo índices de cobertura de los países respecto a los sacrificios reales muy distintos, y que en algunos casos suponen vulneración de los compromisos adquiridos en el paquete de precios. 
En primer lugar, quisiera expresar mi consideración por la rapidez con la que el Sr. Funk ha realizado su trabajo. 
La decisión unilateral del Gobierno británico en la tarde de ayer es inadmisible, en especial por ser precisamente unilateral. 
Después de las palabras del Sr. Fischler, sólo puedo apoyar la postura de la Comisión de fidelidad a los Acuerdos de Florencia. 
Además, coincido con el Sr. Fischler en que es inevitable establecer a corto plazo la posibilidad de aumentar las existencias de intervención. 
En esta fase no veo otra salida. 
Por lo demás, han de tomarse otras medidas. 
A este respecto, las propuestas de la Comisión son, a mi juicio, demasiado unilaterales. 
Si analizamos la situación de Europa, veremos que hay unos 20 millones de vacas de leche y 10 millones de vacas de carne. 
La producción cárnica de las vacas de leche disminuye progresivamente. Por tanto, aumenta la de las vacas de carne. 
Así que, a mi juicio, debemos rebajar las primas de todos los subsectores de este sector y, por tanto, también las de las vacas nodrizas. 
Por último, el sector de los terneros y becerros sigue intacto. 
Creo que sería conveniente reducir el peso en canal de los becerros y terneros en un porcentaje determinado en todos los países de la Unión Europea. 
Podría conseguirse así un mayor flujo de los sectores cárnico y lechero hacia el sector de los becerros y terneros, que es mucho más atractivo. 
Mi última observación no figura en la propuesta. 
A nuestro juicio, la Comisión ha de presentar lo antes posible sus propuestas sobre las marcas de calidad para la carne de vacuno en todos los países europeos. 
Es necesario crear una marca de calidad europea. 
Para terminar, en nuestra opinión no sería adecuado financiarlo todo con fondos del sector agrario. Ningún sector debe cargar con los gastos de otro. 
Le ruego que no me compute el tiempo. Usted me dijo anteriormente que ahora me correspondía hablar sobre el Reglamento. 
Quisiera preguntarle: ¿Por qué tienen derecho a hablar los grandes Grupos cuando se pregunta al Comisario? Yo escucho de buen grado a la Sra. Green, incluso por segunda vez. 
Pero, ¿no tienen derecho a preguntar los otros Grupos? ¿Por qué los pasa Usted por alto y escucha sólo a los Grupos grandes? 
Es una manera de proceder no permitida por el Reglamento. 
Por lo tanto, pido que cuando solicite intervenir sobre el Reglamento se me otorgue prioridad. El Reglamento dice que Usted debe acceder a estas peticiones. 
Me parece que no se puede proceder así. 
No sé cómo va Usted a justificar esta manera de proceder. 
Ahora puede Usted poner el reloj en marcha porque voy a entrar en materia. 
Señor Graefe zu Baringdorf, ha comprendido que nos encontramos ante una situación totalmente inesperada debido a lo ocurrido ayer por la tarde. 
Se hizo la solicitud de inscribir este asunto en el orden del día. 
Como consecuencia de la intervención de la Sra. Green, la incluimos en el debate sobre el informe del Sr. Funk. 
Es por ello que le dimos la palabra al Comisario Fischler. 
Todo ello salía un poco- es verdad- de lo ordinario, teniendo en cuenta, una vez más, los imperativos de la actualidad. 
Por lo demás, en un momento determinado, el Presidente Jacob, me pidió la palabra- él podrá atestiguarlo- y no se la cedí porque me di cuenta que no era correcto en relación con los oradores inscritos no darles la prioridad. 
Como usted mismo, Sr. Graefe zu Baringdorf, estaba inscrito y debía hablar unos minutos después, me dije que quizás no era necesario darle la palabra para volver a dársela diez minutos después, cuando otros oradores que también estaban inscritos regularmente esperaban su turno. 
Este fue mi razonamiento, dando por sentado que cuando hayamos terminado el debate y el Comisario Fischler intervenga de nuevo, podrán hablar otros diputados y, sobre todo, por supuesto, el Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Traté de administrar de la mejor manera posible una situación totalmente insólita e inesperada, y ahora, Sr. Graefe zu Baringdorf, puedo darle la palabra, en nombre de su Grupo. 
Señora Presidenta, respeto sus consideraciones, pero me parecen equivocadas. 
En una situación tan excepcional, lo normal es que todos los Grupos tengan oportunidad de plantear preguntas. 
Siempre se ha procedido de esta manera y así debía haber sido también esta vez. 
Dejémoslo así. 
Tomo nota de su explicación y comienzo, como Usted ha sugerido, mi intervención. 
Señor Comisario Fischler, usted ha dicho que las medidas del Gobierno británico son medidas de las que ha de responder él mismo. 
Pero la consecuencia, usted también lo sabe, es que seguirá aumentando la desconfianza, lo que también les cuesta dinero a otros ganaderos de la Unión Europea. 
Desde esta perspectiva, las medidas del Gobierno británico se traducen en un coste económico para los que realmente nada tienen que ver con ellas. 
En cuanto al informe Funk, le damos la bienvenida y, en líneas generales, lo apoyamos. 
También para nosotros se trata de sacrificar y de recuperar la confianza en el mercado. 
Sólo así, esforzándose en el terreno práctico, se puede conseguir que los consumidores vuelvan a comprar carne. 
Pero es necesario que se acepte nuestra enmienda en la que se dice que estas primas sólo se pagaran cuando esté probado y garantizado que la carne procede de explotaciones sin EEB. 
Y lo mismo rige para las intervenciones que se van a realizar ahora por peso. 
En este caso también hay que garantizar que no se trata de explotaciones con EEB. Si no, dentro de unos años, cuando esta carne regrese al mercado, volveremos a socavar la confianza y con ella el mercado. 
Señor Comisario Fischler, la retirada de terneros es correcta, pero no bajo la forma de las primas de Herodes. 
Los terneros a sacrificar han de tener primero algo de carne. Y ésta ha de sacarse al mercado. 
Es una carne de gran valor que hay que apoyar para que no sea más cara que la carne de vacuno. 
Así se podría despejar el mercado, pero no en el sentido de retirarla del consumo, como usted propone. 
Además, y ésta es mi última consideración, habría que fijar un límite de 90 animales para las primas especiales, de tal forma que haya un escalonamiento. 
Así se recoge en una de nuestras enmiendas: no se puede computar toda la cabaña, sino sólo los primeros noventa animales, como ocurre con las primas especiales normales. 
Señora Presidenta, ¡nunca se habían visto tantos bovinos en las praderas como a finales de este verano de 1996! 
¿Qué va a pasar con los productores, que pierden entre 100 y 300 ecus por cabeza en este mercado deprimido, mientras que los precios estarán a la baja en todos lados en un sector de producción en donde los ingresos son los más bajos de la agricultura? 
Compartimos la idea, expresada en el informe Funk, de completar las propuestas de la Comisión en relación al apoyo del mercado y la idea de que esta crisis será durable. 
Pero el informe no va lo suficientemente lejos como para evitar la quiebra de las explotaciones donde la producción de bovinos constituye la parte esencial de los ingresos y que corren el riesgo de desaparecer de las zonas desfavorecidas. 
Esta crisis bovina debe incitarnos a acelerar reformas profundas a medio plazo sobre los puntos fundamentales. 
Por una parte, modificar la estructura de las primas para ayudar mejor a los productores de bovinos alimentados con hierba, que producen una carne de calidad y que conservan terruños y paisajes, especialmente en las zonas de montaña. 
Por otra parte, aliviar los mercados sin aumentar demasiado las carnes de intervención, favoreciendo la matanza temprana de terneros, disminuyendo las primas a la producción intensiva, concediendo ayudas complementarias a los productores especializados, de lo contrario, la superficies de hierba corren el riesgo de retroceder una vez más en favor de las tierras arables a las que será necesario conceder ayudas o poner en barbecho. 
La Comisión nos introduce en un círculo vicioso del que será muy difícil salir. 
El sobrecoste anunciado será más importante de lo previsto. 
Las pequeñas medidas coyunturales previstas por la Comisión no serán suficientes. 
Es preciso tener el valor político de darse cuenta desde ahora y votar la líneas necesarias de apoyo directo a los productores amenazados. 
En este contexto, la decisiones del gobierno británico son evidentemente una catástrofe. 
Señora Presidenta, bien que mal, nuestro compañero Funk intentó lo imposible, incluso si nuestra concepción no es la misma dado que nuestros intereses particulares son diferentes. 
A pesar de que desde hace meses, los ingresos de todos los agentes del ramo «carne bovina» se han venido abajo, ¿es el momento adecuado de proceder al reembolso de 9.200 millones de ecus a los Estados miembros sobre el saldo presupuestario de 1995 y reducir de 2.750 millones de ecus el anteproyecto de 1997? 
Todos sabemos que estas decisiones políticas tienen por único objeto permitir a los Estados miembros alcanzar los objetivos necesarios para participar en la moneda única y sobre todo reducir los déficits presupuestarios llamados «excesivos» de algunos Estados miembros. 
¿Qué se nos propone ante esta crisis? 
Sencillamente, una transferencia interna de una parte del presupuesto de los cereales, así como una modificación de la fecha de pago de las primas de las oleoginosas para realizar un artificio presupuestario y ello, claro está, sin garantía de perennidad del presupuesto ni del FEOGA. 
El Sr. Chirac y el Sr. Kohl reconocieron incluso durante su último encuentro que ningún sector industrial había experimentado un siniestro semejante al que conocemos hoy día. 
Más que luchar por defender la PMTVA, el PSBM, el nivel de intervención, voy a proponer en nombre de mi Grupo, conjuntamente con otros compañeros, tres enmiendas de compromiso que permitirán adaptar las primas en función de las realidades regionales de producción de carne bovina. 
Espero que obtendrán el apoyo de la mayoría de entre nosotros, ya que es preciso que encontremos, para el conjunto de la producción europea, soluciones rápidas y eficaces. 
Señora Presidenta, asistimos a un cataclismo a la vez económico y humano. 
Se ha visto, en Francia, a los productores de Charroux, en la región de Vienne, ponerse en marcha, empujando a sus bovinos, subir a París como si fueran a ver al rey, porque, si el rey supiera, ¡no permitiría esto! 
Se ha visto a los agricultores reunirse por millares en Clermont-Ferrand... 
Y, ante el cataclismo, en lugar de reflexionar, en lugar de poner todas las cartas sobre la mesa, ustedes se enredan en un miserable debate técnico. 
Les hablamos de responsabilidad financiera y ustedes nos responden: » ¡Austeridad presupuestaria!» 
Sin embargo, en realidad, puesto que los agricultores, que son las víctimas, tienen las manos limpias- eso que los juristas llaman «clean hands» , principio fundamental en la reparación del perjuicio- nosotros, la gente ordinaria, hablamos de responsabilidad, que hace que en derecho medioambiental sean los contaminadores los que deben pagar: nosotros decimos que los envenenadores industriales deben ser los que paguen y pienso en los hermanos de Mulder. 
Ustedes nos dicen: » ¡No, nada de responsabilidad, solidaridad! »; 
Nosotros, pensamos que era una solidaridad nacional y europea. 
¡De ningún modo! 
Ustedes nos dicen: » solidaridad interprofesional» : se desviste a los productores de cereales para vestir, con muy poco por lo demás, a los productores de bovinos. 
Todo comienza con la técnica: 1.300 millones de ecus de compensación, se resta la prima de barbecho, se resta el 5 % a las primas de las vacas nodrizas, se favorece a los becerros en detrimento de los animales que pacen, no se alcanza la línea directriz, se ponen dificultades por menudencias, se lanza el dinero a los cuatro rincones del planeta, a Nicaragua, a Papuasia, ¡pero nada para los agricultores! 
En realidad, son ustedes perversos. 
Se sabe muy bien dónde quieren llegar. Singapur se prepara, las grandes negociaciones de 1999 se preparan, y ustedes se preparan a poner en tela de juicio el gran acuerdo de la PAC de 1992. 
Poco a poco, ustedes nos preparan a admitir que la prima por poner en barbecho debe desaparecer, etc. 
Dicho de otro modo, se parecen ustedes a esos inmigrantes de principios del siglo XIX, en Francia, que no habían aprendido nada, comprendido nada. 
No quieren comprender que es su agricultura loca la que ha creado esta situación. 
La Sra. Barthet-Mayer les decía que era preciso ir hacia otra cosa, hacia las marcas de fábrica, hacia la marca nacional- para saber de dónde vienen los productos- en una palabra, que era preciso que se pusieran ustedes en tela de juicio. 
¡En lo más mínimo! 
Asistimos a los trabajos de la comisión de investigación, descubrimos que, durante cinco años, no han comprendido nada, no se han enterado de nada, que esta crisis institucional no se resolverá. 
Señor Comisario, es preciso que no haya mal que por bien no venga, ¡que este drama sirva para algo! 
Aparentemente, este no es el caso, ¡a eso se debe toda nuestra tristeza! 
Señor Comisario, ¡es usted incorregible! 
Señora Presidenta, el Comisario ha hecho tres propuestas. 
Esta mañana estamos tratando únicamente sobre la primera de ellas, la propuesta encaminada a mejorar el acceso a las intervenciones, modificar el anterior sistema de primas y otras modificaciones en el sector del bovino. 
Hemos rechazado el procedimiento de urgencia para las otras dos propuestas. 
Acojo con satisfacción la decisión del Parlamento de no considerar la propuesta de la Comisión de recortar las ayudas a los productores de cereales. 
La propuesta fue mal concebida y lo único que conseguiría es destruir la confianza de todo el sector agrícola. 
En el marco de la reforma de la PAC, los agricultores se vieron obligados a prescindir de precios garantizados a cambio de ayudas sobre los ingresos y unas garantías muy reducidas. 
Una y otra vez se les prometió que las ayudas a los ingresos serían permanentes y que serían financiadas en su totalidad. 
Ahora la Comisión propone un recorte importante en los pagos de compensaciones en el sector de los cereales. 
Los agricultores no pueden aceptar un trato semejante. 
Hay que cumplir las promesas que se hicieron. 
Si la Comisión consigue recortar las ayudas a los productores de cereales es posible que más tarde intente adoptar las mismas medidas en otros sectores. 
No estoy de acuerdo con todos los pormenores de las propuestas presentadas al Parlamento esta mañana. 
No obstante, la decisión importante que debe tomar el Parlamento es establecer su posición y con ello permitir que el Consejo de Agricultura introduzca las modificaciones necesarias. 
Me estoy refiriendo especialmente al incremento de las intervenciones aprobado para 1996-97. 
Dichas modificaciones son necesarias con carácter de urgencia, de lo contrario se producirá un nuevo colapso en el mercado de la carne de bovino. 
Señor Comisario, sé que está haciendo todo lo que realmente puede en una situación muy difícil, pero sus observaciones sobre la decisión tomada ayer por el Gobierno británico son excesivamente benévolas. 
En realidad- si me permite sugerirlo respetuosamente- reflejan casi debilidad. 
Ignoran el daño y la destrucción que se ha ocasionado al sector de la carne de bovino de los Estados miembros vecinos. 
Me estoy refiriendo, en particular, a mi país, Irlanda. 
Ruego a la Comisión una vez más que considere, por otra parte, la posibilidad de presentar una solicitud a la OMC o al GATT, para que se incrementen nuestras cuotas de exportación de carne de bovino. 
Ya he solicitado esta medida con anterioridad, pero usted no ha estimado oportuno seguirla. 
Este año nos hemos visto incapaces de cumplir nuestra cuota por culpa de la crisis de la EEB. 
Por ello, deberíamos aspirar a una cierta flexibilidad sobre las cuotas de exportación. 
Nuestras exportaciones tradicionales se están reabriendo gradualmente de nuevo en lo relativo a la carne de bovino en la mayoría de los Estados miembros. Creo que es importante que hagamos el mejor uso posible de estas oportunidades. 
Por último, es muy importante que introduzcamos inmediatamente un plan de promoción para intentar estimular el consumo de carne de bovino. 
De este aspecto no nos hemos ocupado de manera satisfactoria. 
Señora Presidenta, represento a la mayor zona ganadera del Reino Unido, Somerset y North Devon. 
Nuestros productos lácteos y nuestra cabaña figuran entre los mejores, pero también lo sabemos todo sobre la EEB, que nos ha golpeado más duramente que a otras zonas. 
Muchos de mis electores vieron a nuestro Primer Ministro regresar de Florencia con los mismos ojos que vieron al Sr. Chamberlain regresar de Múnich hace medio siglo. En nuestros tiempos no se trata de paz, sino del ganado bovino. 
Ahora resulta evidente que John Major está intentando ganar tiempo. 
Para mí, una de las primeras reglas de la política es, si estás en un agujero [apuros] , deja de cavar. 
Nuestro Primer Ministro parece padecer el mal de los topos locos. 
Esperamos poder avanzar en este ámbito, pero no avanzaremos con la actitud que mostró nuestro ministro de Agricultura el lunes y el martes ante la Comisión, como si de un burro en misa se tratase. 
Quizá podamos avanzar con la actitud mostrada por los consejos más prudentes de Sir Leon Brittan en sus negociaciones con el Comisario. 
Acojo con satisfacción que el Comisario esté dispuesto a revisar las pruebas científicas, las nuevas pruebas que se han descubierto y, si fuera necesario, volver a estudiar el Acuerdo de Florencia. 
Creo que cualquier decisión unilateral del Gobierno británico sería un incumplimiento de dicho acuerdo y un abuso de confianza. 
Deploro cualquier intento del Partido Conservador británico de recomenzar la guerra del vacuno con el fin de que el partido consiga un estrecho margen de ventaja política. 
Para el Comisario Fischler de lo que se trata realmente es de lo siguiente: ¿afectará la decisión del Gobierno británico de retrasar el sacrificio las compensaciones que deben recibir los ganaderos británicos de conformidad con los planes acordados en Florencia? 
Ésa es la pregunta a la que me gustaría recibir una respuesta esta mañana. 
Alabo, como sé que lo hace el Comisario, la decisión del Gobierno suizo, hecha pública esta misma semana, de sacrificar la octava parte de su cabaña, a pesar de que en ese país sólo se han dado 290 casos de EEB. 
En Gran Bretaña hemos tenido 160.000 casos y deberíamos haber controlado la situación mucho más rápidamente. 
Ahora que se reconoce la existencia del problema, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos en conjunción con nuestros países vecinos del continente para solucionar este asunto de una vez por todas. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Sr. Funk su informe, que nosotros apoyaremos esta mañana. 
También quisiera agradecer al Comisario las observaciones que ha hecho esta mañana, porque nos enfrentamos a una crisis muy grave en el sector del vacuno. 
Quisiera centrarme en lo que ya se ha dicho esta mañana sobre la política de sacrificio. 
Según he podido entender- no sé si alguien de los aquí presente conoce en estos momentos todos los pormenores de la decisión del Gobierno británico- la política necesita un endurecimiento y una nueva orientación con el fin de eliminar el número necesario de reses que hagan posible librarnos lo más eficaz y rápidamente posible de la EEB, restableciendo con ello la confianza tan necesaria no sólo en Gran Bretaña, sino en toda Europa. 
El Acuerdo de Florencia incluía una política para un sacrificio acelerado que abarcaba a un amplio espectro de reses que debían ser eliminadas para satisfacer a la opinión pública. 
Lo que ahora propone el Gobierno británico es un enfoque mucho más estricto de dicha política de sacrificio. 
Continuaremos eliminando 30.000 reses a la semana y durante 30 meses nada entrará en la cadena alimenticia. 
Lo importante- y es aquí donde entran las nuevas pruebas científicas y el motivo por el que el Gobierno ha tomado la decisión que ha tomado- es que hagamos dicho sacrificio con la mayor eficacia posible. 
Es necesario dar un enfoque preciso; hay que eliminar realmente aquellas reses con mayores probabilidades de haber contraído la enfermedad. 
Si nos limitamos a apartar reses del mercado y de la cabaña de manera aleatoria, no será un sacrificio eficaz. 
Me ha sorprendido oír lo que ha dicho la Sra. Green esta mañana ante la Asamblea, porque el portavoz del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes se mostró completamente de acuerdo con la política del Gobierno. 
Señora Presidenta, Señorías, he seguido con mucha atención el debate y quisiera subrayar una vez más, para que el asunto quede verdaderamente claro, qué sucederá si, por decirlo así, no pasa nada. 
Visto desde la perspectiva de la urgencia, el problema consiste fundamentalmente en que nos encontramos ante una situación en la que estamos alcanzando los límites máximos de intervención. 
No podremos intervenir más y se aplicará la red de seguridad, lo que traerá consigo que los precios bajen un 3 % en dos Estados miembros, pero en los demás entre un 10 y un 15 %. Supongo que nadie en la Unión Europea desea que esto suceda. 
Por esta razón, se deben crear las condiciones para que podamos disponer al menos de esta posibilidad. 
Lo que proponemos tiene una conexión lógica inmediata ya que todos queremos limitar la intervención. 
¿Cómo se puede limitar la intervención si no detenemos desde este momento el engorde de los animales jóvenes? 
De otro modo resulta ineludible un largo período de intervención. 
La otra cuestión es la que ya he mencionado al principio. 
La consecuencia automática sería encontrarnos con unas cantidades de intervención del orden de un millón de toneladas, lo que no es ninguna minucia. 
Hemos de pensar lo que vamos a hacer para sacar esas cantidades de los almacenes de intervención. 
Desde una perspectiva global, esto no constituye una solución a largo plazo. 
Estoy de acuerdo en que, a largo plazo, es necesario conectar el debate del mercado del vacuno con la cuestión de la reforma del mercado de la leche. Y, además, hemos de acometer una mejora del sistema de designación y, en conexión con esto, hemos de iniciar la correspondiente campaña de publicidad para la carne europea. 
La propuesta correspondiente está a punto, pero no tiene mucho sentido hacer publicidad de la carne europea si al mismo tiempo debatimos todas las cuestiones imaginables, lo que trae como consecuencia que el consumidor europeo no tenga la sensación de que la carne europea sea particularmente segura. 
Si actuamos ahora en esa dirección corremos el peligro de que la publicidad sea contraproducente. 
Este punto tampoco se puede ignorar. 
Por último, quisiera insistir una vez más: rigen las conclusiones de Florencia y no otra cosa. 
Señora Presidenta, creo que es el momento adecuado para exponer una consideración. 
La Comisión de Presupuestos emitió su opinión sobre el informe Funk el sábado por la tarde. 
El ponente, Sr. McCartin, ha expuesto esta opinión. 
Con posterioridad, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha presentado en total seis enmiendas al informe Funk. 
La consecuencia de las mismas es un aumento de casi 600 millones de ecus sobre los 1.381 millones presupuestados por la Comisión. 
Estas enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no fueron en ningún momento objeto de debate en la opinión de la Comisión de Presupuestos. 
En estas circunstancias, quisiera señalar que no creo que se pueda tomar una decisión hoy viernes sobre el informe Funk. Debido a que no se ha presentado en ningún momento una propuesta de cobertura del aumento de los gastos, se debe proceder, en mi opinión, a nuevas deliberaciones. 
Por ello, me permito solicitar, de acuerdo con mi Grupo, la devolución del informe Funk a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para que tengamos la posibilidad de deliberar sobre el asunto. 
Gracias, señor Samland. 
Su Grupo pide la devolución a la comisión. 
Antes de votar sobre el particular existe la posibilidad de que alguien hable a favor y en contra. 
¿Quién desea intervenir a favor de la devolución? 
Señor Fantuzzi. 
Señora Presidenta, por los motivos que he expuesto antes, creo que se ha superado con creces la intervención urgente. 
Se podría haber solicitado la urgencia de forma completamente distinta de como lo ha hecho el Consejo y, por encima de todo, a la luz de las decisiones de esta noche, creo que esta propuesta en su examen por el Consejo sufrirá importantes modificaciones. 
En mi opinión, no hay razón para decidir hoy sobre un conjunto de medidas que, por lo demás, se debe evaluar orgánicamente en su conjunto. 
Gracias, señor Fantuzzi. 
La señora Kepperhoff-Wiechert quiere intervenir en contra de la solicitud. 
Quisiera pronunciarme a favor de que procedamos a la votación. 
La agricultura se ha visto envuelta en esta crisis sin culpa por su parte. 
El que en esta fase tenga el valor de postergar este asunto debe prepararse a que los agricultores le arrojen toda la carne de vacuno a la puerta de su casa. 
Por tanto, estoy a favor de que votemos. 
Se procede a la votación de la propuesta de devolución a comisión. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
Señora Presidenta, nuestro Grupo ha votado contra la solicitud porque su fundamentación no nos parecía razonable. El aumento de los gastos con el que sumariamente se ha motivado no es tal, pues la intervención disminuiría. 
De conformidad con el Reglamento, nos reservamos el derecho a preguntar tras la votación a la Comisión si va a aceptar las enmiendas del Parlamento. 
Si no se aceptan en lo esencial las enmiendas, pediremos la devolución a comisión para poder negociar con la Comisión. Para nosotros, éste es el punto más importante. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Enmienda nº 22: 
Señora Presidenta, excepto en dos puntos, la enmienda nº 22 del Grupo de los Verdes y la enmienda nº 16 de la Comisión de Agricultura son idénticas. La diferencia está en dos párrafos adicionales. 
Uno dice: » Tienen que proceder de explotaciones sin EEB para que haya primas especiales». Y el otro contiene una limitación de esas primas a 90 animales. 
¿Podríamos añadirlos considerándolos ampliaciones, señor ponente? 
Hay una gran diferencia. Estoy de acuerdo con «carne sin EEB» , pero no con «explotaciones sin EEB». 
En ese caso, si en la cabaña de un ganadero se diera la EEB sin que pueda hacer nada, se le excluye de todas las subvenciones. Es su ruina. 
Si usted dice «carne sin EEB» , entonces estoy de acuerdo con su enmienda, señor Graefe zu Baringdorf, quedando así: » sólo se puede intervenir carne sin EEB» etc. Si usted dice que cualquier ganadero que haya tenido algo que ver con la EEB no obtendrá ninguna prima más, se arruina a la persona sin que ésta pueda quizás hacer nada. 
Según la información que obtengo en la Comisión de Investigación, hay tantas cosas que funcionan mal en este asunto, señor Comisario, que no puedo decirle después al agricultor qué puede sucederle sin su participación. 
Señora Presidenta, antes de votar sobre la resolución legislativa quisiera solicitar, en nombre de mi Grupo, que el Comisario exponga su posición sobre qué enmiendas va a aceptar para poder, eventualmente, solicitar la devolución a comisión. 
Ya anuncié esto con anterioridad. 
El ponente puede pedir a la Comisión aclaraciones adicionales a cada enmienda aceptada y puede también proponer el aplazamiento de la votación sobre el proyecto de resolución legislativa, pero ningún Grupo ni diputado puede hacerlo. 
Tengo que preguntar al ponente cúal es su postura. 
Señora Presidenta, exijo que se proceda a la votación sobre el informe. 
El Comisario ya ha dicho con anterioridad lo que puede aceptar y lo que no. 
El informe ya se votó y no va a volver a la comisión. 
Ya nos hemos puesto de acuerdo sobre esto. 
También hemos aprobado las resoluciones y el Comisario ha dicho lo que acepta y lo que no. 
Solicito que procedamos ahora a la votación definitiva y, además, nominalmente. 
Señora Presidenta, es cierto, según el Reglamento no puedo emplazar al Comisario si no soy el ponente. 
Pero sí que puedo, y así lo hago, solicitar en nombre del Grupo de «Los Verdes» la devolución a comisión. 
Sólo se puede hacer una vez en el curso del procedimiento. La solicitud se presentó con anterioridad, con lo cual ya no existe esa posibilidad. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo ha votado en contra del informe aunque estamos de acuerdo con su tendencia general, esto es, fomentar la venta y no la intervención. 
Esto es en esencia lo que se ha decidido, pero el Comisario no se ha pronunciado sobre el particular. 
Lo que significa que el Consejo no está obligado a adoptar el contenido de las votaciones. 
Es posible concluir, por tanto, que los aspectos progresistas que ha aportado el Parlamento no serán adoptados por el Consejo. 
Por una parte no se han aceptado las dos enmiendas de los Verdes que establecían la necesidad de garantizar que tanto en la intervención como en las primas por sacrificio temprano la carne que llega al mercado o que se interviene proceda de explotaciones sin EEB. 
Considero esto como una gran negligencia. 
Por un lado, tratamos de comprobar en una comisión de investigación los posibles fallos de la Comisión y, por otro, nos convertimos en culpables al no garantizar que esta carne proviene de explotaciones sin EEB. 
Por otra parte, no se ha aceptado la enmienda que pretendía limitar las primas especiales a 90 animales, lo que era importante para evitar que se incluya a toda la producción masiva en estas primas y para conseguir un trato preferente para las pequeñas empresas y para las formas de producción más consideradas con los animales. 
Por estas razones, nos hemos visto obligados a rechazar el informe. 
Me gustaría tener una idea clara del orden del día para lo que queda de esta mañana. 
Hace un momento he creído saber que el debate sobre la biomedicina no va a celebrarse. 
No me gusta esta idea. 
¿Por qué? 
Porque dentro de poco los ministros van a debatir sobre esta cuestión y me gustaría que se llevaran las conclusiones del Parlamento. 
Este era el único motivo para celebrar tal debate. Así que le pregunto si usted ve posible adelantar el debate sobre la biomedicina, ya que creo que es importante. 
Señora Presidenta, se trata exactamente de la misma cuestión de orden. 
Al parecer existía al comienzo de la semana un enorme interés por que habláramos de este asunto, pero hoy hemos avanzado a paso de tortuga. 
Me pregunto si podríamos avanzar con mayor celeridad en el orden del día. 
Ya he tomado medidas para que el coche que debe trasladarme al aeropuerto de Francfort salga más tarde, pero no quiero salir de aquí a las 3 de la tarde, porque perdería mi vuelo. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, me opongo a esta petición. 
Este debate interviene en condiciones eminentemente discutibles, ya tuve la oportunidad de decirlo el lunes. 
La votación no tendrá un gran sentido, y tendré la oportunidad de decirlo dentro de un momento. 
En esas condiciones, no veo por qué privilegiar semejante debate. 
El debate está incluido en el orden del día. 
Ahora se trataba de la propuesta de adelantar los puntos 361 y 362 del orden del día. 
Sí, señora Presidenta, en primer lugar me gustaría recordar al Sr. Cot que debe respetar la voluntad de esta Asamblea. 
Si el lunes pasado se decidió mediante votación celebrar este debate hoy, debemos ser respetuosos los unos con los otros. 
En segundo lugar, si el Sr. Cot habla en nombre del Grupo socialista, tengo algunos reparos al respecto porque, en cualquier caso, me queda la impresión, en vista de lo dicho por los oradores, de que no todo el Grupo del PSE está de acuerdo con lo dicho por el Sr. Cot. 
Señora Presidenta, por respeto a la votación de esta Asamblea, insisto en que proponga que se celebre el debate en este momento; de lo contrario, no tendrá sentido. En todo caso, el Sr. Cot siempre podrá decir que no está de acuerdo. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo en que el debate sobre la bioética tenga lugar, pero simplemente quisiera decir que tengo un informe en el orden del día para el que el Consejo ha solicitado la urgencia, que se concedió unánimemente. 
El examen del informe requerirá cinco minutos y es absolutamente necesario que se tome una decisión para evitar estragos en el sistema EDICOM. 
Por tanto, si lo desea, puede pasar al debate sobre la bioética, pero después, proceda usted a debatir mi informe. 
Señora Presidenta, sencillamente lamento las declaraciones de la Sra. Oomen-Ruijten. 
Cuando digo que hablo en nombre del Grupo, hablo en nombre del Grupo. 
Señora Presidenta, la verdad es que en esta cuestión hay bastantes diputados implicados. 
Yo soy uno de ellos. 
A mí se me había, por ejemplo, programado el debate en torno a un informe del que soy ponente para primera hora de la mañana. 
Todavía estoy aquí esperando. 
No estoy de acuerdo con la propuesta de la Sra. Oomen-Ruijten y me gustaría saber, en todo caso, si se van a discutir los informes o no. 
Pero todos. 
Que se nos diga claramente qué orden de discusión vamos a tener hoy. 
Señora Presidenta, creo que todo este nuevo examen de la bioética constituye un uso abusivo de las normas de procedimiento. 
El informe que lleva mi nombre ya se sometió a votación en julio y, en cambio, ahora vuelve otra vez a esta sala a través de una pregunta. 
Creo que el Sr. Cot tiene toda la razón en este asunto. 
Señora Presidenta, en esta Asamblea hubo una votación y pude comprobar, y así lo vuelvo a decir a los diputados del Grupo socialista, que la gran mayoría estaba a favor de celebrar el debate. 
Todavía tiene sentido hacerlo y le pido que proceda ahora a abrir el debate. 
Usted, señora Presidenta, puede hacer tal propuesta. 
Deberíamos apoyar a la Sra. Oomen-Ruitjen. 
Habida cuenta que la semana próxima tendrá lugar la reunión parlamentaria del Consejo de Europa, tendríamos que votar en cualquier caso esta semana, es decir, lo antes posible. 
Me parece una vergüenza que no consiguiéramos adoptar en junio el informe Pelttari, pero todavía me produce más sonrojo que hayamos previsto como último punto (que quizá no se pueda tratar o resolver) un tema tan importante y tan discutido en la opinión pública europea. 
Por eso, pido que pasemos inmediatamente al debate del Convenio sobre Bioética. 
Bien, todavía nos quedan nueve puntos del orden del día. Se ha propuesto adelantar los últimos puntos del mismo. 
A continuación votaremos sobre la propuesta. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
El orden del día se mantiene, por lo tanto, como estaba previsto. 
Protección de terneros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0-261-96) del Sr. Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Directiva del Consejo (COM (96) 0021- C4-0133/96-96/0029 (CNS) ). por la que se modifica la Directiva 91/629/CEE relativa a las normas mínimas para la protección de terneros 
Señora Presidenta, quiero enmarcar este informe mío en el momento que vivimos respecto de la carne de bovino. 
Es un informe importante desde el punto de vista filosófico, en la medida en que hay corrientes de pensamiento y de comportamiento que se enfrentan en el análisis de este problema. 
Evidentemente, considero que cualquier medida que se adopte para mejorar la condición de los animales es encomiable y, naturalmente, también sé que cualquier medida que se adopte para que no se provoque una crisis aún más grave en el sector de la carne de bovino también es encomiable. 
Es difícil hacer compatibles ambas cosas. 
Ahora bien, considero que todo lo que vamos sabiendo y oyendo en los comités de investigación sobre la EEB respecto del incumplimiento de propuestas de sentido común hechas en este Parlamento me ha aconsejado andar con tiento. 
Considero que anticipar los plazos establecidos en 1991 por la Comisión en su primera directiva, pasar por alto el esfuerzo de inversión hecho por los criadores de terneros en los últimos años, al no dejarles amortizar la inversión hecha, con lo cual se va a acelar, naturalmente, la crisis, equivale a destruir rápidamente el sector de la carne blanca de ternera. 
La crisis puede ser grande, en la medida en que están en juego 840.000 toneladas de carne de ternera que se hacen como carne blanca en Europa. 
Sólo un pequeño porcentaje es carne rosada y lo mismo ocurrirá en ese sector, en caso de que la crisis avance y las 40.000 familias que a ello se dedican se vean arrojadas a la quiebra o al desempleo. 
No cabe la menor duda de que dejará de venderse la leche en polvo empleada hasta ahora en la fase prerrumiante para alimentar a los animales, tampoco el suero lácteo se venderá ni tendrá aplicación, sino que será, al contrario, un factor contaminante. 
Todos sabemos que la aplicación de esas medidas requiere tiempo. 
Proponemos que haya un compás de espera para que las explotaciones puedan adaptarse a las nuevas normas. 
Ha sido costumbre de la Comisión, a fin de encontrar justificación para ciertas medidas más rápidas, convocar comités veterinarios. 
Yo tengo mucho respeto por la ciencia, pero, si bien soy, como decían los medievales, amigo de Platón, más amigo lo soy de la verdad. 
Y la verdad es que la propia ciencia no siempre es imparcial. 
La propia ciencia cede muchas veces a presiones de quien la financia, sobre todo cuando los científicos- y yo también lo he sido- son funcionarios públicos, lo que no quiere decir que no trabajen de buena fe. 
La verdad es que ha habidos informes contradictorios por lo que se refiere al bienestar de los terneros, a la hemoglobina, a la alimentación de los terneros. 
Es evidente que, si yo hablara simplemente de la forma de alojar los animales, estaría viendo el problema de una forma fragmentada y sin interés alguno. 
Por tanto, sacando ese aspecto de una dialéctica que considero falaz, propuse- y creo haber conseguido- que los colegas presentaran enmiendas que enriquecieran en gran medida la propuesta de la Comisión. 
Les estoy agradecido precisamente porque su opinión es contraria a la mía. 
Así, pues, estamos ante un problema social, ya que se podría agravar aún más la situación de la carne de bovino en Europa. 
Todos sabemos que se deberán sacrificar los animales en edad más tierna que hasta ahora y no me cabe la menor duda de que una forma de resolver la cuestión del bienestar de los terneros es poder sacrificarlos con menos edad y con menos peso para que estén más a gusto y para que no estén demasiado tiempo esperando. 
En cuanto a la sociabilización, en parte estoy de acuerdo, de modo que, con una actitud que considero de sentido común, he aceptado muchas enmiendas y estoy dispuesto ahora a asumir las consecuencias de lo que escribí. 
Señora Presidenta, durante los últimos diez años ha disminuído progresivamente el consumo de carne bovina. 
La causa probable de este fenómeno puede ser el debate sobre las condiciones de vida de los terneros europeos. 
El consumidor informado no juzga solamente el sabor o el aspecto de la carne, sino también los métodos de producción, y en este sentido juegan un importante papel los aspectos éticos. 
Es necesaria una legislación eficaz y auténtica dentro de la UE para devolver la confianza a los consumidores. 
Como ponente para opinión de la Comisión de Medio Ambiente propongo una serie de medidas con el fin de mejorar las condiciones de vida de los terneros. 
Los recintos individuales deben estar construídos de modo que el animal tenga un espacio seco donde acostarse. 
Las medidas del recinto individual deben reglamentarse a través de la legislación, de forma que sea posible el control de su observancia. 
Además, los terneros deben estar alojados en grupo después de las primeras ocho semanas para estimular su conducta natural como animal gregario. 
Mi propuesta de unas mejores condiciones de vida tiene principalmente como objeto lograr un mejor cuidado de los animales, pero también reforzar la confianza del consumidor en la carne bovina europea. 
Como único órgano de la UE elegido democráticamente, el Parlamento Europeo tiene naturalmente una responsabilidad especial. 
Debemos tomar en serio la exigencia del consumidor de unos alimentos de calidad, producidos con un gran respeto por los animales y la naturaleza. 
Las normas mínimas comunes más estrictas que ha establecido el Parlamento Europeo para la cría de terneros europeos constituyen un paso vital para lograr estos objetivos. 
Señora Presidenta, me temo que tengo que discrepar con nuestro ponente en lo relativo a su aparente creencia de que es más importante disponer de carne blanca que criar animales procurándoles el mayor bienestar posible. 
De hecho es posible producir carne blanca de ternero sin recurrir a esos métodos tan crueles que han constituido la práctica habitual en la Unión Europea, o al menos en algunos países de la Unión. 
Gracias a uno de nuestros colegas, el Sr. Sonneveld, dos colegas británicos y yo tuvimos la oportunidad de visitar este mismo año una explotación de terneros en los Países Bajos. 
Allí pudimos ver animales jóvenes que eran criados en establos y no en recintos individuales. 
Eran alimentados a base de maíz, además de leche, para evitar una posible anemia, y nos aseguraron que su carne era carne blanca de la mejor calidad, para la que existe un excelente mercado en Europa. 
Es evidente que algunos de los criadores que tengan que invertir en nuevos establos para transformar sus actuales recintos pueden tener problemas, por tanto tenemos que incluir una enmienda que prevea la concesión de ayudas. 
Pido a la Asamblea que apoye esta iniciativa, y le pido asimismo que vote a favor de todas las enmiendas que solicitan la presentación de propuestas, y que vote en contra de aquellas otras que proponen aplazar aún más estas mejoras o incluso permitir que el vacío legal se mantenga de modo indefinido. 
En la Unión Europea no deberíamos continuar la práctica de criar animales con métodos crueles, y es algo de lo que deberíamos avergonzarnos. 
Pido el apoyo de la Asamblea para las enmiendas que he mencionado. 
Gracias señora Presidenta y gracias al ponente por el informe. 
Aunque no estoy del todo de acuerdo con el ponente en este tema, puedo decir que, en términos generales, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, aunque al igual que le sucede a la Sra. Hardstaff, me gustaría que las normas se aplicaran con celeridad. 
Del informe del Comité Científico Veterinario se desprende con toda claridad que la cría de terneros en recintos individuales ocasiona graves problemas al bienestar de los mismos, por lo que creo que el período de adaptación no debe sobrepasar los cinco años. 
Es posible que la mayoría de las personas no sepan que los terneros de entre una y tres semanas de edad viajan en jaulas para terneros desde distintos puntos, posiblemente de toda la Comunidad, hasta una granja. 
Tres semanas es un plazo suficiente para que los terneros se acostumbren y para poder detectar y curar cualquier posible problema de salud. 
Por ello es preferible que durante esa fase se proceda lo antes posible a la agrupación de los terneros. 
Un joven ternero es un animal gregario y se guía por el instinto del rebaño lo más rápidamente que puede, y creo que negar al ternero esa posibilidad equivale a crear un problema para el futuro. 
Creo que tenemos un informe y una serie de enmiendas ante la Asamblea que todos podemos aprobar. 
No es un asunto cuya urgencia sean tan vital como otros de los que hemos tratado esta mañana. 
Las inquietudes existen desde hace mucho tiempo y es conveniente que tomemos la decisión aquí y ahora. 
También creo que debemos hacer algo para intentar fomentar el futuro de la producción de carne de ternero y que hagamos algo para alentar al consumidor a reconocer que la carne blanca de ternero se produce por medios saludables y adecuados, sin infringir ningún aspecto relativo al bienestar del animal. 
Señora Presidenta, para mí esta cuestión gira en torno a la medida en que uno ve al animal como un ser vivo y capaz de sentir, o como algo muerto. 
Por consiguiente, el punto de partida tiene que ser que debemos tener en consideración su conducta natural, su necesidad de espacio, y que son animales gregarios. 
Además, hay que tener en cuenta aquello que constituye su dieta natural. 
Las objeciones contra estos argumentos son en la práctica puramente económicos, mientras que los que estamos a favor partimos de un punto de vista ético. 
Les ruego a los que defienden los argumentos económicos que reflexionen. 
¿Qué es lo que hace que actualmente los ciudadanos no quieran consumir este tipo de carne? 
Son entre otras cosas los métodos brutales de cría, los aditivos artificiales en la comida y unos tiempos de transporte largos e innecesarios. 
Es esto lo que constituye una amenaza contra un sector de la carne que puede funcionar bien en Europa, no que se prohiba que los terneros estén más tiempo en recintos individuales, o que no se permita que se mantengan otras modalidades brutales de cría. 
Por consiguiente, votamos a favor de las enmiendas que favorecen una normativa más rigurosa, y contra las que quieren hacer la propuesta de la Comisión aún peor. 
Anteanoche, me encontraba cerca de aquí, en la montaña de los Vosgos, en casa de un productor del valle de Munster. 
Los terneros estaban tranquilamente alineados en el establo con su madre, otros estaban instalados de dos en dos en recintos cubiertos paja de aproximadamente 6m². 
Estaban sanos, hermosos, y, sin duda alguna, con toda seguridad, potencialmente deliciosos. 
Un joven animal que sufre no produce una carne de calidad. 
El sistema actual de producción de terneros metidos en casillas individuales debe ser reformado, sin caer en la sensiblería. 
Será preciso dejar un tiempo razonable a los productores para readaptarse, y será necesario ayudarles financieramente para obtener esos cambios, sin penalizarles injustamente. 
En nombre de mi Grupo, presenté varias enmiendas en este sentido, de las cuales la primera se refiere a una definición de los tipos de terneros- para eliminar las ambigüedades- y la otra, un limite físico de crianza- hasta 11O kilos en canal- más fácil de controlar que la edad del animal u otros factores. 
Deseo que, en un futuro próximo, todos los terneros sean criados como en el ejemplo que acabo de dar, en nombre de una nueva ética de producción y de protección de los consumidores, estimulando la crianza tradicional de los terneros con la madre. 
Señora Presidenta, Señorías, la protección de animales, como se sabe, es un asunto que adquiere cada día mayor significación política. 
Tanto el Parlamento como diversas sociedades protectoras de animales han expresado reiteradamente el deseo de que la Comunidad promulgue normas eficaces en este ámbito. 
La Comisión comparte esta visión de que hacen falta disposiciones comunitarias eficaces en materia de protección de animales. 
La opinión pública en la Comunidad y, de manera especial, los consumidores prestan gran atención a este delicado tema. 
La Comisión comprende plenamente estas preocupaciones y les puedo asegurar que va conceder prioridad a la protección de animales. 
La presente propuesta para la protección de terneros, basada en los mejores dictámenes científicos y prácticos disponibles, mejorará de manera esencial las exigencias en materia de alojamiento de animales. 
Quiero, por tanto, agradecer muy cordialmente a los diputados, especialmente al ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, señor Rosado Fernandes, y al ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, señor Olsson, el tratamiento profundo y positivo de la propuesta. 
A mi entender, la enmienda nº 2, la segunda parte de la nº 7 y la nº 25 representan una verdadera mejora del texto y lo refuerzan. Las acepto de buen grado. 
1, 4, 9, 10, 11, 23, 24 y 26 no se pueden aceptar porque desnaturalizarían la prohibición que proponemos de alojar terneros en recintos individuales. Según entiende la Comisión, el alojamiento en recintos individuales es perjudicial para el bienestar y no resulta necesario por motivos sanitarios, a excepción del caso de terneros muy jóvenes o cuando el veterinario decida que hace falta separar a un animal por motivos de salud o de conducta con objeto de poderle someter al tratamiento correspondiente. 
La enmienda nº 4 restringiría el ámbito de aplicación de la directiva a explotaciones de más de 10 terneros. 
A nuestro juicio, la directiva es importante para todos los terneros y no sólo para los de explotaciones con más de diez cabezas. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 3, 21, 28 y 33 porque es el Consejo el que decide qué partes de la directiva puede modificar la Comisión. 
No puedo aceptar las enmiendas núms. 5, 7 (primera parte) , 22 y 31 porque para esas cuestiones rige el anexo de la directiva, que la Comisión sólo puede modificar tras la intervención del Comité Científico Veterinario. 
Por lo que respecta a la enmienda nº 6, la presente directiva cuenta ya con las disposiciones para explotaciones construidas o reformadas entre 1994 y 1998. Según éstas, no se puede continuar explotando esas instalaciones más allá del 31 de diciembre de 2010. 
A mi entender, no hay razón para suavizar o prolongar este período transitorio. 
La enmienda nº 8, a mi juicio, está cubierta por la presente directiva y no va más allá de repetir su artículo 7. 
No se puede aceptar la enmienda nº 13 porque las repercusiones de la propuesta de la Comisión en los costes de alojamiento de terneros son, a nuestro juicio, asumibles. 
La enmienda nº 18 no se puede aceptar porque el artículo propuesto se refiere a una formulación standard que no resulta necesaria aquí. 
No se puede aceptar la enmienda nº 27 porque en materia de espacio la propuesta no se basa en el informe del Comité Científico Veterinario. Tampoco se pueden aceptar las enmiendas núms. 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 32 y 34 porque pretenden alterar el plazo de aplicación. La Comisión se ha decidido por un período transitorio de diez años por dos razones. 
La primera es que la fecha del 2008 de la nueva propuesta coincide con la de la directiva en vigor. La segunda razón es que se ha elegido este período de diez años para que los ganaderos no tengan que enfrentarse a costes adicionales originados por inversiones extras que deben efectuarse por adelantado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, en este asunto de los terneros en recintos, como la mayor parte de los asuntos agrícolas, todo el mundo es una víctima: los terneros son víctimas, los agricultores empujados a un hiperproductivismo loco, en el que el asunto de las vacas locas muestra hasta dónde puede llegar, y no estoy seguro de que los consumidores ganen con ello. 
Soy sensible a los argumentos del Sr. Rosado Fernandes, relativo a las 100.000 toneladas de suero de leche que van a envenenar el planeta, las 800.000 toneladas de carne que van a desestabilizar un poco más el mercado, las 42.000 familias que van a encontrarse en el paro, la hemoglobina, el hierro, etc. 
No obstante, la realidad, la elección no se sitúa entre el productivismo y el sentimentalismo, sino entre un orden natural de las cosas y un orden que no lo es. 
La prioridad pertenece al orden natural de las cosas y éste no es que los terneros se encuentren en campos de concentración. 
Las cosas son muy claras: se plantea un problema presupuestario para adaptar los recintos, es preciso solucionarlo y poner fin, comenzando por los terneros, a esta agricultura poco razonable que nos ha llevado hasta el asunto de las vacas locas. 
Los problemas relativos al bienestar de los animales son consecuencia, en gran medida, de la tendencia general a la intensificación y ampliación de la agricultura. La actuación política de los últimos decenios ha estimulado en gran parte esta evolución. 
Por lo tanto, sería injusto que los problemas del bienestar en la cría de terneros repercutiesen unilateralmente en este sector. 
Hemos de considerar de un modo serio las consecuencias sociales y económicas de la nueva normativa. 
Es necesario imponer restricciones al alojamiento de terneros en recintos individuales. 
El actual método de producción no cumple suficientemente las exigencias elementales sobre libertad de movimiento, toma de alimentos, etc. En líneas generales, estoy de acuerdo con las propuestas de la Comisión. 
Al fijar la fecha de entrada en vigor de la nueva directiva para el año 2008, se opta por un enfoque realista, en el que las empresas disponen de tiempo suficiente para adaptarse. 
En cambio, cabe preguntarse si las empresas tendrán capacidad financiera para llevar a cabo las inversiones necesarias. 
Pese a la oposición social al alojamiento en recintos individuales, cabe la duda de si el consumidor estará dispuesto a pagar un precio más elevado por la carne producida según un método respetuoso con los animales. 
Por ello, insto a la Comisión a que estudie exhaustivamente las consecuencias financieras y, si procede, a que formule propuestas para conceder una subvención temporal destinada a estimular la adaptación en favor del alojamiento colectivo. 
Por otra parte, me preocupan las empresas que ya se han adaptado voluntariamente al alojamiento colectivo. 
Debido a las fuertes inversiones que han realizado, por ejemplo, en la reforma de sus establos, se encuentran, en la actualidad, en una situación financiera precaria. 
Gran parte de las explotaciones ganaderas no cumple aún con las normas propuestas. 
Si estos precursores han de cumplir en el año 2008 las nuevas condiciones de bienestar, se verán obligados a amortizar anticipadamente las medidas ya adoptadas en favor de una producción respetuosa con los animales. Con ello serían sancionados por su buena conducta. 
La propuesta del ponente de que se conceda un aplazamiento hasta el año 2013 a las empresas existentes que dispongan de instalaciones para el alojamiento colectivo merece por tanto, nuestro apoyo. 
Por último, tengo mis dudas sobre la posibilidad de control de las nuevas normas. La Comisión propone fijar las dimensiones mínimas de los recintos en función del tamaño del ternero. 
Por consiguiente, las normas, por así decirlo, crecerán a la par que los animales, lo cual dificultará el control sobre su cumplimiento. La fijación de las dimensiones de los recintos, expresada en centímetros, facilitaría el control. 
El hecho de que no haber adoptado la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente en cuestión es una oportunidad fallida. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Ruego muy encarecidamente que se vote- porque es una urgencia- el informe Lulling sin debate y que los demás informes se aplazen o se examinen sin debate por el siguiente motivo: todos, a mi entender, tenemos un apremiante interés en que se examine hoy el tema de la bioética y quizá antes, al votar, no quedó claro para todos que el servicio de interpretación concluirá a las 13.00 horas; y como Usted opinó que los intérpretes trabajarán más tiempo, existe el peligro de que por segunda vez no podamos aprobar la resolución. 
Quisiera pedirles encarecidamente que consideremos una vez más el curso de los acontecimientos ya que corremos el peligro de que se elimine del orden del día el tema bioética. 
Por esta razón les insto a considerar este asunto como urgencia (sé que podría dar lugar al inicio de un debate sobre el Reglamento) , a anticipar el informe sin debate y a examinar después el punto bioética. 
Señora Presidenta, estoy completamente de acuerdo ya que sólo he de decir una frase sobre mi informe. 
Concretamente, quiero hacer una corrección oral a nuestra enmienda. 
Eso es lo único, pero tengo que hacerlo porque si no, la Asamblea no sabrá de qué se trata. 
Yo estaría de acuerdo con la propuesta. 
Es muy complicado. 
Tenemos un orden del día repleto. 
Yo lo siento, pero es lo que ha decidido la Asamblea con el acuerdo de los Presidentes de Grupo. 
Todavía quedan ocho puntos en el orden del día. Yo no puedo saltármelos y adelantar sin más un punto de dicho orden. 
No se puede trabajar así. 
Todos han de dominarse y trabajar rápido para llegar a ese punto del orden del día con tiempo. 
Podemos prescindir en la práctica de un debate siempre que los oradores estén dispuestos, pero yo no puedo proceder a una modificación del orden del día cuando se ha votado sobre ello con anterioridad. 
Se trata de no perder tiempo. 
Si trabajamos con rapidez, podemos votar sobre el asunto. 
De momento, no veo ninguna otra posibilidad. 
Muy brevemente. 
Creo que hay que aclarar si la Asamblea está de acuerdo en que se examinen los demás informes sin debate. 
En ese caso, podemos lograrlo. 
Y el que se oponga ha de saber que es responsable de que el Parlamento Europeo no trate este tema candente de «la dignidad del hombre y la medicina». 
Doctor Liese, ciertamente es una propuesta muy hermosa, pero he de decir que las comisiones han elaborado el informe y que los diputados tienen la posibilidad de hablar. 
Lo que puedo hacer cuando se pase a considerar el informe es preguntar a los oradores si renuncian a intervenir. 
Es lo único que puedo hacer. 
Señora Presidenta, hace un momento, mi compañero, doblemente furioso, Jean-Pierre Cot, hizo una intervención llena de sentido común. 
Si un tema como la bioética es tan importante como se dice- y lo es- es seguro que no puede escamotearse en un hemiciclo vacío, entre dos trenes y entre dos aviones. 
Sr. Liese, estoy tan de acuerdo en que el tema es fundamental, que estoy en contra del hecho de escamotearlo. 
Por este motivo, es estúpido privarse unos y otros de nuestro tiempo de palabra para escamotear un debate fundamental. 
Protección contra determinadas zoonosis 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0237/96) del Sr. Martinez, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0491- C4-0527/95-95/0255 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 92/117/CEE relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis en animales y productos de origen animal, a fin de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos 
Dado lo escaso del tiempo, renuncio a intervenir, pero pido que se incluya mi intervención como explicación de voto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, ha bastado la sospecha de que la enfermedad EEB de las vacas sea transmisible a los seres humanos para que casi se desmorone el mercado europeo de carne de vacuno. 
La recuperación de la confianza de los consumidores cuesta miles de millones de ecus de fondos públicos. 
La EEB ha originado una profunda crisis política en la Unión Europea. 
El Gobierno británico ha bloqueado al Consejo durante meses y lo seguirá haciendo. 
Durante años el Gobierno británico ha descartado el peligro de una posible transmisión de la EEB a los seres humanos y ahora aflora que la Comisión también participó en esa maniobra de camuflaje. 
Nos gustaría tener la esperanza de que la Comisión ha aprendido la lección, pero, evidentemente, no es el caso. 
Señor Comisario, le he hecho una pregunta sobre el llamado sida de las vacas. 
Se trata de un virus VIB, que pertenece, como el VIH, al grupo de los retrovirus. 
En su respuesta, señor Comisario, explica usted que esta enfermedad ha aparecido en una explotación del Reino Unido, pero ya en el siguiente párrafo se refiere usted a la difusión mundial del virus VIB. 
Luego habla usted, cito textualmente, de que existen buenos argumentos para excluir que los VIB y los otros retrovirus que aparecen en animales tengan repercusiones en la salud humana. 
Según mis informaciones, existe el peligro de que los virus VIH se transmitan de los monos a los seres humanos. 
Induce, precisa usted, a confusión, señor Comisario, a confusión hablar de inmunodeficiciencias congénitas, esto es, de sida, porque esa enfermedad no produce síntomas parecidos al sida. 
Pero al mismo tiempo menciona usted que son necesarios más estudios para que la Comisión pueda estimar la importancia de los virus VIB. 
Esta línea argumental me suena familiar. 
Es la misma argumentación que se usó durante años con la EEB. 
Ahora se encuentra la Comisión ante un montón de trizas económicas. 
La Comisión tiene que implantar a toda velocidad el principio del causante también en la agricultura. 
La Comisión tiene que reconocer que favorece la difusión epidémica de los agentes zoonóticos a través de la agricultura intensiva que subvenciona la UE con la mitad de su presupuesto. 
Señora Presidenta, quisiera precisar en seguida que no pretendo agraviar a los colegas que estaban más interesados por la bioética, pero, como ha subrayado muy bien el ponente, Sr. Martinez, este informa que parecía destinado a interesar exclusivamente a los veterinarios o poco más, con la explosión del caso de la EEB, con su inclusión sobre todo en el diálogo de la Comisión de investigación, reviste, en cambio, un grandísimo interés y sobre todo es de gran actualidad. 
Ayer nos reunimos durante cuatro horas con la Comisión de investigación sobre la EEB y precisamente durante esa labor surgieron lagunas, nuevas preocupaciones, que motivan una prosecución del debate sobre este informe, dado que, de entre las cerca de 200 zoonosis que se están estudiando hoy en Europa, podríamos decir que la EEB es aún clamorosamente la menos conocida, no sólo por los efectos que puede tener en el hombre y, por tanto, por la posibilidad de que llegue a ser el agente transmisor de la famosa enfermedad de Creutzfeld-Jacob, sino también por los efectos que tiene en los propios animales. 
El presente informe representa, por tanto, otro motivo de profundización en un momento de grandísima preocupación para Europa, después de los hechos que el Comisario Fischler nos ha dado a conocer también hoy. 
Así, pues, no debe parecer un informe inferior a los otros, no debe parecer una ocasión para desperdiciar el tiempo. 
Es un llamamiento más a una mayor concentración de empeños y esfuerzos, a una mayor voluntad de luchar con transparencia, claridad, pero sobre todo con una disponibilidad de medios adecuados. 
Ayer supimos que la Comisión, durante los años nefandos del llamado «agujero negro» en la lucha contra la EEB, cuando, después de la alarma, no se hizo prácticamente nada o poco para intentar comprender las causas e intentar encontrar remedios, supimos- decía- que no disponemos de medios para organizar los equipos de los inspectores, para pagarles los viajes, para ir a pedir a los científicos de gran fama que contribuyan a aclarar esta epidemia. 
¡Eso es preocupante! 
Si ha sucedido con una de las 200 zoonosis de aquel momento, ¿qué podemos decir de las otras que hasta ahora sólo en parte son objeto de estudio? 
He de decir que la preocupación básica sigue siendo la misma: ante todo, la salud del ciudadano; después, en segundo plano, la tutela del mercado. 
Pero precisamente por la salud del ciudadano estamos preocupados nosotros en relación con las noticias que nos llegan de los estudios de los científicos. 
Se dice que no existe total seguridad de que la EEB u otras zoonosis puedan afectar a la salud del ciudadano o a la enfermedad de CreutfeldJacob. 
Pues bien, he de decir que, si los científicos no tienen valor o son prudentemente protegidos tras los datos que la ciencia pone a su disposición, más valiente es, involuntariamente, la estadística, si es cierto que en los cuatro primeros meses de este año- para no abrumar a Sus Señorías con números, cito sólo algunas cifras referidas al momento que estamos viviendo -, la enfermedad de Creutzfeld-Jacob ha afectado a dos sujetos en Francia, tres en Italia, uno en Alemania y once en el Reino Unido. 
Pero, ¿quién tiene aún el valor de decir que tal vez la EEB no afecte al hombre, que tal vez no tenga nada que ver con ese tipo de enfermedad? 
¿Quién nos dice, además, señora Presidenta, que esa EEB no pueda tener presencias negativas en otras formas de enfermedad que aún no conozcamos? 
Ésa es la razón por la que es lógico preocuparse, es lógico que este debate se haya celebrado y, como penitencia, prometo escuchar también todo el debate sobre la biotecnología o sobre la bioética. 
Señora Presidenta, yo también quisiera contribuir a ahorrar tiempo. 
No obstante, he de dejar clara una cosa: la Comisión no rechaza las enmiendas del Sr. Martinez porque no esté interesada en contar con los mejores datos posibles sobre la EEB, sino porque, si se aceptaran sus enmiendas, lo que se conseguiría es un empeoramiento de la información. 
En este momento, la frecuencia y el detalle de las informaciones sobre la EEB son mayores que las previstas en las enmiendas. 
Dicho esto, quisiera añadir lo siguiente para la señora Crepaz: estoy completamente dispuesto a exponerle fuera del pleno cómo se comportan los virus VIB ya que he podido inferir de su intervención que su información tiene bastantes lagunas. 
El objetivo de la Directiva 92/117/CEE es crear un sistema fiable de notificación de casos de zoonosis. 
Se entiende por zoonosis las enfermedades y/o infecciones de los animales que se pueden transmitir directa o indirectamente al hombre. 
Hay que revisar esta directiva ya que la prevención y la lucha contra la zoonosis ha adquirido una importancia enorme en los últimos años. 
Hasta que se concluya esta revisión, la Comisión propone prolongar los plazos de ejecución actualmente en vigor. 
La Comisión de Agricultura apoya esta prórroga con el informe del Sr. Martinez. 
El ponente propone, además, incluir la enfermedad de las vacas EEB como una zoonosis potencial en un nuevo artículo de la lista de dichos agentes. 
La Comisión de Agricultura adoptó estas propuestas. 
Como portavoz del Grupo del PPE quisiera apoyar esta propuesta. 
Cuando aparecieron los primeros casos de EEB en 1986 se sabía muy poco de esta enfermedad. 
Se suponía que su origen estaba en la Traberkrankheit (brucelosis? ) de las ovejas. 
En aquel momento, nadie hubiera pensado que la enfermedad pudiera suponer un peligro indirecto para los seres humanos. 
Al hacerse pública una nueva variante de la enfermedad de CreutzfeldJakob en marzo de este año, se acrecentaron las sospechas de que la EEB se puede transmitir a los seres humanos. 
Sin embargo, a pesar del intenso trabajo de investigación, no se ha podido ofrecer hasta ahora la prueba científica de esta relación. 
La agricultura europea se encuentra desde entonces sumida en su crisis más dura. 
La confianza del consumidor ha dado paso a una amplia desconfianza. 
En gran parte de la Unión Europea el mercado de carne de vacuno prácticamente se ha desmoronado. 
Muchos ganaderos, pero también operadores de mataderos e industrias cárnicas, están a punto de arruinarse. 
Las reacciones más extremas de los consumidores se dan, ante todo, en países donde no ha habido ningún caso de EEB. 
Lo que necesitamos ahora, además de apoyo financiero a los ganaderos, son medidas que restauren la confianza para conseguir que aumenten las ventas. 
Necesitamos controles efectivos y un sistema de designación obligatorio para la carne de la Unión para que el consumidor pueda reconocer el origen regional de la carne. 
Nos hacen falta sistemas de garantía de origen como los que existen en Alemania. 
Con la inclusión de la EEB como posible zoonosis en la Directiva 92/117/CEE el Parlamento Europeo fomenta un examen sistemático de esta enfermedad. 
Es una aportación a la tarea de recuperar la confianza del ciudadano europeo en la carne de vacuno. 
Voto a favor de las propuestas de modificación que contiene el informe Martinez, pero no obstante tengo una objeción sobre las afirmaciones incorrectas que se incluyen en el texto principal. 
Por lo que respecta al llamado «integrismo escandinavo de la salmonela» , podemos comprobar que antes de que Suecia fuera miembro de la UE, habíamos prácticamente erradicado la salmonela del país, mientras que nuestro vecino escandinavo, Dinamarca, tenía una frecuencia relativamente alta de salmonela en la carne de ave. 
Dudo de que esta diferencia se deba a la diversidad en el grado del miedo que se tuviera, o a la diversidad en el número de las medidas higiénicas de precaución y de los requisitos de sanidad. 
El motivo era más bien que en aquellos tiempos podíamos ejercer unos controles fronterizos rigurosos, y que limitábamos la utilización de antibióticos en los piensos. 
Nunca creí que en un informe público del Parlamento se calificase el respeto de Suecia por la salud pública y nuestra lucha eficaz contra la salmonela de «integrismo escandinavo de la salmonela». 
Además, el ponente acusa más o menos a los pueblos del norte de Europa de ser unos hipocondríacos por lo que a la salmonela se refiere. 
Sobre el motivo de que el número de casos de infecciones debidas a la salmonela aumente cuanto más nos alejamos de la zona del Mediterráneo y nos movemos en dirección a Escandinavia se pueden elucubrar muchas teorías. 
Por mi parte, pienso que el motivo es que nosotros tenemos unos exámenes sanitarios más rigurosos y una asistencia médica muy eficaz, lo cual tiene como resultado que en Escandinavia se da tratamiento a todos los casos de infección por salmonela. 
No creo que los exámenes médicos y la asistencia en general funcionen con una eficacia igual en la región del Mediterráneo. 
El ponente ha formulado bajo la rúbrica de su informe «las diferentes percepciones culturales de las zoonosis» unas procacidades directas, de las que los miembros del Parlamento Europeo deben abstenerse, especialmente en la labor de redacción de informes oficiales. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0-0212/96) del Sr. Carnero González, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (95) 0216- C4-0197/95) sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países 
Señora Presidenta, voy a intervenir de la manera más breve posible para facilitar que abordemos el conjunto del orden del día. 
Estamos hablando de una cuestión sin duda alguna muy significativa para la enorme mayoría de los ciudadanos de la Unión, que consideran que el proceso de construcción europea no debe ser ni única ni exclusivamente económico o monetario. 
Si queremos un proceso de construcción política, es evidente que debemos fundamentarlo en la defensa y desarrollo de unos principios democráticos claros y de unos derechos humanos inviolables. 
El Parlamento Europeo ha estado siempre en primera línea a la hora de demandar que la Unión estableciera una verdadera política de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos a nivel internacional. 
La presión conjunta de la sociedad civil y de esta Asamblea ha servido para que poco a poco, con mayor o menor resistencia, el Consejo fuera aceptando el principio de que los acuerdos establecidos con terceros países debían contemplar al tiempo un marco político de impulso de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
Es en esa dirección, de una manera positiva, que entendemos el contenido de la comunicación presentada por la Comisión al Consejo. 
Para que esa política de promoción de los derechos humanos y los principios democráticos sea posible, son al menos necesarias tres cosas: la primera, que obedezca a una línea estratégica; la segunda, que se aplique siempre y en todos los casos, y la tercera, que sea fijada e impulsada con la participación de una pluralidad de actores. 
Se trata de que la Unión utilice de manera firme y simultánea, así como meditada, el instrumento que representan los acuerdos con terceros países para promover la democracia y los derechos humanos. 
Evidentemente, el horizonte en este terreno debería consistir en eliminar las dobles varas de medir y las excepciones dependientes de la importancia económica de la contraparte de la Unión. 
Y para ello es fundamental una sistematización de la política que debería pasar por varios ejes: definir de la manera más nítida posible qué significan los principios democráticos y los derechos humanos, que, desde mi punto de vista, deben estar basados en los conceptos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia; una promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos, realizada bien a través de medidas positivas bien a través del ejercicio de la sanción, y la limitación al máximo, en el proceso de toma de decisiones, de la discrecionalidad del Consejo a la hora de aplicar lo que podríamos denominar en general la «cláusula democrática» , ya que ahora el éxito reside también en que las acciones en este ámbito se enmarquen en una verdadera política exterior y de seguridad común que dé juego a todos los actores de nuestra sociedad. 
El deber del Parlamento consiste en presionar al máximo en esa dirección, teniendo en cuenta la independencia de criterio de la que goza y de la que, por razones objetivas, no gozan los gobiernos. 
Hay que conseguir que se vaya lo más lejos posible como demanda la opinión pública. 
Y en esa dirección va el informe que presento con el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos Exteriores, proponiendo la inclusión en el nuevo Tratado de la Unión Europea de una cláusula que implique incluir el respeto de los derechos humanos de una manera normativa y general, alentando a que se utilice la cláusula más avanzada, demandando que el Consejo y la Comisión tengan en cuenta la opinión del Parlamento y que éste pueda hacer recomendaciones en ese sentido, pidiendo también que el Consejo tenga en cuenta a la hora de establecer sus acciones, los criterios del Consejo de Europa, la ONU, OIT y las principales ONG y, al fin y al cabo, solicitando que el Consejo actúe en este ámbito por mayoría cualificada y no por unanimidad. 
Señora Presidenta, la credibilidad de la Unión depende de su capacidad de ser consecuente en sus actuaciones diarias a todos los niveles con los principios que fundamentan nuestra convivencia democrática. 
No se trata de imponer algo ajeno a nuestros amigos en el mundo. 
Se trata también de que nuestra convicción de defender los derechos humanos no sea nunca relativizada y se ponga en el frontispicio de nuestra acción política diaria. 
Señora Presidenta, terminaré pronto. La Comisión de Desarrollo y Cooperación ha adoptado un dictamen excelente y me refiero al texto escrito. 
El lunes pasado ya observé en mi propio Grupo que, a mi juicio, será sumamente ridículo aplazar el informe Carnero para el viernes. 
Pese a ello, colaboro gustosamente en todos aquellos aspectos que aporten eficacia a este Parlamento. 
Le entregaré mi texto escrito y gracias, Sr. Carnero, por su excelente informe. 
Me pone usted en una dificultad, señora Presidenta, porque este tema es realmente muy importante y, como hay materias que rozan con la Conferencia Intergubernamental, donde en gran parte sostenemos la propuesta que ha sido establecida por el informe del Sr. Carnero, me gustaría explicar por qué en otras materias disentimos y, al mismo tiempo, también me gustaría poder informar al Parlamento de cuáles son las posiciones que está manteniendo la Comisión en orden a la modificación del artículo 228 del Tratado. 
Pero, teniendo en cuenta que la mayoría de los oradores han renunciado al uso de la palabra, si el Sr. Carnero no lo ve de mi parte como una falta de atención a su informe, no tengo ningún inconveniente también en entregar por escrito el documento de la Comisión que sigue las líneas generales del informe del Sr. Carnero, pero que en algunas cuestiones precisas que tienen que ver con la Conferencia Intergubernamental, con la forma de tratar no sólo el problema de derechos humanos in extenso, sino también el de los derechos sociales, protección de la infancia, trabajos forzados, etc., tenemos ideas propias de cómo progresar en el futuro en el conjunto de los acuerdos internacionales. 
Señora Presidenta, le ruego que, en su condición de Presidente en funciones, lleve usted un informe a la Mesa para que conozca las condiciones de degradación en que se han desarrollado los trabajos esta mañana. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, en modo alguno pretendo renunciar a mi tiempo de uso de la palabra; más aún: le pido que no cuente el tiempo que voy a emplear para la observación que pretendo hacer a la que me parece su interpretación de considerar posible que se hagan contribuciones escritas cuando se trate de intervenciones durante el debate. 
Me parece muy grave que deje pasar ese procedimiento. 
Las explicaciones de voto pueden entregarse también por escrito, pero no, desde luego, las intervenciones durante el debate. 
Paso, pues, a la explicación de voto para decir que es en verdad grave y lamentable que, habiendo sólo treinta diputados delante del Vicepresidente Marín, estemos examinando aquí un asunto tan importante. 
La de la inclusión de la cláusula de los derechos humanos en los acuerdos con terceros países es una conquista fundamental: ha sido una conquista del deber y del derecho de injerencia que durante tantos años, al menos desde la época del Comisario Natali, el Parlamento Europeo ha intentado sacar adelante con tenacidad. 
Con profunda satisfacción debemos dar las gracias a la Comisión y al Comisario Marín, en particular, por seguir por esa vía e intentar corroborarla del mejor modo. 
Ayer votamos una resolución sobre el Tribunal Penal Internacional. 
La idea que ya expresé ayer y que muchos colegas hicieron suya es la de que, en un futuro más o menos próximo, se pueda incluir también la competencia del Tribunal Penal Internacional como factor de condicionalidad de los acuerdos de la Comunidad con terceros países en la cláusula sobre los derechos humanos. 
Me parece un asunto muy importante: ha sido grave tratarlo con un número tan exiguo de participantes y la Comisión es digna de encomio por llevar adelante, a ser posible, e intentar inscribir esa cláusula en los futuros acuerdos de revisión del Tratado. 
Quisiera aclararlo una vez más. No se ha obligado a nadie a no hablar, sino que cada cual ha decidido renunciar a su intervención oral o transformarla en una explicación de voto escrita. 
Una intervención oral es algo distinto a una explicación de voto. 
En la línea de la resolución propuesta, pretendo manifestar apoyo a la comunicación de la Comisión, que se orienta hacia un progreso deseable en el sistema de promoción de los derechos humanos en la acción exterior de la Unión Europea. 
Ese sistema ha conocido avances importantes, sobre todo a partir del fin del sistema comunista, cuando se pudo desligar la defensa de los derechos humanos del conflicto ideológico y geoestratégico y se pudo comprender la llamada «condicionalidad» como algo que debe interesar, ante todo, a los pueblos de terceros países. 
En efecto, la defensa de la democracia y de los derechos humanos en el nivel internacional no se puede entender- ni se debe practicar- como una forma de imposición de un sistema político, occidental o europeo, extraño a las realidades sociológicas o a las tradiciones autóctonas, sino como una forma de promover valores universales y, desde luego, de garantizar a los pueblos y a las personas la defensa contra regímenes despóticos y el acceso, control e influencia sobre el poder, indispensable para que todos puedan disfrutar de los resultados del desarrollo. 
Así, el apoyo a las propuestas de la Comisión presupone la garantía de respeto, por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, de los siguientes principios fundamentales: 
de la universalidad, independientemente de las diferencias geográficas, religiosas, culturales o políticas; -de la indivisibilidad entre los derechos personales, cívicos y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales; -de la interdependencia entre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo.Por eso, no es admisible que la Unión Europea o sus Estados miembros se muestren a veces más exigentes ante la situación existente en terceros países que respecto de lo que sucede en varios de nuestros países. 
Basta con pensar en la reciente ola de expulsiones de inmigrantes «sin papeles» para concluir que no todo va bien ni siquiera en los países que se consideran, y con razón, herederos de un valioso patrimonio de derechos humanos. 
No podemos permitir que haya dos pesos y dos medidas, ya sea entre Europa y los países del Tercer Mundo o entre terceros países, por motivos que violen el principio de universalidad. 
El fin de la guerra fría no permite por más tiempo que Arabia Saudita siga siendo tratada sin el rigor aplicado al Irak o que se siga aplicando a Cuba una exigencia que no se aplica a Colombia. 
Los intereses económicos europeos no pueden legitimar el continuo apoyo a la Indonesia de Suharto o al Zaire de Mobutu. 
No hay farsa electoral alguna que pueda legitimar a personajes como Mobutu, entre otros beneficiarios de una larga complicidad por parte de varios países europeos. 
Los principios universales citados tampoco permiten que se aplique el mayor grado de exigencia a los frágiles países de un Africa deprimida, en contraste con la escandalosa tolerancia de que se benefician ciertos «tigres» del Asia sudoriental tan sólo porque poderosos intereses de un mercado mundializado y desreglamentado obliguen a ciertos dirigentes políticos a hacer la vista gorda. 
La mundialización exige imperativos también mundiales de garantía de la democracia y de los derechos humanos. 
Tampoco podríamos aceptar que se siguiera sin exigir el respeto de los derechos sociales fundamentales en las relaciones económicas y comerciales. 
Previniendo contra el proteccionismo disfrazado, que perpetuase un orden económico internacional injusto, abogamos por la inclusión de la cláusula social en los acuerdos internacionales de comercio. 
Por último, apoyamos las propuestas del informe en pro de un fortalecimiento de los medios de control y de asistencia técnica, así como de las «medidas positivas» utilizables por la Unión Europea. 
Por último, se debería fortalecer la intervención consultiva del Parlamento Europeo, ya sea en las negociaciones internacionales de la Unión Europea o en el control y la sanción de las normas de los tratados internacionales en lo relativo a los derechos humanos. 
Felicito al ponente por su excelente informe, ya que añade a la acertada comunicación de la Comisión unas interesantes propuestas destinadas a reforzar la política exterior de la Unión Europea en materia de derechos humanos. 
La Unión Europea goza de una buena reputación en este ámbito y debe esforzarse al máximo para que esta política sea lo más eficiente y eficaz posible. 
La inclusión de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos de la Unión Europea tiene una gran utilidad, aunque se requiera además el control de su cumplimiento. 
De ahí la necesidad de continuar desarrollando criterios controlables. Su aplicación ha de ser vigilada estrictamente. 
El buen intercambio de información entre las instituciones y los Estados miembros reviste una importancia especial en este proceso. La Unidad de Análisis de la PESC que se creará después de la CIG deberá estar dotada, en todo caso, de una sección con competencia específica en materia de derechos humanos. 
Se incluye en este concepto la presentación de un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los países con los que la Unión Europea haya celebrado un acuerdo. 
En mi opinión, es muy importante un control efectivo de las sanciones y embargos aplicados por la Unión Europea a terceros países. 
No debe ser un control sobre el papel, sino un control efectivo. 
La fuerte reducción de los créditos para el control del cumplimiento de los embargos propuesta por la Comisión y el Consejo durante el procedimiento presupuestario se opone diametralmente a ello y, por consiguiente, debe ser desestimada. 
Es obvio que lo deseable sería encontrar un equilibrio adecuado entre los instrumentos positivos y negativos para analizar la situación de los derechos humanos en terceros países. 
No sólo las sanciones, sino también la ayuda a las fuerzas democráticas, así como el control en las elecciones, pueden dar resultados importantes. 
Por último, agradezco a la Comisión el interés que ha mostrado en su comunicación por mejorar la cohesión, la transparencia y la posibilidad de control del planteamiento comunitario. 
La cuestión de los derechos humanos no ha de subordinarse a los intereses económicos. 
En esa medida, hay que atajar las veladas tendencias del Consejo. 
Mientras que en los tratados de asociación las violaciones graves de los derechos humanos pueden resultar en suspensiones parciales de los convenios, en el caso de la llamada cláusula búlgara sólo se prevé esta medida en situaciones especialmente imperiosas. Ahora se empieza a reflexionar públicamente, además, sobre la manera de utilizar los convenios interinos para suprimir estas cautelas en los convenios económicos. 
Por eso, es urgente poner coto a estas tendencias con el informe Carnero-González. 
El siguiente paso sería que la Comisión sacara de una vez de la profundidad de sus cajones las directivas de negociación para aplicación de esta cláusula e incluyera la cláusula de respeto a los derechos humanos, tanto en los acuerdos con la llamada cláusula búlgara como en todos los convenios futuros. 
La inclusión de la cláusula de los derechos humanos internacionales en el Tratado Maastricht II también sería una medida para consagrar el carácter vinculante del respeto a los derechos humanos en las actividades económicas de la UE. 
El concepto de derechos humanos es el principio que sostiene nuestra democracia. 
Conviene que no se socave esa base fundamental de nuestras sociedades, al pretender sumarle todas las «modas» del día. 
Pero, por otro lado, es preciso subrayar que ese concepto no deja de tener un sentido evolutivo. 
Así será, a medida que la sociedad depura su conciencia social, a medida que surgen nuevas formas de delincuencia «en red» , de que el reciente caso de pedofilia constituye un ejemplo siniestro. 
Así será, a medida que la sociedad depura su conciencia ética, a medida que ha de afrontar los nuevos problemas resultantes de los avances de la ciencia, de los que los casos de manipulación genética e informática son ejemplos alarmantes pero no cínicos. 
Negarnos a enriquecer el concepto de derechos humanos es condenar, tarde o temprano, la propia democracia, la misma que queremos ofrecer de ejemplo a los terceros países con los que establecemos acuerdos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, quisiera dirigirme directamente al Sr. Marín y decirle, en primer lugar, que realmente lamento la manera en que se está desarrollando esta parte de la sesión. 
Apreciamos mucho su trabajo y nos hubiera gustado que la calidad de su trabajo y la del ponente tuviera un eco mucho más amplio en este Parlamento. 
El Grupo de los Socialistas Europeos quiere señalar aquí que, dado que el tema es desafortunadamente importante, deseamos firmemente que tenga lugar otro debate en este Parlamento, sobre este tema que, realmente, compromete al conjunto de Europa y de sus valores. 
En segundo lugar, creo que hay un determinado número de nuestros compañeros que no han hablado porque han querido protestar contra el hecho de que estamos, efectivamente, en viernes por la mañana. 
Sabemos muy bien que son realmente los últimos acorazados los que se quedan, los duros, o aquellos que toman su avión más tarde, pero también los que están interesados en el tema. 
Era, digamos, una protesta positiva, y quisiera pedir al Sr. Marín que la tome como tal. 
Además, hay una segunda actitud, la de algunos compañeros que quisieran retrasar los debates, incluso un debate tan importante como este. 
¿Por qué? 
Por una razón de mera táctica: es porque desearían que se llegara rápidamente a una votación a hurtadillas sobre un tema importante, el de la bioética. 
Entonces, evidentemente, para crear la expectación sobre la bioética, disimulan el debate sobre este informe sumamente importante. 
Personalmente, lo lamento mucho. 
Repito que realmente apreciamos el trabajo de nuestro ponente y también que tenemos en alta estima, Sr. Marín, sus tomas de posición, incluso si no siempre estamos totalmente de acuerdo. 
Señora Presidenta, la Comisión comparte, en términos generales, la visión del Parlamento Europeo. 
Creemos que, efectivamente, hay que reformar el Tratado y su artículo 228. 
Somos partidarios de que haya, a ser posible, una sola cláusula de derechos humanos y pensamos que el modelo que se encuentra en el Acuerdo de Cooperación con Bulgaria, incluido el sistema de suspensión, es el más correcto. 
Pero quiero hacer esta precisión: la Comisión no está de acuerdo con el Parlamento Europeo en incluir la cláusula de derechos humanos en todos los acuerdos internacionales de la Unión Europea. 
Pensamos que hay que hacerlo en los acuerdos de cooperación económica, acuerdos de cooperación financiera y acuerdos de cooperación al desarrollo. 
Me explicaré: hacemos acuerdos internacionales, por ejemplo, en el sector marítimo. 
No tiene mucho sentido incluir la cláusula de derechos humanos en un acuerdo sobre el sector marítimo. 
Hacemos acuerdos muy técnicos sobre doble fiscalidad. 
Parece que no tiene mucho sentido, en un acuerdo de doble fiscalidad, incluir la cláusula de derechos humanos. 
Hacemos acuerdos sobre normalización de estándares dentro del mercado interior, por ejemplo, estándar de lavadoras, de neveras, de televisores, de coches. 
Parece que no tiene sentido que en un acuerdo de normalización de estándares del mercado interior se incluya una cláusula sobre derechos humanos. 
Redes telemáticas para las estadísticas de los intercambios de bienes (EDICOM) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0274/96) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta modificada de decisión del Consejo relativa a las redes telématicas entre administraciones para las estadísticas de los intercambios de bienes entre estados miembros (EDICOM) (COM (96) 0319- C4-0420/96- C4-0421/96-96/0173 (SYN). 
Señora Presidenta, este informe no se debate por razones de tiempo. 
Renuncio a presentarlo porque todo el mundo estaba de acuerdo en la urgencia solicitada por el Consejo para evitar una interrupción de las acciones EDICOM. 
Por tanto podemos pasar a la votación. 
Presentamos una pequeña enmienda, en forma de considerando, para situar esta decisión EDICOM en el marco de las orientaciones generales en materia de redes transeuropeas de telecomunicación. 
Como la decisión del Consejo sobre estas redes todavía no han tenido lugar, es preciso suprimir de nuestra enmienda la referencia a la fecha de esta decisión, es decir terminar el texto después de la palabra «telecomunicación». 
En lo que concierne al resto, renuncio a presentarlo y daré como explicación de voto la introducción que quería hacer a mi informe. 
Sin embargo, permítame decir una palabra, señora Presidenta. 
Si este Parlamento está de acuerdo en conceder la urgencia, unánimemente, a un texto que es urgente, no comprendo por qué no se le inscribe al principio de una sesión, ¡incluso la del viernes por la mañana! 
¡No toma más que tres o cuatro minutos! 
Me pregunto cómo se fijan los órdenes del día en este Parlamento. 
Pido que se pase a la votación. 
Estoy segura que el señor Comisario también está de acuerdo conmigo en aceptar esta modificación oral a nuestra enmienda. 
Señora Lulling, la Comisión ha tomado nota de la enmienda modificada, propuesta por usted, y la Comisión acepta integrar en su propuesta este considerando bajo la nueva fórmula que usted ha presentado. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
No habiendo podido, por razones de tiempo, presentar oralmente mi informe, quiero señalar las razones por las cuales éste tuvo que ser tratado con urgencia. 
No habríamos tenido que ocuparnos de nuevo de este expediente, cuya propuesta inicial data de 1993, si el Consejo nos hubiera escuchado hace más de dos años, cuando contestamos su elección del artículo 235 como fundamento jurídico, elección igualmente contraria a la propuesta de la Comisión. 
Evidentemente, introdujimos un recurso de anulación contra la decisión del Consejo, que se obstinó en basar la decisión EDICOM en el artículo 235. 
La Comisión nos apoyó en nuestras conclusiones. 
El Tribunal nos dio, evidentemente, razón y anuló la decisión del Consejo de 1994. 
Ya que en el intervalo el Tratado de Maastricht había entrado en vigor, el fundamento jurídico más apropiado es ahora el artículo 129 B relativo a las redes transeuropeas, y más particularmente su segundo apartado que se dirige más específicamente a las acciones destinadas a asegurar la interoperabilidad de las redes y que atañe al procedimiento de cooperación. 
Tenemos, pues, que estar satisfechos en lo que concierne al fundamento jurídico. 
También tenemos razón de estar satisfechos en las acciones concretas llevadas a cabo en el marco de EDICOM hasta ahora. 
Son sumamente útiles para las empresas privadas interesadas que se benefician, gracias a EDICOM, de procedimientos más rápidos y menos burocráticos para efectuar las declaraciones estadísticas obligatorias que nos permiten saber cuáles son los bienes que se intercambian entre los Estados miembros, un dato útil e interesante también para las empresas. 
Con miras a evitar la interrupción de estas acciones, es preciso ser diligente para tomar una nueva decisión EDICOM, basada esta vez en el fundamento jurídico correcto, sin cambiar una coma al contenido de EDICOM que satisface a todo el mundo. 
Es por ello que la Comisión nos presentó rápidamente una propuesta de decisión modificada, que la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial aprobó mi informe sin demora y que este Parlamento aceptó la urgencia para votar hoy y permitir así al Consejo reparar su error. 
Espero que este caso representativo sirva de lección al Consejo para que ya no se obstine en elegir fundamentos jurídicos inadecuados, corriendo así el riesgo de poner en peligro acciones en las que todo el mundo está de acuerdo y que no son objeto de ninguna disputa, ya sea ideológica o de otro tipo. 
Señora Presidenta, me propongo, desde luego, hablar sobre este informe, ante todo, para impugnar como ha hecho la Sra. Dury, la forma como estamos trabajando. 
Me parece bastante curioso que una ponente sobre un tema como éste, con razón considerado urgente e importante y al que mi Grupo expresa su total apoyo, renuncie a presentar un punto que versa sobre una materia tan importante- redes transeuropeas -, a la que el Parlamento presta, como todos sabemos, gran atención. 
Pero quiero hacer uso de la palabra también para protestar por la forma como, a causa del mal funcionamiento de nuestro Parlamento, hemos llegado en la Asamblea a debatir este informe tan importante. 
A mí se me había designado ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos precisamente sobre este asunto EDICOM. 
Se me había designado ponente para opinión y, cuando me disponía a presentar mi informe, descubrimos en la Comisión de Presupuestos que, entretanto, la comisión competente sobre el fondo ya había votado su informe. 
Por tanto, quiero que conste también en acta, junto con mi explicación de voto, esta protesta en nombre de la Comisión de Presupuestos por que se haya impedido al ponente para opinión realizar su trabajo. 
Insisto para que conste en nuestra acta. 
Señora Presidenta, quisiera simplemente decir al Sr. Dell ' Alba que si la Comisión de Presupuestos hubiera hecho este informe, nosotros lo hubiésemos anexado, pero que la situación era de extrema urgencia, si puedo decirlo así. 
Esa es la razón por la que trabajamos rápido. 
Si hubiera tenido el tiempo necesario, lo habría explicado. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, me congratulo de que haya sometido usted a votación el informe Lulling después de las explicaciones de voto, como deberíamos hacer en cada una de las sesiones y no sólo en las de los viernes. 
La felicito de todo corazón. 
Se trata de un gran malentendido. 
Acabamos de votar sobre la resolución legislativa. 
Lo otro ocurrió antes. 
Ayudas a la construcción naval 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0273/96) del Sr. Moretti, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0309- C4-0387/96-96/0165 (CNS) ) sobre ayudas a la construcción naval 
Señora Presidenta, el trabajo que me asignó la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el pasado 8 de julio, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre las ayudas a la construcción naval, ha quedado concluido en pocas semanas gracias, entre otras cosas, a la colaboración de funcionarios eficaces. 
Como es sabido, el informe examina la difícil situación de mercado en que se encuentra la industria de los astilleros navales. 
Para mejorar sus condiciones, a fin de garantizar unas condiciones normales de competencia, se concluyó un acuerdo en el marco de la OCDE que debería haber entrado en vigor el 1º de enero de 1996. 
Dicho acuerdo, que establece la prohibición de concesiones y apoyos a la construcción naval, exceptuadas las ayudas a la investigación y las ayudas de carácter social, ya ha sido ratificado por la Unión Europea, Corea, Noruega y el Japón, tan sólo falta que lo hagan los Estados Unidos de América, cosa que se esperaba para el 15 de julio de 1996 y no llegó a hacerse por retrasos en la aprobación de la legislación necesaria. 
Frente a semejante incertidumbre sigue actualmente en vigor, hasta el 1º de enero de 1997, la séptima directiva del Consejo, que debe pronunciarse el 1º de octubre de 1996, a más tardar, sobre la futura política de ayudas. 
Si no se da la ratificación de todas las partes, se mantendrá en vigor el sistema de subvención y de otras medidas de apoyo que distorsionan el mercado y el Consejo deberá sostener un instrumento de defensa de los astilleros navales contra una competencia desleal. 
Así, pues, propongo que se apruebe mi informe modificado con las dos enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Señora Presidenta, quisiera tomar el relevo de las inquietudes del Sr. Moretti a propósito del porvenir de los astilleros. 
Ya sabemos que en algunos de nuestros países se plantea un gran desafío para el empleo. 
No hablo solamente de Bélgica, sino de países como Alemania- creo que todos nuestros compañeros alemanes están ciertamente interesados en el porvenir del norte y de los astilleros, pero también Francia, Italia. 
Observamos que en el acuerdo de la OCDE no se aborda el problema del empleo y tampoco se aborda suficientemente en el conjunto de las instancias internacionales. 
Tenemos problemas de reconstrucción, de cierre de astilleros, y es un fenómeno que corre el riesgo de continuar. 
Desde 1976, la Unión Europea ha perdido cerca de 200 puestos de trabajo y estos últimos cuatro años, 14.500. 
Los astilleros coreanos, por su parte, han ganado 9.000. 
No quiero decir que no me alegre de que los trabajadores coreanos hayan encontrado trabajo, pero quiero decir que nuestra posición no es suficientemente buena en relación con nuestros competidores exteriores. 
El punto sobre el que insistimos es en el de velar primero por el problema del empleo en los astilleros, pienso, por ejemplo, en pistas, por lo demás subrayadas en este Parlamento, sobre la reducción del tiempo de trabajo. 
Pero este tipo de medidas debe ser acompañado y apoyado financieramente. 
Luego, pedimos un esfuerzo de investigación importante en este sector. 
Sabemos que si los demás son eficaces es porque lo son en el plano técnico. 
El Sr. Moretti ya lo subrayó, ya que pide que se hagan estudios para dar a nuestros astilleros la posibilidad de ser competitivos allí donde debemos serlo, es decir en la calidad. 
Señora Presidenta, para empezar diré que es lamentable que temas amplios e importantes hayan de decidirse en momentos en que sólo hay presentes unas decenas de diputados en el Parlamento. 
Me permito por tanto ser breve y empezar con la comprobación de que todos somos conscientes de que la industria naval europea se encuentra verdaderamente ante graves problemas. 
Pero creer que la solución a estos problemas son las ayudas estatales es probablemente lo mismo que echarse uno mismo la soga al cuello. 
La cuestión actualmente es trabajar con ahínco por que todos los países ratifiquen el acuerdo OCDE, y por que cesen las ayudas a la industria naval. 
Es deplorable que no se haya concluído el proceso de ratificación en los Estados Unidos, y que la Comisión, en espera de que esto suceda, proponga que la UE también continúe con las ayudas aunque como máximo hasta el final de 1998. 
No obstante, ésta es una solución que tiene sus consecuencias, puesto que actualmente son un par los países de la Unión que han eliminado las ayudas, Suecia y Gran Bretaña. 
El resto de los países sigue con unas ayudas estatales del 9 % de la suma de oferta. 
Naturalmente, esta ayuda debe eliminarse puesto que distorsiona la competencia. 
Si la consecuencia de esta competencia distorsionada es que Suecia y Gran Bretaña vuelvan a introducir las subvenciones estatales, lo cual el ministro sueco de industria ha mencionado como posible como último recurso, ésta es claramente una evolución que va en un sentido totalmente equivocado. 
Por consiguiente, hay que acordar unos claros objetivos de eliminación de las ayudas y subvenciones a la industria naval aunque, tras el retraso americano, esto deba producirse en los próximos años. 
En mi opinión, el libre comercio y la libre competencia son la meta claramente evidente que hay que asumir. 
Señora Presidenta, Señorías, en poco más de un año, ésta es la tercera vez que intervengo aquí sobre las consecuencias del Acuerdo de la OCDE. 
La situación actual y su evolución confirman que teníamos razón al oponernos a él. 
Al aceptar semejante acuerdo, la Comisión aplicó restricciones a la inversión pública productiva, influyó en la concentración de esta industria en manos de unos pocos grupos privados y contribuyó decisivamente a la casi eliminación de este sector en algunos de los Estados miembros, como sucedió en Portugal. 
Al mismo tiempo, se hacía creer que terceros países ratificarían el acuerdo de la OCDE y pasarían a cumplir las mismas normas de la llamada competencia «leal» , a las que, desde luego, se sometieron los Estados miembros con la anuencia de sus Gobiernos. 
Hoy comprobamos que nada de eso ha sucedido ni, como se dice en el informe, hay certeza absoluta de que vaya a suceder algún día. 
Entretanto, han desaparecido más de doscientos mil puestos de trabajo de esa industria en la Unión Europea, más de catorce mil de los cuales en los últimos meses. 
Por eso, las propuestas de prórroga del plazo en las ayudas mínimas a la industria naval que aún subsisten y que resultan del reglamento y del informe ahora aprobados- o que vamos a aprobar- constituyen un acto de mínima equidad y justicia para con el sector y sus trabajadores. 
Pero, en el caso de que no se pueda aprobar y ratificar nunca ese acuerdo, y nunca haya un aumento de la demanda de la construcción y la reparación naval, resulta bastante más importante que la Comisión cambie de opciones y formule orientaciones e incentivos con destino al sector público también- y no sólo al sector privado o privatizado- con vistas a la estabilización económica y social y al aumento de la capacidad productiva de esa industria en la Unión Europea, en particular en los Estados miembros en los que su importancia sigue siendo grande. 
Señora Presidenta, agradezco al Sr. Moretti su informe que creemos que, en líneas generales, sigue el punto de vista de la Comisión. 
Teniendo en cuenta la dificultad que tenemos hoy de tiempo, me excusará el Sr. Moretti y los Sres. diputados por limitarme a precisar el punto de vista de la Comisión en lo que se refiere a las modificaciones del texto. 
Se han propuesto tres modificaciones al texto. 
La primera de ellas implica una revisión de la formulación del apartado 2 del artículo 1 de la propuesta de la Comisión y la consecuencia de esta modificación sería que la actual directiva se vería prorrogada indefinidamente hasta que el acuerdo de la OCDE entrase en vigor. 
La Comisión no puede hacer esta modificación por dos razones: la primera es que este tipo de disposiciones legales se establece siempre con referencia a un periodo de tiempo limitado, y una segunda razón, de mayor peso, es que el hecho de adoptar una prolongación por un periodo indefinido podría ser interpretado como un debilitamiento de nuestro compromiso para alcanzar un acuerdo, enviando así un mensaje equivocado en un momento en que, tanto nosotros como nuestros socios, estamos presionando para conseguir que los Estados Unidos ratifiquen los acuerdos lo antes posible. 
De ahí que, si propusiéramos un tiempo sin límite, los Estados Unidos podrían creer que la Unión Europea se está adecuando a la posición norteamericana, en lugar de seguir manteniendo la exigencia, respecto a los Estados Unidos, de que los Estados Unidos ratifiquen el acuerdo de la OCDE. 
Además, prolongando la directiva hasta el 31 de diciembre de 1998, como lo propone la Comisión, la Unión Europea mantendría abiertas todas sus opciones, incluyendo la posibilidad de volver a prorrogar la directiva a partir de aquella fecha si fuera necesario. 
La segunda modificación se acerca más al criterio mantenido por la Comisión, al introducir la posibilidad de un estudio de evaluación sobre las consecuencias que se podrían derivar de la ausencia de un acuerdo, así como de las posibles políticas de actuación que la Unión debería considerar en el futuro. 
La Comisión reconoce totalmente la preocupación que ha motivado dicha propuesta de modificación y coincide plenamente en cuanto al fondo de la misma. 
Al proponer una prolongación de la directiva relativamente extensa en el tiempo, la Comisión consideró que, en el supuesto de un continuado retraso en la entrada en vigor del acuerdo de la OCDE o de una complicación en el mismo, será necesario y apropiado proceder a una revisión en profundidad de la política de la Unión Europea en este sector. 
Les aseguro que este ejercicio, que implicaría, por supuesto, una consulta al Parlamento, se realizaría con la antelación suficiente para asegurar que las decisiones necesarias sean adoptadas antes de la fecha de expiración de la directiva que ahora se propone prolongar. 
La Comisión no puede, sin embargo, aceptar la forma en que la modificación ha sido propuesta, esto es, la inclusión de un nuevo artículo 1 A. Al ser necesario que el Consejo adopte una decisión con anterioridad al 1 de octubre- hay que ser realistas -, no hay tiempo material para ello de aquí al 1 de octubre, en el caso de que la Comisión aceptara presentar una propuesta revisada al Consejo. 
Señores diputados, ustedes saben que en el procedimiento de cooperación legislativa ello es imposible. 
En cuanto a la enmienda nº 3, su objetivo consiste en definir el campo de estudio de revisión de la política y, en este sentido, puedo asegurar que la Comisión procederá a una revisión de fondo que podría incluir la posición de las ayudas de Estado en los Estados miembros. 
Sin embargo, a este respecto también, la Comisión realiza un informe anual cuyo ámbito es incluso más vasto que el propuesto por el Parlamento Europeo. 
Y, naturalmente, la Comisión no tiene ningún inconveniente en que este informe sea enviado sistemáticamente a esta Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, hago, en nombre de mi Grupo, esta explicación de voto, entre otras cosas, para que conste en acta mi protesta por que un asunto tan importante se haya debatido con un número escaso de diputados. 
Ello no honra al Parlamento, no honra a la presencia asidua y puntual del Vicepresidente Marín: por tanto, deseo absolutamente que conste en acta esta explicación de voto mía. 
Aparte de eso, yo procedo de una ciudad portuaria importante como Livorno y, por tanto, la cuestión de las subvenciones a la construcción naval me toca particularmente. 
Desde este punto de vista, el informe Moretti es importante, porque, pese a nuestras posiciones divergentes respecto del Comisario Marín, que personalmente me permito poner en tela de juicio, creo, en cambio, en el fundamento y, por lo demás, nuestros colegas han demostrado que comparten la importancia del informe Moretti por las opciones que han seguido: opciones que representan también una forma de indicar a la Comisión la necesidad de una mayor participación necesaria en este asunto, que, como decía la Sra. Dury con razón, se refiere ante todo al problema del empleo, problema que tal vez no esté suficientemente especificado en el texto, no esté suficientemente desarrollado, pero que, desde luego, forma parte de nuestra reivindicación constante de que toda propuesta tenga como referencia la cuestión del trabajo y del empleo. 
Nuestro Grupo expresa el voto a favor, como ya ha anunciado, al informe Moretti y espera que la Comisión revise su posición y acepte las dos enmiendas propuestas. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0216/96) del Sr. Añoveros Trías de Bes, en nombre de la Comisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión «Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior» (COM (95) 0370- C4-0353/95). 
(DE) Señora Presidenta, de conformidad con el apartado 1 del artículo 131 del Reglamento, solicito que se aplacen los informes de los Sres. Añoveros Trias de Bes y Kouchner y la pregunta oral del Sr. Hughes para el pleno del lunes de la semana próxima en Estrasburgo. 
Pido que se vote sobre este asunto y se establezca si hay 29 diputados que apoyen mi propuesta. Si, como creo, es el caso, pido que pasemos a considerar después las preguntas orales de la Sras. 
Señor Schulz, para empezar, una propuesta de esta clase sólo puede presentarse para un punto del orden del día. 
La segunda cuestión consiste en que sólo se puede presentar por un Grupo o, como mínimo, 29 diputados. 
Antes de entrar en el asunto, tiene la palabra la Sra. Dury para una cuestión reglamentaria. 
Quisiera decir a mi compañero que hay, por lo demás, una pregunta oral del Sr. Hughes. 
Se trata de una cuestión importante que debe tratarse ahora porque se trata de la Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo, que se inicia el 8 de octubre. 
Si mi compañero Hughes ha querido formular esta pregunta en este período de sesiones es porque la Conferencia tendrá lugar próximamente y se trata del tiempo de trabajo en el sector marítimo, una de las prioridades del Grupo de los Socialistas Europeos. 
Estamos, de momento, en el siguiente punto del orden del día, que es el informe del Sr. Añoveros Trías de Bes. 
El Sr. Schulz ha presentado una propuesta sobre este punto. 
¿Lo hace usted en nombre de su Grupo? 
Lo que yo he pedido, señora Presidenta, es determinar si hay 29 diputados que apoyen mi propuesta. 
Lo repito una vez más: esta propuesta puede presentarse por un Grupo o por 29 personas. 
Lo que ahora se propone es votar sobre ello. 
Vamos a proceder a la votación sobre si se retira del orden del día el informe Añoveros Trías de Bes. 
Tiene la palabra el Sr. Dell ' Alba para una cuestión reglamentaria. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera preguntarle si ha aceptado la petición para un informe, como dispone el Reglamento, o para dos. 
A mí me parece que es para uno. 
Señor Dell ' Alba, he dicho con toda claridad que se trata del siguiente informe del orden del día, el del Sr. Añoveros Trias de Bes. 
Se ha presentado una propuesta para votar sobre ello. 
A continuación vamos a hacerlo. 
Señor Dell ' Alba, ¿quiere usted intervenir a favor de la propuesta? 
Queridos colegas, pase que se quiera hacer lo posible para aprobar una cuestión importantísima con veinticinco diputados presentes, pero, ¡respétese el Reglamento! 
De conformidad con el artículo 126, dispongo de un minuto para hablar contra esta propuesta. 
Considero muy importante el informe Añoveros Trias. 
Esta cuestión del Libro Verde sobre la protección del modelo de utilidad en el Mercado Interior es un informe inscrito en el orden del día: todos los Grupos habían convenido en su importancia. 
En la Conferencia de Presidentes de Grupo... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Dell ' Alba, hay un malentendido. 
La propuesta se ha presentado al amparo del artículo 131 del Reglamento y no sobre la base del que usted ha citado. 
Ahora vamos a votar sobre la propuesta. 
Señor KelletBowman. 
Señora Presidenta, ya el lunes era evidente que hoy se produciría el caos. 
¿Por qué no se ha podido organizar mejor el orden del día para hoy? 
Bueno, vamos a votar sobre la propuesta que se ha presentado y que el artículo 131 permite. 
Señor Dell ' Alba. 
Señora Presidenta, estoy hablando contra la solicitud de los colegas que piden el aplazamiento de ese informe. 
Así, pues, es lógico que quiera defender mi posición de mantener el informe en el orden del día. 
Mi explicación de voto contraria se refería a que habíamos decidido- y el Presidente Martens estaba presente- incluir este punto en el orden del día. 
Así, pues, me asombra que hoy algunos colegas quieran suprimirlo y reitero la importancia de que se vote contra la petición del Sr. Schultz. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba el aplazamiento.) 
Señora Presidenta, según el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento, corresponde al Presidente dirigir la sesión, abrirla y cerrarla. 
Habida cuenta que el turno de debate suele concluir a las 13.00 horas, le ruego que, como Presidente en funciones, se ponga en contacto con el servicio de interpretación para prolongar la sesión media hora. 
Se procederá a votar sobre la propuesta. 
Hasta que se aclare este punto, vamos a continuar con el orden del día, es decir, con el informe del Sr. Kouchner. 
Noveno Convenio CE-UNRWA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0280/96) del Sr. Kouchner, en nombre de la Comisión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0257- C4-0422/96-96/0154 (CNS) ) por la que se aprueba el texto del Noveno Convenio CE-UNRWA para el período 1996-1998, antes de la firma del Convenio por la Comisión y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
Propongo, en nombre del Grupo del PPE, que no se examine tampoco este informe y que se pase al siguiente punto del orden del día. 
Un Grupo ha presentado la propuesta. Podemos pasar a votarla. 
¿Quién está de acuerdo con la propuesta? 
Señora Presidenta, ¡es preciso tener seriedad! 
Sé muy bien que el Sr. Liese está obsesionado. 
Visiblemente, desde esta mañana está muy perturbado por este Parlamento. 
No cabe duda alguna de que el tema abordado por el informe del Sr. Kouchner es importante. 
Por tanto, propongo renunciar al debate y votar directamente, pero me opongo a la supresión de un informe que concierne la Palestina, una vez más una prioridad del Grupo de los Socialistas Europeos, y pido a todos mis compañeros mostrarse atentos ante cada tema importante. 
Señora Dury, si usted lee el artículo 131 del Reglamento, comprobará que, una vez presentada la propuesta, ya no hay ningún debate, a favor ni en contra. 
La Comisión quisiera pronunciarse sobre este punto. 
Señora Presidenta, yo comprendo que esta mañana la situación no es muy tranquila, pero sí quisiera decirles a sus Señorías que la Comisión necesita una decisión sobre este informe hoy, ya que dicha decisión tiene que producirse antes del 21 de septiembre. 
Dos: la Unión Europea y los Estados miembros son el principal financiador de la UNRWA; es decir, la UNRWA depende directamente del presupuesto comunitario. Tres: en este momento, en el Consejo se está esperando la decisión del Parlamento para autorizar a la Comisión a firmar la nueva convención de financiación con la UNRWA. 
Entiendan ustedes que, teniendo en cuenta cuál es la situación política y que la UNRWA necesita el dinero proviniente del presupuesto comunitario, no podemos demorar más tiempo la aprobación de este dictamen, advirtiéndoles a todos, para que vean que la posición de la Comisión es neutral, que la Comisión no va a aceptar las enmiendas propuestas por el Sr. Kouchner. 
Pero, sin embargo, yo necesito el instrumento jurídico para poder firmar el acuerdo de cooperación. 
Por favor, cooperen, aunque yo comprendo que el momento es muy complicado. 
Se procede a votar la propuesta recién presentada sobre la retirada del informe 359 del orden del día. 
¿Quién está a favor de la propuesta? 
(El Parlamento decide el aplazamiento del informe) 
Señora Presidenta, ha cometido usted un acto muy grave. 
Espero que la Mesa la asesore al respecto. 
El artículo 126 de nuestro Reglamento enumera los artículos por los cuales se puede modificar el orden del día y- escúcheme, señor Schultz- reza textualmente así: » En estas solicitudes sólo podrán intervenir, además del promotor de la solicitud, un orador a favor y otro en contra y el presidente o el ponente de la comisión competente». 
Por tanto, yo tenía derecho a hablar a favor o en contra de la propuesta presentada por nuestro colega del Grupo demócrata cristiano. 
Ha cometido usted un acto muy grave y yo le ruego que tenga a bien rectificarlo, ya que ha sido una violación del artículo 126 combinado con el artículo 131. 
¡No es culpa mía, querido colega, que hayamos violado en este momento el Reglamento! 
Horario de trabajo en el sector de la navegación marítima 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo, a la Comisión sobre el horario de trabajo en el sector de la navegación marítima (B4-0851/96-0-0194/96). 
Quisiera proponer de nuevo que pospongamos este punto del orden del día o que lo examinemos lo más rápido posible sin debate. 
Solicito en nombre del Grupo que se examine este punto lo más rápido posible sin debate. 
Señora Presidenta, no sé si el Sr. Liese ha decidido boicotear nuestra sesión, pero si esa fuera su intención no podría hacerlo mejor. 
Compromete incluso la credibilidad de la causa que defiende. 
Ninguno de nosotros ha pedido que no se trate la bioética. 
Quisiera que quede bien asentado en el Acta. 
Acepto las pequeñas maniobras tácticas para defender los problemas de fondo, pero le pido su colaboración, Sr. Liese. 
Estamos interesados por la pregunta Hughes sobre el tiempo de trabajo en el sector marítimo, porque la conferencia de la OIT se celebrará el 8 de octubre. 
También sé por qué desea usted votar su resolución hoy, pero trate de tomar en consideración los intereses de los demás Grupos. 
Encuentro su actitud escandalosa, antiparlamentaria y antidemocrática y considero que, a veces, los medios utilizados para defender una causa acaban por restarle credibilidad. 
Pese a ello, me gustaría decir una cosa a la Sra. Dury. Inmediatamente después de la cuestión más importante, el informe del Sr. Funk, pedimos que se atendiera la solicitud formulada en el pleno del lunes pasado. 
Se trataba de una decisión democrática y compruebo que la Sra. Dury, el Sr. Cot y algunos otros diputados se oponen a ella constantemente. 
Cada vez aducen nuevos argumentos. Yo les digo que es adecuado que comuniquemos al Consejo de Europa y a la Comisión Europea la opinión de este Parlamento en esta cuestión tan importante para la vida. 
Así que, señora Presidenta, estoy a favor de la propuesta del Sr. Liese. 
Señora Presidenta, para evitar lo que está pasando ahora le rogué que preguntara a los intérpretes si estaban dispuestos a quedarse hasta las 13.30 horas. Así podríamos discutir los informes de los Sres. 
Kouchner, Hughes y la cuestión de la bioética. La Comisión ha manifestado que en la cuestión Palestina se trata tan sólo de votar, lo que es factible. 
También el informe Hughes requiere tan sólo una votación si se procede como lo hemos hecho con otros informes en el día de hoy. 
Entonces tendríamos tiempo para debatir hasta las 13.30 horas. 
Por eso le pregunto, señora Presidenta, ¿se van a quedar los intérpretes hasta las 13.30 horas o no? 
En caso afirmativo, le ruego que pasemos a la votación del informe Kouchner y del informe Hughes y luego examinemos la cuestión de la bioética. 
Así de simple. 
Soy responsable de que se proceda de correctamente. También es importante que las cosas funcionen. 
Propongo lo siguiente: suprimimos los debates y votamos los tres informes. 
¿Están ustedes de acuerdo? 
Señora Presidenta, estamos de acuerdo en votar inmediatamente el informe sobre la UNRWA y en que, como decía mi compañero, las cosas tengan lugar normalmente para la pregunta Hughes y la pregunta oral sobre la bioética. 
Creo que tenemos tiempo hasta las 13.30 horas. 
Si miro a mi alrededor, veo que todo el mundo está de acuerdo en que no discutamos más y procedamos rápidamente a las votaciones, para iniciar después el debate. 
El Sr. Hughes me ha pedido que me haga cargo de esta pregunta. 
Me parece que, dada la escasez de tiempo, sería razonable pasar inmediatamente a la votación. 
En este informe se trata de aplicar la directiva europea sobre horario de trabajo también en la navegación marítima. En octubre tendrá lugar una conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo que desea una norma pareja para los horarios de trabajo de la navegación marítima. 
Éste es el contenido de nuestra propuesta de resolución. Les pido que la votemos. 
Me hubiera gustado escuchar la respuesta del señor Comisario, pero en todo caso, lo que deseamos es un compromiso en lo que se refiere al apoyo a los diferentes convenios de la OIT sobre el tiempo de trabajo en el sector marítimo. 
Simplemente quisiera terminar diciendo que mi Grupo lamenta profundamente la votación que acaba de tener lugar a propósito del informe Kouchner. 
Creo que tendremos muchas dificultades para explicar a las autoridades palestinas y a los refugiados palestinos la actitud de algunos de nuestros compañeros en este hemiciclo. 
Señora Presidenta, le pido que proceda a la votación, que se respete la voluntad que este Parlamento expresó el pasado lunes, y que se trate también la pregunta oral del Sr. Liese. 
Las condiciones de trabajo en la navegación marítima no sólo son un escándalo, sino que constituyen un cáncer que amenaza extenderse al conjunto de las condiciones de trabajo. 
Invito a sus Señorías a llevar a cabo el siguiente experimento mental: ¿qué pasaría si este Parlamento Europeo, con su diversidad de lenguas y condiciones de trabajo, tuviera que echarse a la mar y, encima, sin ningún tipo de intérpretes? 
Hace tiempo que se requieren soluciones europeas en este ámbito- también en la cuestión de los controles de los puertos estatales, toda vez que no se pueden evitar los pabellones de conveniencia y la duplicidad de registrospara restablecer a bordo unas condiciones de trabajo y de comunicación acordes con la dignidad de las personas, que respeten los derechos de los trabajadores y que fomenten la seguridad. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, no puedo dejar de hacer que consten en acta los trabajos de esta sesión, que tal vez después la Mesa podrá examinar en las sedes oportunas. 
Por primera vez, me parece, en la historia de nuestro Parlamento, la Comisión ha considerado oportuno no responder a una pregunta oral: no era un informe, señora Presidenta, era una pregunta oral del Sr. Hughes. 
Me parece que forma parte del delirio que caracteriza en este momento nuestro trabajo. 
Tomamos nota. 
-Señor Dell ' Alba, a la Comisión le gustaría participar en todos los puntos pero, francamente, en este momento, con todos los expedientes que tengo encima de la mesa- que son exactamente ocho -, no sé cómo hacerlo. Se lo confieso: no sé cómo hacerlo. 
No me pidan que haga milagros cuando aquí se está cambiando de posición cada 30 segundos. 
No puedo hacer más. 
Biología y medicina 
Señora Presidenta, escuché al Sr. Martens decir que se desearía la votación del informe del Sr. Kouchner. 
¿No podría proceder a la votación este informe, sobre el que todos estamos de acuerdo? 
No pedimos debate, en lo más mínimo. 
¡Proceda inmediatamente a su votación! 
Bien, pasemos entonces a votar primero sobre el asunto Oomen-Ruitjen y después sobre el informe Kouchner. 
A la conclusión del debate he recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Se procede a la votación sobre las siete propuestas de resolución relativas a la bioética. 
Señora Presidenta, lamento y me entristece mucho el nivel democrático del Sr. Cot. 
Durante toda una semana ha estado intentando impedir este debate. 
Señora Presidenta, quienes han estado aquí siguen presentes para que celebremos el debemos celebrar este debate. 
Por tanto, quisiera pedirle una vez más, con insistencia, que pase inmediatamente a la votación del proyecto de resolución que ha sido objeto de tan extenso debate. 
Señorías, por favor, sean un poco razonables. 
Se ha pedido la prórroga a los intérpretes con la condición de que sólo se vote; si no, la sesión habría concluido hace tiempo. 
Estamos dispuestos. 
Hemos dicho que ahora se va a votar sobre esta propuesta y después sobre el informe Kouchner. 
Estamos en ello. Ahora vamos a votar sobre el preámbulo y los considerandos. 
Señor Pelttari. 
Señora Presidenta, sólo unas breves palabras para sumarme a la opinión del Sr. Cot. 
Sólo quiero decir lo que opino sobre este debate a cuya votación se procede aquí hoy. 
Quiero que conste en acta y que se haga público porque se trata del mismo asunto sobre el que se votó en esta sala en julio bajo la forma de un informe que llevaba mi nombre. 
La resolución común que el Grupo del PPE, el Grupo UPE, el Grupo de los Verdes y el Grupo Europa de las Naciones plantean como respuesta a las preguntas orales, es un procedimiento que no se puede aprobar. 
Quiero señalar que el Parlamento ha estado examinando el proyecto de Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina desde el 26 de junio de 1995 hasta el 17 de julio de 1996. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha empleado cuatro sesiones para el examen de este asunto. 
La resolución que aprobó la comisión, previa votación, era demasiado conservadora y fue rechazada en la sesión plenaria del Parlamento. 
Por lo tanto, el asunto está concluido. 
En contra de la práctica parlamentaria, ustedes han planteado, a través de una pregunta oral, un nuevo examen de una resolución que el Parlamento Europeo ya había rechazado. Así pues, la pregunta tiene su origen en un abuso manifiesto del procedimiento. 
Por lo tanto, el Grupo ELDR no puede de ningún modo participar en esta maniobra. 
En consecuencia, vota en contra de la resolución, que se presenta como común, porque no podemos aprobarla ni por su contenido ni por el procedimiento. 
Tomamos nota. 
Señora Presidenta, todo está muy bien, incluso arrancar un texto a veinticinco diputados. 
¡Suerte con su texto! 
Yo quisiera que constara en acta que no sólo el Grupo Socialista ha protestado, sino que también el Grupo de Coalición Radical Europea protesta enérgicamente por esta forma de proceder y considera que esta votación se ha celebrado en condiciones de ilegalidad. 
Le había rogado que llevara a término la votación para poder concluir con dignidad. 
Le ruego que lo haga y que no le dé más oportunidades al Sr. Dell ' Alba de obstaculizar con solicitudes sobre el Reglamento el debate que él mismo ha pedido. Lo viene haciendo desde hace dos horas. 
El comportamiento del Sr. Cot es democrático y legítimo. 
Se lo quería decir a la señora OomenRuitjen. 
Le ruego, señora Presidenta, que concluya esta votación. 
Si concede el uso de la palabra al Sr. Dell ' Alba después de cada votación individual, todavía estaremos aquí el miércoles de la semana próxima. 
Veo que el pleno también desea lo mismo. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Noveno Convenio CE-UNRWA 
Se procede a votar si se vota el informe Kouchner. 
(El Parlamento vota a favor) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, discúlpeme por volver a la votación sobre la bioética, pero en presencia del Presidente Martens, en particular, quisiera, en nombre de mi Grupo, renovar nuestra protesta contra las condiciones en las que se desarrolló esta votación. 
En el mes de julio votamos con 417 votos, un texto que entonces había sido rechazado en condiciones regulares. 
Ahora venimos, en condiciones un poco diferentes y con 35 votantes, de votar más o menos el mismo texto, pero con el resultado contrario. 
¡Es un método de trabajo que ningún Parlamento puede soportar! 
Vamos a transmitir esta resolución al Consejo de Europa, puesto que así lo hemos decidido, pero simplemente quisiera asegurarles que, por lo demás, mantendremos informados a los Grupos políticos del Consejo de Europa de las condiciones totalmente desagradables en las que fuimos llevados a emitir un voto que no tiene mucho sentido. 
Señorías. 
Son más de las 13.30 horas. No ha lugar a ninguna intervención más. 
Los intérpretes están muy cansados, ya que han estado mucho más tiempo del convenido. Quiero levantar la sesión. 
Les ruego que se trate esta cuestión otra vez en la Conferencia de Presidentes. Se trata de que no tengamos en el futuro órdenes del día que estén tan sobrecargados como el de hoy. 
Quisiera agradecer cordialmente la colaboración de los intérpretes. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.38 horas.) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 30 de septiembre de 1996. 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, Señorías, quizás recuerden ustedes que durante el anterior período parcial de sesiones en Estrasburgo pregunté por qué RTL4, la cadena de televisión neerlandesa, había desaparecido de la red. 
Hace dos semanas, el servicio del Parlamento me llamó por teléfono para comunicarme que RTL4 volvería a emitir antes de este período parcial de sesiones. 
Por consiguiente, llegué a Estrasburgo con grandes expectativas, pero esta tarde enciendo mi televisor y resulta que no es así. 
En el canal 12 hay ahora una teletienda con artículos alemanes, lo cual evidentemente es algo bien diferente. 
Por consiguiente, señor Presidente, quiero rogarle que haga lo necesario para restablecer la difusión de RTL4, pues es lo que se nos había prometido. 
Mi segunda pregunta, señor Presidente, es qué sucede con las preguntas escritas que formulamos. 
El 9 de septiembre presenté una pregunta al amparo del artículo 42, lo cual significa que tenía que recibir una respuesta en un plazo de tres semanas, o de seis semanas si se trataba de un problema complicado. 
Desde el 9 de septiembre hasta hoy han transcurrido exactamente seis semanas y sigo sin recibir nada. 
¿A quién he de dirigirme para que se me dé una respuesta a mis preguntas? 
Sra. Plooij-van Gorsel, por lo que respecta a la primera parte de su intervención, se comprobará esta cuestión. 
En cuanto a la segunda parte, como ustedes saben, yo soy el primero que procura velar por que se cumplan rigurosamente los plazos, en particular por lo que respecta a las preguntas de Sus Señorías. 
Si en este caso no ha ocurrido así, yo mismo haré lo necesario para que reciba usted una respuesta lo más pronto posible. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
El Grupo de Coalición Radical Europea, basándose en el artículo 129 del Reglamento, solicita la devolución a comisión del informe (A4-0282/96) del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el Acuerdo Europeo celebrado entre la Unión Europea y la República de Eslovenia. 
Tiene la palabra el Sr. Dell ' Alba para motivar esta solicitud. 
Señor Presidente, deseo aclarar los motivos por los cuales solicito la devolución a comisión del presente informe. 
Antes que nada, porque la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, merecedora de todo nuestro respeto, en un párrafo del mismo expresa su opinión favorable, lo que va más allá de sus competencias. 
Sé que se presentó un corrigendum al respecto. 
Y además, por la sencilla razón de que la exposición de motivos de un informe, señor Posselt, debe ceñirse al mismo. 
Pues bien, en este informe, cuyo carácter es económico, hallamos la reconstrucción de los acontecimientos históricos desde 1945 en adelante, unos acontecimientos trágicos que afectaron no tan sólo a la Comunidad y a algunas comunidades mencionadas en el informe, sino también a las comunidades italianas asentadas en aquellas tierras, que fueron totalmente olvidadas. 
Como quiera que ello supera el ámbito del informe, solicito su devolución a comisión, puesto que dicha exposición de motivos no tiene en absoluto en cuenta el informe ni tampoco la realidad histórica. 
Sería como mínimo escandaloso que el Parlamento adoptara una exposición de motivos como ésta. 
Señor Presidente, este asunto, como usted recordará, se trató el martes pasado en la Conferencia de Presidentes, donde hubo acuerdo en considerar que algunos pasajes de la exposición de motivos no se compaginaban con el Reglamento. 
Usted se comprometió a ocuparse de ello antes de someterlo a la Asamblea. 
Espero que esto resuelva el problema y que podamos continuar con el orden de los trabajos como estaba previsto y pasemos a ocuparnos del informe Posselt. 
Mi Grupo está a favor de esta solución y le apoya en su intento de suprimir los pasajes de la exposición de motivos que no concuerdan con el Reglamento. 
Usted acaba de exponer fielmente el resultado de las conversaciones mantenidas en la Conferencia de Presidentes de los Grupos políticos. 
Por lo que respecta a la propuesta de resolución, entre tanto se ha presentado un escrito de rectificación, que resuelve esta cuestión. 
Subsiste el problema de la exposición de motivos, pero según veo, el ponente, Sr. Posselt, también desea hacer uso de la palabra. 
Señor Presidente, yo sólo quiero manifestar que en mi informe he procurado exponer de manera realmente exhaustiva los aspectos económicos y comerciales, relacionándolos, como es habitual en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, con la consideración del marco de condiciones políticas, tal como es necesario para emitir un juicio objetivo. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores aprobó el informe prácticamente por unanimidad, por 18 votos a favor y uno en contra, y con el voto afirmativo de todos los colegas italianos. 
Nadie defendió la posición del Sr. Dell ' Alba, quien presentó un informe que obtuvo un respaldo minoritario en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Sin embargo, el informe que nos ocupa fue aprobado prácticamente por unanimidad en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Por lo que respecta a la exposición de motivos, que habitualmente no se somete a votación, incluso hubo un intercambio de correspondencia entre el colega Konecny en su calidad de ponente, el ponente en la sombra del Grupo del Partido Socialista Europeo y yo mismo, y la exposición de motivos se elaboró con un amplio consenso. 
Yo incorporé en la misma todas las observaciones de los colegas de la comisión, lo cual es muy poco frecuente, y ésta también fue adoptada con un amplio consenso. 
Acabo de conceder el uso de la palabra al Sr. Posselt para que pudiera exponer el desarrollo de los hechos en la comisión. 
Con ello ya he demostrado una gran flexibilidad- puedo ver desde aquí que el Sr. Fayot me dirige una mirada interrogante en su calidad de presidente de la Comisión de Reglamento-. 
Por consiguiente, voy a conceder una vez más el uso de la palabra al Sr. Dell ' Alba por una cuestión de orden, y sé muy bien lo que esto significa. 
No obstante, insisto en que la votación que tendrá lugar a continuación, sólo tendrá por objeto decidir si se aprueba la devolución a comisión del informe, nada más. 
Señor Presidente, tras las consideraciones de la presidenta Sra. Green, retiramos la solicitud. 
Nos satisface la respuesta si la exposición de motivos se puede modificar. 
La Conferencia de Presidentes no se opuso a su oportuna modificación. 
Deseo manifestar al Sr. Posselt que me es imposible participar en las veinte comisiones de nuestro Parlamento. 
Con esto queda resuelto con toda elegancia y acertadamente el problema. 
Viernes: 
En relación con las votaciones previstas para el viernes en aplicación del procedimiento sin informe, 29 diputados se han opuesto, de conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Reglamento, a que se aplique dicho procedimiento a la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0341- C4-0476/96-96/0185 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento CE 3528/86, relativo a la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica, y a la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0341- C4-0477/96-96/0186 (CNS) ) que modifica el Reglamento CE 2158/92, relativo a la protección de los bosques de la Comunidad contra los incendios. 
Estas propuestas han sido devueltas, para nuevo examen, a la comisión competente. 
De conformidad con el Reglamento, se trata de una decisión rutinaria en cierto modo, puesto que se han opuesto 29 diputados. 
Señor Presidente, no entendí muy bien cuáles son los asuntos incluidos en el debate de actualidad. 
Solicito que se incluyan en las solicitudes de urgencia también las catástrofes que afectaron a Italia, tales como las inundaciones en Calabria y el terremoto, ya que los daños han sido enormes. 
Gracias a Dios, las víctimas no son muy numerosas, aunque los daños que afectan al patrimonio artístico y nacional son enormes. 
Creo que las muestras de solidaridad deben hacerse en tiempos reales y no después de que hayan transcurrido meses y meses. 
Yo acabo de anunciar una solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia del Consejo. 
La lista de los temas del debate de actualidad y urgencia, es decir de los temas parlamentarios urgentes, se presentará mañana, puesto que esta noche debe celebrarse aún una reunión de la Conferencia de Presidentes de los Grupos políticos para tratar este asunto, puesto que la semana pasada no se alcanzó un acuerdo. 
Sr. Cornelissen, me parece que usted no se propone intervenir por una cuestión de orden y no puedo concederle el uso de la palabra en relación con otros temas. 
Señor Presidente, si me ha oído usted, sin duda estará de acuerdo conmigo en que es justo que llame su atención sobre un grave accidente de autocar que tuvo lugar ayer. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, quisiera pedir que, en nombre del Parlamento, se interesara usted por las víctimas, sus familias y los parientes de los fallecidos. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para preguntar a la Comisión para cuándo podemos esperar las medidas anunciadas de mejora de la seguridad del transporte en autocar, una cuestión sumamente necesaria, como por desgracia hemos tenido que comprobar. 
Señoría, yo me encargaré de transmitir el pésame del Parlamento a los familiares de las víctimas. 
Por lo que respecta a la Comisión, usted mismo podrá referirse a esta cuestión en el debate sobre su programa anual que tendrá lugar mañana. 
Señor Presidente, siento entretenerle, pero quiero que conste en acta mi rechazo del orden del día del martes por la tarde. El turno de preguntas a la Comisión está previsto para las 5.30 p.m. de ese día y tenemos reuniones de comisión a la misma hora. 
El turno de preguntas es la única oportunidad que tiene el Parlamento de sentar a la Comisión en el banquillo de los acusados y de pedirle cuentas sobre asuntos que afectan a nuestros electores. 
Me parece un error que se dé un conflicto entre el turno de preguntas y las reuniones de comisión. 
Señoría, como usted sabe, al principio de mi mandato intenté evitar la celebración de reuniones de las comisiones paralelamente a las sesiones plenarias, pero la Asamblea no me ha seguido en esta iniciativa. 
Por lo tanto, ¡yo ya nada puedo hacer al respecto! 
Producción cinematográfica y televisiva 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0304/96) de la Sra. Guinebertière, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (95) 0456- C4-0070/96-95/0281 (CNS) ) por la que se instituye el Fondo Europeo de Garantía para fomentar la producción cinematográfica y televisiva. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy les presento en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación fue aprobado por unanimidad con una abstención; a pesar de ello, este Informe ha conocido momentos de dilación política y de aceleración, como desgraciadamente sucede con demasiada frecuencia en este Parlamento. 
Se trata de crear un Fondo Europeo de Garantía para fomentar la producción cinematográfica y televisiva. 
Con ocasión de los acuerdos del GATT, Europa consiguió «la excepción cultural» , que permite a los responsables políticos la creación de instrumentos de apoyo al sector audiovisual. 
Ahora bien, los retos culturales y económicos son enormes en nuestra sociedad de la información, donde la necesidad de imágenes describe una curva de crecimiento ascendente que roza la línea vertical. 
Esta propuesta se inscribe en la política global del Consejo y de la Comisión en favor de la industria audiovisual, articulada fundamentalmente en tres etapas. 
La Directiva «Televisión sin fronteras» , que establece un marco jurídico; el programa MEDIA II, que como todos saben permite apoyar los programas y catálogos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Ruego a Sus Señorías que interrumpan su diálogo mientras interviene la ponente. 
¡Su actitud denota una burda falta de cortesía! 
Eso está mejor, ahora puedo oírme. 
La Directiva «Televisión sin fronteras» , que establece un marco jurídico; el programa MEDIA II, que como todos saben permite apoyar los programas y catálogos cinematográficos y audiovisuales, aunque desgraciadamente puede observarse que no es suficiente para invertir la tendencia, siempre favorable, procedente de los Estados Unidos; y el Fondo de Garantía, que constituye la tercera etapa. 
La propuesta de decisión presentada por la Comisión consta de cinco puntos fundamentales: primeramente, la creación de un Fondo de Garantía, que funcionará como asegurador de los riesgos compartidos con las entidades de financiación del sector audiovisual. 
Gracias a su función de incentivo, dicho Fondo debe alentar a los bancos a financiar el sector de la producción audiovisual y cinematográfica, cuyo carácter de «riesgo elevado» todos conocen. 
Las propuestas de la Comisión consisten en la constitución de un capital, una mitad de cual- 90 millones de ecussería aportada por la Unión, y la otra- 90 millones de ecus- por bancos privados. 
La Comisión pide que las garantías otorgadas no puedan rebasar la mitad de los préstamos y créditos individuales. 
La propuesta confía la gestión de este Fondo al FEI, que celebraría contratos de garantía con los bancos. 
Un acuerdo de cooperación vincularía el FEI al ejecutivo europeo en cuanto a la gestión de dicho Fondo, cuya creación tendría una duración ilimitada; no obstante, se prevé una evaluación cada tres años, y luego cada cinco. 
¿Cuál fue la acogida por parte del Consejo? 
El Grupo «audiovisual» examinó este expediente en tres ocasiones y planteó varias cuestiones. 
Pidió, en particular, que se sometiera al Consejo ECOFIN, lo que se hizo el 11 de marzo de 1996. 
Algunas preguntas de tipo técnico y financiero que se formularon hacían dudar de la voluntad política de los Estados. 
Se pidió un estudio suplementario. 
Por otra parte, no puede negarse que, en un primer momento, la implicación directa de los bancos en el capital del Fondo no resulta clara, ya que la propuesta actual nada dice sobre los procedimientos respecto a la participación de los bancos en la gestión de sus propios capitales en el seno del FEI. 
Por otro lado, los capitales privados que alimentarán este Fondo deben poder ser remunerados en virtud de unos procedimientos establecidos en el acuerdo de cooperación, que tampoco en este caso están definidos. 
Como ponente, y tras haber consultado numerosos organismos financieros y profesionales, nuestra Comisión de Cultura propone que el capital del Fondo se mantenga abierto, sobre todo al BEI; que el Fondo pueda garantizar no sólo las producciones, sino también fomentar las coproducciones y la constitución de catálogos; que dicho Fondo permita el desarrollo de la circulación intraeuropea e internacional de las obras cinematográficas y televisivas; que favorezca las coproducciones de los productores de los países de área lingüística restringida. 
Nosotros proponemos asimismo una fase experimental de cinco años, al cabo de la cual una evaluación financiera, así como un estudio sobre las repercusiones en el sector, acompañado en su caso de propuestas, permitirán a la Comisión crear un Fondo definitivo. 
Deseamos, además, que la gestión de dicho Fondo se efectúe en el seno del FEI, a través de una estructura ad hoc denominada «Comité bancario» , que estará formado por los socios externos, el FEI y la Comisión. 
Finalmente, pensamos que es necesario contar con un Comité de preselección de los expedientes, compuesto por expertos del sector bancario y audiovisual, lo que permitirá luego a los promotores de proyectos negociar sus primas por los importes garantizados. 
Las enmiendas que presentamos son constructivas y deseamos que ayuden a la Comisión a afinar su proyecto, para lograr la adhesión de los Estados miembros. 
Estoy convencida, por mi parte, de que un mecanismo europeo de incitación como el que nos ocupa puede hacer competitivas nuestras producciones originales frente al gigante norteamericano. 
Tenemos muchos talentos europeos. 
Ayudémosles a que nos abastezcan de las obras de ficción que circularán ante los 370 millones de teleespectadores europeos, cifra que pronto se incrementará. 
Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias a nuestra ponente, la Sra. Guinebertière. 
Su propuesta constituye un soberbio trabajo y trasluce tanto visión de conjunto como gran atención al detalle. 
También quiero dar las gracias a la Comisión y al Comisario aquí presente por su propuesta, que complementa de manera acertada una trilogía de medidas de apoyo a la industria y a la política audiovisuales de Europa. 
Creo que el Fondo de Garantía es un elemento fundamental en nuestra estrategia de atraer inversiones y crear puestos de trabajo en este sector de la economía, que se expande con tanta rapidez. 
Siempre merece la pena recordar que el famoso Libro Blanco de Jacques Delors predijo que habría dos millones de puestos de trabajo extras en este sector de la economía. 
Sólo con medidas como éstas podremos crear empleo en Europa. 
También resulta conveniente recordar que en servicios audiovisuales tenemos un déficit de 4.000 millones de dólares frente a los Estados Unidos, lo que pone de relieve el carácter fundamental de este Fondo para reequilibrar la situación y favorecer la diversidad cultural de nuestras pantallas. 
El pluralismo cultural sólo puede desarrollarse si existe un pluralismo económico. El Fondo servirá precisamente para desarrollar este pluralismo económico en cine y televisión. 
El reciente informe del Banco Europeo de Inversiones al que se ha referido la ponente confirma el valor, la viabilidad y el impacto potencialmente positivo que tal Fondo tendría para la industria del cine y la televisión. 
El informe también confirma, lo que es muy importante, el interés del sector financiero. 
Pido a los ministros que se tomen en serio este informe y también las opiniones expresadas hoy en esta Asamblea. 
Tanto el Parlamento Europeo como los profesionales de la industria y algunos gobiernos visionarios apoyan el fondo. 
En este sentido, tenemos una gran deuda con el ministro irlandés, el Sr. Michael D. Higgins. Nadie supera su determinación en colocar la cultura y la industria audiovisual en el centro de la Unión Europea. 
Le deseamos suerte para la próxima reunión de ministros sobre este tema. 
Sin embargo, algunos gobiernos están indecisos. Han dicho: » Vamos a ver lo que dice el Consejo ECOFIN sobre este informe». 
Sorpresa, sorpresa. ¿Qué dijeron los ministros ECOFIN cuando se les consultó? 
«¿Necesitamos realmente este Fondo? 
¿Servirá para crear empleo?» 
En mi opinión, estos comentarios negativos bordean el analfabetismo económico y cultural. 
Como ha dicho recientemente Michael D. Higgins, si la Unión Europea sigue centrándose en lo puramente económico y en la competitividad, no se hará con los corazones y las mentes de nuestros ciudadanos. 
Eso se consigue en las pantallas del cine y de la televisión y apoyando a nuestra industria audiovisual. 
Como ha dicho el ministro irlandés: los libros y las películas no son pozales. 
Yo añadiría que tampoco son pescado. 
Fueron los Jefes de Estado en la cumbre de Cannes de 1995 los que instaron a la Comisión a seguir adelante y a proponer este Fondo. 
Me gustaría, como primera medida, que los ministros no olvidaran tan fácilmente que fueron ellos los que pidieron estas propuestas. 
Esperemos que en la próxima reunión de ministros de Cultura, bajo la juiciosa presidencia de Michael D. Higgins, se tome la decisión política de seguir adelante con el fondo. 
Los detalles se pueden dejar para más adelante. 
A lo largo de este siglo, la Administración estadounidense ha apoyado con gran seriedad a su industria cinematográfica y televisiva. 
Seamos igual de serios. Ojalá nuestros ministros, por una vez, den pruebas de seriedad en materia de cultura y de economía creativa y muestren que conceden más importancia a este tema que a los automóviles, las zanahorias o la competitividad. 
El Fondo debería constituirse y empezar a funcionar a principios de 1997. 
Conformarse con menos significaría traicionar a nuestra industria audiovisual y a los puestos de trabajo que puede crear. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Guinebertière su heroico trabajo en un documento tan complejo. 
Señalo también en este contexto que da la impresión de que los diputados del otro lado de la Asamblea se han apropiado del ministro de cultura irlandés. 
Lo cierto es que se han apropiado de parte de mi intervención. 
Todos los que hemos trabajado en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación damos la bienvenida al informe. 
La propuesta del Fondo de Garantía es oportuna y progresiva. 
Somos conscientes del significativo crecimiento del mercado audiovisual de la Unión Europea- 16 % anual -, lo que le convierte en el mercado audiovisual de crecimiento más rápido del mundo. 
También somos conscientes de la discrepancia existente entre el tamaño del mercado audiovisual de la Unión Europea y la cuota de las producciones de la Unión Europea en ese mercado. 
En este contexto, hay que dar la bienvenida a una propuesta como la del Fondo de Garantía, que pone en pie un cuarto edificio en el desarrollo de la infraestructura del mercado audiovisual de la Comunidad. 
Esperemos que el Fondo, una vez constituido y en funcionamiento, incremente nuestro patrimonio de productos culturales y sea capaz de producir películas que el público quiera ver y que otros europeos estén dispuestos a ir al cine para verlas. 
La Sra. Tongue ha subrayado que se trata de una cuestión política. Ciertamente, lo es en gran medida. 
En términos generales, apoyamos el Fondo de Garantía. Pero hay que insistir en que el éxito del Fondo dependerá de que se respeten ciertos principios claves en su estructura. 
Ante todo, ha de ser un Fondo paneuropeo y se ha de estructurar de tal manera que todos los países tengan acceso a él. 
Como es sabido, en Europa las estructuras bancarias y la relación de las mismas con el cine no son homogéneas. 
Para los países cuyo sector bancario se dedica menos a financiar películas, es importante que el Fondo funcione de tal manera que los estimule a participar en dicha financiación, a adoptar actitudes emprendedoras, a asumir riesgos, a apostar por una producción que no sólo les haga sentirse muy orgullosos de su participación, sino que incluso les reporte beneficios. 
Puede que resulte necesario incluir en el Fondo una ponderación que refleje las diferencias en los sistemas bancarios. 
El Parlamento ha abordado este derecho equitativo a una participación con referencia a la posición de los países con una capacidad audiovisual escasa. 
Esta consideración es vital y debe mantenerse. 
Es interesante destacar que el distinto grado de penetración del sistema bancario en la producción de películas no guarda necesariamente una correspondencia con la capacidad de producción audiovisual del país. 
El papel que, en la propuesta actual, se concede al Banco Europeo de Inversiones en cuanto a la estructura y el funcionamiento del Fondo es fundamental. 
Sabemos que, por regla general, se ocupa de grandes proyectos de infraestructura que requieren elevados niveles de garantía y cuyo período de realización abarca varios años. 
Hay que admitir que el perfil de los proyectos de producción audiovisual tiene un carácter más de corto plazo y, por tanto, no pueden contemplarse, como ha dicho la Sra. Tongue, de la misma manera que se consideran las propuestas económicas definidas quizá con más claridad. 
Según la propuesta actual, el Fondo permite la participación de los distribuidores y también de otras fuentes de financiación, como las emisoras y los productores cinematográficos independientes europeos. 
Este aspecto pone de relieve un elemento esencial de la visión y de la política europeas por lo que respecta a la importancia de la distribución y del acceso al mercado de las películas europeas. 
También somos muy conscientes de que se está consiguiendo progresar en este campo bajo la Presidencia irlandesa, que tiene un apasionado apego por la producción de películas y una experiencia muy positiva en este ámbito. 
No me cabe duda que vamos a continuar con cautela, pero ya se está consiguiendo avanzar en el reconocimiento de que el Fondo de Garantía es una parte vital del futuro de la industria cinematográfica europea. 
Señor Presidente, también quisiera expresar mis sinceras felicitaciones a la Sra. Guinebertière por este excelente informe. 
Acogemos con satisfacción el que se emprenda este experimento puramente europeo, cuyo objetivo es apoyar el cine europeo y la producción audiovisual más amplia, como espejo que son de la diversidad cultural europea. 
El Fondo propuesto representa una forma intermedia entre los sistemas de subvención como, por ejemplo, MEDA, que por sí solos no son suficientes para apoyar la producción cinematográfica europea, y los sistemas de financiación puramente comerciales. 
Esta forma de repartir el riesgo es pionera y va bien orientada con respecto a la necesidad de crear productos audiovisuales europeos de alta calidad y con perspectivas de éxito comercial, de modo que sean atractivos para grandes inversores. 
Con razón se subraya que debe haber claridad tanto respecto a la voluntad política precisa para conseguir finalmente la creación del Fondo como respecto a los mecanismos de su funcionamiento. 
En este contexto, adquieren un papel especialmente importante las enmiendas de la ponente que proponen, primero, constituir un órgano ad hoc en el marco del Fondo Europeo de Inversiones y, segundo, una fase experimental de cinco años. 
Sin embargo, expresamos nuestra preocupación sobre los criterios de selección de los proyectos, así como sobre los criterios referentes al éxito comercial, que remiten a una política de apoyo exclusivamente de grandes proyectos que hace caso omiso del carácter especial del sector audiovisual en Europa y de su fisonomía multicultural. 
Las pequeñas y medianas empresas y, en general, las producciones procedentes de Estados miembros con una producción audiovisual de pequeñas dimensiones y una extensión geográfica y lingüística reducidas deben recibir un trato más favorable, tal como lo están recibiendo en el marco de MEDIA II. De modo que queremos ver destinado con carácter vinculante un porcentaje concreto del presupuesto a esos casos, aspiramos a que se dé prioridad a propuestas de coproducciones internacionales realizadas por un mínimo de dos Estados miembros y, por último, consideramos que los productores independientes, que por lo general expresan peculiaridades culturales y lingüísticas, merecen un apoyo especial. 
Señor Presidente, el informe Guinebetière merece conseguir, a su vez, un sólido consenso parlamentario, porque, con gran sentido del equilibrio, presenta soluciones técnicas concretas con vistas a volver viable la creación de un fondo de garantía para dinamizar la producción audiovisual europea. 
Voy a destacar, como puntos más importantes, la creación de un marco concreto para este fondo; la preocupación por crear, en el ámbito del Fondo Europeo de Inversiones, condiciones financieras inductoras, dada su especificidad cultural, para todos los participantes; y, por último, un aspecto que me resulta particularmente grato: la insistencia en la inclusión de los países de pequeña producción y de los proyectos de pequeña dimensión. 
Conviene afirmar que, sin este fondo, el programa Media II, que apoya la formación, el desarrollo y la distribución, y la Directiva «Televisión sin fronteras» , que reglamenta la teledifusión, no serán suficientes para alcanzar el gran objetivo de reactivar la producción europea y volverla competitiva a escala mundial. 
El informe Guinebetière sigue- pero aclara y refuerza- la propuesta de la Comisión, que la Comisión de Cultura consideró por unanimidad una buena base. 
Falta superar las dudas que puedan subsistir de algunos Estados miembros. 
A los Estados miembros que, aun comprendiendo la necesidad del Fondo, vacilan aún a la hora de darle luz verde quisiera, en nombre del Grupo Liberal, recordarles tres cosas: 
que todos los sectores profesionales del mundo audiovisual se muestran unánimes en pedir su creación; -que el dictamen técnico del FEI, pedido por la Comisión, ha confirmado su viabilidad financiera; -que se echarán a perder los millones de ecus atribuidos al programa Media II, ya que éste, sin el efecto multiplicador del Fondo de Garantía, sólo producirá efectos marginales.Concluyo haciendo un llamamiento en pro de una convergencia de medidas y voluntades para que ya en 1997 nazca un Fondo, por un período experimental y con todas las garantías de acompañamiento y supervisión, como propone el informe. 
Dicho Fondo de Garantía permitirá, por último, la suficiente masa crítica de inversores privados que brinden a la creatividad europea oportunidades de demostrar su fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Señor Presidente, si bien podemos felicitarnos del entusiasmo de la Sra. Guinebertière por la creación de un Fondo Europeo de Garantía, es fácil imaginar la dosis de voluntad, de convicción, incluso de humor, y de optimismo que habrá necesitado para presentar su informe en el Pleno. 
Sí, este Fondo de Garantía es necesario para estimular la producción cinematográfica, la distribución de películas en las salas de exhibición y la difusión de obras europeas en las cadenas de televisión. 
No cesamos de demostrar con cifras, cada vez que es necesario defender aquí, como si se tratara del capricho (si no fuera feminista, diría «de una mujer fácil» ) de Europa, la identidad cultural, la industria audiovisual y cinematográfica. 
Este sector representa, sin embargo, un potencial de puestos de trabajo nada despreciable- Hollywood y los Estados Unidos lo han comprendido hace cincuenta años-. 
Resultado: hoy, según las cifras del Observatorio europeo del sector audiovisual, el 77, 7 % de las obras de ficción difundidas en 1994 por las 88 cadenas de la Unión Europea no eran de origen europeo. 
No daré más cifras. 
No comprendo la posición de una parte del Consejo. 
¿Qué hay que hacer para convencerlos? 
A menos que se haya tomado la decisión histórica, pero no asumida, de abandonar, de sacrificar sin más, la cultura europea. 
Una vez más las cifras cantan. 
La propuesta inicial, en 1994, destinaba el 1 % de los Fondos estructurales, es decir 1.500 millones de ecus para cinco años. 
Hoy, la Comisión propone 90 millones de ecus, es decir, exactamente el importe escamoteado a MEDIA II. 
Naturalmente, para que posea una acción estructurante, este Fondo no debería privilegiar las grandes producciones. 
Para finalizar, me gustaría dirigirme concretamente a los ministros franceses, que, en lugar de poner en peligro en Francia el papel positivo de las sociedades de financiación de las industrias cinematográficas y audiovisuales (Sofica) , proponiendo la supresión de las ventajas fiscales, deberían más bien proponer la ampliación a Europa de esta modalidad de financiación sumamente eficaz para el cine, como lo ha subrayado la Sra. Guinebertière. 
En vísperas del Consejo «Cultura» del 16 de diciembre, este Informe reviste la gran utilidad de confirmar las capacidades y los intereses culturales, industriales y económicos del cine y del sector audiovisual. 
Permítanme concluir con una cita de Wim Wenders, que voy a parafrasear. 
Él se refería a la industria, yo me referiré a la política y a la Unión. 
Es comprensible que la Unión Europea no pueda permitirse ser idealista, pero lo que resulta inadmisible es que siga arrogándose el derecho de despreciar sus industrias y a sus ciudadanos, hay que prohibírselo. 
Señor Presidente, estimados colegas, el lenguaje audiovisual sigue siendo- y cada vez lo será en mayor medida- el medio prioritario para la comunicación, el entretenimiento y la información de masas. 
La participación activa y pasiva se transferirá cada vez más a este medio, puesto que la cuestión de la asimilación o de la reducción a la pasividad se dirimirá fundamentalmente en este ámbito para grandes sectores de nuestra ciudadanía. 
Y precisamente en este contexto se reproduce también la tragedia de los bienes de interés colectivo: el lenguaje y la capacidad de expresión se consideran exclusivamente desde la perspectiva de su valor de mercado, en vez de concebir su cultivo, preservación, actualización y creación como una tarea pública. 
La innovación y la creatividad no son, en efecto, un resultado secundario de la competencia de mercado y es necesario dedicar recursos a su fomento público. 
El Fondo de Garantía es un elemento importante para ello. 
Pero no deberíamos olvidar en ningún momento que también es necesario reforzar la producción y distribución públicas jurídicamente reguladas. 
Como tampoco debemos caer en el error de intentar buscar una respuesta europea a la cultura Disney en abstracto. 
Necesitamos una auténtica diversidad, que incluya la capacidad de diálogo con otros, necesitamos enfoques europeos verdaderamente comunes, que incorporen también a los pequeños países y lenguas comunitarios como parte integrante de nuestra riqueza. 
Necesitamos oponer un razonamiento político frente a la mera aplicación de la lógica de la OMC a escala mundial. 
Necesitamos el presente informe, cuya elaboración agradezco sinceramente a la Sra. Guinebertière, pero también debe quedar claro que las tesis de la Agrupación Europea de Empresas Cinematográficas, de la cual surgió inicialmente el proyecto- en el sentido de que habrá recursos suficientes para unos 17 años, sin necesidad de nuevas aportaciones -, desde luego no son realistas habida cuenta de la creciente intensidad de capital precisamente en este ámbito. 
Debe quedar claro asimismo que el potencial de entre dos y tres millones de personas empleadas, sobre cuya base se ha argumentado aquí, lamentablemente tampoco es realista habida cuenta de los procesos de racionalización que están teniendo lugar en este ámbito con la introducción de nuevas tecnologías y conceptos organizativos. 
Todavía es más importante, por lo tanto, que demos un impulso al citado elemento de incentivación política y que exijamos de los Estados miembros la voluntad política de promoverlo también realmente. 
Desde esta perspectiva, repito, nosotros apoyaremos la propuesta, pero no debemos dejarnos llevar por la ilusión de que con esto ya habremos conseguido abrir definitivamente brecha. 
Señor Presidente, ¿la economía y el mundo financiero pueden acudir en socorro de la cultura? 
La constitución de este Fondo Europeo de Garantía debería responder, en parte, a esta pregunta para incentivar la producción cinematográfica y televisiva. 
En efecto, ¿cómo es posible favorecer el desarrollo de un sector audiovisual potente y dinámico, cuando precisamente, por falta de inversiones suficientes, este último presenta algunos puntos débiles? 
Hoy la Comisión europea nos propone este Fondo de Garantía: una estructura encaminada a asegurar los riesgos asumidos por los operadores financieros en el momento de efectuar inversiones en el sector audiovisual. 
Inspirándose en experiencias similares realizadas en Francia y en España, dicho mecanismo permitiría, a la larga, asegurar el 50 % de los riesgos asumidos por los proyectos seleccionados. 
No obstante, como lo subraya la Sra. Guinebertière en su excelente informe, si bien este proyecto es una herramienta indispensable para apoyar una verdadera industria audiovisual, hay algunos puntos que requieren una clarificación. 
Pienso, en particular, en el papel del Fondo Europeo de Inversiones, uno de los socios del proyecto. 
Pienso también en el problema de la selección de los proyectos y en el modo de conciliar el interés cultural con la rentabilidad financiera. 
Por otro lado, debería precisarse el volumen de financiación. 
En efecto, me cuesta creer que las dotaciones presupuestarias acordadas para la puesta en marcha del proyecto, apenas unos 10 millones de ecus, sean suficientes para crear una verdadera dinámica. 
Sabemos que el sector bancario es reacio a invertir en un sector «de riesgo» : ¿cómo es posible, pues, abrigar la esperanza de que se comprometa en la constitución de un Fondo que maneja nada menos que 110 millones de ecus? 
Además, sabemos que en los países europeos la organización de sociedades de producción adolece de muchas imperfecciones y que necesita ser reforzada. 
En efecto, las sociedades de producción son demasiado pequeñas como para poder competir con los productores norteamericanos, cuyo extraordinario desarrollo corre parejas con su expansionismo. 
¿Este Fondo será, pues, capaz de proporcionar el balón de oxígeno necesario para avanzar y reestructurar este sector? 
Si es así, quizás entonces, gracias a este Fondo de Garantía, ¡el David europeo podrá vencer al Goliat hollywoodiense! 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento emite su dictamen sobre la creación de un Fondo Europeo de Garantía en un momento en que el estudio del FEI demuestra que un fondo de garantía puede ser un instrumento adecuado. 
Podría funcionar durante diecisiete años sin nuevos medios comunitarios y en un período de diez años podría contribuir a financiar cerca de 630 producciones televisivas y cinematográficas, y a elaborar unos sesenta catálogos. 
El Grupo Socialista quiere abogar en primer lugar por la creación inmediata de este Fondo. 
Hay diversas razones que lo justifican. 
Usted sabe que somos partidarios de introducir una cuota con motivo de la revisión de la Directiva de Televisión Sin Fronteras. 
Los que se oponen a ello dicen que hay medios más adecuados para estimular la cultura cinematográfica europea y que estamos a la defensiva. Y luego se remiten a la alternativa. 
La alternativa es, entre otras cosas, este Fondo. Hoy les tomamos la palabra. 
¿Están dispuestos los gobiernos a dedicar un importe a una operación que proporcione oxígeno a las culturas europeas? 
Hay también un motivo económico. 
¿Están dispuestos los gobiernos a inyectar medios en la expansión de una industria que tiene dificultades para mantenerse en pie entre la violencia norteamericana? 
Y hay un motivo social. 
Cientos de producciones y su distribución, lo cual significa muchos puestos de trabajo. 
La cuestión es si los gobiernos están dispuestos a invertir en ese empleo extra. 
Formulamos estas preguntas porque no estamos tranquilos. 
En otras ocasiones, el Consejo se ha mostrado pesimista en relación con este Fondo. 
Se han formulado muchas preguntas y a nuestro entender el informe sobre el FEI ha dado suficientes respuestas. 
Además, el Parlamento, a través de su ponente, la Srta. Guinebertière, ha hecho gala de una gran flexibilidad y una actitud muy positiva para optimizar las posibilidades de creación del Fondo. 
Por todas estas razones esperamos que el 15 de diciembre el Consejo dé luz verde y esté dispuesto a estimular a la industria cinematográfica europea. 
Por desgracia, a este Parlamento no le queda otra opción que esperar. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la Sra. Guinebertière y felicitarla, por mucho que hable desde una perspectiva ligeramente distinta a la de otros diputados. 
Mi punto de partida para considerar esta propuesta es que tenemos que ser conscientes de que las subvenciones públicas, al proteger y aislar un sector de las fuerzas reales del mercado, pueden dar lugar en la práctica a más perjuicios que beneficios. 
Hemos de tener cuidado con la idea de que los problemas se pueden resolver simplemente aportando dinero. 
Desde luego, yo tengo mis dudas sobre la capacidad de los funcionarios nacionales o europeos para dilucidar qué ha de tener una película para ser buena o si esta película o la otra deben contar con dinero público. 
Dicho esto, también he de decir que la industria cinematográfica europea es importante como vehículo de la cultura europea y como fuente de empleo y riqueza. 
En el debate de la televisión sin fronteras me opongo firmemente al concepto de cuotas de producción, el cual identifico con una grosera distorsión del mercado. 
Pero estoy dispuesto a adoptar una postura más positiva con respecto al Fondo de Garantía, siempre que se cumplan dos condiciones importantes. 
La interferencia burocrática ha de ser mínima y las decisiones a tomar sobre las películas que se van a subvencionar han de basarse en criterios objetivos, financieros y culturales sólidos. 
Espero que el Comité consultivo y los otros mecanismos que se contemplan cumplan esta condición, pero es un asunto que requerirá revisiones periódicas. 
La otra condición es que el Fondo no suponga un drenaje indefinido de fondos comunitarios. 
Las perspectivas sugieren que, incluso en el peor de los casos, el Fondo será autosuficiente por muchos años. Así lo espero. 
En particular, apruebo la enmienda de la Comisión de Presupuestos que propone que, cuando una película tenga éxito y produzca beneficios, parte de esas ganancias se reintegren al Fondo. 
Señalo que incluso el vicepresidente ejecutivo de Polygram- una de las principales productoras europeas de películas- apoyó esta propuesta, al sugerir que el 2 % de los beneficios netos de las películas de éxito se revierta al Fondo. 
Ni que decir tiene que se requiere la mayor transparencia y probidad en la concesión de las garantías para asegurar que el dinero se gasta de manera justa, efectiva y exenta de abusos. 
Con estos criterios, considero que la Comunidad puede y debe ofrecer apoyo material y positivo a esta importante industria europea. 
Señor Presidente, la excepción cultural del GATT, en efecto, nos permite construir instrumentos de política, pero el instrumento que hemos creado y que su Señoría acaba de exponer con tanta claridad y énfasis, aunque es bueno desde el punto de vista cualitativo, porque sería absurdo creer que el mercado libre va a favorecer un desarrollo cultural, se quede corto en cuanto a su alcance. 
Me refiero al dinero, señor Presidente; es poco, se ha tomado de otra parte- de MEDIA- y en principio no creo que permite alcanzar ninguna masa crítica. 
De todas maneras, lo apoyaremos, esperando que todo vaya bien. 
Si el Consejo nos está escuchando, quiero destacar tres puntos, señor Presidente. En primer lugar, espero que todo lo que se acuerde se cumpla, sin que se repitan situaciones ridículas como las de la directiva " televisión sin fronteras» , que dos tercios de los Estados miembros están incumpliendo. 
En segundo lugar, espero que el Consejo ECOFIN pase a formar parte del pasado. 
Ha demostrado su inutilidad, su falta de inspiración, su falta de aliento y su absoluta falta de ideas para el desarrollo de Europa: les recuerdo las redes transeuropeas. 
En tercer lugar, todos sabemos que el desarrollo del sector audiovisual requiere más cosas, pero falta la voluntad política, que nuestra ponente, con mucha razón, ha caracterizado de negligente. 
Señor Presidente, Señorías, la batalla que llevamos a cabo aquí, antes de la segunda lectura, sobre la Directiva «Televisión sin fronteras» , contribuye a la defensa y a la promoción de la cultura europea, y sé que esta ambición es ampliamente compartida en el seno de nuestro hemiciclo. 
En este mismo orden de ideas, hoy se nos propone un sistema de Fondo Europeo de Garantía que sirva de estímulo a la producción cinematográfica y televisiva europea. 
El objetivo de dicha propuesta es desarrollar este sector reduciendo el riesgo para los inversores, y alentarlos a fomentar e incrementar las futuras producciones europeas. 
Nuestra industria cinematográfica se enfrenta a un temible adversario, los Estados Unidos, y para hacerle frente se necesitan muchos medios y sobre todo solidarizarse frente al mundo financiero, que es a menudo muy reacio en este ámbito. 
La Comisión de Cultura, Juventud y Medios de Comunicación aprobó por amplia mayoría el informe de nuestra colega. 
Eso demuestra que nuestro Parlamento, en conjunto, es sensible al desarrollo cinematográfico y televisivo europeo, y me felicito personalmente de ello. 
Desgraciadamente, temo que el Consejo quiera hacer un doble juego. 
Éste presenta la idea de un Fondo Europeo de Garantía como una necesidad y como complemento de la Directiva «Televisión sin fronteras» y del programa MEDIA II. 
Pero, al mismo tiempo, parece prever una reducción del presupuesto de MEDIA II. 
Naturalmente, las líneas presupuestarias son diferentes, aunque el Consejo no parece dispuesto a llevar a cabo el esfuerzo presupuestario necesario para la realización de sus objetivos. 
Da la impresión de que disfraza la realidad y de que traspasa millones de ecus de una línea presupuestaria a otra. 
Ahora bien, no se logrará limitar los riesgos de la producción cinematográfica sólo a través de operaciones contables. 
En tal caso, constataríamos nuevamente un corte entre las palabras y los hechos, y espero que estos últimos me contradigan. 
Dicho esto, señor Presidente, Señorías, apruebo el informe y apoyo la creación de este Fondo de Garantía, ya que es necesario favorecer la creación audiovisual. 
Es indudable que para ello se necesitan más medios, más créditos, por tratarse de algo vital para Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente Sra. Guinebertière por su magnífico trabajo. 
Aunque su propuesta ha sido aprobada por unanimidad, ello no significa que su tramitación haya sido fácil. 
Por eso, su mérito es doble puesto que, por una parte, ha tenido habilidad para sortear todos los obstáculos en su camino y, por otra, se ha asegurado un brillante resultado. 
Y quiero también dar las gracias, por supuesto, a la Comisión y al Sr. Comisario. 
La industria cinematográfica está sometida a un gran riesgo comercial y el principal objetivo del Fondo es paliar ese riesgo. 
Sin embargo, lo novedoso de la propuesta reside en que el Fondo no es intervencionista, sino que ayuda a que las producciones viables puedan evolucionar en las mejores condiciones. 
Otra novedad es su carácter financiero. 
El Fondo no supone la creación de una nueva estructura administrativa sino que se integra en el Fondo Europeo de Inversiones, que tiene como objetivo la concesión de garantías bancarias. 
Mediante el Fondo se van a potenciar las producciones europeas que sean comercialmente viables y, al mismo tiempo, se apoyará a la cultura europea mediante la especial protección concedida a las lenguas y a las culturas minoritarias. 
La industria cinematográfica y televisiva tiene su fundamento en un sistema de producción sólido pero encuentra su supervivencia en la distribución comercial de sus productos. 
Las guerras que se dan en el mundo cultural se libran en el campo de la distribución. 
Por ello, el Parlamento ha introducido dentro del ámbito del Fondo de Garantía la distribución de las funciones cinematográficas y televisivas. 
Finalizo, señor Presidente, destacando que en este proyecto coexisten flexibilidad, descentralización, política cultural y eficacia económica, con lo que se demuestra que Europa puede crear instrumentos transparentes y cercanos al ciudadano. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero darles las gracias por la ayuda que representan sus intervenciones y felicitarles también por el excelente trabajo que han hecho a lo largo de estos meses. 
Ustedes conocen muy bien lo que fue el programa de la Comisión. 
Saben que, además de la directiva de televisión sin fronteras- que ponía al día la directiva de 1989 -, y del programa MEDIA, que era un programa destinado a la reproducción- es decir, todo lo que se refiere al desarrollo, a la distribución y a la formación, con un presupuesto importante y significativo puesto que es de 310 millones de ecus -, nos parecía que era necesario encontrar un complemento y, después de darle muchas vueltas, creímos que lo mejor podía ser un Fondo de garantía con las características del que hemos propuesto, para lo cual, naturalmente, necesitamos contar con el apoyo del Parlamento- por eso nos tranquiliza mucho y nos reconforta la manera como se han expresado sus Señorías hoy aquí esta tarde- y necesitamos también, naturalmente, el respaldo del Consejo, la otra rama del legislativo, que está previsto que se pronuncie el próximo día 16 de diciembre. 
Quiero decirles que vamos a tener muy en cuenta las ideas que han expuesto. 
En particular, en lo que se refiere al lanzamiento del Fondo en fase experimental porque eso es, en realidad, lo que se hace. 
No nos metemos en ninguna aventura, lo que hacemos es ver cómo puede funcionar este Fondo, lo hacemos funcionar durante unos años y vemos cual es el resultado. 
Vamos a tener también muy en cuenta- porque sé que esa es una preocupación de muchos diputados- la preocupación respecto de los pequeños países. 
Esto no es un invento sólo para los grandes países, no es un invento sólo para las grandes producciones, sino que es también para los pequeños países. 
Y en ese sentido creo que debemos tener en cuenta la coproducción entre varios países y lo que significa el que el impacto del Fondo pueda ser realmente eficaz para la producción y para la distribución. 
Quiero felicitar de una manera muy especial a la ponente, Sra. Guinebertière. 
Y quiero decirle también que me siento muy identificado con lo que nos ha dicho hoy aquí. 
La idea de que el Fondo sostenga a las coproducciones, que se estimule la circulación intraeuropea de las películas, que se ayude a la coproducción de los países de más escasa capacidad, y los cinco años de fase experimental, son, según me parece haber recogido, los cinco puntos principales de la exposición que ha hecho la Sra. Guinebertière, y debo decirle que, desde el punto de vista de la Comisión, estamos totalmente de acuerdo. 
Lo que necesitamos es que el Parlamento y la Comisión aunemos nuestros esfuerzos para intentar convencer al Consejo para seguir adelante. 
Termino ya, señor Presidente, diciendo que la Comisión acepta 21 de las 33 enmiendas propuestas, ya sea en su totalidad ya sea en su espíritu o en parte. 
Aceptamos en su totalidad las enmiendas 1, 3, 4, 8, 10, 12 y 14. 
Aceptamos en su espíritu las enmiendas 5, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23 y 36. 
Aceptamos en parte las enmiendas 11, 28, 30 y 35. 
No estamos en condiciones de aceptar las enmiendas 7, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 y 33. 
Las enmiendas que no podemos aceptar se refieren ya sea a temas de flexibilidad del mecanismo ya sea a algunos problemas simplemente de formulación o de presentación. 
Pero, por lo demás, habrán visto que, ya sea en su totalidad o en su espíritu, aceptamos la mayor parte de las enmiendas que han sido presentadas. 
Creo que, en definitiva, teniendo en cuenta todas estas propuestas del Parlamento que enriquecen sin duda alguna la presentación que había hecho la Comisión, no me queda más que agradecerles muy sinceramente la colaboración de esta Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Ariane 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0308/96) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común del Consejo (C4-0377/96-94/0189 (COD) relativa a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de apoyo en el ámbito del libro y de la lectura (ARIANE) (Ponente: Sra. Mouskouri). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con gran alivio y tras una larga espera hemos recibido la posición común del Consejo sobre el programa ARIANE de apoyo en el ámbito del libro y de la lectura. 
Es realmente lamentable que un programa como éste, con un presupuesto muy modesto y un contenido que tanto enriquece el conocimiento, contribuyendo a la mutua divulgación de nuestras culturas, haya tenido que enfrentarse a tantos obstáculos. 
Esto confirma una vez más cuán incómoda resulta la exigencia de la unanimidad en el proceso de codecisión. 
La posición común del Consejo modifica de manera bastante sustancial el contenido y la estructura que la Comisión tenían previstos originalmente. 
Son cuatro los cambios principales. 
En primer lugar, la duración del programa se ha reducido de 5 a 2 años- de 1997 a 1998 -, aunque en el artículo 8 de la decisión se prevé la posibilidad de que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten un nuevo programa si el informe de evaluación de la Comisión sobre ARIANE es realmente positivo. 
En cuanto al presupuesto, se ha reducido de 34 millones de ecus en 5 años a 7 millones de ecus en 2 años, destinando un total de 2, 5 millones de ecus a un proyecto piloto para el año 1996. 
A continuación, en lo que respecta a la comitología, al tema de los comités, el Consejo ha sustituido el comité consultivo propuesto originalmente por la Comisión por un comité mixto, a la vez consultivo y de gestión. 
Por último, con respecto a la estructura del programa, de las tres acciones previstas originalmente por la Comisión se ha pasado a seis, lo cual nos da una imagen más nítida del campo de aplicación del programa. 
También se da una mayor prioridad a la traducción, el especificarse que el 50 % del presupuesto del programa debe estar destinado a ella. 
Podría expresar mi decepción por el hecho de que tanto la duración como el presupuesto hayan sido reducidos tanto. 
En cuanto a la duración, nos consuela comprobar que se ha previsto la adopción de un nuevo programa; en cambio, no podemos conformarnos con un presupuesto tan bajo si queremos que el programa ARIANE se desarrolle, por lo que se ha solicitado un aumento de 3, 5 millones de ecus. 
El título del programa ha sido ligeramente modificado, al agregarse la especificación de que el apoyo en el ámbito del libro y de la lectura se prestará principalmente mediante ayudas a la traducción. 
Así se aclara el contenido del programa. 
En la Comisión de Cultura hemos querido insistir en el apoyo a las obras redactadas en las lenguas menos extendidas de la Unión Europea. 
Con tal motivo se pide a la Comisión que en su informe de evaluación especifique la repercusión que el programa haya tenido en la difusión de la literatura en estas lenguas. 
Es la enmienda nº 3. 
Por este motivo, en lo que concierne al apoyo a la traducción de obras redactadas en lenguas menos difundidas hemos preferido volver a la redacción original, tal como fue propuesta por la Comisión. 
Esto significa que, en relación con esas lenguas, no se exigirá como condición previa para beneficiarse de ayudas del programa ARIANE el que se haya hecho la traducción a otras lenguas de la Unión Europea, mientras que la posición común del Consejo establece condiciones que no nos parecen absolutamente justificadas y que crean problemas de acceso de esas lenguas a la traducción. 
En el marco de la acción 2, destinada a proyectos de cooperación, hemos introducido la posibilidad de conceder ayudas para la creación de dos tipos de bases de datos. 
La primera contiene información sobre los libros disponibles en el mercado para las editoriales y la segunda sobre bases de datos relativas a las dificultades y peculiaridades semánticas destinadas a los traductores técnicos y literarios. 
Para finalizar, quisiera referirme al problema de la comitología. 
La decisión del Consejo de crear un comité a un mismo tiempo consultivo y de gestión implica un proceso excesivamente gravoso en cuanto a la adopción del programa. 
La propuesta de la Comisión de un comité consultivo nos parece mucho más adecuada. 
Quisiera agregar asimismo que hemos intentado ser muy moderados y muy poco exigentes al redactar nuestras enmiendas para la segunda lectura, a fin de no dificultar al Consejo su aprobación. 
Por lo tanto, espero que el Consejo tome en consideración las mejoras que proponemos y que podamos poner en marcha muy en breve este programa tan esperado. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Mouskouri su muy completa exposición de la manera en la que ha progresado el programa desde la última lectura. 
Cuando expresa su decepción al considerar los resultados, está hablando por todos los miembros de la comisión. 
Ariane es un programa de apoyo a la lectura y a los libros. 
Su objetivo no es resolver todos los problemas de analfabetismo que se dan en la Unión Europea. 
La financiación del programa es tan escasa que los objetivos tienen que ser muy claros y no se deben suscitar expectativas excesivas. 
Por lo tanto, pienso que habría que dejar muy claro en el título que se trata de un programa de apoyo a la lectura y a los libros, principalmente a través de traducciones. 
También es un programa que debería dar prioridad a libros en las lenguas menos extendidas de la Unión Europea, aun en el caso de que esos libros no hubieran sido traducidos con anterioridad a otras lenguas comunitarias. En esto último estamos en desacuerdo con el Consejo. 
La razón es la siguiente. 
Aquí tenemos una excelente novela del siglo XX escrita en galés, pero que solo es accesible a unas 500.000 personas en toda la Unión Europea. 
Es una verdadera vergüenza que no haya más personas que puedan acceder a esta clase de libro. 
Waltari es un novelista finlandés que ha escrito una excelente novela sobre un egipcio. 
Los lectores de España y Portugal tendrían que poder compartir este libro. 
Los novelistas que utilizan lenguas menos extendidas como su medio de expresión necesitan que se les eche una mano y este programa debe hacerlo. 
El programa ha tardado mucho en volver al Parlamento Europeo para su segunda lectura, pero me temo que todavía quedan unos puntos cruciales en los que hay discrepancias entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Volvemos al viejo problema de la comitología. 
Nuestra comisión ya ha tenido con anterioridad una experiencia similar con el programa Caleidoscopio. 
Ahora parece que tenemos que recurrir a la conciliación por la misma razón. 
El Consejo propone que un grupo de representantes no elegido democráticamente se reúna a puerta cerrada para decidir las principales cuestiones de instrumentación del programa. 
También se consultará a este grupo en todos los proyectos que impliquen un gasto superior a 10.000 ecus. 
Se puede imaginar la burocracia que esto requiere. 
En una época en la que los ciudadanos europeos piden menos burocracia y más democracia, parece que nos encontramos ante un acto deliberadamente provocativo. 
Para concluir, quisiera recordar al Consejo y a la Comisión, incluso en este contexto, su compromiso de luchar contra el desempleo. 
A este respecto, han identificado pequeñas y medianas empresas. 
¿Por qué razón han suprimido una mención que habría dado prioridad a pequeñas editoriales independientes? 
Con este programa, la Unión Europea demuestra que no tiene intención de crear una monocultura europea. 
Vivimos en un continente que es un mosaico cultural. 
Este programa es una pequeña pieza que añade color a este mosaico y que con el tiempo completará un cuadro que podrán admirar todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, he de confesar que la primera vez que oí hablar del proyecto Ariane pensé: pero, ¿de qué estamos hablando? 
De algo para promover los libros y la lectura. 
Es como decir que vamos a lanzar un programa que promueva mirar o caminar o alguna otra función que ejecutamos de manera bastante normal en las distintas actividades que componen nuestra vida. 
Sin embargo, pronto resultó evidente, gracias al trabajo de la Sra. Mouskouri en este proyecto (por el que la felicito) , que estamos librando un combate de retaguardia contra el apasionado romance con los nuevos medios electrónicos al que se sienten atraídos algunos Comisarios en perjuicio de la letra impresa y de aquellos de nosotros que somos lectores apasionados. 
Estoy seguro que hay muchos de ellos en esta Asamblea. Es decir, que aunque estamos ante un programa muy pequeño y modesto, por lo menos es un reconocimiento y una llamada de atención sobre la necesidad de proteger ante todo los placeres que da enfrascarse en la lectura de un buen libro. 
Procedo de un país cuya lengua no está muy extendida. Como tal, me gustaría reconocer que en este contexto los verdaderos héroes del mundo editorial son los pequeños editores de libros en lenguas minoritarias. 
Quizá les interese saber a los diputados que uno de los galardonados con el premio Aristion, que forma parte de este programa, es el marido de una ex diputada del Parlamento. 
Es un poeta danés muy distinguido. Thorhild Björnvig, un compatriota suyo, señor Presidente, ha ganado el premio por sus traducciones de Rilke del alemán al danés, que, sin ser una lengua minoritaria, se habla menos que otras lenguas de la Comunidad. 
No podemos permanecer impasibles ante el hecho de que las futuras generaciones están también inmersas en el mundo de los media electrónicos y fascinados por él. Quizá necesitan que sus mayores y mejores les hagan patentes una y otra vez los genuinos placeres de la letra impresa y la necesidad de protegerla, aunque sea con programas tan pequeños como éste. 
Quisiera felicitar a la Sra. Mouskouri. 
Espero que ahora consigamos avanzar. ¡Vivan los buenos libros! 
Señor Presidente, creo que no hay nadie de nosotros que no esté en favor de cualquier esfuerzo de difusión y de apoyo del libro. 
Por lo tanto, saludamos que, por fin, se haya producido un desbloqueo del programa ARIANE. 
El objetivo de este programa es enriquecer los conocimientos y ampliar la difusión de la producción literaria de los pueblos de Europa, así como fomentar el acceso del ciudadano europeo a ésta, sobre todo a través de la traducción literaria, que para las civilizaciones más pequeñas significa una importante vía de acceso a la Europa unitaria. 
La posición común, de hecho, acoge gran parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento en la primera lectura. 
No obstante, no podemos más que expresar nuestra decepción- ya lo ha hecho la ponente- sobre la drástica reducción del presupuesto del programa, que, unido a los recortes presupuestarios en otros programas culturales, revela una tendencia general a la desvalorización de las políticas de apoyo a la cultura europea. 
El Parlamento Europeo, por lo tanto, presenta diversas enmiendas para reforzar el programa ARIANE, así como otras dirigidas a conseguir un procedimiento más flexible por la vía de un comité exclusivamente consultivo. 
En lo que se refiere a las lenguas menos difundidas, repetimos la posición fundamental de que hay que apoyarlas de todas las formas posibles, previniendo cualquier intento de marginarlas o incluso eliminarlas, un intento que es evidente y cuyos peligros son asimismo evidentes dentro de la lógica de las redes de alta velocidad. 
Este tema nos remite al riesgo de que la cultura europea multidimensional y multilingüe se desvalorice y quede desbancada por la facilidad y abundancia de una expresión cultural unidimensional, identificada con el éxito comercial. 
Por todas estas razones, apoyamos a la ponente en lo que respecta a las enmiendas referentes, primero, a la creación de bases de datos semánticos y, segundo, a la inclusión en el informe de evaluación de la Comisión de información sobre la repercusión del programa en la difusión de la literatura de las lenguas menos extendidas. 
De la misma forma hemos apoyado e impulsado en el pasado otras iniciativas destinadas a favorecer los productos multilingües o procedentes de ciudadanos de la Unión Europea con lenguas menos difundidas. 
Les recuerdo concretamente el marco de los programas MEDIA II e INFO 2000. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Mouskouri por su magnífico trabajo como ponente. 
Desafortunadamente, el programa ARIANE «se perdió en el laberinto» y ha estado meses y meses esperando una solución a pesar de que trata de un asunto tan importante como es la cultura del libro y la posibilidad de facilitar la lectura de autores europeos en las lenguas europeas- en las lenguas de los ciudadanos europeos-. 
Las medidas en materia de traducción no deben limitarse a las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
Deben ampliarse también a aquellas otras lenguas que, siendo oficiales en determinados territorios de Europa, no son oficiales en la Unión Europea. 
Y el señor Comisario, por su origen, conoce bien a qué me estoy refiriendo en este caso. 
La Sra. Morgan ha hablado también de otras lenguas que no son oficiales- como puede ser el caso del galés- y también es importante que en ellas pueda realizarse la lectura de estos autores europeos. 
Lamento que este programa haya sido limitado presupuestariamente, que se haya reducido su tiempo de aplicación y su presupuesto. 
Hemos pasado de 6, 8 millones de ecus por año a un presupuesto actual de 3, 5 millones de ecus por año. 
Creo que el libro merece un mejor apoyo y por esto creo que será positivo si se aprueba la enmienda que ha vuelto a ser presentada en el sentido de aumentar a 5, 25 millones el presupuesto que destine la Unión Europea. 
Espero que en los próximos años este programa pueda extenderse también a otros Estados europeos y que podamos ver que las obras de la Sra. Wislawa Szymborska, escritora polaca, Premio Nobel de Literatura este año, son traducidas a otras lenguas de los Estados europeos. 
Con ello, contribuiremos a que la Unión Europea vaya adelante y no se estanque «en el laberinto». 
Señor Presidente, Señorías, el montante de los recursos y la duración del programa son absolutamente insatisfactorios y ya se ha señalado asimismo el carácter antidemocrático de la comitología propuesta. 
Lamentablemente, el Parlamento Europeo no dispone de medios para oponerse al Consejo. 
Falta una voluntad política de los Estados miembros de poner realmente al alcance de los ciudadanos la diversidad del patrimonio cultural común que nos une dentro y más allá de las fronteras de la Comunidad o que constituye una importante aportación al patrimonio cultural de la humanidad. 
Un primer paso es la diversificación de las traducciones, pero el planteamiento debe ser mucho más amplio. 
Debe incluir la producción primaria, los archivos, las bibliotecas públicas, y yo quiero citar aquí también tres lenguas o grupos lingüísticos que también deberían incluirse: el bajo alemán, el frisón y el sorabo. 
Señorías, el informe considera acertadamente la escritura, la lectura y los libros como componentes fundamentales de toda una civilización. 
A mi parecer es una ilusión peligrosa descartar la posibilidad de que el tránsito a la era de la información con sus nuevas tecnologías de recogida, transmisión y difusión de información determine la aparición de nuevas formas de analfabetismo masivo. 
Circunstancia que en nada modificaría el hecho de que la mayoría sea capaz de comprender las instrucciones de uso o las canciones de moda. 
El informe de la Sra. Mouskouri toca exactamente los puntos clave a la vista de la decisión del Consejo- decisión que francamente recuerda el uso del «trompe l ' oeil» en la arquitectura del absolutismo, con su práctica de pintar ventanas donde no podía abrirse ninguna- de recortar el presupuesto precisamente por las pequeñas partidas presupuestarias, a la vez que socava la función de dicha línea presupuestaria al ampliar considerablemente el alcance de las acciones propuestas y el grupo de posibles solicitantes. 
Por nuestra parte, consideramos inquietante esta práctica, la cual evidencia que efectivamente es necesario un cambio de rumbo en la política cultural. 
A lo sumo se trata de un pequeño mendrugo, ¡pero necesitamos muchísimo más que esto! 
Señor Presidente, Señorías, es una especial satisfacción para mí poder ser el primero de los diputados austriacos recién elegidos o reelegidos que tiene la oportunidad de hacer brevemente uso de la palabra después de las elecciones para el Parlamento Europeo celebradas el 13 de octubre en Austria, y me alegra particularmente que mi intervención pueda tener lugar en relación con el informe de una personalidad a la que tengo en tan alta estima como es el caso de la Sra. Mouskouri. 
Mis colegas y yo mismo valoramos extraordinariamente la importancia que concede la Sra. Mouskouri a los aspectos de política cultural y educativa. 
En este sentido también considero que se trata de un excelente informe, que cuenta con nuestro pleno respaldo para todas sus enmiendas. 
El conocimiento, el entendimiento y la comprensión mutuos son importantes para Europa y sin duda no existe instrumento más idóneo que la literatura para promover un mejor entendimiento y comprensión. 
Es especialmente digna de consideración la referencia del informe a las pequeñas editoriales independientes, por un lado, y su especial hincapié, por otro lado, en las lenguas menos conocidas, entre las cuales sin duda también deben tomarse en consideración las lenguas de las minorías. 
Es muy importante que obras literarias escritas en lenguas minoritarias y que constituyen valiosas piezas literarias de nuestro continente también alcancen una mayor difusión y no se vean obligadas a languidecer fuera del alcance de un público europeo más amplio. 
El marco financiero es lamentablemente muy reducido; desde luego, es preciso aprobar la propuesta de un aumento del presupuesto a 10, 5 millones. 
No quisiera dejar pasar esta ocasión sin aprovechar la oportunidad para manifestar que nuestro Grupo político, reforzado después de las pasadas elecciones, se propone seguir desarrollando una labor constructiva en este Cámara. 
Somos europeos, aunque en la contienda electoral se nos haya acusado repetidamente de no serlo. 
Somos críticos, pero mantenemos una postura constructiva en relación con Europa, siempre con la máxima de que un exceso de centralismo es perjudicial para toda Europa y para los Estados individuales. 
Señor Presidente, yo sólo quiero recordarle al orador que me ha precedido, el Sr. Lukas, que las elecciones ya han quedado atrás y, por lo tanto, no es necesario que siga haciendo discursos electorales. 
Mi intervención se referirá al programa de apoyo en el ámbito del libro y de la lectura, que tiene una especial importancia precisamente en esta era mediática y, dicho esto, quiero dar las gracias a la colega Sra. Mouskouri por el sentido de compromiso con que ha realizado su trabajo. 
A finales de los años 80, la Comisión ya instituyó, con el apoyo del Parlamento Europeo, el Premio Europeo de Literatura y el Premio para las mejores traducciones de obras literarias europeas como un apoyo para el libro y la lectura. 
Por consiguiente, en realidad debemos congratularnos de poder examinar hoy en segunda lectura el programa de apoyo cultural ARIANE, cuyos objetivos siguen apuntando en la dirección adecuada: promover una mayor difusión de las obras literarias y teatrales contemporáneas, de las obras de consulta, de la cooperación entre redes y de los acuerdos de cooperación. 
También es importante destacar la cooperación con el Consejo y el hecho de que los programas estén abiertos también a los países de la Europea central y oriental. 
Personalmente, considero particularmente importante que la literatura de la Europa oriental, ignorada debido a su prolongada prohibición en muchos casos, también sea conocida y tenga difusión entre nosotros. 
Todo esto sería muy encomiable, pero el aspecto financiero resulta más que lamentable. 
El programa estaba dotado inicialmente con 34 millones de ecus y su duración era de cinco años. 
Según las previsiones de la Comisión y también de los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, esta cantidad habría permitido traducir 2.400 obras literarias y 650 obras de teatro. 
Ahora, después de realizar un proyecto piloto en 1996, no sólo se propone retrasar el programa y reducirlo a dos años- lo cual todavía podríamos aceptar -, sino también asignarle una dotación de sólo 7 millones de ecus. 
¡Yo respaldo con vehemencia el presupuesto de 10, 5 millones! 
La propuesta relativa a la comitología, es decir la designación de un Comité a la vez consultivo y de gestión resulta insostenible precisamente en el ámbito de la cultura. 
Es sabido que los creadores culturales son quienes más se quejan de la burocracia y dicho Comité tendrá efectos contraproducente en este contexto. 
Yo confío en que, al igual que Teseo encontró la salida del laberinto gracias al hilo de Ariadna, el nuevo programa ARIANE de apoyo a la literatura contemporánea, aunque no nos aporte una solución y un remedio para todos nuestros problemas, a pesar de todo nos permita situarnos mejor en Europa con la ayuda de los escritores y traductores. 
Señor Presidente, la presente propuesta sobre Ariane no es más que una pálida imitación de la esperanzadora propuesta original del Comisario Oreja. 
Los 34 millones de ecus durante cinco años en tres ámbitos de acción comunitarios han quedado reducidos a siete millones de ecus durante dos años en seis ámbitos de acción. 
Esto significa, por consiguiente, que anualmente se dispone por acción de un promedio de tan sólo 0, 58 millones de ecus, frente a la propuesta original de 2, 26 millones de ecus. 
Si además dividimos estos 0, 58 entre 15, pues al fin y al cabo cada Estado miembro quiere su parte, nos quedarán apenas 40.000 ecus por Estado miembro, por acción, por año. 
Señorías, se trata aproximadamente de una cuarta parte del salario anual de un comisario europeo, que por otra parte no les discuto. 
En la práctica, el apoyo a través de Ariane será aún menor, dado que la sexta acción pretende la participación de terceros países. 
Esto es por consiguiente lo que el Consejo está dispuesto a gastar en cultura. 
La enmienda de 10, 5 millones de ecus es el mínimo absoluto. 
Mi Grupo apoya todas las enmiendas de la Sra. Mouskouri. 
Me complace mucho que haya adoptado también las ideas del programa Gutenberg, como el apoyo a los pequeños editores independientes, sobre todo a los nuevos colegas. 
Ya en 1982, la Comisión de Cultura, en un informe de iniciativa, pidió un programa para el libro y la lectura. En 1995 reservamos para ello 500.000 ecus en el presupuesto. 
Pero, pese a la insistencia, sigue sin existir una base legal. Por cierto que yo era la ponente de dicho informe. 
Por ello, el año pasado presentamos una enmienda al presupuesto y nos hemos ocupado de que a través de Ariane se reserve dinero para poder ejecutar los objetivos de Gutenberg. 
Para ello tenemos 90 millones de razones, 90 millones de personas en la UE que apenas saben o no saben leer. 
El nuevo apartado de cultura nos brinda la oportunidad de hacer algo. 
En este sentido quiero hacer una última observación dirigida al Comisario. 
Ariane quiere fomentar el libro y la lectura. Pero el precio de un libro constituye a menudo un obstáculo. 
La DG IV tomará en breve una decisión sobre el precio fijo del libro en la región lingüística alemana/austriaca. 
Le ruego elija para ello el apartado dedicado a la cultura en el Tratado de Maastricht, que también plantea el enfoque cultural y no solamente el económico. 
Quiero dar las gracias en nombre de mi Grupo a la Sra. Mouskouri, porque se ha esforzado y ha realizado un buen trabajo. 
Señor Presidente, el desarrollo de una política esencial en materia de peculiaridades lingüísticas de Europa tiene una importancia vital y, en todo caso, trasciende el interés coyuntural de cualquiera de los Estados miembros. 
La pluralidad cultural, que es también una pluralidad lingüística e implica un acercamiento a la dimensión europea, a la identidad europea, se debe realizar a través de la lengua; creo que estamos de acuerdo en que el mejor embajador de un país es su arte. 
Por lo tanto, el programa ARIANE es de gran importancia para la Unión Europea. 
La traducción de textos literarios, de obras de teatro y de poesía contribuye a la revalorización cultural de los pueblos de Europa y a la difusión de obras escritas en lenguas menos extendidas; es así, permítanme la observación, como se deberían llamar, y no lenguas minoritarias, como en varias ocasiones he oído y lo sigo oyendo. 
Señor Presidente, señor Comisario, en mi opinión no queda otra opción. 
El programa ARIANE, acertadamente ambicioso en su origen, ha quedado mermado en su duración y en su presupuesto como ninguno de sus promotores podría haber previsto. 
La Sra. Mouskouri lo ha señalado, por lo que no entraré en detalles. 
Yo también quisiera solicitar el aumento de la financiación, coincidiendo con la ponente en un importe mínimo de 10, 5 millones de ecus, porque no creo que podamos construir una Europa unida solamente con la moneda única. 
Todo lo contrario, la Unión Europea debe tener su base, en primer lugar, en la cultura de los pueblos, que abarca toda forma de arte, tanto antiguo como moderno. 
Si los pueblos no se acercan ni se comunican, ninguna moneda única les podrá unir. 
Tan sólo puede unirnos nuestra calidad de vida, se llame medio ambiente, programas culturales o igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; son estas cosas, lamentablemente, las que se recortan ante todos en nombre de la convergencia. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera pedir a la Comisión que adopte las iniciativas necesarias para que el comienzo del programa, aunque recortado, sea inmediato. 
Señor Presidente, me levanto con mucho gusto para intervenir a favor de las lenguas minoritarias y del derecho de las personas a leer y estudiar las obras literarias y otros escritos en la lengua de su elección y que unas veces puede ser su lengua materna y otras veces no. 
Creo que el dinero gastado en este ámbito es una inversión, no sólo una inversión cultural, sino social. 
Los que no saben nada de otras lenguas, los que no conocen nada de otros países y de otras culturas, los que viven, a menudo bastante contentos, en la ignorancia son con frecuencia los más proclives a estar desinformados. 
Son los que más probablemente creerán las medias verdades y las distorsiones. 
Cuando uno forma parte de esta categoría, creo que puede ser presa del miedo ante cualquier otra persona cuya tradición cultural, lenguaje, religión o apariencia difieran de la suya. 
De este miedo se pasa al siguiente estadio, que es el rechazo. 
Y el rechazo, si no se ataja, conduce al racismo, el nacionalismo y el fascismo. 
En contraste con esto, estoy firmemente convencido de que comprender otras lenguas y aprender a escribirlas y a leerlas es una manera de hacer avanzar el internacionalismo, la tolerancia y la comprensión. Con el apoyo a la traducción de obras literarias y otros escritos a una amplia gama de lenguas podemos conseguirlo, podemos vencer algunos de esos miedos. 
En una época en que el dinero y la competitividad son cada vez más importantes, las principales lenguas europeas y mundiales sobrevivirán siempre por sus propios medios. 
Pero hay otras lenguas, las minoritarias, que son igualmente importantes, como lo son los propios grupos minoritarios, que necesitan apoyo, apoyo, me permito sugerir, de este Parlamento. 
Tengo una gran esperanza en que en el futuro podamos diversificar todavía más, porque espero que no limitemos nuestros recursos a las lenguas históricamente europeas, sino que añadamos lenguas que se hablan cada vez más en Europa por personas que han nacido y viven allí, lenguas que llevan consigo una parte de la historia europea. 
Apoyo este informe con mucho gusto. 
Felicito a la ponente y espero vivamente que el Comisario sea capaz de prestar pronto su apoyo a las enmiendas que piden un incremento del presupuesto. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, ciertamente hemos tenido que esperar mucho tiempo- más de dos años- para que hubiera una posición común del Consejo, y quiero decirles que es muy satisfactorio el poder escuchar las intervenciones que han tenido lugar hoy aquí, pues el Parlamento ha mostrado una vez más su apoyo al fomento de una acción cultural ambiciosa y la Comisión se congratula vivamente de ello. 
Quiero, en particular, dar las gracias a la Comisión de Cultura y, particularmente, a la Sra. Mouskouri por haber respaldado con sus enmiendas ciertos puntos fundamentales de la propuesta inicial de la Comisión. 
Quiero decir también que la Comisión es particularmente sensible a los argumentos que se han empleado aquí en relación con las lenguas minoritarias. 
Somos especialmente sensibles a ello y agradezco la mención que ha hecho el Sr. Vallvé al respecto, y sabe que tengo una especial sensibilidad respecto de estas lenguas que, además, considero patrimonio cultural y europeo, y como tal patrimonio cultural europeo tenemos la obligación de respaldarlas y de apoyarlas. 
Por consiguiente, sepan que este Comisario siempre estará de su lado para intentar la salvaguarda de algo que es muy nuestro, no solamente de los que pertenecemos a esas regiones o a esos pueblos que tienen una lengua minoritaria, sino también creo que, para cualquier otro europeo, la salvaguarda de esas lenguas minoritarias no hace más que enriquecer su propio patrimonio de europeo. 
En relación con las enmiendas, quiero decirles que la Comisión acoge favorablemente las enmiendas relativas al comité consultivo- enmienda nº 2 -, la referencia en el informe de evaluación a la repercusión del programa sobre la difusión de la literatura en las lenguas de menor difusión- enmienda nº 4 -, el reparto de las cantidades presupuestadas en el programa entre las diferentes acciones- enmienda nº 7 -, la posibilidad de subvencionar las obras redactadas en lenguas de menor difusión sin traducción previa a una de las lenguas de la Comunidad- enmienda nº 5 -, la prioridad concedida a las pequeñas editoriales- enmienda nº 6 -, y la posibilidad de crear bancos y bases de datos- enmienda nº 8. 
¿Cuáles son las enmiendas que la Comisión no puede aceptar? 
Pues yo tengo que decirles que, con harto sentimiento, la Comisión- que aprecia en su verdadero valor los esfuerzos del Parlamento -, no puede aceptar las que se refieren al incremento del presupuesto de 7 a 10, 5 millones de ecus. 
Sin embargo, quiero recordarles que la Comisión tiene el deber de respetar la programación presupuestaria prevista en su ficha de financiación revisada, es decir, dos millones y medio de ecus en 1996, tres millones de ecus en 1997, cuatro millones de ecus en 1998, cinco en 1999 y 9 millones de ecus en el año 2000. 
Por ello, el incremento de la dotación presupuestaria debería, a nuestro juicio, ir acompañado de la prolongación del período de aplicación del programa. 
Ya sea 3 años y doce millones de ecus, ya sean 4 años y veintiún millones de ecus. 
Y no nos parece oportuna la modificación del título- enmienda nº 1 -, teniendo en cuenta el actual reparto de los recursos, es decir un 50 % para traducción y el 50 % restante para las demás actividades en favor del libro y de la lectura. 
La Comisión considera que tal vez no sea exacto pretender que el apoyo comunitario se presta fundamentalmente al sector de la traducción. 
Hay un sector de la traducción que es muy importante, y hay también el complemento en favor del libro y de la lectura. 
Esa es la razón por la cual nos parece que el cambio de título no es oportuno. 
En fin, debo decirles que lo que deseo es que, después de haber tenido que esperar tanto tiempo, es necesario en este momento que lleguemos a una rápida aprobación del programa ya que ARIANE puede constituir- estoy seguro que debe constituir- una base sólida para futuras propuestas, para propuestas más ampliadas, para propuestas más ambiciosas en favor del libro y de la lectura. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0307/96) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común del Consejo (C4-0378/96-95/0078 (COD) relativa a la aprobación de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario en el ámbito del patrimonio cultural- Programa RAFAEL (ponente: Sr. Sanz Fernández). 
Señor Presidente, la Comisión de Cultura propone pocas- pero importantesenmiendas al texto de la posición común del Consejo sobre el programa de acción en el ámbito del patrimonio cultural. 
Con estas enmiendas pretendemos un aumento del presupuesto para que el nuevo programa impulse la acción que ya se viene desarrollando en los últimos años en el campo del patrimonio cultural. 
Asimismo, en materia de comitología, la Comisión de Cultura propone un comité consultivo en la gestión del programa, frente al comité de gestión propuesto por el Consejo, que aumenta innecesariamente la burocracia y limita la capacidad de actuación de la Comisión Europea. 
Señorías, la dotación financiera es el principal problema que nos separa del Consejo. 
El texto de la posición común del Consejo refleja un programa ambicioso y bien elaborado, pero el presupuesto que se propone es de sólo 30 millones de ecus en cuatro años, con revisión después del segundo- cuando, en los últimos años, se vienen utilizando del orden de 10 millones de ecus anuales en la fase de programa piloto en que nos encontramos-. 
Así pues, con la propuesta del Consejo, el lanzamiento del programa plurianual significará simplemente la mera continuación de las acciones que ya se realizan, sin poder atender los ambiciosos objetivos que se recogen en el texto de la posición común o en la propuesta de la Comisión Europea. 
La Comisión de Cultura propone un presupuesto de 86 millones de ecus para los próximos cuatro años: en mi opinión, el Consejo no es consciente del papel que la cultura debe jugar en la construcción europea, ni tiene en cuenta la capacidad de creación de empleo de las inversiones en el campo del patrimonio cultural. 
La construcción europea no puede limitarse a los aspectos económicos. 
Hace falta implicar a cada ciudadano en la aventura de la Unión Europea, dotándola de un alma, de un significado más espiritual: la cultura, el patrimonio cultural común de los europeos y la ciudadanía europea harán que nos sintamos ilusionados por esa Unión que no se agota con el mercado interior o con la moneda única. 
Pues bien, el programa RAFAEL preservará y dará a conocer lo que hay de común en el rico y diverso patrimonio cultural de nuestros Estados miembros y de nuestras regiones, contribuirá a resaltar la dimensión europea del patrimonio cultural, respetando la diversidad cultural de nuestros pueblos. 
Muchos Gobiernos, en momentos de ajuste presupuestario como los actuales, recortan drásticamente las inversiones en materia cultural, como si fueran un lujo que sólo nos podemos permitir en tiempos de prosperidad. 
Olvidan el deber que tenemos de preservar y transmitir el legado cultural que hemos recibido a las generaciones futuras e ignoran la capacidad de creación de empleo de las inversiones culturales, porque las inversiones en patrimonio cultural permiten recuperar los viejos oficios del patrimonio, crean empleo e impulsan la industria turística y el desarrollo económico de muchas regiones de la Comunidad ricas en patrimonio cultural, pero con retraso en su desarrollo económico. 
Pero, además, las acciones culturales y el programa RAFAEL ayudarán al conocimiento mutuo entre los pueblos de Europa, resaltarán los valores que nos son comunes y favorecerán la tolerancia y el respeto mutuo en tiempos de auge de la exclusión- ahora que aumenta el rechazo al que es diferente-. 
Por todo ello, no podemos aceptar el ridículo presupuesto que propone el Consejo para el programa RAFAEL, que es la acción más emblemática de la Comunidad en materia de cultura. 
El Tratado de Maastricht consagró la cultura entre las acciones comunes a impulsar; el programa plurianual tiene que suponer un salto adelante- un impulso- y no una simple prolongación de las escasas actividades que se llevan a cabo en las acciones piloto. 
La mayoría de los ministros de Cultura y la Comisión Europea desean un programa con mayor dotación financiera. 
El Parlamento Europeo se manifestó también en ese sentido con ocasión de la primera lectura y mantendremos, con firmeza, nuestra postura durante el trámite de conciliación si el Consejo no acepta la modificación presupuestaria que mañana se someterá a votación por el Pleno del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, esta semana el Parlamento Europeo está a punto de dar otro paso en el largo y complejo camino hacia la adopción del programa RAFAEL. 
Las enmiendas propuestas por el ponente, Sr. Sanz Fernández, miembro de la Comisión de Cultura, son muy positivas y consideramos que sólo a través de su aprobación, se otorgará al programa RAFAEL el papel que le corresponde y se logrará que sea considerado un punto de referencia real para la salvaguardia y la valorización del patrimonio cultural europeo. 
En efecto, el programa RAFAEL ha levantado grandes expectativas entre todos los operadores culturales, tanto a nivel institucional, como asociativo o particular. 
Dichas expectativas no deben ser defraudadas. 
La finalidad del programa es la de fomentar la movilización general de todas las energías y conocimientos de los Estados europeos en favor de la tutela y de la puesta a disposición de los ciudadanos del más grande patrimonio cultural del mundo entero. 
Por ello, apoyamos los dos puntos clave contenidos en nuestras enmiendas: el primero se refiere a la dotación financiera del programa. 
El mismo deberá prever, tal como propusimos, un presupuesto de 86 millones de ecus por lo menos para los próximos cuatro años. 
Se trata de un presupuesto mínimo, a fin de que el programa RAFAEL pueda tener un impacto efectivo en la realidad europea. 
El segundo se refiere a la rotunda negativa del Parlamento a aceptar la creación de un comité de gestión del programa compuesto por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros. 
No se entiende por qué la selección de los proyectos en el marco del programa RAFAEL haya de someterse a una negociación diplomática o, lo que es peor, a una reparto entre los 15 Gobiernos nacionales. 
En consecuencia, confiamos en que el Consejo apruebe cuanto antes las enmiendas del Parlamento Europeo y pueda ponerse en marcha sin dilación uno de los más importantes programas comunitarios. 
Por último, deseo añadir que confío en que el programa RAFAEL llegue a ser un instrumento útil a fin de intervenir en la recuperación del patrimonio cultural dañado por catástrofes naturales como terremotos, incendios e inundaciones. 
Ésta es, por otra parte, la solicitud que formulan las zonas del norte de Italia afectadas por el terremoto del pasado 15 de octubre, en que la mayor parte del patrimonio histórico y cultural sufrió graves daños. 
Señor Presidente, solamente quiero decir unas palabras para felicitar al Sr. Sanz Fernández por su escrupuloso trabajo en la elaboración de este informe, y también para expresar en voz alta algunas reflexiones sobre el camino que hasta aquí se ha seguido. 
En primer lugar, el ponente ha dado pruebas de una encomiable lucidez al construir un informe que recoge e interpreta los principales problemas. 
También ha dado pruebas de firmeza en los principios, y de elasticidad al defender con empeño lo esencial y ceder en los aspectos instrumentales o accesorios. 
Todo ello ajustándose al sentir de la Comisión de Cultura y, dentro de ella, a lo que también desde mi propio Grupo hemos defendido. 
Ahora bien- y esta es mi segunda reflexión -, ¿qué se pretende desde las supremas instancias del Consejo al pugnar con la cuestión de los comités, y sobre todo al reducir el presupuesto del RAFAEL a una cantidad simbólica si no vergonzante? 
¿Qué pretendían- podemos preguntarnos- las altas partes que firmaron el Tratado de la Unión al introducir un nuevo título- el noveno- y un nuevo artículo- el 128- destinados a la cultura? 
¿Pretendían acaso hacer una hueca declaración de principios que fuera luego desautorizada por la práctica? 
Al amparo de ese artículo 128 y, además, del programa Caleidoscopio, dos grandes programas- RAFAEL y ARIANEhan sido puestos en marcha, y ambos en medio de un pintoresco forcejeo en un clima cicatero y ramplón con regates y recortes, más propios de atenuar lo inevitable y lo conflictivo que de poner en marcha un proyecto sugestivo, ilusionante y de futuro. 
El programa RAFAEL, señor Presidente, es básico para la tutela y promoción del patrimonio cultural o, dicho de otra forma, es básico para la tutela de la identidad cultural europea, lo que viene a ser la razón de fondo de la ciudadanía europea, en última instancia la razón de fondo de que todos nosotros estemos aquí. 
¿No se quiere eso? 
Dígase. 
¿Quieren hacerse inviables en la práctica las previsiones del artículo 128? 
Dígase también. 
Lo que no se puede hacer es deslegitimar los programas a base de asignarles una financiación mezquina y convertir, en fin, la tan traída y llevada identidad cultural europea en una sórdida mercancía de trueque por un puñado de monedas. 
Señor Presidente, el Programa RAFAEL que hoy se somete a debate, se presenta en una semana de intensos trabajos parlamentarios que afectan a todos los sectores interesados en dicho programa. 
Me refiero a la cultura, al turismo y a la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. 
De hecho, el programa RAFAEL vuelve a proponernos la creación de una acción específica en materia de patrimonio cultural, a fin de impulsar las condiciones favorables para el crecimiento y el reconocimiento de una sinergia entre cultura y turismo, con la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes. 
El patrimonio cultural europeo ha dejado de ser propiedad exclusiva de cada Estado miembro, para serlo de toda la comunidad. Todos los Estados, por consiguiente, tienen derechos y deberes hacia el mismo, a fin de que todos los ciudadanos europeos puedan acceder a todas las manifestaciones, a todos los objetos de arte y de cultura, custodiados y gestionados por los Estados miembros. 
Esto vale, en particular, para las clases sociales que hoy se encuentran más alejadas de la cultura. 
En consecuencia, ahora la Comisión debe llenar de contenido el programa RAFAEL. Considero que el Parlamento Europeo facilitó amplias indicaciones al respecto. 
Por ello, vamos a votar a favor del aumento del presupuesto e a insistir para que la mitad de las dotaciones globales se destine a la acción preventiva, es decir, a la evaluación, restauración y salvaguardia del patrimonio cultural europeo. 
En consecuencia, se apoyarán, mejor dicho fomentarán, los oficios y las técnicas de conservación del patrimonio cultural. 
Muchos jóvenes podrán ser encaminados hacia profesiones indispensables para dejar nuestro patrimonio actual en herencia a Europa y sobre todo a los europeos del futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, ya se ha dicho mucho- creo incluso que ya se ha dicho todo- sobre la importancia de que la Unión disponga por primera vez, con RAFAEL, de un programa para el patrimonio. 
Desde hace treinta años, sucesivas declaraciones y convenios subscritos por los Estados miembros de la Unión, pero en el ámbito de iniciativas del Consejo de Europa y de la UNESCO, pedían con vehemencia la valorización y la defensa del patrimonio y ya en 1972 el Parlamento empezó a pedir acciones comunitarias en ese ámbito. 
No podemos por menos de asombrarnos ante esa lentitud respecto de un asunto tan esencial de la identidad europea, en el que la intervención europea es indispensable. 
No considero ni necesario ni oportuno volver a analizar los argumentos que el Parlamento, a partir de la propuesta de la Comisión, presentó por extenso en fases anteriores del debate. 
Tan sólo recordaré algunas evidencias para defender el fortalecimiento del presupuesto. 
El patrimonio es irrecuperable, una vez que se lo deja morir. 
La memoria desaparece cuando no se la alimenta. 
Si no se alimenta el espíritu, la barbarie acecha. 
¿Para qué hablar de una Europa del futuro, si no se nutre la propia base que la sustenta? 
Creo que el Consejo acabará reconociendo la inevitabilidad del restablecimiento del presupuesto inicialmente previsto de 86 millones de ecus, como propone el ponente. 
Otra cosa no es seria, señor Presidente. 
Señor Presidente, señor Comisario, a tenor de las evidencias, a veces tengo la impresión de que el Consejo o la Comisión misma no dan la importancia que se merece a los temas de cultura, o al menos así lo demuestran a la hora de conceder las dotaciones presupuestarias. 
Nosotros, el Parlamento Europeo, mediante una enmienda, pedimos 96 millones de ecus, mientras que en la propuesta de la Comisión se efectúa un recorte de nada más y nada menos que 37 millones de ecus para una duración de cuatro años de programa, por lo que es fácilmente comprensible la indignación del Sr. Sanz. 
Esto, Señorías, tiene dos lecturas: la que ya he apuntado de dar poca importancia a nuestro patrimonio cultural y una segunda de dar poca importancia a la creación de empleo. 
Estamos de nuevo ante las grandes declaraciones de intenciones y la falta de acción concreta. 
Cualquier recorte presupuestario para RAFAEL supone dar la espalda a la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo. 
El fomento del turismo- lo decimos en la primera enmienda presentada por la Comisión de Cultura- no sólo supone compartir nuestro patrimonio y nuestros conocimientos culturales y artísticos, supone también la creación de nuevos puestos de trabajo alrededor de esas áreas de intereses culturales y artísticos. 
Sin ir más lejos, podría dedicar una buena parte de mi intervención a promocionar las maravillas patrimoniales que tenemos en España, el territorio de la antigua Al Andalus por ejemplo. 
Seguro que si ustedes las conocen convendrán, como considera mi Grupo, en que hay que dar un voto positivo al informe del Sr. Sanz Fernández para que todos sigamos disfrutando de ellas. 
Finalmente, y ya que digo todos, no quiero dejar de exponer mi adhesión a la segunda enmienda para mejorar el acceso al patrimonio de las personas desfavorecidas y a las que viven en regiones periféricas y rurales de la Unión. 
Como siempre hemos dicho desde Izquierda Unitaria Europea, repartamos la riqueza en lugar de repartir la pobreza. 
Y esto, ¡cómo no! , es aplicable a nuestro patrimonio cultural al 100 %. 
(sin micrófono )... en el marco de una verdadera subsidiariedad, puesto que el objetivo de este programa es, cito la exposición de motivos, » fomentar la cooperación entre los Estados miembros, así como apoyar y completar su acción en el ámbito del patrimonio cultural». 
El mismo se basa en el respeto de las diversidades nacionales, que han servido de marco para la construcción de este patrimonio común. 
Los países europeos disponen en este campo de una baza específica que les permite desarrollar un turismo cultural, destinado a convertirse en una importante fuente de actividades económicas y sociales en los próximos años. 
La necesidad de identificación de nuestros contemporáneos les conducirá cada vez más hacia lugares que puedan servirles de puntos de referencia. 
Por lo tanto, aprobamos íntegramente la enmienda 1 que se nos propone, y que vincula el turismo a la valorización del patrimonio. 
Es necesario fomentar el desarrollo conjunto del turismo cultural en Europa, así como el de los oficios del patrimonio. 
También aprobamos la enmienda 2, que insiste en la necesidad de favorecer el acceso de las regiones periféricas a este programa. 
Uno de los medios que permitirían compensar la desventaja geográfica del apartamiento es privilegiar el desarrollo de su rico patrimonio, sobre todo marítimo y rural- pienso concretamente en los países del arco atlántico-. 
Como diputado por el departamento de Vandea, donde se han lanzado iniciativas piloto, en el marco del programa Patrimonio 2000, en materia de conservación y de valorización de este patrimonio constituido por monumentos y paisajes, he podido apreciar los efectos en términos de ordenación territorial de las importantes operaciones patrimoniales realizadas. 
Los emplazamientos patrimoniales acondicionados no son sólo sitios históricos, sino también lugares de formación, de creación, y lugares donde se acometen verdaderas empresas que generan, de manera más o menos estacional, puestos de trabajo y actividades económicas. 
Tanto el programa Rafael- y nos gustaría mucho poder disponer, señor Comisario, de un balance detallado de la fase piloto de experimentación- como el informe que se nos presenta poseen el mérito de reconocer la importancia de esta repercusión social de los proyectos sobre el patrimonio. 
Éstos permiten, en el marco de una ciudad, de un país, de una región, una movilización social muy amplia, el nacimiento de nuevas solidaridades y el desarrollo de una convivencia. 
Son verdaderos proyectos de inserción, creadores de una fuerte identidad colectiva, que pueden desempeñar un papel importante en materia de estabilidad social. 
Pero la conservación, la protección, la animación del patrimonio monumental, archivístico, representa, sobre todo para las colectividades públicas, unos costes financieros extremadamente altos. 
Por lo tanto, es necesario alentar aquellas acciones comunes que permitan aliviar los gastos de todos- tareas de investigaciones conjuntas sobre los problemas comunes de conservación, de restauración, como por ejemplo la conservación del papel, o intercambios de conocimientos específicos- y que eviten nuevos fracasos o desdoblamientos en operaciones que por lo general se desarrollan a largo plazo. 
Desgraciadamente, ni la duración del programa ni los medios asignados están a la altura de lo que se pretende. 
Nuestro Grupo lamenta vivamente que su duración haya sido reducida de cinco a cuatro años. 
En cuanto a la dotación, que ha pasado de 67 millones de ecus para cinco años a 30 millones para cuatro años, ya no tiene relación con los costes que corresponden a este tipo de proyecto. 
Por lo tanto, el programa Rafael, lamentablemente, corre el peligro de convertirse en un mero instrumento anecdótico y de escasas repercusiones en un ámbito esencial para nuestro desarrollo no sólo cultural, sino también económico y social. 
Señor Presidente, señores diputados, comienzo felicitando al señor Sanz Fernández por su firmeza al rechazar, como ya se ha dicho aquí, la insignificante y casi humillante asignación que el Consejo pretende atribuir al programa RAFAEL. 
De hecho, no se puede afirmar en vano que la cultura sea un elemento activo de la ciudadanía europea, que fortalece el sentimiento de pertenencia de los europeos a la Unión y los une en el culto de los mismos valores y a continuación no proporcionar a las políticas culturales financiaciones dignas: como si la cultura fuera, a fin de cuentas, un mero perfume o una simple flor de retórica. 
No se pueden elaborar programas culturales ambiciosos, bien formulados, escritos de forma primorosa, interesantes en sus ambiciones y en sus objetivos, como Caleidoscopio, Ariane y Rafael, y no asignarles recursos a la altura de sus ambiciones. 
Eso sólo provocaría y provocará frustraciones y quimeras. 
En ese sentido Rafael es un programa sintomático. 
¿Cómo se puede pretender salvaguardar, valorizar, defender y divulgar el rico y complejo patrimonio europeo con una asignación tan irrisoria como ésta que aquí figura? 
Sabemos que la Unión desempeña en esa esfera un papel de carácter supletorio. 
Los propios Estados y todos los europeos son Estados sumamente civilizados y refinados. 
Cuidan de su cultura, cuidan de su patrimonio. 
Pero lo que da un valor mayor a la intervención de la Unión Europea es la comunicación, es el sentimiento mutuo de responsabilidad de todos los europeos ante su propio patrimonio. 
Por eso, también yo alzo aquí mi voz y protesto contra el acto del Consejo y el aparente aval que le da la Comisión. 
Este Parlamento debe rechazar una asignación que resulta casi ofensiva, cuando se trata de una materia, de un programa y de una intención tan vastos y ambiciosos. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, antes de hacer una apreciación a favor del programa RAFAEL y del informe Sanz Fernández, es importante afirmar que la Europa del futuro tiene que construirse no sólo sobre cimientos económicos, sino también sobre bases socioculturales y ecológicas. 
Y esa construcción sólo podrá consolidarse, si se desarrolla pacífica y armónicamente, con observancia del principio de subsidiariedad y con respeto de las competencias exclusivas de los Estados miembros. 
Además de las muy complejas competencias de la Unión Europea, en las esferas política y económica, es necesario que Europa nunca decaiga, por grandes que sean los obstáculos u oposiciones que hoy alzan algunos Estados miembros e instituciones, y procure cumplir con sus obligaciones en las esferas social, cultural y medioambiental. 
El desarrollo económico sólo debería darse a la par del progreso social y cultural y de la conservación de la naturaleza. 
Así se deben entender y justificar los grandes combates que conviene emprender cada vez con mayor fuerza y urgencia: por la promoción del empleo, por la protección social contra la pobreza y la exclusión social, por la generalización de las políticas de salud pública, por la seguridad de los ciudadanos, por una vivienda condigna, por la reforma de los sistemas educativos y de formación, por la valorización de la familia dentro de la sociedad, por la salvaguarda del patrimonio natural y cultural. 
En los documentos que estamos examinando, es digno de destacar que el programa RAFAEL va destinado a apoyar y completar la acción de los Estados miembros en el ámbito del patrimonio cultural de importancia europea, que es vastísimo y muy rico, como todo el mundo sabe. 
Por toda Europa, en las ciudades y en las zonas rurales, en los países más desarrollados y en las regiones periféricas y ultraperiféricas, son innumerables los ejemplos valiosos de patrimonio construido, mobiliario e inmobiliario, arquitectónico, arqueológico o de otra índole y muchos los conjuntos, sitios y paisajes culturales, merecedores sobre todo de acciones de conservación, salvaguarda y valorización. 
Atribuimos a este programa la máxima importancia, porque, además de revelar una profunda preocupación y mayor respeto por el patrimonio cultural de nuestros pueblos y de Europa, puede contribuir también al desarrollo regional, a la mejora del empleo, a promover el turismo y, en cierto modo, a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. 
Por último, quiero afirmar que estamos de acuerdo con el ponente, cuando propone una contribución financiera de 86 millones de ecus, más importante, para el programa y cuando pide que se preste mayor atención a los grupos y las regiones más desfavorecidos, entre los que figuran las regiones periféricas y ultraperiféricas. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, yo quiero agradecer al Sr. Sanz Fernández su excelente trabajo. 
Y también manifestarles que, como todos han indicado en sus intervenciones, nos encontramos en uno de los momentos importantes de toda la actividad de la Comisión de Cultura, porque es probablemente uno de los puntos centrales en que tendremos que insistir a lo largo de los próximos meses y años. 
Quiero decirles, en ese sentido, que la Comisión se opuso a la posición común porque entendíamos que, concretamente en lo que se refiere al presupuesto, una cantidad tan insuficiente no respondía al mínimo de las aspiraciones que teníamos. 
El programa RAFAEL es un programa importante y constituye el núcleo de la intervención comunitaria en favor de la cultura. 
Respecto a las enmiendas que ha presentado el Parlamento, quiero decirles que la Comisión ha aceptado siete de las enmiendas: acepta la nº 1, la nº 2- que completa la enumeración de los grupos cuyo acceso al patrimonio cultural ha de mejorarse, y ya conocen bien (porque he tenido ocasión de manifestarlo en distintos momentos en la Comisión de Cultura del Parlamento) cuál es mi criterio sobre el tema relativo a las personas desfavorecidas, cuál es el papel que debe de jugar la cultura en relación con la exclusión y también con las personas que viven en regiones periféricas o en zonas rurales. 
En cuanto a las enmiendas 3 y 4, entendemos que introducen modificaciones en dos puntos, relativos a la comitología, y también ahí estamos de acuerdo con el Parlamento. 
También aceptamos la enmienda nº 6, que suprime el apartado de la posición común que se refiere a la cláusula de revisión del presupuesto para los dos últimos años del programa; la enmienda nº 7 sobre la modificación del límite máximo de la ayuda financiera comunitaria para los proyectos del punto 2 de la acción 1- la de laboratorios europeos del patrimonio- y, por fin, la enmienda nº 8, que contiene una precisión sobre la especial atención que ha de prestarse al acceso de las personas menos favorecidas en el marco de la acción nº 2. 
Respecto al presupuesto, la Comisión quiere ser coherente con su postura, que ya reiteró en su comunicación al Consejo, y en consecuencia mantiene su posición inicial: un presupuesto de 67 millones de ecus para un período de cinco años. 
Creemos que es importante que en la reunión del Consejo que se celebra el día 16 de diciembre sea posible acortar las distancias entre las dos posiciones que están en este momento en presencia y, a mí, sólo me queda agradecerles el apoyo al programa y confiar en que este paso que damos ahora pueda ampliarse en el futuro y que el Consejo no nos recorte el presupuesto, que es ya extraordinariamente reducido. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
Libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la recomendación para la segunda lectura (A4-0269/96) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0381/96-94/0305 (COD) ), con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/16/CEE destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos (Ponente: Sra. Fontaine). 
Señor Presidente, el informe que ahora discutimos se inscribe en la línea de las anteriores directivas, por las que se intenta aplicar progresivamente, desde 1975, la libre circulación de los médicos y el reconocimiento de sus diplomas. 
Mis palabras, señor Presidente, serán muy breves porque ya hemos discutido largamente la cuestión en primera lectura. 
El 29 de junio de 1995 aprobamos un dictamen, y debemos decir que hoy comprobamos que la posición común que se nos somete sólo ha recogido, prácticamente, aspectos referentes a la redacción de nuestras enmiendas. 
Desearía manifestar que la naturaleza aparentemente técnica del texto no debe en absoluto engañarnos. 
Podría pensarse, en efecto, que las modificaciones que podríamos proponer apenas repercutirían en el dispositivo de la directiva anterior. 
Pero no es menos cierto que, a través del dispositivo de la famosa «comitología» , la directiva continuará funcionando y evolucionando, en vista de que, por otra parte, ninguna disposición establece- como sucede con la directiva general- la creación de un grupo de coordinadores que permita garantizar la homogeneidad del sistema. 
Así pues, señor Presidente, Señorías, nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos consideró, tras examinar la cuestión, que las peticiones que habíamos formulado en primera lectura no eran en absoluto desorbitadas, y puedo decir que, por el contrario, tendían a dar un impulso a la libre circulación de los médicos y a enfocarla en un contexto dinámico y evolutivo. 
Por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los ciudadanos les propone replantear, primeramente, nuestra preferencia- lo cual no les sorprenderá- por el Comité de gestión del procedimiento II, variante b, porque consideramos que responde mejor a la preocupación por una mayor uniformidad en el enfoque de la duración de las formaciones médicas- enmiendas 1 y 4-. 
Por otra parte, esta opción es conforme a la propuesta inicial de la Comisión. 
En segundo lugar, reafirmamos nuestra preocupación por asegurar un sitio al Comité consultivo para la formación de médicos. 
Cuando digo «un sitio» , me refiero sencillamente al sitio que el propio Consejo le acordó en su Decisión de 16 de junio de 1975. 
Nosotros introducimos esta modificación como un simple considerando- enmienda 2-. 
Esto permitirá reforzar la declaración de la Comisión ante el Consejo en esta materia. 
Finalmente, en tercer lugar, reafirmamos nuestra preocupación por insistir en el problema de los ciudadanos de los Estados miembros que son titulares de diplomas expedidos por terceros Estados. 
Consideramos que se trata de una cuestión muy delicada, que en modo alguno debe ocultarse y que formulamos también de forma muy simple en nuestra enmienda 3. 
Señor Presidente, deseo que nuestra Asamblea apruebe estas propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los ciudadanos. 
Son propuestas muy razonables, incluso modestas, sobre las cuales, por otra parte, me gustaría escuchar luego la opinión del comisario. 
Para finalizar, Señorías, no hay que olvidar que la libre circulación de los profesionales es uno de los instrumentos más tangibles de esa Europa de los ciudadanos que debemos imperiosamente hacer avanzar, si queremos que estos últimos se adhieran plenamente a nuestro proyecto. 
Señor Presidente, estimada colega Fontaine, yo quiero darle las gracias por su excelente trabajo. 
El informe se ocupa de la directiva destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, un objetivo muy importante para los ciudadanos y ciudadanas. 
Esta directiva contribuirá a la realización de la libre circulación y del mercado interior, inscritos en los Tratados de las Comunidades Europeas, no sólo de palabra, sino también con hechos. 
Esta directiva representa, por lo tanto, un importante paso adelante. 
El Consejo ha ignorado, no obstante, lisa y llanamente las importantes enmiendas presentadas por el Parlamento en la primera lectura. Éstas se referían sobre todo a la situación de los ciudadanos de la UE con cualificaciones expedidas por terceros Estados. 
La directiva no impide que los Estados miembros autoricen a establecerse y ejercer como médicos a los titulares de diplomas, certificados y otros títulos no obtenidos en un Estado miembro, pero deja abierto el procedimiento. 
Y, sobre todo, también deja abierto cómo deberá concretarse la aplicación del sistema de reconocimiento de títulos en el marco de la libre circulación dentro de la Unión Europea. 
Es imprescindible, por lo tanto, hacer las consideraciones pertinentes de conformidad con el informe de la Comisión sobre la situación por lo que respecta a la aplicación del sistema general de reconocimiento de títulos universitarios. 
Yo no comprendo qué objeción puede tener el Consejo a que se reflexione sobre la solución de los problemas, puesto que de hecho poca cosa más decimos en nuestra enmienda. 
No será necesario que me refiera en detalle a otras enmiendas importantes del Parlamento Europeo. 
La Sra. Fontaine ya ha expuesto claramente la importancia del papel que le corresponde al Comité permanente de los médicos europeos y del procedimiento de comitología previsto. 
El Grupo del Partido Socialista Europeo del Parlamento Europeo apoya plenamente también en este aspecto las enmiendas que ahora vuelve a presentar la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Muchas gracias por su atención. 
Señor Presidente, coincido plenamente con el informe elaborado de forma tan clara por la Sra. Fontaine. 
No se puede estar en desacuerdo respecto a una resolución dirigida a facilitar la libre circulación de los médicos especialistas en la Comunidad Europea. 
Se trata de adaptar el reconocimiento de las especialidades con la evolución de la medicina; las especialidades sufren cambios, a veces también cambia la duración mínima de dichas especialidades, al igual que lo hacen los programas de los cursos de formación. 
Hay especialidades que existen en dos o más Estados y que, sin embargo, no están reconocidas en los demás Estados. 
Surge la necesidad de una continua actualización y, tal como prevé la directiva, es oportuno adoptar un procedimiento más ágil que permita una actualización más rápida, a fin de sustituir el procedimiento de las resoluciones legislativas más difícil y farragoso. 
Por ello, es muy acertada la orientación tendente a reconocer a la Comisión, asistida por el Comité de altos funcionarios de la sanidad pública, la facultad de adoptar decisiones y llevar a cabo las oportunas modificaciones para adaptar estos diplomas de especialidad, hecho que plantea delicados problemas de comitología. 
Dichos problemas, señalados por la ponente de forma muy precisa, se plantean en las cuatro enmiendas. 
Lo cierto es que la ponente atenuó un poco, así como adaptó la segunda enmienda teniendo en cuenta el hecho de que, como observó el Comisario Monti en el debate anterior, el Comité permanente de médicos de la Unión Europea es un órgano no oficial, no institucional y privado y que, por consiguiente, no puede ser mencionado. 
A tenor de su redacción en un considerando específico, la segunda enmienda que dice que el Comité consultivo para la formación de médicos dirige a la Comisión y a los Estados miembros dictámenes y recomendaciones, advierte a la Comisión que dicho Comité consultivo, que constituye la conexión con el Comité de médicos especialistas de la Comunidad Europea, también privado, es de todos modos un órgano que forma parte del Comité permanente de médicos europeos. 
Se trata de consultar a dicha corporación profesional respecto a estos problemas tan técnicos y delicados. 
Lo mismo vale en lo que se refiere a la tercera enmienda que recuerda en un considerando, sin por ello indicar soluciones, que es necesario no olvidar las licenciaturas y los diplomas obtenidos por ciudadanos de la Comunidad en universidades extranjeras. 
Es un problema que ha de tenerse en cuenta. 
Confiamos en que la Comisión apoye nuestras enmiendas que introducen mejoras inspiradas en principios de transparencia y funcionalidad. 
Ante todo, tengo el placer de dar las gracias a la ponente, la Sra. Fontaine, una estimable personalidad que se preocupa mucho de promover el sector sanitario en Europa. 
Desde esta perspectiva no es posible promover una armonización al nivel más bajo. 
Precisamente en el ámbito de la medicina, la evolución es tan rápida que obliga a adaptar continuamente los contenidos de la formación. 
A la propia comunidad médica le corresponde desempeñar el papel principal en este aspecto. 
Los certificados expedidos por terceros países deberían examinarse desde la perspectiva de la homologabilidad de los contenidos de los estudios y una vez comprobada ésta, debería procederse a su rápido reconocimiento. 
Los certificados de capacitación en el ámbito de la medicina alternativa deberían definirse con precisión a escala europea y deben responder al alto nivel propio de un conocimiento médico general, en ausencia del cual se exigirá como condición previa la realización de estudios de medicina. 
Una reducción del alto nivel de exigencia de conocimientos sólo repercute en detrimento de los pacientes y de su salud y, por consiguiente, no grava los presupuestos de formación. 
La rápida curación y la eficacia del diagnóstico y el tratamiento constituyen sin duda la opción más barata desde el punto de vista de la rentabilidad. 
Antes de acabar, yo quisiera agradecer la buena colaboración que he encontrado en el Parlamento Europeo, puesto que hoy es la última vez que tendré ocasión de intervenir ante esta Cámara. 
También quiero dar las gracias a los intérpretes y técnicos, a las personas del estrado, a la Comisión y al Consejo. 
Ha sido una experiencia muy agradable cooperar con ustedes. 
En adelante contemplaré todo esto desde mi Parlamento nacional. 
Muchas gracias, señora Gredler. 
Creo expresar el sentimiento de esta Asamblea al hacer votos, en nombre de todos mis colegas, por que tenga el mayor éxito en su vida política, ahora en su país, en Austria, y felicitarla muy afectuosamente. 
Señor Presidente, Señorías, deseo dar las gracias al Parlamento Europeo por el interés demostrado hacia esta propuesta y por el importante trabajo que le dedicaron la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y, en especial, la ponente Sra. Fontaine con su acostumbrada lucidez. 
Esta propuesta está dirigida a elaborar un procedimiento legislativo simplificado para garantizar la actualización periódica de las listas de las especialidades que figuran en los artículos 5 y 7 de la directiva «Médicos» y que facilitan el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y demás títulos de médico especialista, reconocimiento que se basa en la recíproca confianza en el nivel de formación. 
Este último debe respetar los requisitos mínimos previstos en la directiva y, en particular, la duración mínima de las formaciones especializadas, establecida en los artículos 26 y 27, respecto a la que se propone el mismo procedimiento legislativo simplificado. 
Por consiguiente, no se trata de marginar a algunos interlocutores respecto al proceso legislativo: tanto el Parlamento Europeo como el Consejo seguirán participando en el mismo y, en lo que se refiere al Parlamento Europeo, se hizo referencia a la existencia de un modus vivendi, al objeto de tener en cuenta la solicitud formulada en primera lectura por el propio Parlamento. 
En consecuencia, tampoco se trata de modificar el procedimiento de consulta: tanto el Comité consultivo para la formación de médicos como el Comité de altos funcionarios de la sanidad pública seguirán siendo consultados conforme a los cometidos y competencias que se les atribuyen. 
Las enmiendas 1 y 4 están destinadas a modificar el procedimiento de comitología, adoptado en la posición común para la modificación de la duración de las formaciones prevista en los artículos 26 y 27. 
Tal como fue mencionado por la ponente en su propuesta inicial, la Comisión previó un Comité de gestión. 
Sin embargo, a fin de proteger la salud y habida cuenta de las considerables repercusiones que dicha modificación entraña para los Estados miembros desde el punto de vista financiero, el Consejo quiso enmendar el texto inicial propuesto por la Comisión y prever un Comité de reglamentación de tipo III, variante a. 
Por consiguiente, el mismo rechazó el texto que hoy se vuelve a proponer a través de las enmiendas 1 y 4. 
La Comisión, a pesar de ser consciente de los problemas que conllevaría dicha modificación y a pesar de tener, al igual que el Parlamento Europeo, una preferencia a priori por el Comité de gestión, y tras reflexionar muy atentamente sobre los pros y los contras de las soluciones, ha llegado a la conclusión de que la posición del Consejo, en definitiva, es aceptable. 
Por otra parte, es necesario recordar que volver al texto inicial pondría en peligro el difícil consenso al que llegaron los Estados miembros. 
Las enmiendas 2 y 3 retoman, bajo otra forma, las enmiendas adoptadas en primera lectura y no acogidas ni en la propuesta modificada ni tampoco en la posición común. 
La Comisión comparte el punto de vista del Parlamento respecto al papel del Comité consultivo para la formación de médicos y a la importancia que reviste su opinión acerca del sector de las formaciones médicas especializadas. 
La Comisión está asimismo preocupada por la cuestión del reconocimiento de las formaciones obtenidas en un tercer país. Por este motivo ya se solicitó la opinión de dicho Comité consultivo que debería concluir a corto plazo sus trabajos mediante la adopción de un dictamen y de unas recomendaciones sobre las formaciones médicas especializadas y, sobre todo, de propuestas apropiadas referentes a la modificación de las listas de las especialidades y de la duración de las formaciones. 
Es por esto también que los servicios de la Comisión están consultando desde el mes de febrero de 1996 a los Estados miembros acerca del reconocimiento de las formaciones obtenidas en los terceros países y ello a pesar de que una consulta análoga realizada en 1992 no llegó a ninguna conclusión. 
Esta nueva consulta va a permitir a la Comisión establecer si en el actual contexto político es posible legislar en esta materia. 
En consecuencia, las preocupaciones manifestadas a través de las enmiendas 2 y 3 ya fueron abordadas y es obvio que el Parlamento Europeo será informado de los resultados de estos trabajos y de estas consultas. 
En estas condiciones, señor Presidente, la posición común adoptada por el Consejo y respecto a la que en su comunicación al Parlamento Europeo, la Comisión manifestó estar de acuerdo, se configura como una respuesta equilibrada y precisa desde el punto de vista jurídico, así como muy cumplida desde el punto de vista de las distintas preocupaciones planteadas. Finalmente, deseo subrayar que, a pesar de las pequeñas divergencias existentes, dichas preocupaciones afectan a una materia que, tal como nos recordó la Sra. Fontaine, constituye un aspecto fundamental de la libre circulación de las personas y, por consiguiente, de la Europa de los ciudadanos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección por el modelo de utilidad en el mercado interior 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A4-0216/96) del Sr. Añoveros Trias de Bes, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (95) 0370- C4-0353/95) «Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior». 
Señor Presidente, ¿qué pretende el Libro Verde que la Comisión ha presentado? 
Pretende abrir un debate entre los Estados miembros, el Parlamento, la industria y los sectores interesados para responder a un número determinado de preguntas que quieren esclarecer dos temas esenciales: la conveniencia, primero, de una acción comunitaria, y la forma jurídica de plasmar esa conveniencia. 
La Comisión llega a la conclusión general de que es necesaria una acción comunitaria en materia de modelos de utilidad para asegurar una protección rápida, simple y poco costosa de las invenciones técnicas que tienen un breve plazo de vida y que necesitan una publicación rápida de sus derechos. 
Pero la Comisión no propone una única opción, sino que ofrece varias: a) una directiva que tienda a armonizar los regímenes nacionales o a introducir reglamentación donde no la haya; b) otra técnica de armonización de los regímenes nacionales a través o a partir de una demanda única por reconocimiento mutuo de la protección otorgada por los Estados miembros; y c) un reglamento que establezca un nuevo derecho de protección comunitario que se conceda a partir de una demanda única, pero vinculante en todos los Estados miembros. 
¿Cuál es la situación actual del modelo de utilidad? : es un derecho susceptible de registro, que otorga una protección exclusiva a las innovaciones técnicas con un determinado grado de novedad. 
Los modelos son registrables, concedidos sin examen previo alguno y, naturalmente, por esa razón, ofrecen un menor nivel de protección jurídica que las patentes. 
Sin embargo, el tratamiento jurídico europeo del modelo no es homogéneo, puesto que, en principio, hay países donde no existe: Suecia, Luxemburgo y el Reino Unido. 
Y en el resto de los Estados- donde realmente se encuentra regulado- nos encontramos con un tratamiento que no es uniforme. 
En el ámbito nacional, los sistemas de protección que exigen un registro están, por supuesto, limitados al territorio. 
El titular del derecho de protección puede impedir la importación por parte de terceros de los productos que hayan sido comercializados sin su autorización. 
Por otra parte, las diferencias en cuanto al nivel de protección que otorga el modelo pueden tener una influencia importante sobre las decisiones de localización de las industrias dentro de la Unión. 
El ponente, entre estas opciones que establece la Comisión, se decanta por proponer un reglamento comunitario, porque entiende que tiene muchas ventajas. 
El sistema de reconocimiento mutuo podría acarrear gran inseguridad jurídica; sería conveniente que el reglamento acogiese un sistema de oposición previa o diferenciada, pero inmediata, al registro, que conciliase de esta manera la exigencia de rapidez en la concesión, la seguridad jurídica y la defensa de los principales afectados por la concesión de un modelo. 
Tendría también inconvenientes, por supuesto: sería vulnerable a las masivas solicitudes de protección provenientes de territorios no comunitarios; traería también consigo costes de traducción considerables- lo que limitaría, quizá, el acceso de las PYME... 
Para paliar, en gran medida, lo anterior, proponemos que la gestión del modelo de utilidad se atribuya a la única agencia comunitaria de propiedad industrial que existe, que además- como se sabe- gestiona el diseño comunitario. 
Sea cual sea la configuración final que se dé al modelo, se deben tener en cuenta los puntos siguientes: la naturaleza de un derecho concedido sin examen previo lleva consigo una buena carga de inseguridad jurídica. 
Además, si se introduce un derecho protector demasiado barato a nivel europeo, puede originarse, como hemos dicho, una masiva importación. 
Pero hay que tener en cuenta que el modelo de utilidad va dirigido esencialmente a las PYME, por lo que los costes deben ser siempre moderados. 
Y termino, señor Presidente. 
Las PYME, que son las grandes beneficiarias- o han de ser las grandes beneficiarias- del modelo de utilidad, deben poseer, repito, un instrumento rápido, barato, sencillo y fácil de hacer valer, que forme parte de un planteamiento global y coherente del conjunto de instrumentos para la protección de la propiedad industrial, teniendo en cuenta- por supuesto- las armonizaciones ya previstas efectuadas para los derechos de protección afines. 
Mi compañero, el Sr. Añoveros Trias de Bes, no es sólo un abogado experimentado, sino también un brillante jurista. 
Así pues, comparto la opinión que ha expresado aquí. 
En mi opinión provisional sobre las tres opciones de la Comisión, prefiero un reglamento, pues es jurídicamente lo más claro. 
Pero también estoy dispuesto a escuchar los posibles argumentos a favor de las otras dos opciones presentadas por la Comisión, Comisario Monti. 
Para mí, en los Países Bajos, se trataba de un tema nuevo en el ámbito de la propiedad intelectual. 
Personalmente no lo conocía, pero me ha convencido. 
En efecto, en interés de la práctica, es preciso conseguir una patente limitada que sea rápida y barata, y que ofrezca protección durante el registro. 
Pero Comisario Monti, no le extrañará que ello me recuerde la analogía con la legislación sobre modelos que nos ocupa. 
Esa otra legislación sobre modelos de la que procede el reglamento para crear una propiedad intelectual nueva en el ámbito del diseño, pues ello sucede desde la práctica de la industria textil; no la industria automovilística, pues esta exige demasiado tiempo, es costosa y no tiene nada en contra de unas patentes duraderas que exigen mucho tiempo. 
Se lo merece el producto. Pero, usted y yo hemos recibido objeciones por parte de la industria de la moda, y la industria de las alfombras que señalan que es demasiado pesado, demasiado costoso y demasiado largo. 
Lo que quiero que considere, tanto usted como su personal, es lo siguiente: ya lo había propuesto cuando tratamos la legislación sobre modelos, si no podíamos crear un modelo de utilidad que pudiera protegerse de forma rápida, barata y provisional, en analogía a lo que propone el Sr. Añoveros Trias de Bes y que aparece en la propuesta presentada por usted. 
¿No sería posible hacer algo por el estilo que permitiera eliminar una gran cantidad de objeciones en la legislación en materia de diseño en interés de estos importantes ramos de la industria, la industria de alfombras y moquetas? 
Esta es mi pregunta, señor Monti, y le doy las gracias por su presencia, y ruego que reflexione sobre esta cuestión; asimismo quiero dar las gracias al Sr. Añoveros Trias de Bes. 
Señor Presidente, Señorías, los derechos de propiedad industrial desempeñan un importante papel en el mercado único, ya que los mismos deben promover la actividad innovadora de la Unión Europea de forma que una idea pueda ser transformada rápidamente en bienes y servicios a disposición de los ciudadanos. 
Como todos ustedes saben, los modelos de utilidad son derechos registrados que garantizan una protección exclusiva a las invenciones técnicas. 
Los debates sobre la innovación, actualmente en curso en la Unión Europea, han puesto en evidencia plenamente la gran importancia que reviste la innovación técnica y la eficaz protección de la misma. 
La consulta abierta por la Comisión en julio de 1995 con la publicación del Libro Verde sobre los modelos de utilidad en el mercado interior, cosechó un notable éxito. 
Hemos recibido muchísimos comentarios. 
Ello indica el gran interés que despierta esta materia. 
Y la mayor parte de estos comentarios son favorables a una iniciativa comunitaria en este campo. 
De hecho, la situación actual, que se caracteriza por una gran diferencia entre un Estado miembro y otro, puede generar, como se mencionó, obstáculos para los intercambios e inconvenientes para las empresas. 
Estoy muy satisfecho por el trabajo tan pormenorizado llevado a cabo por esta Asamblea con relación a este tema y por el apoyo a las líneas de acción propuestas por la Comisión. 
Me es grato asimismo manifestar que la mayoría de las sugerencias formuladas en el informe del Sr. Añoveros Trías de Bes son aceptables por parte de la Comisión y se corresponden con nuestro análisis de la situación. 
No les escondo, sin embargo, que ciertas cuestiones técnicas importantes, tales como el nivel de inventiva requerido para obtener una protección a través del modelo de utilidad o el requisito de la tridimensionalidad, deben ser objeto de una mayor profundización, a fin de que la Comisión adopte una posición definitiva. 
Del mismo modo, y en el caso de que la Comisión tuviera que elaborar una iniciativa, no es ciertamente ahora que la misma asumiría la forma de un reglamento, como sugiere este Pleno. 
En cuanto al resto, la Comisión puede adoptar una posición favorable respecto a la gran mayoría de las propuestas formuladas por el ponente, a quien deseo darle las gracias una vez más, al igual que deseo agradecer al Sr. Janssen van Raay su intervención. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en lo relativo a la lista de peticiones anexa al Acta, deseo comentar la petición 727/95 del Sr. James Fielding y otros relativa a la situación de 10.000 personas de edad avanzada del Reino Unido que han perdido dinero y corren el riesgo de perder sus casas como consecuencia de la suspensión de los programas de ayudas a la vivienda. 
Hipotecaron sus casas bajo falsas promesas. 
En lo relativo a esta petición, la Comisión prometió facilitar información sobre las leyes del Derecho comunitario que protegen los derechos del consumidor en materia de servicios financieros. 
Aún no hemos recibido dicha información. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que se encargue de que obtenemos dicha información. 
Quisiera pedir a mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Asuntos Sociales y de la Comisión de Protección del Consumidor que apoyen el caso de los pensionistas afectados cuando se introduzca la nueva legislación. 
Por último, quisiera agradecer al Sr. Newman y a los colegas de la Comisión de Peticiones el apoyo y las muestras de simpatía que han brindado a los pensionistas. 
Señoría, realmente debería darme las gracias a mí por haberle permitido hablar tanto rato, dado que su intervención no se refería al Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Debo señalarles que en el orden del día de la sesión del viernes ya figura, con la mención «si procede» , el informe del Sr. Kittelmann sobre esta propuesta, informe sobre el cual se pronunciará esta tarde la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
No obstante, por una cuestión de orden se procederá a la votación de esta decisión. 
¿La comisión competente desea hacer alguna observación? 
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores aconseja mantener la urgencia. 
Pienso que existe un gran consenso en torno a la esencia de la cuestión. 
Quisiera haber una pequeña observación. 
De nuevo se han evidenciado las deficiencias de la consulta por parte del Consejo de Ministros a este Parlamento. 
A finales de julio, la Comisión transmitió las propuestas al Consejo de Ministros. 
El Consejo de Ministros esperó dos meses antes de consultar al Parlamento. 
Resultado: la Comisión de Asuntos Jurídicos de nuestro Parlamento no ha podido estudiar a fondo el fundamento jurídico y las implicaciones jurídicas. 
Lo lamento, sobre todo por mis compañeros de la comisión. 
Por consiguiente, nos vemos de nuevo obligados a estudiar a toda prisa una importante iniciativa por el procedimiento de urgencia. 
Quisiera rogarle, señor Presidente, que nuevamente inste al Consejo de Ministros que tenga más respeto por el Parlamento. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Programa anual de la Comisión para 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del programa anual de la Comisión para 1997. 
Tiene la palabra el Sr. Santer, Presidente de la Comisión. 
, Presidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señoras y Señores, hace un mes, con motivo del debate del Parlamento sobre el estado de la Unión, les comenté lo que me preocupa: los ciudadanos de nuestros países tienen cada vez menos confianza en el mundo político y en las estructuras de nuestros Estados de derecho. 
La Unión no escapa a esta comprobación. 
Esta falta de confianza es en realidad un desafío. 
Nos impone profundas reformas de nuestras instituciones para hacerlas más democráticas. 
Asimismo, nos impone concentrarnos, en nuestro trabajo diario, en las causas que provocan el desconcierto de los ciudadanos europeos. 
Esas causas, las conocemos demasiado bien: el paro, la inseguridad y el sentimiento, a veces justificado, de que el mundo se deshumaniza. 
Resumiré en dos palabras la esencia del programa de trabajo de la Comisión para 1997: reformar lo que no está bien y concentrarse en las verdaderas prioridades. 
Primeramente, en el de mi discurso de investidura. 
Se los presenté en forma de un programa quinquenal. 
Ustedes le concedieron su apoyo. 
Por tanto, nuestro programa de trabajo para 1997 se fundará, aún más que antes, en la convicción de la Comisión, que ustedes comparten y que es la siguiente: Europa es realmente indispensable y está al servicio de todos, y es eficaz. 
Sí, la Unión es indispensable siempre que, para los ciudadanos europeos, es mejor actuar juntos que por separado. 
Ello se confirma en el interior de la Unión, se confirma en el ámbito internacional. 
La Comisión está convencida de que hay que actuar menos para actuar mejor. 
En cambio, no obstante, de nuevo no dudará, en 1997, en tomar la iniciativa cada vez que esté convencida de que la contribución de la Unión es necesaria para tratar eficazmente un asunto de interés común. ¡Me opondré a que la subsidiariedad sirva de pretexto a la puesta en tela de juicio del derecho comunitario y de 40 años de trabajo común! 
No tomemos nuestras conquistas a la ligera. 
¡No las pongamos en peligro! 
Señor Presidente, al hacer el balance de 1996, la Comisión comprobó que ya se habían logrado muchas realizaciones. 
Pudieron hacerse progresos importantes en numerosos ámbitos esenciales de la actividad comunitaria. 
En primer lugar, el pacto europeo de confianza para el empleo, que les presenté el 31 de enero, brindó la oportunidad de tomar conciencia. 
Ahora es preciso transformar el experimento. 
Segundo ejemplo, la Unión Económica y Monetaria ya se encuentra en marcha. 
Por último, tercer ejemplo, la sociedad de la información ha dado pasos sustanciales. 
No emprendimos, es verdad, algunas de las iniciativas anunciadas. 
En cambio, se realizaron otras acciones importantes que no podían preverse durante la presentación del programa de trabajo para 1996. 
Aprovechamos las enseñanzas de esta situación. 
Por ende, para 1997, les propongo concentrarnos en las verdaderas prioridades. 
Estas son las prioridades que voy a presentarles ahora a través de las grandes líneas del programa de trabajo de Comisión para el año próximo. 
La primera prueba de eficacia de la Comisión a este respecto consiste en aplicar el rigor a su gestión interna. 
Me comprometo a ello personalmente. 
En 1997, la Comisión iniciará una profunda reforma con vistas a modernizar su funcionamiento y mejorar su acción. 
Nuestro esfuerzo de rigor se aplicará también a las tareas ejecutivas que el Tratado ha confiado a la Comisión, cuya gestión cotidiana asume. 
Por último, las políticas comunitarias también serán objeto de una gestión cada vez más atenta. 
Iniciaremos, en 1997, la tercera fase del programa SEM 2000 en favor de una gestión sana y eficaz. 
Se trata, ese año, de incrementar la cooperación entre las instituciones europeas y los Estados miembros. 
Es esencial que éstos participen directamente en la gestión rigurosa del dinero el contribuyente europeo. 
Señor Presidente, el año 1997 se verá profundamente marcado por lo que yo llamo los grandes plazos de vencimiento de la Conferencia Intergubernamental, la Unión Económica y Monetaria, el conjunto de medidas financieras para la etapa posterior a 1999 y la ampliación. 
El año 1997 será, en muchos aspectos, un año crucial, en la medida en que se acabarán los trabajos sobre la reforma de los Tratados y cederán el sitio a la Agenda 2000. 
Luego volveré a este punto, pero en primer lugar, quisiera detallar más nuestro programa de trabajo para el año próximo. 
Este programa se inscribe en el marco de una acción reflexiva, coherente y duradera hecha posible gracias a la organización institucional de la Unión: el mandato de cinco años de la Comisión corresponde de ahora en adelante a la legislatura del Parlamento Europeo. 
Cara a las interrogantes que Europa ha de resolver, ya no basta darse gusto con grandes declaraciones. 
Los europeos ya no creen en ellas y, por lo demás, tienen razón. 
El sentimiento de urgencia no debe llevar a la precipitación y a una dispersión de las iniciativas. 
No, más bien necesitamos una acción profundamente reflexiva, dirigida con constancia y determinación. 
¡Eso es lo que se necesita! 
Por ello, para 1997, la Comisión se ha fijado cuatro prioridades políticas, consecuentes con los grandes ejes que definió hace dos años para todo el periodo de su mandato: apoyar el crecimiento y el empleo y prepararnos al euro, promover concretamente el modelo europeo de sociedad, incrementar la presencia de Europa en la escena internacional y preparar el futuro. 
La prioridad primera del programa de trabajo de la Comisión es la puesta en práctica del pacto de confianza para el empleo. 
¡Yo quiero ese pacto! 
No crean que estoy dispuesto a abandonar un proyecto que considero una condición previa para hacer frente a los desafíos del año 2000 en las mejores condiciones. 
No, señoras y señores parlamentarios, ¡no se trata de luchar con molinos de viento! 
A los que no están convencidos, les contesto: » ¡Léanlo! ». 
El paro mina la confianza de los ciudadanos europeos. 
Es preciso restaurar la confianza. 
Ese es el objetivo del pacto. 
Necesitamos una estrategia global, una estrategia coherente, una estrategia concreta en favor del empleo y ¡todo el mundo debe poner de su parte! 
Esa es mi ambición y deseo que sea la suya. 
En 1997, una gran parte de los trabajos de la Comisión tendrá como objetivo concretar las acciones que prevé el pacto de confianza. 
Para ello, tenemos una ventaja: el crecimiento. 
Esta recuperándose, pero para ser duradero tiene que apoyarse en políticas macroeconómicas sanas. 
Todavía este año- el antepenúltimo antes de la Unión Monetaria- la Comisión velará por que los Estados miembros tomen las medidas que se imponen para alcanzar la convergencia que ha de servir de base a la moneda única. 
A juzgar por los presupuestos que los gobiernos han adoptado, se impone una conclusión: los Estados miembros han acatado sus responsabilidades para el año próximo. 
Me alegro de la entrada del marco finlandés en el sistema monetario europeo, demuestra que mi convicción sigue siendo la correcta: la moneda única entrará en vigor el 1 de enero de 1999 y lo hará en un número importante de países. 
La Comisión tuvo razón en no cejar. 
Recuerden, aún no hace mucho tiempo, puede decirse que mantuvimos el cabo contra vientos y mareas. 
Pronto observaremos los efectos benéficos de nuestra resolución sobre el empleo, ya que el empleo es el verdadero objetivo. 
¡La Unión Económica y Monetaria no es más que un medio! 
En cuanto al pacto de confianza, enmarca este objetivo mediante acciones estructurales destinadas a aprovechar al máximo la plusvalía comunitaria y a sacar el mejor partido del crecimiento. 
La primera de esas acciones consiste en concluir el mercado interior: concluirlo, ya que el objetivo, ustedes lo saben, aún no se ha alcanzado totalmente. 
Sólo citaré algunos puntos en los que nos es preciso avanzar en el curso del año próximo: el mercado interior del gas, el marco jurídico para las biotecnologías y el estatuto de la sociedad europea. 
Y no olvidemos el programa plurianual para las pequeñas y medianas empresas. 
Es preciso concluir el mercado interior, pero también es preciso simplificarlo. 
La Comisión se dedicará a conseguirlo. 
El tercer eje del pacto de confianza es la reforma de los sistemas de empleo. 
Necesitamos políticas nacionales de empleo activas y adaptadas a las circunstancias. 
La Comisión se dedicará a hacer progresar, en estrecha relación con los Estados miembros y los agentes sociales, las recomendaciones del pacto sobre este tema. 
Asimismo, estimulará el inicio de las grandes obras. 
En 1997, la Comisión hará propuestas concretas sobre el acceso a la formación continua, la adquisición y la validación de las competencias a lo largo de la vida. 
Pondrá en práctica el plan de acción «Aprender en la sociedad de la información». 
Lanzará un programa ERASMUS del aprendizaje. 
En realidad, no se trata sino de adaptarnos a los mutaciones que afectan el trabajo y el lugar que ocupa en la vida de cada persona. 
Es esta misma preocupación del empleo la que nos llevará, en 1997, a adaptar las políticas estructurales de la Unión. 
El examen a medio camino del objetivo 1, consagrado a las regiones que acusan un retraso en su desarrollo, y la programación para el período 1997-1999 del objetivo 2, destinado a las regiones en reconversión, nos brindan la oportunidad de hacerlo. 
El empleo será el criterio que guiará este nuevo examen. 
Por lo demás, la Comisión ha propuesto pactos territoriales para el empleo y esa iniciativa ya ha logrado un gran éxito. 
1997 deberá ser el año de su concresión. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, en 1996 se han impuesto a la opinión publica dos temas: la globalización y el modelo europeo de sociedad. 
No es una casualidad que se hayan planteado a la par. 
He sentido una toma de conciencia pública de los europeos: consideran que nuestro modelo es la respuesta correcta a la globalización. 
No podemos decepcionar esta expectativa. 
La Comisión va a tomar las medidas necesarias este año para profundizar este modelo: esta es nuestra segunda prioridad. 
La Comisión reforzará sus acciones que contribuyen a forjar el modelo europeo de sociedad alrededor de la solidaridad y de una concepción más cualitativa del crecimiento. 
Política social, educación y formación, igualdad de oportunidades, cuestión económica y social, política de los consumidores, medio ambiente, estos son los elementos que sirven de base a este modelo. 
En este contexto, quisiera hacer hincapié en que mejorar la protección del medio ambiente y el desarrollo duradero constituirán una preocupación esencial de la Comisión en 1997. 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la Unión desempeñe un papel determinante en la preparación de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el medio ambiente, cinco años después de la Cumbre de Río, así como la conferencia de las partes contratantes del Convenio sobre el cambio climático. 
Existe otro ámbito en el que la Comisión ha escuchado un mensaje firme por parte de los ciudadanos de la Unión en 1996: es el de la libertad de circulación en la Unión y de la seguridad ante la agravación de fenómenos tales como la droga, el tráfico y la explotación sexual, el terrorismo, la violencia y el crimen organizado. 
¿Qué es lo que comprobamos? 
La libertad de circulación de las personas es, de las cuatro inscritas en el Tratado, la menos garantizada. 
No por estar prevista en el TRatado que nuestros conciudadanos tienen el sentimiento de estar mejor protegidos. 
De hecho, no comprenden que no dispongamos de los medios necesarios para luchar contra los ataques a su seguridad. 
Esa es la razón por la que la Comisión quisiera que la Conferencia Intergubernamental llegara a una amplia comunitarización en materia de justicia y asuntos interiores, ya que ello permitiría fundamentar mejor nuestro esfuerzo. 
No obstante, pone en práctica, sin esperar, todos los medios a su alcance para satisfacer las legítimas expectativas de los europeos. 
El modelo europeo se forja en el interior, se defiende y promueve en el resto del mundo. 
Reforzar la presencia de Europa en la escena internacional es el tercer objetivo de la Comisión en 1997. 
La Unión Europea asume ya responsabilidades importantes en numerosas regiones del mundo, por ejemplo en el Oriente Medio, en Bosnia o en los países que antes integraban la URSS. 
Tendremos que ocuparnos de numerosos expedientes y siempre temo, al citar ejemplos, olvidar puntos importantes. 
Cumplimos con todas las iniciativas a las que nos comprometemos y ustedes saben que casi no hay zonas geográficas que hayamos dejado de lado. 
En relación con las nuevas acciones, recordaré que las relaciones con nuestros socios de Africa, el Caribe y el Pacífico serán objeto de un Libro Verde que la Comisión presentará en otoño. 
Este Libro Verde dará pauta a una profunda discusión que se continuará en el curso del año 1997. 
En todas estas acciones, la Comisión se mostrará igualmente atenta a que se reconozca a la Unión Europea una influencia política a la medida de sus compromisos financieros. 
Esta influencia sólo se materializará si nosotros demostramos, entre nosotros, una cohesión muy sólida y una voluntad constante de trabajar juntos. 
La afirmación del papel político de la Unión supone que sepamos desarrollar o mejorar nuestras capacidades de concertación y de decisión, ya sea en el ámbito de las relaciones clásicas que mantenemos con el exterior, especialmente comerciales, o en éste, más nuevo, de la política extranjera y de seguridad común. 
La Comisión no cejará en sus esfuerzos. 
Estas es la razón por la que la Comisión quiere una Conferencia Intergubernamental ambiciosa y fructífera. 
Este tema me lleva a hablar del porvenir de la Unión, cuarto eje de nuestro programa de trabajo. 
Se trata de preparar la Agenda 2000. 
El porvenir de la Unión se esboza primero en la Conferencia Intergubernamental, pero una Conferencia Intergubernamental lograda. 
La Comisión desea que la reforma brinde a la Unión los medios reales de defender sus intereses en el mundo y que sus ciudadanos tengan la posibilidad de sentir, y de reconocer, la aportación de la Unión. 
¡Esta es la reforma institucional que necesita la Unión! 
¡Esta es la reforma institucional que la Comisión defiende! 
Ya es hora de caer en la cuenta de ello y tener la voluntad de lograrlo. 
Esta reforma institucional es de todas maneras necesaria. La ampliación la hace todavía más indispensable. 
Es, para la Comisión, una condición previa. 
Conservar la unanimidad me parece, en efecto, inconcebible en una Unión con 20 Estados miembros o más. 
Conservar la complejidad de los procedimientos actuales paralizaría también gravemente el movimiento institucional. 
Me referiré ahora a la ampliación. 
En 1997, la Comisión dará su opinión en relación con los países candidatos. 
No lo hará sino una vez concluida la Conferencia Intergubernamental. 
La dará en toda independencia, es decir sin tomar inicialmente partido, sin hacer ningún favor. 
La preparación de las perspectivas financieras para el período posterior a 1999 se iniciará el año próximo. 
Está estrechamente vinculada a la ampliación. 
La Comisión presentará, en 1997, una comunicación sobre el marco financiero a partir del año 2000. 
La ampliación tendrá consecuencias importantes sobre las políticas comunitarias y pienso, en particular, en la política agrícola común y en las políticas estructurales. 
La comunicación de la Comisión se basará en una evaluación profunda de estas repercusiones. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, el año que tenemos ante nosotros estará fuertemente marcado por los grandes plazos que se vencen en el año 2000: la Conferencia Intergubernamental deberá obtener un resultado ambicioso. La Unión entrará en la fase final de los preparativos para la decisión, en la primavera de 1998, sobre la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria; y luego, será necesario preparar la Agenda 2000, es decir, la ampliación y el conjunto de medidas financieras para el período posterior a 1999. 
Estos vencimientos, señor Presidente, deben abordarse en un orden lógico y de manera responsable. 
La Comisión asume sus responsabilidades. 
Sé que el Parlamento asumirá las suyas. 
Espero que los Estados miembros asuman las que les corresponden. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el que desea ganar hoy día las elecciones da rienda suelta a su animosidad en contra de Europa, colmándola de todos los males. 
El que quiere perderlas, defiende la Europa de Maastricht. 
Esta es la situación que prevalece en algunos países, como acabamos de verlo, recientemente, aquí o allá. 
Por tanto, hoy más que nunca es necesario decir claramente cuál es la Europa que queremos. 
El Grupo de los Socialistas Europeos desean una Europa fuerte, comprensible y creíble. 
Nuestra Europa, es la de la lucha contra el paro y a favor del empleo, es la de las normas sociales ya no mínimas, sino adecuadas para todos. Es la que introduce el respeto del medio ambiente en todas sus políticas. 
No queremos una Europa neoliberal que abdique ante las fuerzas del mercado. 
Quien escucha al ciudadano ordinario sabe que la Europa neoliberal, que no sabe hablar más que de competencia y lógica financiera, ya no cuenta con la adhesión de gran parte de nuestros ciudadanos, incluso entre los más proeuropeos. 
Si no se hace nada rápidamente, esta será más que nunca la ocasión que los demagogos de toda calaña, los euroescépticos de toda índole, los nacionalistas, aprovecharán para poner su negocio y prosperar cada vez. 
Señor Presidente, hoy iniciamos, en un primer debate, el análisis del programa de trabajo propuesto por la Comisión para 1997. Acompañado de un balance de 1996. 
Se percibe muy bien el interés que puede tener el programa de trabajo para facilitar la comprensibilidad de la acción presente y futura de la Comisión, para que esta acción pueda ser prevista por el público y por todos los medios interesados. 
A semejanza de un gobierno que compromete su responsabilidad en un contrato o en un programa, el programa de trabajo de la Comisión que recibió su investidura de este Parlamento, se trata más bien de un contrato entre las instituciones, al que cada uno debería poder remitirse. 
Lamentablemente, hasta ahora no se ha hecho nada de ello, por lo demás, no siempre por culpa de la Comisión, sino primero debido a nuestros procedimientos, que a menudo son complicados y burocráticos. 
Se sabe que, después de los procedimientos en vigor, el programa de trabajo debe llegar, después de las negociaciones entre la Comisión y el Parlamento, a un programa legislativo firmado por ambos Presidentes. 
En 1995, este procedimiento se concluyó en agosto. 
En 1996, llegó a su fin en mayo. 
Ahora bien, ¿hay algo más extraño que publicar un programa de trabajo, un programa legislativo, cinco meses después del principio del año? 
Es evidente que semejante retraso condena este ejercicio a quedarse sin efectos políticos ante la opinión pública, con mayor razón cuando el Consejo no pone de su parte en la que debería ser la ocasión para entablar un diálogo profundo entre las tres instituciones. 
Ante una situación tan poco satisfactoria, el Presidente del Parlamento tomó la iniciativa de reclamar que se aligerará y se simplificara el procedimiento. 
Será preciso que acabemos por llegar a un debate político sobre los grandes ejes pasados y futuros propuestos por la Comisión. 
Por tanto, proponemos, en tanto que Parlamento, abandonar la declaración común, que era un instrumento ineficaz y demasiado complejo, pero el abandono de esta declaración común no significa que de ahora en adelante el Parlamento se implicará menos o estará menos vigilante en lo que respecta a la programación legislativa. 
Continuará aprobando una resolución sobre el programa legislativo. Esta enunciará nuestras prioridades legislativas. 
Esperamos que la Comisión las tome en serio. 
Nuestro papel es de vigilar la gestión de la Comisión, y la juzgaremos también en función del respeto que manifiesten por la prioridades del Parlamento en materia de programación. 
Otro punto de procedimiento: en una fase en la que disminuye la carga de trabajo legislativa, la eficacia política del programa legislativo debe reforzarse mediante indicaciones sobre el fundamento jurídico de las propuestas y la fecha previsible de su presentación. 
El programa legislativo propiamente dicho está constituido, para 1997, de una lista de 16 propuestas nuevas. 
Debería ser fácil proporcionar las indicaciones que solicito. 
Ello representaría un compromiso mucho más claro por parte de la Comisión. 
Por lo demás, recuerdo que en 1995, en el marco de su programa de trabajo, la Comisión anunció querer- y cito el texto de entonces- «centrar su acción más en los trabajos de impulsión e incitación cuya mayor parte ha de ser realizada por los Estados miembros». 
Sería interesante, señor Presidente de la Comisión, conocer su reacción y saber cómo juzga hoy la Comisión el resultado de esta nueva actitud, especialmente en los ámbitos que usted evocó, por ejemplo, la seguridad interior de los ciudadanos. 
Por último, nos gustaría que la Comisión respetara con más diligencia el derecho de iniciativa, por lo demás sumamente limitado, del Parlamento, que le reconoce el artículo 138 B del Tratado. 
El Parlamento aprobó hasta la fecha cuatro informes de iniciativas tomando como base el artículo 138 B. Lo recuerdo brevemente: el informe Jackson sobre la seguridad de los hoteles contra los riesgos de incendio, el informe Alber sobre la prevención y la reparación de los ataques al medio ambiente, el informe Leopardi sobre el pasaporte sanitario y el informe Rothley sobre el pago de los siniestros relacionados con los accidentes de la circulación. 
En varias ocasiones se ha pedido a la Comisión dar curso a estas iniciativas. 
Por lo demás, no estoy seguro de que el punto cinco de su lista de nuevas iniciativas legislativas corresponda a una propuesta del Parlamento. 
¿Cómo y cuando, señor Presidente de la Comisión, su Comisión tiene la intención de respetar plenamente el derecho de iniciativa del Parlamento? 
Señor Presidente, quisiera hablar brevemente del informe de evaluación sobre la ejecución del programa de 1996. 
Por lo demás, dicho sea de paso, el esfuerzo de transparencia que se hizo en 1995 ya no se repitió este año. 
El año pasado, tuvimos derecho a un cuadro completo de todas las acciones legislativas y prelegislativas, con indicaciones claras, para cada acción, de lo realizado, los que se encontraba en curso o se había aplazado. 
En 1996, no tenemos nada de esto. 
Ello es tanto más lamentable cuando que la Comisión considera como objetivos permanentes, cito, » la comprensibilidad, la transparencia y la precisión». 
La Comisión señala que evalúa «las principales realizaciones según el plan aceptado por la Comisión en su programa de trabajo 1996». 
Ahora bien, nosotros opinamos, señor Presidente, que el programa anual no se limite únicamente a las propuestas de la Comisión. 
Hemos determinado juntos las prioridades, a lo largo de un diálogo no siempre fácil, a menudo largo y laborioso. 
El Parlamento había manifestado claramente sus prioridades para el año 1996 y toda evaluación del programa también debe tomarles en cuenta. 
Nadie tiene interés en entablar un diálogo de sordos, a trabajar en balde. 
¿De qué sirve un intercambio de impresiones entre la Comisión y el Parlamento si, después de ese debate, la Comisión vuelve a sus oficinas y finge nunca haber oído hablar de prioridades políticas del Parlamento? 
¿Qué valor concede realmente la Comisión a la resolución que el Parlamento aprueba anualmente respecto al programa legislativo? 
Una vez más- pienso que es fundamental- más allá de los procedimientos, si no llegamos a establecer entre las tres principales instituciones políticas de la Unión un diálogo constructivo y fecundo para establecer un contrato de gobierno, ¿cómo va a construirse esta Europa? 
¿Mediante reacciones más apresuradas, dando tumbos, o con una verdadera visión del porvenir? 
Permítame hacer una observación más sobre la manera de trabajar de la Comisión. 
Según los servicios del Parlamento, esperamos a la fecha aproximadamente 120 medidas legislativas derivadas del programa legislativo de 1996, de las cuales unas 50 nos han sido anunciadas de aquí a finales del año. 
Esperamos también unos 60 documentos prelegislativos, de los cuales unos 20 se terminarían de aquí a finales de diciembre. 
Desde luego, preveo un fin de año infernal para la Comisión si quiere respetar sus compromisos. 
He aquí lo que nos espera. 
Asimismo, nos interesamos en el comportamiento de la Comisión durante todo el proceso legislativo. 
El Parlamento se ha visto decepcionado más de una vez, en el curso del año, por el comportamiento de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a algunos expedientes de codecisión. 
Así, recordemos el expediente Televisión sin Fronteras, donde la primera lectura del Parlamento se pasó totalmente por alto debido a que la Comisión prefirió tomar el partido del Consejo. 
Otro ejemplo es el expediente novel food, es decir el de los productos genéticamente modificados. 
Preocupados por una mejor protección de los consumidores, el Parlamento propuso enmiendas relativas al etiquetado, que permitirían a los consumidores elegir con conocimiento de causa. 
Una vez más, la Comisión se niega a apoyar nuestras enmiendas. 
Por último ¿necesito recordar cómo la Comisión hizo a un lado de un solo golpe casi todas las enmiendas del Parlamento relativas a la directiva sobre los servicios postales? 
He aquí tres expedientes que presentan un contenido altamente político, cuyas opciones revelan actitudes políticas fundamentales. 
Señor Presidente, permítame admirar el candor de la Comisión respecto a algunos expedientes cruciales. 
Así, ¿qué dice el balance, para 1996, del pacto de confianza elaborado por el Presidente Santer y presentado en la Cumbre de Florencia, de ese pacto de confianza que el Parlamento Europeo apoyó con todas sus fuerzas? 
El Consejo de Florencia, lo cito, acogió favorablemente el pacto y la Comisión esperaba que el Consejo de Dublín pusiera en marcha su realización. 
Nada, en cambio, sobre la lentitud con la que esta Europa combate el grave problema del paro, nada sobre el tiempo perdido, nada sobre los desaires que la Comisión padece de parte del Consejo. 
Si queremos avanzar, será preciso identificar claramente las responsabilidades de cada uno en este fracaso. 
Otro ejemplo, sumamente controvertido en este momento, la financiación de las redes transeuropeas. 
¿Qué dice el balance? 
Que la financiación aumentó en 1996, que la Comisión presentó al Consejo de Florencia propuestas destinadas a la financiación de 14 proyectos prioritarios y que el anteproyecto de presupuesto para 1997 prevé un incremento de los créditos de la partida destinada a las redes transeuropeas. 
Nada, tampoco, sobre las dificultades experimentadas para aumentar la financiación de estos famosos 14 proyectos, nada sobre las tergiverzaciones del Consejo en la elaboración del presupuesto de 1997, nada sobre la lentitud con la que evolucionan algunos de los grandes proyectos. 
Señor Presidente, en lo que se refiere al programa de 1997, la primera prioridad del Grupo de los Socialistas Europeos sigue siendo la lucha contra el paro. 
El capítulo «crecimiento, empleo y euro» del programa de trabajo carece de sorpresas a este respecto. 
La gran interrogante que se plantea para 1997 es saber cuál es la política que la Comisión intenta aplicar en materia de empleo y crecimiento. 
Puedo recordar, a este respecto, que el Parlamento, en su gran mayoría, criticó las grandes orientaciones de la política económica de 1996. 
Sin gran resultado, por lo demás, debido al bloqueo a nivel del Consejo ECOFIN y del Comité Monetario. 
No obstante, a pesar de las afirmaciones de la Comisión, la situación económica apenas mejora: el consumo interno, la inversión y el empleo siguen deprimidos en la mayor parte de Europa. 
En la primavera de 1997, los servicios de la Comisión van a volver a definir las grandes orientaciones de política económica para 1997. 
En la hipótesis, probable, de que la situación económica apenas haya evolucionado de aquí hasta entonces, ¿puede la Comisión prever seriamente recomendar las mismas políticas económicas que en los últimos años, que se han revelado decepcionantes en términos de crecimiento y empleo? 
Así, la Comisión no ha logrado, en las grandes orientaciones de política económica de 1996, hacer aprobar por el Consejo la recomendación de una política monetaria menos restrictiva y más orientada hacia el empleo y el crecimiento. 
El mismo problema, enorme, se planteará en 1997. 
A finales de 1997, la Comisión establecerá su informe anual sobre el nivel de convergencia al que hayan llegado los Estados miembros. 
Se consultará al Parlamento sobre este informe. 
Este año, el Parlamento Europeo se encuentra en una situación muy difícil. 
El Consejo ECOFIN corre el riesgo de no adoptar su recomendación sino a principios de diciembre, lo que no deja al Parlamento Europeo más que unos diez días antes de la Cumbre de Dublín para dar su opinión. 
El informe de 1997 revestirá una importancia particular a unos meses de la decisión del Consejo respecto a la participación de la Unión monetaria. 
¿Puede comprometerse la Comisión a que evitemos en 1997 la situación de 1996? 
De manera más general, señor Presidente, el Grupo de los Socialistas Europeos se inquieta profundamente por la disminución de la inversión pública en algunos países europeos. 
Es de temer que la base misma de la recuperación y el crecimiento no se vea mermada por ello. 
Por tanto, es preciso conservar cierto margen de interpretación en materia de inversión pública y hacer todo lo posible para convencer a los Estados miembros de invertir en lugar de consumir. 
Por lo que se refiere al mercado interior, el programa nos anuncia la continuación de la liberalización. 
Añade, es cierto, que se continuará con un total respeto de los mandatos de interés general y en beneficio del consumidor. 
Eso es despejar con demasiada premura el gran debate sobre el servicio público que se encuentra en curso en algunos de nuestros países. 
Efectivamente, la comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general es un primer paso para tomar en consideración de una manera más amplia lo que todos los servicios de interés general aportan a nuestros países. 
No obstante, será preciso que ello se traduzca por una política concreta, aquí y ahora, en lugar de esperar que todos los servicios públicos estén desmantelados para establecer una nueva política. 
Por último, el Presidente de la Comisión concede un lugar importante a lo que llama el modelo europeo de sociedad. 
¿Cuás es nuestra constatación a este respeto? 
Comprobamos que, en esta economía de mercado, prevalecen cada vez con mayor úmpetu el rechazo del diálogo, el chantaje en el empleo, la lógica financiera, cuyo resultado es la disminución de los puestos de trabajo y la deslocalización de las empresas. 
El gran mercado interior es un formidable negocio para algunos, entre otras cosas debido a las regulaciones sociales llevadas a su mínima expresión. 
Hay que detenerse en esta pendiente, si no se quiere correr el riesgo de que un buen día Europa nos explote entre las manos. 
Señor Presidente, para terminar, después de unas primeras reacciones sobre su programa de 1997, le diré lo siguiente. 
Noto, en la conclusión del programa de trabajo de la Comisión, que ésta ha preparado el terreno de aquí hasta el año 2000 y todavía más adelante. 
Se llama «Agenda 2000» : es la ampliación, el conjunto de medidas financieras «posteriores a 1999». 
Europa y los eurócratas son efectivamente muy buenos proyectando grandes designos para el porvenir, pero olvidan demasiado a menudo las preocupaciones cotidianas de las mujeres y de los hombres de hoy: lo dice usted mismo, señor Santer, en su conclusión. 
Por tanto, hagamos saber juntos a los Estados miembros que corren el riesgo de matar a Europa si ésta no ayuda a nuestros ciudadanos a vivir mejor, aquí, ahora, inmediatamente. 
Señor Presidente, me complace que muchas de las cuestiones que he incluido en mi intervención hayan sido tratadas ya por el Sr. Fayot. 
Señor Presidente, Señorías, el punto final de la relación de confianza entre la Comisión y el Parlamento es la presentación hoy del programa de trabajo anual. 
Usted, señor Santer, recordará que en el momento en que le dimos el voto de confianza, también llegamos a una serie de acuerdos en torno a la cooperación entre ambas instituciones. 
Acordamos que mantendríamos un diálogo abierto, transparente y comprensible para el ciudadano europeo. Un acuerdo que, por otra parte, se ha concretado en la declaración del 25 de octubre de 1993. 
Sr. Santer, Comisión Europea, hoy analizamos nuestras relaciones mutuas a lo largo del pasado año, examinamos las propuestas de la Comisión y proponemos correcciones. 
He de decir que nos complace mucho que el debate de hoy se celebre en la semana en que nos ocupamos del presupuesto del año que viene. 
En relación con este presupuesto nos hallamos ante la difícil tarea de hacer realidad una Europa que funcione mejor, pero con los mismos recursos. 
Una Europa para la cual el Consejo Europeo desarrolla continuamente nuevas iniciativas- que por cierto cuentan con el amplio apoyo del Parlamento -, pero para las cuales no se sacan las consecuencias financieras. 
Esta tarde volveremos a hablar de ello. 
Sr. Santer, señor Presidente de la Comisión Europea, déjeme examinar el período que lleva usted en el cargo. 
Su primer año fue un año de reflexión, no podía ser de otra forma. 
El segundo año transcurrió bajo la consigna de «faire moins pour faire mieux». 
El año pasado nos abrumaron con Libros Blancos y Verdes y conferencias sobre un montón de cuestiones. 
Cuando se quiere involucrar a la gente en la legislación se necesitan Libros Blancos y Verdes, y también conferencias. 
Pero el Grupo del PPE parte de la idea de que en el período de cinco años que acaba usted de mencionar también ha de llegar un momento en que la Comisión Europea emprenda acciones y, en lo que respecta al Grupo del PPE, el tercer año es un año de acción, lo cual significa tomar, organizar y también reorganizar iniciativas de forma concreta. 
Señor Presidente, quisiera reconsiderar el pasado período partiendo del ejemplo concreto del empleo. 
Pedíamos más trabajo para más personas, una de las cuestiones primordiales para el ciudadano europeo. 
El Libro Blanco, el Pacto de Confianza, las medidas para la muy necesaria mejora de la infraestructura material, las redes transeuropeas, investigación y desarrollo, la pequeña y mediana empresa, etc. etc. El Grupo del PPE constata que todas las buenas iniciativas quedan bloqueadas, y es posible que, al igual que nosotros, muchas veces usted tampoco pueda hacer nada al respecto. 
El Consejo las hace fracasar, un Consejo que no asume su responsabilidad en esta cuestión. 
Entonces me pregunto: ¿no seremos quizás demasiado amables el uno con el otro? 
La toma de decisiones en la CIG será decisiva para la manera en que Europa logre progresar realmente, y si hablamos del Standort Europa, pienso que hemos de esperar más esfuerzos, concretamente por parte suya, señor Presidente de la Comisión. 
Quiero examinar otros dos ámbitos del programa del año pasado. 
El año pasado dije en nombre de mi Grupo que convendría utilizar mejor, más descaradamente, este derecho de iniciativa que tiene usted en exclusiva en el segundo pilar. 
Si tomamos por ejemplo Oriente Medio, vemos que Europa facilita los recursos para la reconstrucción económica de las zonas autonómicas palestinas, pero que no nos sentamos a la mesa política. 
Otro ejemplo es la ampliación, a la que ya se ha referido usted. 
Pienso que la ampliación y la forma en que se trata el expediente demuestra por qué sí funcionan las cuestiones en las que el Consejo y la Comisión aspiran a lo mismo. 
Quisiera pedirle que sea más activo en este ámbito e intente estimular la conjunción con las iniciativas. 
Señor Presidente, en lo que respecta al tercer pilar, recuerdo que el año pasado mi Grupo estaba satisfecho con el anuncio que nos hizo usted de tomar una serie de iniciativas en el ámbito del derecho de asilo, la política común de refugiados y los convenios para ciudadanos de terceros países. 
Constato que estas bonitas iniciativas se han quedado atascadas en conferencias. 
Me pregunto qué será de ellas, pero la Sra. Palacio Vallersundi dirá algo al respecto. 
Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones sobre el derecho de iniciativa. 
Como ya ha señalado el Sr. Fayot, se hace caso omiso del derecho de iniciativa del Parlamento. 
Cuando asumió usted el cargo llegamos a diversos acuerdos sobre esta cuestión. 
Quisiera que nos dijera cuáles son sus intenciones a este respecto. 
En lo referente a su propio derecho de iniciativa, encontrará al Parlamento siempre de su lado, también en la CIG. 
Aceptamos y defendemos su derecho exclusivo, pero quiero añadir que, a veces, los diputados del Parlamento Europeo tenemos la impresión de que ejerce usted ese derecho exclusivo como algo incontestable, y que cuando se trata de establecer la base jurídica, piensa que es una tarea de todos, que todos hemos de determinarlo. 
Pienso, señor Presidente, que la Comisión ha de considerar que eso de asumir la exclusiva como algo incontestable también podría acabar siendo negativo para ambos. 
Señor Presidente, como ya ha señalado el Sr. Fayot, hemos llegado a una serie de acuerdos en torno a las enmiendas mayoritarias. 
Realizamos diversas mediaciones y sinceramente he de decir que, aunque una se diferencie de la otra, nos preocupa el modo en que diversos miembros de la Comisión a veces ejecutan las enmiendas mayoritarias de este Parlamento, menciono una vez más el expediente Novel foods. 
No creo que esta sea la manera correcta en la que hay que aplicar los acuerdos. 
En esta cuestión echamos en falta iniciativas reales. 
Precisamente a nivel europeo, donde cabe mencionar muchos ámbitos en los que los objetivos podrían alcanzarse con mayor rapidez y sencillez, si se firmaran convenios reguladores, echo en falta que emprenda usted acciones realmente grandes. 
Espero que la resolución que adoptaremos muy pronto incluya muchas de las cuestiones que ha mencionado el Parlamento en conjunto, también como acción siguiente para este año de acción. 
Señor Presidente Santer, estamos de acuerdo con su intervención llena de ideas, de proyectos y de propósitos importantes. 
Sin embargo, debemos decir las cosas como son y no como desearíamos que fueran. 
En su intervención usted nos habló muy atinadamente de consumidores, medio ambiente, cultura, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, todos estos temas, políticamente importantes, mejor dicho, fundamentales, muy a menudo no van seguidos por una línea de actuación ni por una línea financiera para apoyarlos. 
Hablamos de pequeñas y medianas empresas, entendidas como instrumento indispensable para el crecimiento del sector del empleo, sin otorgarles, pese a ello, los instrumentos financieros necesarios para que sigan siendo realmente competitivas en el mercado y no sólo para sobrevivir. 
Asimismo, hablamos poco de protección de los ciudadanos, sobre todo de los niños, ancianos y trabajadores. 
Estamos de acuerdo en apoyar los nuevos puestos de trabajo, pero también el crecimiento profesional de los puestos de trabajo ya existentes, a fin de que los trabajadores sigan siendo competitivos en un mercado que cambia y se convierte en cada vez más internacional. 
En un mercado que se va a internacionalizar es necesario que exista una mayor libertad de circulación en la Unión, pues ésta debe llegar a ser algo más que un mercado único, un verdadero mercado interior y un gran mercado en que una operación entre Londres y París o entre Roma y Madrid, pueda ser igual a una operación nacional, y en que puedan verdaderamente circular con plena libertad los bienes, el dinero, las personas, los jóvenes, sus títulos de estudio y sus títulos profesionales. 
Señor Presidente Santer, no le envidiamos, pero le apoyamos. 
La Comisión, sin embargo, debe escuchar algo más al Parlamento Europeo que, hay que subrayarlo, es la única Institución electiva, o sea, ostenta la representación directa de los ciudadanos. 
Es probable que 1997 sea el primer año de un lustro en que Europa se logrará definitivamente o no se logrará jamás. 
¡Adelante! 
Señor Presidente, Sr. Santer, primeramente quisiera decir que realmente coincido con una parte de las afirmaciones del Sr. Fayot. 
Quisiera hacer algunas observaciones. 
Primera observación: la Comisión se fija por objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos. 
Creo que no hay nadie, aquí, que pueda contradecir esta preocupación, teniendo en cuenta la amplitud de la brecha que existe entre la opinión pública y nuestra batalla europea. 
Como decía nuestro Presidente del Parlamento durante el debate sobre el estado de la Unión, » la gente no está en contra de la unificación europea, no sabe por qué han de estar por Europa». 
Y es verdad que se trata de algo extraordinariamente profundo y difícil de dirigir. 
Por lo demás, se trata, a mi juicio, de una cuestión esencial. 
Los sondeos, los análisis lo demuestran sin lugar a dudas, Sr. Santer, que es la incapacidad de nuestra Unión a hacer frente a los grandes desafíos actuales lo que nutre el pesimismo en la Unión Europea, incluso el pesimismo y la condena de la opinión por lo que se refiere a nosotros: el paro, la desregulación, las deslocalizaciones, la disminución de las garantías sociales. 
Es así como, para millones y millones de personas, se vive Europa. 
Segunda observación: ¿no debería la Comisión mostrarse más sensible a la opinión pública, a las aspiraciones de la población, a las exigencias que manifiestan? 
Ciertamente sí, pero ello supondría tomar otras opciones económicas, sociales, financieras y, entre nosotros dos, creo que la Comisión no está preparada para ello. 
Por ejemplo, la realización, cueste lo que cueste de la moneda única. 
La baja del coste del trabajo, la liberalización sin freno, o la desregulación son consideradas dogmas intocables. 
¡Eso ya no se discute! 
Cuando hablo así, hay dentro de mí un campesino que siempre me dice: ¡ten cuidado, no hay miel sin hiel! 
Efectivamente, cuando se tienen verdades reveladas, a veces se dificulta adaptarse a las realidades nuevas. 
Tercera observación: la Comisión también afirma, y explica, su voluntad de dar prioridad al empleo. 
Pero es precisamente ahí, a mi juicio, que se requieren otras bifurcaciones que la mera preocupación por disminuir el coste del trabajo, la flexibilidad o la precaridad. 
Nosotros mismos hablamos, aquí, de la reducción del tiempo de trabajo, de la disminución del tiempo de trabajo, de los problemas, de las propuestas sobre el empleo y el crecimiento. 
Quizás la Comisión debería mostrarse un poco más atenta, y este comentario me lleva a mi cuarta observación. 
Para volver a dar confianza a los ciudadanos, quizás sea aún preciso que la Comisión preste mayor atención a nuestro Parlamento, tomo dos ejemplos que dieron, en Francia, mucho que hablar y suscitaron muchas intervenciones de muchas fuerzas populares. 
Por un lado, la directiva «Televisión sin Fronteras» -la Comisión no retoma la posición del Parlamento sobre las cuotas- y, por otra, la directiva sobre los servicios postales. ¡La Comisión ha pasado por alto casi la totalidad de las enmiendas del Parlamento! 
Si se quiere que haya una autoridad política, que exista una capacidad de intervención, que haya una audiencia, entonces es algo muy delicado que la Comisión tenga, en cuestiones esenciales, dificultades de este tipo con el Parlamento Europeo. 
Para recuperar la confianza, no cabe duda de que nos es preciso reflexionar en otra lógica para dirigir el desarrollo económico y el desarrollo social. 
A pesar de que en tres minutos que puedo abordar este tema, observo en todo caso, y me alegro, que la Comisión ha progresado, por ejemplo, en el reconocimiento de las misiones de interés general y de servicio. 
Creo que el Sr. Fayot ya lo había señalado. 
Me alegro y me hace pensar que podríamos, cualesquiera que sean las dificultades presentes en un determinado número de temas, avanzar. 
Termino, señor Presidente, diciéndole que todo ello no es fácil, por lo que le deseo mucho ánimo. 
Estará usted de acuerdo, señor Santer, en que la Unión Europea no las tiene todas consigo entre los ciudadanos europeos. 
Todas las señales que nos llegan de diferentes Estados miembros lo demuestran, sea que se manifiesten en forma de movimientos sociales o en las urnas: es la oposición a Europa o, en todo caso, críticas muy severas que no dejan de acumularse. 
Su programa legislativo no parece contener nada que pueda cambiar esta imagen negativa de una Europa sin proyectos, incapaz de suscitar adhesión. 
Efectivamente, el año 1997 es un año de transición, usted lo ha dicho y es verdad, puesto que la Conferencia Intergubernamental debería decidir dentro de ese marco cambios significativos en la manera de dirigir los asuntos europeos. 
Sin embargo, cabría esperar por lo menos un estremecimiento, un indicio de creatividad, otra cosa que un mero discurso muy general y mágico sobre el crecimiento, un discurso de wishful thinking, o sea, una trama de votos piadosos, pero en la que cuesta mucho trabajo encontrar algo concreto. 
En lo que a mi toca, voy hacerle críticas concretas. 
Evocó usted, como, por lo demás, lo hace en la mayor parte de sus intervenciones, la necesidad de transparencia para recuperar la confianza. 
En el momento en que nos presenta el programa para el año próximo, ¿no debería disponerse de un balance de los programas anteriores y no un mero balance cuantitativo, sino, para cada propuesta no concluida, una presentación de las razones técnicas o políticas que han provocado los retrasos o los bloqueos? 
¿Es aceptable que las iniciativas parlamentarias presentadas por el Parlamento conforme al artículo 138 B del Tratado no hayan dado lugar hasta la fecha a ningún seguimiento? 
¿Es transparente y comprensible para el ciudadano ver las enmiendas importantes, votadas por el Parlamento por la mayoría de sus miembros, rechazadas por la Comisión, en una diversidad de ámbitos, como acaba de mencionarlo mi compañero Piquet? 
Voy a citarle un ámbito muy concreto, el del medio ambiente. 
El Consejo del Medio ambiente, aprobó recientemente la directiva sobre la prevención y la reducción integrada de la contaminación. 
Las enmiendas, importantes, del Parlamento, fueron rechazadas sin dar ninguna explicación política. 
Entre ellas, había una que pedía que se hiciera responsables a los industriales de las consecuencias medioambientales de sus actividades. 
Es la misma petición que hacía el informe de nuestro compañero Alber, en abril de 1994, hace más de dos años, en una resolución votada por una aplastante mayoría. 
Sobre este asunto no hubo, tampoco, ningún seguimiento. 
Señor Presidente, Señorías, en su programa para 1997, la Comisión reafirma objetivos generales ambiciosos y pertinentes, sin embargo, nos vemos obligados a comprobar que las medidas previstas para alcanzarlos no se encuentran a la altura de las circunstancias. 
Así, la Comisión antepone de nuevo, con toda razón, el objetivo general «crecimiento y empleo». 
Sin embargo, ¿cuáles son los medios prioritarios definidos para alcanzar estos objetivos? 
Se nos habla de política macroeconómica sana y de la concresión del mercado interior. 
Quisíeramos decirle que esas son las prioridades de ayer, y no las que esperan los europeos de hoy. 
No cabe duda de que estamos convencidos de la necesidad absoluta de realizar rápidamente la moneda única, y saludamos los esfuerzos realizados en diversos ámbitos para lograr el saneamiento presupuestario que permitirá su realización. 
Aprobamos a la Comisión cuando intenta establecer los medios técnicos que permitan realizar esta moneda única. 
Sin embargo, lo que Europa necesita hoy es restablecer la confianza de los europeos desamparados que no ven en la construcción de la Unión mas que rigor presupuestario, estancamiento del poder de compra y el menoscabo de las conquistas sociales. 
Es preciso, por lo que se refiere a los objetivos intermediarios, volver a definir las prioridades, ya no hay que anteponer el mercado interior, la convergencia o la estabilidad, sino el crecimiento, el empleo y la cohesión- por lo demás, preferimos a este término un poco técnico el de solidaridad; para nosotros, es lo mismo. 
Por ello, es preciso definir medidas que coincidan exactamente con estas verdaderas prioridades. 
El crecimiento no debe ser concebido como una consecuencia deseada y esperada, aunque ciertamente no garantizada, de la estabilidad. 
Debe percibirse como un objetivo económico en cuanto tal. 
Par ello, es preciso que la Comisión proponga un pacto de crecimiento para Europa que complemente los compromisos de estabilidad y encuentre expresiones concretas en una nueva definición acelerada de las perspectivas financieras para finales de siglo, o incluso en la reforma de los Fondos Estructurales, que son los instrumentos de la política presupuestaria europea que deben complementar imperativamente la política monetaria. 
Asimismo, la acción de Europa en materia de empleo debe ser más directa y más comprensible. 
Es preciso vincular más estrechamente la intervención de los Fondos Estructurales y la creación de empleo. 
¿Por qué no hacer aparecer una etiqueta «empleo europeo» , o, por lo menos, una enumeración precisa y clara de los puestos de trabajo directamente creados gracias a la acción comunitaria? 
Asimismo, en lo que se refiere al servicio de interés general, del que la Comisión se preocupa, ¿por qué no imaginar servicios a escala europea que respondan a las nuevas necesidades de nuestras poblaciones y que sean directamente creadores de empleo? 
Hacemos un llamado a la Comisión para que muestre más audacia y mayor iniciativa. 
Nosotros la apoyaremos en esta acción, sin la que quizás tengamos la moneda única, pero ya no tendremos Europa. 
Señor Presidente, con frecuencia el Presidente de la Comisión, Jacques Santer, ha manifestado estar de acuerdo con los puntos de vista del Grupo Europa de las Naciones respecto a la necesidad de reducir el número de actos legislativos. 
El Sr. Santer desea que le veamos como un ferviente partidario de la subsidiariedad. 
Son los Estados miembros los que deben adoptar el mayor número posible de las decisiones. 
No dudo de la buena voluntad del antiguo Primer Ministro de Luxemburgo, sin embargo, después de haber desempeñado su cargo como Presidente durante más de dos años, constatamos que no ha podido poner en práctica sus intenciones. 
Cuando el Sr. Santer asumió su cargo, existían 20.706 reglamentos, directivas y otras normas comunitarias. 
Tenemos ahora más de lo que el Sr. Santer no desea tener. 
El nuevo programa anual de la Comisión incluye propuestas de ampliar la legislación procedente de Bruselas, pero no he encontrado ninguna propuesta de la Comisión para restituir a los parlamentos nacionales algún ámbito importante. 
En relación con la Conferencia Intergubernamental, la Comisión ha presentado propuestas para convertir las decisiones por mayoría cualificada en la norma principal. 
Así, las leyes podrán ser aprobadas con 62 de los 87 votos, y será posible rechazar hasta varios parlamentos nacionales a la vez. 
El concepto de futuro vendrá dictaminado desde Bruselas para los pioneros de la nueva sociedad. 
La consecuencia inevitable será un nuevo salto hacia la integración, y la Comisión ha presentado la propuesta sin indicaciones sobre qué decisiones en otros ámbitos podrán ser restituidas a los Estados miembros. 
Habremos de admitir, por tanto, que el Sr. Santer hace realmente lo que le place. 
Todas las acciones concretas tienden a la creación de un nuevo Estado común. 
Todas las acciones van diametralmente en contra de nuestra visión de Europa, en la que las naciones toman las decisiones respecto a sus propios asuntos y coordinan lo que no son capaces de solucionar individualmente. 
Deseamos un esfuerzo común para resolver los problemas transfronterizos y nos satisface que haya normas mínimas para las emisiones de sustancias peligrosas al mar y al aire, pero ¿por qué ha de decidir el Sr. Santer que podrá haber a partir de ahora más sustancias nocivas en el agua potable de Århus? 
¿Por qué desea el Sr. Santer, defensor de la descentralización, que haya normas totalmente iguales para el agua potable depurada y para las aguas freáticas? 
Apoyamos las normas mínimas, pero lucharemos contra la uniformación de la UE, que deja a un lado la democracia y el medio ambiente. 
Se dice que la contaminación no se para en las fronteras, lo que me induce a preguntar si ese argumento justifica la supresión del límite superior de las diferentes sustancias permitidas en el agua potable de los daneses. 
Apoyamos también las normas comunes para las empresas en el comercio transfronterizo, pero ¿por qué es necesario, con el método de armonización de la UE, convertir las normas en obligatorias e iguales para todas las partes de la Unión? 
Hace falta mucha más libertad para los Estados miembros, y espero que la Comisión lo tenga en cuenta. 
Señor Presidente, ha mencionado usted su preocupación por la política de empleo. 
La Unión Europea se debate contra un problema que está adquiriendo dimensiones dramáticas: el creciente desempleo, con el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración como manifestaciones más críticas de este triste proceso. 
Hasta el defensor más incondicional de la Unión Monetaria Europea no podrá negar la correlación entre el esfuerzo para cumplir los criterios de convergencia, por un lado, y el crecimiento del desempleo, por el otro. 
El año 1997 con sus paquetes presupuestarios restrictivos estará fuertemente marcado por la preparación para la Unión Monetaria Europea y, por lo tanto, no se mitigará el problema principal, que es el desempleo, sino que éste se agudizará. 
Expertos en economía y finanzas de las más diversas nacionalidades temen que el cumplimiento sin concesiones del calendario fijado tendrá unas consecuencias para Europa que es preciso tomarse en serio. 
La división de los Estados miembros en dos grupos- el grupo de los que participarán en la primera fase y el de los Estados que no conseguirán integrarse en esta primera fase- dará lugar a una Europa de dos velocidades. 
Una evolución contraria al espíritu europeo y que también tendrá repercusiones económicas. 
Las exageradas restricciones presupuestarias socialmente no compensadas de determinados Estados generan desempleo, debilitan la posición de Europa como emplazamiento de la actividad económica y desencadenarán una recesión. 
Las transferencias adicionales de los Estados que se integren en la Unión Monetaria a los que queden fuera de la misma debilitarán todavía más la potencia económica de los unos, sin reforzar suficientemente la de los otros. 
La Comisión debería prestar, por consiguiente, mucho mayor atención al componente de la política de empleo y de la política social, como parte del proceso que ha de conducir a la Unión Monetaria Europea, y debería liberarse de la absurda presión del calendario. 
Señor Presidente, Señorías, el futuro de la Unión Europea y el relanzamiento de su presencia en el contexto internacional adquieren una relevancia especial en el marco de las prioridades políticas del programa anual de la Comisión. 
El Presidente Santer acaba de reconocer que Europa no consigue desempeñar como debería el papel que le corresponde en el mundo, en proporción por lo menos con su peso económico y comercial y con sus innumerables compromisos financieros en materia de ayuda al desarrollo. 
Por otra parte, es evidente para todos que no se consigue ofrecer una respuesta europea eficaz ni siquiera donde ésta sería necesaria y se espera o incluso se invoca un papel más activo de Europa como tal, como viene ocurriendo en Oriente Medio. 
No es suficiente la suplencia, con todo apreciable, de Chirac, de Prodi o de tantos otros, mientras que, por otro lado, se está perdiendo una ocasión histórica en la ONU, cincuenta años después del final de la guerra. 
La Europa de la paz, la Europa de la integración no sabe sustituir a la Europa de la guerra, a la Europa de las rivalidades nacionales y de los recelos de la posguerra. 
No cabe duda de que se trata, ante todo, de un problema de instrumentos y de procedimientos, que debe solucionarse en el marco de la Conferencia Intergubernamental, y en la dirección esperada por la Comisión y el Parlamento, que manifestaron posiciones muy cercanas, para superar así un exceso de cautela y unas resistencias inmotivadas, que demuestran un escaso conocimiento del reto y se hacen la idea de poder neutralizar la incertidumbre del futuro escudándose tras la seguridad de un muro. 
Sin embargo, debemos preguntarnos si no es posible arriesgarse más, Presidente Santer, incluso dentro del ámbito de las posibilidades que ofrece el Tratado en vigor, arriesgarse más todo el mundo, nosotros como diputados pidiendo más, y la Comisión dando un impulso más decisivo a su iniciativa e involucrando, si fuera posible, al Consejo y a los Gobiernos. 
Es precisamente en este terreno que se prepara el futuro de Europa. 
Qué sentido tendría la ampliación sin una verdadera política exterior europea, sin la que ya en el programa se define como una identidad exterior de la Unión, caracterizada por su coherencia, eficacia y visibilidad, y sin que sea posible una estrecha relación entre seguridad, defensa, comercio y relaciones económicas capaces de expresar una política europea que esté a la altura del reto del mundo moderno. 
Sin esta proyección exterior, también la Europa que hoy tenemos, la Europa de los Quince, acabará encerrándose tristemente en sí misma. 
El discurso vuelve entonces a la Conferencia Intergubernamental. 
Esta vez no hay espacio para pequeños progresos, ahora más que nunca es ineludible la prometida y anunciada gran reforma. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción los esfuerzos que está realizando el Presidente Santer para centrar el programa de trabajo de la Comisión en un pequeño número de ámbitos prioritarios. 
Con demasiada frecuencia en el pasado, la Comisión presentaba al Parlamento una larga lista de iniciativas programadas que abarcaban una amplia gama de áreas políticas. 
Aunque la mayoría de dichas iniciativas eran valiosas en sí mismas, eran demasiadas para poder llevarlas a cabo en un solo año. 
Además, a menudo resultaba difícil identificar cuáles eran las principales prioridades de cualquier año en particular. 
Con la vista puesta en 1977, creo que la Comisión deberá prestar más atención a instruir a los jóvenes sobre las posibles ventajas de la moneda única. 
Ahora parece cada vez más probable que un número significativo de Estados miembros optará por establecer la moneda única dentro de tres años. 
Dentro de menos de seis años, muchas de nuestras monedas nacionales desaparecerán de nuestros bolsillos y serán sustituidas por el euro. 
Aunque los argumentos a favor de una moneda única han sido debatidos en profundidad por los economistas y los funcionarios y ya los conoce bien la mayoría de las personas que trabajan en la política, la administración y las finanzas, la amplia mayoría de los ciudadanos de Europa continúa sin conocer la serie de beneficios que puede aportarles la moneda única. 
Será muy difícil, si no imposible, crear una moneda única sin el apoyo de los ciudadanos de los países participantes. 
Los detractores de la unión monetaria ya han llegado a esta conclusión y se han consagrado con dedicación a hacer campaña entre el electorado en muchos de nuestros Estados miembros. 
Es hora de que las instituciones comunitarias adopten un tono igual de vociferante para presentar al electorado de Europa los argumentos a favor de una moneda única. 
La Comisión Europea es la institución que está mejor situada para encabezar la campaña de apoyo a la unión monetaria. 
La opinión pública debe familiarizarse con la amplia gama de beneficios que pueden derivar de la moneda única, como la perspectiva de rebajar los tipos de interés de las hipotecas, eliminar los riesgos de que vuelvan a producirse fluctuaciones monetarias, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que exportan sus productos de un Estado miembro a otro, reducción de los costes comerciales y reducción de los costes de viaje. 
Además, ahora deberíamos esforzarnos en refutar los argumentos engañosos e inexactos que presentan a veces los detractores de la moneda única. 
Quisiera recordar a la Comisión que el Tratado de Maastricht estuvo a punto de descarrilar debido principalmente a que la opinión pública de muchos de nuestros Estados miembros no se sintió suficientemente involucrada en el debate que condujo a Maastricht. 
Tenemos que aprender de esa experiencia y asegurarnos de que no volvemos a cometer el mismo error. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión Europea, la semana pasada, en el sur de Francia, en Gardanne, se celebraron elecciones. 
Los dos candidatos que se encontraban en la recta final, un comunista del mismo grupo que el Sr. Piquet y un candidato del Frente Nacional, eran dos hombres que no admitían el rigor neurótico de Maastricht. 
Es decir, la opinión pública ya no se entera. 
Europa, señor Presidente, es una idea triste, como la luz de una estrella muerta. 
Usted nos propone entrar en el porvenir alumbrándonos con la luz, una vez más, de una estrella muerta. 
El informe Ceccíni mintió demasiado. 
No, no eran abejas, no era miel, no era maná, sino hiel lo que Europa traía consigo. 
Y el paro, señor Presidente, está ahí. 
Está ahí, es su obsesión, es la estatua del Comendador que le demuestra que su idea europea es una mala idea. 
No obstante, el paro no existe en todos lados. 
En Japón, hay muy poco paro. 
En Asia, hay muy poco paro. 
¡No se debe a que estas poblaciones tienen los ojos rasgados! 
De lo contrario, bastaría una operación de cirugía estética para resolver el problema del paro. 
Lo que pasa es que esas poblaciones no están neuróticas. 
No tienen esta especie de rigidez psicológica que caracteriza a la Comisión Europea, como los viejos achacosos, que entran en el futuro sin abandonar las ideas de su juventud. 
Así, impone usted todos los sacrificios, y el rigor presupuestario- pero ese rigor no se lo impone a todo el mundo, porque a la multinacional Chiquita, en el expediente de los plátanos, es usted capaz de regalarle 1.900 millones de ecus de derechos de aduana cada año. 
Luego, hay rigor, pero no para todo el mundo. 
El pacto de estabilidad presupuestaria de Dublín, del Sr. Hans-Tietmeyer, no es para todo el mundo. 
Conserva usted una agricultura irracional, precisamente en el momento que Singapur va a abrirse, precisamente en el momento en el que va plantearse el problema de los PECO. 
Nosotros vimos, en la comisión de investigación, lo que eran ustedes capaces de hacer, en la Comisión Europea, en cuanto mentiras e intervenciones, e incluso ante el ministro alemán de Sanidad, para condenar a un sabio. 
Y así podría continuar con el expediente de la fiscalidad. 
Señor Presidente- y con ello termino- ya se lo ha dicho: Europa es una mala idea, pero no hay mal que por bien no venga. 
En relación con la fiscalidad, podría aprovechar la Conferencia Intergubernamental para proponer a los Estados que pongan un tope constitucional a las exacciones obligatorias. 
Quedaríamos a la par de los Estados Unidos, que son su modelo, y el Japón. 
Podría hacer un favor a todos poniendo un tope a las exacciones obligatorias. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Santer por los esfuerzos realizados y elogiar el programa. 
Quisiera decir que no se trata tan sólo de una ambición, sino también de la realización de la ambición y del ritmo en que se lleva a cabo. 
A continuación constato que en el ámbito del mercado interior todavía faltan muchas cosas. 
El sector del gas lleva años esperando una mayor liberalización, y espero que no se lleve a cabo al mismo ritmo que en el sector eléctrico. 
También el sector de correos está estancado, y pido que el Presidente de la Comisión realice un gran esfuerzo en esta cuestión. 
En el sector de las telecomunicaciones, naturalmente es bueno que se hayan dado los primeros pasos, pero están sucediendo muchísimas cosas en el ámbito de la convergencia de tecnologías de la información, medios de comunicación modernos y telecomunicaciones. 
Si Europa no quiere quedarse atrás en esta cuestión y si queremos desempeñar realmente un papel protagonista en la sociedad de la información, tendremos que ponernos todos manos a la obra. 
El expediente fiscal es un drama. 
Apenas hemos conseguido reanudar un debate sobre el IVA. 
Por consiguiente, espero que la Comisión se mantenga por fin firme e intente llevar adelante esta cuestión en contra de los Estados miembros. 
La seguridad no es sólo un asunto de interior, sino que tiene que ver también con la relación entre Oriente y Occidente. 
Me refiero concretamente a la seguridad nuclear. 
Convendría que la Comisión tomara más iniciativas de coordinación en este sentido para aumentar la seguridad en este ámbito. 
Lo que me llama la atención es que se hable del quinto programa marco, pero que no estén disponibles los 700 millones de ecus necesarios para ejecutar el cuarto programa marco. 
Cabe desear que mañana el Parlamento opte por asignar 100 millones adicionales. 
Espero por tanto que la Comisión también dé un paso adelante para convencer al Consejo de la necesidad de salir de este atolladero. 
Es decir, que no se trata tan sólo de palabras, se trata sobre todo de hechos, y sólo de este modo puede realizarse la ambición. 
Señor Presidente, se han dicho muchas cosas desde de un punto de vista general. En consecuencia, en mi corta intervención intentaré abordar un tema que no es en absoluto secundario. 
Voy a partir de su premisa. 
Usted habló de la necesidad de volver a alcanzar, lograr y recobrar la confianza de los ciudadanos y de convertirla en un reto en los dos sectores en que la misma se encuentra mayormente en peligro. 
El sector del empleo, o mejor dicho del desempleo, y el sector de la seguridad. 
Al pasar a exponer su programa, usted habló justamente de cuatro prioridades y de los progresos alcanzados y se detuvo asimismo en el problema de la solidaridad y de la calidad del crecimiento. 
Más en detalle, usted se refirió al tema que más me interesa: la seguridad. 
Citó algunos sectores respecto a los que la seguridad debe ser defendida: la droga, el terrorismo y la criminalidad organizada. 
Hoy existe un peligro aún mayor que todos estos juntos: se llama encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o, utilizando una expresión más pintoresca, enfermedad de las vacas locas. 
Aunque la expresión pueda provocar la risa, el tema no tiene ninguna gracia. 
La enfermedad de las vacas locas corre el riesgo de convertirse en el banco de pruebas más tremendo y creíble de todo el programa de la Comisión para el próximo año. 
Como miembro de la Comisión de Investigación, le aseguro, señor Presidente, que lo que se ha puesto de manifiesto hasta la fecha, a pesar de no ser mucho, es, sin embargo, muy preocupante, ante todo, por la repercusiones que la epidemia, que hasta ahora ha afectado al mundo animal, podrá tener en el futuro también en el ser humano. 
La EEB, señor Presidente, no es una simple gripe, ni tampoco un resfriado, sino un Chernóbil biológico que, aunque por ahora es sólo una amenaza, de un momento a otro puede abatirse sobre nosotros. 
Nos se trata de un capítulo insignificante de la historia que estamos construyendo, sino de un banco de pruebas que si se infravalora, tendrá gravísimas repercusiones. 
Hemos escuchado que Europa está enferma, pues bien, la primera inyección para curarla es una inyección de confianza y la confianza se alcanza a través de la transparencia y de la credibilidad de las Instituciones. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, vencido el debate- y con sólo dos minutos por delante- voy a centrar esta reflexión en una de sus expresiones: usted ha hablado del «désarroi des citoyens européens» y ha mencionado la deshumanización. 
Pues bien, la realidad es que el ciudadano de los distintos Estados miembros no se siente ciudadano europeo. 
El ciudadano, hoy, se siente una mera variable del mercado y, frente a eso, desde esta Asamblea, nos hacemos eco de su llamada a un mayor desarrollo de todo aquello que el ciudadano percibe en primer lugar pues le afecta en su vida diaria: la seguridad, el desarrollo de esa libre circulación de personas- que está estancada, y usted lo sabe -, las actuaciones concretas- como decía Schuman- en materia de IVA, de la sociedad europea, etc. 
En resumen, señor Presidente de la Comisión, ¿cuál es el gran reto? : El gran reto no es, ni más ni menos, -y es un reto inmenso- que hacer que el ciudadano europeo perciba que, por encima de las fuerzas del mercado, están las reglas del Derecho, que, por encima de las metas económicas, están las metas de crear una integración a través del desarrollo pleno jurídico del concepto de ciudadano: esto es, como sujeto de derechos y obligaciones, como eje del Derecho y la Justicia. 
Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente, creo que no está de más terminar subrayando la necesidad de avanzar en la construcción europea mediante realizaciones concretas. 
Pues son esas realizaciones concretas las que han de configurar esa Europa jurídica, objetivo común de todos los que aspiramos a una Europa integrada más allá del mercado. 
Señor Presidente de la Comisión Europea, para terminar esta breve intervención, estamos de acuerdo y siempre tendrá el apoyo de esta Asamblea: Europa será en Derecho o no será. 
Muchas gracias, señor Presidente, el programa de acción de la Comisión es lamentablemente una propuesta de suma cero desde la perspectiva de las exigencias que ya se han citado repetidamente. 
Es preciso que renunciemos finalmente a la ocultación de los problemas, a las equiparaciones cada vez menos creíbles y que inspiran un optimismo cada vez más tenue. 
En efecto, aunque se repita continuamente como un mantra, ¿quién cree todavía en la ecuación UEM= crecimiento= consolidación de los presupuestos= empleo? 
Debemos contraponer a esta ecuación unas distinciones claras, debemos descubrir las contradicciones que en realidad existen y sólo a partir de las cuales será posible establecer unos objetivos claros, que luego será preciso intentar alcanzar realmente, con valor, energía y realismo. 
Esta sería una interpretación realmente dinámica del derecho de iniciativa de la Comisión. 
Es necesario efectuar la transición a un nuevo modelo de desarrollo. Es necesario reducir el desempleo a la mitad para el año 2000. 
Es necesario desmantelar progresivamente las estructuras encallecidas de la exclusión social y la pobreza en nuestra Europa. 
Es necesario incorporar por fin al Tratado un capítulo dedicado al empleo y una Unión medioambiental y social. 
Es necesaria la coordinación y la consolidación financiera y fiscal de nuestra Comunidad, y también es preciso que agotemos de una vez los recursos propios. 
Sobre esta base, debería procederse a completar luego la realización del mercado interior y a una introducción sostenible de la Unión Monetaria, y no a la inversa. 
Como ha manifestado acertadamente el Sr. Santer: » Le chomage mine la confiance des citoyens européens.» (» El paro socava la confianza de los ciudadanos europeos.») 
Por esto necesitamos un cambio de rumbo en la política, un cambio en favor de la recuperación de la confianza, basada en la transición a un nuevo tipo de pleno empleo. 
Señorías, nosotros también deseamos la integración europea. 
La europeización constituye la gran oportunidad frente a la globalización de la economía, pero no una europeización entendida como una continuación del modelo de política monetaria neoliberal y cada vez más productivista, como el que domina el Tratado de Maastricht y que induce a la Comisión a olvidar cada vez más aspectos del Libro blanco de Delors sobre Crecimiento, competitividad y empleo. 
Nosotros queremos otra Europa, una Europa que no siga capitulando frente a las empresas transnacionales, a las presiones circunstanciales del mercado mundial y a las decisiones cotidianas de los mercados financieros, en vez de someterse a la decisión de los ciudadanos. 
Señor Presidente, al finalizar este primer debate sobre la realización del programa de la Comisión, quisiera agradecer a todos los oradores por su intervención. 
Unos han criticado severamente a la Comisión- están en su derecho- otros han hecho un aporte muy constructivo, mediante sus criticas, alentándonos a perseverar en esta vía. 
Sin embargo, en todas las intervenciones, percibí, sin embargo, en un sentido o en otro, un vago sentimiento de «melancolía» en el funcionamiento del estado de la Unión tal como lo han comprobado. 
Este es el mismo sentimiento que comparto con ellos porque es precisamente para contrarrestar esta falta de confianza de los ciudadanos en la Unión Europea por lo que fijamos las prioridades de nuestro programa de acción para 1997. 
Ya se los dije el año pasado. 
En mi calidad de hombre político, igual que ustedes, frecuento a los ciudadanos y veo que, en este momento, se sienten desorientados por tres factores. 
El último acaba de ser mencionado por el Sr. Wolf, se trata del paro, que mina nuestra sociedad. 
Hay que hacer algo contra el paro, y Europa debe estar presente en esta lucha. 
No puede dejarse ese problema a la competencia exclusiva de nuestros Estados miembros. 
¡Europa no puede ser indiferente a las preocupaciones sociales de nuestros ciudadanos! 
Ese es uno de nuestros problemas. 
El segundo, es que nuestros ciudadanos se han concertado sobre lo que contemplan a nuestras puertas. 
Siendo, como somos, la primera potencia comercial del mundo, esta es la hora que nunca hemos aprovechado las consecuencias políticas de esta dimensión económica. 
El tercero se refiere al hecho de que, en la vida de todos los días, el ciudadano se siente inseguro. 
Espera de nosotros, Europa, instituciones comunitarias, que emprendan una acción en contra de la inseguridad, el crimen organizado, para luchar contra la droga, etc. Estos tres puntos son la preocupación primera de nuestros ciudadanos, que piden más Europa y no menos Europa. 
Eso es lo que hay que poner de relieve en este momento. 
No se trata de buscar una alternativa, y pregunto a nuestros colegas que, quizás, no creen en el modelo europeo, cuál sería esta Europa, si no existiera el modelo europeo tal como nosotros lo preconizamos. 
Estas son las tres direcciones en las que debemos actuar y es por ello que hemos orientado nuestro programa de acción hacia estas tres prioridades. 
En lo que toca al paro, queremos hacer más. 
Claro está, siempre se me dice que Europa no tiene una competencia particular en materia de lucha contra el paro, ya que la política social es competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Claro está, tanto la política económica como la política social son competencia de los Estados miembros, pero persisto en creer y tengo la íntima convicción de que una política social y económica convergente de 15 Estados miembros en un gran mercado único de 370 millones de habitantes, puede conferir un efecto multiplicador a los esfuerzos consentidos por nuestros Estados miembros. 
Ese es el valor añadido que Europa aporta en este ámbito. 
Lo mismo ocurre en materia de política exterior y comparto totalmente el sentimiento que acaba de expresar el Sr. de Vries, es decir, que Europa debe tener una mayor presencia en la escena internacional de la que tiene actualmente. 
Esa es la razón por la que se precisa una política exterior y de seguridad común digna de ese nombre y eso es lo que estoy tratando de conseguir. 
La Comisión también se dedica a ello, gracias a las propuestas que acaba de hacer a la Conferencia Intergubernamental. 
Por otro lado, tendremos la ocasión, mañana, de discutir todavía sobre el último Consejo Europeo de Dublín, centrado esencialmente en la Conferencia Intergubernamental, para desarrollar aún más este punto de vista. 
En tercer lugar, Europa debe tener una mayor presencia y más activa en materia de seguridad, para garantizar la seguridad de la vida privada de nuestros conciudadanos. 
Creo que debemos, en el seno de la Conferencia Intergubernamental, promover una mayor comunitarización del tercer pilar. 
Esa es la dirección que seguimos y todo el programa que he desarrollado ante ustedes hace un momento se centra alrededor de estas tres preocupaciones esenciales que me parecen traducir la melancolía de los ciudadanos. 
Estoy seguro de que si el crecimiento cualificado aumenta y el paro disminuye, nuestros ciudadanos tendrán otra percepción de la Unión Europea. 
Por tanto, les ruego que crean que ese es el objetivo, que comparten, lo sé, todos los que intervinieron esta mañana, que vamos a perseguir con su cooperación. 
Me permitirán que no retome enteramente algunas de las preocupaciones que fueron expresadas esta mañana, pero estoy totalmente de acuerdo con los parlamentarios que intervinieron, especialmente con el Sr. Fayot y la Sra. Oomen-Ruijten, sobre la cuestión del procedimiento de nuestros debates. 
Es preciso que los procedimientos sean transparentes, se ha dicho varias veces, pero es necesario repetirlo para reforzar el aspecto democrático del funcionamiento de nuestras instituciones. 
El ciudadano, el hombre de a pie, sólo puede identificarse con sus propias instituciones si hay transparencia y si sabe quién toma las decisiones, cuál es la responsabilidad de los diferentes protagonistas que intervienen en la escena comunitaria, etc. 
Esta es la razón por la que apoyo la iniciativa del Presidente del Parlamento destinada a revisar nuestro procedimiento con un espíritu constructivo, con el espíritu de diálogo permanente que debemos tener con el Parlamento Europeo. 
Ustedes lo saben, lo he dicho más de una vez, incluso si el Parlamento Europeo tiene como fin supervisar y controlar a la Comisión y al poder ejecutivo, también somos, en muchos ámbitos, aliados objetivos y creo que también debemos mantener esta actitud en los debates que hemos de entablar entre nosotros. 
Considero que de este modo, y gracias a un nuevo procedimiento más satisfactorio, podremos llegar a dar mayor transparencia, mayor visibilidad y mayor comprensibilidad también a nuestro programa de acción hacia el exterior. 
Algunos oradores subrayaron también los retrasos que conciernen algunas propuestas del Parlamento, en relación con su derecho de iniciativa. 
El Parlamento presentó cuatro informes de iniciativa: el informe Rothley sur la circulación de automóviles, en relación con la responsabilidad de los accidentes, haremos una propuesta legislativa a este respecto, que ya está prevista en el programa de 1997. 
Por lo que se refiere al informe Alber sobre los perjuicios en materia de medio ambiente, la Sra. Bjerregard hizo realizar un estudio que permitirá a la Comisión adoptar una posición sobre esta cuestión en un plazo más o menos próximo. 
Por lo que se refiere al informe Leopardi sobre el pasaporte sanitario, es preciso decir que dificultades de todo tipo: presupuestarias, técnicas, políticas, impiden por el momento la introducción de este pasaporte, pero se encuentran en curso las investigaciones en el marco del programa TESS «Telematic Social Security». 
No se excluye que en el futuro se tome una iniciativa sobre esta base. 
En lo que toca el último informe, el informe Jackson sobre la seguridad en los hoteles, la Comisión ya informó al Parlamento sobre su actitud a este respecto. 
No obstante, si siempre puede justificarse en relación con una u otra acción, creo que todavía podemos mejorar nuestra manera de trabajar juntos, y de hacer progresar juntos nuestro trabajo en el futuro. 
Por lo demás, señor Presidente, quisiera agradecer una vez más al Parlamento la confianza que siempre ha manifestado, en los momentos realmente críticos, a la Comisión y a la colaboración que siempre le ha prestado, sobre todo en el momento de los debates presupuestarios como este que van a emprender ahora. 
A este respecto, pueden estar seguros de que en lo que toca a nosotros, la actitud será la misma que la del Parlamento Europeo hacia la Comisión. 
Ese es el precio a pagar para poder iniciar nuestra colaboración durante el año 1997, cuyo programa de acción acabamos de presentar. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias, y pienso que lo hago también en nombre de sus Señorías, al Presidente de la Comisión por sus respuestas. 
Comprendo que tengan que ser necesariamente amplias, pero hemos formulado unas cuantas preguntas concretas sobre los procedimientos y quisiera pedir al Presidente de la Comisión que se ocupe de que no caigamos en el agujero que cavamos el año pasado, y que instruya a los funcionarios de la Comisión para que tengan en cuenta las observaciones que se han realizado. 
Quisiera saber si el Presidente de la Comisión puede ocuparse de que- en uno u otro momentorecibamos las respuestas que ahora no se han dado. 
Estoy en la mejor disposición de hacer que se comunique una respuesta precisa a los parlamentarios que han planteado determinadas preguntas. 
Yo no podía dar esta respuesta ahora por razones que ustedes comprenderán. 
El debate queda cerrado. 
Ejecución del presupuesto 1996- Proyecto de presupuesto general 1997- Proyecto de presupuesto operativo CECA 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos: 
propuesta de resolución (B4-1097/96) , de conformidad con el artículo 87 del Reglamento, del Sr. Elles, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario y del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la ejecución del presupuesto de las Comunidades para 1996; -informe (A4-0310/96) del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997, Sección III- Comisión (COM (96) 0300- C40350/96) ; -informe (A4-0311/96) del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 (COM (96) 0300- C4-00350/96) Sección I- Parlamento Europeo- Anexo Defensor del Pueblo Sección II- Consejo Sección IV- Tribunal de Justicia Sección V- Tribunal de Cuentas Sección VI- Comité Económico y Social y Comité de las Regiones; 
informe (A4-0322/96) del Sr. Giansily, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto operativo de la CECA para 1997 (SEC (96) 0981- C4-0359/96). 
Señor Presidente, nos encontramos actualmente en una fase muy importante del debate presupuestario, y el clima en torno al presupuesto no es muy propicio en estos momentos. 
No me refiero tanto a la situación financiera. 
Es evidente- y el Parlamento así lo ha manifestado una y otra vezque estamos de acuerdo en que el presupuesto para 1997 debe ser restrictivo; debe ser un presupuesto que además tenga en cuenta las prioridades de los Estados miembros en su intento de cumplir los criterios de Maastricht. 
Aunque, huelga decir que el presupuesto europeo es muy pequeño comparado con los presupuestos nacionales, existe un valor simbólico en que Europa no sea vista como una derrochadora en unos momentos en que los parlamentos nacionales y los gobiernos nacionales intentan ser rigurosos. 
Este aspecto no debe ser el elemento clave de nuestro debate. 
La Comisión de Presupuestos propondrá al Pleno que el presupuesto para 1997 sea restrictivo. 
Hemos dejado márgenes importantes, de conformidad con lo acordado en las orientaciones de la resolución sobre el presupuesto del pasado mes de marzo. 
La parte más preocupante del presupuesto es el contexto político en el que estamos trabajando actualmente. 
Desde el comienzo, el Parlamento se ha esforzado por mantener un diálogo real con el Consejo sobre puntos pendientes, puntos incluidos en el Acuerdo Interinstitucional y puntos que, como nos viene prometiendo desde hace muchos años, constituyen un problema que puede resolverse mediante el diálogo. 
Sólo deseo recordar algunos de estos temas. 
Tenemos actualmente 47 partidas del presupuesto que no tienen un fundamento jurídico formal. 
La autoridad presupuestaria responsable que abarca ambas ramas no puede permitir una situación semejante. 
En nombre del Parlamento, hemos presentado propuestas que están reflejadas en la resolución del presupuesto. 
Creemos que hemos hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo, pero hasta ahora el Consejo no ha movido un ápice su postura en este aspecto en particular. 
En todos estos últimos años- y de nuevo en éste- hemos intentado revisar el tema de la clasificación de gastos. 
Es evidente que, especialmente en unos momentos en los que vemos que en el sector agrícola, por ejemplo, se ha propuesto la suma de 1.300 millones de ecus para la EEB, nadie, ni dentro ni fuera de esta Asamblea, puede comprender que no exista ni un solo elemento de control democrático a nivel nacional ni a nivel europeo. 
Y, sin embargo, los signos así lo confirman. 
En la CIG ni siquiera se toca este asunto central del control democrático, excepto en el caso del Gobierno belga, el cual presentó una propuesta la semana pasada para que se estudie esta cuestión. 
Pero no vemos que el Consejo esté dispuesto en estos momentos a comprometerse en ese sentido. 
Durante todo este año hemos venido recordando al Consejo su deber y obligación de revisar las perspectivas financieras, no tanto para financiar cosas buenas para los gobiernos, como siempre ha sucedido, sino para financiar sus propias prioridades: las redes transeuropeas, la investigación y el desarrollo y el programa para Irlanda del Norte. 
El programa esencial para Irlanda del Norte que había prometido el Consejo fue rechazado el 14 de octubre. Ecofin confirmó que no se compromete a revisar las perspectivas financieras. 
Esta es la dura realidad: el Consejo no quiere- o debo decir, no es capaz de- entablar un diálogo con un Parlamento que está extendiendo su mano, que desea revisar puntos esenciales para un mejor control democrático, para un mejor presupuesto y, en definitiva, para una mejor Unión Europea. 
Lamentablemente, éste es el panorama en el que nos encontramos. 
Hago un llamamiento al Presidente en ejercicio del Consejo aquí presente- quien, a nivel personal, siempre ha intentado ser de gran ayuda- que transmita este mensaje al Consejo con el fin de que entre la primera y la segunda lectura podamos resolver algunos de los problemas pendientes. 
Lo que tenemos ante nosotros, por lo tanto, es la voluntad del Parlamento de abordar plenamente las tres prioridades que el propio Consejo indicó, es decir, la investigación y el desarrollo, las redes transeuropeas e Irlanda del Norte, así como, naturalmente, de trabajar también en el contexto de los programas comunitarios que nosotros hemos indicado que son fundamentales- RETEX y RECHAR- para garantizar un enfoque global destinado a crear una reserva importante que luego pueda ser estudiada conjuntamente por el Consejo y el Parlamento. 
De este modo podremos cumplir el Acuerdo Interinstitucional de tal forma que podamos esperar resultados positivos. 
Sólo deseo añadir un punto específico puesto que he mencionado Irlanda del Norte. 
Con el fin de que no exista ninguna ambigüedad al respecto- y ya hemos celebrado en el Parlamento un importante debate sobre este asunto- en estos momentos es deseo inequívoco del Parlamento, y así lo ha manifestado el Presidente Hänsch al Presidente en ejercicio del Consejo, que se adopte un enfoque global de esos tres programas. 
Pero el Parlamento considera una prioridad importante el caso de Irlanda del Norte; considera que es una prioridad esencial, porque no fue el Parlamento, sino el Consejo el que se negó a crear el programa de financiación necesario de 300 millones de ecus. 
El presidente de la Comisión de Presupuestos ha sido bastante claro en este sentido. 
Por ello, en nuestra resolución indicaremos con toda claridad que, independientemente de lo que suceda en diciembre en la segunda lectura, financiaremos los 100 millones de ecus prometidos. 
Es fundamental que el Consejo también asuma su parte de responsabilidad y que ahora lo estudie junto con los demás temas que he señalado. 
Paso a continuación a algunas de las líneas presupuestarias que el Parlamento considera esenciales. 
En la categoría 1 hemos avanzado menos de lo esperado. 
Hemos avanzado algo, porque al menos se ha reconocido plenamente, por fin, el concepto de que estableceremos una reserva en el presupuesto. 
Apelamos a la Comisión y al Consejo- el cual no se ha mostrado muy dispuesto a colaborar en este sentido- para que el presupuesto para el año próximo desarrolle más a fondo este concepto con el fin de poder avanzar más en la fase del anteproyecto de presupuesto que presenta la Comisión. 
Debemos poner fin a la situación en que las estimaciones de la Comisión son tan amplias que incluso pueden financiar fácilmente cosas imprevistas sin ninguna revisión durante el ejercicio; como se está demostrando ahora con el caso de la EEB. 
Debemos poner fin a la situación en que no existe ningún control democrático, incluso cuando se trata de gastos obligatorios, más que de gastos no obligatorios. 
En la categoría 2: francamente, el recorte por parte del Consejo parece tener muy poco que ver con una opinión meditada sobre qué hacer con los Fondos estructurales; parece demostrar más bien que se trata de una simple operación de recorte presupuestario, sin reflexionar sobre lo que ello supondrá para el desarrollo de los Fondos estructurales. 
Más bien parece anunciar el hecho de que algunos Estados miembros, como se menciona en la resolución, no han encontrado las vías y los medios adecuados para cofinanciar los instrumentos comunitarios establecidos por el Parlamento y el Consejo con anterioridad. 
Es muy lamentable. Parece que los Estados miembros son reacios a cumplir la obligación de la Comunidad Europea de financiar la cohesión social y económica. 
A pesar de que en el Parlamento nos preocupa el nivel de ejecución, éste no puede ser utilizado como excusa para recortar el presupuesto de la forma que he indicado. 
En la categoría 3 hemos desarrollado una serie de enfoques horizontales. 
El presupuesto para 1997 prosigue los esfuerzos ecológicos iniciados el pasado año, pero con un enfoque más instrumental y horizontal, y esperamos que la Comisión ponga en marcha en breve su grupo operativo sobre tecnología ecológica. 
También hemos adoptado un enfoque horizontal ante la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad. 
Precisamente en unos momentos en que, quizá, la financiación presupuestaria sea rara y escasa, es más necesario prestar atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Debemos observar a estas alturas que no podemos aceptar el hecho de que el Consejo haya venido bloqueando programas fundamentales para la creación de empleo y puestos de trabajo, algo que siempre se ha considerado prioritario. 
Hemos incluido 25 millones de ecus a esta línea, que el Consejo se ha negado a desbloquear hasta ahora y que es una prioridad importante del Parlamento. 
Esperamos poder resolver este asunto durante el próximo procedimiento de conciliación con el Consejo. 
También hemos añadido la sugerencia de que deberían designarse 10 millones de ecus a una iniciativa que incremente el potencial de creación de empleo del «tercer pilar». 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha sido de gran utilidad en este sentido y acogeríamos con satisfacción una respuesta positiva del Consejo, incluso en esta fase tan avanzada. 
El comportamiento del Consejo en el ámbito de la energía ha sido simplemente escandaloso. 
El Consejo ha recortado el presupuesto en un 80 % a pesar de que la Comisión ya lo había hecho en algo así como un 40 %. 
Es hora de que el Consejo estudie una futura política energética y si debe hacerse algo en materia de energía renovable y ahorro energético. 
Por consiguiente, hemos consignado el 30 % a la reserva para poder entablar un diálogo político con la Comisión y el Consejo sobre el futuro de la política energética. 
Paso a continuación a la política de la información. 
Dentro de la revisión general de su gestión, que también se está llevando a cabo en el seno de la Comisión, creemos que, en unos momentos en que la integración europea se está viendo sometida a ataques cada vez más fuertes, la Unión Europea debería hacerse visible, al menos en su política de información hacia el exterior. 
Hemos asignado importantes sumas a la reserva con la esperanza y la expectativa- y acojo con gran satisfacción la presencia del Presidente Santer en estos momentos- de que la Comisión realice serios esfuerzos para desarrollar una agencia central de información en estrecha cooperación con el Parlamento, que sirva de fondo a los importantes programas de información decididos el pasado año sobre el euro, la iniciativa Ciudadanos primero y la Conferencia Intergubernamental. 
Esperamos haber podido avanzar en este aspecto cuando lleguemos a la segunda lectura. 
Acogemos con satisfacción el hecho de que, bajo la dirección del Comisario Liikanen, la Comisión se muestra cada vez más dispuesta a reconocer que las herramientas de gestión pueden tener un papel determinante en el desarrollo de una Comisión que resulte creíble al mundo exterior. 
A continuación, algunas observaciones sobre la política exterior. 
Ayer mantuvimos un interesante debate con el Comisario van den Broek sobre el tema de Turquía. 
El tema de Turquía fue debatido en el Parlamento el pasado 19 de septiembre. 
Creemos que es importante que también se dé una señal en el presupuesto para indicar que allí donde los derechos humanos se ven cada vez más amenazados, como dijo el Sr. van den Broek ayer, la Comunidad no financiará proyectos aparte de aquéllos encaminados a promover la democracia, los derechos humanos y de ayuda a la sociedad civil. 
Esperamos que también la Comisión haya tomado nota de las conversaciones que mantuvimos ayer. 
No quiero decir con esto que no tengamos confianza en la Comisión, pero es fundamental que la política se ejerza sobre una base de diálogo con el Parlamento, de forma que el Parlamento tenga la oportunidad de estudiar cualquier orientación o decisión específica antes de ser aprobada. 
En el ámbito de los asuntos exteriores hemos cumplido con nuestra parte del compromiso sobre el Mediterráneo. El Mediterráneo fue una prioridad el pasado año. 
Hemos votado la asignación de 200.000 millones de ecus a la reserva negativa. 
Nos ocuparemos, en la medida de lo posible, de que estos programas sean financiados conjuntamente con los programas PHARE y TACIS. 
Esto no debe hacerse, naturalmente, en detrimento de las importantes prioridades en ámbitos que se encuentran fuera de Europa. 
Como decía el Presidente Santer hace unos minutos, Europa tiene cada vez mayores responsabilidades en el mundo: responsabilidades con África, América Latina y Asia. 
La tendencia del Consejo de eludir las prioridades de desarrollo exterior es preocupante. 
Europa no puede convertirse en una organización que mire hacia dentro. Debe asumir, en la medida de lo posible, sus responsabilidades con el mundo exterior. 
Paso a continuación al tema de Yugoslavia. 
Europa tiene aquí una responsabilidad, aunque en estos momentos no tenga quizá la responsabilidad central. 
Pero, en el marco de nuestros medios financieros, debemos tener muy en cuenta en el presupuesto el hecho de que la Unión Europea está aportando, al fin y al cabo, una ayuda financiera de entre cinco y seis veces más importante que cualquier otra fuerza, incluidos los Estados Unidos. 
Es fundamental que el presupuesto así lo refleje, aunque sea de forma limitada. 
La pesca es otro punto de enfrentamiento con el Consejo, que esperamos poder resolver con el Presidente en ejercicio durante las próximas semanas. 
En el tema de la pesca es evidente que, hasta ahora, no coinciden las opiniones sobre lo que es gasto obligatorio y no obligatorio. 
Pero lo mínimo que debemos lograr es un código de conducta de manera que no nos encontremos en la terrible situación, una vez que la Comisión haya presentado el anteproyecto de presupuesto, de tener que hacer frente durante todo el año a solicitudes relativas a compromisos exteriores que han sido asumidos en las negociaciones y de los que el Parlamento no sabe nada, ni en situaciones en las que sencillamente tenemos que cargar con los gastos. 
Por este motivo hacemos un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que den su conformidad a un código de conducta para que, al menos cuando se soliciten nuevos fondos, la Comisión de Pesca, que es la responsable, sepa cuál es la situación. 
Por último, como decía antes, nos encontramos en unos momentos muy difíciles, no tanto desde el punto de vista financiero, sino político e institucional. 
El Parlamento desea negociar de buena fe, pero dentro de la estrategia que hemos acordado, y el Parlamento es unánime en que no nos dejaremos embaucar. 
Espero que estos mensajes hayan sido recibidos debidamente por el Presidente en ejercicio. 
Tenemos esperanzas de que, incluso en los pocos meses de que disponemos, se puedan resolver algunos de los problemas urgentes pendientes y que a final de año tengamos un presupuesto. 
Pero ello no depende solamente del Parlamento, depende también de los responsables políticos de los Estados miembros. 
Para terminar, quiero decir que este asunto compete asimismo a la otra rama de la autoridad presupuestaria. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, el Consejo en su primera lectura ha concedido un monto global para las otras instituciones de 1.484, 17 millones de ecus. 
Teniendo en cuenta el importe de 2.760, 48 millones de ecus concedido a la parte A del presupuesto de la Comisión, ha quedado un margen disponible, dentro de la rúbrica 5, de 107, 35 millones de ecus. 
Hay que señalar que el anteproyecto de presupuesto, dentro del marco de gastos administrativos para el conjunto de las instituciones, sobrepasó el límite de la rúbrica 5 «gastos administrativos» en 14, 5 millones de ecus. 
Dentro del marco de las deliberaciones, la Comisión de Presupuestos ha manifestado su interés en la doble exigencia para las instituciones de evaluar sistemáticamente las actividades financiadas por el presupuesto de la Unión con objeto de mejorar la relación coste-eficacia, así como limitar la creación de nuevos empleos a los compromisos adquiridos por la ampliación. 
De esta forma el mensaje queda claro y sin ambigüedades ante el gran desafío que es el presupuesto comunitario para el ejercicio 1997. 
Los gastos administrativos no pueden sustraerse al esfuerzo de rigor que se impone a todos los Estados miembros con vistas a la Unión Monetaria. 
Sin embargo, el ponente considera que este clima de austeridad y rigor presupuestario no debería poner trabas a las condiciones necesarias para el apropiado funcionamiento de las instituciones. 
Por ello, tras haber considerado las necesidades funcionales de las instituciones, y basándose en las informaciones actualizadas, el ponente ha propuesto unas enmiendas que significarían un aumento de 1, 37 millones de ecus con relación al proyecto de presupuesto establecido por el Consejo. 
Este aumento se encuentra repartido de la forma siguiente: en cuanto al Tribunal de Justicia, 1.138.700 ecus; en lo referente al Comité Económico y Social, 90.158 ecus, y en cuanto a la estructura común tanto del Comité Económico y Social como del Comité de las Regiones, 142.348 ecus. 
De este importe global de 1, 37 millones de ecus, 225.486 ecus se refieren a medidas en favor del personal: 18 revalorizaciones para el Tribunal de Justicia, 3 revalorizaciones para el Comité Económico y Social, 6 revalorizaciones y la atribución de un ad personam en la estructura común. 
Asimismo, debo destacar los siguientes puntos. 
En cuanto al Parlamento, las medidas a favor del personal se confirman tal como quedaron en el estado de previsiones de mayo y se completan en esta primera lectura del Parlamento Europeo con unos ajustes que no aumentarán el organigrama. 
En cuanto al Tribunal de Cuentas, las discusiones mantenidas con esta institución desde el establecimiento del proyecto de presupuesto por el Consejo han demostrado un déficit de auditores debido al mayor campo de acción de los controles efectuados por esta institución como consecuencia de la ampliación de la Unión. 
Sin embargo, frente a la imposibilidad de considerar estas necesidades, el Tribunal de Cuentas tendría que presentar una petición más explícita y formar parte de un proyecto global teniendo en cuenta un conjunto de parámetros. 
Para lo cual, les ruego que vean los apartados de la resolución que se refieren al Tribunal de Cuentas. 
En cuanto al Defensor del Pueblo, las enmiendas al organigrama tienden a aplicar los criterios retenidos en el marco de la cooperación interinstitucional. 
Como ponente quiero destacar que las propuestas de enmiendas presentadas respetan las conclusiones del diálogo tripartito del mes de abril de este mismo año en cuanto a la congelación de los organigramas. 
En cuanto a la dotación de las otras líneas presupuestarias, quisiera destacar el asunto de los agentes auxiliares. 
Para el presupuesto de 1996, la situación es la siguiente: en cuanto a la estructura común, se ha aumentado la línea de agentes auxiliares mediante transferencia de créditos de artículo a artículo en un 78, 94 %. En cuanto al Tribunal de Cuentas, un 36, 5 % en relación con los créditos inicialmente autorizados. 
Esta situación, señor Presidente, desnaturaliza las decisiones de la autoridad presupuestaria ya que el aumento de la línea «agentes auxiliares» se hace en detrimento de los créditos destinados a los puestos autorizados en el organigrama. 
Se está desarrollando una política de circunstancias que afecta a la verdadera política de gestión y de programación de los puestos autorizados en los organigramas de las instituciones. 
Para terminar con el capítulo de personal, quisiera indicar la fuerte subida, sin justificaciones suficientes, que se ha observado en la línea de «consejeros especiales» en el presupuesto del Comité de las Regiones. 
Por ello, ruego al Comité de las Regiones que facilite información sobre esta línea y particularmente sobre las modalidades de concesión de los distintos contratos a los consejeros especiales con respecto a las disposiciones del artículo 82 del Estatuto. 
Para concluir, deseo señalar la necesidad de que las instituciones respeten las disposiciones del Reglamento financiero y a este efecto destaco, por una parte, la obligación de la estructura común del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones de establecer una contabilidad analítica y, por otra, la necesidad de que el Tribunal de Justicia presente un presupuesto verdaderamente analítico que no se limite a la presentación de notas a pie de página sin más explicaciones. 
Señor Presidente, Señorías, por el segundo año consecutivo me corresponde, en nombre de la Comisión de Presupuestos presentar para su aprobación en nuestra Asamblea un proyecto de resolución sobre el presupuesto operativo de la Comunidad Europea del carbón y el acero. 
Más allá de su aspecto histórico y tradicional, el presupuesto CECA ofrece cada año una ocasión única de hacer el balance de dos sectores que han dado pauta al éxito industrial de Europa y sobre todo, comparar la situación de nuestras actividades económicas con el resto del mundo. 
Primeramente, es preciso hacer hincapié en que las cifras de las que disponemos y que se consideran como definitivas demuestran que en 1995, por primera vez desde la creación de la CECA, las importaciones del carbón fueron superiores a la producción interior. 
Este hecho merece apreciarse a su justo valor. 
Ello no impide a la Comisión contar con un crecimiento importante en 1997 y, sin querer imponerles demasiadas cifras, deseo, en todo caso, proporcionarles lo esencial. 
En 1997, las actividades de la CECA deberían inscribirse en un contexto de crecimiento real del PIB comunitario del 2, 4 %, en relación con el 1, 5 % en 1996. 
La producción de acero, después de haber registrado un alza del 2, 6 % en 1995 en relación con 1994, debería experimentar una disminución del 1, 7 % en 1996, en relación con 1995, y situarse más o menos, en 1997, a nivel de 1995, con una reducción probable de 9.000 empleos en este sector. 
La producción de carbón debería continuar su tendencia a la baja registrando, según las estimaciones, una baja del 5 %, debido especialmente al efecto de las importaciones que, por primera vez en 1995, y como se los comenté hace un momento, han sobrepasado la producción interior: 139 millones de toneladas en relación con 137, 5 millones de toneladas. 
Esta debería pasar de 128, 4 a 122 millones de toneladas, provocando la pérdida de unos 7.000 empleos, lo que seguirá exigiendo el recurso a los instrumentos previstos en el Tratado CECA. 
Por tanto, la Comisión de Presupuestos les pide aprobar, después de haberlo hecho ella misma, el cuadro anexo a la propuesta de resolución, destinado a aceptar la propuesta de reducción progresiva de la Comisión y el tipo de exacción fijado por la Comisión en el 0, 17 %. 
La Comisión de Presupuestos les propone también modificar ligeramente las propuestas de la Comisión relativas al cuadro de créditos, pero no entraré en detalles ya que resultaría demasiado largo. 
En cambio, desearía llamar su atención sobre un acontecimiento nuevo en el presupuesto de la CECA. 
En efecto, ¿qué hay de nuevo en el proyecto que les proponemos este año? 
Se trata de dotar, a partir de 1997, el presupuesto de la CECA de un fondo de 5 millones de ecus para permitir, y aquí voy a leerles el comentario: » se conserve el resto de la reserva para constituir un fondo de partida, con vistas a la creación de un organismo supeditado al control político y presupuestario de las instituciones comunitarias que, en 2002, heredará los haberes residuales de la CECA». 
Como ustedes saben, este problema ha sido objeto de varios debates y sobre todo, de un informe preparado por nuestro compañero Colom i Naval, sobre el que ya hemos tenido numerosas discusiones. 
Estableciendo ese crédito de 5 millones de ecus, permitimos al Sr. Colom i Naval apoyarse en ese crédito para finalizar su propio informe sobre el porvenir de la CECA después de 2002. 
Creo, en efecto, que si todavía no hemos tomado una decisión sobre la forma que adoptará la CECA después de 2002, el conjunto de los integrantes de la Comisión de Presupuestos está de acuerdo en continuar con una actividad bajo una forma que aún queda por definir. 
Por tanto, inscribiendo ese crédito de 5 millones de ecus, prevemos la continuación posterior a 2002, y damos a nuestro compañero Colom i Naval los medios necesarios para la política que nos proponga. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores siente especial preocupación por la categoría 4 del presupuesto, y lo que es más importante, por los delicados aspectos políticos de nuestro gasto exterior. 
Me refiero, en primer lugar, a la cuestión de Turquía que ya ha sido discutida. 
Evidentemente, el Parlamento escuchará atentamente a la Comisión y al Consejo, pero además nos mantendremos muy atentos a los acontecimientos que están teniendo lugar actualmente no sólo en Turquía, sino también en Chipre. 
Nos mantendremos fieles a la resolución que hemos presentado, pero espero que los colegas, cualesquiera que sean las circunstancias, mantengan un espíritu abierto y tengan en cuenta la suprema importancia que en términos geoestratégicos tiene Turquía, así como las relaciones que dicho país viene manteniendo desde hace tanto tiempo con la Unión Europea. 
Apoyo las aspiraciones de los colegas que sienten preocupación por el mundo en desarrollo. 
Queremos asegurarnos de que estamos presentes en todo el mundo- en América Latina, Asía y demás regiones- y por ello, la Comisión de Asuntos Exteriores respalda la atención que se ha centrado en dichas zonas. 
Pero debemos ocuparnos también de nuestros vecinos más cercanos: el programa PHARE, el programa TACIS, y ahora el programa MEDA. 
Sobre este último volveremos a presentar un pequeño número de enmiendas para restablecer las cifras del anteproyecto de presupuesto para los programas de apoyo a la democracia y los derechos humanos como PHARE, TACIS y MEDA. 
En el debate que celebramos la semana pasada en la Comisión de Presupuestos descubrimos que sobraban unos 120 millones de ecus en el margen de la categoría 4. 
Consideramos adecuado que se asigne una pequeñísima parte de esa suma a las prioridades políticas de este Parlamento y de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
También incluiremos algunas observaciones sobre Hong Kong, el Tíbet y Macao. 
Esperamos asimismo que la Comisión de Presupuestos, cuyos miembros se encuentran presente, continúen consultando a la Comisión de Asuntos Exteriores al igual que a otras comisiones, porque todos tenemos prioridades; reconocemos la importancia de tomar decisiones, pero asegurémonos de que éstas contemplan de manera equilibrada los intereses de todas las comisiones del Parlamento. 
Señor Presidente, intervengo de nuevo, efectivamente, apenas unos segundos después de haberme sentado, pero esta vez en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Dispongo de tan poco tiempo que sólo abordaré dos temas. 
El primero, que reviste gran importancia para el Presidente de nuestra comisión, el Sr. von Wogau, concierne el programa de comunicación sobre la moneda única. 
Queda de manifiesto que ahora nos encontramos a poco más de dos años de la puesta en marcha de la moneda única y que el conjunto de la promoción que se ha hecho hasta ahora entre los europeos parece, con mucho, insuficiente. 
Es por ello que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha insistido mucho para que se prevea un crédito importante en la materia y la Comisión de Presupuestos ha coincidido con ella. 
Asimismo, quisiera decir unas palabras sobre otro tema especialmente importante para los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Se trata de la ayuda a las PYMI-PYME. 
Se ha reservado un crédito de 25 millones de ecus en la votación de la Comisión de Presupuestos. 
Si, en términos generales, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial puede sentirse satisfecha con esta reserva de créditos, pide encarecidamente que el reglamento relativo al programa ELISE aparezca lo más rápidamente posible e insiste ante el Consejo y la Comisión para que ese reglamento sea aplicado a la mayor brevedad. 
Señor Presidente, habida cuenta del poco tiempo que tengo a disposición, voy a tratar dos cuestiones. 
La primera: los recortes del Consejo a la política social son inaceptables y la Comisión de Asuntos Sociales y la Comisión de Presupuestos los rechazan. 
Los recortes penalizan el diálogo social, ponen seriamente en tela de juicio y, en algunos casos, bloquean las acciones en apoyo a la lucha contra la exclusión social. 
Recientemente, celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
Penalizan las acciones en beneficio de los ancianos, de las personas discapacitadas y contra el racismo. 
Es oportuno tener en cuenta que todas estas acciones, estos proyectos que la Unión Europea ha emprendido a lo largo de estos años, no sólo convirtieron y convierten la acción de la Unión Europea en más cercana a nuestros conciudadanos, sino que contribuyen a estimular a toda la sociedad civil a través del trabajo de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales. 
Por consiguiente, el riesgo que corre la Unión Europea a la luz de estos recortes, y a este propósito, creo que las recientes elecciones en Austria y en Finlandia nos deberían hacer reflexionar y hacer reflexionar también al Consejo, es el de aumentar el sentimiento de desconfianza hacia Europa, sentimiento que, por desgracia, es cada vez más común entre nuestros conciudadanos. 
Éstas son las razones por las cuales el Parlamento no acepta dichos recortes y propone, tal como manifestó el ponente, la puesta en marcha de proyectos que promuevan en la Unión acciones dirigidas a desarrollar el sector del non-profit, sector que puede alcanzar dos objetivos: por un lado, el desarrollo del empleo a nivel local y, por otro, la respuesta a necesidades nuevas en materia de asistencia, de medio ambiente, de cultura, necesidades que hoy por hoy ni la intervención pública ni la intervención privada son capaces de satisfacer. 
La segunda cuestión se refiere a los Fondos estructurales y al Fondo social. 
Por nuestra parte, como Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, volvemos a proponer el restablecimiento de los créditos de pago previstos en el anteproyecto de presupuesto. 
Es inaceptable que el debate de carácter fundamentalmente político sobre el futuro de los Fondos estructurales, se reduzca a una mera operación contable. 
No podemos admitir estos recortes que pondrían todavía más en discusión, si cabe, su ejecución que en algunos Estados es ya de por sí difícil. 
Respecto a este tema van a intervenir otros diputados y creo que las dos cuestiones que acabo de mencionar, han de ser tenidas en cuenta. 
Señor Presidente, yo también deseo referirme a la decisión del Consejo de introducir recortes por valor de mil millones de ecus en los pagos de los Fondos estructurales en el presupuesto para 1997. 
El Consejo y también el ponente Liberal han sostenido que en unos momentos en que los Estados miembros están recortando sus presupuestos para ajustarse a los criterios de convergencia para la UEM, la UE debe hacer el gesto simbólico de recortar los fondos y los pagos de los Fondos estructurales en 1997. 
Aunque como ha reconocido el propio ponente, el presupuesto de la UE es tan pequeño que no supone ninguna diferencia, y nosotros sabemos que no supondrá ninguna diferencia a la hora de cumplir dichos criterios. 
O sea que es posible que se trate solamente de un gesto político. 
Y quisiera recordar al Consejo que no tenemos ningún criterio macroeconómico que limite la corriente principal de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, hemos visto muchos gestos- en Essen, Madrid y Florencia- para atajar el desempleo y para utilizar los Fondos estructurales en nuevas iniciativas sobre pactos territoriales para el empleo. 
Sabemos que los Fondos estructurales son el principal instrumento de que dispone la UE para atajar el desempleo y crear puestos de trabajo, sin embargo, algunos Estados miembros y, de hecho, nuestros socios más ricos intentan desentenderse de los compromisos que contrajeron en Edimburgo de utilizar los Fondos estructurales dentro de los plazos, y están frenando y congelando sus fondos para 1997. 
Jacques Santer ha dicho esta mañana que existe una crisis de confianza en la UE por parte de la opinión pública. 
El pacto de confianza por el empleo puede restablecer dicha confianza, pero si decimos a los Estados miembros que pueden frenar los gastos en sus programas destinados a atajar el desempleo, estaremos degradando el papel vital de los Fondos estructurales para la creación de empleo. 
Sostengo, al igual que sostiene mi comisión, que la decisión del Consejo de recortar los pagos es por lo tanto políticamente insostenible: no conseguiremos de ninguna manera que la UEM sea aceptable para la población de nuestras regiones si abandonamos nuestras políticas laterales de los Fondos estructurales, imprescindibles para financiar la UEM. 
Con esta decisión, el Consejo está rehusando los compromisos asumidos en Edimburgo de cumplir los objetivos de gastos y, como resultado, creo que existe el peligro real de que con el tiempo, los programas de los Fondos estructurales serán infrautilizados en gran medida y los fondos serán prorrateados y devueltos a los Estados miembros y las regiones se habrán quedado sin ellos. 
Quizá sea ésta la auténtica agenda de los Estados miembros y del Consejo, la de no cumplir sus compromisos de cofinanciación, no sólo en 1997, sino también en 1998 y 1999. 
Por tanto pido al Consejo que reconsidere esta estrategia desatinada. Envía una señal equivocada a la opinión pública justo cuando ésta atraviesa por una crisis de confianza. 
La UEM no puede significar que nos quedemos sin planes de empleo para nuestras regiones. 
Es técnicamente insostenible, porque varios Estados miembros tienen un historial pasmoso en la ejecución de los Fondos estructurales y este recorte les permite continuar con la tendencia de no utilizar los Fondos estructurales. 
La Comisión de las Regiones y el Grupo Socialista no tomarán parte en esta burda estrategia destinada a robar a nuestras regiones los fondos que necesitan en estos momentos. 
Queremos que se ponga fin a la hipocresía y queremos que se cumplan los compromisos sobre los Fondos estructurales, y que se respete el programa para Irlanda del Norte. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con aquellos diputados que han dicho esta mañana que este año toca un presupuesto austero. 
Los gobiernos de toda Europa tienen que reconocer este hecho, y la Comunidad Europea debe hacer lo propio, en particular este Parlamento. 
Pero un período de austeridad puede ser de utilidad en la medida en que sirve para que nos concentremos en cuáles deben ser nuestras auténticas prioridades y cómo podemos sacar los máximos beneficios de los fondos que gastamos. 
En su presentación del plan de acción de la Unión para el año próximo, el Presidente de la Comisión ponía esta mañana una vez más el crecimiento y el empleo a la cabeza de las prioridades. 
Tenía razón. 
En ese sentido, quisiera insistir en que los gastos en cultura y educación no deben considerarse un lujo innecesario; una opción más. 
Es necesario que consideremos la vitalidad de la cultura europea como un motor importante para la vitalidad económica. 
Piensen sólo en la industria del cine y la televisión, piensen en el turismo. 
Éstos serán los sectores en los que más crecerá el empleo en el siglo XXI, y crearán muchos más puestos de trabajo que la ingeniería pesada a la vieja usanza. 
Los medios de comunicación europeos y el turismo europeo dependen de una vida cultural vibrante y vital. 
Por ello es importante que no consideremos las líneas presupuestarias para la cultura como presa fácil para los recortes presupuestarios, sino más bien como elementos fundamentales para la prosperidad económica. 
De forma similar, los gastos en educación, especialmente el programa SOCRATES, deben considerarse de importancia determinante para ayudar a los jóvenes europeos a convertirse en trabajadores eficientes en el mercado único europeo del siglo próximo, capaces de utilizarlo y explotarlo al máximo. 
Éste es el motivo por el que la Comisión de Cultura ha vuelto a presentar sus enmiendas y ha propuesto que los fondos asignados este año al Año de la educación a lo largo de toda la vida se sumen al presupuesto de SOCRATES para 1997. 
El Presidente Santer afirma que desea que Europa haga menos y lo haga mejor. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
Continuemos avanzando en lo que ya hemos comenzado con éxito en vez de, como a menudo parecemos hacer, ocuparnos superficialmente de demasiadas iniciativas nuevas. 
Si queremos que los jóvenes y la cultura nos tomen en serio, también nosotros tenemos que tomarlos en serio. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Desarrollo es preciso disponer verdaderamente de una enorme reserva de optimismo a la vista de las continuas supresiones que se han introducido entre tanto, siguiendo el vaivén de las diferentes fases del procedimiento presupuestario. 
Nos gusta destacar que Europa también es una comunidad de valores y la pregunta que en seguida se plantea para quien defienda los intereses del Tercer Mundo es si queda lugar para la solidaridad en esta Europa de los valores. 
En efecto, no es verdad ni mucho menos que la política de desarrollo sea un tonel sin fondo, como a veces se afirma. 
Se han conseguido éxitos en la política de población y también en la alfabetización, y no quisiéramos que estos resultados se pongan en entredicho. 
Ciertamente preferiríamos recibir sugerencias constructivas en vez de la crítica de que la relación costesbeneficios de la política de desarrollo no es satisfactoria. 
Tampoco nos oponemos a que se establezcan ciertas prioridades en el ámbito del desarrollo. 
Pero cuando en el ámbito del programa MEDA, de los programas PHARE y TACIS, se señalan unas tasas de crecimiento que quienes nos ocupamos de las políticas de desarrollo ni siquiera nos atreveríamos a soñar, es inevitable que nos preguntemos porque nos complace tanto, de hecho, que entre las competencias de la Unión Europea figure también el fomento de la cooperación para el desarrollo, si luego la apoyamos sólo a regañadientes. 
Yo agradezco los compromisos que en el último momento aún ha sido posible alcanzar y quiero instarles encarecidamente a que ahora los apoyen y a que reflexionen un poco sobre las promesas que hemos hecho a los países más pobres. 
Yo espero que podamos cumplir estas promesas. 
Señor Presidente, la Comisión de Libertades Públicas desea una acción eficaz y decisiones por mayoría en materia de justicia. 
Los Estados miembros emplean muchos recursos financieros en un control ineficaz de las fronteras interiores a la vez que faltan recursos para luchar contra la delincuencia internacional. 
Queremos una Europol eficaz y fuerte y una lucha eficaz contra la delincuencia relacionada con la droga. 
Queremos normas comunes de asilo y acciones comunes ante las avalanchas internacionales de refugiados. 
Queremos contribuir a la lucha contra la xenofobia y fomentar la integración de los extranjeros en nuestra sociedad. 
Rogamos a la Comisión que actúe con dinamismo y no deje pasar esta ocasión. 
El tema de la justicia atrae especialmente a los ciudadanos. 
Los Gobiernos de casi todos los Estados miembros apoyan las modificaciones necesarias del Tratado. 
Me siento avergonzado de que no sólo el Reino Unido, sino también mi propio país, Dinamarca, tengan reservas en este sentido, pero no debemos darnos por vencidos, todo lo contrario, este hecho debe animarnos a actuar. 
Quiero agradecer al Sr. Brinkhorst el trabajo que ha realizado en este ámbito y la forma tan elegante en que ha expuesto los puntos de vista del Parlamento. 
Señor Presidente, si los minutos se calcularan en términos de enmiendas presentadas, no cabe duda de que un minuto sería suficiente. 
Las enmiendas de la Comisión de Asuntos Institucionales fueron pocas, pero muy puntuales y me gustaría recordarlas en el Pleno y al ponente por última vez. 
La primera de ellas se refiere a la voluntad de la Comisión de Asuntos Institucionales de reforzar y corroborar el programa PRINCE que reviste mucha importancia si queremos que tenga éxito la Unión Económica y Monetaria, así como los retos de la Conferencia Intergubernamental y el mensaje que hay que transmitir al ciudadano europeo. 
La comisión pensó asociar a esto una campaña dirigida a los consumidores que fue retomada como idea a condición, como es obvio, de que no menoscabara las campañas actualmente en curso relacionadas con en el sector más amplio de los consumidores. 
La comisión pidió asimismo- habida cuenta también de la conmemoración del 40º aniversario del Tratado de Roma- de corroborar nuestras subvenciones con todas las cautelas oportunas. 
Confío en que este mensaje sea tenido en cuenta el jueves, también por lo que se refiere a esas asociaciones tan importantes como el Instituto Universitario de Florencia que, de otro modo, no encontrarían en el presupuesto de este año los fondos necesarios para su funcionamiento. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Pesca solicita que se acepten las tres enmiendas siguientes: 
En primer lugar, en la línea presupuestaria B2-901, destinada a la participación financiera de la Comunidad en las actividades de control y vigilancia en las aguas de los Estados miembros, volver a la cuantía prevista en el anteproyecto de presupuesto aprobado por la Comisión: 39, 5 millones de ecus, en lugar de los 33 millones de ecus previstos en la actualidad. 
Esta enmienda fue ya aceptada por la Comisión de Presupuestos. 
En segundo lugar, crear una nueva línea presupuestaria para la pesca costera artesanal (B2-522N, dotada con 10 millones de ecus). 
Esta enmienda ha sido también aceptada por la Comisión de Presupuestos, con una dotación de 4 millones de ecus. 
Y, en tercer lugar- last, but not least- aumentar la dotación de la partida presupuestaria B7-800 (Acuerdos internacionales) en 36 millones de ecus, que pasaría de 276, 4 a 312, 3 millones de ecus. 
Esta iniciativa no fue aceptada por la Comisión de Presupuestos. 
La postura oficial de la Comisión Europea a este respecto sostiene que la suma prevista para esta línea presupuestaria debería de ser suficiente para cubrir todas las obligaciones de la Comunidad en este área y que, si excepcionalmente no lo fuera al final del ejercicio presupuestario, debería de ser posible transferir fondos para hacer frente a estas necesidades mediante el recurso al procedimiento «Noteboon». 
Sin embargo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la DG XIV, las dotaciones disponibles son claramente insuficientes para hacer frente a las necesidades en este ámbito de los acuerdos internacionales. 
Nuestra posición, señor Presidente, Señorías, es que no debería de comenzarse un ejercicio presupuestario con la certidumbre de que las partidas previstas para esta línea presupuestaria son insuficientes para hacer frente a los compromisos derivados de los acuerdos internacionales en materia de pesca de la Comunidad- acuerdos que representan una de las bases fundamentales de la política común de pesca -, razón por la cual esta enmienda, que ha sido reintroducida por la Comisión de Pesca, debería de ser adoptada. 
La Comisión de Derechos de la Mujer se ha marcado un número reducido de prioridades para el procedimiento presupuestario. En primer lugar, debe dotarse con 12 millones de ecus la financiación del IV Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, es decir, el doble del montante previsto por el Consejo. 
La Comisión de Presupuestos ha aceptado un montante de 10 millones. 
En segundo lugar, como parte del seguimiento de lo acordado en Pekín, también deben proveerse los medios para luchar contra la trata de mujeres y contra la violencia contra las mujeres y para apoyar a las ONG que trabajan en este ámbito. 
En tercer lugar, debe impulsarse la igualdad de oportunidades mediante un enfoque horizontal que asegure su incorporación a las políticas en todos los ámbitos, según el principio de «mainstreaming». 
Con este objeto, hemos presentado un paquete de enmiendas encaminadas a añadir nuevas observaciones, que han sido aceptadas por la Comisión de Presupuestos. 
Tres líneas presupuestarias no recibieron, en cambio, su beneplácito y ahora volvemos a presentarlas. 
Esperamos que la Comisión proceda a crear ahora una unidad adscrita a la Secretaría General, encargada del seguimiento y evaluación del proceso de «mainstreaming» y que adopte iniciativas cuando flaquee la transposición. 
Señor Presidente, el presupuesto de este año plantea problemas. Uno de los problemas es la falta de fundamento jurídico para la energía renovable y el rendimiento energético. 
Necesitamos esos programas para nuestros fines medioambientales. 
Consideramos especialmente importante el programa SAVE II que deseamos ver aumentado. 
Es de vital importancia para la competitividad y el medio ambiente que se potencie este programa. 
Sobre la seguridad nuclear, creemos que es fundamental que países de la antigua Unión Soviética y Europa del Este reciban la ayuda necesaria para formar a sus inspectores, y necesitan recibirla directamente de la DG XVII, y no a través del a veces intrincado planteamiento de los programas PHARE y TACIS. 
Es de crucial importancia que la investigación y el desarrollo- con su papel en la creación de empleo y en la protección del medio ambientecuenten con la financiación adecuada. 
Resulta tanto más sorprendente que el Consejo de Ministros no haya dado aún su aprobación ni haya tomado medidas para permitir la continuidad de I+D. 
Las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos fueron aceptadas en su mayor parte, lo cual yo agradezco a la Comisión de Presupuestos. 
Subsiste un problema que seguirá ocupándonos durante mucho tiempo, a saber: el de la duración de los procesos ante el Tribunal de Justicia Europeo y ante el Tribunal de Primera Instancia. 
Los procesos se prolongan ahora en exceso y esto dificulta la aceptación del Derecho europeo. 
El principal motivo del retraso es la insuficiente dotación del servicio de traducción francesa en ambos Tribunales. 
Yo quisiera instar encarecidamente a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos y a todas y todos los colegas a que el año próximo sean tal vez un poco menos rigurosos por lo que respecta a la creación de nuevos puestos y no se olviden de estos dos Tribunales, como un medio para reforzar la aceptación del Derecho europeo entre la población. 
Señor Presidente, sería más ventajoso que en años venideros intentáramos respetar el orden del día como se previó originalmente, ya que así podríamos supervisar los gastos actuales antes de pasar a los nuevos gastos previstos para 1997. 
Habiendo analizado lo que en definitiva es un procedimiento novel, quisiera hacer tres observaciones en particular sobre la ejecución del actual presupuesto. 
No deberíamos estar pensando en términos catastróficos, sino que deberíamos mostrarnos razonablemente optimistas de que en esta área específica de las actividades de la Unión Europea podamos proporcionar mayor transparencia y seguridad a los contribuyentes europeos en el sentido de que ahora existe una vigilancia más estrecha de la utilización de los fondos. 
En el presupuesto para 1996, cuando se estableció el marco por vez primera, establecimos tres prioridades. 
La primera era racionalización en términos de política de información, agencias y nomenclatura. 
Teníamos una segunda prioridad que era la reforma de los procedimientos: para ello era necesario un mayor escrutinio de los comités ejecutivos; la función interinstitucional de la Unión; la cuestión de la utilización de la reserva para permitir al Parlamento asegurarse de que sus prioridades eran llevadas a cabo por la Comisión y, por último, la innovación en términos de un número de programas nuevos que el Parlamento había incluido en el presupuesto para 1996, incluidos los elementos para las campañas de información sobre Europa, Sarajevo y las pequeñas y medianas empresas. 
Aquí surge la pregunta: ¿cómo se ha ejecutado este presupuesto durante el ejercicio en curso? 
Lo cierto es que la mejor ejecución global la hemos tenido en la rúbrica 1; allí donde se habían fijado unas previsiones quizá demasiado altas, las hemos ajustado en el presupuesto para 1997. 
En aquellos casos de la rúbrica 2 en que hemos tenido una utilización más baja de los Fondos estructurales, sospecho que también lo ajustaremos cuando votemos el presupuesto para 1997. 
En varias líneas específicas ha habido problemas en la ejecución, pero en términos generales hemos tenido una ejecución más eficaz. 
¿A qué se debe? 
En parte a la Comisión, y a que gracias al Comisario Liikanen hayamos recibido información en una etapa más temprana del proceso a través de lo que ahora denominaría el procedimiento Bourlanges, más que Notenboom, que nos ha permitido canalizar la información sobre la gestión del actual presupuesto con mayor precisión en las decisiones que deberemos tomar sobre el presupuesto para 1997. 
Pero seguimos con el espinoso problema del fundamento jurídico, que será común a los presupuestos para 1996 y 1997, y la única forma en que podremos resolverlo es mediante un acuerdo interinstitucional, señor Presidente en ejercicio, antes de la segunda lectura como muy tarde, de lo contrario descubriremos que los problemas de gestión irán en aumento en vez de disminuir. 
Permítame que haga algunos comentarios sobre el presupuesto para 1997 desde el punto de vista del control presupuestario. 
Está claro que ya hemos establecido las directrices para identificar la mejor relación coste-eficacia en el funcionamiento de la gestión del presupuesto y que debemos mantenerlas durante el procedimiento para 1997. 
De hecho, en las directrices de nuestro ponente general, nos hemos asegurado de que la vigilancia del presupuesto actual se realice de forma paralela con la creación de nuevos créditos en el presupuesto para 1997. 
Evidentemente esto resultará más difícil en aquellos casos en que el Consejo ha introducido recortes importantes relativos a muchos proyectos internos, incluso si la utilización y gestión de estas líneas es realmente eficaz. 
En cuanto al Parlamento, en lo que hemos avanzado y seguiremos avanzando aún más es en asegurarnos de que las comisiones especializadas que colaboran con la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario puedan garantizar que los fondos son utilizados sabiamente, y con esto vuelvo a la primera observación que hice. 
Eso se traducirá en mayor transparencia y mayor eficacia en la forma en que se establece el presupuesto y, por lo tanto, en mayor fiabilidad a los ojos de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, me alegra tener la oportunidad de volver a dirigirme hoy a ustedes. 
El 18 de septiembre tuve el honor de presentar al Pleno el proyecto de presupuesto para 1997, establecido por el Consejo el 25 de julio. 
En aquella ocasión, les presenté las principales consideraciones políticas que sirvieron de guía al Consejo en sus decisiones presupuestarias. 
Es importante recordar dichas consideraciones cuando el Parlamento se dispone a decidir sobre su primera lectura de este presupuesto. 
Quisiera recordar también que la primera lectura del Consejo estuvo precedida por una conciliación con el Parlamento durante la cual se alcanzó un amplio nivel de consenso sobre los puntos más importantes del procedimiento presupuestario para 1997. 
El Consejo es de la opinión que respetar una disciplina presupuestaria rigurosa es un constreñimiento inevitable en el presupuesto comunitario de este año, en el que los Estados miembros se enfrentan a nivel nacional a algunas decisiones presupuestarias muy arduas y difíciles. 
Para lograr esta disciplina presupuestaria, el Consejo decidió reducir el anteproyecto de presupuesto en mil millones de ecus en el gasto agrícola y en otros mil millones de ecus en créditos de pago para medidas estructurales. 
Además se propusieron ahorros importantes en las rúbricas 3 y 4 de las previsiones financieras, que irían de la mano con las reducciones mencionadas más arriba. 
Quisiera mencionar que en lo relativo a la disposición sobre el gasto agrícola, el resultado del procedimiento de conciliación fue un éxito, y el Consejo se comprometió a tener en cuenta los intereses del Parlamento en este ámbito. 
Como subrayé el 18 de septiembre, el Consejo considera esencial que el Parlamento Europeo apruebe esta estrategia de austeridad general en lo que respecta al gasto en los ámbitos de agricultura y medidas estructurales. 
Además, la austeridad impuesta por los constreñimientos financieros y económicos sobre todos los Estados miembros en 1997 tampoco permite pasar por alto las rúbricas 3 y 4 de la Previsión financiera. 
A pesar del enfoque de austeridad del Consejo, éste ha asignado sumas considerables para una serie de acciones que representan, en su opinión, prioridades especiales en estos momentos. 
La investigación, la educación y la juventud, el medio ambiente, el mercado interior y las redes transnacionales han sido incluidas todas ellas. 
En el área de «actividades exteriores» , las prioridades del Consejo han sido: cooperación con América Latina y Asia, los países terceros mediterráneos, los programas PHARE y TACIS y la antigua Yugoslavia, entre otras. 
En todos estos campos, el Consejo aprobó los créditos para compromisos al nivel- o ligeramente por debajo- del anteproyecto presupuestario de la Comisión. 
En lo relativo a los créditos de pago, el Consejo tuvo en cuenta el nivel de ejecución de estas líneas presupuestarias en los últimos ejercicios, de conformidad con la necesidad concertada de que las consignaciones en el presupuesto sean lo más realistas posible. 
No obstante, en el caso de varias líneas de las rúbricas 3 y 4, el Consejo es de la opinión de que los constreñimientos especiales para el próximo año- relacionados principalmente con el objetivo primordial de alcanzar la UEM- exigen que también se ahorre aquí. 
Naturalmente existen ámbitos en los que la Unión y sus instituciones están realizando importantes esfuerzos políticos, a menudo en asociación con otras potencias mundiales. En esta categoría se incluyen nuestros esfuerzos por fomentar la paz y la reconstrucción de varios lugares, incluida Irlanda del Norte. 
Con nuestra participación en dichas acciones estamos demostrando la fortaleza y la cohesión políticas de la Unión Europea y su identificación e interés por ayudar a aquellos que atraviesan por dificultades. 
El Parlamento Europeo se ha mostrado decididamente a favor del Programa de pacificación de Irlanda del Norte. 
Como alguien que está involucrado personalmente en las negociaciones del proceso de paz, acojo con satisfacción los esfuerzos que ha realizado y que sigue realizando en estos momentos el Parlamento para garantizar que se mantenga el impulso político de dicho programa. 
Acojo con especial satisfacción las garantías que hoy nos ha dado el Sr. Brinkhorst sobre la financiación del Programa de paz, y le doy las gracias por ello. 
Quisiera pasar a continuación a la cuestión de la revisión de las perspectivas financieras, que me consta interesa de manera muy especial al Parlamento, según me lo ha hecho saber en múltiples ocasiones. 
Su posición es, naturalmente, muy comprensible. 
Al fin y al cabo, la Comisión y el Presidente Santer presentaron propuestas al Consejo de Florencia para que se incrementen los créditos para gastos en el sector de las redes transnacionales y, en menor medida, para la investigación y las PYME. 
En la reunión de Ecofin de julio, mi colega Ruairi Quinn, en su calidad de Presidente del Consejo, creó un Grupo de alto nivel de representantes personales de los ministros de Finanzas para que estudiara más a fondo las propuestas. 
El informe del Grupo indica que las dificultades presupuestarias de muchos de los Estados miembros hacen que les resulte muy difícil contemplar incrementos en los gastos presupuestarios ya sea a nivel nacional o comunitario. 
Aunque no es posible, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia, que el Consejo llegue a un acuerdo en estos momentos sobre la necesidad de revisar las perspectivas financieras de 1998 y 1999, los ministros han tomado nota de la financiación disponible en el BEI y otros recursos presupuestarios existentes. 
En semejantes circunstancias, apelo al Parlamento para que tenga en cuenta las dificultades por las que atraviesa el actual procedimiento presupuestario. 
También quisiera subrayar el papel positivo que ha tenido la actual perspectiva financiera a la hora de garantizar la financiación necesaria de las políticas comunitarias, así como su papel para evitar disputas inútiles entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria. 
En este contexto también deseo aprovechar la oportunidad para rendir homenaje a los Sres. Samland, Brinkhorst y Fabra Vallés, así como a los demás miembros de la Comisión de Presupuestos. 
Tras haberme reunido con ellos en seis ocasiones distintas durante o antes de la Presidencia irlandesa, lo que, supongo, sobrepasa la norma, puedo afirmar que siempre los he encontrado dispuestos a entablar un diálogo positivo y significativo sobre temas presupuestarios, y espero que ellos piensen lo propio de mí. 
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento también al Comisario Sr. Liikanen por su cooperación, ayuda y consejos. 
Quisiera pasar ahora a la cuestión del fundamento jurídico que ya tratamos en nuestra anterior reunión de conciliación del pasado 25 de julio. 
Tras la reciente petición del Sr. Samland, intenté plantear este tema al más alto nivel y en este sentido, comuniqué las inquietudes del Parlamento a los ministros de Ecofin en la reunión de octubre. 
Como quizá sepan, las tres instituciones han celebrado varias reuniones técnicas sobre el fundamento jurídico. 
Quiero asegurarles que la Presidencia no escatimará esfuerzos para poder avanzar en este asunto con vistas a alcanzar- si ello fuera posible- un acuerdo entre las tres instituciones en la reunión que mantendremos el 19 de noviembre, fecha en que se celebrará el Consejo de Presupuesto. 
En el transcurso de la conciliación ad hoc del pasado mes de julio, el Consejo se mostró dispuesto a examinar, junto con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, un procedimiento para la información mutua detallada que se aplicaría en lo relativo a los acuerdos internacionales de pesca. 
A raíz de las discusiones técnicas mantenidas entre las tres instituciones, la Presidencia está presionando actualmente a favor de un avance político que permita concluir un acuerdo aceptable también sobre este asunto. 
Éstas son las observaciones más importantes que deseaba hacer antes de que el Parlamento vote sobre su lectura del proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1997. 
Puedo asegurarles que el Consejo examinará detenidamente y con suma atención los resultados de su primera lectura. 
En nombre de la Presidencia, puedo garantizarles que no escatimaré esfuerzos para colaborar con el Parlamento y la Comisión de manera que al final del año, en todo caso, pueda aprobarse el presupuesto más idóneo para nuestra Unión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, deseo darle las gracias. 
Ahora, debemos interrumpir el debate para que tenga lugar el turno de votaciones. 
El debate se reanudará hoy a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, esto tiene que ver con la propuesta de la Comisión, que ha sido rechazada en la Comisión de Asuntos Económicos y sobre la cual tendríamos que haber celebrado una votación en julio, aquí en el pleno. 
Ciertamente se iniciaron las negociaciones con la Comisión, pero esta dice: antes de emprender las negociaciones definitivas y enviar un nuevo documento al Parlamento, esperaremos a que el Parlamento haya rechazado definitivamente la propuesta en el pleno. 
Lo único que podemos hacer ahora es aquello sobre lo que existe un consenso en este Parlamento, a saber, confirmar formalmente el rechazo de la presente propuesta de la Comisión, para que esta pueda presentar rápidamente un nuevo documento y puedan proseguir las negociaciones. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Las cuestiones relativas a la cultura son primordialmente un asunto de carácter nacional e interestatal. 
Es imposible establecer una directriz que pueda aplicarse a todos los proyectos culturales. 
Deben analizarse caso por caso. 
En caso de que se necesite una coordinación a nivel europeo, debería darse bajo los auspicios del Consejo de Europa. 
Recomendación Sanz Fernández 
Votamos hoy en contra de la recomendación para la segunda lectura del programa de acción comunitario en el ámbito del patrimonio cultural, el programa RAFAEL, al igual que lo hicimos en la primera lectura. 
El programa RAFAEL va encaminado, entre otras cosas, a apoyar proyectos de interés para toda la Comunidad que contribuyan a una mejor representación del patrimonio cultural de dimensión europea. 
En primer lugar, opinamos que el ámbito cultural no es asunto de la UE; este tema corresponde claramente a los Estados miembros. 
En segundo lugar, nos parece que el objetivo del programa es demasiado limitado. 
Al hablar de una dimensión europea, no se tiene en mente una verdadera dimensión europea, sino una dimensión a nivel de la Unión. 
El patrimonio cultural europeo no se restringe a los Estados miembros de la UE, sino que incluye toda Europa. 
Informe Guinebertière 
He votado en contra del informe. 
No hay motivo alguno para que la UE, por medio de un proyecto «decidido a dedo» , destine 750 millones de coronas suecas (90 millones de euros) al apoyo de la producción cinematográfica y televisiva europea, sobre todo porque el proyecto parece ir en contra de la producción de otros países, en especial de la de los Estados Unidos. 
Las ayudas de este tipo deben concederse a nivel nacional. 
Señor Presidente, Señorías, parece incluso superfluo apoyar en este Pleno la necesidad de un Fondo Especial de Garantía para fomentar la producción cinematográfica y televisiva europea. 
La Sra. Guinebertière a través de su informe digno de encomio y la Comisión de Cultura mediante un acto formal ya manifestaron su posición al respecto, en la que coincido plenamente. 
En consecuencia, el problema no estriba en convencer a quien ya está convencido de la necesidad de instituir el Fondo. 
El problema estriba en convencer a los Gobiernos acerca de la necesidad y, ante todo, de la urgencia de destinar fondos para la producción. 
Respecto al fondo de la propuesta presentada por la Comisión, la misma puede ser discutible en su conjunto y en cuanto a las modalidades, los plazos de actuación, las etapas de control de la cartera de proyectos. 
Por otra parte, este Parlamento manifestó una gran madurez y conocimiento cuando, a través del informe de la Sra. Guinebertière, los dictámenes y las enmiendas intentaron corregir la propuesta de la Comisión. 
Lo que es inadmisible es el continuo bloqueo de la propuesta del Fondo que llevan a cabo algunos Gobiernos. 
Ciertamente, la propuesta presentada por la Comisión no es perfecta. 
Sin embargo, tal como se recalca hoy con nuestro debate, es mejorable. 
No puede ganar siempre el criterio, manifestado por los Gobiernos el pasado 11 de junio, según el cual cuando no se está de acuerdo respecto a algunos aspectos, incluso importantes, se rechaza la propuesta negándole dignidad, valor y urgencia. 
Y sobre todo se le niegan los fondos. 
Esta actitud del Consejo es totalmente equivocada y merece la desaprobación de las máximas instancias, empezando por una toma de posición precisa de este Parlamento y de su Presidente. 
En efecto, sería un verdadero insulto para este Parlamento Europeo que, ante un acto formal, como el voto, ciertamente a favor del informe Guinebertière, tuviéramos que acometer una vez más una acción de fuerza contra el Consejo. 
Y esta vez, señor Presidente, no con relación a aspectos específicos, sino respecto al principio mismo que inspira la propuesta de la Comisión, o sea, llevar a cabo un intento para que la cultura cinematográfica europea supere la gravísima crisis financiera en la que se halla sumida. 
En Europa, los autores, realizadores, actores, para hacer una película deben literalmente mendigar el dinero a los productores, a los bancos y a las sociedades financieras. 
Y, habida cuenta de que los bancos y las entidades financieras solicitan garantías jurídicas muy onerosas, no quedan más que los productores, por cierto, más atraídos por los aspectos comerciales que culturales de un proyecto. 
Hoy por hoy, estos últimos invierten muy poco y sólo cuando el riesgo es prácticamente nulo. 
Es su trabajo, no me cabe la menor duda. 
Sin embargo, con este círculo vicioso varias decenas de miles de personas pierden su empleo cada año. 
Y lo que es más grave es que la Europa del cine se va convirtiendo en una sucursal americana, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad. 
Señor Presidente, no sólo como diputado, sino, ante todo, como hombre vinculado al cine, deseo expresarle la gran preocupación que advierte todo el sector cinematográfico. 
De hecho, no es una simple casualidad que el mundo del cine haya acogido la propuesta de un Fondo de Garantía como una especie de tabla de salvación. 
Por ello, es a usted que le dirijo un llamamiento a fin de que intervenga formalmente ante el Consejo- sin perjuicio de su autonomía- para que se pronuncie claramente acerca de qué desea hacer con el Fondo. 
¿Desea salvar el fundamento? 
Pues bien, entonces deben llevarse a cabo las necesarias modificaciones del texto. 
Sin perder más tiempo. 
¿Desea comprobar su alcance financiero? 
Bien, que se lleve a cabo un debate sobre el mismo, pero sin dilación. 
¿Desea rechazarlo definitivamente? 
Pues, adelante. 
Sabiendo, sin embargo, que los Gobiernos- conservadores y progresistas- deberán asumir toda la responsabilidad ante la opinión pública, porque no vamos a ceder ni ante los chantajes, ni tampoco ante los boicots. 
Por último, deseo hacer un llamamiento a mis colegas diputados. 
En cierto modo, nosotros tenemos el cometido histórico-institucional de intervenir ante los Gobiernos de nuestros Estados para invitarles a apoyar el Fondo y a decidir rápida y favorablemente. 
Pido que todos, espero que sean muchos, los que manifestaron su acuerdo y aprecio hacia la creación del Fondo, ejerzan una presión sobre sus respectivos Gobiernos nacionales. 
En definitiva, hagamos que el asunto del Fondo no sea la enésima prueba de la fragilidad política e institucional del Parlamento, aplastado y vilipendiado por las decisiones discutibles de los Gobiernos. 
La creación del Fondo Europeo de Garantía Audiovisual se inscribe en el marco de actuación de la Comunidad para la reforma del espacio audiovisual europeo que pasa por dos frentes fundamentales de actuación: por una parte la reglamentación, es decir la reforma de la directiva televisión sin fronteras con la que se pretende establecer un marco jurídico más claro y eficaz, para favorecer el desarrollo de actividades de radiodifusión televisiva en el mercado único, y por otra relanzar y consolidar la industria europea de programas a través del programa MEDIA II y de la creación de mecanismos complementarios, próximos al mercado y destinados a movilizar recursos como Fondo Europeo de Garantía Audiovisual. 
Estoy completamente a favor de la creación de este Fondo pues estoy convencido de que la filosofía en la que se basa- reparto de los riesgos, seguir los criterios de mercado, movilizar la inversión privada, estimular y premiar el esfuerzo profesional- es producción audiovisual europea. 
Este sistema ha dado muy buenos resultados en los últimos años en España, en la política de defensa y fomento de la producción cinematográfica española. 
Se trata, ahora, de aplicar un sistema similar a escala europea para hacer frente al dominio norteamericano. 
Informe Añoveros Trías de Bes 
He votado en contra del informe. 
En Suecia no existe una legislación sobre protección de modelos de utilidad. 
Se ha analizado la cuestión en un estudio estatal que ha considerado innecesario este tipo de legislación. 
Por ello no existe razón alguna para introducir una legislación que impondría a Suecia unas normas que consideramos supérfluas a nivel nacional. 
Si se legislara a nivel de la UE (a través de directiva o reglamento) ello supondría unos costes adicionales que deberían financiar las empresas, los empresarios y los innovadores. 
La UE y los Estados miembros deben por el contrario favorecer el surgimiento de nuevas patentes y descubrimientos de modos diversos. 
Esto puede lograrse mediante una mayor información y una reducción de costes para los solicitantes de patentes. 
Hemos votado contra el informe de Julio Añoveros Trias de Bes. 
En Suecia no tenemos una legislación para la protección de modelos de utilidad. 
Un estudio sueco presentado por el Estado sobre dicha protección fue retirado por su falta de interés. 
En relación con el derecho de patentes, la protección de modelos de utilidad significa en la práctica un deterioro de la condición jurídica de las personas. 
La legislación a nivel de la UE aumentaría los costes para aquellos que solicitan la protección, sobre todo en concepto de traducción a las lenguas oficiales de la Unión, que deberían financiar los innovadores. 
Lo que por el contrario se necesita es que la UE recomiende a los países miembros que disminuyan los costes por solicitud de patente. 
Japón y Estados Unidos tienen actualmente unos costes muy inferiores a los de los países de la Unión. 
Por consiguiente, es necesario que la UE se replantee la política de convergencia en vigor, que obliga a los países a realizar unos recortes drásticos y con ello disminuye las posibilidades de ayudas económicas estatales a las patentes para medianos y pequeños innovadores. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(El debate, interrumpido a las 12.30 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Ejecución del presupuesto 1996- Proyecto de presupuesto general 1997- Proyecto de operativo CECA 1997 (continuación) 
De conformidad con el artículo 87 del Reglamento, se procede a la continuación del debate conjunto sobre una propuesta de resolución y tres informes de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, el presupuesto para 1997 tiene un papel muy importante en la estrategia de la Unión para superar los desafíos y restablecer la confianza de los ciudadanos de Europa. 
El presupuesto para 1997 tiene que ser austero. 
El presupuesto de la Unión tiene que contribuir- dentro de sus modestas posibilidades- a los esfuerzos que están realizando todos los Estados miembros para recuperar su salud fiscal. 
Estos esfuerzos son inevitables. 
Permitirán comenzar con éxito la Unión Económica y Monetaria, que sin duda es el proyecto más importante de la Unión en lo que queda de siglo y en adelante. 
Todas las instituciones han reconocido la necesidad de austeridad como punto de referencia del procedimiento presupuestario de 1997. Ello demuestra su sentido de la responsabilidad. 
La Comisión presentó un anteproyecto de presupuesto en abril con una tasa de crecimiento «sin la EEB» por debajo de la tasa de inflación, con márgenes importantes en las rúbricas 3, 4 y 5, y con un incremento cero en personal, salvo para la ampliación. 
La mayoría en el Consejo ha ido un paso más allá y ha establecido un proyecto de presupuesto de «crecimiento cero». Ello se logró principalmente presupuestando mil millones de ecus menos en créditos de pago para la agricultura y los Fondos estructurales. 
Habida cuenta de la importante infrautilización de los créditos en estas categorías durante los últimos años, no puede decirse que se trate de una hipótesis descabellada. 
Pero- y no podemos olvidarnos de esto- las disposiciones subyacentes se mantienen inalteradas y deberán ser financiadas en su totalidad con cargo al presupuesto para 1997. 
Si el Parlamento Europeo deja intactos los recortes en las rúbricas 1 y 2, demostrará que también está dispuesto a aceptar una estrategia de austeridad. 
Pero las enmiendas aprobadas en la Comisión de Presupuestos son prueba también del fuerte apoyo a las redes transeuropeas en el sector de los transportes, a la investigación y desarrollo y al proceso de paz en Irlanda del Norte. Esto mantiene vivos los esfuerzos conjuntos de la Comisión y el Parlamento a favor de estas prioridades de la Unión. 
De hecho, desde comienzos del año, cuando el Presidente Santer propuso un «pacto de confianza» para la Unión, la Comisión ha venido subrayando que la Unión necesita una estrategia progresiva a favor del crecimiento y el empleo. 
Aparte de la austeridad presupuestaria, es necesario invertir en el futuro. 
Como uno de los elementos tangibles de dicha estrategia, la Comisión propuso revisar las perspectivas financieras de 1998 y 1999 junto con el compromiso de mantener una austeridad excepcional en 1997. 
La Comisión confiaba que su propuesta respondería a las peticiones hechas por varios Consejos, pero, sobre todo, por el Consejo Europeo de Essen. 
El resultado de las deliberaciones de Ecofin fue decepcionante. 
A pesar del apoyo de muchos Estados miembros, el 14 de octubre de 1996 Ecofin sólo pudo declarar que no existía acuerdo en las actuales circunstancias para que se revisaran las perspectivas financieras propuestas por la Comisión. 
Debido a la actitud negativa del Consejo, ahora tienen ante ustedes una solución alternativa para el año 1997: fortalecer la financiación de las prioridades de revisión utilizando todos los márgenes de las rúbricas 3, 4 y 5. 
Este enfoque tiene el mérito de respetar los límites máximos generales de la perspectiva financiera. Cabe esperar que las instituciones puedan llegar en breve a un acuerdo sobre este punto. 
Las negociaciones entre las instituciones deben incluir la cuestión de los fundamentos jurídicos. 
La Comisión está trabajando con la Presidencia irlandesa para llegar a una conclusión antes de que finalice el procedimiento presupuestario. 
Un acuerdo facilitaría notablemente las políticas financieras de la Comunidad. 
En lo relativo al gasto administrativo, las enmiendas del Parlamento restablecen generalmente la viabilidad del presupuesto administrativo de la Comisión sin descuidar su austeridad. 
Estoy agradecido por ello. 
Sin embargo, aún confío en que el Parlamento y la Comisión puedan continuar trabajando sobre algunos puntos que no dejen ninguna duda sobre los objetivos del Parlamento sin debilitar la independencia institucional de la Comisión para decidir sobre cuál es la mejor forma de alcanzarlos. 
Permítame concluir sobre este tema expresando mi agradecimiento al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, y a su ponente, Sr. Brinkhorst, así como al ponente Sr. Fabra Vallés y a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos por la labor que han realizado en el procedimiento de 1997. 
Puesto que este debate conjunto trata también sobre la opinión del Parlamento acerca del proyecto de presupuesto operativo de la CECA para 1997, quisiera comentar brevemente el informe del Sr. Giansily. 
La Comisión examinará cuidadosamente la opinión del Parlamento. 
Observo que existe acuerdo sobre los recursos y, en particular, sobre el tipo de exacción del 17 %. 
En cuanto a los gastos, si se tienen en cuenta las opciones de ejecución, se creería posible incrementar las ayudas a la reconversión así como a la investigación conjunta, y en cuanto a los fondos para la investigación social ya han sido previstos en los programas de investigación conjunta y en el 4º Programa marco de investigación. 
He tomado nota de sus propuestas para financiar las actividades preliminares de los sectores del carbón y del acero a partir del 2002. Esto forma parte de un debate más amplio sobre las actividades de la CECA una vez que expire su Tratado. 
La Comisión no ha adoptado aún ninguna postura sobre este asunto. 
El informe del Sr. Colom i Naval será oportuno para estimular la reflexión y espero con interés la celebración del debate que- según tengo entendido- ha sido previsto para el Pleno de noviembre. 
Permítame por ahora expresarle mi agradecimiento, señor Giansily, al igual que, una vez más, al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, y a sus colegas por la labor que han realizado en este asunto. 
Señor Presidente, tras el debate de esta mañana pasamos ahora a la aportación política, y no sólo a la aportación de las comisiones. 
Hablando en nombre del Grupo Socialista, nuestras prioridades desde el comienzo han sido las de centrarnos en aquellos temas que puedan crear puestos de trabajo. 
Hemos intentado demostrar que somos sinceros, a diferencia de las palabras que el Consejo no ha dejado de esparcir desde Essen sobre proyectos para crear empleo, pero sin desbloquear jamás los fondos para hacerlos realidad. 
De hecho, a diferencia también de la Comisión. 
No digo esto como un insulto a usted, Comisario Liikanen- usted y su Comité de Presupuestos han demostrado ser muy comprensibles -, pero resulta irónico ver un anteproyecto de presupuesto con recortes en gastos y cómo los funcionarios de la Comisión piden al Parlamento que restablezcan dichos recortes. 
Eso huele a hipocresía. 
En el Grupo Socialista hemos intentado mantener un talante abierto ante la creación de empleo. 
Reconocemos abiertamente que para alcanzar ese objetivo haría falta una revisión de las perspectivas financieras, especialmente para las tres áreas que el Parlamento considera prioritarias: el proceso de paz irlandés, la investigación y el desarrollo y las redes transeuropeas. 
Al igual que en el pasado, nuestra posición es la de seguir la estrategia del artículo 203 que se expuso la semana pasada en la Comisión de Presupuestos. 
Lo que dijimos fue que si realmente queremos crear puestos de trabajo, si realmente queremos que se asignen fondos a la línea presupuestaria para las redes transeuropeas, ha de ser algo más que pagar los estudios, tenemos que disponer de los fondos para crear de verdad los proyectos y el trabajo. 
Por eso estamos dispuestos a seguir el artículo 203 para asegurarnos de que los fondos se destinan a las redes transeuropeas, a la investigación y el desarrollo y, al mismo tiempo, que el proceso de paz irlandés no es apartado de dichas prioridades. 
Dicho esto, reconocemos también que el Consejo Ecofin de 14 de octubre anuló toda revisión de las perspectivas financieras. 
Nuestro papel como Grupo no es el de hacer acto de presencia, dejarnos oír y luego retirarnos satisfechos. 
Si no podemos obtener el apoyo de esta Asamblea, si no podemos conseguir 314 votos, nuestro Grupo no ha tomado aún la decisión final, pero supongo que seguiremos la estrategia presentada por el Sr. Brinkhorst y la que tomó anoche la Comisión de Presupuestos. Eso significa crear una reserva de 300 millones de ecus, y destinar dentro de la misma al menos 100 millones de ecus para el proceso de paz irlandés, y decidir más tarde adónde debe ir el resto. 
No ayudará a nuestra causa el que recibamos presión por todos lados. 
Cuando tomamos esa decisión en la primera lectura del presupuesto en la comisión y pusimos de relieve la estrategia de ir por el artículo 203, predije que los teléfonos de Europa comenzarían a sonar. 
Y realmente lo hicieron, llegaron llamadas de Primeros Ministros y ministros de Exteriores y de todo el mundo, hasta el punto que ya no seguiremos esa línea de acción. 
He llegado a la conclusión de que el teléfono es más poderoso que la espada, porque parece conseguir mucho más que lo que hemos conseguido nosotros enviando hombres a las barricadas. 
Hoy he recibido una nota de la Representación permanente del Reino Unido en la que se nos pide que votemos en contra de la enmienda que aprobamos en la Comisión de Presupuestos. 
Comienza diciendo: » La propuesta de un programa de apoyo especial para la paz y la reconciliación ya fue hecha por el Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, el 7 de diciembre de 1994.» 
Falso. 
No fue hecha entonces, se hizo varios meses antes en el Parlamento Europeo. 
Lo que hizo el Sr. Delors fue confundir las cifras. 
Habló de 300 millones de ecus en vez de 200 millones de ecus y desde entonces arrastramos este problema. 
Pero la nota sigue- y me encanta esta parte -: » La justificación del Parlamento para la reducción propuesta (es decir, el Consejo no ha aceptado su petición de elevar el techo de los gastos para los Fondos estructurales en 100 millones de ecus, para restituir los recursos de la reserva) , no será comprendida en los círculos pertinentes, sobre todo en unos momentos tan delicados». 
Es probable que sea cierto, pero es también el reconocimiento por parte de un miembro del Consejo de que lo que venimos diciendo todo este tiempo es realmente cierto, que la causa de este problema se debe a que el Consejo no ha desbloqueado los 100 millones de ecus adicionales. 
De nada sirve hacer circular cosas como éstas, señor Presidente, especialmente en unos momentos en que se realizan negociaciones delicadas. 
Quisiera hacer una observación sobre algunas de las enmiendas que presentará el Grupo Socialista. 
En la rúbrica 2, restableceremos las enmiendas de la Comisión de Política Regional. Eso significa que solicitaremos mil millones de ecus en créditos de pago para que vuelvan a incluirse en el presupuesto. 
Ésa es claramente la posición de nuestro Grupo. 
Apoyaremos la enmienda de la Comisión de Política Regional y de la Comisión de Presupuestos en lo relativo al restablecimiento de los fondos para RECHAR y RETEX. 
Por la misma razón, apoyaremos las propuestas de la Comisión de Presupuestos para garantizar que los 100 millones de ecus para el proceso de paz estén disponibles, pero no a costa de otras iniciativas comunitarias que el Parlamento considera prioritarias. 
Paso ahora a la resolución en nombre del Sr. Brinkhorst. Es muy larga. 
En los apartados 71, 72 y 73 trata de la comitología. 
Lo que allí dice, lo dice en serio, y el mensaje al Consejo es muy claro. 
Si no coopera en este ámbito, puede que no haya problemas en 1997, pero los habrá sin duda en 1998. 
Señor Presidente, lo que debemos considerar antes que nada al estudiar el contexto del presupuesto para 1997 son las tremendas dificultades a las que se refería el Presidente del Consejo antes de la votación, justo antes de la pausa para comer. 
Los Estados miembros están recortando o congelando sus presupuestos nacionales al tiempo que se reducen los déficits públicos, no sólo para poder ser competitivos en la economía mundial, sino también por la razón fundamental de la moneda única hacia finales de la década. 
Hablando en nombre de mi Grupo, creo, por consiguiente, que estamos en lo cierto al asegurarnos de que actuamos de forma responsable en este proceso presupuestario y contribuimos a alcanzar ese objetivo, y la posición del Partido Popular Europeo desde que se inició este proceso, tras nuestra votación en la Comisión de Presupuestos de hace diez días, ha sido la de hacer hincapié en dos principios especiales. 
El primero es que optemos por un presupuesto de crecimiento cero, porque así lo pide el compromiso de responsabilidad del Parlamento en el proceso presupuestario y en este sentido, a diferencia de los Socialistas, no votaremos a favor de la enmienda de la Comisión de Política Regional para que vuelva a someterse a votación, sino que votaremos a favor de una postura responsable en los Fondos estructurales, al igual que en otros apartados del presupuesto. 
En segundo lugar, quizá igual de importante si no más, votaremos para que se mantengan los compromisos asumidos por el Parlamento y, en particular, el acuerdo interinstitucional. 
No estamos de acuerdo con que debamos guiarnos por el artículo 203 que, en esencia- si el Sr. Wynn quisiera reconocerlo- supondría una rotura del acuerdo interinstitucional. 
Creemos que debemos hacer uso de los acuerdos que hemos contraído, intentar garantizar por ahora que la estrategia del Parlamento evoluciona entre la primera y la segunda lectura, y alentar al Consejo a aceptar el apartado 2 del artículo 12 para que mantenga negociaciones con nosotros de manera que podamos revisar las perspectivas, pero dentro del marco del acuerdo interinstitucional, en vez de limitarnos a romperlo y decir que no lo utilizaremos. 
En mi opinión, y creo que en opinión de todo mi Grupo, el Parlamento daría un paso equivocado cuando nos encontramos en el proceso de negociar la Conferencia Intergubernamental, ya que nos mostraría como un interlocutor irresponsable en el proceso presupuestario. 
Estamos a favor de la concienciación en estos momentos especialmente difíciles por los que atraviesa la Unión Europea, tanto en términos de una congelación presupuestaria, como de negociar dentro de los marcos que ya hemos acordado. 
Existe, sin embargo, la cuestión de cómo podremos lograr eso dentro de los marcos establecidos. 
Creemos que la propuesta presentada por el ponente general de consignar 300 millones a la reserva general, de los que 100 millones irían destinados a Irlanda para garantizar su viabilidad financiera, ofrece la garantía de que Irlanda recibirá cien millones al final del proceso presupuestario, independientemente de la rúbrica en la que los asignemos al final. 
Éste debe ser un auténtico principio fundamental. 
Pero, en cuanto a la asignación del resto de los 300 millones, será la autoridad presupuestaria la que decida en su análisis definitivo al final de la segunda lectura. 
Y en términos de creación de empleo, si ustedes creen que simplemente destinando otros 100 millones a las redes transeuropeas vamos a resolver el problema del desempleo en la Unión Europea, me temo que no es ésa nuestra opinión a este lado de la Asamblea. 
En lo que debemos pensar en esta negociación- y dirijo mis últimas observaciones a usted, señor Presidente del Consejoes en que necesitamos que su institución se muestre comprensiva y flexible, como autoridad corresponsable del proceso presupuestario, para garantizar que las cosas que usted ha firmado y que nosotros hemos firmado puedan realmente ser llevadas a la práctica. 
La situación ha cambiado desde que firmamos en 1993; tenemos que asegurarnos de que el acuerdo sobrevive como una entidad viva. 
De lo contrario, existe el peligro de que cuando llegue el momento de la revisión de las perspectivas financieras el año próximo, encontrará un interlocutor más que reacio a este lado de la autoridad presupuestaria a la hora de proseguir con algo que sea rígido, y ciertamente el acuerdo dejará de ser operativo a largo plazo. 
Señor Presidente, la preparación de la votación de este presupuesto ha llevado a la Comisión de Presupuestos a un doble ejercicio que merece, a mi juicio, ante todo un doble reconocimiento, al Presidente Samland y al ponente Laurens Brinkhorst. 
Tomando como punto de partida las previsiones de un aumento de cerca del 4 % en relación con el presupuesto de 1997, el anteproyecto de presupuesto fue concluido el 25 de julio con un crecimiento cero. 
Los motivos eran loables, y mi Grupo les ha dado su apoyo. 
En efecto, ¿cómo podrían los Quince reducir sus gastos en sus presupuestos nacionales, con la perspectiva de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, aceptando al mismo tiempo un aumento del presupuesto comunitario? 
Ante este hecho, la estrategia inicial de Laurens Brinkhorst se encontraba, por tanto, fuertemente obstaculizada y debía llevar necesariamente a la Comisión de Presupuestos a convertirse en la comisión ajusticiadora. 
Quisiera, expresando la satisfacción general de nuestro Grupo, hacer algunas observaciones de fondo sobre las decisiones tomadas a propósito de este presupuesto y reafirmar algunos principios que nos parecen del sentido común más elemental, aunque demos la impresión de repetirnos. 
Ante todo, los gastos agrícolas, para los que deseo una vez más remachar la distinción entre los gastos obligatorios y los gastos no obligatorios. 
Quisiera que me escucharan, además de Laurens Brinkhorst, nuestros compañeros Elisabeth Guigou y Elmer Brok, que representan a nuestra Asamblea en el debate sobre la Conferencia Intergubernamental: la política agrícola común no es un instrumento presupuestario, es un instrumento económico de regulación de mercados, que, por razones evidentes, se inscribe en el presupuesto con carácter estimatorio. 
¿Qué habríamos hecho ante la crisis de las vacas locas, sin la flexibilidad del dispositivo y sin la inscripción obligatoria de los créditos? 
Los créditos de la rúbrica 1 deben conservar su carácter obligatorio. 
Luego, deseo decir unas palabras sobre la revisión de las perspectivas presupuestarias. 
Queda de manifiesto que la Comisión de Presupuestos, debido a que el acuerdo interinstitucional le confiere responsabilidades particularmente precisas en materia presupuestaria, desea ejercerlas en un marco definido, desde su fuente. 
Me parece natural que la concertación sea esencial en este tema, pero también es la razón por la que mi Grupo no aceptaría que se volviera al artículo 203 del Tratado, ya que el acuerdo interinstitucional nos parece ser un avance importante en la repartición de responsabilidades concedidas a nuestra Asamblea. 
Por lo que se refiere a la carencia de fundamentos legales, creo que nuestro ponente general tiene razón. 
Es muy importante dar rápidamente los medios reglamentarios para una utilización sin restricciones de los créditos inscritos. 
Ahora unas palabras sobre las cifras. 
Manteniéndose en el marco de la dotación con crecimiento cero, resulta claro que queda por distribuir poca cosa. 
Nuestro Grupo, sobre todo nuestro componente irlandés, está muy consternado por la reserva de 100 millones de ecus sobre los créditos destinados a la ayuda del proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Más que la realidad de la situación presupuestaria, es el temor a una mala interpretación por parte de la opinión pública respecto al voto de nuestra Asamblea, lo que lleva al Grupo Unión por Europa a negar que se pongan en reserva estos 100 millones de ecus. 
Esperamos con toda sinceridad que se encuentre una solución satisfactoria antes de la segunda lectura. 
Asimismo, experimentamos cierta reticencia respecto a la suerte que se reserva a Euronews. 
Si bien es exacto que esta cadena de televisión europea tiene dificultades para encontrar su vía y un equilibrio financiero, debemos tener cuidado en no poner en peligro este instrumento a causa de restricciones financieras demasiado severas. 
En lo relativo a los programas de investigación, la reserva de 100 millones de ecus abre perspectivas para la segunda lectura y nuestro Grupo aprueba esta propuesta. 
Por último, queda lo que fue el caballito de batalla de nuestro Grupo el año pasado, el programa MEDA. 
Dejémonos de predisposiciones en contra de Turquía y hacer como si el Mediterráneo se resumiera a Anatolia y a al sudeste de Turquía. 
No olvidemos que, de todos los países que pueden pretender al programa MEDA, Turquía es el más rico y, por lo tanto, el menos afectado económicamente por medidas restrictivas. 
Esa es la razón por la que no podemos aceptar una vez más la posibilidad de que se dejen en reserva los créditos destinados al programa MEDA. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a mi colega el Sr. Laurens Brinkhorst por la labor que ha llevado a cabo como ponente del presupuesto para 1997, con una preocupación lograda por el rigor y la transparencia, indispensables en nuestro proceso de desarrollo. 
Además, me congratulo de la forma como se han desarrollado los trabajos en la Comisión de Presupuestos, pues se ha velado por que quedara claro ante la opinión pública que no nos apartamos del compromiso de construcción de una Unión Europea que no se limite a ser un mero espacio de libre comercio, cerrado sobre sí mismo. 
Así, convenía que quedara bien claro que la Unión Europea es, simultáneamente, un espacio de mayor integración económica y monetaria y de mayor cohesión. 
Por eso, ha sido importante, desde nuestro punto de vista, que no se aprobara una propuesta en el sentido de hacer un corte, aunque sin consecuencias prácticas e inmediatas, en los compromisos relativos a la generalidad de los Fondos estructurales, incluidos los dos fondos destinados al objetivo 1, con un grado muy importante, por lo demás, de buena ejecución. 
En cambio, es de lamentar que la Comisión de Presupuestos no aprobara- y yo espero que sí que se apruebe en el Pleno- una enmienda encaminada a impedir que haya también una reducción en los compromisos relativos a los demás objetivos, tal como se desprende de la propuesta del Consejo. 
No tiene el menor sentido la idea de que se deban sacrificar esas asignaciones con vistas al proceso de convergencia nominal de Maastricht, sino que, al contrario- por tanto, disiento a este respecto del orador anterior -, son contribuciones para que los países con más dificultades tengan algún alivio en su déficit presupuestario. 
Por lo demás, en parte con vistas a ello se creó el Fondo de Cohesión con una exigencia de adicionalidad muy pequeña. 
Debemos congratularnos también de la reposición, en la sesión de ayer, de las asignaciones para la cooperación con el exterior, en particular con América Latina y Sudáfrica, y es de esperar que el jueves aprobemos aquí una enmienda por la que se repone otra asignación importante destinada a la promoción de exportaciones a terceros países. 
Se trata de pequeños importes en un presupuesto que no llega al 1, 24 % del PIB admitido para las perspectivas financieras. 
Así, pues, no puede haber acusación alguna de despilfarro, puesto que de lo que se trata es, en cualquier caso, de garantizar acciones y principios esenciales en la Europa que queremos construir, una Europa abierta y competitiva, correspondientes a nuestra tradición y a nuestro futuro. 
Unas últimas palabras sobre las acciones, a las que se pretende dar preferencia por iniciativa nuestra, de apoyo a Irlanda del Norte, a la investigación y a las redes transeuropeas. 
Son importantísimas todas ellas por razones políticas y de desarrollo. 
Pero, para no crearnos ilusiones sin fundamento- como también ha dicho ya alguien -, conviene disipar la idea de que las redes transeuropeas son contribuciones relevantes a la resolución del problema del desempleo. 
Por ser éste también un problema básico de nuestros días que a todos preocupa y que debemos afrontar con el mayor realismo, debemos dar preferencia también al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, única vía eficaz para resolverlo, dadas su dimensión y su localización en todas las regiones de la Unión, incluso en regiones en las que no se sentirán los efectos de un pequeño número de acciones de mayor envergadura, algunas, por lo demás, que tienen muy poca necesidad de mano de obra. 
Señor Presidente, Señorías, me cuesta creer que entre los miembros del Consejo pueda haber algún aficionado a la música pop. 
Preferiría equivocarme, pero por alguna razón misteriosa uno de los éxitos de David Bowie parece haberse convertido en su lema. 
El título de la canción es: » We will be heroes, but just for one day.» (» Seremos héroes, pero sólo por un día.») 
En efecto, Señorías, los héroes se reunieron en su momento en Essen, Cannes y Madrid para proclamar a voz en cuello que la lucha contra el desempleo debía ocupar obviamente un lugar central en todos los esfuerzos europeos. 
Con este objeto, sólo se propugnó reiteradamente la construcción de las redes transeuropeas como motor coyuntural. 
También se anunció a voz en cuello que se dotaría con 100 millones adicionales el proceso de paz en Irlanda. 
Esas fueron las grandilocuentes palabras del Consejo que ocuparon los titulares. 
Sin embargo- y es una triste constatación desde la perspectiva de la credibilidad de las promesas europeas- el eco de las grandilocuentes palabras se apagó junto con el titular del día. 
Luego volvió a restablecerse la gris realidad cotidiana y la melodía de todos los días tiene el siguiente estribillo: ahorro. Tres sílabas con sordas resonancias. 
Es cierto que nadie puede escapar a la presión en favor de una nayor austeridad, habida cuenta de la actual situación de los presupuestos nacionales y de la necesidad de reducir la deuda pública, con vistas también a la Unión Monetaria Europea. 
¿Pero contempla realmente algún ahorro el proyecto del Consejo? 
Se recorta un millardo en los gastos agrarios, ¡una cantidad francamente poco convincente a la vista de los considerables excedentes del año pasado y, además, engañosa, a mi parecer! 
En efecto, los recortes de hoy, serán absorbidos mañana por la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, cuya resolución seguirá gravando fuertemente nuestras arcas en los próximos años. 
Se ahorra un millardo en los pagos de los Fondos estructurales, que en realidad no representa ningún ahorro, sino sólo un truco contable- y perdonen la expresión- puesto que, como todos ustedes saben, se mantienen los compromisos. 
El Consejo más bien debería haberse ocupado por una vez en serio del problema de dar salida a los recursos de los Fondos estructurales. 
Pero no, ¡tanta previsión no es de su agrado! 
Al fin y al cabo, los contribuyentes netos ya se frotan las manos ante la perspectiva de la restitución de los recursos no desembolsados en 1998 y 1999. 
El lema parece ser en este caso que la mejor política es la que no se adopta. 
Pero entonces es preciso preguntarse dónde queda la solidaridad. 
¡Ahí está el quid de la cuestión! 
Todas las demás declaraciones son palabras al viento y el Parlamento puede ser testigo de cómo se las lleva. 
No nos hemos limitado a ser testigos, sino que además echamos una mano. 
Sí, se han realizado ahorros, pero también en este caso yo me pregunto: ¿realmente con qué objeto? 
¿Para financiar el proceso de paz en Irlanda? 
¡Nada que objetar! 100 millones de ecus para financiar el cheque al descubierto emitido por el Consejo, trabajosamente arañados de las políticas en otros ámbitos. ¿Para las redes transeuropeas? 
¡Por favor! 
¿Quién cree aún en esta Asamblea que 352 millones de ecus- y otros 100 adicionales- pueden constituir una señal en favor del empleo, más aún cuando los Estados miembros ya ni siquiera aseguran la cofinanciación? 
Debemos dejar de repetir por fin la cantilena de las redes transeuropeas. 
Y también hemos ahorrado, finalmente, para financiar la investigación. 
Muy bien, pero es preciso preguntarse de qué servirá ni no es posible hacer realidad prioridades como la investigación en el ámbito de las energías renovables porque ustedes, señores representantes del Consejo, se niegan a establecer el fundamento jurídico necesario. 
Pero esto no les preocupa a nuestros héroes, que en Río proclamaron a voz en cuello, just for one day (sólo por un día) , la importancia de la protección del medio ambiente y en cuanto regresaron a Europa perdieron de vista y borraron de sus pensamientos la problemática del CO2. 
¡En verdad no puede hablarse en este caso de un ahorro para invertir en el futuro! 
¿Y a expensas de quién se han hecho estas economías? 
A expensas de los más débiles, sobre todo a expensas de los países en desarrollo. 
Este presupuesto no entona una melodía dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos y, desde luego, tampoco un canto para el futuro. 
¡Así no se construye Europa, sólo se administra! 
Como contrapartida, apenas destacan algunos magros puntos positivos. 
Finalmente se asignan 3 millones para el Tribunal para la antigua Yugoslavia, que tenemos el deber de apoyar no sólo como una cuestión simbólica. 
Lamentablemente, sólo se ha concretado en parte nuestra iniciativa para salvaguardar el Presupuesto del incremento espectacular de la carga de las pensiones. 
Mientras se impone el punto de vista de que las futuras pensiones de los funcionarios no pueden dejarse como herencia para las próximas generaciones, en forma de un enorme agujero presupuestario, los miembros de esta Cámara no lograron decidirse, lamentablemente, a regular de manera consecuente una cuestión que les afecta. 
La falta de credibilidad también se manifiesta en el rechazo de la ecología en casa, cuando se cierra el paso a la auditoría ecológica. 
¡De poco sirve hablar de la «ecologización» de la UE si no empezamos a aplicarla de una vez en nuestras propias torres de cristal! 
Una política de austeridad exige valor, una visión de largo alcance y la voluntad de renunciar a preciados privilegios y a los proyectos sin perspectivas para definir una política con visión de futuro. 
Los «héroes sólo por un día» no pueden responder a estas exigencias, pero Tina Turner nos indica tal vez cuál puede ser el camino con su canción: » We don't need another heroe» (No necesitamos otro héroe). 
¡Quizás sólo nos haga falta un poco más de valor! 
Señora Müller, ya veremos con qué música contestará el Consejo a su intervención. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo expresar en nombre de mi Grupo nuestra felicitación y nuestro agradecimiento sincero y no retórico al ponente principal, Sr. Brinkhorst y al ponente para las demás Instituciones, Sr. Fabra Vallés, por haber llevado a cabo un trabajo que, sin lugar a dudas, es uno de los más difíciles de acometer durante el año parlamentario. 
Nuestro agradecimiento por haber llevado a buen fin, en esta primera etapa por lo menos, un presupuesto que nació mal y se desarrolló todavía peor, de aquel Consejo de los Ministros que alguien pone en música, mientras que yo, recurriendo a la poesía, diré que, por el contrario, recuerda mucho El barco ebrio de Rimbaud, ya que, a mi juicio, es incapaz de seguir un rumbo fijo, habida cuenta de que, aunque solicita justamente una política de rigor aplicable dentro de los Estados miembros, pretende aplicarla del mismo modo que lo hace un comerciante deshonesto, como diríamos en Italia, al presupuesto de la Unión, es decir, al único instrumento que tiene a disposición para proteger y para hacer entender mejor al ciudadano de la Unión Europea las ventajas de la Unión Económica y Monetaria y quizás, en el futuro, política de Europa. 
Durante diez días, hemos asistido, y no hay que extrañarse, a dos elecciones nacionales lideradas por partidos y tendencias contrarios a Maastricht. 
Recibiremos señales cada vez peores, si este Consejo seguirá, con cortedad de miras, intentando ahorrar briznas, cuando, por el contrario, este presupuesto debería representar el instrumento mediante el cual hacer crecer a nuestra Unión Europea. 
Por ello, fue difícil para el Parlamento reaccionar ante un presupuesto de pretendido rigor, de comerciantes deshonestos, para luego aceptar doblar los gastos relativos a un sector específico de la carne bovina en menoscabo de otras políticas que, no casualmente, determinaron por primera vez y quizás de forma tan evidente, el voto en contra de algunos Estados. 
Se aplica un rigor «contable» respecto a los Fondos estructurales para minar o por lo menos dando la impresión de minar esa idea de cohesión económica, de voluntad de seguir adelante juntos por el camino de la unión que es el fundamento de los Fondos estructurales. 
Se lleva a cabo una política tímida, mezquina, ahorrando unas pocas decenas de millones en los grandes sectores prioritarios para la vida de nuestra estructura interna, en la ayuda al desarrollo, en la ayuda humanitaria. 
Confío en que el jueves se rectifique esta tendencia que permitirá esperar que en el presupuesto rectificativo del próximo año puedan incluirse algunos recursos financieros para la ayuda humanitaria que quedaron excluidos de nuestro presupuesto. 
En consecuencia, la imagen que ofrecemos a los ciudadanos es una de una Europa en declive y que está un paso atrás respecto a donde tendría que estar. 
Se ha optado, por último, por no hacer política respecto a las grandes inversiones estructurales de ese famoso plan «Delors» del que tenemos un vago recuerdo y que día tras día, por desgracia, demuestra lo acertado que era dicho planteamiento y lo equivocada que es la actual actitud de los dirigentes políticos, no sólo del Consejo, sino, creo, también de otros sectores. 
Sentimos no haber adherido con fuerza a la propuesta de otros Grupos más autorizados que al igual que nosotros eran partidarios de desafiar al Consejo y de ir más allá sobre la base misma del Tratado, a la vez que nos tememos que la estrategia adoptada en virtud del artículo 203, algo más modesta, se revele al final perdedora. 
Obviamente, estamos satisfechos de que algunas líneas presupuestarias, me refiero en particular a las dirigidas a restablecer algunos créditos dentro de algunas líneas en favor del pueblo tibetano que tanto sufre, fueran aprobadas y confiamos en que la Comisión tenga a bien mantenerlas este año. 
Vamos a votar en favor del informe Brinkhorts en su conjunto, repito, aunque dudamos que todo esto pueda ser una arma eficaz contra el Consejo. 
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto del Consejo, bastante influido por algunos Estados miembros, se inscribe en un esfuerzo de rigor que merece ser puesto de relieve. 
Aprobamos, en efecto, esta diferencia en relación con un pasado reciente. 
El anteproyecto de presupuesto 1996 preveía un incremento de más del 8 % en créditos de compromiso y en créditos de pago. 
El anteproyecto del presupuesto de la Comisión prevé también un aumento del 4 % en créditos de compromiso y del 3, 1 % en créditos de pago. 
Este incremento es todavía excesivo y el esfuerzo resulta insuficiente, habida cuenta de lo que hoy se hace en muchos Estados miembros. 
El proyecto de presupuesto del Consejo prevé, por su parte, una reducción del 0, 3 % en relación con el presupuesto de 1996, o sea 900 millones de ecus de reducción, con un esfuerzo equilibrado en sus gastos agrícolas y los gastos estructurales. 
El Consejo toma en cuenta, también, lo que a menudo hemos subrayado, es decir la existencia de créditos de pago no ejecutados, 9000 millones de ecus, para los años 1994-1995. 
Lamentablemente, nuestra Comisión de Presupuestos, no se inscribe en esta tendencia. 
Como suele hacerlo, razona en términos de competencias propias al Parlamento, en términos de relaciones de fuerza, en términos de política politiquera. 
No duda en conservar líneas presupuestarias sin fundamento jurídico, no prioritarias. 
No se duda en hablar de «reservas contrarias a los principios de la ortodoxia presupuestaria». 
Tampoco se duda en prever un rebasamiento del tope de las perspectivas financieras. 
Se prevé para este año y, claro está, para los años siguientes. 
Por lo demás, al hacerlo no sigue la vía de la Unión Económica y Monetaria proclamada por todos lados y a la que se dedican créditos muy importantes, no se mejora la imagen de Europa ante los ciudadanos de las diferentes naciones que integran la Unión Europea. 
Se ha perdido una buena oportunidad y no podremos aceptar el presupuesto si se retienen las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
Estamos por el ahorro, por un ahorro que cambiaría la mentalidad presupuestaria que acusamos desde hace varios años. 
Señor Presidente, seguí con interés el debate en la Comisión de Presupuestos, pero los diputados franceses y flamencos no inscritos no podrán votar este presupuesto porque lo impugnamos fundamentalmente. 
Primero por razones que han sido excelentemente expuestas por nuestro compañero Fabre-Aubrespy. 
A continuación, porque este presupuesto está finalmente ausente o es irrisorio en los grandes sectores donde podría realizarse eficazmente la acción a escala europea: está ausente en los ámbitos del espacio, de la aeronáutica e incluso de las grandes obras de infraestructura. 
Volver a añadir 100 millones de ecus en reservas sobre las redes transeuropeas no tiene mucho sentido cuando se trata de un continente entero. 
Luego, y sobre todo, porque este presupuesto tiene como función esencial comprar simpatías para el proyecto federalista constituyendo clientelas de agradecidos, a escala nacional y local, con los fondos estructurales y los Fondos de cohesión. 
Quizás sea simpático financiar puertos de recreo o habitaciones de huéspedes perdidas en el campo, pero no son proyectos a la escala de la Unión Europea. 
No sólo hay clientelas locales y nacionales. 
Hay también clientelas asociativas, innumerables; asociaciones de consumidores, asociaciones antirracistas, feministas, federalistas, ecologistas, y me quedo corto. 
En este ámbito, todo se hace con una ausencia total de transparencia. 
El ponente, Sr. Brinkhorst, trató de poner un poco orden en las subvenciones, un poco de publicidad, un poco de transparencia, pero no fue seguido por la mayoría de izquierdas de la comisión que desea que, en este ámbito, siga reinando la obscuridad. 
También hay clientelas sindicales, y esto es especialmente interesante y significativo. 
A través de una decena de líneas presupuestarias- y las masas aumentan considerablemente año tras año- los grandes sindicatos recibirán más de 50 millones de ecus. 
La explicación es sencilla. 
Cuando la moneda única y el libre mercado generalizado dejan en el paro a decenas de miles de trabajadores europeos cada día, es preciso hacer pasar el mensaje europeo, y ¿cómo hacerlo pasar mejor que comprando con dinero la complicidad de los grandes sindicatos? 
Ese es el sentido de estas líneas presupuestarias. 
Las clientelas universitarias no se han olvidado, con la acción Jean Monnet, destinada a crear simpatía en el seno de las universidades. 
Este presupuesto es un presupuesto de propaganda; en efecto, cada año, más de 100 millones de ecus sirven para la propaganda, incluidos métodos de manipulación de la opinión. 
El Comisario Oreja explicó que se introducía en el marco de las series televisivas, con el dinero de la Unión Europea, secuencias favorables a ésta. 
Todo de manera clandestina, puesto que no aparece como tal. 
No podemos aceptar un presupuesto que aparece como un presupuesto de manipulación de la opinión pública. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el Presupuesto para 1997 se presenta acompañado de un desarrollo de los hechos que puede quebrantar profundamente la concordia presupuestaria. 
Tanto el artículo 203 del Tratado como el Acuerdo interinstitucional de 1993 prevén negociaciones sustanciales entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria: el Parlamento y el Consejo. 
El año 1996 se caracterizó, no obstante, por la ausencia de estas negociaciones sustanciales, que no se celebraron debido a la actitud negativa del Consejo. 
En siete reuniones oficiales y extraoficiales a nivel tripartito con la Presidencia italiana y posteriormente con la irlandesa, no se consiguió absolutamente nada. 
La actual Presidencia no ha logrado sacar adelante en su propia casa las promesas formuladas oralmente y por escrito en las conversaciones. 
Visto que el Consejo de ministros de Economía y Finanzas propuso, además, una revisión de las Perspectivas financieras para los años 1998 y 1999, y visto que hasta la fecha no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre los fundamentos jurídicos ni tampoco sobre la política pesquera, es posible afirmar que la mayoría de los miembros del Consejo no cumplen con su mandato tal como figura inscrito en el Tratado y se niegan a mantener negociaciones sustanciales. 
El Parlamento deberá extraer las debidas consecuencias de estos hechos por lo que respecta al procedimiento presupuestario. 
El Parlamento Europeo ha cumplido, en cambio, todas las promesas formuladas en las directrices del Sr. Brinkhorst. 
Si el jueves se adopta la misma decisión ya aprobada en la Comisión de Presupuestos, el Parlamento Europeo habrá creado considerables márgenes en las categorías 3, 4 y 5, estableciendo así las condiciones para cumplir las prioridades necesarias, continuamente proclamadas, no por nosotros, sino por las sucesivas cumbres a partir del Consejo de Essen de 1994. 
Con nuestra decisión, nos situamos por primera vez desde 1979 por debajo del anteproyecto de la Comisión. 
Pero éste estaba vinculado a unas condiciones- concretamente a la revisión de las Perspectivas financieras- que el Consejo no ha cumplido. 
Tampoco fuimos nosotros quienes elevamos las redes transeuropeas a la categoría de estrategia de la política de empleo, sino el Consejo, bajo la Presidencia alemana. 
Como tampoco fuimos nosotros quienes propusimos destinar 300 en vez de 200 millones adicionales para el proceso de paz en Irlanda del Norte. 
El cheque lo extendió el Consejo de Essen, si bien luego se negó a hacerlo efectivo. 
Ahora se pretende retirar los fondos a las regiones más pobres, para dárselos a las otras. Y el Consejo pone el grito en el cielo cuando el Parlamento lo reprueba. 
Señor Presidente del Consejo, ¿dónde estaba usted hace quince días, cuando el Consejo ECOFIN rechazó la revisión de las Perspectivas financieras y, en consecuencia, pasó a ser firme la decisión de no dotar con los citados 100 millones de ecus adicionales el proceso de paz en Irlanda del Norte? 
Ese habría sido el momento oportuno para señalar con el dedo a quienes- como el Gobierno de Gran Bretaña- quieren animarnos hoy con astutas cartas a consignar a pesar de todo esos 100 millones, por favor. 
Habíamos acordado conjuntamente proceder a una revisión del IV Programa Marco de Investigación y ahora el Consejo adopta la postura de «donde dije digo, digo Diego». 
Sin embargo, con 18 millones de parados en la Unión Europea, al Parlamento no puede serle indiferente que la UE emita o no señales en favor una política de empleo. 
Por esto haremos todo lo posible para financiar también las tres prioridades de las redes transeuropeas, la investigación y el proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Aun contra la voluntad del Consejo, si es preciso. 
Y los obstáculos formales no nos impedirán transferir los márgenes disponibles de unas categorías a otras para financiar dichas prioridades. 
¿Cómo puede explicar ningún diputado de esta Cámara a un elector que hay fondos disponibles en las distintas categorías, pero no es posible hacer uso de ellos? 
El Acuerdo interinstitucional está destinado a simplificar el procedimiento presupuestario, pero no a obstaculizar las políticas. 
Por última vez les instamos, por lo tanto, a que procedan a las negociaciones esenciales entre la primera y la segunda lectura del Presupuesto. 
Señor Presidente, el Presupuesto para 1997 está marcado por la propuesta del Consejo de introducir un recorte de un millardo de ecus en el ámbito agrícola y de otro millardo en el ámbito de la política regional en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Nuestro Grupo político suscribe esta propuesta. 
Apoyamos el presupuesto restrictivo y propugnamos que el incremento del Presupuesto sea nulo. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con las reducciones propuestas por el Consejo en el ámbito del mercado interior. 
También somos contrarios, no obstante, a denunciar el Acuerdo interinstitucional, puesto que nos comprometimos a apoyar el presupuesto restrictivo y nuestra posición se diferencia en este aspecto de la que sostiene el Grupo del Partido Socialista Europeo. 
Aun así, yo quiero instar al mismo tiempo al Grupo del Partido Socialista Europeo y al Grupo de los Verdes- en nombre del cual la Sra. Müller acaba de hablar de un truco contable por lo que respecta a la reducción del Fondo regional, por ejemplo- a que aprueben la citada propuesta del Consejo, puesto que en la práctica los compromisos se transforman en pagos en cuanto se requiere el dinero. 
Es decir, que la izquierda de esta Cámara podría respaldar en principio la propuesta del Consejo y así cumpliríamos nuestro compromiso de aprobar un presupuesto restrictivo. 
Nuestro Grupo político continúa propugnando, por consiguiente, restricciones en las categorías 1 y 2. 
También propugnamos el apoyo para el proceso de paz en Irlanda del Norte y estamos a favor de apoyar una política europea de investigación y desarrollo. 
Por mi parte, pienso que también es legítimo solicitar un apoyo para las pequeñas y medianas empresas, puesto que, si reciben este apoyo, sin duda es más probable que contribuyan a la creación de empleo que no las redes transeuropeas. 
En este aspecto, coincido plenamente con los dos oradores que me han precedido. 
Finalmente, quiero añadir que no apruebo en absoluto las propuestas que ayer se debatieron en la Comisión de Presupuestos en relación con el Programa Meda y con Turquía, en el sentido de que se inscriban los recursos en la reserva en caso de que no se respeten los derechos humanos en Turquía. 
En tal caso, para ser coherentes, el Parlamento debería hacer extensiva dicha propuesta a los programas PHARE y TACIS. 
Por consiguiente, yo insto una vez más a esta Asamblea a que mantenga una posición coherente e impulse una política creíble. 
Si deseamos un dictamen previo, entonces también debemos introducirlo en los demás programas. 
Señor Presidente, limitaré mi intervención a un tema de vital importancia para la isla de Irlanda, a saber, el Fondo para la paz y la reconciliación. 
Es un hecho que hace dos semanas, la Comisión de Presupuestos votó a favor de recortar en 78 millones de libras la asignación para la Paz y la reconciliación. 
Fue un paso realmente equivocado. Demostró una erosión en el compromiso práctico de este Parlamento con el proceso de paz y, en las palabras de la Comisaria Wulf-Mathies, reveló una falta de solidaridad. 
Estos sentimientos encontraron eco también en el Taoiseach y el Tánaiste de mi país. 
Desde entonces he trabajado con mis colegas para garantizar que esta financiación vital esté salvaguardada, y gracias a nuestros esfuerzos hemos podido avanzar y la actual propuesta de compromiso representa un paso adelante. 
Deseo poner fin definitivamente a un mito que ha estado circulando en esta Asamblea sobre la financiación del proceso de paz. 
La justificación original para el recorte fue que la asimilación era lenta. 
Es la única justificación que se ha dado. 
Los fondos iban a ser transferidos a los programas RECHAR y RETEX y se descartaba la posibilidad de encontrar fondos en otro parte. 
Existen suficientes proyectos en marcha para garantizar que todos los fondos pueden rebajarse. 
Actualmente existe tensión entre las instituciones de la Unión Europea, la Comisión de Presupuestos y el Consejo, pero digamos ¡no toquen el Fondo para la paz y la reconciliación! 
No nos entrometamos en esto, aunque existan problemas entre el Parlamento y la Comisión de Presupuestos y el Consejo de Ministros. 
Por haberme aferrado en mi oposición al recorte original, me han tildado de buscapleitos. 
Ha sido una respuesta despreciable a un problema de gran transcendencia. 
Me sentí esperanzado por el amplio apoyo que recibió mi postura y quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno irlandés, incluidos el Taoiseach y el Tánaiste, a la Comisaria Wulf-Mathies, a las cámaras de industria, al líder de mi Partido y a los partidos de Dáil Eireann y, naturalmente, al Gobierno británico que también ha apoyado mi postura. 
A aquellos que tiran la piedra y esconden la mano quisiera preguntarles quién es realmente el buscapleitos. 
Está claro que ellos no lo son. 
Quisiera también aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Presidente en ejercicio, Hugh Coveney, por su apoyo y por la amplia ronda de consultas que ha emprendido. 
No tengo intención de responder al ataque antidemocrático que me ha dirigido la líder del Grupo Socialista, la diputada inglesa Pauline Green ni al Sr. Samland. 
Acojo con satisfacción el cambio de actitud y no me daré por satisfecho hasta que este fondo sea devuelto a su propia línea presupuestaria. 
Me preocupan los hechos, no las personalidades. 
Señor Presidente, la primera lectura del presupuesto es un momento determinante pero, como sabemos, aún no ha llegado el momento definitivo de identificar y establecer nuestras prioridades para 1997. 
Mi prioridad personal hoy, al igual que en el caso del orador anterior, es el tema de la financiación del proceso de paz y reconciliación de Irlanda del Norte. 
Para comenzar, recuerdo que fue el Parlamento Europeo la primera de las instituciones europeas en insistir en que la Unión debía mostrar su solidaridad y apoyar el proceso de paz. 
Aprobamos una asignación de 200 millones de ecus para esta tarea y, después, el Consejo elevó la suma a 300 millones de ecus, pero se negó a que se revisaran las perspectivas financieras para encontrar la financiación necesaria de los 100 millones de ecus adicionales. 
El agujero presupuestario es responsabilidad del Consejo de Ministros, y el Consejo se ha negado insistentemente a corregir dicha deficiencia. 
El Consejo no ha hecho honor a la lógica de sus propias declaraciones. 
Hay que decir en favor del Parlamento que éste propone ahora conceder una vez más la más alta prioridad a Irlanda del Norte desde sus propias reservas y el margen de maniobra para tapar el agujero de 100 millones de ecus dejado por el Consejo. 
Para que no haya malentendidos, como ha ocurrido con la interpretación equivocada que se ha dado a la carta de la Representación permanente del Reino Unido, transmitamos hoy un claro mensaje desde aquí de que, desde todos los puntos de vista, ha sido el Parlamento Europeo el que ha actuado y continúa actuando como principal garante de la financiación del proceso de paz de Irlanda del Norte. 
El jueves votaremos sobre un paquete de prioridades para la reserva del Parlamento en el que Irlanda del Norte recibirá la prioridad de ser el primero entre iguales. 
Esta reserva acumula recursos que abarcan varias rúbricas del presupuesto. 
Para garantizar la asignación al proceso de paz de Irlanda del Norte, el Consejo debe facilitar ahora esta acumulación de reservas entre la primera y la segunda lectura. 
De no hacerlo, el Consejo estaría agravando la herida de la indiferencia con el insulto por negarse desde un principio a proporcionar la financiación adecuada. 
Nuestra votación permitirá a esta Asamblea situar este tema tan delicado del proceso de paz de Irlanda del Norte a la cabeza de nuestras preocupaciones políticas del día a día. 
Quisiera apelar a todos los Grupos de esta Asamblea a que apoyen el paquete de enmiendas que ahora se propone y podamos garantizar a partir del jueves que superamos la lealtad, si es que algunos se han dado cuenta de que existía. 
Sobre el asunto de la asimilación, el Sr. Gallagher tiene toda la razón: la asimilación no es motivo para intentar frenar las cosas. 
Aunque no fue ésa precisamente la intención principal de aquellos miembros del Parlamento que observaron el hecho de que en una comunidad dividida, los proyectos a nivel de la población de a pie llevan tiempo y a ello se debe que hayamos observado una asimilación lenta. 
Pero encierra además un mensaje a Irlanda del Norte: aceleren la asimilación y ayúdennos a aquellos de nosotros que luchamos por su causa en esta Asamblea para que antes de diciembre podamos pedir al Ministro- del que estoy convencido de su buena voluntad y la de su Gobierno- a que respalden el paquete realista y justo para Irlanda del Norte, que nosotros votaremos el jueves. 
Señor Presidente, la Europa financiera existe, pero aquella Europa que más nos preocupa a todos, la Europa social cohesionada y económicamente homogénea es todavía un sueño. 
Las diferencias entre sus territorios se acentúan y las desigualdades se profundizan, y los recortes presupuestarios propuestos, entre otros, de los Fondos estructurales no ayudan precisamente a reducir las diferencias. 
Sin duda, esa Europa social es la más difícil de alcanzar porque supone tomar decisiones políticas no inspiradas en el socorrido principio de «cada uno para sí» que la situación de austeridad presupuestaria estatal y comunitaria parece haber convertido en un axioma universal. 
Ante el proyecto de presupuestos del Consejo es inevitable pensar que si se plantea la reducción de los Fondos estructurales precisamente en estos momentos en que las regiones están más precisadas de una ayuda adicional en el proceso de aplicación de los criterios de convergencia, ello se debe a que se renuncia tácitamente a la cohesión económica y social para convertir ésta en un simple instrumento de préstamo a los Estados, y mi Grupo está contra una política tan estrecha de miras. 
Señor Presidente, en un principio la Comisión de Presupuestos parecía querer fijar un presupuesto, en la primera lectura, que superara en gran medida las perspectivas financieras, provocando inevitablemente una confrontación con el Consejo. 
Ahora se ha logrado un compromiso mucho más moderado, pero con los 300 millones de ecus incluidos en él como reserva general, sigue superándose el margen disponible con respecto a las perspectivas financieras. 
Lo consideramos indeseable e innecesario. 
Con el reajuste y las reducciones dentro de la categoría 3 podría haberse creado más margen. 
Esta rúbrica contiene muchos programas que en primer lugar competen a los Estados miembros. 
Las líneas presupuestarias incluidas aquí se consideran importantes para el fomento del empleo. Este es también para nosotros un objetivo prioritario. 
Pero por lo general se reconoce que en este sentido la Unión sólo puede hacer una contribución marginal. 
Además, los 100 millones de ecus que ahora se han retirado para Irlanda del Norte de la reserva de 300 millones de ecus podrían recibir directamente este destino y si fuera preciso se podría reducir los 100 millones de ecus de reserva para las redes transeuropeas. 
Las redes transeuropeas constituyen sin duda un objetivo de alta prioridad. 
Pero dado el importe previsto en el presupuesto y las facilidades de préstamo a través del BEI y el FEI, no es necesario que el progreso de los proyectos en 1997 se vea obstaculizado por problemas de financiación. 
Por nuestra parte no consideramos necesario fijar una reserva general de 300 millones de ecus, que en la segunda lectura puede provocar problemas institucionales. 
Por último, en lo que respecta a la agricultura, habrá que revisar el procedimiento seguido. 
En el futuro será preciso implicar de forma más explícita a la Comisión de Agricultura a la hora de fijar el gasto agrícola. 
El importe que se ha fijado ahora sólo puede ser provisional. 
Existe todavía una gran inseguridad en torno a la financiación del paquete de carne de ternera. 
Sea como fuere, la solución de este problema no podrá ir a expensas de los agricultores. 
Señor Presidente, en estos últimos tiempos, al menos oficialmente, la cohesión económica y social es objeto de una gran atención política. 
Todo el coincide en considerar que el presupuesto para 1997 debería promover el empleo intentando fortalecer las medidas que fomentan la creación de nuevos puestos de trabajo, mediante inversiones en las infraestructuras y en la investigación, el apoyo a la pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de los recursos humanos. 
Por desgracia, sin embargo, las palabras no se materializan en acciones concretas, antes bien el Consejo de los Ministros de la Unión ha impuesto un recorte al presupuesto comunitario para 1997 de aproximadamente 3.000 mecus. 
Dicho recorte afectará al sector de la agricultura- 1.000 mecus; a los Fondos estructurales- 1.000 mecus; a la política interna, a la investigación, a los transportes y a los asuntos sociales- 750 mecus. 
Por otra parte, el recorte de los créditos de pago de los Fondos estructurales no afecta ni al objetivo 1, ni al objetivo 6, ni tampoco al Fondo de cohesión. 
Un lance inteligente que ha permitido al Consejo alcanzar la mayoría durante las votaciones, gracias al voto favorable, fácilmente previsible, de Irlanda, Portugal, España y Grecia. 
El verdadero problema estriba en que los recortes afectan, ante todo, al objetivo 2, es decir al que se refiere a las zonas en declive industrial, al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la realización de las redes transeuropeas. 
Todo ello se justifica con la necesidad de presupuestos rigurosos. 
La primera, la absoluta discrepancia entre las ideas y la acción política. 
Una vez más se demuestra que es cierto que la política de los Fondos estructurales ofrece una sólida base para avanzar hacia la integración de la Unión Europea, sin embargo, el éxito de esta estrategia depende de la voluntad política. 
La segunda se refiere a la astucia con la que se llevaron a cabo los recortes, con tal que se aprobara el proyecto de presupuesto. 
Sin embargo, si se examina en profundidad la naturaleza de los mismos, nos damos cuenta de que afectan a las políticas de desarrollo. 
Además de esto, como todos nosotros sabemos, el objetivo 2 atañe a las zonas industriales en declive, donde las tasas de desempleo en el sector industrial son superiores al promedio comunitario, con un declive estructural en esta categoría de trabajadores. 
¿Qué hace el Consejo? 
Recorta las ayudas a este sector, precisamente cuando la Unión Europea, o sea, los Estados miembros deberían estar comprometidos en una lucha sin precedentes para vencer la mortificante plaga del desempleo. 
Entonces la palabrería sobre el desempleo y los compromisos se convierten cada vez más en menos creíbles. 
De ello se deriva la tercera contradicción como corolario de las dos primeras, que demuestra claramente que, de hecho, esta acción de recorte debilita la solidaridad europea, principio inspirador de la cohesión económica y social. 
Por lo tanto, a nuestro juicio, la decisión del Consejo de reducir los pagos es especialmente desacertada, porque es en este momento de gran necesidad que las regiones deben ser ayudadas en su camino hacia la integración comunitaria, mientras que, por el contrario, se minan las bases de la cohesión, poniendo en peligro la propia redefinición de los Fondos estructurales. 
No quisiera, señor Presidente, que al final existiera una voluntad de desvirtuar los Fondos estructurales para condicionarlos al respeto de los criterios de convergencia de Maastricht. 
Hay que recordar que los Fondos estructurales existen en cuanto son mecanismos autónomos para alcanzar el objetivo de la cohesión económica y social y no para llegar a la Unión Económica y Monetaria. 
Señor Presidente, ante todo, tres observaciones preliminares: 
Primero, como ponente para la revisión de las perspectivas financieras, estoy consternado e irritado por la polémica, demagógicamente suscitada, en torno al programa de Irlanda del Norte. 
A título personal, me siento muy involucrado con el combate liderado por John Hume, y puedo decir que ya hace muchos años- más de 10que Hume me invitó a una primera reunión y, desde entonces, he vuelto muchas veces a Irlanda del Norte, intentando aportar mi modestísima contribución a una solución pacífica. 
Pero aquí lo que importa es la posición institucional y, como ponente, reivindico el apoyo que el Parlamento ha prestado siempre al programa de paz y denuncio que cuando el Consejo decidió, unilateralmente, ampliarlo de los 200 Mecus aprobados a 300, fue el propio Consejo quien se negó a encontrar la financiación de los 100 Mecus adicionales (que, por otra parte, jamás se dijo que fueran para este año 97, sino para el período 97-99). 
Hace más de un año que el Consejo sabe de esa carencia y se niega a revisar las perspectivas financieras- y ello le fue recordado en la primera reunión con la Presidencia irlandesa en julio último-. 
Salvo error u omisión, estaba representado por la misma persona que en estos momentos representa al Consejo. 
Segundo, las enmiendas no han de desnaturalizar ni bloquear el programa MEDA. 
Tercero, para bien o para mal, hablo en nombre de la minoría del Grupo socialista que se opuso a denunciar el Acuerdo interinstitucional. 
Y, entrando en la cuestión en que quería centrarme, el Consejo ha dicho que aprobó un proyecto de austeridad y rigor. 
Son muy bellas palabras, y muy altisonantes. 
Pero permítanme que les explique en qué consiste esta austeridad y ese rigor: en primer lugar, un recorte de 1.000 ecus en el Feoga-Garantía (con la rigurosísima excepción de las OCM del bovino y de las «vacas locas» ). 
Son gastos obligatorios y, por tanto, ampliables como un chicle. 
La cifra es arbitraria, pero no las excepciones. 
En los Fondos estructurales se recortan otros 1.000 millones de ecus en los pagos- excepto en las zonas objetivo 1 y objetivo 6-. 
¿Por qué? : pues para obtener el voto de los países más pobres y el de los nuevos socios escandinavos: así de riguroso. 
«Rigor ejemplar» , Señorías. 
Y, luego, unos cortes ciegos en las políticas internas- categoría 3- y exteriores- categoría 4 -, por unos 500 Mecus (a sabiendas de que el Parlamento repondría los créditos del anteproyecto, por lo menos). 
En resumen, que en realidad lo que se ha hecho es un corte de un millardo de ecus en los Fondos estructurales, que representan el 0, 01 % del PIB comunitario. 
Nadie que quiera entrar en la Unión monetaria se verá excluido por eso ni tan siquiera por el endeudamiento que pudiera requerir su prefinanciación. 
El que algunos Gobiernos no quieran financiar la lucha contra el paro o las acciones de reconversión no puede comportar una reducción a priori de los Fondos. 
Si en otoño no se han ejecutado, hay fórmulas- como un presupuesto rectificativo- que permiten devolverlos en tiempo útil, y eso evitaría que el Parlamento saliera aprobando un presupuesto cuyo único mensaje sería la reducción de la lucha contra el paro. 
Señor Presidente, en relación con el turismo más de 40 diputados hemos presentado dos enmiendas en las que solicitamos que vuelvan a incluirse en el presupuesto las dos enmiendas equivalentes de la Comisión de Transportes extrañamente rechazadas por la Comisión de Presupuestos. 
Respecto a estas enmiendas, referentes al título B5-325, financiación del programa PHILOXENIA, y al título B7-830, la Comisión de Presupuestos no sólo se limitó a suprimir las rúbricas, sino que eliminó incluso los títulos como tales. 
Con otras palabras, excluyó el turismo del presupuesto, echando abajo la firme voluntad del Parlamento de que el turismo comunitario sea objeto de la regulación y el apoyo comunitarios. 
Les recuerdo que en la resolución del Parlamento relativa a la Conferencia Intergubernamental solicitamos expresamente que se incluyera una disposición sobre turismo. 
Por último, si el próximo jueves no se aprueban las enmiendas de la Comisión de Transportes nuevamente presentadas por los 40 diputados, se creará confusión y una situación realmente grotesca, ya que, si el informe sobre el programa PHILOXENIA se aprueba por el Parlamento el próximo viernes, no habrá dinero para financiarlo. 
Unas pocas palabras, también, sobre las redes transeuropeas. 
La Comisión de Presupuestos, en su reunión de ayer, hizo bien en no anular el Acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas financieras en lo que se refiere a las redes transeuropeas. 
El compromiso del Consejo respecto a éstas tiene una gran importancia política y no debe ser socavado ni anulado por el mismo Parlamento Europeo utilizando el método de restar rúbricas para rellenar huecos del presupuesto o para crear reservas. 
No se debe eliminar algo que el Parlamento Europeo ha conquistado con tanto esfuerzo, gracias a los pueblos de Europa, para compensar dificultades financieras coyunturales en otras partes del presupuesto. 
Señor Presidente, se trata de un presupuesto elaborado con rigor y, de hecho, es así, puesto que se fija un objetivo de crecimiento cero, que reduce en más de 2.500 millones de ecus las dotaciones destinadas a la agricultura, a los Fondos estructurales, a las políticas interiores y a las acciones exteriores. 
Sin embargo, hojeando las innumerables páginas del documento, surge muy fuerte la sensación de que el rigor afecta a algunos sectores, en particular, a los más productivos y no se aplica inexorablemente a otros sectores, en los que intervenir habría sido más justo. 
Algunos ejemplos: la política del personal. 
El personal de las Instituciones comunitarias ha aumentado en los últimos diez años en más del 50 % y continúa aumentando, a pesar de que su eficacia parece, por el contrario, que disminuye de forma preocupante. 
El problema de frenar el constante aumento del personal y de sus costes no ha sido ni siquiera afrontado en este presupuesto, excepto en una enmienda presentada por nuestro Grupo. 
Las representaciones en el extranjero de la Comisión. 
Recientemente, algunos diputados de mi Grupo descubrieron- hecho que ignora la mayoría- que la Comisión tiene más de 230 representaciones en países no comunitarios e incluso superan en número a las naciones del mundo. 
Esto conlleva gastos exorbitantes, unos 35 millones de ecus en 1997 sólo para su mantenimiento, frente a un dudoso provecho, que en algunas zonas perdidas del planeta es seguramente nulo. 
Un presupuesto verdaderamente riguroso no debería pasar por alto estos gastos absurdos e improductivos. 
La política inmobiliaria. 
Precisamente, en este sector el Parlamento es la piedra de escándalo. 
En Bruselas y en Estrasburgo estamos llevando a cabo operaciones inmobiliarias faraónicas, espejo ambas de las sistemáticas violaciones de las reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto. 
Los más de 2, 5 millardos de ecus a los que asciende el coste global de las dos operaciones, obligan al Parlamento a reducir los recursos necesarios para el desarrollo de nuestras funciones ordinarias. 
Y aquí me detengo, señor Presidente, aunque no acaban aquí las cosas que no me convencen de este presupuesto y que, a título personal, me obligarán a votar en contra del mismo. 
Señor Presidente, con los años ha surgido un conflicto entre el Parlamento y el Consejo en torno a los gastos obligatorios y no obligatorios. 
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia declaró que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tenían que decidir conjuntamente lo que eran gastos obligatorios y no obligatorios. 
A este fin, este año se inició un procedimiento ad hoc sobre el gasto agrícola. 
En julio del presente año, el Parlamento decidió por gran mayoría que debía reservarse un importe de 556 millones. 
Esto significa que también el Parlamento tendría poder de decidir cómo se gastaría este dinero. 
Sigo oyendo gritos de alegría en el Parlamento en relación con lo que se ha logrado ahora, aunque en realidad se trataba tan sólo del 1, 2 % de todos los gastos de la categoría B1. 
El procedimiento ad hoc ha concluido y, ¿cuál es el resultado? 
Una reserva de 62 millones y 1 millardo de reducción de gastos. 
Desde luego, yo también soy partidario de que se ahorre si es posible, no hace falta gastar así como así el dinero, pero el resultado de 62 en comparación los 556 millones es muy magro. 
Ahora es el 0, 15 % del FEOGA sobre el que el Parlamento tiene algo que decir. 
Yo diría que esto podría mejorarse mucho en el futuro. 
Lo que también habría que mejorar en el futuro es la democracia interna de este Parlamento. 
A causa de la conclusión del procedimiento ad hoc no ha sido posible tratar ni una sola enmienda de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión de Presupuestos. 
¿De qué ha servido tanto trabajo? 
Pienso que en el futuro será necesario que en este Parlamento tengamos procedimientos mejores, porque con ello mejorará no sólo la democracia, sino también el poder de decisión democrático del Parlamento Europeo sobre el presupuesto agrícola en el futuro. 
Señor Presidente, una vez más un presupuesto de austeridad y, en el fondo, de estancamiento. 
Un presupuesto que acompaña los drásticos recortes impuestos a los Estados miembros a la vista de la crítica decisión de participar en la tercera fase de la UEM. 
Las víctimas inmediatas de esta política son las capas sociales más amplias de los trabajadores, los agricultores y los artesanos, ya que los productos agrarios del Mediterráneo sufren con carácter crónico de la nueva reducción de las rúbricas correspondientes en el presupuesto y del marco, en su conjunto, antiagrario de la reforma de la política agrícola común. 
Las acciones para mitigar las desigualdades sociales y regionales se ven limitadas por la inaceptable reducción de recursos de los Fondos Estructurales. 
Las acciones específicas de lucha contra el desempleo se quedan en buenos propósitos, revelando la hipocresía de las respectivas declaraciones. 
Por supuesto, señor Presidente, quiero señalar que constituye un elemento positivo el que las ayudas financieras a Turquía en el marco de la Unión Aduanera se traspasen al fondo de reserva. 
Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los presupuestos del programa MEDA destinados a Turquía, que deberían inmovilizarse de algún modo hasta que este país respete el derecho internacional, de forma comprobada, así como los derechos humanos y democráticos, que tan provocadora y descaradamente vulnera. 
Señor Presidente, en calidad de ponente especial para las agencias, deseo enfocar mis observaciones sobre los apartados 45 y 46 del informe del Sr. Brinkhorst. 
En 1996 me fue confiada la responsabilidad de llevar a cabo una investigación minuciosa de las agencias dentro del proceso presupuestario de 1997. 
Teníamos una serie de preguntas que deseábamos formular: ¿hacia dónde se dirigen, qué hacen y cómo se financian? 
Sobre este tema se han elaborado dos documentos de trabajo. 
En 1996 aprobamos la estrategia provisional de consignar una reserva global para las agencias con objeto de garantizar que la Comisión presentaría un reglamento armonizado para las mismas, y para garantizar también que las propias agencias ejercían rigor presupuestario. 
Quisiera agradecer a la Comisión la labor que ha llevado a cabo al reunirse con nosotros a mitad de camino del informe que ha presentado como parte del plan de armonización. 
Nuestra estrategia para 1997, a raíz de las consultas, ha sido bastante diferente. 
Queríamos centrarnos en las necesidades específicas de las agencias, y este año no habrá reservas globales en aquellas reservas específicas para las agencias sobre una base «ad hoc» , sino sólo reservas para las agencias por motivos específicos. 
Quisiera llamar la atención de la Comisión y del Sr. Liikanen, que se encuentra ahí sentado, sobre las recomendaciones que deseo hacer. 
La primera es sobre la cuestión de los recursos propios. 
Todas las agencias tienen sus recursos propios, especialmente Londres y Alicante, y es importante que nosotros, en calidad de autoridad presupuestaria, desarrollemos un concepto único sobre cómo debemos cuantificarlos y cómo debemos tratarlos. 
La reutilización de los recursos propios se califica como activo de la Unión Europea y sólo la Unión Europea, la Comisión de Presupuestos y los interlocutores presupuestarios pueden presupuestar los recursos propios dentro de su presupuesto. 
A través del informe Haug sobre Londres y las declaraciones del Sr. Bangemann más tarde, quisiera un informe de la Comisión para el presupuesto para 1998 sobre la cuestión de la presupuestación. 
La segunda cuestión es sobre la presentación de los presupuestos para las agencias. 
Tenemos que avanzar ahora hacia la gestión por objetivos, en la que consigamos que las agencias funcionen con líneas presupuestarias para proyectos, aunando los costes en términos de personal, equipamiento y recursos. 
Esto ayudaría a aclarar las cosas y nos permitiría analizar las áreas en las que existe una duplicación de actividades. 
En tercer lugar, sobre la cuestión inmobiliaria, en lo relativo al Cedefop, recomendamos que la reserva se destine al nuevo edificio de Salónica, porque aún no se ha comenzado. 
Por lo tanto, recomendamos consignar 1, 7 millones de ecus a la reserva. 
En cuarto lugar, sobre la cuestión de la política de precios, recomiendo que hagamos una revisión de la agencia de Londres, porque la actual política de precios es inadecuada para suplir sus necesidades. 
En quinto lugar, sobre la cuestión de Bilbao, he asignado un millón a la reserva con el presupuesto de los tres millones con la recomendación de que recibamos un informe y un plan de actuación de dichas agencias. 
Queremos procedimientos de control de la gestión individuales y por separado y esperamos que la Comisión nos lo facilite. 
Por último, quisiera agradecer a la Comisión y a la autoridad presupuestaria por su apoyo a mi trabajo y con esto, espero que las agencias reciban más apoyo tanto de los Estados miembros, como en el propio Parlamento. 
Señor Presidente, por primera vez se ha desarrollado una actividad conjunta de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Presupuestos para lograr junto con la Comisión Europea una valoración mejor de los gastos obligatorios. 
Quiero dar las gracias al ponente por haberlo fomentado en gran medida. 
Por primera vez, el Consejo ha optado por una prórroga lineal de muchos gastos agrícolas obligatorios a excepción de los gastos para la carne de ternera, porque los Estados miembros preferían afrontar más tarde un presupuesto agrícola complementario, en lugar de tener que pagar de antemano en 1997 grandes cuotas agrícolas que más tarde les son devueltas parcialmente. 
La financiación de los gastos agrícolas obligatorios fue garantizada expresamente por el Consejo al señalar abiertamente la posibilidad de un presupuesto complementario. 
Por primera vez, el Consejo aceptó una reserva, eso sí, modesta, para los gastos agrícolas, debido a las posibles reducciones de gastos en determinadas líneas presupuestarias. 
El Parlamento tendrá que obrar con esmero ante este hecho nuevo a nivel de procedimiento. 
Por primera vez, el Consejo y la Comisión de Presupuestos han llegado a la conclusión de que el procedimiento ad hoc sobre los gastos agrícolas obligatorios podía concluir antes de que se celebrara la primera votación del proyecto de presupuesto en primera lectura en el Parlamento. 
Esto significa que por primera vez, el Parlamento Europeo no acepta a votación enmiendas relativas a las partidas del presupuesto agrícola en la rúbrica 1. 
Los primeros puntos que he indicado podrían ser motivo de alegría. 
Sin embargo, el último punto ha hecho que el presupuesto agrícola no recibiera un trato digno. 
La mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura consideran que este proceder ha perjudicado su trabajo político. 
Ello puede volver a desestabilizar la cooperación entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuestos. 
Para evitarlo, hemos de examinar detalladamente todo el presupuesto agrícola en junio, cuando volvamos a tratar el presupuesto, antes de que concluya el procedimiento ad hoc. 
Por último, sobre el tratamiento de los gastos obligatorios y no obligatorios en el sector de la carne de ternera. 
Estos se han mantenido expresamente fuera del recorte lineal, pero se encuentran a un nivel poco realista en el presupuesto. 
De hecho, el presupuesto ad hoc tendrá que volver a empezar en cuanto el Consejo quiera modificar estos importes. Ello tiene que hacerse en forma de presupuesto complementario y no cargándolo a los ingresos de los agricultores. 
La crisis de la EEB exige medidas especiales, pero no sólo el Consejo es capaz de afrontarla, sino que también el Parlamento Europeo es capaz de colaborar en la búsqueda de medidas adecuadas para esta situación excepcional. 
Señor Presidente, Señorías, se ha observado repetidas veces que el presupuesto de 1997 de la Unión Europea no puede considerarse al margen del presupuesto de los Estados miembros nacionales. 
En efecto, es cierto que 1997 será importante para los Estados miembros en relación con la realización o no realización de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. 
Sin embargo, no hay que exagerar. 
He hecho un cálculo: las cantidades presupuestarias de las que hablamos en relación con el presupuesto europeo suponen, en lo que respecta a la traducción a los presupuestos nacionales, como mucho el 0, 1 ó 0, 25 % del producto nacional bruto. 
Hay otra relación entre los criterios de Maastricht y el debate. 
En efecto, para intentar compensar los efectos devastadores que tiene el hecho de perseguir los criterios de convergencia en los puestos de trabajo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo habían decidido, ya en 1993, elaborar un Libro Blanco, el Libro Blanco de Jacques Delors. 
Este Libro Blanco se ha ratificado repetidas veces durante diversas cumbres europeas, pero siempre ha sido contestado en la práctica por los ministros de Hacienda. 
Por fin, a principios del presente año, el nuevo Presidente, el Sr. Santer, anunció a bombo y platillo en este Parlamento y a la opinión pública una especie de versión reducida de este Libro Blanco, traducida en un pacto de confianza. 
Este pacto de confianza exige que se revisen las perspectivas financieras. 
Ahora bien, con la decisión del ECOFIN de la semana pasada también se ha enterrado el pacto de confianza. 
En este caso, el Consejo es el principal responsable, pero he de decir que la Comisión ha reaccionado de forma muy indulgente ante la humillación de que ha sido objeto su presidente por las sucesivas decisiones del Consejo. 
Por supuesto, el Parlamento Europeo tiene que desempañar un papel importante en esta cuestión, especialmente con nuestras competencias presupuestarias, que no son nimias. 
Las pasadas semanas han puesto sobre el tapete diversas estrategias, estrategias voluntariosas. 
El ponente ha hecho unas cuantas propuestas que nosotros hemos apoyado. 
Por desgracia, hemos de constatar que una parte importante de este Parlamento, concretamente el PPE- y en vista de su compromiso intergubernamental ahora no me referiré tanto a la Europe des Nations- ha logrado que el actual compromiso deje de ser por completo una señal política clara, y yo también considero que esta primera lectura del presupuesto de 1997 del Parlamento Europeo no sirve de nada. 
Señor Presidente, estamos viviendo cierta paradoja. 
El Parlamento escucha al Consejo, el Consejo no escucha al Parlamento y, a decir verdad, el Consejo no se escucha a sí mismo. 
El Parlamento escucha al Consejo. 
No resulta fácil hacer lo que nosotros hacemos y, contrariamente a lo que dice usted, Señoría, el mensaje político que lanzamos es muy claro. 
Tomamos la parte que nos corresponde de rigor, asumimos nuestra parte de responsabilidad. 
Aceptamos un presupuesto crecimiento cero, fondos estructurales aparte, ya que estos están evidentemente, condenados a aumentar. 
Aceptamos una exacción global inferior de más de cuatro puntos a la que se autorizaría. 
Aceptamos hacer esfuerzos importantes en lo que toca a la PAC y a los fondos estructurales. 
Ante esto, el Consejo no escucha el Parlamento. 
El Sr. Samland lo recordó: en relación con todos los expedientes que habíamos mencionado, que tenemos en común y estamos debatiendo, trátese del código de conducta relativo a la pesca, trátese de los fundamentos legales, o de la revisión de las perspectivas financieras, nos encontramos ante un muro. 
Más aún, el Consejo no se escucha a sí mismo. 
Tomé nota de lo que dijo el Presidente del Consejo esta mañana. 
Nos dijo: estas son nuestras prioridades: educación, juventud- está en la página 3 del discurso -, medio ambiente, mercado interior, redes exteriores. 
Educación, juventud: menos el 12 % en relación con el año pasado; medio ambiente: menos el 9, 3 % en relación con el año pasado; mercado interior: menos el 35 % en relación con el año pasado. 
Cuando se lee esto, se piensa: es evidente que si quiere disponerse de dinero, vale más no estar entre las prioridades del Consejo. 
Sin embargo, a pesar de ello, nos ponemos en marcha con mucha moderación. 
Efectivamente, nos hemos negado a trastornar el acuerdo institucional. 
Les enviamos señales de diálogo, apertura y moderación. 
Aprovéchenlas. 
El acuerdo interinstitucional está en juego. 
Sólo puede funcionar si somos dos los que queremos hacer compromisos. 
De ordinario, el Parlamento tiene la costumbre de alzar mucho la voz al principio y de apoltronarse a la hora de las repercusiones. 
Hoy comenzamos por la moderación, no deduzcan que será seguida de un derrumbamiento. 
Señor Presidente, la semana pasada el Presidente de la Comisión Europea tuvo que encajar un duro golpe del ECOFIN. 
Tengo la sensación de que su única reacción ha sido poner la otra mejilla. 
Si miro lo que está haciendo el Parlamento, me da la impresión de que reaccionamos de la misma manera, cuando en realidad este Parlamento se ha adherido plenamente al pacto de confianza de la Comisión, igual que los grupos que ahora parecen distanciarse, y al hacerlo también ha apoyado la idea de que si Europa quiere hacer algo en el ámbito de la política de empleo, el presupuesto tendrá que incluir algunos elementos reales de la política presupuestaria. 
Las decisiones del ECOFIN los eliminan por completo y nosotros, con nuestro enfoque del presupuesto, no logramos recuperarlos, cuando tenemos la oportunidad, la oportunidad formal, de volver a enderezar el núcleo del pacto de confianza y restablecer hasta cierto punto el prestigio de la Comisión, que considero gravemente dañado; pero no nos atrevemos a hacerlo, nos contentamos con un compromiso magro, y en realidad, como ya señaló el Comisario de Presupuestos, un compromiso que no le venía mal al Consejo, por lo que no es necesario cumplir las amenazas asociadas a la segunda lectura. 
Por consiguiente, creo que en el procedimiento presupuestario, el Parlamento ha hecho lo que hace siempre: añadir un poco de lo que ha quitado el Consejo, y pienso que no hay ningún elector europeo que crea en este juego. 
Señor Presidente, en lo que respecta a los fondos estructurales, lamento que mi Grupo considere necesario volver a añadir ese millardo que el Consejo ha recortado, pues no me gusta que se introduzca innecesariamente dinero en el presupuesto. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, creo que por parte del Sr. Giansily, en los últimos años sobraron 9 millardos de créditos de desembolso previstos en los fondos estructurales. 
Todavía quedan por desembolsar 23 millardos de ecus de estos créditos. 
Resumiendo, tenemos un enorme problema con los fondos estructurales, pero no lo solucionaremos poniendo dinero innecesario en el presupuesto. 
Por último, señor Presidente, una observación sobre Turquía. 
Lamento que todavía no hayamos sido capaces de hacer una reserva MEDA, porque no creo que un comentario en el presupuesto sea suficiente para contradecir la legislación. 
Por último, señor Presidente, quisiera decir a mis compañeros irlandeses que pienso que necesitamos paz en Irlanda, y concretamente en Irlanda del Norte, y no guerra en el Parlamento Europeo, como están debatiendo en estos momentos muchos disputados irlandeses. 
Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo, mi antiguo colega del Parlamento irlandés, y agradecerle la cooperación que ha venido prestando a lo largo del procedimiento presupuestario, así como su comprensión por las dificultades, y en particular su comprensión por la posición del Parlamento. 
Puede que existan algunos desacuerdos sobre los pormenores, pero creo que el Presidente en ejercicio comparte la mayoría de los objetivos que tenemos en la Asamblea. 
Debemos reconocer que éstos son tiempos difíciles para enmarcar un presupuesto. 
Existe una enorme presión sobre las finanzas públicas en la mayoría de los Estados miembros a raíz de la necesidad de controlar la inflación para que nos abra el camino hacia la Unión Económica y Monetaria. 
Lamentablemente, esto ha creado un clima en el que resulta difícil encontrar los recursos necesarios para financiar todas las políticas que al Parlamento le gustaría ver desarrolladas, en particular, aquéllas relativas al desempleo y las ayudas al Tercer Mundo. 
Me alegra mucho observar que en esta difícil situación, las instituciones de la Unión han mantenido su compromiso de continuar con el incremento de los Fondos estructurales; los fondos asignados a las políticas regionales de la Unión Europea. 
Nos encontramos en el buen camino para cumplir el compromiso de duplicar los fondos estructurales cuando termine el actual programa. 
Creo que las regiones más pobres de la Comunidad se alegrarán de lo que el Parlamento, en particular, y todas las instituciones están haciendo al respecto. 
Lamento la disputa que ha surgido en relación con Irlanda del Norte. 
Se ha discutido tanto en el procedimiento presupuestario que hoy celebramos aquí, que no es necesario que yo me refiera a ello. 
Lo único que quiero decir es que he reconocido la buena fe del Parlamento de principio a fin. 
Recuerdo la primera vez que se propuso esta línea presupuestaria en la Comisión de Presupuestos. 
Recuerdo que el Sr. Wynn era ponente y que su propuesta fue aprobada por unanimidad y apoyada por todos. 
El Parlamento nunca se ha echado atrás en su compromiso de apoyarla plenamente. 
Existen dificultades para encontrar los fondos, pero apoyo al Parlamento en su creencia de que no deben sacarse de los Fondos estructurales. 
Quiero dar las gracias a todo el mundo por su comprensión en este asunto, y decir que espero que no volvamos a tener más controversias sobre este asunto. 
Señor Presidente, yo quisiera centrarme en un punto de las negociaciones para la elaboración del Presupuesto de este año, concretamente el de los Fondos estructurales. 
El Parlamento Europeo y también nuestro Grupo político se ha marcado una importante prioridad, que es combatir el desempleo. 
Los Fondos estructurales son un instrumento importante para ello. 
En la Comisión de Presupuestos se presentaron varias enmiendas en este sentido, ninguna de las cuales obtuvo un respaldo mayoritario. 
¿Cuál es la situación en estos momentos? 
El Grupo del Partido Socialista Europeo desea que vuelvan a dotarse con otro millardo de ecus los Fondos estructurales, con objeto de que no pueda crearse la impresión de que el Parlamento Europeo vuelve la espalda a la política estructural. 
La alternativa frente a ello es el recorte de un millardo que propone el Consejo. 
No obstante, para el resultado final será indiferente en qué sentido se incline la decisión de esta Asamblea. 
En los próximos años se reintegrarán varios millardos de ecus a los Estados miembros porque no se ha hecho uso de ellos en el marco de los Fondos estructurales. 
Su dotación no se agota plenamente, tampoco en los nuevos Estados federales alemanes. 
El Parlamento Europeo ya no puede decidir si todavía es posible hacer algo con esos recursos. 
Sólo podemos limitarnos a ser testigos de la devolución a los Estados miembros de los recursos propios pagados a Europa, que se utilizarán para tapar agujeros presupuestarios y no para crear puestos de trabajo. 
A mi parecer, el Parlamento Europeo debe demostrar en el futuro que no está dispuesto a tolerar el despilfarro de recursos y que los Estados miembros no cumplan con sus compromisos, tampoco en el ámbito de los Fondos estructurales. 
Tenemos que reflexionar cómo debemos proceder con los Estados miembros que pelean por obtener hasta el último ecu de los Fondos estructurales para sus regiones menos desarrolladas, pero luego no cumplen sus compromisos. 
Esto exigirá ciertamente una estrategia común, estrategia que ha de poder contar con el respaldo mayoritario de esta Cámara y que no podemos seguir dejando en manos del Consejo. 
Las posibilidades existen. Falta que también las utilicemos. 
Señor Presidente, lo más curioso en este procedimiento presupuestario es la actitud negativa del Consejo en relación con la política social en el presupuesto. 
Considero escandaloso que el Consejo siga sin comprender que una Europa sin política social es una Europa desvalida. 
La política social atrae a los ciudadanos europeos y a menudo les afecta directamente. 
No deberíamos echarla por tierra sistemáticamente, como sucede ahora. 
Los socialistas, que en estos momentos participan en once de los quince gobiernos, tendrían que demostrar su conciencia social no sólo aquí, sino también ante los representantes de sus gobiernos. 
Una segunda cuestión que me preocupa tiene que ver con los fondos estructurales europeos de la categoría 2. 
Tanto yo como el Partido Popular Europeo estamos dispuestos a aceptar una reducción de gastos de 1 millardo en créditos de pago. Esto es posible y necesario, porque hay que economizar en toda Europa, debido a la creación de la UEM, y de todas formas el dinero no puede gastarse. 
Sin embargo, me parece inaceptable que la reducción de gastos tenga lugar únicamente en los objetivos 2, 3, 4 y 5. 
Se trata además de los principales objetivos para los fondos sociales. Constituyen tan sólo el 15 % del volumen total de dichos fondos. 
El Consejo ha tomado una decisión errónea y además discriminatoria. 
Concretamente, la necia actitud del Gobierno neerlandés ha contribuido a ello, provocando su aislamiento en el Consejo. 
El ministro Zalm, que ha llevado las negociaciones en nombre de los Países Bajos, se ajusta a la definición clásica: in matter of commerce the fault of the Dutch is giving too little and asking too much. 
Me temo que, en el futuro, los Países Bajos tendrán más dificultades debido a la actitud poco realista del actual Gobierno neerlandés. 
La actitud del Gobierno neerlandés es comparable a la de alguien que quiere comprar un Rolls Royce, ofrece un ecu y espera que le den un buen coche. 
Por último, quiero observar que debido a la actitud negativa del Consejo, también han surgido grandes problemas en la categoría 3. 
El Parlamento ha podido resolverlos utilizando con mucha inventiva los recursos disponibles, y gracias al hecho de que el Parlamento tiene la última palabra en esta categoría, y no los tecnócratas de Bruselas. 
Señor Presidente, ya se ha señalado el lamentable papel que ha tenido el Consejo en el presente procedimiento presupuestario. 
En contra de las decididas declaraciones de que se apoyará la política en favor del empleo, en el procedimiento presupuestario se ha hecho todo lo contrario. 
Recuérdense los recortes en el ámbito social, en el ámbito del mercado interior, en el ámbito de la energía, etc. También podríamos citar la política estructural, si bien convendría evitar un simulacro de combate en este ámbito. 
En último término, es absolutamente indiferente que estén dotados con un millardo más o menos, puesto que el verdadero escándalo son los 23 millardos no utilizados hasta la fecha, ¡mientras tenemos 18 millones de parados en la Unión! 
Esta discrepancia entre las apariencias y los hechos europeos se manifiesta a puerta cerrada, pero no debemos suponer que la población europea no la observa. 
Y los resultados de las últimas elecciones tal vez deban interpretarse también en el sentido de que, según parece, sólo los partidos de oposición pueden tener éxito en las elecciones europeas. 
El grupo del Partido Socialista Europeo ha intentado apoyar plenamente la política en favor del empleo a pesar de la actitud del Consejo. 
Lamentamos que las derechas de esta Cámara no hayan podido adherirse plenamente a esta política. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que durante todo el día he escuchado con interés todo lo que aquí se ha dicho y tengo intención de transmitirlo a los miembros del Consejo. 
Para aquellos que no se encontraban presente cuando hice mi intervención, sólo quisiera hacer referencia a cinco puntos de la misma que, en realidad, han surgido una y otra vez en muchas de las intervenciones. 
En primer lugar, la necesidad de rigor presupuestario en 1997 en el contexto de la UEM: no necesito profundizar en este punto, ha sido bien entendido y quiero agradecer al Parlamento que haya reconocido esta realidad poco agradable a la que todos nosotros debemos enfrentarnos. 
He mencionado también que en el actual clima presupuestario europeo resulta sumamente difícil revisar las perspectivas financieras de 1998 y 1999. 
Tras haber explicado en profundidad a qué se debían las graves dificultades, debo decir que no será posible persuadir a los miembros del Consejo para que revisen las perspectivas en el clima actual. 
No obstante, me siento mucho más optimista de que podamos avanzar considerablemente en al menos dos de los temas de los que aquí se ha hablado profusamente. Sobre la cuestión del fundamento jurídico, espero que cuando llegue la reunión del 19 de noviembre podamos informar de un avance considerable y que podamos llegar a un compromiso y a un entendimiento con el Parlamento. 
Espero también que podamos realizar avances similares en los acuerdos pesqueros. 
En lo relativo al tema que ha suscitado bastante polémica en mi país- es decir, la amenaza al programa de paz de Irlanda del Norte -, lo único que deseo decir al respecto es que nunca había escuchado tal unanimidad de intenciones, en esta Asamblea y me consta que también entre cada uno de los países que represento como Presidente, sobre ningún otro tema. 
Por ello, a pesar de las dificultades técnicas y de otra clase- y reconozco que las hay- que existen entre las dos ramas del procedimiento presupuestario, es necesario que ambas partes superemos estas dificultades y encontremos una solución. 
Sobre el tema de los Fondos estructurales: sólo deseo mencionar que la reducción de 1.000 millones de ecus en créditos está condicionada a la plena salvaguarda de las regiones del Objetivo 1 y del Objetivo 6. 
Está claro que es muy poco probable que, en cualquier circunstancia, este recorte pueda afectar a algunos de los compromisos de los Fondos estructurales para 1997. 
Por último, deseo decir que sencillamente no se puede afirmar que el Consejo no esté escuchando o negociando de forma significativa con el Parlamento. 
No obstante, el clima es especialmente difícil para todos los Estados miembros a la luz de los constreñimientos y requisitos relacionados con la UEM en 1997. 
Ello ha limitado considerablemente la capacidad del Consejo- y la mía propia- para alcanzar acuerdos de compromiso con el Parlamento. 
Quisiera, por consiguiente, pedir un poco de comprensión por esta dificultad especial a la que todos nos enfrentamos. 
Desde una perspectiva presupuestaria, 1997 es prácticamente un año único, tanto por los problemas que presenta a los distintos Estados miembros como, y en consecuencia de ello, por el problema al que inevitablemente se enfrenta esta gran institución. 
Dicho esto, y a pesar de las opiniones del Sr. Samland, me comprometo una vez más a hacer todo lo posible, junto con mis colegas del Consejo y con sus distinguidos representantes, para alcanzar un compromiso justo y lograr que tengamos un presupuesto a finales de año para el ejercicio próximo. 
Señor Presidente, deseo volver sobre cuatro puntos. 
En primer lugar, sobre las perspectivas financieras; a menudo en el debate europeo uno se pregunta: ¿Unión Económica y Monetaria o empleo? 
La respuesta de la Comisión es Unión Económica y Monetaria y empleo. 
Ésta ha sido la causa de la propuesta del Presidente Santer y de la lógica subyacente a toda la propuesta. 
Hemos elegido las redes transeuropeas y la investigación porque eran las prioridades del Consejo, pero también porque habían sido propuestas por el anterior Presidente de la Comisión, Jacques Delors, en su Libro Blanco. 
Lamentamos que el Consejo no haya podido aprobar nuestra propuesta y en este sentido agradecemos enormemente el apoyo que hemos recibido del Parlamento. 
En este ejercicio presupuestario riguroso, el Parlamento ha encontrado la forma de mantener vivos estos objetivos e ideas, y eso es sumamente importante. 
En este mismo espíritu, la Comisión hará todo lo posible para garantizar que puedan llevarse a cabo. 
En segundo lugar, sobre los Fondos estructurales, el Consejo ha recortado los créditos de pago en 1.000 millones de ecus. 
Quiero dejar perfectamente claro que no se ha producido ningún cambio en las disposiciones subyacentes; siguen siendo las mismas. 
El Consejo ha recortado las estimaciones de gastos. 
La Comisión debe ejecutar el presupuesto de acuerdo con las disposiciones, por ello si los créditos de pago no bastan para cubrir los compromisos, tendremos que presentar una enmienda al presupuesto a la autoridad presupuestaria. 
No puedo comentar aquí en el Parlamento las conversaciones mantenidas, pero puedo asegurarles que la Comisión garantizará que todos los compromisos queden cubiertos por los pagos, siempre que la autoridad presupuestaria esté dispuesta a aceptarlo, y si es necesario, se presentará una propuesta en la forma de una enmienda al presupuesto. 
En tercer lugar, agradezco sinceramente las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el tema del fundamento jurídico. 
Ahora es muy importante que las tres instituciones demuestren su voluntad de resolver este problema. 
A todo aquel que se ha dedicado más al presupuesto que a los temas jurídicos siempre le sorprende que pasemos horas, días, semanas y años discutiendo sobre asuntos jurídicos, incluso cuando las sumas en cuestión son mínimas. 
Este proceder va en contra de una política presupuestaria clara y coherente. 
Espero realmente que hallemos una solución a estos difíciles problemas institucionales con objeto de que la gestión financiera de esta Asamblea sea creíble en todos los campos. 
Por último, el Sr. Wynn abordó un asunto que también me ha sorprendido a veces. 
Se queja de que funcionarios de la Comisión lleguen a la Comisión de Presupuestos y a otras comisiones proponiendo incrementos sobre las propuestas presupuestarias de la Comisión. 
El Sr. Wynn no debe hacerles caso. 
Sólo existe una posición de la Comisión. 
La Comisión es la institución que goza de la confianza del Parlamento y realiza una propuesta colectiva que es un documento político para el Parlamento. 
Si algunos funcionarios no lo entienden, ello sólo demuestra su falta de juicio, y el Sr. Wynn no debe prestarles ninguna atención. 
Si defienden nuestras propuestas estarán cumpliendo con su deber. 
Desearía que se aprobara la propuesta de la Comisión. 
Si el Parlamento desea introducir enmiendas- espero que no sea el caso, aunque está en su derecho de hacerlo -, espero que lo haga por iniciativa propia y no por iniciativa de algunos agentes de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 17.00 horas, en espera del turno de preguntas, se reanuda a las 17.30 horas) 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0971/96) , dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 41 formulada por Gianfranco Dell ' Alba (H-0734/96): 
Asunto: Tribunal penal internacional de derechos humanos 
Vista la importancia del trabajo llevado a cabo por el Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia y los progresos realizados por el Comité Preparatorio de las Naciones Unidas encargado de elaborar un proyecto de Estatuto del Tribunal penal internacional, 
Tras la aprobación por el Parlamento de una resolución sobre esta cuestión el 19 de septiembre pasado, ¿considera la Comisión que la afirmación de una jurisdicción penal internacional constituye un incentivo importante para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos y del Derecho humanitario en todo el mundo? 
Agradezco al Parlamento que me haga esta pregunta, pues con ella llama la atención sobre una cuestión importante. 
Como sabe usted, señor Presidente, la Comisión Europea ha apoyado la creación de tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, aportando contribuciones financieras a diversos proyectos de tales tribunales. 
Por ejemplo, para el tribunal para la antigua Yugoslavia ha aportado en total más de 2 millones de ecus. 
Después de la creación de estos tribunales ad hoc, la Comisión, y por cierto también el Consejo, consideran esencial que se establezca un Tribunal Penal Permanente, un International Criminal Court, para reprimir la impunibilidad a nivel internacional. 
Un tribunal de este tipo entenderá entre otras de las siguientes cuestiones: graves violaciones del derecho humanitario, violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad en cualquier lugar del mundo. 
El proceso de creación del Tribunal Penal Internacional depende de las negociaciones en la sexta comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que examina el proyecto de estatuto de este tipo de tribunal. 
Los Estados miembros de la Unión han impulsado activamente estas negociaciones. 
Sobre la base de la línea presupuestaria A 3030, establecida por el Parlamento Europeo, con un total de 300.000 ecus, la Comisión ya ha apoyado proyectos de organizaciones no gubernamentales a favor del Tribunal Internacional. 
Después de la creación del Tribunal Permanente, la Comisión estará sin duda dispuesta a estudiar si puede ofrecer apoyo financiero a otras actividades del Tribunal. 
Por consiguiente, sólo me queda recalcar la importancia de las negociaciones, incluidas las negociaciones interestatales, que seguramente se celebrarán en torno a 1998. 
Se trata de un trabajo de largo alcance. 
Pero esperemos que ganen los perseverantes. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Comisario Sr. van den Broek por haber venido personalmente a contestar esta pregunta. 
Deseo agradecerle su declaración y manifestarle que, muy probablemente, el Parlamento Europeo en el debate sobre el presupuesto que se celebrará el jueves va a votar una línea específica, dotada con 3 millones de ecus, para la financiación permanente de dos tribunales ad hoc, con vistas a la creación del Tribunal permanente, por lo que creo que sobre esta cuestión existe el acuerdo y el consenso de la Comisión, a la que deseo formularle la siguiente pregunta complementaria. 
Durante la sesión anterior, el Parlamento Europeo aprobó, por unanimidad, una resolución que pedía tanto a la Comisión, dentro del ámbito de sus competencias, como al Consejo un compromiso preciso, o sea el de actuar con arreglo a las recomendaciones del Comité Preparatorio de la Sexta Comisión de la ONU, a fin de que se fijara para 1998 la fecha de los trabajos de la conferencia sobre la creación del Tribunal. 
¿Puede garantizarme, señor Comisario, que la Comisión, por lo que se refiere a sus competencias, hará todo lo posible para que el Consejo consiga que se respete dicha fecha en el Sexto Comité? 
Por supuesto, la Comisión no tiene la competencia como tal, pero puede intentar acelerar más el proceso, junto con la Presidencia y los Estados miembros. 
Su Señoría sabe que hace ya años que se está preparando la creación de este tipo de Tribunal Internacional, y que en realidad esperamos que la creación final de los dos tribunales ad hoc para Ruanda y la antigua Yugoslavia suponga un impulso al establecimiento de este tribunal internacional permanente. 
Por consiguiente, se pretende, y de ahí que antes mencionara el año 1998, que en torno a 1998, en una reunión entre los Estados, se acepte el estatuto de un tribunal internacional de este tipo. 
Esperamos que la Asamblea General de la Naciones Unidas haga más recomendaciones en torno a la convocatoria de una reunión de los Estados, de modo que entonces podamos confirmar si la fecha de 1998 es viable. 
Pero le repito, Señoría, que siempre que podamos contribuir a una agilización en los foros internacionales, no dudaremos en hacerlo. 
Pregunta nº 42 formulada por Pat Gallagher (H-0802/96): 
Asunto: Moneda única 
El paso a la moneda única tendrá implicaciones prácticas para los sistemas informáticos utilizados para registrar las transacciones financieras de los sectores empresarial, comercial y bancario. 
La incapacidad de muchos de los programas actualmente utilizados por dichos sectores para hacer frente a la transición entre 1999 y el 2000 ocasionará ulteriores dificultades, más o menos, por esas fechas. 
¿Qué propuestas puede presentar la Comisión para reducir al mínimo estos problemas, en particular, por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas y el sector comercial? 
La pregunta del señor parlamentario plantea un problema especialmente concreto. 
Sí, la puesta en circulación del euro hará necesaria la modificación de numerosos programas informáticos. 
El cambio que dictará la introducción del euro el 1 de enero de 1999 coincidirá ampliamente con el trabajo que se encuentra en curso para hacer frente al problema llamado del año 2000, que conocen bien los informáticos y que nos obliga a cambiar los programas informáticos, de lo contrario, en 2001, muchos ordenadores continuarán visualizando 1901. 
Este problema afectará, por tanto, como lo saben ustedes, a la gran mayoría del parque de ordenadores en Europa. 
La Comisión trabaja actualmente activamente con los Estados miembros y las organizaciones representativas tanto en la evaluación de las necesidades como en las modalidades de adaptación que podrían adoptarse. 
En relación con las necesidades, las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria sobre los programas informáticos que se utilizan en nuestras empresas varía según las modificaciones previstas. 
Es probable que sea más fácil realizar una modificación normalizada de los sistemas informáticos, lo que se llama el Standard Software Package, en la mayoría de los casos en lugar de una adaptación caso por caso de los programas específicamente creados para tal o cual empresa. 
Podría privilegiarse esta opción, especialmente recurriendo a programas informáticos que implicarían capacidades multidivisas que permitieran realizar conversiones y transacciones, a la vez en euros y en una unidad monetaria nacional. 
Con vistas a hacer un inventario completo de las acciones que han de realizarse en el marco de la preparación para el euro, actualmente, la Comisión consulta activamente a todos los grupos y organismos interesados en las implicaciones del euro en la tecnología de la información. 
En lo relativo a las modalidades de adaptación, la Comisión privilegia en las consultas que realiza actualmente la concertación con los sectores afectados y su sistema de información. 
Así, estimula la movilización de las industrias de servicios y de productos informáticos. 
Asimismo, fomenta los seminarios de formación para el personal encargado de la informática en las empresas usuarias. 
Desde ahora, la Comisión sugiere a las empresas prever la incorporación de especificidades propias al euro en el marco de calendario normal de mantenimiento de los programas informáticos y de efectuar en consecuencia las modificaciones relacionadas con el euro, al mismo tiempo que las modificaciones vinculadas con el paso al año 2000. 
Por último, en el marco de la acción de información para el euro que la Comisión desarrolla en asociación con el Parlamento Europeo, en colaboración con las asociaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas, la Comisión elabora actualmente guías prácticas destinadas a satisfacer las necesidades y preocupaciones específicas de este sector de las PYME, especialmente en el ámbito informático. 
Como ve usted, señor parlamentario, la Comisión es perfectamente consciente de los esfuerzos que necesita esta transición para las pequeñas y medianas empresas y para el sector comercial. 
Puedo asegurarle que se velará, en estrecha coordinación con las administraciones nacionales y las organizaciones representativas, por facilitar la adaptación de los sectores públicos y privados en cada uno de nuestros Estados miembros. 
Sólo quiero expresar mi agradecimiento al Comisario por su respuesta tan completa. 
Me complace que se hayan realizado todos los esfuerzos para evaluar las necesidades y los cambios. 
No creo que sea necesario pedir al Comisario Sr. de Silguy que nos garantice que, si fuera necesario dar un trato preferente, no se olvidará de las pequeñas y medianas empresas. 
Deseo felicitarle por la actitud especial que ha adoptado hacia esas compañías desde que fue nombrado Comisario. 
Asunto: Cárteles/alianzas de las compañías aéreas 
En los últimos años se ha convertido en un fenómeno habitual el hecho de que las compañías aéreas, tanto dentro como fuera de Europa, constituyan cárteles. 
Los cárteles colaboran normalmente en lo relacionado con el «code-sharing» , los horarios, los precios y el servicio. 
La Comisión ha dado su aprobación a la constitución de cárteles entre las compañías aéreas en la Unión y, de esta manera, ha aprobado la constitución de cárteles en este sector. 
En cuanto a la constitución de cárteles entre compañías de la Unión y de los EE.UU., la Comisión ha comenzado a examinar hasta qué punto los cárteles son compatibles con la legislación de la UE. 
¿Considera la Comisión que este tipo de cárteles favorecen la competencia y constituyen una ventaja para el consumidor? 
En caso afirmativo, ¿de qué manera favorece la constitución de cárteles a los usuarios del transporte y a los consumidores? 
Quisiera empezar estableciendo una distinción entre las alianzas y las fusiones que surgen en la Unión Europea y para las cuales la Comisión dispone desde hace tiempo de unas reglas de juego claras, como ha demostrado en recientes casos, y las alianzas que se cierran más concretamente entre uno y otro lado del Atlántico, es decir, entre compañías aéreas norteamericanas y europeas. 
En lo que respecta a la situación dentro de la Unión, recientemente hemos tenido que juzgar dos casos, a saber, la fusión entre Swissair y Sabena, en los que la Comisión se ha encargado de que, antes de que se permitiera dicha fusión, se asumieran diversas obligaciones, no sólo por parte de Sabena, y no sólo por parte de las autoridades belgas en lo que respecta a Bélgica, sino también por parte de Suiza, que no es Estado miembro de la Unión. 
Se han mantenido negociaciones con Suiza, por ejemplo, para dejar libres suficientes slots y también para obtener permiso de las autoridades suizas a fin de que hubiera una competencia suficiente en las rutas entre Bélgica y Suiza. 
Este tipo de operaciones siempre conllevan, si es necesario, condiciones claras. 
En segundo lugar, Lufthansa-SAS. 
No se trata de una fusión, sino de un acuerdo de cooperación, pero también en este caso la Comisión ha impuesto de forma transparente diversas obligaciones, y hemos dado a conocer este acuerdo en el Diario Oficial a todos los competidores, que por otra parte han podido formular observaciones. 
En la medida de lo posible, la Comisión las ha tenido en cuenta sobre todo para ocuparse de que siguiera existiendo suficiente competencia en las rutas entre Escandinavia y Alemania, es decir, que si, por ejemplo, la competencia quiere acceder a este mercado, quiere volar a estos destinos, hay que dejar libres también slots interesantes en Francfort, y por consiguiente Lufthansa ha de ceder slots para que otros puedan volar en estas rutas. 
Este ha sido nuestro método de trabajo en la Unión Europea. 
Por lo que respecta a las alianzas entre compañías aéreas de la Unión y compañías norteamericanas, la cosa es diferente, pues curiosamente el Consejo de Ministros no ha dado a la Comisión la posibilidad de examinar este tipo de alianzas mediante un reglamento específico. 
De ahí que ahora hayamos tenido que basarnos en un artículo poco utilizado, a saber, el artículo 89, para poder hacerlo. 
Es lo que se está haciendo en estos momentos, como saben ustedes hay diversas alianzas, entre otras la reciente British Airways-American Airlines, pero ya existían las de Lufthansa-Unided, SAS-United, Swissair-Sabena, Austrian con Delta y un acuerdo entre KLM y Noord-West-Airlines, British Airways y USAir. 
Ahora estamos estudiando detenidamente todos estos acuerdos, no sólo porque hay tantos, sino porque notamos que los efectos de limitación de la competencia no sólo se presentan en las rutas transatlánticas, pues si British Airways y American Airlines se ponen a trabajar juntas y abarcan el 70 % del tráfico entre Heathrow y Nueva York, se trata naturalmente de una cuestión que ha de examinarse más detenidamente desde el punto de vista de la competencia, y por consiguiente de la protección de los consumidores. 
Por otra parte, tales alianzas tienen efectos claros en la competitividad dentro de nuestro propio mercado, dentro de la Unión Europea, que se ven reforzados debido a que las compañías norteamericanas realizan actividades en nuestro mercado- la denominada quinta libertad aérea -, mientras que nuestras compañías no lo hacen en el mercado norteamericano. 
Pienso que hay muchas razones para que la Comisión examine más de cerca estas alianzas y en caso necesario se vea obligada a imponer condiciones o incluso proponer otras medidas. 
Pero por último quiero recordar que en algunos Estados miembros las autoridades nacionales que velan por la competencia también están analizando estas cuestiones, como en Gran Bretaña y en Alemania. 
Espero que pueda suceder coherentemente y de una manera que no provoque conclusiones conflictivas, es decir, que haya suficiente cooperación entre las autoridades nacionales y la Comisión Europea para asegurar que se adopten posturas y conclusiones de índole similar. 
Me permito empezar agradeciendo la exhaustiva y en mi opinión muy positiva respuesta de la Comisión. 
En algunos sectores del ámbito del transporte no existe actualmente el nivel de competencia que sería deseable. 
En mi opinión, el transporte aéreo es uno de ellos- a pesar de todas las desreglamentaciones que se han llevado a cabo. 
La falta de tiempos de «ranura» es uno de los obstáculos que hace que no funcione la competencia de un modo satisfactorio. 
Otro ejemplo es la constante formación de carteles entre diversos operadores nacionales. 
Los perdedores son casi siempre los consumidores, los viajeros y los que financian el transporte, que se ven forzados a pagar unos precios más elevados y a aceptar unos servicios peores de los que se les podría ofrecer. 
Veo la respuesta del Comisario a mi pregunta como un paso en el buen camino, pero me gustaría formularle una pregunta adicional: ¿Con qué acciones concretas piensa volver la Comisión con objeto de reforzar la competencia dentro del tráfico aéreo internacional de modo que beneficie en mayor medida a los usuarios? 
El mero hecho de que hayamos investigado estos casos de conformidad con el artículo 89- y Neil Kinnock y yo hemos actuado en total consonancia- demuestra que nos preocupa la competencia, pero también la protección de los consumidores y usuarios. 
Nos vemos obligado a adoptar esta medida a pesar de que en 1987, el Consejo de Ministros no otorgó a la Comisión los poderes necesarios, porque nos limitaba a lo que sucede dentro del mercado de la Unión Europea. 
Dicho esto, por una parte debemos admitir que dentro de la Unión y al otro lado del océano, e incluso más allá, es necesario que exista cooperación entre las compañías aéreas. 
Pero, al mismo tiempo, debemos tener mucho cuidado con los efectos sobre la competencia, los consumidores y los usuarios- y eso es precisamente lo que estamos intentando tener en cuenta. 
Señor Comisario, mi pregunta es doble. 
En primer lugar, en lo que respecta a las fusiones internas: ¿no cree usted que las fusiones que tienen por efecto que en algunos Estados miembros se dé una determinada dominación del mercado, no han de considerarse un cártel o una posición monopolista porque la aviación es por definición transfronteriza y por consiguiente el mercado neerlandés no es en sí un mercado aislado, sino que a su vez compite con el belga y el alemán, etc.? 
En segundo lugar, y el Sr. Kinnock está a su lado, en lo que respecta a la cooperación y las fusiones transatlánticas, ¿acaso no se trata de que la Comisión recibe demasiado tarde un mandato de negociación de parte de los Estados miembros, porque a fin de cuentas Estados Unidos puede realizar un transporte nacional en Europa o por lo menos un transporte intraeuropeo, mientras que las compañías europeas no pueden realizar un transporte nacional en Estados Unidos y por consiguiente han de establecer una alianza? 
En efecto, a partir de ahora hemos de considerar el mercado de la Unión Europea como un conjunto, sobre todo porque dentro de poco también se introducirá el cabotaje. 
Usted sabe que nos estamos acercando a la liberalización global, incluso en los mercados nacionales. 
Sé que en algunos sitios existe todavía cierta resistencia. 
Por otra parte, Neil Kinnock ha presentado hoy el informe a la Comisión sobre el resultado del tercer paquete, en el que hay puntos positivos, pero también algunos puntos negativos, y estará encantado de exponerlos con toda claridad. 
En lo que se refiere a las alianzas y los acuerdos que han firmado diferentes Estados miembros con Estados Unidos, usted sabe cuál era nuestra posición desde el principio; yo siempre he dicho, incluso cuando era responsable del transporte, que una vez que estemos ocupados con un mercado interior propio es lógico que la Unión también se responsabilice de, por lo menos, algunos aspectos relacionados con terceros países. 
Lamentablemente, en aquel momento nadie, ningún gobierno, ni siquiera mi propio país- por aquel entonces éramos doce- estaba dispuesto a apoyarlo. 
Teníamos en contra la unanimidad. 
¿Qué ha sucedido entre tanto? 
Estados Unidos gozaba de libertad de acción, pues podía firmar los llamados open sky-agreements con diversos Estados miembros, para poder penetrar más en nuestro mercado, si me permiten decirlo así, además de que gozaban de diversas ventajas que nuestras compañías no tenían en su mercado. 
Pero, ¿who is to blame, quién es el culpable? 
Los gobiernos nacionales, y no la Comisión, que lleva años diciendo: no hemos de permitirlo, intentemos aunar fuerzas para que todo ocurra de forma equilibrada. 
Pero Neil Kinnock ha obtenido desde hace algún tiempo por lo menos un principio de mandato, esperemos que dado que la Unión tiene una sola política, una política aérea común, esto lleve a la conclusión lógica de que debe manifestarse también hacia el exterior. 
Ha sido necesario bastante tiempo hasta que hemos conseguido que exista competencia en algunas rutas, en beneficio del consumidor. 
Nadie puede defender el tipo de tarifas que existía hace unos años, las cuales fueron criticadas a menudo, y con razón, en esta Asamblea. 
Por ello necesitamos una política común para garantizar que la competencia en ese sector es real. 
Y hoy es real sólo en algunas rutas. 
El Sr. Kinnock está más preparado para comentar sobre este asunto de lo que yo estoy hoy, porque él está estudiando la cuestión muy detenidamente. Existe cierta competencia. 
Por ejemplo, ahora las tarifas entre Bruselas y Roma son más bajas, al igual que entre Londres y Bruselas. 
Cuando vuelo a Londres y vuelvo, dicho sea de paso, el avión suele ir lleno. 
Es muy posible que no siempre sea así, pero creemos que la competencia como tal es algo bueno y nos gustaría que ésta se aplicara a más puntos de destino. 
Dicho esto, existe evidentemente la necesidad en la Unión Europea de fomentar la cooperación y, posiblemente, las fusiones. 
Es probable que existan demasiadas líneas aéreas en la Unión Europea. 
Dejemos que sea el mercado el que decida en qué medida se producen las fusiones y la cooperación, porque en principio no nos oponemos a ello; al contrario. 
Pero si sucede, nos aseguraremos que ya se trate de una fusión, adquisición o cooperación, ello se hace en el respeto pleno de la competencia y los derechos del consumidor. 
It is to thank the commisioner for his reply y para desearle suerte en la reanudación de su aventura con la cosecha de ciruelas, tras la cual algunos veían poderes oscuros. 
Asunto: Prohibición de circular y formalidades fronterizas en la Europa Central y Oriental 
¿Tiene conocimiento la Comisión de que cada vez más países de la Europa Central y Oriental, en particular, los países que tienen importancia para el tráfico de tránsito como Hungría y Polonia, introducen sin concertación algunas restricciones al transporte, por ejemplo, mediante el establecimiento de prohibiciones de circular los fines de semana? 
¿Podría indicar la Comisión cómo piensa mantener las comunicaciones, en particular, en relación con el transporte por carretera hacia Escandinavia y la CEI? 
Los efectos de las recientes prohibiciones por parte de Hungría y Polonia han sido discutidos con los países en cuestión en el marco de los comités de asociación. 
Hungría y Polonia se han comprometido a garantizar que la prohibición de circular no tenga efectos discriminatorios sobre el tráfico internacional. 
En particular, nos han asegurado que durante el período de la prohibición no se interrumpirá el despacho aduanero en los cruces fronterizos y que una vez hayan cruzado la frontera, los vehículos podrán estacionar y proseguir su viaje tan pronto se levante la prohibición. 
También se están tomando otras medidas, incluida una mejor información a los transportistas y tarifas razonables para los servicios de escolta del transporte combinado a través del país. 
Naturalmente nos mantendremos en contacto con las autoridades húngaras y polacas con el fin de garantizar que las interrupciones de los servicios del transporte internacional se reducen al mínimo. 
El creciente recurso a las prohibiciones de fin de semana agrava la necesidad de promover alternativas para el transporte de mercancías en determinadas rutas con tráfico intenso de la Europa Central. 
Pone de manifiesto, en particular, las ventajas que ofrece el transporte marítimo a través del Báltico como vía para acceder a Escandinavia y a la CEI. 
Continuaremos trabajando tanto dentro de la Unión como con nuestros países asociados de la zona para mejorar la eficacia de los servicios. 
Quisiera indicar al Comisario que la respuesta que da ahora se contradice con la respuesta que dio el pasado 17 de septiembre el Sr. Van den Broek a una pregunta escrita que le formulé sobre las dificultades con las prohibiciones de circular durante el fin de semana sólo en Hungría. 
Este caso no sólo se está ampliando, ahora se trata de Polonia y Hungría, sino que en su respuesta el Sr. Van den Broek dice que en primer lugar se pondrá en contacto con los húngaros, que la Comisión intentará tomar medidas y que hay que combatir los efectos negativos de las largas esperas en las fronteras. 
Ahora el Comisario sólo da respuestas en el sentido de que entonces los camiones tendrán que salir de la carretera y tendrán que ir en tren. 
Usted sabe, señor Comisario, que precisamente en Europa central y oriental las comunicaciones por tren son muy difíciles y que por lo tanto no son una alternativa al transporte por carretera. 
Por consiguiente, quisiera saber cuáles son las medidas concretas que ha acordado usted con el Sr. Van den Broek. 
Se está tomando una serie de medidas concretas y, en respuesta a su Señoría, quisiera decir que su pregunta se refería específicamente a Hungría y Polonia y que la respuesta, como cabía esperar, fue preparada conjuntamente con el Sr. van den Broek, por lo que no existe ninguna inconsistencia entre las respuestas que ha recibido anteriormente y la que yo le acabo de dar. 
Nuestras acciones específicas y concretas para aliviar la situación de un tráfico difícil e intenso en la Europa Oriental y Central incluyen la utilización de fondos del programa PHARE para mejorar las condiciones de los cruces fronterizos, mejorar la formación y la preparación del personal de los servicios aduaneros y también para alentar a los transportistas a utilizar, siempre que sea posible, los servicios que ofrecen varios gobiernos para transportar sus cargas a través del país- incluso durante fines de semana- en ferrocarril. 
Ahora que nosotros y los gobiernos de los países de la Europa Central y Oriental estamos esforzándonos, dentro de los limitados recursos de que ellos disponen, para intentar paliar los problemas de tráfico para mayor facilidad de los transportistas occidentales, espero que haya una respuesta más positiva de la que hemos podido obtener en el pasado. 
Mi postura es de solidaridad y comprensión por las frustraciones y los gastos adicionales que esto supone para el sector. 
Pero sólo podremos desarrollar una respuesta plena y satisfactoria si contamos con la cooperación de todas las partes, dentro y fuera de la Unión y, naturalmente, de los servicios comerciales. 
Este es un problema difícil para los que vivimos en Escandinavia- yo soy de Suecia. 
A menudo lo oímos de personas y de empresas con las que tenemos contacto. 
La resolución del problema está llevando demasiado tiempo. 
En la respuesta no se ha dicho nada sobre cuándo estas medidas y contactos con Hungría y Polonia nos llevarán a alguna modalidad de cese de la prohibición de circulación, o sobre cuándo se va a solucionar el problema. 
Me gustaría que se completara la respuesta. 
¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar los que vivimos a este lado de Europa a que se resuelva el problema? 
Es bastante difícil porque, como estoy seguro que comprenderán los dos distinguidos diputados que han formulado esta pregunta, mientras que haya Estados miembros que imponen la prohibición de circular en fines de semana con objeto de resistir a las presiones del tráfico- lo cual es perfectamente comprensible -, nos resulta bastante difícil mostrar una actitud contraria a la imposición de prohibiciones comparables en los países de la Europa Central y Oriental, cuya población se siente igual de irritada por los atascos de tráfico en sus carreteras, ocasionados por los camiones de gran tonelaje, en unas carreteras peor acondicionadas que las que tenemos en la Unión Europea. 
El quid de la cuestión es, naturalmente, que estos problemas no se resolverán del todo hasta que se haga una utilización mucho mayor y eficaz del transporte intermodal de mercancías; hasta que apoyemos y mejoremos no sólo nuestras redes para el transporte de mercancías, sino también aquéllas de nuestros países vecinos; y hasta que se haga una utilización más eficaz no sólo de los medios por carretera, sino también de los transbordadores para distancias cortas- sobre lo que sé que no hace falta convencer a ninguno de los distinguidos diputados. 
Pregunta nº 47 formulada por Hans Lindqvist (H-0717/96): 
Asunto: Proyectos ferroviarios y las vías férreas del Atlántico y Botnia 
Las redes transeuropeas (RTE) incluyen un plan conjunto para el sistema ferroviario, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, de la Unión Europea. 
En el marco de las RTE se ha incluido la vía férrea del Atlántico como un proyecto nacional, pero no así la vía Botnia, a pesar de que ésta no figura tampoco entre los planes nacionales en el ámbito ferroviario. 
¿Se muestra el Comisario dispuesto a reconsiderar la prioridad de los proyectos y conceder prioridad a la rehabilitación de la vía del Atlántico? 
¿Está el Comisario dispuesto a examinar las ayudas y la financiación del proyecto de la vía férrea Botnia, justificado por razones de política regional? 
¿Está dispuesto el Comisario a otorgar prioridad a un sistema respetuoso con el medio ambiente como es el ferroviario antes que a otro que fomenta el uso del automóvil como son las autopistas? 
Como tal vez sepa su Señoría, sólo la sección sur de la línea atlántica está incluida en el triángulo nórdico que, como sabrá, es uno de los catorce proyectos prioritarios que fueron respaldados en el Consejo Europeo de Essen y, posteriormente, por este Parlamento y por el Consejo en la decisión sobre las directrices comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte. 
Esta situación no cambiará hasta que se revisen dichas directrices, lo cual no está previsto hasta 1999, como muy pronto. 
Puedo informar al distinguido diputado autor de la pregunta que hasta la fecha, las autoridades nacionales competentes no han solicitado ninguna ayuda financiera para esta sección dentro del presupuesto para las redes transeuropeas. 
La línea Botnia, como acertadamente señala su Señoría en su pregunta, no se incluye actualmente en la directriz. 
Por ello no puede beneficiarse de la financiación prevista para las redes transeuropeas. 
La inclusión de cualquier proyecto exige, naturalmente, el acuerdo específico del Estado miembro en cuestión en virtud del artículo 129 del Tratado. 
Por último, puedo garantizar a su Señoría que la ayuda financiera comunitaria para las redes transeuropeas de transporte se ha destinado principalmente a desarrollar medios de transportes que respeten el medio ambiente. 
Para ilustrar este punto, más del 66 % del presupuesto para la red transeuropea de transporte previsto para 1996 se ha destinado directamente al ferrocarril o a proyectos intermodales, y sólo un 15 % a proyectos de carreteras. 
La situación en lo que concierne al presupuesto para las redes es muy clara. 
Un Estado miembro deberá indicar que concede una categoría especial a un proyecto y que éste se ajusta a los requisitos del artículo 129 del Tratado. 
Si acto seguido lo presenta sobre esa base, ni que decir tiene que la Comisión lo estudiará con la máxima atención. 
Hemos aprobado recientemente la legislación pertinente, tanto en términos del reglamento financiero, como de las directrices. 
Podemos afirmar, por consiguiente, que la mayoría de los Estados miembros se muestran reacios a modificar sus prioridades a corto plazo en lo relativo al transporte. 
Naturalmente, a más largo plazo, las propias directrices serán sometidas a un examen y una revisión, como corresponde. 
Es un gesto muy amable por parte del Sr. Comisario que haga promesas y diga que si todo el mundo está de acuerdo habrá ayudas y que un cierto porcentaje irá destinado a medios de transporte no contaminantes. 
Pero la Comisión sabe perfectamente que los fondos disponibles no bastan y que los ministros de Economía se niegan a incrementarlos. 
Un porcentaje de casi nada no es mucho. 
No tiene sentido prometer ayudas financieras si la Comisión no dispone de medios. 
¿Es consciente el Comisario de que actualmente necesitamos con carácter de urgencia una mejor financiación para el proyecto de infraestructura de las redes transeuropeas, y aún con mayor urgencia, proyectos que respeten el medio ambiente? 
Estoy agradecido a su Señoría, porque su interpretación de lo que he dicho es menos aguda y también menos exacta de lo que es habitualmente. 
No he prometido absolutamente nada aparte de cumplir con nuestro deber legal de estudiar los casos presentados por los Estados miembros. 
Eso es lo que he prometido. 
Ni que decir tiene que las promesas y la realidad a veces son una misma cosa, y ésta es una de esas ocasiones. 
Coincido plenamente con su Señoría en que un incremento de los fondos del presupuesto para las redes transeuropeas sería de gran utilidad y en beneficio de la Unión en su conjunto. 
Lamento por ello, como ya he dicho públicamente en otras ocasiones, la decisión de Ecofin de no incrementar dichos fondos de conformidad con lo que ya se viene solicitando nada menos que desde diciembre de 1994 con ocasión del Consejo Europeo de Essen. 
No obstante, debo decir que la decisión tomada este mismo mes por Ecofin no constituye un golpe mortal a las RTE. 
Las RTE gozan de excelente salud. 
Estamos avanzando gracias al gasto de un presupuesto de 1.800 millones de ecus, que se están utilizando eficazmente. 
Naturalmente está el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, que hasta el momento ha invertido por un valor aproximado de 6.000 millones de ecus, y hay proyectos que están avanzando de manera satisfactoria. 
He podido oír a raíz de la reunión de Ecofin, o al menos, a raíz de una información bastante desafortunada de la reunión de Ecofin, que las RTE estaban muertas. 
Permítame citar a Mark Twain, a quien se declaró muerto por error. Dijo: » Los informes sobre mi muerte son muy exagerados». 
Lo mismo puede decirse en el caso de las RTE. 
Pregunta nº 48 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0722/96): 
Asunto: Reconocimiento de títulos de piloto comercial 
¿Qué propósitos tiene la Comisión sobre la práctica seguida en algunos Estados miembros de la Unión Europea de no reconocer los títulos de piloto comercial obtenidos en otros países comunitarios? 
La Directiva del Consejo 670/91 sobre el reconocimiento mutuo de licencias personales para ejercer funciones en el ámbito de la aviación civil regula la cuestión a la que se refiere su Señoría en su pregunta. 
Hasta el momento, la Comisión ha recibido quejas sobre tres Estados miembros- Francia, España y Bélgica -, y todas ellas son relativas al incumplimiento de la Directiva. 
La Comisión ha iniciado procedimientos legales contra dichos Estados miembros en virtud del artículo 169 del Tratado. 
Agradezco al Sr. Comisario la luz que arroja sobre este asunto que tanto preocupa a algunos pilotos de la Unión que se formaron en países distintos de aquellos en los que desean desarrollar su profesión. 
Caso preocupante, como él mismo ha indicado, es el de los pilotos españoles formados en Portugal, del orden de entre 300 y 400. 
Parece, por tanto, claro, después de oír al Sr. Comisario, que deben cumplirse las obligaciones establecidas sobre la aceptación recíproca de licencias que van en la dirección de la convalidación automática de títulos de pilotos, todo ello dentro de los Estados miembros que los han autorizado. 
Bien es verdad, señor Comisario, que nos hubiera gustado una respuesta de mayor concreción, sobre todo en lo que se refiere a los propósitos de actuación por parte de la Comisión sobre el restablecimiento de la legalidad en los casos que han tenido lugar ya, y sobre si la regulación que está ya vigente es suficiente o se prevé alguna regulación complementaria en este aspecto, pues no olvidemos que estamos ante un asunto de suma importancia por la transcendencia que pueda tener para asegurar la competencia en el transporte aéreo. 
Agradezco a su Señoría que me haga esa pregunta porque, como dice, es un asunto de suma y legítima importancia. 
Tal vez sea conveniente que profundice un poco sobre las disposiciones específicas que establece la legislación competente. 
La aceptación recíproca de las licencias de piloto está regulada por la Directiva del Consejo 670/91 sobre el reconocimiento mutuo de las licencias personales para ejercer funciones en el ámbito de la aviación civil. 
De acuerdo con las disposiciones de dicha directiva, los Estados miembros están obligados a reconocer, sin demoras innecesarias y sin exámenes adicionales, toda licencia emitida a un piloto por otro Estado miembro, junto con los privilegios y certificados correspondientes a dicha categoría. 
La directiva prevé asimismo que cuando un Estado miembro- tras haber examinado debidamente la licencia presentada para su convalidación- tiene dudas razonables respecto a su equivalencia con la licencia que se solicita, puede considerar necesario que el solicitante se someta y supere un examen u otros requisitos adicionales antes de dar su aprobación. 
Aun en este supuesto, dichos exámenes o requisitos deben ajustarse a los principios de los derechos adquiridos y de la proporcionalidad. 
Puedo informar a su Señoría sobre la fase en que se encuentran actualmente los procedimientos legales a los que me he referido anteriormente. 
En los casos de Francia y España, la Comisión decidió el pasado mes de julio instruir procedimientos ante el Tribunal de Justicia si no anunciaban una solución satisfactoria en un futuro próximo. 
Han transcurrido varios meses sin que se haya llegado a una solución. 
Por ello estamos estudiando en estos momentos si las medidas adicionales previstas por dichos Estados podrían resolver los problemas que se han planteado. 
En el caso de Bélgica, el escrito de notificación formal que, como sabrá su Señoría, es el primer paso en los procedimientos de incumplimiento, fue transmitido al Gobierno belga el pasado 15 de septiembre y nos mantenemos a la espera de su respuesta, que deberá llegar dentro del plazo de dos meses. 
Asunto: Transportes de mercancías por ferrocarril 
Los transportes de mercancías por ferrocarril son considerablemente más ecológicos que los transportes por carretera. 
Para conseguir que un mayor porcentaje de los transportes de mercancías se realicen por ferrocarril, especialmente en el caso de los transportes de largo recorrido, es preciso que el transporte por ferrocarril resulte más económico y más rápido. 
Hoy por hoy, el transporte por ferrocarril requiere demasiado tiempo, entre otros motivos debido a que en muchos puntos la red de ferrocarriles se encuentra saturada. 
Además, los transportes de mercancías resultan más caros porque la mercancía no siempre puede transportarse en ambas direcciones. 
¿Qué medidas tiene la intención de tomar la Comisión con objeto de que un mayor porcentaje de los transportes de mercancías se realicen por ferrocarril? 
Como sabrá su Señoría, la Comisión aprobó el pasado mes de julio un Libro Blanco sobre la revitalización de los ferrocarriles de la Unión Europea, en el que se proponía una serie de medidas, incluida la introducción de fuerzas del mercado, con vistas a sanear las finanzas de los ferrocarriles, integrar los diferentes sistemas nacionales y mejorar su infraestructura. 
Todas estas propuestas se hicieron con el objetivo específico de garantizar que los ferrocarriles funcionen más como empresas a la hora de descubrir mercados, lanzar campañas para captar clientes y satisfacer sus necesidades ofreciendo servicios eficientes, fiables y a precios atractivos con el fin de permitir que el ferrocarril recupere con el tiempo una cuota importante de los mercados del transporte de pasajeros y de mercancías. 
Pero existe la necesidad especialmente urgente de incrementar la utilización del ferrocarril para el transporte de mercancías. 
En este sentido, el Libro Blanco incluye una propuesta para crear «autopistas» internacionales para el transporte de mercancías por vía férrea pensadas específicamente para lograr una rápida mejora de la competitividad del sector. 
En estas «autopistas» , la infraestructura estaría abierta a todas las empresas ferroviarias y las condiciones de acceso se establecerían de forma que atrajeran a nuevos usuarios gracias a unos sistemas simples y atractivos de carga y de asignación de franjas horarias. 
A raíz de la favorable acogida que el Consejo de Ministros le dispensó este mismo mes, la Comisión está persiguiendo la propuesta con carácter de urgencia y ya se han iniciado conversaciones substanciales con todas las partes interesadas, los gobiernos de los Estados miembros y otras partes que participan en el sector. 
Gracias por la respuesta. 
Sí, es cierto, he leido el Libro Blanco. 
El motivo de que formule la pregunta es que he asistido a una conferencia en Suecia donde se encontraban asimismo un número de empresas y de firmas de transporte. 
En esta ocasión se me explicó que una empresa como la Avesta Sheffield había intentado utilizar el transporte ferroviario para sus pedidos a larga distancia. 
Esto había resultado casi imposible por causa de la congestión de la red ferroviaria, así como por la carestía de dicha modalidad de transporte. 
Por consiguiente, la empresa no podía en la situación actual realizar sus transportes por tren, aunque así lo deseaba. 
El Señor Comisario ha dicho que este asunto urge. 
Es absolutamente cierto, ya que las grandes empresas están planeando sus sistemas de transporte para el futuro. 
Si los trenes no empiezan a competir, no podrán sobrevivir. 
Deben seguir existiendo, ya que constituyen el medio más adecuado para el medio ambiente. 
Deseo responder muy brevemente a su Señoría que alabo enormemente a esas compañías, especialmente las suecas, que desde hace años intentan desarrollar sus propias conexiones directas con objeto de desviar el transporte de mercancías de las carreteras hacia el ferrocarril. 
Es una tarea especialmente ardua en el caso de Suecia, y seguirá siéndolo hasta que se complete la conexión de Öresund. 
Espero que piensen que las propuestas que he presentado y el acuerdo activo de varios Estados miembros, entre los que se incluye Suecia, tendrán el tipo de resultados que ellos esperan de unas «autopistas» destinadas al transporte de mercancías por vía férrea con un sistema sensato de gestión y un buen sistema de precios que resulten de verdad comercialmente atractivos para aquellas compañías que deseen transportar grandes cantidades de mercancías para que puedan hacerlo de una manera fiable y a precios competitivos. 
Si esto se hace realidad, y estoy seguro de que se hará, todo el sistema de transportes, así como las economías y la sociedad de la Unión Europea saldrán enormemente beneficiados. 
Una pregunta muy breve sobre las perspectivas a largo plazo. ¿No va siendo hora ya de que, en lo que concierne a las cuestiones de infraestructura, nos alejemos de unas perspectivas demasiado estrechas, que abarcan el punto de vista económico de la empresa sobre los beneficios, y de que intentemos tener una perspectiva global y del conjunto de las repercusiones externas de la inversión? 
Eso, naturalmente, es del todo cierto, especialmente desde que los estudios realizados en el marco general del interés de la Comisión en las redes transeuropeas han demostrado que si se tiene en cuenta el producto económico social internacional, los beneficios que aportan las inversiones en infraestructura son considerablemente más altos que cuando sólo se tienen en cuenta las consecuencias socioeconómicas nacionales. 
El desarrollo de una infraestructura eficaz y que respete el medio ambiente es, por consiguiente, no sólo un proyecto que tiene mérito por sí mismo, sino que además beneficia también a las economías y las sociedades y a la Unión en su conjunto, siempre que sea internacional y auténticamente transeuropeo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 52 y 53 se constestarán simultáneamente. 
Asunto: Plan del Gobierno italiano para la racionalización y conversión de la pesca de deriva 
En el mes de julio de este año, el Gobierno italiano adoptó un plan para poner fin a la pesca ilegal con redes de deriva, evitando así las sanciones comerciales del Gobierno norteamericano. 
Al parecer dicho plan de erradicación de las redes de deriva implica su financiación parcial con fondos comunitarios. En estas circunstancias, 
¿puede indicar la Comisión con cargo a qué partidas presupuestarias se va a hacer efectiva la cofinanciación comunitaria y cuál va a ser el importe de esta cofinanciación? Pregunta nº 53 formulada por Josu Imaz San Miguel (H-0773/96): 
Asunto: Reconversión de redes de enmalle a la deriva en el Mediterráneo 
La amenaza de sanciones comerciales estadounidenses ha obligado el pasado mes de julio al gobierno italiano a presentar un Plan a la Comisión para erradicar las redes de deriva ilegales. 
El plan contempla una aportación comunitaria para compensar la retirada de redes. 
Al ser la retirada voluntaria, las embarcaciones podrán optar a continuar faenando con redes de longitud legal. 
Sin embargo hasta el día de hoy, como el informe de la Comisión sobre la campaña de 1995 lo confirma, la inspección realizada no ha permitido un control real de las redes ilegales. 
¿Cree la Comisión que el plan italiano permitirá la erradicación real de las redes de deriva ilegales? 
¿Contempla la Comisión financiaciones similares para retirar las redes de deriva en el Atlántico? 
¿Cree la Comisión en la eficacia de gastar elevadas cantidades del presupuesto comunitario en este problema sin abordar su solución, esto es, la prohibición definitiva de estas artes? 
Señor Presidente, Señorías, señores Arias Cañete e Imaz San Miguel, como quizás saben ustedes, desde principios de este año la Comisión ha invitado al Gobierno italiano a aplicar a su flota que faena en el Mediterráneo con redes de enmalle a la deriva, las oportunas medidas de control en el mar y en tierra, así como a acometer iniciativas de reconversión de dicha flota para erradicar la utilización de este arte de pesca. 
Tras una campaña de control, organizada por la Comisión por segundo año consecutivo, los resultados obtenidos convencieron a las autoridades italianas de que este arte de pesca ya no es aceptable. 
Gracias a dichos controles se pudo comprobar que la pesca con redes de enmalle a la deriva en el Mediterráneo es económicamente sostenible sólo si es ilegal, o sea, sólo si las redes superan la longitud de 2, 5 km, tal como establecen los actuales reglamentos. 
En consecuencia de esta campaña de control, el pasado 25 de julio, el Gobierno italiano presentó un Plan para la reconversión y racionalización de la pesca de deriva. 
Quienes me formulan las preguntas me piden datos acerca de dicho plan de reconversión. 
En su conjunto, el plan prevé una serie de medidas dirigidas a erradicar y destruir las redes de deriva, así como a retirar la licencia para este tipo de pesca, a cambio de una ayuda financiera comunitaria y nacional para amortiguar los efectos socioeconómicos de dicha prohibición en algunas regiones del Sur, que forman parte del objetivo I y que se caracterizan por una elevada tasa de desempleo y por las escasas posibilidades de empleo alternativo. 
Evidentemente, el Gobierno italiano está convencido de que el logro de los objetivos previstos por el plan depende mucho de la bondad de estas medidas. 
La opinión de la Comisión es que la entidad de las intervenciones financieras aprobadas debería servir de acicate suficiente para que el plan previsto fuera viable, con la condición, sin embargo, de que las autoridades italianas adopten todas las demás disposiciones necesarias previstas en el propio plan, en particular la parte que se refiere a las sanciones. 
Por consiguiente, la Comisión ha pedido al Gobierno italiano que elabore un sistema aún más riguroso, si cabe, de inspección de las condiciones del ejercicio de la pesca y que, en caso de infracción, establezca graves sanciones administrativas y penales. 
Por último, las intervenciones financieras necesarias para la realización del plan serán a cargo de la actual dotación de los Fondos estructurales asignados a Italia, sin ningún importe adicional respecto a las dotaciones ya previstas para este período de campaña correspondiente a los años 1994-1999. 
Seguramente, habrá una cofinanciación por parte italiana, sin embargo, por lo que se refiere a la financiación europea, no se ha autorizado ningún importe adicional. 
En el Atlántico se sigue faenando con redes de 2, 5 km en el respeto de la normativa en vigor, tal como se pudo comprobar gracias a la última campaña de control y hasta cuando la normativa permitirá el empleo de este tipo de artes, la Comisión no tiene intención de establecer medidas financieras para fomentar la interrupción definitiva de esta actividad pesquera autorizada en el Atlántico. 
Confío en que sus Señorías conozcan las restricciones presupuestarias previstas para 1997 y, en particular, las que afectan al sector pesquero. 
Después de escuchar su respuesta, le quería señalar que debemos buscar una solución definitiva para la cuestión. 
Mi pregunta es: teniendo en cuenta las propuestas italianas- que parece ser que se suman a los Estados que estarían en contra de estas redes -, y teniendo en cuenta que el Báltico podría quedar marginado, ¿no cree que ha llegado el momento de que la Comisión haga una nueva propuesta para que pueda encontrarse esa mayoría en el Consejo y eliminar definitivamente estas redes? 
La Comisión desea reiterar que cualquier Estado miembro, dentro del Consejo, puede ejercer la iniciativa de modificar la propuesta de la Comisión que se halla sobre la mesa del Consejo desde 1994. 
Cualquier Estado miembro puede tomar la iniciativa de dividir el dossier entre redes de enmalle a la deriva en el Báltico y en otras zonas; en el seno del Consejo, todo Estado miembro tiene poderes de iniciativa, enmienda o división de la propuesta de la Comisión que está sobre la mesa del Consejo. 
Por lo que se refiere a la Comisión, y gracias a los últimos datos facilitados también por Italia, la misma está realizando una serie de consultas informales con los Estados miembros y su Señoría sabe perfectamente la cantidad de trabajo del que se está ocupando la Comisión en estas últimas fechas del año: el reglamento «Satélites» , el POP IV, el reglamento «TAC y cuota». 
Mientras tanto, estamos examinando con los Estados miembros la posibilidad de una nueva mayoría que nos permita desbloquear este dossier. 
Creo que a principios de 1997, estaremos en disposición de tener una visión más clara de las contingencias, aunque deseo reiterar que también los Estados miembros están facultados para proponer soluciones y enmendar la propuesta de la Comisión. 
Señora Comisaria, yo quisiera hacerle unas preguntas complementarias. 
Desde luego, el plan es interesante y uno de los aspectos que usted comenta es que está basado en la voluntariedad, con una fuerte incentivación económica. 
Pero ¿qué sucedería si esta incentivación económica no fuese lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo el plan de erradicación total y, por tanto, quedasen redes en uso? 
¿Considera la Comisión que esto puede garantizar el éxito del plan teniendo en cuenta que, aunque quedasen pocas redes, su control- como la misma Comisión ha afirmado- sería realmente difícil? 
Por tanto, ¿la Comisión va a condicionar el plan de ayudas a que la erradicación sea total? 
Presentada al Consejo la prohibición total de las redes de deriva y la propuesta del 94, la pelota está en manos del Consejo, por decirlo en términos gráficos, pero quisiera añadir una última pregunta a la Comisión: ¿la Comisión va a presentar al Consejo algún tipo de informe en el que se haga una evaluación de todos los costes económicos que supone para la Unión Europea tanto los planes de erradicación como el control de las redes de deriva de forma que ello pueda llevar al Consejo a- de una vez por todas- incentivar la erradicación total de estas redes también en otras áreas de la Unión? 
En lo referente a los medios financieros para la ejecución del plan, los mismos están sometidos a las reglas normales relativas a los Fondos estructurales y a su asignación. 
La Comisión tiene la intención de seguir muy de cerca el progreso y la ejecución de las diferentes etapas del plan. 
Como es sabido, el plan es complejo y contempla varios aspectos y la Comisión está comprometida junto con el Estado miembro en un seguimiento muy estrecho de las diferentes etapas de su ejecución. 
Por lo que se refiere a la segunda parte, creo que cualquier nueva iniciativa de la Comisión irá acompañada por exposiciones de motivos e informes que incluirán, entre otras cosas, el coste del control y se tratará de informes dirigidos a motivar una posible nueva propuesta de la Comisión que de otro modo no sería defendible. 
Dicha evaluación de los costes y del control forma parte de la documentación que servirá para justificar una nueva propuesta, en el caso de que, como es obvio, existan las condiciones políticas. 
Asunto: Seguridad de los niños en centros de actividades 
A la vista del incremento de las actividades periescolares y las visitas efectuadas por alumnos a lo largo y ancho de la Unión Europea, es absolutamente necesario que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los niños. 
Es esencial que los centros de actividad que imparten cursos en actividades tales como espeleología, escalada y deportes acuáticos estén a cargo de instructores competentes y cualificados. 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para asegurarse de que todos los Estados miembros efectúan una evaluación independiente y competente y adoptan una reglamentación de estas actividades y qué proyectos tiene para facilitar el mutuo reconocimiento de los diplomas en este ámbito? 
Señor Presidente, Señorías, contestando a la pregunta formulada por la Sra. Morgan, la Comisión desea informar que no ha examinado las varias cuestiones planteadas en la misma, excepto las referidas a los paquetes de viajes contemplados por la Directiva 90/314 sobre los paquetes de viaje, que incluyen viajes, vacaciones y circuitos, y que prevé que el organizador del paquete debe ser el responsable de la adecuada prestación de todos los servicios previstos. 
A la Comisión le parece que dicha directiva debería cubrir también algunos aspectos del asunto planteado por su Señoría. 
Deseo añadir, sin embargo, que en el año 1990 la Comisión presentó una propuesta de directiva sobre la seguridad de los servicios, propuesta que fue retirada en 1994 en virtud de la fuerte oposición de todas las partes implicadas, incluyendo el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo. 
En consecuencia, la cuestión de la seguridad de los servicios a la que se refiere también la pregunta del Sr. Teverson, sitúa a la Comisión en una disyuntiva algo especial, ya que debe evaluar la conveniencia de volver a presentar una directiva relativa a la seguridad de los servicios, puesto que la anterior directiva se retiró a causa de la oposición, entre otros, del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo. 
Me complace comprobar que este asunto ya había sido planteado en la Asamblea, pero lamentablemente, entonces el Parlamento era distinto. 
Espero que, como usted dice, el tema vuelva a plantearse, porque creo que es muy importante que la seguridad de los niños de toda Europa sea una prioridad de esta Asamblea. 
También es importante que nos demos cuenta de que a menos que establezcamos dichas garantías, en vez de alentar a los hijos a que viajen al extranjero, los padres se encargarán de que no lo hagan por temor a su seguridad. 
Esto es válido no sólo para las actividades que se practican al aire libre, algo que creo que es muy bueno para los niños, ya que forma su carácter y les anima a participar. 
Por ello espero que esta directiva salga adelante. 
Esto es importante no sólo para los paquetes de vacaciones; es importante para todo aquel que desee viajar de este modo al extranjero, especialmente en lo que se refiere a las excursiones en canoa y ese tipo de cosas. 
Necesitamos medidas de seguridad y cualificaciones adecuadas que sean reconocidas mutuamente. 
Lo hacemos en el ámbito académico, por qué no podemos hacerlo también para las actividades deportivas. 
Es importante que establezcamos el tipo de normas que establecen organizaciones como la que tenemos en el País de Gales Occidental. 
En principio comparto su preocupación y reconozco también la importancia de este asunto, pero lo cierto es que es responsabilidad de los Estados miembros. 
Lo que estamos intentando ver es si existe alguna capacidad de maniobra que nos permita presentar una nueva propuesta que estuviera justificada, y volver a iniciar el proceso. 
Pero, por el momento, nos encontramos en esta situación; debemos estudiar si existe información básica y justificación suficientes para una nueva propuesta que, en su caso, tal vez encuentre menos dificultades y menos resistencia. 
He escuchado con interés la respuesta de la Sra. Comisaria. 
No creo que sea un asunto que competa únicamente a los Estados miembros cuando estamos tratando de una situación internacional. 
Tampoco creo que sea bueno limitarnos a esperar que todas las agencias de viajes se impongan normas rigurosas. 
Aunque apoyo todo lo que ha dicho mi colega la Sra. Morgan, el asunto es más amplio que todo eso. 
No se trata solamente de la seguridad y de los centros de actividades en los que puede existir un cierto peligro. 
La tragedia, de la que usted tendrá conocimiento, ocurrida recientemente en el Auberge de Jeunesse del norte de Francia ha puesto de manifiesto un auténtico problema en una situación, en potencia, segura. 
Ha habido otros incidentes similares en hoteles, campings, piscinas, centros comerciales, etc. de toda Europa. 
Me pregunto si la Comisión podría tal vez estudiar un código de conducta, preferentemente de obligado cumplimiento, o un sistema de registro para albergues para jóvenes, hoteles e instalaciones similares que reciben a grupos de jóvenes, especialmente a grupos de escolares que viajan de un país a otro, en los que no están familiarizados con las condiciones del lugar. 
Quizá no conocen los peligros del lugar. 
Buscan las mejores ofertas, las más atractivas y económicas. 
Es un asunto que debe ser estudiado desde una perspectiva europea. 
No podemos esperar que se haga a nivel local. 
Debemos alentar a los jóvenes a que viajen a los diferentes Estados miembros. 
Debo confirmar lo que he dicho antes. 
Comparto su preocupación, y nuestro programa se propone estudiar si existe algún margen de maniobra. 
También es necesario porque esta forma de viajar, especialmente dentro de la Unión, se ha extendido mucho. 
Es muy importante que garanticemos que existen medidas de seguridad para que este proceso no se vea interrumpido, sino al contrario. 
Es importante que los padres sientan que sus hijos están protegidos cuando viajan por los Estados miembros. 
También hemos intentado desarrollar un código de conducta, pero hasta el momento, los resultados no han sido muy alentadores. 
Por este motivo hemos vuelto a plantearnos la posibilidad de introducir una directiva. 
Hemos comenzado a trabajar sobre un código de conducta, especialmente entre los albergues para jóvenes, pero, francamente, el resultado no ha sido alentador. 
Resultó una tarea lenta y penosa intentar persuadirlos, y sin embargo, al final el resultado no fue especialmente alentador, por lo que hemos vuelto a plantearnos esa otra posibilidad. 
Mi pregunta, prevista para más adelante, trata de un aspecto similar. 
He visitado el albergue en cuestión de Bretaña con el padre de Caroline Dickinson este mismo mes y he podido comprobar que el nivel de seguridad entonces era muy bajo, lo que se ha corregido aunque, evidentemente, demasiado tarde. 
Quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si estaría dispuesta a reunirse con la Sra. Morgan y conmigo expresamente para intentar encontrar una forma práctica de avanzar en este campo. 
Todos sabemos que el proceso legislativo es largo y tortuoso y puede que lo deseemos en un futuro. 
Pero tal vez podamos hablar con usted, señora Comisaria, para intentar proponer soluciones a las asociaciones que se encargan de la explotación de albergues e instalaciones similares a nivel internacional, y encontrar una forma práctica de avanzar con el fin de que los padres no necesiten preocuparse por la seguridad de sus hijos cuando los envían al extranjero, y para que encontremos pronto una solución práctica a este problema, en vez de una solución teórica a largo plazo. 
La Comisión acepta la propuesta y sus servicios están a su disposición para mantener las conversaciones que ustedes deseen. 
Otra cosa que se podría hacer es solicitar a las asociaciones de consumidores que participen en este asunto, y tal vez ellas disponen de más información que podría ser de utilidad en nuestras negociaciones para estudiar qué medidas podríamos tomar para resolver este problema. 
La participación de ambos diputados y de los servicios de la Comisión, pero también las asociaciones de consumidores sería un elemento importante en una negociación conjunta. 
Pregunta nº 55 formulada por José Apolinário (H-0747/96): 
Asunto: Posiciones defendidas por la Comisión Europea en la reciente reunión de San Petersburgo 
En el marco de la reunión de la NAFO del mes de septiembre en San Petersburgo, y con independencia de las consideraciones sobre las conclusiones en materia de cuotas, la Comisión Europea ha aceptado una clave de reparto para la zona 2J3KL, que en la práctica será fijada de manera autónoma por Canadá, y ha abierto la puerta al fin del derecho de objeción de las partes contratantes de la NAFO mediante un nuevo marco de resolución de los conflictos. 
¿No está cediendo finalmente la Comisión en cuestiones de principio, desatendiendo y abandonando la defensa de los intereses comunitarios en el marco de la zona NAFO? 
El señor Apolinário reclama la atención sobre dos decisiones que, a su juicio, perjudican a los intereses comunitarios. 
La primera se refiere a la futura gestión de la población de bacalao en la zona NAFO 2J3KL y la segunda se refiere al derecho de objeción o la hipótesis de que el mismo sea abolido, en el caso de que se halle una nueva solución para la resolución de los conflictos. 
Al respecto, deseo recalcar que en ambos casos, a la Comisión le parece que su Señoría manifiesta opiniones e interpretaciones que la misma no comparte. 
En este caso concreto, y en lo referente a la medida relativa a la población de bacalao, se ha establecido que en el futuro su gestión se reparta entre Canadá, que posee en sus aguas el 95 % de la población y la NAFO que posee el 5 %, y que las dos entidades- Canadá, por una parte y la NAFO, por otra- fijarán sus respectivos TAC en estrecha colaboración y sobre la base de criterios científicos. 
La medida se traduce en unos términos que demuestran claramente, por lo menos así lo entiende la Comisión, que la NAFO fijará de forma autónoma el TAC para el 5 % de la población en la zona de su competencia, de modo que la misma no estará sujeta al TAC aplicado por Canadá respecto al 95 % de la población que se encuentra en sus aguas. 
Por lo tanto, la Comisión considera que la medida en cuestión no puede interpretarse como una concesión a Canadá del derecho de ejercer poderes jurisdiccionales sobre la referida población, más allá de los límites exteriores de su zona económica exclusiva. 
En consecuencia, Canadá ejercerá dichos poderes en su zona económica exclusiva y la NAFO los ejercerá en aguas internacionales, habiéndose establecido que el 95 % de la población de bacalao se halla en aguas canadienses y el 5 % en las aguas internacionales gestionadas por la NAFO. 
Por lo que se refiere a la abolición o a la presunta abolición del derecho de objeción, debo manifestar que la Comisión tiene ciertas dificultades para comprender las preocupaciones de su Señoría. 
Ante todo, la Comisión nunca ha considerado que el derecho de objeción o su procedimiento fuera aplicable en el caso de conflicto. 
Lo cierto es que la Comisión considera que, sin perjuicio del procedimiento de objeción, los debates y los diálogos se plantean para encontrar una solución para los posibles conflictos, sin abolir por lo tanto, el derecho de objeción, que hoy por hoy está previsto jurídicamente, habida cuenta de que la NAFO no es una organización supranacional. 
A nuestro juicio, incluso desde el punto de vista jurídico, el derecho de objeción sigue siendo un procedimiento necesario y legítimo, que deberá considerarse como un elemento indispensable en los debates y en las relaciones de los países miembros en el marco de la NAFO. 
Señora Comisaria Bonino, agradezco la precisión de sus respuestas, entre otras cosas porque contribuyen a aclarar dos aspectos, a mi juicio, esenciales que eran cuestiones de principio, sobre el contenido de las negociaciones en el marco de la reunión de San Petersburgo. 
Confieso que no estoy tranquilo respecto del segundo aspecto: el mecanismo para la resolución de conflictos. 
De cualquier modo, espero que la declaración que la Comisaria acaba de hacer sea, en el fondo, una línea de orientación para lo que la Comisión va a defender en el marco del grupo de trabajo, entretanto constituido, para la modificación del reglamento del Convenio NAFO. 
Además, en este momento me gustaría saber cuáles son las medidas que la Comisión va a defender, en el marco de la NAFO, con el objetivo de fortalecer el control de los países no signatarios, es decir, de los barcos con pabellones de conveniencia, así como si la Comisión apoya la celebración en Portugal, en 1998, de la reunión con ocasión del vigésimo aniversario del Convenio NAFO. 
En lo que se refiere al control o a su endurecimiento, sobre todo, respecto a las barcos pertenecientes a países que no forman parte de la NAFO, la Comisión intenta utilizar todos los medios de presión posibles para que los Estados miembros, a los que les corresponde la facultad de control, ejerzan la misma también en el ámbito de la NAFO. 
Es evidente que en lo referente al control, nos encontramos ante un problema muy difícil también para los Estados miembros, o sea, el problema de los costes. 
Es impensable que en el futuro todo barco comunitario lleve a bordo a un inspector, ni tampoco que el control pueda ejercerse sólo de forma directa, motivo por el cual la Comisión está elaborando una propuesta relativa al control por satélite. 
Se trata de un control transparente e indiscutible, en el que no existen posibilidades de error y, sin duda, se trata de un sistema menos costoso que el control permanente in situ, especialmente en una zona tan amplia como la NAFO. 
Éstas son las medidas que la Comisión está tomando e invita a los Estados miembros a ejercer dicho control, a sabiendas de que el control físico in situ en una zona tan amplia conlleva, sin duda, costes muy elevados. 
El segundo problema estriba en que en el seno de la Comisión se está llevando a cabo un debate para establecer las clases de participación y las clases de participación común para 1999. Consideramos que, habida cuenta de que la NAFO, por una parte y la NEAF, por otra son las dos únicas conferencias regionales que de alguna forma protegen las aguas internacionales y en la esperanza de poder gestionar también las aguas de los demás océanos, el plazo de 1999 es un elemento importante también para volver a plantear la idea de organizar el control de las aguas internacionales, por ejemplo, en el Atlántico meridional o en otros océanos que, hasta la fecha carecen de medidas de gestión. 
No encuentro ningún problema en absoluto, señora Comisaria, en lo relativo al acuerdo sobre la gestión del área 2J3Kl. 
Creo que los canadienses han pasado por una experiencia muy dura en la gestión de la pesca y es probable que hayan aprendido la lección. 
Sin embargo, encuentro un problema en la NAFO. 
Me lo ha comunicado el Embajador letón, a quien visité la semana pasada y me informó que a la hora de votar siguen dependiendo de la antigua Unión Soviética; Rusia ahora. 
No tienen voto independiente como Estado independiente. 
Lo mismo es cierto, presumiblemente, en el caso de Estonia y Lituania. 
Creo que va siendo hora de que la Comisión apoye a esos países para que puedan hablar con voz propia en la NAFO. 
Por último, sobre su reciente visita a Gran Bretaña, señora Comisaria, quisiera felicitarla. 
Es evidente que enojó bastante a la industria pesquera británica, lo cual era de esperar. 
Y la felicito también por una observación que me hizo esta mañana el propietario de un viejo buque palangrero que aún dirige parte de nuestra flota que faena en alta mar, quien dijo que al menos tenemos una Comisaria que dice lo que piensa. 
Eso está bien. 
En realidad ya hemos comenzado a discutir este asunto, que no sólo concierne a Letonia, sino también a Estonia y otros países. 
El problema de las partes contratantes está en fase de negociación. 
Como usted sabe, de acuerdo con el Reglamento de la NAFO, tiene que haber consenso. 
Como puede imaginar- no necesito entrar en detalle -, dicho consenso está aún lejos de alcanzar. 
Por todos los motivos que usted ha mencionado, además de todo lo demás, estamos a favor de esa solicitud, aunque será necesario alcanzar el consenso, y algunas de las partes contratantes no están demasiado contentas con ello. 
Asunto: Modos de atajar el turismo sexual 
Los dramáticos sucesos desvelados en Bélgica el pasado julio constituyen la punta del iceberg en lo que concierne a la pederastia y el turismo sexual. 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión en el ámbito del turismo para que disminuya el número de casos y se limite el fenómeno del turismo sexual, que ataca y ultraja valores humanos fundamentales? 
Señor Presidente, Señorías, la explotación sexual de menores es una manifestación de violencia que causa horror. 
La lucha contra ella es un tema prioritario para la Comisión Europea. 
La Comisión, asumiendo determinados compromisos de la Conferencia de Estocolmo, presentó un memorándum en la reunión informal de ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores los días 26 y 27 de septiembre de 1996. 
A este memorándum seguirá una declaración. 
Respecto a la dimensión que el problema tiene en el ámbito del turismo, quisiera recordar que la Comisión, en su propuesta de decisión del Consejo de abril de 1996 sobre un primer programa multinacional para el fomento del turismo europeo, destacó la necesidad de combatir el denominado " turismo sexual». 
Además, hizo un llamamiento al desarrollo y fomento de normas de conducta y mecanismos de autocontrol de la industria del turismo contra estas prácticas, así como al apoyo de las iniciativas de prevención. 
Los trágicos y recientes acontecimientos de Bélgica refuerzan aún más las conclusiones del Congreso mundial contra la explotación sexual de menores celebrado a finales de agosto en Estocolmo y, en concreto, su programa de acción. 
La Comisión está preparando una declaración especial sobre la cuestión de la lucha contra el turismo sexual cuyas víctimas son menores; en ella se incluirá un proyecto de recomendación a los Estados miembros indicando determinadas medidas para hacer frente al problema. 
Diversas medidas de cooperación judicial entre los Estados miembros, como en el caso del importante problema de la aplicación extraterritorial de las disposiciones penales aplicables a los actos de agresión sexual contra menores cometidos por ciudadanos de terceros países, están siendo examinadas actualmente por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Exteriores. 
La iniciativa de la Comisión tendrá en cuenta tanto la posición adoptada por el Parlamento Europeo al respecto como las recomendaciones del programa de acción de la Conferencia de Estocolmo sobre el turismo. 
Nuestra estrategia global se basará en dos pilares: en primer lugar, se centrará en los países de destino, utilizando cualquier medio razonable, incluida la influencia de la Unión en el ámbito internacional donde se considere oportuno; en segundo lugar, tendrá como objetivo la reducción de la demanda, concretamente mediante el fomento de la colaboración y, con el apoyo de la industria y de las correspondientes organizaciones no gubernamentales, mediante el fomento de las normas de conducta internas y de los mecanismos de autocontrol, así como la coordinación de las campañas de información. 
En lo que se refiere al proyecto de recomendación a los Estados miembros, hay que considerar diversos puntos, tales como la necesidad de movilizar a las organizaciones nacionales de turismo para que adopten medidas preventivas contra el turismo sexual cuyas víctimas son menores, de establecer líneas directrices para el sector turístico en las que garantice que no se facilitarán los viajes de turismo sexual, de impulsar el desarrollo y fomento de las normas de conducta en la industria del turismo, así como de apoyar los esfuerzos de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para luchar contra el turismo sexual cuyas víctimas son menores. 
Nuestros esfuerzos irán dirigidos asimismo al objetivo de apoyar el intercambio de conocimientos técnicos entre los países con objeto de prevenir, suprimir y subsanar las consecuencias del turismo sexual cuyas víctimas son menores. 
Hay que apoyar, además, el desarrollo de formas alternativas de turismo en los respectivos países, cubriendo una amplia gama de intereses para los turistas. 
La Comisión espera poder presentar su declaración especial a principios de noviembre. 
Quisiera agradecer al Sr. Papoutsis la sensibilidad que demuestra sobre este tema y su voluntad de contribuir con serias propuestas a la solución de un problema comunitario que, con razón, ha conmovido e indignado a la opinión pública de Europa. 
La grandiosa manifestación de Bruselas, el pasado domingo, es una prueba de la agonía, del interés, pero también de la decisión de los ciudadanos europeos de ejercer presión sobre los gobiernos y los políticos para que éstos adopten medidas contra una red cuya actividad desvirtúa los valores democráticos y políticos de la Europa actual. 
Ahora bien, quiero subrayar que no todos los esfuerzos deben comenzar y terminar en el marco de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Los trágicos acontecimientos de julio en Bélgica pusieron de manifiesto el trágico destino de dos millones de niños del Sudeste de Asia y de Sudamérica que son víctimas de bestialismo sexual y de terribles torturas por el placer de turistas, principalmente, europeos y americanos, al mismo tiempo que se sabe que se introducen muchos menores, chicos y chicas, de Tailandia y Filipinas. 
A la vista de estas condiciones, combinadas con la constatación de la intensa actividad que despliegan estas redes, quizá, señor Comisario, sea necesaria una lucha más colectiva, no sólo desde la posición que usted ocupa. 
¿Tiene usted que comentar propuestas más colectivas de este tipo? 
Señor Presidente, quiero agradecer a su Señoría su pregunta y confirmar a la Asamblea que, de hecho, prevemos fomentar nuestra colaboración tanto con la industria como con los Estados miembros para la elaboración de una estrategia más amplia de lucha contra este problema. 
En la Conferencia de Estocolmo, las ONG insistieron en el problema de la explotación de menores y creemos que nuestra propuesta ya tiene el apoyo de la mayoría de los Estados miembros. 
Naturalmente, contamos con el fuerte apoyo del Parlamento Europeo. 
En lo que se refiere a la industria del turismo, es evidente que ésta es consciente del daño a su imagen que podría causar la continuación del fenómeno del turismo sexual de origen europeo cuyas víctimas son menores. 
La plena colaboración en este campo es fundamental para garantizar que los problemas se traten escrupulosamente. 
De hecho, hemos podido registrar, lo cual hay que destacar, significantes iniciativas adoptadas por organizaciones de turismo para combatir el turismo sexual cuyas víctimas son menores. 
En la reciente reunión informal de ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores celebrada en Dublín el 26 de septiembre, la Comisión sometió a debate un documento que especifica las acciones llevadas a cabo en los órganos de la Unión Europea. 
En él se señalan además, cuatro iniciativas que se están preparando en relación con el contrabando de mujeres y niñas para su explotación sexual y con el turismo sexual cuyas víctimas son menores mediante la prestación de servicios audiovisuales, en concreto mediante Internet. 
Debo comunicarles que, aun cuando la Comisión no tiene facultades para tomar una iniciativa en este ámbito, podemos dirigir recomendaciones, y lo haremos, a los Estados miembros para que esos tomen tales iniciativas en el marco del tercer pilar. 
Además, les quiero asegurar que la Comisión en pleno está completamente sensibilizada con respecto a este tema y que proseguiremos nuestros esfuerzos en los próximos meses, esperando siempre contar, como he mencionado antes, con el apoyo del Parlamento Europeo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 64, 65 y 66 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 64 formulada por Paul Lannoye (H-0789/96): 
Asunto: Decisión de la AIEA sobre los contenedores utilizados para el transporte aéreo de material nuclear 
El Consejo de Administración de la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha admitido mediante una reciente decisión el transporte aéreo de plutonio en forma bruta o en mezcla (MOX) en los contenedores-paquete utilizados actualmente para los transportes por carretera (tipo B). 
Estos paquetes están concebidos para resistir un aplastamiento a una velocidad de 48 km por hora y no para un accidente aéreo. 
¿Aprueba la Comisión una decisión de estas características que entra en contradicción con la exigencia por la cual debe garantizarse la seguridad en todas las condiciones que puedan presentarse durante el transporte? 
Pregunta nº 65 formulada por Nuala Ahern (H-0791/96): 
Asunto: Prohibición de transportar plutonio por vía aérea sobre el territorio de Estados miembros de la UE que han renunciado a la energía nuclear 
El transporte por vía aérea de plutonio o de combustible bruto que contiene plutonio entre plantas de reprocesamiento, plantas de producción de combustible MOX y centrales nucleares que utilizan combustible MOX da lugar a que se realicen vuelos en los que se transporta material nuclear sobre el territorio de varios Estados miembros de la UE, algunos de los cuales han renunciado a utilizar energía atómica. 
¿Considera la Comisión que cada Estado miembro tiene derecho a prohibir dichos vuelos sobre su territorio? Pregunta nº 66 formulada por Undine-Uta Bloch von Blottnitz (H-0814/96): 
Asunto: Transporte aéreo de materiales radiactivos 
El transporte aéreo de materiales radiactivos está mucho más severamente reglamentado en los EE.UU. que en la Unión Europea. 
Los contenedores para el transporte, en los EE.UU. por ejemplo, deben estar en condiciones de resistir una velocidad más alta de choque. 
¿En qué se basa exactamente la Comisión para justificar las diferencias existentes entre las normas de seguridad estadounidenses y europeas y cómo evalúa la Comisión la posibilidad de que los niveles europeos, tal vez, apenas sean suficientes para asegurar la protección de la salud de los ciudadanos, toda vez que países como los EE.UU. establecen unas condiciones considerablemente más severas para dichos transportes? 
Señorías, la seguridad del transporte de material radiactivo es un tema muy serio, que está sometido a normas internacionales establecidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica en cooperación con sus Estados miembros. 
Estas normas están sujetas a revisión continua. 
Como se menciona en las preguntas, el Consejo de Administración de la AIEA aprobó recientemente unas normas de transporte revisadas, entre ellas unas disposiciones sobre el transporte aéreo de todo tipo de material radiactivo. 
Las disposiciones referentes a los requisitos de seguridad en los transportes aéreos propuestas por la AIEA se basan en amplios y extensos datos sobre accidentes; su objetivo es garantizar un nivel de seguridad satisfactorio durante el transporte de todo tipo de material radiactivo. 
En las normas revisadas, la AIEA propone dos tipos de contenedores para los transportes aéreos. 
Primero, un tipo de contenedor B, para el cual se restringe el contenido radiactivo del material de transporte. 
No se aplica la misma restricción porcentual para este contenedor cuando se trata de materiales que se certifican como de baja dispersión. 
En estos casos, el remitente debe demostrar a las autoridades competentes de cada país involucrado en el transporte aéreo que se cumplen los criterios más estrictos para materiales de baja dispersión según se establecen en las norma revisadas. 
Según lo que sabemos, hasta la fecha no existe ningún material que se haya caracterizado como de baja dispersión.-Segundo, la AIEA propone un tipo de contenedor C, que permite el transporte aéreo de una mayor cantidad de material radiactivo. 
En estos casos, el contenedor debe cumplir requisitos mucho más estrictos que los fijados para el contenedor tipo B.Debo destacar que las normas revisadas de la AIEA incluyen la totalidad de sus disposiciones básicas sobre seguridad más recientes. 
También están en plena conformidad con la Directiva del Consejo 96/29, de 13 de mayo de 1996, por la cual se establecen las normas básicas de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos de la radiación ionizante. 
En lo que se refiere a la posibilidad de intervención por parte de los Estados miembros, la seguridad del transporte de material radiactivo, incluidos los combustibles MOX, es decir, los combustibles mixtos de óxido de plutonio y de uranio, está sujeta a un régimen de aprobación multilateral de conformidad con las normas de transporte de la AIEA. 
Esto significa que se requiere el permiso de las respectivas autoridades competentes tanto del país de procedencia como del país o países de tránsito. 
Sin embargo, los términos "a través del país» o" hacia el país» excluyen expresamente la significación " sobre el país» , por lo cual los requisitos de autorización y de notificación del transporte no se aplican al país sobre el cual se transporte material radiactivo en avión, mientras no esté previsto hacer escala en él. 
Las normas de transporte revisadas de la AIEA se presentarán en los próximos meses a la Organización Internacional de Aviación Civil. 
Una vez que se hayan incorporado en las disposiciones técnicas de esta última, serán vinculantes para los países firmantes. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que los países firmantes de la OIAC adopten variaciones. 
Como ejemplos pueden señalarse la adopción de normas administrativas o técnicas especiales para el vuelo sobre un país determinado o la aprobación de medidas de protección más estrictas. 
Esta posibilidad ha sido aplicada por los Estados Unidos para el transporte aéreo de plutonio y cada país integrante puede adoptar iniciativas parecidas, si lo desea. 
La única condición es que tales excepciones de las normas se notifiquen inmediatamente a la OIAC para su publicación en las disposiciones técnicas. 
La Comisión trata el tema de la seguridad del transporte aéreo de material radiactivo con gran seriedad y participa activamente en el trabajo técnico de la AIEA. 
Como consecuencia del carácter transfronterizo de los transportes aéreos, tenemos que actuar en el marco internacional establecido por la AIEA y la OIAC, cuya posición respectiva determinan sus Estados miembros. 
Visto que algunos transportes aéreos se realizan de un Estado miembro a otro de la Unión Europea y que, por lo demás, se sobrevuelan demasiado algunos Estados miembros- pienso en Bélgica y Luxemburgo (cuando veo la carta de los vuelos regulares) -me parece que quizás sea útil prever una reglamentación europea y no solamente una reglamentación que se inspire en la de la aviación internacional y de la AIEA. 
Segunda observación: ¿puede el Comisario contestarme en lo que se refiere a los riesgos eventuales específicos al combustible mixto uranio/plutonio, cuya reglamentación es diferente a las del plutonio puro? 
Doy las gracias al Sr. Lannoye por sus observaciones, pero quiero destacar que, como se menciona en la reciente comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la seguridad del transporte de materiales radiactivos, el resultado del análisis de los accidentes e incidentes en el ámbito de los transportes es que muy pocos accidentes provocan una exposición significante a radiaciones. 
Por supuesto, coincido en que se podría considerar una intervención más sólida por parte de la Unión Europea, pero, por ahora, nada hace suponer que esto sea posible en el Consejo. 
En todo caso, como les he señalado, la Comisión Europea trata el tema de la seguridad del transporte aéreo de material radiactivo con especial seriedad, participando activamente, como también les he comentado, en los trabajos técnicos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Como usted sabe, ahora también contribuimos a la elaboración de la legislación de la AEIA. 
Además, les quiero recordar que la línea B4-1020 del presupuesto, referente al transporte de material radiactivo, permite a la Comisión financiar estudios, investigaciones, mediciones y programas piloto para contribuir a la evaluación y la mejora continua de las normas internacionales en vigor. 
Dentro de nuestras posibilidades y del marco institucional de la Unión Europea, la Comisión Europea agotará las posibilidades existentes para prestar su apoyo en esta dirección. 
Señor Comisario, sólo hace falta que ocurra un accidente en una zona con alta densidad de población como Bélgica o Luxemburgo para que el transporte de material radiactivo tenga resultados letales- creo que no debería hacer falta recordárselo. 
¿Estaría dispuesto a tomar medidas para impedir desde ahora todo transporte aéreo de material radiactivo hasta que se revisen con carácter de urgencia las nuevas directrices de la OIEA con el fin de incluir las directrices y los requisitos de la Organización de la Aviación Civil Internacional, porque hasta ahora no han sido tenidos en cuenta? 
Las nuevas directrices parecen haber sido pensadas específicamente para ajustarse al transporte aéreo de combustible MOX. 
Como usted mismo ha dicho, señor Comisario, no ha sido definido como material de baja dispersión. 
Las nuevas directivas lo confunden con material de baja dispersión. 
Hasta que podamos aclarar esta confusión, ¿podría, por favor, prohibir el transporte de este material sobre el territorio de los Estados miembros y exigir a las organizaciones como la British Nuclear Fuels Ltd. que se abstengan de emitir información engañosa en lo relativo a que este material ha sido designado oficialmente como de baja dispersión, porque eso no beneficia a nadie y resulta muy engañoso en este contexto? 
Doy las gracias a la Sra. Ahern por su pregunta, que me da la oportunidad de repetir que en los pocos accidentes registrados hasta la fecha no ha habido ninguna exposición significativa a radiaciones. 
Por otro lado, es probable que estos resultados se deban a las estrictas y unificadas normas impuestas rigurosamente durante muchas décadas, cuya suficiencia y aplicación se revisan de forma constante y que, como les he expuesto, son actualizadas por grupos especiales de expertos. 
A pesar de ello, es evidente- y aquí comparto la preocupación de su Señoría- que un pasado positivo en materia de seguridad no constituye por sí sólo razón para confiar en ello y quedarse tranquilos. 
Sin duda, sí es un indicio de que se puede conservar la integridad de los contenedores en diversas situaciones de accidente. 
En lo que se refiere al problema de los vuelos sobre el territorio de un país, la posibilidad de rechazarlos es admisible, siempre que se notifiquen a la OIAC los casos en los que el Estado establezca normas distintas de las incluidas en las disposiciones técnicas de la OIAC. 
Tales normas, en todo caso, no deben establecer distinciones. 
Mencionaré el ejemplo de Dinamarca, que no permite que ningún avión que sobrevuele su territorio transporte materiales radiactivos fisibles por encima de determinada cantidad, como tampoco el transporte de tales materiales en determinados tipos de contenedor sin autorización previa de su Oficina Nacional de Aviación Civil. 
Este ejemplo demuestra que son los Estados miembros los que imponen sus normas, y con arreglo a ellas y a su legislación se mantienen en constante colaboración con la OIAC. 
Señor Comisario, yo diría que no ha ocurrido gran cosa. 
Claro que esto no puede servir como argumento, puesto que cuando ocurre algo, quedan contaminadas enormes superficies. 
Evidentemente, apenas acaba de iniciarse el transporte aéreo en gran escala de combustibles mixtos (MOX) , debido a que las vías habituales de transporte marítimo o por carretera topan con demasiados obstáculos porque la gente sencillamente no lo acepta. 
El aparato que se desplomó sobre un barrio de viviendas en Amsterdam sufrió un choque a una velocidad de 520 km/h. A la vista de estas diferencias, ¿no cree que debería darme la razón y reconocer que, por razones de seguridad, debemos mantener la prohibición al menos hasta que ya no se realice absolutamente ningún transporte de material radiactivo en contenedores de tipo B? 
Con el tipo B, como ya he señalado, el límite es de 48 km/h; el tipo C, que todavía no está disponible, resistirá supuestamente hasta 324 km/h, y los americanos ya exigen 464. 
Por lo tanto, sin duda, primero sería preciso normalizar la regulación, antes de conceder cualquier autorización. 
Agradezco a la Sra. Bloch von Blottnitz sus observaciones. 
Tiene razón, en efecto: existen los contenedores de tipo B. Es lógico que se tengan que someter a pruebas de caída de objetos de sección rectangular desde una altura de nueve metros. 
Esta altura de nueve metros corresponde, como usted ha indicado, a una velocidad de choque de 48 kilómetros por hora. 
Es verdad que estas pruebas se hacían, y se siguen haciendo, sobre una superficie denominada " inflexible». 
El término " inflexible» significa que la superficie no absorbe parte de la energía producida en el contenedor en el momento del choque, de manera que toda la energía cinética se transforma en energía de deformación del contenedor. 
Por otro lado, en pruebas realizadas con superficies reales se ha comprobado que la cantidad de energía de deformación es igual a la absorbida por el contenedor en la prueba de referencia a una altura de caída mucho mayor a nueve metros o a una velocidad de choque mayor. 
Estas son las disposiciones que aplican determinados países, lo cual no significa que todos los Estados miembros deban seguir las que aplican los Estados Unidos de América. 
Como ya he dicho, el carácter transfronterizo de los transportes aéreos implica que hay que actuar dentro de los márgenes establecidos por la AIEA y la OIAC, cuya posición respectiva está determinadas por sus Estados miembros. 
Hasta la fecha, la Unión Europea no ha tenido la posibilidad de ejercer su propia política europea unitaria. 
Mis electores viven en las proximidades de un gran aeropuerto internacional. 
Incluso aquellos que residen debajo de las rutas de vuelo se alegran de ello por las ventajas económicas que el aeropuerto ofrece a estas concentraciones urbanas. 
No obstante, existe una inquietud comprensible sobre los vuelos que transportan material radiactivo. 
Bastaría con un solo accidente. 
Si existen diferentes normas en los diferentes países, incluidos los Estados Unidos que es la capital del mundo nuclear, no cabe duda de que lo mejor será armonizar, al más alto nivel, los reglamentos, normativas y condiciones para el transporte de dicho material, en vez de dejar esta decisión en manos de la administración local. 
Señor Presidente, no me cansaré en absoluto en repetir que la Comisión comparte las preocupaciones existentes en todos los ámbitos y en todas las regiones de la Unión Europea. 
Es obvio que existen tales riesgos, no podemos cerrar los ojos y, como he dicho antes, no podemos confiar y quedarnos tranquilos por la seguridad mantenida hasta ahora y por la ausencia de accidentes. 
Debemos adoptar cuantas más medidas posibles, hemos de fomentar nuestra tecnología, debemos estar atentos y estudiar. 
Esto es lo único que la Comisión Europea puede hacer. 
Como he señalado antes, lo único que la Comisión Europea puede hacer en este momento es, primero, colaborar con las organizaciones internacionales en el análisis de los datos y de los hechos, así como en la elaboración de propuestas. 
En lo que se refiere a la Unión Europea en sí, aprovechando la línea B4-1020 del presupuesto, podemos financiar estudios, investigaciones, mediciones y otros programas piloto. 
Más allá de esto, sin embargo, la Comisión Europea no puede ir más allá que los Estados miembros a nivel político, ya que son éstos los que participan en las organizaciones internacionales y los que adoptan sus propias medidas con respecto a su territorio, así como los que participan en las decisiones de las organizaciones internacionales. 
De todos modos, vuelvo a repetir que precisamente porque tenemos la misma sensibilidad que ustedes y reconocemos los riesgos que- ojalá que no- se podrían producir, no podemos estar tranquilos. 
Por esa razón, continuamos con nuestros esfuerzos dentro de lo que permite el marco institucional y legislativo de la Unión Europea. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Las preguntas que no han sido formuladas por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21 horas) 
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De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0314/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa (C4-0325/96-00/0343 (COD) ) (Ponente: Sra. Oomen-Ruijten). 
Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que, después de un retraso de cuatro años en presentar una modificación efectiva de la Directiva sobre publicidad engañosa, examinamos hoy esta propuesta. 
Hay que felicitar a la Sra. Oomen-Ruitjen por haber conseguido en tres meses un consenso tan amplio en el Parlamento sobre el núcleo de estas propuestas. Espero que la Comisión tome nota. 
Hablando en nombre de mi Grupo, encuentro muy pocos motivos de desacuerdo después de los debates que tuvimos sobre este asunto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Hay que dar la bienvenida a la posición común desde el punto de vista del consumidor. 
Apoyamos la idea de que la comparación entre productos promueve una competencia sana e informa a los consumidores de lo que pueden comprar de la manera más eficaz. 
Creemos que las disposiciones del artículo 3 bis ponen un límite a la publicidad comparativa y apoyamos también a la ponente en su propuesta de suprimir la letra g) del artículo 3 bis porque pensamos que la directiva cuenta ya con suficiente protección sin este artículo, aunque comprendemos al grupo de presión que surge cada vez que se trata de determinados productos agrícolas estimulantes. 
Creemos que las enmiendas que contemplan la necesidad de respetar los códigos de conducta establecidos por servicios profesionales están bien elegidas y tienen en cuenta el debate en segunda lectura. 
Todos hemos recibido a representantes de la profesión médica. Tendríamos que respetar la ética de la autopublicidad en la mayor parte de las profesiones médicas de la Comunidad que se autorrespeten. 
Creemos que hay unas cuantas enmiendas que van más lejos de lo que hubiera deseado la ponente, pero creo que estará dispuesta a aceptarlas. 
La primera se refiere a la fijación de un plazo de 48 horas para que el anunciante al que se le impute una publicidad engañosa aporte pruebas en defensa del anuncio. 
Esta es la enmienda nº 12. 
En la enmienda nº 13 encontramos la cuestión de la publicidad que yo llamaría de imitación. Se trata anuncios que presentan como si fueran originales productos que a todos los efectos y usos, excepto por la diferencia de una vocal o consonante, son los mismos que el original. 
Sabemos que existen ejemplos de este tipo. 
Hay una marca de pantalones vaqueros que no voy a mencionar cuya grafía es prácticamente idéntica a los famosos Levis. 
En cosmética y joyería hay otros productos en los que se da el mismo fenómeno. 
Creemos que habría que ofrecer protección contra estas prácticas que se aprovechan de un producto establecido. 
Hemos intentado conseguirla con la enmienda nº 13. 
Quisiera referirme, por último, al tema de la autorregulación. 
Aprobamos lo que la ponente espera conseguir en este ámbito, pero existen unas cuantas cuestiones problemáticas que, sin suscitar mi abierta oposición, quisiera comentar en mis últimos 15 segundos. 
En la enmienda nº 19, la ponente propone una alianza autónoma europea que coordine el trabajo de los organismos reguladores nacionales. 
Existe ya una alianza europea de normas de publicidad y no somos partidarios de crear una organización separada que replique la actividad de la misma, una especie de nuevo quango, como decimos en inglés. 
Para concluir, pienso que la enmienda nº 17, que contempla un recurso previo a otras vías establecidas para la solución de reclamaciones, ha de establecer un sistema que sea absolutamente claro. 
La directiva no funcionará si no es clara. 
No siempre ha gozado de este atributo a lo largo del tormentoso itinerario seguido hasta ahora. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Oomen-Ruitjen su informe. 
Se trata de un tema difícil y delicado, debido a que algunos Estados miembros no permiten la publicidad comparativa. 
Agradezco al Sr. Whitehead que haya atraído mi atención sobre la enmienda nº 13, que dice que la publicidad comparativa está permitida siempre y cuando no presente un bien o un servicio como una imitación o réplica de un bien o servicio con marca o nombre comercial. 
Probablemente se podría aplicar al Nuevo Laborismo que se ofrece en la actualidad como imitación del Partido Conservador. 
Es muy importante que acertemos en esto. 
Quisiera hacer algunas preguntas a la Comisión, porque la Sra. Oomen-Ruitjen ha puesto la pelota en juego y sería muy útil contar con cierta claridad. 
La cuestión de la enmienda nº 11, marcas registradas, me parece peligrosa por mucho que estén ya protegidas en las partes de la directiva inmediatamente precedentes. 
La enmienda nº 11 trata en particular de la reputación de una marca registrada y me parece peligroso suprimirla en este informe. 
Concedo gran valor a los comentarios de la Comisión sobre este punto. 
Paso a referirme a las profesiones contempladas originariamente en las enmiendas núms. 7 y 14, sustituidas en la actualidad básicamente por las enmiendas núms. 
20 y 21. Dichas enmiendas suponen una solución al problema planteado por los diputados británicos a instancias de organizaciones profesionales como la British Medical Association y otras. 
Existe un problema con la enmienda nº 21, concretamente con respecto al término «servicios profesionales». Esta denominación puede abarcar cualquier cosa, incluso, como se me ha señalado, una de las más antiguas, si no la más antigua, de las profesiones del mundo. 
Me pregunto si las enmiendas núms. 20 y 21 se ocupan de manera adecuada de la medida que permite a las profesiones existentes mantener sus códigos de conducta. 
De otra manera, profesionales de todos los Estados miembros, como médicos, abogados, etc., van a pensar, llenos de angustia, que va a aplicárseles la totalidad de la directiva sobre publicidad comparativa. 
Por último, quisiera llamar la atención de la Comisión sobre la enmienda nº 15, que obliga a las empresas que quieran mencionar los resultados de pruebas comparativas a obtener el consentimiento expreso de los terceros que las han efectuado. 
Me pregunto si la Comisión considera necesario este consentimiento en la directiva sobre publicidad comparativa. 
Tal como está formulada la enmienda nº 15, va a resultar extremadamente laborioso pedir y conseguir el consentimiento de los terceros que han realizado las pruebas. 
Me interesaría mucho saber si la Comisión está a favor de esta enmienda. 
Felicito una vez más a la Sra. Oomen-Ruitjen por su expeditiva manera de ocuparse de este asunto tan complicado y espero que no tardemos mucho en conseguir que entre en vigor. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por el rápido trabajo que ha hecho. 
Ahora bien, quisiera recordar, por lo que se refiere a las denominaciones de origen y a todos los productos que tienen, de hecho, una marca, lo difícil que resulta a países que han entrado hace poco en la era de la modernidad obtener el nombre de una marca, obtener una denominación de origen y una indicación geográfica. 
Considero extraordinariamente imprudente- y, como portugués, conozco perfectamente la piratería que se ha hecho con el nombre de «Vino de Oporto» y de «Vino de Madeira» -, sé perfectamente lo difícil que es mantener una marca que tiene renombre mundial en el mercado sin que haya imitaciones, sin que haya publicidad dudosa, sin que haya publicidad comparativa que intente arruinar dicha marca. 
Por eso, mi Grupo no estará dispuesto, desde luego, a votar la supresión del considerando 11 ni tampoco las letras f) y g) del artículo 3 A. Considero que no se trata de proteccionismo, se trata simplemente de dar «a cada cual lo que le pertenece» y respetar el esfuerzo hecho por todos los que han conseguido mantener la calidad de una marca y garantizar al consumidor que ha elegido un producto genuino. 
Si siempre fuera así, tal vez no tendríamos a estas alturas el «caso de las vacas locas» y, si pudiéramos, de hecho, mantener denominaciones de origen, se conocería, desde luego, la procedencia de la carne. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para muchos Estados miembros la publicidad comparativa no es un asunto muy evidente. 
En algunos Estados miembros, como en mi propio país, está prohibida. 
La publicidad comparativa puede ser muy útil y puede contribuir a dar mayor transparencia e información al consumidor. 
A través de la publicidad comparativa es posible reforzar de una manera sana la competencia entre productos comparables. 
Ahora bien, si no queremos que la publicidad comparativa degenere en publicidad engañosa, es preciso cumplir acumulativamente algunas condiciones estrictas. 
La mayoría de nuestro Grupo considera que los productos que tienen denominación de origen sólo son comparables entre ellos, y por consiguiente no podemos aceptar las enmiendas núms. 
5 y 10. A fin de cuentas, creemos que la comparabilidad es una condición esencial para la publicidad comparativa, que aquí por definición no se cumple. 
Quisiera que el Sr. Eisma me diera su opinión al respecto. 
Por último, tengo una reserva personal con respecto a la enmienda nº 15: en la práctica, el consentimiento expreso de la persona que ha llevado a cabo la prueba puede causar problemas prácticos en determinados sectores que tengan que ver con la investigación y desarrollo. 
Si las investigaciones en diferentes países han sido realizadas por varias personas o instituciones, la obtención de una autorización es una tarea casi imposible. 
Por ejemplo, en el sector farmacéutico, hacer referencia a las pruebas comparativas es algo normal y necesario, de modo que la enmienda nº 5 supone una enorme carga. 
Quisiera que la Comisaria me dijera cuál es su postura en relación con la enmienda nº 15. 
Por lo demás, la mayoría de nuestro Grupo está de acuerdo con la ponente y estamos dispuestos a apoyarla. 
Señor Presidente, dado que en todos los países de la UE los consumidores y los ciudadanos poseen el derecho de opinar sobre qué producto es mejor que otro, es muy importante que los criterios sean objetivos. 
Por lo tanto, hay que hacer gran hincapié en que los centros de investigación que facilitan estas referencias sean verdaderamente independientes. Por ejemplo, no puede tratarse de los propios centros de investigación de los productores o de la industria. 
Compartimos plenamente la opinión del Sr. Whitehead en el sentido de que los organismos de regulación, a los que pueden dirigirse los consumidores y que pueden emitir una opinión acerca de la objetividad de las pruebas y de los estudios comparativos, deban seguir siendo, naturalmente en nuestra opinión, de ámbito nacional. 
Basta con que exista una coordinación a nivel de la UE, ya que parte de los casos se refiere claramente a asuntos, por así denominarlos, transfronterizos. 
Además, querría decir en nombre de los Verdes que, en nuestra opinión, en estas enmiendas se habla de manera excesivamente imprecisa a la hora de tratar de las directrices éticas que, por ejemplo, pueden elaborar algunos colectivos profesionales. 
Cuando se habla de qué prohibiciones son posibles, no vamos a aprobar, por ejemplo, las propuestas que se oponen a este tipo de directrices éticas, ya que, probablemente, no son muy objetivas. 
Por último, hemos presentado nuestra propia enmienda, la nº 22, en la que se exige que la publicidad comparativa pueda presentarse bajo la forma de etiquetas y hacer referencia a la composición y a los métodos de producción de los productos. 
El origen de la enmienda se encuentra en el hecho de que, en los Estados Unidos, Monsanto ha demandado a pequeñas centrales lecheras locales por su afirmación de que los productos que fabrican dichas centrales no contienen organismos manipulados genéticamente. 
En nuestra opinión, este tipo de publicidad debería estar permitida. 
El pequeño productor, y por qué no, también el grande, debe poder decir que sus productos no contienen determinado componente. Ello no debería considerarse una traba comercial. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, en particular, a la ponente Sra. Oomen-Ruijten, el informe sobre a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de esta directiva que modifica la Directiva 84/450/CEE, a fin de incluir la publicidad comparativa. 
A lo largo del debate intenté tomar nota de las solicitudes de los distintos diputados en cuanto a explicar la posición de la Comisión respecto a cada una de las enmiendas. 
Espero haber apuntado todas las solicitudes formuladas y confío en poder ofrecer unas respuestas claras. 
Ante todo, hay que recordar que esta propuesta tiene como único objetivo armonizar las legislaciones que regulan la publicidad comparativa. 
Se trata, en definitiva, de un objetivo de armonización que debería mejorar la información dirigida a los consumidores, así como agilizar la libre circulación de los servicios públicos en el mercado interior y garantizar el derecho de realizar una publicidad comparativa. 
Me parece oportuno recordar el contexto, habida cuenta de que algunas solicitudes y quizás alguna referencia directa a aspectos y preocupaciones específicas que pueden ser reales en otros ámbitos, resultan inadecuadas en el contexto en que nos hallamos, es decir, una directiva cuyo fin es armonizar una situación. 
Por consiguiente, la propuesta pretende autorizar la publicidad comparativa en las mismas condiciones en todos los Estados miembros e intenta al mismo tiempo preservar la fidelidad de la publicidad y evitar la desorientación de los consumidores, que podrían sufrir la influencia de una publicidad desleal y engañosa. 
En este contexto, la Comisión desea recordar que acoge sólo ocho de las veintitrés enmiendas presentadas, algunas de las cuales figuraban en la primera lectura y se han vuelto a proponer en ésta. 
La Comisión acepta las enmiendas 1, 2, 4, 8, 9, 16, 20 y 21, que incluyen las anteriores enmiendas núms. 7 y 14 y que habría aceptado parcialmente, y, por el contrario, considera inaceptables las demás al menos en esta etapa. 
Ahora, voy a intentar explicar brevemente por qué. 
En cuanto a las enmiendas 3 y 15, que se refieren a la utilización de los resultados de las pruebas comparativas- está cuestión fue planteada por algunos diputados- la Comisión, tras un examen pormenorizado, comprobó que la utilización para fines publicitarios de los resultados de las pruebas comparativas está vinculada sólo de forma indirecta con el instrumento objeto de debate, es decir, la publicidad comparativa. 
Consideramos que las referencias a dichas pruebas pueden eliminarse, habida cuenta de que no nos parecen necesarias, ya que nuestro objetivo es lograr la armonización de las disposiciones sobre la publicidad comparativa. 
Si esto sigue siendo tan importante, es quizás más oportuno crear un instrumento legislativo ad hoc, mientras que, si el objetivo es la armonización, no consideramos que la publicación de las pruebas comparativas sea tan indispensable en esta etapa. 
Respecto a las demás enmiendas, en particular la 5, 10 y 11 a las que se refirió la ponente, nos pareció oportuno, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las disposiciones relativas a la denominación de origen, introducir la prohibición de comparar los productos que no se benefician de dichas denominaciones. Substancialmente, la Comisión propone que puedan compararse los productos que tengan la misma denominación y excluye dicha comparación para los productos con denominaciones distintas. 
Para ser más explícitos, podríamos decir que se puede comparar el jamón de Parma con el jamón de Parma, pero no se puede comparar el jamón de Parma con la mortadela de Viareggio. 
La Comisión tampoco puede adoptar las enmiendas 6 y 18, porque un sistema de autorregulación, a pesar de que la Comisión lo desea en muchos sectores, no nos parece que pueda sustituir los sistemas de control real y efectivo. Aunque es deseable la autorregulación, no nos parece que la misma pueda sustituir los procedimientos de control, cuyo uso corresponde a los Estados miembros que deben aplicar los principios de la directiva. 
La enmienda 12 es inaceptable a causa de la excesiva y absurda carga administrativa que su aceptación conllevaría para los anunciantes y, en particular, me refiero al problema del plazo de 48 horas. 
En lo concerniente a la cuestión de las comparaciones de productos presentados como imitaciones- un diputado se refirió en este Pleno a las imitaciones y citó una conocida marca de tejanos- consideramos que son suficientes, en primer lugar, la referencia mencionada en el considerando 17 de la posición común y, en segundo lugar, la protección ofrecida por la marca. 
La enmienda 17 no puede aceptarse, porque nos parece superflua, habida cuenta de que la cuestión de la libertad de los Estados miembros de decidir el procedimiento de control ya figura en el segundo párrafo del artículo 4 de la Directiva 84/450/CEE que, como ustedes saben, continúa en vigor. 
Por lo que se refiere a la enmienda 19, consideramos que, prescindiendo del hecho de que la creación de organismos autónomos supone necesariamente una mayor burocracia, debe dominar el principio de subsidiariedad; en cuanto a los organismos nacionales competentes, a los que usted se refirió, es necesario recordar que los mismos no se hallan definidos jurídicamente, carecen de estatutos comunes y no existen en todas partes. 
Por ello, no podemos compartir su idea, aunque en teoría podría ser una idea válida. 
En efecto, si se aprobara la propuesta, la falta de universalidad de los organismos que acabo de mencionar, así como la falta de su precisa definición jurídica, nos llevarían a una situación ambigua en lo referente al tipo de control. 
Finalmente, por lo que se refiere a las enmiendas 22 y 23, nos parece que las mismas introducen condiciones demasiado restrictivas y reducen el ámbito de aplicación de la publicidad comparativa. 
Espero haber contestado también a su pregunta sobre el artículo 15. De todos modos, deseo manifestar que este Pleno, sin duda, entiende los motivos por los cuales la Comisión ha decidido no aprobar algunas de las enmiendas presentadas. 
Estoy asimismo convencida de que las enmiendas que hemos acogido contribuyen a mejorar el texto. Este resultado no podía ser otro, de la misma forma que no podía haber sido diferente, habida cuenta del gran espíritu de colaboración que existe entre el Parlamento y la Comisión respecto a esta y otras materias. 
Por último, deseo recordar a la ponente en relación a su pregunta relativa a la enmienda 11, que la Comisión, sin perjuicio de que el texto esté equivocado, no puede confirmarle que la enmienda excluya cualquier referencia a los productos agrícolas. En consecuencia, deseo reiterarle que, sin perjuicio de que exista una dificultad en el texto que estoy dispuesta a comentar, la Comisión no está en disposición de facilitarle la garantía que solicita. 
5 y 10, comparamos los productos con denominación de origen exclusivamente dentro del origen, pero de hecho, la enmienda nº 11 elimina la posibilidad de comparar, por ejemplo, un automóvil que goza de una determinada reputación con otro que goza de otra reputación, y eso no tiene nada que ver con los productos agrícolas. 
Esta es en realidad la respuesta que quisiera que me diera. 
Sólo tiene que ver con el derecho de marcas, pues esto es lo que se ha discutido. 
Señora Oomen-Ruijten, quizás es cierto que existe una dificultad en el texto. 
Nosotros consideramos que pueden compararse los productos que tienen el mismo origen, el mismo problema se plantea entre los productos con denominación de origen y las marcas que, evidentemente, son dos procedencias diferentes y afectan a productos diferentes. 
Nosotros estimamos que tan sólo pueden compararse los productos que tienen el mismo origen. La cuestión de las marcas plantea una problemática absolutamente distinta. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguimiento y control sanitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0285/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0354/96-95/0238 (COD) ) con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario sobre vigilancia de la salud en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (Ponente: Sr. Poggiolini). 
Señor Presidente, hemos llegado al debate de la recomendación para la segunda lectura relativa a la posición común aprobada por el Consejo el pasado 14 de mayo con vistas a la adopción de un programa de acción comunitario sobre vigilancia en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública. 
Tal como manifesté con ocasión de la primera lectura, se trata de un programa fundamental para que todos los programas ya aprobados y pendientes de aprobación en materia de salud alcancen mayores resultados. 
La posición común de Consejo de los Ministros de Sanidad, aprobada por unanimidad, sólo incorporó dos enmiendas de las 44 aprobadas por el Parlamento Europeo en la primera lectura: la 17 y la 20, mientras que sólo fueron incorporadas parcialmente 17 enmiendas, en la mayoría de los casos con arreglo al texto propuesto por la Comisión. 
En definitiva, el texto propuesto por el Consejo nos plantea un programa de acción absolutamente insuficiente tanto por la dotación financiera como por su carácter provisional, así como por la falta de solución de las condiciones básicas para su buen funcionamiento. 
En consecuencia, no podemos considerarnos satisfechos y, por ello, he vuelto a presentar en este proyecto de recomendación 19 enmiendas, aprobadas también en esta ocasión por unanimidad en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor en su reunión del pasado 25 de septiembre. 
Básicamente, dichas enmiendas se refieren a cuatro puntos fundamentales. 
El primero, la progresiva armonización de los datos, así como de las definiciones y los métodos de recogida de los datos nacionales sobre la salud. 
Señor Presidente, todo el mundo, incluido el Consejo, está de acuerdo en reconocer que los datos sanitarios de los Estados miembros son a menudo insuficientes y, muchas veces, inexistentes y, en todo caso, no se pueden comparar. 
Por consiguiente, y a este propósito, deseo precisar que todo lo que pedimos se reduce a armonizar el lenguaje científico y no los sistemas sanitarios nacionales. 
El temor que abriga el Consejo en cuanto a la prohibición de armonizar los servicios sanitarios de los Estados miembros, contemplada en el artículo 129 del Tratado de Maastricht, es del todo infundado. 
Lo que se trata es de armonizar el lenguaje, los términos científicos, sin tratar de intervenir e interferir en la organización sanitaria de los Estados miembros. 
El segundo punto se refiere a una dotación presupuestaria adecuada en lugar de la absolutamente insuficiente e inaceptable propuesta por el Consejo. 
El Parlamento Europeo en su enmienda 8 vuelve a proponer como dotación necesaria para la ejecución de este programa quinquenal 20 millones de ecus, importe que, cabe recordarlo, ya fue fruto de un compromiso entre los 35 millones de ecus considerados al principio necesarios por los servicios competentes de la Comisión y los 13, 8 millones de ecus que finalmente quedaron inscritos en la propuesta de decisión, debido a los recortes presupuestarios exigidos por los mismos servicios. 
El Consejo, por su parte, demostrando, permítanme decirlo, una ridícula parsimonia suprimió 800.000 ecus de los 13, 8 millones de ecus, reduciéndolos a 13 millones de ecus. 
La propuesta de la Comisión que resta de 13, 8 millones 800.000 ecus, cuando los mismos funcionarios habían previstos 35 millones, es evidentemente incomprensible. 
El tercer punto propone la creación de un Observatorio europeo de la salud y, en particular se pide la realización de estudios de viabilidad para la creación de esta estructura permanente encargada del seguimiento y del análisis de los datos indicadores de la salud en el espacio comunitario. 
El Consejo ha ignorado esta solicitud considerando no oportuno anunciar estas formas de estructuras en el ámbito del presente programa. 
Por último, y no ciertamente por orden de importancia, el problema relativo al procedimiento del Comité que asiste a la Comisión en la etapa de ejecución y que con la enmienda 10 pedimos que fuera sólo consultivo y compuesto por un representante por cada Estado miembro en lugar de los dos actuales. 
Las modificaciones solicitadas, fruto de la experiencia adquirida a través de los tres programas de sanidad anteriores de carácter fundamentalmente técnico, convertirían en menos burocrática y costosa la ejecución de dicho programa. 
Éstas son, en definitiva, las solicitudes que hacemos y una vez más nos oponemos al Consejo que con su miope actitud da muestras de una manifiesta voluntad política dirigida a vaciar de contenido el artículo 129 del Tratado de Maastricht. 
Es evidente que un programa de este tipo aparentemente técnico, reviste una gran importancia estratégica a largo plazo y permitiría, en el caso de funcionamiento óptimo, no tan sólo satisfacer las demandas de garantía y calidad sanitarias de los ciudadanos europeos, sino también responder a sus graves preocupaciones presupuestarias, compartidas por todos los Estados miembros, respecto a unos gastos sanitarios inabordables. 
En esto reside la gran importancia política de este programa relativo a un sistema comunitario de vigilancia de la salud que permita, sobre la base de datos comparables, establecer prioridades de política sanitaria y mejorar su rentabilidad y, por consiguiente, su eficacia. 
Se trata de conceptos sencillos y claros y mediante los mismos se pide la posición de la Comisión, en la confianza de que sean tenidos en cuenta en el próximo Consejo de los Ministros de Sanidad en el interés exclusivo de los ciudadanos de la Unión. 
Señor Presidente, permítame que en primer lugar agradezca al Sr. Poggiolini su trabajo, le felicite por lo que a mi juicio, y estoy seguro que al de todos los colegas, ha sido un riguroso trabajo consciente de la importancia del tema y receptivo, puesto que, como se ha dicho en estos mismos escaños, todas las enmiendas prácticamente fueron incorporadas por el Sr. Poggiolini y todas fueron aprobadas por unanimidad. 
De manera que, desde el principio hasta esta recomendación para la segunda lectura, todas las familias políticas de este Parlamento nos hemos sentido muy representadas en las opiniones del Sr. Poggiolini. 
Añado a lo que él ha señalado, la importancia ilusionante que tenía o que tiene aún este cuerpo legislativo, puesto que, quizá por primera vez desde el Tratado de Maastricht, no estamos ante un programa sanitario que es la suma de acciones de los distintos Estados miembros, sino que es la integración de los Estados en una acción conjunta. 
Por primera vez tocábamos Europa y tocábamos Europa en su significación más fecunda que es mejorar los sistemas nacionales de salud, porque desde luego es evidente que la recogida de datos es el punto de partida para un mayor conocimiento y para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus respectivos sistemas de salud, cosa que ha parecido ofender a algunos miembros del Consejo. 
Felicité a la Comisión por lo que era muy ilusionante pero, sin retirar mi felicitación que siguen mereciendo, debo decir que estoy decepcionado. 
Fundamentalmente por dos enmiendas que la posición común no ha aceptado. 
Por una parte, el programa no puede desarrollarse en cinco años con 13 millones de ecus y, por otra, se niega la existencia de una estructura estable, de un Observatorio europeo de la salud que consolidara definitivamente e hiciera fecundos y perdurables los datos obtenidos. 
Por consiguiente, ambas cosas tienden a no consolidar la acción que se va a iniciar, la falta de financiación y la falta de una estructura estable. 
Por tanto, aunque todas las enmiendas son importantes, creo que la enmienda nº 8 y la enmienda nº 17 son fundamentales para que el proyecto siga teniendo el significado relevante que le dimos en la primera lectura. 
Quiero decir que no entiendo por qué esos recelos del Consejo en cuanto se roza en lo más mínimo los nacionalismos. 
Es decir, el principio de subsidiariedad se ha convertido en una barrera nacionalista que ha escamoteado el ilusionante clima de hace cinco años, del Tratado de Maastricht. 
Y con todos los respetos al Sr. Santer, quiero decirles que lo que llamamos el espíritu Delors aquí se ha apagado poco a poco, y que al contrario estamos en esta Europa sin rostro. 
Una Europa además en la que no se sabe a quién culpar porque seguramente el Sr. Comisario me hará un gesto cómplice en el sentido noble de la palabra diciendo: » Esto es lo que podemos obtener del Consejo». 
Y seguramente en el Consejo, uno por uno, harán un gesto diciendo: » Es que hubo otros Estados que no quisieron». 
De manera que es una Europa sin rostro, pues la verdad es que los recelos son extraordinarios. 
La recogida de datos, que es absolutamente ilusionante, tiene que basarse en datos fiables. 
El campo de los datos sanitarios es muy propicio a la demagogia y, por tanto, los Estados miembros tienen que garantizar que los datos que se recojan sean fiables y objetivos. 
Señor Presidente, estos programas que estamos discutiendo dentro del ámbito de la política sanitaria han tenido siempre el apoyo de este Parlamento, y tenemos que felicitar al Comisario Sr. Flynn por su trabajo, un trabajo eficaz que está dando contenido a las exigencias del Tratado de Maastricht. 
Pero tenemos que demostrar más unión frente al Consejo. 
Sabemos que estamos en período de restricciones presupuestarias, pero las necesidades de los ciudadanos y de esta Europa de rostro humano son imprenscindibles. 
Quizás, el mensaje que hay que transmitir a los ciudadanos hoy, esta noche, es el de la importancia de esta red de vigilancia epidemiológica, porque desgraciadamente es de actualidad y día a día nos estamos enfrentando a este vacío y a esta necesidad. 
Desgraciadamente, estamos viviendo toda la crisis de la zoonosis, de la encefalopatía espongiforme bovina, y además nos encontramos con rebrotes de legionella en España, asuntos en los que tan necesaria es la colaboración internacional para dar una respuesta inmediata. 
Ya hay centros que vienen trabajando en este ámbito, como el centro de Londres o bien la red ya establecida para seguimiento del sida. 
En París se está viendo la necesidad, la importancia y la eficacia que están teniendo estas acciones y lo único que necesitamos es reforzarlas. 
Pero también tiene que haber una llamada a la responsabilidad personal. 
Algunas veces se nos olvida que la clave, la clave epidemiológica, la clave de protección está en el comportamiento personal de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y, por supuesto, en las estructuras locales, básicas y fundamentales. 
Y en este ámbito tenemos que recordar a los Gobiernos- que son bastante cicateros a la hora de apoyar estos programas comunitarios -, que ellos también dedican muy poco dinero a la medicina preventiva a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. 
Y esto lo tenemos que denunciar aquí y ahora, porque en Europa sólo entre un 2 y un 4 % de los presupuestos sanitarios se dedican a medicina preventiva, cuando estas cifras son claramente insuficientes y van en contra de la eficacia global del sistema. 
Esto conduce a gastos multiplicados en otros sectores: por ahorrar aquí, después tenemos muchos gastos en otro ámbito. 
Establecer esta base de coordinación a nivel local, regional, nacional y comunitario es otra de las exigencias fundamentales y tenemos que elaborar el convenio sobre sanidad exterior común, que tiene que ir anexo al Convenio de frontera única. 
Yo creo que todo ello está íntimamente ligado y es otro de los desafíos. 
Esperamos una propuesta de la Comisión Europea en breve plazo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en principio, el Grupo de los Liberales apoya plenamente el informe del Sr. Poggiolini, a quien por cierto deseo felicitar. 
La necesidad de unas estadísticas comparables sobre la salud a nivel europeo es grande y la demanda de datos sobre la salud no desaparecerá al concluir el programa de acción. 
Este es el motivo de la propuesta de un sistema permanente de control sanitario. 
No obstante, la cuestión es cómo podemos alcanzar este objetivo de la forma más rápida y eficaz y con el mínimo de recursos. 
La idea de un Observatorio Europeo es defendible. Sin embargo, la creación de un observatorio nuevo supone un gran esfuerzo. 
Hemos de averiguar dónde se está trabajando bien en estos momentos y si hay un Estado miembro que realice con éxito un control sanitario, pues entonces habrá que tomar como punto de partida el sistema de dicho Estado miembro. 
En una segunda fase podemos seguir diferentes caminos. 
Sea solicitando a los Estados miembros que adopten los métodos de trabajo de esta best practice, sea creando un nuevo observatorio europeo que adopte y desarrolle el método de la best practice. 
En cualquier caso, consideramos, al igual que el ponente y otros oradores, que los 20 millones de ecus solicitados suponen un mínimo para poder obtener verdaderos resultados. 
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica está totalmente de acuerdo con el informe del Sr. Poggiolini tanto en su crítica a la posición del Consejo como en las propuestas concretas que realiza. 
Existen suficientes razones para deplorar la actitud cicatera y restrictiva del Consejo sólo entendible desde la negativa influencia que ejerce la corriente neoliberal en Europa basada en recortes del gasto público y en reducir la capacidad de las instituciones públicas encargadas de ofrecer servicios a la colectividad. 
Parece evidente que casos, como ya ha señalado el Sr. Valverde, como el de «las vacas locas» demuestran la necesidad de disponer de una red de vigilancia epidemiológica en condiciones. 
O por poner otro ejemplo, este año se va a publicar un libro sobre salud pública en el cual yo he participado. 
He revisado el sistema sanitario europeo y me he encontrado con la dificultad de poder armonizar y calibrar las estadísticas e indicadores de los distintos países. 
La primera es el previsible incremento de las enfermedades de la Unión a causa del aumento del paro y de la marginación de grandes sectores de la población. 
Todo ello exigiría la existencia de una red como la que aquí se propone. 
La segunda consideración se refiere al preocupante incremento de las enfermedades infecciosas y de todo tipo en los países del Este europeo, y sobre todo en la Federación rusa que con el aumento del comercio y de las relaciones va a suponer un peligro para Europa. 
Y la tercera es que en la revisión del Tratado de Maastricht se va a dar importancia a la mejora de la cohesión y de los instrumentos comunes. 
Por ello, haría falta disponer de esa red, así como del observatorio que se menciona en el informe, para poder avanzar en esa dirección. 
Por ello, es por lo que nosotros como Grupo estamos de acuerdo con el informe del Sr. Poggiolini y respaldamos el que la Comisión tenga la necesaria capacidad para poder influir favorablemente. 
En efecto, ¿quién no estaría de acuerdo en mejorar la salud de las poblaciones y en reducir los gastos? 
En realidad, lo cierto es que, sin tener necesidad de un «observatorio» para comprobarlo, los gastos sanitarios y de seguridad social, que son indisociables, alcanzan niveles astronómicos. 
También es cierto que las razones que explican estos gastos se deben más a políticas inadecuadas y a gestiones deficientes, por no decir dudosas, que a una necesidad de coordinación europea. 
¿Qué se nos propone hoy? 
Se nos propone nuevamente la creación de un instrumento supranacional. 
No puedo dejar de relacionar este Observatorio con otros instrumentos que Europa trata de imponernos. 
Por ejemplo, la lucha contra el fraude presupuestario sirve de pretexto para la creación de un organismo de corte federal. 
Me pregunto, al fin y al cabo, si acaso las buenas intenciones no sirven para disumular iniciativas políticas que no tienen mucho que ver con las causas que se supone defienden. 
Con Maastricht se nos había prometido que acabarían nuestros problemas gracias a la integración europea. 
Esta última debía traer consigo el fin del desempleo y también la prosperidad. 
Hoy vemos lo que ocurre. 
No tuvieron bastante con el ejemplo de Maastricht y continúan por la misma vía. 
El federalismo, pues, no resolverá nada. 
Querría decir a Su Señoría que si desea luchar contra el aumento de los gastos sanitarios, debe combatir las causas reales. 
La pirámide de las edades de nuestras naciones europeas es catastrófica. 
Sería preciso practicar una política de natalidad coherente y voluntarista para que la solidaridad entre las generaciones pueda actuar de lleno. 
La inmigración es un factor que agudiza los gastos sanitarios. 
Francia practica en este sentido una de las discriminaciones más escandalosas. 
Monógama, en el terreno cultural y jurídico, Francia admite la poligamia para los extranjeros y presta cobertura social a las esposas de aquellos que optan por no seguir nuestras tradiciones y nuestro Derecho en nuestro propio suelo. 
Una de las principales causas del aumento de los gastos sanitarios radica en los efectos conjugados de la descentralización y de la gestión pública de la asistencia médica. 
Hay colectividades que construyen hospitales por razones de prestigio personal, sin preocuparse de la eficacia de este tipo de decisión. 
No es raro ver dos municipios, situados a una distancia de quince kilómetros, equipados con aparatos extremadamente costosos, como los escáner. 
También en este caso, dichos aparatos son infrautilizados o simplemente inútiles. 
A veces la decisión de crear un hospital responde a la preocupación de crear empleos y no a una necesidad en materia sanitaria. 
En realidad, lo que a la larga estamos produciendo es desempleo, al permitir que el Estado satisfaga su inclinación bulímica por el control de la economía. 
Desembocamos así en una situación muy grave que explica el aumento de los gastos en materia de salud pública: la financiación de una política socialista contra el desempleo. 
Se opta por socializar la medicina. 
¿Es necesario recordales el ejemplo dramático de la experiencia de la Unión Soviética? 
El corolario del horror soviético fue el desatino en el plano económico. 
¿Desean reproducir este error? 
Para combatir, seriamente, claro está, los problemas sanitarios, es necesario tener valor y atacar de frente las causas reales que acabo de exponerles brevemente. 
Por el contrario, parece que las esperanzas de ustedes se basan en la creación de esa especie de nebulosa que denominan «observatorio». 
Se trata de la huida hacia delante- lo que no es de extrañar- de una ideología federal. 
Pero hay que atacar la falsedad de este error. 
En la exposición de motivos, el Sr. Poggiolini justifica la creación de esa especie de «chisme» por el hecho de que los países miembros podrán, basándose en datos comparables en materia sanitaria, asignar prioridades a la política sanitaria, mejorar su rentabilidad y, por consiguiente, la eficacia. 
Esto es inexacto por partida doble. 
No corresponde a las administraciones públicas asumir la política sanitaria. 
El hecho de «funcionarizar» la investigación significa acabar con ella o, al menos, hacerla mucho menos eficaz que si los laboratorios, incentivados por la competencia y el ahínco por la investigación, se lanzan a la elaboración de nuevos productos. 
Ahora bien, el Observatorio significa todo lo contrario. 
Sus efectos repercuten en otras administraciones públicas de rango inferior: los Estados miembros. 
Éstos serán los simples ejecutantes de una política totalmente desprovista de legitimidad. 
Ante todo, quisiera dar las gracias al Sr. Poggiolini y a los diputados que han participado en el debate y también a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que contribuyeron a la preparación del informe. 
En particular, les agradezco la rapidez con la que se han ocupado del asunto. 
En general, el programa pretende contribuir al establecimiento de un sistema de seguimiento y control sanitario de gran calidad y orientado a las diferentes políticas que garantice un alto nivel de protección de la salud. 
Eso es lo que nos exige el artículo 129 del Tratado. 
Me resulta muy grato constatar el elevado número de personas que apoyan nuestra intención. 
La primera vez que ustedes tuvieron conocimiento de esta propuesta concreta fue en abril de este año, con ocasión de su primera lectura. 
Entonces aprobaron 44 enmiendas. La Comisión aceptó total o parcialmente 28 de ellas en su propuesta modificada. 
Pero después el Consejo adoptó esta posición común sobre el programa, en la que se recogen muy pocas de las enmiendas de la primera lectura en su integridad. 
Por consiguiente, puedo comprender sin esfuerzo su deseo de incluir de nuevo muchas de las enmiendas de la primera lectura. 
Antes de ocuparme de ellas en detalle, me gustaría adelantarles que, de las 19 enmiendas que se proponen en este momento, la Comisión está en disposición de aceptar 10, en todo o en parte. 
Aceptamos en su integridad las enmiendas núms. 7, 9, 10- partes 2 y 4 -, 13, 17 y 19. 
Aceptamos parte de las enmiendas núms. 2, 6, 10- parte 1 -, 16 y 18. 
La aceptación parcial de estas enmiendas se debe a diversas razones. La enmienda nº 2 es muy restrictiva. 
La nº 6 puede dar lugar a cierta confusión o a interpretaciones erróneas. 
El primer párrafo de la enmienda nº 10 no se compagina con la estructura del comité que ya se ha adoptado en otros programas públicos de salud. 
Según la enmienda nº 16, la Comisión habría de llevar a cabo una actividad que pueden desempeñar mejor peritos técnicos a instancias de la Comisión o con su apoyo. 
Por último, la enmienda nº 18 excede en parte el alcance del programa. 
Por lo que respecta a nuestra posición sobre la enmienda nº 10, creo que conviene hacer ciertas precisiones a la Asamblea. 
Se refiere al comité vinculado al programa y se suscitó durante el debate. 
Estamos de acuerdo en el carácter consultivo del comité, pero es importante que su estructura sea similar a la de los comités vinculados a otros programas de salud pública. 
Creemos que es particularmente importante que el programa de seguimiento y control sanitario cuente con dos representantes por Estado miembro, debido a lo siguiente: es probable que los productores (normalmente, los institutos nacionales de estadística) y los usuarios de los datos sanitarios (normalmente, las autoridades sanitarias) tengan perspectivas muy diferentes sobre el programa. Ambas tienen que ser consideradas. 
Por esta razón básica, pensamos que debe haber dos representantes por cada Estado miembro. 
Voy a exponer las razones por las que no aceptamos algunas enmiendas. 
Las enmiendas núms. 1, 5 y 11 no pueden aceptarse por razones jurídicas. 
Las dos últimas no son compatibles con el artículo 129. 
Las enmiendas núms. 3 y 15 se rechazan porque exceden el alcance del programa. 
Las enmiendas núms. 4, 12 y 14, porque establecen limitaciones excesivas. 
La enmienda restante, la nº 8, trata de la cuantía del presupuesto y esto también plantea problemas. 
Llegados a este punto, quisiera explicar con más detalle porqué rechazamos algunas enmiendas, ya que es importante que todo el mundo nos entienda. 
La enmienda nº 1 trata de la cuestión de un observatorio europeo de salud. 
Muchos de los diputados que intervinieron pusieron mucho énfasis en este asunto. 
Quisiera resaltar que no nos oponemos a hacer un estudio de viabilidad de tal organismo. 
Nuestra oposición se basa más bien en la necesidad de que las motivaciones se basen en textos jurídicos, antes que en reuniones y cosas de este tipo. 
Puedo asegurarles que no he olvidado la promesa que hice en la reunión de conciliación: se estudiará la idea de un observatorio europeo de salud. 
Me alegra que la Sra. Kestelijn-Sierens haya pedido que se realice un estudio específico. 
Así se hará. 
3 y 15 proponen mejoras en las bases de datos de los Estados miembros. No podemos apoyarla debido al principio de subsidiariedad. 
Es una competencia de los propios Estados miembros. No estamos de acuerdo en que haya que fomentar y desarrollar la cooperación con todas las partes afectadas, como proponen las enmiendas núms. 
5 y 11. Creemos más bien que hay que servirse de un texto más en consonancia con el artículo 129. 
Prácticamente todos los oradores de esta noche se han referido al presupuesto. Me parece natural desear que se incrementen los recursos financieros del programa, pero, como le consta a esta Asamblea, el margen disponible para gastos adicionales bajo la rúbrica 3 del presupuesto es verdaderamente muy escaso. 
Con este trasfondo, recordarán que los créditos presupuestarios de los tres primeros programas se decidieron sólo en el procedimiento de conciliación. 
Mi impresión es que en este caso sucederá lo mismo. 
Creo que, una vez que llegue ese momento del procedimiento legislativo, la autoridad presupuestaria mostrará una mejor apreciación del contenido final del programa y de los recursos apropiados y necesarios. 
Sugiero que dejemos que esto se decida finalmente en el procedimiento de conciliación. 
Antes de concluir, permítanme añadir que sé hasta que punto nos preocupan los objetivos del programa. 
Estamos de acuerdo con ustedes en que es importante esforzarse por conseguir datos comparables y cada vez más armonizados. 
El Sr. Poggiolini ha recalcado mucho este punto. 
Pero sugiero que tengamos prudencia al apoyar las actividades que conduzcan a ese objetivo concreto. 
Frente a las implicaciones de la enmienda nº 14, me gustaría recordar que el artículo 129 no nos permite obligar a los Estados miembros a armonizar los datos nacionales. 
Esta es la razón de nuestra oposición a dicha enmienda, aunque aceptamos la nº 13. 
Por último, tengo la esperanza de que el Parlamento intente comprender y entienda al final las razones que acabo de considerar con ustedes por las que no se aceptan algunas enmiendas. 
Espero también que el Parlamento comparta la generalizada preocupación por el seguimiento y control de la salud y emita un dictamen favorable a este programa concreto. 
Se trata de un asunto de enorme importancia que cumple la exigencia planteada por el Sr. Aparicio Sánchez y el Sr. Valverde López de que tengamos un rostro europeo. 
Esto nos llevará muy lejos en esa dirección. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de aguas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0290/96) del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0059- C4-0144/96) sobre la política de aguas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente para opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la Comunicación de la Comisión sobre la política de aguas de la Unión Europea, deseo efectuar un rápido análisis de la resolución que se les somete. 
Primeramente, nos felicitamos del hecho de que varios considerandos, como el C, el Q y el V, y de que varios apartados de la resolución que se les presenta, concretamente los apartados 4, 5, 6, 9, 10, 21, 23 y 24, estén totalmente de acuerdo con la opinión de nuestra comisión. 
Sin embargo, nosotros consideramos que la propuesta de la Comisión no va lo suficientemente lejos en cuanto a la simplificación y pedimos la creación de una directiva marco sobre el agua, que recoja el conjunto de directivas existentes y de proyectos en curso sobre este tema, incluidos los relativos a las obligaciones en materia de control e información. 
Nuestra opinión indica claramente el camino a seguir: reagrupar, simplificar, unificar, hacer más transparente la legislación existente, sin empeorar, naturalmente, el nivel de protección alcanzado. 
Esta simplificación desempeñaría un doble papel. 
El primero sería facilitar la aplicación y el control de la política comunitaria; los Estados miembros podrían aplicar así con mayor facilidad las medidas nacionales o transnacionales. 
¿Cómo es posible, en la actualidad, trasponer al Derecho nacional más de cincuenta directivas sobre la protección de las aguas, directivas que se superponen, se repiten y a veces se contradicen? 
El segundo objetivo sería que los Estados miembros lograran una mejor comprensión de esta política. 
Todos los usuarios privados y públicos deberían tener sus obligaciones reagrupadas en un mismo texto que les demostrara que la protección de las aguas, debido a los múltiples usos de estas últimas, no puede ser enfocada a través de textos sectoriales. 
La Unión Europea se dotaría así de un texto único de gran importancia para la protección de uno de sus recursos naturales esenciales. 
En cambio, la resolución propuesta no parece estar de acuerdo con nuestra opinión en cuanto a la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Si bien compartimos el análisis del apartado 16 sobre la necesidad de un enfoque europeo integrado con respecto a la gestión de las cuencas fluviales transfronterizas, el texto disiente de nuestra opinión en varios puntos. 
El apartado 1 de la resolución afirma que los objetivos, y también las medidas prioritarias de una política comunitaria de aguas, pueden alcanzarse mejor a escala comunitaria que a nivel de los Estados miembros, aunque el apartado 9 reconozca explícitamente que no será posible aplicarlos en todas partes. 
A pesar de esta constatación, la resolución pide como reivindicación mínima que se fijen normas de emisión rigurosas y unificadas. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural había propuesto que la directiva marco fijase sólo las líneas directrices con miras a lograr los objetivos comunes establecidos por la Unión Europea. 
Señor Presidente, el hecho de que mi Grupo proponga sólo cuatro enmiendas al informe Florenz refleja la medida en la que valoramos no sólo el trabajo del ponente, sino también el de los otros ponentes en la sombra, tanto del Grupo Liberal como del Grupo de los Verdes, así como el de todos los que han contribuido a concluir, felizmente en mi opinión, un largo programa que comenzó hace varios meses. 
Ciertamente, este lado de la Asamblea considera que la audiencia del 20 de junio, decidida por el Parlamento y mencionada en el preámbulo del informe Florenz, fue un buen comienzo. 
Tal como yo lo veo, la Comisión básicamente nos dijo: ¿qué quieren hacer ustedes? 
Nosotros, como representantes electos, presentamos algunas propuestas en esa audiencia, como debe ser. 
Por consiguiente, se puede decir que la Comisión y el Parlamento han trabajado con esmero y de manera constructiva no sólo en la conclusión de esa audiencia, sino aportando el excelente trabajo del Sr. Florenz durante las vacaciones de verano antes de que se materializara la comunicación en otoño. 
Creo que hemos adelantado mucho, pero en este lado de la Asamblea pensamos que un programa de acción (ése era el término que utilizábamos y que fue objeto de enmiendas en la comisión) hubiera otorgado al Parlamento el poder que le corresponde en virtud de la codecisión. 
Por consiguiente, si aceptamos, como vamos a hacer, el acuerdo alcanzado, basado en una carta de la Sra. Bjerregaard al Sr. Florenz de 14 de octubre de 1996, esa es la base que sostiene nuestro acuerdo. 
Por lo tanto, aceptaremos el principio de una directiva marco y también la disminución de nuestros poderes que conlleva el artículo 130s. 
Por supuesto que se trata de juegos constitucionales. Nos alegra que la Comisión se haya prestado a algunas de estas maniobras. 
La decisión de actuar así ha sido correcta. 
¿Puedo pedir a la Comisaria que cuando le llegue el turno de respuesta en el debate nos dé algunas precisiones sobre el calendario? 
Parte de la estrategia del juego consistía en que nosotros aceptábamos el principio de una directiva marco en lugar de un programa de acción sobre la base de que queríamos poder presentar algo al electorado. Me parece que esto tiene sentido. 
¿Puedo pedir también a la Comisaria que nos diga cuáles son sus ideas sobre los otros proyectos en curso en materia de aguas que, como se ha mencionado, se están examinando en el momento presente? 
Sería útil conocer el calendario de la Comisión sobre estas otras directivas. 
Agradezco una vez más a la Comisión su enfoque constructivo sobre el informe Florenz y felicito una vez más al Sr. Florenz por el excelente trabajo que han realizado él y los democrata-cristianos. 
Señor Presidente, como acaban de mencionar los colegas, el agua es un condicionante de otras políticas muy importantes, como la agricultura, el turismo, el consumo urbano y el industrial. 
Por eso apoyamos plenamente la propuesta que hace el ponente, Sr. Florenz, de empezar a abordar estos temas de una forma global con una directiva marco. 
Así también tenemos que apoyar su enfoque de priorizar las normas de emisión y de elaborar criterios de calidad como instrumento convergente y complementario. 
Y esto también es esencial. 
Asimismo, creo que podemos apoyar perfectamente la propuesta que hace la Comisión de Agricultura, a través de su ponente Sr. des Places, de la necesidad de una codificación y una simplificación de las propuestas. 
Y yo creo que aquí y ahora nosotros, como Parlamento, tenemos que llamar la atención con energía a todos los ciudadanos de Europa y a todos los responsables para indicarles que, en un futuro próximo, nada va a seguir en este ámbito como hasta ahora. 
El agua es un bien escaso. 
Todo el mundo lo sabe y nadie tiene el derecho a contaminarla. 
Por lo tanto, la estrategia ha de ser el evitar cualquier contaminación y las emisiones tendrán que ser la excepción y no la norma. 
Y hay que recordar a todos los ciudadanos que el agua tiene un precio, y ese precio va a seguir creciendo por razones económicas, sociales y medioambientales, y nosotros también tenemos la obligación de hacer realidad la exigencia del Tratado de Maastricht de internalizar todos los costes en el precio del agua. 
También tenemos la obligación de señalar que no solamente hay problemas de calidad, sino también problemas de cantidad en muchas regiones. 
Por lo tanto, se ha de articular la solidaridad interregional por encima de las fronteras nacionales. 
También esta política conlleva una exigencia de buen uso. 
El problema se plantea también como ordenación del territorio, utilización de aguas residuales para su reutilización, así como aprovechar todos los recursos disponibles, incluidas las posibilidades que tienen las zonas costeras mediterráneas con la instalación de plantas de desalinización, y no se pueden dejar estas iniciativas sólo para cuando haya graves problemas de sequía. 
Asimismo, también se necesita un gran compromiso entre los distintos actores, los grandes consumidores, como agricultura, industria, turismo y el uso urbano, y aquí tienen grandes responsabilidades también las autoridades locales ya que, a la hora de reestructurar el territorio, es un factor limitante que se tiene que tener muy en cuenta. 
Y por último, creo que no caben simplificaciones en este ámbito. 
No caben simples medidas de privatización de la explotación del agua. 
Esto es mucho más complejo, se tiene que ver como una globalidad y estas son las directrices que tiene que elaborar la Unión Europea y después dejar a las regiones y a los países que administren adecuadamente estas posibilidades. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, nuestro Grupo apoya el informe Florenz, sobre todo porque aborda y defiende la necesidad de la adopción de una directiva-marco relativa a la protección sostenible de los recursos hídricos que condense y simplifique las numerosas directivas ya existentes sobre esta materia. 
También apoyamos el objetivo principal de la lucha por un agua de buena calidad desde el punto de vista ecológico. 
Es importante que se protejan a toda costa los recursos hídricos en Europa, dada la utilización cada vez mayor que el hombre hace del agua, como también es urgente que todos los Estados miembros eviten una mayor degradación de la calidad del agua y promuevan de igual modo el saneamiento de las aguas contaminadas. 
Conviene añadir también que las financiaciones comunitarias para la protección de las aguas deben dar preferencia cada vez más a las regiones periféricas y ultraperiféricas, donde falta aún mucho por hacer. 
Reviste el mayor interés la referencia de la Comisión al examen de las cuencas hidrográficas que, además de obligar en muchos casos a aplicar una política de cooperación y entendimiento entre los Estados miembros interesados, exige simultáneamente la atención y la intervención colaboradora de la Unión Europea. 
Hoy se deben afrontar las cuestiones del agua de forma diferente, sin las actitudes belicosas de otro tiempo. 
Pero su importancia no dispensa ni a los Estados miembros de la lucha por la defensa de sus derechos y de los intereses de sus poblaciones ni a la Unión de una estrategia superior de arbitraje, control y orientación, con criterios justos y oportunos, si bien basados en el principio de subsidiariedad. 
La política de aguas no puede tampoco dejar de estar vinculada con todo el conjunto de otras políticas participantes en proyectos de desarrollo integrado, ya sea la medioambiental y de ordenación del territorio, la de los transportes, la energética, o la industrial, la agraria o la forestal. 
Y en este último sector, además del interés de la preservación de las selvas indígenas, conviene subrayar la gran importancia que puede revestir para el fortalecimiento de los recursos hídricos una estrategia global en el sector del agua por parte de la Unión Europea que propicie en la práctica un aumento importante y urgente de las zonas forestales en los diversos Estados miembros y en sus regiones, sobre todo las meridionales, cuyos gobiernos no siempre han estado atentos ni han dado muestras de esforzarse verdaderamente con vistas a la formulación de políticas concretas y adecuadas que sólo dan fruto a largo plazo. 
Señor Presidente, seamos justos, y me dirijo concretamente a la Comisaria Bjerregaard. La revisión de la política de aguas ha surgido en gran medida gracias a la iniciativa del Parlamento Europeo. 
En el Parlamento lo considerábamos necesario, pues había una proliferación de directivas en este ámbito y dichas directivas apenas encajaban. 
Nuestra audiencia, como ha dicho el ponente Florenz, ha contribuido a que se revise toda la política de aguas. 
He de confesar que mi Grupo no tenía mucha confianza, y sigue sin tener demasiada, en la Comisión para lograr una revisión de la política de aguas. 
Considero que la Comisión ha perdido bastante crédito hasta ahora en este ámbito. Nuestra confianza no aumentó mucho cuando vimos esta Comunicación. 
Se trata de un documento que no dice nada y le doy la razón al ponente de que amenazara con un programa de acción. Usted sabe, y el ponente, Sr. Florenz, también lo sabe, que mi Grupo no era partidario de un programa de acción en lugar de esta Comunicación, porque preveíamos fuertes retrasos de procedimiento. 
Pero, no obstante, ahora hay que esperar la propuesta de la Comisión de una directiva marco y esta directiva tendría que incluir lo que falta en esta Comunicación que tratamos hoy. 
Una buena armonía entre los objetivos de calidad y las normas de emisión, y en segundo lugar objetivos de calidad y cantidad, y una elevada prioridad para la calidad ecológica del agua. 
Me complace la carta que ha redactado la Comisaria a raíz de la insistencia del Sr. Florenz. 
Nuevamente, esta carta ha surgido gracias a la presión del Parlamento, y en ella se dice que más tarde tendremos una directiva marco. 
Señor Presidente, hasta ahora la conclusión es que el Parlamento ha tenido que tomar muchas iniciativas para lograr una política de aguas europea nueva y aceptable, algo que hemos de agradecer también al ponente, Sr. Florenz. 
Le felicito de todo corazón por este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, según la Agencia de Medio Ambiente, entre el 10 % y el 20 % de las aguas en Europa no tienen la calidad adecuada. 
Y desde 1973 se ha ido entramando un marco legislativo de directivas contradictorias entre sí. 
Por eso, nosotros estamos completamente de acuerdo con el Sr. Florenz en la necesidad de una directiva marco que integre y simplifique la legislación actual, sobre todo si se tiene en cuenta que el incumplimiento del Derecho comunitario en los temas medioambientales es habitual. 
Nosotros creemos que la prevención, la protección de los recursos y evitar que la calidad de las aguas siga degradándose, así como la reparación de los daños, son cuestiones prioritarias en la política de aguas de la Unión Europea. 
Y sin rebajar el nivel alcanzado, creemos que han de integrarse todas esas directivas haciendo una legislación clara y comprensible para los Estados miembros. 
Nosotros creemos que los objetivos y las acciones prioritarias deben fijarse a escala comunitaria (si no hay normas comunitarias, difícilmente los Estados han de cumplirlas) dejando después la adaptación y concreción bajo la responsabilidad de los Estados. 
Y creemos que también la agricultura, la industria y el transporte han de tener en cuenta la política de aguas y medioambiental de la Unión Europea. 
Si no, será muy difícil que alcancemos los objetivos previstos. 
En mi país están en peligro diversos humedales que son una valiosa riqueza para Europa. 
Algunos nombres creo que son mundialmente conocidos, como las lagunas de Ruidera, las Tablas de Daimiel, la Albufera de Valencia, Doñana, etc. 
Nosotros creemos que estamos en disposición ahora de tomar medidas preventivas para evitar que un recurso precioso para la vida de la humanidad como es el agua se pierda definitivamente en el mundo y, en este caso, en la Unión Europea. 
Por lo tanto, habremos de tomar medidas y estamos en completo acuerdo con el informe del Sr. Florenz. 
Señor Presidente, existe una gran unanimidad en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, puesto que nuestro Grupo también apoya totalmente el informe del Sr. Florenz, a quien deseamos felicitar. 
Su enfoque es, en efecto, plenamente compatible con nuestras preocupaciones. 
Se necesita una directiva marco sobre la política de aguas. 
Evidentemente, es necesario partir de la base de los cuatro principios de la política medioambiental, según la conocida jerarquía, comenzando por el principio de cautela y terminando por el principio de quien contamina paga, debiéndose añadir que actualmente estos principios casi no se respetan. 
Formularé algunas observaciones. 
En primer lugar, con respecto a la opción entre la adopción de objetivos de calidad y el enfoque a través de valores límite. 
La visión del ponente es perfectamente correcta: sus opciones no son incompatibles. 
Es evidente que si se desean alcanzar objetivos de calidad, hay que definir hacia atrás de los valores límite y sin tener en cuenta intereses sectoriales, sino sobre todo la capacidad de absorción de los ecosistemas. 
Esto no se ha hecho, y es lo que hoy nos ha llevado a una situación que la propia Comisión reconoce como una situación de degradación acelerada: la calidad de las aguas se degrada cada vez más. 
Ya sea por la acción de nitratos, de derivados orgánicos clorados o de plaguicidas, existen muchas capas acuíferas, muchos ríos contaminados. 
Esto nos lleva a referirnos a las políticas anteriores, sobre las cuales desearía decir algunas palabras. 
¿Cuáles son las tres políticas, en mi opinión, más cuestionadas? 
En primer lugar, la política agrícola. 
Es evidente que si no se modifica la política agrícola común, no se podrá solucionar el problema de la calidad de las aguas. 
Es necesario un cambio radical. 
Hay que orientarse a una agricultura más extensiva, a una agricultura de tipo orgánico. 
Esto llevará tiempo, pero es indispensable. 
En segundo lugar, la industria. 
Es evidente que debe modificarse toda una serie de procesos industriales, que debe extenderse el reciclado y la gestión en circuito cerrado de las aguas de uso industrial y que debe evitarse la sobreexplotación, modificando algunas técnicas, hoy obsoletas. 
Para eso también se necesitarán medios. 
Finalmente, la energía. 
Una política energética basada en una producción centralizada que provoca una contaminación térmica importante es una política destinada al fracaso desde el punto de vista del mantenimiento de la calidad de las aguas. 
También en este caso hay que actuar. 
Hay que descentralizar más; se necesita una mayor eficacia energética y desarrollar las energías renovables. 
Para finalizar, señor Presidente, no creo que optando por los objetivos de calidad y los valores límite, sin establecer instrumentos económicos, se conseguirá solucionar el problema de la calidad de las aguas. 
Es necesario, como recomienda la Agencia Europea de Medio Ambiente, recurrir a instrumentos económicos como el «ecoimpuesto» , introducir la noción de responsabilidad civil de los industriales, sin lo cual no se logrará solucionar el problema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en la política de aguas europea estamos en principio ante un recurso renovable, y por lo general, somos conscientes de que hemos de tratarlo con cuidado. 
El Dobris Assessment enumera los principales problemas en torno al agua en la Unión Europea. 
No sólo el creciente consumo de agua, sino sobre todo la continua contaminación de las aguas subterráneas y superficiales provocan situaciones de crisis en determinados lugares, si no se modifica la política. 
Por tanto, razón de más para hacer algo al respecto ahora. 
Afortunadamente, el Consejo, la Comisión y el Parlamento están de acuerdo en torno a la necesidad de pasar a la acción. 
Además se perfila un consenso sobre la manera en la que hay que pasar a la acción. 
Por desgracia, hemos de constatar que la política de aguas de la Unión en los últimos veinte años no ha tenido el resultado que se esperaba, y me expreso con cautela. 
La directiva de 1976 sobre la calidad del agua no ha logrado el objetivo que se pretendía. Ello se debe tanto al texto híbrido de la directiva como a la falta de disposición de los Estados miembros de introducir realmente valores límite en las sustancias que figuran en la «lista negra». 
El informe Florenz y la comunicación de la Comisión ofrecen importantes elementos para una política de aguas más coherente y eficaz. 
Hay que elaborar rápidamente una nueva directiva marco para el agua, incluida una conexión clara entre los valores límite de emisión y los objetivos de calidad. 
Naturalmente es sumamente importante que se encuentren medios mejores para lograr reducir realmente las emisiones, tanto procedente de grandes vertidos como de fuentes difusas, como la agricultura. 
La comunicación de la Comisión proporciona algunos buenos instrumentos. 
Me refiero al enfoque basado en la cuenca y el uso de programas con medidas destinadas a grupos específicos. 
La experiencia con del Programa de Acción del Rin nos enseña que se pueden lograr muy buenos resultados. 
Por ello creo necesario que la nueva directiva marco se base en el apartado 1 del artículo 130S. 
Sólo entonces podremos ofrecer al agua la protección que necesita. 
Señor Presidente, el hecho de que, según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, sólo un 10-20 % de las aguas de la Unión Europea respondan actualmente a unos criterios de calidad adecuados ya es suficiente para inquietar a cualquier persona razonable. 
Ya va siendo hora de empezar actuar. 
Lamentablemente, tal como ha expresado con inconfundible claridad el Sr. Florenz, la Comisión no ha cumplido su objetivo de presentar un proyecto global coherente sobre la política de aguas. 
Yo habría agradecido mucho un programa de acción como el que solicitó inicialmente el ponente. 
Desde la perspectiva de un país como Austria, que concede desde hace tiempo una alta prioridad a la protección de las aguas, el informe sólo puede merecer un pleno respaldo. 
La protección preventiva a escala europea es una exigencia que no podemos eludir con la excusa del principio de subsidiariedad. 
Su transposición concreta es, obviamente, competencia de los Estados miembros. 
Los principios de prevención y defensa contra el deterioro del medio ambiente sólo podrán cumplirse mediante una combinación de valores límite de emisión y objetivos de calidad. 
Si bien también debe tenerse en cuenta que resulta más fácil aplicar y hacer cumplir unos valores de emisión rigurosos que unos objetivos de calidad vinculados a la contaminación, y esto tanto en los aspectos de política medioambiental como de la política de la competencia. 
Señor Presidente, porque lo considero positivo, concuerdo globalmente con el Sr. Florenz, en particular, en su defensa de la necesidad de formular una directiva marco. 
La tónica general a favor de un criterio basado en la calidad del agua, un criterio global y coherente que propugna y la perspectiva de la gestión de las cuencas hidrográficas, en particular en las regiones transfronterizas, son tres puntos que queremos subrayar positivamente. 
No obstante, quisiera hacer cuatro reflexiones preventivas. 
La primera se refiere a que la elaboración de un criterio global y coherente puede ser un proceso complejo y lento, lo que no puede ni debe obstar para el mantenimiento de los criterios y las políticas, a pesar de todo ya existentes, en materia de recursos hídricos. 
Si no, mientras debatimos, desaparece la calidad del agua en la Unión Europea. 
La segunda, una nota sobre el problema de la calidad del agua existente en algunos Estados miembros, en particular en la zona meridional, en el Mediterráneo, que se debe afrontar como un llamamiento al ahorro de recursos hídricos, a la gestión racional, a la contención en la ampliación de los regadíos, a la corrección de las intervenciones erróneas y a la adaptación de las actividades humanas al clima y al régimen hídrico de cada región, única forma como se puede llegar a sostener el desarrollo. 
Una tercera nota se refiere a la política de calidad del agua, que no debe basarse sólo en criterios biológicos, sino también en una perspectiva de criterios bioindicadores, de registradores continuos, criterios basados en los seres vivos y en las comunidades biológicas de los cursos y planos de agua. 
Para concluir, una cuarta nota. 
La opción en pro del control de las fuentes contaminantes resuelve el problema en el origen, pero no en la desembocadura, y no controla el efecto acumulativo de las diversas fuentes contaminantes en la desembocadura. 
Señor Presidente, doy la bienvenida al documento de la Comisión y apoyo el informe Florenz. 
En particular, me alegra la declaración contenida en el documento de la Comisión que dice: » La política de aguas de la Comunidad debe ser lo suficientemente flexible para evitar tener que imponer requisitos innecesaria e inadecuadamente estrictos con el exclusivo propósito de conseguir la armonización». 
Esta declaración es especialmente bienvenida en el contexto del debate británico sobre Europa y la cantidad de dinero que el Reino Unido ha gastado- algunos dicen que innecesariamente, pero yo no estoy de acuerdo- en los últimos 20 años en limpiar nuestros acuas. 
Creo que es muy importante que podamos contar con una declaración semejante. 
El otro texto que quiero resaltar a la Comisión se encuentra en el apartado 5.9 del documento y dice así: » El Tratado exige que se tomen en consideración los costes y beneficios de la acción u omisión». 
Una de las cosas que tiende a sustentar este tipo de debates es la esperanza de la gente de que una armonización y unos límites más estrictos den como resultado un agua más limpia. 
En mi opinión, no es éste el problema. 
Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos en nuestros Estados miembros es el de imposibilidad de permitirnos los altos niveles que nos gustaría implantar. 
Uno de los motivos por los que plantean dificultades estas directivas sobre aguas consiste en que la Comisión no es lo suficientemente explícita acerca de los costes que acarreará el cumplimiento de las directivas que propone. 
Es absolutamente vergonzoso que la directiva sobre agua potable que está examinando en la actualidad la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor contenga una referencia al impacto en los costes que no vale ni siquiera lo que el papel en que está escrita. 
El informe sobre el seguimiento y control de la aplicación del Derecho comunitario de 1995 revela las consecuencias de este proceder. 
Bajo la rúbrica «aguas» se dice: » Varios países tienen serias dificultades para aplicar correctamente los objetivos establecidos en las normas comunitarias». 
A quienes piden una armonización más estricta quizá les interese saber que uno de los Estados que con más frecuencia se cita en este grupo es Alemania. 
Señor Presidente, también yo apoyo el informe Florenz. 
Después de todo, el agua es el recurso natural más importante. 
Es la verdadera materia de la vida. 
Esto es lo que hace más preocupante el continuo deterioro de las reservas europeas de agua. 
Ha aumentado el contenido de nitratos de más del 66 % de los ríos y lagos europeos. 
En el 75 % de las regiones agrícolas se rebasan los valores máximos de contenido total de plaguicidas fijados en la Unión Europea para el agua potable. 
También en Irlanda tenemos nuestros problemas. 
Cada año aparecen peces muertos en los lagos y ríos. 
En la actualidad hay un caso particularmente llamativo en la ciudad de Nenagh. Se ha descubierto que sus recursos de agua están contaminados. 
En dos ocasiones, la contaminación ha sido producida recientemente. La situación es de extrema dificultad para la comunidad local. 
En mi condado de Meath tenemos problemas con la calidad del agua. 
Está claro que Europa tiene un papel que desempeñar en cuanto a la fijación de normas estrictas sobre la calidad del agua y sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. 
Tres son los principios rectores que deben guiar el enfoque de la Unión Europea: garantizar reservas de agua seguras, detener el deterioro de la calidad del agua y depurar las aguas contaminadas. 
Sin embargo, las instituciones de la Unión todavía no han comprendido la importancia de esta tarea. 
Esta forma desmañada de hacer las cosas ha de terminar. La Comisión ha de poner en marcha una política de aguas comunitaria sólida. 
No se puede esperar a que ocurra un desastre medioambiental para ello. 
No podemos postergar este asunto por más tiempo. 
Urjo a la Comisión a que asuma sus responsabilidades sin demora, antes de que la vieja frase «agua, agua por todas partes y ni una gota para beber» se haga realidad. 
Señor Presidente, a través de muchos de mis electores he adquirido experiencia sobre las diversas directivas actualmente en vigor en materia de aguas en la Unión Europea. 
Uno de los puntos que quedan claros con esta experiencia es lo difícil que resulta a los ciudadanos normales que se preocupan por su estuario o por el estado de las aguas de sus ríos comprender las directivas de la Unión Europea y encontrar el ámbito en el que puedan serles de ayuda. 
Por consiguiente, me alegra la iniciativa de crear un marco más amplio y mejor que el que existe en la actualidad. 
Me parece que es algo esencial. 
Hay dos cuestiones que quisiera incluir en el debate. Una de ellas no se ha mencionado hasta ahora, aunque figura en el informe Florenz. 
Se trata de la Política Agrícola Común. Es de capital importancia reparar en que, si no transformamos y reformamos de forma sustancial la organización de la actividad agrícola, no podremos alcanzar los niveles de calidad del agua que nos gustaría conseguir. 
Si no se consideran paralelamente ambas cuestiones, será muy difícil conseguir la calidad de agua a la que aspiramos. 
En términos de subsidiariedad, me parece difícil defender que consideremos aquí la cuestión de la calidad del agua potable, que está en función de la calidad del resto de las aguas. 
Si restablecemos la calidad de éstas últimas, la calidad del agua potable será también idónea. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Jackson en que una de las cuestiones que se echa de menos es la del coste de estas políticas para los ciudadanos. 
Necesitamos que los Estados miembros traten este problema de manera paralela al restablecimiento de la calidad del agua. 
Quisiera preguntar a la Comisaria cómo va a presionar a los Estados miembros para garantizar que el agua no llegue a convertirse en un lujo tan caro que nadie lo pueda pagar. 
Señor Presidente, la Comunicación de la Comisión sobre la política de aguas de la Unión Europea no cumple, tal como ya ha dicho el Sr. Karl-Heinz Florenz, los requisitos claros y precisos estipulados el año pasado por la Comisión de Medio Ambiente y por el Consejo para el concepto europeo de protección de aguas. 
No obstante, la solución no es un programa de acción. 
El informe más reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente demuestra sin ambages que son tantos los problemas relacionados con el agua que ya es hora de actuar, es decir, crear una directiva marco una vez aprobada la Directiva sobre el agua potable. 
La directiva marco tendría un retraso de años si primero hubiese que elaborar un programa de acción. 
Por este motivo, me alegro de que la Comisaria Ritt Bjerregaard se haya comprometido en una carta a presentar dicha directiva marco según las directrices indicadas por el ponente, considerando las normas de emisión como el medio más apropiado, junto con los principios de cautela y de acción preventiva y la corrección del daño en la fuente. 
Espero, asimismo, con ilusión que la Comisaria de Medio Ambiente se encargue, por un lado, de que todas las directivas de aguas contradictorias entre sí sean unificadas y, por otro, de que la política de aguas sea integrada en otros ámbitos políticos, como la agricultura, la industria y el transporte, pero siempre que estos ámbitos se comprometan con la sostenibilidad del medio ambiente. 
Con la salvedad de que se rechace el punto 22, aceptamos plenamente el informe como una crítica pertinente de la Comunicación de la Comisión y como una indicación concreta de cómo debe elaborarse la futura directiva marco. 
Me gustaría que Ritt Bjerregaard me informara de cuándo tiene previsto presentar la propuesta de directiva y me gustaría saber si he interpretado su carta correctamente al entender que la Comisión se ha comprometido a seguir las directrices de este informe para la directiva marco. 
El agua es vida. 
El Parlamento Europeo se ha ocupado insistentemente de esta cuestión esencial para el futuro. 
Para el agua no existen fronteras. 
Yo felicito al ponente, Sr. Florenz, por su enfoque combinado que incorpora unos valores límite de emisión y objetivos de calidad, y me alegra que contemos con un compromiso por escrito de la Comisaria de Medio Ambiente, Sra. Bjerregard, en el sentido de que continuará impulsando este planteamiento. 
Yo quisiera aclarar que, tanto por parte la Comisión como por parte del Parlamento, no existe ninguna intención de alterar las condiciones de soberanía sobre las aguas. 
Ningún miembro de esta Asamblea quiere imponer la desviación forzosa de las reservas de agua austriacas. 
El objetivo es luchar contra la contaminación en su origen, adoptar precauciones y prevenirla a tiempo. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la comisión y especialmente al ponente el trabajo realizado en relación con la propuesta que estamos debatiendo hoy. 
Como han mencionado varios oradores, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo celebró el año pasado una audiencia sobre la política de aguas de la UE y tuvo la amabilidad de invitarme a participar en ella. 
La audiencia dejó totalmente claro que había que hacer algo para esclarecer la política de aguas de la Comunidad y para fijar una estrategia global coherente para la protección de los recursos hídricos de la Comunidad. 
Con todo lo que se dijo y debatió durante la audiencia, la Comisión publicó su Comunicación sobre la política de aguas de la Unión Europea en febrero de este año. 
La Comunicación es un análisis de la legislación comunitaria vigente que influye en los recursos hídricos e incluye asimismo propuestas para mejorar la política en este ámbito. 
La propuesta principal de la Comunicación es la elaboración de una directiva marco sobre aguas. 
La idea es que ésta sustituya a gran parte de la legislación en vigor, lo cual, como han señalado hoy aquí muchos oradores, es imprescindible, y que cubra algunas de las lagunas existentes, petición que también se ha expresado hoy aquí. 
Finalmente debe garantizar lo que creo que han mencionado todos los oradores, es decir, una unificación y una coordinación globales de la legislación en este ámbito. 
Quiero aprovechar la oportunidad para subrayar que la idea no es modificar la legislación reciente de aguas y me gustaría mencionar algunas de las directivas que tengo en mente, es decir, la Directiva sobre nitratos, IPPC, la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y, finalmente, la Directiva sobre plaguicidas. 
No es ésta la idea. 
Antes bien, la directiva marco introducirá medidas que complementen la legislación reciente de aguas ecológicas, y en consecuencia, el nivel general de protección de las aguas de la Comunidad aumentará considerablemente. 
Varios oradores- uno de ellos, el Sr. White- han preguntado cuándo estará preparada la directiva marco. 
Obviamente, estábamos pendientes del debate de hoy del Parlamento, si bien ya hemos realizado el trabajo preparatorio y esperamos presentar la nueva propuesta en el mes de enero. 
Me siento muy satisfecha de la acogida de la Comunicación. 
Hemos recibido muchos comentarios por escrito a nuestra propuesta y preparamos en el mes de mayo una conferencia para mantener un debate sobre los diferentes aspectos de la propuesta de cara a una directiva marco. 
La idea de una directiva marco recibió un fuerte apoyo, y hubo una mayoría abrumadora en cuanto a las líneas generales que deben inspirarla. 
Lógicamente, también hubo críticas sobre algunos aspectos, y recibimos una serie de útiles propuestas para mejorarla. 
En conjunto nos parece que hemos encontrado un equilibrio global aceptable. 
También hemos recibido apoyo de las otras instituciones, del Consejo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. 
Me complace el interés demostrado por el Parlamento en este tema y comparto la opinión del Sr. Florenz y del Sr. White de que ha habido una cooperación constructiva. 
Estoy segura de que será posible encontrar una solución a los puntos de crítica de la propuesta de resolución. 
He estudiado con atención el texto de la misma, y la propuesta para una directiva marco de la Comisión tendrá mucho en común con las ideas expresadas hoy aquí y en el informe. 
Eso quiere decir que puedo aceptar los objetivos y los principios de las propuestas del texto. 
También estoy de acuerdo con los puntos de vista expresados por el Sr. Lannoye y por otros oradores, es decir, la interrelación con la política agraria- seguramente tendremos oportunidad de debatir esta cuestión en relación con el programa de acción para las aguas freáticas- y la necesidad de ofrecer incentivos económicos. Quiero que el Parlamento sepa que estamos trabajando en ese tema. 
He estado en contacto con el ponente y con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y estoy segura de que la Comisión comprenderá los motivos de la preocupación del Parlamento. 
En varias intervenciones se ha hecho referencia a la carta que he enviado al ponente y al presidente de la Comisión de Medio Ambiente y reitero lo dicho en la carta. 
Por ello, espero que podamos elaborar una propuesta para la directiva marco que cuente con el apoyo del Parlamento, y me alegra mucho que el ponente apoye la enmienda a la propuesta de resolución por la que se suprime la referencia a un programa de acción, lo que nos permitirá presentar una propuesta de Directiva en muy poco tiempo. 
Creo que ha sido el Sr. White el que ha solicitado información sobre las otras iniciativas en esta materia. Pues bien, la Directiva sobre agua potable, que, según creo, será examinada en breve, se encuentra en el Parlamento. 
Ha tenido que esperar un poco. 
También la propuesta de Directiva sobre aguas de baño ha tenido que esperar bastante tiempo, pero estará en breve en el orden del día. Finalmente, tenemos el programa de acción para las aguas freáticas que he mencionado antes. 
He pedido a mis colaboradores que cooperen estrechamente con el Parlamento en todas las fases del proceso legislativo y espero que juntos podamos ser testigos de la aprobación de esta nueva directiva en esta legislatura. 
En resumen: estamos de acuerdo en que el objetivo común es garantizar una política ambiciosa y de gran envergadura para la protección de los recursos hídricos de la Comunidad y de los hábitats que sostienen. 
Por consiguiente, espero con ilusión tener una estrecha cooperación con el Parlamento sobre este tema y que, en unos años, podamos recordar con satisfacción este proyecto común que seguramente constituirá el fundamento para la política de aguas de la UE del próximo siglo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Señorías, antes de cerrar el debate me ha pedido la palabra el ponente, Sr. Florenz. 
Entiendo que sería interesante escuchar sus opiniones. 
Por lo tanto, tiene de nuevo la palabra el Sr. Florenz. 
Señor Presidente, me dirijo a usted con una cierta preocupación, y también a usted, señora Comisaria, porque en los últimos meses en un pequeño nuevo Estado miembro de la Comunidad Europea ha cundido el pánico porque según se dice, usted, señora Comisaria, se propone regular los recursos de agua en Europa y tiene previsto desviar las valiosas aguas alpinas a los territorios del sur de nuestra Unión. 
Doy por sentado que el colega austriaco no ha planteado hoy esta cuestión debido a su entusiasmo por el resultado electoral obtenido. 
Por mi parte, yo quisiera plantear otra pregunta y también una sugerencia sobre el análisis costes-beneficios. Soy un apasionado de los negocios y me gusta considerar estas cuestiones, pero pienso que este tema no debería dar pie de ningún modo a un nuevo debate sobre los objetivos de calidad. 
Por lo tanto, yo pediría que se proponga un análisis costes-beneficios muy prudente, pero también preciso. 
Señor Presidente, he seguido el debate que ha tenido lugar en Austria, donde se ha dicho, según tengo entendido, que pretendemos robar su agua para trasvasarla a los países de la Unión que tienen menos recursos hídricos. 
Obviamente, no es así. 
El Comisario Fischler ha hecho la misma pregunta, y ante él he subrayado varias veces que la intención de la propuesta no es ésta. 
Por otro lado, se ha manifestado en el debate de hoy que sobre todo los países meridionales de Europa tienen problemas especialmente graves con los recursos hídricos, por lo que obviamente están interesados en incluir este tema en el debate de las propuestas relativas al agua de una manera u otra. 
Pero esto no quiere decir que vayamos a quitarle el agua a Austria. 
En cuanto a los análisis de costes y beneficios, sin duda habrá un debate sobre las consecuencias y perspectivas del examen de las propuestas presentadas por la Comisión en el programa de lubricantes para automóviles. 
En este programa hemos realizado con bastante asiduidad análisis de costes y beneficios que nos han permitido extraer conclusiones de índole político-ambiental que no son necesariamente satisfactorias para todo el mundo, ya que los gastos varían mucho de un país a otro. 
Varían también mucho de un ciudadano a otro, por lo que es muy difícil hacer comentarios generales sobre el tema. 
He tomado nota de lo dicho por la Sra. Jackson durante el debate, y es evidente que algunas de nuestras propuestas relativas al agua serán mucho más costosas para algunos países que para otros. 
El Consejo ha dedicado bastante tiempo a este tema y ha mostrado- a mi juiciocomprensión por la posibilidad de conceder ayudas a los países que tengan gastos más elevados debido a los requisitos medioambientales de las propuestas. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Me pide la palabra el Sr. Eisma para una cuestión de orden. 
Entiendo que es para una cuestión de orden porque iba a cerrar este debate en este mismo momento. 
Por lo tanto, tiene usted un minuto para una cuestión de orden. 
Sólo quiero formularle una pregunta, señor Presidente. 
Cuando se está sentado aquí, no hay ningún monitor a través del cual se pueda seguir el debate. 
Uno no puede ver desde este sitio si le llega su turno. 
Hace un mes ya pedí que se instalara un monitor adicional. Parece que no puede ser. 
Si me dice usted que es demasiado caro para el Parlamento, estoy dispuesto a traer uno la próxima vez. Yo mismo lo colocaré aquí. 
¿Podría usted prometerme que la próxima vez dispondremos de un monitor con el que podamos ver desde este lugar cuándo llega nuestro turno? 
Señor Eisma, yo no le puedo prometer que en la próxima sesión haya aquí un aparato. 
A lo que sí me puedo comprometer es a trasladar la sugerencia que usted ha hecho y, sobre todo, en esa parte tan importante de que usted podría contribuir con su pecunio personal a los gastos de la instalación de este aparato, lo cual me parece extraordinariamente interesante dado el momento de austeridad presupuestaria por el que estamos pasando. 
Por lo tanto, tenga la seguridad de que voy a transmitir a la Mesa su propuesta. 
Lo que no le puedo prometer en ningún caso es que esté aquí porque esto no depende de mi voluntad personal. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0312/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE sobre aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (C4-0473/96-95/0114 (COD) ) (Ponente: Sra. Riis-Jørgensen). 
Señor Presidente, ahora viene la otra mitad que completa la historia, porque voy a proponer dejarlo como 407a, por la siguiente razón: es un tema estrechamente relacionado con la cuestión de qué número y qué nombre se le da a este producto. 
Los que argumentan a favor del 407a con el nombre «algas Euchema elaboradas» lo hacen porque no se trata de un producto diferente. 
Creo que la Sra. Riis-Jørgensen ha dicho que se trata básicamente de un producto diferente y, desde luego, así consta en su informe. 
Creo que responde a la verdad decir que el Codex Alimentaris ha aceptado que se trata básicamente del mismo producto, pero de un proceso diferente. 
Esta es la clave que explica por qué le damos el número 407a y no otro. 
El proceso de refinado es distinto, pero el producto no es distinto. 
El queso es queso, sea cheddar o uno de esos pequeños quesos belgas picantes que se levanta de la mesa del restaurante y prácticamente te muerde el tobillo. 
Sigue siendo queso y siguen siendo algas. 
Lo que difiere es el proceso. 
La Sra. Riis-Jørgensen argumenta a favor del cambio de nombre diciendo que producirá confusión entre los consumidores. 
Bueno, en ese caso, los consumidores deben ser un tipo de personas muy extrañas que deambulan por los supermercados comprobando si una cosa es 407 ó 408. 
Hasta ahora, nunca me he topado con un consumidor devorado por la ansiedad acerca del carragenano. 
Los únicos que podrían confundirse, y lo dudo mucho, serían los fabricantes. 
Pero, habida cuenta que este sistema de números para identificar este tipo de productos se dirige sobre todo a los fabricantes (ellos tendrán, por supuesto, que incluir el tipo de producto que utilizan en la lista de ingredientes) , no creo que haya peligro de que se confundan usando un producto en vez de otro. 
Como hemos visto en la demostración de hoy, el aspecto de los productos es muy diferente, por lo que no creo que los consumidores se vayan a confundir. 
Los consumidores necesitan protección. El mecanismo que la proporciona es el Comité Científico de Alimentación Humana. 
Cuando le llegue el turno de responder en el debate, la Comisaria quizá quiera exponernos lo que dice el Comité Científico de Alimentación Humana. 
Es de presumir que el Consejo de Ministros solicitase su opinión antes de acordar la posición común. 
Estoy de acuerdo en que debemos ser muy cuidadosos en materia de riesgos potenciales para la salud aunque, si existen tales riesgos, el producto no debería estar en absoluto en el mercado de la Comunidad. 
Por eso debemos basarnos en el Comité Científico de Alimentación Humana. 
Todavía queda otro punto. 
Se me ha insinuado hoy la posibilidad de que ciertos gobiernos no precisados tengan el proyecto de vender determinados productos- en este caso, buques de guerra- a los filipinos a cambio de algas. 
Creo que algo es extremadamente improbable. 
No llevo conmigo ningún buque de guerra. No tengo la más mínima idea de lo que el Gobierno británico piensa sobre este asunto. 
Creo que deberíamos considerarlo como algo ridículo. 
Señor Presidente, la Comisión ha presentado una propuesta según la cual se permite el uso de una sustancia espesante y gelatinizante que se parece al carragenano, que ya se produce y está permitido en la UE, y que se extrae de la misma sustancia básica, tal como se ha dicho durante el debate. 
La Comisión solicitó al Comité Científico de Alimentación Humana su valoración de las posibles consecuencias de esta sustancia para la salud, y la Sra. Jackson se interesa por dicha valoración. 
La investigación ha llevado varios años y la valoración se basa en datos muy concretos. 
El Comité considera que la sustancia es totalmente aceptable y propone que se fijen criterios de pureza. 
Una directiva sobre criterios de pureza será aprobada en breve por la Comisión y por el Comité Permanente de Productos Alimenticios según el procedimiento III A. La Comisión aprobará esta directiva una vez aprobada la sustancia. 
La Comisión y el Consejo han aprobado la enmienda del Parlamento Europeo relativa a las denominaciones de estas sustancias; no obstante, no podemos aprobar la enmienda presentada por segunda vez referente al número E, de la que nos ocupamos en el debate de hoy. 
Al adjudicar los números E, la Comisión sigue las normas fijadas en la Directiva sobre aditivos alimentarios aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo, según la cual los aditivos alimentarios que contengan la misma sustancia activa recibirán números E afines. 
La aprobación de la enmienda supondría una importante desviación de las normas fijadas en el Código Alimentario, que actúa como elemento de normalización según el Acuerdo de la OMC. 
Por este motivo, rogamos a la Asamblea que no apruebe esta enmienda, ya que va en contra de las obligaciones que hemos adquirido según el Acuerdo de la OMC. 
Señora Comisaria, quiero recalcar ante mis colegas que la Comisión se encuentra prácticamente sola en este caso. Su propuesta no está respaldada por las organizaciones de consumidores nacionales o europeas, y el Comité Económico y Social y la industria europea están en contra. 
También varios Estados miembros del Consejo de Ministros escucharán mañana con gran interés lo que decidamos en el Parlamento. 
Me parece importante que nosotros, los representantes elegidos directamente por el pueblo, en calidad de representantes tanto de los consumidores como de la industria, escuchemos también lo que éstos dicen y procuremos adoptar una decisión clara que defienda tanto los intereses de los consumidores y como los de la industria. 
Me parece importante que, en calidad de representantes directamente elegidos por el pueblo, asumamos esta tarea y no dejemos que otros influyan en nuestra opinión, ni el Presidente Ramos ni los Estados Unidos u otras cosas, como ha dicho la Sra. Jackson. 
En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, recomiendo que votemos a favor de la enmienda presentada por ésta, y quiero subrayar que no votar es lo mismo que votar en contra. 
No obstante, espero que mañana se adopte una decisión clara. 
Me parece que el resultado es importante para todos, sobre todo para la conservación del sistema de números E y, por lo tanto, para el mantenimiento del mercado interior. 
Sólo quiero hacer un comentario sobre el aislamiento de la Comisión. 
Me han informado que hubo consenso en el Consejo sobre la posición común, lo que quiere decir que el acuerdo fue unánime. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Señora Riis-Jørgensen, no podemos entrar en un debate. 
El debate se ha realizado ya, pero en todo caso, como usted es la ponente, si desea reaccionar a las breves palabras de la Sra. Comisaria yo le voy a dar la palabra, pero si usted desea tomar la palabra, Sra. Riis-Jørgensen, sin abrir de nuevo el debate después de la breve intervención de la Comisaria, yo le doy a usted la palabra, pero hágalo por favor, con brevedad y permítame luego que inmediatamente cierre el debate. 
Señor Presidente, seré muy breve. 
En el Acta, mi país de origen, entre otros, hizo anotar que estaba interesado en la modificación y en seguir la postura del Parlamento, así que no es correcto decir que hubo unanimidad. 
Se anotó en el Acta que Dinamarca desea seguir la postura del Parlamento y que trabajará en favor de la modificación. 
La Presidencia irlandesa me ha informado de que reabrirá el debate en el momento en que la propuesta vuelva al Consejo de Ministros. 
Muchas gracias, señora Riss-Jørgensen. 
Como es natural después de su intervención, la señora Comisaria quiere intervenir y, por lo tanto, señora Comisaria, está usted en el uso de la palabra y va a cerrar usted este debate. 
Tiene usted la palabra. 
Debo informar a la Asamblea de que Dinamarca votó a favor de la propuesta. 
Es cierto que no estuve presente en la reunión del Consejo en cuestión, pero ésta es la información que se me ha facilitado. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Señorías, las cuestiones entre ustedes pueden resolverlas en el pasillo si lo desean. 
Hemos escuchado su opinión y la de la Sra. Comisaria. 
Por lo tanto ahora la decisión dependerá de la votación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Situación en Birmania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión: 
B4-0974/96 de la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Moorhouse, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Birmania; -B4-0975/96 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Birmania; -B4-0976/96 de las Sras. Kinnock y Jensen, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la respuesta de la Unión a la situación en Birmania; -B4-0978/96 del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre Birmania-B4-0982/96 de la Sra. Baldi y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en Birmania; -B4-0984/96 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Birmania. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Mesa del Parlamento por haber incluido esta pregunta oral en el orden del día de esta semana. Es algo que exige la deteriorada situación de Birmania y desde nuestra resolución en julio, la situación no ha hecho más que empeorar. 
Mencionaré algunos hechos. 
La vencedora de las últimas elecciones sigue estando bajo arresto domiciliario. 
El pasado 26 de septiembre, cuando el partido de la Sra. Aung San Suu Kyi celebraba su 8º aniversario y debía pronunciarse un discurso en esa casa, fueron arrestadas casi 600 personas, entre las cuales había muchísimos parlamentarios en ejercicio que resultaron elegidos, pero que no han podido tomar posesión de su cargo en el parlamento, y algunos de estos parlamentarios siguen encarcelados. 
Señalo que en mayo de 1996, también fueron apresados más de 100 parlamentarios, y 12 de ellos siguen encarcelados, personas que no han cometido otro delito que ser elegidos en un parlamento normal que no es aceptado por el SLORC. 
Entre tanto, el SLORC, el régimen en Birmania, ha anunciado que el 15 de octubre emprenderá acciones de seguridad interna más fuertes que, según dicen, pretenden apuntalar la estabilidad interna, pero según muchos tienen por objeto únicamente dejar fuera de combate al partido de la Sra. Aung San Suu Kyi. 
Señor Presidente, el 8 de octubre se levantó el bloqueo sobre la casa de la Sra. Aung San Suu Kyi, pero el 11 de octubre volvió a declararse este bloqueo. 
Ayer se volvió a levantar el bloqueo y se espera que a final de esta semana vuelva a declararse, con el único objetivo de tapar la boca a la líder de la oposición. 
Señor Presidente, mientras tanto, Estados Unidos, en base a una acción del Congreso, en base a una enmienda de los Sres. 
Cohen y Feinstein, ha tomado medidas para imponer sanciones económicas. 
Entre tanto, como ya sabemos, más de 15 empresas, grandes multinacionales, se han retirado de Birmania y por supuesto existe el peligro de que las empresas europeas que todavía no han sido sancionadas, se hagan cargo de las acciones, de las empresas y de las actividades. 
No podemos permitirlo y por esta razón urge que también la Unión Europea se plantee imponer sanciones. 
Señor Presidente, los países de la ASEAN, y esto también se dijo en junio, indicaron el mes pasado que en realidad deseaban dar otro status a Birmania, un status más positivo. 
Lo que sucedió de hecho la semana pasada es que tres países de la ASEAN decidieron no admitir a Birmania en la ASEAN, esto significa que también desde este lado aumentan las protestas contra el régimen. 
Nuestra pregunta es sencilla. 
Queremos que la Unión Europea entre cuanto antes en acción, consideramos que ha llegado el momento. 
La situación de Birmania es comparable a la situación de Chile y de África del Sur en los años ochenta. 
A mi entender, la líder de la oposición en Birmania es la Mandela de los noventa. 
Tenemos que hacer algo por ella, queremos apoyarla y pedimos acción por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, está claro que este debate es importante para el Parlamento Europeo. 
Creemos llegada la hora de que la Unión Europea haga frente a las iniquidades del SLORC en Rangún adoptando una postura de firmeza en términos políticos y morales. 
Me consta que la Sra. Jensen va a hablar sobre el caso de James Nicholls y sobre el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Sr. Spring, no haya sido capaz de obtener una respuesta decente de las autoridades de Birmania acerca de las circunstancias exactas que rodearon la muerte en la cárcel de Rangún de James Nicholls. 
Esta noche quisiera preguntar a la Comisaria responsable: ¿Qué vamos a hacer si el SLORC sigue rehusando la última petición de diálogo de Aung Sang Suu Kyi's? 
¿Qué hará la Comisión si se maltrata a Aung Sang Suu Kyi's y se la vuelve a detener? 
¿Qué hará la Comisión? 
¿Qué hará la Unión Europea en este asunto cuando sea demasiado tarde para actuar? 
¿Cuántas veces más, señora Comisaria, hemos de escuchar los llamamientos de Aung Sang Suu Kyi's, dirigente democrática de Birmania, a la comunidad internacional para que aísle y sancione al SLORC como único medio de hacerle entrar en razón? 
El SLORC merece el mismo repudio y el mismo tratamiento que muchos pedimos en su momento contra el apartheid de Sudáfrica. 
Pretender que el diálogo y el compromiso son apropiados para un régimen implacable como el SLORC es inaceptable y poco sincero. 
Su objetivo es el sojuzgamiento y la represión del pueblo de Birmania. 
Como ha dicho la Sra. Maij-Weggen, los Estados Unidos están dispuestos a tomar duras medidas en forma de sanciones y, desde luego, restricción de visados a través de la enmienda Cohen/Feinstein. 
No podemos hacer negocios, no podemos contemporizar, no podemos llegar a ningún acuerdo con un gobierno que utiliza a los niños como esclavos, un gobierno que reprime la democracia y se niega discutir cualquier tipo de arreglo político con los grupos étnicos. 
Se ha desplazado por la fuerza a 80.000 personas de los estados Shan y Karenni. Se les ha atropellado y se sienten abandonadas por todo el mundo. 
Hablamos de las actividades de las compañías petrolíferas Unical y Total en Birmania y entendemos que son responsables de violaciones de los derechos humanos y de que se haya desplazado a gente por la fuerza de su hogar en Birmania. 
A mi entender, señora Comisaria, las propuestas actuales de la Unión Europea con respecto a Birmania no tienen, con franqueza, casi ninguna probabilidad de producir efectos en el SLORC. 
No consigo imaginarme a ningún miembro del SLORC haciendo cola para entrar en la Unión Europea. 
Para ellos, esto no cambiará absolutamente nada. 
Después de los rotundos testimonios que ha escuchado la Comisión, no alcanzo a comprender porqué no se retira el Sistema de Preferencias Generalizadas lo antes posible. 
La última vez le pregunté al Comisario Marín en este Parlamento. Me aseguró rotundamente que se le retiraría el acceso al Sistema de Preferencias Generalizadas en noviembre. 
Me lo dijo categóricamente. 
¿Sigue siendo la Comisión de la misma opinión? 
¿Sigue dispuesto el Sr. Marín a decir lo mismo? 
Me gustaría preguntar al Sr. Marín si va a usar la influencia de que claramente dispone para presionar a los países de la ASEAN para que desempeñen un papel más constructivo. 
¿Está dispuesta la Comisión a enviar emisarios a los países de la ASEAN y a Japón para discutir las opciones disponibles? 
Para ello, para poder discutir las opciones, es esencial que la Comisión acuda con la amenaza de sanciones inminentes contra el régimen. 
Aprendamos de los errores cometidos por los Estados Unidos. 
No hemos de acudir haciendo peticiones, sino para tratar de conseguir resultados. 
Habría que saber lo que le costó a Sudáfrica que el mundo desarrollado ignorara los llamamientos de Nelson Mandela y del pueblo de Sudáfrica. 
Recordemos que lo único que se requiere para que el mal triunfe es que las buenas personas no hagan nada. 
Hemos de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. 
Tengo que preguntar: ¿Está dispuesta la Comunidad Europea a actuar con celeridad antes de que se deteriore la situación en Birmania? 
Señor Presidente, la vida política en Birmania es un reflejo de su vegetación natural, concretamente en la jungla. 
La jungla de poder y corrupción en la que desde 1962 las mismas personas llevan las riendas. 
Una revuelta popular, el premio Nobel y el premio Sájarov, así como las elecciones celebradas hace seis años, no han producido ningún cambio. 
Tampoco los países circundantes del grupo de la ASEAN han podido convencer a los dirigentes militares de que cambien de política. 
Los grandes inversores se han retirado bajo la presión de la opinión pública. 
En este sentido, la representación de la UE en la región tendría que averiguar si el hueco que han dejado en el mercado inversores europeos como Heineken y Carlsberg ha sido ocupado por inversores asiáticos, concretamente chinos. 
De ser así, las medidas anunciadas a bombo y platillo no habrán tenido ningún efecto en el régimen. 
En los últimos cinco años, este Parlamento ha hecho con regularidad llamamientos a la democratización. 
Sin embargo, los turistas siguen visitando el país y dando la idea de que todo va bien en Birmania. 
Constato que todas las amables peticiones de cambio han caído en saco roto. 
Ya va siendo hora de que la Unión Europea adopte medidas efectivas. 
El último medio que nos queda es suspender las ventajas comerciales y la ayuda. 
Si los dirigentes militares no entablan un diálogo constructivo con la oposición, no nos quedará más remedio que tomar esta decisión. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Parlamento por tomar la iniciativa de celebrar este debate. 
La Comisión, incluida yo misma, está de acuerdo en que este debate es muy importante y en que la evolución es muy preocupante, tal como han manifestado los tres oradores hoy aquí. 
Somos conscientes del reciente empeoramiento de la situación en Birmania y estamos especialmente preocupados por el hecho de que la presidenta de la Liga Nacional para la Democracia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, haya sufrido arresto domiciliario los últimos cuatro fines de semana, en un intento de impedir las reuniones multitudinarias delante de su casa. 
La Comisión está, por lo tanto, relativamente satisfecha de que en la última reunión del Comité Político, celebrada los días 17 y 18 de octubre, se acordase presentar un proyecto de posición común sobre Birmania para la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará el lunes y el martes próximos, es decir los días 28 y 29 de octubre, habiendo contribuido la Comisión muy activamente a este resultado. 
El proyecto de posición común incluye, además de una ratificación de las sanciones vigentes, una prohibición de conceder visados a los miembros del SLORC y a los oficiales de alto rango, junto con la suspensión de visitas de altos funcionarios a Birmania mediante acuerdos bilaterales. 
Expresa asimismo la indignación de la UE por la falta de voluntad del SLORC de mantener un diálogo crítico con la UE e incluye una invitación al diálogo constructivo con los grupos prodemocráticos del país, con vistas a una reconciliación nacional. 
El proyecto no incluye nada específico sobre sanciones económicas, pero prevé que el Consejo tome medidas ulteriores, lo que quiere decir que existe la posibilidad de acción solicitada por la Sra. Kinnock y se contempla su aplicación. Con todo, sería interesante que los países que rodean Birmania cooperasen en una política de sanciones económicas. 
Los servicios de la Comisión revisaron la documentación escrita que se les presentó, y fueron escuchados los testigos en relación con la investigación de las prácticas de trabajos forzados, tras recibir una queja de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres. 
Después de las últimas audiencias que tuvieron lugar el día 3 de octubre, el 21 de octubre se terminó de examinar el informe que resume las aportaciones verbales y escritas y éste fue presentado a mi colega el Comisario Marin, que en un futuro no muy lejano presentará una propuesta sobre el modo de proceder con el seguimiento de la investigación. 
Quiero añadir que será el Consejo el que tome la decisión de retirar las preferencias, en caso de que la Comisión decida presentar una propuesta al respecto. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
Señora Maij-Weggen, si me pide usted la palabra para una cuestión relacionada con el Reglamento, le daré la palabra inmediatamente. 
Si está relacionada con el debate, se la daré al final del debate porque todavía hay intervenciones antes de que usted intervenga. 
Por lo tanto, permítame que primero le dé la palabra a la Sra. Jensen Kirsten, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, por el tiempo de dos minutos. 
Yo le daré la palabra al final, señora Maij-Weggen. 
Tres minutos, aquí usted preside, no yo. 
La diplomacia europea no ha sabido cumplir con su cometido en el caso de Birmania. 
¿Cómo es posible creer que la diplomacia pueda obtener resultados en las negociaciones con un régimen militar que permite que los diplomáticos mueran en la cárcel y que encarcela a cientos de políticos elegidos por el pueblo en sufragio universal? 
La reacción indecisa de la UE ante las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de la Junta Militar birmana es catastrófica, poco previsora y contraria a la experiencia histórica que ya deberíamos tener. 
En otra ocasión tuvimos un ejemplo de una oposición unánime que solicitaba sanciones económicas, cuando una democracia había sido anulada. 
Al igual que la Sra. Kinnock, estoy pensando en Suráfrica. 
Hoy estamos todos de acuerdo en que Nelson Mandela es una persona maravillosa, pero la realidad es que fueron muchos los que se negaban a aceptar sus peticiones de sanciones contra el régimen del apartheid en Suráfrica. 
Los mismos que apoyan hoy satisfechos la democracia en ese país, pero ¿por qué tuvieron que esperar tanto? 
En el caso de Birmania existe la posibilidad de que participemos todos desde el principio. 
Estamos en la misma situación. 
La presidenta indiscutible de la oposición democrática y ganadora del premio Sajarov del Parlamento Europeo, Aung Sang Suu Kyi, nos ha pedido que impongamos sanciones económicas a Birmania; por tanto, no hay motivos para dudar. 
En el momento en que se presente el informe sobre trabajos forzados, debe quedar anulado el acuerdo arancelario. 
Este acuerdo contribuye a un 10 % del producto nacional de Birmania. 
No podemos seguir apoyándolo. 
Peor aún es que las inversiones extranjeras sean posibles como consecuencia de los trabajos forzados y la esclavitud. 
¿Cómo es posible que los responsables de las empresas sean capaces de soportarse a sí mismos? 
La UE tiene la oportunidad de defender la honradez ante Birmania. 
Si dudamos ahora, manifestaremos que los derechos humanos están fuera de lugar en la política internacional. 
El respeto por los derechos humanos es el sano principio que debe constituir la base de una política exterior europea común. 
Por este motivo, esperamos que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión hagan algo más que reprender a la Junta Militar de Birmania. 
Si alguien no está de acuerdo conmigo, espero que me explique cuáles son, en su opinión, los motivos de la cooperación europea. 
Señor Presidente, comparto completamente la profunda inquietud de la Sra. MaijWeggen y de los otros diputados sobre el deterioro constante de la situación en Birmania. 
En palabras de la Presidencia de la Unión Europea: » Deploramos la práctica de la tortura. 
Deploramos las ejecuciones sumarias y arbitrarias. 
Deploramos los trabajos forzados. 
Deploramos el abuso de las mujeres. 
Deploramos las detenciones políticas. 
Deploramos el desplazamiento forzado de poblaciones y la restricción de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de circulación y de reunión». 
Todo esto implica una acusación explícita al régimen de Birmania. Desgraciadamente, no es el único caso en el mundo. 
Añádase, como hemos escuchado, el peligro personal que se cierne sobre Sang Suu Kyi y sus seguidores, ante los que debemos sentirnos responsables a causa del premio Sajarov concedido. 
Me limitaré a hacer unas preguntas al Consejo y a la Comisión. Me gustaría recibir una respuesta si no me las pueden contestar hoy. 
Por cierto, todavía estoy esperando la respuesta a las preguntas que hice al otro Comisario que estuvo aquí, creo que hace uno o dos meses. 
Todavía no he obtenido respuesta. 
Primera: ¿Va a visitar Birmania el grupo especial de trabajo de NU sobre detenciones y encarcelamientos arbitrarios? 
Deseo que se me informe. 
Segunda: ¿Van a investigar el relator especial de las NU sobre Birmania y la UE las circunstancias de la muerte del Sr. Nicholls a las que se ha hecho referencia y que usted, señora Comisaria, conoce tan bien como yo? 
Tercera: ¿Qué están haciendo el Alto Comisionado de las NU para los derechos humanos y la UE en Birmania? 
Se nos han dado algunas explicaciones, pero se agradecerían más precisiones. 
Cuarta: ¿Cuándo va a acabar la Comisión sus estudios sobre la posibilidad de suspender en el futuro los beneficios comerciales del Sistema de Preferencias Generalizadas para Birmania? 
Sabemos que se está realizando el estudio, pero, por amor de Dios, avancen en él. 
Quinta: ¿Cuál fue la reacción del Primer Ministro japonés en Tokio cuando la Presidencia suscitó la cuestión de Birmania? 
¿Contaremos con algún tipo de apoyo de Japón en este asunto? Si no hay respuesta en el día de hoy, ¿la obtendremos en su momento? 
Sexta: ¿Está elaborando la Comisión una lista de las empresas que hacen negocios con Birmania? 
Dispongo de algunas listas, pero tienen que ser muy cortas comparadas con la actividad que se lleva a cabo allí. 
¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a las operaciones de Total y a su proyecto de gasoducto en Birmania? 
Señor Presidente, creo que soy uno de los últimos diputados de este Parlamento que pudo visitar Birmania. 
Fue en diciembre de 1994, en un intento de visitar a Aung San Suu Kyi, por entonces bajo arresto domiciliario. 
El SLORC, ignorando las peticiones de los embajadores de los Estados miembros presentes en Rangún, me negó el permiso para visitarla, pese a que era portador de una carta del Presidente del Parlamento Europeo en la que se le informaba oficialmente que se le había concedido el premio Sajarov. 
No obstante, tuve la oportunidad de entrevistarme con miembros de la Liga Nacional para la Democracia y con otras personas opuestas al régimen autoritario y militar llamado, con acertada onomatopeya, SLORC. 
Vi al ejército de ocupación sentado en las calles de Rangún y vi a los miembros de la oposición y me reuní con ellos. 
Y vi como el SLORC ha conseguido convertir a Birmania en uno de los diez países más pobres del mundo. 
Después de esto hubo un pequeño rayo de esperanza con la puesta en libertad de Aung San Suu Kyi. 
Desgraciadamente, se dio un paso adelante y dos atrás. 
Unas semanas después, la esperanza se había desvanecido. 
La pregunta hoy es: ¿qué van a hacer el Consejo y la Comisión? 
Nos lo ha preguntado alguien que no es el Nelson Mandela de esta época, porque es muy diferente. 
Nelson Mandela creó realmente cierta tensión. 
Hay gente a favor suyo y gente en contra. 
Pero no conozco a nadie en el mundo democrático que esté en contra de Aung San Suu Kyi, que albergue dudas sobre su fe en la democracia, su fe en la paz y su fe en la no violencia. 
Nos ha pedido sanciones y yo creía que íbamos a responder. 
Yo creía que la cuestión esta noche iba a ser cuándo. 
Aparentemente, a juzgar por la decepcionante respuesta de la Comisaria, todavía se discute si va a haber sanciones o no. 
Tengo que decir que la Comisión no está escuchando a esta Asamblea. 
En todo el arco parlamentario de esta Asamblea, desde la izquierda a la derecha, en todos los Estados miembros de la Unión, desde Dinamarca a los Países Bajos, en el Reino Unido y en todas partes, todos le estamos diciendo a la Comisión que queremos que escuche a Aung San Suu Kyi. Queremos que imponga sanciones y queremos que lo haga ya. 
Señor Presidente, quisiera hacer dos observaciones y formular una pregunta. 
En primer lugar, todo lo que se ha dicho esta noche aquí ha de dejar claro que este Parlamento considera que se ha llegado al límite. 
Día a día se siguen violando los derechos humanos en Birmania. 
El SLORC, el State Law and Order Restauration Council, tiene por lo visto tanto miedo de perder el control férreo sobre la situación, que considera una amenaza incluso la reunión más pacífica, la menor manifestación de la National League for Democracy, el partido de la Sra. Aung San Suu Kyi. 
El bloqueo de la casa de Suu Kyi tenía que acabar el 30 de septiembre, pero la prensa no tiene acceso hasta ella y se le impide pronunciar sus discursos semanales. 
Cientos de personas de su partido han desaparecido o han sido encarceladas. 
En segundo lugar, señor Presidente, es desalentador que las resoluciones de este Parlamento no hayan tenido efecto en la actitud del SLORC, pero quizás sí en las disposición de las empresas a invertir. 
Algunas empresas grandes, entre otras Heineken, se han retirado, y está claro que ha de declararse un boicot general. 
Y en tercer lugar, la pregunta, en nombre de mi Grupo: ¿Qué resultados tendrán las conversaciones que mantendrá la Comisión a finales de octubre sobre esta cuestión? 
Para nosotros está claro que la Comisión tendrá que convencer al Consejo de que adopte sanciones económicas. Hace ya mucho tiempo que lo esperamos. 
Señor Presidente, estamos deseosos de que se tomen medidas contra un régimen muy brutal al que se enfrenta una oposición tan valiente y notable. 
Repito que esta oposición se ha dirigido específicamente a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, para que actúen urgentemente y consigan mediante el aislamiento de Birmania que cambie la situación. 
Tenemos, además, un mandato muy específico de los ciudadanos de la Unión Europea. 
La red de grupos de apoyo en las ciudades y pueblos de Europa nos pide que hagamos todo lo que podamos y que actuemos con urgencia. 
Conocemos los hechos, estamos al tanto de las muertes, conocemos las desapariciones, las detenciones, el sufrimiento de tantas personas. Tenemos derecho a reclamar más de lo que hemos escuchado esta noche a la Comisión. 
Queremos que a la muy importante audiencia que tuvo lugar en Bruselas sobre trabajos forzados le siga una medida adoptada en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas. 
Queremos que el Consejo tome este mes una serie de medidas bajo esta Presidencia para aislar a Birmania. 
Hacemos también un llamamiento a los países vecinos de Birmania, que son nuestros socios, para que cooperen con nosotros. 
Me consta que nos recuerdan con frecuencia que, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, ellos son reacios a injerirse en los asuntos internos de los países vecinos. 
Pero estamos ante tal brutalidad que es responsabilidad tanto suya como nuestra. El Parlamento Europeo en que nos encontramos y la propia Unión Europea surgieron de la preocupación por la democracia y los derechos humanos. 
Para concluir, me permito declarar que la situación de Birmania cambiará. 
Este régimen brutal será depuesto y la democracia se instaurará y establecerá en Birmania. 
Ahora bien, después de tanto sufrimiento y de tanto sacrificio, asegurémonos de que esto suceda pronto. 
Señor Presidente, creo que está muy claro que hasta en el último rincón de esta sala se quiere que la Comisión pase a la acción, inclusive la de presentar propuestas más activas al Consejo. 
El núcleo de todas estas acciones es que realmente consideramos que es hora de declarar un boicot económico como el que se ha propuesto también en Estados Unidos. 
Mi pregunta es: si mañana el pleno adopta una resolución que exija sanciones económicas, como ha pedido también la líder de la oposición en Birmania, ¿estaría dispuesta la Comisión a adaptar sus propuestas al siguiente Consejo de forma que el Consejo pueda tomar estas decisiones? 
Es lo que deseo saber. 
Señor Presidente, comprendo perfectamente la impaciencia y la irritación del Parlamento por el hecho de que no haya más acción en vista de los hechos presentados hoy aquí. 
Comparto totalmente la preocupación y la indignación expresadas y, en mi opinión, no cabe la menor duda de que la UE tiene la obligación de adoptar una decisión y actuar. 
El lunes y el martes de la próxima semana se celebrará una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, y el Parlamento puede estar seguro de que me encargaré de informar al Comisario responsable de este ámbito, el Sr. Marín, de los puntos de vista claros y unívocos expresados hoy en el Parlamento. 
No creo que haya dudas sobre el mensaje ni en cuanto al liderazgo de la UE ni en cuanto a la necesidad de hacer algo más que hablar. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
Señorías, la Sra. Kinnock pide la palabra todavía. 
Les pido un momento todavía. 
Señora Kinnock tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, me anima escuchar lo que ha dicho la Comisaria, pero sigue estando claro que el Consejo y la Comisión hacen oídos sordos a nuestra petición de que se adopten medidas serias. 
Estas restricciones, el tipo de cosas que nos dice la Comisión, simplemente no producirán efectos de ningún tipo en el SLORC. 
La Comisión no nos ha asegurado con rotundidad que vaya a escuchar lo que Aung San Suu Kyi dice, pero eso es, señora Comisaria, lo que nosotros estamos pidiendo. 
Sé que no está en sus manos, pero me gustaría que fuera posible que la Comisión y el Consejo escucharan atentamente lo que el pueblo de Birmania dice, no solamente lo que dice Aung San Suu Kyi. 
El pueblo de Birmania nos pide que actuemos. 
Muchas gracias, señora Kinnock. 
Señorías, me parece que el Parlamento se ha expresado con toda claridad esta noche. 
Pero, además, debo recordarles a ustedes que se han recibido seis propuestas de resolución para cerrar el presente debate. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señorías, gracias por su compañía. 
(Se levanta la sesión a las 00.00 h.) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, permítaseme una objeción al Acta de ayer. 
En el tema 7 se me nombra como Sr. y no Sra. McNally. 
Estimada colega, le puedo asegurar que en nuestra Acta reflejaremos las realidades. 
Gracias, señor Presidente, intervengo en relación con el simpático ritual recogido en el Acta de ayer como tema 16, en la pág. 17, Preguntas a la Comisión. 
Permítame pedirle que corrija una exactitud que figura en ella: se dice que la pregunta 51, formulada por mi colega el Sr. Bowe, decayó, dado que su autor estaba ausente. 
En modo alguno estaba ausente, desde luego, porque estuvo sentado delante de mí esperando una respuesta. 
La pregunta no se formuló por falta de tiempo, como ocurrió con 105 de las 120 preguntas hasta ahora presentadas por los diputados este mes. 
Pero, si contamos las complementarias formuladas por otros diputados en la Asamblea, vemos que hubo nueve preguntas más. 
De algunas se puede decir que eran pertinentes, de otras resultaría discutible. 
Esas 120 preguntas representan en muchos casos las preocupaciones auténticas del público, más que de los políticos, como, por ejemplo, mi pequeña comunidad de pescadores de gambas de Norfolk. 
Se les debe dar una respuesta concisa y rápida. 
Existen otros mecanismos para obtener respuestas por extenso sobre cuestiones normativas complejas por parte de los Comisarios. 
Así, pues, ¿tendría usted la amabilidad de pedir a la Mesa que examine el funcionamiento del turno de preguntas, porque algunas sencillas reformas respecto del número de las preguntas complementarias y la extensión de las respuestas de los Comisarios contribuirían en gran medida a hacer que esta Asamblea parezca mucho menos remota a muchas personas? 
Señor Presidente, tan sólo quiero hacer constar mi agradecimiento a mi colega por defender mi honor y también a la Comisión. 
Al final de ese turno de preguntas recibí puntualmente una respuesta por escrito. 
De este modo queda aclarado este caso. 
Más tarde nos referiremos a los escritos de objeción. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Presidente, en relación con el Acta: veo que la Sra. Bonino, Comisaria, estuvo aquí para responder a varias preguntas sobre pesca y asuntos relativos a los consumidores, pero lo que me preocupa mucho es que el jueves tenemos tres informes importantes sobre la pesca y una pregunta oral y, sin embargo, la Comisaria, según tengo entendido, no va a asistir. 
Eso es muy de lamentar y quisiera solicitar al Presidente que pidiera a la Comisaria que asista a esa sesión para que pueda oír las ideas y opiniones de este Parlamento. 
Estimado colega, ya he dicho que nos vamos a ocupar del asunto. 
Reunión del 5 de octubre de 1996 en Dublín 
De conformidad con el orden del día, se procede al informe del Consejo de Europa y a la declaración de la Comisión a raíz de la reunión del 5 de octubre de 1996 en Dublín. 
Saludo al Presidente del Consejo de la Unión Europea, el Ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Dick Spring. 
Le damos la bienvenida. 
Señor Presidente, usted tiene la palabra. 
Señor Presidente, constituye en verdad un honor para mí disponer de esta oportunidad para informar a esta Asamblea sobre la reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada en Dublín el 5 de octubre. 
La decisión de celebrar una reunión extraordinaria se adoptó en el Consejo Europeo de Florencia, celebrado el pasado mes de junio. 
El Consejo Europeo consideró que una reunión extraordinaria sería útil para examinar diversas cuestiones que afronta la Unión en este período y para mantener el impulso en las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental. 
La reunión de Dublín celebrada el 5 de octubre, permitió a los miembros del Consejo Europeo mantener un intercambio general de opiniones sobre diversas cuestiones. 
Lo hicieron sin estar obligados a centrarse en textos o conclusiones concretos: esa tarea corresponderá al segundo Consejo Europeo, que se celebrará en Dublín los días 13 y 14 de diciembre. 
Tengo mucho gusto en poder informar de que el 5 de octubre reafirmamos el calendario establecido por el Consejo Europeo de Florencia para la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. 
La Conferencia concluirá su labor a mediados del año próximo: es decir, cuando se celebre el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997. 
También confirmamos la necesidad de mantener el nivel de ambición de la Conferencia. 
Debemos velar por que el resultado sea adecuado para equipar y fortalecer la Unión con vistas a afrontar los imperativos internos y externos que tiene y tendrá planteados al comienzo del próximo siglo. 
También se examinaron en la reunión de Dublín cuestiones relativas a las relaciones exteriores. 
Se centró la atención en particular en el proceso de paz en el Oriente Medio e inmediatamente después de la reunión yo visité el Oriente Medio para celebrar conversaciones sobre la necesidad de acelerar dicho proceso. 
Hoy me propongo informar a Sus Señorías con cierto detalle sobre las dos cuestiones principales examinadas en Dublín: la Conferencia Intergubernamental y el proceso de paz del Oriente Medio. 
Desde el comienzo de la Presidencia irlandesa del Consejo, la labor relativa a la Conferencia Intergubernamental se ha centrado en los documentos de la Presidencia. 
En dichos documentos figuran proyectos de textos de Tratado que abarcan todas las cuestiones más importantes que se examinan en la Conferencia. 
Ese proceso de negociación sobre la base de textos concretos ha contribuido a aclarar las posiciones de las delegaciones y ha permitido a la Presidencia pulir sus borradores iniciales para formular una propuesta de metodología sobre la mayoría de las esferas de trabajo. 
Dicha metodología consiste en lo que podríamos denominar aproximación sucesiva de los textos. 
Dicho brevemente, estamos avanzando continuamente hacia nuestro objetivo de elaborar, como pidió la Cumbre Europea de Florencia, un esquema general para un proyecto de revisión de los Tratados con vistas a la segunda reunión de Dublín, que se celebrará en diciembre. 
Nuestra reunión del 5 de octubre fue muy útil con vistas al avance de ese proceso. 
Naturalmente, fue una reunión extraordinaria. 
Como he dicho, no hubo conclusiones por escrito ni se adoptaron decisiones sobre las cuestiones esenciales concretas que se están examinando en la CIG: no era ése el objetivo de la reunión de Dublín. 
Pese al carácter oficioso de la reunión, la Presidencia estaba decidida a velar por que el Parlamento siga haciendo contribuciones valiosas al proceso que está en marcha en el nivel ministerial y en el nivel preparatorio mediante las contribuciones de Sus Señorías y las de Elisabeth Guigou y Elmar Brok. 
Las observaciones que nos hicieron Sus Señorías, cuando examinamos la Conferencia Intergubernamental en Dublín, se situaban en el marco que el Taoiseach había establecido en la carta que envió a sus colegas antes de la celebración de la reunión. 
En primer lugar, subrayamos que se deben adaptar las estructuras de la Unión de forma equilibrada para que la Unión siga funcionando eficazmente y esté firmemente afianzada en la aceptación pública y, en segundo lugar, que la Unión debe estar preparada para la futura ampliación y los muchos otros imperativos que afrontará en los próximos años. 
La reunión de Dublín brindó al Consejo Europeo la oportunidad de llevar a cabo un útil y abierto intercambio de opiniones sobre las cuestiones principales, que, naturalmente, se deberán abordar también en la reunión del Consejo Europeo de diciembre y durante la Presidencia holandesa. 
Me permitió a mí, como Presidente de la Conferencia Intergubernamental, presentar un informe oral sobre los avances logrados en la Conferencia. 
Al confirmar que el calendario ya está encarrilado y que existe la voluntad política entre todos los Estados miembros de cumplir el plazo de conclusión de la Conferencia en el momento de la celebración del Consejo Europeo de Amsterdam en junio del año próximo, el Consejo Europeo respondió a la sensación de urgencia cada vez más abrigada por todas las instituciones, en el sentido de que no se debe aplazar el proceso. 
En particular, en este marco se hace una indicación clara a los países que han solicitado la adhesión y que esperan a la conclusión de la Conferencia para iniciar el proceso de negociación sobre la adhesión. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar la prioridad que la Presidencia irlandesa concede a la ampliación. 
Estoy firmemente convencido de que una de las contribuciones más importantes que podemos hacer al proceso de adhesión es la de velar por que al final de este año se hayan logrado avances substanciales en la Conferencia Intergubernamental. 
En la reunión de Dublín se reafirmó también la buena disposición general de los Estados miembros para perseguir objetivos ambiciosos respecto del contenido del Tratado. 
Desde la perspectiva de la Presidencia irlandesa la reunión fue útil con vistas a hacer avanzar la labor substancial de la CIG. 
Hubo un amplio acuerdo entre los Jefes de Estado o de Gobierno en el sentido de que un objetivo primordial de la reforma de la Unión que se está examinando en la Conferencia es el de dar respuestas concretas a las preocupaciones y aspiraciones concretas de nuestros ciudadanos. 
Muchos de los participantes insistieron mucho, por ejemplo, en la necesidad de demostrar que podemos fortalecer las disposiciones del Tratado relativas al empleo en el nivel de la Unión. 
Además, hubo amplio acuerdo sobre la necesidad de demostrar que, en el nivel de la Unión, podemos desempeñar un papel importante a la hora de luchar más eficazmente contra los problemas de la delincuencia internacional y del tráfico de drogas. 
Existe un reconocimiento cada vez mayor de que la CIG debe hacer los cambios necesarios para lograr que la Unión pueda garantizar una mayor coherencia de su actuación internacional en las esferas política y económica y ejercer una influencia política internacional constructiva, en particular con vistas a contribuir a la resolución de los conflictos y promover la resolución pacífica de las controversias. 
Además, se está abriendo paso el acuerdo sobre que se deben hacer adaptaciones institucionales en la estructura y los procesos de adopción de decisiones de la Unión para que ésta llegue a ser más eficiente, eficaz y visiblemente democrática y esté firmemente enraizada en la aceptabilidad pública a fin de que pueda afrontar con éxito otra ampliación. 
Evidentemente, como ha sucedido en todas las conferencias intergubernamentales del pasado, es probable que algunas de las cuestiones institucionales más delicadas se zanjen al final de las negociaciones. 
La cuestión de la flexibilidad va a revestir gran importancia. 
A ese respecto, debo mencionar la interesantísima contribución hecha por mis colegas en el Consejo Klaus Kinkel y Hervé de Charette a este debate. 
La reunión de Dublín desempeñó un papel constructivo con vistas al avance de la labor de la CIG. 
La Presidencia irlandesa va camino de cumplir nuestro mandato de elaborar el esquema de un proyecto de revisión del Tratado para que se examine en el Consejo Europeo de diciembre. 
Como saben todos Sus Señorías, la reunión extraordinaria del Consejo Europeo se celebró en un momento de aumento de la tensión en el Oriente Medio a raíz del estallido de violencia en esa región. 
A consecuencia de ello, el Consejo Europeo dedicó gran parte de sus deliberaciones a examinar los medios mediante los cuales la Unión puede contribuir a la revitalización del proceso de paz en el Oriente Medio. 
La Unión reaccionó clara y rápidamente ante la agravación de las tensiones que culminaron en enfrentamientos violentos en Jerusalén y en toda la Ribera Occidental al final de septiembre. 
Hemos adoptado diversas medidas para intentar restablecer el impulso del proceso de paz. 
Los días 1 y 2 de octubre el Consejo de Asuntos Generales adoptó una declaración sobre el proceso de paz en el Oriente Medio en la que se exponía la posición de la Unión en esta coyuntura decisiva. 
En un momento de crisis cada vez más profunda, instamos a las dos partes a que procuraran no recurrir a un empleo desproporcionado de la fuerza y ejercieran la moderación. 
También exponía claramente los sectores en los que consideraba decisivo el avance del proceso de paz. 
En particular, subrayaba la importancia de la temprana y plena aplicación de los acuerdos existentes y la necesidad de celebrar negociaciones para avanzar sobre la base de los principios de la Conferencia de Madrid de 1991 en la que se estableció el proceso de paz en el Oriente Medio y los términos de la declaración de principios de 1993 sobre el autogobierno palestino. 
En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo se decidió que yo visitara inmediatamente esa región para transmitir un mensaje al Primer Ministro Netanyahu y al Presidente Arafat, exponer la posición de la Unión y examinar las posibilidades de restablecimiento del clima de confianza necesario para volver a encarrilar de nuevo el proceso de paz. 
El mensaje del Consejo Europeo acogía con beneplácito la reanudación de las negociaciones el 6 de octubre, a raíz de la Cumbre de Washington, reiteraba la convicción de la Unión de que sólo la aplicación plena de los términos de los acuerdos existentes puede garantizar la seguridad tanto de los israelíes como de los palestinos y ofrecía el apoyo total de la Unión a las gestiones encaminadas a revitalizar el proceso de paz. 
Se hizo llegar una copia del mensaje al Presidente Clinton, en la que se hacía constar el agradecimiento de la UE por las gestiones de los Estados Unidos para aliviar la tensión y conseguir el encarrilamiento de nuevo del proceso y se aseguraba a los Estados Unidos el compromiso continuo de la Unión con las gestiones comunes en apoyo de ese objetivo. 
En mis reuniones con los dirigentes de la región subrayé la importancia atribuida por la Unión Europea a una urgente revitalización del proceso de paz. 
También subrayé la intención de la UE de comprometerse aún más con la búsqueda de avances en el Oriente Medio acordes con la contribución económica y la participación de la Unión en el proceso de paz hasta ahora. 
Mis entrevistas con el Primer Ministro Netanyahu y con el ministro de Asuntos Exteriores Levi fueron amistosas y constructivas y el Primer Ministro expresó claramente su agradecimiento por las gestiones de la Unión en apoyo del proceso de paz. 
Nuestros continuos contactos con los dirigentes del Gobierno israelí, que reflejan la larga y estrecha relación de la Unión con Israel, me han permitido transmitir claramente las preocupaciones de la UE sobre la necesidad de restablecer el impulso del proceso de paz. 
Me reuní con el Presidente Arafat en Gaza el 6 de octubre: nuestra segunda reunión en una semana. 
Examinamos ampliamente la situación en la región y las cuestiones fundamentales debatidas en las actuales negociaciones entre israelíes y palestinos. 
El Presidente Arafat acogió con beneplácito la continua asistencia de la Unión al pueblo palestino y su continuo apoyo al proceso de paz. 
A petición del Gobierno egipcio me trasladé a El Cairo el 7 de octubre para mantener reuniones con el Presidente Mubarak y el ministro de Asuntos Exteriores Amr Moussa. 
Los dos subrayaron que la Unión tenía muchas posibilidades de desempeñar un papel positivo para influir en las dos partes y apoyar el proceso de paz. 
En dichas reuniones se hizo hincapié en la preocupación de Egipto y la Unión ante los acontecimientos recientes en la región, así como nuestro compromiso común con el progreso del proceso de paz mediante la aplicación de los acuerdos de paz. 
Las reuniones se celebraron en una atmósfera muy amistosa que reflejaba la excelente calidad de las relaciones de la Unión con Egipto. 
Además de esos extensos contactos con los dirigentes regionales, me reuní con el Secretario de Estado de los Estados Unidos Warren Christopher. 
A raíz de esa reunión, la Unión ha seguido manteniendo su estrecho contacto y cooperación permanentes con los Estados Unidos en apoyo de las negociaciones de paz en marcha. 
A raíz de mi visita a la región, sigo convencido de que la Unión debe desempeñar un papel importante y positivo en el apoyo al proceso de paz en el Oriente Medio. 
Seguiremos manteniéndonos en estrecho contacto con todas las partes regionales en la persecución de nuestro objetivo de una paz justa, completa y duradera. 
El Consejo Europeo extraordinario pidió también al Consejo de Asuntos Generales un mandato sobre la posición de un enviado de la Unión Europea en el Oriente Medio. 
La idea de nombrar a un enviado de la UE en el Oriente Medio refleja una firme voluntad por parte de la Unión de pasar a ser una participante más activa en las gestiones con vistas a contribuir a la revitalización del proceso de paz en el Oriente Medio sobre la base de su importante contribución al proceso hecha hasta ahora y su ya amplio compromiso con esa región. 
La labor preparatoria sobre el mandato para el puesto de enviado está en marcha y el Consejo examinará ese asunto en su próxima reunión de los días 28 y 29 de octubre. 
En nuestra reunión del 5 de octubre en Dublín los ministros de Asuntos Exteriores examinaron también la situación en la antigua Yugoslavia sobre el telón de fondo de las recientes elecciones celebradas en Bosnia. 
La Unión se centra ahora en contribuir a las gestiones de la comunidad internacional para apoyar el proceso de consolidación de la paz. 
En ese marco escuchamos una presentación preliminar del Comisario van den Broek sobre las propuestas de la Comisión con vistas a la actitud regional de la UE respecto de los países de esa zona. 
Dicha propuesta será examinada en detalle la semana que viene en el Consejo de Asuntos Generales. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno mantuvieron un intercambio de opiniones sobre la evolución de las relaciones UE/Rusia. 
Fue la primera oportunidad que tuvieron de examinar los asuntos desde la celebración con éxito en julio de las elecciones presidenciales rusas, que constituyeron un hito histórico en la consolidación de la democracia en Rusia y una indicación clara por parte del propio pueblo ruso de que desea que Rusia continúe por la senda de la reforma. 
Se subrayó la necesidad de que la UE profundice sus relaciones con Rusia, como también la necesidad de un apoyo continuo al proceso de reforma. 
Se subrayó la importancia de la conclusión por parte de todos los Estados miembros de los procedimientos de ratificación para el acuerdo de asociación y cooperación. 
También se examinó la evolución de la situación en Chechenia. 
El Consejo Europeo examinó también las formas de fortalecer la relación de la UE con Ucrania y de contribuir al proceso de reforma en ese país. 
Los ministros de Asuntos Exteriores examinaron la situación actual en Belarús respecto del propuesto referéndum sobre el cambio constitucional y expresaron su preocupación por la división entre el Presidente Lukashenka y el Parlamento. 
Convinieron en que un referéndum, para que sus resultados sean respetados dentro y fuera de Belarús, no debe celebrarse hasta después de que se haya celebrado un debate completo y abierto en el que todas las partes puedan participar y en el que la prensa y los medios de comunicación gocen de libertad de información basada en un acceso a todas las partes. 
Los ministros decidieron transmitir esas preocupaciones a las autoridades de Belarús. 
Tan sólo ha transcurrido la mitad del período de la Presidencia irlandesa. 
Seis meses son a la vez mucho tiempo y muy poco. 
En el orden del día de la Unión Europea figuran muchas cuestiones y los avances respecto de dichas cuestiones son un requisito fundamental de cualquier Presidencia. 
Esa reunión extraordinaria nos brindó una oportunidad muy útil para hacer avanzar el orden del día de la Unión y preparar el terreno para un Consejo europeo ambicioso pero realista como el que se celebrará en diciembre en Dublín. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Vamos a comenzar el debate. 
Tiene primero la palabra la Sra. Green del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo que haya acudido aquí hoy a hacer una declaración sobre la cumbre oficiosa y felicito a la Presidencia irlandesa por insistir, en realidad, en que se celebrara dicha reunión, pese a la oposición de al menos un Estado miembro. 
He de decir, que, en mi Grupo, juzgamos la CIG por su insistencia en las cuestiones que consideramos importantes para los ciudadanos de Europa. 
Mi Grupo abriga ambiciones para Europa. 
Abrigamos esperanzas respecto de Europa. 
Europa debe en verdad avanzar a fin de prepararse para la ampliación: el Presidente en ejercicio lo ha expresado con claridad. 
En este Grupo comulgamos firmemente con el principio de la ampliación, pero el Consejo debe entender que nuestro electorado aquí, en este Parlamento, es el de la Unión Europea y nuestra lealtad primordial es para con él. 
Una ampliación mal planificada, que desestabilice la seguridad de la Unión actual o que provoque una paralización de la Unión mayor aún de la que puede haber ahora es, sencillamente, inaceptable. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los ciudadanos de la Unión quieren paz en Europa. 
El papel de Europa en la resolución de conflictos es algo que cobra- lo sé- una resonancia particular en Irlanda y con lo que está usted profundamente comprometido. 
Permítaseme decir con claridad en su presencia, señor Spring, que mi Grupo fue el promotor del concepto de apoyo europeo a la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte. 
Estamos totalmente comprometidos con él y, pese al aluvión de informaciones habido recientemente en Irlanda, le doy mi palabra de que no haremos nada para menoscabarlo. 
Los ciudadanos de la Unión quieren también ver que se concede una prioridad política real a la seguridad de su futuro. 
Le ruego, señor Presidente en ejercicio, que vele por que los dirigentes de nuestros países logren avances reales en materia de creación de puestos de trabajo dentro de la Unión. 
Aplaudimos el apoyo cada vez mayor a la inclusión de una sección sobre el empleo en el Tratado y le instamos a que vele por que tenga entidad real y no sólo figuren en él ruegos piadosos. 
Tal vez uno de los rasgos más deprimentes de los meses recientes haya sido el ataque por el Consejo o por determinados Estados miembros contra el sector de las actividades de la Unión relativas a quienes padecen exclusión social. 
Como parte de un malintencionado ataque contra los más vulnerables- pues eso es lo que es -, se ha incoado un procedimiento ante el Tribunal para impedir que la Comisión gastara una suma relativamente reducida en pro de los ancianos, los discapacitados y las víctimas de la exclusión social. 
En opinión de mi Grupo, ese tipo de actividad contribuye más que ninguna otra a demostrar a los ciudadanos de Europa que los Gobiernos, cuando se juntan, sólo se preocupan de lanzarse de cabeza a superarse en resultados y demostrar lo machotes que son. 
Es necesario que la CIG encuentre una solución al problema del fundamento jurídico para el gasto en pro de las víctimas de le exclusión social. 
Es necesaria una indicación clara de que Europa entiende que el papel que corresponde a los Gobiernos nacionales es el de luchar contra la pobreza y la exclusión en cada uno de los Estados miembros, pero que la Unión Europea puede añadir valor a esa lucha con sus acciones legítimas y concertadas. 
Los ciudadanos de Europa no saben gran cosa- ni les preocupa- sobre los intrincados detalles de nuestra labor aquí, pero sí que entienden ahora las indicaciones sobre el tipo de Europa que estamos creando. 
Están utilizando el sistema democrático para indicarnos su preocupación y, al negarnos a entender o responder a esas indicaciones, fomentamos el desarrollo de la corriente que los que desean la quiebra de la integración europea. 
Mi Grupo reafirma su creencia en la más estrecha integración de Europa y queremos que la CIG avance rápidamente a fin de prepararnos para la ampliación en un marco de calma, paz, prosperidad y esperanza para el futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar es mi deseo felicitar a la Presidencia irlandesa. 
Estimo que una vez más ha quedado probado que en el seno de la Unión Europea un pequeño país es capaz de desempeñar un papel creativo al asumir dicha presidencia. No es la primera vez que este hecho se manifiesta en agudo contraste con la actuación de algunos Estados miembros de mayor extensión. 
En septiembre hube de insistir aquí, en nombre del Grupo del Partido del Pueblo Europeo, a fin de que se reavivase finalmente la cuestión de la CGI. 
En esa ocasión fueron dos preguntas las que planteé. La primera se refería a la necesidad de respetar el calendario establecido. 
Creo que ahora, gracias a las declaraciones del Presidente del Consejo, podemos contar con una precisión al respecto y que podemos comprobar con satisfacción que en junio del año entrante habrá de concluirse dicha conferencia. 
Mi segunda pregunta consistía en saber si el Consejo se había conformado con la idea de reducir a un mínimo sus objetivos y a diferir las reformas fundamentales. 
A este respecto hemos recibido- creo yo- una respuesta positiva. 
La Presidencia irlandesa presentará en la próxima Cumbre Europea, que tendrá lugar en Dublín en diciembre, un proyecto de tratado. 
Estimo, señor Presidente del Consejo, que en la actualidad cabe comprobar que la Unión Europea se ve confrontada, tal como afirmó también ayer el Presidente de la Comisión, con tres grandes plazos que cumplir, a saber, la ampliación de la Unión, la resolución de una serie de cuestiones sociales que inquietan fuertemente a los ciudadanos de la Unión Europea, concretamente su porvenir y su seguridad, así como la política exterior comunitaria. 
Es indudable que la ampliación de la Unión Europea constituye un proyecto de paz y de civilización de gran envergadura desde el punto de vista geopolítico. Un proyecto que habrá de aunar las ambiciones de todos los países democráticos en el marco de dicha Unión. 
Aunque también debemos señalar que una Unión Europea que pasaría de 15 a 25 ó 30 miembros resultaría incapaz de funcionar con las instituciones tales éstas son concebidas en este momento y que de todos modos, por grande que sea la atención prestada por nuestros conciudadanos a los problemas a los que se encaran en su existencia cotidiana, no deja de ser nuestro deber el señalarlos y seguir insistiendo cada vez que en la CIG se adopten decisiones según las cuales el Consejo sea capaz de decidir por mayoría y por las cuales el Parlamento tenga igualmente la facultad de oponerse a dichas decisiones adoptadas por el Consejo, y esto en el marco del derecho de codecisión. 
No podemos librarnos de la necesidad absoluta de resolver esta cuestión. De lo contrario, la Unión Europea habrá de degenerar inevitablemente en una simple asociación de países en los cuales seguirá funcionando únicamente el aspecto intergubernamental, lo cual tendría efectos desastrosos para la construcción europea. 
Aunque existe igualmente una segunda cuestión también de importancia. 
Hemos querido contar con un mercado interior. Hemos querido contar con una unión económica y monetaria. 
Estimamos que esto constituye el fundamento económico imprescindible para recomenzar a crear posibilidades de empleo. 
Este mercado interior, unido a la ampliación de la actual Unión Europea de 15 miembros a una mayor, de 20 ó de 25 Estados miembros, plantea enormes interrogantes sociales. 
Incluso en el caso de que los Estados miembros sigan desempeñando un papel importante, en lo referente a la política de empleo será imposible que la propia Unión Europea no brinde una respuesta a la cuestión, o que deje de adoptar iniciativas por sí misma. 
Es inadmisible que en este momento sólo sean los Estados miembros los responsables de la seguridad interna, de la seguridad de nuestros ciudadanos. Y nuestros ciudadanos se sienten inseguros. 
Le planteo esta pregunta, señor Presidente del Consejo: ¿no ha llegado acaso el momento de que los gobiernos y los jefes de gobierno de los Estados miembros que constantemente ponen reparos frenando así el desenvolvimiento y las discusiones en la CIG se limitasen finalmente a las cuestiones esenciales? Que los gobiernos, conjuntamente con la Comisión y este Parlamento Europeo, dijesen a nuestros conciudadanos que será imposible resolver toda una serie de cuestiones esenciales, como el empleo, la seguridad, la protección de nuestros ciudadanos, si cada uno de los Estados miembros actúa por separado en cuestiones en las que se hace necesaria una acción conjunta comunitaria. 
El Primer Ministro de mi país declaró el mes pasado en Madrid que una serie de Estados miembros están frenando esa evolución. 
¿Cuándo es que vamos finalmente a ocuparnos de lo esencial? 
Deseo pedirle que transmita también usted este mensaje a sus colegas en la misma manera constructiva en la que Irlanda ha asumido esta presidencia y que finalmente se sientan llamados a abordar las grandes cuestiones fundamentales de la sociedad europea. 
Señor Presidente, ba mhaith liomsa i dtosac céad míle fáilte a chuir roimh Aire Gnóthai Eachtracha na Heireann chuig Parlimint na Heorpa i maidin. 
Señor Presidente, doy una bienvenida efusiva al Presidente en ejercicio del Consejo y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda en el Parlamento Europeo esta mañana y le agradezco profundamente en verdad su informe sobre la reciente cumbre celebrada en Dublín. 
Si bien la cumbre no tuvo como resultado decisión importante alguna, no cabe duda de que brindó una valiosa oportunidad a los Jefes de Estado o de Gobierno para examinar la marcha de las negociaciones en la Conferencia Intergubernamental. 
En mi opinión, el proyecto de Tratado, que se presentará a la Cumbre de Dublín de diciembre, debe conceder prioridad a cuestiones que preocupan a la mayoría de los ciudadanos, como la política en materia de desempleo y la lucha contra la delincuencia. 
Me ha decepcionado ver que algunos Estados miembros siguen oponiéndose a la inclusión de un capítulo sobre la política de empleo en el nuevo Tratado. 
No estoy de acuerdo con la opinión del Primer Ministro británico de que se debe abordar ese problema en el nivel nacional. 
A lo largo del último decenio los gobiernos nacionales de muchos Estados miembros han dedicado gran parte de su energía a crear nuevas oportunidades en materia de empleo, en la mayoría de los casos sin gran éxito. 
No cabe duda de que ha llegado el momento de que los Gobiernos europeos trabajen en colaboración para intentar resolver ese enorme problema social, económico y político. 
La lucha contra la delincuencia exige también una intensa cooperación entre los Estados miembros para que las fuerzas de la ley y del orden de nuestros países puedan abordar eficaz y exhaustivamente las actividades de los traficantes de drogas, los blanqueadores de dinero y las organizaciones de la delincuencia organizada, todos los cuales actúan en la escena internacional. 
Se debe apoyar en el nivel de la UE a los países de la periferia, como Irlanda, con extensas costas en sus actividades encaminadas a rastrear e interceptar el tráfico de drogas. 
Acojo con beneplácito las gestiones en marcha con vistas a la reforma de las estructuras institucionales de la Unión, que han de simplificar- espero- los sistemas administrativo y de adopción de decisiones de la Unión antes de la ampliación al Este. 
Sin embargo, estoy firmemente convencido de que es más importante evaluar las repercusiones de la ampliación en las políticas europeas ya existentes y, en caso necesario, reformar las políticas que centrarse en la reforma administrativa e institucional. 
La adhesión de diez o más países beneficiarios netos tendrá importantes repercusiones en el presupuesto. 
El ingreso de nuevos Estados miembros con una gran dependencia de la agricultura tendrá, naturalmente, repercusiones importantes en la Política Agraria Común. 
La evidente necesidad de esos países de mejorar sus sistemas industriales, de redes de transportes y de protección medioambiental tendrá repercusiones importantes en la política actual en materia de Fondos estructurales. 
Me ha decepcionado profundamente que en la Cumbre de Dublín no se abordaran esas cuestiones. 
El futuro de la Política Agraria Común y de los Fondos estructurales, junto con la evidente necesidad de un mayor presupuesto en una Unión ampliada, son cuestiones políticas importantes que se deben abordar paralelamente a la Conferencia Intergubernamental. 
El acuerdo sobre el contenido final de un nuevo Tratado revisado debe ir acompañado de un acuerdo sobre la futura orientación de las políticas comunitarias más importantes y sobre el marco para las negociaciones relativas a la ampliación. 
Todas esas cuestiones están estrechamente interrelacionadas, en particular en el caso de los actuales países beneficiarios netos, como España, Portugal, Grecia e Irlanda y los países con importantes sectores agrarios como Francia. 
A raíz de la Cumbre de Dublín, parece haber un consenso en pro de un acuerdo sobre un Tratado revisado en la cumbre que se celebrará en Amsterdam en el mes de junio del próximo año. 
Se trata de un objetivo ambicioso. 
Sin embargo, no es esencial que la CIG concluya en la primera mitad del año próximo: mayor importancia reviste que los Estados miembros utilicen la CIG para afrontar las cuestiones que constituyen motivos generales de preocupación para nuestros electorados y poner los cimientos de una ampliación lograda de la Unión al Este, aun cuando para ello sean necesarios seis o doce meses más. 
Al menos en algunos Estados miembros, se pedirá a los electorados que juzguen los resultados de la CIG y su veredicto dependerá de hasta qué punto aborde el Tratado sus preocupaciones, que no se limitan a la simple reforma institucional. 
¿Se ha despertado efectivamente la cuestión de la CIG? 
Por su parte, el Presidente del Consejo declaró lo siguiente: Estimo que la Cumbre celebrada ha sido altamente exitosa ya que hemos logrado dar un impulso altamente dinámico y unánime a la Conferencia Intergubernamental. 
Por otro lado, la opinión de The European fue menos entusiasta por ejemplo al analizar los resultados de dicha cumbre. En su opinión, la Cumbre de Dublín figuró entre las reuniones más improductivas organizadas por la Unión Europea. 
Lejos de reavivar la cuestión de la CIG, demostró abiertamente que en sus orígenes el Tratado de Maastricht ha sembrado la confusión en cuanto a los próximos pasos a seguir. 
Presumiblemente, la verdad hay que buscarla entre ambas afirmaciones. 
Está fuera de dudas que la Cumbre de Dublín no arrojó resultados espectaculares, lo cual, sin embargo, era de esperar. 
En primer lugar, se trataba de una reunión informal que giró más en torno a la reafirmación de ambiciones políticas que a grandes logros en sí. Aunque no dejásemos de esperarlos. 
En segundo lugar, fue imposible cortar por lo sano habida cuenta la demora en las negociaciones de la CIG. 
En tercer lugar, seguramente no cabía esperar mucho de parte del gobierno británico en vísperas del congreso del partido conservador. 
No dejaré, sin embargo, de albergar la esperanza de que esta cumbre, a mi parecer decepcionante, haya contribuido a que en la siguiente cumbre oficial de Dublín, prevista para fines de año, se llegue a decisiones concretas y substanciales y que se implique profundamente en las mismas al ciudadano europeo, a fin de que quede bien claro para éste la importancia y la utilidad de un tal encuentro y que se logre restaurar la credibilidad y la confianza en Europa. 
La respuesta dada por John Major al porqué de la reunión de Dublín resulta sin duda alguna insuficiente: Estamos aquí sencillamente porque estamos aquí. El ciudadano europeo se merece una respuesta mejor. 
Señor Presidente, para nuestro Grupo el desempleo en la Europa occidental es el problema decisivo que hay que resolver. 
Pero nos tememos que las propuestas presentadas con ocasión de la Conferencia Intergubernamental resulten insuficientes. Lo son sobre todo porque no hacen una conexión directa entre la unión monetaria y la política de convergencia. 
Actualmente, dicha política conduce a un elevado nivel de paro, a una menor demanda en la economía y a un fuerte deterioro del bienestar social en los países miembros. 
Por consiguiente, cabe abordar el tema de la política de convergencia en la Conferencia Intergubernamental para replanteárnosla. 
En el proyecto de resolución del Parlamento se habla de la necesidad de tener una política común en el ámbito de la defensa. 
Nosotros pensamos que esto no es pertinente en la situación política actual de la Europa occidental. Sólo son vestigios de una ideología caduca. 
Lo que necesitamos hoy por hoy son unas estructuras globales y paneuropeas con el fin de prevenir conflictos y de dar solución a las crisis. 
La Unión debe además respetar el hecho de que algunos países miembros son neutrales. 
Por ello nos sorprende tanto que este documento del grupo Dorre, de fecha 8 de octubre, califique a dichos estados de ex-neutrales, o sea antiguos países neutrales. 
Quiero recalcar que la política de neutralidad goza de un fuerte apoyo popular en todos los países que son miembros en la actualidad. 
Hay muchos puntos oscuros en torno a la Conferencia Intergubernamental y sus resultados, pero ya en estos momentos vemos que existe una gran oposición en contra de ella en aspectos centrales. 
Vemos que se está en contra de hacer públicas las reuniones del Consejo de Ministros. 
Nuestra opinión es que todo acto legal de la Unión, que se celebre en el seno del Consejo de Ministros, debe darse a plena luz pública, y tenemos derecho a que sea éste el resultado de la Conferencia Intergubernamental. 
En el ámbito del medio ambiente hay una gran resistencia a hacer más riguroso el artículo 100a.4, y a dar con ello a los países miembros un verdadero derecho a tener una legislación más estricta relativa a ciertas normas ambientales. 
Nos parecería muy negativo que se rechazasen estos requisitos de mejoras ambientales. 
Es vital que los resultados de la Conferencia Intergubernamental se correspondan con lo que piensan los ciudadanos. 
Por eso nuestro Grupo defiende la celebración de unos referenda nacionales tras la Conferencia. 
Personalmente, estoy convencido de que dichos referenda demostrarán que no existe en los países miembros apoyo popular en favor de una mayor supraestatalidad dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, recordemos: la cumbre pretendía proporcionar nuevos impulsos a la atascada Conferencia Intergubernamental. 
En lo que podemos confiar en el Consejo es que actúa según la vieja fórmula: nada nuevo. 
Y el modo como se trata la cumbre sigue también viejos patrones; cuando el fracaso amenaza una cumbre o cuando no se logra nada, pero nada en absoluto, se puede encubrir este fracaso de dos maneras diferentes. 
O se funda un nuevo grupo de trabajo para seguir negociando y se celebra esto como si fuese un éxito o se subraya pomposamente lo que ya es conocido y evidente. 
En Dublín se ha aplicado esta segunda variante. 
Pero ¿puede considerarse realmente un éxito aferrarse con uñas y dientes al calendario de Maastricht II ante las grandes especulaciones que rodean a Maastricht III? 
Hans Christian Andersen ha escrito maravillosos cuentos. 
Señores Santer y Spring, escuchándoles y viéndoles hoy me viene al recuerdo el cuento «Los nuevos vestidos del Rey». 
El rey se deja admirar y adular hasta que un niño dice sencillamente la verdad: » ¡Pero si no tiene nada puesto!» 
Esto es lo que ocurre hoy con el Consejo: no tiene nada. 
No ha desarrollado auténticas iniciativas para una política de empleo consecuente, para la urgentemente necesaria democratización en la Unión Europea, para un fundamento de derecho civil, para un desarrollo paneuropeo o para una transformación hacia una ecología social. 
¿Qué es lo que debe pasar aún hasta que el Consejo comprenda por fin adónde conduce la ignorancia frente a las ciudadanas y ciudadanos? 
¿No son suficientemente claros los resultados de las elecciones en Finlandia y en Austria? 
El aferrarse de modo incondicional a unos criterios inamovibles e irreales, el especular con modelos concéntricos de Europa, el intento de dictar a Europa desde arriba en lugar de fomentar que crezca por abajo, todo esto supone una auténtica bomba contra la integración, genera euroescepticismo en lugar de aceptación. 
Quien no escucha a los críticos de la UE, fortalece a los contrarios de la idea europea. 
Pero ¿cómo se transmite este mensaje al Consejo? 
Creo que, ante todo, la Conferencia Intergubernamental debería ser un gran proyecto contra el absolutismo europeo, con lo que llego de nuevo a Christian Andersen. 
Permítanme que dirija de modo muy personal algunas palabras al Sr. Spring, ministro del Gobierno irlandés. 
Quiero decirle que nuestro grupo político apoya plenamente el proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Esto no tiene que ver directamente con la llamada cumbre de Dublín, pero quiero decírselo. 
Señora Roth, tengo que rechazar su afirmación de que el Presidente del Consejo no tiene nada como una especulación sexista. 
Señor Presidente, la cumbre informal de Dublín no ha producido ninguna conclusión concreta, sino una confirmación oficial: la Conferencia Intergubernamental deberá concluir sus trabajos en junio próximo, en el Consejo de Amsterdam. 
Esta fecha tope deja finalmente a la Conferencia un plazo bastante corto para terminar la importante reforma que adapte las instituciones europeas a la ampliación, reforma que esperamos todos pero que, a pesar de un año y medio de debates diversos, no parece todavía realmente esbozada. 
Esto es lo que el Presidente Santer señalaba hace unos momentos con un cierto pudor, cuando subrayaba que se trata de un tema que necesita mayores progresos. 
Ciertamente, al término de la cumbre de Dublín, los Gobiernos francés y alemán han publicado una carta común relativa a las cooperaciones reforzadas, pero no se trata en este caso de la flexibilidad que necesitamos para la ampliación. 
Para el Este necesitaríamos más bien cláusulas de cooperación aligeradas. 
Sin embargo, esta orientación necesaria parece bloqueada por el dogma de la intangibilidad de los logros comunitarios. 
Sobre este mismo tema de la adaptación institucional a la ampliación, el Presidente Santer dio ayer una indicación al destacar que no le parecía posible el mantenimiento de la unanimidad con 27 miembros. 
Nosotros pensamos, por el contrario, que lo imposible sería el voto por mayoría, pues los intereses y realidades nacionales serían muy diferentes en una Europa con 27 miembros. 
Únicamente la geometría variable sería susceptible de reconciliar estas dos posiciones, pero una verdadera geometría variable, sin objetivo federalista preestablecido, sin respeto obligatorio por los logros comunitarios y con el reconocimiento de un derecho de renuncia por parte de sus miembros. 
Señor Presidente, deseo recordar que hoy hace cuarenta años el pueblo húngaro insurgió contra el régimen comunista soviético, pagando con más de 200.000 víctimas sus anhelos de libertad. 
Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Dublín el pasado 5 de octubre, reiteraron que, con arreglo a las conclusiones adoptadas en Florencia, van a presentar durante la Cumbre del próximo mes de diciembre un proyecto global de reforma del Tratado de Maastricht. 
Permítannos que manifestemos nuestra perplejidad, ya que también en Dublín, la Cumbre brilló por su pusilanimidad. 
Como si de un guión bien aprendido se tratara, las prioridades se centraron en la creación de puestos de trabajo, en la lucha contra la criminalidad y en la inaplazable necesidad de emprender reformas institucionales para hacer frente a las urgentes solicitudes de ampliación. 
Mucho ruido y pocas nueces. 
Crear puestos de trabajo: los niveles de desempleo han alcanzado cifras exorbitantes que aumentarán por el espasmódico intento de cumplir los criterios de Maastricht. 
Sin embargo, a pesar del precio que diariamente se paga a las políticas monetarias de la Unión Europea, que obligan a aplicar altos tipos de interés para impedir la fuga de capitales al extranjero, se sigue proclamando la prioridad del empleo. 
Para limitar el alza de los tipos de interés, los Gobiernos están obligados a llevar a cabo una política de control y estabilización presupuestaria que no se presta a la creación de empleo. 
Antes bien, el juego de las fluctuaciones monetarias conlleva, por la disgregación industrial, la pérdida de puestos de trabajo. 
El ejemplo más patente de ello es el traslado de sectores enteros de producción de sociedades multinacionales a países que han devaluado sus monedas. 
La redistribución de la producción entre empresas y asociadas da al traste con el bienestar colectivo y conlleva la pérdida de puestos de trabajo. 
Un reciente estudio realizado en el año 1995 demostró que para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, el coste global de las fluctuaciones monetarias se pagó con el- 2 % de crecimiento y con la pérdida de 1, 5 millones de puestos de trabajo. 
Lucha contra la criminalidad: se trata de una prioridad que se va a convertir en inútil si se sigue luchando contra la misma de forma aislada y si no se acomete una política interior común. 
Baste con pensar en la imposibilidad de un juez de perseguir a un criminal que se traslada a otro Estado miembro y contra el cual sólo puede actuar a través de comisión rogatoria, cuya práctica larga y difícil deja al presunto delincuente todo el tiempo necesario para volverse a poner en regla. 
Reforma institucional: el principal cometido de la Conferencia Intergubernamental, que se considerará finalizada en el mes de junio de 1997, será llevar a cabo las reformas necesarias para proceder a la ampliación, una ampliación que se traduce con el eslogan «Europa a cualquier precio». 
¡Se trata de una fobia! 
Empecemos diciendo que para construir una Europa unida a gusto de los ciudadanos hay que empezar desde abajo y no por el tejado. 
Señor Presidente, es difícil expresar un juicio sobre una Cumbre informal sin una conclusión. 
Por consiguiente, permanecemos a la espera de resultados. A través del los progresos de la Conferencia Intergubernamental veremos si habrá un impulso político y si se elaborará un proyecto de Tratado. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo está muy preocupado, porque se da cuenta de que nos encontramos en una situación de estancamiento, puesto que la Conferencia Intergubernamental parece paralizada por opciones opuestas. 
Incluso, se puede dudar de que la negociación haya comenzado de verdad. 
Se sostiene que los resultados se verán al final, pero, hasta ahora, nada demuestra que se vaya en esta dirección, a pesar de que la cuestión en juego en la Conferencia Intergubernamental es la profundización de la Unión con vistas a la futura ampliación. 
Considero realista suponer que algunos piensan en una Conferencia Intergubernamental de escasa relevancia desde el punto de vista institucional, fundamentalmente técnica, con algún que otro pequeño resultado de imagen. 
En realidad, los que han optado por esta lectura consideran que debe ser la Unión Monetaria la que profundice y reforme las Instituciones. 
Los que van a participar en seguida en la Unión Monetaria serán los que pondrán en marcha a Europa que cuenta con el impulso exclusivo de la monetarización. 
Después, quizás, habrá una tercera Conferencia Intergubernamental sobre las Instituciones, como alguien dejó traslucir. 
Si ello fuera así, se pondría en tela de juicio la propia construcción de Europa. 
En esta hipótesis, sería la Unión Monetaria la que crearía sus instituciones dejando a un lado la Unión política. 
La integración por etapas podría romper la unidad del marco institucional y el acervo comunitario. 
Alguien ya ha hablado de Parlamento Europeo geométricamente variable, otros han puesto en tela de juicio el papel de iniciativa de la Comisión. 
Evidentemente, todo esto sería un motivo de crisis para la construcción europea. 
A pesar de que tengo perplejidades, confío en que haya otras alternativas. 
Advierto la necesidad de señalar un riesgo y de contraponer a este riesgo una política. En consecuencia, la Conferencia Intergubernamental se convierte en importantísima. 
Es necesario un neto paralelismo con la Unión Monetaria, es necesario devolver la palabra a la política y el vigor a la Unión política. Ello es posible si se ponen en marcha las reformas institucionales en el marco de la unidad de la construcción europea. 
Termino, señor Presidente. Sin grandes reformas en este sentido, así como sin una renovada democracia, transparencia, eficacia y capacidad de decisión, el riesgo para la construcción europea puede ser inminente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero felicitar a la Presidencia irlandesa del Consejo por el modo como ha dirigido hasta ahora la Conferencia Intergubernamental. 
A la hora de enjuiciar Dublín I y Dublín II, soy de la opinión de que hay que considerarlas conjuntamente. 
Creo que se ha logrado el objetivo de Dublín I, consistente en asegurar el calendario y en establecer un fundamento político. 
Hay que establecer este fundamento político para que no caigamos en una tecnocratización de las negociaciones; afortunadamente, la Presidencia irlandesa del Consejo ha mostrado claramente con su cuestionario sobre las decisiones mayoritarias que la tecnocratización no es la vía correcta. 
Un modo de proceder case by case y las decisiones mayoritarias muestran que esto no puede ser una solución sino que la solución debe ser política para lograr los necesarios avances y garantizar la capacidad de actuación de la Unión Europea. 
Hay muchos ejemplos de ello, por ejemplo, en el comercio exterior. 
Si en la asignación de mandatos, por ejemplo, en el sector de los servicios, no logramos llegar a decisiones mayoritarias, en la próxima asignación de mandatos tendremos una Unión Europea menos fuerte debido a la solución por paquetes. La Comisión tendrá también un menor margen de actuación que en la Ronda Uruguay. 
Esto es solamente un ejemplo que muestra que debemos hablar menos sobre progresos y esforzarnos más por establecer el status quo. Pero éste solamente se alcanzará si logramos avances en determinadas cuestiones institucionales. 
No obstante, quiero prevenir frente a la «desparlamentarización» en algunos campos, lo que afecta a algunos aspectos relacionados con el tercer pilar. 
Algunas cosas que desempeñan un papel en el campo de las relaciones exteriores, indican que se puede producir una desparlamentarización debido a las iniciativas planteadas por algunos Ministerios en las capitales de los países miembros. 
Si no prestamos atención en esta Conferencia Intergubernamental, repercutirá en detrimento del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. 
No debe ocurrir esto. 
Las propuestas para crear un nuevo pilar 1a en el campo del tercer pilar tampoco hacen que el Tratado sea más transparente o comprensible para el ciudadano. 
En las cuestiones relacionadas con el primer pilar, las instituciones existentes deben fortalecerse, es decir, también la Comisión y el Parlamento; en ningún caso deben deducirse condiciones especiales para sus instituciones nacionales, tal como opina el Consejo. 
Aquí se incluye el aseguramiento del monopolio de iniciativa de la Comisión en todos los sentidos. 
La vía debe ser el fortalecimiento de las instituciones en el campo en que tenemos éxito. 
En ningún caso debemos atacar el capítulo de la Unión Monetaria e introducir modificaciones al respecto. 
Queremos conseguir un capítulo de empleo que no sea solamente política social, por lo que dicho capítulo no debe incluirse en el campo de la política social sino entre ésta y la la Unión Económica y Monetaria. 
Creo que ésta podría ser una vía intermedia que nos serviría a todos. 
Me ha complacido mucho la optimista evaluación de la cumbre oficiosa de Dublín por parte tanto del Presidente de la Comisión como del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Pero he de decir, como ciudadano y como diputado, que los debates celebrados hasta ahora me han parecido ampulosos, imprecisos y reveladores de una falta de voluntad y de motivación políticas. 
Se trata de una gran tragedia en potencia para el futuro de nuestro continente. 
Quiero formular dos preguntas al Presidente en ejercicio. 
En primer lugar, se ha informado ampliamente en la prensa británica de que una de las formas de avanzar a partir de ahora será la de que los Estados miembros que formen parte del núcleo dejen atrás a los demás a fin de que se pueda producir la integración europea donde es necesaria y sin que los demás la entorpezcan. 
¿Es cierto? 
En segundo lugar, ¿es probable que haya una segunda CIG, cosa que constituiría un absoluto error? 
Pero lo que ahora me gustaría hacer es un llamamiento como ciudadano. 
En este momento tenemos una situación tal vez sin paralelo en nuestro continente en los 200 últimos años, en la que podemos estabilizar la seguridad y la democracia de la Europa central y oriental. 
Yo tengo dos hijas, una de cinco años y otra de nueve. 
Para mí, su seguridad y la seguridad de sus hijos depende de que se logre un acuerdo idóneo para que la Unión Europea pueda ampliarse a esos Estados de la Europa central y oriental. 
Si no lo logramos en este año y el próximo, habremos perdido una oportunidad que tal vez no vuelva incluso a presentarse en nuestras vidas, lo que constituirá una amenaza para su seguridad y la seguridad de sus hijos en el futuro. 
Ése es el imperativo que se nos plantea aquí, por lo que pido al Presidente en ejercicio que continúe su positiva labor para velar por que la Cumbre de Dublín elabore un orden del día que puedan aceptar los demás Estados miembros a fin de que haya una conclusión lograda en Amsterdam. 
Ésa es, nada menos, su importancia. 
Señor Presidente, acabo de escuchar la intervención del Presidente del Consejo sobre la situación en Oriente Medio y debo decir que me parece tibia. 
Sería dramático que la Unión Europea permaneciese pasiva ante una actitud tan crítica. 
Todos hemos visto las imágenes del incidente tan significativo que marcó el paso de Jacques Chirac por Jerusalén Este. 
Si se trata de ese modo a un Presidente francés habrá que ver la suerte que el Gobierno Netanyahu reserva al hombre de la calle palestino. 
Esto no puede durar. 
Por mi parte, acabo de regresar de Jerusalén, Ramala y Gaza. 
Me he reunido en Israel con el movimiento «Peace Now» y con los representantes de todos los grupos parlamentarios de izquierdas así como con los del Likud. 
Pude participar en el primer y especialmente emocionante encuentro entre parlamentarios israelíes y palestinos en la Knesset. 
En Palestina tuve ocasión de mantener una larga entrevista con el Presidente Arafat después de una apasionante visita al Orient house en Jerusalén Este. 
Lo que he visto y oído en todas estas ocasiones no me deja lugar a dudas. 
Los que deseen salvar el proceso de paz deben asumir sus responsabilidades ahora. 
Y la Unión Europea puede hacerlo. 
Ha sido recusada por Tel Aviv y por Washington en la mesa de negociaciones, pero nadie le puede impedir que lleve a cabo un acto político importante suspendiendo la aplicación del acuerdo comercial provisional Europa-Israel en tanto que el gobierno Netanyahu no respete los acuerdos firmados y se niegue a abrir negociaciones reales con la Autoridad Palestina. 
El Consejo se reúne el lunes próximo con este tema y se espera una decisión. 
Hace tres semanas publicó una declaración muy clara destacando principalmente el vínculo que existe entre el acuerdo Europa-Israel y el proceso de paz. 
Entretanto no se ha movido nada por parte del gobierno israelí y el bloqueo es total. 
Creo que ha llegado ya el momento de pasar de las palabras a los hechos. 
El mismo llamamiento puede hacerse a los Parlamentarios nacionales de los Estados miembros: no ratifiquen este acuerdo en tanto que el proceso de paz no se reanude en sus términos. 
La paz está en peligro, señor Presidente, no dejemos pasar una ocasión para intentar salvarla. 
Señor Presidente, en la cumbre de Dublín se tanteó la posibilidad de aprobar más votaciones por mayoría, lo cual permitiría rechazar las opiniones de los parlamentos nacionales, pero ¿por qué han de ser las leyes y normas de la UE forzosamente iguales en todas las partes de la Unión? 
¿Por qué no es posible permitir a un país tener normas más estrictas para los aditivos alimentarios que se transportan en camiones frigoríficos desde la fábrica hasta el consumidor y permitir conservantes artificiales en otras zonas de la UE que solicitan permiso para añadir medicamentos, por ejemplo, al queso y las salchichas? 
¿Qué motivo puede tener el Sr. Santer para permitir el uso de natamicina y micina en el queso y las salchichas? 
La natamicina se puede comprar en la farmacia como remedio para las infecciones abdominales u oculares. 
¿Qué motivos hay para curarnos las infecciones abdominales con un bocadillo de queso? 
¿Por qué no podemos prohibir los colorantes que producen alergia? 
¿Por qué no podemos decidir sobre nuestra propia comida? 
¿Por qué han de ser todas las normas iguales? 
No existe más que un motivo lógico para una legislación uniforme: el deseo de crear un Estado común sin fronteras internas. 
Esta idea fija sobre los Estados Unidos de Europa está creando en la práctica un caldo de cultivo para el odio. 
El hecho de tener normas comunes para la curvatura de los pepinos y el tamaño del fresón no carece de sensatez. 
Lo insensato es convertir las normas en legislación forzosa, en vez de limitarse a recomendarlas a los que desean realizar transacciones transfronterizas. 
Una vez más, rogamos a la Comisión que repase las 21.000 normas de la Unión que contribuyen al exceso de centralismo y que procure más libertad para los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, parece que la Conferencia Intergubernamental de Dublín se ha preocupado principalmente por la lucha contra el crimen, el empleo y la cuestión palestina. 
Sobre la lucha contra el crimen, el verdadero espacio de seguridad interior que desean el Parlamento Europeo y la Cumbre oculta mal la voluntad de comunitarizar el ámbito de la cooperación en materia de policía y de justicia, así como un cierto número de políticas, con la de inmigración a la cabeza. 
Es bueno recordar sistemáticamente que, cualquiera que sea la forma que adopte (terrorismo, tráfico de drogas) , el crimen organizado, internacional o transnacional, es en realidad consecuencia directa de la supresión de las fronteras interiores de la Unión y de la incapacidad de los Estados o de la mala voluntad de algunos de ellos, como los Países Bajos, para garantizar controles reales en las fronteras exteriores. 
La existencia y funcionamiento actuales de la Unión Europea arrastran problemas dramáticos que algunos se ocupan de transformar paradójicamente en fundamento de nuevas competencias comunitarias. 
Con respecto al empleo, señor Presidente, en ningún momento se han abordado sus dos causas europeas principales: la moneda única y las políticas deflacionistas que ésta implica, por una parte, y por otra el libre cambio. 
Efectivamente, de simple instrumento al servicio de un mejor funcionamiento del mercado único, la Unión Económica y Monetaria se ha convertido en un dogma intangible, un mito fundador de Europa que hoy no se puede poner en tela de juicio. 
Sin duda muchos Estados miembros responderán a los criterios de Maastricht en 1998, año en el que serán elegidos aquellos que participen en la tercera fase. 
Pero será al precio de un cierto número de trapicheos contables, del sacrificio de los sistemas de protección social y del rigor presupuestario que, en el mejor de los casos, según algunos países, habrá empujado a los déficits por debajo de los niveles requeridos y, en el peor, habrá mostrado al menos la buena voluntad de los Estados de respetar estos criterios, todo ello en detrimento de la prosperidad general. 
En cuanto a la cuestión palestina, el Presidente francés se ha esforzado por conseguir en este tema una posición política. 
Alemania no deseaba que se hablase de las cuestiones que tienen relación con Israel por miedo a que se sospeche de segundas intenciones, cualquiera que sea la opinión que tenga sobre el tema. 
En realidad no hay otra cosa que veleidades de liberarse del yugo americano contra el que parece que ha chocado una intensa actividad diplomática. 
La representación israelí ante las Comunidades habría solicitado a los parlamentarios europeos no estimular la política de la Unión. 
Es decir que, si no se hace todo por Israel, es como si no se hiciera nada. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, durante estos años la Unión Europea ha llevado a cabo un gran trabajo en Oriente Medio a través de ingentes ayudas económicas en favor de los palestinos, acuerdos bilaterales con los países de la región, ayuda decisiva con ocasión de las elecciones en Palestina, Conferencia de Barcelona, apoyo al proceso de paz. 
Políticamente, todo ello no se reconoce. 
No cabe duda de que, hoy por hoy, el proceso de paz atraviesa una crisis muy grave. 
La Unión Europea ha adoptado una posición con la que estamos de acuerdo y que coincide con la del Consejo que nos parece bastante clara, y es mi deseo manifestar nuestro aprecio hacia el trabajo llevado a cabo en la región durante las pasadas semanas por el Presidente en ejercicio del Consejo. 
El aspecto que sigue pendiente se refiere al papel político de la Unión. 
El Consejo piensa en un representante especial, sin embargo, me parece que dicho representante debe ser uno de los máximos dirigentes políticos y de Gobierno de Europa, de lo contrario no serviría. 
Ya cometimos un error a la hora de encomendar a un funcionario la supervisión de las elecciones palestinas. 
Sin embargo, y ante todo, hay que lograr que el papel político de la Unión sea aceptado y éste no es el caso de Israel. 
El ministro Levy, afirmó que este papel es inconcebible en el marco de las negociaciones de paz, mientras que, por el contrario, se debe lograr que la Unión Europea se siente en la mesa de negociaciones junto con el representante de Estados Unidos. 
Hasta el presente, esta exigencia se ha planteado con discreción, ahora ya no. La hemos reclamado públicamente. 
La reclamó el Presidente, Sr. Dick Spring, en nombre del Consejo, la reclamó en Damasco Chirac que, por otra parte, fue tratado de forma indecente en Israel, y la reclamó el primer ministro italiano, Sr. Prodi, en El Cairo. 
Ahora que se ha expresado públicamente, debemos intentar obtener una satisfacción. 
Por ahora existe un rechazo. 
En este momento, este es un problema político prioritario para la Unión y nos interesa saber si el Consejo está definiendo una estrategia para alcanzar este resultado. 
En la resolución sobre la Cumbre de Dublín, tanto los socialistas como el Grupo del Partido Popular Europeo, creo, piden al Consejo y a la Comisión que, durante el mes de noviembre, presenten declaraciones exhaustivas y responsables sobre Oriente Medio, motivo por el cual consideramos inoportuna en este momento una resolución del Parlamento Europeo, apresurada y parcial. 
Señor Presidente, señores presidentes del Consejo y de la Comisión, Señorías, la cumbre de Dublín ha representado, según se nos dice, el impulso político de que tan necesitada estaba la Conferencia Intergubernamental. 
Lo celebramos y esperamos ese primer proyecto de tratado que el buen hacer de la Presidencia irlandesa sabrá llenar de un contenido exigente. 
El calendario es importante; el contenido, mucho más. 
El Parlamento Europeo, representante legítimo de los ciudadanos de la Unión, ha dejado claro cuál ha de ser ese contenido. 
No voy a recordar ahora resoluciones de todos conocidas, simplemente algunos puntos esenciales. 
Primero, dotar a la Unión de los instrumentos y procedimientos necesarios para que este espacio sin fronteras sea un espacio para el trabajo, el comercio, el turismo y la cultura, pero no un espacio para el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata y abuso de mujeres y menores, las mafias de la inmigración y el trabajo clandestino y todas las demás formas del crimen organizado. 
Segundo, es indispensable organizar la cooperación entre los Estados miembros para combatir eficazmente el paro y la marginación, sin poner en peligro la estabilidad económica y monetaria que tan penosamente se va consiguiendo, así como establecer el cauce para que el saneamiento de las economías no dé al traste con el modelo social europeo que nuestro Grupo está empeñado en mantener. 
Atar las manos de la Unión en lo que afecta a la lucha contra la pobreza y la marginación social sería, precisamente en este Año mundial de la erradicación de la pobreza, intolerable. 
Tercero, debemos transformar nuestra ineficaz y balbuciente PESC en una política exterior y de defensa creíble y efectiva. 
Usted mismo, y el señor Presidente de la Comisión, ya han dicho todo en este sentido, y creo que no necesito insistir en la materia. 
Nada de ello, señores Presidentes, se logrará sin la reforma de nuestras instituciones para dotarlas de mayor transparencia, mayor eficacia y mayor democracia, más democracia que exige el fortalecimiento de la Unión del Parlamento en su triple vertiente legislativa, presupuestaria y de control. 
El desarrollo de la democracia y la transparencia no puede lograrse al margen del desarrollo del régimen parlamentario. 
Desde hace dos siglos han sido, en nuestro continente, inseparables. 
No hay verdadera democracia si no hay un Parlamento con los poderes y la independencia necesarios para realizar esa triple función. 
Parece mentira tener que recordar aún en 1996 esa verdad de Perogrullo. 
Señores Presidentes, en un momento en que nuestros conciudadanos miran con ansiedad el futuro, nuestro deber es recordar cuantas veces sea necesario que la paz y la prosperidad de nuestra Unión necesitan buscar cada día el mayor interés común, y ese resultado no se logrará sin un Parlamento respetado, fuerte y democrático. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia irlandesa y el Consejo de Dublín han afrontado los temas de la Unión en un momento claro, en un momento importante de la vida comunitaria, de la vida de la Unión. 
Por otra parte, crece una cierta desafección a la vida comunitaria, que se manifiesta a veces espectacularmente, como en el caso de las elecciones europeas en Austria y en Finlandia. 
Realmente una visión «panglossiana» de la Unión sería muy difícilmente mantenible y casi suicida. 
Una visión trágica de las tensiones que nos esperan sería exagerada. 
Yo creo que la Presidencia irlandesa ha manifestado una capacidad de acción importante en el tema del Próximo Oriente y quiero señalar aquí, como el compañero que me ha precedido, que la frontera de la dignidad europea no pasa solamente por Bosnia, sino también por el relanzamiento del proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Y que, dada la situación americana en vista de las elecciones, solamente Europa puede hacer lo posible como factor externo para continuar el proceso de paz. 
En este sentido, permítame, señor Presidente, que felicite a los miembros de la delegación francesa y a los distintos partidos por la actitud muy digna y clara mantenida por el Presidente francés, Sr. Chirac, ayer en Israel y en Jerusalén. 
La Presidencia irlandesa, aparte de esta acción exterior y esta visión, ha tenido el acierto- yo creo- de insistir sobre el tema esencial del modelo europeo de sociedad y de poner en primer plano el tema del empleo. 
Yo creo que una sociedad sin empleo- una sociedad que «mata» el empleo, una sociedad que no tiene esperanza de empleo- es una sociedad débil y realmente nuestro confort material de este momento puede estar muy amenazado. 
Por otra parte, ha fijado el calendario de la Conferencia Intergubernamental. 
El calendario siempre es algo; el contenido es más. 
Y ese contenido realmente pasa por una ampliación de las competencias comunitarias, por una asunción comunitaria del tercer pilar y pasa, también, por algunos procesos en los cuales ya no podemos ser tan optimistas. 
Algunas tendencias: no vemos que el paso a la mayoría cualificada avance suficientemente ni vemos tampoco que los procesos de codecisión esenciales para vitalizar este Parlamento- para darle sentido, para que no se convierta en una asamblea duplicatoria de lo que legislen en otros lados- tampoco va en la medida que quisiésemos. 
Con todo, mantengamos la esperanza, felicitemos a la Presidencia irlandesa, y esperemos que en los meses que quedan haya un impulso renovado de esta acción de la Presidencia irlandesa, que conducirá al texto que han de presentar en diciembre en el próximo Consejo de Dublín. 
Señor Presidente, en lo que la cumbre de Dublín se ha ocupado de los campos del tercer pilar, la lucha contra el crimen y el tráfico de drogas, se ha visto claramente que continuamente se agranda la distancia entre lo que los ciudadanos esperan y lo que se ha logrado realmente. 
Nuestros honorables representantes del Consejo se han comportado hasta ahora en este asunto, permítanme la expresión, como la cigüeña con la ensalada, es decir, con extremo cuidado, tomando un trocito aquí o allá, pero sin ninguna disposición para avanzar decididamente. 
Se dice que hay que esperar a las elecciones británicas antes de poder avanzar realmente. 
Esta declaración es una ficción. 
No son las elecciones británicas las que impiden que se avance en la lucha contra la criminalidad europea sino la ausencia de disposición para solucionar conjuntamente este problema, lo que ocurre no solamente en Gran Bretaña sino también en otros países. 
Se dice que una solución común atenta contra la soberanía nacional. 
Esto es un espantajo del último siglo que algunos Gobiernos exponen aún como un ídolo precristiano. 
Entendida correctamente, la soberanía es expresión de la independencia nacional, que asegura la realización de los intereses nacionales. 
Hoy, la soberanía nacional es un pretexto que se manipula para impedir la solución conjunta de importantes problemas. 
No es ese el sentido de la soberanía nacional. 
Este tipo de soberanía malinterpretada se orienta contra los intereses de los ciudadanos y no a su favor. 
El crimen organizado o la regulación de la inmigración en Europa son cuestiones que hoy solamente se pueden solucionar conjuntamente. 
Es falso que la desaparición de las fronteras interiores sea la causa del crimen organizado transfronterizo. 
Por el contrario, la desaparición de las fronteras interiores es consecuencia de la movilidad de nuestro tiempo pues no viajamos ya en silla de posta sino en avión. 
La política moderna tiene que dar respuestas que solamente pueden ser europeas, a nivel europeo. 
El Consejo tiene que decidirse por fin a encontrar estas soluciones. 
Señor Presidente, personalmente no esperaba mucho de esta cumbre extraordinaria de Dublín. 
Al contrario que aquellos que ponían en ella grandes esperanzas, sus resultados no me han decepcionado. 
En cuanto al fondo, esta cumbre sólo ha sido el reflejo de los trabajos de los representantes personales, que todo el mundo sabe que no progresan, lo que no debe sorprender cuando no hay ningún impulso político ni por parte de los Ministros de Asuntos Exteriores ni de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Mi preocupación sigue siendo tan importante como al término del Consejo Europeo de Florencia, y creo que conviene alertar a todos los europeos. 
Sin embargo, a pesar de su perfil bajo, el primer Consejo Europeo de Dublín no habrá sido inútil. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno se han hecho cargo ellos mismos de la Conferencia Intergubernamental. 
Han manifestado la intención de hacer progresos concretos en Dublín II. 
Ojalá que esto se lleve a cabo, pues es necesario, si el Consejo Europeo pretende mantener el calendario que se ha fijado, que no es otro que concluir en 1997 en Amsterdam. 
Sin embargo, el respeto por el calendario no debe hacerse en detrimento del contenido del Tratado. 
Es mejor concederse unas semanas o unos meses más y garantizar que el resultado esté a la altura del desafío que, no olvidemos, es conseguir que la Unión esté más cercana de los ciudadanos y hacer frente a la ampliación. 
Quisiera rendir aquí un homenaje a la Presidencia irlandesa, que no ha ahorrado esfuerzos para mantener el nivel de la Conferencia. 
La animo a conservar este impulso en la preparación del texto que servirá de base para los debates de Dublín II, pues es necesario reafirmar la ambición de esta Conferencia. 
Deseo que la Presidencia irlandesa integre en sus propuestas todos los elementos que sabemos son indispensables para afrontar los plazos que faltan. 
Por encima de la cuestión de las instituciones, de la reforma del segundo y tercer pilar, que son muy importantes, lo que está en juego es el modelo de sociedad de Europa. 
Espero no equivocarme. 
Quiero retomar un poco la esperanza en el capítulo «empleo» , que el Parlamento ha hecho suyo, pues me doy cuenta de que hoy, además de la propuesta del Parlamento Europeo, hay cinco países, entre ellos la propia Presidencia, que han presentado un texto y que una mayoría de Estados miembros está de acuerdo para integrar el capítulo «empleo» en los trabajos de la CIG. 
Pero, me pregunto si podemos pretender acercar Europa a los ciudadanos sin tratar este problema, y sin tratar también la dramática cuestión de la marginación social. 
En este mismo orden de ideas, necesitamos ganar confianza en la reforma de las instituciones y organizar el mercado único con reglas de juego y políticas comunes que funcionen por mayoría cualificada y que instauren una competencia equilibrada en beneficio del interés general. 
No se debe perder la ocasión en esta conferencia. 
Pensar que la moneda única por sí sola podría introducir una reforma política sería cegarse. 
Al contrario, un fracaso o un resultado mínimo de esta Conferencia conduciría a Europa a un spillover al contrario, en el que la introducción de la moneda única se haría en las peores condiciones psicológicas y en un completo desfase con respecto a lo que esperan los ciudadanos. 
Por tanto, creo que necesitamos una conferencia muy ambiciosa y que este Parlamento sólo podría aceptar una reforma también ambiciosa, aunque sea necesario aplazar la conclusión hasta después de la cumbre de Amsterdam. 
Señor Presidente, señor Spring, como Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar permítaseme darle la bienvenida a nuestra sesión y en segundo lugar, en nombre del presidente de nuestro Grupo, Wilfried Martens, y de nuestro Grupo, permítame asegurarle nuestro entusiasta apoyo al proceso de paz en Irlanda del Norte y a la forma como lo está llevando el Gobierno irlandés, así como nuestro total apoyo a la asignación de los fondos europeos necesarios como contribución a dicho proceso. 
El proceso de ratificación del proceso de Maastricht resultó más difícil, porque los ciudadanos europeos no estaban convencidos de que la Unión Europea tuviera la capacidad o la voluntad de resolver sus problemas. 
Corremos el peligro de cometer el mismo error otra vez, en particular en la esfera de la seguridad interior y en particular en relación con la lucha contra las drogas. 
Hay que felicitar a la Presidencia irlandesa por hacer de esa cuestión una de sus máximas prioridades. 
Sin embargo, es de lamentar que no haya señal alguna a partir del Consejo de Dublín o de otras reuniones del Consejo de que todos los Estados miembros compartan la misma sensación de urgencia. 
El comercio internacional de drogas es un negocio que asciende a un billón de dólares. 
Esos recursos le permiten corromper la propia integridad de nuestra sociedad y sus instituciones, porque los que se dedican a esas actividades pueden comprar protección jurídica y política y corromper sectores de nuestros sistemas judicial y de represión de la delincuencia. 
Contra tamaño enemigo, la reacción europea es fragmentaria y totalmente inadecuada. 
La mejor demostración de ello la constituye el hecho de que esta semana hayamos examinado el presupuesto de la Unión Europea, que asigna la patética cantidad de 25 millones de ecus para abordar ese problema en todos los frentes a escala europea. 
Sin embargo, los recursos insuficientes son sólo una parte del problema. 
Lamentablemente, los Estados miembros tienen opiniones diferentes y a veces opuestas sobre cómo abordar el problema de las drogas, ya sea en la esfera de la legalización, de las condenas, de la prevención o de la rehabilitación. 
Si somos serios, debemos aprender a hablar con una sola voz y actuar como uno solo. 
A este respecto, me horrorizaron las observaciones de la Comisaria Bonino, que recientemente abogó por la legalización de las llamadas drogas blandas. 
Ése no es un asunto que corresponda a su cartera y sus observaciones socavan el planteamiento de la Comisión, del Consejo, del Parlamento en ese sector delicado. 
Si quiere seguir promoviendo esas opiniones, debería dimitir de su cargo. 
Si queremos garantizar el éxito de la actual CIG, la Unión Europea debe demostrar a nuestros ciudadanos que podemos resolver sus problemas. 
En ningún caso resulta más evidente que en el de las drogas, que preocupan a los padres de todos los Estados miembros. 
Debemos ser capaces de asegurarles que podemos ganar la batalla contra las fuerzas del mal que se aprovechan de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 
Antes de pedir nuevas y mayores competencias en la actual CIG, debemos ser capaces de demostrar a nuestros ciudadanos que estamos utilizando al máximo las competencias que ya tenemos en su favor. 
Señor Presidente, yo también deseo sumarme a las felicitaciones a la Presidencia irlandesa y, mas aún, cuando se trata de un país que, junto con Bélgica, está demostrando que no es necesario ser un gran país, ni por el número de habitantes ni por su superficie, para jugar un papel importante a nivel europeo. 
Sin embargo, en su lugar, yo me preguntaría en qué contexto nos encontramos, en qué teatro de operaciones, qué papel estamos jugando. 
He oído al Sr. Martens, presidente del Partido Popular Europeo, decir con toda justicia que es necesario democratizar Europa, preocuparse por sus ciudadanos y resolver el problema del empleo. 
No dudo de su sinceridad y la aprecio en mucho pero, por otra parte, los conservadores británicos pertenecen a su mismo grupo; podrían convencer al Sr. Major de que hay que otorgar la mayoría cualificada al Consejo y democratizar Europa. 
En cuanto al problema del empleo, ha sido el propio Helmut Kohl quien ha dicho que este tema no era una cuestión europea y que deben ser los países los que creen empleo. 
Yo sé bien que en mi país, donde la semana próxima habrá un día de huelga, no podemos hacer nada solos. 
Habría que convencer al Sr. Kohl para que actúe en favor del empleo. 
Se ha dicho que era necesario preocuparse por los ciudadanos, pero los ciudadanos se preguntan también por qué los confundimos tanto. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han decidido financiar los grandes trabajos y a continuación se ha dicho, y el Sr. Theo Waigel el primero, que no quieren financiarlos. 
Pero, ¡caramba! hay que convencerlo de que el Parlamento Europeo desea financiarlos. 
Ahora voy a hablar brevemente para nosotros mismos; (voy a ponerles a ustedes en tela de juicio una vez más) , vamos a debatir el presupuesto y estamos viendo que el que nos presenta el Consejo es inaceptable. 
En lugar de luchar cuerpo a cuerpo, por así decir, con el presupuesto, haciendo uso de nuestro poder, ¿qué estamos haciendo? 
Estamos dudando al decir que hay que temer a los alemanes, que hay que tener cuidado, que debemos estar tranquilos y negociar amablemente. 
Somos diputados europeos que no quieren pelearse, ustedes no quieren pelearse y creo realmente que, en lugar de hacer hermosos discursos, de cuando en cuando habría que tener un poco de nervio, un poco de actividad, un poco de gancho. 
En Bélgica hemos tenido una manifestación y, ¿saben que nos ha enseñado la gente? 
Que es necesario dejar de mentir, que no debemos hacerles creer que vamos a resolverlo todo cuando no se nos proporcionan los medios para hacerlo. 
Señores Presidentes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, permítanme brevemente presentar la posición del Grupo del Partido Popular Europeo sobre la situación en el Medio Oriente. 
En primer lugar, quiero expresar nuestra satisfacción por el viaje del Sr. Spring y por las entrevistas que ha mantenido (gracias a ese viaje, la Unión Europea estuvo donde tenía que estar) , así como expresar el deseo de que se les dé continuidad en nombre de la propia Unión y que el Sr. Presidente del Consejo tenga la amabilidad de venir de nuevo a vernos con un informe general de la situación tal como ésta, sin duda, va a evolucionar. 
Quizá convendría también, señor Presidente del Consejo, pensar en un grupo permanente de trabajo que enlazara los servicios del propio Consejo, de la Comisión Europea y de nuestro Parlamento, anticipando así en una ocasión como ésta la creación de la célula de detección de crisis, sobre la cual este Parlamento ha emitido ya su propio veredicto. 
Debemos mantenernos en permanente contacto unos con otros para obtener que ésta sea, de verdad, una acción europea- una acción europea un poco análoga a la que ha realizado en estos días de manera tan sonora el Sr. Presidente de Francia, a quien tenemos que felicitar por la manera como se ha conducido en circunstancias difíciles-. 
Al mismo tiempo, tenemos que señalar también que hay una cierta ambivalencia en ese viaje, porque ha sido efectuado a título de su condición de Jefe de Estado francés, con todo el peso que ello significa, pero no ciertamente como una voz del conjunto de la Comunidad Europea. 
Es decir, hemos estado ante una acción importante, pero claramente nacional. 
Nosotros creemos, señor Presidente, que la Unión no es solamente una caja de la cual extraer recursos, sino que ha de tener una presencia política conjunta. 
No ha sido así, por desgracia: hemos sido mucho más una «caja» que una voz política, a pesar de la admirable labor del Sr. Bildt en el caso de Bosnia. 
Y nosotros creemos que hay que desarrollar más los acuerdos de Oslo, acuerdos que incluyen un sector importante: la seguridad de los dos pueblos concernidos y, desde luego, la seguridad del pueblo de Israel. 
Pero no nos podemos contentar con las situaciones inmovilistas, como la que se pretende mantener en Hebrón. 
No es posible- sencillamente, no es posible- que, en un clima de tensión como aquél, 400 colonos llevados allí de manera artificial condicionen la vida difícil de 150.000 palestinos. 
La paz debe volver a la región a partir de los diversos acuerdos que hemos firmado- la Conferencia de Madrid, los de Oslo, el acuerdo entre la Unión Europea e Israel-. 
Y termino, señor Presidente, para decir que tiene importancia que nuestras reuniones, como la de Barcelona, se refieran al conjunto de la región y nosotros esperamos que esa condición de región vista en su conjunto sea tenida en cuenta en las próximas reuniones, a las que, sin duda, nos hará el honor de venir el Sr. Presidente del Consejo. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a la Presidencia irlandesa por la manera en la que ha abordado la cuestión de la CIG. Andan por buen camino. 
De manera constructiva, y también a mi juicio hay que reconocer que está sucediendo con un cierto éxito, esto es seguro, al proponerse esta presidencia a presentar, en diciembre, un proyecto de tratado. Me parece importante. 
Esto significa igualmente que, por su parte, los Países Bajos podrán ya comenzar con negociaciones y así poder hacer un esfuerzo de cara a concluir en junio la cuestión y no tener que comenzar una vez más desde el principio. 
Gracias pues a la Presidencia irlandesa por este dinámico esfuerzo. 
Desearía no obstante, en mi calidad de ponente de la CIG para este Parlamento, insistir en los verdaderos puntos importantes. En primer lugar, una mayor transparencia de la Unión Europea. 
Esto reviste también suma importancia en lo referente al Consejo. 
Que esas sesiones y esas votaciones sean de una vez del dominio público. 
Esto equivale a una mayor democracia de la Unión, también en lo que respecta al papel de este Parlamento, y equivale también a la supresión del veto en la toma de decisiones. 
Estimo que esto constituye una absoluta necesidad. 
En lo referente a la política me parece que algo tiene que efectuarse a nivel del empleo. 
Esto deberá estipularse de manera más clara en el Tratado. También en lo que respecta a la seguridad interna, a la lucha contra la delincuencia internacional y a la política exterior. 
A mi juicio, son estos seis puntos a los que en definitiva habrá que responder de manera positiva durante la CIG. 
En lo tocante pues a la política exterior, resulta positiva la decisión de enviar al Sr. Spring al Próximo Oriente. 
Aunque debo señalar que la imagen que brinda hoy en día la actuación de la Unión es bastante vaga. 
El Sr. Spring ha ido al Próximo Oriente en nombre la Unión Europea, y en este momento es el Sr. Chirac quien se halla visitando esa región, dejando entender que también lo hace en nombre de la Unión Europea. 
Y así tenemos también al Sr. Prodi que efectúa también una serie de declaraciones en El Cairo, y que se atribuyen también a la Unión Europea. 
Resulta pues urgente que la Unión Europea se exprese con una sola voz y que actúe de manera coordinada. Porque todo esto brinda en realidad una imagen desfavorable. 
Para concluir, aún una observación, anoche celebramos aquí un debate sobre Birmania. 
En dicho debate el Parlamento se pronunció una vez más abiertamente sobre la necesidad de emprender una acción contra ese país. 
A decir verdad, lo que se postula es un boicot económico. 
Esto es verdaderamente necesario. 
Podemos afirmar tranquilamente que e Birmania se halla en la misma situación de Chile y de Sudáfrica durante los años ochenta. 
No esperemos a que todo se vaya a pique en ese país. 
He recibido dos propuestas de resolución sobre la reunión del Consejo Europeo celebrada en Dublín y cuatro propuestas de resolución sobre el proceso de paz en el Oriente Medio, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, agradezco a los diputados al Parlamento Europeo las observaciones que han hecho aquí, la acogida que me han dispensado y el tenor general de sus observaciones. 
Considero que éste es un ejercicio muy útil. 
Constituye un vínculo muy importante entre el Consejo y el Parlamento que tengamos la oportunidad de acudir ante Sus Señorías para dirigirnos a la Asamblea en relación con la cumbre de Dublín I, junto con el Presidente de la Comisión, y después oír las observaciones de Sus Señorías. 
En esto consiste el arte de la política enteramente. 
He tenido la oportunidad de escuchar muy atentamente las 25 contribuciones de los diferentes partidos, de sus dirigentes y de los diversos Grupos. 
Se trata de un ejercicio muy importante, porque queremos fortalecer el funcionamiento y la relación institucional entre el Parlamento y el Consejo. 
Permítaseme decir, como ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, que yo también acojo con beneplácito la reiteración del apoyo del Parlamento Europeo al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Es extraordinariamente importante y, desde luego, es muy importante para nosotros, en un momento difícil dentro del proceso de paz, recibir un mensaje muy firme de apoyo por parte del Parlamento Europeo al proceso en el que todos queremos- lo sé- que nuestras negociaciones lleguen a una conclusión positiva. 
La reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada en Dublín reafirmó el calendario de Florencia, es decir, que la CIG concluirá cuando se celebre el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997. 
También confirmó la necesidad de mantener el nivel de ambición de la Conferencia; las amenazas interiores y exteriores a la Unión son tales, que debemos velar por que esté equipada y fortalecida adecuadamente. 
Ése ha sido un asunto común de muchas de las contribuciones hechas aquí esta mañana. 
El único mensaje que quiero transmitir al Parlamento hoy en relación con la CIG es el de que seremos ambiciosos y concluiremos la labor a tiempo, de conformidad con el mandato que recibimos en Florencia. 
La reunión de Dublín fue una reunión extraordinaria de la Unión Europea, no una cumbre oficiosa. 
La reunión de Dublín fue un Consejo Europeo, asistieron todos los miembros del Consejo Europeo y, como es habitual en las reuniones del Consejo Europeo, el Presidente del Parlamento Europeo se dirigió a los miembros del Consejo Europeo en relación con asuntos que preocupan al Parlamento Europeo. 
Al mismo tiempo, fue una reunión extraordinaria del Consejo Europeo y se caracterizó por no producir conclusiones oficiales por escrito. 
Eso estuvo muy claro desde el principio y nunca se esperó que fuera a haber conclusiones oficiales. 
Las contribuciones hechas aquí hoy se centraban en los sectores principales de preocupación para el Parlamento, el Consejo y la Comisión: las referencias hechas al empleo y a la exclusión social, que siguen ocupando los primeros puestos en el orden del día de la Unión Europea; también, la cuestión de las drogas y las medidas que adoptamos para luchar contra ellas. 
Mientras que hace tres o cuatro años se hablaba de las drogas y se expresaba preocupación, ahora estamos abordando en serio la cuestión de las drogas y la delincuencia internacional por primera vez en muchos años. 
Se están presentando diversas medidas y es de esperar que se propongan acciones conjuntas antes de que acabe nuestra Presidencia para lograr que abordemos una cuestión que es muy grave, ese flagelo de las drogas, para todos nosotros, como políticos y, de hecho, como padres. 
Tenemos que trabajar juntos. 
Ningún país de Europa, ningún país del mundo por si solos van a abordar la cuestión de las drogas. 
Eso ha quedado evidente y necesitamos cooperación en el nivel internacional. 
Estamos haciendo todo lo que podemos a ese respecto. 
La cuestión de la ampliación de la Unión Europea interviene, ya sea desde el punto de vista de la estabilidad política o del de las cuestiones de seguridad. 
Debemos prepararnos para la ampliación. 
Ocupa un lugar destacado en el orden del día y vamos a hacer todo lo que podamos durante la Presidencia irlandesa para velar por que reciba la atención que merece. 
Seis meses después de que la Conferencia Intergubernamental formule sus conclusiones de las negociaciones, se van a iniciar negociaciones y, como ha dicho un diputado, hay que hacer una extensa labor preparatoria. 
La Comisión ya está ocupándose de los imperativos que plantea la ampliación. 
La Unión afronta muchos imperativos en el marco de la ampliación, pero también brinda muchas oportunidades. 
Tenemos que tener presentes ambas cosas al examinar la cuestión de la ampliación. 
En relación con la Unión Económica y Monetaria, se está avanzando en la labor en el nivel técnico y en la Cumbre de Dublín, que se celebrará en diciembre, se presentará un informe completo, sobre las diversas cuestiones. 
En materia de asuntos exteriores, se han planteado muchas cuestiones aquí esta mañana y, para el futuro previsible, las prioridades seguirán siendo el proceso de paz en el Oriente Medio, la antigua Yugoslavia, nuestras relaciones con Rusia y las relaciones EEUU/UE. 
También celebramos la cumbre con Japón hace unas semanas. 
En relación con el proceso de paz en el Oriente Medio, que muchos diputados han comentado aquí esta mañana, yo, en mi informe sobre el Consejo Europeo extraordinario, he hecho un declaración detallada sobre nuestro planteamiento y la actividad en apoyo del proceso de paz del Oriente Medio. 
En el Consejo Europeo establecimos muy claramente las medidas que consideramos necesarias para restablecer el impulso del proceso de paz. 
Seguiremos ejerciendo activamente nuestra influencia en las partes regionales con vistas a promover avances sobre la base de los acuerdos ya existentes. 
La Unión continuará siguiendo la marcha de las conversaciones entre Israel y los palestinos, que se encuentran en una fase muy compleja y delicada, como hemos visto en las 24 o 48 últimas horas. 
Mi reciente visita a la región subrayaba el apoyo pleno de la Unión a las gestiones encaminadas a revitalizar el proceso de paz y otras visitas a la región por parte de dirigentes europeos, como la del Presidente Chirac, son otras expresiones concretas del interés y los compromisos europeos en el Oriente Medio y de nuestro interés común de promover el objetivo de una paz justa, completa y duradera. 
Se hicieron averiguaciones y se formularon preguntas sobre si íbamos a adoptar otras medidas y en este momento estamos preparando una visita de la troika a esa región antes de que concluya la Presidencia irlandesa. 
Para responder al Sr. Teverson, que ha formulado dos preguntas: la flexibilidad figura en el orden del día y habrá que debatirla. 
Francia y Alemania han hecho una contribución al debate, pero el resultado habrá de ser aceptable para todos los Estados miembros, dada la naturaleza de la Conferencia Intergubernamental, y no me parece que ese proceso vaya encaminado a aislar a Estado miembro alguno. 
Sobre si habrá otra Conferencia Intergubernamental, como presidente de esta Conferencia Intergubernamental, espero que no. 
Ésta es la oportunidad para que Europa siga adelante y adopte las decisiones. 
Desde luego, en Dublín se centró la atención en la adopción de las decisiones y la conclusión de nuestra labor en junio de 1997, cuando se celebre el Consejo Europeo de Amsterdam. 
Eso redundará en beneficio- creo yo- de todos los Estados miembros y, desde luego, redundará en beneficio de Europa respecto de lo que queremos hacer en el futuro. 
Acojo con beneplácito la oportunidad de celebrar este intercambio con Sus Señorías. 
Acojo con beneplácito las contribuciones hechas por Sus Señorías y que hayan centrado la atención en las cuestiones que tenemos ante nosotros con vistas al Consejo. 
Desde luego, a mí me ha resultado provechoso este debate con vistas a la reunión del Consejo de Asuntos Generales, que se celebrará los días 28 y 29 de octubre. 
Durante el resto de la Presidencia irlandesa tengo la intención de trabajar muy estrechamente con el Parlamento y compartir con Sus Señorías las ambiciones de la Presidencia y las energías y esfuerzos que vamos a desplegar en la Presidencia para procurar abordar esas cuestiones. 
Muchas de ellas tenemos que abordarlas diariamente y, desde luego, estoy deseoso de trabajar con Sus Señorías en el futuro. 
A la Sra. Roth, que ha hecho algunas referencias al Presidente de la Comisión y a mí con una expresión de Hans Christian Andersen, quisiera señalarle tan sólo que acogería con beneplácito cualquier oportunidad de explicarle muchas de las cuestiones que figuran en el orden del día de la Presidencia irlandesa. 
Estoy seguro de que podría convencerla de que estamos no sólo bien vestidos, ¡sino también bien informados! 
(Risas y aplausos) 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará a las 12.00 horas. 
Erradicación de la pobreza 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
Me complace sobremanera tener la oportunidad de hablar ante el Parlamento con ocasión del Día Mundial de la Pobreza. 
A escala mundial, hay diversas definiciones de pobreza y diversos cálculos aproximados del número de personas que viven sumidas en la pobreza extrema. 
Las Naciones Unidas calculan que hay 1.300 millones de personas, principalmente mujeres, niños, migrantes y refugiados que subsisten con menos del equivalente de un dólar al día y están excluidos de la participación plena en la vida de su sociedad y de las ventajas de la ciudadanía. 
De una forma o de otra, en todos los países, en todas las ciudades y en todos los pueblos sobre la faz de este planeta se puede encontrar la pobreza y la exclusión social. 
La pobreza y la exclusión son fenómenos profundamente alarmantes. 
Los que vivimos en esta parte relativamente privilegiada del mundo debemos preguntarnos por qué un grupo de países ha logrado eliminar la pobreza absoluta, mientras que otros no, por qué el progreso tecnológico y económico ha logrado mejorar sólo a unos pocos privilegiados, no al mundo en conjunto, por qué, cuando en el decenio de 1960 se dieron algunos pasos vacilantes hacia un crecimiento económico generalizado, no llegaron a nada y dejaron a muchos países exclusivamente con la agobiante carga de la deuda. Y la pregunta que más da que pensar de todas es la siguiente: ¿contribuye inevitablemente el propio modelo de acumulación de riqueza a que en el mundo en general y en los países concretos el enriquecimiento de una persona entrañe el empobrecimiento de otra? 
La Cumbre Mundial sobre la Pobreza celebrada en Copenhague el año pasado nos fijó a todos el ambicioso objetivo de eliminar la pobreza absoluta a escala mundial. 
También nos fijó otro importante objetivo: la reducción substancial de la pobreza y de la desigualdades dentro de los países. 
En mi calidad de ministro de Asistencia Social de Irlanda y de Presidente del Consejo de Asuntos Sociales en Europa, quiero dedicar la parte principal de mi intervención de hoy a ese sector de la pobreza y las desigualdades relativas dentro de la Unión. 
El mensaje clarísimo que llegaba de Copenhague- según yo lo entendí- fue el de que en países como Irlanda la responsabilidad nos correspondía a nosotros mismos, por lo que volví a mi país decidido a lanzar un intenso ataque a la pobreza. 
Descubrí que, naturalmente, había que adoptar medidas prácticas inmediatas que tenían repercusiones al menos parciales en la pobreza. 
Así, pues, durante los dos últimos años en Irlanda hemos aumentado en casi un 50 % la prestación universal por hijos. 
Se trata de una medida positiva contra la pobreza y constituyó un primer paso importante. 
Pero, aparte de las medidas prácticas inmediatas encaminadas a abordar la pobreza, sentí la necesidad de algo más: un cambio substancial en las mentalidades y en los procedimientos administrativos, un cambio en el proceso de adopción de decisiones. 
A propuesta mía, el Gobierno de Irlanda se ha comprometido con una estrategia nacional contra la pobreza encaminada a colocar las necesidades de los pobres y de las víctimas de la exclusión social en el centro del proceso de formulación de políticas estatales. 
Se trata de una tarea colosal, pero estamos logrando avances por etapas y sin dejar de consultar plenamente al sector de las organizaciones no gubernamentales y del voluntariado de Irlanda. 
Los sectores de la formulación de políticas en los que se ha determinado la necesidad de adoptar medidas son los siguientes: las desventajas en materia educativa, el desempleo- en particular el de larga duración -, los ingresos insuficientes, la regeneración de zonas desfavorecidas y concentraciones de pobreza y la lucha contra la pobreza en las zonas rurales. 
Vamos a presentar al Gobierno la siguiente fase de propuestas de medidas en cada uno de los cinco sectores principales para que adopte una decisión al respecto. 
Espero que, a medida que se desarrolle la estrategia, podamos compartir nuestra experiencia con otros Estados miembros en un foro apropiado y útil. 
Abrigo muchas esperanzas de que todo ese ejercicio estimule cambios positivos. 
Examinemos, por ejemplo, las desventajas en materia educativa. 
Las investigaciones indican que un país aumenta su PIB en un 9 % por cada año suplementario de enseñanza primaria que ofrezca a su población. 
La educación reduce también la desigualdad. 
El Banco Mundial dice que un simple aumento del 1 % en la proporción de la mano de obra que recibe enseñanza secundaria aumenta la parte de ingresos recibidos por la mitad más pobre de la población en un 6 % a un 15 %. 
Añade que los países que conceden prioridad a las capacidades humanas básicas en materia de escolaridad, salud y nutrición no sólo aumentan directamente el bienestar, sino que, además, tienen más probabilidades de experimentar una mejora en la distribución de los ingresos y un aumento de los ingresos medios a largo plazo. 
Si bien habrá quien afirme que eso sólo es válido en el mundo en desarrollo, la OCDE afirma que también lo es en el mundo industrializado. 
Dice que, si los países no tienen suficientes trabajadores instruidos, se produce una escasez de aptitudes y estrangulamientos inflacionistas, hay una gran demanda de personas con buena preparación y sus sueldos aumentan, pero las demás quedan rezagadas. 
De modo que la extensión de la prestación de la enseñanza básica puede ser a un tiempo una medida encaminada a luchar contra la pobreza y una inversión para el crecimiento económico general. 
Todo el mundo se beneficia de semejante ataque a la pobreza. 
Como afirma la resolución que Sus Señorías tienen hoy ante sí, se calcula que más de 52 millones de personas viven en la pobreza en la Unión Europea. 
En esas cifras van incluidas 17 millones de personas desempleadas y tres millones que carecen de hogar. 
Ahora las instituciones europeas reconocen que la pobreza es un problema grave y una amenaza para el desarrollo que Europa debería tener en el siglo próximo. 
El actual consenso europeo respecto de la lucha contra la pobreza podría resumirse diciendo que el progreso económico y el progreso social deben ir a la par; los niveles elevados de desempleo, pobreza y exclusión social socavan los objetivos acordados en común en la Unión Europea de niveles altos de empleo, protección social e igualdad de oportunidades para las mujeres. 
El papel de la Unión Europea ha sido el de animar a los Estados miembros a adoptar normas mínimas de protección social para lograr que se transfieran los derechos sociales obtenidos en un Estado a otro, seguir de cerca los avances hacia la consecución de niveles superiores de protección social y financiar diversas iniciativas y programas contra la pobreza. 
Todo eso es eminentemente válido, pero hemos de preguntarnos: ¿es suficiente? 
Creo que todos los que estamos comprometidos con la integración europea reconoceremos una falta de certidumbre en este momento. 
Estamos muy ocupados con los grandes proyectos, como la UEM, y al mismo tiempo nos preocupa que Europa no esté abordando las necesidades reales de tantos de nuestros ciudadanos. 
Tampoco tenemos, en la mayor parte, una idea clara de cómo se puede lograr que la Unión Europea lo haga eficazmente en el futuro inmediato. 
Se pueden hacer críticas válidas del desequilibrio existente en el Tratado de Maastricht entre las dimensiones económica y social, pero la pregunta que debemos formularnos es: ¿cómo debemos modificar Maastricht para mejor reflejar semejante equilibrio? 
Examinemos la dimensión social. 
La Conferencia Intergubernamental que se inauguró en Turín el pasado mes de marzo y que continúa durante la Presidencia irlandesa nos brinda una oportunidad de abordar los defectos de Maastricht y empezar a crear un marco en el que las consideraciones de política social y el mercado estén equilibrados. 
Un objetivo principal de la Presidencia irlandesa es el de hacer avanzar la labor de la CIG en esa dirección. 
El Consejo Europeo de Florencia estableció un mandato difícil, pero estimulante, para la CIG al disponer que la Presidencia irlandesa debía ir encaminada a presentar en el Consejo de Dublín de diciembre un esquema general para un proyecto de revisión de los Tratados a fin de que la CIG pueda concluir la labor en la fecha prevista de mediados de 1997. 
El objetivo primordial de la Presidencia irlandesa es el de que la CIG contribuya al desarrollo de la Unión Europea de un modo que corresponda a las aspiraciones de los ciudadanos de Europa, sea pertinente para sus preocupaciones cotidianas y atienda a sus necesidades. 
Eso significa que debemos afrontar directamente la situación de la Unión Europea en la que hay una grave falta de equilibro entre los potentes instrumentos jurídicos y financieros disponibles para la política económica y los que se ocupan de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el mercado de trabajo. 
En términos puramente económicos el mercado integrado de 350 millones de personas será sumamente ineficiente, si 52 millones de personas son demasiado pobres para consumir los productos y servicios ofrecidos en él. 
Asimismo, la necesidad de que se mantuviera con cargo al gasto público a un gran número de ancianos, desempleados y pobres en general podría ser una carga onerosa para la Unión, cuya población activa de 133 millones es ya inferior a la mitad de la población total. 
Hemos de repetir que, si conseguimos formular estrategias que reduzcan la carga soportada por los sistemas de asistencia social y equipamos a esos 52 millones de personas para que contribuyan y consuman a la par que el resto de la sociedad, todo el mundo se beneficiará de ello. 
He procurado aprovechar mi Presidencia del Consejo de Asuntos Sociales para fomentar una reflexión sobre cómo podrían contribuir los sistemas de protección social a esa espiral de beneficios sociales positivos. 
El punto de partida debe ser un reconocimiento de que el marco económico y del mercado laboral en que funcionan dichos sistemas ha cambiado espectacularmente a lo largo de nuestra vida. 
Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de mano de obra han propiciado un nivel elevado y persistente de desempleo sin precedentes. 
Puede alcanzar concentraciones elevadas en ciertas regiones, en los guetos urbanos y entre grupos como los jóvenes y los que tienen poca instrucción o carecen de conocimientos especializados. 
Ése es precisamente el tipo de pobreza y desigualdad que nos plantea el imperativo principal en el nivel europeo con vistas al cumplimiento del compromiso de Copenhague. 
En el pasado, el objetivo principal de la protección social europea era el de facilitar unos ingresos substitutorios adecuados a las personas afectadas por el desempleo o la enfermedad. 
Por fortuna, Europa cuenta con una ejecutoria muy lograda respecto de ese objetivo. 
Sin embargo, es necesario que volvamos a examinar críticamente si esos objetivos originales son suficientes en la situación actual y si no habrá aspectos de nuestras políticas de protección social que por sí solos puedan tener repercusiones en la incidencia del desempleo y, por tanto, en la pobreza y la desigualdad. 
Para ese fin, convoqué en Dublín el pasado mes de julio una reunión oficiosa del Consejo. 
Esencialmente, el Consejo convino en ella en que el imperativo que se plantea a los sistemas de protección social es el de establecer nuevos objetivos relativos a la prevención del desempleo y la reintegración de los desempleados. 
A la vista de los debates celebrados en julio, quisiera proponer una resolución con vistas a la consecución de un acuerdo en el Consejo de Asuntos Sociales de diciembre que establezca cómo podrían desempeñar la Unión y los Estados miembros ese papel de forma complementaria. 
Reviste importancia decisiva que, dada la atención sin precedentes que se presta en la Unión a la cuestión del desempleo en general, mediante el proceso de Essen y el pacto de Santer, los ministros encargados de la protección social participen cada vez más en esos procesos y hagan contribuciones a ellos, en lugar de considerar que su papel consiste en abordar pasivamente las consecuencias del desempleo. 
Además, reviste importancia decisiva para los intereses de los ciudadanos de Europa que las decisiones relativas al mercado laboral y la política de empleo no se adopten sólo sobre la base de las prioridades presupuestarias. 
De modo que confío en que, al final de la Presidencia irlandesa, podamos presentar un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la forma como Europa está abordando el desempleo. 
Sin embargo, lamento personalmente que probablemente no vayamos a poder obtener avance alguno respecto de propuestas sencillas, limitadas, pero valiosas, como el cuarto programa relativo a la exclusión, comúnmente conocido como Pobreza IV y acciones en pro de las personas de edad avanzada. 
Examinemos de nuevo cómo funcionaron los tres primeros programas de la Comisión contra la pobreza. 
Llegaron hasta los grupos locales. 
No dieron origen a un gran programa que resultara remoto para los ciudadanos, sino a una serie de pequeñas iniciativas locales. 
Paradójicamente, la burocracia de Bruselas, supuestamente remota y democrática, brindó a Irlanda, por ejemplo, algunas enseñanzas sobre cómo llegar hasta algunos de nuestros ciudadanos más marginados y hacerlos participar. 
Me parece una gran lástima que esos programas valiosos, que, en mi opinión, no constituían una amenaza para las competencias nacionales, hayan zozobrado contra las rocas de la subsidiariedad. 
Mi objetivo primordial en relación con las medidas de la Unión contra la exclusión social es práctico. 
Quiero reabrir la senda por la que Irlanda aprendió las enseñanzas de Pobreza I, II y III y las incorporó a la política oficial, no sólo en pro de Irlanda, naturalmente, sino también en pro de toda la Unión, que se benefició de igual modo de los programas contra la pobreza, y, de hecho, en pro de todos cuantos se nos unan en el futuro. 
Ésa es la razón por la que Irlanda ha propuesto un cambio concreto en el Tratado en el sector de la exclusión social. 
Dicho cambio tendrá tres consecuencias. 
En primer lugar, se aclarará la competencia de la Unión Europea para formular y aplicar programas de lucha contra la pobreza de modo que esas medidas tengan un fundamento jurídico claro. 
En segundo lugar, permitirá la adopción en el futuro de iniciativas europeas más importantes. 
En tercer lugar- y tal vez sea lo más importante -, mantendríamos la idea de que en el orden del día de Europa figuran competencias claras en materia de lucha contra la pobreza. 
Irlanda apoya ya la incorporación del capítulo social al Tratado. 
Nuestra propuesta a la CIG es también coherente con la concepción de la Comisión en su dictamen sobre la CIG, en el que pedía disposiciones claras en el Tratado para la cooperación entre los Estados en materia de asuntos relativos a la política social, tales como la lucha contra la marginación y la pobreza. 
Posteriormente, la Comisión ha completado ese primer dictamen en su contribución a la CIG del 23 de septiembre, en la que propone un capítulo social actualizado y totalmente integrado. 
En mi opinión, esa propuesta complementaría la propuesta de mi Gobierno. 
Y, más en general, deseo que el objetivo de la lucha contra la exclusión y una de sus causas principales, el desempleo, pase a ocupar una posición más central en las actividades de la Unión. 
Repito: la actual CIG nos brinda la oportunidad de mejorar Maastricht, conciliar las aspiraciones a la competitividad y a la protección social dentro de la Unión y eliminar las posibilidades de dumping social entre Estados miembros. 
Nuestros sistemas de protección social, adecuadamente gestionados y modificados, según proceda, para que reflejen las transformaciones de las circunstancias económicas, demográficas y laborales, nos resultan muy útiles como factor positivo para la productividad de la Unión. 
Tenemos que integrar las políticas sociales y económicas, no segregarlas. 
De lo contrario, millones de ciudadanos europeos quedarán relegados a una vida sin esperanza ni oportunidades. 
Acojo con beneplácito esta oportunidad de reflexionar sobre las posibilidades de la política social y, en particular, sobre las posibilidades de formular políticas de protección social y relativas a la exclusión social en un marco europeo. 
Quisiera agradecer al Parlamento la oportunidad que me ha brindado de compartir con Sus Señorías mis opiniones sobre lo que podemos hacer juntos para satisfacer las necesidades y las esperanzas de los ciudadanos de Europa. 
A mi vez, espero con interés a conocer las opiniones de Sus Señorías y de la Comisión sobre la pobreza, la política social y cuestiones conexas. 
Como antiguo diputado al Parlamento, siempre tengo mucho gusto en regresar aquí y participar en el intercambio de opiniones con mis colegas parlamentarios. 
(Aplausos) 
Muchas gracias Sr. De Rossa, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señora Presidenta, deseo agradecer a la Presidencia irlandesa sinceramente la ayuda prestada para iniciar este debate con ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y porque la Presidencia irlandesa ha concedido la máxima prioridad, entre otras coas, a la lucha contra la exclusión. 
También deseo agradecer al Comisario que hoy haya expuesto tan claramente su posición sobre esta cuestión de importancia decisiva y también hace dos semanas, cuando acudió ante la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
La resolución que hoy hemos presentado aquí no versa sobre la pobreza tan sólo dentro de las fronteras de la Unión Europea, sino también sobre la que existe a escala mundial, y a ese respecto convengo con lo que han dicho el ministro y el Comisario. 
Para que quede absolutamente claro, voy a aceptar en nuestra resolución algunas de las enmiendas presentadas por la Sra. Schörling, en nombre del Grupo de los Verdes. 
Aunque nuestra resolución no versa sólo sobre la pobreza dentro de la Unión Europea, he de decir que algo debe de fallar gravemente cuando en esta rica parte del mundo más de 50 millones de nuestros conciudadanos están condenados a la pobreza. 
El artículo 2 del Tratado- vale la pena releerlo- promete el crecimiento sostenible, un nivel elevado de empleo y protección social y el aumento del nivel de vida y de la calidad de la vida. 
Para muchos millones de nuestros conciudadanos esas palabras no son más que retórica vacía. 
La mayoría de nuestros ministros de Hacienda están inmersos en la avanzada final hacia la Unión Económica y Monetaria y yo apoyo ese avance hacia la Unión Monetaria. 
Pero hemos de aceptar hoy que no se puede ni se debe lograr a costa de las esperanzas, las necesidades y las aspiraciones de tantos de nuestros ciudadanos. 
Tiene que haber equilibrio. 
Pero me pregunto dónde está el equilibrio, cuando, para vergüenza mía, mi propio Gobierno ha contribuido a promover ante el Tribunal de Justicia la suspensión del pago de 12 millones de ecus a los ancianos, los pobres, los reducidos a los propios márgenes de nuestra sociedad. 
El mensaje tiene que llegar- tiene toda la razón el Comisario al respecto- a todos los ciudadanos de Europa, las iglesias y las organizaciones que trabajan con los excluidos para representar sus intereses. 
Tienen que exigir que sus ministros- no todos los ministros son como el Sr. De Rossa- trabajen en la Conferencia Intergubernamental para lograr dos cosas que en verdad necesitamos para cumplir con nuestra tarea en el nivel europeo. 
En primer lugar, un capítulo sobre el empleo que nos brinde los instrumentos para empezar a abordar el desempleo, y en particular el desempleo de larga duración, de forma coordinada en toda la Unión. 
En segundo lugar, un fundamento sólido en el Tratado para los programas de acción encaminados a prestar asistencia a los excluidos y los más necesitados. 
Sólo con las acciones encaminadas a hacer realidad esas promesas que figuran en el artículo 2 llegará esta Unión a ser digna de su nombre. 
De lo contrario, dicho sea con toda franqueza, la Unión no merecerá tener éxito. 
Deseo expresar mi sincero agradecimiento al ministro De Rossa personalmente por su compromiso con la lucha en este sector. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, ¿cómo vamos a tener éxito a nivel internacional en la lucha contra la pobreza si no encontramos en Europa una base común? 
Parece que un obstáculo decisivo para el desarrollo de un programa que tenga éxito en la lucha contra la pobreza en la Unión Europea es realmente el fundamento jurídico, pues Gran Bretaña y Alemania, con el argumento de que se trata de una tarea nacional en el marco de la subsidiariedad, se niegan a permitir nuevas iniciativas a nivel de la UE. 
La demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia ha tenido éxito de momento. 
Por ello, es cuestionable que aprueben la adopción de programas y acciones adecuadas para reaccionar ante las necesidades de los pobres, los más débiles o desfavorecidos en Europa. 
La decisión en el Consejo debería realizarse en el futuro por mayoría cualificada a propuesta del Comisario Flynn. 
Dudo que los países afectados apoyen esta propuesta en la Conferencia Intergubernamental. 
A ello viene a sumarse que el concepto de pobreza se define de modo diferente en cada país. 
También existen objeciones nacionales, en parte considerables, contra las llamadas alternativas o el segundo mercado de trabajo. 
Ante esta situación, desde el punto de vista de la Comisión, solamente queda la esperanza de que el fallo definitivo del Tribunal de Justicia sea positivo. 
La evaluación de los resultados de este programa es sin duda muy difícil. 
En cualquier caso, los objetivos deben valorarse muy positivamente. 
Es loable pretender la reinserción en la sociedad de los excluidos mediante un empleo adecuado en el marco de una actividad social. 
Hay que apoyar el desarrollo de las propias capacidades de los afectados mediante la correspondiente formación inicial y permanente. 
La idea expuesta sobre las empresas autónomas de reciclado y otros pequeños talleres de carácter artesanal que se puedan mantener por si mismos más adelante sin subvenciones, debe considerarse positivamente. 
El concepto del tándem, por el que se asigna a los afectados un experimentado asistente social como acompañante es correcto pues hace posible la reinserción. 
Se intenta como en América una participación intensa de las personas mayores en los llamados guetos en el campo de la educación. 
Las personas sin techo- que suponen la cifra de entre 3 y 5 millones en Europa- deben participar en la construcción de sus futuras viviendas. 
Esta es también una buena idea pues la resocialización de los excluidos y la creación de puestos de trabajo van parejas. 
También es importante el fomento de actividades sociales que no son aún equiparables a un empleo regular. 
Debo llamar aún la atención sobre los claros criterios para los grupos objetivo. 
La Comisión ha establecido seis criterios, de los cuales los afectados tienen que cumplir tres. 
Esto también me parece razonable. 
El Consejo y la Comisión tienen que ponerse pronto de acuerdo para poder ayudar en el futuro con rapidez y de forma no burocrática. 
En este contexto no es importante si los aspectos centrales se determinan a nivel nacional o europeo o si Europa establece el marco y las naciones se hacen cargo de su ejecución en el marco de iniciativas individuales. 
Lo decisivo es que se actúe lo antes posible en beneficio de los afectados por la pobreza. 
Esta es mi exigencia en nombre del Grupo del PPE el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
Por lo demás, expreso mis felicitaciones a la Presidencia irlandesa del Consejo y al Sr. Comisario Flynn por su trabajo. 
Señora Presidenta, quisiera unirme a mis colegas en dar la bienvenida al Presidente en ejercicio en la Asamblea y también al Comisario Flynn. 
Sin embargo, después de esas dos trivialidades, hay que examinar cuestiones graves y medidas muy contundentes. 
Creo que, cuando vemos lo que sucede aquí hoy y escuchamos los discursos que se pronuncian, cada uno de nosotros tendrá lo suyo que contar y dirá lo mal que nos sentimos por que el bloque económico más potente del mundo, la Unión Europea, tenga tantos desempleados de larga duración. 
Diremos que debemos hacer algo, debemos seguir luchando, debemos hacer esto, lo otro y lo de más allá y, a fin de cuentas, nos encontramos con una decisión del Tribunal y un Gobierno que dicen que no se pueden gastar fondos en eso. 
¿Y qué ha hecho hoy el Presidente en ejercicio aquí? 
Nos ha mostrado el tipo de medidas que se podrían adoptar, los pasos positivos que se podrían dar. 
Por desgracia, el Presidente en ejercicio no ha podido convencer a sus colegas del Consejo de su valor y sus ventajas y debemos presionar más para lograr que se entiendan esos mensajes. 
En su intervención, el Presidente en ejercicio ha mencionado la estrategia nacional en materia de programas de lucha contra la pobreza que aplicó en el Gobierno irlandés. 
Eso es algo que se podría utilizar como proyecto básico para la formulación de un modelo europeo. 
Es necesario que figure en el orden del día. 
Más horroroso aún me resulta a mi, como irlandés- y estoy seguro de que al Comisario Flynn también -, dado que la idea misma de una estrategia de lucha contra la pobreza en Europa se debió a un antiguo Comisario irlandés, el Comisario Hillery. 
Podemos ver la enorme labor que se hizo con las pequeñas cantidades de fondos que se concedieron en los programas anteriores y todo lo que se consiguió; permitió a los ciudadanos sentirse facultados para participar plenamente. 
Lo importante de la asociación Paul de Limerick o del Centro Pavee de Dublín, que se financiaron con cargo al programa del lucha contra la pobreza, no fue que su orientación y fundamentación corrieran a cargo de un organismo, sino que abordaran las cuestiones planteadas por las personas que participaron y las personas más afectadas. 
Por desgracia, no dispongo de tiempo suficiente para continuar, pero, como conclusión- y en vista de que estamos en vena irlandesa -, quiero citar a Sus Señorías un dicho de George Bernard Shaw: » Odiar a un semejante no es el máximo pecado. 
Mostrarse apático para con él: ésa es la esencia de la inhumanidad». 
Señora Presidenta, Señorías, la calidad de una sociedad hay que medirla en el modo en que se trata a los más desposeídos y no en la manera en que nos desenvolvemos económicamente. 
Estimo que en el Día Internacional de la Pobreza es nuestro deber hacer hincapié en la responsabilidad de la Unión Europea. 
Deseo dar las gracias a la Presidencia irlandesa por la iniciativa adoptada a ese respecto, aunque también deseo señalar mi preocupación por el hecho de que en este debate sobre el presupuesto debemos prestar el máximo esfuerzo posible para que luego, en el procedimiento siguiente con el Consejo logremos gastar en todo caso el poquito de dinero de que disponemos en el presupuesto europeo para programas relacionados con la lucha contra la pobreza y con la situación de las personas de edad avanzada en Europa. 
Esto es una vergüenza para nosotros y no soy optimista en cuanto a las negociaciones con el Consejo. 
A ese respecto deseo el mayor éxito a la Presidencia irlandesa y le aseguro además mi respaldo. 
Sin embargo, debemos hacer algo más. Tenemos además la responsabilidad de considerar la manera en la que podemos hacer algo para combatir la miseria. 
Si por ejemplo, en mi calidad de ponente tomo en cuenta los datos demográficos en Europa, debo comprobar que un número cada vez menor de personas podrán participar activamente en el mercado de trabajo, que aumenta la proporción de personas de edad avanzada, y que disminuye a su vez la proporción de jóvenes. 
Deberemos en realidad instaurar una política integral en lo tocante a los gastos de la seguridad social. 
Deberemos atrevernos a pensar, también a nivel europeo, en la posibilidad de desplazar ciertas cargas impuestas al trabajo hacia otros objetivos, si de verdad deseamos sufragar en el futuro las pensiones de los ciudadanos europeos. 
Deberemos hacerlo de manera conjunta, ya que de lo contrario podrá reprochársenos siempre que por razones de competencia no ha sido posible incluir en el orden del día determinadas cuestiones. 
Deberemos también abordar todo este problema en las negociaciones mundiales previstas en el marco de la OMC. 
A esa condición, seremos capaces de encarar sin temor alguno la mirada los ciudadanos más pobres de nuestra sociedad. De lo contrario, esto último nos resultaría imposible. 
Señora Presidenta, creo que hay que agradecer también al Sr. ministro y al Sr. Comisario su sensibilidad ante el Día Internacional de la Pobreza porque tiene razón el Sr. ministro. 
Según el último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, hay 1.300 millones de personas que están peor que hace 15 años y 89 países que están peor que hace 10 años. 
Trece millones de niños mueren anualmente por enfermedades que son evitables y 200 millones de niños están malnutridos. 
Mientras tanto, el mundo gasta 800.000 millones de dólares- y no quiero ni siquiera calcular qué cantidad es esa- en presupuestos militares. 
La Comisión ha hecho una gran definición de lo que es pobreza: las personas que están carentes de derechos sociales, económicos y culturales y que quedan excluidas de la vida normal de la comunidad. 
Y es verdad que en Europa hay 52 millones de pobres, tres millones de personas sin vivienda y 17 millones de desempleados. 
En mi propio país- y hablo de mi país y de Portugal, quizá porque son los países más cercanos -, hay siete millones de pobres y un tercio de la población portuguesa está en niveles de pobreza. 
Y es así porque los niveles de desempleo, de empleo precario y de feminización de la pobreza y la situación de las personas mayores, que cada vez son más numerosas, van a ampliar el ámbito de esa pobreza en Europa, un continente privilegiado si se mira al resto del mundo pero que tiene enormes problemas. 
A nosotros nos parece que los recortes propuestos por el Consejo en los presupuestos del próximo año y los recortes propuestos por los países para adecuarse a determinados índices de convergencia están produciendo datos sociales claros y, por lo tanto, no vamos en una buena dirección. 
También nos apena el bloqueo del programa Pobreza IV. 
Ha habido proyectos piloto- el programa Pobreza III- que han demostrado cómo se puede actuar integradamente sobre una población y avanzar. 
Por lo tanto- tienen razón, señor Comisario, señor ministro -, será necesario un marco jurídico en la revisión del Tratado que permita avanzar en esa dirección y, desde luego, tomar decisiones por una mayoría que permita también que programas importantes en este ámbito no queden bloqueados. 
Señora Presidenta, estimados colegas, no estamos hablando solamente de la celebración del Día internacional para la erradicación de la pobreza, sino también del Año y del Decenio, 1997-2006, para la erradicación de la pobreza. 
Esta es una iniciativa absolutamente necesaria adoptada por las Naciones Unidas con objeto de dirigir la atención pública hacia el problema de la pobreza mundial y el hecho de que las injusticias y los abismos que median entre ricos y pobres, así como entre norte y sur, siguen aumentando. 
Cabe recordar que una quinta parte de la población mundial, o sea el mundo rico industrializado, dispone hoy en día de más del 85 % de los recursos de la tierra en términos de PNB. 
Mueren más personas actualmente a causa de la pobreza e inanición que por la guerra. 
Según las estadísticas de la FAO, 800 millones de personas pasan hambre. 
Lamentablemente, este Año y este Día no han recibido la atención que merecen. 
Los políticos tenemos naturalmente nuestra parte de culpa por ello. 
Por consiguiente, doy la bienvenida a las intervenciones de hoy en nombre de la Comisión y del Consejo. 
También me congratulo de la resolución de la que es autora la Comisión de Asuntos Sociales a través de nuestro ponente. 
La resolución abarca muchos aspectos importantes, teniendo en cuenta especialmente los 52 millones de personas que viven en la pobreza en Europa. 
Evidentemente, tenemos una responsabilidad especial en cuanto a la erradicación de la exclusión social y de la pobreza dentro de la UE y Europa, pero no cabe olvidar al mundo que tenemos a nuestro alrededor. 
Según el «' Indice de Desarrollo Humano» del Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, cuatro países europeos, entre ellos Aserbayán y Armenia, se encuentran al final de la segunda mitad de una lista de más de 174 países. 
En base a este dato, señora Presidenta, es sorprendente y triste que la UE reduzca las ayudas al desarrollo de los países más pobres y de las ONGs. 
Queridos colegas, no seamos solidarios solamente a la hora de votar en favor de la resolución, sino también cuando votemos mañana en favor del presupuesto. 
Señora Presidenta, sin duda es acertado que una vez al año soñemos con erradicar esa pobreza imparable en este mundo en que prosperidad rima con desigualdad, aunque al menos nos permite rendir un homenaje al trabajo extraordinario de las ONG. 
Sin embargo, no debemos ser hipócritas. 
Si nos limitamos a la Unión Europea, hay que decir que la lucha contra la pobreza necesitará de una tenacidad a la que no siempre nos han tenido acostumbrados las instituciones europeas. 
No obstante, los hechos están ahí. 
Actualmente la pobreza va en aumento y afecta ya a cerca de 55 millones de personas en la Unión, y sabemos que los jóvenes, las mujeres y las familias monoparentales son las primeras víctimas. 
¿Qué podemos hacer? 
La he escuchado con mucha esperanza, señora Presidenta y creo que, efectivamente, la lucha contra el desempleo y la educación son otros tantos elementos en este combate difícil contra la marginación. 
Sin embargo, la Unión Europea sólo será eficaz si sabe renunciar a este ultraliberalismo económico que es el suyo y si puede situar en el centro de su acción la construcción de una Europa social preocupada por la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos. 
Señora Presidenta, espero que no habrá de tomarme a mal que en sólo un minuto no vaya a abordar el tema de la pobreza en regiones distantes de las nuestras y que por el contrario trate de hacer patente la pobreza y la miseria que afectan a tantos ciudadanos en nuestros propios países. 
Desde un punto de vista estructural constituye la pobreza en los países de la Unión Europea un problema que amenaza con afectar en particular a las familias con niños. 
La lucha contra la pobreza en nuestros países debería efectuarse en primer lugar a través de un apoyo moral y material a las familias y por supuesto de manera prioritaria a las familias que deben arreglárselas con un solo ingreso, sumamente a menudo muy reducido y, también, estableciendo una absoluta prioridad para la propia ciudadanía en materia de empleo y de gastos sociales. 
En mi propio país me cabe comprobar que, por el contrario, las autoridades lo que se proponen es efectuar supuestas economías a costas de los subsidios familiares y que a nivel europeo basta echar una simple ojeada para darse cuenta, sin temor a exagerar, que el dinero se despilfarra abundantemente. 
Me declaro, para concluir, especialmente crítico ante esta enésima celebración del día de lucha contra la pobreza, esta enésima jornada con tanto ruido y tan pocas nueces. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, al recomendar esta resolución a Sus Señorías quiero señalar a su atención las opiniones de los ciudadanos de Europa. 
La más reciente encuesta del Eurobarómetro sobre la idea que se tiene en Europa de la pobreza y la exclusión social indica que la mayoría de los europeos creen que los niveles de pobreza y exclusión social han aumentado en los diez últimos años y que la distancia entre ricos y pobres está aumentando. 
Los europeos encuestados, que constituían una muestra amplia y representativa, atribuyen el aumento de la pobreza y la desigualdad al aumento del desempleo de larga duración y la pérdida de la solidaridad dentro de las sociedades europeas. 
Nuestros ciudadanos creen que debe haber un planteamiento concertado e integrado por parte de las autoridades públicas para luchar contra la pobreza y la exclusión social y el 89 % cree que la Unión Europea debe intervenir al respecto. 
Pese a lo que se ha dicho esta mañana, poco se sabe sobre las medidas que la UE ha adoptado y la mayoría de los que tienen conocimiento de ellas consideran que son insuficientes. 
Creo que las apreciaciones de nuestros ciudadanos europeos son acertadas. 
La Unión Europea no ha adoptado medidas concertadas para abordar las cuestiones multidimensionales, las causas y consecuencias de la pobreza. 
Ésa es la razón por la que en esta resolución pedimos que se cree un grupo operativo de la Comisión con el objetivo común de formular estrategias mucho más integradas y coordinar la utilización de los recursos comunitarios para luchar contra la exclusión social en la Unión Europea. 
Ésa es la razón por la que en nuestra resolución pedimos solidaridad y condena de la actuación de ciertos Estados miembros, encabezados por el Reino Unido, que han provocado la suspensión de los programas financieros cuyos beneficiaros habían de ser los pobres y las víctimas de la exclusión social, incluidas las personas de edad avanzada. 
Ésa es la razón por la que pedimos cambios en el Tratado. 
No es simplemente un llamamiento para empuñar las armas, señor Flynn, sino también un llamamiento en pro de la compasión y la adopción de medidas en el nivel europeo. 
Señora Presidenta, la pobreza representa la mayor derrota que el ser humano puede sufrir además de la violación de sus derechos y de su dignidad. 
La pobreza es un atentado a la familia. 
Solamente, quien es pobre sabe qué significa la pobreza. 
En mi informe del pasado mes de marzo, mencioné que en Europa hay 52 millones de pobres. Un número tan grande debería quitarnos el sueño, a pesar de que se trata de un número que se remonta al año 1988. 
Pero, ¿cómo vencer esta plaga y cómo ofrecer un alivio a toda esta gente sumida en la pobreza? 
Pues bien, una de las soluciones sería que todos los ciudadanos europeos fueran educados y formados para soportar mejor la pobreza. 
Voy a ser más explícito. 
Ciudadanos formados para el ahorro, para la distribución de los recursos, donde la empresa pueda crecer no en beneficio propio, sino para alcanzar un fin social, donde las energías de cada uno de nosotros se utilicen para el bien común y donde la política logre su objetivo primordial de pensar antes en el ser humano abandonado, el marginado, el que no tiene una familia, el enfermo, el minusválido, el que está en paro, el que carece de una vivienda y del bienestar necesario para sobrevivir. 
Se está acercando el invierno y la dura crisis laboral eliminará toda perspectiva de desarrollo. 
La revolución industrial que no hemos evaluado, ni previa ni tampoco plenamente, afectará a hombres y mujeres y a sus niños en la plenitud de su vida laboral, sin que ninguno de nosotros pueda hacer algo ya. 
Al despedir a 30.000 trabajadores, la IBM en América tuvo que contratar a psiquiatras para tratar a los científicos que estaban al borde de la locura y de la pobreza extrema. 
Ahora, Señorías, no dejemos pasar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en vano. 
Hagamos algo concreto, ofrezcamos a estos pobres- pero, a ellos directamente- una ayuda para garantizarles un mínimo de supervivencia, sobra cualquier fundamento jurídico: son suficientes pocos ecus. 
Debemos crear centros de acogida directamente vinculados con nuestra Institución. 
Debemos convencernos de que el principio de subsidiariedad no nos ofrecerá respuestas suficientes para lograr que nuestra Europa sea apreciada por lo que es, es decir una entidad suprema que, para sentirse unida y unir, quiere ante todo alcanzar el bien más preciado que es la salud, la dignidad, el desarrollo y la protección de sus hijos, los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, el viernes pasado fui a un barrio de mi circunscripción donde el 80 % de las familias reciben alguna forma de prestación social. 
Tienen muchos problemas y, sin embargo, pese a dichos problemas- o tal vez por ellos incluso -, hay un enorme compromiso con el espíritu de comunidad para defenderse. 
Hace algún tiempo presentaron a la Comisión una propuesta bien documentada, modesta, pero muy concreta, de financiación con vistas a abordar sistemáticamente el problema de una tasa elevada de abandono de los estudios a edad temprana. 
Ese fenómeno, tal vez más que ningún otro, perpetúa la exclusión social. 
Hasta ahora su solicitud no ha servido de nada. 
No por su calidad ni porque la Comisión no esté dispuesta a examinarla. 
Se debe al perverso procedimiento judicial, de inspiración euroescéptica, incoado por el Gobierno del Reino Unido contra la Comisión a propósito de la cuestión de la competencia jurídica en la esfera de la exclusión social. 
Me sentí avergonzado, señora Presidenta, en ese barrio que se negaba a hundirse en la marginación, de que ahora mismo nada pueda yo hacer. 
Sin embargo, se ha fortalecido mi convencimiento político de que, sea cual fuere la resolución del Tribunal de Justicia, que debemos respetar, la Conferencia Intergubernamental debe cambiar las normas relativas a la política social para que no sea tomada como rehén por determinados Estados. 
Me niego a aceptar que Europa no deba ocuparse de barrios que viven en un margen social o económico. 
Si el debate de hoy puede, señor Presidente, subrayar algún mensaje, es éste: que lo que se ha dicho aquí le inspire valor y el convencimiento de que hay que cambiar las normas. 
Señora Presidenta, yo también deseo dar las gracias al Presidente del Consejo y al Comisario por sus declaraciones. 
A pesar de que a escala europea no existen datos analíticos sobre la pobreza, las estimaciones que nos presentaron la Comisión y cada Estado miembro demuestran que el fenómeno va aumentando sensiblemente. 
La pobreza está creciendo porque, ante todo, aumenta el desempleo, ha aumentado el número de trabajos eventuales y atípicos y, cada vez más, y con respecto al pasado, es necesario reconocer que se puede tener un empleo y estar sumido en la pobreza. 
Además, la aparición cada vez más prepotente del trabajo eventual, además de producir más pobreza, provoca otros daños, pues, por una parte, aumenta las diferencias y, por otra, pone en peligro los sistemas de protección social. 
Todos los Gobiernos están afrontando el problema presupuestario, así como el problema de la obligación de reducir las ayudas públicas en materia de protección social. 
¿Qué hacer, entonces? 
Una propuesta de la Comisión: del mismo modo que existen indicadores económicos de inflación, del producto interior bruto, capaces de dar cuenta de la evolución de las economías y de los efectos de las políticas económicas y monetarias, es necesario elaborar, a escala europea, índices de pobreza, como instrumento para verificar la eficacia de las políticas sociales llevadas a cabo. 
Por consiguiente, deseo pedir a la Comisión que se comprometa eficazmente en esta dirección. 
Presté mucho interés a las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Dos son las cosas que deben acometerse en seguida. 
Una inmediata: lograr convencer a todos los Estados miembros que es preciso hallar un consenso respecto al problema de los fundamentos jurídicos y prever recursos en el presupuesto comunitario. 
Creo que debemos avergonzarnos por haber recortado los recursos. 
La segunda se refiere a la Conferencia Intergubernamental. 
Deseo formular una pregunta a sus Señorías y a mí misma, así como a la Comisión y al Consejo. 
Si Europa no logra fomentar la justicia social, a afirmar el derecho al trabajo y a la dignidad humana, creo que es lícito preguntarnos: » Para qué sirve el proceso de integración?» 
Señora Presidenta, no puede dejar de impresionar que aquí, en el Parlamento, uno de los espacios más ricos del mundo, sea urgente dedicar un debate al problema de la pobreza en aumento que se ha venido registrando y, por respeto a quienes la padecen, no podemos limitarnos a las buenas intenciones, con lo que tal vez surjan soluciones que no resuelven los problemas de raíz. 
Con realismo, conviene tener bien presente que no se conseguirá erradicar la pobreza, como todos los problemas sociales, sólo con aumentos del gasto público, que, por lo demás, siendo sin duda necesario, presupone una economía dinámica de mercado, atractiva para el inversor privado creador de puestos de trabajo. 
Por otra parte, es indispensable tener en cuenta que el aumento de la pobreza es consecuencia en gran medida de una ordenación incorrecta, pues se localiza predominantemente en las grandes zonas metropolitanas, donde, en un círculo vicioso, se gastan porciones cada vez mayores del erario. 
Así ocurre en mi país, en la región de Lisboa, a pesar de haber sido, con una enorme concentración de recursos públicos, la región de toda la Unión Europea que más ha crecido en los últimos años. 
Así, pues, los políticos, aun cuando no sea personalmente de su agrado, no pueden dejar de promover una red urbana mucho más equilibrada, pues sólo así será posible, por respeto de quien padece esa mácula que tanto nos avergüenza, luchar eficazmente contra ella. 
Señora Presidenta, es sin duda una casualidad que tras el debate sobre la Conferencia para la Reforma, discutamos ahora sobre el tema de la pobreza, pero ambos temas encajan muy bien. 
Todos propagamos aquí conjuntamente acciones contra la pobreza y, por otro lado, el Consejo de Ministros nos ata las manos. 
La causa principal de la pobreza es el paro y no es sin duda una casualidad que precisamente Gran Bretaña y Alemania, países que han presentado su demanda contra el programa para combatir la pobreza, estén ahora también en contra del capítulo sobre el empleo en el nuevo Tratado. 
Estos dos Gobiernos son responsables de que 12 millones de ecus se hayan congelado y de que muchas iniciativas tengan que esperar probablemente 20 meses hasta que se adopte una decisión. 
La carencia de ingresos va unida en todos los países a menores oportunidades de formación para los niños, a una deficiente situación alimenticia y sanitaria y a que cada vez haya más personas que carecen de una vivienda. 
Un fenómeno especial: la Asociación Alemana para la Protección de la Infancia sospecha que existen hasta 50.000 de los llamados niños de la calle. 
En Alemania Occidental y en Gran Bretaña la pobreza y la riqueza se han desarrollado desde los años ochenta de un modo especial, a saber, creciendo ambas. 
Desde hace mucho tiempo, el Parlamento y la Comisión han ofrecido negociaciones al Consejo de Ministros para elaborar fundamentos jurídicos para diversos programas. 
A pesar de los esfuerzos irlandeses no ha pasado nada. 
Es absolutamente necesario que en el futuro los programas sociales se aprueben en el Consejo de Ministros por mayoría en vez de por unanimidad. 
La pobreza no es una catástrofe natural. 
Para combatir la pobreza y para integrar a los pobres en nuestra sociedad necesitamos una estrategia a largo plazo que coordine de modo eficaz y continuado los conceptos nacionales y europeos. 
Señor Presidente, no es sólo que una séptima parte de la población de la Unión Europea esté bajo el umbral de pobreza. 
No es sólo que el número de pobres sume un total igual a la población de uno de los denominados países grandes de la Unión Europea o a la mitad, aproximadamente, de la población de los quince denominados países pequeños. 
Es que se trata de un segundo mundo paralelo: el mundo de la puerta de al lado. 
La lucha contra la pobreza y su erradicación, por lo tanto, debería ser el objetivo fundamental y la máxima prioridad de la Unión Europea. 
Temo que no lo sea; espero- luchamos por ello- que llegue a serlo, que la Unión Europea, por fin, se libere de la vergüenza de rechazar la promoción de programas de lucha contra la pobreza. 
Aquí, cualquier sutileza técnico-jurídica o pseudojurídica, cualquier pusilanimidad burocrática o logística, está fuera de lugar. 
Señor De Rossa, he oído con agrado su intervención. 
Espero que su país, como también lo deseo para usted, Sr. Flynn, que Dublín se convierta en la sede de la reforma institucional, creando así una nueva base jurídica para la política social y la pobreza. 
Señora Presidenta, mis dos enmiendas a la resolución sobre la pobreza pretenden, reparando un olvido, introducir el «gender mainstreaming». 
El análisis diferencial por sexos ha revelado al Sr. Butros Ghali, en Copenhague, que el 70 % de los pobres son mujeres. 
En Europa, la proporción es la misma y la pobreza se feminiza. 
Las mujeres, que han entrado de forma masiva en el mundo laboral, trabajan en empleos precarios o a tiempo parcial, sufriendo discriminaciones de todo tipo; son el 55 % de los parados de larga duración y el 90 % de los cabezas de familia monoparentales. 
Aquí, como en todas partes y a pesar de todos los obstáculos, realizan dos tercios del trabajo global. 
Son las protagonistas principales de un desarrollo duradero y de la educación de las generaciones futuras. 
Insisto, por tanto, para que nuestras comisiones apliquen el gender mainstreaming, para que todas las instancias de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros integren a las mujeres en los programas de erradicación de la pobreza, en igualdad con los hombres en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales. 
Insisto, para que la CIG declare la igualdad entre hombres y mujeres como un derecho fundamental. 
Señora Presidenta, agradezco que se me brinde la oportunidad de responder al debate celebrado aquí esta mañana. 
De las contribuciones hechas se desprende claramente que la opinión de este Parlamento es similar a la mía, a saber, la de que el futuro de Europa debe estar enraizado en una concepción de la sociedad en la que los valores del mercado estén encuadrados en el marco de los valores humanos y en la que las fuerzas del mercado estén al servicio de los intereses de la sociedad en conjunto. 
El elemento fundamental de esa concepción es el concepto de solidaridad social, que comprende el derecho del individuo a beneficiarse del apoyo no sólo de la familia, sino también de la comunidad y su concomitante deber de contribuir a prestar esos apoyos sociales. 
Conviene subrayar una y mil veces que actualmente trece de los quince Estados miembros apoyan los programas que están bloqueados en este momento. 
Una de las cuestiones decisivas que está bloqueando los problemas es el miedo a que, si se continúa con el tipo de programas que se proponen de conformidad con el artículo 235, se rebase de algún modo o se deje de lado la subsidiariedad. 
Debemos encontrar formas de tranquilizar a los Estados miembros y a las autoridades regionales asegurándoles que ese tipo de programas no ponen en peligro la subsidiariedad. 
También debemos encontrar una forma de cambiar el Tratado para establecer la votación por mayoría cualificada a fin de conseguir que se apliquen dichos programas, no sólo los programas que están bloqueados actualmente, sino también otros que pueden ser necesarios también en el futuro. 
Agradezco la contribución del Comisario y la del presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, Stephen Hughes, y, de hecho, a todos los que han intervenido y se han mostrado tan dispuestos a dar apoyo esta mañana. 
Espero que los Estados miembros que participan en la CIG lo tengan en cuenta. 
Desde luego, yo lo señalaré a su atención y espero que todos Sus Señorías hagan lo propio. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
He recibido una propuesta de resolución, presentada sobre la base del párrafo 2º, artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar en unos instantes. 
Votaciones 
Señora Presidenta, en mi opinión, hay tanto alboroto en la sala y manifestaciones tan dispares sobre lo que se está votando que sería de agradecer otra votación para verificar que la primera ha sido correcta. 
¿Podría ser? 
Se trataba de una votación nominal, eso se había señalado con claridad. 
Su voto está registrado. 
Si se equivocó de botón, podrá decírnoslo y figurará en acta. 
Pero sabe usted bien que no puedo repetir la votación. 
Reconozco que no puede usted repetir la votación, pero, si los diputados notificasen a los servicios que deseaban cambiar su voto y superáramos así el umbral de 313, ¿podría usted informar a la Asamblea si se declarará entonces que se ha aprobado? 
Sé bien que para algunas y algunos de sus Señorías existe tal vez un problema pero, honradamente, no puedo repetir la votación. 
Señora Presidenta, no estaría bien que se decidieran nuestras votaciones de determinado modo por culpa del mal funcionamiento del equipo. 
Yo he intentado apretar el botón verde para votar «sí» , pero no se ha registrado. 
No está bien que adoptemos decisiones en este Parlamento de determinado modo por culpa de un mal funcionamiento del equipo técnico. 
Señora Presidenta, aunque usted no ha tenido la culpa, en la pantalla no ha habido indicación alguna sobre el informe que estábamos votando. 
Hay mucho ruido en la Asamblea y resulta imposible seguir esta votación. 
Hay un desfase entre el anuncio de la votación hecho por usted y la indicación en la pantalla. 
Resulta muy difícil seguir esta votación. 
Señorías, incluso si un momento de distracción puede alejar nuestra atención de la votación siempre tenemos, afortunadamente, a nuestros presidentes de grupo para guiarnos. 
Yo les escucho con mucho respeto, evidentemente, y tomo nota de sus observaciones, pero eso es todo lo que puedo hacer. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor de la propuesta de una modificación de la lista de los disolventes de extracción, ya que la modificación no tiene importancia para el nivel de protección danés. 
No obstante, en el anexo del texto se menciona que sólo la Comisión se encargará de realizar estas aprobaciones en el futuro. 
Se trata de los llamados procedimientos de comités, según los cuales no es posible tener acceso a las actas ni obtener información de ninguna otra forma sobre las decisiones adoptadas. 
Es evidente que las numerosas decisiones técnicas han de ser adoptadas por funcionarios de la Comisión, pero a los socialdemócratas daneses les preocupa que se confíen estos temas al procedimiento de comités mientras no exista transparencia en este ámbito. 
Informes Lehne, Ford y LinzerBonde (EDN) , Gahrton (V) , Holm (V) , Lis Jensen (EDN) , Krarup (EDN) , Lindqvist (ELDR) , Sandbæk (EDN) , Schörling (V) , Sjöstedt (GUE/NGL) y Svensson (GUE/NGL) , por escrito. 
(DA) Los tres informes sobre la libre circulación de personas dentro de una Unión sin fronteras internas son una señal importante del paso de la cooperación a la formación de un Estado común, y por mucho que haya propuestas atractivas en los informes del Parlamento, los euroescépticos de los países nórdicos no pueden apoyar la supresión de las fronteras internas y la construcción de un muro exterior común. 
En una cooperación internacional libre, cada país puede decidir quién entra y sale del país. 
Este derecho, que normalmente corresponde a la nación, pasaría ahora con la aprobación de estos informes a la UE. 
Es una función de Estado importante, y el siguiente paso sería lógicamente la creación de una ciudadanía común y de derechos y obligaciones comunes. 
A un Estado le corresponden también medios de poder como la moneda, el ejército y la policía que asimismo están siendo creados dentro de la Unión. En consecuencia, ésta llegará a parecerse a un Estado, en vez de ser una cooperación internacional práctica entre Estados independientes. 
Los euroescépticos de los países nórdicos somos fervientes partidarios de la cooperación internacional y deseamos una cooperación en la que participen todas las naciones de Europa, pero debe ser una cooperación y no un Estado, y advertimos a los que quieren construir un Estado que el exceso de centralismo será como un revulsivo también para la cooperación y para el comercio internacional. 
Estamos a favor del intercambio comercial y de la cooperación y el desarrollo sostenible dentro de economías muy internacionalizadas, pero nos vemos obligados a rechazar las atractivas propuestas por formar parte de la construcción de un nuevo Estado que acabará con la democracia en los Estados miembros. 
Sin democracia no hay progreso. 
No es posible suprimir las fronteras entre los Estados miembros y trasladar las decisiones de los parlamentos a las fuerzas del mercado y a las comisiones cerradas de funcionarios, sin provocar sublevación o hundimiento. 
Esperamos que la sublevación sea pacífica cuando se convoque el referéndum para el Tratado II de Maastricht, ya que los ciudadanos no se sienten vinculados con las decisiones que se adoptan en esta Asamblea. 
Debemos abandonar la idea de la nueva frontera de Estado. 
Debemos volver al deseo de los ciudadanos de una cooperación práctica entre los Estados miembros. 
Los socialdemócratas daneses opinan que es demasiado pronto para suprimir el control de las personas en las fronteras internas de la UE. 
Nos abstenemos de votar en relación con los informes sobre este tema de los Sres. 
Lehne, Ford y Linzer. Sin restarle importancia a la aplicación del mercado interior, en nuestra opinión debemos tomarnos muy en serio los problemas relacionados con las drogas y el contrabando de armas. 
Estos problemas no disminuirán con el mercado interior. 
Unicamente el control eficaz de las personas en las fronteras nos garantizará, hasta cierto punto, una posibilidad razonable de acabar con esta clase de delincuencia, por lo que no podemos renunciar a dicho control antes de tener los problemas solucionados. 
Informe Ford 
Señora Presidenta, hablo en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo que va a apoyar mi informe sobre la libre circulación. 
Es una lástima que la Comisión no se quede a escuchar las explicaciones de voto, porque podría interesarle enterarse de por qué este Parlamento adopta determinadas posiciones. 
El Tratado de Roma establece la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 
Las tres primeras llevan algún tiempo corriendo con las botas de siete leguas, mientras que la última ha tenido que avanzar renqueando sin ayuda de la Comisión. 
Incluso ahora la directiva que nos ha presentado la Comisión es en cierto modo un cáliz envenenado. Es libre circulación, » si» : libre circulación, » si» España y Gran Bretaña firman la directiva sobre las fronteras interiores, » si» España y Gran Bretaña resuelven sus problemas respecto de Gibraltar, » si» se ratifica el Convenio de Dublín. 
Pero el Parlamento quiere avances ya y el Grupo Socialista quiere avances ya para que los de 12 a 14 millones de nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea disfruten de la libre circulación; libre circulación para los 4 millones de europeos negros que tenemos entre nosotros; libre circulación de las personas ciegas sin el absurdo de los actuales reglamentos sobre la cuarentena de los perros lazarillos, que, como sabemos, no funcionan. 
La Comisión respondió recientemente a una pregunta mía diciendo que en los cinco últimos años no se ha detectado un solo caso de rabia en los perros mantenidos en cuarentena, que nos han costado decenas de millones de libras. 
Libre circulación de los seguidores del fútbol, sin las restricciones que les impone el exceso de celo de la policía encargada de mantener el orden, aunque no sean culpables de vandalismo o racismo. 
Vamos a vigilar muy atentamente a partir de ahora lo que hace el Consejo de Ministros con estas propuestas. 
El Parlamento no va a tolerar retrasos. 
Damos la bienvenida a la eliminación de fronteras. 
Nos causa satisfacción que se realice el mercado interno para que las personas puedan circular libremente por sus fronteras. 
En el norte hemos tenido durante mucho tiempo un sistema parecido que ha funcionado muy bien. 
Pero la libre circulación de personas conlleva también un riesgo, que no es menor por el hecho de que con ella resultará más fácil el tráfico de estupefacientes. 
Para impedirlo, y conservar al mismo tiempo la libre circulación, son precisas unas medidas compensatorias. 
Estas medidas compensatorias deben cristalizar entre otras cosas en una mayor cooperación policial. 
Un Estado miembro debe poder efectuar controles en sus fronteras nacionales sobre personas sospechosas de atentar contra las leyes y normas del país. 
Manifestarse a favor de eliminar los controles fronterizos sin relacionar esta medida con otras de tipo complementario es un error. 
La eliminación de los controles en las fronteras internas debe ir de la mano de unas medidas sustitutivas y complementarias. 
Hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta concreta de medidas complementarias. 
Primero hay que aclarar lo que conllevan unos controles compensatorios, ya que existe el peligro de que aumente el tráfico de estupefacientes entre los países de la UE y de que las personas con antecedentes criminales tengan mayores posibilidades de aprovechar la falta de controles para así eludir la acción judicial. 
Cada país debe decidir por sí mismo la modalidad y el nivel de los controles fronterizos internos que desea que se apliquen entre los países de la UE. 
No se pone en peligro la libre circulación de las personas dentro de la UE porque se las controle en las fronteras internas. 
Si Suecia ha de poder conservar su normativa actual con respecto a la entrada de alcohol, hemos de tener la posibilidad de controlar a las personas que atraviesan nuestras fronteras. 
Informe Linzer 
Es evidente que los ciudadanos de terceros países deben tener el mismo derecho que los de la Unión a circular por nuestras fronteras. 
Pero, precisamente del mismo modo que con la libre circulación de nuestros ciudadanos, esto conlleva un riesgo mayor de que productos prohibidos como los estupefacientes sean introducidos por estas mismas fronteras. 
Por consiguiente, es de la mayor importacia que se complete la libre circulación con unas medidas compensatorias. 
Naturalmente, es cierto que los ciudadanos de terceros países que hayan conseguido permiso de residencia y de trabajo en uno de los países miembros de la UE deben poder circular libremente por la Unión Europea como lo hacen los ciudadanos de la UE. 
Pero precisamente al igual que el informe Ford sobre la eliminación de controles de personas en las fronteras internas, este informe plantea, en nuestra opinión, los mismos requisitos erróneos. 
Es un error manifestarse a favor de la eliminación de los controles en las fronteras internas sin relacionarlos con unas medidas de complemento. 
Debe unirse la eliminación de los controles en las fronteras internas a unas medidas de sustitución y complemento. 
Hasta la fecha no ha sido presentada ninguna propuesta concreta de este tipo de medidas. 
Primero hay que aclarar qué conllevan los controles complementarios, ya que existe el riesgo de que aumente el tráfico de estupefacientes entre los países miembros de la UE y de que los delincuentes tengan mayores posibilidades de aprovechar la falta de control para así eludir la acción judicial. 
Cada Estado miembro debe decidir por sí mismo la modalidad y el nivel de los controles que hay que efectuar en las fronteras internas entre los países miembros de la UE. 
No se pone en peligro la libre circulación de las personas en la UE porque se controle a las personas en las fronteras internas. 
Si Suecia quiere conservar su normativa actual con respecto a la entrada de alcohol, tenemos que disponer de la posibilidad de efectuar controles sobre las personas que atraviesen nuestras fronteras. 
La información y la educación han sido siempre las piedras angulares de la política para los consumidores. 
La acción comunitaria para potenciar la libre circulación de productos y la protección del consumidor no podía pasar por alto la necesidad de facilitar la evaluación de la calidad y de los precios. 
La situación actual, en la que la publicidad comparativa está autorizada en determinados Estados miembros y prohibida en otros, redunda en desventaja para los consumidores. 
Se supone que la publicidad es un modo de informar adecuadamente para la mejor elección de los consumidores. 
Por ello, para los ciudadanos europeos, es importante la definición de determinados límites respecto a la publicidad con el fin de aumentar su derecho a la protección de sus intereses económicos y de su derecho a una información correcta, para efectuar la elección adecuada. 
Esta directiva tiene como fin armonizar las condiciones en el ejercicio de la publicidad comparativa, con vistas a la realización del mercado interior y facilitar así la libre circulación de los servicios publicitarios dentro de la Unión. 
Mi voto será positivo para esta importante armonización de las legislaciones por las que habrá de regirse la publicidad comparativa. 
Este programa de acción comunitario en materia de vigilancia de la salud, asentado en el artículo 129 del Tratado de la Unión Europea, tiene como finalidad la protección de la salud de los ciudadanos y, por tanto, la prevención de enfermedades. 
En consecuencia, el funcionamiento correcto del sistema comunitario de vigilancia de la salud permitirá a todos los países de la Unión, sobre la base de datos fiables y comparables en lo que se refiere a la salud, establecer prioridades en la política sanitaria así como mejorar la rentabilidad y la eficacia de dicha gestión. 
Igualmente, coincido también plenamente con la necesidad de crear un «Observatorio Europeo de la Salud» para elaborar un conjunto de indicadores sanitarios y desarrollar una red de recogida y difusión de los datos necesarios para el establecimiento de los citados indicadores y la mejora de su análisis. 
Termino alentando al Parlamento Europeo para que se muestre irreductible con el Consejo en la dotación presupuestaria de este programa que es vital para la Unión y que de momento la cantidad atribuida resulta ridícula y atentoria con los intereses solidarios de los ciudadanos de la Unión. 
Los socialdemócratas daneses opinan que la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de la salud es favorable en los casos de investigación e intercambio de estadísticas. 
A muchos países, y entre ellos a Dinamarca, les sería muy útil recibir ideas sobre la organización de la sanidad pública, y se podrían celebrar acuerdos sobre tratamientos especiales entre los Estados miembros. 
Pero al entrar en temas como el tratamiento de las enfermedades y los regímenes de pago de este tratamiento, la Unión ha ido demasiado lejos. 
Entendemos que los diputados al Parlamento Europeo procedentes de países cuya sanidad pública está colapsada vean una esperanza en la UE, pero el pago de los impuestos y, por consiguiente, la financiación deben seguir realizándose a escala nacional. 
En el artículo 129 del Tratado de Maastricht consta que la Comunidad- y por lo tanto los 15 Estados miembros- contribuirá a la consecución de un alto nivel de protección de la salud humana fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando la acción de los mismos. 
La presente propuesta de un programa de acción está totalmente en consonancia con el Tratado. 
No se trata de una armonización, sino de una medida que pretende- sobre la base de datos comparables de la salud públicapermitir a cada Estado miembro establecer las prioridades de la política sanitaria, mejorar la rentabilidad y, en consecuencia, la eficacia. 
Sin embargo, al aprobar la posición común, la mayoría del Consejo de Ministros acepta vaciar de contenido una propuesta para un programa de acción razonable en el ámbito de la salud pública, tanto en cuanto a la financiación como en cuanto al establecimiento de los marcos prácticos para la aplicación del programa. 
Por estos motivos, estoy totalmente de acuerdo con la crítica del ponente respecto de la posición común y con la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor de la propuesta del Parlamento Europeo sobre modificación del nombre y del número E de las algas Eucheuma elaboradas. 
El motivo es que no queremos que se apruebe un aditivo alimentario que pueda ser confundido con el aditivo alimentario carragenano con el mismo número E. 
En parte por tratarse de una sustancia menos pura que el carragenano y, en parte, porque las dos sustancias no son iguales. 
El carragenano está aprobado, por ejemplo, para su empleo en sucedáneos de la leche materna, a pesar de que varias investigaciones han demostrado que puede provocar gastralgía y, en casos aislados, úlcera en los lactantes. 
Si las algas Eucheuma elaboradas son aprobadas con este nombre y con un número E prácticamente idéntico, creemos que existe un riesgo razonable de que la sustancia sea aprobada para su empleo en alimentos para bebés. 
Creemos asimismo que para no confundir a los consumidores y, debido al posible empleo de las algas Eucheuma elaboradas, es necesario dejar las cosas claras en relación con este nuevo aditivo alimentario. 
Por este motivo, debe llevar la denominación de AEE (Algas Eucheuma Elaboradas) y el número E 408 en vez de E 407a. 
La presente recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor merece el apoyo de una mayoría clara de esta Asamblea. 
El objetivo de la recomendación es garantizar que no se confundan las algas Eucheuma elaboradas (AEE) con el carragenano. 
De conformidad con el informe aprobado por mayoría en el Parlamento Europeo en primera lectura, la Comisión de Medio Ambiente recomienda comercializar los dos productos (AEE y carragenano) con dos números E distintos. 
La importancia de este hecho para los consumidores y para su seguridad se ve claramente reflejada en las presiones ejercidas últimamente por los representantes de los productores de las AEE en el Parlamento Europeo. 
Si el tema de la elección del número E fuese insignificante, los productores de las AEE se habrían mantenido pasivos. 
El ponente y la comisión merecen un elogio por la constancia que han demostrado hasta la fecha durante el examen de la propuesta de modificación de la Directiva 95/2/CE y tanto por consideración a los consumidores como por motivos de principio el Parlamento debe votar masivamente a favor de la presente recomendación. 
Informe Florenz 
Todos sabemos que sin agua no hay vida y que dicho elemento, dada su importancia, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, a lo largo de la Historia, desde la concepción de «Numen» en la Grecia clásica hasta motivo de enfrentamientos en el Oriente Próximo. 
El agua es uno de los elementos clave en la vida del ser humano y, por tanto, es necesaria una política clara y coherente con este recurso desde la Unión. 
El ponente señala, con acierto, que la normativa y adecuación de la calidad de las aguas de la Unión no puede estar dispersa en más de 50 directivas que incluso, a veces, resultan contradictorias y que urge que se someta al Parlamento una directiva marco que contemple, tal y como señalaba el 5º programa de acción, una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos de la Unión. 
Concluyo recordando, una vez más y como siempre, que sin un estricto control tanto de la calidad como de la explotación de nuestras aguas comunitarias, resultará dudoso que se pueda mantener e incluso incrementar la calidad del agua. 
No parece que la Comisión haya dado muestra de gran entusiasmo o sagacidad en lo referente a este importante ámbito. 
Si la Comisión hubiese tenido la misma energía que muestra en lo que concierne a la UEM, ya me daría por satisfecho. 
Lamentablemente, ha quedado claro que la Comisión carece de conocimientos sobre el fondo, de comprensión sobre asuntos de medio ambiente, de visión global y de propuestas de medidas concretas para exponer una política a seguir en las cuestiones de calidad de agua. 
Lo que le falta es la visión global; porque hay otros ámbitos que tienen repercusión en la política a seguir en torno al agua. 
Se trata sobre todo de la política agrícola que subvenciona la UE, en la que la mejora artificial de las plantas, que conlleva el uso de pesticidas, lleva al grave deterioro de la red acuífera. 
Lo mismo se aplica a la política industrial, donde una política ambiental demasiado tolerante repercute sobre el agua, la política en torno al transporte, la energética, etc. 
La Comisión debe adoptar unas acciones globales en relación con la cuestión del agua que abarquen todos estos aspectos, de otro modo las palabras de la Comisión sólo nos llevarán a que se malgaste aun más papel (¡lo que también contamina el agua! ). 
Es importante que la UE presente una política progresista en este ámbito, pero su ejecución debe producirse a nivel nacional, regional o local. 
En la Comunicación de la Comisión sobre la política de aguas, se presenta una estrategia para una política de aguas coherente que establecerá los principios fundamentales para la reglamentación de las aguas en la Comunidad. 
La idea es que desemboque en una directiva marco sobre aguas. 
Lamentablemente, la Comunicación de la Comisión no es lo bastante amplia para cumplir estos objetivos. 
Por lo tanto, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento propone un reforzamiento. 
La Comisión debe establecer criterios para la prevención del daño en la fuente, fijar valores límite más estrictos para las sustancias en el agua y utilizar la combinación de normas y objetivos de emisión para la calidad medioambiental. 
En una carta a la Comisión de Medio Ambiente, Ritt Bjerregaard ha prometido que se cumplirán estos requisitos. 
Gracias a esta carta, el Grupo Socialista vota a favor del informe del Parlamento, pues junto a la carta de Ritt Bjerregaard garantiza una política de aguas sensata para el futuro. 
Resolución sobre el Consejo Europeo de Dublín 
Señora Presidenta, el conflicto del Oriente Medio es extremadamente urgente. 
Es uno de los más importantes y peligrosos que actualmente nos plantea el planeta. 
El proceso de paz se ha interrumpido; no sucede gran cosa en este sentido. 
La Unión Europea tiene una buena reputación. 
Y se ha mostrado muy activa, en especial desde este Parlamento, a través de sus resoluciones y comunicados y de los contactos directos que tenemos vía la Delegación para la cooperación con el Consejo legislativo palestino. 
A través de los viajes realizados, del control de las elecciones, y de haber actuado como anfitriones con ocasión de la visita de los palestinos, hemos demostrado nuestro interés y nuestra capacidad de acción. 
Desde muchos frentes dentro de la UE se han emitido quejas aduciendo que la actividad, las ayudas económicas y acciones respecto del conflicto del Oriente Medio por parte de la UE han sido casi imperceptibles. 
Ahora el conflicto ha vuelto de nuevo a una fase crucial. 
Están pasando cosas graves en la región. 
Y el Parlamento Europeo no quiere manifestarse en absoluto en la coyuntura actual y esto, como todos sabemos, solamente porque en los grandes grupos de partidos se reflexiona sobre en qué medida competiría una manifestación hoy por hoy con el informe que puede presentársele al Parlamento dentro de un mes o quizá más tarde. 
He de decir que me asombra profundamente que se proceda de este modo. 
La evolución de los acontecimientos en el Oriente Medio no puede esperar a que se produzcan los procesos de decisión interparlamentarios. 
La ventaja de pronunciarse rápidamente es que se hace cuando es necesario y que con ello se ejerce una influencia. 
¿Cómo van a interpretar en el Oriente Medio el hecho de que varios grupos de partidos hayan presentado unas propuestas y que no tengan ningún efecto en absoluto? 
Esto sólo puede interpretarse como una falta de interés por parte del Parlamento Europeo o como la circunstancia de que una reflexión partidista tiene más importancia que el logro de la paz. 
He mantenido una buena colaboración y espero seguirla teniendo con mis colegas de los grandes grupos de partidos en lo referente a Palestina, pero su actuación de hoy me ha decepcionado. 
Señora Presidenta, para clausurar nuestro debate sobre la Cumbre de Dublín, el Grupo Europa de las Naciones ha presentado, ante la propuesta de consenso de socialistas y centristas, una propuesta de resolución con vistas a reclamar una reorientación radical de la Conferencia Intergubernamental. 
Por supuesto, nuestra propuesta ha sido rechazada por la mayoría de esta Asamblea pero deseábamos tomar nota. 
Nos parece que, si la Conferencia no progresa en estos momentos, es porque ha tomado un rumbo equivocado. 
Vemos como, por desgracia, dedica un tiempo precioso a problemas secundarios, como los detalles de los procedimientos de decisión en el Parlamento Europeo, a cuestiones no prioritarias como la lista de los derechos del ciudadano a incluir en el Tratado, derechos que ya están suficientemente protegidos a nivel nacional, o incluso a verdaderos contrasentidos como la ampliación del sistema de votaciones por mayoría en el Consejo. 
Finalmente, el debate sobre la flexibilidad de la Unión, que posiblemente es el debate más importante en la actualidad desde el punto de vista estrictamente institucional, se sigue arrastrando en una confusión total. 
Sobre todos estos temas nos parece que el Consejo es un poco víctima del terrorismo intelectual de los federalistas. 
El debate de esta mañana lo ilustra bastante bien. 
¿Qué venía a hacer una declaración de la Comisión tras el informe del Consejo, cuando éste era el único competente para dar cuenta de una reunión informal, esencialmente intergubernamental? 
Lo más triste es que la intervención de la Comisión mostraba una voluntad política real cuando la del Consejo apenas la mostraba. 
Si se pretende redefinir la Conferencia en un sentido útil, tal como planteaba la propuesta de resolución que hemos presentado, será necesario que el Consejo se independice de las utopías del superestado y acepte poner en práctica los procedimientos para una Europa de las naciones. 
Cuando se abuchea al Jefe de Estado francés aquí, en el Parlamento Europeo, nosotros hacemos bloque con él porque se está insultando a Francia. 
Cuando él mismo ha sido insultado en Jerusalén por la policía de ocupación israelí, es de nuevo nuestro país el que recibe la afrenta. 
Sin embargo, los dirigentes israelíes deberían saber que una paz duradera no puede basarse en la injusticia y en el apartheid. 
La primera de las injusticias ha azotado al pueblo palestino, expulsado de sus tierras por los israelíes. 
Estos últimos reivindican una posesión histórica exclusiva de sus tierras que se remonta a los tiempos de Abrahám. 
Además, también se declaran descendientes de Abrahám palestinos, cristianos o musulmanes. 
La segunda de las injusticias ha castigado al pueblo cristiano del Líbano, que el Sr. Kissinger quería deportar a América para dejar sitio a los palestinos. 
Así pues, la paz en Oriente Medio sólo se puede basar en el respeto por el derecho de los pueblos a vivir todos y libres en sus tierras. 
Los palestinos tienen derecho a la tierra de Palestina y a un Estado palestino. 
El Líbano debe ser abandonado por Israel y por Siria, pero también por las milicias palestinas e iraníes, y los americanos (que lo comprenda el que pueda) , que apoyan a los talibanes y a los kurdos proiraníes, deben acabar de meterse en todo y entre todos de una forma necia. 
Señora Presidenta, la reunión de Dublín ha mostrado de forma ejemplar la inutilidad e imposibilidad de llevar adelante una PESC europea. 
En efecto, cuando el Presidente francés, Jacques Chirac, ha propuesto una acción común encaminada a evitar que se deje solos a los palestinos frente a los israelíes y al árbitro americano, que está claramente inclinado hacia uno de los lados, esta voluntad de una posición común europea ha chocado con el rechazo, principalmente por parte de británicos y alemanes, cuyas diplomacias están de hecho alineadas con la americana y la israelí. 
Por otra parte, la timidez del Parlamento Europeo en los asuntos relativos a Oriente Próximo se explica también por las presiones de las citadas diplomacias americana e israelí sobre los diputados de esta Cámara. 
Se puede también apuntar que la posición del Estado de Israel, frente a la Unión Europea, es especialmente chocante pues, en el fondo, es la siguiente: paguen, pero cállense. 
Evidentemente, es insoportable e indigna. 
El mejor modo de disminuir la desconfianza de la mayoría hacia la UE es no presentar más propuestas basadas en una UE «en alza». 
Cada propuesta de este tipo dentro del terreno de la política exterior y de seguridad, sobre la UEM, etc., sólo hace que reforzar la desconfianza. 
La Conferencia Intergubernamental debe enfocarse desde esta perspectiva. 
Resolución sobre la pobreza 
Estamos ocupándonos de la miseria internacional, de la vergüenza de que hoy haya en la Unión Europea más de 50 millones de conciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza, en los márgenes de la sociedad y de la vida económica y cultural. 
La vergüenza es aún mayor ante la perspectiva segura de que la situación empeorará, ya que el nivel de vida de los trabajadores está bajando día a día y miles de personas caen víctimas de la Unión Económica y Monetaria y de la caza de los conocidos índices y criterios de convergencia, por un lado, y del beneficio de un puñado de monopolios multinacionales y de determinadas clases privilegiadas, por otro. 
En medio de la opresión de la gran mayoría de las capas sociales populares con los programas de austeridad feroz, de los despidos masivos, de los recortes de las prestaciones sociales y del aumento del desempleo a saltos. 
Todo esto en aplicación de Maastricht, del Libro Blanco y de la reforma de los mismos mediante la pregonada Conferencia Intergubernamental y sus antipopulares tendencias. 
La protección y mejora de la renta de los trabajadores constituye el elemento más importante de una política de justicia social. 
Hay que reorientar radicalmente los modelos de desarrollo aplicados, que presentan grandes deficiencias desde la perspectiva social y que empujan a un número cada vez mayor de trabajadores a la pobreza y la marginación. 
Es importante adoptar medidas que revaloricen y mejoren el papel del factor humano en el proceso de desarrollo y de producción con el objetivo de aumentar el porcentaje de empleo y estabilizar el empleo, mediante la reducción de los puestos de trabajo eventuales y temporales. 
Paralelamente al sostenimiento y el fomento de las rentas hay que planificar y materializar programas de formación, así como programas de orientación y de reorientación profesional, además de planificar programas sociales con la participación de asociaciones profesionales locales que permitan la mejor integración social, así como el acceso y la participación de todos en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
Es de extrema importancia la movilización directa mediante actuaciones concretas para salir cuanto antes de la situación de marginación social de millones de personas que viven en condiciones de pobreza, reincorporarlos y convertirlas de nuevo en miembros activos de la vida social, en condiciones de igualdad y dignidad. 
Se requiere un esfuerzo coordinado de lucha contra la discriminación y contra los fenómenos del racismo y de la xenofobia. 
La declaración del Consejo ni siquiera se acerca a una solución así, sino que se limita a la constante repetición de proclamas para distraer de las verdaderas razones de la pobreza, de su continuación y empeoramiento. 
Pero las protestas y huelgas organizadas en la mayoría de los países comunitarios son ya una prueba de que la traición del sistema sociopolítico que determina tanto las políticas comunitarias como las políticas nacionales aplicadas por las clases dirigentes y sus intereses, así como su derrumbamiento, es la única salida al enorme contraste entre la riquísima Unión Europea exhibida y el deprimente volumen de pobreza de más de 50 millones de ciudadanos. 
Acuerdo Europeo con Eslovenia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0277/96 de la Sra. Iivari, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra [10587/95- COM (95) 0341- C4-0419/96-95/0191 (AVC) ]; -A4-0282/96 del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre los aspectos económicos y comerciales del Acuerdo Europeo celebrado entre la Unión Europea y la República de Eslovenia. 
Muchas gracias, señora Iivari. 
Nosotros también le deseamos lo mejor en sus nuevos cometidos. 
Señor Presidente, Eslovenia dispone de unos datos económicos extraordinarios. 
Aunque algunos de ellos tengan que ser corregidos a la baja a finales de año, las cifras macroeconómicas son excelentes. 
Por ejemplo, los ingresos per cápita son de 9.000 dólares, Eslovenia cumple ya dos de los cinco criterios de Maastricht y se espera que hasta el año 2.000 se cumplan los cinco. 
Si, a pesar de ello, Eslovenia llega a un Acuerdo de asociación mucho más tarde que otros Estados de la Europa central y oriental que están asociados ya desde hace tiempo, se debe a la difícil historia del país. 
Este fue también el motivo por el que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores tuvo que analizar en su informe las condiciones marco históricas y políticas para este Acuerdo de asociación. 
Como único ciudadano de la Unión Europea, tuve la suerte de participar el 26 de junio de 1991 en la celebración de la independencia de Eslovenia. 
No era todavía miembro de esta Asamblea pero vi in situ en aquella ocasión cómo la llamada comunidad internacional abandonó a su suerte a este país de un modo casi demostrativo poniéndolo con su silencio a merced de los tanques comunistas serbio-yugoslavos, quienes lo tomaron como un estímulo para golpear, lo que así ocurrió dos días más tarde. 
No obstante, en aquella ocasión, un país que hoy es miembro de la Unión Europea, es decir, Austria, desempeñó un papel muy positivo cuando la mayoría de sus políticos dirigentes, ante todo la mayoría de sus gobernadores civiles, estuvieron presentes en ese día histórico. 
Nunca olvidaré lo que dijo un dirigente esloveno en aquella ocasión: » Hoy somos independientes por primera vez en nuestra historia. 
Mañana podemos estar todos muertos». 
Gracias a Dios, no ha ocurrido así. 
Los eslovenos depositaron grandes esperanzas en el Parlamento Europeo y aquí encontraron apoyo. 
Ya años antes de 1991, un defensor esloveno de los derechos cívicos, llamado France Bucar, llamó la atención aquí sobre la situación de los derechos humanos en Yugoslavia. 
Más tarde se convirtió en el primer Presidente del primer Parlamento elegido democráticamente en Eslovenia. 
Un periodista, llamado Andrej Nowak, ha trabajado aquí por su pueblo convirtiéndose más adelante en el primer embajador de Eslovenia ante el Consejo de Europa; también fue él un pionero de este Acuerdo de asociación aunque lamentablemente ha fallecido hace ya tiempo. 
Los eslovenos son de los nuestros, son un pueblo profundamente europeo. 
Recuerdo aún lo que dijo el Sr. de Michelis: si Eslovenia alcanza la independencia lo aislaremos 50 años. 
Entretanto, Eslovenia no está aislada sino más bien el Sr. de Michelis. 
Pero también recuerdo que cuando la capital eslovena estaba rodeada de tropas, un colega italiano de esta Asamblea, Marco Pannella, fue el primero en romper el cerco tomando contacto con las fuerzas democráticas de Eslovenia. 
Ruego a todos los colegas que piensen que esta Asamblea exigió el reconocimiento de Eslovenia cuando ninguno de los países miembros estaba aún dispuesto a hacerlo. 
Tras largas idas y venidas y mediante la solución de los problemas bilaterales, se ha hecho por fin posible la asociación de Eslovenia. 
Naturalmente, vemos los problemas que hay tanto con la reprivatización como con la privatización. 
Vemos problemas de minorías que en parte se han solucionado de modo ejemplar pero que en parte exigen otras soluciones. 
Nos oponemos a que se apliquen a Eslovenia unos criterios que no se han aplicado a ningún otro Estado asociado. 
No debe existir ninguna «Lex Eslovenia» y debemos conceder a este país las mismas oportunidades en nuestra Comunidad como a los checos, polacos y otros. 
Creo que, debido a su tradición cultural, su pluralismo político y su integración de 1.400 años en este área, Eslovenia es un valioso interlocutor y va a ser también un valioso miembro de esta Unión. 
Saludo expresamente que Eslovenia haya podido presentar por fin el 10 de junio su solicitud de adhesión a la Unión Europea, el mismo día en el que se firmó el Acuerdo de asociación. 
Apelamos a todos los Estados miembros para que lo ratifiquen sin demora. 
Señor Presidente, el acuerdo de asociación con Eslovenia es el primero que la Unión Europea celebra con uno de los Estados formados a raíz de la desintegración de la antigua Yugoslavia y, por consiguiente, constituye un acto cargado de responsabilidad y de valores que deben evaluarse a través de una visión de conjunto. 
Existe el aspecto geoeconómico, en virtud del cual Eslovenia ocupa un lugar crucial en las grandes directrices de expansión del mercado europeo hacia el Este y es evidente que puede ofrecer tal desarrollo, gracias a su buena estructura económico-financiera. 
Existe asimismo el aspecto geopolítico y se trata del efecto de contagio virtual respecto a otros componentes estatales de la diáspora yugoslava, contagio que producirá sus efectos si Eslovenia, formal y efectivamente, suscribe los principios europeos de democracia supranacional, de no discriminación por razón de nacionalidad y, en definitiva, de ciudadanía europea. 
Por último, existe el aspecto político constitucional que debe entenderse en términos de constitución europea. Está representado por la voluntad de Eslovenia de incorporarse a Europa en la perspectiva de una adecuación global de su constitución al Derecho común de los europeos, también en lo que atañe al derecho de establecimiento y a las adquisiciones de bienes inmuebles. 
Respecto a este último punto, el engorroso anexo al acuerdo no se debe a un contencioso bilateral con Italia, tal como alguien piensa erróneamente, contencioso que, por otra parte, quedó solucionado durante la Presidencia italiana. 
Se trataba y se trata de una gran cuestión de principios europeos. 
Sería paradójico que un Estado, de acuerdo con la Unión, después de cincuenta años quisiera seguir conservando en su estructura constitucional, institucional, administrativa y de derecho civil formas chovinistas, debidas a una guerra, para cuya superación fue creada la Unión. 
En estas otras perspectivas de futuro se justifica el voto favorable al acuerdo. 
Al final, los Parlamentos nacionales van ha ser el marco decisivo para la ratificación y para dar los últimos ajustes con vistas a los futuros avances de este proceso de adhesión. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, por fin hemos llegado a nuestra meta: tras el encargo realizado por el Consejo el 6 de marzo de 1995 y la firma estampada el 10 de junio de 1996 tras muchas dificultades, mañana va a realizarse la primera de 17 ratificaciones. 
Esto me llena de gran alegría como político y también como persona. 
Quiero dirigir un especial agradecimiento en esta ocasión a los colegas Iivari y Posselt así como al presidente del Parlamento Europeo, Klaus Hänsch, quien con su intervención pronunciada a comienzos de abril en Laibach ha contribuido a distender una situación realmente difícil. 
La delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Eslovenia ha intentado- por última vez, hace dos semanas en Eslovenia- realizar su aportación para solucionar las diferencias de opinión. 
Hemos comprobado que actualmente algunas de estas diferencias existen porque en Eslovenia se van a celebrar elecciones, pero la mayoría está decidida firmemente a evolucionar cada vez más intensamente en dirección a Europa. 
Sin duda, ha habido y hay dificultades pero son solucionables. 
Las hay en el ámbito bilateral, pero también se han producido movimientos positivos. 
Creo que hay que destacar también que, tras un exclusión inicial del tema, los Gobiernos Dini y Prodi, pero ante todo el subsecretario Fassino del nuevo Gobierno, no han escatimado esfuerzos para lograr un acercamiento, una distensión y una mejora de la situación. 
Eslovenia se va a asociar y ha presentado la solicitud de adhesión. 
Las conversaciones sobre la participación en la Unión Europea Occidental están en marcha del mismo modo que para la integración en la OTAN. 
Esta evolución equivale a un retorno de Eslovenia a los países europeos aunque haya que solucionar aún algunas cuestiones de problemas bilaterales con Italia en un nuevo espíritu, ya sea en lo que se refiere a cuestiones de propiedad como históricas. 
Existen aún cuestiones en el campo de la reprivatización y de la moratoria, pero tras las elecciones del 10 de noviembre se podrán sin duda solucionar los problemas. 
No se opone pues realmente nada al retorno de este país vinculado durante siglos a Europa y que se desarrolla y siente tan europeo. 
Eslovenia podrá hablar y también codecidir con igualdad de derechos. 
Señor Presidente, este Parlamento, en el marco del procedimiento de codecisión y al aprobar un acuerdo de asociación de un tercer país a la Unión Europea, asume al mismo tiempo el derecho-deber de verificar, más allá de cualquier duda razonable, su respeto también en lo referente a los derechos humanos y de las minorías. 
Una obligación que se convierte en irrenunciable cuando, como hoy en el caso de Eslovenia, el acuerdo representa un paso previo en el camino hacia la adhesión. 
En efecto, parece lógico que quién desea adherirse a la Unión Europea, esté de acuerdo con sus principios inspiradores. 
A un Parlamento Europeo que no se limita a suscribir como un solícito notario la realpolitik de los Gobiernos, tengo la obligación de señalarle que este acuerdo que se va a votar, no se basa en la certeza de que Eslovenia desee solucionar, con arreglo a los acuerdos con la Comisión Europea, su contencioso político con la minoría italiana y con los refugiados, sino que se trata más bien de una generosa apertura de crédito político de la Unión Europea y de Italia en favor de dicho país. 
De ello se deriva que el Parlamento Europeo, no pudiendo contar antes de la votación sobre la certeza de la voluntad de Eslovenia de solucionar dichos contenciosos, adquiere el compromiso moral y político de verificar que, tras el acuerdo, la misma cumple sin dilación sus obligaciones. 
No pasaremos por alto hoy en este Pleno las circunstancias que motivaron dichos contenciosos, o sea, los enormes sufrimientos impuestos por motivos étnicos más que políticos y bastante después del final de la segunda contienda mundial a una minoría con raíces arraigadas a lo largo de muchos siglos y un elevado grado de civilización. 
No por ello, sin embargo, vamos a oponernos al acuerdo, convencidos de que, a pesar del pasado triste y cruento, el bienestar, el progreso y la seguridad de la Unión Europea dependen en gran medida de que no nos dejemos por el mismo y de que establezcamos fuertes y nuevas relaciones de convergencia y cooperación. 
Sería, no obstante, equivocado también respecto a nuestro Parlamento, que es perfectamente consciente de lo que va a votar, dejar de apuntar que Eslovenia no permite hasta la fecha, en contra del acuerdo Solana, la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros, que devuelve los bienes inmuebles expropiados por el comunismo sólo a los ciudadanos eslovenos y no a quienes, tanto italianos como alemanes o ciudadanos de otros países y etnias, se vieron obligados a abandonar el país. 
Del mismo modo, prohíbe la participación de un partido, la Dieta Istriana, en las elecciones políticas, por estar el mismo a favor del regreso de los refugiados a su tierra de origen. 
Estos tres aspectos del contencioso entre Italia y Eslovenia se convertirán, después del acuerdo de compromiso Solana, pero sobre todo después de esta votación, en parte integrante del contencioso con la Unión Europea. 
Dentro de pocas fechas se celebrarán las elecciones y no es en absoluto nuestra intención influenciar su resultado. 
No podemos, sin embargo, dejar de confiar en que el futuro parlamento y Gobierno de Eslovenia cumplan cuanto antes los acuerdos contraídos con la Unión Europea y con Italia, a sabiendas de que sólo de este modo Eslovenia podrá luego adherir de pleno derecho a la Unión Europea. 
Este Parlamento reconoció, casi por votación unánime, el gran equilibrio político de Italia al tratar la cuestión eslovena. 
Y hoy el acercamiento entre Italia y Eslovenia avanza satisfactoriamente para ambas partes, al igual que crece la conciencia de la existencia de fuertes intereses. 
Asimismo, no cabe duda de que una sólida relación bilateral entre Italia y Eslovenia es coherente con la ampliación hacia el Este de la Unión Europea, así como un importante aspecto de la gradual estabilización de la región balcánica. 
Confiamos, sin embargo, que el parlamento y el Gobierno de Eslovenia se den cuenta que este momento feliz podría interrumpirse bruscamente en el caso de que no ofrecieran una rápida y satisfactoria respuesta a la legítima reivindicación de las minorías de refugiados. 
Europa e Italia hicieron todo lo que estaba en sus manos, ahora le corresponde a Eslovenia hacer lo propio. 
Señor Presidente, señor Comisario, el trabajo desempeñado por el gobierno esloveno es considerable. 
Hace cinco años, a mediados de 1991, era Eslovenia aún víctima de la intervención por parte del denominado ejército popular yugoslavo, habiéndose desarrollado hoy una Eslovania independiente convertida así en una democracia adulta capaz de ofrecer correctas reglamentaciones a sus grupos minoritarios, tal vez no lo bastante adecuadas aún, aunque provisionalmente positivas si se tiene en cuenta las circunstancias reinantes. 
Además de ello, la Eslovenia actual posee una economía social de mercado que registra probablemente las mayores cifras de crecimiento de Europa. 
El acuerdo marco sobre el diferendo con Italia ha eliminado el último obstáculo que impedía a Eslovenia su merecido lugar en el seno de Europa. 
El Acuerdo Europeo constituye un primer paso positivo. Se trata de una cuestión que no sólo deberá aprobar con rapidez el Parlamento Europeo sino también los parlamentos nacionales. 
Esta asociación abarca como es sabido, entre otros aspectos, un diálogo político y la creación gradual de una zona de libre comercio. Esto abrirá la perspectiva a la adhesión, mereciendo por consiguiente la solicitud de Eslovania el máximo de atención. 
A mi juicio, la antigua república yugoslava estará lista para su integración en la UME en el año 2000. 
El Acuerdo Europeo constituye un primer paso de importancia hacia la adhesión, ofreciendo numerosos instrumentos orientados a una colaboración más intensiva que deberá aprovecharse de manera activa. 
Apoyamos también las proposiciones encaminadas a intensificar la cooperación presentadas por ambos ponentes, los Sres. Iivari y Posselt, a los cuales felicito calurosamente. 
A este respecto deberá considerarse la integración a las redes transeuropeas PHARE e INTERREG, así como el respaldo necesario al proceso de privatización en Eslovenia. 
Es evidente el enorme esfuerzo que deberá efectuarse también en el marco de la estrategia de preadhesión y en un diálogo estructurado al igual que con los demás países de Europa Central y Oriental. 
Voy a concluir ya, señor Presidente. Tenemos toda la confianza de que los problemas restantes podrán ser resueltos a través de la intensificación de nuestras relaciones. 
La adhesión contribuiría además a fomentar las buenas relaciones. 
Tengo toda la confianza, repito, que Eslovenia formará parte el primer grupo de países listos para la adhesión. 
Aunque es por supuesto conveniente que la propia Eslovenia, en colaboración con nuestra Unión, se apreste a esa adhesión. El Acuerdo Europeo constituye el primer paso de importancia en ese sentido. 
Señor Presidente, deseo reiterar el punto de vista del Grupo de los Verdes que ya en el pasado manifestaron su apoyo al acuerdo de asociación de Eslovenia a la Unión Europea, con vistas a la adhesión de Eslovenia a Europa. 
Los motivos que retrasaron este acuerdo, es decir el contencioso con Italia en lo referente al derecho de los refugiados que abandonaron dichas tierras y, ante todo, la cuestión de los bienes que allí fueron abandonados, parecen por fin resueltos y, tal como manifesté en otras ocasiones, considero que la solución de esta cuestión fue propiciada por la actitud favorable a dicha asociación, manifestada en el pasado por el Parlamento Europeo. 
Considero que el compromiso, propuesto en su día por la Presidencia española de la Unión Europea, a pesar de que debe ser definido y aclarado ulteriormente, es útil para las buenas relaciones con Italia y Eslovenia y podría servir de ejemplo para las futuras relaciones entre la Unión Europea y los demás países que surgieron de las cenizas de la antigua Yugoslavia. 
Desde este punto de vista, no estoy de acuerdo con quien considera insuficiente el compromiso español, habida cuenta de que no se pueden imputar a un nuevo Estado las responsabilidades de otros regímenes y de otros Estados anteriores. 
Lo digo como hijo de una familia que tuvo que abandonar sus bienes en la antigua Yugoslavia, en la actual República de Croacia. 
Por el contrario, confío en que también con Croacia sea posible celebrar cuanto antes un acuerdo análogo. 
El estar a favor de este acuerdo de asociación no me exime de plantear algunas cuestiones que considero que deben ser abordadas durante las etapas de asociación. 
Ante todo, la cuestión de la transparencia política. 
Con referencia a las próximas elecciones políticas en Eslovenia, los Verdes estamos perplejos al constatar la exclusión de la Dieta Istriana que, a pesar de estar presente mayoritariamente en territorio croata, tiene derecho a estar representada dentro del marco político de Eslovenia, pues parte de Istria está también en territorio esloveno, y siendo dicha Dieta Istriana la expresión de una voluntad interétnica que ve juntos croatas, italianos y eslovenos. 
Las cuestiones formales suscitadas para excluir a la Dieta son quizás correctas, desde un punto de vista legislativo, sin embargo, no me convencen políticamente. 
Asimismo, existen cuestiones de transparencia financiera que es preciso analizar y que tendremos todo el tiempo de solucionar durante la etapa de asociación. 
La cooperación económica entre Italia y Eslovenia puede avanzar más aún, si cabe. 
Considero, asimismo, provechoso, desde un punto de vista económico, poner en marcha una cooperación entre los puertos de Koper y Trieste. 
Existe también el problema de la central nuclear de Krsko. 
Muchos partidos eslovenos consideran dicha central totalmente insegura. 
Creo que la Unión Europea debe llevar a cabo un control de la seguridad de esta central y evaluar la conveniencia de su sustitución por fuentes energéticas más adecuadas. 
Por último, cabe señalar la cuestión de los trasportes. 
Si bien es cierto que en las redes transeuropeas de transporte se prevé un proyecto que afecta a los países del Este, es más cierto, sin embargo, que hoy por hoy sufrimos un exceso de tráfico rodado en dirección a Eslovenia, después de que Austria haya optado por reducir el paso de los TIR por su territorio. 
Es necesario que también con Eslovenia se alcance un acuerdo, a fin de que el transporte de mercancías se lleve a cabo, cada vez más, por ferrocarril en cambio que por carretera. 
Señor Presidente, Señorías, es muy raro en este Pleno no agradecer a los ponentes el trabajo llevado a cabo. Ahora bien, en este debate, haré una excepción y no daré las gracias a los ponentes que con sus informes han pretendido envenenar un debate que podría haber sido sosegado y tranquilo. 
Y digo esto a sabiendas de pertenecer a ese Partido Radical transnacional de Marco Pannella, el que se refirió el Sr. Posselt, que fue uno de los primeros en luchar denodadamente en favor del reconocimiento de Eslovenia. 
Se equivoca usted, Sra. Iivari, cuando en su exposición de motivos falsea la realidad histórica y política silenciando el hecho de que si existe este grave retraso en cuanto al acuerdo de asociación, ello es debido exclusivamente al rechazo esloveno en cumplir las solicitudes de la Unión Europea- incluso en lo concerniente a solucionar el contencioso bilateral- formuladas a través del llamado «compromiso Solana» y que luego, por desgracia, la nueva Presidencia italiana quiso eliminar obteniendo en Florencia un resultado en beneficio propio, pero haciendo de ese modo tabla rasa respecto a las posibilidades de que por fin pudieran solucionarse los gravísimos problemas vinculados con el contencioso bilateral. 
En efecto, el compromiso contraído de devolver los bienes abandonados y, en general, de solucionar y cerrar el contencioso bilateral se esfumó para siempre con ese gesto. 
También es verdad, que debe atribuirse una grave responsabilidad al respecto al Gobierno Prodi, sin embargo, la reconstrucción de los hechos relatados en el informe de la Sra. Iivari es falsa, porque nuestra espera de año y medio se debió al hecho de que la Unión insistía en ese documento y Eslovenia, como sabemos, quiere mantener su legislación sobre los bienes, a pesar de que la misma va en contra de las normas en vigor en el resto de la Unión Europea. 
Es muy grave, Sr. Posselt, escribir lo que usted escribió en la exposición de motivos de su informe, que pedí y obtuve del Presidente Hänsch que se suprima del texto que después va a ser aprobado oficialmente. 
Reconstruir la historia sin mencionar en lo más mínimo las persecuciones sufridas por la comunidad italiana, la angustia, el exilio al que miles de personas se vieron forzadas, es muy grave e inaceptable y obligará a nuestro Grupo a no votar su informe, en el caso de que sigan apareciendo falsedades gravísimas que nos hacen correr el riesgo de ofrecer a la opinión pública una imagen absolutamente distorsionada del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, pese a los horrores de la guerra civil en la antigua Yugoslavia, Eslovenia ha logrado desarrollarse convirtiéndose en una democracia estable en la cual son respetados las libertades fundamentales y los derechos de las minorías. 
Gracias al hecho de la breve duración del conflicto armado para ese país, resultaron posibles todas las condiciones favorables que permitieron una transición fructuosa hacia una economía de mercado. 
Con la desaparición de los mercados tradicionales de exportación en el marco del antiguo pacto de Varsovia, ha logrado Eslovenia orientarse en dirección de los países occcidentales. 
Una rigurosa política monetaria y una fuerte disciplina fiscal constituyeron otras de las condiciones para un desarrollo económico favorable. 
El Acuerdo Europeo puede brindar un nuevo impulso a la economía eslovena. 
Impulso que necesita con urgencia en la actualidad habida cuenta el crecimiento económico menos acelerado, el aumento del paro y la degradación de la balanza comercial. 
Las autoridades eslovenas se ven confrontadas a problemas típicamente occidentales, tales como la contención de los costes laborales y la prevención de un debilitamiento de las finanzas nacionales a través de una reforma del sistema social. 
Mediante una relación comercial lo más abierta posible entre la Unión Europea y Eslovenia se hace necesario fomentar un desarrollo económico complementario de este país. 
Concretamente en el ámbito de transportes será posible desarrollar las relaciones entre los Estados miembros de la Unión y Eslovenia. 
Desde un punto de vista geográfico constituye este país un eslabón entre Europa Occidental y los Balcanes. 
Las autoridades eslovenas conceden por consiguiente una alta prioridad a la instauración de una infraestructura adecuada. 
La integración de Eslovenia en el marco de las Redes Transnacionales Europeas reviste una gran importancia a ese respecto. 
Aunque tomará aún varios años antes de que la red de carreteras ofrezca la capacidad suficiente para acoger la creciente demanda de transporte. 
Por esta raón las relaciones de transporte entre la Unión Europea y Eslovenia estipuladas en el Acuerdo Europeo no son enteramente libres dada la necesidad de brindar al sector de transportes en dicho país una posibilidad de prepararse para el mercado interior. 
Para resumir, mediante la firma del Acuerdo Europeo se da acogida a Eslovenia en la estrategia de preadhesión, existiendo además la perspectiva de la adhesión a la Unión. 
Gracias a su cultura, marcada por el cristianismo occidental, es Eslovenia un lógico candidato a esa adhesión. 
Esperamos que el Parlamento esloveno proceda, tras las elecciones del próximo 10 de noviembre, a la rápida ratificación de este Acuerdo. 
Señor Presidente, como vecinos de Eslovenia, que hemos seguido y apoyado desde el principio sus afanes de autonomía con gran comprensión y ayuda práctica, los austríacos estamos naturalmente interesados en un acercamiento de Eslovenia a la UE. 
Pero el apoyo y la comprensión no pueden ser algo unilateral. 
Los liberales no entendemos porqué Eslovenia no quiere suprimir las disposiciones del Gobierno partisano yugoslavo de Jajce y declararlos nulos, tal como Croacia ha hecho ya hace mucho tiempo. 
Se trata de unas disposiciones que han acarreado muchas desgracias, injusticias, muerte y miseria a los antiguos austríacos de lengua alemana en ese Estado. 
Además, por motivos inescrutables, Eslovenia sigue sin estar dispuesta a conceder a este grupo étnico y al Gottschee un status justo de minorías. 
Tengo que contradecir claramente al orador anterior. 
Con otros grupos étnicos, como los húngaros, se ha hecho ya hace tiempo. 
Además, tenemos unos reparos justificados aún no eliminados en lo tocante a la deficiente seguridad de la central nuclear de Krsko, de la que partió una auténtica amenaza para la región fronteriza austríaca ante todo durante las luchas por la independencia. 
Aparte de ello, tenemos el justificado temor de que no se han analizado suficientemente los pasos de aproximación previstos en el Acuerdo, en parte automatizados, en el campo económico y en también en lo tocante a la libertad de movimientos en el mercado laboral- incluidos familiares -... 
(El Presidente insta al orador para que finalice )... 
Esto ocurre si a los grupos pequeños se les concede tan poco tiempo. 
Repito: tenemos unas justificadas objeciones en el campo económico y en lo tocante a la libertad de movimientos en el mercado laboral. 
Todos estos son problemas que afectan ante todo a Austria y en parte también a Italia. 
Los demás Estados pueden adoptar fácilmente y con ligereza resoluciones, pues no tienen que sufrir las consecuencias. 
El Gobierno del Estado federado de Carintia ha expresado el 9 de octubre de este año sus objeciones al Acuerdo. 
Finalmente, echamos de menos una señal de la buena voluntad eslovena frente sus vecinos en lo tocante a la política de dumping de los Duty-Free-Shops eslovenos, tan ruinosa para los pequeños comercios en el área fronteriza. 
Por ello, no podemos dar nuestro voto favorable al Acuerdo en su forma actual. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tarde pero no demasiado tarde también Eslovenia, un país que ha alcanzado unos elevados estándares en su desarrollo económico y democrático si se tiene en cuenta el punto de partida, se ha convertido en parte de un Acuerdo Europeo. 
Es cierto que Austria ha sido uno de los países que apoyó ya muy pronto su independencia y ofreció una mano amiga en las primeras turbulentas semanas. 
Está muy claro que este país está evolucionando de tal modo que le puede conducir a la postre al círculo de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es sin duda de gran importancia que a pesar de todas las dificultades y retrasos que se han producido, se haya llegado a la conclusión de este Acuerdo bajo la Presidencia italiana. 
Veo en ello una buena señal para la posterior evolución aunque en el debate de hoy he escuchado algunas cosas no solamente provenientes de colegas italianos sino también austríacos que me han consternado. 
Queda fuera de toda duda que en la Europa central y oriental existe un gran número de problemas nacionales y de minorías; sin embargo, dichos problemas no se pueden solucionar mediante arreglos de cuentas, hurgando en viejas heridas o mediante denuncias recíprocas, sino mirando juntos hacia el futuro, hacia unos objetivos comunes. 
Naturalmente, vamos a dar nuestro voto afirmativo a este Acuerdo a pesar de que hay una gran cantidad de cuestiones que deben exigirse al Gobierno esloveno. 
Se ha mencionado Krsko y la política de dumping de las tiendas duty-free, pero lo decisivo es la cooperación en una región que necesita un despegue económico y un nuevo humanitarismo. 
Señor Presidente, hasta ahora la Unión Europea ha concluido Acuerdos de Asociación con nueve Estados que contienen la perspectiva de una adhesión posterior para los mismos. 
De este modo se ha respondido a la cuestión básica de si la Unión se va ampliar hacia el Este. 
Pero las cuestiones del cuándo y cómo, es decir, del momento y las condiciones de la adhesión siguen estando abiertas. 
Si los países de la Europa central y oriental representaban antes de los cambios de 1989/90 un bloque relativamente homogéneo, al menos desde un punto de vista europeo, hoy se muestra que los candidatos a la adhesión son tan diferentes en sus posiciones de partida culturales, religiosas, geopolíticas y económicas, que no es posible dar un trato unitario a todos ellos. 
Esto significa que no solamente el punto de partida sino también el camino elegido por los diversos países para hacer realidad su objetivo de convertirse en miembros de la Unión Europea, es muy diferente. 
Si hoy como Parlamento Europeo, en el debate sobre los informes de los colegas Iivari y Posselt- a los que quiero felicitar por su excelente trabajo- pedimos la ratificación del Acuerdo Europeo entre Eslovenia y la Unión, esto quiere ser una señal para este joven Estado esloveno. 
Queremos reconocer que están en la vía correcta y los esfuerzos del Estado esloveno y de su población para retornar a una asociación de Estados de Europa, a la que Eslovenia a realizado grandes aportaciones a lo largo de su historia tanto en el campo económico, político o cultural. 
La Unión Europea plantea unos elevados requerimientos económicos y políticos a los países candidatos al ingreso de la Europa central y oriental. 
Creo que Eslovenia merece ser acogida lo más rápidamente posible en la Unión Europea debido a sus condiciones. 
Señor Presidente, Señorías, el tema objeto de debate reviste mucha importancia. 
Otra difícil frontera de Europa empieza a desaparecer, una frontera móvil en la historia, testigo de grandes tragedias y sufrimientos, todavía no olvidados, ni tampoco entregados a la serenidad de la historia. 
Voy a intervenir en calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y me voy a detener sólo en las cuestiones económicas planteadas sobre el terreno, en particular en la región de la frontera italo-eslovena. 
Por lo que se refiere a los acuerdos de Osino y a los posteriores acuerdos bilaterales con Italia, los mismos deben ser respetados totalmente y el Parlamento Europeo, al votar el acuerdo de asociación debe actuar como garante. 
En cuanto al desarrollo de la economía eslovena, a la economía de mercado, es necesario recordar que en Eslovenia las privatizaciones avanzan a un ritmo incierto, mientras que en el mercado de capitales siguen existiendo todavía limitaciones respecto a las transacciones con el exterior y los bancos extranjeros que desean abrir sucursales, encuentran dificultades. 
Sería oportuno que los expertos de la Comisión alentaran al Gobierno esloveno a reformar las nuevas normas conforme a los criterios de armonización europea. 
En lo concerniente a los transportes y a las infraestructuras de relevancia europea, consideramos que Liubliana debe enlazarse por ferrocarril de alta velocidad con la red europea a través del eje Este-Oeste- Budapest, Liubliana, Trieste, Venecia- mientras que en el eje Norte-Sur existe un interés en completar tanto la línea de Maribor hacia Koper, como el sistema de transporte intermodal que recorre la actual frontera italo-eslovena. 
La cuenca del Isonzo, ubicada entre Eslovenia e Italia, deberá ser objeto de una planificación global tanto con relación a la utilización de los recursos hídricos como en lo referente a la gestión de las aguas que refluyen de Nueva-Görz. 
La región vinícola Collio deberá protegerse para las marcas doc europeas. 
En cuanto al problema del empleo, hay que destacar que las regiones italianas fronterizas con Eslovenia sufren una situación de marginación económica, que se resume en una tasa de desempleo de un 15 % respecto al promedio del norte y del este de Italia que es del 6, 4 %. 
La supresión de la frontera creará más desempleo, que deberá paliarse mediante acciones de política europea, tanto en materia de medidas estructurales de política regional como mediante medidas extraordinarias para la evaluación de la cooperación transfronteriza. 
Finalmente, Gorizia es la última ciudad de Europa divida por una frontera que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. 
Gracias al acuerdo europeo, Gorizia y Nova-Görz van a convertirse en un laboratorio de ideas e iniciativas entre diferentes culturas y etnias, a fin de transformar el vínculo fronterizo en una oportunidad de cooperación y crecimiento. 
Por último, deseo hacer una consideración de carácter técnico sobre el informe del Sr. Posselt. 
La parte A de la resolución, que es el único texto respecto al que se requiere nuestro voto, es el fruto del trabajo colectivo de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que apruebo y ratifico. 
La exposición de motivos (parte B) es el fruto del trabajo exclusivo del ponente y respecto a la misma guardo ciertas reservas que, de todos modos, son irrelevantes a los efectos de nuestro voto. 
Señor Presidente, quisiera preguntar a esta Unión cómo y con quién desea convertirse en grande. 
Si el acercamiento entre Eslovenia y la Unión tiene como objetivo consolidar un sistema civilizado y democrático en su interior, además de fomentar el desarrollo económico, le doy la bienvenida. 
Si, por el contrario, el objetivo de este país es el de entrar en Europa y recoger sólo los beneficios económicos, menospreciando los derechos fundamentales de las libertades de la democracia, estoy en total desacuerdo. 
Eslovenia debería explicar qué es lo que quiere hacer respecto a las solicitudes de Italia relativas a la restitución de bienes inmuebles embargados a varias decenas de miles de refugiados italianos que escaparon de la antigua Yugoslavia en los años 50 y si tiene intención de reconocer a los ciudadanos italianos de Eslovenia los derechos fundamentales de libertad y democracia, lengua y cultura que disfrutan las minorías eslovenas en Italia. 
Estoy de acuerdo con las iniciativas dirigidas a promover la integración en la Unión Europea de este país, sin embargo, invito a sus autoridades a fomentar iniciativas políticas para garantizar a todos los pueblos y etnias residentes en Eslovenia, las garantías fundamentales de libertad, democracia, lengua y cultura, antes de entrar a formar parte de esta Unión. 
Deseo hacer hincapié en el gran esfuerzo llevado a cabo y en el notable progreso llevado a cabo por este país hacia la transición democrática a partir del 25 de junio de 1991, fecha en que Eslovenia reclamó el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 
El mismo derecho a la autodeterminación, hay que subrayarlo, es sofocado dentro de la Unión por parte de muchos Estados miembros respecto a regiones y pueblos enteros, que garantizaron en todo momento en su interior los ya mencionados principios de libertad. 
¡Padania es el último ejemplo de esto! 
Por consiguiente, invito a los Estados miembros de la Unión a vigilar y a actuar para que se garanticen la democracia y el respeto mutuo de las peculiaridades culturales y sociales. 
Señor Presidente, los diputados de Alianza Nacional aprovechan la ocasión para reiterar su convencimiento de que antes de ampliarse a otros países, la Unión Europea debería consolidar su contexto actual, llevando a cabo esa unidad política que nosotros anteponemos al la meramente económica. 
En lo que se refiere, en particular, al acuerdo de asociación con Eslovenia debemos lamentar que esa República no ha atendido, siendo cómplice el Gobierno Prodi, las legítimas expectativas de los italianos que, habiendo sobrevivido a la horrible y bíblica limpieza étnica, llevada a cabo hace cincuenta años por el ejército comunista de la antigua Yugoslavia- 350.000 italianos expulsados de Yugoslavia en pocos meses y varias decenas de miles de italianos lanzados vivos al vacío desde las montañas de la antigua Yugoslavia- reclaman la restitución de los bienes que les fueron robados. 
Esta restitución ya debía haberse realizado no sólo como obligación por parte eslovena, sino, ante todo, como prueba de esa civilización que no pudiendo pesarse en una balanza, debe demostrarse a través de actos de alto valor moral como, por ejemplo, la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios y descendientes. 
La Unión Europea que siempre, y a menudo sólo con palabras, se erige en ejemplo de vida y faro de justicia para los pueblos, debe empezar a liberarse de esa mentalidad exclusivamente bancaria y mercantil, en virtud de la cual se tienen en cuenta sólo las garantías materiales y se hace caso omiso, por desgracia, de esos valores morales que son la prueba fehaciente de una civilización lograda y madura. 
Señor Presidente, permítaseme decir en primer lugar lo mucho que lamento que éste vaya a ser el último Pleno al que va a asistir la Sra. Iivari. 
En el futuro se añorará mucho su asidua labor en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Permítaseme decir con cuánto beneplácito acojo este acuerdo, que se ha producido en el momento más adecuado, y felicitar a todos los que han participado en la resolución de las dificultades. 
Y, naturalmente, se debe reconocer el mérito de la Presidencia española por haberlo sacado del atolladero en que se encontraba. 
Se trata, desde luego, de un acuerdo importante, porque Eslovenia, como han dicho varios diputados, es claramente un candidato muy válido a la adhesión a la Unión Europea. 
Espero que algunos de nuestros colegas recuerde que de lo que nos ocupamos en esta institución es de crear una nueva Europa y no volver a reñir las batallas de la antigua Europa. 
Naturalmente, Eslovenia no debe dar por sentado que la consecuencia automática de este acuerdo vaya a ser su adhesión a la Unión Europea. 
Queda mucho por hacer. 
Eslovenia debe tener presente en particular que la adhesión a la Unión de Europa entraña la aceptación del acervo comunitario en su totalidad, sin excepciones, salvo las temporales. 
Sin embargo, no quiero volver sobre lo ya dicho por otros diputados en este debate. 
Quiero centrarme en una cuestión concreta y dirigir mis observaciones al Comisario van den Broek. 
Ahora la arquitectura europea se compone de una serie de acuerdos: el Espacio Económico Europeo, por ejemplo, los acuerdos de asociación con la Europa central y oriental, el CEFTA, los acuerdos de libre cambio con los países de la AELC. 
Las ventajas plenas de todos ellos no se dejarán sentir hasta que no pasemos a tener normas paneuropeas en materia de acumulación. 
Reconozco la labor que ha llevado a cabo la Comisión al respecto y acojo con particular beneplácito la decisión adoptada por el Consejo de Presupuestos en el mes de julio para introducir la comunicación diagonal entre el EEE, Suiza y los países de la Europa central y oriental. 
No obstante, lo que necesitamos es avanzar hacia la acumulación total de las normas de origen para poder aprovechar al máximo el potencial económico de esos acuerdos que en parte coinciden. 
Espero que la Comisión conceda esa prioridad máxima en el próximo período, independientemente de los debates que se puedan celebrar sobre la futura ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, he oído repetir en este Pleno una extraña ecuación: a un informe equivocado le corresponde un acuerdo equivocado. 
Sin embargo, el propio acuerdo es la esencia y el informe un mero accidente. 
De todos modos, no voy a utilizar el adjetivo histórico para definir el acuerdo, por un motivo muy simple. 
La página que acabamos de volver y que merece ser definida como histórica es la de la separación ideológica entre la Comunidad- hoy Unión- y el otro pulmón de Europa. 
En la actualidad, hemos alcanzado una normalidad en los acuerdos, sin duda difíciles, pero una normalidad que quiere trazar las líneas no tanto de una convivencia, sino de algo más significativo para la realidad continental. 
Por consiguiente, no puedo manifestar mi desacuerdo respecto a un acuerdo como éste, lo que no significa una absolución para nadie respecto a lo que sucedió en el pasado y cuando digo «nadie» , quiero decir exactamente «nadie». 
Sin embargo, si Europa se tuviera que dedicar a contar las sinrazones y las razones que se remontan, las primeras, a regímenes totalitarios y sistemas dictatoriales, no sería una Europa de hoy y ni siquiera de mañana, a pesar de la Europa de las guerras civiles de ayer y anteayer. 
Por lo tanto, conviene reiterar con fuerza que la Europa que hoy se abre hacia Eslovenia y mañana a otros países de Europa central y oriental, es una Europa democrática, donde el respeto de los derechos de las minorías y de todos los derechos humanos es ley, la misma ley que otorga el derecho a la ciudadanía. 
Se trata de un continente que ha tenido una historia compleja y complejas han sido las fronteras de los países nacionales. 
Es una cuestión de jardinería, según dicen los americanos cuya historia es muy diferente. 
Se trata de cuestiones que no pueden reducirse a la jardinería- diríamos nosotros- pero sólo si nos inspirásemos en la lógica del nacionalismo y en la consiguiente delimitación en Estados nacionales. 
El espíritu del acuerdo es otro, es un espíritu europeo, en el que incluso las complicadas cuestiones de «jardinería» pueden encontrar una solución nacional, que respete los derechos de todo el mundo. 
Sin embargo, no quisiera que se olvidara que un partido político de minoría italiana no obtuvo su reconocimiento legal. 
Se trata de un hecho grave que requiere una reparación más que una aclaración. 
Tampoco vale decir que se trata sólo de un pequeño defecto en un panorama muy distinto. 
Aunque se tratara de un pequeño defecto, y quizás lo es, de cualquier modo sería siempre la violación inadmisible de un derecho civil y político. 
Así y todo, deseo manifestar mi confianza en que se repare tal sinrazón, manifestando mi voto a favor del acuerdo, que se justifica en el marco global de la situación eslovena por el hecho de que dicha República es un punto de referencia en el agitado mar de la antigua Yugoslavia, lo que implica posibilidades de cooperación cada vez más intensa también con los países limítrofes, hecho que constituye una buena y renovada savia para la construcción europea. 
Éste es el ámbito en que deberán solucionarse los contenciosos que aún siguen existiendo, en particular con Italia y los italianos que vivieron y siguen viviendo allí. 
Señor Presidente, he seguido muy atentamente el debate y he comprobado que en algunas intervenciones se ha hecho una exposición muy miope de las cosas. 
En este Acuerdo no se trata sólo de inmuebles o de Italia sino que se trata de la integración de Eslovenia en nuestra Europa común. 
Es satisfactorio comprobar que al respecto existe consenso. 
No obstante, hay algo en el debate que no se ha tratado suficientemente; me refiero a una mayor información y explicación a nuestros ciudadanos de la Unión de lo que significa realmente este Acuerdo. 
Hay que proporcionar esta información para que nuestros ciudadanos puedan dar su asentimiento al Acuerdo. 
Ya se ha dicho que Eslovenia, la Unión y, en consecuencia, mi país, Austria, y la Estiria, van a beneficiarse económicamente de este Acuerdo. 
Pero lo que no se ha dicho en absoluto es el hecho de que todos nosotros, no sólo los eslovenos, sino toda Europa podemos esperar un beneficio en la política exterior y de seguridad por el hecho de que tenemos la oportunidad de ampliar la zona de paz asegurada a esta problemática región de los Balcanes y lograr resultados positivos para todos. 
Tampoco se ha hecho ninguna referencia a que en este Acuerdo se ha acordado por primera vez mucho más sobre cuestiones de seguridad nuclear que en todos los Acuerdos anteriores de este tipo. 
También se ha indicado que en el tema de la infraestructura del tráfico tenemos oportunidades si las utilizamos. 
Ahora bien, en este contexto Austria debe indicar, si bien con un tono algo diferente al que se ha escuchado, que no podemos perder de vista una importante conditio sine qua non para este Acuerdo de Asociación y, ante todo, para la posterior adhesión de Eslovenia a la Unión Europea. 
Unión Europea significa para nosotros y, en consecuencia, también para Eslovenia como futuro país miembro: derechos humanos, Estado de derecho y protección de las minorías. 
Por ello, exigimos a Eslovenia que ratifique sin demora el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de las minorías. 
De este modo se garantizarán unas bases jurídicas seguras para las minorías de lengua alemana e italiana en este área. 
Apelo también a Eslovenia para que solucione humanitariamente en el espíritu de una nueva cooperación europea las expropiaciones que tuvieron lugar en dos casos en el siglo XX en este área. 
Señor Presidente, permítame aprovechar antes que nada la oportunidad de agradecer a la Sra. Iivari su informe sobre el Acuerdo Europeo y al Sr. Posselt por su informe sobre los aspectos comerciales y económicos relacionados con dicho acuerdo. 
Desearía sumarme a los pronunciamientos del Sr. Titley y, de parte de la Comisión Europea, a la Sra. Iivari que asiste hoy a su última reunión plenaria y a desearle los mayores éxitos. 
Tal como ha sido señalado por Sus Señorías, la ratificación de este Acuerdo Europeo por parte del Parlamento Europeo constituye un paso de extrema importancia para Eslovenia en su marcha hacia la integración en el ámbito de la Unión Europea. 
Si por una parte se brinda a los gobiernos y a los parlamentos de nuestros Estados miembros una clara señal, reviste también suma importancia que los parlamentos nacionales aborden este Acuerdo Europeo con el mismo dinamismo con el que se propone hacerlo el Parlamento Europeo. 
Desde el día de la proclamación de su independencia, en junio de 1991, ha luchado Eslovenia por su inclusión en la Unión Europea. 
Conservo en mi memoria aún con suma claridad los acontecimientos en torno a esa época y la manera en la cual Eslovenia se hallaba al borde de un precipicio, prácticamente arrastrada a un proceso que luego degeneraría en toda la tragedia yugoslava. 
Afortunadamente esto se evitó y en ese contexto la Unión Europea pudo en todo caso desempeñar un positivo papel. 
Traigo a la memoria de Sus Señorías el acuerdo concluido en Brioni, en julio de 1991, bajo la dirección de la troika europea. 
Desearía también expresar cuanto estimo los esfuerzos realizados por la Presidencia española por dejar a un lado los problemas surgidos con la conclusión del Acuerdo Europeo con Eslovenia. 
Concuerdo con todos aquellos que sostienen que ha llegado el momento de mirar hacia adelante, de hacer capitalizar el acuerdo alcanzado y de resolver los demás problemas efectivos que siguen aún pendientes. 
Deseo igualmente hacer mención una vez más de la importante contribución aportada por el Presidente Hänsch en abril pasado. 
Estimo que su alocución al parlamento esloveno ha desempeñado un importante papel la posibilidad de que tanto la Unión Europea como Eslovenia ratificasen el Acuerdo Europeo el pasado 10 de junio. 
En esa fecha solicitó Eslovenia la adhesión a la Unión, reafirmando de esa manera su solidaridad con la integración europea. 
Respondiendo a las observaciones efectuadas por muchas de Sus Señorías, deseo aún señalar que Eslovenia ha prometido adoptar las modificaciones legales y constitucionales necesarias para poner en aplicación efectiva lo estipulado por el Acuerdo Europeo. 
Esta decisión se me hizo evidente durante las conversaciones que efectué hace tres semanas con el Presidente, el gobierno y diputados parlamentarios en Eslovenia. 
Al mismo tiempo esto quedó confirmado por el Primer Ministro Donovtsjek ante la delegación del Parlamento Europeo en ocasión de una reciente visita a Ljubljana. 
Tras la firma del Acuerdo Europeo se procedió igualmente a aprobar el acuerdo provisional con Eslovenia que esperamos podrá entrar en vigor el próximo 1 de enero. 
Ayer la Comisión aprobó la propuesta correspondiente y de acuerdo con el calendario previsto el próximo 5 de noviembre podrá procederse a la firma del acuerdo provisional. 
Es sabido de Sus Señorías que de esa manera será posible poner en práctica con antelación a la ratificación del Acuerdo Europeo la totalidad de aspectos comerciales y económicos estipulados por éste. 
Comprendo que el calendario previsto para esta decisión y la consiguiente consultación a este Parlamento resulta apretado. 
Comprendo que este Parlamento se sienta presionado, por lo cual he velado que tanto el Parlamento como su Comisión de Asuntos Exteriores queden informados enteramente de los avances alcanzados y agradezco a Sus Señorías su respaldo y colaboración en la inclusión del procedimiento urgente necesario para la firma, en tiempo oportuno, de este acuerdo. 
En la actualidad Eslovenia está ya cooperando estrechamente con la Unión con vistas a una puntualizada preparación de la adhesión. 
Podría señalar en ese contexto los grandes esfuerzos desplegados por las autoridades eslovenas de cara a poder responder al cuestionario presentado por la Comisión, dentro del plazo establecido, es decir el 25 de julio pasado. 
Las respuestas a dicho cuestionario habrán de revestir gran importancia para el dictamen sobre la solicitud de adhesión por parte de Esolvenia, dictamen que habrá de pronunciar la Comisión una vez celebrada la Conferencia Intergubernamental. 
En caso de ratificarse y ponerse en aplicación el Acuerdo Europeo, Eslovenia podrá participar, al igual de los demás países asociados de Europa Central y Oriental, en el proceso de gestión previo a la adhesión. 
Una señal positiva en el momento actual consistirá en estimular aún más al nuevo gobierno que resultará de las elecciones del próximo 10 de noviembre para que encare positivamente los desafíos que cabe esperar, concretamente en el ámbito de la estrategia nacional de adhesión. 
Conjuntamente con la liberalización de la legislación relativa a la propiedad, Eslovenia deberá consolidar sus reformas económicas y modificaciones del aparato estatal de modo a gestionar con eficacia una economía de mercado y poder competir a continuación en el mercado interior. 
Desearía señalar la positiva y constructiva relación de trabajo establecida entre la Comisión y las autoridades eslovenas. 
Espero que el nuevo gobierno proseguirá con el mismo ánimo y aspiro a una extensión ulterior de las relaciones bilaterales con el objetivo final de aceptar a Eslovenia como nuevo país miembro de la Unión Europea. 
Por último, deseo dejar bien clara mi confianza en que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo habrán de acompañar a Eslovenia en su marcha hacia la integración europea brindándole el máximo de apoyo constructivo, que no dejaría de ser crítico además, si fuese necesario. Con esto me estoy refiriendo concretamente a problemas aún pendientes y que pueden ser resueltos en un ambiente de reflexión y de cooperación adecuadas. 
Señor Presidente, auguramos en realidad una mayor cooperación con Eslovenia y un fructuoso proceso de integración. 
Señor Presidente, no sólo quiero felicitar al Comisario por su excelente trabajo y prometerle que nos vamos a ocupar intensamente del Acuerdo interino, sino que además quiero emitir una breve declaración política personal sobre la observación realizada por el Sr. Dell ' Alba quien me ha acusado de falsificación. 
Creo que tengo el derecho a ello según el Reglamento. 
Lo siento, pero no ha habido ninguna alusión personal sino un debate político en el que un diputado ha manifestado su desacuerdo con su informe. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Plan de acción para Rusia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
Schroedter, Aelvoet y Roth, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre un plan de acción para Rusia; -B4-0972/96 de la Sra. Kjer Hansen y del Sr. Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre la estrategia de la Unión Europea respecto a Rusia; -B4-0973/96 de los Sres. Miranda, Carnero González, Piquet, Vinci y Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre el plan de acción de la Unión Europea para Rusia-B4-0980/96 de las Sras Hoff y Krehl y de los Sr. Truscott, Iivari y Wiersma, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al Consejo, sobre el plan de acción de la Unión Europea para Rusia; -B4-0981/96 de las Sra. Hoff y Krehl y de los Sres. 
Señor Presidente, señor Comisario, el 13 de mayo pasado el Consejo aprobó el plan de acción para Rusia. 
La iniciativa era loable. 
Tenía principalmente como objetivo apoyar la vía de las reformas en vísperas de las elecciones presidenciales rusas, que se preveían con ciertas dificultades. 
También tenía como objetivo determinar una serie de acciones a emprender, a la espera de que el Acuerdo de Asociación y Cooperación fuera ratificado por todos los países de la Unión y pudiera entrar en vigor. 
Pero, por justificado que sea este plan, me ha parecido un poco somero. 
Por ello he querido preguntar al Consejo y a la Comisión con el fin de que puedan, en un futuro próximo, aclarar más sus orientaciones y concretar sus acciones. 
En efecto, Rusia es un país vinculado a nosotros con unas características que lo hacen diferente de los demás. 
Por sus dimensiones, por su posición geoestratégica, por su historia antigua y reciente, por su peso político y militar, Rusia está llamada a jugar un papel esencial para nosotros y con nosotros. 
Y este socio esencial es también imprevisible. 
Ello requiere por nuestra parte una política basada al mismo tiempo en una visión de nuestros objetivos a largo plazo y en mucho pragmatismo a corto plazo. 
Tendremos ocasión de volver a hablar de todas estas cuestiones cuando yo mismo presente el informe que se me ha encargado sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. 
Hoy, a propósito del plan de acción, quisiera simplemente subrayar que, por lo que respecta a nuestra contribución a las reformas democráticas y jurídicas en Rusia, creo que el plan enumera acciones sin destacar suficientemente la enorme importancia de este trabajo que condiciona la puesta en práctica de un estado de derecho en Rusia, que a su vez condiciona el éxito (o el fracaso) de las reformas económicas. 
En este sentido quisiera destacar la importancia de la reforma fiscal. 
Si podemos contribuir a la puesta en marcha de un sistema fiscal digno de ese nombre habríamos hecho realmente algo útil, pues uno de los males que socavan este país es la dramática insuficiencia en la recaudación de impuestos. 
Por tanto, no hay democracia ni estado de derecho sin un mínimo de recursos fiscales. 
Por lo que respecta a la cooperación económica, en el plan se adelantan muchas ideas, incluyendo el ámbito de la energía nuclear, el medio ambiente o la modernización del aparato productivo. 
En este sentido debemos insistir no solamente en el hecho de que nuestra ayuda debe ser masiva, sino que nuestros programas, como TACIS, deben estar mejor adaptados, mejor controlados y coordinados con los programas dirigidos por nuestros países miembros o por los organismos financieros como el FMI, el BERD o el BEI. 
Pero habría que preocuparse también por la situación social, cuya gravedad puede poner en peligro todo el edificio de las reformas. 
Evidentemente, la amplitud de las necesidades es tal que la Unión Europea nunca podrá ayudar en la medida de las necesidades existentes. 
A pesar de todo, esta dimensión social no debería dejarse de lado en nuestros programas. 
Así, sería necesario que el programa TACIS concediese mayor importancia a los ámbitos de la salud, de la educación y de la protección social. 
Finalmente, en lo que respecta a la cooperación política, lamento el silencio del plan de acción. 
Sin duda, menciona la cooperación en el ámbito de la justicia y de los asuntos interiores, o de las cuestiones relativas a la seguridad en Europa. 
Pero todo esto es realmente insuficiente pues no se indica nada sobre medios prácticos para luchar contra los diversos tráficos mafiosos que corrompen a Rusia y a los países de la Unión. 
Igualmente insuficiente es el párrafo sobre la política exterior, que debería estar situada en su contexto global y en particular en el de la ampliación de la Unión a los PECO. 
Todas estas cuestiones interpelan al Consejo y a la Comisión. 
Volveremos con más detalle sobre este debate de las relaciones entre la Unión y Rusia en este mismo hemiciclo. 
Independientemente del hecho de que un plan de acción de este tipo para la Federación Rusa apoya el papel dominante de los rusos dentro de la CEI y de que existe el peligro de que se pueda malinterpretar como apoyo a sus pretensiones de hegemonía, este plan de acción no es realmente otra cosa que una pompa de jabón. 
No contiene más de lo que ya se preveía en el marco del Convenio de Colaboración y Cooperación, del Acuerdo interino, del Reglamento TACIS y de otras ayudas económicas. 
No hay excusa para la ausencia de actividad de los europeos occidentales cuando fue urgentemente necesario intervenir políticamente, por ejemplo, en el caso de Chechenia, donde se atentó masivamente contra los derechos humanos. 
El silencio sobre la guerra de Chechenia es algo más que una vergüenza desde que se sabe que Rusia ha empleado una nueva arma de aniquilación masiva- la bomba de vacío- contra la propia población civil. 
Espero que la Comisión dé unas respuestas claras sobre lo que se ha hecho realmente en el último medio año para apoyar el desarrollo democrático en Rusia. 
En este aspecto, el plan de acción es un proyecto realmente digno de de ser apoyado pero todavía no se han dado respuestas, por ejemplo, a la cuestión de cómo ha intervenido la Comisión ante el Gobierno ruso en lo tocante a Alexander Nikitin. 
Utiliza ya los excelentes resultados del informe Bellona para la preparación de programas TACIS que son urgentemente necesarios. 
Mi visita a Murmansk ha mostrado que los programas de ayuda surten efectos allí. 
Pero Alexander Nikitin sigue en la cárcel. Ni siquiera pude visitarle. 
Se le condena como espía a pesar de que ha realizado a ese país un servicio realmente valioso y de que ha proporcionado bases para nuestro trabajo. 
En un decreto secreto se le acusa de haber traicionado al país. 
Es urgentemente necesario que la Comisión diga concretamente cuándo y dónde ha intervenido y qué medios de presión ha empleado. 
Señor Presidente, señor Comisario, el 13 de mayo el Consejo Europeo acordó un plan de acción para Rusia. 
La finalidad de este programa era confirmar en los tiempos previos a las elecciones a la Presidencia rusa la importancia de una auténtica cooperación entre la Unión Europea y Rusia y al mismo tiempo impulsar reformas adicionales. 
En las últimas semanas se ha visto de nuevo claramente que la cooperación es de gran importancia para garantizar la seguridad y la estabilidad en todo el continente europeo. 
Las luchas por el poder en el Kremlim, en especial por la posición del asesor de seguridad del Presidente ruso, han creado inseguridad durante los últimos días en la Unión Europea, ante todo entre los Estados asociados con la Unión Europea. 
Estamos muy satisfechos de que se haya encargado ahora esta función al antiguo Presidente de la Duma, pues esperamos que esté en situación de fortalecer el diálogo con las instituciones de la Unión Europea. 
La estabilidad interna de Rusia no es solamente de importancia para nosotros porque Rusia sea nuestro vecino directo sino también porque sólo así se podrán resolver los grandes problemas económicos del país. 
Unas transformaciones con éxito del sistema y el saneamiento de la economía de Rusia harían de la República un interlocutor de reacciones previsibles para nosotros. 
La guerra en Chechenia es una grave carga de por si, pero en especial para el presupuesto ruso. 
Esperamos que la paz negociada por el general Lebed se mantenga en el futuro y que se pueda comenzar con la reconstrucción en esta región. 
Independientemente de ello, hay que conceder una prioridad absoluta a las reformas económicas. 
En los últimos días, se nos han presentado informes según los cuales el 75 % de la población rusa vive por debajo del límite de la pobreza y millones de trabajadores esperan durante meses al pago de sus salarios. Esta catástrofe social podría contribuir también a la inseguridad e inestabilidad en Rusia. 
El programa que se ha presentado ahora puede contribuir a que la Unión Europea apoye a Rusia a superar sus problemas y a proseguir el proceso de reformas. 
Pero esto no es suficiente; son necesarias más medidas de mayor calado. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión preparen junto con el Parlamento un catálogo de medidas, debiéndose tener en cuenta al respecto que hay que integrar los instrumentos ya existentes. 
Esperamos que en la elaboración del informe de la Sra. Lalumière, en la Comisión de Asuntos Exteriores podamos seguir deliberando al respecto. 
Creo que el Acuerdo de Cooperación sigue siendo el elemento central de la estrategia occidental para la cooperación con Rusia. 
Ambas partes tienen que realizar aún grandes esfuerzos para llenar este Acuerdo de contenido. 
Espero que en la Unión Europea estemos en situación de realizar nuestra aportación al respecto. 
El Consejo Europeo de Florencia acogió con beneplácito las constantes mejoras en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, reflejadas muy en particular en la entrada en vigor del acuerdo provisional en febrero de 1996 y la aprobación del plan de acción por el Consejo el 13 de mayo de 1996. 
Dicho plan de acción, que abarca el apoyo al proceso democrático, la cooperación económica, la seguridad y las relaciones exteriores y la justicia y los asuntos de interior, se aplicará rápida y eficientemente en total cooperación con las autoridades rusas. 
El acuerdo de asociación y cooperación constituye el marco esencial para el desarrollo de las relaciones de la Unión con Rusia. 
En espera de su entrada en vigor, se están aplicando las disposiciones del AAC mediante un acuerdo provisional. 
El Consejo considera el plan de acción un elemento importante para la intensificación de las relaciones entre la UE y Rusia. 
El plan comprende una gran diversidad de esferas de acción determinadas por el Consejo el 20 de noviembre de 1995 y se centra en diversas prioridades. 
Antes de que el Consejo aprobara el plan, la troika y la Presidencia italiana presentaron a la parte rusa los rasgos principales del plan de acción en Roma y Bruselas. 
Evidentemente, el plan de acción requerirá una coordinación estrecha y constante entre las acciones de la Comunidad Europea, cuyo principal instrumento de apoyo sigue siendo el programa TACIS, las acciones de los Estados miembros y, si procede, los otros donantes principales a fin de lograr la máxima eficacia desde el punto de vista de la sinergia y la complementaridad. 
Corresponde a la Unión velar por que la aplicación del plan sea resultado de una actuación conjunta con Rusia y de una estrecha cooperación entre la Unión y sus Estados miembros. 
En los sectores del primer pilar, se han logrado avances en el ámbito de las relaciones contractuales con vistas a la ratificación del AAC con Rusia. 
Ya se está aplicando el acuerdo provisional, que dispone la entrada en vigor de las disposiciones del AAC relativas al comercio, al tiempo que se han celebrado negociaciones sobre el nuevo orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el AAC. 
En el sector de la cooperación regional, la Comisión ha presentado, naturalmente, su iniciativa respecto de la cooperación báltica y también se apoya, con cargo a TACIS, la cooperación transfronteriza. 
Las acciones previstas en los sectores de la energía nuclear, la seguridad nuclear y el medio ambiente y las medidas encaminadas a modernizar el sistema de producción son, naturalmente, de gran importancia, dados los daños causados al medio ambiente en Rusia en el pasado. 
Dichas acciones se están aplicando y examinado también con cargo a TACIS. 
En el sector de la cooperación en la esfera de la justicia y los asuntos de interior, en un seminario que se celebrará a primeros de diciembre en Finlandia y al que asistirán expertos de Rusia y de los Estados miembros se abordarán las medidas encaminadas a luchar contra la delincuencia organizada. 
Se tratarán concretamente las repercusiones de la delincuencia organizada y de las drogas en Rusia y la Unión. 
También se abordarán medidas de cooperación para luchar contra esas actividades. 
La enumeración que acabo de hacer de las medidas que están en marcha no es exhaustiva. 
En el futuro se abordarán, naturalmente, otras acciones. 
Algunas de las acciones concretas previstas en el plan de acción quedan comprendidas en procedimientos que ya existen, como, por ejemplo, el programa TACIS. 
Naturalmente, la Comisión es la más indicada para explicar cómo puede contribuir TACIS a la ejecución del plan de acción. 
En el marco del desarrollo de las relaciones globales con Rusia, el Consejo agradece profundamente la valiosa contribución del Parlamento Europeo. 
El presente debate brinda una útil oportunidad de celebrar un intercambio de opiniones sobre esas importantes cuestiones y esperamos con interés oportunidades similares en el futuro. 
Para abordar los otros sectores a que Sus Señorías se han referido, quisiera señalar que, por lo que a la investigación se refiere, Rusia puede ya participar, con ciertas condiciones, en varios proyectos con arreglo al cuarto programa marco. 
En el marco de los recursos presupuestarios disponibles, se deben fomentar sin lugar a dudas los programas de cooperación en la esfera de la investigación y la innovación con vistas al interés mutuo de las partes, siempre y cuando se dé la protección adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial. 
Ya me he referido a la esfera de la justicia y los asuntos de interior, pero, en relación con los asuntos relativos al asilo y la readmisión, ésa es una de las cinco prioridades más importantes del plan. 
También ocupa un puesto destacado en la lista de los sectores en los que se van a adoptar medidas el seguimiento del problema de los refugiados y los desplazados en la CEI. 
Sobre la lucha contra el tráfico y la delincuencia organizados, el plan establece que esa cooperación podría adoptar la forma de intercambios periódicos de información, teniendo debidamente en cuenta la legislación nacional e internacional sobre la protección de datos, la creación de una red de puntos de contacto y la participación en seminarios. 
Por lo que se refiere a la participación del BEI, conviene recordar que el papel del Banco Europeo de Inversiones es el de financiar el desarrollo de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Interviene en el exterior sólo sobre la base de decisiones concretas y unánimes de su Junta de Gobernadores. 
En el caso de Rusia, conviene subrayar que el BERD, el Banco Mundial y TACIS ya están financiando operaciones, que complementan las contribuciones de los Estados miembros. 
Gracias a ello, el compromiso financiero de los Estados miembros y las organizaciones internacionales para con la Federación de Rusia es ya bastante substancial. 
Sobre la cuestión de la cooperación en materia de energía nuclear, el Consejo quisiera señalar que ha autorizado a la Comisión a concluir, de conformidad con el Tratado Euratom, dos acuerdos de cooperación en las esferas de la fusión nuclear controlada y de la seguridad nuclear, encaminada, esta última, a contribuir a mejorar la seguridad nuclear y, en particular, formular y aplicar directrices en materia de seguridad nuclear científica e internacionalmente acordadas. 
En ese marco, uno de Sus Señorías ha mencionado el caso de Alexander Nikitin. 
El Consejo conoce ese caso y la preocupación del Parlamento. 
Actualmente ese caso está sometido a los procedimientos jurídicos rusos y el Consejo lo está siguiendo de cerca y toma nota de que el Parlamento lo está haciendo también. 
Además del programa con cargo a TACIS encaminado a la aproximación de las legislaciones en el marco de la carta de la energía, las medidas adoptadas con cargo a TACIS seguirán encaminadas a aumentar la diversidad y la seguridad del suministro de hidrocarburos en Europa. 
El 5 de julio de 1996, a raíz de las elecciones celebradas en Rusia, la Presidencia hizo una declaración en nombre de la Unión Europea en la que expresaba, entre otras cosas, la determinación de la Unión de seguir adelante con el establecimiento de relaciones estrechas, en el marco de una asociación substantiva y constructiva con la Federación de Rusia sobre la base de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. 
La Unión está observando estrechamente la situación en Chechenia. 
Ha acogido con beneplácito, como un acontecimiento positivo, los recientes acuerdos entre las autoridades rusas y los separatistas que se concertaron con la ayuda del grupo de asistencia de la OSCE en Chechenia. 
Tanto en las declaraciones públicas como en los contactos con las autoridades rusas, la UE ha subrayado coherentemente la importancia y la utilidad del grupo de asistencia para contribuir a la consecución de un alto el fuego y para buscar una amplia solución política negociada del problema. 
En conclusión, el Consejo no puede por menos de subrayar la gran importancia que concede a la entrada en vigor del acuerdo de asociación y cooperación en la más temprana oportunidad. 
El acuerdo constituirá la base de las relaciones entre la Unión y Rusia y consolidará jurídica e internacionalmente la posibilidad de cooperación en todos los sectores de interés mutuo. 
En espera de dicha entrada en vigor, el plan de acción constituye una prueba clara de la resolución de la Unión de fortalecer sus relaciones con Rusia y centrar la atención en cuestiones y objetivos prácticos concretos. 
Señora Presidenta, trataré de ser breve ya que el ministro Mitchell se ha referido ampliamente a las relaciones con Rusia. 
Por mi parte, desearía señalar una vez más a la Sra. Lalumière que el plan de acción en sí no está orientado a complementar aún más la amplia cooperación concluida concretamente en el marco del acuerdo de asociación y del acuerdo provisional establecido entre tanto, sino a dar un contenido más substancioso al acuerdo marco de trabajo y elaborar un programa de acción concreto con vistas a la puesta en aplicación de dicho acuerdo. 
A tales efectos se ha formulado además una comunicación que deseamos calurosamente poner a disposición de este Parlamento ya que en la misma consta por ejemplo también el procedimiento a seguir con el instrumento TACIS y con el presupuesto del mismo nombre, ambos existentes, con respecto a todos estos diferentes elementos. 
Se ha hablado mucho hoy de la manera en que eventualmente podremos respaldar el fortalecimiento de la democracia en Rusia. 
Entre tanto, toda una serie de proyectos ha venido acumulándose en este ámbito. 
Un ejemplo interesante lo consituye la cooperación que desplegamos con el Consejo de Europa, un programa común en deliberación con Rusia, a fin de ayudar a este país a satisfacer las condiciones requeridas con vistas a una adhesión al Consejo de Europa. Esto tiene mucho que ver con la aplicación de una legislación constitucional y de otras reglamentaciones. 
Existen otros proyectos que vienen ahora casualmente a mi memoria, encaminados a fomentar ciertos hermanamientos de ciudades; así vemos pues que también se toma en consideración el nivel administrativo inferior de cara a contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
Como también en el ámbito de la educación. 
Destaco a ese respecto una serie de ámbitos de gestión tales como el medio ambiente- pienso ahora en la Sra. Schroedter- y la seguridad nuclear, campo en el cual la colaboración con Rusia reviste, claro está, la mayor importancia. 
Del presupuesto total de que disponemos para proyectos de seguridad nuclear, es decir la seguridad de reactores nucleares, la mitad de la suma contenida en el programa TACIS está atribuida a Rusia, país que posee la mayoría de centrales nucleares y, por ende, donde se presenta el mayor riesgo. 
No tomaré en consideración a este respecto toda la cuestión de Chernóbil en Ucrania, por tratarse de hecho de un proyecto G-7 y no tan exclusivamente de un proyecto TACIS. 
Resumiendo, desearía en realidad reducir en esta fase mi contribución señalando que yo también me declaro gustosamente dispuesto, tal vez más tarde, en lo tocante a la Comisión, allí donde exista la necesidad y tal vez de una manera más regulada, discutir más detenidamente con el Parlamento ya que se trata por supuesto de una cuestión que únicamente podrá tener lugar de una manera gradual. A menudo se trata igualmente de proyectos complicados. 
Tenemos que tratar con instituciones estatales que desde hace poco tiempo aplican, y no todas, la transparencia y que también con frecuencia se hallan en procesos de transformación; es decir que reconozco sin reservas que también en lo referente al desenvolvimiento de nuestra cooperación se trata en alto grado de un proceso de trial and error, en el cual nosotros mismos tenemos que aprender. 
En todo caso, me siento agradecido por el interés demostrado por el Parlamento por los nuevos impulsos que supone la cooperación con un país que atraviesa una situación extremadamente difícil. 
Difícil en el sentido político, ya que la alta dirigencia se ve confrontada con graves problemas de salud, como bien sabemos y que las transformaciones en la cumbre traen consigo una cierta inestabilidad política. 
Por otra parte, la situación económica presenta una serie de aspectos prometedores. 
Citaré entre ellos la inflación que ha sido reducida en un grado considerable durante el año pasado, si bien por otro lado no deja de existir graves dificultades económicas con salarios atrasados y una economía que necesita manifiestamente nuevos impulsos del exterior que no se producen en realidad ya que el clima de inversiones en ese país es tal que por el momento no ejerce ninguna atracción para los capitales extranjeros. 
En fin, se trata de todo un complicado engranaje. 
Deseo asegurar en todo caso al Parlamento, siguiendo la línea de lo expresado por el ministro Mitchell, que la cooperación con Rusia contribuye a la estabilidad en dicho país y que por supuesto el Consejo y la Comisión le conceden la máxima prioridad. 
Señora Presidenta, Rusia ha experimentado en los últimos años algunos éxitos en su vía hacia la democracia, si bien aún hay que solucionar muchas cosas. 
El plan de acción de la UE es muy ambicioso y apoya no solamente las reformas democráticas y económicas sino también la cooperación regional en cuestiones de seguridad nuclear, de medio ambiente, ayuda humanitaria y también medidas para un futuro sistema de seguridad europeo. 
Señora Presidenta, estas tareas que se ha marcado la Unión Europea y que se reflejan en este plan de acción son gigantescas. 
Lamentablemente, no son aún prueba de que la UE esté preparada suficientemente para tomar sobre sus hombros un papel importante en Rusia. 
Aparte del apoyo mediante el programa TACIS, la Unión Europea tiene que desarrollar aún otros programas para Rusia y adoptar medidas si se quiere solucionar los problemas que allí existen. 
Hay que establecer unas relaciones institucionales más estrechas. 
A este respecto, menciono solamente de pasada que el Acuerdo de Cooperación aún no ha sido ratificado en todos los países miembros. 
En breve, la Unión Europea es solamente un pequeño factor con influencia limitada en la gran sociedad rusa. 
El marco financiero del programa TACIS es solamente limitado en comparación con lo que aportan otras organizaciones internacionales. Algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo, la República Federal de Alemania, tienen una influencia política mayor en Rusia que la Unión Europea como institución. 
Para ser tomada en serio en Rusia, la Unión Europea debe fortalecer su imagen e intensificar su ayuda a las reformas económicas y democráticas; el plan de acción solamente puede ser un paso. 
Las últimas semanas han mostrado que la estabilidad política en Rusia aún no ha avanzado lo suficiente. 
El resultado de las elecciones a la Presidencia, en las que el general Lebed fue tercero en la primera ronda con 11 millones de votos, con lo que permitió la victoria de Jelzin, es una señal de una evolución muy difícil que refleja que también en Rusia ha ganado terreno el nacionalismo. 
La destitución del general Lebed, el descontento con los Ministros del Interior y de Defensa, las dificultades en el ejército ruso y, no en último lugar, la ausencia de un Presidente enfermo en una sistema de gran poder presidencialista como es Rusia, muestran que en este país existe una situación política extremadamente difícil. 
La Unión Europea no puede permitirse una Rusia inestable. 
Tenemos la oportunidad histórica de fomentar realmente la democracia en Rusia y de contribuir a que finalice pacíficamente el conflicto de Chechenia. 
Una Rusia vuelta hacia si misma, que desarrolle un propio estilo autoritario de la democracia y que tenga que ver más con los Romanofs que con una concepción moderna de la sociedad, no es una alternativa para la UE. 
Señora Presidenta, al aprobar el plan de acción para Rusia, el Consejo Europeo ha confirmado con toda claridad su voluntad de apoyar las reformas en marcha. 
Pero este plan no es suficiente. 
Hay que definir sus límites, los conceptos que presidirán su aplicación y los medios que se le vayan a asignar. 
Rusia se encuentra actualmente en una situación paradójica. 
Se habían predicho innumerables catástrofes (guerras civiles, disturbios y hambre). 
Se ha producido la terrible guerra de Chechenia, pero hoy las armas han callado y hay negociaciones en curso. 
Las reformas democráticas han tenido efectos innegables. 
Se han llevado a cabo elecciones en distintas ocasiones (legislativas, presidenciales, locales y regionales) , que demuestran la estabilización de las instituciones y, sobre todo, una progresión en la conciencia democrática de la sociedad rusa. 
Pero la democracia no puede vivir en condiciones sociales caóticas. 
No puede sobrevivir sin un Estado que encarne todo el conjunto de intereses sociales. 
En este punto radican las principales debilidades de Rusia que están frenando su modernización y que podrían, a la postre, poner en peligro los progresos conseguidos. 
Voy a enumerar cuatro. 
En primer lugar, la inseguridad nuclear. 
Las centrales rusas son peligrosas, y el mejor ejemplo es Chérnobil. 
También el tráfico de materiales fisibles. 
Al problema de la energía nuclear hay que sumar el del medio ambiente, devastado por tres cuartos de siglo de una política de desarrollo que ha despreciado la naturaleza hasta destruirla. 
La consecuencia es una degradación del estado general de salud de la población rusa, agravado por el hundimiento subsiguiente de todo el sistema de salud. 
Este extremo lo ilustra un dato demográfico trágico, la reducción de la esperanza de vida humana en el transcurso de los últimos quince años y el crecimiento paralelo de la mortalidad infantil. 
Tercer problema, la seguridad de personas y bienes. Y la del Estado también, amenazadas por una criminalidad galopante, de pequeños delincuentes, sin duda, pero también con una criminalidad económica cada vez más vinculada a las redes internacionales de delincuencia. 
El cuarto problema, relacionado con el proceso de transformación económica, es la creciente división de la sociedad. 
Una parte importante de la sociedad es pobre, y lo vive con más intensidad en la medida en que esta pobreza se enfrenta al enriquecimiento del resto de la sociedad. 
Para paliar el sufrimiento de la sociedad, garantizar la protección de los más necesitados y la seguridad de todos, es necesario en Rusia un Estado fuerte que responda al interés general, pues el Estado ruso es débil frente a los poderes locales fuertes y egoístas. 
Es débil frente a la criminalidad y frente a una sociedad desamparada y dividida. 
Para que exista realmente el Estado ruso y cumpla su función, es necesario que disponga ante todo de una base financiera y un derecho claro. 
Lo más urgente para la Unión Europea es ayudar a Rusia a poner en práctica el sistema fiscal del que carece, los medios para hacer que funcione y un sistema judicial que proporcione al sistema fiscal toda su eficacia. 
No es una tarea menor. 
Sólo se conseguirá con un proyecto concreto, completo, coherente, acompañado por los medios necesarios y que implique a todas las instituciones europeas (instituciones financieras y programas diversos como TACIS) en un mismo esfuerzo destinado a poner solución a todos los problemas que acabo de enumerar. 
Sin un proyecto de este calibre, sin un concepto ni una concentración de medios así, el plan de acción se quedaría en algo puramente teórico. 
El futuro de Europa bien vale un esfuerzo como ése. 
Señora Presidenta, ustedes, demócrata cristianos, gaullistas, centristas y liberales, desean ayudar a Rusia a crear un Estado de derecho y a respetar los derechos de las personas. 
El objetivo es loable. 
Pero, ¿de verdad pretenden ser creíbles, cuando sus propios partidos se encuentran interconectados con las mafias, tanto en Italia como en Francia y en otras partes, cuando en Bélgica y en Francia se despliega en los quioscos la literatura pornográfica, sadomasoquista y pedófila, cuya libertad tanto agrada a muchos en esta Cámara? 
¿Piensan ustedes ser creíbles cuando en Francia el Ministro supuestamente de Justicia va a estrechar la mano del asesino pedófilo Patrick Henri, cuando el mismo Toubon quiere asfixiar la libertad de prensa prohibiéndole hablar de la corrupción y de la inmigración y que quiere imponer una ley aún más totalitaria que la del comunista Gayssot, verdadera ley liberticida al servicio de la policía del pensamiento y de las segundas intenciones que la gran periodista Annie Kriegel llamaba no hace mucho la intolerable policía del pensamiento? 
Ustedes, marxistas, socialcomunistas de todo pelaje, reclaman hoy sin vergüenza más democracia en Rusia, porque, según dicen ustedes mismos, se encuentran preocupados por las tensiones totalitarias en este país. 
¡Parece un sueño que no la hayan reclamado ustedes mucho antes! 
Pero, ¿por qué no verificar en primer lugar si, al menos el gulag ya no existe, vinculado como probablemente estaría al resto de la nomenklatura comunista? ¿por qué no exigir la verificación de los campos, el recuento de esas decenas de millones de víctimas, el juicio a los verdugos, muchos de los cuales todavía viven? 
Cincuenta años después de Nuremberg se sigue juzgando una vez y otra al nacionalsocialismo. 
Hoy, 40 aniversario del levantamiento de Budapest, ¿no es ya momento para abrir el gran proceso necesario al internacional socialismo, a sus crímenes contra la humanidad desde hace 80 años, contra los pueblos y contra las naciones? 
Esto es lo que espera en primer lugar el pueblo ruso, que debe terminar con el peor de los pasados para reencontrar la vía del futuro. 
Señora Presidenta, si bien ha habido algunos avances en el camino de Rusia hacia la democracia, mucho queda por hacer. 
El plan de acción de la UE es sumamente ambicioso, como ya se ha dicho, pues va encaminado no sólo a apoyar las reformas democráticas y económicas rusas mediante TACIS, sino también a abordar las relaciones contractuales, la cooperación regional, la energía nuclear y la seguridad nuclear, el medio ambiente, la reconstrucción económica, la ayuda humanitaria y el futuro de la estructura de seguridad europea. 
La UE se propone abordar tareas ingentes en su propuesto plan de acción. 
Por desgracia, no hay aún la menor prueba de que la UE esté preparada actualmente para desempeñar ese papel. 
Desde luego, la UE tendrá que seleccionar mejor el apoyo con cargo al programa TACIS y examinar la posibilidad de dar cabida a Rusia en otros programas de la UE para poder hacer mella en los problemas que afronta ese país. 
También tendrá que haber vínculos institucionales más estrechos que substituyan a los acuerdos ad hoc que existen actualmente. 
Francamente, la UE desempeña un papel poco importante en la sociedad rusa y su influencia es limitada. 
El apoyo prestado por el programa TACIS resulta insignificante en comparación con el apoyo financiero prestado por instituciones internacionales como el FMI, que ha hecho un préstamo contingente a Rusia de 10.900 millones de libras. 
Incluso Estados miembros concretos, como Alemania, tienen mayor influencia en Rusia que la UE como institución. 
De modo que, para que se la tome en serio, la UE debe desempeñar un papel más destacado y aumentar su apoyo a la reforma económica y democrática en Rusia. 
La democracia y la reforma económica necesitan el apoyo de la UE y de esta Asamblea ahora más que nunca. 
El nacionalismo aumenta cada vez más en Rusia, como ya se nos ha dicho, y también el desencanto, al advertirse el fracaso de las reformas y los valores de inspiración occidental. 
El éxito de Alexander Lebed, al que ya se ha hecho referencia, en las elecciones presidenciales del verano pasado, en las que quedó en tercer lugar con 11 millones de votos, fue una señal de esa tendencia política. 
El hecho de que un hombre que admira al general Pinochet, que llamó escoria a los mormones, que prometió fusilar a los delincuentes y que se califica de semidemócrata sea considerado un nacionalista moderado en el marco político ruso revela la preocupante deriva de la política en Rusia. 
Resulta fácil adoptar actitudes alarmistas respecto de la situación en Rusia, pero el caso es que más de una tercera parte de la población vive por debajo del nivel de subsistencia, mientras que la estructura social del país se ha desintegrdo. 
La UE y Occidente deben apoyar la recuperación social, además de económica, del país. 
La UE tiene una oportunidad histórica de alentar la democracia real en Rusia y apoyar la solución pacífica del conflicto en Chechenia. 
De lo contrario, Rusia se encerrará en sí misma, y desarrollará su propio estilo de democracia, que tiene más en común con los Romanov y la Rusia zarista que con una constitución moderna. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del párrafo 5º, artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Comité de política de empleo y del mercado de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede el debate del informe (A4-0316/96) del Sr. Theonas, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0134- C4-0396/96-96/0097 (CNS) ) por la que se crea el Comité de política de empleo y del mercado de trabajo. 
Señora Presidenta, con la propuesta de creación de un Comité de política de empleo y del mercado de trabajo, la Comisión Europea quiere cubrir el vacío creado por la inexistencia de una estructura firme en el sector del empleo análoga a la del Comité de Política Económica que se estableció en 1974 para promover la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros tanto a corto como a medio plazo. 
Este vacío se intentó cubrir en marzo de 1995 con la constitución de un Grupo ad hoc de representantes personales de los ministros de Trabajo mediante decisión del Consejo de Asuntos Sociales. 
Este Grupo, sin embargo, encontró muchas dificultades, debido principalmente a la insuficiencia de los medios puestos a su disposición, es decir, a la inexistencia de una estructura oficial y firme dotada del apoyo de una secretaría especial con el suficiente personal para encargarse, en el marco de las competencias del comité, del análisis, el seguimiento y la redacción de informes y estudios comparativos. 
La necesidad de constituir un órgano de estructura estable y permanente quedó claramente de manifiesto en el informe común del Consejo y de la Comisión Europea presentado en la Cumbre de Madrid, en tanto que el Parlamento Europeo, en resoluciones de noviembre de 1995 y junio de 1996, solicitó la mejora de la coordinación entre la política macroeconómica y las medidas estructurales en el campo del mercado de trabajo, así como la revalorización del Grupo ad hoc sobre el empleo, de modo que estuviera en condiciones de establecer una mejor colaboración con el Comité de Política Económica en la preparación del informe común sobre la política de empleo destinado al Consejo Europeo. 
Señor Presidente, el ponente no cree que la constitución de este comité pueda solucionar por sí sola el problema más explosivo de nuestra época, el del desempleo, ni promover de manera decisiva el empleo en Europa. 
Este es un tema reservado para las políticas más generales de la Unión Europea y de sus Estados miembros, por mucho que no parezcan dar pasos importantes en tal dirección. 
En todo caso, la creación del comité puede suponer una contribución positiva al desarrollo y a la aplicación de la estrategia común para el empleo y, sobre todo, a la elaboración de índices comunes que sean útiles en el seguimiento más completo de las políticas del sector del empleo y en la realización de los programas plurianuales. 
También puede ser importante su contribución al suministro de información más completa a los trabajadores, a sus representantes y a los organismos sociales, así como al Parlamento Europeo y a los otros órganos institucionales de la Unión Europea, mediante la aportación de datos útiles, de tablas comparativas de las respectivas condiciones en cada Estado miembro, de datos sobre las nuevas formas de empleo y sobre el agravamiento de la situación social en los Estados, así como sobre las experiencias negativas o de otra índole encaminadas al fomento de unas relaciones laborales más flexibles y de una reducción de las intervenciones reguladoras en el mercado de trabajo. 
Es precisamente esta función la que vienen a reforzar las tres enmiendas presentadas en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, y que se refieren a la especificación más detallada del papel del Comité en el caso de la enmienda nº 1, al refuerzo de sus competencias en el caso de la enmienda nº 2, y a la obligación de transmitir los informes y las recomendaciones que elabore al Parlamento Europeo, en el caso de la enmienda nº 3. 
Por último, quisiera señalar que el papel conferido al nuevo comité es distinto del que tiene el Comité de Empleo permanente, en el cual participan el Consejo, la Comisión Europea y representantes de las organizaciones de empresarios y de trabajadores y que tiene el objetivo de garantizar el diálogo tripartito sobre las cuestiones de política social de empleo. 
A modo de conclusión, la propuesta de decisión presentada por la Comisión Europea está inspirada en gran medida de las disposiciones sobre constitución y el funcionamiento del Comité de Política Económica y la base jurídica que se propone es la misma, la del artículo 145 del Tratado. 
En la medida en que dicho comité sustituye plenamente al Grupo ad hoc de trabajo, la repercusión económica sobre el presupuesto de la Unión Europea será marginal. 
Señora Presidenta, el problema económico y político-social número uno de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad es el paro. 
La Unión debe actuar también como tal al respecto. 
Hay que llevar a cabo las redes transeuropeas, pero esto es por el momento difícilmente realizable. 
De este modo, quedan las posibilidades de la política de empleo que se recomendaron asimismo en la cumbre de Essen de 1994: aspectos centrales comunes con medidas de política de empleo y los correspondientes programas plurianuales de los Estados de la UE. 
El Grupo ad hoc informal creado en la primavera de 1995 «Medidas subsiguientes al Consejo Europeo de Essen» tenía como objetivo fomentar el intercambio de informaciones y experiencias de los Estados miembros y revisar la aplicación de los programas mencionados. 
En el presente documento se constata que un grupo informal no es suficiente para un trabajo eficiente. 
El Comité de política de empleo y del mercado de trabajo propuesto supondría un marco más sólido. 
Desde 1974 existe un Comité permanente de política económica dependiente del Consejo ECOFIN. 
Es necesario un comité similar para el Consejo de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, pues aunque el paro es un problema económico es también un gran problema social. 
En el buen informe Theonas se defiende la opinión de que la Comisión tiene que participar de modo adecuado en los trabajos del Comité y que debe tenerse en cuenta al Parlamento. 
Un Comité permanente de política de empleo y del mercado de trabajo puede realizar una importante aportación a la aplicación nacional coordinada de los aspectos centrales acordados en Essen. 
Los aspectos centrales son las medidas para los grupos problemáticos del mercado laboral, los jóvenes y mujeres, el descenso de los costes laborales no salariales y una moderna política salarial así como las inversiones en el campo de la formación profesional. 
No se trata solamente de un impulso coyuntural sino de lograr un proceso permanente de crecimiento que cree puestos de trabajo. 
En este sentido, el Grupo del PPE apoya el informe Theonas. 
Señora Presidenta, nos hallamos aquí creando por enésima vez un comité. 
Se trata ahora de un comité destinado al asesoramiento en materia de empleo y de cuestiones de mercado de trabajo. 
En el seno de la comisión me mantuve callado en cuanto a este tema pese a haber respaldado al ponente en la votación final. 
Mi silencio se debía en realidad a una serie de preguntas de las que no podía deshacerme y que desearía fuesen contestadas por el Comisario. 
¿De qué manera se instituirá exactamente este comité? 
¿Serán abiertas sus reuniones, tal como ha solicitado la Comisión de Presupuestos? 
¿Se solicitará una declaración de los intereses financieros de los miembros de dicho comité? 
¿De qué manera, en todo caso, se instituirá el comité cuando se trata de una política activa en el marco del mercado de trabajo? 
¿Cómo se instituirá el comité con relación al Comité Permanente sobre Empleo ya existente? 
Son todas estas preguntas que exigen a mi juicio una clara respuesta, no porque esté considerando el proponer a mi grupo político que vote contra la creación de este comité, sino porque estimo que si creamos un comité de este tipo, su funcionamiento deberá ser pues óptimo. Puesto que si lo creamos es con el objetivo de fomentar el funcionamiento del mercado de trabajo. 
Es esta la enésima ocasión, durante esta semana, que debatimos sobre el empleo en Europa. Ya discutimos sobre ello con motivo de la declaración del Presidente de la Comisión relativa a la cuestión del empleo. 
Esta mañana hemos discutido sobre el mismo asunto al tratar sobre la lucha contra la pobreza. Me doy cuenta que en la discusión sobre este comité una parte de mis colegas está refiriéndose además al tema del empleo. 
El hecho es que cada vez que abordamos este tema del empleo dejamos traslucir una especie de impotencia de nuestra parte. 
Deseo por consiguiente preguntar al Comisario si espera que de este comité por ejemplo se pueda conseguir algo que hasta la fecha nunca se ha logrado en el Consejo. 
En caso de crear dicho comité, ¿se llevará a cabo verdaderamente una política activa de mercado de trabajo? 
¿Habrán de colaborar, por ejemplo las organizaciones de servicio de empleo, que es una de las propuestas del Presidente de la Comisión, Santer, en caso de que creemos este tipo de comité, compuesto por lo menos de cuatro representantes de los Estados miembros? 
Resumiendo, todo un cúmulo de preguntas de mi parte.No porque me oponga a dicho comité sino por estimar que el mismo deberá desempeñar un papel completamente de entero y constructivo apoyo. 
Deseo preguntar pues al Comisario cómo piensa tratar las recomendaciones del comité y cómo quedará implicado el Parlamento en la puesta en práctica de estas recomendaciones. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, es la tercera o cuarta vez que esta semana hablamos sobre el empleo. 
Se plantea la pregunta de cómo esta Comunidad se puede proporcionar los necesarios instrumentos para lograr la coordinación de las políticas de los Estados miembros y la plusvalía europea de una política europea de empleo. 
Otros oradores ya han llamado la atención sobre el gran número de cuestiones que quedan aún abiertas. 
Quiero instar también a la Comisión para que proporcione unas claras respuestas. 
Lo esencial para mi es- por lo que vamos a apoyar este informe- que se inicia la creación de un instrumento para mejorar la coordinación, además por parte del Consejo de Asuntos Sociales, lo que sin duda es positivo. 
No obstante, esto no debe realizarse según el lema «si no puedes solucionar el problema, crea una comisión que lo entierre». 
Creo que debemos decírselo a la Comisión con total claridad. 
El fortalecimiento del Consejo de Asuntos Sociales frente al casi todopoderoso ECOFIN solamente puede ser un inicio para que en esta Unión se ponga en marcha una política eficaz y autónoma de empleo que se libere de la ilusión de que el empleo es algo que se producirá automáticamente solamente cuando tengamos crecimiento, Unión Monetaria, capacidad competitiva y rentabilidad de los capitales. 
Señora Presidenta, Señorías, se nos ha propuesto la creación de un comité, llamado de política de empleo y del mercado del trabajo. 
Estoy comprobando que el cáncer de la burocracia europea se está generalizando. 
La creación de este comité es un síntoma más de la desilusión y de los hábitos centralizadores y burocráticos que afectan a la clase política europea. 
Este comité no podrá disfrazar el dramático fracaso de la política económica y social de la Europa de Maastricht y va a conformarse con observar y comentar las desastrosas consecuencias que sobre el empleo tiene la elección de un librecambismo socialmente criminal. 
Al tiempo que se multiplican los comités, los observatorios, el desempleo, la pobreza y los traslados de empresas aumentan a un ritmo desenfrenado. 
Ningún apaño podrá contener la legítima cólera de los pueblos de Europa que sufren. 
Por tanto, no es necesario constituir nuevos comités sino cambiar de política, garantizar la preferencia de nuestros pueblos en lo que respecta a las contrataciones y proteger nuestro mercado comunitario. 
- (NL) Señora Presidenta, colegas, señor Comisario, se recordarán bien que este Parlamento Europeo no quedó muy entusiasmado con los modestos resultados de Essen, aunque no dejamos de empeñarnos en el proceso de seguimiento. 
Es cierto que este últimono crea empleo ninguno, pero estábamos bien convencidos que se trataba de un primer paso, modesto en realidad, en dirección de una estrategia comunitaria europea del empleo. 
Las experiencias registradas con el mercado unitario y la estrategia de convergencia con vista a la Unión Monetaria Europea nos han enseñado al menos que la voluntad política ligada a un calendario correcto y a un adecuado proceso de seguimiento pueden pueden orientarse en el mismo sentido y deseábamos la misma solución para la estrategia de empleo. 
Estoy convencida que ése también ha sido el impulso de la Comisión. 
No obstante, en el procedimiento de cooperación el Consejo de Asuntos Sociales y la ECOFIN siguen luchando aún con armas distintas. 
ECOFIN ha demostrado además, reiteradamente, que no se toma tan en serio la cuestión del empleo. 
Ha llegado ahora pues el momento en que se cree un comité para el Consejo de Asuntos Sociales a través del cual su aportación en materia de estrategia de empleo cuente con un nivel más equitativo. 
Dudo sin embargo que esta propuesta logre efectivamente esta equiparación en el caso del Consejo de Asuntos Sociales y esto por dos razones. 
En primer lugar, la política de empleo se basa en dos pilares independientes, a saber, un aspecto macroeconómico y una política estructural de mercado de trabajo. 
Este doble fundamento no ha traspasado suficientemente en este nuevo comité. 
Allí donde el comité económico puede dar una impronta determinada a la política de empleo y a la política económica, no está previsto en modo alguno que el comité de política de empleo, por ejemplo, pueda aportar su necesaria contribución a las directrices económicas, ¿Cómo diablos vamos a velar por que también la política económica contenida en las directrices se oriente de modo prioritario al empleo si el citado comité carece de la fuerza necesaria para ello. 
Me decepciona en cierta manera que la Comisión Europea no haya previsto esto en el marco del apartado 2 del artículo 103, por ejemplo, ya que tanto la propuesta sueca como la belga para la CIG han considerado esta necesaria condición. 
En segundo lugar, desearía aún hacer hincapié sobre lo expresado por el colega Andersson en el sentido de que para comprobar si un proceso de seguimiento triunfa o fracasa existen criterios de evaluación. 
Si el Consejo y la Comisión toman verdaderamente en serio las acciones prioritarias en favor del empleo deberá entonces existir indicadores capaces de evaluar los esfuerzos de los Estados miembros, por ejemplo en materia de formación. 
Si la formación reviste tal importancia, ¿por qué no garantizar, señor Comisario, que un cierto porcentaje de la población activa pueda participar anualmente en planes de formación? 
Y así llegamos al criterio de evaluación definitivo y concreto de la política de empleo, es decir, la reducción a la mitad del desempleo para el año 2000. 
Estoy convencida que si este comité no puede disponer de indicadores se convertirá a lo sumo en un tigre de papel empeñado tan sólo en llenar papeles. 
Espero pues que la Comisión apoye nuestra enmienda. 
Por último, señora Presidenta, desearía expresar que con este comité lo único que se ha hecho es dar un nuevo y discreto paso en dirección de una estrategia europea coherente del empleo. 
Me atrevo a seguir esperando, colegas, que las piezas que faltan aún de este rompecabezas serán incorporados durante la CIG y que el comité llegará a desempeñar un papel dinámico, conforme a lo estipulado por los tratados, en la política de empleo de la Unión. 
Señora Presidenta, la propuesta que se nos presenta hoy constituye un importante documento ya que es corolario de lo decidido en la Cumbre de Essen con relación a una estrategia europea para el empleo. 
Esta última consituye una de las máximas prioridades de la Unión Europea. 
Me parece correcta en este caso la creación de un comité que se ocupe de verificar la política de empleo desplegada por los Estados miembros. 
Además de ello el comité habrá de fomentar la coordinación en la política de empleo entre los diversos Estados miembros. 
Reviste también importancia la implicación de los interlocutores sociales en este proceso de estimulación del empleo. 
Es igualmente importante que los gastos de este comité de política de empleo y del mercado de trabajo sean sufragados a través del presupuesto del Consejo. De lo contrario surgirán dificultades con la comitología por no satisfacer el nuevo comité los requisitos de esta última. 
Constituye este comité una respuesta a la demanda de la Comisión de Asuntos Sociales en el informe de la CIG con relación a la política social de la que era ponente. 
Representa una contrapartida del Comité Económico y Monetario. 
De esta manera se asegura un mejor equilibrio entre las políticas social y eonómica en la Unión Europea. 
Se trata principalmente de suprimir las divergencias entre el mercado interior y la política social y de crear una Unión económica y social. 
Es de lamentar que este comité de empleo se confunda con el Comité Permanente sobre Empleo. Hemos citado ya ejemplos a ese respecto. 
En ese contexto habría sido más conveniente dar otra denominación a este nuevo comité, que sin embargo deberá adaptarse de manera a evitar que se lleven a cabo doblemente las tareas asignadas. 
Me temo que usted vaya a esquivar el asunto, señor Comisario. Sabemos que el fracaso se debe a la representatividad. 
El caso es que tendremos que hacerlo más tarde. 
El Parlamento Europeo no tiene ninguna intervención directa en el comité que hoy nos ocupa y preferimos que sea así. Después de todo, el Consejo no se inmiscuye en el presupuesto del Parlamento como tampoco este último se inmiscuye en el presupuesto del Consejo. 
Deberá mantenerse al corriente esta asamblea de los informes y recomendaciones del comité. 
Pero en lo referente a lo demás, debemos aún considerar unas cuantas cosas ya que no tengo en claro todavía la estrategia en su totalidad. 
Señora Presidenta, el desempleo que actualmente afecta a 20 millones de personas de los países de la UE es seguramente nuestro mayor reto. 
Uno de los motivos de que el nivel sea tan elevado- hay varios- es la UEM. 
Está clarísimo que si se empieza a llevar a cabo unos recortes, ahorros y rebajas al mismo tiempo en 15 países, sin que se disponga de un motor estimulante para la economía, el paro aumenta. 
El proyecto de la UEM es una de las causas de que sea alto y de que haya que planteársele unos requisitos. 
Lo mejor habría sido decir «no» a la UEM. 
Lo menos malo habría sido incluir unos criterios en la UEM que también hubiesen establecido el objetivo del empleo, de la mejora del medio ambiente y de la responsabilidad regional. 
Ahora todo esto ha fallado. 
La creación de un comité sobre el empleo para lograr unas estrategias y unos caminos comunes es el planteamiento correcto. 
Pero he de decir que no constituye ninguna solución. 
Los que crean que el Comité resolverá el problema del paro en la UE están equivocados. 
Cada país debe asumir su responsabilidad ante el desempleo; la responsabilidad debe seguir estando en los países miembros. 
El Comité no debe crecer y crear un tipo de política supranacional europea en torno al empleo o a la política de coyuntura. 
Esto no funciona nunca y en mi opinión tampoco es ese el objetivo de la propuesta de la Comisión. 
Por consiguiente, que condense opiniones, presente informes, ideas y recomendaciones, pero que no cree ningún tipo de política supraestatal a nivel de la UE. 
Este puede convertirse cuando menos en un gran paso en el proceso de solución de nuestro mayor problema. 
Señora Presidenta, entre la esperanza reflejada en el Libro Blanco «Crecimiento, competitividad y Empleo» de crear 15 millones de puestos de trabajo hasta el final del milenio y los datos concretos de hoy hay unas diferencias abismales. 
Los pronto 20 millones de ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea que están sin trabajo han merecido más que declaraciones de intenciones o exclamaciones de consternación. 
Por ello, fue una importante señal que la cumbre del Consejo en Essen acordase una amplia estrategia para la cooperación entre los Estados miembros en el campo del empleo. 
La concentración en los especialmente afectados por el paro, las mayores inversiones en el campo de la formación profesional y el aumento de la intensidad del empleo permiten esperar que la lucha contra el paro no se lleve ofensivamente solamente en los papeles y discursos. 
Una medida no cuestionada es la creación del Comité de política de empleo y del mercado de trabajo. 
Ahora bien, para poder trabajar con éxito y efectividad necesita una estructura organizativa estable. 
Los informes que son de esperar sobre los progresos y fallos permitirán debates públicos también en el Parlamento Europeo. 
Por ello, necesitamos datos concluyentes, análisis y conclusiones, si bien a tiempo, señor Comisario. 
Los resultados conducirán a un cualificado intercambio de experiencias con el Consejo, la Comisión y los interlocutores sociales sobre la protección de los trabajadores y los estándares sociales, sobre las condiciones de mayor movilidad y flexibilidad de los horarios de trabajo y, sin duda, también sobre las oportunidades de los jóvenes que están representados precisamente ahora en gran número en la tribuna de espectadores. 
Esperamos obtener conclusiones sobre la ejecutabilidad y eficacia de muchas políticas y acciones hoy aún diferentes y en el futuro posiblemente comunes. 
Señora Presidenta, el Parlamento, el Consejo y la Comisión coinciden en el objetivo básico de luchar contra el paro en la UE. 
Pero mientras el Parlamento y la Comisión se pueden poner de acuerdo sobre medidas concretas, el Consejo se niega en puntos importantes. 
Las decisiones se ven mediatizadas por la actitud de los Ministros de Economía y Hacienda, incluyendo a los de la República Federal. 
Se pueden apoyar en el trabajo de un comité especial pero no en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, a quien le es difícil crear un contrapeso en favor de una política de empleo activa de la UE. 
La provisionalidad de un grupo ad hoc que trabaja para él pero que está insuficientemente dotado no puede cumplir los requerimientos que se le plantean. 
La propuesta de la Comisión de crear un Comité regular de política de empleo y del mercado de trabajo que trabaje para el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales y también para el Consejo en general cumple los deseos del Parlamento. 
No debería ser difícil para la Comisión aceptar las enmiendas planteadas por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Nadie puede esperar que solamente con la creación de ese comité se produzcan mejoras en el mercado de trabajo. 
Pero sí se pueden esperar eficaces aportaciones y sugerencias concretas que sean de ayuda para solucionar el problema del empleo. 
Aprovecho esta ocasión para instar a la Comisión y en especial al Comisario aquí presente para que presente sin demora las propuestas anunciadas hace mucho tiempo destinadas a aumentar la eficacia del Comité permanente para Asuntos de Empleo que existe desde 1970, al que pertenecen también representantes de los patronos y de los trabajadores. 
Señora Presidenta, permítaseme en primer lugar agradecer al Sr. Theonas y, de hecho, a los diputados a la Asamblea la forma eficiente y rápida como han tratado la propuesta de la Comisión de crear este comité de política de empleo y del mercado de trabajo. 
Esta noche los diputados a la Asamblea han reconocido la importancia de dicha propuesta y eso nos resulta muy tranquilizador a mí y a la Comisión. 
Naturalmente, concedemos mucha importancia al rápido desarrollo de esa estructura estable encaminada a contribuir al desarrollo de la estrategia europea en materia de empleo. 
El Consejo Europeo pidió la creación de dicha estructura en Madrid el pasado mes de diciembre. 
La Comisión aprobó la propuesta en marzo de este año y la Presidencia irlandesa ha desplegado una gran actividad para lograr avances en el nivel del Consejo. 
Quiere en verdad conseguir que en el Consejo de Asuntos Sociales que se celebrará el 2 de diciembre se adopte una decisión positiva al respecto. 
Creo que es útil rememorar por un momento las razones por las que el Consejo nos encomendó la creación de esa estructura. 
Los antecedentes son, sencillamente, éstos: en primer y fundamental lugar, esta iniciativa debe verse en el marco de la formulación de una estrategia europea de empleo más equilibrada en la que las políticas estructurales y, en particular, la relativa al mercado del trabajo se consideren tan importantes exactamente como las políticas macroeconómicas. 
Se trata de un puntal importante del planteamiento iniciado por el Consejo Europeo de Essen y reforzado por los Consejos Europeos siguientes. 
Desde el punto de vista operacional, esta combinación equilibrada de políticas se debe reflejar en un mayor equilibrio entre el Consejo de Asuntos Sociales, por una parte, y el Ecofin, por otra, con vistas a la formulación de una estrategia europea en materia de empleo. 
Ésa es la base de la propuesta. 
En segundo lugar, el Consejo de Asuntos Sociales debe contar con una gran capacidad para hacer análisis y propuestas a fin de cumplir el mandato que se le encomendó en Essen junto con el Ecofin y la Comisión de seguir muy de cerca las tendencias del empleo en la Unión, supervisar las políticas pertinentes de los Estados miembros e informar anualmente al Consejo Europeo sobre los avances logrados en el mercado del empleo. 
En particular, debe estar en condiciones de hacer una contribución substancial a la elaboración de un informe anual conjunto sobre el empleo para el Consejo. 
El Sr. Mann se ha referido a la necesidad de ese análisis idóneo. 
Eso es algo que este comité hará también. 
La propuesta de la Comisión responde fielmente a todas esas peticiones. 
El comité que hemos propuesto tiene las siguientes y muy importantes características: estabilidad, gracias a contar con un presidente elegido; una sólida capacidad para hacer análisis y propuestas, gracias, en particular, a la estrecha participación de la Comisión; un estatuto que permite una cooperación fructífera con el comité de política económica, el órgano que da apoyo al Consejo Ecofin, y el establecimiento de una colaboración eficaz entre el Consejo y la Comisión. 
Quisiera hacer hincapié en que en este caso no estamos hablando de comitología. 
Sé que ésta es una cuestión muy delicada para el Parlamento Europeo. 
La comitología se aplica en el marco de la delegación por parte del Consejo en la Comisión de ciertas competencias ejecutivas. 
Así, pues, se trata de la ejecución de decisiones adoptadas por el Consejo. 
En cambio, en este caso el objetivo de este comité de política de empleo y del mercado del trabajo es el de proponer debates y hacer recomendaciones al Consejo y al Consejo Europeo sobre políticas en materia de empleo. 
De modo que el comité mismo no adoptará decisiones de obligado cumplimiento. 
Es importante que se entienda eso. 
La función del comité será la de asistir a las instituciones europeas con vistas a lograr avances en la formulación y aplicación de una estrategia común en materia de empleo. 
En comparación con la situación actual, en la que las deliberaciones del Consejo son preparadas por un órgano oficioso del Consejo, el grupo ad hoc, el comité representa un avance desde el punto de vista de la transparencia y del equilibrio interinstitucional. 
Creo que el Parlamento Europeo debe acogerlo con beneplácito, porque es algo que lleva tiempo pidiendo. 
Sin embargo, he de decir que en esta fase la tendencia que se desprende de los debates en el nivel del Consejo es a reducir en cierto modo el rango del comité, en comparación con la propuesta original. 
No voy a ocultar a Sus Señorías que me preocupa esa tendencia. 
No creo que deba ser así. 
Por esa razón atribuyo gran importancia al mensaje que el Parlamento dé en su dictamen sobre esta propuesta. 
Me resulta muy alentadora la respuesta que estoy recibiendo, porque queremos que sea un comité fuerte, no esté debilitado. 
Acojo con beneplácito la actitud en general de apoyo que ha habido aquí para con el proyecto de resolución y acojo con beneplácito varias de las enmiendas propuestas que definen mejor e incluso refuerzan el papel del comité. 
Enmienda nº 1: me parece en verdad muy útil la propuesta de añadir en los considerandos una referencia a la contribución del comité a la formulación y aplicación de la estrategia europea en materia de empleo y propondré al Consejo que la acepte. 
Enmienda nº 2: la frase introductoria. 
Como en el caso de los considerandos, tengo mucho gusto en apoyar una enmienda en el apartado 2 del artículo 1 en la que se establece en términos generales la contribución del comité a la estrategia europea en materia de empleo antes de la descripción detallada de sus tareas. 
En el primer párrafo no me plantea problema alguno la idea en que se basa la petición de mencionar la utilización de los indicadores comunes y puedo informar a Sus Señorías de que en las deliberaciones del Consejo ya se ha acordado una referencia a dichos indicadores en el artículo 1. 
Por lo que se refiere a lo que ha dicho la Sra. Van Lancker sobre los indicadores, apoyo esa opinión y quisiera decir a Su Señoría que se están logrando avances respecto de la cuestión de los indicadores. 
Aún no se ha llegado a un acuerdo. 
Pero muchos de los Estados miembros están empezando a aceptar esa idea y espero que en el informe conjunto que se presente en Dublín podamos darle mayor cabida. 
En el tercer párrafo, espero que el comité contribuya a una mejor coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, como se propone en la enmienda. 
Como saben Sus Señorías, la Comisión ha propuesto en el marco de la CIG que se incluyan en el Tratado disposiciones relativas a la organización de dicha coordinación. 
Sin embargo, antes de la revisión del Tratado me parece un poco prematuro introducir semejante disposición como parte del mandato del comité. 
Creo que no puedo aceptarlo en este momento. 
Más adelante, esperamos, naturalmente, que la CIG convenga en ello. 
En el cuarto párrafo: en realidad, en este caso se trata de una cuestión de estilo, relacionada con la propuesta de modificación en la frase introductoria. 
No me plantea ningún problema. 
El quinto párrafo: el objetivo de esta enmienda concreta es el de mencionar el papel del comité en la preparación de dos informes concretos: el informe sobre el empleo en Europa y el informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre el empleo. 
El primero, el informe sobre el empleo, es un informe de la Comisión. 
El informe de 1996 ya ha sido aprobado por la Comisión y creo que se examinará muy pronto en el Parlamento. 
En realidad, más que obra del comité, se debe considerar que dicho informe forma parte del apoyo analítico que la Comisión prestará a ese comité. 
Por lo que se refiere al informe conjunto sobre el empleo, creemos que la mención hecha en los considerandos debe ser suficiente para nosotros en este momento. 
Aunque la presentación de un informe conjunto al Consejo Europeo es en este momento un elemento importante del procedimiento de Essen, no podemos prever si o cuándo será substituido éste por otro instrumento y por esa razón no quisiéramos decir demasiado explícitamente que eso deba figurar en el mandato del comité. 
En el sexto párrafo se propone que el comité consulte periódicamente a los interlocutores de la industria en el nivel comunitario. 
Como saben Sus Señorías- y lo han mencionado varios de los diputados que han intervenido -, se ha creado el comité permanente del empleo concretamente para lograr un diálogo entre las autoridades públicas y los interlocutores sociales en la esfera de la política en materia de empleo. 
Con nuestra reciente comunicación sobre el futuro del diálogo hemos propuesto opciones para dar mayor eficiencia al comité permanente y probablemente se hará una reforma. 
Creo que la enmienda propuesta crearía cierta confusión sobre los papeles respectivos del comité permanente y del comité del empleo y no voy a aceptarla por esa razón. 
Ahora bien, quisiera subrayar que en la decisión figura una disposición sobre la coordinación entre los dos comités y ello es importante para velar por que se escuche y se tenga en cuenta la contribución de los interlocutores sociales. 
Ha habido alguna referencia al respecto. 
No debe haber confusión por lo que al empleo se refiere; tenemos suficientes comités. 
Este comité es diferente, quiero que quede bien clara la diferencia entre ése y el comité permanente del empleo. 
Por último, la enmienda nº 3: dice que los informes y las recomendaciones elaborados por el comité sean transmitidos al Parlamento. 
Quisiera que quedara claro que entiendo perfectamente la preocupación del Parlamento de que se lo mantenga informado sobre las actividades del comité. 
Sin embargo, mi impresión es la de que esta enmienda, tal como esta formulada, no será aceptada por el Consejo, porque, en sentido estricto, correspondería al propio Consejo y no al comité decidir que se transmita un informe o una recomendación determinados al Parlamento. 
Así, pues, como opción substitutoria de esta enmienda, yo sería partidario, de una disposición general que establezca que se mantendrá informado al Parlamento sobre las actividades del comité. 
Quisiera decir a la Sra. Boogerd-Quaak que no debe haber confusión sobre en qué consiste este comité determinado. 
No es un comité legislativo, ni un comité ejecutivo y, por consiguiente, debemos entender la relación y la cooperación que existirá entre este comité y el comité permanente, sin olvidar en ningún momento que el comité permanente corresponde al nivel ministerial. 
Conque creo que se trata de una propuesta muy válida. 
Me complace que la Asamblea vaya a apoyarla. 
Debemos brindar al Consejo de Asuntos Sociales, a los ministros de Trabajo y Empleo, el mismo tipo de influencia que el CPE brinda a los ministros de Hacienda del Ecofin. 
Ése es el interés mismo de esta propuesta y nos gustaría que fuera un comité lo más potente posible con vistas a alcanzar ese objetivo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del turno de preguntas (B4-0971/96). 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
¿Por qué no se ha incluido mi pregunta al Consejo? 
Se presentó el 19 de septiembre, por lo que debería haber ocupado el sexto lugar en nuestro documento. 
Se trata de un asunto de gran importancia para uno de los ciudadanos de mi circunscripción, profesor en el Instituto de Idiomas de Nápoles, que ha recibido un trato vergonzoso en un Estado miembro que está violando flagrantemente la legislación europea relativa al empleo y haciendo caso omiso de ella. 
Creo que eso es algo que debería haber figurado en el orden del día. 
Comprobamos que la pregunta había llegado. 
Nadie nos dijo que fuese inadmisible en sentido alguno y quisiera saber por qué no se incluyó. 
Tomo nota de lo que acaba de decir Su Señoría. 
Como ha señalado Su Señoría en su pregunta, el Acuerdo de Schengen es un acuerdo internacional, concertado por ciertos Estados miembros en un marco muy diferente del abarcado por el Tratado de la Unión Europea. 
Así, pues, como comprenderá Su Señoría, el Consejo, como institución de la Unión, no está en condiciones de responder a la pregunta de si se debe incorporar el Acuerdo de Schengen a la Unión Europea. 
La Conferencia Intergubernamental, encargada de la revisión de los Tratados, está examinando toda esa cuestión. 
Respecto de las posibles consecuencias que se desprenderían de la comunitarización del Acuerdo de Schengen en el ámbito de la políticas relativas a las drogas, el asilo, los visados y los refugiados, resulta imposible en este punto iniciar una evaluación mínimamente creíble. 
Convengo en que es un asunto muy importante al que el Consejo habrá de prestar la atención particular necesaria. 
Pero, como ya he indicado, sería prematuro sacar inferencia alguna en este momento. 
Por último, respecto de la política de pasaportes en el marco del Acuerdo de Schengen, el Consejo no tiene autoridad para dar una respuesta, ya que es un asunto que es competencia exclusiva de las autoridades que son parte en el Acuerdo de Schengen. 
Gracias por la respuesta, aunque su contenido no era muy denso. 
Voy a intentar describir yo mismo las repercusiones que puede tener la inclusión de los acuerdos de Schengen en la UE. 
Soy consciente de que se está celebrando la Conferencia Intergubernamental y de que también se han presentado propuestas sobre ello. 
Eso lo sabe también el representante del Consejo. 
En el norte hemos tenido una unión de pasaportes desde hace muchos años. 
Eso significa que no se necesita mostrar el pasaporte cuando se atraviesan las fronteras entre los países nórdicos. 
No obstante, conservamos los controles fronterizos, y seguimos teniendo la posibilidad de efectuar controles sobre las personas que las atraviesan. 
La inclusión de Schengen en la UE significaría que se eliminarían los controles, puesto que ése era uno de los motivos principales para la cooperación de Schengen. 
Existe, como yo y otros lo vemos, el riesgo de que tengamos una política más estricta en cuestiones relativas al derecho de asilo, a la entrada de refugiados e inmigrantes y a la concesión de visados en el momento en que todos estemos bajo una normativa común, en la que seguramente serán las normas menos generosas las que se impondrán en la UE. 
Esto significa para muchos países miembros unos requisitos más rigurosos en materia de política de entrada de refugiados. 
¿Es ésta la consecuencia de una posible transferencia de Schengen a la UE? 
Igualmente creo que una de los razones por las que posiblemente se incorporarán los acuerdos de Schengen a la normativa de la UE radica en el intento de crear un Estado más homogéneo y uniforme. 
Me gustaría recibir respuesta sobre si es éste el objetivo. 
Personalmente, comparto algunas de las preocupaciones que Su Señoría plantea. 
De hecho, como miembro del Grupo de Reflexión, planteé toda esa cuestión de la utilización de pasaportes dentro de la Unión. 
Fundamentalmente, creo que hay un conflicto grave en la descripción de la ciudadanía europea que figura en el Tratado de Maastricht, si en cierto modo somos extranjeros unos para con los otros y debemos enseñar pasaportes cuando viajamos dentro de la Unión. 
Mi propio país tiene un problema particular con el Acuerdo de Schengen, no con el principio en que se inspira, sino por un acuerdo tradicional y antiguo con nuestro vecino más próximo y por la situación fronteriza con Irlanda del Norte. 
Sin embargo, puedo decir que en la Conferencia Intergubernamental se está examinando toda esa cuestión. 
Personalmente, creo que, si defendiésemos nuestras fronteras exteriores de la Unión tan atentamente como a veces vigilamos las fronteras interiores de los Estados miembros, prestaríamos un mejor servicio a la Unión. 
Espero que llegue un día en que no se utilicen pasaportes en ningún punto de la Unión Europea. 
Es algo por lo que abogo. 
Entiendo perfectamente que el Consejo no pueda anticiparse a los resultados de la Conferencia Intergubernamental, ni manifestarse sobre si se van a incorporar los acuerdos de Schengen, pero al menos podríamos enterarnos de cuáles son los objetivos del Consejo. 
¿Tiene la Presidencia irlandesa la intención de que las cuestiones que actualmente se reglamentan según los acuerdos de Schengen sigan las normas del Derecho de la UE con posterioridad a la Conferencia? 
¿Y en tal caso, se reglamentarán dentro del tercer pilar o dentro del Derecho primario, del primer pilar? 
En primer lugar, el de Schengen no es un acuerdo con un fundamento en el Tratado. 
En segundo lugar, el Consejo examinará el informe de la Conferencia Intergubernamental en un Consejo de Ministros y los diferentes Estados miembros presentarán sus opiniones. 
No existe una sola opinión en el Consejo, por lo que, como representante de la Presidencia, no puedo hablar en nombre del Consejo. 
Algunos Estados miembros en el Consejo creen que Schengen debería tener un fundamento en el Tratado, otros creen que no y no quieren firmarlo. 
Personalmente, no me plantearía ningún problema que tuviera un fundamento en el Tratado y, en mi opinión, el día en que el pasaporte desaparezca será el día en que habremos logrado de verdad una Unión. 
Es algo de lo que estoy totalmente convencido, pero no puedo decir que haya una sola opinión en el Consejo a este respecto. 
Schengen puede naturalmente asustar a cualquiera. 
Soy sueco y he vivido siempre bajo una unión nórdica de pasaportes. 
Hemos tenido una especie de Schengen en Suecia entre Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. 
Hemos conservado los controles sobre el tráfico de estupefacientes y hemos llevado políticas dispares en torno a la entrada de refugiados si así lo hemos deseado. 
Al mismo tiempo los ciudadanos han podido viajar sin tener que mostrar su pasaporte. 
Por tanto es posible también, dentro de la Unión Europea, que tengamos la exención de mostrar los pasaportes, que permitamos que los ciudadanos atraviesen libremente nuestras fronteras, y al mismo tiempo mantengamos unos controles rigurosos en lo referente a los estupefacientes, el comercio de armas y asuntos de este carácter. 
Eso es perfectamente posible. 
Quisiera recordar a la Asamblea que yo tengo la experiencia también de un acuerdo del tipo del de Schengen entre Gran Bretaña e Irlanda, que existe desde la fundación del Estado irlandés. 
No existe un control de pasaportes entre Irlanda y Gran Bretaña y nunca lo ha habido desde la fundación del Estado. 
Sin embargo, hay complicaciones en todo el proceso de Schengen. 
Como ciudadano irlandés, me parecería asombroso que Noruega e Islandia, que no son miembros de la Unión, tuviesen acuerdos ventajosos respecto de los viajes en la Unión de los que no puedan disfrutar los ciudadanos de mi Estado. 
Se trata de una consecuencia que también se debe abordar. 
Pero espero que a largo plazo todos los Estados miembros tengan la sensatez de firmar el Acuerdo de Schengen. 
Puedo decir a Sus Señorías que, objetivamente, es algo que mi Estado desea hacer. 
Repito que, por lo que a mí respecta, no seremos una Unión hasta el día en que desaparezca el pasaporte. 
Carece de sentido hablar de ciudadanía de la Unión cuando somos extranjeros los unos para con los otros y, para viajar entre nuestros países, tenemos que presentar un documento, en la mayoría de los países firmado por el ministro de Asuntos Exteriores. 
Comparto las opiniones expresadas aquí por Sus Señorías, pero quisiera recordar a la Asamblea que sólo se puede presentar una enmienda con fundamento en el Tratado, en caso de que haya un acuerdo unánime al respecto. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 2 y 3 se contestarán simultáneamente: 
Pregunta nº 2 formulada por Anne McIntosh (H-0718/96): 
Asunto: Acción contra la pornografía infantil 
A la luz del creciente número de noticias sobre casos de pederastia en la Unión Europea, ¿piensa la Presidencia irlandesa del Consejo adoptar medidas al nivel europeo, como parte de su campaña de «calles seguras» , para impedir la explotación comercial de la pornografía infantil? 
¿Piensa el Consejo considerar la adopción de medidas legislativas según el modelo británico para erradicar dicho comercio ilegal, en particular, la creación de un banco de datos sobre personas con antecedentes de pederastia y el intercambio de información entre fuerzas policiales? 
Pregunta nº 3 formulada por Lyndon Harrison (H-0825/96): 
Asunto: Efectos del mercado único para niños y jóvenes 
El Tratado de la Unión Europea reconoce los efectos potencialmente negativos del mercado único en numerosos ámbitos como la política social, medioambiental, o relativa a la salud y la seguridad. 
Sin embargo, en ningún lugar del Tratado se reconoce siquiera que el mercado único acarreará consecuencias para los niños y los jóvenes en la Unión Europea. 
¿Está de acuerdo el Consejo en que los niños se han visto afectados de diversas maneras por el mercado único y que pueden resultar más perjudicados que los adultos por factores como el desplazamiento de familias de un Estado a otro o la mayor libertad de circulación de los pederastas? 
¿Está por lo tanto a favor el Consejo de que estos efectos del mercado único se reconozcan en el Tratado mediante la inclusión de una referencia concreta a niños y jóvenes? 
En relación con estas dos preguntas, que se refieren a la protección de los niños, como recordará la Asamblea, durante el Pleno de septiembre del Parlamento Europeo abordé la cuestión del rapto de niños con fines de explotación sexual. 
Hoy quisiera subrayar que el Consejo comparte las preocupaciones de los diputados al Parlamento Europeo en relación con la explotación sexual de los niños y está decidido a velar por que no se escatimen esfuerzos para abordar el comportamiento delictivo más atroz que entraña la explotación sexual de los niños. 
La UE demostró esa preocupación cuando, a raíz de los trágicos acontecimientos de Bélgica, hizo pública una declaración el 6 de septiembre en la que acogía con beneplácito los resultados del Congreso Mundial celebrado en Estocolmo y afirmaba que laboraría en pro de la aplicación de las recomendaciones de Estocolmo. 
Sus Señorías han de saber que entre dichas recomendaciones figuraba un llamamiento para que se subscribiera el compromiso de convertir en delito penal la explotación comercial de los niños. 
También pidió el procesamiento de los delincuentes, ya sean locales o extranjeros, y la formulación y aplicación de leyes para establecer la responsabilidad penal de todos los que participen en la prostitución infantil, el tráfico de niños y otras actividades sexuales ilícitas. 
Sobre la cuestión concreta que la Sra. McIntosh plantea en su pregunta, la de la pornografía infantil, en la recomendación figura la tipificación como delito penal del comercio y la posesión de semejante material abominable y puedo asegurar a Sus Señoría que la UE hará todo lo que esté en su poder para aplicarla. 
La Unión se apresuró a comenzar la labor de materialización de la declaración que había hecho en medidas positivas. 
Cuando los ministros de Justicia y Asuntos de Interior celebraron su reunión oficiosa en Dublín los días 26 y 27 de septiembre, estuvieron en condiciones de centrar la reunión en gran medida en la cuestión de la explotación sexual de los niños y el tráfico de seres humanos. 
En esa reunión los ministros fortalecieron su compromiso con vistas a potenciar al máximo su cooperación en ese sector y llegaron a un acuerdo político sobre tres medidas importantes. 
La primera de ellas fue una propuesta de la Presidencia irlandesa a raíz de las revelaciones de los acontecimientos de Bélgica, de ampliar el mandato de la Unidad de Drogas europea para que se ocupe también del tráfico de seres humanos. 
Ese instrumento abarcará las actividades de los pedófilos y de quienes les suministren niños, así como el tráfico de niños con fines de explotación sexual. 
Si se adopta, conferirá inmediatamente a la Unidad de Drogas europea poderes para luchar contra esa forma de actividad. 
Esa labor será continuada por Europol, una vez que se ratifique el Convenio Europol. 
Esa medida facilitará la cooperación y el intercambio de información entre las fuerzas de policía y permitirá a la Unidad de Drogas prestar la asistencia que pueda en relación con esas actividades. 
La segunda medida fue una propuesta belga de creación de un programa para el intercambio y la formación de las personas encargadas de abordar la explotación sexual de los niños y el tráfico de seres humanos. 
Por último, se llegó a una acuerdo sobre una propuesta conjunta de Bélgica y de la Presidencia relativa a la creación de una guía de competencias y especializaciones en la lucha contra los delitos pedófilos de esa naturaleza. 
La aplicación de esas propuestas contribuirá en gran medida a la cooperación internacional entre las fuerzas operacionales de policía. 
Los ministros examinaron también otras diversas medidas propuestas por Bélgica para fortalecer los instrumentos con vistas a atender de forma concreta y práctica las preocupaciones de los ciudadanos de Europea. 
En consecuencia, dieron instrucciones a funcionarios superiores para que examinaran urgentemente y les informasen en noviembre, a más tardar, sobre lo siguiente: aprobación de definiciones acordadas de ese tipo de comportamiento para que se unifiquen los castigos en todos los países de la Unión Europea; adopción de medidas para velar por que se interpongan efectivamente las sanciones judiciales; adopción de medidas para velar por que el sistema de la justicia penal tenga en cuenta los intereses de las víctimas de la explotación sexual; eficacia de los instrumentos internacionales existentes para la cooperación en la esfera de la justicia penal, en particular en lo relativo a los niños. 
Los ministros subrayaron también la importancia de la ratificación más temprana posible del Convenio Europol para luchar contra ese tipo de delincuencia organizada y acordaron hacer todo lo posible para conseguirlo. 
La labor que he resumido representa las medidas concretas ya adoptadas por el Consejo para abordar este problema. 
El Consejo no se contentará con eso, sino que se propone seguir de cerca y vigorosamente esa cuestión hasta que se haya hecho todo lo que esté en su poder para velar por que los Estados miembros de la UE sean una zona en la que nuestros niños estén seguros y en la que no pueda haber refugio para los pedófilos y quienes se aprovechan vergonzosamente de la explotación sexual de los niños. 
El Consejo conoce la opinión expresada por el Sr. Harrison de que en la Conferencia Intergubernamental se debería examinar la cuestión de los derechos de los menores de edad con vistas a la introducción de disposiciones relativas a ellos en el Tratado. 
Se trata de un asunto que actualmente está en examen en la CIG, pero, como comprenderán Sus Señorías en este momento, no tengo libertad para entrar en detalles sobre el debate. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su completísima respuesta. 
Sin embargo, ha habido una o dos omisiones. 
Por ejemplo, si se va a crear un registro en el nivel europeo, ¿qué se piensa hacer con los nombres que figuren en dicho registro? 
En el Reino Unido, por ejemplo, vamos a revelar a sus posibles empleadores los nombres de quienes tengan antecedentes de delitos penales en relación con niños. 
¿Es ése el tipo de medidas que se podrían coordinar en el nivel europeo? 
Más preocupante me ha resultado que no haya usted dicho cómo vamos a controlar los anuncios que actualmente se publican en Internet mediante la red de pedófilos, muy difícil de rastrear. 
Se trata de un sector en el que puede resultar útil insistir en que se adopten medidas en el nivel europeo. 
Acojo con beneplácito lo que el Presidente en ejercicio ha dicho, pero creo que debemos adoptar otras medidas, además de las indicadas. 
En primer lugar, en relación con un registro en el nivel de la UE y lo que nos proponemos hacer al utilizarlo: ¿deberíamos, por ejemplo, dárselo a conocer a los empleadores? Se trata de un asunto de aplicación que requeriría alguna consideración detallada. 
No estoy en condiciones de decir cómo se utilizará exactamente, pero puedo asegurar a Su Señoría que, si existe el registro, existe la voluntad de utilizarlo en todas las formas posibles para impedir a los pedófilos que continúen con sus actividades ilícitas y vergonzosas. 
En relación con Internet, en primer lugar los Estados miembros examinarán el documento de trabajo que la Comisión publicó recientemente. 
Espero que tenga también el efecto de estimular un amplio debate al respecto. 
Será muy valioso y el Consejo responderá muy constructivamente a las propuestas futuras de la Comisión sobre asuntos de ese tipo. 
Quisiera señalar que el Consejo de Industria del 8 de octubre examinó este asunto. 
La Comisión está examinando este asunto a petición del Consejo de Industria, de resultas de aquella reunión. 
No es una situación fácil de abordar, porque requiere cierta asistencia voluntaria, dada la situación actual. 
No sé si técnicamente es posible, por ejemplo, controlar Internet sin ejercer cierto control sobre los que introducen información en Internet. 
Pero puedo asegurar a Su Señoría que el Consejo de industria y la Comisión lo están examinando activamente. 
El Consejo de Ministros hará todo lo que esté en su poder para prestar asistencia a ese respecto. 
Lamento contradecir al Presidente en ejercicio, pero me parece que su respuesta a mi pregunta ha sido inadecuada. 
Yo había preguntado por el desarrollo del Mercado Único europeo, en el que tres de las cuatro libertades son, a mi juicio, un peligro para los niños. 
El Presidente en ejercicio ha hablado de la libre circulación de los trabajadores, en este caso, pedófilos y los que tienen capacidad para cruzar las fronteras y causar daños a los niños. 
Pero me refiero también a la libre circulación de servicios, como las emisiones de televisión, con consecuencias para los niños en cuanto a la publicidad o programas con contenido para adultos. 
Me refiero también a la libre circulación de mercancías, ya se trate de drogas, comestibles o juguetes o cualquier otra cosa. 
En otras palabras, señor Mitchell, tenemos que abordar la cuestión del desarrollo del Mercado Único europeo y de si puede tener consecuencias negativas para los niños, algunas de las cuales resultan totalmente imprevistas. 
Le agradezco profundamente su declaración de septiembre en la que reconocía que se puede entender perfectamente que los niños y los jóvenes son jurídicamente ciudadanos de la Unión Europea, pero queremos que se aclare esta importante cuestión del desarrollo del Mercado Único europeo y de si se pueden mitigar esos efectos negativos para los niños mediante medidas idóneas en el nivel europeo. 
No puedo decir si la llegada del Mercado Único ha contribuido a una falta de control en esos sectores determinados, pero lo que sí que puedo decir es que, aprovechando las enseñanzas de la experiencia, debemos examinar cómo podemos fortalecer los controles en ese sector determinado. 
Me parece, por ejemplo, que el problema existe no sólo en la Unión Europea, sino también en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que practican ese terrible comercio fuera de la Unión, donde no existe un mercado único. 
Así, pues, tal vez no sea del todo correcto atribuir a la libre circulación de personas la amplitud del problema existente. 
Pero puedo asegurar a Su Señoría que, en relación con el funcionamiento del Mercado Único y la libre circulación de personas, los ministros de Justicia y Asuntos de Interior examinarán la cuestión planteada. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio las respuestas completas que ha dado a preguntas relativas a los malos tratos a niños y a la pedofilia. 
Quisiera preguntarle por la última parte de la respuesta que nos ha dado, cuando nos ha dicho que se estaba reflexionando sobre la cuestión de los niños y la CIG. 
Como Parlamento, queremos que se incluyan los derechos de los niños en la Conferencia Intergubernamental y como parte del Tratado europeo. 
¿Está el Presidente en ejercicio reflexionando seria y activamente sobre este asunto y se han preparado propuestas en ese sentido? 
Como he indicado en mi respuesta, no puedo hablar por el Consejo sobre este asunto. 
Desde una perspectiva irlandesa, quisiera ofrecer las siguientes observaciones. 
En la CIG se está examinando la posibilidad de fortalecer el principio de no discriminación. 
La Presidencia irlandesa ha presentado un documento sobre esa cuestión, en el que se considera la posibilidad de una disposición general de no discriminación, así como un fundamento jurídico idóneo para adoptar medidas legislativas encaminadas a prevenir dicha discriminación. 
La discriminación por razones de edad es uno de los aspectos abarcados a este respecto en el documento de la Presidencia irlandesa. 
También se está exmainando la posibilidad de fortalecer las disposiciones en materia de justicia y asuntos de interior en el Tratado para que contribuyan a la lucha contra la delincuencia internacional. 
En relación con las otras disposiciones del Tratado, se ha insistido mucho en la propuesta de que incorporemos al Tratado referencias específicas a los niños y sus derechos como ciudadanos. 
El asesoramiento inicial que he recibido indica que la ciudadanía, tal como aparece descrita en los Tratados de la Unión, se aplica a todas las personas que son ciudadanos de un Estado miembro. 
Sin embargo, dado que este asunto se ha planteado aquí, en la Asamblea, y diversas organizaciones lo han planteado a varios ministros en sus Estados miembros, creo que se trata de un asunto que vale la pena volver a examinar. 
He pedido que así se comuniqué al presidente del Grupo Intergubernamental y se está examinando ese asunto. 
Sin embargo, si va a haber un cambio, requeriría la conformidad total de todos los Estados miembros, pero es algo que estamos examinando. 
Señor Presidente, le agradezco las respuestas que ha facilitado. 
No es la primera vez que debatimos sobre esta cuestión. 
Desearía algunas precisiones sobre el siguiente punto: el Viceprimer ministro belga ha propuesto la creación de un órgano europeo, del que no recuerdo el nombre exacto, e idéntico al que existe en Washington para la búsqueda de niños desaparecidos. 
¿Está usted de acuerdo con esta propuesta? ¿Forma parte del dispositivo que propone la Presidencia irlandesa? 
Esta propuesta tiene mucho interés y, desde luego, la examinaré. 
Que yo sepa, no hay una propuesta concreta en examen en el Consejo de Ministros actualmente, pero la propuesta del ministro belga tiene mucho interés y quisiera que se examinara. 
Pregunta nº 4 formulada por Otto von Habsburg (H-0720/96): 
Asunto: Situación política del Principado de Mónaco, del Principado de Andorra y de la República de San Marino 
¿Ha estudiado el Consejo cómo podría desarrollarse la situación jurídica y política del Principado de Mónaco, del Principado de Andorra y de la República de San Marino que están rodeados por territorios de la Unión Europea? 
¿Estaría dispuesto el Consejo a presentar a estos tres Estados una oferta que les permitiera participar en mayor medida que hasta ahora en los objetivos y trabajos de la Unión sin que esto suponga merma alguna para su soberanía e independencia? 
El estatuto político y jurídico de los tres Estados a que se refiere la pregunta no socava en modo alguno las políticas de la Unión Europea. 
Andorra y San Marino han concertado acuerdos con la Comunidad en virtud de los cuales forman parte de su zona aduanera y de la reglamentación de las cuestiones de interés mutuo. 
La gestión cotidiana de dichos acuerdos está regulada por decisiones de los comités mixtos establecidos por los acuerdos. 
Mónaco forma también parte indirectamente de la zona aduanera de la Comunidad. 
Su asociación con los objetivos y la labor de la Unión se hace mediante el Convenio de Garantía de 1918 y el Convenio Aduanero de 1963 entre el Principado y Francia. 
Si se diera la circunstancia de que futuros acontecimientos que superaran el marco de los acuerdos antes mencionados pudieran socavar las funciones del Mercado Único u otras políticas de la Unión, el Consejo considera que la Comisión y los Estados miembros, de conformidad con los Títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, adoptarían todas las medidas necesarias en el nivel de la Comunidad y en el de la Unión. 
Muchas gracias por la precisa información sobre cuestiones económicas y financieras. 
Sin embargo, quisiera saber además si existe con esos Estados un diálogo estructurado o si éste no sería adecuado, por ejemplo, cuando se trata de cuestiones de seguridad interior, pues hay muchos aspectos de seguridad interior que afectan precisamente a estos Estados. 
El diálogo estructurado sólo se mantiene con los Estados asociados. 
Pero puedo decir que existe un diálogo periódico entre la Unión Europea y esos Estados. 
Personalmente, me he reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de San Marino en los diez últimos días y hemos tenido un intercambio que ha valido la pena. 
No tengo noticia de que ninguno de los Estados mencionados en la pregunta haya presionado en pro de una mejora del diálogo con la Unión y creo que los diálogos que existen están funcionando de forma bastante satisfactoria. 
Me ha interesado mucho la respuesta del Presidente en ejercicio. 
Tan sólo quisiera ampliar la cuestión un poco y preguntar por una situación similar existente en la isla de Man y las islas del Canal. 
Se trata de unas islas que están totalmente dentro del territorio del Reino Unido, que dependen de Europa para muchos servicios e instalaciones y tienen como Jefe de Estado al monarca británico- desde luego, su retrato figura en muchos de sus billetes de banco -, pero, al parecer, quedan fuera de la Unión Europea. 
¿Acaso no se trata de una laguna y de un paraíso fiscal para que algunas personas adineradas puedan proteger sus riquezas y explotar el sistema con vistas a hacerse más ricas en una situación fiscal más favorable o existe algún objetivo real para su existencia separada como tales? 
¿Acaso no socava esa existencia y seudoindependencia el estatuto de la Unión Europea en alguna medida? 
Me gustaría saber si el Presidente en ejercicio conoce algún diálogo existente con esas islas y esa anomalía bastante elitista? 
No estoy en condiciones de emitir resoluciones que mejor sería solicitar al Tribunal de Justicia. 
No dispongo de una definición jurídica de todos los acuerdos existentes con la Unión. 
Que yo sepa, los acuerdos con la isla de Man y las jurisdicciones similares mencionadas por Su Señoría se abordaron en el momento de la adhesión y no están planteando dificultades. 
Si bien algunas de esas zonas dependen de la Corona Británica, no cabe la menor duda de que, por ejemplo, la isla de Man se encuentra en una ubicación que no puede ser más irlandesa. 
No tengo noticia de que exista dificultad alguna. 
Los acuerdos relativos a la isla de Man y territorios similares comprendidos dentro del Reino Unido funcionan perfectamente y no están planteando dificultad alguna. Funcionan perfectamente desde la adhesión en 1973. 
Dado el problema que el Celtic Football Club de Glasgow tuvo con Mónaco por el traspaso de John Collins, ¿tendría a bien el Presidente en ejercicio explicarnos si la libre circulación de los futbolistas y otros ciudadanos comunitarios forma parte del acuerdo con Mónaco? 
En caso de que no, ¿nos dará garantías de que se celebrarán urgentemente conversaciones entre la Comunidad y Mónaco para resolver problemas como los que ha padecido el Celtic Football Club? 
Ésa es una pregunta diferente, pero puedo asegurar a Su Señoría que Irlanda no ha tenido dificultades a ese respecto. 
Hemos tenido libre circulación para el equipo de fútbol irlandés respecto de Gran Bretaña desde hace muchos años. 
El Consejo conoce perfectamente la importancia que reviste la preservación de la diversidad lingüística dentro de la Unión. 
A esa diversidad debe nuestro continente su patrimonio cultural, extraordinariamente rico. 
Como declaramos en respuesta a una pregunta formulada por la Sra. Terron i Cusí en noviembre del año pasado, la dirección política en esa esfera debe respetar el principio de subsidiariedad precisamente con vistas a salvaguardar las diferencias entre las lenguas y las culturas de los Estados miembros. 
El Consejo debe velar por que cualquier acción en el nivel de la Unión añada valor real a la medidas adoptadas en el nivel nacional. 
Respecto de la cultura, la actuación de la Unión se rige por el artículo 128 del Tratado. 
La reciente reunión de los ministros de Cultura en Galway brindó una oportunidad útil para un intercambio de opiniones sobre las políticas culturales de la Unión. 
Además de las medidas adoptadas por el Consejo de conformidad con el artículo 128, en virtud de las prerrogativas que le confiere el Tratado, la Comisión lleva a acabo sus propias actividades relativas a las lenguas minoritarias y tiene su propio presupuesto que se le asigna para ese fin. 
Como comprenderá Su Señoría, no puedo decir nada más sobre una tarea que corresponde esencialmente a la Comisión. 
También quisiera observar que la financiación de la Oficina Europea para las Lenguas Regionales y Menos Difundidas, que tiene su sede en Dublín y cuyo objetivo es la preservación y promoción de las lenguas vernáculas y menos difundidas de la Unión Europea, corre en parte a cargo de la Comisión. 
El Gobierno irlandés contribuye también a los gastos de administración de la Oficina. 
No se han recibido propuestas concretas de la Comisión respecto de las lenguas minoritarias. 
Sin embargo, el Consejo asegura a Su Señoría que prestará toda la atención requerida a cualesquiera propuestas que la Comisión presente a ese respecto. 
La oficina de Dublín, a la que acaba de referirse ha tenido que limitar sus actividades debido a que los fondos financieros no han fluido tal como sería razonable y necesario de conformidad con el Presupuesto. 
En la última licitación de la Comisión se han producido más de 1000 solicitudes en este campo pero los fondos financieros no han sido suficientes en absoluto. 
Señor Presidente, usted ha subrayado la importancia de las lenguas minoritarias y de la protección de las minorías. 
Le expreso mi agradecimiento por ello, sólo que deberíamos establecer más datos. 
También imponemos una serie de condiciones a una serie de países que pretenden la adhesión. 
Exigimos de ellos una serie de cosas que dentro de la Unión Europea no son cumplidas de facto por todos los Estados. 
Es decir, exigimos de otros más de lo que nosotros hacemos. 
Por lo demás, quisiera preguntarle hasta qué punto es posible acceder a la exigencia del Parlamento Europeo de introducir y anclar la protección de las minorías en la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que la ampliación nos brinda una oportunidad de examinar de nuevo toda la cuestión de las lenguas minoritarias. 
Si todas las lenguas de la Unión recibieran estatuto oficial y se utilizaran en todos las actividades de la Unión, la situación de la Unión llegaría a ser insostenible. 
Como eso no va a ser una realidad ni lo es ya, tenemos que reflexionar sobre qué trato debemos dar a las lenguas minoritarias que no se utilizan en los actividades cotidianas de la Unión. 
Como procedo de un país que tiene su propia lengua minoritaria, el irlandés, lengua cuyo uso, dicho sea de paso, está aumentando mucho en Dublín, donde se ha disparado la creación de escuelas primarias de habla irlandesa, quisiera, desde luego, dar aliento a la orientación adoptada por Su Señoría. 
El futuro de la Unión estará garantizado, cuando velemos por la protección y el reconocimiento de la diversidad de la Unión. 
En ella incluyo el reconocimiento adecuado de las lenguas minoritarias. 
No creo que fuera justo ni razonable abrigar la esperanza de que todas las lenguas de la Unión lleguen a ser lenguas de trabajo. 
Sin embargo, la próxima ampliación nos brinda una nueva oportunidad de examinar de nuevo este asunto. 
No creo que la pregunta versara sobre la posibilidad de que las más de treinta lenguas minoritarias apoyadas por la magnífica Oficina irlandesa pasen a ser oficiales. 
No creo que fuera ésa la pregunta en modo alguno. 
La pregunta versa sobre la línea presupuestaria y el cultivo de una parte preciosa del patrimonio de Europa para velar por que esas lenguas puedan sobrevivir, pues la mayoría tienen una tradición literaria y gran número de manifestaciones musicales y demás. 
Lo que quiero preguntar en realidad es si, cuando reciba el presupuesto, acogerá el Consejo favorablemente la propuesta de aumento que deseamos para velar por el cultivo de dichas lenguas: no pedimos que pasen a ser lenguas de trabajo. Creo que eso ha sido una forma de desviar la atención, francamente. 
Me gustaría que el Consejo apoyara nuestra petición de un aumento de los fondos para esas lenguas. 
Lamento que Su Señoría haya pensado que yo estaba intentando desviar la atención. 
Estaba colocando toda esa cuestión en su marco. 
Quisiera asegurar a Su Señoría que la Presidencia apoyará su orientación. 
No puedo asegurarle que el Consejo de Ministros convenga con ello. 
No todos los Estados miembros tienen la misma opinión. 
Podemos informar a la Asamblea de que, en el Libro Blanco sobre la política exterior que publicó el Gobierno irlandés este año, se declaraba que, si se presentaba una oportunidad idónea en la Conferencia Intergubernamental, el Gobierno irlandés procuraría lograr una mejora del estatuto del irlandés en la Unión. 
Así, pues, Su Señoría puede estar segura de que también procuraríamos lograr la mejora de las otras lenguas minoritarias. 
Desde luego, la opinión que expresa Su Señoría es algo que la Presidencia, hablando como tal, apoyaría. 
En primer lugar, como presidente del grupo de trabajo «idiomas minoritarios» quiero expresarle mi agradecimiento por haberse pronunciado por el mantenimiento de la línea presupuestaria y de su posible aumento de fondos. 
No obstante, quiero plantear la pregunta de si no sería posible emplear mejor otros programas. 
La colega Ahern y yo hemos invitado esta semana aquí a representantes del idioma irlandés de Irlanda del Norte así como a miembros de diversas confesiones. 
Me alegro de que entretanto se cuide cada vez más la lengua irlandesa. 
La cuestión es si no se podrían utilizar también de modo creciente programas transfronterizos, como por ejemplo, INTERREG y otros para una cooperación cultural de este tipo que fomenta la paz y para la conservación de los idiomas minoritarios. 
Sé que la Comisaria Wulf-Matthies tiene una actitud positiva al respecto. 
Yo también tengo una actitud positiva a este respecto. 
Para no crearme problemas en mi país, he de decir que la lengua irlandesa no está considerada una lengua minoritaria en Irlanda. 
Cuando he hablado de otras lenguas minoritarias, me refería a las de la Unión. 
De modo que hay que examinar incluso la definición de lengua minoritaria. 
Toda esta cuestión pasará a ocupar un primer plano en el marco de la ampliación, porque habrá, en el marco de la Unión, tanta mayor presión por parte de los Estados miembros para dar cabida a las lenguas minoritarias. 
Por lo que a mí respecta, Su Señoría está intentando convencer a un convencido. 
Se trata de una cuestión digna de la mayor atención. 
Me he quedado patidifuso, al oír al Presidente en ejercicio declarar que el Consejo no tenía propuestas ante sí. 
En abril de 1994 este Parlamento envió siete importantes propuestas, uno de los últimos instrumentos legislativos aprobados en este Parlamento sobre las lenguas menos difundidas y que se envió tanto a Comisión como al Consejo. 
Hasta ahora no se ha adoptado medida alguna en relación con ninguna de las siete propuestas, que da la casualidad de que tuvieron su origen en un informe que tuve el honor de presentar a esta Asamblea. 
De modo que no es del todo cierto que el Consejo no tenga nada ante sí. 
Lo tiene y me gustaría que en esta fase tan tardía el Presidente en ejercicio repasara las archivos y buscase esas recomendaciones del Parlamento que se aprobaron aquí por unanimidad. 
Abarcaban los aspectos físicos, financieros, culturales y de cualquier otra índole de las lenguas menos difundidas. 
Por último, me alegro, señor Presidente en ejercicio, de que haya usted rectificado su afirmación de que el irlandés es una lengua minoritaria. 
No tengo que decir nada más. 
Permítaseme decir, en primer lugar, que la Comisión no ha presentado propuesta alguna al Consejo. 
Eso era esencialmente lo que quería yo decir. 
En segundo lugar, he dicho con toda claridad que en el Libro Blanco sobre la política exterior, publicado por el Gobierno irlandés este año, se decía que, si se presentaba una oportunidad idónea durante la CIG, el Gobierno irlandés procuraría lograr una mejora del estatuto del irlandés en la Unión y que, por tanto, Sus Señorías podían estar seguros de que adoptaríamos la misma actitud respecto de las demás lenguas. 
No hay gran diferencia entre las simpatías expresadas por Sus Señorías y la respuesta de la Presidencia. 
Pregunta nº 6 formulada por Hugh McMahon (H-0752/96): 
Asunto: Registro de los productos farmacéuticos Smoltine y Azamethipos 
Dada la importancia de Smoltine y Azamethipos para la industria escocesa e irlandesa de cría de salmón, ¿puede dar garantías el Consejo de que el registro de estos productos se basará en criterios científicos objetivos? A pesar de que el Comité veterinario no ha dado su conformidad al registro, ¿solucionará rápidamente el Consejo este problema para dar satisfacción tanto a los intereses de los consumidores como a los de la industria de acuicultura de la Unión? 
Tengo entendido que la cuestión del registro de los productos farmacéuticos mencionados por Su Señoría sigue en examen en la Comisión. 
Aún no se ha remitido ese asunto al Consejo, por lo que no sería apropiado que yo prejuzgara las opiniones del Consejo al respecto. 
Sin embargo, como ha de saber sin duda Su Señoría, de conformidad con la legislación comunitaria, todos los medicamentos veterinarios deben satisfacer determinados criterios científicos objetivos antes de comercializarse en los Estados miembros. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Se plantea una cuestión muy interesante y constitucional, porque el Comisario Bangemann me aseguró en esta Asamblea el mes pasado que el Consejo tenía ya ante sí este asunto. 
Ahora me pregunto si el Comisario Bangemann estaría mintiéndome y si debo plantearme la cuestión de si no acudirán ante esta Asamblea los Comisarios para no darnos una información exacta. 
Esto es muy grave para los representantes europeos elegidos. 
Quisiera pedir al Presidente en ejercicio que persevere respecto de esta cuestión. 
Evidentemente, haré averiguaciones ante la Comisión para saber qué ocurrió exactamente. 
Pero mi información es la de que, como siempre que hay un punto muerto en el Comité veterinario, se remitió automáticamente el asunto al Consejo. 
Es algo muy importante para la industria del salmón en Escocia e Irlanda. 
Actualmente, afrontan una actitud predatoria por parte de Noruega que debatiremos esta semana. 
Es muy importante disponer de ese producto químico para eliminar los piojos marinos: se introdujo ese producto porque se demostró que no era dañino para la vida marina. 
De modo que es algo muy importante para el futuro de las industrias en zonas muy vulnerables y periféricas. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio y volveré a hacer averiguaciones a este respecto ante la Comisión. 
Agradezco a Su Señoría sus observaciones y, por si acaso hay algún error, yo también haré comprobaciones al respecto. 
Se me ha informado de que ese asunto sigue en examen en la Comisión y de que la respuesta que he dado es exacta, pero haré comprobaciones y comunicaré el resultado a Su Señoría. 
Pregunta nº 7 formulada por Georges Berthu (H-0757/96): 
Asunto: Supresión del artículo 235 
En su respuesta escrita a la pregunta oral H-0686/96, el Consejo observa que el dictamen 2/94 del Tribunal de Justicia relativo a la posible adhesión de la Comunidad al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no se refiere al conjunto del dispositivo del artículo 235 sino que se limita al caso específico de la adhesión de la Comunidad al Convenio. 
¿Cuál es el razonamiento en que se basa el Consejo para estimar que, cuando el Tribunal declara, por ejemplo, que el artículo 235 no puede constituir un fundamento para ampliar el ámbito de competencias de la Comunidad fuera del marco general que resulta del conjunto de las disposiciones de Tratado, emite una opinión específica que se limita al caso presentado, y no una apreciación general sobre el artículo 235? 
Si, según sugiere el sentido común, se trata de una apreciación general, ¿está la Presidencia dispuesta a proponer a la CIG que, para el futuro, elimine todas las ambigüedades, afirme el carácter democrático y transparente de los procedimientos europeos de toma de decisiones y opte por la supresión del artículo 235? 
En mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo adoptar una posición sobre las evaluaciones y las propuestas que figuran en la primera parte de la pregunta de Su Señoría. 
La única institución con competencia para interpretar la legislación comunitaria en general y las disposiciones del Tratado es el Tribunal de Justicia. 
En respuesta a la segunda parte de la pregunta de Su Señoría relativa a la Conferencia Intergubernamental, he de señalarle que el Consejo como tal no participa en la conferencia encaminada a modificar los Tratados. 
De conformidad con el artículo N del Tratado de la Unión Europea, el Gobierno de cualquier Estado miembro o la Comisión pueden presentar al Consejo propuestas de modificación de los Tratados, que son el fundamento de la Unión. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, no estoy en condiciones de referirme a los debates que se están celebrando en la Conferencia Intergubernamental pertinentes para la pregunta de Su Señoría. 
Señor Presidente, el Consejo se niega a extraer conclusiones del dictamen del Tribunal de Justicia del 28 de marzo de 1996 que, sin embargo, es perfectamente claro, puesto que dice que el artículo 235 no podrá utilizarse para ampliar las competencias que el Tratado otorga a la Comunidad o para revisar el propio Tratado. 
Así pues, el Consejo busca escapatorias (en varias ocasiones que he planteado la pregunta) y se comprende, porque él mismo hace uso de este artículo 235 que lleva a violar el Tratado, y voy a citar un ejemplo muy reciente. 
Con el dictamen informal del Consejo, la Comisión acaba de publicar un reglamento jurídico del euro que contiene una revisión del Tratado, pues una de las disposiciones del reglamento consiste en cambiar el nombre de la moneda de «ecu» a «euro». 
Ahora bien, el ecu está perfectamente previsto por el Tratado. 
No es una sigla ni tampoco un acrónimo, sino un nombre que aparece en el Tratado en varias ocasiones. 
El Consejo pretende servirse del artículo 235 para operar esta revisión disfrazada del Tratado, lo que es absolutamente intolerable. 
Evidentemente, es preciso no sólo suprimir al artículo 235, sino también abandonar esa pretensión de transformación del ecu en euro. 
No comparto las opiniones generales expresadas por Su Señoría sobre el artículo 235. 
Este artículo va destinado claramente a abarcar las medidas adoptadas por la Comunidad para alcanzar uno de sus objetivos en esferas no abarcadas expresamente por otras disposiciones concretas del Tratado y ha resultado ser el instrumento más útil y necesario para la formulación de las políticas comunitarias. 
Su Señoría se refiere a un caso particular en relación con la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, sobre el que el Tribunal dictaminó. 
Fue un caso concreto y no una resolución general. 
De hecho, el Grupo de Reflexión examinó la cuestión del artículo 235 y en el párrafo 125 de su informe subrayó que- y cito -: » El Grupo no es partidario de incluir en el Tratado un catálogo de competencias de la Unión y prefiere el sistema actual, que detalla en cada caso el fundamento jurídico de las acciones y las políticas de la Unión. 
Así, pues, el Grupo es partidario de mantener el artículo 235 como instrumento apto para responder al carácter inherente, evolutivo, a la hora de interpretar los objetivos de la Unión.» 
Es una cita literal del informe del Grupo de Reflexión de los quince Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Asunto: Transformación de la UE en un «Estado» como consecuencia de la UEM 
Göran Persson, Primer Ministro sueco, ha afirmado recientemente que la UEM «puede hacer que la UE se convierta en un Estado». 
El razonamiento en que se basa esta afirmación es que la UEM hace necesaria una mayor coordinación de la política económica de los Estados miembros, lo que implica (tal y como señala, entre otros, el antiguo Presidente de la Comisión Jacques Delors) que la UE cuente con un «gobierno económico» , ya que el hecho de que la política económica de la Unión la pudiese dirigir el consejo de administración del Banco Central a puerta cerrada podría tener probablemente consecuencias graves para la democracia. 
¿Comparte el Consejo la opinión de que, desde un punto de vista democrático, la puesta en práctica de la UEM implica dar un paso adelante y que la UE cuente con un «gobierno económico» , lo que, por su parte, implicaría que la UE dejaría de ser una organización de colaboración y se convirtiese en una especie de Estado? 
En respuesta a Su Señoría, he de subrayar que, de conformidad con el deber de reserva que entraña la función de Presidente en ejercicio, me veo obligado a abstenerme de hacer una evaluación o una observación sobre declaraciones hechas fuera de las reuniones oficiales del Consejo. 
No obstante, quisiera señalar a la atención de Su Señoría que la disposiciones relativas a la Unión Económica y Monetaria figuran de forma precisa en el Título IV del Tratado de la Unión Europea. 
Los preparativos para la Unión Económica y Monetaria deben hacerse, y se están haciendo, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado. 
Es interesante que el representante del Consejo no desmienta las conclusiones a que ha llegado el ministro de Gobierno sueco en el sentido de que la UEM puede significar que la UE se convierta en un estado. 
Este es un mensaje muy interesante, puesto que es una de las grandes cuestiones que se están debatiendo en Suecia actualmente, si la introducción de una moneda común según los estatutos del Tratado de Maastricht conlleva un cambio fundamental de la UE, que pasaría de ser una organización de cooperación a otra de carácter más estatal. 
Como es sabido, la oposición a la UEM es muy fuerte en Suecia. 
Si además se confirma directa o indirectamente que los temores que también ha expresado el ministro de Gobierno sueco en el sentido de que, de este modo, que se puede calificar de subrepticio, sin explicarle a la población de qué se trata, se va a crear una potencia europea que, como paso ulterior, y como ha dicho Jacques Delors, va a necesitar además de la creación de un gobierno, estamos hablando de cosas inauditas. 
Pienso que hubiera sido más interesante recibir una respuesta clara por parte del representante del Consejo. 
Espero que Sus Señorías no me atribuyan cosas que no he dicho. 
El hecho de que no comentara las afirmaciones del Primer Ministro sueco no significa que esté de acuerdo con ellas. 
He dicho con toda claridad que estoy obligado a abstenerme de evaluar o comentar las declaraciones hechas fuera de las reuniones oficiales del Consejo. 
La Unión Europea es una Unión en evolución y sólo evolucionará hasta donde se lo permitan los Tratados. 
El acuerdo sobre los Tratados sólo se adoptará por unanimidad de los Estados miembros y el objetivo de la Unión Europea es el de velar por que la paz y la estabilidad que hemos tenido en la segunda mitad de este siglo, frente al caos de la primera mitad de este siglo, que causó la pérdida de 60 millones de vidas tan sólo en Europa, siga estando a la orden del día. 
Nos corresponde a nosotros, como políticos, no infundir miedos ni utilizar términos que puedan alarmar a los ciudadanos. 
Nadie se va a ver coaccionado a hacer nada. 
Esta empresa sólo puede llegar a término por acuerdo. 
Con toda franqueza, creo que la forma como estamos actuando, cuando nos encaminamos hacia el siglo XXI, es mucho mejor que como lo hicimos cuando nos encaminábamos hacia el siglo XX. Espero que, gracias a ella, continúe la paz, y la estabilidad y la prosperidad resultantes, de que hemos gozado en la segunda mitad de este siglo. 
Ésa es la actitud de los estadistas civilizados, los diplomáticos civilizados y los políticos civilizados. 
Nadie debe adelantarse a calificarla en modo alguno. 
Como he dicho, toda la situación está evolucionando. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 9 y 10 se contestarán simultáneamente: 
Pregunta nº 9 formulada por Jan Andersson (H-0764/96): 
Asunto: Lucha contra las drogas sintéticas 
Está aumentando en Europa la elaboración, el tráfico y la utilización de drogas sintéticas. 
Al mismo tiempo, continuamos criticando a los países de Sudamérica y Asia que producen cocaína, opio, etc. Nuestras críticas no resultarán dignas de crédito si no resolvemos primero nuestro propio problema. 
La Presidencia irlandesa ha incluido entre sus prioridades la lucha contra la droga. 
¿Qué medidas tiene la intención de proponer el Consejo para superar el problema de la elaboración, el tráfico y el uso de drogas sintéticas? 
Pregunta nº 10 formulada por Raymonde Dury (H-0816/96): 
Asunto: Prohibición del Rohypnol 
¿Está al corriente el Consejo de los efectos desastrosos del Rohypnol en los usuarios, especialmente cuando combinan su uso con otras drogas? 
¿Puede confirmar que la multinacional Hoffman Laroche, establecida en Suiza, se ha negado a retirar este medicamento de la venta en los Estados Unidos? 
¿Puede concretar en qué país de la Unión Europea se vende este producto en farmacias? 
¿Tiene intención el Consejo de tomar medidas para frenar un producto que, al parecer es tan peligroso como el LSD? 
¿No piensa que debería clasificarse el Rohypnol en la categoría de «drogas»? 
Como señala el Sr. Anderson en su pregunta, la lucha contra el problema de las drogas en Europa es en verdad una de las mayores prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Ya ha habido mucha actividad en ese sector durante nuestra Presidencia; esperamos que las medidas adoptadas den resultados rápidamente. 
La tarea de la Presidencia irlandesa consiste en preparar un programa de actividades que tenga en cuenta las directrices establecidas en el Consejo Europeo de Madrid en diciembre del año pasado. 
Esa labor está ya muy avanzada y en el Consejo Europeo de Dublín, que se celebrará en diciembre, se examinarán los avances logrados. 
La lucha contra el problema de las drogas sintéticas es uno de los elementos más importantes de ese programa. 
Esas llamadas drogas de diseño se pueden fabricar a partir de ingredientes que en sí mismos son totalmente legítimos y se utilizan diariamente en la industria, pero que, cuando se combinan, resultan letales. 
En muchos sentidos, la facilidad con que se consiguen dichas drogas, sus diversas formas y la facilidad con que se pueden producir las hacen más peligrosas incluso para nuestros jóvenes que las drogas tradicionales procedentes de cultivos, como la cocaína y la heroína. 
Como señala el Sr. Anderson en su pregunta, esas drogas de diseño se están fabricando también en los Estados miembros de la Unión y también en nuestros países vecinos europeos. 
Es necesaria una actuación urgente en el nivel europeo para impedir la fabricación de dichas drogas. 
Entre las medidas que se están examinando en el Consejo y que contribuirán a limitar la producción, el tráfico y la utilización de drogas sintéticas, figuran las siguientes: una iniciativa a escala de la Comunidad encaminada a animar a las administraciones de aduanas de los Estados miembros a que concierten acuerdos con los organismos y las empresas del sector privado pertinentes con vistas a conseguir su ayuda para la lucha contra las drogas; la labor relativa a esa medida ya está ya muy avanzada; medidas encaminadas a lograr una mayor cooperación entre las autoridades policiales y aduaneras; el intercambio de personal y expertos entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los Estados miembros; la compilación de un manual sobre la prevención y la disuasión de la producción de drogas ilegales con vistas a asistir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a la hora de abordar ese problema; la elaboración de una guía de los conocimientos especializados y los expertos en materia de mecanismos encaminados a hacer cumplir la ley de que disponen los Estados miembros para la lucha contra el tráfico de drogas que abarque también los conocimientos especializados en el sector de las drogas sintéticas; intercambio de información sobre las rutas del tráfico de drogas y las drogas sintéticas con los países de la Europa central y oriental; éste será uno de los temas más importantes del seminario sobre las drogas que la Presidencia irlandesa organizará el 23 de octubre y al que están invitados los expertos de todos esos países. 
Como los precursores son un componente esencial de las drogas sintéticas, la Presidencia ha concedido prioridad también a la lucha contra los precursores. 
La Comisión ha logrado avances substanciales para la concertación de acuerdos relativos a los precursores con terceros países y la ampliación de la base de datos y también en los intercambios de información en los seminarios y cursillos organizados sobre ese asunto. 
El Consejo está examinando medidas prácticas encaminadas a imponer la aplicación de la ley con vistas a la lucha contra los precursores. 
El Consejo apoya también la aplicación plena de las recomendaciones del grupo operativo encargado de adoptar medidas en relación con las substancias químicas. 
Como han de saber sin duda Sus Señorías, en el reciente consejo oficioso de justicia y asuntos de interior celebrado en Dublín se hizo hincapié también en el carácter prioritario de la lucha contra las drogas sintéticas. 
Pasando a las cuestiones planteadas en la pregunta de la Sra. Dury, el Consejo conoce el problema que plantea el uso indebido del Rohypnol, en particular entre los adictos sometidos a tratamiento de mantenimiento con metadona. 
Sin embargo, que yo sepa, aún no se han presentado pruebas convincentes de que los efectos perjudiciales del Rohypnol, por sí solo o en combinación con otras substancias, sean peores que los de otras substancias similares que se pueden conseguir con receta. 
Me refiero, en particular, a las benzodiazepinas. 
La de en qué Estados miembros está en venta ese producto es una cuestión que debería confirmar el fabricante. 
El Consejo no tiene intención de prohibir esa substancia en un plazo inmediato. 
Aún no están claras las razones exactas por las que es tan popular entre los toxicómanos y hasta que no se determinen no sería prudente considerar la posibilidad de prohibir su uso. 
Le agradezco al Consejo su respuesta exhaustiva. 
Simplemente voy a destacar brevemente algo concerniente a la pregunta anterior, puesto que el ministro de Gobierno sueco es mi camarada de partido. 
Se ha hecho una cita poco fundamentada, que en absoluto refleja lo que el ministro de Gobierno sueco ha dicho sobre la UEM. 
Simplemente lo digo para que no creamos que emite juicios erróneos. 
En la cuestión sobre la lucha contra el tráfico de estupefacientes me parece positivo lo que se ha dicho y las acciones adoptadas contra las drogas sintéticas. 
Son unas acciones encaminadas a disminuir la oferta. 
Sabemos que la oferta, sobre todo en Polonia, y que el tráfico que tiene origen en Polonia, están aumentando. 
Pero esto es sólo un parte del asunto. 
Lo que me preocupa en lo referente a la lucha contra el consumo europeo actual es el aumento de la demanda. 
Nunca acabaremos con el tráfico si no luchamos también contra la demanda. 
Debemos llevar una política en los países miembros que haga que los jóvenes y adultos digan «no» a los estupefacientes. 
Trabajen en esta dirección en el Consejo. 
Espero por tanto que no se limiten a unas acciones que limiten la oferta, sino que limiten también la demanda. 
Su Señoría ha planteado un aspecto muy importante. 
Yo soy miembro del Grupo Operativo del Gobierno irlandés sobre el aspecto del problema representado por la demanda, que recientemente ha publicado un informe provisional. 
Una de las razones por las que, en particular en los barrios urbanos pobres y en las zonas más desfavorecidas de nuestros países, se recurre a las drogas es aquella a la que se refiere el antiguo dicho: » La ociosidad es la madre de todos los vicios». 
De hecho, son muchas las personas afectadas por el desempleo de larga duración, que viven en malas condiciones de vivienda, que no reciben formación con vistas a la consecución de un empleo y que no tienen oportunidades educativas. 
Si no asignamos recursos para abordar el aspecto de la demanda, no podremos, literalmente, vencer abordando simplemente el aspecto de la oferta. 
Recomiendo a Su Señoría y a los diputados a la Asamblea un examen del programa de desarrollo local que se está ejecutando actualmente en Irlanda. 
En noviembre vamos a celebrar una conferencia para Europa sobre este tema concreto. 
Puede hacer una contribución importante a la hora de abordar el aspecto de la demanda. 
Desde luego, yo comparto las preocupaciones expresadas por Su Señoría. 
Señor Presidente, no sé quién ha preparado la respuesta escrita que se me ha hecho a propósito del Rohypnol, ¡pero vaya! 
Llegado el caso, ha de pedirse a los funcionarios que se informen en los Estados Unidos, porque en este país ya existen estudios sobre los desastrosos efectos del Rohypnol. 
Las autoridades americanas han pedido a la multinacional Hoffman-Laroche la retirada del producto, que es un medicamento y que, utilizado con otros productos, tiene efectos desastrosos. 
Si yo planteo la pregunta es porque, cerca de mi casa, en Bruselas, he visto a jóvenes intercambiando Rohypnol; sólo había que ver en qué estado se encontraban para saber que se trata sencillamente de un problema de drogas. 
Eso es precisamente lo que me ha llevado a formular la pregunta. 
Creo que sería necesario que, en la Comisión o en otra parte, en Lisboa, se verifique país por país, dónde nos encontramos en el plano legislativo, con respecto al Rohypnol, que se pregunte a los Estados Unidos si tienen estudios en este sentido y que, quizá también, se tenga un intercambio de puntos de vista con la multinacional Hoffman-Laroche porque, verdaderamente, ésta tiene su parte de responsabilidad en este tipo de fenómeno. 
Este es un asunto muy grave y que la Presidencia se toma muy en serio. 
Voy a pedir un informe sobre los efectos del Rohypnol en los Estados Unidos. 
Cuando haya recibido dicho informe, examinaré ese asunto más a fondo y velaré por que el ministro pertinente del Consejo reciba una copia del informe. 
Pregunta nº 11 formulada por Winifred Ewing (H-0812/96): 
Asunto: Moneda única y emisión de billetes de banco 
Considerando que el artículo 105A del Tratado de la Unión establece claramente que con la introducción de la moneda única y los billetes y monedas euro, únicamente los billetes emitidos por el BCE y los bancos centrales nacionales tendrán curso legal en la Comunidad. 
Considerando que el artículo 16 del Protocolo nº3 establece que «el BCE respetará en la medida de lo posible las prácticas existentes para la emisión y el diseño de billetes de banco». 
Considerando que tres bancos comerciales escoceses emiten sus propios billetes de banco que no tienen curso legal. 
¿Considera el Presidente en ejercicio del Consejo la posibilidad de que los tres bancos comerciales escoceses continúen emitiendo sus propios billetes de banco, respetando las prácticas existentes, tras la introducción de la moneda única? 
En diciembre de 1995 el Consejo Europeo celebrado en Madrid acordó que la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria comenzaría el 1º de enero de 1999. 
Esa decisión fue confirmada en el Consejo Europeo de Florencia celebrado en junio de 1996. 
La moneda única- el euro- empezará a existir al comienzo de esa tercera fase. 
Según el plan de referencia aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 1995, el 1º de enero del año 2002, a más tardar, se pondrán en circulación los billetes y las monedas metálicas en euros. 
En el protocolo nº 11 del Tratado de la Unión Europea se declara que el Reino Unido no estará obligado ni comprometido a pasar a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria sin que su Gobierno y su Parlamento adopten por separado la decisión de hacerlo. 
El Gobierno del Reino Unido ha indicado que no decidirá si su país participará en la tercera fase, que se iniciará el 1º de enero de 1999, hasta poco antes de que se cumpla esa fecha. 
Como Su Señoría afirma en su pregunta, el artículo 105 A del Tratado, que no se aplica a los Estados miembros que no participen en la Unión Económica y Monetaria, atribuye al Banco Central Europeo el derecho exclusivo a autorizar la emisión de billetes de banco dentro de la Comunidad. 
Dicho artículo dispone, además, que el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales pueden emitir dichos billetes y que los billetes emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal dentro de la Comunidad. 
Como también señala Su Señoría, el artículo 16 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales exige al Banco Central Europeo que respete en la medida de lo posible los usos existentes en materia de emisión y diseño de billetes de banco. 
Si el Reino Unido participa en la Unión Económica y Monetaria, corresponderá al Banco Central Europeo, después de su creación, decidir si se debe autorizar a los bancos escoceses a que sigan emitiendo billetes de banco que no sean de curso legal. 
Señor Presidente en ejercicio, muchas gracias por esa clara respuesta, porque mi partido ha ido a ver al Sr. Lamfalussy, quien ha confirmado esa situación. 
Tan sólo quiero decir, que, naturalmente, como los bancos escoceses llevan más de 200 años emitiendo esos billetes que no son moneda de curso legal, no nos son aplicables las normas de Maastricht y, por tanto, no planteamos problema alguno a nadie. 
El problema es, como siempre- no sólo para los ciudadanos de Escocia, sino para todo el mundo- el de la aceptación pública. 
Cuando planteé esta cuestión en los debates, el ministro de Asuntos Exteriores alemán me indicó, que, si todo el mundo pudiera ver una imagen con la que esté familiarizado en una de la caras del billete o de la moneda, aumentaría la aceptación pública. 
Sin embargo, en el caso de Escocia, como no tenemos una moneda de curso legal, tenemos todo el derecho a decir: mantengamos un uso excelente que resulta muy aceptable y hace más de 200 años que existe. 
Pregunta nº 12 formulada por Pat Gallagher (H-0801/96): 
Asunto: Subidas de precios y moneda única 
La extendida idea entre el público en general de que muchos comerciantes al por menor utilizaban los cambios de moneda como oportunidad para subir los precios fue un factor que contribuyó a la falta de popularidad del proceso de decimalización de las monedas irlandesa y británica hace algunos años. 
El apoyo del público en los países participantes será un ingrediente fundamental para lanzar con éxito la moneda única. 
Dentro de este contexto, ¿qué planes tiene el Consejo para garantizar el que no se considere que la introducción del euro es utilizada por los comerciantes como oportunidad para imponer subidas de precios a los consumidores? 
En el plan de referencia acordado por el Consejo Europeo en Madrid en diciembre de 1995 se declara que los billetes y las monedas de la moneda única, el euro, empezarán a circular el 1º de enero del año 2002, a más tardar. 
La Comisión ha presentado propuestas para un reglamento del Consejo en el que se establecen las disposiciones relativas al uso del euro. 
Entre ellas figuran normas detalladas sobre el redondeo. 
Dichas normas van encaminadas a velar por que no se redondeen o se trunquen los tipos de conversión y proteger, así, contra la posibilidad de que haya quien aproveche las inexactitudes en el redondeo para lograr beneficios. 
Además, tengo entendido que la Comisión está examinando formas de velar por que el público se familiarice con la fijación de precios en euros y dificultar a las empresas la ocultación de los aumentos de precios. 
Una sana competencia y unos consumidores vigilantes son, naturalmente, los mejores medios de velar por que los vendedores no estén en condiciones de ocultar los aumentos de precios en el paso al euro. 
Si se considerara necesario que el Consejo aplique medidas para contrarrestar semejante peligro, confío en que esté dispuesto a adoptar las medidas que se determinen. 
Por último, de conformidad con el apartado 1 del artículo 105 del Tratado de la Unión Europea, el objetivo primordial del Sistema Europeo de Bancos Centrales, es decir, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, será el de mantener la estabilidad de los precios. 
No me cabe duda de que, para la aplicación de dicho objetivo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales tendrá presente el aspecto mencionado por Su Señoría. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su completa respuesta. 
Los diputados procedentes de Irlanda y del Reino Unido recordarán perfectamente cómo se aprovecharon muchos vendedores del proceso de conversión del sistema antiguo al decimal. 
Quisiera pedir al Ministro que utilice sus buenos oficios para velar por que se adopten las medidas necesarias. 
Agradezco plenamente lo que ha dicho, pues lo ha dicho de buena fe, pero resulta muy necesario que se adopten las medidas adecuadas contra los infractores para que no pague las consecuencias el consumidor, como ocurrió entonces. 
Quisiera asegurar a Su Señoría que haremos todo lo que esté en nuestro poder para velar por que se aborde la cuestión que plantea y se examine este problema con mucha antelación. 
Le agradezco que lo plantee como lo ha hecho. 
Velaré por que se señale sin falta a la atención del presidente del Ecofin. 
Es un aspecto que merece atención particular mucho antes de la introducción efectiva de la moneda. 
Pregunta nº 13 formulada por Irini Lambraki (H-0771/96): 
Asunto: Medidas para atajar la tensión en Diyarbakir 
Tras los recientes acontecimientos dramáticos en Diyarbakir, resulta necesario que la comunidad internacional adopte medidas urgentes, pues aumenta de forma alarmante el número de víctimas de la brutalidad militar turca. 
¿De qué modo piensa afrontar el Consejo el continuo incremento de la tensión en la región en cuestión y qué medidas piensa adoptar para proteger, al menos, la vida de los miles de habitantes kurdos de la región? 
El Consejo sigue preocupado por la insatisfactoria situación en materia de derechos humanos en Turquía y, naturalmente, los incidentes de Diyarbakir forman parte de ella. 
El Consejo ha reiterado- y sigue reiterando- con toda claridad que la observancia del imperio de la ley y las libertades fundamentales es un elemento esencial para unas relaciones más estrechas entre Turquía y la Unión Europea. 
Insiste en que la lucha contra el terrorismo debe hacerse con pleno respeto de los valores fundamentales de la democracia y los derechos humanos. 
Su Señoría puede estar segura de que la necesidad de lograr avances en los sectores de la reforma democrática y del respeto de los derechos humanos seguirá caracterizando el planteamiento por parte del Consejo de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Señor Presidente, también doy las gracias al señor Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta y por la sensibilidad que ésta refleja. 
Tengo sólo tres observaciones que hacer: 
Lamentablemente, señor Presidente, ni nuestras resoluciones ni la buena intención del Consejo han mejorado las dramáticas condiciones en que viven los kurdos de Diyarbakir. 
Es necesaria una acción concreta, y no sé si ustedes la tienen prevista. 
Al igual que ustedes, el Parlamento Europeo condena el terrorismo, pero hay que evitar que éste sea utilizado por Estados y sociedades como excusa para proceder a un genocidio. 
Además, le quiero llamar la atención sobre el problema de los agricultores kurdos de Diyarbakir ahora que se acerca el invierno. 
Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, 3.000 pueblos de la región se han despoblado y Diyarbakir, hace tres años una ciudad de 300.000 habitantes, cuenta ahora con 1, 5 millones de personas que se mueren de hambre en las calles. 
No sé qué medidas podrían adoptar para poner fin a la muerte por hambre de miles de niños en la ciudad de Diyarbakir. 
La Unión Europea reconoce la necesidad de mayores mejoras y avances en todo el sector de la aplicación de los derechos humanos y las libertades democráticas en Turquía. 
Hemos seguido diciendo con toda claridad a las autoridades turcas que la observancia del imperio de la ley y las libertades fundamentales es la base de la aproximación continua entre la Unión Europea y Turquía. 
Las autoridades turcas nos han dado garantías de su intención de proseguir el proceso de reforma constitucional y legislativa. 
Seguiremos instando a que se logren rápidos avances en la introducción y la aplicación de las otras reformas necesarias para salvaguardar adecuadamente los derechos humanos, cuya situación no satisface los criterios que hemos fijado. 
La Comisión, por su parte, ha apoyado a las ONG y a las organizaciones profesionales turcas que llevan años promoviendo los derechos humanos, incluida la Asociación de Derechos Humanos, la Fundación de Derechos Humanos y la Asociación Médica Turca. 
La Comisión seguirá cooperando y concediendo ayuda para diversos proyectos encaminados a la promoción de los derechos humanos en Turquía. 
Se puede considerar una indicación de la preocupación constante de la Unión por los asuntos que ha planteado Su Señoría. 
Pregunta nº 14 formulada por John Cushnahan (H-0774/96): 
Asunto: Recursos para la lucha contra el narcotráfico 
Tras la supresión de los controles de las fronteras interiores, ¿comprende el Consejo la importancia de proporcionar una protección adecuada en los puertos y costas de la UE para prevenir el narcotráfico internacional? 
¿Qué medidas tiene intención de aplicar el Consejo en este ámbito? 
Una de las mayores prioridades de la Presidencia irlandesa ha sido la de conseguir una acción más coordinada y efectiva en el nivel de la Unión Europea contra el tráfico y el uso indebido de drogas. 
Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de una revisión exhaustiva de la adecuación de la cooperación en materia de protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea contra la importación de drogas por tierra, mar y aire. 
Como ya dije en una respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del pasado mes de julio, la Presidencia ya ha iniciado un debate sobre la estrategia aduanera en las fronteras exteriores. 
Ha presentado propuestas sobre la formación, los instrumentos técnicos, el equipo de control, los servicios de inteligencia, el análisis de riesgos y una mejor comunicación. 
Va a proponer una acción conjunta a fin de que sirva de fundamento jurídico para la asignación de fondos con cargo al presupuesto de las Comunidades Europeas. 
Dichas propuestas van encaminadas a lograr un nivel más eficaz de cooperación contra el tráfico de drogas y dará cumplimiento a una de las acciones de la lista aprobada por la reunión del Consejo Europeo en Madrid celebrada en diciembre de 1995 respecto de las drogas. 
El Consejo concederá también prioridad a la revisión del Convenio de Nápoles sobre la asistencia mutua entre administraciones de aduanas, sobre el programa relativo a la estrategia Aduanas 2000 para el Tercer Pilar y sobre la participación de la UE en el plan estratégico de la Organización Aduanera Mundial con vistas a la aplicación de una medida práctica sobre la ruta balcánica del tráfico de drogas. 
La Presidencia hará también un examen riguroso de los acuerdos actuales para las operaciones conjuntas de vigilancia aduanera en las fronteras exteriores. 
Dicho examen irá encaminado a mejorar su eficiencia. 
Se pedirá al Consejo un mandato global para dichas operaciones a fin de que no haya que obtener todos los años la aprobación del Consejo, como ocurre ahora. 
También procurará fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros y los intereses comerciales y de transportes en la lucha contra el tráfico de drogas. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta. 
Agradezco a la Presidencia inglesa- y le rindo homenaje por ello- que haya hecho de esta cuestión una de las prioridades máximas de su mandato. 
Le deseo éxito a la hora de intentar persuadir a nuestros socios europeos para que le concedan la misma prioridad. 
Pido al Ministro que haga alguna observación respecto de la asignación presupuestaria para el próximo año de 24 millones de ecus, que me resulta consternadora. 
No indica precisamente una prioridad máxima para la lucha contra un negocio internacional de tráfico de drogas que representa un billón de dólares. 
También rindo homenaje al propio Ministro. 
Sé perfectamente que, mucho antes de que fuera nombrado ministro, ya se ocupaba de esta cuestión. 
Siempre ha estado muy comprometido con la lucha contra el uso indebido de drogas, en particular en su propia ciudad natal. 
Quisiera recordarle, señor Presidente en ejercicio, las recientes aprehensiones de drogas en Moneypoint and Cork, también las enormes aprehensiones que se consiguen, por ejemplo, en puertos como los de Rotterdam y Amsterdam, donde el año pasado se confiscaron 450 toneladas de drogas. 
Le recuerdo la observación- que transmití a su oficina- del jefe de la policía de Rotterdam sobre la falta de cooperación judicial y policial para la protección de las zonas costeras y ribereñas. 
¿Está el Consejo dispuesto a examinar la solución a medio plazo consistente en crear un servicio europeo de guardacostas? 
A corto plazo, ¿estaría dispuesto el Consejo, junto con otras instituciones europeas, a prestar asistencia a países como el nuestro, que tienen la pesada carga de responsabilidad de vigilar más del 20 % de las aguas costeras europeas y carece de los recursos adecuados para abordar ese problema? 
A corto plazo, la UE debe asignar más recursos para los servicios navales de esos países. 
Sin embargo, a largo plazo, debemos proyectar la creación de un servicio europeo de guardacostas. 
Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento hecho por el Sr. Cushnahan de esta cuestión. 
He de decir- pues carece de sentido no llamar las cosas por su nombre- que la cantidad de recursos que hemos comprometido para la lucha europea contra las drogas- que no se debe confundir con la lucha que los Estados miembros llevan a cabo por separado -, que el presupuesto de la Unión Europea es insuficiente, dada la amplitud del problema. 
La Presidencia irlandesa ha procurado mejorar esa situación; le hemos concedido prioridad. 
Vamos a proponer una acción conjunta que sirva de fundamento jurídico para la asignación de fondos con cargo al presupuesto de la Comunidad Europea. 
Además, vamos a proponer un mandato global del Consejo para las operaciones que he expuesto en grandes líneas a fin de que no haya que obtener todos los años la aprobación del Consejo, como ocurre ahora. 
En esta Asamblea, en las reuniones del Consejo de Ministros, en las reuniones del Consejo Europeo y por parte de los Comisarios se expresa mucha preocupación sobre este asunto. 
Parece haber una voluntad y ahora tenemos que encontrar la forma. 
En el caso de la UEM había la voluntad y encontramos la forma. 
Se trata de una prioridad. 
Siempre estamos preguntándonos cómo hacer que la Unión sintonice con los ciudadanos. 
Ésta es una forma como podemos hacer que la Unión sintonice más con los ciudadanos, pero no podemos hacerlo con un presupuesto para este año de 40 millones de ecus. 
Sencillamente, no es posible. 
No dispongo de las cifras del presupuesto para el próximo año, pero los 40 millones de ecus para este año son, sencillamente, insuficientes. 
No son suficientes ni mucho menos y eso no es tomarse el problema en serio. 
Desde luego, haremos todo lo posible para conseguir que aumenten los recursos. 
Creo que esta Asamblea debe ser pródiga a este respecto, porque existe preocupación. 
Creo que es hora de que pongamos los recursos al mismo nivel de nuestras preocupaciones. 
Como he dicho, la Presidencia y el Consejo procurarán velar por que las fronteras exteriores de la Unión Europea estén protegidas adecuadamente contra el tráfico de drogas. 
Las drogas llegan por tierra, mar y aire. 
Se utilizan rutas diferentes según la naturaleza y el origen de las drogas. 
Se introducen las drogas de formas diversas: llevándolas consigo las personas; en cargamentos no acompañados; ocultas en automóviles, barcos y contenedores; y, en particular en el caso del cánnabis, en embarcaciones pequeñas. 
Es evidente que hay que reforzar las medidas de seguridad. 
Probablemente ninguna acción o método, incluida una mayor protección naval, será eficaz por sí sola. 
Será importante velar por que los diferentes planteamientos de la cuestión, antes de que se apliquen, hagan una contribución eficaz a la seguridad de las fronteras exteriores contra el tráfico de drogas y que después se apliquen de forma coordinada. 
Creo que la propuesta de que exista alguna forma de cooperación de los servicios de guardacostas merece un examen más detallado y constructivo. 
Se habla de defensa y seguridad. 
La seguridad es diferente de la defensa. 
La de las drogas es una cuestión de seguridad. 
En Irlanda, por ejemplo, hay ya cooperación entre el Ejército del Aire irlandés y la RAF en materia de búsquedas y rescates. 
Podría ser algo así de flexible o algo más estructurado dentro de la Unión. 
Pero necesitamos- y esto corresponde a todo el sector de las tareas de Petersberg, que se están examinando- abordar ese aspecto. 
Ya es hora de que examinemos formas de proteger nuestras fronteras exteriores, incluidas nuestras costas, contra esas drogas. 
Cuando llegan a las calles, ya es demasiado tarde. 
Creo que ésta es una propuesta muy válida que se debe examinar. 
No puedo comprometerme ni responder, pero creo que es digna de un examen profesional de algún tipo para que podamos dar una respuesta concluyente. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Quisiera que me diese una aclaración sobre la cuestión de la cantidad de dinero que se va a asignar este año. 
¿Son 40 millones de ecus, 24 millones de ecus o, como creen algunos de mis colegas, una cantidad inferior? 
En segundo lugar, como el Presidente en ejercicio es tan partidario de las gestiones y las acciones conjuntas en el nivel europeo, ¿podría comprometerse a que los fondos que actualmente están en una cuenta bancaria de Bruselas y que se van asignar al servicio naval irlandés con vistas a mejorar su equipo y dotarlo de más buques se entreguen lo antes posible a fin de que el servicio naval irlandés, que es, en realidad, el ala occidental de cualquier servicio europeo de guardacostas, pueda proteger esa extensa zona contra la importación ilegal de drogas? 
Por último, respecto de la necesidad de prevenir que los países de Sudamérica en particular se vean en la necesidad de cultivar las materias primas de las drogas, ¿hay alguna propuesta del Consejo para ayudar a esos gobiernos de Sudamérica? 
En relación con los fondos depositados en la cuenta de Bruselas, si Su Señoría presenta una pregunta, procuraré responderla. 
No dispongo de información en mis notas para responder a esta pregunta. 
Tengo entendido- si bien tendría que confirmarlo- que la cifra disponible para los tres pilares en 1996 es de 40 millones de ecus, unos 32 millones de libras. 
Respecto del cultivo de las materias primas, se trata de una consideración fundamental para cualquier intento de abordar el problema. 
Gran parte de las medidas adoptadas para abordar el problema de las drogas corresponde a los Estados miembros por separado, pero también a la Unión le corresponde un papel. 
La Unión Europea podría emprender la tarea de hacer campaña en otras regiones en las que hay cultivos destinados a la producción de drogas. 
Hay unas cinco regiones en Asia de las que procede algo así como el 80 % de la heroína que llega a la Europa occidental. 
También hay claros indicios en Sudamérica, por ejemplo, que era la procedencia tradicional de la cocaína, de que se está produciendo heroína allí. 
Eso tiene consecuencias terribles, porque ya hay allí rutas establecidas con destino a todo el mundo. 
Tiene mucho interés el aspecto mencionado por Su Señoría. 
Se trata de algo que figura en el orden del día. 
Estamos examinando en particular la zona del Caribe. 
Se ha examinado en la reunión ministerial euroasiática y nuestros funcionarios lo están siguiendo de cerca. 
Pregunta nº 15 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0777/96): 
Asunto: Andalucía y la OCM del aceite de oliva 
En Andalucía, una de las regiones más relevantes de la UE, el olivar constituye el cultivo de mayor importancia, no sólo desde el punto de vista económico sino también social y medioambiental. 
¿No considera el Consejo que, previamente a la decisión, debería contar con Andalucía para evitar que la reforma empeore el actual sistema de regulación del sector? 
¿Sabe que el anteproyecto preparado por la Comisión suscita una fuerte contestación en Andalucía? ¿No es esto colmar el descontento de la agricultura andaluza, después de «lo de las vacas locas» y la reforma de frutas y hortalizas? 
El Consejo comparte la opinión de Su Señoría respecto de la necesidad de mantener unas condiciones idóneas, unas circunstancias económicas, sociales y medioambientales que permitan una producción tan importante como la del aceite de oliva, en particular en las regiones de la Comunidad caracterizadas tradicional y predominantemente por ese tipo de cultivo. 
Todo el mundo reconoce la oportunidad de emprender una reforma del régimen comunitario del aceite de oliva. 
Sin embargo, el Consejo sólo puede dar una opinión a partir de una propuesta oficial de la Comisión. 
Hasta ahora no se ha presentado una propuesta. 
En cualquier caso, resulta evidente que, en el marco del examen de cualquier propuesta futura, cada uno de los Estados miembros podrá poner de relieve el interés de sus regiones productoras. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta, que valoro mucho, porque es mucho decir que el Consejo de Ministros comparte la opinión de Andalucía en estos momentos y muestra su sensibilidad hacia el asunto, y comprende que es cierto que están en juego 140.000 puestos de trabajo- por lo que es una decisión importantísima desde el punto de vista, no sólo agrícola, sino del empleo, de la política social o del medio ambiente-. 
Dice bien el Consejo de Ministros- todavía no va a decidir sobre ello -, pero el Consejo de Ministros debe trabajar en coordinación con la Comisión y tiene que saber que la Comisión, en estos momentos, es reticente a lo que se le pide: que antes de presentar una decisión de este calado al Consejo debe abrir un período de reflexión y consulta para que el propio sector pueda opinar. 
Sería una barbaridad que una decisión como ésta se tome en contra de Andalucía, que es el primer productor europeo y mundial. 
Y sería un trágala sin precedentes que, cuando en otras reformas se ha abierto un plazo de reflexión y de consulta, en ésta no ha sido así y no se sabe por qué. 
Muchas gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por haber entendido la gravedad del problema. 
Su Señoría ha entendido perfectamente la comprensión que sentimos, como Presidencia, por la situación que ha expuesto. 
El Consejo sólo puede dar una opinión a partir de una propuesta oficial de la Comisión, por lo que tal vez podría Su Señoría plantear esa cuestión a la Comisión. 
Andalucía será consultada de la forma normal mediante el proceso de consulta a los Estados miembros por parte del Consejo. 
Pero quiero concluir reiterando a Su Señoría nuestra comprensión por los problemas a que se ha referido. 
Quiero dar las gracias al Sr. Mitchell en particular por algunas respuestas muy válidas. 
Ha preparado usted muy bien las respuestas sobre las drogas. 
(La sesión, interrumpida a las 7.10 horas., se reanuda a las 9.00 horas.) 
Protección de los intereses financieros 
Señor Presidente, señoras y señores, quizás se pregunten porqué se encuentran de nuevo en el orden del día dos informes sobre la protección de los intereses financieros de la UE. 
¿Es que avanzamos con gran rapidez con las normas destinadas a impedir los fraudes e irregularidades con los fondos de la Comunidad? 
No, lo que ocurre es exactamente lo contrario. 
Avanzamos sólo con gran lentitud y esfuerzos. 
El tema de mi informe, elaborado en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, relativo a los controles y verificaciones in situ se remonta hasta marzo de 1994. 
En aquella ocasión, una resolución del Parlamento había pedido a la Comisión que presentase propuestas eficaces para combatir el fraude en el empleo del presupuesto de la Comunidad, incluyendo controles in situ. 
Un primer paso en la dirección correcta fue el Reglamento 2988/95 que entró en vigor en diciembre de 1995. 
Sin embargo, la cuestión de los controles de la Comisión in situ quedó en gran medida sin solucionar. 
A comienzos de este año, la Comisión introdujo una mejora con una segunda propuesta de reglamento. 
En nuestra resolución de mayo de 1996 hemos valorado la propuesta en general como satisfactoria si bien introducimos trece enmiendas que la Comisión aceptó en su mayor parte. 
Quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Gradin y a su equipo por sus esfuerzos. 
Pero el Consejo introdujo enmiendas a la propuesta de la Comisión y a la posición manifestada por el Parlamento, por lo que se nos consulta de nuevo. 
He expuesto esta cronología para preguntar cuánto tiempo la Unión y los Estados miembros van a estar contemplando casi sin actuar las prácticas de los defraudadores, en especial en el ámbito transfronterizo, al actuar tan titubeantemente con sus legislaciones. 
Según el informe de la Comisión, el presupuesto de la Comunidad perdió más de 1.100 millones de ecus en el pasado ejercicio debido a actividades ilícitas. 
Por un lado se dice: ahorrar, reducir el presupuesto. Precisamente esto es lo que hacemos con la primera lectura del presupuesto de 1997 esta semana. 
Por otro lado, grandes sumas desaparecen fraudulentamente porque no se ponen en marcha las correspondientes normas de protección. 
Permítanme que extraiga algunos puntos de la propuesta presentada por el Consejo. 
En primer lugar, reclama la subsidiariedad. 
El Parlamento jamás la ha cuestionado. 
Los controles de la Comisión deben realizarse en caso de irregularidades transfronterizas y garantizar de este modo un nivel de protección del presupuesto comunitario equiparable en todos los Estados miembros. 
Un país puede solicitar también tales controles. 
No se ven afectados aquellos casos que ya están sometidos sectorialmente a la UE o a los países. 
En segundo lugar, los controles son de naturaleza administrativa. 
No lo cuestionamos. 
Pero lo importante es que a los inspectores de la Comisión sean aplicables las mismas condiciones que a los nacionales, es decir, que en caso de sospecha, tengan acceso a todas las informaciones y lugares y que sus informes tengan la misma fuerza probatoria que los de las administraciones nacionales. 
Los artículos 1, 7 y 8 así lo reflejan. 
En tercer lugar, de las 13 enmiendas originarias del Parlamento, 7 se reflejan satisfactoriamente en el nuevo texto y 2 en los considerandos. 
No se ha recogido nuestra propuesta de que la Comisión realice controles sin previo aviso solamente en casos urgentes para evitar retrasos. 
No obstante, podemos aceptar la redacción actual siempre que la voluntad de cooperación de la Comunidad y de las instancias nacionales conduzca a unos resultados prácticos y satisfactorios. 
El cuarto punto queda, sin embargo, abierto. 
Si los receptores de fondos de la UE niegan el acceso garantizado en los artículos 5 y 7 a las informaciones, documentos, locales, etc., no se prevén sanciones de ningún tipo, como el bloqueo o la supresión de ayudas. 
Tenemos que mantener nuestra exigencia de medidas sancionadoras de carácter jurídico-administrativo, por lo que presentamos una enmienda, por cierto, la única. 
Es ahora la Comisión la que debe explicar si está dispuesta a presentar la correspondiente propuesta para eliminar esta gravísima carencia. 
Quiero felicitar a la Presidencia irlandesa del Consejo por la actitud abierta que anunciado en repetidas conversaciones, también ante nuestra comisión, en lo tocante a los problemas existentes. 
Sería deseable que solucionase esta cuestión de los controles in situ antes de que finalice el año. 
Señor Presidente, al presentar este informe, que se refiere al denominado segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros, que podría definirse mejor como Protocolo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, incluidas las empresas, deseo manifestar el sentimiento contradictorio que me invade en este momento y que creo que puede coincidir con el de Sus Señorías. 
Si, por un lado, valoro positivamente y siento, pues, satisfacción por la aceleración que se ha dado en los últimos meses- durante las Presidencias española, italiana e irlandesa- a la lucha contra el fraude y, por consiguiente, también a la lucha contra la delincuencia, gracias a la adopción o a la propuesta de nuevos instrumentos. 
Quisiera recordar entre tales instrumentos el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de hace un año, el primer Protocolo sobre la corrupción de los funcionarios extranjeros, elegidos o no, los dos reglamentos, uno de los cuales se estudiará esta noche, gracias al excelente trabajo efectuado por la comisión y la Sra. Theato, la ponente, es decir, el Convenio sobre la extradición, instrumentos algunos de los cuales incluso ya fueron aprobados también por el Consejo. 
Recuerdo también el Convenio sobre la corrupción, que debería sustituir al primer Protocolo. 
Por un lado, repito, satisfacción, ya que algunos de estos instrumentos, como el Protocolo sobre la corrupción o el relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, tienen también un gran alcance innovador y, por lo tanto, un notable valor político. 
Para darles un ejemplo, la OCDE, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales piden desde hace tiempo que se proceda a una normativa que sancione a los funcionarios extranjeros, que, como es sabido, no son perseguibles en nuestros ordenamientos, o que aumente la capacidad de disuasión de las normas con respecto a las empresas. 
Aun sintiendo, pues, satisfacción, soy consciente de que los instrumentos elegidos son débiles institucionalmente y pueden carecer de eficacia. 
A este respecto, quisiera señalar a la Comisión y también al Consejo que quizás es peor legislar sin garantizar luego el respeto de las leyes que no legislar en absoluto. 
En efecto, se suscitan expectativas y luego el vacío crea desilusiones. 
Desde este punto de vista, la debilidad de los instrumentos, la debilidad de los convenios es muy acentuada. 
Todos nosotros, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Libertades Públicas, todo el Parlamento lo ha recordado varias veces. 
El estudio comparativo que en 1996 llevó a cabo un grupo de expertos sobre el espacio judicial europeo, sobre el estado de las ratificaciones de los convenios y sobre la cooperación judicial presenta un panorama desconsolador y preocupante. 
Los convenios que surgieron en el seno del Consejo de Europa se han traducido escasamente en hechos reales al no haberse ratificado, de manera que consideramos ya positivo el Convenio sobre el blanqueo, que desde 1990, fecha de la aprobación, sólo han ratificado cinco países de la Unión Europea. 
Los convenios en el ámbito de la cooperación política- tenemos una lista impresionante: de 1987 a 1991 se adoptaron grandes e importantes convenios relativos al traslado de las personas condenadas, el ne bis in idem, la simplificación de los procedimientos de extradición, la transmisión de los procedimientos represivos, la ejecución de las condenas penales extranjeras -, pues bien, ninguno de dichos convenios ha entrado en vigor. 
Y una vez más, por lo que respecta al fraude, lo ha recordado hace poco la Sra. Theato y quiero recordarlo yo también, sí, hemos aprobado últimamente importantes convenios, pero, dadas las anteriores experiencias, desgraciadamente, tenemos el fundado temor de que todo eso tardará mucho, en caso de que pueda traducirse en hechos. En esto consiste mi sentimiento contradictorio. 
Por un lado, una valoración positiva y, por otro, una gran preocupación con respecto al instrumento elegido. 
En realidad, el instrumento que hoy se somete a votación parece de gran interés, de gran interés porque es innovador, dado que es la primera vez que se introduce en un ordenamiento el principio de una responsabilidad, que justamente aquí se dice que es penal o administrativa porque los ordenamientos son distintos, y es conveniente proceder con cautela ya que se trata también de personas jurídicas y no sólo físicas. 
Entre los países europeos, algunos tienen legislaciones penales en la materia, otros no: Italia, España, Grecia y Bélgica carecen de ella, los otros, en cambio, tienen formas de previsión penal. 
Creo que tal exigencia es ya oportuna en un sistema de intercambios económicos, en un sistema de delincuencia organizada, en particular económica, en el que no podemos contentarnos con el efecto que puede producir que sólo sea punible la persona física, según la doctrina romana, nec societas delinquere potest, ante la complejidad pero también el peso y el papel que pueden tener las empresas. 
Quien ha seguido los casos de las distintas tangentopoli europeas, incluida la italiana, sabe que éste es un punto importante. 
En este sentido he encontrado el texto del Consejo equilibrado, como trata de serlo nuestra opinión. 
No se pueden transferir mecánicamente a las empresas las sanciones previstas para las personas físicas por razones obvias. 
Es difícil demostrar la culpa; el mismo efecto preventivo para sociedades cubiertas por seguros puede ser mucho menor. 
Pero ¿qué falta en este instrumento? 
Falta una parte importante, que es la asistencia y la cooperación judicial, parte que se ha suprimido. 
Estaría también de acuerdo en que este punto se tratara en un instrumento aparte siempre que, señor Comisario Kinnock, se hiciera la propuesta inmediatamente.En los últimos días ha habido un llamamiento por parte siete jueces europeos que ha tenido gran trascendencia. 
Es un llamamiento explícito, muy fuerte, a todas las instituciones, incluidas las comunitarias, para crear un espacio judicial europeo a fin de luchar contra la delincuencia y contra la corrupción. 
Yo estoy plenamente de acuerdo con ese llamamiento y más bien creo que deberemos hacer que el Parlamento, junto con la Comisión, escuche a esos jueces, les dé el espacio justo. 
Pero la petición del Parlamento debe ir seguida de acciones de gobierno. 
En efecto, no quisiera que, una vez producida la supresión, la promesa de un futuro instrumento se quedara en algo vago. 
Nosotros necesitamos luchar contra la delincuencia confiriendo a los jueces competencias de circulación que hoy no tienen. 
Como es sabido, en algunos casos resulta imposible una relación directa entre jueces, y, muy a menudo, pasar por las cancillerías significa hacer perder meses si no años. 
Creo que por respeto a las expectativas de los ciudadanos, a su derecho a la seguridad, dado que Europa es también la Europa de la legalidad, no podemos callar y quedarnos sin poder. 
Termino recordando que precisamente en esta base se fundamentan las propuestas de pasar al primer pilar que nosotros hemos formulado y que figuran en numerosos actos relativos a la lucha contra el fraude. 
Considero que para reprimir los fraudes de manera más justa, más eficaz, la condición imprescindible es hacer un esfuerzo político y también de imaginación para que la materia vuelva a su ámbito natural, que es el de la competencia comunitaria y de una acción democrática garantizada y eficaz. 
Me pregunto cómo es posible lanzar excelentes ideas como ésta y luego no hacer que a los convenios sucedan los hechos. 
Una desilusión de este tipo podría hacer perder crédito a Europa, que ciertamente atraviesa un momento muy difícil. 
Señor Presidente, quiero exponer la opinión de la Comisión de Control Presupuestario sobre el informe del Sr. Bontempi. 
Pero en primer lugar, permítanme que felicite encarecidamente a mi colega por su claro y también valiente informe que ha elaborado con la precisión que le caracteriza. 
Como ya dije antes, el camino por el que van la Comisión, el Parlamento y, en especial, los Estados miembros, para crear un marco jurídico para la protección penal del presupuesto de la Comunidad es largo y tortuoso. 
El Parlamento siempre ha subrayado que hubiese preferido normas a una directiva, ya que mediante convenios con protocolos adicionales es difícil alcanzar una protección equiparable. 
Pero como se acordó el procedimiento de los convenios, queremos contribuir a su pronta realización. 
Deseo a la Presidencia irlandesa que pueda concluir con éxito el presente segundo Protocolo adjunto al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la UE. 
Lamentablemente, el cuándo se vaya a realizar la ratificación de todo el paquete en todos los Estados miembros es algo aún imposible de predecir. 
El Protocolo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas es solamente aceptable para nosotros como compromiso del Consejo si no se introducen más excepciones. 
Es decir, se debe poder sancionar a las personas físicas que cometen fraudes contra el presupuesto de la Comunidad en nombre de personas jurídicas. 
Los Estados miembros no pueden sustraerse unilateralmente a esta responsabilidad. 
Hay que imponer sanciones en el caso de blanqueo de capitales procedentes de fraudes, que en su mayoría son de gran cuantía adquiridos ilícitamente a nivel internacional. 
Las normas sobre la asistencia y cooperación judicial son decepcionantes. 
El Sr. Bontempi ya lo ha expuesto. 
Como objetivo mínimo tenemos que exigir al menos el aseguramiento jurídico del intercambio de informaciones con las autoridades de judiciales nacionales así como la elaboración de un registro relativo a los procedimientos judiciales de los casos de fraude seguidos. 
Debe asimismo aclararse la cuestión de las competencias de los países en casos de fraude y la competencia del Tribunal Europeo de Justicia así como también- subrayo- la necesidad de una cooperación entre los tribunales nacionales. 
Si se aprobase en este sentido el texto antes de que finalice el año, avanzaríamos un pequeño paso en la lucha contra el fraude. 
Señor Presidente, señoras y señores, deseo sumarme a las felicitaciones expresadas por la Sra. Theato al Sr. Bontempi a las que quiero añadir mis propias felicitaciones a la Sra. Theato. 
Siempre es difícil: uno no puede alabarse a si mismo, pero usted es una colega comprometida del mismo modo con un campo que no quiero limitar demasiado al texto del Convenio que se nos ha presentado. 
Como el Sr. Bontempi y también la Sra. Theato han expuesto aquí una serie de declaraciones atribuibles al texto, quiero realizar algunas observaciones básicas en nombre de nuestro grupo político. 
En primer lugar, no a causa de la avanzada hora en la que debatimos aquí sobre el tema sino más bien- permítanme que lo exprese de un modo suave- de la moderada atención que despierta en esta Asamblea, me parece adecuado observar que es muy típico que un tema que debería gozar de la máxima atención, en realidad se trate como un problema marginal, más bien técnico, con lo que no quiero regañar a mis colegas. 
Es cierto que los diputados no saltan precisamente de entusiasmo de sus escaños cuando tienen que ocuparse de un proyecto tan árido. 
No es uno de los momentos estelares del Parlamento hablar sobre el segundo Protocolo adjunto, pero lo que nos obliga a hablar al respecto debería hacer que todas las alarmas sonasen en todos los grupos políticos de esta Asamblea así como en los Parlamentos nacionales y en los Gobiernos. 
Entre las personas que estamos reunidos en esta sala no necesito decirlo y subrayarlo pues todos lo saben: la corrupción y el fraude en la forma que conocemos, cada vez más refinada, no son solamente fenómenos delictivos a los que hay que combatir con los medios del derecho penal y comunitario sino que entretanto se han convertido en unas serias amenazas para las estructuras jurídicas democráticas no sólo de la Unión Europea sino también de sus Estados miembros. 
El Sr. Bontempi ha llamado la atención sobre la evolución en Italia. Esta es conocida, por ejemplo, debido a la masiva intervención de las autoridades, del Estado y de la opinión pública italianas contra el fenómeno de la corrupción y del fraude en cada vez más sectores de la vida pública. 
Pero Italia es solamente un país miembro de la Unión Europea. Lo que me preocupa tanto es el hecho de que la corrupción y el fraude sistemáticos- por cierto, no solamente provenientes y apoyadas por el crimen organizado sino también por la economía legal y las instancias estatales- ya no es un fenómeno meramente italiano sino que está avanzando en todos los Estados miembros de la Unión y solamente es registrado por pocas personas. 
Si en un país como el de que yo provengo se pueden deducir fiscalmente las sumas pagadas para sobornar, por así decirlo, si se pueden considerar como gastos empresariales que el empresario tiene que realizar para mantener su negocio, es adecuado preguntar si no se abren de este modo de par en par las puertas a la corrupción. 
Habrá que preguntarse porqué el mayor país miembro de la Unión Europea no ha impedido esto ya desde hace mucho tiempo, pues ante la falta de un derecho penal armonizado, podemos debatir todo lo que queramos en esta Asamblea. 
Mientras las autoridades encargadas de perseguir los actos punibles, mientras las normas penales nacionales y mientras las normas nacionales, por ejemplo, de derecho fiscal, sean como son actualmente, no nos sirve de nada. 
En mi país no vamos a poder combatirlo. 
Cuando hablamos precisamente de personas jurídicas, deseo dirigir su atención a un aspecto: la lucha contra la corrupción y el fraude tiene algo que ver con la conciencia pública y con una comprensión personal de la moral. 
Si el empleado de una empresa- a lo que se ha referido también el Sr. Bontempi en su opinión- es elogiado por lograr para su empresa un pedido al precio que sea y empleando para ello todos los medios, aunque sean delictivos, puedo entender que este empleado asalariado de la empresa diga: » para asegurar mi trabajo empleo tales métodos». 
Mientras la empresa no se someta ella misma como persona jurídica a un código moral, no puedo hacer ninguna crítica al empleado. 
Por ello, lo que se persigue en el segundo Protocolo adjunto es un complemento de enorme importancia, con total independencia de la cuestión inicial citada por el Sr. Bontempi que se remonta al derecho romano, consistente en añadir un concepto jurídico casi al inicio del siglo XXI, en el sentido de que no solamente una persona se comporta incorrectamente sino que la estructura que le impulsa a actuar así tiene al menos la misma culpa. 
Espero que esta consideración se refleje en los Convenios actuales. 
Tiene usted razón, señor Schulz. 
El problema no es sólo que el debate tenga lugar a esta hora, sino que, además, se celebre ante una sala vacía. 
Señor Presidente, Señorías, hoy volvemos a enfrentarnos, y es algo que ya han indicado otros oradores y los dos ponentes, al carácter ambiguo de la lucha europea contra el fraude. 
Por un lado hablamos de una propuesta de reglamento, es decir, una medida del primer pilar. 
Por otro lado nos pronunciamos sobre un proyecto de protocolo, es decir, un instrumento jurídico del arsenal del tercer pilar. 
En el anterior período parcial de sesiones en Estrasburgo ya arremetimos contra estas irritantes ambigüedades, y también el Comisario Gradin se sumó a nuestra postura. 
Si examinamos estos dos informes, tendremos una clara idea de lo absurdo que es semejante normativa híbrida. 
Supongamos que el reglamento entra en vigor y la UCLAF controla y verifica en diferentes Estados miembros, es decir, sobre el terreno, las actividades de diversas empresas. 
Si en determinados casos se detectan graves omisiones o irregularidades, entonces dependerá de la legislación y la jurisprudencia del Estado miembro en cuestión cómo se actuará y de qué manera se dictarán sentencias y condenas, pero sobre todo si se procederá judicialmente y en qué medida se impondrán condenas o multas. 
Dos ejemplos de situaciones diferentes. 
Primer ejemplo. En determinados países, las personas jurídicas son penalmente responsables, mientras que en otros países, como Bélgica, actualmente no es este el caso. 
Entonces se recurre a un procedimiento civil o administrativo o hay que reclamar la responsabilidad penal de la persona física. 
Segundo ejemplo. En algunos países, como en Bélgica, el lavado de dinero fraudulento es un término definido con carácter amplio. 
En otros países no es así. Por consiguiente, dichos países permiten cosas que en Bélgica son intolerables. 
Simplemente no son consideradas delito o violación y por consiguiente no son objeto de procesamiento o penalización. 
La diversidad crea una serie de problemas, concretamente cuando se trata de la misma acción que perjudica los intereses financieros de la Comunidad Europea, pues algo que en un país fuera penalizable no lo sería en otro, lo cual tendría como consecuencia una interesante posibilidad de elección para los eurodefraudadores. 
Este ejemplo no ficticio demuestra que hemos de adoptar una normativa mejor, pero naturalmente no quiero oponerme al reglamento o al protocolo que examinamos hoy. 
Los dos ponentes, la Sra. Theato y el Sr. Bontempi, lo han dejado claro y les felicito por su trabajo. Apoyo las enmiendas propuestas por ambas comisiones. 
Sin embargo, quiero señalar un escollo. El ponente, Sr. Bontempi, sabe a lo que me refiero. 
Lo hemos hablado en la comisión. En la Comisión de Libertades Públicas no sólo hemos reforzado con enmiendas la responsabilidad del Comisario competente y de la UCLAF. 
Hemos ampliado y flexibilizado la lista de sanciones, pero también hemos añadido la cuestión del lavado de dinero en una votación, en torno a la cual creo que en realidad existe una disputa. 
Existe una directiva de lavado de dinero y esta directiva contiene todos los elementos, inclusive en lo que respecta al procesamiento de las personas jurídicas, es decir, de las empresas. 
Me temo que si incluimos el lavado de dinero en el protocolo, ello supondrá un retroceso con respecto a la situación de la directiva, porque la directiva es el medio más potente. Forma parte del primer pilar. 
En vista de ello, pienso que la Comisión debe proporcionarnos mayor claridad al respecto, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente de bancos y otras entidades financieras y las posibles consecuencias, incluso para casos de fraude perpetrados por otras personas jurídicas y en especial por empresas o asociaciones. 
Quisiera rogar a la Comisión Europea que aporte claridad y que manifieste en una declaración al Parlamento cuál es su opción: el primer pilar o el tercer pilar. 
Quiero volver a expresar mi aprecio por el trabajo de las dos comisiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, todos los días la actualidad nos ofrece ejemplos de la propagación del fraude en Europa. 
En las últimas semanas nos hemos enterado de la detención de una personalidad política de un Estado miembro de la Unión Europea que había falsificado facturas y obtenido fraudulentamente de la Comisión cantidades por contratos ficticios en el sector del turismo. 
Más recientemente hemos tomado nota del llamamiento solemne de una asociación de magistrados de Ginebra que pide una verdadera cooperación internacional en la lucha contra el fraude para vencer la inercia de las Administraciones nacionales. 
Italia, por ejemplo, ha luchado intensamente, sobre todo en el plano penal, otros países no. 
Todo eso ha creado serias disparidades. 
La situación es, pues, alarmante y no será ciertamente el reglamento de hoy del Consejo lo que podrá atenuar nuestras preocupaciones. 
Ante todo habrá que afrontar penalmente el fraude de la misma manera en todos los países de la Unión. 
Como efectivamente ha entendido muy bien la ponente, la Sra. Theato, la posición del Consejo con respecto a las modalidades de los controles " in situ» efectuados por la Comisión es reveladora de sus reticencias. 
En efecto, el Consejo, que ha rechazado la enmienda más importante del Parlamento Europeo sobre la cuestión clave de las sanciones, reconoce ciertamente una competencia de intervención a la Comisión, siempre que dicha competencia tenga un mero carácter administrativo y se enmarque rigurosamente en el principio de subsidiariedad. 
El Consejo se niega, efectivamente, a conceder cualquier competencia sancionadora, porque, si no, daría a la Comisión una competencia de control, pero así pierde de hecho toda eficacia el propio control. 
Por nuestra parte, no pensamos poner en tela de juicio la aplicación del principio de subsidiariedad, pero con la condición de que no se conciba ni interprete como un derecho de veto por parte de los Estados miembros. 
La subsidiariedad debe ser algo adicional para la Comunidad y no algo contra la Comunidad. 
Por lo tanto, señor Presidente, señores diputados, señor Comisario, no puedo ocultarles cierto desaliento ni cierta inquietud al constatar una vez más que a menudo los Estados miembros centran sus esfuerzos en impedir, como ha subrayado acertadamente el Sr. Bontempi, la potenciación de las competencias de la Comisión en esta materia, y, más en general, en todo lo que respecta a la lucha contra el fraude. 
Todos condenan el fraude de palabra, pero pocos tratan de impedirlo de manera concreta. 
No se trata de cuestiones de carácter meramente jurídico ni de celos de prerrogativas, sino de dar prueba de una verdadera voluntad política para llevar adelante una lucha eficaz contra el fraude que se propaga. 
Si estallara un escándalo de dimensiones europeas debido a la mala gestión de los fondos de la Unión y a la propagación del fraude, la construcción europea, en la que pacientemente y con pasión todos nosotros trabajamos, correría un riesgo grave de naufragio. 
Señor Presidente, el Parlamento ha hecho bien en dar importancia a la lucha contra el fraude. 
Considero que si existe un ámbito político en el que realmente podemos ganar honra, es este. 
Todo lo que tiene que ver con Europa se asocia demasiado a una mala gestión del dinero. 
Esto ha de cambiar. 
Pienso que los temas que examinamos esta noche, y quiero dar las gracias a los ponentes por el trabajo que han realizado, pienso que se trata de un paso en la buena dirección. 
Es positivo que la UCLAF reciba las facilidades necesarias para realizar su trabajo en los Estados miembros, y también para investigar todo tipo de asuntos sospechosos sobre el terreno. 
El Grupo de los Liberales acepta en este contexto el principio de subsidiariedad. 
Si los Estados miembros pueden hacerlo, deben hacerlo, y es positivo que los funcionarios de la Comisión puedan acompañar a las autoridades nacionales cuando sea necesario. 
A nuestro parecer hay que lamentar, y la Sra. Theato ya se ha referido a ello, que los funcionarios de la Comisión no puedan llevar a cabo inspecciones independientes. 
Habría sido mejor que este hubiera sido el caso. 
Los Estados miembros nacionales no han de ocultar nada en este ámbito, y si un funcionario de la Comisión quiere investigar independientemente, tendría que poder hacerlo. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista no es del todo esencial, es una lástima. 
Lo que sí es esencial es la posibilidad de no imponer sanciones. 
¿Qué sentido tiene decretar reglas, si no sabemos si se cumplen o no? 
Y si no se cumplen, ¿de qué sirven si no hay sanciones para penalizar a las personas o para hacer frente a la situación? 
Por desgracia, esta noche tampoco hay nadie del Consejo presente que pueda explicarnos cómo se solucionará este mal. Quizás la Comisión pueda darnos alguna explicación. 
Pensamos que es un gran inconveniente de las actuales propuestas. 
Pero no se puede tener todo de golpe. 
Se trata de un paso en la buena dirección. Por consiguiente, lo apoyaremos, pero hace falta más. 
Esperamos que en los próximos años se darán más pasos en esta dirección desde este Parlamento. 
Señor Presidente, no hace falta decir que felicito a los dos ponentes por sus dos informes, que merecen el apoyo en nuestro Parlamento. 
Ahora bien, en el contexto de este debate tenemos que declarar sin ambages que el delito y la delincuencia son dos de las industrias europeas que acusan una expansión fundamental en nuestros días. 
La cuantía de los beneficios que se pueden obtener ilegalmente con los fondos públicos es cada vez mayor, y el número de casos de manipulaciones de ese tipo que se descubren en general, y en particular el riesgo de que se descubran, es cada vez menor. 
Está resultando tan fácil ganarse bien la vida ilegalmente a costa del dinero de los contribuyentes que cuando hablamos de igualdad de condiciones en tantas esferas de actividad en las que se abonan subvenciones públicas podríamos perfectamente decir que la principal característica de esas condiciones es la estafa. 
Este informe es importantísimo porque, aunque en el informe de la Sra. Theato se aceptan algunas de las enmiendas del Consejo, hay que reconocer que las aceptamos con cierta desconfianza porque sabemos de donde provienen. 
Hemos podido comprobar esta noche- y esto es todo lo que quiero decir en mis dos minutos de tiempo- el menosprecio que suscitan en el Consejo las opiniones de nuestro Parlamento. 
Es evidente que el Consejo estima que estos dos importantes debates pueden desarrollarse sin que haga falta siquiera que envíe un empleado subalterno para que tome unas cuantas notas a fin de que por lo menos pueda dar la impresión de que está preparando un informe para sus empleadores. 
Todo esto es un agravio para nuestro Parlamento y hay que dejar bien sentado que nuestro Parlamento insistirá en seguir haciendo más de lo que estos informes nos permiten. 
Sobre la base de lo que acabo de decir apoyamos esta noche los dos informes. 
Señor Presidente, señor Comisario, ya empiezo a ser un frecuentador asiduo de sesiones nocturnas que, tal vez por estar vinculada la noche simbólicamente con el fraude y el robo, nos hacen venir aquí a hablar delante de tan poca gente. 
La verdad es que tanto el informe Bontempi, como el informe Theato, revelan a dos personas profundamente interesadas en encontrar una solución convincente para la lucha contra la delincuencia organizada. 
Pero quisiera decir al Sr. Bontempi que, sin ser Gayo ni Justiniano y después de haber leído su cita según la cual «lo colectivo no puede cometer fraudes» , podríamos decir que el problema que se plantea hoy en el Derecho es que «el Estado puede colaborar en el fraude». 
En este momento, el gran problema que se plantea en Europa es el de que, a pesar de toda la estructura jurídica, de toda la maquinaria que se pueda poner en pie, las administraciones públicas, mediante la subsidiariedad, no renuncian a la prerrogativa que tienen de colaborar o de no luchar contra la delincuencia. 
Eso es exactamente, desde el punto de vista filosófico y político, lo que está sucediendo: una crisis brutal del sistema jurídico, una crisis enorme del sistema de justicia, que hace que en este momento, por la falta de justicia en otros ámbitos, se haya organizado la mayor manifestación de los últimos tiempos desde la guerra. 
Estamos todos vinculados ahora a esa lucha. 
Pero, si no hay un código deontológico con fundamento jurídico al que los Estados se adhieran por voluntad propia, como si en la televisión no hubiese también periodistas que se adhirieran a un marco deontológico, no será posible luchar ni contra la mala prensa ni contra el Estado colaborador con la omertà, con la delincuencia organizada. 
Con esta reflexión termino y deseo a los dos ponentes el mayor éxito con el gran esfuerzo que han hecho y les aseguro que tienen en mí a un gran admirador. 
Señor Presidente, ya hemos podido percatarnos de que tenemos ante nosotros dos excelentes informes, dos informes que tratan de un tema de importancia capital: la forma de proteger los intereses de los contribuyentes. 
Desgraciadamente ya no hay ningún contribuyente aquí esta noche, pero estoy seguro de que podemos ocuparnos debidamente de estos asuntos mientras los contribuyentes se preparan para acostarse. 
En primer lugar, hay que felicitar a la Sra. Theato por la claridad y el carácter constructivo de su informe sobre las verificaciones in situ en la lucha contra el fraude. 
El texto sobre el cual, como no ignora el Parlamento, el Consejo llegó en junio a un acuerdo de principio, es resultado de un considerable esfuerzo desplegado por la Comisión, el Consejo y en particular la Presidencia italiana, con miras a resolver con éxito esta cuestión. 
Creo que responde en gran parte a las principales preocupaciones expresadas por el Parlamento en mayo de este año, a las que se ha hecho referencia en el curso de este debate. 
Huelga decir que es importante que ese texto tenga efectos prácticos lo antes posible, y, una vez que el Parlamento se haya pronunciado, el Consejo estará en condiciones de aprobar el texto a tiempo para que el reglamento entre en vigor el 1 de enero del año próximo. 
Este nuevo reglamento permitirá que los inspectores antifraude de la Comisión puedan llevar a cabo investigaciones más eficaces. Permitirá instituir un nivel equivalente de protección de los intereses financieros de la Comunidad en todos los puntos de la Unión. 
La disposición que preconiza una protección equivalente del presupuesto es un nuevo elemento de la estrategia antifraude de la Unión, y con el tiempo es evidente que ayudará a mejorar mucho las actividades de control. 
El reglamento confirma la responsabilidad central de los Estados miembros por lo que se refiere a la prevención de irregularidades, y da a los Estados miembros los medios para preparar esos controles, junto con la Comisión; este método es claramente compatible con el requisito de asociación que caracteriza a la estrategia antifraude de la Comisión. 
Los inspectores de la Comisión podrán verificar directamente la actuación de los operadores económicos, y se beneficiarán del acceso a la información en el mismo grado que los inspectores nacionales, aspecto en que ha insistido mucho la Sra. Theato en su intervención. 
A efectos de admisibilidad, el valor de los informes como prueba ante los tribunales será igual que el de los informes preparados por inspectores nacionales. 
Señor Presidente, quisiera añadir que la UCLAF está comprobando en la actualidad la eficacia de todos los instrumentos y procedimientos disponibles en el plano nacional para proteger los intereses financieros de la Comunidad. 
El año que viene contaremos con los resultados de esa labor. 
Como saben ustedes, el Parlamento propone que se introduzca alguna clase de sanción contra los operadores que se niegan a cooperar con los inspectores de la Comisión o que deniegan acceso a informaciones. 
Es evidente que no nos oponemos a la finalidad de esa enmienda, pero, como mis colegas Comisarios Gradin y Liikanen han lanzado el proyecto 2000 de gestión financiera sólida y eficaz, cabe concluir que la cuestión de las sanciones es objeto actualmente de examen muy activo y detallado en asociación con Estados miembros, y este examen, como es natural, se relaciona directamente con la cuestión de las sanciones, y la elegibilidad para las funciones de auditoría y verificación. 
Estoy convencido, por lo tanto, de que sabremos encontrar soluciones apropiadas en el marco del mencionado programa SEM 2000 que espero tengan en cuenta las preocupaciones expresadas por la Sra. Theato. 
En cuanto a lo que la Sra. Theato ha dicho concretamente y con insistencia en su intervención para recabar una propuesta de la Comisión sobre sanciones penales administrativas, puedo decir terminantemente que la Comisión integrará el contenido de la enmienda propuesta por la Sra. Theato en su programa de trabajo antifraude para 1997. 
La Comisión hace suyo sin reservas el espíritu de la enmienda, como ya he indicado, y si no puede aceptar la enmienda propiamente dicha es sencillamente porque necesita encontrar respuesta en términos de disposiciones legales que den pleno efecto a las facultades de la Comisión para efectuar verificaciones, finalidad que, estoy seguro, la Sra. Theato y sus colegas apoyan sinceramente. 
Me referiré ahora al informe Bontempi sobre el proyecto del segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 
Según las normas aplicables, al Parlamento le consulta la Presidencia y no la Comisión, y el texto respecto del cual ha sido consultado este Parlamento refleja una transacción provisional a la que se llegó al final de la Presidencia italiana, con algunas enmiendas nuevas. 
De todos modos la Comisión, a través de la Sra. Gradin, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior que tuvo lugar en junio insistió, como sólo puede insistir la Sra. Gradin, en que se consultase al Parlamento. 
Me alegra, por lo tanto, poder ofrecerles mis comentarios sobre el informe. 
Es evidente que la Presidencia tendrá oportunidad de formular sus propios comentarios cuando tenga ocasión de hacerlo. 
En términos generales la Comisión está muy satisfecha con el informe del Sr. Bontempi. 
Podemos aceptar la mayor parte de las enmiendas aunque he de hacer algunas observaciones de poca importancia sobre algunas. 
El hecho de que apoyemos las diversas enmiendas no tiene, desgraciadamente, la misma importancia en el caso del tercer sector que en el caso del primer sector, como sabe muy bien el Parlamento. 
No hay monopolio de iniciativas. 
Lo único que puede hacer la Comisión es prometer que seguirá porfiando lo mejor que pueda en favor de los puntos aceptados esta noche. 
Estoy seguro de que los diputados del Parlamento se harán cargo de la situación. 
La enmienda 1 trata del título y la Comisión opina que es mejor que conservemos los términos, más generales, de la propuesta original. 
Nos satisface la enmienda 2, que preconiza que haya un instrumento específico sobre cooperación judicial. 
Esta cuestión era un elemento importante de la propuesta original de la Comisión, pero se ha suprimido en las negociaciones del Consejo. 
Como sabe el Parlamento, el Consejo tiene ante sí un instrumento horizontal encaminado a mejorar la asistencia judicial mutua. 
Ahora bien, no puedo descartar la posibilidad de que sigamos necesitando un instrumento específico para la lucha contra los fraudes del presupuesto comunitario, en particular si hay que definir un papel especial para la Comisión en la cooperación judicial. 
La enmienda 3 señala acertadamente como fecha fehaciente la de la aprobación del protocolo sobre cohecho. 
La enmienda 4 atiende nuestras preocupaciones acerca de la necesidad de abarcar a todas las formas de personas jurídicas que intervengan en casos de fraude. 
Ahora bien, esta cuestión, evidentemente, está regulada detalladamente por la legislación nacional y me parece que, si hemos de respetar la subsidiariedad, éste no es un campo en el que deba aventurarse la Comisión. 
Por lo tanto sugerimos que el texto siga como está. 
La enmienda 5 define su ámbito en el título y estamos de acuerdo con el Sr. Bontempi por lo que se refiere a esa enmienda y también por lo que se refiere a las enmiendas 6 y 7. 
Esta última enmienda dispone acertadamente que se responsabilice penal o administrativamente a la persona jurídica que carezca de la organización, vigilancia o control debidos y que, por ello, se haga vulnerable a actividades fraudulentas. 
La enmienda 8 no nos plantea ningún problema y también podemos aceptar la enmienda 9 en parte. 
Nos agrada en particular que se excluya a las empresas fraudulentas de la participación en licitaciones públicas, pero no vemos la conveniencia de que se restrinja la aplicación de una medida judicial de disolución únicamente a las empresas cuya actividad fundamental es el fraude. 
En casos graves quizás sea necesario poner fin a la actividad de cualquier tipo de empresa que sea culpable de fraude, y reestructurarla. 
Podemos aceptar las enmiendas 10 y 11 que suprimen artículos de la propuesta de los que se trata en otro lugar del texto. 
Es evidente que el cambio del título III que sugiere el Sr. Bontempi en la enmienda 12 aclara la cuestión, pero no nos parece que ese cambio sea absolutamente necesario puesto que en el texto que sigue se aclara la cuestión. 
En cuanto a la enmienda 13, la Comisión está totalmente de acuerdo con la necesidad de confiscar el producto del fraude y de adoptar medidas cautelares. 
Ahora bien, la mayor parte de este problema queda ya resuelto en el texto que está negociando el Consejo. 
También estamos de acuerdo con la propuesta de que la totalidad del producto del fraude revierta al presupuesto comunitario, pero estimamos que esta cuestión se resolverá mejor en el contexto de la gestión del procedimiento contable en el marco de las normas presupuestarias normales, y no en el actual instrumento del tercer sector. 
La enmienda 14 trata del blanqueo del dinero y el producto del fraude o el cohecho. 
La enmienda parece promover una actitud menos rigurosa pues habla de imponer sanciones únicamente en los casos graves de cohecho. 
La Comisión sigue estimando que todos los casos de cohecho son graves y susceptibles de sanción. 
No hace falta decir que estamos de acuerdo en que en caso de blanqueo de capitales se pueda responsabilizar a una persona jurídica, pero el texto propuesto está siendo estudiado por nuestros servicios jurídicos y es posible que plantee algunos problemas. 
La enmienda 15 introduce la noción de asistencia mutua en la aplicación de sanciones. 
Por lo general la asistencia mutua tiene lugar antes de que el caso llegue ante los tribunales. 
La aplicación de las sanciones es de la incumbencia de los Estados miembros, y nos parece que así debe seguir siéndolo. 
De todos modos quisiera recordar al Parlamento que, con el actual reglamento sobre verificaciones in situ, tenemos la posibilidad de verificar si las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger el presupuesto son equivalentes. 
Esto significa que los Estados miembros tienen que velar por que las medidas de disuasión sean comparables, lo que, en nuestra opinión, ofrece una medida de seguridad. 
Las enmiendas 16 y 17 amplían el ámbito del fraude para que incluya el cohecho o blanqueo de dinero, y las aceptamos sin problemas. 
Las enmiendas 18 y 19 vuelven a tratar de la petición de asistencia judicial en relación con la cuestión de las autoridades competentes. 
La enmienda 19 incluso sugiere que la Unidad de coordinación de la lucha antifraude desempeñe un papel especial y que la Sra. Gradin, que es la Comisaria competente en materia de fraude, haga de mediadora. 
Puedo decirles que la Sra. Gradin, naturalmente, se siente muy honrada por la propuesta pero opina que, en la presente fase de los debates, la propuesta no es muy realista. 
Sin embargo, la sugerencia que hace el Sr. Bontempi plantea una cuestión de importancia. 
Cada vez son más numerosos los Estados miembros que crean sus propios órganos nacionales especializados para combatir el fraude contra el presupuesto comunitario. 
Esas unidades, como la Guardia de Finanzia, la OCDE, la DEFO en Bélgica y la ICLAF de reciente creación en Francia, necesitarían un interlocutor específico en el plano de la Comisión. 
Convendría reflexionar sobre la forma de ofrecer un marco jurídico para el desarrollo de contactos fáciles y efectivos entre las unidades antifraude de los Estados miembros y la unidad antifraude de la Comisión. 
En la práctica esa labor se efectúa de forma efectiva y sin dificultades sobre una base oficiosa, pero es posible que necesitemos una estructura oficial. 
Prometo al Parlamento que la Comisión reflexionará sobre el particular de forma muy positiva. 
Sin duda alguna, los ponentes son dignos de elogio por sus informes. 
La Comisión necesita realmente apoyo en esta esfera dificilísima y sumamente complicada de la cooperación penal y judicial. 
Estimamos que los informes del Sr. Bontempi y de la Sra. Theato proporcionan exactamente el tipo de apoyo bien documentado que necesita la Comisión. 
Doy gracias a los ponentes y doy gracias también al Parlamento por la gran paciencia que ha tenido durante una declaración de la Comisión que inevitablemente tenía que ser muy circunstanciada. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Comisario sus claras palabras. 
El punto de mi informe sobre el que se ha hablado en repetidas ocasiones, tanto por mi como por otros oradores, se refiere a las sanciones en aquellos casos en los que se niegue a los funcionarios de la Comisión el acceso a las informaciones y a los lugares en su función de control. 
No es posible introducir las sanciones en esta propuesta de reglamento; tampoco queremos impedirlo. 
Si le he entendido correctamente, usted ha dicho muy claramente que la Comisión va a regular pronto este aspecto en el marco de SEM 2000 para introducir medidas sancionadoras. 
Esto tiene repercusiones sobre la enmienda que he presentado sobre esta propuesta de reglamento. 
Si me lo pudiese confirmar de nuevo, sería para mi de gran ayuda. 
Puedo confirmar que Su Señoría ha interpretado perfectamente los motivos y los objetivos de la Comisión. 
Nuestra opinión es que la cuestión debe examinarse con ánimo muy amplio y riguroso, y, en el marco de las facultades de que disponemos, queremos esforzarnos por conseguir los mismos objetivos que Su Señoría desea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Equipos marinos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0294/96) del Sr. Kaklamanis, de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0370/96-95/0163 (SYN) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo sobre equipos marinos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema del debate son los equipos marinos. 
Es un tema relacionado con la seguridad en el mar, de los barcos y de quienes trabajan en ellos. 
Es un tema de extrema actualidad, diría que de urgencia; pienso en los últimos naufragios, de los que nos hemos ocupado extensamente tanto en la comisión como en el pleno. 
Existen decisiones al respecto, adoptadas en la OMI, pero no son suficientes. 
Por lo tanto, los objetivos de la directiva sometida a debate son: 1) mejorar la seguridad de los buques que naveguen con destino a los puertos marítimos de la Unión Europea o que salgan de los mismos; 2) fomentar la unificación del mercado interior, garantizando un nivel elevado y uniforme de calidad y conformidad del equipo con que están dotados dicho buques; 3) garantizar que este equipo no perjudique la competitividad de los buques europeos. 
Por último, aspiramos a que mediante la renovación y mejora del equipo de los buques se logre una protección del medio ambiente marítimo. 
Objetivos ambiciosos. 
No hemos llegado a un texto final, como quisiéramos todos en la Comisión de Transportes. 
De todas formas, el texto seguramente cubre el vacío existente y mejora en gran medida la situación actual. 
Es fruto del compromiso previo entre el Consejo y la Comisión. 
En la persona del Sr. Kinnock, un Comisario que sabe tanto argumentar como escuchar, quiero dar las gracias a la Comisión competente por la buena colaboración que hemos tenido. 
Con todo, hay tres puntos del texto final cuya aprobación ha sido declinada por nuestra comisión, la Comisión de Transportes, por oponerse a principios consolidados del Parlamento. 
Intentamos corregir estos tres puntos con las enmiendas del ponente, es decir, mías, aprobadas unánimamente por todos los miembros de la Comisión de Transportes; celebraría el que ocurriera lo mismo mañana en el pleno. 
Señor Presidente, no creo que sea necesario mencionar detalles de este informe, ya que, por un lado son muy técnicos y, por otro, por lo que veo, las Señorías que me honran hoy con su presencia a esta hora, en cuanto miembros de la Comisión de Transportes más antiguos y con más experiencia, probablemente, los conozcan mejor que yo. 
Espero que el informe, con la ayuda de la Comisión- y esperamos bastante del Comisario, Sr. Kinnock -, sea un pequeño paso en la tarea de mejorar la seguridad en el mar, en los buques y de los trabajadores de los buques, para no tener que lamentar con tanta frecuencia como el año pasado naufragios como los que todos conocemos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más podemos estar contentos en esta Asamblea de poder fomentar la seguridad de las aguas europeas. 
El Parlamento y la Comisión de Transporte se sienten corresponsables y orgullosos de haber contribuido con muchas directivas y muchos informes a la seguridad marítima. 
Hoy me gustaría que recordásemos al diputado que redactó en su día el informe sobre seguridad marítima, pues ha servido de manual para el tema que nos ocupa. 
Hay amplio consenso para que esta Directiva se convierta en algo sensato, tanto en la Comisión como en el Consejo y en el Parlamento. 
Algunos Estados miembros siguen teniendo dificultades para dar prioridad al tema de la seguridad, siguen estando más preocupados por la competencia. 
Con todo, Señorías, vamos avanzando, quizá sobre todo por el compromiso del Parlamento con este tema. 
En esta Asamblea no es necesario que mencione nombres de buques o que cuente tragedias para facilitar la comprensión de esta Directiva. 
En primer lugar, tenemos un marco jurídico. 
En segundo lugar, tenemos ante nosotros una tarea de armonización y de normalización. 
Para muchos, estos dos aspectos son muy técnicos y no tienen demasiado que ver con la política. 
En tercer lugar, hemos de procurar que se utilicen métodos de comprobación internacionales. 
En cuarto lugar, es importante que esta Directiva se aplique a nivel internacional; estoy pensando sobre todo en la navegación europea global. 
Por ello, es importante que la Comisión se encargue- sé que lo hará y sé que el Comisario Kinnock está trabajando sobre este tema- de que la OMI participe en esta labor en el futuro. 
En quinto lugar, es importante que la Directiva contemple la posibilidad de incluir nuevas mejoras para no frenar la evolución. 
Finalmente, quiero decir que me alegro de las enmiendas presentadas y quiero felicitar al ponente por su voluntad de cooperar. 
Creo que es un buen informe. 
Espero que sea posible aplicarlo en los Estados miembros una vez aprobado. 
Como ya saben, a menudo la aplicación va con retraso. 
Mi último comentario al Sr. Comisario será que creo que, en el futuro, debemos procurar que el Consejo de Ministros apruebe todo lo que tiene que ver con la seguridad marítima y la seguridad en el transporte. 
Señor Presidente, acojo con gran satisfacción esta propuesta de directiva sobre equipos marítimos que representa un nuevo y esencial paso adelante hacia la mejora de la seguridad marítima en la Unión Europea. 
Nunca podremos exagerar la necesidad de dicha mejora. 
Los desastres marítimos han causado pérdidas de vidas humanas de proporciones verdaderamente trágicas durante el último decenio: más de 12.000 personas han perdido la vida en el mar. 
Esos numerosos accidentes nos han impulsado en la Unión Europea a dar prioridad a la seguridad en el mar, para procurar que no vuelvan a repetirse casos tan trágicos de pérdida de vidas humanas. 
Acogemos esta propuesta con satisfacción porque es la primera medida legislativa comunitaria que trata de la efectividad del equipo marino. 
No hay duda de que un equipo seguro y fiable puede ser uno de los elementos fundamentales para evitar tragedias marítimas en el futuro, y espero que esta directiva ayude precisamente a conseguir eso. 
La directiva se ocupa de dos cuestiones fundamentales: una de ellas trata detalladamente de las normas que han de cumplir todos los equipos marinos, y la otra vela por que los órganos designados para efectuar pruebas y ensayos tengan el elevado nivel que necesitamos. 
Citaré un ejemplo de mi propia circunscripción porque subraya muy bien la acuciante necesidad de esta directiva. 
Se trata de un ensayo efectuado con el buque de transbordo rodado Stena Invicta, efectuado por las autoridades marítimas del Reino Unido en Dóver este año. 
La operación de evacuación, que tuvo lugar en condiciones perfectas de luz cenital, fracasó por el fallo de piezas capitales de equipo marino. 
En particular, de cada cinco balsas salvavidas del buque, una no se hinchó. 
Esto originó un retraso de más de 20 minutos en la perfecta evacuación de las personas que iban a bordo del buque. 
Imaginen lo que hubiera sucedido si la evacuación hubiera tenido que efectuarse de noche y con marejada. 
En aquella ocasión se trataba de un ejercicio, pero la próxima vez es posible que se trate de una verdadera operación de evacuación. 
Por todo lo antedicho me agrada sobremanera que esta propuesta, que entre otras cosas trata de las balsas salvavidas inflables, imponga altas normas de seguridad en toda la Unión Europea y espero también que en el Reino Unido, en mi circunscripción y en Dóver. 
Mucho me agradaría que el Comisario nos dijera lo que piensa de ese ejercicio en el contexto de esta propuesta concreta, que establece claramente altas normas de seguridad en el caso de piezas fundamentales de equipo, como las balsas salvavidas inflables. 
Sencillamente, no podemos tolerar que ningún Estado miembro siga teniendo una actitud negligente en materia de seguridad marítima. 
Para acabar quisiera dar gracias al ponente Sr. Kaklamanis, cuyo informe contribuirá sobremanera a la seguridad a bordo de todos nuestros buques. 
Señor Presidente, quisiera dirigirme a usted para hacer una reclamación por la falta ortográfica en el título griego que hay en esta sala, en el que erróneamente pone " eliníca» , y pedirle desde este podio que la haga corregir cuanto antes. 
Ya hemos tenido un problema de faltas de ortografía en la sala de Bruselas, como usted sabe, así que tendremos que corregir también ésta. 
Pero ahora al tema. 
Debo manifestar que aprobamos la posición común sometida al debate y a la votación del Parlamento. 
También estamos de acuerdo con las observaciones del ponente y las enmiendas que propone; por lo tanto, quisiera instar a la Comisión, y personalmente al Sr. Comisario, Sr. Kinnock, a que contribuya a que estas pocas enmiendas, que ojalá apruebe el Parlamento mañana, consigan la aprobación de la Comisión y luego del Consejo. 
Se trata, verdaderamente, de una posición común notable; ha contribuido la Comisión, ha contribuido el Parlamento y hay que decir que ha contribuido también el Consejo a este resultado feliz. 
Aprovechando la ocasión, quiero recordar que la seguridad marítima es un tema que no se debe utilizar para lograr otros objetivos. 
Ella misma es un objetivo en sí, algo autónomo, diría, y es nuestro deber garantizar una navegación segura por razones de conservación de la vida y de los bienes. 
Insisto, pues, en que la seguridad marítima no se debe utilizar como pretexto para adoptar medidas que no tienen relación con ella. 
Para concretar los comentarios generales que estoy haciendo, probablemente deba destacar que en su comunicación sobre estrategia marítima utiliza la necesidad de la seguridad marítima, que nadie de nosotros pone en entredicho, para promover soluciones relativas, por ejemplo, a los registros de buques. 
Tampoco hay en los documentos de la Comisión ningún compromiso en virtud del cual las disposiciones, adoptadas por lo demás mediante directiva, referidas a los registros de buques nacionales puedan relacionarse con temas de seguridad marítima. 
Naturalmente, no es el momento de hablar sobre esta cuestión ahora. 
Espero que en la próxima semana y en las siguientes tengamos la oportunidad de deliberar sobre este texto, que me parece realmente contradictorio- y perdone la expresión, señor Comisario- y que confío pueda mejorarse con el debate y el diálogo. 
Ya se han dicho tantas cosas positivas y acertadas que sería erróneo repetir todo de nuevo. 
Creo que, ante todo, se debe a que no sólo todos los Estados miembros de la UE han firmado las normas de la OMI sino también a que se aplican unitariamente. 
Esto es lo decisivo además para la protección de las personas, del medio ambiente y también- creo que el colega danés es de la mi opiniónpara que existan las mismas condiciones de competencia en todas las partes de la Comunidad. 
Estos son también los deseos de la industria. 
Por ello, el informe Kaklamanis es un informe muy bueno y me voy a limitar a la enmienda nº 1. 
Según mi poco decisiva opinión, el fundamento de esta enmienda es poco afortunado. 
Si exigimos que se suprima la frase «Este apartado no es aplicable a los equipos de radiocomunicaciones» , no se trata de eliminar de la directiva el control para tales equipos. 
Se deduce con toda claridad de los anexos que se deben controlar también del modo correspondiente. 
Más bien se trata de no tener varios procedimientos paralelos sino un único que nos ayude a evitar la burocracia y permita un procedimiento justo a los equipadores de buques y a los armadores. 
Por ello, señor Comisario, con independencia del fundamento de la enmienda nº 1, espero que la apruebe con el fundamento que usted sin duda conoce. 
No quisiera ser testigo otra vez de lo que pasó con los servicios de transporte sobre el suelo, en que nos esforzamos muchísimo en la Asamblea para elaborar unas enmiendas razonables que podía apoyar la Comisión pero que ésta no logró pasar ni una ante el Consejo exceptuando una de poca importancia. 
Señor Comisario, espero que apoye las tres modestas pero claras enmiendas de esta Asamblea y que las defienda también ante el Consejo. 
Precisamente la enmienda nº 1 pretende contribuir a simplificar, unificar y crear unas condiciones marco razonables para los equipadores de buques y los armadores. 
Tengo una gran curiosidad por ver si en esta ocasión va a seguir a la Asamblea. 
Me agrada observar que la Comisión de Transportes y Turismo apoya la posición común respecto de la Directiva sobre equipos marinos. 
Estoy de acuerdo en que constituye una clara mejora respecto de la propuesta original. 
También me agrada decir que apoyo la enmienda 1 porque lo que la legislación tiene que tener en cuenta son las palabras que constituyen la enmienda y no necesariamente su justificación. 
Por eso apoyamos y aceptamos la enmienda que ha presentado la comisión parlamentaria, ya que evitará la aplicación redundante de disposiciones coincidentes a la misma unidad de equipo de radiocomunicaciones, sin menoscabo alguno para su funcionamiento seguro. 
Ahora bien, lamento tener que decir que las otras dos enmiendas no son aceptables principalmente por razones de procedimiento a las cuales me parece que el Parlamento, si reflexiona sobre ellas, no querrá oponerse. 
Dije en primera lectura que el principio de la independencia de los órganos notificados se enunciaría en el anexo C de la medida. 
Eso es lo que se hace en la posición común, que enuncia que un órgano notificado tiene que ser independiente y no puede ser controlado por fabricantes ni por proveedores. 
La enmienda 2 no hace más que reiterar esa disposición y, en nuestra opinión, constituye una duplicación innecesaria de las disposiciones que ya figuran en el anexo C. En consecuencia, invito al Parlamento a que examine de nuevo la enmienda 2 y el anexo C y compruebe por sí mismo que se han tenido debidamente en cuenta sus preocupaciones. 
En cuanto a la enmienda 3, voy a cambiar el tipo de comité que se menciona en la posición común. 
Me limitaré a recordar al Parlamento que todas las medidas comunitarias en materia de seguridad marítima han establecido comités reguladores. 
La posición común se limita a continuar una práctica habitual que espero el Parlamento apoye también. 
Para acabar doy gracias al Parlamento por apoyar esta nueva medida que representa otro importante paso adelante hacia una mayor seguridad marítima. 
Como ha dicho el Sr. Watts en su intervención, cada una de las deficiencias en materia de seguridad que se solventa con la legislación que sale de este Parlamento y de la Comunidad constituye un progreso real para la salvaguardia de la vida humana y, asimismo, del medio ambiente. 
Una vez más quedo muy agradecido a la Comisión de Transportes y Turismo, y particularmente al Sr. Kaklamanis, su ponente, que ha efectuado una labor muy característicamente suya por su minuciosidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0295/96) del Sr. Bellerè, de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0369/96-95/0226 (SYN) ) con vistas a la adopción de la directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos de motor y de sus remolques. 
Señor Presidente, señor Comisario Kinnock, hemos llegado a la recta final de esta séptima directiva. 
La primera es de 1977, las otras tienen por objeto modificar el texto inicial y hacer más segura la circulación vial de personas y de vehículos automóviles, entendidos en sentido amplio. 
La lógica del presente informe puede parecer un poco restrictiva, pero no es así, señor Kinnock. 
Es necesario, efectivamente, actuar de ese modo si queremos alcanzar el fin de la seguridad con la armonización del sector en los distintos Estados miembros. 
No debemos dejar sitio al hobby, no debemos dejar sitio a acuerdos denominados políticos. 
Y entonces ¿por qué excluir los vehículos de los bomberos y de las fuerzas de orden público del ámbito de aplicación de la directiva (apartado 1 del artículo 4)? 
¿Por qué excluir los vehículos de interés histórico fabricados antes del 1 de enero de 1960 (apartado 2 del artículo 4)? 
¿Por qué aplazar la fecha de aplicación de la directiva, que yo vería aplicable ya en 1997, quizás en el segundo semestre (apartado 1 del artículo 11)? 
¿Por qué suprimir la prohibición de circulación prevista para los vehículos que no se ajusten a los requisitos mínimos para frenos y emisiones de gases, pidiendo a cada Estado miembro las normas disuasorias? 
Señor Presidente, señor Comisario, propongo de nuevo todas las enmiendas adoptadas en primera lectura y que el hemiciclo ha aprobado, sin perjuicio de que luego se conceda a los Estados miembros la facultad de efectuar inspecciones más rigurosas y frecuentes y de no limitarse únicamente a los sistemas de frenado. 
Y, por lo tanto, por lo que respecta a las inspecciones que los distintos Estados miembros han de realizar en los vehículos históricos fabricados antes del 1 de enero de 1960, deberán inspeccionarse los dispositivos limitadores de velocidad, para que no se superen los valores máximos registrados en ellos. 
Propongo de nuevo la enmienda nº 5, relativa a la ampliación de la inspección técnica a los vehículos de dos o tres ruedas. 
Asimismo propongo de nuevo la reducción a tres años y a un año de los períodos de inspección para los vehículos de menos de tres toneladas y media, destinados al transporte de mercancías, la ampliación de la categoría 5 a los vehículos destinados al transporte público de personas- enmienda nº 8 -, así como la inspección en frío de las emisiones de monóxido de carbono y la inspección de los vehículos de gasolina. 
Además, dichas inspecciones deberán efectuarse en centros especializados, autorizados ad hoc por los distintos Estados miembros e inspeccionados luego por muestreo. 
Como ve, señor Comisario, no diferimos mucho, estamos convencidos de que mañana el hemiciclo estará de mi parte, de la parte del que propone, lo que hará posible considerar de manera más global toda la problemática. 
Luego, como decía al principio, veremos la forma y el fondo que daremos, en definitiva, a la séptima directiva. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera decir al Comisario Kinnock- porque sé que tiene siempre en su corazón a Gales del Sur y yo provengo de un poblado minero- que esta semana es el 30º aniversario de la catástrofe de Aberfan y que nosotros no olvidaremos nunca lo que sucedió en Aberfan. 
Espero que transmita lo que acabo de decir al pueblo de Gales del Sur. 
Agradezco al ponente lo mucho que ha trabajado con esta directiva pero he de decir que, tras examinarla muy detalladamente, mi grupo tiene algunas reservas acerca de las enmiendas presentadas por el ponente y aprobadas a continuación por la Comisión de Transportes y Turismo. 
La cuestión de las pruebas de comportamiento en carretera es muy complicada y nadie puede negar que existe la necesidad de armonizar esas pruebas en toda la Unión para que podamos tener la seguridad de que un vehículo cuya seguridad se ha determinado en un Estado miembro también se dará por seguro en los demás. 
Es cierto que en la actualidad las normas varían según los países, lo que causa muchas inquietudes acerca de la seguridad vial. 
Ahora bien, mi grupo estima que en algunos casos el ponente ha tenido demasiado en cuenta esta cuestión y ha ampliado el ámbito de la directiva mucho más allá de lo que se quería e incluso de lo que se deseaba hacer. 
Para ilustrar lo que acabo de decir, me remitiré al punto 26 de la enmienda 3 que elimina la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del ámbito de la directiva a vehículos de motor de interés histórico: digamos vehículos veteranos, si les parece bien. 
Mi grupo estima que de esa manera no solamente se reducen las posibilidades de conservar esos vehículos históricos sino que no se reconocen los cuidados afectuosos de que los propietarios hacen objeto a esos vehículos. 
En mi opinión esos vehículos figuran probablemente entre los vehículos mejor conservados de los que recorren nuestras carreteras. 
Personalmente me interesa sobremanera el mantenimiento de las locomotoras de vapor, y sé que unas y otros figuran entre los vehículos mejor mantenidos. 
Lo mismo cabe decir de los vehículos de bomberos, que en opinión del ponente deben figurar en la directiva. 
Veo por su informe que también habla de los vehículos de la policía, pero en su enmienda 6 no habla de esos vehículos y sólo menciona los vehículos de bomberos. 
Sé por experiencia que esos vehículos también están bien conservados, cosa que, por lo demás, es natural; de todos modos, como son tan pocos no representan una amenaza para la seguridad vial. 
Otras esferas que plantean dificultades a mi grupo son el artículo 11 y la enmienda 7, que preconiza que el plazo para la entrada en vigor sea de seis meses. 
Esto es sencillamente imposible en términos prácticos. 
La enmienda 5 pide que se haga un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de ampliar el ámbito de la directiva a los vehículos de dos y tres ruedas. 
Tengo entendido que la Comisión tiene toda la información que necesita sobre el particular, por lo tanto ¿para qué hacer otro estudio? 
Las enmiendas 1 y 10 procuran modificar la forma de determinar el contenido de monóxido de carbono de los gases de escape en caso de arranque en frío. 
Mi grupo es partidario de aplicar esa medida a los vehículos modernos, pero imponerla en términos generales no solamente sería desleal sino también discriminatorio para los propietarios de vehículos más antiguos. 
Tampoco estamos tan seguros de que las pruebas de arranque en frío no se hubieran incluido de todos modos en esta directiva. 
Hay tres enmiendas respecto de las cuales estamos de acuerdo con el ponente: las enmiendas 2, 8 y 9, alguna de las cuales procura hacer más rigurosas las normas para que incluyan a vehículos de peso superior a tres toneladas y media que transporten pasajeros, para aumentar la periodicidad de la inspección, y para conseguir que desaparezcan de nuestras carreteras los vehículos que no cumplan las normas de comportamiento vial. 
Mi grupo se hace cargo de las dificultades que esto puede originar en el Consejo de Ministros, pero no podemos aceptar el hecho de que los vehículos considerados como inseguros y que no habían pasado el ensayo aprobado reciban un plazo de gracia después del cual puedan utilizarse de nuevo en carretera. 
Para acabar, mi grupo apoyará tres enmiendas y estima que, en general, podemos apoyar la directiva de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, después de haber pasado conjuntamente la primera lectura en la Comisión de Transportes y en el Pleno, debo reconocer que estoy algo sorprendido de que ahora, de repente, los socialistas abandonen el camino común. 
Pero actualmente nada puede sorprenderle a uno en lo que se refiere a la política de los socialistas. 
Lo que hoy debatimos es una parte muy importante de nuestra legislación del mercado interior. 
Aparte de la autorización del modelo, se trata de aproximar las normas relativas a la inspección técnica e integrarlas a nivel europeo. 
Me voy a referir también de pasada a las enmiendas. 
Naturalmente, la más importante es la nº 8, que se refiere a la reducción a tres años después de la fecha de inicio del servicio y a continuación un control anual de los vehículos que se indican, inclusive el complemento del transporte público de personas. 
Creo que este es el punto decisivo cuando se trata de la seguridad en el tráfico que, en el caso de los vehículos más viejos, es más grave que en los nuevos. 
En lo tocante a la enmienda nº 10, relativa a mi iniciativa- se trata del arranque en frío -, quiero indicar que son precisamente los socialistas los que exigen tales cosas con todos los motivos posibles e imposibles, demandando siempre de nosotros estándares medioambientales que no son posibles en absoluto para la industria. 
Discutimos precisamente ahora sobre el programa del aceite en los vehículos en la Comisión de Medio Ambiente. Yo estoy encargado de elaborar en nombre de la Comisión de Investigación la opinión correspondiente. 
Se trata de algo que, por ejemplo, se está comprobando ya en los Estados Unidos y que está incluido en el ciclo de mediciones. 
Entonces se dice de repente: no, esto no podemos hacerlo, sería inadmisible pues no estaba contemplado aún en la directiva. 
Aunque quizás no logremos esto ahora porque los socialistas no contribuyan, tendremos que incluirlo con seguridad en el programa sobre el aceite de los vehículos o en las posteriores legislaciones Euro 3/Euro 4. 
Tengo una gran curiosidad por ver con qué entusiasmo el Grupo de PSE da su asentimiento al respecto. 
Vamos a rechazar la enmienda nº 6, en lo que coincidimos con el Sr. Brian Simpson. 
Yo mismo soy político municipal y tenemos un parque de bomberos propio. Son los vehículos más bonitos que se pueden ver. 
Siempre están relucientes, con los depósitos de gasolina llenos y el nivel del aceite se controla al menos una vez al día. Estos vehículos se encuentran realmente en un estado impecable. 
Aquí está justificada una excepción. También considero aceptable que los vehículos de interés histórico tengan una protección especial. 
Por ello, vamos a rechazar la enmienda nº 6. 
Respecto a la enmienda nº 7 creo que es posible aplicar todo este asunto en medio año. 
Creo que deberíamos ser un poco honestos entre nosotros. 
En el caso de la enmienda nº 9 también puedo apoyar al ponente. 
Debemos ejercer algo de presión para que determinados vehículos sean retirados de la circulación si no cumplen aspectos realmente importantes para la seguridad de los demás participantes en el tráfico. Se trata, por ejemplo, de los frenos. 
Los limitadores de velocidad es también un punto que debe examinarse. 
Hoy día, el 50 % del valor de un vehículo recae sobre la electrónica. Estos son puntos que no revisamos. 
Hay algo que no encaja. 
Y el limitador de la velocidad es lo más leve que se puede exigir. 
En el futuro, al realizar los controles regulares deberemos hacer mucho más en el campo de la electrónica. 
El Grupo de PPE va a apoyar también la enmienda nº 5, relativa a los vehículos de dos y tres ruedas. 
A este respecto, estamos esperando desde hace una eternidad a las sabias conclusiones de la Comisión sobre este tema. 
Resumiendo, el Grupo del PPE va a apoyar todas las enmiendas exceptuando la nº 6. 
Señor Presidente, la propuesta de una directiva relativa a la inspección técnica de vehículos de motor y sus remolques se ha presentado sobre todo por las siguientes dos razones. 
En primer lugar, la inclusión de los limitadores de velocidad instalados en camiones y autocares como parte de la inspección técnica de vehículos de motor y sus remolques. 
En segundo lugar, la consolidación de la vieja directiva de 1977, que ha sido modificada numerosas veces desde su promulgación. 
El Consejo ha adoptado algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo en su posición común, pero la Comisión de Transporte y Turismo propone en esta segunda lectura añadir algunas enmiendas a la posición común. Ahora bien, no podemos apoyar la totalidad de dichas enmiendas. 
Se trata, para empezar, de la enmienda que permite a los Estados miembros realizar inspecciones más estrictas en ámbitos que no sean los sistemas de freno. 
En estos momentos no se imponen tales exigencias en las pruebas de homologación para el permiso de comercialización y por ello podrían distorsionar el mercado. 
Lo mismo puede decirse de las normas de emisión en el arranque en frío y la determinación del contenido de monóxido de carbono al arrancar en frío. 
Además, a diferencia de lo que propone la Comisión de Transporte, quisiéramos que fueran los Estados miembros los que decidieran sobre la inspección de los pocos vehículos históricos. 
Apoyaremos la mayoría de las demás enmiendas, pero nos adherimos a la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, el Parlamento debe pronunciarse en segunda lectura sobre una propuesta de directiva común del Consejo relativa a la inspección técnica de los vehículos de motor y de sus remolques. 
El correspondiente informe contiene, sin lugar a dudas, puntos esencialmente positivos que es conveniente señalar y apoyar. 
Me complace que en el futuro cada uno de los Estados miembros reconozca la prueba, obtenida en otro Estado miembro, de que un vehículo de motor matriculado en dicho país así como su remolque o semiremolque han pasado una inspección técnica, que respeta plenamente las disposiciones de la presente directiva. 
No obstante, me pregunto qué ha querido insinuar el Sr. Ferber. 
Hemos optado por una política razonable y además factible, pero esto último es más debatible. 
Sin embargo, lamento que la posición común haya hecho abstracción de la obligación de los Estados miembros de realizar una inspección antes de la primera matriculación de los vehículos, así como de realizar regularmente inspecciones de los dispositivos de limitación de velocidad. 
Se trata ciertamente de un arma de doble filo, pues hay que rendirse a la evidencia de que el dispositivo de limitación de velocidad es un aparato electro-mecánico que, teóricamente, puede manipularse. 
Desde este punto de vista, es imprescindible una inspección. 
Pero dicha inspección supone un material de inspección con prestaciones técnicas de elevadísima calidad para que pueda detectar los dispositivos de limitación de velocidad defectuosos, que fallan o han sido manipulados. 
Por lo tanto, cabe preguntarse, y el Sr. Comisario está en el lugar idóneo para hacerlo en este caso, si todos los Estados miembros están dispuestos a obligar a sus diferentes centros de inspección técnica a equiparse con semejante material de inspección, muy caro debido a las altas prestaciones que ofrece. 
La posición común me parece un paso en la buena dirección. 
A pesar de mi deseo de ver que las disposiciones legislativas entren en vigor lo más rápidamente posible, creemos que el plazo de seis meses previsto por el ponente es demasiado corto para que los Estados miembros puedan conformarse a las nuevas disposiciones. 
En lo que respecta a la periodicidad de las inspecciones, me parece que la enmienda nº 8 del ponente, que prevé inspecciones tres años después de la fecha de inicio del servicio, y después cada año, es la más razonable. 
Creo sinceramente que el objetivo que persigue la presente directiva es un paso en la dirección correcta. 
Evidentemente, esto implica inspecciones muy severas. 
Huelga decir que los vehículos no conformes serán retirados de circulación, según prevé la enmienda nº 9 del ponente. 
Para acabar, me gustaría darle las gracias, señor Comisario, por haber hecho un buen trabajo. Gracias, señor ponente, pues hemos avanzado y eso no es poco. 
Antes que nada quisiera contestar a la alusión muy sucinta y muy sobria hecha por el Sr. Simpson con su referencia al aniversario de la catástrofe de Aberfan, hace 30 años. 
Ese recuerdo suscita un eco particular en mi propio caso porque daba clases cada semana en el poblado y estaba allí la mañana en que ocurrió la catástrofe y durante cierto tiempo después de ella; en realidad, después de la catástrofe pasé varios meses ocupándome de las familias de las víctimas. 
Creo que nadie podrá olvidar nunca aquellos terribles momentos o las secuelas de la catástrofe. 
La Comisión de Transportes y Turismo y su ponente, Sr. Belleré, han trabajado con rapidez para volver a someter esta propuesta al Parlamento en segunda lectura. 
Lo que han hecho es muy apreciable, pues sin duda alguna facilitará la aprobación final de esta medida antes de que acabe el año en curso. 
Por todo lo antedicho es lamentable que la rapidez con que se ha examinado la posición común haya dado por resultado la aparición de algunas enmiendas que no son aceptables. 
Me refiero en particular a tres de las cuatro enmiendas que ya se habían presentado en primera lectura y que, como entonces expliqué, me es imposible aceptar. 
La enmienda 1 se refiere al método de trabajo acelerado para la codificación oficial. 
Esto parece dar a entender que la propuesta trata sencillamente de codificación, lo que no es verdad puesto que en el texto básico se han introducido elementos nuevos y de importancia. 
Por lo tanto, el procedimiento de cooperación es plenamente aplicable, como ilustra el hecho de que estemos sosteniendo este debate de segunda lectura. 
La enmienda 5 pide que la Comisión presente un informe sobre la posibilidad de ampliar la inspección técnica de comportamiento vial a los vehículos de dos y tres ruedas. 
Permítaseme que recuerde al Parlamento que la Comisión está ya resuelta a confeccionar normas para el ensayo de esos vehículos y a basar una propuesta en el plan de ensayos ya establecido en varios Estados miembros. 
Ni el Parlamento ni yo mismo necesitamos un informe. 
Al contrario, lo que necesitamos es una propuesta. 
Tengo la intención de presentar esa propuesta de acción a la Comisión antes de que acabe este año. 
La tercera enmienda que pertenece a la categoría de enmiendas reiterativas- enmienda 10- preconiza que se efectúe un ensayo de arranque en frío en relación con el contenido de monóxido de carbono de los gases de escape. 
Ya dije en primera lectura y lo repetiré ahora que si las normas de arranque en frío no figuran en los requisitos para la aprobación del tipo de vehículo de que se trate, sería injustificable imponer un ensayo de un tipo que el vehículo sencillamente no puede pasar. 
Dije de todos modos que seguiría ocupándome de esta cuestión y que, si los requisitos para la aprobación de un tipo de vehículo se modifican a fin de que incluyan las normas de arranque en frío, entonces habrá una buena razón para modificar en consecuencia los requisitos relativos al ensayo. 
Me hago cargo de los argumentos en favor de la enmienda 4 que provienen de la primera lectura- enmienda 8y se refieren a la frecuencia de los ensayos. 
Acepto sin reservas la declaración política que el Parlamento desea formular. 
En realidad, la propuesta original de la Comisión, hecha hace muchos años, se basaba en tres años para la primera inspección, dos años para la segunda y, a continuación, inspecciones anuales. 
Espero que algún día todos los Estados miembros adopten esa norma, como algunos han hecho ya, según ha recomendado la Srta. McIntosh. 
Entre tanto no sería práctico forzar el ritmo de esos Estado miembros que incluso actualmente se benefician de derogaciones respecto de las disposiciones en vigor. 
Sea como fuere, reitero el compromiso que asumí en la primera lectura: incluir una evaluación de la frecuencia de las inspecciones en mi informe al Parlamento, previsto para 1998. 
A continuación trataré rapidamente de las nuevas enmiendas que se han propuesto. 
Las enmiendas 3 y 6 tienden a eliminar la posibilidad de que un Estado miembro excluya de la aplicación de la directiva a los vehículos de bomberos y a algunos vehículos de interés histórico. 
La recomendación para segunda lectura parece justificar esas enmiendas al indicar que dan de nuevo a los Estados miembros la posibilidad de inspeccionar esos vehículos, pero la posición común ofrece ya esa posibilidad. 
Por otra parte, la enmienda del Parlamento tendría por efecto la imposición de inspecciones innecesarias a un número relativamente pequeño de vehículos que por lo general están conservados ya con muchísimo cuidado. 
No puedo apoyar la enmienda 2 que ampliaría la posibilidad de efectuar inspecciones más rigurosas y más frecuentes a todos los sistemas y no solamente a los de frenado, como en la actualidad. 
Nuestro objetivo a largo plazo consiste en armonizar las normas en materia de inspección a un nivel que garantice la seguridad, y esa enmienda es incompatible con ese objetivo. 
En cuanto a la enmienda 4, he de decir al Parlamento que la inspección técnica de los dispositivos de limitación de la velocidad es problemática. 
Por consiguiente, reconocemos que es necesario seguir estudiando esa cuestión y cuando nuestros estudios finalicen podremos hacer propuestas sobre el particular. 
He de advertir asimismo al Parlamento que no debe creer que lo que se aprueba hoy aquí se podrá aplicar mañana. 
El plazo de seis meses para la aplicación de esta directiva, como se sugiere en la enmienda 7, es totalmente inadecuado. 
No tengo más remedio que insistir en que el plazo sea de un año, por razones sencillamente prácticas. 
Trataré por último de la enmienda 9. 
El Parlamento sabe que siento mucha simpatía por esa enmienda aunque también reconozco que, si se respeta el espíritu de la posición común, entonces se conseguirá sin duda alguna el objetivo en que se inspira. 
Ahora bien, tropezamos también con una dificultad práctica porque hasta ahora no hay un entendimiento común por lo que se refiere a los vehículos que no cumplen las normas de inspección. 
Algunos vehículos no pueden salir del centro de inspección; a otros vehículos hay que llevarlos a otro lugar para su reparación; hay casos en que los certificados que atestiguan que se ha pasado la inspección se extienden a condición de que el fallo se corrija antes de la próxima inspección. 
Esta situación es, como puede verse, poco satisfactoria y tengo la intención de estudiarla más a fondo y de exponerla en mi informe de 1998. 
Entonces podremos hacer algo para resolverla. 
Lamento sobremanera el no haber podido aceptar oficialmente ninguna de las enmiendas que con tan buena intención han sido presentadas. 
Espero que el Parlamento se percate de que yo no cumpliría debidamente mi función en el proceso legislativo si, en esta ocasión, obrara de otra manera. 
Doy gracias a la comisión parlamentaria, y en particular al Sr. Belleré, por la atención que ha prestado a esta cuestión. 
Estoy seguro de que mi desacuerdo en esta ocasión no nos impedirá que sigamos esforzándonos por alcanzar nuestros objetivos comunes en otras muchas oportunidades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
4º programa marco para acciones de I+D 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0856/96-00172/96) que el Sr. Scapagnini, de la Comisión de Investigación de Desarrollo Tecnológico y Energía, ha planteado al Consejo (C4-0092/96-960034 (COD) ) sobre la refinanciación del 4º programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1994-1998) (IDT). 
Señor Presidente, señores diputados, señor Ministro, sólo han pasado dos años y medio desde que, en abril de 1994, el Parlamento Europeo y el Consejo concluyeron el procedimiento de conciliación sobre el 4º programa marco. 
Como sabemos, tal ocasión marcó la primera aplicación real del procedimiento de conciliación introducido por el Tratado de Maastricht. 
En ese acto de codecisión del 26 de abril de 1994 las partes decidieron revisar la financiación del programa marco, dejando abierta la posibilidad de un incremento financiero de 700 millones de ecus a la vista de la evolución de las perspectivas financieras de Europa. 
Esa posibilidad de financiación tendría que haberse adoptado a más tardar el 30 de junio de este año. 
Mientras el Parlamento concluía la primera lectura en junio, el Consejo de Investigación supeditaba su decisión a los resultados del Consejo ECOFIN del 14 de octubre. 
Además, al no haber seguido la propuesta presentada por la Comisión de Investigación del Parlamento de que se pospusiera el Consejo de Investigación al Consejo ECOFIN, de hecho la Presidencia en ejercicio ha permitido que los ministros de Investigación se conviertan en rehenes de los ministros de Finanzas. 
En el día de hoy no parece que la Presidencia en ejercicio en el ámbito del Consejo de Investigación haya aparentemente emprendido ninguna acción para superar este callejón sin salida. 
El Consejo de Investigación del 7 de noviembre pidió más bien a la Comisión que encontrara recursos financieros adicionales en el ámbito de la rúbrica 3 de las actuales perspectivas financieras. 
Tengo que decir con gran pesar que a eso debe añadirse que la Presidencia no ha aceptado informar a la CERT de los resultados del Consejo de Investigación. 
Entonces, como presidente y con el acuerdo de todos los diputados, escribí al Presidente Hänsch pidiéndole que planteara el tema en el ámbito del encuentro del diálogo tripartito previsto para esta semana, tomando así las medidas necesarias para proteger los derechos del Parlamento respecto del Consejo. 
Quisiera poner de relieve que el Parlamento, a través de su comisión competente, ha mostrado su apertura a una solución transaccional, como está ahora sucediendo en el ámbito de las consideraciones del presupuesto. 
El Consejo, en cambio, no parece hacer grandes esfuerzos para encontrar cualquier forma de diálogo en esa dirección. 
Para tener éxito, el procedimiento de codecisión no puede empezar sólo después de la adopción de la posición común del Consejo. 
La Presidencia irlandesa debe preguntarse cuáles son las razones que le impiden continuar los útiles contactos informales iniciados el pasado mes de julio y que habían parecido tan prometedores. 
En cualquier caso, señor Presidente, no se trata sólo de una cuestión interinstitucional. 
El problema de fondo es si el Consejo de Ministros quiere realmente respetar el compromiso contraído en abril de 1994. 
Sin ese compromiso financiero, temas importantes como la investigación sobre la aeronáutica y el espacio, la educación multimedia y la investigación sobre las aguas y sobre las fuentes renovables de energía no podrían desarrollarse y eso acarrearía ciertamente importantes repercusiones en la competitividad, el empleo y la protección medioambiental de la Unión Europea. 
En el debate del presupuesto de 1997 el Parlamento Europeo está considerando- y sobre eso se votará mañanala posibilidad de reservar 100 millones de ecus para la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Esta cantidad prevista como adicional a la actual realización del 4º programa marco no debería sobrepasar los límites de la previsión financiera. 
Para ello es necesaria una decisión formal sobre la revisión del 4º programa marco. 
Además, se prevé incluir otros 100 millones de ecus en el presupuesto de 1998 y en el de 1999, si el programa se amplía a 1999 como el Parlamento Europeo votó ya en primera lectura. 
Estas consideraciones deberían interpretarse como un claro signo político del Parlamento Europeo al Consejo de Investigación y a la Comisión para que expresen de manera explícita que la financiación suplementaria del 4º programa marco no depende ya de la revisión de las previsiones financieras. 
Esperamos que el Consejo pueda reaccionar a este signo y adoptar su posición común sobre el 4º programa marco en diciembre. 
En cualquier caso, quisiera invitar a la Presidencia irlandesa y, en particular, al Ministro Rabitte, que se mostró tan solícito con nosotros, a responder positivamente a la oferta de la CERT del Parlamento Europeo en preparación de la posición común, evitando argumentaciones formalistas. 
Sólo mediante una cooperación entre nuestras instituciones se podrá alcanzar el objetivo común de la investigación europea, contribuyendo así a la creación de nuevos puestos de trabajo y fomentando las inversiones. 
Señor Presidente, doy gracias al Sr. Scapagnini por haber planteado esta cuestión. 
El Consejo volvió a examinar la cuestión de la propuesta de la Comisión en favor de un suplemento financiero para el cuarto programa marco de acciones de investigación y desarrollo en su última reunión, celebrada el 7 de octubre de 1996, pero no pudo llegar a una posición común. 
Recordarán ustedes que cuando presentó su propuesta en favor de un suplemento para el programa marco de investigación, la Comisión indicó en su exposición de motivos que sería innecesario aumentar sustancialmente el actual límite de la categoría 3 de la Perspectiva Financiera. 
El 7 de octubre pasado el Consejo procuró determinar un número limitado de temas que se podrían poner en práctica sobre una base experimental y de ensayo, pero al no contar con ninguna indicación de la Comisión en cuanto a la disponibilidad de fondos en el marco del límite financiero actual, no se pudo progresar en esa dirección. 
En vista de lo que antecede, el Consejo decidió esperar a que la Comisión determinara quizá la existencia de recursos adicionales dentro del límite actual de la categoría 3 de la Perspectiva Financiera, y volver a examinar esta cuestión en su próxima reunión de diciembre, a fin de ultimar su posición a la luz de la situación presupuestaria. 
Conviene recordar que las decisiones del programa marco de 1994 a que se refiere el Sr. Scapagnini obligaron al Consejo y al Parlamento Europeo a realizar un examen de mitad de plazo del programa marco, con la cantidad de 700m de ecus como cifra máxima fijada como objetivo para un posible aumento de la cantidad global según la situación que prevaleciera en aquellos momentos, teniendo particularmente en cuenta la Perspectiva Financiera. 
Después del Consejo Ecofin que tuvo lugar el 14 de octubre de 1996, puede verse ahora con claridad que no habrá revisión de la Perspectiva Financiera. 
Por lo tanto, la propuesta original de la Comisión en favor de un suplemento financiero de 700m de ecus no constituye ya una hipótesis de trabajo realista. 
El Consejo ha cumplido su obligación de llevar a cabo el mencionado examen de mitad de plazo y ha tenido que reconocer que en las actuales circunstancias presupuestarias no es posible prever un incremento del programa marco de conformidad con lo propuesto por la Comisión. 
El Consejo está esperando ahora a que la Comisión adopte una posición clara para seguir ocupándose de este asunto. 
En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Scapagnini acerca de mi voluntad de mantenerme en contacto con el Parlamento, en la que incidentalmente indica que esta cuestión fue objeto de una carta que escribió al Presidente Hänsch el 10 de octubre, quiero hacer constar en acta que he participado en contactos directos con el Parlamento y su Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía el 6 de marzo, el 26 de junio, el 9 de julio, el 25 de septiembre en Dublín y la semana pasada en la reunión del Grupo Socialista. 
En mayo invité al Sr. Linkohr a que fuera a Dublín, pero desgraciadamente tuvo que cancelar su viaje en el último minuto. 
El 7 de octubre tuve en Luxemburgo la reunión del Consejo de Ministros de Investigación, y después pronuncié un discurso como Presidente del Consejo de Ministros de Consumo a fin de responder al Parlamento Europeo, por conducto de su Comisión de Protección del Consumidor, el 8 de octubre. 
A pesar de lo recargado de mi programa, me ofrecí para encontrarme con la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía de nuevo en la tarde del día 8 de octubre, pero mi ofrecimiento no prosperó, cosa que comprendo perfectamente. 
En el plano oficial mis colegas y la representación irlandesa en Bruselas se han mantenido regularmente en contacto con la Secretaría del Parlamento desde diciembre del año pasado y, como saben ustedes, mis funcionarios se han reunido también con diputados del Parlamento Europeo de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía el 16 de julio aquí en Estrasburgo, y varias veces en Irlanda. 
Por todo lo antedicho sostengo que mi actitud y la de la Presidencia irlandesa en su conjunto no tienen nada que reprocharse, y que por nuestra parte no nos negamos en absoluto a mantener contactos con el Parlamento. 
Hemos puesto el máximo interés en conseguirlo desde el principio pero, desgraciadamente, no siempre nos ha sido posible eludir las tensiones y los intensos esfuerzos que nos imponen los requisitos de la Presidencia. 
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la respuesta que ha dado a la pregunta que le planteó el Presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Esta respuesta no me ha decepcionado en la medida en que no esperaba otra respuesta por su parte. 
Sin embargo, no puedo por menos que constatar hoy que hay una evidente falta de actuación del Consejo al respecto. 
Usted mismo ha recordado que la codecisión de abril de 1994 en la que yo participé de forma muy activa preveía una decisión por parte de ustedes antes del 30 de junio de este año. 
Por su parte, el Parlamento Europeo ha multiplicado los esfuerzos, la Comisión también por cierto, y ha elaborado una propuesta según un calendario que permitía al Consejo pronunciarse antes del 30 de junio. 
No lo han hecho y se han amparado en que era preciso esperar a las decisiones de la Cumbre de Florencia, que si esto, que si lo otro, en resumidas cuentas, no han decidido nada. 
En el mes de octubre celebraron ustedes un Consejo de «Investigación». 
Varios han sido los contactos que hemos tenido con ustedes, como lo ha recordado hace un momento, y, efectivamente, en esa ocasión dieron muestras de gran disponibilidad. 
El Parlamento, al igual que ustedes, ha constatado en estos contactos que la falta de revisión de las perspectivas financieras cambiaba las cosas y que, sin duda alguna, era necesario ahora buscar la vía de un compromiso financiero. 
Todos coincidimos en esto, pero nada varía. 
El 7 de octubre se constata una vez más la falta de actuación del Consejo, que, independientemente de la dotación financiera, no consigue ni siquiera ponerse de acuerdo respecto a ciertas prioridades. 
De este Consejo no sale nada positivo. 
Dos Consejos para nada cuando, sin embargo, estos Consejos tienen sobre la mesa la propuesta de la Comisión y la propuesta y el informe del Parlamento. 
Hoy ustedes nos dicen que todavía hay que esperar, pero ¿esperar qué? 
No creo que en los textos del Tratado se diga que el Consejo Ecofin sea un superconsejo. 
El Consejo es una entidad jurídica única, y el Consejo de «Investigación» no tiene menos peso jurídicamente que el Consejo Ecofin. 
En realidad, señor Presidente, el Consejo de «Investigación» -y no es que usted sea el único responsable ni mucho menos, sino que más bien es menos responsable que otros- se ha puesto realmente de rodillas ante el Consejo Ecofin y espera que éste le diga: » Tengan, ahí van algunas migajas de la comida». 
Hoy nos encontramos en el procedimiento presupuestario y mañana por la mañana el Parlamento Europeo votará una propuesta con vistas a crear una reserva de 100 millones de ecus para 1997, con la voluntad de alcanzar los 300 millones de ecus para refinanciar el programa marco de los tres próximos ejercicios. 
No podrán decir que le Parlamento Europeo no ha dado muestras de imaginación o de voluntad en todo ello. 
Ustedes esperan ahora que la Comisión les haga una contrapropuesta y creo, efectivamente, que sería oportuno que la Comisión realizara ahora una propuesta modificada, de modo que el Consejo del próximo mes de diciembre pueda al fin ser un Consejo en que se tomen decisiones sobre una posición común. 
Señor Presidente, donde se deben decidir las cosas es precisamente en la codecisión con el Parlamento Europeo y no en los grupos de alto nivel del Consejo Ecofin ni tampoco en los Consejos de los Ministros de Finanzas. 
Esto lo deben decidir en su nivel y además en el nivel de sus relaciones con el Parlamento Europeo, este último asesorado por la Comisión. 
Así es el Tratado, nada más que el Tratado, pero nada menos que el Tratado. 
Y puedo asegurarle de entrada que si en diciembre el Consejo no asume sus responsabilidades, en el Parlamento Europeo nos plantearemos acudir a cualquier cauce jurídico para denunciar la falta de actuación del Consejo. 
Señor Presidente, mi nombre es realmente Quisthoudt-Rowohl. 
Formalmente esto es una pregunta oral al Consejo, pero aquí están presentes representantes de la Comisión por lo que voy a profundizar un poco en el tema. 
Quiero repetir lo que todos sabemos: el 26 de abril de 1994 se produjo un procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo. 
Se trata del primero tras Maastricht y en aquella ocasión ambas instituciones estaban muy satisfechas con el mismo. 
El Consejo y el Parlamento, pero subrayo, también el Consejo, estuvieron en aquella ocasión muy satisfechos con el resultado. 
Han transcurrido dos años y medio escasos y aunque la refinanciación tendría que haber tenido lugar antes del 30 de junio, nos encontramos hoy en medio de un desierto. 
No encuentro otra palabra. 
El Consejo de Investigación no adopta ninguna resolución y espera al ECOFIN. 
El ECOFIN encarga a la Comisión que presente una nueva propuesta. 
Me pregunto realmente si las instituciones europeas se han vuelto incapaces de actuar. 
¿Qué hacemos como Parlamento? 
El informe Linkohr se refiere a una propuesta de la Comisión, que no solamente ha solicitado una elevación sino que supone una nueva versión totalmente diferente. 
Tras el informe Linkohr he oído que la Comisión ha presentado una nueva propuesta pero que no se diferencia de la primera, a pesar de que el informe de nuestro colega era diferente a la propuesta de la Comisión. 
¿Porqué estamos aquí y para qué trabajamos? 
Por responsabilidad ante la difícil situación financiera de los Estados miembros- incluso mi propio Estado, la República Federal de Alemania, no se encuentra en una situación financiera especialmente buena- proponemos como Parlamento una reserva de 100 millones de ecus con la perspectiva de proseguir esta elevación en los dos próximos años. 
Ante esta propuesta, que es realmente una propuesta honesta, no recibimos ninguna respuesta. 
Me pregunto porqué. 
Durante este tiempo- me refiero de nuevo a la Comisión- ésta trabaja aplicadamente en un quinto programa marco, pero ¿porqué lo hace? 
Parece que es totalmente incapaz de llevar a su fin este cuarto programa marco. 
¿Qué está haciendo ahora la investigación? 
¿Qué pueden esperar los investigadores? 
¿Qué pueden esperar la PYMES de esta Comisión? 
En breve, nos encontramos inmersos en un barullo absoluto, no encuentro otra expresión para ello. 
Señor Presidente del Consejo, ¿puede darnos a nosotros y a los ciudadanos de Europa una respuesta razonable a la siguiente pregunta? : ¿porqué está dispuesto a meter tanto dinero en la conservación de estructuras ya existentes y, en parte, obsoletas y tan poco en lo único que nos asegura puestos de trabajo, es decir, la investigación y desarrollo o en el fortalecimiento de las fuerzas innovadoras de las PYMES? 
Veo una contradicción absoluta con el objetivo declarado del Presidente Santer de reducir el paro en la Unión Europea. 
Lo difícil que es lo pueden ver todos en los esfuerzos que realizan los Estados miembros a nivel nacional y en los resultados relativamente magros. 
Aquí tampoco excluyo a mi propio país. 
Por lo demás, debo decir lo siguiente: si recuerdo bien, el 8 de octubre no estuvo aquí, señor Presidente. 
El que la semana pasada, usted o un representante suyo hayan ido al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no es una información oficial para el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, usted es ministro y lo suficientemente político como para saber que esto tiene algo que ver con política partidista. 
Nosotros también existimos. 
Esta es la cuestión central que va mucho más allá del tema de la investigación. 
No es un problema de usted, señor Presidente del Consejo, no es un problema del Sr. Rabitt sino que el Consejo en su totalidad es incapaz de actuar y aplaza las decisiones. 
Las y los colegas que han intervenido antes que yo lo han expuesto muy claramente. 
Hay que preguntarse también qué imagen están dando la Unión Europea y sus instituciones. 
La Comisión realiza propuestas de «task-forces». 
Se tiene la impresión de que de repente algo muy especial se mueve a nivel europeo. 
¡Grandes task-forces se ponen en marcha y la industria se adapta ante esta nueva situación! 
¿Y qué es lo que resulta de todo esto? 
Ninguna decisión, meras burbujas de aire, quedando al final en ridículo. 
Hasta hoy no sabemos si no vamos a recibir nada, 100 millones o 200 millones o ¿quizás en dos años? 
No sabemos nada al respecto ni nosotros ni aquellos que nos observan. 
Pero este es también un problema que tenemos con la Comisión. 
Pues, tomado estrictamente, el próximo año la Comisión debería revisar al menos internamente su propuesta ante el trasfondo probablemente más realista de unos 100 millones de ecus. 
Se habla de una serie de task-forces, lo que se menciona también en la resolución del Consejo. 
También el Parlamento Europeo ha expuesto su opinión sobre una lista de task-forces. 
Si el próximo año solamente disponemos de 100 millones, habrá que distribuirlos y entonces la Comisión deberá decir dónde coloca las prioridades. 
Tomado estrictamente es un problema entre tres que podría solucionarse en el correspondiente diálogo tripartito, no mediante acciones espontáneas sino mediante un diálogo tripartito organizado. 
Creo que esto debería ser posible. 
El problema se agudiza pues ya hemos iniciado el debate sobre el quinto programa marco de investigación. 
Y esta elevación del cuarto programa marco de investigación es algo así como un precedente para el quinto. 
Estas task-forces son un ensayo para lo que quizás se nos presente en el quinto programa marco. 
Existen también ideas realmente interesantes. Pero hay que adoptar una resolución. 
El Parlamento le ha hecho una propuesta. 
La Comisión de Presupuestos ha presentado dicha propuesta y el Parlamento la va a aprobar. 
Este es un buen fundamento sobre el que se puede trabajar. Espero que no necesitemos mucho tiempo para llegar a un fundamento fiable, de modo que no produzcamos burbujas de aire sino que adoptemos resoluciones. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en que la cuestión es importante. 
También estoy de acuerdo en que no se cumplió el plazo del 30 de junio, pero este Parlamento tiene que reconocer que desde el 30 de junio me he esforzado por poner en marcha este expediente. 
Es un expediente complejo por los motivos que todos conocemos, y hemos progresado mucho en nuestros esfuerzos por volverlo a colocar en los primeros lugares del programa de trabajo. 
Esto no debería restar importancia a las discusiones que están teniendo lugar acerca del quinto programa marco. 
Por consiguiente, es importante que liquidemos esta cuestión. 
Me referiré a las conclusiones del último Consejo del 7 de octubre, en el que se acordó que esta cuestión quedara finalizada en el Consejo de diciembre. 
Las observaciones del Comisario Kinnock son muy de agradecer en la situación en la que nos encontramos actualmente. 
No tiene mucho sentido que procure relatar la historia de este expediente concreto. 
Todos los que esta noche están aquí la conocen. 
Baste con decir que cuando se presentó el anteproyecto de presupuesto para 1997, la Comisión indicó con toda claridad que no incluía una asignación para los 700m de ecus a que se ha referido el Sr. Scapagnini; no se incluía la propuesta de la Comisión para ese incremento en los fondos destinados al cuarto programa marco. 
Esa financiación estaba subordinada a una evaluación y una apreciación que se harían en las circunstancias que prevalecen en la actualidad. 
He oído también lo que han dicho los diputados acerca de una propuesta del Parlamento para constituir una reserva de 100m de ecus. 
También en este caso acojo la propuesta con una satisfacción indiscutible. 
Uno puede apercibirse de que está empezando a configurarse un posible consenso, ya que no es posible ignorar el proceso presupuestario. 
Acepto y siempre he aceptado que el proceso presupuestario involucra al Consejo y al Parlamento, pero es necesario que este concepto se materialice. 
La información que nos ha proporcionado el Sr. Scapagnini es útil y espero que podamos aprovecharla. 
El Sr. Linkohr ha preguntado lo que significa todo esto y si ayudará al Consejo a llegar a una decisión. 
Es posible que anteriormente haya habido algunas dilaciones, pero el Consejo se ha comprometido a finalizar esta cuestión en la reunión de diciembre. 
En respuesta a la otra pregunta diré que hay algunas prioridades que probablemente han creado consenso en el Consejo acerca de lo que deben ser las esferas prioritarias. 
El Comisario ha mencionado la cuestión de las vacunas y de las enfermedades, y concretamente la cuestión de la EBE; de las cuestiones de aeronáutica se ha hablado mucho, y no hay que olvidar tampoco las intermodalidades de transporte y los conceptos multimedia. 
Personalmente preferiría, como ya he dicho anteriormente al Parlamento, que además de ocuparnos de cuestiones como el programa de vacunas contra la EBE y la aeronáutica, nos ocupáramos de otras cuestiones, como la de las minas terrestres. 
Es una cuestión que aparte de otras muchas consideraciones, es de apremiante moralidad. 
Diputados de este Parlamento se han dirigido a mí, como Presidente en ejercicio, en términos tan dignos de atención que quiero hacer constar una vez más que me comprometo sinceramente a defender esa posición ante mis colegas del Consejo. 
El proceso presupuestario tiene que seguir su curso y por consiguiente sería absurdo que enviásemos mensajes positivos diciendo que estamos a punto de dar por finalizado este difícil expediente. 
Al mismo tiempo hay que reconocer que en esta fase se puede ver ya un rayo de luz. 
Agradezco las observaciones positivas formuladas por el Parlamento y por el Comisario. Si no conseguimos llevar este asunto a una conclusión positiva, no será por falta de esfuerzos por parte de la Presidencia. 
Estoy resuelto a obrar en ese sentido. 
Las cuestiones de que estamos tratando son importantes y no menos importante es que las resolvamos para que podamos ocuparnos de la cuestión principal: la forma y el contenido del quinto programa marco. 
Señor Presidente, me gustaría disipar quizá un equívoco, porque oigo al señor Presidente del Consejo decir, por un lado, que el 5 de diciembre el Consejo podría tomar una posición, pero que, por otro lado, es preciso esperar a que finalice el procedimiento presupuestario. 
Naturalmente, el procedimiento presupuestario no finalizará el 5 de diciembre, puesto que para entonces estaremos entre la primera y la segunda lectura. 
Sin embargo, debido precisamente a que el procedimiento presupuestario no estará finalizado, es absolutamente fundamental que el Consejo de «Investigación» del 5 de diciembre adopte una posición clara. 
Ésa sería la mejor manera que tendrían los ministros de Investigación de ayudar al Parlamento frente a la otra rama de la autoridad presupuestaria que es el Consejo. 
Señor Presidente, dos brevísimas preguntas como conclusión. 
Una a la Comisión que dejamos también en suspenso, sin respuesta. 
¿Cuándo piensa en realidad la Comisión responder a la pregunta formulada por el Consejo? 
Y, por último, una pregunta específica al Consejo a la luz de las declaraciones del señor Ministro: ¿está dispuesto el Consejo a reanudar los encuentros informales con la CERT lo antes posible para hacer realmente operativo este diálogo nuestro? 
Responderé brevemente a la pregunta: espero que para mediados de noviembre. 
No me molesta en absoluto que se reanuden esas reuniones oficiosas para que así podamos resolver íntegramente esta cuestión lo antes posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(La sesión se levanta a las 23.25 horas) 
Conmemoración y bienvenida 
Señorías, esta mañana, deseo pedirles que recuerden los trágicos acontecimientos que destrozaron el corazón de numerosos europeos, hace exactamente cuarenta años esta semana. 
La invasión de Hungría por las tropas del Pacto de Varsovia, bajo mando soviético, aniquiló los intentos más valientes y ambiciosos de romper el sistema totalitario. 
Esta brutal agresión no sólo precipitó a millones de europeos a la tragedia y la opresión, sino que confirmó la división de Europa en dos bloques. 
En 1956, Europa parecía condenada a seguir siendo un continente dividido. 
La democracia y la tiranía se enfrentaban en el corazón mismo de nuestro continente. 
Es la razón por la cual me congratulo muy especialmente en dar la bienvenida, a nuestra sesión de hoy, a D. Víctor Orban y a sus colegas de la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional Húngara. 
Queridos amigos húngaros: ustedes representan a su Parlamento y a su país, un país al que de nuevo se le acoge en el seno de la familia de las naciones democráticas. 
Desde 1989, la construcción de la Unión Europea, nueva y más amplia, se ha convertido en el desafío de nuestra generación. 
Esta Unión se construirá basándose en los logros de los padres fundadores, sin poner en tela de juicio todo su trabajo. 
Los acontecimientos de 1956 en Hungría coincidieron con las iniciativas de Jean Monnet y de otros, para dar un nuevo impulso al proceso de integración europea. 
Durante varias décadas, nadie se atrevió a pensar en que Europa podría volver a encontrar verdaderamente la unidad sin una nueva guerra mundial. 
Los acontecimientos de 1989 y las revoluciones pacíficas que tuvieron lugar en Hungría así como en otros países nos permitieron lograr este sueño, sin guerras. 
Por consiguiente, todo nuestro trabajo de cooperación con los países asociados de Europa Central y Oriental no es sólo un elemento más dentro del programa del trabajo cargado del Parlamento. 
Es una responsabilidad fundamental para todos nosotros. Aprovechar la ocasión histórica que existe hoy de lograr una Europa pacífica, próspera y democrática. 
Amigos míos, si así lo desean, les pido que guarden un minuto de silencio en recuerdo de los mártires de la Revolución húngara de 1956, por lo que les doy las gracias. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
(Aplausos) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera empezar expresando mi gratitud por las palabras que acaba usted de pronunciar. 
Mi observación tiene que ver con el punto 16 del informe de ayer: aditivos alimentarios, el informe Riis-Jorgensen y su votación. 
La votación fue muy ajustada, una enmienda importante obtuvo 2 votos menos de los necesarios para alcanzar la mayoría cualificada, por lo menos eso parecía. 
Ahora he observado en la página 21 del Acta que diecisiete diputados indicaron que habían querido votar a favor de esta enmienda, pero que no lo hicieron debido a un malentendido relacionado con el anuncio de una enmienda en nuestra pantalla electrónica. 
Por consiguiente, existe confusión sobre la cuestión de si el Parlamento ha aprobado o no la enmienda en cuestión con la mayoría necesaria. 
Se trata de una cuestión, señora Presidenta, en que corren peligro cientos de puestos de trabajo en Europa. Por consiguiente, hemos de actuar con precaución en interés de los trabajadores afectados. 
Por tanto, quisiera pedirle que someta la cuestión a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades para que esta se pronuncie sobre si el Parlamento ha aprobado o no esta enmienda. 
Es una cuestión difícil. Se trata de cientos de puestos de trabajo, debemos operar con suma cautela, y quiero pedirle personalmente que nos ayude. 
Señorías, es muy evidente, y ustedes lo saben perfectamente, que no ha lugar repetir la votación. 
Que las cosas queden claras. 
Pueden ustedes intervenir tanto como quieran mediante moción de procedimiento aunque ello no cambiará las cosas porque la votación ya se ha producido y no se puede volver a una votación que ya se ha llevado a cabo. 
En cambio, el Sr. de Vries formula una petición. 
Tomo nota de ella y puedo asegurarle que, cumpliendo con sus deseos, será transmitida a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Con mucho gusto, tomo nota de su declaración, aun cuando no afectaba verdaderamente al Acta. 
Señora Presidenta, me refiero a la misma cuestión que ha planteado el Sr. De Vries. Quisiera dejar bien aclarada la cuestión que ayer estuvimos tratando de explicar. 
No cabe pensar en que volvamos a votar de nuevo, pero es evidente que queremos que este Parlamento actúe como un órgano soberano y que se cumpla su clara voluntad. 
Si la clara voluntad de este Parlamento es que había una mayoría suficiente, entonces no queda más remedio que poner en práctica esa decisión. 
Espero que mientras la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades se pronuncia sobre el particular después de haber estudiado minuciosamente el asunto, la decisión que se anunció ayer quede en suspenso. 
Si la Comisión de Reglamento decide que, en vista de las circunstancias, la clara voluntad del Parlamento es aprobar la enmienda por una mayoría suficiente, entonces ese resultado debe proclamarse como decisión y no tenemos ya por qué volver a votar sobre el particular. 
Señor Barton, le respondo igual que al Sr. Gilles de Vries. 
Así se hará. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, le doy las gracias. Permítame felicitarle por la decisión, que ha recordado usted, y que además, es la misma que se había adoptado a propósito del calendario. 
Cierro el paréntesis. 
Me gustaría hacer llamamiento al reglamento, basado en su artículo 5. 
En efecto, varios artículos y varias emisiones audiovisuales ponen en tela de juicio el régimen de dietas de los diputados europeos. 
Ayer por la mañana, e incluso otra vez esta mañana, France 2, la cadena nacional de televisión, ha presentado unos reportajes sobre nuestro régimen de dietas. 
Estas críticas dañan gravemente la imagen de nuestro Parlamento. 
Naturalmente, no se cuestiona a los colegas sino todo un sistema. 
Un sistema que no es aceptable para la opinión pública. 
Es la razón por la cual le ruego que, en aplicación del artículo 5, recurra a la Mesa que es la competente en materia de regulación del pago de gastos y dietas de los diputados, y ello con una triple finalidad. 
En primer lugar, es preciso que la lista de asistencia sea en efecto una lista de presencia y no una lista de paso. 
Desgraciadamente, una reciente decisión de la Mesa acentúa este carácter de lista de paso. 
En segundo lugar, desearía pedir a la Mesa que los viajes de intermediación se paguen efectivamente basándose no sólo en el justificante del billete, sino también en el de la tarjeta de embarque. 
En tercer lugar, es preciso que las dietas por kilómetro correspondan efectivamente a viajes realizados. 
Creo que no tenemos que perder ni un minuto y que la Mesa debe enfrentarse inmediatamente a esta cuestión, muy importante para la imagen de marca de nuestro Parlamento. 
Señor Fabre-Aubrespy, le responderé, y usted lo sabe bien, que la Mesa de nuestra Asamblea no ha estado esperándole a usted para estudiar estos problemas que, en efecto, deberán encontrar soluciones razonables. 
Bienvenida 
Señorías, tenemos el honor de contar, en la tribuna oficial, con la presencia de Su Santidad el Dalai Lama, premio Nobel de la Paz 1989. 
(Aplausos prolongados) Señorías, aquellos de ustedes que, ayer tarde, tuvieron la ocasión de escuchar a Su Santidad en la reunión conjunta de varias de nuestras comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo, habrán apreciado ciertamente el interés de lo que este importante jefe religioso y líder espiritual tenía para transmitirnos respecto de los derechos humanos en el Tíbet y la preocupante situación del pueblo tibetano. 
Le saludo muy calurosamente. 
Votaciones 
Señora Presidenta, ayer envié una carta al Presidente, junto con mi compañero, Sr. Kristoffersen, sobre una enmienda, la enmienda nº 635 a la partida presupuestaria 1872. 
Dicha enmienda tiene por objeto suprimir la traducción de las Actas Literales a los once idiomas. 
Señora Presidenta, a mi entender, esta decisión es contraria a la letra del artículo 134 de nuestro Reglamento, y sé que muchas más personas, aparte del Sr. Kristoffersen y yo, están preocupadas. 
Tememos que si se aprueba esta enmienda, ya no podremos aplicar el artículo 134 de nuestro Reglamento. 
Por ello, señora Presidenta, en mi carta pedía que se volviera a estudiar si esta enmienda era admisible. 
Es posible que esto ya se haya hecho entre tanto, o quizás pueda usted pronunciarse al respeto, pero pienso que se trata de una cuestión importante que no debemos permitir así sin más. 
Señora Thyssen, hemos estudiado el tema. La enmienda es aceptable pero no la votaremos aparte. 
Así, se tendrán en cuenta sus observaciones. 
Señora Presidenta, me gustaría cumplir un deber al comienzo del debate, pues al final del debate la mayoría de los colegas abandonan la Asamblea. 
Quisiera dar las gracias a los servicios de la sesión y a la secretaría de la comisión de Presupuestos porque todo lo que vamos a votar enseguida se encuentra disponible puntualmente traducido a todos los idiomas. 
Efectivamente, ustedes saben cuán breve ha sido el plazo desde la noche del lunes hasta hoy. 
Creo que esto merece el elogio y también el aplauso de la Asamblea para nuestro personal. 
Muchas gracias. 
Como ve, señor Samland, la Asamblea, unánime, se une a este agradecimiento. 
En efecto, creo que vamos a poder votar en las mejores condiciones. 
Señora Presidenta, quiero hacer constar que cuando votemos sobre los aspectos de esta cuestión que se relacionan con los fondos estructurales, tanto nuestras enmiendas como nuestras observaciones sobre el particular contravendrán el reglamento de los fondos estructurales. 
Quisiera que los servicios competentes y también el Parlamento se ocupen de esta cuestión porque la certificación ambiental de todos los proyectos no es posible, ni está en consonancia con el reglamento, está en desacuerdo con el memorando de entendimiento entre el Parlamento y la Comisión, y además, naturalmente, es contraria al principio de subsidiariedad. 
Quisiera que los servicios competentes rectificasen la situación antes de la segunda lectura. 
Señora Presidente, no deja de sorprenderme la observación que ha formulado la Sra. McCarthy porque el año pasado aprobamos una enmienda sobre el «reverdecimiento» del presupuesto que era exactamente igual. 
Por lo tanto, es sorprendente que reaccione de esa manera en este momento. 
Tenemos que considerar siempre las cosas de forma razonable, pero no deberíamos complicar ahora la votación sobre esta cuestión concreta. 
Quisiera explicar solamente que en realidad se trata de un malentendido. 
Se trata de una cuestión de formulación. 
Ya he hablado sobre esto con el presentador de la enmienda, el Sr. Florenz, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores. 
Se trataba solamente de la formulación del texto. 
Respecto del contenido no existe ninguna disputa sobre este tema con la Comisión de Política Regional ni con ninguna otra comisión. 
Creo que podemos solucionar esto a continuación de la votación en el marco de una adaptación técnica. 
Proyectos de enmienda y propuestas de modificación que contemplan los créditos de la Sección III del proyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas para 1997 relativas a la Comisión 
Proyectos de enmiendas a las Secciones I, II, IV, V y VI del proyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1997 relativas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones 
En relación con el bloque 2 
Señora Presidenta, antes de que pasemos a votar el siguiente bloque, es decir, los gastos agrícolas, quisiera manifestar claramente una vez más en nombre de mi grupo que existe una cierta insatisfacción con la interpretación jurídica en lo que respecta a la aprobación del procedimiento ad hoc. 
Nuestra opinión es que incluso con el procedimiento ad hoc, una vez concluido el procedimiento, es posible presentar enmiendas que se refieran a modificaciones de los comentarios y a gastos no obligatorios en el ámbito agrícola. 
Quisiera que se tuviera en cuenta esta posición jurídica y que se realice una aclaración antes de la segunda lectura. 
Señora Presidenta, con arreglo al artículo 1 del anexo I de la Regla 9, quisiera declarar, como ya hice el año pasado, que tengo un interés personal en el presupuesto del Parlamento porque estoy afiliado a la caja de pensiones. 
Por lo tanto, no participaré en la votación sobre esta resolución. 
Muy bien, señor Ford, tomamos nota de su declaración. 
Señora Presidenta, a lo mejor puedo convencer al Sr. Ford de que vote en favor de la resolución si nuestra enmienda, que trata especialmente de la cuestión de la caja de pensiones, es aprobada. 
Señor de Vries, jamás, podremos condenar la pureza. 
(EL Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, Quiera retirar la enmienda nº 1 al artículo 9a- la única enmienda- pues la Comisión dio ya en el debate de la tarde de ayer una explicación satisfactoria. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, deseo dar una explicación del voto oral para protestar formalmente contra la enmienda 1005 al presupuesto que acaba de votarse en este recinto y que prevé la creación de un puesto presupuestario nuevo titulado «Contribuciones- evidentemente, se sobreentiende que financieras- a los partidos políticos europeos». 
Esta línea viene a prever una financiación pública comunitaria de algunos partidos que se titulan europeos. 
Esta iniciativa parece totalmente inoportuna en un contexto de austeridad presupuestaria. 
Aun cuando no se pagara todavía ningún crédito en 1997, la aprobación definitiva de este principio sería grave para el futuro porque generaría gastos no calculados con antelación. 
Además, los partidos políticos de numerosos países- entre los cuales se encuentra Francia- reciben ya una financiación pública para el conjunto de sus actividades nacionales y europeas. 
No vemos la razón por la cual, se dedicarían ahora a recibir dinero público, de varias fuentes diferentes, para estas actividades. 
Por último, recuerdo que la noción de partido político europeo no existe en el Tratado, que en su artículo 138A, no cita más que la acción de los partidos políticos a escala europea, lo que parece completamente diferente. 
Lamento que el Parlamento renuncie a obligar al Consejo a enfrentarse a sus responsabilidades a propósito de la financiación de las redes transeuropeas. 
Algunos gobiernos se niegan a pagar sus compromisos adquiridos en Essen y tratan de pasar sus responsabilidades al Parlamento. 
Es cierto que hacer frente al desafío hubiera producido el efecto de poner en peligro el acuerdo interinstitucional y comprometer el conflicto presupuestario. 
Pero el acuerdo interinstitucional, si implica una disciplina por parte del Parlamento en el ejercicio de sus poderes presupuestarios, en cambio, implica el compromiso por parte del Consejo de financiar las políticas convenidas de común acuerdo. 
Al negarse a cumplir su parte del contrato, el Consejo viola la obligación de cooperación promulgada por el artículo 5 del Tratado y obliga al Parlamento a volverse hacia el artículo 203 del Tratado, a lo que tiene perfecto derecho. 
Al negarse a resistir a la presión del Consejo, obligando al Parlamento a adoptar un comportamiento de sumisión, los grupos de la derecha impiden al Parlamento asumir sus responsabilidades presupuestarias. 
He votado con sentimientos encontrados a favor del presupuesto de 1997 en primera lectura porque no existía ninguna alternativa válida, salvo el proyecto del Consejo, y este es totalmente inaceptable, sobre todo en lo que respecta a la política social. 
No obstante, lamento mucho que el Parlamento Europeo, institución asociada a la autoridad presupuestaria, no haya aprovechado al máximo su competencia presupuestaria, sobre todo para tomar medidas más concretas a favor del empleo. 
De ello es plenamente responsable el PPE, bajo la dirección del cristiano-demócrata Wilfried Martens. 
Sus palabras en materia de empleo han demostrado una vez más ser consignas vacías, por lo que no pudo alcanzarse la mayoría necesaria para actuar realmente. 
La señal que se da al reservar 300 millones de ecus para las redes transeuropeas y la investigación no es suficiente. 
Con ello, el Parlamento Europeo es cómplice del Consejo, en el sentido de que al igual que los sucesivos Consejo Europeos, damos siempre prioridad a la creación de empleo, pero a continuación no estamos dispuestos a pasar de las palabras a los hechos cuando se trata de dar el dinero. 
Informe Brinkhorst 
Señor Presidente, gracias por haberme concedido la palabra para esta explicación de voto con la que pienso comentar una o dos votaciones y la posición del Grupo al que pertenezco. 
La primera votación se refiere al programa MEDA. 
Nuestro Grupo ha votado la enmienda, que ha aprobado por gran mayoría este hemiciclo, de poner los fondos destinados a Turquía en el marco del programa MEDA, en cumplimiento del principio según el cual cualquier proyecto antes de ser aprobado debe ser estudiado por el Parlamento Europeo. 
Hemos indicado que este procedimiento, ambicioso y seguramente nuevo, contribuía a hacer de nuestro Parlamento una especie de comité, uno de esos comités contra los que luchamos, pero hemos aplazado nuestra opinión hasta la segunda lectura. 
Dada la naturaleza de esta partida he querido reservar la posición de nuestro Grupo hasta la segunda lectura. 
En cambio, tengo que lamentar mucho, muchísimo, que el ponente no haya querido aceptar mi enmienda sobre ECHO, aprobada por una mayoría mínima. 
ECHO tiene una capacidad de gasto, un porcentaje de ejecución de gasto a 30 de septiembre del 120 %. 
He comprendido que no se podían albergar esperanzas de que se dedicara una mayor atención a esos fondos también a causa del porcentaje de ejecución. 
Por lo tanto, deseo que conste en acta que el lunes por la noche en la Comisión Presupuestaria decidimos repartir 100 millones de ecus entre algunas líneas presupuestarias cuyo porcentaje de ejecución cito brevemente. Personas de edad avanzada, 26 %; 
KEDO, 0. Esa es la respuesta que nos ha dado el Parlamento. 
Señor Presidente, creo que en este Presupuesto se va hacer patente una vez más lo que también hemos visto ya en el último año, en concreto, que para la realización de una nueva política exterior de la Comunidad se renuncia a la solidaridad internacional. 
Cada año vemos que se recortan aún más líneas importantes de la política de desarrollo como son la cooperación con las organizaciones no gubernamentales, el apoyo al proceso de paz en el sur de Africa, nuevos ámbitos concernientes a la limpieza de minas y las líneas presupuestarias relativas a los mismos. 
Si no me equivoco ahora, tenemos un recorte real del 3 % en el ámbito del desarrollo. 
Creo que esto es inaceptable. 
Ya cabe prever nuevas catástrofes de hambre. 
Nos hallamos ante una situación de nuevas guerras y por ello sería importante en este punto una política exterior preventiva que nos permita seguir en el contexto norte-sur un camino en el que no tengamos que hacer remiendos donde nos falte el dinero. 
Por esta razón, quisiera instar a todos los colegas a que reflexionen acerca de cómo queremos seguir configurando esta política en el próximo ejercicio presupuestario, si queremos cerrar aún más las fronteras de estos 15 países miembros, las fronteras de esta Comunidad, si queremos seguir practicando una política militar que impulse esta política exterior de más conflictos futuros o si queremos practicar una política exterior preventiva de carácter civil. 
Creo que la política de desarrollo constituye aquí un punto de partida. 
Una política de desarrollo en el sentido de un desarrollo regional autónomo ofrece la posibilidad y la condición previa para que en las relaciones norte-sur podamos convivir pacíficamente y, en consecuencia, es necesario que en el futuro no recortemos más estos escasos recursos. 
De lo contrario, ofrecemos señales equivocadas de cara a una solidaridad internacional en una época de globalización y desregulación de los mercados y, en consecuencia, no debemos extrañarnos si en el futuro aumentan las guerras y las catástrofes por hambre. 
Señor Presidente, me inquieta en extremo el voto anticampesino que se ha manifestado en esta Asamblea. 
Al negar el conjunto de las enmiendas del bloque 2, es decir, las medidas de promoción de la calidad de la carne, las acciones de promoción de la carne de bovino y los muy modestos 77 millones para los apicultores, nuestra Asamblea ha dado muestras no sólo de calvinismo presupuestario y de rapacidad presupuestaria, sino también de desconfianza con respecto al mundo campesino. 
Además, esto confirma una orientación que se tomó hace dos años. 
Nuestro presupuesto agrícola pasa por debajo de la raya del 50 %. 
Diría, de todos modos, que mientras hacemos esto- la Sra. Theato no está tal vez aquí- concedemos cada año 1 900 millones de ecus de ventajas aduaneras a las multinacionales Chiquita, Dole y Castle, en el sector del plátano. 
Existe, al menos, un ámbito en el que nuestra Asamblea ha dado muestras de perspicacia: ha denegado cuatro millones de ayuda a la producción del cáñamo, ¡sin duda para evitar que se trence la cuerda para ahorcarnos!. 
Señor Presidente, hemos votado la línea presupuestaria B3-4100 de ayuda a la familia de 2, 5 millones de ecus, pero es preciso señalar que es notoriamente insuficiente y que nuestra Asamblea se deshonra así y toma una mala decisión al no ofrecer al desarrollo familiar lo que sería necesario. En efecto, el problema fundamental de nuestras sociedades y de nuestras naciones es el de una pirámide de edades que se invierte cada vez más. 
En realidad, en lo sucesivo, tendremos una base joven muy insuficiente, una plataforma de clases de gente mayor muy fuerte y, necesariamente, estamos dirigiéndonos hacia la lógica que va de la IVG a la IVV, es decir, de la interrupción voluntaria del embarazo a la interrupción voluntaria de la vejez. 
¡He aquí, dramáticamente, lo que espera a nuestras sociedades si no sabemos invertir el curso de este desmoronamiento familiar!. 
Señor Presidente, como en el pasado año, me he visto obligada de nuevo a votar en contra del informe redactado por nuestra Comisión de Presupuestos. 
Mi voto negativo es un protesta contra la manera con que una mayoría de la Comisión de Presupuestos ha tratado las propuestas de mejora de la Comisión de Agricultura que ni siquiera han llegado a ser votadas. 
La Comisión de Agricultura había aprobado por una gran mayoría el informe relativo a los problemas de la apicultura en Europa que yo, en calidad de ponente, había presentado con el fin de introducir para 1997 una línea presupuestaria y una pequeña cantidad de 67 millones de ecus (» cacahuetes» en el presupuesto global de las Comunidades) para que se concedan por fin a los apicultores las ayudas que exigió por unanimidad el Parlamento Europeo en el marco de mi informe de 20 de enero de 1995, en concreto, a causa de la difícil situación económica de los apicultores europeos. 
Nadie en esta Asamblea debería ignorar la imprescindible función ecológica de las abejas en la explotación de la naturaleza ni la importancia económica de la función polinizadora de las colonias apícolas y, por consiguiente, la importancia de la apicultura. 
Puesto que cada vez son más los apicultores que abandonan porque, entre otras causas, sus costes de producción por razones higiénico-sanitarias, sociales y meteorológicas se sitúan muy por encima del nivel de precios de la miel en el mercado mundial, se han quedado obsoletas las ayudas, demandadas repetidas veces por este mismo Parlamento, para la conservación de la apicultura en Europa. 
Es francamente esquizofrénico que exijamos las ayudas y luego no queramos anotar en el presupuesto el par de ecus que se precisan al efecto. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Parlamento por apoyar y aprobar hoy aquí la asignación de 100m de ecus adicionales a Irlanda del Norte. 
Quisiera hacer constar en acta que en ningún momento durante las dos últimas semanas, ninguno de los tres diputados de Irlanda del Norte pensó en ningún momento que en la votación de hoy pudiera suceder algo diferente. 
El debate sostenido fuera de este Parlamento ha sido sumamente lamentable. No sirvió en absoluto para ayudarnos a nosotros en Irlanda del Norte, ni ha hecho nada por mejorar nuestra imagen en este Parlamento. 
Ha sido un debate sumamente lamentable que nunca debería haber tenido lugar. 
Ese tipo de reclamaciones y denuncias deben formularse en este Parlamento. 
Quisiera hacer constar en acta que quedo agradecido al Sr. Elles y al Sr. Wynn por la labor que han efectuado y por la labor que sin duda alguna seguirán efectuando en el futuro. 
Espero regresar de nuevo el año que viene y no ver desarrollarse de nuevo este debate. 
Doy gracias a los que han desempeñado una labor constructiva y no una labor destructiva. 
Espero sinceramente que lo que ha sucedido a lo largo de estas dos últimas semanas no se esgrima en contra nuestra o en contra del pueblo de Irlanda del Norte. 
Señor Presidente, quiero manifestar que, aun cuando la decisión del pleno de aprobar la propuesta de consignar las ayudas financieras destinadas a Turquía en el marco de la Unión Aduanera en el fondo de reserva sea muy positiva, se presenta un gran problema en relación con el programa MEDA, como ha señalado el Sr. DellʼAlba. 
Mientras que la Comisión de Asuntos Exteriores ha aprobado casi unánimamente que la parte correspondiente a Turquía pase al fondo de reserva, haciendo especial hincapié en los temas relativos a los derechos humanos, la cuestión chipriota y la soberanía territorial de los países vecinos de Turquía, en la enmienda de la Comisión de Presupuestos, elaborada por procedimientos muy poco transparentes y que dejan lugar a dudas sobre su legalidad, se rechaza esa propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Creo que se trata de algo muy negativo, que ha entrado en una especie de trampa en el acuerdo entre el presidente de la Comisión de Presupuestos, el ponente y el Comisario, Sr. Van de Bruk. Esta es una de las razones por las que nuestro Grupo no dará su voto favorable al informe Brinkhorst. 
, por escrito. (SV) Damos la bienvenida a los cambios que la autoridad presupuestaria de la UE propone con respecto a los recortes en la política agrícola común. 
Es un paso en la dirección correcta. 
Estamos convencidos de que una reforma amplia de la PAC actual es necesaria si la UE ha de responder a los retos que le plantea el próximo siglo. Estamos pensando además en lograr una mayor eficacia y en la ampliación de la Unión. 
Resultará muy difícil para la UE ofrecer a los países solicitantes de adhesión la misma ayuda agrícola con que podían contar España, Grecia y Portugal antes de su entrada. 
Tampoco es probable que una PAC sin reformar resulte ventajosa para los países de la Europa oriental a que nos referimos. 
Un efecto inmediato sería, por ejemplo, el del alza notable de los precios de los alimentos. 
Nuestro punto de vista sobre el presupuesto de la UE concuerda en líneas generales con el de los Verdes, pero en un aspecto de la cuestión tenemos principios especiales que motivan un voto distinto. 
Nuestra opinión es que debe limitarse el marco del total de gastos de la UE. 
Lamentablemente, no tenemos ninguna posibilidad de influir sobre las partidas mayores del presupuesto, por ejemplo, la de la política agrícola, que debe modificarse y reestructurarse si no queremos que se convierta en una piedra en el camino del presupuesto de la UE, y que además constituye un obstáculo a la ampliación. 
Pensamos además que la contribución sueca en concepto de país miembro es un serio lastre para las finanzas estatales, y que contribuye a la política de recortes sociales que es la causa del desempleo y del abismo social existentes en nuestro país. 
Estamos muy en contra de una evolución en el sentido de un aumento de esta cuota, que según ciertos cálculos ascenderá en el próximo ejercicio a 25 mil millones de coronas suecas. 
Mantenemos una posición restrictiva en cuanto a los fondos estructurales. 
Hemos votado a favor de las propuestas que harían a la UE más verde, y en contra de las que refuerzan el carácter estatal de la UE. 
Pensamos que la UE debe concentrar su actividad en lugar de diluirse e intentar ocuparse de todo lo imaginable, especialmente cuando en muchos casos existen otras organizaciones internacionales que ya se ocupan de los asuntos, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OCDE, el Consejo de Europa, etc. Nos oponemos especialmente a las diversas acciones de propaganda a favor de la ideología federalista de la UE. 
No creeemos que la UE deba intentar ganarse la simpatía de los ciudadanos a base de propaganda; éste es un método caduco soviético que no tiene mucho que ver con el respeto por la opinión pública. 
Si la UE no consigue ganarse el apoyo popular habrá que reconocer que esto se debe a que su actividad va en la dirección errónea; se destinan muy pocos medios a la solución de problemas de naturaleza genuina y naturalmente transfronteriza, como por ejemplo los de medio ambiente, y demasiados a las campañas de propaganda teatral y de construcción de una superpotencia. 
Nos sentimos especialmente decepcionados por el hecho de que sólo una débil minoría haya apoyado las propuestas de saneamiento de la devoluciones en concepto de viajes y del sistema de pensiones, propuestas que naturalmente hemos apoyado. 
No da fe de las buenas intenciones del Parlamento que éste no reconozca que el saneamiento de los privilegios es una necesidad absoluta si queremos que el ciudadano contemple al Parlamento Europeo como otra cosa que no sea una mina de oro para oportunistas políticos. 
Naturalmente, hemos votado en contra de la ayuda a la cosecha de tabaco, una de las manifestaciones más flagrantes de la hipocresía de la política de la UE, puesto que en otros contextos la UE dice que lucha contra su consumo. 
Se están llevando a cabo grandes recortes presupuestarios en los países miembros, también en Suecia, para cumplir con los objetivos que la UE se ha fijado, los criterios de convergencia. 
Para que éstos sean creibles la UE debe también ahorrar en su propio presupuesto. 
En primer lugar cabe hacerlo en las grandes rúbricas presupuestarias de gastos de la agricultura, los fondos estructurales y la administración. 
Esta posición dura ha caracterizado la línea que he adoptado frente al presupuesto. 
Cada corona de más en el presupuesto de la UE corresponde a tres en el sueco. 
Suecia ya sufraga una parte proporcional sustanciosa con destino al presupuesto de la UE. 
La cifra para 1997 puede ascender a 25 millones de coronas suecas (22 millones se reservan para la cuota como miembro de la UE). 
Como contrario al supraestado, y antifederalista, pienso que a la UE no debe dársele más dinero del necesario. 
Por tanto debe seguirse recortando su presupuesto. 
Dado que somos miembros en la actualidad, estos recortes deben producirse en una forma socialmente aceptable. 
He votado en contra de los aumentos dentro de la agricultura que no son de carácter obligatorio. 
Lo mismo he hecho con el pescado, a excepción del costero, las inversiones en el medio ambiente y el desarrollo rural. 
He votado en contra de la ayuda a la producción de cáñamo, tabaco y destilación de vino. 
También son necesarios los recortes en los fondos estructurales, principalmente de conformidad con la propuesta de la Comisión de Presupuesto, a excepción del objetivo 1 (el paro elevado) el 5b (archipiélagos) y el objetivo 6 (ayudas a Norlandia). 
El motivo de que acepte los recortes es que los fondos estructurales de la UE drenan el presupuesto sueco de un dinero que de otro modo podría ir directamente destinado a los mismos objetivos, sin rodeos innecesarios que pasen por la UE. 
Los fondos estructurales tampoco han podido nivelar las diferencias que existen entre las diversas regiones y deben por ello abandonarse como instrumento equilibrador. 
Debe recortarse el proyecto TEN, principalmente por motivos ambientales. 
No obstante, cabe apoyar los proyectos de política regional y ambiental, como la línea del Atlántico y de Botnia. 
Es difícil tener una visión general sobre muchos programas de ayuda como Pesca, Leader 2 (desarrollo rural) etc. En general he votado afirmativamente. 
He votado en favor de las inversiones ambientales, de los proyectos para ayuda del consumidor y de las organizaciones para la defensa del medio ambiente. 
La seguridad nuclear es importante, pero, ¿Entra dentro de las competencias de la UE? 
He votado en contra de todas las inversiones en «información» y propaganda de la UE, por ejemplo, las campañas a favor de la UEM, los programas culturales con el fin de crear «una dimensión europea» ,» construyamos Europa juntos» y «los ciudadanos primero». 
He votado afirmativamente a las ayudas para las minorías lingüísticas y por que las lenguas sueca y finlandesa tengan el mismo status dentro de la UE que tienen las demás. 
He votado a favor de las ayudas para la creación de empleo, para las oficinas de empleo, por la equidad, contra el racismo y a favor de la mayoría de proyectos sanitarios contra el sida, estupefacientes, etc. En este ámbito se necesitan acciones nacionales e internacionales. 
En general he apoyado los proyectos dirigidos al tercer mundo, a pesar de que en principio estoy en contra de que la UE lleve a cabo su actividad en estos ámbitos. 
Estoy en contra de todos los tipos de prerrogativas para la «eurocracia» mencionados en la parte administrativa del presupuesto. 
Voto a favor de las propuestas que conllevan un mejor control de los reintegros en concepto de viajes para los diputados. 
La Comisión de Presupuesto amenaza con congelar los fondos para los más de 300 comités de la Comisión si no se mejora la transparencia dentro del sistema comitológico. 
Evidentemente, he votado a favor de esto. 
Apoyo las acciones que llevan a un mayor control de las devoluciones a los diputados que apuntan a su pago exclusivo partiendo de los costes reales. 
Siempre hay que escoger la alternativa más económica. 
El sistema de devoluciones no debe basarse, como actualmente lo hace, sobre el nivel más elevado de coste. 
Lamento profundamente que el Consejo de Ministros haya propuesto al Parlamento Europeo un presupuesto de rigor semejante. 
Nuestras capitales están más dispuestas a invertir en los aspectos económicos y monetarios de la Unión Europea que en la cohesión social y los aspectos, digamos, cualitativos. 
Los elegidos europeos tienen una visión más humana, más «ciudadana» y más solidaria de la construcción europea, y no aceptan la reducción de la financiación de las políticas que conciernen a la juventud, la formación, los intercambios, la creación cultural, el terruño y todo lo que ello implica. 
Lamento asimismo las disminuciones de los créditos en sectores que consideramos prioritarios como el empleo, el apoyo a las regiones de Europa en dificultades, la solidaridad con los países en desarrollo. 
Al retrasar la financiación de las redes transeuropeas como el TAV Este-Atlántico, incluido el enlace ferroviario Aquitania/Euskadi, nuestros gobiernos se privan de miles de empleos que hubieran creado estas grandes obras. 
Al congelar, incluso disminuir, los fondos estructurales- como los objetivos 2 y 5b destinado a apoyar las reconversiones industriales y el desarrollo rural- nuestros gobiernos ponen en tela de juicio el importante esfuerzo que la Unión ha realizado en favor de sus regiones del Sur- del que también se beneficia mi región- por un reordenamiento equilibrado del territorio europeo. 
Al limitar la ayuda alimentaria de urgencia a los países en desarrollo víctimas de graves crisis, el Consejo asume una pesada responsabilidad. 
Es la razón por la cual nuestro Parlamento, mediante sus votaciones, ha querido reasignar créditos que corresponden en efecto a sus prioridades, incluso en el sector de la investigación, como ha querido asignar un crédito de 100 millones de ecus, es decir, 650 millones de francos, para sostener el proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Veremos cómo reaccionarán nuestras quince capitales. 
Por supuesto, tengo en cuenta el hecho de que el 46 % de los 89 millardos de ecus- 580 millardos de francos- de este presupuesto se destinan al apoyo a la agricultura, que sigue siendo históricamente la primera gran política común de Europa, pero la crisis llamada de las vacas locas nos obliga a revisar lo que debe ser la agricultura del futuro. 
Asimismo, me complace hacer hincapié en que el Parlamento Europeo ha querido reforzar las acciones que interesan directamente a mi región, como el apoyo a la pesca artesanal, el refuerzo del control en el mar y la promoción de las lenguas y las culturas minoritarias, iniciativas de nuestra institución toleradas por el Consejo. 
Informe Fabra Vallés 
Repetimos nuestra exigencia del anterior debate presupuestario en el sentido de que debe revisarse todo el sistema de devoluciones a los diputados parlamentarios en concepto de gastos de viajes. 
Sería conveniente que los diputados tuvieran una tarjeta para el pago de billetes a Bruselas y Estrasburgo. 
Apoyamos la propuesta del grupo socialista para que el Presidente designe a la mayor brevedad un comité para que efectúe esta revisión. 
Los Estados miembros de la UE se ven muy afectados por los recortes que están llevando a cabo en el ámbito social, de atención pública y servicios, como consecuencia de la realización del programa de convergencia. 
Al mismo tiempo parece que el paro que afecta a 20 millones de personas se ha hecho endémico en los 15 países miembros. 
Pienso que también el presupuesto de la UE debe revisarse exhaustivamente y que hay que replanteárselo. 
Existen muchas actividades dentro de la UE que, en relación con los ámbitos de actividad social en los que se están efectuando recortes en los Estados miembros, actualmente tienen un peso específico muy bajo, y deberían eliminarse en primer término en una situación donde hubiera que priorizar. 
Teniendo en cuenta que actualmente se están eliminando los departamentos de cuidados de larga duración en los hospitales suecos, considero profundamente lamentable que la UE mantenga las actividades de unas instituciones caras y sobre cuyos resultados, y cuya existencia, hay que plantearse la necesidad. 
No obstante, se decide sobre el presupuesto de la UE a través de un proceso largo y complicado en el que tengo bien pocas posibilidades de influir con mi voto en esta Cámara. 
Una parte de los gastos se han decidido a través de antiguos tratados y acuerdos. 
Me refiero al hecho de que el Parlamento Europeo se reúna en Estrasburgo doce veces al año, al tiempo que mantenemos la gestión y las reuniones en Bruselas y Luxemburgo. 
Esto causa unos grandes e innecesarios gastos de mantenimiento de locales. 
Los gastos dentro del ámbito de la agricultura y de los fondos estructurales para las regiones pertenecen a la categoría de los obligatorios y los decide el Consejo de Ministros, aunque al final del proceso el Presidente del Parlamento ponga su firma en el presupuesto. 
Pienso que hay muchas cosas que pueden replantearse dentro de los gastos de la UE en los dos ámbitos mencionados. 
Lamentablemente, no tengo la posibilidad de influir sobre los apartados de los gastos de la política agrícola y regional con los que no estoy de acuerdo. 
Otros ámbitos en los que tengo objeciones y que desearía cambiar son: 
Las devoluciones en concepto de gastos de viaje a los diputados parlamentarios de la UE pueden recortarse si se introduce el uso de una tarjeta de viaje en lugar de que, como hacemos actualmente, se sufraguen unas devoluciones generosas sin exijir a cambio la presentación de unos recibos.-El fondo de pensiones de los diputados parlamentarios de la UE se subvenciona por medio de recursos normales de la UE, ya que no es rentable económicamente. 
Esto debería cesar en mi opinión a la mayor brevedad. 
Los que sean miembros del fondo de pensiones y reciban prestaciones cuando haya dividendos, deben prepararse a cubrir posibles pérdidas.Además, existe un número de líneas presupuestarias dudosas cuyo objetivo exclusivo es reforzar la idea de Europa y de la conciencia europea común. 
Sobre todo estoy en contra de las líneas presupuestarias sobre la celebración del cuarenta aniversario de la firma del Tratado de Roma, y además contra los recursos que se destinarán a la campaña para la realización del proyecto de la UEM, y de los medios destinados al Centro europeo para estudios políticos. 
Este Centro se dedica actualmente a difundir propaganda positiva sobre la UEM en Suecia. 
Opino que es preocupante que se destinen fondos del presupuesto de la UE a diversas organizaciones con el fin de difundir propaganda positiva sobre las instituciones de la UE, y que además dicha propaganda argumente que se les debe conceder un mayor poder político. 
Asimismo se propone destinar contribuciones a los partidos a nivel comunitario. 
No pienso que las «formaciones de partidos» que existan a nivel de la UE sean merecedoras de recibir estas contribuciones. 
Tampoco está bien, en tiempos de ahorro general, que los políticos concedan más beneficios a sus propias organizaciones. 
Recomendación de Iivari 
Señor Presidente, nadie se alegra más que nosotros, que hemos hecho todo lo posible para ayudar a los pueblos de la ex Yugoslavia a liberarse del yugo federal comunista, por la paz y la independencia de la que vuelven a disfrutar las naciones eslovena y croata. 
Asimismo, es deseable que se traben relaciones de amistad entre estas viejas naciones europeas y las nuestras. 
Sin embargo, no deseamos que Eslovenia salga de Málaga y entre en Malagón. 
Nosotros mismos queremos liberarnos del yugo de la Europa de Maastricht. 
Ésta, lejos de garantizar la paz y la armonía de nuestros pueblos, los libra a la inmigración sin límites y a la competencia sin freno. 
Avasalla a nuestros pueblos. 
No quiere unirlos sino disolverlos. 
¡Amamos a Eslovenia! 
Al igual que a todos los demás pueblos liberados del comunismo, no le deseamos que entre en nuestra prisión y me gustaría aquí, en este XL aniversario de la insurrección de Budapest, manifestar mi indignación por las palabras que pronunció ayer el Presidente del Parlamento, Sr. Hänsch, para denunciar los perjuicios del nacionalismo, porque los perjuicios que había que denunciar eran, tal vez, los nacionalismos exacerbados, pero más aún los del socialismo nacional, o del socialismo internacional, los de todos los marxismos, leninista, estalisnista, maoísta y otros, que han exterminado a 200 millones de personas en el mundo y para los cuales, ¡el Presidente Hänsch no reclama el proceso de Nüremberg que es lo que se impone! 
¡Ésta es la verdadera vergüenza de este Parlamento! 
Informe Posselt 
Señor Presidente, quisiera motivar el voto en contra del informe Posselt, como ya he hecho durante toda esta sesión, para seguir denunciando el escándalo de un documento de sesión que contiene motivaciones inaceptables para nuestro Parlamento, en el que se niega la verdad histórica de la posguerra trágica de esas tierras y, en particular, de Istria. 
Como ya he dicho, el informe Posselt, en su exposición de motivos no dice una palabra de lo que le ocurrió a la comunidad italiana. 
Eso es muy grave, sobre todo porque luego reconstruye a su manera los acontecimientos que han llevado a la firma del Acuerdo de Asociación. 
Estos días he tenido garantías de que esta parte ha sido retirada y de que ya no figura en el documento ni en las Actas oficiales de nuestro Parlamento. 
Espero que haya sido así, pero el hecho mismo de haber podido presentar este texto ha sido ciertamente un acto, digamos, de negligencia por parte del ponente, que en un informe económico no hubiera debido, en cambio, salirse del tema con una reconstrucción, repito, desencaminada y sin sentido de lo que ocurrió en esa región. 
Espero que con esto se pueda declarar cerrado este asunto, al haberse suprimido las partes de la exposición de motivos que se refieren a dicha cuestión. 
Informe Theonas 
El desempleo en Europa sigue siendo para nosotros la principal calamidad que debemos combatir. 
La tasa de desempleo sigue siendo especialmente elevada, con una media del 10, 7 % a mediados del año 1996. 
Además, el desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes no cesa de aumentar. 
Es en este contexto crítico en el que debemos conjugar nuestros esfuerzos para erradicar este mal que nos corroe. 
En ello nos va hoy la credibilidad de las instituciones europeas. 
La propuesta de decisión del Consejo sobre la creación de un comité de política del empleo y del mercado de trabajo va por el buen camino. 
Como verdadera herramienta de ayuda para la decisión, este comité debería permitir poner remedio a la falta de una estructura estable en el ámbito del empleo. 
Para nosotros, uno de los desafíos sigue siendo, en efecto, el establecimiento de instrumentos destinados a promover una estrategia europea para el empleo, coordinando las políticas de los Estados en su lucha contra el desempleo. 
Con sus enmiendas, el Parlamento Europeo ha tratado de reforzar no sólo la transparencia sino también la coordinación entre las instituciones europeas, el comité de política del empleo y del mercado de trabajo y el conjunto de los interlocutores sociales. 
Sin embargo, deberemos estar vigilantes, ya que se han tomado medidas contradictorias al mismo tiempo. 
La reducción presupuestaria de los fondos asignados a las redes transeuropeas y de los Fondos estructurales no es compatible con la lucha contra el desempleo. 
El paro dentro de la Unión es indebidamente elevado. 
El Comité propuesto sobre el empleo y la política del mercado de trabajo puede contribuir incrementando el intercambio de experiencias entre los Estados miembros, informando y elaborando ideas, así como recomendando acciones. 
El Comité sobre el empleo no debe apropiarse de las competencias y responsabilidades de los países miembros, y no debe en absoluto llevarnos a una política unionista común en el ámbito del empleo y del mercado de trabajo. 
Informe Theato 
Son necesarias unas acciones enérgicas contra el fraude y las irregularidades cometidos con los medios de la UE. 
Puesto que normalmente siempre están relacionados con una cofinanciación nacional, se trata en igual medida de una cuestión nacional. 
La UE no debe disponer de vigilancia policial ni de otras posibilidades de control en los Estados miembros. 
Dichas actividades deben darse de forma coordinada y de común acuerdo con el Estado miembro respectivo. 
Turismo 
El próximo punto del orden del día es el debate conjunto sobre los siguientes informes: 
A4-0298/96 de la Sra. Bennasar Tous, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre un primer programa plurianual en favor del turismo europeo «PHILOXENIA» (19972000) (COM (96) 0168- C4-0356/96-96/0127 (CNS) ) -A4-0297/96 del Sr. Parodi, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre las medidas comunitarias que han afectado al turismo (decisión del Consejo 92/421/EEC) (COM (96) 0029- C4-0125/96) -A4-0299/96 del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión relativo a la evaluación del Plan de acciones comunitarias en favor del turismo 1993-1995 (Decisión del Consejo 92/421/CEE) (COM (96) 0166- C4-0266/96) 
Señor Presidente, hablar de turismo es luchar contra el desempleo. Y éste es el principal desafío económico y social al que se enfrenta la Europa de hoy. 
En estos momentos, hay 18 millones de personas sin trabajo en los 15 países miembros, y la situación es especialmente difícil para las mujeres y los jóvenes- uno de cada cinco no encuentra empleo-. 
La industria del turismo ofrece a los ciudadanos europeos las mejores oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo. 
El turismo genera empleos de forma rápida, ayuda a la cohesión económica y social, contribuye al conocimiento y mejora del patrimonio cultural; el turismo elimina barreras, reduce las diferencias regionales y ayuda a formar la identidad europea. 
El turismo como fenómeno económico y social y cultural afecta a la mayoría de los ciudadanos europeos, ya sea como beneficiarios o prestadores de servicios encaminados a satisfacer las múltiples necesidades del turista. 
Alrededor de 200 millones de europeos son cada año turistas durante algún tiempo. 
La definición de una política de turismo a nivel europeo ha sido uno de los objetivos de la Comunidad desde 1980 y el debate ha puesto de manifiesto gran variedad de puntos de vista sobre cómo introducir el turismo en el Tratado. 
Necesitamos una base jurídica y una buena coordinación horizontal del turismo con otras políticas comunitarias. 
Existe una gran falta de cooperación transnacional entre quienes toman las decisiones que afectan a esta actividad y las autoridades públicas, agentes económicos, asociaciones profesionales y de consumidores. 
Quiero recordar también que este Parlamento ya se ha manifestado en múltiples ocasiones favorable a que el turismo tenga su lugar en el Tratado. 
Toda la Unión Europea es consciente de que el turismo es la primera actividad económica mundial. 
Por ello, con el convencimiento absoluto de que hay que identificar bien qué aspectos de esta actividad deben ser gestionados a nivel europeo y a instancias del Consejo, la Comisión ha tenido la iniciativa de presentar y diseñar el programa PHILOXENIA de ayuda a la actividad turística, cuyo objetivo es estimular la calidad y la competitividad del turismo europeo, dada la enorme competencia, con la aparición de nuevos destinos, que en estos últimos años se nos viene presentando, y haciendo especial hincapié en el desarrollo equilibrado y sostenible del sector turístico, en la satisfacción de las necesidades del turista y en el uso racional de los recursos naturales, culturales y de infraestructura. 
También es necesario fomentar modalidades de turismo alternativas, como turismo rural, cultural, social, turismo de congresos, deportivo y tantos otros. 
Dada la complejidad y variedad del sector, los objetivos generales son la mejora del conocimiento en el campo del turismo, facilitando la información, la mejora del entorno legislativo y financiero del turismo, reforzando la cooperación con los Estados miembros, la industria y otros responsables, estudiando medidas para la simplificación de normativas así como la reducción de cargas impositivas, el aumento de la calidad del turismo y el incremento de turistas intra y extracomunitarios. 
Este programa PHILOXENIA va exclusivamente dedicado al turismo y en gran medida se dirige a responsables y a autoridades del sector, con el fin de ordenarlo y conseguir la complementariedad necesaria con otros programas que también inciden en el turismo. 
Dado que la mayoría de empresas turísticas son PYME, pedimos que PHILOXENIA y sus aspectos empresariales se conecte con el Tercer programa plurianual en favor de las PYME, que pretende apoyar a las pequeñas y medianas empresas europeas, que representan el 99, 9 % del conjunto de las empresas, el 66 % del empleo total y el 65 % del volumen de negocios de la Unión. 
El turismo comprende un sistema complejo de actividades que implican a miles de PYME y a muchas pequeñas empresas familiares. 
Los objetivos prioritarios y las acciones propuestas son: simplificar y mejorar el entorno administrativo y reglamentario; garantizar los intereses de las PYME en diversas políticas; mejorar el marco de cooperaciones transnacionales de las PYME turísticas; mejorar el entorno financiero de las empresas; facilitar créditos y el desarrollo de instrumentos financieros específicos para las PYME turísticas; estimular la creación de mercados de capitales para las PYME de rápido crecimiento; ayudar al sector turístico y a las PYME a europeizar e internacionalizar sus estrategias, especialmente a través de la mejora de los servicios de información; y ampliar los servicios de información a los centros de información empresarial ya existentes. 
Pedimos una «euroventanilla» especializada en turismo, que ayude a la promoción de medidas en favor de las PYME turísticas, que fomente los contactos directos mediante programas de cooperación y de colaboración y que promueva la entrada en nuevos mercados y la internacionalización de las PYME turísticas europeas. 
Es imposible aumentar la competitividad y calidad del turismo sin las PYME, y se debe facilitar su acceso a la investigación e innovación y formación, incrementando su potencial innovador, estimulando la formación en técnicas de gestión y efectuando la adaptación a las necesarias técnicas medioambientales. 
También se debe fomentar el espíritu empresarial y apoyar a grupos especiales, fomentar la cultura y espíritu empresarial. 
Y quiero recordar que es imposible hablar de calidad de turismo en Europa sin hablar de formación. 
Es urgente identificar y reconocer las diferentes categorías profesionales turísticas, revalorizarlas socialmente y promover la formación. 
Señor Presidente, señores diputados, una vez más es obligatorio manifestar el disgusto por el hecho de que tampoco en este Parlamento se haya reconocido al turismo ese papel fundamental que la mayoría de nosotros espera desde hace muchos años. 
Un papel fundamental para el producto interior bruto y el empleo de nuestro continente, que más que nunca necesita nuevos estímulos para la consecución de los objetivos establecidos en los Tratados constitutivos, confirmados y ampliados con la revisión del Tratado de Maastricht. 
Considerar el turismo como industria estratégica para el empleo, el desarrollo, el crecimiento, la competitividad, la cohesión económica y social, como contribución a la difusión de las distintas culturas nacionales y al refuerzo de la identidad europea debe ser la base de toda política, en cualquier nivel de decisión en el ámbito de la Unión Europea. 
Para contribuir al desarrollo sostenible del turismo en Europa y de los sectores estrechamente vinculados a dicho sector, es necesaria, en mi opinión, una legitimación institucional tanto a nivel europeo como a nivel nacional y regional. 
Es necesario, pues, como premisa esencial, que en el ámbito de la revisión del Tratado se incluya un capítulo específico sobre el turismo, creando ese valor añadido que garantice la continuidad del sector y su capacidad para seguir creando empleo estable en un mercado cada vez más abierto y competitivo, en el que la cuota europea registra una tendencia constante a la baja. 
Empezando por la realización el mercado interior, deberíamos, en otras palabras, promover todas aquellas iniciativas que permitan garantizar la calidad y la competitividad de la industria comunitaria del turismo, así como promover Europa como destino turístico. 
El valor añadido, ya sea histórico, arquitectónico, cultural o paisajístico, de Europa como destino turístico ya no puede dejarse de lado. 
Por consiguiente, es necesario diversificar la oferta y dar mayor visibilidad a la imagen y al producto " Europa» , hoy excesivamente fragmentado y cuyo potencial no se ha aprovechado suficientemente desde el punto de vista económico, sanitario, natural y artístico. 
De lo que se ha dicho hace un momento se deduce la necesidad de crear un contexto jurídico y financiero favorable a la industria del turismo y al empleo basado en los siguientes puntos: primero, en la realización del mercado interior; segundo, en el desarrollo de la industria turística; tercero, en la promoción del turismo europeo en los terceros países. 
Realización del mercado interior: partiendo de un análisis que permita determinar las distintas formas de turismo, en mi opinión habría que fomentar las acciones que pueden proporcionar una contribución válida al aumento de la oferta, dando prioridad a aquéllas que se adaptan mejor al territorio y a la promoción de nuevos itinerarios turísticos, como alternativa real al turismo de masa, al que muchas ciudades artísticas ya no logran hacer frente, y que favorecen la ruptura del ritmo estacional. 
El termalismo, por ejemplo, si se valorara mejor, representaría una notable fuente de desarrollo económico y social, sobre todo para la protección de la salud y para una rehabilitación útil para el mantenimiento en la vida social de los más ancianos. 
Realizar el mercado interior estableciendo una Carta europea del turismo que regule los derechos y los deberes de este último y los de los proveedores de servicios turísticos; creando una marca europea turística de calidad para la clasificación de los servicios y de los productos comunitarios del sector; creando una señalización turística común, para permitir una rápida y fácil identificación de las peculiaridades medioambientales y culturales de los servicios y de las oportunidades que ofrecen las distintas localidades; llevando a cabo las redes de transporte transeuropeas que permitan desplazarse en poco tiempo de Norte a Sur y de Este a Oeste. 
Desarrollo de la industria turística: para garantizar la calidad y la competitividad de la industria europea del turismo es necesario, además, desarrollar nuevas sinergias, con las demás políticas comunitarias, haciendo participar a todas las partes interesadas con el fin de crear las condiciones favorables para el desarrollo de las empresas turísticas de la Unión, sobre todo las pequeñas y las medianas; emprender iniciativas a favor de la mejora y de la armonización de las condiciones de trabajo, de la cualificación de la mano de obra y del aumento del empleo; salvaguardar y valorar el patrimonio paisajístico, histórico y cultural, así como todas aquellas formas de artesanía que han dado origen a la industria del turismo; crear las condiciones para un crecimiento sostenible en las regiones menos favorecidas, en las zonas industriales en declive, en las áreas rurales, en las regiones periféricas y ultraperiféricas y en aquellas regiones de la Unión donde el turismo representa la más importante si no la única fuente de renta. 
Por último, considero que el turismo abre perspectivas de un gran futuro para los terceros países y, por lo tanto, es nuestro deber promocionarlo. 
Nuestro objetivo debe ser el programa " PHILOXENIA». 
Mi deseo es que este Parlamento haga que el turismo sea respetado y favorecido como todas las demás políticas y no sienta la vergüenza de ser debatido a ratos perdidos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Parodi por su informe. 
Mi opinión, redactada en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, se concentra en la formulación de algunos puntos complementarios. 
En primer lugar, hay que reconocer al turismo como industria. 
Sus facultades de generación de puestos de trabajo son de todos conocidas, y además es una industria que está bien representada en el sector de las PYME, un grupo del que siempre tratan los planes de desarrollo, como ha vuelto a mencionar esta semana el Presidente Santer en el programa de la Comisión para 1997. 
También hay muchas oportunidades de trabajo para personas jóvenes y para mujeres en este sector. 
Debemos velar por que esos puestos de trabajo sean de alta calidad, estén bien pagados y sean remuneradores, lo que promoverá el carácter competitivo de la industria turística europea. 
En segundo lugar, una industria que recibe este tipo de estímulo puede ayudar a otras zonas periféricas y rurales menos favorecidas de la Unión, zonas que a menudo experimentan pérdidas de puestos de trabajo. 
En tercer lugar, el informe Parodi 1994 nos muestra un turismo en plena expansión mundial, mientras que la parte correspondiente a Europa está disminuyendo. 
Cualquier medida que podamos adoptar para mejorar la industria turística europea nos ayudará a defender a la Unión Europea en su calidad de punto de destino turístico favorito del mundo. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios reitera la opinión que sustenta el Parlamento desde hace mucho tiempo, de que hay que tener en cuenta concretamente al turismo en el proceso de revisión de la CIG que acabará cuando finalice la Presidencia neerlandesa. 
La motivación principal de esta creencia es el reconocimiento del turismo como actividad quintaesencial del mercado único. 
La determinación de poner en marcha el mercado único es el rumbo mejor y más rápido para ayudar a las industrias europeas en su conjunto y a la industria turística en particular. 
A este respecto me place sobremanera que el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, Tony Blair, haya indicado su intención, al asumir la Presidencia del Consejo en 1998, de esforzarse por dejar acabado el mercado único europeo. 
Mi convicción es que no sólo podemos crear entonces las condiciones necesarias para el éxito de una industria turística europea; no solamente daremos un enorme beneficio a los ciudadanos de Europa cuando tomen sus vacaciones anuales; no sólo motivaremos y estimularemos a los trabajadores y a los empresarios que son «la carne y el nervio» de esta amplia industria; no sólo promoveremos la importancia general del ideal europeo consistente en la creación de una Unión Europea dinámica que festeje la diversidad de sus culturas tradiciones y ciudadanos, sino que también conseguiremos dar a Europa una realidad de libertad, apertura y democracia para sus 370 millones de ciudadanos. 
Señor Presidente, paso a ocuparme de mi propio informe. 
El turismo significa puestos de trabajo. 
El turismo es ya la mayor industria de Europa y sigue creciendo. 
Nueve millones de nuestros ciudadanos están empleados directamente en el turismo, y otros nueve millones de puestos de trabajo dependen indirectamente de él. 
Esas cifras representan una ola de marea en la cual podemos cabalgar en busca de puestos de trabajo decentes para nuestros 20 millones de ciudadanos sin trabajo. 
Permítanme que abunde en lo que estoy diciendo: el turismo, junto con las comunicaciones y la tecnología de la información, representarán las principales industrias para el mundo del siglo XXI. 
En el 2006 se calcula que esa cifra astronómica alcanzará 2, 1 billones de dólares; esta duplicación del presupuesto turístico, si sabemos aprovechar las circunstancias, podrá representar una duplicación del número de puestos de trabajo. 
Ahora bien, ¿cómo reaccionamos en la Unión Europea ante semejante desafío? 
En vez de dar un salto de alegría, nos limitamos a levantar una ceja. 
En el Libro Blanco de Delors no se menciona siquiera al turismo. 
Esta mañana en el debate presupuestario estuvimos tirándonos de los cabellos para ver si teníamos que conceder al programa PHILOXENIA 8 millones, 4 millones ó 0 millones de ecus. 
Afortunadamente conseguimos 4 millones de ecus. 
En cuanto a las cuestiones que quedaron pendientes en Maastricht- ¿hay que dar al turismo una base jurídica y reconocer su competencia en los Tratados? -nos estamos comportando como tímidos bañistas que se pasean al borde del mar, asustados de que se les enfríen los pies si se los mojan. 
Sin embargo, tendríamos que esforzarnos por batir a los demás competidores mundiales en materia de turismo, que es exactamente lo que tenemos que hacer si no queremos que nuestras ambiciones encaminadas a encontrar puestos de trabajo para nuestros ciudadanos queden abandonadas y olvidadas. 
El examen que ha hecho la Comisión de su programa para 1993-1995, en el que se favorece al turismo, puede ayudarnos a encontrar el camino. 
Ese examen es la piedra angular del programa PHILOXENIA de la Comisión. 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la Sra. Bennasar Tous por su excelente informe. 
El programa para 1993-1995 era sin duda alguna problemático, como se ilustra en el informe del consultor que desmenuza sus entrañas. 
Las 11 esferas normativas han sido objeto de un trato desigual. 
Cinco de ellas reciben, entre las cinco, menos del cinco por ciento de los 18 millones de ecus del presupuesto. 
Esto hace que cuestiones de importancia capital como el escalonamiento de las vacaciones, el turismo rural, el turismo social y el turismo juvenil pasen prácticamente inadvertidas. 
Tuvo más éxito la labor realizada en el caso de los turistas con discapacidades y la importante cuestión de la compilación de estadísticas para definir la verdadera situación y la naturaleza de la industria turística. 
Esos son trabajos que hay que continuar, pero la conclusión de PriceWaterhouse de que hay que concentrarse más en los programas turísticos es muy sensata. 
El programa PHILOXENIA, que como el ave fénix emerge del programa para 1993-1995, contiene menos prioridades, una asignación de fondos más sensata, y una concentración en proyectos de valor medio más elevado. 
El informe Harrison formula otras recomendaciones de las que tenemos que tomar nota. 
Por ejemplo, necesitamos establecer una política coherente de turismo europeo que añada valor agregado a nivel de los Estados miembros, y que podamos usar como referencia para juzgar y supervisar las enormes cantidades de dinero que se desembolsan por conducto de otros fondos de la Unión Europea, muy particularmente por conducto de los fondos estructurales y de cohesión. 
Para poder poner en práctica esta amplia política y para poder supervisar la utilización de los fondos, tenemos que fortalecer los servicios turísticos de la DG XXIII. 
A pesar de las vicisitudes y de las tribulaciones de la DG XXIII en el pasado, tenemos que pedirles ahora que asuman la función vital de la coordinación de la política de la Unión Europea en cuanto se refiere al turismo en todas las Direcciones Generales de la Comisión. 
Esta reestructuración de nuestra forma de ocuparnos del turismo y de financiarlo nos ayudará también a ser más eficaces en nuestra configuración de la práctica y la política mundial en relación con el turismo y los turistas. 
En Europa no podemos permanecer silenciosos ante la industria del turismo sexual, que tanto ensucia la imagen que el mundo tiene de nosotros. 
Por lo tanto, todas las medidas secundarias en apoyo del mercado único europeo deben contar con nuestra ayuda y nosotros hemos de tener presentes todas las medidas que influyen directamente en la prosperidad del turista y de la industria turística: la moneda única, por ejemplo- la supresión de los tipos de cambio dejará más dinero en los bolsillos de los ciudadanos europeos que hagan turismo transfronterizo -, y, lo que es aún más importante, la transparencia que demos a los costos del turismo reducirán el costo de las vacaciones, lo mismo que la mejor atmósfera de negocios debida a la disminución de los tipos de interés y a una inflación menor. 
Diré para acabar que tenemos ante nosotros una oportunidad de oro para lograr que, con la promoción del turismo, obtengamos puestos de trabajo para nuestros ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre del Sr. Baggioni que, debido al cambio en el orden del día, se encuentra en el avión en estos momentos. 
La industria del turismo va a ocupar un lugar cada vez más importante en la economía europea. 
Europa dispone de bazas importantes en este sector, siempre que sea capaz de mejorar su competitividad frente a la competencia internacional. 
Es la razón por la cual, una estrategia europea de relanzamiento del turismo parece hoy de la mayor importancia. 
En primer lugar, es preciso insistir en el papel decisivo que puede desempeñar el turismo en favor de la cohesión económica y social y, en particular, del empleo, en las regiones con retraso en el desarrollo, sobre todo, las regiones ultraperiféricas e insulares, cuyas bazas son indiscutibles. 
Sin embargo, un turismo de masas, incontrolado, caracterizado entre otras cosas por la excesiva concentración geográfica, o el desequilibrio del litoral interior, puede generar graves efectos negativos para las regiones de que se trata. 
Por el contrario, bien concebido, un turismo de calidad puede favorecer la protección del medio ambiente y consolidar la identidad cultural de estas regiones. 
Es la razón por la cual es indispensable, ante todo, comenzar por reforzar el componente turístico de los programas de iniciativa comunitaria de desarrollo regional existentes, ya se trate del turismo en las regiones fronterizas, INTERREG II, del turismo rural LEADER, de la renovación de las zonas industriales en declive, RECHAR, RESIDER, CONVER, de las zonas urbanas en dificultades URBAN, y otros más. 
Además, una política semejante de relanzamiento del turismo en la Unión no tiene, en realidad, oportunidad de verse coronada por el éxito si no se garantiza una mejor representación de las autoridades regionales y no se establece una verdadera cultura de asociacionismo a todos los niveles. 
Para que sea plenamente eficaz, el relanzamiento del turismo en Europa debe establecerse dentro de un esfuerzo de coherencia del conjunto de las políticas comunitarias vinculadas al turismo. 
Parece inevitable establecer las grandes redes europeas de transporte que tardan tanto y mejorar de forma general la calidad de todos los modos de transporte, condición sine qua non del desarrollo turístico de todas las regiones afectadas, sobre todo, de las más alejadas. 
El relanzamiento debe asimismo poder apoyarse en las medidas económicas adecuadas, entre ellas, un apoyo cada vez mayor a las PYMES, muy numerosas en este sector, y a menudo muy inclinadas a proponer formas de turismo muy innovadoras. 
Tampoco hay que olvidar las regiones con dificultades geográficas, para las que es indispensable conceder compensaciones en forma de subvenciones o de desgravaciones fiscales, con el fin de restablecer unas condiciones de competencia equitativas. 
Por último, el auge del turismo es indisociable de una política sostenida de protección del medio ambiente. 
Resulta urgente definir objetivos claros y reunir los medios necesarios, a falta de lo cual, nuestras regiones corren el riesgo de comprometer definitivamente su potencial turístico. 
Habida cuenta de estas observaciones, que han logrado el apoyo unánime de la Comisión de Política Regional, la propuesta de primer programa plurianual en favor del turismo europeo es muy alentadora y merece nuestro apoyo, aun cuando el importe de los créditos siga siendo insuficiente. 
Señor Presidente, los oradores que me han precedido en el uso de la palabra han destacado ya la importancia del turismo en la Unión Europea, del turismo interno y también del efectuado por los visitantes procedentes de terceros países. 
El Sr. Harrison ha sido muy explícito, destacando la creación de puestos de trabajo que representa la actividad turística. 
En mi país, en Cataluña, el turismo representa el 15 % del Producto Interior Bruto y recibimos cada año 17 millones de turistas. 
Pero esta actividad tampoco puede soslayar los criterios de globalización de toda actividad económica. 
El turismo europeo debe ser un turismo competitivo y debe incrementar lo que ha de ser la nueva dimensión turística, aquello que el turista busca en sus actividades: la dimensión cultural. 
Una dimensión cultural que puede reforzar el conocimiento mutuo entre las distintas naciones y pueblos de Europa, mejorar el conocimiento de otros pueblos, de su lengua, de su cultura, de sus tradiciones y facilitar también un conocimiento de su patrimonio cultural y de su patrimonio histórico. 
Todo ello puede contribuir a reforzar esta dimensión europea que los ciudadanos de Europa necesitan. 
No hemos tampoco de olvidar las posibilidades del turismo cultural, del turismo juvenil, del turismo social y un área especialmente importante, la del turismo rural, que puede aumentar la presencia y los ingresos en las zonas interiores de los distintos países y añadir unas rentas complementarias a los agricultores, con el fin de mejorar su situación y de poder estabilizarse en el territorio. 
La diputada Bennasar ha destacado que para obtener esta competitividad es necesario reforzar la educación y la formación en el sector turístico. 
Cada vez existe una mayor exigencia de ello y es, por lo tanto, necesario que aquellas personas que se dedican al sector turístico tengan la preparación científica y técnica necesaria. 
Creo que es también importante poder establecer un cooperación eficiente con las autoridades regionales y locales allí donde tengan competencia sobre turismo. 
Y, finalmente, creo que la Comisión, en lo que atañe al turismo cultural, debe reforzar su cooperación con la UNESCO y con el Consejo de Europa. 
Señor Comisario, el Grupo socialista apoya su iniciativa. Ha podido demostrarlo también recientemente en la votación que ha tenido lugar sobre el presupuesto. 
Apoya su iniciativa porque estamos convencidos de que usted está comprometido en una acción de reactivación de las actividades turísticas teniendo en cuenta el objetivo principal, que es también el objetivo de nuestro Grupo: el pacto por el empleo. 
Nosotros hemos visto en el turismo nuevas posibilidades, nuevas ocasiones de trabajo, pero sobre todo hemos comprendido que el turismo no es sólo un problema de relaciones institucionales. 
El turismo es también relaciones humanas en una red de reciprocidad entre los pueblos, y la Unión Europea debe estar convencida de este aspecto y debe llevar adelante una acción concreta. 
Por lo que respecta a las cuestiones institucionales, estoy ciertamente de acuerdo con la necesidad de una legitimación institucional. 
Estamos convencidos, pues, de que hay que declarar de interés común el turismo, y la tarea no es sencilla, dado que eso debe producirse respetando plenamente la subsidiariedad, conscientes de que las acciones turísticas a nivel local deben ser llevadas adelante por las regiones, los municipios, los empresarios, las fuerzas económicas y sociales, que representan el punto de referencia principal de la actuación de las instituciones europeas. 
No podemos contraponer una concepción europea a una concepción nacional de la actividad turística. 
En cambio, tenemos que hacer que Europa perfeccione su proyecto de programación, dirija cada vez más la actividad turística en un contexto de uniformidad, especialmente en dos sectores fundamentales: el sector de la protección de los consumidores y el sector del respeto del medio ambiente. 
Adjuntas a los informes de los diputados hay numerosísimas peticiones, señor Comisario, que ponen de manifiesto las contradicciones que todavía subsisten entre los distintos Estados de la Unión Europea, contradicciones que van en detrimento de los consumidores. 
A esas contradicciones debemos darles una respuesta y, naturalmente, una gestión común, y sólo una dirección uniforme a nivel europeo puede favorecer ese objetivo. 
Nos damos cuenta de que, en el momento en que vemos en el turismo una actividad que favorece el empleo, debemos también movernos en el ámbito de las garantías sociales. 
El turismo crea empleo, pero existe también un trabajo mal pagado, existen trabajadores explotados en muchas actividades turísticas, lo que muy a menudo representa un elemento más de competitividad en el mercado de la oferta a nivel internacional. 
Debemos impedir formas de dumping social que pueden afectar también a la oferta turística protegiendo, por tanto, a los trabajadores con garantías concretas y haciendo que se garanticen los derechos fundamentales, sobre todo los de carácter fiscal y social de los trabajadores del turismo. 
Además de eso es necesario trabajar también a favor del medio ambiente. 
El medio ambiente es un recurso fundamental. 
La búsqueda de incremento de la actividad económica puede cuestionar la protección medioambiental. 
En este contexto, pues, la capacidad de financiar programas europeos y, naturalmente, programas que requieren los recursos de la Unión Europea debe producirse sobre la base de estudios de repercusión medioambiental, es decir, cuando se demuestra que los proyectos que se han de realizar no ponen en peligro un recurso fundamental como el del medio ambiente. 
Obviamente estos estudios sobre la repercusión medioambiental no pueden limitarse a considerar de manera tradicional la costa, sino que deben tener en cuenta también los aspectos geológicos, los aspectos de la flora y también los aspectos de la vegetación, que son, digamos, un recurso global del que, naturalmente, tenemos que ocuparnos. 
Desde este punto de vista creo que nuestra acción podrá ser precisa si se somete el programa PHILOXENIA a controles concretos. 
Nosotros hemos hecho un esfuerzo para incrementar los recursos financieros, encontrando también dificultades en el propio Parlamento. 
Pero nos damos cuenta de que el programa PHILOXENIA constituye una intervención importante que rompe también con el principio de la experimentación apoyado por la Comisión Europea. 
En efecto, dicha institución prevé en términos precisos la utilización de los recursos financieros, pero sobre todo intenta también contener los gastos administrativos, que se sitúan en porcentajes iguales a los de los demás sectores de la Comisión. 
Por eso estoy convencido de que tendríamos que seguir colaborando, ya que estamos dispuestos a que el Parlamento se asocie a la actividad de proyecto y de debate que usted, señor Comisario, sabrá llevar adelante. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los ponentes por el buen trabajo realizado en sus respectivos informes. 
Dicho esto, paso a centrarme en una forma de turismo sobre la que apenas se ha dicho nada: me refiero al turismo rural, que a pesar de tener una gran demanda potencial, no existe en Europa ni siquiera una definición precisa del mismo. 
La noción del producto «turismo rural» debe ser extendida más allá del «agroturismo» , al que frecuentemente está asimilado. 
Generalmente se limita a ofrecer hospedaje, cuando el turismo rural debería presentar un «paquete» de turismo rural, es decir, un conjunto de prestaciones que incluya también la puesta a disposición del turista de una serie de servicios socioculturales y deportivos, pero con una característica común: que el desarrollo de estos productos se haga siempre respetando y potenciando las condiciones medioambientales. 
Creo que vale la pena hacer un esfuerzo para desarrollar el turismo rural, porque en estos momentos hay cientos de miles de familias de clase media que no pueden permitirse vacaciones de lujo y que desean buscar otras opciones para las vacaciones que la de acudir a lugares de turismo masificado, donde no encuentran el descanso, la tranquilidad ni el disfrute de la naturaleza que necesitan; más bien encuentran todo lo contrario- pero no vamos a entrar en esto ahora-. 
Pero debemos hablar y reflexionar sobre lo que se debe hacer para crear y desarrollar el turismo rural en toda su extensión: lo primero que hay que hacer es determinar, y luego dar a conocer, esa demanda potencial para estimular la creación y desarrollo de productos de turismo rural en las diferentes regiones de la Unión. 
En segundo lugar, todas las regiones deben instrumentar medios que faciliten información sobre el acceso al sistema de ayudas comunitarias disponibles en favor del turismo rural, y facilitar la acción turística en las entidades locales del espacio rural, con la participación y cooperación de todos los actores locales, con el fin de concebir y ofertar productos de turismo rural diversificado pero insertado en una gestión local coherente. 
Señor Presidente, deseo felicitar a los ponentes, pero, al mismo tiempo, quiero expresarles mi compasión; y digo mi compasión porque, a pesar de haber elaborado unos informes excelentes, a pesar de que la Comisión de Turismo del Parlamento haya aprobado tales opiniones y de que el Comisario haya hecho todo lo posible para promoverlas, casi nos sentimos contentos de haber conseguido que se apruebe la mitad del dinero que habíamos solicitado, porque así lo ha querido la Comisión de Presupuestos y, lamentablemente, lo ha aprobado el Parlamento. 
Cuando veo la Comisión de Presupuestos del Parlamento, a los diputados que trabajan en ella, y en especial a su presidente, me da la sensación de que están manejando dinero que tuvieran que sacar de su propio bolsillo, no dinero de la Unión Europea. 
Esta es la sensación que tengo. 
Mientras los demás hablamos de la gran importancia del turismo, no sólo como medio de recreo o de cualquier otra índole, sino, como muy bien se ha señalado, como medio del desarrollo de Europa, parecen hacer lo posible para que este desarrollo, y sobre todo la creación de empleo para los jóvenes, queden cada vez más atrás. 
La segunda cosa que hay que destacar es algo ya sabido, pero que deben saber también quienes están en las tribunas: ¿Cuáles son los países que más sufren esta política del Consejo y la Comisión de Presupuestos? 
Los países del Sur de la Unión Europea. 
Si lo he entendido bien, la línea política consiste en que los ricos se hagan más ricos y los pobres, más pobres. 
Si esta es la línea, ¡salgamos y digámoselo abierta y directamente a los pueblos de Europa! 
¡Que sepan sobre lo que hablamos aquí, que sepan lo que aprobamos y quiénes son los que, una vez aprobado algo por el Parlamento, lo dejan en los archivos! 
No se puede estar hablando del desempleo juvenil y al mismo tiempo parar los programas de turismo, en los que precisamente los nuevos puestos de trabajo creados son para jóvenes. 
Es éste un farisaísmo con el que hay que terminar cuanto antes. 
Señor Presidente, a pesar de todas las buenas intenciones de la Comisión y de los ponentes, podemos decir que este es un típico caso de grandes expectativas y pocos resultados. 
Evidentemente, no se puede decir que exista una política de turismo coordinada en Europa. 
Por supuesto, creemos necesaria una publicidad común en terceros países. 
Pero por lo demás hay tanta diversidad y tantos aspectos vinculados a la política turística que se necesita algo más que filoxenismo para obtener resultados concretos. 
Mi Grupo no está en contra de que se emprendan intentos valerosos de desarrollar una política turística. 
Apoyamos gran parte de lo que escriben los ponentes, pero hay que tener en cuenta cuán omnímodo es el turismo y que grandes son sus consecuencias; el nº 1 de Europa en empleo, construcción, transporte, agricultura, distribución de alimentos, periferia frente a centro, arte, museos, y podría seguir así durante un rato. 
Asimismo hemos de ser conscientes de que hay tantas formas de turismo, que van desde un viaje totalmente organizado al otro lado del mundo, hasta un pequeño paseo por el parque urbano. 
Si no me lo toman a mal, les diré que considero algo exagerada la atención que se presta en los informes al turismo sexual, sin duda a raíz de lamentables sucesos. 
Hemos de ser conscientes de que de los cientos de millones de turistas que se reparten cada año por todo el mundo y que en sus destinos adquieren conocimientos, descansan, llevan prosperidad y amistad al lugar, sólo unos pocos, una minoría insignificante, emprenden viaje con malas intenciones. 
En el informe Harrison se reclama con razón una mejora de la DG XXIII, ya es demasiado tarde y es muy necesario que se emprenda. 
Por lo demás, aprobaremos los informes. 
Señor Presidente, primero quiero agradecer a los ponentes los excelentes informes que han hecho y que mejoran bastante la propuesta de la Comisión. 
Procedente de una región como la de Murcia- también con mucha importancia para el turismo -, hay, sin embargo, cuatro contradicciones que querría señalar en relación con el futuro del turismo: 
La primera contradicción tiene que ver con que Europa es un Estado de bienestar, y, sin embargo, la política monetaria y fundamentalista de Maastricht amenaza el bienestar en Europa y eso repercute negativamente en el turismo. 
La segunda es la necesidad de defender los empleos y, por tanto, defender a los trabajadores. 
La misma amenaza antes señalada afecta también a la situación de los trabajadores. 
La tercera es la que hace referencia al medio ambiente y a una propuesta de desarrollo sostenible pues el actual modelo, con su lógica de crecimiento económico irreversible, está poniendo en peligro ambientes que son de gran atractivo turístico para toda Europa. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Wijsenbeek se ha marchado, pero no obstante quiero rebatir lo que ha dicho al final de su intervención, concretamente que la proporción del turismo sexual en el conjunto del turismo es insignificante. 
La proporción expresada en dinero quizás sí lo sea, pero no en los daños que causa. 
A menudo, estos daños son infligidos a personas, y a menudo a personas muy jóvenes. 
Por consiguiente, quisiera dar las gracias a todos los que han colaborado para que el turismo sexual se incluya en el orden del día, y yo no diría que los sucesos en Bélgica tengan la culpa, pues no tienen nada que ver con el turismo sexual. 
Hace años que intentamos que este tema se ponga sobre el tapete y he de decir que por fin con éxito, pues dentro de poco esperamos una comunicación del Sr. Papoutsis al respecto y tengo curiosidad por saber cómo será. 
No era mi intención empezar así, pero tenía que responder a lo que ha dicho el Sr. Wijsenbeek. 
Intentaré dedicar el resto del tiempo que me queda a las contradicciones que, a mi entender, contiene el debate y también los informes. 
En mi opinión, no se puede decir por un lado que el turismo ha de desarrollarse, sobre todo por la vía de un desarrollo sostenible, y que hemos de considerar sobre todo cómo podemos fomentar lo que se ha dado en llamar «turismo suave» , mientras que por otro lado decimos que hay que promover más el turismo de terceros países hacia Europa, que hay que abrir las zonas periféricas y ultraperiféricas para poder recibir más turismo, pues ello significa más aeropuertos, más vuelos y el precio que se paga sigue siendo demasiado bajo. 
Ni siquiera se exigen impuestos o IVA en el tráfico aéreo, y Europa sigue sin estar dispuesta a intentarlo, aunque hace años que es necesario. 
El turismo provoca la construcción de más carreteras, más plazas hoteleras, el deterioro completo de las playas, incluido su valor ecológico. 
Esto no quiere decir que yo esté en contra del desarrollo del turismo, pero sí quiero señalar la contradicción que hay en las preguntas que se formulan en este informe. 
Por un lado, más y más crecimiento económico, más crecimiento turístico, y esto significa de hecho menos sostenibilidad, y por otro lado todos consideramos que todo esto ha de ser sostenible. 
Si lo queremos seriamente, tendremos que entablar un debate sobre lo que es realmente el turismo sostenible. 
Entonces llegaremos a la conclusión de que tendremos que atravesar un período muy difícil para conseguir que el turismo sea sostenible y que después pueda producir, en efecto, grandes ventajas. 
Pero considero que los diferentes conceptos se manejan con muy poca prudencia. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, realmente parece que no es suficiente repetir la importancia que el turismo tiene para la economía europea tal y como, a menudo, hacemos en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Y debemos señalar, por ejemplo, que en algunas regiones insulares o costeras del Estado español, como es el caso de la Comunidad Valenciana, constituye hasta incluso el 70 % del producto interior bruto. 
Parece también que no es suficiente volver a insistir en la contribución de la industria del turismo al empleo en Europa, al ser, principalmente, una industria de servicios. 
También parece que no es suficiente subrayar que el turismo es una industria que crece y que puede contribuir aún más tanto a la economía como al empleo. 
Igualmente, parece que no es suficiente recordar que el turismo, como fenómeno social, económico y cultural, afecta a la mayoría de los ciudadanos europeos, ya sea como beneficiarios o como prestadores de los servicios en el sector, tal y como se recoge en el informe. 
¿Por qué no se le da la importancia que tiene desde este hemiciclo e incluso desde fuera? 
Hago referencia a nuestros colegas de la Comisión de Presupuestos, quienes han defendido incluso la supresión en el próximo ejercicio de todos los créditos destinados al turismo. 
¿Cómo podemos mantener nuestra credibilidad ante nuestros ciudadanos si discutimos ad infinitum sobre las medidas necesarias para crear empleo y desarrollar las economías de las regiones menos favorecidas, pero no apoyamos los programas, como PHILOXENIA, que responden de manera concreta a estas mismas necesidades? 
Por supuesto, existen varias acciones dispersas en favor del turismo, como la recogida de estadísticas, las acciones en el marco de los Fondos estructurales, las medidas medioambientales y de conservación de la naturaleza. 
Pero en ninguna parte del trabajo de la Comisión existe un programa global y plurianual que ofrezca un apoyo positivo y decidido, a nivel europeo, a todos los distintos esfuerzos nacionales y regionales. 
Necesitamos mejorar la calidad y aumentar la competitividad de este sector, proteger mejor el medio ambiente, ofrecer infraestructuras e instalaciones más seguras al consumidor, mejorar la accesibilidad del turismo a los minusválidos y la tercera edad. 
No se trata, Señorías, de atentar contra el principio de subsidiariedad. 
No es cuestión de atribuirse la competencia de los Estados miembros, sino de mejorar la cooperación entre ellos, las entidades regionales y locales y la propia industria turística. 
Para concluir quisiera recordar la filosofía del programa PHILOXENIA, que significa hospitalidad y respeto al extranjero. 
Precisamente ahora, en una época en la que los partidos políticos con ciertas connotaciones racistas están logrando éxitos en Europa, no podríamos hacer nada mejor que apoyar y compartir decididamente los sentimientos y recomendaciones que contiene el informe de la Sra. Bennasar Tous. 
Acabo, señor Presidente, felicitando a los ponentes y manifestando nuestra moderada satisfacción por la enmienda aprobada hoy por la que se asignan cuatro millones de ecus a este programa. 
Pensamos que no es suficiente y, tal vez, tendremos que esperar a que nuestro Tratado recoja en su articulado la importancia y transcendencia de este sector. 
El debate se reanudará a las 18.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1106/96 del Sr. Bertens, de la Sra. André-Léonard, del Sr. Monfils y de la Sra. Larive, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre Afganistán, -B4-1127/96 de la Sra. d 'Ancona, de la Sra. Crawley y de la Sra. Fouque, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Afganistán; -B4-1136/96 de la Sra. Maij-Weggen, de la Sra. Mouskouri y de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el golpe de Estado y la represión en Afganistán; -B4-1150/96 de la Sra. Lalumière, del Sr. Dupuis, de la Sra. Dell' Alba y de la Sra. Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la violación de los derechos humanos en Afganistán; -B4-1161/96 de la Sra. Aglietta, del Sr. Van Dijk, de la Sra. Roth, del Sr. Gahrton, de la Sra. Schroedter, del Sr. Telkämper y del Sr. Ripa di Meana, en nombre del Grupo de los Verdes, sobre Afganistán, -B4-1169/96 del Sr. Ligabue, del Sr. Pasty, del Sr. Azzolini, del Sr. Garosci y del Sr. Podestá, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en Afganistán, -B4-1202 de la Sra. Sornosa Martínez, de la Sra. Elmalan, de la Sra. Sierra González, del Sr. Sjöstedt, del Sr. Ribeiro y del Sr. Alavanos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Afganistán. 
Señora Presidenta, Afganistán es el escenario de un giro completo de la situación que podría modificar las cartas del juego geopolítico en Asia Central. 
En cuanto la capital Kabul ha sido sitiada, los talibanes comenzaron por imponer la ley coránica a todos: las mujeres tienen que llevar obligatoriamente el chador y se les prohíbe cualquier forma de educación y de trabajo. 
En adelante, las amputaciones, lapidaciones y ejecuciones serán la suerte de todos los que no se sometan a estos mensajeros de la pureza. 
La comunidad internacional ha condenado, a través de su portavoz Butros Butros-Ghali, el trato discriminatorio inflingido por los talibanes a las mujeres afganas. 
Es preciso condenar asimismo todas las violaciones de los derechos humanos que se cometen en nombre de la charia. 
La Unión Europea pide encarecidamente a Pakistán que cese cualquier forma de ayuda militar y de apoyo logístico a los talibanes. 
Por último, la Unión Europea debe acudir en ayuda de la población civil, afectada una vez más por la locura fundamentalista. 
Señora Presidenta, a veces se relativiza el significado de las resoluciones urgentes que suelen examinarse aquí los jueves por la tarde. 
Se habla con sarcasmo de la multitud de horrores, guerras y catástrofes, violaciones de los derechos humanos a los que pasamos revista en unas cuantas horas. 
A veces hay dudas sobre si se ha investigado suficientemente el trasfondo de todas esas terribles situaciones. Se teme ofender a los regímenes con los que se acaban de entablar cautelosos contactos, etc. 
Señora Presidenta, es posible que en todo esto haya un núcleo de verdad, pero si durante los plenos que celebramos aquí en Estrasburgo, el Parlamento ha de callar sobre los terribles asuntos que han sucedido en las semanas entre sesiones, si ya no podemos pronunciarnos sobre la persecución y la opresión, sobre la violación de los derechos de las minorías, de las mujeres, de los niños, de la democracia, si no podemos denunciar lo que se inflige a los inocentes, y no mencionamos los nombres de quienes son responsables de ello, entonces no seríamos dignos de llamarnos Parlamento. 
Como Parlamento no hemos de limitarnos a enumerar a las víctimas y a los culpables. También debemos utilizar instrumentos para expresar nuestra protesta: embargos de armas, sanciones económicas y diplomáticas, la interrupción de los programas de cooperación con los regímenes antidemocráticos. 
Me parece, señor Presidenta, que hemos de recurrir a todos estos instrumentos para subrayar nuestra protesta ante la conquista de gran parte de Afganistán por parte de los talibanes. 
El sufrimiento de la población afgana dura ya mucho, pero por desgracia todavía puede empeorar. 
En las provincias, 20 de las 29 que controlan los talibanes, se ha acabado con cualquier forma de jurisprudencia, a partir del momento en que el presidente y su hermano fueron ejecutados conforme a la ley marcial. La aplicación de las leyes islámicas va unida a los castigos más brutales y crueles. 
Las mujeres han sido despojadas de sus derechos más elementales, las innumerales viudas de guerra han perdido la posibilidad de ganarse unos ingresos para sus familias. La cultura es destruida. 
La quema de libros está a la orden del día. Muchos han huido de esta violencia y viven en circunstancias deplorables en las provincias del norte. 
Señora Presidenta, junto a las señales negativas, demostremos de qué modo podemos ofrecer ayuda para mejorar la situación en ese país y prosigamos, tanto la UE como los Estados miembros, prestando apoyo a todos los expulsados tanto en Afganistán como fuera del país. 
Señora Presidenta, me complace de manera especial que el Parlamento Europeo haya decidido poner en el primer punto de las urgencias la cuestión intolerable del régimen represivo y oscurantista que se ha abatido sobre un país ya trágicamente conmocionado por más de quince años de guerra civil. 
Es una situación que interpela a la comunidad internacional, pero a la que la comunidad internacional no ha sabido dar hasta ahora una respuesta concreta. 
En efecto, sabemos que al drama de la lucha entre las facciones que oculta profundos intereses vinculados a un tráfico de droga que en algunos casos conviene no reprimir, sino incluso fomentar, se suma prácticamente una dramática situación ulterior por lo que respecta a las mujeres afganas, hoy amenazadas de un exterminio lento pero inexorable, dado que se les priva de cuidados médicos si se confían a los hombres y dadas todas las demás innumerables vejaciones a las que son sometidas por el régimen de los talibanes. 
Conscientes de todo eso, estamos preocupados y desconcertados al constatar la apatía, la desidia, la cobardía con la que la comunidad internacional y también la Unión, a decir verdad, están respondiendo. 
Desde este punto de vista no podemos sino saludar y rendir homenaje a la Comisión Europea, en particular a la señora Comisaria Bonino, que se ha atrevido a pedir, con el consenso además de todo el Colegio, que se asuma una actitud valiente para descorrer el velo del silencio. 
Desde el momento en que este régimen, por motivos oscuros, está apoyado por una gran potencia amiga nuestra, pues bien, en este caso, derechos humanos, democracia, respeto de las reglas se ponen en segundo plano y se prefiere pasar en silencio una tragedia que, en cambio, es cada vez más grave y dramática. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo quiero expresar ante todo mi horror por lo que ha sucedido en Afganistán, donde el régimen de los talibanes cree que puede violar los derechos humanos de una manera espantosa con ejecuciones sumarias y cree tener que arrebatar a las mujeres todos los derechos imaginables. 
Considero que hemos de ser conscientes de cuál puede ser el papel de la Unión Europea para intentar salvar lo que se pueda, o mejor dicho, intentar cooperar para conseguir una paz aceptable en el futuro. Creo que esto sólo es posible ejerciendo mucha presión sobre el gobierno de los talibanes, aunque me parece que todavía tiene que aprender a tratar con las organizaciones internacionales. 
Hasta ahora sólo ha demostrado que no tiene ningún respeto por ellas. Así, me parece muy positivo que en la resolución común se haga un llamamiento a los donantes internacionales, la Unión y los Estados miembros para que renuncien a iniciar nuevos programas de ayuda o programas de cooperación, a excepción por supuesto de la ayuda humanitaria, así como de las iniciativas entre la población civil, que pretenden justamente lograr la paz de otra manera. 
Me parece excelente que intentemos no entablar relaciones diplomáticas con este régimen o suspenderlas de inmediato en caso de que existan. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señores diputados, la violencia y el clima de terror que han golpeado a Afganistán y el agravamiento de la guerra civil debida a las fuerzas de los talibanes, que han obligado al Gobierno a abandonar la ciudad y que han cometido atrocidades torturando y colgando a sus oponentes y exponiéndolos luego públicamente, nos conmocionan. 
Las violaciones de los derechos humanos que se perpetran continuamente y las noticias fragmentarias que nos llegan de distintas fuentes sobre los terribles combates ofensivos nos hacen completamente impotentes, como nos asusta la situación de marginación y de discriminación en la que viven las mujeres excluidas del trabajo y de la educación, privadas de toda libertad y de los derechos más elementales reconocidos a todo ser humano, es decir: circular libremente, instruirse, trabajar. 
A este respecto, han sido muchos los llamamientos y las peticiones de ayuda de varias asociaciones de mujeres en el mundo. 
Es increíble cómo los guerrilleros islámicos extremistas han instaurado en Kabul un clima de terror que está paralizando todo el país, razón por la cual las propias mujeres, que no tienen derecho ni a salir de casa ni a trabajar, se encuentran en una situación de segregación que impide el funcionamiento de los organismos en los que desempeñaban un papel activo, como por ejemplo los entes públicos, las escuelas y los hospitales. 
En efecto, hoy han sido precisamente las mujeres de Kabul las que han denunciado al mundo entero las condiciones escandalosas y precarias a las que están reducidos ahora los hospitales, que, obviamente, no tienen ni enfermeras ni doctoras. 
En este momento resulta indispensable establecer relaciones diplomáticas y, por lo tanto, un diálogo con las actuales autoridades de Kabul, apoyando todas las iniciativas políticas y diplomáticas encaminadas a encontrar una solución pacífica a los distintos problemas de la región, en el contexto del respeto de los derechos humanos, tratando de superar el fundamentalismo islámico, prestando especial atención a la situación todavía muy inestable que puede poner en peligro la vuelta de personalidades válidas que podrían acelerar el proceso de paz. 
Por último, la Unión Europea debe continuar dando su apoyo y asistencia a la población civil que busca refugio en otras partes del país y proseguir todas las tentativas diplomáticas con el fin de poner término a este horrible conflicto. 
Señora Presidenta, Afganistán pasa por una situación dramática que sin duda alguna debe tener un fin, y en ese sentido debemos actuar con claridad para conseguir que se abra un alto el fuego a partir del cual se restablezca la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos de los hombres y de las mujeres de ese país. 
Comencemos por calificar a los actuales gobernantes de Kabul, los llamados talibanes, como lo que son: un grupo extremadamente violento que quiere retrotraer a Afganistán a la Edad Media pisoteando la dignidad del ser humano y haciendo caso omiso de cualquier norma de convivencia civilizada. 
Pero no olvidemos que esos talibanes no han surgido por generación espontánea. 
Al contrario, son el último producto de una situación que comenzó con la rechazada invasión soviética de 1980 y prosiguió con una aventurera política norteamericana en la región, que ha provocado un caos total de consecuencias desestabilizadoras gravísimas. 
Los Estados Unidos y Paquistán han apoyado sin tapujos a los talibanes y tienen por tanto una importante cuota de responsabilidad en la actual situación. 
Les han protegido políticamente y les han armado militarmente además para que derrocaran a sus antiguos protegidos. 
La pena es que Europa llega tarde una vez más. 
Es hora de que la Unión actúe con firmeza teniendo en cuenta lo aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las propuestas de los países del Asia Central. 
Hay que exigir el pleno respeto a los derechos humanos y el fin de los enfrentamientos armados. 
En ese marco es preciso exigir el absoluto respeto de la libertad y la dignidad de la mujer afgana, salvajemente pisoteada por medidas inaceptables como el uso obligatorio de vestimentas vejatorias, la bárbara supresión de los derechos de educación y trabajo o verdaderas agresiones sexuales continuas. 
La Unión Europea debe suspender cualquier cooperación no estrictamente humanitaria y ha de establecerse un embargo total sobre la venta de armamento mientras los fundamentalistas sigan en el poder, manteniendo al tiempo la asistencia a los refugiados. 
Afganistán, señora Presidenta, no puede seguir siendo la víctima más cruel de los resquicios de la guerra fría y de la falta de escrúpulos de unas estrategias que, como las de Washington y Karachi, han provocado un verdadero desastre. 
Señora Presidenta, este mes pasado el mundo se ha visto bombardeado por imágenes sangrientas de Afganistán. 
El país está azotado por la guerra desde diciembre de 1979 y hoy somos testigos de una nueva y terrible erupción de violencia causada por las fuerzas talibanes que quieren instaurar un régimen islámico fundamentalista. 
Los talibanes han empezado a imponer su fanática interpretación de la religión y el país, que apenas acaba de salir de los horrores de la guerra, cae en una nueva y diferente atmósfera de terror. 
Se nos dice que a las mujeres y a las muchachas afganas se les prohíbe que trabajen, que vayan a la escuela, que salgan de su casa si no están acompañadas por un familiar de sexo masculino. 
Muchas mujeres afganas son viudas de guerra y si no pueden ganar dinero, sus familias perecerán de hambre. 
Se han impuesto normas estrictas que reglamentan la forma de vivir e incluso la forma de vestirse, y estoy seguro de que todos hemos podido ver imágenes que nos muestran de qué forma la denominada policía religiosa talibán impone brutalmente el cumplimiento de esas normas. 
En un incidente ocurrido recientemente en Kabul, esa policía llegó a pegar a las enfermeras de un hospital que querían ayudar a los heridos y a los moribundos. 
Como ha dicho la Sra. Baldi, a las doctoras se les impide por la fuerza que se ocupen de los enfermos, y a las enfermas se les dice que no pueden ser reconocidas por médicos de sexo masculino. 
También hemos recibido terribles noticias de ejecuciones públicas, torturas, lapidaciones, decapitaciones y amputaciones. 
Estas milicias fanáticas quieren intimidar al país y someterlo por esos medios. 
Como mujer, como socialista y como diputada de este Parlamento, estimo que el Parlamento Europeo tiene que mostrar que condena firmemente esas atrocidades y tiene que dejar sentado que la comunidad internacional no tolerará esas atrocidades, que hay que pasar a la acción y que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 
Todo esto debe hacerse al margen de un enfoque político coherente del caso de Afganistán por el Consejo Europeo y por los Estados miembros. Todo esto tiene que entrañar asimismo un embargo de armamentos y un embargo de todo tipo de equipo que los talibanes puedan utilizar en su guerra sangrienta. 
Si no pasamos ahora a la acción, es posible que las consecuencias para el pueblo afgano y para toda la región de Asia sudoccidental sean aún más terribles. 
Señora Presidente, hombres que desconocen por completo la singular e imprescindible existencia de las mujeres en la vida, llegando al extremo de sustituirlas en el cuidado de los niños de los orfanatos y de imponer restricciones a las que se dedican al ejercicio de la medicina, hombres que prohíben a las mujeres la práctica de la enseñanza y el trabajo fuera de casa, que niegan a las niñas la educación y la libertad de desarrollar su mente, hombres como éstos, llamados talibanes y a quienes ya vimos en acción hace un año en el Sur del país, donde llegaron a imponerse con su insolencia egoísta sintiéndose los dueños del poder, los habrá también mañana en otro lugar si no les paramos. 
Puede que no sea muy democrático ejercer presión económica sobre ellos, pero es muy humano exigirles que respeten los derechos fundamentales mínimos y que abandonen su repugnante y horrible conducta consistente en someter a castigos físicos de toda índole a quienes no respetan su interpretación de la ley islámica. 
Es hora de contestar al fanatismo afirmando que toda libertad, incluso la religiosa, tiene sus límites en el respeto del ser humano y de su libertad. 
Señora Presidenta, señores diputados, señor Comisario, creo que lo que está ocurriendo hoy en Afganistán no es una cuestión que afecta sólo a la Asia central, atravesada un poco por todas partes por frémitos de guerra. 
En cambio, creo que lo que está ocurriendo allí es una especie de señal inequívoca de que se ha bajado la guardia en los países occidentales, países donde existe una democracia consolidada y una conciencia de que los principios fundamentales de los derechos humanos deben salvaguardarse en cada situación y en cada circunstancia. 
Estoy íntimamente convencido de que precisamente lo que está ocurriendo hoy en Afganistán se debe principalmente a que los países de la Europa occidental con tradiciones democráticas consolidadas han bajado la guardia. 
No es necesario repetir lo que ya han dicho los colegas, es decir, las decapitaciones, las exposiciones de los cadáveres de los ex presidentes, los registros casa por casa, la segregación de las mujeres y todo eso que la ley coránica, la Shari´a, supone cuando se interpreta el Corán de manera oscurantista, como una ley de integrismo y no de apertura y tolerancia. 
Considero que la opinión pública internacional ha reaccionado ante estas intervenciones con mucho retraso y timidez, hasta que han empezado las masacres por parte de los talibanes; en algunos casos, ¡incluso ha habido complicidad por parte de la comunidad internacional! 
No sé cuál ha sido el papel que ha desempeñado el Pakistán, pero es cierto que se ha atizado el fuego de la guerra. 
La cuestión de Afganistán surgió hace mucho tiempo sin que nadie interviniera. 
Pido al Parlamento Europeo y a la Comisión que den una respuesta firme a este asunto. 
Los derechos del hombre y de la mujer deben salvaguardarse en todas partes, especialmente cuando, como ahora, nos encontramos ante una violación feroz y flagrante de los mismos. 
Señora Presidenta, las secuelas de la doctrina Monroe vuelven con prepotencia a la palestra en el escenario afgano. 
Kabul, conmocionada por años de guerra, entregada de nuevo, a causa de un enésimo error de valoración por parte de los responsables de la política exterior norteamericana, a los fanáticos talibanes, que, a los horrores de las matanzas han añadido su interpretación extremista de la ley islámica, ve que se agrava el sufrimiento ya crónico de la inerme población civil. 
Fanatismo, decíamos, y que alcanza el paroxismo de la prohibición y de la discriminación con respecto a las mujeres, y que hace recaer en una oscura Edad Media a toda la región. 
Desde el Pakistán a Uzbekistán, a Tayikistán, a Rusia, una vez más Europa está ausente. 
Ahora se intenta poner remedio pidiendo que se interrumpan las relaciones de cooperación, que se aísle a Afganistán con la consecuencia de añadir más sufrimiento a la población civil que vive las atrocidades de la guerra. 
Nosotros decimos: "¡ basta! », que Europa diga" ¡basta! » a sus contradicciones, que ponga fin a sus contradicciones y que elabore finalmente una política exterior clara, autónoma; que asuma finalmente sus responsabilidades, sin vacilaciones y sin contradicciones. 
Señora Presidenta, en todo el mundo se están multiplicando las tomas de posición contra todo lo que está sucediendo en Afganistán. 
La conquista de Kabul por parte de los talibanes ha llevado a una oleada de crímenes horribles contra toda la población y ha impuesto normas de conducta bárbaras y medievales mediante una interpretación fanática y extremista de la ley islámica. 
Las principales víctimas de todo eso- lo han recordado otros colegas- son las mujeres, excluidas de toda actividad laboral y pública, expulsadas de las escuelas y de los hospitales y obligadas a cubrirse totalmente el cuerpo fuera de sus casas. 
Pero es importante que vengan señales positivas precisamente de las mujeres afganas. 
Precisamente ayer, en la ciudad de Mazar-i Sharif, miles de mujeres protestaron contra los talibanes, pidiendo el apoyo de la comunidad internacional. 
Este es el sentido de lo que estamos haciendo hoy. 
El Parlamento Europeo expresa hoy su más completa solidaridad con las mujeres afganas y con todos los que quieren finalmente construir un Afganistán democrático y laico. 
Ante todo hay que garantizar una ayuda humanitaria eficaz a los miles de refugiados que han abandonado en estas semanas el país y, cuando sea posible, también a los numerosos desplazados que viven en Afganistán. 
Pero es necesaria además una iniciativa político-diplomática más incisiva, tanto de la Unión Europea como de los demás actores internacionales, para hacer cesar inmediatamente los combates en el país y para empezar a diseñar una nueva organización de Afganistán, centrada en el respeto de los derechos humanos y de todos los componentes étnicos y religiosos. 
Es también indispensable que los Estados Unidos y el Pakistán pongan fin a cualquier apoyo, político y material, a los talibanes, apoyo sin el cual los talibanes no habrían obtenido esa fuerza que hoy deploramos. 
Hay que evitar en este momento todo acto de reconocimiento de los nuevos dueños de Kabul, y la comunidad internacional debe imponer y también hacer respetar un embargo severísimo de los suministros de armas y de otros equipos. 
El Grupo del Partido del Socialismo europeo piensa, pues, reafirmar su compromiso a favor de una solución positiva del conflicto afgano y, sobre todo, para apoyar la lucha de millones de mujeres y de hombres afganos contra el fanático fundamentalismo de los talibanes. 
Señora Presidenta, Señorías, como ustedes, la Comisión está muy preocupada por la situación en Afganistán, en cuyo carácter dramático han hecho hincapié muchos de ustedes. 
La Comisión lamenta los acontecimientos recientes y que los mismos hayan aumentado todavía el desamparo de los habitantes deteriorando la situación de las mujeres afganas. 
La Comisión reaccionó inmediatamente ante las violaciones de los derechos humanos perpetrados por los talibanes tras la toma de Kabul. 
Así, la Sra. Bonino- y el Sr. dell ' Alba ha hecho alusión a ello hace un momentodenunció ya el 2 de octubre, en nombre de la Comisión, las inaceptables exacciones cometidas por los talibanes y su comportamiento, que marca una vuelta a la barbarie de los siglos más negros de la historia. 
El 9 de octubre, la Comisión Europea hizo asimismo pública una declaración deplorando las violaciones de los derechos humanos, y muy en particular, los derechos de la mujer, en las regiones que se encuentran en manos de los talibanes. 
No podemos ser cómplices de tales actuaciones. 
La Comisión considera que la actitud de los nuevos amos de Kabul, con respecto a los principios fundamentales del derecho internacional, es altamente condenable, ya se trate de la invasión del edificio de la ONU en Kabul, o del ahorcamiento del antiguo presidente Nadjibullah. 
En mayo de 1996, la Unión Europea, en una declaración sobre Afganistán, manifestaba ya sus preocupaciones. 
Más recientemente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, el 22 de octubre pasado, una resolución por la que se pedía un alto el fuego inmediato, solicitando la apertura de negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de llegar a una solución política duradera, y pidiendo el cese de todas las intervenciones extranjeras y la interrupción de los abastecimientos de armas y municiones a todas las partes en conflicto. 
Por lo que respecta a la Comisión, les recuerdo que la única ayuda distribuida es una ayuda humanitaria: salud y alimentación. 
En cuanto a esta ayuda, la Comisión tiene la intención de proseguir su acción para responder de la mejor manera posible a las necesidades de una población muy vulnerable. 
Además, estas necesidades van a aumentar con la llegada del invierno, que es particularmente rudo en esta región del mundo. 
La aportación de la ayuda se realizará de forma equitativa, sin discriminación entre los hombres y las mujeres, para socorrer en primer lugar, a los que más necesiten de ella. 
No escatimaremos esfuerzos para definir una posición común de todos los donantes, lo que no hará sino facilitar el trabajo de las ONG en sus contactos con las autoridades locales. 
Por último, la Comisión sigue estando muy preocupada por el aumento de la producción en el territorio afgano, de estupefacientes cuyo destino principal es, como pueden ustedes imaginar, Europa. 
Asimismo, la Comisión presta su apoyo a las actividades llevadas a cabo en el marco del programa de las Naciones Unidas para el control internacional de la droga en Afganistán. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1108/96 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Colombia; -B4-1125/96 del Sr. Howitt y de la Sra. Torres Marques, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Colombia; -B4-1135/96 del Sr. Galeote Quecedo, del Sr. Camisón Asensio y de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Colombia; -B4-1160/96 del Sr. Kreissl-Dörfler, de la Sra. Aelvoet y de la Sra. Müller, en nombre del Grupo de los Verdes, sobre Colombia; -B4-1184/96 del Sr. Carnero González, de la Sra. González Alvarez, del Sr. Novo, del Sr. Alavanos, de la Sra. Castellina y del Sr. Jové Peres, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación política en Colombia. 
Señora Presidenta, la situación en Colombia, Señorías, está empeorando rápidamente. 
La violencia está en plena escalada. Existe el riesgo de que se declare la guerra civil generalizada. 
Como era de suponer, los derechos humanos son violados a gran escala, tanto por las tropas gubernamentales y las fuerzas paramilitares, como por los guerrilleros. 
La estrategia antidisturbios del gobierno ha desembocado en el debilitamiento del Estado de derecho, y por supuesto en la limitación de la libertad de prensa. 
El Procurador General, que trata de velar por los derechos humanos, ve limitados sus poderes, encima por parte de las autoridades. 
El único modo de lograr una solución duradera de esta situación es por medio de un diálogo y el respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos de todas las partes. 
Lamento el papel que las empresas europeas parecen desempeñar en la violación de los derechos humanos y los daños al medio ambiente. 
Estas empresas deben ponerse por encima de toda sospecha y atenerse a las normas de respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. A fin de cuentas, las empresas europeas son la tarjeta de visita de Europa en terceros países. 
Es preciso aclarar rápidamente el fundamento de determinadas imputaciones. 
Hago un llamamiento al Presidente de Colombia para que haga público el informe de la Comisión Colombiana de Derechos Humanos, para que podamos analizar seriamente todos los hechos. 
Señora Presidenta, para empezar quisiera sumarme a los colegas que han condenado todas las violaciones de derechos humanos en Colombia, que han manifestado su solidaridad con los campesinos, agricultores y pueblos indígenas a los que no se les permite vivir del producto de sus tierras, y quiero reiterar el llamamiento que hicimos en Colombia para que se haga justicia a las 120 familias a las que se ha obligado por la fuerza a abandonar sus tierras en Bellacruz. 
En el escaso tiempo de que dispongo me concentraré únicamente en una cuestión. 
Cuando este Parlamento convocó sus audiencias para tratar de la explotación inhumana por Shell de los pueblos Ogoni en Nigeria el año pasado, poco podíamos imaginar que muy pronto tendríamos ante nosotros alegaciones terriblemente parecidas contra otras empresas petroleras europeas: British Petroleum y Total de Francia en la región Casanare de Colombia, de la que acaba de regresar nuestra delegación, con casos de escapes de petróleo todas las semanas, contaminación del agua, productos químicos que aparecen en la naturaleza, lugares de prospección ilegales y casos de invasión de bosques protegidos, ejemplos admitidos en su totalidad por empleados locales de la empresa BP; así como testimonios que hablan de peces muertos flotando en aguas contaminadas y de ganado que ha perdido la vista por pastar en tierras contaminadas, y la admisión por el Ministro gubernamental del Medio Ambiente de que prefiere tener ingresos petroleros para luchar en una guerra que no mejoras ambientales para construir una paz. 
Todo el mundo coincide en Colombia en que los militares son culpables de violaciones en masa de los derechos humanos, mientras que, para asegurar sus propios beneficios, las empresas petroleras europeas dan su consentimiento o hacen como que no se enteran. 
Si los militares son directamente responsables de amenazas, muertes y desapariciones, ¿cómo es posible que la empresa BP concierte un acuerdo voluntario de cooperación por valor de 11, 6 millones de dólares con esos mismos militares? 
¿Cómo puede negar la empresa BP que ha puesto en manos de los militares las fotografías de las personas que se manifestaban en señal de protesta, lo que ha conducido a la detención o al asesinato de esas personas, cuando el informe de la Comisión de Derechos Humanos, firmado por cuatro funcionarios principales del Gobierno de Colombia, hace mención de esas mismas alegaciones y las confirma? 
¿Cómo puede alegar la empresa BP que no está involucrada cuando las fuerzas militares han intervenido directamente para romper la huelga lanzada contra la BP, incluido el asesinato probado de Carlos Mesías Arrigui y por lo menos otros tres asesinatos que nos han sido comunicados el mes pasado? 
Hace apenas dos noches una eminente líder comunitaria, Virginia Oballer, fue asesinada con su hijo en plena noche. 
Cuando estuve en Colombia me dijeron que el acuerdo social que firmó hace dos años la BP con la comunidad local sigue sin entrar en vigor, y que Ramón Marino es uno de los antiguos o actuales empleados de la BP que trabaja ahora para el Gobierno a fin de eliminar del acuerdo las cuestiones ambientales. 
La BP niega esas alegaciones y echa la culpa a la población local por los daños ambientales cometidos, exactamente como hizo la Shell en Nigeria. 
Quizás sea hoy el día más apropiado para oír lo que me dijo un hombre de la localidad: hablar en favor de la comunidad, en favor del medio ambiente o en favor de los derechos humanos, es cometer suicidio. 
No olviden que les estoy hablando de empresas petroleras europeas. 
Lo que tenemos que hacer hoy en Europa es decir a las comunidades locales: ya no tendréis que elegir entre hablar por miedo o morir en silencio. 
Señora Presidenta, nosotros apoyamos la gran mayoría de los apartados de esta propuesta de resolución común sobre Colombia porque este país está atravesando una situación difícil, en la que los atropellos contra los derechos humanos se prodigan. 
Pero existen en la propuesta algunos aspectos concretos que no compartimos en absoluto. 
Por ejemplo, no se puede afirmar que las autoridades colombianas provocan los problemas. 
Una cosa es que ciertas cuestiones se le vayan de las manos al Gobierno y otra bien distinta que las provoquen. 
No se puede tampoco sumar asesinatos sin pruebas definitivas. 
No puede ser que este Parlamento se erija en juez supremo, sentenciando a un Gobierno de asesino, sin un proceso de investigación a conciencia de los hechos hasta llegar a la verdad sin asomo de duda. 
No se puede tampoco hacer recaer la sentencia condenatoria sobre empresas petrolíferas europeas, como es el caso de la British Petroleum o de la Total francesa, cuando existen documentos oficiales, concretamente del Consejo para los derechos humanos para la presidencia de Colombia, que afirman literalmente que tales informes condenatorios no deben considerarse válidos, que no son una prueba definitiva, lo que lleva a los empresarios afectados a calificar la campaña de alegaciones difamatorias con consecuencias dañinas, por supuesto, para la expansión de las empresas europeas en el mundo. 
Y esto va a marcar la postura de nuestro voto momentos más tarde. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en los últimos meses, Grupos de esta Asamblea intentaron presentar resoluciones sobre lo que estaba pasando en Colombia y, desgraciadamente, como esos Grupos eran minoritarios, no salieron adelante. 
Desde el intento de presentación de esas resoluciones, como dice mi compañero Kreissl-Dörfler, un presidente de una comisión de derechos humanos fue asesinado delante de sus hijas en la puerta de su casa. 
Fueron asesinados también dos campesinos de la finca Bellacruz, Eliseo y Eder Narváez. 
Y leo los nombres por si, diciendo los nombres, recordamos que son personas. 
Hay también algún otro sindicalista de las empresas petroleras asesinado, y también- y no lo olvidemosconservadores, es decir, candidatos conservadores, como Álvaro Gómez Hurtado. 
No es que estén matando sólo a la izquierda, están matando a todo aquel que defiende la democracia en Colombia. 
Nosotros defendimos en recientes resoluciones que se pusiera inmediatamente, como decía Kreissl-Dörfler, la Oficina de derechos humanos en Colombia porque es imprescindible. 
Defendimos que hubiera cultivos alternativos para el narcotráfico, porque se mueven en el mundo 500.000 millones de dólares con el narcotráfico. 
Y es una empresa tan pudiente y tan poderosa que puede mover muchos hilos y puede hacer asesinar a muchas personas. 
Y lo dijimos en varias ocasiones aquí, en el Pleno de este Parlamento. 
Yo no sé si las resoluciones del Parlamento van a evitar más muertes, pero me parece que era necesario haberlas aprobado y me alegro de que una resolución de estas características salga aprobada hoy aquí, porque las personas desaparecidas desde que comenzó el Gobierno Samper son 316 y otras tantas las personas asesinadas y no se puede consentir desde este Parlamento que esto siga ocurriendo así. 
Por lo tanto, yo haría un llamamiento al Pleno de este Parlamento para que apruebe esta resolución teniendo en cuenta, sobre todo, que algún compañero que denunció la implicación de la familia Marulanda en determinados asesinatos ha sido amenazado, algún compañero que trabaja en mi Grupo. 
Por lo tanto, yo creo que la situación es grave y que la Unión Europea ha de tomar medidas al respecto. 
Señora Presidenta, no me opongo a la resolución en muchos puntos, pero lamento mucho que precisamente, contenga sólo verdades a medias. 
Escoge casos aislados, pero no describe en modo alguno la situación altamente compleja de este país. lamento también que después de su regreso la delegación no haya tenido tiempo para hacer el resumen de sus experiencias y de elaborar sobre el mismo una resolución, y no sólo sobre Colombia, sino también sobre los tres países que hemos visitado, es decir, Venezuela y Perú, además de Colombia. 
Esto es una puntualización. 
La segunda puntualización es la siguiente: si en el considerando D menciona usted afortunadamente que la guerrilla comete también violaciones de los derechos humanos, entonces relacione también esto con el considerando M y con el párrafo 7, pues allí no menciona usted que también hay personas que han sido muertas por la guerrilla. 
Esto también habría que decirlo. 
Tampoco habría que mencionar solamente sociedades petrolíferas aisladas, sino que habría que ocuparse del problema global. 
También nosotros lamentamos la muerte del defensor de los derechos humanos, Giraldo, sobre la que usted muestra consternación en el considerando F. Por lo demás, también era colaborador de la acción Misereor, que destina mucho dinero para Colombia. 
En semejantes afirmaciones hay que esforzarse un poco más por entender la situación global y decir también que en el Parlamento colombiano no existe la suficiente voluntad política. 
También hay en el mismo corrupción y falta de disposición a acometer estas cosas en su base. 
En este punto tendríamos que adoptar, como Delegación para Sudamérica, una posición mucho más clara respecto de nuestros colegas. 
Señora Presidenta, creo lamentablemente que estamos tratando de un asunto que va más allá de la política. 
Cuando se habla de muertes de personas, cuando realmente estamos jugando con la vida de seres humanos, el planteamiento político se nos va un poco de las manos. 
Yo creo sinceramente, y en nombre de la Alianza Radical Europea, que esta institución no puede ser ajena a la situación que atraviesa Colombia y debe ser una caja de resonancia que denuncie al resto de la sociedad lo allí ocurrido. 
Si realmente es cierto- se habla de muchísimas muertes -, que hay un constante deterioro y vulneración de los derechos humanos, si hay actuaciones violentas de grupos paramilitares, si se cometen asesinatos deliberados y arbitrarios, si existen campañas realizadas a través del narcotráfico y si existe, en definitiva, una posibilidad de guerra civil, debemos hacer además un esfuerzo importante como foro elegido democráticamente por todos los europeos. 
Debemos hacer todo lo posible para evitar que empresas de este continente aparezcan implicadas en estos procesos. 
Debemos clarificar y eliminar todo género de dudas y debemos iniciar acciones que coadyuven a consolidar el proceso democrático iniciado en Colombia. 
Señora Presidenta, señorías, la Comisión Europea comparte plenamente las preocupaciones del Parlamento en cuanto al inquietante deterioro de la situación de los derechos humanos en Colombia. 
La misión del Parlamento Europeo, que llevó a cabo el Sr. Galeote a finales de septiembre, pudo formarse su propia opinión a este respecto. 
La Comisión desea, en particular, rendir homenaje a la memoria de D. Josué Giraldo y desea que las circunstancias de su asesinato se aclaren rápidamente. 
Señor Howitt, por lo que respecta a las familias de Bellacruz, le recuerdo que ése es un problema que compete a las autoridades colombianas. 
La Comisión subraya, no obstante, que su delegación sigue de cerca esta cuestión en Bogotá, en colaboración con las embajadas de los países miembros. 
La Comisión es asimismo perfectamente consciente de los problemas actuales que conciernen al medio ambiente, y nuestra delegación en Bogotá, en unión con las embajadas, sigue asimismo esta cuestión. 
Pero de una manera más general, diría más fundamental, el debilitamiento del Estado de derecho en Colombia está ligado a la importancia del tráfico de drogas en el país y a los recursos financieros que dicho tráfico genera. 
En efecto, no es un secreto para nadie, dichos recursos financieros permiten una amplia difusión de la corrupción a todos los niveles, y sobre todo, en el aparato de Estado. 
Por consiguiente, para reforzar el Estado de derecho, es esencial llegar a atajar el fenómeno de la droga. 
La Comisión está plenamente comprometida en esta lucha. 
En particular, financia proyectos in situ encaminados a promover culturas generadoras de ingresos que puedan sustituir a la coca y a la adormidera. 
Por otra parte, la Unión Europea acaba de conceder, con el nuevo sistema de preferencias generalizadas, el SPG, mayores facilidades de acceso al mercado europeo para los países andinos comprometidos en la lucha contra la droga, para animarles a proseguir sus esfuerzos. 
Además, Colombia se beneficia de un trato prioritario en la asignación de los créditos presupuestarios para la dmeocratización y los derechos humanos en América Latina. 
A tal fin, se están llevando a cabo numerosas iniciativas con la ayuda de las ONG locales. 
Por último, por lo que respecta a la Oficina de los derechos humanos, citada en particular por el Sr. Kreissl-Dörfler y la Sra. González Álvarez, la Comisión está dispuesta a enviar a Colombia, en las próximas semanas, cinco observadores encargados de proceder a una verificación in situ de la situación de los derechos humanos. 
Dichos observadores estarán bajo la autoridad jerárquica de la Oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos que se está instalando en Bogotá bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
No obstante, el despliegue de observadores sobre el terreno sólo, podrá tener lugar cuando Colombia y las Naciones Unidas hayan procedido a la firma del convenio que rija el estatuto y el mandato de dicha Oficina. 
Estamos dispuestos a financiar esta acción, pero es preciso constatar- por lo que a mi respecta, lamentar- que las conversaciones entre las Naciones Unidas y Colombia siguen sin formalizarse, y ello a pesar de varios meses de debates. 
Es evidente que la contribución de la Comisión no podrá materializarse hasta que se cumpla con esta formalidad. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Tiene la palabra el Sr. Kreissl-Dörfler para una cuestión relativa al Reglamento. 
Sólo una pequeña aclaración acerca de lo que ha dicho la Sra. Lenz. 
Coincido con ella en muchos puntos. 
También nos habría gustado escribir más en la resolución. 
Pero, por favor, señora Lenz, compare usted los diversos proyectos que se han presentado. 
Lo que ahora ha resultado es realmente lo máximo y es excelente. 
Por favor, examine, sobre todo, el proyecto de su propio grupo. 
Lamento mucho que tras este viaje, realmente importante, no hayamos tenido aún ocasión de reunirnos. 
También hay que criticar esto con toda dureza. 
Señora Presidenta, no hace mucho, el régimen ocupante turco volvió a cometer un asesinato, y naturalmente es necesario investigarlo a fondo. 
Quiero aprovechar la ocasión para decir que me opongo a la idea que surge de que grupos de la población de Chipre se enfrentan de una forma cada vez más violenta entre ellos. 
No, se trata de una política de intimidación y manipulación de las tropas de ocupación turcas, que precisamente quieren dar la idea de que está surgiendo un odio mutuo. 
Los dos grupos están hartos del conflicto y quieren que se encuentre una solución. 
Por ello, los europeos hemos de dirigirnos a la población. 
Han de ofrecerse posibilidades de intercambio a iniciativa de la Unión, sin que se reconozca el régimen de ocupación de Denktash. 
Hemos de trabajar de una forma pragmática para aumentar los contactos entre los civiles. 
Va en interés de la solución del conflicto en la isla y de la adhesión de Chipre a la Unión que se intensifiquen estos contactos. Es el único modo de evitar que la espiral manipulada de atentados se convierta realmente en una espiral de odio. 
Les puedo decir que cada paso que Turquía cree dar para evitar la adhesión de Chipre a la Unión es en realidad un paso hacia atrás para ella misma. 
Señor Presidente, una vez más hablamos en esta Asamblea de la cuestión chipriota y de la conducta ilegal y criminal de Turquía. 
La resolución presentada condena a las fuerzas de ocupación de Turquía en Chipre por asesinar, una vez más, a sangre fría a un ciudadano desarmado. 
Con estos métodos, las fuerzas de ocupación y el régimen ilegal del norte de Chipre intentan transmitir el mensaje de que grecochipriotas y turcochipriotas no pueden convivir, lo cual es absolutamente incorrecto e históricamente infundado. 
Lo que en realidad se pretende es afianzar el régimen de ocupación y de ilegalidad vulnerando todo sentido del derecho. 
Pero ya ha quedado claro que la irregularidad en Chipre consiste en la ocupación ilegal y en la intransigente política de Turquía. 
Creo que ha llegado el momento de que en el Parlamento Europeo y en Europa mantengamos y reforcemos la presión sobre Turquía, como ya lo hemos hecho esta mañana en la votación sobre la congelación de los presupuestos destinados a Turquía. 
Sólo así tomará conciencia Turquía de que, para mantener relaciones con nosotros, tendrá que atenerse a nuestros principios y valores comunes. 
Señora Presidenta, últimamente se ha condenado a Turquía una y otra vez por su conducta cada vez más provocadora en Chipre. 
Cada vez más provocadora, porque a la vista del ingreso de Chipre en la Unión Europea, ciertos círculos turcos intentan convencernos de que las dos comunidades no pueden convivir. 
Si no pueden convivir, la cuestión chipriota es irresoluble y, de acuerdo con esta lógica, no merece la pena avanzar con el ingreso de Chipre en la Unión Europea. 
Por lo tanto, más allá de cualquier condena que se exprese aquí, hay que enviar claros mensajes en todas las direcciones, y ante todo hacia la parte turca. 
Primero, que los esfuerzos para solucionar la cuestión chipriota continuarán y que los recientes asesinatos de grecochipriotas son una razón más para que la Unión Europea intervenga activamente.-Segundo, que las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, MEDA, el protocolo de ayuda financiera y lo demás, dependen de la posición turca con respecto a la cuestión chipriota.-Tercero, en el contexto de los esfuerzos por solucionar la cuestión chipriota es importante la propuesta del Gobierno de Chipre, la del Presidente de Chipre, Sr. Kliridis, de desmilitarizar la isla; es importante asimismo el respeto de los derechos de los habitantes del enclave y de los encarcelados en la parte ocupada.-Cuarto, que el ingreso progresará en cualquier caso, porque aquí creemos que el ingreso de Chipre en la Unión Europea puede tener un efecto catalizador en la solución de la cuestión chipriota.-Quinto, que el ingreso debe redundar y redundará en beneficio de ambas comunidades, pero principalmente de los turcochipriotas, que obtendrán más ventajas económicas que los grecochipriotas.Señora Presidenta, si avanzamos con decisión pronto dejaremos de condenar, como lo hemos hecho hasta la fecha, ya que habremos creado una nueva y esperanzadora realidad. 
Señora Presidenta, señores diputados, nuestro debate versa oficialmente sobre Chipre, pero en realidad el tema es, una vez más, la conducta represiva del Gobierno turco, tanto en Turquía como en Chipre. 
La propuesta de resolución común tiene su origen en el asesinato en Chipre, por parte del ejército turco, de un ciudadano, Petros Kakulis. 
Una vez más, los órganos de un Estado, Turquía, que mantiene relaciones con la Unión Europea, perpetran homicidios. 
La situación es mucho más grave si se considera que a los responsables de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas se les ha impedido ir al lugar del homicidio. 
Turquía sigue así teniendo tropas de ocupación en Chipre y eso haciendo caso omiso de las decisiones de las Naciones Unidas. 
Hago tres consideraciones: la primera, para condenar el asesinato de Petros Kakulis y expresar nuestra solidaridad con su familia; la segunda, para poner de relieve la exigencia de una adecuada investigación dirigida a identificar y procesar a los responsables; la tercera, para recordar al Gobierno turco que es necesario que respete los derechos humanos y que no puede pretender disfrutar de las ventajas sobre todo económicas de la comunidad internacional si pisotea los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
En efecto, no es tolerable que se siga razonando según la lógica de las dos mesas, una para los negocios, la otra para los derechos humanos. 
Por último, invito a los Estados y a las instituciones europeas a que aceleren la adhesión de Chipre a la Unión Europea, al ser eso un paso fundamental para encaminar el problema chipriota hacia una verdadera solución. 
Señora Presidenta, los reiterados asesinatos de ciudadanos desarmados por las tropas de ocupación o las tropas del Sr. Denktash en Chipre no se deben, por supuesto, a incapacidad de éste para reaccionar adecuadamente ante las acciones no consentidas, deteniendo, por ejemplo, a un manifestante en lugar de asesinarle a sangre fría. 
Pero el problema político, señora Presidenta, consiste en que estos asesinatos se han cometido premeditada y metódicamente para dejar la impresión de que es imposible la convivencia de las dos comunidades en Chipre y de que, por lo tanto, están justificadas la limpieza étnica y la seperación hermética de las dos poblaciones, en un momento además en el que se esperan iniciativas para el comienzo de negociaciones encaminadas a la solución de la cuestión chipriota. 
No debemos aceptar este bruto recurso. 
Nuestra coexistencia con opiniones, prácticas y regímenes de tal tipo es lo único que es imposible. 
Los ciudadanos de Chipre pueden volver a coexistir en un sistema democrático en una Chipre unida, precisamente en esa Chipre que intentan impedir los organizadores de los asesinatos cometidos en los últimos meses. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE condeno con toda energía el nuevo ataque mortal a una persona en la línea de demarcación en Chipre. 
Este es el tercer grecochipriota desarmado que es asesinado en el período de pocos meses en la injusta frontera de Chipre. 
Turquía, el régimen ocupante, quiere dar la impresión de que ambos grupos étnicos no pueden convivir, que la «green line» es una frontera entre estados. 
Esta es una estrategia cruel, irritante y, tal como creo, ineficaz. 
La injusticia permanece como injusticia. 
Una violación manifiesta del Derecho internacional permanece como una violación manifiesta del Derecho internacional, incluso después de 22 años. 
Esto lo sabe la opinión pública mundial. 
En este Parlamento hemos puesto de manifiesto esta mañana que Turquía no recibirá más recursos financieros. 
Turquía sabe ahora que nosotros no estamos dispuestos a aceptar la violación cotidiana de los derechos humanos en Turquía y en Chipre. 
Y nosotros en el Parlamento Europeo esperamos también que la Comisión y, en especial, los Estados miembros ejerzan una mayor presión sobre Turquía, para que retire sus tropas de ocupación, se sume a la idea de la desmilitarización y haga posible una solución justa y pacífica en Chipre. 
Señor Presidente, el Parlamento debe tener en cuenta que estos cuatro asesinatos en Chipre no han sido cometidos por bandas de fanáticos tipo talibanes, ni por mercenarios de redes de narcotraficantes. 
Han sido ejecutados por tropas organizadas de un ejército de ocupación que representa a un Estado organizado, el de Turquía, con el que esta Comunidad, este Parlamento, mantiene contacto y relaciones. 
Desde este punto de vista es como hay que ver estos actos y el régimen aplicado en perjuicio de los habitantes del enclave, especialmente en Carpasia, donde de 20.000 grecochipriotas y maronitas sólo quedan 700, porque no hay nada establecido en los Tratados y en el Derecho internacional sobre derechos humanos etc. que no se esté vulnerando, hasta el punto de forzarles a expatriarse. 
La misma intención subyace en el saqueo del patrimonio arqueológico, religioso y cultural de Chipre, al igual que en el intento de convertir la Hagia Sofia en mezquita. 
Por consiguiente, el Parlamento y esta Comunidad, si quieren que termine este crimen a escala internacional, deben dejar de lado los cálculos sobre inversiones, aspiraciones militares y relaciones con Turquía y ponerle fin aplicando determinadas sanciones, al menos económicas, para reestablecer la normalidad y para que las dos comunidades puedan convivir en paz. 
Señor Presidente, en diciembre del año pasado, este Parlamento aprobó por mayoría la Unión aduanera con Turquía, así como un flujo financiero de millardos de Europa a Turquía. 
En aquel momento, el año pasado, sabíamos que Turquía mantenía ocupado militarmente, desde 1974, parte del territorio europeo, el norte de la isla de Chipre, y que seguía una política de genocidio cultural, y también literal, contra los grecochipriotas. 
Por lo visto, en aquel momento este hecho no compensaba los obsequios y los supuestos viajes de estudio que el Gobierno turco repartía generosamente por todas partes. 
Dudo mucho de la sinceridad de- por lo menos- parte de las personas que ahora han presentado la resolución. 
En diciembre del año pasado podríamos haber golpeado en la mesa, pero ahora sólo tenemos una protesta de papel en las manos. 
Sin duda no será la congelación de parte de los fondos MEDA lo que haga cambiar de idea al Gobierno turco. 
En segundo lugar, señalo que la adhesión de Chipre a la Unión Europea es muy problemática a causa de la ocupación turca, pues para nosotros es inaceptable una cabeza de puente para la inmigración turca a través de Chipre, pero también porque quiero recordar que el ministro turco de Asuntos Exteriores anunció literalmente que Turquía anexionará sin más el norte de Chipre en caso de que Chipre se adhiera a la Unión Europea. 
Así pues, como ya se ha dicho muchas veces, hemos de hablar claramente con Turquía. 
Sí, queremos tener las mejores relaciones posibles con este país vecino y socio de la OTAN, pero antes Turquía tendrá que cumplir algunas condiciones y tendrá que retirar las tropas de ocupación turcas de Chipre. 
Sudán 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, desde hace años reina la guerra en Sudán, los estados vecinos se ven enfrentados a situaciones conflictivas a causa de las oleadas de refugiados y los intentos de desestabilización por parte de Sudán. 
Otras consecuencias son violaciones de los derechos humanos tales como masacres, torturas y la esclavización. 
Las comunidades religiosas no musulmanas siguen siendo objeto de persecución y se las sigue excluyendo de las ayudas humanitarias y de otras ayudas existenciales importantes. 
El gobierno está intentando convertir Sudán en un estado islámico contra la voluntad de la mayoría de la población. 
Por esta razón es preciso que se mantengan las sanciones dictadas por la comunidad internacional. 
La UE podrá reanudar la tarea en favor del desarrollo sólo cuando el gobierno de Sudán respete las resoluciones de la UE y ACP así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las que hemos llamado la atención permanentemente desde hace años. 
Lamentablemente no ha habido todavía ningún éxito perceptible. 
Pero, en interés de las personas que están sufriendo en Sudán es urgentemente necesario un éxito perceptible y espero que lo podamos lograr. 
Señor Presidente, la situación que prevalece actualmente en el Sudán es una de esas situaciones en las que uno no puede imaginarse que el régimen pueda durar. 
En el mundo hay varias situaciones de ese tipo, situaciones que parecen inherentemente inestables, respecto de las cuales, como ha dicho el Sr. Schiedermeier, la condena de las Naciones Unidas ha sido firme y lógica. 
Nuestro propio Parlamento Europeo, en asamblea conjunta con los países de Africa, el Caribe y el Pacífico, ha condenado la situación que prevalece en el Sudán. 
Tenemos que mantener la presión que ejercemos sobre ese régimen, pues estoy seguro de que sus días están contados. 
Apoyo la resolución, pero quisiera tratar particularmente de dos cuestiones: una es que el derecho de libre determinación para los pueblos de la región meridional tiene que formar parte de todo arreglo de paz. 
Ésta es una cuestión de la que las autoridades de Jartum no quieren enterarse. 
A pesar de todo, si nos fijamos en lo que sucedió junto al Sudán, en Etiopía, veremos que los etiopes tuvieron la sensatez de aceptar el derecho de libre determinación de Eritrea y que ahora Eritrea cuenta con un régimen pacífico que, en mi opinión, debería ser una fuente de inspiración para el país vecino y que, a su vez, está sufriendo como consecuencia de la exportación de actividades revolucionarias desde el Sudán. 
Es el ejemplo típico de dictadura que está más interesada en las aventuras extranjeras que en el bienestar de sus propios ciudadanos. 
La cuestión final a la que me referiré es la de las sanciones. 
La Unión Europea y sus Estados miembros no brillan precisamente por lo que se refiere a la aplicación de sanciones. 
Puede agregarse que deberían haberlas impuesto en muchos casos en los que la mera idea de imponerlas les ha asustado, pero lo cierto es que, en lo que se refiere a la aplicación de sanciones en materia de ayuda, la posición de la Unión Europea ha sido tan inmutable como honorable. 
Tenemos que decir a los sudaneses que ésa seguirá siendo la situación por lo que se refiere a la Unión Europe en el plano colectivo, y en el plano individual a través de sus Estados miembros, mientras ese régimen no respete la democracia, los derechos civiles y el derecho a la libre determinación. 
Para acabar me parece que a largo plazo e incluso a plazo mediano deberíamos ser optimistas, pero entre tanto, en la actualidad, tenemos que ser muy vigilantes y muy firmes. 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Sudán, que es muy grave desde hace tiempo, parece empeorar todavía más. 
En la guerra civil del sur, entre el gobierno fundamentalista islámico y los rebeldes, las tropas gubernamentales atacan también a la población civil con bombas de fragmentación. 
Al mismo tiempo, los sublevados luchan entre ellos. 
El triste balance de esta guerra civil son millones de refugiados, y se estima que más de un millón de muertos. 
Al mismo tiempo, en el norte del país, dominado por el Gobierno de Jartum, prosigue la islamización obligatoria. 
Los no musulmanes, entre los que se encuentran también los cristianos, son en creciente medida víctimas de la violación de los derechos humanos. 
Pero las principales víctimas del gobierno en Jartum son los niños de Sudán. Muchos niños son capturados, sometidos a crueldades, obligados a convertirse al islam y en algunos casos entrenados para combatir en la guerra civil del sur. 
Debido a los movimiento de resistencia, el Gobierno de Sudán se está quedando cada vez más aislado en su propio país, pero también internacionalmente. 
Sólo Irán le ofrece abiertamente ayuda. 
No obstante, parece que por lo pronto no llegará a su fin el régimen de terror islámico. 
Por desgracia hemos de constatar que las posibilidades de la Unión Europea para presionar al Gobierno de Sudán son limitadas. 
Precisamente porque el país está ya tan aislado, es poco sensible a la presión económica y política. 
Son seguramente sus países vecinos, Eritrea, Etiopía, Kenia y Uganda, los que se encuentran en mejor posición para encontrar una solución a la problemática situación de Sudán. 
Queremos pedir a la Unión que averigüe si las propuestas de dichos países, formuladas en el contexto del IGADD, pueden buscar una solución y en tal caso ofrecerles ayuda. 
Señor Presidente, me sumo a todo lo que ya se ha dicho sobre la violación de los derechos humanos en Sudán y la terrible guerra civil que asola el país, y además quiero condenar en nombre de mi Grupo la violencia por ambas partes, no sólo del lado fundamentalista islámico, sino también de los rebeldes, que violan una y otra vez los derechos humanos y que abusan de los niños que son incorporados al ejército. 
Apoyo también el mantenimiento de las sanciones, aunque hemos de preguntarnos si es suficiente. 
Hace poco leí un artículo sobre un grupo de mujeres que opera desde Nairobi, Women's Voice for Peace, mujeres sudanesas del sur que han entablado cautelosos contactos, utilizando también la conferencia de Pekín para ello, con mujeres del norte para hacer llamamientos a los combatientes a que dejen las armas. 
Quizás tengamos que considerar si podemos apoyar más este tipo de pequeñas iniciativas desde Europa, para poder contribuir de este modo al fin de la violencia. 
Señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que el Gobierno sudanés está comprometido en una estrategia desestabilizadora que afecta a todo el Cuerno de África. 
Las infiltraciones de los extremistas islámicos sudaneses en Eritrea y el intento de minar la estabilidad de los Gobiernos de Addis Abeba y de Asmara explican el carácter antidemocrático del Gobierno de Jartún, puesto de relieve, en particular, por las gravísimas violaciones de los derechos humanos y de las libertades democráticas denunciadas ya por los otros colegas. 
Además, las autoridades de Jartún continúan su ofensiva militar en el Sudán meridional, provocando así centenares de víctimas e impidiendo la llegada de las necesarias ayudas humanitarias a las poblaciones no musulmanas. 
Se encuentran también en un peligroso callejón sin salida las negociaciones del IGADD, es decir, del único foro verdadero en el que se ha tratado de encontrar una solución a la devastadora guerra dirigida por Jartún en el Sudán meridional. 
Se asiste, en otros términos, a un boicot sistemático de los trabajos de ese foro y parece evidente que Sudán ya no piensa actuar para encontrar una vía de salida a la guerra en la que se ha comprometido. 
Por eso la Unión debe obligar a las autoridades de Jartún a negociar con las partes en conflicto, único camino para poder restablecer las libertades fundamentales del hombre, ahora gravemente ultrajadas. 
Señor Comisario, señorías, existen situaciones en las que no hay que desesperar. 
Resolución tras resolución, debemos constatar, en efecto, que la situación en Sudán es una. 
Y, sin embargo, creo que es preciso proseguir nuestros esfuerzos en las dos direcciones. 
Evidentemente, la primera es la de la vía humanitaria, lo que la Unión Europea hace muy bien. 
Somos el apoyo más importante de las organizaciones no gubernamentales que operan en el sur del Sudán a partir de los países que se han citado. 
Todavía hay mucho por hacer. 
Es preciso encauzar las ayudas, y el Gobierno de Jartún no permite hacerlo. 
Hay que multiplicar los esfuerzos para hacernos cargo de los niños que son las primeras víctimas de los conflictos. 
Se ha hablado de los niños: sí, en Sudán, utilizan a los niños en los dos campos, para reducirlos a la esclavitud, para convertirles en soldados o simplemente, para carne de cañón. 
Y luego, hay una segunda dirección en la cual la Unión Europea debe proseguir sus esfuerzos: es la dirección política. 
Ya hemos dicho todo de este gobierno que quiere imponer la charia a las poblaciones cristianas y animistas del Sur. 
Hemos dicho todo de este gobierno que extiende el terror y el terrorismo a los países vecinos. 
Pero no hemos hablado lo suficiente de que, en el interior de Jartún, se producen también manifestaciones de la sociedad civil. 
Hay mujeres que se rebelan. 
Hay manifestaciones de estudiantes y sindicales. 
Hay que apoyarlas. 
Es preciso que las organizaciones internacionales- el Fondo Monetario, todas las organizaciones posibles- se alineen con nosotros y bajo la presión europea, hagan también ellas su labor para impedir que este gobierno vaya más lejos en las violaciones de los derechos humanos, la opresión y el terrorismo. 
Por último, no hay que olvidar a la gente, porque si no estoy equivocado, ha habido dos guerras sucesivas. 
Hace más de treinta años que dura esta situación. 
¡Más de treinta años! 
¿Se dan ustedes cuenta de las decenas de miles, de las centenas de miles de víctimas que esto representa? 
Tendemos a habituarnos y las resoluciones no bastan. 
Es asimismo preciso que cada uno de nosotros tome conciencia de que es una de las últimas luchas contra la barbarie en el mundo y que es preciso insistir, continuar y luego, tal vez también, elaborar una nueva resolución que todos apoyamos. 
Señor Presidente, en Sudán nos encontramos ante un régimen estable en una situación estable que se ocupa de asegurar un futuro estable al régimen de la sharia en Jartum. 
Olvídelo, que esto no cambiará. 
Quizás podamos hacer otra cosa, quizás podamos dar alimentos y ofrecer ayuda a organizaciones que han firmado un acuerdo con el régimen de Jartum- tengo la carta aquí en la mano -, que tienen propósitos pacíficos, desde el sur, que intentan en todo caso lograr que el gobierno sudanés del norte reconozca a Sudán del sur, Bahr el Ghazal, como una especie de república autónoma. 
A fin de cuentas, lo mismo se consiguió en Abisinia, con Etiopía y Eritrea. 
Pienso que es la única solución para evitar por lo menos que la guerra civil, que dura desde 1956, cueste más de los dos millones y medio de víctimas. 
Asalto de la catedral de Agios Georgios 
Señor Presidente, por supuesto, cualquier persona razonable y libre, independientemente de su convicciones políticas o religiosas, condena el asalto a la catedral de San Jorge del Patriarcado de Constantinopla realizado por fanáticos islamistas turcos. 
Lo que suscita dudas es que el Gobierno turco no sólo se abstenga de condenar esta acción terrorista y de responsabilizarse de la indemnización de los daños causados en la catedral sino, de forma provocadora, a través de su ministro encargado de temas de cultura, anuncie su intención de transformar la catedral de Agia Sofia en mezquita, vulnerando gravemente tanto normas fundamentales que protegen el derecho a la libre expresión de la religiosidad como normas básicas referentes a la protección de los monumentos culturales de importancia mundial. 
Debe exigirse del Gobierno turco que demuestre con hechos su oposición a acciones como el ataque a la catedral de San Jorge y que desmiente categóricamente su intención de convertir la catedral de Agia Sofia en mezquita. 
Señor Presidente, tomo la palabra para unirme al orador anterior en su condena del ultraje cometido por la persona que lanzó una bomba de mano en el patio del Patriarcado. 
He estado allí, y sé que realmente se trata de una zona de acceso restringido. 
Afortunadamente no hubo víctimas. 
Me alegra que el Embajador de Turquía en Washington condenara el acto, pero esos no son más que palabras, palabras, palabras. 
Lo que necesitamos es acción. 
La posición real de las autoridades turcas queda ilustrada por el hecho de que el mes pasado el Presidente autorizó que la escuela ortodoxa que se halla en una isla frente a Estambul pudiera abrir sus puertas. Hace años que hubiera podido abrirse, pero no se abrió. 
En un almuerzo que tuvimos en una sala privada de un restaurante de Estambul, un obispo tenía miedo de hablar porque decía que hablar era un riesgo. 
No son palabras lo que necesitamos: ha habido una serie de incidentes de ese tipo, sin que apenas se hayan pronunciado palabras de condena en Turquía. 
El único mensaje de condena que he recibido es del Embajador de Turquía en Washington. 
Señor Presidente, quien transforma iglesias cristianas en mezquitas, comete un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. 
Quien intenta islamizar Santa Sofía en Estambul comete una falsificación cardinal de la historia europea y quien use o tolere el uso de la violencia contra el patriarcado ecuménico, debe saber que no sólo todos los cristianos del mundo entenderán esto como un ataque a su libertad religiosa y de conciencia. 
Por esta razón debo manifestar en nombre de mi grupo lo siguiente: la retirada de la declaración sobre la islamización de Santa Sofía, la garantía de que no se obstaculizará el trabajo del patriarcado ecuménico, el restablecimiento de la catedral de San Jorge y la reapertura de la escuela teológica de Chalki, no son peticiones al Gobierno turco, sino exigencias en función de las cuales se decide en qué dirección piensa marchar Turquía y su Gobierno, en dirección a una Europa de los derechos humanos y de la democracia o si desea excluirse de esto. 
El Parlamento Europeo tiene el deber de plantear con toda decisión esta alternativa. 
Señor Presidente, todo el mundo sabe que Constantinopla representa desde hace siglos un tesoro del patrimonio cultural europeo. 
Fue durante más de mil años la capital de un gran imperio cristiano y continúa siendo la sede del Patriarcado Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, especialmente importante para millones de ortodoxos de todo el mundo. 
La bomba lanzada por fanáticos musulmanes a finales de septiembre fue lanzada contra el Patriarcado, y no es la primera agresión. 
Tanto los monumentos religiosos cristianos como los cementerios en Turquía, por no hablar de las propiedades privadas cristianas, son blancos fáciles de los vándalos. 
Evidentemente, se trata de agresiones de fanáticos, pero ¿acaso el hecho de que el Gobierno turco no haya expresado ni siquiera su condolencia no viene a premiar y animar a los fanáticos? 
¿Acaso no se ven estimulados éstos por el cierre de la escuela teológica de Jalqui, cuyo funcionamiento se relaciona directamente con la suerte del Patriarcado? 
Si a esto se añaden las amenazas oficiales de transformar la Agia Sofia, uno de los mayores monumentos de la cristiandad europea, en mezquita, la imagen queda clara. 
Aún más clara debe ser nuestra advertencia a Turquía. 
Si realmente quiere acercarse a Europa, debe respetar unos monumentos e instituciones europeas que existían mucho antes de su presencia en esas regiones. 
Señor Presidente, creo que es el propio Gobierno turco, en lugar del Parlamento Europeo, el que debería mostrar su interés por conservar y realzar su enorme riqueza multirreligiosa y multicultural, acumulada desde los albores de la historia de Constantinopla. 
En cambio, lo que hace el Gobierno turco, lamentablemente, es lanzar olas de fanatismo y malevolencia, que quizá lleguen a su culminación con las declaraciones del ministro de la Presidencia sobre la transformación de la Agia Sofia en mezquita. 
Es muy positivo que esta resolución sobre la libertad de la religión en Constantinopla provenga de todos los Grupos políticos, es muy positivo que todos los Grupos, esta vez, hayan aprobado nuestra propuesta de dirigir un llamamiento al Gobierno turco para que respete el carácter de la catedral de Agia Sofia, y creo que también es muy positiva la propuesta contenida en uno de los últimos párrafos de la resolución que afirma la necesidad de una intervención global, con la participación tanto de la Unión Europea- cuando se dé la luz verde para las ayudas financieras a Turquía- y de la Unesco como del Gobierno turco en el registro, conservación y restauraración de los monumentos cristianos, así como de los demás monumentos culturales de Constantinopla. 
Señor Presidente, el atentado con bomba perpetrado en Estambul contra la catedral de San Jorge es deplorable y condenable por lo que revela de extremismo religioso peligroso en Turquía. 
Por desgracia, Turquía no tiene el monopolio de tales patinazos. 
Así, la profanación de monumentos religiosos y de cementerios se produce también en los países de la Unión Europea. 
Las denominaciones cristianas en Turquía son expresiones religiosas minoritarias; por tal motivo, son particularmente vulnerables y necesitan una solicitud especial de las autoridades. 
No se me conoce precisamente por predicar la indulgencia con respecto a Turquía, debido a la situación execrable de los derechos humanos de los que las libertades religiosas forman manifiestamente parte. 
En este caso concreto, sin embargo, estimo que la propuesta de resolución común va más allá de lo que es necesario. 
Procede por amalgama y, por ello, tiende a sugerir que las fechorías que se les imputan gozan de una complicidad pasiva e hipócrita de las autoridades turcas. 
Así, aunque las propuestas de resolución presentadas en nombre del PPE y de los Verdes dan cuenta explícitamente de una condena en toda regla, por parte de las autoridades turcas, del atentado contra la catedral de San Jorge, la resolución común deplora, sin embargo, la falta de una condena así. 
Para mantener la credibilidad, y antes de erigirnos en acusador público, debemos basarnos absolutamente en hechos establecidos. 
Podemos abrumar a Turquía con todos los males, pero al hacerlo, anticipar afirmaciones que puedan contradecirse fácilmente con los hechos. Esto debilitaría de forma singular la causa que defendemos. 
Bangladesh 
Señor Presidente, nos acordamos de la desaparición, el 12 de junio pasado, de la Sra. Kalpana Chakma, Secretaría General de la Federacion de Mujeres de las Colinas, que luchó vigorosamente contra la represión de las mujeres y por su emancipación. 
La Sra. Kalpana Chakma siempre luchó por el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población chakma así como de otras etnias presentes en región de las colinas de Chittagong. 
Su desaparición, en la que podrían estar implicados elementos del ejército de Bangladesh es cuando menos inquietante. 
Pedimos con todas nuestras fuerzas que se busque una solución al conflicto que hace estragos entre todas las partes afectadas en la región de las colinas de Chittagong y apelamos a los responsables políticos para que hagan todo lo posible para detener la colonización y la militarización de esta región. 
Insistimos para que la ayuda humanitaria pueda encauzarse sin trabas. 
Por último, resulta urgente establecer una comisión de investigación para que los responsables del secuestro de la Sra. Kalpana Chakma sean denunciados y juzgados. 
Señor Presidente, señor Comisario, la colonización política y económica decidida por el Gobierno de Dhaka pone en peligro la existencia de poblaciones autóctonas enteras en el sudeste de Bangladesh. 
En Bangladesh se pisotean cotidianamente los derechos de 700 mil miembros de tribus que están obligados a vivir dentro de la región inexpugnable que son las colinas de Chittagong bajo la mirada vigilante del ejército de Bangladesh. 
Además, se ha intensificado la represión política en nombre de la lucha contra un terrorismo que en realidad no existe, como demuestra el caso de la ya citada desaparición de Kalpana Chakma, la joven líder del movimiento de los chakma, a la que ha hecho desaparecer literalmente el ejército. 
Es necesario dar pasos decididos ante el Gobierno de Bangladesh, presidido por la Sra. Sheena, para que cambie la política aplicada hasta ahora con respecto a la región de Chittagong y se comprometa a castigar realmente al responsable de la desaparición de Kalpana Chakma. 
Además, Europa debe obtener que la región controlada por el ejército se abra hoy a la visita de periodistas y de las ONG precisamente para tratar de evitar que sigan siendo pisoteados los derechos de esos habitantes. 
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para apoyar la propuesta de resolución común sobre derechos humanos en Bangladesh. 
Sé que ese pobre país- uno de los países más pobres del mundo- se enfrenta con múltiples problemas, pero eso no es óbice para que esperemos del Gobierno de Bangladesh el mismo respeto por los derechos humanos que esperamos de los demás países del mundo. 
Sabemos que el ejército de Bangladesh ha participado en la represión de las tribus de las colinas de la región de las colinas de Chittagong, y nos preocupa que el ejército esté evitando que haya libertad de circulación y libertad de expresión política y cultural. 
Corren rumores de que por lo menos una unidad del ejército participó en la desaparición de la Sra. Kalpana Chakma, secretaria general de la Federación de Mujeres de las Colinas, el 12 de junio de 1996. 
Pedimos con insistencia que se ponga prontamente en libertad a esa señora, que se condenen las políticas de represión que se están llevando a cabo en el país, que el nuevo Gobierno de Bangladesh se comprometa de alguna manera a encontrar una solución pacífica del problema, y que las organizaciones de derechos humanos puedan visitar sin trabas esa parte del país. 
Señor Presidente, me referiré también a esta resolución sobre Bangladesh y no puedo sino confirmar lo que han dicho los dos oradores precedentes. 
Se trata de otra dificil situación en materia de derechos humanos en el mundo. 
Nos preocupa sobremanera lo sucedido con los Chakma, con la población de las colinas de Chittagong, y en especial la desaparición de la Sra. Kalpana Chakma. 
Confiemos en que al señalar estos casos a la atención del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, los militares desistan de llevar a cabo algunas de sus operaciones ya que, sin duda alguna, están en peligro derechos fundamentales de expresión, y hay restricciones de circulación y en materia de derechos culturales. 
El cuadro no tiene nada de agradable, y esperamos con interés la opinión de la Comisión. 
Señor Presidente, permítame usar la palabra de manera seguramente inadecuada, pero creo que correctamente de acuerdo a la situación que se está viendo en estos momentos. 
Vamos a hablar, creo, sobre Venezuela; así está enunciado en nuestras pantallas. 
Lamentablemente, en la resolución que vamos a discutir no se ha podido recoger una cuestión de última hora. 
Como sabe, en un penal de Venezuela han muerto decenas y decenas de reclusos en condiciones verdaderamente horribles. 
Algunos Gobiernos de la Unión, como el español, han exigido ya una aclaración inmediata de esta tragedia y el castigo de los responsables. 
Creo, señor Presidente, que debería tomar nota de esta situación para que nuestro Parlamento también se interesara en el mismo sentido. 
Venezuela 
Señor Presidente, la amenaza que las actividades de minería y de tala de árboles representan para las selvas tropicales, las poblaciones indígenas que habitan en ellas y el medio ambiente de América del Sur no es, desgraciadamente, nada nuevo. 
En los últimos años la devastación causada ha sido inmensa, particularmente en Venezuela. 
Según la FAO, entre 1981 y 1990 la deforestación en esa región alcanzó un promedio de 600.000 hectáreas al año- una superficie mayor que la de Costa Rica o la de Suiza -, lo que duplica la cifra correspondiente al decenio de 1970. 
La cifra correspondiente al decenio de 1980 era tres veces mayor que la superficie del Perú y dos veces mayor que la de Brasil y todos los países tropicales de América del Sur, juntos. 
El Estado de Bolívar en Venezuela ha sido escenario de nuevas concesiones para la extracción de madera y ha sufrido las consecuencias de actividades incontroladas de extracción de oro en terrenos aluviales. 
Ahora el Gobierno de Venezuela tiene la intención de revocar los decretos que prohibían ese tipo de actividades en el estado de Amazonas, que anteriormente era un territorio caracterizado por sus políticas de conservación. 
De hecho, en el Estado de Amazonas es donde la Comisión está financiando un proyecto, junto con el Gobierno, para promover la conservación. 
Difícil será que no reaccionemos con cinismo si el Gobierno abre ahora la puerta a la destrucción ambiental en el mismo Estado. 
Cierto es que en la actualidad Venezuela está sometida a graves presiones económicas. 
La pobreza extremada ha aumentado del 25 por ciento a casi el 50 por ciento en los 15 últimos años, y la deuda externa absorbe del 20 al 30 por ciento de todos los ingresos de origen extranjero. 
De todos modos, parece haber considerable oposición a esas propuestas en el propio país y tenemos que hablar con firmeza y pedir a la Comisión y al Banco Mundial que se opongan también a las propuestas. 
La deforestación no puede resolver los problemas económicos a largo plazo de Venezuela pero puede causar mayor mortalidad entre las poblaciones indígenas y puede destruir recursos valiosos. 
El Parlamento Europeo debe manifestarse con firmeza sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión de derechos humanos y protección de la naturaleza. 
Protección de la naturaleza, porque este mes el Gobierno de Venezuela quiera dar permiso para la explotación minera y la tala de árboles a gran escala en los Estados del Amazonas. 
Esto es por supuesto muy malo para la selva tropical, que será aniquilada. 
Pero la explotación minera y la tala de árboles también suponen una catástrofe directa para miles de indios que viven allí. 
Las enfermedades extrañas y la contaminación del agua subterránea por la minería constituyen una grave amenaza para la salud de estos pueblos. 
Pero esta resolución tiene que ver también con un interés directo de la Unión Europea, pues a fin de cuentas un proyecto ambiental financiado por la Unión Europea se encuentra muy cerca del proyecto que ahora se ve afectado por la minería. 
Este proyecto incluso se verá gravemente socavado. 
Por ello consideramos muy necesario que la Comisión Europea, que tiene cierta responsabilidad en esta región a causa de este proyecto, emprenda una acción ante las autoridades venezolanas y el Banco Mundial. 
Señor Presidente, el Gobierno de Venezuela prevé derogar dos reglamentos, lo que permitirá de nuevo la minería y la tala forestal en la selva. 
Pero se tenía que haber dicho que tales actividades en la selva conducen a daños ecológicos irreparables. 
Las excavaciones ilegales de los mineros venezolanos y de los buscadores brasileños de oro y de diamantes, que las autoridades son incapaces de controlar, constituyen ya un enorme peligro para la región. 
Igualmente, se siguen destruyendo los espacios vitales de los pueblos indígenas y de esta manera se los condena a muerte. 
No nos corresponde prescribir a Venezuela si debe o no explotar sus riquezas, pero cuando esta sensible región del Amazonas haya sido destruida los venezolanos y sus generaciones venideras, sin contar el resto de la humanidad, serán los primeros que tendrán que pagar las consecuencias. 
La UE debe apoyar a Venezuela y a los demás estados del Amazonas en la búsqueda de alternativas. 
Venezuela se encuentra ya en una vía parcialmente acertada, como hemos podido constatar in situ hace poco tiempo. 
Estoy convencido de esto: quien no resuelva los problemas ecológicos o quien los agudice, agudizará los problemas sociales, y quien no solucione los problemas sociales agudizará también los problemas ecológicos. 
Es preciso romper de una vez este círculo vicioso y la Unión Europea debe ofrecer su ayuda aquí y también en Europa. 
Bulgaria 
Señor Presidente, Bulgaria, uno de los seis países de la Europa Central y del Este que tienen un acuerdo de asociación con la Unión Europea, está afrontando una múltiple crisis económica y social. 
El motivo concreto de nuestra resolución es la aguda falta de cereales que el país padece este año, situación de escasez que a la vista del invierno se está volviendo dramática y que puede tener grandes y serias repercusiones en la población búlgara. 
Creo que debemos lanzar un programa extraordinario de ayuda a Bulgaria que le permita solucionar este serio problema de abastecimiento. 
Con todo, creo que es más importante aún dirigir al pueblo y al gobierno búlgaros el mensaje positivo de que la Unión Europa, respetando su compromiso moral con el acuerdo de asociación, está dispuesta a apoyar al pueblo búlgaro en sus dificultades actuales y a asegurarle que las relaciones de ese país con la Unión Europea no se ponen en entredicho ni en peligro por tales dificultades. 
Señor Presidente, con el debido respeto por los sentimientos humanitarios que ha expresado el Sr. Papakyriazis en la resolución del Grupo Socialista, he de decir que la resolución me ha decepcionado porque no me esperaba tal falta de visión política por parte de los socialistas. 
En cuanto a Bulgaria, no se trata tan sólo de un problema humanitario, sino que tiene que ver muy estrechamente con la política del gobierno. 
La política de un gobierno que, de hecho, ha permitido- quizás también a amigos del gobierno- que se lleve a cabo una exportación excesiva de cereales sin tener en cuenta los intereses de la población y el suministro de alimentos a la propia población. 
Después resultó que había carestía. 
Es decir, que los precios de los cereales aumentan, delante de las panaderías pueden aparecer colas de ciudadanos que no tienen pan, los productos se encarecen y esos mismos amigos se ponen a importar cereales. 
Se puede ganar mucho dinero con ambas manipulaciones, y me parece muy negativo que no abordáramos esta cuestión en una resolución, que no criticáramos la política del gobierno en materia de exportación e importación, pues se trata de una cuestión importante. 
Por ello, los cristianodemócratas han presentado una resolución alternativa que básicamente dice: hagamos algo, pero critiquemos la política del gobierno para que la cambie, trabajemos a través de las ONG, de forma descentralizada y bien controlada, pero no dejemos que los amigos del gobierno vuelvan a aprovecharse una vez más de lo que estamos haciendo humanitariamente a toda prisa. 
Pienso que esta cuestión ha de abordarse sobre todo de forma política, y muy a mi pesar: intenté tomar la resolución socialista como base, pero finalmente no hubo acuerdo y no llegamos a una resolución de compromiso. 
Me atrevería a decir: prefiero no tener ninguna resolución a tener una que sea sólo humanitaria, pues con ello no ayudamos a la población a largo plazo. 
Si la política no es la correcta, nadie prosperará. En este caso, hemos de recalcarlo con fuerza. 
Señor Presidente, en efecto, las condiciones meteorológicas adversas pueden explicar la pobre cosecha en Bulgaria. 
Sin embargo, no bastan para explicar la debilidad, desgraciadamente crónica, de la economía búlgara en general y de su agricultura en particular. 
Una falta cruel de cereales, con una crisis económica como telón de fondo, es lo que agrava una situación social, ya lo suficientemente explosiva. 
La acción a la que el Parlamento invita a la Comisión trata, en primer lugar, de colmar de forma inmediata las lagunas en materia de abastecimiento. 
¡Muy bien! 
En cuanto al impacto de las medidas de urgencia preconizadas en la resolución, reconozcamos su legitimidad, pero también su carácter efímero. 
En un futuro más lejano, Bulgaria no podrá dejar de hacer las reformas dignas de ese nombre y de estar en condiciones de sacar al país del marasmo económico, con su parte de exclusiones y de miserias sociales. 
Zaire 
Señor Presidente, la situación en Zaire es bastante explosiva debido al violento enfrentamiento entre el ejército zaireño y la milicias banyamulengues. 
Como sabe usted, en Zaire hay diferentes tipos de refugiados, tanto tutsis como hutus, que viven en las circunstancias más miserables. 
La situación es tal que la Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda internacional han decidido interrumpir parcialmente la ayuda. 
Por consiguiente, es absolutamente necesario abrir vías para ocuparse de que la ayuda humanitaria llegue a los refugiados de Zaire, que a fin de cuentas no están allí por placer. 
Quisiera pedir a la Comisión Europea que hiciera todo lo que esté en sus manos por ocuparse de que el Gobierno de Zaire asuma su responsabilidad con los refugiados y que se envíe ayuda a los refugiados. 
Naturalmente, desde Europa hemos de intentar encontrar vías para que la ayuda humanitaria llegue hasta los refugiados. 
Señor Presidente, Señorías, en este Parlamento se ha dicho repetidas veces que hay que solucionar el problema de los refugiados ruandeses en territorio zaireño, si queremos evitar un conflicto grave. 
Ahora ya está. 
La situación es muy preocupante. La Sra. Van Dijk acaba de señalarlo. 
A finales del mes de septiembre, como indica el proyecto de resolución, tuvo lugar un enfrentamiento entre unidades del ejército de Ruanda y Zaire. 
Los alimentos de ayuda humanitaria son bloqueados para dejar morir de hambre a la población y pende una gran amenaza sobre la zona, entre otras cosas por el grado de nerviosismo que se palpa desde hace algunas semanas en Zaire. 
Es hora de lanzar una gran iniciativa de diplomacia preventiva, si hay que hacerlo es ahora. Me dirijo a nuestro colega Kouchner, que ya ha abogado de forma convincente por la diplomacia preventiva. 
Es ahora o nunca que hay que tomar una iniciativa semejante. 
Mientras no se solucione el problema de los refugiados, la comunidad internacional debería prohibir la presencia de unidades del ejército, tanto zaireño como ruandés o de donde sea, en el territorio de la provincia de Kivu. Pues con ello no se solucionará el conflicto y se producirá una masacre con enormes consecuencias tribales. 
Ahora todavía no podemos divisar hasta dónde puede extenderse este conflicto y lo que puede suceder. 
El proyecto presentado por la Sra. Aelvoet en nombre de los Verdes puede contar con nuestra aprobación. 
Pero consideramos que es demasiado corto, yo diría demasiado blando, precisamente en este momento tan dramático. 
De ahí que hayamos intentado, quizás demasiado tarde, buscar contactos con diversas fracciones. 
Parece que la Sra. Aelvoet estaba enferma, y que por lo tanto no podía estar presente ni ayer ni hoy. 
Pero a raíz de los contactos ha surgido ahora un pequeño texto, un pequeño apartado. 
Ahora hay firmas de todos los Grupos, repito, de todos los Grupos aquí presentes, para que se añada como enmienda oral en el momento de la votación, con lo que se concede más fuerza a la resolución, mucha más force de frappe, si me permiten utilizar esta expresión. 
Lo repito. El texto lleva las firmas de todos los Grupos. 
Si este texto fuera aceptado, estamos convencidos de que tendríamos un texto muy bueno. 
Ello no excluye que dentro de unas cuantas semanas, cuando se examine la situación de los países de los Grandes Lagos, tenga que celebrarse un debate profundo sobre esta cuestión, pero en estos momentos, ahora que queremos pronunciarnos, dispondríamos de un texto que tendría que ser tenido en cuenta por la Comisión, el Consejo y la comunidad internacional, y que quizás podría salvar cientos de vidas. Quiero leerlo. 
» pide que se realice un último intento de diplomacia preventiva, y en su caso, pide a la comunidad internacional que haga cuanto sea posible para que la presencia de las fuerzas militares se prohíba en el territorio de Kivu. A la espera de la solución del problema de los refugiados, el territorio quedaría bajo la autoridad de las Naciones Unidas». 
Repito: lo han firmado todos los Grupos. 
Si pudiésemos aceptarlo como enmienda oral, podríamos votarla. 
Lo repito: puede ejercer una gran influencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, la Unión Europea no puede no estar preocupada por lo que está sucediendo en la región de los Grandes Lagos. 
Los enfrentamientos violentos del pasado mes de septiembre entre el ejército rwandés y zairense, los conflictos entre los milicianos banayamulenges tutsis de origen zairense y el propio ejército zairense, las tensiones exacerbadas presentes en Rwanda y Burundi hacen que esté extremadamente preocupada por el futuro. 
La inestabilidad profunda que reina en la región de los Grandes Lagos hace la situación delicada y preocupante, porque existe el riesgo de una guerra generalizada. 
Los cerca de 250.000 mil refugiados que se han refugiado en el Zaire oriental y más concretamente en la región de Uvira han sido dejados completamente solos porque el personal de las organizaciones internacionales humanitarias ha abandonado la zona por razones de seguridad y los programas voluntarios de repatriación han fracasado a causa de las tensiones que aún existen en la región, tensiones que no permiten a la población tener confianza en las autoridades locales, en el restablecimiento repentino de un statu quo civil y respetuoso con los derechos humanos y con la democracia. 
Tendremos que presionar al Gobierno del Zaire y también a sus países limítrofes para que se proteja a los refugiados, y toda la comunidad internacional debería movilizarse para que la suerte de la población de que se trata no se quede en una preocupación meramente verbal y demagógica sino que se exprese y se traduzca en una acción concreta en la que colabore también la Organización para la Unidad Africana. 
Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Tindemans; hay que desplegar todos los esfuerzos para realizar una diplomacia preventiva y poder finalmente llegar a un proceso de paz que todos nosotros deseamos, salvaguardando las libertades fundamentales y los derechos humanos. 
Señor Presidente, ya se ha dicho, desde hace algunos días reina una situación explosiva en el norte de Kivu. 
Los combates étnicos que bañan de sangre esta región han lanzado a las carreteras a una marea humana de 250 000 refugiados. 
En menos de una semana, los doce campos de refugiados de Uvira han quedado vacíos. 
Las pocas ONG humanitarias que todavía quedan en el lugar informan de 78 civiles muertos en los enfrentamientos con el ejército zaireño en Banyamulenge, que son tutsis de origen rwandés, instalados en Zaire desde hace generaciones. 
El tiempo apremia, porque los combates se han extendido al conjunto de las provincias fronterizas de Rwanda, Burundi y Uganda. 
Es la razón por la que pedimos a la Comisión que estudie, con los países de la región, la creación de pasillos para encauzar la ayuda humanitaria destinada a los refugiados: desgracidamente, sólo quedan víveres para tres días. 
Hoy nos hemos enterado de que Bélgica aceptaría desempeñar un papel de mediador con miras a establecer conversaciones entre el Zaire y Rwanda. 
A tal fin, se ha previsto que Kengo Wadondo y el general Kagamé se reúnan próximamente en Bruselas para evitar, si todavía es posible, un baño de sangre en el Zaire y un desastre humano en toda la región. 
Por supuesto, apoyo la propuesta del Sr. Tindemans. 
Señor Presidente, quiero expresarme en el mismo sentido que lo hacía el Sr. Tindemans para decir que, sin duda alguna, la crisis abierta en Kivu estos días- más bien el agravamiento de la crisis -, sólo encontrará una solución definitiva en la medida en que las Naciones Unidas con el apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea sean capaces de encontrar una solución global a la región de los Grandes Lagos en el marco de una conferencia internacional que ya está haciendo falta. 
Es evidente que la Comisión Europea no debe dejar de esforzarse. 
Al contrario, debe buscar las formas más adecuadas para que a los refugiados que allí se encuentran siga llegando una ayuda humanitaria que, en demasiadas ocasiones, es tomada en sus manos por el ejército zaireño para usarla como una especie de arma alimentaria. 
Pero a mí me gustaría decir también que en esta crisis es imposible olvidar quién está en el Gobierno en Zaire, el general Mobutu, que no es precisamente un demócrata y que está tratando de utilizar el agravamiento de esta crisis para una entrada a lo grande otra vez en su país para mantenerse en el poder muchos años más. 
Evidentemente, no podemos olvidar que algunos países europeos, y particularmente Francia, están favoreciendo en el terreno diplomático el mantenimiento del general Mobutu en el poder de Zaire. 
En ese sentido quiero respaldar, por supuesto, las iniciativas que ya se han dado. 
Croacia 
Señor Presidente, en todas las democracias hay cabida para las críticas. 
Ese principio fundamental parece no aplicarse en Croacia. 
Recientemente, Croacia fue admitida en el Consejo de Europa, y esta decisión es, a mi entender, cuando menos, precipitada. 
El Consejo de Europa tendría que haber esperado por lo menos a que el país cumpliera la condición formulada por el Consejo este mismo año. 
Las restricciones a la libertad de prensa es una de las razones que tendrían que haber frenado la admisión. 
La situación de este país está muy alejada de la democracia. 
Una nueva ley sobre la difamación no sólo sitúa al presidente y a cuatro altos funcionarios por encima de toda crítica, sino que además es un instrumento para hacer la vida difícil a la prensa independiente. Hay muchos juicios en curso contra estos medios de comunicación, que por ello ven amenazada su supervivencia económica. 
Por último, muchos estudios de organizaciones influyentes demuestran que Croacia viola en numerosos aspectos el acuerdo de Dayton. 
Se bloquea el regreso de refugiados y se habla de un gran número de casos de pillaje, incendios provocados, asesinatos e intimidación contra los serbocroatas. 
Además, Croacia socava con sus acciones el proceso de paz en Bosnia Herzegovina. 
De este nuevo miembro del Consejo de Europea cabe esperar y exigir que cumpla los acuerdos de Dayton y respete la democracia y los derechos humanos. 
Señor Presidente, en lo que respecta a la resolución del Grupo de los Liberales, he de decir que contiene diversos puntos de los que nuestro Grupo también quiere ser portavoz. 
Sin embargo, hay dos cuestiones que quisiera mencionar en conexión con lo que ha dicho el Sr. Bertens. 
En primer lugar, en nuestro Grupo han surgido objeciones frente al considerando E, porque se trata del cierre de Radio 101 en Zagreb, del que no está claro si el modo en que se redactó concuerda plenamente con la realidad. 
Dicha emisora de radio obtuvo continuos aplazamientos del cumplimiento de sus obligaciones, y ahora de nuevo, y pienso que podría concluirse adecuadamente, en parte porque también se ejerce presión sobre Croacia de otra forma. 
Otra cuestión es el apartado 4 de la resolución en que se habla de que no esperábamos que el Consejo de Europa admitiera a Croacia. 
Mi Grupo no esperaba precisamente esto. 
Cuando se admitió a Rusia, pensamos que ya no tendríamos nada en que apoyarnos cuando le llegara el turno a Croacia. 
En realidad, el Consejo de Europa hace ya tiempo que vive en pecado, y nosotros tenemos la impresión de que si se admite a un país grande por motivos muy dudosos, en realidad ya no hay suficientes argumentos para dejar fuera a un país pequeño con pecados más leves. 
Por consiguiente, querríamos seguir de cerca el asunto como también se propone en el apartado 5. Queremos recalcarlo. 
Pero no esperábamos que el Consejo de Europa denegara la entrada de dicho país. 
En lo que respecta a la resolución, he presentado algunas enmiendas en nombre del Grupo del PPE, concretamente para equilibrar un poco más la cuestión y hacer notar a los destinatarios que nos tomamos en serio sus sentimientos, sobre todo al descubrir las fosas comunes en torno a Vukovar, que lo tendremos en consideración, y quisiera centrarme menos en la situación interior y considerar un poco más los efectos exteriores de la actuación del gobierno de Zagreb. 
Ello queda reflejado en otras dos enmiendas. 
¡Es un desafío, señor Presidente! 
En unos minutos, pasar revista a ocho países, cuatro de ellos de Europa, si he contado bien, dos de África, uno de Asia y uno de América Latina. 
Esto demuestra al menos una cosa, y creo que es entristecedora; es que los ataques a los derechos humanos no son privativos, ni privilegios de una región, de un país, de un régimen o de un puñado de generales o de dictadores, sino que, desgraciadamente, el problema concierne cada vez a más países. 
El asesinato del Sr. Kakoulis ha elevado a cinco el número de personas asesinadas a lo largo de la zona tapón desde el mes de junio. 
No voy a reabrir aquí el debate sobre las relaciones con Turquía. 
La Comisión se ha pronunciado sobre el estado de las relaciones en su informe sobre la aplicación de la Unión aduanera y la situación de los derechos humanos en este país y ha tomado nota de su decisión de esta mañana. 
La Unión Europea condenó este nuevo acceso de violencia en una declaración que en su nombre hizo la presidencia irlandesa, el 17 de octubre pasado. 
La Unión Europea deplora esta muerte trágica, al igual que todas las ocurridas recientemente en Chipre. 
Por otra parte, la Unión Europea ha exhortado a las dos partes a tomar medidas urgentes para hacer desaparecer las municiones de guerra de los puestos situados en la línea de frente y ampliar la zona desmilitarizada, de conformidad con la petición de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea apoya los esfuerzos emprendidos con miras a reabrir rápidamente el diálogo entre las dos comunidades, para aportar una solución política global al problema chipriota bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Por último, deseo recordar que la estrategia de preadhesión de Chipre a la Unión Europea prosigue. 
La Comisión Europea, preocupada por contribuir a los esfuerzos de diálogo entre las dos comunidades de la isla, tendrá regularmente informada a la comunidad turcochipriota acerca de los progresos realizados por Chipre en la vía de su adhesión a la Unión. 
En efecto, una perspectiva de adhesión semejante debe facilitar el diálogo entre las comunidades y, en todo caso, debe disuadir cualquier acto de violencia. 
En segundo lugar, Sudán. 
La Comisión no puede sino denunciar la situación que prevalece en Sudán y, por supuesto, apoya la propuesta de resolución que se somete a la aprobación de ustedes. 
Deseo recordar que la Comisión ha suspendido su cooperación al desarrollo en el marco del Convenio de Lomé IV con Sudán en marzo de 1990. 
Esta decisión no afectó a los proyectos en curso dependientes de los Convenios de Lomé II y de Lomé III que prosiguieron hasta su plazo normal. 
La Comisión confirma, además, que la ayuda humanitaria encauzada vía ECHO prosigue desde 1993, al igual que la ayuda alimentaria. 
La Comisión no tiene ninguna intención de reanudar su ayuda al desarrollo en el futuro inmediato- y respondo a las preguntas de carácter político que se han hecho- y ha apoyado la iniciativa IGADD, es decir, esta organización intergubernamental para el desarrollo que reagrupa a los gobiernos de Sudán, Eritrea, Etiopía, Uganda y Djibuti y que trata de poner fin a la guerra civil en el sur de Sudán. 
La IGADD trata de promover las negociaciones entre las partes en conflicto en el sur del Sudán. 
La Comisión ha apoyado financieramente uno de estos encuentros, aun cuando no se haya visto coronado por un gran éxito. 
Pienso que no es una razón suficiente para desesperar y menguar nuestros esfuerzos. 
En tercer lugar, el atentado contra el patriarca ecuménico en Estambul. 
La Comisión deplora el atentado contra el patriarca ecuménico, ocurrido en la noche del 28 al 29 de septiembre pasado. 
Afortunadamente, éste no produjo víctimas. 
Todavía no se conocen los resultados de la investigación efectuada por la policía turca. 
Dicha acción fue reivindacada por una organización terrorista, pero este hecho no ha sido confirmado por la investigación en curso. 
Por lo que respecta a la reparación de los daños causados por el atentado, el presupuesto comunitario no ofrece la posibilidad de financiar estas reparaciones. 
Sin embargo, de acuerdo con las últimas informaciones que poseemos, han comenzado ya los trabajos de reparación. 
La Comisión fue informada del secuestro de la Sra. Kalpana Chakma en la noche del 11 al 12 de junio de 1996, por un grupo de hombres armados y no identificados. 
Con frecuencia, se han producido actos de violencia en la República Popular de Bangladesh, en las colinas de Chittagong, por una parte, entre las fuerzas de seguridad de Bangladesh y los colonos musulmanes bengalófonos y, por otra parte, las tribus locales compuestas esencialmente por Chakmas budistas. 
El último incidente importante fue la matanza de 30 colonos bengalófonos. 
Entre los numerosos casos de violación de los derechos humanos perpetrados contra la población tribal, varios se atribuyeron a las fuerzas de seguridad de Bangladesh durante estos veinte últimos años. 
La India cuenta todavía hoy 50 000 personas que viven en campos de refugiados. 
La comunidad internacional pidió en varias ocasiones al Gobierno de Bagladesh que prosiguiera el proceso de paz y prolongara el alto el fuego. 
El Gobierno de Bangladesh continúa prohibiendo el acceso de las colinas de Chittagong con la ayuda proporcionada por los países donantes. 
El 10 de marzo de 1996, con motivo de la reunión del grupo de ayuda en París con los donantes bilaterales y multilaterales, la delegación alemana y la delegación de la Comisión insistieron ante Bangladesh para que respetara los derechos humanos y acelarara el proceso de paz de las colinas de Chittagong. 
Como respuesta, la delegación de Bangladesh declaró que el nuevo gobierno en el poder desde julio de 1996 está decidido a arreglar esta cuestión mediante negociaciones que impliquen a los jefes de las tribus así como al Gobierno indio. 
Además, el 30 de septiembre de 1996, decidió formar un comité nacional encargado de encontrar un reglamento político negociado para la situación en las colinas de Chittagon. 
La orientación de este nuevo Gobierno, bajo el mando de la primera ministra, Sra. Cheik Azina, ofrece nuevas esperanzas para dar con un reglamento político pacífico. 
La Comisión Europea, a través de su delegación en Dhaka, está muy atenta a la evolución de la situación en las colinas de Chittagong. 
Apoyará el proceso de paz mediante una ayuda al desarrollo destinada a las comunidades locales, en el momento en que las condiciones de seguridad permitan el paso de la ayuda externa. 
Quinto: Venezuela. 
La Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo. 
Así, como algunos de entre ustedes lo han recordado, en efecto, en diciembre de 1993, la Comisión decidió contribuir a los esfuerzos desplegados por las autoridades venezolanas, bajo los auspicios del Ministerio de Recursos Naturales Renovables para establecer la reserva de la biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare, en el sur del país. 
Esta reserva de la biosfera fue creada en junio de 1991. 
Cubre una superficie de 84 000 km2, en el Estado de Amazonas y comprende, además de los parques nacionales, áreas indígenas y monumentos naturales. 
En este Estado de Amazonas, se explotan yacimientos mineros, sobre todo, por parte de los buscadores de oro, los «garimpeiros» , sin el control suficiente. 
Asimismo, la explotación de la madera, en este Estado, se realiza a través del servicio forestal del Ministerio venezolano de Recursos Naturales Renovables. 
De acuerdo con las informaciones de que dispone la Comisión, una propuesta de revocación de los decretos que se contemplan en los proyectos de resolución de su Asamblea, fue presentada por el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela. 
Pero el Ministerio de Recursos Naturales se opone a ello, habida cuenta, sobre todo, de la existencia de la reserva de la biosfera en el Alto Orinoco. 
Hoy mismo, 24 de octubre, al parecer tendrá lugar una reunión interministerial sobre este tema en presencia del Presidente de la República. 
Por supuesto, la Comisión no dejará de informar a su Asamblea de los resultados de esta reunión, en el momento en que tenga conocimiento de ellos. 
Sexto: Por último, por lo que respecta a Bulgaria, la Comisión comparte los temores expresados por el Parlamento sobre la previsible escasez de cereales en Bulgaria. 
El origen de esta escasez está en la lentitud de los procesos de reforma agraria, en particular, por lo que respecta al derecho de propiedad y la liberalización de los mercados. 
El problema se ha visto acentuado por una crisis macroeconómica general muy seria y por las condiciones atmosféricas desfavorables del invierno y de la primavera pasada. 
Bulgaria ha solicitado a la Comisión y a los Estados miembros una ayuda alimentaria. 
El Presidente Santer ha recordado recientemente que, previamente, el Gobierno búlgaro debería hacer progresos decisivos en la realización del programa de reformas macroeconómicas y estructurales. 
En el ámbito agrícola, estas medidas deben prever el restablecimiento de la confianza de los labradores e invertir la tendencia a la baja de la producción. 
A falta de una decisión concluyente del gobierno, la producción de cereales se seguirá deteriorando en 1997 y 1998. 
El 22 de octubre pasado se reunió el Comité de Asociación entre la Unión y Bulgaria. 
En esta ocasión, Bulgaria afirmó estar dispuesta a acelerar las reformas y subrayó que, en breve, necesitaría cereales para poner remedio a un grave desequilibrio de cereales. 
Para apoyar los esfuerzos de Bulgaria en este sentido, la Comisión Europea ha aceptado ya suavizar las condiciones agrícolas estipuladas en el marco del programa PHARE- 7 millones de ecus- con el fin de aumentar las siembras para la cosecha de 1997. 
Por supuesto, esto permitirá ayudar a remediar las causas de la situación actual. 
Séptimo tema: Zaire. 
La Comisión expresa su profunda inquietud por la situación cada vez más grave en el Zaire, en la frontera rwandoburundesa y no puede sino compartir las preocupaciones expresadas antes por el Sr. Tindemans, la Sra. Léonard y otros intervinientes. 
Además de los graves problemas humanitarios que continúan castigando a las poblaciones inocentes que ya han sufrido mucho todas ellas, independientemente de que sean etnias o nacionalidades, el riesgo de un conflicto a nivel regional es hoy particularmente preocupante. 
La Comisión está convencida de que sólo una solución política, en el marco de una diplomacia preventiva, puede solucionar los problemas de la región. 
A tal fin, la Comisión y los Estados miembros apoyan la acción del enviado especial de la Unión Europea en la región de los Grandes Lagos, el Sr. Ajello, así como los esfuerzos activamente desplegados por los líderes africanos para reanudar el diálogo entre las partes. 
El Sr. Ajello es, en particular, el encargado de intensificar sus contactos con el Zaire y Rwanda. 
Asimismo, la Comisión hace un llamamiento a la OUA para que aporte su contribución a la solución de este conflicto. 
Por lo que respecta a la creación del pasillo para encauzar la ayuda humanitaria a los refugiados que han abandonado los campos de Uvira, creación pedida por este Parlamento, la Comisión recuerda que el mandato internacional de protección de los refugiados en la región de los Grandes Lagos ha sido confiado al Alto Comisionado para los refugiados. 
Desde el inicio de la crisis, el Alto Comisionado se encarga de la ayuda al conjunto de los refugiados de la región, con el apoyo de los Estados miembros y de la Comisión, y puedo asegurarles a ustedes que no escatimaremos esfuerzos y que haremos cuanto sea necesario para prestarle toda la ayuda que necesite. 
Además, la Comisión ha abordado la cuestión de Kivu en su última sesión que tuvo lugar el martes en Estrasburgo, y sigue con atención la evolución de la situación. 
A petición del Presidente, de la Sra. Bonino y del Sr. Pinheiro, a partir del 23 de octubre, se estableció una célula de crisis ante la Oficina humanitaria de la Comunidad Europea, ECHO. 
La misión de dicha célula es seguir cotidianamente la evolución de la situación en Kivu y proponer a la Comisión medidas destinadas a evitar cualquier nuevo drama humano. 
Y para terminar, último tema: Croacia. 
La Comisión Europea comparte la preocupación de los honorables diputados por lo que respecta a la seguridad de los serbocroatas en los antiguos sectores norte y sur de la Krajina así como las posibilidades de retorno de los refugiados serbocroatas a su lugar de origen. 
La ley de amnistía recientemente aprobada constituye un progreso importante a este respecto. 
Sin embargo, las autoridades croatas pueden hacer más para crear la confianza necesaria entre los serbios que desean volver. 
Deben garantizarles la seguridad en Croacia y el respeto total a los derechos humanos y a las minorías. 
La Unión Europea y el Consejo de Europa siguen de cerca la evolución política en Croacia y prestan una atención especial a la situación de los refugiados. 
A falta de una solución satisfactoria a esta cuestión, es difícil que sea posible una paz duradera entre los Estados de la región. 
La concesión de una ayuda económica así como el establecimiento de vínculos más estrechos entre la Unión Europea y Croacia dependen de manera decisiva de tres factores que deseo recordarles: en primer lugar, el respeto total por parte de Croacia de sus obligaciones derivadas de los acuerdos de paz de Dayton y de París. En segundo lugar, el respeto de los principios de la democracia, de los derechos humanos y de las minorías. 
Gracias, señor Comisario. 
Debo constatar que ha cumplido usted muy bien con su difícil tarea, pero con cierta extensión en lo que al tiempo se refiere, lo que no facilita mi labor. 
Ni tan siquiera puedo elevar una queja contra usted porque comprendo muy bien sus problemas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17: 30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Boogerd-Quaak y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Belarús; -B4-1177/96 del Sr. Robles Piquer y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el referéndum relativo a la concesión de plenos poderes al Presidente de Belarús; -B4-1191/96 de las Sras. Schroedter y Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la amenaza de establecimiento de un régimen autoritario en Belarús; -B4-1197/96 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación política en Belarús. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, tenemos ante nosotros una propuesta de resolución común que, en mi opinión, expresa de una forma llena de comprensión nuestra preocupación por la situación política y social en Belarús. 
Por lo demás, si me permiten la puntualización, faltan los Verdes. 
Estos no están mencionados, sin embargo han estado presentes en las negociaciones y dan su conformidad a la propuesta de resolución en su forma actual. 
Belarús se encuentra en una difícil situación económica, política y social. 
Responsable de esto es la ausencia de una política de reformas que goce de credibilidad. 
Tenemos en Belarús un presidente que no entiende el signo de los tiempos y que a través del control gubernamental de la industria y de los bancos, mediante intervenciones en el régimen constitucional democrático, mediante la puesta en cuestión de la independencia nacional y mediante la limitación de la libertad de pensamiento, de la libertad de prensa y de los derechos sindicales quiere hacer retroceder a Belarús a un conservadurismo estructural que ya no existe y que ojalá no exista jamás en esta forma. 
Sabemos que casi todas las fuerzas de Belarús son partidarias del acuerdo de asociación y cooperación así como del acuerdo provisional con la Unión Europea para tener un marco contractual estable para su actividad económica y sus relaciones generales con la Unión Europea. 
Celebramos esto expresamente y lamentamos que en la propuesta de resolución común nos hayamos decidido por apoyar por el momento que el acuerdo provisional no sea aprobado ni suscrito por parte del Parlamento, sino por apoyar un aplazamiento. 
Por lo demás, Belarús no se debe decidir por Rusia o por Europa, como se dice una y otra vez. 
Pero debe introducir de una vez una política lineal y abierta y debe hacer patente qué es lo que quiere. 
Tenemos acuerdos bilaterales de muchas formas, y para nosotros constituye algo evidente, pero ha de respetarse la voluntad del pueblo. 
El Grupo de los Socialistas- ya he aludido a ello- lamenta que en este momento no podamos dar nuestra conformidad al acuerdo provisional en su forma actual. 
Y celebramos expresamente que haya disposición en el gobierno a reconocer la salvaguardia de los derechos humanos en toda su extensión. 
Hay señales de ello, pero debo decir que una y otra vez que son solamente señales y no son suficientemente claras. 
Hemos de tener signos más precisos, y debe ser más reconocible el hecho de que el Gobierno de Belarús desea establecer una sociedad libre y democrática. 
Actualmente hay indicios de que el referéndum tendrá lugar el día 24 y sabemos que ha habido controversias antes. 
El Sr. Lukaschenko, el Presidente de Belarús, abogó por celebrarlo el día 7. 
Nos alegramos mucho de estos indicios, pero en su forma actual no son suficientes aún y quisiéramos esperar hasta el referéndum, para recibir señales más claras, para poder adoptar una decisión más clara del Parlamento Europeo, para poder actuar en favor de lograr el acuerdo provisional y, subsecuentemente, también el acuerdo de asociación y cooperación. 
Señor Presidente, la grave crisis constitucional de Belarús nos preocupa sobremanera. 
El Presidente Lukashenko se revela más y más como un dirigente autoritario que no se atiene a las reglas democráticas, por ejemplo, de la libertad de prensa, el derecho de asociación y la libertad de expresión. 
Afortunadamente han cedido las tensiones que surgieron a raíz de la organización de dos referendos conflictivos, al menos eso parece. 
Eso no quita que tengamos que estar atentos a cómo se formulan las preguntas para el referéndum. Además es conveniente que nos ocupemos de que las circunstancias durante dicho referéndum- el 24 de noviembre- sean todo lo democráticas posible. 
Esto, señor Presidente, exige que el Presidente y el Parlamento se esfuercen por hacer respetar la democracia y los derechos humanos. 
Es preciso garantizar el libre acceso a los medios de comunicación. Ha de garantizarse el derecho de reunión, pues de lo contrario pienso que es imposible hablar de un referéndum democrático. 
Señor Presidente, puedo sumarme a las palabras de mi predecesor en el uso de la palabra; lamentablemente, en el caso de Belarús sólo cabe ver lo que significa todavía hoy la herencia de la Unión Soviética. 
Sin embargo, este estado en el que, sin duda alguna existen demócratas que están intentando construir también una democracia libre, sufre de hecho en este momento bajo el gobierno de Lukaschenko, bajo una forma de gobierno autoritaria y todavía realmente represiva, como lo pone de manifiesto también la resolución. 
Sabemos las dificultades que tiene la oposición e instamos al Presidente a que deponga en este punto la actitud que ha mantenido hasta ahora y acometa las necesarias reformas democráticas y económicas y respete también la libertad de prensa, el estado de derecho y los derechos humanos. 
Doy la razón a mis colegas: nos gustaría tener el acuerdo de cooperación, pero ahora hemos de ser también consecuentes con la política que mantenemos siempre en este Parlamento ante la Comisión y el Consejo. 
En concreto, se trata de aplicar también la exigencia que nosotros introducimos en las cláusulas sobre la democracia y sobre los derechos humanos en los tratados. 
Y esto lo tenemos que hacer también, lamentablemente, en este caso y, en consecuencia, mi grupo apoyará también la consecuencia de esta resolución, es decir, suspender por el momento cualquier paso y esperar hasta que las autoridades de Belarús modifiquen el curso seguido hasta ahora. 
Entonces nos alegraremos con seguridad de suscribir y de ejecutar conjuntamente con las fuerzas democráticas de Belarús un acuerdo de cooperación, como lo estamos intentando también con los demás estados reformistas. 
Muchas gracias, señor Presidente. De nuevo tenemos a Belarús en las cuestiones de urgencia en el orden del día. 
Esto constituye un retrato del dramático empeoramiento de la situación en este país. 
Al reprimir cualquier movimiento de la oposición, el Presidente Lukaschenko practica sistemáticamente la división de la población. 
Con la expansión constante de su poder personal quiere ocultar su inactividad en el proceso de trasformación del país. 
Después de obstruir a la prensa de la oposición, tras la prohibición de los sindicatos y tras diversos intentos de presionar al Tribunal Constitucional, el Presidente inició en agosto un ataque a la Constitución y quiso trasferir a su persona mediante referéndum el poder legislativo. 
El Parlamento resistió este ataque masivo a su existencia con una perfecta contraestrategia empleando las amplias posibilidades de sus reglas de juego democrático. 
Hay que descubrirse ante este joven Parlamento. 
Lukaschenko inició la pasada semana su ataque total al Parlamento elegido convocando una Asamblea de la Unión, integrada por representantes no electivos, pero fracasó. 
Nadie desea la guerra civil en Belarús, pero los problemas del país tampoco se solucionarán con una candidatura a la Presidencia. 
Las fuerzas democráticas del país son valientes y, a pesar de los ataques, no se dejan disuadir en sus esfuerzos por lograr un proceso de reforma democrática. 
Sin embargo, no disponen de la mínima posibilidad de difundir sus ideas en el país. 
Ni siquiera para el referéndum tiene el Parlamento la posibilidad de acceder a la televisión. 
Esto sería lo mínimo para hablar de un referéndum democrático. 
El hecho de que suspendamos el procedimiento para el acuerdo no significa que queramos aislar a Belarús. 
Esto significa más bien la última posibilidad que tenemos para procurar que las fuerzas democráticas alcancen el éxito y se superen las viejas estructuras del sistema soviético. 
Quisiera enviar desde aquí un saludo a todas las personas de Belarús que apoyan desinteresadamente las reformas democráticas y quisiera mostrarles una vez más nuestra solidaridad. 
Insto, por otro lado, al Presidente Lukaschenko a que cese de una vez en su ansia de poder y a que en beneficio del proceso de transformación haga posible de nuevo la libertad de prensa y el acompañamiento crítico de la oposición. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, ve con enorme preocupación la evolución de la situación política en Bielorrusia. 
Somos conscientes de la parte de responsabilidad que globalmente posee el mundo occidental en el agravamiento de la crisis que padecen bastantes de estos países. 
Sin embargo, pensamos que la Unión Europea puede y debe llevar a cabo una política decidida hacia estos países y, en concreto, hacia Bielorrusia. 
Esta política europea debe basarse en tres principios: primero, exigencia de pleno reconocimiento de derechos democráticos- en concreto, los referéndums, las elecciones y la libertad de sindicación -; segundo, ayuda económica y social y colaboración estratégica en la solución de los problemas heredados; tercero, escalonamiento del mecanismo de asociación con la Unión Europea, ligado a las libertades democráticas, como una apuesta inequívoca por una Europa de libertad y democracia en el siglo XXI. 
Señor Presidente, al igual que en muchas otras antiguas repúblicas soviéticas, el proceso de reforma de Belarús es dificultoso. El estilo autoritario del gobierno del Presidente Lukashenko es preocupante. 
Además, el Presidente de Belarús ha restringido la libertad de prensa y la libertad de expresión. 
Debido a la atención unilateral por Rusia y a la política económica conservadora, Lukashenko ha colocado a Belarús en una posición aislada. 
Debido a los costes de la reintegración, no consiguió ganarse a Rusia, pero al mismo tiempo rechazó a Occidente. Esto a pesar de que el país necesita urgentemente el apoyo de otros países y de las entidades de crédito internacionales debido a sus graves problemas económicos. 
La Unión Europea se halla ante la difícil pregunta de cómo ha de reaccionar a estos desarrollos. 
Es preciso evitar un mayor aislamiento de Belarús y la desestabilización de la región. 
Al mismo tiempo habrá que dejar claro a Belarús que nos preocupan los desarrollos constitucionales del país y que la relación con la Unión Europea sólo podrá ampliarse si se cumplen los principios del Estado de derecho y la democracia. 
Así, está justificado el tenor del mensaje de Comisario Van den Broek al ministro de Asuntos Exteriores de Belarús, con ocasión de su encuentro al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada recientemente. 
Aunque nos damos cuenta de que este Parlamento ha aprobado anteriormente acuerdos entre la Unión y países en los que el Estado de derecho funciona deficientemente, creemos necesario aplazar provisionalmente la ratificación de diferentes acuerdos entre la Unión y Belarús. 
Un criterio importante para nosotros no es tanto si los desarrollos en un país son rápidos o lentos, sino si, a pesar de las deficiencias existentes, van por el buen camino. Esto es algo que no puede decirse de los desarrollos actuales en Belarús. 
Por ello apoyaremos la resolución común. 
Señor Presidente, la Comisión comparte plenamente las preocupaciones del Parlamento sobre la situación en Belarús donde los ataques a los derechos humanos, al Estado de derecho y a la democracia se han multiplicado. 
Las informaciones más recientes de que dispone la Comisión sobre la fecha del referéndum constitucional decidida por el Presidente Loukachenko dan cuenta de un compromiso que se ha adquirido entre el Gobierno y el Parlamento de Belarús. 
La fecha de dicho referéndum se ha aplazado del 7 al 24 de noviembre, como lo deseaba el Parlamento. 
Asimismo, se han hecho progresos mediante la creación de un comité mixto entre el Gobierno y el Parlamento para examinar el contenido de las cuestiones sometidas a referéndum. 
Las últimas gestiones de la Unión Europea y el reciente encuentro entre el Presidente Yeltsin y el Presidente Loukachenko, probablemente hayan desempeñado un papel positivo. 
Si se confirman estos nuevos acontecimientos, la situación en Belarús podría mejorar. 
La Comisión Europea se dedica al seguimiento cotidiano de la situación en Belarús y, por supuesto, informará a las comisiones competentes del Parlamento Europeo sobre cualquier nueva situación que se produzca en la materia. 
El acuerdo de asociación y de cooperación y el acuerdo interino firmados por la Unión Europea con Belarús no se ratificarán hasta que esta Asamblea haya emitido el dictamen conforme en cuanto al primer acuerdo y un dictamen simple por lo que respecta al segundo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al final del debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1145/96 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la prohibición de las minas antipersonal; -B4-1153/96 del Sr. Macartney y la Sra. Taubira-Delannon, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la conferencia de Ottawa sobre las minas antipersonal; -B4-1175/96 de los Sres. Oostlander y Fabra Vallés, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la conferencia de Ottawa sobre las minas terrestres; -B4-1198/96 del Sr. Piquet y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el fracaso de la conferencia de Ottawa sobre las minas antipersonal. 
Señor Presidente, Señorías, este Parlamento lleva años luchando, con iniciativas, audiencias, informes y acciones, contra el terror oculto de las minas antipersonales, mejor dicho, not the antipersonnel mines but the anti-people mines. 
En la Tierra hay todavía más de 100 millones, y cada año se añaden 2 millones más. 
Hace dos semanas, en Ottawa se organizó una conferencia de estrategia, a instancias y por iniciativa del Gobierno canadiense, a la que asistieron 50 países, que querían firmar un tratado para la prohibición total de estas the anti-people mines. Contaba con la presencia de 25 observadores, más de 80 ONG, la Cruz Roja, etc. 
Era una conferencia de estrategia. La estrategia era la siguiente: que a través de los esfuerzos de los presentes se ha decidido que se organizará una segunda Conferencia de Ottawa en Bruselas, en junio del año que viene, para sentar las bases de un tratado que prohíba las minas terrestres, no en el año 2001, sino en diciembre de 1997. 
Esta noticia, que nos trajo el ministro canadiense de Asuntos Exteriores, fue muy bien recibida. 
Espero que la Comisión, que se mostraba bastante activa, aunque no suficientemente, antes de la Conferencia de Ottawa, anuncie una acción común y en todo caso que tenga el valor de poner a los 15 Estados miembros en línea para que más adelante estos 15 Estados miembros firmen el tratado de prohibición total de estas anti-people mines. 
Señor Presidente, estamos ocupándonos de estas cuestiones dentro del marco general de cuestiones de urgencia y hay personas que dirán seguramente que las minas terrestres no son realmente un problema urgente, ya que durante muchos años seguirán estando donde están. 
Yo opino lo contrario porque, para alguien que vaya al campo en Mozambique o salga de una aldea en Camboya, se trata de un asunto urgente de vida o muerte. 
¿Llegará con vida al final del día? 
Esta iniciativa, tomada por un grupo en el que participan muchos grupos políticos de este Parlamento, con inclusión del Sr. Bertens que acaba de hablar y de otras muchas personas, es tan importante porque hemos estado reconociendo el liderazgo moral de la Unión Europea para decir que tiene que haber una prohibición completa de la utilización de minas terrestres. 
Esta iniciativa debe tener la misma energía que la cruzada contra las armas nucleares. 
No podemos vivir con las minas terrestres porque destrozan e invalidan de forma horrible a los inocentes civiles que se descuidan. 
Apoyo esta resolución con gran placer. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo y el Grupo del PPE están comprometidos en la obtención de un acuerdo internacional que obligue jurídicamente a la prohibición de las minas antipersonal. 
Dicha prohibición debería comprender la producción, el almacenamiento, la cesión, la venta, la exportación, así como, por supuesto, la utilización de tal arma. 
En efecto, en la práctica las minas antipersonal afectan sobre todo a las poblaciones civiles. 
Desgraciadamente, lo hemos comprobado en Angola, en Camboya o en Mozambique. 
Y seamos conscientes del hecho de que aun en el supuesto de una prohibición total e inmediata, nos harían falta decenios para desmontar los millones de minas ya desplegadas sobre el terreno. 
El Grupo del PPE desea que la Unión Europea y los Estados miembros aumenten sensiblemente sus esfuerzos en cuanto al desminado y la ayuda a las víctimas. 
Gracias a la iniciativa del Gobierno canadiense, se ha celebrado la reunión que ha dado motivo a la Conferencia de Otawa, un nuevo intento para avanzar hacia la prohibición mundial. 
Intento, a pesar de que no le guste al Sr. Bertens, fracasado una vez más. 
Pesada, eso sí, responsabilidad, muy especialmente para Rusia y para China. 
El Grupo del PPE se felicita por el hecho de que la Unión Europea, este primero de octubre, ha podido decidir una acción común, que compromete a la Unión y a sus Estados miembros a trabajar conjuntamente para la conclusión del acuerdo internacional deseado. 
Debo señalar en este contexto nuestra disponibilidad para apoyar toda iniciativa de la Unión y de sus Estados miembros con vistas a prohibir unilateralmente tal fabricación. 
Señor Presidente, la Conferencia de Ottawa sobre las minas antipersonal, a diferencia de lo que ha dicho algún diputado, de hecho ha fracasado. 
Ha fracasado porque no se ha alcanzado un acuerdo sobre la eliminación total de la producción y del uso de las minas antipersonal. 
En cambio, el Consejo Europeo ha decidido positivamente una nueva acción común. 
De esa acción común esperamos una firme iniciativa política de la Unión Europea para obtener precisamente la eliminación de las minas. 
Si no se logra conseguir el consenso necesario en el plano internacional para obtener la prohibición total de producir y de usar minas, entonces la Unión deberá hacer de ese tema una cuestión previa en sus relaciones económicas y comerciales con los terceros países. 
Además, considero un error trágico insistir, como hacen muchos, en las denominadas minas inteligentes, esas que se autodesactivan después de cierto número de años. 
En cambio, creo que el objetivo más justo es actuar para que esas armas no se construyan más. 
Cualquier objetivo que esté por debajo de éste es, efectivamente, inadecuado para la gravedad del problema. 
Señor Presidente, las minas antipersonal son uno de los peores flagelos que azotan a muchas regiones del mundo. 
Se ha demostrado que no son de ninguna utilidad para los fines militares a los que oficialmente están destinadas. 
En cambio, son un instrumento terrible para golpear a la población civil, para hacer inhabitables e inutilizables regiones enteras, para causar la muerte o la invalidez incluso decenas de años después de su colocación. 
Las minas son, pues, un arma terrorista, dirigida contra personas inermes; son poco costosas y están muy extendidas, mientras que la acción de desactivación y de saneamiento es costosísima, y los costes políticos, humanos y económicos que su uso supone son insoportables. 
La Conferencia de Ottawa, que se celebró a principios de este mes, aunque mostró cómo se está difundiendo la conciencia internacional sobre este tema, no ha permitido lograr ningún resultado significativo. 
Ya lo hemos dicho: Rusia, China, pero también otros países, son responsables de esta situación. 
Por consiguiente, es necesario que la Unión Europea lance, en particular sobre la base de la " acción común» adoptada el pasado 1 de octubre, una ofensiva política y diplomática que tenga como objetivo la prohibición total de la producción, del almacenamiento, del comercio y del uso de todas las minas antipersonal. 
Subrayo, todas las minas antipersonal. 
Por consiguiente, también las denominadas " minas inteligentes» , que no son inteligentes, como no lo son los que fomentan su difusión. 
Es necesario que éstas sean consideradas como las otras minas y, por lo tanto, que se prevea su eliminación. 
Pero para hacer creíble tal estrategia hay que empezar por dar buen ejemplo, es decir, procediendo unilateralmente, como países de la Unión Europea, a desmantelar los arsenales de minas que existen en Europa y a parar la producción de minas, incluso de las que no están destinadas a la exportación. 
Además hay que reforzar la cooperación internacional y la acción directa para la desactivación de minas, y definir asimismo la actividad de asistencia a las víctimas de las minas. 
Señor Presidente, la Comisión considera que el resultado de la conferencia de Ottawa es prometedor. 
En efecto, la declaración final de esta conferencia invita a los participantes «a cooperar con el fin de llegar lo más rápidamente posible a la celebración de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, que rechace los actos antipersonal». 
Se trata de un objetivo muy ambicioso, que proseguirá durante los meses venideros con la participación activa de la Unión Europea. 
Asimismo, la conferencia aprobó «el calendario para la acción contra las minas terrestres antipersonal». 
Éste determina las acciones a emprender a nivel mundial, nacional, regional e incluso subregional. 
Se convino en que Bélgica organizaría una conferencia de seguimiento, en junio de 1997, para estudiar los progresos realizados hacia la prohibición general. 
Como ustedes saben, la Unión Europea ha desempeñado un papel activo y determinante durante la conferencia, que supera ampliamente el simple leadership moral, gracias a la acción común aprobada sobre este tema el 1 de octubre. 
Ésta constituye una plataforma global y ambiciosa. 
Fue muy útil para los representantes de la Unión Europea para influir en el resultado de la conferencia. 
Proporcionó a la Unión los medios de acción que le permiten contribuir eficazmente y sin discriminación a poner fin a la utilización de las minas terrestres antipersonal. 
Asimismo, esta acción común refuerza la moratoria sobre las exportaciones. 
Por último, fortalece la voluntad de la Unión de participar en los esfuerzos de limpieza de minas a escala internacional. 
A este respecto, deseo recordar la acción que la Comisión despliega en el ámbito de la limpieza de minas, ya sea en el marco de la ayuda humanitaria o en el marco de la cooperación a la reconstrucción y al desarrollo. 
Este año, la Comisión debería dedicar aproximadamente 22 millones de ecus a la limpieza de minas. 
La Comisión agradece al Parlamento Europeo que, por primera vez, haya previsto en su presupuesto de 1996, una línea específica de 10 millones de ecus destinados a la limpieza de minas. 
Deseo precisar que estos créditos se han utilizado principalmente para financiar operaciones de limpieza de minas en Bosnia. 
El debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
En relación con Venezuela 
Sabe usted, señor Presidente, que ayer se produjo un drama terrible en Venezuela con la muerte de decenas de internos en un penal de ese país. 
Las circunstancias en que se produjo esta catástrofe no están claras ni tampoco se ha identificado a los responsables. 
Gobiernos como el de mi país, teniendo en cuenta además que un ciudadano español está entre los fallecidos, han pedido explicaciones inmediatas y justicia para los culpables. 
Yo pido que esta presidencia tome nota de este acto porque, obviamente, la resolución que vamos a votar sobre Venezuela no es solamente una cuestión de urgencia sino de principios. 
Gracias, señor Carnero. 
Estoy seguro de que toda la Asamblea comparte su sentimiento. 
Yo voy a trasladar el contenido de sus palabras al Presidente del Parlamento Europeo y entiendo que por el momento en que se ha producido esta catástrofe, que tanto sentimos, no se ha podido incluir en esta propuesta de resolución. 
Por lo tanto, habrá que buscar alguna vía que nos permita hacer llegar el sentimiento unánime de este Parlamento. 
En relación con el Zaire 
Muchas gracias, señor Tindemans. 
Por imperativo reglamentario, debo preguntar a la Asamblea si hay alguna oposición a su enmienda oral. 
No veo que haya ninguna manifestación en contra. 
Por lo tanto, Señorías, les propongo votar el conjunto de la resolución incorporando la enmienda oral del Sr. Tindemans. 
Turismo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto de los tres informes sobre el turismo. 
Señor Presidente, señoras y señores, tal como se deduce de todos los informes, es indiscutible que el turismo constituye no sólo uno de los sectores económicos más importantes de la Unión Europea, sino también un gran potencial para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Por consiguiente, no es comprensible, en absoluto, que precisamente el turismo no aparezca en el Tratado. 
Es totalmente incomprensible que estados cuyo bienestar depende también del turismo en gran medida, como por ejemplo Austria o, al menos, el actual gobierno de este país, se opongan al logro de un fundamento jurídico para este sector. 
Evidentemente, también sigue siendo indiscutible en esta cuestión el principio de subsidiariedad. 
Si se siguiera una orientación similar a la de la política industrial, precisamente en el sentido del artículo 120, cosa que parece oportuna y llena de sentido, habría que desmentir los reparos, pues mediante este artículo no se vulnera la subsidiariedad y a esto no va aparejado ningún compromiso financiero grande. 
Sin embargo, con dicho artículo se tendría la seguridad de que- al igual que en el caso de la industria- en el plano europeo podría producirse una dedicación global al tema del turismo sin vulnerar la subsidiariedad. 
Si se tiene en cuenta que la industria del carbón y del acero tiene todavía un papel específico en el tratado de la UE, aunque en ella, sólo en términos relativos, está empleada poca gente, es realmente absurdo que se subestime en esa medida precisamente el turismo, que es tan importante para el futuro de Europa. 
Sería acertado orientarse hacia programas como los que la política industrial desarrolla para la competitividad de la industria. 
El turismo europeo necesita un apoyo masivo en lo que respecta al desarrollo de la oferta y en lo que respecta a la comercialización común. 
Quien quiera ahorrar aún en un programa bienintencionado, y más que modesto, como «PHILOXENIA» , es claro que no ha advertido la importancia político-económica y político-social del turismo. 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, quiero iniciar esta intervención apoyando cuanto se había dicho en el debate sobre turismo- interrumpido, lamentablemente, a la una de la tarde-. 
Por tanto, resulta ocioso repetir lo ya manifestado por otros colegas, aunque sí quiero señalar que con dificultad se me alcanza que la Comisión Europea no haya recogido en su texto original la petición de este Parlamento, aprobada mayoritariamente por dos veces en los Plenos de diciembre de 1994 y de febrero de 1996, de promover la creación de una Agencia europea del turismo- a todas luces necesaria-. 
Por ello, hemos vuelto a presentar, señor Comisario, dicha petición diputados de todo el arco parlamentario. 
Como democráticamente resulta difícil de justificar esta sordera ante la reiterada petición de este Parlamento, la Comisión ofrece a cambio la creación de una red de investigación y de documentación turística y por la enmienda séptima se admite la importancia de una política de turismo a nivel europeo que no dé lugar a más burocracia y reglamentaciones, etc., con lo que subliminalmente se colaboraría a un naufragio de la citada agencia. 
Ello nos ha llevado- a mí y a otros colegas, de diferentes grupos del arco parlamentario, como le decía hace un momento- a presentar la enmienda nº 28, por la que se somete de nuevo a este Parlamento el desarrollo y puesta en marcha de la citada agencia. 
Confiemos en que la Comisión se dé esta vez por enterada, dada su nueva remodelación (en clave balear el tema resulta fácilmente entendible y así lo comprenderán las queridas gentes de Menorca). 
Subrayado este tema, sólo me resta felicitar a las ponentes y, muy especialmente, a la Sra. Bennasar, por estos informes tan positivos que reafirman la necesidad de la puesta en marcha y definición de una política comunitaria del turismo ahora, señor Presidente, que además hemos conseguido algo de dinero. 
Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de ciertos retrocesos el turismo sigue siendo un sector económico en crecimiento. 
Si son ciertos los pronósticos, dentro de unos años el turismo representará la actividad económica más importante a nivel mundial, incluso por delante de la industria pesada y automovilística. 
En la actualidad más de 9 millones de personas trabajan ya directamente en este sector y la tendencia es ascendente. 
El hecho de que la gran masa de las empresas implicadas se sitúen entre las pequeñas y medianas empresas, acarrea, naturalmente, grandes dificultades. 
Por otro lado, la variedad de niveles de las empresas participantes garantiza el individualismo que precisamente es necesario en el turismo. 
De 1, 2 millones de empresas turísticas el 95 % son pequeñas empresas con menos de 9 empleados. 
Es preciso fomentar de manera especial este individualismo y las diferencias y peculiaridades regionales. 
Sólo de esta forma cabe poner a disposición de los consumidores una oferta amplia. 
Y sólo de esta forma pueden hacer valer en leal competencia las regiones sus más específicas peculiaridades. 
Por consiguiente, es preciso apoyar a este sector esperanzador del turismo. 
A este respecto, pienso especialmente en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que acabamos de mencionar, en medidas fiscales específicas para fomentar la infraestructura turística, en la correspondiente utilización de la ayuda regional y en otras medidas semejantes. 
Pienso también, de manera muy especial, en la necesidad de elevar la calidad del turismo europeo. Para ello es absolutamente necesario elevar en este sector el nivel de formación. 
Es preciso disponer de un conocimiento de las numerosas diferencias de este sector para poder aplicar medidas eficaces. 
A este respecto, » FILOXENIA» está en la vía correcta, sobre todo en los sectores de la información y de la coordinación. 
La gran capacidad de atracción de Europa reside en su variedad cultural, paisajística, histórica y étnica. 
El consumidor desea poder seguir eligiendo entre las ofertas más variadas. 
Por consiguiente, reitero específicamente la exigencia de que se recoja el turismo en el Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, estamos francamente a favor del primer programa plurianual en pro del turismo europeo, PHILOXENIA, en cuyo texto se deben introducir las oportunas y juiciosas enmiendas de la Sra. Bennasar Tous. 
El turismo de interés europeo debe tener un gran apoyo de la Unión y también todo el entusiasmo de los países comunitarios, dados los efectos positivos que produce, sobre todo por los puestos de trabajo que crea y por la difusión de los valores sociales y culturales propios de Europa que propicia. 
Aún ha sido insuficiente el aprovechamiento del enorme potencial turístico europeo, sea cual fuere el aspecto que consideremos. 
Y, si se debe hacer todo lo posible con vistas a promover en Europa el aumento del número de turistas, ya sean comunitarios o procedentes de terceros países, es necesario ahondar los conocimientos en el sector del turismo, mejorar el marco legislativo y financiero y la calidad del turismo, en el que debe prevalecer el respeto del medio ambiente y se debe velar por la seguridad del turista. 
Conviene mencionar la necesidad prioritaria de la aceptación presupuestaria y de refuerzos para abarcar acciones que entren dentro del ámbito de este programa. 
Y de entre esas acciones destacamos las que revisten carácter transnacional o transregional, que obligarán a la cooperación entre Estados miembros o regiones, a los cuales deberán exigir sobre todo una mejora significativa de la calidad, la periodicidad y el precio en los medios de transporte. 
Ejemplos de esa cooperación, señor Presidente, son proyectos comunes entre Portugal y España con vistas a la divulgación de tantas manifestaciones de cultura de la Península Ibérica o entre Madeira, Azores y Canarias para el conocimiento de los recursos naturales y del patrimonio cultural de la región biogeográfica de la Macaronesia. 
En este aspecto, nos resulta también grato que se haya destacado en el informe Bennasar Tous la importancia en aumento que tiene el turismo en las regiones menos desarrolladas, ultraperiféricas e insulares, lo que les permitirá recibir trato especial o prioritario, incluso para la adopción de medidas económicas y fiscales adecuadas para el sector del turismo. 
Señor Presidente, provengo de una zona turística y una de las cosas que quisiera destacar es que, aunque el turismo puede ser de gran importancia para la economía local, particularmente para las empresas pequeñas y medianas, tenemos que concebirlo de una forma apropiada. 
Hay muchos ejemplos de turismo que se concentra en un pequeño número de meses, con el consiguiente incremento de los daños ambientales y de las presiones para la infraestructura de algunos países. 
Esto obliga a confeccionar planes turísticos que prevean el desarrollo del turismo durante todo el año, pues de lo contrario se producirá una situación de empleo de temporada, con bajos salarios y escasa seguridad laboral. 
Esas son todas las consideraciones que hay que tener en cuenta, sin que el medio ambiente- como ha mencionado ya el orador precedente- figure en último lugar. 
Hay una cuestión concreta a la que quiero referirme esta tarde, una cuestión que leí con mucho interés en el informe de la Comisión sobre las medidas comunitarias relacionadas con el turismo: se trata de la salud y de la seguridad física de los turistas. 
Veo que en la página 36 del texto se destacan las medidas de seguridad contra incendios en los hoteles, y seguramente también en los albergues. 
Como se indicó a la Comisión durante el Turno de preguntas, en mi circunscripción hay una familia cuya hija fue atacada y asesinada en un albergue para jóvenes al principio de este año. 
Tengo la profunda convicción de que en nuestros días es incumbencia de la Unión Europea el velar por que, ahora que las posibilidades de viaje son mayores, particularmente en el caso de los jóvenes, nos responsabilicemos por su seguridad personal y material. 
Me parece que las acciones de la Comisión en el futuro deben tener en cuenta este aspecto que acabo de mencionar. 
Señor Presidente, el turismo no solamente constituye un sector muy importante que contribuye al desarrollo económico, sino que también es una actividad social y cultural polifacética por la muestra de solidaridad y los intercambios culturales que implica. 
Desde este aspecto polifacético es como se debería contemplar y como debería ser un foco de la atención permanente y del apoyo multilateral de la política comunitaria. 
La cuestión que se plantea, sin embargo, es la de cómo sostener el ambicioso programa PHILOXENIA con la escasa dotación asignada al turismo en el presupuesto comunitario. 
El esfuerzo del Sr. Comisario es loable, pero nuestro debate se puede caracterizar de absurdo, porque hace unos instantes hemos aprobado el presupuesto de 1997 y lo que en él se prevé para el turismo no es más que lamentable. 
Señor Presidente, hay que encontrar y elaborar soluciones para problemas específicos del sector, como su carácter estacional, la seguridad de las inversiones, las categorías de turistas y formas de turismo especiales, etc. Al mismo tiempo, se encuadran dentro de la política de turismo la protección de los trabajadores, el fomento de las PYME, la higiene y seguridad y la protección del medio ambiente. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo siempre ha actuado a favor de la creación de políticas específicas para el turismo. 
Ya en el Libro Verde de 1993, sobre el papel de la Unión en el sector del turismo, la Comisión invitó al Parlamento a prever la inclusión de un capítulo específico sobre el turismo en el proyecto de Tratado, dotándolo, no obstante, de un fundamento jurídico que aun respetando el principio de subsidiariedad pueda permitir también la intervención complementaria del Ejecutivo. 
Los objetivos de la propuesta " PHILOXENIA» son cuatro. 
Primero, desarrollar la información sobre el turismo comunitario, acudiendo a las fuentes más variadas, precisamente para comprobar su repercusión en las normas europeas; segundo, mejorar el humus legislativo y financiero en el que vegeta el turismo comunitario reforzando la cooperación entre los Estados miembros, la industria y los particulares; tercero, incrementar cuantitativamente el turismo europeo, eliminando los obstáculos al posible desarrollo; cuarto, aumentar el interés y el número de los visitantes procedentes de los terceros países. 
No podemos sino declararnos de acuerdo y, por lo tanto, aplaudir el intento de diseñar un marco coherente de las temáticas del turismo, así como la voluntad que ha demostrado el Ejecutivo de integrar la dimensión del turismo en las demás políticas comunitarias. 
En esta óptica, consideramos también interesantes las enmiendas de la ponente, en particular la que prevé la inclusión de las pequeñas y medianas empresas del turismo en el Tercer Programa Plurianual a favor de las PYME comunitarias. 
Señor Presidente, han querido las circunstancias que el debate sobre el turismo, que figura hoy en el orden del día, se celebre en el momento oportuno, porque, al votar hoy por la mañana, de forma expresiva, la financiación comunitaria de las acciones en el sector del turismo, este Parlamento ha derrotado a los que no creen en una política comunitaria de turismo y ha asumido un voto de confianza en la acción política del Comisario Papoutsis, que, después de heredar una administración corroída por la desconfianza, da muestras de una dinámica, un empeño y una determinación nuevos. 
Porque, al pronunciarnos sobre el programa plurianual Philoxenia, evaluamos aquí el pasado- el plan de acciones comunitarias 1993-95- y preparamos el futuro. 
Porque, al fin y a la postre, hablar de turismo significa, antes que nada, hablar de empleo, del 6, 5 % del PIB de la Unión Europea, de más de nueve millones de empleos directos y 1, 2 millones de empresas turísticas, la mayor parte de ellas microempresas. 
De una industria que en el plano mundial, en el año 2006, dentro de diez años, representará más de 385 millones de empleos directos e indirectos y que ya representa hoy más de 250 millones de empleos directos e indirectos. 
Pero, hablar de turismo significa sobre todo hablar también de desarrollo sostenible, de respeto del medio ambiente, del patrimonio cultural y natural de las regiones; significa también integrar la política de defensa del consumidor en las preocupaciones del trade. 
Porque turismo, ambiente y consumidores son tres vértices indisociables e ineludibles de un mismo triángulo. 
Así, pues, la posición aquí adoptada por este Parlamento es una posición que merece nuestro apoyo. 
La reorientación de la industria turística con vistas a la sostenibilidad, la vinculación entre turismo, medio ambiente y consumidores y la integración de las pequeñas y medianas empresas son pasos positivos en una buena dirección, que conviene subrayar. 
Por último, queda una idea más. 
Sólo la existencia de un fundamento jurídico incluido en el Tratado de la Unión permitirá, a fin de cuentas, proseguir y profundizar una política europea de turismo. 
Señor Presidente, me parece que el Comisario se percata de que en toda esta sala hay un alto grado de apoyo por el desarrollo del turismo a nivel europeo. 
El Comisario se ha esforzado mucho por ayudar a los diputados de este Parlamento a conseguirlo. 
Creo que podemos estar de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí, excepto quizá con esa idea de una agencia de turismo que al parecer se manifiesta en su cabeza de cuando en cuando. 
Estoy seguro de que el Comisario se da cuenta de que ni siquiera el sector turístico acepta de buena gana la idea de establecer esa agencia. 
Otro problema es que nos damos cuenta de que los Gobiernos de los Estados miembros no quieren que la Comunidad Europea desempeñe un papel importante en esta esfera. 
Esto me obliga a buscar incansablemente la manera de que podamos hacer algo en el plano comunitario. 
Espero que, en las medidas sencillas que estamos tomando al principio del programa PHILOXENIA, nos demos cuenta de que se trata únicamente del comienzo de un largo camino que tenemos que recorrer si queremos conseguir algo para la industria turística propiamente dicha. 
Como muchos oradores han indicado esta mañana y esta tarde, tenemos mucho camino que recorrer antes de que obtengamos más puestos de trabajo, etc., etc., en la industria y antes de que la gente reconozca que el turismo también es una industria. 
También es necesario que el Comisario se esfuerce en la Comisión por conseguir que todas las cosas que afectan al turismo se coordinen debidamente. 
Lamento sobremanera que los fondos estructurales sean de la incumbencia de los comites regionales y los departamentos regionales de la Comisión y no del departamento de turismo, que es la DG XXIII. 
Espero sinceramente que el Comisario pueda intensificar sus esfuerzos en el seno de la Comisión para poder conseguir ese cambio en favor de la industria. 
Señor Presidente, señores diputados, el asunto esencial sobre el que versa el informe Bennasar Tous podría aportar una ayuda importante para que en un futuro próximo se formule, de una vez por todas, una auténtica política europea de la industria del turismo. 
Es nuestra esperanza y nuestro deseo. 
Como dicha industria debe constituir un sector propio e independiente de la política común, es necesario mejorar su marco legislativo y financiero y fortalecer la indispensable interrelación con otro programas, iniciativas y políticas de la Comunidad que puedan contribuir al desarrollo del turismo. 
El turismo competitivo y de calidad puede contribuir sin duda alguna a la realización de los objetivos de la Comunidad, en particular al aumento y al empleo, al fortalecimiento de la cohesión económica y social y a la promoción de la identidad europea. 
El informe concuerda y acepta en lo esencial la materia de fondo del programa de la Comisión, pero muchas de las enmiendas propuestas lo completarán y lo enriquecerán. 
Me permito subrayar la enmienda que podría colocar las regiones ultraperiféricas e insulares como beneficiarias privilegiadas de las medidas que concurren al crecimiento y a la cohesión económica y social en este programa plurianual. 
De ese modo se afirma una vez más la preocupación y el loable espíritu de solidaridad que siempre deberían recaer sobre las regiones más castigadas de la Unión Europea. 
Quiero atestiguar aquí que el respeto del medio ambiente, el esfuerzo para fundamentar el desarrollo turístico en criterios de sostenibilidad y el mantenimiento y la valorización del patrimonio cultural e histórico han sido objetivos prioritarios y objetos de un gran compromiso en algunas de las regiones ultraperiféricas e insulares de la Unión Europea. 
Son merecedores sin duda del apoyo de esta Unión. 
El informe Bennasar Tous merece en general nuestro aprecio y nuestra concordancia. 
Señor Presidente, como se prevé que el turismo llegue a ser al principio del siglo XXI el mayor sector de actividad a escala mundial, como es ya en Europa su mayor industria, que contribuye directamente con el 3, 5 % del PIB y da trabajo a cerca de nueve millones de personas, la propuesta de decisión del Consejo relativa al primer programa plurianual a favor del turismo europeo hace hincapié en la necesidad de prestar una atención mayor a las medidas que se deben adoptar para reactivar un turismo basado en criterios de sostenibilidad, respeto del medio ambiente y derecho de los consumidores. 
Las regiones ultraperiféricas, en particular la Región Autónoma de Madeira, conocida desde hace muchos años como destino turístico de calidad, tienen en el turismo una fuente inagotable de ingresos, con tal de que 
den preferencia a una política que defienda el medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio arquitectónico y los usos y costumbres tradicionales; -garanticen la competitividad de la industria turística en un sistema de mercados abiertos, promoviendo el turismo, intracomunitario, permitiendo, así, profundizar en el conocimiento de Europa y el refuerzo de la ciudadanía europea; -apoyen el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias turísticas como forma de mejorar la calidad del turismo y promover el empleo; -propicien medidas encaminadas a luchar contra los obstáculos que impiden el acceso de diversos grupos de la población, en particular los jóvenes, los ancianos y los disminuidos, al turismo.Conviene subrayar la reciente medida del Gobierno portugués de reducir las tarifas de los transportes aéreos para las regiones autónomas. 
Aunque insuficiente, constituye el primer paso para facilitar el turismo interior, al integrarse en la lógica de la superación de los obstáculos aún existentes en el sector. 
Señor Presidente, quiero felicitar a los ponentes por sus informes y darles las gracias por su enfoque dinámico, especialmente a la Sra. Bennasar Tous. 
En el próximo examen de PHILOXENIA en el Consejo de Ministros, habrá una clara posición del Parlamento Europeo sobre la mesa. 
En segundo lugar, debido a los terribles sucesos en Bélgica, el turismo sexual está en el centro de la atención. 
Aunque ciertamente se trata de una minoría, hay suficientes razones para luchar con fuerza contra estos excesos. 
Según una noticia de prensa, uno de cada cinco turistas que llegan a Sri Lanka va para mantener relaciones sexuales con niños. 
Esto se desprende de un informe de la Unicef aparecido esta semana. 
Según la Unicef, la mayoría de los turistas sexuales proceden de los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza e Italia. 
Señor Comisario, ¿querría usted investigarlo y presentar propuestas concretas para luchar contra estas prácticas pecaminosas junto con los operadores turísticos serios? 
En tercer lugar, no me hace falta convencer a ninguno de los aquí presentes de la gran importancia del turismo. 
De lo que se trata es de cómo podemos dar prioridad al turismo en el orden del día. 
Esta mañana hemos conseguido mantener la línea presupuestaria para el turismo, aunque no fue fácil. 
Pero con eso no basta. Es importante que se incluya el turismo en el Tratado. 
El Parlamento ya se ha pronunciado varias veces en favor de ello. 
Quiero preguntarle al Comisario si está dispuesto a reflexionar sobre un programa de acción para el turismo en la política europea, y también darle el lugar que le corresponde dentro de la organización de la Comisión Europea. Naturalmente, respetando el principio de subsidiariedad. 
Por último, quiero pedirle al Comisario que fomente en la medida de lo posible que se concluyan cuanto antes las investigaciones sobre las malversaciones financieras en la DG XXIII, pues echa un jarro de agua fría sobre la política de turismo. 
Señor Presidente, los tres informes sobre el turismo vuelven a plantear la pregunta de qué lugar ha de ocupar el turismo en la política comunitaria de la Unión. 
El encargo efectuado a Price Waterhouse de examinar el primer programa de acción europeo para el turismo, no tenía por objeto dar una respuesta a esta pregunta. 
Pero las fuertes críticas al programa de acción en los últimos años contienen en este sentido unas lecciones valiosas. Por mencionar dos puntos críticos: medidas inconexas y objetivos demasiado ambiciosos. 
El fallo del informe Harrison es que prácticamente hace caso omiso de estas críticas. 
En este informe encontramos de nuevo el tipo de grandes objetivos que precisamente son criticados por Price Waterhouse. 
Lo mismo puede decirse de los informes Bennasar Tous y Parodi. También en ellos hay una gran ambición, y además por enésima vez un alegato a favor de un lugar digno para el turismo en el Tratado. 
A diferencia de muchos de mis colegas, no estoy de acuerdo con estos puntos de vista. 
Para mayor claridad, quiero recalcar que al igual que los ponentes estoy convencido del gran significado socioeconómico del turismo, en especial para el empleo. 
Pero con ello no se ha demostrado la necesidad de una amplia política europa de turismo. 
En un dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre el programa PHILOXENIA se indica también la estructura descentralizada de este sector. 
Sin duda, la Unión Europea ha de desempeñar un papel, pero un papel modesto. 
No discrepo de los ponentes en lo que se refiere a la importancia del turismo, pero con el debido respeto por su gran labor, no puedo compartir sus ideas sobre las amplias tareas de la Unión en esta materia. 
De este modo, comprendo muy bien la posición reservada del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme que les dé las gracias por el exhaustivo análisis y la excelente labor que ha realizado el Parlamento, y en concreto la ponente, Sra. Bennasar Tous, en relación con la propuesta de la Comisión sobre el programa PHILOXENIA. 
Quisiera dar las gracias también a la Sra. Castellina, presidenta de la Comisión de Cultura, y al Sr. Baggioni, ponente de la Comisión de Política Regional, por su apoyo a este programa. 
Además, querría referirme a los ponentes de los otros dos informes, al Sr. Harrison por su evaluación del anterior plan de acción en favor del turismo, y al Sr. Parodi por su informe sobre el conjunto de las medidas comunitarias referentes al turismo en 1994. 
Ambos informes han contribuido a enriquecer y fomentar el debate sobre una futura actividad comunitaria en el sector turístico en la dirección indicada por el Parlamento. 
De hecho, en la preparación del programa PHILOXENIA se tomaron en consideración los resultados de evaluación, objetivos y métodos de gestión del pasado, así como los trabajos en curso en el marco de otras políticas y programas. 
Celebro, especialmente, el amplio apoyo que dieron ustedes a la propuesta del primer programa plurianual en favor del turismo. 
El proyecto de resolución propuesto hoy confirma la firme voluntad del Parlamento Europeo de fomentar el papel de la Unión en el apoyo al turismo. 
Esta voluntad ha sido subrayada en anteriores resoluciones del Sr. Cornelissen, de la Sra. Díez de Rivera y del Sr. Sarlis, así como en las resoluciones del Parlamento referentes a la Conferencia Intergubernamental tanto de los Sres. Bourlanges y Martin como de las Sras. 
Quiero referirme, en concreto, a las posiciones del Parlamento sobre el reconocimiento institucional de una política del turismo a escala comunitaria y coincido absolutamente con los puntos mencionados hoy por el Sr. Apolinario. 
Mencionaré la adopción de un enfoque en el que se prevean objetivos concretos respecto a los temas básicos, con miras a estimular la competitividad del turismo europeo y a integrar el principio del desarrollo a largo plazo en la problemática general, cuestión en la que estoy de acuerdo con la observación hecha hoy por el Sr. Parodi. 
También quiero mencionar la concesión de recursos suficientes por parte de la Comisión para la aplicación de una estrategia de este tipo. 
Intentaré demostrarles que, por un lado, los elementos básicos de PHILOXENIA conducen con éxito a una política eficaz y, al mismo tiempo, realista en favor del turismo, y que, por otro lado, el presupuesto previsto, aunque no es alto, debe considerarse el absolutamente necesario para llevar a cabo el programa. 
En primer lugar, quisiera dirigirme a aquellos diputados que muestran su preocupación por la cuestión del control eficaz. 
Comprendo absolutamente su punto de vista, pero debo reiterar mi compromiso de aplicar métodos eficaces de gestión, métodos que garanticen el correcto uso de los recursos comunitarios y la eficacia del programa. 
En este contexto, ya hemos introducido nuevas estructuras en la DG XXIII para que se ejerza un control sustancial y sistemático, de forma que la Dirección General cumpla más eficazmente su papel coordinador de las acciones comunitarias en favor del turismo. 
Quiero agradecer, aquí, a los Sres. Harrison y Provan el que nos hayan recordado hoy este tema tan importante. 
Además, les quiero confirmar que el programa PHILOXENIA, de hecho, nos permite presentar un programa de acción, como acaba de solicitar el Sr. Cornelissen. 
Asimismo permite que la Comisión Europea adquiera más credibilidad y, en consecuencia, solicite con razón un aumento del presupuesto para la DG XXIII. 
De cualquier modo, les aseguro que nos encontramos en el buen camino. 
La reorganización de la DG XXIII está avanzando, por lo que tengo el honor y la satisfacción de presentarles al Sr. Hennesy como nuevo Director de la misma responsable de las acciones coordinadas para la PYME y el turismo. 
De esta nueva Dirección depende la sección de turismo, que, a su vez, se reorganizará de conformidad con las nuevas necesidades del programa PHILOXENIA. 
Además, habrán notado que el programa se completa con un informe financiero realmente ejemplar, garantizándose así no sólo el buen uso, sino también la alta calidad de las acciones. 
Paralelamente, ya se están aplicando procedimientos para conseguir una transparencia absoluta respecto a las actividades del pasado en materia de turismo. 
Con todo, no podemos continuar con el pasado. 
No podemos enfocar el futuro y adoptar políticas para la creación de empleo en Europa apoyándonos exclusivamente en la carga del pasado. 
La carga del pasado tendrá que aguantar un control exhaustivo ejercido por el Parlamento; a este fin se formará un grupo, una pequeña task force dentro de la Comisión Europea, para que dentro de seis, siete u ocho meses- no lo sé exactamente, pero no más de ocho meses- podamos presentar un informe detallado al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas a fin de cerrar este asunto. 
La DG XIII y la sección de turismo no deben seguir ocupándose sólo del pasado. 
Tenemos el deber de avanzar hacia el futuro. 
Como saben, la Comisión procedió a la redacción de PHILOXENIA después de haber evaluado con absoluta transparencia las acciones del pasado, como señala muy correctamente el informe del Sr. Harrison, y de haber mantenido un amplio diálogo intereuropeo sobre las necesidades y perspectivas del turismo. 
Queremos aplicar el programa con eficacia y transparencia, garantizando siempre además la calidad de nuestras acciones. 
El turismo, que representa el 5, 5 % del PIB comunitario y el 6 % de los puestos de trabajo, y que ofrece posibilidades significativas de empleo, no puede dejar indiferente a la Unión, como con razón ha subrayado esta mañana el Sr. Marset Campos. 
Permítanme que, en contestación a las enmiendas propuestas, exponga tres argumentos básicos, que incluyen los aspectos que interesan al Parlamento. 
Primero, creo que hay que aplicar con urgencia una estrategia europea para el turismo que incluya tres objetivos: primero, conservar y mejorar de manera responsable la calidad y diversidad de nuestro patrimonio turístico; segundo, aprovechar las aptitudes, la creatividad y el dinamismo de los profesionales que trabajan en este sector, y en concreto en las PYME, como muy bien y detalladamente ha expuesto el Sr. Bardarelli; tercero, conservar y aumentar la cuota del mercado mundial conseguida por Europa en un período de creciente competencia internacional. 
El programa PHILOXENIA ofrecerá a todos los interesados un flujo constante de información actual y comprensible. 
Constituye un enfoque coherente, tanto en comparación con otras medidas comunitarias como con otras políticas comunitarias. 
Está basado en una filosofía de calidad y competitividad y, simultáneamente, apoya las iniciativas de promoción de los países europeos para atraer visitantes a Europa.-Segundo, creo que la Unión Europea no puede sustituir el papel de los Estados miembros. 
Tampoco puede sustituir el papel de las regiones periféricas; ni queremos asumir el papel de las autoridades locales, ni de la industria. 
Por ese motivo, PHILOXENIA está diseñado para promover un número limitado de acciones cuidadosamente seleccionadas, que, como la experiencia ha demostrado, pueden ejecutarse mejor a escala comunitaria y que serán complementarias de las restantes acciones comunitarias que afectan al turismo. 
Quiero subrayar además que el programa PHILOXENIA ofrecerá sus servicios a todos, pero no impondrá nada a nadie, se trate de un Estado, de una región o sencillamente de una parte de la Unión. 
El programa PHILOXENIA facilita el intercambio de know-how dentro del turismo mediante la colaboración y la deliberación, y además incentiva soluciones innovadoras para los problemas principales que hoy afronta el desarrollo turístico y para los grandes retos a los que la industria turística de Europea se tendrá que enfrentar en el futuro.-Tercero, el objetivo del programa de fomentar el turismo europeo puede alcanzarse con los recursos propuestos. 
Ciertamente, y esta es mi opinión personal, para poder corresponder a los grandes retos se tendrían que asignar mayores recursos al turismo, como con razón acaba de subrayar el Sr. Theonas. 
No obstante, podemos ser operativos si aprovechamos correctamente los créditos existentes, lo cual es posible porque las medidas previstas tienen un efecto multiplicador al operar como complemento de otros recursos puestos a disposición del turismo, tanto a escala nacional como regional y local. 
Además, facilitarán el aprovechamiento de otras acciones comunitarias que afectan al turismo.El Sr. Parodi ha observado que las medidas comunitarias relacionadas con el turismo no son suficientes si no se completan con una política concreta de turismo. 
De hecho, respondiendo a quienes consideran que las otras medidas comunitarias son suficientes para apoyar el turismo, también yo quiero subrayar que una cosa es la necesaria coordinación entre esas medidas y otra el fomento del turismo europeo en sí. 
La aplicación de PHILOXENIA promoverá la coordinación. 
No obstante, su no aplicación, evidentemente, no servirá al turismo europeo. 
La Sra. Bennasar Tous, correctamente, señala que el objetivo básico debe ser fortalecer el turismo intracomunitario, y quiero poner de relieve que todas las medidas propuestas, con excepción, naturalmente, de la promoción dirigida a terceros países, sirven a este propósito de fortalecer el turismo intracomunitario. 
Comprendo absolutamente a los diputados que proponen una ampliación de los objetivos y de las acciones del programa. 
No obstante, creo que, como destaca el Sr. Harrison en su informe, no debemos repetir los errores del pasado dispersando nuestra energía y nuestros recursos en acciones muy pequeñas, como ocurrió con el primer programa de acción para el turismo. 
Por estos motivos, pienso que algunas de las enmiendas propuestas, aun siendo positivas y a pesar de que compartamos su espíritu, en esta etapa afectarían la coherencia de nuestra propuesta y no facilitarían su aplicación eficaz. 
Por lo tanto, Señorías, no podemos aprobar las enmiendas núms. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la segunda parte de la enmienda 20, y las enmiendas núms. 
25, 28 y 30. En cuanto a la enmienda nº 28 referente a la Agencia Europea del Turismo, en la cual ha insistido especialmente la Sra. Díez de Rivera, la Comisión Europea considera que primero hay que llegar a un acuerdo entre los Estados miembros- es cierto que hoy tenemos el acuerdo del Parlamento Europeo, pero también necesitamos el acuerdo de los Estados miembros- sobre una política turística de la Unión antes de estudiar la idea de la Agencia Europea del Turismo. 
Algunas otras enmiendas creo que son muy positivas, aunque quisiera señalar que se atienden con la propuesta de la Comisión. 
Aun así, las quiero enumerar y decir que son realmente muy positivas y que responden al espíritu del texto. 
En esta categoría incluyo las enmiendas núms. 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. 
En lo que se refiere a las enmiendas núms. 16, 21 y 23, que subrayan la necesidad de coordinar los aspectos de PHILOXENIA referidos a las empresas turísticas con las disposiciones del tercer programa plurianual para las PYME, aprobamos el espíritu en que se inspiran, pero ya se atienden con el enfoque propuesto por la Comisión para la gestión del programa. 
En relación con las enmiendas núms. 24 y 14, sobre la comitología, la Comisión no considera necesario que se incluyan en la decisión. 
Estamos dispuestos a cumplir lo establecido y ya aprobado por la Comisión con respecto a la comitología en el marco de los acuerdos interinstitucionales. 
Coincido igualmente con la referencia que se hace en la enmienda nº 13 al Año Europeo contra el racismo y la propuesta de adoptar una acción común eficaz durante el primer año de aplicación del programa PHILOXENIA, que, además, es algo que el Sr. Novo ha mencionado esta mañana. 
Sin embargo, preferiríamos concentrarnos en el lado positivo del tema, considerando el turismo la mejor expresión de la hospitalidad y amistad hacia el extranjero, ya que el problema del racismo requiere la adopción de medidas más amplias. 
Estas medidas, por supuesto, son necesarias, pero no pueden restringirse incluyéndolas en el programa PHILOXENIA. 
Por último, quisiera referirme a las enmiendas que la Comisión aprueba tal y como están, ya que no perjudican la cohesión de la propuesta ni afectan a su naturaleza o ámbito de aplicación. 
Son las siguientes: la enmienda nº 2, que ha comentado especialmente el Sr. Mendoza y que incluye una referencia a la contribución que el turismo puede hacer al fortalecimiento de la cohesión económica y social, en particular, de las regiones menos desarrolladas y de las regiones ultraperiféricas e insulares. 
De esta manera se cubre, también, el contenido de la enmienda nº 1. 
La enmienda nº 4, que hace hincapié en que el turismo no se ha reconocido suficientemente como sector industrial, lo cual ha señalado el ponente, Sr. Harrison, esta mañana. 
La primera parte de la enmienda nº 20, que incluye una referencia a la resolución del Consejo del 13 de mayo de 1996 sobre la cooperación euromediterránea en el sector del turismo. Además, la parte de la enmienda nº 26 referente a la previsión de que en la directiva del Consejo se haga expresa mención de las estadísticas sobre el turismo y de la difusión de información estadística a nivel del usuario. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera expresarles una vez más mi agradecimiento por el constante apoyo del Parlamento Europeo a nuestros esfuerzos por dar al turismo el lugar que debe ocupar dentro de las políticas comunitarias. 
Con su decisión sobre el programa PHILOXENIA, el Parlamento Europeo da un gran paso en esa dirección; les quiero agradecer el gran apoyo que han prestado esta mañana y desde la primera lectura del presupuesto. 
Al mismo tiempo, les quiero asegurar una vez más que, con su apoyo, no escatimaré esfuerzos para que la industria turística europea siga siendo competitiva y ofrezca puestos de trabajo, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la población, es decir, a las mujeres y los jóvenes. 
Además, para contestar tanto a la Sra.van Dijk como al Sr. Cornelissen, quiero reafirmarles que en los próximos días, y seguramente en las próximas semanas, presentaremos una comunicación sobre el amplio tema del turismo sexual cuyas víctimas son menores. 
Permítanme una vez más que dé mis más sinceras gracias a la Sra. Bennasar Tous, al Sr. Harrison y al Sr. Parodi por los excelentes informes que nos han presentado y que nos han dado la oportunidad de realizar el debate de hoy en el Pleno. 
Espero que en las próximas semanas el Consejo de Ministros, a su vez, asuma sus responsabilidades y apruebe la dimensión polifacética que el Parlamento ha expuesto hoy en esta sala. 
Una dimensión con la cual la Comisión Europea y yo personalmente estamos por completo de acuerdo, es decir, con la idea de que el turismo implica nuevos puestos de trabajo, la competitividad de la industria turística europea, los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en su función de consumidores y el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Ferrocarriles comunitarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0293/96) del Sr. Favthofer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0337- C4-0555/95-95/0205 (SYN) ) por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. 
Distinguida señora Presidenta, distinguidos colegas, discutimos hoy la propuesta de modificación de la directiva 91/440 que aprobó la Comisión en julio de 1995. 
Para que se entienda mejor: los cuatro elementos centrales de la Directiva 91/440 son la independencia de la gestión de las empresas ferroviarias, la separación, al menos, en la contabilidad entre la infraestructura ferroviaria y la prestación de servicios de transporte sobre raíles, el saneamiento financiero de las antiguas empresas ferroviarias públicas así como los derechos de acceso para las empresas ferroviarias en el transporte combinado transfronterizo. 
La propuesta de la Comisión que vamos a votar mañana prevé una ampliación notable de los derechos de acceso. 
De acuerdo con la misma, una empresa ferroviaria que tenga su sede en la Unión tiene derecho a practicar el transporte transfronterizo de personas y el transporte de cabotaje de mercancías. 
Por consiguiente, tenemos que ver con la introducción de una casi total libertad de prestación de servicios en el sector ferroviario. 
¿Cuál es la posición de la Comisión de transportes y Turismo? 
¿Cómo ve la propuesta de la Comisión, que ve en la liberalización la salvación del descenso de la cuota de mercado de los ferrocarriles en comparación con otras modalidades de transporte? 
Ahora bien, una escasa mayoría de la comisión ha dado su conformidad a la propuesta de la Comisión de que en el plazo de 18 meses ha de garantizarse la libertad de prestación de servicios. 
Me doy por enterado de esto, pero no quiero hacer un secreto de mi convencimiento de que considero precipitado esto y no lo considero adaptado a la situación real de los ferrocarriles. 
¿Por qué?. 
La directiva sigue sin ser trasladada en su totalidad al ordenamiento jurídico de muchos estados; en especial, el desendeudamiento de las compañías ferroviarias sólo se ha llevado a cabo totalmente en un solo Estado miembro, Alemania. 
Otras empresas ferroviarias siguen soportando las cargas del transporte público que con mucha frecuencia no ha sido financiado por las arcas estatales. 
Por esta razón, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha asegurado en el informe que la condición previa para el actual proyecto de la Comisión sólo puede ser la traslación completa de la vieja directiva. 
En segundo lugar, los límites entre el transporte nacional y transfronterizo de personas son fluidas. 
Con mucha frecuencia el transporte transfronterizo de personas es un elemento integrante del sistema nacional de transporte. 
Si ahora las empresas se concentran en trayectos rentables, puede derrumbarse un sistema que en realidad va a afectar a cada cual. 
En el Reino Unido podemos ver precisamente qué ocurre cuando varias empresas ferroviarias tienen que organizar una transporte integrado de personas. 
Precisamente los pasajeros, a los que deben atraer de nuevo los ferroviarios, son los que dudan profundamente de este sistema. 
En tercer lugar, el modelo de los EE.UU., citado frecuentemente por la Comisión, no puede servir de modelo para Europa. 
Precisamente en los EE.UU. la liberalización de los transportes de personas ha conducido al monopolio de una única empresa, véase Amtrak. 
Si allí las empresas registran beneficios, es solamente porque la red está orientada únicamente al transporte de mercancías y abarata el precio del transporte de largo recorrido de mercancías. 
En Europa, por el contrario, la red de recorridos se basa en el transporte de personas, lo cual encarece extraordinariamente el transporte ferroviario a causa de la técnica de aseguramiento. 
Otros puntos se refieren a la regulación de la aportación de capital propio y a reflexiones de tipo básico. 
Si hablamos del desarrollo de las compañías ferroviarias en la Comunidad, hemos de corregir la situación de la competencia de los medios de transporte. 
En este punto es preciso decir claramente lo siguiente: sólo cabe salvar el ferrocarril, si al resto de los medios de transporte se les cargan los costes que ellos también ocasionan. 
Mientras en el transporte por carretera carguemos a los vehículos industriales solamente una pequeña parte de los costes que ellos ocasionan, mientras se manejen los tiempos de conducción y de descanso de una forma casi arbitraria, podemos decidir y decidir sobre el ferrocarril lo que queramos. En última instancia seguirá careciendo de sentido. 
Por consiguiente, la verdad de los costes es ineludible. 
Quiero recordar solamente los costes externos de casi 250.000 millones de ecus en este transporte por carretera con vehículos industriales. 
Finalmente, puesto que ésta es mi última intervención aquí, en el Pleno, y vuelvo al Parlamento nacional, le ruego que transmita a su colega, el Comisario Kinnock, que le doy cordialmente las gracias y también a su personal por esta colaboración que ha sido extraordinariamente buena. 
En el Parlamento austriaco proseguiré esta política de transportes y me siento muy orgulloso de que ideas austriacas hayan tenido entrada en el trabajo de la Comisión y también en el del Parlamento. 
Señora Presidenta, para empezar felicito al ponente por un trabajo merecedor de ello. 
También pienso que es de lamentar que el ponente abandone el Parlamento Europeo, pero espero que en el futuro podamos seguir colaborando como lo hemos hecho hasta ahora, y que sigamos en contacto. 
El informe sobre el que hemos de adoptar una posición es importante, puesto que afecta al futuro transporte ferroviario dentro de la UE. 
Con la política adecuada, esta modalidad de transporte puede convertirse en un instrumento muy importante para proteger el medio ambiente en Europa. 
Un eslabón en el proceso de facilitar la circulación y de reforzar el transporte ferroviario en Europa es precisamente la Directiva que la Comisión ha presentado, y que tiene como objeto el fortalecimiento de esta modalidad de transporte. 
Pero, justamente como el ponente señala en el informe, debe producirse una división entre líneas y funcionamiento del modo adecuado. 
Soy sueco, y en Suecia hemos llevado a cabo esta división y hemos completado unas experiencias centrales, que creo que podemos compartir en la continuación de los trabajos. 
Puede decirse que la división que se ha llevado a cabo en Suecia ha tenido un gran éxito. 
Nos ha llevado a una mayor eficacia. 
Hemos conseguido una mejor reputación y unos objetivos más claros para las dos empresas en que fue dividida la antigua. 
Una experiencia importante de Suecia es que la división también llevó a que la situación financiera de gran endeudamiento en que los ferrocarriles estatales se encontraban se solucionase. 
Es precisamente esto lo que destaca el ponente, es decir, que la situación financiera debe resolverse si queremos crear una competencia en igualdad de condiciones. 
Es importante que tengamos unas empresas ferroviarias fuertes en Europa si, como el ponente ya ha mencionado, queremos que esta modalidad compita con otras formas de transporte. 
Es esto lo que constituirá una acción verdaderamente notoria en favor de un medio ambiente mejor. 
Señora Presidenta, los ferrocarriles han de desempeñar un papel destacado en un transporte sostenible. 
Para ello necesitamos unas compañías ferroviarias modernas que trabajen como empresas de transportes con vocación europea. 
Para ello es conveniente y necesario que haya una buena competencia. 
La propuesta de la Comisión se ajusta a este desarrollo y cuenta con nuestro apoyo. 
Estoy de acuerdo con la observación del ponente cuando habla del cálculo de los costes externos, pero, para ser del todo justos, habrá que aplicarlo a todas las modalidades de transporte, es decir, también a los ferrocarriles. 
Por último, apoyaremos la enmienda del Sr. Van der Waal, que pretende lograr una asignación justa y transparente del uso de la infraestructura. 
Señora Presidenta, permítame acabar expresando mi pesar por el hecho de que el Sr. Farthofer nos deje. 
Él sabe que muchas veces no hemos estado de acuerdo, pero siempre he valorado mucho los debates con él. 
Lamento verdaderamente que no haya podido quedarse, aunque por supuesto no lamento que el Grupo político más afín a mí haya ganado un escaño, pero sí lamento que nos deje. 
Le deseo lo mejor y volveré a darle las gracias en la próxima reunión de nuestra comisión. 
Pienso que con el Sr. Farthofer se sentará en el Parlamento austriaco otro europeo, y esto es también muy importante para el Parlamento Europeo. 
Señor Presidenta, al aprobar la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 91/440 CEE, la Comisión de Transportes y Turismo ha dado luz verde a la prosecución de la liberalización de los transportes ferroviarios, sin preocuparse de las consecuencias sociales y económicas. 
Esta propuesta de la Comisión prevé, en efecto, una ampliación importante de los derechos de acceso, cuya consecuencia es la acentuación de la competencia. 
En la prolongación de la brecha abierta por la directiva de 1991, la Comisión acaba de aprobar un Libro Blanco sobre la revitalización del ferrocarril. 
¡Revitalización! 
Pues bien, francamente, el sentido profundo del término queda verdaderamente contradicho por las medidas concretas que le acompañan. 
En realidad, el objetivo perseguido es acelerar el proceso de liberalización y desregulación- derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias para todos los servicios de flete y los servicios internacionales de viajeros, establecimiento de una autoridad europea de ferrocarriles, separación entre la gestión de las infraestructuras y las actividades de transporte- lo que se resume mediante la fórmula «mayor introducción de las fuerzas del mercado en el ferrocarril». 
Nuestro grupo se opone verdaderamente a estas orientaciones ultraliberales de la Comisión. 
La ofensiva que está en curso trata de liquidar las empresas públicas porque constituyen los polos de resistencia más eficaces para una libre competencia perjudicial para los intereses del personal y de los usuarios. 
Además, la Comisión está obligada a reconocer que la reestructuración del ferrocarril europeo correrá pareja a un número elevado de despidos. 
Me felicito de que este Libro Blanco haya quedado bloqueado en el último Consejo de Ministros de Transporte gracias a la movilización de las organizaciones sindicales que, en una declaración unitaria, han denunciado sus aspectos particularmente nefastos y han afirmado su voluntad de combatirlos. 
Nuestro grupo está decidido, junto con las organizaciones sindicales y las asociaciones de usuarios, a hacer que fracasen estas orientaciones. 
Quiere trabajar con todos para llegar a verdaderas medidas de revitalización de los transportes ferroviarios para que éstos puedan garantizar plenamente su misión de servicio público, es decir, responder a los intereses del personal y de los usuarios, contribuir a un ordenamiento armonioso del territorio y favorecer la cooperación en el seno de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, mi Grupo no se opondrá a una mayor liberalización de los ferrocarriles, si se sientan las condiciones básicas para ello. 
Mi Grupo considera que el ponente, Sr. Farthofer, lo ha expresado muy bien en el informe, al dejar claro que es preciso abordar bien la internalización de los costes externos y, a diferencia de lo que acaba de decir el Sr. Cornelissen, quiero añadir que incluso es probable que, si se quiere una movilidad sostenible, se garantice que los ferrocarriles tengan más oportunidades que otras modalidades de transporte, por la simple razón de que estos ferrocarriles siempre han estado a la zaga y han de hacer una enorme maniobra de adelantamiento. 
Y hay que darles la oportunidad de hacerlo. 
Si nos tomamos en serio la movilidad sostenible, tendremos que elegir en este ámbito, y no limitarnos a decir que hay que internalizar los costes y que habremos tenido mala suerte si a la larga los ferrocarriles quedan descartados, pues al mismo tiempo también quedará descartado el medio ambiente y la sostenibilidad. 
Teniendo en cuenta la disminución en el uso del ferrocarril que constatamos desde hace años, ya va siendo hora de que nos ocupemos de apoyar al ferrocarril, no sólo con promesas, sino también con hechos que aseguren la sostenibilidad del futuro. 
Señora Presidenta, a raíz de la reciente comunicación de la Comisión, todavía tendrá que celebrarse el verdadero debate sobre el desarrollo deseable de los ferrocarriles en la Comunidad. 
Pero es evidente que es preciso centrarse mucho más en el mercado para evitar que los ferrocarriles pierdan más cuota de mercado. 
Con este objetivo se promulgó la directiva 91/440. 
Por desgracia, debido a la lenta transposición de esta directiva a la legislación nacional en diversos Estados miembros, todavía no se han producido muchas mejoras, pero hay que proseguir gradualmente con el proceso de liberalización. 
Por ello apoyo la modificación propuesta para permitir el acceso al ferrocarril de todo el transporte de mercancías y el transporte internacional de pasajeros. 
El informe Farthofer estimula con razón a los Estados miembros para que se apresuren a sanear las deudas de los ferrocarriles. 
Asimismo apoyo la conveniencia de atribuir los factores de costes externos a las diferentes modalidades de transporte, aunque no estoy convencido de que con ello se refuerce la posición del mercado ferroviario en comparación con otras modalidades de transporte. 
Quiero dar las gracias al Sr. Farthofer. 
Lamento que este apreciado colega abandone el Parlamento y le deseo lo mejor. 
Señora Presidenta, también yo doy las gracias al Sr. Farthofer y espero que en el Parlamento austríaco podrá continuar la labor positiva que ha desarrollado en el Parlamento Europeo. 
Ante todo, hay que decir que los asuntos de la liberalización nos ocupan mucho, la directiva tiene un fundamento jurídico propio, pero hay que decir también que la juridicidad debe tener en cuenta los niveles ocupacionales, la cuestión social. 
No se cuestiona la facultad de la Comisión para legislar en un tema tan complejo como el relativo a los ferrocarriles, pero debemos tener en cuenta también el impacto que la liberalización conlleva con respecto a los ordenamientos sociales de los distintos países. 
El sistema ferroviario encuentra dificultades al situarse como punto de referencia para la competencia de otros medios de transporte y, por lo que a nosotros respecta, debemos favorecerlo; la propuesta de cálculo de los costes externos es una propuesta positiva. 
Creo que es muy útil pensar en una especialización de los sistemas ferroviarios, tanto para el transporte combinado como para la intermodalidad, especialización que permita separar los ferrocarriles de interés nacional de los internacionales, así como de los ferrocarriles regionales que pueden implicar a los gobiernos locales como elementos asociados con participación en la gestión ferroviaria. 
Indudablemente, en la estructura que ha tenido características públicas se han acentuado elementos burocráticos, indudablemente ha habido también falta de eficiencia, pero el sistema ferroviario ha garantizado una movilidad sobre todo a los de menor poder económico. 
Se trata de reactivar la competitividad, de efectuar también un saneamiento financiero, porque si no, el sistema ferroviario perdería competitividad respecto de los demás sistemas de transporte. 
Desde este punto de vista, indudablemente los recursos necesarios para un saneamiento de carácter financiero pueden ser también privados, sabiendo, no obstante, que éstos no pueden ser los únicos que deben ser considerados de manera exclusiva. 
Dentro del sistema ferroviario debe efectivamente subsistir, en puntos concretos, una función pública, dado que dicho sector puede gestionarse en términos económicos, autónomos, teniendo en cuenta, también, los cálculos económicos y los necesarios fallos de eficiencia. 
Desde este punto de vista, la directiva parece responder a algunos objetivos; pero, en el contenido, el debate, a mi parecer, continúa abierto y algunas contradicciones que ha señalado la intervención de la Sra. Ainardi están todavía presentes. 
El sindicato se está movilizando y espero que, en particular gracias al debate que tendrá lugar sobre el Libro Blanco, lograremos presentar una propuesta más completa que la contenida en la directiva que se está debatiendo actualmente. 
Señora Presidenta, Señorías, la propuesta de la Comisión constituye un elemento importante de nuestra estrategia para la reestructuración de los ferrocarriles comunitarios. 
En el Libro Blanco del pasado mes de julio subrayamos la importancia de introducir las fuerzas del mercado teniendo en cuenta las características específicas del transporte ferroviario. 
La propuesta de una ampliación de los derechos de acceso es, precisamente, el próximo paso hacia la introducción de estas fuerzas del mercado. 
Nuestro objetivo es permitir el acceso a la infraestructura ferroviaria de todos los servicios de transporte de mercancías, tanto internacionales como nacionales, así como de servicios internacionales de transporte de pasajeros. 
La Comisión celebra especialmente que la Comisión de Transportes del Parlamento haya aprobado su propuesta, salvo algunas enmiendas. 
Estas se refieren a la reducción de la deuda, la internalización de los costes externos, la igualdad de condiciones tributarias para todos los tipos de transporte y el establecimiento de normas comunes con respecto a las tasas de utilización de la infraestructura. 
La Comisión está trabajando intensamente en todos estos campos. 
En el Libro Blanco sobre la política ferroviaria tratamos la cuestión de la reducción de la deuda, así como la referente a las tasas de utilización. 
En el Libro Verde sobre la fijación justa y eficaz de los precios en los transportes abrimos un amplio debate sobre los costes externos. 
Sin embargo, no deberíamos anticipar el debate sobre ambos documentos. 
Además, la propuesta de la Comisión se limita a la ampliación del derecho de acceso a la infraestructura. 
No consideramos correcto que se introduzcan otras políticas en lo que es, en realidad, una propuesta sobre un tema muy específico. 
Eso cambiaría esencialmente los objetivos de la propuesta, anticipándose a otras propuestas de otros ámbitos. 
Por consiguiente, la Comisión Europea, aun acogiendo positivamente los objetivos de las enmiendas, no puede aprobar muchas de ellas. Permítanme que se las comente una por una. 
La enmienda nº 1 subraya la importancia de una aplicación uniforme de la directiva para evitar distorsiones de la competencia. 
Evidentemente, la Comisión está conforme con esta enmienda y la aprueba. 
Las enmiendas núms. 2, 3, 4 y 5 afectan a políticas que la Comisión está tratando en otro marco: reducción de la deuda, internalización de los costes externos, impuestos indirectos y tasas de utilización de la infraestructura. 
Como he explicado hace un instante, estas sobrepasan el ámbito de la presente propuesta y, por consiguiente, no pueden ser aprobadas. 
La enmienda nº 6 subraya el papel especial que desempeñan los transportes regionales en la garantía de la cohesión interna de las economías nacionales. 
La Comisión admite que este punto se debe tener seriamente en cuenta en la elaboración de las políticas sobre el acceso al mercado, y por lo tanto, aprobamos esta enmienda. 
La Comisión no puede aprobar la enmienda nº 7, que comprende varias partes. 
La primera parte indica que la deuda tendrá que estar considerablemente reducida para el momento en el que la directiva se incorpore al derecho nacional. 
La incorporación puede realizarse a lo largo de varios años, mientras que, de conformidad con la Directiva 91/440, la deuda debe estar reducida el 1 de enero de 1993. 
Por lo tanto, pensamos que esta enmienda constituye un paso hacia atrás y crea inseguridad jurídica. 
La segunda parte de la enmienda nº 7 exige que los ferrocarriles dispongan de una dotación de capital propio de acuerdo con los usos del comercio. 
Mientras que compartimos el punto de vista de que los ferrocarriles, en efecto, deben tener suficiente capital, los expertos en temas económicos y financieros nos han expuesto que no tiene ningún sentido hablar de recursos de capital de acuerdo con los usos del comercio. 
Por lo tanto, opinamos que la enmienda en cuestión no aclara el texto existente. 
La tercera y última parte de la enmienda solicita la creación de un servicio específico de amortización de la deuda. 
Debo explicar al Parlamento que los servicios de amortización de la deuda sólo representan una parte de los mecanismos de amortización de la deuda. 
Existen otros, como los que se utilizan en Alemania y en Francia, que pueden ser igualmente eficaces. 
La Comisión, por tanto, no ve la razón por la cual debería hacer obligatorio el uso de un determinado mecanismo económico-financiero frente a todos los demás. 
La enmienda nº 8 trata de los impuestos indirectos y la interoperabilidad. 
Estas cuestiones, una vez más, sobrepasan la amplitud de la propuesta que está en debate hoy. En cualquier caso, la Comisión ya se ha comprometido presentar un informe al respecto. 
Sin embargo, no podemos dar nuestra aprobación a disposiciones parecidas en la propuesta que está en examen. 
En lo que se refiere a la nueva enmienda nº 9, la Comisión Europea, con mucho gusto, le da su aprobación. 
Señor Presidente, sé que el ponente, el Sr. Farthofer, tuvo que trabajar duramente para conseguir un compromiso difícil con respecto al informe, razón por la cual le quiero agradecer sinceramente. 
Se trata de un trabajo excelente, a pesar de que no he podido darle la razón en todos los puntos, hoy. 
Aun así, como ya he manifestado, acogemos muy positivamente la ideas que subyacen en las enmiendas. 
En consecuencia, dejando el Parlamento Europeo para volver a su parlamento nacional, debe ir con la seguridad de que sus propuestas se han examinado escrupulosamente y se han tomado en consideración. 
Por último, Señorías, aprovecho la ocasión para dirigir al Sr. Farthofer, tanto personalmente como en nombre de mi colega, Sr. Neil Kinnock, los mejores deseos. 
Espero que en su breve estancia en el Parlamento Europeo haya tenido una experiencia tanto útil como satisfactoria para sus aspiraciones, que espero sean muchas para el futuro, y le vuelvo a expresar nuestros mejores deseos para la continuación de su carrera política en el parlamento nacional. 
Muchas gracias, señor Comisario Papoutsis. 
También yo quiero darle mis más cordiales gracias en nombre del Parlamento y desearle a usted todo lo mejor en su trabajo en el Parlamento nacional. 
No olvide, por favor, que usted ha estado entre nosotros, pero no lo va a olvidar de todos modos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.30 horas.) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, ayer se produjo una explicación de voto del Sr. Dell ' Alba que en dos puntos no constituyó una explicación de voto. 
En primer lugar, contenía insultos personales que debo rechazar pues me acusa de falsificación y, en segundo lugar, instaba al Presidente a una conducta contraria a las normas, en concreto, a la supresión de pasajes de la exposición de motivos de mi informe. 
Sin embargo, según nuestro Reglamento el contenido de una exposición de motivos es de la exclusiva responsabilidad del ponente. 
No se pueden hacer supresiones en la misma, del mismo modo que no se pueden suprimir pasajes de una intervención. 
A lo sumo, esto se podría hacer en el sentido del Ministerio de la Verdad de Orwell, y la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha rechazado por unanimidad esta pretensión en una carta al Presidente. 
Tomo buena nota, Señoría. 
Pero me gustaría insistir para que nos pongamos de acuerdo en cuanto al Acta. 
¿Hay alguna otra observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
¿Ha tomado buena nota, señora Presidenta, de que nuestro Grupo se ha abstenido debido a que el informe Farthofer como tal no cambia en nada las situaciones de monopolio de todas las compañías de ferrocarriles en los países miembros? 
Ahora no es precisamente el momento de dar las explicaciones de voto, pero lo hemos entendido muy bien. 
He votado a favor de la propuesta de reglamento que va a permitir la renovación, hasta el final de 1997 del régimen aplicable a la importación a Madeira, las Azores y las Canarias de bovinos para engorde y consumo no local, de determinadas carnes de porcino frescas o refrigeradas y determinados productos a base de carne, así como del abastecimiento de patatas de simiente (semilla). 
Debo subrayar que el régimen específico ahora prorrogado consiste en la exención de los derechos de importación y en la concesión de una ayuda para los productos antes citados procedentes del resto de la Comunidad Europea. 
Ahora bien, lo que justifica este régimen específico de abastecimiento para satisfacer las necesidades de las regiones de que se trata y, de conformidad con la propuesta de reglamento, la situación particular resultante del aislamiento y la fragmentación de los mercados insulares, o sea, la situación ultraperiférica que exige un régimen especial de abastecimiento. 
Por tanto, al tratarse de una situación objetiva y permanente, no está justificado el carácter transitorio del régimen específico de abastecimiento y la contingencia derivada de la necesidad de su prórroga anual. 
En ese sentido, creo que está justificado transformarlo en un régimen de carácter permanente, sin perjuicio de la revisión, cuando sea necesaria, de las cantidades de mercancías susceptibles de importación exenta de derechos, en función de la evolución anual de las necesidades. 
Desde mi punto de vista, esta cuestión esta relacionada con el Estatuto de las Regiones ultraperiféricas en la UE y refuerza la importancia que la próxima CIG concede a las propuestas presentadas, en particular por el Gobierno portugués, de incluir en el articulado del Tratado la necesidad de un apoyo permanente y efectivo a las poblaciones de dichas regiones, lo que posibilitará la igualdad de derechos y de oportunidades, que es lo que verdaderamente caracteriza la ciudadanía europea. 
Informe Bennasar Tous 
Por principio es deseable una acción común en apoyo del programa Philoxenia, puesto que la industria turística representa un factor importante para el desarrollo económico y social de la Unión. 
Pero, tras las serias críticas sobre el modo en que la Comisión, fundamentalmente a través de la DG XXIII, ha llevado a cabo los planes de acción anteriores, es extremadamente importante que en los futuros trabajos se examinen detalladamente los recursos propuestos para el programa Philoxenia y los objetivos que hay que cumplir. 
El objetivo del programa es claro: la creación de empleo. 
Los costes administrativos de esta acción, los costes en concepto de desplazamientos y personal, no deben sobrepasar una cantidad que sea razonable. 
Muy brevemente para congratularme de que la enmienda nº 28, por mí presentada, haya sido aprobada de nuevo, dentro del marco de PHILOXENIA. 
De conformidad, también, con la respuesta del Comisario Papoutsis (P- 2433/96ES) a partir de ahora la Agencia europea de turismo debiera de iniciar su andadura y así lo espero, y confío en que el Sr. Comisario, antiguo diputado, sepa defender la voz del Parlamento y no plegarse a otros criterios o intereses... 
Mi voto será positivo. 
He votado contra los informes sobre política en materia de turismo porque considero que estas cuestiones no son competencia de la UE, sino un ámbito que debe reglamentarse a través de la política nacional y de la cooperación interestatal. 
Informe Parodi 
Si queremos que las medidas dentro del sector turístico tengan realmente una repercusión palpable, es preciso que dichas medidas sean reconocidas institucionalmente a nivel comunitario. 
No obstante, nosotros pensamos que no hace falta establecer una subcomisión para asuntos de turismo. 
Tampoco es necesario crear más unidades dentro de la Comisión que tengan el cometido de controlar la aplicación de los principios para una política turística común. 
Deben utilizarse los medios presupuestarios de la Comunidad con eficacia. 
Hay que encontrar un equilibrio entre la eficacia en los medios que se asignan, y los objetivos que se desea alcanzar. 
Por consiguiente, los costes administrativos, incluyendo los de personal, para las acciones dentro del sector turístico no deben sobrepasar una cantidad razonable. 
He votado afirmativamente en la ronda final sobre el informe. 
Es importante promocionar la industria turística en Europa, pero éste es en primer término un asunto que compete a los respectivos países miembros. 
No existe motivo alguno para introducir una especie de fundamento jurídico sobre política turística en el Tratado de Roma. 
Tampoco existe razón alguna para dar un gran número de tareas a la Comisión para que defina todo tipo de cosas en este sector, como «los tipos de turismo» ,» la financiación del turismo» , etc. También esto debe hacerse a nivel nacional y deben ocuparse de ello los Estados miembros respectivamente. 
La UE debería, no obstante, adoptar un papel coordinador entre las autoridades nacionales, regionales y locales, las empresas turísticas y las diversas organizaciones de defensa de los derechos del consumidor. 
Informe Harrison 
La DG XXIII de la Comisión, utilizada por ésta para ejecutar anteriores planes de acción, ha sido objeto de una dura crítica especialmente por lo que respecta a las cuestiones administrativas y operativas. 
Debemos tomar muy en serio esta crítica. 
Deben efectuarse una serie de modificaciones organizativas dentro de la rama para el turismo. 
Para que el programa Philoxenia produzca el desarrollo que se persigue en el ámbito económico y social, es extremadamente importante que en los futuros trabajos se examinen detalladamente los recursos propuestos para la DG XXIII. 
Protección frente a los efectos de determinados textos legislativos (art. 97 del Reglamento) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0329/96) del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0420- C4-0519/96-96/0217 (CNS) ) relativo a la protección frente a los efectos de la aplicación de determinados textos legislativos de terceros países y de las acciones basadas en ellos o derivadas de ellos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en su decisión de 24 de mayo de 1996 el Parlamento Europeo condenó la ley Helms-Burton y todas las medidas unilaterales dictadas por los EE.UU. contra el libre comercio mundial, instó a la Comisión a presentar una propuesta de reglamento que contuviera una prohibición de someterse a tales medidas, e hizo paralelamente un llamamiento al Consejo y a la Comisión en orden a que prosiguieran el diálogo con los EE. 
Celebro que, aunque un poco tarde- las ruedas del ejecutivo trabajan siempre con cierta lentitud, incluso en los asuntos que están claros -, dispongamos hoy de un reglamento que responde a nuestras expectativas con la plena coincidencia de todos los países miembros de la Unión Europea, del Consejo y de la Comisión. 
La Ley HelmsBurton que afecta a la situación de Cuba, y la Ley d ' Amato, que se refiere a la situación de Libia y de Irak, constituyen un intento de extender los preceptos jurídicos nacionales norteamericanos sobre empresas y personas a terceros estados que quieren realizar nuevas inversiones en los mencionados países. 
Lo hemos afirmado varias veces y lo volvemos a repetir hoy: esto no es tolerable por parte de la industria europea, ni sostenible ni aceptable por parte de la política de la Unión Europea. 
Aunque el Presidente Clinton haya suspendido partes de la Ley Helms-Burton, sigue existiendo el peligro contra los intereses europeos, pues no es posible suspender la ley que se refiere a Libia y a Irak. 
Incluso la Ley Helms-Burton sólo ha sido suspendida provisionalmente. 
Con extraordinaria preocupación hemos tomado conocimiento de las consecuencias económicas que implica esta ley. 
Las medidas unilaterales impuestas por ley, según las cuales terceros países han de contar con sanciones, constituyen una violación clara del Derecho internacional, cuyos efectos son aún imprevisibles. 
Una cosa es cierta: si estas leyes encuentran aplicación, las empresas europeas, en especial, sufrirán daños. 
Entretanto, los norteamericanos han confeccionado una larga lista acerca de qué forma van a proceder contra qué empresas concretas. 
Sin embargo, nosotros rechazamos que los norteamericanos se arroguen el papel de policía mundial e ignoren los acuerdos internacionales exigidos y ratificados por ellos así como el régimen comercial internacional. 
Quiero puntualizar una vez más lo siguiente: no se trata de que no apoyemos al Gobierno norteamericano, al pueblo norteamericano, en su lucha contra el terrorismo internacional; somos partidarios de que se amplíen las medidas necesarias para combatir el terrorismo. 
Esta es una tradición del Parlamento Europeo. 
Insistimos también en que nuestro firme rechazo nada tiene que ver con la larga y buena amistad con los EE.UU. y nada que ver con las relaciones transatlánticas. 
Constituyen un bien preciado y cada vez nos vemos más instados a profundizar estas relaciones a causa de los problemas internacionales que tenemos y que nos sobrevendrán aún con más fuerza. 
La Unión Europea colaborará de forma cooperativa y constructiva con los Estados Unidos justamente en estos importantes temas. 
Sin embargo, entre buenos amigos es necesario que se respeten las reglas del juego. 
Hay que dar una respuesta negativa inequívoca al bilateralismo y al proteccionismo. 
Esta es, sobre todo, una tarea primordial de la Organización Mundial de Comercio que en este punto debe adoptar con toda rapidez un procedimiento de resolución de conflictos. 
Celebramos que nosotros, como Unión Europea, hayamos solicitado un «panel» que por la oposición de los EE.UU. ha sido aplazado, pero que tendrá su continuación, ojalá, este año en noviembre en el próximo período parcial de sesiones. 
Por lo demás, en diciembre de 1995, en los acuerdos de Madrid, los EE.UU. se comprometieron a una cooperación transatlántica. 
Y no puede ser que, por un lado, los EE.UU. contraigan compromisos e insistan una y otra vez en cuán necesaria es la cooperación con nosotros y, por otro lado, violen el derecho. 
Hemos de responder con medidas muy duras a la ley que se ha aprobado. 
Por esta razón me alegro de que el Consejo y la Comisión se propongan por vez primera con cinco puntos defender los intereses de nuestras empresas. 
No se necesita ninguna discusión para aprobar hoy este reglamento, pues responde a nuestras exigencias y expectativas. 
Sin embargo, quisiera puntualizar todavía hoy que el objetivo general del reglamento necesita aclaración en algunas cuestiones. 
Así, por ejemplo, no está del todo claro cómo va a encontrar aplicación la propuesta en el caso de la Ley d ' Amato. 
Finalmente, una vez que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha dado su conformidad al reglamento y lo ha recomendado por unanimidad al Parlamento, quisiera pedirles que presten su conformidad a este reglamento. 
Señora Presidenta, mi Grupo acoge con satisfacción la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la protección frente a los efectos derivados de las leyes de extraterritorialidad. 
Nos congratulamos además de que la vía escogida por el Consejo haya sido la que este Parlamento aprobó en su resolución del 24 de mayo, como también señaló el Sr. Kittelmann tras conocerse que los Estados Unidos se proponían poner en marcha una serie de medidas para limitar, penalizar y, en el extremo, impedir el comercio y las inversiones con determinados países a través de dos instrumentos: las leyes Helms-Burton y D ' AmatoKennedy. 
Desde un principio este Parlamento, a través de la Comisión REX, consideró que estas propuestas, motivadas en realidad por razones de política interna, eran peligrosas para el futuro de las reglas comerciales firmadas en Marrakech, y un desafío intolerable políticamente. 
Sin la cobertura de una organización multilateral o bien de una institución internacional, como Naciones Unidas- que en circunstancias excepcionales puede dictar resoluciones con consecuencias comerciales -, estas iniciativas unilaterales son inaceptables como también lo son los argumentos que se han utilizado para convencernos a posteriori de la bondad de los objetivos. 
La Comisión y el Consejo han obtenido el respaldo del Parlamento y también de las opiniones públicas nacionales, lo que les ha permitido actuar en una doble dirección con un enorme apoyo. 
Por una parte, el reglamento para la protección de los intereses y por otra, el recurso ante la Organización Mundial de Comercio. 
Las dos vías son correctas, si bien el Consejo, como ocurre en demasiadas ocasiones, ha olvidado que este Parlamento es una parte importante de las instituciones comunitarias y que su opinión podía haberse solicitado con unos plazos más adecuados. 
A pesar de la incorrección nuestro Grupo apoyará el reglamento propuesto, como apoya el recurso presentado ante la Organización Mundial de Comercio. 
Entendemos que en este conflicto, la unanimidad es imprescindible y, en pura coherencia con los compromisos internacionales firmados y con un talante bien distinto al de los Estados Unidos, entendemos que la Organización Mundial de Comercio es el foro adecuado para zanjar el conflicto, ya que en él participan otros países con intereses que también se han visto lesionados por la arbitrariedad de estas medidas. 
Reconocemos el papel de los Estados Unidos en el mundo, pero no estamos dispuestos a aceptar restricciones a costa de los intereses económicos de terceros, como es el caso, sin un mandato expreso y previo de una organización internacional en la que participamos y que, como se señaló anteriormente, podía ser Naciones Unidas. 
Felicitamos al Sr. Kittelmann porque ha trabajado con mucha premura y esperamos también que este reglamento se apruebe por unanimidad, lo que fortalecerá la posición de la Unión Europea en un conflicto como el que estamos debatiendo. 
Señora Presidenta, el Grupo Liberal apoya los principios del presente acto legislativo por ser una respuesta proporcionada, oportuna y adecuada ante la imprudente legislación extraterritorial de Estados Unidos. 
Dada la coincidencia de los intereses individuales y colectivos de todos los Estados miembros y el papel de la Comisión en el ámbito del comercio internacional, se trata de un caso tradicional de legislación que se adapta más a la Unión Europea que a múltiples acuerdos bilaterales de los Estados miembros. 
Colectivamente debemos defender nuestros derechos a elegir cuándo y cómo entrar en conflicto o aislar regímenes como los de Cuba, Libia, Irán u otros países. 
Al deseo de Estados Unidos de aislar dichos Estados en defensa de la democracia le hace un flaco servicio la forma tan poco democrática de arrogarse la pretensión de actuar y elegir en nombre de todos. 
Estados Unidos no tiene ese derecho y, no dejando lugar dudas, hay que inducirle y, si es preciso obligarle, por medio de represalias como las propuestas en este acto legislativo, a aceptar este hecho. 
En días recientes, Señora Presidenta, nos ha causado desasosiego leer informes en los que se indica que Dinamarca podría retrasar la aprobación de esta legislación por albergar dudas sobre su fundamento jurídico. 
Los fundamentos jurídicos propuestos son clásicos y nada innovadores en sí mismos. 
La costumbre y la práctica a la espera de cualquier decisión del Tribunal Supremo de Dinamarca apuntan a que debe prevalecer el statu quo. 
Espero que esto no retrase las cosas y el Grupo Liberal, por su parte, apoya plenamente la legislación y las enmiendas de la Comisión REX. 
Señora Presidenta, yo creo que el Parlamento, con el apoyo a este reglamento que defiende los intereses de las empresas y los intereses comerciales de la Unión Europea en su conjunto, no hace más que seguir una tradición que desde el informe Melandri, en el año 93, para acá produce efectos políticos y comerciales. 
Nosotros lamentamos, como se dice en las mismas enmiendas, que no se haya tenido en cuenta el papel del Parlamento, y lamentamos también el retraso en traer a este Parlamento el asunto para su consulta. 
También pensamos que el comité al efecto debe ser consultivo. 
Como dice la Comisión de Asuntos Exteriores es necesario tomar medidas rigurosas para hacer frente a las inaceptables provocaciones comerciales y políticas de los Estados Unidos con la ley Helms-Burton y la ley D 'Amato pues, como muy bien decía el ponente, esa legislación también tendrá que servir para hacer frente a la futura ley D' Amato respecto del Irán y Libia. 
También apoyamos las propuestas de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que hacen de la lista de vigilancia de las empresas estadounidenses y de los cambios a los procedimientos de entrada en la UE de las empresas estadounidenses una contrapartida lógica a la provocación que suponen las leyes norteamericanas mencionadas. 
De todos modos, y para finalizar, señora Presidenta, a mí me parece que hay detrás de este reglamento la decisión de la Unión Europea de defender el principio de su soberanía y la de otros países para decidir con quién deben o no deben negociar. 
Señora Presidenta, los EE.UU. se arrogan una vez más el papel de legisladores mundiales y tampoco se atienen a las reglas que se aprobaron en el marco de la OMC. 
Nosotros no podemos tolerar esto. 
En esto han sido unánimes todos los grupos en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Después de haber dado el Consejo su conformidad a mediados de julio, la Comisión ha presentado ahora una propuesta de reglamento antibloqueo. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores- también en esto han sido unánimes todos los grupos- demanda que las medidas basadas en este reglamento deberían ser adoptadas más bien por la Comisión que por el Consejo. 
Por parte del Parlamento se viene pidiendo una ley antibloqueo ya desde 1992, desde que los EE.UU. endurecieron su bloqueo contra Cuba con la Torricelli Act. 
El Consejo y, no en último lugar, el Gobierno alemán han sido hasta ahora el máximo freno. 
La Comisión tampoco se ha volcado en actividades. 
Se esperaba entonces que el caso de Cuba se resolvería por sí mismo en un par de años. 
Pero en el último año la economía cubana se ha restablecido algo y ahora los EE.UU. dar una par de vueltas más a la tuerca del bloqueo, presuntamente para difundir la democracia. 
Pero de esta forma justificaron ya el apoyo al golpe militar de Chile y a los mujaidines en Afganistán. 
Tampoco ahora se han mostrado activos el Consejo y la Comisión, no han presentado enseguida una demanda ante la OMC. 
Las actividades comenzaron agitadamente en todas partes sólo cuando con la Ley d ' Amato se vieron afectados los intereses comerciales de la Unión Europea, en especial, los de la República Federal y Francia. 
A quien no se haya movido en tanto tiempo, como la Unión Europea, nadie le va a creer que ahora quiera devolver el golpe. 
Esta ley antibloqueo llega con algunos años de retraso. 
Si los intereses comerciales europeos experimentan daños, la culpa es, ante todo, de los gobiernos nacionales, pero se debe también a una negligencia de la Comisión. 
Tras años de inactividad de la Unión y tras las agitadas actividades de las últimas semana, ahora amenaza el fracaso de una aparición común de la Unión Europea a causa del veto de Dinamarca. 
Yo tengo la máxima comprensión para con los reparos jurídicos de Dinamarca que con la ley antibloqueo no quiere crear ningún precedente de una autorización general de la Comisión. 
Estas cuestiones pertenecen a una conferencia intergubernamental y deberían ser reguladas de común acuerdo allí. 
Pero en este caso específico es necesaria una acción rápida, y por esta razón hago un llamamiento a todas las partes implicadas a que dejen a un lado las disputas jurídicas y se pongan rápidamente de acuerdo en lo sustantivo. 
Señora Presidenta, no se trata por supuesto de caer en ningún tipo de ingenuidad angelical, pero desde los tiempos de Sierra Madre, desde que los barbudos siguiendo a su comandante entraron en La Habana, las cosas han cambiado mucho en Cuba. 
Nosotros fuimos allí con una pequeña misión del Parlamento Europeo, nos entrevistamos- por cierto, también lo hizo Carlos Lage- con el propio Fidel Castro. 
Las cosas han cambiado evidentemente en el plano económico con la aparición de los paladares o pequeños restaurantes, y con la reforma fiscal de 1994. 
Precisamente en este contexto en el que Cuba, a pesar de las dificultades, se abría, vuelve a aparecer- la cabra tira al monte- el big stick de Delano Roosevelt, la doctrina Monroe, la filosofía de la Bahía de los Cochinos junto al tradicional comportamiento de los Estados Unidos: ¡arrogancia, diktat, medidas unilaterales, embargo! 
Es decir, lo que se ha puesto en práctica, con el apoyo de todos los aquí presentes, respecto a Iraq y al pueblo iraquí. 
En Cuba esto ha suscitado una repulsa unánime hasta por parte del arzobispo de La Habana: nos entrevistamos con él en el mes de junio, y él también estaba en contra de esta filosofía de la unilateralidad, en contra de esta filosofía del proteccionismo y en contra de esta filosofía del nacionalismo económico. 
Ahora sin previo aviso nos damos cuenta de que en la legislación estadounidense hay una disposición 301, una super disposición 301, que permite que los Estados Unidos sancionen unilateralmente a quienes le estorben. 
Nos enteramos de repente aquí que Europa ha cedido frente a la multinacional Chiquita en el asunto de los «plátanos». 
Descubrimos que estábamos a punto de ceder sobre la extensión mundial de la legislación estadounidense en el asunto de las hormonas. 
¡Todos los expertos fiscales saben, sin embargo, qué se oculta detrás de esto! 
El comportamiento de California con la imposición unitaria, que ha perjudicado a las empresas de Gran Bretaña, que ha perjudicado a Péchinay en Francia, ¡es algo que dura desde hace ya más de quince años! 
Así pues, verán sus Señorías hasta qué punto fue un error alinearse con ellos durante la Guerra del Golfo Pérsico. 
En los escaños de la izquierda se quiso olvidar durante la Guerra del Golfo a los aviones de caza estadounidenses que sobrevolaban el palacio de la Moneda en Santiago de Chile porque la multinacional Kenneccott& Braden daba órdenes de liquidar al régimen chileno. 
Lo olvidaron. 
Olvidaron el alineamiento en las negociaciones del GATT, el alineamiento en los acuerdos de Blair House. 
Así que, por lo menos, esperemos que tanta desgracia sirva para algo. 
En el mes de noviembre iniciaremos negociaciones en Singapur, en 1999 iniciaremos las negociaciones del GATT. 
Ya hemos visto cómo el Presidente Clinton ha hecho que se apruebe una nueva ley agrícola. 
¿Acaso Europa, acaso el Parlamento Europeo está dispuesto a olvidar el espíritu pusilánime que le caracterizó durante la Guerra del Golfo Pérsico? 
Si esto fuera cierto, ¡entonces nosotros también evitaremos someternos al equivalente a la ley d ' Amato, al equivalente de la ley Torricelli, al equivalente de la ley Helms-Burton! 
Gracias, señora Presidenta. 
Si los esclavos despertasen volvería a haber esperanza. 
Señora Presidenta, señoras y señores, el presente reglamento es necesario y acertado por las razones aducidas. 
De suerte que es preciso apoyar el informe Kittelmann. 
Sin embargo, la cuestión es la de si la vía de la rápida liberalización, adoptada por la Unión Europea y la OMC, es acertada cuando es burlada sobradamente por el proteccionismo y por leyes extraterritoriales y ha de ser corregida y equilibrada luego- véase el reglamento- por medio de contramedidas. 
De esta suerte, las violaciones del Derecho internacional se ven combatidas mediante instrumentos jurídicos dudosos. 
¿No sería mejor en este punto avanzar con más precaución en la liberalización del comercio mundial y dar, luego, el próximo paso una vez que se hubiese asegurado las ventajas de los pasos anteriores, y todas las economías pudieran dar sin limitaciones el siguiente paso? 
En muchos ámbitos temáticos de nuestro trabajo parlamentario he tenido que constatar que las proyecciones de deseos y la ausencia de sentido de la realidad han sido las generadoras de las ideas y de los acuerdos. 
Una vez que hoy, debido a que vuelvo al Parlamento nacional austriaco, es la última vez en que me es posible hablar en esta Alta Asamblea, no quisiera omitir dar las gracias a todos con los que he tenido una buena colaboración y cordiales encuentros en las comisiones. 
Doy las gracias también a la Comisión por haber respondido a mis numerosas preguntas y doy las gracias a los intérpretes por su trabajo, no siempre fácil. 
Igualmente quisiera pedir a algunos diputados que piensen si es acorde con el espíritu europeo calificar a otros colegas, no por su cualificación, sino únicamente por la situación de su escaño en este Parlamento. 
Les deseo a todos mucho éxito en su trabajo por Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, a la Comisión le complace que el Parlamento esté dispuesto a iniciar el procedimiento de urgencia respecto a las disposiciones comunitarias antiboicot que la Comisión propone que se aprueben para proteger a los operadores europeos contra los efectos extraterritoriales de las leyes estadounidenses Helms-Burton y D ' Amato que han entrado en vigor este año. 
La Comisión es plenamente consciente de que el Parlamento Europeo ha reclamado en varias ocasiones, y la última vez en el transcurso de la sesión plenaria del 24 de mayo de 1996, la aprobación de disposiciones de esta naturaleza. 
La Comisión estima, al igual que el Parlamento, que de ahora en adelante será necesario proteger los intereses de la Comunidad, de sus ciudadanos y de las empresas establecido en su territorio contra los efectos extraterritoriales ilegítimos de las leyes aprobadas por los Estados Unidos. 
Las disposiciones comunitarias deberían asimismo hacer comprender con claridad a la administración norteamericana, y todavía más al Congreso estadounidense que las reglas del derecho internacional público deben ser respetadas. 
Ésta es la postura que la Comisión, el Consejo y los Gobiernos de los Estados miembros han defendido con tenacidad. 
Sin embargo, no tiene por qué verse en las disposiciones comunitarias un rechazo a los objetivos perseguidos por los Estados Unidos, interesados en que se restablezca la democracia en Cuba y en poner término al apoyo que dan algunos países al terrorismo internacional. 
La Unión Europea sigue asumiendo estos objetivos y el Consejo ha reafirmado su deseo de apoyar la democratización de Cuba. 
La Unión Europea no admite, sin embargo, que al querer aplicar estas leyes más allá de las fronteras nacionales, Washington trate de imponer su propia visión en cuanto a los medios que deben ponerse en práctica para alcanzar objetivos comunes. 
La Comisión quiere también agradecerle al Parlamento las enmiendas constructivas que ha presentado y se compromete a informar regularmente al Parlamento Europeo a través de su comisión competente, y procurará, respetando lo dispuesto por el Tratado, que el Parlamento Europeo participe como es preceptivo en la eventual legislación de seguimiento. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo en cuanto al procedimiento de comitología y la transmitirá al Consejo en el transcurso de los debates que se celebren a tal efecto. 
En lo referente a los objetivos de la Unión respecto a Cuba, conviene recordar que el Consejo Europeo celebrado en Madrid los pasados días 14 y 15 de diciembre ha aprobado las siguientes conclusiones: se considera oportuno seguir el diálogo y la cooperación con Cuba con el fin de apoyar activamente el proceso de reforma en curso, alentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y ampliar el ámbito de la iniciativa privada así como el desarrollo de la sociedad civil. 
A tal efecto, se pide a la Comisión que presente un proyecto de mandato para un acuerdo de cooperación económica y comercial durante el primer semestre de 1996, que el Consejo examinará a la luz de la evolución de la situación política y económica en Cuba. 
Además, el Consejo Europeo celebrado en Florencia los pasados días 21 y 22 de junio ha aprobado las siguientes conclusiones: se lamenta que las circunstancias políticas en Cuba no hayan permitido que progresen las relaciones entre la Unión Europea y este país. El Consejo espera que la evolución de la situación política en Cuba cree las condiciones necesarias para la realización de estos progresos. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
A pesar de anteriores voces disuasorias debido a las elecciones presidenciales norteamericanas, la Comisión ha optado por lanzar una fuerte señal política ante las medidas comerciales de Estados Unidos contra Cuba. 
Formalmente se ha presentado una reclamación ante la OMC, pero su tramitación tardará todavía un poco. 
Otro paso concreto en estos momentos es, por ello, la presente propuesta de Reglamento europeo. 
Aunque rechazamos el efecto extraterritorial de la legislación norteamericana, nos duele que la Unión tenga que dar este paso contra nuestro principal aliado. Sobre todo porque al igual que Estados Unidos condenamos el Gobierno dictatorial de Cuba. 
La legislación europea propuesta por la Comisión va muy lejos. 
Al prohibir el reconocimiento y la ejecución de las sentencias del juez norteamericano, se interviene en el derecho de los Estados miembros. 
Además se crea la posibilidad de que cualquier juez en los Estados miembros reclame las demandas de indemnización norteamericanas. 
Estas medidas provocan una amplia delegación de la soberanía. 
Nos preguntamos si existen suficientes indicios para una acción comunitaria sobre la base del artículo 113 y 235 del Tratado. 
Desde el punto de vista jurídico, ¿no sería más correcto adoptar medidas en el tercer pilar y actuar sobre una base intergubernamental? En parte para evitar el riesgo de una declaración de nulidad y responsabilidad. 
Además consideramos que el Reglamento no se ha formulado siempre de forma clara y creemos que también hay objeciones desde el punto de vista técnico legal. 
Por último, no podemos apoyar la propuesta de la Comisión de aplicar esta legislación contra la ley norteamericana D ' Amato. 
A diferencia de la ley Helms/Burton, la ley D ' Amato niega la entrada de los ciudadanos y empresas europeos en el mercado norteamericano cuando se comercia con Libia o Irán. 
Esto exige contramedidas distintas a las acciones jurídicas ante el juez europeo. 
Teniendo en cuenta lo anterior nos hemos abstenido de votar. 
Pesca 
informe A4-0306/96 del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0189- C4-0312/96-96/0124 (CNS) ) que modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) nº 3699/93 por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos; -informe A4-0271/96 del Sr. d ' Aboville, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0131- C4-0268/96-96/0089 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo que determina, para el período comprendido entre el 18 de enero de 1996 y el 17 de enero de 1999, las posibilidades de pesca y la contribución financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles; -informe A4-0270/96 del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0669- C4-0016/96) relativa a la aplicación de las medidas técnicas en la Política Común de Pesca; -pregunta oral B3-0979/96-0-0213/96 del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, a la Comisión, sobre la crisis en el sector del salmón en la Unión Europea; -informe A4-0305/96 de la Sra. McKenna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión (COM (96) 0100- C4-0213/96) relativo al control de la Política Pesquera Común. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la Comisión ha presentado una propuesta por la que se modifica por cuarta vez el reglamento de aplicación del IFOP (CE) nº 3699/93. 
Consiste sustancialmente en la adaptación de este reglamento a otros preceptos jurídicos. Pretende posibilitar la intervención del IFOP en la promoción comercial de los productos de la pesca. 
A tenor del artículo 12 del reglamento, hasta ahora no era posible establecer una garantía de calidad mediante la indicación del origen regional. 
Con la modificación que se ha presentado se reconoce que en determinadas condiciones, especialmente en el sector acuícola, el origen geográfico del producto de la pesca puede facilitar informaciones objetivas sobre su calidad específica. 
Por consiguiente, a través de la pertinente modificación del artículo 12 se incluye este aspecto específico en la capacidad financiera del IFOP para las medidas de promoción de la comercialización. 
La Comisión de Pesca apoya esta propuesta. 
La protección de la denominación de origen o la protección de la indicación geográfica, con la garantía de calidad que implican, puede considerarse un instrumento importante para la promoción comercial y la consecución de nuevos mercados para los productos de la pesca, si bien solamente a corto y a medio plazo, pues su solicitud está sujeta a un amplio procedimiento de examen en el plano de los Estados miembros y de la Comisión. 
Por consiguiente hago un llamamiento a los Estados miembros para que, tras la entrada en vigor del presente reglamento, informen a las organizaciones de productores sobre las nuevas posibilidades, y examinen y transmitan a la Comisión las propuestas correspondientes a la mayor brevedad. 
Otra modificación que se propone es más bien de carácter técnico pero, a pesar de ello, es importante. 
Es preciso aclarar jurídicamente que con efecto de 1 de enero de 1994 en los pagos efectuados por el IFOP se empleará únicamente el tipo de conversión presupuestaria del ecu. 
De esta suerte se traslada la decisión de principio, adoptada por el Consejo, de no aplicar el tipo de conversión agrícola del ecu en las intervenciones del IFOP. 
Efectivamente, desde la entrada en vigor del Reglamento nº 3699 el 1 de enero de 1994 existe inseguridad entre los Estados miembros sobre el tipo de conversión del ecu que hay que aplicar a la hora de calcular su valor en moneda nacional. 
Puesto que esto no se ha establecido expresamente, la práctica de conversión entre los Estados miembros era, en parte, diferente. 
Por consiguiente, la modificación que se ha propuesto constituye una precisión jurídica que elimina las dudas existentes y, en consecuencia, es bien acogida por la Comisión de Agricultura y Pesca, tanto más cuanto que se asegura que el carácter retroactivo de la disposición no tendrá repercusiones económicas desfavorables para los beneficiarios. 
Por consiguiente, pido a esta Alta Asamblea que acepte el informe de su Comisión de Pesca y apruebe la propuesta de la Comisión. 
Paso a referirme ahora al informe de la Sra. McKenna. El excelente informe de la Sra. McKenna sobre el informe de control de la Comisión sobre la Política Pesquera Común lo dice claramente: el éxito de la Política Pesquera Común presupone la puesta en práctica de controles eficaces de la gestión de recursos. 
Sin embargo, éste no se da, como lo demuestra claramente el documento de la Comisión. 
Las medidas de control de los Estados miembros son diferentes en su intensidad, y en lo que se refiere a todo el programa de vigilancia tienen en general muchas lagunas y son poco eficaces. 
Lamentablemente, al leer el informe de la Comisión no cabe sustraerse a la impresión de que las deficiencias que se han constatado en la traslación de las disposiciones de control a las legislaciones nacionales pueden considerarse como la expresión de la falta de voluntad política de los Estados miembros. 
Los pescadores tienen la impresión de que se les prodiga un trato desigual puesto que en los Estados miembros se controla de forma diferente. 
La desconfianza de los pescadores frente a la legislación de la UE socava su sensibilidad jurídica. 
De ahí la exigencia del Parlamento Europeo de sanciones iguales en todo el territorio de la UE para transgresiones iguales, de ahí la exigencia de más atribuciones para los controladores de la UE y de la posibilidad de la Comisión de imponer sanciones por sí misma. 
Los desembarques ilegales obligan a un control más intensivo de los desembarques y de la comercialización del pescado. 
Este debe ser apoyado mediante la instalación de un sistema subvencionable de vigilancia por satélite en los Estados miembros antes de 1999. 
Sin embargo, estas medidas propuestas por el Parlamento sólo pueden contribuir parcialmente a la solución del problema. Las raíces del malestar residen en el exceso de capacidad de la flota pesquera de la UE. 
La presión de la supervivencia económica debe ser aceptada por los pescadores y es ineludible establecer una equilibrio duradero entre la capacidad de captura y los recursos existentes. 
En este contexto adquiere una nueva explosividad la cuestión de la reestructuración de las flotas y de la limitación de las actividades pesqueras a la vez que se ponen en práctica medidas concomitantes de tipo socioeconómico. 
Señora Presidenta, permítame en primer lugar protestar contra esta sesión, donde todo cabe indiscriminadamente, dedicada a la pesca. 
¿Qué significan esas intervenciones en las que habría que hablar al mismo tiempo de las importaciones de salmón, de los acuerdos de pesca con las Seychelles, de medidas técnicas en las aguas comunitarias y esperar una respuesta global a todo ello? 
En cuanto a inscribir sistemáticamente semana tras semana de sesión cuestiones de pesca en el orden del día del viernes, me parece algo realmente escandaloso. 
Ya sé, por supuesto, que el viernes es día de pescado, pero aun así, estas cuestiones se refieren a problemas que condicionan el futuro de una población que trabaja en unas condiciones espantosas ¡y que vive una crisis sin precedentes! 
¿Qué opinión quieren ustedes que tengan de nuestras instituciones los pescadores si sus problemas siempre se plantean en un hemiciclo vacío en sus tres cuartas partes y, por si fuera poco, en ausencia del Comisario competente? 
Permítame un comentario sobre las medidas técnicas antes de abordar mi informe. 
Todo el mundo está convencido, y los pescadores más que nadie, de que para salvar su trabajo es conveniente gestionar con prudencia los recursos. 
Las propuestas de la Comisión van en este sentido y plantean ciertas medidas que, con razón, se basan en la protección de los juveniles. 
Si bien la intención es buena, las modalidades de aplicación, en cambio, son más discutibles. 
No se pueden aprobar de entrada tales medidas salvo que hayan sido probadas con el fin de valorar su eficacia y su impacto socioeconómico. 
Por esto insistimos para que las principales medidas, relativas sobre todo a los artes de pesca, sean objeto de proyectos piloto con duraciones razonables y en zonas variadas que correspondan a las distintas situaciones existentes en las aguas comunitarias. 
En cuanto a las medidas de cierre eventual de las áreas de pesca libres, estas medidas necesitan más que otras una evaluación previa de las consecuencias socioeconómicas que acarrearán así como la puesta a punto de medidas de acompañamiento adaptadas al efecto. 
Paso ahora a mi informe sobre el acuerdo de pesca con las Seychelles. Este acuerdo se refiere exclusivamente a la pesca del atún. 
En el plano cuantitativo, si se compara con el conjunto de acuerdos de pesca, este acuerdo podría considerarse mediano. Sin embargo, tiene una importancia capital, habida cuenta de la localización estratégica de la zona afectada. 
Se puede decir que el acceso a las aguas de las Seychelles condiciona las actividades pesqueras para el conjunto del Océano Índico. 
El acuerdo prevé licencias de pesca para 57 buques europeos, con una contrapartida financiera que alcanza los 9, 9 millones de ecus, repartidos entre derechos de pesca propiamente dichos, financiación de los programas científicos y acciones educativas tales como becas para estudios. 
Dicho acuerdo cubre el período que va de enero de 1996 a enero de 1999 y renueva un acuerdo del mismo tipo. 
Si es verdad que no se ha modificado la compensación financiera para una misma cantidad de capturas, hay que señalar algunas evoluciones. 
He querido destacar que el sistema de control queda reforzado, que las comunicaciones buque-autoridades son más detalladas, que las capturas las verifica la Seychelles Fishing Authority (Servicio de Pesca Marítima de las Seychelles) , organización parapública cuya misión consiste en gestionar los recursos y desarrollar la investigación científica. 
Por otro lado, se refuerzan las sanciones, tanto en caso de no respeto de las reglamentaciones como en caso de declaración errónea de las capturas. 
En lo relativo a los recursos, hay que saber que los especialistas científicos consideran que, en su conjunto, el atún tropical no está sobreexplotado. 
Sin embargo, he querido señalar la necesidad de que sea operativa lo antes posible la Comisión Atunera del Océano Índico, organismo de coordinación y de investigación. 
Esta Comisión se encarga de la gestión de los recursos y agrupa no sólo a los Estados ribereños del Océano Índico sino también a todos los Estados que faenan en sus aguas y sus recomendaciones en materia de protección de las especies tendrán carácter obligatorio para todos los miembros. 
En lo tocante a las relaciones entre la pesca industrial comunitaria y la pesca artesanal, tengamos presente que el Gobierno de las Seychelles ha aprobado medidas estrictas con el fin de proteger las zonas en que se practica la pesca artesanal. 
Estas medidas, que prohiben a las flotas extranjeras las zonas costeras y de arrecifes, han evitado todo tipo de conflicto. 
El acuerdo de pesca con las Seychelles tiene consecuencias económicas especialmente apreciables. 
Antes de la llegada de los buques atuneros europeos, las Seychelles vivían exclusivamente por y para el turismo. 
Actualmente la actividad generada por la pesca del atún es casi tan importante como la actividad turística. 
En el puerto de Victoria, por ejemplo, se desembarcan dos terceras partes del total de capturas realizadas en el Océano Índico occidental. 
La empresa conservera más importante del país, creada en forma de sociedad mixta entre el Estado, un conservero y una sociedad armadora, emplea a 600 personas. Su capacidad debería multiplicarse por dos en 1997, lo que supondrá 900 empleos adicionales. 
Por último, los buques comunitarios tiene la obligación de embarcar a dos marinos de las Seychelles. Se respeta y a menudo se supera esta obligación. 
Para concluir, y teniendo en cuenta que los elementos económicos fundamentales de este acuerdo no han cambiado respecto a los anteriores, teniendo en cuenta el interés de este acuerdo en términos de desarrollo y teniendo en cuenta que las disposiciones relativas a las declaraciones y al control de las capturas han mejorado, estimo que nuestro Parlamento puede apoyar la aprobación de este acuerdo. 
Agradezco a la Comisión de Desarrollo y Cooperación su dictamen, que confío haber tomado en consideración en mi informe, sobre todo en lo que se refiere a las preocupaciones en cuanto a la prevención de la explotación excesiva de las reservas. 
Agradezco también a la Comisión de Presupuestos su aportación, en la que invita en particular a la Comisión a iniciar negociaciones sobre la renovación de los protocolos financieros en materia de pesca mucho antes de que éstos expiren y a que concluya estas negociaciones con la antelación suficiente para poder consultar al Parlamento Europeo en la forma apropiada, es decir, antes de la firma del citado acuerdo. 
Por último, doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Pesca, que han aprobado este informe por unanimidad. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, quisiera que constara en acta mi agradecimiento por el interés que han mostrado mis compañeros de la Comisión de Pesca en este informe sobre la comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las medidas técnicas en la Política Común de Pesca. 
Acojo calurosamente el enfoque que se adopta en la comunicación de la Comisión y, desde luego, muchas de las ideas que contiene. 
Lamentablemente, en el pasado no se prestó suficiente atención a las medidas técnicas en todos los Estados miembros, aunque el tema afectaba a varios de ellos. 
Estoy convencido de que las medidas técnicas de conservación son esenciales para proteger a los juveniles y a los adultos en período de reproducción. 
La Comisión de Pesca cree que en el pasado habría que haber dedicado más atención a este importante aspecto de la conservación. 
Es indispensable aumentar las consultas y la cooperación en los niveles más básicos a fin de que las políticas sean aceptables para los que tienen que ponerlas en práctica. 
La Comisión debe tomar medidas apropiadas para restablecer la confianza de los pescadores en el trabajo de los científicos consultando plenamente a los primeros. 
Es esencial consultar a expertos técnicos que posean experiencia sobre las actividades de pesca. 
No hay que dejar a un lado ni las opiniones de los pescadores ni las de los expertos técnicos. 
Además, estoy convencido de que el Parlamento me apoyará cuando digo que es de vital importancia que las medidas técnicas sean simples, que sean rentables, que sean técnicamente factibles y prácticas de cara a su funcionamiento en condiciones comerciales. 
Las medidas técnicas de conservación deben ser fáciles de entender y deben ser sencillas de llevar a la práctica. 
Recordemos que los pescadores son pescadores, no eurócratas. 
Las medidas técnicas de conservación deberán formar parte indisociable de una política integrada de conservación de los recursos pesqueros. 
Las medidas técnicas de conservación han de acompañarse de otras medidas como TAC y cuotas. 
Tan sólo algunos Estados miembros han hecho propuestas a la Comisión. 
Hago un llamamiento a todos ellos para que participen más activamente y hagan propuestas. 
En mi informe pido que, con carácter de urgencia, se incluya en cualquier paquete de medidas un plan general de incentivos y de formación de los pescadores en el uso de la tecnología de la conservación. 
Abogo claramente por el concepto de los dividendos de conservación. 
El propósito de la Comisión de Pesca al defender los dividendos de conservación es tentar a los pescadores a que acepten voluntariamente la tecnología de la conservación para que no tengamos que recurrir a legislación. 
Creo que si no se dispone de la buena voluntad del sector, se burlarán las medidas técnicas todo lo posible. 
Propongo que, a modo de dividendo de conservación, consideremos la posibilidad de concesiones del POP o, incluso, de asignar cuotas adicionales a los que respeten las medidas. 
Si no se recompensa la introducción voluntaria de medidas técnicas, la única opción que queda es la de introducir legislación de la UE que, sin duda, requerirá el acuerdo de todos los Estados miembros. 
Creo que éste sería casi imposible de conseguir. 
En estos momentos nadie niega la necesidad de medidas y de normativas adecuadas. 
Creo firmemente que estas mismas medidas y normativas debieran introducirse en todos los futuros acuerdos internacionales. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que vele porque así se haga. 
La Comisión debe garantizar que las medidas propuestas comprendan un aumento del tamaño mínimo de las mallas- introducido por etapas y después de efectuar pruebas en el mar -, una simplificación geográfica y la introducción de puertas de malla cuadrada y, desde luego, de áreas cerradas (o «boxes» ) cuando sea necesario. 
Antes de comentar los demás informes y defender mis colores nacionales, quiero dar las gracias una vez más a todos los que han puesto tanto interés en las medidas de conservación técnica, porque pienso que tales medidas pueden desempeñar un importante papel en la conservación de los recursos pesqueros en el futuro. 
Pero, como he dicho, ello exigirá el pleno apoyo de los pescadores. 
Así que, una vez más, abogo por la necesidad de consultar a éstos últimos y a los científicos técnicos que posean experiencia en este campo. 
Quiero aprovechar la oportunidad para comentar el informe McKenna. 
En él, la Sra. McKenna insta a la Comisión a prever la posibilidad de que pueda decidir no conceder, suspender, reducir o cancelar ayudas financieras comunitarias de vital importancia destinadas a la industria pesquera en caso de que no se cumplan determinados reglamentos de la UE. 
En el informe, lamentablemente, se defiende que se impongan como sanción reducciones de las cuotas. 
La Sra. McKenna intentaba sin éxito que se procurara una nueva reducción de la ya exigua flota pesquera irlandesa. 
Querría señalar que Irlanda cuenta con la mejor base pesquera de Europa: tenemos el 4 % de los contingentes de la UE; el 44 % o más de nuestra flota tiene 25 años de antigüedad; el 64 % de la misma presenta deficiencias de seguridad. 
Espero que esto se aborde y me alegra que, hace un tiempo, la Sra. Comisaria me asegurara que en lo que atañe a la seguridad la Comisión se mostraría muy dispuesta a comunicarse. 
En Irlanda difícilmente podemos permitirnos perder más tonelaje. 
Se nos debería dar la oportunidad de desarrollar nuestro sector pesquero, recordando de sobra que, además de una Política Pesquera Común, tenemos una política regional, tenemos una política de desarrollo rural. 
Habría que integrar estas políticas con el fin de garantizar que las regiones costeras de mi país y de Europa en las que no existen fuentes alternativas de desarrollo, pueden desarrollarse y proporcionar puestos de trabajo muy necesitados en todas esas áreas. 
Por lo tanto, tendré grandes dificultades para apoyar el informe. 
No puedo exagerar el daño que están causando las importaciones de salmón noruego a la industria irlandesa de cría de salmón, lo mismo que sucede en Escocia. 
Me hago cargo de que los noruegos adquirieron un compromiso en una reciente reunión celebrada en Londres con miras a garantizar que la producción del último trimestre de 1996 y el primer trimestre de 1997 fuera como la de 1995 más un 10 %. 
Vigilaremos muy de cerca este tema. 
Este año se han introducido precios mínimos de importación, que agradecemos; pero no han funcionado. Se han eludido. 
Por lo tanto, hago ahora un llamamiento a la Comisión para que reintroduzca los precios mínimos de importación y siga con las restricciones cuantitativas. 
Insto a todos los gobiernos, incluido el mío, a que den los pasos necesarios. 
Señora Presidenta, la difícil situación en que se encuentra la industria comunitaria del salmón- especialmente en Irlanda y en Escocia- no es un hecho nuevo para este Parlamento. 
Ya el año pasado se produjeron serias disfunciones en el mercado comunitario por causa de importaciones de salmón noruego a precios anormalmente bajos, produciéndose importantes pérdidas para nuestros productores. 
Por esto, la Comisión de Pesca en noviembre de 1995 presentó una pregunta oral, pidiendo acción inmediata de la Comisión para proteger los empleos en este sector. 
Como resultado de esta iniciativa, la Comisión estableció un precio mínimo para la importación en diciembre de ese año. 
El precio mínimo fue saludado por el sector como una primera medida para la adecuada resolución de la crisis. 
Sin embargo, los resultados esperados- como ha señalado el Sr. Gallagher- no llegaron a producirse. 
Al contrario, los productores irlandeses experimentaron una caída del 10 % en la venta de sus productos después de la puesta en vigor del precio mínimo de importación. 
Este precio se mantuvo hasta junio de 1996 sin remediarse la situación, sino empeorando ésta. 
En 1995 señalamos que se habían incrementado las importaciones noruegas en un 27 % en los nueve meses precedentes y que el precio del salmón comunitario había disminuido un 21 %. 
Nuestra pregunta de hoy tiene justificación, dado que en los últimos ocho meses las importaciones noruegas se han incrementado en un 22 %, produciendo al mismo tiempo una reducción de precio de venta de otro 21 %. 
Es decir, en términos globales, los precios europeos en la actualidad han descendido aproximadamente un 35 % con respecto al año anterior, cuando los costes de producción, como todos saben, se han incrementado. 
Por eso, parece una creencia fundada que las exportaciones de salmón noruego a la Comunidad en esta masiva cuantía y a estos niveles de precio sólo se pueden producir gracias a un fenómeno, el dumping. 
A finales de agosto de este año, a petición de la Asociación de productores de salmón de Escocia, la Comisión inició un procedimiento «antidumping» contra Noruega. 
Pero para llevarse a cabo correctamente esta investigación y para establecer medidas correctoras se nos informa que el plazo mínimo necesario es, al menos, de nueve meses. 
Y ahí radica el problema, porque los productores no pueden esperar este tiempo. 
Si no se adoptan inmediatamente acciones, los productores de salmón comunitario experimentarán pérdidas tan sustanciales que llevarán a la ruina a innumerables explotaciones. 
Y estamos hablando de un sector importante. 
Importante porque la producción de salmón supone aproximadamente 5.000 puestos de trabajo en el Reino Unido y unos 2.000 en Irlanda. 
Pero son puestos situados en regiones marítimas periféricas, de objetivo 1, donde existen pocas o ninguna posibilidad de empleo alternativo. 
Por lo tanto, estas importaciones noruegas sospechosas amenazan seriamente a puestos de trabajo de muy difícil reposición. 
En esta situación es necesaria la adopción inmediata de medidas, pues cabe recordar que el último trimestre del año es el período más importante para la venta de salmón. 
Y si ahora no se toman medidas, y si ahora el precio del salmón sigue disminuyendo, muchos productores no van a cubrir sus costes de producción. 
Resulta por eso desconcertante que, hasta el momento, los Gobiernos de los Estados miembros afectados no hayan adoptado iniciativas apropiadas para hacer frente a esta situación y que el tema ocupe en la agenda del Consejo el dudoso punto de «asuntos varios» -donde nunca se toman decisiones-. 
Esta situación nos obliga a que adoptemos iniciativas parlamentarias adecuadas para tratar de resolver seriamente este problema. 
La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha organizado un grupo de trabajo sobre la problemática del salmón para analizar, con rigor y seriedad, las peticiones del sector; grupo que cuenta con la estrecha colaboración de la Comisión para fundar sus decisiones. 
Y este grupo entiende que hay varias medidas que podrían ser adoptadas con carácter inmediato; medidas, todas ellas, conformes con el marco legal de la Organización Mundial de Comercio y el Espacio Económico Europeo. 
La Comisión, además, puede tomar medidas en virtud del artículo 24 del Reglamento 3759/92 sobre la OCM de productos de la pesca, que señala que, en caso de serias alteraciones en los mercados comunitarios, la Comisión puede adoptar medidas adecuadas en el comercio con terceros países, hasta que estas alteraciones o amenazas al mercado desaparezcan. 
Un nuevo precio mínimo a la importación es lo menos que se puede contemplar, pero, basándonos en anteriores experiencias, somos escépticos si no se toman en consideración los mecanismos de circunvención que los noruegos, con imaginación, han articulado. 
En el caso de que esto no fuera posible, la solución más apropiada sería, lamentablemente- lamentablemente, digo -, la imposición de restricciones cuantitativas a la importación. 
Algún portavoz de la Comisión argumenta que esta medida es contraria al espíritu y a la letra del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, pero, realmente, lo que sí es contrario a este espíritu y a esta letra es la situación de dumping a la que se enfrentan los productores comunitarios. 
La Comisión tiene las competencias legales necesarias para adoptar las medidas precisas, que son aquéllas que sirven para poner fin a esta situación. 
Si son necesarias- lamentablemente, digo- restricciones cuantitativas, pues será preciso que sean adoptadas. 
Existe un amplio consenso en el sentido de que, a largo plazo, la única solución para recuperar la estabilidad de los mercados es llegar a un acuerdo de buena fe con Noruega. 
Pero mientras tanto, en la situación inmediata de precariedad de los productores comunitarios, la acción que solicitamos es la única respuesta posible a la situación de emergencia que vivimos, porque el futuro de la industria de la acuicultura del salmón exige estas decisiones. 
Quiero terminar, señora Presidenta, felicitando a los ponentes de los cuatro informes- que, lamentablemente, debatimos una vez más en viernes- por el excelente trabajo realizado y agradeciendo a todos los colegas que asisten a este debate el apoyo a las propuestas de estos ponentes. 
Lamentablemente, debo decir que, como Parlamento, fuimos consultados sobre este acuerdo a los cuatro meses de finalizadas las negociaciones, dicho más exactamente, el 9 de mayo. 
Un mes después el Consejo de Ministros acordó la aplicación provisional del acuerdo. 
Por lo demás, a finales de mayo debería haberse efectuado ya el primer pago compensatorio que, según datos de la Comisión, tuvo lugar un mes más tarde pero, no obstante, antes de que esta Asamblea emitiera su opinión. 
De esta suerte tenemos exactamente la misma situación que en la primavera del pasado año en el caso del acuerdo de pesca con la República del Senegal. 
Esto significa, en particular, lo siguiente: el Parlamento ha sido consultado cuatro meses después de la renovación del acuerdo de pesca. 
El Consejo ha adoptado una vez más una decisión con notables consecuencias financieras sin requerir previamente la opinión de la otra parte de la autoridad presupuestaria y sin que hubiera un fundamento jurídico suficiente. 
El primer pago- en todo caso por un volumen de 3.5 millones de ecus- tuvo lugar una vez más antes de que nosotros, como Parlamento, pudiéramos emitir la opinión, en este caso incluso antes de que las comisiones competentes en este acuerdo pudieran emitir su opinión. 
Con esto la Comisión ha considerado una vez más como fundamento jurídico suficiente la decisión del Consejo sobre la aplicación provisional del acuerdo. 
La Comisión de Presupuestos y esta Asamblea han protestado ya repetidas veces enérgicamente en otros casos contra este proceder. 
Hoy lo hago aquí una vez más. 
A fin de cuentas seguimos siendo aún parte de la autoridad presupuestaria. 
Es intolerable que el Consejo crea que nos puede eludir aquí sistemáticamente. 
Si el Consejo y la Comisión prosiguen en el futuro esta conducta, tendremos realmente que pensar seriamente en emprender aún pasos legales. 
Por consiguiente, insto una vez más a la Comisión a que en el futuro inicie y cierre conversaciones a su debido tiempo, de tal manera que el preceptivo procedimiento de consulta pueda cerrarse y se pueda aprobar un fundamento jurídico antes de que se lleve a efecto el pago. 
De esta manera cesaría la práctica despiadada de poner provisionalmente en vigor protocolos internacionales a través de un intercambio epistolar, eludiendo al Parlamento. 
Esto ha funcionado una vez más porque en los acuerdos internacionales de pesca se trata de gastos no obligatorios. 
En todo caso, estos casos muestran de nuevo cuán necesario es que el Consejo y la Comisión firmen finalmente el Code of conduct que nosotros hemos propuesto para la mejora de la información y de la elaboración del presupuesto en los acuerdos internacionales de pesca. 
Señora Presidenta, procederé por títulos: el tema del control es muy sensible. 
Comparto las opiniones manifestadas por los ponentes, a las que ha contribuido también el Grupo socialista dentro de la comisión. 
Por lo que se refiere al control, no es sólo una cuestión reglamentaria y, por consiguiente, burocrática; es necesaria la participación de las asociaciones de pescadores, así como la de los ecologistas. 
No obstante, debemos tener en cuenta los instrumentos de la tecnología, pero también las especificidades biológicas, a la hora de reformar la Política Pesquera Común, ya que ésta puede reformarse mediante el principio de la subsidiariedad, pero también con algunas políticas sociales dirigidas a conceder una ayudo a la renta de los pescadores, tema ya afrontado en la Política Agrícola Común. 
Éste es el razonamiento que presentaremos en el debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común, sabiendo que el cuarto programa podrá ser un elemento útil de debate. 
Señora Presidenta, doy la bienvenida a la Sra. Comisaria aquí esta mañana. 
Parece que ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en la Comisión de Agricultura de este Parlamento y es agradable comprobar que de nuevo se esté tomando interés por las cuestiones de pesca. 
Esta mañana tenemos ante nosotros cuatro importantes asuntos y yo voy a centrarme en el salmón en particular. 
Permítanme decir que el seguimiento y control de la Política Común de Pesca es sumamente importante y que espero que el Parlamento esté ocupándose suficientemente del tema en el día de hoy. 
Deseo comunicar al Grupo de los Verdes que apoyaremos sus enmiendas sobre el informe McKenna. 
Es especialmente importante que en este Parlamento reconozcamos que las capturas accidentales, los descartes y el pescado negro es algo con lo que tenemos que ponernos serios. 
Pero voy a dedicarme básicamente a la cuestión de la importación de salmón desde Noruega. 
Hemos de reconocer que la Comisión ha avanzado mucho al sacar adelante esta investigación sobre el dumping del salmón noruego. 
El presidente de la Comisión de Pesca ha demostrado gráficamente el problema y le agradezco su dedicación y apoyo al tema. 
Sin embargo, la Comisión podría haber ido más lejos y, al igual que el Sr. Gallagher, hago un llamamiento a todos los Estados miembros para que adopten medidas contra el Gobierno noruego en el momento presente por la cantidad de salmón que está enviando a la Comunidad. 
No basta con que los gobiernos se mantengan al margen viendo cómo la acuicultura y quizá el futuro de la producción pesquera en la Comunidad Europea se ven diezmados por un país que está decidido a obtener una considerable cuota del mercado a expensas de una industria joven y floreciente de algunas zonas periféricas de nuestra Comunidad. 
La Comisión podría ir más lejos y adoptar por su cuenta medidas provisionales; la invito a que lo haga. 
En los últimos días he tenido ocasión de analizar el problema y reconozco que se podrían poner inmediatamente en práctica unos precios mínimos de importación. 
Espero que esto pueda hacerse realidad y que, a más largo plazo, tengamos la valentía y las agallas para introducir alguna forma de restricción cuantitativa. 
Señora Presidenta, en el informe McKenna se evalúa el primero de un importantísimo grupo de informes de la Comisión sobre la eficacia del control en la Política Común de Pesca. 
Una de las cosas principales que se han puesto de manifiesto es el grado desigual de cumplimiento dentro de la Unión y la falta de voluntad política de los Estados miembros para hacer que funcione el sistema de ejecución. 
La política está fracasando y lo seguirá haciendo con su estructura actual. 
Estoy encantado de que la Comisión de Pesca haya aceptado gran número de enmiendas del Grupo Liberal: aumento de las atribuciones de los inspectores de la Unión Europea, lo que resulta esencial para que se juegue limpio en todo el terreno de juego; sanciones similares para delitos similares en toda la Unión, a fin de garantizar la equidad jurídica en una política común como es la de pesca; un control mucho mayor del cumplimiento en las áreas de transporte y comercialización de la cadena de suministro, algo que, según este informe, faltaba casi totalmente. 
Una de las cosas que subrayaría es que, según nuestro grupo, esta situación ilustra cómo la Política Común de Pesca en su forma actual es incapaz de conservar los recursos pesqueros. 
Ese es el reto. 
Eso es para lo que necesitamos encontrar una nueva solución. 
Señora Presidenta, quisiera referirme al informe del Sr. d ' Aboville y al acuerdo de pesca con las Seychelles, y haré cuatro observaciones. 
La primera para decir que una vez más el Parlamento está celebrando un debate sobre una decisión que ya ha sido tomada. 
Ya están previstos hasta los compromisos financieros. Es una situación inaceptable. 
Lo venimos repitiendo una y otra vez y llegamos a enseñar los dientes, pero no pasamos de ahí. 
Por lo tanto, ésta ya sería una buena razón para votar en contra, pero no es la única. 
La segunda observación se refiere al hecho de que no existe un enfoque regional en este tema. 
Cuando se habla del Océano Índico, tomar en consideración al mismo tiempo a Madagascar, a la isla Mauricio, a las Comores y a las Seychelles es ya de por sí un enfoque regional. 
Si se trata pues de tener un enfoque por separado, como ocurre aquí, es lógico que no se controle correctamente la situación. 
La tercera observación se refiere a que es un acuerdo sin cuotas, lo que lo convierte en un acuerdo de pesca un poco inhabitual en cuanto a la forma. 
Y por último, ¿quién efectúa los controles? 
Es realmente importante indicar que son los organismos de control franceses y españoles. 
Ello es más que significativo en cuanto a la voluntad de controlar la situación de modo efectivo. 
Por todas estas razones votaremos en contra. 
Señora Presidenta, me alegro de que estemos teniendo este debate, aunque sea en viernes. 
Tomé esta iniciativa en primer lugar para llamar la atención del Parlamento sobre la grave situación que atraviesan los productores de salmón escoceses. 
Pero el debate no tendría que haberse celebrado en absoluto y hemos de comprender por qué ha sido necesario. 
Cuando se celebró el Consejo de Pesca, el Consejo de Ministros habló del tema dentro de «asuntos varios» y cuando le llegó el turno al Reino Unido de decir algo, de tomar medidas, fue como la famosa historia detectivesca de «El perro que no ladró por la noche». 
La sorpresa fue que el perro estaba ahí pero no ladró. 
Fue culpa del Gobierno del Reino Unido, que, en un momento en que la gente esperaba que se alzara en defensa del sector salmonero escocés, omitió tomar medidas jurídicas. 
En otras palabras, el perro no enseñó los dientes en este contexto para forzar a la Comisión a estudiar la introducción de restricciones cuantitativas. 
Esto lo que la industria esperaba. 
Allí se encontraba incluso un ministro escocés, pero no se tomaron medidas. 
De modo que ahora le toca a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo intervenir para cerrar esta brecha. 
¿Qué pedimos exactamente y qué podemos esperar? 
El precio mínimo de importación no es un instrumento demasiado bueno como ya sabemos por el pasado, pero es el único que puede ponerse en práctica inmediatamente. 
Con la amenaza de un caso antidumping sobre las cabezas de los noruegos, hay muchas posibilidades de se comporten bastante mejor que la última vez en el período anterior a Navidades. 
Pero luego estoy casi completamente convencido de que tenemos que continuar con restricciones cuantitativas. 
Debemos preguntarnos la cuestión política, que se pregunta constantemente y que incluso me preguntaron en la televisión francesa ayer: ¿A qué se debe qué los noruegos, de fuera de la Unión Europea, estén consiguiendo arreglárselas mejor con la producción de salmón que los escoceses e irlandeses, de dentro de la Unión? 
Este es el motivo de que esta actuación sea absolutamente indispensable, necesaria y urgente. 
Señora Presidenta, las intervenciones comunitarias con finalidad estructural a favor de la pesca y la acuicultura están encaminadas a modificar un antiguo reglamento de 1993 reformándolo en tres aspectos, por lo que se refiere a la promoción de los productos, las ayudas para la creación de organizaciones de productores y la confirmación de los tipos de cambio para el ecu contable. 
Nosotros creemos que la presente propuesta puede regular la promoción del producto si tales referencias están efectivamente relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. 
Por consiguiente, apoyamos las peticiones de la Comisión y por lo que se refiere a las ayudas para el inicio de actividades de las organizaciones de productores y a la aplicación del tipo de conversión del ecu, basado en la referencia del cambio facilitada por el instituto de organizaciones de pesca. 
Por lo que respecta al informe del Sr. d ' Aboville, en realidad no se trata de un nuevo acuerdo, sino de una redefinición del que ya expiró en enero y que estaba dotado con una asignación financiera que autoriza el incremento de las medidas de control gracias a la mejora de los sistemas de comunicación en tierra. 
Desgraciadamente, como ya es costumbre establecida, al Parlamento Europeo se le ha puesto ante el hecho consumado. 
Desaprobando tal situación y esperando que eso no se repita en el futuro, apoyamos la propuesta del Sr. d ' Aboville. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señora Presidenta, la calidad del informe del Sr. Gallagher y la importancia de las medidas técnicas bien hubieran merecido disponer de más tiempo. 
En todo caso, cabe decir que el Sr. Gallagher ha hecho un excelente trabajo aunque le ha faltado, hay que decirlo, flexibilidad y audacia para haber aceptado la enmienda al guión 3 del apartado 7 que hubiera mejorado con mucho su informe. 
A la Comisión, dada la importancia del tema de las medidas técnicas, quisiera preguntarle si está dispuesta a abrir un período y un plazo de consultas, puesto que la opinión del Parlamento Europeo ha sido unánime en materia de medidas técnicas al manifestar que no se debe actuar con precipitación y que deben aplicarse las medidas de acuerdo con el sector. 
Estamos aprobando el informe Gallagher, pero mi pregunta para que me la conteste y en directo es si está dispuesto a abrir este período de consultas para el informe de medidas técnicas. 
Es muy urgente que el Parlamento tenga la contestación de la Comisión, porque como ustedes saben detrás está el Consejo que está apremiando a una respuesta. 
Por tanto, ruego, señor Presidente, que la Comisión me conteste en esta sesión a esta importante pregunta. 
En términos generales, tengo que decirle que la Comisión en materia de medidas técnicas es más bien una comisión que da normas en las nubes. 
Hay que aconsejarle que esas medidas que son ideales para un mundo ideal, deben aplicarse en materia de pesca, hace falta promover incentivos, hace falta estimular a que los pescadores puedan aplicar esas medidas. 
Muchas gracias, señora Izquierdo, pero debo decirle, cariñosamente, que usted casi ha doblado el tiempo que tenía a su disposición. 
Esta Presidencia nunca retira la palabra. 
Creo que son ustedes quienes deben autorregularse, y pediría que, en cuanto al tiempo, los demás miembros de la Asamblea no tomaran ejemplo de la Sra. Izquierdo, aunque el contenido de su intervención ha sido muy valioso. 
Tiene la palabra la Sra. Fraga por tiempo de dos minutos. 
Señor Presidente, sin intención de obviar otros informes voy a centrar mi intervención en el informe de control que de una manera tan realista ha enfocado la ponente Sra. McKenna. 
No estamos aquí solamente para decir siempre lo que quieren oír los pescadores. 
Es evidente que en una época de crisis en el sector pesquero como la que estamos atravesando la tentación de burlar las normativas se acrecienta, y ello no hace más que poner aún más de relieve que el control es uno de los grandes fracasos de la política común pesquera. 
Hay que insistir en que mientras el control de sus propios pescadores esté sólo en manos de los Estados miembros su ineficacia es casi segura. 
En época de vacas flacas se redoblan las peticiones de control, pero siempre para los demás, y esa es sin duda una de las razones del actual problema de sobrepesca. 
No se puede despojar a los Estados miembros de sus atribuciones, pero la Comisión debe reforzar su propio control y vigilar el de los Estados miembros, lejos de posibles presiones interesadas y también de acciones aisladas y oportunistas que en realidad poco o nadan resuelven, como la obsesión por el control de las flotas de larga distancia. 
Sin duda, señor Lannoye, ello es necesario, pero quien conoce bien estas pesquerías sabe que las flotas comunitarias en aguas exteriores forman parte en su mayoría de las mejor controladas del mundo, caso Nafo, mientras que dentro sigue la casa sin barrer. 
En lugar de tanto derroche en las flotas ya controladas debería reforzarse el control en las carreteras de la Unión Europea, por donde, y sin duda, fluctúa un tráfico de especies prohibidas absolutamente vergonzoso. 
Considero igualmente necesario un control efectivo sobre el cumplimiento de los POP y la instauración de un sistema de sanciones verdaderamente disuasorias. 
Ante las propuestas de recortes ,... 
Señora Fraga, no debe usted interpretar el golpe del martillo como algo para hacerla callar, sino como una advertencia de que usted ha terminado su tiempo y que usted dispone por lo tanto del tiempo de la Asamblea como quiera. 
Señor Presidente, he oído lo que usted ha dicho e intento cumplir con lo que me mandan los presidentes de esta sala. 
Por tanto, con esto creo que he dicho bastante. 
Señor Presidenta, en comunidades costeras aisladas como mi propia circunscripción, son muy limitadas las posibilidades de que surjan iniciativas de desarrollo económico con base local. 
Una historia feliz en los últimos años ha sido el crecimiento del sector de producción de salmón. 
Es un sector con un considerable potencial, pero, como cualquier otra actividad, necesita una estabilidad razonable de las condiciones comerciales. 
Los que toman parte en él necesitan poder predecir en cierta medida sus márgenes comerciales. 
Este Parlamento y las instituciones europeas no necesitan que se les explique la importancia que reviste la estabilidad para la política a medio plazo. 
Es algo que sin duda conocemos desde un punto de vista macroeconómico en relación con la UEM. 
Pero en términos microeconómicos, a nivel del sector del salmón, consideremos qué significa que Noruega, un Estado no perteneciente a la Unión que produce un enorme excedente para la exportación- y que tiene potencial para producir mucho más en el futuro inmediato- invada nuestro mercado hasta el punto de que, cuando el caso antidumping se examine, tendrá base suficiente. 
Esto es mejor tarde que nunca. 
Ha desestabilizado totalmente los precios y en cuatro ocasiones desde 1989 hemos probado la solución de los precios mínimos de importación y no ha funcionado. 
Francamente, si queremos dar a esas comunidades costeras una posibilidad de sobrevivir, sólo hay una respuesta probable a largo plazo: ponernos serios, introducir restricciones cuantitativas. 
El Consejo eludió la cuestión; nosotros no deberíamos hacerlo. 
Señor Presidente, antes que nada me refiero al informe del Sr. Gallagher, cuyas propuestas, aprobadas en la Comisión de Pesca, me parecen extraordinariamente positivas y dignas de valorización. 
Sobre todo en el momento en que se examina el plan operacional POP IV, por tanto, para los próximos años, porque se acentúan las propuestas en función de las reducciones. 
Y esta propuesta que trae la Comisión aquí acentúa su protección de los juveniles, de los recursos haliéuticos, de la vinculación con los pescadores. 
Porque sobre todo me repugna la idea de que sólo se haga el control con vistas a saber cuántas sanciones aplicamos, cuántas infracciones descubre la Comisión, y no con vistas a incitar pedagógicamente a los pescadores, a incitar a todos los que dependen de la pesca, a no infringir la ley. 
Porque rechazo la idea de que el pescador sea necesariamente un depredador y un destructor del medio ambiente. 
Por último, lanzo un desafío a la Comisión para que sea posible poner en práctica un sistema de control mediante satélite en las aguas comunitarias. 
Señor Presidente, quiero hablar de la cuestión de los precios del salmón y agradecer al Parlamento su solidaridad sobre este tema a lo largo de los años. 
Si hubiéramos recibido el mismo apoyo por parte del Consejo de Ministros y de la Comisión, habríamos progresado. 
No debiéramos subestimar la gravedad de la situación. 
Cuando visito las regiones periféricas de mi propia circunscripción, que tradicionalmente han dependido de la pesca, tengo muy poco que ofrecerles. 
La Comunidad les está pidiendo que reduzcan su esfuerzo pesquero, el tonelaje de sus barcos y las capturas. 
Estamos amenazando el estado de sus recursos pesqueros, lo que nos llevará forzosamente a reducir los beneficios de las comunidades pesqueras. 
Tenemos una sola alternativa que ofrecerles, que es la acuicultura. 
Políticamente no era muy popular en el pasado, pero las comunidades pesqueras de toda la Comunidad Europea empiezan a reconocer que hay posibilidades y que puede conseguirse sin daños para nuestro medio ambiente y puede ayudar a salvar a las comunidades costeras. 
Este esfuerzo está siendo pisoteado por un gigantesco esfuerzo noruego- que obviamente ha sido subvencionado durante años- que no permitirá salir de puerto al buque insignia de las actividades acuícolas: la acuicultura del salmón. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Bonino. 
Reconozco que, aunque sea viernes por la mañana, fue en las mañanas de los viernes cuando llevamos en su día este problema ante la atención de la Comisión. 
La Comisaria ha empezado a tomar medidas y se lo agradezco mucho. 
Siguiendo con lo que ha dicho el Sr. Macartney, en Killybegs, al noroeste de Irlanda, cuando la gente se queja de la Política Común de Pesca- y yo intento defender a la Comunidad- me dice que los noruegos no tienen problemas para sobrevivir. 
Sólo quería subrayar este hecho. 
Señor Presidente, en lo referente a las medidas técnicas pesqueras, quisiera en primer lugar agradecer al ponente Sr. Gallagher su excelente trabajo. 
Esta comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las medidas técnicas en la política común de pesca ha tenido su continuación con la propuesta de reglamento actualmente en estudio. 
Y en este debate global, quisiera expresar unas reflexiones. 
Los objetivos de la Comisión son loables y las medidas necesarias. 
Pero creo que la falta de selectividad actual no se debe a la reducida luz en las mallas de los artes actuales, sino a la actividad, cada vez más frecuente, de pesqueros comunitarios con artes ilegales, que no se logra evitar por falta de voluntad política. 
¿Puede demostrar la Comisión que los ejemplares de juveniles son capturados con artes de pesca de malla reglamentaria? 
Temo que, a la vista de la negativa de los Estados miembros a reducir flota, la Comisión trate de conseguirla indirectamente a través de una evolución darwiniana pura y dura. 
Muchas empresas intentan sobrevivir en este escenario y este esfuerzo se realiza, a veces, cometiendo infracciones, en muchos casos impunes, con conocimiento de los Estados miembros responsables del control y casi siempre con conocimiento de la Comisión. 
Por ello, también quería felicitar el trabajo de la Sra. McKenna en su informe sobre el control. 
En este escenario, ¿qué puede pensar y cómo puede actuar la empresa que cumple escrupulosamente las medidas técnicas, las cuales se van a endurecer, y tiene que competir con otras empresas que no las cumplen? 
¿De qué sirve cumplir las medidas técnicas si todo el sector sabe que la falta de cumplimiento no es sancionada y que es la verdadera causa de la captura de juveniles? 
No quiero se apocalíptico, tampoco quiero ser demagógico. 
Estoy a favor de mantener los recursos, entre otras cosas, para que el sector sea rentable también a medio y a largo plazo. 
Y las medidas técnicas son necesarias, pero si las endurecemos a la vez que no somos capaces de hacer cumplir las actuales, estaremos lesionando gravemente la competitividad de los legales, de los que las cumplen, y favoreciendo a aquéllos que las incumplen, lo cual, desde luego, no es muy halagüeño para la conservación de los recursos. 
Voy a dar la palabra al Sr. McMahon, al que le pido disculpas porque le correspondía la palabra antes que al Sr. Imaz. 
Quiero advertirle que el descuido no se debe a la simpatía y amistad personal que tengo con el Sr. Imaz, que es de la misma magnitud que la simpatía y amistad que tengo con usted. 
Por lo tanto, después de pedirle disculpas, le doy la palabra por el tiempo de dos minutos. 
Señor Presidente, este es un asunto que viene de hace mucho tiempo. Estamos con él desde hace ya unos diez años. 
Diputado tras diputado han ido planteando el tema. Debe ser el tercer o cuarto debate que tenemos. 
Hemos celebrado audiencias en la Comisión de Pesca. 
Hemos invitado incluso a los noruegos. Éstos nos han brindado con su presencia en dos ocasiones. 
Hemos tenido sesiones de presentación de diapositivas, con los dos lados opuestos: Noruega a un lado y los irlandeses y escoceses al otro. 
Todos nos ha dado su testimonio y nosotros hemos escuchado el debate, pero el problema sigue ahí. 
Sigue ahí porque hay una falta de voluntad de la Comisión y una falta de voluntad del Consejo de Ministros. 
La sagrada trinidad: Leon Brittan, Michael Forsyth y Raymond Robertson- ministro de Pesca de la Scottish Officeson los que están en situación de intentar hacer algo al respecto. 
Sabemos que el Sr. Brittan tiene enormes problemas en este momento porque a la mitad de su propio gabinete no le interesa en absoluto Europa ni nada europeo, de manera que tiene que defender a la parte europea. 
Tiene que desviar la atención de su trabajo como comisario de Comercio para guardarse las espaldas contra los euroescépticos del gabinete del Reino Unido. 
No puede hacer correctamente su trabajo cuando diputados europeos de Irlanda, Escocia u otros lugares se dirigen a él para que intente conseguir medidas respecto al salmón. 
Ahí es donde radica el problema; el problema radica en la Comisión, en la Dirección General de Comercio Exterior y en el Consejo de Ministros. 
El mes pasado, en el reciente Consejo de Ministros, se dejó que la Presidencia irlandesa planteara el tema. 
Pero realmente no pidieron al Consejo de Pesca que hiciera nada. 
Se habló de ello pero no se pidió ninguna actuación. 
Hoy sí pedimos una actuación. 
Pedimos un precio mínimo realista y restricciones cuantitativas. 
Ninguna otra cosa podrá satisfacer a los productores de salmón de Escocia e Irlanda. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. 
No voy a hablar de la pesca como tal, pero hay tres cuestiones generales de las que creo que debieran ocuparse las instituciones europeas. 
En primer lugar, el informe del Sr. d ' Aboville expone muy claramente que tenemos aún otro acuerdo que se ha firmado, así como los pagos efectuados antes de que nuestro Parlamento lo debatiera. 
Esto tiene que terminar. 
En segundo lugar, ¿por qué siempre tenemos que debatir esto los viernes? 
El tema se ha planteado varias veces. 
Políticamente, la pesca es una de las cuestiones más importantes para nuestros Estados miembros; despierta tremendas pasiones, tremendas disputas, pero siempre la dejamos para el viernes. 
Sin duda es una cuestión que la Conferencia de Presidentes podría abordar y tratar razonablemente. 
En tercer lugar, estoy de acuerdo con el comentario que ya se ha hecho de que está siendo un debate conjunto demasiado variado. 
Por supuesto que la Sra. Comisaria debería estar presente para responder a las preguntas que se han formulado. 
Quizá esto tenga que ver con el punto anterior. 
Así pues, las tres instituciones deben ocuparse de todo este problema de la pesca. 
Dicho de paso, apoyo todos los informes. 
Se puede decir que el tema tratado en el informe del Sr. Gallagher es ya viejo. 
La Comisión empieza a actuar en este ámbito, lo cual es positivo. 
Esto significa precisamente que el Parlamento puede participar y lo que nos falta en este ámbito es menos burocracia y más simplificación. 
Esto es también lo que desea el Consejo de Ministros. 
Queremos participar en la solución del problema de los peces capturados que se tiran por la borda una vez muertos. 
Queremos participar en la solución y el desarrollo de nuevos métodos de captura. 
Queremos participar en la protección de los bancos de pesca y en la limitación de las zonas de pesca, pero todo esto sólo será posible en cooperación con los pescadores y mediante normas regionales. 
Hemos de tener cuidado de no crear una burocracia dirigida desde Bruselas en vez de algo que proviene de los verdaderos cazadores, es decir, los pescadores. 
Y finalmente un pequeño pío nórdico: es lamentable ver que Dinamarca está reduciendo su flota mientras el resto de los Estados miembros incumple este compromiso. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. McKenna por su informe, que es a la vez directo y completo. 
Este informe contiene ciertas informaciones y conclusiones que la Comisión suscribe plenamente. 
El informe llama la atención sobre la dificultad de alcanzar un nivel de control satisfactorio de la capacidad de pesca de la Unión y sobre lo urgente que resulta reducir esta última. 
La Comisión admite, sin problema, que el nivel de control sigue siendo insuficiente en la Comunidad y que convendría aprobar urgentemente medidas de mejora, que son sumamente necesarias y que ya deberían haberse tomado hace tiempo. 
En lo que le atañe, la Comisión tiene la intención de contribuir a que se introduzca una mejora global. 
Sin embargo, quisiera llamar la atención del Parlamento acerca de las competencias limitadas de que disfruta la Comisión en este ámbito. 
También tengo que informarle de que seguramente el Consejo no aceptará las propuestas más atrevidas del informe. 
Me refiero a la armonización de las sanciones para las infracciones, que serán también de suspensión de la ayuda financiera en caso de rebasamiento de las cuotas, y al refuerzo de los poderes del servicio de inspección comunitaria de pesca. 
Aprovecho la ocasión para recordar los principales elementos del enfoque de la Comisión en este tema. 
Controles pormenorizados y rigurosos de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros- esto es, el control -, presentación de informes detallados respecto al nivel de control en los Estados miembros, incluidos los informes especiales sobre cuestiones particulares- esto es, la transparencia-. 
En tercer lugar, fomento de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en el ámbito de los controles. 
A este respecto informo al Parlamento de que en septiembre se aprobó en Dublín una primera serie de medidas durante la reunión de los directores generales y de los responsables de los servicios de control, y que éstas fueron aprobadas, a su vez, por el Consejo de «Pesca» del pasado 14 de octubre. 
Seguidamente, la concesión de la ayuda financiera comunitaria que permita aportar mejoras reales a los servicios de control nacionales, de modo que los costes de control puedan repartirse de manera más equitativa. 
Por último, una garantía de la plena aplicación de las disposiciones del reglamento de «control» , Reglamento CEE nº 2847/93 relativo a la localización por satélite y registro de las capturas. 
En conclusión, señor Presidente, quisiera informar al Parlamento de que la Comisión estudiará atentamente las recomendaciones que se recogen en este informe. 
En cuanto a la propuesta de cuarta modificación del Reglamento del Consejo nº 3699/93, Reglamento relativo a las intervenciones estructurales en el sector pesquero, esta propuesta pretende introducir tres modificaciones. 
La primera permite una cofinanciación comunitaria de las operaciones para la promoción de la protección de las indicaciones geográficas y de las apelaciones de origen. 
La segunda actualiza una referencia al artículo 7 del Reglamento sobre la organización común de los mercados de los productos de la pesca. 
La tercera confirma que el tipo de conversión del ecu es indudablemente el tipo de conversión presupuestario o ecu contable, como lo quiso el Consejo de 21 de diciembre de 1993. 
Ninguna de las modificaciones tiene incidencia financiera, ni en lo referente al presupuesto comunitario ni en lo referente a la dotación estructural atribuida a cada Estado miembro. 
Sólo la primera modificación constituye un cambio cualitativo. 
Las otros dos son meras actualizaciones técnicas del Reglamento, sin alcance práctico. 
Estoy convencida de que el Parlamento Europeo aportará su apoyo a la Comisión, tal como invita a hacerlo el informe objeto del presente debate y aprovecho la ocasión para darle las gracias al ponente, Sr. Kindermann. 
En lo relativo al informe del Sr. d ' Aboville, la Comisión quisiera en primer lugar agradecerle al ponente su excelente informe sobre las nuevas condiciones de pesca para la flota atunera comunitaria en las aguas de las Seychelles aplicables durante tres años, hasta enero de 1999. 
La Comisión estima que, desde el punto de vista técnico, estas nuevas condiciones pueden garantizar una ejecución todavía más eficaz del acuerdo, aplicando principios fundamentales de conservación de los recursos. 
A este respecto sabrán ustedes que la Comunidad participará como miembro de pleno derecho en la Comisión Atunera del Océano Índico (CAOI) cuya reunión inaugural se celebrará en Roma el próximo mes de diciembre. 
La política que desarrollará la delegación comunitaria en el seno de esta nueva organización internacional, ajustándose a la línea principal que propugna su informe, tendrá como objeto un mejor conocimiento y gestión de los recursos atuneros locales con arreglo a los principios de base aplicables concertados en el marco del derecho internacional. 
En lo relativo a las enmiendas propuestas, la Comisión rechaza las enmiendas núms. 2 y 6, ya que van en contra de la doctrina establecida en cuanto a la naturaleza de los acuerdos de pesca y menoscaban sus competencias en materia de negociaciones. 
La Comisión acepta las otras enmiendas en cuanto al fondo pero rechaza la forma subrayando que, en primer lugar, la Comisión ya informa regularmente al Parlamento sobre el estado de utilización de los acuerdos de pesca mediante ponencias e informes ante la Comisión de Pesca. 
En segundo lugar, el principio de conservación de los recursos está regulado por el derecho del mar que la Comunidad ha firmado y que ya está inscrito en todos los acuerdos marco de pesca, en especial en el de las Seychelles. 
En tercer lugar, la Comunidad ya ha ratificado el acto constitutivo de la CAOI cuya competencia, como dije antes, consiste precisamente en el seguimiento científico y la gestión de los recursos atuneros regionales. 
En cuanto al papel del Parlamento en la ejecución presupuestaria de los acuerdos de pesca, desearía recordar que las tres instituciones implicadas están ultimando en estos momentos un código de buena conducta relativo al procedimiento presupuestario para los acuerdos de pesca, que tiene por finalidad organizar mejor las relaciones entre la Comisión y el Parlamento. 
El informe de la Comisión sobre la aplicación de las medidas técnicas en la Política Común de Pesca constituye un análisis pormenorizado de la utilidad de las medidas aplicadas desde 1986 para proteger a los peces jóvenes en las aguas comunitarias. 
La Comisión advierte que el informe Gallagher coincide, en general, con las conclusiones del informe de la Comisión, tanto en lo relativo a la visión de los problemas como en lo relativo a las posibles alternativas. 
Esto constituye la prueba de que las ideas propuestas por la Comisión para mejorar el estado de nuestros recursos pesqueros van en la buena dirección y nos animan a seguir estas iniciativas. 
Como sabrán, la Comisión ya ha presentado una propuesta de nuevo reglamento sobre las medidas técnicas de conservación, que sustituirá al que está en vigor desde 1986. 
En esta propuesta, presentada el pasado mes de junio y que tendremos ocasión de debatir con detalle en los próximos meses, la Comisión ha recogido la mayor parte de las propuestas y de las ideas de su propio informe y del informe del Parlamento en relación con dicha propuesta. 
Espero que esta coincidencia general conduzca también a una posición común entre la Comisión y el Parlamento en relación con la propuesta mencionada. 
En lo que se refiere al problema de la crisis en el sector del salmón, la Comisión quisiera subrayar en primer lugar que la disminución registrada desde hace algunos años no sólo afecta al precio de venta del salmón sino también al coste unitario de producción. 
En este contexto, la estabilidad de los precios no debería significar que los precios tengan que aumentar ni que deban permanecer en el mismo nivel. 
Los precios están, por supuesto, en regresión y al mismo tiempo el tamaño del mercado ha crecido considerablemente. 
Por el contrario, no sabemos y no podremos saberlo antes de que finalicen las investigaciones en curso si el precio del salmón noruego ha bajado más rápidamente que el coste unitario, hasta el punto de que una parte sustancial de las ventas totales se ha fijado por debajo de los costes de producción y ha causado un perjuicio con arreglo al sentido de la normativa sobre competencia desleal. 
Nosotros tampoco sabemos si estos precios de venta en nuestros mercados han sido lo que han sido por unas ayudas estatales que, por su índole, pueden generar, con razón, medidas compensatorias. 
Se pueden hacer muchas afirmaciones y alegaciones y son muchos los casos particulares. 
Lo que no tenemos y a todos nos falta una idea global de la situación. 
Como sabrán, el mercado es tema de gran debate desde hace años. La consecuencia de ello ha sido mucha efervescencia y revuelo pero muy poca claridad. 
Ahora estamos enfrentados una vez más a la misma situación. 
La Comisión ha aprovechado la ocasión que le brindaban las dos quejas de los productores de Escocia y de las Shetland para llevar a cabo una investigación detallada, sobre todo con vistas a precisar tanto la naturaleza como la amplitud de los daños ocasionados. 
No es cierto que la Comisión no haga nada, sino que, al contrario, trabaja intensamente en estos temas. 
Es esencial que se tomen medidas sobre una base fáctica sólida, porque de lo contrario las medidas no alcanzarían su objetivo, tal y como ha demostrado el Reglamento sobre precios mínimos. 
Seguimos vigilando, naturalmente, la evolución del mercado y cabe señalar a este respecto que las informaciones disponibles son menos numerosas de lo que deberían ser y de lo que llegarán a ser cuando finalicen las investigaciones. 
Desgraciadamente, numerosos Estados miembros son lentos a la hora de contestar a nuestras solicitudes de información. 
Sin embargo, podemos afirmar que hoy el precio es estable habida cuenta de los habituales factores de temporada. 
No hemos detectado ciertamente indicios de una tendencia brusca a la baja como la registrada en el transcurso del último trimestre del pasado año. 
Señor Presidente, en esta contestación de piloto automático en conserva que nos ha dado la Comisión no se contesta a la pregunta que le he hecho en vivo. 
¿Podría decirme, al menos, la Comisión en qué momento va a contestar esta pregunta? 
Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta, pero me gustaría que aclarara más lo último que ha dicho sobre la falta de información procedente de los Estados miembros. 
En primer lugar, ¿es el Reino Unido uno de los Estados miembros que no ha proporcionado la información que desea? 
En segundo lugar, no ha dicho realmente si la Comisión se pondrá a favor de los precios mínimos de importación, que es lo que se pide en la resolución. 
Muchas gracias, señor Macartney. 
Señora Cresson, ¿desea responder a las intervenciones de la Sra. Izquierdo y del Sr. Macartney? 
Muchas gracias, señora Cresson. 
Señora Izquierdo, comprenda usted que no podemos entrar en un debate y la Sra. Cresson creo que no ha terminado todavía. 
Señor Presidente, no he contestado a la primera pregunta, pero puedo decir que estamos debatiendo este punto con el Consejo. 
Señora Izquierdo, ¿insiste usted? 
Acaba de contestarle la Sra. Cresson, pero usted, si quiere, tiene la palabra. 
Esta Presidencia jamás le negará la palabra. 
Señor Presidente, ruego que revisen las actas, porque claramente no ha estado escuchando el debate. 
En las actas verá cuál es mi pregunta y, por tanto, ruego que revise su respuesta, porque nada contesta. 
Esperemos que, después de revisar las actas, se le pueda dar a usted una respuesta por escrito. 
El debate queda cerrado. 
Se procede ahora a la votación. 
Informe Kindermann (A4-0306/96) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
A pesar de que en este caso hemos decidido votar en favor del informe, esto no significa que defendamos unas ayudas uniformes para las organizaciones de consumidores. 
Las empresas y los diversos tipos de asociaciones para la defensa del consumidor deberían, en casos normales, ser capaces de subsistir sin ayuda. 
Informe d ' Aboville 
Aunque votemos en favor del informe, queremos dejar constancia de nuestro escepticismo ante las grandes compras de cuotas pesqueras que está realizando la UE. 
Los costes de la compra de cuotas pesqueras son del orden de los 300 millones de ecus. 
Consideramos caro e incorrecto seguir subvencionando de este modo a una flota pesquera que en su lugar debería disminuir en número. 
También hay motivos para pensar que los intercambios comerciales en el ámbito pesquero con países afectados, sobre todo de Africa y del Océano Indico, deberían producirse en unas condiciones más beneficiosas para estas naciones. 
Más soluciones de estilo «riesgo compartido» darían más puestos de trabajo, más mejoras y una mayor flota pesquera para estas naciones del tercer mundo. 
Informe Gallagher 
Cada vez que se celebran debates sobre acciones para lograr una conservación sostenida y a largo plazo de los recursos pesqueros acabamos con peticiones de compensaciones, contribuciones y ayuda. 
También ha sido así en esta ocasión. 
La situación ecológica, no obstante, nos ha puesto unos límites que debemos estar dispuestos a respetar aun sin subsidios. 
La propuesta de añadir unos comunicados sobre consideraciones socioeconómicas y de otro tipo en un contexto más amplio son correctas, pero en este caso dan la señal equivocada. 
Resolución salmón 
Señor Presidente, represento a Greater Manchester East y algunos de mis grandes intereses en el Parlamento han sido en relación con la política de investigación y la conversión armamentística, sobre las que he hecho dos informes, y todo lo cual parece estar a años luz de la crisis del sector salmonero. 
Pero hace algún tiempo se puso en contacto conmigo una empresa de mi circunscripción que se encuentra de hecho en el sector de la defensa y está intentando alejarse del mismo para invertir en nuevas tecnologías punta de carácter civil. 
Una de las cosas que hacía era utilizar la tecnología de radar para tratar enfermedades oculares de los salmones en las piscifactorías, un problema al parecer importante. 
Debido al repentino dumping del salmón noruego en el mercado, se retiró el dinero prometido al proyecto para desarrollo, encontrándonos así en una situación que no perjudica únicamente a los habitantes de Escocia e Irlanda, sino a los de toda Europa. 
Perjudica al desarrollo de nuevas tecnologías; perjudica a la comercialización de nuevas tecnologías; perjudica a los puestos de trabajo. 
Por este motivo apoyo la resolución y resulta muy oportuno que la Sra. Cresson haya estado aquí para responder a la pregunta de una forma que probablemente ella no haya valorado al principio. 
A grandes rasgos simpatizamos con la resolución. 
Tenemos muchas razones para observar de cerca el aumento de la exportación de salmón, puesto que Noruega concede unas amplias ayudas a los criadores de salmón bajo la modalidad de transporte subvencionado, préstamos subvencionados, menores contribuciones sociales e incluso reducción de la deuda, además de compensaciones por pérdidas. 
En este contexto queremos señalar que también los criadores suecos se ven afectados de forma negativa por el barato salmón noruego. 
De todos modos, pensamos que el estudio que va a poner en marcha la Comisión debe completarse antes de que podamos empezar a debatir las diversas medidas posibles. 
Por consiguiente, nos abstenemos de votar. 
Informe McKenna 
Nuestro apoyo al informe McKenna y, con él, la invitación al Consejo de que adopte un IV Programa de desarrollo plurianual, no deben interpretarse como si apoyásemos la propuesta presentada por la Comisión en todos sus aspectos. 
Los recortes en las flotas pesqueras de los países miembros deben estar en proporción con los actuales recursos pesqueros. 
La tosca propuesta de la Comisión carece, por lo que se refiere a la opinión sueca y teniendo en cuenta entre otras cosas el llamado informe Lassen, de motivación ecológica en sus aspectos esenciales, y por lo que respecta al pescado del mar Báltico. 
Política rural europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0301/96) del Sr. Hyland, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la política rural europea y la creación de una Carta Rural Europea. 
Señor Presidente, quería comenzar haciendo constar en acta mi agradecimiento a los diputados que participaron en la elaboración del informe, el cual trata de una amplia y nueva área de la política de la UE. 
Prometí que reflejaría al máximo las opiniones de los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de otras comisiones, así como las de organizaciones y personas interesadas que están deseando que surja un nuevo planteamiento integral del problema rural. 
El informe, espero, es un reflejo fiel de dicho consenso. 
Deseo también que conste en acta mi agradecimiento por el interés que han demostrado el Comisario Fischler y sus funcionarios. 
Todos los Estados miembros experimentan grandes dificultades para abordar el problema de la crisis del campo y el problema socioeconómico más amplio del desequilibrio entre las zonas rurales y urbanas. 
El informe toma en consideración la diversidad de estos problemas en diferentes países y la necesidad de que toda nueva iniciativa se aplique con flexibilidad. 
Sin embargo, he primado la importancia de la agricultura y de las explotaciones familiares en la economía rural y, aunque la agricultura no basta por sí misma para mantener una comunidad rural viable y viva, es, en mi opinión, el eje económico en torno al cual giran otras actividades económicas. 
Aunque no lo vi en mi escrito, era inevitable que los diputados se refirieran a la política agraria común y las referencias a este respecto no pretenden representar una postura definitiva en esta importante área política sobre la que, sin duda, el debate continuará tomando como base el documento de debate de la Comisión. 
En un momento en que la creación de puestos de trabajo ocupa un lugar muy destacado dentro de los asuntos a tratar por el Parlamento, a los que se nos han encomendado responsabilidades en el área de la agricultura nos corresponde presentar propuestas dirigidas a aprovechar al máximo el potencial de la totalidad de nuestros recursos del campo, con el propósito de estabilizar las actuales estructuras rurales y crear nuevas áreas de empleo, incluido trabajo para los que no participen directamente en las actividades agrarias. 
Creo que en el informe se especifican estas áreas, comenzando por la función primaria de transformar alimentos y crear empleo a través del proceso de añadir valor en el sector alimentario. 
Pero, como ya he dicho, se reconoce asimismo que la agricultura por sí misma no mantendrá la viabilidad de estas zonas. 
El informe habla también de la utilización de los recursos humanos de la Comunidad y de la voluntad de los habitantes del campo, si se les da la oportunidad, de planear cuidadosamente programas para intervenir en la tarea del desarrollo rural. 
Soy de la opinión de que ello exige un planteamiento integral, que incluya que los gobiernos nacionales y regionales de la UE trabajen en tándem con la comunidades locales, a fin de aprovechar al máximo el potencial de nuestros recursos del campo y humanos. 
Doy importancia a la infraestructura pueblos/pequeñas ciudades y a la necesidad de mantener servicios comunales esenciales, y añadiría que la oferta y mejora de estos servicios no puede evaluarse siempre desde el punto de vista exclusivamente económico, sino que debe tomar en consideración su dimensión social más amplia o los problemas derivados de la expansión excesiva y no planificada de las comunidades urbanas. 
El informe habla de la importancia y el potencial del medio rural y del papel de sus habitantes en conservarlo intacto para las futuras generaciones. 
Señala asimismo sus posibilidades económicas de crear empleo en ámbitos como el turismo rural y, también, su trascendencia como base sostenible de la cultura y tradiciones europeas. 
Aborda igualmente el reto de proporcionar recursos energéticos alternativos, que es una empresa con base en el campo, y también la importancia de adaptar las PYME a las necesidades locales y, en particular, iniciativas como el programa LEADER. 
Se señala igualmente como empresa sostenible la silvicultura planificada, que proporciona a la vez ingresos económicos a los agricultores y oportunidades de empleo a la población rural. 
El informe se ocupa de las necesidades sociales de la vida rural y la necesidad de que haya suficientes escuelas, servicios postales y de comunicaciones y también una infraestructura de carreteras adecuada. 
Se hace especial mención al papel de la mujer en la sociedad rural y a la necesidad de crear las condiciones sociales necesarias para apoyar a las que trabajan fuera del hogar y a las que están ocupadas en empresas agrícolas y empresas rurales de otro tipo. 
La decadencia de las comunidades rurales suele atribuirse a los avances de la tecnología y, aunque esta afirmación puede ser cierta hasta cierto punto, creo que el advenimiento de nuevas tecnologías avanzadas de la comunicación, como Internet, ahora pueden usarse para invertir la tendencia y crear nuevos puestos de trabajo en las áreas rurales de toda la Comunidad. 
Concluyendo, el informe presenta argumentos a favor de un nuevo enfoque coordinado de una política rural sostenible, que sitúe a las personas en el centro del proceso de desarrollo, y pide el establecimiento de un nuevo fondo especialmente destinado al nuevo programa, que mantenga a las zonas rurales de la Unión Europea en un lugar central dentro de los objetivos económicos y sociales más amplios de este Parlamento y sus instituciones. 
Señor Presidente, señorías, como ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación quiero agradecerle al Sr. Hyland que haya integrado en su informe las conclusiones que nuestra Comisión ha aprobado por unanimidad. 
El principio de una Carta Rural Europea, que brinda un marco global a la acción comunitaria en este ámbito merece, por supuesto, todos nuestros apoyos. 
Quisiera recordar que, efectivamente, desde el inicio de la política agrícola común en 1961 hasta 1975 ha desaparecido un agricultor cada minuto. 
En el transcurso de 1995, el Comisario de Agricultura, Sr. Fischler, declaró ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que entre 1995 y el año 2000 desaparecerían otros tres millones de agricultores. 
Esto supone que en los próximos cinco años desaparecerán siete agricultores cada ocho minutos. 
Esta evolución plantea graves problemas a todos los niveles: el nivel económico, por supuesto, pero también, como lo han subrayado algunos colegas, el nivel social, y añadiré el nivel cultural, en términos de apuesta vital de civilización. 
Durante toda la historia europea e incluso después de la Primera Guerra Mundial, el mundo rural ha sido la base de la organización de la sociedad y el fundamento de nuestra cultura, en todos sus aspectos, durante siglos en común y en simbiosis con lo que ocurría en las ciudades. 
Las ciudades estaban entonces en simbiosis con el mundo rural, lo que le ha dado un carácter muy particular a la civilización europea. 
Este equilibrio, como se ha dicho, se ha roto. 
Así pues, debemos ser creativos e imaginativos. 
En términos de política cultural es importante desarrollar en las zonas rurales el interés por la historia local, cosa que, gracias a Dios, se está desarrollando y el interés por la valorización de las tradiciones populares, elemento clave para el turismo rural y a la vez necesario para el empleo rural y para la supervivencia del espacio rural en su integralidad así como para el equilibrio de la sociedad en su conjunto. 
Por consiguiente, necesitamos inventar una nueva simbiosis entre el mundo de la ciudad y el mundo rural. 
Respecto a la juventud, es importante destacar que el problema de la desertización del campo es el del envejecimiento de la población agrícola. 
Es necesario, por lo tanto, crear una política activa que permita responder a los problemas específicos de educación y de formación del entorno rural. 
Nadie quiere sacrificar la educación de sus hijos. 
Actualmente sabemos lo importante que es esto y debemos desarrollar el empleo juvenil en torno a actividades vinculadas, por supuesto, a la agricultura pero también al mundo rural. 
En este sentido son viables innovaciones atrevidas, relacionadas con la preocupación ecológica de nuestros conciudadanos. 
La agricultura se ha desarrollado en torno a organismos de mutuas y cooperativas que han permitido el desarrollo, no sólo en términos de producción agrícola sino de mejora de la calidad de vida de las familias del sector agrícola. 
Es necesario que organismos como las mutuas agrícolas, los bancos agrícolas, los seguros agrícolas, los centros de formación y las casas familiares rurales participen en esta política rural. 
Tienen una tradición, nos pueden enseñar muchas cosas y nos conviene mucho trabajar con ellos en este ámbito. 
Señor Presidente, señorías, el mundo rural está en situación precaria, en franca decadencia. 
Sufre la presión de los nuevos tiempos y el contagio del carácter urbano. 
Por ello, celebro que este Parlamento se preocupe de trazar un marco que posibilite el espacio rural, para que la Comisión se ocupe de proponernos un modelo social y económico que sirva para afrontar con tiempo y racionalmente una situación apremiante. 
Esta carta rural va a ser la contribución de este Parlamento a la conferencia sobre «Europa rural» que tendrá lugar en Irlanda en los primeros días de noviembre. 
Por ello, debemos felicitarnos y felicitar al ponente Sr. Hyland, por su excelente trabajo en cuanto a su orientación y contenido, y porque es integradora de otras opiniones, en este caso la de la Comisión de Política Regional. 
El espacio rural debe contemplarse desde una triple perspectiva: sociológica, como mundo a promocionar y desarrollar; ecológica, como zona a ordenar y proteger; y cultural, como lugares en los que se encuentran los principios y tradiciones que han dado origen a la conciencia colectiva. 
Se sitúa pues la problemática de las áreas rurales, por un lado, en el ámbito de la ordenación del territorio y, por otro, en su recuperación económica que pasa por un proceso de reconversión, de diversificación económica. 
La Carta rural europea que se propone a la consideración de esta Cámara es una estrategia de reequilibrio del territorio europeo incitando a mantener la cultura rural en la Unión Europea, y es también un instrumento de ordenación del territorio, de coordinación de todas las políticas comunitarias que influyen sobre el mundo rural. 
Ese ejercicio centrado en las áreas rurales tiene que integrarse en una visión global del territorio que permita equilibrar las opciones prioritarias en el binomio rural periferia-aislamiento frente al urbano central-congestión. 
Aislamiento y deficiencia de servicios básicos, como salud y enseñanza son sus características; mantener el medio ambiente, evitar los costes de la desertización, preservar el equilibrio territorial, es decir, la rentabilidad social, es razón suficiente para mantener la actividad económica y la población en las zonas rurales. 
Consideraciones más amplias de cohesión económica y social, de igualdad de oportunidades, de equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras refuerzan este planteamiento. 
Este es el sentido de la aportación de la Comisión de Política Regional a la Carta rural europea, porque si bien hay deficiencia en el mundo rural de servicios básicos, como salud y enseñanza, no puede abordarse de forma separada en todos y cada uno de los lugares del mundo rural. 
El desarrollo de centros urbanos medianos favorece la descentralización necesaria en cuanto a actividades económicas y servicios y genera al mismo tiempo la dinamización de las áreas rurales próximas y la autosuficiencia de la zona contribuyendo de ese modo a la calidad de vida del espacio rural y a paliar los problemas de congestión de las grandes urbes. 
El papel que pueden jugar las ciudades medianas, cabeceras de comarca, merece una atención particular. 
Estimo de todo punto necesario para el futuro del mundo rural que los Estados aborden con financiación de la Unión proyectos de cooperación entre municipios en torno a dichos centros medianos para ofrecer en común servicios e infraestructuras. 
Solicito un voto favorable a esta Carta rural de Europa que considera el espacio rural como una oportunidad frente a las dificultades cada vez mayores de las concentraciones urbanas, y que indica las grandes líneas directrices para que sea la Comisión la que proponga las medidas necesarias para establecer una política que desarrolle las comunidades rurales y las mantenga permanentemente viables. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Hyland por su trabajo en este informe. 
Es de vital importancia para la gente a la que represento y para tantas otras personas de toda la Unión Europea. 
Este reconocimiento de los problemas específicos y de las necesidades de las áreas rurales es, espero, la primera fase de una revisión fundamental de la estructura y naturaleza de la asistencia financiera que reciben. 
Durante demasiado tiempo hemos dirigido recursos hacia el desarrollo de una industria agraria, cuyo beneficios han sido reducidos para la comunidad rural en sentido amplio. 
La continuación de la reforma de la PAC liberará fondos que deberían utilizarse para transformar la política agraria común en una política rural común en la que la agricultura siga desempeñando un papel esencial pero cuyo principal objetivo sea garantizar el bienestar económico y social de las comunidades rurales. 
Aunque dichas comunidades compartan una serie de características comunes, al crear una política rural común debemos tener cuidado de reconocer además la diversidad, los puntos fuertes y débiles que aparecen a lo largo y ancho de la Unión. 
Nuestro fin debería ser crear un marco dentro del cual puedan definir su prioridades los interlocutores locales y participar en la modelación de programas para garantizar que aporten el máximo beneficio. 
Apoyando este informe, podemos añadir nuestra voz a la llamada en favor de una política de desarrollo local, pero la política solo tendrá éxito si escuchamos la voz de todas nuestras comunidades rurales. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quiero dar cordialmente las gracias al ponente. 
Sobre el Informe Hyland cabe la siguiente afirmación: en mi opinión, el desarrollo de los espacios rurales es factible solamente a través de una agricultura competitiva. 
Esto vale para todo el ámbito de la UE. 
El espacio rural no debe degenerar en una representación folklórica. 
Cuando ahora, a comienzos de noviembre, se discuta en Cork, Irlanda, sobre el desarrollo futuro, hay que decir ante todo que el espacio rural no es una magnitud residual. 
El 50 % de las personas viven en él, pero sólo el 20 % encuentran su puesto de trabajo en el espacio rural; todos los demás son trabajadores que diariamente van y vuelven de su casa a la ciudad. 
Estas cifras son muy semejantes en todos los países de la UE. 
El espacio rural es considerado de buen grado como un recurso funcional y de servicios para los espacios industriales urbanos congestionados. 
Sin embargo, esta consideración no basta como programa de desarrollo rural, ni tampoco contribuye por regla general a la estabilización de los mercados rurales de trabajo. 
No cabe ignorar el hecho de que los espacios rurales marginales de la UE son territorios siniestrados desde el punto de vista de la política de empleo. 
En épocas de precariedad de recursos la política regional clásica apenas podrá introducir modificación sustancial alguna. 
Por lo demás, se han hecho manifiestas las dudas acerca de su eficacia. 
Por esta razón, para los espacios rurales marginales son urgentemente necesarias perspectivas razonables para personas con pocas oportunidades de implantarse sólidamente a medio y largo plazo en el mercado estandarizado de trabajo. 
Esperar solamente en los mecanismos del mercado es demasiado poco. 
Esperar solamente en los libros verdes y blancos de la Comisión es también, en mi opinión, demasiado poco. 
En Europa tenemos suficientes papeles. 
Por el contrario, hay esperanzas que están surgiendo del nuevo impulso del desarrollo regional autónomo que, por lo demás, ha encontrado ya entrada en la política europea. 
El concepto de desarrollo regional autónomo atiende al aseguramiento del empleo en el ámbito rural sobre la base de iniciativas propias. Se pretende la integración de las personas en el mundo laboral y el mejoramiento de las oportunidades de unas rentas propias que sean independientes de la prestación de transferencias por parte del estado. 
Las ayudas estatales sólo pueden constituir una financiación de lanzamiento. 
Por esta razón el objetivo del desarrollo regional autónomo sigue siendo el descubrimiento de campos de actividad a través de la utilización creativa de los respectivos recursos del propio país. 
Debe desarrollarse un mercado de trabajo que tenga preponderantemente una orientación regional y surja del conocimiento de la situación de las personas, del paisaje y de la región. 
Las iniciativas individuales no convencionales y los pequeños proyectos pueden ser aquí especialmente útiles; pienso que las nuevas técnicas pueden ofrecer también nuevas oportunidades en el espacio rural. 
La pregunta decisiva es la siguiente: ¿Qué demanda específicamente regional existe? ¿Qué campos específicos de actividad cabe constituir en el espacio rural? 
¿Cómo pueden comercializarse estos campos de actividad? El principio empresarial no debe dejarse fuera de juego en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, quiero expresar mi felicitación al señor Hyland por su excelente trabajo con vistas a la elaboración de una Carta Rural. 
La política agrícola ya no es suficiente como instrumento de desarrollo rural, por lo que hace falta una política rural multidisciplinar y diversificada. El punto de partida ha de ser el respeto de las peculiaridades y de la riqueza cultural de las diferentes regiones. 
Finlandia es uno de los países más rurales de Europa. De ahí la gran necesidad que tenemos de una política rural. 
En Finlandia, el requisito fundamental para lograr un medio rural activo y con capacidad de empleo lo constituye el aprovechamiento sostenible de los bosques. 
En 1991 se aprobó en Finlandia un programa de política rural de carácter global y progresista. 
El problema reside en la falta de los recursos necesarios para llevarlo a la práctica. 
Han de mejorarse las condiciones de vida de los habitantes del mundo rural de manera que la gente pueda subsistir en su región natal y vivir en ella una vida plena. 
No se debe convertir el medio rural en reservas densamente pobladas. 
Debe realizarse una adaptación de la agricultura a las necesidades del mercado prestando atención a que no se desmantelen las antiguas actividades económicas antes de lograr que surja una nueva. 
Debe desarrollarse, tanto con apoyo comunitario como nacional, el saber hacer, la actividad empresarial y las infraestructuras. 
En particular, deben aprovecharse la amplia capacidad creativa y los conocimientos de las mujeres del medio rural para lograr productos de calidad, poner en práctica experiencias turísticas y otros servicios. 
Las nuevas redes de abastecimiento y las cadenas de calidad aumentan la eficacia de la diversificación de las actividades rurales y el desarrollo de pequeñas empresas. 
A la hora de prepararse para la ampliación hacia el Este es importante garantizar las posibilidades de desarrollo de las regiones periféricas de la actual Unión Europea y hacer que se comprendan los problemas específicos de las regiones septentrionales con escasa densidad de población. 
Señor Presidente, yo también apoyo el excelente informe Hyland. 
Me recuerda que hace algún tiempo visité la embajada de un Estado miembro en Tokio. 
Un funcionario de allí me dijo que mi región rural no necesitaba ninguna inversión exterior puesto que todos sus habitantes son granjeros ricos. 
Enseguida le convencí de lo contrario. Difícilmente podría haber estado más equivocado, porque cumplimos los requisitos para optar a ayudas del Objetivo 5b. 
De hecho, el periódico inglés The Guardian mostraba la semana pasada cómo uno de cada cuatro ciudadanos europeos que habitan en zonas rurales viven de hecho en la pobreza. 
Esto afecta en particular a los jóvenes, a los jubilados y a las mujeres, que con frecuencia se enfrentan a la exclusión social y económica. 
La semana pasada sin ir más lejos inauguré un brillante proyecto de LEADER II en un pequeño lugar llamado Swanton Morley, donde todas las instancias de los sectores público y privado se han unido para beneficiar a un pueblo que atraviesa grandes dificultades. 
Necesitamos más acciones como ésta que partan de los niveles básicos, con el respaldo de la Unión Europea. 
Por ello un enfoque coherente y estratégico debe ir mucho más allá de la agricultura. 
Debe reconocer los rápidos cambios demográficos, sociológicos y tecnológicos que se están produciendo. 
Debe incluir a las comunidades en asociaciones. 
Por todo ello doy la bienvenida al informe Hyland- aunque no carezca de defectos- según queda con las enmiendas de la comisión. 
Espero que sea un buen acicate para los participantes de la próxima conferencia, contribuyendo a producir los verdaderos cambios fundamentales que necesitamos para reformar las políticas rurales europeas. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Hyland por su informe. 
El texto que tenemos ante nosotros es una contribución valiosa al futuro desarrollo de las áreas rurales. 
Fue aprobado unánimemente por nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y nos proporciona argumentos muy útiles a favor del desarrollo económico y social. 
La resolución señala con razón la necesidad de desarrollar en las áreas rurales oportunidades laborales distintas de la agricultura. 
Estoy plenamente de acuerdo con este objetivo que ayudará a prevenir algunos de los problemas de superpoblación y medio ambiente relacionados con las grandes ciudades. 
La primera prioridad de la política rural es crear nuevo empleo ampliando o fomentando las pequeñas empresas existentes y atrayendo nuevas actividades secundarias y terciarias a las áreas rurales. 
La producción de productos regionales de alta calidad, sobre todo alimentarios, es esencial para que muchas de nuestras áreas rurales puedan salvarse del despoblamiento. 
Sea cual sea el coste de desarrollar las economías de las áreas rurales, será mucho más costoso a largo plazo si no se ponen los medios para un desarrollo equilibrado tanto de la ciudad como del campo. 
La mención en el proyecto de Carta Rural de una nueva reforma de la Política Agraria Común es algo que me causa preocupación. 
Tuvimos una reforma a fondo de la PAC en 1992. 
Dada la actual crisis del sector de la carne de bovino, sería mejor evitar nuevas reformas por lo menos mientras no hayamos controlado la crisis actual. 
Sin unas garantías a largo plazo no estoy seguro de que sea sensato hablar, como hace la propuesta, de adaptar aún más la agricultura al mercado, porque esto suele significar precios más bajos y mayores costes para los habitantes de las áreas rurales. 
Estoy deseando ver un documento de la Comisión con propuestas concretas que lleven a efecto muchas de las útiles ideas presentadas en la carta propuesta. 
Deseo felicitar a mi colega, el Sr. Hyland, por el trabajo que ha invertido en el informe y decirle que lo apoyo firmemente. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Hyland por su informe y decir que es bueno que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya tenido la iniciativa de impulsar esta carta en el Parlamento. 
El campo, claramente, no es un museo: en él hay comunidades vivas que ofrecen mucha riqueza y servicios a todos nuestros ciudadanos europeos. 
Debemos mirar hacia el futuro y proteger con mimo el carácter distintivo de las áreas rurales. 
Debemos evitar los peligros gemelos de las suburbanización y el despoblamiento. 
Esto significa, sobre todo, dar trabajo y esperanza a la gente joven. 
Por ejemplo, tendría que haber oportunidades para los jóvenes agricultores, zonas industriales modernas y ligeras al borde de las ciudades de mercado, un fácil acceso a la superautopista de la información, un desarrollo sensato del turismo y los usos recreativos y nuevas funciones no alimentarias para nuestra población activa rural especializada. 
Doy la bienvenida a esta Carta. 
Creo que la edad dorada de las áreas rurales de Europa se encuentra en el futuro y no en el pasado. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión felicita al Sr. Hyland por su excelente informe. Se congratula también por las tareas de reflexión llevadas a cabo en el seno del Parlamento Europeo sobre la política europea de desarrollo rural. 
Estos trabajos y el proyecto de informe que hoy debatimos vienen como anillo al dedo porque contribuirán a lanzar cierto número de mensajes en la Conferencia sobre desarrollo rural que se celebrará en Cork del 7 al 9 de noviembre próximos, Conferencia que permitirá ahondar en la reflexión sobre la base de los resultados obtenidos y fijar orientaciones en cuanto al futuro de la política de desarrollo rural de la Unión. 
En lo relativo al proyecto de resolución, la Comisión comparte básicamente de las afirmaciones expresadas, en particular en lo referente a la necesidad de que se tengan en cuenta, para la aplicación de la política de desarrollo rural, todos los elementos de la vida económica y social de las zonas rurales. 
Una política rural que no es una vertiente de la política regional, ya que tiene por objeto cubrir todo el territorio rural de la Unión Europea, que no se limita a las regiones más desfavorecidas ni a aquéllas en fase de adaptación estructural. 
Se trata, por lo tanto, de una política autónoma cuya necesidad ha hecho que se considere el desarrollo rural como prioridad política en el Tratado de la Unión Europea. 
Este reconocimiento político al más alto nivel es, sin duda alguna, una base sólida para reforzar la política comunitaria de desarrollo rural y para afrontar los desafíos que nos esperan. 
La Comisión comparte el punto de vista del Sr. Hyland acerca de la necesidad de un desarrollo integrado de las zonas rurales con el fin de dinamizarlas. 
Este es uno de los ejes recogidos en el documento de estrategia presentado por la Comisión en Madrid en diciembre de 1995, en el que el desarrollo rural se orientaba hacia actividades agrícolas y no agrícolas, a través de una política de diversificación activa y el desarrollo de una política multisectorial. 
Como lo subraya el informe Hyland, esta política multisectorial que reúne distintos enfoques: económico, agrícola, social y medioambiental, es el mejor medio para responder a las diversas necesidades de las zonas rurales, para poner de manifiesto sus bazas y combatir los problemas estructurales, tales como el envejecimiento de las poblaciones, el declive de algunas actividades y la deslocalización de las industrias. 
El informe subraya algunos problemas urgentes a los que debe enfrentarse el mundo rural, y hace propuestas constructivas. 
Me refiero aquí, concretamente, a la prioridad del empleo, a la igualdad de oportunidades, a la mejora de la calidad de los productos agrícolas, a la protección del medio ambiente y al desarrollo de las infraestructuras y de los servicios. 
La política de desarrollo rural trata de dar respuesta a estos problemas y las prioridades políticas que se ha fijado corresponden a los problemas y a los retos tal como los define perfectamente el informe Hyland. 
A este respecto, el problema del empleo y del paro, que no perdona en absoluto a las zonas rurales, está en el centro de nuestras preocupaciones y constituye uno de los objetivos prioritarios de las intervenciones estructurales. 
Ocurre lo mismo con la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, ámbitos en los que se concentran una parte sustancial de los créditos destinados a la política del desarrollo rural. 
De hecho, el fomento del desarrollo de las zonas rurales constituye una proridad para la Unión, no sólo por razones económicas y sociales sino también en términos de protección del medio ambiente. 
El éxodo rural se salda, por lo general, con un exceso de urbanización, con las consecuencias sociales negativas y los costes suplementarios que esto supone, tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas. 
Por lo tanto, nos incumbe a todos nosotros- y la Comisión es muy consciente de ello- procurar que la diversidad y la belleza de los paisajes y del patrimonio europeo queden preservados para las futuras generaciones. 
En su propuesta el ponente plantea de modo pertinente el problema de la definición de las zonas rurales. 
La diversidad misma del mundo rural dificulta mucho las cosas al basarse en un criterio simple y representativo. 
En realidad, no hay ninguna zona rural típica y representativa. 
La Comisión comparte con el Sr. Hyland la opinión de que no se conseguirá reflejar fielmente la diversidad de las zonas rurales de la Unión si se utiliza la densidad de población como único parámetro. 
Por este motivo proseguimos nuestros trabajos y procuraremos que la definición que propongamos englobe otros parámetros aparte de la densidad de población, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones en las zonas rurales, como se recoge por cierto en la propuesta de resolución. 
En definitiva, hemos tomado nota con mucho interés de la propuesta de crear un fondo específico de desarrollo rural, que permita financiar todas las acciones en el marco de un desarrollo rural integral y que tenga por objetivo aportar eficacia, flexibilidad, transparencia y simplificación de la gestión de las intervenciones comunitarias en favor del mundo rural. 
Este es uno de los temas que, sin duda, se debatirá dentro de unos días en Cork. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento del Consejo tiene por fin modificar el Reglamento 3448/93 por el que se establece el régimen de intercambios de la UE para productos no incluidos en el Anexo II, es decir, productos resultantes de la transformación de productos de la industria de transformación del sector primario. 
Estos productos, debido a su doble naturaleza agrícola e industrial reciben, a efectos de la importación, tanto protección industrial como protección agrícola. 
Esta última compensa la diferencia entre el precio en la UE y el precio en el mercado mundial de las materias primas agrícolas utilizadas en su fabricación. 
Después de la entrada en vigor de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones internacionales, la Comunidad negoció varios acuerdos del GATT, entre ellos el de agricultura. 
Los acuerdos modificaron el método para determinar los derechos de importación sobre ciertas mercancías. 
También prevén la posibilidad de imponer derechos adicionales a otras mercancías. Imponen un grado de disciplina a la concesión de restituciones para los productos agrícolas no incluidos en el Anexo II del Tratado. 
Las razones por las que hace falta modificar el reglamento son dos. 
En primer lugar, es necesario adaptar la protección agrícola según la tarificación del GATT/OMC. 
Por lo tanto, deben hacerse algunos cambios en el Reglamento 3448 a fin de suprimir las disposiciones que han perdido vigencia. 
En segundo lugar, es necesario añadir ciertas normas de gestión para garantizar el cumplimiento de los compromisos relativos a las restituciones a la exportación dentro del GATT. 
Como ponente, he mantenido amplias consultas con diversos representantes de la industria alimentaria. 
Aunque no veo ningún problema global con la propuesta a raíz de las conversaciones sobre el terreno, he incorporado una enmienda que considero puede ser muy provechosa. 
La propuesta de la Comisión, en su forma actual, prevé la introducción de un sistema de certificados de restitución. 
Desde mi punto de vista, el sistema es demasiado rígido e impone a la industria una carga innecesaria. 
Por lo tanto, he sugerido que lo hagamos optativo. 
Para que haya la posibilidad de certificados de restitución y que sea más flexible, sugiero que esto se decida de conformidad con el procedimiento del comité de gestión definido en el artículo 16. 
Puede aducirse que a estas alturas no necesitamos certificados en absoluto. 
Sin embargo, es imposible predecir cómo será la evolución de los precios en los próximos tres o cuatro años o incluso más. 
Mientras tanto, los techos del GATT para las restituciones a la exportación que han de pagarse por productos transformados se están reduciendo año tras año y se están haciendo mucho más restrictivos. 
Es esencial contar con un mecanismo sencillo para garantizar que se respeten nuestros compromisos con el GATT. 
Instaurando ahora el sistema estaremos asegurándonos un camino mucho más llano en el futuro. 
Creo que la modificación que hecho permite la necesaria flexibilidad de la que carece la propuesta de la Comisión y, con dicha enmienda, no tengo problema para aprobar la propuesta. 
Señor Presidente, no deseo añadir nada a lo que ha dicho nuestro ponente aparte de darle las gracias y expresarle el apoyo de nuestro grupo por su trabajo al elaborar este informe sobre modificación de las disposiciones para cumplir el GATT. 
Apoyamos su propuesta de reducir los trámites burocráticos adicionales que hacen falta al hacer la adaptación al nuevo sistema y garantizar con ello el cumplimiento de las estipulaciones del GATT. 
Señor Presidente, quiero agradecerle a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, más concretamente, a su ponente, el Sr. Gillis, la atención que se le presta a la propuesta de reglamento que modifica el Reglamento (CE) nº 3448/93. 
Como recuerda el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, esta propuesta aporta, básicamente, modificaciones técnicas al régimen de intercambios aplicables a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas que no están incluidas en el Anexo II del Tratado. 
Estas modificaciones son necesarias tras la tarificación de los aranceles de importación sobre los productos agrícolas, decidida en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. 
La propuesta de modificación ya ha sido examinada por el Consejo así como por parte de la industria y, de manera general, ha sido aprobada. 
Sin embargo, hay un punto que ha planteado dificultades y que se refiere a las medidas de regulación para la concesión de las restituciones a la exportación. 
A este respecto, la Comisión ha optado por un enfoque similar al que aprobara el Consejo en materia de exportación de productos agrícolas. 
Sin embargo, la propuesta tiene en cuenta el hecho de que las mercancías no recogidas en el Anexo II, a diferencia de los productos agrícolas, sólo son objeto de un compromiso respecto a la OCM en términos de importes de las restituciones que puedan concederse anualmente y no en términos de cantidad de mercancías exportadas. 
Se han presentado dos enmiendas en relación con este enfoque. 
El primer proyecto de enmnienda prevé la aprobación eventual de un certificado de restitución con arreglo al procedimiento del comité de gestión cuando sea necesario. 
Para apreciar el alcance de esta enmienda quisiera hacer dos observaciones. 
Por un lado, es preciso que se tomen a tiempo medidas complementarias respecto a aquellas que existen actualmente para que realmente se pueda garantizar el respeto de nuestros compromisos. 
Por otro lado, para poder garantizar la concesión de las restituciones a los exportadores potenciales de mercancías no recogidas en el Anexo II es preciso que se aprueben estas nuevas medidas, y ello antes de que nos veamos efectivamente ante las limitaciones derivadas de los acuerdos de la Ronda Uruguay. 
La primera enmienda propuesta por el Parlamento Europeo no se opone a ello y recuerda, asimismo, la voluntad de la Comunidad de garantizar el respeto de sus compromisos. 
Por ello la Comisión puede aceptar dicha enmienda. 
Sin embargo, es importante que ya en esta fase se elaboren medidas necesarias para permitir, por un lado, que la Comunidad garantice el respeto de sus compromisos internacionales y, por el otro, que los exportadores puedan seguir exportando y sepan con antelación el importe de la restitución al que tendrán derecho si así lo desean. 
Por lo tanto, para garantizar el respeto de los compromisos de la Comunidad suscritos con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9 del acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de la Ronda Uruguay, la Comisión deberá poder reducir los tipos aplicables a la restitución, o bien suspender su concesión durante el tiempo estrictamente necesario. 
Esto, además, es lo que prevé el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 3448/93, tal como lo modifica la presente propuesta. 
En lo relativo a la segunda enmienda, debemos recordar que el apartado 6 del artículo 8, cuya modificación se propone, define las competencias de la Comisión en caso de introducción de certificados de restitución al tiempo que se garantiza la coherencia del Reglamento con los demás reglamentos ya aprobados por el Consejo, relativos a la adaptación de la política agrícola común y al acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de la Ronda de negociaciones multilaterales de Uruguay. 
Este apartado 6 deberá adaptarse probablemente con el fin de tener en cuenta las modificaciones aportadas por la primera enmienda. 
Sin embargo, la enmienda propuesta aquí simplifica demasiado las modalidades, que deberán ser fijadas por el procedimiento del comité de gestión. 
Por lo tanto, no puede aceptarse en su forma actual. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Damos la bienvenida al replanteamiento del proteccionismo de la UE en torno a la política agrícola, de conformidad con los acuerdos del GATT. 
Toda adaptación de la PAC a estos compromisos es un paso en la dirección correcta. 
Esto también es cierto desde la perspectiva de la ampliación hacia el este. 
Finalmente, estamos convencidos de que es inevitable una reforma profunda de la actual política agrícola común si queremos que la ampliación se produzca sin obstáculos. 
La PAC debe en adelante existir dentro del marco adecuado para unas medidas que puedan verse como beneficiosas para el medio ambiente y para el desarrollo rural, además de ser independiente con respecto a las influencias directas del sector productor. 
Aceite de oliva 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0977/96) de los diputados Colino Salamanca, Jacob, Fraga Estévez, Redondo Jiménez, Filippi, Campos, Cunha, Fantuzzi, Jové Peres, Arias Cañete y Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre la reforma en el sector del aceite de oliva. 
Señor Presidente, el Comisario Sr. Fischler confirmó días pasados que se habían propuesto medidas para la reforma de la organización común del mercado del aceite de oliva, que se encuentra en estos momentos en estudio en la Comisión Europea. 
La importancia del sector, casi cinco millones de hectáreas de superficie dedicada al olivar, una producción en torno a 1.400.000 toneladas de aceite de oliva, su localización en el sur de la Unión Europea y más específicamente en zonas donde no existen otras alternativas, su contribución en muchas comarcas para generar los únicos empleos disponibles, el papel predominante de la Unión Europea en el mercado mundial y la situación de un mercado que ofrece fundadas razones para pensar que el consumo de aceite puede seguir incrementándose, parecen razones por sí solas que deberían haber aconsejado al Comisario responsable proceder de manera similar a como se hizo en el caso del vino, en el sector de frutas y hortalizas o en el caso de algunos productos continentales; es decir, abriendo un debate donde a partir de las reflexiones de la Comisión, de la identificación de los problemas, de las implicaciones medioambientales, sociales y de desarrollo rural del olivar, del desarrollo y evolución de la renta de los olivareros, de la situación de la industria y del comercio y de la concurrencia con otras clases de aceites vegetales, se hubieran propuesto las soluciones oportunas. 
Por el contrario, sin esa reflexión, sin que los interesados en esos productos, bien sean organizaciones de productores, organizaciones profesionales de industria aceitera o administraciones regionales, hayan tenido la menor oportunidad y posibilidad de hacer llegar sus puntos de vista, el Comisario lanzó una propuesta que habrá de provocar una dura reconversión en todo el sector. 
La misma naturaleza de las medidas de reforma anunciada (ayuda al árbol y un mercado sin intervención) debiera haber sido un estímulo para introducir ese debate en los medios profesionales antes de proceder sin más a presentar las propuestas. 
Exigimos pues, y lo hago en nombre de la Comisión de Agricultura, que la Comisión Europea explicite en un documento previo transmitido al Parlamento Europeo qué objetivos pretende cubrir con las propuestas de reforma, y sobre todo que las medidas estén en consonancia con otras políticas, sean éstas de empleo, de desarrollo rural, de política regional o medioambiental. 
Esta reflexión es más necesaria que nunca si tenemos en cuenta que, en términos generales y sin un elevado coste para el presupuesto comunitario, aproximadamente el 5 %, la actual organización común de mercados ha funcionado con normalidad mejorando la renta de los olivareros, modernizando las técnicas de cultivo y las explotaciones, mejorando la calidad del producto, modernizando el sector industrial y permitiendo, en definitiva, una clara posición dominante ante un futuro comercial abierto. 
Si la alternativa a la situación actual ha de ser un sistema que haga más complejos los sistemas de control, eludiendo la Comisión Europea sus propias responsabilidades, o que suponga la puesta en marcha de mecanismos que provoquen el abandono de técnicas de cultivo y, en consecuencia, el descenso de la producción, que deterioren el medio rural y provoquen la disminución de la mano de obra contratada, o que supongan un riesgo de desabastecimiento y la pérdida de competitividad del sector europeo en los mercados internacionales, o que provoquen problemas en el sector transformador y comercializador o que conduzcan a una degradación medioambiental por erosión, desertización, enfermedades, plagas o incendios, la Comisión Europea estaría cometiendo un grave error. 
Por ello, insisto en que hay que abrir un debate a partir de las reflexiones que haga la propia Comisión y ésta será a mi juicio la mejor contribución para que el olivar siga siendo fuente de riqueza, generador de un elevado número de puestos de trabajo e impulsor de la economía de amplias zonas del sur de Europa, y para perpetuar una cultura ligada a estos árboles sin la cual difícilmente se podría entender la realidad de amplias zonas del Mediterráneo. 
Aprovecho la ocasión de la presencia de la Comisaria Sra. Cresson para compartir con ella las preocupaciones, ella ha conocido de cerca estos problemas, y para pedirle que transmita a la Comisión la sensibilidad para que este tema pueda ser objeto de un amplio debate en el seno de la Unión Europea. 
Señoría, le agradezco su pregunta. 
Tal como usted dice, la Comisión ha procedido a un examen previo de la necesidad de reformar la organización común de mercado en el sector del aceite de oliva. 
Este debate se ha desarrollado a nivel de los jefes de gabinete y la reunión ha llegado a la conclusión de que el Sr. Fischler presentaría un análisis detallado del sector a mis colegas de la Comisión. 
Seguidamente, este análisis, acompañado de una propuesta concreta de reforma de la organización común de mercado en el sector del aceite de oliva, sería presentado al Parlamento y al Consejo en un plazo breve. 
La Comisión reconoce la importancia que reviste el sector del aceite de oliva para la cultura, la prosperidad y el empleo local en algunas regiones mediterráneas. 
En el documento de análisis se tratarán las implicaciones económicas, socioculturales y medioambientales de una modificación del régimen, y la Comisión tiene la intención de crear, a nivel de la Comunidad y a nivel de Estado miembro, unas medidas lo suficientemente flexibles como para garantizar que la reforma de la organización común de este mercado refuerce el papel de la producción y de los intercambios del aceite de oliva en las regiones en que el cultivo del olivo es un medio de subsistencia. 
La Comisión reconoce asimismo que la organización común de mercado en el sector del aceite de oliva se ha visto caracterizada por graves problemas de control y de fraude, que afectan al conjunto de los mecanismos previstos por el régimen, sobre todo en lo referente a las ayudas a la producción y al consumo así como a la intervención. 
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y el Tribunal de Cuentas han pedido en repetidas ocasiones que intervenga la Comisión para poner orden en este asunto. 
Esto es lo que tenemos que hacer con total lealtad pero con firmeza, sin perjudicar a los numerosos productores y comerciantes honrados de la Comunidad. 
Si bien es cierto que en el pasado y en algunos sectores la Comisión decidió presentar un documento de reflexión al Parlamento y al Consejo antes de presentar una propuesta formal, la urgente necesidad de simplificar y de reforzar la organización común de mercado del aceite de oliva se opone en este caso a tal modo de proceder. 
Tiempo habrá para que examinemos el problema de la reforma en el Parlamento y en el Consejo sobre la base del análisis y de la propuesta de reforma. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
Como médico, me veo obligado a aconsejarle que cuide usted su resfriado. 
Un resfriado mal curado puede tener después consecuencias malas. 
Señor Presidente, la Comisión prometió presentar su propuesta a finales de 1995, pero las constantes postergaciones y correcciones parecen habérselo impedido hasta la fecha. 
Estas postergaciones y correcciones, que es lo que quiero subrayar, no se han producido mediante un diálogo con el Parlamento Europeo, los organismos sociales y las organizaciones profesionales a partir de un texto, sino han sido decididas exclusivamente por la Comisión en un contexto de casualidades y presiones, poniendo al sector del aceite de oliva y a sus productores ante un hecho consumado. 
Con esta táctica, la Comisión ha hecho caso omiso, por un lado, de la práctica seguida por ella misma en la revisión de los otros sectores, en los que presentó un documento sobre la problemática, mantuvo un debate exhaustivo sobre el mismo y, a continuación, presentó las propuestas finales basadas en las conclusiones del debate, y por otro lado de los países productores, que le habían instado a seguir un procedimiento análogo. 
Tal negativa es tanto más incomprensible cuanto que la presentación de un documento sobre la problemática no sólo ayudaría a ampliar el diálogo público y crear el mayor consenso posible con respecto a la revisión del sector del aceite de oliva, sino que daría a la Comisión la posibilidad de enfrentarse a las presiones que, por lo visto, le han llevado a realizar reiteradamente correcciones del proyecto de reglamento y a postergar constantemente su dictamen. 
Faltan apenas dos años para el comienzo de las negociaciones sobre la mayor liberalización del mercado mundial. 
El sector del aceite de oliva, que- lo advierto- es deficiente, se encontrará en una situación precaria. 
Hoy se requiere una solución que apoye tanto la calidad del aceite de oliva europeo como a los miles de productores de aceite del Sur de Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, hemos escuchado la intervención de la señora Comisaria, y explica que en orden a las urgencias, en orden a que era necesario, se le pidió urgentemente control de las desviaciones por fraudes. 
Pero entendemos que ello no debe ser causa para no preguntar y para no dejar que reflexionen los distintos sectores. 
Por ello, entendemos y apoyamos la solicitud del representante del Partido Socialista. 
Y al Sr. Comisario Fischler le pedimos, expresamente, en el nombre del Partido Popular Europeo que la Comisión presente un documento de reflexión antes de comenzar a actuar. 
Señor Presidente, lo que sabemos de la intención de la Comisión sobre la OCM del aceite lo sabemos, por desgracia, por los periódicos. 
Por eso, quisiera formular cuatro preguntas principales a la Comisión. 
Primera pregunta: en los años en que participé en el Consejo, siempre que era necesario hacer una reforma importante, que se sabía desde el principio que era polémica, se elaboraba un documento previo de análisis, reflexión y perspectivas. 
Se celebraba un amplio debate y sólo después presentaba la Comisión oficialmente sus propuestas. 
¿Por qué no ha seguido la Comisión este procedimiento en el caso del aceite? 
Segunda pregunta: ¿cuál es el motivo de esta reforma de la OCM del aceite? 
¿Por los excedentes? 
¡No hay excedentes! 
¿Por el costo presupuestario? 
¡Lleva mucho tiempo estabilizado! 
¿Por los fraudes? 
¿Hay fraudes? 
Entonces, ¡que se persigan! 
Pero la de perseguir los fraudes no es por sí sola una razón objetiva para hacer una reforma de una OCM. 
Tercera pregunta: nos consta que la Comisión se propone acabar con la intervención en el sector del aceite y crear una ayuda por árbol. 
¿Por qué acabar con la intervención en el sector del aceite y no en los otros sectores, que son- esos sí- verdaderamente excedentarios? 
Es un misterio que me gustaría ver aclarado. 
¿Por qué propone la Comisión para Portugal, por ejemplo, una ayuda del 40 % de la que propone para España o Italia y del 60 % de la que propone para Grecia? 
Si actualmente esa ayuda es igual para todos y está basada en la producción, ¿pueden explicarme a mí, como portugués, por qué razón van a reducirla en un 60 %? 
Cuarta pregunta, señora Comisaria: ¿por qué no hace la Comisión una reforma global de la PAC, que- como, por lo demás, ya ha reconocido- es necesaria hasta el año 2000, y avanza como con cuentagotas con medidas inconexas? 
Voy a terminar, señor Presidente, lamentando que en un viernes en que hay tantos informes agrarios importantes por debatir no esté presente el Comisario de Agricultura. 
Señor Presidente, hasta este momento, todas las propuestas de reforma de organizaciones comunes de mercado de una cierta entidad han sido precedidas de un documento de reflexión, con objeto de evaluar las consecuencias de las medidas propuestas. 
Para la reforma de la OCM del aceite de oliva no se ha elaborado un documento de reflexión, ignorando que cerca de 800.000 personas trabajan en este sector y que se concentran en regiones muy afectadas por el paro. 
Sólo esta circunstancia ya justificaría la elaboración de un documento de reflexión, pero parece que a la Comisión y al Comisario no les preocupen los trabajadores y los agricultores del sector del aceite de oliva. 
Conviene recordar que la Comisión debería haber presentado al Consejo, antes del 1 de enero de 1995, un informe acerca del funcionamiento del régimen de ayudas en el sector del aceite de oliva, tal y como lo establecía el Reglamento 2261/84 del Consejo. 
Casi dos años después, dicho informe no ha sido elaborado, lo que no impide que la Comisión prepare un proyecto de reforma en ausencia de los trabajos previos exigibles y aconsejables. 
Por lo tanto, cabe poner de manifiesto la ausencia de una trabajo serio por parte de la Comisión. 
Un trabajo serio que le es exigible a cualquier asalariado y, en mayor medida, a los servidores públicos. 
Por el momento, la Comisión no ha hecho público su proyecto de reforma, lo que no ha impedido que su contenido sea conocido y haya permitido la obtención de un récord importante. 
La Comisión ha conseguido que se manifiesten en Bruselas cerca de 5.000 personas en representación de las organizaciones agrarias y los sindicatos de los países productores. 
Normalmente, las manifestaciones se realizan frente al Consejo o al Parlamento, pero parece que la Comisión está decidida a romper este monopolio. 
¿No se cuestiona la Comisión que su propuesta pueda presentar algún problema? 
¿Esta situación no justificaría la realización de un análisis serio? 
En estos momentos carecemos de tiempo para hacer una valoración sobre el proyecto de reforma. 
No obstante, me gustaría adelantarle que su proyecto ha ignorado las recomendaciones elaboradas en 1992 por el grupo de expertos. 
Por otra parte, la supresión del régimen de intervención supondrá que los productores deberán soportar el coste de la gestión del mercado conculcando el principio de la solidaridad. 
Por ello, pensamos que es imprescindible que el Sr. Comisario trabaje de forma seria, que procure no hacer experimentos que tienen riesgos evidentes de crear serios problemas sociales, ambientales y de mercado. 
Muchas gracias, señor Marset. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señora Comisaria, como usted ha puesto en evidencia, también el Parlamento Europeo está comprometido, en primera fila, contra los fraudes. 
Naturalmente, lo ha hecho ya la Comisión de Control Presupuestario, pero ello no debe tomarse como pretexto para negar la participación del Parlamento Europeo. 
En el fondo, lo que pedimos es un derecho nuestro: pedimos poder discutir sobre este tema, como representantes de zonas sensibles del territorio europeo, zonas en las que la cohesión económica y social es fundamental y una producción agrícola como la del aceite de oliva representa un punto de apoyo importante para la renta de las familias. 
Por consiguiente, desde este punto de vista, pensamos que la función del Parlamento debe ser positiva, y en sus declaraciones me parece vislumbrar la voluntad de considerar favorablemente los dictámenes que el Parlamento elaborará sobre la propuesta de reforma de la OCM. 
Indudablemente, la propuesta que hemos leído a través de la prensa contiene muchas contradicciones y pone en una situación difícil a algunas regiones del Mediterráneo, sobre todo por los métodos de contabilidad y porque las producciones son distintas según las características geográficas. 
Por ello hubiera sido deseable, obviamente, un documento de reflexión. 
Es, pues, oportuno que el Parlamento y la Comisión de Agricultura participen directamente en una cuestión de tal importancia. 
Señor Presidente, señores diputados, la Comisión debería haber presentado hace mucho un informe de evaluación del régimen de ayudas a la producción del aceite. 
En este final de 1996 nada hay o nada se ha divulgado. 
La Comisión reconoció la necesidad de un documento de reflexión previo a la reforma de la OCM del aceite. 
El compromiso existe, pero el documento no. 
La Comisión parece olvidar las obligaciones y los compromisos, pero al mismo tiempo parece querer decidir por sí sola y rápidamente. 
Así, surge un proyecto de reforma que nos exige, además del rechazo de la metodología utilizada, la denuncia inmediata de las soluciones que en él se señalan. 
En ese proyecto el cultivo del olivo no va inserto en estrategias regionales de desarrollo rural y de empleo o como elemento esencial para la preservación medioambiental del espacio agrícola y mucho menos aún va encaminado a garantizar las rentas de los agricultores y una producción de calidad. 
Pretende substituir las ayudas a la producción por subvenciones que se atribuirán a cada árbol y propone pagar, por ejemplo, por cada olivo portugués menos de la mitad de lo que pagaría por uno italiano o español. 
El intento de división es evidente: pretende escamotear lo esencial, pero ya lo ha repudiado debidamente la reciente manifestación organizada en Bruselas. 
Muchas gracias, señor Novo. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre la reforma de la organización común de mercado del aceite de oliva 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señor Presidente, simplemente, para confirmar que votamos a favor de este conjunto de propuestas. 
Aunque ya teníamos la convicción de que teníamos que apoyarlas, las argumentaciones que se han dado desde la Comisión, creo que ratifican que es necesario apoyar esta propuesta. 
Y ello es así porque si normalmente estamos diciendo, y se dice habitualmente en este Parlamento, que debemos acercar la toma de decisiones a los ciudadanos, que deben ser los propios ciudadanos quienes participen en la toma de decisiones, aquí tenemos un ejemplo claro en el que las asociaciones profesionales, las propias cooperativas y organizaciones profesionales deberían participar y, por lo menos, manifestar su opinión en el proceso de reforma de la OCM del aceite de oliva. 
De la misma manera, no se puede utilizar como arma la segunda parte que se ha utilizado, es decir, justificar o esa ausencia de participación en la simplificación del procedimiento. 
Precisamente, en todos los asuntos donde debe simplificarse el procedimiento, ello no se hace y, sin embargo, en un trámite tan importante como escuchar a los propios afectados e incluso a la Comisión de Agricultura, e incluso al propio Parlamento, se evita ese proceso. 
Por eso, nosotros hemos votado a favor lógicamente de un proceso que creemos necesario y pensamos que, al final, la Comisión deberá plantear ese documento de reflexión. 
Estamos ante un problema agrícola que es, sin embargo, mucho más que un problema agrícola, implicando y afectando a políticas económicas, sociales y medioambientales en toda su extensión. 
Véase si no el impacto brutal, negativo, que el anteproyecto de la Comisión podría tener en Andalucía, primer productor europeo y mundial del aceite de oliva, en cuanto al empleo, la producción local y el desarrollo rural o regional. 
La puesta en marcha de una reforma de la OCM del aceite de oliva como la que la Comisión prepara supone un gravísimo atentado contra las políticas de fomento del empleo y concretamente en Andalucía, contra lo que es «el primer programa de promoción laboral» , ello en una región de objetivo 1 que merece, por su tasa de paro, medidas radicalmente en sentido contrario. 
¿No es esto una contradicción? 
Mi opinión es que después del fracaso de «lo de las vacas locas» y la reforma de frutas y hortalizas, una reforma como ésta en el olivar sería ya... ¡demasiado! 
La Comisión debe oír al sector, consultar, escuchar, reflexionar... ¿por qué no quiere cumplir el reglamento 2261/84, según el cual debe de presentar previamente un informe sobre el funcionamiento del régimen de ayudas a la producción? 
¿A qué viene este «trágala sin precedentes»? 
Lo que se está pidiendo es tan sólo que se abra un período de consulta y reflexión, tal como se ha hecho en las otras reformas. 
En Andalucía este sector está generando 140.000 empleos que la Comisión no podrá «deslocalizar» , como no podrá deslocalizar el olivar del Mediterráneo, ni de Andalucía: 
¿Qué mente nórdica y obstrusa puede estar en favor de la pasividad y desmotivación que promueve esta propuesta? 
Por todo ello, hemos votado a favor de estas propuesta de resolución. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados que aún siguen aquí querría felicitarle, Señor Presidente, por la excelente manera en que ha dirigido los asuntos en el día de hoy. 
Muchas gracias, señor Newman. 
El Sr. Newman es presidente de la Comisión de Peticiones y sabe hasta qué punto yo siempre le felicito por su buen trabajo y hoy quiere corresponderme. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Les agradezco su colaboración. 
(Se levanta la sesión a las 12.55 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 25 de octubre. 
Composición del Parlamento 
Las autoridades finlandesas y austríacas me han comunicado la lista de los diputados de sus países que han sido elegidos tras las elecciones que se celebraron el 13 de octubre en Austria y el 20 de octubre en Finlandia. 
La lista completa figura en el Acta de la sesión de hoy. 
Doy la bienvenida al Parlamento Europeo a las nuevas y nuevos colegas así como también a los antiguos que han sido reelegidos. 
Nos congratulamos por su participación. 
Para que puedan comenzar enseguida con su trabajo, les recuerdo que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento, cualquier diputado participa con pleno derecho en las sesiones del Parlamento y de sus comisiones mientras no se revise su mandato o no se haya tomado una decisión sobre una eventual impugnación. 
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a los diputados austríacos y finlandeses salientes por el trabajo realizado y por su cooperación y les deseo mucho éxito para el futuro en sus países. 
(Aplausos) 
Bienvenida 
Tengo la satisfacción de poder saludar en la Tribuna de nuestra Asamblea a la Conferencia de los Presidentes de los grupos políticos de la CDU y CSU de los Länder y de la Federación de la RFA, encabezada por el Sr. Alois Glück. 
Sean bienvenidos. 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, queridos colegas, hay catátrofes que por su naturaleza o significado nos afectan a todos, ciudadanos de la Unión Europea. 
Así ha sido en el caso del incendio del Ayuntamiento de Lisboa, capital de mi país. 
En pocas horas, las llamas devoraron una parte importante de ese valioso testimonio de la arquitectura neoclásica, símbolo democrático y patrimonial de la ciudad de Lisboa y referencia histórica y cultural nacional. 
Sin perjuicio de una propuesta de resolución que ya hemos presentado y que nos gustaría que se examinara y aprobase el próximo jueves, creo poder interpretar el sentimiento de todos los colegas de este hemiciclo solicitándole, señor Presidente, que, en nombre del Parlamento Europeo, tome la iniciativa de enviar un mensaje de solidaridad a las autoridades municipales, en particular al alcalde, colega nuestro hasta hace muy poco, a todos los consejeros municipales y al pueblo de Lisboa. 
Estoy seguro de que el señor Presidente no dejará de hacerlo. 
¡Muchas gracias! 
Estimado colega, la Asamblea toma nota con gran pesar su noticia sobre el incendio del Ayuntamiento de Lisboa. 
Esta semana voy a enviar al Alcalde de Lisboa un mensaje de solidaridad para mostrarle claramente lo mucho que siente la Asamblea esta pérdida. 
En efecto, hay urgencias que reclaman no perder tiempo, señor Presidente. 
Hay urgencia en los aspectos humano, político y moral. 
En el Zaire, se encuentran 1.200.000 refugiados en las carreteras. 
Aun cuando la Comisión, el Consejo y Europa entera despliegan sus esfuerzos, que saludo, cada minuto cuenta, señor Presidente. 
Apelo a usted para que no perdamos tiempo, como se pierde en otras instancias. 
Cada hora, cada día que pasa, aporta unas decenas de miles de muertos más. 
Se lo pido, señor Presidente, sin cambiar de arriba abajo el orden del día de esta semana de período de sesiones que ya está muy cargada, que hablemos lo antes posible, de una intervención personal, señor Presidente, ante el Secretario General de las Naciones Unidas para que se produzca el debate en el plazo más breve posible. 
Que no tardemos en aportar una solución a esta urgencia internacionalmente evidente. 
Es preciso que se envíe una delegación de nuestro Parlamento, lo antes posible, al lugar de los hechos. 
Nuestra Asamblea no ha estado representada en este caso y, excepcionalmente, señor Presidente, nos gustaría que dicha delegación estuviera encabezada por usted, para dar a esta visita la importancia que tiene. 
Estimado colega, estoy seguro de que su deseo es compartido por la gran mayoría de esta Asamblea. 
Voy a escribir al Secretario General de las naciones Unidas en este sentido. 
Por lo demás, le indico que este punto figura el miércoles en el orden del día del Parlamento. 
Mi escrito al Secretario General es independiente de este debate; solamente quisiera indicar que la Asamblea va a debatir el miércoles sobre la situación así como sobre las medidas que esperamos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, una moción de orden: el apartado 3 del artículo 109. 
El secretario general Vinci recordará sin duda su implicación en la reacción del Parlamento cuando se cometieron atropellos en este pleno. 
Yo era entonces ponente de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, y esta añadió la última frase- que a solicitud mía ha sido aceptada por el Parlamento- y que reza: » El secretario general se encargará de que se ejecute inmediatamente esta medida disciplinaria, asistido por el personal del servicio de seguridad del Parlamento. 
«El jueves de la última sesión- no entraré en detalles y no mencionaré nombres -, fuera del hemiciclo tuvo lugar una pelea que ha dañado al prestigio de este Parlamento y que ha conseguido que en los Países Bajos todas las cosas positivas que ha hecho el Parlamento desaparezcan de la prensa. 
Lo que quisiera proponer ahora como ponente es que este artículo se aplique también fuera del hemiciclo del Parlamento. 
Pienso volver a plantear esta cuestión. 
Estimado colega, tiene la posibilidad de presentar la correspondiente solicitud que será transmitida a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
No podemos modificar ahora el Reglamento en el marco de una sesión. 
El artículo 109, nº 3 absolutamente claro al respecto. Allí se habla solamente del Pleno. 
Señor Presidente, lamento tener que intervenir sobre lo que puede parecer una cuestión de orden trivial, pero creo que es justo que los diputados sepan que hace 20 minutos, la Sra. Hardstaff y yo descubrimos a dos fotógrafos equipados con potentes teleobjetivos fotografiando el interior del despacho de un diputado desde el ala del edificio. 
Nos encaramos a ellos y les pedimos que se fueran; recurrimos a los servicios de seguridad para que los echaran. 
Al parecer no existe ningún reglamento que nos permita invitar a abandonar el Parlamento a las personas que están invadiendo la privacidad de los miembros de esta Asamblea. 
Quisiera pedirle que abra inmediatamente una investigación sobre las causas por las que a estas personas se les permite que sigan fotografiando nuestros despachos, y que me dijera asimismo cuáles son exactamente las normas aplicables a los fotógrafos en este edificio; parecen tener vía libre y eso no es bueno. 
Comprendo su preocupación. 
Por favor, indíquemelo en una breve nota por escrito para que pueda seguir este asunto con fundamento. 
Señor Presidente, se trata de un asunto de carácter ético, humanitario y político. 
Sabemos que hay una línea de separación en Chipre, en concreto, alrededor de Nicosia. 
Allí, desde hace bastante tiempo, existe un punto acordado por donde pueden pasar los habitantes del enclave para comunicarse con sus familiares en las regiones libres de Chipre y, también, para recibir atención médica, dado que es absolutamente insuficiente, a veces inexistente, en la zona ocupada. Hace una semana, las autoridades turcas cerraron este paso. 
Como consecuencia, unos padres que se encontraban casualmente en la zona libre para encargarse de una serie de asuntos sociales y de otro tipo ya no pueden volver, mientras sus hijos menores de edad han quedado desamparados en la parte ocupada. 
Le pediría, señor Presidente, que, sin excederse de sus competencias, haga algo para que se levante esta medida arbitraria. 
Estimado colega, esto no era una cuestión de orden y no voy a permitir ya ninguna intervención sobre cuestiones de orden. 
Tengo que realizar aún un gran número de comunicaciones. 
Creo que primero hay que tratar esto. 
Señor Presidente, solamente quiero indicar que precisamente ahora se encontraba un fotógrafo ante la sala para fotografiarnos cuando estábamos firmando la lista de asistencia. 
Le ruego que solucione por fin este asunto. 
Como no se encontraba presente nadie del servicio de orden, he indicado al fotógrafo que lo que hacía no estaba bien. 
Le ruego que cambie de sitio la lista de asistencia en la sala- hay mucho espacio detrás suyo- o que tome las medidas para que acabe por fin este fisgoneo en el Parlamento. 
Estimada colega, existen normas determinadas para los fotógrafos en esta Asamblea. 
Por ejemplo, está prohibido filmar y fotografiar en los restaurantes. 
Sin embargo, hasta ahora está permitido recoger informaciones gráficas en el lobby y en otras salas del Parlamento. 
Si se desea cambiar esto, hay que cambiar también las reglas para ello, lo que debería debatirse en la Mesa. 
No puedo de motu propio cambiar la reglas antes de que se debata en la Mesa. 
Señor Presidente, al igual que usted, no tengo la menor objeción de que fotógrafos o quien sea me fotografíen abiertamente mientras firmo la lista de asistencia. 
Estoy aquí haciendo mi trabajo. 
Dejémosles que informen sobre el hecho de que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y no cualquier otra cosa. 
Señoras y señores, ¿no deberíamos comenzar por fin con nuestros debates? 
Modificación del artículo 49 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0348/96) del Sr. Manzella, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del artículo 49 del Reglamento del Parlamento Europeo (programa legislativo anual). 
Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que en todos los Parlamentos democráticos la programación legislativa constituye el punto de conexión más delicado entre los órganos de Gobierno y los órganos representativos. 
Puede decirse que este informe refleja fielmente hasta qué punto un Parlamento, como órgano legislativo, participa en la orientación política en un ordenamiento constitucional. 
Puede existir un concepto monista del órgano de Gobierno, es decir cuando el Gobierno es sólo el ejecutivo de la mayoría parlamentaria, o existir el opuesto concepto dualista, cuando el órgano de Gobierno, por el contrario, goza de autonomía respecto a la Asamblea representativa. De cualquier modo, estos dos conceptos se distinguen perfectamente a la hora de definir el programa de los trabajos del Parlamento. 
Nuestro Parlamento, como es sabido, carece de iniciativa legislativa, salvo en el ámbito del procedimiento, muy atenuado, del artículo 138 B del Tratado, así como, obviamente, en el trámite incidental de la iniciativa a través de enmiendas. 
Precisamente por esto, y con referencia a la programación legislativa, la relación con las demás Instituciones de la Unión alcanza un aspecto muy original. 
Quiero decir con ello que, con respecto a las demás Instituciones, en este punto, el Parlamento, sin romper el actual orden de prerrogativas institucionales, debe desempeñar un papel más marcado en el procedimiento de definición de la orientación legislativa. 
Esta posición de carácter procesal, le permitirá lograr así esa participación en la definición de la orientación política de la Unión que, por el contrario, parece que le está vetada en el plano estático de las competencias. 
De ahí la propuesta de modificación del artículo 49 del Reglamento que tengo el honor de someter al Pleno. 
La misma sustituye las disposiciones de la declaración tripartita- Consejo-ComisiónParlamento- con la idea de una participación dinámica de nuestra Asamblea representativa en la efectiva elaboración del programa, en condiciones de igualdad con las demás Instituciones. 
El punto fundamental de esta participación es la fijación, mediante resolución, de las prioridades políticas relativas al programa legislativo. 
Con esta posición procesal que le permitirá la decisión respecto al calendario de los procedimientos legislativos, que en política es siempre una decisión fundamental, el Parlamento Europeo entrará plenamente en la esfera de la definición de las directrices políticas de la Unión, aunque, en sentido restrictivo, sin el poder de iniciativa legislativa. 
De ello se deriva, a pesar de que no se ha plasmado en nuestro texto, que dicha resolución deberá ir precedida, con arreglo al principio general de la motivación de las decisiones parlamentarias, por un trabajo de análisis y de selección realizado por las comisiones permanentes. 
Un trabajo que luego permitirá al Pleno establecer, con relación a un texto presentado por la Conferencia de Presidentes, las prioridades políticas definitivas sobre la base de las propuestas presentadas por la Comisión. 
Dicho trabajo de análisis, previsión y selección, tendrá unos plazos dentro de los cuales deberá llevarse a cabo, desde el período parcial de sesiones de octubre hasta el de diciembre; en este último período parcial de sesiones se deberá aprobar el programa anual. 
Esta actividad parlamentaria será facilitada por la previsión de la obligación por parte de la Comisión de calificar las propuestas tanto mediante la taxativa indicación del fundamento jurídico como mediante todos los elementos disponibles en ese momento relativos a las repercusiones financieras, al respeto de los principios de subsidiariedad y a la urgencia de la adopción. 
Con arreglo a dos de las enmiendas presentadas, la programación anual, así definida y, ante todo, así calificada a través de la fijación de las prioridades políticas por parte de este Parlamento, se someterá a revisión semestral coincidiendo con el inicio de cada período de Presidencia del Consejo. 
La idea de una programación ágil en función del cambio de Presidencia, según este ponente es totalmente lógica y razonable y, en consecuencia, me mostraré favorable a las relativas enmiendas. 
Por ello, señor Presidente, Señorías, considero que en virtud de esta modificación de nuestro Reglamento, respecto a la que la Comisión ya está de acuerdo en el marco de una leal cooperación interinstitucional, el Parlamento Europeo desempeñará un papel más visible en el contexto del sistema de Gobierno de la Unión. 
Señor Presidente, hoy se trata del informe de nuestro compañero Manzella, sobre la revisión del artículo 49, informe por el cual desearía felicitar a nuestro compañero, que ha invertido mucho en la reflexión previa al mismo y en su preparación. 
Señor Presidente, así están actualmente las cosas: la Comisión presentó su programa normalmente, en octubre. 
El Parlamento elaboró una resolución sobre este programa y, a continuación, la conferencia de presidentes pasó largas semanas, largos meses en negociar con la Comisión. 
Esta negociación hizo asimismo intervenir a funcionarios y a uno de los comisarios designados por la Comisión. 
Como de costumbre, se han producido largas negociaciones antes de que, al fin, se publicara un documento en el Diario Oficial. 
Había hecho ya algunas observaciones en el transcurso del debate sobre el programa de trabajo de este año. 
Nos acordamos de que en 1995, se publicó el programa de trabajo en el Diario Oficial, en el mes de agosto. 
En mayo de 1996, se publicó en el Diario Oficial. 
Con un programa de trabajo así concebido no se podrá orientar de forma válida la actividad de la Comisión ni la actividad política de nuestro Parlamento. 
Por consiguiente, el Presidente del Parlamento invitó a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, a simplificar este artículo 49 de forma drástica. 
Nuestro grupo, señor Presidente, está de acuerdo con esta simplificación que debe aplicarse de la forma más amplia posible. 
A nuestro modo de ver, en adelante, se producirá primero la presentación por parte de la Comisión de su programa de trabajo, por ejemplo, en octubre. 
A continuación, el Parlamento y las comisiones parlamentarias estudiarán las diferentes cuestiones que les conciernan, de forma que en diciembre esté preparada una resolución en la que indicaremos lo esencial de las acciones que el Parlamento juzgue prioritarias para el año próximo. 
De todas formas, pienso que, fuera del programa de trabajo, el Parlamento tiene otras posibilidades de intervenir en el ámbito legislativo. 
Así, el artículo 138 B del Tratado le confiere un determinado poder de iniciativa. 
Pienso que el Parlamento debería hacer más uso de este poder de iniciativa del que ha hecho hasta la fecha. 
Por lo tanto, señor Presidente, nuestro grupo está totalmente de acuerdo con los elementos del informe del Sr. Manzella, que tienden a una simplificación lo más amplia posible, y desearía evitar que, al votar las enmiendas, se viera alterada esta simplificación de manera que el artículo sea demasiado complejo para lo que exige la definición del programa de trabajo de la Comisión. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Sr. Manzella por un informe excelente que ha sabido reflejar fielmente la tarea que usted, señor Presidente, y otros presidentes de Grupo le encomendaron a comienzos de este año con vistas a lograr un sistema más compacto, eficiente y transparente que permita al Parlamento expresar sus opiniones sobre el programa legislativo de la Comisión. 
Doy las gracias al Sr. Manzella por ello, y los que pertenecemos al Grupo del PPE apoyaremos su informe. 
Deseo decir un par de cosas sobre las enmiendas presentadas. 
Hay una serie de enmiendas del Grupo PSE que fueron rechazadas en comisión- por poco, es cierto- y que ahora han vuelto a ser presentadas. 
Espero que podamos llegar a un acuerdo con los responsables de estas cosas del Grupo PSE para garantizar que se alcanza la mayoría necesaria en la votación de mañana. 
Sería una pena si lo mejor resultara ser enemigo de lo bueno y todo el mundo se limitara a votar a favor de sus propias enmiendas, y al final no consigamos la enmienda adecuada. 
Personalmente estoy muy a favor de que se mantenga la enmienda 3 del Sr. Manzella. 
Me parece que, a diferencia de la enmienda alternativa del Grupo del PSE- enmienda 8- es más compacta, más corta y está mucho más en la línea de lo que usted pidió, señor Presidente. 
Espero que sea posible mantener la propuesta original del Sr. Manzella. 
Del mismo modo, he presentado en mi propio nombre y en el de mi Grupo la enmienda 13 que propone que el Parlamento lleve a cabo una revisión semestral de los avances conseguidos en el programa legislativo. 
Cuando trabajaba para Lord Cockfield, recuerdo que él daba gran importancia a que avanzáramos en lo relativo a la aplicación del programa de 1992. 
Es una autodisciplina muy útil y espero que podamos aplicarla durante nuestra consideración del programa legislativo. 
Por último, veo que de entre las enmiendas del Sr. Manzella han aprobado, muy acertadamente, una enmienda para suprimir un texto. 
Ahora bien, estrictamente hablando, eso va en contra del artículo 125 del Reglamento. 
Pero estoy seguro de que ustedes están en lo cierto al aprobar la enmienda y ahora, que he descubierto esta anomalía, presentaré una enmienda al artículo 125 para dejar claro que cuando hablamos de modificaciones al Reglamento, las enmiendas para eliminar artículos determinados o elementos determinados son plenamente aceptables. 
Este aspecto no está claro en nuestro actual Reglamento, pero debería estarlo. 
Con esta última advertencia, deseo felicitar al Sr. Manzella una vez más, y decir que mañana votaré, junto con mi Grupo, a favor de su informe. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo considera que el Reglamento del Parlamento Europeo debería garantizar que la aprobación del programa legislativo de la Comisión por nuestra Asamblea se hiciera a partir de los principios de la simplicidad, la transparencia y la eficacia. 
Para ello, entendemos que el recurso a la declaración común del Parlamento Europeo y la Comisión debería ser sustituido por un diálogo interinstitucional más estrecho y reforzado mediante el examen periódico del programa legislativo por la Conferencia de Presidentes. 
A nuestro juicio, la Comisión de Reglamento no ha plasmado estos principios en el texto y ha optado por eliminar del proyecto de informe el párrafo en que se establecía la participación de la Conferencia de Presidentes y de la Conferencia de Presidentes de comisión. 
Queda así un texto simple y transparente, es cierto, pero que podría resultar ineficaz para dotar a esta Asamblea de un verdadero poder de control sobre el programa legislativo, control que, obviamente, constituye una de las bases de nuestra actuación política como Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, en este informe, elaborado por el Sr. Manzella con gran sentido de la responsabilidad, nos opusimos en particular a una elección que parece ser que se hace en el mismo. 
Es más, deseo aprovechar el tiempo que me queda para decir al ponente y a sus Señorías hasta que punto, a mi juicio, es peligroso el camino a seguir si no se aprueban algunas enmiendas tendentes a corregir levemente su orientación. 
Desde hace algunos años, hemos instaurado con la Comisión y confiamos en que podamos hacerlo también con el Consejo- me parece, por otra parte, que sucedió sólo en una ocasión en cinco o seis años- un procedimiento algo sui generis, respecto al cual la Comisión y el Parlamento llegaron a un acuerdo- me doy cuenta- con mucha dificultad. 
Asimismo, también me doy cuenta de que nos encontramos ante una tenaz resistencia de la Comisión respecto a poner en práctica lo que ella misma había acordado: en otras palabras, muy a menudo definió la programación legislativa y, después, a veces de forma deliberada, no la tuvo en cuenta. 
Nos hemos sentido muy decepcionados por este procedimiento que consideramos que este informe quiere modificar y convertir en más eficaz sometiéndolo al voto del Parlamento en sesión plenaria. Es una medida, muy justa que se responda al programa de trabajo de la Comisión y después al programa legislativo con un acuerdo del Pleno, cosa que también a nosotros nos parece importante y políticamente significativa. 
Lo que, por el contrario, como Grupo consideramos poco ventajoso, mejor dicho, perjudicial para el Parlamento, es dar el paso atrás de limitarse a esto, sin mantener esa estructura que asignaba a usted, señor Presidente, en definitiva, el cometido de negociar con la Comisión y, tal como siempre se deseó, con la participación del Consejo, este programa legislativo, a fin de lograr una programación legislativa de acuerdo con las demás Instituciones. 
En cierto sentido, este aspecto desaparece en la modificación del artículo 49, mientras que en otros dos artículos del actual Reglamento, que no se modificaron, encontramos esta exigencia y esta voluntad de lograr una programación legislativa consensuada. 
Es por esto que nuestro Grupo introdujo enmiendas, sin embargo, me pude dar cuenta de que en algunos idiomas, por ejemplo, en italiano, no fueron traducidas de forma fehaciente. 
El espíritu de la enmienda, Sr. Manzella, es evidentemente el de mantener la idea de que existe una participación entre las Instituciones para definir este programa legislativo, pero consideramos que una simple resolución del Pleno no es suficiente y no garantiza a la Institución del Parlamento y a usted, señor Presidente, la posibilidad de negociar con la Comisión. 
Es por esto que, también con otras enmiendas secundarias, consideramos importante mantener esta idea y hacerla figurar en una versión diferente y modificada, que recoja lo esencial de la propuesta Manzella, pero que incluya esta importante aclaración. 
Señor Presidente, normalmente la Comisión Europea no interviene en un debate que concierne al Reglamento interno del Parlamento, pero en este caso la Comisión está directamente afectada. 
Creo que nuestra activa colaboración será decisiva para la aplicación de las disposiciones propuestas al Parlamento por el Sr. Manzella. 
En primer lugar, quisiera asegurar a la Asamblea nuestra colaboración y, además, asegurarles que cumpliremos los acuerdos establecidos hasta la fecha. 
Permítame, señor Presidente, que haga ahora algunos comentarios sobre el informe en sí. 
En primer lugar, en nombre del Presidente, Sr. Santer, y de mi colega, Sr. Oreja, quisiera subrayar la constructiva colaboración que ha habido respecto a este tema entre la Comisión, el Presidente del Parlamento- usted, Sr. Presidente -, el presidente de la Comisión de Reglamento, Sr. Fayot, y el ponente, Sr. Manzella, y, naturalmente, quisiera también destacar el papel de la Comisión de Reglamento, en cuya reunión el Sr. Oreja tuvo ocasión de exponer la posición de la Comisión. 
Tras concluir el procedimiento para el programa legislativo de 1996, surgió un consenso general entre Comisión y Parlamento respecto a la necesidad de efectuar una revisión rigurosa de los procedimientos existentes. 
Se aprobó conjuntamente que el procedimiento debía ser más sencillo y de mayor contenido político. 
El informe que debatimos hoy en el Parlamento refleja esta voluntad común y, por lo tanto, en nombre de la Comisión Europea, quisiera expresar nuestro pleno apoyo. 
En consecuencia, tenemos muy pocas observaciones que hacer. 
Nos parece correcta la propuesta de incluir en el artículo 49 la referencia general a que los tres órganos institucionales- incluido el Consejo- participarán en la definición del programa legislativo. 
Creo que se ha presentado una enmienda con la salvedad de que cada órgano institucional participe dentro de los límites de sus competencias. 
Aunque ha sido presentada, esta enmienda no ha sido aprobada por la Comisión de Reglamento, porque es algo que se sobreentiende. 
Quisiera subrayar esta interpretación del nuevo artículo 49. 
La Comisión puede aprobar la solicitud de presentar el programa en octubre, como hicimos en el presente ejercicio, aunque, sinceramente, supone un calendario muy apretado para nosotros. 
Considero que el hecho de que el nuevo artículo 49 se refiera sólo a los textos legislativos y a los acuerdos con terceros países representa una mejora y, al mismo tiempo, una simplificación. 
Además, tomamos nota de la solicitud de que cada tema del programa legislativo vaya acompañado de una referencia a la base jurídica en que se fundamente. 
Este es un viejo problema, en torno al cual seguimos teniendo ciertas reservas. 
Tomamos nota también de la nueva solicitud de dar información sobre el criterio de subsidiariedad y las consecuencias financieras. 
Como ustedes saben, también tenemos ciertas reservas respecto a este tema. 
Con frecuencia, no podemos ser todo lo explícitos que quisiéramos hasta que esté revisada la propuesta en cuestión. 
Creo que, con la salvedad de que se facilitará la información en la medida de lo posible, la reserva expresada por la Comisión Europea, y que tan sólo les quería aclarar, queda satisfecha. 
En conclusión, creo que tenemos ante nosotros un buen texto con el que podemos trabajar y confío en que lo hagamos de manera satisfactoria. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ayuda a las poblaciones desarraigadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, establecida en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, relativa a la posición común aprobada por el Consejo sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a las acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y Asia (C4-0374/96-95/0162 (SYN) ) (ponente: Sr. Howitt). 
Señor Presidente, el pasado viernes recibí un informe sobre una refugiada gravemente enferma y su bebé, miembros de la comunidad indígena de Rohingya, que habían huido de Birmania a un campo de refugiados de Bangladesh. 
Un miembro del personal de ayuda que conoció a la madre me dijo que a la niña se le diagnosticó a finales de julio desnutrición aguda y que se encontraba bajo estrecha vigilancia médica. 
La madre y la niña fueron entrevistadas para ser repatriadas- repatriadas a un país conocido por ser uno de los mayores infractores de los derechos humanos; un país notorio por sus matanzas, encarcelamientos en masa y trabajos forzados; donde los repatriados que se han visto obligados a establecer campamentos apenas dentro de las fronteras, son objeto de la intimidación a manos de los militares birmanos y han perdido toda esperanza de reconciliación. 
Me dijeron que la niña refugiada birmana estaba tan enferma que resultaba evidente a simple vista que no podría sobrevivir la repatriación, pero el regreso a su país se llevó a cabo y cuatro días más tarde se notificó la muerte de la niña. 
El debate de hoy, esta legislación y la ayuda europea que defiende deben enviar una señal de nuestra determinación de evitar que ocurran historias trágicas como ésta. 
Es necesario proporcionar ayuda humanitaria de emergencia con rapidez a aquellos que huyen de la persecución y lo pierden todo. 
Pero la ayuda europea debe además ayudar a los refugiados a restablecer su salud y sus modos de vida y a establecerse de nuevo en sus comunidades o en una nueva vida; una vida que ofrezca auténticas esperanzas de un futuro seguro. 
Mientras el mundo contempla el destino de los refugiados en el Zaire oriental, que se ven envueltos en conflictos étnicos sin que puedan hacer nada por evitarlo, la primera prioridad debe ser liberarlos del temor a la violencia. 
Ése es el motivo por el que hemos vuelto a presentar nuestras enmiendas para que la ayuda europea a los refugiados no se utilice jamás contra el principio de la no devolución. 
El regreso tiene que ser voluntario o Europa no prestará ayuda. 
Nos mantenemos a la espera de las decisiones de los responsables de los antiguos 15.000 refugiados del mar vietnamitas que residen en Hong Kong. 
Por ello, el respeto de los derechos humanos y de la reconciliación tiene que ser intrínseco a los programas- así como los derechos de propiedad en países como Guatemala, donde el 70 % de la tierra cultivable está en manos de apenas un 2 % de la población. 
Acogemos con satisfacción el hecho de que las enmiendas en nuestra primera lectura sobre la prevención de conflictos, sobre consideraciones medioambientales, sobre la lucha contra la violencia sexual y sobre la ayuda a las comunidades de acogida hayan sido incluidas en la legislación. 
Pero al establecer los principios para estos programas por primera vez, aún subsisten omisiones importantes. 
¿Por qué no se hace referencia a la participación de los propios refugiados, y a la ayuda destinada a las mujeres, a los discapacitados y a otros grupos sociales, lo cual es un requisito fundamental para el éxito de estos programas? 
¿Por qué limitar la ayuda a las necesidades sanitarias elementales cuando también es necesario el tratamiento a largo plazo para curar las heridas psicológicas ocasionadas por el conflicto? 
Si se puede incluir en el reglamento para la ayuda humanitaria la toma de conciencia en relación con la retirada de minas terrestres, ¿por qué no se puede en éste? 
Cuando los padres haitianos que se quedaban en tierra empujaban a sus hijos para que se embarcaran y pudieran conseguir asilo, ¿por qué se rechaza que se destine la ayuda a permitir que esos niños se reúnan con sus padres? 
Europa está financiando proyectos como éstos y viene haciéndolo desde hace diez años. 
En el norte de la provincia laosiana de Bokeo, por ejemplo, actualmente estamos facilitando ayuda a 1.200 repatriados en dos aldeas para que reconstruyan sus casas y la escuela, así como en la realización de proyectos de riego y para la retirada de minas. 
Esta noche no se trata de un ejercicio administrativo de Europa. 
Debemos estudiar sobre el terreno lo que intentamos hacer, escuchar las vivencias de los propios refugiados y de las organizaciones humanitarias y aprobar un nuevo reglamento que esté basado realmente en aquello que nos proponemos llevar a la práctica. 
En particular, el Consejo de Ministros debe poner fin a su obstinada insistencia de que estos programas sean aprobados previamente mediante el procedimiento III (a) del burocrático comité de comitología. 
Sólo el nuevo Comité para la ayuda alimentaria cuesta 153.000 ecus al año, una suma que podría destinarse a alimentar a personas hambrientas. 
En lo relativo a los programas de refugiados, mi pregunta parlamentaria muestra que uno de cada cuatro proyectos de ayuda a los refugiados deberá aprobarse a través de este complicado procedimiento, lo que implica un plazo mínimo de tres meses para tomar decisiones, y las dos personas responsables de organizar el programa tendrán que generar 70.000 páginas adicionales de papeleo al año; 70.000, es una locura. 
Dejemos de jugar a la política europea con las vidas de refugiados en todo el mundo: 53 millones de refugiados y de personas desarraigadas en todo el mundo, lo que equivale a la población total de mi país, Gran Bretaña, una de cada 115 personas del planeta se ve obligada a huir. 
Sin duda es el mayor desafío al que se enfrenta actualmente la humanidad. 
Demostremos en nuestras deliberaciones que somos conscientes de la magnitud del desafío. 
Demostremos en nuestras decisiones que somos dignos en nuestra respuesta. 
Señor Presidente, durante los últimos años, la acción en favor de los refugiados y de las personas desplazadas ha adquirido una importancia prioritaria para las políticas de desarrollo y de construcción de la paz de ámbito más general. 
Tal como se recalcó con acierto en el informe del Sr. Howitt, que apoyamos plenamente, se trata de combinar la acción encaminada a hacer respetar las normas de Derecho internacional y de protección de los derechos humanos, con las acciones positivas, dirigidas a gestionar los aspectos políticos y humanitarios de las situaciones de conflicto que se manifiestan de forma concreta. 
Con relación al primer aspecto, es importante reiterar que el Convención de Ginebra y el Protocolo de Bellagio garantizan el derecho de asilo y el derecho a la «no devolución» a todas las personas que temen legítimamente por su integridad física en su país de origen. 
Además, es necesario que la intervención directa en beneficio de las poblaciones desarraigadas se centre en los más serios criterios de eficacia de la ayuda y de coherencia en relación con los objetivos de solución política de los conflictos humanitarios y de construcción de las condiciones para el desarrollo sostenible y, eventualmente, para la repatriación voluntaria o la reinserción de los exiliados. 
Los refugiados y los desplazados no son una masa amorfa a la que hay que prestar asistencia, sino que son personas que deben ser ayudadas y animadas a fin de que puedan afrontar las exigencias del presente y del futuro. 
La evaluación de los recursos humanos y la protección de las personas más débiles entre los exiliados y las personas desplazadas, son las condiciones prioritarias para evitar que, a lo largo del tiempo, se conviertan en insostenibles sus condiciones de vida e irresolubles los problemas que provocaron su éxodo. 
El reglamento que estamos debatiendo, si va a incluir las enmiendas que estamos a punto de votar, permitirá evaluar mejor la acción de la Unión Europea en favor de las poblaciones desarraigadas de Asia y América Latina, aunque, como es evidente, no podrá sustituir una acción política más eficaz de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar yo también quiero felicitar en nombre de mi grupo político al ponente, Sr. Howitt. 
Se trata del destino de refugiados en Asia y en Latinoamérica. 
Todos ellos tienen que soportar unas terribles condiciones. 
Hace algo más de un año, en una visita que realicé a Centroamérica, yo misma pude comprobar la situación existente y ver proyectos en cuyo marco los refugiados son atendidos por la Unión Europea y por las ONG que apoya la Comisión. 
Es realmente penoso ver cómo estas personas son desplazadas, cómo han perdido todos sus bienes y cómo tienen que volver a establecerse y sobrevivir de cualquier manera. 
La Comisión y las ONG que son financiadas con esta línea presupuestaria ayudan a las personas y debo decir que esta ayuda es necesaria. 
No debemos colocar piedras en el camino a aquellos que actúan in situ sino facilitarles al máximo su trabajo y apoyarles. 
Por ello, quiero referirme de nuevo a un problema especial del que me he dado cuenta en la visita privada mencionada y también en una visita de una delegación del Parlamento Europeo a Nicaragua. 
Existen enormes problemas precisamente en proyectos que son financiados con esta línea presupuestaria cuando se trata de obtener materiales. 
En concreto, se nos ha indicado que las ONG así como la Comisión tienen problemas para lograr automóviles ya que para la aplicación de los proyectos se deben comprar preferentemente productos europeos, para lo que quizás existan motivos. 
Pero esto va unido a graves problemas pues para estos productos europeos no existe una infraestructura ni piezas de recambio y porque los suministros son extremadamente complicados. 
Por ello, quiero subrayar de nuevo que hay que ser muy flexible cuando surgen problemas o que cuando los productos son más caros de lo normal se deba poder recurrir también a productos de otros países de origen. 
Con esta línea presupuestaria no queremos fomentar en primer lugar la economía europea; esto no sería responsable. Queremos ayudar a las personas. 
Si podemos ayudarlas menos porque nosotros mismos establecemos obstáculos burocráticos, entonces no se alcanzará el objetivo de esta línea presupuestaria. 
Originariamente presenté una enmienda al respecto, pero creo que debo retirarla pues confío en que la Comisión interprete la propuesta de compromiso del Consejo sobre este punto con una flexibilidad tal que las ONG que trabajan in situ y los colaboradores de la Comisión puedan ayudar a las personas con flexibilidad y no se vean impedidos por una burocracia innecesaria. 
Señor Presidente, nuestro Grupo desea dar su apoyo al informe del Sr. Howitt, tanto por su mención a las enmiendas a este reglamento aceptadas en primera lectura por la Comisión, en lo que se refiere a las consideraciones medioambientales, la prevención de conflictos y la lucha contra la violencia sexual, como por su insistencia en volver a presentar enmiendas que nos parecen imprescindibles. 
A mi juicio, las más importantes son las cuatro siguientes: la garantía de la asistencia sanitaria, la asistencia específica a grupos que se encuentran en una situación de especial gravedad, como las mujeres indígenas o los niños, la participación de las comunidades de acogida y de los refugiados para que los proyectos tengan éxito y, finalmente, la posición sobre la comitología. 
Es decir, nosotros seguimos considerando que los comités han de ser consultivos, creemos que nunca ha estado tan claro como hoy que la falta de decisión o la excesiva burocracia producen escándalos como el que está ocurriendo en el Zaire y, por lo tanto, insistimos en la adopción de esa enmienda por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, el Sr. Howitt ha presentado un importante informe sobre la situación de los refugiados. 
Apoyamos este informe y en la comisión también estábamos de acuerdo. 
El Sr. Howitt acaba de decir que 53 millones de refugiados andan errantes. 
Creo que son muchos más. 
Las cifras oscilan entre 200 y 500 millones, dependiendo de a quien se incluya bajo el concepto de refugiado, por ejemplo, si se cuentan los refugiados medioambientales. 
Muchas personas del hemisferio sur no son tenidas en cuenta por nosotros. 
Con ello, llego a un problema de política interior. 
A la mayoría de los refugiados provenientes del sur no se les deja entrar en nuestros países. 
La terminología cambia: los conceptos de asilo o de protección frente a un retorno forzoso se redefinen entretanto de tal modo que aquí ya no son válidos los derechos humanos de estas personas. 
Si un refugiado tiene que mostrar un certificado extendido por un régimen dictatorial diciendo que es un refugiado, está claro que no vamos a recibir tal certificado. Es decir, deberíamos mostrar más liberalidad al respecto. 
Es importante la reinserción de los refugiados en sus países. 
Pero para ello hay que crear las condiciones necesarias. 
El Sr. Howitt se ha referido a las minas. 
Necesitamos muchos más medios para poder eliminar realmente las minas colocadas. 
Para el retorno voluntario es necesario también que se reconozcan los derechos de propiedad sobre la tierra que antes tenían. 
Tenemos que apoyar esto. 
Se ha llamado la atención de la Comisión sobre los obstáculos burocráticos. 
Espero que podamos solucionarlo, que podamos ejercer como Parlamento Europeo la función de control y que las personas que viven en campos de refugiados- el 80 % son mujeres y niños- puedan confiar en sus derechos y no tengan que sufrir bajo violencia sexual u otra cualquiera. 
Aquí radica la obligación de la Comisión. 
Señor Presidente, el apoyo de la Unión Europea a las poblaciones desarraigadas de América Latina y Asia no es una cuestión sencilla. 
Una posición común teórica relacionada con los problemas de los refugiados en dos continentes tan distintos- el ponente dice con razón que va desde Afganistán hasta Guatemala- es forzosamente muy general. 
Además cabe preguntarse- en todo caso, yo me lo pregunto- si no sería más sensato, eficaz y económico iniciar una cooperación intergubernamental sobre una base ad hoc, es decir, caso por caso. 
Sobre todo cuando el propio ponente habla, y vuelvo a citar, de: » la pesadilla burocrática de la comitología». 
Dicho esto, quisiera aprovechar la ocasión que se me ha brindado para hacer dos observaciones fundamentales sobre el problema de los refugiados en general, también porque, en su exposición de motivos, el ponente considera necesario volver a referirse de forma totalmente innecesaria al supuesto «racismo» y a la supuesta «xenofobia» en la Unión Europea. 
Primer principio: es preciso hacer todo lo posible por acoger a los refugiados en países con una cultura esencialmente igual a la del país de origen, es decir, preferentemente los países vecinos. 
Esto significa que Europa no ha de admitir refugiados no europeos en su territorio. 
Por supuesto, siempre puede existir una excepción humana que confirme esta regla, pero la regla debe existir y también debe aplicarse con eficacia. 
Pues de lo contrario llegará el día en que nuestros pueblos ya no estarán dispuestos a ser solidarios con los verdaderos refugiados porque estarán hartos del engaño de los falsos refugiados, que, en Europa, son 99 de cada 100 casos. 
Segundo principio: también hay que esforzarse para que los refugiados regresen cuanto antes a sus países de origen y sin duda cuando ello pueda hacerse sin peligro real para sus vidas. 
Hemos de partir del hecho de que la ausencia de grandes grupos de refugiados supone a menudo una enorme carga para la población autóctona de los países receptores, y a veces un peligro para su propia identidad y un foco de peligrosos conflictos. 
En estos momentos, basta ver lo que sucede en Ruanda y en Zaire para darse cuenta de ello. 
Muy a mi pesar no encuentro los dos principios fundamentales que he formulado en los documentos del Parlamento o del Consejo que examinamos hoy. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo manifestarle cuánto aprecio el documento de nuestro compañero Howitt y, por desgracia, cuán actual resulta hoy. 
En efecto, de 1970 a 1990, el número de refugiados se multiplicó por diez. 
Más de 20 millones de individuos, es decir, 10.000 personas diarias, se vieron obligadas a huir. 
Las tres cuartas partes de estos 10.000 infortunados son mujeres y niños. 
Las cifras de las personas desplazadas en el interior de sus propias fronteras ascienden a 24 millones. 
La ONU ha realizado más operaciones de paz en los cinco últimos años que en los treinta primeros años de su creación. 
Es siempre urgente. Tenemos procedimientos demasiado pesados- todo el mundo lo ha dicho de forma unánime-. 
No hablaré ni tan siquiera de la comitología, sólo la evocación de esta palabra me da miedo. 
El ochenta por ciento de ellos se encuentra en los países menos avanzados y les recuerdo que a la inmensa mayoría de los refugiados se les acoge en primer lugar en los países pobres ribereños y no en los nuestros. Por el contrario, deberíamos dar muestras de más solidaridad. 
Es cierto que este informe contiene aspectos técnicos que me hubiera gustado destacar, pero voy a lo esencial en mi opinión, aceptando por supuesto, como toda la Comisión de Desarrollo y Cooperación que se propongan enmiendas. 
Les recuerdo que los refugiados del Zaire nos han pedido 3 veces que intervengamos: en el momento del genocidio de Rwanda, en el momento en que la policía era necesaria dentro de los campos de refugiados y cuando el Presidente Nyerere, con toda la OUA, nos pidió que interviniéramos en Burundi. 
Por lo tanto, ya no podemos hablar de refugiados- esta carga que pesa sobre todos los Estados y en particular los más pobres, así como sobre la comunidad internacional- sin hablar de prevención, y agradezco al Sr. Howitt que lo haya hecho. 
Prevenir, lo que significa prevenir las matanzas, intervenir antes, no como lo que tal vez vamos a hacer, es decir, una vez que todos hayan muerto. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Howitt por el trabajo que ha realizado, porque creo que es un trabajo extraordinariamente importante sobre un tema que, por desgracia, ha estado en los últimos tiempos permanentemente en el orden del día de nuestro debate político. 
Esta situación, que tiene que ver con los refugiados, es una situación desesperada y que, de hecho, exige medidas preventivas. 
Es fundamental que actuemos en la esfera de la diplomacia preventiva, pero también lo es que se adopten y prosigan un conjunto de medidas y de políticas que ayuden a la mayor parte de los pueblos que son víctimas de esta situación a encontrar su camino, un camino que los libre de vivir y sufrir las situaciones que, por desgracia, todos nosotros conocemos y que diariamente entran en nuestras casas mediante las imágenes televisivas. 
Por consiguiente, creo que en este momento deberíamos autocriticarnos por nuestra propia incapacidad. 
Europa no ha asumido su papel, ha hecho mucho menos de lo que sería de esperar y tiene que asumir un papel mucho más activo, muchísimo más determinante, para que se afronte este problema de la ayuda a los refugiados de una forma no sólo humanitaria, sino que, además, se enmarque, como ya he dicho, en las políticas de desarrollo, que cada vez son más escasas y dan resultados prácticos menos objetivos. 
Creo que este informe- dado que en él se tienen en cuenta las propuestas de enmienda de la Comisión de Desarrollo y lo aceptan la Comisión y el Consejo- podrá crear un primer marco fundamental para que se pueda afrontar el problema de los refugiados con mayor optimismo y tenga, de hecho, una dimensión más humana. 
Yo quisiera centrarme fundamentalmente en las enmiendas que tienen que ver con todas las gestiones encaminadas a la prevención de los conflictos, con el principio de no discriminación, con la reparación de todos los daños causados al medio ambiente, con la inclusión en los programas del concepto de derechos humanos- que me parece una cuestión fundamental -, además de la asistencia concreta a los grupos más vulnerables. 
Creo que todas esas cuestiones exigen un trabajo muy activo, porque no hay tiempo que perder con un asunto tan delicado como éste. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente, Sr. Howitt, por la calidad del texto que nos presenta hoy, así como por la estrecha colaboración y el nivel de cooperación que mantuvimos durante toda la fase preparatoria. 
También, quisiera señalar que, desde el principio, la Comisión considera absolutamente satisfactorio el texto que se presenta hoy. 
Este texto legislativo creará un marco legal de referencia claro. Un marco que permitirá a la Comisión proseguir su labor en favor de las poblaciones desarraigadas de Asia y América Latina. 
Así, seguiremos concediendo ayudas especiales a las poblaciones que hayan tenido que abandonar su país o su lugar de origen debido a conflictos o disturbios internos. 
Igualmente, proseguiremos nuestros esfuerzos por asistir a las poblaciones que necesitan ayuda especial, una vez recibida la ayuda humanitaria y antes de que se puedan programar las acciones de desarrollo convencionales. 
Me refiero a la ayuda necesaria para asegurar su autonomía e integración o reintegración en la estructura socioeconómica del país de acogida o de retorno. 
La propuesta prevé una amplia red de participantes: desde las organizaciones de las Naciones Unidas hasta las ONG y desde los gobiernos hasta las administraciones locales. 
También, está prevista una amplia gama de acciones: acciones de prevención y conservación, de formación de personal en el área de salud, así como de reconstrucción de infraestructuras a pequeña escala. 
Además, están previstas acciones relativas a la financiación de sistemas de crédito que permitan la reactivación de la economía. 
Por otro lado, se prevén acciones destinadas concretamente a mujeres cabeza de familia, así como acciones para la protección del medio ambiente. 
Todas estas acciones responden a la necesidad de intervenir de manera flexible para hacer frente tanto a situaciones sometidas a unos cambios vertiginosos como a situaciones que requieren una respuesta rápida por parte de la comunidad internacional, para evitar que las poblaciones sigan sufriendo. 
Responden también a la necesidad de prevenir el riesgo de que, como consecuencia de la situación de tensión, se impida o retrase la restauración de la paz social en esos países. 
La Comisión acoge con satisfacción que el Parlamento apruebe en gran medida esta postura. 
Precisamente, por esa razón la Comisión puede aprobar algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Desarrollo en segunda lectura. 
En concreto, la Comisión puede aprobar las enmiendas núms. 1, 2 y 3, que introducen en el texto legislativo la referencia a principios, en concreto, el principio de no discriminación, el principio de no devolución y el principio del establecimiento de estructuras democráticas y de participación de los grupos afectados en la evaluación de sus necesidades. 
También, podemos dar nuestra aprobación a la enmienda nº 7, en la que se prevé reforzar la coordinación entre los Estados miembros y los colaboradores encargados de la ejecución de las acciones, asimismo podemos aprobar la enmienda nº 13, que prevé la notificación al Parlamento Europeo de los informes de evaluación. 
La Comisión aprueba la enmienda nº 4, a condición de que se excluya la palabra «voluntariamente» junto a «retornen» de la descripción de las acciones que recibirán apoyo. 
En este punto, la Comisión sólo puede confirmar su posición. 
Es evidente que el retorno se debe efectuar con la voluntad de las poblaciones afectadas. 
Sin embargo, nos parece necesario que, en el caso de una repatriación forzosa, que, lamentablemente, no se puede excluir o evitar, se mantenga la posibilidad de aplicar el texto legislativo en cuestión y los respectivos recursos para ayudar a las poblaciones afectadas por tal conculcación de los derechos fundamentales. 
La Comisión no puede aprobar lamentablemente la enmienda nº 5, que se refiere a la asistencia técnica y los estudios, en su redacción actual. 
La prioridad concedida a expertos/as de los países beneficiarios se puede aprobar sin reparos. 
En cambio, creemos que la limitación de los estudios, auditorías y misiones de evaluación y control al 3 % de los costes totales de la acción, es demasiado restrictiva. 
De hecho, en algunos casos, los estudios, las auditorías y evaluaciones necesarias para el éxito de la acción sobrepasan con mucho ese porcentaje. 
La enmienda nº 6, que prevé la obligación de realizar intercambios de información regulares entre la Comisión y los otros interlocutores operativos, así como la estrecha coordinación con la comisión competente del Parlamento Europeo y con las ONG, tampoco se puede aprobar, ya que la aplicación de estos principios es incompatible con el grave déficit de recursos humanos y materiales que afronta la Comisión. 
Las enmiendas núms. 8 y 9 se refieren al tema de la comitología y proponen, concretamente suprimir la obligación de informar sobre acciones cuya financiación supere los dos millones de ecus a un comité compuesto por representantes de los Estados miembros del tipo 3A. 
La Comisión comparte la opinión expresada por el ponente en su exposición de motivos, es decir, que se trata de asuntos de gran alcance, que probablemente sean objeto de un acuerdo interinstitucional. 
Por este motivo, precisamente, la Comisión ha decidido no incluir en su propuesta dichas enmiendas. 
En cambio, la Comisión no puede más que apoyar- además con entusiasmo- el compromiso propuesto por el ponente, es decir, el de volver a la propuesta inicial de un límite de financiación de 5 millones de ecus. 
En todo caso, la Comisión considera que, si ha de participar en el procedimiento de toma de decisión un comité compuesto por los Estados miembros, éste no debe ser otro que el Comité «Países en Vías de Desarrollo de América Latina y Asia» contemplado en el Reglamento 443 de 1992. 
Por último, la Comisión no puede aprobar la enmienda nº 12, en la que se prevé que, antes del debate sobre las orientaciones generales, la Comisión proceda a deliberaciones con las administraciones, las organizaciones colaboradoras y los beneficiarios de los terceros países donde esté previsto realizar acciones. 
Una obligación así supone un compromiso excesivo, incompatible con los recursos materiales y humanos de los que dispone la Comisión. 
Se correría el riesgo de que se prolonguen los debates, y, en consecuencia, también, de que se retrase la ejecución del programa anual de ayuda a las poblaciones desarraigadas. 
En lo que se refiere a la participación del representante del Parlamento, la Comisión observa en este punto que la composición de los comités se determina horizontalmente desde el Consejo. 
Este es un tema de equilibrio interinstitucional y puede ser objeto de debates en otro marco, como el de la Conferencia Intergubernamental. 
Con estos comentarios, señor Presidente, quisiera felicitar, una vez más, al ponente, Sr. Howitt, y dar las gracias a los diputados que han hecho uso de la palabra. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Medio ambiente en una perspectiva de desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0340/96) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común del Consejo (C40373/96-95/0161 (SYN) ) con vistas a la adopción del Reglamento (CE) del Consejo relativo a acciones realizadas en los países en vías de desarrollo en el ámbito del medio ambiente en una perspectiva de desarrollo sostenible (Ponente: Sra. Taubira-Delannon). 
Señor Presidente, en efecto, algunas dificultades locales que sin duda todo el mundo conoce, han impedido a nuestra colega la Sra. Tubira Delannon venir desde Guayana a Estrasburgo. 
Como presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, la sustituyo pues, improvisadamente, con menos encanto y sin duda también con menos conocimiento. 
Por lo tanto, les recuerdo que esta cuestión se inscribe en un contexto muy particular. 
El artículo 130U y 130R del Tratado disponen que la política de la Comunidad en el ámbito del desarrollo debe favorecer el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y prevé que, entre estos objetivos, la Comunidad debe contribuir a la promoción, a escala internacional, de las medidas destinadas a hacer frente a los problemas regionales o planetarios del medio ambiente. ¡Vasto programa! 
En el caso que nos ocupa, la presente propuesta de reglamento trata de establecer el principio del desarrollo duradero, y facilitar la reivindicación de la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo de los países pobres. 
Tal es el objetivo que persigue el artículo 1 de esta propuesta, que pretende dotar de base jurídica a la línea presupuestaria B7-6200, creada en 1982 a iniciativa del Parlamento. 
Desde 1980, 1.500 millones de individuos de 15 países se han beneficiado de un crecimiento económico espectacular, es decir, un cuarto de la población mundial. 
Por el contrario, unos 100 países, que representan otra cuarta parte de la población mundial, han conocido el declive y el estancamiento. 
En 70 de estos países, la media de los ingresos es inferior a la de 1980, y en 43 de ellos es inferior a la de 1970. 
El patrimonio de los 358 multimillonarios en dólares que cuenta el planeta supera los ingresos anuales acumulados de países que representan cerca de la mitad de la población mundial. 
El abastecimiento de agua ha disminuido en dos tercios desde 1970 en los países en desarrollo. 
Estos son los problemas que la Sra. Toubira Delannon pone de relieve en su informe y que hacen un llamamiento a la Comunidad por un desarrollo duradero. 
Mil millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable; 1.700 millones están privados de cualquier sistema de evacuación de las aguas residuales, lo cual, en términos de epidemiología y de consecuencias sobre la salud pública es absolutamente catastrófico. 
La desertificación cuesta a África 9.000 millones al año, 42.000 millones a escala mundial. 
Doscientos millones de personas se ven afectadas por la desertificación. 
Veinte millones de hectáreas de bosques tropicales están gravemente degradadas o totalmente destruidas. 
Todos estos factores dan prueba de que este tipo de desarrollo no podrá ser duradero. 
Les recuerdo que la Unión Europea es la primera potencia comercial mundial, la primera donante en lo que a ayuda al desarrollo se refiere, a la que contribuye en un 40 %, pero también una de las principales contaminadoras. 
Por el contrario, los países en desarrollo contribuyen cuatro veces menos a las emisiones de sustancias contaminantes que los países industrializados, mientras que su población es cuatro veces superior. 
En el año 2000, 15 ciudades tendrán más de 11 millones de habitantes, 13 de las cuales se encuentran en los países en desarrollo. 
Este informe de la Sra. Taubira Delannon no trata sólo de la naturaleza y de su conservación, sino que sobre todo trata de defender a los hombres y a las mujeres de los países en desarrollo y de que se beneficien prioritariamente las poblaciones locales que están descuidadas no sólo psicológica y socialmente sino también políticamente por los programas de desarrollo, para que aporten una solución a los problemas que he mencionado, a saber, los del agua, la salud, la energía, la urbanización etc. 
La autora, con el asentimiento de toda la Comisión de Desarrollo y Cooperación, trata de reforzar la dimensión regional más allá de las fronteras y no sólo la dimensión nacional. 
Por último, subraya la falta de medios y la ausencia de coordinación entre los programas de que sufren todos los sectores afectados por la necesidad de desplegar numerosos esfuerzos para preservar el medio ambiente en el contexto del desarrollo duradero. 
Con motivo de la Conferencia de Río, vimos lo fuertes que eran los conceptos, lo vivo que estaba el interés en aquel momento, y luego, muy rápidamente, las cosas se esfumaron y con frecuencia es más fácil hablar de medio ambiente e incluso fijar la atención en un aspecto particular, el que nos afecte a nosotros en los países occidentales. 
Por el contrario, cuando hablamos de desarrollo, si me permite la expresión, señor Presidente, entonces ya no hay nadie. 
Y como prueba de ello no quiero más que la atención que presta la Comisión de Presupuestos y este Parlamento en general cuando debate sobre el presupuesto teniendo como corolario una disminución constante de los presupuestos dedicados al desarrollo. 
¿Cómo hablar de medio ambiente en estas condiciones? 
El destino reservado a las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura es bastante caricaturesco. 
Se habían presentado 44 enmiendas de las cuales, casi la totalidad procedían de la Comisión. 
Salvo una, todas fueron rechazadas. 
Habría que preguntarse si se le escapó al Consejo o si éste no la ha leído, o incluso si es mala. 
Una de cuarenta y cuatro. 
Las presentamos de nuevo. 
En su mayoría, estas enmiendas trataban de ampliar el campo de aplicación del reglamento del Consejo. 
Además, es la razón por la cual el Consejo no las aprobó con el pretexto de los importes limitados introducidos en el presupuesto. 
La ponente, Sra. Taubira Delannon, propone que se vuelvan a presentar las enmiendas aprobadas en primera lectura y que el Consejo no ha recogido. 
Además, el Consejo introdujo nuevas disposiciones que afectan principalmente a la duración del reglamento y al importe de referencia. 
El Consejo deseó dar a este reglamento una duración de tres años mientras que la Comisión proponía que se le diera una duración indeterminada. 
Sobre este punto, la ponente apoya la propuesta de la Comisión estimando con ella que es necesario hacer un esfuerzo a largo plazo en este ámbito del medio ambiente y que el reglamento no debe implicar fecha de vencimiento. 
El Consejo propone un importe de referencia que establece en 45 millones de ecus, es decir, una dotación de 15 millones de ecus al año. 
Asimismo, en el caso que nos ocupa, la ponente estima junto con la Comisión que no es necesario fijar un importe de referencia financiera. Propone suprimir dicha referencia. 
Por último, por lo que respecta a la comitología, la Comisión había propuesto confiar a los comités ALA, MED y FED- nadie debe de comprender estos acrónimos fuera del Parlamento- la labor de emitir un dictamen sobre las acciones propuestas, comités consultivos de tipo 1. 
El Consejo, como de costumbre, propone una comisión de reglamentación de tipo 3a; la ponente recomienda retomar la propuesta de la Comisión a la que se había suscrito la Comisión de Desarrollo y Cooperación, es decir, un comité de tipo consultivo. 
Incluso los peores de nosotros se ríen de ello. 
Señor Presidente, queridos colegas, este programa- como acaba de decir el presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación- fue creado por el Parlamento Europeo para responder a la Conferencia de Río y a los problemas en ella abordados. 
Por desgracia, el Consejo de Ministros nunca lo ha apoyado y han pasado años sin que esta línea presupuestaria tuviera el fundamento jurídico necesario. 
Es una línea presupuestaria extraordinariamente importante que permite el apoyo a las iniciativas locales promovidas por las autoridades locales y por las organizaciones no gubernamentales. 
Es una verdadera línea de ayuda al desarrollo sostenible. 
Ahora bien, el Consejo de Ministros, dando muestras de una gran hipocresía, al tiempo que rechaza las propuestas del Parlamento Europeo en primera lectura del informe Taubira-Delannon, encaminadas a ampliar la base de acción de esta línea presupuestaria y de este programa, al mismo tiempo- repito- que el Consejo de Ministros las rechaza aduciendo la falta de medios presupuestarios, este año, en el proceso presupuestario relativo al presupuesto correspondiente a 1977, el Consejo de Ministros ha intentado reducir el presupuesto de este mismo programa. 
O sea, que, por un lado, el Consejo dice que no se puede ampliar el programa porque no hay dinero y, al mismo tiempo, en el proceso presupuestario, ha intentado reducir los exiguos 15 millones de ecus con que cuenta esta línea presupuestaria. 
Fue el Parlamento Europeo aquí, el mes pasado, el que en primera lectura repuso los exiguos 15 millones de ecus. 
Queridos colegas, los dramas humanos de los barrios de chabolas de Río de Janeiro y de El Cairo, la destrucción de los bosques, que el año pasado alcanzó su nivel máximo absoluto desde la Conferencia de Río de 1992, el espectáculo de la miseria humana, de los niños de África, desde Ruanda hasta el Sudán, exigen que actuemos. 
Todo eso está presente ante nuestros ojos y, sin embargo, la Unión Europea es incapaz de tener un programa creíble desde el punto de vista de los medios presupuestarios adecuados para su actuación en esas zonas del mundo. 
Como ponente de la Comisión de Medio Ambiente, sólo me queda apoyar lo que ha dicho aquí el presidente de la Comisión de Desarrollo. 
Tenemos que apoyar las enmiendas del informe Taubira-Delannon, tenemos que mantener una posición dura de crítica feroz a la hipocresía del Consejo de Ministros en la esfera del desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a la ponente, quien ha redactado este informe con una gran precisión. 
El número de enmiendas refleja también que la Comisión de Desarrollo y Cooperación se toma muy en serio este tema y que se ha ocupado muy intensamente del mismo. 
Todos constatamos que antes no se ha hecho lo suficiente en este campo y que no se ha prestado siempre la suficiente atención al aspecto medioambiental. 
Por otro lado, vemos que se está produciendo una evolución que apenas podemos frenar; solamente tengo que pensar en los planes que tiene un país como China en lo tocante a la motorización. 
Apuesto lo que quieran a que esta motorización no se va a realizar con las técnicas más modernas sino con la que pueden permitirse las personas en ese país que se encuentra en el umbral de un desarrollo técnico de este tipo. 
En el informe hablamos de la sostenibilidad de las acciones medioambientales. 
Creo que la sostenibilidad debe ser un criterio para todas las medidas de desarrollo en todos los campos donde se apliquen, ya sea en el sanitario, en el de la formación o en el del medio ambiente. 
El orador anterior ya ha indicado que hemos defendido la línea presupuestaria B7-504 también en la Comisión de Desarrollo y sólo espero que la conservemos. 
Naturalmente, no son sumas con las que podamos mejorar el medio ambiente en todo el mundo de modo sostenible, pero queremos fomentar ante todo proyectos piloto. 
En las enmiendas que hemos vuelto a introducir, hemos llamado la atención sobre las iniciativas locales. 
Pero esto no significa que no ya no se pueda exigir responsabilidad a los Gobiernos de los países en vías de desarrollo. 
Todos sabemos las dificultades que tienen algunos de esos Gobiernos con los problemas de la protección del medio ambiente y, ante todo, con una protección sostenible. 
Las negligencias de los Gobiernos no se pueden compensar con iniciativas locales. 
No puede ser que los Gobiernos, por ejemplo, aprueben grandes medidas de talas de bosques y, que por otro lado, las iniciativas locales sean responsables de la repoblación forestal. 
Me pregunto también si con tales documentaciones, de las que ni siquiera sé si se han realizado en papel sin madera, podemos pronunciarnos de modo sostenible en favor del mantenimiento de un medio ambiente sano. 
Señor Presidente, Señorías, por iniciativa del Parlamento Europeo se ha creado la línea presupuestaria B7-6200 para promover la inclusión del ámbito medioambiental en el proceso de desarrollo de los países en vías de desarrollo y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. 
La palabra clave utilizada es desarrollo «sostenible» y no «durable» , lo que implica llevar a cabo los cambios de los actuales modelos de desarrollo, producción, consumo y comportamiento a fin de orientar gradualmente las actividades humanas y el desarrollo hacia formas sostenibles, es decir aceptables, que permitan vivir en un medio ambiente en buen estado y garanticen, al mismo tiempo, un buen nivel de bienestar social y salud pública para todas las personas. 
No cabe duda de que el objetivo es ambicioso y su logro dependerá de la coordinación y de la coherencia de las estrategias políticas que se van a llevar a cabo, así como de la efectiva integración del ámbito medioambiental en todas las demás políticas, a fin de limitar, dentro de lo posible, las imparables presiones que contribuyen a disminuir los recursos naturales y, por lo tanto, a empeorar el estado del medio ambiente y, en consecuencia, a bajar la calidad de vida. 
Las acciones que deben emprenderse han de tener en cuenta cinco sectores, cuyas características interaccionan directamente: industria, energía, transportes, agricultura y turismo. 
Por lo tanto, este instrumento debe aunar ductilidad, flexibilidad y eficiencia para producir importantes efectos innovadores en los países en desarrollo. 
Me congratulo con la ponente, así como con el ponente, presidente de la Comisión de Desarrollo. Coincidimos a la hora de subrayar los progresos cualitativos de esta propuesta, sin embargo, deploramos, como es obvio, la escasez de los medios financieros asignados a los mismos: sólo 15 mecus. 
Por consiguiente, apoyamos a la ponente cuando sugiere presentar nuevamente en la segunda lectura- con la única excepción de la enmienda 1- el conjunto de las enmiendas presentadas en primera lectura. 
Señor Presidente, parece ser que últimamente la política ambiental está perdiendo ímpetu. 
Hablamos sin cesar de la importancia de la integración del medio ambiente en otros ámbitos políticos, pero a la vez reducimos unas tras otra las líneas presupuestarias que precisamente lo harían posible. 
En mayo, como todos sabemos, el Parlamento aprobó 44 enmiendas que precisamente pretenden mejorar la integración del medio ambiente y la cooperación al desarrollo, pero el Consejo sólo ha aprobado tres de estas enmiendas. 
Además, me parece muy extraño que el Consejo haya limitado a tres años el plazo de estos proyectos. 
¿Cómo encaja esto con el esfuerzo que precisamente es necesario a más largo plazo en este sector? 
Asimismo nos extraña mucho que el Consejo sólo haya puesto a disposición 45 millones de ecus, es decir, 15 millones de ecus por año. 
Es imperativo aumentar este importe, y considero que hemos de apoyar plenamente la enmienda de la Comisión de Desarrollo y Cooperación de aumentar el presupuesto en el año 2000 con 50 millones de ecus. 
Es necesario aprovechar los recursos financieros para fomentar la sostenibilidad en los países en vías de desarrollo. 
Se trata de la deforestación, la erosión, la contaminación, la desertización. 
Sin embargo, debemos formular prioridades. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que nuestra política ha de centrarse sobre todo en proyectos innovadores, como por ejemplo la energía solar, y proyectos piloto. 
Por supuesto, hemos de tener en cuenta las exigencias ambientales locales y las necesidades locales; es evidente. 
No hemos de centrarnos sólo en el campo, sino también en las grandes ciudades con enormes problemas de residuos. 
Cabe esperar que, en la segunda lectura, el Consejo adopte las recomendaciones del Parlamento Europeo y no se limite a hablar de la importancia del desarrollo sostenible, sino que lo traduzca en hechos. 
Señor Presidente, la ponente ha presentado un informe en el que se ha trabajado con gran intensidad, un informe que es necesario, pues para la línea presupuestaria B7-5040 se han solicitado unos créditos por un importe del que no disponemos en absoluto. 
Ha descrito para qué son necesarios dichos créditos: para información, iniciativas piloto, grupos de base, ONG, asociaciones, una economía sostenible, planificación urbana, el fomento de iniciativas locales, un menor daño del clima, la economía, la conservación de la biodiversidad y muchas cosas más. 
Con esta línea presupuestaria disponemos solamente de 15 millones de ecus para tres años. 
Me parece que no son siquiera migajas. 
Es solamente una hoja de parra. Ni siquiera es ridículo sino vergonzoso. 
Esta línea presupuestaria es mero cinismo ante la destrucción medioambiental que practicamos en los países. 
Cuando en el informe se dice que queremos practicar una economía verde- verde en el sentido de sostenibilidad -, me pregunto qué cantidad de medio ambiente se destruye solamente con el modo de pensar, de practicar la economía y de hacer política de esta Unión Europea. 
No tengo que llegar tan lejos como la Sra. Günther y remitirme a China. 
Naturalmente, tiene razón, la producción de automóviles en China es dañina, pero ¿quién produce allí? 
Como alemán sé que va a ser Mercedes-Benz, Volkswagen y Porsche. 
Esta es la lógica que perseguimos con las redes transeuropeas. 
El capital que se saca allí viene a continuación a nosotros porque liberalizamos los mercados, porque difundimos a nivel mundial una reforma económica con la que impulsamos exactamente este modo de producción. 
En Río se dijo que queremos limitar las emisiones de CO2 provenientes del tráfico. 
¿En qué situación nos encontramos hoy? 
La realidad es que no se ha alcanzado nada de lo que se prometió para reducir las emisiones. 
Sabemos que estas emisiones se duplicarán hasta el año 2020. 
Piensen solamente en la montaña de deudas que surgen cuando en Manila se construye una central nuclear en una falla geológica que luego no se puede seguir construyendo pues allí se producen terremotos. Pero son ellos los que tienen que soportar los costes, es decir, pagar los costes de nuestra industria. 
¿Cómo lo van a hacer con esos 5 millones? 
Si queremos practicar una política de desarrollo, tenemos que ocuparnos precisamente de estos diferentes aspectos. 
Tenemos que ocuparnos de la Shell en Nigeria, donde el suelo está contaminado, de las importaciones de maderas tropicales a nuestra Comunidad, con lo que se contamina el agua potable, del problema energético y de la producción de automóviles. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por su excelente informe, y apoyo plenamente sus enmiendas. 
El concepto de desarrollo sostenible es determinante para el bienestar de los países en desarrollo. 
El Parlamento Europeo, como recordarán los diputados, inició una línea presupuestaria especial en 1982 destinada a alentar a los países en desarrollo a que tengan en cuenta la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo y para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población local. 
Una de las cosas que más lamentamos es el bajo nivel de recursos financieros que se han destinado para apoyar la propuesta. 
Estoy convencido de que la Presidencia irlandesa coincide con la ponente en el tema de la financiación, la cual es vergonzosa. 
La propuesta está encaminada a ampliar el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente hasta finales de siglo. 
Es oportuno que se renueve el compromiso político con el programa. 
La Unión Europea debe desempeñar un papel cada vez más importante en la ayuda a la protección del medio ambiente, no sólo a nivel comunitario, sino también en los países en desarrollo. 
La principal conclusión de la evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que fue elaborada dentro del proceso de revisión del Quinto programa de acción en materia de medio ambiente de la UE, destaca las prioridades siguientes: primero, a pesar de que se está avanzando en la reducción de determinadas presiones sobre el medio ambiente, ello no basta para mejorar la calidad general del medio ambiente ni para potenciar el desarrollo sostenible; segundo, si no adoptamos medidas de urgencia, las presiones a las que se ve sometido el medio ambiente continuarán suponiendo una carga demasiado pesada para la salud humana y la capacidad de los ecosistemas; tercero, las medidas que se tomado hasta ahora no conducirán a la plena integración de consideraciones ambientales en los sectores económicos o del desarrollo sostenible. 
Debemos seguir promoviendo a todos los niveles una mayor concienciación de la opinión pública de la necesidad de proteger y dar mayor importancia al medio ambiente. 
Es necesario mejorar la gestión y la protección del medio ambiente. 
Lamentablemente no se están proporcionando los recursos financieros necesarios. 
Como han dicho el Sr. Telkämper y otros diputados, es una vergüenza. 
Espero que el Consejo de Ministros reconsidere su posición al respecto. 
Señor Presidente, conviene ser prudente en cuanto al resultado que cabe esperar de la aplicación del reglamento del Consejo, relativo a acciones realizadas en países en desarrollo, en el ámbito del medio ambiente en el contexto del desarrollo duradero. 
Además, nuestro compañero Kouchner acaba de recordarlo. 
En efecto, las finalidades que contempla el reglamento son muy loables en la medida en que la Unión se dispone a dotarse de una verdadera geoestrategia medioambiental. 
Asimismo, el proyecto de reglamento aferente debe ser considerado como complementario a los dispositivos de ayudas, de mecanismos, de procedimientos y de intervenciones existentes. 
No obstante, nos veríamos tentados a decir que el carácter ambicioso de las finalidades de este reglamento sólo puede compararse con el modesto volumen de los medios presupuestarios reservados a tal fin. 
En efecto, los aproximadamente quince millones de ecus previstos para un período de tres años no constituyen más que un paso simbólico en la buena dirección. 
Señor Presidente, incluso dotada de medios presupuestarios muy superiores a los que acabo de mencionar, la estrategia de desarrollo duradero de la Unión seguiría topándose con numerosas insuficiencias o lagunas de las que da muestras la comunidad internacional. 
Toda la comunidad internacional debe actuar con arreglo a lo esbozado por la ponente, y no sólo la Unión Europea. 
La Comisión, más particularmente, deberá hacer valer todo su peso en los diferentes foros que comprenden a los demás grandes actores de la escena internacional, en particular, los Estados Unidos, Japón, y me quedo corto, con el fin de promover, de hacer avanzar la idea que subyace en estos informes. 
Pienso, sobre todo, en el próximo ciclo de negociación sobre el comercio mundial. 
Esperemos, señor Presidente, que la connotación de duradera que está vinculada a este informe se referirá al desarrollo y no sólo al importe simbólico avanzado en el ámbito presupuestario para llevar a buen fin la política que todos deseamos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, permítanme que dé las gracias al Sr. Kouchner, presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, por su intervención introductoria sobre el informe realizado. 
El espíritu de la Conferencia de Río y el Programa de Acción del Siglo XXI marcan las pautas de la cooperación de la Unión para el desarrollo. 
De conformidad con el artículo 130Y del Tratado, el objetivo central de nuestras actividades en este ámbito es fomentar el desarrollo económico y social sostenible en los países en vías de desarrollo y, especialmente, en los más pobres. 
La Unión aspira a este objetivo mediante los programas de desarrollo y los proyectos, así como mediante las negociaciones a nivel global. 
La Unión Europea ha asumido el compromiso de situar los problemas de medio ambiente entre los temas políticos prioritarios del orden del día, a fin de conseguir el consenso público que necesita para avanzar en esa dirección. 
En este contexto, es importante preparar adecuadamente la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en junio de 1997 y estará dedicada a la evaluación de los resultados de la Conferencia de Río. 
Los recursos financieros y la reforma institucional de los mecanismos de control serán los temas básicos del orden del día. 
Evidentemente, en este marco internacional se incluyen las medidas que deben adoptarse en materia de medio ambiente en los países en desarrollo. 
Estas medidas serán un complemento de otros instrumentos comunitarios, reforzando las actividades realizadas por los Estados miembros o a escala internacional, ya que podrán optimizar la cooperación en materia de medio ambiente y actuar como catalizadores. 
La experiencia adquirida hasta la fecha mejorará el conjunto de las ayudas al desarrollo de la Unión, con el resultado de que se conceda una financiación a mayor escala mediante las rúbricas tradicionales del presupuesto comunitario. 
En nombre de la Unión Europea, quisiera agradecerles el excelente trabajo realizado por el Parlamento Europeo y, en concreto, por los ponentes, Sra. Taubira Delannon, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
Su gran experiencia, así como el compromiso político que ustedes asumen, favorece la buena colaboración entre la Comisión y el Parlamento. 
El fuerte apoyo del Parlamento ha propiciado que la Unión Europea se convierta en agente básico en el ámbito del desarrollo sostenible, y estoy seguro de que las enmiendas que se someten hoy a examen mejorarán el reglamento relativo a las medidas ambientales en los países en desarrollo. 
Por estos motivos, la Comisión está en la feliz situación de poder aprobar 34 de las 44 enmiendas propuestas. 
En concreto, la Comisión puede aprobar en parte las enmiendas núms. 7, 19, 31, 32, 35 y de la 40 a la 42. 
La Comisión puede aprobar en su totalidad las enmiendas núms. 1 y 2, 4 a la 6, de la 8 a la 18, de la 21 a la 24, 26, 33, 34, 36 y de la 39 a la 44 inclusive. 
La Comisión aprecia especialmente el que muchas enmiendas subrayen la importancia de la información y la estrecha colaboración con los interlocutores locales y con las iniciativas. 
Estas enmiendas, al solucionar un aspecto decisivo para la viabilidad de los proyectos y programas, mejorarán considerablemente la redacción del reglamento. 
Otro tema central de las enmiendas del Parlamento es la inclusión de nuevas prioridades y temas. 
Los temas sobre población, sanidad, residuos peligrosos y consecuencias para el medio ambiente, por ejemplo, deben incluirse en el ámbito de aplicación, ya que abordan aspectos esenciales del desarrollo sostenible. 
Además, se pondrá énfasis en la ayuda a los países en desarrollo que les permita solucionar los problemas, tal como se contempla en los tratados internacionales, concretamente, mediante medidas preventivas y el aprovechamiento de los recursos de energía renovables para equilibrar las diferencias climáticas. 
En cambio, la Comisión no puede aprobar las enmiendas núms. 3, 20, 25, 27 a 30, 37, 38 ni la enmienda 43. 
Quisiera explicar esta postura por parte de la Comisión. 
En algunos casos, las objeciones de la Comisión se refieren meramente a la redacción. 
En cuanto a las partes significativas, algunas enmiendas, como las enmiendas núms. 19, 20, 28 y 30, incluyen elementos que introducirían cierta rigidez, la cual es incompatible con el objetivo de inaugurar acciones piloto en el ámbito del medio ambiente. 
Otras enmiendas, como las enmiendas núms. 30, 41 y 42, conducirían a nuevas restricciones de procedimiento, especialmente, con respecto a los requisitos de información entre instituciones. 
En nuestra opinión, esto no es oportuno y pondrá en peligro la correcta distribución de las rúbricas del presupuesto, principalmente debido a los limitados recursos humanos de los que disponen los servicios de la Comisión. 
Por último, muchas enmiendas, o imponen la modificación de los procedimientos de la Comisión vigentes, como, por ejemplo, la enmienda nº 40, o afectan a la esfera de competencias que corresponde a la Comisión Europea, como, por ejemplo, la enmienda nº 38. 
Señor Presidente, es cierto, y todos estamos de acuerdo, que se ha logrado mucho en estos cuatro años tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
Una proporción importante y creciente de la ayuda se destina a los ámbitos prioritarios del programa de acción de la Conferencia para el Siglo XXI. 
Además, se han adoptado importantes medidas para mejorar el rendimiento medioambiental de las ayudas concedidas por la Unión. 
La Comisión confía en que la aprobación del Reglamento sobre las medidas medioambientales en los países en desarrollo complemente este instrumento comunitario para el medio ambiente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Sida en los países en vías de desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0341/96) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común del Consejo (C40372/96-95/0164 (SYN) ) con vistas a la adopción del Reglamento (CE/CECA/Euratom) del Consejo sobre las acciones en el ámbito del VIH/SIDA en los países en vías de desarrollo (Ponente: Sra. André-Léonard). 
Señor Presidente, pobreza y riesgo de contagio por el sida corren por naturaleza paralelos. 
Es preciso actuar pronto porque la lucha contra la propagación de la epidemia es una verdadera carrera contra reloj. 
En la actualidad, se estima en 17 millones el número de personas infectadas por el virus VIH y, de acuerdo con las previsiones establecidas por la OMS, se espera que de aquí al año 2000 esta cifra alcance 40 millones y esto es una hipótesis optimista. 
La epidemia ataca tanto al Norte como al Sur, pero son los países en desarrollo, con mucho, los más afectados puesto que en ellos se encuentra el 80 % de las personas infectadas. 
Por el contrario, indiscutiblemente, existe una desigualdad terapéutica que azota al Sur. 
El impacto de la epidemia en algunos países de África y Asia es ya muy grave, porque al eliminar en primer lugar la población activa, es el corazón mismo del tejido socioeconómico el que se estremece. 
En 1986, la OMS estableció un programa mundial de lucha contra el sida. 
Europa tomaba el relevo en 1987 y 1988. Este programa se ha ampliado a todos los países en desarrollo. 
Se han financiado doscientos veinte proyectos para 85 países, en parte con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo que es prácticamente el único instrumento que permite el establecimiento de una política común de desarrollo para con los países en desarrollo. 
Hará diez años que la comunidad internacional interviene para tratar de limitar los efectos de la epidemia. 
Hemos extraído diversas enseñanzas que permiten adaptar los enfoques para el futuro. 
Como ponente, basándome en todas estas constataciones, he querido definir las prioridades que es preciso defender para hacer que la epidemia del sida en los países en desarrollo ya no sea una fatalidad. 
Es la razón por la cual este programa de asistencia debe ser ante todo prioritario. 
Vista la falta de medios disponibles que es preciso deplorar, debemos, pues, dedicarnos exclusivamente a la prevención. 
La insuficiencia de los fondos aparece como un leitmotif de la política europea del desarrollo, aunque Europa sea el principal proveedor de fondos de la ayuda al desarrollo. 
La Unión ha destinado ya 320 millones de ecus a la lucha contra el sida en los países en desarrollo, pero no hay que engañarse. 
Si saliera un nuevo medicamento para luchar contra la enfermedad, su precio exorbitante no nos permitiría curar a los millones de seropositivos del tercer mundo. 
En efecto, las cifras avanzadas son del orden de 15.000 dólares por año y paciente. 
Por lo tanto, en la medida de lo posible, es preciso concentrar estas acciones en la prevención, y prioritariamente en los países más pobres e invertir masiva y preventivamente en los países en los que la epidemia sólo está en sus inicios, porque es en ellos donde las posibilidades de contener su propagación son más importantes. 
La prevención deberá aplicarse principalmente a las capas más pobres y a los grupos de riesgo, ya que éstos reaccionan mejor ante este tipo de campaña de información. 
La información sobre la salud sexual está sobre todo ligada a los consejos dispensados a las madres de familia y a las jóvenes pero también debería dirigirse al componente masculino de la población que subestima el problema. 
La eficacia del programa depende de un refuerzo considerable de los medios, además de un verdadero compromiso político a todos los niveles y de una colaboración activa entre todas las personas afectadas. 
A este respecto, la reducción del presupuesto de desarrollo es deplorable. 
Es preciso que ayudemos a atajar la epidemia mediante una estrategia que tenga en cuenta los problemas ligados al subdesarrollo tales como la pobreza, la superpoblación y la malnutrición. 
Es la falta de educación la principal responsable de estas plagas. 
Para reaccionar, se trata de integrar plenamente la información sobre el sida y su prevención en el programa ordinario de prevención sanitaria. 
Asimismo, habrá que formar al personal médico y paramédico necesario para esta labor. 
Los grupos interesados deberán tener fácil acceso a la información y, sobre todo, a los medios de protección mediante una distribución masiva de preservativos gratuitos o a precio módico. 
Los centros de planificación familiar existentes son los que deben informar a la vez al público, tanto sobre la limitación de los embarazos como sobre los medios de protección ante el sida. 
En mi informe, he querido redefinir los grupos que constituyen el objetivo así como los grupos de riesgo. 
Se trata de personalidades políticas, representantes de las comunidades religiosas, los enseñantes, los expertos de la salud y de la educación. 
Hay que inducir a estos grupos a que cooperen de forma voluntaria, mediante diagnóstico precoz y la aplicación de medidas de protección. 
Desearía insistir en una protección especial de los niños. 
Los niños de la calle, a falta de otros medios de subsistencia, se ven a veces obligados a prostituirse. 
Los más afectados son los propios niños contaminados o que han perdido a sus padres a causa de la enfermedad. 
Al parecer, hay varios cientos de miles de ellos en el mundo. 
Desearía terminar señalando que gracias a un programa de lucha contra las ETS (enfermedades de transmisión sexual) , Tanzania ha logrado reducir la incidencia de infecciones en un 42 %. 
Estos resultados son muy alentadores. 
Asimismo, desearía rendir homenaje a las ONG, capaces de llegar a los grupos de población más vulnerables. 
Por último, deseo insistir para que el Parlamento haga cuanto sea necesario y manifieste su amor propio para aprobar la enmienda 18 relativa a la realización de un estudio cuyo objeto es la creación de un mecanismo de solidaridad que permita reducir el escandaloso desequilibrio terapéutico existente entre el Norte y el Sur. 
Cada vez parece más verosímil que llegaremos a erradicar el sida en los años venideros. 
Estos medicamentos prometedores deberán ser accesibles para todos, sin discriminación, entre poblaciones ricas y pobres, sin distinción de raza, etnia, cultura o religión. 
La enfermedad, como la contaminación, no conoce fronteras. 
Seamos conscientes de ello porque en ello nos va el futuro de nuestro planeta. 
Señor Presidente, la conferencia celebrada recientemente en Vancouver llevaba por título» One World, One Hope» (Un mundo, una esperanza) , pero no tardó en ponerse de manifiesto que en realidad existen dos mundos a la hora de luchar contra esta enfermedad. 
Como ha dicho claramente la ponente, los dos mundos se diferencian entre sí debido a la pobreza que existe en el mundo en desarrollo. 
Todos los avances de la medicina traen consigo una etiqueta con un precio muy elevado, un precio que el 90 % de las personas afectadas de SIDA simplemente no pueden permitirse. 
Una mujer zimbabuense que intervino en la conferencia dijo que la conferencia debería ser rebautizada con el nombre de «Tercer Mundo, no hay esperanza» , y ésa era su opinión de la diferencia existente. 
Como ha dicho la Sra. André-Léonard, se han ganado algunas batallas. 
Hemos presenciado cambios en la formación que han traído consigo algunas mejoras en Tailandia y Uganda. 
Hemos podido ver cómo el programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en Tanzania también ha tenido un fuerte impacto: un estudio de la población realizado en ese país apunta a una reducción del 42 % de la enfermedad entre el grupo objeto del estudio. 
Existen además nuevas intervenciones que se aplican durante el parto, que también están dando buenos resultados en materia de prevención de los recién nacidos de ser contagiados por las madres seropositivas. 
En la región, la reducción ha alcanzado aproximadamente un 8 %, por lo que es algo que merece la pena estudiar. 
Es necesario que nos formulemos la pregunta: ¿a qué se debe que en el caso de Botsuana, de Asia, de Sudáfrica estemos asistiendo a un crecimiento de la enfermedad? 
¿Qué sucede con esos países y por qué está ocurriendo eso? 
Estuve en Birmania el pasado fin de semana. 
En aquel país no reconocen la existencia del SIDA y la prostituta que es sorprendida utilizando un condón es detenida y condenada a un año de cárcel como castigo. 
Debemos averiguar asimismo a qué se debe que muchos de nuestros proyectos continúan sin reconocer realmente la vulnerabilidad de la mujer y, como ya ha admitido la Comisión en otras ocasiones, dichos proyectos son en muchos casos insensibles a las diferencias de trato por razón de sexo. 
Me gustaría oír de la Comisión qué investigaciones ha llevado a cabo para ofrecer una protección que sea de utilidad a la mujer, qué medicamentos pueden aplicarse para proteger a la mujer y si está colaborando con algún laboratorio farmacéutico con este fin. 
Por último, ¿estaría dispuesta la Comisión a colaborar con compañías farmacéuticas para conseguir que bajen los precios de los medicamentos entrando en algún tipo de acuerdo de licencias, porque este aspecto es realmente esencial para cualquier método que apliquemos para atajar la expansión del VIH y el SIDA? 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar en nombre del Grupo del PPE a la ponente, Sra. André Léonard, por el trabajo realizado. 
Creo que estamos de acuerdo en muchos puntos y hemos logrado unos buenos compromisos y propuestas de mejora de la posición común. 
El SIDA en los PVD es un tema de gran importancia que actualmente no despierta demasiado el interés de los medios de comunicación, en cualquier caso no se debate sobre el mismo muy intensamente en la opinión pública. 
Sin embargo, lo que está ocurriendo en esos países es una catástrofe cotidiana. Es importante que como Parlamento Europeo pongamos el dedo sobre la llaga y nos ocupemos intensamente de este tema. 
Se ha dicho aquí en varias ocasiones que parece que existe un importante logro en el campo de la terapia. 
Pero, en primer lugar, no es en absoluto seguro qué es lo que va a resultar a largo plazo y, en segundo lugar, lamentablemente esta terapia no va a poder estar jamás al alcance de las personas en los países subdesarrollados. 
Tenemos que hacer algo en contra. 
Debemos intentar ayudar a todas las personas y no podemos considerar ahora la prevención como el elemento más importante, por lo que debemos dedicar más créditos a esta línea presupuestaria. 
Debemos dejar de lado la ideología, lo digo con toda sinceridad; todos sabemos que los preservativos son una de las claves para la solución del problema y el medio más importante de prevención. 
Por ello, la enmienda nº 12 es importante y el Parlamento Europeo debería decir con toda claridad que los preservativos son una de las claves para la solución del problema. 
Al mismo tiempo, no es suficiente distribuirlos, como se dice con frecuencia, sino que debemos incluir en nuestras consideraciones todos los problemas que hacen que las personas no los utilicen. 
Tampoco debemos decir que- pues es sencillamente falso científicamente- que los preservativos son el único medio para evitar el SIDA. 
Tenemos que ocuparnos también de los demás, por lo que hay que apoyar claramente la enmienda nº 12 que goza del apoyo de mi grupo político. 
Felicito a la ponente y a todos los colegas pues han argumentado sobre este asunto con total objetividad y sin carga ideológica y porque no se han buscado culpables, por ejemplo, en la Iglesia. 
Ha habido enmiendas en este sentido pero que no se han presentado de nuevo. 
Exactamente como se dice en la enmienda, deberíamos buscar el diálogo allí donde las confesiones religiosas están en contra de la utilización de medios de prevención. 
En todas las confesiones hay personas razonables que trabajan en la base, confrontadas con el problema, y esto es lo que debemos apoyar. 
Señor Presidente, me gustaría recordar que el sida, es un problema que cada vez afecta en mayor grado a las mujeres. 
Según las investigaciones, las mujeres son más propensas a enfermar de sida tras haber sido contagiadas con el VIH. 
El riesgo en las mujeres es entre dos y cuatro veces superior al de los hombres. 
Además, las mujeres transmiten la enfermedad a la generación siguiente. 
La propagación del sida, por lo tanto, está relacionada con la situación de las mujeres. 
Si las mujeres viven en una situación de dependencia económica y social, tampoco contarán con la posibilidad de poner condiciones a sus parejas en lo que se refiere a la conducta sexual. 
En la Conferencia Mundial sobre la situación de la mujer de las Naciones Unidas celebrada en Beijing se afirmó con toda claridad que la mejora de la situación de la mujer, esto es, el fortalecimiento de su situación económica y social, es un requisito indispensable para lograr el control del sida. 
En la posición común del Consejo que ahora se está examinando, la ayuda a las mujeres figura como una de las medidas para prevenir el sida. 
En su informe, la Sra. André-Léonard ha propuesto la inclusión de medidas relacionadas con la educación responsable también de los hombres en estas cuestiones, medidas que resultan muy oportunas. 
En este momento, la preocupación debe centrarse en que a la hora de poner en práctica esta decisión y seleccionar los proyectos que han de recibir ayuda se haga suficiente hincapié en las actividades encaminadas a lograr una mejora de la situación de la mujer. 
Y es que se ha comprobado que se logran mejores resultados cuando la cuestión del sida se integra, por ejemplo, dentro de los programas de asistencia sanitaria primaria y de planificación familiar, en vez de ponerlos en práctica como programas aparte. 
Señor Presidente, la Sra. André-Léonard ha presentado un importante y concreto informe. 
Creo que poner a disposición créditos de la línea presupuestaria para acciones innovadoras es una exigencia importante. 
El trabajo de cara a la opinión pública, las acciones en el campo de la comunicación, de la información y de la formación son importantes condiciones previas para la prevención de la difusión del SIDA. 
Es necesario fomentar los métodos para la detección temprana de la enfermedad y apoyamos también el fortalecimiento del sector social y sanitario. 
Me parece que un punto esencial es la realización de un estudio sobre instrumentos de solidaridad en favor de los pacientes infectados por el VIH en los países más pobres así como la cooperación o intercambio médico. 
Un punto muy importante que también debemos apoyar para ayudar a estas personas es el fomento de la no discriminación, la lucha contra la estigmatización o exclusión social. 
Una observación esencial es el fomento de acciones para contener la enfermedad, en especial la prevención. Para finalizar quiero realizar una propuesta concreta: en el Parlamento hemos solicitado con frecuencia que se fomente la venta, comercialización y distribución gratuita de preservativos. 
También se pidió la creación de una fábrica de preservativos en Africa. 
Yo quiero añadir que todos los turistas que vayan al sur provenientes del norte, tanto hombres como mujeres, deben recibir en los aeropuertos un paquete con preservativos y un folleto informativo sobre las causas y repercusiones del SIDA. 
Señor Presidente, el SIDA es un serio peligro para el Tercer Mundo. 
La cifra de infectados no aumenta solamente en Africa sino también en Asia y en Latinoamérica. 
Junto a los padecimientos de los afectados nos encontramos ante el problema de que cada vez hay más huérfanos, que el sistema sanitario se ve desbordado y que la generación sexualmente activa, que es al mismo tiempo la generación económicamente activa, se ve afectada especialmente. 
La posición común del Consejo no es aceptable tal como se nos ha presentado. 
Aunque reconoce verbalmente la necesidad de luchar contra el SIDA, sin embargo ignora la realidad en aspectos esenciales. 
¿Qué significa esto? 
Primero: los créditos presupuestarios previstos- 45 millones para tres años- son insuficientes y miopes. 
Cualquiera que entienda algo del tema sabe que necesitamos un importe diez veces superior. 
Todos dan demasiado poco, inclusive los EE.UU., los Estados del Golfo y Japón. Pero la situación no va a mejorar si nosotros damos un mal ejemplo. 
Segundo: el Parlamento ha exigido que se dé una especial importancia a los medios de comunicación de masas y a la información. 
Esto es especialmente importante en los países con una elevada tasa de analfabetismo y con un personal limitado para acciones informativas. 
Lamentablemente, el Consejo ha rechazado esto. 
No es aceptable. 
Tercero: este Parlamento ha encontrado una fórmula en un compromiso alcanzado entre los socialistas y los demócrata-cristianos que se puede describir del siguiente modo: queremos que la Unión Europea inicie un diálogo con las confesiones religiosas que hasta ahora han rechazado el uso del preservativo por motivos religiosos. 
Esto se ha suprimido. 
Lo habría entendido si el Consejo hubiese dicho que esto no cabe en un reglamento pero si al mismo tiempo hubiese acordado hacerlo. 
Pero ha suprimido este pasaje sin más, lo que ignora totalmente la realidad. 
Si en Africa un trabajador de la construcción se aleja durante tres meses de su familia, en alguna ocasión le viene a la cabeza algo diferente a un rosario o una misa. 
Vuelve, contagia a su mujer y la enfermedad está en el pueblo. 
La supresión de este pasaje es ajena a la realidad. 
Pertenezco a esta Asamblea desde hace diecisiete años. 
Nunca he observado que todos los colegas, a pesar de que solamente estamos alejados cinco días de nuestras familias, se vayan por las noches solos a la cama con sus oraciones. 
Muchas gracias, señor Schmid. 
Los ejemplos, a veces, pueden provocar comentarios que la Presidencia no va a hacer. 
Tiene la palabra el Sr. Kouchner por tiempo de dos minutos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera agradecer al Parlamento la atención prestada a la presente propuesta de reglamento sobre las acciones en el ámbito de la lucha contra el VIH/SIDA en los países en vías de desarrollo, presentada en segunda lectura. 
Quiero dirigir mis agradecimientos especialmente a la ponente, Sra. André-Leonard, por el excelente nivel de su informe, así como al Parlamento. 
La Comisión atribuye una gran importancia al mantenimiento de las acciones de ayuda a los países en vías de desarrollo, destinadas a luchar de la forma más eficaz posible contra las consecuencias de la epidemia del SIDA, que se sigue extendiendo de manera preocupante en la mayoría de los países en desarrollo. 
El programa comunitario implantado en 1987 en estrecha colaboración con otros organismos, especialmente con la OMS, de ser una acción de carácter urgente ha pasado a convertirse en una plataforma de actuación que abarca muchos ámbitos. 
Como resultado de los últimos debates sobre la propuesta de reglamento, tanto en el Parlamento en primera lectura, como en el Consejo, se confirmó un interés común por desarrollar intervenciones comunitarias en este ámbito, en torno a cinco objetivos principales. 
Primero, restringir la propagación de la epidemia del VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual mediante la prevención. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Kinnock, quisiera señalar que, actualmente, se está realizando un estudio en cooperación con la industria farmacéutica para obtener los máximos niveles posibles de prevención. 
En lo que se refiere al coste, por el momento, evidentemente, no es una cuestión prioritaria, aunque uno de nuestros propósitos es alcanzar, mediante un nuevo estudio y siempre en cooperación con la industria farmacéutica, el menor coste posible.-Segundo, fomentar el sector de la salud y los organismos sociales para que puedan responder de manera más eficaz a las demandas que genera la difusión de la epidemia.-Tercero, apoyar a los gobiernos y las comunidades frente a las consecuencias socioeconómicas de la epidemia del VIH/SIDA.-Cuarto, desarrollar la formación científica.-Por último, luchar contra la discriminación, así como la marginación social y económica de las personas afectadas por el SIDA.En cuanto a las enmiendas, la Comisión puede dar su aprobación a algunas de ellas, concretamente a las que prevén la aclaración y especificación del carácter de las acciones financiadas o de los medios para su realización o a las que se refieren al procedimiento de aprobación de las obras correspondientes. 
Por consiguiente, podemos aprobar, concretamente, la enmienda nº 1, que incluye las otras enfermedades de transmisión sexual en el ámbito de aplicación del reglamento, la enmienda nº 2, que subraya el carácter innovador que deben tener las acciones para ser financiadas por la correspondiente línea presupuestaria, la primera parte de la enmienda nº 11, que subraya la necesidad de fomentar la mayor eficacia de los métodos de diagnóstico, la enmienda nº 18, que prevé un estudio de los mecanismos que posibiliten la mejor atención médica de las personas afectadas por el VIH/SIDA, las enmiendas núms. 6 y 25, que determinan la supresión de la referencia financiera, y la enmienda nº 26, que se refiere a la ampliación de licitaciones y contratos públicos a otros países en desarrollo. 
La Comisión también puede aprobar la primera parte de la enmienda nº 28, que incluye el texto de propuesta de la Comisión relativo al tipo de comité encargado de emitir un dictamen con respecto a los proyectos correspondientes. 
Respecto a otras enmiendas, la Comisión considera que su contenido ya se tuvo en cuenta en el texto de la posición común. 
Se trata de las enmiendas núms. 4, 7, 9, 11, segunda parte, 13, 16, 17 y 19. 
Por último, otras enmiendas, aunque pueden ser aprobadas con respecto a su contenido, es decir, estamos de acuerdo con su contenido, tienen que ser modificadas en su redacción. 
Me refiero, aquí, a las enmiendas núms. 5, 12, 14, 15, 20, segunda parte, 21 y 27. 
En cambio, la Comisión no puede aprobar las enmiendas núms. 3, 8, 10, 20, primera parte, 22, 23, 24, 28, última parte, ni la enmienda nº 29. 
Algunas de estas enmiendas, de hecho, no corresponden a los objetivos y las metodologías del programa comunitario. 
Así, la enmienda nº 8 alude a un respeto limitado de las peculiaridades culturales y religiosas, y, por tanto, no responde a la estrategia del programa, enfocado principalmente al fomento del diálogo en las respectivas áreas. 
De la misma manera, la exacta definición de los grupos de alto riesgo y los grupos vulnerables- refugiados, migrantes -, como se pretende en las enmiendas núms. 10 y 20, primera parte, se considera inapropiada, dado que puede infravalorar y simultáneamente estigmatizar a los grupos de población interesados. 
La enmienda nº 3, que introduce la hipótesis de que el virus VIH no es el único que desencadena el SIDA no puede ser aprobada, porque se ha comprobado científicamente que es errónea. 
Además, una serie de enmiendas no puede ser aprobada por la Comisión porque imponen excesivas restricciones con respecto a la administración, como es el caso de las enmiendas núms. 22 y 24, o en otros casos, porque plantean problemas institucionales, como la segunda parte de la enmienda nº 28, al referirse a las reuniones públicas del comité. 
Finalmente, algunas enmiendas no pueden ser aprobadas porque se considera que no corresponden a la realidad y a las condiciones operativas de las intervenciones en el ámbito del VIH/SIDA. 
Este es el caso en la enmienda nº 23, relativa a la contribución financiera de los interlocutores locales, y el caso de la enmienda nº 29, que propone amplias consultas para establecer las orientaciones generales que se presentarán. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecer el interés demostrado en este Parlamento por la problemática que tratamos y confirmar la intención de la Comisión de proseguir sus esfuerzos para afrontar el gran reto que plantea la epidemia del SIDA. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Eficacia energética- Gas y electricidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
la recomendación para la segunda lectura (A4-0350/96) , en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0375/96-95/0131 (SYN) ) con vistas a la adopción de la decisión del Consejo relativa al programa multianual de fomento de la eficiencia energética en la Comunidad- SAVE II (Ponente: Sra. Bloch von Blottnitz) ; -el informe (A4-0268/96) de la Sra. McNally, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0369- C4-0030/96-95/0208 (SYN) ) por la que se introducen técnicas de planificación racional en los sectores de distribución de gas y de electricidad. 
Señor Presidente, la diferencia entre declaraciones verbales y lo que a continuación se hace realmente es especialmente notable en el caso del Consejo. 
Solamente voy a recordarles los compromisos pregonados a bombo y platillo tras Río y Berlín: nuestra tarea más noble y más importante, es un desafío, etc., reducir las emisiones de CO2 al nivel de 1990. 
El único programa que actualmente tiene la UE para cumplir esta exigencia, aunque solamente sea mínimamente, es SAVE II. Pero quien pensase que el Consejo lo iba a apoyar decididamente se ha visto amargamente defraudado. 
El Consejo preferiría incluso suprimirlo totalmente. 
Esta actitud es aún menos comprensible ante un estudio de la Comisión que dice que el consumo de energía va a aumentar anualmente en un 1 % hasta el año 2000 y que vamos a depender hasta un 70 % de las importaciones de terceros países. 
Sabemos que la forma de energía más barata es el ahorro y si alguien pensaba que, por ello, se iba a obtener mucho dinero para este programa, se ha visto de nuevo amargamente defraudado. 
En lugar de ello, SAVE II se convierte en una coartada del Consejo. 
La Comisión había planificado gastos por un importe de 150 millones de ecus para cinco años. 
No es que esto sea mucho pero al menos algo. 
El Consejo viene y dice, van a ser 45 millones y preferiblemente aún algo menos. 
Pero si miro la línea presupuestaria para 1997 en lo que se refiere al tabaco, veo que allí figuran 1.032 millones de ecus ¡para un año! 
No quiero discutir ahora ni referirme en detalle a los programas que tenemos en el campo de la prevención sanitaria. 
Para advertir que fumar es dañino, nos gastamos también millones. 
Aquí se ve el sinsentido que a veces se practica en esta Asamblea. 
También quiero recordar que en una ocasión teníamos un programa llamado THERMIE II. El Consejo lo ha suprimido asímismo imperdonablemente. 
El sentido de THERMIE II era la introducción de energías renovables, una forma de energía útil, pero en contra de ellas se levantan los lobbys de la energía y no pasa nada en absoluto. 
En la posición común del Consejo no se ve tampoco en absoluto ningún objetivo o planificación claros. 
Se limita a generalidades y a declaraciones no vinculantes. 
En lo que se refiere a las evaluaciones de SAVE II, me parece que se realizan para hacer a continuación exactamente lo contrario. 
Por ejemplo, sigue sin haber normas jurídicas sobre la calefacción de los edificios o sobre el consumo de carburantes de los vehículos. 
¿Qué pasa con la generación combinada de calor y de electricidad? 
Al realizar la evaluación de SAVE I se ha visto claramente que las medidas legislativas han sido las que más han aportado. 
Podríamos estar de acuerdo en que haya menos dinero pero, en contrapartida, que se impulsasen las medidas legislativas. 
Pero tal como está planeado y se quiere ejecutar no es más que un ridículo taparrabos que no hace justicia a lo que son nuestras tareas. 
El derroche de energía sigue siendo gigantesco en toda la UE. 
Si realmente quisiéramos ahorrar, en los próximos cinco años podríamos ahorrar entre el 30 y 40 % solamente en la calefacción de los edificios, por ejemplo, mediante la generación combinada de calor y de electricidad. 
Seguimos calentando la atmósfera. 
En lo que se refiere a nuestra flota de vehículos, sigue siendo válido el principio de cuanto mayor, mejor. 
Consumen entre 10 y 20 litros cada 100 km. Esto es un sinsentido y criminal para las próximas generaciones. 
Por todos estos motivos, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha presentado de nuevo las mismas enmiendas que el Parlamento aprobó casi unánimemente en la primera lectura. 
Quiero indicar de nuevo que si introdujésemos realmente medidas de ahorro energético obtendríamos dividendos por partida doble, por un lado el ahorro de energía en si y, por otro, el ahorro de costes. 
Piensen lo que nos cuesta reparar el medio ambiente. 
Además, crearía decenas de miles de puestos de trabajo. 
Actuamos como si en la UE tuviésemos el pleno empleo mientras que ocurre precisamente todo lo contrario. 
Hay muchos motivos para actuar por fin razonablemente. 
No puedo entender porqué no pasa esto pero no represento a un fuerte lobby sino que solamente trabajo para asociaciones medioambientales pobres que no tienen aquí la correspondiente influencia. 
Esta es la causa de que no cambie nada que sea realmente de importancia. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Bloch von Blottnitz por su intervención. Quiero leerle una manifestación de apoyo. 
Dice así: » Apoyamos el programa SAVE II. Es racional y sensato y hace una valiosa aportación a la labor de la Comisión y de los Estados miembros en materia de eficacia energética.» 
Le sorprenderá saber que ésta es la opinión oficial del Gobierno del Reino Unido. 
Como ella dice, si realmente es eso lo que piensa, ¿por qué no votó a favor de una mayor asignación de fondos para el programa? 
En realidad eso es exactamente lo que está intentando hacer el Parlamento en su proceso presupuestario. Creo que en el Parlamento existe unanimidad al respecto. 
Considero especialmente importante hacer hincapié en los aspectos regionales del programa SAVE II. 
Es el mecanismo idóneo para introducir estas medidas a nivel regional, de ciudad y de isla. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Bloch von Blottnitz en lo que dice de que las sugerencias de las comisiones son del todo inadecuadas y que impedirán que el trabajo se realice como nosotros queremos. 
También coincido con ella en que la legislación es la mejor forma para lograr cambiar la actitud y el comportamiento en la Unión Europea. 
Tras esta observación paso, a continuación, a la propuesta de directiva sobre técnicas de planificación racional; un título horrible que recuerda a algo procedente de la Unión Soviética. 
Sin embargo no es nada tenebroso ni difícil. 
Es una directiva muy, muy suave; en términos de boxeo, sería una directiva de peso mosca. 
Ha sido enmendada considerablemente en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Debo decir que algunas de las críticas que ha recibido el documento de la Comisión estaban justificadas, porque existía cierta confusión acerca de términos como planificación de recursos integrados y otros. 
El documento según la enmienda puede ser realmente de gran utilidad. 
Debe ser visto en el contexto de un enfoque del mercado único de la electricidad y, más tarde, del gas. 
En ese contexto, lo único que dice es que nos gustaría que se elaboren planes para evaluar los recursos de energías alternativas sobre una base económica única y pactada de antemano. 
Los Estados miembros tendrán bastante libertad para decidir la forma en que introducen dichos planes, quién se encargará de introducirlos, cómo serán evaluados, etc. Principalmente van destinados a los hogares y las pequeñas empresas. 
Las grandes empresas ya saben que es necesario economizar energía. 
En mi opinión, es una cuestión del mercado único, principalmente en ese contexto. 
Creo que el fundamento jurídico propuesto por la Comisión no es el adecuado. 
Sé que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, en una reunión con un escasísimo número de asistentes, llegó a una conclusión diferente, pero no puedo estar de acuerdo con ellos. 
Creo que deben volver a plantearse el contexto de esta directiva y lo que con ella se persigue. 
Por ello mantengo mi solicitud de que se cambie el fundamento jurídico. 
No obstante, se trata asimismo de una cuestión medioambiental de gran importancia que afecta a la inestabilidad climática. 
Existe un potencial de ahorro del 20 % de la demanda energética, en gran medida por parte de los hogares y las empresas pequeñas. 
Con ese ahorro se podría evitar la emisión de dos toneladas de CO2 por persona y año. 
Nos costaría un 20 % menos, en términos de inversión de capital, construir la infraestructura necesaria para generar y distribuir la energía. 
Crearíamos puestos de trabajo, no se utilizarían inútilmente fondos en energía y éstos podrían ser utilizados con otros fines que favorezcan a la economía. 
Aquellos países que deseen convertirse en nuevos Estados miembros de la UE deberán ajustarse a las normas de planificación que les permita alejarse de su espantosa situación actual en lo relativo al derroche energético. 
La idea es que los distribuidores de gas y electricidad vendan servicios como calentar hogares, enfriar frigoríficos y garanticen que su televisor y su secador de pelo funcionarán. 
No se trata de vender el mayor número posible de electrones y termias. 
No se trata de obtener beneficios de esa forma. 
Necesitamos un sistema que les permita proporcionar calor y frío, etc., y que aún así puedan obtener beneficios. 
No es ningún misterio aprender a ser más eficientes en nuestro consumo energético: la tecnología es bien conocida y, naturalmente, es una tecnología exportable; es algo que podríamos vender en todo el mundo. 
Los hogares por sí mismos carecen de la motivación suficiente para ser eficientes en su consumo energético. 
Por ello es muy importante que impliquemos al sector distribuidor si queremos conseguir que cambien sus hábitos esos millones de hogares de toda la UE. 
Debo decir que los grandes y poderosos productores de energía se han mostrado contrarios y han malinterpretado de forma deliberada esta directiva. 
Hemos introducido modificaciones siguiendo sus sugerencias, pero siguen mostrándose insatisfechos. 
Francamente, nunca estarán contentos. 
Algunos han apuntado a que una recomendación sería más adecuada que una directiva. 
El planteamiento voluntario no ha funcionado y no funcionará. 
Tiene que haber algo más que simples exhortaciones y bellas palabras. 
Ahora tenemos la oportunidad de dar algo de realidad a nuestras bellas palabras en Río, que no podremos repetir en Kioto si no cambiamos de actitud. 
Por ello pregunto a la Comisión: ¿cuál es su posición? 
¿Qué hará para asegurarse de que estas ideas tan sensatas de la directiva son comunicadas a los Estados miembros de manera que éstos puedan darse cuenta de las ventajas y pongan fin a su hermetismo? 
Eso es muy importante para que el Parlamento pueda hacer las cosas que he mencionado antes- en relación con los puestos de trabajo, la competitividad y el medio ambiente- y hacerlas de manera que obtengamos la aprobación de los Estados miembros. 
El reto de asegurarse que eso suceda recae sobre el Sr. Comisario. 
Señor Presidente, señoras y señores, acaban de oírlo: en el Parlamento apoyamos el programa SAVE II porque la Unión Europea se comprometió, al menos políticamente, en forma de declaraciones del Consejo en las Conferencias de Río y de Berlín, a aplicar medidas activas para la protección del clima. 
Al menos el Parlamento quiere cumplir estos compromisos y promesas realizadas. 
Tenemos que realizar una aportación decisiva al uso racional de la energía si queremos estabilizar las emisiones de CO2 hasta el año 2000 al nivel del año 1990 o al menos tenerlo como objetivo. 
Pero para ello necesitamos más dinero que los 45 millones de este programa que el Consejo ha propuesto como referencia. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Presupuestos, son especialmente importantes las enmiendas nº 5, 12 y 13. 
Enmienda nº 5: apoyamos la exigencia de evitar la duplicidad de esfuerzos y nos pronunciamos en favor de una estrecha coordinación de SAVE con los demás programas de energía. 
Enmienda nº 12: al igual que en la primera lectura, somos de la opinión de que la jerarquía normativa exige que se aclare que la potestad administrativa de la acción y, en consecuencia, del plan presupuestario, es conferida por el Tratado a la Comisión y que esta norma no puede debilitarse por una disposición reglamentaria. 
Enmienda nº 13: estamos en contra de este comité mixto del tipo 1 y del tipo 2. 
Este intento de renacionalizar políticas comunitarias solamente elevaría la proporción de costes administrativos. 
Ya en la primera lectura nos hemos mostrado a favor de la reducción de costes y de un representante de cada Estado miembro en el comité consultivo. 
Queremos una gestión presupuestaria ahorrativa, pero en tiempos de una creciente necesidad de una gestión presupuestaria ahorrativa es necesario disponer de un programa razonable que disponga de suficiente dinero y que suponga una aportación significativa a la protección del medio ambiente. 
Lo acabamos de escuchar de las Sras. von Blottnitz y McNally: la grave carga de los presupuestos nacionales se debe a la falta de ingresos fiscales como consecuencia del elevado desempleo y de los crecientes gastos derivados del mismo. 
Poca innovación en la economía y en la ciencia: en este aspecto la ocasión la pintan calva. 
Existen datos fundados, según los cuales las inversiones destinadas a la reducción de la demanda energética crean un múltiplo de puestos de trabajo en comparación con otros proyectos similares de suministro de energía. 
Una estrategia dirigida a ahorrar energía tiene efectos secundarios positivos sobre el empleo. 
El empleo genera ingresos fiscales y estos, a su vez, desgravan el presupuesto. 
Pueden ver que gastar razonablemente más dinero en una línea presupuestaria es a veces más ahorrativo que entregarse más o menos desenfrenadamente a orgías de lápiz rojo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. McNally por lo que creo es un excelente informe y por la magnífica audición que organizó sobre esta cuestión en el Parlamento. Ha cubierto gran parte del terreno en cuanto a los motivos que apoyan sus propuestas. 
No deseo entrar en los detalles de las estadísticas, pero es evidente que podríamos ahorrar el 20 % de nuestras importaciones de combustibles fósiles- una energía por valor de unos 12.000 millones de libras esterlinas cada año- si adoptáramos el tipo de propuestas que aquí se presentan. 
Reduciríamos las emisiones de dióxido de carbono, recortaríamos los costes de las empresas, crearíamos puestos de trabajo en aquellas empresas que economicen energía; según algunas estimaciones, podrían crearse 3, 4 millones de puestos de trabajo al año. 
Cuando estudiamos el presente informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, lo que más nos interesaba saber era si las técnicas de planificación racional son compatibles con un mercado energético liberalizado y con las normas comunes del mercado único de la electricidad, y llegamos a la conclusión de que lo son. 
Los ensayos realizados en el marco del programa SAVE, la respuesta favorable del sector y de las 34 empresas de servicios públicos que han experimentado las técnicas nos demuestran que es mucho lo que podemos hacer. 
Aunque en las empresas de energía reina un conservadurismo natural. 
Necesitamos un marco que haga jurídica y económicamente viable que los distribuidores se conviertan en proveedores de energía, en lugar de ser comerciantes de bienes de consumo, y que los incentive en ese sentido. 
Creo que necesitamos un estudio de la Comisión Europea acerca de las posibilidades de generación de empleo que tiene la inversión en tecnologías de ahorro energético, y la conclusión adoptada por la comisión así lo pide. 
Pero lamentamos también que el Consejo de energía no haya debatido a fondo la cuestión de las técnicas de planificación racional. 
Nuestros gobiernos parecen querer lanzarse de cabeza a un mercado de energía liberalizado en la búsqueda de un mercado utópico en el que la venta de más y más energía se traduzca en unos beneficios cada vez mayores. 
Ya hace 20 años que sabemos que no podemos continuar por ese camino. 
No podemos permitir que nuestros ministros de Energía se dejen llevar por ataques de amnesia colectiva cada vez que se reúnen en Bruselas. 
Pido el apoyo para este informe. 
La propuesta de la Comisión que trata de introducir las técnicas de planificación racional en su arsenal en materia de política energética es una buena propuesta. 
Creo que todos estamos de acuerdo con ello. 
En cualquier caso, las intenciones son buenas y comparto el análisis que ha hecho la ponente en lo que respecta a las mejoras que se deben aportar. 
Creo que estamos con ella para tratar de reforzar esta propuesta. 
Hay tres argumentos que se citan ampliamente en la exposición de motivos de la Comisión. 
La mejor asignación de los capitales disponibles, la mayor autonomía energética, y sobre todo, el menor impacto en el medio ambiente cuando consumimos menos energía fósil. 
Recuerdo aquí que la Comisión y el Consejo se comprometieron a estabilizar las emisiones de CO2 en el año 2000 con relación a 1990. 
Ahora bien, según testimonio de la propia Comisión, sabemos que no llegaremos a ello si no cambia la política. 
Por lo tanto, si no se cambian algunos mecanismos importantes en materia de política de medio ambiente y de política energética, no se respetará este compromiso. 
Ahora bien, deseo recordar que nuestro Parlamento, entre otros, se pronunció para ir más lejos y para que en el 2005, por razones de subida del efecto invernadero, reduzcamos en un 20 % las emisiones de CO2. 
Entonces, en estas condiciones, ¿cómo se puede, como lo ha hecho la Comisión, hacer una exposición de motivos ambiciosa y pertinente y proponer medidas tímidas después? 
Por una parte, dejan a los Estados miembros la iniciativa, y por otra parte, dicen que es preciso convencer a las sociedades de distribución para avanzar en esta dirección. 
Creo que con un voluntarismo tan poco enérgico, en efecto, no llegaremos a aplicar esta directiva ni tampoco lograremos el resultado que queremos alcanzar en materia de protección de medio ambiente. 
Además, estoy sorprendido de que algunos diputados, algunos grupos, propongan incluso que no sea una directiva, sino que sea una simple recomendación. 
Entonces, la incoherencia llega a su culmen. 
Es evidente que hace falta una fuerte directiva y una directiva marco. Es lo que propone el ponente, con razón. 
Algunas observaciones suplementarias antes de terminar. 
Creo que es esencial llamar la atención, como lo hacemos en la enmienda 10, sobre la necesidad de romper la integración vertical del sector energético, en particular, en materia de electricidad, si queremos lograr resultados. 
Si los productores, los distribuidores y los vendedores constituyen una única y misma empresa, no vemos cómo podríamos llegar a un resultado realmente eficaz con esta directiva. 
Esta es la razón por la cual insisto en esta enmienda 10 que espero se vote. 
Señor Presidente, no voy a hablar mucho del problema SAVE 2. Creo que Eryl McNally ha dicho todo lo que había que decir sobre el apoyo que el Grupo Socialista prestará al informe de la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Me hubiera gustado hacer una pequeña broma a la Sra. Bloch von Blottnitz, pero como no está aquí, se la diré en privado, si no tiene usted inconveniente. 
Por lo que respecta a la ponencia de la Sra. McNally sobre la planificación racional de los recursos, desearía hacer hincapié en un problema. 
No me sorprende que algunos grupos hayan tratado de sustituir la directiva por una recomendación, aunque me oponga a ello, y personalmente estoy a favor, al igual que el Grupo Socialista, de que sea una directiva. 
En efecto, si todos estamos de acuerdo en la necesidad de dominar a la vez la oferta y la demanda en materia energética, está claro que es preciso escoger una vía, de una vez por todas, aun cuando se trate de una vía media. 
No se puede decir al mismo tiempo que se está a favor de un mercado interior de la energía lo más liberalizado posible y, al mismo tiempo, como lo ha hecho la Comisión, que es preciso una planificación integrada, o racional, como se dice ahora, de los recursos energéticos. 
Quién no ve, en cualquier caso, que hay una incompatibilidad fundamental. 
Por supuesto, he estado muy atento al informe del Instituto Wuppertal y si éste no ve en ello ninguna incompatibilidad, es porque a la vez el mercado interior, con toda probabilidad, no se liberalizará sino de forma moderada- de lo que personalmente me alegro- y por otra parte, la planificación racional sigue siendo de todos modos, en gran medida, una retahíla de buenas intenciones. 
Sí, en esas condiciones, efectivamente, no hay incompatibilidad entre los dos. 
Pero en el futuro, la Comisión no debería inclinar demasiado la balanza ni de un lado ni del otro. 
Esta vez no será éste el caso y se lo agradecemos, señor Comisario, pero en lo sucesivo, la tensión no deberá ser demasiado fuerte entre estos dos polos, de lo contrario, se producirá fundamentalmente la incompatibilidad. 
Asimismo, lo que resultaba evidente en este asunto era saber en qué nivel pondríamos este problema de la planificación integrada. Aquí, desearía hacer una sugerencia al señor Comisario, a título personal. 
Podría reflexionar sobre la oportunidad que habría, tras la aprobación de la directiva sobre el mercado interior, de considerar, en un dictamen de la Comisión, la noción de planificación racional como elemento de las obligaciones de servicio público. 
Creo que esto podría incitar a algunas empresas de distribución o de abastecimiento a funcionar como desea la Comisión. 
Por supuesto, apoyaremos las enmiendas presentadas por la Sra. McNally y retomadas por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ya que van por la vía de una mayor precisión, en particular, en el punto de la evaluación de los costes ecológicos y sociales. 
También aquí desearía manifestar hasta qué punto esta recomendación refleja la voluntad de armonización que le caracteriza al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, los objetivos centrales del programa plurianual SAVE son dignos de mención, ya los han mencionado otros oradores, por lo que, no voy a repetir lo que se ha dicho. 
Tan sólo, quisiera poner de relieve dos elementos concretos del programa SAVE que, realmente, son dignos de mención. 
Primero, el programa se basa en la evaluación del primer programa, con lo que fomenta la acción en evolución, es decir los programas piloto. 
Segundo, establece otras medidas nuevas para una mejor evaluación intermedia. 
Los objetivos que persigue el programa son muchos y complejos. 
En consecuencia, se ha propuesto un aumento considerable de su presupuesto. 
Hay que reconocer, sin embargo, que la gran cantidad de objetivos puede impedir una clara evaluación de las prioridades, complicando entonces la aplicación del programa, mientras que una delimitación más clara y rigurosa de los objetivos aseguraría más su eficacia. 
Además, a pesar de que el programa intenta evitar esta vía concreta, algunas de las enmiendas de la ponente optan por una serie de acciones de carácter jurídico. 
Nuestro Grupo político se cuestiona si es ésta la mejor solución para abordar los problemas energéticos y medioambientales crónicos o si la insistencia en establecer una legislación no irá en detrimento de la flexibilidad del programa. 
Los ambiciosos objetivos del programa quedan mutilados con la propuesta del Consejo de reducir su financiación a 45 millones de ecus, es decir, a sólo 9 millones anuales, en lugar de los 150 propuestos inicialmente por la Comisión. 
Manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que este recorte, que podría clasificarse de fatal, no sólo implica un alejamiento de las grandilocuentes declaraciones iniciales del Consejo sobre una política medioambiental a largo plazo, de conformidad con las Conferencias internacionales de Río y de Berlín, sino que, además, extirpa toda posibilidad de una intervención eficaz en materia de protección del medio ambiente y en la mejora de la política energética por parte de la Unión. 
Es lamentable, en suma, que el Parlamento no haya asumido y ejercido más activamente su corresponsabilidad en la configuración del presupuesto y que no haya intentado renegociar el asunto con el Consejo antes de someterlo a votación. 
Señor Presidente, Señorías, es extraordinariamente importante el programa SAVE II que estamos examinando y que, en sus principios y objetivos, va a ser la continuación del otro programa SAVE, que expiró en diciembre de 1995, y también se insertaba en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética y la lucha contra la agravación de las emisiones de dióxido de carbono, cuyas nefastas consecuencias para nuestro planeta bien conocemos. 
Las cuestiones de la energía y del medio ambiente están a la orden del día y también hay otras interfaces del mayor interés y que cada vez resulta más necesario abordar, examinar, ahondar y planificar en conjunto, como son sobre todo las de energía-medio ambiente-transportes, medio ambiente-agricultura, energía-industria-medio ambiente y medio ambiente-turismo. 
La propuesta de decisión del Consejo relativa a aquel programa plurianual es, en sus líneas generales, un buen documento, sobre todo con objetivos claros en cuanto a la eficiencia y el rendimiento energéticos y en cuanto a la mejora de la utilización racional de la energía. 
Abarca medidas y acciones diversas en un gran abanico que interesa a los Estados miembros y a sus regiones. 
Sólo, que- y en esto mi Grupo se opone a lo que recomienda el Sr. von Blottnitz- los apoyos financieros señalados en la propuesta relativa al SAVE II son demasiado escasos para el quinquenio 1996-2000, cuando deberían ser al menos de 150 millones de ecus. 
Cuando se conocen tantas iniciativas de ámbito o éxito muy discutibles y satisfactoriamente dotadas en las rúbricas presupuestarias respectivas, resulta inadmisible que un programa con el interés de éste, incluso para el futuro del equilibrio del planeta, tenga en el punto de partida asignaciones tan reducidas. 
Por otro lado, se deberían preparar también más acciones que pudiera abordar SAVE II, como en la esfera de la investigación, de la demostración, de la información y de la formación o en la de la cooperación técnica y tecnológica. 
También el nivel de la tasa de coparticipación en las inversiones públicas y privadas del sector energético podría y debería ser mayor en el caso de las regiones periféricas y ultraperiféricas e insulares, en las que el grado de desarrollo en ese ámbito es también bastante menor que la media europea. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, me complace felicitar- en nombre del Grupo de los Liberales- a los dos ponentes de hoy por sus excelentes informes. 
La política energética de la Unión ocupa un lugar destacado en el orden del día de esta semana en Estrasburgo. 
Damos nuestra aprobación a no menos de seis informes sobre energía, de los cuales dos son legislativos. 
Un consumo eficiente de la energía o el ahorro de energía es el objetivo general de todos los informes. 
Sin embargo, el presupuesto- la realización de estos objetivos- ha quedado reducido por el Consejo a 45 millones de ecus para un período de cinco años. 
Esto último refleja la prioridad que tienen la energía y el medio ambiente en Europa. 
La futura situación de la energía en Europa y en el mundo queda determinada sobre todo por la problemática ambiental. 
Y yo le pregunto, señor Presidente, ¿a qué se debe que en la Unión no tengamos una política común para la energía y el medio ambiente? 
¿Por qué seguimos hablando en el Parlamento de energía y medio ambiente como si fueran dos ámbitos separados? 
Un ejemplo de ello es que esta semana tratamos de forma separada, por un lado, los informes sobre energía, y por otro el programa de acción hacia un desarrollo sostenible. 
¡Como si no tuviéramos que cargar con los costes ambientales igual que con los costes energéticos! 
Por ello, mi Grupo no entiende que el Consejo se desentienda del programa SAVE reduciendo drásticamente el presupuesto reservado. 
El Grupo de los Liberales apoya las enmiendas del ponente para borrar el marco de referencia financiero en la posición común. 
Es preciso mantener intactas las competencias del Parlamento en materia de presupuesto. 
Pasemos el informe de la Sra. McNally. 
Las técnicas de planificación racional en el sector de distribución de electricidad y gas son instrumentos importantes para la reducción de las emisiones de CO2. 
Los suministradores y distribuidores de energía pueden estimular a los clientes a consumir menos energía. 
En algunos Estados miembros, entre otros los Países Bajos, se cuestiona la necesidad de esta directiva. 
En estos países a veces el sector ya es activo en estos ámbitos. 
Pero en la mayoría de los Estados miembros no se emprenden acciones para un consumo eficaz de la energía. 
Por ello, mi Grupo considera que la legislación europea es necesaria y apoya el informe de la Sra. McNally. 
Me complace que el Sr. Watson haya mencionado estas cuestiones en este ámbito. 
Por último, como ya he señalado, la situación de la energía en el futuro queda determinada sobre todo por la problemática ambiental, pero también por el creciente consumo de energía en los países en vías de desarrollo. 
Ello exige unas fuentes de energía alternativas. 
Los combustibles fósiles no son inagotables y producen emisiones de CO2 y quizás un cambio climático. 
La alternativa son las fuentes de energía renovables. 
Sin embargo, por ahora, estas son demasiado costosas para introducirlas masivamente, de ahí que, en estos momentos, esta opción no cumpla las exigencias que plantea un suministro de energía sostenible. Una razón de más para abordar enérgicamente el desarrollo de fuentes de energía renovables. 
Esto, Señorías, daría fe de un enfoque a largo plazo del suministro de energía y una visión del medio ambiente sostenible. En la visión liberal es una opción sostenible. 
Señor Presidente, quiero empezar mi intervención felicitando a ambas ponentes, pero quiero centrarme en el informe presentado por la Sra. McNally. 
Estamos examinando no pocos informes que intentan recordar el incumplimiento y nuestra posición poco consecuente, en cuanto a previsiones y compromisos, en relación con la Cumbre de Río. 
Ahora debatimos una directiva que, con el propósito de introducir técnicas de planificación racional para aumentar la eficacia energética, se ocupa fundamentalmente del aspecto cuantitativo del consumo de energía, y quiero recordar que no estamos hablando, en esta directiva, de energías renovables. 
Ése es otro debate. Ahora nos estamos refiriendo a la planificación con el fin de conseguir eficacia energética precisamente en aquellas energías que son las más consumidas y que son contaminantes. 
Otros informes intentan abordar el problema de la calidad de los componentes, y se intenta reducir su carácter contaminante: las emisiones de azufre y otras emisiones importantes en materia de gasolinas y de otros componentes. 
Y yo quiero decir que no estoy de acuerdo con que no estamos haciendo nada. 
Las medidas que está proponiendo el Consejo en ciertas direcciones son de una dureza notable para las empresas del sector, con unos costes en miles de millones de ecus que implican, incluso, la transformación de plantas de refinado, etc. Pero lo que quiero señalar es que la propuesta de la Sra. McNally ha sabido hurtarse a una tentación que normalmente tenemos en este Parlamento, que es dar un giro de tuerca mucho más allá del acuerdo al que se llega en la posición común del Consejo. 
Por tanto, no ha utilizado en absoluto este planteamiento de técnicas de planificación racional para introducir ingredientes de lucha industrial. 
Y yo creo que ése es un mérito enorme de la propia posición de la Sra. McNally, a la que felicito concretamente por su informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, aunque la política regule todo, lo que está muy bien, sin embargo comete un error. 
Y aunque la Unión Europea regule todo, lo que también está muy bien, comete un error especial pues, lamentablemente, proporciona muchos motivos para críticas pedantes. 
Este es el peligro que existe de nuevo en la propuesta de directiva sobre una planificación integrada de recursos. 
Este concepto incomprensible oculta algo que en si es positivo. 
Los proveedores de energía no solamente deben invertir en suministros sino también en un uso eficaz de la energía. 
Esto significa que nos solamente deben ser vendedores sino también oferentes de servicios. 
Es cierto que esto ya ocurre bajo la responsabilidad de las empresas, si bien creemos que aún no en suficiente medida. 
Por ello, sería inteligente y sabio aprobar la correspondiente recomendación, dar buenos ejemplos y apostar por la competencia. 
Si en lugar de eso se esgrime la porra de nuevas normas, es decir, una directiva a nivel de la UE, es necesario realizar cuatro brevísimas observaciones. 
En primer lugar, la propuesta no respeta el punto de vista de la subsidiariedad, a la que nos deberíamos sentir obligados. 
En segundo lugar, la propuesta traspira un espíritu de nueva planificación, de autoridades, de controles, sencillamente, de burocracia, con muchos nuevos puestos que debe pagar el contribuyente. 
En tercer lugar, quiero decir muy claramente que es muy curioso ver como en este Parlamento se hacen juegos malabares con fundamentos jurídicos, en este caso incluso en contra de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No se presta mucha atención a si existen las condiciones previas para un fundamento de apoderamiento sino más bien a si es útil o no para cada uno de los que deciden. 
Espero que el Tribunal de Justicia se haga cargo de este asunto en alguna ocasión. 
Cuarta observación: cuando leo que los proveedores de energía deben fundar dos sociedades para la financiación de un tercero, me pregunto con toda seriedad porqué tenemos en Europa un entramado de cajas de ahorros y de bancos. 
¿Debe hacerse cargo también de esto el suministro de energía? 
Señoras y señores, en breve: consideramos que el propósito es correcto pero la interpretación jurídica es errónea. 
Por ello, mi grupo político se va abstener. 
Señor Presidente, un informe de evaluación del programa SAVE I ha confirmado como han dicho mis compañeros, el fundamento y la utilidad de la acción comunitaria en este ámbito que trata esencialmente de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y ahorrar energía. 
Por desgracia, dicho informe constata asimismo que los resultados obtenidos son demasiado modestos. 
Ahora bien, el programa SAVE I se había beneficiado de una dotación financiera de 35 millones de ecus, suma asimismo modesta, hay que reconocerlo. 
Los resultados obtenidos son, pues, conformes a la relación precio calidad. 
En la actualidad, estamos en la segunda lectura del informe de la Sra. Bloch von Blottnitz, que reintroduce las enmiendas de la primera lectura. 
Hago la pregunta siguiente: ¿está el programa SAVE 2 en condiciones de soportar el refuerzo de los objetivos que debe alcanzar, con los escasos medios que se le han destinado hasta ahora? 
Deseo recordar que la política energética de la Unión Europea no supone menos de quince programas que, indudablemente, merecerían estar mejor coordinados entre sí. 
Todos tienen su especificidad, pero todos se refieren a la energía. 
En mi opinión, es importante que cada uno de estos programas, y las cantidades que mueven, puedan llegar a los actores regionales y locales para que verdaderamente puedan sensibilizar a la opinión pública y garantizar la aplicación práctica y concreta de acciones mensurables. 
Por haber presidido yo mismo un fondo regional de control de la energía, sé cuál es el interés de estos fondos. 
Asistimos hoy a una deriva de la Comisión y del Consejo. 
Juntos, ustedes multiplican las iniciativas comunitarias, juntos proponen ampliarlas, o más bien abrirlas a los PECOS y, juntos reducen ustedes los medios financieros. 
La política es una opción. 
Si se ha demostrado la utilidad de este programa, démosle los medios para que exista, y si los objetivos deben ser realistas, también deben serlo los medios. 
¡Cuarenta y cinco millones de ecus no responderán a estos objetivos! 
La voluntad política se traduce forzosamente mediante un compromiso financiero. 
Señor Presidente, en realidad sólo quiero formular unas cuantas preguntas en torno a esta cuestión. 
La principal es: ¿sigue existiendo realmente la propuesta de la Comisión? 
He oído que ha sido rechazada por los quince Estados miembros en el Consejo. 
Por consiguiente, mi principal pregunta va dirigida a la Comisión: ¿cuál es la situación de la propuesta COM (95) 369 en estos momentos? 
Esta pregunta me parece muy importante para seguir tratando el informe McNally. 
En esta propuesta nos enfrentamos a una materia compleja. 
En la propuesta y las enmiendas se mezclan los términos TPR o Técnicas de Planificación Racional con DSM, es decir, Demand Side Management o, para nosotros, programas de gestión de la demanda. 
No me parece afortunado. 
¿Qué piensa la Comisión de la idea de convertir toda la propuesta en una especie de recomendación a los Estados miembros para hacer Demand Side Management? 
El informe McNally está de acuerdo con una propuesta legislativa. 
Considero que se trata de un medio excesivo para algo que, de hecho, ha de emprenderse sobre todo en las empresas privadas. 
Esta es en realidad mi crítica a la propuesta de la Comisión. 
¿Es realmente necesaria una legislación para esta cuestión? 
En mi país- los Países Bajos- ya se han dado muchos pasos en el ámbito de la Demand Side Management. 
Allí, la reconversión que pretende la Comisión de las empresas de distribución a una especie de servicios energéticos ya es un hecho. 
Ahora bien, mi principal pregunta es: ¿sigue existiendo la propuesta o no? 
Y en caso afirmativo, ¿qué pretende hacer la Comisión con su propuesta y las enmiendas del Parlamento a la luz de la posición del Consejo? 
Señor Presidente, Señorías, con referencia al programa SAVE, permítanme que, en primer lugar, dé las gracias a la Sra. Bloch von Blottnitz por su importante contribución a la posición común del Consejo. 
Todos sabemos que la falta de progreso con respecto al tema del impuesto energético fue una de las razones que nos llevaron a desarrollar el programa SAVE II, como una iniciativa más amplia y completa. 
Ahora bien, el programa SAVE II no es la única medida que la Unión debe adoptar con respecto al sector energético, si pretende cumplir su compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono. 
Junto con el ahorro de energía, debemos fomentar el uso de las fuentes de energía renovables. 
Quisiera aprovechar la ocasión para comunicarle a la Asamblea que ya he presentado en el seno de la Comisión Europea una propuesta sobre la elaboración de una estrategia global de fomento de las fuentes de energía renovables, y espero que sea aprobada por la Comisión la próxima semana. 
Inmediatamente después, naturalmente, estaré preparado para deliberar sobre ella con el Parlamento, tanto con la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, como, por supuesto, en el Pleno del Parlamento. 
Y ello, porque me consta el interés especial que tiene el Parlamento en este ámbito. 
Hoy, todos estamos de acuerdo en que, y no sólo desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, es indispensable convencer a los ciudadanos, a la industria y a los organismos estatales responsables de la toma de decisiones de la utilidad de invertir en la eficiencia energética. 
Si aplicamos las considerables posibilidades de ahorro de energía existentes, podemos limitar nuestra dependencia energética, revitalizar nuestra industria, reducir los gastos públicos y fomentar el uso de nuevas tecnologías energéticas. 
Además, y esto quizá sea lo más importante, de esta manera podremos crear un número de puestos de trabajo muy elevado y contribuir al establecimiento de una nueva rama industrial: la rama de las inversiones en el uso racional de la energía. 
El programa SAVE II seguirá promoviendo el impuesto al consumo energético, así como las normas para aplicaciones que consumen energía. 
Seguiremos coordinando y complementando los esfuerzos realizados por los Estados miembros en el ámbito de la eficiencia energética y del mejor intercambio de información. 
Apoyaremos, además, la cohesión entre nuestras regiones, mejorando la transferencia de conocimientos sobre estrategias de ahorro de energía, desde las regiones con un potencial de eficiencia energética desarrollado hacia a aquellas que se encuentran en peor situación. 
Asimismo, intentaremos crear en las regiones periféricas, en las ciudades y pueblos, un potencial de gestión de la energía, es decir, un potencial para favorecer los esfuerzos por mejorar la eficiencia energética, allí donde estos esfuerzos sean más eficaces y, naturalmente, más cerca del consumidor. 
Por último, seguiremos de forma permanente el progreso registrado en el sector de la eficiencia energética. 
En este punto, señor Presidente, quisiera confirmar la opinión de la ponente, que coincide absolutamente con la opinión de la Comisión, en lo que se refiere al presupuesto del programa. 
El programa SAVE II representa una respuesta de la Unión a los retos medioambientales y energéticos. 
Es evidente, no obstante, que un programa con un presupuesto de 45 millones de ecus en cinco años no puede solucionar ningún problema. 
El programa SAVE II puede ser un valioso instrumento, que sólo será eficaz si cuenta con el pleno apoyo de todos nosotros. 
Por lo tanto, les propongo que consideren el programa SAVE II como una acción complementaria a las iniciativas de los Estados miembros y, también, Señorías, que hagan el esfuerzo común necesario para aumentar el presupuesto del programa. 
Sin contar con un importe de presupuesto satisfactorio, el compromiso de la Comisión de reducir las emisiones de dióxido de carbono será muy difícil de cumplir. 
No sólo el de la Comisión, sino también los compromisos asumidos por los líderes políticos de los Estados miembros de la Unión. 
Ahora, con referencia a las enmiendas, quisiera recalcar, una vez más, la valiosa aportación de la ponente, anunciando que la Comisión puede aprobar sin reservas las enmiendas núms. 6, 7 y 11, que se refieren al importe de referencia financiera, así como la enmienda nº 4. 
También, podemos aprobar una parte o, con modificaciones en la redacción, la totalidad de las enmiendas núms. 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 15. 
En cuanto a la enmienda nº 13, quisiera recordarles que la Comisión está de acuerdo con un comité del tipo 1, sin el límite propuesto. No obstante, no puede aceptar los otros cambios propuestos relativos a la Comisión. 
La Comisión tiene la posibilidad y el propósito de presentar en un futuro, medidas legislativas de mejora de la eficiencia energética en la Unión, aunque no antes de haber agotado todas las posibilidades existentes, como, por ejemplo, los acuerdos vinculantes con la industria. 
Por lo demás, quisiera hacer la observación de que cualquier iniciativa legislativa por parte de la Comisión es independiente de la aprobación del programa. 
Así, las partes de las enmiendas núms. 4, 8, 9 y 15 que se refieren al fomento de las iniciativas legislativas de la Comisión no son necesarias en esta propuesta. 
Una parte de la enmienda nº 9 y la enmienda nº 10 se refieren a las nuevas acciones, de menor interés, y la financiación de las mismas. 
Estas acciones están, en parte, incluidas en el texto de la Comisión y, además, sobrepasan el marco del texto de la Comisión. 
Por lo tanto, la Comisión no les puede dar su aprobación. 
Igualmente, una parte de la enmienda nº 14 y la enmienda nº 16, al reducir la flexibilidad de los procedimientos administrativos del programa, tampoco pueden ser aprobadas. 
La Comisión tampoco puede aprobar la enmienda nº 2, ya que el programa SAVE I ha sido calificado de beneficioso para la eficiencia energética de la Unión. 
Por último, la Comisión no puede aprobar la enmienda nº3, porque considera que el objetivo del 1, 5 % es muy ambicioso y muy difícil de alcanzar. 
En este punto, señor Presidente, quisiera, una vez más, dar las gracias al Parlamento por expresar hoy su opinión allanando así el camino para la aprobación del programa en el Consejo de Energía del próximo 3 de diciembre. 
En lo que se refiere al informe de la Sra. McNally sobre las técnicas de una planificación racional, en primer lugar, señor Presidente, quisiera agradecer a la ponente el informe realmente excelente que nos ha presentado. 
La propuesta de directiva por la que se introducen técnicas de planificación racional en los sectores de distribución de gas y electricidad es una propuesta especialmente significativa y que está relacionada con la política de la eficiencia energética, así como con la estrategia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de la Unión, y, en este sentido, está directamente relacionada con la consecución de nuestros objetivos medioambientales. 
La propuesta de directiva exige que las empresas de distribución de electricidad y de gas introduzcan técnicas de planificación que tengan en cuenta todas las opciones de recursos energéticos posibles, incluida la gestión de la demanda, al tiempo que evalúen la posibilidad de satisfacer la demanda. 
Quisiera destacar, además, que la directiva reconoce plenamente la falta de homogeneidad entre los servicios públicos en la Unión, dejando a los Estados miembros una gran libertad respecto a la forma de aplicar los requisitos de la directiva. 
El uso de estas nuevas técnicas de planificación permitirá a las sociedades de servicios públicos evaluar las inversiones, tanto desde el punto de vista de la demanda como del suministro. 
Esto dará un impulso a las inversiones en la eficiencia energética, al tiempo que eliminará inversiones de rendimiento discutible en el lado del suministro. 
En nuestra opinión, la adopción de estas técnicas a nivel comunitario aportará ventajas económicas a las sociedades de servicios públicos y a sus clientes, pero, naturalmente, también, será beneficioso para el conjunto de la sociedad. 
Con este espíritu, la Comisión presenta hoy la directiva y celebro que, en lineas generales, el Parlamento esté de acuerdo con sus objetivos. 
La Comisión insiste en que existe un enorme potencial de ahorro de energía sin explotar. 
El desarrollo de una industria de eficiencia energética económicamente viable no sólo aportará beneficios medioambientales y energéticos, sino que también creará empleo y fomentará las exportaciones. 
La aplicación de estas nuevas técnicas de análisis tendrá una función estrictamente complementaria a las propuestas para el mercado interior, que apuntan hacia la creación de una industria de sociedades de servicios públicos activa y competitiva. 
En este contexto, a modo de respuesta a la observación del Sr. Desama, quisiera manifestarle que, de hecho, su propuesta es muy interesante y, posiblemente, la estudiaremos para ver si, tras la adopción de la directiva sobre el mercado interior de la energía, podríamos contemplar estas actividades como una prestación de servicios públicos. 
El nuevo enfoque de las sociedades de servicios públicos, con el énfasis puesto tanto en la competitividad como en el servicio al consumidor, necesita nuevas herramientas de planificación, herramientas con las que evaluar con más precisión la amplia gama de inversiones creadas por la creciente competencia. 
Espero que la propuesta de la Comisión de una directiva en este ámbito consiga la adopción de estas nuevas herramientas de análisis. 
En lo que se refiere a las enmiendas del Parlamento, creo que mejoran considerablemente la propuesta. 
En concreto, podemos aprobar las enmiendas núms. 5, primera parte, 6, 7, 8, 9, 10 y la segunda parte de la enmienda nº 12. 
Igualmente, podemos aprobar la mayor parte de la enmienda nº 13, excepto la parte relativa a la determinación de la autoridad competente y la referencia a los planes. 
En cambio, no podemos aprobar las enmiendas núms. 1, 2, 3, 4 ni la segunda parte de la enmienda nº 5, porque se refieren a la base legal del artículo 100A. 
El artículo 130S es la base legal acordada para esta medida. 
La enmienda nº 11 tampoco puede ser aprobada, porque la referencia a no aumentar el coste al consumidor puede crear dudas. 
La gestión de la demanda es un servicio que debe correr a cargo de quienes se benefician de él. 
La primera parte de la enmienda nº 12 no se puede aprobar, porque la adopción de un objetivo porcentual no es justificable para una medida de este tipo. 
La segunda parte de la enmienda nº 13, referente al apartado a) , tampoco puede ser aprobada, porque creemos que los Estados miembros deben decidir sobre las autoridades competentes de conformidad con su propia normativa. 
Por último, la quinta parte de la enmienda nº13, referente al uso de mecanismos reguladores, no puede ser aprobada, porque, en nuestra opinión, en este punto hace la medida muy restrictiva. 
Señor Presidente, permítame, una vez más, que agradezca a la Sra. McNally su informe y su apoyo a nuestra propuesta; y, para finalizar, en cuanto a la pregunta que me ha dirigido, quisiera observar que hemos llegado hoy al punto de debatir sobre la propuesta en el Pleno del Parlamento, y le debo decir que hemos llegado hasta aquí a pesar de las muchas resistencias surgidas durante la elaboración de la propuesta, tanto en el marco de la Comisión Europea, como, obviamente, después de la adopción por la Comisión, desde varios frentes. 
Continuaremos nuestro esfuerzo. Intentaremos hacer llegar a los Estados miembros la mayor cantidad de información posible, para persuadir a los gobiernos de que esta directiva podría constituir una buena medida y una decisión correcta para el sector energético a escala europea. 
Mi respuesta a su pregunta, pues, es la siguiente: sí, acepto el reto que me ha planteado, asumo la responsabilidad de que este esfuerzo, al final, sea coronado con éxito, un éxito que dependerá, no obstante, de la contribución, la ayuda y la capacidad de respuesta de todos los presentes. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, le agradezco que haya incluido mi intervención en el Acta. 
Si bien ahora aparece de forma bastante críptica, pues la razón por la que intervine fue que el secretario general Vinci mencionó la posibilidad de aplicar eventualmente la violencia, yo era ponente, pero el motivo fue naturalmente una pelea en la pasarela. 
No quiero entrar en detalles, pero la víctima ha presentado una queja, y espero que responda usted seriamente a esta queja, al margen de la modificación del Reglamento. 
Señor Presidente, debido a mi propia parquedad, todo es bastante críptico. El Acta es correcta. 
Ya le he dado las gracias por ello, pero es preciso hacer algunas aclaraciones, que estoy dispuesto a darle al margen de esta sesión. 
Señor Presidente, en el punto 5 del Acta de ayer- Composición de los grupos políticos- usted anuncia que el Grupo Europa de las Naciones queda disuelto por no cumplir el número mínimo de naciones. 
Como mis colegas saben, Sir Jimmy Goldsmith tiene otro partido- el Partido del Referéndum- y se presentará a las elecciones en el Reino Unido como ciudadano británico. 
Usted ha hecho referencia al apartado 2 del artículo 29 del Reglamento, pero dicho artículo dice simplemente que «El número mínimo de diputados necesario para construir un grupo político será de veintinueve si pertenecen a un solo Estado miembro... » -» si pertenecen a» , señor Presidente, podría confirmar que eso significa elegidos en, de lo contrario el Sr. Goldsmith podría intentar utilizar su ciudadanía británica para añadir una nación. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en el acta sobre el debate relativo a la eficiencia energética y a la distribución de gas y de electricidad, se mencionan todas las comisiones que han emitido su opinión excepto la de Presupuestos. 
Yo también he emitido una opinión en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Escandaloso ¿no es cierto? 
Esto se va a corregir, estimada colega. 
Señor Presidente, a raíz de mi intervención de ayer relativa a los fotógrafos equipados de potentes teleobjetivos en el Parlamento, varios diputados preocupados me preguntaron a quién fotografiaban. 
Las personas en cuestión eran el Sr. Francis Demange de la Agencia Gamma Press y el Sr. Jean-Philippe Ksiazek de la Agencia AFP, lo cuales dijeron a los servicios de seguridad del Parlamento que estaban fotografiando el exterior del edificio con fines arquitectónicos. 
Dejaré que sean mis colegas franceses los que decidan si esas personas estaban realmente interesadas en la arquitectura del edificio. 
Una investigación más a fondo apunta a que, al parecer, estaban espiando el despacho IPE2 425, perteneciente a uno de nuestros antiguos diputados, Sr. Bernard Tapie. 
Me dirijo al Sr. diputado y también a todos los demás para informarles. La Mesa se ocupó ayer de esta cuestión y estuvimos todos de acuerdo en que hay que respetar en el Parlamento las normas que existen desde hace mucho tiempo y que están determinadas por escrito. 
Entre estas normas se incluye que no está permitido hacer fotos o filmar en los restaurantes, bares y cafeterías o en los despachos de los diputados así como en un tercer sector cuyo nombre no recuerdo ahora. 
Me han ido a buscar precisamente el correspondiente decreto administrativo. 
Esta es la norma desde hace mucho tiempo y la Mesa acordó ayer por unanimidad encargar a la administración del Parlamento que garantice su respeto. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, se trata de la cuestión del fundamento jurídico. 
En la Comisión de Control Presupuestario tenemos ya este informe pero no se trata de una cuestión de urgencia ya que desde diciembre de 1993 estamos trabajando en este asunto y no hemos recibido aún del Consejo ninguna respuesta. 
Por ello, ayer acordamos rechazar la urgencia en la Comisión de Control Presupuestario. 
(Se rechaza la urgencia) 
Señor Presidente, también debatimos sobre este asunto en nuestra reunión de ayer. 
Como el informe del Tribunal de Cuentas proporciona unas claras observaciones sobre la gestión de los créditos, la comisión propone no tratar este asunto como urgencia sino examinarlo a la luz de los nuevos datos para poder emitir una opinión bien fundada. 
Es decir, solicito que se rechace la urgencia. 
(Se rechaza la urgencia) 
Señor Presidente, la Comisión de Pesca, por unanimidad, acordó ayer rechazar esta urgencia. 
(Se rechaza la urgencia) 
Señor Presidente, hemos aprobado casi unánimemente el Acuerdo Europeo y el 1 de enero tiene que entrar en vigor el acuerdo interino que anticipa los aspectos de política económica y comercial hasta que se lleve a cabo el proceso de ratificación en los Estados miembros. 
La comisión decidió ayer unánimemente apoyar la urgencia y también aprobó el informe. 
Les ruego la apoyen. 
(Se aprueba la urgencia) 
Informe anual del Tribunal de Cuentas y actividades del presupuesto general 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario Liikanen, es para mí un gran honor poder presentar a la Asamblea en el primer año de mi presidencia el informe anual y la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas Europeo para el presupuesto 1995. 
Tiene lugar en un momento en el que se deben adoptar importantes decisiones para el futuro de Europa, como la Unión Económica y Monetaria, el desarrollo de los Fondos estructurales y de la política agraria, la futura financiación de la Comunidad así como la ampliación hacia el Este. 
Los resultados del control del Tribunal de Cuentas no son sin duda el único criterio para el futuro rumbo a adoptar pero sí uno importante. 
Permítanme que les presente los resultados de nuestro último informe anual. 
En el lado del Debe se encuentran los siguientes datos: los ingresos del IVA retrocedieron en 1993 entre un 5 y un 6 %. 
Sin duda, esto hay que verlo en relación con la supresión de las fronteras fiscales desde el 1 de enero de 1993. 
El cálculo de producto social bruto por parte de los Estados miembros no siempre es fiable ni tampoco es comparable entre los diversos Estados miembros. 
Esto tiene repercusiones sobre los pagos de los Estados miembros a la UE y sobre los reembolsos de la UE a los Estados miembros. 
Debido a la insatisfactoria aplicación de las normas jurídicas sobre la importación y exportación de productos transformados, la Comunidad pierde anualmente varios millones de ecus. 
El Tribunal de Cuentas Europeo expresa su agradecimiento a la Asamblea por haber encargado a su primera Comisión de Investigación la revisión del procedimiento comunitario de expedición. 
En nuestros informes anuales hemos indicado en varias ocasiones la necesidad de aportar claridad, por lo que apoyamos gustosamente el trabajo de esta Comisión de Investigación. 
Se puede comprobar que la reforma de la PAC introducida en 1992 comienza a dar frutos. 
Se han podido reducir sensiblemente las existencias de cereales. 
En el caso de la carne de vacuno, la evolución ha sido igualmente positiva si bien se ha visto afectada por la enfermedad de la EEB. 
La reducción de excedentes tuvo como consecuencia que tanto en 1994 como en 1995 los costes de almacenamiento y las subvenciones a la exportación fueran menores. 
En su informe anual, el Tribunal de Cuentas Europeo tiene que observar críticamente que de los 160 millones de ecus que se pusieron a disposición de los Estados miembros en 1994 y 1995 para descubrir los fraudes, 16, 5 millones, es decir, aproximadamente un 10 % no se han podido justificar. 
En Alemania, no siempre se han podido demostrar las rutas comerciales seguidas por el ganado porcino amenazado de peste porcina. Esto significa que ha existido el peligro de que la carne haya vuelto de nuevo al mercado. 
En lo tocante a la exportación de queso graso de Dinamarca al Irán, se pagaron 16 millones de más en restituciones a la exportación. 
Esta cifra se basa en una estimación del Tribunal de Cuentas Europeo. Se basa en resultados de tests que las autoridades danesas realizaron y que el Tribunal de Cuentas danés resumió en un informe especial. 
En los países miembros que tienen la mayor producción de aceite de oliva, no se han mejorado las fichas del aceite de oliva, tal como exigieron el Consejo y el Parlamento, por lo que en este campo falta un sistema de control fiable. 
Tampoco se puede constatar ningún progreso en la introducción de registros catastrales para las regiones arroceras. 
Por contra, se han introducido unos métodos de control mejorados en el mercado del algodón, lo que ya exigió el Tribunal de Cuentas en su informe anual 1992. 
Debido al aumento de las ayudas para el cultivo de lino existe el peligro de superproducción. 
En la política de pesca, las ayudas para los equipos destinados al control de la actividad pesquera se han tratado de un modo demasiado generoso. 
La Comisión no ha vigilado suficientemente la imposición de sanciones a los barcos de pesca que han cometido infracciones. 
Se han pagado ayudas para la modernización de empresas en el sector pesquero incluso allí donde no existen peces o la necesaria infraestructura. 
Allí donde se han financiado inversiones en el sector pesquero mediante leasing, la suma global ha sido considerada como un gasto subvencionable. Esto es incorrecto pues los plazos se deben pagar solamente a partir del siguiente año. 
En el marco de nuestro control de certificación hemos comprobado, entre otras cosas, que no existían superficies para las que se solicitaron ayudas, que los datos o superficies, los productos y ganado alegados no coincidían con la realidad y que las oficinas de pagos nacionales solicitaron ayudas a pesar de que no se habían realizado aún los correspondientes pagos. 
La segunda partida de gastos más importante en el presupuesto de la UE recae sobre los Fondos estructurales. 
Desde un punto de vista político-presupuestario, los problemas radican en la discrepancia entre los créditos de pago y los pagos realizados realmente. 
Los créditos de pago en 1995 ascendieron a casi 24.000 millones de ecus mientras que los pagos realmente realizados solamente fueron de 19.500 millones de ecus. 
Los motivos de ello se deben, entre otras cosas, a las dificultades de cofinanciación, al exceso de trabajo de las administraciones nacionales y a dificultades de absorción en sentido económico. 
No obstante, quiero indicar que no tiene ningún sentido querer gastar necesariamente el dinero con rapidez; tiene que realizarse correctamente. 
Tal como parece, en el caso de los Fondos estructurales esto es posible solamente de un modo insuficiente. 
Por ejemplo, en el caso de los Fondos sociales de 850 programas operacionales para el período ya expirado 1990-1993, a comienzos de este año solamente se había concluido un 37 %. 
En el caso de las iniciativas comunitarias la situación es aún peor, aquí solamente se concluyó el 15 %. 
Independientemente de ello, hay que observar críticamente que la Comisión tiene dificultades a la hora de concluir proyectos en suspenso. 
En el marco de los Fondos estructurales, solamente en el año 1995 estaban afectados aproximadamente 900 millones de ecus para los llamados proyectos en suspenso, para los que los compromisos se pudieron anular. 
Las ayudas están demasiado dispersas. 
Entretanto, las ayudas llegan aproximadamente al 50 % de la población de la UE; sería conveniente revisar los criterios de ayuda con la finalidad de lograr una concentración. 
La Comisión debe proseguir sus esfuerzos de evaluación. 
Las inversiones lucrativas deben financiarse más mediante préstamos. 
Al igual que en años anteriores, se puede comprobar que se subvencionan gastos no subvencionables, que Estados miembros retienen comisiones y exacciones sobre las ayudas de la Comunidad, que se solicitan subvenciones para gastos que aún no se han realizado, que se notifican gastos calculados como gastos reales y que se presentan comprobantes de gastos por importes superiores a los que realmente se han pagado. 
También en el caso de los países de la Europa central y oriental así como de los países sucesores de la Unión Soviética, a finales de 1995 las conclusiones de contratos quedaron por detrás de los compromisos, en el caso de PHARE en aproximadamente 2.000 millones de ecus y en el TACIS en 644 millones de ecus. 
Lo grave que puede ser esto lo muestra el ejemplo de Chernobil, donde el flujo de créditos es muy lento a pesar de las gravísimas deficiencias de seguridad. 
Además, en el campo de los programas PHARE y TACIS se puede constatar que es absolutamente necesario mejorar la gestión de los recursos humanos de la Comisión. 
En la transferencia de tareas públicas a terceros, la Comisión debería ser más moderada. 
Las delegaciones de la UE en los países de la Europa central y oriental deben tener más competencias para que las tareas de control y dirección sean llevadas a cabo más in situ. 
Debe considerarse seriamente la posibilidad de cofinanciación por parte de los países de la Europa central y oriental para despertar su propio interés. 
Debe evitarse la colisión de intereses en la concesión de contratas públicas. 
En lo tocante a los países en vías de desarrollo y a terceros países fuera de la Europa central y oriental, hay que constatar que la discrepancia entre los créditos de compromiso y de pago es demasiado grande. 
Muchos compromisos se han realizado en diciembre de 1995 para evitar la anulación de créditos no utilizados. 
Los créditos de pago no empleados se han transmitido al siguiente año, lo que es ilícito presupuestariamente. 
Al revisar los Fondos para el desarrollo en el marco del Convenio de Lomé, el Tribunal de Cuentas ha constatado que algunos países no han cumplido sus obligaciones de prestar especial atención a los grupos más desfavorecidos, es decir, los pobres, desempleados, mujeres y niños. 
En lugar de ello, en algunos países se han dedicado considerables sumas para pagar deudas públicas. 
El pasado año, el Tribunal de Cuentas elaboró también un informe especial sobre los detalles del contrato para la nueva construcción del Parlamento aquí en Estrasburgo. 
En dicho informe ha indicado que el contrato se concluyó sin el previo visado del interventor financiero pero que, a pesar de ello, el Parlamento Europeo tiene que cumplir los compromisos contraídos y que debe realizar internamente la necesaria aclaración de competencias. 
En el caso de los programas para el Mediterráneo, entre otras, el Tribunal llega a la concusión de que la transferencia de competencias a la Agence pour les Résaux Trans-Méditerrannéens- ARTM fue demasiado lejos, que existían enormes conflictos de intereses ya que raramente las asesorías habían participado en la elaboración de los programas y en la elaboración de la financiación y que los pedidos se otorgaron arbitrariamente a oficinas técnicas cuyos directores eran al mismo tiempo miembros del consejo de administración de ARTM. 
En el informe especial sobre Mostar se constata que la ayuda de la UE representa una importante aportación para la reconstrucción económica de la ciudad pero que el objetivo político de facilitar la convivencia de los diversos grupos nacionales no se ha podido lograr plenamente, que el administrador de la UE no tuvo apenas influencia sobre la política de personal, que no existía una clara delimitación de competencias entre el Consejo, los grupos de trabajo asesores, la Comisión y el Parlamento y que para lograr una política exterior y de seguridad comunes hay que crear estructuras duraderas y que se ponga a disposición de la Comisión el personal adecuado. 
Me voy a referir ahora al certificado. 
El Tribunal ha emitido por segunda vez declaraciones de fiabilidad sobre el presupuesto general así como sobre los Fondos de desarrollo europeos. 
Ambos certificados se refieren a la legalidad y regularidad de las cuentas y de las operaciones analizadas, es decir, no a la racionalidad económica. 
En lo tocante al certificado sobre el presupuesto general se puede constatar que las cuentas son fiables, es decir, la contabilidad presupuestaria del ejercicio 1995 transmite en lo esencial una imagen fiel de los ingresos y gastos. 
Por el contrario, al igual que en 1994, el Tribunal no ha podido emitir una declaración positiva sobre la legalidad y regularidad de las operaciones analizadas en los pagos del presupuesto 1995 debido al número de irregularidades constatadas. 
Partiendo de las irregularidades encontradas en las pruebas aleatorias por un importe de unos 180 millones de ecus, se puede apreciar una tasa de irregularidades del 5, 9 % de todos los pagos realizados en 1995, lo que equivale a un importe de aproximadamente 4.000 millones de ecus. 
Pero quiero añadir expresamente que esta constatación no afecta solamente a la Comisión, pues el 80 % del presupuesto es gestionado por los Estados miembros. 
En estas llamadas irregularidades materiales esenciales se trata de irregularidades que pueden repercutir directamente sobre el presupuesto de la Comunidad. 
La mayor parte con diferencia se debe a los ejemplos ya mencionados de la retirada de tierras de la producción, cabañas de ganado, etc. 
Al igual que en 1994, el Tribunal ha constatado una frecuencia demasiado elevada de irregularidades formales en la legalidad y regularidad en lo tocante a los pagos. 
Estas irregularidades consisten en infracciones de las normas jurídicas y de control pero no tienen necesariamente unas repercusiones mensurables sobre las operaciones financiadas por el presupuesto de la Comunidad. 
Por ello, no se han indicado aquí cantidades o porcentajes. 
Quiero expresar en este lugar mi agradecimiento a mi colega inglés, el Sr. John Wiggins, quien es competente para el certificado global. 
La magnitud de las llamadas irregularidades materiales esenciales constatadas por la Comisión es en gran medida comparable a la del año 1994, lo que es satisfactorio. 
Quiero destacar que los casos en los que el Tribunal no ha podido realizar controles, debido, por ejemplo, a documentación insuficiente, se han reducido sensiblemente. 
En 1994 no pudimos controlar el 14 % de todos los gastos. 
Ahora solamente ha sido el 2, 3 %. 
En los Fondos estructurales, la frecuencia de irregularidades es superior que en la agricultura. 
Aproximadamente la mitad de las irregularidades constatadas recae sobre las administraciones nacionales y locales y la otra mitad sobre los beneficiarios finales. 
Estimado Sr. Comisario Liikanen, el Tribunal puede certificar a la Comisión una serie de mejoras en su gestión presupuestaria, por ejemplo, en el trato de los pagos anticipados. 
También a nivel de los Estados miembros, quienes, como ya he indicado, administran el 80 % de los créditos presupuestarios, se han podido constatar ciertas mejoras. 
El Sr. Liikanen se referirá con seguridad a este tema. 
Quiero expresarle en este lugar mi agradecimiento así como a la Sra. Gradin por la cooperación mostrada. 
En lo tocante a la fiabilidad del sexto y séptimo Fondos de desarrollo europeos en el ejercicio de 1995, para lo que es competente mi colega italiano Georgio Clemente, el Tribunal ha podido extender un certificado positivo al contrario que el último año, a pesar de que persisten algunas deficiencias. 
En las operaciones de pago analizadas estimamos unas irregularidades esenciales de 32, 6 millones o del 2, 1 % de la totalidad de los pagos. 
Quiero aprovechar la ocasión para mencionar muy brevemente algunas otras actividades del Tribunal. 
En relación con la Conferencia Intergubernamental de 1996, el Tribunal ha difundido propuestas que pueden mejorar la eficacia de sus controles. 
El Tribunal de Cuentas Europeo constata con satisfacción que existe una fructífera relación de trabajo con el Consejo, en especial con el Consejo ECOFIN, la Comisión y los Tribunales de Cuentas nacionales. 
Dentro de pocos días se van a reunir en Luxemburgo los Presidentes de todos los Tribunales de Cuentas de los países miembros. 
Hace poco hemos tenido como invitados a los Presidentes de los Tribunales de Cuentas de los Estados de la Europa central y oriental para un seminario de dos días y medio de duración. 
Pero muy especialmente nos satisface la fructífera cooperación con ustedes, el Parlamento Europeo, en especial con la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos. 
Me permito expresarle mis felicitaciones, señora Theato, como representante de la Comisión de Control Presupuestario así como al ponente principal, el Sr. Wynn. 
Si no recogiesen y aplicasen ustedes los resultados de nuestro control, seríamos como un caballero sin espada. 
Con su ayuda, muchas de nuestras sugerencias se han aplicado. 
Y viceversa, en nuestros numerosos debates hemos recibido valiosas sugerencias de ustedes. 
En nombre del órgano colegiado así como de las colaboradoras y colaboradores del Tribunal de Cuentas Europeo quiero expresarles mi agradecimiento por haberme escuchado durante tanto tiempo. 
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, para un auditado nunca resulta agradable escuchar el informe de su auditor, y menos aún en público. 
Pero a pesar de que parte de este proceso pueda resultar doloroso, es un dolor útil que permite a la Comisión y a la Comunidad mejorar la utilización que hacen de las finanzas comunitarias. 
Cualquier mejora sólo puede producirse lentamente. 
El presupuesto comunitario no es grande en volumen, pero complejo de ejecutar. 
Son muchas las personas que deben cambiar su planteamiento: desde la Comisión hasta los Estados miembros, en las regiones y los municipios. 
El informe anual del Tribunal de Cuentas para 1995 demuestra que no hay la menor duda sobre la dirección que debemos seguir. 
Sólo hace falta tomar la determinación de llegar hasta allí. 
En muchos idiomas existe el proverbio de que los buques grandes giran despacio. 
Pero estoy convencido de que girará y de que ya ha comenzado a hacerlo. 
El informe anual para 1995 reconoce las iniciativas tomadas en el marco del Plan 2000 para una gestión buena y eficaz, y volveré sobre ello. 
Pero hay además un buen número de otros cambios que hemos introducido ante la insistencia del Tribunal de Cuentas y el Parlamento Europeo, en particular, de su Comisión de Control Presupuestario, y que según reconoce el Tribunal en su informe para 1995, han permitido mejorar la utilización de las finanzas comunitarias. 
Por ejemplo, me alegró oír mencionar explícitamente al Tribunal los buenos resultados que ha tenido el programa PHARE para las PYME de Hungría y Eslovaquia. 
Informar de los resultados positivos puede ser también una herramienta para el cambio. 
Desde el informe del año pasado hemos acometido algunas mejoras específicas que se notarán en los próximos años. 
Hemos cambiado algunas normativas como, por ejemplo, las nuevas organizaciones del mercado común de la fruta y las hortalizas, tema que despertó bastante polémica el año pasado, o la mejora de los mecanismos para seleccionar proyectos en el programa LIVE II. También está la gestión mejorada de las delegaciones exteriores y el nuevo inventario electrónico del mobiliario de la Comisión, otro asunto que tuvo amplia repercusión en la prensa el pasado año. 
En las respuestas de la Comisión al informe anual para 1995 también encontrarán un mayor afán por sacar provecho de las observaciones del Tribunal. 
Incluida en esta mejora específica de la política tenemos el intento de la iniciativa SEM 2000 de modificar la cultura presupuestaria de la Comunidad desde la Comisión hasta la actual Autoridad de ejecución. 
Las primera y segunda fase de la iniciativa, relativas a la propia Comisión, ya han dado resultados visibles. 
Permítanme que aborde tres aspectos y comenzaré por la nueva estructuración de las Direcciones Generales con objeto de fortalecer su gestión financiera. 
Esto incluye a los nuevos directores financieros, muchos de los cuales ya se han incorporado, de conformidad con el deseo del Parlamento Europeo. 
En segundo lugar tenemos el nuevo procedimiento presupuestario. 
Ahora, la Comisión discute primero sus prioridades antes de tomar decisiones sobre cada una de las asignaciones de créditos. 
Este tipo de debate sobre las prioridades presupuestarias tiene lugar en enero, mucho antes de que se tomen las decisiones definitivas sobre el contenido del presupuesto. 
El nuevo procedimiento fortalece asimismo el nexo entre la asignación de recursos financieros y humanos, como debe ser. 
En tercer lugar, hemos puesto un énfasis mucho mayor en la evaluación en toda la Comisión, especialmente en el caso de las nuevas propuestas de gastos. 
En lo relativo a la fase tercera del presente proyecto- la nueva asociación con los Estados miembros -, era evidente desde un comienzo que sería el elemento más difícil, aunque también el más importante. 
Me alegra poder informarles hoy de que ayer pude presentar un primer informe a Ecofin. 
Dicho informe, que también recibirá el Parlamento, contiene una serie de recomendaciones importantes que incluyen también ámbitos que son competencia de mi colega la Sra. Gradin. 
Existe un amplio margen de acuerdo acerca de dichas recomendaciones, pero en los temas clave aún debemos trabajar para alcanzar el consenso. 
Me refiero al problema que surge con mayor frecuencia en el informe anual del Tribunal, aunque también en la DAS, a saber, la cuestión de elegibilidad para los Fondos estructurales. 
El Tribunal ha demostrado que es sumamente importante aclarar qué gastos tienen derecho a recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales. 
Comparto plenamente esta opinión. 
Si no está claro el aspecto de la elegibilidad, resulta muy difícil seguir una cultura presupuestaria coherente en la Comunidad. 
Voy a proponer junto con la Comisaria Sra. Gradin que la Comisión adopte orientaciones que aclaren el reglamento. 
Para ello necesitaremos el apoyo de los Estados miembros. 
Una gran mayoría de los representantes personales de los ministros de Ecofin apoyó nuestro planteamiento. 
Por ello, me siento optimista y pienso que lograremos el apoyo necesario cuando llegue el momento de tomar las decisiones formales. 
Aún no lo hemos conseguido, pero espero que podamos alcanzar el consenso antes de la Cumbre de Dublín, en la que Ecofin ha prometido presentar un informe que nosotros hemos elaborado. 
También hacen falta unas normas claras sobre la elegibilidad, entre otras cosas, para aclarar las circunstancias en las que la Comisión debe hacer reajustes financieros netos del gasto de los Fondos estructurales allí donde se hayan detectado irregularidades sistemáticas. 
Aunque este enfoque es para los Fondos estructurales actuales, está previsto celebrar una importante negociación sobre la forma que deberemos dar en el futuro a los instrumentos de cohesión. 
Tomo nota de las reflexiones del Tribunal y de su Presidente en este sentido. 
La Comisión presentará un informe sobre el futuro de los Fondos estructurales de la Comunidad antes de la primavera del año próximo. 
Dicho informe servirá de base para un debate que también deberá tener en cuenta los requisitos para una gestión financiera eficaz. 
Por otra parte, quiero decir que existen también desacuerdos entre la Comisión y el Tribunal. 
Hay casos en los que la crítica del Tribunal resulta algo difícil de entender. 
Por ejemplo, el Tribunal critica determinadas obligaciones de rendir cuenta que la Comisión impone a las organizaciones agrícolas que utilizan fondos comunitarios. 
Pero ¿no se criticaría a la Comisión en caso contrario por falta de transparencia y control? 
Segundo, en otros casos es importante que el Tribunal trace una línea clara entre su dictamen como auditor y su opinión política. 
Por ejemplo, en lo relativo al sistema agromonetario, el Tribunal, en calidad de auditor, debe limitarse al cumplimiento estricto del reglamento actual. 
Toda crítica al sistema en sí debe mantenerse claramente separada. 
No quiero decir con esto que comparta algunas opiniones políticas con el Tribunal. 
En mi calidad de Comisario responsable del presupuesto, debo respetar los reglamentos en vigor. 
No puedo decidir que como esos reglamentos no nos gustan, haremos las cosas a nuestra manera. 
El Tribunal está en su derecho, pero es importante mantener separados estos dos aspectos. 
Junto con su informe anual, el Tribunal ha presentado por segunda vez su declaración de fiabilidad, o DAS, sobre la legalidad y la regularidad de las cuentas comunitarias y las transacciones correspondientes. 
Para llegar a sus resultados, el Tribunal depende principalmente de la técnica de muestreo cuantitativo introducida el pasado año, y de que en esta ocasión se ejecute aún con mayor vigor y rigor. 
La aplicación de semejante técnica al presupuesto de la Comunidad, heterogéneo y de capas múltiples, está aún en fase experimental. 
La Comisión comparte por lo tanto la opinión del Tribunal de que serán necesarios varios años hasta que la auditoría DAS consiga la madurez suficiente para permitir identificar las tendencias de los índices de error. 
Con esta advertencia en mente, la Comisión acoge con satisfacción que el Tribunal haya confirmando el resultado satisfactorio del pasado año con respecto a las cuentas, los ingresos y los compromisos. 
Reconoce que, una vez más, los errores han sido demasiado grandes en lo relativo a los pagos y que necesitamos mejorar. 
Dichos errores se centran principalmente en dos sectores, el Fondo de garantía agrícola y los Fondos estructurales. 
Por ello resulta muy esperanzador que para 1995, el Tribunal ofrezca una DAS más detallada para dichos ámbitos. 
Esta tentativa tiene por objeto establecer con mayor claridad en qué nivel se producen los errores. 
También es necesario establecer con mayor claridad cuáles han sido los daños reales y permanentes que ha sufrido el presupuesto comunitario. 
Tanto el gasto agrícola como los Fondos estructurales tienen procedimientos que permiten detectar errores y evitar daños permanentes al presupuesto comunitario. 
Así pues, por ejemplo, cada error detectado por el Tribunal relativo al gasto agrícola será examinado y reembolsado siempre que así lo justifique el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas. 
Hemos visto informes que apuntan a que actualmente existen ámbitos claramente problemáticos, pero cuando lleguemos a 1995 en nuestros sistemas de liquidación de cuentas, está claro que haremos pleno uso de la información que ahora recibimos del Tribunal para recuperar los fondos de los Estados miembros. 
En lo que respecta a los Fondos estructurales, ya me he referido a la labor sobre la elegibilidad y los ajustes. 
DAS, como tal, ha supuesto un ejercicio de gran utilidad para nosotros porque nos ha permitido identificar dónde radican los problemas. 
Ha fortalecido nuestra posición en nuestras negociaciones con los Estados miembros. 
Pero, al mismo tiempo, quiero observar que existe también un sistema de anticipos que evita que aquellos proyectos que han sido declarados exentos de derecho, tengan un efecto permanente sobre el presupuesto comunitario. 
Por último, permítanme concluir felicitándole, señor Presidente Friedmann, por el primer informe anual que se elabora bajo su dirección. 
La Comisión se ha comprometido plenamente a colaborar con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, y con el ponente, Sr. Wynn, y con todos los diputados al Parlamento interesados con objeto de sacar las conclusiones necesarias. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Comenzamos el debate. Tiene la palabra el Sr. Tomlinson en nombre del Grupo del Parido de los Socialistas Europeos. 
Señor Presidente, me alegró recibir anoche el Diario Oficial y comprobar que incluso esta publicación intenta colaborar con la Comisión. 
Cuando abrí la versión inglesa descubrí que las páginas 17 hasta 24 aparecen en finés para que las entienda bien el Comisario, aunque los demás no entendamos nada. 
Cuando nos encontramos al inicio de este proceso, deberíamos reconocer que no debemos precipitarnos a censurar en base al informe del Tribunal de Cuentas que ha aparecido en gran parte de la prensa de esta mañana y de estos últimos días. 
Los miembros de esta Asamblea, en particular, debemos analizar lo que sucede actualmente desde la perspectiva correcta. 
Se trata de informes importantes, pero en lo que respecta al Parlamento, marcan el inicio de un proceso, no el final. 
Marcan el inicio del proceso en el que el Parlamento ejerce uno de sus principales poderes- la aprobación de la gestión. 
En ese sentido, el informe del Tribunal de Cuentas es importante y además reúne a cuatro instituciones: el Tribunal, que hace las acusaciones, la Comisión, que debe defenderse, el Consejo de Ministros, que también es criticado en sus capacidades individuales o en las capacidades de sus Estados miembros, y que debe darnos su opinión, y el Parlamento, que debe decidir. 
El Parlamento no tendrá que decidir hasta abril del año próximo, hasta que no hayamos deliberado plena y debidamente. 
Por ello, acojo con satisfacción el informe que no me precipitaré en juzgar en base a lo que he dicho. 
Esta mañana deseo reconocer que contiene algunos comentarios serios, pero reconozco también lo que ha dicho el Sr. Comisario, a saber, que debemos distinguir entre la responsabilidad auditora y las políticas que a veces son el origen de las críticas. 
En lo que respecta a la declaración de fiabilidad, se trata de un instrumento relativamente nuevo a nuestra disposición. 
Es un instrumento de la máxima importancia. 
Este poder fue otorgado al Tribunal de Cuentas por el Tratado de Maastricht, y ésta es la segunda vez que el Tribunal de Cuentas, con toda la razón, no ha podido darnos la declaración de fiabilidad. 
Y no se trata del gasto. 
Si miramos los recursos propios, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas nos está diciendo muy claramente en la declaración de fiabilidad que evidentemente no es posible asegurar que realmente se hayan declarado todas las importaciones tributables. 
Sabemos que es una declaración exageradamente modesta. 
Podríamos decir que, sin lugar a dudas, no se han declarado todos los ingresos, y ése es el motivo por el que este Parlamento ha establecido una Comisión de Investigación en el sistema de tránsito. 
Es uno de los ámbitos en los que se produce una pérdida importante de recursos propios del presupuesto de la Unión Europea. 
Cuando analizamos las críticas al apartado de pagos que se hacen en la declaración de fiabilidad, podemos sacar dos o tres conclusiones muy claras. 
Me sentí algo decepcionado de que el Tribunal de Cuentas no hiciera hincapié en uno de sus propios comentarios; al estudiar los importantes errores, podría haber señalado en la declaración, que aparecerá en la prensa de hoy, que la mayoría de los errores que persigue en el procedimiento de la declaración de fiabilidad tuvieron lugar en los Estados miembros. Dice que el 90 % de los errores por los que no pudo dar una declaración de fiabilidad fueron errores que tuvieron lugar en los Estados miembros, principalmente en aquellos Estados miembros que aprovechan la primera oportunidad para señalar con un dedo acusador a la Unión Europea. 
Éste es ciertamente uno de los aspectos que mi Partido estudiará muy detenidamente en el procedimiento de aprobación de la gestión. 
Acogemos con satisfacción los dos informes del Sr. Friedmann. 
Felicitamos al Tribunal de Cuentas por ellos, porque constituyen la base para nuestra labor, pero no de la declaración definitiva, la cual será el resultado de nuestras deliberaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, dispongo de poco tiempo para expresarle mis felicitaciones por la presentación del importante informe anual 1995 así como de una serie de informes especiales con las correspondiente declaraciones de fiabilidad. 
Queremos felicitarle en especial porque no se trata de un listado de escándalos en perjuicio de Europa, tal como le gustaría a alguno, sino de una crítica constructiva que puede proporcionar las pautas para el futuro, tal como acaba de decir usted. 
Señor Presidente, sobre esta base el Parlamento va a comenzar sus trabajos para el procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, e indirectamente también de los Estados miembros, y explicar a los electores cómo se ha utilizado el dinero pagado por los contribuyentes no sólo desde un punto de vista contable sino también político y para mejorar su aplicación. 
Esto es así, por ejemplo, en el caso de las irregularidades y negligencias de los Fondos sociales, tal como el Tribunal ha expuesto con toda claridad en el capítulo 6 de su informe. 
La Comisión ha declarado que su máxima prioridad es la lucha contra el paro. 
¿Cómo se puede explicar entonces que casi una cuarta parte de los créditos disponibles no se hayan gastado? El 90 % de las irregularidades constatadas por el Tribunal en su certificado se cometen en los países miembros. 
Otro ejemplo: créditos millonarios destinados a fortalecer la lucha contra el fraude en la agricultura han sido destinados a otras finalidades, sobre todo, a cubrir costes de personal. 
Aquí hay que exigir responsabilidades a la Comisión. 
Deberá aclararnos cómo quiere recuperar de los Estados miembros los 16, 6 millones de ecus gastados ilícitamente. 
Señor Friedmann, en la declaración de fiabilidad usted habla de una mejora sustancial respecto al año anterior. 
Sin embargo, creo que el certificado es más bien negativo. 
El importe de las irregularidades materiales graves asciende, según los datos del Tribunal, a casi el 6 % de todos los pagos, es decir, unos 4.000 millones de ecus. 
El año pasado fueron muchos menos, 2.400 millones de ecus. 
¿Cómo puede explicarse este aumento? 
Le expreso de nuevo mi agradecimiento por el informe así como al Sr. Comisario Liikanen por los esfuerzos realizados en especial, en el campo de SEM 2000, para la mejora de la gestión presupuestaria. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Presidente del Tribunal de Cuentas por su informe de esta mañana, y me gustaría formular una pregunta en particular. 
Teniendo en cuenta la pesada carga financiera que supone la construcción de los nuevos despachos y edificios del Parlamento Europeo, ¿está satisfecho el Tribunal de Cuentas en lo relativo a que: (a) se ha seguido el procedimiento adecuado en la adjudicación de contratos para la construcción de dichos despachos en Bruselas; (b) se han aplicado controles suficientemente rigurosos para impedir que se sobrepasen los costes; y (c) que el coste final de este complejo presenta una buena relación coste-eficacia de los fondos del Parlamento Europeo, en realidad, de los fondos de los contribuyentes europeos? 
¿Tiene el Tribunal de Cuentas alguna recomendación que hacer al Parlamento Europeo respecto a los procedimientos a seguir en la adjudicación de futuros contratos, en base a la experiencia acumulada durante estos últimos años en torno a este edificio en particular? 
Por último, me sentí consternado la semana pasada por los ataques personales dirigidos a nuestros amigos Sr. Tomlinson, Sr. Wynn, al Tribunal de Cuentas, a su Presidente y al Sr. Balfe, todos ellos representantes de las estructuras de este Parlamento, en un programa de la televisión independiente, y también al ver que el Presidente del Parlamento no haya hecho una declaración al respecto. 
Ha sido muy injusto que, de entre todas las personas, hayan elegido a John Tomlinson. 
Puede que no siempre esté de acuerdo con él, pero como diputado a este Parlamento que cumple con su deber, él es un buen ejemplo y siempre lo ha sido. 
El Sr. Killilea, como todos ustedes acaban de comprobar, ha aprovechado este cambio de Presidencia, sin embargo, no sucederá lo mismo respecto a los próximos oradores. 
Señor Presidente, a pesar de los progresos, sigue habiendo grandes problemas y resulta increíble que una vez más haya sido necesario hacer una crítica exhaustiva a la contabilidad de la Comisión y a la gestión económica de los recursos de la Comunidad. 
Es increíble que se repita la misma crítica año tras año. 
Por eso, el Grupo Liberal ya no puede aceptar que la Comisión siga haciendo caso omiso de la crítica exhaustiva del Tribunal de Cuentas. 
A menudo, los Estados miembros incumplen las obligaciones de control; no obstante, la Comisión es responsable de la gestión de los fondos comunitarios. 
Por ello, exigimos que los comisarios se presenten ante la Comisión de Control Presupuestario, también después de la aprobación de las cuentas, pues tienen la obligación de cumplir las directrices que reciben. 
Si estos problemas no se corrigen tal como se ha indicado en el informe anual, sería conveniente que un comisario pudiera recibir un voto de censura. 
Propongo que se proceda a modificar el Tratado con objeto de establecer un procedimiento para el seguimiento de las críticas del Tribunal de Cuentas. 
El problema es que, una vez aprobada la gestión globalmente por el Parlamento Europeo, no se subsanan los errores. 
Hay que acabar con todo esto. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Presidente Friedmann, señor Comisario, creo que debemos decir políticamente a las cosas por su nombre. 
Ante la prioridad de la lucha contra el desempleo en masa y la exclusión social, tenemos que denunciar el escándalo consistente en que los Estados miembros se amurallan cuantitativa y cualitativamente y la Comisión solamente dispone de unos instrumentos romos en su mano cuando se trata de definir los objetivos o de ejecutar sanciones. 
En el sector agrícola, la Comisión tiene otras posibilidades para adoptar sanciones. 
¿Porqué no es así en el caso de los Fondos estructurales? 
Señor Comisario Liikanen, le dirijo a usted también la pregunta. 
En relación con SEM 2000, ¿no existe el peligro de que actuemos formalmente y creemos en consecuencia una fachada formal tras la cual los encargados de gestionar el presupuesto practiquen la refinanciación, den el dinero en función de sus necesidades presupuestarias determinadas arbitrariamente dejando fuera de juego a los departamentos especializados? 
Un último punto: ¿no es posible llegar en todos estos campos a una coordinación con los Tribunales de Cuentas nacionales? 
Sólo así dispondremos de un control político real con el que se puedan aplicar los objetivos de una política social europea. 
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, señor Comisario Liikanen, estimadas e estimados colegas, cuando el Tribunal de Cuentas presenta su informe, incluso ya algunas semanas antes, la opinión pública interesada espera el gran escándalo que se pueda vender bien en los titulares de los periódicos. 
Una vez vendido, una vez mencionado, retorna el orden. 
Esto es precisamente lo que no queremos que pase. 
En primer lugar, naturalmente no deseamos que haya escándalos, pero en segundo lugar, desearíamos que se prestase más atención al pequeño trabajo cotidiano que representa todo esto. 
Por ello, quiero adherirme al Sr. Tomlinson quien ha dicho que nuestro trabajo comienza ahora. 
Quiero explicarlo en base a un ejemplo de actualidad: esta mañana hemos votado sobre una urgencia del Consejo. 
El ponente era el colega Garriga Polledo. 
Se ha dicho que en la Comisión de Control Presupuestario existía acuerdo unánime sobre el informe. 
Es cierto. 
Estábamos de acuerdo, pero en el debate nos quedamos muy sorprendidos del modo cómo los Estados miembros habían actuado con el mandato que se les había otorgado. 
Precisamente esta sorpresa que hemos experimentado, esta increíble constatación de que los mandatos sencillamente no se aplican, por lo que hay que prorrogar los plazos, se refleja en el informe del Tribunal de Cuentas. 
Sólo que esto es el trabajo oscuro, no es lo espectacular que se pueda mostrar a la opinión pública. 
Pero esto es lo que crea dificultades, es decir, el hecho de que también existen muchos y buenos reglamentos pero que no se aplican o sólo de modo insuficiente o bien que es difícil controlar realmente su aplicación. 
Tengo una gran preocupación. 
Se ha hablado de SEM 2000 y se ha dicho que los Estados miembros están de acuerdo en líneas generales. 
Pero también he oído que precisamente en el campo de los Fondos estructurales los Estados miembros o parte de ellos ya están anunciando que lo que se dice en SEM 2000 no coincide con su Constitución o su realidad administrativa. 
Es decir, nosotros encontramos un medio de ayuda pero los Estados miembros cierran ya filas para socavar lo que se acuerda. 
Esto me preocupa mucho más que un gran escándalo aislado. 
Señor Presidente, el Sr. Tomlinson ha expuesto con su agudeza habitual cuál es el procedimiento parlamentario normal en la tramitación del informe del Tribunal de Cuentas. 
Pero debo indicar que se ha producido una anomalía respecto de dicho procedimiento en lo relativo al aceite de oliva. 
En efecto, el Comisario de agricultura parece haber utilizado interesadamente un futuro informe del Tribunal de Cuentas para justificar la presentación de una reforma de la OCM del aceite de oliva que es claramente perjudicial para los intereses de los productores. 
En el presente informe del Tribunal de Cuentas no aparece ninguna modificación sustancial de lo que había mencionado otros años, por lo cual deducimos que se ha producido una utilización interesada y parcial para justificar una reforma que realmente no aparece de una manera técnica y contable en el informe del Tribunal de Cuentas. 
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, sin dejar de felicitarle por la valía de los informes de su institución, creo que este caso puede perjudicar la imagen de la misma. 
Señor Presidente, quisiera concentrarme en los ingresos de la Unión Europea. 
El informe del Tribunal de Cuentas ya indica que- aunque para el año 1995 hay una excepción- el dinero tendrá que proceder cada vez más de la estimación del producto nacional bruto. 
Ahora, la estimación del producto nacional bruto está sujeta a grandes dudas, esto se desprende del informe. 
Si todo va bien, en 1998 se iniciarán las nuevas negociaciones sobre las finanzas de la Unión Europea. 
¿Qué confianza tienen la Comisión y el Tribunal de Cuentas de que antes de esta fecha se logre un sistema con el que pueda realizarse una estimación más exacta del producto nacional bruto? 
Por ejemplo, ¿es posible hacer una estimación aproximada de cuál es el producto nacional bruto y, por ejemplo, qué participación tiene en él la economía sumergida? 
Señor Presidente, el informe anual es un buen instrumento de trabajo para los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. Lamento constatar una vez más que Dinamarca aparece mencionada en el informe de forma nada halagüeña. 
Me parece que el Tribunal de Cuentas ha realizado un buen trabajo. 
Expone el caso de Dinamarca con todo detalle. 
Si los comentarios del Tribunal de Cuentas y los de la Comisión son correctos, Dinamarca tendrá que devolver 16 millones de ecus. 
Por desgracia, la persona responsable de este caso ya no es ministro. 
Otro gobierno ha de corregir las irregularidades. 
Trabajaremos para lograr este objetivo y para que el tema de Dinamarca quede esclarecido. 
No perderé de vista este caso en la Comisión de Control Presupuestario hasta que quede totalmente claro lo que es correcto y lo que no. 
Deseo añadir que es difícil para un ministro que se ha hecho cargo de un ministerio mal llevado enderezar las cosas. 
Me parece impropio que aquí no se haya tenido en cuenta esta realidad. 
Por ello, quiero felicitar al Tribunal de Cuentas por su trabajo. 
Señor Presidente, es lamentable que la primera noticia que hemos tenido de este informe haya sido a través de los medios de comunicación, como sucedió el año pasado. 
Si el Tribunal de Cuentas no puede controlar este tipo de filtraciones, ¿de quién podemos esperar que controle nada en la Unión Europea? 
Debemos acoger con satisfacción que la situación agrícola haya mejorado, y que la experiencia y la PAC reorganizada presenten una situación mejor y más transparente. 
Es lamentable, aunque comprensible, que hayan aumentado los problemas en el ámbito de los Fondos estructurales, porque hemos alcanzado un nivel de gastos sin precedentes y el reglamento, para empezar, era difícil, como ya se señaló el año pasado. 
Espero que aprendamos la lección para el próximo programa de los Fondos estructurales y que se redacte un reglamento que sea más fácil de administrar y que no intente hacerlo todo para todo el mundo en toda la Comunidad con muy pocos fondos. 
Hay una observación que quiero hacer: el 5, 9 % del gasto. 
Esto significa que el 5, 9 % de nuestro presupuesto corre peligro. 
Eso no significa que perdamos el 5, 9 %; significa que perdemos una pequeña parte de esa suma, quizá el 1 % del presupuesto total. 
Si el Presidente puede confirmar este extremo, creo que no es una mala actuación, y demuestra que estamos comenzando a controlar el problema. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Profesor Friedmann y a sus colegas por el informe anual y la DAS. 
Ambos documentos demuestran que el Tribunal de Cuentas, la Comisión de Control Presupuestario y los interventores tienen mucho trabajo por delante. 
Tengo dos preguntas. 
La primera es acerca del informe anual y es relativa a las agencias y a los organismos satélites. 
Las dos páginas y media abarcan 1994 y 1995, salvo Salónica y Dublín. 
¿Tiene el Tribunal intención de elaborar informes separados para los organismos satélites sobre los que el Parlamento pueda dar su aprobación de la gestión para 1994 y 1995? 
En lo relativo a la DAS, me doy cuenta de la difícil situación por la que atraviesa el Tribunal al no haberse asignado recursos humanos suficientes para la doble tarea que debe llevar a cabo, a pesar de lo cual está realizando una buena actuación con pocos recursos. 
Me alegra comprobar que se habla de mejoras en la actuación de la Comisión, pero la palabra «mejora» no se emplea aún con la debida frecuencia. 
Mi pregunta es relativa al anterior control, porque si resulta que el 5, 9 % de las transacciones presentan irregularidades, eso es más de 1 de cada 20, y los dos tipos diferentes de control de la Comisión y el Tribunal deben estar acorde. 
Señor Presidente, mi intervención y mi pregunta tienen relación con las políticas internas y con el ámbito social y, principalmente, con la línea relativa a la lucha contra la pobreza y la marginación social, en los que el informe muestra los aspectos más insignificantes de la acción emprendida, pues en la Unión Europea afectará a 38.000 personas sobre una población de pobres estimada en 52 millones, es decir, que afectará a una de cada 1.500 personas, lo que es, efectivamente, insignificante. 
Por otra parte, el informe destaca que la Comisión no aporta en este ámbito ninguna ratio «costes-resultados». 
Finalmente, el propio informe observa también que no se ha demostrado ni evaluado en ningún momento la eficacia de muchas de las redes europeas financiadas ni su contribución a la reducción de la marginación social. 
Por tanto, creo que el problema que se plantea en este informe es el de la pertinencia de las intervenciones puntuales de la Unión Europea, así como la de gran número de subvenciones a diversas asociaciones no siempre bien controladas. 
Así pues, mis preguntas al Tribunal de Cuentas son las siguientes: ¿Prevé el citado tribunal proceder a un inventario de las subvenciones concedidas a asociaciones en el marco del presupuesto de la Unión Europea, cuando ningún documento público hace una lista de dichas subvenciones y existe en este ámbito una gran opacidad, es decir, la falta total de transparencia? 
En segundo lugar, ¿prevé el Tribunal de Cuentas proceder al análisis de las relaciones relativas a los convenios entre la Unión Europea y las asociaciones subvencionadas? ¿cuáles son las relaciones y las reglas de juego en este ámbito? 
Finalmente, ¿prevé el Tribunal de Cuentas proceder a un estudio «costes-eficacia» de la acción de las asociaciones subvencionadas con relación a los objetivos que oficialmente se persiguen? 
Señor Presidente, señorías, han planteado muchas preguntas por lo que quiero expresarles mi agradecimiento. 
Pero como el tiempo es limitado voy a expresarme brevemente. 
El Sr. Comisario Liikanen y el Sr. Tomlinson han indicado que el Tribunal de Cuentas Europeo es a veces demasiado político. 
Han mencionado el sistema agromonetario. 
¿Qué hemos hecho? 
Solamente hemos dicho que desde que el anterior sistema «Switch-over» fue sustituido por el sistema agromonetario y que mediante determinadas medidas se puede ahorrar dinero, en concreto, la mitad del importe que estaba previsto, más de 680 millones de ecus, se dispone de pagos equivalentes pero con diferentes niveles de ayudas. 
Es decir, hoy se pagan las ayudas a diferentes niveles para tener al final pagos equivalentes. 
Se plantea pues la cuestión básica de si esto es compatible con el mercado común. 
Solamente planteamos la pregunta sin criticar la decisión política. 
Señor Tomlinson, sé que el tiempo apremia y que no ha podido estudiar aún todo. Sin embargo, muchas gracias por el trabajo realizado en su comisión. 
Muchas gracias por la cooperación. 
Sin duda, va a proporcionarnos también unos resultados importantes. 
Creo que precisamente el tráfico de tránsito va a necesitar también en el futuro de un control más intenso. 
Quizás existan ciertos paralelismos con los problemas del IVA después de que el IVA se impone en el lugar de destino y no en el de origen. 
Es decir, las mercancías están fuera de los impuestos durante el transporte, un problema similar al del tráfico de tránsito. 
La Sra. Theato así como algunos diputados más han preguntado cómo deben valorarse las irregularidades del 5, 9 %. 
Quiero decir expresamente que esto no significa que sean casos de fraude sino que son irregularidades en el sentido más amplio, en las que se incluyen cosas como retiradas de tierra de la producción no anunciadas con exactitud. 
Señora Presidenta Theato, usted pregunta como debe valorarse esto en comparación con el año pasado, en el que denunciamos un 4, 0 % de irregularidades graves. 
Esto hay que verlo en relación con el hecho de que el año pasado no se pudo comprobar el 14 % del volumen presupuestario ya que no existían suficientes justificantes. 
En esta ocasión, exceptuando un 2, 3 %, hemos podido revisar casi todos los justificantes. 
Si el último año hubiésemos podido verificar todos, el porcentaje de irregularidades habría sido sensiblemente superior al 4, 0 %, por lo que la diferencia con este año no habría sido tan grande como parece a primera vista. 
Sin embargo, muchas gracias por la observación. 
Señora Hansen, usted ha indicado que no se debe reaccionar con indiferencia ante nuestro informe, por lo que le expreso mi agradecimiento. 
En el debate he tenido la impresión de que realizamos el trabajo muy concienzudamente, por lo que creo debemos proseguir del mismo modo en el futuro. 
Si SEM 2000 es una fachada es una cuestión que debe dirigirse más bien a la Comisión. Ustedes de han referido también a la coordinación con los Tribunales de Cuentas nacionales. 
El hecho es que los derechos y posibilidades de los Tribunales de Cuentas nacionales son muy diferentes. 
Se ha mostrado que la cooperación bilateral con cada Tribunal de Cuentas funciona excelentemente, por lo que la cuidamos y queremos ampliarla. 
Actualmente, estoy visitando todos los Tribunales de Cuentas y, como he dicho, sus Presidentes van a visitarnos próximamente. 
Hemos creado grupos de trabajo conjuntos para fomentar la cooperación. 
Estamos pues en el buen camino en la intensificación de la cooperación con los Tribunales de Cuentas nacionales, pero hay que ver también honestamente las diversas posibilidades y prioridades de los Tribunales de Cuentas nacionales. 
Cada uno de ellos considera en primer lugar su propio Parlamento y sus deseos, como también es nuestro caso. 
Pero vamos a hacer también buenos progresos. 
Señora Wemheuer, le estoy agradecido por su aclaración: el informe del Tribunal de Cuentas no es un libro de escándalos. 
Tiene toda la razón. 
Siempre es difícil para un Tribunal de Cuentas encontrar la vía adecuada. 
Por un lado, tenemos que indicar claramente qué es lo que se pude hacer mejor, pero nuestra crítica no debe ni puede ser destructiva ni tampoco lo es. 
Está totalmente claro: donde se corta leña, saltan astillas y si un presupuesto es primordialmente un presupuesto de subvenciones, como el europeo, entonces el peligro de que se produzcan irregularidades es mayor que en los presupuestos nacionales, en los que no se trata de subvenciones. 
Señor diputado Garriga Polledo, muchas gracias también por su aclaración de que nuestro informe sobre el aceite de oliva es objetivo. 
Señor diputado Mulder, en lo que se refiere a las nuevas negociaciones de financiación, creo que el informe anual debe valorarse positivamente en este contexto. 
Señor Blak, respecto a lo que usted ha dicho sobre el Gobierno danés ya he dicho que nuestro trabajo se apoya en el del Tribunal de Cuentas danés. 
Se trata de la cuestión de cómo se debe valorar que el queso en masa seca tenga un contenido de 40 % de grasa y un 60 % de agua. 
Los diferentes métodos de test aportan diferentes resultados. 
Hemos calculado el importe mínimo del 3, 3 % por lo que han resultado 16 millones. 
Para finalizar, quiero expresarles de nuevo mi agradecimiento por su interés y espero- estoy seguro de ello- que nuestra cooperación siga siendo tan positiva. 
Señor Presidente, en primer lugar, la pregunta del Sr. Mulder: en lo que respecta a las cifras del PIB, nuestro parecer es que la comparabilidad de las estadísticas nacionales es actualmente bastante sólida. 
Las preguntas acerca del carácter exhaustivo de las cifras del PIB siguen estando justificadas. 
Los Estados miembros y los expertos de la Comisión están trabajando intensivamente en ello. 
La conclusión es que la repartición de la carga es razonablemente justa, pero es posible que se haya subestimado el contravalor del límite máximo de los antiguos recursos. 
En cuanto a la observación, bastante crítica, de la Sra. Kjer Hansen sobre lo que no se ha hecho, sólo puedo decir que cuando lea el informe del Tribunal- debo mostrar aquí mi reconocimiento por el informe y el documento de la DAS -, verá que señala cuidadosamente los sectores en los que la Comisión- especialmente en lo relativo a la DAS- ha tomado medidas sobre lo que proponía. 
Uno de los cambios introducidos por la actual Comisión es que siempre que encuentre una observación del Tribunal que esté justificada, tomará medidas. 
Si consideramos que una observación no está justificada, explicamos por qué. 
El problema es que, a pesar de que hemos aplicado todas esas medidas, son decenas de miles las personas de la Unión Europea que intervienen en la ejecución de nuestro presupuesto. 
Lamentablemente es un proceso lento y pesado intentar que las medidas queden reflejadas en las cifras definitivas, y tenemos que esforzarnos para conseguirlo. 
Volveré sobre este punto un poco más adelante. 
Siempre estoy dispuesto a acudir a la Comisión de Control Presupuestario y a responder a cualquier pregunta. 
Si existe alguna duda acerca de que no hayamos seguido la recomendación del Tribunal, invítenme a la comisión. 
O mejor aún, inviten al Comisario responsable del gasto, para que cada Comisario que dirige un programa de gastos hable directamente al Parlamento. 
Asumo toda mi responsabilidad. 
Estoy seguro de que todo el mundo está dispuesto a participar en este debate. 
La pregunta del Sr. Wolf y de la Sra. Wemheuer sobre los Fondos estructurales y la elegibilidad plantea un problema muy serio. 
El ejercicio SEM 2000 que hemos llevado a cabo con los Estados miembros y en el que también ha participado de forma muy positiva el ponente de la Comisión de Control Presupuestario, Sr. Colom i Nadal, plantea un problema constitucional en algunos Estados miembros, porque creen que al haberse descentralizado el poder de ejecución del presupuesto hacia los Estados confederados y las autonomías, la autoridad central no dispone de los instrumentos necesarios para tomar decisiones. 
Una de las conclusiones acerca de este presupuesto- y que resulta de gran utilidad- es que el 90 % de los errores importantes se producen en los Estados miembros: el 42 % de todos los errores son relativos a los Fondos estructurales. 
Si queremos tener una DAS positiva allá por 1999, tenemos que encontrar una solución al problema más candente; necesitamos una solución que proporcione un buen entendimiento de lo que es la elegibilidad. 
El mismo entendimiento es aplicable a todo el mundo- en la Comisión, en los Estados miembros y en cada comunidad, región, municipio y organización. 
También debemos tener el mismo entendimiento con el Tribunal de Cuentas, porque si existen interpretaciones diferentes de lo que está permitido y lo que no, nunca lograremos una cultura presupuestaria clara, rigurosa y coherente. 
Aún no lo hemos conseguido. 
Debo reconocer que no existe unanimidad sobre este punto. 
Pero la Comisión no puede ceder. 
Necesitamos normas claras sobre la elegibilidad, así como un instrumento para los ajustes financieros. 
Hemos discutido mucho sobre la posibilidad de ampliar el sistema de liquidación de cuentas a los Fondos estructurales. 
No funciona demasiado bien porque tienen un carácter diferente. 
En los Fondos estructurales aprobamos programas completos y los financiamos; en la liquidación de cuentas trabajamos ingreso por ingreso, ya que a menudo descubrimos que cada partida de gasto es elegible. 
Pero los ajustes financieros, cuando se aplican correctamente, nos ofrecen las mismas posibilidades. 
Estoy convencido de que si entre los Estados miembros existe la voluntad firme de modificar la DAS en un futuro, éste es uno de los ámbitos en los que necesitamos una solución. 
Necesito el apoyo y también la colaboración del Parlamento en esta tarea. 
El Presidente Friedmann ha respondido muy acertadamente a la pregunta del Sr. McCartin, pero permítame que haga apenas una observación. 
¿Cuál es el problema a la hora de interpretar errores importantes? 
He mencionado brevemente que los Fondos estructurales financian los programas sólo en parte mediante anticipos con cargo al presupuesto. 
Los anticipos se pagan en base a las declaraciones de gastos que presentan los Estados miembros. 
Deficiencias en los sistemas de los Estados miembros pueden significar que dichas declaraciones contengan algunas partidas de gastos que no son elegibles. 
No obstante, los Estados miembros habitualmente declaran unos gastos considerablemente más altos que la suma necesaria para el desembolso del anticipo siguiente. 
Esto significa que, incluso si la declaración contiene algunos gastos no elegibles, el gasto elegible será más que suficiente para desembolsar el anticipo en su totalidad. 
Al menos estos anticipos eran regulares. 
Francamente, 30 de cada 31 casos eran de este tipo, en los que existían errores importantes. 
Necesitamos un reglamento claro y estricto sobre la elegibilidad para evitar estos problemas de interpretación. 
Generalmente me niego a hablar de fraude en un debate como éste, porque no tiene mucho que ver con eso, pero el Sr. McCartin ha citado una cifra y quisiera mencionar que el informe elaborado por la Sra. Gradin, que es la responsable del tema de fraudes, presentó la cifra del 0, 6 % del gasto. 
Estas cifras no son comparables; su único objetivo es dar una idea de la magnitud del problema. 
El 5, 9 % no tiene nada que ver con esto. 
Se han llevado a cabo estudios para determinar si existen problemas intrínsecos a las transacciones y si éstas se basan en un método estadístico. 
En realidad, el número de irregularidades detectadas- errores importantes- asciende a un valor de 163 millones de ecus. 
Lo más probable es que esta estimación esté basada en una extrapolación estadística. Pero estoy seguro de que la Comisión de Control Presupuestario examinará cuidadosamente el método. 
A largo plazo, espero que lleguemos a una situación en la que podamos comparar las tendencias. 
Pero, como decía el Tribunal, evidentemente no existen diferencias importantes. 
Actualmente se han tomado medidas y continuamos trabajando para mejorar más. 
Tenemos un largo camino por delante, pero espero que cada año el barco siga girando un poco más y que cuando usted llegue al final de su mandato, y nosotros al final del nuestro, nos encontremos sobre una base mejor y más sólida. 
Radiodifusión televisiva 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0346/96) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común del Consejo (C4-0380/96-95/0074 (COD) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Ponentes: Sres. Galeote Quecedo y Hoppenstedt). 
Señor Presidente, durante el debate sobre la reforma de la Directiva sobre la televisión sin fronteras, creo que a todos nos ha animado el mismo objetivo: el desarrollo de la industria audiovisual europea. 
Pese a que éste es un objetivo compartido, es evidente que existen diferencias en cuanto al modo de lograrlo. 
Quiero iniciar estas palabras, sin embargo, con dos consideraciones que creo compartimos: en primer término, la conveniencia, e incluso la necesidad, de proceder a una reforma del texto vigente, que, si bien merece una valoración globalmente positiva, ha quedado desfasado por la rápida evolución del sector; en segundo término, la voluntad de entendimiento que para mí ha de estar siempre presente en la acción política y que resulta ahora obligada si queremos que nuestra Asamblea participe plenamente en el procedimiento de codecisión. 
Ambas consideraciones hemos de tenerlas presentes en nuestra decisión respecto a la imposición legal de cuotas obligatorias de producción europea en las pantallas de televisión. 
Con todos los respetos para los que la defienden, los ponentes hemos mantenido que es un error. 
La experiencia demuestra que no existe una relación directa entre cuotas obligatorias y desarrollo de la industria audiovisual, más bien podrían citarse ejemplos que contradicen esta hipótesis. 
Por otra parte, el carácter supuestamente europeo de la medida queda desmentido en la práctica, ya que el porcentaje de producción europea no nacional emitido en nuestras pantallas es simplemente insignificante. 
Me remito al modelo francés como el más paradigmático. 
Además, el establecimiento de barreras en la Unión puede poner en riesgo gravemente el acceso de la industria audiovisual europea a mercados emergentes como el iberoamericano. 
Se trata, por último, de una medida impopular pues, de lo contrario, no estaríamos aquí debatiendo la conveniencia o no de reforzar su obligatoriedad. 
A nuestro entender, las medidas que desde el ámbito europeo han de promoverse para ayudar a nuestra industria deben orientarse al apoyo financiero directo a las producciones europeas a través del programa MEDIA o del Fondo de Garantía. 
Otra cuestión que se ha debatido con detenimiento durante la tramitación del proyecto de reforma es la referente a la inclusión de los llamados nuevos servicios interactivos. 
Los ponentes hemos sostenido que resulta prematuro abordar una regulación sin conocer las verdaderas circunstancias del desarrollo de los servicios regulados ya que todavía se encuentran en una fase inicial de implantación. 
La Comisión Europea acaba de aprobar una serie de propuestas que inician el proceso de regulación de los nuevos servicios. 
Creo, no obstante lo dicho, que hemos avanzado significativamente en la Comisión de Cultura como para afrontar el trámite de conciliación con una base suficientemente sólida. 
Y lo mismo puede decirse respecto a las limitaciones cuantitativas de la publicidad, terreno en el que hemos de ser capaces de encontrar un fino equilibrio entre el mercado publicitario y la protección del espectador. 
La publicidad constituye la aportación principal en la financiación de las televisiones comerciales, que son imprescindibles para el adecuado desarrollo del sistema audiovisual y de la pluralidad informativa. 
Durante la segunda lectura, se ha introducido en el debate la restricción de los derechos exclusivos para la radiodifusión de acontecimientos especialmente importantes y de interés general. 
Estoy de acuerdo en que unos juegos olímpicos o los campeonatos del mundo de fútbol han de ser retransmitidos en directo y garantizando el libre acceso a todos los ciudadanos como propone la enmienda presentada. 
En sintonía con esa sensibilidad compartida, la Comisión Europea ya se ha comprometido a presentar en breve una comunicación sobre la materia y a ella habremos de atenernos. 
Existe una percepción evidente- un clamor, diría- en nuestra sociedad, sobre los frecuentes excesos de la programación televisiva en lo que se refiere a la emisión de imágenes de violencia gratuita o de pornografía, que perjudican el desarrollo de los menores. 
Aun reconociendo que ha habido avances en la posición común, producto- dicho sea de paso- de las iniciativas de esta Asamblea, no se han producido los suficientes. 
Por lo tanto, insistimos en nuestra propuesta de que las entidades de radiodifusión, bajo la tutela del Estado, establezcan el marco para la creación de órganos nacionales de autocontrol que clasifiquen los programas en función de su contenido perjudicial; tal calificación se aplicaría mediante un sistema de codificación en los propios aparatos receptores, lo cual pone en manos de los padres o tutores la responsabilidad que les corresponde respecto a la educación de los menores a su cargo. 
Es evidente que estas medidas no coartan en absoluto la libertad de emisión sino que ponen a disposición de la sociedad un instrumento eficaz de protección de los menores, que es lo que a nosotros, colegisladores en este caso, se nos pide. 
Señor Presidente, como coponente de las directivas sobre televisión, me permito constatar de nuevo que el interés de los medios de comunicación es enorme, lo que no podría ser de otro modo. 
La presencia de otros círculos interesados es excepcional. 
Mis felicitaciones al Consejo, si bien limitadas, pues ha recogido partes importantes de la primera lectura en su posición común. 
Nuestro agradecimiento también a la Comisión que, bajo la dirección del Sr. Oreja, ha seguido nuestros debates en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y nos ha informado siempre sobre los movimientos que tenían lugar en el Consejo. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha planteado una serie enmiendas básicas. 
Primera: en el artículo 1, al contrario que en la primera lectura, se ha recogido una propuesta de compromiso cuyo contenido, dicho a grosso modo, es el de regular de igual manera los contenidos también iguales, es decir, las emisiones de televisión. 
Pues el interés público en un nivel de protección igual de los jóvenes, en unos estándares mínimos iguales definidos unitariamente para la publicidad, en un nivel de protección definido unitariamente para el derecho de la persona en forma de un derecho de réplica o rectificación es siempre el mismo para los mismos contenidos, con total independencia de qué vía de transmisión técnica se produzca una emisión de televisión de este tipo. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha reconocido también el principio básico de que la directiva de televisión no debe impedir bajo ningún concepto las necesarias inversiones en las nuevas tecnologías. 
A este respecto existe una cierta inseguridad debido a los posibles márgenes de interpretación de las enmiendas nº 12, 13 y 46, ante todo en lo que se refiere a la futura globalidad de los nuevos servicios. 
Por ello, la gran mayoría del Grupo del PPE no puede apoyar estas enmiendas. 
No obstante, considero extraordinariamente importante que se reconozca la necesidad de debatir al respecto, pues el desarrollo tecnológico avanza a tal velocidad que lo que actualmente es considerado como una instantánea del momento, tendremos que debatirlo en el futuro. 
No creo que haya alguien en la sala que no esté a favor de fomentar la dimensión cultural europea y las obras culturales. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha presentado de nuevo las enmiendas aprobadas mayoritariamente en el Pleno sobre la introducción obligatoria de cuotas. 
Como todos ustedes saben, el Grupo del Partido Popular Europeo y, naturalmente, yo mismo tenemos otra idea. 
Las cuotas obligatorias no producen nuevas películas y programas. 
Esto se logra mediante estructuras razonables. 
La vía correcta es la buena formación de profesionales y unas estrategias de comercialización mejoradas, apoyadas por programas de fomento europeos que ya se han mencionado, por ejemplo, MEDIA I y II, el plan de acción 16: 9, Fondos de Garantía y quizás desgravaciones fiscales y medidas para realizar inversiones en películas y programas. 
Hay que mencionar la reintroducción de las antiguas enmiendas sobre publicidad. 
Está claro que en el desarrollo del sistema dual se incluye también una publicidad equilibrada. 
La cuestión de si todo debe ser tratado por el legislador de modo restrictivo o si el consumidor no está suficientemente emancipado para cambiar de programa en caso de una publicidad exagerada es algo que está en el aire. 
Se han recogido en parte las normas de protección de la juventud de la posición común, pero no sufientemente. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha vuelto a introducir la enmienda originaria, según la cual se crea una última posibilidad de desconexión técnica tras una codificación previa de los programas. 
Naturalmente, el objetivo es también- lo que siempre hemos subrayado- que este tema desate un debate global, que se sensibilice a todos los agentes del mercado, incluyendo a las consumidoras y consumidores, pues no es aceptable todo lo que se difunde de violencia, obras pornográficas y representaciones sexuales exageradas a través de la televisión, los nuevos servicios y también de Internet. 
Por ello, de cara a los nuevos servicios, ante todo de Internet, debe perseguirse una estrategia común y global. 
Un nuevo tema para la segunda lectura es la transmisión de acontecimientos deportivos. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha presentado una enmienda, la nº 20, que está pensada al menos como aportación a un posterior debate sobre el tema de las transmisiones deportivas, ante todo a nivel nacional. 
Creo que aquí se puede encontrar una vía junto con la Comisión para tratar en el futuro este asunto tan sensible y que despierta tanto interés entre el público, de modo que se encuentre una solución aceptable. 
Sigo siendo de la opinión de que las organizaciones deportivas mismas y aquellos que difunden el deporte deberían ponerse de acuerdo sin medidas reguladoras del Estado. 
Pero si no pueden hacerlo, creo que la Unión Europea y los Estados miembros tienen que encontrar reglas. 
Muchas gracias por su atención. 
Señor Presidente, estoy aquí para manifestar las razones de fondo que indujeron a la Comisión de Cultura a apoyar, por amplia mayoría, las enmiendas que como comisión les presentamos. 
Sirva esto para informarles que intentamos interpretar de forma correcta el espíritu del principio de codecisión establecido en el Tratado de Maastricht que impone la búsqueda de un entendimiento y, por consiguiente, de un diálogo entre las distintas Instituciones Europeas. 
A este fin, y a raíz de la posición común adoptada en el pasado mes de julio por el Consejo, que en muchos puntos no acogía ni nuestras propuestas ni tampoco las de la Comisión, que eran muy parecidas a las del Parlamento Europeo y, más bien, ignoraba los motivos que nos impulsaron a adoptarlas, intentamos comprender los motivos reales que habían animado a una parte de los Estados miembros y a una parte de nuestros mismos colegas a pronunciarse en contra del texto aprobado en primera lectura por este Pleno. 
Con arreglo al espíritu del procedimiento de codecisión y de la búsqueda de un consenso, aprobamos en el seno de la comisión, en segunda lectura, nuevas enmiendas que suponen un compromiso sobre puntos decisivos: primero, para atender las preocupaciones, sobre todo de los Estados pequeños, de no poseer la suficiente producción nacional de obras de ficción para transmitir fácilmente el 51 % de obras europeas por lo menos, incluimos en la llamada cuota también las obras de plató; segundo, en lo que se refiere a los nuevos servicios, aclaramos mejor las definiciones que distinguen los que, a pesar de usar nuevas tecnologías y, por consiguiente, nuevos canales, siguen siendo transmisiones audiovisuales, tales como la televisión de pago o la televisión previa petición, de las que, por el contrario, se consideran a petición individual como, por ejemplo, Internet, que carecen de estas características. Incluimos las primeras en el ámbito de aplicación de la directiva en espera de una legislación adecuada que todavía no existe y a fin de no dejar un peligroso vacío legal, pero- y he aquí el punto de compromiso fundamental- excluimos la televisión a la carta de la aplicación de las cuotas tanto de difusión como de inversión. 
El Comisario Oreja reconoció, por otra parte, que nuestra comisión realizó un notable esfuerzo para limitar sus enmiendas y afirmó asimismo que será políticamente difícil para el Consejo no tenerlas en cuenta. 
Confiamos en que el Consejo sea políticamente razonable y sea posible llegar al procedimiento de conciliación sin encontrarse ante un rígido cierre que ridiculizaría el principio de codecisión y representaría, por consiguiente, una ofensa para el Parlamento Europeo. 
Como verán, estamos debatiendo acerca de dos cosas muy importantes: una de metodo: el papel, la dignidad del Parlamento Europeo y la credibilidad democrática de nuestras Instituciones; y la otra de contenido: haber creado un mercado europeo- el MEC- podía ser una buena idea en los años 50 o 60, pero hoy, cuando ya existe el mercado global, si la Unión Europea se limita a ser sólo un mercado, ya no tiene razón de existir. 
Tiene sentido y razón de existir sólo si es otra cosa, si conserva y alimenta su identidad histórica y cultural. 
Esta identidad está hoy por hoy amenazada, porque nuestras culturas nacionales se ven aplastadas por la competitividad internacional, así como por las industrias culturales que gozan de grandes mercados interiores y que, gracias a la fuerza económica y financiera que generan, logran imponer a escala mundial miles de reglas no escritas que acaban dejando tras de sí una empobrecedora monocultura. 
Ciertamente, Europa puede afrontar el desafío, pero sólo si logra crear lo que todavía no existe: un mercado cultural europeo que vaya más allá de los limitados y reducidos horizontes nacionales. 
La directiva que les proponemos prevé, precisamente, medidas dirigidas a crear este mercado audiovisual europeo, para proteger del empobrecimiento la fantasía, las imágenes y la personalidad de nuestros hijos y nietos. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera decir que este Parlamento, en primera lectura y sobre la base de los trabajos de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, y de las Comisiones que han emitido opinión, entre ellas la de Asuntos Económicos de la que yo mismo era ponente, ha elaborado un buen texto que ha definido una buena política europea en materia de creación y difusión televisiva, audiovisual y cinematográfica. 
Desafortunadamente, el Consejo de Ministros no ha hecho lo mismo y el texto de la posición común es confuso en cuanto a la forma y claramente insuficiente en cuanto al fondo. 
Sin embargo, en segunda lectura es preciso ir a lo esencial pues no se puede reescribir todo. 
Eso es lo que yo mismo he hecho como ponente, al proponer a la Comisión de Asuntos Económicos las cuatro enmiendas que ésta ha votado, habiendo sido aprobados mi informe y mis conclusiones por 28 votos contra 15. 
Dos de esas enmiendas estaban orientadas a hacer eficaces y jurídicamente obligatorias las cuotas excluyendo los programas producidos principalmente en estudio e impulsando la difusión de las obras europeas. 
Una tercera enmienda importante pretendía reforzar la eficacia de los controles por parte de la Comisión y una cuarta reintroducía el plazo de 10 años para la revisión. 
A título personal puedo decir que me identifico bastante con el espíritu de las enmiendas votadas por nuestra comisión, entre ellas las aprobadas por mayoría en la Comisión de Cultura, si bien, personalmente, hubiera preferido un poco más de precisión para la exclusión de los programas producidos en estudio que desvían el principio mismo de las cuotas e incluso aunque personalmente lamento la falta de medidas de salvaguardia contra las deslocalizaciones. 
Como ponente para opinión, espero que haya mayoría en este Parlamento para confirmar nuestra votación de la primera lectura sobre los puntos esenciales mencionados. 
El mundo cultural europeo, en su conjunto, espera del Parlamento Europeo lo que nuestros Ministros no han sido capaces de hacer, es decir, ser voluntariosos y decididos a la hora de defender y promover nuestra cultura europea. 
Señor Presidente, Señorías, las propuestas planteadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, ilustradas de forma excelente por la presidenta, Sra. Castellina, demuestran que se ha querido, con ocasión de la segunda lectura, adoptar una línea equilibrada y responsable. 
No hemos vuelto a proponer, sic et simpliciter, todo lo que propusimos en la primera lectura, sino un espacio serio de mediación y de encuentro que esperamos que encuentre el amplio consenso de este Parlamento. 
De hecho, es cierto que hemos propuesto que el ámbito de aplicación de la directiva abarque también algunos nuevos servicios, pero no todos los nuevos servicios. Fundamentalmente, queremos que se extienda a la televisión a petición, a fin de que no se creen situaciones graves desde el punto de vista de la competencia y una duplicidad de mercado que penalizaría la televisión de todos en favor de la televisión de unos pocos o viceversa. 
Y no sólo esto, sino que a través de la enmienda 46, cuya importancia les recuerdo, hemos dicho que la directiva no se aplica mecánicamente a este tipo de nuevos servicios, sino sólo en lo referente a los principios fundamentales y, en primer lugar, la protección de la infancia. 
Sería absurdo reglamentar Internet, tal como la Comisión se propone, y reglamentar las televisiones genéricas y las temáticas y no colmar un vacío, una tierra de nadie, que no responde a principio alguno. 
En consecuencia, el que propone la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, es un enfoque profundamente responsable. 
Y ello también en lo que se refiere a las cuotas. 
Es cierto que queremos que las mismas sean obligatorias, sin embargo, hemos subrayado que todo el mecanismo debe volverse a examinar dentro de diez años y, por lo que se refiere a las televisiones temáticas, existe la posibilidad de optar por las cuotas de inversión. 
Finalmente, en cuanto a la publicidad, volvimos a introducir elementos que servirán para convertir en más rigurosa la propia publicidad tanto desde el punto de vista de los principios a los que debe inspirarse, como en lo que se refiere a los techos admisibles a lo largo del día y de una determinada hora. 
En efecto, es perfectamente inútil prever techos rigurosos durante el día y luego, en cambio, alargarlos de forma indiscriminada con respecto a una determinada hora. 
Lo mismo vale para los menores y para la cuestión de la llamada deslocalización que abordamos desde dos perspectivas muy importantes: la necesidad de que una emisora deba, de todos modos, transmitir para el país donde se encuentra y la posibilidad de poner en marcha el procedimiento abreviado, previsto por la misma Comisión, no sólo para que se cumplan los artículos 22 y 22 bis, sino también otros artículos. 
Hemos llevado a cabo un buen trabajo y por esto, nos dirigimos también a los sectores de este Parlamento que no están totalmente de acuerdo con esta línea y, en particular, al Partido Popular Europeo, para que se adopte una actitud de consenso, la única que, en el trámite de conciliación, podrá darnos la fuerza necesaria para hacer valer las buenas razones de todas las fuerzas democráticas de este Pleno. 
Señor Presidente, declaro mis intereses en calidad de radiodifusor televisivo, no meramente como proveedor de contenido o moderador de la superautopista de la información, sino como radiodifusor, aunque es posible que seamos además todas esas cosas. 
Ésta es una directiva sobre la radiodifusión televisiva y debería versar sobre asuntos específicos de la radiodifusión, es decir, lo que ofrecen los radiodifusores a través del televisor, pero nada más. 
Cuando hoy debatamos el artículo 1, debemos tener presente que se trata de un intento de compromiso que trata de muchas de las reservas que han expresado los representantes de intereses del sector de las telecomunicaciones y otros. Ellos temen verse atrapados por unos reglamentos pensados para otra era. 
Nosotros decimos que no. 
Lea mis labios, le diría a aquellos como British Telecom. No están siendo atrapados. 
Gran parte de lo que hacen no puede ni podrá jamás ser considerado como algo que entra en el reglamento de la radiodifusión. 
Aquí nos limitamos a estudiar aquellos servicios que ofrecen los radiodifusores y que no están sujetos a la interactividad, ya sea de palabras, datos o imágenes que proporcionarán unos servicios realmente novedosos. 
Sólo en aquellos casos en que analizamos los servicios que entran en el ámbito de la radiodifusión, podemos decir que deberían entrar en el campo de acción de la directiva, aunque en el caso del vídeo a la carta somos inflexibles en que no debe estar sujeto al régimen de cuotas. 
Espero que estos aspectos tranquilizadores faciliten hoy la labor de la Asamblea, porque ésta es una directiva flexible. 
Creo que ya lo ha logrado y lo ha hecho en muchos ámbitos, sin duda en términos de cómo la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha redactado ahora los artículos 1 y 4, y cómo ha alcanzado el objetivo, por el que el Sr. Comisario, que hoy se encuentra aquí presente, ha expresado su satisfacción. 
Una última observación sobre la publicidad. 
Necesitamos medidas flexibles de protección, una medidas que acepten que en países como el Reino Unido, la publicidad financia a veces la televisión pública y ésta no debe verse obligada a suprimirla. 
El objetivo de esta directiva debe ser, sin lugar a dudas, avanzar siguiendo los mejores ejemplos de que dispongamos, cualesquiera que éstos sean. 
Oculta tras este debate está la esencia del que podría ser el mejor servicio de radiodifusión televisiva del mundo en el que la calidad importa, la variedad cuenta y la abundancia es el amiga y no enemiga de la excelencia. 
Por todo ello recomendamos las enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, está es otra etapa de una larga batalla por el futuro del sector audiovisual europeo o, lo que es lo mismo, para la economía y la cultura europeas. 
Y el Parlamento Europeo, al ejercer plenamente sus competencias, está desempeñando un papel útil para esa misma cultura europea que nos compete defender y preservar. 
Pero en esa lucha debemos procurar no deslizarnos hacia una concepción caracterizada por algunos vestigios de patrioterismo cultural. 
Ésa es la mayor acusación que se puede hacer a la Directiva «Televisión sin fronteras». 
A fin de cuentas, la cultura americana es hija de la cultura europea y, si hoy no queremos someternos a la hegemonía de las imágenes, los símbolos y los modelos estéticos que la industria audiovisual americana difunde en Europa, debemos hacerlo con inteligencia y equilibrio. 
Y eso sí que lo está haciendo el Parlamento Europeo, en particular su Comisión de Cultura. 
Lo que se pretende es equilibrar la cultura europea respecto de la hegemonía de la cultura americana. 
Lo que se pretende también es transformar la producción audiovisual europea en una defensa de las culturas europeas, no sólo de las grandes culturas europeas por el espacio nacional que representan, sino también de las pequeñas grandes culturas europeas universalistas, como la cultura portuguesa. 
Esa lucha por el mantenimiento de la diversidad, la complejidad y la riqueza de las culturas europeas es la que está en la médula del debate sobre la Directiva «Televisión sin fronteras». 
Por eso mismo, quiero expresar mi apoyo a la Comisión de Cultura y a este conjunto de propuestas votadas en segunda lectura, que son propuestas de transacción y respecto de las cuales el Parlamento Europeo no puede retroceder. 
Señor Presidente, me cuesta menos aceptar el texto de la actual posición común que algunas enmiendas del Parlamento. 
Lo importante es que para los próximos años se cree una legislación clara y no ambigua para la radiodifusión en Europa. 
En estos tiempos, y dado el nivel actual de la tecnología de la información en el mundo digital, necesitamos un régimen de radiodifusión que garantice la pluriformidad y optimice la calidad de los programas. 
Esto significa que hay que proteger al ente público, lo cual no implica necesariamente que la televisión privada no pueda desarrollarse. 
La técnica digital nos ayudará a mantener la pluriformidad en la radiodifusión. 
A mi entender todavía quedan tres puntos importantes en este debate. 
El principal es la definición de broadcast. 
Los nuevos medios de comunicación no pueden entrar en las limitaciones de esta directiva. 
Los nuevos medios de comunicación han de poder desarrollarse libremente. 
Quizás haya que crear regulaciones estatales, pero estas tendrán que ser especiales para los nuevos medios de comunicación. No se pueden aplicar las disposiciones de la televisión a los nuevos medios. 
Una segunda cuestión es la protección de los menores de edad. 
Se trata en primer lugar de una tarea de los padres. 
Estos cuentan con la ayuda de recursos técnicos que les permiten determinar lo que pueden ver y oír sus hijos, y regular sus aparatos y programas de acuerdo con ello. 
Las reglas estatales en materia de protección no deben mermar la libertad de expresión, pero tampoco el derecho fundamental a la intimidad. 
Por ello, la radiodifusión como concepto ha de seguir separada de los nuevos medios de comunicación. 
En este contexto es preciso establecer una distinción entre las emisiones para el público y los programas para el individuo. 
Por último, las cuotas. 
Como bien saben- lo he dicho otras veces -, soy contrario a las cuotas. 
En este contexto me parece que es un disparate. 
La mayoría de las cadenas públicas, y en los Países Bajos también las comerciales, cumplen ampliamente las cuotas propuestas actualmente. 
Lo mismo puede decirse de otros países de la Unión Europea. 
Por otra parte, considero que estas cuotas son contrarias al espíritu de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. 
La industria audiovisual europea ha de desarrollarse mejor para poder ofrecer protección contra la americanización. 
La industria audiovisual europea no se desarrolla mejor gracias a las cuotas. 
Las cuotas tienen el efecto de un somnífero. 
La industria europea necesita un mercado interior libre y también necesita ayuda, por ejemplo, en la financiación de películas, ayuda que puede ofrecer el fondo de garantía que se ha creado. 
Diversas enmiendas del Parlamento Europeo no tienen en cuenta los criterios antes mencionados. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, el principal escollo está en el texto de la enmienda nº 12. 
Señor Presidente, lo que nos proponen los Ministros competentes en la industria audiovisual en la posición común aprobada por la Comisión y por el Consejo es construir Europa cada vez que ello sea factible. 
Nos encontramos ante la segunda lectura del texto de la Directiva «Televisión sin fronteras». 
El desafío que plantea este texto es la consecución de una armonización legislativa y reglamentaria por parte de los Estados miembros en el ámbito de la radiodifusión y de la televisión, y las enmiendas presentadas van en este sentido. 
La voluntad de los parlamentarios de llegar a un texto aplicable y razonable ha llevado a numerosos compromisos con respecto a las posiciones adoptadas por la mayoría en la primera lectura. 
Así, aceptamos los nuevos servicios de vídeo a la carta y hacemos una concesión en lo relativo a los servicios en línea. 
Respecto a esto, seguimos esperando la directiva de la Comisión, aunque me tranquiliza comprobar que ésta nos la ha prometido para mañana. 
Uno de los desafíos más importantes de esta directiva se encuentra en la aplicación de las obligaciones de difusión, cada vez que ello sea realizable, tal como nos propone el Consejo. 
Esto es inadmisible. 
No es un texto legislativo y de ningún modo puede constituir un reglamento. 
Esto me hace pensar en mi abuela, que decía a su hija: » tienes permiso para salir hasta las 10. 
Si a las 11 no has llegado, a las 12 cierro la puerta». 
Esto no es serio. 
¿Para qué hemos luchado juntos durante las negociaciones del GATT con el fin de conseguir la excepción cultural? ¿Acaso no se trata de hacer del espacio europeo un lugar de difusión de nuestras diferentes culturas a través de nuestras propias imágenes, nuestra música, ante 370 millones de telespectadores hoy y en el futuro quizá ante más de 500 millones? 
Realmente el Parlamento tiene voluntad de armonizar las legislaciones. 
Prefiere respaldar a su industria cinematográfica y apoyar todos los empleos que surjan de nuestras propias producciones en lugar de comprar, a otros, producciones que generarían paro. 
Una vez más, para conseguir una difusión mayoritaria de obras europeas estamos dispuestos a aceptar la ampliación de la base de cuotas compatibilizando los programas producidos en estudio aunque, personalmente, no creo que las producciones sean obras, si bien, cuando se trata de emisiones literarias, conservamos un testimonio cultural de la evolución de los autores, lo que es muy importante. 
Esta aceptación debe permitir a algunos países responder a las cuotas y hacer esta cláusula factible. 
Debo añadir que pueden asimismo tomarse en consideración las emisiones difundidas en lenguas minoritarias en atención a poblaciones específicas. 
Si la enmienda sobre las cuotas no resulta aprobada, pretendemos que se adapte la cláusula de salvaguardia que autoriza a un Estado de recepción a luchar contra las deslocalizaciones abusivas. 
Esta cláusula está ya en vigor en el ámbito de la banca e intenta evitar distorsiones. 
Por lo que respecta a la publicidad y la televenta, no ignoramos el papel que representa en los ingresos de las televisiones comerciales. 
Sabemos también que demasiada publicidad mata la publicidad. 
No pretendemos matar ni la publicidad ni la televenta por intentar encuadrarlas dentro de unos límites razonables y por velar por el respeto de algunas reglas de protección del menor y del consumidor. 
Defendemos también el desafío de pluralidad y garantía de acceso, a todas las personas, a los acontecimientos especialmente importantes como los campeonatos mundiales de fútbol o los juegos olímpicos y, para resumir porque dispongo de poco tiempo, deseamos hacer factible la aplicación de esta directiva en cada ocasión, porque constituye uno de los instrumentos importantes de que dispone la política audiovisual europea junto con el programa MEDIA II y el Fondo de Garantía. 
Señor Presidente, voy a expresar mi interés personal por esta directiva. 
En primer lugar, quiero trabajo para mis hijos, y en segundo lugar quiero ver programas de televisión, porque me gustan y no porque no me quede otra opción debido a las cuotas obligatorias. 
Por ello, la gran mayoría de mi Grupo considera que, en primer lugar, no hay que incluir nuevos servicios en la directiva, ni el corsé legal que nos cuesta empleos porque no podemos seguir compitiendo con Estados Unidos y Japón. 
En segundo lugar, hay que estimular la producción a través del Fondo de Garantía Europeo, etc., pero no aplicar cuotas obligatorias para las producciones europeas. 
En tercer lugar, los Liberales consideran esencial el reconocimiento mutuo. 
La única excepción justificada a este principio tiene que ver con la protección de los niños contra la pornografía o la violencia extrema; esto debe seguir así, pero ya no hay que poner más excepciones, es decir, no aceptamos ninguna de las enmiendas socialistas que pretenden hacer más estrictas las reglas para el tabaco, el alcohol y la publicidad infantil. 
No olvidemos que la directiva ha de garantizar el tráfico transfronterizo libre de servicios y nosotros consideramos que las reglas, tal como están fijadas en la directiva, ofrecen una protección adecuada. 
En cuarto lugar, los Liberales quieren recurrir a la tecnología para proteger a los niños, integrando un chip u otro mecanismo en el televisor. 
Y a partir de ahí, son los educadores quienes deciden si hacen funcionar o no este instrumento. 
Se trata de un buen principio liberal, y por consiguiente hay que elegir entre la técnica o una legislación más estricta. 
Yo elijo la técnica. 
En quinto lugar, los liberales son partidarios del acceso por parte del público en general a los grandes eventos en la televisión, como los Juegos Olímpicos y la llegada a Marte. 
Si se aprueban las enmiendas que he mencionado- cuotas, nuevos servicios, etc.-, la mayoría de mi Grupo ya no estará interesada en este texto. Damos preferencia a la primera directiva de 1989. 
Nos parece pueril entablar una lucha institucional porque sí. 
Lo que nos interesa es el contenido, el empleo, la elección y se da la casualidad de que esta vez el Consejo y la Comisión llevan la razón. 
Señor Presidente, en estos momentos nos encontramos entre la espada y la pared. 
A los que todavía les quepan dudas sobre las obligaciones claras, es preciso recordarles o más bien subrayarles que, en estos momentos, tenemos la certeza de que será muy difícil, incluso imposible, poner en práctica el Fondo de Garantía, que el presupuesto en general, y MEDIA II en particular, son y serán ridículos con respecto a los desafíos del sector. 
Además, para garantizar el pluralismo, se ha dejado de lado la directiva antimonopolio, y el Libro Verde sobre los nuevos servicios ha quedado reducido únicamente a la protección del menor. 
El deseo del Sr. Bangemann de diluir la industria audiovisual en los Telecom, en nombre de la convergencia, no hace más que ensombrecer el contexto en el que vamos a votar sobre la televisión sin fronteras, único punto claro a nuestro alcance. 
Europa no debe hipotecar la pluralidad de sus propias culturas. 
Me pregunto si dejaremos pasar esta oportunidad para que el mercado no sea la única seña de identidad europea. 
En el plano de la civilización el desafío es, en estos momentos, concedernos la libertad para reflejar, con nuestras propias imágenes, nuestra historia, nuestras historias, nuestros mitos y sueños. 
Para que Europa pueda salvar y desarrollar su industria cinematográfica y audiovisual tenemos que votar hoy, y mañana el Consejo deberá comprender, las enmiendas orientadas a reforzar la seguridad jurídica relativa a las obligaciones de difusión y producción. 
Si nuestro objetivo es reforzar la producción de obras de ficción y documentales, es necesario excluir los programas producidos en estudio y votar la enmienda 55. 
En cuanto a la enmienda 51, recordemos que, en primera lectura, este Parlamento ha votado estas medidas antideslocalización por 423 votos a favor, porque la enmienda en cuestión no pone en tela de juicio las reglas del mercado interior, sino que está dirigida a las emisiones piratas que desprecian las reglas nacionales y europeas. 
¿Por qué razón el Parlamento Europeo se vería obligado a desdecirse hoy en parte? 
En fin, si el mercado de los nuevos servicios es portador de futuro, tal como permiten pensar las grandes maniobras de la industria audiovisual y de multimedios, no dejemos escapar esta oportunidad. 
No pedimos la luna, es decir, aplicar obligaciones de producción a los nuevos servicios, sino solamente aplicar las disposiciones a los menores y a la publicidad. 
No concluiré hoy, excepción cultural obliga, con una cita sino con una cifra. 
Ello al menos no planteará ningún problema de traducción, y ahora me dirijo a las cabinas. 
No pongo en duda su competencia sino la capacidad de algunos de mis colegas para comprender en ocasiones, y especialmente algunos del Consejo. 
Así pues, voy a citar una cifra y no a un hombre o una mujer ilustres. 
La cifra es el déficit del comercio audiovisual entre los Estados Unidos y Europa. 
Aumentó en un 14, 5 % entre 1994 y 1995, un 14, 5 % en un año, hasta alcanzar los 6.500 millones de dólares. 
¿Se puede ser más claro? 
Señor Presidente, una vez más nos damos cuenta de la profunda divergencia que existe entre las propuestas del Parlamento Europeo y las decisiones adoptadas por el Consejo. 
A pesar de reconocer que algunas de las mejoras sugeridas en junio por el Consejo de Cultura se han hecho realidad con respecto a la protección de los menores, las televentas, la libertad de recepción y otras más, siguen siendo del todo insatisfactorias las decisiones que afectan a las cuotas y a los ulteriores desarrollos de la televisión en un futuro próximo, por ejemplo, de la llamada «televisión a la carta» o de la televisión de pago. 
Considero oportuno, también en nombre del Grupo de los Verdes, recordar que existe una estrecha relación entre la democracia y los medios y no hay duda de que hoy la televisión es el más importante servicio de información. 
Por lo tanto, para el futuro de los Estados miembros, es fundamental una directiva que garantice, también en el futuro, un servicio público de televisión capaz de hacer frente a la exigencia colectiva de garantizar, de forma transparente y sin condicionamientos políticos y económicos, el derecho a la información. 
Sin embargo, reviste la misma importancia la relación entre la televisión y la cultura, porque el futuro de las distintas culturas que representan una riqueza para la Unión Europea, depende en gran manera del desarrollo televisivo. 
Por ello, debemos reiterar que el instrumento de las cuotas, a pesar de los ajustes aportados por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, no puede ser facultativo como desea la Comisión. 
En efecto, no nos hallamos ante una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa por la cinematografía, aunque debemos, por el contrario, reconocer que sin las cuotas, la cinematografía europea corre el riesgo de desaparecer. 
Esto no significa que las obras europeas de escasa calidad deben preferirse a las obras estadounidenses más válidas. 
Junto con las cuotas es necesaria una acción para el fomento y desarrollo de la cinematografía de calidad de los Estados miembros, también a través de otros instrumentos a los que se han referido sus Señorías: el Fondo de Garantía y el programa MEDIA. 
Garantizar un servicio público en el campo televisivo, supone también la profunda protección de los menores, la extensión del concepto de televisión a las nuevas tecnologías, la reglamentación adecuada de la publicidad y de las televentas, así como evitar que los grandes acontecimientos culturales y deportivos sean inaccesibles a una parte de la población y defender todas las lenguas y culturas que, como manifesté, constituyen una riqueza para Europa. 
Los Verdes van a votar a favor tanto de las enmiendas presentadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, aunque las mismas se limitan y están orientadas, ante todo, a obtener el máximo consenso posible respecto a la primera lectura, como de las que vuelven a plantear el problema de la interrupción, mediante publicidad, de los programas infantiles y el problema de la deslocalización, es decir de las televisiones que transmiten fuera del Estado hacia el que dirigen sus transmisiones. 
En el mes de febrero último, con motivo del debate en primera lectura, este Parlamento dio muestras de una determinación real al insistir para que, en la perspectiva del desarrollo de las nuevas tecnologías, la televisión sea un vector cultural positivo, sinónimo de entretenimiento e información, un instrumento de creación y producción, respetuoso con aquellos que la miran. 
Es necesario que hoy, cuando abordamos la segunda lectura, manifestemos la misma actitud. 
Efectivamente, ni la opinión pública, que se muestra cada vez más expectante ante el futuro de su televisión, ni los profesionales, que a veces nos han ilustrado y apoyado, comprenderían que diéramos marcha atrás y pusiéramos en tela de juicio lo que ellos consideran logros. 
En la fase de conciliación aún estaremos a tiempo sin duda para encontrar los ajustes necesarios, pero sería completamente perjudicial que, ante la perspectiva de las negociaciones, aceptáramos revisar a la baja nuestras demandas. 
Sería por otra parte totalmente contrario al procedimiento de codecisión. 
Por ello es importante mantener el nivel de nuestras exigencias que, por lo demás, sigue siendo completamente legítimo si pretendemos evitar desviaciones posteriores. 
Por lo que respecta a mi grupo, hay tres problemas que nos parecen fundamentales: los nuevos servicios, las cuotas y las deslocalizaciones. 
Ciertamente, no desconocemos la necesidad de reglamentar mejor la publicidad y la televenta; sin duda, nos gustaría que se controlara mejor la influencia de la televisión sobre los jóvenes, y no solamente con relación a la violencia, pero consideramos que se han producido algunos progresos y que una directiva bien entendida podría aportar una notable mejora. 
En compensación, deseamos hacer hincapié en los puntos que he mencionado anteriormente y apoyaremos las enmiendas orientadas en este sentido. 
El primer punto es la inclusión de nuevos servicios. 
Sabemos, señor Comisario, que pronto habrá un Libro Verde que vendrá a llenar el vacío jurídico existente en materia de vídeo a la carta. 
Sin embargo, en aras a la coherencia de nuestras propuestas, sería bueno que esta directiva mostrara la vía y ofreciera un marco general que este Libro Verde tan esperado no dejará de completar. 
El segundo punto son las cuotas. 
Efectivamente, es importante reforzar las obligaciones de difusión de obras europeas. 
Ello implica la aplicación de un verdadero sistema de cuotas coherente y homogéneo. 
No podemos aceptar, en este sentido, el mantenimiento de esa idea de que «cada vez que ello sea factible» , que parece se intenta imponer una vez más. 
Sabemos que se trata de una brecha abierta a todo tipo de desvíos y corrupciones. 
Por tanto queremos cuotas, y reales, para permitir el fortalecimiento de una verdadera industria de programas audiovisuales europeos y ello supone, por consiguiente, que se excluyan los programas producidos en estudio. 
El último punto es la inclusión de una cláusula antideslocalización. 
Debemos reconducir la enmienda votada en primera lectura por amplia mayoría el pasado mes de febrero. 
Sin esta medida sabemos que hay un gran peligro de que se instalen difusores de otros Estados miembros y se sustraigan a sus obligaciones. 
Como conclusión, desearía hacer algunas puntualizaciones. 
Me parece completamente paradójico el credo de la desregulación que han entonado algunos de nuestros colegas. 
Comprendo que se mantengan reservas sobre algunos puntos; comprendo menos que en el momento en que los mismos americanos entienden la necesidad de imponer un cierto número de reglas, sobre todo para proteger a los jóvenes, algunos puedan todavía preconizar la desregulación. 
Sabemos que la cultura no es un producto económico como los demás, y no debe someterse al principio de la libre circulación. 
En consecuencia, Señorías, no seamos ni ingenuos ni hipócritas. 
Debemos asumir nuestras responsabilidades y considerar que nuestra cultura dependerá de las producciones audiovisuales que difundamos. 
Señor Presidente, señoras y señores, fue muy alentador que el Grupo del PPE aprobase el 29 de octubre en la comisión que la televisión a la carta debería incluirse en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Es, por ello, muy lamentable lo que el Sr. Hoppenstedt nos ha comunicado esta mañana. 
Quiero recordar lo siguiente: en la enmienda presentada se aclara que no se trata de incluir a todos los servicios posibles, que se excluyen expresamente las ediciones electrónicas y que una serie de normas de la directiva sobre la televisión, como la regulación de cuotas no se aplicarán a la televisión a la carta. 
No tiene justificación el argumento de que el desarrollo de nuevos servicios podría verse en peligro por la inclusión de la televisión a la carta. 
Me gustaría coniocer al oferente de televisión a la carta que retire su inversión porque tenga que aplicar a sus ofertas las mismas normas sobre la protección de la juventud que son aplicables a la televisión tradicional. 
No lo conozco. 
En la decisión que debemos adoptar hoy, debemos prestar también atención al entorno político. 
La Comisión no ha cumplido su promesa de presentar en un Libro Verde sobre los nuevos servicios normas paralelas sobre la directiva de la televisión. 
En el enmagrecido Libro Verde sobre los nuevos servicios y la protección de la juventud se dice incluso expresamente que se quiere aplazar a un momento indeterminado las normas jurídicas. 
Me dirijo a los ponentes: quien quiera disponer en la televisión tradicional de dispositivos técnicos para filtrar programas pero renunciar a unas normas jurídicas para la protección de la juventud en la televisión a la carta, deberá explicarnos esta contradicción. 
Además, actualmente se financian con fondos de la Comisión estudios orientados a la comercialización de la totalidad del sector televisivo pero que apoyan abiertamente nuestra argumentación de que no se trata de la vía de transmisión sino que solamente debe preverse una especie de asilo electrónico para pobres con escasez de recursos. 
Creo que la única oportunidad de regular la televisión a la carta la tenemos con esta directiva y puede ser que hoy sea la última oportunidad. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, lamento extraordinariamente que a pesar de los intensos esfuerzos realizados en un ambiente más colegial que en la primera lectura, no hayamos logrado aproximar nuestras posiciones en todos los campos y demostrar una mayor unidad de criterios. 
En lo tocante a las cuotas, nuestra posición no ha cambiado respecto a la primera lectura. 
Seguimos opinando que no son un medio adecuado para llevar a la pantalla más obras europeas. 
Una demanda superior de obras europeas por parte de los espectadores y, ante todo, un mayor apoyo en la distribución de obras europeas lograrán mejores resultados que las cuotas. 
Sin cuotas, en muchos países europeos hay ya actualmente más de un 60 % de obras europeas en las pantallas. 
Nos hemos esforzado realmente por encontrar un compromiso sobre el artículo 1 de la directiva «Ampliación del concepto de radiodifusión a los nuevos servicios» , entre otras cosas porque la Comisión nos ha comunicado entretanto que el anunciado Libro Verde sobre los nuevos servicios no se va a publicar. 
Las enmiendas nº 12 y 46 al artículo 1 me parece que eran factibles. 
Pero el griterío levantado entre los medios de comunicación, desde la prensa hasta la televisión, fue tan enorme que debo suponer que los especialistas han encontrado unas trampas que yo no había visto. 
Pero, personalmente, sigo siendo de la opinión de que el compromiso adoptado no supone ningún obstáculo a la expansión económica de estos nuevos servicios en Europa, pues debe verse en estrecha relación con la enmienda nº 46 que regula las excepciones. 
En lo tocante al deporte, creo que los diputados deberíamos abogar por que los derechos en exclusiva de las transmisiones- contra lo que no tenemos nada en contra- no conduzcan a que amplias partes de la población se vean excluidas de importantes acontecimientos deportivos. 
La enmienda nº 20 no está orientada solamente a los compradores, es decir, las televisiones, sino también a las organizaciones deportivas, quienes deberían tener al menos el mismo interés en sus espectadoras y espectadores que nosotros en nuestras electoras y electores. 
La dependencia es similar. 
La enmienda nº 48 pretendía precisar solamente la enmienda nº 20 al anteponer la palabra «deporte» a los llamados acontecimientos importantes. 
Algun ser que tiene hacia mí una disposición muy poco amistosa ha falseado totalmente esta enmienda nº 48. 
Por ello, tengo que retirarla, pero ruego a las y los colegas que aprueben que al menos añadamos oralmente la palabra «deporte» a la enmienda nº 20. 
Espero que estén de acuerdo. 
Señor Presidente, señor Comisario Oreja, Señorías, el sector audiovisual es el sector más reglamentado de todos los medios de comunicación. 
El conjunto de enmiendas presentadas quiere imponer una reglamentación todavía más restrictiva. 
Esto es injustificado y contraproducente, especialmente en un momento en que el sector está preparado para invertir recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías, que generarán nuevos puestos de trabajo y un mejor acceso para el ciudadano a las fuentes de información. 
Las nuevas enmiendas imponen a las televisiones mayores cuotas de difusión y reducen la cantidad de espacios publicitarios. 
Como es obvio, esto representa una contradicción: no se puede, por una parte, obligar a las televisiones a aumentar sustancialmente sus contribuciones al desarrollo de la producción europea y, por otra, reducir sus beneficios publicitarios que son- no hay que olvidarlo- la única fuente de financiación para las televisiones comerciales y una fuente importante para las televisiones de pago. 
Es contradictorio pretender salvaguardar la oferta audiovisual, justamente gratuita, indispensable para que los ciudadanos tengan un acceso democrático a la información y, al mismo tiempo, privar a quienes garantizan esta oferta, es decir, a las televisiones de los medios necesarios para hacer frente a sus costes. 
Hace unos momentos, un colega se refirió a las televisiones para las minorías en beneficio de las televisiones para las mayorías. Considero que se refería a las televisiones comerciales que, sin lugar a dudas, son televisiones para todos los ciudadanos. 
Por lo que se refiere a la protección de los menores, las televisiones deben asumir completamente su parte de responsabilidad. 
Estamos en contra de la violencia y de la pornografía y lo estamos por principio y por los efectos negativos que pueden tener sobre los adultos. 
Por lo tanto, debemos apoyar las enmiendas presentadas al Pleno sobre la protección de los menores, excepto algunas y, en particular, las que se refieren a la codificación. 
La codificación, de hecho, no es una solución eficaz ni adecuada para solucionar los complejos problemas que plantean la violencia y la pornografía. 
Por último, señor Presidente, Señorías, si queremos una televisión mejor debemos votar en contra de este tipo de modificación de la directiva, pues, votar estas enmiendas restrictivas significaría ignorar los principales mecanismos que regulan el sector. 
Señor Presidente, quisiera recordar una vez más que las cuotas de obras europeas, la aplicación de la Directiva al vídeo a la carta y las medidas orientadas a impulsar las producciones independientes, no constituyen un proteccionismo intraeuropeo. 
Todo ello resultaría inútil si los Estados Unidos respetaran las reglas normales de competencia, lo que no es el caso. 
No podemos aceptar que consideren a Europa como su campo de juegos audiovisuales, muy lucrativo por otra parte, no respetando ni siquiera las reglas europeas como las que prohíben los abusos de posición dominante, bien encarnados por el UIP, órgano de distribución de las películas americanas. 
Para garantizar nuestra diversidad cultural y desarrollar nuestra creación cultural son necesarias medidas de protección. 
Pero éstas también son esenciales en el plano económico: en los diez próximos años habrá dos millones de empleos en la industria audiovisual, y es preciso conseguirlos. 
En fin, aunque el Consejo de Ministros haya ignorado de manera escandalosa la votación del Parlamento en primera lectura, hemos querido presentar enmiendas de conciliación, principalmente en lo relativo a las cuotas y a los nuevos servicios. 
Al votarlas, ayudarán ustedes a desarrollar la creación cultural y el empleo, pero al mismo tiempo defenderán la credibilidad y la influencia de este Parlamento. 
Mi liberalismo no es el de la zorra en libertad en un gallinero libre. 
Es la puesta a punto de reglas que permitan el pleno desarrollo de cada cual, la salvaguardia de la diversidad y el desarrollo de los intereses europeos frente a la voluntad hegemónica de otras partes del mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, el hecho de que esta directiva haya despertado una especial atención y también críticas es prueba de la importancia de la misma. 
Por ello, me voy a dirigir a los críticos con dos observaciones. 
El derecho de la Unión recoge en este caso la posición ya adoptada en 1989 y la confirma. 
No se trata de reglamentación o de limitación sino de una decisión en favor de la libertad cultural a la que nos obliga el artículo 128 del Tratado de la Unión. 
Todos sabemos que las fuerzas del mercado no garantizan ellas solas dicha libertad. 
Segunda: la crítica en el sentido de que aquí se está intentando someter las nuevas técnicas de información y de transmisión a un entramado normativo ajeno al tema es errónea. 
Los nuevos medios de comunicación son objeto de la directiva solamente mientras contengan elementos de la televisión. 
Si se los excluyese de la directiva, todo su entramado normativo perdería validez. 
Una cosa está clara: allí donde la libertad cultural está en peligro, la libertad de mercado también lo está. 
La libertad es indivisible. 
Espero, por ello, coincidir también con los representantes de la televisión comercial y de la industria de los medios de comunicación. 
Señor Presidente, si hoy no se logra una mayoría absoluta en el Parlamento a favor del presente informe, o si se logra, pero el Consejo no está dispuesto a aceptar las enmiendas fundamentales del Parlamento, nos encontraremos en una situación permanente en que la industria audiovisual en Europa tendrá que emprender una lucha desigual contra la norteamericana. 
Por ello, la defensa de la cuota de emisión e inversión no viene dada tan sólo por cuestiones culturales, sino sobre todo por motivos económicos. 
Los productos norteamericanos llegan al mercado europeo a precio de dúmping, se venden en paquetes, mientras que el mercado norteamericano sigue cerrado a los productos europeos, debido, entre otras cosas, a la concentración vertical entre productores y distribuidores. 
Por consiguiente, tal como ha señalado la Sra. Larive, hoy en día no puede hablarse de una libre elección del telespectador. 
Las cuotas no son un objetivo, sino un medio provisional para lograr por fin una competencia leal. 
Los oponentes quieren instrumentos más ofensivos. 
Nosotros nos preguntamos por qué una cosa habría de excluir a la otra. 
Además, seamos realistas, hay pocas noticias buenas. 
MEDIA II sufrió una amputación de 400 millones a 300 millones de ecus. 
En segundo lugar, y dada la unanimidad exigida, es muy poco probable que la versión reducida del Fondo de Garantía para el cine llegue algún día a ver la luz, aunque hemos de elogiar los esfuerzos de la Presidencia irlandesa en este sentido. 
Por último queremos defender un principio, concretamente que el establecimiento de una organización de radiodifusión en un Estado miembro se apoye en un vínculo económico y cultural real con este Estado miembro. 
Además, hacemos un llamamiento a la Comisión para que ponga fin a los monopolios televisivos ilícitos en algunos Estados miembros. 
Si queremos luchar contra los monopolios públicos, y lo hacemos de buen grado, no hay razón para tolerar los monopolios comerciales. 
Señor Presidente, en esta Asamblea todos estamos de acuerdo en que la televisión es una industria decisiva no sólo por sí misma, sino por la influencia que ejerce sobre la sociedad, la cultura y la economía europeas. 
Cruza las fronteras nacionales, por ello necesitamos normativas europeas. 
Está claro que la actual directiva necesita ser actualizada, pero no debemos ser demasiado rígidos. 
Francamente, la posición común del Consejo y de la Comisión era bastante acertada. 
Son muchas de las enmiendas las que la han estropeado. 
En un plano superficial, dichas enmiendas se jactan de apoyar la producción de la TV europea. 
Lo cierto es que lo que harían sería causar graves daños a la televisión europea. 
Sólo dispongo de tiempo para tratar unos pocos aspectos. 
Cuotas: ¿Aplicaremos unas cuotas a las ventas en las librerías? 
¿Racionaremos la Coca Cola? 
Todo esto me huele a apartheid cultural. 
Las cuotas no mejorarán la calidad de los programas ni un ápice. Lo único que les incumbe es la cantidad. 
Para mejorar la calidad de los programas lo que hace falta es alentar a los radiodifusores del sector público, ayudar a la producción de cine europeo, y no imponer cuotas. 
Publicidad: los programas de calidad necesitan financiación. 
Con una regulación excesiva de la publicidad, lo único que lograremos será poner en peligro la calidad de los programas europeos. 
Contemplemos las restricciones que se están imponiendo a los programas infantiles, a la publicidad de medicamentos, a los anuncios que ofenden las creencias filosóficas, los controles sobre la duración de la publicidad. 
Todo esto reducirá los fondos que van destinados a realizar buenos programas europeos. 
El año pasado, la televisión independiente del Reino Unido destinó 40 millones de libras a programas infantiles de calidad. 
Todo esto está ahora en peligro si a los programas infantiles se les priva de su financiación. 
En vez de programas mejores, lo que tendremos serán programas peores. 
Nos encontramos en una etapa en la que la tecnología está experimentando cambios radicales. 
La digitalización marca el comienzo de una nueva era. 
No debemos imponer una normativa que exija esperar diez años para que se analicen las cuotas, sino que deberíamos hacer una revisión a más tardar al cabo de cinco años. 
Me parece que lo que dicen estas enmiendas es: no confíen en los televidentes, no confíen en los productores de televisión, no confíen en las compañías ni en los anunciantes europeos, impongamos controles, cuotas y reglamentos. 
Francamente, creo que debemos confiar en los televidentes y recordar que ellos son electores. 
. Señor Presidente, señor Comisario, los ponentes sobre la Directiva relativa a la televisión merecen reconocimiento por su excelente trabajo, a pesar de que las prolongadas fases de su examen han exasperado a muchos. 
La contraposición entre libre competencia y fomento de la cultura europea carece, en mi opinión, de fundamento. 
Y es que todos nosotros estamos de acuerdo en lo que respecta a la importancia del desarrollo del conjunto de la producción audiovisual europea tanto desde el punto de vista cultural como económico y laboral. 
Nuestras divergencias se refieren sólo a los medios para hacerlo. 
El objetivo de la reforma de la directiva sobre la televisión es buscar unas reglas del juego para la revolución que se está produciendo en la sociedad de la información, ya que las nuevas tecnologías, cuyo progreso se produce a una velocidad vertiginosa, están vaciando de contenido la anterior política normativa. 
Por ello son necesarios nuevos medios para apoyar el conjunto de la producción europea en una situación de libre mercado. 
Hay que reforzar la competitividad del sector audiovisual y el desarrollo de nuevos servicios. 
El sector de las comunicaciones, de rápido crecimiento, puede proporcionar un incremento significativo del número de puestos de trabajo. 
En lugar de cuotas estrictas y de una normativa restrictiva, la UE debe comprometerse a conceder una mayor ayuda a la producción de calidad, por ejemplo, a través del programa Media 2 y de un fondo de garantía para el sector audiovisual. 
Debe animarse a los productores europeos a realizar programas de calidad, que interesen a los espectadores, a fin de que las compañías de televisión tengan interés en emitirlos en sus canales. 
La protección de los menores representa un objetivo importante habida cuenta del incremento de la oferta de programas nocivos. 
Hay que realizar un seguimiento de la evolución de los sistemas técnicos de control a fin de hallar soluciones adecuadas. 
No obstante, la búsqueda de soluciones relacionadas con la protección de los niños debe realizarse a nivel nacional. 
Señor Presidente, estimados colegas, desde un punto de vista político industrial y social aquí se trata de la cuestión clave de la futura sociedad de la información, de la producción de contenidos. 
Se trata de la decisión sobre si nos decidimos por una configuración democrática o una mera superación de consecuencias, por un lado en lo tocante a la reflexión colectiva y activa de las sociedades civiles como una globalidad europea y como pueblo mundial y, por otro, en lo tocante a la producción cultural y servicios como fuente de nuevos y buenos puestos de trabajo. 
Esto no es un producto residual automático de la creciente competencia monopolística en la que el Comisario Bangemann sigue lamentablemente creyendo, cuando la racionalización, la concentración, la uniformización y el comercio se encuentran en primer plano. 
Necesitamos por ello el compromiso sobre el concepto de radiodifusión, necesitamos cuotas vinculantes, programas de ayuda sin agujeros y con suficiente dotación, necesitamos Fondos de Garantía suficientes. 
Lo que no necesitamos es una discriminación de los oferentes públicos de programas. 
Murdoch, Kirch y Berlusconi son la alternativa errónea a la cultura de la CocaCola. 
Señor Presidente, muchos colegas, con una extraordinaria capacidad de trabajo y de buen sentido, han conseguido presentar unas enmiendas que pueden ser aceptadas por la mayoría. 
Merecen nuestra felicitación. 
Queda, como se está viendo en el debate, algún desacuerdo que empaña tanto el buen resultado final como la fuerza de este Parlamento en el procedimiento de codecisión. 
Sigo creyendo que debería legislarse, en términos jurídicos, no retóricos, una mayor obligación para nuestras televisiones de emitir productos que hayan sido pensados, realizados, interpretados, creados en los países de la Unión Europea. 
No se es imparcial tratando igual a situaciones desiguales. 
No es proteccionismo, sino equidad, facilitar una mayor salida a los productos de la industria audiovisual europea que hoy no pueden competir en igualdad de condiciones, por razones de mercado ajenas a su calidad, con los de otros países. 
No se hace Europa tratando a las empresas de televisión como si fueran cualquier medio de producción o a sus productos como si fueran Coca-Cola e ignorando su gran componente de servicio público. 
Pero, en fin, estamos escribiendo todos- Consejo, Comisión y Parlamento- la historia de la Unión Europea y esta historia es suficientemente joven para que, a pesar de todos los reparos que he expuesto, consideremos que hoy da este Parlamento un paso adelante con la aprobación de estas enmiendas que deben tener ante el Consejo, en la conciliación final, todo el peso de la opinión de los ciudadanos europeos a quienes siempre, y especialmente en este caso, estamos representando. 
Señor Presidente, queridos colegas, pocos documentos han provocado una polémica como el relativo a la televisión sin fronteras. 
Dentro del Parlamento, en el propio interior de cada Grupo político, en los sectores profesionales y en los grupos de ciudadanos surgen objetores y defensores apasionados de esa directiva. 
No sin razón, pues del éxito de su aplicación depende la proyección de Europa en el siglo XXI. 
¿Qué se pretende con la revisión de la Directiva? 
Se pretende, mediante la armonización de las legislaciones nacionales, conciliar objetivos comunes, simultáneamente culturales y económicos, como son los del desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y el del fortalecimiento de la industria de programas en Europa. 
La dificultad de esa conciliación estriba en que las lógicas de esos sectores son contradictorias. 
En el sector audiovisual predomina una lógica nacional y cultural; en las telecomunicaciones, una lógica transnacional y de mercado. 
Pero esas lógicas están, señor Presidente, señor Comisario, condenadas a cruzarse y fundirse. 
Y al éxito de ese cruce es a lo que llamaremos el modelo europeo de la sociedad de información. 
Queridos colegas, el texto de la directiva, tal como la Comisión de Cultura lo propone ahora en segunda lectura, es un milagro de equilibrio. 
Milagro que se debe al sentido de la responsabilidad, pero también al pragmatismo de los diputados que, en primera lectura, se enfrentaron en posiciones que parecían inconciliables. 
Para la transacción que ahora se presenta a votación se han tenido en cuenta los principales objetivos por alcanzar: disciplinar los nuevos servicios, cuya explosión puede subvertir las reglas del mercado, mientras se espera a la formulación de una legislación propia, y estimular la producción europea para volverla competitiva con la urgencia que impone su alarmante caída libre. 
El compromiso expresado sobre los nuevos servicios para que el ponente y la coordinadora de mi Grupo, en la comisión, hicieran una lúcida contribución merece todo mi apoyo. 
Las enmiendas referentes a las cuotas han pasado a ser aceptables- creo yo- incluso para algunos de sus opositores, ya que dan carácter gradual a su aplicación. 
Ahora bien, para Portugal presenta la limitación de establecer un estatuto equiparado para las producciones no europeas en lengua portuguesa. 
Termino, señor Presidente, diciendo que, tras hacer balance, esta directiva es, a fin de cuentas, un texto minimalista: con menos, sería ineficaz; con más, podría estrangular el mercado. 
Al contrario de lo que muchos piensan, necesitamos esta directiva para afrontar las negociaciones de la OMC, que se inician en breve en Singapur. 
Señor Presidente, estamos debatiendo un tema muy importante como es el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
Mi posición es que hay que reforzar la difusión y la producción de obras europeas, lo que, a mi parecer, pasa por el establecimiento de unas cuotas que refuercen la producción europea. 
Por otra parte, esta producción europea debe reflejar la diversidad cultural existente y permitir en el futuro la creación de puestos de trabajo en la industria de producción audiovisual. 
Me complace, asimismo, exponer la opinión del Colegio de directores de cine de Cataluña, que están de acuerdo con un mercado libre; pero ¿puede hablarse realmente de un mercado libre frente a la concentración de tantos grupos de empresas como existen en los Estados Unidos y a la invasión de sus productos? 
Solamente si aprobamos unas legislaciones anti-trust será posible ese mercado libre, gracias a la aplicación temporal de unas cuotas. 
Por último, quisiera añadir que las cuotas es algo que afecta, también, a algunos Estados en los que existen lenguas minoritarias, de nacionalidades y regiones que, también, pueden solicitar cuotas en estas lenguas. 
Por lo tanto, que no se escandalicen los Estados que solicitan cuotas si después, en su seno, algunas minorías nacionales piden que se respeten allí las cuotas de emisión en su propia lengua. 
Señor Presidente, hoy el Parlamento se encuentra ante una encrucijada. 
Hemos de adoptar una decisión que es vital para la posibilidad de crear un mercado interno de la televisión. 
La cuestión de la cuota es una de las que hacen que el informe resulte discutible. 
Pero para fortalecer la cultura europea y la diversidad cultural, son necesarias las cuotas. 
Al igual que la mayoría de la Comisión de Cultura, apoyo la redacción actual del apartado 4. 
No obstante, para mí es igualmente central que se aclaren las competencias jurídicas sobre la televisión que tienen los Estados miembros, los consumidores y los niños. 
La reglamentación en cuanto a los anuncios dirigidos a la población infantil, queridos colegas, es una cuestión que ha sido mi caballo de batalla durante toda la tramitación de la Directiva sobre la televisión. 
He recibido el apoyo, no sólo de mi Grupo sino de otros, lo cual me permito agradecer. 
Para los que continuan dudando sobre si deben apoyar mis enmiendas, les diré que el primer debate celebrado en el Parlamento emitió una fuerte y clara señal política. 
Los diputados de todos los países miembros votaron a favor de una rigurosa reglamentación de los anuncios dirigidos a los niños en base a la manipulación de su inocencia, no en contra de la industria del juguete. 
Lo que quiero lograr es que productores y agencias publicitarias asuman su responsabilidad. 
Quiero que éstas últimas respeten a nuestros hijos y su necesidad de desarrollarse antes de que se les someta al «fuego cruzado» que los consumidores más experimentados hemos aprendido a evadir. 
No podemos aceptar que las fuerzas del libre mercado, escudándose tras la libertad de expresión, expongan al niño a la violencia, la pornografía y los anuncios de la televisión. 
Los votos de sus Señorías serán hoy muy importantes. 
Debemos intentar decidirnos por un mercado común sin fronteras para la televisión, que garantice la diversidad cultural y unos programas de calidad. 
Señor Presidente, Señorías, muy brevemente cinco cuestiones. 
Espero que la Comisión y el Consejo acepten la enmienda nº 40, pues de nada sirve promocionar el filtro o el chip si los televisores no están equipados con ello y si los programas de televisión no están codificados. En este sentido, el papel de los padres es esencial. 
En segundo lugar, la cuota. No a las regulaciones restrictivas, sí a una regulación flexible para dar una oportunidad justa a la cultura europea. 
En tercer lugar, es preciso cortarle las alas a la publicidad, pero no hay que prohibirla. 
Es decir, publicidad con restricciones sobre cuándo y dónde. 
En cuarto lugar, en relación con las reglas de origen, quisiera apoyar la enmienda nº 16. 
Pero quiero preguntarle al Comisario Oreja si es compatible con las dos sentencias del Tribunal de Justicia contra Gran Bretaña y Bélgica de septiembre de 1996. 
En quinto lugar, las retransmisiones deportivas han de seguir llegando a las masas. 
Señor Presidente, permítame formular brevemente dos duras preguntas en mi calidad de coautor en 1989, con otros Ministros de Cultura, de la primera Directiva «Televisión sin fronteras». 
La primera es que tenemos deseos de preguntar a Europa: ¿todavía tienes alma? ¿realmente puedes preservar tu creatividad, tu capacidad imaginativa, tu genio creador? 
Sabemos, Señorías, que la capacidad creativa de las nuevas generaciones está, cada vez más, educada por medio de las imágenes de la televisión o del cine. 
Nosotros, parlamentarios europeos, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a los bombardeos de series de televisiones internacionales y estandarizadas, que matan en el corazón y en la mente de esos jóvenes su originalidad, su identidad y singularidad? 
La cuestión que se nos plantea es de vida o muerte de nuestra cultura viva, y ese poder lo tenemos en nuestras manos. 
Deseo que hoy seamos suficientemente numerosos para responder con un no a la uniformización, a la colonización cultural, con un sí a la diversidad, a la creatividad y a la libertad. 
Sólo una directiva clara y reforzada lo permitirá. 
Y la segunda pregunta que planteo es, ¿aceptaremos que nuestro Parlamento deje de existir en momentos cruciales? 
Ya hemos perdido en el pasado muchas ocasiones para manifestar una voluntad decidida. Estoy pensando en la designación de los Comisarios europeos o también en nuestra aceptación por mayoría, bajo la presión de los Gobiernos, del acuerdo económico con Turquía. 
Como conclusión deseo, señor Presidente, que preservemos hoy la cultura europea y la democracia europea con un voto claro. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por los muchos esfuerzos que han dedicado al presente informe. 
Este informe es probablemente el que está sujeto a mayores presiones por parte de los grupos de interés de cuantos hemos tenido en el Parlamento. 
¿Pero que es lo que preocupa a las personas que se encuentran en la tribuna de invitados, a los hombres y mujeres de la calle en lo que se refiere a su propia televisión? 
Evidentemente quieren que se les entretenga y se les informe. 
Les preocupa el contenido de los programas que ven sus hijos, en particular, el nivel de violencia y los programas inadecuados. 
Muchos se quejan de que les resulta imposible supervisar los programas que ven sus hijos, y los padres necesitarán ayuda para poder conocer más a fondo los medios de comunicación del futuro, si realmente quieren proteger a sus hijos. 
También les inquieta la presión a la que se ven sometidos para comprar juguetes caros para sus hijos. 
Están enfadados ante la creciente monopolización de encuentros deportivos que gozan de gran popularidad y que ya no pueden ver sin hacer una inversión considerable por cada encuentro. 
También les preocupa la avaricia de muchas de las organizaciones deportivas que intervienen en los encuentros. 
Además quieren oír sus propias historias contadas en la forma en que están acostumbrados y en sus canales nacionales. 
Quieren apoyar a los productores y directores jóvenes que realizan dichos programas, los cuales cuentan en muchos casos con una financiación insuficiente. 
No creo que las cuotas mejoren las cosas, aunque pienso que necesitamos las cuotas para controlar a nuestros radiodifusores con objeto de que tomen nota de nuestros deseos de que nuestros programas se realicen en nuestro idioma y a nuestra manera. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Cultura permite mejorar la actual directiva de televisión sin fronteras para ayudar a desarrollar una industria audiovisual europea de calidad. 
Con este texto, se protege a los niños frente a los contenidos nocivos en programas y anuncios mediante normas más severas; se clarifica y precisa una reglamentación estricta en materia de publicidad televisiva; se garantiza el acceso de la mayoría de los espectadores a la retransmisión en directo de grandes acontecimientos deportivos, frente a los derechos exclusivos de las cadenas de pago. 
Se ha ampliado el consenso entre los Grupos políticos del Parlamento, pero subsisten las diferencias en un punto esencial: la obligación de reservar una parte mayoritaria del tiempo de emisión a obras europeas. 
Los socialistas, con la mayoría de los diputados de la Comisión de Cultura, hemos flexibilizado la postura que siempre mantuvo el Parlamento Europeo, aceptando que se considere obra europea los programas efectuados en estudio. 
De este modo, las televisiones no tendrán dificultad en poder cumplir con el requisito de la cuota de emisión de obra europea. 
Coincidimos así, en sustancia, con la posición de la Comisión. 
Pero los ponentes del Grupo del Partido Popular Europeo rechazan esta propuesta de compromiso y no proponen ninguna fórmula alternativa, con lo que será casi imposible alcanzar la mayoría de votos necesaria para mantener vivo el debate con el Consejo. 
Si esto ocurre, se habrá beneficiado a la poderosa industria audiovisual norteamericana y será muy difícil que se desarrolle una industria audiovisual europea competitiva y de calidad. 
Señor Presidente, con ocasión del examen en segunda lectura de la revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras» , hay motivos de preocupación por la suerte del paisaje audiovisual europeo si no se introducen una serie de modificaciones a la propuesta de la Comisión. 
Como parlamentario preocupado por la aplicación de una política basada en la promoción de obras europeas, les pido que se pronuncien masivamente en favor, en primer lugar, de la inclusión de nuevos servicios como el vídeo a la carta, con el fin de someter estos últimos a un cierto número de reglas sobre la publicidad o la protección de menores. 
Conviene también reforzar las obligaciones de difusión, llamadas comúnmente «cuotas» , haciéndolas obligatorias, y excluir del cálculo de éstas los programas producidos en estudio. 
Las cuotas favorecerán la producción y difusión de obras europeas, pero también nos permitirán (es inútil ocultarlo) hacer frente a la competencia internacional y especialmente a la norteamericana. 
En fin, Señorías, debemos luchar contra las deslocalizaciones abusivas con el fin de garantizar la protección y desarrollo de la industria cinematográfica de los países miembros de la Unión. 
Les recuerdo que una cláusula así no tiene nada de excepcional, ya existe por ejemplo en el ámbito de la banca, y el Parlamento Europeo la aprobó por una gran mayoría en primera lectura. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, uno de los objetivos principales de la nueva directiva sobre la televisión es el de fomentar la industria europea de programas y asegurar la variedad cultural de Europa en el mercado audiovisual. 
Junto al aspecto más importante que mi colega Lang ha destacado de un modo tan sugerente, es decir el de la variedad cultural y la creatividad, la nueva directiva sobre televisión pretende fomentar inversiones de gran magnitud en la industria europea del cine mediante la producción y emisión de programas de origen europeo. 
Los expertos calculan que debería ser posible crear en los próximos diez años dos millones de nuevos puestos de trabajo y hacer posible la participación de nuestras televisiones europeas en el rápido incremento de nuevas tecnologías y en las anunciadas ampliaciones de la industria audiovisual, para establecer así la igualdad de oportunidades en la competencia frente a las producciones norteamericanas. 
Otro importante objetivo de la nueva directiva de televisión es el libre acceso de toda la población a transmisiones deportivas importantes. 
En el futuro, cada ciudadano debe poder seguir los acontecimientos deportivos importantes no sólo a nivel europeo sino también a nivel nacional sin tener que pagar más por ello. 
Por ello, es importante tratar en la Comisión- me dirijo en especial al Comisario, Sr. Oreja- sobre los derechos en exclusiva para acontecimientos importantes. 
Quiero exponer aún mi opinión sobre un último punto, el concerniente a la protección de la juventud. 
Sin duda, el autocontrol no es suficiente. 
Todos sabemos de la pedagogía y de las experiencias personales que las prohibiciones y las medidas coercitivas con frecuencia son contraproducentes. 
Por ello, estoy también a favor de medidas positivas, a saber, de un importante fomento de emisiones para niños y jóvenes que sean buenas e interesantes. 
Esto tiene que ser posible dentro de los programas MEDIA existentes. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero en primer lugar felicitar al Parlamento por la consolidación de una política audiovisual que es lo que, en definitiva, estamos buscando en este momento, y en el centro de esta política está la directiva «Televisión sin fronteras». 
No me extiendo sobre la misma por falta de tiempo, y me voy a limitar a comentar las enmiendas presentadas en esta segunda lectura. 
Evidentemente, el texto que aprobemos tiene que ser un texto respetado. 
Y en ese sentido, indico al Sr. Papayannakis, que se refería a la responsabilidad que puede tener la Comisión en relación con este tema, que- como él sabe muy bien- la ley griega ha sido objeto de transposición y, por consiguiente, también las disposiciones de la directiva en materia de publicidad. 
Nosotros sabemos que no ha habido una correcta aplicación al respecto y, en consecuencia, se ha abierto un procedimiento de infracción, una vez que se han presentado las correspondientes quejas. 
En relación con la posición de la Comisión sobre las distintas enmiendas que han sido presentadas, quiero decirles que la Comisión es favorable a todas las enmiendas sobre los considerandos de la directiva- enmiendas 1 a 9 -, y a la enmienda 11, con excepción de la 10. 
Nos parece, ciertamente, que la enmienda 1 sobre los Libros Verdes, relativos a los nuevos servicios, está en cierta forma superada porque la Comisión adoptó el 16 de octubre pasado el Libre Verde sobre protección de menores y dignidad humana en los nuevos servicios. 
Y, por otra parte, no nos parece que tenga su lugar en un texto jurídico. 
Llego así a las enmiendas que la Comisión considera más importantes: las que pretenden ampliar el ámbito de aplicación de la directiva al vídeo a la carta, es decir, las 12, 13, 46 y 54. 
La Comisión considera que la nueva versión de estas enmiendas, en relación con las aprobadas en primera lectura, representa una mejora sensible. 
Queda claro que el texto sólo se refiere a la transmisión de programas de televisión disponibles previa petición individual- y así lo han dicho varios oradores de una forma muy clara -, cuyo contenido sea total o prácticamente comparable a la televisión tradicional y no al conjunto de los servicios en línea. 
Por otro lado, la enmienda 46 precisa que sólo determinadas disposiciones de la directiva le serán de aplicación: la norma básica de libre circulación, las disposiciones sobre protección de menores y ciertas normas en materia de publicidad. 
La Comisión aprecia indudablemente las mejoras que se han introducido en relación con la primera lectura, aunque sigue sin estar totalmente convencida de la conveniencia de incluir el vídeo a la carta en la directiva pero, como es lógico, tendrá muy en cuenta los resultados de la votación parlamentaria y puede anunciar también que será favorable a la enmienda nº 13. 
Las enmiendas 14 y 15 se refieren a la definición de publicidad y telecompra. 
Estamos de acuerdo con la primera, aunque su redacción podría mejorarse. 
En cambio, no estamos de acuerdo con la 15 porque la telecompra, es decir, la compra a distancia de bienes o servicios es una actividad contractual. 
Las enmiendas 16, 51 y 53 en relación a los criterios de competencia jurídica establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la posición común no son aceptables. 
Si se aprueban, nuestro dictamen será negativo al igual que en la enmienda 17. 
Quisiera explicar brevemente cuál es el razonamiento de la Comisión al respecto. 
Primero, estas enmiendas debilitarán el principio fundamental de la directiva, es decir, que la libertad de emitir debe tener como único control al Estado de origen de la emisión, y este principio se desprende claramente del artículo 59 del Tratado. 
Las tres enmiendas conducirían a crear conflictos entre los Estados y serían, a nuestro juicio, un factor de perturbación en el sector. 
Además, estas enmiendas plantearían unos problemas técnicos y jurídicos específicos. 
Las enmiendas 16 y 17 son, por otra parte, incompatibles con la jurisprudencia del Tribunal. 
La enmienda 16 produciría el efecto opuesto al que se busca, y en ese sentido, quiero referirme a la mención que ha hecho expresamente el Sr. Chanterie. 
Consideramos que la enmienda plantea dos tipos de problemas: es incompatible con el Tratado y con la jurisprudencia del Tribunal que, en su sentencia sobre el asunto Comisión contra Bélgica del 92, ha declarado la incompatibilidad con el artículo 59 de medidas semejantes a las propuestas en la enmienda 16 basadas en la lengua. 
Y esta posición ha sido recientemente confirmada, el pasado día 10 de septiembre, en la sentencia sobre el asunto Comisión contra el Reino Unido, en la que el Tribunal ha dicho que el único criterio correcto para la determinación de la competencia jurídica de un Estado miembro es el vínculo del establecimiento de la difusión. 
En cuanto a la enmienda 17, tiene por objeto añadir, a los diversos motivos por los cuales un Estado miembro puede suspender las emisiones procedentes de otro Estado miembro, las violaciones a las que se refieren los artículos 14, 15 y 16. 
Esta posibilidad se limita actualmente a las violaciones graves y repetidas de normas sobre protección de menores, y la enmienda propuesta es, a nuestro juicio, incompatible con las sentencias del Tribunal en la materia. 
Se emitirá por parte de la Comisión un dictamen positivo sobre la enmienda 18. 
La enmienda 19 sobre sanciones financieras plantea problemas institucionales porque el artículo 189 A del Tratado establece que una directiva vincula a los Estados miembros en cuanto a los resultados que deben obtenerse pero les deja la elección de los medios para alcanzarlos. 
En cuanto a la enmienda 20, que tiene por objeto garantizar que el público pueda seguir teniendo acceso sin codificación y en directo a las retransmisiones televisadas de los grandes acontecimientos, en particular, deportivos, debo decir que he visto la sensibilidad que hay en la Asamblea en relación con este tema, y pueden estar seguros de que yo plantearé este asunto ante el Colegio de Comisarios y recogeré el sentir que la Asamblea ha expresado. 
La Comisión puede dar su acuerdo a las enmiendas 21 a 25. 
En cambio, no está de acuerdo con la enmienda 26 puesto que un período de diez años nos parece demasiado largo para un simple procedimiento de evaluación del impacto. 
Estamos de acuerdo respecto a la enmienda 29 sobre los plazos de difusión de las obras cinematográficas. 
En cuanto a la enmienda 30 sobre emisiones para audiencias locales, parece en exceso restrictiva, dadas las especificidades de estas emisiones, y, en cuanto al capítulo de publicidad, aceptamos las enmiendas 31 y la primera parte de la 36 pero creemos que las limitaciones cuantitativas impuestas en la enmienda 37 y en la segunda parte de la 36 son demasiado restrictivas. 
En cuanto a la enmienda 32 sobre cortes publicitarios, la Comisión no ve motivo para cuestionar la norma de duración programada que creemos que funciona bien desde el año 1989. 
El dictamen es, por consiguiente, negativo y es también negativo sobre la enmienda 35. 
El dictamen de la Comisión es positivo para la enmienda 33, con la añadidura de las palabras filosóficas en la letra c) del artículo 12, y, en cambio, damos un dictamen negativo a las enmiendas 45, 57, 58 y 34. 
En cambio, el dictamen es positivo para la enmienda 38, que indica un objetivo encomiable en cuanto al contenido de las emisiones y en cuanto al filtrado de programas previsto en la enmienda 40; la Comisión comparte el interés del Parlamento por este dispositivo de control. 
Sin embargo, pensamos, en relación con este tema, que tal vez sea prematura una obligación impuesta en un plazo tan breve como es el de un año. 
Creemos que es necesario más tiempo para poder llegar a esa misma conclusión. 
En cuanto a la cuestión del Comité de Contacto, el dictamen es positivo sobre la enmienda 43, y, por último, aunque la Comisión comparte la preocupación expresada en la enmienda 45, de tener en cuenta el desarrollo de los servicios a petición individual en el informe trienal de evaluación, nos parece inoportuno limitar el alcance del informe a este único tipo de servicios. 
En conclusión, la Comisión dictaminará positivamente sobre las enmiendas siguientes, si son aprobadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, primera parte de la 36, 38, 39, 43 y 44. 
Agradezco al Comisario Oreja su intervención y las precisiones que acaba de darnos. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, desearía un poco de atención por parte de sus Señorías, puesto que mi intervención se basa en el artículo 108 del Reglamento, relativo a alusiones personales. 
El pasado sábado día 9, el diario nacional neerlandés «Volkskrant» , publicó una entrevista con la Sra. d ' Ancona, del grupo socialista, en la que se lee que «la Sra. Van Bladel ocupa ahora un escaño al otro extremo del hemiciclo, donde se encuentra el grupo del Sr. Le Pen. 
Ha ido a ocupar un escaño a la derecha y vota como el grupo del Sr. Le Pen». 
Consideramos que se trata de una mezcolanza inexacta, tendenciosa, calumniosa y difamatoria, y debo precisar que todos los miembros de mi grupo nos solidarizamos con la Sra. Van Bladel y que cada uno se considera gravemente ofendido. 
Es necesario poner estos hechos en relación con los que ayer mencionó el Sr. Janssen van Raay relativos a los lamentables incidentes que se produjeron entre las mismas personas la semana pasada. 
Por tanto pido al autor de estas palabras y de estos actos que pida disculpas o retire sus afirmaciones. 
Votaciones 
Señora Presidenta, como sabe usted, mi informe fue aprobado en el mes de septiembre por una amplia mayoría. 
Pero, mientras que la víspera del debate, la Comisión había reconocido la importancia de este informe, cuando fue invitada a dar a conocer su posición, el Comisario presente, que era el pobre Sr. Fischler (pido excusas por llamarle «pobre» porque es más rico que todos nosotros, puesto que dispone de más de la mitad del presupuesto) , me respondió que la Comisión no podía adherirse a mis propuestas. 
Por tanto he pedido que el informe sea devuelto a la Comisión de Derechos de la Mujer con el fin de retomar el trabajo con la Comisión. 
Señora Presidenta, ¿puede pedir a la Comisión que nos informe acerca de su posición en estos momentos? 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en relación con la pregunta formulada por la Sra. Torres Marques puedo comunicarles que las enmiendas que la Comisión está dispuesta a aceptar son las siguientes: la enmienda nº 1, parte de la nº 4 y la totalidad de la nº 5, todas ellas referidas al trabajo atípico. Podemos, asimismo, aceptar parte de la enmienda nº 2 y la totalidad de la enmienda nº 7 relativa a períodos de permiso, así como la segunda parte de la enmienda nº 11 sobre flexibilidad en la edad de las personas que tienen derecho a la jubilación. 
Se trata de enmiendas importantes en términos políticos, ya que reflejan la preocupación del Parlamento por los trabajadores a tiempo parcial, por alentar a los padres a que tomen los permisos por motivos familiares al igual que las madres, así como la posibilidad de aplicar la flexibilidad a la edad a la que se tiene derecho a la jubilación aplicable por igual a ambos sexos. 
Por consiguiente, me complace anunciar su aceptación en nombre de la Comisión. 
En cuanto a las enmiendas restantes, soy consciente de cuáles son las que atraen un mayor interés: son las cuatro relativas a los factores actuariales, que el Parlamento desearía que se prohibieran para siempre. 
La Comisión comprende la orientación política del Parlamento al respecto, pero considera imposible aceptar estas enmiendas en este momento. 
La Comisión ha encargado ya un estudio a expertos muy cualificados en relación con este tema. 
Tan pronto como esté concluido este estudio, la Comisión debatirá sus resultados con la Comisión de Derechos de la Mujer. 
A partir de estos resultados, la Comisión podría abordar el problema específico en su próxima propuesta para completar el tema de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la seguridad social, que podrá sustituir a su propuesta de 1987, todavía pendiente ante el Consejo. 
No debemos engañarnos. 
Sabemos que es un problema difícil de abordar, pero hay una cosa clara: este asunto no puede seguir su curso hasta que no se haya realizado este trabajo preparatorio que acabo de mencionar. 
En este momento, podemos y debemos trabajar juntos para determinar cuál es la mejor manera de abordarlo. 
Confío en que, sobre esta base, podamos considerar que hemos logrado un acuerdo político y que la propuesta de la Comisión pueda seguir su curso para su adopción por el Consejo modificada después de la aprobación del dictamen del Parlamento. 
Señora Presidenta, hoy tengo la suerte de que sea el Sr. Oreja quien responda. 
Permítaseme señalar que, si los artículos que ha aprobado el Parlamento sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres y las acciones positivas en beneficio del sexo con menos representación fueran defendidos por la Comisión en el transcurso de la CIG, este informe no sería ni siquiera necesario. 
Señor Comisario Oreja, me felicito por su presencia y disponibilidad para ratificar hoy estas enmiendas que son políticamente muy importantes y que se refieren al trabajo atípico, a la maternidad y a la flexibilidad en la edad de la jubilación. 
Como ponente me felicito por ello y les pido que aprueben este informe. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Al no encontrarse presente el Sr. Adam, deseaba simplemente señalar que, como sabe usted, señora Presidenta, en este caso se trata de la primera aplicación del resultado de la conciliación que hemos tenido con el Consejo sobre las redes transeuropeas, por tanto de la aplicación de la codecisión a los añadidos y modificaciones incorporados a los anexos. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Reglamento, solicito que la votación de este informe se aplace hasta el turno de votaciones que tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Vamos a proceder en la forma que lo hacemos habitualmente. 
Estoy ante una modificación del orden del día, puesto que se trata de alterar el momento de la votación. 
Por tanto voy a oír a un orador en contra y a otro a favor. 
Señora Presidenta, no veo ninguna razón para aplazar la votación. 
Por otra parte, el Sr. Manzella dice hablar en nombre de la Comisión de Reglamento. 
Como el presidente presente puede atestiguar, nunca se trató este tema en el seno de la Comisión de Reglamento. 
Que yo sepa, por el hecho de haber estado presente en las reuniones de esta comisión, lo que pretende el Sr. Manzella no se corresponde con la realidad. 
Efectivamente, señora Presidenta, esto no se ha debatido ni decidido en comisión. 
Pero supongo que, puesto que el ponente lo solicita y se trata de un aplazamiento hasta mañana a la misma hora, no debería plantear ningún problema. 
(El Parlamento decide aplazar la votación) 
En la enmienda nº 20 se dice: los acontecimientos especialmente importantes tienen que poder transmitirse y ser accesibles para todos. 
No debe decirse acontecimientos especialmente importantes pues puede tratarse también un pase de modas, sino que debe decirse acontecimientos deportivos especialmente importantes. 
Para mí se trata solamente de añadir la palabra «deportivos» a la enmienda nº 20. 
Ruego a los colegas que la apoyen. 
Sobre las enmiendas nº 29 y 56 
Señora Presidenta, acabamos de aprobar la enmienda 29 sobre los plazos, pero dicha enmienda puede considerarse compatible con la enmienda 56. De hecho, la enmienda 29 que hemos aprobado, dice que «los Estados miembros- por otro lado, no podría ser de otra forma- se asegurarán de que los organismos de radiodifusión sujetos a su jurisdicción no emitirán obras cinematográficas fuera de los períodos acordados con los titulares de los derechos» , mientras que la enmienda 56 prevé lo que debe hacerse en el caso de que no existan contratos para regular los plazos de difusión de los medios y, en consecuencia, puede ser considerada como una enmienda adicional. 
Asimismo, nuestro Grupo comunica ya desde ahora que ha solicitado una votación por partes y no votará la primera parte, desde «salvo» hasta los dos puntos, mientras que votará la segunda parte de esta enmienda que también empieza por: » salvo acuerdo contrario de los titulares de los derechos». 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe del Parlamento Europeo sobre igualdad de trato en la seguridad social. 
El informe incluye importantes propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres en casos como la pensión y el empleo a tiempo parcial, que no se contemplaban en el documento de la Comisión. 
Las mujeres que se incorporan tarde al mercado de trabajo o que lo abandonan de forma temporal para cuidar de sus hijos no deben encontrarse en situación de inferioridad respecto a los demás al final de su vida. 
Es triste que la Comisión no se haya dado cuenta de que es necesario corregir esta situación en los Estados miembros para que la ley sobre igualdad de trato no sea únicamente palabras vacías, sino una realidad. 
Las mujeres de la UE son escépticas ante la cooperación. 
Debemos demostrarlas que tenemos algo que ofrecerlas. 
Hemos votado a favor de la aprobación del informe de la Sra. Torres Marques porque en él se proponen ciertas mejoras de la propuesta de la Comisión. 
En Finlandia por ejemplo, la edad de jubilación de las mujeres se ha elevado ya en todos los sistemas de pensiones hasta los 65 años, es decir, hasta la misma edad que los hombres. 
No obstante, se ha fijado un largo período de transición para proteger los derechos adquiridos anteriormente por las mujeres. 
A raíz de la propuesta de directiva que ahora se está examinando, el Gobierno de Finlandia tiene previsto, sin embargo, proponer una nueva modificación de la ley, de manera que 40.000 mujeres pueden llegar a perder los derechos de pensión que habían obtenido anteriormente. 
En nuestra opinión, el Consejo debería conceder a los Estados miembros un período de transición para la aplicación de la directiva, a fin de que ello no ocasionase excesivas pérdidas a las mujeres. 
Informe Adam 
Me refiero en particular a la propuesta de decisión de la Comisión que define la especificación de proyectos de interés común ya identificados por la Decisión nº 1254/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. 
En cuanto a la propuesta de que «se proceda a una información previa [al Parlamento] relativa a los proyectos de interés común incluidos en la actualización de la lista, especialmente por lo que se refiere a posibles modificaciones de proyecto ya identificados anteriormente» , debo llamar la atención sobre las irregularidades que se han producido en torno al interconector de electricidad entre Escocia e Irlanda del Norte, en el que se han incumplido los principios básicos de las directrices sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía con la conexión eléctrica propuesta, en la que el apoyo de la Comisión al proyecto contribuirá a la creación de daños económicos y contra el medio ambiente en las zonas afectadas. 
Es necesario que se tomen medidas para evitar que vuelvan a producirse casos como éste. 
En la construcción europea es de vital importancia contar con una red de distribución de energía. 
El Parlamento Europeo ha modificado de forma positiva la propuesta presentada por la Comisión al incluir no solamente tramos significativos en la zona del mar Báltico, al hacer especial hincapié en relación con el Acuerdo de Asociación Euromediterránea en el ámbito de la energía, sino además al incorporar el compromiso de jerarquización y la seguridad en las perspectivas financieras para que la ejecución de los proyectos de interés común pueda ser garantizada. 
Por estas razones, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoya de buen grado el informe del Sr. Adam y se suma a la solicitud, en su caso, de que se inicie el procedimiento de concertación. 
Nadie que tenga el corazón en su sitio, nadie que deje hablar a la razón, nadie que sea normal y humano puede permanecer insensible, impasible ante el sufrimiento de millones de refugiados y desarraigados en Asia y América del Sur, y también en Africa. 
Nadie que tenga el corazón en su sitio negará que es necesario y urgente prestar ayuda masiva a estos desgraciados. 
Pero no sólo Europa. 
Que llamen también a Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. De lo contrario se demostrará que lo único que se pretende es imbuir a Europa el enésimo complejo de culpabilidad idiota y criminal. 
En efecto: idiota y criminal. 
A fin de cuentas, es innegable que cuando Europa quiera ayudar- y Europa debe ayudar- tiene que poder hacerlo. 
Ahora bien, sólo una Europa fuerte y próspera puede y tiene que ayudar cuando sea necesario, y lo hará. 
Europa ha de seguir siendo ella misma. 
Europa ha de conservar su bienestar y su prosperidad. 
Europa no puede ser inundada con lo que Jean Raspail describe tan penetrantemente en su Le camp de Saints. 
De lo contrario, Europa se consumirá y se empobrecerá hasta el nivel de aquellos a quienes tendría que poder ayudar gracias a su prosperidad. 
Por ello, el indispensable alegato en favor de la ayuda a Asia, Africa y América del Sur- y no es una paradoja- es a la vez un alegato por una Europa fuerte, libre y próspera con pueblos orgullosos que conservan su identidad. 
Esta es la condición primera y necesaria para la generosidad de Europa, para la generosidad de los pueblos europeos. 
Pienso que es profundamente lamentable que el Consejo no haya aprobado las enmiendas presentadas anteriormente por el Parlamento, y sobre todo el hecho de que se haya destinado una cantidad ridícula en el presupuesto a la línea «Medio ambiente en los países en desarrollo». 
Es nuestra obligación ayudar a los países en desarrollo para que no cometan las mismas faltas que nosotros. 
Por ello es de la mayor importancia que les hagamos partícipes de nuestra riqueza, tanto económica como tecnológica, así como de nuestros conocimientos, sin que la UE extraiga beneficios de ello. 
Tampoco hemos de decidir sobre el modo en que deben actuar estos países. 
Eso pueden decidirlo ellos por sí mismos, partiendo de sus diversas circunstancias. 
El Parlamento creó esta línea tras la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas en Rio, lo cual significa que se trata de un acuerdo global para conseguir un desarrollo duradero. 
Teniendo en cuenta el enorme presupuesto de la UE, la cantidad de 5 millones de ecus por año, comparada con los 1.000 millones que se destinan al apoyo de la cosecha de tabaco me parecen un insulto. 
La amenaza ecológica global contra nuestras vidas es mayor que la necesidad de que se produzca tabaco. 
He votado a favor de las propuestas que van en el sentido apuntado anteriormente. 
El programa de la eficiencia energética, para que sea realmente «eficiente» , debe cumplir los siguientes requisitos: 
En primer lugar, tener una fuerte base de financiación, por lo que hay que volver a la propuesta de 150 millones de ecus presentada por la Comisión, en lugar de los 45 millones de ecus que propuso posteriormente el Consejo.-En segundo lugar, establecer una mejor coordinación con los otros programas energéticos ALTENER, THERMIE, SYNERGY, para evitar la excesiva dispersión.-En tercer lugar, crear todas las medidas legislativas y no legislativas que faciliten la aplicación del programa.-En cuarto lugar, velar por el funcionamiento del programa especialmente en los países más pequeños, como Grecia. 
Nos parece sumamente importante que se haga un esfuerzo por conservar la Tierra. 
Existen infinitas formas de ahorrar energía y debemos aprovechar todos los medios a nuestro alcance para reducir el consumo de energía. 
Nos parece especialmente importante hacer un esfuerzo en el ámbito de las fuentes de energía permanentes para fomentar el uso de la energía hidráulica, eólica y solar, y de esta forma reducir las emisiones de CO2. 
El informe contiene muy pocas iniciativas en favor del ahorro energético y de las energías renovables. 
Muchos proyectos de la UE, por ejemplo el proyecto TEN, tienen su punto de partida también en el aumento de la utilización de energía. 
A pesar de sus fallos, he decidido, no obstante, que hay que apoyarlo. 
El 76 % del mercado cinematográfico de la UE se compone de películas americanas. 
En los Estados Unidos ya han amortizado sus costes de producción y se venden a las cadenas europeas a precios muy bajos. Se trata de un abuso de su posición preponderante en el pasado, y no de un mercado libre. 
Para garantizar la cultura europea y la diversidad, son necesarias las cuotas. 
Estas cuotas no representan un ataque a la libertad de expresión. 
La propuesta goza del favor de las organizaciones europeas de actores y de otros representantes del ramo. 
En 1995 el déficit comercial de la UE dentro del sector cinematográfico, en comparación con los Estados Unidos, fue de 6, 3 mil millones de dólares (triplicando el de 1988). Esto corresponde aproximadamente a 200.000 puestos de trabajo por año. 
La Directiva sobre la televisión, con una normativa más estricta en lo referente a los anuncios y a la venta televisiva, ofrece una mayor protección al consumidor, ya sea éste niño o adulto. 
Es nuestro deber proteger a la infancia, y no permitir que se la exponga al mismo «fuego cruzado» que los consumidores más experimentados hemos aprendido a esquivar. 
No podemos aceptar que las fuerzas del libre mercado, escudándose en la libertad de expresión, obliguen a los niños a contemplar escenas violentas, pornográficas, y anuncios. 
En esta batalla entre EEUU. y Europa, entre los intereses de los gigantes de televisión a nivel mundial y los derechos del ciudadano, entre un mercado inmune y una creatividad cultural, ni el Consejo ni la Comisión, sino, únicamente, la Comisión de Cultura del Parlamento actúa en defensa de la Unión Europea: 
En materia de cuotas obligatorias, al permitir una protección eficaz de la industria europea frente a la invasión americana, al menos durante la próxima década, hasta que se elabore un sistema de protección de la inversión.-En materia de publicidad, al establecer que es necesario respetar al ciudadano como consumidor, tanto en la duración como en los contenidos.-En materia de protección de menores, al establecer que es necesario crear una protección a escala europea. 
A este respecto, quisiera expresar mi consternación y mi desaprobación por la osadía de los servicios de la Comisión de recurrir contra Grecia respecto a las limitaciones- que no la prohibición- impuestas a la publicidad de juguetes infantiles.Es lamentable que el Pleno, principalmente por culpa del Grupo del PPE, no haya dado su apoyo a las enmiendas más importantes de la Comisión de Cultura. 
El objetivo del informe es reforzar la industria cinematográfica europea, lo cual, evidentemente, consideramos central. 
También pensamos que la propuesta es excelente en líneas generales, pero que los métodos propuestos relativos a las cuotas no son los más adecuados. 
Recomendamos, en su lugar, que se apoye la producción cinematográfica europea a través de unas acciones positivas. 
La regulación debe aplicarse cuidadosamente, y sólo cuando resulte absolutamente necesaria, como, por ejemplo, en lo relativo a la protección de la infancia. 
Aprobamos la propuesta sobre la prohibición de interrumpir la programación infantil con anuncios y espacios de televenta, la de prohibir los anuncios de medicamentos que requieren receta médica y la que dice que los fabricantes de productos farmacéuticos no podrán patrocinar programas de televisión sobre sus propios productos. 
En cuanto al debate sobre las cuotas, queremos manifestar que, en Dinamarca, difiere del que está teniendo lugar en otros países que, ante todo, quieren promocionar su propia producción para que pueda competir con las telenovelas baratas, etc., procedentes de otros lugares. 
Al hablar de producción propia, cabría, obviamente, una producción propia danesa, ya que Dinamarca es un país europeo. 
Sin embargo, una mayoría en Dinamarca desea fortalecer la producción propia, ante todo, a través de subvenciones procedentes de programas de ayuda a los medios de comunicación. 
Dinamarca ha incluido las normas de las cuotas en su propia legislación conforme al «veto suspensivo» , pero no quiere que se supriman las palabras «siempre que sea posible» del objetivo que dice que la mitad de los programas han de ser producidos en Europa. Este es el tema del debate. 
A los aficionados a los deportes les resulta cada vez más difícil poder ver grandes encuentros deportivos en televisión. 
La transmisión del reciente combate por el título mundial entre Tyson y Holyfield es el último ejemplo de esta situación. 
Lamentablemente, los derechos de exclusiva para transmitir grandes acontecimientos deportivos se venden al mejor postor. 
A nivel europeo, esto ha dado lugar a que la cadena Sky TV domine prácticamente este ámbito debido a que las cadenas nacionales de televisión como RTE o la BBC no pueden competir por disponer de recursos muy limitados. 
En el futuro, los aficionados al deporte deberán pagar precios exorbitantes (como sucedió para ver el combate de Tyson) , en términos de abonar una cuota para poder ver la televisión, o bien está la otra opción que consiste en que las cadenas nacionales de televisión se verán obligadas a elevar sus cuotas muy considerablemente para poder competir. 
Ambas opciones son una mala noticia para los televidentes. 
El Parlamento Europeo debe enviar a los avariciosos magnates de los medios de comunicación un claro mensaje de «¡aléjense! ». 
Pero también las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de intervenir. 
Los gobiernos deben introducir leyes a través de sus parlamentos nacionales para impedir que los acontecimientos deportivos tradicionales caigan en manos de estos depredadores. 
En Irlanda, estos acontecimientos incluyen las finales de la GAA, la liga de fútbol y los partidos internacionales de rugby, el Derby irlandés, la Irish Grand National y el torneo Irish Golf Open, entre otros. 
(Hace algún tiempo dirigí un escrito al ministro responsable de las Artes, la Cultura y la Gaeltacht, el Sr. Michael D. Higgins, T.D., exponiendo esta opinión. 
Aún estoy esperando la respuesta.) 
Hace falta una acción conjunta de las autoridades europeas y nacionales si queremos proteger los derechos televisivos de los aficionados a los deportes. 
En febrero pasado, esta Asamblea tomó decididamente posición en favor de un futuro positivo para el sector cinematográfico y audiovisual europeo. 
Por desgracia el enfrentamiento con el Consejo ha sido inevitable pues éste no ha recogido la mayoría de nuestras enmiendas de la primera lectura. 
La posición común sobre la que debemos emitir nuestro voto suscita vivas reacciones y se trata de un día histórico. 
Por mi parte, desearía volver sobre dos puntos. 
Como apasionada por los grandes acontecimientos deportivos (al igual que millones de personas) , creo que es responsabilidad de los Estados miembros velar para que los difusores que dispongan de unos derechos exclusivos no abusen, mofándose del derecho a la información. 
Finalmente, me declaro ferviente defensora de la cláusula «antideslocalización» , que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación no ha recogido. 
Es indispensable incluirla en el texto final, pues es el único medio para evitar que el principio de la libre circulación se vea en peligro. 
Sobre estos dos puntos, la posición común no dice ni una sola palabra. 
A mi declaración, deseo sumar a mi colega François Bernardini que, por los avatares del transporte, puede no llegar a tiempo para la votación. 
La imposición de cuotas según las propuestas de la Televisión sin fronteras abrirá nuevos mercados a la programación europea. 
Ésta sólo puede ser una buena noticia para el sector audiovisual de Irlanda, ya que se ponen en marcha nuevas áreas de actividad comercial. 
Creo que es una noticia especialmente buena para la cadena Teilifis na Gaelige, que fácilmente cumplirá su cuota de programación europea. 
Dicha programación podrá venderse después a otros mercados en versión doblada o subtitulada. 
Creo que la imposición de cuotas de emisiones europeas será de utilidad en el proceso de proteger la diversidad cultural de los países. 
Esta directiva supone un avance gratificante, habida cuenta de la creciente prevalencia de programación norteamericana en nuestras pantallas de televisión. 
La imposición de cuotas ayudará a incrementar la diversidad de la programación, y no a reducirla. 
La cuota del 51 % no debe aplicarse a cada cadena de radiodifusión pública de forma individual, sino que debe referirse al 51 % de la programación global de las cadenas en cuestión. 
En el caso de Irlanda, eso significaría no tomar RTE, Network 2 y Teilifs na Gaelige por separado, sino tomar la producción total de las tres cadenas. 
No compartimos la opinión de que las cuotas sean un modo aconsejable de conseguir que los países de la UE emitan más producción televisiva europea; el nacionalismo es tan perjudicial a nivel nacional como europeo. 
Esto no significa que deseemos promocionar la producción americana, sino que consideramos mejor promover la de la UE de otro modo. 
Además, no pensamos que sea una buena idea introducir cuotas, ya que también se producen películas en otros países fuera de los Estados Unidos y la UE. 
De algún modo hay que promocionar la producción cinematográfica asiática y de la Europa oriental para que entren en el mercado europeo. 
Como un caso típico tenemos la India, que es uno de los mayores productores mundiales de películas, pero sólo unas pocas tienen éxito, y con las reducciones a través de cuotas, se dificulta aun más su distribución. 
Hemos votado en cambio a favor de las enmiendas en favor de la reducción de los anuncios de bebidas alcohólicas y de preparados farmaceúticos, además de los que van dirigidos a la población infantil. 
También pensamos que es una buena idea reducir la parte proporcional de tiempo que ocupan los auncios dentro del tiempo total de emisión. 
Los parlamentarios europeos están luchando por conseguir las cuotas de difusión de obras europeas, es decir, por favorecer la preferencia comunitaria en materia audiovisual, incluyendo los nuevos servicios audiovisuales y la introducción de una cláusula antideslocalización. 
Lo aprobamos, pero nos sorprende que los propios parlamentarios, con todas las tendencias políticas al unísono, rechacen la preferencia nacional y comunitaria en ámbitos tan importantes como el empleo, la formación profesional, la vivienda o las prestaciones sociales, con el argumento de que esta distinción sería discriminatoria. 
¿Cómo explicar esta diferencia de trato si no es a través del egoísmo corporativista de los medios audiovisuales que ven sus problemas a través del pequeño objetivo de su cámara y del prisma deformante de sus intereses de clase? 
¿En nombre de qué los ciudadanos franceses y europeos, víctimas de la inmigración-invasión, no habrían de tener los mismos derechos que los medios audiovisuales? 
En unos momentos en que la Unión Europea cuenta con más de 20 millones de parados y millones de nuevos pobres, ésta es la cuestión central que plantea el informe Galeote Quecedo/Hoppenstedt. 
Esperamos con interés la respuesta tanto de las instituciones como de las formaciones políticas. 
En la segunda lectura del informe Hoppenstedt/Galeote, solamente puedo dar mi voto favorable al documento si se solucionan de modo razonable los siguientes puntos: 
Mediante las cuotas de emisión no se ha producido aún ningún programa europeo de alta calidad. 
En este informe se debería mostrar una actitud más flexible en vez de imponer cuotas fijas. 
Lo que se debería hacer es poner a disposición suficientes créditos financieros para fomentar las producciones europeas. 
El concepto de radiodifusión no debe ampliarse a los nuevos servicios (online, video on demand, teleshopping, etc.) para no poner en peligro su desarrollo. 
Sin embargo, en campos importantes (p. ej., en teleshopping) debería garantizarse la protección del consumidor. 
En lo tocante al problema del país emisor sería irresponsable querer introducir de nuevo artificialmente las fronteras que han desaparecido en el campo del mercado interior para los medios de comunicación. 
Para la protección de la juventud es absolutamente necesario incorporar sistemáticamente en los aparatos de televisión posibilidades de desconexión (chip V) para dejar de este modo a los padres la última decisión. 
Actualmente, los niños y los jóvenes no están suficientemente protegidos frente a la gigantesca oferta de violencia y sexo en los programas. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado hoy sobre la modificación de uno de los principales instrumentos de que dispone la Unión para la puesta en marcha del mercado europeo audiovisual. 
En el momento de la votación de un texto así no debemos perder de vista los objetivos que perseguimos a largo plazo. 
La Directiva «Televisión sin fronteras» debe inscribirse en un marco global, definido en coherencia total con los demás instrumentos de la Unión, sobre todo con el programa Media II. Estos diferentes instrumentos deben permitirnos llevar a cabo una acción verdaderamente estructuradora para la industria de los programas y para el mercado europeo. 
La Directiva debe favorecer una circulación efectiva de las obras audiovisuales y ser garante de una mínima regulación del mercado, que debe organizarse de manera equitativa y transparente. 
En este sentido, me parece legítimo que todos los servicios que ofrezcan obras audiovisuales al público se sometan a las mismas disposiciones. 
La Directiva «Televisión sin fronteras» debe participar asimismo en el fortalecimiento de la industria de programas europeos y garantizar su promoción. 
Por tanto, he votado en favor de la definición de un texto apremiante, que obliga a los difusores a programar una mayoría de obras audiovisuales europeas que, en mi opinión, sólo deben ser obras de ficción. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
XXV informe de la Comisión sobre la política de competencia- Mercado único en 1995- Concentración de empresas- Reestructuración industrial- Préstamos a las PYME (ELISE) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0324/96 de la Sra. García Arias, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el XXV informe de la Comisión sobre la política de competencia, -A4-0323/96 del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0051- C4-0146/96) sobre el mercado único en 1995, -A4-0332/96 del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0313- C4-0536/96-96/0224 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración de empresas, -A4-0339/96 del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el control de las operaciones de concentración en la Comunidad: Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración (COM (96) 0019- C40106/96) , -A4-0335/96 de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la reestructuración industrial y la deslocalización en la Unión Europea (INI0329) , -A4-0318/96 del Sr. Kuckelkorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0155- C4-0314/96-96/0107 (CNS) ) relativa a la concesión de garantías sobre préstamos para las inversiones generadoras de empleo de las PYME. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer la presencia de los Comisarios competentes para los distintos sectores sobre los que viene debatiendo la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Y quiero empezar mi intervención constatando que existe una creciente preocupación entre los ciudadanos europeos respecto a las consecuencias que tendrán para su vida laboral y familiar las importantes mutaciones económicas e industriales, nacionales, europeas y mundiales que se vienen desarrollando. 
La apertura de los mercados, la aceleración de la competencia internacional y los cambios tecnológicos provocan en la sociedad sentimientos encontrados, de nuevas oportunidades pero también de inseguridad sobre su futuro laboral, el de sus hijos o sobre su nivel de bienestar social. 
Los procesos de liberalización y desregulación del servicio público o de los servicios de interés general en curso provocan, asimismo, sentimientos contradictorios. 
La introducción de elementos de competencia, para algunos, garantizará mejores prestaciones; para otros, provocará temor, muchas veces fundado en vista de algunas experiencias de reducción de los niveles de prestación o de encarecimiento de los servicios. 
El Libro Blanco de Delors- que conviene recordar insistentemente- ofreció una respuesta europea a estos retos, oportunidades o temores, planteando, acertadamente, que debe darse un desarrollo simultáneo de objetivos de crecimiento económico, competitividad y empleo. Y todo ello enmarcado también en el concepto general de cohesión económica y social. 
En este marco de análisis y debate, le ha correspondido a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios presentar ante el Pleno un grupo- a mi juicio, importante- de informes que tratan sobre la política de competencia, el mercado único, el control de operaciones de concentración de empresas, la reestructuración industrial y la deslocalización, así como el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 
Todos estos temas van unidos. 
Quizás tendríamos que haber incluido en este debate otro de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores respecto a la competencia internacional. 
El informe sobre la política de competencia de este año ha querido concentrarse básicamente en cuatro puntos: en primer lugar, la necesidad de que la Comisión, en su política de control de los entendimientos restrictivos y de los abusos de posición dominante, profundice más y controle mejor las actividades que determinados grupos financieros o industriales pueden ejercer sobre la economía. 
Y me explico. 
Creo que hay que delimitar claramente las conexiones financieras entre los diversos sectores, especialmente en el energético y en el de telecomunicaciones, que, cada vez más, tendrán un carácter estratégico, no vaya a estar sucediendo que la liberalización y privatización de empresas y monopolios de carácter público- que han tenido hasta ahora su justificación como garantes de servicios públicos o de servicios de interés general- esté dando lugar a la creación de monopolios, duopolios o fenómenos de características similares cuando observamos que las personas, entidades jurídicas o personajes que conforman los distintos consejos de administración coinciden, directa o indirectamente, en unos sectores o en otros. 
En España se ironiza mucho cuando se toman medidas de tipo económico o político y se habla de la respuesta de los mercados, y muchos ciudadanos empiezan a preguntarse quiénes son esos «señores de los mercados» cuya opinión, a veces, parece que tiene una respuesta mejor o más rápida que las respuestas de los parlamentos o de la sociedad. 
En segundo lugar, el informe ha querido también concentrarse en el debate sobre el servicio público. 
Constato con preocupación que, en este tema, no existe un consenso dentro del Parlamento Europeo y el resultado de la votación mañana nos indicará que tenemos que seguir buscando una posición conjunta de los distintos Grupos del Parlamento Europeo. 
En todo caso, creo que debemos lanzar un mensaje a los ciudadanos que les garantice con total claridad que deben preservarse los servicios públicos, al amparo de las presiones que el sector privado pueda ejercer para reducir los niveles de prestación de estos servicios. 
En tercer lugar, el informe se ha querido centrar en la coherencia que debe existir entre la cohesión económica y social y el control de las ayudas públicas que se otorgan a las empresas en las regiones en la Unión Europea. 
Este tema está provocando una importante distorsión de la competencia, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas de unas regiones y otras, y creemos que la Comisión debe empezar a presentar objetivos para reducir esta tendencia y, en concreto, unos objetivos de convergencia. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, en mi calidad de ponente, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el tercer informe anual de la Comisión sobre el mercado interior en 1995, quisiera referirme brevemente al tipo de reflexiones realizadas y al tipo de propuestas que se hicieron, dejando sentado que la comisión a la que pertenezco acoge favorablemente este texto, aunque considera oportuno hacer hincapié en algunos aspectos prioritarios que podrían contribuir al desarrollo más rápido del mercado interior y a su funcionamiento más satisfactorio. 
Tras haber examinado los resultados alcanzados y, ante todo, los problemas que siguen pendientes, nos centramos en una cuestión importante como es la de hacer el mercado interior más accesible a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas. 
De hecho, sin su plena y consciente participación, no será posible hablar de mercado interior que funcione correctamente en una perfecta democracia económica. 
No sólo son necesarias las campañas de información y de sensibilización, sino que es preciso avanzar con celeridad en el proceso de simplificación de la correspondiente normativa europea y vigilar para que los Estados miembros la traspongan de forma correcta, sin excesos y sin complicaciones añadidas. 
Asimismo, el buen funcionamiento del mercado interior requiere que se potencie la eficacia de los procedimientos de infracción, así como que se incremente la acción judicial y que la Conferencia Intergubernamental elabore a dicho fin instrumentos para defender la unicidad e integridad del mercado, que tengan como mínimo la misma eficacia que los que ya protegen la libre competencia. 
No nos queda más que reiterar que un mercado interior que funcione correctamente constituye la condición fundamental para la positiva puesta en marcha de la Unión Monetaria. 
Ambos procesos representan las dos caras de la misma moneda, a fin de lograr una estrategia de relanzamiento de la competitividad del sistema económico europeo, con el objetivo prioritario de fomentar el bienestar, el empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales. 
A dicho propósito, y a la luz de los actuales avances de la política económica común, hay que manifestar una fuerte preocupación con respecto a dos ámbitos problemáticos y especialmente prioritarios. 
En primer lugar, y con respecto a lo previsto para la moneda única y para la futura política monetaria común, algunos aspectos fundamentales de la gestión no monetaria de la economía se definen, por el momento, de forma mucho menos precisa, satisfactoria y coordinada, incluso desde el punto de vista de las competencias de las Instituciones europeas. 
Si, por un lado, se debe acoger favorablemente una ocasión, como la presente, que permite una reflexión conjunta sobre temas de política industrial, de competencia, comercial y de mercado interior, por otro, sería deseable un enfoque sistemáticamente integrado, que tuviera debidamente en cuenta también las principales políticas comunes de tipo sectorial horizontal, distintas de las mencionadas (medio ambiente, investigación, formación, política de los consumidores, etcétera). 
Por consiguiente, el primer problema a resolver será el de establecer un mayor equilibrio entre la futura política monetaria y el conjunto de las políticas económicas no monetarias. 
En segundo lugar, cuando se aborda la cuestión desde un punto de vista ligeramente distinto, nos exponemos a que surja un desequilibrio igualmente preocupante entre la política monetaria común, la estrecha coordinación de las políticas presupuestarias, garantizada por el Pacto de Estabilidad, y la política tributaria. 
Los insuficientes avances registrados hasta ahora en este último ámbito impiden un funcionamiento más satisfactorio del mercado interior, con repercusiones negativas sobre los consumidores, las empresas y, en consecuencia, el empleo. 
Los ejemplos negativos de competencia fiscal, de erosión de la base imponible y de traslado de la presión fiscal del capital al trabajo, ponen claramente en evidencia la urgencia de evolucionar hacia formas de armonización, cuando no de comunitarización propiamente dicha. 
En consecuencia, la urgente reflexión que debe llevarse a cabo deberá abarcar no sólo la manera de dirigir la problemática tributaria hacia soluciones más satisfactorias, sino también todo el contexto de la gestión no monetaria de la economía de la Unión Europea en el próximo futuro. 
Las Instituciones deben hacerse cargo de esto, sin embargo, es una tarea específica de la Conferencia Intergubernamental llevar a cabo esas reformas que se solicitan desde hace tiempo, en particular, a través de la superación del principio de la unanimidad para todas las decisiones relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior. 
Señor Presidente, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, las fusiones y concentraciones transfronterizas son unos de los medios más importantes de que dispone la industria para poder enfrentarse con éxito a los nuevos desafíos del mercado interior. 
Si no perjudican la competencia, pueden ser ser positivos para la integración del mercado. 
En sus resoluciones sobre la política de competitividad industrial del pasado año, el Parlamento Europeo mostró claramente que la competencia global exige de las empresas la capacidad de afianzarse como global Player y que la política debe crear el necesario margen de actuación para aumentar la competitividad de la industria europea. 
Tengo muy claro que esto a veces puede ser un ejercicio de equilibrio sobre el alambre, pues el aumento de la competitividad global no debe realizarse en detrimento de unas condiciones de competencia iguales para todos en el mercado interior. 
En nuestra Asamblea no es casual que exista una amplia coincidencia de pareceres en que la competencia interna reanima el mercado interior, eleva la eficiencia y, en consecuencia, puede ser garantía de nuestro bienestar. 
Pero, por otro lado, la competencia no es un objetivo en si mismo sino un instrumento para alcanzar los objetivos supraordenados del empleo, la conservación del medio ambiente, el bienestar y la cohesión social. 
Con la política monetaria queremos dar un gran paso. 
Con la moneda única no sólo profundizaremos la integración. 
Al menos para una gran mayoría en esta Asamblea, esta reforma histórica es también un instrumento para preparar a Europa para la competencia global y para los objetivos que acabo de mencionar. 
Esta política monetaria es diseñada de acuerdo con nuestra voluntad común pero es gestionada por una institución fuerte e independiente. 
Estamos avanzando en la integración. 
Por el contrario, en la política concreta de competencia a veces se tiene la impresión de que se debe dar marcha atrás. 
Por ejemplo, en la política de ayudas, en mi propio país algunos cabecillas provinciales elevan el grito al cielo diciendo que al fin y al cabo son los señores de la casa. 
El que estos gritos no solamente se pronuncien en mi país no es de mucho consuelo. 
Todos parecen olvidar que nuestra casa es Europa y que esta casa no puede ser una endeble chabola. 
Tiene que ser fuerte y todos queremos vivir en ella. 
Una casa de este tipo necesita también un administrador. 
Pero este administrador no puede hacer lo que quiera sino que tiene que moverse dentro del marco claramente acordado por los habitantes de la casa. 
Pero este marco tiene que conceder al administrador- lo voy a llamar también Comisión- un margen de actuación suficiente. 
Esto es aplicable también al control de las concentraciones. 
Es cierto que tenemos este instrumento, es decir, el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración de 1989 que debe seguir siendo el margen de actuación. 
Pero nada queda tal como era en un campo tan dinámico como el mercado interior al que además viene a sumarse la globalización de la economía. 
Por ello, los detalles de un instrumento de este tipo deben colocarse en el banco de pruebas y modificarse. Debería haberse hecho hace ya mucho tiempo. 
Los criterios concretos que se contemplan en el marco del reglamento ya no son adecuados. 
No quiero entrar en detalles de cuál es la situación real actual o de cuáles son los umbrales determinantes para que entre en juego la competencia de la Comisión. 
El dominio del mercado puede producirse ya por debajo de esos umbrales. 
Con la creciente integración de los mercados en la Comunidad, el número de concentraciones transfronterizas ha aumentado. Pero sólo un reducido número de esos casos cae bajo el ámbito de aplicación del reglamento actual. 
Para mí no es comprensible. 
El punto determinante no es si para mi salta a la vista o no. 
Lo que está claro es que las concentraciones que no caen bajo el reglamento repercuten sobre las condiciones de competencia en toda la Comunidad y me permito dudar que esto se pueda valorar adecuadamente a través de las gafas de las autoridades nacionales encargadas de la competencia. 
Todo esto no tiene ya mucho sentido desde una perspectiva de política de competencia. 
Tenemos que corregir lo que tenemos. 
En su Libro Verde, la Comisión propuso originariamente fijar los mencionados umbrales en 2.000 millones de ecus o 100 millones de ecus para el volumen de negocios a nivel comunitario en caso de participación de al menos dos países miembros. 
A esto siguen oponiéndose una serie de países miembros. En cualquier caso, estaría justificado. 
La actual propuesta de reglamento prevé 3.000 millones de ecus para un volumen de negocios a nivel mundial y 150 millones de ecus para al menos 2 países miembros. 
Para el caso de que fuesen necesarias tres o más participaciones nacionales deben aplicarse 2.000 millones de ecus y 100 millones de ecus. 
Les ruego que aprueben las propuestas de reglamento de la Comisión para modificar el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. 
Insto al Consejo de Ministros de Industria para que también lo apruebe así. 
En su reunión del próximo jueves puede dar la señal al respecto. 
Es absolutamente necesario. 
Por lo demás, también lo exige la subsidiariedad aunque no haya que manipular este concepto para renacionalizar la política de competencia. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha elaborado un informe de propia iniciativa que aborda los cambios estructurales en la industria y los traslados internacionales de empresas tanto dentro de la Unión Europea como desde la Unión Europea hacia terceros países. 
Este fenómeno, comúnmente denominado mundialización o deslocalización, rebasa todos los límites sectoriales. 
No podremos comprender dicho fenómeno si lo contemplamos únicamente desde el punto de vista de la política de competencia o simplemente desde la perspectiva de la política industrial o comercial. 
Hace falta un nuevo enfoque que rebase los límites sectoriales, a fin de poder comprender lo que está ocurriendo en realidad. 
Hasta ahora, el mejor seguimiento de los traslados de empresas se ha podido realizar estudiando el espectacular crecimiento de las cifras de inversiones extranjeras directas, que se han triplicado a nivel mundial en diez años y que se han convertido en un elemento normal del mecanismo de funcionamiento de la economía de mercado. 
Naturalmente, con ellas se crean muchos empleos a la vez que se fomentan los cambios estructurales, pero este fenómeno tiene también consecuencias negativas. 
Una empresa industrial puede, por ejemplo, hacer las maletas y dejar tras de sí a un número muy considerable de personas desempleadas, sin que las autoridades o los propios trabajadores de la empresa apenas hayan podido hacer nada para evitarlo. 
Mi intención es proponer algunas medidas concretas con las que poder realizar un seguimiento y un análisis más precisos. 
En primer lugar, me gustaría que la Comisión considerase la posibilidad de crear un organismo de seguimiento con este fin. 
A diferencia de lo que algunos han afirmado, no propongo ningún tipo de política intervencionista, la cual llevaría a la Comisión a intervenir en la actividad de las empresas y en sus inversiones. 
No obstante, la Unión tiene un interés evidente en este asunto de cara a favorecer el bienestar de los ciudadanos, de manera que, en mi opinión, sería necesario crear un observatorio, ya que con los medios actuales no es posible realizar un seguimiento de la deslocalización de manera suficientemente sistemática. 
En segundo lugar, resulta obvio que también revisten gran importancia las acciones de propia iniciativa de las empresas. 
Una buena fórmula sería que las empresas elaborasen unas directrices voluntarias, insisto voluntarias, tipo código de conducta, con las que, por ejemplo, evitarían trasladar sus actividades a aquellos países no pertenecientes a la Unión Europea en los que los trabajadores no disfruten de derechos fundamentales, o en los que el Estado viole los derechos humanos de manera flagrante. 
Creo firmemente que la actividad de las empresas que respeten estas directrices puede ser muy próspera, debido a que este procedimiento puede convertirse en un factor de estímulo de la competitividad. 
Considero esencial igualmente continuar el debate acerca de cómo podemos crear en el seno de la Unión unas condiciones de competencia cada vez más uniformes para las empresas. 
La cuestión reside en cómo se podría reforzar el mercado interior: La comisión ha centrado su atención, en particular y de manera unánime, en la imposición fiscal. 
La fiscalidad constituye el ámbito en el que quizás más cabría actuar. 
Hemos recordado nuevamente que la Comisión publicó la pasada primavera un documento muy valioso, en el que se pone de relieve que la presión fiscal sobre los factores de producción de mayor movilidad ha descendido significativamente en los últimos años, en tanto que la fiscalidad sobre los factores de producción con menor movilidad, como la mano de obra, ha aumentado a su vez.. 
Naturalmente, de esta forma no se fomenta la actividad empresarial, al menos la de las empresas que emplean gran cantidad de mano de obra. 
Me gustaría asimismo atraer la atención de la Comisión sobre el hecho de que en la política regional de la Unión puede haber factores que distorsionan las condiciones de la competencia. 
La comisión pone de relieve el fenómeno que en inglés se designa con el nombre de «subsidy shopping». 
La Comisión debería investigar decididamente si las diferentes formas de ayuda de la UE se utilizan con total falta de escrúpulos para la creación de puestos de trabajo de corta duración, y si después de obtener las ayudas se hacen de nuevo las maletas. 
La comisión hace hincapié igualmente en que deben reforzarse los vínculos de las inversiones directas y de las nuevas empresas que se asientan en una región con la actividad productiva y la economía locales. 
No se puede infravalorar tampoco la importancia de la formación, a fin de que los trabajadores puedan adaptarse a una situación en la que las empresas pueden variar de estrategia con gran rapidez. 
Señor Presidente, antes de concluir, quiero señalar que en los informes del Sr. Kittelmann y del Sr. Kreissl-Dörfler se tratan con mayor profundidad las cuestiones relativas a la OMC, así que no voy a referirme a ellas en esta ocasión. 
Ante esta cifra, solamente se puede llegar a la conclusión de que la Comunidad se encuentra inmersa en una gran crisis de empleo. 
De cumbre a cumbre, el Consejo no se cansa de subrayar su gran compromiso en la superación de la crisis de empleo. 
Tras cada cumbre se dice a la opinión pública europea que se han puesto en marcha acciones que tienen como objetivo una mejora sostenible de la situación del empleo. 
Desde que se ha visto que las redes transeuropeas no son suficientes para una ofensiva de empleo porque los hechos demuestran otra cosa, la Comunidad tiene que aprobar unas iniciativas de empleo creíbles. Esto podría ocurrir en el marco de las PYME. 
La consecuencia lógica sería el enérgico apoyo a estos motores de empleo por parte de la Unión Europea y, en especial, del Consejo de Ministros, tanto más cuando el Consejo califica en cada ocasión a las PYME como el auténtico motor de empleo de la Unión Europea. 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han reconocido que es posible emplear al sector artesanal y de las PYME como motor para la creación de nuevos puestos de trabajo con un esfuerzo reducido. 
En consecuencia, la Comisión y el Parlamento han aprobado un programa de concesión de bonificaciones de intereses para acciones generadoras de puestos de trabajo en el sector de las PYME. 
En el presupuesto de la Comunidad de 1996 se aprobaron 50 millones de ecus para este programa. 
Negó su aprobación al programa y no creó un fundamento jurídico alegando además unos seudo-argumentos: a) la subsidiariedad, porque los Estados miembros temen supuestamente una pérdida de competencias y b) la esperanza de obtener créditos financieros para agujeros presupuestarios surgidos negligentemente. 
Precisamente aquí el Consejo de Ministros realiza una apreciación errónea de fondo. 
La Comisión de Presupuestos distribuirá entre otras líneas presupuestarias los fondos de que se dispone mediante el procedimiento «Notenboom» si el Consejo no crea por fin el fundamento jurídico. 
Mediante garantías de préstamo se quiere facilitar a las PYME el acceso a una financiación externa para inversiones dirigidas a crear puestos de trabajo, una iniciativa convincente que ha encontrado una resonancia muy positiva incluso entre las mismas PYME. 
La suma de los préstamos garantizados debe vincularse al número de puestos de trabajo creados. 
El nuevo programa ELISE radica en interés de las PYME y si se ve las dificultades que tiene el Consejo para llegar a una aprobación, hay que decir también que en especial mi país bloquea sistemáticamente en el Consejo la adopción de una resolución. 
Si no se llegase a un acuerdo sobre el programa ELISE, también aquí se espera un reflujo de créditos para pagar antiguas deudas. 
Muy grande debe ser la miseria financiera de un Gobierno Federal o de los Gobiernos, cuando ante los agujeros de miles de millones en el presupuesto, dependen de unos créditos financieros tan pequeños y detienen un programa de empleo europeo tan prometedor, debiéndose además en cuenta que tras un fracaso del programa se distribuyen los créditos en otras líneas presupuestarias. 
Solamente se puede desear éxito a la Comisión en la difícil tarea de convencer al Consejo de la utilidad del programa ELISE. 
Como ponente del Parlamento, estoy convencido de que podremos lograrlo con resoluciones del Parlamento y conjuntamente con la Comisión. 
Señor Presidente, en realidad habría querido hablar de la enmienda Wijsenbeek, que ha sido aceptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la regla de los dos tercios. 
En nuestra opinión no es tan buena, opinión que por cierto compartimos con la Comisión, pero ahora que el Comisario Bangemann y el Comisario Van Miert están juntos, no puedo resistir la tentación de hablar de otra gran concentración en la que los comisarios estaban implicados en gran medida. Se trata de la concentración en el fútbol. 
El Comisario Bangemann ha hecho muchos méritos al intentar lograr un acuerdo amistoso con los arrogantes mandamases del fútbol sobre la cláusula de nacionalidad. 
Dijeron que sí, pero no lo apoyaron con hechos, y después perdieron el proceso frente a Jean-Marc Bosman, el héroe belga que he calificado de pequeño David, a quien se dio la razón en Luxemburgo, algo que tanto el Comisario Bangemann como el Comisario Van Miert les habían advertido que iba a suceder. 
Ahora hay una reciente sentencia del Tribunal en Amsterdam que está totalmente en contra de la KNVB y dice exactamente lo que usted siempre ha dicho: que es necesario que haya competencia en la KNVB en lo que respecta a los derechos televisivos; pero eso les trae sin cuidado. 
Por consiguiente, ruego que reconsideren si el reglamento de concentración, que también aplaudimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no puede aplicarse en este sentido. 
El Sr. Wijsenbeek presentó con éxito en el último minuto una enmienda que ha sido más o menos sopesada en la Comisión de Asuntos Económicos, no de forma tan crítica como los hacemos los juristas, sino de forma más tolerante y moderada, pero no obstante les pedimos que consideren si la regla de los tres cuartos, que por otra parte concuerda con su propuesta, no puede dejarse de lado después de examinar esta cuestión. 
Señor Presidente, después de esta relocalización de los futbolistas quisiera volver a la cuestión. 
Como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo quiero recalcar algunos elementos de nuestra opinión. 
En primer lugar, la relocalización no es en sí un fenómeno censurable, sino que forma parte de un movimiento mundial de racionalización, modernización, adaptación y ahorro. 
Pero en la economía de mercado corregida, el Estado ha de identificar, evitar, controlar y combatir las consecuencias sociales negativas de las relocalizaciones. 
En segundo lugar, queremos señalar que la relocalización no es un fenómeno unívoco. Hay relocalización en general dentro de la Unión, fuera de la Unión, entre los países de la OCDE, entre la Unión y la Europa Central y Oriental, Africa del Norte, etc. Pienso que hemos de mantener varios principios generales. 
La Comisión de Asuntos Sociales quiere que las relocalizaciones y la reconsideración del libre comercio mundial tenga en cuenta el mercado interior por un lado y la regionalización a escala mundial por otro. 
En tercer lugar, en cuanto a la relocalización dentro de la UE, hemos adoptado una postura clara en lo que respecta a la internacionalización por una estrategia y una evaluación de la reestructuración de las empresas. 
Si dentro de la Unión Europea se produce un traslado de empresas hacia las regiones que se atreven a ofrecer ventajas muy competitivas, surgirá en la Unión una situación que conllevará grandes dificultades. 
Por consiguiente, pedimos a los dos comisarios que examinen seriamente la política de subvenciones y que analicen cuáles serán las consecuencias para los mercados laborales locales. 
Ya que cuando las empresas pasan de una a otra región con subvenciones, se produce al mismo tiempo un traslado de trabajadores, un traslado de puestos de trabajo, y la Unión Europea hace como si no supusiera problema alguno cuando en realidad es un problema muy grande. 
Señor Presidente, en vista de la dimensión del desempleo en la Unión y la importancia que las pequeñas y medianas empresas tienen en el mercado de trabajo, no resultará difícil prever el gran interés que presentará el programa ELISE. 
Mediante él, dichas empresas pasarán a tener un acceso más fácil y menos onerosos al crédito bancario, siempre indispensable para poder realizar sus inversiones. 
De hecho, las pequeñas y medianas empresas, casi siempre descapitalizadas, afrontan inmensas dificultades, mucho tiempo de espera y costos elevadísimos cuando recurren a préstamos bancarios, entre otras cosas porque tampoco pueden ofrecer, por lo general, las garantías adecuadas, exigidas por las diversas instituciones financieras, que en los diferentes Estados miembros los conceden. 
Cuando haya, como hay, una entidad que substituya a las pequeñas y medianas empresas en la asunción de la responsabilidad por las garantías de los préstamos bancarios necesarios, el Fondo Europeo de Inversiones, y otra institución que apoye el costo de las primas de dichas garantías- y la Comunidad propone serlo -, entonces las barreras que impiden el acceso al mercado financiero serán superadas fácilmente. 
Si bien concordamos con el espíritu del programa ELISE, queremos ir todavía más al fondo de las cuestiones que en él se abordan, procurando ser, por un lado, más extensivos y, por otro, más incisivos. 
Yo mismo elaboré una opinión, por lo demás aprobada por unanimidad por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, en la que propugnamos no sólo la creación de empleo como algo indispensable para la concesión de esas subvenciones de la Comunidad, sino también la preservación o el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en las empresas, para lo que se debería atender la necesaria y adecuada enmienda de la rúbrica presupuestaria, vinculada a la creación de empleo, a fin de que abarcara ese nuevo tipo de gastos. 
También en esa opinión se consideró necesaria una referencia expresa a las microempresas, las empresas artesanales, e idéntica mención explícita a las regiones periféricas y ultraperiféricas, para lo que debería haber una amplia red de instituciones financieras interesadas en todo el territorio comunitario. 
Y una gran facilidad de acceso a las garantías de préstamos. 
Asimismo, se consideró importante procurar garantizar que los puestos de trabajo creados o por mantener en las empresas candidatas a las subvenciones tuvieran un carácter duradero. 
Por último, nos manifestamos a favor de una flexibilización de la tasa de cobertura de los préstamos de las pequeñas y medianas empresas por las garantías del Fondo de Inversiones, para que se utilicen valores mayores cuando las inversiones vayan encaminadas a la creación de muchos puestos de trabajo o cuando se destinen a beneficiar, mediante las empresas interesadas, a los grupos potencialmente más afectados por el desempleo. 
Si bien el informe hoy examinado es bueno, y no sólo porque abarque algunas de nuestras propuestas, hemos de lamentar, y lo hacemos muy vivamente, que no se haya inscrito en él una idea que para nosotros es igualmente prioritaria y que conviene repetir: la de apoyar lo más posible el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. 
Si se hubiera tenido en cuenta, este informe merecería, a nuestro juicio, la calificación máxima. 
Así, nos queda la satisfacción de haberla propuesto en el debate y en tiempo útil. 
Señor Presidente, soy ponente para opinión de la Comisión de Política Regional y para esta comisión los desplazamientos de los lugares de asentamiento de las empresas y los efectos sobre la política estructural derivados de los mismos son un tema central. 
La Comisión de Política Regional no entiende porqué a la disposición a cooperar con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial se responde diciendo que sus cifras no deben ser tenidas en cuenta en el informe. 
Para la Comisión de Política Regional, es de importancia central la cuestión de hasta qué punto los actuales Fondos estructurales son adecuados para frenar o facilitar los desplazamientos. 
Los Fondos estructurales están vinculados a unas regiones geográficas determinadas y a criterios de un desarrollo débil. 
Ahora bien, actualmente nos encontramos con un fenómeno que aumenta enormemente, a saber, el subsidy shopping. 
El hecho es que las regiones débiles sacrifican todo su potencial a este fenómeno en lugar de dedicarlo a un desarrollo sostenible. 
Se trata de restablecer la consonancia entre la política económica, la de competencia y la cohesión económica y social. 
Instamos por ello a la Comisión para que se ocupe más intensamente de este fenómeno. 
Todos tenemos claro que la futura reforma de los Fondos estructurales tiene que ser más eficiente, por lo que hay que oponerse al fraude. 
La Comisión de Política Regional es por tanto de la opinión de que hay que revisar la cuestión de la referencia geográfica. 
Pero ya tiene una respuesta pues no considera razonable eliminar totalmente este criterio. 
Tampoco considera razonable impulsar aún más la burocratización de los Fondos estructurales, por lo que propone un instrumento casi competitivo por el que las ayudas de la UE a las empresas se hagan depender de un compromiso a largo plazo en la región e impedir así que las empresas migren de una región objetivo a otra solamente con la finalidad de aprovecharse de las ventajas de la UE sin vincularse a largo plazo a la actividad económica de una región. 
Señor Presidente, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, esta es al menos la tercera vez en esta semana de Plenos- que ciertamente está aún en sus inicios- en que tenemos que achacar al Consejo su falta de actividad tras su ampulosa declaración de cara a los medios de comunicación realizada en la cumbre. 
Continuamente declara la lucha por el empleo como la máxima prioridad de la Unión y de sus Estados miembros, pero cuando hay que actuar no ocurre nada. 
Tras cada cumbre retorna la tranquilidad tanto si se trata de programas de eficiencia energética, de la aplicación de los Fondos estructurales y regionales o, como ahora, del apoyo a las PYME. 
En cada ocasión se presenta al Consejo en bandeja de plata la oportunidad para crear puestos de trabajo y nunca la recoge. 
Las PYME son el motor del empleo, el crecimiento y la competitividad en la Unión Europea. 
Más del 70 % de todos los puestos de trabajo de la Unión están en las PYME. 
Al contrario que el Consejo, con su política de cara a la galería, el Parlamento Europeo quiere aplicar también los aspectos políticos que aprueba, por lo que el último año ha aumentado los créditos de la línea presupuestaria B5-322, » Empleo y crecimiento para Europa» , en 50 millones de ecus hasta los 57 millones, porque el programa para la concesión de subvenciones a las PYME para inversiones destinadas a crear puestos de trabajo ha tenido éxito y era de esperar que gozase de una amplia aceptación. 
Sin embargo, el Consejo no ha estado dispuesto a crear el necesario fundamento jurídico. 
El programa ELISE, como programa de concesión de garantías a las PYME, pretende al menos cerrar el hueco existente entre la política anunciada y la real. 
Esta iniciativa de 25 millones de ecus está prevista en principio para dos años y con esa suma se puede lograr quizás un volumen de créditos de 1.000 millones de ecus. Se plantea la pregunta de si con esa suma se pueden lograr realmente unos efectos palpables sobre el empleo. 
Creemos que las dotaciones de créditos son más bien modestas ante el trasfondo de los créditos presupuestarios disponibles para 1996. 
Estamos convencidos de que debemos ayudar a las PYME a eliminar sus déficits allí donde sea posible pues las reservas de empleo que se pueden movilizar en este campo merecen un generoso esfuerzo. 
No debemos sacrificar nuestra prioridad- la lucha contra el paro- a rellenar los agujeros presupuestarios en los Estados miembros. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los ponentes por sus informes. 
Los distintos informes contienen algunas ideas excelentes, y espero que la Comisión adopte muchas de ellas en el desempeño de sus funciones durante 1997. 
Me gustaría decir a los Comisarios que no es en absoluto una coincidencia que esta tarde estemos celebrando un debate conjunto sobre todos estos informes. 
El motivo de este debate es que queremos unir la política industrial, queremos unir la política de competencia, queremos unir el mercado único, queremos unir las políticas sobre las PYME entre sí, porque, francamente, en estos momentos, el Parlamento es de la opinión de que, a pesar de que los servicios de la Comisión en sus respectivas Direcciones Generales están desarrollando una función excelente en nombre de los ciudadanos de la Unión Europea, aún no existe un nivel suficiente de coordinación y colaboración en lo relativo a todas estas políticas. 
Quiero plantear algunos problemas en mi corta intervención. 
Tenemos que reconocer que, dados los índices de crecimiento de la Unión Europea entre ahora y el final de la década, estamos hablando de un crecimiento que alcanzará posiblemente el 2 % o el 2, 5 %. 
Eso significa que no será posible atajar el problema del desempleo en Europa. 
Seguiremos teniendo unos niveles muy altos de desempleo cuando lleguemos al final del siglo. 
También es cierto que vendemos en mercados de todo el mundo. 
Ya ha pasado la época en que teníamos compañías europeas. 
Ahora tenemos compañías mundiales que operan en los mercados europeos. 
En consecuencia, necesitamos crear un clima que permita prosperar a esas compañías y que permita a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de abastecimiento avanzar también hacia el futuro. 
Éste es el motivo por el que es necesario aunar en un núcleo más claro la política sobre las pequeñas y medianas empresas, la política industrial, la política de la competencia y el mercado único. 
Solicitaremos- mi Grupo lo hará sin duda- que la Comisión Europea elabore un nuevo informe anual dentro del contexto de su programa de trabajo para 1997. 
Dicho informe aunaría todos esos ámbitos de la política, analizaría claramente la competitividad de la Unión Europea y se aseguraría de que existe compatibilidad entre las diferentes políticas mencionadas. 
También necesitamos estudiar el impacto económico de todas estas políticas. 
Sé, por ejemplo, que la DG II de la Comisión Europea elabora informes sobre el aspecto económico de algunas de las principales políticas que podría presentar la Comisión Europea. 
Sospecho que dichos informes se filtran hacia arriba hasta llegar al nivel de director general de la Comisión Europea. 
Sospecho que dichos informes no llegan hasta los escritorios de los Comisarios europeos. 
Es fundamental que la DG II- las personas que analizan el rendimiento económico de las políticas de la Unión Europea- estén autorizados a expresar sus opiniones directamente al Colegio de Comisarios. 
Quiero tratar sobre algunos cambios en el entorno empresarial y cómo dichas políticas en materia de competencia, PYME, industria y el mercado único necesitan colaborar más estrechamente entre sí. 
En particular, quiero analizar la cadena de abastecimiento en la que intervienen las industrias. 
Veamos, señor Comisario Bangemann, una industria de la que usted y yo nos hemos ocupado recientemente- la industria automovilística. 
En la industria del automóvil del pasado, toda la investigación y desarrollo tecnológico, muchos de los componentes, etcétera, se incluían en las actividades de las propia casa central. 
Pero esos días han quedado atrás. 
Ahora tenemos una cadena de abastecimiento, lo que significa que en muchos casos, la investigación y el desarrollo tecnológico ha hecho retroceder la cadena de abastecimiento hasta abastecedores de primera, segunda e incluso tercera fila en este sector. 
Hay muchos otros sectores de la economía en los que la cadena de abastecimiento es ahora completamente diferente de la que existía hace diez años. 
Son las pequeñas y medianas empresas las que constituyen la clave de esta cadena de abastecimiento, industrias innovadoras que actualmente están inventando, que participan en los servicios de producción con valor añadido. 
Por ello, nuestras políticas tienen que reflejar eso. 
Si contemplamos la política de competencia, descubrimos que con demasiada frecuencia se utiliza como excusa para la política industrial. 
Una vez más, si contemplamos la industria del automóvil, hemos tenido las excepciones de grupo en la industria automovilística incluso en lo relativo a la venta de coches. 
Eso equivale realmente a utilizar la política de competencia como un mecanismo para la política de industria. 
Luego hemos tenido los acuerdos voluntarios sobre la exportación que estarán en vigor hasta 1999, una vez más, utilizando ampliamente la política de competencia o la política de comercio para la política industrial. 
Es necesario que consigamos que estas políticas del mercado interior, de industria, de pequeñas y medianas empresas, de investigación y desarrollo estén más estrechamente coordinadas. 
A menos que lo consigamos, continuaremos teniendo unos índices de crecimiento en torno al 2 %. 
Seguiremos con unos niveles de desempleo de 18 millones, y nuestro impacto como Unión Europea será absolutamente mínimo. 
Por ello queremos que el año próximo, la Comisión presente un informe anual que aúne a todas estas políticas, que las aúne en la competitividad, para que veamos si existe auténtica compatibilidad entre las diferentes Direcciones Generales y las políticas que persigue la Unión Europea. 
Señor Presidente, los informes- o mejor dicho el grupo de informes- que el Parlamento está examinando proceden de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, que los evaluó en su conjunto, porque en realidad están relacionados entre sí. 
No podría ser de otra forma, pues, no puede pensarse en la política de competencia sin evaluar las reglas de las concentraciones ni tampoco puede pensarse en las reestructuraciones y deslocalizaciones sin saber evaluar su repercusión en las pequeñas y medianas empresas. 
Por consiguiente, dirigimos nuestro aplauso a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por el trabajo llevado a cabo y por las indicaciones facilitadas a la Comisión para una mejor redacción de las directivas finales. 
Sin embargo, existen algunos aspectos específicos que deseamos subrayar en esta evaluación global de la economía comunitaria. 
El primero puede resumirse en la indicación política de ofrecer una evaluación distinta de carácter dimensional: no ésta en lo «grande» el futuro de la economía, sino que las mayores oportunidades de crecimiento, desarrollo, inversiones y, por consiguiente, en última instancia, de nuevos puestos de trabajo están en lo «mediano» y en lo «pequeño». 
El segundo aspecto es una indicación operativa, destinada a evaluar de forma distinta la repercusión sectorial en la economía: en el futuro, merecen cada vez más una mayor atención los sectores que hasta hoy se han subestimado en razón de su potencialidad: me refiero en particular al turismo, al comercio, al artesanado y a los servicios, incluyendo entre estos últimos, sectores como el medio ambiente, tecnología, economía social y demás. 
El tercer aspecto lo acaba de recordar el Sr. Secchi en su informe sobre el mercado interior. 
Desde hoy existe una relación distinta entre la política monetaria y la política no monetaria y, por consiguiente, en última instancia, la política tributaria, es decir, debemos permitir a la empresa y a los empresarios, por un lado, una mayor desregulación administrativa y burocrática, concederles el tiempo y la posibilidad de ser empresarios y no burócratas en su trabajo y, por otro, una consiguiente mayor y mejor armonización fiscal, tal como desea el Comisario Monti en el que él prefiere llamar, justamente, mercado interior más que mercado único. 
Cuarto y último aspecto: en la búsqueda de mejoras cualitativas y cuantitativas hay que razonar desde la óptica de satisfacer las demandas del consumidor, que es el único verdadero objetivo de los esfuerzos que cientos de miles de empresarios en Europa- pequeños, medianos y grandes- con millones de colaboradores realizan diariamente. 
Sólo el mercado, de hecho, es quien debe regular los esfuerzos normativos que las Instituciones europeas realizan y dictan a los Estados miembros, es decir será el mercado que dirá dónde conceder, dónde regular, dónde reducir. 
Si logramos poner en marcha el mercado que, en la actualidad, sufre una peligrosa disminución de los consumos, volveremos a poner en marcha todo el sistema económico y social comunitario. 
Señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar, en nombre de mi Grupo del Partido Europeo de Liberales Demócratas y Reformistas, a los distintos ponentes. 
Debido a que dispongo de tiempo limitado, sólo quiero hacer dos observaciones políticas. 
En lo relativo al informe García Arias sobre la política de competencia, deseo enviar una señal política inequívoca de que aunque el Grupo de los Liberales está dispuesto a apoyar dicho informe en general, existe un impedimento y una condición específica para que demos nuestro apoyo; me refiero al apartado 15 y a la solicitud de que en la CIG se modifique el artículo 90.2. 
Mi Grupo está firmemente convencido de que la enmienda de este artículo sería una especie de caballo de Troya. 
Introduciría una forma de proteccionismo progresivo y un intento de bloquear la culminación del mercado interior en sectores delicados. 
Representa una respuesta muy reaccionaria a problemas que sin duda existen, pero para cuya solución ya se han previsto políticas. 
En un mercado competitivo mundial no tenemos otra opción que la de garantizar que seguimos presionando hacia adelante, y creemos que el artículo 32 debe permanecer como está. 
Apelo, en particular, al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos para que intenten ofrecernos una salida en este asunto, porque queremos apoyar el impulso general de las recomendaciones del informe García Arias. 
Con respecto al informe Hautala, muy brevemente, nos oponemos de forma categórica al concepto de una tasa especulativa sobre los movimientos de capital. 
En el apartado 2 reaparece este tema de manera implícita. 
Quiero que se modifique. 
Si se modifica, lo apoyaremos; de lo contrario, votaremos en contra. 
Señor Presidente, tenemos ante nosotros una serie de informes muy importantes y quisiera felicitar a los ponentes tanto por su esfuerzo como por sus ideas. 
Sin embargo, quisiera referirme especialmente a las deslocalizaciones de empresas. 
La práctica de la deslocalización constituye un arma básica en manos de aquellos que ejercen presión en favor de una protección social reducida, la inmunidad fiscal, la restricción de medidas de protección medioambiental y en favor de la relajación en materia de normalización y protección del consumidor. 
No es casualidad que, precisamente, en nombre de esta tendencia amenazadora, se estén cometiendo descaradamente infracciones contra privilegios y concesiones, que terminan en un abuso de los recursos de los Fondos Estructurales. 
Tampoco es casualidad que se estén reforzando cada vez más las deslocalizaciones desde la Unión Europea hacia terceros países, principalmente, hacia los nuevos países industrializados de Asia y los países de Europa central y oriental. 
Para algunos países, como el mío, este fenómeno ha asumido las dimensiones de una catástrofe nacional y constituye una causa fundamental de la disminución de la base productiva, del desmantelamiento de la economía, de la desindustrialización y de la decadencia. 
Hay muchos ejemplos, los últimos son los de GOODYEAR y LEVIS, mientras SIEMENS hace chantaje para conseguir nuevos contratos, utilizando a sus trabajadores como rehenes. 
Queremos felicitar a la diputada, Sra. Hautala, por examinar el problema desde muchos ángulos. 
Queremos subrayar que, más allá de las afirmaciones y preocupaciones, lo que se necesita, en la actualidad son medidas inmediatas y eficaces a escala internacional para limitar la acción impune del gran capital multinacional. 
Instamos a la Unión Europea y a los Estados miembros a que demuestren la misma decisión con respecto a este tema que para imponer políticas que reducen el nivel de protección social, derrumbando derechos fundamentales de los trabajadores, legítimamente adquiridos. 
La Unión Europea, por ejemplo, podría contemplar en el seno de la Organización Mundial del Comercio la modificación de los estatutos, de manera que la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, como se establecen en los respectivos convenios firmados por la Organización Internacional del Trabajo, se incluyan en los acuerdos multilaterales, constituyendo un criterio para la aplicación del principio de nación más favorecida. 
Debemos ser conscientes, señor Presidente, de que el desmantelamiento y la desindustrialización de los países menos desarrollados de la Unión en una primera etapa, y a continuación, de toda la Unión acabará siendo una pesadilla también para los que rigen sus estrategias políticas por la lógica de la mayor apertura de los mercados, el sometimiento de todo, tanto de necesidades sociales, como medioambientales, a la aclamada competitividad y a la transformación de nuestra sociedad en un mundo oscuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, parece que se trata de muy diversos temas: política de competencia, PYME, fomento del empleo, deslocalización, mercado interior. 
Pero en realidad se trata siempre de lo mismo, que vivimos en unos tiempos muy interesantes en lo que se refiere a la política económica. 
Son tiempos en los que es evidente que el proyecto neoliberal se está acabando, en los que la idea de que los mercados van a encontrar por si mismos las soluciones se muestra como irreal y en los que se muestra claramente la necesidad de recuperar en muchos aspectos el control democrático de la política económica. 
Me remito solamente al informe de la OIT sobre el trabajo infantil. 
Ciertamente, en la cuestión de los estándares medioambientales y sociales existe necesidad de regulación. 
Los mercados no son un fenómeno natural sino que debemos crear las condiciones políticas para que funcionen como agencias y mecanismos racionales. 
Esto tenemos que logralo en la letra pequeña de muchos textos y me alegraría si la Comisión, Karl van Miert y Martin Bagemann, se sumaran a esta versión avanzada de economía de mercado. 
Señor Presidente, habida cuenta de la gran cantidad de trabajo que ha realizado la Asamblea- los informes elaborados por los ponentes, las ideas y políticas presentadas- resulta sorprendente lo baja que es la asistencia, y resulta también muy sorprendente que aunque un tal Sr. Goldsmith aparece en todas nuestras televisiones en hora de máxima audiencia, ese antieuropeo no se encuentre hoy aquí presente para decirnos todas las cosas que estamos haciendo mal. 
Su asistencia se limita al 3 % de las sesiones, por lo que supongo que sería cuestión de suerte que lo pescáramos en este debate en particular. 
En lo relativo al informe García Arias, la ponente ha acertado más o menos en su intento de encontrar un equilibrio entre el servicio público y el sector privado. 
No existe ninguna panacea, pero lo que tengo que decir es que si a usted le preocupan las zonas periféricas, debe reconocer que, normalmente, sólo el servicio público pondrá el elemento social entre sus principales prioridades, y que en general, no cabe esperar que los organismos privados hagan lo mismo. 
¿No sería extraordinario si, independientemente del país en el que nos encontremos, pagáramos un franqueo diferente dependiendo de si somos de París o del sur de Francia, la isla de Tiree o de Londres? 
Damos por descontado que eso no es así, y sin embargo tenemos que aceptar que en el caso del agua, la electricidad y otros servicios de primera necesidad, eso es exactamente lo que sucede. 
Y eso está mal, a menos que, naturalmente, queramos que todas las personas que viven en esos lugares apartados abandonen esos lugares apartados y se vengan a vivir a las ciudades, donde probablemente no podrían encontrar un puesto de trabajo y se convertirían en una carga, mientras que los lugares apartados se convertirían en desiertos carentes de interés para los turistas. 
Represento una zona periférica que a menudo es calificada de desierto. 
Pero se convirtió en desierto por la codicia de los hombres que explotaron sus recursos y cada vez fue quedando menos gente. 
Debemos darnos cuenta de que si bien tanto lo público como lo privado tiene ventajas y cosas buenas, es necesario reconocer el elemento social. 
Me pregunto si eso es del todo posible si fomentamos la privatización para que pase a sustituir la función pública. 
Con respecto al informe Secchi, se supone que el mercado interior y la integración deben ir de la mano con nuestros avances hacia la UEM. 
Como ciudadano del Reino Unido- aunque no me jacto de ello -, eso me parece muy interesante y a veces me pregunto si se trata de un sueño que tienen los alemanes, porque francamente los artículos que aparecen en la prensa de los dos principales Partidos nos inducen a pensar que tal vez no estemos yendo hacia la UEM. 
Resulta interesante que el ingreso de tres nuevos Estados no haya interrumpido nuestro avance hacia la integración. 
Se dijo que lo harían, pero no ha sido así. 
Lo hemos sacado adelante. 
Ha habido cosas buenas y también fallos, y las cosas buenas han sido muchas- el programa Aduana 2000, la administración, el Convenio sobre la quiebra y la armonización técnica de determinados productos. 
Es posible que también haya fallos- los contratos públicos, los seguros y la propiedad intelectual. 
Me inclino por la propuesta del Sr. Rapkay de reducir el umbral. 
Estamos a favor del código de conducta de la Sra. Hautala para las multinacionales y sabemos que las multinacionales, cuando se instalan en zonas como la mía, a veces no se quedan mucho tiempo. 
Por eso estoy de acuerdo con la frase sobre la longevidad de la inversión. 
Apoyo al Sr. Kuckelkorn incondicionalmente en la defensa que hace del programa ELISE. 
Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, el informe que nos presenta nuestra colega Hautala sobre las deslocalizaciones y la reestructuración industrial es esencial y deseo rendir un homenaje a su trabajo. 
También yo creo que la Unión Europea debe tomar medidas urgentes contra los efectos negativos de deslocalizaciones que se ven favorecidas por algunas reglas del comercio internacional que estimulan la instalación de los centros productivos en aquellos países en que los costes son menores. 
Todos los días tenemos ocasión de ver el mal que provoca el dumping tanto fiscal como social. 
El poder político está, pues, obligado a contrarrestar las injusticias flagrantes de algunos mecanismos del mercado. 
En el interior de la Unión, la UEM puede constituir un elemento decisivo en la lucha contra las especulaciones monetarias que aceleran las deslocalizaciones. 
Deseo, en este caso, dar mi apoyo a nuestro ponente en sus propuestas orientadas a la puesta en marcha de consejos europeos de trabajo encargados de examinar cuidadosamente las deslocalizaciones o las reestructuraciones. 
Esto es al mismo tiempo fundamental y urgente. 
De la misma manera, debemos utilizar los fondos estructurales para lograr un desarrollo duradero del empleo en regiones desfavorecidas. 
Estos fondos y ayudas se sienten con demasiada frecuencia como una especie de «jackpot comunitario» que provoca deslocalizaciones insoportables sin beneficio duradero para nadie. 
Todo el mundo tiene en mente ejemplos de tales escándalos. 
Tenemos los medios para evitarlos a condición de tener también voluntad política. 
Finalmente, en el plano internacional, coincido con el ponente y con otras muchas personas en este hemiciclo, en considerar como indispensable la instauración de cláusulas sociales para asegurar la economía europea, pero también para ayudar a los países en vías de desarrollo a salir de sus difíciles condiciones. 
Ello todavía es posible y sólo falta desearlo. 
Nuestro debate es, por tanto, señor Presidente, un verdadero debate político en el que se oponen los defensores de un liberalismo absoluto y los partidarios de una economía regulada. 
Se trata de una lucha difícil, pero la credibilidad de nuestra Unión Europea, incluso su existencia en nuestras opiniones públicas, dependen de ella así como algunas medidas que tomaremos en este sentido. 
Señor Presidente, señoras y señores, el informe presentado por la colega García Arias sobre el XXV informe de la Comisión sobre política de competencia evidencia un rechazo ideológicamente fundamentado de la política de la Comunidad que se caracteriza por la competencia, la economía privada y la liberalización. 
En consecuencia, el proyecto de informe presentado por la Sra. García Arias se pronuncia contra la política de liberalización y deregulación de la Comisión en los campos del transporte, la telecomunicación y la energía así como contra los Estados miembros que han concedido a la privatización y deregulación la preferencia frente a la conservación de monopolios públicos. 
Señoras y señores, este preenjuiciamiento político se encuentra en especial en la exposición de motivos y menos en la propuesta de resolución. 
En nombre de mi grupo político me permito aclarar lo siguiente: si mañana en la votación no eliminamos del informe el punto 15 será la causa de que rechacemos totalmente este informe. 
Por lo demás, el Grupo cristiano-demócrata rechaza al igual que la Comisión una modificación del apartado 2 del artículo 90 del Tratado de la CE. 
Mi grupo político rechazará la exigencia de que se limite la aplicación de las normas de competencia del Tratado de la CE para las empresas de servicios públicos y la supresión del apartado 3 del artículo 90, ante todo con la finalidad de conservar las empresas públicas como empresas del Estado. 
Por lo demás, se reduciría el papel de la Comisión y, en consecuencia, se ampliarían las potestades de los Estados miembros. 
La supresión del apartado 3 del artículo 90 del Tratado de la CE socavaría nuestra política de liberalización en los campos de las telecomunicaciones, energía y servicios postales. las propuestas conducirían a una reorientación del Tratado en favor de los servicios públicos nacionales a costas de la integración de los mercados. 
Permítanme añadir algo más: me parece muy cuestionable el punto 16 del informe que, por lo visto, coincide con la opinión de la Comisión. 
Un complemento del artículo 3 del Tratado de la CE tendría repercusiones considerables y básicas sobre la UE. 
Si se produjese este cambio, las prestaciones de servicios básicos alcanzarían una dimensión que no se podría controlar. 
Un artículo de este tipo tendría una considerable influencia sobre la aplicación de las normas de competencia, en especial, sobre la normativa que regula las ayudas y sobre el campo de la cohesión. 
Un cambio es además un medio adicional- al menos, ofrece la posibilidad- para preservar la posición monopolística de las empresas estatales; por ello, se trata de una segunda vía. 
Esta no puede ser nuestra política. 
El Grupo del PPE ha abogado siempre por una política fuerte de integración y de competencia. 
Hemos mostrado por ello nuestras objeciones con claridad y espero que mañana, en la votación, podamos modificar algo en este informe. 
Señor Presidente, en el poco tiempo de que dispongo, me centraré en el informe Kuckelkorn. 
Recientemente, el presidente de la pequeña y mediana empresa de mi país fue nombrado comisario de la Reina. 
Esto demuestra la estima que siente el Estado por la experiencia y los conocimientos de personas procedentes de la pequeña y mediana empresa. 
Hasta ahora se hablaba mucho, aquí y en los Estados miembros, de la importancia de las PYME para el empleo. 
Me complace la propuesta Kuckelkorn. No sólo da más oportunidades al empleo, sino que además el ciudadano europeo ve que el Parlamento y la Comisión se toman en serio el bienestar de los europeos. 
El acceso a los mercados financieros no es fácil para el pequeño empresario. Podemos afirmar sin más que en este sentido el empresario se encuentra en la retaguardia. 
El Consejo tiene que comprender de una vez por todas que con la iniciativa ELISE se asume una responsabilidad comunitaria valiosa, también la integración europea ha de tener en cuenta a las pequeñas empresas. 
En este contexto, constato un profundo abismo entre las ambiciones de la Comisión y el objetivo y los medios. 
Además, creo que el apoyo financiero que se pondrá a disposición debe vincularse al número de puestos de trabajo que se crean. 
Lo considero esencial. 
Facilitar dinero para un período de 24 meses con una evaluación después de 18 meses me parece una actuación pragmática. Me complace. 
Pero el programa sólo puede tener éxito si hay suficientes préstamos. 
Un éxito real exige también una garantía de una mayor continuidad. 
A corto plazo, espero que este proyecto tenga el mismo éxito que la composición homónima de Beethoven. 
Comisario Bangemann: ich bin für Elise. 
Señor Presidente, me concentraré en el informe sobre la política de competencia y las ayudas estatales. 
Por desgracia, no es posible suprimir las ayudas en este momento, por lo que hemos de garantizar su transparencia y su notificación. 
Es preciso que tanto los competidores como los consumidores conozcan la situación. 
Por esta razón, el Grupo Liberal ha propuesto la apertura de un registro público de las ayudas estatales concedidas por las autoridades de los Estados miembros. 
Espero que el Comisario Van Miert acepte el punto 18 del informe, que coincide con la propuesta de la Presidencia irlandesa de la apertura de un registro. 
El otro punto al que quiero referirme es el de las posibles ventajas para la Comisión de establecer una cooperación con las empresas que sufren las consecuencias de las ayudas estatales. 
Estas empresas serán las más idóneas para evaluar la distorsión de la competencia en su propio sector, y es posible que sus puntos de vista ayuden a la Comisión a resistir la presión de los Estados miembros en casos dudosos. 
La forma más segura de garantizar la notificación es mediante la elaboración de una reglamentación en la que se establezcan las normas relativas a las solicitudes de ayudas estatales, la publicación de los casos y los plazos, es decir, un marco para todo el proceso que contemple asimismo el procedimiento de recurso por parte de terceros, las normas de acceso a las actas y la posibilidad de comentar los casos, por ejemplo, en una audiencia pública. 
Por todo ello, ruego a sus Señorías que apoyen el punto 26 del informe, que ya cuenta con el respaldo del Grupo Liberal, y me gustaría conocer la opinión de la Comisión respecto a la participación de terceros y empresas competidoras en la lucha contra las ayudas estatales. 
Señor Presidente, cientos de miles de empleos se verán sacrificados o amenazados a corto plazo en la Unión Europea por las deslocalizaciones operadas por las empresas en nombre de la competitividad, sobre todo en los sectores textil, del calzado, de la electrónica y cada vez más en el de los servicios. 
Estas deslocalizaciones, que obligan a los pueblos a competir jugando con las diferencias salariales, se llevan a cabo sin preaviso ni consulta con las organizaciones sindicales, con desprecio por los asalariados y por el interés económico de las regiones. 
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos avanza unas propuestas interesantes para luchar contra la especulación monetaria, sobre todo la defendida por nuestro grupo de aplicar el «impuesto Tobin» a los movimientos de capitales. 
Pero el impacto de estas propuestas será limitado en la medida en que éstas queden inscritas en la lógica del Tratado de Maastricht basada en la liberalización y desregulación en beneficio exclusivo del capital. 
Nosotros, en contacto con las organizaciones sindicales, nos oponemos a estas deslocalizaciones mutiladoras y reclamamos nuevos derechos en los planos nacional y comunitario para los trabajadores, con el fin de que puedan mantener sus logros, defender su empleo y controlar la utilización de los fondos públicos asignados a las empresas. 
Señor Presidente, por si alguien todavía tenía dudas, ahora ha quedado claro que la pequeña y mediana empresa es la hija predilecta de las instituciones europeas. 
ELISE, qué nombre tan precioso para una garantía de préstamo que ha de estimular el empleo en las PYME. 
Y encima es el nombre de mi hija. 
Sin embargo, detrás de un nombre bonito puede esconderse algo menos bello. Y esto parece suceder en este caso. 
Por algo los gobiernos de los Estados miembros europeos esgrimen el argumento de que los programas de subvención comunitarios para las PYME son contrarios al principio de subsidio. A pesar de ello, la Comisión Europea llevó adelante esta propuesta. 
Estaría dispuesto a seguir este razonamiento si la medida ELISE fuera única en su género. Pero no lo es. 
En los Países Bajos conocemos un régimen de garantía parecido. El Consejo Neerlandés para la pequeña y mediana empresa afirma que ELISE estorbará al buen funcionamiento de este régimen en lugar de complementarlo. 
Parece que ELISE no tiene un efecto subsidiario, sino contrario. 
La Comisión Europea ha de esclarecer esta cuestión. 
Para las empresas pequeñas es importante que una garantía de préstamo llegue pronto, de forma simple y directa; es decir, sin implicar demasiadas obligaciones administrativas. De lo contrario, ya de entrada, los empresarios se desinteresarán por esta propuesta europea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el informe sobre el mercado interior de la Comisión Europea es en realidad una exigencia dirigida a nosotros para que utilicemos el instrumental de que disponemos para configurar más eficazmente la gestión económica pero también, señor Konrad, para que no olvidemos la dimensión social de la economía de mercado, no pensemos solamente en la libre circulación de mercancías, capitales y de servicios sino también en la de las personas. 
Tenemos que considerar que construimos Europa en interés de las personas para lo que los informes que se nos han presentado hoy son un buen enfoque. 
Sería positivo si también de la Comisión viniesen reacciones y propuestas. 
Cuando pienso en el mercado interior y en su culminación, tengo que recordar que ya el año pasado teníamos un catálogo de puntos que criticamos como Parlamento: insuficiencia de normas armonizadoras sobre medio ambiente, de aproximación fiscal o en la formación de funcionarios de aduanas o de finanzas que hay que establecer para que puedan trabajar también en el mercado interior. 
Independientemente de ello, en este debate se muestra también con claridad otra cosa, a saber, que con el Tratado de Maastricht, que se ha mejorado desde la existencia del mercado interior, disponemos de unos instrumentos realmente eficaces para configurar la política europea. 
El mercado interior es uno; por otro lado tenemos la política de competencia, de concentraciones, estructural e industrial así como la política en favor de las PYME- sobre la que ha hablado muy claramente el Sr. Kuckelkorn -, que conjuntamente configuran la base para que podamos establecer un pacto de confianza para la Unión Europea. 
Sin embargo, aún falta este elemento y creo que en nuestros afanes no debemos cejar en exigir a los Jefes de Estado y de Gobierno que añadan dicho elemento. 
Menciono estos elementos conjuntamente también porque en el informe García Arias se indica muy claramente que la política de competencia, por ejemplo, la política de control de las ayudas, tiene que encontrarse en una relación razonable con la revisión de la política estructural. 
Así pues, existen instrumentos pero no son utilizados aún eficazmente y tenemos que convencer también a los Estados miembros para que realicen una aportación adicional. 
Me parece muy lamentable que en el campo de la aproximación fiscal exista aún esta distorsión de la competencia, de tal modo que entretanto en parte se habla de una competencia ruinosa dentro de la Unión Europea, es decir, una Comunidad, un mercado interior. 
Creo que muchos miembros de la Comisión pueden contribuir a que esto finalice. 
Señor van der Miert, me parecería muy positivo si en el próximo informe sobre la competencia se hablase de un modo más extenso sobre hasta qué punto la exención fiscal, los programas y normas de bonificación de intereses pueden contribuir en los diversos Estados miembros a falsear las condiciones de competencia y qué es lo que debemos hacer en contra. 
También me gustaría saber cómo podemos coordinar de un modo más eficiente la cooperación regional y la política industrial sin poner en peligro la competencia. 
Por ello, pienso que este informe sobre el mercado interior es un paso adicional para que a nivel europeo podamos afirmar con la conciencia tranquila que tenemos que hacer una propuesta cuando la división del trabajo entre la regiones, los Estados miembros y la Unión funcione. 
Señor Presidente, en primer lugar me referiré al informe García Arias. 
Las grandes concentraciones de poder o las perturbaciones debidas al apoyo estatal socavan el mercado interior. 
La Comisión Europea tiene aquí una tarea muy clara. 
Casi siempre se otorga ayuda estatal por objetivos nobles. Por ello, actuar en contra no es nunca una medida popular. 
Para salvar puestos de trabajo en el sector textil francés, el Gobierno francés ha tomado medidas experimentales para reducir las cargas sociales en el sector textil de este país. Y lo ha hecho manejando la regla del mínimo para las empresas con menos de 50 trabajadores. 
En total, casi 11.700 de las 13.000 empresas. Esto es contrario a la política de competencia europea. 
La medida ha supuesto un aumento de la competitividad de más del 10 %, concretamente del 12, 5 %, frente a los sectores textiles extranjeros. 
En lo que se refiere al sector del acero, mi Grupo vuelve a pedir a la Comisión que se siga ciñendo a un código de apoyo estricto, incluso después del 2002, en favor del sector del acero; véase la enmienda que hemos presentado al respecto. 
Luego está el programa ELISE. Mi Grupo votará en contra de las enmiendas núms. 
3, 6 y 8. A fin de cuentas, en estas enmiendas se establece una conexión entre el importe de la garantía y el número de puestos de trabajo a crear. 
A diferencia de mi colega Van Bladel, considero que es una barbaridad. Las pequeñas empresas no pueden indicar de antemano cuántos puestos de trabajo van a crear exactamente si hoy reciben una garantía para una nave industrial. 
Es imposible. 
Si el programa fracasa, en parte debido a estas razones burocráticas, el Consejo tendrá una razón de más para negarse el año que viene a dar continuidad este tipo de proyectos. 
Mi Grupo tiene algunas objeciones fundamentales contra el informe de la Sra. Hautala. 
Votaremos en contra de varios artículos en los que, por ejemplo, la ponente pide que se trabaje menos con derivados financieros, se asuman obligaciones a largo plazo por parte de empresas de una región en materia de empleo y se cree un observatorio permanente para poder seguir el traslado de cerca. 
Mi Grupo considera que este tipo de cuestiones van demasiado lejos. 
Sobre el informe del Sr. Secchi: el Sr. Monti prometió en su momento una ventanilla de reclamación para las empresas, que daría una respuesta al cabo de seis meses. 
Quisiéramos recordárselo y hemos presentado una enmienda en este sentido. 
En una economía de mercado libre, nunca se podrá impedir a las empresas que se establezcan donde puedan producir en las circunstancias más favorables. 
Dos observaciones sobre el informe. 
En primer lugar, no es conveniente someter a las empresas a demasiadas reglas y condiciones. 
Los países terceros han de considerar las inversiones como un medio para fomentar el desarrollo económico, que tiene como resultado una mejora del nivel de vida. 
Es preciso atravesar este proceso si se quiere lograr prosperidad social. 
Un exceso de reglas de antemano asusta a las empresas. 
La política regional europea, en lugar de posibilitar la caza del subsidio apoyando directamente a las empresas, ha de centrarse en los factores estructurales del entorno que favorecen a las reglas. 
Además, tal como ha señalado el Sr. Cox, los Liberales son muy contrarios a un impuesto sobre las operaciones de mercado de divisas. 
Ello implica un traslado de las corrientes de capital dentro de la Unión. 
Con ello, los mercados financieros pierden liquidez con grandes fluctuaciones monetarias y ello es precisamente lo que querríamos evitar. 
Señor Presidente, los traslados de empresa son un fenómeno de nuestro tiempo vinculado a la libre circulación de factores, en particular de capitales, que aprovecha los avances tecnológicos y cumple estrategias transnacionales de especialización productiva y de concentración en connivencia con los ejecutivos de algunos Estados. 
Ya se hagan en el espacio comunitario y europeo o afuera de Europa, el objetivo es siempre el mismo: creación y aprovechamiento de oportunidades de acumulación de capital financiero. 
La liberalización mundial de capitales, ahora en el marco de los acuerdos TRIM de la OMC, posibilita que salten de país en país, de región en región, explorando recursos naturales y humanos, pasando por alto totalmente el objetivo de la cohesión económica y social, sin preocuparse de las consecuencias regionales, de las repercusiones sociales que acarrean, aumentando las asimetrías regionales, creando- además- empleos precarios y transitorios, agravando- aquí y allá- el ya tan grave nivel de desempleo. 
El informe del Sr. Hautala- al que felicito por su trabajo- refleja preocupaciones serias, plasmadas en formulaciones interesantes y válidas, aunque acepte, contradictoriamente, la razón de fondo de los traslados transnacionales de empresas y los justifique con una reestructuración industrial que parece existir sólo para servir de pretexto o coartada para dichos traslados. 
Señor Presidente, yo también quisiera comenzar felicitando a los ponentes y subrayar que, en materia de política de competencia, subsisten, de hecho, grandes preocupaciones en cuanto a las recientes alianzas anticompetencia en los sectores privados de la energía y las telecomunicaciones. 
En esta materia creo que la transparencia está a la orden del día. 
Por estar la transparencia a la orden del día, conviene adoptar un conjunto de medidas ingentes, en particular prestando atención a la disparidad cada vez mayor en el monto de las ayudas públicas entre regiones (y creo que para eso es importante que la Comisión publique rápidamente una lista exhaustiva en la que figuren dichas ayudas) ; también conviene movilizar más recursos para la DG IV y rechazar de entrada cualquier propuesta, venga de donde venga, de creación de cárteles independientes para la aplicación de política alguna de competencia; resulta urgente la coordinación entre las diferentes políticas comunitarias que influyen en la competencia industrial, en particular la política de competencia industrial del Mercado Interior y la política comercial, y conviene también luchar contra todos los obstáculos, que, por desgracia, subsisten, a la libre circulación de personas y de mercancías. 
En cuanto a los traslados de empresas y la reestructuración industrial en la Unión, debemos tener en cuenta las repercusiones económicas y sociales y muchas de las motivaciones que por desgracia originan dichos traslados. 
No debemos olvidar que la especulación monetaria constituye la causa mayor de la inestabilidad monetaria que falsea las decisiones adoptadas en el nivel de la economía real. 
Los traslados de empresas deberán obligar a la Comisión a presentar rápidamente propuestas que disuadan la especulación con los bienes financieros resultantes. 
La liberalización de la inversión extranjera y las otras formas de movilidad de capital han de hacer hincapié en el desarrollo sostenible y no podrán ser una escapatoria para no respetar y destruir intereses y derechos sociales fundamentales de los trabajadores. 
Es importante, en nombre de la lucha contra el desempleo y de la defensa de una Europa con dimensión social, la tributación de los movimientos de capital, además de la lucha sin tregua contra el dumping fiscal y social. 
En cuanto a las PYME, por su importancia para la competitividad, el crecimiento y el empleo, se exige la mejora de su acceso a las fuentes de financiación, así como un esfuerzo presupuestario de la Unión, como se propone en el informe, que estimule y facilite la ejecución de proyectos con repercusiones positivas en la creación de empleo. 
Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento relativa al artículo 13 de nuestro Reglamento sobre los mandatos políticos en nuestra Asamblea. 
Ya no responde usted a las condiciones del artículo 13, párrafos 1º y 3º. 
El párrafo 1º señala que un vicepresidente, que, obviamente, cumple un mandato como vicepresidente y ha sido elegido por la totalidad de la Asamblea, debe ser propuesto por un grupo político o por 29 diputados. 
Usted mismo fue propuesto por un grupo político, concretamente el Grupo de los Liberales. 
El párrafo 3º del artículo 13 señala que, en la elección de Presidentes, Vicepresidentes y Cuestores, se procurará la representación equitativa de los Estados miembros y de las fuerzas políticas. 
Usted comenzó su mandato representando al Grupo de los Liberales, pero, cuando se cambió de chaqueta política, no tuvo ni siquiera la decencia de renunciar a su cargo de vicepresidente, y me pregunto qué hace usted ocupando ese cargo. 
Señoría, le recuerdo, por si usted lo ha olvidado, el artículo 17. «Cuando un diputado cambie de grupo político, conservará, si lo tuviere, su cargo en la Mesa o en la Junta de Cuestores durante el resto de su mandato de dos años y medio.» 
Está claro, señor diputado, que, si de lo que se tratase fuera de la permanencia en este lugar por un período más largo, yo no vacilaría en seguir su consejo o el del presidente de su Grupo, si existiera. 
Simplemente, como va a haber una sesión constitutiva en enero, no se plantea el problema en el plano ético, como tampoco en el jurídico. 
Eso es lo que se me ocurre decir al respecto. 
Debo hacer extensivo mi agradecimiento al Sr. Wijsenbeek por la cuestión de orden que acaba de plantear. 
Esta tarde me propongo intervenir brevemente sobre la cuestión de la deslocalización del empleo en la Comunidad Europea, el tema del informe de la Sra. Hautala. 
Resultó difícil la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en el caso de este informe en particular, que al final derivó en una clara división entre la derecha y la izquierda. 
Quisiera, no obstante y a pesar de la amplia división política, alabar la valiente labor que ha emprendido la Sra. Hautala para intentar unir posiciones y llegar a un acuerdo de compromiso. 
Me temo, sin embargo, que no ha sido posible llegar a un acuerdo de compromiso que nos permita a los que nos encontramos a este lado apoyar el informe en su forma actual. 
Pediremos que se realicen votaciones por separado, sobre todo en aquellos ámbitos que contienen frases bastante provocativas sobre el dumping social y sobre la persecución hasta las capas más bajas de la escala social, implicando que algunos Estados miembros ejercen deliberadamente competencia desleal con respecto a otros mediante recortes de las prestaciones sociales. 
Eso no es cierto en absoluto, y lo sé porque procedo de un país recibe frecuentes críticas por su actitud ante el Capítulo Social, pero que en realidad tiene unas normativas en materia de salud y seguridad mucho más estrictas que otros Estados miembros. 
De hecho, el famoso paquete de seis normativas se ha aplicado en exceso en el Reino Unido, imponiendo unas cargas que no se han impuesto sobre otros países. 
Señor Presidente, resulta interesante observar que el Sr. Cassidy está sin aliento. 
No aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a su Grupo. 
Sin duda se ha quedado sin aliento porque, habida cuenta de su escasa mayoría en la última ronda, los Liberales Demócratas le estamos pisando los talones. 
Deseo hacer dos observaciones en este debate con respecto al informe Secchi. 
La enmienda 4: en lo que se refiere a la industria farmacéutica, continuamos teniendo una situación en Europa en la que los controles de los precios nacionales están distorsionando seriamente el libre mercado. 
En Europa existe una gran capacidad para el desarrollo de medicamentos genéricos. 
En los Estados Unidos se prevé un fuerte crecimiento del mercado de medicamentos genéricos durante los próximos diez años, y eso mismo podría suceder aquí. 
Actualmente exportamos puestos de trabajo a Turquía, Islandia y otros países debido a nuestras políticas, y mi enmienda a este informe intenta rectificar esa situación. 
La segunda observación sobre la que deseo llamar la atención es el acceso a la Justicia. 
Llamé la atención sobre ello en mi informe del año pasado. 
Para muchas empresas pequeñas de la Comunidad aún no existe un acceso real a la Justicia cuando el mercado interior no le ofrece las libertades que promete. 
El «Paquete Monti» ha mejorado las cosas, pero aún queda mucho por hacer. 
Pienso que el proyecto europeo se ve obstaculizado por lo que François Mitterand llamó la presencia obstinada de los siglos. 
Cada vez que intentamos hacer avanzar un país o un continente, la historia nos sujeta por los tobillos. 
Lo que ahora necesitamos es un esfuerzo adicional para completar el mercado interior antes de que se implante la unión monetaria. 
Señor Presidente, careciendo de cualquier fundamento en la teoría económica y de datos reales, sostiene el ponente, Sr. Secchi, que las diversas tasas de impuestos de los países miembros son causa de una «grave distorsión en el flujo de productos, servicios y capital». 
Esta es una de las típicas malinterpretaciones en torno al mercado interno. 
En primer lugar, las tasas de impuestos no son discriminatorias, es decir, que afectan de modo similar a la producción nacional y extranjera. 
La distorsión causada por la disparidad en los impuestos es una bagatela, y no una grave pérdida de eficacia, que asciende quizás a unas décimas del porcentaje del producto nacional bruto. 
En segundo lugar, los impuestos reflejan una elección democrática por parte de los ciudadanos de los diversos países. 
En Suecia tenemos unos impuestos elevados. Esto se debe entre otras cosas a que el ciudadano sueco tiene una idea positiva sobre el sector público y sobre el sistema de bienestar construido socialmente. 
La armonización de impuestos con los otros países de la UE significaría en cualquier caso una reducción, y con ello una disminución del nivel de los servicios públicos. Esto traería consigo una pérdida de bienestar para la sociedad sueca, dado que no obtendríamos la sociedad que los ciudadanos desean. 
A menudo me he preguntado a mí mismo cuál es el motivo de este ardor armonizador. 
Es una falacia pensar que nos llevará a unas ganacias económicas y a un mayor crecimiento. Por el contrario, no es ninguna falacia que va en contra de los deseos de los ciudadanos de la Unión. 
Ellos quieren diseñar sus propios sistemas tributarios de modo que se adapten a las diversas culturas, hábitos y configuraciones políticas de los países. 
No quieren que la Comisión interfiera en estos asuntos en base a un principio abstracto. 
Señor Presidente, a diferencia del Sr. Wijsenbeek, quiero darle a usted la bienvenida en el Grupo del PPE. 
Lamento que el Sr. Wijsenbeek se haya marchado. 
Espero que no sea simbólico para su Grupo. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. García Arias, y quisiera decir que por desgracia no puedo aprobar la tendencia completa de su informe. 
Por un lado, expresa su confianza en la política de competencia de la Comisión Europea, pero por otro tiene dificultades con la política de esta misma comisión hacia las empresas con derechos exclusivos y con el principio de liberalización. 
En lo que respecta a la liberalización, la Sra. García Arias quiere fijar de forma muy estricta la calidad y los costes de un servicio. 
También mi Grupo está a favor de un paquete de servicios a ofrecer al ciudadano, pero fijarlos de forma estricta como pide la Sra. García, perjudicaría al principio de competencia. 
Veamos lo que sucede en Suecia, o en mi propio país, los Países Bajos. Justo después de que apareciera la competencia en el mercado de la telefonía móvil, el precio del servicio descendió, la disponibilidad aumentó y la calidad mejoró considerablemente. 
Esto es exactamente lo que quiere la Sra. García Arias. 
Por ello, pienso que la definición en mi enmienda refleja mejor la realidad de la política de liberalización. 
Considero que el debate en este Parlamento ha de ser claro. Examinemos detenidamente el texto del artículo 90. 
Este artículo hace referencia directa a los artículos 85 y 86 del Tratado. Prohíbe a los Estados miembros y a las empresas mantener posiciones dominantes para cobrar precios más altos a los consumidores, para imponer condiciones injustas en los contratos con los contratistas, etc. Por consiguiente, ¿es correcto que el artículo 90 sea modificado por el PSE? 
Señor Presidente, el informe Secchi sobre el mercado único nos muestra hasta dónde hemos llegado, pero también hasta dónde tenemos que llegar para lograr un mercado único que sea realmente eficaz y funcione para los ciudadanos de Europa. 
Nos encontramos ya en 1996, pero el mercado único de 1992 no ha llegado aún. 
Aún no se han implantado las cuatro libertades y los perdedores somos nosotros. 
¿De quién es la culpa? 
Sin duda de los Estados miembros, a los que se acusa de un tercio de los 128 procedimientos de infracción que ha iniciado el Comisario Sr. Monti este año. 
La mitad de los gobiernos acusados de no aplicar el Derecho comunitario aún no han respondido a los escritos del Sr. Monti cuando han transcurrido seis meses desde que fueron despachados. 
También la Comisión debe asumir parte de la culpa. 
El valor y el compromiso demostrados en la aplicación de la política de competencia comunitaria se debilita cuando se trata del mercado único. 
¿Y quiénes son los perjudicados? 
Desde luego, las pequeñas empresas. 
Existe una agencia de turismo en la ciudad ferroviaria de Crewe, que se encuentra en mi circunscripción europea, que se está viendo perjudicada por las operaciones transfronterizas de Francia, como consecuencia de la amenaza de la doble imposición, y la confesión de que el progreso continúa basándose en el ámbito delicado de los controles fronterizos a individuos es una mala noticia para el sector turístico de Europa y para sus turistas. 
¿Cuándo vamos a dejar de cachear a ciudadanos libres en nuestras fronteras? 
La semana pasada descubrí que es más fácil entrar en Eslovenia, país que no pertenece a la UE, con mi salvoconducto parlamentario, que escapar de la jurisdicción británica, donde este tipo de controles se realizan generalmente por triplicado. 
Ante la ausencia de Europol, ciudadanos deshonrosos de la UE como los grandes delincuentes, traficantes de pornografía infantil, pederastas y grandes capos de la droga parecen tener la libertad de cruzar como piratas y bucaneros a lo largo y ancho del mercado único europeo. 
Los más vulnerables son los niños, para quienes el mercado único debería significar esperanza y prosperidad para el futuro, y no el peligro que existe actualmente. 
Todo esto es tanto más lamentable habida cuenta de que han aparecido los primeros indicios de éxito asociados con el mercado único. 
Me refiero a los 36 informes sobre el mercado que ha presentado el Comisario Sr. Monti, en los que detalla el origen de 900.000 nuevos puestos de trabajo, que son atribuibles directamente al noble ejercicio de Europa en la ejecución de un mercado mágico. 
Necesitamos reavivar el espíritu de Delors de 1992 y garantizar que antes de que finalice el siglo tendremos realmente un mercado único listo y funcionando. 
En este sentido, me congratulo por la determinación del futuro Primer Ministro británico- Tony Blair- de culminar el mercado único durante la próxima Presidencia británica. 
Señor Presidente, voy a referirme al informe Hautala sobre deslocalizaciones. 
Desde el punto de vista de la política regional, hemos estudiado con todo detenimiento este informe, y hay que reconocer que tiene partes positivas, por lo cual felicitamos a la Sra. Hautala. 
Pero hemos encontrado algún problema que hemos intentado mejorar en el debate mantenido en la Comisión de Política Regional. 
Ciertamente algo se ha conseguido, pero no lo suficiente como para poder asumir el informe completamente. 
Este informe presenta carencias y alguna desviación de conceptos, que nos tememos puede constituir un obstáculo para cualquier inversor industrial extranjero que se proponga invertir en cualquier país de la Unión Europea. 
Aún no encontramos justificación convincente al hecho de no haber incluido la propuesta sobre la procedencia de adecuar el uso de los Fondos estructurales de modo que potencien la cooperación económica entre las regiones europeas. 
Además, en su apartado 15, se hace una crítica feroz a dichos Fondos, generalizando hechos aislados de descoordinación, llegando a enfatizar el carácter contraproducente de los efectos de los Fondos estructurales. 
Nada más lejos de la realidad que dicha generalización. 
Todo ello hace que tengamos ciertas reservas para asumir plenamente este informe. 
Señor Presidente, con objeto de ilustrar cuál es la situación de manera gráfica, puedo informarle sobre unos 600 trabajadores de Ballyfermot, en Dublín, que trabajaban en la Semperit Plant, una filial de Continental AG, una de las empresas que más trabajo proporcionan en la deprimida región de Dublín. 
Hace dos meses, los empleados recibieron la notificación de que la planta cerraría este mes de diciembre. 
He podido ver documentos del comité de empresa en los que se habla de que la producción será trasladada a la India. 
Existe asimismo el rumor de que Continental AG está poniendo obstáculos en cuanto a las condiciones de venta de la empresa a otra compañía o a la compra de la misma por parte de su dirección y sus trabajadores. 
Las negociaciones aún están en curso, y cabe esperar que lleguen a buen puerto, pero hay otras empresas de Escocia, Bélgica y Austria que corren peligro. 
Éste es un ejemplo gráfico. 
Creo que debemos decidir ahora, con carácter de urgencia, crear unos procedimientos que garanticen que las empresas no pueden ser trasladadas simplemente para beneficiarse de unos controles menos estrictos y que, en caso de que lo hagan, no podrán adoptar prácticas contrarias a la ley de competitividad para impedir que otros ocupen su lugar. 
Sólo quiero señalar al Sr. van Velzen que es posible que algunos Liberales no estén presentes, pero el liberalismo está creciendo- por lo menos en nuestro país y en algunos países vecinos -, lo cual no puede decirse de la democracia cristiana. 
En estos momentos, nuestro partido es el partido más grande de nuestro país. 
Señor Presidente, el alto nivel de empleo, la estabilidad económica y social, la competitividad del sector industrial, el desarrollo sostenible y la distribución equitativa de los beneficios, son los objetivos que una política comunitaria de reestructuración y deslocalización industrial debería perseguir. 
Las deslocalizaciones industriales, sin embargo, representan hoy por hoy un problema complejo que puede tener dos efectos: positivo, cuando crea empleo en determinados sectores y negativo, cuando penaliza el empleo de esas regiones que no tienen posibilidades de reconversión. 
No cabe duda de que podríamos limitar los efectos negativos si lográsemos conjugar un doble plan de acción, que incida tanto dentro como fuera de la Unión. 
En el plano comunitario interno se trata de privilegiar el objetivo del desarrollo sostenible duradero y adoptar las medidas para desalentar las especulaciones monetarias que se derivan de las coyunturas económicas. 
Consideramos que una válida armonización social y fiscal que, entre otras cosas, limite la concesión de cualquier excepción, puede evitar cualesquiera formas de proteccionismo fiscal o social, al igual que estamos convencidos de que el apoyo comunitario que se facilita a través de los Fondos estructurales, debe incluir una cláusula de protección, íntimamente relacionada con un preciso compromiso, garantizado a largo plazo, en orden a proteger los puestos de trabajo existentes, crear garantías de empleo y garantizar la posibilidad de un desarrollo localizado. 
Hoy lamentamos, aprovechando el informe Hautala, la falta de una eficaz coordinación de las políticas comunitarias en materia de competencia, política industrial, comercio y mercado interior. 
Por consiguiente, y como derecha social, confiamos en que la Unión en su acción exterior insista en la necesidad absoluta de incorporar cláusulas sociales en los acuerdos comerciales relativos al comercio y a las inversiones, basadas en las normas previstas por la Organización Internacional del Trabajo y que sirvan, por fin, para proteger la libertad de asociación, el establecimiento de la edad mínima para trabajar, la no discriminación y la prohibición del trabajo forzado. 
Señor Presidente, naturalmente, un debate de este tipo es también un debate sobre la política económica y ésta, a su vez, se ve afectada por las diferentes posiciones que los partidos tienen sobre este importante problema. 
Sin embargo, quiero dirigir la atención de sus Señorías a los Tratados de Roma, pues allí se adoptó una decisión ineludible sobre una importante cuestión relativa a la globalización y que, como yo pienso, es la única decisión posible. 
Me explico: 
Si se desea que diversos mercados crezcan juntos, si diversos sistemas sociales quieren someterse a la competencia en un importante sector, para ello hace falta reglas. 
Esto significa que si se parte del hecho de que no todos los sistemas sociales se van a igualar de hoy a mañana, es decir que no todos van a ser socialistas, liberales o lo que sea sino que van a mantener sus diferentes couleurs pero que a pesar de ello quieren formar un mercado común, hace falta reglas que impidan que esta competencia sea desleal. 
Precisamente este es el problema del mercado interior, de la globalización, de la deslocalización y de cosas similares de las que nos ocupamos aquí, por cierto, también es el problema del paro. 
Pues, ¿cómo se puede conservar la competitividad o crearla cuando se ha perdido? 
Solamente mediante la competencia. 
En la competitividad se esconde la palabra competencia. 
Naturalmente, también se puede uno imaginar que un servicio público puede existir y realizar ciertas prestaciones sin trabajar óptimamente. 
Esto es posible. 
Muchas administraciones de correos tradicionales, es decir, monopolios públicos, han sobrevivido porque nunca han estado en peligro gracias a su posición monopolística. 
Han ofrecido un cierto nivel de prestaciones pero no el nivel óptimo. 
Los Tratados de Roma han adoptado también en este caso una decisión salomónica. 
No se han decidido ni a favor ni en contra de las empresas públicas. 
Les da absolutamente igual si una empresa es gestionada privada o públicamente. 
Solamente han hecho una cosa: si una empresa es gestionada públicamente su comportamiento debe ser enjuiciado según el artículo 90 pues, de lo contrario, no existe esa igualdad de condiciones que se da automáticamente en la competencia entre empresas privadas. 
Un monopolio público puede hacer más que una empresa privada en la competencia. 
Por ello, existe una relación muy lógica entre los artículos 85, 86 y 90- sobre lo que va a hablar más detalladamene mi colega Karl van Miert- y la decisión sobre la competencia. 
Si lo transferimos al sistema global, tendremos que responder a una pregunta muy sencilla, la siguiente: ¿podemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor? 
¿Podemos, por así decirlo, establecer un orden político determinado? 
El colega sueco ha dicho que se deje a los suecos decidir qué sistema quieren costear y cuántos impuestos quieren pagar por ello. 
Del mismo modo, se podría decir para toda la Unión: dejadnos decidir a nosotros mismos qué es lo queremos hacer; tanto si hay más o menos competencia nos vamos a despedir de esta acción económica y política global. 
Plantearse esta pregunta es pura retórica. 
Todo el mundo lo sabe. 
Así pues, ¿qué podemos hacer? 
Tendremos que introducir paulatinamente en el mercado global las mismas reglas que hemos establecido en el mercado interior para nosotros y éstas son reglas de competencia. 
No hay otras reglas con las que se pueda organizar esta convivencia. 
Por supuesto, hay límites para la competencia. Subrayo lo que ha dicho alguien en el sentido de que la competencia no es un objetivo en si. 
Es cierto. 
La competencia es un instrumento, una herramienta si se quiere. 
Pero ha creado más empleo que cualquier otro método. 
Esto significa que si nos lo tomásemos en serio, si no nos limitásemos a esta retórica- tenemos 18 millones de desempleados, el objetivo prioritario es la lucha contra el paro y vamos a hacer todo lo que sea necesario al respecto- deberíamos hacer lo que hemos propuesto hace poco; en el marco de los debates sobre nuestra política industrial hablaremos aún al respecto, es decir, sobre el benchmarking. 
Comparemos. 
Comencemos con empresas. ¿Cómo es, por ejemplo, la política empresarial en lo referente al empleo de la Ford en Colonia o de la VW en Wolfsburg comparada con otras empresas de automóviles? 
¿Se trata de algo en contra de la voluntad de los trabajadores si, por ejemplo, ambas empresas han acordado con sus plantillas introducir un empleo flexible en el marco de las jornadas máximas de trabajo? 
En la primavera o en el verano, cuando los pedidos son mayores, los trabajadores pueden trabajar más de la jornada normal. 
Se les anotan las horas trabajadas de más en una cuenta de horas de trabajo y no se les pagan ya suplementos por horas extraordinarias. 
En el invierno, cuando los pedidos disminuyen, se deduce este plus de horas que tienen en la cuenta. 
Esto funciona. 
Esto ha hecho que los puestos de trabajo sean más seguros y que las empresas conserven la competitividad a pesar de que el nivel salarial es mucho más elevado que en la India o en otra parte. 
Siempre he dicho y repito de nuevo que los costes, en especial, los costes salariales no son determinantes en exclusiva para la elección del lugar donde se van a realizar inversiones. 
Una empresa irá allí donde pueda trabajar del modo más productivo y podrá soportar un cierto nivel salarial si su organización del trabajo es lo suficientemente flexible. 
El debate sobre la exigencia de reducir los salarios es un debate erróneo pero el debate sobre la flexibilidad es un debate muy importante. 
Algunas propuestas que han hecho aquí no solamente van en contra del espíritu sino contra la práctica de la flexibilidad. 
Voy a tomar ahora como ejemplo una pequeña empresa en el sentido del benchmarking: supongamos un hombre que quiere crear una empresa. 
Una gran empresa de automóviles no quiere fabricar ya ella misma los faros o cualquier otra pieza de conformidad con el outsourcing. 
Nuestro hombre posee unos ciertos conocimientos adquiridos en la Universidad y piensa que podría realizar esa actividad. 
Ha heredado una casa que vende por la que recibe 1 millón. 
Así pues, dispone de 1 millón y medio. 
A continuación va a un Banco y dice a sus empleados: si juntáis aún algo de dinero quizás recibamos de 10 a 20 millones y podremos empezar. 
Entonces se impone a este empresario la siguiente condición: puedes invertir aquí pero no puedes irte nunca de este lugar a no ser que pagues una cláusula penal o unas indemnizaciones por un porcentaje X del salario. 
Les ruego que, dejando de lado toda ideología, se pongan en la situación de esta persona, de esta gente que quiere crear esta empresa. 
¿Adónde irán? 
No irán adónde tengan que confrontarse con tales normas. 
O tomemos el ejemplo de la industria farmacéutica... 
Estimado señor Caudron, quizá es demasiado pragmático, pero esto no es ideología... 
El benchmarking es válido para diferentes sistemas y a veces los sistemas nacionales muestran que se mueven. 
En Alemania, por ejemplo, se ha permitido hacer panecillos los domingos por la mañana, lo que no estaba autorizado. 
Cuando leo los artículos en la prensa alemana, da la sensación de que se ha producido una nueva revolución, tan extrañados están de que tanta gente quiera tener panecillos los domingos y de que les parezca estupendo obtenerlos. 
Señoras y señores, quien sepa lo tristes que son los domingos, en que quizás el único placer sea un panecillo caliente para el desayuno, sacudirá la cabeza y se preguntará en qué mundo viven esas personas que han prohibido hasta ahora a los panaderos u otras profesiones producir algo para lo que existía una demanda. 
Hemos llegado tan lejos que impedimos lo que podemos hacer y a continuación nos extrañamos de porqué tenemos desempleados. 
Voy a tomar como ejemplo a Allan Donnelly y su región. 
Quien realmente quiera aprender cómo se puede combatir el paro debe ir a la región de Newcastle. 
Allí se han reunido todos, la industria, los sindicatos, las organizaciones y administraciones municipales y también una Universidad, a cuya construcción hemos contribuido. 
Allí no se lamentan de cómo son las divisiones del trabajo o cosas similares sino que se han arremangado la camisa en una región que ha sufrido todas las crisis: la crisis del acero, de la construcción naval, de la industria textil, del carbón y de la pesca. 
Todas las crisis posibles en la Unión las ha pasado esta región. 
Ahora tiene la máxima tasa de crecimiento, es una región en la que la gente trabaja realmente porque nadie les impide trabajar. 
¿Quieren que les diga porqué una gran empresa de otro país ha ido allí y ha realizado una inversión de miles de millones que ha creado al principio 3.000 puestos de trabajo y va a crear más más adelante? 
Yo he ido y les he preguntado. 
Ustedes deberían también hacerlo. 
Vayan allí donde se han establecido empresas de otros países de la Unión. 
Pregunten porqué han ido a ese país. 
La respuesta fue: » sin duda, tenemos que pagar menos salarios. 
Pero a la postre esto no fue lo decisivo. 
Lo decisivo fue que en tres semanas se nos dijo que podíamos construir aquí mientras que en el país del que provenimos habríamos tenido que esperar al menos de 6 a 8 meses y, en la práctica, más de un año». 
¿Qué pasa con la competitividad de estas decisiones públicas? 
Voy a tomar como ejemplo un país que no es totalmente extraño al Sr. Caudron, con lo que entro en el debate sobre los servicios públicos. 
En base a una decisión libre que el colega sueco ha descrito, un país puede decidirse en favor de un service public como empresa monopolística pública y gastarse mucho dinero para ello. 
Puede mantener también otras empresas públicas en campos en los que la idea del service public no está tan arraigada como, por ejemplo, en los Correos, pues aquí tiene cierta tradición. 
Si se tiene unas líneas aéreas, unos ferrocarriles y uno o varios Bancos estatales, todas estas empresas requieren para si una gran parte de los ingresos fiscales debido a su ineficiencia. 
Hay que meter en tales empresas mucho dinero que se podría gastar en cosas más razonables, por ejemplo, en investigación y desarrollo. 
Continuamente hay que rellenar agujeros con el dinero de los contribuyentes. 
Se puede hacer esto. 
Todo el mundo tiene el derecho a actuar así. 
Sólo que también allí el mercado interior impone algo muy razonable, es decir, la competencia de los sistemas. 
No existe solamente un benchmarking de las diversas empresas que tienen que probar su eficacia en el mercado sino que también existe un benchmarking de los sistemas. 
Señoras y señores, el secreto de la délocation es que el benchmarking de los sistemas hace que la gente vote con los pies marchándose. 
Quien no lo vea así es que vive en un mundo de ensueño. 
Desearía vivir en un mundo en el que hagamos realmente algo por reducir este elevado nivel de paro pues una mejora de la situación coyuntural durante los próximos años no va a ser suficiente por si sola. 
Quisiera empezar expresando mi alegría por este debate combinado que- de hecho- intenta examinar la problemática de la competencia, el desarrollo económico, el empleo y el mercado interior desde varios puntos de vista, y de ahí sacar las consecuencias que haga falta. 
Por consiguiente, quiero dar las gracias a quienes han tomado esta iniciativa- sé concretamente que el Presidente de la Comisión de asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se ha preocupado de ello- por haberla tomado, junto con otros. 
Quisiera dar las gracias a los tres ponentes, de los cuales dos tienen que ver directamente con mi área de competencia, la Sra. García Arias y el Sr. Rapkay, pero también al Sr. Kuckelkorn, pues mi colega el Sr. de Silguy me pidió que incluyera su informe hoy aquí, lo que he hecho con mucho gusto, no sólo por el tono de los informes, que por lo general es muy positivo- aunque sin duda haya que hacer algunas observaciones y alguna que otra crítica, como es debido -, pero sobre todo por la buena calidad de sus informes. 
Pienso que de esta manera se puede entablar un buen debate. 
Ahora, dado que andamos justos de tiempo y tenemos la suerte de que el Sr. Monti se haya podido unir a nosotros, quisiera tratar rápidamente algunas cuestiones que se han planteado durante el debate. 
Quisiera volver a celebrar, sobre todo en lo que respecta al informe de la Sra. García Arias, el hecho de que en realidad, sobre la política de competencia existe básicamente un gran acuerdo entre la Comisión Europea y gran parte de este Parlamento. 
Ello no está exento de críticas, lo repito, pues se han hecho observaciones concretas sobre diversos puntos, seguro, pero en conjunto creo poder constatar que hay un consenso bastante amplio que, por otra parte, seguramente se debe a la regularidad con que hablamos de este tema. 
Hemos llegado a un acuerdo especial con la Comisión, entre otras cosas, en materia de cuestiones económicas, monetarias e industriales, para debatir abierta y conjuntamente, y con regularidad, los diferentes expedientes, los diferentes problemas que surgen. 
Ello me complace, como también el hecho de que, después del debate más bien largo, la Comisión adopte la posición que ya había tomado hacía un tiempo, que no es necesario fundar una agencia independiente en el ámbito de la Unión Europea en relación con algunos aspectos de la política de competencia, sino que es mucho más útil que esta política siga al nivel de la Comisión y como es debido, es decir, que hemos de hablar de una política de competencia. Una política que forme la base de otras políticas, que sea, por así decirlo, el corazón de la política industrial o como se llame. 
Que cuando se liberalicen determinados sectores, se tengan en cuenta la competitividad, pero que no se olviden otras cuestiones. Incluidas las preocupaciones sociales. 
Incluidas las preocupaciones ambientales, las preocupaciones de seguridad, etc. De este modo intentamos aplicar la política de competencia como un núcleo, como un instrumento, introduciendo a la vez los equilibrios necesarios en la política. 
Se trata de algo más. Se trata de una política como tal, una política completa, y agradezco que la Comisión y el Parlamento sigan esta línea, que la defiendan, pues creo que es útil y que el control de esta política también pueda ejercerse en este Parlamento, como debe ser. 
Ahora quisiera decir algo sobre los servicios públicos y el artículo 90, pues sé que se trata de un punto muy delicado, y con razón, en este Parlamento. 
Ya saben ustedes cuál es la posición de la Comisión. 
Creemos que el artículo 90 se utiliza como equilibrio a la luz de la práctica de la Comisión, a la luz de los documentos que aceptamos juntos hace unas semanas en la Comisión. 
Si es así, no veo razón para modificar dicho artículo. 
Por consiguiente, para ser sincero, comparto las preocupaciones que diferentes diputados han expresado en el debate, de que si se modificara un artículo se rompería ese equilibrio. 
Por lo tanto, quisiera defender con fuerza, como he hecho a menudo en el pasado, y sé lo delicada que es esta cuestión en este Parlamento y lo divididas que están las opiniones, no sólo en el Parlamento, sino también en la Comisión, el que no se modificara este artículo, a la luz de la posición de la Comisión en relación con la práctica del pasado, sino- y me dirijo especialmente al Sr. Konrad- que se registre con una mente abierta y una actitud positiva una referencia en el artículo 3 que, por así decirlo, sería una confirmación del enfoque equilibrado que la Comisión ha evidenciado en la práctica. 
Entonces, quienes se preocupan un poco a través del artículo 3- sí, señor Konrad, sé que usted se preocupa, yo no, la Comisión tampoco -, pensamos que convendría que ello se registrara en el artículo 3, pero a la vez quiero instar de nuevo a que el Parlamento reflexione antes de adoptar la posición de modificar el artículo 90. 
Sea como fuere, esta es la postura de la Comisión. 
Por cierto, quiero recordarles que en una comunicación de la Comisión todavía no nos hemos pronunciado sobre lo que sucederá exactamente. 
En el transcurso de los debates en la Conferencia Intergubernamental se puede seguir reflexionando sobre si se hará un pacto. 
Es un debate que todavía está abierto. 
La Comisión aún no se pronunciado al respecto. 
Pero repito que hemos de concentrarnos en el artículo 3, eventualmente averiguar qué puede hacerse con esta comunicación de la Comisión, pero dejar en paz al artículo 90. 
Por lo demás quisiera recordarles de nuevo que la Comisión, en su política- ya sea en el ámbito de las telecomunicaciones o en otros ámbitos, incluido el de correos, del que es responsable mi colega, el Sr. Bangemann -, dado que se trata de una propuesta clásica sobre la base del artículo A y en el que después de amplias deliberaciones no hemos aplicado el artículo 90, entre otras cosas porque el Parlamento nos lo ha pedido. 
Hemos accedido a esta petición y de ahí que se siga el procedimiento clásico. 
Pero, independientemente de la política sectorial en cuestión, incluso si se trata de crear competencia en ese ámbito, lo hacemos teniendo plena conciencia de que se garantiza la prestación de servicios universal allí donde sea necesario. 
Que se tengan en cuenta las preocupaciones sociales siempre que sea necesario. 
Es decir, que es una política equilibrada. 
Por ello, mi conclusión, entre otras cosas, es que sobre la base de la comunicación de la Comisión podría celebrarse un gran debate en este Parlamento sobre la base de un documento de este tipo, y un informe de una o varias comisiones de forma que podamos llegar a acuerdos claros. 
Permítanme examinar rápidamente el informe del Sr. Rapkay y una vez más, señor Rapkay, le felicito por la excelente calidad de este informe, no sólo el apoyo que otorga usted a la posición de la Comisión. 
No hace falta que debatamos más esta cuestión, pues se trata de una constatación objetiva. 
Pero hoy he de comunicarles- el próximo jueves se celebrará el Consejo- que por desgracia nuestra propuesta, que cuenta con el apoyo del Parlamento, no cuenta con un apoyo mayoritario en lo que se refiere a los thresholds. 
Son sobre todo los Estados miembros grandes los que no lo quieren. La mayoría de los Estados miembros pequeños o más pequeños van en la misma dirección que la Comisión y, si de ellos dependiera, podríamos llegar a un acuerdo, pero la mayoría de los grandes se oponen a ello. 
No quiero examinar ahora las razones, pues son en sí algo contradictorias, pero lamentablemente he de constatar que la posibilidad es muy pequeña, aunque el jueves volveremos a luchar por ello con el apoyo del Parlamento, pero he de confesarles que la posibilidad de que el Consejo de Ministros siga a la Comisión y al Parlamento es muy pequeña. 
Hay otro aspecto más positivo, concretamente cuando en varios países han de comunicarse este tipo de fusiones. 
En el Consejo de Ministros hay mucha disposición para encontrar una solución, quizás no exactamente la que hemos propuesto, pero podría surgir algo interesante. Y le digo al Parlamento que por supuesto le volveremos a consultar al respecto. 
Si llega una nueva propuesta, suponiendo que sea necesaria, en relación con los thresholds, se volverá a consultar al Parlamento. 
La Comisión desea cumplirlo al 100 %. Que quede claro aquí, en el Parlamento. 
Por lo demás, espero que podamos conseguir algo, y para ilustrar lo necesario que es, mencionaré un ejemplo concreto. 
Como saben ustedes, se está preparando una gran fusión entre BT y MCI. 
Hoy todavía estamos debatiendo si esta cuestión encaja realmente dentro del marco de un reglamento de fusión, pues se trata de la cifra de negocios de MCI dentro de la Unión Europea y de la regla de los dos tercios. 
Todo indica que la Comisión tendrá que tratar esta cuestión, pero noto que incluso en tales casos no siempre es evidente que sea una cuestión que la Comisión haya de tratar sobre la base del reglamento de fusión. 
Y así señala usted que es necesario, y en eso tiene usted toda la razón, señor ponente, que reconsideremos diversas cosas en la medida de lo posible, y la regla de los tres tercios, diversos diputados han aludido a ello, lo reconozco, no hemos propuesto modificarla, simplemente por el hecho de que sabemos que, en estos momentos, no hay la más mínima posibilidad de conseguir una mayoría en el Consejo. 
Pero admito que es una preocupación que en el futuro tendremos que seguir considerando conjuntamente, y en caso necesario quizás podamos tomar una iniciativa más adelante. 
Nuevamente, señor Rapkay, gracias por su informe y por el apoyo del Parlamento. 
En relación con el informe del Sr. Kuckelkorn, quisiera volver a felicitarlo. 
La iniciativa procede del Parlamento. 
La Comisión la ha aceptado, con gratitud he de decir, y ha intentado convencer al Consejo de Ministros de que se trata de una iniciativa necesaria para la pequeña y mediana empresa, pero también como contribución en la lucha contra el desempleo. 
Por desgracia, ayer, se ha vuelto a poner de manifiesto en el Consejo de Ministros, que por mucho que queramos el programa ELISE, por lo visto su hermosura no ha conseguido ablandar a algunos ministros. 
Por ello, lamentablemente, las posibilidades son pequeñas. 
Pero el Parlamento está del lado de la Comisión y el Sr. de Silguy y sus colaboradores han dicho que seguirán intentando luchar por ello y por conseguir algo. 
Pero desgraciadamente, hay una gran oposición en el Consejo de Ministros. 
Señorías, rápidamente, no me queda mucho tiempo, pero rápidamente, pues el Sr. Janssen van Raay ha planteado muchas cuestiones concretas, aunque veo que ya no está aquí, así que tendremos que dejar el fútbol para otra ocasión. 
El Sr. Chanterie tampoco está, de lo contrario podríamos hablar de subvenciones y deslocalización. 
Tendré que hablarlo con él. 
El Sr. Donnelly ha hablado de car-distribution. Por supuesto, se trata de un régimen que no concuerda del todo con las relaciones de competencia normales. 
No lo rebatiré. 
Usted sabe que el régimen actual, el reglamento actual, es mucho más flexible que el anterior y más limitado en el tiempo, de forma que después de este período podremos considerar seriamente si seguirá siendo necesario un régimen de este tipo. 
Hoy por hoy no me atrevo a pronunciarme al respecto, aunque como podrá usted apreciar, vamos hacia una mayor competencia en este sector, pero por otra parte pensábamos que había buenas razones para conservar un reglamento específico sobre la distribución de automóviles y camiones. 
Señora Riis Jorgensen, sé lo mucho que se esfuerza por una mayor transparencia en relación con los expedientes de la ayuda estatal. 
Señora, usted sabe que precisamente a instancias de este Parlamento se celebrará un gran debate, por lo menos eso esperamos, el próximo jueves, en el Consejo de Ministros, donde la Comisión junto con la Presidencia irlandesa, y deseo rendir homenaje a la Presidencia irlandesa, ha elaborado una resolución para lograr transparencia en este tipo de cuestiones, así como la posibilidad para la Comisión de intentar reducir la proliferación del número de casos, etc. Pienso que ahora nos encontramos con un debate sobre una mayor transparencia, más seguridad también para los competidores, y espero que el Consejo se muestre favorable a esta intención de la Comisión y del Parlamento, lo cual ha de permitirnos presentar propuestas concretas al Consejo, que naturalmente serán debatidas en este Parlamento. 
Quisiera llegar ahora a un acuerdo claro con el Parlamento. 
Si la Comisión piensa que, sobre la base de este debate, tenemos posibilidad de lograr resultados, por supuesto que iniciaremos un profundo debate al respecto en este Parlamento y en la comisión competente. 
Señorías, esto es todo, aunque la Sra. Randzio-Plath, que tampoco está presente, también ha planteado un tema interesante: en qué medida se puede dar apoyo estatal a través de las reducciones fiscales y las reducciones en el ámbito de la seguridad social. 
Puedo asegurarle a ella y a otros colegas que, por supuesto, la Comisión lo estudiará, y eventualmente lo condenará como ayuda estatal si es necesario. 
Permítanme retomar el ejemplo, que alguien ha citado, del sector textil en Francia. 
Por supuesto, se trata de la regulación de mínimos. 
Hemos de cumplirla. Si esa ayuda no se presta a nivel de mínimos, tampoco hay razón para que la Comisión actúe, ni siquiera hay que notificarlo. 
Pero si se presta a este nivel, aunque se realice a través de la seguridad social, como era el caso en Italia para el sector del calzado o en Bélgica la operación Maribel en favor de la industria exportadora, o en Francia en el sector textil, entonces la Comisión ha de actuar, pues se trata de una competencia desleal a través de la ayuda estatal, que ha elegido el camino de la reducción de las cuotas a la seguridad social o de la disminución de la fiscalidad. 
También esto es responsabilidad nuestra. 
Señorías, esto es todo. 
Me disculpo, pues me he explayado demasiado y no quisiera que el Sr. Monti no tuviera oportunidad de responder a las preguntas y observaciones que le han dirigido sus Señorías. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo dar las gracias a los ponentes y en particular al Sr. Secchi por su informe sobre el mercado único, cuya calidad considero excelente y de gran ayuda para la Comisión a fin de orientar más aún, si cabe, la acción de construcción del mercado único. 
Es muy satisfactorio para la Comisión encontrar en el informe el reconocimiento del nuevo impulso dado durante 1995 y la referencia a las principales iniciativas adoptadas. 
Asimismo, es muy útil la mención que en el mismo se hace respecto a las carencias de ese «mucho» que todavía queda por hacer, a fin de lograr un mercado interior real y que funcione correctamente. 
El estudio sobre el impacto del mercado único que la Comisión acaba de hacer público, sirve especialmente para proseguir la acción dirigida a la realización de dicho mercado, ya que ha quedado de manifiesto que allí donde se ha conseguido el mercado único, de hecho, hay que hablar de resultados. 
El estudio de la Comisión puso asimismo en evidencia que, incluso en los años más difíciles para la economía europea, se aprecia el efecto del mercado único que se manifiesta en términos de Producto Interior Bruto de la Comunidad- un 1, 5 % al año de crecimiento- y de creación de puestos de trabajo, estimada en 900 mil puestos. 
Además, y deseo hacer hincapié en ello, se estimó que la inflación en los Estados europeos es, a causa de la mayor competencia y de la determinante apertura del mercado único, un punto, un punto y medio por ciento al año menor de la que debería ser realmente. En consecuencia, esto, como es obvio, ofrece un respiro a la economía europea en lo que a oferta se refiere. 
Los Sres. Donnelly y von Wogau se refirieron a la necesidad de una mayor coordinación entre las políticas y los documentos relativos a la industria, a la competencia y al mercado único. 
Habida cuenta de que los dos colegas que me precedieron no se refirieron expresamente a esta solicitud, deseo manifestar que tuvimos muy en cuenta lo que ya el año pasado, en esta misma ocasión, se dijo en este Pleno. En nuestra opinión, existe, de hecho, una notable coherencia en los tres sectores en lo que atañe a las decisiones políticas que se adoptan diariamente. 
Además, en el estudio del impacto se tuvieron en cuenta los tres aspectos. El estudio sobre los efectos del mercado único, por ejemplo, tiene muy en cuenta los tres sectores. 
Por último, me parece que también este debate conjunto representa una ocasión propicia para subrayar más aún, si cabe, estas complementariedades. 
El informe Secchi establece lo «mucho» que todavía queda por hacer, y yo diría que podemos resumir en tres puntos las principales carencias existentes para la realización de un mercado único a la altura de nuestras expectativas. 
Los tres puntos que podemos considerar como las tres carencias principales se refieren a la aplicación concreta, es decir al enforcement, al régimen fiscal y a los ciudadanos. 
Por lo que se refiere a la aplicación concreta, al enforcement, que la Comisión considera como su prioridad número uno en el ámbito del mercado único, hay algunas cosas que pueden hacerse en el actual marco institucional, y otras que, por el contrario, requieren una modificación del propio marco institucional. 
Las que podemos llevar a cabo en el actual marco institucional, creo que ya las estamos llevando a cabo. 
Este año, y solamente en el ámbito del mercado único, hemos instado 195 procedimientos de infracción contra los Estados miembros y se ha dado traslado de once casos al Tribunal de Justicia; aprobamos una mejora de los procedimientos de infracción para hacerlos más rápidos y transparentes en cuanto a la gestión de los procedimientos de infracción en el seno de la Comisión. 
A dicho fin, deseo manifestar a la Sra. Peijs que tengo muy en cuenta la solicitud que formuló hace tiempo referida a un help desk, pues yo también la considero un elemento importante para mejorar los procedimientos de infracción. 
Le confirmo, Señoría, que su idea, que abordamos en concreto, y que queremos llevar a la práctica en el sentido de que- y lo digo porque no sólo puede interesarle a la Sra. Peijs- estamos intentando poner a disposición de los ciudadanos, las empresas, las asociaciones profesionales, una fuente organizada de informaciones sobre los procedimientos relativos a la aplicación de las reglas del mercado único. 
Es mi intención llevar a la práctica de forma concreta y simple esta idea. 
Los aspectos básicos son los siguientes: estamos creando en los servicios de la Comisión, una línea telefónica con un número ad hoc, que en su etapa inicial no va a ser todavía un número verde; las personas que van a atender las llamadas estarán capacitados para facilitar informaciones inmediatas respecto a cómo se instruye un procedimiento de infracción por parte de la Comisión y cómo pueden dirigirse a la Comisión para denunciar las posibles violaciones de las normas del mercado único; asimismo, y con respecto a una información más detallada sobre un dossier específico, las personas que contestarán la llamada van a dirigir a los interesados a los competentes servicios administrativos. 
Obviamente, el objetivo es el de introducir una mayor transparencia, información y agilidad y, si usted me lo permite, Señoría, le ruego que la acepte como mi regalo de Navidad, porque entrará en funcionamiento antes de Navidad. Ciertamente, más tarde de lo que usted y yo hubiéramos deseado, aunque lo cierto es que va entrar en funcionamiento muy pronto. 
En su intervención el Sr. Watson planteó un punto que es complementario del discurso sobre la aplicación concreta, pues lamentó cierta dificultad, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, en materia de acceso a la justicia. 
No creo que el Sr. Watson se equivoque, habida cuenta de que las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos tienen menos facilidades o, de cualquier modo, mayores gastos, para hacer valer sus derechos judicialmente. 
Nuestra acción para obviar este problema se centra en tres líneas: en primer lugar, simplificación y aceleración de los procedimientos administrativos en materia de infracciones; en segundo lugar, acción de formación de los jueces nacionales para que apliquen más frecuente y correctamente el Derecho comunitario; en tercer lugar, la próxima adopción por parte de la Comisión de un programa específico dedicado a Schuman. 
Tal como acabo de manifestar, sin embargo, no sé si el actual marco institucional es suficiente para garantizar una aplicación concreta a la altura de las expectativas del mercado único. 
Se ha observado que en el marco de la competencia y de las ayudas estatales, la aplicación concreta es muy eficaz y, como es natural, yo también lo considero así. Soy el primero en reconocer que en el ámbito del mercado único no es tan eficaz, a pesar de que les he informado respecto a la acción que estamos llevando a cabo. 
¿Por qué? 
Porque, mientras en el caso de la competencia y de las ayudas estatales, las posibles violaciones de las normas dan lugar a avisos y la Comisión tiene la posibilidad de intervenir antes de que se cause el daño- estoy simplificando, pero usted conocen la materia perfectamente- en el caso del mercado único todo lo que podemos hacer es perseguir las violaciones instando procedimientos de infracción, llevándolos hasta el Tribunal de Justicia, a pesar de que todo esto requiere tiempo. 
Por consiguiente, he apreciado en el informe Secchi las referencias respecto a la posibilidad de que, en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, se estudien y establezcan los instrumentos para una aplicación concreta más rápida. 
En otros términos, estamos haciendo todo lo que podemos hacer- y, no cabe duda de que podemos mejorar- sin embargo, en el marco institucional actual, por desgracia, es impensable que en el mercado único haya una aplicación concreta tan eficaz como para la competencia y las ayudas estatales. 
La segunda carencia importante, subrayada en el informe y también en las varias intervenciones a lo largo del debate, es la atañe a la imposición. 
Me satisface mucho que este Parlamento se manifieste con firmeza respecto a las distorsiones que sufre el mercado único por la insuficiente armonización fiscal. 
También en este caso, al igual que para la aplicación concreta, hay algunas cosas que podemos hacer respecto al sistema actual y algunas requerirán una modificación. 
En el sistema actual estamos haciendo un notable esfuerzo para convencer a los Ministros de Finanzas que es en beneficio de los propios Estados miembros conseguir una mayor coordinación. 
He acogido favorablemente las enmiendas del Sr. Secchi a su propio informe y puedo decir que ayer el Consejo ECOFIN tomó nota positivamente del informe de la Comisión sobre la evolución de los sistemas fiscales, mencionada en la enmienda del Sr. Secchi y sometió este documento a la atención del Consejo Europeo de Dublín, en particular, en lo referente a las cuestiones de competencia fiscal y a la necesidad de armonizar, desde el punto de vista fiscal, el mercado interior. 
Sin embargo, también aquí- ustedes conocen bien la cuestión- el principio de la unanimidad, sin lugar a duda, dificulta avances de cierta importancia en este campo. Éste será otro tema para la Conferencia Intergubernamental. 
Finalmente, la tercera carencia que voy a abordar más brevemente, pero no porque revista menos importancia, y que es muy conveniente abordar en el Parlamento Europeo, es la que se refiere al insuficiente acercamiento del mercado único a los ciudadanos. 
Ustedes saben hasta qué punto este tema es importante para mí y yo sé hasta qué punto lo es para el Parlamento. 
No podemos pretender que los ciudadanos presten su apoyo a la continuación de la construcción europea si no ven de cerca a Europa, si no ven de cerca el mercado único que, a pesar de todo, está funcionando en beneficio de los ciudadanos, sin que los mismos se den cuenta. 
Como ustedes saben, las dos principales acciones que está llevando a cabo la Comisión son: primero, garantizar por fin la cuarta libertad de movimiento- que, no obstante, debía ser la primera, tal como acertadamente denuncia el informe Secchi- o sea, la libertad de movimiento de las personas, un paquete de propuestas para llegar a la supresión de los controles en las fronteras internas en un marco de seguridad, propuestas respecto a las me satisface que el Parlamento haya otorgado su fundamental apoyo recientemente; segundo, puesta a disposición de los ciudadanos de informaciones adecuadas respecto a lo que el mercado único puede hacer por ellos: en particular, me refiero al programa de información «ciudadanos en primer lugar» y al respecto agradezco al Parlamento su apoyo y estímulo en favor de esta iniciativa. Se trata de un programa que se lanzará el próximo 29 de noviembre y que es importante para que los ciudadanos de Europa sean conscientes de los derechos que el mercado único les confiere, y sepan cómo ejercitar tales derechos, así como dónde y cómo tienen que protestar cuando dichos derechos encuentran obstáculos. 
Creo que puedo detenerme aquí, sabiendo, sin embargo- y pido disculpas por ello- que no he abordado todos los puntos de este amplísimo informe y de esta amplísima materia. 
Deseo dar las gracias de nuevo al ponente y a todos los oradores, porque su contribución sirve de guía y representa un importante apoyo para la Comisión. 
Se trata de temas en los que, por lo demás, la cooperación con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y con la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Públicas de este Parlamento, nos ha permitido y espero que en el futuro nos permita avanzar con bastante rapidez. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-1218/96): 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
¿Podría explicar la urgencia de Internet, las baterías de níquel-cadmio y del «Europartenariat» de Gales que le ha llevado a situar esas tres preguntas a la cabeza de la lista? 
Señor Wijsenbeek, no puedo hacerlo. 
Es una prerrogativa de la Presidencia, la cual, en su sabiduría, ha decidido que ésos son los únicos tres asuntos urgentes. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 25 no se formula. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Me pregunto si podría formular yo la pregunta en sustitución del Sr. Collins, porque el asunto me interesa. 
Lo lamento, pero no es posible. 
El único modo de poder haberlo sería presentando una solicitud por escrito antes de que comience el turno de preguntas. 
Comprendo sus sentimientos y los de aquellos diputados que deseaban formular preguntas complementarias sobre este importante asunto. 
Pero al no presentarse el Sr. Collins, no hay nada que podamos hacer. 
Pregunta nº 26 formulada por Ivar Virgin (H-0864/96): 
Asunto: Baterías de níquel-cadmio 
El cadmio, sustancia que figura en las baterías de níquel-cadmio, es un metal pesado muy peligroso que se acumula en el hígado y los riñones y que puede provocar cáncer de pulmón. 
De conformidad con el principio de sustitución, las sustancias peligrosas para el medio ambiente deben sustituirse por otras sustancias alternativas existentes que no resulten perjudiciales desde el punto de vista ecológico. 
La baterías hídridas metal-níquel son un tipo de batería que ya se utiliza en Suecia. 
¿Tiene intención la Comisión de adoptar algún tipo de medida para acelerar el paso de las baterías de níquel-cadmio a las baterías hídridas metal-níquel? 
En caso afirmativo, ¿podría señalar la Comisión si tiene intención de proponer a los Estados miembros que recurran a medidas de tipo económico para llevar a cabo este paso? 
Señor Presidente, agradezco de la pregunta la definición del cambio como «metal pesado muy peligroso» y el riesgo que supone para la salud humana. 
Existe una Directiva comunitaria relativa a baterías, es decir, la Directiva 91/157, que fija el contenido de ciertos metales pesados en las baterías. 
Como ya ha mencionado el autor de la pregunta, hay que vigilar el uso de metales pesados y, por lo tanto, obviamente, también su uso en las baterías. 
Le puedo informar de que la Comisión está estudiando si es necesario un reforzamiento de la Directiva, ya que, al igual que el autor de la pregunta, somos conscientes de los problemas que plantea. 
El estudio en curso incluye la posibilidad de usar baterías hídridas metal-níquel. 
Todavía es pronto para informar sobre los resultados de la investigación, pero quiero subrayar que la Comisión es consciente del problema planteado por su Señoría. 
En cuanto a medidas de tipo económico, quiero decir que los Estados miembros son libres de utilizarlas en virtud del Tratado y los artículos indicados para este caso son los núms. 30, 36 y 95. 
En primer lugar, le agradezco a la Comisaria Bjerregaard su respuesta, que considero positiva. 
No hay duda de que el cadmio conlleva un gravísimo riesgo para la naturaleza y las personas. 
No voy a entrar en el hecho de quizá constituya un asunto de urgencia. 
No obstante, hay evidencia de que está en aumento la concentración de cadmio en la naturaleza, y de que hay muchas razones para que tratemos esta cuestión. 
En nuestro país, Suecia, se ha introducido un impuesto verde sobre la baterías de níquel-cadmio, que ha reconducido rápidamente el consumo hacia las híbridas metal-níquel, con las que no existe peligro para el medio ambiente. 
Por tanto pienso que hay motivos suficientes para que la Comisión trabaje activamente por que los países miembros introduzcan este tipo de impuesto, que ciertamente no hace sino reflejar el coste del deterioro del medio ambiente. 
Es, por consiguiente, justo introducirlo. 
Como he dicho en mi primera intervención, la Comisión comparte la preocupación del autor de la pregunta y, en consecuencia, -como ya he dicho- estamos examinando la posibilidad de modificar la Directiva relativa a baterías, a fin de garantizar que en otros Estados miembros se produzca una evolución como la que, según el autor de la pregunta, ha dicho que está teniendo lugar en Suecia. 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si ella considera la normativa sobre las baterías de níquel-cadmio más importante que la normativa sobre la red Internet, en particular, el control de la pornografía infantil a la que actualmente se puede acceder vía Internet. 
Señora Comisaria, ¿desea responder a la pregunta? 
Creo que se trata de un intento desleal por parte del Sr. Truscott de imponer su primera pregunta. 
Creo sinceramente que el Presidente ya ha contestado esa pregunta hace un momento, cuando se planteó la cuestión reglamentaria. 
Como corresponde a un miembro de la Comisión, me he limitado a responder a una pregunta formulada por el Parlamento, pero es el Parlamento el órgano que decide lo que es urgente. 
Dado que su autor no se encuentra presente, la pregunta nº 27 no se formula. 
Me temo que la disciplina de nuestros diputados deja hoy mucho que desear. 
Señora Cresson, le presento mis más sinceras disculpas. 
Señor Presidente, la Comisión es muy consciente del problema de salud que representa la diabetes, sobre todo en una población que está envejeciendo como le ocurre hoy a la europea. 
También es consciente del enorme progreso que, para las personas afectadas, supuso la introducción, hace ya 75 años, de la utilización terapéutica de la insulina. 
Tampoco ignora las repercusiones positivas que ha supuesto la investigación sobre la diabetes en diversos ámbitos así como el interés que ésta presenta en la comprensión y tratamiento de otras enfermedades crónicas. 
La investigación sobre la diabetes goza por tanto de una gran atención en los programas de investigación de la Unión. 
Se le ha dedicado expresamente una línea del programa Biomed, en el cuarto programa marco. 
En este marco se han impulsado también nueve proyectos de investigación que incluyen al mismo tiempo los aspectos epidemiológicos y la investigación clínica. 
Además, los aspectos genéticos de la diabetes se estudian en la parte del programa dedicada a la investigación sobre el genoma humano; es sabido que en este campo la investigación ha experimentado recientemente unos progresos extremadamente importantes, y es éste uno de los éxitos de la investigación europea. 
De hecho, a la vez por su importancia e interés, la investigación sobre la diabetes debería seguir siendo objeto de una atención también en el quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico que estamos actualmente iniciando. 
Pero la lucha contra la diabetes es también la prevención. 
La prevención, mediante la adaptación del tipo de vida y la alimentación principalmente, ha sido inscrita en los temas de las acciones de educación, formación y promoción de la salud, dentro del contexto de la política de salud pública de la Unión. 
Como los medios financieros a disposición de esta política son bastante reducidos, esta acción de prevención es aún modesta con relación a las necesidades. 
Sería por tanto muy útil sensibilizar a los Estados miembros en la importancia que tiene un esfuerzo más sostenido en este ámbito. 
Agradezco en todos los casos a sus Señorías que hayan reclamado la atención de la Comisión sobre esta cuestión, y no dejaré de tener en cuenta estas preocupaciones en la preparación del quinto programa marco de investigación. 
Muchas gracias por su respuesta, señora Cresson. 
Me satisface mucho oir que son conscientes del problema de la diabetes. 
Pero tengo que añadir que se mencionan muy pocas cosas sobre el tema en los diversos programas, sobre todo en el IV Programa Marco. 
Quizá tengamos que concentrarnos en el quinto, sobre el que estamos trabajando. 
En él se menciona muy poco sobre la diabetes, y las líneas presupuestarias propuestas son ínfimas. 
Me gustaría atraer su atención sobre este punto para que dediquen más energía a tratar estas cuestiones, ya que la diabetes necesita más recursos. 
Si la Comisión se toma en serio el problema, será posible también en el futuro disminuir los costes que supone en términos de asistencia sanitaria. 
Señor Diputado, tiene usted casi toda la razón, si no fuera porque el quinto programa marco, como acabo de decir sólo está esbozado; se han presentado grandes orientaciones pero, como sabe usted, ello va a exigir trabajos extremadamente profundos y (hay que recordarlo) las decisiones relativas a las prioridades de los programas marco se toman todavía por unanimidad de los Estados miembros. 
¿Por qué hay 21 prioridades en el cuarto programa marco? 
Es una de las consecuencias (debo decir que posiblemente no de las más positivas) del voto por unanimidad. 
Espero, por tanto, que la Conferencia Intergubernamental, que está en la actualidad preparándose, culminará en un voto por mayoría cualificada y podremos, de este modo, en aquellos casos en que una gran mayoría de Estados miembros juzgue como más importantes, llegar a decisiones razonables. 
Con respecto a las grandes orientaciones del quinto programa marco, tenemos la intención de insistir en todo aquello que afecta a la salud humana, a la prevención, a los riesgos a los que se exponen las personas, tanto los relativos al deterioro del medio ambiente como los relacionados con la alimentación en los que la actualidad nos proporciona, por desgracia, un ejemplo especialmente sangrante. 
Deseamos por tanto, orientar el quinto programa marco, en primer lugar, a los aspectos que afectan a la persona, a la salud y a los ciudadanos. 
Con respecto a la diabetes, por supuesto, no puedo decirles mucho en estos momentos; nos encontramos todavía en un estadio muy primario para que yo pueda proporcionar indicaciones más precisas. 
Pero en todo caso se trata de un ámbito que afecta de forma manifiesta a la salud, al fenómeno demográfico del envejecimiento de la población y también al de la prevención. 
Me atrevo a decir, por tanto, que deberían estar ustedes tranquilos sobre este punto. 
Nunca podremos reemplazar a la política de los Estados miembros pues nuestro presupuesto sólo representa el 4 % del total que los Estados destinan a la investigación. 
Sólo podemos mantener una acción de incitación, que está presente en el ámbito de la investigación, como también lo está en los ámbitos de la educación y de la prevención. 
Pueden estar ustedes seguros que esta preocupación será tomada en consideración. 
Muchos de nosotros en la Unión Europea estamos muy agradecidos por la labor de los canadienses Bantin y Best, los científicos que descubrieron la insulina hace 75 años. 
Quisiera señalar a la Sra. Cresson que en la Unión Europea existen unos 10 millones de diabéticos reconocidos, pero creemos que hay otros 10 millones a los que no se les han reconocido los síntomas. 
Si los detectamos pronto y les aplicamos las medidas sanitarias adecuadas, se ahorrarán grandes sumas en presupuesto sanitario de los quince Estados miembros, en los que actualmente la diabetes supone un 8 % del total de gastos. 
Es un motivo importante para centrarnos en el Quinto programa marco sobre este ámbito. 
Aunque me alegra oír las palabras que acaba de decir la Sra. Comisaria, es decepcionante que el Cuarto programa marco no haya identificado la diabetes como un problema muy importante. 
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la diabetes puede adquirir proporciones epidémicas importantes debido a que se trata de una enfermedad de la prosperidad, lamentablemente. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos. 
Le ruego que en el Quinto programa marco se asegure de que se encuentra la forma de ayudar a la investigación sobre la diabetes. 
Debo hacer referencia a la observación que ha hecho hace un momento, señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Uno de los motivos de la escasa asistencia en la Asamblea se debe a que, por ejemplo, yo he debido abandonar una reunión en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial en la que en estos momentos se está sometiendo a votación uno de mis informes, porque he dado prioridad a la diabetes sobre la Tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Es una locura que este Parlamento celebre sesiones parlamentarias sobre cuestiones importantes- como ahora- al mismo tiempo que se está votando en las comisiones. 
Es una vergüenza. 
Señor Harrison, tomo nota de sus opiniones algo subidas de tono. 
Comunicaré la observación a la Presidencia. 
Me parece que es una cuestión de organización, el que sepamos qué están haciendo las comisiones cuando se reúnen durante la semana de Estrasburgo. 
Quizá sea éste un argumento a favor de que las comisiones no se reúnan durante la semana de Estrasburgo, aunque esto es un aparte de esta Presidencia. 
Sí, señor Diputado, efectivamente he estado muy sensible ante el hecho de que haya decidido usted venir a dar su opinión sobre este tema tan importante que afecta al mismo tiempo a la salud pública y a la investigación. 
Posiblemente sería necesario señalar en primer lugar algunas indicaciones relativas a la enfermedad y su tratamiento, y después a la acción directa de la Comisión. 
Ha dicho usted con toda razón que hay diez millones de ciudadanos europeos afectados por la diabetes. 
Los costes directos de esta enfermedad se estiman en la actualidad en un 8 % de los presupuestos destinados a la salud en Europa. 
Sólo hablo de los directos y no de los indirectos que son, por otra parte, importantes. 
Sabe usted que existen dos tipos de diabetes: la insulín-dependiente y la no insulín-dependiente, que afectan respectivamente a niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y personas mayores. 
Acabo de hablar de la insulina, utilizada para tratar la diabetes insulín-dependiente pero, por definición, no es utilizable en el otro caso. 
Por tanto queda mucho por investigar. 
Por lo que respecta a la acción de la Comisión, quisiera señalar simplemente que los proyectos de investigación sobre la diabetes emprendidos en el marco de Biomed II, abarcan los diferentes aspectos de la prevención, tratamiento y gestión de la diabetes, incluyendo la determinación del riesgo genético y de los factores vinculados con el medio ambiente y la detección de los pacientes de alto riesgo. 
Quisiera señalar asimismo que, en marzo de 1997, se organizará un grupo de trabajo en Bruselas sobre la dimensión europea de la investigación sobre la diabetes, por iniciativa de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en colaboración con la Comisión y con su apoyo. 
El objetivo es identificar las estrategias y las prioridades a adoptar en materia de investigación sobre la diabetes a nivel europeo. Ello se inscribe naturalmente en la preparación de nuestro vigésimo programa marco. 
Como he dicho hace unos momentos, un arma importante en la lucha contra la diabetes es también la prevención. 
En ese sentido se ha hecho muy poco hasta el momento a nivel europeo. 
A pesar de todo la diabetes ha sido inscrita por primera vez para 1997 en muchos de los temas de las acciones de formación, educación y promoción de la salud, emprendidas en el contexto de la política de salud de la Unión. 
Por tanto, nos encontramos totalmente en la actualidad. 
Es decir, que el presupuesto total anual de la política de salud pública de la Unión es, como saben ustedes, de sólo 32 millones de ecus, a compartir con acciones relativas al cáncer y al sida, que exige efectivamente acciones enérgicas en materia de prevención. 
Es previsible que, para el próximo período, esta acción de prevención sea de nuevo, en todos los casos, por razones presupuestarias, relativamente limitada. 
Deberá mantenerse dentro de esos límites ya muy reducidos de 32 millones de ecus que debemos compartir con otras acciones de prevención relativas a otras enfermedades igualmente muy importantes. 
Pero creo que, por fin, comienza a aclararse el horizonte en este tema que tanto les preocupa; es un primer paso esta inscripción y este coloquio que se organizará en 1997 sobre esta cuestión tan trascendente. 
Pregunta nº 30 formulada por Florus Wijsenbeek (H-0755/96): 
Asunto: Monopolio estatal de la empresa suiza Telecom PTT 
¿Está informada la Comisión de que la empresa suiza Telecom PTT, justo antes de la entrada en vigor, el 1 de julio de 1996, de la nueva ley de competencia y estando pendiente una propuesta legislativa que armoniza la legislación suiza en materia de telecomunicaciones con la de la Unión Europea, ha participado en la absorción de una gran empresa del sector de la distribución por cable, a pesar de que se había comprometido a frenar su expansión en el mercado del cable? 
En caso afirmativo, ¿comparte la Comisión la opinión de que la Telecom PTT suiza, al participar en esta concentración de mercado, ha reforzado su posición monopolística en la telefonía vocal de tal modo que en la práctica resultará imposible que futuras empresas de la competencia del sector de las telecomunicaciones puedan ofrecer los mismos servicios? 
A la vista de las negociaciones de la Comisión con Suiza en curso, ¿puede la Comisión indicar si las telecomunicaciones serán objeto de negociación en un futuro acuerdo entre la UE y Suiza, habida cuenta de que este sector por el momento no está incluido en el paquete de negociaciones con este país? 
En respuesta a la pregunta de su Señoría, el Sr. Wijsenbeek, quisiera observar que, por supuesto, Suiza no está sujeta a las disposiciones de la directiva sobre redes de televisión por cable. 
La Comisión sabe que, el 29 de noviembre de 1995, la empresa suiza Telecom PTT propuso y firmó un código de conducta con la autoridad suiza competente en política de competencia, el llamado Verhaltenskodex, TeleKom, PTT, Kartel Kommission, que obliga a la empresa suiza Telecom PTT a abstenerse de conductas que puedan repercutir negativamente en la posición de posibles competidores y que tuvieran para ellos una ventaja ilegal en el marco de las futuras relaciones competitivas. 
En dicho código se establece concretamente que la empresa suiza Telecom PTT, en el ámbito de las redes por cable, incluidas las redes de televisión por cable, está obligada a pedir autorización de antemano a la autoridad competente antes de lograr o aumentar la participación en empresas en este sector. 
Los servicios de la Comisión Europea se han enterado a través de la prensa de esta cuestión planteada por parlamentarios, pero no tenemos ningún derecho formal de interponernos entre ambos. Sigue siendo un asunto que atañe a las autoridades suizas. 
Por su parte, en las negociaciones de la OMC sobre la telecomunicación básica, la Comisión sigue esforzándose por lograr la promesa de que- hacia enero de 1998- el mercado suizo se habrá abierto plenamente, incluida por cierto la telefonía vocal. 
Esperamos que, hacia el 15 de febrero de 1997, habremos logrado un acuerdo con nuestros socios de la OMC, y que Suiza en este contexto aprobará una liberalización completa de los servicios de telecomunicaciones. 
En lo que respecta a las negociaciones bilaterales, el 31 de octubre de 1994 y el 14 de marzo de 1995, el Consejo decidió iniciar negociaciones con Suiza en seis sectores- como saben ustedes- de libre circulación de personas, agricultura, reconocimiento mutuo de las evaluaciones de conformidad, investigación, gasto público y transportes, y a la vez sin duda excluir por de pronto las negociaciones en otros sectores, como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones. 
Estas negociaciones en los seis sectores antes mencionados siguen en marcha, y por lo pronto no podemos decir cuándo concluirán, aunque estoy implicado de cerca en dichas negociaciones; considero posible que en el primer trimestre del próximo año podamos llevar estos seis acuerdos a buen término. 
Esto es por lo menos lo que pretende la Comisión, pero para ello necesitamos naturalmente al Consejo de Ministros. 
Sobre la base de las negociaciones en curso, la Comisión decidirá si es conveniente proseguir con las negociaciones en otros sectores. 
En estos momentos, las negociaciones todavía no han avanzado suficientemente como para tomar ahora una decisión de este tipo. 
Repito que tendríamos que hacer esta propuesta también al Consejo. 
Agradezco al Comisario Van den Broek su amplia y documentada respuesta. 
No obstante, sigo teniendo una pregunta complementaria, en el mismo sentido de mi pregunta original, concretamente: si en los seis sectores se incluye la competencia. En primer lugar, salta a la vista que aquí se ha excluido la competencia. 
En segundo lugar, también está claro que Suiza hace caso omiso, de manera ostentativa, de la libre competencia, algo que no sólo debería tener consecuencias en las actuales negociaciones, sino también en la continuación de las negociaciones en otros sectores. 
Los suizos piden continuamente un acceso libre a nuestro mercado, algo que nosotros otorgamos generosamente. 
En realidad, considero que la Comisión se toma de forma muy limitada su mandato de negociación si no se incluyen este tipo de cuestiones. 
Mi pregunta es por lo tanto: ¿no podría incluir el Comisario ahora, en las actuales negociaciones, este tipo de violaciones de la libre competencia? 
Creo que en este sentido cabe hacer dos observaciones importantes. 
En primer lugar, pienso que es importante que en cualquier caso intentemos- a través de las negociaciones en curso sobre la OMC- obtener promesas de Suiza en esta cuestión. 
Como he indicado anteriormente, cabría esperar que quizás a principios de 1998 se logre claridad al respecto. 
Una segunda observación es, y no sé si soy del todo cabal y exacto, pero si reflexiono sobre le mandato que hemos recibido para los seis acuerdos sectoriales sobre los que negociamos en estos momentos con Suiza, no veo directamente forma de incluirlo. 
Esto no quita que una vez que se haya creado el paquete de seis- del que está probado que ha de existir un equilibrio tanto dentro de cada acuerdo como entre los seis diferentes acuerdos, sé que también Suiza está interesada en negociar en nuevos sectores, y en un momento dado podríamos plantear que se analizara cuáles son los principales puntos de tensión en las relaciones con Suiza. 
En cualquier caso, pour acquit de conscience averiguaré en qué medida los expedientes actuales hacen posible una conversación al respecto, pero no quiero suscitar falsas esperanzas al Sr. Wijsenbeek. 
Sé que en estos momentos hay un gran consenso, pero sigue siendo necesario solucionar problemas muy delicados, concretamente en el sector del transporte y en el sector de la libre circulación de personas. 
Pero doy las gracias al Sr. Wijsenbeek por habernos advertido sobre esta situación. 
A pesar de la pregunta del Sr. Wijsenbeek, podría el Sr. Comisario tener presente en sus negociaciones con la empresa suiza Telecom que las telecomunicaciones operan en la actualidad en un mercado mundial y, en este sentido, ¿podría indicarnos el volumen relativo de la nueva compañía fusionada en Suiza en relación con British Telecom y tras la nueva fusión de 15.000 millones de libras esterlinas llevada a cabo con la MCI de los Estados Unidos? 
Lo lamento, pero mi respuesta ha de ser negativa; en estos momentos no sabría decírselo. 
Pero la observación general es correcta, de que precisamente cuando se habla de telecomunicaciones, se habla de un sector de la economía que, de hecho, está sujeto a fuertes tendencias de globalización. 
En lo que respecta, por ejemplo, a la fusión de empresas de telecomunicaciones en la Unión Europea, su Señoría sabe que habría que imponer limitaciones. 
Ello entra dentro de la competencia de la Comisión sobre el código de fusión. 
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta, pero quisiera preguntarle también si ¿debo entender su respuesta en el sentido de que la Comisión presionará a Suiza, y que en las próximas negociaciones, una de las condiciones que imponga será que Suiza abandone su actual posición dominante de monopolio en este ámbito? 
No quiero que haya malentendidos. 
He intentado indicar que, en el mandato que tenemos con respecto a los seis sectores que se están negociando con Suiza, no veo posibilidad directa de introducir esto. 
Le he dicho al Sr. Wijsenbeek que puedo imaginarme que una vez completados los seis paquetes de negociaciones, cuando se haya logrado un acuerdo al respecto y se abra el debate sobre posibles nuevos ámbitos de cooperación, que también se tenga en cuenta este sector de las telecomunicaciones. 
Pero es algo sobre lo que tendrá que pronunciarse el Consejo si en efecto lo considera prioritario. 
Por otra parte, me consta que Sir Leon Brittan, que dentro de la Comisión es responsable de todo lo que tiene que ver con las negociaciones de la OMC, aspira constantemente a lograr una mayor liberalización del mercado de las telecomunicaciones. 
Pregunta nº 31 formulada por Bertel Haarder (H-0857/96): 
Asunto: Regreso de los refugiados bosnios y croatas 
El Ministerio del Interior danés me ha informado en respuesta a una pregunta mía formulada en el Parlamento danés de que los refugiados bosnios y croatas desean regresar a sus hogares pero su regreso se demora debido, entre otras cosas, a dificultades de tráfico. 
Por otra parte, el Presidente de la Asociación danesa de Ayuda a los Refugiados ha manifestado que hay que esperar durante algún tiempo hasta conseguir los documentos de entrada en Bosnia y Croacia y que es muy difícil transportar a los refugiados en autobuses debido a que tanto Croacia, como Bosnia y Austria, este último Estado miembro de la UE, obstaculizar su transporte por carretera. 
Es totalmente insatisfactorio que determinados países obliguen a los refugiados a regresar a la antigua Yugoslavia mientras que otros no pueden o no quieren acelerar el regreso de aquellos refugiados que desean regresar a sus hogares. 
Especialmente extraño es el hecho de que aparentemente Austria impide el paso de los autobuses. 
¿Se propone la Comisión ejercer presiones, incluyendo si fuera necesario el condicionamiento de la ayuda de la UE, para que no se demore el regreso de los refugiados de Bosnia y Croacia que desean regresar y participar en la reconstrucción de su país y de sus hogares? 
Sinceramente he de decir que tengo la impresión de que, en estos momentos, las tristes noticias que se hacen sentir en la pregunta del Sr. Haarder, también los problemas en el tránsito de los refugiados bosnios y croatas repatriados, no tienen lugar a gran escala. 
Observarán que me expreso con sumo cuidado porque es difícil seguir la situación allí día a día. 
Pero lo que quiero decirle expresamente al Sr. Haarder es que en contacto con los Estados miembros, en contacto con el alto representante Carl Bildt y sobre todo en contacto con la Alta Comisaria para los Refugiados, la Sra. Ogata, que hace unos días visitó Bruselas, estudiamos detenidamente de qué manera podemos contribuir para facilitar el regreso de los refugiados. 
La Comisión Europea lleva tiempo interviniendo en este ámbito a través de sus programas de rehabilitación y reconstrucción, en los que se hace hincapié en proyectos que nos pasa el Alto Comisionado para los Refugiados para intentar facilitar el regreso. 
Concretamente mantenemos un contacto regular con la República Federal sabiendo que, entre los Estados miembros europeos, la República Federal es la que asume la carga más pesada en lo que se refiere a los refugiados de la antigua Yugoslavia. 
Repito que si estuvieran en juego la libertad de movimientos o la libertad de tránsito- últimamente no me han llegado noticias preocupantes al respecto -, pero si este fuera el caso, tendría que hacerse un llamamiento al gobierno de los países en cuestión, Bosnia, Croacia o incluso Serbia, y además a IFOR, que tiene la tarea de ocuparse de que se obstaculice lo menos posible la libre circulación. 
Quiero dar las gracias al Comisario por su exhaustiva respuesta. 
Para dejar claro este asunto, quiero preguntarle si está de acuerdo conmigo en que es totalmente inaceptable que países que reciben ayudas de la Unión Europea no quieran que sus propios ciudadanos regresen lo antes posible si así lo desean. 
Quiero preguntarle si está de acuerdo conmigo en que es aún más inaceptable que no sólo Bosnia y Croacia, sino también un Estado miembro de la UE, Austria, pongan obstáculos al transporte en autobuses de los refugiados que desean volver a su país. 
¿Está usted de acuerdo conmigo en que esta situación es insatisfactoria y que la Unión Europea debe presionar, incluso por medios económicos, a fin de cambiarla? 
Sabemos que ciertos países obligan a los refugiados a regresar. 
No estoy hablando de eso. 
Estoy hablando de ciudadanos que por propia voluntad desean volver, pero cuyo regreso es obstaculizado por la burocracia y la falta de voluntad de cooperación no sólo en Bosnia y Croacia, sino, para mi gran sorpresa, también en Austria. 
Comparto plenamente la opinión del Sr. Haarder de que sería totalmente inaceptable que los países se negaran a acoger a sus propios ciudadanos que desean regresar voluntariamente. 
Ello sería contrario a las obligaciones que han asumido las partes en el Tratado de paz de Dayton, en que el regreso de los refugiados y la cooperación para facilitar el proceso son una condición expresa e incluso una condición para recibir, por ejemplo, ayuda económica o para la reconstrucción. 
No discrepamos en este sentido. 
Me sorprende lo que ha dicho sobre Austria. Lo he leído por primera vez en la pregunta del Sr. Haarder. 
No tengo ninguna confirmación al respecto y creo a pies juntillas que no podemos esperar que las autoridades austriacas quieran poner obstáculo alguno al regreso de los refugiados. 
Dentro de la Unión, todo el mundo está de acuerdo en que es preciso hacer lo posible por facilitar este proceso. 
¿Podría confirmar el Comisario Sr. Van den Broek que, en realidad, lo que está diciendo es que aún nos encontramos en una situación en la que la libre circulación no está garantizada en el interior de Bosnia, es decir, continúa existiendo de facto la limpieza étnica? 
¿Podría decirnos también cómo evolucionará la situación, según sus previsiones, cuando se retiren las Fuerzas internacionales de paz? 
Me refiero a las fuerzas que intentan sacar a flote el acuerdo de paz de Dayton. 
¿Qué evaluación le merece a la Comisión el éxito de la ayuda que la propia Comisión ha prestado a los refugiados que regresan a su país, y cómo se propone desarrollar programas de este tipo en el futuro? 
Creo poder decir que en Bosnia-Herzegovina existe en gran medida libertad de movimientos y sé que IFOR tiene la tarea de llamar la atención de las autoridades cada vez que se ponga trabas a esta libertad, y si es necesario de obligar a que se abra el paso. 
Que yo sepa, últimamente no se les ha pedido que lo hagan, porque estos casos eran sólo incidentales. 
No quisiera achacar la lentitud del regreso de los refugiados a la falta de libertad de movimientos. 
Hemos hablado extensamente de ello con la Sra. Ogata, la Alta Comisaria. 
Los principales problemas radican en el hecho de que muchos refugiados no desean regresar a sus domicilios si el poder está en manos de una mayoría de otra composición étnica. 
Es algo que vemos concretamente con muchos refugiados bosnios que permanecen en Alemania, que proceden en muchos casos de la República Sprska y prefieren no regresar a su país. 
Un segundo obstáculo es que la situación de la vivienda sigue siendo muy crítica y limitada, y hacemos todo lo posible por intentar dar cierta prioridad al arreglo y a la reconstrucción de las casas destruidas, antes de que los refugiados puedan acomodarse en ellas. 
A menudo surge también el problema de las relaciones de propiedad que, evidentemente, son muy poco claras. 
La gente vive en casas que pertenecen a otros, y si se exigen responsabilidades, la situación se hace muy compleja. 
Con todo, estos factores han contribuido a que el Alto Comisionado para los refugiados no haya podido hacer regresar a todos los que tenía previstos en un principio. 
Pienso que desde la paz de Dayton, y según una estimación optimista, podemos decir que han regresado sólo 200.000 de los 800.000 que se esperaban. 
Nos enfrentamos a una problemática de enorme complejidad. 
El próximo jueves viajaremos a París, donde se volverá a examinar la aplicación de Dayton y donde también se tratará el aspecto del regreso de los refugiados, y contaremos con la presencia de la Sra. Ogata, Carl Bildt y todos los interesados. 
A principios de diciembre, en Londres, volveremos a hablar de la cuestión durante una conferencia sobre Yugoslavia. 
Esto da fe de que se presta toda la atención posible a estas cuestiones, pero que nos enfrentamos a una situación muy compleja. 
Señor Comisario, en primer lugar quiero hacer una observación. 
Yo viajo bastante por Austria y estoy extraordinariamente extrañado por la pregunta de si los austríacos han impedido de alguna manera el retorno de los refugiados. 
Yo al menos no he oído nada de ello in situ. 
La pregunta que le dirijo a usted, señor Comisario es la siguiente: ¿no tiene la impresión de que en el trato que se da a la cuestión de los refugiados, un comportamiento demasiado burocrático impide que se avance en el asunto? 
Hay grandes partes de Bosnia en la que no se puede exigir a nadie que regrese que no tenga una casa pues hace un frío terrible. 
Hay otras regiones en la que los refugiados pueden volver pues la temperatura es más suave. 
Habría que diferenciar la situación de región a región y de municipio a municipio. 
¿No opina que las autoridades actúan con demasiada burocracia, lo que obstaculiza toda la operación? 
El Sr. Habsburg habrá observado que comparto plenamente su opinión, que yo tampoco tengo información y que no tengo indicación alguna de que Austria no coopere en el regreso de los refugiados. 
Por cierto que vuelvo a repetir que creo que todos los Estados miembros tienen mucho interés en crear cuanto antes las posibilidades para el regreso. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo al respecto. 
La burocracia, he de admitirlo, desempeña sin duda un papel. 
La cuestión es sólo cómo evitarlo. 
Si tomamos como ejemplo a Bosnia, donde de hecho todavía se están constituyendo los nuevos órganos estatales. 
Después de las elecciones surgió una presidencia colectiva. Todavía no existe un gobierno como tal. 
Es decir, que el interlocutor es el gobierno de transición. No sabemos quién será mañana. 
Esta es la primera cuestión. 
La segunda es, y vuelvo a mencionar a Alemania, que en efecto ha seguido una política muy humanitaria en lo que respecta a la acogida de los refugiados- se trata de unos 450.000 refugiados -, allí la situación es tal que en realidad los Estados federales todavía han de indicar con exactitud cuántos refugiados tienen en su territorio, de dónde vienen, si están dispuestos a regresar, y en caso afirmativo, adónde. 
Y ello, a su vez, ha de conectar con las actividades que se realizan en Bosnia para acoger a estas personas, para procurarles una vivienda, por no hablar del empleo y este tipo de cuestiones. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo con el Sr. Habsburg en que estas cuestiones en sí, debido a su complejidad, más bien empeoran la burocracia, en lugar de aliviarla. 
Pero es una cuestión difícil, no sólo del lado receptor, sino también del lado de los países que en estos momentos acogen a un gran número de refugiados. 
Pregunta nº 32 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0860/96): 
Asunto: Los últimos acontecimientos en Belarús 
El Presidente de Belarús, Sr. Lukasjenko, intenta reforzar su poder constitucional en Belarús, disolver el actual Parlamento y establecer un régimen presidencial autoritario. Ha convocado un referéndum sobre su propuesta para el día 7 de noviembre. 
El Parlamento ha contestado con la convocatoria de otro referéndum el 24 de noviembre. 
El Presidente de Rusia ha presionado firmemente al Presidente de Belarús para que llegue a un compromiso con el Parlamento sobre la nueva Constitución del país. 
Sin embargo, el Presidente de Belarús ha modificado únicamente un detalle en su propuesta de Constitución. 
¿Ha expresado la Comisión su oposición al intento del Presidente de Belarús de marginar al Parlamento democráticamente elegido y establecer un régimen presidencial autoritario? 
¿Seguirá el programa TACIS como si nada hubiera sucedido en el caso de que el Presidente obtenga el mandato, tras el referéndum de noviembre, de aplicar sus propuestas constitucionales en el país? 
La Comisión está plenamente de acuerdo con la evaluación esbozada en la pregunta de la Sra. Ahlqvist sobre Belarús. 
En diversas ocasiones hemos podido hablar de la situación en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y con el grupo de parlamentarios que sigue la relación con Belarús. 
La Sra. Ahlqvist sabe que aprovechamos cualquier contacto con Belarús para recalcar hasta qué punto la relación entre la Unión Europea y Belarús está determinada por la manera en que Belarús, sus autoridades, se toman en serio el respeto por los derechos humanos, los principios democráticos, etc. Podríamos hablar durante un buen rato de esto. 
Pienso que ahora es de suma importancia que esperemos a ver qué pasa con el próximo referéndum. 
Usted sabe que la oposición en el parlamento de Belarús ha unido fuerzas y ha dicho al presidente: creemos que las cuestiones planteadas aquí no tienen nada que ver- lo expreso en mis propias palabras- con intentar crear una situación más democrática en Belarús; el presidente ha dicho que quería llegar a un compromiso con el Parlamento sobre lo que se plantearía exactamente en el referéndum en cuanto a las modificaciones en la constitución. 
En estos momentos, no podemos prever cómo acabará este proceso. 
Sabemos que hasta ahora el Parlamento Europeo ha aplazado su dictamen sobre un acuerdo interino con Belarús, y supongo que por las mismas razones que motivan nuestra reserva a la hora de intensificar la cooperación con Belarús. 
Sí, hay varios programas Tacis en marcha o en ejecución, que por cierto ya se estancaron anteriormente porque no había coordinador del lado de Belarús. 
Creo, eso sí, que los programas que están en marcha en estos momentos han de seguir adelante. 
Diría que podremos efectuar una nueva evaluación cuando esté claro qué pasará con el referéndum. 
Entonces sabremos si la constitución en Belarús se convierte en una especie de dictadura encubierta o si cabe detectar todavía algo de una democracia real. 
Gracias por su respuesta, señor Comisario. 
He formulado esta pregunta con anterioridad, y hoy he vuelto a recibir más o menos la misma respuesta. 
Estamos luchando por parte de la UE, dirigiendo la atención del Presidente de Bielorrusia sobre la situación, pero el Presidente sigue actuando como siempre. 
No sucede nada especial en este ámbito. 
Me pregunto, señor Comisario, si no sería conveniente romper la cooperación dentro del programa Tacis, y así conseguir que el Presidente escuchara a su Parlamento, democráticamente electo. 
¿Existen otros caminos? 
Porque está claro que son necesarias unas acciones más contundentes que limitarse a conversar con el Presidente. 
De nuevo comparte la evaluación de la Sra. Ahlqvist sobre la situación. 
Nos encontramos un poco en una encrucijada: ¿hemos de utilizar el programa TACIS para ejercer presión o no, o debemos intentar más bien utilizar el programa TACIS para ayudar a cambiar determinadas situaciones. 
Nuevamente creo que quizás convenga esperar a ver cómo marchará el referéndum y que pasará exactamente con él, y qué pensamos entonces de la situación política de Belarús, pues esta determinará en gran medida si llevaremos o no adelante, por ejemplo, una cooperación estrecha como la que se desprende del acuerdo interino, que todavía no ha entrado en vigor. 
Como ya he dicho, el Parlamento ha aplazado ya dos o tres veces el tratamiento de los informes sobre este acuerdo interino por las mismas razones que las que menciono ahora: esperemos a ver qué pasa con el referéndum, pero mientras tanto hemos de dar las señales políticas necesarias, también a través de otros países. 
Esto es exactamente lo que están haciendo la Presidencia y la Comisión. 
Pregunta nº 33 formulada por Maj Theorin (H-0861/96): 
Asunto: Turquía 
La unión aduanera de la UE con Turquía significa que se ha concluido una unión aduanera con un país donde se practica la tortura, donde las personas detenidas por la policía desaparecen durante su traslado y donde se realizan operaciones armadas. 
Un país en el que, pese a anteriores promesas de liberación, se mantiene encarcelados a parlamentarios. 
Un país que sigue violando la división de Chipre, que según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es ilegal. 
A raíz de las promesas de mejorar la situación de los derechos humanos, el Parlamento Europeo votó a favor de la unión aduanera. 
Se esperaba que se produjeran cambios, pero esto no ocurrió. 
El asesinato de dos jóvenes chipriotas y las noticias recientes según las cuales al menos 11 personas habrían muerto en las cárceles turcas ponen de manifiesto la necesidad recurrir a todos los instrumentos de que disponga la Unión para mejorar esta situación. 
Ahora, aunque algo tarde, el Parlamento ha reaccionado con su resolución de 19 de septiembre, en la que se encarece a la Comisión a que bloquee todos los créditos concedidos a Turquía en el marco del Programa MEDA, excepción hecha, naturalmente, de las ayudas para la promoción de la democracia y de los derechos humanos. 
¿Puede indicar la Comisión qué medidas de presión se propone adoptar en el marco del Programa MEDA, para que Turquía cumpla con su parte del acuerdo? 
Pese a que el Consejo declaró en el mes de junio que Turquía debía aceptar determinados principios, hasta la fecha aún no ha habido reacción alguna al respecto. 
¿Hasta cuándo se contentará la Comisión con bellas promesas, que luego no se llegan a cumplir? 
Me temo que sólo podré repetirle a la Sra. Theorin las cosas que dije anoche en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, donde estaban presentes algunos de los diputados del Parlamento Europeo, miembros de la comisión parlamentaria mixta UE-Turquía, y que naturalmente tenían que ver en gran medida con la situación de los derechos humanos en este país, de la que hemos hablado extensamente en el informe que la Comisión Europea presentó en octubre al Parlamento Europeo sobre la Unión aduanera, y en el que se dedicaba un capítulo importante a la situación de los derechos humanos. 
Resumiéndolo brevemente: lo que comuniqué anoche a la comisión es que hemos observado que no discrepamos sobre el modo en que contemplamos la situación actual de los derechos humanos en Turquía. 
Esta es preocupante y hemos de hablar sin tapujos: en 1996 es peor de lo que era en 1995. 
Anoche indiqué también qué cosas intentamos mejorar en este ámbito, y concretamente volví a aclarar que, debido a la situación y debido a la actitud turca en el conflicto del Egeo con Grecia, y debido a la cuestión chipriota, ahora hay que constatar que de hecho se han aplazado la mayor parte de los instrumentos financieros para Turquía, razón por la que he abogado por que en cualquier caso siga aplicándose para Turquía el programa MEDA, que es un programa más horizontal y amplio para la cuenca mediterránea en su conjunto. 
Lo he corroborado, lo he argumentado, pero con la comunicación de que la Comisión tiene en cuenta la resolución aprobada en septiembre por el Parlamento sobre la situación de los derechos humanos en Turquía y también las recomendaciones hechas sobre el gasto del dinero procedente del fondo MEDA. 
Anoche también señalé que la descripción del Parlamento quizás no sea exactamente igual a la de la Comisión Europea, pero, de común acuerdo con el Presidente del Parlamento, estoy dispuesto a hablar de cómo podemos tener contacto con el Parlamento Europeo antes de proceder a la ejecución del programa MEDA 1997. 
Espero poder dejarlo así, en el marco de esta breve respuesta, pero vuelvo a repetir que el informe sobre los derechos humanos que publicamos el mes pasado como parte de la evaluación de la Unión aduanera indica en gran medida cuál es el punto de vista de la Comisión sobre la situación en Turquía, lo importante que es para nosotros Turquía como socio con el que hay que normalizar las relaciones y cómo creemos poder proseguir por este camino. 
Gracias por su respuesta. 
Me alegra comprobar que por fin estamos de acuerdo en que los derechos humanos no se respetan en Turquía, y en que nos hemos despertado algo tarde. 
Naturalmente, y para decirlo diplomáticamente, es sorprendente que un diestro representante político turco pudiera engañar a unos políticos experimentados sin que mediaran cambios reales o garantías fiables de que se respetasen los derechos humanos, y que estos políticos experimentados, sin esperar a que se celebrasen las elecciones en Turquía, acordasen celebrar un acuerdo de Unión Aduanera con este país. 
Es evidente que se trata de una doble señal si el Parlamento dice una cosa, y el Comisario reacciona diciendo que desea continuar con el programa Meda y que al mismo tiempo escuchará al Parlamento. 
Porque los instrumentos de que disponemos, políticos, económicos y jurídicos de la UE, deben naturalmente aplicarse para conseguir que se respeten los derechos humanos. 
¿No es hora ya de que dejemos de esperar a que se escuchen unos términos más amigables por parte de Turquía, y de que les demostremos que han sobrepasado los límites, disolviendo la Unión Aduanera con este país? 
Mi otra pregunta es: ¿Se habría tenido tanto interés en celebrar una Unión Aduanera si el Comisario hubiese sabido entonces lo que sabemos hoy sobre la situación de los derechos humanos? 
Comprendo que cuando se habla de la situación de los derechos humanos resulte difícil hablar también de la economía, pero la Sra. Theorin lo hace al plantear muy claramente en este marco la cuestión de la Unión aduanera y su supervivencia. 
Quiero indicar a la Sra. Theorin que desde la entrada en vigor de la Unión aduanera, el comercio con Turquía ha aumentado de aproximadamente 20 millardos de dólares o ecus- la diferencia no es tanta -, a aproximadamente 35 millardos, y que seguramente hay un excedente comercial favorable a la Unión Europea de 8 a 10 millardos. 
Por consiguiente, no pienso que, dada la importancia que se presta en este Parlamento a las cuestiones del empleo, debamos afirmar de buenas a primeras que convendría eliminar la Unión aduanera; sea como fuere, por de pronto la Unión aduanera sirve en gran medida a los intereses de la Unión Europea. 
Lo único que cabe lamentar es que- por ahora- no hayamos sido capaces de ejecutar las medidas que acompañaban a la Unión aduanera, que debían compensar los efectos negativos para Turquía. 
Se trata entre otros de los tres o cuatro programas que en estos momentos están bloqueados por las razones conocidas. 
Pero en el poco tiempo de que dispongo, no puedo repetir íntegramente el constructivo intercambio de ideas que tuvo lugar anoche en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, y por tanto permítame acabar aquí, aunque siempre estaré dispuesto a proseguir el debate. 
¿Estaría dispuesto a reconocer el Sr. Comisario que el Consejo, la Comisión y aquellos diputados a este Parlamento que fueron tan necios como para votar a favor de la unión aduanera creyendo que con ello alentarían a Turquía a convertirse en un país más democrático, demostraron ser bastante ineptos políticamente y cometieron un trágico error? 
Si puedo responder sin rodeos, repetiría lo que dije anoche, que, a pesar de que estamos de acuerdo en que la situación de los derechos humanos en Turquía es muy censurable, no hemos de olvidar cómo era la situación en 1995, cuando la Unión aduanera fue aprobada en este Parlamento, y cuando se habían dado realmente progresos en relación con las enmiendas a la constitución turca y en relación con la revisión del artículo 8, sobre cuya base se puso en libertad a unos 150 prisioneros de conciencia. 
Por consiguiente, no puede decirse que nada haya cambiado. 
Lo malo es que ahora la situación ha vuelto a estancarse debido a numerosas circunstancias que expuse extensamente ayer en la comisión, y que en sí no pueden servir de excusa, ni han de desalentarnos a seguir trabajando en nuestra relación con Turquía para lograr una mejora de la situación. 
Esto es lo que hacemos de forma intensiva y regular. 
Al adherirse a la Unión Europea, Suecia aceptó las disposiciones del Tratado referentes a la Unión Europea. El título 5 del Tratado, relativo a la política exterior y de seguridad común, abarca todas las cuestiones en materia de seguridad de la Unión. 
Aún recuerdo muy bien que al cerrar las negociaciones, todos los candidatos a la adhesión, incluida Noruega, firmaron una declaración en la que reconocían que en la constitución de estos países no había nada que impidiera la aplicación de las disposiciones en materia de política exterior y de seguridad común en el Tratado de Maastricht. 
Supongo que lo mismo puede decirse de Suecia. 
Usted sabe que en la Conferencia Intergubernamental se está debatiendo la política exterior y de seguridad común, y que uno de los elementos importantes es la cuestión de cómo puede mejorarse la toma de decisiones, sobre lo que se han realizado varias propuestas, y ya puede decirse que tratándose de cuestiones puramente militares y del uso de medios militares, no se decidirá por mayoría cualificada, sino que cada Estado miembro podrá determinar sus ideas, tomar sus propias decisiones sobre esta cuestión. 
Resumiendo, creo que no hay posibilidad de que el resultado de la CIG sea que, en caso de mayoría de votos, se pueda obligar a un país a participar en las operaciones militares. 
Gracias por su respuesta. 
Esta es una pregunta importante para nosotros como miembros relativamente nuevos, dado que la cuestión de conservar la independencia en materia de política exterior y de seguridad fue decisiva para muchos a la hora de votar en el referéndum sobre la adhesión. 
Esto significa además que Suecia, aunque así lo deseara, no podría impedir que otros Estados, o una mayoría de países de la UE, adoptasen decisiones dentro del ámbito de la defensa y de la seguridad militar. 
Si lo he comprendido bien, esto puede incluso significar que Suecia puede verse forzada a participar en la financiación de una acción que el país no apoya ni tampoco puede impedir que se realice. 
Así interpreto yo la respuesta, y en este caso esto conllevaría un fuerte distanciamiento de la posición de neutralidad para los países participantes en una cooperación europea militar o de defensa. 
Pongámonos de acuerdo sobre una cosa: todas estas cuestiones son tema de conversación en la Conferencia Intergubernamental. 
Sobre todo en lo referente a la política exterior y de seguridad seguirá existiendo un fuerte componente intergubernamental. 
No pienso que la Comisión deba anticiparse a este debate. 
Permítanme observar que me ha complacido mucho constatar que los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Finlandia, dos países con una política de neutralidad en el ámbito de la política de seguridad, hayan hecho propuestas de cómo pensaban participar, por ejemplo en las llamadas tareas de Peterberg. Se trata de tareas que pueden realizarse, por ejemplo, bajo la dirección de la Unión Europea Occidental en el ámbito de las tareas de paz, la ayuda humanitaria, y cosas por el estilo. 
Esto demuestra asimismo que en Suecia y en Finlandia se piensa de forma constructiva sobre el papel de estos dos Estados miembros en el amplio ámbito de la seguridad. 
Lo considero sumamente positivo, y con todo lo que digo no quiero anticiparme al debate que se está celebrando en la Conferencia Intergubernamental, y en el que el Estado miembro de Suecia tiene por supuesto todo el derecho a dar a conocer su opinión y participar en la toma de decisiones. 
Señor Presidente, tengo un gran respeto frente a la voluntad de libertad del pueblo sueco, pero quiero plantear la pregunta de si el hecho de que Suecia haya mantenido su libertad e independencia tras la Segunda Guerra Mundial, tal como se dice en la pregunta, no se debe también al hecho de que muchos Estados en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea han contribuido con grandes sacrificios a mantener la libertad en el mundo occidental contra el comunismo. 
¿No cree que también en el futuro solamente se podrán mantener la paz y la libertad si todos los Estados están igualmente dispuestos a llevar la misma carga y no, por así decirlo, a eludirla y que los demás tengan que llevarla sobre sus hombros? 
Muchas gracias. 
¡Me permito recordarles que Suecia ha sido neutral y no alineada militarmente durante 200 años! 
No se trata solamente de su neutralidad durante la Segunda Guerra mundial. 
El 70 % de la población sueca exige que se conserve la neutralidad. 
Los ministros de Asuntos Exteriores sueco y finlandés han hecho hincapié en que estamos dispuestos a participar en operaciones de mantenimiento de la paz, pero no en nada que tenga que ver con una intervención militar. 
La distinción entre lo que se considera como mantenimiento de la paz, y promoción de la paz, o paz impuesta, es muy importante, y creo que el Comisario van den Broek la conoce bien. 
Suecia no participa en ninguna operación militar activa, y no va a hacerlo ni antes ni después de la Conferencia Intergubernamental. 
Tomo nota. 
Doy la palabra al Sr. Smith por una cuestión de orden. 
¿Puede explicarme, si a los Comisarios se les ha asignado 20 minutos a cada uno, a qué se debe que el Comisario Sr. Van den Broek intervenga durante el doble de tiempo que todos los demás Comisarios? 
Sé que tiene mucho talento, pero ¿es el doble de bueno? 
Imagino que me ganaría la simpatía del Sr. Van den Broek si dijera que sí, aunque no la del Sr. Monti. 
La causa, señor Smith, se debe a que por nuestra falta de disciplina, dos diputados no se han presentado para las preguntas urgentes al comienzo, y la Presidencia, en su sabiduría, sólo había asignado tres preguntas urgentes. 
En consecuencia terminamos muy pronto. 
A continuación pasamos a las preguntas dirigidas al Sr. Monti, que espero duren una media hora completa, puesto que comenzamos la sesión más tarde de lo habitual. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 38 y 39 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 38 formulada por Sören Wibe (H-0867/96): 
Asunto: Exención sueca sobre importación de alcohol para uso personal 
Se han celebrado negociaciones entre el Gobierno sueco y la Comisión sobre la excepción de Suecia en lo relativo a la importación de alcohol para uso personal. 
Suecia desea mantener esta excepción. Ahora bien, ¿qué piensa la Comisión al respecto? 
¿Se propone la Comisión llevar al asunto ante el Tribunal de Justicia para suprimir la excepción de Suecia el 1 de enero de 1997? 
En caso afirmativo, ¿es razonable adoptar una línea de negociación dura contra un Estado miembro que desea aplicar una política restrictiva en materia de bebidas alcohólicas? 
La política restrictiva de Suecia en materia de bebidas alcohólicas produce considerables ingresos fiscales y se aplica basándose en razones de salud pública. 
¿No son éstas razones suficientes para que Suecia, de conformidad con el principio de subsidiariedad, pueda continuar aplicando su propia política en este ámbito y establecer normas especiales para la importación de alcohol? 
Asunto: Restricciones a la importación de tabaco y alcohol 
El tabaco y el alcohol tienen consecuencias muy negativas para la salud. 
Un elemento importante de la política sobre alcohol y tabaco en los países nórdicos ha sido el de reducir el acceso a estos productos. Esto ha hecho que el consumo pueda mantenerse a un nivel relativamente bajo. 
Una forma de mantener el consumo a un nivel bajo ha sido el establecimiento de normas estrictas para la importación de tabaco y alcohol. Una atenuación de las normas de importación conllevaría con toda seguridad el aumento del consumo y los consiguientes daños para la salud. 
En vista de esto, ¿no deberían los países nórdicos tener derecho a mantener sus relativamente estrictas restricciones a la importación de estos productos perjudiciales? 
Las argumentaciones aducidas por sus Señorías en estas dos preguntas, parecen deberse a un malentendido. 
La situación es la siguiente. La opinión de la Comisión es que las excepciones de referencia pueden mantenerse sólo hasta el 31 de diciembre de 1996, plazo de vencimiento establecido actualmente. 
En consecuencia, si los Estados miembros interesados no emprenden ninguna iniciativa para levantar las restricciones existentes a partir de dicha fecha, o sea, el 31.12.1996, la Comisión, como guardián del Tratado, estará obligada a instar procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia. 
Por otra parte, si la Comisión no adoptara una iniciativa en dicho sentido, es presumible que los ciudadanos del Norte de Europa, al considerarse perjudicados, sometan el asunto al Tribunal de Justicia. 
Dicho esto, y habida cuenta de los derechos de los viajeros comunitarios y de las argumentaciones aducidas por sus Señorías en sus preguntas, consideramos que los países nórdicos necesitan un margen de tiempo más amplio para adaptarse a las normas comunitarias. 
Por consiguiente, la Comisión está elaborando una propuesta de directiva que prorrogue el plazo más allá del 31 de diciembre de 1996 y ello, a fin de permitir una gradual liberalización de las actuales restricciones. 
Como verá, lejos de adoptar una línea dura contra los países del Norte de Europa, la Comisión está, por el contrario, haciendo todo lo que está en su mano para solucionar sus dificultades. 
Le agradezco al Comisario su respuesta. 
Si se obliga a Suecia a abandonar sus cuotas actuales, también tendremos que disminuir las tasas impositivas sobre el alcohol, lo cual sabemos que motivará un mayor número de muertos por daños causados a raíz de su consumo. 
También sabemos que esto nos llevará a una gran disminución de ingresos fiscales. 
Por consiguiente, se trata de unos grandes recursos humanos y económicos, que están en juego para nosotros. 
Tengo dos preguntas para el Comisario Monti. 
La primera es: ¿Han intentado de algún modo calcular las posibles ganancias en términos económicos que se derivan de la eliminación de las restricciones sobre el consumo, y las han comparado con sus costes humanos y económicos? 
La otra pregunta es ¿Pueden dar algunos detalles sobre la Directiva que van a presentar con propuestas de plazos más largos? 
¿Significa esto que vamos a poder conservar las restricciones actuales, o que se trata de unos recortes progresivos de éstas, y en este caso a lo largo de cuánto tiempo se van a producir? 
Respecto al primer punto, la Comisión es plenamente consciente de la gran importancia social, sanitaria y financiera que reviste la cuestión. 
Sólo así se explica la gran atención que la Comisión le deparó y sigue deparándole, a fin de alcanzar una solución distinta de la normal y que sería inevitable, o sea, acudir al Tribunal de Justicia. 
En este momento, Señoría, no estoy en situación de ofrecer más detalles en lo referente a la duración de dicha posible prórroga. 
Lo único que puedo decirle es que en las negociaciones con las autoridades suecas, danesas y finlandesas, la posición que como Comisario expuse hace referencia al año 2002. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Actualmente, la cuestión del alcohol se trata como si sólo perteneciera al ámbito del mercado interno. 
Al mismo tiempo sabemos que existe una clara y evidente conexión entre su consumo y una serie de enfermedades como las hepáticas, infartos, ciertas formas de cáncer, etc. 
El artículo 36 del Tratado se centra en el mercado interno y las excepciones a dicho mercado. 
Se dice aquí que hay que hacer salvaguardias cuando se trate de «proteger la vida y la salud de las personas y los animales». 
Formularé dos preguntas. 
¿No es el alcohol una cuestión de salud que influye en gran medida sobre la vida y la salud de las personas? 
La otra pregunta es si no puede aplicarse en este caso el artículo 36. 
Es evidente que para el presupuesto de un Estado, la cuestión del alcohol reviste importancia desde el punto de vista de la salud pública y de los aspectos sociales, así como financieros. 
Por otra parte, usted sabe perfectamente que varios instrumentos integran una política orgánica dirigida a conseguir determinados objetivos en esta materia. 
Es precisamente para permitirles a los Estados miembros interesados valerse de los instrumentos que puedan requerir cierto tiempo y que no vayan en contra de las exigencias del mercado único, que la Comisión se ha manifestado dispuesta a considerar la posibilidad de una prórroga que, como acabo de decir, está en trámites de negociación con las autoridades de los países nórdicos. 
Dos preguntas al Comisario Monti: ¿Es consciente el Comisario Monti del ataque que se está perpetrando contra la política sueca en torno al alcohol, que en este caso tiene su origen en la reducción del consumo en varios de los grandes países de la UE, y de que por ello los productores están interesados en tener acceso al pequeño mercado de consumo sueco? 
¿Tiene el Comisario Monti alguna propuesta sobre quién va a sufragar las repercusiones sanitarias del hecho de que la Comisión intente destruir las restricciones en torno al consumo que tiene Suecia? 
En realidad no tengo nada más que añadir. 
En las anteriores respuestas ya comenté hasta qué punto la Comisión es consciente de la importancia de este problema y, por ello, hasta qué punto está dispuesta, habiendo demostrado una gran flexibilidad al respecto, a considerar unas prórrogas, siempre que se establezca una fecha exacta y precisa. 
Por lo que se refiere al tema de cómo las autoridades financieras de los países interesados pueden hallar los medios financieros, que podrían fallar al finalizar el régimen actual, su Señoría comprenderá que no le corresponde a la Comisión formular propuestas al respecto. 
También mi pregunta roza el tema de la introducción de alcohol. 
En el debate anterior a la celebración del referéndum sueco sobre la adhesión a la UE, la cuestión más importante era la de qué cosas conllevaría este acuerdo. 
De conformidad con la descripción que se hizo al pueblo sueco, es necesaria una decisión unánime del Consejo de Ministros para modificar las normas para la entrada de alcohol en el país. 
Por consiguiente, Suecia disfruta de derecho a veto en lo referente a la cuestión de la introducción de alcohol. 
¿Comparte el Comisario esta opinión? 
No debo pronunciarme respecto a posibilidades. 
Lo único que dije- y no se trata, creo, de que vuelva a repetirlo- es hasta qué punto la Comisión es consciente del problema y hasta qué punto demostró y sigue demostrando una flexibilidad temporal en lo que se refiere a hallar soluciones que permitan conciliar, desde el punto de vista de la política en materia de salud, social, etcétera, los objetivos de los Gobiernos interesados con las normas del mercado único que la Comisión tiene el deber de proteger. 
Asunto: Guest Beer (cerveza de barril vendida en establecimientos ligados por contrato a un cervecero distinto) 
¿Tiene intención la Comisión de informar sobre los progresos realizados en las conversaciones tripartitas celebradas por la DG XV, la Confederación de los Cerveceros del Mercado Común y el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido para encontrar una fórmula de transacción aceptable para todas las partes en el problema de la ley sobre la «Guest Beer»? 
En su pregunta, su Señoría pide a la Comisión que informe sobre los progresos realizados en las conversaciones tripartitas celebradas para encontrar una solución aceptable respecto al problema de la ley británica sobre la guest beer (cerveza de barril de un determinado fabricante vendida en un establecimiento ligado por contrato a un fabricante distinto). 
La Comisión, ante todo, desea recalcar que es muy consciente de la importancia que revisten para el mercado interior los productos típicos y tradicionales como la real ale. 
Por consiguiente, no es intención de la Comisión tomar medidas que causen perjuicios a la fabricación de dichos productos. 
Al contrario, la actuación del principio del reconocimiento mutuo que representa, como es sabido, uno de los pilares del mercado interior, promovida por la Comisión en los últimos quince años, contribuye a proteger el patrimonio de las especialidades europeas. 
En el presente caso, y después de un recurso, la Comisión, en el marco de uno de sus mandatos prioritarios, o sea, el de garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias, instó un procedimiento por incumplimiento que tiene por objeto la modificación de una disposición nacional discriminatoria. 
La Comisión, deseo subrayarlo, no está en contra de la ley sobre la guest beer en su conjunto, sino sólo de los criterios utilizados para definir la guest beer, que en la actualidad provocan la exclusión de las cervezas semejantes de los demás Estados miembros. 
La Comisión y las autoridades del Reino Unido están intentando hallar una solución al problema que evite discriminar las cervezas de los demás Estados miembros. 
Con ocasión de la reunión tripartita, celebrada en Bruselas el pasado 11 de octubre de 1996, entre los servicios de la Comisión, las autoridades del Reino Unido y la CBNC (Confederación de los Cerveceros del Mercado Común) , se debatieron las posibles alternativas en cuanto a la actual definición de la guest beer. 
Se está intentando hallar una solución y se prevén nuevos contactos a lo largo de este mes. 
La Comisión se ha fijado como fecha límite el próximo 1 de diciembre. 
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. 
Muchos de los que pertenecemos a esta Asamblea reconocemos que está intentando llegar a un acuerdo de compromiso viable que sea aceptable para todos, que respeten los requisitos del bebedor de cerveza británico, por así decirlo, y al mismo tiempo, la ley sobre el mercado único. 
Quisiera formular al Sr. Comisario una pregunta específica sobre la naturaleza de la producción de cerveza en la Unión Europea actualmente. 
¿Está informado de que durante los últimos 12 meses una cantidad en torno a los 7.000 hectolitros de cerveza de barril Hoegaarden «blanche» fabricada en Bélgica por Interbrew, fue en realidad importada al Reino Unido y vendida en los pubs británicos que se acogen a la ley sobre la «Guest Beer»? 
En otras palabras, esta versión en particular de Hoegaarden «blanche» era una «ale» sujeta a las condiciones de barril. 
Si eso es cierto, seguro que no existe la necesidad de modificar las leyes sobre la «Guest Beer» de Gran Bretaña, sólo para dejarlo aún más claro a los ojos de otros productores de cerveza de la Unión Europea exactamente quien puede vender en el mercado europeo. 
El objetivo de las negociaciones es el de encontrar una definición de «Guest Beer» que no resulte discriminatoria al identificar una definición en particular como la que incluye el condicionante del barril, y que se limita básicamente a un proceso que sólo se utiliza en el Reino Unido. 
La finalidad, como he subrayado, no es la de eliminar las ayudas a los pequeños productores, sino simplemente el deseo de descubrir la forma de que se mantenga esta práctica, pero sin que incluya ningún elemento discriminatorio. 
Permítame decir que es precisamente esa voluntad de preservar el mercado único en ese sector lo que llevó a la Comisión hace algún tiempo a intervenir de forma similar en el caso de dos otros Estados miembros, intervenciones que favorecieron a productores de cerveza del Reino Unido, entre otros. 
Me siento alentado por esa respuesta, en el sentido de que la entiendo. 
Espero que lo que la Comisión se propone lograr es una nueva definición de «guest beer» que venga a significar lo mismo y que garantice que la «ale» auténtica continúe vendiéndose en los pubs británicos como «guest beer». 
Si desaparece la normativa sobre la «guest beer» , no cabe duda de que el resultado será que habrá menos opciones en general, en vez de crear mayores oportunidades para que los cerveceros del continente exporten a Gran Bretaña. 
También me gustaría preguntar al Sr. Comisario si está dispuesto a admitir que es muy importante que no convirtamos la armonización en un fetiche por su propio bien, y que reconozcamos que la Unión Europea no es únicamente el mercado único. 
Muchas de las preguntas que se están planteando actualmente acerca de la normativa escandinava sobre el alcohol, las «guest beers» , la franquicia arancelaria, el IVA, etcétera, nos llevan a pensar que si la implantación del mercado único se hace impopular entre los electores de la Unión Europea, como sin duda sería el caso si se eliminara por completo la normativa sobre la «guest beer» , y si sus efectos fueran al final perjudiciales, no se debería insistir en ello, y la Comisión debería mostrar una actitud más abierta y flexible en este respecto. 
La pregunta es tan general que podría haberse formulado perfectamente hace unas horas durante el debate general sobre el mercado único. 
Quiero decir que, ciertamente, la política de la Comisión se propone no convertir la armonización en un fetiche. 
Todos sabemos que, a menudo y quizá de forma involuntaria, tras lo que aparentemente es la protección de una u otra situación regional, se esconde el elemento proteccionista. 
No cabe duda de que el mercado único, cuyo único inconveniente es que aún no se haya implantado como a todos nos gustaría, tiene la indiscutible virtud fundamental de aumentar la opción del consumidor, y el consumidor, naturalmente, debe beneficiarse también en este caso. 
Pregunta nº 41 formulada por Angela Billingham (H-0882/96): 
Asunto: Arrendamientos turísticos en España 
La Ley de Turismo 7/1995 promulgada en España, que entrará en vigor en julio de 1997, tiene como consecuencia obligar a todos los dueños de propiedades dentro de un complejo de apartamentos a no arrendar éstas o a ceder los derechos exclusivos de arrendamiento a una sola agencia, encargada de todo el complejo. 
Esto priva a los propietarios de la libertad personal de utilizar su propiedad cuando deseen y resultará en graves problemas económicos para numerosos propietarios con compromisos financieros. 
¿No conculca esta norma legislativa de modo directo las libertades personales y cívicas? ¿No constituye una total vulneración de la libertad de prestación de servicios en la Unión Europea? 
La Comisión ha llevado a cabo un estudio completo de la Ley de Turismo 7/1995 desde la perspectiva del derecho de establecimiento y para comprobar su compatibilidad con la libertad de prestación de servicios. 
En particular, el estudio de las disposiciones relativas al arrendamiento turístico a través de una agencia autorizada demuestra que dichas disposiciones no son discriminatorias y se aplican tanto respecto a los propietarios de nacionalidad española como a los nacionales de otros Estados miembros. 
Estas cláusulas se introdujeron a fin de proteger a los turistas en cuanto usuarios de servicios- me refiero al párrafo 2 del artículo 1 de la Ley- objetivo este último que equivale al de protección de los consumidores y que fue reconocido por el Tribunal de Justicia Europeo como de obligado cumplimiento en beneficio del interés general. 
En las actuales circunstancias, las viviendas y, si fuera necesario, los edificios deben satisfacer, además de otras, algunas normas de higiene, limpieza y seguridad. 
Dada la importancia que reviste el arrendamiento de apartamentos en las Islas Canarias y, a pesar de que las nuevas medidas adoptadas, pueden resultar incómodas para los propietarios, las mismas parecen adecuadas para garantizar la consecución del objetivo fijado y, a dicho efecto, no van más allá de lo necesario. 
Sin embargo, conforme a las disposiciones de la Ley, las medidas de referencia entrarán en vigor a partir del 20 de julio de 1997. 
Por consiguiente, será posible llevar a cabo una evaluación global del nuevo régimen sólo a partir de dicha fecha. 
Quiero dar las gracias al Sr. Comisario por la respuesta que me ha dado, aunque ésta no me tranquiliza en absoluto. 
Tras haber escuchado su respuesta a la anterior pregunta, veo similitudes directas cuando hablamos de examinar la práctica discriminatoria. 
Siempre pienso que toda ley que se apruebe y que tenga carácter retroactivo, desencadena también todo tipo de problemas. 
Debo decir que aunque estamos analizando las inquietudes de los turistas, creo que los propietarios han recibido un trato bastante injusto. 
Ellos dicen, y sospecho que con razón, que el valor de su propiedad se verá seriamente reducido. 
Por ello creo que es muy lamentable que yo reciba esta respuesta negativa de la Comisión, porque creo que, como han dicho otros oradores anteriormente, la imagen del mercado único es muy importante, al igual que nuestra colaboración con otros Estados miembros. 
Sospecho que se trata del tipo de asunto que no se limita a los propietarios procedentes del Reino Unido, sino también de otros países, y no queremos que esto sea visto como un nuevo motivo de queja. 
Sospecho que a menos que hagamos algo, eso será lo que suceda. 
Nos hemos preguntado, en particular, si detrás de la protección de los turistas en su calidad de usuarios de servicios, la finalidad principal de la ley era regular todo tipo de arrendamiento en las islas Canarias y, en consecuencia, privar a los propietarios de sus derechos, y nuestra respuesta fue que, fundamentalmente, no es así. 
El sistema introducido por esta ley es aplicable únicamente a los arrendamientos turísticos, otros tipos de arrendamientos entran dentro de la normativa del Código Civil español, según especifica la propia ley. 
También podríamos preguntarnos si la protección de los turistas no es a expensas de los propietarios de los complejos, aspecto introducido por la Sra. Billingham, en la que los propietarios deben soportar toda la carga de dicha protección. 
En respuesta a esa pregunta, quisiera decir que la ley que ha aprobado el Parlamento canario no intenta proteger a los turistas únicamente cuando éstos alquilan su alojamiento, sino siempre que puedan ser considerados usuarios de servicios turísticos. 
Por consiguiente, muchas categorías de proveedores de servicios como restaurantes, agencias de viajes, clubes deportivos y empresas de transportes tienen que cumplir también una serie de requisitos, entre los que se incluye la cualificación profesional, para poder obtener la autorización de ejercer sus actividades. 
Pregunta nº 42 formulada por Karin Riis-Jørgensen (H-0884/96): 
Asunto: Profesores de esquí daneses en Italia y Francia 
En relación con la controversia jurídica del invierno pasado entorno al derecho de los profesores de esquí daneses a ejercer su profesión en Francia y de problemas similares en Livigno, ¿puede contestar la Comisión a las siguientes preguntas? 
¿Puede garantizar la Comisión que los profesores de esquí daneses en posesión de una «equivalence» podrán enseñar a ciudadanos daneses en Francia sin complicaciones jurídicas deriva de la falta de congruencia entre la legislación nacional francesa y la legislación de la UE? 
¿Cuándo piensa dar a conocer la Comisión su posición acerca de la adaptación de la legislación francesa a la legislación comunitaria? 
¿Puede confirmar la Comisión que conforme a la legislación italiana, los profesores de esquí daneses sólo pueden ejercer su profesión en Italia en la medida en que cumplan una serie de cualificaciones que se les piden para su inclusión en el registro profesional de profesores de esquí de la región? 
¿No contraviene esta práctica los principios del mercado interior? 
La Comisión está al corriente de las dificultades encontradas por los profesores de esquí daneses en Francia durante la temporada de esquí 1995-1996. 
Varios profesores de esquí extranjeros- alemanes, británicos y daneses- fueron detenidos por la policía francesa por no estar en posesión ni de un título francés ni de un título extranjero, reconocido como equivalente por las autoridades francesas para el ejercicio de la profesión. 
Los servicios de la Comisión consideran que la legislación francesa contraviene el artículo 59 del Tratado, que sanciona la libre prestación de servicios. 
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no está autorizado para imponer a los prestadores de servicios las mismas condiciones impuestas a las personas establecidas de forma permanente en su territorio. 
En los últimos meses, los servicios de la Comisión han venido celebrando frecuentes reuniones con las autoridades francesas para solucionar este problema. 
La Comisión reconoce que está en juego una cuestión de interés público propiamente dicha, como es la seguridad de todos los que utilizan las pistas de esquí. 
La misma, sin embargo, ha intentado conciliar esta exigencia fundamental con los derechos garantizados por el Tratado. 
Las autoridades francesas presentaron unas propuestas de medidas, que deberán adoptarse cuanto antes, que permiten a los profesores de esquí, nacionales de otros Estados miembros, prestar sus servicios en Francia sobre la base de una simple declaración, renovable cada año. 
En casos excepcionales, y por motivos de seguridad pública, la concesión de la autorización podría quedar supeditada a pruebas adicionales: en primer lugar, en los casos en los que exista una diferencia sustancial del nivel de competencia técnica, sería obligatoria una prueba técnica similar a la que se someten los profesores de esquí franceses; en segundo lugar, el candidato podría someterse a una prueba que permita comprobar que conoce las condiciones medioambientales en las que se practica dicho deporte, es decir el sistema francés de información sobre los riesgos meteorológicos, los servicios de socorrismo, etcétera. 
Las autoridades francesas se comprometieron a tramitar con la máxima celeridad todas las solicitudes presentadas de conformidad con las nuevas normas, a fin de garantizar que el sistema funcione plenamente en la próxima temporada y a aplicar, de hecho, las nuevas normas incluso antes de su adopción formal. 
Las mismas garantizarán, en particular, que las pruebas que acabo de mencionar se celebren de forma regular y, de todos modos, cada vez que fuera necesario para satisfacer la demanda. 
La Comisión considera que con la adopción de estas medidas se garantizará la adaptación de la legislación francesa al artículo 59. La misma, como es obvio, vigilará de cerca la aplicación de dichas disposiciones, a fin de garantizar que los trámites llevados a cabo por las autoridades francesas sean conforme con el Tratado. 
A mi juicio, éste es un buen ejemplo de solución concreta de un problema, a raíz de una intervención de la Comisión ante las autoridades del Estado competente. 
Los servicios de la Comisión han sido informados de que también en Italia existen problemas similares. Hasta ahora, sin embargo, no hemos recibido denuncias específicas. 
Como es obvio, se aplicarán los mismos principios y los servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades italianas más información sobre su legislación en la materia. 
En el caso de que se comprobara que las normas italianas violan el Derecho comunitario, la Comisión adoptará las medidas necesarias para poner fin a dicha violación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Quiero expresar mi gratitud por que haya usted intervenido en estos temas, lo que demuestra realmente que las palabras «los ciudadanos, primero» tienen un significado especial. 
Espero con ilusión que se modifiquen las normas, pero tengo otro problema. 
Se trata de las pruebas que tienen que pasar los profesores de esquí. 
He recibido muchas cartas de profesores de esquí que dicen que resulta casi físicamente imposible cumplir las normas, pues se les impone una especie de barrera comercial al someterles a pruebas sumamente difíciles. 
En la práctica, hace falta ser campeón mundial de eslalon para obtener la acreditación como profesor. 
Estas normas se aplican a los profesores daneses y británicos, mientras que existe una cooperación entre los llamados países alpinos, Francia, Austria e Italia, que reconocen mutuamente sus exámenes sin problemas. 
Por tanto, le agradecería que investigara si se trata realmente de una barrera comercial o una barrera para el ejercicio de la profesión, ya que se exige mucho más a los profesores de esquí nórdicos que a los procedentes de los países alpinos. 
Le doy las gracias, Señoría, por sus amables palabras. 
Como usted sabe, se trata de una materia que sigo con atención, siendo, por otra parte, un deber de la Comisión hacerlo. 
Como es natural, en el ámbito de este seguimiento, que no dejará de prestarse por el hecho de haber conseguido el resultado deseado, la Comisión seguirá de cerca la aplicación de las nuevas normas y, si se comprobara que las mismas se aplican de forma demasiado restrictiva, adoptará las disposiciones adecuadas. 
Ésta es una materia que seguimos teniendo en observación y bajo vigilancia. 
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. 
Deseo formular la pregunta en nombre de la Asociación británica de instructores de esquí, ya que es un asunto que también les concierne a ellos. 
Los instructores británicos sienten una gran preocupación por las causas que ha expuesto mi colega danesa. 
Consideran que las pruebas a las que son sometidos son injustas. 
Sé que usted examinará la situación. 
Usted ya ha mencionado la observación que yo quería hacer y, en ese sentido, ha dicho que había iniciado negociaciones con las autoridades francesas y que espera poder llegar a una solución de este problema. 
Creo que ha hablado de la próxima temporada. 
La cuestión que deseo plantear es que es imprescindible que la situación quede aclarada lo antes posible, porque la temporada de esquí ya la tenemos prácticamente encima, y queremos asegurarnos de que los instructores de esquí británicos y daneses tienen la oportunidad de enseñar en los Alpes a partir de esta temporada. 
La Comisión sabe perfectamente que el deporte del esquí presenta un faceta muy de temporada. 
Por esto, hemos ejercido la debida presión sobre las autoridades francesas, concediéndoles un margen de tiempo no indeterminado, sino que tuviera en cuenta el carácter estacional del tema que estamos abordando. 
Como acabo de manifestar en mi respuesta anterior, tal vez de forma algo sucinta, las autoridades francesas adquirieron el compromiso de tramitar con la máxima celeridad todas las instancias presentadas con arreglo a la nueva normativa, a fin de garantizar que el sistema funcione plenamente a partir de la próxima temporada, y de aplicar, de hecho, las nuevas disposiciones incluso antes de su adopción formal. En este supuesto, nos encontraríamos ante un caso no de aplicación tardía, sino más bien de aplicación preventiva de normas que todavía no han entrado en vigor. 
Asunto: Obstaculización de las empresas transfronterizas por la legislación en materia de automóviles 
Un empresario neerlandés residente en los Países Bajos y propietario de una empresa con sede en los Países Bajos y en Alemania puede obtener una licencia para conducir un automóvil con matrícula alemana (licencia 3 de conformidad con el sistema aduanero neerlandés). 
Esto es especialmente importante para visitar a los clientes alemanes. 
Sin embargo, ese automóvil no puede utilizarse en los Países Bajos por motivos profesionales. 
Si en el viaje de regreso de Alemania a los Países Bajos el empresario decide visitar a un cliente neerlandés, se arriesga a tener que pagar una multa. 
De esta forma, el empresario se ve obligado a poseer dos automóviles con matrículas distintas para cumplir la legislación neerlandesa. 
De los contactos mantenidos con la Comisión se deduce que este problema también existe en el tráfico transfronterizo en otros Estados miembros. 
Por otra parte, en diversas ocasiones se han denunciado casos similares ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
¿Considera la Comisión que con ello se obstaculizan las actividades de las empresas transfronterizas y el funcionamiento del mercado interior? 
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión al respecto? 
La Comisión es consciente de la dificultades que existen en un cierto número de Estados miembros con relación a la utilización de automóviles por parte de personas residentes en zonas transfronterizas y que por motivos de trabajo están obligadas a frecuentes desplazamientos en el territorio de dos o más Estados miembros. 
Estas dificultades a menudo se derivan del hecho de que, con arreglo a las condiciones establecidas en el momento de la introducción del mercado único, los Estados miembros conservaron la facultad de mantener o adoptar impuestos sobre bienes o servicios, como los que gravan los automóviles. 
En realidad, todos los Estados miembros, excepto dos, aplican un impuesto sobre el alta de automóviles y dichos impuestos no están sujetos a la normativa comunitaria. 
Los mismos pueden variar sensiblemente, como de hecho sucede, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, el tipo impositivo, el fin y los medios de aplicación. 
Asimismo, los quince Estados miembros en su conjunto aplican impuestos de circulación sobre la base de criterios muy diferentes y tipos impositivos muy distintos. 
Normalmente, los automóviles deben ser dados de alta en el Estado miembro de residencia del propietario. 
Asimismo, se suele prohibir la utilización, en el Estado miembro de residencia, de un vehículo dado de alta en otro Estado miembro. 
Por consiguiente, es inevitable que se originen algunas dificultades en el supuesto de trabajadores residentes en zonas transfronterizas, agentes comerciales, etcétera. 
Éste es uno de los problemas relativos a la imposición de los automóviles que más me preocupa por sus repercusiones en el buen funcionamiento del mercado único. 
Sus Señorías están al corriente, creo, que mis servicios están llevando a cabo un estudio global acerca de todos los aspectos de la imposición en materia de vehículos en Europa. 
Esto es necesario, habida cuenta de que, por un lado, cada Estado miembro aplica una serie de medidas fiscales dirigidas a distintos fines y, por otro, dichas medidas a menudo generan inevitables formas de interacción. 
El problema planteado por su Señoría representa uno de los aspectos específicos que pedí que se examinara en el ámbito del estudio sobre la imposición fiscal de los automóviles, un estudio que, como ustedes saben, figura en el programa de trabajo de la Comisión del año 1997. 
Gracias, señor Monti, por esta respuesta. 
El problema que le expongo tiene que ver con los trabajadores en la zona fronteriza. 
Por consiguiente, no se trata de la circulación fronteriza de trabajadores que pasan de un lado al otro. Se trata de un propietario de una empresa de los Países Bajos que hace poco compró una segunda empresa en Alemania. 
Por consiguiente, se trata de un pequeño y mediano empresario, al que tanto queremos estimular en Europa porque crea empleo. 
La aduana neerlandesa no permite que este nuevo empresario, que ahora tiene dos empresas, una en Alemania y otra en los Países Bajos, utilice en los Países Bajos un coche con matrícula alemana, con el que visita a sus clientes alemanes, aunque cumpla todas las obligaciones fiscales. 
Simplemente, no está permitido. Podría hacerlo si este señor fuera trabajador, pero no si es empresario. 
Y ahí está la diferencia. 
La aduana neerlandesa tiene una legislación especial que obstaculiza enormemente las actividades de las empresas transfronterizas. 
De eso se trata ahora. 
Pienso que en la Unión Europea hemos de fomentarlo. 
Le agradezco, Señoría, esta puntualización y esta ulterior aclaración acerca de la cuestión. 
La cuestión estriba en que el vehículo está matriculado en Alemania, donde los impuestos son más bajos, mientras que los Países bajos consideran que el vehículo se utiliza en los Países Bajos y, en consecuencia, debe estar sujeto a imposición en dicho Estado. 
La libre utilización de los vehículos en toda Europa exige una armonización global de los impuestos, lo que es difícil, habida cuenta de que no sucede así para otro bienes. 
En consecuencia, como se puede comprobar, la fuente del problema es, en definitiva, de carácter fiscal. 
Ante la existencia del problema, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que se trata de un problema y de un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado único. 
Es por esto que decidimos llevar a cabo el estudio al que me he referido hace unos momentos. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Las preguntas no examinadas por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.27 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Restitución de bienes culturales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0309/96) , en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el Anexo de la Directiva 93/7/CEE del Consejo (C4-0379/96-95/0254 (COD) ) relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro (Ponente: Sr. Escudero) 
Espero que mañana, durante la votación, tenga la compañía de la Asamblea. 
Señor Presidente, Señorías, la directiva del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales suscita nuestro entusiasmo y despierta una gran esperanza pues, cada Estado miembro podrá, si así lo desea, restituir los bienes culturales que salieron de forma ilícita del territorio de otros Estados miembros antes de 1993. 
A finales del siglo XVIII, Bélgica vivió uno de los períodos más sombríos de su historia. 
En aquel momento mi país fue víctima de un saqueo de obras de arte sistemáticamente organizado por la Francia revolucionaria. 
Iniciado en 1792, después de la batalla de Jemappes, e interrumpido en 1793, este saqueo se reinició con más intensidad después de la batalla de Fleurus en 1794. 
La orden dada por Francia fue sacar de Bélgica todo el oro y plata posibles. 
Charles-Hilaire Laurent, miembro de la Convención en misión en nuestro país, escribía en aquella época al Comité de Salvación Pública: » Sacaremos minuciosamente de este país todo aquello que pueda embellecerlo y convertirlo en el más hermoso del universo.» 
Esta decisión fue escuchada y fueron robados cientos de manuscritos de un valor inestimable y libros antiguos únicos, muchas obras de nuestros grandes pintores como Rubens, Jordans o Van Eyck, fueron llevadas a París y, en marzo de 1795, se creó la Agencia de Comercio y Extracción de Bélgica. 
Un historiador francés declaró: » Los cuadros de las iglesias de Bélgica fueron sacados sin cumplidos y enviados a París por el simple derecho de conquista.» 
Ya en 1792, Dumouriez había tomado conciencia de este asalto, entonces solamente en sus inicios. 
En una carta, dirigida a La Fayette, constataba que el saqueo de los pueblos de Europa formaba parte de la Revolución. 
Actualmente se puede leer en la reseña destinada a los visitantes del museo de Caen: » En 1801, la ciudad de Caen recibió un segundo envío de cuadros, que habían sido traídos (hermoso eufemismo) por Napoleón en el transcurso de sus campañas.» 
En 1818, los Aliados reclamaron las telas procedentes de sus países pero, gracias a la inteligencia (nuevo eufemismo) del conservador, no se devolvió ninguna obra de importancia. 
Señor Presidente, Señorías, en 1945 la Alemania vencida restituyó a Bélgica las cuarenta obras de arte robadas en nuestro país por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 
Me atrevo a esperar que Francia, vencida en 1815 en Waterloo, hará su acto de contrición y devolverá a Bélgica todas las obras sacadas por los diabólicos revolucionarios. 
Señor Presidente, no puedo ser más breve que el honorable ponente que, con toda la razón, les propone que aprueben la posición común del Consejo. 
En efecto, a semejanza del dictamen de esta Asamblea durante la primera lectura, la posición común aprueba sin modificaciones de fondo la propuesta de la Comisión, y tengo que felicitarme por ello ya que la adopción definitiva de esta propuesta, que así se hace posible, permitirá en lo sucesivo garantizar un trato idéntico para las aguadas, pasteles y acuarelas en el conjunto de la Unión en materia de restitución de bienes culturales que hayan salido de manera ilícita del territorio de un Estado miembro. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Vigilancia epidemiológica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0287/96) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0078- C4-0189/96-96/0052 (COD) ) por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de decisión del Parlamento y del Consejo por la que se crea una red de vigilancia y control de las enfermedades transmisibles en la Unión Europea llega en el momento preciso. 
Como ha destacado mi ilustre colega, están reapareciendo enfermedades (como la tuberculosis) , aparecen otras que no se consideraban importantes, y la encefalopatía del tipo Creutzfeldt-Jakob es un ejemplo. 
Por consiguiente, era esencial que nos preocupáramos por la vigilancia de las enfermedades transmisibles. 
El ciudadano europeo necesita esta vigilancia para estar tranquilo y, para ello, es preciso que la Unión Europea pueda conocer las diferentes enfermedades transmisibles, dar la alarma en caso de aparición de un peligro y actuar en consecuencia. 
Para «conocer» , evidentemente, es preciso que informadores competentes recojan datos fiables y los transmitan a informadores que los reúnan. 
En este sentido nos parece esencial que esta red sea de una excelente calidad y que converja en un centro común, donde se recojan todos los datos que, para ser utilizables, deberán armonizarse y cuyas definiciones habrán de ser las mismas en todos los Estados miembros. 
Por ahora lamentamos que todos los Estados miembros no tengan una red de informadores tan avanzada como la de algunos Estados. 
No podemos conformarnos con algunas observaciones clínicas sino que, como he señalado, sería necesario, cada vez que ello sea posible, un cierto número de observaciones bacteriológicas, para detectar las diferentes cepas microbianas consideradas peligrosas. 
Por tanto, conocer es el primer objetivo, pero también es necesario poder «alertar» , lo que implica obligatoriamente que esos datos sean centralizados por una agencia que permita vigilar en todo momento la evolución de esas enfermedades. 
Esta agencia, que yo he propuesto en diferentes informes, deberá ser un verdadero observatorio europeo de la salud, encargada de ver si aparecen nuevos peligros y amenazas, y capaz de alertar oportunamente. 
En efecto, no basta con tener una serie de datos, es necesario que haya un organismo central que pueda prever, que pueda sobre todo sospechar de cualquier amenaza y prevenir de ella a todos los Estados miembros. 
Pero no basta con alertar. 
Es necesario que el organismo que ha detectado el peligro y que ha recogido y reunido los datos pueda «actuar» al menos incitando a los Estados miembros a luchar contra la epidemia, o mejor aún, que pueda dictar la actuación a seguir. 
Sé que esto plantea enormes problemas en el marco de la Unión Europea donde la subsidiariedad sigue siendo un elemento esencial, pero cuando se trata de la salud de los ciudadanos europeos, esta subsidiariedad debe dejar lugar a la seguridad y es absolutamente necesario que el organismo central que hemos definido se vea dotado de los medios indispensables para incitar, incluso obligar, si no convencer a los Estados miembros a tomar las disposiciones necesarias. 
Aun disponiendo de los medios indispensables, todavía será necesario garantizar la financiación pues resulta sorprendente constatar que, en la actualidad, no hay asignado absolutamente ningún crédito a este programa. 
Como conclusión diré que, si deseamos disponer de los medios para vigilar perfectamente la evolución de las enfermedades transmisibles actualmente y poder proteger a nuestros conciudadanos, es importante disponer de los medios suficientes para construir un observatorio europeo de la salud, que sea al mismo tiempo eficaz en la detección, en la alerta y en la protección de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme a los comentarios que ha hecho el profesor Cabrol y felicitarle por su trabajo. 
No podemos olvidar que esta propuesta de decisión es complementaria de otra que hemos estudiado recientemente sobre la vigilancia general sanitaria, y como tal hay que verla. 
También debemos recordar otras iniciativas como el Centro europeo de vigilancia epidemiológica del sida, que se puso en marcha en 1987, y otras parecidas. 
Es decir, que ya la Unión Europea tiene establecidas bastantes iniciativas en este ámbito. 
El Parlamento Europeo tiene la obligación esencial de apoyar a la Comisión en todas estas propuestas, pues hay que reconocer que las está haciendo en un plazo breve y cumpliendo el espíritu y la letra del Tratado de Maastricht. 
Pero también tenemos que hacer un llamamiento a los Estados miembros para que refuercen, estimulen y complementen estas acciones pues, de otro modo, no se van a conseguir los objetivos que se están planteando. 
Además, como la situación sanitaria en Europa está demostrando que la prevalencia en este tipo de transmisión de enfermedades está aumentando de forma alarmante, nosotros tenemos que denunciar desde este Parlamento que se trata de una situación inaceptable para un área geográfica, económica y social como Europa. 
Aquí hay un claro fallo de las políticas de prevención sanitaria de todos los Estados miembros y, por lo tanto, hay que tomar medidas activas. 
Hay que recordar, y lo vengo denunciando insistentemente, que los Gobiernos sólo están dedicando en Europa una media del 2, 4 % en medicina preventiva, cantidad claramente insignificante para los desafíos que hay que afrontar en estos momentos, cuando las fronteras prácticamente ya no existen a nivel mundial y, por lo tanto, las posibilidades de transmisión ya son múltiples. 
No se puede ya seguir hablando de enfermedades de países subdesarrollados puesto que todos podemos contraerlas en cualquier momento. 
Hay un segundo elemento que deseo subrayar, y es el enfoque que hace la Comisión- que yo creo que tenemos que apoyar -, pues propone la coordinación y mejora de los sistemas existentes en vez de la creación de otros nuevos, salvo la necesaria coordinación de los mismos. 
Yo creo que se trata de una idea esencial que tenemos que desarrollar. 
Y cuando se habla de sanidad obligatoria, señor Presidente, también hay que ocuparse de la confidencialidad de los datos recopilados, que plantea problemas éticos y jurídicos, y aquí en este Parlamento ya nos hemos ocupado de ello en diversas ocasiones. 
Pero además hay que hacer un llamamiento firme a los ciudadanos, con una llamada clara a la responsabilidad personal de los enfermos o portadores de algunas enfermedades transmisibles, ya que su comportamiento personal y su solidaridad son factores esenciales para cortar y controlar la transmisión de estas enfermedades. 
Señor Presidente, no se presenta a menudo un informe sobre salud pública en este Parlamento. 
Por tanto, yo también celebro hoy la presentación del que nos ocupa, informe, que, como ha señalado mi antecesor en la palabra, es complementario de otro, y felicito a un médico en ejercicio, el Sr. Cabrol, por su labor. 
Pedí la palabra, no para añadir algo esencial al contenido del informe, sino, principalmente, para apoyar la propuesta del Sr. Cabrol de crear, no ya una red, sino un Centro Europeo de Vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades contagiosas y, al mismo tiempo la aplicación de un sistema de alerta precoz, como él ha indicado. 
El Centro tiene ventajas que no puede ofrecer la red de vigilancia que proponen la Comisión y el Consejo. 
Incluye la posibilidad de prevenir, la posibilidad de realizar investigaciones experimentales de las que extraer las líneas directrices para los Estados miembros, no ya sobre cómo tratar el problema cuando surja, sino sobre cómo prevenirlo y, ante todo, servirá para lanzar la voz de alarma con más antelación a través de sus representaciones en los países miembros, que deben existir. Será en definitiva un elemento que hará más eficaz la lucha contra el problema. 
Para terminar, quiero expresar mi preocupación por lo que el Sr. Cabrol ha comentado en relación con la financiación de todo este asunto. 
Señorías, es más importante que el Parlamento Europeo encuentre la fórmula de recibir dinero de la Comisión para este objetivo que los 50 millones de ecus anuales aprobados para la campaña publicitaria de la Unión Económica y Monetaria. 
Ha llegado la hora de que dirijamos nuestra mirada hacia los pueblos de Europa y nos fijemos más en las personas que en las cifras. 
Señor Presidente, la crisis de la EEB nos ha tenido ocupados durante meses en Europa, y nos sigue teniendo ocupados. 
A todos nos ha preocupado mucho la incapacidad de la Unión Europea para reaccionar de forma adecuada a la enfermedad de la EEB. 
Este suceso vuelve a demostrarnos una vez más que la Unión carece de una política clara para luchar contra las enfermedades contagiosas. 
Los sistemas discrepan de un país a otro. No están coordinados y por tanto no son suficientemente eficaces. 
Sin embargo, el ciudadano europeo tiene derecho a que le avisen, a que lo tranquilicen. 
Por ello me parece muy lógico que se establezca una red europea que haga posible avisar a tiempo a todos los sistemas sanitarios, y coordinar medidas. 
¿No es extraño que los gobiernos se escondan detrás del principio de subsidiariedad y se nieguen a participar en la creación de una estructura europea eficaz que haga posible incluir todos los sistemas sanitarios e informar sobre las enfermedades contagiosas y las epidemias? 
Considero muy preocupante que el Consejo no parezca darse cuenta de la importancia de una red de este tipo y no esté dispuesto a facilitar suficientes recursos. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya totalmente el informe Cabrol, que mejora sustancialmente la propuesta de creación de una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en Europa. 
Es de destacar esta iniciativa por tres razones de gran actualidad: en primer lugar, porque en Europa están aumentando, como se ha dicho, las enfermedades infecciosas que reflejan- no hay que olvidarlo- que las condiciones sociales están empeorando y, con la política económica que se lleva, me temo que van a continuar empeorando. 
Por lo tanto, es imprescindible disponer de este instrumento para poder actuar adecuadamente. 
En segundo lugar, porque, quizá, también como consecuencia de efectos colaterales de nuestra política, en los países del Este europeo están también aumentando de forma alarmante las enfermedades infecciosas y, por lo tanto, con la relación que existe, es un peligro evidente para nosotros. 
Por último, hay un tercer ámbito geográfico de gran actualidad- África -, donde también, por otras razones, están aumentando de forma alarmante muchas enfermedades infecciosas, y por ello es también necesario tomar estas medidas. 
Sin embargo, yo creo que habría que señalar que no es suficiente tener- como se ha dicho- la red de vigilancia para poder hacer las funciones que se han mencionado sino que, además, haría falta que adoptásemos, además de la prevención y tratamiento, medidas para erradicar las condiciones sociales que desencadenan estas enfermedades. 
Por lo tanto, sería imprescindible actuar en esa línea apoyando totalmente a la Comisión, el informe Cabrol y lo que va a hacer el Consejo. 
Señor Presidente, creo que es necesario agradecer a nuestro colega Christian Cabrol su trabajo que, como ha dicho, llega en su momento, pero que rápidamente se convertirá en una urgencia. 
Es necesario saludar hoy la iniciativa europea, que supera un poco la pusilanimidad, las reticencias, las preocupaciones un poco estrechas o las subsidiariedades para, por fin, servir a la salud pública de todos nuestros conciudadanos europeos. 
Ha destacado los tres objetivos más importantes; en primer lugar la recogida de la información, dando en este sentido indicaciones especialmente precisas sobre la naturaleza, el método y el carácter idéntico de las informaciones que se buscan; en segundo lugar la puesta en marcha de un sistema de alerta precoz de las administraciones responsables; finalmente la coordinación de las actuaciones. 
Estoy especialmente de acuerdo con lo que ha dicho cuando, en una inteligente graduación, ha mencionado que era necesario sugerir, después aconsejar, más tarde convencer y, si es necesario, obligar. 
Es preciso decir que, actualmente, en Europa, casi todos los Estados tienen su red, su sistema y resulta evidente que es necesario unificar esas redes. 
Me gustaría sin embargo poder insistir en dos elementos. 
El primero es la existencia y el carácter especialmente activo de la Oficina Regional Europea de la OMS. 
Naturalmente, es con la Organización Mundial de la Salud, y en especial con sus centros colaboradores, que en Europa son especialmente activos, con quien será conveniente trabajar, y pienso que evitar la duplicidad será probablemente también una preocupación general. 
El segundo elemento tiene relación con el contagio por vía oral, de una serie de enfermedades, entre las que la de Creutzfeldt-Jakob es un ejemplo muy importante. 
La encefalopatía espongiforme bovina nos ha mostrado las carencias de nuestro sistema actual. 
Es de esperar que esta iniciativa sea un primer paso hacia un progreso necesario en la protección de los ciudadanos. 
Para decir la verdad, habría que trabajar por la constitución de una gran administración, que podría ser análoga a la Food and Drug Administration tal como funciona en Estados Unidos y que hace verdaderas maravillas en la protección de los ciudadanos americanos. 
Esperando esta constructiva innovación, es preciso en todo caso alegrarse de cualquier iniciativa que refuerce la solidaridad de los ciudadanos de la Unión y, más especialmente, de la iniciativa que acaba de tomar Christian Cabrol. 
Señor Presidente, el informe del profesor Cabrol, que todo el mundo coincide en reconocer como excelente, propone una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles. 
Se trata de una buena iniciativa, un tema de actualidad ahora que están reapareciendo antiguas enfermedades, bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos además de la aparición de nuevas patologías como el sida o la EEB. 
En fin, si entiendo bien al profesor Cabrol, es necesario rehacer Atlanta, incluso si ya tenemos las redes de vigilancia epidemiológica, estoy pensando en la EEB, lo que hace la Sra. Alterovitch, por ejemplo, en Francia. 
Profesor Cabrol, yo, cada vez que veo la palabra «europeo» , no saco mi revólver pero me preocupa. 
Por otra parte, la Comisión de Investigación sobre la EEB ha mostrado que Europa tiene motivos reales para preocuparse. 
Me dice usted, para comenzar, que la primera misión de este observatorio sería «conocer». 
Pero cuando, en la Comisión de Agricultura, ante la Comisión, propongo clasificar las zoonosis potenciales, como lo hace la OMS o la Oficina Internacional de Epizootias, ¿quién se opone al término de zoonosis potencial, frente a las zoonosis comprobadas? sencillamente, la Comisión. 
Dice usted «alerta precoz» , pero ninguna autoridad europea ha alertado y, menos sin duda esos guiñoles del Comité Veterinario Permanente, del que hemos tenido un ejemplo en la Comisión de Investigación, con una danesa que ha irritado incluso a los más europeístas. 
Dice usted «actuar» , pero fueron los Estados nación, mediante el principio de subsidiariedad, los que permitieron actuar en el caso de la EEB. 
Todo lo que ha hecho la Comisión es perseguir a los cinco Länder alemanes que se negaron a comer o recibir carne de bovino británico. 
En este caso, señor Cabrol, veo al cirujano que llega al final y trata de manera sintomática. 
Las causas verdaderas de todas estas enfermedades transmisibles son la inmigración, la droga, el subdesarrollo y el ultraliberalismo. 
Esto es lo que ha provocado el paro, lo que ha preparado el terreno para la miseria y lo que ha hecho resurgir la tuberculosis. 
Ha sido la construcción europea, por su ceguera, la que ha estado en el origen de la EEB, tanto como la más terrible de las enfermedades transmisibles; el prión ideológico en el origen de todo, es quizá la encefalopatía espongiforme europea, y en ese caso somos los médicos de alerta, señor Cabrol. 
Señor Presidente, en una excelente exposición de motivos, y con una excelente intervención hace unos minutos, el profesor Cabrol apoya, con sentido común y con rigor científico, las enmiendas que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor propone a este Parlamento. 
Para ello parte de una pregunta, que debe ser la única que guíe en materia de salud pública a quienes representamos a los ciudadanos: ¿cuáles son las necesidades del ciudadano europeo? 
Nos parece mentira que, todavía en el Consejo, algún Estado miembro- cada vez menos según mis noticias; uno sólo en este caso- a través de sus Gobiernos, que también representan a los ciudadanos, no se hagan la misma pregunta, o bien consideren más importante otra pregunta que es: ¿qué competencias pierdo? 
La subsidiariedad se ha convertido en una coartada moral de quienes no creen en el proceso histórico de la Unión Europea, de quienes se resisten a la desaparición de nuestras fronteras políticas. 
El carácter prudentísimo del artículo 129 del Tratado, en materia de salud, nos encomienda acciones concretas que apoyen las de los Estados miembros. 
Si hay algo en materia de salud que requiera un enfoque transnacional, son las enfermedades transmisibles. 
Si hay algo de dimensión comunitaria, es la vigilancia epidemiológica y la necesidad de crear una red y un centro europeo con esta finalidad. 
Si hay alguna necesidad racional y científica en la legislación comunitaria, es una norma que obligue a los Estados miembros a armonizar sus legislaciones, a informarse mutuamente y a coordinar sus actuaciones en materia de enfermedades transmisibles. 
Confiemos en que así lo entienda el Consejo- o todos los miembros del Consejo -; así se lo pide, una vez más, este Parlamento, que acoge positivamente la propuesta de la Comisión y la enriquece, a nuestro juicio, con las enmiendas que ha aprobado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Yo también me alegro de que estemos debatiendo la propuesta de decisión por la que se crea una red de vigilancia y de control de enfermedades transmisibles en la Comunidad Europea. 
Nos encontramos en un momento crucial porque, por primera vez, tenemos ante nosotros una medida que incentiva, como prevé el artículo 129 del Tratado de Maastricht, y adopta la forma de un instrumento jurídico vinculante. 
Un instrumento que impone obligaciones a la Comunidad y, sobre todo, a los Estados miembros, en términos de vigilancia y control de las enfermedades. 
Hemos estudiado detenidamente el impacto de los recientes brotes de enfermedades transmisibles, y es mucho lo que la Comunidad puede mejorar en cuanto a su organización en este ámbito. 
Habida cuenta de las limitaciones jurídicas y financieras intrínsecas a la acción comunitaria en este sector, la Comisión llegó a la conclusión de que la contribución más eficaz y valiosa que podía hacer la Comunidad era crear una estructura y un procedimiento comunitarios para la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles. 
En ese sentido, la propuesta de la Comisión prevé un marco regulador para hacer ciertas cosas que me gustaría enumerar para la Asamblea: obligación de compartir la información y los datos sobre enfermedades transmisibles; obligación de notificar las enfermedades transmisibles; obligación de mantener una vigilancia rutinaria de enfermedades escogidas en base a unas definiciones y metodologías comunes, que deberán establecerse mediante el procedimiento de comitología; obligación de realizar consultas entre los Estados miembros sobre medidas de control y protección antes de ser introducidas, también a través de la comitología; obligación de coordinar las medidas preventivas que deben adoptar los Estados miembros mediante la comitología y las medidas de protección que deberán promulgarse a nivel comunitario, sobre todo en los casos de emergencia y en las fronteras comunitarias, mediante la comitología. 
La finalidad de esta red sería la creación de un sistema para la estrecha cooperación y coordinación eficaz entre los Estados miembros en el ámbito de la vigilancia, tanto rutinaria como de emergencia. 
Estoy convencido de que mejorará la prevención y el control en Europa en buen número de enfermedades transmisibles graves o poco frecuentes que exigen la introducción de medidas para proteger a la población. 
El sistema que prevé la Comisión contiene algunas características específicas con objeto de producir el mayor valor añadido posible para la Comunidad. 
El sistema propuesto es amplio. 
Su finalidad es cubrir todos los grupos de enfermedades transmisibles, incluidas aquellas que se transmiten por agentes no convencionales como la ECJ, que está causando tanta inquietud en estos momentos. 
Permítame que haga aquí un inciso para recordar a la Asamblea que la inclusión de la ECJ en estas propuestas tuvo lugar antes de se desatara la crisis y constituyó la respuesta más adecuada a las peticiones de medidas en el ámbito de la salud pública sobre la conexión entre la ECJ y la EEB. 
Permítame añadir también que la inclusión de la ECJ en las propuestas hace obligatoria la notificación de la enfermedad, lo cual llega mucho más lejos de lo que se había solicitado en esta materia. 
El sistema también es global. 
Trata de la situación de las enfermedades transmisibles tanto dentro de la Comunidad, como fuera de su territorio. 
El sistema es progresivo sobre la base del marco general que proponemos, y el número de enfermedades transmisibles que debe mantenerse bajo vigilancia rutinaria es bastante limitado, pero podemos añadir nuevas enfermedades específicas si la evolución de la situación a nivel comunitario así lo requiere, y esto es algo a lo que se ha hecho referencia específica en este debate. 
El sistema es también pragmático, porque se basa en las redes existentes, a las que se está dando mayor importancia y campo de acción, y permite la posibilidad de ampliar en el futuro la vigilancia- o de crear nuevos campos- a nivel comunitario, por ejemplo, de la tuberculosis. 
Nuestra intención no es que exista un solo centro, situado en algún lugar de la Comunidad, sino varios centros de coordinación según los distintos grupos de enfermedades o a las necesidades de respuesta, proceso que permite a los Estados miembros mantener plena discreción sobre su participación. 
El sistema exige la participación de los Estados miembros en la creación de una red de vigilancia de enfermedades transmisibles a nivel comunitario, aunque dicha red se propone sin prejuicio de la vigilancia que se lleva a cabo a nivel nacional. 
El sistema traza el marco comunitario para encontrar respuestas adecuadas- es decir, controlar las enfermedades. 
Las actividades de prevención y la intervención precoz no pueden llevarse a cabo en nuestra Comunidad sin fronteras sin un entendimiento mutuo y sin una coordinación adecuada de las medidas de prevención por parte de las autoridades de la sanidad pública, incluidas algunas que pueden tomarse en beneficio de todos a nivel comunitario sin necesidad de que exista armonización, implícita o explícita, de la legislación nacional. 
Éste debe ser nuestro objetivo en todo control de las enfermedades transmisibles. 
Quisiera pasar a continuación al informe en sí y a las enmiendas presentadas, y agradezco al Profesor Cabrol su excelente labor. 
También doy las gracias a los miembros de la comisión que han ayudado a elaborar este informe. 
En cuanto a las 17 enmiendas, puedo comunicar a la Asamblea que la Comisión está en dispuesta a aceptar 12, en su totalidad o en parte. 
Aceptamos plenamente las enmiendas 9, 13, 14, 16 y 17 que hacen referencia exclusiva a los artículos y evidentemente mejoran la propuesta inicial. 
Aceptamos parcialmente las enmiendas 1, 2, 4, 5 y 6 relativas al texto, y otras dos sobre los artículos, que son las 12 y 15. 
En el caso de las enmiendas aceptadas en parte, la Comisión propone una nueva formulación. 
Cinco enmiendas son inadmisibles para la Comisión. 
La enmienda 3 relativa al considerando 12 no es aceptable porque el texto debe ajustarse al artículo 129 del Tratado. 
Otras enmiendas relativas a los artículos tratan de añadidos que no tienen ningún objetivo real, bien porque son superfluos desde el punto de vista jurídico- enmiendas 10 y 11- o porque están implícitos, en el caso de la 7. 
La enmienda 8 que trata de la creación del Centro europeo es la enmienda más importante de cuantas debe rechazar la Comisión. 
Alteraría por completo la naturaleza de la propuesta de decisión de la Comisión, cuyo objetivo es la creación de una red. 
La Asamblea debe saber que la propuesta actual incluye temas reguladores que deben mantenerse bajo el pleno control de la competencia nacional y de las autoridades comunitarias. 
Como sin duda ya saben, la Comisión declaró en el transcurso de unas conversaciones acerca del programa de acción comunitaria sobre la vigilancia de la salud, que estudiaría la idea de crear un observatorio de la salud, y hoy vuelvo a repetir que cualquier decisión adicional relativa a la creación de un observatorio tendrá que esperar al resultado del estudio de viabilidad. 
Estoy seguro de que el Parlamento comprenderá las razones por las que no se aceptan las enmiendas que acabo de mencionar. 
Espero que el Parlamento emita un dictamen favorable del marco jurídico que estoy intentando establecer, y que envíe una señal muy fuerte al Consejo para que examine su dictamen y la propuesta modificada de la Comisión. 
Hoy ha celebrado una reunión el Consejo de Ministros de Salud, en la que ha habido un debate orientativo. 
Me sentí decepcionado por el tono general y el contenido de las intervenciones de los ministros de Salud. 
Es un asunto que deberá ser debatido más a fondo una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen, pero aquí interviene el proceso de codecisión. 
Quisiera indicar a la Asamblea que necesito un apoyo muy fuerte del Parlamento Europeo para fortalecer la base en la búsqueda de un resultado positivo. 
Quisiera pedir el respaldo del Parlamento en este asunto. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Programa comunitario» Hacia un desarrollo sostenible» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0300/96) de la Sra. Dybkjær, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 0647- C4-0147/96-96/0027 (COD) ) relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible». 
Señor Presidente, en calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente, me alegro de presentar este informe con sus correspondientes enmiendas. 
Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todos los que han intervenido, es decir, al Presidente, a los ponentes de otras comisiones, a los ayudantes y a los funcionarios de la comisión, por sus constructivas aportaciones al proceso, tanto técnicas como prácticas. 
El motivo del trabajo ha sido que, en relación con la aprobación del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, se decidió realizar una valoración a medio plazo, en 1995, basada en análisis concretos del desarrollo desde 1992. 
Con este motivo, la Comisión elaboró un informe de situación que fue complementado por un informe de la Agencia de Medio Ambiente. 
El informe de la Comisión es ligeramente optimista y además bastante lírico, habla del cuidado y del riego de semillas, yemas y flores. 
El informe concluyente de la Comisión, elaborado sobre la base del informe de situación, es más concreto. 
Faltan las necesarias modificaciones de actitud y la voluntad para recorrer el largo camino hacia la sostenibilidad. 
El informe de la Agencia de Medio Ambiente dice que la Unión Europea avanza en sus esfuerzos por reducir ciertos impactos medioambientales, pero no lo suficiente para mejorar la calidad general del medio ambiente y, sobre todo, no para garantizar un desarrollo sostenible. 
En otras palabras, si no tenemos cuidado, no tendremos muchas semillas, yemas ni flores que regar, ni hay garantías de que tengamos agua de buena calidad para regarlas. 
La conclusión es que la realidad de los procesos negativos anula las mejoras. 
Se requieren modificaciones para alcanzar los objetivos. 
Hay que considerar el examen y el debate de la propuesta presentada por la Comisión sobre el telón de fondo de sus grandes palabras, tanto las de ahora como las de antes. Ha recibido fuertes críticas de todas partes por su carácter poco concreto; así lo ha confirmado indirectamente el director de la DG XI, al calificar la propuesta «directrices» para el trabajo de la Comisión, denominación en absoluto aplicable a una nueva evaluación sobre cómo alcanzar el objetivo del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
Las propuestas no indican nada de cómo será la situación en el año 2000. 
No hay coherencia entre los actos y las palabras. 
Para corregir estas faltas, la comisión ha presentado 50 enmiendas, aprobadas prácticamente por unanimidad, en un intento de mejorar la situación. 
Debido a que la Comisaria ha criticado en público la forma de trabajar de la comisión con expresiones como errores de fondo y malentendidos, creo que debo explicar el desarrollo del proceso. 
La comisión debatió primero la posibilidad de devolver la propuesta a la Comisión con las palabras «para rehacer». 
Abandonamos esta idea por dos motivos. No teníamos confianza en que recibiéramos una propuesta mejor y perderíamos mucho tiempo. 
Una vez alcanzada esta conclusión, presenté en calidad de ponente 100 enmiendas que fueron aumentadas con otras 100 de otros miembros de la comisión. 
En la votación final se aprobaron aproximadamente 100 enmiendas. 
Después de este éxito- por llamarlo de alguna forma- se me rogó reducir el número de enmiendas en cooperación con los ponentes de los otros grupos, no por falta de apoyo a las propuestas, sino porque el número de enmiendas era excesivo para un procedimiento de cooperación. 
El trabajo se hizo, y como ya he dicho, los grupos se pusieron de acuerdo para dar prioridad a 50 propuestas de enmienda. 
En otras palabras, la Comisión de Medio Ambiente no considera inadecuadas las enmiendas presentadas, aunque reconocemos que, a pesar de la mala calidad de la propuesta inicial, sería imposible manejar tal número de enmiendas. 
Ahora volveré al informe. 
La propuesta de la Comisión de una nueva evaluación es, en realidad, un paso atrás con respecto al Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente en su forma original. 
Las medidas positivas han quedado deslavazadas y no hay ni rastro de ningún plazo. 
Por eso, el objetivo principal de las enmiendas propuestas por una amplia mayoría es concretar las acciones, con indicación en varios casos de un plazo fijo para finales de 1997. 
La comisión sabe que este plazo no es realista, ya que en el mejor de los casos la propuesta será aprobada en 1997, pero dejamos así constancia de la urgencia de este tema, y sin calendarios ni prioridades concretas no tendríamos ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos. 
Finalmente, sólo quiero añadir una cosa. 
La Comisión debe conseguir el apoyo de los Estados miembros. 
Sabemos que éstos a menudo se oponen a las propuestas relativas al medio ambiente, pero no llegaremos a ninguna parte si la Comisión no se pone al frente. 
Ser la fuerza propulsora en éste y en otros ámbitos es y seguirá siendo la función principal de la Comisión. 
Esto es lo que da sentido a la Comisión. 
Si falla en esta tarea, su existencia no tiene justificación. 
Por tanto, en vez de criticar la labor de la Comisión de Medio Ambiente y las enmiendas, la Comisión debería estar contenta del apoyo que brinda el Parlamento Europeo al medio ambiente con estas enmiendas. 
Se supone que deberían servir para que la Comisaria tenga una mejor posición negociadora ante la Comisión y ante el Consejo. 
En otros casos, el Parlamento Europeo ha podido observar que los comisarios entienden así nuestro trabajo. 
Señor Presidente, el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente subraya la importancia de las estrategias energéticas a largo plazo para asegurar que la presión medioambiental resultante del suministro y del consumo de energía se reduce a niveles sostenibles. 
Se necesitan mayores esfuerzos para lograrlo, en particular, si se tienen en cuenta las previsiones que apuntan a un crecimiento considerable en el sector del transporte. 
Con respecto a la eficiencia energética, la comisión considera que una de las iniciativas políticas de la Unión Europea que puede tener un impacto sobre la demanda es el programa SAVE. 
El Parlamento ha apoyado el programa SAVE II, pero el Consejo no ha reconocido la importancia del mismo para introducir importantes medidas en materia de eficiencia en el sector energético. 
Si el programa SAVE II no se adopta plenamente, no habremos adoptado ninguna política energética en la Unión Europea para combatir el calentamiento global. 
No necesito insistir en la gravedad de la situación. 
Mientras que la mayoría de los ámbitos de interés medioambiental se abordan con una cierta profundidad en el programa, los asuntos nucleares sólo se contemplan brevemente, a pesar del hecho de que amplias extensiones situadas en el interior y cerca de las fronteras de los Estados miembros de la UE han resultado contaminadas por incidentes o accidentes nucleares de un tipo u otro. 
Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, si los Estados miembros de la Unión Europea se proponen continuar con esta tecnología, ha de evaluarse todo el sector en su conjunto para asegurar que se adoptan medidas en el marco del programa que sitúen el principio del desarrollo sostenible en el centro de la toma de decisiones. 
Cualquier nueva contaminación como, por ejemplo, un nuevo accidente del tipo Chernóbil, creará un déficit medioambiental y una carga para las generaciones futuras que hará que la sostenibilidad sea un objetivo imposible de alcanzar. 
Sé que la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado enmiendas que sostienen que la energía nuclear es intrínsecamente insostenible. 
La Comisión de Energía del Parlamento Europeo se niega a apoyar esa posición. 
En consecuencia tenemos un conflicto en el seno del Parlamento. 
Sugiero que resolvamos este arduo problema convocando una audición en la que participen la Comisión, la Comisaria y las comisiones que apoyan estas opiniones divergentes. 
Se trata de un asunto muy serio. 
Señor Presidente, hacia un desarrollo sostenible- este es el título del programa y al mismo tiempo el objetivo. 
Con la revisión que hoy debemos realizar, tenemos como Parlamento una difícil tarea, pues la ponente, la Sra. Dybkjaer ha transformado la inconcreta declaración de la Comisión en un amplio informe. 
Sin duda, la amplitud del informe se debe también a las numerosas enmiendas. Mi grupo político apoya la retirada negociada de una parte de esas enmiendas para que podamos aprobar el programa de modo que sea de utilidad para lo que está destinado, es decir, una revisión, la obtención de una visión general de hasta qué punto son alcanzables los objetivos, hasta qué punto se han alcanzado y qué es lo que aún se debe hacer para lograr un desarrollo sostenible de la Unión. 
Sabemos que estamos muy alejados de los objetivos, lo que nos ha confirmado también hoy la Agencia Europea de Medio Ambiente. No solamente será necesario realizar grandes esfuerzos sino además establecer un calendario muy concreto que se pueda cumplir y revisar. 
Quiero decir algunas palabras sobre tres aspectos de especial importancia. 
Por un lado, pienso que es muy importante que en el campo del desarrollo sostenible nos ocupemos de los compromisos y acuerdos internacionales contraídos por la Unión Europea. 
No me refiero solamente al proceso subsiguiente a la Conferencia de Río, a la Agenda 21, a una estrategia europea sobre la biodiversidad, a las medidas para la reducción de las emisiones de CO2, sino que para mi es especialmente importante nuestra participación en el Environment for Europe Process, pues se trata de países que han solicitado que se les acoja en nuestra Comunidad y por los que debemos ya hacernos responsables. 
También creo que es muy importante que los estándares medioambientales de la Comunidad se adapten al nivel de los tres nuevos Estados miembros para introducir en toda ella unos estándares mejores de los que se beneficien los ciudadanos. 
También es muy importante y necesario revisar las políticas comunitarias existentes para ver hasta qué punto garantizan un desarrollo sostenible. 
Ya se han dicho muchas cosas. 
Me permito enumerar brevemente: la política química, cuestiones de la energía, estrategia de los residuos, cuestiones de transporte, de turismo y, ante todo, de agricultura. 
Existen también enmiendas que se ocupan en detalle del modo de modificar el presupuesto para que sea más compatible con el medio ambiente y de lo que se debe esperar del green accouting. 
Sin duda, lo más importante es la protección de la salud humana pues sólo si la protegemos podremos tener un futuro. 
Para finalizar, deseo indicar que también hay que desarrollar políticas comunitarias orientadas al futuro, que respeten el medio ambiente y creen puestos de trabajo, pues sólo si nos marcamos unos objetivos medioambientales ambiciosos podremos desarrollar nuestra economía de modo que Europa tenga un futuro. 
Señor Presidente, el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente marca una ruta muy importante por la que Europa debe avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
Los que pertenecemos al PPE felicitamos a la Sra. Dybkjær por su energía en la elaboración de semejante informe y por su voluntad de retirar grandes trozos del mismo cuando nos reunimos todos para depurarlo. 
Creo que la Sra. Dybkjær ha adoptado el enfoque correcto al mostrarse muy crítica con la propuesta original de la Comisión y al presentar sus enmiendas para concretizar el enfoque de la Comisión Europea en torno a los problemas que se nos plantean. 
Creo también que tiene razón al establecer plazos para que la Comisión presente propuestas de legislación. 
Nunca ha causado ningún daño fijarse determinados objetivos, pero si causa mucho daño el que no nos fijemos objetivos como éstos. 
En particular, las enmiendas que apoyamos en el Partido Popular Europeo son, como he dicho, aquellas que concretizan sobre todo el enfoque que se da a la reforma de la Política Agrícola Común, la promoción de energías limpias, la necesidad de que la Comisión estudie el impacto de sus propias propuestas y programas sobre el medio ambiente, la propuesta sobre procedimientos para incluir en los contratos públicos consideraciones medioambientales, una vigilancia más estrecha y requisitos estrictos de notificación, así como un papel más destacado para la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
Quisiera llamar la atención sobre las enmiendas presentadas por el Sr. Trakatellis para que se incluyan consideraciones sobre la salud en las negociaciones sobre la política de medio ambiente. 
Por último, quisiera invitar a la Sra. Bjerregaard a que no sea tímida. 
Tengo entendido que tenía ciertas cosas que decir sobre la Comisión de Medio Ambiente a la prensa danesa. 
No entiendo por qué se limita a la prensa danesa, cuando, en realidad, puede ser perfectamente directa esta noche, cuando nos hable a nosotros que, a fin de cuentas, somos miembros de la Comisión de Medio Ambiente. 
No sea tímida, señora Bjerregaard. 
Si tiene alguna crítica que hacer a la Comisión de Medio Ambiente, debe hacerlas aquí, y no en la prensa danesa. 
Por ello desearíamos que rompa su discurso que, sin duda, ha sido escrito con sumo cuidado por una serie de personas, y que nos diga lo que realmente piensa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, todos compartimos seguramente la opinión de que las acciones de la Unión para lograr un desarrollo sostenible han sido insuficientes hasta este momento, lo cual se desprende también del informe de la Comisión. 
Los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea esperan una prueba concreta de que la Unión trabaja realmente en favor de su seguridad y de su futuro. 
Espero que el Quinto programa en materia de medio ambiente llegue a aplicarse y que sus compromisos se pongan en práctica cuanto antes, así como que no se planteen entre las instituciones comunitarias cuestiones vanas de prestigio, por ejemplo, sobre el calendario. 
No debemos hacer peligrar los preparativos para el próximo programa de medio ambiente. 
Por lo que se refiere a la Europa septentrional, me habría gustado que se hubieran puesto más de relieve los problemas de la región del mar báltica. 
En mi opinión, no se puede comparar el mar Báltico con el Mediterráneo. 
Casi todos los países que bordean el mar Báltico, o son ya actualmente países miembros de la Unión Europea o, en su mayoría al menos, han solicitado la adhesión. 
Espero que la Comunidad preste más atención que hasta el momento a los problemas medioambientales de la región báltica y que intensifique su actuación en esta zona. 
Ello implica igualmente una cada vez mayor inversión económica. 
Además, los nuevos países miembros deberán poder mantener normas más exigentes en materia medioambiental y proponer nuevas disposiciones para mejorar la situación del medio ambiente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, parece estar usted castigada a permanecer las noches de los martes aquí, con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente. 
En primer lugar, quiero decir que intervengo en nombre de mi compañera Maruja Sornosa, que no ha podido quedarse. 
Tenemos que felicitar a la ponente por su trabajo, y también compartimos sus críticas a la propuesta. Compartimos las críticas y compartimos también la falta de concreción en las medidas que han de tomarse y la falta de decisiones vinculantes y de responsabilidades. 
Desde la Comisión de Medio Ambiente se han presentado cerca de 200 enmiendas. 
Ayer, nos encontramos en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente con que, como eran muchas enmiendas, los Grupos políticos- no sé si todos- decidieron reducir su número. 
De todos modos, esperamos que se hayan decidido mantener las que son realmente sustanciales para este informe. 
Con esas 200 enmiendas se intentaba dar un giro a la propuesta de decisión, porque a nuestro juicio es necesario recuperar los objetivos iniciales del Quinto programa de acción. 
Este debate y los principios que sostenían ese Quinto programa de acción son de mucha importancia, y si no gestionamos de forma racional los recursos, repartiéndolos también de forma más racional, no conseguiremos que esos objetivos primigenios del Quinto programa se cumplan. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta que, en ocasiones, el Derecho comunitario- y lo vamos a ver después en el informe del Sr. Lannoye- no se cumple. 
Señor Presidente, según la FAO, el año pasado murieron siete millones de niños de hambre. 
En un informe del World Watch Institute para la cumbre de las Naciones Unidas de mañana en Roma sobre la catastrófica situación alimentaria en el mundo, se demuestra que una de las numerosas causas del hambre mundial es el uso exagerado de pesticidas. 
Otra causa es el efecto invernadero, que puede hacer que los campos de cultivo se sumerjan bajo el agua. 
¿Cómo contribuye una de las regiones más ricas del mundo, la UE, a la lucha contra este tipo de amenaza? 
De acuerdo con los propios modestos objetivos de la UE dentro del V Programa de acción para el medio ambiente, los pesticidas deberían reducirse al nivel cero en las aguas subterráneas en el año 2005, y deberían estabilizarse las emisiones de dióxido de carbono en el 2000 al nivel de 1990. 
Pero la propia Agencia para el Medio Ambiente de la UE ha señalado que no van a lograrse estos objetivos con la política actual. 
En el año 2000 el contenido de pesticidas seguirá sobrepasando el valor límite en el 65 % de las aguas subterráneas de la UE, y las emisiones de dióxido de carbono serán un 5-10 % más elevadas que en 1990. 
Estos son solamente dos ejemplos de cómo la política de la UE no nos llevará ni siquiera a conseguir los propios objetivos modestos en cuanto al medio ambiente que se ha fijado el V Programa de acción. 
Se trata además del fenómeno de la acidificación, del nitrato en el agua subterránea, de la contaminación acústica, de las energías alternativas y de muchas otras cosas. 
En pocas palabras: la política ambiental de la UE se encuentra literalmente, y de acuerdo con los propios cálculos de la UE, por debajo del nivel del suelo. 
Y qué hace la persona que es responsable máximo, señora Comisaria del Medio Ambiente? 
La respuesta es penosa. 
No hace prácticamente nada. 
La revisión de la Comisión del V Programa de Acción para el medio ambiente carece de contenido. 
Ahora la Comisión de Medio Ambiente ha realizado, a instancias del grupo de los Verdes, el trabajo que Ritt Bjerregaard debería haber efectuado. Esto nos lleva inexorablemente a una pregunta delicada. 
Si Ritt Bjerrregaard no hace su labor, nos es necesaria? 
En este punto me veo obligado a hacer referencias personales... 
Voy a decirlo en danés para subrayar que no hablo únicamente en nombre de los Verdes, sino también como alguien que tiene fuertes vínculos con Dinamarca. 
Nos sentimos decepcionados, muy decepcionados. 
Creíamos que una personalidad fuerte procedente de un país líder en materia de medio ambiente colocaría a éste y el desarrollo sostenible en primer lugar en el orden del día de la Comisión. 
Hemos podido comprobar que estos temas están en último lugar. 
Usted ha aparecido demasiado en los medios de comunicación daneses y ha actuado poco como portavoz del medio ambiente y de la solidaridad global ante los fuertes grupos de presión en favor de la política de crecimiento y explotación dentro y fuera de la Comisión. 
Si no acepta hoy nuestras enmiendas y las de la Comisión de Medio Ambiente y no cambia de táctica, exigiremos su dimisión y el envío por Dinamarca de uno de sus muchos buenos políticos de medio ambiente como nuevo comisario de medio ambiente. 
Señor Presidente, en Dinamarca existe un refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. 
La Comisión tiene la intención de desarrollar mejores procedimientos, marcos y acciones, además de una oferta más amplia de instrumentos, pero faltan sólo dos meses para 1997. 
¿Qué resultados puede esperar la Comisión de tal forma de funcionar? 
La Comisión estará atenta a los factores perjudiciales, al desarrollo de conceptos y a los nuevos incentivos, pero también en este caso, uno se pregunta: ¿con qué resultados? 
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha concluido en su informe que, si no se intensifican los esfuerzos, los impactos medioambientales seguirán sobrepasando las normas para la salud humana. 
Señala que nuestro consumo de materias primas y energía va en fuerte aumento, y un acusado crecimiento en el número de automóviles y en el turismo expone el medio ambiente a impactos cada vez mayores. 
El desarrollo de la reconversión de residuos y la importante presencia de nitratos en las aguas subterráneas son factores especialmente catastróficos. 
Los pronósticos indican que el volumen de residuos domésticos aumentará en un 30 % antes del año 2000, con lo que sobrepasará con mucho los objetivos. 
Se estima que las crecientes concentraciones de nitratos y plaguicidas en las aguas subterráneas sobrepasarán los objetivos en un 75 % en las zonas agrarias de la Comunidad. 
Es preciso revisar el Programa de Acción, aunque sólo sea para acercarnos a los objetivos. 
¿No debería haber presentado la Comisión un programa así? 
Finalmente, quiero dar las gracias a Lone Dybkjær por su informe. 
Señor Presidente, mi perplejidad es grande- como señalaba la Sra. Gonzálezcuando constato que la ponente había tenido que presentar ni más ni menos que 90 enmiendas, y la comisión parlamentaria correspondiente otras 100, para intentar que el texto propuesto por la Comisión, para la revisión del Quinto programa de acción- del que me cupo el honor de ser ponente en su origen- hacia un desarrollo sostenible resultase congruente con la Resolución adoptada por este Parlamento el 18 de noviembre de 1992, así como con el apartado 2 del artículo 130 R del Tratado de la Unión. 
A pesar de haberse llegado- al parecer- a un acuerdo posterior entre los coordinadores de los Grupos con la ponente, como ella misma ha reconocido, para disminuir tan desorbitado número de enmiendas, sigue siendo evidente que el texto presentado por la Comisión no ha sido enmendado, sino reescrito a modo de un nuevo sexto programa de acción. 
Y a mí me parece, señor Presidente, tal y como ha señalado la ponente, que la Comisión tenía, como mínimo, la obligación de presentar al Parlamento un texto adecuado ante la importancia de la revisión del Quinto programa, con objetivos, instrumentos y calendarios concretos para la evaluación, aplicación y concreción de los objetivos de un desarrollo sostenible y del principio de integración contenidos en el citado programa original aún vigente. 
Nada de ello ha ocurrido, como resulta palmario ante el aluvión de enmiendas. 
Como el tiempo apremia, concluyo, señor Presidente, haciendo la siguiente pregunta: ¿cree sinceramente la Comisión que el texto por ella presentado sirve para acelerar la implantación del Quinto programa y para mejorar la calidad ambiental de la Unión, o habrá que esperar, como siempre, a un nuevo sexto programa de acción? 
Señor Presidente, el Quinto Programa de Acción para el Medio Ambiente se distingue de los anteriores en que prevé una revisión. 
El objetivo de la revisión era y sigue siendo adaptar los objetivos y medidas, como los establecidos hoy tras la aprobación del programa, a fin de aumentar su eficiencia. 
Entre las deficiencias de la propuesta de la Comisión, la que más llama la atención es, a mi juicio, la falta de una conexión expresa entre la protección de la salud humana y los riesgos medioambientales. 
Para lograr este objetivo en combinación con el desarrollo sostenible, el factor de la salud se debe tener seriamente en cuenta en todos los ámbitos de las políticas y acciones comunitarias, ámbitos como el de la agricultura, los transportes, la energía, la industria y el turismo, entre otros. 
Asimismo, hay que poner gran énfasis en la recopilación y elaboración de datos que registren el desarrollo de la salud humana y de las enfermedades de la población en relación con la situación medioambiental. 
Se debe efectuar un continuo estudio y adaptar los valores máximos permitidos de sustancias y agentes contaminantes en el aire, el agua, la tierra y los alimentos a los correspondientes datos científicos disponibles. 
Además, se debe realizar un estudio global de los factores que influyen en los accidentes provocados por medios de transporte, con especial énfasis en los que causan pérdidas de vidas humanas, discapacidades físicas o que requieran terapias de larga duración y, en general, los accidentes con grandes repercusiones económicas y sociales. 
La Unión Europea debe preparar acciones que apunten al desarrollo y a la formación sistemáticas con respecto a las nuevas consideraciones medioambientales, para conseguir la plena participación de la sociedad europea en la gestión del medio ambiente, y el cambio de conducta de los consumidores. 
Por último, señor Presidente, en el futuro, en la elaboración del VI Programa de Acción para el Medio Ambiente se debe incluir expresamente la protección de la salud frente a los riesgos medioambientales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no voy a hablar danés como el señor Gahrton, pero felicito a Lone Dybkaer por su informe de gran calidad. 
He de decir que estoy de acuerdo con la crítica de la revisión efectuada por la Comisión del V Programa de acción en favor del medio ambiente. 
El proyecto presentado por Ritt Bjerregaard es efectivamente un paso atrás, y lamentablemente no representa ningún compromiso político concreto con el medio ambiente en Europa. 
Un objetivo importante de la revisión de la legislación de la UE en materia ambiental debería ser que a los nuevos Estados miembros, Suecia, Finlandia y Austria, se les permitiese mantener sus requisitos ambientales, y que se hiciera más rigurosa la legislación ambiental de la UE para lograr con ello el nivel más elevado de protección del ecosistema en 1999. 
Otro requisito importante por parte sueca es la integración de los aspectos ambientales en la política agrícola común de la UE. 
Los objetivos y los recursos de la política agrícola deben ser acordes con la dirección que sigue la política ambiental, para que podamos lograr unos resultados y avanzar en el sentido de un desarrollo sostenido. 
Por tanto, la futura reforma de la PAC debe tener un marcado perfil ambiental. Esto puede lograrse haciendo que las ayudas a la agricultura pasen de promover la producción a favorecer la protección del medio ambiente. 
A través de esto se crearía un mejor ecosistema, al tiempo que se agilizaría nuestra participación en el mercado mundial de la producción alimenticia. 
Señor Presidente, me permito felicitar a la Comisión de Medio Ambiente y a Lone Dybkaer por su excelente informe de un contenido político muy concreto. 
El grave problema actual que tiene la política ambiental de la UE y la Comisión es que son naturalmente necesarias las frases elocuentes, pero cuando hay que dar unos pasos concretos, éstos son minúsculos y a menudo llegan demasiado tarde. 
Hay unos puntos que deseo verdaderamente destacar y subrayar respecto al informe, y son los siguientes: 
La aguda necesidad de modificar la política agrícola en una dirección más beneficiosa para el medio ambiente; no hay que ignorar la gran ocasión que se nos presenta de hacerlo, ahora que hay que transformar a fondo dicha política, ante la inminencia de la ampliación hacia el este.-La importancia de que la Unión Europea cumpla verdaderamente con las promesas que dio a los nuevos países miembros, con ocasión de las negociaciones previas a la adhesión, consistentes en unos requisitos ambientales elevados.-La crítica del Tratado Euratom y su objetivo de promover la utilización de la energía nuclear para fines civiles, y de la distribución desigual de los recursos destinados a la investigación energética.-La necesidad de modificar la normativa sobre adquisiciones dentro del sector público para que se tenga realmente en cuenta el medio ambiente.-La exigencia de que se traten las cuestiones ambientales dentro de la Organización Mundial del Comercio.El informe contiene una serie de propuestas que señalan unánimemente las grandes carencias actuales de la política ambiental de la UE, y por eso es tanta su calidad. 
Señor Presidente, los principios del desarrollo sostenible se están convirtiendo lamentablemente en un discurso vacío de contenido. 
Según la idea original, en toda actividad humana debería tenerse en cuenta la capacidad de crecimiento de la naturaleza a fin de que las actuales generaciones no pusiesen en peligro las posibilidades de subsistencia de las futuras. 
Aún estamos lejos de este ambicioso objetivo. Tampoco la revisión del programa de acción en materia de desarrollo sostenible de la Comisión que ahora se está tratando elimina las carencias. 
La ponente critica el programa de acción de la Comisión, por ejemplo, porque en él no se establecen suficientes plazos ni objetivos para mejorar la situación del medio ambiente. 
También representa un grave problema el hecho de que aún no se hayan adoptado medidas encaminadas a que la normativa comunitaria en materia de medio ambiente alcance el nivel de la de los tres Estados miembros que se han incorporado recientemente. 
En la pasada primavera, o en el verano, tuvo lugar un intenso debate sobre este tema en el Parlamento, que concluyó con la aprobación de una resolución en la que se exigía nuevamente a la Comisión que cumpliese las promesas formuladas en el curso de las negociaciones para la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Me gustaría saber qué acciones ha emprendido la Comisión hasta este momento en la materia. 
Las cuestiones medioambientales no reciben tampoco la suficiente importancia en los programas de acción anuales de la Comisión ni tampoco figuran entre las prioridades de los países que ocupan la Presidencia. 
Debido a esto, los asuntos relacionados con el medio ambiente quedan inevitablemente en un segundo plano. 
Los efectos de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos naturales no se detienen ante las fronteras. 
En las regiones próximas a la UE, tanto en el Norte, como en el Este o en el Sur, existen graves ejemplos de cómo la naturaleza ha sido ya destruida casi en su totalidad por el impacto de las emisiones contaminantes. 
Una de estas regiones es, por ejemplo, la región de Kola, en el norte de Rusia. 
Las cuestiones medioambientales deben recibir una atención aún mayor en los programas de cooperación de la UE con terceros países. 
Se trata ante todo de una responsabilidad común que ha de asumirse de cara a la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos actuales y futuros. 
Señor Presidente, tras haber oído a todos los colegas, yo creo que la reacción que se ha producido ante esta nueva propuesta de la Comisión ha sido de una insatisfacción generalizada en todos los miembros de este Parlamento. 
Quizá ello se deba a que habíamos estudiado muy profundamente el V programa y este Parlamento había elaborado una resolución muy firme, muy sólida, que fijaba objetivos que siguen siendo válidos, y por eso tenemos que recordar aquí el magnífico trabajo que hizo la Sra. Díez de Rivera en su momento. 
A la hora de estudiar estas nuevas medidas, yo creo que tendríamos que haber fijado muy pocos objetivos y haberlos exigido con mucha claridad; yo me contentaría con 7 u 8 de las propuestas que contiene esta revisión- porque es algo que estamos repitiendo constantemente -, y había que haberlas transformado en pregunta: ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora la Comisión Europea para consolidar la internalización de los costes externos de todos los productos? 
¿Qué ha hecho para la promoción del uso de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente? 
¿Qué ha hecho para favorecer el desarrollo de energías renovables como la energía solar? 
¿Qué ha hecho realmente para aplicar una política que integre y que vaya orientada hacia el ciclo final de la vida del producto? 
¿Qué ha hecho realmente- y es algo que está encima de la mesa hace mucho tiempo- para la aplicación de la responsabilidad en materia de medio ambiente? 
Y así podríamos seguir parafraseando las propuestas que aquí se hacen. 
A mí no me faltan cien enmiendas, yo me quedaría con cuatro o cinco propuestas con cuya puesta en marcha en un plazo razonable se pudiera comprometer la Comisión. 
Señor Presidente, el informe de Lone Dybkaer profundiza de un modo muy valioso en la propuesta de la Comisión. 
Voy a concentrarme en los aspectos relativos a la cuestión climática. 
Estoy convencido de que es absolutamente decisiva para el medio ambiente. 
Por ello es justo que, desde ahora, la UE se dirija hacia unos objetivos que puedan cumplirse en el año 2000. 
Los requisitos de la Conferencia de Toronto de 1987 han tenido una gran influencia política. 
Se exigía que los países industrializados redujeran las emisiones de dióxido de carbono en un 20 % hasta el año 2005, a partir del 1987. 
Este objetivo es evidentemente el que más se acerca a la propuesta del grupo PPE, de una reducción del 20 % hasta el año 2010, dado que el año de partida se ha desplazado al 1990 tras la resolución adoptada en Rio. 
Este es un objetivo modesto, pero deberíamos poder cumplirlo. 
No obstante, la mayoría de la comisión votó a favor de un objetivo aún más modesto, de un- 20 % hasta el año 2005 y de un- 30 % hasta el 1910. 
Considero la propuesta poco realista. 
Es interesante que la misma mayoría desee eliminar la energía nuclear con bastante rapidez. Esto convierte a los objetivos en más fantasiosos si cabe. 
Una política ambiental ofensiva sería conservar la energía nuclear mientras cumpla con unos requisitos elevados en torno a su seguridad, y al mismo tiempo invertir en el ahorro energético, los combustibles biológicos, etc., para con ello reducir la utilización de combustible fósil y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. 
Ya es hora además de que admitamos que la energía nuclear de la UE ha salvado muchas vidas humanas. 
Si, partiendo del informe realizado por expertos independientes para la Comisión, se evalúa la utilización de la energía nuclear en los años 1985-1994, y se la compara con la del carbón condensado, llegamos a la conclusión de que la primera ha salvado 20.000 vidas humanas y nos ha ahorrado mucho deterioro natural. 
Siguiendo el camino contrario, tendremos que realizar fuertes inversiones para eliminar la energía nuclear en la Europa central y del este. 
Señor Presidente, señoras y señores, como debido a un cambio de los grupos políticos, esta sesión plenaria es la última en la que puedo intervenir como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, quiero aprovechar la ocasión por última vez para exponer un deseo imperioso de los austríacos con motivo de la revisión del Programa de la UE para un desarrollo sostenible. 
En la ampliación de la Unión Europea en 1995, en el Tratado de adhesión se hizo la promesa de revisar el acervo comunitario y de elevarlo a los estándares de los tres nuevos Estados miembros si fuese necesario. 
Este asunto nos viene acompañando ya durante dos años en esta Asamblea y creo que ha llegado el momento de cumplir por fin las promesas de la Sra. Comisaria. 
Estamos esperando que los estándares se eleven y quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a la Sra. Comisaria por habernos prometido hacer todo lo que esté en su mano para que los estándares se respeten. 
Señor Presidente, celebro que se mantenga en el Parlamento un debate sobre la propuesta de la Comisión de 24 de enero de 1996, relativa a la revisión del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
De hecho, es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene ocasión de debatir un programa de acción comunitario en materia de medio ambiente conforme al procedimiento de codecisión. 
Personalmente, me alegro de que el Parlamento quede involucrado de forma más activa en los temas medioambientales, ya que es un buen compañero de juego cuando se trata de mejorar el medio ambiente. Volveré a este tema más tarde. 
Espero que el resultado del debate de hoy permita al Consejo debatir la propuesta de la Comisión en la próxima cumbre del 9 al 10 de diciembre de 1997 y que el procedimiento decisorio finalice antes de junio de 1997, momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una cumbre como seguimiento de la Conferencia de Río. 
La ponente, Sra. Lone Dybkjær, ha trabajado duramente en la elaboración del informe presentado al Parlamento ahora, y ha habido debates extensos y útiles en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y en la Comisión de Transporte y Turismo. 
Tal como se ha dicho, el informe incluye un total de 53 enmiendas, a las que hay que añadir 13 nuevas propuestas. 
En principio, la Comisión acepta 14 de estas enmiendas en todo o en parte. 
Por motivos institucionales, o porque las enmiendas modifican considerablemente el ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión, ésta no puede aceptar las 39 enmiendas siguientes: 1, 4 a 7, 13, 14, 15, 17, 20, 27, 35, 37, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 57, 59, 66, 76, 81, 82, 85 a 87, 89, 91 a 93, 97 a 99, 100 a 102. 
De las 13 nuevas propuestas, podemos aceptar 6 parcialmente, en concreto, las enmiendas núms. 104, 105, 106, 107, 108 y 109. 
No podemos aceptar el resto. 
Quisiera hacer algunos comentarios sobre las enmiendas en su conjunto. 
En varias de ellas se pide a la Comisión que presente propuestas dentro de un plazo fijo especificando su contenido. 
El Parlamento sabe que, por motivos institucionales, no puedo aceptar un texto que indique lo que la Comisión debe hacer y cuándo. 
Un programa de acción no es un programa detallado de trabajo para la Comisión. 
Lo que estamos debatiendo es un informe a medio plazo y, con un esfuerzo común, espero que logremos mejorar el medio ambiente de Europa. 
La propuesta está diseñada para garantizar una aplicación más eficaz del Quinto Programa de Acción antes del año 2000. 
Tal como ya se ha dicho, la propuesta se basa en el informe sobre la situación del medio ambiente, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que es alarmante. 
La propuesta fija prioridades que se convertirán, o ya han sido convertidas, en medidas específicas y concretas. 
Algunas están incluidas en el programa de trabajo para 1996 y otras se incluirán en 1997. 
Mi idea no era, en absoluto, que la valoración del Quinto Programa de Acción fuese un impedimento para actuaciones concretas. 
Este es el tema que se ha debatido en la prensa danesa, y ya respondí a las críticas de la propuesta por parte de la ponente, igual que lo estoy haciendo hoy aquí; lamento tener que decir al Sr. Gahrton que creo que será imposible para muchos comisarios aceptar todas las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. 
Espero que, más tarde esta noche, podamos mantener un debate serio sobre una de las propuestas cuyo ponente viene del Grupo de los Verdes, y en cuyo caso me parece que ha habido una cooperación excelente. 
Obviamente, la propuesta no puede cubrir las medidas que deben tomar los Estados miembros ni ninguno de los participantes en el Programa. 
Su éxito depende, ante todo, de la capacidad de cada cual para asumir su responsabilidad. 
Quiero recordarles que el Quinto Programa seguirá en vigor hasta el año 2000 y que incluye una serie de objetivos acompañados de indicaciones sobre los esfuerzos que deben realizarse a todos los niveles para poder cumplirlos. 
Tal como han dicho varios oradores, quizá todos, en el período transcurrido no se han alcanzado los objetivos. 
No obstante, las decisiones adoptadas por el Parlamento y el Consejo incluyen una disposición para realizar un ajuste del Programa. 
No se trata en absoluto de una revisión del Programa. 
Además, no es el momento de preparar un Sexto Programa, tal como ha dicho la Sra. Díez de Rivera en su intervención, con nuevos objetivos y nuevos plazos. 
No cabe duda de que ésta es la razón de las discrepancias entre la Comisión y el Parlamento. 
El texto es una respuesta política a las conclusiones tanto del informe sobre la aplicación como del informe medioambiental de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
El procedimiento de consulta ha sido bastante prolongado y la idea era dar un nuevo empujón al proceso a través de medidas comunitarias. 
Por ello, la Comisión propuso unos ámbitos clave prioritarios en los que acelerar el esfuerzo comunitario en los próximos dos años para lograr una aplicación más eficaz del Programa, y en este aspecto coinciden nuestras ideas con las del Parlamento. 
Se trata de conseguir una mejor integración de la consideración por el medio ambiente en los ámbitos de actuación, incluidos los ámbitos económicos. 
Muchos han mencionado la agricultura, que ya ha sido debatida en otras ocasiones. 
Se trata de considerar un abanico más amplio de instrumentos políticos como contrapunto al método tradicional de órdenes y control. 
Se trata de propugnar una legislación más amplia y mejor aplicada, y en este contexto quiero hacer referencia a la comunicación aprobada por la Comisión hace unas semanas. 
Y se trata, finalmente, de intensificar nuestros esfuerzos con el fin de reforzar nuestra posición líder en los aspectos internacionales, tal como ha dicho también la Sra. Graenitz. 
En Europa tenemos una responsabilidad especial y un interés concreto por los problemas medioambientales de Europa central y oriental, de los países mediterráneos y de los países bálticos, por lo que la propuesta incluye medidas prioritarias para estas zonas. 
Señor Presidente, al presentar la propuesta que estamos debatiendo hoy, la Comisión siguió el criterio de que la Unión Europea debe predicar con el ejemplo y afianzarse como líder tanto en el interior de la Unión como a nivel internacional, por lo que todas las partes en juego han de comprometerse políticamente y hacer mayores esfuerzos por alcanzar la estrategia global y los objetivos del Quinto programa. 
Nos encontramos ante un gran reto. 
Esta decisión ha de adoptarse en un plazo breve para garantizar la aplicación del Quinto programa. 
Confío en que el Parlamento tome las medidas necesarias para lograrlo. 
Aunque no estemos de acuerdo en la forma, coincidimos en que hace falta hacer más y en que las actuaciones concretas son absolutamente necesarias, y el resto del orden del día de hoy demuestra que estamos en ello. 
Señor Presidente, la Comisaria Bjerregaard anunció que explicaría por qué acusa en la prensa danesa a la Comisión de Medio Ambiente. 
No he oído ninguna explicación. 
¿Qué ha dicho en la prensa danesa y por qué acusa a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo? 
He dicho brevemente en mi intervención que mantuve en la prensa un debate con la ponente sobre sus críticas al Quinto Programa de Acción. 
Como se ha podido apreciar hoy aquí, tengo una opinión diferente de la suya respecto al objetivo de una revisión como ésta. 
Por esa razón, he repetido los argumentos que se han publicado en la prensa danesa. 
Señor Presidente, el proceso de contabilización de las enmiendas aprobadas y de las no aprobadas ha sido increiblemente rápido. 
Por ello pregunto sobre la número 4, 5 y 14. 
¿Es cierto que no se aceptan? 
Lo he entendido bien- no se aprueban. 
Seguimos con la «amenaza» a la que nos hemos referido anteriormente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
ONG de la protección del medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0258/96) del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (95) 0573- C4-0104/96-95/0336 (SYN) ) sobre un programa comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales que actúan principalmente en el campo de la protección del medio ambiente. 
Señor Presidente, señoras y señores, hoy día es impensable dejar de lado en el debate sobre el medio ambiente a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en este campo. 
En el sentido de la subsidiariedad y de la deregulación no se va a producir un aumento esencial del entramado normativo en el sector del medio ambiente. 
Como las medidas fiscales y económicas son con frecuencia poco populares, no se puede apreciar lo suficiente la necesidad de una sensibilización global. 
Y aquí las ONG desempeñan un importante papel. 
De las organizaciones de medio ambiente europeas vienen con frecuencia advertencias tempranas y propuestas concretas de actuación que son recogidas y aplicadas por los partidos políticos y los Gobiernos. 
Pensemos por ejemplo en los análisis aleatorios del agua potable por parte de las ONG que descubrieron una nueva necesidad política. 
Pero hoy día ya no sólo observamos organizaciones honorarias sin finalidad de lucro. 
También en el campo del medio ambiente actúan organizaciones orientadas a obtener beneficios. 
Son dirigidas como agencias de marketing o de publicidad con sistemas de «Venture» y ejecutan para organizaciones privadas y estatales o empresas campañas políticas. 
La finalidad del presente programa es apoyar financieramente a organizaciones de medio ambiente que trabajan para la Comunidad sin ánimo de lucro y que, ante todo, actúan con independencia política de los partidos. 
Es perfectamente posible que las ONG tengan una tendencia política, pero en el punto central se encuentran las tareas específicas del medio ambiente. 
Por ello, no deseamos subvenciones para los partidos políticos sino para las ONG que se han comprometido plenamente con ese objetivo. 
La ayuda financiera a asociaciones independientes es también importante pues las ONG trabajan de un modo totalmente diferente a las organizaciones comerciales. 
La Comisión de Presupuestos se ha pronunciado también decididamente a favor de un apoyo financiero para 1997 y ha previsto un total de 8, 65 millones de ecus. 
Para el programa aquí presentado serán probablemente de nuevo 2, 5 millones de ecus. Estos créditos están destinados a medidas generales de información y sensibilización sobre los problemas del medio ambiente, a determinadas organizaciones europeas que trabajan en el campo del medio ambiente y de la protección de animales, al desarrollo de bancos de datos y centros especiales de información y documentación así como a grabaciones de televisión y CD-ROM. 
Para impedir de antemano cualquier abuso se deben establecer unas estrictas normas para la concesión. 
Al Parlamento le parece importante que estos criterios esenciales que hasta ahora figuraban en el Anexo elaborado por la Comisión, se incluyan en el programa ya que de hecho representan el fundamento jurídico para la concesión de los créditos. 
Para el Parlamento es muy importante alcanzar una buena relación costes-utilidades, un efecto nultiplicador duradero y una cooperación efectiva y equilibrada pero, ante todo, transfronteriza. 
Hay que ayudar precisamente a las asociaciones centrales a nivel europeo y facilitar la cooperación entre esas organizaciones. 
Pero, ante todo, hay que fomentar las actividades novedosas como los ya mencionados disquetes de información que se puedan emplear ampliamente. 
Se debe perseguir el fortalecimiento de las fuerzas sociales y la participación de los ciudadanos, en especial en las ONG. 
No obstante, la ayuda financiera solamente debe llegar hasta el 60 % de los costes de ejecución y administrativos. 
Creo que las mismas organizaciones deben ser también responsables en la aportación de fondos. 
Esto es necesario para poder trabajar en el futuro con independencia frente a la Comisión y a las influencias europeas. 
Además, las ONG que han sido condenadas judicialmente en los dos últimos años en el área de la Unión no deben ser tenidas en cuenta a la hora de conceder créditos. 
El respeto de las reglas del juego democráticas es algo incuestionable para las organizaciones centrales europeas y tampoco ha habido problemas a este respecto en los últimos años. 
Queremos una política objetiva ordenada que permita a Europa practicar una política adecuada con el medio ambiente también en el futuro. 
Señor Presidente, este informe no afecta al presupuesto de ninguno de los grandes ámbitos dentro de la Comunidad, pero sí a uno de los más importantes. 
Se trata de la posibilidad de las organizaciones de voluntarios de participar en los trabajos ambientales a nivel paneuropeo, de dar voz a la perspectiva ambiental europea, en la que, de otro modo, nos arriesgamos a que sean los meros intereses nacionales y empresariales los que predominen. 
Sin nuestras organizaciones ambientales, los trabajos en favor del medio ambiente en Europa no habrían llegado todo lo lejos que han llegado. 
Se trata de unos formadores de opinión pública y de una contribución esencial para la continuación de los trabajos. 
Una cuestión ambiental empieza a menudo su rodaje cuando las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente la destacan para, más adelante en el proceso, ser reglamentadas a través de unas propuestas legislativas u otro tipo de decretos. 
Se puede decir que estas organizaciones son algo así como la lanza de los políticos. 
Es vital que, en todos los ámbitos comunitarios en que destinamos unos recursos para su utilización, existan unos marcos y unas normas para la aplicación de estos medios. 
Una gestión relajada, sin seguimiento ni control, da lugar solamente a la sospecha y la confusión. 
Esto también se aplica a las contribuciones a las ONGs. 
Al mismo tiempo es importante que no las atemos tanto que lleguen a perder por ello su capacidad de acción. 
Creo que en la propuesta del informe el ponente ha conseguido aúnar los dos objetivos. 
Es necesaria la colaboración más allá de las fronteras para que podamos hacer frente a los problemas ambientales que tiene planteados Europa. 
Las naciones tienen naturalmente una responsabilidad importante, pero ninguna de ellas puede resolver estos problemas por separado. 
La cooperación es la clave de una política ambiental que consiga unos resultados. 
El Parlamento propuso además hace poco, en el primer debate celebrado sobre el presupuesto para 1997, una asignación a las ONGs del medio ambiente más generosa de la que defendía el Consejo de Ministros. Esto expresa nuestra voluntad política de fortalecer los trabajos ambientales paneuropeos. 
El presupuesto no se ha aprobado de forma definitiva; tiene que someterse a un segundo debate, y el Consejo va a pronunciarse con brevedad. 
Pero espero que también el Consejo de Ministros esté dispuesto a contribuir a que nuestras organizaciones no gubernamentales, nuestras organizaciones en favor del medio ambiente, reciban el impulso que necesitan para que consigamos unos trabajos más allá de las fronteras, y en beneficio del medio ambiente, también el año que viene. 
Señor Presidente, ante todo deseo apoyar las propuestas iniciales de la Comisión y, por supuesto, también las modificaciones que pretende introducir el ponente, Sr. Rübig, en su informe. 
En este momento en que estamos debatiendo la financiación de las organizaciones no gubernamentales especializadas en este ámbito, yo creo que es el momento de reconocerles el trabajo que han realizado, sobre todo los últimos 30 años. 
Lo que han sido en estos años reivindicaciones de grupos minoritarios son los programas de gobierno que estamos llevando a efecto en estos momentos. 
Por ello, también tenemos que coincidir con la Comisión en que esta ayuda es necesaria, tanto desde el punto de vista económico como por razones medioambientales y, por lo tanto, la tenemos que apoyar. 
Las organizaciones no gubernamentales también están siendo una herramienta muy importante para exigir el cumplimiento de la legislación comunitaria a nivel nacional y a nivel regional. 
Dicho esto, también hay que recordar que la financiación no lo es todo y que hay otras medidas que están esperando desde hace tiempo, como la potenciación del acceso de las organizaciones a la información y la facilitación del acceso a la justicia, de modo que en ese sentido también se podrían potenciar los recursos, que siempre serán escasos. 
En otro ámbito, también hay que recordar que estas organizaciones tienen, fundamentalmente, una dimensión comunitaria, pero cada día se espera más de la financiación a nivel nacional, regional y local, por lo que es preciso que se aplique la subsidiariedad ya que, desde el nivel comunitario, no se pueden obtener todos los fondos necesarios para todo el movimiento. 
Hay que volver a recordar que los movimientos de este tipo a nivel local desempeñan un gran papel y que también tendrán que recibir apoyo financiero. En cualquier caso, la financiación comunitaria debe ser básicamente de coordinación y de estímulo para esa coordinación general. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Sr. Rübig ha conseguido dar una impresión de las organizaciones no gubernamentales que, a mi juicio, no siempre corresponde a la realidad que yo conozco. 
Esto es importante. 
Señor Presidente, estaba diciendo que el Sr. Rübig había dado una idea de las organizaciones no gubernamentales que no siempre corresponde a la que yo tengo de ellas y a las que veo, a mi vez, expresadas al respecto. 
Tampoco son siempre independientes de los partidos, por mucho que el documento del Consejo y de la Comisión nos hable de justificación medioambiental, de gran independencia y motivación. 
Es evidente que soy partidario de que existan como contribución importante a la educación de la población, y sobre todo a la de la población más joven, porque yo no creo sólo en una intervención de organizaciones no gubernamentales para que, de hecho, se proteja el medio ambiente. 
También en lo relativo a que no tengan fines de lucro, tampoco ha sido eso siempre lo que yo he visto, a mi vez. 
He visto muchos casos de gran protesta medioambiental que después eran acallados con la concesión de algunos proyectos a laboratorios medioambientales. 
Por tanto, la idea que el Sr. Rübig consigue transmitir en su opinión, una idea más pragmática desde el punto de vista de una evaluación costo/eficacia de las organizaciones no gubernamentales, es digna de beneplácito para nuestro Grupo. 
Por otro lado, también quisiera plantear otro problema: ¿quién mandata a las organizaciones no gubernamentales para que representen lo que representan? 
¿Quién les da la fuerza política y la autoridad para pronunciarse sobre casos tan importantes como los del medio ambiente? 
¿Qué preparación científica tienen en las esferas de la química, de la física, de la botánica, de la zoología? 
¿Por qué razón, antes de dar dinero, no se hace una evaluación verdadera del valor de quienes mandan en las organizaciones no gubernamentales del medio ambiente para que, de hecho, puedan decidir sobre el futuro de nuestros hijos? 
Señor Presidente, yo quisiera preguntar al orador anterior- a pesar de que él no me está escuchando- sobre la formación y la base de los grupos de presión con los que a menudo se enfrentan las ONG. 
Quiero dar las gracias al ponente por el excelente trabajo realizado y también a las ONG por el esfuerzo que están haciendo en varios frentes. 
En mi opinión, las ONG son absolutamente necesarias, sobre todo teniendo en cuenta que, en el ejercicio del trabajo parlamentario, estamos expuestos a actividades unilaterales de grupos de presión, como los representantes de los intereses de la industria. 
Es evidente que no es posible cubrir ese trabajo únicamente con voluntarios. 
No están apoyadas ni financiadas por las empresas industriales, por lo que es indispensable que nosotros demos a las ONG el apoyo necesario para que puedan trabajar. 
No lo debemos hacer por el bien de las ONG, sino por nuestro propio bien y por el de la democracia. 
Señor Presidente, deseo alabar la labor del ponente y también de la Comisión. 
Es un informe al que deberíamos dar nuestro voto favorable mañana. 
Durante estos últimos años ha quedado muy claro que las ONG desempeñan un papel importante en el desarrollo de la política de medio ambiente, y en muchos casos han elevado la concienciación de problemas ambientales entre la opinión pública y los responsables de la toma de decisiones hasta el punto de que se han tomado medidas legislativas para corregir dichos problemas. 
El reconocimiento de dicho papel está implícito en la asignación de estos fondos con cargo al presupuesto comunitario destinados a favorecer la labor y financiar dichos proyectos. 
Los fondos son modestos en comparación con muchas otras partidas del presupuesto comunitario y, por ello, deben ser utilizados con sumo cuidado y con el pleno conocimiento de que se trata de dinero público y no puede utilizarse indebidamente. 
Un aspecto gratificante de muchos de los proyectos que son financiados mediante esta línea presupuestaria es el hecho de que, en muchos casos, son también financiados o complementados por la labor de los voluntarios y las donaciones que muchos de sus partidarios dedican a las ONG. 
A mí me parece que debemos intentar continuar ampliando esta línea presupuestaria y alentar a otras ONG a que también hagan uso de ella. 
Existen muchas otras, no sólo las organizaciones ecologistas que actualmente tienen acceso a estos fondos, y que en el futuro podrían beneficiarse de fuentes de financiación como éstas para llamar la atención sobre problemas ambientales no solamente a los legisladores de Bruselas, sino también dentro de las regiones y dentro de las ciudades de Europa, y abordar más problemas locales y asegurarse que se hace justicia en los tribunales. 
Tenemos que tener esto presente cuando volvamos a revisar esta línea presupuestaria en el futuro y es algo por lo que debemos seguir presionando. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Presupuestos y a sus ponentes, sobre todo al Sr. Rübig, por el gran trabajo realizado en relación con el examen de la propuesta de la Comisión. 
Me gustaría dejar claro que tengo gran interés en que se cree una base clara y estable para las ayudas de la Comisión al valioso trabajo que están realizando las ONG europeas. 
Hay numerosos ejemplos de aportaciones de las ONG que han ayudado a mantener aspectos importantes en materia medioambiental en el orden del día político. 
Las ONG han aumentado la concienciación de los ciudadanos con respecto a este tema y han creado la presión necesaria para que los políticos ideasen una política con visión de futuro. 
Vigilan también atentamente las políticas de la UE y de la Comisión. 
Es posible que esto no nos resulte muy agradable en algunas situaciones, pero sabemos que ése es el papel de las ONG en una democracia. 
Por eso, la Comisión aprecia mucho sus aportaciones a la política medioambiental y, como se ha visto ahora, el Parlamento comparte este punto de vista. 
Como es sabido, el objetivo de la propuesta es la creación del fundamento jurídico para una práctica existente. 
Se trata del apoyo financiero a las ONG conforme al acuerdo que ha funcionado satisfactoriamente desde 1988. 
Ante todo, hay que ver la propuesta como una señal de que la Comisión atribuye mucha importancia a la prestación de ayudas a estas organizaciones. 
Por tanto, es decisivo que el texto sea claro y que permita aplicar las medidas, a la vez que se defienden los intereses de las organizaciones de la mejor forma posible. 
La Comisión ha examinado las enmiendas del Parlamento con ese espíritu. 
En principio, la Comisión puede aceptar 13 enmiendas en todo o en parte. 
Las enmiendas núms. 1 y 5 aclaran el texto, al igual que la referencia a la exigencia de transparencia de la enmienda nº 3 y de la mayor parte de la definición de las ONG en la segunda parte de la enmienda nº 6. 
Ciertos elementos de las enmiendas núms. 8 y 18 contribuyen también a dejar el texto más claro, pero, por motivos prácticos, la Comisión no puede aprobar la parte de la enmienda nº 18 que modifica el calendario de su informe, ni la parte que fija de antemano el fundamento jurídico para una futura propuesta. 
2 y 14 relativos a los ingresos en especie de las ONG, después de una nueva redacción del texto. 
Aceptamos asimismo la enmienda nº 23, que fija un valor límite del 60 % como la parte del presupuesto de las ONG que puede ser financiada por la Comunidad. 
No obstante, se ha presentado una serie de enmiendas que la Comisión no puede aceptar, ya que no mejorarían la propuesta, y en algunos casos podrían incluso causar confusión o problemas en el momento de su aplicación, lo que perjudicaría a las ONG. 
Con las enmiendas núms, 4 y 13 y la primera parte de la enmienda nº 6 y la segunda parte de la enmienda nº 8, se intenta, por ejemplo, definir aún más las organizaciones, pero estas organizaciones ya han sido definidas en el artículo 1 de la propuesta de la Comisión, y su definición es muy amplia a fin de que pueda abarcar posibles nuevas ONG. 
Por tanto, más definiciones resultan superfluas. 
La mayor parte de la enmienda nº 3 y las enmiendas núms. 9, 10, 17 y 21 limitarían la flexibilidad de la Comisión al distribuir las ayudas de cada año de la forma más ventajosa para las ONG. 
Sería imposible aplicar las enmiendas núms. 11 y 16 y la primera parte de las enmiendas núms. 
14 y 25 en la práctica. La enmienda nº 15 sobra, ya que, conforme al régimen de ayudas, tal como funciona en la actualidad, todas las ONG que reciben subvenciones han de llevar cuentas correctas, cualquiera que sea la subvención. 
Según la enmienda nº 12, se podría cubrir la totalidad de los gastos, pero esto no sería una ventaja para las ONG que se encontrasen en esta situación, ya que en tal caso dependerían totalmente de la subvención de la Comisión, ni para las ONG en general, porque esto significaría una reducción de las organizaciones con acceso a los limitados medios financieros. 
Tampoco podemos aceptar las enmiendas núms. 19 y 20, ya que su aplicación significaría que habría menos fondos a disposición de la cooperación, de gran importancia para las ONG europeas. 
En cuanto a la enmienda nº 22, la aceptamos en principio después de ciertas modificaciones del texto. 
Estamos dispuestos a revisar la duración máxima del período de ayudas, fijada en tres años en la propuesta original. 
Esta actitud armoniza con la política de la Comisión de reforzar la asociación con las ONG más dinámicas y representativas. 
Finalmente, quiero dar las gracias una vez más al Parlamento por el gran trabajo que ha realizado en relación con esta propuesta. 
Creo que puedo decir que todos los presentes vemos en las ONG unos socios muy valiosos en el proceso decisorio político y, por ello, estoy segura de que juntos alcanzaremos una propuesta que favorecerá al máximo a las ONG y, por lo tanto, al medio ambiente. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0343/96) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (C4-0371/96-94/0078 (SYN) ) (Ponente: Sr. Lannoye) 
Señor Presidente, desde hace unos veinte años, la política europea incluye al medio ambiente en las prioridades de las políticas comunes. 
Entre los instrumentos técnicos de esta política, las medidas de prevención e integración del medio ambiente en la concepción de los distintos proyectos constituyen un hecho incuestionable para nuestros países industrializados, en los que las modificaciones de los ecosistemas y paisajes han sido, en cuarenta años, desde el Tratado de Roma, más rápidas y profundas que en cualquier período anterior. 
La creciente demanda de los ciudadanos con respecto al medio ambiente y las distorsiones de competencia provocadas por enormes diferencias entre Estados miembros nos exigen, como parlamentarios, un alto nivel, alcanzado ya en diversos países, en numerosos Estados miembros, entre ellos Francia junto con los últimos incorporados, Austria, Finlandia y Suecia. 
En el marco de los estudios de incidencia o de impacto medioambiental, es necesario ejercer una vigilancia especial en los campos de definición de los diversos proyectos de urbanismo, industrias e infraestructuras, pero también de agricultura y ocio, como lo demuestra el informe sobre la aplicación imperfecta de la directiva de 1985. 
Han debido ser evaluados mediante procedimientos equivalentes y técnicamente equitativos. 
El proyecto de modificación de la directiva incide en este sentido para hacer obligatorio, en su Anexo I, este procedimiento para proyectos o modificaciones importantes de actividades que se le escapaban hasta ahora, creando así deslocalizaciones intraeuropeas y distorsiones de competencia. 
Esta medida va en el buen camino de la armonización de los procedimientos a nivel europeo y nosotros apoyamos al ponente, Sr. Lannoye, por su importante trabajo de fondo. 
Sin embargo, al tratarse de la agricultura, sabiendo que la directiva «nitratos» ya existente establece la cantidad de nitrógeno de origen animal en 170 kilos por hectárea y por año en aplicación sobre el terreno, me he visto obligada, con otros veintinueve colegas, a presentar una enmienda de compromiso para la ganadería intensiva. 
En una preocupación por la simplificación, la enmienda 26, para el Anexo I, propone 200 UGM para las ganaderías intensivas y 10 toneladas por año para las capturas pesqueras, como umbral de inicio de un estudio de impacto ambiental. 
Una dimensión límite para una nueva ganadería es un criterio sencillo y controlable por las autoridades administrativas. 
Una vez más se acerca la medianoche y una vez más la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor celebra su debate. 
Un día sobrepasaremos la medianoche y al salir, descubriremos zapatos de cristal en las escaleras y a todos los coches con chófer convertidos en ratones, porque los temas de la Comisión de Medio Ambiente son la Cenicienta del debate. 
Creo que es una pena. 
Este aspecto ya se planteó como motivo de preocupación la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y antes de eso, mantuve una correspondencia considerable con el Sr. Vinci. 
Podría pedir, por favor, que se remedie esta situación. 
Alguien tiene que ser el último los martes por la noche, pero no tiene por que ser siempre la Comisión de Medio Ambiente. 
Los temas que estamos debatiendo tienen una importancia tremenda para los ciudadanos europeos. 
Felicito al Sr. Lannoye por su excelente informe, y quisiera dirigir algunas palabras a través de la Asamblea a los representantes del PPE y de los Liberales, de manera que podamos formar algún tipo de coalición. 
Estoy impresionado por la forma en que el PPE parece haberse alejado de la postura bastante negativa que defendió en el debate en la Comisión de Medio Ambiente, hasta llegar a aceptar algunas de las principales enmiendas que nosotros consideramos importantes. 
No creo, sin embargo, que el PPE haya ido lo suficientemente lejos y quisiera pedirles, en particular, que estudien la enmienda 7, que según tengo entendido, aún siguen decididos a rechazar. 
Dicha enmienda es relativa a la definición de la palabra «proyecto». 
En el PSE creemos que es muy importante porque si definimos el término «proyecto» de forma satisfactoria, podremos evitar casos en los que se emprenda toda una serie de pequeños proyectos para evitar la definición de un proyecto principal. 
En el Reino Unido, por ejemplo, hemos tenido una serie de casos en los que con el pretexto de construir vías de circunvalación en ciudades relativamente pequeñas, se construyó una autovía a hurtadillas. 
De forma similar, en el caso de la minería a cielo abierto a la que se hace referencia en el Anexo II, puedo prever una situación en la que una serie de minas a cielo abierto entrarían bajo el límite necesario, pero que si se toman conjuntamente, tendrían un efecto tremendo sobre el medio ambiente local. 
Permítame, por consiguiente, pedir al PPE que estudie la enmienda 7 a la luz de lo que he dicho, y que tenga en cuenta esa posibilidad. 
Permítame también llamar la atención del Parlamento sobre la enmienda 23. 
Quisiera pedir al PPE que la estudie detenidamente, porque estamos hablando de carreteras y esa enmienda, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, intentaba tener en cuenta la posibilidad de una gran carretera de 10 kilómetros o más de longitud continua. 
Está claro que puede aplicarse el mismo argumento que en el caso de las carreteras de circunvalación. 
Permítame felicitar también al PPE porque parece haber avanzado en lo relativo a la enmienda 38. 
Ahora parece que se ha aceptado el concepto de opción cero y espero por ello que con el apoyo de los Liberales, el PSE y los Verdes se reivindique un principio en el votación de mañana. 
Sintiéndolo mucho, señora Bjerregaard, esto es así tanto en lo que se refiere a la nueva versión de los Anexos I y II como a los Anexos III y IV que precisan los criterios de selección de los proyectos. 
No obstante, sigo viendo unos puntos de crítica graves. 
Incluso los textos legales muy bien intencionados no funcionan en la práctica cuando no se cumplen determinadas condiciones. 
Una de esas condiciones sería la de coordinar sistemáticamente las restantes directivas relativas al medio ambiente que afectan a los mismos asuntos, como la directiva sobre el IPPC, la de Seveso o la auditoría ecológica, pues esta carencia de coordinación dificulta considerablemente la aplicación. 
Además, tengo que constatar que casi todas las nuevas enmiendas están dirigidas a dificultar la aplicación práctica del control de la compatibilidad medioambiental en los Estados miembros. 
Tanto los titulares de los proyectos como las autoridades que examinan las solicitudes se verían enfrentados a más cargas procedimentales y retrasos, lo que no creo repercuta en favor del medio ambiente. 
Por el contrario, la mayoría de esas enmiendas menoscabaría la calidad del control de la compatibilidad medioambiental y, en consecuencia, de la protección del medio ambiente. 
Coincido con el Sr. White en que es ciertamente lamentable que discutamos siempre los martes por la noche los trabajos legislativos importantes en los que el Parlamento tiene realmente potestades decisorias y que la información en la prensa se produzca solamente dos días más tarde, con lo que no se obtiene el efecto deseado. 
El Presidente en funciones no tiene la culpa de que se haya dispuesto así pero es tarea de nuestro grupo político que nos reunamos y tomemos las medidas necesarias para que los temas de medio ambiente se debatan a unas horas en que los ciudadanos puedan estar sentados y escuchar en la Tribuna, pues el medio ambiente es un campo que interesa realmente a una gran parte de los ciudadanos y son conscientes de que solamente se puede regular conjuntamente. 
Señor Presidente, Señorías, deseo dar las gracias al ponente por el trabajo llevado a cabo y, en especial, a la Comisión de Agricultura que quiso resaltar la importancia de armonizar las directivas sobre el medio ambiente y, por consiguiente, disponer de estrategias claras y mantener una coordinación y coherencia a la hora de hablar de intervenciones, en particular, en relación con el medio ambiente. 
La propuesta objeto de examen está dirigida a mejorar el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, creado en virtud de la Directiva 85/337/CEE, y a aclarar y ampliar las listas de los proyectos que forman parte del ámbito de aplicación de la Directiva. 
En consecuencia, el objetivo reside en garantizar una actuación más coordinada y eficaz de la propia directiva, ante todo, a la luz de los progresos internacionales que afectan al sector. 
El informe aprobado el año pasado por el Parlamento Europeo, a pesar de reconocer las mejoras aportadas al texto por la Comisión, quiso reforzar esta orientación presentando modificaciones sumamente importantes, encaminadas tanto a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva como a definir los criterios comunes y a precisar la noción de «zona sensible» , que obligan a realizar un estudio de las repercusiones sobre el medio ambiente. 
Asimismo, se quiso poner como condición fundamental a los efectos de la aplicación de la directiva, el tema de la información que debe facilitarse al ciudadano lo antes posible y, en todo caso, antes de tomar cualquier decisión. 
Este concepto de democracia participativa que la Comisión de Medio Ambiente quiso subrayar a través de las enmiendas presentadas en segunda lectura, reviste una importancia prioritaria, habida cuenta de que no se pueden tomar decisiones que repercuten sobre el medio ambiente, sin que los ciudadanos, primeros usuarios del medio ambiente y del territorio, las conozcan. 
De hecho, el público debe poder expresar su opinión y estar informado de forma clara y transparente acerca de la realización de determinados proyectos públicos y privados y ello, interviniendo en el correspondiente procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. 
No hay que olvidar que el medio ambiente pertenece a todo el mundo y que el respeto del territorio se logra a través de una educación adecuada, dirigida a responsabilizar a los usuarios. 
Por último, deseo recordarles que la salvaguardia y el respeto del medio ambiente se alcanzan cuando se interviene sobre el territorio de forma adecuada y, por consiguiente, con intervenciones claras. 
Sin embargo, hay que tener cuidado y recordar que la degradación se produce también de otras maneras. 
Señor Presidente, quiero empezar dándole las gracias al ponente por el gran trabajo que ha realizado en este ámbito, pero al mismo tiempo quiero decir que creo que, en el caso de esta propuesta, debemos debatir el tema de la subsidiariedad de forma algo diferente de como lo hemos hecho hasta ahora. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que una serie de las enmiendas presentadas son necesarias, pero, por otra parte, quiero decir que, al entrar tanto en detalle como lo ha hecho el ponente y al describir minuciosamente las relaciones entre el público, las autoridades competentes y los contratistas, se está entrando en el ámbito de la gestión de un sistema, y precisamente, en cuanto a la gestión de los sistemas, hemos de admitir que los Estados miembros tienen tradiciones muy diferentes. 
En comparación, por ejemplo, con la tradición danesa, las enmiendas de esta propuesta son excesivamente detalladas. 
En Dinamarca tenemos experiencias excelentes respecto a los efectos sobre el medio ambiente y, aunque yo mismo he criticado algunas de las cosas que se han hecho, son experiencias importantes. 
Varias de las enmiendas no son válidas para Dinamarca. 
Como ejemplo quiero mencionar la enmienda nº 14, en la que el ponente especifica la formación de los expertos que realizarán los estudios de impacto ambiental. 
Me parece que corresponde a cada país decidir sobre este tema. 
Por tanto, opino que el ponente ha sido excesivamente minucioso en la gestión, quizá a consecuencia de la tradición francesa, y no ha tenido en cuenta lo que puede ser apropiado, por ejemplo, en los países nórdicos, o, por lo menos, para la tradición danesa. 
Señor Presidente, nosotros estamos completamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Lannoye y con las enmiendas que él propuso y se aprobaron por mayoría en la Comisión de Medio Ambiente. 
También estamos de acuerdo con la necesidad de reformar una Directiva, la 85/337, cuyas lagunas y problemas quedaron de manifiesto a la hora de su aplicación práctica. 
Respecto de las enmiendas, sólo nos referiremos a algunas que nos parecen más importantes: nosotros vamos a estar de acuerdo en que se limiten las excepciones, pues dichas excepciones están produciendo verdaderos desastres en algunos países. 
Se debe subrayar la importancia de la definición de criterios comunes para las zonas especiales, el ámbito de aplicación y, sobre todo, la información y consulta a los ciudadanos. 
Nosotros sabemos que eso es complicado porque ni siquiera la Directiva de exigencia de información a los ciudadanos- la 91/313- ha sido trasladada al derecho de algunos Estados, por ejemplo, el mío. 
Y, por tanto, es muy difícil conseguir que los ciudadanos se enteren y participen, y ya sabemos que no hay posibilidad de conservar el medio ambiente si los ciudadanos no participan, si no son conscientes de la riqueza que supone conservarlo. 
Y, al contrario que la Sra. Dybkjær, yo sí creo muy importante la enmienda que se refiere al rigor en los estudios sobre impacto ambiental. 
Yo recuerdo que hace 2 ó 3 años, un estudio de la propia Comisión demostraba que probablemente sólo el 20 % de los estudios sobre impacto ambiental eran rigurosos y, en ocasiones- eso ocurre en mi país, de acuerdo con las diferentes culturas de las que hablaba la Sra. Dybkjær -, son las propias empresas las que contratan los equipos que van a hacer el estudio sobre impacto ambiental. 
Por tanto, así no se puede seguir, y nosotros apoyaremos esas y otras enmiendas que el Sr. Lannoye propuso en la Comisión de Medio Ambiente. 
Pero, además, hay otro problema, y se refiere a las medidas que han de tomarse por el incumplimiento flagrante de muchos países con respecto a la Directiva 85/337 y otras, al Derecho comunitario ambiental en general. 
El señor Presidente sabe muy bien- ya que él ha sido ponente en algunas ocasiones sobre el informe anual relativo al cumplimiento del Derecho comunitario- que el Derecho comunitario relativo al medio ambiente es reiteradamente incumplido por los diferentes Estados. 
Por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar, y nosotros vamos a apoyar el informe del Sr. Lannoye. 
Señor Presidente, puedo ser breve sobre esta recomendación. 
En los países de la Unión hay opiniones muy diferentes sobre el uso del instrumento de estudio de impacto ambiental. 
Algunos países dicen: cuantos más, mejor; mientras que otros, como mi propio país, los Países Bajos, dicen: hay que hacer estudios de impacto ambiental sólo cuando se esperan importantes consecuencias negativas para la naturaleza y el medio ambiente. 
Prefiero un único informe de impacto ambiental sobre grandes proyectos, que miles de informes sobre proyectos más pequeños. Esto provoca el debilitamiento del instrumento de estudio de impacto ambiental. 
El Consejo ha llegado a una posición común, que nos satisface en términos generales. 
Se ha hecho bien en ampliar considerablemente el anexo de un estudio de impacto ambiental obligatorio. 
El anexo II, que indica a partir de qué umbrales hay que determinar la opción a favor o en contra de un estudio de impacto ambiental, sigue siendo suficientemente amplio. 
Con todo significa una mejora de la antigua directiva de 1985, que presentaba grandes diferencias de ejecución. 
Quiero tratar por separado una enmienda. Se trata de la enmienda nº 26. 
Con ella se obliga a la agricultura neerlandesa a hacer estudios de impacto ambiental. 
No me parece conveniente. En este sentido, el texto de la comisión es mejor. 
En él se propone sólo un estudio de impacto ambiental para la cría intensiva de aves de corral que supere un determinado número. 
Con ello creo que quedan cubiertos los casos que pueden tener consecuencias importantes para el medio ambiente. 
Por último, quisiera formular una pregunta a la Comisaria: ¿es realista mantener el 31 de diciembre de 1997 como plazo de aplicación de esta directiva, dada la necesidad de modificar la legislación y la reglamentación en los Estados miembros? 
Señor Presidente, según el apartado 2 del artículo 130A, del Tratado, la política de medio ambiente de la Comunidad se basa en los principios de la previsión y de la prevención y en el de combatir los peligros del medio ambiente en sus orígenes. 
El instrumento para lograr esto es la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. 
Hoy se realiza la segunda lectura del informe del Sr. Lannoye sobre este tema. 
Me permito expresarle mi agradecimiento por su informe. 
Quisiera decir en este punto que, al contrario que la Sra. Dybkjaer, considero muy importantes y acertadas las unificaciones que el Sr. Lannoye propone al respecto. 
No podemos tener por un lado un mercado interior y, por otro, realizar de diferente manera en los países miembros las evaluaciones de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente. 
La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente es el instrumento para un desarrollo sostenible de la economía pues nos permite evitar inversiones erróneas, los elevados costes de los daños medioambientales o destrucciones irreparables y creo que para ello es necesaria la cooperación de las autoridades, las empresas y la opinión pública. 
Por ello, apoyo decididamente la enmienda del Sr. Lannoye en la que insiste sobre la necesidad de participación de la opinión pública. 
En la ciudad donde yo vivo se ha llevado a cabo de modo experimental una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente exactamente en base a los principios mencionados, con el resultado de que se pudo desarrollar un procedimiento que ahorraba una fase y, en consecuencia, elevados costes a la empresa así como evitar residuos altamente tóxicos que deberían haberse también eliminado. 
Además, no se plantearon recursos tras el primer procedimiento y se pudo adelantar el inicio de las obras pues el procedimiento administrativo concluyó muchos meses antes de lo que había imaginado la empresa. 
La consecuencia fue una aceleración. Incluir a los ciudadanos no supuso ninguna desventaja. 
Creo que precisamente esto es lo que deberíamos tener en cuenta: si queremos un desarrollo sostenible, solamente se podrá alcanzar mediante la participación de los ciudadanos, la claridad y la transparencia. 
No informar plenamente a las ciudadanas y ciudadanos no conduce a otra cosa que a recursos y retrasos y esto es precisamente lo que queremos evitar. 
Señor Presidente, señoras y señores, a veces me pregunto cómo proyectos en si razonables o, al menos, defendibles, como es el caso en la presente modificación de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, se pueden devaluar de tal modo mediante criterios formales, por ejemplo, introduciendo unos plazos de aplicación tan cortos. 
En mayo de este año, aprobamos en esta Asamblea unas normas para evitar e impedir la contaminación del medio ambiente y consideramos que el plazo de aplicación de tres años era necesario y razonable. 
No ha sido así, pues, según el procedimiento normal, la presente directiva se va a publicar a partir de marzo del próximo año y se prevé un plazo de aplicación de hasta el 31-12-1997. 
Es decir, solamente quedan nueve meses para la aplicación en los Estados miembros. 
Tal como muestra la experiencia tenida hasta ahora en la aplicación de leyes anteriores relativas a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, hace falta un plazo mucho más largo para que un procedimiento de este tipo se recoja en el orden jurídico de los países. 
Queremos tener la oportunidad de que esta materia se trate adecuadamente y no se apliquen medidas chapuceras. 
Ruego por ello que se considere un plazo de aplicación de dos años, tal como dice la enmienda nº 42, ya que de lo contrario, no se tratará el asunto como se merece y conducirá a numerosos problemas que los afectados deberán sufrir en los diferentes Ministerios y empresas. 
Por ello, insisto de nuevo en que se tenga en cuenta un plazo de aplicación de dos años. 
Señor Presidente, creo que todos coincidimos en que lo que hace falta es una aplicación más consistente de la directiva de 1985 en toda la Unión Europea. 
Al igual que la Sra. Dybkjær, creo que la posición común nos da esa consistencia. 
No veo motivo para las enmiendas que presenta el Sr. Lannoye. 
Creo que el Sr. Lannoye tiene su propia agenda. Su agenda, en realidad, no se ve impulsada por lo que él encuentra ampliamente en este informe, que es un informe de la Comisión con fecha de 1993 sobre cómo se está aplicando esta directiva. 
No comprendo cómo la Sra. Barthet-Mayer, que creo que está aún con nosotros al menos de cuerpo, si no de espíritu y mente, puede afirmar que Francia presenta un buen historial en la aplicación de la declaración sobre la evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente. 
Llamo su atención sobre la página 27 de dicho informe de 1993, donde dice, en lo relativo a la provisión de información al público sobre la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, que en Francia, esta fase tiene lugar a veces después de la ejecución del proyecto. 
Sin duda se trata de algo que merece ser abordado y, creo que es abordado por las enmiendas que ha presentado la Comisión. 
Debo llamar la atención, en particular, del Sr. White, quien parece estar bastante informado de las deliberaciones en el seno del PPE, hasta el punto que sabe que nos opondremos a la enmienda 26. 
No creemos que eso sea tratar la agricultura adecuada ni inteligentemente. 
Causaría enormes perjuicios y no produciría un texto inteligente. 
Definitivamente nos opondremos a la enmienda 26, la cual espero sinceramente que sea rechazada. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y, en especial, al ponente, Sr. Lannoye, por su esfuerzo y por la atención que ha demostrado al examinar esta propuesta. 
La Comisión se alegra de que se esté a punto de aprobar definitivamente una disposición legislativa importante en materia de medio ambiente. 
La Directiva relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente es un instrumento fundamental para la protección del entorno. 
El objetivo de la Comisión en la revisión de la Directiva de 1985 era llegar a disponer de un sistema EIA más claro y eficaz. 
No debía ser un procedimiento complicado ni demasiado burocrático. 
Obviamente, no apoyaremos los intentos de debilitar la Directiva. 
En principio, la Comisión acepta en todo o en parte las siguientes enmiendas: las enmiendas núms. 1, 32, 35 y 39 son aceptadas totalmente, las enmiendas núms. 
5, 7, 15, 26, 30, 37, 42 y 43 en principio, y las núms. 12, 16, 38 y 41 parcialmente, lo que quiere decir que no podemos aceptar el resto de las enmiendas. 
Algunas enmiendas, es decir, las núms. 3, 6 y 8, se refieren a la inclusión de evaluaciones ambientales de los programas de la propuesta. 
La Comisión está totalmente de acuerdo con la importancia de una evaluación de ciertos planes y programas y está trabajando en este ámbito en la llamada Directiva EAE, evaluación ambiental estratégica. 
Está previsto que este nuevo instrumento ambiental sea sometido a debate en la Comisión mañana, por lo que no hemos aceptado todas las enmiendas referentes a este tema. 
La enmienda nº 9 se refiere a la supresión de la excepción para proyectos destinados a fines de defensa nacional. 
Desde un punto de vista medioambiental no hay motivos para mantener la excepción para la defensa nacional. 
Con una evaluación ambiental en mente, se puede entender la preocupación del Parlamento, pero la defensa nacional cae fuera del ámbito de competencias de la Comunidad, por lo que la excepción debe permanecer en la Directiva. 
También tengo algunos comentarios sobre las enmiendas núms. 12, 37, 13, 17 y 18, pero, si no me lo piden específicamente, los omitiré por lo avanzado de la hora. 
La enmienda nº 42 modifica la fecha de aplicación, sustituyendo el 31 de diciembre de 1997 por «en los dos años siguientes a su notificación». 
El establecimiento de la fecha de aplicación depende de cuándo sea aprobada por el Consejo la Directiva modificada. 
No es probable que esto suceda hasta principios de 1997, por lo que la fecha actual, el 31 de diciembre de 1997, supone un margen demasiado estrecho para una aplicación en toda regla. 
Por otro lado, dos años desde su notificación puede significar el comienzo de 1999, lo que es demasiado tiempo. 
Un año después de la notificación parece ser un marco temporal adecuado para una aplicación satisfactoria de la Directiva modificada. 
Por ello, aceptamos, en principio, esta enmienda. 
Esto me lleva a las enmiendas núms. 21 a 31 y 39 a 41, que añaden nuevos proyectos al Anexo 1 de la Directiva. 
Apoyo el principio de ampliar el Anexo 1. No obstante, para evitar evaluaciones innecesarias, debemos garantizar que el Anexo 1 incluya únicamente proyectos con importantes impactos medioambientales. 
Otro importante requisito al Anexo 1 es que las descripciones han de ser suficientemente claras para determinar qué proyectos pertenecen al Anexo. 
La enmienda nº 26 y la primera parte de la enmienda nº 41 se refieren a las instalaciones de ganadería intensiva, y varios oradores se han referido a este tema. 
Podemos aceptar estas enmiendas en principio, ya que es importante para el medio ambiente no incluir únicamente aves de corral y cerdos, como viene reflejado en la posición común, sino también otros tipos de ganadería intensiva que pueden causar impactos medioambientales importantes, sobre todo, debido a la concentración y producción de abono; sin embargo, el valor umbral más alto para los emplazamientos de ganado de la enmienda nº 41 es preferible para incluir los casos que con seguridad vayan a tener importantes impactos medioambientales. 
No obstante, debe añadirse otro valor umbral, como el que se ha incluido en la enmienda nº 26 sobre la producción de más que 170 kilos de nitratos por hectárea, ya que este punto cumple la Directiva relativa a nitratos. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 30 y 39. 
La enmienda nº 40 introduce en el Anexo 1 proyectos financiados con los fondos comunitarios. No la podemos aceptar, ya que la fuente de financiación no influye en el impacto medioambiental de un proyecto. 
Este depende del carácter, del tamaño y de la situación del proyecto y, fuera de eso, los reglamentos de los fondos de cohesión estructural garantizan la concordancia con la legislación medioambiental de la Comunidad, y lo mismo sucede en el caso de la Directiva EIA. 
Como conclusión se puede decir que el debate ha sido largo y difícil. 
La posición común ha introducido importantes mejoras en el procedimiento. 
Las enmiendas aceptadas mejorarán aún más la propuesta. 
Daré con mucho gusto toda la información adicional que deseen sobre enmiendas específicas, pero creo que podemos sentirnos satisfechos con esta propuesta, que contribuirá a mejorar la protección humana y medioambiental contra los impactos medioambientales importantes procedentes de proyectos públicos y privados. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de residuos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0364/96) de la Sra. Jensen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM (96) 0399- C4-0453/96) sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos y el proyecto de resolución del Consejo sobre la política de residuos. 
Señor Presidente, los residuos no se producen por sí solos. 
Forman parte de una producción, que tiene otros objetivos. 
Esos objetivos son a menudo la causa de los problemas medioambientales, incluidos los problemas en el medio de trabajo. 
Los residuos son desperdicios y deben reducirse todo lo posible, ya que, de este modo, se podrán minimizar las consecuencias para el medio ambiente. 
Todos los intentos de normalizar los residuos y convertirlos en productos normales que no requieran el control de las autoridades de medio ambiente pasan por alto el hecho de que los residuos proceden de los sistemas de producción. 
En muchos sitios, se intenta socavar el posible control de los residuos con fines medioambientales. 
Igual que otros diputados al Parlamento Europeo, he recibido propuestas de la industria con el propósito de dictar a los representantes directamente elegidos por el pueblo cómo votar en el caso de la estrategia de residuos. 
Esta forma de proceder me resulta muy embarazosa, y espero que a los demás diputados les parezca tan vergonzoso que este hecho en sí les induzca a no prestar atención a esos intentos de manipulación. 
¡Ojalá tuviéramos un sistema de audiencias abiertas, que permitiese a todos los afectados, no sólo a los más ricos, ser oídos y hacernos saber con quién ha estado en contacto la Comisión antes de presentar una propuesta! 
La Comisión misma cuestiona en la Comunicación el alcance del principio de subsidiariedad. 
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no es partidaria del «turismo» de los residuos. 
Hemos estado paseando por montañas de residuos en la antigua Alemania del Este procedentes de la Alemania Occidental y hemos recibido informes sobre el envío de residuos peligrosos a países en desarrollo, que pagan las ayudas recibidas con depósitos de residuos peligrosos. 
Atribuimos gran importancia a las sentencias del Tribunal de Justicia que dejan claro que las autoridades pueden prohibir el transporte de residuos destinados a aprovechamiento o eliminación, siempre que el transporte no se ajuste a los planes de gestión de residuos, siendo las autoridades, a juicio del Tribunal, de nivel regional, municipal u otra forma de entidad local, las que podrán adoptar medidas adecuadas con vistas a recibir, tratar o eliminar los propios residuos. 
Las autoridades locales desempeñan un papel principal en la gestión de los residuos. 
La Comisión se limita a mencionar que las autoridades regionales y locales cumplen su función, pero tenemos buenos ejemplos de una cooperación excelente entre las autoridades y la industria sobre la gestión de residuos, que en el caso de Copenhague han supuesto una reducción importante de los residuos procedentes de la industria de la construcción y han propiciado que permanezcan vacías zonas previstas para vertederos. 
Lo contrario existe también, es decir, algunos Estados miembros no garantizan la creación de vertederos y no informan a la UE de sus planes de gestión de residuos, a pesar de que se comprometieron a hacerlo en los acuerdos aprobados en el decenio de 1970. 
La Comisión de Medio Ambiente solicita que se elabore un programa de acción para la gestión de residuos. 
Entiendo perfectamente esta petición, pues no es necesario que se presente una Comunicación como ésta al Parlamento, por mucho que tengamos competencias de decisión compartida o, por lo menos, influencia compartida concretamente en la propuesta sobre residuos una influencia que la Comisión ha reconocido teniendo en cuenta gran parte de nuestras enmiendas. 
Muchos se preguntan: ¿Qué es una Comunicación? 
¿Es obligatorio aplicarla? 
Ahora tengo algunas preguntas que hacer a la Comisión sobre los acuerdos voluntarios. 
La Comisión ha dicho en la Comisión de Medio Ambiente que no es ella quien se ha aficionado de repente a los acuerdos voluntarios; sin embargo, es innegable que aparecen mencionados en la Comunicación de la Comisión. 
Por ello, quisiera saber si la Comisión está de acuerdo en que los acuerdos voluntarios se pueden aplicar en un contexto regional o nacional que disponga de un sistema de arbitraje para aclarar las diferencias, pero difícilmente a nivel europeo, ya que no se pueden garantizar ni la cobertura ni la aplicación, ni las decisiones judiciales. 
La responsabilidad de los fabricantes. 
La Comisión menciona la responsabilidad de los fabricantes y el principio de «el que contamina, paga». 
Palabras en boca de todos en el debate de medio ambiente. 
El tema es cómo interpretarlas. 
Puede haber muchos fabricantes en una cadena de producción, por lo que sería demasiado sencillo imaginarse acuerdos claros sobre quién debe retirar los residuos. 
¿No sería mejor considerar la posibilidad de que los fabricantes compartiesen la responsabilidad de la gestión de los residuos? 
¿Qué incentivos económicos puede ofrecer la Comisión en este sentido? 
¿Está de acuerdo en que debe costar lo mismo deshacerse de residuos en toda la UE? 
Los residuos como mercancía. 
Estoy de acuerdo en que los residuos pueden tener un valor oculto y que pueden utilizarse como materia prima secundaria, pero dudo de que este objetivo pueda lograrse sin una planificación a nivel local o regional. 
Sería un error dejar escapar residuos no destinados a su eliminación definitiva. 
Creo que los residuos siguen siendo una mercancía muy especial. 
También quiero preguntar a la Comisión sobre sus planes para los residuos peligrosos, la clasificación en origen, los impuestos ecológicos y el control de los planes de gestión de residuos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, intervengo no sólo para exponer la opinión de mi Grupo sobre este asunto, sino también para expresar mi satisfacción personal por la revisión de la estrategia para la gestión de residuos que ha presentado la Comisión, y por cómo se ha visto reforzada y desarrollada gracias a las enmiendas del ponente. 
En calidad de autor de la respuesta del Parlamento a la anterior estrategia de la Comisión para la gestión de residuos, veo aquí un cuidadoso desarrollo de aquella estrategia en la que se hace hincapié de muchas maneras en gran número de los métodos que contemplábamos hace cinco años, permitiendo profundizar en ellos. 
Un elemento nuevo que acojo con gran satisfacción es el renovado énfasis que pone en la necesidad de garantizar que la estrategia para la gestión de residuos potencie y se construya en torno al principio de desarrollo sostenible. 
En particular, es importante que estudiemos la jerarquía, que aceptemos que la jerarquía de pasos puede mejorarse aún, que se le puede dar mayor protagonismo para asegurarnos de que hacemos lo correcto con los residuos que, inevitablemente, genera la sociedad y que, inevitablemente, debemos hacerlos inocuos para proteger el medio ambiente. 
En la jerarquía de la gestión de residuos, la incineración tiene una función continua, pero dicha función necesita ser revisada constantemente. 
Existe, en particular, la necesidad de examinar algunos elementos de la forma en que se utilizan las fábricas de cemento para quemar residuos, especialmente residuos peligrosos. 
Aunque el compostaje ha sido una actividad que no ha recibido la debida atención en el pasado, debemos apoyar más esa actividad y promover su desarrollo a nivel local y regional. 
La nueva estrategia para la gestión de residuos reconoce el papel de las autoridades locales y regionales en la tarea de facilitar, desarrollar y aplicar una auténtica gestión de residuos para Europa. 
Su participación y sus acciones positivas son esenciales para hacer realidad una estrategia para la gestión de residuos eficaz. 
Nos ayudan de muchas formas a reforzar el principio de proximidad y a eliminar la posibilidad del «turismo» de los residuos. 
Por último, hay un aspecto que no podemos pasar por alto. 
Me refiero a la incesante presión para que se reduzcan los residuos tóxicos y peligrosos que acaban en el flujo de residuos. 
Algunas de esas substancias, por ejemplo el PVC, convendría tratarlas dentro de proyectos para los flujos de residuos prioritarios que podrían dar prioridad al reciclado como estrategia principal. 
Pero si queremos conseguir una estrategia real y auténtica para la gestión de residuos, tenemos que extraer los productos tóxicos del flujo de residuos. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme que me refiera primero a la gran complejidad e importancia del tema de la política de residuos. 
Complejo, porque a la luz de la jurisprudencia de Tribunal Europeo de Justicia, se ha llegado relativamente tarde al convencimiento de que los residuos tienen una posición especial en el libre tráfico de mercancías y existen aún algunos aspectos oscuros. 
Es importante el tema porque hay que encontrar una solución básica a la problemática del Reglamento sobre los residuos y porque nuestra calidad de vida dependerá en gran medida de ello en el futuro. 
Comparto la crítica realizada por la ponente en el sentido de que la Unión Europea no tiene una estrategia clara, si bien lo veo de un modo algo más diferenciado. 
Por un lado, como Parlamento Europeo no podemos exigir permanentemente la subsidiariedad y la deregulación como si de una letanía se tratase y, por otro, exigir la competencia comunitaria total sobre el derecho de los residuos. 
Me remito en especial al sistema austríaco, que confía la regulación del problema de la eliminación de residuos a los estados Federados y a los Municipios. 
Tenemos una Ley sobre gestión de residuos y varios planes al respecto. 
Así pues, si la Comisión Europea es criticada por tener una actitud poco decidida, puede deberse al hecho de que con frecuencia está muy alejada de los problemas reales para poder intervenir con rapidez y eficacia. 
Sin embargo, apoyo todos los esfuerzos para revisar y desarrollar la actual política de residuos de la Comunidad en el marco del programa de acción. 
De este modo, apoyo también la presente resolución, ante todo teniendo en cuenta las razonables enmiendas de los miembros de mi grupo político. 
Nuestra tarea debe ser primero la de evitar los residuos, reciclarlos lo más posible y sólo después almacenar o eliminarlos adecuadamente. 
Señor Presidente, acabamos de hablar del quinto programa de acción en materia de medio ambiente y su revisión, pero en el presente programa de acción ambiental la gestión de residuos es un sector muy importante. 
El Grupo de los Liberales apoya en principio la estrategia, es decir, primero prevención, luego reutilización, después reciclaje y sólo en último lugar ha de encontrarse un modo seguro para eliminar los residuos a través de la quema o el vertido, pero sólo en último lugar. 
A veces comprendo que debamos de aportar flexibilidad en esta jerarquía. Podría muy bien darse el caso de que la evaluación técnica ambiental demostrara que, en algunos casos, para el medio ambiente es preferible distanciarse en cierta medida de esta jerarquía. 
Luego, para reducir los residuos habrá que aplicar una tasa sobre las materias primas y habrá que introducir instrumentos económicos. 
Pero también los convenios reguladores entre las empresas y el Estado pueden desempeñar un papel. 
Para disminuir las sustancias peligrosas de los residuos, como el cloro y los metales pesados, habrá que reducir su uso en el proceso de fabricación. 
Por ello hemos presentado las dos enmiendas y esperamos que ustedes, Señorías, que siguen en esta sala, cansados y pálidos, les otorguen su apoyo mañana. 
Señor Presidente, hace algún tiempo sólo nos preocupaba la eliminación de los residuos, sin embargo, el estudio de los flujos y del ciclo vital de los residuos hizo entender, ante todo, que era necesario preocuparse de la gestión de todo el ciclo- desde la producción hasta la eliminación- y hoy nos ha hecho entender que hace falta ir más allá, es decir hay que preocuparse de prevenir la producción de residuos reduciendo lo que se convierte en residuo, por ejemplo, los embalajes, y previendo la utilización de todos los productos que hace tiempo estaban destinados a entrar a formar parte de la cadena de residuos. 
Esto conlleva eliminar muchas sustancias que hoy se utilizan y que luego se convierten en residuos tóxicos y perjudiciales. 
Esto significa pensar de otra forma en todo el ciclo productivo de las mercancías al objeto de evitar la formación de residuos y obtener, en todo caso, materiales utilizables y reciclables. 
Llevar a cabo esta tarea supone hacer lo mismo de que lo que sucede en la naturaleza. 
En el medio ambiente, y en términos de cantidad y variedad, las producciones son mucho más relevantes que las industriales, sin embargo, no existe ningún desperdicio que se transforme en residuo. 
Todo entra a formar parte de unos ciclos complejos que, gracias a la acción de una fuente energética exterior al sistema, la energía solar, reproduce las materias primas para continuar casi de forma indefinida la compleja y numerosa producción de vegetales y animales. 
He hecho esta premisa para decir que es necesario reexaminar la estrategia comunitaria sobre la gestión de los residuos y, por consiguiente, resulta oportuna la comunicación de la Comisión en este sentido. 
Sin embargo, y tal como explicó la ponente Sra. Jensen, en la comunicación casi no existen indicaciones prácticas y operativas para remediar los problemas examinados. 
La ponente y la Comisión de Medio Ambiente intentaron corregir estos límites de la comunicación de la Comisión. 
Nosotros, el Grupo de los Verdes, suscribimos la mayoría de las propuestas y nos alegramos de que una buena parte de nuestras enmiendas fuera acogida por la Comisión de Medio Ambiente. 
Sin embargo, debemos evidenciar que el punto 4A se formulaba más correctamente en el texto original de la ponente y que algunas de nuestras enmiendas fueron rechazadas, a pesar de ser coherentes con las anteriores elecciones hechas por el Parlamento Europeo y por la Comisión. 
Este es el caso, por ejemplo, de la enmienda sobre la necesidad de llevar a cabo, ante todo, una selección de los residuos y sólo después estudiar como llevarlos a descargar o a la incineradora y lo mismo vale por lo que se refiere a la selección de los residuos orgánicos. 
He citado algunos ejemplos, sólo para anunciar que, por estos motivos, vamos a presentar algunas enmiendas a fin de mejorar el texto objeto de examen. 
Para comenzar, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a su ponente, la Sra. Kirsten Jensen, por el trabajo que ha realizado en relación con la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la política de residuos. 
El Parlamento Europeo ha trabajado muy deprisa, pero sin perjuicio de la calidad del trabajo, lo que ha quedado demostrado en el debate. 
La revisión de la Comisión de la estrategia para la política de residuos es, ante todo, una reacción ante la petición del Parlamento Europeo y del Consejo a la Comisión de revisar la estrategia de 1989. 
La solicitud del Parlamento Europeo estuvo incluida en su Decisión del 22 de abril de 1994. 
Por ello, la Comisión ha presentado esta estrategia para la gestión de residuos. 
No tenemos la intención de elaborar un plan de acción en este ámbito, por varios motivos. 
El primero es de carácter formal, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo solicitaron a la Comisión que revisase su estrategia para los residuos de 1989. 
La Comisión espera poder terminar una propuesta sobre automóviles fuera de uso (end of life-vehicle) antes de final de año y estamos trabajando en otras propuestas en el ámbito de los residuos para 1997. 
La legislación comunitaria sobre residuos se inició hace 20 años y es ahora objeto de una revisión muy necesaria, tal como han dicho varios oradores. 
Hemos comenzado por revisar la legislación fundamental sobre los residuos, los residuos peligrosos y el transporte de residuos. 
Dentro del marco de esta legislación estamos adaptando la política de residuos a los nuevos requisitos y la evolución en curso, por lo que las propuestas presentadas por el Parlamento armonizan bastante bien con lo que ambiciona la Comisión. 
La revisión de la estrategia mantiene la filosofía general y los principios fundamentales de 1989, pero recalca una serie de ámbitos que requerirán especial atención en el futuro, tal como ha dicho la ponente, Sra. Kirsten Jensen, en su excelente informe. 
La Sra. Jensen ha formulado unas preguntas concretas que no me da tiempo a contestar muy a fondo en este momento. 
Me limitaré a contestar un par de ellas y a decir que volveremos a debatir los acuerdos voluntarios en otro momento. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Jensen en que hay diferencias entre lo que es posible a nivel comunitario y lo que se puede hacer a nivel nacional, y quiero añadir que el motivo de trabajar con acuerdos voluntarios es que creemos que hacen falta unas normas de procedimiento más rigurosas que las existentes. 
En cuanto a la pregunta sobre la responsabilidad de los fabricantes y la responsabilidad económica, quiero decir lo siguiente: Creo que tendremos un buen debate sobre la propuesta relativa a coches fuera de uso, ya que estará encaminado a encontrar maneras de influir en la producción a través de la legislación medioambiental, lo cual resultará conveniente en muchos sentidos. 
Seguiremos basándonos en una jerarquía de principios. 
A pesar de que ésta goza de una aceptación general, los Estados miembros tienen diferentes opiniones sobre cómo aplicarla en la práctica. 
Las empresas abogan por una mayor flexibilidad que les permita, en definitiva, decidir cómo gestionar sus residuos, sobre todo en lo referente al reciclaje y a la reutilización. 
Este es uno de los temas de controversia en la gestión de residuos. 
La reutilización será siempre preferible a la extracción calórica, debido a que la recuperación de los materiales ayuda a disminuir el volumen de residuos y ahorra materia prima y energía. 
Uno de los verdaderos problemas medioambientales es que los gastos económicos de la reutilización de residuos inducen frecuentemente a las empresas a abogar por la extracción calórica en vez de por la recuperación de los materiales. 
Esto no sirve, y, por suerte, la opinión pública tiene sus dudas con respecto a las incineradoras. 
A nadie le agrada tener una incineradora como vecino. 
El depósito definitivo en vertederos es la solución menos ventajosa, ya que se ve y se nota que influye en el medio ambiente. 
Por ello, es importante que el depósito se realice de la forma menos perjudicial posible. 
Con este fin, la Comisión presentará en breve una nueva propuesta sobre vertederos. 
Otro punto conflictivo de la revisión de la estrategia incluido en el informe es la responsabilidad de los fabricantes, y no la comentaré con más detalles. 
La he mencionado hace un momento en mi respuesta a la Sra. Jensen. 
Lo importante es que el fabricante sea responsable y, lamentablemente, una de las propuestas presentadas no apoya este punto de vista. 
La dirección de la producción es otro elemento principal de la política de residuos, ya que una modificación de las características de los productos, de su forma o del proceso de producción puede contribuir a que el producto sea más manejable como residuo. 
Al procurar que los productos perjudiquen lo menos posible al medio ambiente, se contribuirá a un consumo y una producción sostenibles, lo que, a su vez, contribuirá a prevenir y disminuir los residuos. 
Un análisis del ciclo de vida de los productos será, por lo tanto, una parte integral de la dirección de la producción, tal como se subraya también en la declaración del Parlamento. 
Otro ámbito más en el que pueden surgir conflictos es el de la aplicación estricta del principio de proximidad física en conexión con el mercado interior. 
Estos conflictos deberían terminar en un equilibrio correcto y en una mejor solución para el medio ambiente. 
Los fabricantes desempeñarán un papel importante en este sentido y tendrán responsabilidades que asumir en este ámbito. 
El medio ambiente debe tener prioridad absoluta. 
Durante la ampliación de la estrategia de residuos de la UE, debemos utilizar todas las herramientas e instrumentos que tenemos a nuestro alcance, como ha dicho el Sr. Eisma. 
Más allá de la legislación, hay que examinar, sobre todo, los instrumentos económicos y fiscales. 
También estos puntos quedan subrayados en el informe. 
Tal como se desprende de mis comentarios, me siento muy satisfecha con el informe y con la propuesta de resolución, ya que las enmiendas contribuirán a ampliar aún más la política de residuos. 
Se trata de una contribución buena y muy constructiva, que ayudará a la Comisión a avanzar con la legislación necesaria. 
Muchas gracias, señora Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Muchas gracias, en especial a las/los intérpretes. 
(Se levanta la sesión a las 00.08 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, lamento que tenga que tomar de nuevo la palabra con motivo del Acta y con respecto al incidente del bolso, ya que, Sr. De Vries, comprendo su impaciencia al leer el Acta- que es errónea. 
En la misma consta que la víctima de la disputa me dirigió una queja, cuando en realidad la queja fue dirigida al Presidente del Parlamento, el Sr. Hänsch. 
La imprecisión se debe al hecho de que no quise citar ningún nombre, lo hice a propósito, es decir, no pronunciar nombre alguno que apareciese en el Acta. 
O sea que el Acta contiene un error; según el documento fue ante mí que se presentó una queja. Esto es incierto. 
Deseo expresar de nuevo la esperanza de que el Presidente Hänsch convoque a las señoras interesadas con el objeto de encontrar una solución amistosa al incidente. 
Pido pues que se corrija el Acta y quede claro que la queja fue dirigida al Presidente Hänsch y no a mí por supuesto. 
Es cierto que fui ponente sobre el asunto en cuestión- y estoy dispuesto a asumir de nuevo esa función fuera de la sesión, aunque prefiero que el asunto se resuelva de manera amistosa contando con la alta autoridad del Presidente. 
Señora Presidenta, desearía que el Presidente dirigiera una protesta urgente al Gobierno de Rangún teniendo en cuenta la categórica resolución del Parlamento. 
Hay rumores muy convincentes procedentes de Birmania de que 2.000 de los desalmados que atacaron el coche en el que se encontraba Aung San Suu Kyi la semana pasada están planeando asaltar este fin de semana su recinto y la casa en la que vive. 
Invito al Presidente a que manifieste inmediatamente al Gobierno de Rangún la protesta contra el hecho de que pueda tener lugar una acción así. 
Transmitiremos esto al Presidente, pero nos encontramos aún en la aprobación del Acta. 
Señora Presidenta, estuve presente en la sesión de ayer, pero no consta en el Acta. 
Solicito que se corrija. 
(El Parlamento aprueba el Acta.) 
Desearía sólo preguntar lo siguiente. El lunes, en el tren especial que nos traía de Bruselas, a más de 200 diputados y colaboradores, tuvimos media hora de retraso ya que el personal del tren no se ponía de acuerdo sobre si en un día de fiesta nacional debería funcionar o no un coche restaurante. 
Es decir que, con el tren especial de Bruselas, llegamos aquí con mucho retraso y para colmo sedientos. 
¿Desearía usted dirigirse por escrito a los ferrocarriles belgas a fin de que no se repitan tales incidentes pues temo profundamente que de lo contrario las personas en esta situación se sientan incitadas a tomar de nuevo el coche para venir aquí? 
Señor Eisma, quisiera pedirle que en esta cuestión se dirija por escrito a la Mesa, pues no se trata de una cuestión relativa al Reglamento. 
Señor Presidente, me parece que en la vida hay que ser sincero. Respondiendo al colega Eisma, puedo decirle que el lunes vine de Bruselas también en el tren. 
Es cierto que hubo un retraso de media hora, lo que es bastante lástima, aunque pude comer estupendamente en el coche restaurante. No hubo problema ninguno, la comida era buenísima y el servicio excelente. 
Por favor, señoras y señores, tenemos ante nosotros un orden del día muy amplio y una votación complicada y no deberíamos perder tiempo alguno. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0320/96 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) ; -A4-0321/96 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el informe del Grupo de expertos relativo a la política de competencia en el nuevo orden comercial: fortalecimiento de la cooperación y las normas internacionales (COM (95) 0359- C4-0352/95) ; -A4-0319/96 del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre de la Comisión de Relaciones económicas Exteriores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM (95) 0054- C4-0158/96) y al Parlamento Europeo sobre comercio y medio ambiente, -A4-0327/96 del Sr. Moniz, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM (95) 0447- C4-0460/95) , al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la repercusión de la evolución de la situación internacional en el sector textil y de la confección en la Comunidad; -pregunta oral (B4-1216/96-0-0168/96) del Sr. Sonneveld y otros, en nombre de la Comisión e Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión sobre la aplicación por parte de la UE de los acuerdos de la OMC referentes a las disposiciones restrictivas frente a las restituciones a la exportación para los diferentes productos agrícolas. 
Señora Presidenta, estimados colegas, hace cuatro años- en la Conferencia de Medio Ambiente de Río- los hombres de estado del mundo y a la cabeza de todos el Canciller Federal Kohl, prometieron pasar, por fin, a la acción y no cerrar por más tiempo los ojos ante peligros globales como el agujero de ozono, el efecto invernadero y los cambios climáticos. 
Hace dos años- en la fundación de la OMC en Ginebra- sólo se hablaba de desarrollo sostenible en el preámbulo. 
En la parte donde el Tratado OMC se vuelve concreto, se trata solamente del dictado del libre comercio y de la ideología del crecimiento. 
Ahora en la Conferencia de Ministros de Singapur se va a presentar el primer informe de la Comisión de la OMC para el Comercio y el Medio Ambiente. 
Hasta ahora no existe la más mínima alusión al hecho de que el crecimiento del comercio mundial debe ser sostenible, es decir, adecuado al medio ambiente y socialmente equilibrado. 
Peor aún, incluso la exigencia de una estructura económica mundial con capacidad de futuro se plantea públicamente cada vez con menos frecuencia. 
Hace dos semanas el Consejo, con Helmut Kohl a la cabeza, aprobó, por ejemplo, no solicitar en Singapur ningún grupo de trabajo de la OCM sobre estándares sociales. 
Si los gobiernos europeos muestran un compromiso semejante en el tema de la protección del medio ambiente, entonces hay que temer que Singapur se convertirá en un Waterloo de la ecología. 
La mayoría de los gobiernos europeos cree en el libre mercado como los niños creen en Santa Claus. 
Renuncian voluntariamente a sus derechos democráticos y dejan la economía al libre juego de los grandes trusts transnacionales. 
Presentan la globalización como una tendencia natural sin mencionar su papel dirigente en la fundación de la OMC. 
Con la fundación de la OMC se perdió una ocasión de dar al mercado mundial unas normas sociales y ecológicas. Ahora es mucho más difícil una reforma y una complementación de la OMC. 
Pero incluso a esto no está dispuesto todavía el Consejo. 
Nosotros, el Parlamento Europeo, hemos de instar hoy a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión a que pasen de una vez a la acción y luchen en Singapur por nuestro planteamiento. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha instado en esta semana a la Comisaria de Medio Ambiente, Sra. Bjerregaard, a que haga sus deberes o dimita. 
En prácticamente ninguno de los ámbitos de problemas va a poder lograr la Comisión sus propios objetivos de reducción antes del año 2000. 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra muy lejos de desempeñar un papel de precursor en el ámbito del medio ambiente. 
En lo que respecta a su papel en el seno de la OMC, ha publicado al menos un amplio documento sobre el ámbito del comercio y el medio ambiente y esto es digno de celebrarse. 
Si bien nosotros no estamos de acuerdo con una serie de estimaciones y de propuestas de la Comisión, ha constituido un documento de buena voluntad especialmente para la Dirección General del Sir Leon Brittan. 
Lamentablemente, las propuestas mismas de la Comisión han sido aceptadas sólo de manera muy cautelosa por el Consejo. 
Por consiguiente, los que frenan un comercio mundial de carácter socio-ecológico no sólo se hallan en Bruselas, sino de manera mucho más fuerte en las capitales de los Estados miembros. 
Por tanto, es muy importante que en el Parlamento Europeo pidamos ahora de la Conferencia de Singapur una amplia reforma ecológica de la OMC. 
Mi informe, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, contiene, por ejemplo, la exigencia de que se introduzcan expertos medioambientales en los procedimientos de panel de la OMC. 
Es preciso modificar en su totalidad el artículo 20 del GATT para que se pueda ejercer más presión en pro de un apoyo económico de la producción ecológica. 
Si exigimos prohibiciones a la importación, no lo hacemos para obstaculizar las importaciones procedentes del Tercer Mundo. 
Más bien queremos facilitar a los países en vías de desarrollo ayudas adicionales a través de nuevos recursos financieros, de transferencia de tecnología y a través de contingentes adicionales y facilidades aduaneras para todos los productos procedentes de un comercio leal. 
Sin embargo, las prohibiciones a la importación deberían ser solamente un último medio de legítima defensa. 
La protección global del medio ambiente sólo es posible a través de una acción multilateral. 
Por consiguiente, pedimos una protección incondicionada de permanencia para todos los acuerdos multilaterales de medio ambiente. 
Tal como pudo verse en las últimas semanas en el ejemplo de las exportaciones de residuos tóxicos, es urgente un control más estricto de estos acuerdos. 
Somos absolutamente partidarios del empleo y desarrollo de instrumentos de autoobligación, de un código de conducta para los trusts transnacionales o de una ecoetiqueta. 
Sin embargo, una ecoetiqueta tiene sentido solamente si se entiende como una distinción, como un premio a los productos ecológicos punteros y si es controlada de una manera independiente. 
La función principal de una reforma socio-ecológica de la OMC es la de someter a ésta a un control democrático. 
La transparencia y la participación de ONGs, de sindicatos y de asociaciones de consumidores han sido hasta hoy totalmente insuficientes o no se han dado todavía, en absoluto. 
Si la OMC se mostrase no reformable, si no se abriese más a objetivos sociales y ecológicos, habría que reflexionar acerca de una nueva estructura del comercio mundial en el marco de la ONU. 
La Unión Europea es la mayor potencia comercial del mundo. 
Debe poner todo su peso en el platillo de la balanza para que se produzca con éxito tal reforma. 
Sin embargo, algunos astutos en esta Asamblea siguen pensando que el comercio mundial tiene prioridad sobre el medio ambiente. 
Pero puedo decirles lo siguiente: quien destruya el medio ambiente, en el futuro no tendrá nada para comerciar. 
Señora Presidenta, en esta parte del debate nos concentramos en las experiencias registradas durante más de un año de aplicación del Acuerdo del GATT para los productos agrícolas. 
A tales efectos hemos escuchado a aquéllos que deben funcionar respetando dicho acuerdo, es decir la empresa privada. 
Para buena parte de ella los resultados fueron decepcionantes. 
La crítica más violenta procedía de la industria láctea y de empresas de procesamiento de productos animales como carne de ave y huevos. Todos ellos productos con un valor añadido relativamente elevado. 
El volumen de sus exportaciones reviste gran importancia para el nivel de precios internos del sector primario. 
La fuerte disminución de las exportaciones comunitarias de queso constituye una de las principales causas del bajo nivel de precios para la leche en la Comunidad. 
Y ahora resulta que el regimen concertado de subvenciones a la exportación en el sector lácteo tiene efectos sumamente negativos. 
Queda enteramente justificada pues la necesidad de sacar el mayor partido de dicho régimen de limitación. 
A través del óptimo aprovechamiento de las limitadas posibilidades de exportación se hace necesaria una gestión atenta, creativa y no burocrática de las subvenciones a la exportación. 
A este respecto, juega la Comisión un papel primordial en el funcionamiento del comité de gestión. 
¿Es acaso la intención manifiesta de la Comisión, y en particular de los Comisarios Brittan y Fischler, basándose en el régimen acordado, por ejemplo, alcanzar un nivel pujante, el mayor volumen posible, para las exportaciones lácteas hacia el creciente mercado mundial? 
En realidad, las experiencias registradas durante el primer año de aplicación demuestran todo lo contrario. 
De la supresión obligatoria de los subsidios en metálico hicimos en sólo un año lo que podíamos hacer en seis años. 
Desde el punto de vista del presupuesto esto puede parecer atractivo, pero como instrumento orientado a asegurar un nivel adecuado de ingresos agrícolas ha resultado un fracaso. 
La peor dificultad estriba en la limitación del volumen. 
No estoy seguro que la Comisión haya de conceder la suficiente prioridad a las subvenciones a la exportación. 
El régimen que hemos concertado es de seis años. No podemos comprometer su utilización porque al Comisario se le ocurra asistir a la próxima ronda de negociaciones. 
La actitud del Comisario Brittan es bastante precipitada, si damos crédito a la prensa, al expresar públicamente que está a favor de la supresión total de los subsidios agrícolas, haciendo caso omiso completamente de los objetivos del Tratado de Roma, en particular su artículo 19. 
No podemos considerar en modo alguno la posibilidad de que ahora tengamos que discutir sobre nuevas concesiones en el sector agrícola. 
Lo que se plantea es el cumplimiento adecuado de las obligaciones que contraímos hace aproximadamente un año y que deberemos seguir aplicando aún durante casi cinco años. 
Es en ese ámbito que la Unión Europea deberá fortalecer al máximo su posición. 
Deliberadamente se escogió un desmantelamiento parcial y progresivo, evitándose así el abandono brusco de posiciones de exportación alcanzadas con sumos esfuerzos. 
La política desplegada hasta la fecha da la impresión, sin embargo, de haber caído en manos de especuladores, perjudicando así seriamente la solidez de la UE en cuanto abastecedor concienzudo y fiable de productos alimenticios de alta calidad. 
Y todo deja indicar que precisamente era eso lo que buscaban nuestros competidores. 
¿No fue acaso extremadamente ingenua la Unión Europea al aceptar nosotros en el Acuerdo Blairhouse la inadmisible limitación del volumen? 
¿Y no nos damos cuenta acaso ahora que lo que ha logrado Estados Unidos mediante la nueva ley agrícola es posicionarse de manera extremadamente expansionista a través de un sistema estimulante de las exportaciones sutilmente formulado en beneficio de los productores norteamericanos en el momento en que la demanda en el mercado mundial sea la mayor? 
El fomento de las exportaciones equivale a aprovechar las oportunidades que se ofrecen a las autoridades y a la industria. 
En el proyecto de resolución común la Comisión solicita para junio de 1997 la realización de un análisis por sectores de los problemas que afectan a los operadores en los diversos sectores agrícolas por efecto de la aplicación del Acuerdo del GATT. 
¿Está dispuesta a ello la Comisión? De lo que se trata es de saber de qué manera es posible obtener un sano desarrollo del comercio mundial, reconociendo además la necesidad y la efectividad de que los gobiernos se ocupen, presumiblemente por siempre, del bienestar social y económico del sector agrario. 
Los autores de la estrategia de la Comisión no parecen tener la mínima idea de la gravedad del desafío que representa el comercio internacional para toda la humanidad. 
En un documento de 22 páginas se dedican apenas siete renglones a la agricultura. 
Esta falta de atención parece concordar enteramente con el deseo del Comisario Brittan, si otra vez damos crédito a las afirmaciones de la prensa, de que la agricultura debe considerarse como un simple sector económico, como otro cualquiera. 
¿Piensa esto también el Comisario de Agricultura o bien pasó desapercibida para él la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de exportación de la Unión Europea? 
Es posible que a la larga nos veamos obligados a un sistema de ayuda completamente separado. 
Pero incluso cuando fuera éste el caso, digamos dentro de seis años, el deber de cada uno de los que hoy son responsables de la aplicación de las normas de comercio será impedir el derrumbe de las exportaciones capaces de producirse en esta nueva situación con el régimen actual. 
Señora Presidenta, estimados colegas, si recordamos la Ronda Uruguay, siempre sucedía como si la agricultura fuera la piedra de tropiezo o el niño problemático de toda la negociación. 
Sabemos también que el sector industrial de la UE consideraba molesto que se hubiera de discutir tanto tiempo sobre política agrícola. 
Si esta vez no logramos- y esto comienza en Singapur- que la Unión Europea elabore criterios claros para todos los sectores de la industria de cara a las negociaciones que darán comienzo en 1999, perderemos en la próxima ronda. 
Yo no considero importante- ni los políticos agrícolas tampoco tienen que considerarlo así- emprender con los demás socios una carrera por participaciones mundiales a base de una exportación subvencionada. 
Perderemos esta lucha y deberíamos empujar a los demás a que tampoco lo hagan. 
Esto es aplicable justamente a la agricultura. 
Soy partidario de la exportación, todos somos partidarios de la exportación, incluso de los productos agrícolas, pero no a costa del medio ambiente y de las personas, descuidando, como en el pasado, los criterios sociales y ecológicos. 
Si proseguimos esto, la próxima ronda sobre comercio mundial, y también Singapur, se convertirá en una catástrofe para la UE y para todo el mundo. 
Como Unión Europea deberíamos tener el coraje de empujar hacia un nuevo rumbo a los americanos y a los que hacen grupo con los americanos. 
Si no logramos esto es mejor que no vayamos siquiera allí. 
Tiene que ver con la decisión y la preparación de Singapur en el ámbito social y en el de medio ambiente, tiene que ver con la cuestión del trabajo infantil, tiene que ver con los efectos del trabajo textil en el medio ambiente y, también, en los trabajadores, tiene que ver con la globalización. Tiene que ver también con las reglas políticas internacionales de juego en el futuro para establecer qué importancia tienen, y no sólo para Europa, los estándares sociales y ecológicos, es decir, la cuestión de si siguen cayendo hacia abajo en caída libre, incluso fuera de Europa, o si estos estándares internacionales van a encontrar, por fin, un anclaje en Singapur y también dentro de Europa como reglas de juego complementarias de un mercado interior libre. 
Esta es una orientación política de la OMC y una cuestión de importancia decisiva para el futuro. 
En la unanimidad de los grupos en estos puntos esenciales vemos que existen opiniones generales que en su totalidad están orientadas de la misma manera hacia la salvaguardia de los estándares sociales y ecológicos en el ámbito textil. 
Señora Presidenta, queridos colegas, dos años han pasado desde la reunión de Marraqués. 
En Marraqués, con ocasión de la firma de la Ronda Uruguay, se firmó un protocolo adicional por el que se creó la comisión de trade and environment y se le encomendó el mandato de diez puntos para trabajar hasta la reunión de Singapur, que se celebrará dentro de tres semanas. 
Las perspectivas son muy poco halagüeñas. 
Nada me hace suponer hoy que, en cualquiera de esos diez puntos del orden del día, se vaya a conseguir algún tipo de resolución operativa, ni en la esfera jurídica ni en la práctica. 
El Comisario Leon Brittan nos dijo ayer que había un pequeño acuerdo sobre uno de los puntos, que aún no he visto, y espero que tenga alguna substancia. 
Ahora bien, soy extraordinariamente pesimista sobre los resultados concretos, prácticos y jurídicos de Singapur. 
De modo que ya me preocupa- y, como a mí, al ponente Kreissl-Dörfler y a la Comisión de Medio Ambiente- lo que se debe hacer después de Singapur. 
Y la primera respuesta a esa pregunta debe ser por parte de la Unión Europea la de aumentar su engagement politique, su orientación política, su empeño político, para que las otras regiones del mundo comprendan que la cuestión del trade and environment es para la Unión Europea tan importante como las telecomunicaciones, tan importante como los otros sectores que ha perseguido con tanto empeño. 
En segundo lugar, hay que aumentar la transparencia y la democracia en los trabajos de la Organización Mundial del Comercio. 
Hay que aplicar, en particular, su artículo 5, que se acordó en Marraqués y que establece una mayor apertura a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de interés, a las otras organizaciones internacionales. 
También hay que luchar por el mandato para que se inicien las negociaciones encaminadas a la revisión del artículo 20 de los estatutos del GATT con vistas a que se pueda hacer y aprobar en la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en 1998. 
Por último, quiero terminar con el asunto del animal welfare. 
Algo hay que hacer, señor Comisario. 
El Comisario procede de Inglaterra, país en el que la población tanto lucha por el animal welfare. 
No podemos conformarnos con la total ausencia de consideración de ese asunto por parte de la Organización Mundial del Comercio. 
No podemos aceptar que nuestra escasa legislación sea puesta en entredicho por los acuerdos del GATT. 
Señora Presidenta, sustituyo a Irene Crepaz, que era la ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, pero que dejó el Parlamento en las últimas elecciones austriacas. 
Quisiera comenzar dando mis calurosas felicitaciones al Sr. Kittelmann por la elaboración de un excelente informe. 
Su resolución comienza afirmando que el comercio mundial debe contribuir a incrementar el nivel de vida, a garantizar el pleno empleo y a promover el bienestar, y no contribuir a una competencia ruinosa por los puestos de trabajo. 
Esto es absolutamente cierto, y un aspecto esencial de la posición adoptada por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
La Unión Europea desempeñará un papel importante en Singapur, tanto en defender que se introduzcan unas normas sociales y medioambientales en los acuerdos de comercio multilaterales como en garantizar que se dé preeminencia a la OIT en los esfuerzos por normalizar los requisitos de carácter social. 
El párrafo 72 del informe del Sr. Kittelmann resume la postura principal tanto de la Comisión de Asuntos Sociales como de la de Medio Ambiente. 
Condenamos, en efecto, las distorsiones de competencia producidas por el dumping social y medioambiental y pedimos que se limite este dumping mediante la introducción de cláusulas medioambientales y sociales a través de una modificación del artículo 20 de la normativa de la Organización Mundial del Comercio. 
Es absolutamente esencial. 
Creemos que hay que introducir unas normas laborales básicas derivadas de los convenios de la OIT en dicho punto del artículo 20 de la normativa de la OMC. 
Dichas normas laborales básicas serían: libertad de asociación y de negociación colectiva, eliminación de formas explotadoras de trabajo infantil, prohibición del trabajo forzado y ausencia de discriminación en el empleo. 
Creemos que son el mínimo absoluto que debemos intentar incorporar a los acuerdos de la OMC en este momento. 
Desde luego, en esta postura contamos con el apoyo de varios gobiernos de la Unión Europea pero, desgraciadamente, otros siguen oponiéndose a la misma. 
Quizá no sea sorprendente, dada su postura en materia de política social dentro de la Unión Europea, que el Gobierno Británico figure entre los que se oponen a la propuesta. 
A los que dicen que no es posible, les invito a que repasen el estudio de la OCDE, que se encargó en 1994 para analizar el comercio, el empleo y las condiciones de trabajo internacionalmente reconocidas. 
Este el informe que examinaron nuestros ministros en mayo de este año. 
En él se llega a la conclusión de que probablemente los efectos económicos de establecer unas normas básicas de trabajo- las que he enumerado- serían pequeños y que los beneficios reales se acumularían en los países en vías de desarrollo, sin ningún efecto negativo probable sobre las inversiones directas extranjeras. 
En otras palabras, con la incorporación de dichas normas básicas de trabajo al artículo 20 de la normativa de la OMC se obtendrían enormes ventajas para todos. 
Espero que Sir Leon Brittan y la delegación de la UE hagan todo lo posible para garantizar que se incorporen esas normas sociales, laborales y medioambientales básicas. 
Señora Presidenta, quisiera aprovechar el minuto que se me ha concedido para referirme brevemente a las normas internacionales de competencia. 
Creo que se impone que la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio, prevista para diciembre de 1996, logre cierto progreso en esta dirección. 
Es fundamental, sobre todo, en el contexto de la internacionalización de la economía. 
En todo el mundo los gobiernos están reduciendo las tasas, con el resultado de que las restricciones no aduaneras como obstáculos para el comercio mundial están adquiriendo enorme importancia. Uno de estos obstáculos son las normas de competencia, sobre todo, la falta de armonización entre las mismas. 
La Organización Mundial del Comercio debe proceder a la creación de un marco multilateral sobre las normas internacionales de cooperación y de política de competencia, teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en recientes acuerdos bilaterales, como el celebrado entre la Unión Europea y EE.UU. 
Quisiera añadir que también la Comisión debe intentar reforzar los acuerdos bilaterales existentes abriéndolos a las otras grandes potencias comerciales, teniendo siempre en consideración los legítimos intereses de las empresas respecto a la protección del secreto comercial. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la Conferencia de Comercio Mundial de Singapur, que está próxima, no debe convertirse solamente en una conferencia de ejecución y de revisión, sino que debe abarcar los nuevos temas que tratamos justificadamente ya en este Parlamento Europeo al final de la Ronda Uruguay. 
Cabe afirmar que el libre comercio ha aumentado. 
Así lo destacan las tasas de crecimiento de 1994 a 1995 y también las de 1995 a 1996 en los informes de la Organización Mundial de Comercio. 
Al mismo tiempo, hemos de decir que estamos muy lejos de un comercio mundial leal. 
Al contrario, tenemos situaciones de dumping, no sólo de dumping de precios por parte de las empresas, sino auténticas situaciones de dumping, incluso en lo que se refiere a las condiciones del comercio. 
Por consiguiente, ahora ha llegado la hora en Singapur. 
Debemos adoptar posiciones y establecer reglas sobre el tema, ya mencionado, del comercio y el medio ambiente, es decir, es preciso establecer un comercio que sea compatible con el medio ambiente. 
También debe reimplantarse el grupo de trabajo para que llegue a resultados concretos. 
Pero también va a ser especialmente importante establecer en esta conferencia un grupo de trabajo sobre los derechos sociales fundamentales y los estándares sociales mínimos en el ámbito del comercio. 
Este grupo de trabajo no sólo ha de identificar y analizar los problemas- y, evidentemente, hay que enlazar aquí con la internacionalmente vigente convención de la OIT sobre el trabajo infantil, con la prohibición del trabajo forzado, con las libertades fundamentales de asociación -; también es preciso hablar aquí sobre las posibilidades de sanción en el marco del comercio y- algo que es mucho más importante- sobre un sistema de medidas positivas, sobre un sistema de estímulos positivos, para que estos estándares mínimos puedan ser llevados a la práctica tanto en el ámbito del medio ambiente como en el ámbito social. 
Precisamente esto no es proteccionismo desde el punto de vista de los países industriales, sino un intento de lograr condiciones, humanamente dignas, de producción y de comercio en todos los países del mundo, pues el GATT fue fundado- y lo mismo cabe decir de la OMC- para mejorar el nivel de vida, garantizar el pleno empleo, facilitar el crecimiento constante de las rentas reales y de la demanda efectiva, desarrollar el aprovechamiento pleno de los recursos mundiales y extender la producción y el intercambio de mercancías. 
Hay que mantener este objetivo del GATT y de la OMC. 
Afecta a los intereses europeos. 
Sin embargo, todavía hay que tener en cuenta otra cosa. 
En último término, el libre mercado mundial no sólo ha conducido a una globalización de los mercados, del transporte y de las comunicaciones, hecho que ha conducido a enormes problemas de seguridad, los cuales, por fin, han de ser tratados también como un tema nuevo, sino que ha conducido también a que cada vez más empresas transnacionales puedan repartirse el mundo- por decirlo así- entre ellas en trusts territoriales y de precios, en acuerdos, en oligopolios y en posiciones monopolistas. 
Es preciso evitar esto. 
Necesitamos un orden internacional de la competencia. 
Los acuerdos bilaterales como entre la Unión Europea y los EE.UU. son, seguramente, útiles, pero no constituyen una solución porque no se trata solamente de la cuestión de las informaciones sino también de planteamientos estratégicos de acción. 
Por esta razón, hemos de impedir la formación de cárteles y hemos de imponer también a nivel internacional el control de las fusiones, una especie de ley anti trust, y proceder de acuerdo con el modelo del mercado interior europeo, el cual tampoco se ha limitado al libre comercio, a la apertura de fronteras y al libre acceso al mercado, sino que al mismo tiempo ha introducido también reglas encaminadas a la libre competencia y ha contribuido con ello a una parte de la política estatal de ordenación. 
Esta política debe ser recuperada urgentemente en el plano internacional, para que precisamente, como se ha dicho, no tengan la última palabra las cien mayores empresas transnacionales que disponen hoy de más de una tercera parte del bienestar de este mundo. 
En el marco de la Conferencia de la OMC hay una exigencia del Parlamento Europeo que es más importante que nunca: necesitamos no sólo la participación parlamentaria en todos los ámbitos, sino que, sobre todo, la UE debe hablar con una sola voz si quiere un comercio leal. 
En este sentido las modificaciones del Tratado y el protagonismo único de la Comisión Europea en las negociaciones en el marco de la Conferencia Intergubernamental de 1996 se cuentan entre los elementos de una cura de acondicionamiento de la Unión Europea, el mayor socio comercial del mundo, en materia de política comercial. 
Señora Presidenta, desearía hacer hincapié en la importancia del informe de nuestro colega Kittelmann, que ha logrado abarcar en una visión homogénea una gran diversidad de temas. 
En efecto, la Conferencia de Singapur habrá de abordar no sólo los llamados temas tradicionales sino además todos los aspectos de nuestra vida económica y de las relaciones comerciales internacionales. 
Las conclusiones de esta conferencia serán pues de importancia crucial para el mantenimiento de un sistema multilateral de libre comercio así como para las negociaciones en curso o que se realizarán en el futuro. 
Desde un punto de vista institucional corresponden las cuestiones abordadas en Singapur en parte a la exclusiva competencia de la Unión y de otra parte a las competencias que compartimos con los Estados miembros. 
Esto da lugar a una situación engorrosa habida cuenta que tras la supresión del antiguo Artículo 116 del Tratado los Estados miembros han dejado de estar obligados a armonizar sus políticas en aquellos ámbitos que siguen siguen siendo de su competencia. 
No obstante, los Estados miembros quedan obligados, en el marco de la política exterior y de seguridad comunitaria, a coordinar su actuación en organizaciones internacionales y a defender en las mismas puntos de vista comunes. 
A su vez y tal como estipula el artículo J7 del Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo debe ser consultado de manera adecuada por el Consejo. 
Esto reviste aún una mayor significación si consideramos que las conclusiones de la Conferencia de Singapur no constituirán acuerdos vinculantes sino textos conteniendo un compromiso político en el cual el procedimiento Luns-Westerterp no resulta de aplicación ni a nivel de una consultación formal del Parlamento ni tampoco a nivel del Consejo. a la luz de esta situación que deberá considerarse nuestra enmienda nº 27. 
No se trata en este caso por supuesto de poner en discusión las competencias de la Unión en materia de una política comercial común, sino de recordar a los Estados miembros sus obligaciones, concretamente sus deberes con respecto al Parlamento Europeo, incluso en ámbitos en los cuales los Estados miembros conservan sus competencias. 
A través de esta enmienda hemos querido sencillamente reafirmar y recalcar el derecho a la información que tiene nuestro Parlamento. 
En la perspectiva de la CIG revelan estas dificultades institucionales la necesidad de dotar a la Unión de una política exterior eficaz y coherente. 
Esto supone una más clara repartición de las competencias, la existencia de mecanismos institucionales que permitan a la Unión Europea expresarse internacionalmente con una sola voz y fortalecer sus actuaciones y su posición. 
Me toca el honor, señora Presidenta, de encabezar la delegación de nuestro Parlamento a esta organización de comercio internacional y no dejaré por consiguiente de prestar mis mayores esfuerzos por velar que en la fijación de los objetivos de la Unión se tome en su debida consideración el parecer de nuestra institución. 
Señora Presidenta, señores diputados, señor Comisario, el Parlamento Europeo formula hoy posiciones políticas sobre la Organización Mundial del Comercio y sobre algunos de sus aspectos sectoriales. 
El documento de la Comisión sobre el textil y las prendas de vestir resulta muy inferior a lo que se exigía y esperaba. 
Se basa en estudios limitados, elaborados con hipótesis optimistas, aporta paliativos para acompañar la posible decadencia de la industria textil comunitaria en lugar de formular un plan concreto y coherente para su defensa. 
Este documento es, para nosotros, muy, pero que muy, preocupante. 
Así- y me ha gustado mucho la intervención de mi colega -, el informe Moniz debe subrayar esas insuficiencias y omisiones, por lo que, además de las enmiendas que le hemos introducido en la Comisión REX, proponemos ahora una nueva enmienda que vuelva más claro el dictamen de este Parlamento sobre el documento de la Comisión. 
En este marco claudicante, no nos extraña la reciente propuesta de los productos que liberalizar en la segunda fase de la integración de los textiles en la Organización Mundial del Comercio. 
Figuran en ella productos delicados, cuando habría sido posible proponer un conjunto totalmente exento de productos de ese tipo. 
Por eso, esperamos que el Consejo de Ministros rechace la lista aprobada por la Comisión y elimine de ella, porque es posible, todo y cualquier producto delicado para la industria textil comunitaria. 
En otro plano, apreciamos las gestiones del Sr. Kittelman al establecer reglas para que haya alguna transparencia en el comercio mundial. 
Ahora bien, estamos convencidos de que dichas reglas son manifiestamente insuficientes y no pueden pretender substituir, o hacer olvidar, el respeto obligatorio de las reglas sociales y medioambientales ni pueden pretender, de forma directa o encubierta, la disminución de los niveles sociales actuales ya alcanzados por las sociedades más desarrolladas. 
El informe Kreissl-Dörfer, al proponer, y muy bien, un conjunto de normas medioambientales para el comercio mundial, lo hace, sin embargo, de forma, en nuestra opinión, tal vez excesivamente desligada del componente social. 
Es que, para nosotros, el desarrollo sostenible exige una articulación permanente entre desarrollo humano y preservación medioambiental. 
El informe sobre la materia de fondo de la Organización Mundial del Comercio resulta muy inferior a lo necesario y deseable. 
No analiza el estado actual del proceso de liberalización y mundialización en el marco de la OMC, no permite juicio alguno sobre las consecuencias de las actuales orientaciones de las economías nacionales, casi desprecia el papel que la OIT debe desempeñar. 
Al contrario de lo que afirma el GATT y la OMC, esas orientaciones no han promovido la prosperidad ni el empleo. 
Los dieciocho millones de desempleados existentes en la Unión Europea o el informe de las Naciones Unidas sobre la agravación del foso entre países pobres y países ricos constituyen el mejor desmentido de esa profesión de fe. 
Así, pues, este informe va encaminado a continuar y profundizar las orientaciones en vigor y se niega a buscar opciones substitutivas. 
De modo que no es de extrañar que recomiende avanzar en la liberalización agrícola, con la pretensión de que se revise en función de intereses terceros y que se abandone la preferencia comunitaria, no asombra que procure subvertir la transición preconizada en el propio informe Moniz, no sorprende que defienda la liberalización total de los servicios, de las telecomunicaciones, de las inversiones. 
En vez del control democrático, con intervención de los parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo, propone lo que para nosotros es inadmisible, es decir, que los Estados miembros dejen de estar presentes en la OMC y pasen a estar representados sólo por la Comisión. 
Por último, el Consejo de Ministros del 29 de octubre consideró- según tengo entendido- inoportuno abordar en Singapur la introducción de las normas sociales en la OMC. 
Ni siquiera el rechazo del trabajo esclavo o el rechazo del trabajo infantil organizado. 
Eso expresa claramente los intereses y la hipocresía que, de hecho, predominan en la Organización Mundial del Comercio. 
Señora Presidenta, creo que nadie en esta Asamblea cuestiona el hecho de que se precisan reglas reconocidas internacionalmente en materia de comercio. 
La OMC y el principio mismo de su constitución son positivos. 
Una vez dicho esto, los principios que fundamentan el funcionamiento de la OMC son otra cosa. 
En efecto, se comprueba, en el texto mismo del acuerdo, que la jerarquía de los valores es la siguiente: primero, el incremento de la producción y el comercio de mercancías y servicios. 
Esta es la prioridad absoluta que prima sobre cualquier otra consideración. 
Por tanto, el objetivo de desarrollo sostenible es subsidiario y la Conferencia de Río queda en el olvido. 
La protección del medio ambiente, el respeto de los derechos sociales y los derechos de la persona también están ausentes. 
Vista la ausencia de instituciones planetarias de la misma naturaleza dotadas de un poder supranacional real, tales como la OMC, creo que no se cambiará gran cosa. 
¿Qué hay, en efecto, en estos acuerdos de la OMC, además de lo que acaba de decirse hoy? 
Hay un artículo 16 que dice que cada Estado deberá garantizar la conformidad de sus leyes, reglamentaciones y procedimientos administrativos con sus obligaciones tal como se enuncian en los acuerdos. 
¿Cuál es el resultado? 
Da como resultado una lógica de desmantelamiento de toda la legislación social y la legislación medioambiental en los países denominados desarrollados. 
Nosotros lo comprobamos ya en la Unión Europea. 
Una serie de legislaciones internas en la Unión Europea están amenazadas. 
Puedo citarlas en orden: los cepos, el acuerdo sobre el BST, las hormonas en la carne, el chocolate, el plátano y ahora, en último lugar, la legislación en preparación sobre los nuevos alimentos. 
Todo ello se ve amenazado de regresar debido al acuerdo de la OMC que, lamentablemente, lo afirmo, aceptamos hace dos años. 
Por tanto, me alegro de las propuestas concretas en los diferentes informes tratados hoy, pero no tengo muchas esperanzas en relación con Singapur, sobre todo después de haber escuchado a Sir Leon Brittan ayer. 
No siento una voluntad política de cambio. 
Es posible que me equivoque, lo espero. 
Ya lo veremos después de Singapur, pero debo decir sinceramente que no lo creo. 
Señora Presidenta, Señorías, este informe se basa en su mayor parte en el poderío absoluto del comercio libre. 
Todo lo demás queda supeditado a él. 
A mi juicio nos vemos confrontados a una creciente e inquietante globalización, a un incremento de las empresas transnacionales y a una mayor extensión de las concentraciones. 
El informe expresa con convicción que en realidad toda la cuestión de la Organización Mundial de Comercio debe ser considerada en gran medida y únicamente en función de la creciente globalización. 
El informe revela una atención secundaria por ejemplo a cuestiones como el lugar y el grado de participación de los países en desarrollo cuyos niveles de crecimiento deberán alejarse progresivamente unos de otros. 
Resulta igualmente muy escasa la atención a normas complementarias que no pueden desligarse de aspectos tales como crecimiento sostenible, normas medioambientales, regulaciones sociales e internacionales, lucha contra el trabajo de menores, trabajo forzado, igualdad de derechos para ambos sexos, libertad de asociación. 
Todos estos puntos deberán figurar también en nuestras discusiones en el ámbito de la OMC. A ese respecto, no funcionamos todavía como un todo, existiendo incluso disensiones en el seno de la Unión Europea. 
Las mayores empresas internacionales están colonizando en realidad a las organizaciones internacionales ignorando completamente la posibilidad de un control democrático legítimo. En este contexto nos hallamos ante una crucial alternativa entre dos concepciones divergentes del mundo. 
O bien concedemos la prioridad absoluta a una mayor racionalización, a una mayor productividad, a una mayor flexibilidad, a un mayor grado de deslocalizaciones o bien propugnamos otros valores fundamentales que Europa debería y podría defender en la nueva dimensión mundial. Entre estos valores figuran el respeto del carácter finito de los recursos humanos; la idea de que debemos fomentar y desarrollar modelos socioeconómicos orientados hacia el futuro. 
El GATT y la OMC han escogido el viejo patrón, un modelo que incluso contraviene acuerdos y obligaciones contraídos previamente como por ejemplo el Acuerdo de Río. 
El texto definitivo de la OMC consta de 22 000 páginas de apéndices. Y no quedaba otra posibilidad que aceptar o rechazar el texto en su totalidad. 
Citaré sólo un ejemplo entre tantos otros. 
En las medidas fitosanitarias del capítulo agrícola debemos basarnos en el codex-alimentarius, documento sometido completamente al arbitrio de gigantes industriales como Cargil, Nestlé, Unilever, Coca Cola. Algunos de los cien gigantes que controlan enteramente las cadenas mundiales de alimentación. 
En el informe Kittelmann no figura esta consideración. 
Y hay aún mucho por discutir. 
Espero que esto constituya el inicio de un amplio debate comunitario que nos permita incluso hacer valer nuestras responsabilidades sociales y ecológicas en los tratados que más adelante se habrán de establecer. 
Señora Presidenta, con la Organización Mundial de Comercio tenemos una nueva organización internacional en un mundo que ya tiene unas que son muy eficaces, como todos los zairenses en Goma lo saben. 
El Sr. Kittelman es, por su parte, sumamente optimista, de un optimismo yo diría «ricardiano» o «lordbrittaniano». 
La Organización Mundial de Comercio va a moralizar, va a imponer un código de buena conducta. 
Claro está, no se hablará de Pakistán y la India, de la explotación económica de los niños ni tampoco de las fluctuaciones monetarias. 
Cuando el dólar valía cinco francos, Estados Unidos detentaba el 40 % de las partes mundiales de mercado de los cereales, pero cuando el dólar valía nueve francos, los Estados Unidos no detentaban más que el 25 % de las partes mundiales de mercado. 
Todo ello es secundario. 
Lo esencial es tener una solución a las discrepancias, por lo demás, todo el mundo sabe que esto funciona para las carnes con hormonas y el plátano. 
Habrá mesas redondas con tres miembros, elegidos en una lista de quince árbitros y esos árbitros serán tan libres de contrariar a los Estados Unidos como el Sr. Boutros Boutros Gali. 
Habrá un órgano de apelación de siete miembros con los Estados Unidos y sus esclavos, Nueva Zelandia, Filipinas, Uruguay, Egipto e incluso Alemania, de la que se sabe que ha sido totalmente libre con Chiquita, que financia al partido socialista y al partido liberal en lo relativo al expediente del plátano. 
Y para terminar, señora Presidenta, el Banco Mundial hizo un informe diciendo que se ganarían 500.000 millones de dólares. El premio Nobel de economía, Maurice Allais, pudo concluir que este informe carecía de todo valor científico. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo, incluso en su componente agrícola, no perdió el tiempo en oponerse antes de hora a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Así va el mundo y la agricultura no puede permitirse el lujo de ir en contra del mundo. 
Por otra parte, y tras un año de aplicación, hay que reconocer que no hubo esa catástrofe que algunos presagiaban, incluso por lo que respecta al sector agrícola. 
Sin embargo, y tal como dijeron otros oradores, no cabe duda de que hubieron problemas. 
El Sr. Sonneveld se refirió a algunos sectores agrícolas y yo deseo mencionar otros, es decir los que abarcan los productos mediterráneos que gozaban de menores defensas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) , que tuvieron más problemas en el ámbito de la aplicación de los acuerdos del GATT y, en algunos casos, originaron la reforma propiamente dicha de estas organizaciones comunes de mercado. 
Los problemas surgieron cuando la Unión Europea gestionó dichos acuerdos a la defensiva y en un tono algo apocado. 
Yo estuve en Cork, en la Conferencia organizada por la Comisión Europea sobre el futuro de la política rural. 
Fue muy interesante, sin embargo, creo que el banco de pruebas será, sin dudas, una reforma de la política comercial en el sector agrícola que tenga en cuenta seriamente las problemáticas medioambientales y de la política rural. 
Desde este punto de vista, la nueva negociación que comenzará en 1999 y, por lo tanto, dentro de un plazo no tan lejano, con el reto de las ayudas desligadas de la producción, será el verdadero banco de pruebas para la reforma de la política comercial de la Unión Europea. 
Los americanos ya lo hicieron con su farm bill y, sobre todo, nos están proponiendo una estrategia agresiva con respecto a la exportación de los productos agroalimentarios no subvencionados. 
En estos días se está celebrando en Roma la Cumbre de la FAO: ésta debería ser una ocasión para reflexionar acerca de la reforma de la PAC, sin embargo, creo que debemos sacar provecho de las oportunidades que actualmente nos ofrece la OMC en el ámbito fitosanitario y de las normas de origen de los productos agroalimentarios. 
Señora Presidenta, con mucho gusto participo en este debate conjunto sobre tres temas de la Comisión REX que están interrelacionados: la ecosociología del colega Kreissl-Dörfler, el sector textil del Sr. Moniz y, por supuesto la Organización Mundial de Comercio, del Sr. Kittelmann, informe al que deseo referirme principalmente. 
El informe del Sr. Kittelmann- a pesar de las divergencias de opinión sobre el mismo- yo creo que tiene muchas ventajas. 
En primer lugar, establece un marco jurídico claro frente al derecho del más fuerte, es decir: mediante el respeto exigible de unas reglas jurídicas adoptadas de común acuerdo, reglas que también ha invocado el Sr. Moniz, especialmente en lo relativo al tema de los textiles. 
Además, lo destaca en el punto 6 el informe del Sr. Kittelmann: él habla del principio de solidaridad que prescribe el pleno acceso al mercado para los países en desarrollo más pobres sin obligarles a abrir plenamente sus mercados, instando, además, a que se establezca un plan de ayudas para los mismos. 
Y finalmente, este informe destaca que la OMC no debe ejercer una labor distorsionadora mediante la adopción de medidas unilaterales: un claro aviso al derecho del más fuerte, fenómeno que estamos viendo, y estamos tratando de evitar, en el tema Estados Unidos-Cuba, con la ley Helms-Burton. 
En general, yo entiendo que es muy positiva su petición de que las empresas de la Unión Europea tengan una mejor información en cuanto a instrumentos de política comercial. 
Creo, por tanto, que los tres informes que estamos tratando tienen un sentido enormemente positivo, y concretamente el informe generalista del Sr. Kittelmann, respecto a la Organización Mundial de Comercio. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente Moniz por el trabajo que ha hecho y, naturalmente, por haber señalado con cierto equilibrio la situación real de los textiles de mi país. 
Todos sabíamos, aun no estando contra la mundialización, que ésta, llevada hasta el extremo a que se ha llevado, con el imperio evidente de la economía americana y de sus transnacionales, tendría las consecuencias que está teniendo en la economía europea. 
En unos casos porque la economía europea está habituada al Estadoprovidencia, en otros porque está infectada por el atraso, como ocurre en mi país. 
La verdad es que dentro de la desigualdad que reina en el mundo, unos aprovechan la pobreza de algunos, otros la tecnología avanzada de otros. 
Es difícil lograr el concierto de las naciones en lo que se refiere al mantenimiento de un nivel de dignidad humana en las poblaciones que trabajan. 
No es necesario ni ser de izquierdas ni ser de derechas: basta con tener sentido común y alguna inteligencia para analizar las cosas, para ver que las medidas que se adoptaron en la profunda derrota que sufrió Europa en las negociaciones del GATT iban a tener consecuencias negativas en países pobres como el mío. 
No se negociaron cláusulas, no hubo valor para defender economías pobres contra economías pujantes o contra economías explotadas, como son algunas economías asiáticas. 
El resultado está a la vista: la cuestión es sólo política, no es una cuestión para economistas, es una cuestión para quien pueda comprender el destino de los hombres y sepa defender a los hombres de quienes abusan de ellos. 
Señora Presidenta, Señorías, desearía hacer una referencia específica, dentro de este debate, al informe de nuestro colega Moniz, celebrando que haya habido una atención especial sobre la situación internacional en el sector textil y de la confección en la Unión Europea porque, realmente, es una industria importante por su producción, por sus intercambios exteriores y por su nivel de ocupación, que requiere, asimismo, una atención especial. 
Y celebro que el enfoque del Sr. Moniz sea un enfoque adecuado, en el sentido de que no pide una intervención directa ni hace un planteamiento proteccionista, sino que pide unas condiciones equitativas que no distorsionen su capacidad de intervenir, de estar presente, en los mercados internacionales y, por otra parte, que no se vea sometida a distorsiones o discriminaciones que pueden afectar muy negativamente a su necesaria reconversión y adaptación al mercado internacional, que se rige ahora por los acuerdos de la Ronda Uruguay y que administra la Organización Mundial de Comercio. 
En conclusión, ruego que se examinen específicamente aquellos puntos en los que se pide una competencia leal, el poder aplicar medidas frente aquellas normas que distorsionan el acceso o que se ven afectadas por el fraude o bien que supongan de hecho una discriminación de carácter social, laboral o comercial que perjudicaría- insistogravemente a la industria textil y sus posibilidades en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, comerciar quieren siempre aquellos que están en la posición más fuerte y dictan a los demás sus condiciones. 
No se comercia para hacer ricos a los pobres ni para saciar a los hambrientos, sino para hacer dinero con el comercio. 
Hay poco que decir en contra, pero habría que liberar de este mito al comercio. 
Si discutimos sobre el hecho de que se realizan transportes de animales hasta el Norte de Africa y nos irritamos acerca de las condiciones, lo hacemos con razón, pero el auténtico problema reside en que enviamos animales allí, aunque allí hay suficientes animales. 
Burkina, Faso, Mali, Niger, las ciudades más pobres del mundo viven tradicionalmente de la cría de ganado. No están ya en condiciones de comercializar sus ganados, porque nosotros vamos allí con animales vivos subvencionados, que incluso son torturados, y les quitamos el mercado. 
Entonces, nuestro Ministro de Agricultura, Borchert, que ahora se encuentra en la Conferencia Mundial de Alimentación, dice lo siguiente: hemos de hacer esto porque, de lo contrario, estos mercados serán copados por Nueva Zelanda y Australia, y en este caso los animales vendrán aún de más lejos. 
No se trata pues de quitar el hambre, sino que se trata de mercados. 
¿Qué hacen los animales procedentes de Nueva Zelanda en el norte de Africa si aquí hay suficientes animales? 
Esto significa que hemos de asegurar el derecho fundamental a la alimentación. 
En todos los tratados internacionales debemos incluir la disposición de que todos los pueblos tienen el derecho fundamental a mantener y asegurar sus fuentes alimenticias, y nosotros hemos de adoptar acuerdos acerca de que el comercio no debe realizarse solamente con arreglo a las condiciones de los fuertes, ni debe conducir al endeudamiento y al empobrecimiento de los pobres, sino que debe redundar en su provecho, si deseamos introducir realmente un ethos en el comercio internacional. 
Señora Presidenta, la conclusión de la Ronda Uruguay, bajo la supervisión de la OMC, representó un importante paso hacia una mayor liberalización del comercio mundial. 
Resulta necesario que la Conferencia de Singapur prosiga por el camino emprendido, aunque dentro de marcos precisos de una política responsable en materia de protección del medio ambiente, política social y cooperación al desarrollo. 
En interés de los países pobres deberá darse cumplimiento a las promesas efectuadas por los países ricos en anteriores acuerdos comerciales. 
Deberá lucharse igualmente por una mayor reducción de los aranceles de importación para los países menos desarrollados. 
Deberá establecerse una nueva política en materia social que combata abusos tales como el trabajo forzado y la explotación de menores, aunque resulta también oportuna una reserva en lo referente al contexto cultural y a los riesgos de un proteccionismo encubierto. 
Por lo que respecta por último a las relaciones entre comercio y medio ambiente, podemos estar de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe Kreissl-Dörfler relativas a la integración en el ámbito de la OMC de acuerdos ambientales multilaterales y a la prohibición de exportaciones de productos nocivos para el medio ambiente. 
Quisiera elogiar al Sr. Moniz por su excelente informe. En efecto, el Sr. Moniz destaca, con mucha razón, la descorazonadora tendencia descendente del empleo en la industria textil, una tendencia que por desgracia parece que va a continuar. 
Está bastante claro que parte de la responsabilidad de esta tendencia descendente recae en los fabricantes y minoristas, que trasladan al extranjero los medios de producción y transformación, aprovechándose a veces de las ínfimas condiciones sociales y medioambientales y, para su vergüenza, explotando a trabajadores que tienen pocos derechos y ninguna influencia. 
Si queremos idear una estrategia para hacer frente a la situación, creo entonces que necesitamos también una transparencia por parte de la propia industria. 
Necesitamos saber si los fabricantes y minoristas se están abasteciendo en el extranjero, cuáles son sus estrategias de inversión y a qué mercados se pretende que sirvan tales inversiones. 
La Comisión mantiene encuentros regulares con representantes de la industria textil y quisiéramos solicitarle que nos transmita cuanta información reciba como resultado de esos encuentros, particularmente en lo referente a tendencias y estrategias de inversión. Quizás la Comisión podría incluso elaborar un informe acerca de las tendencias que presenta el traslado de empresas de la Unión Europea al extranjero. 
La otra parte del informe del Sr. Moniz que considero sumamente adecuada es la petición de una investigación sobre el trabajo infantil en la Unión Europea. 
Creo que debiéramos ir más lejos y analizar las prácticas laborales en general en la Unión Europea. 
El Financial Times publicó hace poco un informe que mostraba la extensión de pésimas prácticas laborales y de pagas sumamente bajas, y esto tan sólo en el Reino Unido. 
Así pues, pediría a la Comisión que se lo tomara muy en serio y examinara dichas prácticas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, dentro de la Comunidad Europea hay intereses divergentes y, a veces, contradictorios entre Estados esencialmente productores de bienes de equipo y Estados tradicionalmente productores de bienes de consumo. 
El sector textil y de prendas de vestir ha sido- y sigue siendo- víctima de esa política económica que permite una mal reglamentada y a veces fraudulenta importación de textiles como moneda de cambio para la exportación de equipo. 
Todos sabemos que después de prolongadas y difíciles negociaciones, la Comunidad se adhirió al acuerdo sobre textiles y prendas de vestir en el acto final de la Ronda Uruguay. 
En ese acuerdo se reconocieron los necesarios ajustes estructurales de la industria textil europea a las nuevas condiciones de producción y comercialización mundiales de productos textiles. 
Así, se acordó una integración progresiva, por fases y a lo largo de diez años. 
Una política de otros intereses, por muy meritorios y legítimos que sean, no puede modificar ese acuerdo internacional. 
Compete al Parlamento, señora Presidenta, la fiscalización del cumplimiento de ese acuerdo, acuerdo internacional, repito, denunciando los reflejos negativos en la economía del sector textil y los graves problemas sociales que resultan de su incumplimiento. 
El informe de nuestro colega Moniz, un buen informe, va orientado en ese sentido y trata exhaustivamente de este asunto. 
Por eso, merece, en mi opinión, nuestro apoyo. 
Señora Presidenta, en tan poco tiempo no hay casi espacio para referirse a un concepto fundamental para todos los temas que hoy abordamos, es decir el del ámbito internacional e interior que tiene el comercio: comercio entendido como base de un triángulo que lo convierte en protagonista del mercado junto con otros dos elementos, que son la industria y los consumidores. 
En consecuencia, el comercio mundial y el comercio interior basan su eficacia en la validez del sistema distributivo y creo que es en esta dirección que debemos orientar nuestros esfuerzos con el fin de lograr mejorar las relaciones entre los países. 
Sabemos que un viejo dicho dice: » Donde no llegan los soldados, llegan las mercancías». 
Pues bien, nuestros esfuerzos orientados en especial a los sectores que hoy abordamos- el textil, ante todo, pero también muchos otros, por ejemplo, el alimentario- deben dirigirse, ante todo, hacia las pequeñas y medianas empresas que, lo reiteramos una vez más, son el motor fundamental del funcionamiento de la economía de la Comunidad Europea. 
Señora Presidenta, la trágica situación que atraviesa el sector textil y de la confección en Europa, nos obliga a no abordar el tema de forma burocrática o retórica. 
Los 850.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector y la perspectiva que en la próxima década la actividad laboral y productiva siga bajando, obligan a la Unión a no transigir respecto a la aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio, dirigidas a crear las condiciones reales para una competencia justa y a garantizar el efectivo acceso de las empresas europeas a los mercados mundiales. 
Los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y los terceros países- Turquía, los países del Este, antigua URSS, India, Pakistán y China- deben salvaguardar las condiciones mínimas de equilibrio para el sector textil y obligar a la Comisión a denunciar y rechazar acuerdos allí donde existan situaciones que fomentan la producción a través de prácticas inusuales respecto a las reglas económicas y democráticas internacionales, así como a rechazar, por ejemplo, los productos fabricados por menores, sin que haya un control sobre el respeto de los derechos humanos fundamentales de éstos. 
Deseo llamar la atención de la Comisión respecto al problema del reconocimiento de la lana como producto agrícola y ello a fin de evitar que además del sector textil entre en crisis rápidamente también el de la producción de lana que está perdiendo mercado y que precisa una serie de medidas para frenar la crisis con el fin de evitar que desaparezcan del territorio comunitario las ovejas. 
Señora Presidenta, respecto del informe relativo a la OMC quisiera destacar especialmente, en mi condición de nuevo eurodiputado, que las exigencias de la Comisión de Asuntos Sociales en pro de la creación de un grupo de trabajo sobre cuestiones de los estándares sociales mínimos han sido aceptadas por la Comisión en su comunicación al Consejo. 
Esto ha sido así porque los sindicatos en Europa vienen apoyando intensivamente desde hace más de veinte años la salvaguardia de los derechos de los trabajadores incluso en los tratados comerciales internacionales, y esto, especialmente, en vista de las interconexiones económicas que cada vez son más fuertes. 
A este respecto no se trata, en absoluto, de un nuevo proteccionismo. 
La división internacional del trabajo va a seguir funcionando y los países en vías de desarrollo seguirán teniendo suficientes grandes ventajas en la producción. 
Es sabido que en este sentido el mundo está cambiando con gran lentitud. 
De ahí nuestra exigencia a los representantes de la Comisión: la posición que se ha establecido ya debe mantenerse en Singapur de forma clara y tenaz sin supresión alguna. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Conferencia de Singapur habrá de fijar los nuevos temas del comercio mundial e indudablemente se discutirá en la misma sobre las relaciones entre comercio y medio ambiente, aunque nuestro deseo es que se aborde igualmente el tema del comercio mundial y la dimensión social. 
Esperamos de parte de la Comisión Europea y del Consejo que no sólo defiendan el libre comercio sino que también propugnen el concepto de un comercio justo y que hagan hincapié en el mismo. 
En el caso del sector textil y de la confección se presentan dos puntos neurálgicos. 
En primer lugar, las normas sociales mínimas. 
Proponemos la aplicación de cinco convenciones básicas establecidas por la OMC. 
No se trata de proteccionismo, señor Comisario, sino de los denominados derechos colectivos, por ejemplo el derecho a la libertad de asociación, la protección de menores frente a la explotación que representa el trabajo infantil. 
No se trata de medidas proteccionistas. 
Es bastante lamentable que el Consejo de Ministros no haya establecido ninguna disposición con vistas a la creación de un grupo de trabajo encargado de la reglamentación social, a causa de las trabas impuestas por algunos Estados miembros. 
Sin embargo, ¿cómo podremos explicar esto a la industria textil europea? 
Se halla empeñado aquí el interés tanto de los trabajadores como de los empresarios. 
Segunda dificultad, la transición a la segunda fase del Acuerdo Multifibras conforme a las normas de la OMC. 
En la Ronda Uruguay se efectuaron convenios precisos y se estipularon condiciones? 
¿Se han satisfecho dichas condiciones? 
Desearía que el señor Comisario brindase información suficiente a ese respecto. 
Me temo que una vez más nos estemos encaminando a lo que considero una liberalización ingenua del comercio. 
Esto significa, de manera inmediata, la supresión de dos millones y medio de puestos de trabajo, e indirectamente de otros dos millones de empleos. 
Es esto claramente lo que se halla en juego en esta cuestión. 
Que nos sirva de inspiración la postura de Estados Unidos que no vacila en proteger su propia industria. 
Señora Presidenta, tanto en el sector textil como en muchos otros, la dura realidad ha acabado por imponerse y ha dado al traste con las ilusiones de una Organización Mundial de Comercio presentada, de manera engañosa y demagógica, como equitable y benéfica para todos. 
El culto del comercio, el credo del libre cambio y el dogma de la globalización proceden al sacrificio deliberado de cientos de miles de empleos en Europa. 
La política de apertura a la competencia mundial, ya iniciada en el sector textil, provoca la hemorragia de nuestro tejido industrial y social y deja en la calle a miles de asalariados. 
La liberalización aún mayor del comercio, tal como ha sido programada, hará que la hemorragia sea mortal. 
Ni la investigación, ni la modernización de las técnicas de producción salvarán los puestos laborales condenados a desaparecer a causa de la competencia mundial salvaje. 
La furiosa búsqueda de la competitividad, consecuencia de la apertura de las fronteras, conmina nuestras empresas al despido, la deslocalización, incluso a recurrir a la mano de obra clandestina. 
Esta lógica y esta mecánica son socialmente criminales y económicamente perjudiciales para la Unión. 
Señora Presidenta, tengo un minuto, y es muy corto, para decir tres cosas sobre el textil, sin olvidar felicitar a nuestro compañero Moniz por su informe. 
En primer lugar, en mi calidad de diputado del norte de Francia, región que ha perdido decenas de miles de empleos en el textil, quiero expresar la profunda angustia que han experimentado los trabajadores de este sector ante el anuncio de nuevos despidos. 
Luego, en tanto que francés, afirmo que nuestro textil todavía tiene un porvenir si aprovechamos nuestras ventajas tecnológicas y cualitativas, así como los circuitos y métodos nuevos en el ámbito de la confección. 
Por último, en tanto que europeo, interpelo de nuevo a la Comisión y al Consejo en relación con la indispensable instauración de cláusulas sociales. 
Cuando se ve la desestructuración de este sector en los países en vías de desarrollo, es imposible aferrarse a la cláusula de la nación más favorecida del GATT para prohibirse tomar medidas, sanas para todos, de defensa de nuestras industrias textiles. 
¡Esperemos que, esta vez, por fin se nos escuche! 
Señora Presidenta, también yo felicito a mi colega de la Comisión REX, Fernando Moniz, por el informe elaborado, y está justificado que cuente con nuestro apoyo la propuesta de resolución que se presenta a votación en esta Asamblea. 
Por tratarse de un sector con problemas, reviste importancia primordial que subrayemos que se trata de un sector con buenas perspectivas y con gran interés para Europa. 
Además de su importancia económica directa, en particular para el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en la industria y en actividades complementarias de ella, la colocación de los productos textiles y de confecciones en mercados de terceros países dependerá del reconocimiento de los méritos de la moda europea, vinculada con valores culturales que son un elemento distinto de nuestra presencia en el mundo. 
La promoción de ese sector exige, no obstante, una actitud muy firme de nuestros dirigentes, haciendo hincapié en particular, como ha subrayado mi colega Eurico de Melo, en el respeto de los plazos acordados en la Ronda Uruguay, que corresponden a la perspectiva y a la programación necesaria para la adaptación de nuestras empresas, siendo exigentes también, a su vez, en relación con la apertura de los demás mercados, liberalizando simultáneamente sus importaciones y no castigando las exportaciones de las materias primas que nos son necesarias. 
Por otro lado, en consonancia con el programa de reestructuración de la industria textil y de confección conseguido hace tres años por las autoridades portuguesas, conviene que se refuercen las medidas de apoyo directo al sector, preparándolo para competir con ventaja en el mercado abierto, con respeto de las normas del comercio internacional, y, además, es necesario que, en la medida en que la modernización del sector conduce a la liberalización de alguna mano de obra, se promuevan sectores substitutivos aptos para darle empleo en mejores condiciones. 
En esa política conviene que las iniciativas que promover se adopten en las regiones textiles actuales manteniendo las poblaciones como las condiciones sociales ya existentes y evitando que, al contrario, una nueva concentración de inversiones en las zonas metropolitanas, ya congestionadas, resulte ser un factor, suplementario de malestar y de desperdicio de recursos. 
Señora Presidenta, en vísperas de la Conferencia Ministerial de Singapur sobre la Organización Mundial del Comercio, es imprescindible que la Unión Europea mantenga una posición común firme respecto de la aplicación del acuerdo de liberalización del comercio y, en particular, en relación con el sector textil. 
El excelente informe de mi colega Fernando Moniz ha demostrado de forma clara y completa la importancia que la industria textil ha tenido, tiene y debería seguir teniendo en la economía de la Unión Europea. 
Así, pues, no se podrían tolerar por parte de la Unión Europea negociaciones que afecten a calendarios y compromisos subscritos en los acuerdos y que pongan en entredicho el desarrollo y el empleo en regiones en las que el textil ocupa una posición decisiva. 
Europa debe y puede seguir siendo una gran productor y exportador de textiles de calidad. 
La Organización Mundial del Comercio tiene la obligación de proteger un comercio justo y los Estados Unidos de América han demostrado de sobra que, siempre que sus intereses están en juego, hay que regularizar convenientemente la liberalización. 
Ése es también el papel y el cometido de la Unión Europea. 
Y el Parlamento Europeo debe exigir el cumplimiento estricto de las normas sociales, medioambientales y contra el fraude a que se comprometieron todos los países que firmaron el acuerdo de Marraqués. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, las cuestiones que han planteado los señores Sønnefeld, Kofoed y Jacob se refieren, ante todo, a los productos agrícolas. 
Quisiera decir que tratar cada producto en particular requeriría ahora una enorme exposición técnica. Deseo ahorrarles esto y, por consiguiente, propongo exponer yo mismo ahora los elementos básicos centrales de los que se trata, facilitar solamente algunos ejemplos para productos particulares. 
Permítanme que les recuerde, en primer lugar, que desde el 1 de julio de 1995 debe aplicarse en la mayoría de los productos agrícolas- en algunos un poco más tarde como, por ejemplo, en el aceite de oliva y en el arroz- la nueva regulación para el cumplimiento de los compromisos de la OMC. 
Entre estos compromisos figura la limitación anual de las exportaciones subvencionadas, esto se refiere tanto a las cantidades como a los gastos presupuestarios necesarios para ello. 
El elemento clave de esta regulación fue la exigencia de que había que extender licencias de exportación para todos los productos agrícolas. 
Para algunos productos como, por ejemplo, las frutas y las verduras, las licencias eran nuevas, pero para otros como, por ejemplo, los cereales, las licencias existían ya. 
La adaptación de las exportaciones agrícolas de la CE se logra mediante una combinación de tres diferentes medidas: en primer lugar, mediante una reducción adecuada de la producción teniendo en cuenta las previsiones del mercado; en segundo lugar, mediante la exportación sin restituciones hasta donde sea posible y sostenible y, en tercer lugar, mediante la inspección de las exportaciones subvencionadas a lo largo del ejercicio económico con ayuda de la distribución de las licencias de exportación. 
Se ha recurrido a estas tres posibilidades básicas en cada producto individual, aunque de manera diversa y en un grado diferente. 
Respecto de la primera cuestión quisiera aclarar que hay que contar seguramente con un retroceso de las exportaciones agrícolas, pues, efectivamente, la carta final de la Ronda Uruguay exige en el período de seis años, desde el 1995 al 2000, una reducción del 21 % de las cantidades de exportación subvencionadas y exige también al mismo tiempo una elevación del acceso mínimo al mercado. 
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no todos los productos agrícolas se verán afectados de la misma manera. 
Por ejemplo, en las aves y en los quesos las limitaciones cuantitativas van a tener efectos más severos; por el contrario, las cantidades de exportación en el caso del azúcar apenas se verán modificadas, de manera no sustancial, por las limitaciones cuantitativas. 
Respecto de la cuestión relativa al nivel de las restituciones quisiera notar que el monto de las restituciones depende fuertemente de la situación que reine en los mercados agrícolas, dicho con más exactitud, de la situación respectiva tanto en el mercado interior como en el mercado mundial. 
Los cereales, por ejemplo, ofrecen aquí un ejemplo muy ilustrativo. 
Puesto que los precios de la Comunidad han estado incluso por debajo de los precios mundiales en un determinado período, hemos tenido que gravar con impuestos nuestras exportaciones para poder asegurar el abastecimiento de la Comunidad. 
El problema residía aquí en la situación del mercado y no en el ámbito del presupuesto. 
Por lo demás, lógicamente, las restituciones deben recortarse en cada caso, cuando el número de licencias de exportación sea tan amplio que no sea posible mantener los compromisos cuantitativos anuales. 
Se trata aquí, en total, en los más diversos productos agrícolas, de una cuestión relativamente compleja, y la valoración de cada producto particular requiere un análisis específico. 
Si algunos diputados están interesados en el tratamiento de determinados productos agrícolas, estoy dispuesto a presentar por escrito semejante análisis específico para tales productos. 
Por lo demás, quisiera referirme a que en cualquier caso en la línea de realización del Consejo está previsto que antes del 30 de junio de 1997 debe presentarse un informe general sobre la puesta en práctica de las nuevas normas del GATT y sobre los efectos de su puesta en práctica, de suerte que por ejemplo, en primavera, pueda tener lugar un debate general sobre estas cuestiones. 
De conformidad con el artículo 40, apartado 5, del Reglamento, he recibido cinco propuestas de resolución 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al mediodía. 
Debate de actualidad y urgencia (primera parte) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de los problemas de actualidad, urgentes y de especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en el Este del Zaire. 
Señora Presidenta, en nombre del Consejo agradezco esta oportunidad de debatir con el Parlamento la grave y apremiante situación en el este del Zaire. 
Al hacerlo, deseo rendir homenaje a la forma en que el Parlamento continúa insistiendo en la importancia de los temas humanitarios y de derechos humanos internacionales para la Unión. 
El deterioro de la situación en el Zaire oriental ha vuelto a traer a primer plano la herencia amenazante de genocidio y división étnica en la región de los Grandes Lagos. 
Una vez más, la comunidad internacional se enfrenta al reto desalentador de facilitar la constitución de un marco eficaz y definitivo para resolver los problemas fundamentales sin resolver de la región de los Grandes Lagos. 
La comunidad internacional tiene aún una oportunidad de impedir un mayor deterioro de la situación desde el punto de vista humanitario. 
Esta oportunidad no puede desperdiciarse limitándose a restablecer el statu quo anterior del Zaire oriental. Es una oportunidad que hay que aprovechar. 
Creo que la generosidad de la ayuda humanitaria internacional en el pasado debe emparejarse ahora con un compromiso político decisivo y significativo y medidas de seguimiento. 
Nuestros actuales esfuerzos por solucionar las necesidades humanitarias inmediatas de la zona deben seguir adelante acompañadas del compromiso de solucionar las tensiones y problemas políticos que están presentes en la región de los Grandes Lagos. 
Contra este telón de fondo, la Presidencia y nuestros socios de la Unión Europea proseguimos nuestros intensos esfuerzos por ayudar a prevenir nuevas tragedias humanas en el este del Zaire y a evitar un desastre humanitario de consecuencias potencialmente catastróficas en la región africana de los Grandes Lagos. 
En nuestros esfuerzos continuados, trabajamos en estrecha cooperación con el enviado especial de la UE a la región de los Grandes Lagos, el Sr. Aldo Aiello, con el representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana, con los líderes regionales y con otros miembros interesados de la comunidad internacional. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatieron la situación del este del Zaire en los días 28 y 29 de octubre e hicieron un llamamiento a todas las partes para que ejercieran la moderación y tuvieran en cuenta la seguridad de la población civil. 
Como primer paso hacia la prevención de una nueva escalada de la violencia y el desorden, invitaron a que se pusiera en marcha un alto el fuego inmediato y reiteraron la firme convicción de la Unión Europea de que los complejos problemas en juego sólo pueden resolverse mediante un diálogo precoz y en profundidad. 
Se instó a todas las partes interesadas, y en particular a las autoridades tanto de Zaire como de Ruanda, a que iniciaran dicho proceso lo antes posible. 
El Consejo solicitó asimismo a la Comisión Europea que informara urgentemente sobre la situación y que hiciera propuestas de actuación de la Unión Europea para ayudar activamente en el proceso de proporcionar suministros a los necesitados. 
La Presidencia y nuestros socios europeos albergamos la esperanza de que el alto el fuego unilateral recientemente declarado por los tutsis en el este del Zaire pueda llegar a formar parte de un alto el fuego plenamente consensuado y sostenible entre todas las partes del conflicto. 
Esto facilitaría tanto la entrega inmediata de ayuda humanitaria como el inicio del diálogo político para resolver la crisis. 
La Unión Europea encomendó expresamente a su propio enviado que regresara a la región de los Grandes Lagos, donde, en las últimas dos semanas, ha estado ocupado en nuevas y amplias consultas con los gobiernos de Ruanda y Burundi, con las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana y con otras partes interesadas. 
El Sr. Aiello también asistió, en nombre de la Unión Europea, a la cumbre de líderes regionales dedicada a la crisis en el este del Zaire, celebrada en Nairobi el 5 de noviembre. 
La Unión Europea ha acogido favorablemente el resultado de la cumbre de Nairobi del 5 de noviembre como otro paso positivo hacia la consecución de una comunidad, de un marco en el que pueda resolverse la crisis del Zaire oriental de manera pacífica y humanitaria. 
La cumbre regional prestó un firme apoyo a los llamamientos realizados por la UE y otros miembros de la comunidad internacional en favor de alto el fuego completo e inmediato que permita intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz duradera. 
La cumbre también apoyó rotundamente la idea de establecer, junto con las respectivas Secretarías Generales de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, corredores seguros y áreas santuario dentro del Zaire, con una fuerza de protección adecuada a fin de facilitar la asistencia humanitaria y la repatriación voluntaria y segura de los refugiados. 
La Unión Europea está alentando estas propuestas positivas dentro de su continuo apoyo a los esfuerzos de los líderes regionales y de la Organización de la Unidad Africana, cuyo papel esencial la Unión reconoce y apoya, para que se logre una resolución pacífica del conflicto. 
La Unión Europea reconoce que hay una importante interrelación entre los aspectos humanitarios y políticos de la crisis y que ambas dimensiones deben abordarse conjuntamente de manera global. 
Por ello, la Unión seguirá instando a que se creen las condiciones necesarias para desarrollar cuanto antes las labores humanitarias básicas y para que avance el proceso de diálogo. 
Como parte de este enfoque, mi colega, el secretario de Estado John Burton TD, presidió en Bruselas el 7 de noviembre un encuentro especial de ministros responsables en materia de desarrollo y ayuda humanitaria de la Unión Europea. 
La reunión confirmó el profundo interés de la Unión por la situación en el Zaire oriental y por la amenaza que se cierne sobre la paz y la estabilidad en toda la zona de los Grandes Lagos. 
También reiteró la determinación y el compromiso de la Unión de hacer cuanto esté en su mano para ayudar y asistir inmediatamente a las personas vulnerables, refugiadas y desplazadas en el este del Zaire, prevenir una mayor tragedia humana y evitar un desastre humanitario de consecuencias potencialmente catastróficas en aquella zona. 
Los ministros recordaron el compromiso de la Unión de favorecer el regreso voluntario de los refugiados a sus países de origen e hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar corredores humanitarios seguros y protegidos para facilitar el suministro inmediato de los contingentes de ayuda a las víctimas de la crisis allá donde se encuentren, así como el regreso voluntario, seguro y digno de los refugiados a sus países de origen. 
Se mencionó también la necesidad de apoyar los esfuerzos para el desarrollo, así como de fortalecer el sistema jurídico, sobre todo en Ruanda, para facilitar la integración de los refugiados que regresen. 
Los ministros destacaron asimismo la importancia de apoyar el proceso democrático en el Zaire. 
Los ministros convinieron en la necesidad de trabajar coordinadamente con los organismos humanitarios internacionales y ONG a fin de garantizar una respuesta humanitaria eficaz a la crisis. 
Desde el comienzo de la crisis, la Comunidad Europea y los Estados miembros han proporcionado unos 755 millones de ecus en ayuda humanitaria. 
Tomaron nota de las necesidades de recursos de los organismos humanitarios y estuvieron de acuerdo en la importancia de garantizar que los recursos que se empleen en la ayuda se pongan urgentemente a disposición según prioridades acordadas. 
Igualmente, la reunión hizo un llamamiento a todas las partes en la región para que garantizaran la seguridad y la libertad de movimientos de todo el personal de ayuda humanitaria internacional. 
En la reunión se acordó enviar inmediatamente una delegación especial de ministros de desarrollo de Irlanda, Países Bajos e Italia para que evaluara la situación humanitaria y determinara las formas y medios de acelerar la ayuda. 
El secretario de Estado Burton, acompañado por los ministros Pronk, de los Países Bajos, y Serri, de Italia, visitó Zaire y Ruanda entre los días 9 y 12 de noviembre. 
La comisaria Bonino también acompañó a la delegación. 
En conversaciones con el primer ministro Kengo y con otros ministros del Gobierno zaireño, la delegación de la UE hizo comprender a los ministros la importancia que concede la Unión a que se adopten pronto medidas en la región que adelanten la reconciliación y medidas que faciliten la prestación de asistencia humanitaria inmediata a aquéllos que se encuentran en situación de necesidad extrema. 
La delegación de la UE destacó la importancia que otorga la Unión a que se abran corredores humanitarios seguros y protegidos para facilitar la distribución de los suministros de emergencia, así como la importancia de facilitar el regreso voluntario y seguro de los refugiados a sus países de origen. 
Por su parte, los zaireños expresaron a la delegación de la UE la opinión de que los refugiados que se encuentran en Zaire deben regresar a sus países de origen y comunicaron la opinión del Gobierno de que la existencia de los campos de refugiados es un importante factor que crea inestabilidad en la región. 
La delegación de la UE visitó Kigali los días 11 y 12 de noviembre y mantuvo largas conversaciones con el presidente Bizimungo, el vicepresidente Kagame y otros ministros. 
El lado ruandés señaló que en los últimos días había estado trabajando con agencias de la ONU y con ONG para facilitar el envío de ayuda humanitaria al este del Zaire. 
La delegación de la UE se reunió asimismo el 11 de noviembre con el enviado especial de las Naciones Unidas Raymond Chrétien. 
El Sr. embajador explicó las conversaciones que había mantenido hasta la fecha en la región acerca de las posibles fórmulas para enviar una fuerza de intervención con un mandato de la ONU que facilitara los suministros humanitarios por corredores seguros y estables y permitiera el regreso de refugiados así como el desarme de las milicias armadas mezcladas con la población de refugiados. 
He de señalar que la situación humanitaria en el este del Zaire sigue siendo sumamente precaria. 
En la actualidad hay más de 1 millón de refugiados hutus y más de 160.000 zaireños desplazados que precisan urgentemente comida y asistencia médica. 
Aunque hasta la fecha los problemas de seguridad han impedido a las agencias humanitarias intervenir en la región, ha habido algunos avances esperanzadores en los últimos días, por ejemplo la entrega de algunos suministros humanitarios a Goma, aunque estos suministros aún no han sido distribuidos. 
El Gobierno ruandés ha acordado esta misma semana permitir que entren en Zaire ocho agencias humanitarias y ONG para que puedan prestar asistencia humanitaria y preparar un plan de actuación sobre el tema de los refugiados. 
Dichas organizaciones cruzaron la frontera con Ruanda el lunes y han comenzado a evaluar las necesidades concretas de la zona. 
Se espera que a esto siga el abastecimiento de otros suministros en los próximos días así como el acceso a Bukavu. 
Todos sabemos que los grupos de ayuda internacional están preparados para entregar de inmediato comida, medicamentos y resguardo a los que más lo necesitan. Esto no puede hacerse sin apoyo para realizarlo con seguridad. 
Por esta razón, en su reunión de Bruselas del 7 de noviembre, los ministros europeos de desarrollo acogieron con satisfacción el llamamiento de los jefes de estado regionales para que se establecieran inmediatamente corredores seguros y santuarios temporales dentro del Zaire a fin de facilitar la asistencia humanitaria y la repatriación de los refugiados, y señalaron su petición a este respecto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que desplegara una fuerza neutral. 
También observaron que se necesitan urgentemente medidas especiales a corto plazo para garantizar una situación de seguridad estable en el Zaire oriental y señalaron los esfuerzos desarrollados en este sentido por el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Como sabrán los Sres. diputados, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 9 de noviembre la resolución de autorización nº 1.078, que insta enérgicamente a los estados miembros a que preparen de forma urgente y transitoria, en cooperación con la Secretaría General de la Organización de la Unidad Africana y previa consulta a los estados interesados, los acuerdos necesarios para permitir el regreso inmediato de las organizaciones humanitarias y la entrega segura de ayuda humanitaria a los desplazados, refugiados y civiles en peligro en el este del Zaire y crear las condiciones necesarias para la repatriación voluntaria y segura de los refugiados. 
La resolución nº 1.078 pide además a la Secretaría General que para el 20 de noviembre notifique al Consejo de Seguridad un esquema de operaciones y un marco para los grupos de trabajo humanitarios, con ayuda militar si es necesario. 
Los Estados miembros de la Unión Europea están estudiando ahora de qué modo pueden ayudar mejor a la pronta aplicación de la resolución nº 1.078 como base para que se autorice una intervención humanitaria multinacional, teniendo en cuenta su mandato en perspectiva y las aportaciones que pueden hacer otros socios: la Organización de la Unidad Africana, los estados africanos, Estados Unidos, Canadá y otros. 
La Unión seguirá haciendo todo lo posible por que se resuelva la actual crisis humanitaria y el conflicto que existe en el este del Zaire mediante éste y otros medios adecuados. 
En una reunión extraordinaria en Addis Abeba el 11 de noviembre, en la que la Unión estuvo representada por el enviado especial Aiello, el órgano central del mecanismo para la prevención de conflictos de la Organización de la Unidad Africana aprobó la postura adoptada en la cumbre regional del 5 de noviembre respecto al establecimiento de una fuerza de intervención neutral. 
También destacó la importancia de una efectiva aportación africana a dicha fuerza e invitó al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a que creara un mecanismo que lo garantice. 
A los ministros de Exteriores de Camerún, Etiopía y Zimbabwe se les ha encargado que supervisen la aplicación de los resultados de la cumbre de Addis Abeba en cooperación con la Secretaría General de la OUA. 
La Unión Europea acoge con satisfacción el resultado de la reunión extraordinaria así como nueva confirmación del compromiso de los países africanos para contribuir eficazmente a la resolución de la crisis en la región de los Grandes Lagos. 
En relación con la necesidad de dar un enfoque global a los problemas complejos e interconectados que están en juego en la región de los Grandes Lagos, la Unión Europea continúa respaldando la convocatoria de una conferencia internacional bajo los auspicios conjuntos de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, con vistas a abordar con un enfoque global las causas profundas de la crisis y garantizar que se cumplan los compromisos. 
Creemos que una conferencia así puede desempeñar un papel primordial en el establecimiento de una solución global y duradera. 
La situación en la región de los Grandes Lagos es un reto para toda la comunidad internacional. 
Es esencial que la Unión Europea cumpla plenamente la función que le corresponde respondiendo a sus responsabilidades, buscando nuevas vías de avance y atendiendo a las necesidades humanitarias urgentes. 
Puedo asegurar al Parlamento que esto es lo que nos proponemos. 
Para finalizar, el tema pone una vez más de relieve la necesidad de que esta Unión refuerce a través de la Conferencia Intergubernamental su capacidad de actuar a escala internacional para tratar situaciones de este tipo. 
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, son ustedes testigos, día a día, a través de las informaciones cada vez más inquietantes que difunden los medios de comunicación, de una verdadera catástrofe humanitaria. 
Sin duda alguna, mi colega Emma Bonino, que precisamente acaba de regresar de la región de los Grandes Lagos, nos recordará la tragedia que viven las poblaciones afectadas, refugiados y desplazados, así como la imposibilidad en la que nos encontramos, hasta ahora, de ayudar a aquellos que lo necesitan y que corren el riesgo de perecer a falta de alimentos, agua potable y atención médica. 
Sin embargo, todo está preparado para iniciar una acción humanitaria inmediata. 
Los acontecimientos de estas últimas semanas- es preciso decirlo claramente- no podían dejar de preverse en el contexto regional tal como lo conocemos desde hace varios años, a saber, el de la crisis de la región de los Grandes Lagos. 
En efecto, los acontecimientos diarios que podemos observar en Kivu, al Este del Zaire, son actualmente la manifestación más violenta y más dramática de una constelación regional especialmente compleja que implica no solamente al Zaire, Rwanda y Burundi, sino también a Uganda y Tanzania. 
La problemática regional, de una extrema gravedad en el plano humanitario, resulta explosiva en el plano militar y político. 
La situación actual tiene sus raíces en la Historia, hasta la época precolonial, pero no nos hemos reunido aquí para analizar la evolución histórica que ha desembocado en el conflicto armado actual en Kivu, ni para atribuir la responsabilidad de los acontecimientos a unos u otros. 
La opinión pública europea espera de nosotros una acción rápida para parar una evolución que no es una fatalidad: poner fin a los combates y llevar ayuda a aquellos la necesitan con una imperiosa urgencia. 
Asimismo, espera de nosotros que la Unión Europea contribuya eficazmente a la definición y puesta en práctica de una solución política global, que garantice la paz y la estabilidad en la región. 
Señoras y señores Diputados, toda acción en favor de una solución política global implica el retorno de los refugiados a su país de origen. 
Tal iniciativa implica la aplicación de la decisión tomada desde 1994 destinada a separar de la masa de refugiados a los militares, milicianos y otros intimidadores. 
Por tanto, se plantea claramente el problema del envío de una fuerza internacional neutral, con el acuerdo del Consejo de Seguridad de la OUA y de los países de la región, con el fin de separar a los militares y a los milicianos armados de la masa de refugiados y desplazados. 
Si no se separan los elementos armados, no podremos resolver el problema del regreso de la masa de refugiados de Rwanda y Burundi, lo que sigue siendo un objetivo prioritario para solucionar la crisis. 
Los gobiernos de los países de origen deben, por su parte, crear las condiciones necesarias al retorno, con la ayuda de la comunidad internacional. 
Por otra parte, y se trata de un elemento absolutamente esencial, será preciso implicar de una manera óptima a los Estados de la región en la búsqueda de una solución política global. 
Sin su cooperación permanente y efectiva, no habrá solución viable. 
Esta debería orientarse hacia una política pragmática de estabilización y seguridad regional, coordinada por un mecanismo apropiado, tal como el de Arusha. 
La Cumbre regional de Nairobi, el 5 de noviembre, demostró que los Estados de la región son conscientes de los elementos que están en juego en el conflicto actual y están dispuestos a asumir sus responsabilidades en la búsqueda de una solución política global, pragmática y viable. 
Tal solución, lo reiteramos, debería ser elaborada por la Conferencia internacional para la paz, la seguridad y la estabilidad que deberá organizarse bajo la égida de las Naciones Unidas y la OUA. 
Los elementos de esta Conferencia también fueron puestos de relieve en Nairobi, el 5 de noviembre. 
Estas son, señor Presidente, algunas de las reflexiones que quisiera hacer esta mañana sobre el conflicto de Kivu y más generalmente sobre la región de los Grandes Lagos. 
Sin embargo, creo que tenemos el honor y la ventaja de tener entre nosotros a Emma Bonino que, con su propia voz, ha apelado a conciencias que estaban un poco dormidas tanto en Europa como en el resto del mundo. 
Señora Presidenta, señoras y señores parlamentarios, después de las palabras del Consejo y la Comisión que han enmarcado, por así decirlo, el contexto histórico, incluso político, de esta crisis, me toca darles quizás algunos elementos nuevos que he traído conmigo esta mañana temprano. 
El primer elemento que me parece importante es confirmarles que en todas mis entrevistas, con todo el mundo, a todos los niveles, ya sea en Kinshasa, en Kigali o en Gysenyi, con todas las agencias humanitarias, todas las ONG, la unanimidad es total para decir que, sin una fuerza multinacional sobre el terreno y sin una protección militar, no hay ninguna esperanza- insisto, ninguna esperanza- de que pueda efectivamente salvarse la vida de cientos de miles de personas. 
Me parece que es un elemento de unanimidad, de consenso, muy importante. 
Segundo elemento: resulta que, por una vez, Europa ha hablado y sigue hablando al unísono. 
Por una vez, si quiere buscarse cuáles son los obstáculos que han impedido, y quizás impiden todavía, el envío de esta fuerza, más bien debe mirarse al otro lado del Atlántico. 
Tercer elemento: debo decirles que ayer, en la frontera, en Gysenyi, de una manera un poco improvisada, nos ofrecieron, me ofrecieron, atravesar la frontera de Rwanda para ir a Goma. 
Voy a decirles, en dos palabras, por qué no acepté. 
Ante todo, porque conozco Goma, por haber estado allí en varias ocasiones, y no es allí donde se encuentran los refugiados. 
Los refugiados jamás han estado en la ciudad de Goma. 
Los refugiados, como todo el mundo lo sabe, se encuentran en los campos de Katake, de Mugunga, de Kahindo, de Kibumba, a 10, 15, 20 km de la ciudad. 
Efectivamente, es evidente que hubiera encontrado en Goma al líder, al jefe autoproclamado de los rebeldes, me imagino, el Sr. Kabila. 
En primer lugar, consideré que no podía ver nada y, en segundo, que el «peaje» político que debía pagar hubiera sido demasiado alto como para exponernos a pagarlo. 
Los ministros con los que estaba compartieron mi opinión y, todos juntos, tomamos esta decisión. 
Por lo demás, ustedes se enteraron de lo que pasó, porque la prensa dio cuenta de ello. 
Al final, al cabo de interminables negociaciones y en condiciones, francamente, muy difíciles de soportar, se autorizó a algunas agencias de la Naciones Unidas y algunas ONG a llevar 20 toneladas de alimentos al interior de Goma. 
Por tanto, de ningún modo se trata de refugiados, sino quizás de desplazados zairenses, y bastante más, quizás, de rebeldes banyamulenges. 
Se les obligó a dejar esas toneladas de víveres en el estadio. 
Esas toneladas de víveres están todavía ahí, me imagino, y nadie las ha distribuido a ningún tipo de persona. 
Sin embargo, el VHA, al volver, nos confirmó efectivamente que en Goma no parecía haber personas realmente en peligro o «in need». 
Además, incluso pudimos comprobar que el Sr. Kabila declaró primero a la prensa que los alimentos no eran tan importantes ni adecuados y, segundo, que había solamente galletas. 
Se preguntaba dónde estaba el arroz, el pescado, la carne, que necesitaba. 
Considero francamente que, ante tales declaraciones, es preciso no darse por vencido y comprendo la frustración del personal humanitario que trabaja sobre el terreno, que trata por todos los medios posibles de hacer algo y de intervenir. 
No obstante, también me corresponde advertir que estas iniciativas, lejos de ser eficaces para llegar a las poblaciones, plantean muchos problemas de principio, incluso políticos. 
Por todas estas razones, espero y esperamos, que esta fuerza multinacional, que dará acceso a los corredores humanitarios para asegurar la distribución directa de víveres a las poblaciones en peligro, pueda llegar lo más pronto posible. 
Por el momento, también hay otro mensaje importante. 
Se trata de la cuestión del mandato de esta fuerza multinacional. 
En primer lugar, este acceso y estos corredores humanitarios deben ser efectivamente, en nuestro ánimo, de «two ways» es decir, destinadas a facilitar el retorno, insisto, a facilitar el retorno voluntario, tal como está escrito en todos los convenios que atañen a los refugiados y en las leyes humanitarias; en segundo lugar, a hacer llegar los víveres; en tercero, a proteger a los propios refugiados, al material, al personal humanitario. 
En cuarto lugar, de ninguna manera se trata, y quiero tranquilizar aquí al Parlamento, de igual manera que se tranquilizó a las autoridades de las capitales y a nuestras ONG, de ninguna manera se trata de volver al statu quo anterior, es decir en los antiguos campos. 
Es preciso instituir zonas provisionales, porque no se puede ayudar a la gente que se encuentra en movimiento. 
Es preciso reunirlas en algún lado. 
Sin embargo, espero que ustedes hagan todo lo que esté a su alcance para que el mandato de esta fuerza tenga también como tarea desarmar a los refugiados. 
De lo contrario, nos encontraremos con zonas provisionales que pueden abrigar a unos miles de refugiados armados, lo que nos llevará de nuevo a la situación que nosotros, los humanitarios, conocemos desde hace dos años. 
Por tanto, espero que podamos pedir, todos juntos, que en su mandato, esta fuerza tenga también la posibilidad de desarmar a los refugiados, para permitir, y no obligar, el retorno- quiero ser muy clara sobre este punto- es decir, para obligar a elegir, para dar a los refugiados la posibilidad de decidir lo que quieren hacer. 
Si se quiere emplear la palabra «obligar» que oigo por aquí y por allá, en las torpezas un poco ambiguas, y me preocupan mucho, lo que debe obtenerse más bien es obligar a elegir. 
De ningún modo se trata de obligar el retorno. 
Una última cosa, señores y señoras Diputados: esta intervención militar es la condición previa, lo repito una vez más, para tratar de salvar vidas. 
Me siento bastante frustrada de no haber podido hasta ahora- he tratado, pero no lo logré- hacer llegar el mensaje de la urgencia, porque cada instante cuenta, cada hora cuenta. 
Ahora, aparentemente, ya no se trata de saber si se requiere una fuerza multinacional, sino cuando. 
¿Cuándo? 
Se trata de la esencia misma de esta misión, ya que si esta misión llega en tres semanas, tendrá mucho trabajo enterrando cadáveres, pero no tendrá mucho más que hacer. 
(Aplausos) Por tanto, espero que, incluso si he empleado a veces un lenguaje un poco diplomático, puedan ustedes comprender la cólera, la frustración, e incluso la vergüenza, digo bien, la vergüenza que todos nosotros, todos nosotros... 
(Aplausos )... tendremos que sentir y soportar en esta crisis. 
Y creo que, por una vez, Europa ha demostrado que, para ella, la dignidad, la vida humana, la solidaridad concreta, no son palabras vanas, son palabras que tienen un sentido. 
En lo que a mi respecta, espero que podamos continuar hablando al unísono y tratando de ser eficaces. 
No nos corresponde a nosotros tomar la decisión relativa a las tropas, pero sin duda alguna nos corresponde hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que puedan salvarse esas vidas. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, si usted me lo permite, se trata de una moción de procedimiento de orden moral y sentimental, pase por una vez. 
Representamos mal, creo- por el número, mas no por la calidadel conjunto del Parlamento para agradecer lo que acaba de decirse, para agradecer a la Comisión, al Consejo, y especialmente, expresar nuestra admiración y nuestro reconocimiento a Emma Bonino por la manera en que se ha comportado antes, durante y ahora ante esta situación. 
Este viaje era necesario y le agradecemos, señora Comisaria, las vías no diplomáticas que señaló usted. 
Señora Presidenta, en la espléndida región de los Grandes Lagos se ha consumado una vez más el ciclo de un brutal y sangriento ajuste de cuentas. 
El régimen de Kigali se cobra en la piel de los refugiados los horrores del abominable y hasta ahora impune genocidio de 1994, a través de expulsiones forzosas, hambre, sed, cólera. 
Todos sabían bien que resultaba imposible retener a los refugiados en los campos situados en la frontera, en los cuales por lo demás, se escondían culpables del genocidio y que nunca se llegaría a identificarlos. 
A este respecto la responsabilidad de la inconsistente y escurridiza comunidad internacional es enorme. 
Pero la política de Kigali no era capaz en momento alguno de inspirar confianza a los refugiados para que regresaran. 
Baste citar la situación en las prisiones de Ruanda en las cuales impera el arbitrio absoluto de la muerte; cárceles en las que todo aquél que no tenga una resistencia de acero perece, sin proceso alguno además. 
Y luego no nos hemos referido a la cuestión de Kibeho, ni a otras situaciones que igualmente quedaron impunes. 
Pero los cientos de millares que ahora se han dado a la fuga no tienen ningún interés en ponerse a hacer declaraciones por el estilo de «estaba previsto» ni a lamentarse por oportunidades realmente desaprovechadas. 
En este momento lo que hay que suministrarles es agua potable, alimentos, medicamentos, y no mañana o la semana próxima porque ya debíamos haberlo hecho la semana pasada, sino a más tardar en el día de hoy. 
Y todos aquéllos que se hallan en el lugar saben que la situación de seguridad es tan inestable que la ayuda humanitaria deberá ir acompañada por una fuerza de intervención, de lo contrario la ayuda no llegará a quienes la necesitan. 
La Organización de la Unidad Africana ha planteado una cuestión bien precisa. 
Existe una decisión de principio a nivel del Consejo de Seguridad, de ahí que me pregunte por qué motivo se posterga la entrada en acción. 
Oponerse de esta manera a ello equivale a desacreditar la intervención. 
Todo aquél que ponga trabas ahora a la ayuda, y esto está sucediendo, ya sea el gobierno de Kigali o las milicias, se hace reo del delito de la muerte de millares de personas. 
Todo aquél que ahora no brinde protección a los envíos, se hace igualmente cómplice de ello. 
Aunque nada cambiará fundamentalmente si no se establece un diálogo político, en primer lugar en el propio Ruanda, entre representantes de la comunidad hutu, que no sean responsables del genocidio y los hay en realidad. 
De no ponerse en marcha este diálogo, respaldado en un marco regional, y contando con apoyo internacional, dentro de cuatro semanas tendremos que inscribir de nuevo en el orden del día la cuestión de Burundi. 
Porque en la actualidad no se habla de Burundi, pero la situación no deja de degradarse en ese país. 
Señora Presidenta, desde hace más de dos semanas se desarrolla ante nuestros ojos y ante el mundo entero un nuevo drama humanitario y, una vez más, la comunidad internacional ha demostrado su incompetencia para actuar e impedir esta terrible tragedia. 
Señora Presidenta, tengo vergüenza y me duele, ya que esta catástrofe era previsible y no se avisoró ninguna solución al problema causado, desde 1994, por el flujo de miles de refugiados hutus y rwandeses, en el Kivu zairense ya sobrepoblado. 
Los campos de refugiados se benefician de la ayuda humanitaria desde hace dos años y medio, cuando se sabe y el HCR sabía que estaban infiltrados por los responsables del genocidio rwandés y que amparaban al ejército del antiguo régimen de Rwanda y a los milicianos extremistas hutus. 
Reconozcamos en favor del Zaire, que el gobierno Kengo reclamaba la expulsión de esos refugiados, refugiados cada día mejor armados. 
¿Por quién? 
Formulo la pregunta, pero temo conocer la respuesta. 
Todos tenemos una parte de responsabilidad, mi país- Bélgica- que renunció a su política africana, sin duda alguna justifica con ello su silencio, aunque los lazos históricos que nos unen a la región de los Grandes Lagos habrían debido llevar al Primer Ministro a desempeñar un papel de mediador. 
Sin embargo, todos lo decimos aquí, ya no es hora de dilaciones, sino de acción. 
Insistimos, pues, para que se establezca inmediatamente una fuerza internacional. 
Añadiré que sería deseable que la UEO participe en esta fuerza internacional. 
Actualmente, el hecho nuevo es que Canadá haya aceptado el mando de esta fuerza internacional. 
Unos 10 000 hombres podrían permitir el envío de la ayuda humanitaria a Kivu, pero también empujar a los refugiados a volver a Rwanda. 
Esperemos que finalmente el Consejo de Seguridad adopte, en la urgencia esta vez, una resolución que permita el despliegue de hombres y el desbloqueo de unas 80 000 toneladas de víveres ya dispuestas en la región. 
Señora Presidenta, aún es tiempo de evitar el apocalipsis y lanzar un llamamiento de cese el fuego inmediato, con el fin de permitir el indispensable diálogo entre todas las partes interesadas. 
La OUA debe ayudar a promover una solución política para el conjunto de la región y Sudáfrica debe asumir sus responsabilidades, incluso si entre sus prioridades no se encuentra la de apagar las hogueras que asolan Africa central, de lo contrario todo el continente negro podría ser pasto de las llamas. 
Juntos tenemos los medios para actuar. 
Demostremos que tenemos la voluntad de hacerlo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, en mi intervención utilizaré dos veces la palabra «vergüenza». 
La Comisaria Bonino, en su declaración tras la última reunión del Consejo de Seguridad no vaciló en utilizar ese término, afirmando que era una vergüenza que no se hubiese llegado a ninguna decisión concreta sobre la tragedia en Africa Central. 
De esta manera supo salvar el honor de la Comisión. Deseo felicitarla por ese pronunciamiento. 
Deseo igualmente expresar mi agradecimiento al Sr. Pinheiro por su positiva postura asumida en estos difíciles tiempos. 
Constituye también algo vergonzoso la falta de unidad en la Unión Europea en el seno mismo del Consejo de Seguridad. 
¿Dónde se halla la fuerza de nuestra indignación que nos permita desplegar una acción común en este momento? 
Todos afirmamos la necesidad de brindar una ayuda humanitaria inmediata a los refugiados en territorio zaireño, y que sin acompañamiento militar dicha ayuda no llegará a su destino. 
Somos también partidarios de que se celebre una conferencia sobre la región de los Grandes Lagos encaminada a allanar los enfrentamientos. 
De esta manera queda expuesto el problema de la propia Africa, bien que Henry Kissinger llegó a calificar la región «continente en crsis». 
El menosprecio de la vida humana, la intolerancia, el racismo a la africana, son características lamentablemente de la sociedad en ese continente. 
Lo que importa saber es si los Estados miembros de la Unión Europea desean aplicar una política como la imperante en el siglo pasado, o si bien si se hallan dispuestos a contribuir a una política digna del siglo venidero. 
¿Somos realmente sinceros al invocar una mayor democracia, los derechos humanos y la necesidad de Estados de derecho también en Africa? 
¿No tiene Europa acaso una responsabilidad especial de participar de manera enérgica en esta región? 
Se ha hablado a veces de Euroafrica, de Europa-Africa, designando así una estrategia, una política especial entre Europa y Africa? 
¿Cuál es la situación actual? 
A diario escuchamos voces que desean el abandono del continente africano a su triste suerte de autodestrucción. 
¿No pueden hacer nada las Naciones Unidas? 
La actual situación es un verdadero desastre. 
¿Qué es lo que puede hacerse? 
¿No podría acaso reexaminarse la vieja propuesta, es decir considerar la posibilidad de asignar al Consejo de Tutela un nuevo copetido consistente en poner en relación, en determinadas situaciones, factores como la democracia, la tolerancia y la coexistencia pacífica? 
Sé muy bien cuán delicada es la cuestión, pero ¿de qué manera podremos en lo adelante poner coto a las matanzas? 
De lo que se trata en este caso es de hacer de la sociedad africana una comunidad no sangrienta, aunque en realidad también de salvar la reputación de organizaciones de naciones como las Naciones Unidas. ¿No han sido acaso creadas dichas organizaciones con el fin de preservar o de restablecer la paz? 
Así consta en el texto que constituye el fundamento de las Naciones Unidas. 
En este momento se trata igualmente- y digámoslo claramente en este Parlamento Europeo- de la difusión de la influencia, de una presencia positiva por supuesto, de la Unión Europea. 
¿Qué estamos haciendo a ese respecto? 
La tragedia del Zaire y el conflicto de toda la región de los Grandes Lagos precisa una intervención rápida e inmediata con el fin de frenar los crímenes que siguen perpetrándose. 
La Unión Europea debe hacer todo lo que esté en su mano para lograr una solución política y llevar a cabo una acción global que ponga fin a esta situación que podía prevenirse, tal como nos acaba de manifestar la Comisión de forma muy transparente. 
En repetidas ocasiones, aquí, en el Parlamento y en las demás Instituciones europeas, hablamos de prevención de los conflictos en Burundi, Ruanda y en toda la región de los Grandes Lagos, sin embargo, de nada ha servido. 
Por desgracia, se interviene sólo cuando se deteriora la situación y se llega a la crisis. 
El drama de los refugiados exhaustos, asustados y desfallecidos por el cansancio del largo camino que los conduce quién sabe dónde, nos sitúa ante una tragedia humana que nos encuentra impotentes, puesto que no conseguimos hacerles llegar ni tan siquiera las ayudas humanitarias que, hoy por hoy, no somos capaces de distribuir. 
Los corredores humanitarios deben organizarse cuanto antes y si el Consejo de Seguridad de la ONU no adopta una decisión, a pesar de que Canadá haya promovido una acción, Europa deberá actuar de inmediato y de acuerdo con la Organización para la Unidad Africana y sin más titubeos. 
El único objetivo que la fuerza de intervención multinacional debe tener es el de socorrer a las víctimas para poner fin a este largo calvario. 
El Parlamento Europeo no debe permanecer al margen y debe enviar cuanto antes una delegación conjunta formada por los miembros de las Comisiones de Desarrollo y de Asuntos Exteriores y por los representantes de los países ACP, apoyada por la Comisión Europea y el Consejo, para definir las acciones que deben emprenderse para detener este horrible crimen contra la humanidad. 
Así y todo, reitero que la tragedia se podía prevenir y no se hizo nada. 
Por consiguiente, siento vergüenza por haber llevado adelante acciones que no alcanzaron un resultado y pido una coordinación entre las Instituciones europeas para acabar con esta crisis. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo cree que es preciso que la Unión Europea se ponga a la cabeza de una intervención internacional para detener la catástrofe humanitaria en el Este del Zaire que contemplamos, entre horrorizados e impotentes, desde hace ya varias semanas. 
Desde nuestro punto de vista, esa intervención internacional debe realizarse en y desde el marco de las Naciones Unidas, bajo el paraguas de una resolución correspondiente del Consejo de Seguridad, utilizando todos los medios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y teniendo claramente un carácter neutro, es decir, no favoreciendo en ningún caso los intereses de ninguna de las partes en conflicto. 
Los objetivos de esa intervención internacional deben ser tres, desde nuestro punto de vista. 
En primer lugar, la creación de pasillos o corredores por los que proceder a distribuir la ayuda alimentaria y médica que está llegando en gran cantidad, pero que se encuentra almacenada sin llegar a sus destinatarios. 
En segundo lugar, el establecimiento de lugares seguros para el asentamiento de los refugiados, donde estén a salvo de presentes o futuros enfrentamientos. 
Y, en tercer lugar, conseguir la separación entre los elementos armados que fueron responsables del genocidio de 1994 y el conjunto de los refugiados. 
Esa intervención internacional debe además marcarse como un fin la convocatoria de una conferencia internacional a través de la que encontrar soluciones duraderas a los problemas de fondo de la región de los Grandes Lagos. 
Esas soluciones de fondo deben contemplar la cooperación entre todos los países de la región, el retorno voluntario, libre y seguro de los refugiados a sus hogares, la puesta en marcha de programas de desarrollo sostenible para la zona, empezando por la reconstrucción material inmediata, la recuperación de la convivencia pacífica entre las diferentes etnias en cada Estado y el establecimiento de la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos en todos los países de la zona. 
Es preciso denunciar que esta crisis, como la de 1994 en Rwanda, tiene su origen en la persistencia de las lacras del colonialismo y la persistencia también de espurias e inaceptables estrategias de potencias extraregionales que tratan de mantener zonas de hegemonía e influencia en la región. 
Hay que castigar a los responsables directos de los genocidios y establecer un embargo total de armas en la zona, pero sin olvidar, señora Presidenta, que hay gobiernos, como el francés o el estadounidense, que deberían explicar cuáles han sido y son sus tácticas y actuaciones en esa zona. 
Sin duda alguna, tampoco podemos olvidar que la dictadura de Mobutu Sese Seko ha estado presente en esta crisis y utilizado la ayuda alimentaria como un instrumento de presión. 
Además, sigue siendo apoyada por algunos países de manera inaceptable. 
Hay que estar a la altura de la exigencia de las opiniones públicas y, como ayer en España, a través de multitudinarias manifestaciones convocadas por las ONG, pedir una acción inmediata y efectiva en el marco de la diplomacia preventiva. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Consejo y a la Comisión por su comunicación y felicitar a mi vez, de manera muy especial, a la señora Comisaria y a la Acción Humanitaria, que ha expresado y demostrado a lo largo de todas estas dolorosas semanas, ante el silencio de la comunidad internacional, ante la pusilanimidad americana, lo que podía ser la lucidez, la determinación y el valor. 
Gracias a la Sra. Bonino por haber escuchado una gran voz europea. 
No obstante, desde hace dos años, las autoridades de Kigali nos lo habían advertido. 
La existencia de campos de refugiados, mantenidos como rehenes y despojados por las antiguas fuerzas armadas rwandesas antes de ser utilizados en una primera etapa como caución y escudo político por el régimen zairense, constituye una verdadera bomba de relojería para toda la región. 
Hoy, el drama se ha desatado y, únicamente, una voluntad política fuerte del Consejo de Seguridad puede detenerlo. 
También se precisarán medios militares, pero debemos insistir en la estricta neutralidad de una fuerza internacional de intervención, cuyo único mandato será el de permitir llevar la ayuda humanitaria y el retorno voluntario a Rwanda y a Burundi de los refugiados, en donde serán bienvenidos. 
En lo que respecta a aquellos que quieren quedarse en Zaire- lamentablemente todos sabemos por qué quieren quedarse- pues, ¡que se queden! 
Pero no renovemos las ambigüedades de la operación Turquesa. 
La fuerza internacional no debe tener como misión salvar un régimen zairense corrupto y descalificado, proteger un ejército reducido a pillar su propio país, ¡o permitir la reconstitución de las fuerzas militares de los autores del genocidio rwandés de 1994! 
Si queremos que la intervención conjunta de los países occidentales y africanos siga siendo la mera traducción política de nuestro deber de solidaridad respecto a las poblaciones civiles, ¡será oportuno apartar de esta intervención a los países que durante demasiado tiempo se han distinguido por el apoyo interesado que han prestado al antiguo poder de Kigali y a lo que queda de poder en Kinshasa! 
La futura credibilidad de la Unión Europea en la región tiene como precio esta neutralidad. 
Por lo demás, la Sra. Bonino nos ha señalado el camino del humanismo y de la dignidad. 
¡No tenemos mas que seguirlo y seguirlo rápidamente! 
Señora Presidenta, en primer lugar felicito a la Comisaria Bonino por la premura con que se ha desplazado a la región de los Grandes Lagos, por su sensibilidad- no sólo política- ante la situación, por su determinación respecto a la necesidad de llevar a cabo una intervención humanitaria y por la ayuda de ECHO a esa zona. 
Todos estamos de acuerdo en ello. 
Sin embargo, este consenso, que a veces es lo más difícil de conseguir en política, no significa- como debería- el paso previo a la acción, y corre el riesgo de convertirse en un motivo de frustración que pone de manifiesto ante nosotros mismos y ante el resto del mundo la esterilidad de nuestros esfuerzos. 
No voy a hacer otra crónica sangrienta del Zaire. 
Me limitaré a hacer algunas reflexiones y propuestas. 
El conflicto del Zaire no puede sorprendernos porque es la apoteosis final de la crisis de los Grandes Lagos que se viene desarrollando con precisión minuciosa desde 1993. 
Pero tampoco podemos resignarnos a certificar la muerte anunciada de miles de personas, sino que, aunque tarde, tiene que conducirnos a protagonizar soluciones. 
La UE y sus Estados miembros tienen capacidad diplomática y logística para encabezar una intervención humanitaria, para promover en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una decisión de protección militar de la misma y para llevarla a cabo. 
La pregunta que se hace la población civil, las ONG y sobre todo las víctimas de la guerra, y que yo traslado al Consejo, es: ¿por qué no se utiliza esta capacidad? 
¿Por qué vamos a remolque de los Estados Unidos, del Canadá o de quien se tercie en cada momento? 
Ayer mismo, en toda España, se produjeron concentraciones exigiendo la rápida intervención del mundo occidental para la solución del conflicto y, en este mismo sentido, se pronunció, por unanimidad, el Parlamento español. 
Hay un problema de cobardía en la actuación de la UE, que puede proponer en el marco de la PESC la participación de la UEO en misiones humanitarias y no lo hace. 
Hay un problema de hipocresía- o a veces de esquizofrenia- entre las declaraciones de los Estados miembros y su voluntad real de participar en la solución, tanto inmediata como a largo plazo. 
Dicho esto, el problema más inmediato es resolver el drama humano, y la fórmula para ello es la ayuda humanitaria, que únicamente puede asegurarse con la protección militar, como demuestran ya experiencias como la de Bosnia y la del Iraq donde únicamente fue posible subvenir a las necesidades de la población cuando se decretaron zonas de exclusión. 
Por ello, nos felicitaremos cuando se cree esta fuerza multinacional para proteger los envíos de ayuda humanitaria, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la supervivencia de un pueblo amenazado por la barbarie. 
Pero que se cree y se envíe, porque, de lo contrario, estaremos llegando tarde. 
Y también esta fuerza deberá ser útil para el retorno de los refugiados que, voluntariamente, quieran volver a la zona. 
Y los que vuelvan que estén desarmados, porque en esta zona hay muchas armas y muchas muertes. 
Creo que es una ironía bastante cruel que hoy se inaugure en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación mientras aquí en el Parlamento Europeo estamos reflexionando sobre el hecho de que millones de personas corren el peligro de morir de hambre en África Central. 
Las evasivas, los retrasos, desde luego no admiten disculpas, como han dicho ambos comisarios. 
Los refugiados desplazados están sufriendo, muriéndose de hambre, mientras continua el vacío político internacional, sólo salpicado ocasionalmente de buenas palabras, aunque no todavía de una intervención real. 
Los Estados miembros de las Naciones Unidas deben declarar su voluntad actual de desplegar, equipar y financiar una fuerza internacional dirigida por los canadienses. 
He defendido con gran contundencia que dicha fuerza debería recibir el mandato claro de desarmar al antiguo ejército ruandés, el Interahamwe. 
No tiene sentido sugerir que es posible prestar auxilio mientras esas milicias armadas sigan intimidando a los refugiados. 
Se debe hacer una criba, y retener a todos los que no sean refugiados auténticos. 
Ello no sólo facilitará la entrega de la ayuda humanitaria, sino que, por supuesto, contribuirá además a todo el proceso de edificar una solución a largo plazo para Ruanda y otros lugares. 
Pase lo que pase con la crisis actual, no debemos perder de vista la necesidad de una estrategia política para una solución de escala regional después de que la crisis se haya resuelto. 
Como han dicho ambos comisarios, hemos observado una parálisis, una insensible indiferencia, y hemos visto la falta de liderazgo moral o político en el mundo. 
Espero que esto deje de ser un rasgo dominante en nuestro futuro trato con la región. 
Señora Presidenta, tras las palabras introductorias he de decir que no sólo tenemos un Consejo, sino que afortunadamente tenemos también una Comisión, pues lo que hemos escuchado aquí de la Comisión ha sido mucho más concreto. 
Nos hallamos en este punto y decimos que en parte ya hemos previsto esto, lo hemos visto venir. 
Quisiera limitar un poco este «nosotros» , pues en el último año y medio el Parlamento se ha referido repetidas veces a esto y ha pedido que se intervenga para quitar tensión a la situación en la zona de los grandes lagos. 
Me refiero a que hemos hecho un llamamiento al Zaire para que suspenda en los campos de refugiados el apoyo logístico, militar y de cualquier otra clase a los rebeldes. 
Otra exigencia nuestra ha sido también el establecimiento de zonas de seguridad y de protección. 
No obstante, quiero afirmar con una cierta tranquilidad lo siguiente: cada vez se afianza más la convicción de que la mera ayuda humanitaria no es posible sin un simultáneo aseguramiento, incluso mediante medidas militares de flanqueo. 
Cada vez gana más cuerpo un consenso sobre esto en esta Asamblea. 
En definitiva, de nada sirve realmente convocar mesas redondas y conversaciones y reunir a los dirigentes de los rebeldes para que conversen entre sí durante un día, mientras los otros se siguen disparando mutuamente. 
Otro problema es, sin duda, el regreso de los refugiados. 
Pido urgentemente que de la evolución que estamos lamentando precisamente en la zona de los grandes lagos aprendamos a no instalar necesariamente campos de refugiados en las fronteras, donde se encontrarán expuestos enseguida a nuevas presiones. 
Por lo demás, es preciso establecer también criterios más severos para garantizar rápidamente el regreso. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, sé que no es competencia suya, pero he de decir que en su intervención de hoy ha faltado un compromiso de hacer algo sobre la grave situación en el Zaire. 
Lamento tener que decirlo. 
Quiero decir al Sr. Pinheiro que su contribución ha sido muy bien acogida. 
Quiero elogiar en especial a la comisaria Bonino que, durante el fin de semana, hizo declaraciones tan incisivas y transparentes que los ciudadanos de Europa- estoy seguro de ello- vieron por primera vez cómo un comisario daba la cara y decía exactamente qué había que hacer; decía exactamente lo que los ciudadanos de Europa querían oír. 
Zaire, como sabemos, es sinónimo de explotación y pillaje. 
Tenemos en la Unión Europea al Sr. Mobutu, dado en llamar presidente Mobutu, a quien se le está dando refugio en su palacio del sur de Francia. 
Creo, con toda franqueza, que el Sr. Mobutu debiera ser arrestado por genocidio y crímenes de guerra contra su propio pueblo. 
Creo que Mobutu y su camarilla de desalmados y gángsters que están dirigiendo el país, bebiendo champán rosado mientras los 44 millones de habitantes de su país carecen de educación, de escuelas, de salud, de hospitales, son una vergüenza. 
La Unión Europea tiene una tremenda responsabilidad a este respecto. 
Por último, el 80 % de las armas son exportadas por los cinco grandes de las Naciones Unidas. 
Los cinco grandes han tardado mucho en reaccionar ante esta crisis del Zaire y la región de los grandes lagos. 
Creo que los medios de comunicación deberían investigar de donde proceden las armas que están usando ahora los hutus. 
Hace un par de meses se les desarmó y ahora están armados de nuevo con armas que proceden de la Unión Europea... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
De conformidad con el artículo 37, apartado 2 del Reglamento, he recibido siete propuestas de resolución. 
A estas alturas del debate, cada Grupo ha intervenido. 
Sé que todavía quedan intervenciones por aproximadamente un cuarto de hora de tiempo de uso de la palabra. 
A las doce, tenemos nuestra sesión de votaciones. 
Vista la importancia de este debate, no puedo asumir la responsabilidad de interrumpirlo. 
Por tanto, sobre la base del artículo 130, consulto a la Asamblea. 
¿Desean cerrar el debate y que comencemos las votaciones, o que continuemos el debate unos quince minutos más? 
El debate queda cerrado. 
(Reacciones diversas) Se procederá a la votación dentro de un instante. 
Intervenciones por escrito de oradores inscritos para el debate sobre la situación en el Zaire 
Señora Presidenta, en estos días en la zona oriental del Zaire está ocurriendo una de las más horribles tragedias humanitarias: más de un millón de personas corre hoy el peligro de morir a causa del hambre y las enfermedades y muchos miles de desplazados pagaron con sus vidas la reanudación de los combates en la región. 
Como siempre, sin embargo, toda tragedia humanitaria es, también y ante todo, una tragedia política o, mejor dicho, un crimen político. 
De este crimen son responsables, ante todo, las fuerzas ruandesas, tanto las milicias del antiguo régimen como las que dependen del nuevo Gobierno de Kigali, que en estos años no hicieron nada para promover un nuevo acuerdo nacional, sino que, por el contrario, fomentaron de forma deliberada el odio étnico y político que hoy, inevitablemente, desemboca en un conflicto armado. 
Sin embargo, de dicho crimen son responsables también los miembros de la llamada comunidad internacional que, una vez más, dejaron pudrir la situación. 
Hoy, al igual que en 1994, quienes pagan todo esto son las poblaciones civiles, los niños, las mujeres, los sectores más desfavorecidos de la población. 
Ya es demasiado tarde, pero es preciso evitar lo peor. 
Todos sabemos que, para ayudar a los desplazados, es necesaria una intervención militar, política y humanitaria que restablezca las mínimas condiciones de seguridad para los civiles y para los operadores internacionales. 
Dicha intervención, que debe concretarse en las próximas horas, deberá llevarse a cabo bajo la égida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque requiere la voluntad y la disponibilidad de los principales países africanos, así como de Estados Unidos. 
Tenemos que crear corredores humanitarios en seguida. 
En la actualidad, la solución duradera de los conflictos en la región depende de este primer acto. 
Habría costado mucho menos, tanto en vidas humanas como en recursos financieros, haberlo hecho hace algunas semanas, como fue solicitado. 
Hagámoslo ahora y que nos sirva de duro escarmiento para el futuro. 
Votaciones 
Señor Presidente, lamentablemente como de costumbre, el debate sobre este informe tuvo lugar a las 23.30 horas de ayer, y pudimos registrar un determinado número de elementos importantes, especialmente la toma de posición de la Sra. Bjerregaard y de la Comisión sobre algunas enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Simplemente quisiera tener en cuenta que las enmiendas que yo y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor consideramos importantes, las enmiendas 35 y 36, son plenamente apoyadas por la Comisión y que las enmiendas 12, 16, 38 y 41, son apoyadas parcialmente por la Comisión. 
Quiero hacer esta precisión a todo el conjunto de los diputados del Parlamento para que la votación se haga en la transparencia. 
Sabemos que son necesarios 314 votos y que la posición de la Comisión es determinante para la modificación eventual de la posición común. 
Sobre la enmienda nº 24 
Para evitar toda confusión, señor Presidente, la votación de esta enmienda 24 implica la modificación del anexo 2, puesto que tratamos aquí del anexo 1. 
Si el tipo de proyecto, objeto de la enmienda, se retoma en el anexo 1, forzosamente ya no figura en el anexo 2. 
Por tanto, creo que es preciso deducir una supresión en el anexo 2, incluso si no hay una enmienda que lo pida explícitamente. 
Sobre la enmienda nº 39 
Señor Presidente, se trata de una enmienda sumamente importante. 
Se refiere a la cría industrial. 
El voto que obtuvo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, se refiere al número de unidades animales que sería de 100, pero otra enmienda presentada por la Sra. Barthet-Mayer y algunos compañeros, propone 200. 
Yo no tengo mucha esperanza en obtener 314 votos sobre la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, pero apoyo la enmienda de la Sra. Barthet-Mayer. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, me gustaría proponer una enmienda oral. 
Cuando se menciona, en el apartado 10, el retorno de los refugiados, a mi juicio convendría indicar que se trata de un retorno voluntario. 
En efecto, el retorno obligado daría pie a todas las desviaciones posibles. 
Por tanto, propongo que se añada la palabra «retorno voluntario». 
El Parlamento acepta la enmienda oral 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, incluso después de que hemos aprobado esta resolución sobre el Zaire, protesto con vehemencia por la manera en la que se cerró este debate. 
Cuando el mundo entero tiene los ojos puestos en los acontecimientos del Zaire, me parece escandaloso que no hayamos dedicado diez minutos más a un problema que concierne al mundo entero. 
He de señalar que la mitad de los que aplauden votaron por abreviar el debate. 
Quiero tomar la palabra antes de que iniciemos la votación sobre el informe Dybkjær acerca de la revisión del Quinto Programa de medio ambiente. 
Ni yo ni los demás diputados de la Asamblea somos ajenos al debate y la controversia políticos y el hecho es que las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea a veces implican desacuerdos. 
Ese es el orden natural de las cosas, pero es importante que los desacuerdos se desarrollen en un clima de mutuo respeto. 
Cuando leo en la prensa danesa palabras como «indigna de confianza» aplicadas a una comisión del Parlamento Europeo, empiezo a tener dudas sobre el alcance de dicho respeto. 
Las palabras, como la contaminación, no conocen fronteras y cuando en los periódicos aparecen titulares diciendo que la propia Comisaria está atacando a la Comisión de Medio Ambiente, no tengo otro remedio que preguntarme si sigue en pie el espíritu de confianza mutua y de cooperación que nosotros, por nuestra parte, hemos intentado establecer y construir. 
Por consiguiente, me gustaría invitar a la propia Comisaria a que diga al Parlamento esta mañana que, aunque siempre habrá ocasiones en que entre ella y yo y la comisión parlamentaria y nuestro ponente puedan surgir diferencias de opinión, no tiene motivos de queja ni sobre el nivel de cooperación y ayuda que recibe de la comisión parlamentaria, ni sobre la competencia de ésta, ni sobre la forma en que hemos decidido trabajar. 
¿Va a asegurar esto al Parlamento Europeo y lamentar tanto como yo que a las relaciones les pueda perjudicar el uso imprudente de una prensa que no siempre es responsable? 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Collins por su pregunta. 
Es evidente que lo que estamos tratando ahora es uno de los temas más importantes para las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, es decir, por un lado, nuestra cooperación y, por el otro lado, toda la evolución democrática. 
Creo que en realidad lo que interesa más a la Comisión y al Parlamento es garantizar el mejor debate público posible, la participación de los ciudadanos y unos buenos resultados. 
Este proceso es, a veces, complicado en los sistemas democráticos. 
No siempre estamos todos de acuerdo. 
Puede haber diferencias de opinión sobre el contenido de las propuestas, como veremos un poco más tarde en la votación, y es posible que haya desacuerdo en lo referente a las diferentes enmiendas, pero, con todo, es posible obtener resultados. 
Quiero subrayar que en algún momento he criticado la existencia de más de 100 enmiendas al Quinto Programa de Acción. 
Este hecho no beneficia al público. 
El procedimiento tampoco me ha parecido adecuado. El lunes se redujo el número a 50, la noche del martes mantuvimos un debate sobre este tema, y hoy lo sometemos a votación. 
Creo que, grosso modo, estamos de acuerdo. 
Creo que todos deseamos las mejores condiciones posibles para la participación del público en este debate. 
Esto no quita que debamos respetar el trabajo de los demás. 
Ha sido un placer para mí cooperar con la Comisión de Medio Ambiente, con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y con los ponentes, como se ha podido comprobar en relación con el informe presentado por el Sr. Lannoye y como se verá más tarde, en el día de hoy, en relación con el informe del Sr. Rübig. 
Unas palabras duras no alteran en la esencia la cooperación. 
Estoy dispuesta a continuarla y espero que sea posible alcanzar un resultado positivo. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, por una cuestión de orden. 
Sabiendo que una votación nominal cuesta unos 1.500 ecus, y teniendo 50 votaciones, calculo que nos habrá costado unos 75.000 ecus. 
Señor Presidente, le rogaría que dirija al Parlamento la pregunta de si desea proseguir con las votaciones. 
Hemos sido informados esta mañana de que habría muchas votaciones y de que se requeriría algo más de tiempo. 
Es la 1.30 ya, y creo que hemos llegado al límite de nuestra paciencia. 
Solicitamos a la Presidencia que, cuando se presenten votaciones así, se inicien a las 11.30 horas para no emplear todo el tiempo del mediodía en las votaciones. 
Quisiera, por lo tanto, que se pregunte a la Asamblea si deberíamos interrumpir. 
(El Parlamento decide proseguir la votación) 
Seguramente el factor menos móvil aquí no es la mano de obra, sino el Nuevo Laborismo. 
Puesto que hace ya un buen rato que es hora de comer, no voy a reprenderle por hacer chistes malos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Los firmantes votamos en contra del informe en su totalidad. 
La Comisión carece de competencia para los trabajos de vigilancia en torno a la salud que el informe propone. 
La propuesta del informe crea un nivel medio innecesario, y que menoscabaría la eficacia en la cooperación internacional en materia de política de salud. 
Por el contrario, debería existir una línea directa y consecuente entre la OMS y los responsables de la salud a nivel estatal, así como entre estos últimos. 
El objetivo que se persigue es naturalmente digno de elogio, consiste en establecer un centro para el control de las enfermedades infecciosas. 
No obstante, soy muy escéptico en cuanto al valor de que se creen nuovos centros de investigación a «nivel comunitario». 
Suecia ya ha desarrollado unas redes para cumplir con este objetivo en colaboración con la OMS. 
El problema es que estas nuevas instituciones de la UE reguieren unos medios que es necessario extraer de otros objetivos. 
Cualquier decisión positiva en torno a la creación de una institución de la UE exige seguramente- sobre todo teniendo en cuenta la opinión poco favorable a los impuestos dentro de la Unión- unas decisiones negativas a nível nacional o global. 
Además, tengo mis reservas en cuanto a que el Parlamento dé nombre a estos nuevos órganos de control (ver la emmienda nº 8). 
El hecho de que precisamente se denomine «Eurocentros» a los órganos nacionales no mejora las cosas. 
Informe Dybjær 
Se han añadido a este informe una larga serie de enmiendas, muchas de ellas evidentes y de gran calidad. 
En nuestro tratamiento del Programa, nos hemos ceñido a la idea de que lo que había de realizarse era una revisión del Programa de acción actual, y no un nuevo Programa de acción. 
Esta idea se refleja en nuestro modo de votar, y por eso no apoyamos muchas de las propuestas presentadas. 
Pensamos además que el mayor reto al que ahora se enfrenta la UE es el de cumplir con los requisitos que se ha fijado. Se trata también de encontrar una solución para la normativa de transición que existe actualmente para Suecia, por ejemplo, en el ámbito de los fertilizantes. 
La UE debe, a través de unas acciones concretas, demostrar que toma en serio las cuestiones ambientales, y que las afirmaciones solemnes también van a tener repercusiones en el proceso decisorio. 
El informe Dybkjær, según el texto de la Comisión de Medio Ambiente, se expresa de forma muy crítica respecto al trabajo de revisión llevado a cabo por la Comisión Europea sobre los avances en la actuación del Vº Programa. 
Los objetivos del programa no se alcanzarán, al menos en muchos y muy importantes sectores, si no se envía una señal clara a los Estados miembros para que tomen en cuenta seriamente y concedan la máxima prioridad al compromiso adquirido en materia de desarrollo sostenible. 
Habida cuenta de que la propuesta de decisión de la Comisión Europea no reflejaba esta urgencia, la comisión parlamentaria se hizo cargo del trabajo que aquella debía llevar a cabo, señalando asimismo las carencias más graves del Vº Programa, tales como la falta de objetivos definidos y de plazos, y sugiriendo las primeras indicaciones para el próximo VIº Programa de acción. 
La revisión forma parte del procedimiento de codecisión y, por consiguiente, ofrece al Parlamento la oportunidad de un profundo debate con la Comisión y los Estados miembros sobre el desarrollo sostenible en Europa, la inmediata incorporación de las cuestiones medioambientales en las demás políticas, la necesidad de establecer indicadores que permitan evaluar el avance hacia la sostenibilidad y establecer los objetivos y el calendario para los próximos años. 
El programa que hoy nos ocupa es, desde 1973, el quinto presentado por la Comisión. 
Esta es la prueba de que el medio ambiente se ha convertido en un elemento indispensable a la hora de establecer las diferentes políticas comunitarias. 
Esta propuesta de decisión se basa en dos nuevos documentos, el informe de la Comisión sobre los progresos y el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre la situación del medio ambiente en Europa. 
A mi juicio, los esfuerzos actuales son insuficientes para cumplir con los objetivos de este quinto programa de acción. 
Por tanto, deseo que nuestra Asamblea dé muestras de mayor voluntad. 
Las explicaciones dadas en el debate de anoche por la Comisaria Bjerregaard y su anuncio de un sexto programa de acción en materia de medio ambiente, cuando aún estamos en la penosa revisión del 5º programa, me parecieron fuera de lugar. 
Manifestaciones como ésta además de dañar la credibilidad de la política ambiental de la Unión, resultan extravagantes. 
Todo el mundo sabe que tras el Tratado de la Unión un nuevo programa global resulta inadecuado y contradictorio con el propio Tratado. 
De ahí que mi voto refleje esta contradicción. 
El quinto programa de acción para el medio ambiente se aprobó en 1992, y es válido hasta el año 2000. 
La revisión de la Comisión en este momento en que estamos en el «segundo tiempo» es una catástrofe para el medio ambiente: ninguna propuesta concreta, ningún calendario, ninguna garantía de que la UE cumpla con las salvaguardias suecas de cuatro años de duración y, con ello, gran riesgo de que Suecia no pueda conservar sus requisitos ambientales más estrictos cuando expire este periodo. 
La totalidad del programa es un gran paso atrás para el medio ambiente, y demuestra claramente que éste no es un ámbito prioritario para la UE. 
La propuesta tenía que haberse rechazado. 
Tampoco tenemos garantías de que una nueva propuesta de la Comisión vaya a resultar mejor. 
Una nueva propuesta retrasaría aun más la marcha de los trabajos en torno al medio ambiente. 
Por consiguiente, he decidido votar a favor, pero al mismo tiempo apoyar la mayor parte posible de las enmiendas presentadas con vistas a darle una mayor rigurosidad al programa. 
También he votado a favor de las propuestas suplementarias de agricultura ecológica, de reducción del uso de pesticidas, de menor consumo energético, del impuesto sobre este tipo de consumo, y sobre el dióxido de carbono. 
Informe Rübig 
La Comisión propuso dotar de una base jurídica al apoyo financiero para los gastos de gestión de las organizaciones que se ocupan de las políticas medioambientales en Europa. 
La propuesta de la Comisión es más bien restrictiva y no supone todavía un apoyo real a la existencia de un movimiento medioambiental fuerte y bien coordinado que, por el contrario, sería necesario para fomentar y apoyar el desarrollo sostenible en esta parte del mundo. 
El informe Rübig, según lo acordado con la Comisión de Medio Ambiente, significa una respuesta a la propuesta de la Comisión. 
El mismo define claramente qué organizaciones deben ser apoyadas y respeta la necesidad de que las mismas establezcan por sí mismas sus prioridades y actividades. 
Asimismo, subraya la necesidad de que el apoyo financiero para su trabajo de coordinación proceda también de otras fuentes, pero evita establecer su cuantía, al no considerarla un requisito indispensable para el apoyo de la Unión Europea. 
Se trata de un enfoque correcto, habida cuenta de que coordinarse a escala europea es costoso y, con arreglo al principio de subsidiariedad, las autoridades europeas deberían ser las primeras en asumir la responsabilidad de contribuir a que los ciudadanos y sus organizaciones participen en los avances de la política europea, más que recurrir a financiaciones nacionales o incluso locales. 
Asimismo, es un hecho de dominio público que en muchos países europeos las organizaciones medioambientales no pueden hallar más que recursos muy limitados y, de cualquier modo, ligados a la actuación de proyectos de protección medioambiental muy específicos y de ámbito nacional o local. 
Salvo casos excepcionales, no se prevén líneas presupuestarias destinadas a un trabajo de coordinación y representación europea. 
Por lo tanto, es sumamente difícil de llevar a cabo la actividad internacional de las organizaciones sin el adecuado apoyo de la Unión Europea. 
Informe Rapkay (A4-332/96) 
En la resolución sobre la política de competencia que acaba de votarse, el Parlamento Europeo se opuso «categóricamente» (esta es la palabra que utilizó) a la propuesta alemana destinada a crear, a escala europea, una Agencia Independiente encargada de arbitrar los litigios de competencia. 
No obstante, las motivaciones de nuestra Asamblea no son muy claras. 
En efecto, el texto de la resolución critica esta idea porque tendería a sustraer la agencia «a todo control democrático». 
Paralelamente, la exposición de motivos presenta una crítica igualmente violenta, pero por una razón exactamente inversa: la agencia correría el riesgo de ser un «órgano altamente politizado» , porque estaría «bajo la vigilancia del Consejo» , órgano que reúne a los Gobiernos de los Estados miembros. 
Así, no queda muy claro si el Parlamento se opone a esta agencia porque sería insuficientemente democrática o, por el contrario, porque lo sería demasiado. 
Sin embargo, por ello mismo se comprende que exista, sin duda alguna, otra razón para esta oposición feroz; en realidad, la mayoría de esta Asamblea está descontenta de que alguien pueda prever reducir los poderes de la Comisión, sobre ese punto o sobre cualquier otro, en el curso de la Conferencia Intergubernamental. 
A esta contradicción, el ponente consideró hábil añadir un argumento que, en realidad, se vuelve en contra suya; la creación de una agencia distinta a la Comisión correría el riesgo, a su juicio, de provocar «una falta de coordinación perjudicial entre la política de competencia de Europa y los demás objetivos esenciales del Tratado». 
Esta declaración equivale, lamentablemente para su autor, reconocer de manera bastante transparente que la Comisión aprovecha sus múltiples mandatos para mezclar los géneros, con el riesgo de poner la política de la competencia al servicio de otros objetivos, que ella habrá decretado ser los del Tratado. 
Este caso de confusión de género no es el único. 
Ya tuve la ocasión de denunciar esta mañana otra confusión del mismo orden en las misiones de la Comisión, unas veces distribuidora de ayudas comunitarias que pueden cuestionarse, otras veces juez severo respecto a las ayudas que distribuyen los Estados. 
Sería oportuno aprovechar la ocasión de la Conferencia Intergubernamental para esclarecer todo esto y volverlo a poner en orden. 
Para lograrlo, es preciso volver a centrar a la Comisión en su misión primera consistente en la preparación de las reglamentaciones. 
Por tanto, no debe encargarse ni de la distribución de ayudas eventuales (tarea que toca a los Estados) , ni del arbitraje de los litigios de competencia, tarea que debe incumbir a un organismo especializado, bajo el alto control político del Consejo, tal como figura en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado. 
Informe Kuckelkorn 
El objetivo de las garantías sobre préstamos para las inversiones de las pequeñas empresas a nivel de la UE tiene las intenciones correctas. 
Pero nosotros pensamos que estas cuestiones se pueden administrar mejor a nivel nacional y regional, más cerca de la empresa. 
En nuestra opinión, es mejor abstenerse de tener un programa dedicado a esta actividad, y en su lugar reducir las contribuciones de los Estados miembros a la UE, para que así dispongan de unos mayores recursos económicos con que apoyar a las pequeñas empresas a nivel nacional y regional. 
De este modo habrá menos burocracia, un mejor control y valoración de la ayuda que hay que conceder a las pequeñas empresas. 
Votamos a favor de este informe, pero reiteramos nuestro deseo de que en el futuro existan unas ayudas dentro de la UE organizadas de conformidad con las líneas expuestas. 
Apoyamos cualquier esfuerzo que pueda contribuir, aunque sea parcialmente, a combatir la trágica situación en la que se encuentran actualmente las PYME. 
Denunciamos la comedia que se hace en torno a la cuestión de a quién le corresponde la elaboración de una política para la PYME. 
El Consejo pasa la patata caliente a los Estados miembros, mientras que los gobiernos nacionales remiten a la Unión Europea. 
Nosotros somos de la opinión de que la Unión Europea debe asumir sus responsabilidades procediendo a la adopción de una política global de apoyo y mejora del entorno, tanto financiero, como más general, en el que operan las PYME, y, especialmente, las más pequeñas entre ellas. 
Además, las medidas de liberalización y desregulación de los mercados, las restricciones de acceso al sistema de créditos, la política comercial y la política de la Unión Europea en general tienen un efecto catalizador con respecto a las opciones y la viabilidad de las PYME, conduciendo a miles de PYME a la ruina y el cierre. 
Consideramos que la iniciativa ELISE, bajo determinadas condiciones, podría ser una ayuda para las PYME. 
Sin embargo, tenemos que llamar la atención sobre la inaceptable demora en la toma de decisión y la negación del Consejo de prorrogar el programa especial para la subvención de los tipos de interés a favor las PYME (la concesión de préstamos en favor de las PYME). 
Desaprobamos, igualmente, que los créditos destinados a acciones en favor de las PYME en el proyecto de presupuesto de la Unión Europea de 1997 hayan sido, prácticamente suprimidos, hecho que demuestra la contradicción e hipocresía de los órganos institucionales de la Unión Europea, al referirse a las PYME como fuente potencial básica de empleo. 
Es característico que, mientras que en el presupuesto de 1996 se destinaban 57, 75 millones de ecus a acciones en favor de las PYME (línea B5-322, » Empleo y desarrollo para Europa» ), para 1997 sólo están previstos 25 millones de ecus, los cuales corresponden al presupuesto de ELISE y se habían asignado inicialmente al fondo de reserva. 
En concreto, referente a ELISE, consideramos que las garantías de créditos, en un marco regulador específico y favorable para el beneficiario, pueden facilitar el acceso de las PYME a la financiación reduciendo el nivel de los tipos de interés. 
No obstante, debe haber garantías y criterios que aseguren que el porcentaje garantizado del importe del préstamo y el importe máximo garantizado del préstamo dependan del número de los puestos de trabajo creados. 
Dado que el problema de financiación exterior es más acentuado en las PYME más pequeñas, (que emplean a menos de 10 trabajadores) las rúbricas deben dirigirse a éstas. 
¡Que se proponga como criterio de selección la garantía del carácter real y permanente de los puestos de trabajo creados! 
¡Que se garantice la transparencia en la selección de los beneficiarios, para impedir los fraudes! 
Informe García Arias 
Señor Presidente, estimados colegas, también el Grupo del Partido Popular Europeo presentará una explicación de voto por escrito, pero en este momento quisiera añadir de palabra que por primera vez desde hace 25 años- desde hace tanto tiempo se están discutiendo en esta Asamblea informes sobre la competencia- el Grupo del PPE ha rechazado un informe. 
El Grupo del PPE celebra expresamente el informe presentado por la Comisión y rechaza el informe de nuestra colega, la Sra. García Arias, porque se opone en ámbitos muy importantes a una política que se caracteriza por la competencia y por la integración. 
He querido añadir esto verbalmente y presentaré adicionalmente unadeclaración por escrito. 
Consideramos que el informe es de gran calidad en líneas generales, y que contiene observaciones en relación con el informe de la Comisión sobre política de competencia. 
No obstante, hay que admitir que en nuestra opinión el informe contiene manifestaciones demasiado positivas sobre la necesidad de reducir la ayuda estatal, de desreglamentar, etc. No estamos de acuerdo con la redacción del apartado 30, donde se dice que deben armonizarse los niveles de apoyo nacionales, o que los servicios postales deben verse expuestos a la competencia (apartado 40). 
No compartimos, en pocas palabras, la opinión en extremo positiva del ponente sobre la desreglamentación y el aumento de la competencia, pero a pesar de ello votamos a favor del informe, ya que contiene una serie de indicaciones excelentes. 
Apoyamos el informe del ponente sobre el estudio de la Comisión sobre política de competencia. 
Además, deseamos señalar que la desregulación del sector energético y de los servicios postales no tiene por qué conllevar una privatización. 
Las empresas fuertes con conciencia social, que disfrutan de la confianza de los consumidores, soportan bien la competencia. 
No obstante, no debe suceder que las empresas con conciencia social sean las únicas que asuman su responsabilidad para con las personas de las zonas despobladas, mientras las privadas se concentran exclusivamente en las regiones donde son mayores las ganancias económicas. 
Un ejemplo de esto es la empresa privada Citymail en Suecia, que concentra su actividad en la capital, y la empresa Posten, más concienciada en cuanto a su responsabilidad, caso en el que se ha prohibido que ésta última compita en pie de igualdad con Citymail. 
Debe darse a las empresas responsables desde el punto de vista social las mismas condiciones para la competencia que tienen las privadas. 
Tenemos que tomar una decisión respecto al XXV informe anual sobre la política de la competencia, presentado por la Comisión. 
El año de 1995, nos dice la Dirección General de la competencia (DG IV) , mostró un fuerte incremento en el número de casos que se presentaron para su examen. 
Este fenómeno se explica por el hecho de la adhesión de tres nuevos Estados miembros. 
Esta sobrecarga de trabajo demuestra la dificultad de las empresas a aprehender los límites de la política de competencia. 
Más allá del primer elemento, lo que me preocupa es la utilización del apartado 2 del artículo 90 del Tratado. 
En efecto, la privatización o la lógica mercantil no debe comprometer la existencia de los servicios de interés general. 
Cada vez se hacen sentir más inquietudes respecto a estos servicios. Están la electricidad, las telecomunicaciones, el expediente postal. 
Cada día, el enfoque adoptado por la Comisión invocando este artículo, vacía estos servicios de su substancia. 
En tanto que socialista, yo no puedo admitir esta política. 
El 25º informe de la Comisión Europea sobre la política de la competencia debería brindar la ocasión de reflexionar en las ayudas públicas al empleo, que ya han sido objeto, estos últimos tiempos de numerosas controversias. 
Se ha visto, por ejemplo, a la Comisión Europea, en aplicación de las competencias casi exclusivas que le confieren los artículos del 92 al 94 del Tratado, criticar el plan textil francés que preveía un aligeramiento de las cargas sociales en ese sector, aceptando como contrapartida compromisos precisos de las empresas para salvaguardar el empleo, la contratación de los jóvenes o la distribución del tiempo de trabajo. 
Por lo demás, Francia no ha sido el único país objeto de tales decisiones en el período reciente: Italia también, por su ayuda al empleo en el sector del calzado, Alemania, por el apoyo de un Land a Volkswagen, y muchos otros países más. 
Efectivamente, las ayudas públicas sectoriales llevan a menudo a falsear la competencia, a retrasar los ajustes estructurales necesarios y hacer pesar sobre las empresas sanas, a través del impuesto, el coste de ayudas inútiles a empresas sin futuro. 
Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco hay que perder de vista que, en la tormenta económica y social actual, los Estados tienen el deber de tratar de preservar la cohesión de sus sociedades. 
Parecerá extraño que esta misión de cohesión sea denegada, o parcamente reconocida a los Estados miembros cuando, gracias a su proximidad, son los más indicados para ejercerla con discernimiento y son también, en aplicación del principio de subsidiariedad, los primeros responsables de la política del empleo. 
Parecerá aún más extraño que la Comisión, negándose a aplicar ella misma los principios que aplica a los demás, distribuya a través de los Fondos estructurales ayudas comunitarias que falsean la competencia y contribuyen a provocar deslocalizaciones artificiales, como acabamos de presenciar en Francia con la empresa japonesa JVC. 
Por tanto, deseamos, por una parte, que las ayudas distribuidas desde Bruselas sean suprimidas, ya que son demasiado ciegas, por otra, que el juicio sobre las ayudas públicas nacionales sea un poco más moderado en consideración de la misión de cohesión. 
Con este propósito, y para reducir las incoherencias de la Comisión, nos parece que sería necesario facilitar el uso, por parte del Consejo, del poder de regulación último que le reconoce el apartado 2 del artículo 93, pero que parece no haber servido nunca. 
¡Para la Unión Europea y el Parlamento Europeo una contradicción más no significa mucho! 
En octubre, se vota en favor del reparto del tiempo de trabajo, en noviembre, se decanta por una competencia cada vez mayor. 
Sin embargo, mientras más se acentúa la competencia, el trabajo se concentra todavía más. 
Hoy día, en la Europa de los Quince, hay, por un lado, los que tienen trabajo y, bajo la presión de la competencia, trabajan cada vez más y más tiempo y cada vez más y más intensamente y, por otro, están los rechazados por el mercado del empleo y que permanecen parados cada vez más tiempo. 
Este mecanismo de explotación, por un lado, la exclusión por el otro, es el producto de una competencia cada vez más fuerte. 
La competencia es económicamente necesaria. 
Convertirla en un dogma es una aberración social y humana. 
Una vez más, con ocasión del informe anual sobre la política de competencia, la Comisión y la ponente nos preparan para una liberalización más amplia del mercado y una aceleración de los trámites de liberalización y privatización, para un control más estricto de las ayudas estatales, la ampliación de los controles respectivos y el refuerzo de las sanciones. 
Por lo visto, la UE no está dispuesta a aprender de la realidad y su evolución y de las trágicas consecuencias de su política. 
Se niega a admitir que el empleo ha sido la primera víctima de la política de competencia. 
Se niega a admitir, en nombre de la «libre» competencia, que han desaparecido cientos de miles de PYME y ramas enteras de la industria están siendo desmanteladas. 
Sin embargo, la realidad es dolorosa, también desde el punto de vista institucional, el de la posibilidad de ejercer un control democrático. 
La realidad nos enseña que la privatización de sectores de importancia estratégica, con el pretexto de que distorsionan la competencia, conduce a la entrega de estos sectores al control de un número reducido de grupos multinacionales muy poderosos. 
Se trata de una concentración de poder escandalosa que, como asociaciones de lucro multinacionales, tienen en sus manos la economía de países enteros, y esto en sectores de importancia estratégica, debido a su carácter de interés público. 
Son representativos, en este sentido, los últimos acontecimientos en el sector de las telecomunicaciones, con la decisión de fusionar British Telecom con MCI, la segunda compañía más grande de telefonía de los Estados Unidos. 
Se tratará de un complejo que abarcará 72 países, mientras el volumen de negocio de las dos compañías asciende a 43 mil millones de dolares. 
Instamos a la Comisión a que nos diga si este proyecto es compatible, y de qué manera, con la aclamada legislación sobre la competencia. 
¿No cree que se trata no ya del abuso de una posición dominante, sino de la práctica eliminación de la competencia y la creación de un oligopolio a escala mundial? 
Lo mismo está a punto de ocurrir con la privatización y fusión de France Telecom y Deutsche Telecom, que llevará a la creación de un monopolio privado gigantesco. 
Es positivo que la ponente llame la atención sobre este problema, aunque no propone ninguna solución para hacer frente a la concentración del poder económico en manos de oligopolios a escala mundial. 
No propone, tampoco, ninguna medida para luchar contra la creciente interdependencia de las entidades de créditos, junto a otros inversores institucionales y los servicios públicos privatizados, como, por ejemplo, en el sector de la energía. 
No condena el fenómeno, que ella misma reconoce, de la privatización de empresas públicas lucrativas y de importancia estratégica por un precio simbólico, como los astilleros griegos o Thomson en Francia. 
Por el contrario, el informe solicita un refuerzo de los trámites de liberalización para el sector de la energía y los servicios de correos, cuando los datos demuestran que esto conduciría a la desaparición del servicio universal, al abandono de las regiones más apartadas, y, sobre todo, de las regiones insulares y montañosas. 
Además, solicita un endurecimiento de la política que se practica en este sector. 
Nosotros no votaremos a favor del informe, no porque rechacemos la necesidad de que existan ciertas reglas de competencia que, bajo determinadas circunstancias, pudiesen proteger a los pueblos y a las economías, sino porque condenamos la filosofía que defiende la Unión en esta materia, rematada con las trágicas consecuencias que tiene para los trabajadores y para nuestra economía nacional. 
Informe Secchi 
Pensamos que el informe contiene en su mayor parte unos puntos centrales, pero algunas de sus opiniones hacen que no podamos votar en su favor en la ronda final. 
En varios apartados se menciona la necesidad de una profunda armonización fiscal. 
Pensamos que esta competencia debe seguir estando en los Parlamentos nacionales elegidos democráticamente. 
La población sueca debe conservar su derecho ancestral a «fiscalizarse a sí misma». 
Pensamos que el compromiso total con la economía de libre mercado y la exigencia de una moneda común son las causas esenciales del alto nivel de paro y, con ello, del bajo crecimiento en Europa. 
Pensamos que la eliminación total de controles de pasaportes que se debate en el apartado 6 podría contribuir a que se extendiera con mayor facilidad por la Unión el tráfico de estupefacientes y otras formas de criminalidad. 
Encontramos dudoso que vaya a contribuir al bienestar de los ciudadanos el hecho de que no tengan que mostrar su pasaporte. 
Un mercado interno que funcione constituye una de las piedras angulares de la UE. 
La correcta realización de dicho mercado constituye una parte importante en los trabajos por conseguir una mayor eficacia y, con ello, un mayor bienestar y más empleo. 
Si queremos que este mercado funciones realmente, es necesario que se complete con unas medidas, como el fortalecimiento de la protección del consumidor y una política social sostenible com unas normas mínimas comunes. 
El informe Secchi plantea la mayoría de problemas que nos quedan antes de que puedan cristalizar las cuatro libertades fndamentales. 
No obstante, nos oponemos a los apartados del informe que tratan de la armonización absoluta de los impuestos directos. 
El informe de la Comisión sobre el mercado único en 1995 quedará como un monumento de visión unilateral. 
No cabe duda de que el mercado único ha procurado ventajas ciertas, enumeradas por el texto, por ejemplo, de 300.000 a 900.000 puestos laborales suplementarios. 
Sin embargo, en primer lugar, las ventajas constatadas no están a la altura de las promesas (5 millones de empleos prometidos). 
Y, sobre todo, sería preciso preguntarse por qué, en el terreno, la creación de empleo de las que se enorgullece se traducen en millones de desempleados suplementarios. 
Este aspecto de la cuestión no se examina de ningún modo en el informe de la Comisión, que se basa totalmente en la idea simplista de que los progresos registrados provienen de los efectos benéficos del mercado único, pero que las regresiones deben proceder de otro lado- sin que se nos diga precisamente de dónde. 
La explicación se lee entre líneas en el texto, donde en cada página se transparenta la obsesión de transformar el mercado único en máquina de guerra para unificarlo todo y construir un Superestado europeo. 
Por ejemplo, el informe de la Comisión, al mismo tiempo que lamenta que todavía existan controles de personas en las fronteras internas de la Unión, se felicita de que los Estados miembros de Schengen las hayan abolido entre ellos «de manera irrevocable» y anuncie su determinación a extender este sistema a toda Europa. 
El informe insiste mucho: » en el espíritu de la Comisión, el mercado interior debe funcionar en las mismas condiciones que el mercado nacional, y los viajes intracomunitarios desarrollarse de la misma manera que un viaje entre regiones y provincias en el interior de un Estado miembro» , es decir, tanto para los nacionales comunitarios como para las personas procedentes de países terceros. 
Aquí puede observarse bien de dónde provienen los efectos negativos del mercado único: de la visión ideológica que anima a sus promotores. 
Dado que la supresión de controles en las fronteras internas impondrá, para satisfacer a los doctrinarios del federalismo, a los diversos países miembros, y por tanto a sus economías, costes considerables, tales como los de la inmigración clandestina, la multiplicación de la circulación y el aumento de la inseguridad. 
Esta voluntad de fusionarlo todo, que pervierte la visión moderada que podía tenerse del mercado único en su origen, está presente en cada página del informe. 
Sobre la moneda única, por ejemplo, la exposición de motivos del Parlamento Europeo sostiene que es preciso llegar a la unificación completa de las economías, por tanto, de las sociedades, para que la unión monetaria pueda funcionar realmente. 
Por lo demás, el razonamiento parece de una lógica impecable; mientras persistan «diferencias importantes de las variables económicas reales, los mecanismos de amortiguamiento de los choques exteriores acabarían inevitablemente en procesos divergentes de ajuste, lo que acarrearía consecuencias graves para el proceso de cohabitación monetaria». 
Dicho de otro modo, vamos a hacer una moneda única sin que exista previamente la zona monetaria óptima que debería sostenerla; por tanto, ¡démonos prisa en unificarlo todo para fabricar lo más rápido posible esta zona monetaria óptima! 
¿Cuánto va a costar esta reunificación furiosa y, por tanto, esta rigidez nueva, en términos de empleo? 
Esperemos el informe de la Comisión sobre el mercado único en 2002 que, si la unión monetaria se lleva a cabo, nos explicará sin duda alguna imperturbablemente que- ¡victoria! -hemos creado 500.000 empleos nuevos, pero que, desgraciadamente, el número de desempleados ha aumentado a 10 millones. 
Los firmantes, que votamos en contra del informe Secchi en su totalidad, queremos advertir sobre la realización de los objetivos del apartado 37. 
Una política impositiva común nos llevará al caos sustancial y al empeoramiento de la crisis social en los países miembros. 
La exigencia del apartado 37 es un ataque contra la soberanía nacional y contra la democracia parlamentaria de los países miembros. 
Si se pone en marcha este requisito, se precipitará la crisis en la Unión. 
No estamos de acuerdo en que la puesta en marcha del mercado interno solucione los problemas de desempleo que tienen los Estados miembros. 
Por el contrario, la armonización en todos los ámbitos sólo creará distorsiones, dado que las regiones de la UE son distintas, entre otras cosas en cuestiones relacionadas con los ramos empresariales y en aspectos culturales, históricos y lingüísticos. 
Un mercado interno completamente libre, que no tenga en cuenta el medio ambiente, la protección de los animales y la diversidad regional no promoverá el crecimiento a largo plazo ni el bienestar de los ciudadanos. 
Además, la armonización de la normativa fiscal llevará a unos mayores problemas de empleo cuanto más se reduzca la flexibilidad financiera en los países miembros. 
Además, pensamos que sería excelente que no se eliminasen por completo los controles en las fronteras internas. 
Es necesaria una protección fronteriza dentro del propio mercado interno para evitar el tráfico de drogas. 
Lamentablemente, la adhesión ya ha significado para Suecia un deterioro de dichos controles, lo cual nos ha traído un aumento de la entrada de estupefacientes en el país. 
Está muy bien que el ponente no quiera «alejarse» del principio de subsidiariedad, pero la propuesta de resolución más bien tiende a axfisiarla. 
Aumenta la distancia entre los que adoptan las decisiones y los que se ven afectados por ellas, y se transfiere poder de los diversos Estados miembros a Bruselas. 
Los socialdemócratas daneses están en contra de las propuestas sobre armonización fiscal, ya que, en nuestra opinión, tal armonización no es requisito indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior. 
He apoyado hoy este informe porque en él se destaca, acertadamente, la importancia de que esas normas del mercado único que hemos acordado se apliquen en cada uno de los Estados miembros. 
Con demasiada frecuencia, nuestros ciudadanos reciben la impresión de que sólo en su propio país se hacen cumplir las normas, mientras que los ciudadanos y empresas de otros Estados miembros obtienen una ventaja competitiva desleal gracias a una aplicación menos estricta de las normas de la UE. 
Esto, evidentemente, produce desilusión con Europa, así que cualquier medida para resolver el problema es bien recibida. 
La más importante tarea a la que se enfrenta hoy en día la UE es la de consolidar el mercado único, a fin de garantizar que las empresas europeas puedan operar eficazmente y, por lo tanto, crear puestos de trabajo. 
El informe tiene muchos méritos, pero hay tres cuestiones que hacen que no pueda votar en su favor en la ronda final: 
1.En el considerando B se habla de «avances más rápidos hacia la plena realización del mercado interior para... la ya próxima introducción de la moneda única» , y en el considerando C de «un mercado interior que funcione correctamente como factor fundamental de crecimiento económico».No puedo de ningún modo votar a favor, ya que estoy convencido de que el mercado interno, con su adscripción total a la economía de libre mercado, así como al requisito de la moneda única, es una de las causas principales del alto nivel de paro y, con ello, del bajo crecimiento que tenemos en Europa. 
2.En varios apartados se menciona la necesidad de una profunda armonización fiscal. 
Como ya he desarrollado en mi intervención, no creo que esto vaya a favorecer la causa de un objetivo económico razonable. 
El único objetivo que va a impulsar será el del fortalecimiento de la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión.3.En el apartado 6 se habla de la conveniencia de la eliminación total de los controles personales en las fronteras. 
No creo que esto aumente el bienestar del ciudadano; no le causa ningún problema mostrar su pasaporte. 
Lo que va a ocurrir en cambio es que les resultará más fácil a los traficantes de drogas y otros delincuentes extenderse por la Unión.- Informe Hautala 
Se dicen muchas cosas positivas en el informe, por ejemplo sobre la necesidad de una legislación marco en materia social o sobre la de un impuesto sobre la especulación monetaria. 
No obstante, también se extraen unas conclusiones muy dudosas. 
No estamos en absoluto de acuerdo con las afirmaciones positivas que se hacen en varios apartados del informe relativas a la introducción de la moneda única. 
No creeemos en absoluto que la UEM vaya a solucionar el problema de la especulación monetaria o del empleo. 
En el apartado 5 se solicita a la Comisión que adopte unas medidas para suprimir los obstáculos existentes para que los trabajadores puedan beneficiarse del mercado interior. 
Como ejemplo se menciona la falta de una armonización fiscal. 
No compartimos este punto de vista. 
Las divergencias fiscales que existen tienen unas repercusiones negativas ínfimas (eso si las tienen) sobre la economía. 
Por el contrario, de momento sirve a la causa democrática que los pueblos de Europa tengan derecho a «fiscalizarse a sí mismos». 
Con estas reservas votamos, no obstante, a favor del informe en su totalidad. 
Mi grupo tiene profundas reservas sobre este informe, que en muchos aspectos se opone abiertamente a algunas de nuestras más firmes convicciones. 
En particular: 
rechazamos los aspectos del mismo que podrían poner en peligro el mercado único; -lamentamos que parezca no tener en cuenta la distinción entre los traslados de empresas dentro de la Comunidad y fuera de ella; -omite reconocer la importancia de las inversiones extranjeras directas en la creación de puestos de trabajo.Creemos, además, que el informe se desvía hacia algunas áreas que competen a otras comisiones. 
Menciona la «caza de subvenciones» que trae consigo la asignación de las ayudas de los fondos estructurales (sin, por cierto, hacer alusión al mismo fenómeno en relación con los fondos de cohesión). 
Sea como fuere, estas reflexiones corresponden más bien al ámbito de competencia de nuestra Comisión de Política Regional. 
En el informe se hacen numerosas sugerencias acerca del papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Ésta ha sido objeto de tres informes separados de la Comisión REX esta misma semana (los dos informes Kittelmann y el informe Kreissl-Dörfler). 
Por estas razones, mi grupo no se siente capaz de dar su apoyo a la resolución. 
Hemos votado en favor del informe, a pesar de que contiene una serie de argumentos federalistas bien conocidos, por ejemplo sobre la unión monetaria, a la que somos contrarios. 
A pesar de estas carencias, el informe constituye un intento de hacer frente a uno de los problemas más graves de nuestro tiempo: el de la globalización de la economía y el traspaso de poder de los órganos democráticos a un espacio de manipulación ocupado por las empresas transnacionales. 
Nuestro Grupo ha votado a favor del informe de la Sra. Hautala porque, en líneas generales, expresa nuestras inquietudes, no sólo sobre la escasa creación de puestos de trabajo, sino también sobre la continua destrucción de empleo que produce el fenómeno creciente de la deslocalización de empresas. 
Como dice la ponente, esos traslados de empresas suelen ser perjudiciales para el mercado de trabajo y para las condiciones de vida, tanto de las regiones de partida como de destino. 
Es necesaria la elaboración de un marco de legislación social europea mediante la toma de decisión por mayoría cualificada; compartimos también la opinión de la ponente en cuanto a la necesidad de armonización fiscal y la articulación de una verdadera política industrial europea. 
En mi propio país, España, se están produciendo innumerables deslocalizaciones, por ejemplo en el sector textil, que se traslada a Marruecos para reducir costes de trabajo. 
La empresa transnacional Alcatel Alsthom está rescindiendo los contratos de miles de trabajadores en sus filiales de España, Francia, Italia y Portugal (concretamente, 1.338 trabajadores en Alcatel-España). 
Por todo ello, es imprescindible que se garantice la transparencia, la información y la consulta de los trabajadores afectados por reestructuraciones y deslocalizaciones, en caso de que sean inevitables. 
En contra de la masiva resistencia de los círculos conservadores el Informe Hautala de este Parlamento ha puesto en marcha una importante y trascendental discusión que ojalá se prosiga con éxito desde ahora. 
Los problemas de las deslocalizaciones constituyen fenómenos que en principio fueron valorados como una intervención positiva de instrumentos en el mercado, por ejemplo, como subvención positiva para regiones desfavorecidas por parte de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, se descuidó una compensación de la competencia en el sentido de una responsabilidad a largo plazo de las empresas privilegiadas. 
Las grandes empresas encontraron enseguida este agujero en el conjunto normativo y se regodearon en un progresivo subsidy shopping con el resultado de que los incentivos se hicieron cada vez más caros sin que tuvieran, en absoluto, una posibilidad los desarrollos regionales a largo plazo. 
Distorsiones fiscales, como la excesiva fiscalidad de la fuerza humana de trabajo, pusieron de manifiesto mediante un análisis detenido el dilema de una libre economía de mercado falsamente entendida. 
La actual OMC, que hasta ahora no es transparente ni está obligada a rendir cuentas a nadie, no cumple, en absoluto, su función específica de proporcionar al comercio de la economía mundial una base real, creando estándares medioambientales y estándares sociales y autorizando, allí donde la economía real lo haga necesario, excepciones que proporcionen a los países menos desarrollados una posibilidad de que las instalaciones industriales se sientan también responsables de las tareas de desarrollo estructural. 
Ahora hay que tomar de la Comisión la pelota que le lanzó el PE y establecer una compensación mediante instrumentos próximos a la competencia, como, por ejemplo, los impuestos, y las ventajas en subvenciones, tanto en el desarrollo estructural interno como en sus relaciones exteriores. 
Informe Kittelmann (A4-320/96) 
Aunque votamos en favor del informe en su totalidad, no podemos apoyar los apartados 29-31. 
Actualmente, la UE no tiene competencias para actuar en todos los ámbitos cubiertos por el acuerdo con la OMC. 
Una cierta parte de las competencias recae totalmente sobre los Estados miembros. 
Incluso en todas las cuestiones donde la competencia es compartida, todo Estado miembro puede actuar de acuerdo con sus principios. 
Esta posibilidad la confirma el Tratado de Roma a través de su artículo 113. 
Este es un derecho fundamental que tiene cada Estado dentro de las organizaciones internacionales. 
Nuestro punto de partida es que todo Estado miembro debe disponer del derecho a voto, libre e independiente, en toda modalidad de cooperación internacional en que participe. 
Eliminar sus competencias equivale a menoscabar la soberanía de los Estados miembros. 
La UE es una cooperación interestatal entre Estados libres, y en eso radican las competencias para actuar libremente dentro de toda cooperación que se desarrolle en el marco de otras organizaciones internacionales. 
El informe Kittelmann que el Parlamento Europeo acaba de votar la víspera de la primera reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Singapur, constituye para nuestra Asamblea un gran paso en la dirección correcta. 
En efecto, desarrolla ideas que sin duda alguna hubiera sido mejor hacer prevalecer en el momento de la ratificación de la Ronda de Uruguay, pero que de todas maneras nos alegra escuchar hoy. 
¡Más vale tarde que nunca! 
Por ejemplo, el Parlamento Europeo pide que «se relacione por fin las cuestiones comerciales con las cuestiones medioambientales, sociales y culturales» ; aprueba la idea según la cual, en esta época «el precio de los bienes y servicios no refleja plenamente los costes medioambientales que aquellos conllevan» ;» condena las distorsiones de la competencia producidas por el dumping social y medioambiental». 
Hubiéramos preferido no encontrarnos con un número de solamente 65 diputados de 405 a rechazar el GATT, en 1994, precisamente por estas mismas razones. 
En efecto, queda de manifiesto que la reunión de Singapur no va a satisfacer las demandas del Parlamento Europeo, especialmente en los relativo a la discusión de una «cláusula social» cuya observancia deba ser respetada en el comercio internacional, va ser despachada, y reducida, en el mejor de los casos, a algunas normas sociales mínimas que en modo alguno responderán a la magnitud del problema. 
Aquí caemos en la cuenta del error estratégico que ha constituido para Europa la adopción de la Ronda de Uruguay. 
Consentimos la reducción de las tarifas aduaneras sin verificar suficientemente que aplicábamos un sistema equilibrado. 
Y ahora, nos encontramos atrapados, ya que es prácticamente imposible hacer enmiendas que serían indispensables. 
Evidentemente, apoyaremos al Parlamento Europeo, si se decide por fin a defender posiciones que son vitales para la supervivencia de nuestras sociedades. 
Aunque aún sería necesario que no se recomenzarán por segunda vez los errores que ya tan caros nos han costado. 
A este respecto, sólo puede despertar inquietud cuando se ve que nuestra Asamblea presiona a la Conferencia Intergubernamental para que conceda más poderes a la Comisión en relación con las negociaciones futuras. 
¿No se sabe todavía suficientemente que la Comisión está dispuesta a ceder a todas las sirenas del libre comercio? 
Si la Unión la convirtiera en su negociador único, correría el riesgo de multiplicar este inconveniente y favorecería la obscuridad de la negociación, de la que tanto sufrimos en Blair House. 
No solamente la noción de negociador único puede resultar en un debilitamiento del control ejercido por los Estados miembros sobre la Comisión, sino que también puede, reduciendo el número de nuestros vetos de 15 a 1, reducir nuestro margen de maniobra diplomática. 
Por tanto, pedimos a la Conferencia Intergubernamental que adopte desde hoy los medios institucionales que nos eviten hacernos dictar nuestras condiciones por los demás, como se produjo en el momento de la Ronda de Uruguay. 
Sería conveniente, sobre todo, reformar los artículos 113 y 228 para establecer la transparencia de las negociaciones y el control del Consejo sobre la Comisión y para evitar que los Estados miembros no vuelvan a encontrarse nunca ante el hecho consumado. 
Por primera vez desde la fundación de la OMC, hace dos años, se ofrece en diciembre de este año en la Conferencia de Ministros de Singapur la posibilidad de realizar un balance del trabajo de la Organización Mundial del Comercio, de hacer correcciones en su rumbo y de asignar nuevas tareas a la OMC. 
Justamente por esto es tan importante esta conferencia y por esta razón es imprescindible establecersentar señales acertadas y claras. 
El informe que ha presentado nuestro colega, Peter Kittelmann, ha sido, sin duda, un paso adelante en la dirección correcta. Efectivamente, hay que dar instrucciones claras a la Delegación de la UE respecto de su actividad en la Conferencia de Singapur. 
Esto es tan importante porque la UE no es un miembro cualquiera en el juego de fuerzas de los miembros de la OMC, sino porque la UE es una de las voces más importantes y fuertes en este organismo. 
Por esta razón, los Verdes celebramos el intento de implicarnos como diputados y diputadas en el proceso de Singapur. 
Sin embargo, hoy estamos experimentando una decepción doble. 
En los últimos meses y semanas hemos tenido que contemplar ya cómo el programa oficial de Singapur ha sido mermado de manera continuada en todas sus partes. 
Al final 140 Ministros se darán la mano en Singapur y se alegrarán de estar allí. 
Más no. 
Casi más decepcionante es que en esta Asamblea circule igualmente la divisa de no ser demasiado concretos, de que no hay que sobrecargar demasiado con exigencias a una conferencia de este tipo. 
De esta manera hoy deberán volver a desaparecer, uno tras otro, los buenos planteamientos que hemos elaborado en la Comisión REX y que hemos establecido en el informe. 
¿Se trata sólo, no extrañarse, de no proporcionar a determinados gobiernos ningún pretexto para la tan temida, como falsa, acusación de proteccionismo? 
¿No están más bien todos los defensores del libre comercio con la mirada clavada en la Conferencia de la OMC, como el conejo en la serpiente? 
Con la mirada fija en que ésta no se mueve. 
Lo mejor es que no pase nada, pues de lo contrario todas las bellas ilusiones de que «el mercado ya lo regulará» explotarán como pompas de jabón. 
En efecto, sabemos desde hace tiempo que el mercado no regula. 
Más bien, abandonado a sí mismo, produce un montón de cosas que ya no son reparables. 
Hasta ahora no existe ningún estudio que pueda demostrar cualesquiera mejoras sustanciales a través de la OMC para los países en vías de desarrollo. 
Al contrario, cada vez se hunden más mercados locales, cada vez más empresas pasan a manos extranjeras, cada vez se ejerce menos control de los trusts transnacionales, cada vez más personas trabajan en condiciones indignas para que sus jefes puedan resistir la tensión de la competencia, cada vez es menos posible un abastecimiento regional autorregulado, cada vez se destruyen más sistemas ecológicos. 
Precisamente estos temas deberían haber formado parte del orden del día en Singapur. 
Pero, probablemente, de la conferencia no se ha de esperar otra cosa que un acuerdo acerca de una forma más severa de proceder en orden a una más amplia liberalización de los mercados en beneficio de las multinacionales y sin medidas sociales ni ecológicas de flanqueo. 
En contra de anteriores aseveraciones verbales, el propio Consejo, debido a la presión de Inglaterra y también, sobre todo, de Alemania, ha anunciado en la últimas semanas su renuncia a incluir en el orden del día un debate sobre estándares sociales. 
Las ONG seguirán esperando a la puerta mientras los expertos en economía, enviados por los gobiernos, adoptan decisiones que nos afectan. 
Como lo ha puesto de manifiesto recientemente el conflicto de los plátanos, los pequeños países que no disponen del presupuesto necesario para mantener una representación permanente en Ginebra permanecen también excluidos de la toma de decisiones de la OMC a pesar de su condición formal de miembros. 
A la hora de su votación en comisión el Informe REX había sido provisto de los correspondientes anexos en todos estos temas. 
Esto fue bueno, aunque no fue suficiente. 
El informe quedó demasiado apresado por el fetiche del crecimiento económico que es absolutamente incomprensible desde el punto de vista ecológico. 
Sin embargo, el hecho de que merced a una serie de enmiendas se haya iniciado ahora el intento de aguar la versión, relativamente defendible, de la REX, constituye un certificado de pobreza para un Parlamento que no sólo debería servir de canalizador de los intereses de los más poderosos. 
Si conceptos como dumping social y duming ecológico no deben aparecer más; si no se debe financiar más estudios que demuestren las consecuencias de la liberalización de la OMC para los países en vías de desarrollo, si no se puede mencionar más que las mujeres se ven afectadas con especial dureza por la explotación, si incluso la mención de del subgrupo de trabajo «Derechos humanos sociales» significa decir demasiado, entonces lo que figura en el informe dice demasiado poco. 
Aunque el informe no responde en todos los puntos a nuestra concepción, le damos nuestra conformidad. 
Si el libre comercio mundial no engendrara tantos dramas personales, industriales o sociales en la Unión Europea, el informe del Sr. Kittelmann podría hacer sonreír en la medida en que aparece más como un acto de fe, un credo, que como un verdadero informe político. 
¿Quién puede creer hoy todavía que el comercio mundial representa la elevación del nivel de vida, la realización del pleno empleo y la prosperidad, como lamentablemente puede leerse en el considerando B del informe? 
¡Vayan a decirle eso a los que han sido despedidos porque su empresa cierra definitivamente, o se deslocaliza a un país con salarios bajos! 
¡Atrévanse a negar, después de lo que fue dicho en Davos por los principales interesados en el comercio mundial, que la globalización tiene como consecuencia directa, y esta tendencia aumentará en el futuro, una regresión social en los países industrializados! 
¡Miren lo que ocurre actualmente en los Estados Unidos, con la precarización del empleo y la baja global de los salarios! 
¡Tomen conciencia de las dificultades que los países europeos experimentan en este momento para mantener su nivel de protección social! 
Sus cláusulas social y medioambiental, incluso si son una buena idea en sí, sólo tienen valor si se aplican. 
Por tanto, ¡comiencen por imponerlas en los acuerdos criminales que la Comisión firma con todos los países del mundo y por hacerlas respetar! 
¡Doten a la Unión de una verdadera legislación de retorción, calcándola si es necesario de la ley americana! 
¡Tengan por fin el valor de demostrar al resto del mundo que la Unión Europa es la primera potencia económica y comercial del planeta, que debe comportarse como un conquistador y no como una víctima consintiente! 
¡Cesen de sacrificar el empleo de los europeos, nuestras industrias y nuestra agricultura, nuestro nivel de vida y nuestra prosperidad ya relativa, a los dogmas del libre comercio y de la competencia! 
Si la Unión Europea no lo hace, entonces será preciso que cada una de las naciones que la componen deduzca las consecuencias y restablezca en sus propias fronteras las barreras protectoras necesarias, garantías de su supervivencia. 
No puedo aceptar que se modifique el Tratado de Roma de modo que en el futuro sólo sea la UE exclusivamente la que figure como miembro de la OMC. 
Todo Estado nacional debe naturalmente decidir por sí mismo cómo va a actuar. 
El presente informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores es un excelente resumen de la evolución de la nueva Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la aplicación de los resultados de la Ronda de Uruguay. 
Tanto el ponente como la comisión son dignos de elogio por el repaso sistemático de los resultados de las negociaciones en curso, incluidos los nuevos ámbitos de la OMC, de los cuales destaco, sobre todo, los de intercambio comercial y de medio ambiente y los niveles sociales mínimos. 
La comisión subraya con razón que la UE debe afirmarse en su rechazo al trabajo infantil forzado y organizado en la industria. 
Han pasado tres años desde la clausura de la Ronda Uruguay que llevó a la creación de la OMC. 
Sin embargo, según se desprende de la decisión del Consejo de Ministros con respecto a la línea que debe seguir la Unión Europea en la inminente Conferencia Ministerial en Singapur, hoy se propone la mayor liberalización de los servicios y, en concreto, la liberalización de las telecomunicaciones y demás tecnologías relacionadas con la sociedad de la información, así como el cumplimiento estricto del calendario de liberalización y de apertura de los mercados. 
Destaca la ausencia de referencia alguna a la necesidad de renegociar los acuerdos del sector agrario. 
La Unión Europea, aunque conoce las desastrosas consecuencias que han tenido para la economía agraria la reducción de las cuotas, las subvenciones a la exportación y las tasas de importación, y cuyas primeras víctimas fueron los productos agrícolas mediterráneos, llegando prácticamente a esquilmar el mundo agrícola en países como el mío, evita conscientemente solicitar nuevas negociaciones o, al menos, ciertas medidas compensatorias. 
El Consejo no ha tomado ninguna decisión referente a la necesidad de incluir una cláusula social en las normas de la OMC y de ejercer presión sobre los países que practican el dumping social. 
Al mismo tiempo, aprovechando este mismo hecho, fomenta la supresión de derechos sociales de los trabajadores legítimamente, precisamente, con el pretexto del alto coste y de asegurar la competitividad de la industria europea. 
Nosotros consideramos que la Unión Europea, como miembro de la OMC, debe ponerse al frente de una reorientación y redefinición de los principios que determinan el comercio mundial. 
Las normas que rigen las relaciones económicas internacionales deben compaginar el desarrollo de las operaciones comerciales con el respeto de los derechos sociales fundamentales, como se definen en los tratados básicos de la OIT, con respecto al derecho de asociación y de libre negociación de convenios colectivos, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso y la prohibición de la discriminación. 
Hay que incluir requisitos mínimos medioambientales en las normas del comercio internacional. 
Hay que modificar los estatutos de la OMC, de modo que la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales constituya una condición previa para la aplicación del principio de la nación más favorecida, mientras que su infracción constituiría la base legal para movilizar las excepciones de las normas de la organización. 
Los acuerdos internacionales multilaterales deben tomar en consideración los intereses de los países menos desarrollados, fomentar las ventajas comparativas de cada país en el marco de una distribución internacional y de un proceso de especialización, creando así las condiciones necesarias para el desarrollo de todos los pueblos. 
Nosotros no daremos nuestro voto favorable al informe del Sr. Kittelmann. 
Aunque contiene algunas propuestas positivas, apoya, entre otros, los acuerdos sobre los productos agrícolas y propone además una nueva revisión de la PAC, en el sentido de los acuerdos del GATT y de las nuevas negociaciones previstas dentro de dos años, cuyo criterio básico son las restricciones «socioeconómicas». 
Exige la aplicación del calendario de liberalización del comercio de productos textiles, a pesar de conocer las desastrosas consecuencias que ésta tiene para la industria textil europea. 
Exige la aceleración de la liberalización de los servicios y llama a una inmediata conclusión de las negociaciones sobre la liberalización de las telecomunicaciones mientras exige nuevas negociaciones para la liberalización de los mercados del transporte marítimo o de las inversiones internacionales directas. 
Es evidente que tales posiciones se oponen frontalmente a nuestro punto de vista sobre el comercio internacional, pasando por alto las graves consecuencias que tienen para los pueblos y las economías de los países menos desarrollados los acuerdos de Marrakesh y que pueden resultar especialmente peligrosos para los trabajadores a escala mundial. 
Con esto queda cerrada la votación. 
(La sesión, interrumpida a las 14.10 horas, se reanuda a las 16.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0351/96) del Sr. Colajanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la evolución del proceso de paz en el Oriente Próximo. 
Señor Presidente, en los últimos años el Parlamento Europeo ha venido siguiendo, continua y atentamente el comienzo, antes, y los progresos, después, del proceso de paz. 
Lo ha hecho siempre en pro de la paz, de la negociación y del acuerdo. 
Creo que éste es el dossier que el Parlamento Europeo ha seguido con más participación. 
El Parlamento apoyó el prioritario compromiso de la Unión Europea encaminado a garantizar la existencia de una Autoridad Palestina, no dudó en criticar al Gobierno de Israel, cuando parecía que obstaculizaba las ayudas, así como a los palestinos, cuando parecía que no actuaban con la suficiente contundencia contra los grupos terroristas. 
El Parlamento Europeo garantizó el control de las elecciones en Palestina y recibió la felicitación tanto de los palestinos como del entonces Gobierno israelí. 
Podría seguir mencionando los compromisos, la atención deparada y las constructivas posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo. 
Lo que quiero decir es que el Parlamento Europeo maduró en su seno una posición y una actitud meditadas y ampliamente comunes y esta posición, creo, es la que hoy ha quedado reflejada en la resolución. 
Se trata de una resolución que demuestra la voluntad del Parlamento de apoyar el proceso de paz en un momento difícil, mejor dicho, muy difícil, y confirma su confianza en la estrategia llamada «tierra a cambio de la paz» , así como su convencimiento de que los Acuerdos de Oslo se tienen que aplicar. 
Si no se sigue este camino, no vemos otras alternativas que nuevos lutos para los pueblos de Israel y Palestina. 
No hace falta que siga comentado un texto que habla por sí solo. 
La resolución examina también, y debo decirlo, otros conflictos o temas pendientes en la región, relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina. 
Precisamente porque existe, según mi punto de vista, un consolidado sentimiento común, la mayoría de las enmiendas presentadas a mi informe por los diferentes Grupos aportan mejoras y precisiones y las considero casi todas aceptables. 
Voy a manifestarme en contra de una u otra enmienda, sólo en el caso de que se proponga o ya exista una fórmula mejor. 
Deseo añadir que nuestras preocupaciones no son únicamente nuestras. 
Según una reciente encuesta, publicada por los periódicos israelís hace pocos días, resulta que el 48 % de las personas encuestadas en Israel manifestó que Israel no lleva buen camino, mientras que el 37 % opinó lo contrario o no se pronunció. 
No era así hace algunos meses. 
Por consiguiente, la preocupación existe también en el pueblo de Israel. 
Esto debe ser motivo de reflexión para todo el mundo y, en el fondo, es al pueblo de Israel al que nos dirigimos para que indique a sus gobernantes el camino correcto que no es otro que el de la negociación, el acuerdo y el respeto de los acuerdos firmados en Oslo, que es el único modo de luchar contra el terrorismo que existe en uno y otro lado, y de apoyar a todos los que desde todas partes desean la paz. 
Acojo con satisfacción la tarea de la troika en la región. 
Sé que sus contactos fueron importantes y fructíferos y de ello nos va hablar el Comisario. 
Creo que es importante que se haya reanudado la fase de negociación respecto a Hebrón, si he comprendido el alcance de las informaciones que me fueron facilitadas en la Embajada estadounidense de Tel Aviv, aunque me preocupa el hecho de que el Gobierno israelí parece dispuesto a negociar respecto a Hebrón y no parece dispuesto a adquirir compromisos en cuanto a las siguientes fases de aplicación del Acuerdo de Oslo. 
No cabe duda de que esto nos inquieta y creo que debe considerarse con preocupación la actitud general de distanciamiento de las perspectivas que tiene lugar en Siria, Jordania y Egipto, a pesar de que los líderes de estos países apoyaron y propiciaron y algunos se comprometieron de forma políticamente prioritaria con respecto a estas perspectivas, que son las del proceso de paz. 
Es necesario restablecer la confianza en el proceso de paz y espero que el Parlamento contribuya a esta tarea al votar mayoritariamente esta resolución. 
Señor Presidente, en los últimos días el Viceprimer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Sr. Dick Spring, ha presidido una troika ministerial en la región, visitando Siria, Jordania, Gaza y Egipto. 
La visita culminó en la inauguración de la Conferencia Económica de Oriente Medio y Norte de África en el Cairo, donde la troika tuvo además un encuentro con el ministro israelí de Asuntos Exteriores Sr. Levi. 
Una de los principales tareas de la troika, aparte de demostrar el compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz, era explicar a las diversas partes de la región las razones que han llevado a la Unión Europea a nombrar un enviado especial y hablar con ellos sobre la ejecución de su mandato. 
La violencia que estalló en Jerusalén a finales de Septiembre puso de manifiesto una vez más que la continuación del proceso de paz del Oriente Medio no se puede dar por sentada. 
Como dijo el Sr. Spring en la Conferencia, la Unión Europea es un amigo tanto para los malos como para los buenos tiempos y nuestro compromiso con el proceso de paz es para mucho tiempo, tanto como sea necesario para que se establezca una paz justa, global y duradera en Oriente Medio. 
La troika comenzó visitando Siria, donde se reunió con el presidente Assad y con el ministro sirio de Asuntos Exteriores. 
El presidente Assad confirmó la decisión estratégica de Siria a favor de la paz y su deseo de reanudar las negociaciones con Israel. 
Agradeció y resaltó el papel de la UE y el nombramiento del enviado especial. Se mostró de acuerdo con la opinión de la Unión Europea de que los esfuerzos de ésta deben ser complementarios de los de Estados Unidos. 
En Jordania, la troika se reunió con el rey Hussein y con el príncipe heredero Hassan, quienes expresaron una grave preocupación por el futuro del proceso de paz y recibieron con gran satisfacción los esfuerzos de la UE por desempeñar en él un papel más destacado. 
El Rey subrayó además la necesidad de intensificar los esfuerzos regionales que pudieran consolidar el proceso de paz, particularmente el proceso de Barcelona y el camino multilateral del proceso de paz. 
En Gaza, la troika se reunió con el presidente Arafat. 
El Presidente sostuvo que, aunque las negociaciones sobre Hebrón y otros temas conexos no habían progresado desde su visita a Dublín en los días 29 y 30 de octubre, continuaban de forma muy intensa. 
Hizo un llamamiento a la Unión Europea, como cosignataria del acuerdo provisional, para que interviniera en un arbitraje entre los israelíes y los palestinos. 
La troika aseguró al Sr. Arafat que la Unión Europea estaba decidida a que se aplicaran plena e inmediatamente los Acuerdos de Oslo. 
En relación con la propuesta del presidente Arafat sobre el arbitraje, sólo quisiera comentar que el mandato del enviado de las Naciones Unidas contempla que pueda contribuir, cuando se le solicite, a la aplicación de los acuerdos internacionales alcanzados entre las partes y tratar con ellas diplomáticamente en el caso de que se incumplan las condiciones de los acuerdos y de que la UE pueda intervenir en el futuro a este respecto. 
En Egipto, la troika se reunió con el presidente Mubarak, con el ministro de Asuntos Exteriores Amr Musa, con el secretario general de la Liga Árabe, Sr. Meguid, y con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Sr. Levi, quien también asistió a la Conferencia. 
El presidente Mubarak manifestó estar muy preocupado por el deterioro del proceso de paz y el peligro de que aumente el extremismo en la región en conjunto. 
Tanto el presidente Mubarak como el ministro de Asuntos Exteriores Amr Musa acogieron favorablemente el deseo de la Unión de desempeñar un papel más destacado en el proceso de paz, que consideraban complementario del de Estados Unidos. 
El secretario general Meguid puso de relieve que los estados árabes se han comprometido estratégicamente con la paz. 
Me alegra comunicar que la troika mantuvo asimismo en el Cairo una reunión provechosa y constructiva con el Sr. Levi, aunque, lamentablemente, no fuera posible una visita a Israel debido a la postura del Gobierno israelí en relación con la política de la UE acerca de Jerusalén, que queda patente por nuestra costumbre de visitar la Casa de Oriente. 
Al reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores Levi antes de la Conferencia de Oriente Medio y Norte de África, la troika subrayó la necesidad de que se progresara pronto en las negociaciones. Hizo hincapié en la voluntad de la Unión Europea de trabajar en estrecha colaboración con Israel y las demás partes a fin de superar las dificultades surgidas en el proceso de paz. 
La troika hizo asimismo hincapié en la importancia del progreso económico de los palestinos, dado el efecto devastador que está teniendo el cierre de fronteras en la economía palestina. 
El Sr. Levi confirmó el compromiso de Israel de respetar los Acuerdos de Oslo. 
Acogió favorablemente el nombramiento del enviado de la UE y subrayó su deseo de trabajar en estrecha colaboración con el Embajador Moratinos, siempre que la Unión no intentara invadir las negociaciones entre las partes. 
Al final de la visita, el Sr. Spring dijo unas palabras en la Conferencia de Oriente Medio y Norte de África, cuyo propósito es afianzar y apoyar la cooperación regional y el proceso de paz. 
En su discurso hizo un llamamiento a las partes para que rescataran el espíritu de Madrid y Oslo y continuaran dirigiéndose hacia la meta común de una paz justa, duradera y global para toda la región, basada en todas las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad y en el principio de «paz a cambio de territorios». 
En conjunto, la Unión tiene buenas razones para alegrarse por los resultados de la visita de la troika. 
Todas las partes se mostraron a favor de un mayor papel europeo y del nombramiento de un enviado de la UE. 
Esperamos que la visita de la troika y el enviado de la UE ayuden a que el proceso de paz recupere el impulso que necesita urgentemente. 
El nombramiento del enviado especial de la UE constituye otro avance muy significativo. 
El Consejo Europeo informal de Dublín del 5 de octubre estudió la propuesta y, el 28 de octubre, el Consejo de Asuntos Generales confirmó el mandato del enviado y nombró para el puesto al embajador Moratinos, español. 
De acuerdo con lo establecido en el mandato, lo primero que tiene que hacer es entablar y mantener un estrecho contacto con todas las partes implicadas a fin de trabajar con ellas en el fortalecimiento del proceso de paz. 
También trabajará con otros países de la región, con Estados Unidos y con otras partes interesadas, así como con organizaciones internacionales. 
Se le ha encomendado observar las negociaciones de paz entre las partes y que esté preparado para ofrecer el asesoramiento y los buenos oficios de la UE en caso de que las partes así lo pidieran. 
De la misma manera, vigilará las actuaciones de ambas partes que pudieran causar algún perjuicio al resultado de las negociaciones de carácter permanente. 
Asimismo, el enviado hará todo lo que esté en su poder para promover la observancia de las normas básicas de la democracia, incluido el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. 
Se supone que el enviado estará especialmente bien situado para informar a la Unión sobre las posibilidades de intervención de la UE en el proceso de paz y sobre el mejor modo de desarrollar las iniciativas de la UE y las actividades en marcha relacionadas con el proceso de paz en Oriente Medio, incluidos los aspectos políticos de proyectos de desarrollo de la UE que vengan al caso. 
Al principio de que Irlanda ocupara la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, declaramos que el proceso de paz del Oriente Medio debía ser una de las principales prioridades de la Unión. 
No nos hemos arredrado ante esa obligación y me alegra comunicar que se han hecho algunos progresos al respecto. 
Señor Presidente, quisiera dar mi bienvenida a esta resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el Oriente Próximo, basada, por otro lado, en el excelente y completo informe que ha sido elaborado por el Sr. Luigi Colajanni. 
Como ha señalado el Presidente del Consejo, el Sr. Mitchell, es cierto que en este debate y en esta resolución se abordan toda una serie de cuestiones fundamentales para el futuro de la región. 
Me gustaría, en nombre de la Comisión, hacer algunos comentarios al respecto. 
En primer lugar, algunas consideraciones sobre el apoyo económico de la Unión Europea al proceso de paz. 
Como ustedes saben- y se señala en el informe -, el Consejo Europeo de Corfú, y posteriormente los de Essen y Cannes, fueron definiendo todo un conjunto de implicaciones políticas, económicas, financieras y comerciales que han hecho que, hoy día, el Mediterráneo y la frontera sur de la Unión Europea sean un elemento de mayor interés para la Unión, de modo y manera que, gracias a la relación estrecha que se ha ido creando, seamos capaces de garantizar la creación de una zona de paz y estabilidad en el Mediterráneo. 
Este proceso se confirmó definitivamente en la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, donde se sentaron las bases de este futuro de cooperación en la frontera sur de la Unión. 
La Comisión ha puesto en marcha todo este desarrollo político y, en estos momentos, les quiero anunciar que estamos negociando el acuerdo de asociación euromediterráneo con la Organización para la Liberación de Palestina, en beneficio de la Autoridad Palestina, lo cual va a hacer que pongamos a los palestinos en una situación similar a la de otros países que ya han concluido con nosotros acuerdos de asociación de este tipo. 
¿Por qué hago esta precisión? 
Por la asistencia económica que estamos desarrollando en la región pues, como ustedes saben, la Unión Europea es, con mucho, el principal contribuyente: exactamente representamos un 53 % del total de la asistencia financiera a la región en los últimos años. 
Y la Unión Europea no solamente se ha comprometido a aportar ayuda sino que ha pagado efectivamente más del 80 % de dicha contribución, cosa que no está ocurriendo con otros socios financieros y políticos del proceso de paz. 
Vuelvo, pues, a la función que puede desarrollar la Unión Europea, y no solamente como principal agente económico, financiero y comercial de la región sino también por su implicación, en la medida que podamos hacerlo, en buscar una conclusión satisfactoria del proceso de paz. 
Yo creo que se ha hecho un gran progreso y se han puesto en marcha últimamente, como señalaba el Presidente del Consejo, Sr. Mitchell, una serie de elementos políticos- cumbre de Florencia, posición del Consejo en Luxemburgo, resolución adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en Dublín- que, poco a poco, han ido centrando realmente la posición política de toda la Unión sobre la situación. 
¿Cuál es la situación? 
Básicamente- lo han dicho los Sres. Mitchell y Colajanni -, el proceso de paz puede tener un alto riesgo para todas las partes en la medida en que no se respeten los acuerdos firmados en Oslo. 
Ésta es la clave del problema. 
Comprendemos perfectamente que el nuevo Gobierno israelí haya necesitado cierto tiempo para poder acomodarse a la nueva situación y aplicar unos acuerdos de paz que, cuando estaban en la oposición, criticó duramente. 
Pero pensamos que el tiempo de adaptación ya ha pasado suficientemente y que una cuestión de tiempo no se puede convertir en una cuestión de contenido. 
Los acuerdos de Oslo se tienen que aplicar. 
Los acuerdos de Oslo no se pueden renegociar. 
Pacta sunt servanda: esta es la clave fundamental para que el proceso de paz, efectivamente, se pueda desarrollar convenientemente. 
Así pues, hay que intentar, a través del diálogo político- que es lo que se ha hecho con la troika presidida por el Presidente del Consejo, Sr. Dick Spring, de la cual yo también formaba parte- llevar al ánimo de las partes que hay que evitar la confrontación, la desconfianza, el elemento de sospecha, y que hay que intentar renovar el diálogo entre las partes, respetar lo acordado y, a partir del respeto de lo acordado, encontrar soluciones a los problemas. 
Expresado en términos políticos, hay que decir a este respecto dos cosas para mantener la posición de la Unión, que, efectivamente, nos parece equilibrada: en primer lugar, la Unión Europea, la Comisión, el informe del Sr. Colajanni y las enmiendas que han sido presentadas, no dejan de afirmar, reafirmar y confirmar el derecho de Israel a su seguridad. 
Ahora bien, la seguridad no puede representar, en ningún caso, un elemento de colapso económico en Gaza y Cisjordania. 
La Comisión considera que un elemento añadido de la paz absolutamente fundamental es que el esquema económico que todavía no hemos podido aplicar- debido al cierre de las fronteras- se vaya resolviendo de modo y manera que se asegure la viabilidad económica del futuro de Palestina. 
Porque si no hay viabilidad económica en Palestina, será muy difícil que se pueda mantener este proceso de paz. 
Pensamos que hay que avanzar rápidamente cumpliendo plenamente los compromisos acordados porque, si no, se corre un riesgo mayor, a saber: que los extremistas de las dos partes- y hay extremistas del lado israelí y del lado palestino- sean finalmente los que consigan obtener beneficios a corto plazo a través de la violencia y el terrorismo, lo que pueda luego, eventualmente, ser utilizado como una excusa para no progresar rápidamente en el proceso de paz. 
Yo creo que ése es un riesgo real. 
El Consejo decidió nombrar hace poco un enviado especial en la persona del Sr. Moratinos y dicho nombramiento nos produjo una enorme satisfacción en la Comisión por la categoría profesional de este embajador. 
Nos hemos puesto a sus órdenes y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que la misión del enviado especial tenga el éxito que se prevé. 
Y, por ultimo, una cuestión que tiene que ver con la democracia y los derechos humanos en un lado y en otro. 
De nuevo, efectivamente, hay que guardar un plano de equilibrio y la troika le ha planteado al Presidente Arafat muy claramente el problema de la apertura democrática del sistema palestino. 
Se hicieron las primeras elecciones democráticas- el Sr. Colajanni lo sabe bien, junto con otros diputados que están aquí, porque fue uno de los observadores -, y fue un gran paso hacia adelante, pero hay que progresar en la democratización de la vida política palestina. 
Hay que respetar los derechos humanos en Palestina, sin ningún género de dudas. 
Pero en Israel, debido al comportamiento de elementos del ejército y de la policía israelí, también hay afrenta a los derechos humanos. 
En consecuencia, tenemos que mantener de nuevo el equilibrio y exigir a las dos partes que cumplan con los derechos humanos. 
Yo creo que la Unión Europea está en condiciones de mantener una posición más neutral, más aséptica y más equilibrada en el conflicto entre las distintas partes a través de nuestro concurso económico. 
Con el acuerdo de asociación que tenemos ya firmado con Israel, y el que vamos a concluir en brevísimo plazo con los palestinos, será posible ir incardinando un diálogo político que puede ayudar enormemente al proceso de paz, pero con una condición: que se cumpla lo pactado. 
Ésa es la clave que nos puede permitir reanudar este diálogo, que ojalá se haga cuanto antes, porque, si no- insisto -, la situación podría ser «ganancia de pescadores» , y no en el sentido bíblico sino en el peor de los sentidos. 
Es decir, ganancia de pescadores, ganancia de violentos, ganancia de extremistas. 
Y yo me pregunto si no es tiempo ya de que se pongan las dos partes a encontrar soluciones inmediatas a partir de algo que está escrito, está firmado y tiene que ser aceptado. 
Señor Presidente, quiero apoyar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el informe Colajanni. 
¿Por qué? 
Porque la Unión Europea está profundamente implicada y comprometida en este proceso de paz del Oriente Próximo. 
Ahora bien, me permitirán el señor Presidente del Consejo y el señor Comisario que, después de las explicaciones que nos han dado, exprese mi impresión de que, en este proceso de paz, seguimos siendo objeto de un veto- de facto- por parte del Gobierno israelí, y me gustaría saber si el ministro Levy ha rectificado su declaración de que la Unión Europea debe pagar y callarse en este proceso. 
No sólo tenemos que pagar, sino participar decisivamente, y voy a dar tres razones para ello. 
La primera razón, histórico-moral, es que, para lo mejor y para lo peor, Europa está comprometida históricamente con israelíes y árabes, y bien lo sabemos los españoles, así como un historiador, Benjamín Netanyahu, que ha hecho uno de los mejores libros sobre la Inquisición en España, y que da la casualidad de que es el padre del actual Primer Ministro y, según Simón Peres, es el que le convenció de la absoluta soledad del pueblo judío. 
Yo creo que, en ese sentido, nosotros tenemos que manifestarnos abiertamente a favor, como ha dicho el Comisario, de que haya un proceso de reconciliación, y nosotros mismos somos fruto de un proceso de reconciliación. 
Pero cuando reconocemos el derecho de Israel a existir dentro de fronteras seguras también tenemos que reconocer el derecho de los palestinos a tener una patria. 
No en vano el pueblo de Israel ha estado clamando 2.000 años por volver a su patria. 
Por eso, yo creo que hay que tener un planteamiento equilibrado, y ese es el que ha tratado de mantener la Unión Europea desde la lejana Declaración de Venecia hasta los dos acontecimientos básicos que han definido este proceso: la Conferencia de Madrid y los Acuerdos de Oslo. 
Una segunda razón es la de la seguridad. 
No podemos pretender que el Mediterráneo sea un área de cooperación y seguridad mientras persista el conflicto entre árabes e israelíes. 
Y hay que recordar, en el primer aniversario de la Conferencia de Barcelona, que allí, por primera vez, se sentaron juntos para hablar de temas concretos israelíes, palestinos y sirios. 
Hay que continuar por esa vía, y yo invito al Comisario a que persevere en ella. 
Y la tercera razón se refiere a que es cierto que damos más ayuda que nadie, que tenemos más comercio que los demás, pero también hay otro hecho, y es que Israel trata de tener con la Unión Europea una relación privilegiada como la de los países de la EFTA. 
Yo creo que eso también tendría que hacer considerar a Israel su posición en relación con nosotros, no sólo en el sentido de que se cumplan los pactos- yo estoy de acuerdo con el Comisario Marín en que pacta sunt servanda- sino también para hacer que un proceso en el que nos sentimos comprometidos, y del que somos parte, nos permita participar activamente para ayudar a que se consolide la paz. 
Y yo creo que el nombramiento del Embajador Moratinos es una buena noticia. 
Le deseo a él y a ustedes mucha suerte. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, deseo felicitar al diputado, el Sr. Colajanni, por el excelente trabajo que ha presentado. 
También, deseo dar la bienvenida al Comisario, el Sr. Marín, y a todo lo positivo que nos ha expuesto sobre lo que la Comisión ha hecho por el proceso de paz. 
Lo mismo vale para el Presidente del Consejo, el Sr. Mitchell, porque de hecho, hoy, a diferencia de otras ocasiones, nos ha comentado muchas cosas interesantes, y creo que nadie duda de que el proceso de paz en Oriente Próximo es y debe ser la máxima prioridad de la política exterior de la Unión Europea, sobre la que tanto se debate. 
Esta política debe dar sus frutos y para ello se deben cumplir, en nuestra opinión, ciertos requisitos. 
El primer requisito es que el proceso de paz tenga una visión y un objetivo. Esta visión no puede ser otra que la de encontrar, por consenso, una solución justa y permanente al problema de Oriente Próximo, en la cual, naturalmente, esté incluido el concepto de una patria normal y real para los palestinos. 
El segundo requisito es que dentro de este proceso se afronten determinados problemas concretos de manera positiva. 
¿Cuál será, por ejemplo, el futuro régimen de Jerusalén? 
¿Qué pasará con el tema de los colonos? 
¿Qué pasará con el tema de los refugiados? 
¿Qué haremos en Hebrón? 
Muchas informaciones apuntan a que pronto llegaremos a un acuerdo. 
¡Ojalá sea así! 
El tercer requisito es alcanzar un nivel aceptable en nuestras relaciones y nuestra política respecto a los países limítrofes, como, por ejemplo, Siria y el Líbano, sin dejar de lado Jordania. 
Señor Presidente, Señorías, celebro que, por fin, el Consejo haya designado un intermediario europeo para Oriente Próximo. 
Doy la bienvenida a esta decisión, aunque no estoy de acuerdo con la forma en que fue tomada. 
Hay otras propuestas sobre el papel político de Europa, que es, en todo caso, un papel necesario e imprescindible; si hay algo que debemos hacer hoy es, más allá de dar nuestra aprobación al informe Colajanni, insistir en que se consolide el papel político de Europa en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, Señorías, durante casi medio siglo, la vida internacional se ha visto nublada por el conflicto Este-Oeste y por la confrontación de los pueblos en el Oriente Próximo. 
Hoy día, la guerra fría ya no es más que un recuerdo y ha surgido la esperanza de ver el Oriente Próximo acceder a una paz real. 
Los Acuerdos de Washington de diciembre de 1993 y la elaboración de un plan de paz dan testimonio de una voluntad profunda de acabar con un conflicto que se temía eterno. 
Esta es la razón por la que el proceso de paz iniciado es tan decisivo. 
No cabe duda de que no han faltado los retrasos, los estancamientos en el proceso de paz, y la crisis reciente que se desarrolló en Jerusalén suscita una inquietud legítima. 
Sin embargo, en un proceso de paz todavía tan frágil, es importante no dejarse llevar por las emociones y analizar con sangre fría la situación presente y los progresos llevados a cabo para tratar de descifrar mejor el porvenir. 
Efectivamente, más allá de la crisis reciente, es la actitud de las nuevas autoridades israelíes lo que nutre nuestras interrogantes. 
Elegida tomando como base un programa de oposición a las concesiones hechas a los palestinos, la nueva mayoría y su dirigente han despertado con ellos los temores en Palestina y más extensamente en la comunidad internacional. 
Al insistir ante todo en la seguridad de las poblaciones de Israel, ¿el Sr. Netanyahou ha trastornado verdaderamente los elementos del problema? 
Responder afirmativamente, considerar que los Acuerdos de Oslo ya no son vigentes, es olvidar los fundamentos mismos de la acción de las naciones civilizadas. 
Para los Estados de derecho, el principio pacta sunt servanda es intangible y los acuerdos concluidos comprometen al Estado y no a uno u otro gobierno en particular. 
El gobierno israelí puede, efectivamente, contemporizar un momento pero se sabe- y nadie tiene el derecho a sospechar que lo ignora- vinculado por los compromisos concluidos en nombre de Israel. 
Además, las esperanzas generadas por el proceso de paz están inscritas en todas las conciencias en Israel y del lado palestino. 
De ahora en adelante nutren las mentalidades pacíficas, volver atrás, arrojar de nuevo a los hombres al terrorismo, al odio ciego, ya no es concebible. 
Las conquistas de la paz son incuestionables. 
Son el fruto de pasos realizados por cada una de las partes implicadas en el conflicto, en dirección del adversario. 
Se han precisado, de una como de otra parte, tanto valor y lucidez que las crisis circunstanciales no pueden ser suficientes para borrar. 
La primera conquista de este esfuerzo recíproco para dominar rencores y odios es el reconocimiento del otro. 
Si se añade la elección del consejo legislativo de Palestina, el Tratado de paz IsraelJordania y la retirada de las tropas israelíes de las principales ciudades de Cisjordania, sólo puede comprobarse la diferencia existente entre la situación anterior a los Acuerdos de Oslo y la que prevalece hoy día, a pesar de los desacuerdos y el desaceleramiento del proceso de paz. 
No hay alternativa al principio adoptado «paz contra territorios» sino el retorno a una situación de terror y de guerra, que es impensable, puesto que los hombres han empezado, unos y otros a pensar en términos de paz y de seguridad recíproca. 
La hora del odio ha pasado, pero tampoco puede aceptarse la idea de una paz fría en la región, que estorbaría en la situación presente y haría de la paz real un sueño perdido y no una dinámica que, a pesar de las dificultades, dibuje el porvenir del Oriente Próximo. 
Es preciso volver, lo más rápido posible, al diálogo entablado y proseguir en esta vía. 
No debemos olvidar que al cabo de unos diez años de conflicto, establecer la paz, hacer cohabitar a los pueblos es algo difícil. 
Es un proceso que puede ponerse, a cada instante, en tela de juicio y del que, sin embargo, cada conquista, cada progreso hacen más improbable la anulación, incluso si, durante un tiempo, la construcción de la paz sigue siendo frágil. 
Por tanto cada una de las partes debe tratar de evitar las provocaciones que los extremistas de todo orden se ingenian en multiplicar. 
Porque la paz es difícil de alcanzar, las pasiones acompañan ese proceso y transgreden los progresos, es necesario recurrir a todas las buenas voluntades, a los buenos oficios de un mediador que goce de la confianza de las partes adversas. 
La Unión Europea está cualificada para participar activamente y más que antes en este proceso, pero, para hacerlo, debe ser imparcial, ajena a toda sospecha de que pueda estar de un lado u otro. 
El texto que hoy nos ocupa no corresponde plenamente a esta exigencia. 
Que el Parlamento, a la hora de la votación, se esfuerce, con su sabiduría habitual, en aportar el equilibrio necesario mediante las enmiendas que el ponente parece aceptar de antemano y mi Grupo podría, entonces, adherirse a este informe. 
Señor Presidente, los difíciles momentos de crisis por los que atraviesa el proceso de paz en el Oriente Próximo exigen una decidida actuación política, coordinada y homogénea de la Unión Europea, que contribuya a desbloquear la situación. 
Una acción política de la Unión Europea que, desde nuestro punto de vista, debe estar basada en el convencimiento de que la paz en el Oriente Próximo sólo se alcanzará cuando la cuestión palestina sea resuelta de una manera justa y duradera, de acuerdo con las resoluciones internacionales y sobre la base del principio: paz a cambio de territorios. 
Los acuerdos de Oslo son el mejor camino, hoy por hoy, para alcanzar y consolidar la paz en la región, y ello a pesar de sus evidentes insuficiencias y carencias. 
Por lo tanto, la Unión Europea debe instar al Gobierno israelí a cumplir estrictamente y en los términos y plazos establecidos los compromisos adquiridos en Oslo, abandonando la política provocadora y aventurera puesta en marcha, desde su elección, por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, principal responsable del punto crítico en el que se encuentra el proceso de paz y, desde luego, de acontecimientos sangrientos como los que tuvieron lugar a finales de septiembre. 
La Unión debe exigir a las autoridades israelíes que anulen la política de ampliación de asentamientos y de ocupación ilegal de tierras. 
Debe exigir también al Gobierno israelí que se retire de Hebrón, que abra los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina, y que libere a todos y cada uno de los presos palestinos que, injustamente, y en contra del respeto de los derechos humanos, están hoy en las cárceles. 
La Unión Europea debe presionar a Israel por la vía política pero también por la económica, porque en la negociación de Oslo ha habido y hay una parte fuerte y una parte débil, y equilibrar significa ayudar en la negociación también a la parte débil. 
Por eso, pedimos al Consejo y a la Comisión que suspendan la aplicación del acuerdo provisional de comercio y las medidas de acompañamiento entre la Comunidad y el Estado de Israel que entraron en vigor el 1 de enero de 1996. 
Y también consideramos que los Parlamentos nacionales no deberían ratificar el acuerdo de asociación con Tel Aviv hasta que el Sr. Netanyahu no se avenga a cumplir los acuerdos de Oslo. 
Nos alegramos del nombramiento del Embajador Moratinos como enviado especial de la Unión, y pensamos que la Unión Europea debe tener una política y una actuación propia en el Oriente Próximo, autónoma e independiente, aunque coopere con los Estados Unidos, pero en ningún caso subordinada. 
Ése es el camino de la Conferencia de Barcelona, ése es el camino de la paz que la Unión debe tratar de establecer en el Mediterráneo, una paz que sólo se alcanzará definitivamente cuando haya un Estado palestino con capital en Jerusalén Este, lo que será, seguramente, la mejor garantía para la seguridad de Israel. 
Pero no podemos olvidar otros temas, por ejemplo: que Israel ocupa ilegalmente una parte del Sur del Líbano, y que no aplica la Resolución 425 del Consejo de Seguridad; que también ocupa ilegalmente los Altos del Golán, y que es una potencia nuclear aunque no quiera reconocerlo. 
Apoyemos a los pacifistas de todas las partes aislando a los extremistas pero, sin duda alguna, seamos conscientes de que aquí hay una parte responsable, que es el Gobierno israelí. 
Señor Presidente, es encomiable que cada vez más Consejos Europeos hayan llegado al consenso en la crítica justa, dura y motivada de la actuación de Israel. 
Cuando comenzó nuestra crítica hace 1015 años, a una parte de los que la expresamos se nos acusó de hacer propaganda injusta antisemita. 
La crítica era muy motivada, pero ahora tenemos otro problema, el del respeto por la democracia en Palestina. 
Sin que haya democracia en Palestina no podrá existir tampoco un proceso de paz. 
Si Palestina se convierte, como teme el autor palestino Edward Said «en una combinación de dictadura iraní basada en el terror y una anarquía libanesa» , no habrá nunca paz en el Oriente Medio. 
A causa de esta afirmación, Edward Said ha sido castigado haciendo que sus libros se prohibieran en toda la región administrada por los palestinos, lo cual demuestra que sus observaciones no son simples elucubraciones. 
Por ello los Verdes mantenemos que es vital que, en conexión con las declaraciones y las tomas de posición relativas al proceso de paz, también dirijamos una crítica justa contra las infracciones cometidas por la Autoridad Palestina en cuanto a los derechos humanos y la libertad de expresión, y que han sido documentadas por Amnesty, Reporters sans frontières, periodistas acreditados y muchos otros. 
No debemos repetir los errores cometidos tantas veces con los movimientos de solidaridad y liberación, y hacer la vista gorda frente a los fallos del movimiento de solidaridad cuando se convierte en partido integrante de un gobierno. 
Somos nosotros, los que hemos sido simpatizantes, los primeros que tenemos que denunciarlos si no cumplen con nuestros ideales. 
Por ello nos felicitamos de que otros grupos también se unan a estas exigencias. 
Fue catastrófico que la Comisión de Asuntos Exteriores rechazase nuestra condición; la idea que les inspiraba era que el informe no debía incluir críticas sobre la Autoridad palestina. 
Ahora los otros grupos también han despertado, y esperamos que se pueda corregir la grave infracción que empaña la perfección de dicha autoridad. 
Señor Presidente, el proceso de paz en el Oriente Próximo suscita, una vez más, las más vivas inquietudes. 
¡Una vez más vamos a afirmar nuestra adhesión al proceso de paz! 
¿Qué más podemos hacer? 
Primeramente, recordaré nuestra voluntad de ver a la Unión Europea desempeñar el papel que le corresponde en este proceso. 
Ya lo hace a través de ayudas económicas y financieras importantes. 
Debe continuar esta ayuda, que la convierte en el primer proveedor de fondos en esta región, pero también debe desempeñar un papel político. 
No podemos aceptar que el Primer Ministro de Israel, o el Gobierno de los Estados Unidos, pidan a Europa que no intervenga. 
Sin embargo, para hacerlo, la Unión Europea debe satisfacer varias condiciones. 
En primer lugar, los Quince deben actuar concertadamente aproximando sus puntos de vista. 
Felizmente, la troïka decidió, por fin, ir a Siria, Jordania, los territorios autónomos palestinos y Egipto. 
Felizmente, la Unión Europea ha designado a un enviado especial al Oriente Próximo. 
Ya era hora. 
Pero esta mejor coordinación de los Quince debe ir emparejada a opciones estratégicas y tácticas hábiles. 
Desde este punto de vista, puede temerse que las maneras bastante enérgicas que fueron las del Presidente Chirac durante su viaje a esta región no hagan más difícil el papel de mediador imparcial que normalmente debe ser el de la Unión. 
Efectivamente, hoy, las responsabilidades no se reparten de igual manera en el resurgimiento de las tensiones. 
El Sr. Netanyahou ha tomado iniciativas provocantes, que no podían sino suscitar reacciones violentas. 
Más grave aún, una parte de la población israelí parece apoyar estas acciones provocadoras. 
Es preciso reconocer que el fanatismo religioso y el fanatismo en sí mismo están resurgiendo y desfigurando la herencia democrática de los padres de Israel. 
Mi última observación se refiere al porvenir. 
Deseo profundamente que la Unión Europa mantenga sus vínculos con todas las fuerzas de paz, las que existen con los palestinos, claro está, pero también con los israelíes. 
En ningún caso deberemos aislar a Israel, en ningún caso debemos medir nuestras fuerzas con las fuerzas democráticas y pacíficas de ese país. 
Más que nunca, sin duda, esos demócratas, respetuosos de los derechos humanos y de los hombres de paz, necesitan ser comprendidos y apoyados por la Unión Europea, amiga tanto de los palestinos como de los israelíes y decidida a aplicar una política realmente activa, que no excluye a la firmeza. 
Señor Presidente, Señorías, » paga y cierra la boca» , esta es, en sustancia, la respuesta de las autoridades israelíes a los representantes de nuestros países cuando osan emitir alguna crítica, incluso humilde, sobre el proceso de paz que nuestros contribuyentes financian. 
Los israelíes están de acuerdo en recibir nuestro dinero, pero no nuestros consejos. 
Prefieren los de Clinton, consejero pero no financiador, salvo, es verdad, respecto al dinero que nunca debe faltar a la organización humanitaria llamada Isahal. 
Es por ello que dudo de la utilidad del informe de nuestro compañero Colajanni. 
Hay pocas oportunidades de que un parlamentario sea más escuchado de lo que ha sido el Jefe de Estado francés, bastante presuntuoso durante su último viaje en el Oriente Próximo y, por lo demás, inadmisiblemente insultado. 
Sin embargo, el Sr. Colajanni ha escrito cosas excelentes. 
Si, el Gobierno israelí falta a su palabra. 
Los atentados a los Acuerdos de Oslo son numerosos: el mantenimiento de las tropas de ocupación en Hebrón, la implantación de extremistas israelíes en Cisjordania, la provocación de la apertura del túnel en Jerusalén, el bloqueo de los territorios palestinos y no menciono más. 
Los Acuerdos de Oslo negociados bajo la égida americana y cuyo respeto exige el ponente, están lejos de constituir las bases de una paz durable. 
Mis amigos y yo mismo no compartimos el optimismo de esta Asamblea, que saludó su firma el 13 de diciembre de 1993. 
¿Por qué? 
Porque una paz, para ser durable, debe ser justa. 
Ahora bien, los Acuerdos de Oslo no reparaban ninguna de las injusticias cometidas entre dos pueblos del Oriente Próximo: los palestinos arrojados de sus tierras en 1948 y en 1967, encerrados hoy en bantoustans más cerrados que aquellos que denunciaban ustedes en Sudáfrica, los libaneses sometidos desde hace veinte años a la doble ocupación de Israel y de Siria. 
Una verdadera paz debe reposar sobre los principios siguientes: la creación de un Estado palestino, independiente y soberano sobre un territorio viable, la concesión de un estatuto internacional a Jerusalén, la recuperación de su soberanía por parte de Líbano, que deben abandonar los israelíes, sirios, palestinos e iraníes. 
Esas son las bases de la paz y yo añadiría las condiciones de la supervivencia de Israel, que entonces podría formar con los pueblos de la región que lo deseen una Confederación del Oriente Próximo, después de todo no más difícil de construir que la República Federal de Africa del Sur. 
Señor Presidente, señor Comisario, por razones que no son políticas, Israel es un poco mi segunda patria. Algunos de entre ustedes lo saben y tengo miedo. 
La resolución que hoy nos ocupa es esencial, me parece equilibrada y más bien justa. 
Deseo, no obstante, comentarla un poco a mi manera. 
El Oriente Próximo es la más importante, pero no la única fractura no cicatrizada que ve enfrentarse pueblos musulmanes con el mundo occidental, cristianos y judíos incluidos. 
Fracturas que también sufren Argelia, Bosnia y Chechenia. 
Toda reapartura del conflicto entre Israel y el pueblo palestino, vecinos inmediatos de Estados dictatoriales o totalitarios tales como Irán, Irak o Siria, puede tener, por tanto, una resonancia incalculable. 
Por ello, las presiones en favor de la paz son absolutamente necesarias, pero ¿cómo? 
Europa no debe aparecer ridícula. 
Siempre he pensado y siempre he dicho que no se hace la paz sino a través de la negociación directa entre las partes interesadas. 
Por lo demás, fue precisa esta negociación directa para que se negociaran y firmaran los Acuerdos de Oslo, que merecen más que el comentario que acabamos de escuchar, que palestinos e israelíes se entrevisten en secreto escapando a la tutela generosa, pero estorbosa, incluso de los Estados Unidos, a través del proceso de Madrid. 
Señor Presidente, señor Comisario, en Israel, alrededor del Sr. Netanyahou, se ríen de las pretensiones de Europa que quiere desempeñar un papel y a mi no me gusta mucho la diplomacia de subirnos al carro que practicamos a veces, especialmente, y sobre todo en mi propio país, Francia. 
No tenemos ni proceso de decisión mayoritaria ni diplomacia común ni fuerzas armadas comunes. 
No hagamos como si las tuviéramos. 
El actual gobierno de Israel hace correr a su pueblo y a la paz un riesgo desmesurado, pero es dogmático y no escucha a nadie. 
Apenas creo que las amonestaciones y los alegatos puedan hacer algo en favor de la paz. 
El pueblo de Israel debe saber que queremos su seguridad por la paz, el gobierno de Israel debe saber que desaprobamos enérgicamente su política de último recurso. 
Sólo es sensible a la presión que inflige concretamente una penalidad. 
Nuestra influencia sólo puede ser económica, pero en ese sentido es fuerte. 
Más vale suspender la aplicación del acuerdo interino sobre el comercio entre la Unión Europea e Israel y aplazar la ratificación del acuerdo euromediterráneo entre la Unión Europea e Israel firmado el 20 de octubre de 1995, hasta que el gobierno israelí se haya conformado a los acuerdos concluidos entre Israel y la autoridad palestina. 
Lo demás es palabrería. 
Israel y su actual gobierno se ríen de ello. 
Nuestro desacuerdo debe ser explícito, señor Presidente, y también debe ser eficaz. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución del Sr. Colajanni nos ofrece hoy la posibilidad de debatir un asunto que reviste una complejidad e importancia extraordinarias, como es el actual proceso de paz en el Oriente Próximo, y de evaluar la eficacia y utilidad de las resoluciones como instrumento político puesto a disposición del Parlamento Europeo. 
Con respecto al proceso de paz, su crisis es innegable. 
Mucho menos claras son, por el contrario, las causas de la crisis, pues no se sabe si se deben en su totalidad a la actitud del actual Gobierno israelí, si deben imputarse a una gestión demasiado permisiva del anterior Gobierno que conlleva la necesidad de restablecer un equilibrio entre cosas prometidas y cosas no realizadas, o a las acciones más o menos desestabilizadoras de agentes externos como Irán y Siria o, por último, a una no siempre adecuada respuesta al proceso por parte de los palestinos. 
Creo que se puede concluir diciendo que todas las partes tienen un menor o mayor grado de responsabilidad, aunque muy importante en la crisis actual. 
Del mismo modo, estoy convencido de que este Parlamento no sólo no está capacitado para juzgar de forma imparcial un contencioso que va más allá de la comprensión y del control de las mismas partes del Oriente Próximo, sino que debe evitar de hacerlo en beneficio del proceso de paz, así como de la credibilidad de su acción política. 
El propio Sr. Colajanni fue muy claro al hablar de sus intenciones. 
Las voy a citar textualmente: » El Parlamento europeo ha de manifestar de forma clara y decidida que toma partido, no por los palestinos o los israelís, sino por la paz». 
Pues bien, esto último es lo que la actual redacción del texto, después de nuestras enmiendas en el seno de la comisión, no está en situación de hacer ya que se inclina demasiado negativamente contra Israel. 
Lo demuestran doce puntos de un total de 24, casi intimidatorios, dirigidos al Gobierno israelí con una infundada imposición de las más dispares condiciones. 
Dos benévolas- sólo dos- sugerencias dirigidas a los palestinos, así como dos edulcoradas invitaciones dirigidas a Siria e Irán, para que se comporten como es debido. 
A quien tiene sentido del humor, deseo leer el contenido de la invitación dirigida a Irán: » Se le ruega que haga uso de toda la influencia que pueda ejercer sobre los grupos fundamentalistas para que cooperen en el proceso de paz en lugar de obstaculizarlo».» No comment» dirían mis amigos anglosajones. 
Se añaden asimismo numerosos intentos de interferir arbitrariamente en el desarrollo del debate sobre la política interior israelí, estableciendo un parangón entre buenos, es decir los miembros del anterior Gobierno, y malos, o sea, los miembros del Gobierno actual. 
Es un camino arriesgado, y además, desacertado, porque pone en duda la imparcialidad de nuestro juicio. 
Hay que añadir asimismo que sobre lo dicho incide de forma negativa la ausencia de una política en materia de seguridad exterior de Europa, con el resultado de dejar el campo libre a las simpatías y antipatías de carácter nacional y de partido que, sin lugar a dudas, inciden e influyen en la forma y el fondo del texto. 
En definitiva, si la intención era la de estimular la racionalidad y la cooperación entre las partes en conflicto, el presente texto, seguramente, tendrá el efecto contrario. 
Mi opinión se basa en el hecho de que, como dijo el mismo Sr. Colajanni, casi todas las enmiendas que han presentado hoy los distintos Grupos pretenden tener un efecto moderador. 
Por consiguiente, en el caso de ser acogidas, el texto volverá a alcanzar un equilibrio. 
De ser así, la resolución va a merecer nuestro voto. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no votará el texto del Sr. Colajanni tal como está. 
En efecto, a pesar de algunas precauciones oratorias, este texto es desequilibrado e injusto. 
La objetividad del Sr. Colajanni es la vieja receta del pastel de alondras, medio caballo y media alondra, un caballo por una alondra. 
En el informe del Sr. Colajanni, hay un bueno, el Sr. Arafat, cualquiera que sea la manera en que administre la autoridad palestina, y hay un malo, el Sr. Netanyahou, cualesquiera que sean sus esfuerzos por acabar en Hebrón. 
Esta falta de objetividad es sumamente nociva, ya que evidentemente, este tipo de texto resta autoridad a Europa para intervenir como mediadora, y si no se introducen importantes enmiendas en el texto del Sr. Colajanni, incluso aprobado, apostamos, señor Presidente, que no tardará en acabar en el cementerio sobrepoblado de las resoluciones muertas. 
Señor Presidente, al recibir a una delegación de parlamentarios comunistas franceses en octubre pasado en Gaza, Yasser Arafat lanzaba un llamamiento apremiante a Europa. 
Decía: » necesitamos de ustedes hoy, hoy más que ayer, el proceso de paz está bloqueado» , y añadía, » esta situación ha alcanzado un umbral de peligrosidad intolerable y pone en gran peligro a toda la región». 
Desde entonces, la situación no ha cambiado esencialmente. 
El gobierno israelí continua negando sus compromisos y persiste en su negativa de aplicar los Acuerdos de Oslo, si embargo, ratificados por la Knesset. 
Todavía no se han aplicado los treinta y cuatro puntos de los acuerdos. 
Las provocaciones hacia los palestinos se multiplican, continuando con la construcción de colonias en los territorios, el acordonamiento de los territorios que agravan las dificultades de la población palestina, el mantenimiento de la presencia militar en Hebrón y las violaciones del estatuto de Jerusalén-Este. 
Pongámonos a la altura de este llamamiento para salvaguardar la paz. 
Nuestro objetivo esencial debe ser llevar a Israel a respetar los Acuerdos de Oslo en su integridad y cesar toda provocación. 
Para alcanzar este objetivo, es preciso darse los medios. 
La experiencia lo demuestra, las declaraciones y las resoluciones, todo lo enérgicas que sean, siguen siendo letra muerta. 
Ante una situación tan crítica, se imponen actos políticos fuertes que vinculen más estrechamente el respeto del proceso de paz a la aplicación del acuerdo de asociación con Israel. 
Ya lo han dicho otros parlamentarios; pienso que en esta óptica, el acuerdo interino CEE-Israel que entró en vigor el 1 de enero de 1996 debe ser suspendido. 
Ello representa, de alguna manera, renovar nuestra decisión tomada en la época del gobierno Shamir, con la suspensión durante dos años de la cooperación con Israel. 
Asimismo, hacemos un llamamiento a los parlamentos nacionales para que suspendan la ratificación del acuerdo mientras el Gobierno israelí no respete los Acuerdos de Oslo y no haya verdaderas negociaciones con la autoridad palestina. 
La Unión Europea debe responder a la expectativa de los palestinos y los pacifistas israelíes y tomar una parte activa en el proceso de paz sin esperar la autorización de Estados Unidos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, desde hace tiempo, el tablero del Próximo Oriente ha sido el banco de pruebas de la diplomacia europea que no consigue desempeñar un papel político unitario. 
El proceso de paz que, a pesar de muchas dificultades, se estaba llevando a cabo entre palestinos y israelís, está atravesando una profunda crisis que si, por una parte, parece la lógica consecuencia del cambio de rumbo impuesto por el Gobierno del Sr. Netanyahu respecto a los acuerdos firmados por el Gobierno anterior, por otra, demuestran lo forzada que fue la voluntad política que los originó y lo necesaria que es hoy una presencia más decidida de la Unión Europea. 
Hoy, el ejército israelí que permanece en Hebrón, el incremento de los asentamientos de los colonos en el territorio palestino y la apertura del túnel bajo la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este son claras señales de las dificultades en las que se debate el intento de paz y demuestran el poco peso que tuvieron las varias misiones de las troikas ministeriales europeas. 
La última en orden de tiempo, es decir la formada por Italia, Irlanda y los Países Bajos, que visitó la región en vísperas de la Conferencia sobre el desarrollo económico que se está celebrando en la actualidad en El Cairo, vio rechazar el permiso para visitar al Primer Ministro y al ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Levy, precisamente porque, obedeciendo una decisión comunitaria de julio de 1996, tenía programada una visita a la Casa de Oriente, sede de la representación oficial de la OLP en la Jerusalén ocupada. 
Consideramos que la Unión Europea no puede aceptar ninguna clase de chantaje, sino que debe desempeñar su propio papel en el proceso de paz sin ser tratada sólo como contribuyente de fondos y dinero. 
Pedimos una iniciativa política de la Unión que sirva para instar al Gobierno israelí a cumplir los acuerdos firmados, que sirva como fundamento para el acuerdo de cooperación económica y comercial con Palestina, que erija a la Unión Europea en juez cualificado de un proceso de paz en la región que no se limite a pocos aspectos, sino que sea global y incluya la necesaria reanudación del diálogo con Siria y Jordania, que evalúe la posibilidad de liberar al Líbano de las fuerzas extranjeras que lo ocupan, que inste a Irán a ejercer su influencia sobre los grupos fundamentalistas, a fin de que la vía del diálogo pueda restablecer en la región la paz y la prosperidad de sus poblaciones. 
Señorías, sin duda alguna, era necesario que el Parlamento Europeo tomara una posición clara e hiciera propuestas precisas para una reactivación del proceso de paz en el Oriente Próximo, y quiero saludar a este respecto el trabajo de nuestro compañero Colajanni. 
Puede discutirse si era preciso hacerlo hoy, teniendo en cuenta el estado y la naturaleza de las negociaciones en curso. 
Sin embargo, en esta etapa de nuestra discusión, quiero decir claramente tres cosas, en mi calidad de presidente de la delegación «Europa-Israel». 
Ante todo, estamos, y yo también lo estoy, por una paz justa entre los israelíes y los palestinos y, por tanto, en favor del espíritu y la letra de los Acuerdos de Oslo que es preciso aplicar. 
En segundo lugar, lamentamos, y yo también lamento, los retrasos actuales así como las declaraciones y los actos del nuevo Primer Ministro israelí, entre los que algunos pueden aparecer como provocaciones peligrosas para la continuación del proceso de paz. 
En tercer lugar, pedimos, y por tanto yo pido, que se respeten los acuerdos firmados y que las discusiones continúen para solucionar los numerosos problemas que se encuentran en suspenso de acuerdo con el calendario previsto. 
Una vez dicho esto, la eficacia de nuestra diligencia supone que la Unión Europea no se sustituye a los negociadores, que no tome partido por uno u otro campo, que no anticipe las discusiones futuras, cuyo calendario ha sido fijado por los Acuerdos de Oslo; ejemplo, el estatuto definitivo de Jerusalén. 
Ni, sobre todo, que parezca una forma de chantaje cuestionando los acuerdos concluidos entre el Estado de Israel y la Unión Europea. 
Los adversarios de ayer y de hoy, en el Oriente Próximo, necesitan, para convertirse rápidamente en socios, de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. 
A semejanza de una gran parte del pueblo israelí que lucha por ello amparada en el recuerdo de Itzhak Rabin, necesitan de nuestro apoyo y de nuestra comprensión. 
No necesitan de alguien que les dé lecciones, sean cuales fueren. 
Si queremos la paz, es preciso saber que depende primero de aquellos que viven en esta región y que no tienen especialmente ganas de morir en la guerra. 
Quieren sencillamente vivir en paz en un marco de seguridad. 
A nosotros nos corresponde ayudarles. 
Señor Presidente, un importante político español ya fallecido, D. José Mª Gil-Robles, a cuyo hijo mi Grupo acaba de votar como candidato a la futura presidencia de nuestro Parlamento, escribió una vez un libro terrible titulado No fue posible la paz, que se refería a la tremenda guerra civil española. 
Se hubiera podido también referir a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera o a tantas otras como han azotado la superficie del planeta. 
Señor Presidente, cabe preguntarse si será posible la paz en el Medio Oriente; nosotros debemos aspirar a que sea posible y, para ello, sin duda, debe desempeñar la Unión Europea un papel mucho más activo y decisivo que el que ha desempeñado hasta ahora. 
En ese sentido, no cabe sino congratularse de que en esta ocasión la presidencia del Consejo, la troika y la Comisión hayan ejercido con más decisión sus poderes y sus facultades. 
Debemos congratularnos de que haya sido nombrado, por fin, un mediador para representarnos- y me complace que sea en la persona de mi amigo y compañero de oficio y compatriota, el Embajador Moratinos -, y de que podamos aprobar, con el informe Colajanni, un documento en el que, seguramente, podremos introducir todavía algunas mejoras mediante algunas de las enmiendas presentadas. 
Pero, en conjunto, me parece un documento equilibrado y un buen reflejo de los deseos que tiene nuestro Parlamento, que consisten, también, en no quedar al margen del proceso, en sentirse involucrado en él, y en poder participar en algo más que en aportar nuestros recursos financieros a una zona del mundo en la que si es posible la paz, será también una zona en la que se desarrollará una prosperidad común y compartida para los pueblos que la habitan. 
Señor Presidente, aprecio la aclaración por parte del Consejo y de la Comisión. 
No obstante, el momento en que estamos debatiendo sobre esta resolución relativa al Oriente Próximo me parece decididamente inoportuno. 
En primer lugar la troika no nos ha entregado aún ningún informe con relación a su visita a la región. Por el momento se está celebrando en El Cairo una conferencia económica sobre la región; el gobierno israelí ha abierto además una parte de sus fronteras a los palestinos para que éstos trabajen en su propio territorio y ha detenido a colonos extremistas en Hebron. 
Continúan asimismo las negociaciones entre Israel y los palestinos, referentes a la reanudación del proceso de paz, en particular en Hebron, si bien no al ritmo y con los resultados que desearíamos. 
Por todos estos motivos preferiría que se aplazase este debate un mes más, pero bueno, lo acepto. Me referiré ahora a la resolución tal como ésta se nos presenta. 
Pues bien, estimo que esta resolución sobre el Oriente Próximo es extremadamente desequilibrada e incluso partidista. Esta parcialidad me sorprende aún más si pienso que hasta este momento había considerado al colega Colajanni como uno de observadores más ponderados de la situación en el Oriente Próximo. 
Al mismo tiempo estimo que un enfoque semejante de una situación tan compleja como la reinante en el Próximo Oriente descalifica absolutamente a la Unión Europea como un intermediario fiable en esa región. 
Mientras la Unión no cuente con una política exterior común y se sigan efectuando esfuerzos inútiles por imponerse como mediador, basándose para ello en la ayuda financiera, no dejará de aumentar nuestro desengaño y seguiremos estando excluidos del juego durante mucho más tiempo. 
Habida cuenta la historia de Israel, este país no puede permitirse la existencia de un mediador con caras diferentes, mientras que los palestinos tal vez esperen- y digo tal vez, porque también ellos tienen el grado suficiente de sentido de la realidad- provisionalmente su salvación de parte de Europa. 
Cuestiones tales como el túnel y la Orient Hose constituyen, a mi juicio, temas que deben ser resueltos por los propios palestinos y los propios israelíes entre sí. 
No tenemos que inmiscuirnos en esta fase. 
Tanto la Unión como el Parlamento Europeo despliegan sus mayores esfuerzos con vistas a fomentar los principios democráticos en toda la región del Oriente Próximo- y pienso también en Siria, Egipto y El Líbano. 
Al abordar de este modo la cuestión lograremos, a largo plazo, jugar el papel al que aspiramos en dicha región. 
Figuran igualmente algunas positivas enmiendas presentadas por los Sres. Dimitrakopoulos, Caligaris, Bertens y Sakellariou, que pueden aportar un equilibrio a la resolución. 
De lo contrario, no podré apoyar esta resolución. 
Señor Presidente, deseo manifestar que la Unión Europea quiere desempeñar un papel en el proceso de paz en el Oriente Próximo, a fin de respaldarlo y fomentarlo. 
Creo que esta posición de la Unión Europea es acertada, sin embargo, si se quiere desempeñar este papel hace falta adoptar una posición de gran equilibrio entre las partes y hay que mantener un diálogo con ambas partes para participar en este esfuerzo con alguna posibilidad de éxito. 
A través del texto objeto de examen, tras las enmiendas aportadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, el Parlamento Europeo se sitúa al margen de este planteamiento; el mismo prefiere expresar un juicio político-moral, ya sea acertado o equivocado- en mi opinión fundamentalmente equivocado, tal como está formulado- pero políticamente, ante todo, prefiere no contar. 
El informe original del Sr. Colajanni era más equilibrado. 
Si no fuera posible enmendar el texto para devolverle un mayor equilibrio, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no podrá votar favorablemente. 
Por consiguiente, confío en que mañana sea posible restablecer dicho equilibrio. 
Señor Presidente, la tensión existente entre Israel y la autoridad palestina, tras la toma de poder del gobierno de Netanyahu, en lugar de cesar no ha hecho más que aumentar. 
Aunque a pesar del alto grado de desconfianza entre ambas partes, las conversaciones han podido reanudarse gracias a los esfuerzos mediadores de Estados Unidos. 
Resulta evidente que el gobierno israelí necesita tiempo con vistas a delinear su postura en el proceso de paz. 
Ante tales circunstancias, lo más beneficioso son las conversaciones, siempre con un grado mínimo de injerencia exterior, de modo que pueda negociarse de una manera lo bastante discreta. 
El modo en que se desenvolvieron los acuerdos de Oslo demuestra que es ésta la solución que brinda el mayor grado de oportunidades de éxito. 
A nuestro juicio, el papel que se atribuye a sí misma nuestra Unión no contribuye en nada al proceso de paz. 
Es indudable que desde un punto de vista económico constituye la Unión el principal socio de la región. 
Aunque con respecto a la injerencia diplomática europea en el proceso de de paz tanto Israel como Estados Unidos han dejado indicar que resulta innecesaria. 
Cabe preguntarse pues cuál es el valor añadido de las recientes iniciativas diplomáticas de la Unión con respecto a los esfuerzos de paz desplegados por Estados Unidos. 
Además de ello, cabe preguntarse igualmente qué grado de credibilidad ofrece aún la Unión Europea para servir de mediador imparcial. 
Las conversaciones con Arafat, la declaración del Consejo del 1 de octubre, visitas anteriores al Orient House, aunque también la reciente visita del Presidente Chirac, no han beneficiado en nada a la posición de la Unión Europea como agente pacificador. 
Tampoco la resolución del ponente Colajanni mejora en nada la posición de la Unión al emitir declaraciones demasiado trascendentales sobre Jerusalén Este y el estatuto de las regiones palestinas, y esto en el momento en que deben iniciarse las conversaciones sobre temas tan delicados y de importancia tan crucial. 
Entre tanto la Unión ha designado un enviado especial para el Oriente Próximo. La cuestión es de saber sin embargo si la labor de este enviado no se verá obstruida seriamente por la marcada postura de la Unión. 
Estamos convencidos que todas las partes interesadas en el Oriente Próximo, incluyendo al gobierno israelí, se hallan empeñados en la búsqueda de una solución pacífica duradera. 
Es necesario concederles sin embargo el tiempo oportuno y la posibilidad de actuar con independencia, sin que la Unión Europea tome partido o que dicte sus condiciones. 
La parcial resolución del ponente Colajanni pasa por alto esta premisa. 
Tal como se presenta la resolución no habremos de apoyarla. 
Señor Presidente, de lo que aquí estamos hablando no es simplemente de resolver una disputa entre Israel y los palestinos. 
Estamos hablando de paz y estabilidad en toda la región de Oriente Medio; una paz y una estabilidad que nos afectan directamente porque, si perdemos el control de la situación, nos veremos arrastrados por la crisis. 
También nos afecta porque todos hemos sido víctimas de actividades terroristas derivadas del conflicto de Oriente Medio. 
Por estas razones, rechazo las voces que se han alzado en las últimas semanas diciendo que la Unión Europea no tiene ningún papel que desempeñar, ni debiera interferir, en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Acojo con satisfacción el trabajo de la Presidencia irlandesa, especialmente del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Spring, en su intento de tomar la iniciativa de desarrollar el papel de la UE en relación con el proceso de paz de Oriente Medio. 
Todos nos hemos sentido muy frustrados por lo que ha ocurrido, sobre todo por la actuación del Gobierno israelí que, después de salir elegido, no parecía sentirse comprometido con el proceso de paz. 
Pero, como han dicho algunos compañeros diputados, debiéramos adoptar un enfoque imparcial y recordar además a las autoridades palestinas, concretamente, que su policía no tendría que estar utilizando las armas para atacar a las fuerzas de seguridad israelíes. 
Al mismo tiempo, debiéramos estar utilizando nuestra influencia con otros estados del Oriente Medio, sobre todo Irán y Siria, para conseguir que ejerzan su propia influencia con los grupos fundamentalistas de Oriente Medio para que apoyen el proceso de paz y no lo socaven porque, en última instancia, las víctimas de cualquier esfuerzo por malograr el proceso de paz serán los palestinos. 
Tal como ha señalado el comisario Marín, el camino hacia la paz pasa en definitiva tanto por el desarrollo económico como por la diplomacia internacional. 
La tremenda pobreza de los palestinos debe ser paliada y nosotros tendríamos que estar ocupándonos de fomentar proyectos de cooperación económica que vinculen a los palestinos con los israelíes para, a la larga, cimentar el proceso de paz. 
En particular, yo subrayaría una vez más la importancia de los proyectos destinados a asegurar el abastecimiento de agua a todo el mundo a largo plazo. 
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Colajanni. Felicito a la Presidencia irlandesa por su trabajo y espero que podamos continuar nuestros esfuerzos por llevar la paz a Oriente Medio. 
Señor Presidente, iba a leer una intervención de dos minutos pero, a estas alturas, como no voy a ser original y, además, comparto lo que ha dicho especialmente en nombre del Grupo Socialista el Sr. Barón, quisiera referirles una pequeña y breve anécdota que nos sucedió a un grupo de diputados, algunos de ellos aquí presentes. 
Nos despertamos el día siguiente de las elecciones celebradas en Israel, en Damasco, y aquel día, a las 9 en punto de la mañana, la primera reunión que tuvimos fue con el Ministro de Asuntos Exteriores sirio. 
Se pueden imaginar que fue una reunión tensa y complicada. 
Nadie- creo- con más vehemencia que un grupo de representantes de esta Asamblea podía defender la democracia israelí y podía defender que aquélla no era una historia de buenos y malos ante un interlocutor del que lo mínimo que se puede decir es que estaba realmente preocupado. 
Lo que no podíamos saber ninguno de nosotros es que, tan poco tiempo después, la situación iba a deteriorarse de la manera en que se ha deteriorado. 
Cuando pienso en las palabras que dijimos allí, no puedo creer que fuésemos tan optimistas y que estuviésemos tan lejos, en realidad, de lo que fue pasando después. 
Por ello, quiero decir que no me parece que ésta sea una resolución desequilibrada. 
Es la situación la que se ha desequilibrado. 
La resolución del Sr. Colajanni apela a quien tiene ahora la pelota en su campo: el Sr. Netanyahu. 
Nosotros pedimos que siga el proceso de Oslo y, en este momento, hay una parte que ha puesto más palos en las ruedas que la otra. 
Creo que las gestiones que han hecho hasta ahora la Comisión y el Consejo son positivas. 
Me felicito, al igual que han hecho muchos de mis colegas, del nombramiento del Sr. Moratinos, y defiendo y creo que es buena la resolución del Sr. Colajanni e- insisto- no es ésta una resolución desequilibrada, sino una resolución que apela a quien debe apelarse en este momento para que continúe el proceso de Oslo. 
Señor Presidente, lamento que el proceso de paz no haya avanzado y reconozco la frustración y la erosión de confianza que se han producido. 
Pero creo que debemos reconocer que en Israel hay un nuevo gobierno. 
Creo que debemos reconocer que un nuevo gobierno puede adoptar una postura diferente que el gobierno anterior y, nos guste o no, a eso se le llama «democracia». 
Entre Europa y Oriente Medio existen fuertes vínculos políticos y comerciales. 
Va en nuestro interés que el proceso de paz continúe y, desde luego, que se acelere, porque a nadie le gustan las frustraciones del momento actual. 
La desestabilización es otra cosa más que está ocurriendo allí, ya proceda de Irán o de Irak. 
Creo que lo más importante que tenemos que hacer es presionar para que haya una retirada militar de Hebrón. 
Esa debe ser nuestra máxima prioridad. 
Es un tema de vital importancia para el futuro del proceso de paz. 
Una solución duradera deberá reconocer asimismo los derechos de los palestinos. 
De esto no cabe duda. 
Los palestinos, sin embargo, deberán reconocer que Israel tiene algunos derechos y, según creo yo, todos quieren vivir en paz y con seguridad. 
La Unión Europea es el principal contribuidor financiero de los palestinos. 
Pienso que la paz necesita ser recompensada. 
Los amigos tanto de Israel como de Palestina quieren que ambos vivan cómodamente uno al lado del otro, pero para conseguirlo se precisa diplomacia y no beligerancia. 
Muestro mis respetos al Rey Hussein, muestro mis respetos al presidente Mubarak de Egipto. 
Espero que la Unión Europea y los Estados Unidos de América puedan trabajar estrechamente unidos para conseguir lo que todos queremos: el desarrollo, la continuación y- esperemos- la conclusión del movimiento de paz. 
Señor Presidente, igual que cuando se produjo el asesinato del Jefe de Gobierno, Isaac Rabin, ahora con ocasión del primer aniversario de su muerte se ha producido de nuevo una oleada de participación y, también, de reflexión por parte de la mayoría de la población israelí y de la comunidad internacional. 
Lamentablemente, también en esta ocasión se hallaba al margen una vez más una gran parte de la sociedad israelí, la parte que en este momento determina de manera notable la política y que está imbuida esencialmente por el fanatismo religioso y, a veces, por el fanatismo político. 
Queremos decir resignadamente que los auténticos ganadores del asesinato de Rabin han sido el autor del atentado, Yigal Amir, los grupos terroristas de Hamas y, precisamente, esta parte del espectro político del país israelí. 
Sin embargo, con ocasión de este debate quisiera referirme a un aspecto que frecuentemente es ignorado por los expectadores, en concreto, a la complejidad de toda la situación. 
La seguridad, ante todo la seguridad, ocupa el lugar supremo para la población israelí, y esto hay que tenerlo en cuenta, incluso en lo que la Unión Europea pueda aportar en su actuación política concreta. 
Cuando una colega mío pide aquí de forma irreflexiva la retirada del sur del Líbano, debe saber que con ello, naturalmente, está prediciendo la penetración de los grupos terroristas, de Hezbolah, y los disparos de katiutskas sobre la población del norte de Israel. 
Creo que tenemos que comprender que esto no debe ocurrir y que la retirada puede tener lugar solamente en el contexto general de una solución global de paz para todo el cercano oriente. 
El papel de la Unión Europea debe ser un papel decente, ésta debe permanecer en segundo plano. 
Nuestro papel no debe ser como el que ha mostrado el Presidente Chirac. 
Su presencia en Israel fue un auténtico desastre. 
Creo que nosotros, los de la Unión Europea, deberíamos mantener una postura discreta allí e intentar hacer política desde un segundo plano. 
El Rey Hussein dijo al pie de la tumba de Isaac Rabin lo siguiente: » Todos hemos de morir, pero si ha de ser así, entonces merece la pena morir por una causa, en este caso, por la paz». 
Y también dijo: » Mi amigo, el jefe de Gobierno Isaac Rabin, ha muerto por la paz». 
Esperemos que esta afirmación reciba un contenido concreto y que el proceso de paz pueda volver a ser llevado adelante. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme felicitar al ponente Sr. Colajanni por su magnífico informe sobre el proceso de paz en el Oriente Próximo. 
Lamentablemente, los recientes acontecimientos han producido un bloqueo de este proceso de paz, que está atravesando un momento delicado y difícil. 
Nuestra principal preocupación desde el Parlamento Europeo- como hemos venido manifestando reiteradamente en esta Asamblea- debe ser, y ha sido siempre, la consecución para la zona de una paz duradera y estable. 
Para que se consiga la paz en la zona es condición sine qua non que se apliquen con rigor los acuerdos de Oslo, ya que el diálogo es la única forma de conseguir la paz. 
El diálogo posibilita convertir la guerra en soluciones que se alejen de la dominación de un pueblo sobre otro, así como de los actos terroristas y de las presiones que sólo conllevarán desgracias e infortunios a todos. 
Como fruto de este diálogo hemos conseguido que ahora exista una Autoridad Palestina autónoma y reconocida, y será este mismo diálogo- y no otro tipo de medidas- el que posibilite la resolución de los conflictos con el especial apoyo de la Unión Europea, que debe desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de este diálogo y está obligada a ello. 
La Unión debe ejercer un impulso diplomático que posibilite el avance en las negociaciones entre israelíes y palestinos, adquiriendo el protagonismo que le corresponde junto con otros mediadores como Estados Unidos. 
No sólo la economía puede ayudar a reestructurar el equilibrio de la región sino que también deben acompañar a esta cooperación económica iniciativas políticas. 
La violencia reciente nos avisa peligrosamente de que es urgente alcanzar acuerdos concretos lo antes posible. 
Cualquier solución que no desemboque en la constitución de un verdadero Estado palestino intensificará el conflicto. 
Los principios de no violencia y reciprocidad son la única vía que permitirá encontrar soluciones y progresar en las negociaciones. 
Señorías, hay que progresar urgentemente. 
Permítame para terminar, señor Presidente, apoyar el lema que ha circulado en las calles de Tel Aviv: sólo la paz detendrá la guerra. 
Señor Presidente, el Gobierno del Sr. Netanyahu ha lanzado un conjunto de acciones que violan ostensiblemente los acuerdos de paz. 
Acciones que van encaminadas a restituir situaciones de facto anteriores a los acuerdos y a desencadenar nuevos enfrentamientos entre las poblaciones palestina e israelí, que darían fuerza a los extremistas de ambos bandos y harían inviables la paz y la reconciliación. 
Considero que la tarea que se nos plantea es la de obstaculizar esa espiral. 
Ya se ha dicho: nosotros tenemos que ser equilibrados; tenemos que estar contra los extremismos de los dos lados; tenemos que exigir el respeto de los derechos humanos en los dos lados; tenemos que incitar a que se hagan gestiones en pro de la reanudación de las negociaciones para volver a encarrilar el proceso de paz. 
Pero no debemos ocultar, ni blanquear, la responsabilidad determinante del nuevo Gobierno de Israel. 
Creo que el informe Colajanni no es un informe desequilibrado. 
Considero muy lograda la fórmula de Ana Terrón, cuando ha dicho que «Es la situación la que se ha desequilibrado, por la que la Unión Europea debería intervenir para restituir los equilibrios perdidos en esa región». 
Tiene la obligación de hacerlo. 
La Unión no tiene- y debería tener- una política exterior y de seguridad común, pero tiene principios. 
Tiene principios que hacer valer. 
La Unión tiene una presencia económica, financiera y humanitaria en el Oriente Medio muy superior a su efectividad y relieve político. 
Considero que en este sentido el informe Colajanni aporta una base equilibrada para la intervención de la Unión Euopea. 
Señor Presidente, el cambio de cabo de la política israelí, después de las elecciones que se desarrollaron en ese país, nos inquieta sobremanera. 
Nos inquieta, en un determinado plazo, por la seguridad de Israel. 
De Madrid a Oslo, nos habíamos dedicado a creer que la frágil rama de la paz había finalmente echado raíces en tierra Palestina. 
Se había fijado un objetivo, se había trazado un camino, se había aprobado un calendario, había nacido una esperanza, según parece, la intransigencia está de vuelta. 
La reanudación de la colonización, la estructura altamente simbólica del statu quo en Jerusalén, las expulsiones, las rutas reservadas, los acordonamientos, pueden aparecer como algunos elementos que refuerzan la seguridad de Israel. 
En realidad, la fragilizan. 
Esas intervenciones crean un clima que hace el diálogo más difícil, incluso imposible y ofrecen a los extremistas, a todos los extremistas, las coartadas de su política. 
Por tanto, se necesita de una y otra parte, una gran sangre fría y mucha moderación para retomar el camino de la paz y de la cooperación. 
Europa, que es el primer proveedor de fondos de la región y posee en su seno Estados que tienen una larga experiencia de esta región, que han demostrado que se preocupaban tanto de la seguridad de Israel como de la existencia del Estado palestino, le habría gustado contribuir aún más a la reanudación del proceso de paz. 
Los Estados Unidos hacen de ello un monopolio, como de muchas otras cuestiones. 
Es un papel a priori muy tentador, pero llega el día en que esta actitud puede volverse muy peligrosa y pesada, incluso para la primera y la única potencia mundial. 
Hoy día, es verdad que no podemos hacer otra cosa sino advertir, dar nuestra opinión, eventualmente participar. 
Sin embargo, estoy seguro que, mañana, Europa existirá, entonces podremos aportar una contribución esencial a la solución de tales conflictos. 
Lo haremos con el deseo de lograr una cooperación internacional más amplia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas dirigidas al Consejo (B4-1218/96). 
Pregunta nº 1 del Sr. Camisón Asensio (H-0851/96): 
Asunto: Directiva relativa a la limitación de explotación de aviones 
¿Cuándo se propone el Consejo aprobar su propuesta de directiva modificando la Directiva 92/14 relativa a la limitación de la explotación de aviones? 
El 4 de septiembre de 1996 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/14/CEE, relativa la limitación del uso de aviones objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988). 
Con esta modificación se pretende: (a) actualizar el anexo de la directiva, incluida la lista de aviones de países en desarrollo que están exentos de la norma de no explotación hasta el 1 de abril del 2002; (b) dar a los Estados miembros que administran un sistema de aeropuertos la posibilidad de limitar o excluir el uso de algunos tipos de aviones más ruidosos en uno o más aeropuertos del sistema; y (c) introducir definiciones y otras modificaciones de redacción que intenten aclarar los objetivos de la Directiva 92/14/CEE a fin de facilitar una interpretación uniforme en la Comunidad. 
La presente propuesta de directiva del Consejo será examinada por las instancias de éste último en un futuro próximo. 
Creo que el Parlamento está también examinando la propuesta y la aprobación por parte del Consejo, como usted sabrá, debe esperar al dictamen del Parlamento sobre la materia. 
Puesto que el examen por parte de las instancias del Consejo se encuentra en una primera etapa, no estoy en situación de dar a su Señoría información más precisa sobre cuándo podría el Consejo aprobar la propuesta. 
El problema que nos ha movido a plantear esta pregunta al Consejo es el que vienen sufriendo muchos ciudadanos europeos en bastantes ciudades de la Unión, a causa de los ruidos perturbadores que emanan de determinados aviones, generalmente anticuados, que producen molestias insufribles a muchas personas que habitan en las inmediaciones de los aeropuertos. 
Que se lo pregunten, si no, a los vecinos de Coslada, en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas en Madrid. 
Estamos, Señorías, sencillamente ante un problema sanitario que afecta generalmente al sistema nervioso, y que tiene solución. 
¿Cuál es? 
Limitar la explotación de ciertos tipos de aviones que, a estas alturas, todavía producen niveles de ruido superiores a los permitidos en la legislación comunitaria. 
Nos congratula oír al Consejo que la solución está más cerca. 
La verdad es que ha dicho que «en un futuro próximo». 
Nos hubiera gustado que hubiera sido un poco más preciso pero, en fin, por lo menos vemos la sensibilidad del Consejo para buscar una solución rápidamente. 
Sé que a todos nos preocupan las cuestiones que plantea Su Señoría. 
Desde luego me ocuparé en lo que pueda de que las preocupaciones que ha manifestado sean tenidas en cuenta. 
Estoy seguro de que él hará las gestiones pertinentes para que el Parlamento así lo haga al examinar el tema. 
Al mismo tiempo, desearía señalar que, al hacerlo, debemos tener especialmente en cuenta los intereses de los países en desarrollo, que quizá no sean capaces de cumplir los requisitos en el mismo intervalo de tiempo. 
Valoro la intención de la pregunta y estoy seguro de que todos la compartimos. 
Como diputado al Parlamento cuya circunscripción electoral está contigua al aeropuerto de Heathrow- el aeropuerto internacional con más tráfico del mundo- y en calidad de presidente del consorcio de administraciones locales que se oponen al ruido provocado por los aviones, el tema me preocupa profundamente. 
¿Se incluyen en la propuesta los aviones privados de ejecutivos que proliferan cada vez más? 
En segundo lugar, aunque me complace mucho lo que se nos ha dicho y a pesar de que hemos hecho muchos progresos en eliminar los aviones más ruidosos, todos los aviones producen ruido en cierta medida, especialmente a determinadas horas del día. 
Muchos aeropuertos de la Unión Europea aplican prohibiciones nocturnas, aunque no todos lo hacen. 
¿No opina el Consejo que es hora de que empezáramos a intentar armonizar las restricciones nocturnas a los aviones que vuelan por la Unión Europea a fin de conseguir una uniformidad y proteger la salud y calidad de vida de las personas que viven cerca de estos enormes aeropuertos? 
No estoy seguro de que la directiva abarque los aviones privados, aunque creo que sí. 
En caso contrario, se lo comunicaré al Sr. diputado. 
En relación con la segunda pregunta de Su Señoría: creo que es algo en lo que hay que pensar y, desde luego, transmitiré sus comentarios a la Presidencia y al Consejo cuando se estén estudiando estas cuestiones. 
Pregunta nº 2 de la Sra. McIntosh (H-0854/96): 
Asunto: Intentos por atajar el problema de la EEB 
¿No opina también el Consejo que la crisis de la EEB ha puesto de relieve la necesidad de un sistema más global de marcado y detectabilidad del ganado en toda la Unión Europea, lo que mejoraría el control de la enfermedad y aumentaría la confianza de los consumidores? 
¿Tiene intención el Consejo de adoptar en un futuro próximo medidas tales como, por ejemplo, un sistema de doble etiquetado? 
También es de vital importancia para el sector de la carne de vacuno del Reino Unido que se ponga en práctica un sistema eficaz de ayudas a la renta y al mercado. 
¿Puede indicar el Consejo cómo se ha propuesto repartir la considerable suma en cuestión entre la Unión Europea y el Reino Unido? 
El Consejo ha subrayado ya en numerosas ocasiones, la última de ellas en el Consejo informal de Killarney, la importancia primordial de aumentar la información al consumidor sobre la identificación y calidad de la carne de bovino. 
La Directiva 92/102/CEE, relativa a la identificación y al registro de animales, introdujo sistemas para identificar al ganado vacuno, ovino y porcino. 
La crisis de la EEB ha demostrado que los sistemas de identificación y registro de los ejemplares de raza bovina necesitan perfeccionarse. 
A principios de octubre el Consejo recibió propuestas de la Comisión cuyo fin era introducir un conjunto de medidas relativas a la identificación de las reses y al etiquetado de la carne. 
El propósito de las propuestas es facilitar la detectabilidad de los animales y la carne y contribuir además a restablecer la confianza de los consumidores. 
Las propuestas reforzarán las disposiciones de la actual directiva acerca de una base de datos central informatizada, un pasaporte para cada animal, un sistema de doble marcado en las orejas para identificar a cada animal y registros de las reses en cada explotación ganadera. 
En respuesta a la crisis que ha experimentado el mercado de la carne de vacuno este año, la Comisión sacó a la luz una serie de propuestas que incluían: medidas para reducir la producción de carne de vacuno a corto y medio plazo, restaurando con ello el equilibrio de mercado después de la gran caída del consumo; la consecución de ahorros dentro de la Sección «Garantía» del FEOGA mediante la reducción de los pagos compensatorios por cultivos herbáceos a fin de resolver los problemas del sector de la carne de vacuno y ternero; y la introducción de modificaciones en el Reglamento 2328/91 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. 
Un primer examen minucioso de estas propuestas en el Consejo de Agricultura del 16 y 17 de septiembre puso de manifiesto una gran divergencia de opiniones sobre cada una de las propuestas de la Comisión. 
En particular, preocupaba la propuesta de reducir las ayudas en el sector de los cultivos herbáceos y había reticencias sobre la propuesta de hacer obligatoria la prima por sacrificado de terneros. 
El Consejo de Ministros de Agricultura reunido en los días 28, 29 y 30 de octubre llegó a un acuerdo político sobre los principales elementos de la propuesta de la Comisión para modificar el reglamento básico que regula el mercado de la carne de vacuno y ternero. 
Las medidas acordadas están concebidas para restaurar el equilibrio del mercado de la carne de vacuno a corto o medio plazo e incluyen regímenes de primas por el sacrificado de terneros, ajustes de los límites máximos regionales de derechos a primas, ajustes de las normas de intervención, un mayor apoyo a la producción extensiva y el reconocimiento de que es necesaria una campaña de promoción. 
En lo que respecta a los terneros, el Consejo decidió que los Estados miembros deberían disponer de varias posibilidades para reducir las cifras globales. 
Por lo tanto, en virtud del conjunto de medidas acordado en octubre, los Estados miembros pueden elegir entre una prima por procesamiento para los terneros machos, tal como propuso inicialmente la Comisión, una prima por comercialización temprana de los terneros o una combinación de ambas. 
Con estas medidas, que estarán en vigor por un período de dos años a partir del 1 de diciembre de 1996, se pretende alcanzar una reducción de como mínimo 1 millón de terneros en la Comunidad. 
En lo que respecta a la financiación, el Consejo decidió que todo ajuste de gastos para 1998 debería tratarse de forma paralela a la elaboración del presupuesto agrario para dicho año. 
Como es lógico, esta decisión no prejuzga el dictamen del Parlamento Europeo sobre la materia. 
En relación con 1997, el Consejo adoptó una opinión favorable sobre la propuesta de la Comisión de aplazar los anticipos por semillas oleaginosas como medio de hacer frente a las necesidades presupuestarias de 1997. 
La decisión del Consejo sobre financiación debe aguardar a una propuesta de la Comisión de modificar el correspondiente reglamento y al dictamen del Parlamento europeo sobre dicha propuesta. 
El Consejo de Ministros reconoció además que el conjunto de medidas acordado en el Consejo de octubre va encaminado a solucionar las consecuencias a corto plazo derivadas en particular de la crisis de la EEB y cree que es necesario hacer nuevos cambios en la prima por carne de bovino para alinear la oferta de carne de la Unión con el nivel probable de demanda externa e interna a largo plazo. 
El Consejo invitó a la Comisión a que examine este tema y presente propuestas en los seis próximos meses respecto a la carne de vacuno. 
El objetivo del Consejo es adoptar una decisión sobre dichas propuestas antes del 31 de diciembre de 1997. 
Las propuestas de la Comisión sobre estructuras agrarias serán examinadas en este contexto. 
Además de las medidas destinadas a restablecer el equilibrio del mercado de la carne de ternero, el Consejo de Ministros de Agricultura reunido del 28 al 30 de octubre acordó asimismo el establecimiento de un conjunto de compensaciones adicionales por importe de 500 millones de ecus para apoyar los ingresos de los productores que se habían visto considerablemente reducidos a causa de la crisis de la EEB. 
El Consejo decidió asimismo la clave de reparto que se aplicará para la asignación de estas compensaciones adicionales entre Estados miembros. 
En lo que respecta a la otra parte de la pregunta, de acuerdo con la clave de reparto acordada por el Consejo para la asignación de la suma adicional, el Reino Unido recibirá el 13, 1 %. 
Agradezco al Presidente en ejercicio, Sr. Mitchell, que haya dado una respuesta tan completa. 
En relación con el porcentaje asignado al Reino Unido, ¿no está de acuerdo en que parece más justo asignar un porcentaje más elevado al país cuyo mercado y cuya confianza de los consumidores en el mismo han salido mas perjudicados? 
Sobre la cuestión del marcado, en lo que respecta al sistema de etiquetado del ganado que el Consejo decida introducir, sea cual sea, ¿admitirá el Sr. Presidente en ejercicio que podría ser un sistema electrónico, como en el Ulster, o, donde éste sencillamente no sea práctico, un sistema sobre papel? 
Mi interés se centra en la forma en la que el sistema funcionará en la práctica. 
Hay, claramente, determinadas zonas de la Unión Europea en las que no es posible introducir un sistema de marcado electrónico. 
En esas áreas es importante que se implante como mínimo un sistema generalizado en papel o el pasaporte del ganado. 
Respecto a la segunda parte de la pregunta de Su Señoría, transmitiré sus comentarios al presidente del Consejo de Ministros de Agricultura. 
No estoy seguro de cómo incidiría en la industria un sistema como el que propone, pero por supuesto que sus preocupaciones las plantearé. 
En relación con la sugerencia de que debiera destinarse una parte mayor de las asignaciones a los Estados miembros cuyo mercado se ha visto más afectado, desearía señalar que para un país como Irlanda, por ejemplo, que es mucho más pequeño que el Reino Unido y donde tenemos algo más de la mitad del número total de cabezas de ganado que se tienen en ese país, el efecto de rebote ha sido considerablemente mayor, porque en nuestro caso exportamos el 85 % de la producción. 
Así pues, en la asignación se han tenido en cuenta diversos factores. 
Al final, el Consejo de Ministros consideró que éste era el reparto más justo. 
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio, Sr. Mitchell, por su amplia respuesta a la pregunta inicial. 
De hecho he leído las propuestas en torno a la Directiva 92/102 del Consejo y me parecen satisfactorias. 
Sé que los ganaderos de West Anglia, la región a la que represento en el Reino Unido, han salido muy perjudicados por la crisis de la EEB y que todavía están sufriendo las consecuencias de la manera inadecuada en que el Gobierno del Reino Unido ha manejado el asunto. 
Mi pregunta es la siguiente: en lo que respecta a la introducción de un sistema informatizado de bases de datos requerido para los Estados miembros, ¿prestaría el Consejo ayuda financiera de escala europea similar a la introducida para los planes de apoyo financiero? 
Puedo confirmar que el Consejo recibió hace poco una propuesta de la Comisión acerca de un conjunto de medidas en el sector de la carne de bovino sobre la que se ha consultado al Parlamento Europeo. 
En cuanto reciba el dictamen del Parlamento Europeo, el Consejo, por supuesto, actuará con celeridad sobre la propuesta. 
Cuando el Consejo esté examinando estas cuestiones, transmitiré al Presidente en ejercicio del Consejo las preocupaciones que expresa Su Señoría, pero no estoy en situación de comprometerme en ese sentido ahora mismo. 
Asunto: Posición del Consejo respecto a la utilización del mecanismo de Moscú 
Amnistía Internacional publicó el 27.09.96 un informe sobre los Derechos humanos en Turquía. En este informe se recomienda que se utilice el denominado mecanismo de Moscú en el marco de la OSCE, de manera que, con o sin la aprobación de Turquía, se envíe una delegación a este país para investigar la situación de los derechos humanos. 
¿Qué piensa el Consejo de esta posibilidad y qué se propone hacer al respecto? 
El Consejo sigue con gran atención la situación de los derechos humanos en Turquía y se dedica de manera activa a temas que le preocupan sobre vulneraciones en este área, tanto en sus contactos con las autoridades turcas en el marco del diálogo político UE/Turquía como en el diálogo multilateral dentro de la OSCE. 
A dichas autoridades les ha dejado claro, y continuará haciéndolo, que la observancia del estado de derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye la base de unas relaciones más estrechas entre Turquía y la Unión Europea. 
La OSCE, vigilando la ejecución de los compromisos de sus estados participantes, es capaz de contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y del estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales como cuestiones de directo y legítimo interés para todos los estados participantes. 
El Consejo es consciente de las posibilidades que ofrece el mecanismo de Moscú dentro de la OSCE. 
Aunque el mecanismo contempla la posibilidad de que los estados que participan en la OSCE decidan constituir una delegación de ésta para investigar la situación de los derechos humanos en otro estado de la organización, en la práctica es esencial que coopere este último estado para que la delegación sea operante. 
Aunque el Consejo opina que el mecanismo de Moscú constituye un instrumento útil en determinados casos, no le ha parecido que sea el medio más indicado para abordar el tema al que se refiere Su Señoría. 
La Unión Europea seguirá observando detenidamente cómo evoluciona la situación y haciendo llamamientos a Turquía para que respete los compromisos en materia de derechos humanos que ha contraído en la OSCE así como en otras organizaciones que vienen al caso, como el Consejo de Europa. 
Quisiera saber qué motivos tenía el Consejo para no considerar válido ese mecanismo. 
Con ello quiero decir: ¿por qué opinaba el Consejo que no se debía enviar una delegación a Turquía, cuando es evidente que ese país no cumple los derechos humanos, y las violaciones de los mismos son cada vez peores? 
Me parece que el informe deja la situación muy clara. 
¿Cuál es el motivo de no hacer nada en absoluto al respecto? 
Tal como he dicho respondiendo a Su Señoría, en la práctica es de vital importancia para el éxito de estas misiones que el estado que se pretende visitar coopere. 
La OSCE ha evolucionado considerablemente desde el mecanismo de Moscú, que se acordó en 1991. 
La organización cuenta ahora con un Consejo permanente que se reúne con periodicidad semanal y que ahora ofrece la oportunidad de abordar todos los temas que afectan a la OSCE. 
La asamblea parlamentaria de la OSCE ha abordado igualmente el tema de los acontecimientos en el campo de los derechos humanos y ha enviado una delegación a Turquía. 
De modo que el mecanismo de Moscú no es exclusivo y, sopesando los pros y los contras, parece que enviar dicha delegación sin contar con la cooperación del estado receptor no sería positivo en esta ocasión. 
Pero es una cuestión en la que pueden variar las circunstancias. 
Hay otras formas de intentar influir en la situación y el Consejo está haciendo todo lo que está en su poder para usarlas. 
Señor Presidente, la respuesta, lamentablemente, no es completa. 
El representante del Consejo insiste en la aplicación de los métodos convencionales y conocidos. 
La cuestión es por qué el Consejo no quiere utilizar este mecanismo especial de Moscú cuando todos los demás han fallado. 
E insisto, señor Presidente, porque hoy he recibido un telegrama de Ankara enviado por las organizaciones de derechos humanos, en el que consta, primero, que 150 personas en huelga de hambre en las cárceles están en peligro de muerte, 15 de ellos ya han sido trasladados a hospitales y están a punto de morir y la muerte de los otros es inminente; y, segundo, que estas organizaciones están intentando entrevistarse con el fiscal responsable del caso y ver a los presos para encontrar una solución. 
La fiscalía se niega a autorizar las visitas a los presos y a encontrar una solución que ponga fin a la huelga. 
¿Por qué motivo, señor Mitchell, el Consejo no procede a aplicar de inmediato el mecanismo especial de Moscú? 
Este mecanismo no se inventó en vano. 
Se acordó para los casos en que no hubieran surtido efecto los demás mecanismos. 
¿A qué se debe esta obstinación suya en negarse a aplicarlo? 
Me permito señalar que no es el Consejo el que debe utilizar el mecanismo de Moscú, es la OSCE la que debe utilizarlo. 
Aquí estoy respondiendo a preguntas en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Diré que la Unión Europea reconoce la necesidad de que haya nuevas mejoras y avances en cuanto a la aplicación de los derechos humanos y las libertades democráticas en Turquía. 
Hemos seguido dejando claro a las autoridades turcas que la observancia del estado de derecho y de las libertades básicas constituye la base de un continuo acercamiento entre la Unión Europea y Turquía. 
Tomamos nota de las promesas hechas por las autoridades turcas de que tienen intención de proseguir el proceso de reforma constitucional y legislativa y seguimos haciendo presión para que sigan por ese camino. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha mantenido tres reuniones con la Viceprimera Ministra, Sra. Ciller, a fin de insistir en la importancia que otorgamos a que se progrese pronto en la aprobación y puesta en práctica de la nuevas reformas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos; seguiremos dedicándonos al tema en los contactos con Turquía. 
La Comisión ha apoyado a ONG y a organizaciones profesionales dedicadas a fomentar los derechos humanos desde hace varios años, entre ellas la Asociación pro Derechos Humanos, la Fundación para los Derechos Humanos y la Asociación Médica Turca. 
La Comisión seguirá cooperando y concediendo ayudas a diversos proyectos destinados a fomentar los derechos humanos en Turquía. 
En el informe de Amnistía Internacional se plantean claramente muchos problemas de derechos humanos que siguen siendo de gran preocupación para el Consejo. 
Hemos dejado clara nuestra opinión de que son necesarias nuevas reformas en áreas como los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertades democráticas, y seguiremos haciéndolo. 
Por último, el Consejo apoyaría cualquier iniciativa encaminada a investigar las denuncias de violación de los derechos humanos y la cuestión de las personas de las que se ha informado sobre su desaparición. 
Ello no podrá sino contribuir a una mayor apertura al tratar estos temas. 
Personalmente, me gustaría que se hiciera una investigación completa, minuciosa e imparcial sobre el estado de los que han desaparecido en Turquía, pero la pregunta se refería al mecanismo de Moscú y, por las razones que he alegado, creo que las opiniones y respuestas dadas deben seguir en pie. 
Señor Presidente, no es la primera vez que se somete a debate la cuestión de los derechos humanos y Turquía. 
Ya se hizo ayer, con el planteamiento de una pregunta similar a la Comisión. 
También se trató hace un mes, y hace dos meses. 
Pertenezco a los que, hace escasamente un año, en diciembre de 1995, votaron en contra del acuerdo de Unión Aduanera. 
Hay quien votó a favor. 
Varios de mis colegas lamentan haberlo hecho. 
Mi pregunta es: ¿Si no se acepta la aplicación del mecanismo de Moscú sobre el que trata la pregunta, qué se está dispuesto a hacer, además de lo que indica el Consejo, que es «aguardar el paso de los acontecimientos»? 
Y si una de las partes no respeta un acuerdo, no es natural que la otra lo derogue, ya que un acuerdo se compone de obligaciones recíprocas? 
Me he extendido ya mucho sobre las iniciativas que está tomando el Consejo a este respecto. 
El Presidente en ejercicio, Sr. Spring, se ha reunido con la Sra. Ciller en tres ocasiones en el pasado reciente. 
¡Sólo llevamos cinco meses en ejercicio! 
Es una indicación clara de hasta qué punto toman en serio el Sr. Spring y la Presidencia irlandesa las preocupaciones del Parlamento Europeo, y seguiremos haciéndolo. 
Cualquier lectura que se haga del acta mostrará que la contundencia de mi respuesta de hoy indica que formamos bloque común con el Parlamento. 
Pero no estoy a favor de emplear ejercicios cosméticos. 
Si creemos que un ejercicio funcionará, nos dedicaremos a él. 
Pero, en opinión del Consejo en este preciso momento, por las razones que he expuesto, no consideramos que al Consejo le corresponda poner en marcha el mecanismo de Moscú. 
Pregunta nº 4 de la Sra. Ahlqvist (H-0859/96): 
Asunto: Los últimos acontecimientos en Belarús 
El Presidente de Belarús, Sr. Lukasjenko, intenta reforzar su poder constitucional en Belarús, disolver el actual Parlamento y establecer un régimen presidencial autoritario. Ha convocado un referéndum sobre su propuesta para el día 7 de noviembre. 
El Parlamento ha contestado con la convocatoria de otro referéndum el 24 de noviembre. 
El Presidente de Rusia ha presionado firmemente al Presidente de Belarús para que llegue a un compromiso con el Parlamento sobre la nueva Constitución del país. 
Sin embargo, el Presidente de Belarús ha modificado únicamente un detalle en su propuesta de Constitución. 
¿Ha ejercido el Consejo algún tipo de presión sobre el Presidente de Belarús para evitar que éste margine al Parlamento de su país? 
¿Ha deliberado el Consejo sobre la manera en que la Unión Europea en su conjunto debe protestar contra el intento del Presidente de Belarús de introducir un régimen presidencial autoritario en nuestro continente en el año 1996? 
El Consejo comparte las preocupaciones expresadas por su Señoría acerca de la situación política en Bielorrusia y las ha hecho saber a las autoridades de este país. 
El tema fue debatido por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en el Consejo Europeo especial de Dublín del 5 de octubre, en el que se acordó que las preocupaciones de la Unión sobre la reciente evolución negativa tendrían que comunicarse a las autoridades bielorrusas. 
Dichas preocupaciones se transmitieron mediante una diligencia realizada por los embajadores de la UE en Minsk el 14 de octubre. 
Por otro lado se decidió, junto con los países asociados de Europa central y oriental y Chipre y Malta, reiterar dichas preocupaciones en una declaración realizada el 18 de octubre pasado. 
En la declaración se expresaba la preocupación de la Unión Europea y se instaba a todas las partes a alcanzar una solución que respetara plenamente las prerrogativas del Parlamento y del Tribunal Constitucional y los principios democráticos. 
Se hacía especial hincapié en la importancia de la libertad de los medios de comunicación y de la asamblea pública, así como en el deseo de la UE de que Bielorrusia desempeñe una plena función en Europa, en cooperación con las instituciones europeas. 
El Consejo constata que una sentencia del Tribunal Constitucional bielorruso del 4 de noviembre pasado dejó claro que sólo el Parlamento podría tomar una decisión definitiva sobre las enmiendas de la constitución. 
Según se ha dado a entender al Consejo, el referéndum nacional propuesto puede celebrarse el 24 de noviembre, pero las propuestas alternativas de modificar la constitución se someterán únicamente a votación consultiva y no vinculante. 
La Unión Europea sigue vigilando la situación con miras a cualquier nueva actuación que pueda resultar oportuna. 
Le agradezco su respuesta al Consejo. 
Ninguna de nuestras acciones ha influido sobre el Presidente de Bielorrusia. 
La información y la diplomacia acostumbran a ser unos instrumentos excelentes de actuación en estos casos, pero no parecen tener efecto alguno por lo que respecta a Bielorrusia. 
¿Ha debatido el Consejo sobre otros caminos por los que conseguir que el Presidente bielorruso se muestre menos autoritario en sus funciones? 
¿Se ha debatido sobre la posibilidad de interrumpir la cooperación en el marco del programa Tacis? 
Algo hay que hacer- no podemos limitarnos a esperar. 
Pienso que el Consejo debería dar unas muestras máas inequívocas de su insatisfacción. 
Al expresar nuestra indignación, hemos de tener cuidado de no castigar más a la población de Bielorrusia, que ya sufre bastantes padecimientos. 
No creo que dando esos pasos que se han propuesto en relación con TACIS se llegara necesariamente el efecto que indica Su Señoría. 
Tal como he declarado en mi respuesta, seguimos vigilando la situación. 
El Consejo seguirá la evolución de los acontecimientos muy de cerca con miras a emprender nuevas actuaciones si éstas se consideraran oportunas. 
Evidentemente, cualquier nueva actuación de ese tipo será objeto de debate y acuerdo en el seno del Consejo, pero aseguro a Su Señoría que continuaremos examinando de cerca la situación. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 5 no se formula. 
Pregunta nº 6 del Sr. Andersson (H-0868/96): 
Asunto: Lucha contra los daños producidos por el consumo de bebidas alcohólicas 
El alcohol es la causa de numerosos problemas sociales y de elevados gastos a cargo de la seguridad social. 
A pesar de ello, el alcohol se considera en algunos países como un producto agrícola más. 
A mi juicio, el alcohol debería considerarse como una cuestión de política sanitaria. 
¿Qué iniciativas se propone adoptar la Presidencia irlandesa para atraer la atención sobre los daños que produce el alcohol? 
No hay ante en Consejo en la actualidad ninguna propuesta que se refiera específicamente a combatir los efectos perjudiciales del alcohol. 
Sin embargo, Su Señoría estará al corriente de que el 29 de marzo pasado el Parlamento Europeo, en codecisión con el Consejo, adoptó una decisión por la que se establecía un programa de acción comunitario de promoción, información, educación y formación en materia de salud en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública. 
El fin de este programa es aumentar la concienciación sobre los factores de riesgo para la salud y los aspectos que la favorecen y fomentar la adopción de estilos de vida beneficiosos para la salud. 
El programa contempla varias medidas específicas de prevención y de fomento de la salud, entre ellas medidas que impulsen el estudio, la evaluación y el intercambio de experiencias relativas al abuso del alcohol y a sus consecuencias sanitarias y sociales, y financia actividades relacionadas con lo anterior. 
El programa lo ejecuta la Comisión en estrecha cooperación con los Estados miembros y las instituciones y organizaciones que intervienen en el fomento de la salud, con ayuda de un comité consultivo especial. 
Le agradezco su respuesta al Consejo. 
Existen muchas y diversas tradiciones en materia de política en torno al consumo de alcohol. 
El motivo de mi pregunta es que me he dado cuenta de que este tema se trata en muchos países de Europa como una cuestión perteneciente al mercado interior, como cualquier otro producto. 
Yo no creo que el alcohol sea un producto cualquiera. 
Sus efectos nocivos han sido documentados gracias a la investigación. 
Es la causa de muchas enfermedades, y está bien claro que su abuso constituye un riesgo para la salud. 
En una serie de países, entre ellos el mío, Suecia, hemos intentado disminuir sus efectos dañinos reduciendo las posibilidades de acceso. 
Esto se ha conseguido a través de una presión fiscal elevada, impidiendo que los jóvenes lo consuman, y teniendo unas normas rigurosas para su entrada en el país. 
Voy a formular una pregunta sobre la entrada. 
¿No es posible que ciertos países conserven unas normas de entrada más rigurosas, acogiéndose a la salvaguardia del artículo 36, que hace referencia a las excepciones al mercado interior en casos que afecten a la salud del ciudadano? 
¿Cuál es la opinión del Consejo sobre esto? 
En relación con la última parte de la pregunta de Su Señoría, si formula por escrito una pregunta aparte intentaré responder a la misma. 
Me temo que no tengo la información a mano. 
Una de las cosas que me sorprendió al preparar la respuesta a la pregunta de Su Señoría fue que, en el poco tiempo del que se disponía, no nos era posible determinar ni hacer siquiera una estimación precisa que yo pudiera dar a la Asamblea sobre el número de alcohólicos de la Unión Europea. 
Creo que si queremos atajar el problema, lo primero que tendríamos que hacer es determinar su alcance; de modo que, a mi juicio, hay mucho trabajo por hacer. 
La Presidencia está de acuerdo con Su Señoría en que se trata de un problema importante. 
Somos conscientes del daño que causa a nuestra sociedad el abuso del alcohol y de los costes sociales que conlleva. 
En mi propio país, el Gobierno puso en marcha en septiembre una política nacional sobre el alcohol basada en un enfoque multisectorial que reúne de forma coordinada a un amplio conjunto de organizaciones oficiales y no oficiales para que trabajen juntas en reducir la incidencia de los problemas relacionados con el alcohol en la sociedad irlandesa, haciendo hincapié en que el alcohol se consuma con moderación. 
Esta política nacional sobre el alcohol desanimará a los menores de edad y disuadirá del consumo excesivo gracias a una labor de concienciación sobre el alcoholismo y el fomento de la participación en actividades alternativas. 
Los poderes públicos nacionales propugnarán la ampliación de los programas de tratamiento. 
Esto es consecuencia lógica del apoyo por parte de Irlanda a la Carta Europea sobre el alcohol aprobada en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud del pasado diciembre en París. 
La Presidencia mirará con buenos ojos todas las propuestas de actuación a escala comunitaria que aporten valor añadido a lo que se está haciendo a nivel nacional, pero en este momento no hay propuestas que yo conozca aparte de las que he mencionado. 
Pregunta nº 7 del Sr. Lindqvist (H-0871/96): 
Asunto: Política sueca en materia de bebidas alcohólicas 
Suecia aplica una política muy restrictiva en materia de alcohol con un alto nivel de impuestos, control de la venta y normas muy estrictas en lo relativo a su introducción en el país. 
Estos factores constituyen la base del planteamiento social y sanitario que Suecia considera que ha frenado el consumo de bebidas alcohólicas. 
A finales del siglo pasado y a comienzos de éste el consumo excesivo de bebidas alcohólicas era general en Suecia. 
El modelo sueco en materia de bebidas alcohólicas ha contribuido a reducir este consumo excesivo de alcohol. 
Los ingresos procedentes de los altos impuestos a que están sometidos las bebidas alcohólicas financian actualmente una gran parte de los costes derivados del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. 
Para poder mantener este modelo es necesario que se prevea una excepción permanente para Suecia en lo relativo a restricciones a la importación de bebidas alcohólicas procedentes de otros países de la UE. 
¿Es posible otorgar a Suecia esta excepción permanente? 
El Tratado de Adhesión de Suecia a la Unión Europea prevé que este país pueda mantener, durante un período transitorio, restricciones cuantitativas a la importación de cigarrillos y otros productos del tabaco, bebidas espirituosas, vinos y cervezas de otros Estados miembros de acuerdo con las condiciones definidas en el artículo 26 de la Directiva 92/12/CEE. 
El artículo es aplicable «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, hasta el 31 de diciembre de 1996, y mediante un mecanismo de revisión similar al previsto en el artículo 28 terdecies de la Directiva 77/388/CEE» , referida al régimen común del IVA. 
La idea que tiene la Presidencia es que para Suecia sería preferible una vigilancia explícita del régimen del IVA. 
Sin embargo, en ausencia de una propuesta de la Comisión para modificar estas disposiciones, el Consejo no puede hacer comentarios sobre la pregunta de Su Señoría. 
La política nórdica restrictiva en cuanto al consumo de alcohol se basa en unos impuestos elevados, la venta controlada y unas normas estrictas en cuanto a su introducción en el país, como acaba de decir Jan Andersson. 
Ha tenido mucho éxito, y está motivada por cuestiones de salud pública. 
Ha moderado el consumo y disminuido el abuso. 
Además, financia iniciativas dentro del sector médico que son necesarias en base al deterioro que sobre la salud produce el consumo de alcohol. 
Y pregunto qué motivos hay para impedirle a un país que conserve estas normas, que promueven la salud pública. 
Estamos integrados en una Unión que tiene un mercado interior. 
Algunos miembros negociaron una excepción. 
La Presidencia comprende totalmente las razones que justifican la pregunta de Su Señoría, pero dicha excepción prescribirá a finales del próximo mes de diciembre. 
Querría atraer la atención de Su Señoría hacia el hecho de que, al adoptar por codecisión un programa de acción comunitario de promoción, información, educación y formación en el ámbito de la salud pública, el Parlamento Europeo y el Consejo han prestado especial atención a los problemas relacionados con el abuso del alcohol y sus consecuencias sanitarias y sociales. 
Creo que se están barajando varias posibilidades, entre ellas la de ampliar la excepción hasta principios del próximo siglo, pero el Sr. diputado quizá debiera averiguarlo directamente de la Comisión. 
Entiendo asimismo que si hay una nueva excepción transitoria no será más que eso, una nueva excepción transitoria. 
Vuelvo sobre mi pregunta, ya que es correcto, como afirma el Presidente, que este asunto gira en torno al mercado interior y sus excepciones. 
Pero, ¿Por qué es ésta una excepción cualquiera? 
Tenemos un artículo 36, que trata entre otras cosas de los aspectos relativos a la salud. 
Si se aplica este artículo en lo referente al alcohol, la política en esta materia podría constituir una excepción permanente, ya que se ha demostrado que el alcohol daña la salud de las personas. 
¿Por qué no es posible, según el Consejo? 
Volviendo a la pregunta anterior, se basaba en el otro artículo, que se refiere a los productos agrarios. 
Si el Sr. diputado pone por escrito una pregunta en relación con este artículo concreto intentaré responderla. 
Es una pregunta aparte. 
Señor Presidente, en este debate es central el acuerdo sueco de adhesión concluido con la Unión Europea. 
Cuando se transmitió el contenido del acuerdo en Suecia en conexión con el debate que precedió al referéndum, se dijo que se necesitaba una decisión unánime del Consejo de Ministros para modificar los límites en cuanto a la introducción de alcohol en el país, y que por ello Suecia podía vetar una nueva normativa. 
¿Comparte el Consejo de Ministros la convicción de que es éste el procedimiento válido de decisión? 
Sólo puedo responder que el artículo dice: » sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, hasta el 31 de diciembre de 1996, y mediante un mecanismo de revisión similar al previsto en el artículo 28 terdecies de la Directiva 77/388/CEE» , referida al régimen común del IVA. 
Ésta sigue siendo la situación. 
Tengo entendido que se han hecho varias peticiones y que la Comisión está considerando la posibilidad de ampliar temporalmente la excepción hasta principios del próximo siglo, pero Su Señoría obtendría mucha más información sobre la probabilidad de que esto ocurra si dirige una pregunta a la Comisión. 
Asunto: Diseño de piezas de recambio para automóviles 
¿Sabe el Consejo que en los países en los que no existe un monopolio sobre el diseño de las piezas, los precios de los recambios de automóviles son más baratos que en las legislaciones que aceptan dicho monopolio? 
¿Va a ser éste un criterio que el Consejo va a tener en cuenta cuando fije su posición sobre la propuesta de Directiva de protección legal de los diseños? 
No es ningún secreto que la protección de los diseños de los componentes de productos complejos, tales como las piezas de recambio para automóviles, es uno de los temas más controvertidos que ha suscitado la propuesta de directiva sobre protección legal de los diseños. 
El Consejo espera poder adoptar una posición común sobre la propuesta en el futuro próximo. 
Mientras tanto, Su Señoría comprenderá que, aunque el Consejo está totalmente enterado de las cuestiones en debate, por el momento no puede decir nada que pueda prejuzgar su posición común. 
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta; respuesta enormemente diplomática que no aclara nada cuál es la situación. 
El Parlamento aprobó, en octubre de 1995, en primera lectura, la cláusula de reparación, proponiendo que se estudiase que la industria de los componentes pagara un precio razonable a los fabricantes por el derecho del uso del diseño de piezas de recambio a partir de la primera comercialización de un nuevo modelo. 
El Comisario Monti manifestó la intención de la Comisión de seguir el camino indicado por el Parlamento, manteniendo y apoyando la cláusula de reparación. 
El Presidente en ejercicio del Consejo se limita a decir que el Consejo piensa solucionar este tema en el futuro, pero no indica si la Presidencia irlandesa va a hacer alguna propuesta en el sentido de apoyar las tesis del Parlamento y de la Comisión, o si, por el contrario, va a mantener alternativas más favorables a los fabricantes de automóviles y a los titulares de los diseños. 
Por lo tanto, nos gustaría disponer de alguna posición más explícita de la Presidencia irlandesa sobre cuál va a ser la propuesta que se va a hacer: defender lo que el Parlamento y la Comisión han dicho o, por el contrario, defender posiciones alternativas mucho más desfavorables para los consumidores. 
El tema que se plantea es si puede hacerse, y en su caso, en qué condiciones, una excepción a las normas generales que regulan la protección de los diseños, esto es, los derechos exclusivos, para permitir que terceras partes utilicen piezas de recambio sin la autorización del titular del derecho a fin de reparar productos complejos como vehículos de motor. 
Hasta que no me ocupé de este expediente no me di cuenta de lo complejos que pueden ser los vehículos de motor. 
En la propuesta inicial de la Comisión se contemplaba una excepción por la cual el derecho al diseño dejaría de poder invocarse contra un uso de ese tipo después de un período de tres años. 
El plazo normal de protección de los diseños al amparo de la directiva es de 25 años. 
La Comisión consideraba que para productos complejos de coste elevado y de larga duración, tales como los vehículos de motor, la protección del diseño relativo a los componentes podía excluir o limitar la competencia, creando un mercado cautivo de piezas de repuesto en ausencia de una excepción apropiada. 
Su Señoría comprenderá que prosiguen las conversaciones encaminadas a llegar a una posición común. 
Así pues, no sería de mucha ayuda que yo en este momento me extendiera más sobre el asunto. 
Sin embargo, tal como he señalado, se espera que el Consejo se encuentre pronto en situación de alcanzar dicha posición común. 
Me ocuparé de que las opiniones de Su Señoría sean tenidas en cuenta. 
Creo que la reunión de mercado interior es el 26 de noviembre y se espera adoptar una posición común en la reunión del Consejo de ese día. 
Comprendo que quizá el Consejo considera que ha ido todo lo lejos que podía en cuanto a comentarios esta noche, de modo que no voy a presionar más a ese respecto. 
Quizá no le importe hacer un comentario personal sobre el funcionamiento de la Directiva nº 1475 que ya se ha aprobado. 
Lleva en el corpus legislativo más de un año y lo que tengo entendido es que sigue habiendo empresas que sencillamente se niegan a acatarla. 
BMW, según me ha dicho una pequeña empresa de mi circunscripción- Whitford Motor Industry Services- se limita a dar un no rotundo; sus distribuidores dan un no rotundo cuando les piden manuales técnicos, incluso a los dueños de dichos automóviles. 
Si esa es la experiencia de una directiva que ya forma parte del Derecho europeo, ¿puede el Presidente en ejercicio ocuparse, por favor, de que se pongan en primer lugar los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas cuando ustedes deliberen sobre este asunto? 
Si un Estado miembro no aplica el Derecho de la Unión Europea, le corresponde a la Comisión encargarse del tema. 
En relación con el problema que nos ocupa, agradezco al Sr. diputado su comprensión. 
No quiero decir ni hacer nada que pudiera trastornar las negociaciones, las cuales se encuentran en una fase delicada, y en las que el Consejo se esforzará por adoptar una posición común en un plazo de dos semanas. 
Pero me ocuparé de que las preocupaciones manifestadas hoy aquí lleguen a la atención del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Pregunta nº 9 del Sr. Wibe (H-0875/96): 
Asunto: Elecciones municipales en Albania 
La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) decidió no enviar observadores a las elecciones municipales de Albania de octubre debido a que no se podía enviar el número de observadores deseado. 
Con anterioridad, la OSCE había censurado las elecciones nacionales de Albania basándose en los informes de sus observadores internacionales sobre las irregularidades cometidas sistemáticamente por el partido gubernamental durante el proceso electoral. 
¿Cuál es actualmente la posición del Consejo sobre Albania? 
¿Ha seguido de cerca el Consejo el desarrollo de las elecciones municipales en Albania? 
El Consejo lamenta que la asamblea parlamentaria de la OSCE y el ODIHR no participaran en la observación de la elecciones municipales en Albania. 
El Consejo había dejado claro al Gobierno albanés la rotunda opinión de la Unión Europea y del ODIHR de que este último debía participar en el seguimiento de las elecciones. 
También instamos al Gobierno albanés a que tomara todas las medidas necesarias para garantizar que las elecciones se celebraran de forma libre y limpia, con unos procedimientos y un desarrollo que respondieran a unos niveles internacionalmente aceptados para el proceso democrático. 
El Consejo ha tomado nota de que vigilaron las elecciones más de 300 observadores internacionales, entre ellos observadores de varios Estados miembros de la Unión Europea. 
También hemos tomado nota de que el Consejo de Europa, que coordinó la operación internacional de seguimiento, ha afirmado que está en general convencido de que las elecciones se celebraron de forma libre y limpia a pesar de algunas irregularidades aisladas en ciertos distritos. 
Aunque acogemos con satisfacción esta valoración inicial como paso positivo en la buena dirección, el Consejo examinará con más detalle, cuando estén disponibles, los informes definitivos de los observadores internacionales sobre el desarrollo de las elecciones antes de llegar a una conclusión sobre la aceptabilidad de las elecciones y sus resultados. 
El Gobierno de Albania ha asegurado a la Unión Europea su deseo de progresar en el área de la reforma democrática y constitucional. 
El Consejo sigue instando al Gobierno albanés a que ponga pronto en práctica estas promesas y a que acelere la aplicación de la medidas de reforma. 
Le agradezco su respuesta. 
Es absolutamente cierto, como dice el representante del Consejo, que las elecciones locales transcurrieron de un modo relativamente correcto. 
Pero estamos tratando con un gobierno que basa su poder en un flagrante fraude electoral en las elecciones ordinarias al Parlamento. 
Pienso que deberíamos someter a una presión contínua a este Gobierno por parte de la Unión. 
La pregunta natural al Consejo es: ¿Va a plantearle a Albania unas exigencias en este sentido, por ejemplo de nueva celebración de elecciones? 
¿Han pensado amenazar, planificar o considerar la posibilidad de unas sanciones económicas contra el Gobierno por su renuencia a realizar unas nuevas elecciones limpias al Parlamento? 
Debemos siempre recordar que las sanciones económicas no son contra del Gobierno, son contra la población; y es la población de Albania la que sufrirá si se imponen sanciones económicas. 
Cualquiera que tenga conocimiento de Albania sabrá que la población del país está ya sufriendo mucho. 
El Consejo desea mantener las relaciones con Albania y profundizar en ellas. 
Reconocemos los progresos que ha realizado el país hasta la fecha en la reforma de su economía y en el intento de avanzar hacia una democracia pluripartidista. 
Consideramos conveniente que se siga impulsando este progreso y que se contribuya al mismo mediante relaciones contractuales más estrechas con la Unión Europea. 
La primera vez que ésta estableció vínculos contractuales con Albania fue en 1992 y, a su debido tiempo, la Comisión presentará un proyecto de mandato del Consejo para negociar con Albania un nuevo acuerdo bilateral. 
Esto nos ofrece algunas posibilidades de seguir por la línea que sugiere Su Señoría. 
Deseamos que Albania comprenda claramente que la Unión Europea sólo podrá seguir desarrollando sus relaciones políticas y económicas con ella si se continúan haciendo progresos en la introducción de reformas democráticas. 
Señor Presidente, quisiera preguntar si las elecciones en Albania han sido realmente una confirmación de las elecciones nacionales. 
En las elecciones comunales el resultado ha sido el mismo que en las elecciones nacionales, y las elecciones nacionales han sido reconocidas por todos como limpias, por consiguiente, confirman en este sentido las elecciones nacionales. 
Por esta razón, quisiera preguntarle si Albania no se diferencia de los estados vecinos en este punto. 
Consideren, por ejemplo, el desarrollo en Kosovo. 
En las recientes elecciones no se ha producido ningún avance. 
Me interesaría saber qué piensa al respecto el Consejo. 
Por lo demás, pregunto si no sería acertado desarrollar las relaciones económicas con Albania, en vez de rechazarlas, para impulsar el proceso de reforma en este país. 
Su Señoría deducirá de mis respuestas anteriores que la Unión Europea, y desde luego el Consejo de Ministros, ve posibilidades de desarrollar relaciones con Albania e influir así en ella. 
En relación con los resultados de las elecciones, como ya he dicho, acogemos con satisfacción la valoración inicial pero examinaremos los informes definitivos de los observadores internacionales sobre el desarrollo de las elecciones antes de decidir sobre su limpieza o falta de ella. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 10 no se formula. 
Pregunta nº 11 de la Sra. Izquierdo Rojo (H-0876/96): 
Asunto: Derechos de la mujer y Conferencia Intergubernamental 
Ante la próxima Conferencia Intergubernamental y en relación con sus propuestas y trabajos, ¿puede la Presidencia irlandesa concretar su aportación a la defensa de los derechos de la mujer, su plena equiparación, incorporación política y social e igualdad de trato con el hombre? 
En respuesta a la pregunta de Su Señoría, me gustaría poner de relieve que estoy aquí en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo y que, de conformidad con el artículo N del Tratado de la Unión Europea, el Consejo no forma parte de la Conferencia Intergubernamental encargada de modificar los Tratados. 
Su Señoría comprenderá que corresponde únicamente a la Conferencia Intergubernamental considerar cualquier posible modificación del Tratado en las áreas a las que hace referencia en su pregunta. 
Sin embargo, hablando a título personal, me gustaría decir a la Asamblea que el enfoque que sugirió la Presidencia, el cual sirvió de base para el debate en la reunión de representantes de la Conferencia Intergubernamental de los días 15 y 16 de octubre, era que debía reforzarse el principio de no discriminación complementando el Tratado con una disposición general de no discriminación por motivos como la raza, el sexo, la incapacidad y la edad. 
La Presidencia ha sugerido además que se incluya en el Tratado una disposición que permitiera al Consejo adoptar las medidas necesarias para prohibir la discriminación por dichos motivos. 
Desde la Presidencia, hemos sugerido también que, por encima de este posible planteamiento de la no discriminación, se debería considerar la posibilidad de fortalecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres introduciendo una estipulación general de que este objetivo sea tenido en cuenta en todas las políticas comunitarias y reforzando el artículo 119 del Tratado de diversas maneras, por ejemplo, ampliando su alcance y, de manera específica, permitiendo acciones positivas cuando proceda. 
Hemos sugerido asimismo que se introduzca en el Tratado un lenguaje neutral en cuanto al sexo. 
Muchas gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por esta respuesta. 
¿Debo deducir entonces, señor Presidente del Consejo, que en el texto que la Presidencia irlandesa hará público el próximo día 27 constará esa posición que usted ha manifestado? 
Creo entender que sí. 
¿Podría señalarme, asimismo, si aceptará o habrá alguna mención- lo que creo que sería justo- a una igualdad de participación en la toma de decisiones? 
Señor Presidente del Consejo, creo que la Presidencia irlandesa, que va a hacer público un texto del Tratado el día 27, debe de incluir esta posición en el texto del Tratado, porque en esta materia, ya sabe usted que la experiencia nos ha hecho un poco cautas, por no decir desconfiadas. 
Asistimos a un espectáculo por parte de todas las instituciones y líderes políticos que en las declaraciones lo aceptan todo pero en la práctica no. 
Yo en la pregunta le pedía concreciones. 
Concréteme usted si en el texto del Tratado va a aparecer este texto al que usted se ha referido a título personal. 
Me resulta un poco difícil, cuando el Consejo hace por su cuenta una declaración personal y hace una declaración tan valiente como la que yo he hecho aquí hoy respecto a la igualdad y que no podría hacer en nombre del Consejo, que no se reciba de mejor talante. 
En segundo lugar, sólo quiero que conste en acta que no hay ningún compromiso de publicar nada el 27 de noviembre. 
En tercer lugar, en relación con la pregunta de Su Señoría, yo estaba hablando sobre proyectos de textos del Tratado. 
En lo que a la Presidencia se refiere, nos aplicaremos a ello de todas las maneras que nos sea posible, pero debo recordar a la Asamblea que hay 15 Estados miembros. 
Hemos elaborado proyectos de textos del Tratado que incluyen los objetivos que he aclarado hablando en nombre propio en respuesta a la pregunta de Su Señoría. 
Pregunta nº 12 del Sr. Ford (H-0879/96): 
Asunto: Acuerdos europeos sobre extradición 
¿Qué planes tiene el Consejo para presentar propuestas de extradición, de forma que aquellos ciudadanos del RU condenados por graves crímenes, como homicidio, robo o fraude, que han escapado de su país, viven en otros países de la UE y siguen disfrutando de libertad puedan ser devueltos al RU a fin de que cumplan las sentencias? 
El principal instrumento que regula los acuerdos de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea es el Convenio europeo sobre extradición de 1957. 
Éste convenio, que ha sido ratificado por catorce Estados miembros, constituye un importante marco para facilitar la extradición entre los estados signatarios. 
Sus disposiciones se relacionan con delitos que conllevan penas de prisión de un año como mínimo y, por lo tanto, es de suponer que los delitos graves como el homicidio, el robo o el fraude normalmente entrarán dentro de su ámbito de aplicación. 
Por otro lado, el Consejo ha aprobado recientemente un nuevo convenio sobre extradición. 
Cuando lo hayan ratificado los Estados miembros, facilitará aún más los acuerdos de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Gracias por su declaración. 
Este es un tema muy preocupante, no sólo en el Reino Unido, sino en otros lugares. 
No es un tema que afecte únicamente a Cindy de Eastenders, sino que también afecta a gente como Robert Hamilton, originario de Sheffield, actualmente en Francia, a quien se le condenó por asesinato en 1972, se escapó de la cárcel de Sudbury en 1984 y ha pasado los últimos 12 años moviéndose por toda Europa eludiendo constantemente las solicitudes de extradición. 
Me parece a mí que, mientras la gente pueda escaparse literalmente con un asesinato a cuestas huyendo a otras partes de la Unión Europea, nuestros actuales dispositivos distan de ser enteramente satisfactorios. 
Estoy convencido de que el Convenio Europeo de 1957, complementado con el nuevo convenio de la UE relativo a la extradición constituye un magnífico marco para los acuerdos de extradición entre Estados miembros en lo referente a delitos graves. 
No sería apropiado que yo hiciera comentarios sobre la aplicación de los acuerdos en algún caso o casos concretos, o por Estados miembros concretos. 
Puedo confirmar, sin embargo, que el Reino Unido es uno de los catorce Estados miembros que han ratificado el Convenio Europeo de 1957 y que es signatario del Convenio Europeo relativo a la extradición recientemente aprobado. 
Doy las gracias a Su Señoría, Sr. Cushnahan. 
En relación con la primera parte de la pregunta, el país que no ha firmado es Bélgica. 
En cuanto al resto de la pregunta, cada Presidencia probablemente rememoraría temas concretos que logró impulsar de manera especial. 
Confío en que hacia finales de la Presidencia irlandesa, dentro de seis semanas más o menos, hayamos hecho progresos significativos en todo el área de la justicia y los asuntos de interior. 
Creo que ha existido voluntad por parte de los ministros y, más aún, voluntad por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, de hacer auténticos progresos. 
Creo que para cuando se celebre el Consejo Europeo de Dublín podremos observar unos progresos auténticos. 
Hoy en la comida he tenido una conversación con la Comisión y con el Presidente del Parlamento. Éste fue uno de los temas que surgió. 
Creo que hay conformidad general en que se han hecho progresos considerables. 
Convendría que aclarara la primera parte de mi respuesta. 
Bélgica ha firmado, pero no ratificado, el Tratado. 
Pregunta nº 13 del Sr. Alex Smith (H-0880/96): 
Asunto: Encubrimiento de un accidente ocurrido en la planta de reproceso nuclear de Dounreay 
En octubre de 1996 se hicieron públicos informes sobre la contaminación radioactiva, producida hace más de 30 años, en el reactor rápido de investigación sobre energía nuclear y en la planta de reproceso de Dounreay en Escocia. 
¿Está dispuesto el Consejo a presionar a la Comisión y al Gobierno del Reino Unido para que se comprometan a realizar inmediatamente una auditoría ecológica- con arreglo a los artículos 35 a 37 del Tratado Euratom- sobre la planta de reproceso de Dounreay y otras plantas de reproceso del Reino Unido y a informar al Parlamento sobre los resultados? 
En primer lugar, deseo señalar que el Consejo concede gran importancia a la salud y seguridad de los trabajadores y de la población en general en lo que respecta a los peligros derivados de las radiaciones ionizantes y, más en general, a cualquier peligro de contaminación radiactiva. 
En este contexto, se atrae la atención hacia lo dispuesto en el capítulo 3 del Tratado Euratom y en la legislación comunitaria derivada. 
En particular, habría que subrayar que la recientemente aprobada Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, ha elevado considerablemente el grado de protección. 
Sin embargo, en lo referente a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 35 y 37 del Tratado Euratom, el Consejo recuerda a Su Señoría que entra dentro de las competencias de la Comisión. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta. 
Soy consciente de que entra dentro de las competencias de la Comisión, pero déjeme que le cuente mis recelos sobre esto, porque es un extraño asunto. 
En mayo de 1993, unos expertos designados por la Comisión visitaron Dounreay y le dieron un certificado sanitario limpio. 
Hay sólo dos posibles explicaciones para que fuera así: una es que no les dieran información adecuada o suficiente sobre la que formar un juicio o, la segunda, que les dieran la información pero no actuaran en consecuencia. 
Querría preguntar al Presidente en ejercicio si investigará la situación a la vista de los acontecimientos posteriores que indican un posible encubrimiento. 
¿Investigará usted y establecerá cuál de las dos posibles explicaciones es la verdadera? 
Me encargaré de plantear a la Comisión las observaciones realizadas por Su Señoría. 
Puedo decir que si se trata de una insuficiencia de medidas de seguridad, no tengo ningún problema en apoyar la propuesta de una auditoría ecológica que describe Su Señoría. 
El Gobierno irlandés ha aprovechado y sigue aprovechando todas las oportunidades en todos los foros internacionales pertinentes, sobre todo el OIEA y la comisión de París, así como mediante protestas directas al Gobierno del Reino Unido, para poner de relieve su preocupación sobre dichas instalaciones, en particular Shellafield (Thorp) , y no se me oculta que la cuestión que plantea Su Señoría afecta a gran número de ciudadanos de la Unión. 
En relación concretamente con las instalaciones que ha mencionado, remitiré sus comentarios a la Comisión y preguntaré si ésta ve fundamentos para emprender alguna actuación. 
Doy la gracias al Presidente en ejercicio por dar una respuesta tan completa a la pregunta de mi compañero el Sr. Smith. 
Cuando plantee la cuestión a la Comisión, quizá podría consultar el programa de la BBC sobre Escocia «Frontline Scotland» (» Escocia en primera línea» ), que puso de relieve un increíble encubrimiento de un incidente que ocurrió hace unos veinticinco o treinta años, momento en el que el entonces director de la instalación de Dounreay parece ser que ocultó información no sólo al Gobierno británico, sino también a la Comisión y a sus inspectores. 
También le indicaría que esto no es un ataque al programa de instalaciones nucleares, es una cuestión de salud y seguridad que, tal como él mismo ha señalado con toda la razón, ocupa un primer lugar en el pensamiento del Consejo y de los diputados de este Parlamento. 
Y esto significa la salud y seguridad no sólo de los trabajadores sino de la sociedad en sentido amplio. 
Así que, antes de que vea a la Comisión, le pediría que viera el programa titulado «Frontline Scotland» , que dura unos veinte minutos, y podrá comprobar por sí mismo la horrenda revelación de los inspectores de salud y seguridad de Dounreay en ese momento y el encubrimiento que hubo a continuación. 
Pregunta nº 14 de la Sra. Hardstaff (H-0883/96): 
Asunto: Profesores de lengua extranjera en Italia 
¿Es consciente el Consejo de que, a pesar de la Resolución del Parlamento B4-0968/95, en la que se pide a la Comisión «que obtenga garantías de que las autoridades de la Universidad de Verona no van a tomar medidas injustificadas y de amenaza contra los profesores, en respuesta a su reclamación profesional» , en Verona ha continuado el acoso de dichos profesores de lengua extranjera y que, además, un acoso similar se está llevando a cabo en el Instituto Universitario Orientale de Nápoles? 
¿Piensa intervenir el Consejo para recordar a todos los Estados miembros su obligación de cumplir las prácticas laborales acordadas para los trabajadores de otros Estados miembros, según se contempla en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado? 
En respuesta a la Pregunta de Su Señoría, me gustaría subrayar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Tratado, la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. 
Como resultado, la organización de la educación en los Estados miembros es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes. 
En estas circunstancias, el Consejo carece de competencias en el tema que plantea Su Señoría. 
Sin embargo, en la medida en que implica una responsabilidad de la Comunidad, el tema entra dentro de las competencias de la Comisión. 
La tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del Tratado corresponde a la Comisión. 
Ésta podrá proporcionar a Su Señoría una respuesta fiable y actualizada y recomiendo que la pregunta se dirija a ella. 
Hablando en nombre de la Presidencia, quisiera añadir que soy consciente de la preocupación que hay en una serie de Estados miembros sobre la cuestión. 
Por el bien de la equidad y la justicia creo que esta práctica debería terminar y que, a este fin, debería prevalecer tanto el espíritu como la letra de la ley. 
Toda influencia de la que puedan hacer uso las instituciones europeas debiera utilizarse para garantizar un planteamiento más justo. 
Formulo esta pregunta al Consejo porque es el Gobierno de un Estado miembro el que no está garantizando unas prácticas correctas de empleo en importantes instituciones públicas, concretamente universidades y centros de enseñanza superior. 
A pesar de una resolución aprobada por esta Asamblea el 25 de septiembre de 1995, el 5 de diciembre de 1995 expiraron los contratos de algunos profesores no italianos de lenguas extranjeras en Nápoles, entre ellos el de una persona de mi circunscripción. 
Para 1996 se les ofreció un recorte del 30 % en su sueldo a cambio de un aumento de 240 horas lectivas. 
Esto es un engaño no sólo a los propios profesores, sino también a sus alumnos, a quienes es totalmente imposible enseñarles adecuadamente en unas clases mucho más numerosas y disponiendo de menos tiempo. 
A unos profesores universitarios profesionales altamente cualificados- no ayudantes de lenguas extranjeras- se les está tratando constantemente en Italia como personal eventual no cualificado, por lo que pido una vez más que el Consejo haga presión moral sobre los miembros italianos para que se rectifique este estado de cosas tan vergonzoso y se rehabilite de inmediato a los profesores despedidos por protestar. 
Como he dicho, soy consciente de las dificultades expresadas por estos profesores, algunos de los cuales son de mi propio país, que han dirigido protestas al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Educación y a mí mismo. 
Voy a ponerme en contacto con el comisario responsable a fin de obtener más información sobre el tema. 
Aseguro a Su Señoría que aprovecharé toda oportunidad que se me presente para plantear el asunto. 
Pregunta nº 15 del Sr. Burenstam Linder (H-0886/96): 
Asunto: Reunión de ministros de la OMC en Singapur 
La OMC está encargada de supervisar la liberalización del comercio mundial y proseguir la eliminación de las barreras comerciales. 
Ante la reunión de ministros en Singapur, se ha solicitado que, mediante «cláusulas sociales» , se obligue a los países pobres a adoptar importantes medidas en el ámbito social para poder beneficiarse de la liberalización del comercio. 
Los países en desarrollo tienen inevitablemente un nivel social más bajo por la simple razón de que son pobres. 
¿Está informado el Consejo de que las cláusulas sociales son una forma de proteccionismo y que las barreras comerciales dificultan el que los países pobres puedan gozar de un nivel razonable de salarios y de seguridad social? 
¿Está informado el Consejo asimismo de que las cláusulas sociales introducen una gran discrecionalidad en la política comercial y que, por consiguiente, dan lugar a conflictos internacionales? 
Como parte de los preparativos para la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Singapur, el Consejo ha procedido a examinar, basándose en una comunicación de la Comisión, el tema del fomento de unas condiciones básicas de trabajo internacionalmente reconocidas en el marco del sistema de intercambios multilaterales. 
Entre dichas condiciones básicas de trabajo universales se encuentran, concretamente, la abolición del trabajo forzado y de la esclavitud, la eliminación del trabajo infantil y la libertad de asociación. 
A este respecto, el Consejo ha destacado que, al abordar el tema, la conferencia ministerial de la OMC debería dejar claro que rechaza todos los intentos de mermar la ventaja competitiva de que gozan los países en desarrollo en materia de escala salarial. 
En la conferencia se debería subrayar además la importancia de unas medidas positivas que ayuden a los países en desarrollo a mejorar su capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo. 
Me permito agradecer al Consejo su respuesta a mi pregunta. 
Es importante que intentemos conseguir mediante el diálogo unas modificaciones en lo que consideramos como condiciones inaceptables en otros países. 
Pero el contenido en lo que se da en llamar «claúsulas sociales» va mucho más lejos que lo que el representante del Consejo ha interpretado como «niveles básicos laborales». 
Las interferencias en materia de política comercial con el fin de lograr unas modificaciones en un espectro más amplio del que se incluye en las claúsulas sociales las considero como el método equivocado, entre otras cosas por lo mismo que el representante del Consejo ha respondido sobre Albania, que «las sanciones van contra la población». 
También se puede ilustrar el problema de otro modo: Podemos tener problemas en Europa si otros países mantienen que el elevado nivel de paro europeo es socialmente inaceptable y, aplicando obstáculos al comercio, intentan producir cambios en la política europea. 
¿Qué posición adoptaría el representante del Consejo ante un argumento semejante? 
Otra pregunta es: ¿Alguien cree que los países europeos van a poder aumentar la creación de empleo exportando aviones a un país del Este asiático cuyas importaciones estén prohibidas a base de claúsulas sociales? 
Supongo que todos podemos imaginar situaciones hipotéticas para ilustrar las dificultades que plantea la tasa de desempleo de la Unión. 
Pero gran parte de las razones del elevado desempleo tienen que ver con otras cuestiones, no sólo cuestiones que dependen de la Organización Mundial del Comercio. 
En muchos países, por ejemplo, hay impuestos sobre las nóminas que contribuyen a la tasa de desempleo. 
El 29 de octubre, el Consejo de Asuntos Generales acordó que la base del enfoque europeo sobre la materia en la Conferencia de Singapur sería la siguiente: » La UE considera que la conferencia de Singapur debiera abordar los siguientes temas: papel de la liberalización de los intercambios comerciales en aumentar el nivel de vida en todo el mundo y, en este contexto, importancia que otorgan los miembros de la Organización Mundial del Comercio a los esfuerzos de la OIT por propiciar una definición más precisa de las condiciones de trabajo básicas y la observancia de las mismas. 
La conferencia debiera dejar claro que rechaza todos los intentos de debilitar la ventaja competitiva de que gozan los países en desarrollo en materia de escala salarial. 
Habría que subrayar asimismo la importancia de las medidas positivas para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo e incrementar las oportunidades educativas puestas a disposición de los niños.» 
Esto fue lo que acordó el Consejo de Asuntos Generales el 29 de octubre como base del enfoque de la Unión Europea sobre el tema en la conferencia de Singapur. 
Creo que es un enfoque imparcial, equilibrado y completo. 
Las preguntas núms. 16, 18 y 19 han sido retiradas por los autores y, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 19 no se formula. 
Pregunta nº 20 del Sr. Needle (H-0899/96): 
Asunto: Comercio entre la UE y Birmania 
¿Por qué razón el Consejo de Asuntos Generales decidió no suprimir las favorables condiciones del comercio entre la UE y Birmania a pesar de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Birmania? 
Desde enero de este año se ha estado realizando una investigación sobre las prácticas de trabajos forzados en Birmania en el contexto del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea. 
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Conferencia Europea de Sindicatos y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. 
Es la Comisión la que está llevando a cabo la investigación y la cuestión no se ha remitido aún al Consejo de Asuntos Generales. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 3281/94, la investigación debe continuar al menos por un año. 
La Comisión ha recibido aportaciones sobre el asunto y se han celebrado audiencias. 
Se espera que el informe sobre la investigación esté listo para principios de 1997. 
Es de suponer que el Consejo de Ministros tomará enseguida una decisión sobre las recomendaciones que contenga el informe de la Comisión en cuanto a seguir aplicando las ventajas del SPG a Birmania. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio. 
Sólo quiero decir que de haber podido intervenir acerca de sus anteriores comentarios, los habría acogido muy favorablemente: eran muy acertados y me alegré de oírlo. 
No me produce tanto placer la respuesta que acabo de oír, aunque comprendo que nos movemos en la buena dirección. 
Tengo entendido que esta semana la junta militar de Rangún ha rechazado de hecho la visita propuesta por la Unión Europea alegando que allí no existen trabajos forzados. 
Querría decir al Consejo que yo no esperé a una visita oficial; ni tampoco mi colega, la Sra. Kinnock. 
Fui de hecho a Birmania hace un par de semanas con un visado de turista, de incógnito, y allí vi cuadrillas de trabajos forzados trabajando en las carreteras. 
La amenaza dirigida a Aung San Suu Kyi, de la que hemos oído hablar hoy, es tan sólo una parte de la represión que sostiene el Gobierno de allí. 
Vimos muestras también de una gran pobreza. 
Francamente, hay empresas de la Unión Europea, como Total, que tienen las manos manchadas de sangre por estar apoyando a ese régimen represivo. 
Comprendo las disposiciones de los reglamentos europeos, pero hago una súplica para que el Consejo piense en actuar cuanto antes y comunique su profunda contrariedad no sólo a las autoridades de Rangún sino también a las empresas europeas que las están apoyando. 
Quiero prometer a Su Señoría que la Presidencia hará todo lo que pueda para impulsar la solidaridad que manifiesta en su pregunta. 
Ya me he reunido hoy con su colega, la Sra. Kinnock, quien me ha hecho una relación actualizada de su visita allí y también estoy tomando nota de los comentarios que ha realizado el Sr. diputado sobre su visita. 
Su Señoría estará al corriente de que la posición común confirma una serie de medidas adoptadas ya en contra de Birmania, que podría leer si Su Señoría lo desea, aunque tengo la sensación de que ya las conoce. 
Quiero asegurarle que la posición común del Consejo, adoptada el 28 de octubre, prevé que se estudien nuevas medidas restrictivas contra Birmania y, en este contexto, la Presidencia seguirá vigilando la evolución de los acontecimientos, incluida la aplicación de la posición común, e informará regularmente al Consejo sobre la materia. 
Estoy un poco alarmado por algunas noticias que he escuchado, que se añaden a mi preocupación acerca de la situación en Birmania; me ocuparé, por supuesto, de que el Consejo se mantenga al día sobre estos acontecimientos a medida que se produzcan. 
Pregunta nº 21 de la Sra. Kestelijn-Sierens (H-0902/96): 
Asunto: Medidas anti-dumping 
La Comisión Europea se propone decretar medidas anti-dumping para la importación de calzado barato procedente de China, Indonesia y Tailandia. 
Esas medidas tendrán graves repercusiones para los importadores y distribuidores europeos de zapatos baratos de los países mencionados. 
Por otra parte, los consumidores también se verán afectados por las altas tasas. 
Con la excepción de los casos verdaderamente urgentes, la Comisión consulta a los Estados miembros antes de decretar medidas protectoras provisionales. 
¿Se ha consultado ya al respecto a los Estados miembros? 
¿Considera el Consejo que puede hablarse de dumping de calzado por parte de China, Indonesia y Tailandia? 
¿Es cierto que la importación de calzado barato de esos países perjudica de tal forma a la Comunidad que hace necesaria la adopción de medidas anti-dumping? 
La Comisión ha consultado a los Estados miembros sobre la posible introducción de medidas provisionales de protección frente al calzado procedente de China, Indonesia y Thailandia. 
La Comisión no ha presentado al Consejo ninguna propuesta de reglamento relativo a la aplicación de medidas antidumping al calzado procedente de dichos países y, por consiguiente, el Consejo no ha adoptado ninguna postura sobre dicha posibilidad. 
Agradezco al Presidente del Consejo esa información ya que se me había comunicado que efectivamente la Comisión Europea presentaría medidas al respecto. 
Si éste no ha sido aún el caso, me complace saber esto, ya que no será oportuno para una serie de países, y más en particular mi propio país, en el cual por el momento no existe ningún sector del calzado, pero en el cual una elevada cantidad de personas o de empresas ganan su sustento de la importación de calzado de bajo precio del Lejano Oriente. 
Pienso que en primer lugar y sobre todo deberá entrar en contacto con los países interesados y que la Comisión debe primeramente solicitar información, lo cual tendrá lugar de acuerdo con lo expresado por el Presidente del Consejo. 
Si me permite repetir, el Consejo no tiene ante sí ninguna propuesta de la Comisión y Su Señoría seguramente podrá obtener información más pormenorizada y actualizada sobre la situación si dirige una pregunta a la Comisión. 
Hasta ahora no le ha llegado al Consejo ninguna propuesta de esta última. 
Pregunta nº 22 del Sr. Ephremidis (H-0904/96): 
Asunto: Detención de la presidenta del Partido Comunista de Chile por injurias al dictador Pinochet 
La reciente detención de la presidenta del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, en la sede del Comité Central de este partido, constituye un atentado contra la democracia, las luchas de los trabajadores, el pueblo de Chile y el movimiento de solidaridad internacional. 
Esta inadmisible acción pone en peligro la libertad de expresión y difusión de ideas y la libertad de acción de los partidos en un país cuyo pueblo ha sufrido muy especialmente bajo el propio dictador Pinochet y la sangrienta dictadura por él encabezada. 
¿Piensa el Consejo expresar su preocupación por estos acontecimientos alarmantes para la democracia, condenar la detención de Gladys Marín y exigir su inmediata liberación? 
La Unión Europea estaba dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para expresar su absoluta condena por la detención. 
Sin embargo, la pronta resolución del asunto y la retirada de todos los cargos hizo innecesaria dicha actuación. 
Señor Presidente, hay que valorar tanto el examen como la posible intervención del Consejo- a la que no se ha referido el Sr. Presidente en ejercicio- pero también hay que denunciar la situación que reina en ese país, donde Pinochet, que durante una década torturó, asesinó e hizo desaparecer a ciudadanos, tiene aún capacidad para acusar y ordenar la detención de la líder de un partido. 
Como ya he dicho, la pronta resolución del asunto y la retirada de todos los cargos hizo innecesaria a actuación que nos proponíamos emprender. 
Pero habíamos estado en contacto con los Países Bajos, que representan a la Presidencia, y se les pidió que investigaran el asunto. 
El 6 de noviembre informaron de que el Tribunal Supremo de Chile habría ordenado la puesta en libertad de la Sra. Marín antes de que hubiera pasado un día de su detención y de que se había convencido al General Pinochet de que éste probablemente no era el mejor modo de plantear el asunto. 
Puedo unirme a Su Señoría en manifestar una absoluta condena de esta detención y de otras detenciones del mismo tipo. 
Pregunta nº 23 del Sr. Theonas (H-0906/96): 
Asunto: Fomento de la producción cinematográfica de los Estados miembros 
La continua disminución de la creación de productos audiovisuales, principalmente cinematográficos, y especialmente en los países de menos población y en las lenguas menos difundidas, está tomando proporciones alarmantes para la propia identidad cultural de los pueblos de Europa. 
Este proceso se agudiza por el fortalecimiento del monopolio de la producción y, principalmente, de la distribución de las obras producidas, con el resultado de la hegemonía de productos subculturales importados, estadounidenses y otros. 
¿Piensa el Consejo presentar propuestas para garantizar el carácter multicultural de la UE, destinadas a la protección y el fomento de la producción de obras audiovisuales en los Estados miembros, así como para detener el avance de la monopolización y aprovechar la especialmente importante función del sector audiovisual? 
El Consejo está absolutamente atento a la importancia de fomentar la identidad cultural de los pueblos de Europa por medio del cine. Reconoce que la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de Europa constituye la base de las cualidades distintivas del cine europeo. 
El 10 de julio y el 22 de diciembre de 1995 se adoptaron dos decisiones del Consejo sobre el programa MEDIA II. Este programa, que entró en vigor a principios del presente año, refleja clara y explícitamente dicha concienciación a nivel práctico. 
Su propósito es fomentar la creación y distribución de obras audiovisuales europeas e introducir un programa de formación de profesionales en el sector audiovisual europeo. 
En él se hace especial hincapié en los países o regiones pequeños cuyas lenguas tienen menor difusión y en apoyar activamente el multilingüismo de las obras audiovisuales. 
Otro objetivo del programa es ayudar a desarrollar una industria de producción independiente. 
El artículo 2 del programa establece que éste deberá contribuir al respeto de la diversidad lingüística y cultural europea, a la valorización del patrimonio audiovisual europeo, al desarrollo de las potencialidades de los países o regiones con escasa capacidad de producción audiovisual y/o con un área geográfica y lingüística reducida y al desarrollo de un sector de producción y de distribución independientes y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas. 
El programa concede ayudas reembolsables a los distribuidores cinematográficos y editores de vídeos de películas europeas. 
A las cadenas televisivas se les ayuda con el doblaje y subtitulado de programas europeos y con las producciones multilingües. 
También se ofrecen ayudas para la formación profesional en estas actividades, haciéndose especial hincapié en las regiones de escasa producción audiovisual o de área lingüística y geográfica limitada. 
El intercambio de estudiantes y profesionales se facilita por medio de becas y prácticas en empresas y por medio de la contribución a la formación de formadores. 
Dentro de las condiciones del programa figura asimismo la formación en nuevas tecnologías. 
La asignación a MEDIA II de 310 millones de ecus repartidos en cinco años representa un considerable incremento de los recursos en relación con los asignados al programa MEDIA I. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe intermedio de evaluación de los resultados del programa. 
El efecto de éste será proporcionar los apoyos necesarios para que, combinándolos con medidas nacionales complementarias, la industria audiovisual europea pueda superar los problemas de fragmentación del mercado y de monopolio o dominación extranjera de las salidas comerciales de los productos audiovisuales. 
Entre los resultados concretos previstos están un aumento de la distribución transfronteriza de obras audiovisuales europeas, un incremento de la proyección de dichas obras y un apoyo al desarrollo de nuevos proyectos europeos de producción. 
Por último, como bien sabrá Su Señoría, la opinión del Consejo es que para salvaguardar las importantes diferencias entre lenguas y culturas dentro de los Estados miembros y entre los mismos, la orientación política en el ámbito de la cultura debe respetar el principio de subsidiariedad. 
En consecuencia, el comité de gestión del programa MEDIA II permite que tanto los Estados miembros como los estados asociados participen en el seguimiento del programa y hagan aportaciones para su funcionamiento. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer al Presidente del Consejo su completa respuesta a mi pregunta. 
No obstante, quisiera señalar, y creo que el Presidente estará de acuerdo conmigo, que, a pesar de todo, la producción cinematográfica y televisiva norteamericana cubre un porcentaje más alto del 60 % de los espacios televisivos más importantes de Europa, y, naturalmente, de la producción cinematográfica que se exhibe en salas europeas, especialmente en los países más pequeños. 
Esta se puede considerar una situación inaceptable, porque tiende a imponer la forma de vida y la cultura norteamericanas en Europa, que desde hace años se distingue por su propio carácter cultural, el cual se debe conservar a toda costa. 
Indudablemente, esperaremos el informe de la Comisión sobre los resultados de la aplicación de MEDIA II e, indudablemente, tendremos que preguntarnos si a través de todos estos programas, y, naturalmente, con la acción de los Estados miembros, seremos capaces de invertir la situación de manera que se proteja la cultura europea. 
Agradezco el amable cumplido de Su Señoría. 
Puedo comprender bien los sentimientos que expresa. 
Permítanme decir que el cine irlandés cumple cien años este año y que nuestra experiencia reciente ha sido muy positiva. 
En el último año se han rodado en Irlanda más películas que en todos los años anteriores juntos. 
Este año se ha inaugurado además Telefís na Gaeilge, una cadena televisiva cuyas emisiones son todas en lengua irlandesa. 
Menciono esto último en particular como alguien que proviene de un pequeño Estado con una minoría de personas que hablan sólo en irlandés, aunque ésta no sea una lengua minoritaria en Irlanda, sea la primera lengua oficial del país y haya mucha gente que conozca algunas palabras en irlandés de uso general. 
Nuestra pertenencia a la Unión Europea parece haber producido en la gente la necesidad de fomentar e impulsar el idioma. 
Es una evolución interesante. 
Creo que existe unidad en la diversidad y me gustaría decir que me identifico mucho con Su Señoría por haber planteado la pregunta. 
Pregunta nº 24 del Sr. Martin (H-0910/96): 
Asunto: Derechos humanos en Túnez 
¿Puede indicar el Consejo su postura ante las violaciones de derechos humanos en Túnez como las que supuestamente se han dado en el caso de Hedi Akouri y Jalel Maalej que están encarcelados en Túnez por pertenecer al Partido Islámico al-Nahda y que han denunciado haber sido torturados (ninguno de ellos ha utilizado o defendido la violencia y ambos han sido adoptados por Amnistía Internacional como presos de conciencia)? 
Túnez es un importante socio de la Unión Europea. 
Nos hemos comprometido a profundizar en nuestras relaciones con este país. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea concede gran importancia al fomento y respeto de los derechos humanos en Túnez. 
Como sabrá Su Señoría, éste fue el primer país mediterráneo en firmar un nuevo acuerdo de asociación euromediterráneo. 
El acuerdo establece un diálogo político que permite a ambas partes hablar abiertamente de toda una serie de cuestiones políticas, incluidos los derechos humanos. 
Por otro lado, incluye una cláusula de derechos humanos según la cual las relaciones bilaterales, así como las disposiciones del propio acuerdo, se basarán en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos que guían sus políticas nacionales e internacionales y constituyen un elemento esencial del acuerdo. 
Podría recordar además que Túnez ha contraído un firme compromiso político con la asociación euromediterránea y que el fomento de los derechos humanos y el desarrollo de las instituciones democráticas son elementos esenciales del proceso de Barcelona. 
El Consejo está al corriente de los dos asuntos que ha mencionado Su Señoría, los de los Sres. Akouri y Maalej, que han sido encarcelados con acusaciones relacionadas con su presunta vinculación al partido ilegal al-Nahda. 
Recientemente, el Consejo ha planteado en varias ocasiones el tema de los derechos humanos en sus contactos con las autoridades tunecinas. 
En sus contactos con Túnez seguirá mencionando el tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto desde un punto de vista general como en relación con casos específicos. 
Ámbito de aplicación de la codecisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0361/96) de los Sres. Bourlanges y De Giovanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el informe de la Comisión (SEC (96) 1225- C4-0464/96) con arreglo al apartado 8 del artículo 189 B del Tratado CE sobre el ámbito de aplicación de la codecisión. 
Señor Presidente, Señorías, debemos examinar hoy un informe del dictamen que emite el Parlamento Europeo sobre un documento de la Comisión que define las condiciones en las que se podría estructurar una reivindicación esencial del Parlamento Europeo, cual es la ampliación de la codecisión. 
Este documento propone la ampliación de la codecisión con arreglo a unos criterios objetivos sobre la definición del acto legislativo. 
Basándose en dichos criterios, este documento propone precisar las disposiciones del Tratado, los artículos del Tratado, que podrían ser materia de una ampliación de la codecisión, puesto que dichos artículos se refieren a lo que se podría denominar «el ámbito legislativo». 
Permítanme manifestarles, primeramente, mi perplejidad. Perplejidad, porque en la situación de bloqueo en que se encuentran las negociaciones en el seno de la Conferencia Intergubernamental, y en el estado de deterioro de las relaciones interinstitucionales, entre el Parlamento y el Consejo, no sé cuál debe ser mi actitud frente al documento de la Comisión. 
Si este Parlamento decide apoyar el documento de la Comisión, es evidente que con ello la comprometemos; si la Comisión se presenta ante el Consejo con la aureola del apoyo del Parlamento, pienso que ello constituye, en la situación actual, una condición casi suficiente para despertar las sospechas sobre este documento. 
Pero, en cambio, si me opongo al documento de la Comisión es aún peor, porque en tal caso le hago un flaco servicio. Y en la Comisión, en el Consejo, en la Conferencia Intergubernamental, se dirá que el documento propuesto por la Comisión no ha sido ni tan siquiera apoyado por el Parlamento. 
Por lo tanto, al no saber si debo apoyar, y si el Parlamento debe apoyar, la propuesta de la Comisión, o bien oponerme a ella, me limitaré simplemente a decirles lo que realmente pensamos al respecto el Sr. De Giovanni y yo. 
Lo que en realidad pensamos es que este texto significa una puesta en perspectiva muy inteligente y muy interesante de la ampliación del procedimiento de codecisión, aunque lamentablemente contiene algunas limitaciones. 
Inteligente porque, indudablemente, es la primera vez que en este debate tan confuso de la Conferencia Intergubernamental existe una institución, a la que rindo homenaje por ello, que dice: rechacemos la ampliación de la codecisión caso por caso y propongamos algo sistemático, coherente, que tenga un alcance general. 
La segunda razón que avala la coherencia de este documento es el hecho de proponer un enfoque basado en criterios de fondo y no simplemente en criterios de procedimiento. 
Se podría haber dicho: se amplía la codecisión, por ejemplo, a todas las decisiones aprobadas por mayoría cualificada en el Consejo. 
Y también se podría haber dicho: se amplía la codecisión a todos los actos actualmente sometidos al procedimiento de cooperación del artículo 189 C. En ese caso, se habría obrado con malicia, ciñiéndose a procedimientos y argumentos meramente formales. 
Realmente, señor Comisario, y debemos rendirle homenaje por ello, usted propone algo más ambicioso, más preciso, es decir, un intento parcial de jerarquización de las normas, porque usted dice: la codecisión debe ampliarse al ámbito legislativo, y en su documento se establecen criterios detallados para la definición de la ley. 
Un texto legislativo presupone una aplicación directa del Tratado, debe tener un alcance general, su carácter debe ser vinculante y, finalmente, debe determinar los elementos esenciales del dispositivo previsto, debe tratarse de una medida esencial. 
Cuatro criterios basados en el sentido común, que para algunos pueden ser discutibles, pero que están basados en el sentido común. 
Frente a esta situación, aceptamos apoyarle, pero debemos hacer dos observaciones. 
Su enfoque es limitado. 
¿Por qué? 
Primeramente, porque sus criterios son en ciertos casos discutibles. 
Cuando usted habla, por ejemplo, de «elementos esenciales» , no sabemos qué es lo esencial, y nosotros consideramos que es la propia ley la que debe determinarlo, así como también lo que es competencia de la ley y lo que no lo es. 
Y, además, consideramos que la interpretación de las medidas de aplicación propuestas es demasiado restrictiva. 
No dispongo de tiempo para detallar aquellas medidas que nos parecen demasiado restrictivas, pero existen. 
En conclusión, señor Comisario, le apoyamos, pero con los ojos abiertos. 
Señor Presidente, Señorías, creo que es una batalla política importante establecer un nuevo equilibrio entre las Instituciones de la Unión y, en este marco, luchar para que se amplíen los poderes del Parlamento Europeo. 
Ampliar o intentar ampliar la función legislativa es una batalla política, teniendo también en cuenta, y quiero mencionar este hecho, que, contrariamente a lo que a veces se piensa o se dice, el balance político del procedimiento de codecisión es un balance muy positivo, incluso desde el punto de vista de la eficacia. 
Deseo mencionar tan sólo un dato: la duración media de los procedimientos de codecisión es de 480 días, la duración media del procedimiento de cooperación fue y es de 520 días. 
Éste puede parecer un dato secundario, a pesar de que se trata de un dato que en cierto modo pone fin a esa vieja creencia de la ineficacia del procedimiento de codecisión. 
Por otra parte, debemos tener en cuenta hasta que punto la ampliación de los poderes del Parlamento representa, de hecho, la ampliación de la única Institución real y directamente representativa de los ciudadanos europeos. 
En consecuencia, yo diría que la extensión de la codecisión es algo que afecta también al ámbito de la ciudadanía, a pesar de que esto puede parecer una relación indirecta, sin embargo, lo es hasta cierto punto, dado que implica aumentar los poderes de los ciudadanos a través de la ampliación de los poderes de la Institución que les representa. 
Nosotros- lo acaba de recordar el Sr. Bourlanges- teníamos que evaluar el texto de la Comisión y no ocuparnos, por ejemplo, de otro importante tema como es la simplificación de los procedimientos. 
Como dijo el Sr. Bourlanges, se trata de un buen texto, sobre todo por una razón, ya que reconoce la necesidad de ampliar la legislación, la codecisión a todo el proceso legislativo y pone, además, el acento respecto a lo que significa lo legislativo. 
Nosotros intentamos aportar a este punto una contribución que tuviera en cuenta la peculiaridad de la legislación europea y la ampliamos valorizando, en especial, la naturaleza programática. 
Creo que éste es un elemento muy importante de nuestro informe. 
Hemos detallado el alcance general y reconocido que el alcance general en la legislación europea implica también tener en cuenta la naturaleza programática. 
En su conjunto, por lo tanto, es posible una relación positiva entre Parlamento Europeo y la Comisión en este ámbito. 
No quiero hablar de alianza por los motivos aducidos por el Sr. Bourlanges hace unos momentos, sin embargo, se trata de un elemento político importante: un elemento político importante, porque significa que juntos podemos ofrecer una contribución a la común construcción de una democracia representativa. 
De acuerdo, no cabe duda de que existen varias y diferentes resistencias. 
Me refiero a ciertas experiencias en el seno del Comité de Conciliación con el Consejo. 
Se trata de experiencias muy difíciles, habida cuenta de que el Consejo sigue dando una interpretación demasiado burocrática a la conciliación- me refiero a la conciliación que está estrechamente relacionada con la codecisión- y sabemos, lo dijo también el Sr. Bourlanges, que en este terreno no se aprecian signos positivos en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, tenemos que tener algo de fe, porque sin fe el mundo se descalabra y, por consiguiente, y en cierta forma, hay que tener confianza en la batalla política y en los objetivos de la batalla política que uno lleva a cabo. 
Deseo dedicar la última parte de mi intervención a otro punto que hemos desarrollado en el informe: la ampliación de algunos ámbitos de aplicación específicos de la codecisión. 
Al respecto, y a nuestro juicio, hubo una limitación en el trabajo de la Comisión, limitación debida al hecho de que no existe una verdadera relación entre los criterios y la aplicación de los mismos. 
Pudimos comprobar cierta arbitrariedad en esta falta de relación y por ello, llevamos a cabo también un trabajo analítico. 
Me limitaré a hacer sólo tres ejemplos de los muchos que podría mencionar. 
Ante todo, la Unión Económica y Monetaria, tema tabú, como es sabido, y respecto al cual, debo decirlo, la Comisión fue demasiado prudente. 
Nosotros, como Parlamento, pensamos que no es posible imaginar que se realice la Unión Monetaria sin que existan a la vez algunos elementos de control democrático de las Instituciones representativas en lo referente al menos a ciertos ámbitos: no respecto a los técnicos, como es obvio, sino respecto a los que afectan a las decisiones estratégicas y a la supervisión multilateral. 
Incluimos asimismo en la lista un ámbito que la Comisión había ignorado, es decir el de la industria: medidas de alcance general de política industrial que se vinculan con la cuestión de la coordinación de las políticas industriales y macroeconómicas, que es otro elemento central para el desarrollo de una democracia europea. 
Finalmente, el último ejemplo que quiero proponer es el que afecta a la investigación, un tema fundamental para el desarrollo de Europa que no podrá desarrollarse si no se desarrolla la investigación, si no se desarrolla la cultura y, por consiguiente, toda la cuestión del programa marco afecta plenamente al espíritu de la codecisión. 
Para concluir, señor Presidente, Señorías, creo que esta batalla es legítima para enriquecer el poder legislativo de la única Institución que representa directamente a los ciudadanos. 
Termino con este tema, porque me parece que es fundamental para la construcción de la democracia europea. 
Señor Presidente, el informe de Sus Señorías Bourlanges y De Giovanni sobre el ámbito de aplicación de la codecisión posee la austeridad y la sobriedad de una reflexión minuciosa, pero también pone de manifiesto una verdadera voluntad política. 
El meollo del problema es, en efecto, la democratización de la Unión Europea. 
Hablamos mucho de los derechos de los ciudadanos, de la distancia que experimentan con respecto a nuestra acción, de las dudas que tienen sobre nuestro papel y sobre el papel de las instituciones europeas, en suma: sobre el conjunto de las políticas europeas. 
En este contexto, tanto la posición de la Comisión como la del Parlamento Europeo es fundamental, al igual que nuestra voluntad, nuestro propio empeño, el empeño que pondremos para imponer- parece un sueño- nuestro punto de vista en la Conferencia Intergubernamental. 
La Comisión nos ha propuesto en este documento una reflexión global, con un enfoque mucho más coherente, sobre la aplicación de la codecisión en el ámbito legislativo. 
El Sr. Bourlanges lo ha expresado muy bien, así como también su preocupación en cuanto a los puntos débiles de este enfoque. 
Nosotros consideramos que el enfoque global es positivo, pero nos preocupan, en particular, los criterios escogidos sobre la definición de la ley, que comprende evidentemente algunas lagunas y que habría que detallar; y la determinación del ámbito legislativo tal como resulta de la aplicación de los criterios es al mismo tiempo aventurada y restrictiva. 
Pero, en el fondo, nuestro objetivo común no es otro que mejorar el funcionamiento, simplificándolo y haciéndolo más eficaz. 
Yo considero, no obstante, que el balance actual de la codecisión es, en este sentido, un tanto divergente. 
Ciertamente, el Sr. De Giovanni se ha referido a la actitud del Consejo. 
Cuando discutimos con el Consejo, nos encontramos frente a una Presidencia, pero una Presidencia «paralizada» , que en las discusiones sobre la codecisión tiene que confirmar telefónicamente en las capitales cuál es la verdadera posición de los gobiernos, o sea, de la «no Unión Europea». 
La codecisión no significa necesariamente democratización y eficacia, en la medida en que se basa en las decisiones de las capitales y de las burocracias nacionales. 
Por otro lado, también pongo en duda la actitud de la Comisión; no la suya, señor Comisario, ya que usted sabe que su acción- tan voluntarista en el contexto de la Conferencia Intergubernamental- cuenta con toda mi simpatía. 
Pero creo que la codecisión puede significar un verdadero impulso de la democracia europea sólo si la propia Comisión respeta el juego democrático, si acepta ser responsable ante el Parlamento Europeo, si acepta el tener que aprobar las enmiendas votadas por mayoría cualificada en este mismo Parlamento. 
¿Acaso no vemos con frecuencia como la Comisión rechaza nuestros dictámenes? 
También ahí reside el verdadero problema de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, los colegas Bourlanges y de Giovanni mantienen el mismo doble principio que el postulado por la Comisión en su informe sobre la codecisión. 
La primera premisa sostiene la necesidad de extender la codecisión a todos los actos de índole legislativa. 
La segunda premisa sostiene que la codecisión debe extenderse a todas las decisiones legislativas del Consejo adoptadas por mayoría cualificada. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se adhiere a ambos principios y expresa por lo demás su acuerdo con el contenido de un excelente informe. 
Durante las discusiones celebradas ayer en nuestro grupo político se observó sin embargo que algunos de los colegas no se sentían del todo tranquilos ante una extremada extensión de las decisiones por mayoría, estimando además que la autoridad de un gobierno nacional podría verse anulada, lo cual constituye un motivo de inquietud. 
Desde luego están de acuerdo con que, y esto constituye por consiguiente la posición unánime de nuestro grupo, la decisión por mayoría en el Consejo y la facultad de codecisión para el Parlamento Europeo deberán ir apareadas, por así decir, a fin de fortalecer la legitimidad democrática. 
Esta inquietud que muestran algunos de mis colegas no deja de estar bien fundada. 
Es necesario responder a esa inquietud y no son los argumentos los que faltan para tal objetivo. 
No hay que tratar de ignorarla ni tampoco participar en la argumentación por razones demagógicas. 
Espero que todos nosotros sigamos prestando atención a aquellos ciudadanos que de vez en cuando se interrogan sobre la evolución de nuestra institución. 
Para concluir deseo hacer hincapié en la importancia que reviste el hecho de que la Comisión y el Parlamento estén en la misma onda en cuanto a la decisión por mayoría en el Consejo y el poder de codecisión de nuestro Parlamento. 
Esto asegurará por lo menos una productiva alianza estratégica en la conferencia que poco a poco se encamina hacia la última directiva. 
Señor Presidente, mi intervención contrastará con el consenso que parece existir en este hemiciclo, porque no voy a utilizar ni el mismo lenguaje ni los mismos puntos de referencia que los oradores anteriores. 
En efecto, los partidarios de una Europa respetuosa de las soberanías nacionales se opondrán al informe de los diputados De Giovanni y Bourlanges, que propone aumentar el número de casos en que el Parlamento Europeo puede tomar decisiones conjuntas con el Consejo sobre materias de naturaleza legislativa a través del denominado proceso de codecisión, lo que supone dar al Parlamento Europeo la última palabra y plantear la incertidumbre de su rechazo decisivo. 
La propuesta de ampliación de este procedimiento de codecisión significa remitirse, aunque no se diga, a un modelo institucional supranacional, lo que supone que la democratización de la Unión implicaría ante todo la ampliación de los poderes del Parlamento Europeo. 
Pero este objetivo no ha sido presentado de manera clara al ciudadano. 
Así pues, en caso de aprobar orientaciones importantes, sin haber clarificado públicamente el principio que las rige, el propio Parlamento Europeo contribuiría a dar al ciudadano esta impresión deplorable, aunque desgraciadamente justificada, de que los asuntos europeos se tratan a la sombra de decisiones técnicas, y sin que los pueblos conozcan realmente el resultado final de las medidas, aparentemente limitadas, que se les pide que avalen. 
De todos modos, antes de lanzar un nuevo debate sobre esta cuestión, habría que asegurarse de que la concepción actual de la Unión, basada en una asociación de Estados controlada prioritariamente por el Consejo y los Parlamentos nacionales, no funciona. 
Nosotros pedimos que antes de ampliar la codecisión se intente al menos reformar razonablemente las instituciones de la Unión sobre la base de los principios actuales, que, una vez más, son hasta ahora los únicos principios aceptados democráticamente. 
Pedimos que se empiece por introducir la transparencia en los actos del Consejo y de la Comisión, que se establezca una clara jerarquía de las normas europeas y nacionales, que se cree un verdadero control de la subsidiariedad por los Estados miembros, que se mejore el control de las políticas de la Unión por los Parlamentos nacionales. 
Una vez que se hayan llevado a cabo todas estas reformas se podrá hablar de otros asuntos, en caso de que éstas no nos satisfagan. 
Pero eso no es todo. 
En este expediente se enfrentan implícitamente dos concepciones de Europa: la concepción del super Estado federal, en que el Parlamento Europeo, elegido respetando estrictamente un criterio proporcional a las poblaciones- me refiero al futuro -, tomaría decisiones de naturaleza legislativa; y la concepción de la Europa de las naciones, en que el Parlamento Europeo, al representar a los diferentes países sobre una base no proporcional, no puede asumir poderes legislativos importantes, los cuales siguen residiendo en los Parlamentos nacionales. 
La concepción supranacional es irrealista y peligrosa. 
Además, al querer empujarnos a ella, se nos lanza a otro sistema, un sistema desnaturalizado y carente de toda lógica: el de una Asamblea que, a pesar de tener el derecho de tomar decisiones legislativas, no respetaría el principio fundamental de un hombre, un voto. 
Señor Presidente, nosotros rechazamos enérgicamente esta herejía absoluta desde el punto de vista democrático. 
Señor Presidente, a pesar de la perplejidad de los ponentes y de que en estos momentos domina un clima negativo en la Conferencia Intergubernamental, yo quisiera felicitarles porque tanto el Sr. Bourlanges como el Sr. de Giovanni han realizado, a mi juicio, un excelente trabajo en lo que es el informe en sí y también en el método que se ha seguido. 
Es, en definitiva, un trabajo muy fino en el que se detecta muy claramente la gran confusión y la incertidumbre que domina en el orden jurídico comunitario, un trabajo que, además, presenta opciones operativas y constructivas. 
Este ámbito, el de delimitar las competencias, siempre ha sido un ámbito muy difícil y muy árido pero debajo de toda esa jerga terminológica y de procedimiento están, nada más y nada menos, las grandes claves políticas de la Europa de nuestro tiempo, es decir: la doble necesidad de acercar la representación popular a los ciudadanos, por un lado, y a los ámbitos de toma de decisiones, por otro. 
Si algo nos falla, precisamente, en la Europa de hoy es porque están faltando esos eslabones, ese ámbito de la representación popular que debemos acercar tanto a los ciudadanos como a los ámbitos de toma de decisiones. 
Tanto más avanzaremos en la democracia europea cuanto más acerquemos el ámbito de toma de decisiones a los representantes directos del pueblo, y esto hasta ahora hemos sabido hacerlo para el ámbito regional y nacional, pero todavía no hemos sabido hacerlo para el ámbito europeo. 
Esa es la cuestión. 
La Comisión ha acertado en lo mayor, es decir, en la extensión a todo el ámbito legislativo de la codecisión. 
Sin embargo, esto es una especie de declaración mayor que se queda en nada, como observan los ponentes, cuando vamos realmente a la delimitación y a la concreción; entonces, nos encontramos que el uso justamente de los criterios que propone la Comisión resultan indeterminados y nos llevan a una selección que acaba siendo, como dicen los ponentes, por un lado, restrictiva y, por otro, un poco aventurera. 
Parece, por tanto, que una vez más la Comisión se limita, a fin de cuentas, a hacer una declaración que, cuando se va a lo operativo, no nos resuelve casi nada. 
De nuevo no se consiguen disuadir los temores soterrados a que en la nueva Conferencia Intergubernamental se le estén dando al Parlamento Europeo poderes de decisión nuevos y se le están sustrayendo otros; para muestra, véase la opinión de la comisión correspondiente sobre este informe. 
Creo sinceramente que sigue sobrando cautela y timidez y hace falta audacia, a la hora de la verdad, en la concreción de la Comisión. 
Señor Presidente, desearía decir simplemente lo que sin duda Fernand Herman habría dicho si hubiera estado aquí para responder a nuestro colega, a mi amigo, el Sr. Berthu. 
Debo decir que no es leal, no es normal, decir que el proyecto que defendemos refuerza una Europa integrada, una Europa federal. 
De hecho, hay que comprender que en esta cuestión nosotros no proponemos ninguna ampliación suplementaria, ninguna modificación de los poderes que existen entre la Unión y los Estados miembros. 
Proponemos sólo una cosa, y es importante: que las decisiones que se adopten en el marco de la Unión Europea se tomen democráticamente, mediante un acuerdo entre los ministros reunidos en el seno del Consejo y nosotros, los representantes del pueblo, de los pueblos de Europa. 
Eso es todo. 
Señor Berthu, usted no es, como cree, un adversario del federalismo al oponerse a este informe, usted es simplemente un adversario de la democracia. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente a los ponentes por el trabajo concienzudo y detallado que han realizado sobre este documento presentado por la Comisión. 
Quiero decirles al respecto que la Comisión ha presentado hasta ahora en la Conferencia Intergubernamental algunos informes, no muchos, porque nos parecía que no era ese nuestro papel; nuestro papel va desempeñándose a lo largo de las distintas sesiones, intentando acercar posiciones, pero solamente en los temas que considerábamos cruciales nos parecía que debía procederse a la presentación de un documento. 
Lo hemos hecho, por una parte, dentro del imperativo que nos marca el propio Tratado en lo que se refiere a competencias como los temas relativos a la protección civil o al turismo o a la energía- en los que estábamos obligados por el propio Tratado- y, además de ello, en dos temas muy concretos: los asuntos de interior y de justicia, sobre los que hemos elaborado un informe amplio, y en el tema de la codecisión, que nos parecía un tema crucial. 
Esto no quiere decir que no podamos ir evolucionando a lo largo del tiempo. 
Nosotros hemos hecho un dictamen antes de comenzar la Conferencia Intergubernamental, y al iniciarse ya la Conferencia Intergubernamental hemos presentado este informe; eso no quiere decir que nosotros no vayamos a enriquecernos con las distintas aportaciones que haga el Parlamento y las propias reflexiones que pueda hacer la Comisión en el futuro. 
Sí quiero decir, y creo que estamos todos de acuerdo, que la codecisión tal y como ha sido descrita en el Tratado ha supuesto un paso adelante; estamos viviéndolo todos los días y sabemos que la aportación que ha significado la codecisión, a pesar de las limitaciones que tiene, es un paso significativo con respecto a lo que existía en el Tratado en su versión anterior. 
Pero es evidente que, a pesar de que eso es así, el procedimiento que está actualmente en vigor es un procedimiento imperfecto, es un procedimiento complicado y es un procedimiento muchas veces desequilibrado en ciertos puntos y que deberá, por tanto, tender fundamentalmente a simplificarse. 
Pero, sobre todo, se trata de un procedimiento cuyo ámbito de aplicación resultaba a nuestro juicio relativamente limitado y de alguna forma incoherente, y esa es la razón por la cual hemos creído que había que introducir unas modificaciones importantes y significativas. 
Por eso, lo que nos hemos planteado es cómo se puede ampliar la codecisión respetando dos criterios: el criterio de la democracia y el criterio de la eficacia. 
Para nosotros la respuesta es clara, y es que esto debe hacerse mediante una plena participación, por una parte, del Consejo y, por otra, del Parlamento en el proceso legislativo. 
Y, en ese sentido, quiero decir que, cuando hacía referencia el Sr. Berthu a que hay dos concepciones de Europa, yo quiero decir que es cierto que hay dos concepciones, pero incluso de alguna forma hay dos legitimidades, y yo participo de la idea de una doble legitimidad; hay una legitimidad de los Estados y hay una legitimidad de los pueblos. 
La legitimidad de los Estados está representada en lo que significa el papel de los Parlamentos nacionales y la legitimidad de los pueblos está representada en este Parlamento. 
Hay, por consiguiente, dos concepciones, pero las dos concepciones están insertas en lo que muchos creemos que es esta doble legitimidad, y tenemos que tenerla presente; esas dos legitimidades se manifiestan precisamente en las dos ramas del legislativo, que son el Consejo y el Parlamento. 
Quiero decir que también, cuando nosotros hemos afrontado el tema de la codecisión, tal vez no hayamos acertado, pero quiero asegurarle a la Sra. Izquierdo que, desde luego, el ánimo de la redacción de este texto no ha sido ni restrictivo ni aventurero. 
Y, por otra parte, me reconforta mucho que no haya sido esa la calificación que han dado ni el Sr. Bourlanges ni el Sr. De Giovanni, puesto que uno ha dicho que significa una puesta en perspectiva inteligente y, por otra parte, ha manifestado el aspecto positivo que tiene la visión que ha tenido la Comisión en su propuesta. 
De todas formas, yo quiero decirles que a nosotros nos enriquecen mucho las críticas que ustedes hagan, porque vamos a tomar buena nota de ellas y vamos a intentar mejorar nuestro propio texto a través de las distintas intervenciones de sus Señorías- que apreciamos muchísimo- y cualquiera que sea el juicio y cualquiera que sea la crítica, positiva o negativa, vamos a intentar enriquecernos de ellas. 
Nosotros hemos intentado llegar a una fórmula que trata de evitar lo que podría significar- y lo ha dicho muy bien el Sr. Bourlanges- la mera ampliación de la codecisión a los ámbitos actualmente sometidos a la cooperación. 
Tampoco nos parece un criterio suficiente transformar en codecisión los actos aprobados por mayoría cualificada. 
Y el enfoque caso por caso tampoco nos parece el procedimiento correcto. 
¿Cuál ha sido la tentación que hemos tenido, y sobre todo los que tenemos la herencia del Derecho romano? 
Pues probablemente ha sido el de la jerarquía de las normas. 
Pero quienes hemos podido acercarnos a países como los anglosajones hemos visto que esa es una terminología que no se entiende y, por consiguiente, a pesar de que hay, en cierta forma, una especie de jerarquía de normas encubierta, sin embargo, no ha sido estrictamente el criterio de la jerarquía de normas el que hemos seguido. 
Lo que hemos hecho es apelar a cuatro criterios, y se nos ha dicho que, a lo mejor, esos criterios pueden completarse y perfeccionarse. 
Los Sres. De Giovanni y Bourlanges han dicho que son unos criterios limitados. 
Y no cabe duda. 
Nosotros hemos utilizado éstos: que los actos se funden directamente en el Tratado, que tengan un carácter vinculante, que determinen los elementos fundamentales de la acción de la Comunidad en un ámbito preciso y que tengan un alcance general. 
¿Son suficientes estos criterios? 
Es posible que no. 
Lo que sí les pediríamos es que pudieran decirnos qué nuevos criterios podemos añadir. 
¿Qué más podemos hacer? 
No se trata de hacer algo que sea el caso por caso, sino ver los ámbitos dentro de los cuales se proyectan estos distintos criterios. 
Por consiguiente, cada vez que hay que operar para saber cuál es el ámbito de la codecisión apelamos a estos criterios- que pueden ampliarse con otros- y vemos en qué medida engarzan dentro de los distintos ámbitos. 
Ése es el criterio que hemos seguido. 
En cuanto a la preocupación por garantizar una coherencia entre procedimiento presupuestario y procedimiento legislativo, estamos de acuerdo con la fórmula como se ha expresado en el propio documento que han presentado ustedes, y también estoy de acuerdo en que el Parlamento tiene una función importante que desempeñar- no se ha dicho hoy aquí, pero sí se ha expresado en su documento- en los asuntos de justicia e interior. 
Lo compartimos plenamente, y ese mismo criterio es el que hemos introducido en el documento de la Comisión en relación con un asunto que nos parece vital: todo lo que significa un intento de comunitarización del tercer pilar y, sobre todo, alguna de sus partes fundamentales como las que se refieren a visados, a temas de asilo, a los temas que afectan a las fronteras exteriores, a los problemas de inmigración y a la cooperación en materia aduanera. 
Todo ello creemos que debe ser objeto de una comunitarización, y ahí es donde tienen que desempeñar un papel importante, naturalmente, el Tribunal de Justicia pero también, evidentemente, el Parlamento. 
En lo que se refiere a las restricciones injustificadas en aplicación- y he tomado buena nota de ello -, quiero hacer tres observaciones específicas. 
La primera se refiere a la Unión Económica y Monetaria, y se han referido a ella hoy aquí. 
La Comisión ha puesto de manifiesto su preocupación sobre esta cuestión en el informe. 
Y ahí teníamos muy serias dudas. 
Teníamos dudas de que el procedimiento de codecisión fuera el procedimiento adecuado, y ha habido un momento en que hemos pensado si debía utilizarse un procedimiento distinto, como el procedimiento de cooperación. 
Pero si acudíamos al procedimiento de cooperación, nos rompía el equilibrio logrado mediante la supresión de este procedimiento, para quedarnos simplemente con el dictamen simple, el dictamen conforme y la codecisión. 
Por consiguiente, el hacer una excepción para el caso de la Unión Económica y Monetaria, conservando el procedimiento de cooperación, no nos parecía un buen procedimiento, y esa es la razón por la que hemos optado por el camino que hemos hecho no sin grandes vacilaciones. 
Por otra parte, quiero decir también que hay algunos criterios que exponen en su documento- valiosísimo -, del cual he tomado buena nota, comparto y lo integramos dentro de nuestro propio acervo. 
El argumento del Parlamento sobre el derecho de voto en las elecciones europeas me parece absolutamente pertinente. 
Respecto a los nuevos derechos en el ámbito de la ciudadanía, quiero subrayar la importancia de la intervención del Sr. De Giovanni cuando ha identificado el tema de la codecisión con la ciudadanía. 
Me parece muy importante y voy a apropiarme de ese criterio. 
Estoy plenamente de acuerdo con él. 
Creo que uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia Intergubernamental sería precisamente que el ciudadano recuperase el protagonismo. 
Y una de las formas de que el ciudadano consiga este protagonismo es la codecisión, precisamente en función de la doble legitimidad a que me he referido antes. 
También el tema de la competencia y concretamente la manera tan inteligente como plantean los temas relativos a los artículos 87 y 94, creo que también ahí los argumentos del Parlamento sobre esos artículos me parecen convincentes y, por consiguiente, los integro dentro de los criterios que prevalecerán para la Comisión. 
En cuanto al Tribunal de Primera Instancia, me pregunto si no resultaría preferible un dictamen conforme, al tratarse de un tema propio del ámbito constitucional. 
En fin, respecto de la lucha contra el fraude, también me parece que la observación del Parlamento es plenamente acertada. 
Quisiera hacer una última observación respecto al Tratado EURATOM. 
Me parece, efectivamente, lógico aplicar a este Tratado los mismos principios que queremos aplicar para el Tratado de la Comunidad, pero tengo que preguntarme y que preguntarles: ¿querrá la Conferencia iniciar una discusión sobre este Tratado? 
En fin, señor Presidente, la codecisión constituye un elemento central de la legitimidad democrática de la Unión. 
Y el enfoque sugerido por la Comisión nos parece que puede permitir asentar dicha legitimidad y, al propio tiempo, lograr que el resultado resulte más sencillo y más comprensible. 
De este modo, los pueblos de la Unión participarán, a través de esta Asamblea, en la elaboración de las normas que les afecten directamente y comprenderán mejor el proceso de adopción de decisiones dentro de la Unión. 
Estamos abiertos, por consiguiente, a las ideas que hoy hemos recibido, a las que nos darán en las próximas semanas y en los próximos meses, y esperamos, con todo ello, que una de las piezas fundamentales de la Conferencia Intergubernamental tenga como resultado precisamente, el enriquecer esta codecisión y, por consiguiente, dar el poder que requiere este Parlamento en igualdad de posición con el Consejo. 
Señor Presidente, quisiera simplemente indicar al señor Comisario que la cita no debe atribuirmela a mí ya que figura en el tercer guión del apartado 3 del informe Bourlanges-De Giovanni. 
También, en el apartado 6 aparece otra referencia al carácter restrictivo, pero la consideración «al mismo tiempo aventurada y restrictiva» la puede encontrar el señor Comisario en el informe, que debería haber leído. 
Señor Presidente, no solamente lo he leído, señora Izquierdo, sino que lo tengo cuidadosamente subrayado, pero mis menciones se referían a las intervenciones que hemos escuchado hoy. 
Yo espero no solamente que su Señoría y yo hayamos leído este informe sino que su Señoría también haya escuchado las palabras pronunciadas aquí por los dos ponentes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Procedimiento de asilo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0315/96) de la Sra. d ' Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de resolución del Consejo (5585/95- C4-0356/95) , relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo. 
Señor Presidente, estimados colegas, en junio del año pasado el Consejo adoptó una resolución relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo. 
Una resolución cuyo primordial objetivo era armonizar los procedimientos de asilo en todos los Estados miembros. 
Esta noche tenemos aquí en el Parlamento Europeo la resolución en cuestión. 
¿Cuál es el contenido, el estado jurídico de esta resolución? ¿En cuál contexto político y social fue adoptado este texto? 
La cuestión de los refugiados ha cambiado de cariz desde 1951, año en que se adoptó la Convención de Refugiados en Ginebra y esto por razones muy divergentes. 
Guerras y catástrofes, sistemas opresivos o hambrunas, son todos éstos factores que han hecho aumentar fuertemente el número de refugiados. 
El ACNUR se ocupa de más de 26 millones de refugiados, mientras que otros 26 millones de personas dentro de su propia región han tenido que abandonar sus hogares. 
Comparados con esta cifra de 52 millones de personas desplazadas, el número de solicitantes de asilo en Europa, en nuestra Europa Occidental, es en realidad muy limitado, lo cual no impide que a finales de los años 80 e inicio de los años 90, Europa se vio confrontada, por diversos factores, entre otros la guerra en Yugoslavia, a un rápido aumento del número de solicitantes de asilo. 
A esta nueva situación reaccionaron de manera inmediata los gobiernos de los Estados miembros, restringiendo las condiciones de estancia y aumentando las posibilidades de expulsión. 
Estas medidas han contribuido a que, en comparación con el año de 1992 en el que se alcanzó la cifra más elevada de solicitudes de asilo, este número ha disminuido en Europa Occidental en 60 %, sin que por ello se hayan liberalizado las medidas de admisión. 
Por el contrario, el recrudecimiento de la política de asilo en un país desencadena la misma reacción en el país vecino, como convenios relativos las solicitudes de asilo infundadas, el concepto de «tercer país seguro» y el denominado «país de origen seguro». 
Esta espiral descendente de limitaciones cada vez mayores ha reforzado la necesidad de una política común de asilo. 
Por estas razones cabe felicitarse de la resolución adoptada por el Consejo, en 1995, encaminada a una armonización de la política de asilo. 
Menos entusiasmante nos parece la manera en que se elaboró dicha resolución. 
Una vez más dejó de informarse al Parlamento Europeo, soslayando el carácter obligatorio de esta información en franca oposición además con lo estipulado en el artículo K.6 del Tratado de Maastricht e ignorando las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Por otra parte, el estatuto jurídico de este tipo de resoluciones no es claro. 
El Parlamento había ya solicitado una mayor precisión en cuanto a este punto. Precisamente porque este tipo de falsa legislación revela el déficit democrático ya que de este modo ni los parlamentos nacionales ni este Parlamento Europeo pueden ejercer un control sobre la cuestión. 
Me referiré ahora al contenido de la resolución. Se destaca en primer lugar el carácter contradictorio de este documento. 
En la resolución se presentan una serie de principios fundamentales del derecho de asilo que más adelante son socavados en el mismo texto al permitirse ciertas excepciones. 
De esta manera se somete a presión el concepto de «país tercero seguro» el principio de no expulsión, mientras que al ponerse en aplicación una lista de países de origen seguros se pone en peligro el derecho de examen individual a la solicitud de asilo. 
Produce inquietud además el hecho de que la resolución mantiene vigente la práctica de que las solicitudes de asilo son tramitadas cada vez más en la frontera. 
Consideramos empero altamente positivo que la resolución del Consejo brinde atención a la situación específica de las mujeres solicitantes de asilo. 
Aunque lamentablemente, con respecto a este tema, resulta en definitiva también insuficiente. Se nota la ausencia por ejemplo de un pasaje en el que quede estipulado el derecho de una solicitante de asilo a introducir su demanda independientemente de su cónyuge. 
La resolución que hoy nos ocupa resulta decepcionante. 
Carece de todo efecto vinculante dejando la libertad a los Estados miembros de aplicar ampliamente las posibilidades de excepción. 
Aunque un nivel mínimo que permite excepciones ya no es tal mínimo. 
Por este motivo, mi grupo político estima imprescindible una modificación de la resolución. 
Conjuntamente con una resolución del Parlamento Europeo, la propuesta del Comisario Gradin consistente en lograr en corto plazo la conclusión de una convención de asilo, podrá contribuir a la modificación que deseamos. 
Para concluir, una observación sobre las enmiendas que serán sometidas mañana a votación. 
Aceptaremos una serie de ellas, pero en los casos en que se ponga en duda el acceso del individuo al procedimiento de asilo o en los casos en que se someta a presión el derecho de no expulsión, nos atenemos a los acuerdos internacionales como los que quedan estipulados, entre otros, en la Convención de Ginebra y en el Tratado Europeo de Derechos Humanos. 
Nuestra firmeza en cuanto a estos puntos habrá de ser estimulada además por el ACNUR y ONGs como Amnesty International, Human Right Watch y el Consejo Europeo de Refugiados. 
Señor Presidente, me felicito, naturalmente, de que las conclusiones de la Comisión de Derechos de la Mujer hayan sido recogidas, si no textualmente, al menos en su contenido por la mayoría de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
La Comisión de Derechos de la Mujer acoge favorablemente, por ejemplo, la Resolución del Consejo relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo, porque constituye un paso importante con miras a definir entre los Estados miembros unas normas de procedimiento comunes para tratar a los solicitantes de asilo. Estimamos, pues, que ello representa un paso positivo con respecto a la normalización de la política de asilo en la Unión Europea. 
Ya he dicho que nos felicitamos de que nuestras enmiendas hayan sido aceptadas mayoritariamente por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, y le doy las gracias por ello. 
También me satisface comprobar que, salvo una excepción- la enmienda 7 -, no se han presentado enmiendas que pudieran rebajar el contenido de los apartados 23 a 31 de la resolución, los cuales recogen mis conclusiones. 
Agradezco a los colegas de mi Grupo por haber incluido en su enmienda 32 la segunda conclusión de mi opinión, que no figura en el texto aprobado por nuestra comisión. 
Por lo tanto, esta ponente para opinión está plenamente satisfecha, y espera, evidentemente, que los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros tengan en cuenta estas enmiendas en el momento de poner en práctica las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo. En efecto, es necesario que se reconozca el derecho de asilo a las mujeres y niñas que sufren discriminaciones por razón de su sexo. 
Es necesario que la violencia sexual sea reconocida como una forma de tortura, particularmente el uso que se hace de la violación como arma de guerra y las tradiciones de determinados países, que constituyen verdaderas mutilaciones sexuales. 
Es necesario que las mujeres tengan la posibilidad de presentar una solicitud de asilo por su cuenta, que se les conceda un estatuto jurídico propio para evitar que pierdan sus derechos en caso de fallecimiento del cónyuge, divorcio o ruptura de la relación conyugal. 
Todo esto debería ser obvio, pero ha sido necesario especificarlo, y espero que el Parlamento nos apoye. 
Con respecto a las demás partes del informe de la Sra. d ' Ancona, seguiré la opinión de mi Grupo, ya que considero que no debe, por ejemplo, concederse asilo a ciudadanos de terceros países que no sufren persecuciones políticas en su país. 
Esto es lo que deseaba manifestar, señor Presidente, como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, y espero que el Parlamento nos apoye para que no olvidemos a las mujeres, ya que también ellas tienen derecho a unas garantías mínimas en el marco del procedimiento de asilo. 
Y he sido más breve, señor Presidente, que el tiempo de uso de la palabra de que disponía. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero comenzar dando las gracias en nombre de nuestro grupo a nuestra colega, la Sra. d ' Ancona, por su informe, el cual ha sido difícil pues trata uno de los objetos políticos más complicados que tenemos en la Unión Europea. 
Por esta razón quiero decir también que no comparte la elegante discreción con que Hedy d ' Ancona ha acompañado al Consejo en su intervención. 
Quisiera decirles claramente que el Consejo, precisamente en lo que respecta al debate del Parlamento sobre el asilo muestra por enésima vez ante el Parlamento una arrogancia que no se justifica con nada. 
El capítulo 6 del Tratado de Maastricht prevé que el Parlamento, por supuesto, ha de ser oído sólo en los aspectos más importantes de la política interior europea. 
Yo me pregunto: si el derecho de asilo no es uno de los aspectos más importantes, ¿qué es, entonces, un aspecto importante? 
Estamos viendo con frecuencia que asuntos importantes de política interior, que inquietan a las personas en nuestros países miembros, provocan conflictos políticos de dimensiones nunca conocidas. 
Los gobiernos miembros, representados por el Consejo de Ministros, creen que pueden castigar con su desprecio a la única institución de la Unión Europea legitimada por elecciones libres y directas, en concreto, a nosotros, al Parlamento Europeo. 
Para coronar esta actitud el Consejo no se halla presente esta tarde. 
Me pregunto dónde estarán realmente. 
Es tarde, quizá estén en el restaurante. 
Pero es monstruoso que el Consejo no participe en este debate. 
Con esto concuerda luego muy bien el hecho de que consulte al ACNUR a la hora de elaborar el proyecto propio, pero seguidamente no haga caso de ninguno de los consejos del Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Concuerda también muy bien con esto que el Consejo se reúna constantemente a puerta cerrada en su Comité K.4 y en sus órganos subordinados, en el CIRIA y en el CIRIFI, pues el derecho de asilo, una cuestión política esencial de la Unión Europea, no importa a la opinión pública, no importa al Parlamento Europeo. 
Creo que no podemos tolerar esto por más tiempo, y creo que debemos decir con toda claridad cómo se ha comportado el Consejo en el debate de hoy y, en toda la preparación del debate, en comisión y en el seguimiento del Informe d ' Ancona. 
Para mí, esto significa pisotear la democracia. 
En este informe de Hedy d ' Ancona hay que tener en cuenta que con este debate estamos tocando un nervio de la política europea. 
Efectivamente, se trata de la cuestión de cómo la Unión Europea, en su calidad de Comunidad que tiene por bandera y por objetivo la realización no sólo del mercado interior y de beneficios ilimitados de las grandes empresas sino también la realización de los derechos fundamentales en el mundo, piensa tratar en el futuro, aunque sea a un nivel mínimo, un derecho fundamental que para las instancias nacionales, y también para las instancias supraestatales internacionales, implica la obligación de proteger a las personas que son perseguidas, y de no rechazar en su puerta a las personas que ven amenazada su integridad física y su existencia por razón de su origen, de su raza, de su religión, del color de su piel y de su pertenencia étnica, cuando ella misma está reventando de riqueza. 
Pero éste es el objetivo de la política de asilo de muchos países miembros y es también, al parecer, cuando leo el proyecto del Consejo, el objetivo de la Unión Europea, al menos el objetivo del Consejo de Ministros. 
Los países de origen seguros son un punto muy importante del debate que estamos celebrando. 
Soy partidario de que discutamos qué significa un país de origen seguro, y Hedy d ' Ancona ha desarrollado ideas concretas. 
No puede ser que países de origen seguros sean determinados solamente por los gobiernos de los Estados miembros y no sobre la base de sus respectivas consideraciones tácticas de política interna y de tipo diplomático. 
Un país de origen seguro debe ser definido introduciendo también las experiencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que trabajan in situ, introduciendo las experiencias del Alto Comisariado para los Refugiados. 
De lo contrario, no puede existir tal lista, y tras la comunitarización del derecho de asilo debe ser democráticamente controlable, a ser posible por el Parlamento Europeo. 
Creo que respecto de los terceros estados seguros debe controlarse- también por nosotros, por ejemplo, a través de inclusiones contractuales en los tratados de asociación- que los derechos fundamentales mínimos, cuya realización esperamos para poder calificar a un país como país tercero seguro, se aplican también realmente en tal país y están también realmente garantizados allí. 
Señor Presidente, con el Informe d 'Ancona no logramos un brillante derecho europeo de asilo, aunque se aprobase todo lo que propone Hedy d' Ancona. 
Pero si el Consejo consintiera en tomar en consideración las propuestas de la Sra. d ' Ancona, suavizaría, al menos un poco, los graves errores que ha hecho hasta ahora. 
Es cierto que tenemos que lamentar la manera con que nos implica el Consejo en este trabajo. 
En este sentido, no quiero contradecir lo que nuestro colega, el Sr. Schulz ha dicho, y quiero apoyarme en ello, aunque no en su vocabulario ni en su tono. 
Pero esto me ahorra un tiempo que utilizaré para otra cosa, en concreto, para los contenidos y de éstos se trata en último término. 
¿De qué contenidos hablamos aquí? 
Los europeos necesitamos un derecho único de asilo y esto por tres razones. 
Desde el Convenio de Dublin los Estados miembros se reconocen mutuamente sus decisiones en materia de asilo. 
Por consiguiente, un solicitante de asilo que sea reconocido en Alemania, es también un refugiado político reconocido en Francia. 
Un solicitante de asilo que sea rechazado en Francia tampoco obtendrá en Alemania un nuevo procedimiento. 
Para que podamos aceptar una decisión semejante en Alemania, tenemos que poder discutir, naturalmente, las razones por las que alguien es a reconocido o no es reconocido en Francia. 
Esto significa, señoras y señores, que ahora necesitamos, al menos, una unificación de los fundamentos tanto del derecho material de asilo como también del derecho del procedimiento de asilo. 
También necesitamos esto porque desaparecen los controles en las fronteras interiores y se está produciendo una mayor libertad de circulación. También lo necesitamos porque, tal como se ha confirmado también antes en el debate, reina un gran acuerdo en comunitarizar partes esenciales del tercer pilar, en cualquier caso, el derecho de asilo. 
Si, en primer lugar, se acepta esto como una necesidad y, en segundo lugar, se acepta que en un solo paso no se puede lograr todo el objetivo de un derecho europeo de asilo plenamente armonizado, cosa que no sería, en absoluto, realista, entonces la resolución del Consejo sobre las garantías mínimas aplicables en el procedimiento de asilo constituye un paso razonable y digno de celebrarse. 
En cualquier caso, celebro expresamente en nombre del Grupo del PPE esta recomendación del Consejo. 
Sería disparatado esperar ya en el primer paso el producto final, por decirlo así. 
Es razonable, establecer primero en una recomendación no vinculante cómo podría ser un derecho comunitario de asilo, y dejar a los estados su traslación al derecho intraestatal, y luego celebrar un convenio que proclame la obligatoriedad legal. 
Va contra toda experiencia y, por lo demás, también contra cualquier análisis de la situación política, esperar inmediatamente todo esto de una vez, y tras la crítica a la no obligatoriedad legal, señoras y señores, se pierde totalmente lo que significa un progreso jurídico realmente importante en esta recomendación del Consejo: reglas claras para el procedimiento de asilo, la afirmación de que incluso en los casos de asilo manifiestamente infundados debe existir la posibilidad de interponer un instrumento jurídico, cosa que hasta ahora no se da todavía, y el hecho de que instancias independientes decidan a través de instrumentos jurídicos. 
Y se podría proseguir así la enumeración durante un buen rato. 
En síntesis, a la recomendación del Consejo le faltan tres conceptos: los terceros estados seguros, los países seguros de origen y el tratamiento de los casos de asilo manifiestamente infundados. 
No puede haber ninguna duda, señoras y señores, de que sin la aplicación de estos instrumentos jurídicos no es posible en Europa un derecho de asilo de corte humano. 
Por esta razón, si estamos acertados, hemos de apoyar estos conceptos así como también la recomendación del Consejo. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. d ' Ancona constituye el reflejo de su implicación en el tema. 
De manera acertada invoca este documento mejores garantías para los procedimientos de asilo, siendo también justa la conclusión de que el enfoque del Consejo basado en condiciones mínimas resulta insatisfactorio. 
Por este motivo se hace imprescindible una medida encaminada a la armonización. 
La iniciativa de la Comisión de establecer una convención relativa a la política de asilo me parece positiva. Como solución intermedia puede proponerse una norma marco basada en el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. 
En la tramitación de los procedimientos de asilo revisten aún suma importancia las garantías estipuladas por el Estado de derecho. 
En los Países Bajos, por ejemplo, en el caso de denegarse una solicitud de asilo no existe derecho de apelación. Me parece esto inquietante. 
Así se dio el caso recientemente de que un solicitante de asilo procedente de Surinam, que llevaba seis años en Holanda, no obstante hacer sido utilizado además como informante del servicio secreto de criminología, terminó siendo expulsado del país. 
Semejantes situaciones no pueden producirse en un Estado de derecho. 
Considero extremadamente positivo este informe, aunque si los Estados miembros no actúan en consecuencia, no dejará de ser un documento realmente sin valor alguno. 
En los próximos meses la Presidencia neerlandesa deberá ocuparse de la armonización de los procedimientos de asilo. 
Señor Presidente, no deseo expresar ningún comentario negativo respecto al Comisario Kinnock, aunque sí lamento que el Comisario Gradin, que es responsable en esta materia, no se halle presente en este debate. 
La resolución del Parlamento que nos ocupa ahora califica la decisión del Consejo en materia de garantías mínimas para los procedimientos de asilo «una buena premisa» , pasando a continuación a señalar ciertas críticas. 
El grupo Liberal concuerda con el ponente en que el contenido de la decisión del Consejo puede ser aprobado en sus líneas generales. 
Compartimos las críticas del ponente con respecto a una serie de puntos, aunque no en todo su conjunto. 
¿Qué es lo que se advierte en dicha decisión del Consejo? 
Con respecto al procedimiento bastantes cosas. 
Me sumo a las críticas expresadas por la Sra. d ' Ancona, por el Sr. Schulz, el Sr. Nassauer y otros colegas. 
Podemos respaldar la resolución de la ponente en sus líneas principales, aunque creemos necesarias ciertas observaciones. 
En lo referente a las garantías mínimas para procedimientos de asilo deberá respetarse siempre lo estipulado por la Convención de Ginebra sobre la Protección de los Refugiados, pacta sum servanda. 
En caso de rechazo de la solicitud de asilo deberá existir siempre el derecho de apelación. En términos generales deberá poseer esta apelación efecto suspensivo, salvo en los casos en que la denegación responda al carácter manifiestamente infundado de la solicitud. 
Aunque también en este último caso la expulsión del solicitante rechazado deberá poder ser examinada por la justicia. 
La enmienda que he presentado tiene por objeto precisar este punto de la resolución. 
A mi parecer esta resolución resulta imprecisa en lo tocante al punto de «país seguro» , también aquí abordado. 
Me da la impresión que la ponente desaprueba ese concepto, lo cual me sorprende ya que esta noción fue instaurada en su país, que es también el mío, por un gobierno en el cual la propia Sra. d ' Ancona ocupaba un cargo de ministro. 
Ha sido también aceptado por la justicia, entre otros, por el Tribunal Constitucional de Alemania. 
De ahí la necesidad de corregir la resolución y con esa intención he presentado una enmienda. 
De todas maneras, lo que resulta urgente en este concepto de «país seguro» , es que los Estados miembros establezcan una lista europea conforme de «países seguros» , que deberá someterse al parecer de este Parlamento. 
A nivel europeo, en lo referente al desarrollo de una efectiva política europea de asilo no se han alcanzado grandes progresos. 
Por ese motivo es importante que desarrollemos en esta Asamblea una iniciativa encaminada a favorecer la realización de esta política. 
La Comisión de Presupuestos ha propuesto, a través de su ponente, mi compañero de grupo Brinkhorst, la instauración de tres líneas presupuestarias relacionadas con refugiados, con expatriados que han encontrado provisionalmente refugio en el seno de la Unión Europea y por último con la política de asilo en general. 
Constituye esta propuesta una señal que en la situación actual no habrá de ignorar este Parlamento, por lo que desearía pedir a la Comisión que proceda al desarrollo de una efectiva política de asilo comunitarizada. 
Señor Presidente, la Resolución del Consejo relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo ha suscitado reservas y preocupaciones por parte de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Consejo Europeo de Refugiados y de Amnistía Internacional. 
Se trata, en efecto, de garantías mínimas con posibilidades de establecer excepciones a los principios formulados. 
Nosotros consideramos que esta Resolución no contiene garantías suficientes contra la expulsión de personas a países donde corren el peligro de ser perseguidas. 
Las expulsiones en vuelos «charter» que tuvieron lugar en Francia y en otros países demostraron, desgraciadamente, que este peligro no era puramente imaginario. 
El informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores propone varias enmiendas que aumentan las garantías. 
Nos felicitamos particularmente de que se haya recogido nuestra enmienda por la que se pide la aplicación de la Convención de Ginebra a las personas amenazadas por determinados grupos cuando los poderes públicos de su país no pueden garantizar su protección. 
Se trata en particular del caso de demócratas argelinos, hombres y mujeres, amenazados de muerte por los comandos integristas, que continúan perpetrando sus atroces asesinatos. 
Deseo señalar que el informe se pronuncia, con razón, contra la elaboración por los gobiernos de las denominadas listas de «países de origen seguros» , las cuales pueden legítimamente hacer abrigar dudas sobre un nivel suficiente de garantías de seguridad para los solicitantes de asilo. 
En el comienzo del siglo veintiuno, en que tienen lugar tantas guerras, tensiones, atrocidades, en tantos países, la acogida y protección de personas cuya propia vida está a veces en peligro, con frecuencia a causa de sus opiniones, son elementos inherentes a la civilización, que la Asamblea debe defender. 
Hay que tomar en cuenta la situación específica de las mujeres, que en ciertos países son víctimas de actos de violencia, de mutilaciones, de coacciones contrarias a los derechos humanos. 
Frente a una Europa «fortaleza» , abstraída en sí misma, en la que perduren las desigualdades y las discriminaciones, ¡nuestro Grupo defiende la concepción de una Europa basada en la solidaridad, en el respeto de la dignidad humana y en la cooperación, para hacer retroceder el subdesarrolo, la miseria y la barbarie! 
Señor Presidente, estimados colegas interesados, buenas tardes, señor Nassauer, gracias, Hedy, por tu hermoso informe en el que se intenta definir una política de refugiados, liberal y humana, y a este respecto mi definición y tu definición de lo humano difiere, seguramente, de la de nuestro colega, el Sr. Nassauer. 
Pero, ¿cómo se logra un único procedimiento europeo de asilo? 
Funciona así: los Estados de la UE- entiéndase la justicia- se reúnen, cada uno de ellos toma la norma más rigurosa de asilo que haya en su propio país, la arroja sobre la mesa de negociaciones y entonces se forcejea de acá para allá. 
Los apartados que parezcan todavía demasiado generosos se expurgan y el resto se agrupa luego en una resolución con el título: estándares mínimos para el procedimiento de asilo. 
Esto sucede a puerta cerrada- se ha dicho ya -, en la clandestinidad, en la que los representantes de los ejecutivos nacionales mutan hacia un legislativo europeo. 
El PE queda fuera, el control democrático público estorba en este sistema. 
Este tipo de garantías mínimas que surge de ahí garantiza que de la protección a los refugiados quede sólo un poco. 
Esto es un ejemplo de cómo la política de la UE sobre refugiados intenta también eludir convenciones en vigor, como la Convención de Ginebra sobre Refugiados o la Convención sobre los Derechos Humanos, mediante convenciones cuasi alternativas. 
Este principio, siempre igual, podría considerarse como un acuerdo sobre la base de un mínimo común denominador; expresado de una manera más drástica y acertada es, en realidad, una carrera de mezquindad. 
En este contexto, armonización ya no significa planteamientos liberales, más derechos para los refugiados, sino privación de derechos a los refugiados con arreglo al siguiente principio: cada cual se lava inocentemente las manos se expulsa al refugiado al país siguiente, el cual piensa luego que, bueno, el otro país respetará ya la Convención sobre Refugiados, se sigue expulsando, se sigue expulsando, hasta llegar al país de origen y éste es el país perseguidor. 
Este no es para mí un modelo europeo de una política auténtica, liberal, de refugiados que se orienta por los derechos humanos y por los derechos fundamentales. 
Para los refugiados los derechos fundamentales deben ser también indivisibles. 
Gracias una vez más, Hedy, por tu informe. 
Sólo que me temo que en el Consejo chocará de nuevo contra oídos sordos. 
Señor Presidente, en mi país, y posiblemente no sea el único lugar, se afirma como verdad indiscutible que todos los pasos que se den hacia una política coordinada de la Unión en torno a los refugiados sería necesariamente más dura y rigurosa. 
Es uno de los factores que se aduce en los debates en que se sugiere la creación de la «Fortaleza Europea». 
Pero si leemos este informe, veremos que eso no sucederá si el Parlamento ve cumplidos sus deseos. 
En el informe se plantean unos claros requisitos de procesos de asilo concretos, jurídicamente seguros y humanos. 
Con estas garantías mínimas, yo también creo que se podría tener un punto de partida para una política común en materia de asilo. 
No obstante, es importante, como también señala el informe, que esta armonización tenga una ambición más elevada que la de limitarse a partir de unos denominadores comunes mínimos. 
Si los países miembros de la Unión quieren conservar la confianza recíproca en lo referente a mantener la libre circulación de personas, es esencial que tengamos unos puntos de vista comunes sobre la difícil tarea de diferenciar entre las cuestiones de asilo y otros tipos de inmigración. 
Señor Presidente, lo sucedido en los últimos años no ha hecho sino confirmar lo que muchos habían destacado durante largo tiempo, que sin una coordinación, los países ofrecerán cada vez menos posibilidades, dejando así fuera de juego a los demás en lo relativo a la política de asilo. 
Tendremos una espiral de tendencia descendente, con unas legislaciones nacionales cada vez más mezquinas y rigurosas, y una práctica del mismo estilo en los diversos países receptores. 
De hecho, será precisamente la falta de coordinación la que cree la «Fortaleza Europea» y no lo contrario. 
Por ello es tan importante que avancemos en el espíritu que ilustra el informe del Parlamento. 
Sólo he saludado a los dos grandes matadores de este debate. 
Lejos de mí no saludar a Wilmya, no desear a Ana una buena tarde o a Ilona o a Michèle. 
Discúlpeme, pero me quería referir de manera específica al Sr. Nassauer y al Sr. Schulz. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar darle las gracias a la Sra. Roth por llamarme «matador». 
También quiero unir mi voz a la denuncia efectuada por oradores anteriores respecto de la falta de respeto que el Consejo ha mostrado al no consultar a este Parlamento en la confección de esta resolución. 
Asimismo, la ausencia sistemática del Consejo cuando se debaten asuntos de esta transcendencia constituye asimismo una quiebra del equilibrio interinstitucional. 
¿No interesa al Consejo saber lo que dice el Parlamento? 
¿Por eso no nos pide opinión, en contra de lo establecido en el artículo 6 del Tratado, y por eso hoy aquí no hay ningún miembro del Consejo. 
Señor Presidente, a partir de ahí voy a hacer dos reflexiones. 
La primera se refiere al debate sobre la «comunitarización» del derecho de asilo. 
Cada vez que el Consejo aborda cuestiones relacionadas con la emigración y el asilo se pone de manifiesto la contradicción profunda que marca todo el proceso de integración europea en las políticas del tercer pilar, porque todos- y también el Consejo- somos conscientes de que estos problemas nos afectan en común y sólo desde el común pueden abordarse eficazmente. 
Así, en buena lógica, no se entienden las reticencias, los temores, lo cicatero de las acciones que el Consejo emprende. 
Por ello, y una vez más, esta Asamblea reclama, frente a las resoluciones como la que hoy nos ocupa, la armonización, es decir, la adopción de actos que tengan consecuencias jurídicamente directas y vinculantes en los Estados miembros. 
Mi segunda reflexión, señor Presidente, se centra en el concepto de garantía como elemento de la seguridad jurídica. 
Si Europa significa algo, ello sería, en palabras de Koshaker, una tradición jurídica anclada en el concepto del individuo como ciudadano, como centro de derechos. 
Derechos que han de corresponderse con las garantías que el ordenamiento establece para su ejercicio pues, de otro modo, quedarían en meras declaraciones formales hueras de contenido. 
La plenitud de estas garantías tiene mayor importancia, si cabe, en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico se enfrenta a una persona en condiciones especialmente precarias, y éste es el caso del asilo. 
Las garantías han de primar, han de proteger con eficacia a quienes reclaman fundadamente este derecho de asilo. 
Fundadamente, señora Roth; fundadamente, señor Schulz. 
Pero, sin duda, y de igual manera, deben alzarse con rigor frente a quienes pretenden utilizar el sistema en fraude de ley. 
En este sentido, la comunidad de criterios que esta resolución establece sobre las tres cuestiones básicas glosadas en intervenciones anteriores- el tercer país seguro, el país de origen y las demandas manifiestamente infundadas -, suponen un paso importante del que no sería justo escatimar la importancia. 
El protagonismo europeo, señor Presidente, en este terrible asunto del asilo se fundamenta tanto en la consagración de los derechos humanos- como fundamento de nuestra cultura- como en las garantías que nuestros ordenamientos establecen para su ejercicio. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución sobre el derecho de asilo de que trata el informe d ' Ancona es expresión de un buen deseo, manifestado por el Consejo, de establecer mecanismos de protección convenientes a los refugiados. 
Ese deseo se ha traducido en la formulación de bases jurídicas presuntamente equivalentes, a partir de las cuales los Estados miembros podrían resolver las solicitudes de asilo. 
Todo eso es muy loable. 
¿Quién puede estar en desacuerdo? 
La cuestión es, que si nos atenemos al contenido de la resolución, no pasa de ser un buen deseo. 
Con la resolución en la mano, se puede uno preguntar: ¿cómo se va a garantizar una protección conveniente y que, además, sea común y respete las tradiciones humanitarias de esta parte del mundo y la Convención de Ginebra de 1951 cuando no existen disposiciones legales vinculantes y, por otra parte, se permite a los Estados miembros un amplio recurso a las posibilidades de excepción en sus legislaciones nacionales? 
Y por lo que concierne a la forma- no sólo al contenido- no hay razones para sentirse más feliz. 
Es inaceptable el procedimiento elegido por el Consejo para la aplicación de la resolución, la cual ha sido sustraída al control del Parlamento y al control judicial. 
Por otra parte, con la introducción de listas de país de origen seguro, se quiebra el deber de apreciación individual de cada demanda de asilo, impidiendo una consideración particularizada de las condiciones de los demandantes y rompiendo el principio jurídico de que los derechos son individuales. 
Hay razones para abrigar dudas sobre la eficacia de este instrumento jurídico, pero incluso caben efectos perversos sobre los cuales no se ha pensado. 
En todo caso, este instrumento no constituye una barrera jurídica contra los prejuicios xenófobos. 
El que merece un amplio apoyo, desde luego, es el serio y riguroso informe de la Sra. d ' Ancona. 
Señor Presidente, la definición de los procedimientos para la presentación de las solicitudes de asilo constituye un problema de palpitante actualidad que, no cabe duda, precisa de una atención específica por parte de la Unión. 
El Consejo adoptó una resolución para crear procedimientos equivalentes en todos los Estados miembros y garantías a los solicitantes de asilo en cuanto a los procedimientos. 
Ciertamente, el procedimiento adolece de muchas deficiencias y nos parece inaceptable tanto porque el Parlamento Europeo no fue consultado previamente como porque su aplicación se sustrae al control parlamentario y judicial y porque no es vinculante y su voluntad jurídica se deriva sólo del hecho de proceder de las conclusiones del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Según nuestra opinión, las solicitudes de asilo rechazadas en primera instancia, deben ser objeto de un nuevo recurso ante la autoridad judicial, así como debe reconocerse el principio del efecto suspensivo de dicho recurso, sin perjuicio, no obstante, de las garantías que el solicitante debe ofrecer respecto a su domicilio temporal y a la posibilidad de conocer su paradero hasta que se dicte la resolución definitiva. 
Igualmente, estamos en contra de la definición de una lista de países considerados seguros. 
Nos parece un pecado de presunción y estamos convencidos de que no puede constituir un estándar, habida cuenta de que cada solicitud de asilo tiene sus propias características y especialidades, que se escapan de cualquier esquema previo. 
Por otra parte, el solicitante debe gozar de determinadas garantías en cuanto al procedimiento que garanticen el respeto de sus derechos personales, como la utilización de una lengua comprensible para el mismo, la aplicación de un límite de edad y la asimilación a la solicitud presentada por el cónyuge. 
Asimismo, estamos convencidos de que debe concederse el asilo a las mujeres y a las niñas procedentes de países que utilizan la mutilación, la violación o la violencia sexual como arma de guerra o tienen unas costumbres culturales que implican su bárbara persecución por razón de sexo. 
Señor Presidente, esta noche hablamos de derecho de asilo, y deseo formular una pregunta: ¿el asilo sigue siendo hoy realmente un derecho? 
Algunos ejemplos recientes: una zaireña violada y golpeada en las cárceles de su país, un judío de Tadzhikistán tatuado con cigarrillos por sus torturadores con una estrella de David; a estas personas se les niega el asilo en Francia, e incluso se expulsa a refugiados- en el sentido que el ACNUR da a este estatuto- a su país de origen. 
En este ámbito se han traspasado los límites de lo tolerable, y sé muy bien que Francia no tiene el monopolio en la materia. 
De ahí mi pregunta: ¿en la Unión Europea, el asilo sigue siendo un derecho para las personas perseguidas y un deber para los Estados miembros? 
En este contexto, la resolución del Consejo sobre un aspecto del derecho de asilo atinente a las garantías mínimas se basa en un buen deseo, pero las numerosas posibilidades de excepción vacían este texto; y sobre todo el hecho de haberse elegido un instrumento no vinculante jurídicamente permite pensar que de lo que se trata es de tranquilizar la conciencia sin arriesgar demasiado. 
¿Qué puede hacer entonces el Parlamento Europeo? 
No mucho, como siempre. 
Tercer pilar obliga; el Parlamento hará oír su voz a través del excelente informe de nuestra colega d ' Ancona y de sus propuestas, absolutamente indispensables, para mejorarlo. 
Pero no basta con proponer elementos inteligentes y constructivos para ser escuchado. Y esta voz de alarma corre el peligro, una vez más, de clamar en el desierto. 
El Consejo se cuidará mucho de no tenerla en cuenta, ya que no está obligado jurídicamente a ello y porque hace tiempo que ha interpretado el artículo K.6 de tal modo que no tenga que preocuparse por los dictámenes del Parlamento Europeo. 
Mis colegas, en especial el Sr. Schulz, han aludido a ello enérgicamente; no insistiré al respecto. 
Queda por saber si los negociadores de la Conferencia Intergubernamental se decidirán a remediar esta situación, y en este punto, señor Presidente, no me arriesgaré a apostar por el futuro. 
Señor Presidente, no quiero empezar mi intervención sin antes felicitar a la Sra. d ' Ancona por el magnífico informe que ha realizado. 
El proyecto de resolución del Consejo, aunque bien intencionado, adolece de un defecto que me parece fundamental y que convierte este gesto en simple papel mojado, pues la resolución no contiene disposiciones legales vinculantes para los Estados miembros, permitiendo a éstos la aplicación de excepción de sus legislaciones nacionales. 
Me parece, por consiguiente, importante adoptar la resolución del Parlamento Europeo, que constituye, a mi juicio, un excelente punto de partida, y acojo con satisfacción la propuesta de solicitar a la Comisión la presentación de un proyecto de Convenio para el asilo que armonice las legislaciones nacionales y en el que, en cualquier caso, se garantice un acceso fácil, la asistencia jurídica, la investigación fehaciente de los hechos, la evaluación por órganos especializados, la posibilidad de recurso y un tratamiento que tenga en cuenta la especial situación de la mujer. 
Situaciones como la acaecida el pasado mes de julio, en la que se expulsó a buen número de demandantes de asilo violándose los más elementales derechos fundamentales, no pueden volver a repetirse en el territorio de la Unión Europea. 
Quisiera destacar también que la Unión Europea debe reflexionar sobre el papel que desempeñan sus relaciones económicas en el mantenimiento de regímenes pseudodemocráticos, a través de ayudas económicas y acuerdos aduaneros, y destacar la paradoja que supone que un número nada desdeñable de demandas de asilo procedan de ciudadanos de estos países. 
Finalmente, esta Asamblea debería empezar a entender que la inmigración por motivos políticos y sociales representa un grave problema para la figura del asilo y, así pues, debería apostar decididamente por una verdadera acción de exterior de la Unión que contribuya a solucionar el problema de fondo que todos conocemos. 
Señor Presidente, si es cierto que vivimos en Europa en algo así como una civilización judeo-cristiana, es lógico que tratemos con suma atención a aquéllos que deseamos denominar extranjeros, a aquéllos que son refugiados, mucho más aún cuando su expatriación se debe a persecusiones religiosas o políticas, a efectivas expulsiones por características raciales o étnicas. 
En la tradición europea el término «extranjero» merece una suma atención. 
Es de lamentar que en la opinión pública muy a menudo se hace aparecer al solicitante de asilo como un verdadero elemento embarazoso. 
Estimo que el informe y la discusión celebrada en este Parlamento se distancia de esta concepción. 
Cabe reconocer que nuestra Europa no se ve, por así decirlo, asediada particularmente por grandes oleadas de candidatos al asilo, como sostiene de vez en cuando la extrema derecha. Porque en realidad, y así lo comprobamos diariamente en la prensa, la gran marea de refugiados y de candidatos al asilo se hallan fuera de nuestro continente y es allí donde se les da, o se les niega, la necesaria acogida. 
No es necesario pues que exageremos la cuestión del asilo en Europa. 
Me parece también importante que el informe de la Sra. d ' Ancona propone iniciativas, al igual que este debate además, orientadas a un enfoque objetivo de la cuestión. 
De lo que se trata es que en este contexto suceda efectivamente algo. 
Constituye un hecho positivo en sí que el Consejo despliegue por lo menos cierta actividad con vistas a lograr en la política de asilo una correcta armonización a través de la vía intergubernamental, poco prometedora en sí. 
Esto reviste suma importancia ya que en todo caso refuerza un factor de extremada consideración, la seguridad jurídica de un solicitante de asilo que arriba a Europa. 
El asunto es que- y aquí me sumo a los colegas que han expresado críticas respecto al Consejo y a la manera en que esta institución ha tratado la cuestión- es necesario hacer vinculantes unos cuantos puntos en esta materia. 
Por el momento este aspecto vinculante puede limitarse al ámbito nacional hasta tanto no hayamos integrado convenientemente el tercer pilar en los demás procedimientos de la Unión. 
Pero seamos también una vez más positivos y en todo caso no imaginemos desde el principio que se trata sólo de una banda de malhechores reunidos con el propósito de compilar las peores normativas con tal de instaurar en los países europeos una insuficiente política de asilo, lo más restrictiva posible. Considero que no es éste el caso, a pesar de que en nuestra calidad de diputados parlamentarios somos por naturaleza insatisfechos, sobre todo cuando nos hallamos en la oposición y en ésta nos encontramos todos. 
Estimo que el informe de la Sra. d ' Ancona es altamente positivo, aunque tengo también mis reparos, al igual que otros colegas, en cuanto al hecho de que la ponente se opone a las listas de países seguros de origen. 
Me parece de extrema importancia, también con el fin de abreviar la tramitación de los procedimientos de asilo, que reaccionemos positivamente a la posibilidad de contar con dichas listas. 
Todo el que se vea a diario confrontado con el examen de las declaraciones de refugiados sabe lo difícil que es evaluar méritos de éstos. 
Desearía en realidad que en el tratamiento de las enmiendas la Sra. d ' Ancona no se oponga demasiado respecto a la posibilidad de utilizar esas listas con el objeto de acelerar debidamente el procedimiento. Es ésta una cuestión que reviste sumo interés sobre todo para el legítimo candidato al asilo. 
Señor Presidente, desearía aclarar algo que tal vez ha dado lugar a confusión, a causa de la observación expresada por el Sr. Wiebenga. 
Es cierto que en mi calidad de ministro fui corresponsable de la introducción del concepto de «tercer país seguro». 
Pero resulta que en la práctica, y esto consta igualmente en el informe, ese concepto no congenia lo suficiente con otra noción sagrada del derecho de refugiados, es decir el principio de no expulsión. 
Si éste es el caso, tenemos el deber, también usted, señor Deprez, de reconsiderar este tipo de conceptos y no sólo yo lo estoy haciendo, sino afortunadamente también el Sr. Wiebenga, que en aquel entonces, en su calidad de diputado nacional, saludó con entusiasmo este tipo de conceptos y que ahora, al igual que yo, los considera con bastante distancia y está dispuesto a reflexionar de nuevo en ese sentido tomando como base la experiencia de la práctica. 
Hay ocasiones en las que uno lamenta que las obligaciones del Colegio te lleven a sustituir a un colega, pero ésta no es una de esas ocasiones. 
Lo cierto es que el debate me ha parecido fascinante, y el tema me interesa mucho. 
Estoy muy agradecido a la Sra. Gradin quien, lamentablemente, tenía otros compromisos ineludibles, por no haber podido estar presente en esta ocasión. 
También agradezco a todos aquellos que han intervenido en el debate. 
Como sabrá la Asamblea, la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea despertó expectativas en el sentido de que se intensificaría la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior. 
En ese sentido, el Consejo Europeo de Bruselas de 1993 aprobó un programa para 1994 que, entre otras cosas, solicitaba al Consejo de Ministros que adoptara acciones conjuntas relativas a establecer las garantías mínimas que debían aplicarse a los procedimientos de asilo. 
Tras un año y medio de negociaciones, el Consejo de Ministros aprobó, por fin, una resolución sobre este asunto en junio de 1995. 
En el minucioso informe que esta noche tenemos ante nosotros, la Sra. d ' Ancona critica tanto el procedimiento aprobado, como la esencia de la resolución. 
Quisiera responder a ambos aspectos. 
En lo que se refiere al procedimiento, la Comisión se solidariza con la observación que hace la Sra. d ' Ancona y que también han hecho otros, de que el Consejo no ha consultado al Parlamento Europeo antes de aprobar la resolución. 
Es evidente que esa falta no se ajusta a la lectura que hace la Comisión del artículo K.6 del Tratado, que dice con toda claridad que se consultará al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos de la actividad en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior. 
La Comisión comparte asimismo la inquietud de la Sra. d ' Ancona por el hecho de que el Consejo haya aprobado un instrumento jurídico no vinculante. 
Naturalmente somos conscientes del hecho de que existe la necesidad de diferentes formas de cooperación en el ámbito del tercer pilar, y también, evidentemente, apoyamos las soluciones pragmáticas. 
Pero seguimos estando convencidos de que los denominados instrumentos «de ley blanda» rara vez son adecuados cuando están en juego principios fundamentales de la Justicia. 
Y ni que decir tiene que en este caso están en juego principios fundamentales. 
Por otra parte, una resolución no es, evidentemente, lo que solicitó el Consejo Europeo cuando aprobó el programa de trabajo para 1994. 
En cuanto a la esencia de la resolución del Consejo, la Comisión quisiera subrayar- al igual que ha hecho la Sra. d ' Ancona- que existen aspectos positivos. 
En primer lugar, el acuerdo cubre una serie de principios básicos que deben respetarse en un procedimiento de asilo justo, lo cual es alentador. 
Nos satisface especialmente la clara afirmación que se hace de los derechos de los solicitantes de asilo durante el procedimiento, el derecho de recurso y el derecho a permanecer en el país de acogida durante el tiempo que dure el procedimiento de asilo y de recurso. 
Segundo, consideramos recomendables las disposiciones relativas a medidas adicionales de protección para menores no acompañados, y las disposiciones específicas relativas a las mujeres. 
Todas estas disposiciones reflejan los principios fundamentales que se necesitan en un procedimiento de asilo justo. 
Son de utilidad para los Estados miembros y también para los Estados candidatos a la adhesión a la Unión. 
Nos preocupan, sin embargo, dos problemas básicos. 
Primero, se han introducido muchas excepciones en el texto con el fin de cubrir la variedad de situaciones existentes en las legislaciones nacionales. 
El resultado es que el documento parece más una descripción de la situación actual en los Estados miembros, que un intento de desarrollar un enfoque común. 
En nuestra opinión, eso es, cuando menos, muy lamentable. 
Segundo, resulta en cierto modo alarmante que las excepciones sean relativas a los que, probablemente, son los principios más fundamentales de la resolución, en particular, el derecho al recurso y los efectos suspensivos del mismo. 
Debo decir que la Comisión comparte la inquietud de la ponente y otros diputados que han intervenido en este debate sobre estos asuntos. 
Debo decir también que la crítica de esta recomendación ofrece un buen ejemplo de los motivos por los que la Comisión cree que la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior debe mejorarse. 
Esto es cierto no sólo en los casos de asilo. Encontramos también este mismo tipo de problemas en muchas otras áreas de la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior. 
Por ello, la Comisión ha hecho un llamamiento para que la Conferencia Intergubernamental garantice que se lleva a cabo una revisión radical de la disposición para la cooperación en el tercer pilar. 
Esa opinión ha sido traducida en una serie de sugerencias específicas. 
Hemos propuesto, por ejemplo, que se definan con mayor claridad los objetivos de cooperación en estos ámbitos tan delicados. 
También hemos pedido más eficacia, así como mejor control democrático y judicial. 
La Asamblea ya tendrá conocimiento de que la Comisión opina que siete de los nueve ámbitos que abarca el capítulo 6 del Tratado de la Unión Europea deben pasar, en consecuencia, al primer pilar, y que sólo la cooperación policial y la cooperación en asuntos delictivos deben permanecer dentro de la estructura del tercer pilar. 
No hay duda de que existe convergencia de pensamiento en muchos de estos asuntos entre la Comisión y el Parlamento. Me alegra haber tenido esta oportunidad de reafirmarlo. 
Estoy agradecido a la Sra. d ' Ancona y a sus colegas por los considerables y constructivos esfuerzos que han realizado para garantizar el cambio y el avance necesario en este ámbito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Protección de los consumidores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0355/96 del Sr. Florio, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, relativo a la comunicación de la Comisión (COM (96) 0013- C4-0195/96) «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior» ; -A4-0354/96 del Sr. Valverde i Aldea, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 0712- C4-0127/96-96/025 (COD) ) relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores. 
Señor Presidente, esta tarde se presenta en el Pleno la comunicación de la Comisión relativa al «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia» que, a juicio de este ponente, reviste especial importancia, habida cuenta de que están en juego no sólo los derechos fundamentales de los consumidores, que precisan una protección a escala comunitaria, sino también el destino del mercado interior, ya que sabemos perfectamente- y el mismo Libro Verde elaborado al respecto por la Comisión en 1993 lo puso en evidencia- que el hecho de que existan a menudo dificultades, a veces incluso insuperables, en las controversias transfronterizas y entre Estados comunitarios en materia de protección de los derechos de los consumidores, pone un freno propiamente dicho a la realización del mercado interior. 
Para hacer un pequeño ejemplo, se calculó que para obtener el resarcimiento de un daño de unos 2.000 ecus, hoy por hoy, en una controversia transfronteriza el consumidor europeo está obligado a soportar un promedio de gastos de procedimiento que gira alrededor de 2.500 ecus, sin contar el IVA, así como a correr numerosos riesgos. 
En efecto, no tiene la seguridad de poder, posteriormente, incluso en el caso de ganar, hacer valer sus derechos, porque también podría suceder que, a la hora de pagar, el deudor hubiera desaparecido o ya no pudiera pagar. 
En consecuencia, es evidente la necesidad de encontrar una solución para los litigios transfronterizos de pequeña cuantía, una solución que el consumidor considere fácil y, por consiguiente, no acabe disuadiéndole de mantener relaciones transfronterizas y de actuar como consumidor transfronterizo. 
Lo que la Comisión propone en su Plan de Acción, que la Comisión de Asuntos Jurídicos considera fundamentalmente positivo, contempla tanto una solución extrajudicial para favorecer, al igual que viene haciéndose en todos los ordenamientos internos de los Estados miembros, una solución de dichas controversias que prescinda de acudir ante un tribunal o un juez a través de los procedimientos necesariamente más complejos que caracterizan el iter judicial, como el acceso simplificado a los procedimientos judiciales, si fallara dicho intento extrajudicial de resolución del litigio. 
Básicamente, este acceso simplificado se facilita a través de la posibilidad de disponer de un formulario, redactado en las distintas lenguas comunitarias, un formulario por lo tanto muy fácil y accesible a todo el mundo, que debe ser transmitido de parte a parte para intentar, ante todo, una resolución rápida y amistosa de la controversia y, si esta resolución rápida no fuera posible, permitir que dicho formulario pueda servir al juez competente, que tendría a su disposición un resumen extremadamente simplificado del litigio y podría resolverlo sobre la base de procedimientos simplificados. 
El fundamento jurídico del Plan de Acción lo constituye el artículo 129 A del Tratado, sin excluir, como es obvio, las posibilidades que ofrece el artículo K 1 del Tratado de la Unión Europea. 
El trabajo realizado en el seno de la comisión implica considerar favorablemente el Plan de Acción de la Comisión y dirigir mi agradecimiento, ante todo, a la Comisaria, Sra. Bonino, que fue su atenta y activa valedora. 
Señor Presidente, nos encontramos, como continuación del informe que acaba de presentar el Sr. Florio, con una aplicación concreta: conceder un nuevo derecho a los consumidores. 
Es cierto que el marco jurídico de defensa de los derechos de los consumidores en lo que respecta al derecho material o sustantivo se ha ido incrementando y, en este momento, constituye un acervo importante del Derecho comunitario. 
Sin embargo falta la segunda parte, es decir, el derecho procesal o adjetivo. 
Éste resulta difícil porque continúa en manos de los Estados miembros y, por lo tanto, el acceso directo, o la reclamación directa, se encuentra con múltiples obstáculos. 
La propuesta de directiva con la que nos encontramos en este momento es una directiva importante, a pesar de que su objetivo sea o pueda parecer limitado. 
El consumidor se encuentra frente a los productores, a los suministradores de bienes y de servicios en una real inferioridad: la libre circulación, el mercado único de prestación de servicios, de circulación de mercancías, etc. está realizado prácticamente. 
En cambio, el consumidor se encuentra con que vive esta realidad de un mercado único y abierto con unas posibilidades de reclamación que se encuentran encerradas en su propio ámbito nacional. 
De aquí la importancia de esta propuesta de directiva, porque, a pesar de su carácter limitado, yo creo que abre una puerta importante a algo que hasta ahora no ha existido y es, nada más y nada menos, que el poder tener una legitimidad activa reconocida en un país distinto del cual uno es miembro. 
Y esto no ya a individuos concretos sino a organizaciones representativas de estos defensores de los consumidores. 
Por lo tanto, en este sentido, yo creo que la modestia de la directiva- porque está circunscrita a un campo muy específico -, viene largamente compensada porque es una acción que ha entrado en vigor y que necesitaba un poco de imaginación y una cierta disponibilidad a echarse adelante. Porque no era previsible que se iniciara por este camino, precisamente, el acceso a la justicia de representaciones de los consumidores. 
Creo que ello es de largo alcance y, en este sentido, yo quiero felicitar a la Comisión por la iniciativa. 
El trabajo de este ponente y de la comisión correspondiente ha sido aceptar plenamente la directiva, no intentar crear una directiva nueva, limitándonos a este campo concreto de ofrecer un acceso a la justicia a las organizaciones profesionales o representativas de consumidores y tratar de mejorar lo que podía ser mejorable. 
Quiero decir en este sentido que, por lo tanto, yo me he limitado a tres puntos importantes: en primer lugar ¿qué organizaciones? 
Y añadir a esto la posibilidad de que las organizaciones de nivel europeo tengan también acceso a la justicia. 
Puede ser difícil, pero los Estados miembros continúan siendo quienes hacen la lista de las organizaciones. 
Por lo tanto, aunque haya muchas organizaciones de carácter europeo en un ámbito determinado, esto pueden resolverlo. 
En segundo lugar- algo importante que ha dicho también el Sr. Florio -, la posibilidad de resolución de conflictos por sistemas más o menos arbitrales o amistosos. 
Yo creo que esto es importante; aquí, en este sentido, lo único que ha hecho la ponencia ha sido fijar un plazo a esta reclamación previa. 
Es decir, la reclamación previa tiene un momento en que tiene que resolverse. 
Y finalmente había un problema que era claro, que era qué directivas se incorporaban a esta posibilidad de actuación, y sobre todo, el problema de las directivas futuras. 
Yo creo que el trabajo en comisión, en este sentido, ha dado resultado y permitirá de aquí en adelante que todas las directivas que vayan en el mismo sentido se incorporen rápidamente o de una manera prácticamente automática al campo de acción de la directiva que aprobamos. 
A mí sólo me queda dar las gracias a la Comisión, porque el trabajo con la Comisión ha sido muy agradable. 
Además, yo creo que ha dado frutos, y debemos esperar que esto pueda completarse sobre todo porque el tercer pilar, que es el de justicia e interior, llegue a «comunitarizarse». 
Es la única forma para que, no solamente los consumidores en su campo específico, sino todos los ciudadanos tengan un verdadero acceso a la justicia en el mercado interior. 
«Los sinvergüenzas aprovechan todas las lagunas jurídicas europeas» , así reza el título de una revista que se envía gratuitamente a más de 3 millones de hogares alemanes. 
No se trata de un artículo de un adversario de la UE, sino que se expone de manera totalmente neutral la realidad europea de los consumidores. 
Con arreglo a la actual situación jurídica a quien realice como consumidor normal una compra en un país de la UE, sólo le queda esperar que el producto adquirido o el servicio no ofrezca motivos de reclamación. 
Los conflictos trasfronterizos de consumidores son demasiado caros, exigen demasiado tiempo, los obstáculos legales son difíciles de superar para el ciudadano individual, dejando aparte totalmente las barreras lingüísticas. 
En el propio país se conocen mejor los derechos o se pueden consultar gratuitamente o a bajo precio en la organización de consumidores más cercana. 
La Comisión de la UE se refirió ya en 1993 a estos problemas en su Libro Verde y sacó conclusiones tras haber oído a todos los interesados, incluso al Parlamento Europeo. 
Así, pues, debatimos hoy acerca de la propuesta de directiva relativa a las acciones inhibitorias transfronterizas y un plan de acción para el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores entregó ya su opinión en julio o en septiembre. 
Celebramos las propuestas de la Comisión y damos las gracias a la Sra. Comisaria y a sus colaboradores y colaboradoras. 
En sus opiniones nuestra comisión pidió a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que tomase en cuenta las enmiendas, cosa que sucedió en la mayoría de los casos. 
Hay acuerdo en que las entidades cualificadas como binacionales obtengan el derecho de entablar incluso a nivel transnacional acciones de cesación a causa de prácticas comerciales contrarias a Derecho. 
No puede ser que una empresa alemana fabricante de buzones perjudique a los consumidores de Francia a través de una publicidad engañosa, la organización francesa de consumidores no pueda emprender una acción de cesación, porque la publicidad procede de Alemania y se falle en juicio a la organización alemana de consumidores que no es posible una acción de cesación porque no ha resultado perjudicado ningún consumidor alemán. 
Creo que el consumidor normal no se imagina así la unificación europea ni el mercado interior. 
Hemos pedido a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que respondiera a una pregunta, pues nosotros mismos no hemos encontrado respuesta, y ahora ruego a la Sra. Comisaria que ponga atención. 
La pregunta era la siguiente: ¿Pueden emprenderse acciones de cesación contra una empresa, cuando el Estado miembro competente se ha retrasado en la traslación de una directiva, de suerte que aunque la citada empresa viola en derecho de la UE, no contraviene el propio Derecho nacional? 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos dice que no, seguramente con razón. 
Pero quizá la Comisión podría contestar también la pregunta, o quizá podría hacer algo muy sencillo. 
De esta manera la pregunta sería superflua. 
Con esto pienso, por ejemplo, en la traslación tardía de la directiva sobre viajes con todo incluido, a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y a la directiva sobre el tiempo parcial, que si no recuerdo mal, ha de estar trasladada antes de finales de mayo de 1997. 
Lamentablemente, en esto hay todavía muchos abusos. 
Apoyamos plenamente el plan de acción que se ha presentado, relativo a la mejora de la solución de litigios en el ámbito de los consumidores, cuyo ponente ha sido el Sr. Florio. 
Somos también de la opinión de que frente al procedimiento judicial debe darse preferencia a una solución extrajudicial de las controversias, que se lleve a cabo en el plano transnacional con la ayuda de un formulario único y en colaboración con oficinas de tramitación de consumidores nombradas por los Estados miembros. 
Esto ahorra tiempo y dinero al consumidor. 
Sin embargo, con esto no deben quedar excluidos los procedimientos judiciales. 
Nuestra comisión insta a la Comisión a que vigile absolutamente que los Estados miembros autoricen solamente aquellas oficinas de arbitraje y de conciliación que cumplan las normas mímimas del plan de acción. 
Dicho de manera sencilla, estas oficinas han de ser independientes y han de trabajar con transparencia. 
Hasta ahora esto no sucede en mi país. 
Por lo demás, todos los tipos de productos y servicios deben estar cubiertos por tales oficinas de mediación. 
Tampoco esto está garantizado en todas partes en los 15 países de la UE, pero esto es necesario para que la solución extrajudicial pueda tener éxito. 
Para terminar, quiero hacer una petición a la Comisión. 
No hay que descartar en el futuro los procedimientos judiciales, en especial en los litigios de mayor cuantía. 
¿Puede la Comisión adoptar acuerdos correspondientes con los Estados miembros acerca de cómo un consumidor, al que se le reconoce la reclamación en su tribunal, puede urgir la ejecución de la sentencia en otro Estado miembro? 
Este problema no es una invención, sino un hecho, y nosotros hemos de encontrar una solución de manera que el consumidor tenga confianza en el mercado interior. 
Señor Presidente, señoras y señores, los ciudadanos de Europa son, sobre todo, consumidores. 
Con la realizaciónn del mercado interior han caído las fronteras, crecen los negocios transfronterizos y, naturalmente, con ello crecen también los problemas inherentes a este hecho. 
Este conjunto de temas es especialmente importante para la Unión Europea, pues sólo a través de una adecuada política de consumidores puede ésta demostrar que su política redunda en beneficio directo del ciudadano. 
Que este objetivo se ha reconocido se refleja ya en el Tratado de Maastricht en el artículo 129 a. 
Este permite expresamente acciones específicas que apoyan y complementan la política de consumidores en los estados miembros. 
A esta tarea corresponden tanto la comunicación de la comisión sobre un plan de acción, del que estamos hablando aquí, como también la propuesta de directiva relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores. 
Ambas propuestas se caracterizan por intentar conseguir un óptimo de protección de los consumidores a la vez que respetan estrictamente el principio de subsidiariedad en el sentido de que dejan intacto el derecho procesal de los Estados miembros. 
Así se ha asegurado expresamente, en todo caso, por parte de la Comisión y este planteamiento ha ocupado también el centro de la discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
En mi opinión, en el informe del ponente, el Sr. Verde i Aldea, hemos logrado satisfacer este objetivo. 
El informe mejora la propuesta de la Comisión en el sentido de que destaca aún más la necesidad de tener en cuenta las circunstancias de índole jurídico-procesal tan diferentes que existen aún en cada uno de los Estados miembros, pero sin perder de vista el objetivo de una protección única de los consumidores. 
En lo que respecta al plan de acción de la Comisión, ha habido acuerdo en que el Parlamento Europeo no puede conformarse sólo con valorar este plan de acción, sino que ha de incluir también propuestas propias. 
Así, por ejemplo, hemos puesto una especial atención en la resolución extrajudicial de las disensiones de consumidores que permite a los ciudadanos una resolución de conflictos que no exige demasiado tiempo y que al mismo tiempo es más barata. 
A este respecto, la neutralidad, la eficacia y la transparencia deben figurar en primer término y no deben excluirse los procedimientos judiciales. 
Sólo una política eficaz de consumidores es cercana al ciudadano y creo que ambos informes satisfacen esta idea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión por su iniciativa en pro de la protección de los intereses de los consumidores en los conflictos jurídicos transnacionales. 
Quiero dar las gracias también a los dos ponentes por todo lo que han aportado en la continuación y precisión de esta iniciativa. 
Espero haber aclarado con esto que, igual que hice en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, también ahora me pronuncio a favor de la aprobación de ambos informes. 
Permítanme dos comentarios críticos. Se refieren a algunas enmiendas el primero a la enmienda 16. 
A mi juicio, esta propuesta es contraria al espíritu y a la letra del Derecho de la Unión, el cual permite a nivel nacional endurecimientos en la tendencia del Derecho de la Unión, pero en ningún caso debe ir contra esta tendencia, por ejemplo, a través de una minimización de las posibilidades de la acción legal de las asociaciones. 
El segundo comentario es una recomendación insistente de la enmienda nº 1 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores. 
La limitación del fundamento jurídico del proyecto de directiva al artículo 100 a subordinaría los intereses de los consumidores al funcionamiento del mercado común. 
Sin embargo, la jerarquía adecuada es la contraria. 
Por esta razón, debe añadirse, en mi opinión, el artículo 129 a, el cual entiende los intereses de los consumidores en un sentido más amplio que sólo en relación a la fluidez de la actividad del mercado. 
Pero, los intereses y los derechos de los consumidores, estimado colega Florio, sean sacrosantos o no, son en cualquier caso derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, realmente es para mí un honor y un placer empezar agradeciendo al Sr. Verde i Aldea el excelente trabajo que ha hecho. 
Excelente trabajo no sólo desde el punto de vista objetivo, sino también desde el punto de vista subjetivo: la colaboración, el compañerismo que ha existido en toda la elaboración de este informe. 
Y estos comentarios, en justicia, deben extenderse al meritosísimo trabajo realizado por el segundo ponente de este debate, Sr. Florio. 
Quiero destacar la actitud colaboradora de todo el equipo de la Comisión en estos dos informes, que no son grano de anís. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo confirmo el voto favorable global al informe Florio y respecto del informe Verde el apoyo a todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos con excepción, Sra. Kuhn, y lo lamento, de la enmienda nº 5. 
Por supuesto, estamos todos de acuerdo en el fondo, pero en los textos jurídicos, es decir, en aquellos que, a diferencia del que nos ha ocupado hace unos minutos, tienen fuerza de obligar directa, hay que medir el valor técnico-jurídico de las palabras. 
Tampoco apoyamos las enmiendas complementarias propuestas por el Grupo Socialista y ello asimismo por estrictas razones técnico-jurídicas. 
Razones técnico-jurídicas que, sin embargo, sí están presentes en las enmiendas presentadas por el colega Verde, y en general elaboradas por la Comisión de Asuntos Jurídicos que creo, señora Comisaria, mejoran notablemente la calidad técnica del texto, guardando su espíritu. 
Y ahora, en este pequeño minuto que la ausencia del colega Añoveros me brinda, déjenme bajar de mi puesto como representante de los ciudadanos europeos y hablarles, en esta especie de tertulia nocturna que tenemos en estos momentos, en ese grado de intimidad que nos asiste a estas altas horas, hablarles como ciudadana de a pie. 
Creo que estas dos cuestiones son importantes: tanto la acción de la Comisión para el acceso de los consumidores a la justicia como esta propuesta de directiva. 
Yo creo que somos muchos en pensar que es importante el paso a la tercera fase de la unión monetaria, que las magnitudes macroeconómicas son importantísimas, que todas las cuestiones económicas en general son importantísimas, pero nosotros, como ciudadanos, necesitamos tener esa proximidad que da el Derecho, esa proximidad que da el acceso a la Justicia, esa posibilidad de ir con nuestras cuitas, por pequeñas que ellas sean, a buscar el amparo de los jueces y de los tribunales y que eso se pueda hacer de una forma fácil, de una forma fluida incluso cuando esa reclamación se plantea ante quien no es ciudadano del mismo Estado miembro. 
Sólo cuando eso se consiga, cuando eso se establezca con un criterio fluido tendremos nosotros, los ciudadanos de a pie, el sentimiento de que la Unión Europea, señor Presidente, señora Comisaria, es algo más que un gran mercado. 
Y por eso termino diciendo que he hablado como ciudadana y no como consumidora porque creo que el consumidor es sencillamente una variable del mercado, que compra o vende su fuerza de trabajo, y el ciudadano es ese consumidor cuando le asiste el Derecho, cuando le ampara la ley y, precisamente por eso puede ir a los tribunales a ejercitar esos derechos y a que le ampare esa ley. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo darles las gracias por haber reconocido el espíritu, incluso innovador, de estas dos propuestas que, sin duda, tienen un alcance limitado dentro del contexto, a pesar de que creo que son innovadoras en lo que se refiere al acceso al ciudadano y al Derecho. 
Lo he venido repitiendo muchas veces: considero que el problema no es tan solo la protección de los consumidores, como si los consumidores fueran unos incapaces, sino el de las reglas y los derechos que los consumidores, ciudadanos europeos, deben y pueden ejercer. 
En este sentido, aunque se trata de un concepto algo innovador, que quizás pocos Estados miembros están dispuestos a aceptar, considero que el voto favorable que el Parlamento desea dar a este enfoque, a juzgar por como se está desarrollando el debate, anima a la Comisión en cuanto a algunas dificultades que, sin duda, encontró cuando quiso que las demás Instituciones entendieran que la novedad de este enfoque no es en absoluto un elemento destructivo en términos de relación entre ciudadano europeo y Unión Europa, sino un elemento que no se basa en las protecciones que deben concederse, como si fuéramos unos dadivosos que de vez en cuando conceden este o aquel favor, sino en las indicaciones que proceden de nosotros mismos en cuanto legisladores, es decir personas que establecen las reglas de juego en el mercado y en la Unión Europea entre los distintos protagonistas de nuestro foro. 
Voy a comenzar por el Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores, que fue adoptado en el mes de febrero del año pasado. Al excelente informe del Sr. Florio me parece necesario añadir una afirmación. 
En el fondo, yo me esfuerzo en aclarar una verdad fundamental, pero incómoda. La verdad fundamental es que adoptar buenas leyes es importante, pero insuficiente si los ciudadanos no consiguen hacer uso de ellas. 
Quizás se trata de una banalidad, sin embargo, bien es verdad que cuando luego se pasa a la aplicación, todo sale a la colada y aparecen todas las dificultades. 
Como todas las verdades incómodas, también ésta ha salido a relucir con dificultad, me refiero en particular- ruego a los Estados miembros interesados que me perdonen- a los debates que se están llevando a cabo en el seno del Consejo de la Unión desde hace muchos tiempo. 
Por suerte, en esta delicada materia, el Parlamento y la Comisión tuvieron la paciencia y la tenacidad necesarias y, entre las innumerables resoluciones que ustedes adoptaron, deseo recordar la de abril de 1994 que siguió al Libro Verde, presentado por la Comisión en 1993, y que nos alentaba a proseguir en esta dirección. 
Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de pronunciarse sobre algunas iniciativas concretas y, en este sentido, el informe presentado por el Sr. Florio representa una etapa importante. 
Para concluir este aspecto y parafraseando en cierto modo al Presidente Delors, deseo decir que no siempre la Unión Europea consigue dotarse de los medios necesarios para sus ambiciones. 
Lo digo, porque comparto plenamente todas las sugerencias señaladas en el informe, sin embargo, bien es verdad que, hasta hoy, la Comisión y en particular la DG XXIV, no tienen ni los medios financieros ni los recursos humanos para llevarlas a la práctica, a pesar de que una buena parte de las mismas goza no tan sólo de nuestro consenso, sino de cierto entusiasmo. 
Lo que es evidente es que, en el estado actual, la mayoría de estas recomendaciones son de difícil aplicación. 
Lo digo con toda honestidad, a fin de no crear ilusiones, del mismo modo que lo digo en este Pleno, habida cuenta de que el Parlamento es una autoridad presupuestaria. 
De todas formas, el propio Parlamento, en sus difíciles relaciones con el Consejo, puede intentar, y estoy segura de que lo hará, ampliar su ámbito de acción. 
Está bien que se aprueben resoluciones que, no cabe duda, representan un paso adelante, pero si luego nos quedamos con un presupuesto que representa el 0, 027 % del presupuesto de la Unión Europea- les ruego que no se olviden de los ceros, porque en esta materia son importantes- repito, el 0, 027 % del presupuesto de la Unión Europea, se puede intentar hacer algún que otro milagro, aunque no siempre se consigue. 
Pasando al otro informe, es decir al presentado por el Sr. Verde i Aldea, creo que con relación a este informe usted mismo, Señoría, ha resaltado su valor y sus límites, su valor por haber establecido unos principios, en la esperanza de que esto sirva de incentivo respecto a otras materias y a otros ámbitos. 
Ciertamente, se plantea una novedad en la relación entre los ciudadanos y las instituciones, en particular, las instituciones que engloban a la justicia. 
Por ello, considero que la propuesta de la Comisión tiene aspectos positivos. 
En este sentido, reconozco su valor y sus límites que usted mismo, señor ponente, resaltó y sobre los que volveré a hablar. 
En lo que se refiere a las enmiendas, la Comisión coincide en gran medida con el espíritu del informe, por lo que, quizás con algunas modificaciones formales, las acoge casi todas: 20 de las 25 presentadas por el Parlamento. 
Me parece necesario, sin embargo, facilitar algunas explicaciones respecto a las demás enmiendas que la Comisión no considera aceptables. 
Me refiero, en particular, a las enmiendas 5, 6, 12, 19 y 25, que son las únicas que la Comisión no puede aceptar. 
En particular, y me refiero a la enmienda 12, como antigua compañera, deseo llamar su atención sobre las absurdas consecuencias que conllevaría la adopción de la enmienda tal como está formulada. 
Perdonen la franqueza, pero decir que los medios de acción previstos en esta directiva serán aplicables- cito textualmente la enmienda- «siempre que el ordenamiento jurídico del Estado miembro lo permita» , francamente, equivale a vaciar de todo contenido el artículo 2 y, en consecuencia, toda la directiva. 
Si el Parlamento quiere decir que se puede hacer los que ya se puede hacer, me permitirán ustedes decir que es inútil que hagamos una directiva. 
Si se puede hacer lo que ya se puede hacer a escala nacional, entonces quizás existe una gran ambigüedad. 
Así y todo, leyendo con atención el dossier tal como se presenta, no me queda otra cosa que hacer esta observación y este apunte. 
Estoy segura de que no es intención del Parlamento Europeo vaciar de su contenido el artículo 2 y, por consiguiente, toda la directiva. 
Confió en que tengan a bien atender mi petición y abordar mejor o profundizar juntos estos aspectos. 
En cuanto a las enmiendas 6, 19 y 25, que se refieren a las organizaciones de consumidores de ámbito europeo, me parece que crearían una obligación incompatible con el principio de la proporcionalidad, en el presente caso, los considerandos de la propuesta de directiva. 
Asimismo, ante la falta de una definición de las organizaciones que actúan en el ámbito europeo- que es una noción algo vaga- la adopción de estas enmiendas crearía serios problemas de interpretación. 
Ruego a sus Señorías que abran las páginas amarillas de la guía telefónica de Bruselas: por de pronto, les puedo decir que mis servicios contabilizaron 600 organizaciones de consumidores europeos. 
Tengo la impresión, por consiguiente, que la vaguedad de la definición no nos ayuda en esta línea. 
Por lo que se refiere a la enmienda 5, me parece que no puede aceptarse porque las que discriminan a las organizaciones nacionales son quizás algunas legislaciones nacionales y no la jurisprudencia que dichas legislaciones están obligadas a aplicar, ante la falta de normas comunitarias que puedan resolver el problema. 
En resumen, con estas reflexiones y a pesar de algunas discrepancias, la Comisión está satisfecha por esta sintonía con el Parlamento Europeo. 
Sólo dos palabras al Sr. Kuhn que ha planteado dos problemas específicos. 
En primer lugar, la Comisión considera que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo tiene razón, habida cuenta de que con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia- sentencia Frankovic- la falta o el retraso en la transposición de una directiva puede oponerse frente al Estado que ha incumplido sus obligaciones y, por lo tanto, éste puede ser compelido a indemnizar sin dilación el daño sufrido por los particulares a causa de la falta o el retraso en la transposición. 
Éste es el procedimiento que puede y debe ser seguido. 
Contestando a la segunda pregunta del Sr. Kuhn, diré que, de hecho, la directiva trata de garantizar la aplicación del Derecho comunitario existente y, en consecuencia, se limita a los aspectos inhibitorios. 
En lo que se refiere a los aspectos relativos al resarcimiento, en este momento la Comisión los ha propuesto en el ámbito del Plan de Acción y no en el de la directiva. 
En el estado actual, me parece que éste puede ser un primer paso ampliamente aceptable. 
El debate queda cerrado. 
Lo votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Bioseguridad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
1 de la Sra. Breyer, los Sres. Lannoye y Tamino y la Sra. Ahern, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre bioseguridad y seguridad alimentaria; -B4-1220/96- O-0239/96 de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre seguridad biológica y seguridad de los productos alimenticios; -B4-1222/96- O-0243/96 del Sr. Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre seguridad alimentaria; -B4-1223/96- O-0244/96 del Sr. Cabrol, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre bioseguridad; -B4-1224/96- O-0245/96 de la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Florenz, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre bioseguridad y seguridad de los alimentos. 
Señor Presidente, con la soja genéticamente modificada de Monsanto se ha autorizado por vez primera un producto alimentario, genéticamente manipulado, destinado a la alimentación humana, sin ninguna etiqueta. 
Se priva de mayoría de edad a los consumidores, y la transparencia, constantemente proclamada en otros casos por la Comisión, se queda en una mera palabra vacía. 
Con razón este modo de proceder ha provocado una tormenta de indignación entre las asociaciones de consumidores y entre las asociaciones ecologistas. 
Sin embargo, no sólo se pisotea el derecho de los ciudadanos a la libertad de elección sino también la protección de la salud. 
Las lagunas existentes en el control y en la seguridad, no sólo en el caso de la soja, sino también en las futuras solicitudes de comercialización de productos alimentarios genéticamente manipulados, son nefastas y escandalosas. 
Así, por ejemplo, se ha sabido que en la obtención de la soja genéticamente manipulada no se ha sometido a tests el nuevo principio activo. 
Los estudios que demuestran que el glyfosato produce sustancias similares a los estrógenos han sido tenidos tan poco en cuenta como el riesgo de alergias. 
La Comisaria Bjerregaard ha dicho esta tarde que es posible detener la importación si hay nuevos datos. 
De ahí nuestra pregunta: ¿Qué hará usted a la vista de estos nuevos datos que entretanto se están haciendo numerosos? 
¿Va a tomar usted estos estudios como un motivo para establecer una parada a la importación? 
¿Cómo va a hacer usted con el deseo urgente de los consumidores y del comercio mayorista y minorista de que se establezca una separación y un etiquetado? 
En una pregunta por escrito usted ha confesado que usted no sabe absolutamente nada, y que primero debe cerciorarse, del peligro de que, por ejemplo, se esté importando ilegalmente en la Unión Europea maíz manipulado genéticamente. 
La soja genéticamenta manipulada sólo debe ser importada para su elaboración ulterior. 
Sin embargo, numerosas conversaciones con las autoridades de control han dado como resultado que estos controles no se están realizando, en absoluto. 
Esto significa que no hay ningún control a las restricciones. 
¿Qué medidas adoptará usted a la vista de la inexistencia de estos controles? 
En el caso de que se siga sin dar respuesta a estas preguntas concretas le instamos a que prohíba la comercialización de productos alimentarios genéticamente manipulados hasta que no se hayan eliminado los riesgos y no se hayan establecido los controles correspondientes. 
La protección preventiva de la salud debe preceder a los intereses de la industria. 
Los consumidores no han de ser degradados a la condición de conejos de experimentación... 
Lo siento mucho. 
Siempre es un problema para aquellos que intervienen en el último debate, pero la Conferencia de Presidentes, en su sabiduría, me ha concedido 30 minutos para este debate, pero 37 minutos y medio de tiempo de intervención. 
No podré dar la palabra a todos si continuamos sobrepasando los tiempos asignados. 
Señor Presidente, los principios de la prevención y de la evitación anticipada para el medio ambiente comunitario y para la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas de la Unión están fundamentados en el Tratado. 
Por esta razón está también fundamentado en el Tratado que antes de la puesta en circulación de organismos, alimentos y plantas genéticamente manipulados deban realizarse pruebas. 
Efectivamente, hemos de preguntarnos- y en esto me sumo a nuestra colega, la Sra. Breyer- qué significan las plantas, los organismos y las semillas, genéticamente modificados, en los pequeños territorios europeos. 
¿Qué influencia tienen sobre el equilibrio y sobre la diversidad biológica? 
Y la pregunta más importante de todas: si se llega o si se puede llegar a realizar cruces, ¿qué significa para las especies silvestres, qué significa para las plantas de nuestro continente? 
¿Serán plantas que caerán sobre las otras como carros blindados, porque son resistentes a los herbicidas? 
A este respecto debo decir que, para mí, la resistencia de una planta a los herbicidas es en sí misma una perversión. 
Si yo recubro una planta con un producto protector para que todas las demás plantas mueran, éste no es seguramente el camino hacia un desarrollo sostenible de nuestra agricultura y de nuestro medio ambiente. 
Los efectos sobre la salud de las personas deben comprobarse, tal como dice la directiva 90/220, mediante estudios de larga duración. 
Yo me pregunto dónde están estos estudios de larga duración en el caso de la soja genéticamente modificada, dónde están los estudios en los que se investiga qué ocurre cuando las personas consumen durante largo tiempo productos que están genéticamente modificados, y qué efectos se producen cuando los animales son alimentados con piensos genéticamente modificados y se modifica con ello la cadena alimentaria. 
También esto tendría que demostrarse mediante estudios de larga duración y los resultados deberían hacerse públicos. 
En este punto comparto con la Comisaria, Sra. Bonino, la opinión de que no se trata de proteger a los consumidores como si fueran incapaces, sino que se trata de informarlos, de establecer claridad y apertura. 
Quisiera abordar todavía otro punto. 
En los Estados Unidos, en virtud de una legislación que fue introducida por el entonces Vicepresidente Quayle, ha habido durante algún tiempo simplificaciones en el procedimiento de comprobación de productos y de alimentos genéticamente modificados. 
Me gustaría saber si esta soja genéticamente modificada de la empresa Monsanto corresponde eventualmente a este período y si las pruebas corresponden realmente a las que deben efectuarse con arreglo a nuestra directiva 90/220. 
Soy de la opinión de que aquí también es necesario decir a la opinión pública de qué se trata. 
Creo que la separación entre productos modificados genéticamente y productos tradicionales es un imperativo absoluto, pues, de lo contrario, los propugnadores del mercado libre aniquilarán la libertad de elección de los consumidores. 
Señor Presidente, lo que tenemos que evitar en debates como éste sobre la biotecnología, es dejarnos llevar por emociones en lugar del raciocinio. 
Por definición la biotecnología no es negativa, llegando a ofrecer incluso muy numerosas posibilidades. 
Aunque no quedan excluidos ciertos riesgos. 
Estos peligros deben también ser disminuidos a través de la gestión política; de todos modos se hace necesaria una apreciación en cada caso por separado, como sucede ahora con respecto a las habas de soja. 
En este caso específico, las más diversas instituciones independientes han dictaminado que es posible el cultivo y el consumo de las habas de soja sin efectos nocivos para el ser humano ni para el medio ambiente y que el agente herbicida, contra el cual la planta se ha hecho resistente, resulta menos dañino que los medios utilizados en la actualidad en el cultivo de este tipo de soja. 
Aunque esto no impide considerar preocupante el hecho de que la industria química se halle tan profundamente implicada en la biotecnología. 
Al hacer resistentes los cultivos a los pesticidas podría aumentar enormemente el empleo de estos agentes fitosanitarios, mientras que la resistencia de la planta contra enfermedades y plagas resultaría beneficiosa para el medio ambiente. 
Advertimos pues a empresas como Monsanto, por ejemplo, que en caso de abusar de la situación tal como ésta se presenta hoy, no dejaremos de intervenir sin tardanza en nuestra calidad de Parlamento. 
En esta discusión deberán figurar como elementos centrales la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses del consumidor. 
Por ese motivo, mi grupo político propugna el etiquetado de los productos alimenticios modificados genéticamente, aunque únicamente en los casos en que deba indicarse la presencia de organismos modificados genéticamente. 
Habida cuenta que el aceite de soja modificado genéticamente resulta idéntico desde el punta de vista químico al obtenido de granos de soja normales, me parece superfluo dicho etiquetado. 
La industria europea deberá hacer uso de su influencia para velar por que la soja tratada genéticamente sea suministrada por separado, dado el elevado volumen de adquisición por parte de esta industria, debiendo además estar en capacidad de solicitar a Estados Unidos por ejemplo que el suministro de las habas de soja tratadas genéticamente se efectúe separadamente de las normales. De esta manera será posible proceder al etiquetado del grano de soja crudo tratado genéticamente. 
En ese caso la industria procesadora, por ejemplo Unilever, podrá decidir en cuanto al uso o no de este tipo de haba de soja. 
Y en caso de que el consumidor, por cualquiera que fuese la razón, prefiera rechazar el uso de este grano tratado genéticamente o de los productos obtenidos de él, habrá que satisfacer esa voluntad. 
Respetamos el deseo del consumidor individual, y esto puede ser posible mediante el etiquetado por separado de la semilla de soja. 
Señor Presidente, distinguidos y estimados colegas, quisiera dar mi opinión, en mi condición de farmacéutica, sobre la tantas veces mencionada protección de la salud humana. 
El haba de soja, genéticamente modificada, de la empresa Monsanto ha sido autorizada en el marco de la directiva 90/220 sobre la liberación intencionada de organismos modificados mediante tecnología genética. 
Esta directiva tiene como objetivo garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente mediante un severo procedimiento de autorización y de pruebas de compatibilidad con el medio ambiente. 
Dentro de la prueba sanitaria prescrita en esta directiva se presta una especial atención al aspecto de la alergenidad de estos productos. 
Las pruebas científicas del haba de soja han dado como resultado que este producto es inofensivo para la salud humana y para el medio ambiente y, comparada con el haba de soja tradicional, no provoca reacciones alérgicas mayores. 
El problema, tan citado, de la alergenidad hay que atribuirlo en este contexto a los tests realizados con otro tipo de haba de soja en los que se había introducido una proteína de la nuez del Brasil en las habas de soja. 
Es sabido que muchas personas reaccionan alérgicamente a la proteína de la nuez del Brasil. 
Así sucedió también en los tests realizados con habas de soja que habían sido modificadas de esa manera. 
Por esta razón se interrumpieron los tests, y tales habas de soja jamás han llegado como producto al mercado. 
Por lo demás, quisiera comentar brevemente un punto, presente en las resoluciones que tenemos sobre este tema, que se refiere al proyecto de un reglamento sobre nuevos alimentos. 
En marzo de este año el Parlamento aprobó seis enmiendas. 
En la enmienda 51 nos referimos inequívocamente a organismos modificados mediante tecnología genética y no a sustancias modificadas mediante tecnología genética, como se dice ahora en la resolución. 
La palabra sustancias incluiría también materias muertas. 
Esta no era la intención de esta enmienda. 
En segundo lugar, no considero adecuado anticiparnos mediante semejante resolución a las negociaciones del comité de mediación. 
Si queremos conseguir la necesaria aceptación de la moderna biotecnología entre la población, junto a las informaciones objetivas tenemos que abordar también los riesgos. 
En la vida no existe ninguna eliminación del riesgo al cien por cien. 
No obstante, considero irresponsable producir inseguridad entre las personas mediante miedos que carecen de toda fundamentación científica. 
Señor Presidente, permítame poner un prólogo a mis observaciones y decir, en primer lugar y como usted mismo ha señalado, que el período asignado al debate es menor que la suma de los tiempos de uso de la palabra asignados a sus Señorías, quienes, con razón, desean intervenir. 
Según tengo entendido, lo adecuado es que la Comisión responda inmediatamente a aquellos que han formulado las preguntas. 
Eso es lo que haré. 
Me han asignado cinco minutos para responder a preguntas de gran consistencia y complejidad. 
Respetaré esos cinco minutos, y como no podré ofrecer todas las respuestas que he traído conmigo, transcurrido ese tiempo volveré a sentarme y haré llegar las respuestas restantes a aquellos distinguidos diputados autores de las preguntas a través de los servicios del Parlamento. 
Aprovecho también la oportunidad para decir que la Comisión desea dar cuenta, pero ello sólo es posible cuando los procedimientos lo permiten. 
Espero, por consiguiente, que se preste más atención a los procedimientos con objeto de que podamos rendir cuentas. 
En respuesta a las preguntas, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 90/220/CEE, los Estados miembros son responsables de garantizar que la autoridad competente organiza inspecciones y otras medidas de control que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de la directiva. 
En consecuencia, es deber de los Estados miembros garantizar, a través de los controles adecuados o mediante otras medidas, que se cumplen las condiciones de la autorización concedida para organismos modificados genéticamente (OMG) en virtud de la Directiva 90/220/CEE. 
La directiva estipula que antes de comercializar los productos OMG, debe llevarse a cabo una evaluación de sus posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
En el caso de todos los productos autorizados hasta ahora, la Comisión ha podido convencerse de que, en base a la evidencia presentada, no cabría esperar efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente tal y como prevé la directiva. 
Además, las cláusulas de seguridad de la directiva, en particular los artículos 11, 6 y 16 que garantizan que se comunicará toda nueva información que apunte a la existencia de cualquier riesgo no previsto anteriormente y que la autorización será modificada o revocada según convenga, han tranquilizado aún más a la Comisión. 
En abril del presente año, como sabrá la Asamblea, la Comisión adoptó una decisión relativa a la comercialización de habas de soja modificadas genéticamente para determinados fines. 
Esta decisión permitió emitir una autorización a Monsanto Europa por parte de las autoridades competentes del Reino Unido para los fines específicos, y cito, » de manipulación en el medio ambiente durante la importación, antes y durante el almacenamiento y antes y durante de su procesamiento para productos no viables». 
La autorización emitida no cubre los productos procesados no viables derivados de estas habas de soja, ya que no son organismos y, por consiguiente, no se incluyen en la directiva. 
Hay que señalar que la evaluación de los posibles efectos sobre la salud humana que se llevó a cabo de conformidad con la directiva, tuvo en cuenta el hecho de que las habas de soja serían procesadas y pasarían a formar parte de productos que posteriormente entrarían en la cadena alimenticia. 
Además, Monsanto, en su calidad de informador, presentó voluntariamente un dossier que incluía una evaluación alimenticia exhaustiva del producto procesado, que abarcaba aspectos que no están contemplados en la Directiva 90/220/CEE, como equivalentes nutricionales. 
La Comisión adoptó su decisión sobre la comercialización de las habas de soja de Monsanto a raíz de la decisión favorable del comité regulador establecido por la Directiva 90/220/CEE. 
Desde la fecha de su adopción, la Comisión no ha tenido conocimiento aún de ninguna información que justifique cualquier enmienda de su decisión. 
En su decisión, la Comisión indicaba que, según la evaluación llevada a cabo de acuerdo con la Directiva 90/220/CEE, no existe ningún motivo para creer que los usos notificados puedan tener efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. 
También he podido saber que no existen razones de seguridad que justifiquen la separación de este producto de otras habas de soja ni ningún motivo de seguridad que justifique la mención en el etiquetado de que el producto se ha obtenido mediante modificación genética. 
La Comisión ya ha reconocido las preocupaciones de un creciente número de consumidores en lo relativo a productos alimenticios modificados genéticamente y ha presentado una propuesta de reglamento para productos alimenticios de nueva creación. 
Dicho reglamento, una vez que se haya adoptado, incluirá todos los aspectos relevantes a la evaluación de alimentos y productos alimenticios. 
El resto de la respuesta, la cual es muy completa y minuciosa, señor Presidente, se distribuirá entre todos los distinguidos diputados que presentaron las preguntas. 
He agotado mis cinco minutos. 
Gracias, señor Comisario, por la comprensión que demuestra en el tema del tiempo. 
Creo que compartimos la opinión de que la forma en que se asigna el tiempo de uso de la palabra es completamente insatisfactoria. 
Señor Presidente, los consumidores sienten una enorme inquietud por los alimentos que se les presenta en las tiendas. 
En particular, les preocupa mucho que la proteína de la soja modificada genéticamente pase a formar parte de docenas de productos no etiquetados y que ellos compran. 
Existe una gran polémica en torno a si estos nuevo productos alimenticios modificados genéticamente son convenientes o necesarios. 
A algunas personas les preocupa la seguridad de nuestro medio ambiente, a otros, los riesgos para la salud y si los científicos saben realmente dónde nos están metiendo. 
Algunos de los argumentos acerca del aspecto ético y la seguridad de los productos alimenticios ya han sido debatidos aquí, cuando pasó por la Asamblea la directiva sobre productos alimenticios de nueva creación. 
En estos momentos, las personas sienten una honda preocupación porque, ante la ausencia de una directiva sobre alimentos nuevos- que aún no existe- todavía no contamos con un sistema para la aprobación de productos con la reputación suficiente para ocuparse del tema. 
Francamente, es sorprendente que la Comisión haya estimado oportuno autorizar las importaciones de habas de soja de Monsanto tan pronto, a pesar de que las pruebas que se han realizado en los Estados Unidos han sido mínimas. 
Ahora hemos podido saber por la prensa que la Comisión se dispone a autorizar la comercialización de maíz modificado genéticamente y desarrollado por Ciba Geigy, aparentemente para apaciguar una posible guerra comercial transatlántica. 
La producción y comercialización de estos nuevos productos que han sido desarrollados, al menos en parte, para incrementar su resistencia a los herbicidas- alentando con ello una utilización aún mayor de herbicidas peligrosos en la agricultura- puede encerrar graves peligros para la biodiversidad. 
¿Acaso no hemos presenciado ya suficiente daño con los pesticidas? 
¿No hay nadie de la Comisión que haya leído The Silent Spring de Rachel Carson? 
¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo especial, a pesar de la inquietud que sienten los consumidores, y autorizar dichos productos por el simple hecho de que están ahí y porque la industria está intensificando las presiones? 
Hago referencia a las preguntas presentadas por el Grupo PSE y espero que la Comisión tenga respuestas de verdad. 
Siento una gran simpatía por la posición que hoy ha adoptado la Comisión en muchos otros temas. 
Nosotros hemos tratado este asunto muy mal en el Parlamento. 
Pero el resultado de todo esto tiene que ser el etiquetado. 
Lo principal es que las personas tienen absolutamente el derecho de conocer y de poder elegir los alimentos que consumen. 
¿Cómo puede la Comisión llegar a pensar en autorizar la comercialización de estos productos tan polémicos sin un etiquetado claro que informe a los consumidores sobre su contenido? 
La situación actual es completamente inadmisible para los consumidores; encierra riesgos y flagrantes peligros para la protección del medio ambiente. 
Tengo que pedir a la Comisión que reconsidere su acciones, que analice más detenidamente todos estos productos desde todos los ángulos posibles y que se asegure de que todos los productos alimenticios modificados genéticamente son etiquetados claramente para el consumidor de aquí en adelante. 
Señor Presidente, la introducción de soja resistente a los herbicidas plantea aquí de manera acelerada la cuestión de los organismos genéticamente modificados. 
Es lógico que nos detengamos en la evolución que se produce en la actualidad en el sector alimentario. 
El consumidor tiene el completo derecho de que se le informe con respecto a posibles riesgos ligados a la nueva técnica de manipulación genética. 
La información deberá ser no obstante objetiva y no apoyarse en informes tendenciosos o en datos manipulados por la industria. 
Es de lamentar que la legislación comunitaria relativa a los novel foods, y más en particular al etiquetado, no haya sido aún aprobada y consecuentemente puesta en aplicación ya que de esa manera se habría evitado todo este lío. 
Conjuntamente con otros colegas de mi grupo político, no estoy de acuerdo con el punto 3 de la resolución común en el que se estipula la necesidad de adoptar medidas encaminadas a distinguir todos los productos alimenticios conteniendo organismos genéticamente modificados de otros valores alimentarios. 
Tampoco estoy de acuerdo con el punto 8 relativo al etiquetado. 
Desearía hacer un llamamiento por que ya desde ahora se informe al consumidor, con carácter urgente y de manera más adecuada, a través de campañas de información. 
Erróneamente piensa siempre el ciudadano promedio que al hablarse de biotecnología o de la manipulación genética en la horrible imagen de un ratón con una oreja de hombre. Debemos eliminar estas incomprensiones mediante una información clara y sobre todo objetiva. 
Para concluir, insto a la Comisión a que proceda a la revisión de la Directiva 90/220 a fin de lograr una mayor transparencia de los procedimientos, tanto para el consumidor como para los sectores industriales interesados. 
Se ha hablado igualmente de un libro verde en materia de legislación alimentaria. ¿Puede informarme también la Comisión la fecha en que aparecerá dicha publicación? 
Distinguido señor Presidente, distinguidas señoras y señores, los consumidores tienen derecho a la información sobre el empleo de organismos genéticamente modificados en su alimentación. 
Hay que exigir un etiquetado a los productores y comercializadores. 
La autorización de productos alimentarios genéticamente modificados ha de concederse con arreglo a criterios científicos muy estrictos. 
La tecnología genética es, ciertamente, una tecnología de futuro y se calcula que en el futuro podrá crearse mediante esta tecnología cerca del 8 % de las posibilidades de empleo. 
Esta tecnología está reconocida desde hace tiempo en medicina, por ejemplo, en la obtención de la insulina. 
Hoy pueden salvarse ya miles de vidas con ella. 
En los alimentos debe existir también una seguridad absoluta para el consumidor y hay que excluir cualquier peligro. 
Unos procedimientos de autorización especialmente controlables han de ser la base para una utilización inofensiva de productos alimentarios mejorados mediante tecnología genética. 
Por razones éticas es también absolutamente necesario un etiquetado generalizado. 
El etiquetado constituye una seguridad adicional para los consumidores. 
El mismo puede decidir si quiere o no quiere utilizar el producto que ha sido probado previamente de forma concienzuda. 
Si son ciertos los resultados de la investigación del mercado en el sentido de que el 80 % de la población rechaza estos productos, éstos tampoco tendrán ningún éxito en el mercado y desaparecerán automáticamente del mismo. 
Sólo será posible una comercialización, cuando se disponga de los informes de las rondas de expertos. 
Las alergias son peligrosas para los consumidores, no hay duda de ello. 
Pero pueden ser evitadas, según se oye también en los círculos científicos, mediante la utilización adecuada de la tecnología genética. 
Sabemos también que mediante la utilización de la tecnología genética se puede reducir también el uso de pesticidas y de fertilizantes, lo cual, por otro lado, redundaría ecológicamente en una mejora de la calidad del suelo y del agua. 
Por esta razón, necesitamos necesariamente una confrontación concienzuda con esta tecnología y no una valoración no diferenciada. 
En cualquier caso, la comprobación y el etiquetado son irrenunciables para los consumidores europeos. 
Yo pediría cordialmente al señor Comisario que nos comunique si comparte las opiniones del Comisario, Sr. Bangueman, en este ámbito. 
Señor Presidente, hace algunos meses la Comisión acordó la comercialización de maíz modificado genéticamente, y sólo gracias a la reacción de los Estados miembros se dio marcha atrás. 
En el texto del acuerdo, la Comisión dice que no existen razones para creer que la inserción de determinados genes en el maíz pueda tener efectos adversos para la salud humana o el medio ambiente. 
¿No existen razones para creer que pueda tener estos efectos? 
Hoy parece que sí existen. 
La Sra. Bjerregaard ha realizado una conferencia de prensa anunciando que los comités científicos necesitan más tiempo para pronunciarse. 
Según el texto relativo a las semillas de soja, que también data de principios de año y que obtuvo el acuerdo de la Comisión, la inserción de determinados genes en las semillas de soja no acarreará probablemente consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente. 
¿No estamos acaso ante un proceso idéntico al que se desarrolló con respecto a la encefalitis espongiforme bovina (EEB)? 
Formulo una pregunta. Me gustaría que no tuviéramos que esperar diez años para obtener una respuesta a través de una comisión de investigación del Parlamento encargada de estudiar lo ocurrido. 
Creo que se necesita una moratoria sobre la cuestión, que hay que profundizar la legislación, hacerla más estricta, y tranquilizar a los consumidores mostrándose rigurosos y sin dejarse llevar por la emoción- no es así, señor Eisma -, sino avenirse a razones. 
Señor Presidente, a lo largo de estas semanas se ha debatido mucho en torno a este tema y creo que el temor no se debe única y exclusivamente al problema de la soja, sino al hecho de que nos damos cuenta de que esta decisión abre el camino a problemáticas comunes. 
No en vano, aquí se ha hablado de la cuestión de la autorización para el maíz solicitada por Ciba que, por otra parte, no afecta sólo a la importación en la Unión Europea, sino también a la producción local y, por consiguiente, hace prever alguna que otra complicación. 
No me opongo a priori a la utilización de las biotecnologías, pues creo que la innovación es la base de nuestro desarrollo, incluso humano. 
Las técnicas precisan pautas seguras, reglas y no marañas inextricables. 
Por otra parte, se está llevando a cabo una importante transformación de las formas de consumir y producir y considero que el discurso de las biotecnologías conlleva indudables ventajas para el consumidor. 
Mediante las mismas se puede reducir la utilización de pesticidas o fitofármacos y hacer más eficaces las características nutritivas o dietéticas de los productos alimenticios. 
Hoy, sin embargo, es preciso comprender los temores del consumidor. 
No cabe duda de que su confianza en la seguridad de los productos agroalimentarios se vio afectada después del suceso de la EEB y estimo que, incluso en el marco innovador y dinámico al que acabo de referirme, es justo ser muy prudentes, porque, a estas alturas, un paso en falso supondría pagar un alto precio y una vez por todas. 
El consumidor tiene derecho a ser informado y, en consecuencia, creo que hay que definir todos los medios, todos los instrumentos y todos los procedimientos para que el consumidor sea el dueño absoluto de su elección, después de haber recibido toda la información disponible. 
Señor Comisario Kinnock, si no se considera necesario o factible garantizar un etiquetado separado de la soja genéticamente modificada, indíquenlo en términos claros y transparentes. 
Informen al Parlamento respecto a todo el dossier, digan cuál fue el procedimiento seguido por la autoridad nacional, cuál es la opinión de la Comisión Europea y, si el posible, cuáles fueron los procedimientos de autorización seguidos en Estados Unidos. 
En segundo lugar, creo que es muy importante acelerar la conclusión del procedimiento de conciliación todavía pendiente en materia de nuevos productos o nuevos ingredientes alimenticios, porque, según mi opinión, de esta forma se puede contribuir a ofrecer un marco muy importante de reglas y procedimientos claros y transparentes para todos. 
Señor Presidente, señoras y señores, durante mucho tiempo el haba de soja ha sido considerada como un alimento ideal para los partidarios de la alimentación biológica y dietética. 
Bien como crema para untar rodajas de pan, bien como bebida, parecía imparable su marcha triunfal a través de las estanterías de los supermercados. 
Hasta ahora. 
El primer cargamento de soja genéticamente manipulada, que entró la semana pasada en el puerto de Hamburgo, ha producido algunos arañazos en esta imagen. 
¿Están justificados realmente los miedos de los consumidores? 
Creo que deberíamos otorgar el lugar preferente a la protección de los consumidores. 
Deberíamos propugnar- y esto se oye en todas las intervenciones- el etiquetado de los alimentos genéticamente manipulados. 
Estamos hablando siempre de la madurez del consumidor. 
El sentido de la semilla recién desarrollada es limitar el empleo de herbicidas. 
Con la tecnología genética tenemos por vez primera la posibilidad de llevar a cabo sobre una amplia base una lucha biológica contra los parásitos y de realizar así realmente una aportación a la solución de la problemática del medio ambiente. 
Existe un gran número de plantas productivas, pero soy de la opinión de que no hay que renunciar a la obtención de plantas cada vez mejores. 
Esto es urgentemente necesario para abastecer a la población mundial con una cantidad suficiente de alimentos. 
La humanidad se ha duplicado en los últimos 40 años, la producción de alimentos ha aumentado en la misma proporción. 
Por consiguiente, si hace 40 años se hubiera intentado combatir el hambre solamente por la vía de la redistribución, como algunos exigían entonces y siguen exigiendo aún, se habría condenado a la mitad de la humanidad a morir de hambre. 
Pero, puesto que en los próximos 30 años la población crecerá en 2.500 millones, alcanzando los 8.000 millones de personas, hemos de encontrar vías para lograr un crecimiento de la oferta alimentaria. 
Puesto que la superficie útil del mundo está ya completamente en uso, el aumento de la producción sólo se debe lograr mediante la mejora de las plantas y mediante un aprovechamiento más eficaz de los recursos naturales. 
La tecnología genética crea una mejor base de partida para la lucha contra el hambre en el mundo y, por esa razón, considero irresponsable que nosotros no aprovechemos esta oportunidad y la dejemos en manos de otros. 
Señor Presidente, me dirijo a usted, al Comisario y a sus Señorías, para recordarles que todos nosotros consumimos aceite y harinas y compramos mayonesa, pan, pasteles, bebidas, helados y galletas. 
Todos estos son productos en los que fácilmente encontramos soja y hay centenares de productos que contienen soja. 
Se trata de productos para la infancia, de productos dietéticos y biológicos, para un consumidor que pretende conseguir una calidad natural, habida cuenta de que es sensible a estos problemas. 
Sin embargo, ahora, gracias a la decisión de la Comisión, no sabremos si se trata de soja producida normalmente o de soja modificada genéticamente, porque las etiquetas no nos lo dirán, ya que no está permitido. 
Entonces, le pregunto: ¿Le parece, señor Comisario, que esto supone respetar a los consumidores? 
¿Piensa usted que de esta forma se ofrecen garantía y confianza a los consumidores? 
Usted nos hizo un discurso que ya escuchamos hace diez, veinte años, cuando hablábamos de seguridad nuclear, sin embargo, después, tuvimos Chernóbil; hace diez años, hablábamos de las consecuencias de las ganaderías intensivas, sin embargo, hemos sufrido la EEB. 
¿Debemos esperar otra catástrofe, causada por la ingeniería genética, para que se reflexione de forma más consciente en torno a estos problemas? 
Confío en que no sea así, sin embargo, y precisamente por esto, quisiera que se prestara una mayor atención y que se llevara a cabo una evaluación concreta del impacto medioambiental, no realizada ni por la empresa Monsanto, ni tampoco por Estados Unidos, y sí en nuestros Estados. 
No se trata sólo de una cuestión que afecta a la salud, sino que se trata también de una cuestión de garantías para el futuro del medio ambiente y para los equilibrios naturales. 
Señor Presidente, como demuestra el debate de hoy, sigue existiendo aún una gran imprecisión debida a informaciones contradictorias relativas a los riesgos que implica el consumo de productos alimentarios genéticamente modificados. 
Existe inseguridad en cuanto a las posibles reacciones alérgicas y a los efectos en la salud en general. 
Puesto que se trata de añadir al producto alimentario un gen totalmente extraño. 
En el caso de la soja, esta nueva haba resulta resistente al herbicida Roundup, al cual se ha añadido el glyfosato. 
Es precisamente este agente, o sea el Roundup, el que se emplea en la soja modificada genéticamente, con vistas a lograr rendimientos máximos de las cosechas. 
Ahora bien, el glyfosato es considerado como un agente carcinógeno, ejerciendo efectos en la reproducción. 
Es ésta la información de que disponemos; manifiestamente la Comisión dispone de otra información. Además de los posibles riesgos se mencionan igualmente las enormes consecuencias para el medio ambiente. 
El uso en cantidades excesivas del glyfosato es contrario a las normas europeas, que son de hecho más estrictas que las norteamericanas y que se basan en el denominado principio de prevención. 
Es decir que también en este ámbito podría presentarse un conflicto. 
Así ha sido ya demostrado que el herbicida Roundup, al cual debería ser resistente la nueva soja, destruye numerosas malas hierbas, aunque, como se reveló en Australia, da también lugar a malas hierbas resistentes contra las cuales será necesario el uso de nuevos herbicidas. 
Y como cabe suponer, una vez más, los costes habrán de recaer en los consumidores. 
De ahí que resulte incomprensible que estos nuevos productos que implican tantos riesgos, mientras las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo Europeo siguen aún en curso, hayan sido introducidos en el mercado europeo. 
Es algo inexplicable en realidad. 
Por último- permitiéndome una digresión- ¡qué casualidad que este debate tiene lugar mientras en Roma se da inicio a la Cumbre de la FAO! 
Después de diez años vuelve a hablar la comunidad internacional de la cuestión alimentaria en el mundo y la erradicación del hambre. 
Hace diez años se declaraba lo mismo, que el hambre dejaría de azotar a la humanidad. 
La situación es bien diferente. 
¿No implica acaso el uso de productos modificados genéticamente, como la soja, cuestiones de orden ético? 
¿Cuánto habremos de avanzar en el desarrollo y aprovechamiento de tierras fértiles destinadas a la producción de un producto dominante de este tipo? 
Cualquiera que sea el interés- como ya ha sido dicho, como es sabido- ¿no nos acecha acaso el peligro de que resulten desplazadas variedades tradicionales, pero de extremo valor? 
¿Hasta qué grado ciertos individuos en empresas gigantescas estarán luego en capacidad, a través de productos como la soja, de influir, o en el peor de los casos, de manipular el régimen alimenticio de millones de personas? 
Señor Presidente, cuando el Sr. Comisario presente su respuesta, deseo pedirle que responda muy brevemente a tres cuestiones que, tal vez, puedan aclarar algunas de las observaciones planteadas por mis colegas. 
En cuanto a la soja modificada genéticamente que está llegando a la Unión Europea, ¿podría confirmar el Sr. Comisario que la modificación genética de esta soja se limita a la técnica que se aplica en su elaboración, sin que por ello se encuentre presente ningún organismo modificado genéticamente en el producto final, el cual no difiere en su composición de la soja ordinaria; la soja no modificada? 
Los controles que piden la Sra. Pollack y otros son completamente irreales. 
En segundo lugar y dentro del contexto de la Cumbre mundial sobre la alimentación que se celebra en Roma, ¿no querría comentar el Sr. Comisario sobre los beneficios que podría tener esta nueva tecnología para el sector de la alimentación, en lo relativo a incrementar la disponibilidad de alimentos para las personas que mueren de hambre- y que actualmente se elevan a 840 millones en todo el mundo- y para la disponibilidad de nuevos productos para consumidores como nosotros? 
Por último, ¿podría el Sr. Comisario confirmar que la polémica desatada recientemente en torno a si debe comercializarse o no el maíz modificado genéticamente en el mercado europeo demuestra el valor del enfoque caso por caso adoptado por la Unión Europea y que, en realidad, es mucho más riguroso que el que existe en los Estados Unidos, y puede darnos resultados muy controvertidos? 
Esto subraya ciertamente la necesidad de que en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo se nos mantenga al corriente de este examen caso por caso, que la Comisión y los Estados miembros están llevando a cabo conjuntamente. 
Señor Presidente, me uno a usted en su expresión de gratitud a los intérpretes y en lamentar lo avanzado de la hora. 
Intentaré responder. 
No puedo pretender responder a todas las interesantes observaciones que aquí se han hecho, pero espero que seleccionando algunas, pueda hacer referencia a muchos de los temas que se han planteado esta noche en la Asamblea. 
En primer lugar, la cuestión del etiquetado, que ha planteado la Sra. Pollack, entre otros. 
Las decisiones adoptadas hasta ahora se ajustan a las disposiciones de la Directiva 90/220/CEE, según la cual, no es posible imponer un etiquetado específico que diga que el producto contiene organismos modificados genéticamente ante la falta de motivos de seguridad. 
La Comisión reconoce la importancia del etiquetado y tiene intención de discutir el tema en el contexto de una propuesta de revisión de dicha directiva. 
Ha habido preguntas relativas a la provocación de alergias y a las repercusiones de determinados productos para la salud humana. 
Responderé diciendo que la autorización para la comercialización de dichas habas de soja se ha concedido de conformidad con los procedimientos previstos por la Directiva 90/220/CEE. 
En la evaluación del riesgo llevada a cabo, se examinó, en particular, el potencial tóxico y alergénico de los genes introducidos, y se llegó a la conclusión de que no existía ningún motivo para creer que tuviera ningún efecto nocivo sobre la salud humana en el medio ambiente por la introducción en habas de soja de genes codificados para tolerar el glysofato y la peptización del cloroplasto. 
Eso significa que las habas de soja de Monsanto son básicamente equivalentes a las variedades de soja no modificadas que se encuentran ya en el mercado y, por consiguiente, no existe ningún motivo para creer que aquellas representen ningún riesgo diferente de aquéllos ya asociados a las variedades de habas de soja. 
La información facilitada por ciertos diputados a este Parlamento hace referencia al potencial alergénico de las habas de soja en general. 
Pero ése no es ningún elemento nuevo, puesto que es bien sabido que todas las habas de soja pueden causar alergias en algunos seres humanos. 
Esa información no constituye nueva evidencia de los posibles efectos nocivos de las habas de soja de Monsanto. 
Además, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna información nueva que aporte evidencia de posibles efectos nocivos para la salud humana a causa de la liberación de las habas de soja de Monsanto. 
A pesar de todo ello, la Comisión se mantiene atenta a toda la información que aparece sobre este tema, con objeto de que pueda intervenir rápidamente si aparece evidencia de efectos nocivos, en cuyo caso, se hará uso de las disposiciones de seguridad de la directiva para modificar o revocar la autorización. 
Por último, sobre la cuestión planteada por la Sra. van Putten, y a la que también otros han hecho referencia, relativa al nivel máximo de residuos herbicidas, la Directiva 90/220/CEE no cubre los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente de los herbicidas químicos que pueden utilizarse sobre estas plantas modificadas genéticamente y, por consiguiente, no establece los niveles máximos permisibles de residuos herbicidas. Esto se hace normalmente bajo una legislación comunitaria diferente. 
La Directiva del Consejo 96/32 de mayo de 1996 fijó el límite máximo de 20 ppm de residuos de glysofato en las habas de soja. 
Según los análisis preliminares a la elaboración de esta decisión del Consejo, el índice metabólico de glysofato en las plantas tolerantes es el mismo que en aquellas variedades no tolerantes cultivadas en suelo tradicional. 
Cabe deducir de esto que las habas de soja de Monsanto sólo pueden ser importadas si se ajustan a dicho límite. 
Lamento la brevedad de las respuestas, pero como he dicho, proporcionaré encantado la respuesta completa que esperaba poder ofrecer antes a los diputados que presentaron las preguntas. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.15 horas) ANEXO 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Sólo quiero señalar, señor Presidente, que esta vez el Acta es excelente en lo que respecta a mi observación, y que espero que pida usted al Presidente que dé curso a mi solicitud. 
Ha sido consignada correctamente en el Acta, pero pido al Presidente Hänsch que preste su mediación. 
No sé si es una afirmación irónica, pero tomo en serio lo que usted dice. 
Transmitiré al Presidente Hänsch esta observación suya. 
No es irónica. 
Sonrío porque estoy contento, porque esta vez el Acta es correcta, pero no lo hago por ironía, sino de buen talante. 
Me alegro mucho. 
Se lo agradezco. 
Sólo quiero decirle que en el Acta del lunes hay un error, pues en ella se dice que intervengo en nombre del Grupo GUE/NGL. 
Como puede usted apreciar, me encuentro entre los Liberales y quisiera quedarme aquí. 
Así pues, espero que se corrija el error. 
Esto da un tono realista al optimismo expresado hace un momento. 
En cualquier caso, le agradezco esta observación. 
La tendremos en cuenta. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Presidente, como ha observado usted con razón, se ha previsto proseguir la votación si es necesario a las 18.00 de esta tarde. 
Por ello quiero solicitar que esta tarde no se vote después de las 13.30 horas. 
¡Considero que es una cosa prudente y razonable! 
Política energética 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos: 
informe (A4-0326/96) del Sr. W. G. van Velzen, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el Libro Blanco de la Comisión (COM (95) 0682- C4-0018/96) relativo a una política energética para la Unión Europea; -informe (A4-0296/96) del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (96) 0149- C40238/96) relativa a la Asociación Euromediterránea en el sector de la energía; -informe (A4-0235/96) del Sr. Chichester, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0478- C4-0487/95) relativa al suministro e gas y perspectivas en la Comunidad Europea; -pregunta oral B4-1215/96- O-0147/96 de la Sra. Schierhuber y Sr. Jacob, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre las medidas para aprovechar biomasa y combustibles biológicos en tanto que fuentes de energía renovables. 
Señor Presidente, hace un año que examinamos el Libro Verde, y hoy debatimos el Libro Blanco de la Comisión sobre la política energética de la Unión Europea. 
Para empezar quisiera dar las gracias a la Comisión por la rapidez con que ha elaborado este Libro Blanco. 
Pero, sobre todo, le agradezco que haya aceptado el 90 % de la resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde. 
Por ello, quiero dar las gracias al Comisario Papoutsis y a sus colaboradores. 
Ello hace que el diálogo entre la Comisión y el Parlamento Europeo sea útil. 
Por tanto, es lógico que el Parlamento Europeo apoye en líneas generales el Libro Blanco. 
En el Libro Blanco se han introducido algunas mejoras en comparación con el Libro Verde. Por ejemplo, se ha encontrado un equilibrio mucho mejor entre los tres objetivos: medio ambiente, competitividad y garantía de abastecimiento. 
En el Libro Blanco se ha dedicado más atención a la cuestión del consumo de energía sostenible. 
Asimismo celebro constatar que además de estos tres objetivos se ha incluido la cohesión económica y social como objetivo político. 
Además, la Comisión ha prestado más atención al papel que desempeñan los Estados miembros en la política energética y al papel de las empresas y organizaciones privadas, etc. Gracias a ello, la subsidiariedad está mejor definida y se evita el temor de que la política energética europea sea centralizada. 
Después de estas palabras de elogio es preciso hacer algunas observaciones sobre el Libro Blanco de la Comisión y concretamente cabe destacar tres aspectos del programa de trabajo indicativo propuesto por la Comisión. 
En primer lugar, en el Libro Blanco se afirma que es preciso aumentar la participación de las fuentes de energía sostenibles en la producción total de energía y en el consumo de energía dentro de la Unión Europea. 
Sin embargo, si considero los resultados concretos del programa de trabajo, veo que esto se omite en gran medida. 
Ello me decepciona porque en muchos Estados miembros existe la voluntad política de emprender una acción positiva en este ámbito, precisamente ahora. 
Así, pido que en la presente resolución se preste atención a la mejora de la integración de la energía sostenible en la política energética general de la Unión Europea, y una ambición mucho mayor de la Comisión en este ámbito, así como acciones más concretas. 
Yo diría que con el informe Mombaur, la Comisión dispone ya de suficientes sugerencias concretas. 
Por ello, en la presente resolución recalcamos los siguientes puntos: en primer lugar, el desarrollo de posibilidades de subvención para las fuentes de energía cada vez más escasas; en segundo lugar, una mejora de la eficiencia del consumo de energía entre otras cosas, haciendo más estricta la normativa, acuerdos sobre el etiquetado; en tercer lugar, más atención a la producción combinada de calor y electricidad. 
Pido a la Comisión que presente una comunicación sobre esta cuestión, y espero con gran expectación el momento en que lo haga. 
Asimismo, el desarrollo de fuentes más rentables y sostenibles, como la energía solar, la energía fotovoltaica, la biomasa y otras cosas por el estilo. 
Por último, la inclusión de un programa energético y ambiental en el quinto programa marco. 
Además, señor Presidente, mencionamos la mejora del acceso a la red eléctrica para la energía sostenible, por ejemplo, por medio de la utilización obligatoria de la energía sostenible, que en Inglaterra se denomina non fossil fuel obligation o una garantía de devolución de la energía sostenible producida a pequeña escala. 
Asimismo es necesario que la Comisión desarrolle con los Estados miembros un programa financiero para estimular la energía sostenible, como por ejemplo la investigación sobre el IVA verde, la amortización fiscal de las inversiones en energía sostenible. 
Un segundo aspecto, para el que la resolución del Parlamento Europeo exige más atención y para el que la Comisión ha de asumir claramente la iniciativa, es el contexto internacional. 
Se trata de un ámbito en que la Comisión ha de perfilarse claramente, porque aquí dispone del valor añadido necesario en este ámbito. 
Debido a la creciente dependencia de la Unión Europea con respecto a la importación de energía, es preciso firmar convenios energéticos con más países, aparte de Rusia. 
Un tercer ámbito en el que al Comisión ha de desarrollar más actividades es cómo abordar las centrales nucleares inseguras de los PECO. 
Llevamos ya más de diez años hablando y se sigue sin actuar. 
Por ello, la Comisión ha de coordinar, reunir a los socios, equiparar los esfuerzos financieros, fomentar la cooperación regional. 
La Comisión puede demostrar de nuevo su valor añadido, precisamente en este ámbito. 
En la resolución se hacen propuestas concretas en este ámbito. Quisiera mencionar algunas. 
La organización de conferencias regionales sobre energía en la Europa Central y Oriental para considerar cómo se puede apoyar y mejorar la política energética en dichos países. El desarrollo de un amplio paquete de medidas de eficiencia energética para estos países, así como campañas de información sobre el ahorro de energía, el fomento del uso de centrales combinadas de calor y electricidad a base de gas, una rápida introducción de fuentes de energía renovables y la coordinación de los esfuerzos financieros en este ámbito con las organizaciones internacionales, y por supuesto con los medios PHARE y TACIS, a fin de lograr una política energética práctica y eficiente con los socios capitalistas privados y los empresarios de los PECO. 
Agradecería que la Comisión dieran una respuesta a los puntos concretos de nuestra resolución. 
El Parlamento Europeo está de acuerdo con un programa de trabajo indicativo de la Comisión a condición de que lo complemente con puntos de la resolución del Parlamento Europeo. 
Espero la respuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, existe una opinión muy extendida de que, con la llegada del nuevo siglo, a las actuales preocupaciones de nuestros ciudadanos de la Unión Europea se sumarán las relativas a la energía y al agua. 
Nuestro siglo llevará ya consigo preguntas a las que la Unión Europea tiene la obligación de dar respuestas satisfactorias. 
Sabemos que el Sr. van Velzen ha elaborado un excelente y pormenorizado informe sobre el tema, que, sin embargo, ha puesto en evidencia cierta carencia de proyectos por parte de la Comisión, especialmente en relación con el uso sostenible de la energía, con la cogeneración de electricidad y calor, con las particularidades y peculiaridades del mercado del gas, con la adecuada impronta institucional y financiera y con la cooperación internacional. 
He aquí que el informe que tengo el honor de presentar se refiere precisamente a la cooperación internacional. 
Las líneas generales adoptadas por el Consejo Europeo en Lisboa, Corfú, Essen y Cannes demuestran la intención de la Unión Europea de elaborar un programa a largo plazo sobre sus relaciones con los países de la cuenca del Mediterráneo. 
La apertura al Este debe completarse con una ambiciosa política de cooperación con el Sur, a partir de las conclusiones de la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995. 
La Unión Europea y sus socios mediterráneos afrontan los mismos desafíos y eso requiere indudablemente una respuesta coordinada, posiblemente mediante la creación de un programa multilateral que comprenda Europa y los países mediterráneos del Sur y del Este, mediante un foro mediterráneo. 
Ciertamente, uno de los principales instrumentos para comunicar y tener éxito en este sentido está representado por las energías renovables. 
Respecto de las energías renovables, nuestro objetivo debe ser celebrar acuerdos con los países mediterráneos, que están igualmente interesados en el desarrollo tecnológico de las energías renovables, sobre todo por sus características peculiares de tipo geográfico, de tipo político y de tipo estratégico. 
Además, es necesario que nosotros logremos construir nuestro futuro en este sector tanto desarrollando también esos instrumentos que hoy ya están a nuestra disposición en la Unión Europea como, asimismo, mediante- esto es lo que decía también el Sr. van Velzen- una Carta de la Energía más abierta y más integradora. 
Uno de los instrumentos más importantes para alcanzar los objetivos de la Unión Europea es, ciertamente, la creación de una red transeuropea de la energía, y para eso es necesario alentar la elaboración y la adopción de acuerdos con el fin de desarrollar las redes y de conectarlas con los países de la cuenca del Mediterráneo. 
La Unión Europea, consciente de la importancia del intercambio en el sector energético, ya ha esbozado propuestas para suministrar electricidad a los distintos países de la cuenca del Mediterráneo, entre los que figuran Marruecos, Argelia y Túnez. 
Lo mismo ocurre con el gas. 
El aspecto común de las acciones internacionales es su orientación hacia el desarrollo de los mercados y de las infraestructuras para hacer frente al futuro aumento de la importación de gas en los mercados energéticos de los países desarrollados y, sobre todo, de los países en vías de desarrollo. 
A este respecto, quiero recordar la importancia de la construcción de la conducción de gas Magreb-Europa y la del gasoducto Argelia-Túnez-Italia. 
Esas conexiones llevarán sin duda alguna a la plena integración de los sistemas de gas europeos y norteafricanos, sobre todo a la apertura de un nuevo eje comercial Norte-Sur, con enormes posibilidades para la cooperación futura. 
Eso me remite, rápidamente, a las conclusiones de la Conferencia de El Cairo, a raíz de la cual el cálculo somero de los proyectos disponibles nos muestra cifras impresionantes. 
Se trata de proyectos de alrededor de 20.000 millones de dólares en el sector del gas y de 1.800 millones de dólares en el sector de la electricidad. 
Naturalmente, todo eso quiere decir que no debemos ni, por una parte, dar prioridad a lo tradicional ni, por otra, impulsar sólo lo que no es tradicional. 
Para garantizar la difusión de las tecnologías relativas a la energía, en particular la renovable y no contaminante, es necesario que exista un mecanismo de transmisión de la información tecnológica mediante una estrecha cooperación entre técnicos y científicos de los países interesados. 
A este respecto, en mi informe hemos puesto de relieve, al final, la importancia de la creación de una agencia euromediterránea que haga de catalizador de los esfuerzos de información y que sirva de apoyo a las instituciones y las empresas, preferentemente locales. 
Junto con ésta, debería tener un papel importante un centro de formación que pueda formar personal especializado y, sobre todo, llevar a cabo proyectos piloto. 
Por último, señor Presidente, esa cooperación entre la Unión Europea y los países del este y del sur del Mediterráneo debe incluir una transferencia de tecnologías y un sistema de inversiones capaces de fomentar proyectos de integración regional, de desarrollo social y de protección del medio ambiente. 
Todo eso, manteniendo los objetivos de base de cooperación con el fin de consolidar un constante clima de diálogo en la cuenca del Mediterráneo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es una gran satisfacción para mí que nuestra pregunta oral sobre las fuentes de energía renovables, es decir sobre los combustibles biológicas, haya quedado incluida hoy en el marco del debate sobre el Libro Blanco relativo a una política energética para la Unión Europea. 
Permítanme que subraye la urgencia de esta cuestión- del aprovechamiento de la biomasa y los combustibles biológicos en tanto que fuentes de energía renovables- con una afirmación categórica. 
¡Sin energía, nada puede funcionar! 
En una sociedad en rápida transformación, con nuevas tareas y posibilidades, seguirá aumentando en el futuro la demanda de energía. 
En estos momentos, se plantea una contradicción a menudo flagrante entre la producción de energía y la protección del medio ambiente. 
Esta situación no puede y no debe continuar. 
La política energética y también la energía misma, deben ser favorables a la vida y, por lo tanto, sostenibles. 
Esta debe seguir siendo nuestra consigna en el futuro por lo que respecta al consumo energético. 
Desde que comenzaron a utilizarse los combustibles fósiles no sólo se ha incrementado el ritmo y el volumen de producción, sino que también han aumentado las cargas que soporta el medio ambiente. 
Esto no puede sernos indiferente. 
Aunque todavía dispongamos de combustibles fósiles para varios siglos, dada una estimación favorable de sus existencias y considerando los presentes niveles de consumo, sin embargo puede que no logremos sobrevivir tantos siglos. 
En efecto, las mayores fuentes de preocupación son el continuo incremento de la demanda de energía, por un lado, y el aumento de las emisiones de CO2, por el otro. 
Por este motivo, el Consejo de ministros de Energía y de Medio Ambiente reunidos conjuntamente adoptó ya en 1990 la decisión de estabilizar las emisiones de CO2 al nivel de 1990 para el año 2000. 
Para alcanzar esta meta es preciso mejorar ante todo la eficiencia energética. 
En otras palabras, debe ahorrarse energía y deben promoverse fuentes de energía cuya utilización genere menos CO2. 
Para responder a este deseo y a esta exigencia existe una propuesta concreta y ésta es el aprovechamiento de la biomasa y de los combustibles biológicos. 
Lamentablemente, el Libro Blanco de la Comisión relativo a una política energética de diciembre de 1995 sólo dedicaba una página y media a este sector energético. 
Yo quiero agradecer, por lo tanto, sinceramente al Sr. Wim van Velsen que haya concedido un espacio tan amplio a la bioenergía en su exposición. 
En la audiencia sobre el tema de la «biomasa» celebrada el 6 de mayo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural fue posible hacer comprender la urgencia, pero también la novedad, de esta posible fuente de obtención de energía. 
Desde la perspectiva de la sostenibilidad- sobre todo en el ámbito de la agricultura -, se requiere urgentemente una política energética sostenible. 
Una declaración de que existe la voluntad política de actuar en este sentido constituirá también un paso adecuado desde el punto de vista de las necesidades de la agricultura, que se encuentra en una fase de transformación radical. 
Es preciso abrir nuevos ámbitos de actividad significativos, generadores de identidad, para la agricultura y con ella también para el medio rural y para los agricultores y las agricultoras en tanto que puntales del mismo. 
El sector agrícola contempla la producción y venta de fuentes de energía renovables como una vía prometedora para dar salida a sus productos. 
Mientras que hasta hace unos decenios, hasta una tercera parte de la superficie cultivable se dedicaba al cultivo de forraje y, por lo tanto, de energía para nuestros animales de tiro, lo cual evitaba entre otras cosas la producción de excedentes, actualmente se dejan estas superficies en barbecho o se dedican al cultivo de cereales. 
Estas superficies retiradas podrían dedicarse al cultivo de fuentes de energía renovables y si un 10 % del abastecimiento de energía eléctrica procediera de la biomasa, esta fuente continuada y duradera de ingresos permitiría reducir también la necesidad de subvenciones para el sector agrícola. 
Las citadas innovaciones en el ámbito de la política energética ofrecen indiscutiblemente las siguientes ventajas: una influencia positiva sobre los ingresos, lo cual también significa creación de nuevos puestos de trabajo en el medio rural, independencia energética respecto a terceros Estados, creciente afianzamiento de la estabilidad energética, mejor calidad del aire y, por consiguiente, mejor calidad de vida para todas las personas. 
La Comisión estableció los programas ALTENER I y II con el propósito de emitir unas señales claras. 
Sin embargo, visto en retrospectiva, es preciso preguntarse con una visión crítica si estas señales se entendieron. 
Esta vez es preciso que no se quede todo en meras declaraciones de intenciones y que éstas vayan seguidas de acciones concretas. 
Por esto, nuestras preguntas piden en cierto modo una definición de la situación actual. 
¿Qué se ha conseguido ya y en qué estadio se encuentra actualmente el proceso, pero sobre todo también cuál es la posición de la Comisión con vistas al futuro? 
Una vez más, yo quisiera subrayar la enorme importancia de la bioenergía como oportunidad de futuro para la agricultura. 
Decisiones tan importantes para el futuro también requieren, obviamente, que se establezcan las condiciones básicas adecuadas, como por ejemplo un incremento de los presupuestos de investigación e impuestos ecológicos unificados para toda Europa. 
Yo agradezco mucho el vehemente interés con que ha hecho suyo este tema la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Lo que necesitamos es más energía para impulsar una política energética sostenible. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la Comisión por el informe de progreso que ha presentado. 
Sólo quisiera hacer tres breves observaciones en relación con el Libro Blanco. El planteamiento para la definición de una política energética común de la UE que se esboza en el Libro Blanco responde en líneas generales, a mi entender, a las futuras exigencias en materia de política energética. 
Sin embargo, la Comisión no concreta suficientemente su propuesta en algunos ámbitos importantes. 
Por ejemplo, para garantizar el suministro no basta con proponer de un modo general una combinación de fuentes de energía que incluya las energías regenerativas. 
En mi opinión, es preciso definir, más bien, una combinación de instrumentos y designar algunos instrumentos concretos que permitan fomentar el ahorro; por ejemplo, instrumentos de política fiscal en el ámbito de la construcción de viviendas o del transporte. 
Estoy de acuerdo en que es importante asegurar el abastecimiento de Europa mediante la adquisición de fuentes de energía primaria a terceros países- en particular, mediante la consolidación de las relaciones contractuales con los países productores de petróleo de Oriente Medio -, pero también en este aspecto yo quisiera añadir, desde una perspectiva crítica, que el Libro Blanco plantea la seguridad de abastecimiento de Europa dentro de un marco demasiado unilateral de creciente dependencia de las importaciones. 
Un esfuerzo comunitario en favor de las energías renovables, un aprovechamiento más eficiente de la energía y la concesión de ayudas para la introducción de las correspondientes tecnologías en el mercado, entre otras cosas, nos permitirían mantener nuestra dependencia energética dentro de unos límites más estrictos por el lado de la demanda. 
Asimismo, yo considero sumamente importante en este contexto que situemos en un primer plano no sólo la protección del medio ambiente y la seguridad de abastecimiento, sino también los intereses en el ámbito de la política exterior combinados con los aspectos relativos a la política de empleo. 
Las tecnologías destinadas a mejorar el aprovechamiento energético y a favorecer la utilización de energías renovables podrían ofrecer una interesante oportunidad de exportación para Europa, que permitiría crear nuevos puestos de trabajo de alta calidad en la industria y la manufactura, en una época en la cual, bien lo sabe Dios, existe una carencia de propuestas innovadoras para la creación de nuevos empleos. 
Con este objetivo deberían agotarse plenamente, en colaboración con los Estados miembros, todos los instrumentos de política comercial y de desarrollo. 
De lo contrario, corremos el riesgo de perder la carrera competitiva ya iniciada contra Japón y Estados Unidos en este ámbito y, con ella, también las nuevas oportunidades de empleo. 
Señor Presidente, el informe van Velzen sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea relativo a una política energética para la Unión Europea es oportuno y coherente. 
Por todo ello hay que felicitar sinceramente al Sr. Van Velzen. 
Es oportuno y coherente cuando se apoya la producción combinada de calor y electricidad en cogeneración o cuando se propugna que se desarrolle una política energética exterior de la Unión Europea orientada a los países del Mediterráneo o de la Europa Central y Oriental; cuando se pide que se elabore un programa financiero para el fomento de la energía sostenible- como también se ha defendido desde la Comisión de Agricultura -; cuando se aconseja disminuir las emisiones de sustancias contaminantes como el caso más sangrante del CO2. 
Incluso, cuando se pide a la Comisión que se presente un programa de I+D coherente basado en programas como SYNERGY, THERMIE o SAVE. 
Pero, sobre todo, cuando se solicita que la Comisión coordine las intervenciones financieras de los Fondos estructurales con las prioridades de política energética, porque éste, precisamente, ha sido nuestro caballo de batalla en la Comisión de Política Regional. 
Efectivamente, el informe ha sido enriquecido con aportaciones como las siguientes, repito, relacionadas con la política regional: se debe tender al desarrollo de una verdadera política energética comunitaria que debe inscribirse en una reflexión global en torno a la ordenación del territorio europeo que garantice la coherencia y la complementariedad de las políticas sectoriales, reforzando la cohesión económica y social. 
El objetivo fundamental debe ser promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad Europea, los Fondos estructurales deben constituir la mayor fuente de financiación comunitaria de proyectos en el ámbito de la energía y la Comisión debe hacer un esfuerzo de coordinación entre las intervenciones estructurales y las prioridades de política energética. 
Se han de considerar las competencias de los poderes regionales y locales para hacer de ellos unos interlocutores imprescindibles para desarrollar una política comunitaria eficaz, aspecto éste de gran trascendencia. 
Y, finalmente, señor Presidente, hay que ir a la cooperación con los poderes regionales y locales con el objetivo de que la política energética sea garantía de eficacia, descentralización y, por supuesto, respeto al principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, he de decir que estoy un poco sorprendido por el procedimiento que está siguiendo el Parlamento. 
En esta intervención tengo que contestar a la pregunta oral del Sr. Schierhuber y el Sr. Jacob, y después tengo que contestar al conjunto de las preguntas formuladas durante el debate, incluidos los informes del Sr. van Velzen, el Sr. Scapagnini y el Sr. Chichester. 
Después de reflexionar sobre todo esto me parece que si el Acta literal del Parlamento fuera una Biblia, el Libro de las Lamentaciones vendría antes que el Génesis, y estaríamos leyendo el Exodo después de la Epístola a los Corintios. 
En fin, lo importante es que los diputados de este Parlamento puedan seguir el desarrollo del procedimiento, pues son ellos los que son importantes en esta sala y es de esperar que no haya que preguntar nunca al público en general si entiende lo que está pasando. 
Quisiera contestar al Sr.Schierhuber y al Sr. Jacob diciéndoles que si el Libro Blanco relativo a una política energética europea no menciona explícitamente a la biomasa y al biocombustible, eso se debe a que esas formas de energía están ya abarcadas por el concepto de los recursos energéticos renovables. 
Más aún, representan una proporción considerable de dichos recursos energéticos. 
En respuesta a las preguntas diré que desde 1993, año en que comenzó el programa ALTENER, se han financiado 274 proyectos piloto, de los cuales 60 se relacionan exclusivamente con la biomasa y aproximadamente un centenar tratan de varios recursos energéticos renovables, incluida la biomasa. 
Como el plan de operaciones del programa ALTENER está estrechamente vinculado con planes correspondientes a otros recursos energéticos renovables, es difícil indicar precisamente los fondos asignados concretamente a la biomasa. 
Ahora bien, cabe estimar que por lo menos la mitad de los 38m de ecus puestos a disposición del programa ALTENER entre 1993 y el año en curso estaban asignados a la biomasa. 
En cuanto a la pregunta referente a los resultados conseguidos por el programa ALTENER I, cuando se aprobó ese programa el Consejo no fijó objetivos precisos para el programa y lo que hizo fue fijar objetivos normativos para el conjunto de la Comunidad para el año 2005. 
Los progresos conseguidos en años recientes, junto con la ampliación de la Comunidad, han aumentado del 4 al 6 % la proporción de recursos energéticos renovables en el consumo energético total. 
Si conseguimos desarrollar esfuerzos adicionales es posible que consigamos alcanzar el objetivo del 8 % y que tripliquemos la producción de electricidad a base de recursos energéticos renovables para el año 2005. 
Ahora bien, el objetivo consistente en obtener una proporción del 5 % de biocombustibles en el consumo total de los vehículos de motor parece ser dificilísimo de alcanzar, especialmente si se tiene en cuenta la continua incertidumbre que rodea al trato fiscal de los biocombustibles y la disponibilidad de materias primas a un precio aceptable. 
Por consiguiente, el programa ALTENER II debe seguir basándose en las medidas previstas para el programa inicial. 
En cuanto a la cuestión de la coordinación entre las diferentes Direcciones Generales que se ocupan de la biomasa, según pide el Parlamento Europeo en el informe Monbaur que ya se ha mencionado en el debate y según se prevé en el Libro Blanco relativo a una política energética, la Comisión está preparando ahora un documento acerca de una estrategia de la Unión Europea en materia de recursos energéticos renovables, con objeto de establecer un marco consecuente y transparente para los diversos planes que promueven los recursos energéticos renovables. 
Por lo tanto la Comisión no descarta la posibilidad de que se establezca una infraestructura de coordinación dentro del marco de sus departamentos, para poner en práctica el plan de acción que acompaña a la estrategia. 
En cuanto a la idea de la Comisión de utilizar la biomasa como medio de reducir las emisiones de dióxido de carbono, he de decir al Parlamento que, como la biomasa y la energía proveniente de desechos representan en la actualidad casi el 60 % de la producción de recursos renovables, la biomasa desempeñará una función fundamental en el incremento de la contribución de los recursos energéticos renovables a nuestros suministros energéticos y en los esfuerzos desplegados para luchar contra el efecto de invernadero que esencialmente es imputable a las emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles. 
La Comisión ha promovido la investigación y ha prestado apoyo para la producción de biocombustibles, en particular biodiesel. 
También ha propuesto un marco fiscal en virtud de la denominada directiva Scrivener que el Consejo tiene aún ante sí. 
Por último, sin que esto quiera decir que se trata de una cuestión menos importante, diré que el desarrollo de la biomasa en general y de los biocombustibles en particular tendrá repercusiones favorables para los problemas estructurales de la agricultura. 
Ahora bien, he de subrayar que, naturalmente, esto habrá de lograrse de conformidad con las normas de la política agrícola común y de la Organización Mundial del Comercio. 
La última pregunta se refiere al futuro de este sector. 
Como sabe el Parlamento, la Comisión inició recientemente un análisis a fondo del desarrollo de recursos energéticos renovables en la Unión Europea. 
El primer documento de estrategia se presentará a este Parlamento muy pronto, seguido por un programa que propondrá las prioridades para la acción en materia de recursos energéticos renovables, incluida la biomasa. 
Por consiguiente, muy pronto tendremos la oportunidad de proseguir el debate de hoy. 
Gracias, señor Comisario. 
Quisiera recordarle que puede intervenir de nuevo cuando concluyan las intervenciones de los distintos representantes de los partidos. 
Señor Presidente, es lamentable que tengamos que discutir acerca de este Libro Blanco en un marco jurídico inapropiado. 
Deploro que los Estados miembros no sean capaces de ocuparse seriamente de la cuestión de la energía en la Conferencia Intergubernamental. 
Se nos ha dejado con una pieza anacrónica de legislación, el Tratado de la Euratom, como principal base jurídica para las cuestiones relativas a la energía. 
Pido a los Estados miembros que se ocupen resueltamente del marco en que estamos considerando esta cuestión. 
Quisiera referirme a dos o tres asuntos, en primer lugar a la eficiencia energética. 
Quisiera poner de relieve lo escandaloso del menosprecio absoluto con que las autoridades que se ocupan de la construcción de los edificios de la Unión Europea tratan a la eficiencia energética. 
Estamos construyendo nuevos edificios en los que podríamos haber impuesto las normas más rigurosas de eficiencia energética, y sin embargo no lo hemos hecho. 
Es un escándalo. 
No menos escandalosa es la actitud del Consejo de Ministros respecto del programa SAVE II en sus propuestas presupuestarias. No podemos comenzar seriamente un programa sobre eficiencia energética con el presupuesto que tan desdeñosamente califican de suficiente. 
Deploro también su actitud ante la Directiva de planificación racional, que es un instrumento legislativo que nos permitiría ocuparnos seriamente de la cuestión de la eficiencia energética en el sector de distribución. 
Hasta ahora hemos prestado demasiado poca atención al sector del transporte y a las posibilidades de cogeneración. 
En lo que se refiere a la energía procedente de fuentes energéticas renovables, todos los programas de proyecciones iniciados hasta ahora, incluido el del Reino Unido, han coincidido en la tremenda importancia de este sector, que incluye la energia eólica, la energía fotovoltaica y, naturalmente, la biomasa. 
Me referiré a continuación a las posibilidades del quinto programa marco de investigación y desarrollo en el sector energético. 
Es preciso que esté mejor equilibrado. 
Necesitamos contar con un programa de fuentes de energía renovables que sea ilustrativo, para contrarrestar el programa nuclear ilustrativo que tenemos. 
Tenemos que ocuparnos de cuestiones como las pérdidas de transmisión, las posibilidades del sector de transporte y las posibles fuentes de energía a las que tendremos que recurrir cuando las demás fuentes queden agotadas. 
Me parece que tenemos que volver a examinar el Programa de Fusión. 
Las ideas, aparentemente excelentes, con que comenzamos el programa actual han resultado equivocadas. 
En un período de liberalización una de las esferas que sale perdiendo es la de la investigación y el desarrollo. 
Así ha quedado demostrado en el Reino Unido con el virtual colapso de la investigación en el sector del gas. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo la honra de representar en este momento a la Sra. Estevan Bolea, que ha sido la encargada en nuestro Grupo de seguir estos informes, y en particular el del Sr. Scapagnini. 
Quiero empezar por sumarme a la muy justificada queja que acabamos de oír de labios de la Sra. McNally respecto a la ausencia de la debida sensibilidad en el Consejo ante las repetidas iniciativas de este Parlamento, y también de la Comisión, de tratar la política energética del modo adecuado en el marco de los Tratados europeos. 
Creo que debo hacer, y lo hago con mucho gusto, un elogio al informe del Sr. Scapagnini, presidente de nuestra comisión, respecto a la Asociación Euromediterránea en el sector de la energía, tal como ésta fue propuesta por la Comisión Europea. 
Es un magnífico informe que nosotros vamos a votar favorablemente, como lo haremos también con las diez enmiendas presentadas por 4 diferentes grupos políticos, que espero sean aceptadas por el señor ponente. 
Me complace subrayar el interés que el informe muestra en un capítulo en el que me siento particularmente implicado. 
El capítulo de las fuentes de energías renovables- en el considerando c) , y en los apartados 5 y 12 en particular- realiza una sucinta pero clara, y yo diría que valiente, descripción de la importancia que esas fuentes tienen sobre todo para las regiones aisladas. 
Si pensamos, por ejemplo, en el gran número de islas mediterráneas, nos daremos cuenta de lo que significa poder dotarlas de fuentes energéticas propias no contaminantes, proveedoras de nuevos empleos y absolutamente autóctonas y, por supuesto, limpias. 
Eso, naturalmente, no significa negar la importancia de las fuentes tradicionales de energía- menos podría negarlo yo en estos momentos cuando empieza a llegar a España y, desde España, a Portugal y al resto de Europa el gas argelino a través de una obra tan importante como el gasoducto que une, a través de Marruecos, Argelia con nuestro continente y nuestra Unión -, pero naturalmente el énfasis que ha puesto este informe en esas fuentes energéticas renovables y permanentes, en el ahorro energético, motiva mi mayor aplauso. 
Antes, poco antes de la Conferencia de Barcelona, se celebró una conferencia especial en Atenas relacionada con la transferencia tecnológica en materia de energías renovables desde Europa a los países del centro y el sur del Mediterráneo. 
Creo que sus conclusiones merecerían ciertamente ser tenidas en cuenta, aunque tuvieran escaso reflejo- y debo lamentarlo -, y creo que no hubo suficiente sensibilidad sobre ello en aquel momento por parte de la Presidencia española en las conclusiones de la Conferencia Mediterránea de Barcelona del siguiente mes de noviembre. 
Señor Presidente, la Comunidad Europea ha propuesto recursos importantes, los del Plan MEDA. 
Aprovechémoslos de la manera más racional para que exista de verdad una comunidad euromediterránea en materia energética. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, quiero felicitar a los tres ponentes. 
Han elaborado unos documentos sólidos. 
En el programa electoral de los Liberales europeos se dice: » Un medio ambiente sostenible no conoce fronteras, y sólo puede lograrse a través de un enfoque realmente internacional del problema.» 
Anteriormente, esta semana, ya señalé que esto está indisolublemente vinculado a la problemática de la energía. 
En el Libro Blanco sobre la energía se mencionan, entre otros objetivos, un aumento de la eficiencia de la energía y el uso de fuentes de energía renovables. 
Quiero referirme concretamente a estas últimas, y parece un perpetuum mobile, pues ya lo han hecho otros colegas. 
El Libro Blanco contiene un excelente análisis del futuro, pero no define medidas concretas para realizar los objetivos. 
Tampoco el informe del Sr. Van Velzen irradia la voluntad política necesaria para crear las condiciones favorables para las fuentes de energía renovables y lograr así una política energética y ambiental integrada. 
Y aunque me complace mucho que esta mañana el ponente haya pedido más dinero para la investigación de las fuentes de energía renovables, tanto el Libro Blanco como el informe estimulan el uso de la energía nuclear como una opción necesaria, pues la energía nuclear no produce emisiones de sustancias dañinas, ni provoca emisiones de CO2. 
Pero, Señorías, lo que sí hay es un problema de residuos que puede seguir existiendo durante los próximos miles de años, y dada la escasa aceptación social de la energía nuclear en muchos países, es necesario disponer de alternativas. 
Es posible que la fusión nuclear constituya a la larga una fuente de energía inagotable, pero su desarrollo todavía no es seguro- la Sra. McNally ya lo ha señalado esta mañana- y tardará aún demasiado tiempo. 
Por ello es preciso optar por una fuente de energía inagotable, no vinculada a la Tierra. 
Y esta, Señorías, es el sol con sus diferentes formas de energía renovable. 
Este es asimismo el marco del desarrollo sostenible en que mi Grupo quiere emplazar la problemática de la energía. 
En este marco deberían ustedes considerar mi enmienda nº 1 al informe Chichester, de que, como alternativa, la Comisión debe invertir en las fuentes de energía renovables y no en carbón; asimismo apoyaremos las enmiendas de los Verdes, pues hablan de las fuentes de energía inagotables en lugar de fuentes sostenibles. 
La política energética de la Unión para los PECO se centra casi exclusivamente en la seguridad de las centrales nucleares existentes en dichos países. 
Con ello se olvida que estos países a menudo disponen de muchos combustibles fósiles relativamente limpios, como el gas. 
La Unión ha de invertir ante todo en un consumo limpio y eficiente de los combustibles fósiles presentes en cantidad suficiente en Europa Oriental. 
A fin de cuentas, nuestro ecu ambiental tiene más valor en Europa Oriental que en la Unión. 
La Unión no sólo ha de fomentar la exportación de tecnologías nucleares, sino también de tecnologías energéticamente eficientes, como la generación combinada de calor y electricidad. 
Lamento que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía no haya aceptado la enmienda que he presentado al respecto. 
Señor Presidente, nuestro Grupo se muestra favorable, con matizaciones, a los informes que se han presentado y, en general, a que exista una política europea, en el ámbito de la energía, que racionalice su uso como bien escaso y esencial; apoya las partes básicas de estos informes, así como la pregunta formulada por la Sra. Schierhuber y el Sr. Jacob. 
En primer lugar, pensamos que el que se haga una reordenación liberalizadora del sector de la energía va a suponer un aumento del consumo si se consigue bajar los precios. 
Ello va a suponer que, con el aumento del consumo, también aumenten las emisiones a la atmósfera y, por lo tanto, aumente el efecto invernadero y la preocupación medioambiental, algo que va en contra del compromiso formal que hemos hecho de adoptar un modelo de desarrollo sostenible respetuoso con la naturaleza. 
En segundo lugar- y en relación con este modelo -, pensamos que es imprescindible que haya una reflexión y un cambio de orientación, porque no se puede continuar hablando del respeto de la naturaleza fomentando el consumo y la depredación de la propia naturaleza. 
En tercer lugar, pensamos que es importante que se racionalice el sector de la energía, pero hay que tener en cuenta que la liberalización va a llevar, si se lleva hasta las últimas consecuencias el funcionamiento del mercado mediante la oferta y la demanda, a que sectores de población se puedan ver desabastecidos porque en una zona concreta no sea lucrativo poner en marcha la oferta de energía y, por lo tanto, ello implicaría la necesidad de una intervención pública, como tal servicio público, para el bienestar de la población. 
Por último, hay una cuestión que es central: hablamos de racionalización y del uso adecuado y eficaz de la energía; sin embargo, estamos fomentando directamente el aumento del consumo de energía, ya sea gastándola en transporte- individual o colectivo- ya sea acelerando la fabricación de mercancías que, al ser efímeras, producen un continuo aumento de su consumo. 
Por lo tanto, habría que cambiar las pautas de conducta de la población, tanto individual como colectiva, para favorecer una política de conducta global social de austeridad y frugalidad, y por ello habría que pensar que ya está bien de cambiar de coche cada dos o tres años o de renovar cada equis tiempo las mercancías, debiéndose favorecer aquellas robustas y duraderas que sean las que permitan una sociedad diferente. De lo contrario, se produciría una total contradicción con lo que estamos diciendo. 
Claro, ello lleva de la mano los siguientes aspectos: ese aumento continuo de consumo nos obliga a depender del Este de Europa, del Sur de Francia, estamos creando torbellinos de inestabilidad social y económica y queremos poner en marcha programas que lo faciliten. 
Es verdad que el informe Scapagnini es muy bueno, por lo que lo apoyamos sin ninguna duda. 
Pero hay que recordar que es contradictorio el fomento del desarrollo sostenible en el Mediterráneo con la necesidad de consumir continuamente. 
Por ello, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica piensa que es imprescindible que, en la revisión del Tratado de Maastricht, se apueste decididamente por un modelo de desarrollo sostenible, por un capítulo energético que sea responsable para toda Europa, por las energías renovables y para que incluso la agricultura pueda tener una orientación adecuada porque, si continúa así, es imposible estar prometiendo todo a todo el mundo. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. van Velzen por haber destacado en su informe el Libro Blanco relativo a una política energética para la Unión Europea. 
También quisiera declarar, y subrayar con firmeza, las dificultades con que tropezamos en la Unión Europea para contar con una política energética de base jurídica apropiada, pues el Tratado de la Unión Europea no nos ofrece una base jurídica para ello. 
El informe van Velzen recalca la importancia de la sostenibilidad, que no se destaca con la fuerza debida en las propuestas de la Comisión. 
El Parlamento ha hecho constar claramente, de muchas y diversas maneras, la importancia de las energías renovables, y he de decir que estoy de acuerdo con el Comisario Kinnock sobre el carácter de las fuentes de energía renovable. 
Ahora bien, me parece que la terminología preferible es la utilización de conceptos como desarrollo sostenible o sostenibilidad, que en política ecológica requieren que se promuevan o subrayen las fuentes de energía renovable. 
La Comisión no llega a definirlos con claridad en su Libro Blanco. 
El Parlamento ha aprobado enmiendas que consideran a la tecnología nuclear como insostenible, y por eso es necesario que aclaremos lo que entendemos por sostenibilidad y cómo planteamos la cuestión nuclear. 
Si los Estados miembros desean seguir adelante con las tecnologías nucleares, habrá que evaluar a toda la industria para cerciorarnos de que se toman medidas en un programa que coloca el principio de la sostenibilidad en el centro del proceso decisorio. 
Todo nuevo caso de contaminación, como por ejemplo otro accidente del tipo de Chernobil, creará un déficit ambiental y una responsabilidad para las generaciones futuras que harán que la sostenibilidad sea un objetivo imposible de alcanzar. 
La energía nuclear no es sostenible y necesitamos que haya un debate a fondo en este Parlamento y con la Comisión como parte del proceso de evaluación de esa tecnología. 
Por lo que se refiere a la eficiencia energética, es absolutamente deplorable que el Consejo no haya apoyado al Parlamento y a la Comisión con el programa SAVE II, y que el Consejo no haya adoptado medidas que promuevan la eficiencia energética en el sector de la energía. 
Si no se aprueba la totalidad del programa SAVE II, entonces nos veremos sin política energética en la Unión Europea para luchar contra el recalentamiento mundial, y esto tendrá efectos absolutamente negativos para nuestra capacidad de crear una verdadera política energética en la Unión Europea. 
No estamos luchando contra el recalentamiento mundial; no nos estamos ocupando de los efectos del problema del dióxido de carbono; no estamos investigando y promoviendo la suficiencia en materia de energías renovables, y no nos preocupamos demasiado por la cuestión de la tecnología nuclear. 
Por último, si queremos ocuparnos debidamente de todas estas cuestiones, será necesario que contemos con la debida base jurídica para la política energética en la Unión Europea, y un primer paso hacia la armonización de los requisitos comunitarios en esta esfera consiste en velar por que el Tratado de la Euratom quede plenamente integrado en el Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las felicitaciones dirigidas al Sr. W.G. van Velzen por su excelente informe y por la intervención con que ha iniciado este debate. 
Considero que es una buena señal que haya tanto consenso en este Parlamento acerca de los objetivos que nos hemos fijado nosotros mismos y que consisten en mejorar la voluntad de la Unión Europea de promover el desarrollo sostenible y de seguir un método más aceptable para ocuparse de las necesidades energéticas futuras. 
Esa voluntad, en principio, es importantísima aunque debamos olvidar por el momento algunos de los incidentes pasados que ocurrieron cuando intentamos ponerla en práctica: por ejemplo, cuando tratamos de mejorar la eficacia de los refrigeradores y vimos cómo un gran grupo de presión se manifestaba repentinamente un día antes de la votación, y las promesas de apoyo que habíamos recibido se evaporaban instantáneamente. 
Fue una cuestión sumamente deplorable para muchos otros y para mí mismo. 
Por eso espero que, de ahora en adelante, adoptemos la resolución de poner en práctica lo que predicamos, en particular en dos direcciones. 
La voluntad de promover la energía renovable se destaca en varias secciones excelentes del informe: el pasaje sobre energía sostenible en el apartado 2 del informe del Sr. van Velzen, el pasaje sobre investigación y desarrollo (en particular el apartado 32) y también el pasaje sobre política regional (apartados 37 y 39). 
Hay otras muchas secciones excelentes que espero se tengan muy seriamente en cuenta, pero al mismo tiempo es preciso que todo esto vaya acompañado por un ataque contra el compromiso de recurrir de forma excesiva a la generación de energía nucleoeléctrica. 
Esta cuestión no sólo plantea, como ha dicho la Sra. Plooij-van Gorsel, el problema de los desechos nucleares a largo plazo, sino que me parece también que se trata fundamentalmente de un sector subvencionado que carece de justificación. 
¿Cómo podemos comparar las necesidades del cierre de instalaciones nucleares y de la eliminación del programa nuclear con la necesidad de desarrollo sostenible? 
A mí me parece que podemos conseguirlo. 
Podemos conseguirlo si tomamos, por ejemplo, el caso de la Central Nuclear Dounreay, en el norte de Escocia, y hacemos que todos los esfuerzos que los científicos consagran a la industria nuclear se transfieran a las energías renovables. 
Eso se puede hacer en Europa y en otros muchos lugares. 
Recomiendo esta solución a la Comisión, en calidad de programa de conversión que encontrará eco en nuestras opiniones públicas. 
Señor Presidente, el informe del Sr. van Velzen llega después del Libro Blanco y del Libro Verde, y ello para que podamos definir una política energética para la Unión Europea. 
En términos todavía más concretos, después del pistoletazo de salida dado en 1987, vamos a hablar del mercado interior de la electricidad y, en particular, del apartado 2 del artículo 90, de servicios de interés general, de servicios públicos, aunque algunos directores europeos tengan tendencia a sonreír cuando se habla de «servicio público». 
Dicho de otro modo, señor van Velzen, lo esencial de su informe constituye un alegato en favor de las energías renovables, con toda una serie de medidas, simpáticas eso sí, aunque sean un poco ingenuas, como el IVA verde y los impuestos sobre el CO2. 
En definitiva, usted y sus colegas consiguen presentar un informe sobre la energía, la electricidad y la luz y, a la vez, sumir todo el debate en la oscuridad. 
Aquí hay efectivamente una contradicción entre el objetivo global de definir una política energética- y éste es un objetivo en el que todos coincidimos -, y luego la filosofía expresada, sobre todo en el apartado 21 del de la página 12 del informe van Velzen, sobre la privatización del sector energético y sobre la separación de las funciones de producción, tránsito y distribución. 
Existe una contradicción entre política energética y competencia. 
No es posible desear ambas cosas, es decir, la posibilidad de acceso a las redes por parte de terceros y la elección del proveedor, la posibilidad de que una colectividad territorial escoja a su proveedor- cosa que ocurre con Alemania, y en 177 colectividades locales en Francia que están un poco al margen del monopolio de la EDF -, todo esto es contradictorio y acarrea tres graves consecuencias: una pérdida de cohesión social, una pérdida de soberanía y una pérdida de moralidad. 
Antes que nada veamos el primer punto: cuando la distribución de la electricidad es privada, la ley del beneficio hace que se abandonen las zonas rurales en favor de las zonas industriales más rentables. 
En la isla de Guadalupe, la producción de electricidad representa 200 unidades de coste, pero la distribución supone 100 unidades de coste. 
Si se privatiza, ¡no sé cómo va a poder iluminarse la isla de Guadalupe! 
Ahora bien, el Tratado Europeo, en su artículo 130 A habla claramente de «cohesión territorial, económica y social» , lo que es incompatible con la privatización de la distribución. 
Y todavía peor que esto es la pérdida de soberanía. 
Cuando la distribución de electricidad está sometida a la ley de la rentabilidad, los representantes populares ya no definen la política energética. 
La política energética la definen los grupos privados transnacionales, ¡sobre la base del beneficio! 
En este caso sólo tendremos electricidad con centrales de gas. 
No existirá la electricidad eólica, no habrá electricidad mareomotriz y no habrá energías renovables porque son muy caras. 
La electricidad europea será toda a base de gas y la competencia de la distribución suprimirá la competencia de la producción. 
Se sustituirá el monopolio de un servicio público en un sector de soberanía nacional por el oligopolio de un puñado de multinacionales. 
En consecuencia, habrá corrupción en la vida pública porque la libertad de elección del proveedor acarreará guerras comerciales para conquistar los mercados. 
Esta conquista se efectuará a base de corrupción de las autoridades locales. 
Se creará en Francia una compañía general de electricidad que comprará a los que toman las decisiones a nivel local, como en el sector relacionado con el agua se compró a todos los cargos electos socialistas, del RPR y de la UDF, que actualmente están en prisión. 
Si los Verdes alemanes y si el SPD alemán están a favor de esta situación, se debe a que los regímenes privados alemanes se lo piden, ¡pero a qué precio! 
¡Yo les pido que nos digan lo que han recibido para apoyar esta postura! 
Si deseamos la soberanía, si deseamos la cohesión social, si deseamos la moralidad, no hay que privatizar al «hada-electricidad» porque las hadas no se ponen a la venta en el mercado. 
Señor Presidente, volvamos a la realidad del debate. 
Estamos ante un buen trabajo, y empiezo por el informe del Sr. Van Velzen. 
Un buen trabajo que se incardina en el estilo consensuado de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía con la colaboración de todas las aportaciones posibles y que se traduce en documentos voluminosos pero positivos e interesantes, a mi entender. 
Sin rebajar un ápice la crítica, yo creo que objetiva y seria que la Sra. McNally hace a la posición del Consejo, quiero inmediatamente reseñar que los socialistas estamos a favor netamente de este documento que aporta el Sr. Van Velzen como ponente y que está respaldado por la colaboración de todos. 
Es evidente que, en relación con la práctica del Consejo, el informe del Sr. Van Velzen podría parecer el resultado de una reunión de alternativos porque ofrece un menú que, en estos momentos, es escaso en la Unión Europea: apoyo claro a las energías renovables; constatación de un déficit claro en la actuación de la Unión Europea; apoyo decidido al desarrollo sostenible- en contradicción, en gran medida, con lo que ocurre cada día -; ahorro energético como demanda fundamental frente a un despilfarro relativamente generalizado, porque tenemos un enemigo, y es que la energía es barata; control del CO2- tema difícil de solventar a la hora de llevarlo a la práctica -, y aspectos de la política regional e incorporación de autoridades locales. 
Quiero reseñar la anécdota de que en el primer intercambio de comentarios y de ideas que tuvimos en la comisión, cuando le comentábamos al Sr. Van Velzen la necesidad de introducir el factor de cohesión exigido por el Tratado, su respuesta fue: » Estoy de acuerdo; pero vamos a ver cómo lo incardinamos». 
El resultado ha sido que no solamente hay una propuesta, sino todo un capítulo destinado precisamente a recordar que la política de cohesión es una obligación no solamente cuando hablamos de Fondos estructurales y Fondos de cohesión, sino cuando hablamos de las grandes y definitorias políticas de la Unión Europea. 
El sector de la energía tiene un déficit importante y es justo reconocer al Sr. van Velzen que ha sabido incorporar en su informe tanto las aportaciones de la Comisión de Política Regional como las procedentes de la propia Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Y la incorporación de las autoridades locales en este proceso de creación, de control, de distribución y de garantía de la energía. 
Creo que el Comité de las Regiones debe estar satisfecho porque algunas sugerencias importantes que han transmitido al Parlamento Europeo han sido recogidas precisamente en el informe del Sr. Van Velzen. 
Siento que no nos acompañe el Sr. Scapagnini, pero he de decir que su informe también suscita una adhesión total por parte del Grupo Socialista. 
Vemos claramente el trasfondo de que la Conferencia de Barcelona debe lograr credibilidad precisamente en estos momentos. 
Que no vale reunirse en un momento determinado en un acto realmente positivo, significativo, en Barcelona, si después no hay una secuencia lógica de intervención por parte de la Unión Europea. 
Hay altura estratégica en esa Conferencia y en los contenidos de los mensajes de paz, estabilidad, cooperación, pero también, por qué no decirlo, necesidad de ayuda mutua entre las dos riberas del Mediterráneo. 
Apoyamos firmemente la posición del Sr. Scapagnini en cuanto a la propuesta de la Agencia Euromediterránea y del Centro de Información. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, yo quisiera hacer, en el ámbito de este debate, que es muy importante y que está obteniendo- creo que puedo decirlo- un consenso muy amplio, algunas reflexiones que tienen su origen en los temas de fondo que tenemos ante nosotros. 
Las cuestiones principales son las relativas a la seguridad de los suministros y a la eficacia tecnológica en la utilización de las fuentes de energía de que disponemos. 
Desde el primer punto de vista, el de la seguridad, no se puede sino estar de acuerdo con las sugerencias muy importantes que figuran en las intervenciones de los colegas van Velzen y Scapagnini. 
Tenemos un problema que se ha de afrontar con mucha más determinación en materia de diversificación de fuentes, pero también de países, y un problema conexo, de una política exterior más eficaz, superando el particularismo con el que los Estados miembros se refieren a este tipo de cuestiones. 
Tenemos también un tema, relacionado con la eficacia, que, en mi opinión, puede encontrar soluciones más favorables con una mayor insistencia- una mayor insistencia convencida- en el papel del mercado y de la competencia también en este importantísimo sector, un papel que el mercado y la competencia pueden desempeñar considerando la cuestión desde el punto de vista de la oferta. 
Hay que fomentar una mayor pluralidad de operadores presentes en el mercado energético europeo; hay que fomentar modalidades más ágiles y más eficaces que las actuales al conectar los distintos países: en una palabra, todo el tema de los intercambios de energía en el interior de la Unión. 
A nadie se le escapa que la cuestión de la pluralidad de operadores y la cuestión de los intercambios intraeuropeos de energía está estrechamente vinculada bien a la directiva relativa al mercado eléctrico, de la que nos ocuparemos pronto, bien a la directiva en materia de gas, pero, sobre todo, a la evolución que deberá haber, una vez conseguidos estos resultados. 
Naturalmente, tenemos que considerar el problema desde el punto de vista de la demanda: demanda que espera condiciones más eficaces para poder competir mejor desde el punto de vista de los costes en el actual contexto económico. 
Nosotros vemos, por ejemplo en la directiva relativa a la electricidad, que el problema de las empresas afecta sólo a las grandes empresas, mientras que las pequeñas y las medianas están totalmente ausentes. 
Los consumidores, los distribuidores, los entes colectivos no han recibido la atención que merecían. 
Por último, estamos convencidos de que de un mercado que funcione mejor no podrá venir más que un mayor estímulo a las inversiones y a la investigación tecnológica. 
Me limito a citar temas que ya han surgido: una mayor eficacia en el sentido de la reconversión de las centrales existentes, el problema de la producción combinada, de la cogeneración energía-calor, fomentar nuevas inversiones, incluso privadas, en este importantísimo sector. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, ya que otros colegas de mi Grupo ya han hablado del Libro Blanco y de la energía en el Mediterráneo, quisiera hablar de las perspectivas del mercado del gas natural y, por lo tanto, del informe del Sr. Chichester. 
La política energética comunitaria tiene tres finalidades, lo hemos repetido muchas veces: la competitividad de los precios de la energía, la seguridad de los suministros y la compatibilidad medioambiental. 
La verdadera dificultad consiste en poner por orden de importancia y conciliar estos tres objetivos. 
En el caso del gas natural, me parece que la seguridad de los suministros debe ser el criterio prevaleciente por las características peculiares de este sector. 
Recordemos algunos hechos fundamentales, en parte ya mencionados: la expectativa del aumento del consumo, sobre todo para producción de energía eléctrica, el aumento de la dependencia de los abastecimientos exteriores, la concentración de las importaciones procedentes de tres países, es decir, Rusia, Argelia y Noruega, organizados con una oferta monopolística, la repercusión de los costes de transporte- como ustedes saben, más de dos tercios del precio del gas natural se debe al transporte- y la rigidez de los contratos take or pay a largo plazo, que vinculan las empresas productoras a sus proveedores de fuera de la Unión Europea. 
Ante estas características, las orientaciones de la Comisión deben fomentar intervenciones para desarrollar la capacidad de producción y de transporte, favorecer la colaboración, y la elaboración de normas comunes, con los países no comunitarios y, por consiguiente, impulsar la ampliación del Tratado de la Carta de la Energía- en particular respecto de Argelia -, alentar a las compañías productoras e importadoras a abandonar, cuando se renueven los contratos, la lógica rígida del take or pay, contribuir financieramente al desarrollo de las interconexiones y de los almacenamientos estratégicos y, por último, fomentar contratos de asistencia mutua. 
Hipótesis más librecambistas, como las del libre acceso a las redes por parte de terceros, no parecen factibles en la mayor parte de los países de la Unión Europea, sobre todo en el tema de las conexiones externas, que son esencialmente punto a punto, entre áreas geográficas bastante distantes. 
Además, me parece que en el plano interno es de dudosa utilidad el enfoque del acceso de terceros a las redes debido a la falta de una pluralidad de productores nacionales que puedan competir y, por último, porque los productores externos exportan con una única sociedad y no tienen los recursos financieros para construir pipelines propias. 
En definitiva, la Comisión debe adoptar, para el mercado del gas natural, medidas que faciliten la entrada de nuevos operadores dispuestos a invertir, mientras que, en mi opinión, la opción ATR- acceso de terceros a las redes- debe quedarse en el ámbito decisorio nacional. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en el Libro Blanco se advierte sobre un aumento de las emisiones de CO2 por encima del nivel de 1990. 
El sector de la electricidad es responsable del 32 %. 
Lo mejor que podemos hacer para apoyar las fuentes de energía sostenibles es cargar todos los costes reales, concretamente, en el sector de la electricidad. 
Esto implica una tasa de CO2 a nivel europeo, como propone el informe Van Velzen. 
Lo que echo en falta en el informe Van Velzen es que se carguen los costes reales de los residuos y el desmantelamiento de las centrales nucleares. 
La Sra. Plooij ya se ha referido a esta cuestión. 
Señor Comisario, en mi país, por ejemplo, se amortizaron estos costes sobre la base de 4.000 megavatios de potencia proyectada, cuando sólo hay 400 megavatios. 
En muchos países no se provisiona suficiente para estos costes y los riesgos de la energía nuclear se cargan además a la población, porque quedan excluidos de los seguros. 
Por consiguiente, tendremos que seguir una política de tasas muy dura y tendremos que crear un level playing field entre las alternativas, como la producción combinada de calor y electricidad, la biomasa y cosas por el estilo. 
Desde el Libro Blanco de Delors sabemos que una política fiscal de este tipo es muy favorable para el empleo. 
La ampliación y el desarrollo, por ejemplo, de la energía procedente de la biomasa, puede suponer una doble ventaja. 
La plantación de árboles y el cultivo de plantas, necesarios para la biomasa, tiene un efecto neutralizador sobre el exceso de CO2. 
Por ello, el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural merece más atención. 
La Sra. Schierhuber ha expuesto muy bien el problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi experiencia como comisaria en una compañía pública de suministro me ha demostrado que casi siempre se deja en desventaja a todas las alternativas frente a la generación de energía a gran escala, y aquí reside la gran tarea de la Comisión para crear un level playing field. 
Señor Presidente, el Libro Blanco de la Comisión es la prolongación del Libro Verde que tenía como objetivo prioritario adaptar el mercado de la energía a los principios del librecambio y de la competencia, acelerando el proceso de liberalización y de desregulación, sin preocuparse de las consecuencias económicas, sociales y regionales. 
En el sector de la energía así como en el de los transportes o correos, las empresas públicas están en el punto de mira de la Comisión, ya que constituyen uno de los polos de resistencia más eficaces contra la libre competencia desenfrenada, perjudicial para los intereses del personal contratado y de los usuarios. 
Electricidad, gas, ningún sector queda a salvo en las directivas a pesar de la ausencia de una política energética común; las obligaciones de servicio público, que quedan reducidas a una vaga noción de servicio universal, sólo aportan un servicio mínimo a los más desfavorecidos con el fin de que los mercados más rentables estén en manos de las empresas privadas. 
Desde este punto de vista, me alegro de que se creara el frente sindical unitario en Francia en 1996, en contra del acuerdo del Consejo de julio de 1996 sobre la electricidad, que abre el mercado a la competencia y al beneficio exclusivo de los grandes consumidores, que, una vez más, son sobre todo las empresas industriales. 
El informe de la Comisión de Energía subestima de manera deliberada este aspecto y se inscribe en la lógica del Libro Blanco aunque preconiza, a pesar de todo, una liberalización más matizada y mejor controlada. 
Tras celebrar que el Libro Blanco reserve una mayor parte a los aspectos ecológicos de la política energética, el informe hace propuestas interesantes en materia de energías renovables, que enriquecen nuestro debate sobre lo que está en juego cuando se habla de políticas energéticas. 
Este debate es útil y necesario, sobre todo en lo relativo a la seguridad en el abastecimiento, a la protección del medio ambiente y al servicio que se presta a los usuarios. 
Hay que fomentar la cooperación, la coordinación de las políticas nacionales, desarrollar la investigación, pero no considero oportuno sustituir todo esto por una política energética común, como proponen numerosos diputados en este hemiciclo y la Comisión. 
La energía no es una mercancía como las demás. 
Debe beneficiarse de un tratamiento específico. 
No puede ni debe obedecer al principio de la libre competencia, que podría poner en tela de juicio la igualdad de acceso y de tratamiento de los usuarios, las opciones energéticas de cada país así como el necesario enfoque a largo plazo para garantizar la seguridad del abastecimiento. 
Estamos decididos, en colaboración con las organizaciones sindicales y las asociaciones de usuarios, a oponernos a estas tendencias ultraliberales de la Comisión. 
Queremos contribuir a la defensa y a la renovación de las empresas públicas para que puedan garantizar plenamente su fución de servicio público, dando respuesta a los intereses de los usuarios y del personal, y permitiendo una ordenación territorial armoniosa que al mismo favorezca las cooperaciones en el seno de la Unión Europea. 
Una descripción de la política energética de la UE debe incluir los siguientes atributos: es una política tibia, sin visión de futuro y que adolece de una absoluta falta de firmeza. 
Señalaré los siguientes aspectos que así lo confirman: en todos los informes que hacen referencia a la protección del medio ambiente se mencionan en algún momento las energías renovables y el aprovechamiento energético, todos se llenan la boca hablando del tema, pero cuando llega la hora de repartir los fondos, se destina un 1 % a las energías renovables y el aprovechamiento energético, mientras el 99 % va a parar a la energía dinosáurica, o sea a la industria nuclear, a pesar de que todos sabemos cuáles son las consecuencias: hasta el momento, nadie tiene idea de cómo podemos desprendernos de los residuos nucleares. 
Todo el mundo sabe igualmente que las tecnologías del futuro son sin lugar a dudas las de las energías renovables, o sea las que aprovechan la energía solar. 
Estados Unidos y Japón así nos lo demuestran. 
Pero en vez de sacar de una vez las debidas consecuencias, se sigue explicando una y otra vez por qué son necesarias y todos proclaman su indispensable importancia, pero no actuamos en consecuencia. 
Por consiguiente, mientras sigamos abordando la política energética con tanta indecisión, tampoco conseguiremos definir una política razonable en este ámbito, una política con visión de futuro, que sea sostenible y que preserve también algunas oportunidades para las generaciones siguientes. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi reconocimiento por el serio trabajo realizado por los tres ponentes y centrar mi intervención en el trabajo que ha llevado a cabo el Sr. Scapagnini en torno a la Asociación Euromediterránea de la Energía, de cuyo contenido podemos deducir que el apoyo de la Unión Europea a las acciones en el sector energético adquiere un particular interés cuando se proyectan hacia los países mediterráneos, tanto comunitarios como no europeos. 
En efecto, todos somos conscientes de la relevancia y gran repercusión internacional que se proclaman en los objetivos de la Asociación Euromediterránea, como son la promoción de la estabilidad política de la zona, la creación de un área de libre comercio y el aumento de las acciones de apoyo a los programas comunitarios relacionados con dichos países. 
La cooperación euromediterránea en el sector de la energía contribuye a la consecución de dichos objetivos y, desde la propia Unión, debemos reforzar la promoción y el desarrollo de las energías renovables que, como la eólica y la solar, consagran fines comunitarios de diferente índole, como el respeto al medio ambiente, el aumento de la calidad de vida e incluso la generación de empleo, sin olvidar la ayuda que aportan a las soluciones del problema que plantea la carencia de agua en la cuenca del Mediterráneo, la más alta del mundo. 
Al respecto, considero que se hace indispensable que, por parte de la Unión Europea, se promuevan los diferentes programas comunitarios para los países mediterráneos que tienen el serio problema de la carencia de agua. 
Dichos programas deben ir encaminados hacia la mejora de su recogida, de su aprovechamiento y de su uso racional. 
Así, el objetivo final de la política energética euromediterránea debe tender a la modernización de la energía, promoviendo el ahorro y el consumo racional. 
Para financiar esta propuesta debemos hacer un esfuerzo de apoyo a programas como MEDA, creando una línea específica para el sector energético, cooperando con los Estados miembros para avanzar y modernizar los sistemas de producción de energía con respeto estricto al medio ambiente. 
Para finalizar, señor Presidente, quiero hacer hincapié en el destacado papel que el sector energético euromediterráneo tiene en el desarrollo de la cooperación económica, social, regional e internacional, y que ha tenido como una de sus principales consecuencias el desarrollo de importantes actividades por parte de los sectores industriales. 
No podemos desaprovechar esta oportunidad para acercar las distintas poblaciones ribereñas afectadas e interesadas en este proyecto común con grandes posibilidades de proyección para el futuro. 
Señor Presidente, los «mil Mediterráneos» de Braudel, las antiguas y las nuevas civilizaciones que en la costa africana y en la europea han atravesado desconfiados y a menudo en conflicto entre sí las rutas del tiempo, han sentado las bases, en la Conferencia de Barcelona de noviembre del año pasado, de un futuro común. 
Futuro que, según la declaración final, habría pasado a un diálogo político más intenso y al desarrollo de la cooperación económica. 
Aunque, por desgracia, ha fracasado políticamente, la Conferencia nos ha dejado, como signo tangible de su devenir, las euroasociaciones; una de éstas concierne a las políticas energéticas y a la creación de condiciones apropiadas para las inversiones en toda la cuenca del Mediterráneo. 
El brillante informe del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, pone de relieve que la asociación energética- dada la interdependencia existente entre los países de la Unión Europea y los mediterráneos, especialmente por lo que respecta al desarrollo de las infraestructuras, las relaciones comerciales, la protección del medio ambiente, el suministro energético- desarrollaría una teoría de la cooperación, que pasaría a ser estratégica, al ser plenamente beneficiosa para el equilibrio medioambiental y demográfico, pero que, sobre todo, podría favorecer el desarrollo de un área estabilizada mediante la integración geopolítica de las regiones de los terceros países ribereños. 
La propuesta de la creación de un foro euromediterráneo de la energía, que pueda permitir la gestión común de la cooperación, y de una agencia mediterránea, que actúe de catalizador, nos parece finalmente la realización práctica de lo que demasiadas veces la Comunidad ha apoyado tan sólo con bonitas y finas palabras. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo también quiero agradecer sinceramente las aportaciones de los tres ponentes, que nos han permitido desarrollar un debate muy exhaustivo. 
No obstante, también debo manifestar que se han manejado en parte bastantes tópicos que eluden el meollo de la cuestión. 
No me extenderé en detalles, pero sólo quiero decirle a mi colega Bloch von Blottnitz que sencillamente no es cierto que dediquemos el 99 % de nuestros recursos a la energía nuclear y sólo un 1 % a las energías renovables. 
La proporción es muy equitativa y esto también es obra de esta Cámara. 
Hemos hecho mucho en favor de las energías renovables. 
En segundo lugar, también quiero añadir, no obstante, que la política energética no ocupa el lugar que realmente merece en la Unión Europea. 
Muchos oradores ya lo han señalado con razón. 
Quizás este debate pueda contribuir también a que se le conceda mayor prioridad. 
Debemos prestar más atención a la política energética, pues la geopolítica de la energía se está modificando. 
Los Sres. Chichester y van Velzen así lo señalan muy acertadamente en sus respectivos informes. 
Arabia Saudita y la zona del Golfo fueron durante largo tiempo la región central de abastecimiento de petróleo del mundo, pero ahora el equilibrio se está desplazando en favor de Asia Central, del Cáucaso, pero también de otros países del mundo. 
Esto también tiene implicaciones para la política de exterior de la Unión y no es una cuestión que sólo afecte a las empresas multinacionales. 
Cualquiera que haya seguido un poco la historia de la política energética sabe que también puede ser origen de conflictos. 
Por consiguiente, yo abogo por una estrecha colaboración entre nuestra política exterior y la política energética, no en el sentido de su financiación- lo cual sería totalmente imposible -, sino de un estrecho contacto, del mismo modo que estoy convencido de que es preciso vincular más estrechamente la política energética y la política social. 
No debemos hablar sólo de física- este no es, de hecho, el problema que debe ocuparnos -, sino de esa zona gris que se extiende entre la opinión pública y la técnica. 
Un aspecto al cual en esta Cámara hemos dedicado, por otra parte, muchísima más atención que a muchas otras cuestiones. 
Basta recordar el debate que desarrollamos y seguimos desarrollando sobre la energía nuclear, y tantos otros. 
Yo abogo encarecidamente en favor de un diálogo más adecuado sobre la finalidad de la técnica. 
Eso incluye también el tema del clima. 
No hay sesión del Parlamento Europeo en la que no se diga algo a propósito del CO2. 
Para continuar con el símil de la Biblia, que ha introducido antes Neil Kinnock, esta sería nuestra aportación al Libro de los Proverbios. 
Acuñamos muchos proverbios, pero elaboramos pocas políticas. 
Al final de esta década, las emisiones de CO2 habrán aumentado un 6-7 % con respecto a 1990, a pesar de que siempre hemos decido lo contrario. 
Sin embargo, la realidad es esta. 
Yo desearía que dirigiésemos la atención hacia estos problemas reales y que diésemos así un giro también en este aspecto. 
Finalmente, quisiera añadir una última observación sobre la energía termonuclear, aun cuando ya sé que entre los presentes hay muchos que no comparten mi opinión. 
En principio, disponemos de cuatro fuentes de energía: las fuentes de energía renovables, o sea el sol, las fuentes de energía fósiles, la fisión atómica y la fusión atómica. 
Estas son las cuatro fuentes físicas de energía con que contamos: ninguna más. 
Por otra parte, en nuestro mundo existe una enorme demanda de energía y yo no querría renunciar, de hecho, a ninguna de sus cuatro fuentes. 
Por otra parte, también tenemos la responsabilidad de desarrollar una política a largo plazo. 
Por consiguiente, yo no quisiera renunciar al ámbito de la energía termonuclear, en el que Europa va en cabeza, pero este es un tema que ya debatiremos en otro momento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Linkohr acaba de resituar, a mi parecer, el marco general y por consiguiente yo me concentraré única y exclusivamente en el tema de las materias primas renovables. 
Sin duda todos estamos de acuerdo cuando se habla del sol y cuando se dice que gracias a él crecen también las plantas. 
Cuando en Europa se habla de explotación agrícola integral, se concede un creciente peso, a mi parecer, al enfoque que ha propuesto la Sra. Schierhuber esta mañana, esto es, al cultivo de materias primas renovables en las superficies agrícolas retiradas. 
Los productos de los cultivos no alimentarios ofrecen considerables ventajas medioambientales frente a los productos industriales convencionales equivalentes. 
Las materias primas industriales procedentes de cultivos no alimentarios constituyen una fuente interior de recursos renovables y sostenibles, que pueden competir también con las materias primas convencionales y complementarlas. 
Estos productos también pueden ayudar a la UE a cumplir sus compromisos internacionales, entre ellos el Convenio sobre el calentamiento de la Tierra, y permiten responder a las exigencias de un mercado sensible en materia de medio ambiente, como puede ser el uso de combustibles biológicos en la navegación interior, por ejemplo. 
Soy consciente de que con la introducción de la retirada de tierras se promovió el desarrollo del sector no alimentario, sobre todo en el caso de las semillas oleaginosas. 
Esto ha contribuido a mejorar la competitividad de los cultivos en cuestión, que ahora reportan un mejor rendimiento por hectárea, frente a los de la agricultura convencional. 
No obstante, la continua reducción, año tras año, del porcentaje de retirada de tierras también tiene por efecto una reducción de la superficie dedicada a cultivos no alimentarios. 
La experiencia demuestra que la retirada de tierras no puede utilizarse como un instrumento fiable para la gestión de este sector. 
La incertidumbre que genera no favorece en modo alguno un compromiso continuado de los agricultores ni el incremento de las inversiones de las empresas transformadoras. 
Se requiere, por lo tanto, una señal más clara de la Comisión que promueva en todos los sectores de la rama no alimentaria el firme convencimiento de que Europa tiene perspectivas viables de futuro en este ámbito en vías de desarrollo. 
Tanto para los agricultores como para la industria es esencial que la Comisión establezca un sistema específico de apoyo para los cultivos no alimentarios y, en este sentido, yo solicito un sistema de apoyo independiente para estos cultivos. 
Esto ofrecería la ventaja, señor Comisario, de que dicho sistema de apoyo estaría resguardado de las oscilaciones en los mercados mundiales de cereales y aportaría una cierta estabilidad, que sería beneficiosa tanto para los agricultores como para las empresas transformadoras. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha venido apoyando las pesquisas, los estudios, las medidas y las acciones en la esfera de las energías renovables. 
Sólo, que ese apoyo debe ser mayor, sobre todo en países y regiones en los que la dependencia de los combustibles petrolíferos y de otros no renovables sigue siendo enorme. 
A eso se debe nuestra concordancia con la propuesta de resolución común que propone que la Comisión tenga una mayor intervención y una voluntad política más evidente en la promoción de la utilización, sobre todo, de la biomasa como fuente energética, entre otras cosas porque contribuye a la disminución de las emisiones de CO2 y también porque gracias a ella podría haber un mayor aprovechamiento de las tierras cultivables no utilizadas para el cultivo de productos alimenticios o abandonadas. 
Con ese asunto está relacionado también el desarrollo de una política forestal en muchos Estados miembros y sus regiones en los que poco se ha hecho, pese a las características y las potencialidades con que cuentan. 
Quisiera recordar y reforzar, por último, algunos de los puntos más importantes de una verdadera política energética comunitaria que podrían propiciar una mayor y mejor aplicación de las energías renovables, como la biomasa y los combustibles biológicos: mejor investigación en el ámbito de la energía, en particular de las energías renovables y de la eficiencia energética; mayor difusión de proyectos de demostración, sobre todo en las regiones periféricas y ultraperiféricas e insulares de la Unión que utilicen energías renovables; mayor apoyo financiero a las inversiones públicas y privadas con la utilización de la biomasa y otras fuentes energéticas renovables menos comunes; concesión de incentivos fiscales a la producción de energía a partir, exclusivamente, de fuentes renovables; mayor cooperación técnica y tecnológica en la esfera de las energías renovables y también en la utilización racional de la energía entre los Estados miembros y entre éstos y terceros países; intensificación de acciones de información, educación y sensibilización en los diversos Estados miembros en materia de energías renovables; apoyo franco a la creación de agencias de energía y medio ambiente en las regiones europeas y en terceros países; concertación de estrategias de acciones de la Unión Europea con otros países, incluso de otros continentes, con vistas a la preservación de un equilibrio adecuado de nuestro planeta, que requiere, sin lugar a dudas, una mayor y más decidida utilización mundial de las fuentes renovables en la producción de energía. 
Señor Presidente, quisiera referirme brevemente al papel de los instrumentos fiscales en el sector energético. 
Todos sabemos que cuando esos instrumentos se han utilizado debidamente, han dado buenos resultados: la diferencia de impuestos en el caso de la gasolina con plomo y de la gasolina sin plomo es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. 
Las derogaciones introducidas por algunos Estados miembros para los impuestos indirectos con un trato fiscal diferente para los combustibles con alto contenido de azufre y los combustibles con bajo contenido de azufre, demuestran también la posibilidad de influir en el comportamiento del público mediante la concesión de incentivos fiscales. 
En la esfera de la energía ambiental, y particularmente en el caso de los incentivos fiscales relacionados con las emisiones, quisiera plantear al Comisario una observación y hacerle una pregunta. 
La observación es que no deberíamos esforzarnos por que lo mejor sea enemigo de lo bueno, lo que equivale decir que aquí hay muchos que preferirían promover el impuesto sobre el dióxido de carbono, pero que su posición no ha prosperado debido al requisito de unanimidad que se impone en el artículo 99. 
No debemos tolerar que el debate se oponga al desarrollo de un marco sólido de establecimiento de normas y de determinación de políticas, pero lo que está claro en cuestiones fiscales es que el artículo 99 es el campo en el que se sepultan todas esas propuestas. 
Quisiera preguntar a la Comisión si está dispuesta a servirse del artículo 100a para establecer una serie de objetivos basados en las emisiones que no sean facultativos, a establecer dentro de dicha serie de objetivos una lista de opciones fiscales para los Estados que se elijan sobre la base de la subsidiariedad, que corresponda a la integridad del mercado interior, y, de esa manera, a encontrar un mecanismo normativo que promueva lo que todos decimos que queremos que se promueva, basándonos en la admisión de que el actual procedimiento que nos lleva siempre al artículo 99 nos deja sin solución alguna. 
Señor Presidente, el señor Scapagnini ha presentado un informe que trata de la estrecha colaboración en materia energética entre la UE y los países mediterráneos. 
El informe es magnífico, ya que contiene varios puntos sobre las energías renovables. 
También se incluye en el informe mi enmienda presentada en comisión sobre la tecnología basada en las células fotoeléctricas y el potencial de esta modalidad energética. 
Al mismo tiempo, compruebo que la política energética de la UE, o mejor dicho, la política en materia de I+D, lamentablemente no perfila la importancia de las energías renovables del mismo modo en que lo hace el informe Scapagnini. 
Parece que es muy fácil dar consejos a otros países sobre el modo en que deben configurar su política energética, pero por lo que respecta a la política energética y de I+D de la propia UE, resulta mucho más difícil. 
La labor investigadora se concentra sobre todo en la energía nuclear y de fusión y se dan sólo unas migajas a las renovables, a pesar de que la UE, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente dijo hace dos años que era el desarrollo sostenido lo que había que perseguir. 
No basta con palabras solemnes. Se necesita acción. 
Por ello espero que la Comisión, en el V Programa marco para la I+D, incluya mucho más material sobre las energías renovables. 
Es evidente que la tecnología basada en las células fotoeléctricas no puede aplicarse en los países miembros de la UE, pero existen otras. 
Se pueden utilizar las biomasas y los combustibles biológicos. 
Los expertos en la materia afirman que la tecnología existe- lo que falta es la voluntad política. 
La pregunta es dónde está la Comisión cuando se tratan estos temas. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar al autor del informe sobre el Libro Blanco de la Energía, y hacer algunos comentarios de carácter general. 
En el plano mundial, el consumo de energía sigue aumentando cada año. 
La mayor parte de ese consumo consiste en combustibles fósiles: más carbón, más gas, más petróleo. 
Sin embargo, el 40 % de la actual población mundial no tiene acceso a un suministro energético comercial. 
Para colmo, la población mundial sigue aumentando. 
Si estudiamos las cifras correspondientes veremos que no hay señal alguna de que el consumo total de energía disminuya de aquí al siglo XXII. 
No hay escasez de combustibles fósiles, y únicamente la interferencia política puede interrumpir el suministro. 
Como ha mencionado el Sr. Linkohr, más carbón, más petróleo, más gas nos lleva inevitablemente a un aumento del dióxido de carbono. 
Todas las medidas para ahorrar energía y todas las medidas de eficiencia energética no han estabilizado, y aún menos reducido, el consumo general de energía. 
En las economías más adelantadas las disminuciones registradas en el sector industrial, comercial y doméstico han quedado sobradamente compensadas con aumentos en el sector de los transportes, por lo que no tiene nada de extraño que en nuestros debates de esta noche participe el Comisario responsable de los transportes. 
Quisiera recalcar tres puntos que tenemos que tener en cuenta si queremos que una política energética de nivel comunitario tenga éxito. 
En primer lugar, tenemos que ocuparnos de los objetivos en materia de emisiones y tenemos que definirlos rigurosamente en términos de salud humana, en vez de perder el tiempo hablando en términos emotivos y bastante imprecisos acerca de la sostenibilidad y del medio ambiente. 
En segundo lugar, el Parlamento tiene que ocuparse de la estructura y las competencias de sus comisiones, para que podamos convenir en un enfoque coherente: los vínculos de la energía con el medio ambiente, el transporte, la política regional, la investigación, las redes transeuropeas y la colaboración internacional. Dentro de la Comisión es preciso que se adopten medidas similares. 
Las cuestiones energéticas están muy repartidas. 
De ellas se ocupan la DG XVII, la DG XII, la DG XI, la DG XVI, la DG I. ¿Me he comido alguna? 
¿Quién está coordinando todo esto en el plano de la Comisión? 
En tercer lugar, la energía se convierte cada vez más en una industria de alta tecnología. 
La consecución de la eficiencia en la producción, distribución y consumo de energía se basará cada vez más en la tecnología de la información. 
La pala del minero de las minas de carbón ha quedado sustituida por el microprocesador. 
Estas son las lecciones que tenemos que aprender si queremos que nuestra estrategia energética sea una estrategia sensata. 
Señor Presidente, muchas cosas ya han sido dichas. 
Han hablado los científicos, pero permítanme ahora que añada la palabra de un ciudadano cualquiera que mira con gran simpatía, claramente, estas innovaciones que hablan de ahorro y de mayores rentas. 
Yo quiero aportar mi grano de arena a la construcción edificada por los colegas Jacob y Schierhuber por lo que respecta a las consecuencias positivas que estas iniciativas tienen en el ámbito agrícola y rural. 
Evidentemente, los agricultores están directamente interesados en la recuperación de todo lo que los campos dejan como desechos y que- hemos oído ahora cómopodría convertirse en una energía renovable, en un incentivo, en suma, para el ahorro. 
En los cuadros técnicos se lee que la biomasa ocupa el primer lugar entre las fuentes de energía renovables y que en menos de treinta años, a través de sus formas líquidas, gaseosas y sólidas, podría llegar a competir notablemente con las tradicionales formas de energía. 
Se afirma también, en un estudio, que si el 10 % de la energía eléctrica se produjera con la biomasa, la renta de los agricultores aumentaría, aumentaría sobre todo el volumen de negocios de los agricultores en unos 20.000 millones de ecus al año. 
¿Qué podemos hacer, pues, para hacerlas realidad? 
Ante todo, invertir más en la investigación científica, hacer comprender a los agricultores, en este caso, pero también a todos los ciudadanos europeos, adónde se quiere ir y con qué medios y, sobre todo, fomentar el conocimiento de esta investigación científica. 
Se dice siempre que las ideas de los hombres no pueden avanzar sin su esfuerzo: las ideas de la Comisión y de las instituciones europeas avanzan sobre todo si se financian. 
Es necesario, pues, invertir más en los programas que se proponen en este ámbito. 
Si ALTENER II ya no es suficiente hay que poner en marcha otros programas, sobre todo ofrecer cantidades de dinero más considerables. 
Por último, es necesario reconvertir las actuales estructuras, los actuales servicios y, sobre todo, implicar a los países que están a punto de entrar en Europa, para no encontrarnos mañana con los mismos problemas por resolver. 
Señor Presidente, la política energética del futuro debe basarse en la sostenibilidad, el circuito cerrado del ecosistema, y las energías renovables. 
La energía nuclear y los combustibles fósiles no cumplen con estos requisitos, y deben desecharse gradualmente como tales fuentes. 
Tampoco cabe destinar a la energía de fusión miles de millones del presupuesto para la I+D sobre recursos energéticos. 
La gran parte de los medios para la investigación energética de la UE que se canalizan hacia este tipo de investigación, dentro del llamado proyecto JET, puede por tanto reducirse o eliminarse. 
También es inaceptable que se inviertan más medios en la construcción de nuevas centrales. 
Por tanto hay que rechazar la construcción de nuevos reactores en Ucrania con medios de la UE. 
El Tratado Euratom presentado debe transformarse en un tratado para el desarrollo de energías renovables de ahorro, complementadas con unos impuestos verdes, puntuales, y con la alternancia de impuestos. 
Se necesitan en cambio más recursos para la I+D, el desarrollo de proyectos concretos basados en las energías renovables, como la bioenergía, la solar, la eólica, los combustibles biológicos, los productos y procesos que ahorren energía, además de combustibles eficaces y respetuosos con el medio ambiente como el etanol, metanol, el gas de hidrógeno, el aceite de colza, etc. En relación con esto, señor Presidente, debe reestructurarse a fondo el Libro Blanco. 
La Comisión tiene que presentar unas propuestas cuanto antes para lograr la reducción del dióxido de carbono. 
Por consiguiente, hay que elaborar sin más dilación una recomendación para que se fije un impuesto sobre el dióxido. 
Señor Presidente, no hace falta decir que me alegraría que discutiéramos la posibilidad de aprovechar más la biomasa para la producción de energía. 
Este año fui a una conferencia organizada en Suecia por el Consejo de Europa, en la que se habló de la utilización de la biomasa, a base del empleo de árboles, productos agrícolas y toda clase de plantas. 
He de reconocer que cuanto más seguía el debate, más convencido me quedaba de que la biomasa nos ofrece una enorme oportunidad de producir energía sin perjuicios ambientales que se pueda utilizar en toda Europa para beneficio de nuestro medio ambiente y de nuestra sociedad. 
Quisiera añadir otra observación, y es que el desarrollo de la biomasa ofrece una forma alternativa razonable de producción de artículos no alimentarios en el campo. 
Sé que muchos agricultores están dispuestos a cultivar productos para su uso como biomasa, e insto a nuestra Unión y a nuestro Parlamento a que nos esforcemos todo lo que podamos, y tan rápidamente como podamos, para asegurarnos de que vamos a utilizar esos productos. 
Señor Presidente, yo también quisiera limitarme a los biocombustibles. 
Comparto el entusiasmo de la Sra. Schierhuber y, afortunadamente, de muchos otros en este Parlamento. 
Aún quedan algunas preguntas. 
La respuesta del Comisario fue en un principio satisfactoria, pero quisiera formular algunas preguntas adicionales. 
En primer lugar, en el ámbito de la fiscalidad. 
En estos momentos percibimos un estancamiento en Europa, porque el Consejo no logra tomar una decisión. 
Por el contrario, vemos que determinados países han conseguido tomar medidas fiscales. 
¿Cómo puede ser? 
¿Es o no es posible tomar medidas? 
En segundo lugar, quisiera instar a que se utilizara otro instrumento, concretamente el instrumento legislativo. 
En estas zonas convendría mucho utilizar biocombustibles, como por ejemplo el biodiesel. 
¿Está dispuesta la Comisión a desarrollar directrices para que en determinadas zonas sensibles sea obligatorio el uso de biocombustibles? 
De este modo, como ya han señalado muchos otros, se logra una doble ventaja: proteger el medio ambiente y encontrar un nuevo mercado para los productos agrícolas. 
Señor Presidente, yo quiero agradecer ante todo las iniciativas de la Sra. Schierhuber en el ámbito del aprovechamiento de la biomasa para la obtención de energía, puesto que pienso que esta Asamblea no debe limitarse a propugnar el desarrollo de energías renovables, sino que también deberíamos proponer acciones concretas. 
La obtención de electricidad o de calor a partir de la biomasa constituye, a mi parecer, una aportación muy importante para el desarrollo de un abastecimiento sostenible de energía en los países de la Unión. 
Yo quisiera añadir tan sólo esta observación a lo que ya ha expuesto la Sra. Schierhuber: es preciso garantizar la compatibilidad con las condiciones medioambientales, tanto por lo que respecta a la selección de las plantas como a su cultivo, sobre todo cuando se planten grandes superficies con especies destinadas a la producción de energía. 
En este contexto, yo quisiera recordar también un antiguo proyecto de investigación para el ámbito de la UE, que tenía por objeto la obtención de plantas que, por una parte, fueran capaces de descontaminar el suelo- una función muy importante sobre todo en el caso de los suelos industriales y también de los terrenos próximos a las autopistas- y que luego pudieran utilizarse además para alimentar turbinas generadoras especiales para la producción de electricidad. 
La biomasa constituye, sin embargo, sólo un aspecto de una política energética sostenible y la atención dedicada a este tema no debería hacernos olvidar otras posibilidades, sobre todo las que ofrece también el aprovechamiento del calor de la Tierra y de las fuentes de agua caliente, que podrían contribuir de manera muy significativa a la producción de energía. 
El interés en este ámbito reside precisamente en el abastecimiento local, puesto que permitiría evitar la necesidad de utilizar conducciones de alta tensión y las pérdidas de energía asociadas. 
En cualquier caso, las energías renovables sólo serán competitivas en un futuro mercado interior de la electricidad y posteriormente de la energía si se dispone de instrumentos adicionales, como un posible impuesto energético u otros, como los que presentó el lunes la Sra. McNally en su informe. 
Informe que yo espero que pueda contar con el voto afirmativo de un mayor número de colegas en una segunda lectura. 
Me complace que en este Parlamento exista tanto consenso en relación con mi informe sobre el Libro Blanco. 
En realidad, he de decir que me ha sorprendido la única nota disonante que he oído en el Parlamento, concretamente las opiniones procedentes del Grupo de los Liberales. 
Quiero señalar dos cosas. 
En primer lugar, mi informe ha sido aceptado unánimemente, es decir, con el apoyo del Grupo Liberal, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
En segundo lugar: el Grupo de los Liberales no ha presentado ninguna enmienda. 
A decir verdad, me parece que sus críticas no son de índole política, y por consiguiente son un poco vacuas. 
Asimismo quisiera decir que espero que el Grupo Socialista no apoye las enmiendas de los Verdes, porque con ello se rompe el consenso que habíamos logrado en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Por último, quiero dar las gracias a sus Señorías por su apoyo. 
Señor Presidente, quiero responder a la observación del Sr. Van Velzen, quien acaba de decir que el Grupo de los Liberales tenía muchas críticas. 
Creo que ha oído mal nuestros comentarios, pues no le hemos criticado. 
Yo sólo he dicho que estaba sorprendida por el hecho de que su relato fuera tan favorable a las fuentes de energía renovables, cosa que no siempre le he oído decir, pero también la preferencia por la energía nuclear. 
Por lo demás, apoyamos por completo el Libro Blanco y el informe, tal como se ha manifestado en la comisión. 
Sólo quería repetirlo una vez más. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Votaciones 
Cada año, la Unión Europea produce más de 2.000 millones de toneladas de residuos de todo tipo, de los cuales alrededor de 30 millones de toneladas son residuos peligrosos, de ahí que resulte incomprensible que todavía no exista una clara estrategia de la Unión en este tema. 
La mejor política para adecuar su gestión al principio de desarrollo sostenible es, primero, minimizarlos. Lo que equivale al principio de prevención e implica, a la vez, la utilización restringida de materiales de embalaje y, sobre todo, su reutilización y reciclaje. 
La gestión de residuos debe responder a las mismas exigencias en toda la Unión para evitar su posible y siniestro «turismo» en un espacio sin fronteras. Para ello es necesario que se aplique el principio de proximidad. 
Igualmente resulta indispensable respetar y obligar, si fuera necesario, la clasificación en su origen y recogida selectiva aunque para todo ello, es indispensable contar con las autoridades locales y regionales; sin ellas ningún plan de gestión de residuos será eficaz. 
De ahí mis enmiendas en ese sentido y mi voto positivo al haber sido aceptadas. 
No puedo concluir sin recordarle a la Comisión la urgencia en la presentación de la nueva propuesta sobre vertederos. 
Ahí queda el caso gallego como dramático ejemplo. 
Informe Kittelmann 
El presente informe incluye una serie de acertadas observaciones que subrayan la necesidad de un reforzamiento de la normativa internacional sobre competencia dentro de la OMC. 
Señala que las conquistas en el marco, por ejemplo, de la OCDE y la UNCTAD y los acuerdos bilaterales de cooperación celebrados por la UE en ámbitos de política de competencia constituyen una aportación valiosa, aunque insuficiente, a la estabilización del comercio internacional. 
Subraya igualmente, con razón, que la introducción de normas obligatorias para la competencia internacional disminuirá gradualmente la necesidad de aplicar medidas antidumping. 
Esta observación es importante, sobre todo, a la luz de las distorsiones del mercado, negativas para la economía, que surgen como consecuencia tanto del dumping como de la aplicación de medidas antidumping. 
Informe Moniz 
Señor Presidente, brevemente quisiera justificar el voto favorable de nuestro Grupo ARE al informe del Sr. Moniz, dado que es innegable que el futuro de la industria textil y de la confección comunitaria corre un gran peligro si dejamos que se mantengan las previsiones de la Organización Mundial del Comercio de crear nuevos acuerdos respecto a la unión aduanera con Turquía, el libre intercambio con los países PECO y los acuerdos bilaterales con el Pakistán, la India y China. 
En ese caso, las consecuencias para nuestra industria, si tenemos en cuenta el efecto real que conlleva el dumping de países como la India o el Pakistán, serían nefastas. 
La política de la Unión Europea debe ir encaminada hacia una liberalización del mercado de forma global y efectiva, y desde dicha posición debemos actuar para que los acuerdos comerciales con la India y el Pakistán conlleven una apertura de sus mercados en el sector textil, consiguiendo que cumplan las exigencias comunitarias respecto al medio ambiente, la protección social y la propiedad intelectual. 
Confiemos en que, tras actuaciones como la que hoy hemos aprobado, la Unión Europea tome las medidas necesarias para que en la próxima conferencia ministerial de Singapur se establezca un marco riguroso y efectivo para crear un código de normas sociales mínimas en materia de comercio internacional. 
Señor Presidente, Señorías, no es frecuente que nosotros podamos votar a favor de un informe que trata sobre comercio internacional. 
El del Sr. Moniz tiene el gran mérito de ser lúcido y nosotros hemos votado a favor de este informe. 
Aunque no se diga claramente, es efectivamente el único que yo haya visto en este Parlamento que establece un vínculo entre el librecambio mundialista, las deslocalizaciones y el paro, que denuncia la falta de efectividad del acceso de los mercados de países terceros a los textiles europeos y que reclama la mayor firmeza en materia de lucha contra el fraude y en favor de la protección de un sector primordial para la Unión Europea, que todavía emplea a 2 millones de personas. 
Denuncia, en realidad, con medias palabras y porque el problema sólo afecta al sector textil, lo que nosotros llevamos denunciando aquí desde hace años, la ideología mortal que representa el librecambismo mundialista para nuestras economías, ese juego comercial cuyas reglas sólo aplica la Unión Europea en nombre de un dogma. 
La Comisión no deja de amplificar y acelerar el proceso de mundialización con la firma de acuerdos de librecambio, de asociación o de otra índole con el resto del mundo, sin estudiar jamás realmente las consecuencias nefastas que acarrea a sectores enteros de nuestra industria. 
De este modo sacrifica al «becerro de oro» del comercio mundial el empleo de cientos de miles de europeos, el tejido industrial de regiones enteras, e incluso el sistema económico y social de nuestros países. 
La salvación no llegará de la OMC sino de una protección inteligente de nuestros mercados y de la aplicación rigurosa del principio de preferencia comunitaria en todos los ámbitos. 
El Sr. Moniz no ha ido lo bastante lejos en esta vía. 
Sólo cabe lamentarlo. 
Los debates que hemos tenido esta mañana sobre las implicaciones del librecambio mundial en el sector textil en Europa me han parecido bastante etéreos y muy alejados de las consecuencias prácticas de dichos acuerdos, tal y como las viven nuestros conciudadanos. 
Como alcalde de Luçon, municipio de Vendée, cuya principal actividad era la industria textil y la confección, no puedo por menos que evaluar el exorbitante coste humano de esta política. 
¿Cómo puedo explicar a los obreros altamente cualificados de la fábrica New Man de Luçon, que hoy están en el paro, que en 1994 el acuerdo textil de la Unión Europea con China permitió un aumento del volumen de las importaciones textiles chinas en Europa sin que China se viera obligada a bajar sus derechos aduaneros, que oscilan en este sector entre el 70 y el 100 %? 
¿Cómo puedo explicarle a una familia, con los padres en el paro debido a la deslocalización de su empresa, que el Sr. Brittan no desea imponer un «diktat» social a los nuevos países industriales? 
Me temo, señor Presidente, que estas familias y estos trabajadores vendrán a pedir cuentas a la Comisión y a todos los cargos electos que han fomentado o permitido este desmantelamiento programado de nuestra industria. 
Todos sabemos lo mucho que han afectado los acuerdos comerciales internacionales a numerosos sectores industriales. 
La industria textil y de la confección es un ejemplo clarísimo de ello, y está bien que la Comisión y el Consejo se ocupen de esta cuestión. 
Quisiera rendir homenaje al trabajo efectuado por nuestro colega Moniz y felicitarlo. 
Frente a la comunicación de la Comisión que no ha dudado, en repetidas ocasiones, en evocar los futuros sacrificios de empleo para este sector con el pretexto de adaptarse a la estructura internacional de intercambios, el informe de nuestro colega me parece constructivo y la mejor garantía de la defensa del sector textil y del empleo. 
Está bien claro que el sector textil y de la confección ha sufrido de falta de preparación para la competencia internacional y que es preciso basar su desarrollo en las bazas tecnológicas y cualitativas, que durante mucho tiempo ha descuidado, considerándolas tal vez insuficientes para hacer frente a los bajos costes de producción de sus competidores. 
Sin embargo, como destaca el informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, es preciso para ello garantizar a escala internacional las condiciones de una competencia justa y leal. 
El sector textil no debe pues ser sacrificado en aras de la libre competencia y del mercado mundial. 
Hay que combatir activamente el fraude y las imitaciones. 
Hay que estar atentos a las deslocalizaciones abusivas basadas en la especulación de algunos empresarios que, de esta manera, están dando al traste con los puestos de trabajo de sectores enteros en el seno de la Unión; mi región, Nord-Pas de Calais, es a menudo víctima de esto. 
Por último y para no abordar más que algunos aspectos del problema, hay que crear cláusulas sociales en los acuerdos internacionales. 
Lo repito, puesto que ya he preguntado a la Comisión y al Consejo al respecto, es posible sortear la cláusula de la nación más favorecida por el GATT para que pueda crearse en el momento de la importación de productos textiles un impuesto social y de desarrollo que permita garantizar el acervo social y el empleo del sector en la Unión, y que pueda, por otro lado, utilizarse en el marco de nuestra política de cooperación y de desarrollo hacia estos países con bajos costes de mano de obra. 
Resolución sobre la aplicación del GATT 
La conclusión de los acuerdos del GATT hace apenas dos años y las consecuencias asociadas a los mismos son ahora un hecho. 
La Comisión de Agricultura solicita, por consiguiente, a la Comisión que reconsidere su posición en relación con las restituciones por exportación en el contexto de la nueva situación. 
En la Comunidad, el control del volumen de exportaciones se realiza, como es sabido, por medio de una rígida distribución de licencias, que sin embargo tiene efectos diferenciados para los distintos sectores. 
En el sector de los cereales, la Comisión tiene la posibilidad de establecer un control estricto. 
Por consiguiente, ahora debería concretar cómo puede transferir a los próximos años las cantidades no agotadas en el marco del GATT, puesto que en estos momentos ya es posible prever que se requerirán cuotas adicionales en el futuro. 
En el sector de la leche, la situación es, sin embargo, más crítica. 
En los últimos meses apenas se han registrado variaciones en los precios de la mantequilla y de la leche en polvo desnatada. 
En cambio, en el caso del queso, la política de precios asociada a la adecuación de las restituciones ha provocado una caída continuada de los mismos. 
Estos trastornos, ocasionados por las irregularidades en la concesión o retirada de las licencias de exportación, dificultan una evolución razonable del mercado. 
La Comisión debe modificar urgentemente su modo de proceder. 
También en el sector de la carne de bovino se observa una situación parecida. 
La evolución difícilmente previsible de la concesión de licencias desestabiliza el mercado y genera incertidumbre entre los productores. 
La Comisión debe introducir un sistema más flexible que permita una respuesta más adecuada a las fluctuaciones del mercado. 
Las existencias de carne de bovino adquiridas como medida de intervención también sobrecargarán el mercado en el futuro. 
¿Cómo se proponen desprenderse de estas existencias, señor Comisario Fischler, y en qué plazo de tiempo? 
Un elevado almacenamiento de existencias también genera una fuerte presión sobre el mercado y, por consiguiente, sobre los precios. 
Todos deben comprender que el mercado de la carne de bovino ya ha sufrido mucho y no debería verse expuesto a nuevos sobresaltos. 
La próxima crisis podría provocar su total hundimiento. 
¿Ha elaborado la Comisión algunas posibles soluciones ante esta situación? 
Y en caso afirmativo, ¿cuál es su contenido? 
Informe Colajanni 
, por escrito- No cabe duda de la precupación que- los últimos acontecimentos acaecidos en Israel- han suscitado en la Unión Europea. 
El proceso de paz, tras los acuerdos de Oslo, abrían una puerta a la esperanza y a la paz árabe-israelí. 
El asesinato de Rabin fue una durísima realidad que preagiaba de algún modo, la invertidumbre posterior, bien reflejada por Netanyahu. 
Nadie ha dudado sobre a la complejidad de este proceso, ni de la maraña complicada de factores políticos, económicos y religiosos; pero el proceso ha de seguir porque es el deseo manifestado por los habitantes tanto de Palestina como de Israel. 
Yo no suscrito varios epígrafes de este informe porque no creo que favorezcan este proceso; pero sí creo igualmente, que el actual Primer Ministro ha de aclarar y definir su posición, de ahí la razón del voto efectuado. 
Comparto totalmente el punto de vista del ponente de que estamos adoptando una posición en favor de la paz, y no nos decantamos ni por israelíes ni por palestinos. 
La crítica sobre el modo de actuar del nuevo Gobierno israelí, con la decisión de reanudar la política de asentamientos en los territorios ocupados, también está bien documentada. 
No obstante, quiero hacer una advertencia ante las ideas del informe sobre el papel futuro de la UE en el proceso de paz. 
Pienso que los Estados miembros de la UE deben actuar bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para conseguir la paz en el Oriente Próximo. 
Carece de fundamento en mi opinión la idea de crear un puesto de enviado especial permanente de la UE a la región. 
Es a través de las Naciones Unidas que se debe actuar para solucionar conflictos a nivel mundial. 
La UE no debe empezar a mandar enviados especiales a las diversas zonas conflictivas del mundo. 
La intención es buena, pero existen otros órganos para actuar con respecto a estas cuestiones. 
Quedan interrumpidas las votaciones. Se reanudarán a las 18.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Integración de la CECA en el presupuesto 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0302/96) del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la integración de las actividades CECA en el presupuesto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, no quisiera resultar grandilocuente pero la Comisión de Presupuestos cree, unánimemente, que su informe sobre el futuro presupuestario de la CECA debe iniciarse rindiendo homenaje al papel pionero de la CECA en la construcción europea y a su indudable contribución a la paz en Europa occidental. 
Señorías, el Tratado de París que instituyó la CECA, no sólo fue cronológicamente el primero de los Tratados comunitarios, anterior por tanto a los de Roma, que creaban la CEE y la CEEA, sino que reunía una serie de requisitos que, desgraciadamente, no han sido recogidos por los Tratados posteriores. 
La CECA alcanzó un alto nivel de supranacionalidad institucional. 
Se financiaba por un ingreso de tipo fiscal- un impuesto, en definitiva- que es el recurso propio más genuino de los que ingresan en las arcas comunitarias. 
Tenía un plazo de expiración prefijado y, por último, pero no por ello menos importante, ha permitido desarrollar una política industrial sectorial acompañada de acciones sociales y regionales. 
Políticamente, su papel en la reconciliación franco-alemana está fuera de discusión pero también es la evidencia misma de que el propugnar una política industrial sectorial activa tiene fundamento. 
La CECA es la evidencia misma de la utilidad de la acción comunitaria que involucra a los interlocutores sociales, frente a quienes propugnan la acción ciega del mercado y la desregulación. 
Señorías, sabemos perfectamente que la adaptación del carbón y del acero europeos no se han hecho sin costes pero ¿creen que nuestra industria siderúrgica sería competitiva actualmente sin la investigación realizada por la CECA? 
¿Se imaginan lo que hubiera significado socialmente la reconversión del carbón sin las acciones sociales de la CECA? 
Las instancias decisorias competentes han decidido no prolongar ni renovar el Tratado CECA al término de su plazo de vigencia, el 23 de julio del año 2002. 
Aunque parezca lejano es obligado que, por la importancia de la CECA, la autoridad presupuestaria de la Unión se interese ya por su suerte. 
Nuestra reflexión se ha desarrollado a partir de dos elementos básicos: por una parte, que la expiración de la vigencia del Tratado no implica necesariamente que todas las actividades desarrolladas actualmente al amparo de la CECA deban extinguirse en dicho año 2002. 
Por otra, y en cierto modo consiguientemente, hay que prever la estructura presupuestaria de acogida a las actividades que se considere que tienen que sobrevivir a la propia CECA. Esto puede hacerse mediante la integración en el presupuesto general o mediante alguna estructura ad hoc. 
Mis colegas expondrán la opinión de algunas comisiones especialmente afectadas pero, como ponente general, quisiera adelantar nuestras conclusiones principales: en primer lugar, el Parlamento Europeo- en tanto que autoridad legislativa y presupuestaria- debe estar asociado a todo el proceso de integración. 
Segundo, debe respetarse la correspondencia entre el phasing out y el phasing in, es decir, que la transferencia de actividades CECA al presupuesto general no puede suponer merma en la financiación de estas actividades. 
Y ésta es una denuncia que recibimos tanto en cuanto a acciones regionales como, sobre todo, a acciones sociales. 
La Comisión de Presupuestos cree que la integración debería comportar el desarrollo de una política industrial específica con cargo a la categoría tercera de las perspectivas financieras. 
He mencionado la competitividad y, por ello, debemos examinar la cuestión de la investigación. 
La opinión general es que el 4º Programa marco- que, por otra parte, absorbe ya el 61 % de la categoría tercera de las perspectivas financieras- difícilmente puede integrar la mayor parte de la investigación CECA actual, incluida la social que ya está en curso. 
Por ello, deberíamos ver cuáles son las directivas que damos al 5º Programa marco. 
Por último, la CECA desarrolla unas actividades de préstamos y empréstitos cuya vida puede llegar hasta el año 2019, lo que plantea la cuestión de las famosas reservas. 
Nuestra opinión es que dichas reservas deben revertir a la Unión y que su administración, total o parcial- esto puede discutirse- debería corresponder a un organismo autónomo descentralizado, y la Comisión de Presupuestos no ha querido pronunciarse unívocamente en este momento entre una fundación o una agencia, pero sí que este organismo debe estar bajo control presupuestario y legislativo de las instituciones comunitarias, y la misión de este organismo debería ser, señor Presidente- y con ello acabo -, el desarrollo de esta investigación siderúrgica, carbonífera y social necesarias para la supervivencia de estos dos grandes sectores europeos. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Colom i Naval por su excelente informe, a cuya preparación han contribuido otras comisiones parlamentarias. 
El tema principal del informe Colom i Naval es una pregunta: ¿cómo podrá la Unión Europea continuar la excelente labor de la CECA cuando el Tratado expire en el año 2002? 
Para nosotros, miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, el requisito más importante es que las zonas que tanto dependen de la producción de carbón y acero no pierdan las ventajas y los beneficios que les ofrece en la actualidad el Tratado de la CECA, y que Europa siga ayudando a esas zonas a reestructurar sus economías locales en un momento en que se cierran las minas de carbón y hay exceso de producción de acero en el mundo. 
El informe pide a la Comisión que inicie varias actividades. 
La primera, que cuenta con el apoyo de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, es la creación de un órgano subsidiario. 
Nuestra opinión es que, en primer lugar, los fondos que queden en las reservas de la CECA cuando el Tratado expire en el año 2002 deben destinarse a ese organismo, pues se trata de los recursos propios de la Unión. 
En segundo lugar, que cuando se establezca ese organismo vigilemos muy cuidadosamente su transparencia y su responsabilidad para con este Parlamento por lo que se refiere a su presupuesto y su estructura, y que la Comisión de Control Presupuestario dé el visto bueno a su presupuesto. 
La segunda esfera de actividad de que debe ocuparse ese nuevo organismo es la capacidad de investigación, factor que va a ser importantísimo si queremos seguir siendo competitivos en esos sectores; hay que poner recursos a disposición de las zonas cuya industria del carbón esté en declive, para poder impartir capacitación y financiar la rehabilitación. 
Apoyamos la creación de ese organismo con miras a regenerar las economías locales. 
Señor Presidente, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero desempeñó un cometido fundamental en la integración europea y ha demostrado que, desde muchos puntos de vista, tenía un carácter más supranacional que muchas de las nuevas instituciones añadidas a los Tratados Europeos. 
Es muy lamentable que los Tratados más recientes no hayan respondido a las expectativas desde muchos puntos de vista. 
Lamentablemente el Tratado de la CECA expira en el año 2002 y tenemos que incluir a la CECA en el presupuesto comunitario. 
Este informe inicia ya el proceso necesario, destaca muchos de los problemas y plantea muchas cuestiones a la Comisión. Es un buen informe. 
Felicitaciones para el ponente. 
La Comisión de Política Regional examinó el informe y ha podido comprobar que la mayor parte de nuestras conclusiones figuran en la resolución, pero quisiera recalcar un par de asuntos. 
En primer lugar, la característica sectorial de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y su acceso directo a empleadores, sindicatos y otras instituciones, representan una gran ventaja. 
Sería muy difícil incorporar esta característica a los instrumentos vigentes, pero no nos queda más remedio que conseguirlo, quizá recurriendo a las posibilidades que ya se han mencionado esta tarde. 
En segundo lugar, hay un problema y es que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tiene repercusiones directas para los empleadores y los empleados, mientras que los fondos estructurales son de ámbito mucho más general. 
No se conseguirá una incorporación satisfactoria sin antes ajustar las características de los fondos estructurales y aumentar sus recursos, incrementar la participación de los asociados en el proceso decisorio, y adoptar medidas mucho mejor definidas. 
Por último, en todas las decisiones que adoptemos hemos de tener en cuenta que esas dos industrias son de ámbito muy regional. 
En muchas de las zonas en que están instaladas hay pocas posibilidades alternativas de empleo o de inversión. 
La asignación de recursos a una formación profesional poco precisa y a un asesoramiento industrial confuso, como mucho me temo que esté sucediendo con algunos pagos con cargo a fondos estructurales, no es una solución en este caso. 
Señor Presidente, Señorías, el excelente informe del Sr. Colom i Naval sobre la integración del presupuesto del carbón y del acero en el presupuesto de las Comunidades Europeas contará con el apoyo del Grupo UPE. 
En efecto, al darle un carácter a la vez histórico y exhaustivo, el Sr. Colom i Naval ha trazado para la fundación que quede al final de los cincuenta años de vida de la CECA unas perspectivas que corresponden tanto al interés de los europeos como al interés de estos dos sectores fundamentales de la economía europea. 
El Tratado de París encontrará en el año 2002 un final del que podemos sentirnos felices y orgullosos. 
Recordaré, para que quede constancia, que en la primera lectura del presupuesto aprobamos un crédito de cinco millones de ecus para la preparación de esta entidad de la que todavía no hemos determinado ni la apelación ni la forma jurídica. 
Creo que es ésta una cuestión de fondo y por ello voy a presentar la postura del Grupo UPE en favor de lque sea una fundación y en contra de una fórmula tipo agencia. 
Efectivamente, si las agencias creadas hace ya tres años con el objetivo de financiar ellas mismas su desarrollo están llegando a un resultado muy bueno en la materia- sobre todo la agencia de Alicante -, no creo que la fórmula de la agencia, vinculada a una preocupación de rentabilidad, sea compatible con lo que deseamos para el carbón y el acero. 
La fundación, en cambio, al excluir toda noción de rentabilidad, corresponde mucho mejor a la preocupación de los padres fundadores y a la voluntad de que prevalezca el interés general. 
La investigación, que sigue siendo un instrumento indispensable de progreso, está íntimamente vinculada al futuro del carbón y del acero. 
Por esta razón y puesto que el informe invita a la Comisión a que elabore un estudio con vistas a la creación de una fundación o de una agencia, la hipótesis de una fundación debe examinarse atentamente, con un balance de previsiones relativo a los costes y a las ventajas de ambas fórmulas. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero dar las gracias al Sr. Colom por su informe y, especialmente, por el hecho de que éste parta de un reconocimiento de la importancia del Tratado de la CECA, la primera piedra- cito sus palabras- para la constitución de la Comunidad Europea. 
En mi calidad de diputada alemana, quiero agradecerle sinceramente que haya situado en un primer plano este aspecto, que en efecto fue altamente significativo para el desarrollo germano-francés y el posterior desarrollo de la Comunidad. 
Por otra parte, también quiero manifestar mi especial respaldo a la integración en el presupuesto europeo de las actividades que tendrán continuidad, puesto que se trata, a mi parecer, del único medio que nos permitirá valorar cuántos recursos nos proponemos destinar en el futuro al ámbito del carbón y del acero, en comparación con las demás tareas prioritarias que debemos atender en la Comunidad. 
La integración en el presupuesto nos ofrece un buen fundamento para dictaminar adecuadamente al respecto. 
Señor Presidente, señores diputados, ante todo permítanme que dé las gracias al señor Colom i Naval por la claridad y, añado, por el rigor de su informe y que exprese también mi reconocimiento a la Comisión de Presupuestos por el trabajo que ha realizado. 
Como por otra parte saben, las últimas tomas de posición de la Comisión sobre la expiración del Tratado CECA se remontan a 1993: entonces, la Comisión adoptó un documento de trabajo que actualizaba su última comunicación al Consejo sobre el futuro del Tratado de la CECA y, en particular, sobre las actividades financieras y en el que se tenía en cuenta la tendencia, por una parte, a reducir la exacción reguladora y, por otra, a la liberación de las reservas que se debe a la reducción de la actividad de asunción de emisión de empréstitos y de concesión de préstamos. 
Además, en una comunicación del mismo día sobre el futuro del Tratado CECA y las actividades de emisión de empréstitos y de concesión de préstamos, la Comisión informaba al Consejo de la posible subrogación del BEI en algunas actividades financieras de la CECA. 
Por último, en junio de 1994, la Comisión tomó nota del acuerdo que se produjo en el seno del Consejo de Industria sobre las adaptaciones de la política de emisión de empréstitos y de concesión de préstamos ante la perspectiva de la expiración del Tratado y decidió limitar la duración de los nuevos préstamos CECA al 23 de julio del año 2002, con el acuerdo de que serían posibles excepciones sólo para los préstamos garantizados por un Estado miembro. 
Quisiera también recordar que no sólo la Comisión sino también las demás instituciones se han preocupado por la expiración del Tratado CECA y por sus consecuencias y, pro memoriam, quisiera citar solamente el memorándum de la Delegación alemana sobre la situación de la investigación minera y siderúrgica en la Unión Europea, el memorándum del Comité Consultivo de la CECA, de junio de 1995, y algunas tomas de posición del Parlamento, sobre todo con motivo del procedimiento presupuestario, como ha ocurrido recientemente con el informe del Sr. Giansily sobre el proyecto de presupuesto operativo CECA para 1997. 
En realidad, a la Comisión le parece que la sucesión de la CECA plantea esencialmente dos problemas: el primero es la garantía de buen fin de las operaciones presupuestarias, tanto para la liquidación de los compromisos contraídos hasta el año 2002 como para las operaciones financieras, de emisión de empréstitos y de concesión de préstamos, todavía en curso en el año 2002. 
Y éste es un primer aspecto del problema. 
En segundo lugar, el problema que se ha de resolver es la propiedad del patrimonio CECA, es decir, esencialmente de sus reservas y de su posible utilización para la ulterior financiación de actividades específicas de investigación. 
En opinión de la Comisión, los herederos, por decirlo así, de la CECA son, obviamente, los Estados miembros: a ellos les compete decidir, de común acuerdo, cómo gestionar y a qué destinar las reservas CECA, teniendo en cuenta los derechos de los acreedores. 
Dicho de otro modo, los Estados miembros están obligados a garantizar el buen fin de todas las operaciones financieras que estén todavía en curso en el año 2002. 
Por ese motivo, la Comisión ha confirmado recientemente su voluntad de confirmar, en el año 2002, un nivel de reservas adecuado, que corresponda al 100 % de los préstamos en curso en esa fecha que no cuenten con la garantía de un Estado. 
En síntesis, pues, la Comisión debe, por un lado, hacer a los Estados miembros una serie de propuestas encaminadas a garantizar el buen fin de las operaciones en curso, pero, por otra, debe decidir si mantiene o no el carácter específico de la CECA en materia de investigación sectorial de una manera que aún está por definir. 
La Comisión ha tomado nota con atención de la petición del ponente, que invita a la Comisión a estudiar si es conveniente crear una fundación o una agencia europea para el carbón y el acero. 
A este respecto, la Comisión se compromete a preparar una comunicación para las próximas sesiones del Consejo de Industria del 2 de febrero o del 17 de abril de 1997. 
Esa comunicación, estoy segura de ello, abordará la cuestión de la utilización de las reservas que queden de las demás actividades. 
En cuanto a la forma institucional que el Sr. Colom i Naval ha sugerido, la Comisión está convencida de que existen también otras fórmulas que se han de tomar en consideración, distintas de la creación de una fundación o de una agencia europea: en efecto, se trata también de estudiar la naturaleza de éstas u otras posibles fórmulas. 
De todos modos, la estructura que se elija para financiar después del año 2002 las investigaciones que se han revelado válidas deberá garantizar, en opinión de la Comisión: el control por parte de la autoridad presupuestaria y la eficacia de gestión de acuerdo con el espíritu del artículo 55 del Tratado CECA. 
A este respecto, la Comisión ha entendido muy bien la propuesta presentada por el Sr. Hughes, ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, que tiene por objeto encargar a la Comisión la gestión de los fondos de que se trata en el ámbito del presupuesto general de la Unión Europea. 
En cualquier caso, cualquiera que sea la fórmula que se adopte en definitiva, está claro que la Comisión defenderá el principio de la unicidad del presupuesto y examinará con la máxima atención en qué medida puede justificarse una excepción al principio de la universalidad del propio presupuesto. 
Señor Presidente, señores diputados, he tratado de exponer brevemente lo que piensa actualmente la Comisión, pero es evidente que el debate no ha concluido, y estoy convencida de que habrá otras ocasiones para debatir nuevamente estas cuestiones. 
Como conclusión, sólo quiero expresar, en nombre de la Comisión, la satisfacción por el clima de cooperación que ha acompañado el trabajo de las dos instituciones, porque este debate tiene aún vencimientos muy próximos en la propuesta que la Comisión debe presentar al Consejo de Industria de primeros de 1997. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Protección de los animales durante su transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión: 
B4-1219/96 de los diputados Funk, Böge, Redondo Jiménez, Goepel, Provan, Virgin, Keppelhoff-wiechert, Klaß, McCartin, Schierhuber, Mayer y Sonneveld, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la transposición de la modificación de la Directiva 91/628/CEE relativa a la protección de los animales durante su transporte; -B4-1221/96 de los diputados Fantuzzi y Görlach, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la transposición de la modificación de la Directiva 91/628/CEE; -B4-1225/96 de los diputados Tamino, Ripa di Meana, von Blottnitz y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las condiciones de transporte de los animales. 
Señor Presidente, yo creo que lo que nos ha soliviantado a todos en las pasadas semanas fueron las espantosas imágenes sobre la expedición y el transporte de animales vivos que tuvimos que contemplar. 
No es la primera vez que esta cuestión despierta inquietud en la población y también entre nosotros, en nuestra calidad de políticos. 
Ahora se demuestra que teníamos razón cuando, con motivo de la modificación de la directiva, presionamos sobre el tema de los plazos y presentamos propuestas más rigurosas aún que las adoptadas finalmente. 
Todos sabemos que en el transporte de animales intervienen muchos aspectos. 
El primero es, obviamente, el que hace referencia a los animales, el respeto a la criatura viva. 
Pero debe contemplarse igualmente el respeto al valor del producto, puesto que en tanto que personas todos somos también consumidores. 
A mi parecer, resulta degradante asimismo para los productores de valiosa carne de bovino, de los animales de los que ésta se obtiene, ver cómo se trata el producto que han criado con esmero. 
También es una visión espantosa para los consumidores. 
El mercado de la carne de bovino ya está paralizado por el problema de la encefalopatía espongiforme bovina, ¡y ahora se le suman estos hechos! 
Pero también interviene otro aspecto, que tiene su origen en la estructura de nuestros grandes mataderos y su exceso de capacidad. 
Para aprovechar este exceso de capacidad es preciso transportar, obviamente, los animales a grandes distancias. 
Si bien esta constatación también confirma el acierto de la política- por fin modificada a Dios gracias- en favor de los mataderos regionales. 
Si se utilizan estas capacidades y estos mataderos, será posible reducir asimismo las distancias de transporte. 
Un cuarto aspecto, que no debemos silenciar, es también nuestro procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones. 
El transporte de animales vivos, si se realiza debidamente, resulta obviamente más caro que el de carne de abasto o congelada. 
Pero cuando el sistema se utiliza para obtener una ganancia adicional a través de las subvenciones y permite que un producto como la carne sea tratado de este modo, ¡la cosa empieza a ser grave! 
Una última observación: no debemos señalar con el dedo a determinados Estados miembros. 
Las imágenes fueron tomadas en Trieste, ¡pero en este caso Trieste se repite en todas partes! 
Señor Presidente, apreciada señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero recordar el motivo de que hoy celebremos este debate. 
Las organizaciones protectoras de animales, los medios de comunicación y la opinión pública en general se sienten indignados y muy alterados, con razón, ante la difusión de imágenes del transporte de ganado vivo tan espantosas como las que mostró hace poco la televisión. 
También los agricultores, en su calidad de criadores de valiosos animales, se sienten discriminados cuando comerciantes sin escrúpulos tratan a estos animales como mercancías insensibles al sufrimiento. 
A la vista de estos hechos, no debe extrañarnos que un número creciente de personas, sobre todo jóvenes, rechacen el consumo de carne con objeto de distanciarse de estos intolerables procedimientos. 
Yo vengo luchando ya desde hace años para que se favorezca y se conceda prioridad al transporte de carne frente al de ganado vivo, pero hasta el momento hemos encontrado escaso respaldo en la Comisión. 
Se nos ha señalado repetidamente que el transporte de animales vivos es imprescindible porque en los países de destino se conservan las hembras para la producción de leche y la reproducción y porque en algunas regiones se emplean rituales de matanza distintos a los que se siguen en la Unión Europea. 
Precisamente estas explicaciones demuestran irrefutablemente que los animales vivos deben recibir el mismo trato y ser transportados del mismo modo que se hace con los animales útiles y los destinados a la reproducción. 
Existen suficientes pruebas de que es posible transportar a los animales de conformidad con las normas y los criterios de protección y con los debidos requisitos. 
Todas las directivas, reglamentos y resoluciones aquí debatidos y aprobados no valen el papel sobre el que están escritos si no se realizan meticulosamente los controles necesarios. 
En este aspecto, es necesaria, obviamente, la colaboración de los Estados miembros. 
Sin embargo, la propia Comisión sigue desembolsando subvenciones para estos transportes, incluso cuando se cometen graves infracciones. 
¡No debería proceder así! 
¡Debería suspender los pagos a los transportistas que no cumplen la norma, que no respetan las regulaciones relativas a los animales! 
Yo sé por propia experiencia, por ejemplo, que la Unión Europea realiza controles muy estrictos en mi propia granja y que ante la menor infracción suspende las primas o reduce los pagos compensatorios por superficie. 
Al parecer, en este caso es posible realizar controles, pero no cuando se trata del transporte de ganado. 
A los transportistas de animales se les aplican incomprensiblemente, a mi entender, criterios distintos de los que se siguen en los demás controles. 
Yo le pido, señora Comisaria, que se ponga remedio a esta situación y que se proceda con mayor rapidez y más acertadamente de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Como medida más urgente, solicitamos a la Comisión que suspenda el pago de las restituciones por exportación a los transportistas que no cumplan las normas de protección en cuanto al transporte y cuidado de los animales. 
Los pagos deberán condicionarse al respeto de las normas en materia de protección de los animales en su modo de transporte. 
La población de los países de destino- y es algo que también quiero añadir- tiene derecho a recibir carne de calidad. 
Pero ésta no puede obtenerse de unos animales que han sido torturados y llegan medio muertos a esos países. 
¡Es preciso decirlo por una vez con toda claridad! 
Por lo tanto, ¡ya no valen excusas! 
En 1995, ya propusimos una línea presupuestaria, que posteriormente también fue aprobada. 
Sin embargo, a pesar de disponer de los fondos- 2, 5 millones de ecus -, ¡no se realizó ningún control! 
Señor Presidente, señores diputados, me permitirán que dé una respuesta de carácter general, o, mejor dicho, una respuesta única a las tres preguntas que se han presentado, y que luego trate puntos más específicos que se han planteado durante el debate. 
Las condiciones de los animales durante los transportes hacia terceros países, de las que se ha hablado ampliamente en las últimas semanas, son especialmente preocupantes para la opinión pública, como han dicho también aquí Sus Señorías. 
La Comisión sigue con especial atención la situación para garantizar condiciones adecuadas de transporte de los animales en los terceros países. 
A este respecto, la Comisión ha intensificado los contactos con muchos terceros países para encontrar una solución y para examinar la posibilidad de disponer de normas específicas para los transportes fuera de la Unión Europea. 
Pero tengo que poner de relieve las dificultades especiales que caracterizan los intercambios con los terceros países, ya que, obviamente, allí las directivas de la Unión Europea no pueden aplicarse directamente. 
De todos modos, la Directiva 91/628, modificada por la Directiva 95/29, contiene disposiciones encaminadas a garantizar la observancia de condiciones adecuadas de bienestar de los animales por parte de los operadores que transportan animales desde o hacia el territorio de la Unión Europea. 
Como Sus Señorías saben, la directiva de base se modificó en 1995 gracias al considerable apoyo del Parlamento Europeo, y la mayoría de las medidas adoptadas deben incorporarse a las legislaciones nacionales a más tardar el 1 de enero de 1997. 
Medidas relativas a criterios adicionales para los vehículos utilizados para el transporte por carretera de animales, para viajes de más de ocho horas de duración, y criterios mínimos para los puntos de parada estarán en vigor, a más tardar, el 1 de enero de 1998. 
Se espera- la Comisión, al menos, así lo desea- que todas estas propuestas de medidas de ejecución se presenten al Consejo en breve. 
Pero la directiva modificada contiene normas más rigurosas para garantizar el respeto, por parte de los operadores del sector- a los que se refería en particular el Sr. Funk -, de condiciones adecuadas de bienestar de los animales durante los transportes. 
Por ejemplo: las autoridades del Estado miembro exportador deben garantizar que el animal esté en condiciones de afrontar el viaje previsto, que se hayan tomado las disposiciones apropiadas para que se le pueda cuidar durante el transporte y, en caso de exportación, también cuando llegue al lugar de destino. 
Un Estado miembro debe poder garantizar que el transportista que opera en el sector export-import estará obligado a respetar las disposiciones de la directiva durante todo el trayecto, que debe efectuarse en camiones o en barcos destinados a este fin. 
Sin embargo, habida cuenta de las denuncias presentadas, la Comisión piensa intervenir una vez más ante las autoridades de los Estados miembros implicados en los recientes incidentes que se citan en las preguntas que se han presentado aquí, en particular en Alemania y en Italia. 
Si del examen de estos casos resultara que los incidentes se han producido debido a una aplicación inadecuada de la directiva por parte de las autoridades de los Estados miembros, la Comisión tomará en consideración la posibilidad de iniciar el procedimiento de infracción contemplado en el artículo 169 del Tratado. 
Para aumentar el grado de protección de los animales transportados en terceros países, los servicios de la Comisión están estudiando la posibilidad de anular las restituciones a la exportación a los exportadores que no han respetado plenamente las disposiciones vigentes sobre el bienestar de los animales durante los transportes, que me parece que es exactamente la propuesta que el Sr. Funk ha introducido en el debate. 
La Comisión quiere advertir a Sus Señorías que este procedimiento es una cuestión muy compleja, y, además, estoy segura de que son conscientes de ello: en efecto, se deberían efectuar controles veterinarios no sólo en el punto de salida de dentro de la Unión Europea sino también durante el transporte, fuera del territorio comunitario, así como en el punto de llegada en los terceros países. 
Creo que Sus Señorías tienen presente al menos la complejidad desde el punto de vista de la organización porque todo esto tiene notables implicaciones desde el punto de vista práctico y jurídico. 
En cualquier caso, no creo que tenga que explicarles aquí a Sus Señorías cuál es el problema. 
Pero la Comisión se alegra de informarles de que se ha avanzado en la cuestión y de que hay muchas posibilidades de que la propuesta de reglamento del Consejo se presente el mes próximo. 
Usted, señor Funk, pide explicaciones sobre el respeto de la aplicación de la directiva. 
La Comisión puede decir que la aplicación día a día de la directiva es, como todos saben, competencia de cada Estado miembro. 
La Oficina de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria de la Comisión ha puesto en marcha, en 1995 y en 1996, un programa de misiones en los Estados miembros con la intención de examinar la adecuación de las medidas de aplicación que los Estados miembros han adoptado y para verificar las condiciones de transporte de los animales en los mercados, en los mataderos, en los puntos de recogida y en los puestos fronterizos. 
En cuanto a la cuestión de la asignación de 2, 5 millones de ecus del presupuesto 1996- cuestión que se ha planteado aquí- tengo que decir que esta dotación no permite- repito, no permite- que la Comisión contrate más personal destinado a los controles, pero hemos examinado la cuestión para ver cómo utilizar de la mejor manera posible los importes disponibles. 
Al Sr. Tamino la Comisión quisiera simplemente indicarle que la directiva no implica la obligación de que los Estados miembros informen a la Comisión de cuántos controles han efectuado, de qué disfunciones han verificado y de qué sanciones han impuesto. 
En ese sentido y por ese motivo, la Comisión no puede dar las informaciones globales que usted, Señoría, pedía. 
Por último, por lo que respecta a los proyectos específicos de control, la Comisión considera varias opciones que podrían, quizás, mejorar el control del transporte de los animales. 
Se trata de verificaciones sistemáticas de las condiciones de transporte durante un período determinado que deberían efectuar organismos independientes. 
Esta es una opción posible, que podría comprender el control de los transportes de los animales en los puestos de inspección fronterizos, utilizando y potenciando, por ejemplo, material que puede servir para informar e instruir a todos los que tienen responsabilidad directa en el sector, así como permitir una puesta a punto de datos sobre la aplicación jurídica de las medidas por parte de los Estados miembros, en caso de que se constataran infracciones de las normas en materia de bienestar de los animales. 
Todos estos aspectos tienen que estudiarse más a fondo, pero la Comisión quiere confirmar aquí que, a pesar de la complejidad de la situación de organización, financiera y jurídica- que es distinta pero importante- tanto en los Estados de la Unión como, sobre todo, en los terceros países, continuará presentando propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de los animales. 
Esperamos, dado que todos ustedes, Señorías, conocen las dificultades de este expediente, que la Comisión y el Parlamento puedan unirse para llevar adelante estas iniciativas especiales. 
Señor Presidente, me alegra mucho que estemos sosteniendo este debate. 
Todo el mundo sabe que la cuestión del transporte de animales suscita graves preocupaciones en toda la Unión Europea y cuando la nueva normativa se aprobó el año pasado pudimos confiar en que se había puesto término a algunos de los peores aspectos de dicho transporte. 
Cuando el Consejo aceptó la nueva normativa de transporte en junio de 1995, se hizo referencia a la importancia de que la Comisión pudiera aumentar el número de inspectores veterinarios encargados de velar por el cumplimiento de la nueva Directiva. 
A pesar de la respuesta bastante alentadora que ha dado la Sra. Bonino, yo recibí una respuesta mucho menos alentadora cuando un año después de haberse aprobado la Directiva pedí al Consejo y a la Comisión, por escrito, que me dijeran lo que habían hecho acerca de la Directiva y, concretamente, si se había previsto en el presupuesto una partida suficiente para poder contar con más inspectores. 
La Comisión contestó que no había recursos disponibles y que no tenía la intención de contratar a más inspectores, y por lo visto la situación no se ha modificado hasta ahora. 
El Consejo se limitó sencillamente a pasar la bola a la Comisión y su respuesta indicaba una indiferencia total acerca del problema y ningún interés por lograr que se aplique la legislación de la Unión Europea. 
Por lo tanto, tal y como tengo entendido, hasta hoy sigue habiendo un inspector veterinario que se encarga de vigilar la aplicación de la Directiva de transporte. 
Supongo que no podrá quejarse por falta de trabajo y no es de extrañar que se sigan burlando de él en su cometido. 
Hay otros casos en los que la situación es aún peor. 
Por ejemplo la Directiva sobre las normas en materia de gallinas ponedoras requiere que la Comisión efectúe inspecciones en los Estados parte. 
Esa Directiva se aprobó en 1988 y hasta ahora no se ha efectuado una sola inspección. 
Francamente, si la Comisión no está dispuesta a hacer cumplir la legislación de la Unión Europea y el Consejo, por lo visto, no se ocupa de ello en absoluto, aquí estamos desperdiciando nuestro tiempo. 
Me ha animado la respuesta de la Sra. Bonino, que ha dicho que la Comisión va a seguir adoptando medidas para procurar que la directiva se aplique, aunque no se contrate a inspectores veterinarios adicionales. 
Ahora bien, me parece que tenemos que contratar a inspectores veterinarios si queremos ocuparnos seriamente de esta cuestión. 
Espero también que la Comisión designe a organizaciones no gubernamentales responsables en los Estados miembros para que se ocupen de hacer cumplir la legislación, si la Comisión no puede hacerlo por sí misma. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no pensaba que hoy tendría que venir aquí a defender en cierto sentido algo italiano que noto que se pone en tela de juicio. 
No defenderé ciertamente al Gobierno, mejor dicho, no defenderé tan banalmente lo italiano. 
Pero quisiera defender un cruce de civilizaciones, como es Trieste y toda su región, clásico cruce de valores centroeuropeos, de una sombra que se le ha echado de una manera que no soy capaz de definir, en absoluto, como gratuita, pero que seguramente es exagerada. 
Un caso que pasa a ser objeto de debate en el Parlamento Europeo, pero que aunque sea grave y, ciertamente, condenable, se inserta en un método de trabajo, en una relación entre Estados, en una relación entre productores y consumidores de un producto animal que, además, no creo que en Italia sea distinta de como es en los demás Estados. 
Ciertamente, cuando se habla de transporte de animales vivos intervienen muchos factores; todo parece cruel, cualquier toque parece una tortura y puede que sea realmente así. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Tamino cuando dice: no a los aguijones eléctricos, no al que no respeta los plazos de viaje, no al que no respeta los turnos para suministrar agua y comida a esos animales. 
Pero cuidado también con las demagogias y las especulaciones. 
No todo es tortura y no todo es la búsqueda de la verdad, como ocurre en este caso. 
No creo que el puerto de Trieste sea muy diferente de otros puertos, de otros centros de recogida y de clasificación de carnes vivas y de carnes sacrificadas. 
Digamos, pues, que en este momento el puerto de Trieste está en el ojo del huracán, ya que en un momento de gran afluencia, de congestión- ésta es la explicación que me han dado cuando he llamado por teléfono -, alguien estaba presente y ha filmado ciertos casos- sabemos que si queremos ir a buscar casos espectaculares, los hay a montones- y los ha trasformado en norma. 
Se ha desencadenado también en Italia una iniciativa inmediata ante esa carta del Ministerio de Sanidad, que estará también en poder de muchos colegas italianos, enviada con fecha de 12 de noviembre, hace dos días. 
La respuesta ha sido inmediata. 
Han llegado a Trieste veterinarios y funcionarios de los Länder alemanes que han sido recibidos y llevados a esos centros de recogida del puerto de Trieste y han inspeccionado esos servicios. 
La conclusión es que se ha redactado un protocolo de arreglo, un acuerdo, con el que algo se ha conseguido. 
Muchas cosas se habrán simplificado desde el punto de vista burocrático, con fax en vez de sellos y llamadas telefónicas en vez de insultos a distancia, pero, sobre todo, el puerto de Trieste se ha comprometido a contratar más personal para gestionar esos servicios. 
Pues bien, de ahí a transformar Trieste en un infierno hay diferencia. 
Si quisiéramos hacer inspecciones análogas e idénticas en otro lugar, creo que, quizás, también en la próxima sesión tendremos que estar aquí defendiendo algún puerto europeo. 
Señor Presidente, cada semana se transportan 2.000 caballos de Europa Oriental a la Unión Europea. 
Gracias a un estremecedor documental neerlandés, nos hemos visto confrontados con el terrible sufrimiento de los caballos durante su transporte en la frontera de Italia. 
Afortunadamente, los inspectores de la protectora de animales de los Países Bajos han demostrado- no es que sea afortunado que lo hayan demostrado, sino que es bueno que lo hayan hecho, pues así nos enfrentamos con los hechos- que de estos 2.000 caballos cada semana muchos cruzan la frontera muertos o con las patas rotas u otras lesiones. 
La película sólo mostraba un camión, pero basta un simple cálculo para llegar a la conclusión de que en una semana mueren entre cincuenta y cien caballos debido a este tipo de transporte. 
Mientras nosotros estamos aquí hablando, muere un caballo a consecuencia de un trato indigno para los animales. 
¿Merece la pena todo esto por una loncha de salami en nuestro bocadillo? 
Por no hablar del transporte de otros animales; ¡cuanto sufrimiento provocamos por este transporte, cuánto sufrimiento causamos a estos animales! 
He oído la respuesta de la Comisaria Bonino. 
Sus intenciones no me parecen malas, pero tengo una pregunta. 
A mediados del presente año tenían que publicarse los reglamentos de ejecución de la directiva de 1995. Yo no los he visto. 
¿Podría decirme la Comisaria dónde puedo encontrarlos, cuándo fueron publicados? 
¿Todavía piensa que la directiva de 1995 podrá entrar en vigor el 1 de enero de 1997? 
Por último, pido a mis colegas, y especialmente a mis colegas alemanes e italianos, que insten a las autoridades de sus países para que ejerzan un control más eficaz en las fronteras. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no se pueden ni imaginar en qué estado se encuentran los caballos, la conquista más bella del ser humano, cuando son transportados desde Polonia o Argentina hasta los puertos del Atlántico. 
Pero no acaba aquí su martirio, pues todavía se les cargará en camiones y se les transportará por toda Europa. 
Y luego están las ovejas, que vienen de Nueva Zelanda y de Australia en las bodegas de los barcos donde mueren en medio de sus congéneres que han permanecido en vida. 
Sin embargo, es cierto que los neozelandeses mataban los domingos, a la salida de la iglesia, a los indígenas maoríes, con lo cual, evidentemente, lo de las ovejas... 
Hablemos también de los cerdos, de los pollos en jaulas, transportados durante horas. 
Claro está que cada ocho horas hay que detenerse, pero están las huelgas, por ejemplo, en Gorizia, cerca de Trieste, en el puesto fronterizo. Sin nada que comer, nada que beber y bajo el sol esto se vuelve un auténtico «Viaje al final de la noche». 
Ya sean veinte o cientos o miles, están asustados, dentro de vagones precintados, tal vez también se trate de vagones marcados con el lacrado de cera que lleva las estrellas amarillas de la bandera europea. 
Y luego están los loros que transporta la compañía aérea KLM de los Países Bajos, los defensores de la venta libre de droga y de las libertades. 
Cincuenta por ciento de los loros mueren durante el transporte. 
Está también la cría en plan campo de concentración, con los pollos iluminados día y noche, al igual que las gallinas, para provocarles reacciones hormonales a la serotonina que inducen a poner huevos sin parar, a arrancarse las plumas casi como si quisieran suicidarse. 
Y luego cada año se queman vivos 100 millones de pollitos machos en calderas, para ponerle calefacción a esta auténtica cría de la vergüenza; y luego están los cerdos, los animales más cercanos a los comisarios europeos, pero también al ser humano, cuyas válvulas cardíacas se utilizan en los trasplantes. 
Se restriegan contra el hormigón hasta provocarse heridas. 
Se les atiborra de antibióticos, de tranquilizantes, pero unos y otros tienen miedo; y luego están los terneros jóvenes en jaulas, sin luz, alimentados con suero de leche, anémicos, con problemas de hemoglobina, y todavía estos tienen suerte porque, a veces, se los sacrifica al cabo de ocho días para convertirlos en alimento para animales domésticos, marca Canigou o Ronron. 
Alimentos para animales a los ocho días. 
Y para redondearlo, están las vacas. 
La vaca de Plutarco, la vaca toda ternura, reducida a la antropofagia, obligada a comerse a sus congéneres y, ya para remate, con el cerebro perforado por doce vesículas amarillas, como las estrellas de la bandera de la Paramount, la bandera europea de la vergüenza. 
No olvidemos los mataderos, con las cadenas de la muerte, donde el aturdimiento eléctrico no funciona, con lo que los pollos y los patos llegan escaldados y con el cuello cortado y la carótida rezumando sangre, porque están vivos. 
Por último, hasta los mismos animales salvajes no escapan de la barbarie, con las trampas dentadas. 
Animales para pieles de abrigo, con los huesos de las patas triturados, los tendones desgarrados, las arterias seccionadas, que utilizan sus últimas fuerzas para arrancarse la pata y arrastrarse un metro más lejos, esto está comprobado por la nieve enrojecida. 
Porque los inuitas deben seguir con su caza tradicional. 
¿Pero qué es eso de que los inuitas conocen el acero de las trampas dentadas desde hace siglos? 
La verdad es que esta barbarie tiene el rostro del capitalismo mundialista. 
Es la barbarie de rostro comunitario. 
Es la cara odiosa y horrible de la búsqueda de la ganancia. 
Cuando Bruselas se plantea, sin pestañear, acabar con 11, 5 millones de reses bovinas británicas, es decir de vacas, símbolo de la ternura, de la bondad cuya leche es equivalente a la de la madre, esto supone una pila de vacas amontonadas unas sobre otras de 11 kilómetros de altura, es decir una vez y media la altura del Himalaya. 
Todo esto para tratar de expiar el pecado de los Sres. Legras, Mansito y Hoelgaard, del Comité veterinario permanente. 
Estos hombres que lo sabían todo y que no dijeron nada. 
Cuando se llega a tal extremo, estimados amigos, ustedes que piden directivas, ¿qué cabe esperar de esta institución europea? 
Aquí mismo, el Sr. McSharry me ha dicho que le conmovían las condiciones de los animales en 1992, y ya sabía en el momento en que decía esto lo que se hacía con las harinas. 
La verdad es que nos encontramos frente a un nazismo económico, una exterminación de los seres vivos en aras del beneficio y del productivismo. 
La lógica europea es lo que conduce a esto, en contra de la voluntad de los campesinos, también primeras víctimas y con el índice de suicidio más alto entre todas las categorías profesionales de Europa. 
Es indudable que cuando se llega a esto, los derechos naturales del cordero, del ternero joven, de la cría de foca y del pollito poco importan a los comisarios europeos. 
Pero hoy son los animales, y mañana, en nombre de los criterios de Maastricht, se pedirá la interrupción voluntaria de la vejez para los viejos. 
Señor Presidente, queridos amigos, ustedes no entienden que el cambio ha de ser moral, filosófico. 
Si lo que mata es la idea europea, la idea europea es lo que hay que matar. 
Señor Presidente, una cuestión de orden y una cuestión personal. 
Constato que el diputado que acaba de hablar ha ofendido dos veces a mi país, los Países Bajos. 
No quiero entrar en detalles, pero quiero desmentir firmemente lo que ha expresado con palabras ofensivas. 
Señor Presidente, tenemos la suerte de poder tratar esta resolución en presencia de la Comisaria, la Sra. Bonino, porque se trata de una materia, en parte, de su competencia, pero sobre todo porque apreciamos su conocida sensibilidad y concreción. 
La Directiva nº 29 estableció con precisión los criterios sobre el transporte de los animales para que no sufran, pero también, cuando se trata de carne destinada al consumo humano, para que el producto sea de la mejor calidad posible. 
Como siempre, el problema es el de la aplicación y ciertamente, como pide la resolución, no deben sobrepasarse las fechas. 
Confiamos, como la Comisaria Sra. Bonino ya ha dicho aquí, en que pronto se publicarán los reglamentos de aplicación. 
Con respecto al caso al que más de un orador ha hecho referencia, sabemos bien que la información a veces pone énfasis en los hechos por fines distintos de los enunciados y, naturalmente, comprendemos que, en no pocos casos, esos fines esconden intereses menos nobles que los que se declaran. 
Con respecto a Trieste, todos sabemos que los servicios veterinarios fueron visitados por los inspectores, digamos en una fecha no sospechosa, y fueron reconocidos aptos. 
Sabemos, como ha recordado hace un momento el Sr. Santini, que el 12 de noviembre hubo un encuentro entre los veterinarios federales y de los Länder y las autoridades italianas, con motivo del cual se visitaron las instalaciones, que se encontraron en excelentes condiciones, y se redactó un proyecto de protocolo en el que los italianos piden garantías especiales, garantías correctas sobre la calidad de los animales, cuando parten del país de origen. 
Además, Italia se ha comprometido a potenciar la plantilla de los servicios de Trieste, como ya prevé una ley nacional que proporciona los medios para dicha potenciación. 
, miembro de la Comisión. (IT) Señor Presidente, señores diputados, sólo quiero hacer una breve aclaración. 
No veo al Sr. Provan en el hemiciclo, pero otros colegas podrán contárselo. 
Quisiera volver al problema de los controles y al problema de la limitación del presupuesto. 
En este hemiciclo sólo quiero repetir que este hemiciclo es una autoridad presupuestaria, junto con el Consejo, y, por lo tanto, la Comisión espera ciertamente, si hubiera una posibilidad, incrementar esta parte. 
Pero Sus señorías saben perfectamente cuál ha sido el drama del presupuesto y todo el debate que ustedes mismos han tenido. 
El segundo elemento se refiere a la propuesta de utilizar elementos de la sociedad civil. 
Señorías, estamos hablando, en un ámbito del Tratado, de la relación entre la Comisión, los Estados miembros y, evidentemente, esas organizaciones. 
Además, compete a la Comisión verificar la existencia de un marco suficiente de controles y la uniformidad de ese marco en los países miembros. 
Para verificar eso, desde luego no nos sirven las organizaciones no gubernamentales, que, en cambio, podrían ser utilizadas útilmente por los Estados miembros para un control más pormenorizado en su territorio: exactamente, por los Estados miembros y no por la Comisión, que, evidentemente, hace hacer los controles a organizaciones no gubernamentales. 
Me parece que, jurídicamente, una solución de este tipo supondría una serie de obstáculos: Como, por otra parte, creo que hablo a excelentes juristas, no hace falta que profundice en este punto. 
Un brevísimo comentario ahora al Sr. Morris, porque, como ya he dicho en la introducción- pero quizás es bueno que lo repita -, a partir del 1 de enero de 1997, el artículo 18 de la directiva enmendada establece que, en caso de infracciones repetidas de la misma, el Estado miembro podrá tomar toda una serie de iniciativas, incluida la suspensión o incluso la retirada de la autorización dada al operador y al transportista. 
Espero que esta parte, con la ayuda de todos ustedes, pueda obtener una aplicación rigurosa por parte de los Estados miembros. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA (segunda parte) 
De conformidad con el orden del día se procede a la segunda parte del debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1257/96 del Sr. Bertens y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el Tribunal penal para la antigua Yugoslavia; -B4-1280/96 de la Sra. Lenz y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el apoyo al tribunal internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia; -B4-1286/96 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia; -B4-1303/96 del Sr. Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia; -B4-1313/96 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el Tribunal Internacional ad-hoc para la antigua Yugoslavia; -B4-1319/96 del Sr. Hoff y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia; -B4-1324/96 del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el funcionamiento de los tribunales ad hoc. 
Señor Presidente, hay que olvidar el proverbio de que «el tiempo cura todas las heridas». 
Cuando se emiten este tipo de expresiones sobre la antigua Yugoslavia, se hace más daño que bien. 
Si queremos que se cierren las cicatrices de la gran cantidad de personas que han pasado por sufrimientos indecibles causados por el genocidio y otros crímenes de guerra, se necesitan unas acciones inmediatas. 
El Tribunal de La Haya para crímenes de guerra es conveniente. Se ha ocupado de los criminales más flagrantes. 
Pero, para que obtenga unos resultados óptimos y con ello se convierta en un ejemplo de un posible Tribunal futuro permanente que se ocupe de estos crímenes, hay que añadirle dos cosas. 
En primer lugar, necesita fondos para llevar a cabo los interrogatorios e investigaciones sobre el terreno relativos al crímen que se denuncia. 
En segundo lugar, necesita acceso a los sospechosos de detentar la mayor responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos. 
Es una vergüenza, señor Presidente, una vergüenza para la Justicia y la sociedad europea basada en el Derecho, que estos responsables sigan sin poderse detener y presentar ante un tribunal. 
El Parlamento presenta hoy en su resolución la exigencia de que se produzcan cambios en este sentido. 
La Unión Europea y sus Estados miembros han que dar al Tribunal de la Haya los medios necesarios. 
Hay que conseguir que Serbia y Croacia cumplan sus promesas; evidentemente, la UE debe aumentar la presión para que se den cuenta de que esto beneficia también sus propios intereses. 
Cabe dar a las fuerzas de la Ifor y sus sucesoras unas instrucciones- por mí podemos decir órdenes- para que detengan a aquellos a los que el Tribunal quiere ver procesados. 
La exigencia del Parlamento, señor Presidente, no se basa en una sed de venganza. 
Nuestro objetivo es sencillamente facilitar el proceso cicatrizador de la ex-Yugoslavia. 
Esto exige claramente a su vez que se ataque el proceso de infección que se ha ido formando a causa de los crímenes cometidos. 
Señor Presidente, el 30 y 31 de octubre se celebró en Bruselas una audiencia organizada por la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos para tratar el tema de la impunidad- y de la necesidad de una respuesta internacional -, una cuestión ciertamente muy difícil. 
El Presidente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Antonio Cassese, expuso en términos sumamente convincentes la problemática de dicho Tribunal y también la cuestión sumamente sensible de la impunidad de los delitos políticos. 
El mismo debate se está desarrollando entre tanto en todos los continentes. 
El presidente Cassese expuso claramente los poderes y limitaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, cuyo éxito o fracaso dependerá, tal como él manifestó, del valor que los Estados concedan a los principios éticos en su política exterior. 
En estos momentos también se están cometiendo genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en otras regiones del mundo. 
La impunidad puede convertirse, en este sentido, en una amenaza contra el derecho y la ley, sobre todo en las democracias aún no consolidadas. 
La labor del Tribunal Penal Internacional para Ruanda depende asimismo del modelo establecido para la antigua Yugoslavia. 
Si queremos definir un nuevo ordenamiento jurídico internacional frente a esta gravísima forma de delito, es preciso que el Tribunal de La Haya pueda cumplir de manera eficiente su cometido y que efectivamente sirva de modelo. 
Nuestros Estados deben cumplir inexcusablemente su obligación de facilitarle el cumplimiento de su cometido y los Estados de las regiones afectadas tampoco deben tener ninguna oportunidad de eludir su obligación de colaborar. 
Si queremos establecer un Tribunal Penal Internacional permanente contra este tipo de crímenes, tal como hemos solicitado repetidamente en el Parlamento Europeo, y si nos tomamos en serio nuestras propias exigencias en relación con el respeto de los derechos humanos, es preciso que la Unión Europea y sus Estados miembros asuman seriamente desde este mismo momento la necesidad de que el Tribunal cumpla su cometido y que nos presten el debido respaldo. 
Señor Presidente, tal como acaba de decir la Sra. Lenz, en este Parlamento hace apenas un mes que escuchamos atentamente a diversas autoridades internacionales que se refirieron a las consecuencias de la impunidad para el funcionamiento de los ciudadanos en una sociedad que deja impune los crímenes cometidos contra la humanidad. 
El Sr. Kalanosh se desplazó a Bruselas desde mi país, especialmente para esta sesión. 
Pesaba 38 kilos cuando, durante la revuelta húngara de 1956, logró salir de la prisión para refugiarse en los Países Bajos. 
Cuarenta años más tarde trabaja día y noche para que los delitos cometidos entonces no queden impunes. 
Esto demuestra que la memoria histórica y el subconsciente siguen exigiendo que se haga justicia. 
La impunidad impide que el ciudadano recupere la confianza en el Estado. 
La impunidad impide una paz duradera. 
La impunidad impide el establecimiento de un Estado democrático. 
En relación con el arresto de los criminales de guerra de la antigua Yugoslavia, para mí sigue siendo un misterio por qué no se ejecuta el deseo de este Parlamento y de muchos parlamentos nacionales. 
Las tropas europeas de IFOR son la mayoría, o ¿es acaso la falta de una política exterior común de la Unión, al igual que en Oriente Medio, lo que está detrás de todo esto? 
Es el momento oportuno para presentar una resolución de este tipo. 
Pues si no tenemos cuidado, dentro de poco nos quedaremos sin acusados y sin finanzas para un tribunal. 
Apoyo plenamente esta resolución y espero que el Parlamento la acepte sin reservas. 
Señor Presidente, creo que los crímenes como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra no deben quedar impunes; si no se castigan, no es pensable que se realice un proceso sincero de paz. 
Es lo que está sucediendo en la antigua Yugoslavia, es lo que se nos ha dicho en la audición del profesor Antonio Cassese, pero es lo que muchas veces ha podido decir también en este hemiciclo, y en las comisiones, nuestra ex colega Elisabeth Rehn, a la que saludo y deseo un fructífero trabajo en su compromiso en esa dirección. 
Espero que podamos tenerla todavía, si bien ya no como colega, como invitada en el Parlamento Europeo, para una fructífera colaboración. 
Por consiguiente, se nos ha informado muchas veces de la situación, y todos sabemos que la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obliga a los Estados a cooperar plenamente con el Tribunal, que, por otra parte, no dispone de órganos ejecutivos y debe contar con los Estados para su funcionamiento. 
Sabemos también que muchas personas incriminadas por el Tribunal, contra las que ya se ha emitido una orden de detención, están libres, y los Estados donde se encuentran no están haciendo absolutamente nada. 
En particular, por lo que se refiere a la República serbia de Bosnia y Herzegovina, sabemos que los órganos de información han podido contactar con criminales ya condenados. 
Sabemos que Serbia no ha adoptado una normativa de aplicación que le permita cooperar con el Tribunal y ha declarado que no tiene intención de hacerlo. 
Sabemos que Croacia, aunque ha hecho todo eso, en este momento no da ningún paso adelante para actuar con respecto a Bosnia y Herzegovina, con el fin de que los que se han manchado con estos crímenes en el ámbito de la comunidad étnica croata sean entregados a la justicia. 
Pedimos, por lo tanto, señor Presidente, que todo esto haga que no se proporcionen nuevas ayudas para la reconstrucción ni garantías para poder adherirse a organismos internacionales hasta que estos Estados respeten lo previsto en las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, el derecho penal tiene dos funciones: en primer lugar, castigar a los culpables, y, en segundo lugar, disuadir a los demás de toda actividad criminal. 
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia no hace ni una cosa ni otra. 
Los culpables no solamente están en libertad sino que siguen ejerciendo su influencia en la región y a nadie, absolutamente a nadie, se le disuade de nada. 
Para la futura seguridad de la humanidad es indispensable que el derecho humanitario internacional sea respetado y que los transgresores sepan que serán castigados. 
Estoy absolutamente seguro de que si los que han cometido crímenes de guerra en Bosnia hubieran sabido que era muy posible que se les encontrara y se les castigara, nunca hubiéramos sido testigos de la barbarie que hemos presenciado. 
Los tribunales para los crímenes de guerra que se crearon después de la segunda guerra mundial tenían también otra función: expusieron públicamente todos los horrores cometidos y eso permitió definir y delimitar los sucesos, para que la sociedad pudiera seguir adelante. 
Si el Tribunal de La Haya no puede hacer lo mismo, entonces la antigua Yugoslavia y en realidad toda la región de los Balcanes no podrán nunca progresar y la paz no estará garantizada nunca. 
El Tribunal internacional corre peligro de desaparecer, y eso será un verdadero regalo para la conciencia de esa comunidad internacional que lo único que supo hacer fue cerrar los ojos para no ver los horrores que se estaban cometiendo. 
Entre tanto lo que habremos hecho es abrir la puerta a la barbarie en ese centenar de puntos de conflicto que existen actualmente en nuestro mundo. 
Los criminales de guerra del futuro podrán tranquilizarse a sabiendas de que la realpolitik sabrá garantizar su futura impunidad. 
Hay que detener a los culpables de Bosnia- y no hablo solamente de los serbios, sino de todos los culpables- y hay que arreglarles las cuentas, no solamente porque se lo debemos a los muertos y a los desposeídos, sino porque también se lo debemos al futuro de la civilización. 
Señor Presidente, me complace especialmente poder intervenir hoy en presencia de la Comisaria, Sra. Bonino, cuyo compromiso en favor del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, pero también en favor del Tribunal permanente es bien conocido por todos. 
Creo que la resolución que vamos a aprobar a continuación, al menos así lo espero, es una buena resolución. 
Desgraciadamente, son cosas que, de alguna manera, ya hemos pedido y creo que se hubiera podido dar un paso suplementario, se hubieran podido introducir otras sugerencias, en particular dirigidas al Presidente del Tribunal de La Haya, y, en especial, comunicarle una idea importante para mí y para mi Grupo: la de la introducción de procesos en rebeldía. 
En efecto, mientras no exista esta posibilidad, creo que nos veremos obligados a contentarnos con meros votos piadosos, como ya lo hicimos en repetidas ocasiones, sin tener el poder para juzgar de modo efectivo a los criminales de guerra de la antigua Yugoslavia. 
Sabemos que no es la mejor solución en términos absolutos, pero sabemos que el procedimiento judicial por contumacia permite que vuelva a abrirse de este modo un asunto en el momento de la detención del inculpado o del condenado. 
Así pues, considero que nuestro Parlamento debería ir en esa dirección y dar un paso suplementario lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, cuando se creó el Tribunal me dio la impresión de que pretendía ser un truco con el que eludir emprender una acción realmente eficaz para poner fin a la guerra en la antigua Yugoslavia. 
Sin embargo, la actuación de este tribunal me ha persuadido de que se trata de un instrumento excepcionalmente útil para la paz internacional y para evitar otros crímenes a gran escala. 
La dedicación de las personas que trabajan en él es impresionante y pienso que necesitan nuestro apoyo, y sobre todo el apoyo financiero de la Unión Europea. 
Como ya ha dicho el Sr. Cassese, es como si el Consejo hubiera creado el monstruo de Frankenstein que puede moverse libremente para intervenir donde pueda. 
Pero mientras tanto vemos que no se realizan detenciones, y que la criminalidad, la impunidad penetran en toda la sociedad, sobre todo en la República Sprska, pero también en la parte croata. 
Por ello es muy importante que hagamos un llamamiento urgente para que se arreste a los criminales y que sean llevados ante el Tribunal, y de este modo de ponga fin a la tranquilidad que sigue reinando entre los miembros y ex miembros del Consejo. 
Señor Presidente, la comunidad internacional enuncia principios y acaba constatando que éstos no se aplican. 
Las decepciones provocadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia son el ejemplo más claro al respecto. 
En efecto, ni Croacia, ni Bosnia, ni la parte serbia están contribuyendo de verdad a un funcionamiento satisfactorio de esta institución. 
La negativa a comparecer ante el Tribunal por parte de criminales de guerra notorios, gracias por cierto a la complicidad de los dirigentes políticos de cada campo, constituye un ataque clarísimo a la autoridad. 
No le busquemos tres pies al gato. 
Si realmente queremos contribuir a que progrese el derecho internacional y a garantizar su respeto, si deseamos fervientemente que nunca más se reproduzcan impunemente los crímenes incalificables cometidos durante la guerra en la antigua Yugoslavia, la comunidad internacional y especialmente la Unión Europea deberán hacer valer su peso en las relaciones económicas y políticas con los Estados que han sucedido a la antigua Yugoslavia. 
El precio que Europa aceptará pagar para que se respete el derecho internacional se verá reflejado, en este caso, en las presiones que ejerza sobre las partes involucradas, responsables de la multiplicación de los obstáculos frente al trabajo del Tribunal. 
Señor Presidente, con el debido respeto, este Parlamento Europeo no está en posición de ser muy exigente en lo que se refiere a la antigua Yugoslavia. 
En el enorme montón de documentos que hemos elaborado al respecto, hay muy poco que pueda superar un examen a la luz de la realidad. 
Si, por aquel entonces, la Unión Europea hubiese reconocido en seguida lo absurdo de la existencia del Estado multicultural de Yugoslavia, se habría podido evitar mucho derramamiento de sangre y sufrimiento humano, pero el Parlamento no fue capaz de hacerlo. 
En segundo lugar, hemos de atrevernos a cuestionar el concepto del tribunal internacional. 
No quiero volver atrás hasta el primer tribunal internacional de Nuremberg, donde unos espantosos criminales de guerra- me refiero concretamente a los asesinos de más de diez mil oficiales polacos en Katin- tuvieron que procesar a otros espantosos criminales de guerra. 
Pero, ¿cuál es hoy en día el valor humano e incluso jurídico de un tribunal internacional de la conciencia mundial si esa conciencia se limita a la antigua Yugoslavia? 
¿Por qué no hay un tribunal internacional sobre el genocidio en el Tíbet? 
¿O sobre la cruel aplicación de la terrible ley islámica en países como Arabia Saudita o sobre los crímenes del jemeres rojos? 
Por cierto, en mi propio país, Bélgica, todavía no se ha conseguido, a través de una ley de amnistía, borrar la división ocasionada por de la Segunda Guerra Mundial. 
Por lo visto, el odio ha de seguir sobreviviendo en mi país hasta hoy, 51 años después del final de esa guerra. 
Esto hace que por lo menos los diputados de mi país no estén en posición de leerle la cartilla a la antigua Yugoslavia con o sin tribunal. 
Por consiguiente, me abstendré de votar sobre la presente resolución. 
Señor Presidente, señores diputados, éste es un tema, un debate, que me ha apasionado y sobre el que he trabajado también antes de ser Comisaria. 
Comparto, pues, con ustedes, especialmente, una serie de frustraciones respecto del Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia, pero podríamos decir también Tribunal ad hoc para Rwanda. 
Pero no quisiera tampoco que perdiéramos de vista los aspectos positivos, pese a todas las dificultades, porque, en mi opinión, se ha creado ciertamente una dinámica que no debe infravalorarse. 
Ante todo creo que la opinión pública y, poco a poco, también las instituciones ceden ante el hecho de que la impunidad ya no puede ser tolerada. 
Creo, asimismo, que empieza a abrirse camino la idea de un sistema de justicia permanente y, más bien, espero que la Asamblea General de las Naciones Unidas acepte, dentro de poco, la fecha de 1998 para la Conferencia plenipotenciaria para el establecimiento del Tribunal Permanente. 
Sin embargo, comparto con ustedes algunas frustraciones por la lentitud de las actividades, por los obstáculos políticos que se han puesto en el camino del Tribunal ad hoc en lo que concierne, por ejemplo, a la no detención de los acusados, pero hay que recordar también que toda una serie de obstáculos, en particular financieros, han marcado desde el principio el funcionamiento de ese Tribunal. 
La Comisión ha contribuido, desde 1994, al Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia con 3 millones de ecus, y este Parlamento, en el nuevo ejercicio presupuestario, ha establecido para 1997, creo, una línea presupuestaria especial de otros 3 millones de ecus. 
Creo que muchos de los Estados miembros han contribuido del mismo modo de manera bilateral. 
El problema principal es que hay un error y un límite de fondo, y es que, desde la creación del Tribunal ad hoc por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se puso de manifiesto que ese Tribunal tenía que ser financiado por un fondo especial. 
Todos han votado, efectivamente, pero el problema es que luego el fondo especial no obtiene las financiaciones del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas sino que debe ser, por decirlo así, llenado, de vez en cuando, mediante contribuciones especiales de los Estados. 
Evidentemente, entre la voluntad política y la voluntad financiera ha habido una especie de ruptura, de discordancia, que ha hecho difícil la actividad del Tribunal desde el principio. 
De todos modos, la Comisión seguirá apoyando esta institución, como la del Tribunal ad hoc para Rwanda y, esperemos que muy pronto, el Tribunal Permanente. 
También yo estoy efectivamente convencida, como ustedes, que no hay paz sin justicia y que estos son los instrumentos que pueden facilitar la reconciliación. 
Además, probablemente, un tribunal permanente podría tener también un aspecto disuasorio que los tribunales ad hoc ciertamente no tienen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-1264/96 de la Sra. Dury y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el fracaso de las negociaciones de pesca con Senegal; -B4-1279/96 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Union por Europea, sobre el el fracaso en las negociaciones para la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Senegal; -B4-1283/96 del Sr. Berstens y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el fracaso de las negociaciones de pesca entre la Unión Europea y Senegal: -B4-1290/96 del Sr. Langenhagen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el fracaso de las negociaciones sobre la pesca con Senegal; -B4-1291/96 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europa y Senegal.-B4-1300/96 el Sr. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la ruptura de las negociaciones de un acuerdo de pesca con Senegal. 
Señor Presidente, la ruptura de las negociaciones entre la Unión Europea y Senegal en esta cuarta ronda se debe, a mi parecer, tanto al contenido de los debates como a su contexto. 
El contexto en este caso es un contexto electoral para Senegal, con las elecciones del 28 de noviembre, y es presupuestario para la Unión Europea. 
Por esta razón deseo seguir siendo optimista en cuanto a una reanudación de las negociaciones, dentro de dos o tres meses o incluso dentro de pocas semanas. 
Ambas partes tienen intereses comunes. 
El mercado comunitario es consumidor de los recursos pesqueros de Senegal, pero las empresas senegalesas de transformación, y me refiero especialmente a las del atún, necesitan las capturas de desembarque de los buques europeos, y pienso también en los cientos de miles de puestos de trabajos, sobre todo ocupados por mujeres senegalesas, que se verían sin duda penalizadas si los acuerdos quedaran suspendidos. 
Como sabemos, una de las dificultades de estas negociaciones se refiere a la difícil coexistencia entre la pesca artesanal y la pesca industrial. 
Es cierto que en los años 80 los incidentes eran mucho más numerosos. 
Esto no impide que las organizaciones locales de pesca artesanal estén a la defensiva y nos obliguen, por consiguiente, a tomar totalmente en consideración sus reivindicaciones en nuestras negociaciones. 
Quisiera recordar que la evolución de la pesca artesanal en Senegal se debe, a pesar de todo, a la motorización de los buques pesqueros y al hecho de que lleven cámaras frigoríficas, lo que les permite alejarse cada vez más hacia alta mar. 
Debido a estas nuevas actividades es más frecuente que haya incidentes, que haya roces con las flotas industriales, y no sólo con las de la Unión Europea, sino también con las de países terceros, armadas por sociedades mixtas y, por último, con las de la pesca industrial senegalesa. 
Sin embargo, mi deseo y el de mi Grupo consiste, señora Comisaria, en que se tengan en cuenta los recursos pero también el interés de esta pesca artesanal en este futuro acuerdo. 
Y aunque no haya obligación jurídica, nos gustaría, por un lado, que el gobierno senegalés puediera utilizar una parte de esta dotación presupuestaria europea para proyectos de modernización de la pesca artesanal, y, por el otro lado, que hubiera una mejor explotación del FED mediante el Convenio de Lomé y los programas indicativos regionales y nacionales para favorecer la pesca autóctona de los países ACP. 
Señor Presidente, una vez más se ha vuelto a demostrar el fracaso de la política de pesca exterior de la Unión. 
La Unión utiliza indebidamente sus contactos internacionales para solucionar sus problemas internos de pesca. 
Esto, claro está, no puede seguir así. 
Lo que tampoco puede seguir así es que vaciemos de peces las aguas de otros países, concretamente las aguas de países en vías de desarrollo, sin ofrecer una compensación adecuada, ni siquiera modesta, como contrapartida. 
Espero que por fin hayamos aprendido nuestra lección con el estancamiento de las negociaciones con Senegal, cuyas razones han sido aducidas, por cierto que con razón, por la Sra. Pery. 
Senegal es una nación pesquera por excelencia, con una cultura pesquera local y artesanal floreciente. 
Más de 110.000 personas están directamente vinculadas a la pesca. 
Nuestros modernos barcos vacían a gran velocidad las aguas y obligan a los pequeños barcos a adentrarse cada vez más en el mar. 
Esto tiene que acabar. 
En primer lugar, hemos de solucionar internamente nuestros problemas, y hemos de dejar de exportar a estos países. 
Además, al firmar acuerdos hemos de tener más en cuenta las necesidades de la población local. 
Como por ejemplo las joint ventures y una mejor educación y formación para los pescadores locales. 
Por último, hemos de tener más en cuenta los intereses del medio ambiente y la reserva pesquera, pues de lo contrario se perderá no sólo la pesca europea, sino también la local, en este caso, la senegalesa. 
No podemos cargar con esto en nuestra conciencia. 
Una pesca sostenible es un imperativo. 
A partir de estos principios hemos de reanudar cuanto antes las negociaciones, y comparto el optimismo de la Sra. Pery de que dentro de unos meses todo el mundo recobrará el sentido y se pondrá a hablar. 
Hemos de tomarnos tiempo, no para las palabras, sino para los hechos. 
Un hecho interesante es que en Senegal haya sido posible que sobre todo los pescadores locales y artesanales indicaran al gobierno que en el pasado el gobierno había firmado un acuerdo de pesca equivocado con la Unión, que no favorecía a la pesca local, sino a las finanzas del gobierno del Sr. Diouf, lo cual provocó el descontento de muchos electores. 
Me complace que en la situación actual, este gobierno intente por lo menos implicar de forma normal a los pescadores locales en las negociaciones. 
Señor Presidente, la negociación de un acuerdo internacional pesquero tiene que tener en cuenta, necesariamente, la demanda de posibilidades pesqueras por parte de las flotas comunitarias y la experiencia derivada de acuerdos anteriores. 
En el caso del Senegal, el acuerdo 1994-96 ya comportó fuertes disminuciones de las posibilidades pesqueras frente al acuerdo anterior, tanto por las presiones de la flota artesanal senegalesa como por la escasa utilización previa de algunas posibilidades. 
El análisis de la ejecución de este acuerdo, a la vista de la detallada información que ha facilitado la Comisión, nos permite ver que ha habido una buena utilización de posibilidades por la flota atunera, por los arrastreros congeladores dedicados a la pesca del marisco en aguas profundas y por los arrastreros de pescado de pesca demersal profunda. 
Es decir, ha habido gran utilización en especies de interés comunitario que no colisionan en absoluto con la flota costera senegalesa. 
Por tanto, no entiendo la preocupación de muchos colegas por este conflicto con la flota artesanal cuando lo que se ha utilizado por la Unión Europea son posibilidades pesqueras que, precisamente, no entran en conflicto con la flota artesanal. 
Comprendo la eficacia del lobby senegalés, pero éste es un acuerdo en que la Comisión- que cuando negoció el acuerdo anterior ya tuvo en cuenta las preocupaciones de la flota artesanal costera- ha negociado posibilidades pesqueras más reducidas, sistemáticamente, acuerdo tras acuerdo, y además se incluyen en los acuerdos elementos de control, de conocimiento de los stocks y de desarrollo de la formación profesional de los marineros senegaleses. 
Los colegas que han presentado sus resoluciones olvidan, por otra parte, la importancia que tiene mantener la actividad de la flota comunitaria: vital para mantener la industria conservera; vital para mantener el empleo, tanto a bordo de los barcos como en tierra, y vital para la interacción de las relaciones económicas que supone un acuerdo equilibrado. 
No puede un acuerdo pesquero sustituir la política de desarrollo ni tampoco puede un acuerdo pesquero perder la perspectiva de contribuir a mantener la actividad de la flota comunitaria. 
Los acuerdos pesqueros pueden ser complementarios de la política de desarrollo pero nunca se puede querer hacer política de desarrollo exclusivamente sobre la base de acuerdos pesqueros. 
La Unión Europea tiene instrumentos más adecuados para esta política de desarrollo. 
Y yo quiero decir a la Comisaria que no comparto muchas de las afirmaciones de las resoluciones de los colegas, sobre todo aquéllas en que se refieren a que la Comisión no ha informado. 
La Comisión ha informado mucho y bien. 
Señor Presidente, apoyamos plenamente esta resolución. 
Personalmente me complace y entusiasma que por primera vez el gobierno de Senegal diga: hasta aquí y basta. 
Por primera vez deja claro que para el futuro del país y para todos sus habitantes, de los cuales 269.000 dependen directa o indirectamente de la pesca, es preciso llegar a acuerdos que funcionen en el futuro y que no se limiten a comprar a un pequeño grupo. 
Por supuesto, mi colega tiene razón cuando dice que los acuerdos de pesca no pueden sustituir a la cooperación al desarrollo. 
Pero más difícil de explicar es el hecho de que los acuerdos de pesca a veces estén reñidos con la cooperación al desarrollo. 
¿Cómo si no se puede explicar que se haya robado el pan a los pequeños pescadores, que se niega un futuro a todas las personas que trabajan en la industria que depende de la pesca, y que mientras se hace esto con una mano, con la otra se intenta compensar algo? 
La culpa la tenía el gobierno de Senegal y todos los demás gobiernos. 
Ahora hemos de encargarnos de que el dinero se invierta en las personas, de que el dinero se invierta en quienes lo necesitan más, de que el dinero se invierta en la modernización de la flota africana. 
Estas son cosas igualmente necesarias. 
Pero me ha parecido muy injusto que hayamos intentado exportar al sur nuestro problema, nuestro problema de sobrepesca. 
Esto no puede ser. 
Las limitaciones que hemos tenido que imponernos tendrán que aplicarse también a diversos países africanos. 
No podemos exportar nuestros problemas a países que lo tienen muchísimo más difícil que nosotros. 
Que lo tienen más difícil que los pescadores y la pesca en Francia, en España o en Portugal. 
Todos vemos claramente que es preciso llegar a un planteamiento sensato, algo que es muy difícil para la señora Comisaria. 
Ahora bien, creo que en la resolución que hemos elaborado, se hace tal planteamiento. 
Señor Presidente, aquellos de nosotros que conocemos bien la actividad y el mercado de la pesca local en Senegal, como por ejemplo la Sra. Péry, hemos podido constatar una evolución preocupante en el período reciente. 
En primer lugar, los pescadores locales cada vez van más lejos en alta mar para desarrollar su actividad; en segundo lugar, por esta razón la proporción de especies pelágicas respecto a los peces sedentarios es cada vez mayor en su producción, y, en tercer lugar, hay una parte cada vez más importante de esta producción local que se sustrae al mercado del consumo local para ser inmediatamente acondicionada y enviada a los mercados occidentales. 
Frente a esta evolución, Senegal se organiza, reacciona y pide una disminución de las cuotas pesqueras de la Unión y un aumento de las contrapartidas financieras que les proporcionamos, y ello nos sorprende. 
Pero, ¿debemos sorprendernos? 
¿Podemos tener un discurso coherente con nuestra política de desarrollo y cooperación y luego otro discurso coherente con nuestros intereses comerciales que contradiga al primero? 
Lo que Senegal pide, la protección de los recursos pesqueros en su totalidad, la protección de la diversidad biológica y una contrapartida financiera que permita financiar acciones de desarrollo local, es exactamente lo que propugnamos, y remito a nuestros colegas a las declaraciones, por ejemplo, de los miembros europeos de la Asamblea Paritaria Unión Europea-ACP. 
Lo que deseo, pues, en mi nombre y en el de mi Grupo, es que pidamos a la Comisión que reanude toda esta negociación de manera tal que ponga de manifiesto tanto la generosidad de la Unión Europea como nuestro prurito de coherencia respecto a lo que afirmamos en materia de desarrollo. 
Señor Presidente, soy el ponente de la Comisión de Pesca para los acuerdos con terceros países y por eso me interesa mucho esta resolución. Apoyo todo lo que han dicho en favor de la resolución los diputados de los Grupos PSE, ELDR, GUE/NGL, Verdes y ARE. 
Quisiera precisar también al presidente de la Comisión de Pesca que es su resolución la que se queja de la Comisión, y no la nuestra. 
Por lo tanto, quizá pueda votar también a favor de nuestra resolución. 
La resolucion es importantísima no sólo para el Senegal sino también porque sienta un precedente. 
En la resolución hemos tenido en cuenta todas las cuestiones de importancia para el futuro. 
Hablando en Roma este año acerca de los acuerdos anteriores, la propia Comisaria dijo que compartía la posición de los que dicen que los acuerdos de la primera generación lo único que consiguieron es hacer desaparecer la pesca, como sucedió en el caso del Senegal. 
Es evidente que eso es lo que ha sucedido. 
No es lo que debería suceder, y hemos de recordar que esta semana está reunida en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación. 
Tenemos que adoptar medidas acerca de esta transferencia de recursos básicos alimentarios. 
Sabemos que algunas comunidades de la Unión Europea dependen de la pesca. 
Esa dependencia se agudiza mucho más en el caso de los países que, como se ha dicho en el debate, tienen un nivel de vida mucho más bajo. 
Tenemos que poner término de alguna manera a esta transferencia de valiosas proteínas. 
Al final tenemos que reconocer que somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas de pesca, en vez de limitarnos a exportarlos. 
Señor Presidente, Señorías, tal vez este debate pueda ser una buena ocasión para aclarar varias cosas, ya que tengo la sensación de que tanto por parte de unos como por parte de otros- aunque reconozco que a veces es complejo y difícil establecer relaciones equilibradas entre socios- es preciso recordar, a pesar de todo, algunas verdades. 
También entiendo que puedan existir lobbies en algunos sectores de actividad en Senegal. 
Quisiera volver, sobre todo, a lo que afirman el Sr. Bertens y la Sra. d ' Ancona. 
No se trata del acuerdo que estamos negociando y que sólo ha fracasado por cuestiones financieras, a las que ya me referiré después. 
Este acuerdo prevé 10.000 TRB de especies pescadas en aguas profundas, a 400 o 600 metros, fuera del alcance de la flota costera senegalesa. 
Supongo que estarán de acuerdo conmigo. 
Señorías, estas especies, que suman 10.00 O TRB, ¡generan una competencia con las flotas japonesa y coreana! 
No se trata de competir con la modesta flota costera senegalesa. 
Hay que ser muy consciente de ello: estamos negociando un acuerdo distinto al primer acuerdo «Senegal» , y precisamente trata del problema de la pesca costera. 
Hemos aceptado retroceder más allá de las 12 millas, salvo para unas cuantas embarcaciones pequeñas, muy pocas, ocho o diez barcos de la Comunidad Europea, que podrían pescar dentro de las 12 millas por la sencilla razón de que no tienen la autonomía necesaria para faenar más lejos y desembarcar. 
Debemos ser claros, porque de lo contrario damos vueltas y más vueltas y nos encerramos en unas actitudes que no alcanzo a entender. 
La mayoría de las especies previstas en el acuerdo, que son- lo repito- la merluza negra y la gamba de aguas profundas, se pescan a 600 metros de profundidad; sin embargo, los senegaleses, no tienen por el momento ni los medios ni la técnica requeridas para pescarlas. 
Son los japoneses y los coreanos quienes pescan estas especies. 
Preséntenme otros argumentos si lo desean, pero no quieran hacer creer que estamos compitiendo con la modesta flota costera senegalesa, porque no es cierto, porque ya no es cierto. 
En segundo lugar, y me dirijo especialmente a usted, señora d ' Ancona, dice usted: » afortunadamente, Senegal se ha decidido por fin a decir ¡basta! »... , y luego me piden que intervenga yo respecto a Senegal para que la financiación se encamine más bien hacia el desarrollo o la pesca costera. 
Con arreglo a los acuerdos de pesca, el Estado- en este caso el Estado senegalés- es el que decide lo que se hace con lo que le abona la Comunidad. 
Todo esto me resulta un tanto curioso. 
En este acuerdo ya hay varios capítulos relativos a la pesca. 
En lo tocante a la formación, creo haberles dado todos los elementos. 
Pero se trata de un acuerdo que se negocia también con el Gobierno senegalés. 
Si el Gobierno senegalés tiene prioridades presupuestarias que le obligan a atribuir el dinero fresco que llega de Europa a otros sectores, me parecería un tanto extraño que fuéramos nosotros los que impusiéramos otras prioridades económicas. 
Esto es algo que puede debatirse a nivel de diálogo, pero francamente, también debemos respetar las opciones económicas propias del Gobierno senegalés y que no nos competen. 
Una observación antes de concluir. 
Se han interrumpido las negociaciones por motivos financieros. 
El nuevo acuerdo prevé una reducción de no-capturas respecto al anterior acuerdo del 23 %. 
Además, se aumenta la contrapartida financiera en un 22 %. 
He propuesto llegar hasta 11, 5 millones, pues no es posible superar esta cifra, no sólo porque no disponemos de fondos, sino también porque se trata de acuerdos comerciales. 
Así pues, cada especie tendrá un valor comercial. 
¡No se puede pagar la merluza negra- y ustedes me entenderán perfectamente- al mismo precio que los cefalópodos! 
Un acuerdo sobre una tonelada capturada de lo uno no equivale a una tonelada de lo otro: es distinto capturar toneladas de cefalópodos que poseen cierto valor comercial en el mercado europeo que capturar merluza negra que no gusta a casi nadie. 
Es cierto que en el pasado se dedicaron cantidades muy importantes a la dotación «Senegal» , que tenían menos que ver con capturas y recursos que con relaciones políticas. 
Está muy bien que fuera así, pero actualmente el mínimo rigor respecto a otros acuerdos y otras especies, prohíbe, señor Hory y estimados colegas, ir más allá del nivel comercial si no queremos correr el peligro de generar un efecto «dominó» en los demás acuerdos que hay que renovar en 1997. 
No sé cuál sería el presupuesto necesario si no nos ciñésemos, por razones políticas, a un mínimo de racionalidad. No sé qué efecto «dominó» provocaremos en los demás acuerdos que, de todas maneras, tendremos que renegociar en 1997. 
Señor Presidente, Señorías, no les quepa duda de que en una materia tan compleja, la Comisión y concretamente la Comisaria no alberga ninguna segunda intención de explotación Norte-Sur. 
Mi historia, mi tradición, mi compromiso me hacen considerar que tanto en pesca como en otros sectores es posible establecer acuerdos que sean equitativos y fructíferos para las dos partes. 
Señor Presidente, agradezco mucho a la señora Comisaria su respuesta clara. 
Sólo quiero decir una cosa, pues aquí no podemos iniciar un debate. 
Qué le vamos a hacer, es lo absurdo de una tarde como esta. 
Pero quizás convendría que reflexionáramos, como hacen las ONG, como también hace el gobierno neerlandés, nuestro ministro de cooperación al desarrollo, sobre si en los acuerdos no podría hacerse un earmarking sobre el modo en que se invierte el dinero. 
Basta con que reflexionemos juntos sobre esto. 
Por lo demás, le doy las gracias por su buena respuesta. 
Señor Presidente, para concluir quisiera asegurarle que les entiendo, desde un punto de vista político. 
Pero debemos tomar en consideración el control presupuestario, que impone reglas concretas. 
Estoy haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que haya una contradicción entre los acuerdos de pesca y el desarrollo. 
Sin embargo, francamente y nos guste o no nos guste, lo máximo que de momento puedo hacer por estas dos especies con estatuto jurídico distinto es defender unos acuerdos que no vayan en contra de la política de desarrollo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución sobre los derechos humanos: 
Nigeria 
B4-1256/96 del Sr. Fassa y del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Nigeria; -B4-1282/96 del Sr. Moorhouse y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Nigeria; -B4-1302/96 del Sr. Müller y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Nigeria; -B4-1312/96 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Nigeria; -B4-1323/96 del Sr. Castagnède, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la violación de los derechos humanos en Nigeria; 
China 
B4-1258/96 de la Sra. Larive y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la detención de Wang Dan y la situación de los derechos humanos en China; -B4-1268/96 del Sr. Moorhouse, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación de Wang Dan, preso de opinión en China; -B4-1301/96 de la Sra. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la condena de Wang Dan y la situación de los derechos humanos en China; -B4-1311/96 del Sr. Pailler y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la condena del disidente chino Wang Dan; -B4-1321/96 del Sr. Colajanni y del Sr. Malone, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la condena del Sr. Wang Dan en China; -B4-1326/96 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la condena de Wang Dan; 
Georgia 
B4-1269/96 del Sr. von Habsburg y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las penas de muerte o graves penas requeridas contra algunos parlamentarios georgianos y algunas personalidades demócratas; -B4-1278/96 del Sr. Trakatellis y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el anuncio de «elecciones» en Abjazia; -B4-1320/96 del Sr. Jöns y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Abjazia; -B4-1327/96 del Sr. Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Georgia en lo que se refiere a las elecciones en Abjazia; 
El Salvador 
B4-1294/96 del Sr. González Alvárez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los asesinatos en El Salvador.Armenia 
B4-1255/96 del Sr. La Malfa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las elecciones recientes en Armenia. 
Señor Presidente, Señorías, Nigeria: hace un año, el régimen de Abacha asesinó al activista ecologista Ken Saro Wiwa, y un año más tarde, Abacha sigue en el poder, su régimen sigue allí, ha cometido más asesinatos y hay más gente que espera a ser asesinada por este régimen. 
La Unión ha de seguir presionando al régimen militar, y para ello el próximo 25 de noviembre, el Consejo ha de tomar la decisión de prorrogar las sanciones promulgadas por aquel entonces, pues acaban el 4 de diciembre y volveremos a estar como al principio, el funesto principio de este régimen. 
Además, es preciso reconsiderar la eficacia de estas sanciones, que en estos momentos parece que no es del todo satisfactoria. 
Asimismo, hago un llamamiento al Consejo para que considere la posibilidad de aplicar nuevas sanciones, como por ejemplo una prohibición total de exportar armas a Nigeria. 
Sigue siendo necesario presionar para poner fin a la opresión violenta de la población de Nigeria, y tenemos que hacer lo posible por volver a dar la oportunidad a las fuerzas democráticas de este gran país africano para trabajar en la reconstrucción del país. 
Señor Presidente, las sanciones que va a renovar el Consejo de Ministros de Asuntos Generales el 4 de diciembre van a ser adoptadas con arreglo al procedimiento escrito, según tengo entendido. 
Me parece que un suceso que ha suscitado tal reacción de condena- me refiero al asesinato de Ken Saro Wiwa y de otros ocho Ogonis- merece un debate apropiado en el Consejo de Ministros. 
Pido a la Comisión que informe al Parlamento- es posible que la Sra. Bonino lo haga en breve- acerca de la situación que reinaba el año pasado en Nigeria y sobre las perspectivas para la democracia. 
Lo mejor sería que esa declaración estuviera ya lista para la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Generales el día 4 de diciembre. 
Hemos de considerar a las sanciones como un medio de acción dinámico, y así debemos utilizarlas. 
Lo cierto es que no parecen demasiado rigurosas para la situación en el caso del embargo de armas que se impuso. 
¿No sería mejor, como se dice en la resolución, que este embargo de armas se haga retrospectivo en cierto grado? 
Señor Presidente, Señorías, cuando se cumple un año de la muerte de Ken Saro-Wiwa y sus compañeros de lucha, un año desde la adopción de unas sanciones que no han tenido ningún efecto, un año durante el cual Shell ha seguido explotando alegremente los yacimientos de petróleo en Nigeria, un año desde los impotentes llamamientos dirigidos a una dictadura militar corrupta, que no está dispuesta a hacer ninguna concesión, debemos estar autorizados a preguntarnos: ¿En qué nos equivocamos? 
¿Por qué no hemos conseguido nada hasta ahora? 
Mi respuesta es clara. 
No hemos hecho exactamente lo único que podría hacer mella en los militares: en efecto, no hemos decretado un embargo sobre el petróleo. 
El petróleo, este es el origen de la corrupción, la causa de la destrucción de las condiciones naturales de existencia de los ogoni y otros pueblos de Nigeria, el motivo de la explotación sin escrúpulos de Shell. 
Esta respuesta no sólo refleja mi convicción personal, sino también la reiterada petición de los respresentantes de la oposición nigeriana. 
El lunes tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos. 
Volví a preguntarle explícitamente una vez más: ¿Debería decretar la Unión Europea un embargo sobre el petróleo? 
Y él me respondió: Sí, es lo único que afectaría a los militares. 
Yo insto, por consiguiente, al Consejo a que no deje pasar un año más sin decidirse a salvar vidas humanas, como las de los 19 ogoni. 
¡Adopten por fin las medidas necesarias y decreten el embargo sobre el petróleo! 
¡Es vergonzoso que los Estados miembros se escuden en el principio del consenso en el seno del Consejo para explicar y justificar que éste todavía no haya adoptado una decisión eficaz! 
En cuanto a la Comisión, señora Bonino, yo quisiera preguntarle: ¿Qué se piensa hacer exactamente ahora con los 220 millones de ecus que se mantienen congelados? 
En vez de ponerlos de algún modo a disposición de la junta militar en el futuro, cosa que no podemos hacer, quizás sería conveniente pensar en alguna posibilidad de desviar estos fondos para apoyar ya en este momento a la oposición, a las fuerzas democráticas de Nigeria. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar a la Comisaria Bonino lo mucho que hemos apreciado lo que dijo muy recientemente acerca de la tragedia que está teniendo lugar en el Zaire. 
Espero que pueda hablar de la misma manera en el caso de Nigeria. 
De la misma forma que se dirigió a la conciencia de Europa- cosa que apreciamos sobremanera- este Parlamento tiene que dirigirse a la conciencia de Europa cuando se refiera a la desgraciada tolerancia de que da pruebas la comunidad internacional respecto del régimen Abacha. 
Estoy absolutamente seguro de que, sin esa tolerancia, el régimen no existiría ya. 
No son solamente los nigerianos los que, atónitos e impotentes, se preguntan por qué no hacemos nada: nuestros propios ciudadanos se preguntan también si son las compañías petroleras las que dirigen el tiro, o si son los fabricantes de armas los que lo ajustan. 
¿Quién es el que está ejerciendo presión sobre los gobiernos del mundo para no derrocar este régimen que carece de legitimidad democrática y que tiene las manos manchadas de sangre? 
Me parece que, como ha dicho el Sr. Moorhouse, el Consejo tiene una excelente oportunidad de ocuparse de ese desafío en su próxima reunión y de demostrar que Europa puede ponerse del lado de los que aman la democracia y la libertad en el mundo. 
Señor Presidente, creo que todos corremos el peligro de que nuestras poblaciones tengan la percepción de que estamos utilizando un doble lenguaje, incluso de que tengamos una cierta actitud hipócrita ante los problemas que afectan al mundo. 
Ayer nos encontramos ante la vergonzosa situación de contemplar en esta Asamblea como, después de tan bellas palabras, éramos incapaces de dedicar 10 minutos más a discutir el problema de los Grandes Lagos, y no dimos ocasión a la Comisaria Bonino ni al Comisario competente para contestar a las preocupaciones de los diputados. 
Creo que la gente tiene, honestamente, la percepción de que adoptamos dos pesos y dos medidas en nuestras relaciones internacionales. 
Somos plenamente capaces de condenar y administrar sanciones negativas a pequeños países y, en cambio, en el caso de un gran país, que sabemos exactamente, como se ha dicho aquí, que solamente un ataque hacia su comercio de petróleo podría solucionar la situación, no nos atrevemos a hacerlo. 
Es, por lo tanto, el doble peso, el doble lenguaje y la hipocresía de esta Comunidad. 
Señor Presidente, lo que ha sucedido en Nigeria es muy grave. 
Por ello apoyo plenamente esta resolución que exige fuertes medidas, más medidas de las que se han tomado hasta ahora. 
Las medidas como un boicot de armas son por supuesto convenientes, pero no son realmente eficaces. 
Las medidas como congelar los créditos al régimen militar también son buenas. 
Pero no sirven de mucho. 
Lo único que sirve realmente, y ya lo dijo hace algún tiempo el presidente Mandela, es un boicot al petróleo de Nigeria. 
Algo así ha de emprenderse conjuntamente con un gran número de países, por ejemplo los países de Africa, pero a mi entender es el único medio que puede ayudar a devolver la democracia a Nigeria. 
Desde mi Grupo apoyo plenamente la presente resolución. 
Sólo quiero hacer una observación. 
En la resolución se dice que Shell sigue presente en Nigeria. 
No es cierto. 
Que yo sepa, Shell se ha retirado. 
Shell ha reconocido públicamente en la televisión y en los medios de comunicación haber cometido errores en Nigeria. 
Señor Presidente, considero que si una multinacional es capaz de admitir algo así y está dispuesta a aceptar las acciones que se emprenden, pienso que hay que respetarlo y que hay que reconocerlo. 
Por ello quisiera borrar este fragmento de la resolución. 
Antes podíamos desacreditar a Shell, pero ahora ya no. 
Van por buen camino. 
En realidad, debería agradecerse que una multinacional reaccione a las acciones que se emprenden. 
Señor Presidente, voy a dedicar mis 60 segundos a hacer dos observaciones. 
En primer lugar, señor Presidente, que una China que reprime cruelmente a los críticos del sistema como el Sr. Wang Dan ya no puede calificarse de regimen de izquierda. 
Dicho regimen ha suprimido totalmente principios socialistas como el de la propiedad estatal de los bienes de producción. 
Lo que les queda es la voluntad de, a través de una economía de mercado en rápido crecimiento, intentar conservar el poder estatal en manos de una élite de partido, vieja y corrompida, en un estado de partido único. 
El contraste con la evolución democrática que se ha logrado en Taiwan resulta cada vez más claro. 
En segundo lugar, señor Presidente, el Gobierno chino, un gobierno que carece del mandato de la población, y que basa su poder en el lenguaje que hablan las bayonetas, nunca podrá calificarse de estable. 
Es un insulto a todo aquel que luche por la libertad y la democracia. 
Las bayonetas pueden, como todos sabemos, usarse con muchos fines. Para lo que no sirven es para formar un gobierno. 
Señor Presidente, créame que me da pena tener que tomar la palabra de nuevo para hablar de la violaciones de derechos humanos en China y de la conducta inhumana de ese país. 
La condena del Sr. Wang Dan no es más que otro ejemplo y otra ilustración de la diferencia que hay entre nuestras sociedades democráticas y el régimen punitorio y represivo de China. 
Parece ser que se ha presentado un recurso que se resolverá mañana, pero dudo mucho de que modifique la dura pena impuesta. 
En el fondo me inclino incluso a considerar con escepticismo la oportunidad de ese recurso. 
Me alegró que el Consejo de Ministros formulase una declaración muy enérgica de condena el 5 de noviembre, hace unos cuantos días. 
Sea como fuere, lo triste es que los chinos se están riendo de nosotros. 
Permítanme que les cite el ejemplo de sus «diplomáticos» : tienen acceso libre a este Parlamento, pero nosotros, diputados de este Parlamento, no merecemos ningún respeto recíproco. 
En vez de ello nos hablan con arrogancia y sin razón, y no hacen ningún esfuerzo por tomar nota de ninguno de los puntos sumamente válidos que plantean los diputados de este Parlamento. 
Después de decir lo que antecede he de reconocer que todos hemos decidido ya que el aislamiento de China no ofrece ninguna solución. 
Ahora bien, los representantes y los jefes de Estado de la Unión Europea, en mi opinión, no dicen a los chinos con suficiente claridad que realmente no podemos tolerar su comportamiento. 
Lo único que hacen es soslayar las cuestiones de los derechos humanos y de la democracia. Todo esto es sumamente deplorable. 
Para acabar, si China desea realmente ocupar el sitio que le corresponde en la comunidad internacional, lo primero que tiene que hacer es obrar de conformidad con los principios básicos de esa comunidad y para ello tiene que instaurar un sistema de orden, democracia y respeto de los derechos humanos. 
Ya es hora de que nuestros dirigentes de la Unión Europea se lo digan con toda claridad siempre que tengan una oportunidad. 
Personalmente, yo me siento unida en muchos aspectos a la suerte de Wang Dan. 
Mientras que el movimiento en favor de las libertades democráticas fue sangrientamente reprimido en la plaza de la Paz Celestial en junio de 1989, nosotros pudimos celebrar, en cambio, pocos meses después el derrumbamiento incruento de la antigua RDA. 
Mientras que yo puedo trabajar ahora libremente por mis objetivos políticos, en mi calidad de diputada europea, Wang Dan vuelve a ser condenado por unas acciones que en una sociedad democrática forman parte del derecho inalienable a la libertad de opinión. 
El régimen chino, que entre tanto ha quedado aislado, acentúa cada vez más su brutalidad. 
Hacia afuera se presenta, no obstante, vestido con piel de cordero en tanto que potencia industrial ascendente en Asia y, sobre todo, gracias al apoyo de las relaciones europeas, de las fuerzas económicas europeas, de las visitas de muchos políticos y del activo desarrollo de las relaciones económicas. 
Ustedes están apoyando a ese régimen y yo opino, en cambio, que sólo las sanciones económicas podrán obligarlo a aceptar un mínimo reconocimiento de los derechos humanos. 
Señor Presidente, las autoridades chinas nos obligan, una vez más, a pronunciarnos sobre una grave violación de los derechos humanos. 
Se trata de una entre miles. 
No comparto el optimismo de mi colega Malone. 
Creo que los chinos no demuestran su voluntad de diálogo. 
Dicho esto, espero que la Comisión pueda darnos algún esclarecimiento. 
En mi opinión, la gravedad del problema radica en la falta de política europea respecto a China. 
No tenemos política al respecto. 
Tenemos a Sir Leon Brittan que viaja mucho, que habla al final de los banquetes, o al principio, qué más da, sobre un par de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, pero no hay política europea frente a China. 
Así que tampoco hay política occidental ni concertación con los estadounidenses y los japoneses para fijar cierto número de criterios mínimos, pero seguros, de respeto a los derechos humanos y de reforma en el sentido de una democratización de la República Popular China. 
Por lo tanto, que ésta es la dirección que hay que tomar. 
Señor Presidente, la presente resolución, tramitada por el procedimiento de urgencia, sobre el enjuiciamiento de políticos de la oposición en Georgia no sólo tiene por objeto llamar la atención sobre las condenas anunciadas para el 19 de noviembre, sino también denunciar fundamentalmente la situación existente en las prisiones de Georgia. 
La tortura física y psíquica, las amenazas de muerte y la privación de alimento son la norma para los numerosos prisioneros de la oposición. 
Muchos de ellos están enfermos de tuberculosis y la pena de muerte está en vigor y se aplica con frecuencia. 
La fiscalía georgiana acaba de anunciar, por ejemplo, su intención de solicitar el 19 de noviembre la pena de muerte para el diputado libremente elegido Zviad Dzidzidguri y otras personas, y también graves condenas para otros diputados y políticos de la oposición. 
Esta Cámara cuenta ya con una larga tradición de declaraciones contra la pena de muerte. 
En el caso que nos ocupa, estamos particularmente obligados a cumplir con este indiscutible deber moral, puesto que los afectados son prácticamente colegas nuestros. 
Es muy importante, a mi entender, que no idealicemos la situación en Georgia y reconozcamos su problemática particular. 
Tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, Georgia fue uno de los primeros Estados sucesores que declaró su independencia y eligió como Presidente a Sviad Gamsajurdia en unas elecciones democráticas. 
Como esto no se ajustaba a sus planes, quienes detentaban el poder en Rusia respaldaron masivamente el golpe de mano del ex-ministro de Relaciones Exteriores Shevardnaze, que anteriormente ya había alcanzado reputación por su persecución particularmente cruel de los judíos, como notorio jefe del KGB de Georgia. 
A la vista de este hecho, es especialmente importante que escuchemos las manifestaciones de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre la situación en Georgia y tratemos con una cierta cautela las informaciones semioficiales del Estado. 
En cualquier caso, es preciso que en el presente caso manifestemos también claramente nuestra repulsa contra la pena de muerte y las condenas injustificadas. 
Muchas gracias, señor diputado. 
Supongo que ha sido su primera intervención en este Pleno. 
Quería saludarlo y desearle las mayores felicidades. 
Señor Presidente, se sabe que la guerra civil, los enfrentamientos sangrientos y la limpieza étnica que tuvieron lugar en una región de Georgia, en Abjazia, han generado varios miles de refugiados que hoy viven lejos de sus casas y tierras, en condiciones de miseria, como pude comprobar con mis propios ojos. 
Una solución justa al problema de Abjazia requiere, entre otras cosas, el respeto de la soberanía territorial de Georgia y, al mismo tiempo, la defensa de los derechos de las diferentes etnias que la constituían antes de los enfrentamientos bélicos. 
En las actuales circunstancias, las elecciones decididas por parte de los abjasios el 23 de noviembre, aparte de no solucionar nada, podrían acentuar aún más las diferencias existentes. 
Quisiera destacar que las elecciones en Abjazia deben llevarse a cabo una vez se haya determinado el estatus de Abjazia mediante negociaciones con el Gobierno en Georgia, y, naturalmente, una vez que haya estabilidad en la región y las personas expatriadas y los refugiados regresen a sus lugares de origen. 
Espero que quienes pretenden realizar estas elecciones se den cuenta de que ello complicaría la situación, y que las aplacen, demostrando así su buena disposición a mantener unas negociaciones honradas y serias con el Gobierno de Georgia para devolver la paz a esa región afligida. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, las supuestas elecciones parlamentarias convocadas por parte abjazia para el mes de noviembre no contribuyen de ningún modo- como ya ha señalado mi colega Trakatellis- a impulsar el proceso de paz georgiano-abjazia ya iniciado, sino todo lo contrario. 
Habida cuenta de que amplias partes de Georgia han sufrido durante años los estragos de la guerra civil y las depuraciones étnicas, sobre todo en el caso de Abjazia, es doblemente importante que busquemos una solución política para el futuro de Abjazia que cuente con la aceptación de todas las partes implicadas. 
Sólo cuando esto se haya conseguido, será realmente posible la celebración de elecciones. 
Unas autoridades abjazias autodesignadas pretenden efectuar, no obstante, unas elecciones supuestamente democráticas, con la intención última de establecer lisa y llanamente unos hechos consumados. Y esto a través de unas elecciones en las que sólo podrán participar 200.000 personas, puesto que numerosos grupos étnicos de población están excluidos de las mismas, por no mencionar el hecho de que un 50 % de la población abjazia ha huido o fue expulsada. 
Es preciso encontrar una solución que respete la soberanía y la integridad territorial de Georgia en el marco de sus fronteras internacionalmente reconocidas. 
Al mismo tiempo es preciso resolver el grave problema de los refugiados. 
Unas elecciones, del tipo que sean, que no admiten la participación de aproximadamente la mitad de la población originariamente residente, deben ser condenadas no sólo desde la perspectiva del Derecho internacional. 
Mi Grupo político critica, por lo tanto, con la máxima firmeza las elecciones anunciadas. 
Instamos a la parte abjazia a que respete al fin los derechos humanos y permita que los refugiados y expulsados puedan convivir en paz en esa región. 
En este sentido, yo pido también a la Comisión y al Consejo que respalden el proceso de paz con todos los recursos a su disposición y con la participación de todas las partes, a través de medidas que contribuyan a promover la confianza mutua. 
Señor Presidente, existe el riesgo de que vuelva a estallar el conflicto, ahora que el proceso de búsqueda de una solución ha quedado francamente encallado, a lo cual no es ajeno el hecho de que ya se ha adoptado la decisión sobre el oleoducto, que por primera vez transportará el petróleo del mar Caspio hacia el mar Negro. 
Por otra parte, el proceso constituyente ha dejado de lado justamente la problemática del estatuto de Osetia del Sur y Abjazia. 
En estos momentos, se está abandonando la actividad, lo cual vuelve a llevar el agua al molino de los separatistas. 
Quien sufre las consecuencias es la población, los millares de refugiados, que no están reconocidos como tales, puesto que sólo se les considera personas desplazadas dentro de un país internacionalmente reconocido. 
Y este es el problema: esas personas están excluidas desde hace años del ejercicio de sus derechos ciudadanos, están excluidas desde hace años de la posibilidad de desarrollar una vida normal y sus hijos hace años que no tienen ninguna oportunidad de desarrollarse normalmente. 
Por consiguiente, yo le pido Sra. Bonino que haga suyo sobre todo el punto 8 de nuestra resolución y le preste especial atención. 
Lo cierto es que la resolución de estas cuestiones con objeto de poder trabajar en favor de la prevención de los conflictos es un problema que también nos afecta. 
Sigue faltando, en efecto, hoy como ayer, el puente entre ECHO y TACIS, y éste sólo podrá establecerse mediante una ampliación del mandato de ECHO que incluya medidas para la reconstrucción de los territorios regionales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, nosotros hemos presentado esta resolución porque, en las últimas dos semanas, han muerto asesinadas en El Salvador 13 personas. 
Nos preocupa que haya una nueva escalada de violencia, sobre todo después de la firma de los acuerdos. 
El Sr. Butros Gali ha dicho que la nueva policía no está cumpliendo con lo que se esperaba de ella. 
Además, en el mes de julio, tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con la Procuradora de derechos humanos, doña Marina Victoria de Avilés, y con su adjunta doña Araceli Zamora, y ella nos expresaba en primer lugar su preocupación porque no tiene medios económicos ni humanos para trabajar bien en un país con un 70 % de pobreza severa y un 50 % de desempleo, y también la preocupación de que, después de esos acuerdos, la nueva democracia se pueda malograr porque algunos campesinos nos han dicho que no se cumple con la entrega de tierras. 
Como habitualmente tengo un minuto para hablar y hoy tengo un poquitín más, quiero contarles que esta semana he quedado impresionada por la visita de un campesino, en este caso el colombiano Raúl Ramos, que creo expresa el sentimiento de tantos campesinos latinoamericanos cuando se llega a acuerdos con sus gobiernos y no se cumplen. 
Y a mí me da la sensación de que nosotros no estamos siendo sensibles a la voz de estas personas. 
Como en las reuniones que nosotros convocamos, desgraciadamente, no había muchos diputados que pudieran escucharle, del testimonio de 17 páginas yo elegí dos párrafos que expresan muy bien eso. 
Es un testimonio que todos debiéramos tener en cuenta a la hora de llegar a acuerdos con países latinoamericanos que no respetan los derechos humanos. 
Además, es muy poético. 
¡Por qué no traer un poco de poesía a este Parlamento, tan falto de ella! 
Les leo textualmente los párrafos que he seleccionado: » Se robaron las vaquitas, las bestias, los burros, arrasaron con los cultivos, les metieron bull-dozers, arrancaron las plantas de raíz y destruyeron nuestras viviendas. 
En mi parcela, yo había logrado sembrar y que prosperaran grandes árboles frutales: limoneros alcancé a levantar 35 palos, 40 árboles de mango fino, guanábanos que daban frutas de varias libras, guayabas, anones, patilla, melón. 
Yo había trabajado como en mis mejores tiempos de muchacho. 
Para mí, levantar un árbol era como levantar un hijo. 
Después de meter la semilla, cuidaba de que naciera bien, lo rociaba, les quitaba la maleza, los protegía del exceso de sol o del exceso de lluvia, les conversaba para que sintieran mi compañía. 
Mi parcela había prosperado rápidamente, todos tenían que ver con ella. 
Yo trabajaba de la aurora al ocaso, con un entusiasmo tal que no sentía la fatiga y las enfermedades, por fortuna, se olvidaron de mí. 
Había construido mi casa de palmas, con paredes embutidas y enjauladas en barro como tapia pizada. 
Mi casa era acogedora, bonita, le había hecho el piso de cemento. 
De todo ello no queda nada. 
Donde antes era mi casa sólo queda la huella del piso, y donde estaban los cultivos queda la tierra quemada y, de nuevo, se levanta la mala hierba. 
¿Por qué nos hicieron esto? ». 
He agotado los tres minutos que me fueron concedidos, y lamento mucho no poder terminar con el compromiso de este campesino porque, estando amenazado de muerte, va a volver a su país, y dice que no le importa morir. 
Pero yo pasaré este documento a todos aquellos que quieran escucharlo porque me parece que es la voz de los campesinos de América Latina, que se escucha pocas veces en este Parlamento. 
Señor Presidente, el presidente de El Salvador dijo no hace mucho que el proceso de paz transcurría con éxito y por ello la ONU limitó considerablemente su presencia en este país. 
Ahora, la economía de El Salvador va por buen camino, se evidencia un aumento del crecimiento económico del 6, 5 %, pero al mismo tiempo aumenta la pobreza y sobre todo la criminalidad. 
A diario se perpetran atentados que nos recuerdan a los escuadrones de la muerte- como ya ha señalado el Sr. Newens- de hace unos años. 
Se está llevando a cabo una investigación, pero tengo la impresión de que no es suficiente para evitar la espiral de violencia. 
Pienso, en la medida en que conozco personalmente a la policía nacional de El Salvador, que la ineficacia jugará una mala pasada a la sociedad salvadoreña. 
Por ello me parece conveniente recordar que en el documento de estrategia de la Comisión sobre la cooperación de la Unión con América Latina para los próximos cuatro años también se presta atención a ello. 
Las organizaciones democráticas y de derechos humanos merecen también nuestro apoyo, y el informe que yo mismo escribo en relación con la futura estrategia para América Latina prestará atención a este país donde se ha declarado la paz, en la esperanza de que esta paz sea duradera. 
Señor Presidente, el presidente Petrosian ha sido reelegido, pero las circunstancias en las que tuvo lugar su reelección eran como mínimo sospechosas. 
Los observadores internacionales constataron irregularidades, y dado que el presidente fue reelegido con un pequeño margen, convendría que la comisión electoral repitiera las elecciones. 
Sobre todo porque el año pasado, Petrosian ha demostrado ser poco democrático. 
La opresión de los medios de comunicación y la prohibición de los partidos de la oposición son dos muestras de rasgos autoritarios que merecen ser criticados. 
La Unión ha de permanecer vigilante y ocuparse de que se corrija esta cuestión. 
Por ello el Grupo de los Liberales considera que el acuerdo de cooperación sólo ha de aprobarse después de que el Parlamento Europeo haya constatado que se han realizado suficientes progresos en la aplicación de las libertades fundamentales y los principios democráticos. 
Se lo debemos a nuestros propios principios. 
Señor Presidente, uno de los elementos básicos del sistema democrático de un país son unas elecciones realmente libres y justas para elegir a las personas que lo gobernarán. 
Lamentablemente, en las elecciones presidenciales de Armenia realizadas el 22 de septiembre de 1996 los observadores internacionales detectaron muchas irregularidades y bastantes infracciones serias de la ley electoral. 
Por otro lado, se sabe que después de las elecciones se produjeron disturbios que llevaron al Gobierno a enviar tropas y tanques a las calles de Erivan para controlar las protestas de los ciudadanos. 
Coincidiendo con las propuestas de diferentes organizaciones, creo que el proceso electoral se debe repetir en aquellas regiones en las que se registraron serias infracciones de la ley electoral. 
Creo que hay que ayudar a Armenia a encontrar el camino hacia la auténtica democracia, para la que no hay sustituto. 
Nuestra simpatía hacia ese país y su pueblo no debe impedirnos condenar unas condiciones que suponen una desvío del proceso democrático, porque sólo de esta manera ayudaremos a Armenia a mantenerse en el camino hacia la auténtica democracia parlamentaria. 
Señor Presidente, yo debo manifestar con toda sinceridad que la responsabilidad recae sobre el propio Parlamento Europeo, que no se decidió a actuar como observador de las elecciones. 
No tuvo el valor de desarrollar también estrategias a más largo plazo como una tarea independiente en el marco de la política Exterior y de Seguridad Común y la presente resolución llega ahora, obviamente, con gran retraso. 
Pedir ahora la repetición de las elecciones es, en el fondo, una posición poco digna de crédito. 
Lo cual no significa que yo las considere libres y justas, pero me parece una estrategia mucho más acertada conceder a la oposición dividida una oportunidad de reconstruirse. 
Esto supondría sumarse a la petición del Consejo de Europa, en el sentido de que se celebren muy pronto elecciones parlamentarias, puesto que la vía más adecuada para impulsar la transformación de la sociedad en un sentido democrático es sobre todo a través del Parlamento, ¡y quien menos puede contribuir a ello es, en cambio, el Presidente! 
Yo pido, por lo tanto, a la Asamblea que acepte nuestra propuesta de resolución. 
Señor Presidente, señores diputados, este es el punto del orden del día de su sesión en el que globalmente se trata el problema de los derechos humanos en todas las partes del mundo donde se violen: hemos escuchado debates sobre Armenia y El Salvador, China y otras zonas del mundo. 
Quiero decir que la Comisión con sus poquísimas fuerzas, incluso financieras, continúa siguiendo la evolución de ese problema alrededor del mundo: en conjunto, aunque en algunas partes del mundo se ven tímidas mejoras, en general, la situación no deja de devolvernos a la realidad al seguir habiendo problemas por resolver y al manifestarse nuevos atentados a los derechos humanos fundamentales. 
La fotografía que desde el punto de vista del observatorio de la Comisión logramos hacer de la situación, aunque con medios muy limitados, no es en absoluto positiva, pero, peor aún, no es positiva ni siquiera la tendencia: en efecto, si nos atenemos simplemente a una tendencia, tengo la impresión de que en muchas partes del mundo es más bien negativa, y mejoras se ven muy pocas. 
Por lo que respecta a Nigeria, la Comisión comparte la profunda preocupación que expresa el Parlamento. 
No es una sorpresa para nadie que en ese país, en particular desde hace dos años, no se apliquen patrones admisibles, o admitidos internacionalmente, de los derechos humanos. 
Además, también la vida cotidiana es cada vez más dramática desde el punto de vista económico. 
Como saben, en noviembre de 1995 la Comisión suspendió la cooperación con Nigeria y sólo está preparando una serie de medidas de apoyo al proceso de democratización para mejorar la situación de los derechos humanos. 
El objetivo de esas medidas es acelerar la retirada de los militares, la elección de un gobierno civil, el restablecimiento de la independencia del sistema judicial. 
Sé perfectamente que en la resolución presentada por el Parlamento Europeo hay una petición de embargo. 
Obviamente, tengo la obligación de recordar a este Parlamento que esa es una materia que no es competencia de la Comisión, sino de los Estados miembros de la Unión. 
Por lo que se refiere a la Comisión, confirmando el bloqueo de la ayuda al desarrollo, los únicos otros proyectos que estamos continuando son los que he citado. 
Por lo que respecta a China y a la condena del Sr. Wang, quisiera recordar que la Unión Europea ha elegido la política del diálogo crítico respecto de los socios chinos. 
Esta política, más o menos satisfactoria, ha sido elegida igualmente por todos los países miembros de la Unión en sus relaciones bilaterales. 
Tengo que decir más bien que, a veces, del diálogo crítico se ve poco en la práctica y del diálogo económico se ve mucho. 
La Unión Europea y la Comisión dan una importancia especial a esta profundización del diálogo bilateral, en particular sobre los derechos humanos, que se inició hace dos años aproximadamente. 
Hemos preparado un programa de proyectos de cooperación tendentes a fomentar esta dimensión humana en China para favorecer el desarrollo de una sociedad civil basada en normas jurídicas. 
A la pregunta específica que me ha formulado un diputado, sobre la fecha de la segunda ronda de encuentros, en realidad tengo que informar al Parlamento de que, después de la fecha de enero en la que tuvo lugar el último encuentro, la segunda fecha no se ha fijado aún ni está prevista, ya que las fechas se han de fijar con la participación de los dos Estados. 
Tengo que informar al Parlamento de que China no ha dado todavía una respuesta por lo que se refiere a la fijación de la fecha de esta segunda ronda de debates. 
En cambio, puedo informar al Parlamento de que el representante de la Unión Europea seguirá la próxima sesión de apelación del proceso del Sr. Wang, con una presencia incluso física in situ. 
Por lo que respecta a Abjacia, las relaciones con Georgia y en particular el anuncio de elecciones, la Comisión recuerda que el Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Georgia, firmado el 22 de abril de 1996, expresa el apoyo a la independencia, a la soberanía y a la integridad territorial de la región. 
El Consejo de Asuntos Generales de julio de 1995 puso de relieve la importancia de una solución pacífica de los conflictos en la región y del retorno de las personas desplazadas y de los refugiados a Abjacia respetando plenamente los derechos humanos. 
La posición de la Unión es la de la integridad territorial de la propia Georgia. 
En cuanto a la pena de muerte, la Unión Europea ha manifestado muchas veces su inquietud por la aplicación de esa pena en Georgia y en los demás Estados independientes. El problema se planteó también con el Presidente Shevardnadze, en particular por lo que se refiere al caso de los miembros del Parlamento partidarios del ex presidente Gamsakurdia, al que hace referencia la resolución del Grupo del PPE. 
La Delegación de la Unión en Tbilisi continuará siguiendo con atención la situación y el proceso que está previsto para el próximo 19 de noviembre. 
Por lo que respecta a El Salvador, la Comisión ha tenido conocimiento con estupor de esos nuevos actos de violencia que han tenido lugar últimamente en la colonia de Valle Nuevo, y expresa su apoyo a las familias de las víctimas. 
Comparto las preocupaciones planteadas- mejor dicho, si cabe, más que eso- y tengo que decir que mientras seguimos de cerca el deterioro de la situación de los derechos humanos en El Salvador, apoyando las iniciativas organizadas en el país para defender el respeto de los derechos humanos, lo que es posible hacer en la Comisión es estar más presentes en el apoyo de esos proyectos, al ser ésa una situación en la que, como siempre en períodos electorales, se asiste a estallidos de violencia de este tipo. 
Señoría, la poesía que usted nos ha leído me ha emocionado especialmente. 
Considero que ése es un testimonio que nos debe incitar no sólo a estar más presentes sino también a ser, quizás, más generosos en los apoyos financieros de los proyectos de la sociedad de ese país. 
Por lo que respecta a Armenia, después de las elecciones presidenciales de septiembre, con las valoraciones que pueden darse- ciertamente, hoy parecería difícil pedir que la Unión Europea pidiera nuevas elecciones -, la Comisión está siguiendo de cerca la situación y espera el resultado de las elecciones locales del 10 de noviembre. 
Continuaremos estudiando cómo ha tenido en cuenta Armenia las críticas expresadas por los socios de la OSCE, en particular en lo relativo a los procedimientos electorales y a la plena participación de todos los partidos de la oposición, incluido el acceso a los medios de comunicación. 
Quiero decirle al colega que ha planteado la cuestión que, si bienes deseable una buena colaboración entre ECHO y TACIS en el paso de la ayuda humanitaria de urgencia a los programas de desarrollo a más largo plazo, queda excluida de la base legal de ECHO la financiación de proyectos de reconstrucción, precisamente porque la base legal que prevé proyectos humanitarios de urgencia debería permitir que otros actores, TACIS en particular, tomaran el relevo en este paso, dejando de intervenir en situaciones que ya no son de emergencia. 
Por otra parte, la presencia de ECHO, que usted ha constatado estos días, se requiere en muchas partes del mundo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de las propuestas de resolución siguientes: 
B4-1276/96 del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el incendio que destruyó parte del edificio histórico del ayuntamiento de Lisboa; -B4-1322/96 del Sr. Marinho, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas, sobre el incendio del ayuntamiento de Lisboa. 
Señor Presidente, señores diputados, el incendio que hace una semana destruyó una gran parte del edificio histórico del Ayuntamiento de Lisboa exige de este Parlamento una demostración clara de solidaridad y aprecio para con todos los servicios públicos, para con todos los representantes municipales, para con el pueblo de la ciudad de Lisboa. 
Solidaridad por la pérdida patrimonial, aprecio por la eficaz y pronta intervención de todos, que fue, por cierto, determinante para circunscribir el incendio e impedir que se vieran afectados elementos esenciales de la historia de la ciudad y de la cultura nacional y europea. 
Pero creo que tenemos que ir más allá de las meras palabras de solidaridad. 
Alguien profundamente vinculado con el subconsciente histórico nacional y también con la propia imagen urbana y patrimonial de Lisboa afirmó, hace más de dos siglos, que era necesario «enterrar a los muertos y cuidar a los vivos». 
Mutatis mutandi, hoy, en vista de que por fortuna no ha habido víctimas, tras retirarse los escombros, hay que reconstruir el edificio de prisa y bien para que continúe vivo y al servicio del poder local democrático. 
Para ello son fundamentales los medios financieros municipales y del Gobierno portugués, por lo demás ya concedidos pronta y parcialmente. 
Pero también y sobre todo para esos efectos y en esos casos existe, en el sabio inconsciente de los pueblos, y se debe manifestar la Unión Europea. 
Por eso, constituye una obligación estricta de este Parlamento recomendar a la Comisión Europea que colabore con el Ayuntamiento de Lisboa en la reconstrucción del edificio. 
Y que, en articulación con las autoridades municipales y gubernamentales, conceda los medios financieros y de otra índole que se consideren convenientes y adecuados. 
También y sobre todo con ese fin hemos presentado la propuesta de resolución que este Parlamento no dejará- estoy seguro- de aprobar. 
Señora Presidenta, unas primeras palabras para agradecer al Pleno que haya aceptado incluir, pese a haber ya fijado sus prioridades la semana pasada, el asunto del incendio del Ayuntamiento de Lisboa en el orden de los trabajos. 
Es una actitud que prestigia al Parlamento Europeo ante la opinión pública portuguesa, que, naturalmente, tomará nota de la solidaridad cultural y humana que esta resolución representa. 
En estos asuntos de catástrofes que afectan profundamente a los sentimientos de los ciudadanos europeos que viven con proximidad y gran intensidad emocional las pérdidas irremediables de símbolos históricos- referencia cultural de generaciones -, creo que todas las palabras están demás. Queda la tristeza, la conmoción y el dolor. 
Por eso, no mirando al pasado, sino mirando al futuro, y, además del homenaje que este Parlamento rinde al pueblo de Lisboa solidorizándose con su drama al aprobar esta resolución, como no dejará de hacerlo sin duda alguna, lo que importa es que quede claro que mediante este acto la Unión Europea encuentra toda la justificación para incitar, en el ámbito de los apoyos tradicionales, a la Comisión a apoyar también financieramente, incluso simbólicamente, si cabe, pero financieramente, la reconstrucción de ese patrimonio común y europeo. 
Espero que el Comisario Oreja, que no está hoy aquí presente, y la Comisaria Bonino, hoy entre nosotros, personas ambas de gran cultura, entiendan bien lo que está en juego y desencadenen, en nombre de la Unión, los mecanismos necesarios para que el pueblo de Lisboa y su Ayuntamiento y ya ahora nuestro amigo y antiguo diputado, el presidente João Soares, puedan comprobar, en la hora de la reconstrucción, que también allí Europa estuvo con Portugal. 
Señora Presidenta, quisiera manifestar, en nombre del Partido Popular Europeo, nuestro apoyo incondicional a la resolución común destinada a manifestar nuestra solidaridad ante el incendio que destruyó un importante edificio desde el punto de vista patrimonial e histórico, o sea, el del Ayuntamiento de Lisboa, y hacer un llamamiento para que la Comisión apoye la reconstrucción en la medida de sus posibilidades. 
Señora Presidenta, queridos colegas, seré muy breve, para decir tan solo que el incendio que afectó al edificio del Ayuntamiento en la zona histórica de Lisboa, al que se ha unido recientemente- hace pocas horas- una catástrofe igual en el Palacio de Justicia de Ruán, por coincidencia dos ciudades sobresalientes en la historia de Europa, viene a alertarnos una vez más sobre la urgencia de una política preventiva, integrada y eficaz, en defensa del patrimonio histórico-cultural, sobre todo el situado en los centros históricos de las ciudades. 
Para no extenderme más, quisiera también, dado todo lo dicho por mis colegas, manifestar, en nombre del Grupo, el apoyo a esta propuesta de resolución, convencido como estoy de que la Unión Europea y la Comisión serán también solidarias, una vez más, en este caso concreto, con el Ayuntamiento de Lisboa y con Portugal. 
Señorías, como sabrán, debido a las restricciones presupuestarias, en el transcurso de estos últimos años la Comisión Europea ha concedido ayudas simbólicas de urgencia con ocasión de catástrofes naturales, ya sea de origen natural ya sea de origen criminal, que han arrasado monumentos muy importantes de la Unión Europea. 
Me refiero, por ejemplo, al teatro del Fenice en Venecia, a los Uffizi de Florencia, que fueron destruidos en un atentado criminal, al teatro del Liceo de Barcelona o al Parlamento de Bretaña en Rennes. 
La Comisión prestará especial atención al problema. 
Siguiendo una tradición bien consolidada, analizará con todo el cuidado necesario el asunto relacionado con el incendio que ha deteriorado gravemente el ayuntamiento de Lisboa. 
Efectivamente, la Comisión es consciente de la importancia de este edificio en el centro histórico de Lisboa. 
Nuestra intervención presupuestaria será simbólica, pero la Comisión quiere tranquilizar al Parlamento. Estará al lado de los ciudadanos de Lisboa, y apoyará todos los esfuerzos que éstos desplieguen para restaurar un monumento tan importante en el contexto histórico y cultural de Lisboa. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, quisiera que se mencionara el hecho de que varios compañeros de nuestro Grupo han llegado tan sólo a las 18.00 horas y por lo tanto no han podido votar; ello se debía al hecho de que a través de las pantallas se comunicó que la votación tendría lugar a las 18.00 horas. 
Por consiguiente, si fuera tan amable de indicarlo en el Acta, por lo menos se sabría por qué la cuestión sobre el acuerdo de pesca ha tenido un resultado diferente al que esperábamos. 
Tomo nota de su observación, señora Oomen-Ruijten. 
La próxima vez procuraremos tener un anuncio todavía más explícito. 
7 Votaciones 
Se procede a la votación de las resoluciones sobre la bioseguridad. 
La Sra. Bonino desea hacer una declaración a este respecto. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión quisiera formular la declaración siguiente acerca del punto 8 de la resolución. 
Por lo que se refiere al punto 8 del reglamento propuesto sobre nuevos alimentos, diré que su contenido rebasa lo que el Parlamento Europeo deseaba conseguir con las seis enmiendas adoptadas en marzo del año en curso. 
Además, la aprobación de la resolución sobre esta cuestión no constituiría una medida útil en el marco de la actual discusión acerca de un procedimiento de conciliación que ya de por sí resulta difícil, encaminado a la adopción del reglamento sobre nuevos alimentos y, además, representaría un trámite de procedimiento bastante peculiar. 
Señora Presidenta, esta declaración es el colmo. 
¿Por qué? 
Porque ha sido precisamente la Comisión Europea, el Comisario Bangemann, quien ha frenado continuamente la enmienda presentada por el Parlamento. 
En una consulta conjunta en este Parlamento presentamos una enmienda oral que expresaba precisamente lo que acaba de decir la Comisaria, pero que nunca fue aceptada por la Comisión Europea ni por el Comisario Bangemann. 
Si esto implica que, en la próxima consulta, el Sr. Bangemann aceptará la enmienda del Parlamento, estaremos contentos. 
En el informe se propone que se amplíe el procedimiento de codecisión a todos los actos jurídicos y que se elimine el de cooperación. 
Además, se propone que el poder de codecisión del Parlamento incluya nuevos ámbitos como la política agrícola, las cuestiones fiscales y de política comercial. Esto nos llevaría a un deslizamiento notable de poder de los parlamentos nacionales en favor de las instituciones de la UE, el Parlamento, el Tribunal y la Comisión. 
El informe desea fortalecer el carácter federal y supraestatal de la UE. 
El informe constituye más bien un diagnóstico del problema que un programa detallado de actuación. 
No obstante, precisamente como diagnóstico del problema también expone con claridad un hecho hasta ahora insuficientemente conocido por la opinión pública de los países miembros: no sólo existe un Derecho de la Unión Europea, sino también un procedimiento legislativo, que sólo puede desarrollarse, y efectivamente se desarrolla, en el ámbito de la Unión y que en este sentido puede considerarse como el núcleo y el eje central de toda la legislación de la Unión. Me refiero al procedimiento de codecisión, en el que participan conjuntamente la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
De este modo se establece a la vez igualmente una clara distinción entre los ámbitos de competencia de la Unión y de los Estados miembros, una importante aclaración sobre cómo debe interpretarse y aplicarse el principio de subsidiariedad. 
Los dos ponentes señalan acertadamente que no sería pertinente que continuaran quedando excluidos del procedimiento de codecisión ámbitos tan importantes como el régimen tributario y la política agrícola y medioambiental. 
El Parlamento debe dar su voto afirmativo a este importante informe también como una muestra de reconocimiento a la firmeza y la energía con que ha planteado la Comisión este tema central para la democracia europea. 
El procedimiento de codecisión fue introducido en el Tratado de Maastricht para potenciar el carácter democrático del proceso de toma de decisiones europeo. 
La comunicación de la Comisión presentada ahora al Parlamento y al Consejo evalúa el funcionamiento de dicho procedimiento y propone ampliar su ámbito de aplicación «a todas las actividades comunitarias de carácter legislativo». 
Al igual que la Comisión consideramos que el enfoque por el que se decide, de un caso a otro, a qué ámbitos políticos se aplica el procedimiento de codecisión ha provocado un cuadro confuso e insatisfactorio. 
Sin embargo, en estos momentos no podemos aprobar la aspiración de la Comisión de cambiar esta situación a través de una ampliación general del derecho de codecisión. 
A nuestro entender, el déficit democrático en la toma de decisiones europea ha de abordarse en primer lugar a través de una limitación fundamental del número de tareas y competencias de la Unión. 
Dejando a la administración europea sólo aquellas tareas que requieren claramente un enfoque europeo, se crea un modelo administrativo en que se hace más justicia a la política nacional. 
Por otra parte, hay que reconocer que la administración nacional está más cerca del ciudadano y por ello, desde el punto de vista práctico, es más fácil de controlar. 
El refuerzo de la democracia tendrá que buscarse sobre todo en la revalorización del papel de los parlamentos nacionales. 
La limitación del nivel de ambiciones de la UE aliviará la carga administrativa de las instituciones de la Unión y contribuirá a que el Parlamento Europeo se limite a unas tareas legales claras. 
En una situación de este tipo, los procedimientos de toma de decisiones podrían reducirse a tres: el procedimiento de codecisión cuando el Consejo decide por mayoría en el ámbito del mercado interior, los procedimientos de dictamen conforme para los acuerdos internacionales y el procedimiento de consulta en caso de que se aplique la regla de unanimidad y en los demás casos. 
Dado que el debate sobre la integración europea sigue dominado por la aspiración a una mayor centralización de la toma de decisiones y que el Parlamento Europeo apenas limita su paquete de tareas, por el momento no consideramos justificado un debate sobre la ampliación del derecho de codecisión. 
Mucho me temo que en estas circunstancias ello no haga más que debilitar aún más la legitimidad del Parlamento frente a los ciudadanos y que se aumente el déficit democrático. 
Por ello hemos votado en contra del informe Bourlanges/De Giovanni, que en muchos puntos va más allá que el de la Comisión. 
Informe d ' Ancona 
Señora Presidenta, en apoyo del informe d ' Ancona quisiera poner de relieve ese continuo escándalo del que somos testigos cuando refugiados debidamente reconocidos como tales por el derecho internacional son mantenidos separados unos de otros por la fuerza en los diversos Estados miembros. 
Citaré como ejemplo al refugiado de Bosnia Ekrem Bajramovic, que vive en Rochford, en mi circuncripción, y a quien la guerra ha separado de su hermano Ahmo, que vive en Francia. 
Estos refugiados y otros muchos han visto cómo sus familiares perdían la vida en la guerra y a pesar de ello no pueden reunirse con sus familiares sobrevivientes porque algunos Gobiernos se niegan a concederles los visados necesarios. 
Me han dicho que se plantean problemas especiales en relación con Francia y a Austria. 
A las personas que están consideradas como refugiadas con arreglo al Convenio de Ginebra se les excluye en la actualidad de la resolución de 1993 del Consejo sobre la reunificación familiar, e insto a que se revise urgentemente esa norma legislativa para que podamos hacer lo poco que se pueda hacer en favor de familias que tanto han perdido. 
Señora Presidenta, la Asamblea ha plasmado, a Dios gracias, tres puntos clave del informe de un modo que nos permite votarlo afirmativamente, a pesar de que aún subsisten algunos aspectos que no merecen mi aprobación. 
No obstante, creo necesario destacar una cuestión que no se ha tratado suficientemente en el debate. 
En contra de algunas tendencias que se han manifestado durante el mismo, lo cierto es que el número de solicitudes de asilo presentadas en Alemania ha aumentado desproporcionadamente en relación con el número de solicitudes presentadas en los demás Estados de la Unión Europea. 
Es decir, que la proporción de solicitudes presentadas en Alemania es cada vez mayor. 
Así lo indican las estadísticas de EUROSTAT. 
¡Lo cual sería imposible si algunas de las tendencias que se han expuesto aquí respondieran a la realidad! 
Por lo tanto, yo abogo firmemente por un reparto más equitativo de las cargas dentro de la Unión Europea. 
¡Esta sería una política de asilo adecuada y no algunas de las propuestas que se han proclamado con tanta insistencia en el transcurso del debate! 
Los firmantes votamos a favor del informe d ' Ancona, pero queremos dejar constancia de nuestros puntos de vista. 
En el informe se afirma que la mayoría de refugiados procede de países de fuera de Europa y que se les debería dar atención en su propia región. 
Consideramos esta afirmación muy mal fundamentada, y pensamos que no se entiende lo que se quiere decir con la propia región, término que consideramos poco afortunado. 
También pensamos que la Convención de Ginebra no solamente «puede» , sino que debe aplicarse. 
Lamentablemente, el Gobierno sueco no actúa ni a nivel nacional ni de la UE para que se reconozca la condición de refugiadas a las mujeres que sufren persecución, lo cual pensamos que debería hacer. 
Tampoco lo hace este informe, que sólo menciona el derecho de asilo para las mujeres discriminadas en base a su sexo. 
Lamentamos profundamente que el Parlamente de la UE no haya actuado más vigorosamente. 
La propuesta del Consejo es inaceptable y significaría una armonización de la legislación en torno a la política de asilo, partiendo del país que tiene las normas más duras y de unos mínimos denominadores comunes. 
Las enmiendas de la comisión son de gran calidad para el fortalecimiento de los derechos de los solicitantes de asilo. 
Echo en falta un razonamiento de lo que la adhesión a los acuerdos de Schengen, o la transferencia de la normativa de Schengen a la de la UE, tendría como consecuencias para los solicitantes de asilo en los países de la UE. 
A pesar de esta carencia, he votado en favor del informe. 
La política de asilo se ha modificado profundamente en Europa con la supresión de las fronteras interiores. 
La normativa en materia de asilo de los 15 Estados miembros ya no puede ser divergente, puesto que los nacionales de terceros países residentes en la UE se benefician de la libre circulación en igual medida que los ciudadanos de la UE y, por consiguiente, pueden viajar libremente de un país a otro. 
Es imprescindible, por lo tanto, establecer una política de asilo común armonizada. 
Yo presenté una enmienda en este sentido, que fue aprobada por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, por la que se solicita la comunitarización a corto plazo de la política de asilo europea. 
Mantener las actuales estructuras decisorias (leyes nacionales diferenciadas, » recomendaciones» europeas no vinculantes con la posibilidad de innumerables excepciones) desembocará forzosamente en un «dumping» en el ámbito del asilo en la UE, ¡y sería, por lo tanto, una irresponsabilidad! 
Un procedimiento armonizado para el reconocimiento del estatus de refugiado debería contemplar imprescindiblemente, entre otros, los siguientes puntos fundamentales. 
No me será posible votar afirmativamente el proyecto si éstos no se incluyen en el texto. 
En caso de que una solicitud de asilo sea manifiestamente infundada no se aplicará el carácter suspensivo del recurso judicial y será posible proceder a la inmediata expulsión del solicitante.-Se considerarán manifiestamente infundadas en cualquier caso las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de la UE.-Los solicitantes de asilo que intenten acceder a la UE desde un tercer Estado seguro, deberán presentar su solicitud en ese tercer Estado.-La persecución por razón de sexo y la violencia sexual serán reconocidas como motivo de asilo.-También se reconocerá como motivo de asilo la persecución de carácter no estatal (en situaciones asimilables a una guerra civil, entre otras).El fundamento del derecho de asilo político es indiscutible. 
Por consiguiente, ahora se trata de elaborar una legislación europea que garantice el respeto a la dignidad humana de los solicitantes de asilo, pero que a la vez también permita contrarrestar el abuso de las disposiciones en materia de asilo. 
Bioseguridad 
Señora Presidenta, aunque considero importantes las cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos y su calidad, no he podido dar mi voto a la resolución porque considero que esta cuestión conlleva tantos problemas a nivel de política comercial como a nivel práctico que creo que, antes de que el Parlamento se pronunciara al respecto, habría sido conveniente que fuera tratado dentro de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Ruego a la Comisión, y haré llegar esta petición al presidente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, para que esta cuestión se debata en dicha comisión la semana que viene o la siguiente, a fin de que podamos reflexionar sobre las consecuencias que supone la aprobación de esta resolución para el comercio de soja y maíz. 
Los desequilibrios cada vez mayores entre las dos orillas de la Cuenca del Mediterráneo exigen que se desarrollen todas las políticas de cooperación necesarias para la constitución de una zona de paz y de estabilidad. 
Frente a estos problemas comunes a todos los países terceros mediterráneos, tales como una presión demográfica alta, una diversificación todavía débil de los intercambios industriales y una insuficiencia de agua potable a largo plazo, la iniciativa que tiene por objeto el refuerzo de una Asociación Euromediterránea en el ámbito de las energías renovables aparece como algo fundamental. 
Si no procedemos con cautela, la falta de agua potable y su suministro pueden llegar a desestabilizar ciertas zonas de la región mediterránea. 
La reunión que se celebrará en Marsella los días 25 y 26 de noviembre de 1996 sobre la gestión local del agua deberá tener en cuenta las conclusiones del informe del Parlamento Europeo y prever los instrumentos necesarios para el intercambio de los conocimientos técnicos y la puesta en práctica de acciones descentralizadas en el ámbito de la gestión del agua. 
Por otro lado, la elaboración de una política energética integrada necesita de recursos presupuestarios específicos de este sector, no previstos en la Conferencia de Barcelona. 
Como subraya el ponente, convendría que, por un lado, se identificara en el reglamento MEDA una línea presupuestaria dedicada a la financiación de las infraestructuras en el sector energético y que, por el otro lado, se desarrollaran acciones de cooperación descentralizada en este ámbito. 
La ausencia de una estructura euromediterránea en el ámbito de la energía debe compensarse con la utilización de instrumentos tales como el Foro Euromediterráneo de la Energía, y ello de manera que pueda crearse una auténtica cooperación con todas las instituciones implicadas. 
En muchos de los informes que tratamos en el Parlamento se defiende la creación de nuevas instituciones y organizaciones. 
Este es el caso también en el informe. 
Casi nunca se elabora uno que proponga desmantelar una institución u organización. 
Dudo que la Agencia del Mediterráneo y el nuevo instituto de formación que defiende el informe sean una buena idea. 
El objetivo es loable, pero yo veo muchos otros costes sociales como de mayor prioridad en la lucha contra el paro y la pobreza en Europa. 
Aunque vote a favor del informe, quiero expresar mis objeciones a lo arriba mencionado. 
Informe Chichester 
El actual presidente del Consejo Europeo de Ministros de la Energía, Michael Lowry, tiene que explicar los probables efectos de la próxima liberalización de los mercados de gas en Europa. 
El plan final para la liberalización de los mercados de gas en Europa tiene que estar instituido antes de que acabe la Presidencia irlandesa de la Unión Europea, al final de este año. 
El nuevo plan permitirá probablemente que un número mayor de empresas industriales busquen libremente fuentes competitivas de gas. 
La naturaleza variable del mercado, con mayor número de generadores de potencia que optan por el gas y no por el carbón para producir electricidad, ha aumentado la presión ejercida sobre los gobiernos a fin de reducir el coste para los usuarios. 
El ministro Lowry tiene que explicar qué efecto tendrá probablemente la liberalización de los mercados de gas para los precios del consumidor. 
El gas está adquiriendo una importancia cada vez mayor como forma más popular de energía para su uso en instalaciones residenciales y comerciales. 
La liberalización de los mercados de gas en Europa no tiene por qué significar que los precios para el consumidor van a ser más elevados, que es lo que temen muchas asociaciones de consumidores. 
El temor de que los mercados de las telecomunicaciones en Europa den por resultado precios más elevados para las comunicaciones telefónicas no tiene por qué manifestarse también cuando se liberalicen los mercados del gas. 
Ninguna de las propuestas de transacción formuladas por la Presidencia irlandesa fija la fecha en la que convendría que la Directiva sobre el gas entrase en vigor, ni da indicación alguna sobre si va a haber o no va a haber medidas de seguimiento. 
Todo parece indicar que seguimos sin decidir en quién va a recaer la función reguladora de una nueva red liberalizada de suministro de gas en cada Estado miembro de la Unión Europea. 
Conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0330/96) de la Sra. Fraga Estévez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que establece disposiciones transitorias para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1626/94 por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo (COM (96) 0128- C4-0316/96-96/0091 (CNS)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, como ponente me gustaría pedirles su apoyo para el acuerdo de la Comisión de Pesca, que pide la retirada de la propuesta de medidas transitorias para el Mediterráneo, una de las más sorprendentes que se nos han presentado. 
Con dicha propuesta, la Comisión desea una disminución de las tallas mínimas para la merluza y el salmonete en beneficio de los pescadores del Adriático. 
Así, mientras al resto de los pescadores del Mediterráneo se les piden serios esfuerzos para ajustarse al Reglamento de medidas técnicas eliminando por completo las capturas de merluzas menores de 20 cm y de salmonetes menores de 11, los pescadores del Adriático, mediante esta preferencia que les quiere otorgar la Comisión, podrían pescar, desembarcar y vender merluzas de 14 cm. 
Me gustaría que se dieran realmente cuenta del disparate biológico y ecológico y del caos en los mercados pesqueros que esto supone. 
Sin duda, la Comisión pretende abordar así un problema que hasta ahora ha sido incapaz de solucionar: la resistencia de los pescadores de esa zona a adaptarse a la normativa comunitaria. 
Pero lo hace por la peor vía posible y, en lugar de tomar medidas técnicas y de control que lleven de una vez al redil, por decirlo así, a una de las zonas más endémicas en la pesca y distribución del pescado juvenil de Europa, les exime del cumplimiento de la norma y legaliza la ilegalidad. 
Hay grupos de razones básicas entre muchas otras para pedir a la Comisión que retire su propuesta. 
En primer lugar, razones biológicas. 
Puedo decirles que, para la redacción de mi informe, he consultado cantidades ingentes de documentación de las más diversas fuentes, incluida de la propia Comisión. 
Me he entrevistado con pescadores, biólogos, científicos pesqueros y administraciones de diversos Estados miembros y regiones costeras del Mediterráneo; nadie, ni un solo informe, ni una sola persona me ha podido justificar esta propuesta, incluida la Comisión, que, aunque naturalmente la defiende, no ha podido justificarla de forma mínimamente convincente. 
El consenso, se lo puedo asegurar, es prácticamente unánime. 
Permitir la pesca de merluzas de 14 cm es un disparate con todas las letras y un crimen biológico. 
Hay, por otra parte, razones muy serias de mercado. 
En un mercado «comunitarizado» , las capturas procedentes de distintos países confluyen en los mismos puntos de venta. 
Detallistas y consumidores se van a encontrar con que pueden seguir consumiendo merluzas juveniles procedentes de Italia que, en el resto de los Estados miembros, serían teóricamente ilegales. 
Las consecuencias vamos a verlas inmediatamente. 
Al final, señora Comisaria, todos los pescadores del Mediterráneo acabarán pescando ilegalmente y, ¿con qué legitimidad? 
¿Con qué autoridad moral las administraciones de los otros Estados miembros y la propia Comisión podrán sancionarles por hacer lo mismo que esta propuesta permite a los del Adriático? 
Además, la propuesta de la Comisión choca frontalmente con sus propios principios y sus propias medidas contenidas en la nueva propuesta de Reglamento de medidas técnicas y con su propuesta de los POP 4. Según la Comisión, las pesquerías europeas, con el Mediterráneo en un lugar destacado, están tan sobreexplotadas que hacen falta medidas de reducción del esfuerzo pesquero de hasta el 40 % para salvaguardar el recurso. 
En las medidas técnicas propuestas, y por los mismos motivos, la Comisión eleva de modo general la apertura de las mallas de las redes llegando, en lo que se refiere a la merluza, hasta mallas de 110 mm. En cambio, en la presente propuesta para el Adriático, para que estos pescadores puedan seguir pescando merluza de 14 cm, las mallas se mantienen en 40 mm. La contradicción es tan escandalosa que prefiero dejar que ustedes mismos la juzguen. 
Sabemos que hay maneras de cambiar gradualmente el patrón de explotación en el Adriático, que es posible pescar merluzas más grandes y rentabilizar estas pesquerías. 
Esto lo saben bien nuestros colegas franceses del Golfo de León que, por propia iniciativa, cambiaron, asumiendo el sacrificio, sus sistemas de pesca para salvaguardar sus pesquerías de merluza, y ello mucho antes de que existiera ningún Reglamento de medidas técnicas para el Mediterráneo. 
Con esta propuesta nos encontramos, pues, con que se castiga al pescador responsable y se premia al que se empeña en incumplir. 
Una bonita lección de la que un sector en crisis no tardará en sacar sus consecuencias. 
Señora Comisaria, apelando a todos estos motivos que suscitan graves preocupaciones en el sector y en los Estados miembros, le pido que retire su propuesta. 
Sabemos que el Reglamento sobre el Mediterráneo plantea problemas, pero cerrar los ojos a los problemas no es el camino para resolverlos. 
La ya muy próxima Conferencia de Venecia nos da una excelente oportunidad para reflexionar sobre estos asuntos. 
El estudio encargado por la Comisión también los dará. 
Merece, por tanto, la pena esperar a estas conclusiones antes de llegar a una propuesta de modificación del Reglamento de medidas técnicas. 
Por todo esto, señora Comisaria, le pido encarecidamente que recapacite la Comisión y retire su propuesta de medidas transitorias sobre el Reglamento de medidas técnicas del Mediterráneo. 
Señor Presidente, la posición del Grupo Socialista yo creo que tiene otro sentido- quizá en un plano más sereno- y podría circunscribirse, quizá, a cinco aspectos fundamentales. 
En primer lugar, para nosotros es indudable que el Mediterráneo conforma una unidad regional también en materia de pesca, y eso exige un tratamiento específico, especialmente en cuanto a conservación y gestión de recursos pesqueros. 
Existe, por tanto, desde nuestro punto de vista, una fundada especificidad mediterránea en lo que se refiere a pesquerías y a condiciones biológicas, y ello justifica, evidentemente, unas determinadas medidas técnicas de conservación en este área: el Mediterráneo. 
Ahora bien, deslindar dentro del Mediterráneo y reconocer dentro de esa singularidad una excepción para el Adriático, desde nuestro punto de vista es una cuestión harto problemática, al menos por el momento, y, a nuestro juicio, en la propuesta que hoy nos presenta la Comisión no queda suficientemente motivada, ni probada. 
Por otro lado, señora Comisaria, la dirección que queremos seguir en cuanto a las relaciones con otras flotas mediterráneas no comunitarias- de países asociados o de terceros países -, entendemos que es más bien la tendencia hacia la armonización y, por tanto, en este sentido, extrapolar una excepción adriática nos parece que, precisamente, puede ir en sentido inverso al que quisiéramos ir. 
A la luz de todo ello, nosotros creemos que antes de aprobar esta propuesta, la Comisión debería, quizá, aportar algunos motivos o unas bases que nos hicieran ver con más claridad y que englobaran esa propuesta del Adriático dentro de un tratamiento general del Mediterráneo. 
Termino, señor Presidente, diciendo a la Comisaria que nos preocupa finalmente las graves- gravísimasconsideraciones que se derivan para la Comisión de las afirmaciones que hay en la exposición de motivos de este informe. 
Y creemos que la Comisaria debería aclararlas y, en su caso, desmentirlas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, si existe una piedra angular sobre la que se cimenta toda la construcción de la Política Común de Pesca, ésa es, sin duda, la conservación de los recursos pesqueros. 
En torno a la defensa de este principio fundamental y de su corolario, el ejercicio de una actividad pesquera responsable, giran gran parte de los restantes aspectos que configuran la Política Común de Pesca. 
Y en consecuencia, la defensa de la conservación de los recursos es una constante preocupación de la Comisión, así como de la Comisión de Pesca de este Parlamento. 
Sin ir más lejos, ese objetivo fundamental fue común denominador de los informes que fueron debatidos en esta Asamblea en la pasada sesión plenaria con los informes Gallagher y McKenna, entre otros, proponiendo medidas técnicas y medidas de control. 
Por todo ello deseo señalar la gran contradicción que se produce con la propuesta de la Comisión que debatimos, pues, frente a medidas de carácter general, contempladas en el Reglamento nº 1626/94, la Comisión pretende ahora establecer derogaciones especiales en cuanto a tallas para ciertas especies y para ciertas zonas del Mediterráneo no justificadas, y brillantemente denunciadas en el excelente informe de nuestra colega Carmen Fraga. 
En el informe Gallagher, votado- como decía antes- en la sesión plenaria pasada, se resaltaba, entre otras, la necesidad de adoptar medidas especiales de protección de juveniles y significativamente de merluza. 
Sería consecuente, por tanto, apoyar ahora el informe Fraga, que rechaza, entre otras cuestiones, la pretensión de adoptar derogaciones especiales de tallas en zonas sensibles de concentración de alevines de esta especie, lo que crearía- en caso de aprobarse- además, graves discriminaciones, señora Comisaria, sin resolver en definitiva el gran problema de fondo, que existe y seguirá existiendo. 
Concluyo, por tanto, poniendo de manifiesto esta contradicción y estas discriminaciones que se pueden producir, reiterando mi apoyo y mi felicitación a la ponente y pidiendo a la Asamblea que apoye su informe por el gran rigor técnico y por la coherencia política del mismo. 
Señor Presidente, la Comisaria Bonino sabe bien que los equilibrios del mar Adriático corren ya mucho peligro por la contaminación, la eutrofización, el turismo excesivo, la urbanización excesiva de las costas y, también, por un excesivo esfuerzo pesquero. 
Todos estos elementos han puesto en peligro la población de peces del Adriático, y, por esos motivos, la propuesta de la Comisión de permitir la pesca de merluzas y de salmonetes por debajo de la talla mínima es verdaderamente increíble e inaceptable. 
Por eso estoy plenamente de acuerdo con el contenido del informe de la colega Fraga y con su propuesta de rechazar la modificación del Reglamento nº 1626 de 1994. 
Y eso, porque no existe un problema de especificidad del Adriático desde el punto de vista de las flotas extracomunitarias; se trata, sobre todo, de flotas de la otra costa, es decir, de la parte croata, con la que es mejor pensar en prever un acuerdo, como los que se discutieron en los encuentros de Creta y que se discutirán en los encuentros que tendrán lugar este mes. 
Por último, quiero decir también que, desde el punto de vista práctico, una hipótesis de este tipo no sólo es inaceptable, por cuestiones medioambientales, sino que es suicida para los mismos pescadores que, probablemente, la han sugerido. 
Pensar en mermar la población y los juveniles significa, inevitablemente, que en el futuro no habrá ya peces para nadie. 
Creo realmente que, por esos motivos, debemos rechazar la propuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera empezar mi intervención manifestando nuestro rechazo a la propuesta de la Comisión de derogar temporalmente el Reglamento del Consejo referente a las medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros del Mediterráneo, tal y como se recoge en el informe de la Sra. Fraga, quien, efectivamente, ha hecho verdaderos equilibrios y ha tratado con exquisita sutileza un tema tan delicado. 
Y este rechazo viene fundado por dos razones: en primer lugar, dicha derogación supondría un gran peligro para la fauna alevín del Mediterráneo. 
Debemos recordar que la propia Comisión, incomprensiblemente, permite pescar en el Adriático hasta un 30 % de ejemplares de merluza y de salmonete por debajo de la talla mínima legal y que, en sentido contrario, los propios representantes de los Estados han solicitado en repetidas ocasiones que las medidas que contiene en la propuesta sean de aplicación y, en consecuencia, respetadas por todas las flotas comunitarias que faenan en el Mediterráneo. 
Por otro lado, la segunda razón dada por la Comisión de que en el Adriático faenan terceros países sin la obligación de respetar la talla mínima se cae por su propio peso, ya que es la propia Comisión quien certifica que entre el 70 % y el 80 % de las capturas de la zona corresponde a barcos italianos, tal y como se cita en el documento de reflexión elaborado por la propia Comisión. 
Por lo tanto, señor Presidente, la autorización a determinada flota comunitaria para faenar con mallas de 60 mm no hace otra cosa que promover la captura de una especie básica para la supervivencia y el futuro de la fauna marina en el Adriático como es el alevín de merluza, además de crear una situación de grave riesgo para otras especies del Mediterráneo. 
En el propio informe se recogen, fruto de las investigaciones, determinadas situaciones de ilegalidad y, en este sentido, señor Presidente, este Parlamento, la Comisión, y con muchísima más energía el Consejo, deben hacer un verdadero esfuerzo para evitarlo. 
No es menos cierto que en el mar Mediterráneo existen zonas donde la pesca con palangre deviene prácticamente imposible porque el fondo está absolutamente plagado de redes de deriva. 
Por todo ello, señor Presidente, señora Comisaria, pensamos que es absolutamente imprescindible esperar a conocer el estudio que realiza la Comisión para poder obtener un análisis objetivo alejado de las presiones de los Estados y, en consecuencia, dictar y ejecutar la normativa aplicable sobre la base de la situación legal del mar Mediterráneo. 
Señor Presidente, Señorías, el bueno de Jean de la Fontaine escribió que «el pez chico se hará mayor a poco que Dios le insufle vida» y podríamos añadir plagiándolo un poco «tengo para mí que pescarlo antes sería pura locura». 
Desgraciadamente, esto es cada vez menos cierto y pronto resultará imposible si dejamos que se apliquen las propuestas de la Comisión sobre la pesca en el Adriático. 
Esta pesca consiste ya actualmente en capturar peces de tamaño muy inferior al de los adultos, ya se trate de salmonetes o de pescadilla, que dentro de poco se consumirán como pescadito frito hasta que se extingan completamente las especies. 
No olvidemos que los recursos marinos se agotan en todos los océanos del mundo y resulta que los bacalaos canadienses, por ejemplo, no sólo son cada vez menos numerosos, por razones todavía por aclarar, sino que los supervivientes, si puedo llamarlos de este modo, están cada vez peor por motivos complejos. 
De ahí que sea evidente que no se contribuye a mantener la actividad pesquera a largo plazo reduciendo todavía más el tamaño de los peces capturados en el Adriático. 
Al igual que demasiados impuestos acaban matando el impuesto, según una frase muy querida por Jacques Chirac en otro tiempo, cierto es que era período electoral, demasiada pesca mata la pesca y a base de estrechar las mallas de las redes se acabará por recoger sólo plancton. 
Por esto no podemos sino aprobar totalmente el excelente informe de la Sra. Fraga Estévez cuya competencia en el tema sólo es comparable con su claridad de expresión. 
Señor Presidente, señores diputados, ante todo la Comisión se felicita de que una serie de consignas, una serie de problemas de fondo, o, en cualquier caso, de ideas de fondo, empiecen a ser aceptadas también por este Parlamento, por algunos excelentes exponentes suyos, sobre todo si se aplican a otros países. 
Me honra mucho, señor Antony, que usted haya hecho suyo mi eslogan de que «demasiada pesca mata a la pesca». 
Espero que usted mantenga el mismo lenguaje cuando se trate luego de POP IV relativos a Francia. 
Ante todo, digo esto para aclarar dos posiciones: la primera es que una excepción es siempre una contradicción con respecto al reglamento de base. 
Creo que los colegas españoles lo saben muy bien. 
Precisamente por eso, una excepción es normalmente temporal, como lo es la propuesta de la Comisión que se ha puesto en marcha, Señorías, basándose sólo en un criterio que creía que les interesaba mucho, es decir, el impacto social con respecto a la entrada en vigor, el 1 de enero de 1995, de esta nueva directiva. 
Creo que son elementos que cada uno de ustedes conoce muy bien y que cada uno de ustedes ha esgrimido en este Parlamento en expedientes específicos que se referían a elementos interesantes para esta o aquella flota. 
Dicho esto, repito muy claramente que la preocupación de la Comisión ha sido sólo una: autorizar un periodo transitorio para conceder un phasing in de los pescadores de la flota del Adriático, teniendo en cuenta el impacto social que esta directiva provocaba al entrar en vigor. 
No tengo otros motivos que dar, precisamente en el espíritu que ha caracterizado nuestras relaciones. 
Mientras tanto, no es que la Comisión haya propuesto una excepción y no haya hecho nada más. 
Como saben, precisamente tomando como base la Conferencia de Venecia y al margen de ella, la Comisión tiene la intención de proponer dos proyectos piloto, uno centrado en el Adriático y el otro, en la zona entre España, Francia, Córcega y Cerdeña. 
Espero que esa parte del proyecto piloto que prevé relaciones entre pescadores del Adriático y pescadores croatas consiga encontrar soluciones posiblemente incluso antes de los próximos tres años. 
Además, seré muy clara al decirles que he propuesto esa excepción, que ciertamente está en contradicción con el reglamento de base- si no, ¿qué clase de excepción es? -, movida simplemente por problemas de impacto social y con la idea de que la flota italiana o los pescadores del Adriático pudieran beneficiarse de este reglamento y hacerlo precisamente en una situación que fuera sostenible. 
Dicho esto, y esperando que otros colegas, quizás de la misma nacionalidad, sean capaces de sostener las mismas cosas sostenidas cuando vuelvan a sus países, la Comisión no tiene ningún interés particular. 
He oído al Parlamento, tomaré nota de su votación, pediré un debate, por lo menos uno, a la mesa del Consejo, a través de los Estados miembros del Consejo, sacaré finalmente las debidas conclusiones. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Señora Fraga ¿quiere intervenir en su calidad de ponente? 
Señora Comisaria, comprendo su punto de vista. 
Por supuesto que entiendo las excepciones, pero también entiendo que las excepciones tienen que estar justificadas, y ése fue mi primer planteamiento. 
Creo que el informe demuestra que no está justificada porque, utilizando los datos que me ha aportado la propia comisión de la pesquería en el Adriático, los datos que he encontrado de la FAO, etc., etc., yo demuestro en el informe que, incluso aunque se adopte esta propuesta de reglamento, si los pescadores italianos siguen pescando como hasta ahora, la mayor parte de su pesca, aun con su propuesta, seguirá siendo ilegal. 
Y el único problema es que esta propuesta, que es discriminatoria respecto al resto de los pescadores, va a crear una serie de problemas de comercialización, etc., etc. Si, además, no va a solucionar el problema de los italianos cien por cien, señora Comisaria, ¿para qué queremos esta propuesta? 
¿Para que los demás pescadores tengan más problemas y los demás Estados miembros tengan aún más problemas para controlar? 
Yo entiendo las excepciones cuando están justificadas y cuando tienen un fundamento, pero, en este caso, señora Comisaria, creo sinceramente- y de verdad que he estudiado con sumo cariño este tema, porque si alguna vez hay problemas y se pueden solventar, se debe ayudar- que su propuesta no va a servir para solucionar el problema de los pescadores italianos en el Adriático y va a complicar la vida al resto de los pescadores y al resto de los Estados miembros. 
Señora Fraga, no creo que la propuesta de derogación solucione el problema de los pescadores italianos. 
Lo repito otra vez. 
Es, solamente, un intento de dar una posibilidad de phasing in a los pescadores. 
He propuesto una derogación de tres años, desde el punto de vista del impacto social, para permitir a la flota que pueda cumplir con las reglas y tenga un periodo de tiempo de tres años para poder cumplirlas. 
Además, es bastante normal que, a veces, cuando los reglamentos entran en vigor, haya un período de transición. 
De todas maneras, puesto que no tengo ningún interés particular en ello, y puesto que he explicado los motivos por los que he hecho esta propuesta, voy a esperar, evidentemente, a la votación del Parlamento. 
Quiero convocar un debate- por lo menos uno- de orientación en el Consejo y, después, voy a extraer, evidentemente, las consecuencias de la opinión de las dos instituciones. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Acuerdo de pesca con Letonia, Estonia y Lituania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0363/96) del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Pesca, 
I.sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo sobre relaciones pesqueras entre la Comunidad Europea y la República de Letonia (COM (96) 0343- C4-0478/96-96/0178 (CNS) ) II.sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo sobre relaciones pesqueras entre la Comunidad Europea y la República de Estonia (COM (96) 0355- C4-0479/96-96/0187 (CNS) ) III.sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo sobre relaciones pesqueras entre la Comunidad Europea y la República de Lituania (COM (96) 0356- C4-0480/96-96/0201 (CNS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, el presente informe de la Comisión de Pesca se refiere a tres propuestas de reglamento relativas a la celebración de los Acuerdos de pesca con las Repúblicas bálticas de Letonia, Estonia y Lituania. 
Con anterioridad a la ampliación de la Unión del 1.1.1995, la Comunidad de los Doce y también Suecia y Finlandia ya habían celebrado, en 1993, acuerdos de pesca con los citados países que preveían la negociación de protocolos anuales. 
Desde la adhesión de Finlandia y Suecia, la Comisión gestiona asimismo los acuerdos de estos países. 
Con vistas a mejorar la transparencia de las relaciones en el ámbito de la pesca y a su simplificación, la Comisión recibió en diciembre de 1995 un mandato para negociar nuevos acuerdos marco con las Repúblicas bálticas, que sustituirán a todos los acuerdos de pesca existentes. 
Ya se han completado los nuevos acuerdos, los cuales se diferencian muy poco de los que están actualmente en vigor y son prácticamente idénticos entre sí. 
Su vigencia es, sin embargo, distinta, y el Acuerdo con Lituania se completa con un protocolo sobre las asociaciones temporales de empresas y las sociedades mixtas, en virtud del cual las partes contratantes se comprometen a impulsar la creación de sociedades mixtas. En este contexto, la Comunidad prestará asistencia financiera cuando aquéllas se realicen. 
Las partes crearán una Comisión Mixta encargada de la selección de los proyectos, de conformidad con las modalidades establecidas en el Protocolo. 
Este es incluso, a mi parecer, el elemento más importante de los nuevos acuerdos de segunda generación, que abren así la posibilidad de establecer asociaciones de empresas y sociedades mixtas, posibilidad que se desarrolla plenamente en el caso de Lituania. 
Hay que lamentar, no obstante, que hasta la fecha no haya sido posible concluir también protocolos análogos con Estonia y Letonia. 
Instamos cortésmente a la Comisión a seguir trabajando en esta dirección. 
Los acuerdos previstos son acuerdos marcos, o sea que no contienen disposiciones que especifiquen las actividades pesqueras concretas, los derechos de pesca o las compensaciones financieras. 
Sobre todo establecen los principios por los que se regirán las relaciones entre las partes contratantes en el ámbito de la pesca, definen unos objetivos comunes y prevén un reparto de competencias, así como el acceso mutuo a las zonas de captura y la posibilidad de que los países bálticos concedan derechos suplementarios de captura a los pescadores de la Unión a cambio de una compensación financiera. 
Un aspecto nuevo es la mención explícita del derecho de las partes a controlar las embarcaciones de la otra parte, un procedimiento de conciliación en caso de apresamiento de una embarcación y el compromiso de colaborar en el marco de las organizaciones internacionales. 
Los acuerdos también incluyen, finalmente, disposiciones relativas al cumplimiento de la normativa vigente, a la conservación de las poblaciones de peces y al intercambio de información y de los resultados de las investigaciones. 
Acogemos con satisfacción estos nuevos acuerdos marco con las tres Repúblicas bálticas, que simplifican muchísimo las consultas anuales. 
Los nuevos acuerdos recogen los elementos tradicionales esenciales de los anteriores e incorporan algunas disposiciones adicionales significativas. 
En ellos se subraya de una forma mucho más clara que antes la importancia de la cooperación internacional y se hace referencia al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre poblaciones transzonales y poblaciones de peces altamente migratorias, y el Código de Conducta para una Pesca Responsable. Se reconoce asimismo el papel que desempeña la Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico. 
Un importante objetivo común de la cooperación en el marco de este último organismo ha de ser la conservación de las poblaciones de peces del Báltico. 
Sin embargo, lamentablemente, la Comunidad no ha conseguido convencer hasta el momento a las demás partes contratantes de la necesidad de reducir drásticamente las cuotas de captura- sólo citaré aquí el ejemplo del salmón- en el marco de la Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico. 
Sin duda debería ser posible alcanzar una mejor cooperación con los tres Estados bálticos sobre este punto e instamos a la Comisión a que siga trabajando para alcanzar una posición común en relación con estos temas tan importantes en el ámbito de la pesca. 
Los nuevos acuerdos no sólo presentarán ventajas para los Estados bálticos, gracias a las contribuciones financieras de la Comunidad y a la posibilidad de modernizar su industria pesquera, por ejemplo. 
También la industria pesquera comunitaria saldrá beneficiada. 
Por una parte, los acuerdos permitirán mejorar la oferta de pescado en el mercado comunitario y, por otra parte, podrán contribuir a reducir el exceso de capacidad de la flota pesquera. 
Al hacer una valoración de las ventajas de estos acuerdos también habría que tener en cuenta, finalmente, el marco más amplio de los Acuerdos europeos entre la Unión Europea y los Estados bálticos y el objetivo de su preparación para la integración en la Unión. 
Los presentes acuerdos de pesca pueden contribuir, a mi parecer, dentro de unos límites, a la cooperación política y económica entre los países bálticos y la UE. 
Sin embargo, no pueden reemplazar una estrategia de adhesión de la UE en el ámbito de la pesca, que debería incluir también ayudas para la reestructuración de las flotas bálticas. 
Señor Presidente, primero quiero decir que comprendo las prisas de la Sra. Bonino, y que no está mal ser sustituida por un abuelo recién estrenado, lo que nos permite felicitar al Sr. Kinnock en su nueva tarea. 
En calidad de presidente para las relaciones con Estonia, Letonia y Lituania, puedo confirmar que estos tres países están interesados en la celebración de estos Acuerdos. 
El tema les preocupa mucho, y lo hemos debatido con ellos durante las estancias de la delegación allí. 
El motivo de mi intervención hoy es el marco de pesca común en el mar Báltico. 
No es únicamente un tema de índole económica; se trata de involucrar a los Estados Bálticos en la política de pesca común, tal como ha dicho el Sr. Kindermann. 
Estos tres países han de crear una industria, pero deben estar obligados a realizar una evaluación de los recursos, de cuidar las poblaciones, de valorar la capacidad y de garantizar la seguridad a bordo de los barcos pesqueros. 
La Comisaria ya ha dado una respuesta respecto a la celebración de un debate sobre el control financiero en el Parlamento. 
Omitiré este tema. 
Lo que quiero recalcar, y que quizá puede aplicarse también al Mediterráneo, es que los países ribereños del mar Báltico realizan, a través de la Comisión Internacional del Mar Báltico, una autogestión de la zona de pesca común. 
Les puedo informar que la población de bacalao está aumentando. 
Las cuotas son mayores que en los años anteriores debido al esfuerzo común realizado en la zona. 
Tal vez se pudiera introducir un régimen parecido en, por ejemplo, el Mediterráneo. 
A mi personalmente, me parece muy importante lograr a través de la autogestión que los pescadores participen en la planificación. 
Quisiera corregir una cosa. 
El Sr. Kindermann ha mencionado la población del salmón. 
Para su información, quiero dejar claro que la población de esta especie está disminuyendo en el mar Báltico debido a una enfermedad llamada M74, y no por exceso de pesca. 
Distinguido señor Presidente, apreciados escaños vacíos, en primer lugar yo quisiera destacar un aspecto que ya se ha señalado y que a mi parecer es de suma importancia dentro del conjunto del Acuerdo. 
Cuando yo me incorporé al Parlamento Europeo- hace ya muchos años -, las veces que se hablaba de la pesca, siempre se creaba la impresión de que ésta ofrecía posibilidades ilimitadas, de que era el gran ámbito libre e inexplorado del mundo. 
En estos momentos debemos ocuparnos seriamente de la preservación de este ámbito, en otras palabras, debemos comprender claramente que se ha acabado el milagro. 
Por consiguiente, estamos mucho más obligados que en el pasado a hacer cuanto esté en nuestra mano para gestionar el mar de manera que las siguientes generaciones todavía puedan obtener algo de él. 
En este contexto, yo quiero manifestar mi sincera satisfacción por el Acuerdo con los Estados bálticos. 
En efecto, precisamente la noción de las sociedades mixtas, la noción de esta cooperación en el ámbito de la pesca demuestra claramente que en algunos niveles se ha entendido perfectamente lo que en realidad está en juego: debemos hacer en verdad todo lo posible para conservar, por una parte, nuestras reservas, con objeto de poder seguir comercializando pescado, pero sin olvidar que, por otra parte, también tenemos que colaborar para seguir reduciendo el exceso de capacidad de las flotas pesqueras y establecer al mismo tiempo un sistema razonable. 
En este aspecto- como en muchos otros -, los Estados bálticos nos han dado un ejemplo. 
También quisiera añadir una última consideración. 
Me ha complacido mucho que tanto el señor Ponente como el orador que me ha precedido hayan mencionado que se están preparando nuevas acciones de aproximación a los Estados bálticos. 
Esto es fundamental a mi entender. 
No debemos olvidar que la pérdida de su independencia en virtud del pacto entre Hitler y Stalin fue un suceso traumático para los Estados bálticos. 
Debemos ofrecer una seguridad interior a los pueblos bálticos. 
Debemos darles la seguridad de que cuentan con nuestro apoyo, de que estamos a su lado y la Unión Europea se siente responsable de su futuro, en otras palabras, tenemos el urgente deber de velar por la seguridad exterior, pero a la vez también de abrir las puertas a la cooperación económica con los Estados bálticos. 
Este es un modesto primer paso. 
Por el cual, sin embargo, nos congratulamos, a la vez que concluimos que se requerirán otros más. 
Señor Presidente, acabo de regresar de Copenhague donde he tenido oportunidad de hablar con algunos letones. 
Uno de los temas de nuestra conversación ha sido la necesidad de que en el futuro haya un equilibrio del tipo apropiado. 
Lo que ha dicho el Sr. von Habsburg es absolutamente cierto, pero el reverso es exactamente la cuestión que acaba de plantear el Sr. Sindal: tenemos que volver a tranquilizar a los letones, así como a los demás pueblos bálticos, y decirles que si ingresan en la Unión Europea no será para descubrir que todos sus recursos pesqueros han desaparecido y que han perdido el control de dichos recursos. 
Por lo tanto, si en lo que acabo de decir vemos un peligro, hemos de ver también la experiencia del Báltico como modelo para el desarrollo futuro de una política común de pesca. 
Como han dicho los Sres. von Habsburg y Sindal, la autogestión consiste en una gestión fundamental y descentralizada, orientada a la conservación de los recursos. 
No deberíamos tratar de imponer un plan grandioso a otras personas, con la absurda intención de imponer algo de carácter europeo a personas que no lo quieren. 
Obremos con espíritu cooperativo y esforcémonos por conseguir que las comunidades pesqueras participen íntegramente en esta empresa. 
Muchas gracias, señor Macartney. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.55 horas) 
Aprobación del Acta 
Señora Presidenta, deseaba simplemente señalar que en la sesión del miércoles votamos, por iniciativa de la Presidencia, a favor de la interrupción y no del cierre del debate de urgencia sobre la situación en el Zaire. 
Este punto no fue incluido en el orden del día de ayer sobre el debate de urgencia, a pesar de que muchos diputados habían solicitado intervenir a título individual al respecto. 
Estos diputados no han podido intervenir, por lo que deseaba expresar mi sorpresa, señora Presidenta, frente a este escamoteo. 
Señor Souchet, en el momento en que se anunció el cierre del debate se invocó claramente el artículo 130 del Reglamento, que establece el cierre del debate y no la suspensión. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señora Presidenta, dado que la Comisión ha renunciado a retirar su propuesta, creo que la Presidencia debe aplicar el apartado 3 del artículo 59 del Reglamento, es decir, devolución a comisión, y no proceder a la votación de la resolución legislativa. 
Señora Presidenta, sobre las enmiendas: en cuanto a la primera enmienda, no tengo nada que decir. 
Es una cuestión que dejo a la libertad de la Asamblea puesto que no fue debatida, aunque se puede entender que dicha enmienda se desprende del debate que tuvimos sobre el presupuesto CECA para el año 97, sobre el informe Giansily. 
Sobre la segunda enmienda del Grupo Socialista, señora Presidenta, quiero clarificar que este apartado 32 ha sido modificado en la Comisión de Presupuestos por una enmienda de uno de nuestros colegas. 
Este colega ha llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista y ésta es la enmienda que se presenta; yo entendía que era una enmienda de transacción, pero no sé si todos los que votaron el texto que figura ahora en el apartado 32 están de acuerdo con el compromiso logrado por el primer enmendante, el Sr. Samland, y el Grupo Socialista. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
La UE nunca se librará del fraude, las infracciones y el derroche en la gestión y el presupuesto si no reduce su presupuesto global. 
Las subvenciones no utilizadas son también consecuencia de la ineficacia y de un presupuesto demasiado grande. 
Los más afectados son los países miembros, que sufren las repercusiones del impuesto por pertenencia a la UE, por el que Suecia contribuye con alrededor de 21 mil millones de coronas brutas, y alrededor de 12 mil millones de coronas netas. 
A pesar de ello he apoyado el informe, ya que la Comisión de Presupuesto se basa en la crítica del Tribunal de Revisión de Cuentas y de otros. 
Las medidas propuestas deben complementarse, no obstante, con la ampliación del control a los órganos de revisión de cuentas nacionales y a las autoridades locales y regionales, en especial por lo que respecta a los fondos estructurales. 
Acuerdo Europeo con Eslovenia 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0362/96) del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (11278/96- C4-0574/96- CNS 96/0255) y de la Comisión relativa a la conclusión del Acuerdo Interino sobre comercio y medidas de acompañamiento entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra parte. 
Señora Presidenta, el debate de hoy sobre el Acuerdo Interino con Eslovenia es una prueba de que también en la Unión Europea se puede actuar con rapidez y sin burocracia. 
Es de agradecer que la Comisión me haya entregado a tiempo las informaciones. 
El Consejo firmó el lunes de esta semana el Acuerdo y el martes nuestro presidente nos ha encargado el asunto oficialmente como Comisión de Relaciones Económica Exteriores. 
El día anterior aprobamos unánimemente el correspondiente informe y hoy el Pleno está en situación de dar su voto afirmativo al Acuerdo Interino. 
Este Acuerdo Interino es necesario porque el Acuerdo de Asociación que aprobamos con aplastante mayoría en el último Pleno debe ser ratificado ahora en los Parlamentos nacionales. 
Esperamos que esto ocurra con rapidez, si bien la experiencia que tenemos con otros Acuerdos de asociación en parte menos complicados nos ha mostrado cuánto tiempo ha durado en la práctica. 
Por ello, tal como he dicho, el 1 de enero tiene que entrar en vigor este Acuerdo Interino que hace entrar en vigor por adelantado las partes comerciales y económicas del Acuerdo Europeo y que constituye el fundamento jurídico para órganos como el Consejo de Cooperación que ahora será transformado en un Consejo de Asociación. 
En este contexto quiero llamar la atención sobre una diferencia entre la teoría y la práctica. Se trata del hecho de que el Consejo de Cooperación no se ha reunido ni una sola vez desde 1993 en los años en que estaba en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación que va a ser sustituido ahora, porque estaba bloqueado. 
Creemos que es necesario hacer que los órganos sean capaces de actuar y, tal como he oído, en un futuro muy próximo va a celebrarse una primera reunión. 
El contenido del Acuerdo es el usual en estos casos. 
La mayoría de los aranceles industriales se van a reducir con rapidez. 
A más tardar, en seis años se va a crear una zona de librecambio, si bien esperamos que este país pueda ser ya miembro de la Unión Europea en ese tiempo y que el proceso vaya entonces mucho más rápido. 
Solamente se prevén regulaciones de excepción para productos agrícolas, de la CECA y textiles. 
Respecto al vino hay que concluir un acuerdo específico. 
Estoy muy a favor de este acuerdo pues el vino esloveno es excelente y Eslovenia es uno de los pocos países que tiene una canción sobre el vino como himno nacional. 
También esto es un símbolo del espíritu pacífico de los eslovenos, un espíritu de buena vecindad al que queremos decir sí apoyando este Acuerdo Interino. 
El hecho de que nuestra Asamblea diga sí por segunda vez a un Acuerdo en el plazo de dos meses es señal de que, ante sus buenos datos macroeconómicos, consideramos a este país como parte irrenunciable de la comunidad de europeos libres. 
Tras las elecciones celebradas en Eslovenia el último fin de semana, queremos mandar una señal europea a este país. 
Sus Señorías saben que el domingo Eslovenia ha elegido un nuevo Parlamento con un espíritu muy pluralista. 
Algunos dicen que incluso demasiado pluralista. 
Pero si se ve la evolución en otros países, se puede decir que esa satisfactoria diversidad de partidos, el espíritu de libertad de debate y de parlamentarismo que ha surgido allí, nos hace confiar en que vamos a tener un valioso interlocutor en la Unión Europea. 
Damos por ello nuestro voto afirmativo al Acuerdo de Asociación y al Acuerdo Interino. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, quiero indicar que nuestro grupo político va a apoyar plenamente lo expuesto por el ponente. 
Me permito felicitar al colega Posselt también por el trabajo que ha realizado hasta ahora en relación con Eslovenia. 
La rápida aplicación del Acuerdo Interino para la integración de Eslovenia en la UE es una importante señal para este país centroeuropeo. 
En algunos campos, Eslovenia muestra unos estándares de los que en la UE podemos aprender algunas cosas, pues la integración correctamente entendida consiste en la posibilidad de enriquecerse recíprocamente. 
A pesar de las increíbles transformaciones experimentadas, Eslovenia ha podido ampliar sus estructuras democráticas, demostrar su estabilidad política interna- tal como han demostrado las elecciones hace pocos días, reestructurar la economía y, al mismo tiempo, mantener la paz social. 
Con su política exterior consensuada y moderada, Eslovenia ha demostrado una madurez especial. 
Tiene una protección de minorías ejemplar a nivel europeo, tanto en lo que se refiere al nivel netamente jurídico- por ejemplo, en ningún otro lugar las minorías tienen un doble derecho de voto en las elecciones legislativas generales- como en lo tocante a la integración real en la sociedad. 
Ante estos datos clave extraordinariamente positivos, las cuestiones aún abiertas parece que son solucionables sin mayores problemas. 
Esperamos poder saludar pronto a Eslovenia- un país que entretanto tiene unos ingresos per cápita equiparables a algunos países de la UE- en el seno de nuestra Unión. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Bernd Posselt, por su trabajo así como al Parlamento por su resolución del 24 de octubre. 
Creo que de este modo se hace justicia a un país que ha experimentado en los últimos años una evolución increíble, desde ser parte integrante del régimen comunista yugoslavo hasta convertirse en uno de los países más desarrollados del antiguo bloque del Este, además en todos los sentidos. 
La cuestión de las minorías se trata de modo ejemplar. Esto es señal de una democracia desarrollada, lo que no es algo evidente en todos los países miembros de la Unión. 
La economía ha experimentado un desarrollo que nos permite esperar que Eslovenia sea pronto un valioso miembro de nuestra Unión. 
La situación geográfica de Eslovenia nos muestra que Europa necesita a este país para lograr su unidad real. 
Expreso mis felicitaciones por la rapidez con que se ha tratado el asunto y espero que esta evolución se produzca no solamente en Eslovenia sino también en otros países. 
Le doy las gracias, señor Karl Habsburg, me felicito por haber presidido la Asamblea durante su primera intervención. 
Creo que ayer también había intervenido. 
Le felicito. 
Tal vez podría comenzar repitiendo una tradición de la Cámara de los Comunes británica y felicitando a Su Señoría por su primer discurso. 
Ha sido breve y preciso y estoy seguro de que el Parlamento estará deseoso de volver a oírlo intervenir. 
Como recordará la Asamblea, hace menos de un mes, mi colega el Sr. Van den Broek estuvo aquí, cuando el Parlamento emitió su dictamen sobre el acuerdo europeo con Eslovenia. 
Entonces subrayó la importancia política de que se lograra la entrada en vigor del acuerdo provisional el 1º de enero de 1997. 
En particular, pidió la conformidad de esta Asamblea para la aplicación del procedimiento de urgencia a fin de apoyar las medidas adoptadas por Eslovenia con vistas a ponerse al nivel de los demás países asociados en sus estrategias previas a la adhesión. 
Agradezco profundamente el esfuerzo hecho por el Parlamento para responder positivamente y desempeñar su papel a fin de que Eslovenia pueda avanzar por la senda europea sin más demora. 
Como dice el Sr. Posselt, este debate se produce tres días exactamente después de que el Consejo, la Comisión y el Gobierno de Eslovenia firmaran el acuerdo, por lo que parece realista- espero- que se concluya el acuerdo este mes y pueda entrar en vigor el 1º de enero de 1997. 
De hecho, después de la entusiasta defensa hecha por el Sr. Posselt, el Sr. Bösch y el Sr. Habsburg, estoy impaciente por brindar en esa ocasión con vino esloveno. 
Quisiera hacer extensivo mi entusiasta agradecimiento al ponente de la Comisión REX, Sr. Posselt, por el sucinto y positivo informe que ha preparado tan rápidamente. 
La entrada en vigor del acuerdo provisional con Eslovenia permitirá a ese país participar activamente en la estrategia previa a la adhesión en condiciones de igualdad con otros países asociados de la Europa central y oriental. 
Me complace que la cooperación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento haya resultado tan eficaz. 
Mis colegas y yo confiamos en que el nuevo Gobierno de Eslovenia continúe desarrollando nuestras relaciones de forma muy constructiva. 
Está claro que este Parlamento está deseoso de desempeñar su papel en esa evolución, mientras nuestro vecino continúe con sus preparación para la adhesión a la Unión. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Mejora de la gestión financiera (S.E.M. 2000) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0331/96) del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el programa de la Comisión para la mejora de la gestión financiera (Sound and Efficient financial Management 2000= S.E.M. 2000). 
Señora Presidenta, a pesar de que el nombre no resulte particularmente claro, me permitirán sus Señorías indicar que el programa S.E.M. 2000 se refiere a aspectos básicos de la democracia en la Unión Europea o, al menos, la infraestructura de la democracia en la Unión. 
Temas que suscitan debates, diría incluso que apasionados, no sólo entre iniciados sino entre muchos conciudadanos. 
En efecto, el S.E.M. 2000 (Sound and Efficient Financial Management) es un ambicioso programa que trata de mejorar la gestión de los caudales públicos manejados por la Comunidad y de evitar el fraude. 
¡Cuántos ataques contra la Unión no habrán utilizado como argumento, Señorías, la mala gestión real o supuesta del presupuesto comunitario! 
El Parlamento es en toda democracia la institución ante la cual rinde cuentas el ejecutivo y descarga su responsabilidad por la gestión de los ingresos públicos. 
Somos nosotros, los representantes electos del pueblo, quienes juzgamos en primera instancia la gestión del ejecutivo. 
El Parlamento Europeo como autoridad de control y aprobación de la gestión de la Unión tiene, por tanto, el mayor interés en este programa S.E.M. 2000. 
El programa S.E.M. 2000 es un programa complejo, y el ponente quiere reconocer la inestimable ayuda que ha recibido por parte de la secretaría de la Comisión de Control Presupuestario para preparar esta propuesta de resolución y, asimismo, destacar la cooperación de la Comisaria Sra. Gradin y del Comisario Sr. Liikanen, así como de los servicios de la Comisión, incluso- une fois n ' est pas coutume- hemos tenido colaboración por parte del Consejo y hemos estado asociados a los trabajos del Grupo de representantes personales del ECOFIN para este tema, y quiero dejar constancia en acta de ello. 
El programa S.E.M. 2000 es un programa que se desarrolla en tres etapas sucesivas- aunque puede haber solapamientos temporales- y de estructura polifacética, puesto que pretende abordar la totalidad de los aspectos relativos a la gestión financiera. 
El primer campo de actuación consiste en el procedimiento y organización de la propia Comisión. 
Ello implica una cierta revolución en la política de personal, al revalorizarse la función gestora y los conocimientos presupuestarios de nuestros agentes. 
Cara al post-Conferencia Intergubernamental del 96 y cara a la ampliación al Este es imprescindible disponer de un personal capacitado como gestor y de que cada dirección general tenga su célula de gestión financiera. 
Sobre estos detalles técnicos a veces se basan los grandes éxitos políticos, Señorías. 
Partiendo de este equipo humano sugerimos a la Comisión diversas medidas para mejorar la ejecución presupuestaria, que están recogidas en el apartado 5 de nuestra propuesta de resolución y, por lo tanto, no insistiré en ellos. 
Otro aspecto que quisiera subrayar es que cerca del 85 % - ¡85 % Señorías! -de los gastos operativos son ejecutados por administraciones de los Estados miembros, sean locales, sean regionales, sean centrales. 
Por ello, hay que mejorar las previsiones financieras, pero sobre todo la coordinación entre la administración- las administraciones, si ustedes quieren- de los Estados miembros y la administración de la Unión. 
Pero, también, debe aumentar la exigencia de responsabilidad de los Estados miembros en la ejecución del presupuesto comunitario. 
Hasta ahora, la liquidación de cuentas y las correcciones financieras funcionan, Señorías, sobre todo en el FEOGA-Garantía. 
El Parlamento Europeo piensa que debería extenderse a los demás sectores, por ejemplo, mediante la adecuación de los artículos 23 y 24 del Reglamento de coordinación de los Fondos estructurales. 
Ello nos lleva a la cuestión de la elegibilidad de las que se hace amplio eco el informe anual del Tribunal de Cuentas para 1995. 
No obstante, quisiera señalarles que el problema no es específico de los Fondos estructurales; según este mismo informe del Tribunal de Cuentas para 1995, el retraso en los pagos para los programas PHARE- países de la Europa oriental y central- y TACIS- la ex-Unión Soviética- alcanzaba a finales del 95 casi tres millardos de ecus, es decir: un año y medio de retraso en los pagos para nuestra cooperación con el Este. 
Señorías, esta Asamblea siempre se ha tomado en serio la lucha contra el fraude, me atrevería a decir que bastante más en serio que algunos Gobiernos que acusan de manirrota a la Comisión. 
Fue el Parlamento, y no el Consejo, quien obligó a crear la Unidad de Lucha Contra el Fraude, la UCLAF, sólo a título de ejemplo. 
Pues, bien, el Parlamento cree que el fraude también se combate con la racionalización de los controles y con medidas preventivas, es decir, ex-ante. 
Somos conscientes del ingente número de operaciones que deben controlarse, cientos de miles de órdenes de pago, y comprendemos la necesidad de utilizar técnicas de muestreo pero esto debe hacerse con la debida cobertura normativa. 
Por lo tanto, nosotros creemos que deben introducirse modificaciones sea en el Reglamento Financiero, sea en las normas de modalidad de ejecución, pero es un tema importante en cuanto a la cobertura de responsabilidades de la intervención general de la Comisión. 
Señora Presidenta, no voy a abusar de mi tiempo porque creo que los puntos son muy específicos y excesivamente detallados para entrar en ellos en 7 minutos: o utilizo los 25 minutos de que dispone el Grupo esta mañana o me callo aquí, agradeciendo la colaboración de todos y congratulándome por los progresos que se han hecho hasta ahora, pero reservando en nombre del Parlamento nuestro derecho a volver intervenir sobre este programa en sus desarrollos sucesivos. 
Señora Presidenta, el Sr. Colom i Naval lo estaba haciendo tan bien, que casi he sentido la tentación de levantarme y decir que podía disponer de cinco minutos más. Pero no habría sido justo soltárselo con tan poca antelación. 
Como ha dicho, el Parlamento siempre ha estado en la vanguardia de la lucha contra el fraude y lo vemos no sólo en lo que ha mencionado, la creación de la UCLAF, sino también en la dotación que se le ha concedido en personal y recursos para que desempeñe su cometido. 
Este debate versa sobre la necesidad de que no nos limitemos a la lucha contra el fraude y examinemos lo que se debe hacer para garantizar la utilización correcta y eficiente de todos nuestros recursos. 
El fraude no es sino un pequeñísimo síntoma del problema de la utilización ineficiente de los recursos. 
Mucho más dinero se pierde con la mala gestión y el control ineficaz e ineficiente. 
Ése es el objeto real del proceso SEM 2000: velar por que utilicemos los recursos más eficaz y eficientemente en todas las fases de nuestros procedimientos. 
La iniciativa de la Comisión cuenta- creo yo- con el apoyo no sólo de todos los diputados a esta Asamblea, sino también y en particular de todos cuantos en los Estados miembros están interesados en la utilización correcta y eficaz de unos recursos escasos. 
Las propuestas que tenemos ante nosotros, en las que el Sr. Colom i Naval ha basado su informe, revelan un cambio importante en los usos de la Comisión. 
Dicho cambio importante refleja una evaluación crítica y autocrítica de lo que se debe hacer. 
La Comisión es digna de encomio al respecto. 
No ha afirmado que todo esté bien. Ha partido de una base autocrítica. 
Elogio y reconocimiento especiales merecen los dos Comisarios de los que depende primordialmente: el Sr. Liikanen y la Sra. Gradin. 
Con sus propuestas, la Comisión ha dado un ejemplo que ninguna otra institución comunitaria se puede permitir el lujo de pasar por alto. 
En los casos en que la Comisión ha tomado la iniciativa con sus propuestas, el Parlamento y el Consejo deben ofrecer el correspondiente apoyo. 
Dicho apoyo corresponderá a tres sectores principales. Hoy el Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, ofrece con toda claridad el apoyo político necesario por parte de esta institución y también la promesa de que esta Asamblea desempeñará su papel para garantizar el apoyo legislativo y financiero que será necesario a fin de poner en práctica algunas de estas propuestas. 
Tendrá que haber cambios legislativos. 
La propuesta relativa al método para la aplicación del Reglamento Financiero es algo que, naturalmente, resulta polémico y requerirá un cambio en los reglamentos financieros. 
Pero esta Asamblea desempeñará su papel para hacer lo necesario con vistas a velar por esa utilización correcta de los recursos. 
Pero el Parlamento tiene que examinarlo en el marco de nuestras atribuciones globales y entre éstas figura la del procedimiento de aprobación de la gestión. 
En dicho procedimiento que comenzó en esta Asamblea esta semana, cuando el Sr. Friedman, en nombre del Tribunal de Cuentas, presentó el informe anual del Tribunal de Cuentas y la declaración de garantía, hemos visto con toda claridad que, cuando examinamos la utilización ineficiente de los recursos, los sectores en los que los procedimientos de gestión han sido gravemente deficientes, el Tribunal de Cuentas ha determinado que en el 90 % de los casos de información inadecuada o pistas inadecuadas para la comprobación de cuentas no corresponden a la Comisión misma, sino a los Estados miembros de la Unión Europea, en particular algunos de los que más gritan y señalan con el dedo a otras instituciones con más asiduidad. 
Al dar nuestro apoyo a la Comisión en este procedimiento, debemos alentarla para que vele por que los procedimientos contables en el centro estén integrados adecuadamente con todos los procedimientos contables de los Estados miembros para que en el futuro, cuando la Comisión introduzca una gestión correcta y eficiente, se haga de tal modo, que ningún Estado miembro de la Unión Europea pueda utilizar la Unión Europea como coartada para sus propias ineficiencias internas en la gestión de los recursos de la Unión. 
Ésa es la enseñanza esencial y es la actitud con la que mi Grupo apoya totalmente al Sr. Colom i Naval y su informe. Vamos a hacer todo lo que podamos para velar por que nuestras opiniones, vinculadas con la iniciativa de la Comisión, respalden plenamente las medidas adoptadas para garantizar que todo ecu de los contribuyentes se gaste de forma correcta, sensata y eficiente. 
Señora Presidenta, tengo mucho gusto en participar en este debate, para lo que se me ha requerido con tan poca antelación, y reconocer la contribución que el Sr. Colom i Naval ha hecho al presentar este informe, con su contribución en el nivel de la comisión, donde analizó muy minuciosamente en qué consiste el problema y propuso soluciones acertadas, y agradecerle la contribución que ha hecho aquí esta mañana. 
Hemos de reconocer que, a medida que con los años aumentaban los recursos de la Comunidad Europea, la Comisión Europea y las instituciones de la Comunidad en general han recibido muy mala publicidad por la falta de rigor advertida en toda su administración. 
El propio Parlamento no está libre de parte de la culpa al respecto. 
Todas las instituciones de la Unión, a medida que aumentaba el presupuesto, han solido participar en la formulación de reglamentos que no han facilitado la mejor y más eficiente distribución de los recursos de que disponíamos. 
El año pasado el Tribunal de Cuentas señaló que no son sólo las instituciones de la Unión las que fallan en materia de administración correcta, sino también, y en mayor medida, los gobiernos nacionales. 
Además, la base a partir de la cual aportamos los recursos, en particular a las regiones más pobres, no siempre está clara ni para nosotros, que propusimos los reglamentos, ni para los Estados miembros, que deben interpretarlos. 
Con demasiada frecuencia se tienen presentes todas las buenas intenciones de cada uno de los diputados a este Parlamento y de las diversas comisiones, todas y cada una de las ideas positivas y de las opiniones populares a la hora de redactar los reglamentos, con lo que resulta muy difícil a los gobiernos nacionales reconocer cuáles son nuestras intenciones fundamentales o cómo deben administrar el dinero exactamente. 
De modo que, ahora que hemos adquirido cierta experiencia en materia de redacción de reglamentos, creo que hemos aprendido un poco sobre cómo hacerlo. 
También los Estados miembros han aprendido, por lo que espero que los nuevos reglamentos propuestos estén más centrados y redactados con mayor claridad y que sea posible, a partir de los reglamentos y de los resultados, descubrir adónde ha ido exactamente el dinero europeo. 
No ha sido posible con el antiguo programa y no hay que achacárselo a los servicios administrativos de la Comisión. 
Señora Presidenta y señor Comisario, el fraude, las irregularidades, las infracciones y la falta de control, el reparto difuso de la responsabilidad, los retrasos en los pagos y la carencia de colaboración entre la UE y los países miembros, son algunas de las palabras clave en la descripción de la mala gestión de los medios de la UE. 
Un pequeño tanto por ciento del presupuesto de la UE puede significar una pérdida de decenas de millones de coronas suecas. 
Siempre es lamentable que esto suceda, pero realmente se siente con mucha más dureza en estos tiempos de ahorro, en que muchos ciudadanos honrados están pasando estrecheces. 
Señora Presidenta, todas las acciones que exigimos de otros tienen que empezar por nosotros mismos para que sean creíbles. 
Examinemos pues cuanto antes nuestros propios privilegios, como las dietas, los costes de desplazamientos y otras normas de reembolsos, y llevemos a cabo una normativa sobre reintegros y asistencia a sesiones que goce de la confianza popular. 
Otras propuestas en las que creemos cara al año del SEM 2000 son las siguientes: 
Organos comunes de control entre la UE y los órganos nacionales.-Mayor control regional y local sobre el modo en que se aplican los medios de los Fondos estructurales.-Mayor cantidad de inspectores independientes de la UE. Controles sistemáticos y seguimiento del modo en que se aplican los recursos.En cambio no creo personalmente en medidas policíacas por parte de la UE, como sanciones y multas contra los países miembros, en la modalidad de retención de subvenciones. 
Eso es tomar el camino equivocado en una cooperación entre países, y sólo creará un aumento de la desconfianza hacia la UE. 
Menos burocracia, unas normas simplificadas, un mejor seguimiento del control presupuestario en colaboración con los órganos nacionales como aduanas, policía, expertos fiscales y representantes elegidos democráticamente constituyen, a mi modo de ver, un modelo mejor. 
Un aplauso al informe y a la propuesta de la comisión. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, 370 millones de ciudadanas y ciudadanos de esta Unión Europea tienen el derecho a saber qué es lo que pasa con sus impuestos. 
También tienen el derecho a saber- lo que oyen cada año cuando el Tribunal de Cuentas presenta su informe- si se producen irregularidades, gestiones erróneas, fraudes y cosas similares. 
Pero también creo que estos 370 millones de ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho a saber qué esfuerzos realizan el Parlamento, la Comisión y, espero, también el Consejo, para impedir tales situaciones y lograr una gestión mejor y más eficaz. 
Bajo este aspecto, es un escándalo que este informe, este debate se celebre un viernes por la mañana. 
Sé que a nadie le gusta el viernes. 
Todos dicen que no lo quieren el viernes. 
Pero en este caso, señora Presidenta, en una semana en la que el martes toda la opinión pública de la Unión ha escuchado el informe del Tribunal de Cuentas y tomado nota de todo lo que no ha funcionado, habría sido justo para todas las instituciones afectadas y, naturalmente, también para nuestro ponente, quien ha invertido mucho trabajo, mostrar a la opinión pública que también se aplican medidas contra las gestiones erróneas, el fraude y la negligencia. 
No puede ser que en los periódicos se publiquen en grandes titulares los aspectos negativos y todos los esfuerzos que realizamos en letra muy pequeña, pues no es poco lo que logramos con ellos. 
Apelo a todos en esta Asamblea y a los grupos políticos que reconsideren su actitud ante tales cosas, pues, de lo contrario, podría ocurrir que se diga que esta Asamblea sólo lucha aparentemente contra el fraude. 
En los sermones dominicales decimos que sí, que protegemos vuestro dinero, para eso estamos aquí. 
El Parlamento siempre está activo y en primera línea, pero también tiene que aplicarse, tiene que verse. 
Quisiera ver un debate en el que todos los presidentes de los grupos políticos estén aquí y expongan su opinión diciendo que apoyan un programa de este tipo. 
Felicitamos a los ponentes por su trabajo así como a la Comisión de Control Presupuestario. 
Felicitamos también a la Comisión. 
No vamos a escatimar esfuerzos para que en nuestros países, en las regiones y en todos los lugares donde haya dificultades, a las que no me puedo referir ahora, se trabaje para que no solamente se acuerde algo sino también se aplique. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, la Comisión agradece al Sr. Colom i Naval su minuciosa labor y acoge con el mayor beneplácito la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el programa SEM 2000 de la Comisión, que es, naturalmente, expresión tangible de la promesa formulada por el Presidente Santer a esta Asamblea, en enero del año pasado de cambiar los usos financieros y administrativos de la Comisión. 
Naturalmente, la iniciativa ha partido de mis colegas la Comisaria Anita Gradin y el Comisario Erkki Liikanen. 
La Fase I ha estado centrada en las disposiciones adoptadas en la Comisión y se han creado o fortalecido unidades de recursos humanos y financieros en todos los departamentos de la Comisión y se las ha hecho depender directamente de la dirección superior. 
Hemos aclarado las líneas de responsabilidad y estamos velando por que los funcionarios en todos los niveles se sientan personalmente responsables de la utilización de los recursos de los contribuyentes de la forma más eficiente en función de los costos a fin de obtener el rendimiento adecuado del dinero. 
En la Fase II del programa SEM se evaluaron los cambios de procedimiento, de métodos de trabajo y de reglamentos. 
La Fase III ha versado sobre la gestión del 80 % del presupuesto de la Comunidad, que se gasta en los Estados miembros. 
Desde el mes de marzo, la Comisión ha estado trabajando con un grupo de alto nivel de representantes personales de los ministros de Hacienda para mejorar la ejecución del presupuesto, lograr mayor rigor en la gestión financiera y aclarar la definición de gastos elegibles a fin de fortalecer la coordinación del control financiero e intercambiar los mejores métodos de evaluación y la lucha contra el fraude. 
Nos ha complacido en particular que el ponente de este Parlamento, el Sr. Colom i Naval, haya podido participar en la labor del grupo de representantes personales e informarles de la posición del Parlamento sobre los diversos aspectos del programa. 
Me parece que el contenido del breve debate de hoy reforzará aún más los mensajes para el período que tenemos por delante. 
La Comisión toma nota de que el Parlamento se reserva el derecho a evaluar los avances en el futuro en el SEM 2000 y podemos asegurar al Parlamento que la Comisión no se hace falsas ilusiones sobre las dimensiones de la tarea que se ha fijado y que la evaluación del programa será una parte decisiva del proceso. 
El informe anual del Tribunal de Cuentas y la declaración de garantía han subrayado que la Comisión y los Estados miembros deben hacer más y los Comisarios han expresado con toda claridad su concordancia activa con esa opinión. 
Quisiera tratar brevemente los conceptos principales de la resolución. 
Sobre los procedimientos y la organización dentro de la Comisión, existe acuerdo completo entre el Parlamento y la Comisión sobre la necesidad de lograr un equiilibrio entre la gestión de los recursos humanos y financieros y la de las políticas y sobre el convencimiento de que el personal que se ocupa de la gestión financiera y de recursos debe estar adecuadamente formado y motivado y ser apreciado desde el punto de vista de la planificación de su carrera. 
Sobre la ejecución del presupuesto, el Parlamento pide acertadamente una mejor actuación en los Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión cree que la forma más eficaz de lograr avances es mediante la cooperación y no mediante sanciones financieras por una inadecuada corriente de información. 
Sobre la responsabilidad financiera de los Estados miembros, la aprobación de las cuentas y la corrección financiera, la Comisión comparte la opinión del Parlamento de que se debe examinar a fondo y detenidamente la gestión de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, creemos que, en lugar de aplicar un sistema de aprobación de cuentas semejante al que se aplica a los gastos con el FEOGA-Garantía, es mejor abordar urgentemente el problema de la definición de los gastos elegibles, junto con los Estados miembros, y adoptar medidas dentro del marco jurídico existente para fortalecer la gestión financiera y aclarar la responsabilidad de los Estados miembros y sus autoridades designadas. 
También pensamos proponer enmiendas a las disposiciones relativas al resarcimiento de la legislación sobre los recursos propios. 
Sobre la racionalización de los controles, la coordinación del control financiero y la comprobación de cuentas y la prevención del fraude, consideramos que una característica de importancia decisiva del SEM 2000 es la racionalización de las comprobaciones previas a la aprobación de los pagos y el desarrollo de la función de comprobación interna de cuentas, incluida la comprobación de resultados. 
Después de evaluar la posibilidad de revisar el reglamento relativo a la aprobación previa por parte del Interventor en el caso de transacciones individuales, hemos llegado a la conclusión de que la utilización de técnicas aceptadas en materia de comprobación de cuentas, como el muestreo, debe continuar de momento en el marco del reglamento existente que garantiza el derecho del Interventor a hacer comprobaciones previas de las transacciones, en los casos en que se considere necesario. 
Sobre la coordinación del control financiero y la comprobación de cuentas en la Comisión y con los Estados miembros, la resolución que la Asamblea tiene ante sí pide a la Comisión que haga participar más ampliamente a las autoridades nacionales en la coordinación de los controles y armonice el control de los métodos de comprobación de cuentas. 
Comunico a la Asamblea que la Comisión está trabajando activamente para desarrollar esa coordinación mediante un programa anual de comprobación de cuentas que abarca los servicios de la Comisión, las autoridades nacionales encargadas del control y el Tribunal Europeo de Cuentas. 
Sobre la prevención del fraude y la preservación contra él uno de los objetivos subyacentes de SEM 2000 es, como sabe la Asamblea, el de reducir el nivel evaluado de fraude relativo a los gastos de la UE, que, según cálculos aproximados, asciende actualmente al 0, 6 % del presupuesto de la Comunidad, mientras que el fraude y las irregularidades en la vertiente de ingresos del presupuesto- en particular, la pérdida de ingresos aduanerosse calcula en el 1 %, aproximadamente, del presupuesto. 
Como ha de saber la Asamblea, los servicios de la Comisión encargados de descubrir el fraude y conseguir la recuperación de los ingresos perdidos en pro de los contribuyentes de la Comunidad están empezando a dar resultados alentadores. 
Además, la Comisión está abordando también la raíz del problema adoptando medidas para prevenir el fraude. 
Se han dado instrucciones al Control Financiero y a los Servicios Antifraude de la Comisión para que todos los proyectos de decisión y de legislación cuenten con mecanismos para la preservación contra el fraude. 
El objetivo de la Comisión es el de velar por que los servicios adquieran plenamente los reflejos antifraude eficaces. 
Sobre la evaluación, la Comisión comparte la opinión del Parlamento. 
Nuestro objetivo es el de liberarnos de los usos propensos al gasto y adquirir usos basados en la evaluación y los resultados, junto con los Estados miembros. 
El éxito de SEM 2000 dependerá muy claramente, en primerísimo lugar, de la labor de motivación de nuestro personal y también dependerá, evidentemente, de que contemos con la cooperación eficaz de los Estados miembros- como Sus Señorías han dicho durante este debate- y la dedicación de los Estados miembros para que manejen los fondos comunitarios con la máxima eficiencia. 
Naturalmente, la Comisión acoge con beneplácito el firme apoyo del Parlamento a nuestra iniciativa y seguiremos manteniendo plenamente informado al Parlamento por mediación de las comisiones pertinentes y, desde luego, directamente a esta Asamblea. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
Procedemos a la votación del informe del Sr. Colom i Naval. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Tiene la palabra el Sr. Tomlinson para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, permítaseme decir simplemente lo lamentable que me parece que la Asamblea no haya tenido la oportunidad de escuchar los buenos consejos de quienes, como los daneses antimercado que tanto hablaban hace un par de meses ante cámaras ocultas sobre la necesidad de que nuestra gestión sea correcta y eficiente. 
Cuando tenían la oportunidad hoy de debatir aquí ese aspecto adecuadamente en el Parlamento, me ha parecido profundamente lamentable que no hayamos podido beneficiarnos de sus consejos, pese a que una señora danesa ha estado aquí ocupando su escaño esta mañana. 
Señor Tomlinson, como usted sabe muy bien, esto no es una cuestión de orden. 
Pero queda recogida su intervención. 
No reabramos de nuevo el debate pues esta cuestión ha quedado cerrada con una votación unánime a favor del excelente informe del Sr. Colom i Naval, al que felicito y le agradezco su buen trabajo, por otra parte conocido y habitual. 
Plantas vivas y floricultura 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0336/96) del Sr. Filippi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0261- C4-0390/96-96/0155 (CNS) por el que se instauran medidas específicas en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura. 
Señor Presidente, señores diputados, ante todo quisiera evaluar la importancia del sector del que nos ocupamos esta mañana, entendiendo que hay que hacerlo por cuanto cuando se habla de agricultura, de industria y, en general, de economía, hay sectores que se consideran importantes y estratégicos y otros, en mi opinión equivocadamente, sectores marginales. 
Aquí hablamos de un sector agrícola que representa, desde el punto de vista del empleo, más de medio millón de puestos de trabajo. 
Son los puestos de trabajo de las tres industrias europeas más importantes juntas. 
Es un sector que representa del 4, 3 % al 5 % del total del volumen de negocios de la agricultura europea. 
Es un sector- ¡se habla tanto del empleo! -que, con inversiones relativamente moderadas, tiene una alta intensidad de mano de obra. 
Por consiguiente, es importante, por varios motivos, esta propuesta, que establece medidas específicas en el sector de las plantas ornamentales y las flores. 
¿Cuál es el problema? 
El problema es que el sector se siente abandonado. 
He hecho reuniones con ellos y éste es el sentimiento de los productores del sector ante una situación que prevé importaciones «favorecidas» en la Unión Europea de los países ACP, a causa de acuerdos preferenciales con los países de América Central y del Sur, y, por último, sobre la base de acuerdos con Israel, Marruecos, Jordania y Chipre: en efecto, el 80 % de las flores cortadas que entran en Europa gozan de exenciones aduaneras. 
Pues bien, en esta situación, mientras para otros sectores existen medidas de apoyo de las producciones europeas, en éste no existía, y sigue sin existir, medida alguna. 
Además, éste es un sector que debe afrontar una competencia, en particular la competencia de la industria del regalo y los productos manufacturados, y que, por consiguiente, debe competir directamente también en el mercado interior. 
El Consejo se comprometió, en noviembre de 1995, en particular precisamente tras los acuerdos con Israel y Marruecos, a establecer medidas específicas, medidas que después no han visto la luz. 
Por eso, yo y la Comisión de Agricultura planteamos el problema, en mayo y junio pasados, con una pregunta oral y una resolución del Parlamento que pedían medidas de promoción en este sector. 
Debo decir que la respuesta de la Comisión fue oportuna, y por eso nos encontramos debatiendo aquí propuestas de promoción. 
La propuesta va en la dirección justa, es decir, establece medidas que, de acuerdo con los países miembros y las organizaciones de productores, impulsen iniciativas de promoción de las producciones europeas. 
Es, en cambio, limitada e insatisfactoria por lo que respecta a los períodos de intervención- se preveía intervenir sólo en 1998- y a las disponibilidades financieras. 
Se calculaba una intervención de 10 millones de ecus, frente a una resolución del Parlamento, aprobada el pasado mes de junio, que pedía 60 millones de ecus, que corresponden al 4 % de la dimensión económica del sector; por lo tanto, mucho menos de lo que se da a los demás sectores agrícolas. 
Por consiguiente, hacen falta más fondos y, sobre todo, hay que intervenir a partir de 1997. 
El Consejo de Ministros, como sabemos, comparte nuestra opinión sobre la exigencia de partir de 1997 y ya ha calculado una dotación de 15 millones de ecus. 
Consideramos que son insuficientes y que debe hacerse más, en particular porque en este sector intervenir, como nosotros hemos pedido, quiere decir ayudar a las pequeñísimas y medianas empresas que operan en él a organizarse, a unirse y a contribuir también, con sus propios medios, a financiar la actividad de promoción. 
Habría otros problemas que afrontar en el futuro, pero creo que si empezamos con estas medidas de promoción, empezamos con buen pie para resolver los problemas del sector. 
Señor Presidente, las condiciones climáticas de la Región Autónoma de Madeira brindan ventajas comparativas en el marco de la Comunidad y de la mundialización de la economía para la floricultura. 
Su clima subtropical permite la producción de flores a cielo abierto o de invernadero y la estructura de pequeña propiedad existente resulta idónea para esa producción. 
El mercado de flores cortadas de alta calidad se hace hoy, en su gran mayoría, por avión. 
Al tener un clima privilegiado, una estructura de propiedad idónea y, a corto plazo, un aeropuerto con una gran capacidad, se dan las condiciones para el fomento de la floricultura. 
Ahora bien, ese fomento de la floricultura, basado en la pequeña propiedad, exige una construcción comercial con infraestructuras aptas para agrupar la producción de la floricultura madeirense. 
Dotados por la naturaleza y con el enlace con el mundo exterior garantizado, necesitamos con urgencia un mercado de origen o una zona de concentración de la producción y de financiación. 
Sin la existencia de ese mercado de origen o de una zona de concentración ligada a los pequeños productores y que les garantice la comercialización, les imponga la calidad y promueva su producción, las ventajas comparativas existentes resultarán desaprovechadas. 
En nuestra opinión, en cuanto región periférica que somos, el informe del Parlamento debería incluir, para estas regiones, la financiación de infraestructuras comerciales que permitan aprovechar las potencialidades y agrupar a los pequeños productores a fin de organizar un sector con mucho futuro para una región económicamente deprimida. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera referirme al principio a algo muy diferente. 
La Sra. Wemheuer ha dicho en el debate anterior que nadie ama el viernes. 
Quiero decir que al menos este diputado ama el viernes pues es para nosotros una obligación reconocer por fin que estamos en deuda con nuestros electores y que debemos trabajar los días en los que estamos aquí. 
Quiero decir además que el mercado de las flores, sobre el que el Sr. Filippi ha elaborado un excelente informe y por el que le quiero expresar mis felicitaciones, es de gran importancia para nosotros, más de lo que la mayoría de la gente piensa. 
En un único punto soy quizás de otra opinión que el Sr. Filippi. Creo que las acciones de ayuda que se consideran son insatisfactorias. 
No es suficiente intentar ampliar el mercado sencillamente mediante publicidad- lamentablemente, este es el punto principal de las medidas de fomento. 
Muchas gracias al colega de Madeira por haber llamado la atención sobre la importancia de las islas, pues también para las Azores o las Islas Canarias es aplicable lo mismo que para Madeira. 
Quiero reconocer abiertamente que estoy interesado en las Islas Canarias pues muchos productores en estas islas son bávaros. 
Sé de ellos qué problemas tienen porque nuestro mercado de flores no está suficientemente protegido, porque se permiten y fomentan importaciones del exterior, en especial de Sudamérica. 
No tengo nada en contra de Sudamérica, los agricultores de allí tienen derecho a nuestro apoyo. 
Pero si veo quienes son los que nos envían flores de Sudamérica, me recuerda el debate que mantuvimos en su día sobre los plátanos en que se decía que se importaban en nombre de los agricultores mientras que en realidad eran grandes sociedades capitalistas las que inundaban nuestro mercado de plátanos. 
Voy a apoyar con entusiasmo el informe Filippi. 
Muchas gracias, señor von Habsburg. 
Usted sabe que esta Presidencia debe ser, institucionalmente, muy equilibrada y que no puede, en ningún caso, expresar sus opiniones personales. 
Pero permítame que me apoye en sus primeras palabras y que diga aquí que yo, personalmente, me siento muy honrado de presidir los viernes. 
Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Unión por Europa y por el tiempo de cuatro minutos el Sr. Santini. 
Señor Presidente, creo que también nosotros nos sentimos muy honrados hoy de trabajar en un marco tan cordial, que el tema que estamos tratando, las flores, hace aún más agradable. 
No todo son rosas, si puedo hacer una alegoría de este tipo. 
Hay también muchas espinas. 
En efecto, aunque para las flores hay una organización regular de mercado desde 1968, no se sabe por qué este importante producto de la tierra no ha tenido nunca la misma dignidad y la misma consideración que otros más conocidos que reivindican su pertenencia al sector agrícola considerado en sentido estricto. 
No están previstas ni intervenciones ni ayudas en beneficio de los productores, no hay incentivos para la promoción y la exportación, y, sin embargo, las flores, las plantas y los bulbos mueven una balanza comercial europea con un activo creciente e invaden, con sus colores, superficies cada vez más amplias de territorio. 
En el ámbito de la Unión Europea, hoy hay 42.000 hectáreas fuera de invernadero, 23.000 en invernadero, 68.000 de viveros. 
No sé si el ponente Filippi ha recordado estas cifras, y, si es así, discúlpenme, pero debe insistirse en ellas para hacer comprender que no se trata del trabajo de la pequeña florista de la esquina, sino de un ramo, de un sector muy importante que cuenta con más de 510.000 puestos de trabajo hoy y que tiene un valor de producción estimado en más de 11.000 millones de ecus. 
Algo saben de eso sobre todo los Países Bajos, que han hecho del sector una auténtica industria nacional. 
Hay que decir que son productores, pero también grandes consumidores de flores. 
Por consiguiente, podemos hablar incluso de una auténtica cultura de la flor y no sólo de cultivo, para decirlo con un juego de palabras que en italiano tiene un significado que quizás no exista en otras lenguas. 
Parece ser que los ciudadanos europeos gastan en flores 19.000 millones de ecus al año, una media de 51 ecus por persona. 
Hay que decir que nosotros, los italianos, no somos, ciertamente, los primeros de la clase, pese a nuestra fama de románticos, estamos más bien un poco en el grupo de cola, junto con los suecos y los austríacos. 
Los mejores de todos son, una vez más, los neerlandeses. 
La producción comunitaria- y aquí están un poco las espinas- no está protegida: están las reglas del GATT, que desde el 1 de julio de 1995 han reducido los aranceles, hay también relaciones privilegiadas con algunos países, en particular con los países en vías de desarrollo o que asumen compromisos en la lucha contra la droga; existen, por último, las relaciones con los países SPG y con los del Acuerdo de Lomé. 
En resumen, los productores de flores europeos tienen que vérselas con una competencia fuerte y privilegiada y, francamente, observan con preocupación todas estas formas de privilegio. 
Se calcula ya que alrededor del 80 % de las flores importadas no pagan derechos. 
El paquete de precios 1996-1997, del que- recuerdo con orgullo- he sido ponente en este hemiciclo, ha establecido algunas medidas, pequeñas, que constituyen un incentivo, un aliento para esta categoría, pero todavía es poco. 
Se han propuesto 15 millones de ecus para el primer año, 60 millones de ecus, como gasto total, para los próximos años, mientras que las organizaciones del ramo han valorado en 50 millones de ecus anuales la pérdida de beneficios causada por las preferencias arancelarias. 
De hecho, los productores comunitarios están obligados a comercializar también flores y plantas que importan si quieren ser competitivos. 
De ahí que ahora pidan una ayuda para la promoción, una ayuda para la exportación, en resumen, para su trabajo. 
Una ayuda, señor Presidente, que me parece aún más legítima si se considera que en esta industria no actúan grandes multinacionales. 
Se basa preferentemente en la actividad de pequeñas y medianas empresas que, en su mayoría, son empresas familiares. 
Muchas gracias, señor Santini. 
Debo advertir a los señores y señoras que ocupan la tribuna que el Reglamento del Parlamento impide hacer manifestaciones de ningún tipo a los visitantes. 
Si no, me vería obligado, desagradablemente, a invitarles a que ustedes salieran de la tribuna. 
Señorías, a continuación, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y por el tiempo de dos minutos, tiene la palabra el Sr. Mulder. 
Señor Presidente, al igual que otros diputados, me gustaría felicitar, en primer lugar, al Sr. Filippi por su excelente informe. 
Muchos se preguntarán: ¿por qué es necesario abrir una nueva línea de financiación dentro de la política agrícola para un sector de la agricultura que, hasta la fecha, no ha sido subvencionado? 
La floricultura apenas recibe subvenciones en Europa. 
Se trata, pues, de un mercado completamente libre; pese a ello, considero que sería menester comenzar a subvencionar este sector, aunque sea de modo reducido. 
¿Por qué esta necesidad? 
Porque en los últimos años, la Unión Europea ha venido celebrando cada vez más acuerdos de libre comercio con terceros países que, con frecuencia, sirven a objetivos ideológicos. 
Coincido con el Sr. von Habsburg en que cabe plantearse si alcanzan realmente esos objetivos. 
En todo caso, el resultado es que la Unión Europea importa flores a gran escala sin ninguna clase de protección, lo cual supone una fuerte competencia para los floricultores europeos. 
Se trata, pues, de lo siguiente: ¿qué importe hemos de destinar a dicho sector? 
La cantidad propuesta por la Comisión asciende al 0, 1 % del valor de producción total de la Unión Europea. 
Esto no deja de ser una miseria. 
En mi opinión, debemos conceder una ayuda adicional, tal como lo hizo este Parlamento con anterioridad, creo que en el mes de julio del presente año. 
Estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de ampliar esta cantidad a 60 millones, esto es, al 0, 5 %. 
Algunos se preguntarán: ¿por qué no una política totalmente libre? 
Porque la competencia ha de ser honrada. 
En Europa se aplica una normativa medioambiental muy estricta que, por desgracia, no existe en el resto del mundo. 
Por esa razón es necesaria la ayuda. 
Señor Presidente, yo también reconozco que se trata de un mercado muy importante- muchos puestos de trabajo, gran cifra de negocios, buenas operaciones -, pero ¿saben ustedes porqué es así? 
Porque hasta ahora hemos dejado este campo fuera de los reglamentos de mercado. 
Y ahora vienen propuestas para reglamentar este campo, incluso por parte de los liberales. 
Señor Mulder, estoy muy sorprendido de que ahora exija que se subvencione este próspero mercado cuando todo el mundo dice que tenemos que reducir las subvenciones. 
Las dificultades de este mercado se deben a que ha funcionado tan bien; se intensificó la producción y ahora existen problemas en la colocación de los productos. 
Ahora se quiere que el sector público intervenga mediante medidas de ayuda en un mercado y en un negocio que arroja una cifra de negocios tan elevada para que, tal como aquí se dice, la gente compre flores durante todo el año, no solamente de vez en cuando, sino todo el año. 
Si se quiere esto, debe hacerlo la misma industria, este mercado debe regularlo por si mismo. 
Si comenzamos con esta política, se abrirán las puertas no solamente a la financiación de medidas de ayuda sino también- tal como dice el Sr. Santini- a la subvención y apoyo de las exportaciones; este sería el segundo paso. 
Entonces viene el señor de Madeira y dice: como estamos al borde, queremos tener también algo de esta olla, pues en la periferia estamos en peores condiciones. 
Lo cierto es que tienen mejores condiciones para las flores que en ningún otro sitio. 
Los holandeses tienen que emplear petróleo y mucha energía mientras que en Madeira crecen sin más. 
Pero, naturalmente, la periferia justifica de nuevo las subvenciones. 
Lo que aquí comenzamos es una carrera por las subvenciones públicas y las siguientes etapas están ya preprogramadas. 
Señor Mulder, tengo que decir de nuevo que estoy muy sorprendido de que como liberal quiera untar también a este próspero mercado. 
Otra consideración: en las importaciones hay acuerdos con Israel, por ejemplo, sobre precios mínimos de coste; de lo contrario, se cobrarían aranceles. 
Naturalmente, esto se podría hacer con otros terceros países, sería una medida razonable. 
Pero no se puede intervenir en un mercado floreciente imponiéndole un reglamento de mercado. 
Podemos hablar sobre otras medidas pero no podemos dar nuestro voto afirmativo a este informe tal como está. 
Soy el único que se pronuncia en contra pero me parece un compendio de la irracionalidad si todos ustedes marchan en esta dirección equivocada. 
Señor Presidente, mis primeras palabras son de repudio de las palabras del diputado que me ha precedido, ya que éste no considera la importancia real de las regiones ultraperiféricas y de su actividad en materia de floricultura (y otras actividades agrícolas) que se deben proteger, porque se trata de un mercado sumamente perjudicado por los costos de la insularidad que se deben ver y tener en cuenta en estas instituciones comunitarias. 
La floricultura europea no cuenta hoy con una comercialización próspera y fácil a causa, sobre todo, de una competencia que va en aumento y que la propia Unión Europea ha fomentado. 
A eso se deben la propuesta de reglamento del Consejo y el excelente informe del Sr. Filippi, relativos a la adopción de oportunas medidas concretas con vistas a la promoción de las producciones de flores comerciales, adornos florales y plantas vivas. 
Estamos enteramente de acuerdo con esa propuesta, que hará aumentar en gran medida el consumo de las producciones obtenidas en el territorio comunitario. 
Los Estados miembros no siempre están atentos, como deberían, a los problemas de la comercialización y dejan a cargo de los productores la resolución de las dificultades que surgen. 
Pero ahora tienen ocasión de interesarse y participar más en ese sector de la comercialización. 
No queremos dejar de manifestar nuestro apoyo al informe Filippi, que mejora bastante la propuesta de reglamento, no sólo porque propone una mayor contribución de la Unión Europea a partir de 1997 para apoyar las acciones relativas al aumento del consumo de plantas vivas y de productos de floricultura comunitarios, sino también porque permite que un solo Estado miembro presente y ejecute medidas y acciones destinadas a desarrollar ese consumo y, para ello, contar con la coparticipación de la Comunidad. 
Y porque soy natural de una región ultraperiférica con condiciones óptimas para la floricultura exótica, que aún puede llegar a crecer extraordinariamente, si es suficientemente mimada por mi país y por la Unión Europea, no puedo dejar de defender de nuevo lo que considero que se debería haber hecho desde hace mucho: la defensa de muchas producciones regionales de calidad mediante la aplicación del principio de la preferencia comunitaria, sobre todo en las regiones y en los Estados miembros en los que escasean los recursos naturales y la actividad productiva está aún poco diversificada y desarrollada. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y al ponente Sr. Filippi su minucioso y positivo informe. 
Como ha de saber la Asamblea, el objeto de la propuesta de reglamento de la Comisión es el de apoyar la promoción de plantas vivas y productos de floricultura en consonancia con el compromiso formulado en el Consejo de Asuntos Generales celebrado en noviembre del año pasado. 
La propuesta va encaminada a la formulación de programas nacionales en uno o más Estados miembros para promover la demanda en la Comunidad y fuera de ella de plantas vivas y flores producidas en la Comunidad. 
El 60 % del costo total de los programas correrá a cargo del presupuesto comunitario y la Comisión espera que dichos programas tengan un efecto positivo en las rentas de los agricultores y en toda la cadena de comercialización. 
Como es importante utilizar eficazmente todos los fondos disponibles en 1997 e iniciar los programas sin demora, es deseable, evidentemente, que el Consejo adopte una decisión este año. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, las núms. 1, 2 y 3 se refieren al considerando 1 y la Comisión considera que su propuesta ya está suficientemente clara. 
Asimismo, el asunto sobre el que versa la enmienda nº 4 ya se aborda en la ficha financiera de la propuesta y en las medidas de ejecución figurarán disposiciones detalladas al respecto. 
En cuanto a la enmienda nº 5, la Comisión tiene el gusto de decir que el Consejo está dispuesto a aumentar la asignación presupuestaria a 15 millones de ecus para 1997 respecto de los 10 millones de ecus originalmente propuestos. 
Espero que la Asamblea lo apoye. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Procedemos a la votación del informe del Sr. Filippi. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Se trata de un sector que no sacia directamente sino que nos llena de alegría, lo que no es menos importante. 
Si en los últimos años su evolución ha sido tan positiva se debe a que no ha existido un reglamento de mercado. 
Tenemos un sector parecido, el de las patatas. 
Yo no cultivo flores sino patatas y me opondría decididamente si existiese un reglamento de mercado para las patatas pues recortaría las posibilidades de nuestro desarrollo en este campo. 
Se puede ver lo mismo en todos los demás sectores en los que han existido reglamentos de mercado. 
Son los campos enfermos de la agricultura mientras que los demás pueden mantenerse a flote en cierta manera. 
Exactamente esto es lo que pasa en el sector de las flores y ahora se quiere iniciar el cambio hacia un sistema de intervención, comenzando con el vacilante enfoque de fomentar las ventas. Ya han oído lo que han dicho los colegas: no se trata solamente de eso sino que a la postre de lo que se trata es de subvencionar exportaciones que tenemos que reducir urgentemente en otros campos. 
Algún orador ha dicho que no queremos que se ayude a las regiones periféricas. No es correcto. 
Precisamente si se las incluye en estas ayudas- lo que se puede ver también en otros sectores- no se produce una ayuda real sino una concentración en los mejores suelos, y en este aspecto las regiones periféricas están en desventaja. 
Este ha sido el resultado del reglamento de mercado y no lo queremos. 
Por ello, no estamos en contra del desarrollo de las regiones periféricas sino a favor y es lo que hemos expresado con nuestra votación. 
Señor Presidente, durante el debate sobre el reglamento para la floricultura mi sorpresa ha ido en aumento. Incluso he oído argumentar, por parte de los liberales, que este reglamento no sólo es necesario, sino que es preciso dotarlo de una importante cantidad de dinero. 
Esto es una vergüenza. 
Es de todos conocido, sobre todo en los Países Bajos, que la floricultura es el sector más contaminante, que emplea enormes cantidades de plaguicidas y que, aunque no consume petróleo, despilfarra el gas natural. ¡Y ahora hace falta destinar dinero a este sector para promocionarlo! 
Se ha llegado a decir aquí que es necesario conceder subvenciones a la exportación, cuando precisamente algunos países pobres de Africa intentan comercializar sus flores en nuestro mercado. 
En conclusión: voto en contra, porque soy partidaria de votar en consonancia con lo que solemos decir fuera de esta Asamblea, que es necesaria una mayor apertura de nuestros mercados. 
Verdaderamente, no entiendo esta incongruencia. 
Hemos decidido abstenernos en la votación sobre el informe, ya que nos parece injusta una propuesta que consiste en conceder ayudas a la producción de plantas vivas por valor de 60 millones de ecus. 
En primer lugar, no podemos conceder ayudas a todos los sectores de la agricultura cada vez que se encuentren en dificultades. 
Esto no se hace con otros tipos de producción, por ejemplo la industrial y la del sector de servicios. 
Además, la propuesta rezuma demasiado proteccionismo, dado que de este modo resultarían perjudicadas las plantas y flores del tercer mundo. 
Señor Presidente, un breve comentario sobre lo dicho por la Sra. Van Dijk hace un momento. 
Se trata de la promoción comercial dentro de la propia Unión Europea. 
Con América Latina, para reducir la producción de drogas, y con otras regiones, por otros. 
Cabe plantearse la gran pregunta de si se alcanzan realmente dichos objetivos y si podemos hablar de competencia leal. 
Estas flores pueden entrar sin ninguna clase de protección, y no creo que esto sea competencia leal ni que los Verdes puedan defender esta situación. Me gustaría dejar clara esta postura. 
Señor Mulder, como usted sabe muy bien, esto no es una cuestión de orden. 
Yo no le he interrumpido- ni lo haré nunca -, ni a usted ni a ningún otro diputado o diputada, pero sí que me gustaría que procuráramos, entre todos, utilizar el Reglamento de una forma correcta, porque ahora sus palabras abren de nuevo un debate cuando ya hemos sometido este informe a votación. 
Por lo tanto, en el futuro, lo que le pido a usted y a todos los diputados y diputadas es que me ayuden a dirigir lo mejor posible nuestros debates y que, en cada momento, utilicemos el tiempo que tenemos para aquello a lo que ha sido destinado. 
Le doy las gracias porque estoy seguro de que, en el futuro, usted me va a ayudar también. 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la función pública 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0283/96) de la Sra. Larive, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la aplicación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la función pública. 
Señor Presidente, ahora que un número creciente de mujeres reciben la formación adecuada y están presentes en el mercado de trabajo, ha llegado el momento de que ocupen también cargos directivos. 
En la práctica, numerosas mujeres siguen chocando duramente contra el denominado techo de cristal. 
Gran parte de los trabajadores de la función pública son mujeres y, en ocasiones, más de la mitad. En la Unión Europea el promedio es del 44 %. 
En cambio, en los cargos de toma de decisiones las mujeres se encuentran infrarrepresentadas o incluso brillan por su ausencia, tanto a nivel nacional como europeo. 
Las mujeres constituyen más de la mitad de la población y han de participar en la toma de decisiones sobre la configuración de nuestra sociedad. 
La representación equitativa es esencial para la democracia, para el reflejo de la sociedad en los servicios públicos y para alcanzar la denominada integración, esto es, una política que integre la igualdad de oportunidades en la política general, para que no haya que rectificar después determinadas cuestiones mediante toda clase de subterfugios. 
En consecuencia, la Comisión de Derechos de la Mujer insta a los Estados miembros a que adopten una serie de medidas, y en caso de que éstas ya existan, a que las intensifiquen mediante la elaboración de planes anuales y la determinación de objetivos en cifras para la igualdad de oportunidades. 
Es necesario el control de estos planes, así como su evaluación por parte de empleados especialmente designados a tal fin, preferiblemente mujeres, con la ayuda de indicadores mensurables. 
Además, pretendemos introducir sanciones contra los ministerios y órganos públicos que no cumplan lo acordado. 
Pedimos a la Comisión Europea que presente una propuesta de directiva por la que se obligue a los Estados miembros a promulgar normas legislativas de equiparación para el sector público, si es que todavía no han sido introducidas. 
En cualquier caso, dicha legislación ha de contemplar lo siguiente: la elaboración de programas de promoción de la mujer; la creación de organismos de seguimiento de la aplicación de la política de igualdad de oportunidades, lo cual es muy importante; una nueva valoración de las descripciones de las actividades; la sustitución del principio de antigüedad por el criterio del mérito en las promociones, así como la composición paritaria de los órganos de selección, promoción y contratación. 
Las propias instituciones europeas, con el Parlamento Europeo a la cabeza, deben servir de ejemplo. 
Las medidas mencionadas han de aplicarse en todas las instituciones europeas. 
Les prometo que seguiremos muy de cerca el sistema de preferencia para las mujeres adoptado en esta Asamblea, en este Parlamento, mientras sigan infrarrepresentadas en algún grado o sector. 
Por otra parte, urge el análisis de todos los aspectos del estudio comparativo europeo, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que en el concurso A8 austriaco, el 46 % de los candidatos fueran mujeres y que ninguna de ellas fuera incluida en la lista de reserva? 
Instamos a las autoridades nacionales y europeas a que apliquen estrictos objetivos en cifras. 
Nuestra intención es convertirlos en cuotas con porcentajes mínimos para ambos sexos, por tanto, también para los hombres, si dichos objetivos no se han alcanzado en el año 2000. 
Esto me lleva a la sentencia Kalanke de octubre de 1995. 
No nos agrada. 
Esta sentencia apoya a las personas que cuestionan la legitimidad de determinadas acciones positivas. 
Porque, y esto va dirigido sobre todo a los diputados hombres, la acción positiva no es una discriminación de un sexo determinado, sino una medida para suprimir la discriminación existente. 
Se trata expresamente de una acción que debe combatir la discriminación que existe en nuestra sociedad de las mujeres como grupo, en tanto estén infrarrepresentadas en determinados sectores y grados. 
Por tanto, espero que se trate de medidas provisionales. 
En consecuencia, la Comisión de Derechos de la Mujer estima que la Directiva de 1976 aplicada en el pronunciamiento negativo de la sentencia Kalanke ha de ser adaptada, con urgencia, para que permita expresamente la acción positiva. 
Por otra parte, en la revisión del Tratado en el marco de la Conferencia Intergubernamental, los Estados miembros tendrán que aprobar el nuevo fundamento jurídico para la igualdad de trato y de derechos, estableciendo así una base jurídica para la acción positiva. 
Señorías, la experiencia, sobre todo la de los nuevos Estados miembros, demuestra que la acción positiva y los planes de igualdad de oportunidades en la función pública actúan de catalizadores y producen una reacción en cadena en el sector privado y en el resto de la sociedad. 
Además, a nuestro juicio, el cuidado de los hijos, la flexibilización del trabajo y el permiso parental no se han de considerar acciones positivas en favor de las mujeres, ya que se benefician de las mismas tanto las mujeres como los hombres. 
Por último, el principio de la subsidiariedad se saca a relucir tanto si viene a cuento como si no, pero creo que, precisamente en lo referente a la acción positiva, es un principio importante. 
En mi opinión, los Estados miembros han de tener y conservar la libertad para poner en práctica la acción positiva a su propio modo, ya que es la expresión de la cultura nacional y de la identidad nacional. 
Me alegro del gran consenso sobre nuestro informe en este Parlamento. 
Tan sólo se ha presentado una enmienda que apoyaré sin reservas. 
Señor Presidente, que la Comisión Europea no vaya servilmente detrás de una única sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Kalanke, sino que se una a nuestras filas, que emprenda su propia acción y que, junto a nosotros, inste a los Estados miembros para que las mujeres puedan participar en las decisiones sobre la sociedad del siglo veintiuno. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a la Sra. Larive por el excelente informe que hoy ha presentado. 
Como ha dicho ella, creo que en esta Asamblea ha existido un gran consenso sobre su informe y que todos estamos de acuerdo con el mismo tal como se ha presentado y también con la enmienda. 
No obstante, quiero referirme a dos puntos. 
En primer lugar, quiero decir que de nuevo ha pasado lo que siempre pasa, que todo lo que proviene de la Comisión de Derechos de la Mujer se trata por encima casi a última hora o por la noche cuando en esta Asamblea no hay ya casi nadie. 
Creo que aquí se ve también cómo se tratan los temas relacionados con la mujer, cómo somos tratadas las mujeres, que representamos la mitad de la sociedad, también en nuestra Asamblea. 
Espero que en el futuro nuestros temas sean puestos en el orden del día con igualdad de derechos a una hora mejor. 
Sin embargo, quiero añadir algunas cosas: me parece muy importante que la Sra. Larive haya enumerado las exigencias que planteamos para ayudar realmente a las mujeres, ante todo en el servicio público. 
Yo misma vengo del servicio público y sé dónde las mujeres tienen las máximas posibilidades de llegar a posiciones, a saber, en los grupos de sueldos más bajos, es decir, en sectores donde la mujer es considerada como aportadora de un sueldo adicional al del marido. 
Tenemos que hacer todo lo posible para cambiar este estado de cosas. 
Precisamente por ello, me parece importante que para las posiciones superiores se introduzcan cuotas, cuotas positivas, para utilizarlas por así decirlo como muletas hasta que las mujeres sean tratadas por igual, hasta que tengan las mismas oportunidades y posiciones que los hombres. 
Pero, ante todo, habría que prestar mucha más atención a que las calificaciones que las mujeres adquieren en la casa cuando dejan de trabajar para dedicarse a la familia sean tenidas en cuenta a la hora de colocarlas en posiciones superiores. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar a Jessica Larive por su brillante informe. 
No sólo es un informe excelente, sino que también su lectura resulta agradable. 
Contiene argumentos muy sólidos, por lo que lo considero de lectura obligada para todos aquellos que todavía no estén convencidos de que es necesaria la acción positiva para las mujeres. 
Nuestro Grupo respalda íntegramente las propuestas del informe Larive. 
Son necesarios los planes de acción positiva basados en análisis adecuados, provistos de sistemas de control y de evaluación, con especial atención por parte de los sindicatos en todo lo relacionado con el cuidado de los hijos y la regulación de permisos, sobre todo en lo que concierne a los criterios aplicados en la contratación y la promoción. 
Sabemos que la antigüedad perjudica a las mujeres y que los exámenes escritos suelen dar resultados desfavorables para ellas, y estoy convencido de que eso tiene más que ver con los exámenes que con las mujeres. 
Pongo por ejemplo los exámenes de selección de la policía nacional, que exigen a las mujeres que corran los cien metros en diez segundos. En mi opinión, esto sólo sería alcanzable si Marylin Otty tuviera ambiciones de convertirse en agente de policía. 
Insistimos especialmente en unos objetivos estrictos en todos los departamentos y niveles, con inclusión de cuotas y sistemas de preferencia. 
Así pues, quisiera repetir una vez más que mi Grupo pide con insistencia a la Comisión que, con motivo de la terrible sentencia Kalanke, presente una propuesta en la que la acción positiva figure como un recurso válido para la promoción de la igualdad de oportunidades para la mujer. 
Señorías, sólo seremos convincentes si las propias instituciones europeas dan ejemplo. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar tanto al Parlamento como a la Comisión Europea por los planes de acción positiva ya existentes, que establecen unos objetivos en cifras a todos los niveles, incluso en los grados más altos. 
No obstante, es evidente que porcentualmente, con el 16 % y el 18 %, nos encontramos todavía muy distanciados de una igualdad de oportunidades. 
Por otra parte, me complace poder anunciar aquí que también el Grupo Socialista ha lanzado una ofensiva y, si bien tenemos en los grados A un 20 % de mujeres, seguimos insistiendo en la paridad. 
Nuestro objetivo ha de ser, a mi juicio, el 50 %. 
Me gustaría advertir a sus Señorías sobre una argumentación que está surgiendo últimamente cada vez con más frecuencia. 
Me parece que también Jessica se ha referido a ella, es decir, que la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres en la función pública debe ir acompañada de medidas específicas para los hombres en las funciones ejecutivas. 
Me agradaría mucho encontrar más telefonistas y recepcionistas hombres y más hombres que desempeñen funciones de secretaría, pero a pesar de ello, es en mi opinión una argumentación equivocada. 
Los planes de acción positiva han de eliminar la discriminación de la mujer en la sociedad y en el mundo laboral. 
A tal efecto, necesitamos cuotas y planes de acción positiva para la mujer y, por el momento, no para los hombres. 
Esta argumentación es el trasfondo de la enmienda nº 10 al párrafo 3 presentada por el Grupo Socialista. 
Por este motivo, espero que todos los diputados a este Parlamento apoyen dicha enmienda. 
Señor Presidente, en el servicio público el 44 % de los empleados son mujeres y en algunos países miembros incluso más de la mitad, pero cuando se trata de posiciones de mando y de ámbitos de mayor responsabilidad están infrarepresentadas aunque tengan excelentes titulaciones profesionales y universitarias. 
Cuando las empresas y las autoridades reducen costes suprimiendo puestos de trabajo, en la mayoría de los casos se sugiere a las mujeres que abandonen su trabajo. 
El argumento de que la familia es el único lugar para llenar su vida es engañoso. 
Para el Grupo del Partido Popular Europeo la importancia de la familia queda fuera de toda discusión, es el centro de gravedad de nuestro concepto político-social. 
Las mujeres siguen llevando sobre sus hombros la carga principal de la familia. 
Son sensibles psicólogas, superan las situaciones de estrés, son perfectas organizadoras y especialistas en finanzas, en resumen, valientes administradoras de la vida cotidiana y además están plenas de energía. 
Limitar estas competencias al área doméstica contradice la libertad de elección del individuo y la relación entre hombre y mujer, la libertad de elección para decidirse en favor de la profesión y de la familia o de la profesión o la familia. 
Los éxitos de las mujeres, por ejemplo, en el sector de las comunicaciones, en la medicina y en las profesiones creativas es considerable, pero son ignoradas por los machistas y por los últimos partidarios de una distribución de papeles ya obsoleta. 
Se intenta explicar el reducido número de mujeres en posiciones de gestión alegando que ellas mismas no quieren subir más, lo que se deduce de las pocas solicitantes para seminarios y cursos de dirección. 
No es así, lo que es cierto es que las mujeres infravaloran con frecuencia sus capacidades y tienen una actitud reservada. 
Lo que hay que hacer es fomentar medidas que modifiquen positivamente su consciencia. 
Hay que trabajar en dos frente para fortalecer su autoconfianza y sensibilizar a los hombres en lo tocante a la igualdad de oportunidades. 
Hay que felicitar a Jessica Larive, de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer. 
Su informe está muy bien fundamentado y su análisis es preciso. 
Llama la atención sobre la repercusiones de la sentencia Kalanke que con frecuencia es entendida como un rechazo al fomento de la igualdad de oportunidades. 
Quien lea con atención la sentencia comprobará que el Tribunal Europeo de Justicia solamente ha fallado sobre un caso particular en el que- desde su punto de vista- las normas han ido demasiado lejos. 
Pero acepta expresamente las medidas positivas destinadas a superar y reducir las desigualdades de hecho. 
Entre estas medidas positivas- es decir, acciones concretas contra las desigualdades -, se encuentra en el ámbito político la cuota o, como en mi partido, el contingente. 
Allí donde las mujeres no estén suficientemente representadas, uno de cada tres puestos debe ser para una mujer en las direcciones de los partidos y en los Parlamentos. 
Sé que hay muchas mujeres conscientes que no aceptan estas normas. 
Gracias a Dios, no quieren servir de coartada y desean ser aceptadas y votadas por sus méritos. 
Pero las cuotas suponen un estímulo precisamente para mujeres jóvenes y trabajadoras para comprometerse políticamente. 
En el servicio público debe compensarse esta insuficiencia mediante planes de ayuda. 
Deberán aplicarse, evaluarse regularmente y actualizarse para que los informes constaten progresos. 
Solamente con hechos se pueden modificar los prejuicios. 
Los datos concretos son la base para programas de formación profesional continua, ascensos y para licitaciones de puestos de trabajo en las que tiene que darse preferencia a las mujeres cuando trabajan en sectores subrepresentados. 
De este modo, el servicio público podría convertirse en un modelo para el desarrollo de la igualdad de oportunidades también en el sector privado. 
El no establecimiento o no cumplimiento de los planes equiparación debe ser sancionado en todas las autoridades a nivel europeo, nacional, regional o municipal. 
El servicio público necesita leyes de equiparación, personas encargadas de los asuntos de la mujer y gremios ocupados paritariamente que sean competentes para las colocaciones y los ascensos. 
Para garantizar estas leyes al nivel de los Estados miembros hay que desarrollar un marco jurídico. 
Señor Comisario, la Comisión debe presentar un proyecto para un instrumento jurídico. 
El último punto es la Conferencia Intergubernamental. 
El fomento de la igualdad de oportunidades tiene que ser un tema en los debates sobre Maastricht II. Una ampliación del ámbito de protección del artículo 119 podría asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
El Grupo del PPE apoya el convincente informe de la Sra. Larive. 
Señor Presidente, Señorías, también yo quisiera felicitar a la Sra. Larive por su excelente trabajo y me gustaría pronunciar algunas palabras de apoyo. 
En mi opinión, los apartados 17 y 18 revisten una importancia extraordinaria para eliminar la discriminación de la mujer. 
Una legislación comunitaria que regule la promoción de la mujer en la función pública no es un lujo, sino una absoluta necesidad. 
Sé por experiencia- durante algún tiempo he desempeñado un cargo directivo en una organización de mi país- que las mujeres no ocupan los cargos más altos porque tampoco son elegidas para cargos menos elevados, desde donde deberían promocionarse. 
De este modo, se inicia un proceso por el cual las mujeres no consiguen estar capacitadas para los cargos más elevados porque no han tenido la oportunidad de llegar a ellos. 
Esta discriminación sólo podrá eliminarse con la ayuda de funcionarios de personal bien preparados y con una planificación acertada de la carrera y asesoramiento en temas de personal, ya que con las cuotas por sí solas no lograremos ningún avance. 
También el apartado 18 es muy importante, al tratar de la carga de la prueba en el ámbito de la igualdad de retribución y la igualdad de trato de hombres y mujeres. 
Mi país, por ejemplo, todavía no ha firmado el Tratado de las Naciones Unidas en lo relativo a la igualdad de trato en materia de seguridad social. 
Me gustaría darles un ejemplo sangrante de un fondo de pensiones asociado con un estamento oficial, en mi país. Este fondo público de pensiones ha visto la posibilidad de conceder a una mujer, que ha cotizado ella misma para su pensión y que se ha visto involucrada en un procedimiento de divorcio, menos de la mitad de sus derechos de pensión y más de la mitad al esposo. 
Todo ello porque la esperanza de vida de las mujeres es más larga, con lo que la cantidad concedida se ha calculado sobre otra base. 
En mi opinión, esta clase de prácticas son infames. 
Por lo tanto, hemos de disponer de una normativa que luche contra esta clase de prácticas. 
Soy ponente de demografía en la Comisión de Asuntos Sociales, y las cifras del desarrollo demográfico en Europa demuestran que por cada mujer fértil en Europa sólo nacen 1, 4 hijos. 
No voy a dar un discurso en aras de aumentar el número de nacimientos, pero sí les indico que nos enfrentamos a un masivo envejecimiento de la población. Cada vez son más las mujeres que optan por no tener hijos, simplemente porque las circunstancias no les son propicias. 
Si no logramos modificar estas circunstancias de forma que la responsabilidad de los hijos sea compartida por hombres y mujeres y que las autoridades den ejemplo en este sentido, creo que el pronóstico para Europa no es bueno. 
Por tanto, quisiera pronunciar una vez más mi sincero apoyo al informe Larive. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Larive por el trabajo realizado en este informe. 
La función pública y, en particular, los servicios públicos de los Estados miembros deben servir de ejemplo en la aplicación de las directivas comunitarias en materia de igualdad. 
Tomando en cuenta la existencia de recomendaciones, de programas de acción comunitario para la igualdad, de la promoción de acciones positivas para la mujer, del Convenio sobre eliminación de formas discriminatorias y de resoluciones tanto del Parlamento como de las Naciones Unidas, es paradójico que la situación real de la mujer frente al empleo y, en este caso concreto, de forma todavía más intolerable, sobre el empleo público, siga siendo desigual. 
Consideramos esta resolución de gran importancia porque se aprecia que, a pesar de los esfuerzos realizados por establecer un patrón laboral igualitario, el porcentaje de mujeres funcionarias sigue siendo mucho más elevado en la categoría C que en el resto, sobre todo si establecemos la comparación con la categoría A. Asimismo, los servicios técnicos no cuentan con una suficiente representación femenina. 
A la necesidad de elaborar y mejorar la legislación vigente debe unirse la voluntad de aplicarla. 
En muchos casos, las recomendaciones o medidas a aplicar no tienen fuerza vinculante y se dejan amplios márgenes para su aplicación, de modo que los avances son mínimos o simplemente nominales. 
El concepto de mainstreaming o la necesidad de tener en mente la igualdad en todos los terrenos, sufre el peligro de quedarse en meras palabras si no se empieza a poner en práctica de forma coherente a todos los niveles. 
En contra de lo que aquélla significa, están los recortes presupuestarios, que afectan, sobre todo, a las mujeres en la función pública. 
Si frente a la discriminación directa de la mujer se están interponiendo medidas más o menos eficaces, es en la discriminación indirecta donde hay más resistencia a los cambios y se precisa de una aplicación rigurosa de las acciones positivas. 
Estas acciones positivas están siendo cuestionadas bajo el mismo argumento de la discriminación y, con ello, se está poniendo en riesgo la posibilidad de logros reales. 
Algunas medidas consideradas positivas, como las licencias parentales y los horarios de trabajo flexibles, benefician tanto a los hombres como a las mujeres, por lo que deberían dejar de aparecer en el capítulo de acciones en favor de la mujer y dejar sitio a otras que ejerzan un beneficio directo y no transferible. 
Uno de los puntos problemáticos de la situación de la mujer en la función pública es el de la segregación. 
Su presencia en determinados departamentos es prácticamente nula, mientras que en otros es muy elevada. 
Allí donde es casi inexistente resulta muy difícil la aplicación de planes de igualdad, incluso cuando ello es obligatorio en un Estado miembro. 
Por otro lado, encontramos que los otros sectores con sobrerrepresentación femenina están a menudo infravalorados. 
Un primer paso hacia el equilibrio de esta situación sería el tomar medidas de revalorización de estos sectores para situarlos al nivel del resto. 
Estas irregularidades no podrán paliarse sin estudios específicos que investiguen las causas que obstaculizan la aplicación de la igualdad de los diferentes Estados. 
Es imperativo que el nuevo Tratado introduzca un fundamento jurídico que legitime las acciones positivas dirigidas a conseguir la igualdad, así como una definición clara y formal de lo que significa acción positiva. 
Los Estados deberían promulgar normas legislativas de equiparación para el sector público, contemplando programas de promoción, el nombramiento de delegados para la igualdad de oportunidades o el fomento de la composición paritaria de órganos de selección, promoción y contratación, entre otros factores, manteniendo el principio de subsidiariedad y dentro del marco general previsto en la legislación comunitaria. 
Para terminar, señor Presidente, y partiendo de mi condición masculina, quiero subrayar una premisa sin la cual ninguna medida prevista o existente puede canalizar la igualdad: desde el punto de vista legal no podemos mejorar la vida de las mujeres en el trabajo y en la sociedad si previamente no posibilitamos la conciliación familiar y profesional y la redistribución de responsabilidades solidarias. 
Señor Presidente, no voy a repetir todo lo que se ha dicho ya, aunque me gustaría indicar que el informe de la Sra. Larive es un informe excelente que incluye exactamente las acciones necesarias para mejorar la posición de la mujer en la función pública. 
Quisiera ceñirme a Europa, ya que aquí tenemos un ejemplo fantástico. 
Y digo fantástico en el sentido de lamentable. 
Espero que el Comisario esté escuchando con atención, porque le voy a hacer algunas preguntas con trasfondo. 
De hecho, nos encontramos ante un trato preferencial continuo en favor de los hombres. 
Numerosas personas no son conscientes de ello y menos aún los hombres, pero sólo podremos eliminar este trato preferencial en favor de los hombres si creamos y aplicamos tratos preferenciales para la mujer. 
Por tanto, si queremos que las mujeres reciban un trato igual, también en la función pública, los hombres tendrán que dejar libre este espacio, por muy molesto que les resulte, pues es la única vía posible. 
Respecto a las contradicciones dentro de la Comisión Europea, tropiezo con el siguiente problema. 
Se ha dictado la sentencia Kalanke que, en opinión de todos, ha sido una sentencia terrible. 
Con sinceridad, considero mucho más terrible que la Comisión Europea haya reaccionado con gran rapidez modificando una directiva en un sentido totalmente inadecuado a lo que el Tribunal afirma: el texto de la directiva no nos ofrece otra alternativa que pronunciar esta sentencia. 
Luego la Comisión podría corregir el texto de la directiva en otro sentido. 
Sin embargo, por un lado la Comisión presenta una propuesta para empeorar dicha directiva, y por otro, el Comisario Liikanen, esto es la Comisión, intenta aplicar una política de acción positiva en las instituciones europeas. 
Me gustaría que el Comisario Kinnock- me alegro de que esté presente y quizá pueda darme una contestaciónme diera una respuesta clara sobre lo siguiente: ¿Es posible que, por un lado, se intente mejorar la propia política mientras que por otro, se intenta limitar dicha política para el resto de Europa, no en favor de las mujeres, sino para empeorar su posición? 
Porque esto es lo que significa en realidad. 
Esta contradicción interna debe desaparecer. 
Espero que con este informe no sólo ayudemos a las mujeres en la función pública sino a todas las demás, y repito, no va a ser posible si los hombres no dejan espacio libre. 
Señor Presidente, esta resolución es prácticamente perfecta. 
Es una guía completa y precisa, con puntos claros y bien motivados, destinada a los Estados miembros, a las instituciones comunitarias, a la Comisión. 
Cuando se apruebe, representará la voluntad de las mujeres y los hombres a los que representamos y, por consiguiente, el Comisario no podrá no tenerla en cuenta. 
No es posible comentar esta importante resolución en dos minutos, pero es posible subrayar sus puntos importantes. 
Ante todo, la atención a un problema que está aumentando, provocado por el riesgo de que los recortes en el gasto que todos los países están haciendo, para poder entrar en la unión monetaria, supongan la pérdida de empleo para las mujeres, que son la mayoría de los asignados a este sector. 
En segundo lugar, la petición dirigida a los gobiernos comprometidos en la Conferencia Intergubernamental para que en el nuevo Tratado se incluya un artículo especial que establezca la igualdad entre hombres y mujeres y para que se declare explícitamente la legitimidad de recurrir a acciones positivas eficaces, y no sólo de promoción, para que puedan equilibrarse las presencias a todos los niveles. 
En tercer lugar, la reafirmación, contra interpretaciones erróneas u oportunistas de la sentencia Kalanke, del principio de subsidiariedad en la aplicación de las acciones positivas. 
Finalmente, pero habría mucho más que decir, una invitación a las instituciones comunitarias, así como a los Estados miembros, para que creen organismos adecuados para la evaluación continua del cambio de la situación, esperando, naturalmente, su mejora. 
Comisario Kinnock, nos congratulamos de su presencia y contamos con su sensibilidad por lo que se refiere al desarrollo de las tareas de la Comisión. 
Señor Presidente, deseo comenzar respondiendo a la observación hecha por la Sra. Marinucci y declarar un interés personal. 
Respondo no sólo como Comisario, sino también como padre de una hija y, desde hace tres semanas, abuelo de una nieta y, en consecuencia, debo decir que pongo en estas cuestiones una pasión que puede ser impropia para el cargo que ocupo de Comisario europeo. 
Sin embargo, voy a representar fielmente la opinión de la Comisión. 
Estoy muy agradecido a la Comisión de Derechos de la Mujer y, en particular a la ponente, Sra. Jessiva Larive, la importante labor que han llevado a cabo en la preparación de este informe. 
Naturalmente, me complace la convergencia de opiniones entre el Parlamento y la Comisión sobre la promoción de la acción positiva en pro de la mujer y sobre el efecto catalítico que el sector público puede tener en la concienciación al respecto y servir de modelo para el desarrollo de las acciones positivas en el sector privado. 
Eso es claramente importante, en particular porque las mujeres han confiado con frecuencia en la Comunidad Europea para que estimulara los avances en materia de igualdad de oportunidades. 
Como ha de saber la Asamblea, y varios oradores han dicho ya, el fallo Kalanke del Tribunal de Justicia emitido en octubre de 1995 provocó polémicas, por no decir algo peor, en toda Europa sobre la legitimidad de las cuotas y otras formas de acción positiva encaminadas a aumentar el número de mujeres en determinados sectores o niveles de empleo. 
Como recordará la Asamblea, la Comisión se apresuró a responder con su comunicación sobre la interpretación del fallo y con una propuesta de modificación de la directiva sobre la igualdad de trato. 
(Interrupción) Si la señora diputada tiene un poquito de paciencia, le explicaré por qué hubo que adoptar aquella posición. 
Se debe a que la Comisión, por encima de todo, tiene la función de ser garante del Tratado. 
Así, pues, sería totalmente inapropiado que la Comisión, fuera cual fuese su motivación y el grado de pasión que pusiese en estas cuestiones, actuara de forma contradictoria con las leyes establecidas por el Tratado. 
Y, como la Comisión debe respetar con paciencia la ley, el texto que preparamos reflejaba claramente nuestra opinión de que la legislación comunitaria permite las medidas de acción positiva- exceptuadas las cuotas rígidas -, por lo que los Estados miembros y los empleadores tienen libertad para utilizar dichas medidas. 
La Comisión acoge con beneplácito las numerosas propuestas de mejora que se han presentado en el informe de esta Asamblea. Son particularmente útiles, porque cada vez resulta más evidente que las leyes antidiscriminatorias, aprobadas hace unos veinte años, no son suficientes para lograr la igualdad para las mujeres en el empleo. 
El informe que la Asamblea tiene ante sí subraya cuestiones que la Comisión ya ha abordado en el marco del Cuarto Programa de Acción sobre la igualdad de oportunidades. 
Naturalmente, quisiera hacer hincapié en que la Comisión ya ha iniciado la incorporación de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y acciones comunitarias pertinentes. 
La primera manifestación visible de esa nueva orientación ha sido la comunicación de este año, que, como ha de saber la Asamblea, está examinando en este momento su comisión apropiada. 
Por lo que se refiere a la política de la Comisión respecto de su propio personal, la Asamblea ha de saber que desde 1988 la Comisión ha adoptado dos programas de acción positiva. 
La Comisión actual con su grupo de Comisarios sobre la igualdad de oportunidades y los derechos de la mujer considera la igualdad de oportunidades una prioridad dentro y fuera de la Comisión. 
Las ambiciosas metas para 1995 y 1996 en materia de contratación y nombramiento femeninos superan las establecidas en el actual programa de acción positiva y también tienen en cuenta las prioridades relativas a la ampliación. 
Las medidas adoptadas concuerdan claramente con la petición hecha por el autor del informe y el debate. 
Gracias a ellas, ha habido mejoras considerables, en particular en los niveles superiores de dirección de la Comisión. 
Cuando la nueva Comisión entró en funciones en enero de 1995, sólo había cinco directores. 
Ahora hay quince mujeres A2, un aumento del 200 % en menos de dos años. 
Sin embargo, el esfuerzo principal se hizo en los niveles inferiores de la categoría A como parte de la estrategia a medio y largo plazo para corregir el marcadísimo desequilibrio entre hombres y mujeres de grado A. De hecho, en estos dos últimos años, la Comisión ha contratado a un 51 % de mujeres procedentes de los Estados miembros y a un 30 %, aproximadamente, procedentes de los Doce. 
La administración está supervisando detenidamente esa operación para velar por que continúen los avances constantemente. 
Además de establecer metas, la Comisión ha examinado también los procedimientos de selección. 
Para eliminar cualquier posible discriminación contra las mujeres, ha organizado concursos de administración general en los niveles inferiores. 
Ha mejorado sus estrategias informativas para los concursos exteriores a fin de hacer descripciones de las carreras más adaptadas a las mujeres y ha velado en la medida de lo posible por que figuraran mujeres en los comités de selección. 
Gracias a ese conjunto de medidas, las mujeres representan ahora el 32 % del nivel A8. 
Por último, si bien no es lo menos importante, la Comisión aplica excepciones a los límites de edad en los concursos de ingreso por escrito de hasta cinco años para las aspirantes que hayan pasado un tiempo criando a sus hijos. 
En el marco de la cooperación interinstitucional, en el futuro puede ser posible plantearse otras excepciones ad hoc de ese tipo. 
Sabemos que se están produciendo cambios ingentes en la sociedad y que las mujeres quieren, y con razón, participar mucho más activamente en el mercado laboral y en todos los niveles. 
La consecución de ese objetivo está aún, lamentablemente, lejana y resulta muy claro que existe una gran y constante necesidad de sensibilizar y cambiar las actitudes sobre lo posible y lo conveniente: en realidad, sobre lo correcto desde el punto de vista de las libertades públicas. 
Agradezco al Parlamento una vez más que haya dado un apoyo sostenido a la causa de la acción positiva. 
Estoy seguro de que seguiremos cooperando con las mismas prioridades y el mismo compromiso. 
Hay que dar un gran impulso a la cuestión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por muchas razones, de las cuales no es la menos importante la necesidad de lograr y aplicar políticas más activas en pro de la integración de las mujeres en el mercado laboral en todos los niveles por derecho propio y sobre la base de una evaluación completamente justa de sus méritos y no de otras consideraciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, agradezco extraordinariamente las ayudas que recibo desde el hemiciclo, y en especial las de mi amigo Bertens. 
Pero puede comprender que si la vista se me va hacia algún lado es hacia la izquierda. 
Por lo tanto, para una aclaración, tiene la palabra la Sra. van Dijk. 
Señor Presidente, me gustaría hacer una pregunta más en relación con la respuesta del Comisario: ¿Considera el Comisario que el informe, en su redacción actual, que recibirá probablemente una aprobación unánime, se ajusta a la propuesta de directiva formulada como consecuencia de la sentencia Kalanke, y que coincide con el fallo del Tribunal sobre el que hemos debatido hoy? 
Me alegro de que la Sra. Van Dijk haya planteado esta cuestión y, de hecho, que lo haya hecho de esta forma. 
He leído el informe con gran interés. 
En particular, he leído las páginas 22 y 23, que exponen los argumentos en pro de una orientación legislativa firme. 
Como Su Señoría ha preguntado por mi opinión, puedo decir en realidad que estoy de acuerdo en gran medida con la argumentación expuesta. 
El problema es- y repito lo que he dicho antes- que no importa lo que los Comisarios opinen individualmente o, como en este caso, colectivamente sobre los aciertos y desaciertos a ese respecto. 
Ante todo, estamos absolutamente obligados a cumplir y observar la ley. 
En consecuencia, aprovecho simplemente esta nueva oportunidad para decir con claridad que un cambio como el pedido en el informe, independientemente de la idoneidad de los argumentos expuestos, sólo se puede hacer mediante la modificación de la legislación primaria y no mediante la introducción de un nuevo reglamento. 
Como individuo, puedo lamentar esa realidad. 
No obstante, por ser realista, reconozco que es una realidad. 
Señor Presidente, ante la respuesta dada a la Sra. Van Dijk, quisiera preguntar al Comisario si la Comisión considera que es su misión, cada vez que el Tribunal de Justicia dicta una sentencia basándose en una determinada norma de la legislación europea, adaptar inmediatamente dicha legislación al fallo del Tribunal. 
Señor Comisario, ¿no sería más indicado que la Comisión adaptase su legislación en el sentido contrario para evitar que puedan dictarse en el futuro tales sentencias? 
Su Señoría, que ha dedicado gran cantidad de trabajo no sólo a este informe, sino también a la causa en general, comprenderá perfectamente que, a raíz del fallo del tribunal, la situación de las mujeres con arreglo a la legislación europea estaba extraordinariamente desprotegida. 
En aquellas circunstancias, era necesario, desde luego, presentar propuestas que, aunque no coincidieran con lo que Su Señoría desearía o, de hecho, con lo que yo desearía, hicieron todo lo que se podía hacer en las circunstancias jurídicas de aquel momento. 
Sobre esa base tenía la Comisión que reaccionar ante el fallo del Tribunal de Justicia, aparte de todo lo demás, para velar por que no hubiera un mayor deterioro en la situación general por lo que a la acción positiva se refiere. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Todavía podremos escuchar opiniones porque les recuerdo que, después de la votación, tendremos las explicaciones de voto. 
Por lo tanto el debate queda cerrado, pero las reflexiones todavía quedan abiertas. 
Procedemos a la votación del informe de la Sra. Larive. 
(El Parlamento aprueba la resolucion) 
Señorías, les pido, por favor, todavía unos momentos de atención para escuchar las explicaciones de voto y permítanme que en primer lugar- estoy seguro de que interpreto el sentimiento de la Asamblea- felicite a la Sra. Larive por su excelente informe y por esta unanimidad que ha conseguido. 
Además, señora Larive, aunque sé que usted en este momento no me escucha, yo quiero decirle que me siento muy afortunado de haber tenido la ocasión de presidir esta sesión y haber sido testigo directo de la importancia y la alta calidad de todos los debates. 
Señor Presidente, quiero expresar mis felicitaciones a la Sra. Larive por su excelente informe que reconoce claramente el principio de subsidiariedad, uno de los principios más importantes de nuestra política social. 
Me alegra este muy objetivo informe sobre la equiparación de la mujer. También me alegra que en este Pleno hayan estado presentes muchos hombres, al contrario que en otros muchos debates sobre la mujer. 
Por lo demás, lamento que muchos hombres no se interesen con frecuencia por este importante tema. 
No obstante, quiero decir que en algunos puntos se ha cuestionado algo el principio de subsidiariedad, pero en su globalidad el informe merece la aprobación y quisiera felicitar expresamente a la Sra. Larive por haber mencionado en este contexto también el papel de la madre. 
Se ha hablado del servicio público y el servicio público más importante que hombres y mujeres pueden prestar es en la familia. 
Saludo, por ello, que también se hayan mencionado a las madres y sugiero que se elabore un informe sobre la madres en la Unión Europea. 
Señor Presidente, he indicado antes claramente a la Sra. Larive lo mucho que apoyamos su informe, sus intenciones y el excelente debate que hemos mantenido en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Quiero aprovechar la ocasión porque hemos hablado sobre el tema de la superación de lo que nos separa para felicitar encarecidamente a un colega en esta Asamblea. 
Su madre recibirá mañana una medalla de honor por sus 50 años de pertenencia a un partido, mi partido, la CDU. 
En ello podemos ver que las cosas separadas no tienen que estarlo eternamente. 
Muchas gracias, estimado colega Mann. 
Es muy amable por su parte que haya pensado en mi querida madre, quien ciertamente mañana va a ser honrada por sus 50 años de pertenencia a la CDU, lo que- permítame que lo diga- es la prueba de que las grandes mujeres no están tampoco libres de error. 
Muchas gracias, señor Schulz. 
De todas formas, transmita nuestra felicitación a su madre por dos motivos: por el premio y, además, por ser la madre de un diputado tan ilustre. 
Señor Presidente, naturalmente he votado, de todo corazón, a favor del informe de la Sra. Larive. 
Sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar que, en la sentencia Kalanke, el Tribunal europeo no afirma, de ninguna manera, que la normativa de Bremen en cuestión sea contraria al artículo 119 o contraria al Tratado, sino que es contraria al texto de una parte de la segunda Directiva. 
Este texto, en efecto, está formulado de un modo sumamente vago en referencia a la igualdad de oportunidades, y no hay nada, absolutamente nada, que impida a la Comisión Europea- y numerosos letrados están de acuerdo conmigomodificar el texto de dicha Directiva. 
Quisiera que la Comisión Europea abandonara esa argumentación, porque no es correcta; lo siento mucho. 
He votado en favor del informe, pero echo en falta algunos ámbitos esenciales para la mejora de la igualdad. 
La cuestión primordial hoy por hoy en Europa es el paro. 
Este afecta además a la cuestión de la equidad, dado que normalmente es mayor el desempleo de mujeres que el de hombres. 
El mercado de trabajo de la mujer debe ampliarse y hacerse más flexible. 
Es urgente que se establezcan directrices para los permisos parentales, y unas normas justas para el trabajo a tiempo parcial a nivel europeo. 
Deberían existir las mismas posibilidades para hombres y mujeres de combinar su trabajo con la tarea de progenitor. 
Debe exigirse un sueldo mínimo por día para los permisos parentales, y éste debe incluir tanto al padre como a la madre. 
Para la cuestión de la equidad es de una importancia decisiva la existencia de unos buenos servicios para el cuidado de niños y mayores. 
La UE debería trabajar por aumentar las posibilidades prácticas de que se realicen estos cuidados en los países miembros. 
Los programas de formación de la UE y los Fondos estructurales deberían ir dirigidos en mayor grado a las mujeres que desean poner en funcionamiento su propia empresa. 
En el Tratado constitutivo de la UE figura el principio de un mismo salario por el mismo trabajo, pero esto se aplica mal, y debe hacerse correctamente en todos los países miembros. 
Las cuestiones relativas a la igualdad son en gran medida asunto de cada país, pero la UE puede contribuir con unos trabajos de información y de formación de la opinión pública. 
Dentro de su propia Administración, puede y debe aplicar estos principios igualitarios. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la función pública. 
En él se solicita a la Comisión que, entre otras cosas, adapte los actos jurídicos de la UE a la sentencia Kalanke, en la que el Tribunal se ha pronunciado sobre la acción positiva. 
Con el tiempo, las mujeres han llegado a ocupar gran parte de los puestos de trabajo en la función pública, y es satisfactorio observar que los resultados de la acción activa son visibles y que la Comisión se está encargando de reforzarla. 
No obstante, nos gustaría que la industria y el comercio compartiesen en mayor grado la responsabilidad en el momento de contratar a mujeres. 
Hay que presionar más para que elijan a las mujeres para ocupar puestos directivos. 
Si no es así, corremos el riesgo de que en diez años todas las mujeres trabajen en el sector público, mientras que todos los hombres estarán empleados en el sector privado. 
Las buenas condiciones de trabajo y las posibilidades de ascenso, aun cuando hay una familia y niños de por medio, y de trabajar sin tener que sacrificar la vida privada por el trabajo, no deberían existir únicamente en el sector público; estos objetivos deberían ser un requisito en cualquier puesto de trabajo. 
También ha de ser agradable ser mujer en el mercado de trabajo. 
Señorías, gracias a su colaboración hemos agotado el orden del día. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.30 horas) 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 15 de noviembre de 1996. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ¿tendría usted a bien considerar la posibilidad de reservar dos de los ascensores de abajo para los diputados al Parlamento? 
La razón por la que esta Asamblea está tan vacía en este momento es la de que hay más de 200 diputados intentando montar en los ascensores. 
Como los visitantes no pueden subir, están usando los ascensores para bajar a- 2 y después volver a subir. 
Si tuviéramos dos ascensores para los diputados, ahora habría muchos más diputados en la Asamblea. 
Su Señoría tiene razón pero esto no pertenece a la aprobación del acta. 
Señor Presidente, mi observación no está relacionada con la que acaba de hacer el Sr. Corrie. 
Hoy el presidente de la Comisión de Peticiones ha recibido una petición de unos cuatro millones de ciudadanos europeos- una de las peticiones más numerosas que hemos recibido- en la que se apoya el llamamiento del Parlamento en pro de una prohibición de los ensayos con animales para fines de cosmética. 
Su deseo de presentar dicha petición fue notificado al Parlamento con varias semanas de antelación. 
Se organizó el acto junto con los servicios del Parlamento y, aun así, hoy, a su llegada, han tenido que sufrir largos retrasos para entrar y sus técnicos han tropezado con una actitud poco menos que hostil por parte de algunos miembros del personal del Parlamento. 
Este Parlamento debe ser transparente y accesible a los ciudadanos de Europa, por lo que se debe fomentar este tipo de actos. 
¿Tendría usted a bien ordenar una investigación sobre lo sucedido hoy para averiguar por qué ha resultado tan difícil entrar en este edificio a quienes protestan por los ensayos con animales? 
Señoría, me informaré al respecto. 
Señor Presidente, gracias por acceder a examinarlo. 
También quería decir que hace unos minutos el Parlamento ha recibido la petición firmada por el mayor número de personas jamás presentada. 
Más de cuatro millones de ciudadanos y otras personas de los quince Estados miembros de la Unión Europea han firmado dicha petición, en la que se apoya el llamamiento hecho por el Parlamento Europeo en pro de una prohibición de los ensayos con animales para la investigación cosmética. 
Sé que deseará usted tomar nota de ello y la Comisión de Peticiones va a examinar muy en serio esa petición. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Presidente, al entrar en este edificio me ha sido entregado un documento titulado «Enquête parking D3». En dicho documento se indica una dirección en Bruselas y se ruega colaborar en una encuesta. 
Quisiera preguntarle, señor Presidente, si dicha encuesta se realiza con la autorización de la Mesa del Parlamento. 
Y si se espera que con ello hagamos una contribución útil o no. 
Esto era lo que quería preguntar. 
Señoría, no puedo responder así de repente. 
Por favor, entrégemelo para que podamos verlo. 
Primero tengo que ver de qué se trata. 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos urgentes y de especial importancia. 
Les propongo que de modo excepcional dividamos este turno de preguntas en dos bloques de 30 minutos cada uno. El primero se refiere a la situación en la región de los Grandes Lagos africanos y el segundo a las perturbaciones de la libre circulación de bienes y personas en el sector de los transportes por carretera en la Unión Europea. 
Señor Presidente, a lo largo de las dos últimas semanas el mundo ha presenciado acontecimientos dramáticos en la región de los Grandes Lagos que han creado nuevos y tremendos imperativos políticos y humanitarios: el regreso en masa de refugiados del Zaire oriental a Rwanda en el lapso de unos días, pero también la dispersión de centenares de miles de refugiados y desplazados en el Zaire oriental, que han creado nuevas y peligrosas posibilidades de desestabilización. 
La derrota del ejército zaireño fue un golpe severo para Kinshasa. 
El gobierno y el parlamento de transición están profundamente divididos sobre la cuestión de cómo abordar la crisis en el Zaire oriental, mientras los rebeldes y sus aliados ganan terreno muy rápidamente. 
Los combates en Kivu tienen repercusiones graves en Burundi, donde los combates y las violaciones de los derechos humanos se han intensificado en varias regiones del país, y en Tanzania, que ahora alberga la mayor población de refugiados en la región de los Grandes Lagos. 
También existe la urgente necesidad de una reevaluación fundamental de la situación política. 
He propuesto al Consejo de Desarrollo y de Asuntos Generales un plan de acción para la asistencia de la Unión Europea a la región de los Grandes Lagos que constituirá- esperamos- un marco amplio para todas las cuestiones humanitarias, políticas y de desarrollo. 
Entre ellas figuran las siguientes: medidas de emergencia y de socorro, la reintegración de los refugiados y los desplazados, rehabilitación social y económica, reconstrucción de sistemas independientes y equitativos de justicia, reconstrucción o fortalecimiento de las estructuras administrativas y de las instituciones constitucionales y medidas regionales de consolidación de la paz. 
Un grupo operativo de la DG VIII está elaborando los detalles de dicho plan, después de una misión de evaluación a la región en coordinación con ECHO y el enviado especial, y teniendo en cuenta las medidas regionales e internacionales de consolidación de la paz, además de las actividades de otros donantes. 
Naturalmente, se adaptará dicho plan a las nuevas circunstancias de la región, pero las premisas básicas seguirán siendo pertinentes. 
Hemos de reconocer que afrontamos un complejo conjunto de problemas con aspectos militares, políticos y socioeconómicos. 
Dichos aspectos están presentes de una forma o de otra en todos los países interesados, pero no con la misma intensidad, por lo que vamos a tener que centrarnos en las prioridades en cada país. 
En Rwanda la prioridad es la de lograr la reintegración de los repatriados en la sociedad rwandesa. 
Aparte de la urgencia humanitaria inmediata, reviste también importancia decisiva para el futuro político del país y para la paz social entre las comunidades étnicas. 
Los derechos humanos y el rápido establecimiento de un sistema de justicia equitativo que funcione serán esenciales a ese respecto. 
En Zaire, además de la prestación de la ayuda humanitaria a las poblaciones en apuros, existe la urgente necesidad de reducir la tensión en Kivu y sus alrededores a fin de evitar una prolongada guerra civil. 
Aún no está claro cuál podría ser el papel de una fuerza multinacional a ese respecto, ya que la situación militar se ha complicado mucho. 
No obstante, es esencial que todas las fuerzas políticas entablen rápidamente negociaciones de paz. 
En Burundi hay que encontrar medios para evitar una mayor intensificación de los combates y revitalizar el diálogo político. 
La posición común de los países de la región en la próxima reunión del proceso de Arusha, fijada para comienzos de diciembre en Congo, será decisiva para obligar a las fuerzas políticas burundesas a entablar las tan esperadas negociaciones. 
El proceso de Arusha ha sido el foro más importante para abordar los conflictos en la región y se podría convertirlo en mecanismos permanentes para la celebración de conferencias relativas al Africa central y oriental. Así se podría despejar el camino para la conferencia de paz, seguridad y desarrollo en la región de los Grandes Lagos. 
Se debe convocar dicha conferencia tan pronto como se superen los obstáculos principales, es decir, cuando todos los países acuerden un proceso múltiple para abordar los conflictos y subscriban varios principios que son esenciales para lograr una paz duradera en las regiones de los Grandes Lagos. 
Hay siete principios: respeto de las fronteras y de la integridad territorial de todos los países interesados; respeto del derecho humanitario internacional relativo a los refugiados y a los desplazados; protección efectiva de las minorías y de sus derechos civiles; respeto de los derechos humanos y del imperio de la ley y restablecimiento de sistemas de justicia equitativos y que funcionen; condena y persecución jurídica efectiva de la discriminación étnica, la propaganda etnicista y toda clase de actividades inspiradas por el odio étnico; respeto de los principios democráticos y del orden constitucional; creación de un marco regional para la cooperación económica en la coordinación global de la rehabilitación. 
En mi opinión, la conferencia no sólo debe producir un acuerdo multilateral de paz, sino que, además, debe ser un foro para examinar la necesaria asistencia internacional con vistas a la consolidación de dicho acuerdo y la aplicación de sus decisiones. 
Así, la conferencia pasaría a ser la piedra angular de una estrategia de paz que combinara las medidas y compromisos regionales de la comunidad internacional. 
Podrían preguntar Sus Señorías por qué no me he referido a la situación de los refugiados. 
Voy a decirlo con toda claridad: la asistencia humanitaria en el Zaire oriental no será posible, a no ser que se dé seguridad militar a las ONG y a los organismos humanitarios que trabajan sobre el terreno. 
Por desgracia, eso no se ha resuelto aún en el nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como tampoco en el nivel del Consejo en la Unión Europea. 
Mi pregunta al Comisario es la siguiente. 
Si en los próximos días no se toma una decisión con respecto al envío de una fuerza de intervención, será demasiado tarde. 
Me acabo de enterar que en Consejo no hay consenso al respecto. 
Mi pregunta es: ¿No podemos hacer nada para que, por lo menos a nivel de Consejo, se tome una iniciativa de acuerdo con la OUA, que ha dejado claro que no quiere emprender nada en relación con una fuerza de intervención? 
Le segunda pregunta concreta es: ¿Cuándo se ocupará la Comisión Europea de lo que ya había prometido hace cinco años, a saber, la creación de un registro de armas europeo? 
El problema del suministro de armas a ambos bandos, tanto a los hutu como a los tutsi, hace que este conflicto se resuelva sólo con las armas y no por la vía política. 
Una última pregunta: ¿Qué decisiones se han tomado en la Comisión o el Consejo en relación con el envío de un número suficiente de observadores a Ruanda para ocuparse de que la reintegración no conlleve una matanza silenciosa de los refugiados que regresan a su país? 
Resulta difícil evaluar el número total de refugiados en el Zaire oriental actualmente. 
Hace unas semanas que los informes del Programa Mundial de Alimentos indicaban que asciende a unos 700.000. 
Según informes posteriores, era muy inferior: unos 250.000. 
Sea cual fuere el número verdadero, es una cantidad asombrosa. 
No podemos pedir a nuestras ONG que vayan a lugares en los que, según el Ejército, no son seguros. 
Si no son seguros para el Ejército, no pueden serlo para las ONG. 
De una cosa no cabe duda: la situación en el Zaire dista de ser segura, por lo que será muy difícil pedir a las ONG que vayan. 
Se debe ejercer presión en el nivel del Consejo de Seguridad para que ese despliegue se lleve a cabo lo antes posible en algunas partes del Zaire oriental. 
La Comisión está intentando abordar el plan de forma que no dé la idea de que se ha resuelto la situación: al contrario. 
Ésa es la razón por la que a principios de diciembre presentaremos ese plan amplio relativo a las cuestiones humanitarias, políticas y de rehabilitación. 
Espero que entonces todo el mundo cumpla con sus obligaciones. 
Respecto de los derechos humanos, es absolutamente esencial que los observadores vayan lo antes posible y aumente su número allí. 
Estamos en contacto con la OACNUR y los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos para ayudarlos a desplegar un número mucho mayor de observadores de los derechos humanos en Rwanda y en Burundi. 
En Rwanda esperamos tener en breve 300, aproximadamente, y en Burundi unos 170. 
Además, los Estados miembros están dispuestos a enviar a algunos observadores. 
Lo único que el Consejo y la Comisión pidieron fue que las personas que vayan estén adecuadamente preparadas para que puedan ayudar y no hacer aún más difícil la situación. 
Respecto de la entrega de armas, ha habido algunas iniciativas por parte de las Naciones Unidas. 
Por lo que he podido averiguar, ciertas investigaciones privadas, hechas, entre otros, por la CNN, han demostrado categóricamente que ha habido entregas ilegales de armas al antiguo Ejército rwandés y a otros durante todo el embargo. 
No puedo decir más en este momento, pero, cuando disponga de más datos, informaré a Sus Señorías. 
Agradezco al Comisario su declaración. 
Quisiera abundar en esa cuestión del suministro de armas a los hutus. 
Éstos resultaron derrotados por los tutsis y desarmados hace un año y ahora parecen estar armados otra vez. 
Como usted, Comisario, sabe, se ha informado de que esas armas proceden de Estados miembros de la Unión Europea y parece inmoral que se permita la continuación de esa situación. 
¿Qué va a hacer usted al respecto? 
Respecto de la fuerza multinacional, parece que el Canadá está totalmente dispuesto a encabezar dicha fuerza, pero alguien la está bloqueando. 
¿Puede usted decir quién está bloqueando la fuerza multinacional que estaría dispuesta a trasladarse a esa región urgentemente, como ha indicado usted? 
Además, ¿qué está haciendo la Comisión para ocuparse de los repatriados a Rwanda cuando llegan a sus aldeas? 
Por último, hay 600.000 refugiados, aproximadamente, en esa región. 
Resulta increíble que no podamos descubrir dónde están exactamente para poder prestarles asistencia. 
Las ONG saben dónde están y no hay razón para que no dispongamos de esa información. 
Como sabe Su Señoría, en la diplomacia internacional es muy poco frecuente, por desgracia, que se digan las cosas tan claramente como desearíamos. 
Ningún país lo está bloqueando abiertamente, pero hay países- y podría mencionar, entre otros, a Francia, Italia y España- que están presionando para que se adopten medidas decisivas y urgentes en el aspecto militar, mientras que otros se muestran más indecisos y quieren una mayor claridad antes de comprometerse. 
Respecto de los repatriados, un equipo de la DG VIII estuvo evaluando la situación en Rwanda la semana pasada a fin de que se pueda prestar asistencia inmediata, a saber, vivienda y ayuda para solucionar algunos problemas causados por la afluencia. 
Ahora el problema principal no es la comida ni los medicamentos, sino, básicamente, la vivienda y los intentos de encontrar algunas formas de ganar el sustento en los próximos meses. 
Respecto de los 600.000 desaparecidos, resulta muy difícil hacer una evaluación. 
Las cifras dadas oscilan entre 250.000 y 750.000, pero, sea cual fuere el número verdadero, resulta asombroso. 
Quisiera añadir que existe otro problema al que no hemos prestado tanta atención. 
Me refiero a la gran cantidad de refugiados que hay ahora en Tanzania: unos 700.0000. 
He de decir a Sus Señorías que la situación no es fácil en la frontera entre Burundi y Tanzania y, a no ser que la comunidad internacional actúe rápidamente, podríamos presenciar allí una repetición en cierto modo de lo que ocurrió en la frontera entre el Zaire y Rwanda. 
Ésa es una de las razones por las que la Comisión está dispuesta a sacar adelante ese plan para hacer comprender a todo el mundo los peligros actuales, además de los que ya conocemos. 
Señor Presidente, hasta ahora hemos lamentado la incapacidad de las organizaciones internacionales de enviar una fuerza neutral multinacional al lugar de los hechos. 
Hoy, la guerra de cifras sobre el número de refugiados que se encuentran aún en la zona está más viva que nunca. 
Por ello es cada vez más urgente que actuemos, de lo contrario, la muerte se encargará de solucionar el problema. 
Nuestros Estados europeos que son miembros del Consejo de Seguridad han sido incapaces de lanzar el debate y constituir una posición europea que permita desbloquear el estancamiento del Consejo de Seguridad. 
¿No cree usted que Europa tiene aquí una ocasión única para demostrar su existencia? 
Quisiera también abordar el problema de la ayuda a los refugiados y a los repatriados en Ruanda. 
Como usted sabe, Ruanda continúa negándose a acoger la ayuda humanitaria y a dirigir el regreso de los refugiados. 
Esta actitud es inadmisible en la situación actual. 
¿No podría la Unión Europea hacer uso de su influencia y persuadir a Ruanda para que cambie de actitud? 
Por último, quisiera saber qué ha sido de nuestra representación diplomática en Burundi, donde se sabe que ha habido un golpe de Estado, y donde al parecer se negocia con el Sr. Buyoya. 
¿Qué se sabe al respecto, señor Presidente? 
Respecto de la fuerza multinacional, hemos propuesto, entre otras cosas, una contribución por parte de la Unión Europea con cargo al presupuesto de la Comisión para que los africanos tengan, mediante el Fondo Fiduciario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la posibilidad de participar en la fuerza multinacional. 
Por desgracia, desde el punto de vista humanitario, lo encabezan las Naciones Unidas, por lo que la Unión Europea puede presionar, pero no puede substituir a las Naciones Unidas en ese papel. 
Respecto de Rwanda, hasta ahora las autoridades rwandesas han estado colaborando muy bien con los organismos de las Naciones Unidas y en el reasentamiento de los refugiados. 
Pese a algunos incidentes de pequeña importancia, la situación global es muy alentadora. 
En Burundi estamos abordando el problema mediante el grupo regional de Arusha o, dicho con otras palabras, mediante los puntos acordados por los Estados de esa región. 
Así, pues, hemos procurado no legitimar a un gobierno que los países de la región no reconozcan como legítimo. 
A ese respecto quisiera subrayar también que muy pronto se volverá a abrir en Burundi la delegación de la Unión Europea. Espero que sea esta semana. 
Gracias, señor Comisario, por la contestación que nos ha dado. 
Una de las preguntas era: ¿a qué está esperando el Consejo para enviar una fuerza militar? 
La segunda pregunta es: ¿qué medidas está tomando, con respecto al Gobierno de Rwanda, para que apoye y ayude a las organizaciones humanitarias que están allí, dado que a algunas de ellas no les están dando el estatuto jurídico para poder actuar? 
Y tercera pregunta: usted ha hablado de la Conferencia regional por la paz. 
Esta conferencia ha sido solicitada por este Parlamento y aprobada en resoluciones desde hace tiempo. 
¿Cuándo piensa que podrá celebrarse esta conferencia? 
El Consejo no tiene poder para decidir, pero tiene poder para aprobar declaraciones y presionar a quienes deben decidir. 
Por desgracia, las conclusiones del Consejo no fueron tan firmes como muchos deseaban. 
Así, pues, el asunto está de nuevo ante las Naciones Unidas en Nueva York y no hay una fecha concreta para el despliegue de la fuerza militar. 
Además de lo que ya he dicho sobre Rwanda, quisiera hacer hincapié en que la Comisión ha entregado todos los fondos que podía en ese momento- tanto por mediación de las ONG como de los organismos de las Naciones Unidas- a fin de contribuir lo más posible al funcionamiento de las actividades allí llevadas a cabo. 
Hasta ahora, las autoridades rwandesas se han mostrado muy cooperativas en muchos sentidos, lo que me resulta alentador. 
En cuanto a la conferencia de paz, se debería convocar lo antes posible. 
No sólo la requieren los problemas de algunos países de la región, sino que, además, la situación en conjunto es tan compleja, que resulta imposible abordarla bilateralmente. 
Sólo una conferencia de paz patrocinada por las Naciones Unidas podría hacer un intento inicial de mejorar la situación. 
Quisiera decir francamente que, si no logramos cierta consolidación de la paz mediante dicha conferencia, podríamos presenciar una guerra regional que afectaría a muchos países de la región, incluidos otros que hasta ahora no se han visto implicados en ese conflicto. 
Huelga decir que una implosión en el Zaire tendría grandes consecuencias no sólo en la región de los Grandes Lagos, sino también en muchos otros países que lindan con el Zaire. 
Ésa es una de las razones por las que debemos abordar la situación política urgentemente y el enviado especial está haciendo un trabajo magnífico en la región. 
Es uno de los pocos interlocutores con quien todo el mundo está dispuesto a hablar. 
No es fácil, pero debemos intentarlo y espero que a principios de diciembre pueda decir a Sus Señorías lo que proponemos. 
Señor Presidente, tengo que plantear tres preguntas a la Comisión en este contexto. 
Primera: se ha defendido el principio de que los refugiados solamente deben retornar voluntariamente. 
¿Se habría podido impedir una parte de esta escalada si se hubiese insistido algo más sobre el retorno de los refugiados? 
La segunda se refiere a la cuestión de los observadores: ¿no es algo tarde enviar observadores cuando la catástrofe ya se ha producido? , pues si las ONG apenas pueden actuar debido a la inseguridad reinante, no es aplicable lo mismo a los eventuales observadores, independientemente de su número? 
La tercera pregunta se refiere a la conferencia aludida por usted: sin duda, los siete puntos son muy ambiciosos. 
¿Porqué no han funcionado hasta ahora las conferencias de este tipo? 
Precisamente no se han planteado las cuestiones relativas a la protección de las minorías étnicas y su posición jurídica o el respeto de las fronteras, que suponen una buena parte de los motivos de esta escalada. 
¿Se piensa en este contexto solamente en una Conferencia bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas o se quiere incluir también a la OUA? 
La única opción substitutiva del regreso voluntario de los refugiados es apuntarlos con un fusil y decirles: » O se marchan o morirán por balas o por la falta de vivienda, comida y agua». 
La única forma aceptable es el regreso voluntario de los refugiados. 
Teníamos observadores de los derechos humanos allí. 
El problema es que la seguridad era tan escasa, que los observadores tuvieron que abandonar esa zona. 
No podemos pedir a los observadores- que son civiles y a veces voluntarios- que se sometan a una situación que es muy insegura y en la que pueden perder la vida. 
Así, pues, no podíamos pedir a los observadores que permanecieran, aun cuando eso es lo que queríamos. 
Actualmente, se podrían desplegar observadores en Rwanda y en algunas partes de Burundi sin problemas de seguridad, pero en el Zaire oriental no es, sencillamente, imposible. 
La situación en materia de seguridad no lo permite, como tampoco permite que permanezcan allí las ONG. 
En cuanto a la Conferencia, es cosa de dos. 
Las dos partes en conflicto tienen que acceder a sentarse en torno a una mesa. De lo contrario, no tiene sentido. 
Hasta ahora ha habido una conferencia de los Estados regionales, pero queremos ir más adelante y lograr que todas las partes se sienten en torno a la mesa. 
Desde el principio se ha pedido el patrocinio de las Naciones Unidas, pero eso no significa que la Organización de la Unidad Africana o la Unión Europea, que es, asimismo, el mayor donante- con mucha diferencia- de asistencia humanitaria y de rehabilitación en la región, no vayan a estar presentes. 
Espero que podamos hacer y hagamos una contribución, cuando se convoque. 
Deseo formular dos preguntas sobre Rwanda. 
La primera se refiere a los problemas particulares que afrontan las mujeres que regresan a Rwanda. 
Actualmente, el 70 % de la población de Rwanda está constituida por mujeres. 
Muchos de los repatriados son mujeres, muchas de ellas viudas o madres solteras estigmatizadas por esa razón. 
Con arreglo a la legislación rwandesa, no tienen derechos de propiedad ni de herencia. 
¿Qué va a hacer la Comisión para garantizar los derechos de las mujeres a la propiedad, la vivienda y la protección adecuada, cuando regresen a Rwanda? 
En segundo lugar, ha de saber usted, Comisario, que una de las cosas importantes por las que debemos velar es por que los ciudadanos de Rwanda tengan la sensación de que regresan a un país que va a hacer justicia. 
Un aspecto será el de que velemos por que se celebren juicios como Dios manda a los culpables de genocidio. 
¿Cómo vamos a proteger y apoyar las razones en que se basa el Gobierno rwandés para iniciar esos juicios en enero? 
Será absolutamente esencial, después de la aprobación de las leyes sobre el genocidio, que se inicien los juicios en enero. 
¿Qué va a hacer la Comisión para velar por que así sea en los dos casos? 
Se trata de una pregunta de lo más pertinente. 
Hemos estado en contacto con la Alta Comisionada para los Refugiados y con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para velar por que las mujeres y los niños reciban trato y atención especiales en Rwanda. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que hoy he recibido una carta de esos dos organismos en la que garantizan que se le prestara atención como asunto de la mayor urgencia. 
Respecto de la justicia, el Gobierno rwandés ha aprobado las leyes que permitirán que se haga justicia. No les ha resultado fácil. 
Pero carecen de los medios logísticos necesarios para hacer cumplir las sentencias, etc. Ése es uno de los asuntos que la misión de evaluación de la Comisión en Rwanda tenía como mandato la semana pasada. 
Espero encarecidamente que podamos facilitar algunos medios para que en enero- pues ésa es también nuestra meta- se pueda hacer justicia en Rwanda a un ritmo razonable y podamos presenciarlo. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
Vamos a tratar ahora la segunda parte del turno de preguntas, las perturbaciones de la libre circulación de bienes y personas en el sector de los transportes por carretera. 
Tiene la palabra el Sr. Comisario Kinnock. 
Quisiera expresar mi gratitud a la Comisión de Transportes y Turismo y a su presidente, Sr. Corneliessen, por brindarme esta oportunidad de hacer una declaración ante la Asamblea sobre los daños causados y la continua controversia en el sector del transporte por carretera en Francia. 
La Comisión comparte, naturalmente, la generalizada preocupación por unos acontecimientos que están teniendo, evidentemente, graves consecuencias económicas y sociales dentro y fuera del país. 
Evidentemente, semejante controversia con unos 200 bloqueos en toda Francia, causa apuros y angustia a los directamente interesados y a muchas de las víctimas inocentes de la controversia. 
De hecho, ha habido informaciones sobre actos de violencia física, que son dignos de condena en particular. 
La Comisión espera, naturalmente, que todos los interesados- los trabajadores, los empleadores y las autoridades en Francia- hagan todo lo que esté en su poder para lograr una solución rápida y duradera de la controversia y aliviar los apuros que están sufriendo quienes no están directamente implicados. 
Como ha de saber la Asamblea, tanto el Presidente Santer como yo, en nombre de la Comisión, hemos pedido a las autoridades francesas que actúen urgentemente para remediar la situación y velen por que se respeten plenamente las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación en el Mercado Único. 
Sin embargo, como también ha de saber la Asamblea, en la práctica la Comisión no tiene, legalmente, derecho ni capacidad efectivos para intervenir en una controversia nacional, a no ser que se demuestre que un Estado miembro adolece de negligencia respecto de su deber de mantener la libre circulación de bienes y personas especificada en el Tratado. 
Se trata de una realidad innegable. 
Desde luego, no es una coartada para una actitud pasiva. Es una realidad de la vida y una realidad legislativa. 
Vale la pena tomar nota de que algunos de los que más han elevado la voz para pedir que intervenga la Comisión a fin de prevenir o poner fin a semejantes controversias figurarían entre los primeros que le elevarían aún más para escandalizarse, si alguna vez se concediera a la Comisión Europea poder para substituir a las autoridades nacionales en la dirección y la adopción de decisiones en el nivel nacional en semejantes circunstancias. 
Naturalmente, nada de eso serviría de excusa para la inactividad cuando tantos ciudadanos y empresas de todos los Estados miembros de la Comunidad se están viendo afectados por una controversia en un Estado miembro. 
Así, pues, mi gabinete, mis servicios y yo hemos adoptado las medidas que podemos y de forma coherente. 
El jueves pasado por la noche me reuní en París con la Secretaria de Estado de Transporte encargada del sector del transporte por carretera. 
Evidentemente, tenía ya centrada intensamente su atención en esa cuestión. 
El viernes complementé esa reunión con una carta dirigida a ella para expresarle mi preocupación ante la evolución de la situación en Francia e instarla a seguir laborando en pro de una solución de ese problema. 
Como ha de esperar la Asamblea, la Comisión está manteniendo también continuos contactos con las autoridades francesas para interesarse por el desarrollo de esa controversia. 
Se están reforzando las gestiones del Gobierno francés para lograr un fin negociado de la controversia mediante el nombramiento de un mediador y una serie de largas reuniones entre las partes interesadas. 
La última concluyó a primeras horas de esta mañana y la próxima se va a celebrar en París dentro de un cuarto de hora. 
Tengo entendido que se han logrado algunos avances respecto de las comisiones con motivo de la jubilación que se concederán a los trabajadores del sector del transporte por carretera, lo que es digno de beneplácito, si bien hay, evidentemente, asuntos decisivos y básicos que aún no se han resuelto. 
El lunes habían quedado reducidos a 5.000, pero en las últimas 48 horas ese número ha vuelto a aumentar, lamentablemente. 
Pese a ello, las autoridades francesas han podido lograr la liberación de otros 150 camiones británicos, españoles y portugueses. 
Sin embargo, los 200 bloqueos significan que no ha habido una mejora significativa de la situación. 
Evidentemente, la resolución de la mayoría de las cuestiones que originaron la controversia atañe exclusivamente a los empleadores, los empleados y las autoridades francesas. 
Sobre algunas de las cuestiones, tales como los horarios de conducción, los períodos de descanso y la jornada laboral, existe legislación comunitaria pertinente o se han hecho propuestas. 
Sobre los períodos de conducción y de descanso los conductores afirman que algunos empleadores no respetan la legislación vigente. 
Evidentemente, no estoy en condiciones de hacer un juicio final al respecto en este momento, pero, naturalmente, la Comisión tiene el deseo y el deber de intentar velar por que toda la legislación comunitaria y nacional se aplique apropiadamente y se respete plenamente. 
Una es la propuesta de un nuevo tacógrafo que facilitará la verificación exacta de las horas de conducción y dificultará mucho más la falsificación. 
Espero que el Consejo de Ministros de Transportes, que se reunirá a principios del próximo mes, logre avances importantes sobre esa propuesta a fin de alcanzar una posición común durante la Presidencia holandesa en la primera parte del año próximo. 
Ha habido otras medidas anteriores pertinentes. 
En 1995 la Comisión convocó una reunión con las administraciones nacionales para promover la cooperación entre los Estados miembros con vistas a mejorar la interpretación y la aplicación de la legislación relativa a las horas de conducción. 
Evidentemente, informamos sobre la aplicación de la legislación. 
Sobre la jornada laboral, la Asamblea ha de saber, de forma más directa y general, que el sector de los transportes está excluido de la directiva vigente sobre la jornada laboral. 
La Comisión ha dicho constantemente que se deben establecer disposiciones apropiadas para los sectores excluidos, sin por ello dejar de reconocer sus características específicas. 
A partir de algunos avances recientes en los comités mixtos de empleadores y empleados del sector de los transportes, la Comisión publicará un Libro Blanco sobre los sectores excluidos y creemos que será posible lograr avances en el caso de los trabajadores del sector de los transportes que no viajan. 
Por lo que se refiere a los trabajadores que, como los conductores de camiones, viajan, como ha de saber la Asamblea, hay menos perspectivas evidentes de lograr avances rápidos. 
En la preocupación general por la controversia, se ha planteado, naturalmente, la cuestión de la compensación. 
He de decir a la Asamblea que la Comisión carece de poder jurídico para intervenir respecto de esa cuestión concreta, pues no existe un derecho comunitario general que abarque el derecho a la compensación para los individuos o las empresas que se han visto afectados por huelgas ni tampoco es probable que vaya a haber nunca esa legislación en el nivel comunitario. 
Sin embargo, los Estados miembros han creado planes de compensación en casos concretos para atender las preocupaciones expresadas en los niveles nacional y comunitario. 
Así, pues, tomo nota de las informaciones según las cuales las autoridades francesas han dicho que adoptarán medidas para compensar a los conductores extranjeros y que las préfectures locales pueden facilitar formularios para la reclamación de esa compensación. 
En conclusión, ha de resultar evidente a la Asamblea que en las sociedades democráticas el derecho a no trabajar es una libertad civil básica y, si bien algunos Estados miembros lo reconocen específicamente en sus legislaciones y sus constituciones, el protocolo de política social anejo al Tratado excluye la competencia legal de la Comunidad respecto del derecho de huelga. 
Así, pues, no existe una legislación comunitaria ni normas comunitarias relativas a las huelgas. 
Ha de resultar evidente a esta Asamblea o a todos los demás parlamentos de la Unión que el derecho a hacer huelga debe ejercerse, naturalmente, con el debido respeto de la ley, incluida, por tanto, la obligación de mantener la libre circulación de bienes, servicios y personas en el Mercado Único, de la Comunidad Europea. 
Ese aspecto en particular es aquel al que la Comisión presta atención, si bien nos contamos, naturalmente, entre las muchas personas de toda la Unión que esperan que resulten correctas las informaciones según las cuales la controversia puede resolverse el próximo fin de semana. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Comisario, estoy completamente de acuerdo con usted en que este conflicto es totalmente privado y que no depende del poder público. 
La torpeza del Gobierno francés se ha limitado ha demorarse demasiado en la elección de un mediador y a demorarse demasiado también hasta que se ha decidido a intervenir sobre las condiciones económicas del funcionamiento de esta profesión, que la llevan a no respetar las normas de seguridad. 
Ahora debemos plantearnos el problema de las condiciones de trabajo en esta profesión que, en Francia, es una de las últimas que siguen teniendo un empresariado sumamente arcaico, si no feudal. 
Todo ello es muy sorprendente. 
La media de horas de trabajo de los profesionales del transporte por carretera en Francia es de 62, 5 horas. 
Señor Comisario, mi pregunta es la siguiente: ¿no cree usted que existen motivos suficientes para que la Unión Europea intente armonizar mediante una directiva las condiciones de seguridad del transporte por carretera en el conjunto de la Unión? 
Es mi única pregunta. 
Doy las gracias al Sr. Rocard. 
Como ha de saber, la Comisión se ha esforzado constantemente para intentar velar por que haya condiciones equitativas en toda la Comunidad, en particular respecto de las condiciones de competencia leal y de trabajo civilizado. 
Ha de conocer las dificultades con las que se ha tropezado en muchos sectores profesionales y ello es aplicable, desde luego, al sector de los transportes, incluido el transporte por carretera. 
La Comisión no puede ofrecer una opinión sobre la calidad u otros aspectos de las condiciones existentes en el sector francés del transporte por carretera. 
Sin embargo, creo que, si hubiera una reevaluación de los requisitos generales relativos a la competencia leal y a las condiciones de trabajo civilizado, es concebible que con el tiempo se pudieran mitigar algunos de los problemas que, según se dice, han sido la causa de esta controversia, lo que redundaría en beneficio de todos. 
Acojo con beneplácito lo que ha dicho el Comisario, pero quisiera que recordara en particular las partes de la Unión que se encuentran en la periferia, como Irlanda del Norte. 
Algunos de los camiones de mi país han entrado en la segunda semana de bloqueo. 
Acojo con beneplácito lo que ha dicho y la declaración que ha hecho. 
Pero se trata de un asunto muy urgente para quienes se encuentran en la periferia de la Unión. 
Doy las gracias a Su Señoría. 
Estoy seguro de que entenderá que, en la medida en que podemos ejercer influencia política, lo haremos sin lugar a dudas, entre otras razones- y muy en particular- porque entendemos los grandes apuros personales y sociales que están pasando gran número de conductores de camiones y sus familias y los inconvenientes causados a todas las zonas de la economía de la Comunidad Europea, en particular, las zonas periféricas, a consecuencia de una controversia de este tipo. 
Con el debido respeto al Comisario, hay algunos aspectos de lo que acaba de decir que quisiera discutir. 
En primer lugar, sobre el tacógrafo, fue la Comisión la que en un principio propuso algo que no tenía en cuenta la tecnología más moderna, a saber, la computadora. 
En segundo lugar, este Parlamento lleva años pidiendo nuevas propuestas sobre los períodos de conducción y de descanso, incluidas propuestas sobre la jornada laboral. 
Hasta ahora, la Comisión no las ha presentado. 
Puede ser que la Comisión se haga cargo por fin como debe de la libre circulación, pero es evidente que esto está causando graves daños a los conductores y a los transportistas por carretera de toda la Comunidad y que el control de la aplicación de los períodos de conducción y de descanso va muy rezagado. 
Acabamos de recibir las cifras correspondientes a 1991 y 1992. 
Aún no disponemos de las correspondientes a 1993 y 1994 y sabemos que algunos Estados miembros ni siquiera las facilitan. 
Cuando Su Señoría usa la expresión «con el debido respeto» , por lo general me cubro. 
Veo que mi experiencia de su inteligencia y conocimiento es fundada y podría haber previsto la clase de pregunta que atinadamente formula. 
Por lo que se refiere al tacógrafo, dado su conocimiento íntimo y activo de esa cuestión concreta, ha de saber que lo que la Comisión ha estado intentando hacer desde hace mucho tiempo no es lograr la perfección, que nos gustaría, sino lograr los máximos avances que podían hacerse para erradicar la falsificación y apoyar unas condiciones decentes. 
Ahora tenemos la posibilidad de lograr la aplicación de tecnología electrónica avanzada para el tacógrafo y yo lo acojo con el mayor beneplácito. 
Ha de saber que en ocasiones anteriores no ha sido fácil lograr siquiera el consenso necesario para cambios incluso más modestos que tendrían los resultados que tanto él como yo anhelamos. 
Lo mismo es aplicable en gran medida a la cuestión de la jornada laboral. 
Él y yo coincidimos en el deseo de velar por que haya condiciones de competencia leal y condiciones de trabajo civilizado. 
Si en ocasiones anteriores han optado por no adoptar decisiones con vistas a hacer cambios importantes en la jornada laboral en el sector de los transportes, en modo alguno se me puede considerar responsable de ello. 
Sin embargo, lo que haré, junto con los representantes del Parlamento y de algunos Estados miembros, es seguir luchando para lograr cambios progresivos que aumenten la eficacia y la competitividad, sin por ello dejar de mantener unas condiciones decentes. 
Algunos de nosotros podríamos sentir la tentación de acudir en el futuro en traje de baño para captar su atención. 
Si bien reconocemos que el Comisario Kinnock ha actuado con urgencia, nos ha dado dos razones por las cuales la Comisión, como garante que es de los Tratados, tiene dos motivos para adoptar medidas contra el Gobierno francés. 
Se refieren a la negligencia. 
El primero es la negligencia por parte del Gobierno francés al no imponer la aplicación de la reglamentación relativa a los períodos de conducción de los conductores. 
El segundo es la negligencia por parte del Gobierno francés, al no defender las disposiciones fundamentales del Tratado sobre la libre circulación. 
Respecto de la compensación, se ha provocado una demora de más de ocho días en la entrega de fruta fresca, productos perecederos e incluso animales vivos. 
Pueden perecer, por lo que se debe pagar una compensación. 
Tenemos derecho a pedir a la Comisión, en nombre de los ciudadanos de nuestras circunscripciones, que adopte medidas con vistas a la compensación. 
¿Adoptará esas medidas en nuestro nombre? 
Doy las gracias a Su Señoría. 
No presto la menor atención a su observación sobre los trajes de baño. Eso podría complicar aún más un conjunto de cuestiones de suyo complejas. 
Respecto de la compensación, lamento no tener nada que añadir a la clara declaración que he hecho antes tanto desde el punto de vista del carácter general del Derecho comunitario como desde el de la buena disposición por parte del Gobierno francés para establecer procedimientos que permitan a las personas que han resultado perjudicadas a consecuencia de esta controversia hacer las reclamaciones apropiadas por mediación de las oficinas de las préfectures locales. 
Tienen derecho a obtener los formularios apropiados que están en este momento a su disposición y tramitar sus reclamaciones gracias a ellos. 
Ésa es la realidad jurídica actual y en este momento no estoy en condiciones de añadir nada más. 
En cuanto al supuesto incumplimiento por parte de las autoridades francesas de sus obligaciones con arreglo al Derecho comunitario, habrá que examinar la reglamentación relativa a los períodos de conducción más detenidamente. 
En este momento he de decir que resultaría difícil demostrar satisfactoriamente que las deficiencias se deben a negligencia, en sentido jurídico alguno, por parte del Gobierno francés. 
Estamos permanentemente dispuestos a supervisar y examinar esas condiciones. 
Por lo que se refiere a las obligaciones fundamentales que impone el Tratado de garantizar la libre circulación de bienes y personas, la Comisión está dispuesta, como en ocasiones anteriores, a actuar utilizando los poderes que le confiere el Tratado en caso de que resulte evidente la negligencia por parte de un Estado miembro. 
Durante la controversia, la buena disposición del Gobierno francés a nombrar a un mediador y participar en reuniones que han durado hasta 12 y 14 horas no da pruebas satisfactorias de negligencia o de falta de voluntad con vistas a intentar mantener la libre circulación. 
Así, pues, si bien seguiremos observando estrechamente todo el conjunto de acontecimientos con miras, en caso necesario, a estudiar detenidamente los casos de negligencia, no hay pruebas que justifiquen esa clase de acción en este momento. 
Señor Presidente, en primer lugar tengo que lamentar que entre los espectadores falte el grupo de visitantes invitado por mí, que ha quedado atrapado en las carreteras francesas viniendo hacia acá. 
En segundo lugar, el Comisario se ha expresado muy claramente respecto a la falta de posibilidad de compensación por los daños que han sufrido ya los camiones atrapados en territorio francés. 
En el caso español, ha habido algo así como 250 millones de ecus de pérdidas en productos perecederos. 
Pero yo pregunto: ¿qué pasa respecto a la paralización, por ejemplo, de la recolección de cítricos en la cuenca mediterránea a la espera de la solución de este conflicto, que está significando la supresión, por tanto, de muchas horas de trabajo y el aumento del paro? 
¿Qué pasa con el ralentizamiento del ritmo de trabajo en los puertos mediterráneos españoles, que no pueden exportar hacia la Comunidad en estos momentos los productos que llegan de terceros países? 
La Comunidad ¿no va a intervenir tampoco en este aspecto? 
Reconozco plenamente las penosas condiciones a que se refiere el Sr. Colom i Naval. 
De hecho, la gran preocupación que expresa es compartida muy en general por la Comunidad y gran número de organismos profesionales, familias y Gobiernos nacionales han presentado quejas. 
El caso es que, si bien reconocemos con profundo pesar que habrá muy grandes y duraderas pérdidas a consecuencia de una controversia de esta naturaleza, no estamos en una coyuntura en la que pueda haber una intervención legal eficaz o realista por parte de la Comisión para intentar prevenir o reparar los daños. 
Se que entenderá que en ciertos sentidos hemos de tener por fuerza, como cualquier otro ciudadano normal, una sensación de frustración en estas circunstancias, pero así son las realidades. 
Si dijera otra cosa, estaría tergiversando la realidad ante este Parlamento. 
Hago hincapié en que, si está justificado adoptar medidas que surtan el deseado efecto de poner fin a una controversia perjudicial, la Comisión está siempre dispuesta a adoptar dichas medidas. 
En este momento no es evidente la justificación para hacerlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, con toda la irreverencia que debo a las instituciones, quisiera decirle dos cosas. 
El problema no es la libre circulación, sino la Europa social. 
Creo que Europa y los Comisarios son demasiado tímidos. 
Deberían agarrar al toro por las astas y demostrar que sin la Europa social surgen problemas como éste, porque es un problema de armonización del derecho de trabajo y es un problema también de protección de la salud pública. 
Mientras más horas circulen los camioneros, mayores serán los peligros en carretera. 
Mientras mayor sea la incapacidad de la Comisión o de Europa para proteger a sus ciudadanos, mayor será el peligro en el que todos nos encontremos. 
Y quisiera decir, en tercer lugar, a todos los diputados, a todo el mundo que intenta hablar aquí de libre circulación que todos los cambios sociales se consiguen mediante la huelga, y cuando hay una huelga, hay un cambio social. 
Por ello, la Comisión debería estar agradecida a los huelguistas, porque ellos hacen avanzar la Europa social. 
Puedo decir imparcialmente, en mi nombre y probablemente en el suyo, señor Presidente, que no necesitamos que Su Señoría nos instruya sobre la justificación, historia o naturaleza de la huelga. 
También quisiera decirle que le resultará difícil demostrar que a lo largo de la Historia el cambio social de carácter progresista y productivo haya sido sólo resultado de las huelgas. 
El respeto del desarrollo de la ley es igualmente decisivo para garantizar los derechos y privilegios de los ciudadanos en una sociedad libre, como Su Señoría reconocerá- estoy seguro- cuando tenga la cabeza perfectamente despejada. 
Quisiera decirle, además, que, cuando nos dice que no se trata de un problema de libertad de circulación, sino de Europa social, entiendo adónde quiere ir a parar y, como comprenderá, no dejo de convenir al respecto. 
Sin embargo, nos dice que donde hay camiones hay peligros. 
Como Comisario de Transportes, entiendo también lo que eso quiere decir. 
Pero, si, con su intención de defender los intereses de los implicados en esa controversia lo que propugna es que por las carreteras de Francia circulen menos camiones, no estoy seguro de que lograra su adhesión plena. 
Agradezco al Comisario su declaración. 
Ha dicho que había logrado ciertos avances para liberar determinado número de vehículos comerciales, en particular procedentes de España y de Gran Bretaña. 
No le he oído mencionar la isla de Irlanda. 
Hay gran número de vehículos irlandeses retenidos con productos perecederos, sobre todo carne de ovino y de bovino, en camiones refrigerados que llevan de doce a catorce días sobreviviendo con una pequeña cantidad de diesel para mantener sus refrigeradores funcionando. 
¿Podría el Comisario informarme sobre si ha presentado protestas o si aún puede presentarlas para sacar esas cargas perecederas de la instalación lo antes posible, para que no se pierdan, teniendo en cuenta en particular los enormes costos que entrañan las consignaciones que he mencionado y teniendo en cuenta también que Irlanda depende totalmente de las exportaciones de carne de ovino y de bovino. 
Quisiera asegurar a Su Señoría que, como he indicado antes, soy profundamente consciente de las repercusiones de esta controversia en todas las partes de la Unión, pero en particular en las que se encuentran en la periferia. 
Mi mención del Reino Unido, España y Portugal se ha debido simplemente a mi deseo de informar fielmente de las liberaciones más recientes. 
En modo alguno indica una actitud despreocupada para con los nacionales y las empresas de Estado miembro alguno o, de hecho, de los que proceden de allende las fronteras de nuestra Comunidad. 
Como indica Su Señoría, los daños son ya importantes. 
Por lo que se refiere a las protestas, el Gobierno francés ha hecho gestiones persistentes- y con cierto éxito- para lograr desbloqueos y, según tengo entendido, está haciendo hincapié en las cargas de productos perecederos que por razones evidentes corren peligro particular. 
Tiene limitaciones para actuar, pero estoy seguro de que está haciendo gestiones al respecto. 
Su Señoría puede compartir mis sentimientos sobre las buenas noticias. 
Los sindicatos europeos de transportes me han informado de que, gracias a su intervención, acaban de ser liberados los transportistas del Reino Unido bloqueados en Calais, gracias a una intervención de los sindicatos y espero que esa clase de intervención tenga efectos más amplios para los nacionales y las empresas de otros países. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su explicación y por su interés. 
Me temo que no sea la primera vez, ni tampoco la última, que se bloquean carreteras para presionar sobre las negociaciones en un conflicto laboral. 
Quisiera pedirle al Comisario que estudie las posibilidades de crear un instrumentario legal a fin de garantizar la libre circulación en las principales arterias europeas. 
Remito a la legislación neerlandesa donde, por medio de un procedimiento de urgencia, es posible pedir a un juez independiente que se pronuncie sobre la legitimidad de las acciones. 
Mi segunda pregunta es si el Comisario está dispuesto a pedir que se permita a tiempo el uso del diesel rojo para que los camiones que están al margen del bloqueo puedan salir de Francia. 
Señor Presidente, toda moneda tiene un reverso. 
Aquí se demuestra claramente lo esencial que es el tráfico de mercancías. 
Le agradezco la pregunta. 
Comparto la gran inquietud de Su Señoría y, como he dicho antes, me ha complacido mucho que él y sus colegas me hayan brindado la oportunidad de hacer la declaración. 
El objetivo de emprender una huelga como la seguida en Francia es evidente, pero intentar formular una legislación comunitaria comparable a la vigente en los Países Bajos sería extraordinariamente difícil. 
Ni siquiera pongo en entredicho el valor de dicha legislación ni los principios en que está inspirada. 
Quisiera decir simplemente que, mientras que se podrían respetar dentro de las fronteras de los Países Bajos las decisiones del Parlamento y del Gobierno holandeses en relación con un mandato en cierto modo automático en ciertas circunstancias concretas, la probabilidad de que la Comunidad Europea confiera poderes a la Comisión o al Tribunal de Justicia para que puedan aplicar ese principio en toda la Comunidad es extraordinariamente remota. 
Cuando nos encontramos, como sucede a intervalos periódicos, en una situación en que determinados Estados miembros oponen resistencia incluso a los fallos del Tribunal de Justicia relativos a la legislación ya vigente, Sus Señorías, por grandes que sean sus frustraciones- cosa que, desde luego, entiendo -, habrán de reconocer que no es probable que la propuesta hecha tenga efectos prácticos ni que consiga un consenso en las instituciones de la Comunidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, una observación previa: espero que en su vuelo en helicóptero sobre el Tirol haya tenido una buena visión del transporte de camiones en esta región. 
Mis dos breves preguntas son las siguientes: comprendo su enojo por la declaración realizada por el Sr. Cohn-Bendit. 
Pero la situación en Francia, ¿no debería mover a la Comisión a exponer claramente al Consejo la gran importancia del diálogo social en Europa? 
Estos problemas básicos y huelgas solamente los podremos evitar si el diálogo social se convierte en un principio fundamental. 
Señor Comisario, en segundo lugar le rogaría que dijese claramente ante esta Asamblea que va a discutir a tiempo con los sindicatos, pues esto representa un ejemplo en el marco del trato del Libro Blanco sobre los ferrocarriles y además se ha producido aquí hace poco una manifestación. 
Doy las gracias a Su Señoría. 
La última parte de la pregunta no es estrictamente pertinente en relación con la pregunta formulada por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Así, pues, acepto, señor Presidente, su mandato de que nos centremos enteramente en las cuestiones relativas a la controversia existente en Francia sobre el transporte por carretera, si bien es cierto que las consultas y los debates generales sobre el Libro Blanco relativo al ferrocarril proseguirán y serán muy amplios, ya que en ellos participarán todos los interlocutores sociales. 
Por lo que se refiere a la situación en Francia, no desaprovecho oportunidad alguna con mis colegas del Consejo de Transportes y en otras instancias para hacer hincapié en el valor de lo que Su Señoría llama- y por tal suele entenderse- diálogo social. 
Las garantías del tipo de las que podrían desarrollarse a partir de él son una contribución importante al mantenimiento de la paz laboral sobre una base satisfactoria que no obligue a ninguna de las partes a ceder respecto de requisitos fundamentales y derechos básicos. 
Sin embargo, eso no me cuesta ningún trabajo. 
Mi preocupación fundamental en este momento es la resolución de una controversia concreta. 
Tal vez un nivel diferente de diálogo social podría haber contribuido a eliminar las causas de controversias como ésta. 
Sin embargo, en este momento lo que quiero es velar por que el Parlamento, como la Comisión y todos los demás, se centren en las gestiones que se están haciendo para intentar lograr un fin satisfactorio y duradero de esta controversia concreta. 
Señor Presidente, al Sr. Comisario le constan- porque lo ha explicitado hace un momento- los graves problemas que han surgido, pero no sólo en Francia sino en los países vecinos. 
Nos llegan noticias preocupantes de España al respecto: 1.000 millones de pérdidas en Alicante de productos hortofrutícolas; 5.000, en Almería; en Castellón está frenada la recolección de cítricos; en Portugal, la industria textil y del automóvil está al borde del colapso, etc. 
Yo no voy a insistir, señor Comisario, en debatir sobre las perspectivas que esperan al conflicto, porque usted ya lo ha explicado, ni sobre lo que está haciendo la Comisión. 
Pero tengo una pregunta muy concreta para usted: ¿tiene noticias de que el conflicto se pueda endurecer aún más ante el anuncio de huelga en el tráfico aéreo francés? 
Le pregunto esto, señor Comisario, porque algunos transportistas de productos hortofrutícolas españoles estaban utilizando ya, como vía alternativa, el transporte aéreo. 
Comparto la profunda preocupación evidenciada por Su Señoría y por otros diputados que han formulado preguntas y por los que no. 
Cualquier persona sensata ha de sentirse profundamente preocupada por las consecuencias de la huelga no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo, en particular en quienes dependen del transporte por carretera para trasladar sus productos agrícolas. 
Por lo que se refiere a otras controversias, no sería prudente por mi parte hacer observaciones en este momento sobre las elucubraciones relativas a la extensión de la controversia a otros sectores del transporte o a otros países. 
Durante el día de hoy, he oído, por ejemplo, que una controversia danesa sobre el transporte está vinculada en cierto modo con lo que está ocurriendo en Francia. 
Puedo decir categóricamente que, según las mejores informaciones de que dispongo, no es así. 
No voy a hacer más observaciones sobre las posibilidades, por lamentables que fueran, de una extensión de la huelga al sector de la aviación civil, ya que en este momento no se dispone de información completa ni digna de crédito al respecto. 
Muchas gracias al Sr. Comisario Kinnock por haber escuchado y respondido a nuestras preguntas. 
Ha finalizado el turno de preguntas. 
Señora Presidenta, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos considera también acertado prorrogar el mandato del actual Presidente del IME, Sr. Lamfalussi y acepta al Sr. Duisenberg como candidato adecuado para suceder al Presidente del Instituto Monetario Europeo. 
El hecho de que el Sr. Lamfalussi haya podido erigir y configurar este Instituto tanto en lo que a personal como a organización y administración se refiere, ha sido una gran suerte para la historia de la moneda y no sólo para la creación de este Instituto. 
Se han producido unos progresos realmente considerables en lo tocante al status del personal así como a la aceptación y credibilidad del proyecto de la Unión Monetaria en los mercados financieros y en la población. 
El Parlamento Europeo le felicita por su compromiso en favor de la Unión Económica Europea y se congratula públicamente de que haya habido un Presidente Lamfalussi a la cabeza de este Instituto. 
No solamente deseo recordar que el Sr. Lamfalussi, tal como se acordó, ha cumplido su obligación democrática de presentar cuentas en diálogo con la Subcomisión de Asuntos Monetarios y con el Pleno, sino que también ha sido posible exponerle proyectos de importancia para el Parlamento Europeo. 
Quiero mencionar a este respecto un único ejemplo: este Parlamento Europeo se ha pronunciado desde un principio a favor de un mecanismo europeo de tipos de cambio para que no se produzca una escisión en el seno del mercado interior y entre los países que participen y no en la Unión Monetaria. 
Oponiéndose a la opinión existente hasta entonces, el Presidente del Instituto Monetario Europeo ha reconocido muy rápidamente la necesidad de encontrar un nuevo mecanismo que frene las especulaciones y proclame al mismo tiempo la solidaridad, sin sustraer al futuro Banco Central Europeo su obligación principal. 
Con la audiencia realizada a su sucesor, el Sr. Duisenberg, el Parlamento Europeo ha expuesto de nuevo claramente los requerimientos que plantea al Presidente del Instituto Monetario Europeo. 
La integridad y cualificación personal son sin duda unas de las características. 
Pero también las cuestiones relativas al concepto monetario, a la opinión sobre la política monetaria y el papel de ésta en la Unión Europea han sido aspectos muy importantes. 
En el marco de este diálogo de «preguntas-respuestas» que tuvo lugar en la audiencia, el Parlamento ha tenido la ocasión de exponer a través de sus diputados lo mucho que esperamos del futuro Presidente del Instituto Monetario Europeo. 
Estos requerimientos son aún mayores ya que este candidato ha declarado al mismo tiempo ser candidato para el cargo de Presidente del Banco Central Europeo. 
Por ello, nos tomamos también en serio sus palabras en el sentido de que la obligación democrática de rendir cuentas por parte de las autoridades monetarias en la Unión Europea es también para él un aspecto central. 
En su función como Presidente del Instituto Monetario Europeo, espero de él que avance en los preparativos. 
Estos tienen que ser tales que la Unión Monetaria no pueda fracasar desde un punto de vista técnico y organizativo. 
También espero que adopte las medidas necesarias para que antes de la creación del sistema de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, todos los Bancos Centrales nacionales sean independientes. 
Tiene la ocasión de mover a su Gobierno para que en los Países Bajos el Banco Central sea rápidamente independiente. 
Lo mismo es aplicable al diálogo con el Parlamento Europeo y la Subcomisión de Asuntos Monetarios. También va a ser necesario documentar esta obligación democrática de rendir cuentas aportando transparencia cuando el Banco Central adopte decisiones monetarias, si bien debe garantizarse la plena independencia de esta institución. 
Por todo ello, hay que preparar los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda ser una realidad en 1998. 
También en este aspecto esperamos mucho de este Presidente, quien ha asegurado que la política monetaria no es para él una política neutral sino que también es adecuada en la política económica y de empleo para... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora Presidenta, Señorías, deseo expresar, en nombre del Grupo Liberal, nuestro completo y decidido apoyo, tanto a la propuesta para ampliar el mandato del presidente del Instituto Monetario Europeo, Sr. Alexandre Lamfalussy, hasta el 30 de junio del año próximo como su sucesión por el Sr. Wim Duisenberg. 
Este nombramiento tiene la máxima importancia y responsabilidad para el normal desarrollo de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y la implantación del euro. 
La agenda es ahora apretada y debe desarrollarse con la máxima precisión, ya que estamos a menos de dos años de la creación del Banco Central Europeo y a poco más de 24 meses de la introducción del euro. 
Tanto el Sr. Lamfalussy como el Sr. Duisenberg han de asegurar que el Instituto Monetario Europeo realice, en los próximos meses, un trabajo vital para asegurar tanto el funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales como la introducción de las normas, orientación, estructura, logística y organización de todos aquellos aspectos que han de asegurar la relación entre los Bancos centrales de los Estados miembros, el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo. 
Desearíamos llamar la atención de sus Señorías sobre la transcendencia de este proceso que lleva a la consolidación de una de las bases y uno de los logros más importantes del proceso de integración europea en las últimas dos décadas, y también para la configuración de lo que ha de ser la Unión en el umbral del siglo XXI. 
Evidentemente, si conseguimos una amplia Unión Europea que funcione con una moneda única, que esta moneda única sea gestionada por un Banco Central Europeo, por un Sistema Europeo de Bancos Centrales, bajo la orientación global de una política monetaria y económica única a nivel de la Unión, habremos dado un paso inmenso en la integración europea. 
Esta es la tarea que le corresponde en los próximos meses tanto al Sr. Lamfalussy como, especialmente, al Sr. Duisenberg, y queremos manifestar que contarán con toda nuestra colaboración y apoyo para realizar esta tarea- insisto- de gran transcendencia para el propio proceso de integración europeo en la Unión, tal como está pensado en su Tratado. 
Señora Presidenta, mi grupo político no pudo adherirse en comisión a la recomendación unánime presentada con vistas a designar al Sr. Duisenberg presidente del Instituto Monetario Europeo. 
No hay duda de que se trata de una persona muy experimentada y competente con unas características personales excepcionales, pero, en nuestra opinión, sus convicciones fundamentales en materia de política monetaria y económica nos impiden brindarle nuestro apoyo. 
Parece ser un enérgico defensor de la política monetaria y no parece muy convenido de que en el marco de la Unión Monetaria se precise una política económica común. 
Nosotros consideramos que ésta es imprescindible. 
Aún cuando deba protegerse la independencia del futuro Banco Central Europeo de las presiones políticas, es importante, sin embargo, que en la dirección del Banco Central haya personas que tengan una visión realista del funcionamiento de la economía real de la sociedad. 
Ya que no estamos completamente convencidos de esto, he recomendado a mi grupo que se abstenga en la votación de mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Convergencia y moneda única 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0379/96 del Sr. Metten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el dictamen del Parlamento Europeo (11505/96- C4-0586/96) , de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 J del Tratado, relativo a la decisión sobre convergencia 1996 del Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno; -A4-0371/96 del Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre: I.la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0496- C4-0576/96-96/0247 (SYN) ) relativo al reforzamiento de la supervisión y la coordinación de las situaciones presupuestarias; 
II.la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0496- C4-0577/96-96/0248 (CNS) ) por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo; -A4-0375/96 del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre: I.la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0499- C4-0578/0-96/0249 (CNS) ) sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro; 
II.la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0499- C4-0579/0-96/0250 (CNS) ) sobre la introducción del euro; -A4-0352/96 del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe del Instituto Monetario Europeo (C4-0559/95) relativo a la transición a la moneda única; y-A4-0374/96 del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el impacto de las políticas monetarias sobre la economía real, la inflación, los tipos de interés, el crecimiento y el empleo en la tercera fase de la UEM, y la función económica de los criterios de convergencia. 
Señor Presidente, el informe de convergencia que lleva mi nombre es el dictamen oficial que el Parlamento ha de dar a los jefes de gobierno y a los jefes de Estado sobre la fecha de inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
En el Tratado se prevé que la UEM empezaría antes de 1999 si una mayoría de los Estados miembros cumpliera ahora las condiciones y los jefes de gobierno lo consideraran oportuno. 
Teniendo en cuenta que doce de los Estados miembros tienen un «déficit excesivo» , está claro que no se cumple la primera condición. 
El Tratado establece que la UEM arrancará el 1 de enero de 1999 con todos los Estados miembros que en ese momento cumplan los criterios de convergencia. 
El informe que defiendo aquí confirma esta conclusión. 
Dado que la Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento preveía desde hace tiempo esta situación, se ha utilizado el informe para otro objetivo, concretamente, para lograr que la flexibilidad que hay en los criterios del Tratado deje de ser un tabú. 
De ahí que en la exposición de motivos del informe se explique en detalle cuál es el margen de maniobra que permite el Tratado y las interpretaciones políticas que exige. 
Por consiguiente, el informe pretende esclarecer, pero no prescribir. 
Esto último- con el trasfondo de la situación imperante- podría realizarse en el informe que el Parlamento tiene que elaborar sobre la elección de los candidatos idóneos para la UEM en 1998. 
Creo que el Parlamento puede estar muy satisfecho de que la Comisión Europea, en su último informe de convergencia del 6 de noviembre, haya seguido el mismo enfoque. 
Y si bien el informe del pasado 5 de noviembre del Instituto Monetario Europeo sobre la convergencia es más estricto, no hay discrepancias fundamentales entre ambos. 
Resumiendo, ello hace que la posibilidad de una evaluación flexible de los criterios tenga un lugar firme en el calendario político. 
Quien lo compare con la reacción que provocó el ex presidente Giscard d ' Estaing en un congreso celebrado en este Parlamento en Bruselas en febrero del presente año, cuando de hecho no hizo más que señalar la flexibilidad del Tratado, se dará cuenta del cambio experimentado por la conciencia pública. En gran medida, esto es el mérito de este Parlamento, y el presente informe ha desempeñado un papel importante en este contexto. 
Otra cuestión es si será realmente necesaria la flexibilidad del Tratado. 
Junto con el informe de convergencia, la Comisión publicó unas previsiones de otoño basadas en las últimas cifras y las intenciones de los Estados miembros. 
Si se comparan estas previsiones, vemos que es posible realizar la UEM de diez Estados miembros el 1 de enero de 1999. Incluso si se mantiene el criterio de déficit presupuestario del 3, 0 %. 
Mi enfoque sería que, a medida que los desarrollos económicos sean más favorables, hay menos motivos para recurrir a los incisos relativizantes que se incluyen en los criterios. 
Por otra parte, hay que decir que el interés común es que la primera ola de participantes a la UEM sea lo más amplia posible para que la división que provoque la UEM sea lo más breve posible. 
Todo el debate sobre si esto no conllevará un excesivo debilitamiento del euro, me parece artificial. 
Los logros que se exigen a los Estados miembros son enormes, y ello puede ilustrarse por el hecho de que el país modelo de todo el sistema, me refiero a Alemania, tendrá grandes dificultades para cumplirlos a tiempo. 
El euro no será más débil que el marco, sobre todo con un Banco Central que será más independiente que cualquiera de los Bancos Centrales existentes, incluido el alemán. 
Lo preocupante tendría que ser más bien que el euro fuera demasiado fuerte a costa de la competitividad y el empleo en la Unión. 
El debate que se mantiene al respecto en Francia está justificado, aunque las propuestas de resolverlo mediante la devaluación del franco francés parezcan catastróficas. 
No obstante, este problema puede abordarse si se definen más reglas sobre el régimen y la política de cambio. 
Este será el momento adecuado y la ocasión adecuada, y seguro que este Parlamento hará oír su voz. 
Señora Presidenta, aún no se conocen completamente todos los aspectos de la interacción entre política monetaria y presupuestaria, pero parece que la política monetaria por sí sola, si no se incluye la política presupuestaria, no podrá mantener la estabilidad monetaria en la tercera fase de la UEM. 
No obstante, esto no significa que la política presupuestaria deba subordinarse completamente a la estabilidad monetaria. 
Si así fuera, se limitaría la posibilidad de ejercer una política económica general eficaz, no sólo para los Estados miembros que tienen que realizar mayores esfuerzos para conseguir la convergencia de sus economías con las economías de los países más desarrollados de la Unión, sino también para los que ven cómo disminuye su competitividad. 
La razón por la que deseamos la UEM, aparte de la intención básica de fomentar la unión de Europa, es la de apoyar el mercado único y, por consiguiente, la competitividad internacional de la Unión Europea. 
Sin embargo, no creo que esto se logre exclusivamente con medios monetarios. 
Dicho esto, es necesario que en la tercera fase de la UEM se garantice el equilibrio necesario entre el objetivo de la estabilidad de la moneda única y el objetivo de apoyar el esfuerzo de los Estados miembros que participen, y de los que no participen, en la UEM. 
Para garantizar este equilibrio y evitar el riesgo de que surjan tendencias y conductas competitivas intracomunitarias debe existir una coordinación de las políticas presupuestarias. 
Las propuestas de la Comisión no sólo favorecen la subordinación de la política presupuestaria al objetivo de la estabilidad monetaria, sino que, además, alteran en parte el carácter global de los mecanismos vigentes actualmente. 
Se caracterizan por cierta rigidez y tienen, básicamente, un carácter represivo. 
No pongo en duda la necesidad de conseguir y mantener el equilibrio monetario, que, naturalmente, se considera imprescindible. 
Igualmente, se considera un hecho seguro que la estabilidad monetaria, que es un objetivo institucionalizado de la Unión, constituye una condición esencial para que la UEM funcione eficazmente. 
Sin embargo, ésta no puede solucionar por sí sola todos los problemas económicos que actualmente se plantean a la Unión y que en un futuro próximo deberá resolver, ni puede garantizar por sí sola una competitividad permanente de la economía europea frente a los grandes interlocutores comerciales de la Unión. 
Por lo tanto, debemos evitar las posiciones extremas, tanto si son muy estrictas e inflexibles, destinadas a privar a la política presupuestaria de cualquier aspecto de desarrollo, como si intentan flexibilizar demasiado las normas introduciendo elementos que, a la postre, pongan en duda la utilidad de su adopción, porque en ninguno de los dos casos podrán aplicarse los mecanismos. 
Además, las normas que se adopten deberán ajustarse a lo dispuesto en el Tratado y, aunque establezcan objetivos más estrictos a medio plazo, no deben conducir a unos criterios de convergencia más estrictos ni dificultar, en vez de reforzar, los esfuerzos de convergencia de los Estados miembros participantes y no participantes en la UEM. 
Por lo tanto, Señorías, no nos engañemos. El esfuerzo de convergencia, y en concreto de convergencia económica, no acaba con el cumplimiento de los criterios de ingreso en la tercera fase, ni puede garantizarse a través de medidas de carácter automático y mecánico. 
Los fenómenos económicos, y especialmente los monetarios, son dinámicos por naturaleza, y cualquier intento de encerrarlos en normas rígidas y estáticas hará que no se consigan los resultados que se persiguen. 
Las enmiendas sobre las que debemos votar, incluidas las de compromiso, aspiran a introducir ciertas mejoras en las propuestas de la Comisión y mantenerlas lo más cerca posible de la realidad económica, aunque sin alejarlas ni lo más mínimo del marco de las disposiciones del Tratado. 
Si las propuestas de la Comisión se mantienen tal y como están, insisto en que podrán aplicarse. 
Quiero destacar los principales objetivos de las enmiendas: 
Primero, incluir los programas de convergencia en los procedimientos presupuestarios nacionales y fomentar la participación de los parlamentos nacionales. 
En lo que se refiere al Parlamento Europeo, se solicita una mejor información del mismo, no sólo a posteriori, sino a priori. 
Segundo, se especifica y subraya la posibilidad de que dispone la Comisión, en virtud del apartado 3 del artículo 104C, de tener en cuenta en la evaluación del cumplimiento de los criterios bastantes elementos referentes a la situación económica y presupuestaria del Estado miembro interesado. 
Por este motivo, además de los objetivos determinados por los programas de estabilidad, se solicita que en éstos se especifiquen las principales tendencias económicas previstos, incluidos datos relativos a la creación de empleo, a las inversiones públicas en proporción al PIB y otros parecidos. 
Tercero, se concreta, se complementa y se dota de mayor realismo la definición de los casos en los que la transgresión del valor de referencia para el déficit presupuestario se considera temporal y excepcional. 
Cuarto, no se pone en duda la imposición de la multa de depósito financiero, pero se modera su carácter automático y mecánico. 
Mediante enmienda se solicita que no se imponga por regla, como prevé la propuesta de la Comisión, sino en principio. 
Es decir, que se introduzca cierto elemento de flexibilidad, aunque sea mínimo, para que el Consejo conserve la posibilidad de control que le reconoce el Tratado. 
Se solicita también que el importe del depósito y de la multa no se considere un gasto público en el marco del control del déficit público. 
Por último, se ha considerado necesario prever la posibilidad de una revisión periódica de las disposiciones reglamentarias a fin de mejorar la eficacia de su funcionamiento a la luz de la experiencia adquirida y de tomar en consideración, los cambios institucionales que se hayan adoptado. 
Señora Presidenta, la Comisión debe acoger estas propuestas con un espíritu de colaboración y comprensión, dado que se trata de facilitar el trabajo. 
Las decisiones que en su caso adopte el Parlamento Europeo y el tratamiento que dé al informe deben tener un claro carácter político y no puramente técnico, que responda a los deseos y la sensibilidad de todos los Estados miembros de la Unión. 
Comprendemos los problemas que la Comisión encuentra y los fines a los que sin duda quiere servir pero, como ha dicho su Presidente, el Sr. Santer, el papel de la Comisión es político y es precisamente el que queremos que desempeñe, aprobando las enmiendas que proponemos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, a pesar de que el Parlamento no ha tenido tiempo suficiente para profundizar en todos los problemas jurídicos que plantea la introducción del euro, nuestra comisión y nuestro Parlamento se encuentran en condiciones de aprobar las grandes líneas de los dos proyectos de reglamento que usted nos presenta. 
Ambos constituyen una base sólida para proceder a la mayor operación monetaria de todos los tiempos. 
Jamás en la historia de nuestros pueblos había tenido lugar una operación de tal envergadura ni que constituyera un cambio tan radical y afectara a tantas personas. 
Por ello, el Parlamento no puede insistir lo suficiente en la necesidad de informar, preparar y tranquilizar a la población. 
En ese sentido, es mucho lo que aún nos queda por hacer y no disponemos de demasiados días para remediar esta carencia. 
Ése mismo motivo nos lleva a insistir en la necesidad de que el texto esté protegido contra cualquier impugnación jurídica. 
Lo que no es el caso, lamento decirlo. 
Y Ecofin, al igual que la Comisión, a pesar de los múltiples consejos de los juristas del que se han rodeado, han eliminado con demasiada ligereza la objeción que se hizo en cuanto a la decisión de Madrid de poder cambiar en una cumbre lo que se había establecido por tratado. 
Por más que utilicen todas las artimañas de las que los juristas son capaz para explicar que el ecu no quiere decir ecu, sino european currency unit, eso no se sostiene, y usted lo verá. 
Lamento decirlo. 
La situación es la misma en lo que respecta a otras enmiendas más importantes, y reprocho a la Comisión que haya capitulado tan pronto. 
En realidad, el euro no es solamente la moneda de los Estados, es también la moneda de la Comunidad. 
Usted no lo ha querido, ¿por qué? 
Porque sus juristas le han dicho: la Comunidad no es un Estado. 
Pero se equivocan. 
Según los tratados- y la prueba es que ustedes han creado una moneda -, el Banco Central puede emitir la moneda europea. 
Tienen, por tanto, la capacidad de justificarla, incluso en el extranjero. 
Y el hecho de que dos Estados miembros se aparten momentáneamente mediante la opción de exclusión, no es motivo para que usted capitule ante ellos. 
En segundo lugar, la decisión que usted debe tomar al respecto no se basa en el artículo 235, sino en el artículo 104, que permite tomar una decisión por mayoría cualificada. 
Por tanto, las objeciones de Dinamarca y del Reino Unido pueden reducirse aquí a nada. 
Esos países pueden votar en contra, pero es posible conseguir la aprobación. 
Por consiguiente, reprocho a la Comisión que se haya mostrado tan increíblemente tímida a la hora de defender sus propios intereses. 
Por ello, señora Presidenta, espero que gracias a la reflexión, gracias a un análisis minucioso, la Comisión pueda aceptar las enmiendas que proponemos en este sentido. 
Quiero añadir que quisiera defender dos enmiendas más. 
Aquella que dice, en particular, que el Banco Central emitirá la moneda europea y que serán los bancos centrales nacionales los que la pongan en circulación. 
Me han objetado: pero nosotros nos guiamos por el texto del Tratado. 
¡Vuelven a equivocarse! 
En el texto del Tratado, los estatutos del Banco Central son equivalentes a los del Tratado, y por tanto, cuando existe una contradicción entre los estatutos del Banco Central, que forman parte del Tratado y el texto del propio Tratado, hay que subsanar dicha contradicción interpretando el espíritu de los autores y de los textos. 
Y, en ese sentido, no le costará nada aceptar también nuestra enmienda que dice que será el Banco Central el que emita la moneda y que serán los bancos nacionales los que la pongan en circulación. 
Eso es lo que habrá que hacer y lo que ustedes deberían reconocer, si fueran lógicos y consecuentes con ustedes mismos. 
Para terminar, una última observación a propósito del principio presentado tantas veces, según el cual no existe ninguna obligación en lo que respecta al euro, pero que tampoco existe ninguna prohibición al respecto. 
La auténtica traducción de ese principio no figura en su texto, sino en el nuestro. 
Nosotros decimos que cuando las partes así lo deseen, pueden utilizar el euro como gusten, y no por el hecho de que en un comienzo se haya redactado un contrato, sobre todo si éste data de mucho tiempo atrás, en moneda nacional y que dicha moneda nacional es sustituida hoy por el euro, no por ello deberá ejecutarse el contrato en dicha moneda nacional durante el período transitorio. 
La auténtica traducción jurídica del principio que usted ha proclamado en repetidas ocasiones está mejor reflejada en nuestro texto que en el suyo. 
Y espero que, también en este caso, tras haber reflexionado de nuevo sobre la cuestión y haber escuchado con mayor atención al Parlamento, tenga en cuenta la enmienda y la acepte. 
Estas son, señora Presidenta, las tres observaciones que quería hacer. 
He observado con satisfacción que la Comisión ha intentado tomar en consideración las preocupaciones del Parlamento en lo que respecta a la protección de los consumidores, y que, en ese sentido, usted se propone presentar próximamente, en otro texto, propuestas relativas a este asunto. 
Si eso es cierto, podríamos considerar con cierta comprensión y mucha indulgencia el hecho de que, en este punto, pudiera rechazar nuestras enmiendas. 
Muchas gracias, señor Herman. 
No me cabe duda de que el Sr. Comisario responderá sin tardanza a su vigorosa interpelación. 
Señora Presidenta, señoras y señores, a modo de introducción cabe recordar que el informe del Instituto Monetario Europeo sobre la transición a la moneda única se presentó en noviembre de 1995 con el objeto de preparar para el Consejo Europeo de Madrid de noviembre de 1995 las conclusiones para la moneda única europea. 
Verona, Luxemburgo y Florencia fueron otras estaciones intermedias en las que ante todo se trató sobre la disciplina presupuestaria así como sobre la relación entre los Estados miembros que van a pertenecer en el futuro al área del euro y los países miembros restantes en el marco de un eventual nuevo SME II. 
El Consejo de Dublín es inminente. Mi informe se ocupa a tiempo de las cuestiones esenciales de futuro tras el voto favorable de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Especial hincapié hay que hacer en que sólo en una Comunidad Europea unida monetariamente, fuerte económicamente y estable políticamente podrán solucionarse los problemas que afectan a la economía y al comercio mundial. 
El euro tiene que convertirse en un catalizador de la futura unidad europea. 
La utilidad y necesidad del euro consiste ante todo en que contribuye al pleno desarrollo de mercado interior europeo y en que proporciona un carácter más comprensible, susceptible de comparación y cálculo de los diversos mercados y de sus productos ya que desaparecen los costes de cambio y de conversión. 
Gracias al euro se irá creando un mercado financiero que ofrecerá amplias posibilidades de financiación e inversión. 
La ventaja del euro como moneda de reserva y de referencia repercutirá positivamente sobre la estabilidad y una mayor capacidad productora de la economía europea. 
Se podrá combatir con mayor eficacia las especulaciones y los cálculos de la industria exportadora europea serán más seguros, lo que evitará la destrucción de puestos de trabajo. 
Hay que garantizar el respeto de las premisas determinadas en el Tratado de Maastricht para la introducción de la moneda única. 
Naturalmente, los criterios acordados contractualmente tienen que ser vinculantes, además de modo permanente. 
Hay que evitar excepciones a corto plazo para los presupuestos que deban ser tomados en consideración para enjuiciar la madurez del ingreso. 
Para garantizar la necesaria disciplina presupuestaria también tras el ingreso en la Unión Económica y Monetaria, debe existir un pacto de estabilidad que no debe ser un seudo pacto dirigido solamente a tranquilizar a las ciudadanas y ciudadanos europeos sino que debe contener unos mecanismos eficaces. 
La aprobación general por parte de todos los Estados miembros de una política de estabilidad a largo plazo en el Consejo de Dublín va a ser la prueba real de si realmente se persigue lo que acabo de decir. 
Como políticos no nos cansamos de debatir sobre el euro y sobre todos los elementos importantes necesarios para que una Unión Monetaria tenga éxito. La tarde de hoy es un buen ejemplo de ello. 
Al menos tan importante es profundizar el debate y la información con y para las ciudadanas y ciudadanos. 
Por ello, es muy de saludar la campaña de información puesta en marcha por el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros así como todos los actos informativos y futuras informaciones de los círculos interesados. 
Un último tema muy importante para nosotros es la fase de familiarización con el euro, ante todo la doble indicación de precios. 
Asociaciones comerciales calculan que los costes derivados de esta doble indicación de precios va ser de 25.000 millones de ecus, una cantidad enorme si el cálulo es correcto. 
Dentro del presente año hay que encontrar unas soluciones más económicas para, por un lado, garantizar a los consumidores la suficiente transparencia y, por otro, mantener lo más reducidos posibles los costes derivados de la doble indicación de precios, precisamente para el comercio minorista y de ventas por correspondencia. 
Siempre hemos dicho que en el cambio al euro, la nueva moneda europea, no debe haber ganadores ni perdedores, es decir, los costes no deben trasladarse unilateralmente a los consumidores. 
Desde 1999 hasta el año 2002 sería de ayuda fomentar en todos los sectores públicos u obligar a dichos sectores a indicar en euros y en la moneda nacional todos los pagos de sueldos, todas las tasas o cualquier otra liquidación, para ofrecer de este modo al ciudadano una fase más larga de familiarización y acortar a la postre la fase de doble indicación de precios establecida hasta ahora. 
Les ruego su aprobación al informe en la votación de mañana. Creo que el voto relativamente amplio en favor del informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial debería reflejarse también en el Parlamento. 
Señor Presidente, antes de presentar mi informe sobre la Unión Económica y Monetaria y las repercusiones de las políticas monetarias en la economía real, quisiera hacer algunas observaciones sobre el debate acerca de la UEM en conjunto y su acogida en mi país, el Reino Unido. 
La semana pasada, se armó un jaleo en Londres, cuando el Gobierno fue censurado con razón por impedir un debate sobre la UEM en la Cámara de los Comunes, a partir de la presentación de documentos relacionados con la UEM, incluidos algunos que estamos debatiendo hoy. 
Sin embargo, lo que a mí me sorprendió fue la reacción de la Cámara de los Comunes y su hermano gemelo: los medios de comunicación de Londres. 
La madre de todos los parlamentos parece no estar enterada de que su hija adulta, el Parlamento Europeo, lleva semanas debatiendo algunos de esos documentos decisivos. 
Los diputados británicos al Parlamento Europeo han estado en el centro de ese examen parlamentario, defendiendo vigorosamente los intereses británicos, sin por ello dejar de contribuir positivamente a la construcción de Europa mediante la UEM. 
¿Es que no leen los periódicos? 
Pero ése es el problema: los medios de comunicación radicados en Londres se lo pasan pipa informando sobre el Parlamento Europeo: nada informan al respecto. 
Por una combinación de ignorancia, arrogancia, pereza, miedo y aversión, degradan y denigran cuidadosamente la razonada respuesta de este Parlamento a las preocupaciones del hombre y la mujer medios de la Gran Bretaña de hoy, cuya búsqueda de empleo no es su menor motivo de inquietud. 
En el párrafo 13 de mi informe se impugna la opinión de moda en los incestuosos círculos de los medios de comunicación de Londres de que la moneda única no contribuirá a la creación de puestos de trabajo. 
Sí que contribuirá. 
Y con ello se cumplirá plenamente el imperativo artículo 2 del Tratado de la UE relativo al fomento de puestos de trabajo decentes y del respeto del medio ambiente. 
El Tratado de Maastricht, en su formulación actual, presenta algunas deficiencias que el informe Harrison intenta remediar. 
Tomemos, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que va a desempeñar un papel tan apremiante para nuestras vidas dentro de unos años. 
El votante se pregunta atinadamente qué control democrático se ejercerá sobre el gobernador del Banco Central Europeo y a qué rendición de cuentas se lo someterá. 
Su papel será fundamental para la determinación de los tipos de cambio, lo que explica los niveles de tipos de interés y de inflación en los que todos nos hundimos o flotamos, al intentar, como titulares de créditos hipotecarios o empresarios, abrirnos camino entre los escollos de nuestra situación económica local. 
Mi informe en modo alguno amenaza la independencia del Banco Central Europeo. 
En Gran Bretaña existe la vívida experiencia de la injerencia de la Sra. Thatcher, que en 1990 pasó por alto a Sir Nigel Wicks, de la Comisión de Asuntos Monetarios, y fijó la entrada del Reino Unido en el MTC con un tipo de cambio que después dejó incapacitada a la industria británica. 
Propongo que fortalezcamos el principio de rendición de cuentas llegando a un acuerdo interinstitucional con la Comisión y el Consejo sobre la designación de la junta ejecutiva del BCE y los nombramientos del Ecofin y debatiendo el informe anual del BCE. 
Esos complementos serán oportunos para desarrollar la propuesta fundamental de este informe, según la cual la política monetaria no es neutral. 
Afecta sin duda a la economía real, por lo que de vez en cuando se debe recordar esa realidad a los gobernadores de los bancos centrales. 
Otro problema se refiere a la aparente dislocación que entraña la UEM, al haber una política monetaria única aplicada por el BCE, mientras que las políticas presupuestarias complementarias serán decididas y aplicadas por separado por los 15 Estados miembros. 
Los Fondos estructurales de la UE, los TEN, la labor del Banco Europeo de Inversiones son factores, todos ellos, que contribuyen a colmar esa laguna. 
Sin embargo, resulta imperativo y mucho más influyente velar por la mayor coherencia entre la planificación económica y presupuestaria de los Estados miembros. Eso se puede hacer mediante una mayor utilización de las amplias orientaciones económicas y los procedimientos multilaterales de vigilancia que entraña el Tratado. 
En ambos casos debe participar directamente el Parlamento Europeo. 
Ese examen democrático es esencial y constituye en parte una respuesta a la histérica reacción de los euroescépticos del Partido Conservador británico, según los cuales la Comisión Europea está desempeñando en secreto un papel importante en la coordinación de la planificación económica y presupuestaria de los Estados miembros. 
Dicha coordinación es, naturalmente, lo que el Gobierno conservador subscribió. 
Y la cláusula de no participación del Reino Unido en la UEM no exime al Gobierno del Reino Unido de esa responsabilidad. 
El sector de mi informe en el que quisiera hacer hincapié por último es el de la importancia concedida a aspectos de la economía real que se pasan por alto a consecuencia de la abrumadora fijación de la atención en los criterios de convergencia. 
Respecto de la orientación de las economías de Europa hacia la convergencia, aludo, en particular, al apartado 1 del artículo 109J del Tratado, en el que se establecen otros indicadores económicos que se deben tener en cuenta al evaluar los criterios de convergencia. 
Para contrapesar el efecto de una posible contracción de las perspectivas de crecimiento de los Estados miembros, debida a la consolidación presupuestaria, hay que tener debidamente en cuenta las modalidades de inversión, la tasa de desempleo, los costos laborales unitarios y- cosa que reviste mucha importancia- los avances logrados en la realización del Mercado Único. 
Si se hace hincapié debidamente en esos elementos, se dará un gran paso para disipar el miedo de los ciudadanos a que la UEM esté sujeta sólo a los áridos e inhumanos criterios monetarios. 
Vuelvo a donde empecé. 
La UEM dará resultado sólo si brinda una vida decente a nuestros ciudadanos y ése es el objetivo al que el informe Harrison va encaminado en última instancia. 
Señor Presidente, Señorías, estamos celebrando un debate sumamente importante. 
Quisiera recalcar que en realidad se trata de determinar el marco económico de la sociedad del mañana. 
Por ello es importante que en este debate intentemos conectar con los deseos de amplias capas de la población. 
Hemos de evitar que el debate degenere hasta convertirse en un debate entre tecnócratas. 
Hemos de procurar, y esta es la tarea del Parlamento, que esta difícil cuestión sea comprensible para la población. 
¿Qué decimos acerca del contenido del pacto de estabilidad? 
En primer lugar, hay un consenso general de que tenemos que seguir luchando para conseguir sanear las finanzas públicas. 
Son la mejor garantía de un funcionamiento eficaz del Estado, y forman la base del empleo de mañana. 
En segundo lugar, hemos de cuidarnos de que las finanzas públicas sanas no dependan tan sólo de la evaluación de los gastos. 
Hemos de cuidarnos de que, debido a la fuerte competencia entre los Estados miembros en el ámbito de los impuestos, no surja una erosión fiscal que aumente todavía más la presión sobre los gastos. 
Tenemos que crear el espacio necesario para permitir que, en determinados momentos, los gobiernos y las instituciones europeas puedan aplicar una política anticíclica. 
Por ello no cabe duda de que la Comisión Europea ha dado pasos en la dirección correcta con sus actividades en relación con las propuestas originales que surgieron del Consejo de Dublín. 
Resumiendo, decimos sí a la consolidación de la convergencia. Decimos no a la perpetuación del carácter deflacionista que ha acompañado forzosamente al cumplimiento de los criterios de convergencia. 
Desde la Comisión de Presupuestos pedimos que se preste especial atención a una definición minuciosa de la nueva fuente de ingresos de la que dispondrá Europa- preferimos que no sea así, pero puede ocurrir -, si hace falta depositar multas en caso de rebasar diversos criterios. 
Desde la Comisión de Presupuestos hemos pedido una definición muy detallada de la manera en que ha de realizarse la imputación, de la manera en que ha de calcularse el interés sobre estos depósitos. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera dirigirme a usted y rogarle que en esta importante cuestión, cuando se tome la decisión final por parte del Consejo de Ministros se tenga en cuenta todo lo que ha expresado una gran mayoría de los diputados de este Parlamento. 
Pienso que es esencial para preservar la credibilidad de la Europa de mañana de cara a la sociedad. 
Señor Presidente, agradezco poder hablar sobre estas importantes cuestiones para los ciudadanos de Europa esta mañana. 
Hoy tenemos ante nosotros grandes cuestiones de principio. 
No voy a decir que los asuntos que deseo plantear sean los que más preocuparán a los estadistas de Europea, pero preocuparán a los ciudadanos de Europa. 
Los ciudadanos de Europa necesitan saber que sus intereses están protegidos cuando uno de los más trascendentales cambios en sus vidas normales se produzca, como creo, en algún momento de los cinco próximos años. 
Personalmente, lamento que la Comisaria de Asuntos de los Consumidores y su equipo parezcan no estar demasiado enterados y de las propuestas que han ido llegando hasta nosotros haber hecho pocas aportaciones al respecto. 
Agradezco a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que haya aceptado tantas de las enmiendas relativas a asuntos de los consumidores presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Quisiera hacer tan sólo una observación sencilla sobre la cuestión de la doble fijación de principios en relación con el informe anual. 
Creo que es necesario que el ciudadano pueda disponer de un fácil punto de referencia para la moneda y los valores que se han formado a lo largo de toda una vida durante todo el período de transición, cuando se esté introduciendo la nueva moneda y durante un tiempo después de su introducción. 
En el Reino Unido hemos tenido que adaptarnos en años pasados al sistema métrico que, para todos los demás Estados miembros aquí representados, ha sido un fácil punto de referencia familiar. 
Sabemos lo difícil que fue hacer esa adaptación, en particular para los ancianos y los menos informados, y ésa es la razón por la que apoyamos la propuesta de las enmiendas para la introducción de un sistema de doble fijación de precios que ahora serán aprobadas- espero- en este informe. 
Señor Presidente, en el informe del Instituto Monetario Europeo sobre la transición a la moneda única se echa en falta una dimensión muy importante, concretamente la de las consecuencias internacionales del euro para la Unión Europea. 
¿Cuáles son las consecuencias internacionales de la introducción de la moneda única para la Unión Europea? 
En primer lugar, con la aplicación de la política económica y financiera se refuerza el peso político y el papel internacional de la Unión Europea en el contexto internacional. 
Gracias al euro será más fácil recuperar el equilibrio del régimen monetario internacional, sobre todo frente al dólar. 
En segundo lugar, el euro permitirá a la Unión Europea ofrecer más resistencia a los embates exteriores, lo cual implica una mejora fundamental frente al actual Sistema Monetario Europeo. 
En tercer lugar, el euro permite volver a entablar el diálogo multilateral con vistas a una coordinación eficaz de la política económica de los principales bloques comerciales. 
Con ello, la UE estará mejor pertrechada para exigir unas relaciones macroeconómicas más equilibradas en el mundo. 
Por consiguiente, el euro supone más responsabilidad para Europa en el enfoque de los problemas económicos y monetarios internacionales. 
Esto refuerza la posición de la Unión dentro de las organizaciones económicas financieras, al tiempo que aumenta la necesidad de definir la participación de la Unión Europea en estas organizaciones. 
Además consideramos totalmente necesario que se establezca un guión de referencia exterior para el período de transición a la moneda única. 
Ambas conclusiones han contado con el apoyo del Sr. Hoppenstedt y se lo agradecemos. 
Por consiguiente, el euro permite que, en el ámbito monetario, la Unión desempeñe un papel que concuerda más con el peso que tiene en el ámbito económico y comercial. 
Es preciso por tanto prestar a las consecuencias internacionales de la moneda única toda la atención que se merecen. 
Señor Presidente, hoy es un día importante en el proceso de la integración europea. 
Las deliberaciones del Parlamento en este Pleno constituirán otro hito en los preparativos para la Unión Económica y Monetaria. 
Así, pues, me complace mucho tener la oportunidad de dirigirme a Sus Señorías hoy en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda. 
Señor Presidente, en la sesión de hoy de este Parlamento se van a abordar varias cuestiones relativas a la UEM, incluido el debate del proyecto de reglamento del Consejo presentado por la Comisión Europea el mes pasado relativo al pacto de estabilidad y el marco jurídico del euro. 
También se va a examinar el dictamen del Parlamento de conformidad con el apartado 1 del artículo 109J del Tratado de la Unión Europea. 
En este último caso Sus Señorías tienen ya ante sí las recomendaciones del Ecofin al Consejo Europeo, con arreglo a dicho artículo. 
No ha de sorprender que el Ecofin, a partir de los informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo y de la recomendación de la Comisión, adoptara, el 11 de noviembre, una recomendación al Consejo Europeo para determinar lo siguiente: primero, que una mayoría de los Estados miembros no cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única; segundo, que la Comunidad no entrará, por tanto, en la tercera fase de la UEM en 1997; tercero, que el procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 109J se aplicará lo antes posible en 1998. 
La recomendación del Ecofin del 11 de noviembre fue enviada al Parlamento ese mismo día y el Parlamento está formulando ahora su dictamen. 
Evidentemente, dicho dictamen es enteramente un asunto del propio Parlamento y, como Presidente en ejercicio del Ecofin, no tengo, por tanto, nada más que decir al respecto. 
Sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que yo, como Presidente en ejercicio del Ecofin y, de hecho, todos los miembros del Consejo agradecemos profundamente la rapidez con que el Parlamento ha actuado para formular su dictamen y, de hecho, su buena disposición para abordar prontamente otros asuntos relativos a la UEM que Sus Señorías tienen ante sí hoy. 
Ahora quisiera informar brevemente a Sus Señorías sobre el estado actual de la labor necesaria para el lanzamiento de la UEM el 1º de enero de 1999. 
Como saben Sus Señorías, el Consejo Europeo de Madrid, celebrado el pasado mes de diciembre, representó un decidido paso adelante en los preparativos de la UEM, al dar el nombre de euro a la nueva moneda y al fijar un calendario completo para el paso a ella. 
Dicho brevemente, la UEM se iniciará el 1º de enero de 1999 con la fijación irrevocable de los tipos de conversión de las divisas de los Estados miembros participantes y el euro pasará a ser una divisa por derecho propio. 
La política monetaria de la nueva divisa se hará, naturalmente, en euros desde el principio y a partir del 1º de enero de 1999 se emitirá nueva deuda pública negociable. 
Después habrá un período de transición hasta que los billetes de banco y las monedas de euros empiecen a circular junto con las monedas y los billetes nacionales. 
Después se empezará a retirar estos últimos hasta que haya concluido el paso al euro. 
Además de beneficiarse de la labor del Consejo Europeo de Madrid, la Presidencia irlandesa se ha beneficiado también de los avances logrados durante la Presidencia italiana, en particular en el Consejo oficioso reunido en Verona en abril. 
A partir de esos avances el Consejo Europeo de Florencia instó al Ecofin a que, junto con la Comisión y el IME, en sus respectivos ámbitos de competencia, prosiguiera la labor sobre estas tres cuestiones relativas a la UEM: las relaciones entre Estados miembros participantes y no participantes, incluido un nuevo mecanismos de tipos de cambio; en segundo lugar, la labor técnica preparatoria sobre el marco jurídico para el euro y, en tercer lugar, la estabilidad presupuestaria en la fase 3 de la UEM. 
Se pidió al Ecofin que trabajara con vistas a presentar conclusiones que revelaran otros avances importantes al Consejo Europeo de Dublín. 
Quiero decir a Sus Señorías que hemos logrado considerables avances sobre las tres cuestiones. 
En septiembre organicé en Dublín una reunión oficiosa de los ministros de Hacienda de la UE y de los gobernadores de los bancos centrales para examinar los avances y preparar el camino para el Consejo Europeo de Dublín, que se celebrará en diciembre. 
La reunión oficiosa veló por que avanzáramos bastante con vistas a alcanzar los objetivos de nuestra Presidencia. 
El impulso dado por dicha reunión permitió a la Comisión el mes pasado aprobar propuestas legislativas sobre el pacto de estabilidad y sobre el marco jurídico para el euro, además de una comunicación al Consejo sobre la relación entre Estados miembros participantes y no participantes. 
Respecto de esta última cuestión, el informe del Ecofin al Consejo Europeo de Dublín abordará el nuevo mecanismo de tipos de cambio que se establecerá con la constitución de la UEM. 
Naturalmente, las características principales del nuevo MTC son ya conocidas, en particular la de que los tipos centrales de las monedas participantes se fijarán en relación con el euro exclusivamente: por su papel como moneda-ancla y también para hacer hincapié en la meta de la convergencia con el sector del euro. 
El nuevo mecanismo irá encaminado a contribuir a proteger a los Estados miembros de las fluctuaciones excesivas de los tipos de cambio, con lo que contribuirá a apuntalar el Mercado Único. 
La labor relativa a los detalles del nuevo MTC se llevará a cabo después de Dublín, aunque, naturalmente, no se les podrá dar forma final hasta que se cree el Banco Central Europeo en 1998. 
El informe que el Ecofin presentará en Dublín sobre ese epígrafe abordará también las disposiciones encaminadas a intensificar la vigilancia de las políticas económicas con vistas a velar por que favorezcan la convergencia, que es esencial para la estabilidad monetaria. 
En cuanto a la segunda parte de la labor del Ecofin, Sus Señorías han de saber que el mes pasado la Comisión aprobó propuestas relativas a dos proyectos de reglamento del Consejo sobre el marco jurídico del euro. 
El primer proyecto de reglamento tiene como fundamento el artículo 235 del Tratado y en él figuran los asuntos que es necesario aprobar con urgencia: entre ellos, las reglas para el redondeo, la continuidad de los contratos y la substitución del ecu por el euro a razón de uno por uno. 
El segundo tiene como fundamento el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado y comprende las otras disposiciones necesarias para el marco jurídico. 
Como el apartado 4 del artículo 109 L requiere que el Consejo adopte decisiones por unanimidad de los Estados miembros que no disfruten de una exención, esa segunda propuesta no se aprobará hasta más adelante. 
Un grupo de trabajo del Consejo ha estado examinando las dos propuestas y el 11 de noviembre el Ecofin tomó nota de que se habían logrado avances susbtanciales, en particular sobre la propuesta basada en el artículo 235. 
Naturalmente, los avances hacia la adopción final dependen no sólo del Consejo, sino también del Parlamento y me complace saber que Sus Señorías están abordando con tanta prontitud esos dos proyectos de reglamento. 
Permítaseme añadir, además, que sé que el Consejo ha expresado su interés por que la dimensión relativa a los consumidores de todo este proyecto recibe la atención adecuada y, de hecho, uno de los oradores anteriores ha hecho ya una contribución a ese respecto. 
Así, pues, espero que la Comisión presente propuestas en su momento sobre esa cuestión para que Sus Señorías las examinen. 
La tercera cuestión que el Ecofin tiene ante sí se refiere a la consecución de la disciplina presupuestaria en la tercera fase de la UEM o, dicho en otras palabras, el pacto de estabilidad. 
La Comisión ha presentado también dos propuestas de reglamento del Consejo a ese respecto. 
La primera versa sobre las aclaraciones del procedimiento relativo al déficit excesivo con arreglo al artículo 104C y comprende la cuestión de las sanciones. 
La segunda propuesta versa sobre el fortalecimiento de la vigilancia y la coordinación de las posiciones presupuestarias, de conformidad con el apartado 5 del artículo 103 del Tratado. 
La segunda propuesta estará sujeta al procedimiento de cooperación en el Parlamento Europeo. 
Sobre la primera el Consejo consultará al Parlamento Europeo, de conformidad con el apartado 14 del artículo 104C del Tratado. 
La presentación de esas dos propuestas por la Comisión indica que se han logrado avances con vistas a la formulación de un pacto de estabilidad. 
Ya existe un acuerdo amplio sobre muchos elementos. Por ejemplo, hemos acordado que los Estados miembros que formen parte de la UEM estarán obligados a presentar programas de estabilidad que demuestren un compromiso con la gestión conveniente de su hacienda pública y con el mantenimiento de los déficit por debajo del valor de referencia, que figura en el Tratado, del 3 % del PIB a lo largo de un ciclo económico normal. 
También hay acuerdo en que debe existir un sistema de alerta temprana para que contribuya a prevenir la aparición de déficit excesivos. 
Está avanzando la labor relativa a las demás características del pacto. 
Entre ellas figuran la especificación de las sanciones que dispone el Tratado, si un Estado miembro que forme parte de la UEM no adopta medidas eficaces para remediar un déficit excesivo, y la determinación de cuándo se debe considerar «excepcional y temporal» el exceso de déficit público de un Estado miembro respecto del valor de referencia que figura en el Tratado. 
Los ministros del Ecofin celebraron un completo y fructífero intercambio de opiniones en su reunión del 11 de noviembre y volverán a examinar ese asunto el lunes próximo aquí, en Bruselas. 
Queda por ver hasta qué punto se habrán podido especificar los detalles de la labor sobre el pacto de estabilidad cuando concluya la Presidencia irlandesa, si bien abrigo la esperanza de que el Consejo Europeo de Dublín logre más avances al respecto. 
Antes de concluir mis observaciones sobre el pacto de estabilidad, creo que debo explicar algunas de las ideas en que se basa. 
Evidentemente, el pacto va encaminado primordialmente a lograr un fundamento estable para el euro, al velar por que los Estados miembros de la zona del euro mantengan sus déficit públicos por debajo del límite máximo fijado en el Tratado del 3 % del producto interior bruto a lo largo de un ciclo económico normal. 
Pero debo añadir también que, al promover la política presupuestaria orientada a la estabilidad, el pacto va encaminado también a crear condiciones en que los tipos de interés bajos correspondan a una inflación baja. 
A partir de la experiencia irlandesa puedo decir que los tipos de interés bajos y la inflación baja contribuirán al fomento de la inversión y con ello al fomento, a su vez, del objetivo de todos los Estados miembros y de todo diputado a esta Asamblea de potenciar al máximo el crecimiento sostenible y el empleo. 
Eso en cuanto a los avances que hemos ido logrando respecto de la UEM en el Ecofin y, de hecho, las perspectiva para el Consejo Europeo de Dublín, que se celebrará en diciembre. 
Pero no sólo en el Ecofin o, de hecho, en el Parlamento Europeo se están haciendo preparativos para la UEM. 
Conque creo que sería apropiado concluir mencionando brevemente algunas de las cosas que se están haciendo en otras instancias y que constituyen otras pruebas del impulso cada vez mayor hacia la UEM. 
En primer lugar- y puede que algunos de Sus Señorías lo sepan, pero tal vez no todas -, se están haciendo preparativos prácticos en las administraciones y en los sistemas bancarios de los Estados miembros para el paso al euro. En realidad, es evidente que en algunos Estados miembros se encuentran ya en una fase bastante avanzada. 
Otra prueba de que el proceso de la UEM está cuajando lo brinda también esa institución de lo más escéptica que son los mercados financieros, en los que las transacciones con vistas a la convergencia han reducido los diferenciales entre los tipos de interés de los Estados miembros. 
La convergencia entre los Estados miembros respecto de la inflación ha aumentado también en gran medida, fenómeno mencionado en informes recientes de la Comisión y del IME. 
También ha habido la reciente y digna, en verdad, del mayor beneplácito entrada del marco finlandés y la entrada de nuevo de la lira italiana en el mecanismo de tipos de cambio. 
Hablando a Sus Señorías como político que habla a políticos, me parece que la prueba más convincente del compromiso de los Estados miembros para con la UEM es la determinación de que están dando muestras todos los Estados miembros para poner sus haciendas en orden. 
Dicha determinación se debe no sólo a la UEM, sino también a que la consecución de una hacienda pública sólida tiene sentido por sí misma. 
He dicho antes que el ejemplo de Irlanda muestra, si se me permite decirlo así, que la consolidación presupuestaria funciona. 
Pero no por ello resulta fácil y la buena disposición para llevar a cabo las duras tareas es lo que demuestra el compromiso de los Estados miembros con el proceso de la UEM. 
Antes de concluir, se han planteado un par de asuntos durante el debate a los que quisiera responder. 
En primerísimo lugar, en relación con los consumidores y la cuestión de la doble fijación de precios, contribución hecha por el Sr. Whitehead, tan sólo quiero decir que desde nuestro punto de vista en Dublín, durante la semana que se inicia el 9 de diciembre y durante todo el período del Consejo de Dublín, queremos pedir y obtener la cooperación de algunos de nuestros mayores establecimientos detallistas y- lo que es más importante- nuestras tabernas para introducir un sistema de doble fijación de precios a fin de infundir a nuestros ciudadanos una sensación de familiaridad con ese procedimiento y, si finalmente se llega a un acuerdo, esperamos que los anuncios en los periódicos hasta el período de Navidad de algunos de los mayores supermercados tendrán, de hecho, instalados mecanismos de fijación doble de precios. 
Me gustaría que se fomentara ese proceso en los 15 Estados miembros de la Comunidad, incluida, tal vez, Gran Bretaña, señor Harrison. 
Respecto de las consecuencias internacionales del euro, una observación hecha, si no recuerdo mal, por el Sr. De Clerq es algo que todos debemos examinar muy detenidamente. 
En una reciente conferencia organizada en Berlín por el Grupo Canguro, ofrecí algunas de mis opiniones a ese respecto. 
Desde luego, seremos menos vulnerables a las sacudidas económicas exteriores que ahora, con 14 monedas diferentes, lo que constituye un factor importante. 
Podremos facturar directamente en euros a muchos más de nuestros clientes que ahora fuera de la zona del euro. 
Por último- y tal vez sea lo más importante: para mí, desde luego, lo es, como miembro de la familia socialista de la Unión Europea -, podremos aportar a nuestras antiguas colonias, que ahora son Estados independientes en África y en otras partes del mundo, una divisa mucho más sólida para que se expresen en ella sus productos básicos, una divisa que no fluctúe en valor en el mismo grado que otras divisas internacionales, en particular el dólar. Eso contribuirá, a su vez, a fomentar la estabilidad económica en todo el mercado internacional. 
Sin embargo, no creo que se haya hecho una labor suficiente todavía para estudiar ese fenómeno particular de la dimensión internacional del euro y es algo que ahora tenemos la oportunidad de hacer, tras haber concluido virtualmente gran parte de la labor en relación con los detalles de cómo funcionará en realidad el sistema monetario. 
Mis últimas palabras van dirigidas a mi antiguo amigo Freddy Willocks. Sí, tiene razón Su Señoría. 
El proyecto de moneda única europea no funcionará, a no ser que cuente con el apoyo de los ciudadanos de Europa. 
Y no contará con su apoyo, si no cumple dos objetivos primordiales. En primer lugar, tiene que notarse y tiene que funcionar como una moneda firme y sólida y lo digo como socialista que soy. 
Tiene que verse y tiene que funcionar como una moneda firme y sólida que conserve su valor. 
En segundo lugar, dicha moneda firme y sólida, combinada con una gestión presupuestaria correcta de la hacienda pública en todos los Estados miembros y dentro de la Comisión creará el espacio y la oportunidad para que los ciudadanos adopten decisiones propias en materia de inversión sobre un fondo de inflación y tipos de interés bajos. 
Sobre ese fondo, los Estados que hayan creado un espacio para sí mismos podrán hacer las intervenciones en los sistemas de mercado para corregir las deficiencias del sistema de mercado en la prestación de servicios o para llegar a los sectores del mercado de trabajo o, de hecho, a las secciones de nuestra población que, sin culpa alguna por su parte, hayan quedado marginadas o apartadas. 
Una moneda débil y déficit elevados no favorecen a los ciudadanos europeos del presente o del futuro. 
Así, pues, creo que la reglamentación que estamos intentando establecer para la moneda única favorecerá más que nada a los ciudadanos europeos y los ciudadanos europeos la reconocerán, a su vez, como tal y le darán el apoyo político con que debe contar para tener éxito. 
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme agradecer, en nombre de toda la Asamblea, al Presidente del Consejo Ecofin la presentación que ha hecho hoy y- lo que es más importante- la forma como ha entablado un diálogo con el Parlamento Europeo desde que Irlanda se hizo cargo de la Presidencia de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que puedo hablar en nombre de toda la Asamblea, cuando digo lo mucho que hemos apreciado su participación, no sólo en las reuniones celebradas aquí, en la Asamblea, sino también en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento y, naturalmente, en las reuniones oficiosas que hemos celebrado a lo largo de los últimos meses. 
También quisiera dar las gracias a los ponentes que han dirigido de forma excelente la labor en nombre del Parlamento. 
Hemos podido coordinar estos informes a fin de celebrar hoy este debate general sobre una cuestión extraordinariamente importante y, de hecho, histórica para la Unión Europea. 
Hoy tenemos el privilegio de celebrar este debate sobre la moneda única. 
Estamos debatiendo informes que se han examinado en las diversa comisiones del Parlamento, hemos tenido la oportunidad de examinarlos en nuestros Grupos políticos y ahora estamos celebrando un debate público en el hemiciclo de esta Asamblea, como, de hecho, hemos celebrado en muchas ocasiones anteriores. 
Espero que el Presidente del Consejo Ecofin, cuando presida la reunión de los Ministros de Hacienda el lunes, aliente a todos sus colegas a entablar un debate semejante en sus parlamentos nacionales, porque ésa es la forma como podemos derrotar el euroescepticismo que existe en este momento en Europa respecto de la moneda única, celebrando debates públicos en nuestros parlamentos, nuestros parlamentos nacionales, y velando por que se ventilen completamente esas cuestiones. 
Espero que esta Asamblea se me una a la hora de condenar a cualquier Gobierno que impida al parlamento nacional celebrar un debate sobre lo que es, naturalmente, una cuestión absolutamente decisiva para los ciudadanos de la Unión Europea. 
En particular, podría susurrar al otro lado de la mesa al Sr. Clark y alentar al Gobierno británico para que celebre un debate en el Parlamento británico en el futuro inmediato sobre esta cuestión. 
Quisiera abordar en particular la cuestión del pacto de estabilidad. 
Permítaseme decir, en nombre de mi Grupo, que seguimos totalmente comprometidos con una fuerte coordinación económica, incluida la disciplina presupuestaria, y apoyamos el calendario para la aplicación de la moneda única a partir del 1º de enero de 1999. 
Sin embargo, no estamos dispuestos a aceptar la camisa de fuerza presupuestaria que el Ministro de Hacienda alemán está intentando imponernos dentro de la Unión Europea. 
Somos partidarios de que haya un pacto de estabilidad que abarque las amplias consecuencias económicas y en materia de empleo para Europa, un pacto que contenga el gasto y el endeudamiento en niveles razonables y prudentes, pero que permita a los países adoptar las medidas necesarias para impedir que sus economías se deslicen hasta la recesión. 
No debemos intentar atar las manos de los gobiernos nacionales para la gestión de sus economías. 
Cualquier pacto de estabilidad que surja del Consejo Ecofin que lo haga será inaceptable no sólo para esta Asamblea, sino también- creo yo- para los 15 parlamentos nacionales de la Unión Europea. 
El 16 de octubre la Comisión Europea acordó la propuesta de un pacto de estabilidad para velar por la disciplina presupuestaria durante la tercera fase de la UEM. 
Lo que se esperaba que fuera una camisa de fuerza presupuestaría totalmente inspirada por temores irracionales de irresponsabilidad presupuestaria y no por ideas económicas racionales pasó a ser un instrumento más razonable, si bien en parte insatisfactorio, para atender una necesidad legítima de disciplina presupuestaria entre los Estados miembros en una futura Unión Monetaria. 
Al no expresar en cifras un importante crecimiento real anual negativo en la definición de las circunstancias excepcionales y temporales, cuyo reconocimiento permite suspender temporalmente la obligación del cumplimiento del criterio de déficit presupuestario, la Comisión se negó a privar a los Estados miembros de la necesaria flexibilidad presupuestaria para actuar pronta y eficazmente contra un descenso importante del crecimiento. 
La Comisión Europea es digna de encomio por haberse negado a atar las manos a los Estados miembros. 
Espero que, después de la votación que ese celebrará mañana en esta Asamblea, mantenga su posición. 
Sin embargo, abrigo grandes dudas sobre si el Consejo Ecofin mantendrá la posición propuesta por la Comisión Europea. 
Espero que, si este Parlamento vota mañana a favor de que la definición sea más general, junto con las opiniones de la Comisión Europea, el Consejo Ecofin velará por que no se trate de una definición prescriptiva respecto de algunas de esas cuestiones asociadas con el pacto de estabilidad. 
Tenemos que comprender que, si un Estado miembro padece un descenso en su PIB real del 1 % en determinado año, lo que inevitablemente irá acompañado de un aumento del desempleo, un aumento del gasto en prestaciones por desempleo y un descenso de los ingresos fiscales, en semejante situación difícil cualquier país experimentaría un déficit presupuestario en rápido deterioro de varios puntos porcentuales que probablemente le haría superar el límite máximo de déficit del 3 %, con lo que resultaría excesivo. 
Aun en semejante caso difícil, si la primera prioridad del país fuera luchar contra un aumento del déficit, lo que entonces sucedería es que no podría adoptar las medidas necesarias para abordar el problema del desempleo y el de la debilitación de su economía. 
No podemos aceptar que se imponga semejante camisa de fuerza a los Estados miembros. 
No podemos colocar a las economías de la Unión Europea en esa situación y no creo que los parlamentos nacionales lo acepten. 
Tenemos que reconocer que más del 90 % de la economía de Europa depende de que el mercado europeo brinde mecanismos potentes de transmisión de los efectos entre los Estados miembros. 
Si se acepta la propuesta Waigel, se podría acabar en una gran recesión europea y lo más probable es que los Estados miembros mayores se vieran afectados en primer lugar. 
Los Estados miembros grandes se verían afectados por las medidas que podríamos establecer en la reunión de la Cumbre de Dublín. 
Lo que quiero decir al Presidente en ejercicio del Consejo Ecofin es que sí, hágase un pacto de estabilidad, pero un pacto de estabilidad que tenga en cuenta el crecimiento económico. 
Sí, queremos que haya prudencia en el gasto y en el endeudamiento. 
Queremos velar por que los Estados miembros no socaven la moneda única, cuando se cree, pero hemos de hacerlo con realismo. 
No se debe crear un mecanismo innecesario y que en el futuro podría impulsar a Europa hacia una profunda recesión. 
El Parlamento Europeo no lo aceptará. Los Estados miembros no lo aceptarán y- lo que es más importantelos ciudadanos de Europa nos condenarán, naturalmente, si lo ponemos en práctica. 
Señor Presidente, para comenzar, quisiera saludar a la Comisión; no ocurre con demasiada frecuencia, por ello a veces hay que decirlo. 
Quisiera saludarla por su trabajo en materia de convergencia. 
Ha sabido crear un clima de consenso para que el máximo de países sean susceptibles de entrar en la moneda única llegado el momento. 
Ha sabido también respetar el calendario, lo que es absolutamente digno de encomio, como sabemos. 
Es la acción, señor Comisario, lo que queda por demostrar. 
A continuación, queridos colegas, quisiera comunicarles mis impresiones sobre un antiguo personaje importante del Estado francés, porque guardan relación con nuestro debate. 
Llamando al pan pan y al vino vino, dicho personaje propone una devaluación pura y simple del franco. 
Lo digo sin ambages, una devaluación sería peligrosa para Francia, peligrosa para la moneda única y peligrosa para Europa. 
¿Qué significa una devaluación? 
En sí, nada en absoluto. 
Los tipos de cambio no se decretan. 
Lo sabemos todos los que estamos aquí. 
Ya no nos encontramos en un sistema de paridades fijas. 
Los acuerdos de Bretton-Woods han dejado de guiar las relaciones entre las divisas. 
Si se quisiera hacer bajar el valor del franco, no hay nada más fácil. 
Bastaría con que Francia vuelva a sus políticas flexibles de antaño. 
Si se vuelve a dejar que aumenten los déficits, no hay ninguna duda de que el franco caería. 
¿Y es eso realmente lo que debemos desear para Francia y para Europa? 
Si el Banco de Francia retomara sus viejos hábitos inflacionistas, en ese momento, el franco se hundiría. 
¿De verdad queremos que Francia y Europa lleguen a eso? 
Intentar remediar la lacra del paro y el bajo crecimiento mediante la flexibilidad presupuestaria y monetaria no es la solución. 
Querer hacer recaer la responsabilidad fundamental de nuestro deber en materia de empleo y creación de riqueza en la moneda, refleja una visión anticuada y, me atrevería a decir, fantasmal. 
Y eso es válido para todos los países de la Unión Europea, así como para cualquier otro. 
Otro problema que está relacionado con nuestro debate y con las observaciones que ha hecho el Sr. Quinn es el del futuro valor del euro con respecto al dólar. 
Es un problema serio que exige reflexión y sobre el que nosotros, el Parlamento Europeo, debemos pronunciarnos de manera inequívoca. 
El euro fluctuará durante mucho tiempo con respecto al dólar. No puede ser de otra manera. 
Por tanto, no existe una moneda única mundial. 
Soñemos un poco. 
El euro fluctuará. 
Su valor dependerá de la política económica que apliquen los países de la Unión, de diversos fundamentos y, naturalmente, de la política monetaria que aplique el Banco Central Europeo. 
Pero tampoco en ese caso será una decisión arbitraria política la que decida el valor del euro. 
Sabemos que el Banco Central Europeo se fijará el objetivo de la estabilidad de los precios. 
Deberá actuar en favor de dicho objetivo, pero también crear condiciones favorables para un crecimiento fuerte y sostenible, y un alto nivel de empleo, de conformidad con lo estipulado en el Tratado de la Unión Europea. 
Hablar de un euro sobrevaluado, como algunos tienden a hacer hoy en día, no tiene ningún sentido económico y refleja más una retórica de patio que la realidad económica. 
Si el euro es indispensable para favorecer la situación económica de Europa, no debemos creer ni hacer creer que nuestros problemas de paro se solucionarán como por arte de magia con la moneda única, en caso de que ésta esté infravalorada con respecto al dólar. 
Éstas son las observaciones que deseaba hacer, queridos colegas. 
Señor Presidente, voy a dividir mi intervención en dos partes, habida cuenta de que hoy abordamos diferentes temas de política económica: el primero se refiere a la transición a la moneda única y el segundo a la introducción y definitiva- lo esperamos- afirmación del euro, considerado como moneda europea única. 
En cuanto a la transición a la moneda única, mi principal preocupación estriba en que la Comisión pueda realizar todos los esfuerzos necesarios y posibles para que los Estados miembros que no podrán participar desde el principio en la tercera fase, puedan emplearse a fondo en materia de convergencia. 
En otros términos, debemos ofrecer a los Estados que hoy se acercan a la misma, las condiciones para llevar a cabo un cambio de tendencia a fin de que se respeten los criterios y para que Europa cuente con el mayor número posible de Estados miembros- aunque no sean quince- desde la creación de la moneda única. 
Esto va a representar, de hecho, la primera gran prueba de un instrumento concreto que todos los ciudadanos europeos tendrán a su alcance para entender si y cómo existe Europa. 
La moneda única representa una ocasión irrepetible. En torno a la moneda única y mediante la moneda única podemos construir Europa y llevar a cabo las cosas que hasta ahora no hemos logrado realizar. 
Sin embargo, siento una gran preocupación, es decir que la introducción del euro conlleve unas consecuencias económicas y sociales que hoy por hoy no podemos evaluar con exactitud. 
Voy a tratar de explicarme mejor: introducir el euro y explicarlo a todos los usuarios- es decir, en última instancia, a los consumidores- conlleva unas condiciones y unos costes muy precisos. 
Nosotros y todas las Instituciones europeas debemos ser capaces de proporcionar una respuesta a estos costes y a estas demandas. 
En consecuencia, por un lado, habrá que pensar en la información destinada a los consumidores, es decir a los ciudadanos, a los usuarios finales y, por el otro, se deberá reflexionar sobre la formación de los usuarios profesionales que van a presentar el euro. Me refiero al sistema de distribución y comercial, porque será en las tiendas, los supermercados, los restaurantes, las agencias de viaje donde el consumidor descubrirá el euro y donde deberá hallar unos empleados, agentes y funcionarios que puedan explicarle y hacerle entender cómo funciona la moneda única. 
Por consiguiente, será preciso que actuemos en dos frentes: en la denominada «gran distribución» deberemos financiar unos cursos de formación a todos los niveles- de la cajera al encargado del almacén- y, por el otro, deberemos intervenir ante las innumerables pequeñas y medianas empresas, es decir ante los pequeños empresarios de todas las dimensiones y de todos los sectores que, en sus centros de ventas y en su estructura comercial, se encontrarán con un consumidor que les preguntará: ¿Cómo funciona el euro? 
¿Cuánto vale respecto a mi moneda nacional? 
¿Cómo debo efectuar mis compras? 
Allí y sólo en ese momento nacerá un gran mercado único, de 300 millones de consumidores, un mercado que prefiero llamar «mercado interior» más que «mercado único» , porque se tratará realmente de un gran sistema único europeo y, en esa ocasión, el ciudadano europeo entenderá por fin su condición de ciudadano europeo. 
Señor Presidente, deseo hablar sobre el pacto de estabilidad en nombre del Grupo ELDR. 
En primer lugar, permítaseme decir que, pese al carácter apresurado de este debate, acojo con beneplácito que se celebre. 
En este sector de la política presupuestaria de los Estados miembros, que es el más delicado y reviste importancia decisiva, y en la tercera fase de la Unión Monetaria es importante- creemos nosotros- que se coloque firmemente en el centro del primer pilar y a él pertenezca institucionalmente. 
Dada la amplitud de la integración en materia de política monetaria prevista por el proyecto de moneda única, reviste importancia decisiva que en sus equivalentes en materia de política económica, cuando surjan, participen todas las instituciones de la Unión. 
No se debe permitir que el despliegue de los procedimientos en materia de política económica se deslicen hasta un modo intergubernamental. 
No podemos concebir una política monetaria centralizada sin una coherente política económica paralela, sujeta al apropiado control democrático. 
Felicito a la Comisión en nombre del Grupo Liberal por reclamar la propiedad, en nombre de toda la Unión, del concepto de pacto de estabilidad y creo que su propuesta se caracteriza por un equilibrio cuidadoso y apropiado. 
Mi Grupo apoya la propuesta y votará contra la mayoría de las enmiendas propuestas, en particular contra aquellas que, en nuestra opinión, envían una señal política inadecuada al suavizar los criterios relativos al déficit, que son esenciales para que una moneda resulte creíble. 
Decidiremos nuestro voto final en función de las enmiendas que se aprueben. 
El Gobierno alemán ha hecho un favor a la Unión Europea, al elevar este debate y plantear el imperativo de cómo se debe fijar y regir la política económica en la tercera fase de la Unión. 
Además, todos somos conscientes de las inquietudes que abrigan muchos alemanes, que dos veces a lo largo de su vida han visto los ahorros de toda su vida destruidos por la hiperinflación, con respecto a que algo así vuelva a suceder. 
Es apropiado escuchar, respetar y abordar esas inquietudes. 
Pero igualmente creemos que es importante que una inquietud nacional fundada no se transforme en una angst europea y en una parálisis política. 
Dublín II se acerca velozmente e irá precedido, como se nos ha dicho, por un Consejo Ecofin que se celebrará el lunes próximo en Bruselas. 
Estamos convencidos de que existe una clara esperanza en los medios políticos y en los mercados financieros de que el resultado de Dublín II sea el euroestatuto, el MTC II y el pacto de estabilidad. 
Lo contrario se consideraría- no me cabe duda-un contratiempo considerable. 
De hecho, si Dublín II no resuelve esas cuestiones, ¿por qué estamos abordándolas con urgencia en este Parlamento, en este debate, para complacer a las otras instituciones? 
Sobre los sectores destacados de desacuerdo respecto del pacto de estabilidad- la definición de circunstancias excepcionales y temporales y la automaticidad de las multas para los Estados descarriados -, el Grupo ELDR apoya el margen de maniobra y apreciación indicado por la propuesta de la Comisión. 
No aceptamos que el ejercicio de la restricción sea una deficiencia, sino que es una apreciación política real. 
En realidad, es lo contrario: creemos que ése es el punto fuerte de la propuesta. 
Un celo excesivo en materia de definiciones técnicas, cuantitativas, entraña el riesgo económico de convertir el pacto de estabilidad en una camisa de fuerza. 
Entraña el riesgo político de hacer que lo mejor sea enemigo de lo bueno y entraña el riesgo de que en la Cumbre se arranque la derrota de las fauces de la victoria. 
La Comisión debe mantenerse firme y, si el Ecofin y la Comisión se mantienen firmes, los apoyaremos incondicionalmente. 
Señor Presidente, el debate de hoy muestra una vez más que la Unión Europea está avanzando muy rápidamente en materia de regulación de los asuntos relacionados con el comienzo de la tercera parte de la Unión Económica y Monetaria. 
Mientras que se rechaza con obstinación incluir el tema en los debates de la Conferencia Intergubernamental y considerar las graves consecuencias que esto tendría para los pueblos de la Unión y para las economías de los países más débiles, y a fin de contemplar la adopción de otros criterios, aparte de los famosos criterios nominales, para la adopción de la moneda única, la Unión Europea nos prepara para la austeridad a largo plazo y el fomento de las restricciones financieras mediante el Pacto de Estabilidad de inspiración alemana. 
No es casualidad, que, mientras que inicialmente se hablaba de austeridad hasta la introducción de la moneda única para no perder el tren de la UEM, hoy se imponga la austeridad permanente. 
Algunos intentan dorar la píldora, quitarle la punta al descontento y a la oposición de los pueblos promoviendo mejoras parciales del mecanismo de la política de la moneda única, como viene establecida por el Tratado de Maastricht y en las decisiones consiguientes de los órganos comunitarios competentes; ven los callejones sin salida a los que llevan las decisiones con respecto a la UEM e intentan plantear ciertas problemáticas y preocupaciones exigiendo determinadas interpretaciones de los criterios, pero sin distanciarse de toda su contrucción. 
El intento del Sr. Metten es comprensible, pero no cambia las cosas en esencia. 
Indudablemente, una interpretación más flexible de los criterios conduciría a la participación de un mayor número de Estados en la zona del euro. 
Sin embargo, no solucionaría el problema fundamental de la UEM tal como la propagan los círculos privados de la Unión Europea, garantizando la institucionalización de la Unión de varias velocidades, es decir, de la Unión del núcleo duro rodeada de una zona más amplia de países de segunda categoría a nivel económico e institucional. 
No trata el problema de que no sólo la política monetaria y de divisas, sino, en realidad, también la propia política económica, se ponen en manos de mecanismos no transparentes y antidemocráticos, como el Sistema Europeo de Bancos Centrales, cuyas decisiones carecerán de legitimación parlamentaria y democrática. 
Salta a la vista la absoluta indiferencia respecto a las consecuencias que el fomento de la UEM tendrá en general para los trabajadores y el empleo dentro de la economía real. 
En los informes se confirma la necesidad de materializar la UEM, pero, lamentablemente, no se hace ninguna referencia a los millones de puestos de trabajo que se perderán, al desmantelamiento que provocará en los países divergentes, a la destrucción de empleo y al derrumbamiento del modelo social que ha caracterizado a Europa en las últimas décadas, como resultado de la lucha del movimiento obrero. 
La paciencia de los trabajadores, señor Presidente, ha llegado a sus límites más extremos. 
La preocupación que algunos expresan con respecto al futuro de la idea europea no convence a nadie. 
Queremos advertir una vez más que, si no se percibe a tiempo el mensaje de las movilizaciones cada vez más intensas de los pueblos de Europa que se oponen al saqueo de sus ingresos y sus otros derechos adquiridos, se «cosecharán tempestades». 
Es obvio, por fin, que mi Grupo no puede aprobar los informes sometidos a examen, y expresa su desacuerdo general con la estructura prevista por el Tratado de Maastricht en lo referente a la Unión Económica y Monetaria, una estructura que se mantiene obstinadamente fuera del contenido de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, me parece muy positivo que hoy no debatamos sobre el si sino sobre el cómo de la Unión Monetaria. 
Hoy se trata de los requerimientos legislativos para lograr la independencia de los Bancos Centrales nacionales, del desequilibrio institucional del Banco Central Europeo, de la aceptación pública y de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Coincido plenamente con mi colega Donnelly en el sí al pacto de estabilidad, pero en el sentido de una estabilidad presupuestaria de los diversos países, de una política de empleo y en ningún caso en el sentido de la chaqueta de fuerza propuesta por Waigel. 
Quiero decirlo con toda claridad en nombre de nuestro grupo político. 
Entretanto se ha desatado un vivo debate sobre si es necesario realmente este cumplimiento pues las concesiones políticas a los opositores a Maastricht en forma de una interpretación y cumplimiento estrictos, han hecho que ganen importancia los criterios de convergencia fiscales, lo que no posee ningún fundamento contractual ni tampoco es justificable económicamente. 
Una Unión Monetaria estable no está obligatoriamente unida a un cumplimiento estricto de las cuotas mencionadas. 
Se trata más bien de la dirección preindicada en la que debe moverse la política presupuestaria de los diversos países miembros. 
Precisamente en este aspecto se puede observar en todos los lugares que los presupuestos se consolidan y que las deudas del Estado se reducen. 
Se han reducido las diferencias entre las cuotas de déficit de los Estados de la UE y en esta dirección debe proseguir. 
Para finalizar, quiero decir que el debate sobre el si de una Unión Monetaria se opone a la evolución actual, es decir, a la adaptación de los Bancos y de las pequeñas y medianas empresas y también quiero añadir que saludo mucho el modo cómo se está manteniendo hoy el debate. 
Señor Presidente, quisiera señalar que un diputado a esta Asamblea, el Sr. Goldsmith, que raras veces nos honra con su presencia en debates sobre asuntos económicos o, de hecho, sobre cualesquiera otros asuntos, ha dicho- y ha recibido mucha atención de los medios de comunicación- que Europa camina como sonámbula hacia la UEM. 
Considero eso un grave insulto a esta Asamblea, a todos los ponentes, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, al presidente del Ecofin, al Presidente Santer y a la Comisión. 
Yo calificaría más bien nuestros avances de zigzagueantes, porque, a juzgar por las declaraciones hechas, se decía que cinco Estados cumplían los requisitos, después eran cuatro y en las informaciones más recientes se indica que son sólo dos. 
Quisiera felicitar a Irlanda por haberse convertido en el tigre económico de Europa y poder cumplir los requisitos. 
Ahora bien, mi Grupo y mi partido en Escocia son partidarios de la UEM. 
Consideramos absurdo que exista un mercado único sin la correspondiente moneda única. 
Estoy utilizando el tiempo de intervención del Sr. Sainjon, que ha caído enfermo, y he accedido a decir una o dos cosas en su nombre. 
Quiere que una moneda única contribuya a la creación de empleo, por lo que Europa debe centrar sus esfuerzos en alcanzar ese objetivo. 
Se debe considerar el euro como el motor del progreso económico y social. 
Dice que representa tres cosas para Europa hoy. 
Contribuirá a consolidar la paz en nuestro continente y entre nuestros pueblos; naturalmente, cualquier gobierno que avance en la dirección correcta debe poder incorporarse y debemos procurar no supervalorar el euro y destruir, con ello, muchos de nuestros objetivos. 
Todos los informes son excelentes. 
Empezando por el del Sr. Metten, me gusta la confianza que transpira su informe. 
Confía en que la tercera fase se inicie con el suficiente número de Estados miembros. 
También señala que una aplicación aritmética de los criterios no es posible y, si se aplicara, no habría un número suficiente. 
En su exposición de motivos señala que podríamos hacerlo de golpe o como lo estamos haciendo, convergiendo primero y después creando la Unión. 
Conque llegamos a la necesidad de flexibilidad a que se han referido otros oradores. 
Eso cambia. 
Por ejemplo, Dinamarca, que cumple los criterios, tiene tipos de interés un 1 % superiores a los de algunos Estados que no cumplen los criterios. 
De modo que parece que aún hay algunas preguntas por responder respecto del significado exacto de la flexibilidad. 
¿Cuándo es substancial una reducción del déficit? 
¿Cuándo disminuye suficientemente una deuda? 
¿Qué es un ritmo satisfactorio? 
¿Hay algún límite a la flexibilidad? 
Si consideramos que la deuda de Bélgica es el doble de la cantidad permitida o sugerida, ¿habría que imponer alguna vez algún límite o vamos a decir simplemente, si estamos avanzando coherente y continuamente en la dirección correcta, que se puede aceptar a ese Estado? 
¿Hay alguna amenaza para la fecha del 1º de enero? 
Quisiera felicitar al Sr. Christodoulou por haber aceptado los aspectos económicos, la aspiración a la creación de empleo. 
No siempre fue ésa la actitud cuando yo presenté enmiendas en ese sentido hace un año, pero los Grupos parecen haber cambiado de idea al respecto. 
Respecto del pacto de estabilidad, tengo una pregunta para la Comisión. 
¿Va a hacer propuestas para la vigilancia de los que queden fuera? 
¿Vamos a tratar a Gran Bretaña, con su cláusula de abstención, del mismo modo que a los otros Estados que, aunque queden fuera, quieran entrar? 
Si Gran Bretaña no quiere entrar e invoca dicha cláusula, cosa que deploraría, ¿estarán en la misma situación? 
¿Durante cuántos años continuará la obligación de presentación de informes anuales con vistas a la vigilancia? 
Convengo con la intervención del Sr. Donnelly en su totalidad y en particular en su alegato para que no caigamos en la trampa de la camisa de fuerza propuesta por Alemania. 
Quisiera felicitar al Sr. Herman por su apasionada intervención y su necesidad de informar, preparar, tranquilizar. 
¿Acaso no es deplorable que en el Estado al que pertenezco apenas haya intentos de informar? 
Parecen haber optado por no cumplir con esa obligación. 
Quisiera repetir de nuevo una observación que he hecho con frecuencia sobre la aceptabilidad pública de esta nueva moneda. 
Me aferro a la idea que he propuesto de que una cara del billete y la moneda sea similar a los billetes existentes emitidos por los bancos. 
Eso contribuiría en gran medida a hacer que el público sintiera que ésa es su moneda. 
En el informe del Sr. Hoppendstedt, que sigue al del Sr. Metten, se repiten muchas de las peticiones y se expresa el pesar ante algunas de las declaraciones que se están haciendo: que los Estados tienen que ahorrar por culpa de Maastricht, que se ha socavado el ideal europeo. 
Creo que el Sr. Harrison ha elaborado un documento muy claro y vívido, al subrayar la necesidad de una combinación de la política monetaria centralizada y las políticas económica y de empleo descentralizadas. 
En su exposición de motivos menciona el ejemplo bastante negativo que siguió a la unificación alemana, cuando una combinación inadecuada de políticas causó grandes apuros en verdad. 
El Sr. Harrison ha explicado bien su informe con mucha claridad. 
Respecto del aspecto pesimista de la pérdida de puestos de trabajo, me gustaría que quienes hablan de ella nos dijeran cuántos puestos de trabajo exactamente se van a perder. 
Lo dicen con tanta frecuencia, que parece que fuera una realidad. 
Los medios de comunicación de Gran Bretaña lo dicen todo el tiempo. 
¿Acaso no va a haber, en realidad, más puestos de trabajo? 
Un orador ha hablado de la necesidad de formación. 
Será necesaria la adaptación informática, por lo que al principio habrá, sin lugar a dudas, algunos puestos de trabajo más. 
De modo que habría que obligar a esos críticos a que concretaran. 
Para los exportadores- y mi país, Escocia, exporta seis veces más por habitante que la mayoría de los demás países -, los mercados serán más fáciles de calcular y comparar, los turistas se beneficiarán y eliminaremos los costos de los cambios, que ascienden a 25.000 millones de ecus. 
Señor Presidente, el debate monetario de hoy muestra de nuevo que este Parlamento Europeo no solamente exige a las instituciones y autoridades monetarias la obligación democrática de rendir cuentas, sino que él mismo intenta ocupar una posición que redunde en interés de la realización de la Unión Monetaria. 
Quiero mencionar en primer lugar la legislación europea sobre el dinero. Afortunadamente, los dos proyectos de la Comisión muestran muy claramente que queremos lograr un status jurídico muy claro del euro, más seguridad jurídica y mayor transparencia. 
La continuidad de los Tratados es para nosotros una señal muy importante. 
Saludo sobre todo que la Comisión se haya ocupado a tiempo de este proyecto, tal como se ha hecho en Madrid y ya antes de Madrid en el Libro Verde. 
Queremos que las ciudadanas y ciudadanos así como los mercados se puedan adaptar a tiempo a la Unión Monetaria, pues una mala preparación es también garantía de un mal proyecto y no es esto lo que queremos. 
En lo tocante a las leyes monetarias europeas, si me permiten que las califique así, quiero destacar que van a ser un importante instrumento para convencer a las personas y a los agentes económicos de que la Unión Monetaria va a venir. 
Saludaría realmente si en estos reglamentos, y no sólo en otro posterior, se indicase muy claramente que los costes de las transacciones que vamos a suprimir con la Unión Monetaria no van a surgir de nuevo de repente en forma de costes de conversión en la realidad del mercado interior europeo y de la Unión Monetaria Europea. 
Me parece muy importante que esto quede muy claro. 
También debe quedar claro que la doble indicación de precios no solamente es un objetivo ideológico sino que es necesario para cumplir lo que siempre prometemos a las ciudadanas y ciudadanos, es decir, que esta Unión Monetaria es una conversión monetaria técnica neutra y no una reforma monetaria. 
Por ello, debemos hablar con los actores afectados sobre la forma de la doble indicación de precios, para que todos puedan ver que los precios no cambian por el euro y la introducción de la moneda única. 
Necesitamos la Unión Monetaria pero, indicando que los precios no se van a elevar, tenemos que dejar que las personas se familiaricen con los nuevos precios, un difícil proceso sicológico que es necesario para el éxito de la Unión Monetaria. 
Permítanme que me refiera a los demás proyectos. 
Con razón se llama la atención sobre la independencia de los Bancos Centrales. 
Con razón se llama también la atención en los informes- por ejemplo, de los Sres. Hoppenstedt y Harrison- sobre la necesidad de desarrollar conceptos políticomonetarios que correspondan a nuestros demás objetivos y se vinculen en un policy mix mejorado. 
Pero aquí veo un problema. 
Quisiera que en Dublín todos los proyectos sean acordados por el Consejo de los Jefes de Estado y de Gobierno, pero que el pacto de estabilidad se acuerde tal como exige el Parlamento Europeo. 
Una cosa está clara: un paquete de estabilidad que no se apruebe entre los Quince o un Consejo Europeo en el que no puedan intervenir los quince Estados miembros con igualdad de derechos será un Schengen monetario que rechazamos como Parlamento Europeo. 
No podemos exigir por un lado que en un nuevo mecanismo de tipos de cambios europeos exista una vinculación entre el euro y las demás monedas y, por otro, hacer que sea posible una nueva exclusión. 
Esto no puede pasar en ningún caso, por lo que debe estar muy claro. 
Del mismo modo, soy de la opinión de que el Gobierno Federal debe atender las exigencias del Parlamento Europeo de no incluir en el pacto de estabilidad objetivos de déficit determinados en cifras concretas, pues esto no solamente no sería razonable políticamente e incluso perjudicial sino que además sería cuestionable económicamente. 
También supondría un problema modificar el Tratado de Maastricht, lo que no podría realizarse sin el procedimiento de ratificación. 
Saludaría, por ello, si el Consejo y la Comisión pudiesen recoger las propuestas del Parlamento Europeo sobre el pacto de estabilidad. 
Señor Presidente, la Unión Monetaria, que verá la luz el 1 de enero de 1999, constituye un paso decisivo e irreversible en el proceso de integración europea. 
En consecuencia, es responsabilidad de la Comisión y de este Parlamento velar por la seguridad y la credibilidad del camino que nos conduce hacia esa Unión y también por su solidez y su estabilidad una vez alcanzada. 
El Consejo deberá pronunciarse en breve sobre tres aspectos, todavía pendientes de definición, que constituyen elementos fundamentales de la credibilidad, seguridad y estabilidad de la futura Unión Monetaria. 
Me refiero al pacto de estabilidad, a la definición del futuro sistema monetario europeo entre el euro y las monedas de aquellos Estados miembros que todavía no se hayan integrado en el euro y al marco jurídico del euro. 
No voy a extenderme sobre los dos primeros aspectos, que han sido objeto de debate en anteriores intervenciones, y limitaré mis palabras al tercer aspecto, objeto del informe del Sr. Herman que hoy debatimos. 
Los reglamentos del Consejo relativos a la introducción del euro tienen un sólo objetivo: dotar de seguridad jurídica a los operadores, tanto antes como después del 1 de enero de 1999, en sus operaciones financieras y comerciales a lo largo del proceso de introducción del euro y la progresiva desaparición de las monedas nacionales. 
En este sentido, creemos que el enfoque es acertado. 
No obstante, puede mejorarse jurídicamente y apoyamos las enmiendas que ha defendido el Sr. Herman en su informe a este respecto, y creemos que debe verse reforzado por un segundo objetivo, cual es el de ofrecer también una seguridad y una transparencia informativa a los consumidores y ciudadanos que van a ver cómo su moneda nacional se convierte en euro. 
Este es, sin duda, el espíritu y el contenido de las enmiendas propuestas en el informe del Sr. Herman, que apoyamos. 
El proyecto de Unión Monetaria exige un compromiso inequívoco de todos frente a los ciudadanos. 
Hay que explicar el cambio y hay que hacerlo fácil. 
Nadie debe tener dudas sobre el mantenimiento del poder adquisitivo con motivo del paso al euro, y todos deben ser capaces de comprender la necesidad de ofrecer y pagar unos precios expresados tanto en euros como en su moneda nacional durante un cierto tiempo. 
Es éste, señor Comisario, un esfuerzo que no acabará con la aprobación de estos reglamentos, sino que deberá empezar a partir de su aprobación con la colaboración y el compromiso de todos los Estados miembros. 
No debemos olvidar que se trata de una nueva moneda para todos los ciudadanos y que la actitud y el comportamiento de una sociedad no se modifica con el Boletín Oficial. 
Ya sabemos que la Comisión tiene intención de presentar, sobre este aspecto, una directiva. 
Pero creemos que quizá tampoco una directiva sea suficiente. 
Debemos hablar de un auténtico plan de movilización, que esta Asamblea, sin duda, tendría muchas ganas de debatir con el Comisario. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, en el marco del informe del Sr. Metten y de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 J del Tratado, el Parlamento ha elaborado un dictamen destinado a los Jefes de Estado o de Gobierno sobre el respeto por parte de una mayoría de los Estados miembros de las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única. 
Recordaré que los Jefes de Estado o de Gobierno decidieron en el Consejo Europeo de Florencia, que la evaluación prevista por el artículo 109 J del Tratado no será necesaria. 
Como quiera que fuere, la versión revisada y más realista del informe no hace más observaciones particulares y debería poder recibir la aprobación de nuestro Grupo. 
Continúa siendo cierto, a fin de cuentas, que una interpretación muy restrictiva de los criterios de convergencia mantendría a un cierto número de Estados fuera de la Unión Monetaria que, en el peor de los casos, traería consigo una fractura importante del mercado interior y podría favorecer un alza súbita del euro, mientras que una interpretación más equilibrada, reduciría el riesgo de escisión del mercado interior, limitando en igual medida el grave peligro que representaría un euro sobrevalorado. 
En cuanto al informe Herman, el estatuto jurídico de la moneda europea deberá asegurar la irreversibilidad y la credibilidad del proceso, pero, además, evitar los costes adicionales que conlleva la dualidad de las monedas nacionales con el euro. 
Conviene por ello evitar que el euro y las monedas nacionales puedan coexistir jurídicamente. 
En este sentido, sería preferible que a partir del 1 de enero de 1999, el euro sea la única moneda reconocida jurídicamente. 
De la misma manera existe un consenso, en virtud del cual, la continuidad jurídica de los contratos no debería verse afectada por la introducción de la moneda única, y eso es bueno. 
En efecto, en el marco de una ley monetaria aplicable internacionalmente, recordemos que todo Estado es soberano para definir las características de su moneda, fijar y modificar el tipo de conversión de la antigua moneda en la nueva. 
Ahora bien, el reglamento europeo que está siendo ultimado debería ser una ley de este tipo. 
El principio de nominalismo monetario, que es reconocido universalmente, será determinante. 
En lo que respecta a los contratos sujetos al Derecho de un país tercero, la introducción del euro tampoco podrá ser considerada como un cuestionamiento del equilibrio de los contratos. 
En general, los problemas derivados de la continuidad de los contratos se presentan, por tanto, menos complejos de lo que cabía esperar inicialmente. 
Pero podemos imaginar también que la determinación del estatuto jurídico del euro será una cuestión delicada, al menos durante el período de transición. 
Entre los Quince, esta definición se apoya, por el momento, en el concepto de circunstancias excepcionales y provisionales, concepto que permitiría a un Estado escapar al sistema de sanciones en caso de que su déficit presupuestario sobrepase el límite impuesto del 3 % del PIB. 
Ni que decir tiene que nuestro Grupo dará su apoyo al informe del Sr. Herman, pero considero conveniente recordar que es la ley monetaria la que define el nombre de la moneda de la Unión y, en consecuencia, no es necesario volver sobre este asunto. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito estos informes que estamos debatiendo hoy. No cabe duda de que vamos bien encarrilados hacia la moneda única. 
Hará que el Mercado Único funcione mejor, con lo que se crearán riqueza y puestos de trabajo. Reducirá los tipos de interés en el caso de países como el mío y para nuestros ciudadanos representará un símbolo tangible de la unidad europea. 
El Grupo de los Liberales y Demócratas en esta Asamblea cree que, a medida que transcurre el tiempo, las partes bien redactadas del Tratado de Maastricht están demostrando su valor. 
Entre ellas figuran, por ejemplo, los criterios de convergencia y las reglas para contrarrestar los déficit excesivos, que se deben respetar. 
En cualquier Estado miembro existe una situación bastante extraña en este momento, en la que los miembros del partido que gobierna están preocupados porque están a punto de recibir de su propia medicina. 
Han eliminado la independencia financiera de la administración local en Gran Bretaña. 
Han limitado el gasto de las autoridades locales, que han gastado más de la cuenta, según el Gobierno, y ahora temen que se impongan multas a Gran Bretaña de forma semejante, si supera el límite del 3 % del PIB, como algunas bellacas autoridades locales a las que se ha sometido a limitaciones. 
Tal vez si esos diputados dejaran de actuar como concejales en el distrito londinense de Wandsworth, tendrían menos motivos de preocupación. 
Me gustaría formular esta noche dos preguntas: una al Consejo y otra a la Comisión. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio del Consejo confirmar que en el Ecofin del lunes no se adoptarán decisiones, como se dijo ayer a la Cámara de los Comunes británica? 
¿Tendría a bien confirmar también que el artículo 103 excluye cualquier posibilidad de aplicar multas o sanciones a los países que no se incorporen a la tercera fase de la Unión Monetaria? 
¿Tendría a bien el Comisario confirmar que las políticas adoptadas por los Estados miembros para la recaudación de los impuestos comunitarios como el IVA y los impuestos sobre consumos, con su urgencia para reforzar la hacienda pública, no contravienen las disposiciones del Tratado que imponen una actitud para con los impuestos comunitarios similar a la adoptada para con los impuestos de los Estados miembros? 
Agradecería que se me diera respuesta a estas preguntas esta noche. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo confesar que la lectura de estos informes me produce cierto desconcierto. 
A pesar de querer ignorar los procesos reales que tienen lugar en los diferentes Estados y en toda Europa, es como si se desplegara un manto de abstractas relaciones entre abstractas economías, debajo del cual desaparece la realidad de la vida de las poblaciones y de sus condiciones reales. 
El monetarismo alcanza así su triunfo en unas condiciones en que no sólo se excluye lo social, sino que se excluye incluso la relación entre las monedas y el crecimiento o el estancamiento, las políticas industriales de desarrollo e incluso los vaivenes coyunturales. 
Sin embargo, basta con rasgar este manto para ver los que hay debajo y qué es lo que se ve. 
Se ve la relación entre las líneas de política económica seguidas hasta ahora y sus consecuencias, es decir, una profunda crisis social; la relación entre la realización de esos criterios de convergencia que vuelven a proponerse, las políticas de saneamiento del presupuesto público a través de la contención del déficit y de la deuda, en las que han acabado estas políticas económicas, y los graves problemas que golpean a Europa; un desempleo masivo y estructural; un ataque contra las condiciones del Estado social; una desreglamentación del mercado laboral; una constante reducción del poder adquisitivo de los salarios y de los sueldos. 
A la vista de todo esto, hay que buscar lo equivocado de este planteamiento que se remonta precisamente a sus bases políticas y culturales. 
En estos informes hay algo que no se menciona; es la presunción de una relación entre Europa, la moneda única y Maastricht que, en realidad, se engloba todo en Maastricht. Desaparece Europa como escenario de políticas y proyectos y la moneda única cae con todo su peso sobre Maastricht, de tal forma que incluso el pacto de estabilidad se presenta como una forma de agudizar estas tendencias. 
Ahora se admite alguna flexibilidad a fin de alcanzar cuanto antes el objetivo de la moneda única, siendo totalmente evidente que éste no se puede alcanzar sin una masa crítica de Estados europeos, pues, no bastarían dos o tres para realizarla. 
Sin embargo, si hoy se permite a algunos Estados aplicar soluciones cosméticas a sus presupuestos, el día de mañana, ya no será así porque habrá mayores restricciones e incluso sanciones contra el Estado que no consiga alcanzarla. 
De este modo, triunfaría la lógica monetarista más severa, si cabe, o sea la que está poniendo en tela de juicio la propia civilización europea. 
Entonces, si se quiere hablar seriamente de una moneda única que vuelva a hallar una conexión con una solución positiva de los problemas reales, las economías y la condición social europea, haría falta tener el valor de separar lo que puede separarse, es decir el paso a la moneda única de las políticas del Tratado de Maastricht, haciendo figurar en primer término lo que es necesario, esto es, modificar y corregir el Tratado de Maastricht, si no se quiere que la moneda europea acabe introduciéndose gracias a la crisis de la civilización europea. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo formular algunas observaciones sobre el informe del Sr. Metten. 
En su propuesta intenta conseguir, de una manera muy loable, que el mayor número posible de países participen en la tercera fase de la UEM en enero de 1999. 
También el deseo de nuestro Grupo es el mayor número posible de Estados miembros, al menos la mayoría, pueda participar en la misma. 
En este contexto, sin embargo, no siempre resulta sencillo encontrar la manera de resolver la ecuación: se propone como solución una interpretación no aritmética de los criterios de convergencia, lo que también podría calificarse de solución creativa. 
Deseo indicar, sin embargo, que el Director General de Eurostat, por ejemplo, ha expuesto en el Parlamento que en los Estados miembros hay realmente muchas zonas grises destinadas a reducir el déficit presupuestario y que todas ellas deberían clarificarse antes del año 1998, con objeto de garantizar el mismo trato a todos los países. 
Puede mencionarse como ejemplo la inclusión de los fondos de pensiones de la compañía telefónica estatal de Francia, Telecom, en el examen del déficit presupuestario. 
Con tales trucos y añagazas no se podrá conseguir ciertamente la fortaleza de la moneda. 
Me gustaría formular al Comisario de Silguyille las siguientes preguntas: ¿Se tiene la intención de preparar a la mayor brevedad un estudio sobre dichas zonas grises y las diferentes triquiñuelas? 
¿No se está yendo en la actualidad por un camino que hace dudosa la fortaleza de la futura moneda europea? 
Señor Presidente, el debate sobre el euro en el Parlamento Europeo encierra muchas cosas curiosas. 
Los parlamentarios se quejan de que los Estados miembros realicen enormes ahorros «a causa de Maastricht». 
En efecto, esto no estimula la idea europea. 
Sin embargo, la causa real es que hay que seguir adelante, cueste lo que cueste, con la UEM según el calendario previsto. 
Lo curioso es que el Parlamento Europeo esté de acuerdo. 
La política presupuestaria nacional de los Estados miembros se centra en estos momentos en cumplir las normas de convergencia. 
Con tal fin, algunos Estados miembros realizan acrobacias que no son compatibles con el objetivo de convergencia real. 
Ello coloca una bomba de relojería bajo el carácter sólido de la UEM. 
Curiosamente oigo muy poco al respecto en este Parlamento. 
Un caso muy curioso es la enmienda nº 15 de la parte II del informe Christodoulou, que considera que Grecia ha de recibir un trato especial debido a sus enormes gastos de defensa. 
En tal caso, ¿es posible que también los Países Bajos reclamen una excepción, dados sus elevados gastos en diques y trabajos de protección de la costa? 
Nuestro dique de Oosterschelde costó ocho millardos de florines. 
Otros países europeos tienen a su vez otros problemas. 
El nivel del debate demuestra que la Unión Europea está incapacitada para la una unión monetaria. 
Por último, no es tan curioso que durante la audiencia del Sr. Duisenberg se pidiera la participación de representantes del Parlamento en el futuro consejo del BCE o el envío de documentos confidenciales. 
Algunos diputados no pueden acostumbrarse al concepto de banco central independiente. 
Curiosamente sí se acostumbran a la idea del euro. 
Todavía no conozco ningún ciudadano que confíe en este chaqueteo. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a los ponentes estos informes sobre asuntos monetarios. 
Han llevado a cabo una labor excelente y han abarcado todos los aspectos que se examinarán en Dublín. Han dado un dictamen muy equilibrado sobre cómo debemos dar orientación a la Comisión y a los Ministros en Dublín. 
Parto de la premisa de la razón por la que queremos una moneda única. 
Hay 20 millones de desempleados en toda la Unión Europea. 
Queremos mejoras del Mercado Único y, como ya se ha dicho en muchas otras ocasiones, con unos 20 millones de pequeñas y medianas empresas en toda Europa y 20 millones de personas desempleadas, no hace falta ser matemático para comprender que, si cada empresa admitiera a un trabajador más, se reduciría radicalmente el desempleo en toda Europa. 
Si se pregunta a las industrias qué condiciones económicas necesita para admitir a otro trabajador, dirán que, en primer lugar, quieren que haya tipos de interés bajos, para que puedan pedir créditos con vistas a invertir. 
En segundo lugar, en los casos en que se hacen transacciones comerciales transfronterizas, quieren protección contra las variaciones de los tipos de cambio para mejorar el comercio. 
En tercer lugar, necesitan una moneda estable que pueda ir a cualquier parte del mundo. 
Evidentemente, la respuesta para eso es el euro, que impulsará a muchas industrias de toda Europa y contribuirá a mejorar la situación global en materia de empleo. 
Un sector que me es caro es el del turismo. 
Tengo el honor de representar una zona del noroeste de Inglaterra, Blackpool y Fylde, que depende en gran medida del turismo. El euro la beneficiará. 
El 20 % de la actividad económica en Europa está relacionado directa o indirectamente con el turismo. 
Otro sector que es muy importante y también una industria fundamental para Europa es la aeroespacial. 
Constituye una gran industria en mi circunscripción de Lancashire y en este momento nos encontramos en la absurda situación de que las empresas europeas están trabajando en estrecha colaboración, pero todos los pedidos de aviones se hacen en dólares en lugar de en las divisas de los Estados miembros o en euros. 
¿Cómo podemos llegar a eso? 
Evidentemente, mediante un pacto de estabilidad que mantenga la disciplina entre los presupuestos de los Estados miembros. 
Ese pacto no debe tener reglas rígidas, sino que debe al menos fomentar la estabilidad. 
No creo que se deban imponer multas automáticamente. 
Un nuevo MTC es esencial, pero no debe ser una condición previa para pasar a la tercera fase. 
El Reino Unido tiene problemas, principalmente políticos y no económicos, que se resolverán- estoy seguro- con un cambio de gobierno y entonces veremos al Reino Unido dispuesto para pasar a la tercera fase con un Gobierno socialista. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, deseo contribuir a este importantísimo debate con algunas reflexiones más, que arrancan del hecho de que la internacionalización de los mercados financieros convierte la convergencia económica entre los Estados miembros en indispensable para garantizar una equilibrada evolución de sus mercados financieros sin consecuencias dramáticas en la economía real. 
Dicha situación no puede ser en absoluto única, sino que se debe garantizar de forma permanente. 
En consecuencia, incluso sin la transición a la moneda única, el respeto de los criterios de convergencia y alguna forma de pacto de estabilidad deberían ser de cualquier modo necesarios para no exponer el sistema económico europeo y su mercado, cada vez más estrechamente cohesionado, al riesgo de shock con graves consecuencias de todo tipo. 
Sin embargo, los criterios de convergencia y el pacto de estabilidad adolecen de un planteamiento, me atrevo a decir, de carácter contable, puramente cuantitativo, que no tiene en cuenta la raíz de los agregados de los flujos de los ingresos y gastos de los presupuestos públicos, sino que se limita a examinarlos en términos de saldos. 
Por lo que se refiere a los ingresos, ya en otras ocasiones el Parlamento Europeo, por ejemplo, al abordar hace pocas fechas el mercado interior, no sólo compartió las preocupaciones de la Comisión en lo referente a los efectos negativos de las diferencias entre los Estados miembros y de la competencia fiscal existente en muchos ámbitos, sino que manifestó su opinión respecto a que el futuro de la política económica europea se caracterizará por un grave desequilibrio entre la política monetaria común y las políticas presupuestarias estrechamente coordinadas por el pacto de estabilidad y las políticas fiscales divergentes y no coordinadas. 
Por consiguiente, existe la exigencia de un planteamiento mucho más coordinado entre los Estados miembros que, por cierto, deberá actuarse gradualmente, y la misma exigencia, a mi juicio, existe en lo referente al macrosector del gasto público. 
De hecho, en los diferentes Estados miembros la misma no sólo plantea problemas de alcance global, vinculados con la necesidad de convertir en menos pesado el papel del Estado en la economía y de liberar los recursos en beneficio del mercado, sino que además plantea divergencias en los sectores de gasto público más importantes: seguridad social, salud y empleo público que, con sus automatismos y reglas aplicables, condicionan la tendencia dinámica del gasto de forma tal que convierten el pacto de estabilidad o en poco creíble o en una camisa de fuerza, políticamente insoportable para muchos Estados. 
En conclusión, deseo llamar la atención respecto a la necesidad de avanzar con este razonamiento tanto por lo que respecta a la coordinación de los ingresos fiscales como por lo que se refiere a la necesidad de abordar formas de coordinación, a pesar de que el tema es muy delicado en lo referente a la composición del gasto público. 
Señor Presidente, una moneda única debe dar como resultado tipos de interés más bajos en muchas partes de la Unión Europea. 
La libra irlandesa, como una de las monedas más pequeñas de la Unión que es, se ha visto a veces sujeta a presiones exteriores que, a su vez, provocaron tipos de interés muy altos. 
La perspectiva de que Irlanda entre en una gran zona monetaria apta para resistir presiones exteriores será acogida con beneplácito por la mayoría de los ciudadanos irlandeses. 
Uno de los mayores costos que afrontan las pequeñas y medianas empresas, donde se encuentran la mayor parte de los puestos de trabajo en la actualidad, es el de pagar los intereses del capital que reciben a crédito para financiar cosas como la introducción y la mejora de productos o la compra de inmuebles y equipo. 
La subscripción de una hipoteca para comprar una casa suele ser el mayor y más caro compromiso financiero personal que subscriben la mayoría de las personas. 
Las fluctuaciones de los tipos de interés han hecho que el endeudamiento para la ampliación de las empresas o la adquisición de casas haya resultado muy arriesgado, con el frecuente resultado de la quiebra o la apropiación por los acreedores de las casas cuando los tipos de interés subían por encima de los niveles medios. 
Una moneda única debe propiciar tipos de interés e hipotecarios menores y al mismo tiempo permitir a las pequeñas y medianas empresas operar en una situación más estable y también reducir la presión sobre los propietarios de casas para el pago de sus hipotecas. 
Señor Presidente, en la noche del domingo 24 de noviembre de 1996, el Consejo extraordinario ECOFIN trabajó muy deprisa para adelantar de un mes a los italianos Papá Noel y hallar una solución genial, es decir fijar dentro del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo la moneda italiana en 990 liras por marco alemán. Recuérdese que el tipo de cambio de la moneda italiana hace algunas semanas estaba en 1.10- 1.020 liras. 
Esto es preocupante si se considera que dicha decisión reducirá notablemente las anteriores y estimulantes perspectivas de la exportación padana. 
Y no sólo esto. Estas soluciones penalizan aún más, si cabe, la entrada de las pequeñas y medianas empresas, ya perseguidas por un perverso sistema fiscal, que deberán reflexionar respecto a su futuro y a cómo hacer frente a un sistema de cambios desfavorable. 
La convergencia monetaria de la Unión Europea de 1996 fue notable, a pesar del clima económico negativo. 
Siguiendo así, casi todos los Estados miembros que lo deseen podrán participar en la tercera fase de la Unión Monetaria Europea desde el 1 de enero de 1999. 
En la Unión Europea no falta fantasía, pero no existe la concreción: cuanto más rigurosa será la interpretación de los criterios de convergencia y de los demás factores significativos, tanto más se reducirá el número de Estados miembros admitidos y, sin embargo, deseo recalcarlo, la interpretación será una vez más una decisión política, adoptada por la mayoría de las dos terceras partes del Consejo ECOFIN. 
¿Con qué patrón se evaluarán los problemas del desempleo, el coste de la administración pública, el tipo de interés y la inflación, que en Italia ha alcanzado el mínimo histórico sólo gracias a una reducción de los consumos? 
No es suficiente la buena voluntad de cada uno de los Estados para entrar de pleno derecho en Europa y tampoco la eurotasa propuesta por Italia. 
Es preciso que todos los Estados se sometan a rigurosas elecciones previamente acordadas y que incluyan sus márgenes de tolerancia. 
Señor Presidente, este conjunto de informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Policía Industrial es muy significativo y revelador de cierto momento que vivimos en cuanto a conceptos y planteamientos. 
No por ejercer las funciones de diputado he olvidado mi formación y profesión de economista y profesor de economía, por lo que me siento particularmente sensible a estos vientos tan fuertes que soplan. 
La verdad es que con dificultad y reacción negativa participo en trabajos o evalúo documentos que se transforman en propuestas de resolución que, a juzgar por el título, parecen tratar de la economía real y se pierden en un bosque en que los árboles, palabras y conceptos son tipos de interés, tipos de cambio, mercados de capitales, inflación, masa monetaria, moneda única, estatutos y estructura del Banco Central Europeo, déficit financieros excesivos y otras menudencias nominales y no encuentro ninguno que se refiera a aprovechamiento de recursos, asignación o empleo de factores de producción, grado de satisfacción de necesidades sociales, fases de crecimiento económico, desarrollo económico y social, distribución de rentas, niveles de vida y de bienestar de las poblaciones. 
Después de que, hace un decenio, la Comisión colocara en el terreno de juego comunitario las convergencias nominal y real, se pasó por una fase en que se confundieron las convergencias, en que se llamó económica a la que tan sólo es nominal, para llegar a este «meter todo en ésta» o a que sólo ésta tenga estatuto y consideración, aun cuando los títulos podrían hacer esperar otro método. 
También es interesante que, olvidada la economía real, estos informes reflejen la muy contemporánea preocupación por flexibilizar, sin decirlo, lo que durante años se presentó como intransigente inflexibilidad para que no hubiese las menores escapatorias a una estrategia transnacional única y a unas únicas políticas monetaria y presupuestaria. 
Pero, ¡no basta! 
Y, con cierta contradicción, se salta de la flexibilidad de la evaluación a una mayor inflexibilidad a partir de pactos de estabilidad que no tienen en cuenta las consecuencias para la economía real. 
¿Y será porque ésta no ha quedado aún aniquilada? 
Éstos son informes que caracterizan un tiempo, una época, un servicio, una obsesión. 
Ya vendrán otros tiempos... 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es positivo que gracias al gran número de informes, tengamos la posibilidad de examinar los problemas de la Unión Monetaria Europea desde una perspectiva más amplia, ampliar el horizonte de cuestiones y tratar éstas de un modo más diferenciado. 
Pero, al mismo tiempo, esto conduce por lo visto a que los colegas prefieran hacer otra cosa, lo que me parece lamentable ante una cuestión tan trascendental. 
Al menos el Parlamento se pronuncia contra los sueños de Waigel consistentes en simular el cumplimiento estricto de los criterios mediante una camisa de fuerza europea que debe sustituir en el futuro a la política económica en toda la UE por una práctica contable meramente mecánica. 
El colega Ribeiro tiene razón: tenemos que buscar nuevas vías para lograr los objetivos del Tratado, para poder medir la UEM a los requerimientos reales, es decir, la lucha contra el desempleo en masa y la superación de la crisis medioambiental; siempre concedemos a estos objetivos la máxima prioridad sin hacer realmente nada. 
En los informes hay una serie de cosas que podemos apoyar, pero hay cuestiones abiertas que no se han tratado: problemas de empleo debidos a una consolidación presupuestaria precipitada, el llamado «arruinarse ahorrando» o la consideración de criterios para la convergencia real más allá de los enfoques correctos del Sr. Christodoulou. 
No hay ninguna referencia a la necesidad de normas vinculantes transnacionales en el ámbito social y del medio ambiente como condición para un desarrollo económico real y de futuro. Tampoco se dice ni una palabra sobre los diversos trucos, cálculos de jubilaciones y falsificaciones presupuestarias que se emplean para cumplir aparentemente los criterios y tratar de superar los problemas entrando en una Unión Monetaria. 
Señor Presidente, queridos colegas, a veces hay que replantearse las cuestiones más fundamentales. 
¿Quién desea hoy la Unión Monetaria? 
No especialmente los ciudadanos, según he podido saber. 
¿Dónde están las peticiones de los ciudadanos que reclaman que se lleve a cabo con urgencia la Unión Monetaria? 
¿Dónde están las reclamaciones de dichos ciudadanos? 
Lo cierto es que en el origen del proyecto están los ideólogos cosmopolitas que quieren hacer desaparecer las identidades nacionales. 
Y sus correas de transmisión son los gobiernos democristianos y socialistas de la mayoría de los Estados de Europa. 
El segundo autor de este asunto son las grandes multinacionales que siempre desean reducir un poco más la existencia de los Estados independientes que podrían oponerse a sus métodos de decisión. 
Por último, los Estados Unidos participan en el mismo proceso, porque prefieren controlar a un único interlocutor europeo, que a varios interlocutores nacionales. 
En este asunto existe una voluntad política, es cierto, pero ninguna necesidad económica. 
¿Es necesaria la Unión Monetaria desde el punto de vista económico? 
La experiencia histórica demuestra que más vale una moneda cuya aplicación territorial sea reducida, pero que esté adaptada a la economía, como es el caso del franco suizo, por ejemplo, que una moneda que se aplique a todo un continente y que sea gestionada más o menos bien. 
La experiencia histórica demuestra asimismo que un país que consigue su independencia, crea inmediatamente su propia moneda- está claro que no se trata de una casualidad- y, a menudo, con éxito, como es el caso de Checoslovaquia, o mejor dicho, del país de los checos, de Eslovenia o también de Estonia. 
En unos momentos en que la creación de nuevas monedas en Europa del Este viene a sancionar su accesión a la independencia y a la libertad, el Oeste prevé eliminar las monedas nacionales. 
¡Qué paradoja! 
¿Qué principios podrían servirnos hoy de inspiración? 
El informe Hoppenstedt indica, con razón, que la introducción del euro no puede llevarse a cabo en contra de la voluntad de los ciudadanos, lo que supone, en nuestra opinión, que no puede hacerse a menos que referendos populares den luz verde a los gobiernos nacionales. 
La auténtica democracia es el primer principio que hay que respetar. 
Además, el proceso de crecimiento económico es, por definición, un proceso de diferenciación evolutiva, un proceso de divergencia. 
La política de convergencia que se aplica en aras de la Unión Monetaria va en contra de esta realidad natural. 
La vida es siempre la divergencia. 
La convergencia es cosa, sobre todo, de los cementerios. 
Por ello hay que elegir entre dos prioridades; llevar adelante la Unión Monetaria, cueste lo que cueste, con el peligro de un índice de crecimiento bajo, o sea, la convergencia, es decir, la escleroris, o bien buscar un crecimiento fuerte y duradero en materia del empleo pleno, lo que supone renunciar a la Unión Monetaria, que no hace ninguna falta. 
Desde 1945, el crecimiento en Europa, en una época en la que era fuerte, siempre se ha logrado con monedas diferentes. 
Los Estados Unidos, en aquella época, tenían una moneda única y tuvieron un crecimiento menos fuerte. 
No existe, pues, ninguna relación entre el crecimiento económico y la Unión Monetaria. 
Nuestro segundo principio es, por tanto, dar prioridad al crecimiento, en vez de a la unificación monetaria europea. 
Nuestro tercer principio es que resulta peligroso confiar cada vez más poder a las autoridades tecnócratas internacionales. 
Por tanto, el actual proceso de Unión Monetaria es antidemocrático, antisocial y antinacional. 
Señor Presidente, Señorías, esta vez las felicitaciones a los ponentes deben ser mucho más que una formalidad. 
Se trata realmente de un debate histórico de nuestro Parlamento, aunque la presencia aquí no lo confirme. 
Nuestros ponentes han realizado un trabajo muy importante y, en concreto los Sres. Herman y Christodoulou, bajo una presión de tiempo intolerable, que no debe repetirse. 
En cualquier caso, quisiera suscribir el comentario del Sr. Donnelly de que estamos manteniendo un debate histórico, y las inspiradas palabras del Sr. Herman, quien ha subrayado la importancia de este momento, en el que presenciamos la realización de la moneda única. 
Creo, además, que las felicitaciones deben extenderse a quien ha trabajado como pocos lo han hecho por este objetivo común y continuará trabajando hasta llevar a buen término el proyecto, o al menos eso espero. 
Nuestra satisfacción debería ser y sería mucho mayor si, junto al progreso con respecto a la unión monetaria, pudiésemos celebrar un éxito en materia de reducción del desempleo y limitación de las desigualdades regionales. 
Estos asuntos, que constituyen por sí solos importantísimos objetivos de Europa, sobre todo la disminución del desempleo, que según nuestras declaraciones- aunque me temo que sólo son palabras- es el problema número uno, a su vez no son independientes del éxito de la moneda única; todo lo contrario. 
Lamentablemente, tanto en el ámbito del desempleo como en el de las desigualdades regionales, las cosas no van tan bien. 
En el reciente informe de la Comisaria Wulf-Mathies se hace referencia a un estancamiento de las desigualdades regionales y, en cuanto al desempleo, que en los últimos 30 años ha aumentado en Europa en un 600 %, señor Presidente, no hay ningún indicio de cambio. 
Sin embargo, lo peor es que la marcha hacia la moneda única se ha identificado con determinada política presupuestaria, que agrava gratuitamente los verdaderos problemas que son el desempleo y la desigualdad. 
Se dice que esta política presupuestaria restrictiva es imprescindible para luchar contra la inflación. 
¿Qué inflación? 
Nadie en esta parte de la Asamblea está a favor de la inflación, que afecta en primer lugar y con más dureza a los trabajadores. 
Ahora bien, si la inflación media en Europa se estabiliza en torno al 2 % -exceptuando Grecia, que es un país muy inflacionario, espero que por poco tiempo -, apelar a la necesidad de estabilizar los precios para justificar la continuación de una política presupuestaria extremadamente restrictiva comienza a parecerse a aquellos planes militares que se hacían con arreglo a las batallas de la guerra anterior. 
Se sabe lo que pasó con los ejércitos que siguieron semejantes planes. 
Es especialmente preocupante que, en lugar de buscar una nueva política, el mensaje que nos llega desde la Comisión sea el de unas medidas más rigurosas, si cabe, tal y como se expone en el Pacto de Estabilidad, que el informe Christodoulou trata con más detalle. 
Hay que comprender, señor Presidente, que el Pacto de Estabilidad constituye, en esencia, una revisión del artículo 1 del Protocolo nº 5, en virtud de la cual el déficit del 3 %, que era un valor de referencia, se transforma en un límite máximo y, en consecuencia, se crea prácticamente un nuevo valor de referencia en torno al 1, 5 %. 
Hay que subrayar también que en el cálculo de este déficit no se excluyen los gastos por inversiones públicas, lo cual vulnera el espíritu y, en parte, el texto literal del Tratado. 
Espero que al menos se preste oídos al ponente, Sr. Christodoulou, y se reconozca la excepción de los gastos de defensa que solicita para los Estados miembros que están obligados a mantener programas de armamento de costoso mantenimiento. 
De todas formas, este es otro tema. 
Los temas básicos, señor Presidente, son la dudosa legitimidad del procedimiento del Pacto de Estabilidad y el aumento del desempleo que provocará. 
Algunos diputados y el representante de la Presidencia han mantenido que un nivel elevado de empleo es absolutamente compatible con unos déficit bajos. 
En un mundo estático, en el que los valores económicos se repitieran invariablemente año tras año, en el que el capital no se acumulara, en el que no hubiera cambios demográficos, esto sería válido. 
En el mundo real en el que vivimos, sin embargo, sujeto a una evolución dinámica, afirmar que podemos eliminar los déficit sin agravar el desempleo es peligrosamente irresponsable. 
Debemos avanzar hacia la moneda única, señor Presidente, pero hagámoslo con un sentido de responsabilidad hacia el trabajador europeo, porque la moneda única lo necesita como aliado y no como adversario, porque la moneda única, en última instancia, debe estar a su servicio. ¡Que no empiece su trayectoria perjudicándole! 
Señor Presidente, al principio quiero felicitar a los ponentes y decir que han hecho una contribución excelente al debate sobre la moneda única. 
Desde una perspectiva irlandesa, el debate real respecto de la introducción de una moneda única europea estriba en si Irlanda debe incorporarse a esa unión monetaria, en caso de que Gran Bretaña decida no participar en la UEM. 
A principios de 1998 el Consejo decidirá qué Estados miembros cumplen los requisitos para participar en la UEM a partir de las estadísticas económicas actualizadas correspondientes a 1997. 
Es evidente que Irlanda estará en condiciones de incorporarse al primer grupo de países europeos que participarán en la nueva moneda única europea. Se debe a que nuestro coeficiente deuda/PIB disminuye todos los años y nuestra economía ha estado creciendo a un ritmo constante desde 1987 con la asistencia de dos programas financiados con cargo a los Fondos estructurales europeos. 
El Gobierno irlandés debe comprometerse a acceder a la moneda única, tanto si Gran Bretaña se incorpora como si no. 
Desde 1960 ha habido un importante cambio en la orientación del comercio irlandés. 
Nuestro comercio con el Reino Unido ha disminuido espectacularmente y, a la inversa, nuestro comercio con la Europa continental ha aumentado. 
Nuestra alineación con el euro significará que la participación en esa fuerte y estable Unión Monetaria dará como resultado una reducción de los tipos de interés a medio plazo. 
Entre los beneficios de una moneda única figurarán los aumentos de producción, empleo y comercio. 
En conclusión, me siento algo decepcionado de que el ministro irlandés sólo se quede a escuchar los informes de los ponentes y las contribuciones de los principales portavoces. 
He de decir al Presidente en ejercicio que debe escuchar todas las contribuciones. 
Señor Presidente, la idea de la unión monetaria presenta tres graves errores básicos: Transfiere el poder de los gobiernos democráticos a una institución cerrada y burocrática, y con ello hace que aumente el déficit democrático de la Unión. Se basa en una política de perpetua depresión económica, y obliga a los gobiernos a mantenerse pasivos ante la crisis social, precisamente lo mismo que ocurrió en Alemania durante los años 1930-1932. 
Una economía sana y realista se compone de unos ingresos en alza, de una demanda elevada y en aumento, de una fuerte productividad y de una política financiera activa llevada a la práctica por unos parlamentos y gobiernos nacionales. 
La moneda y los tipos de interés, que en este caso se han convertido en cuestión vital y fuerza motriz, son en realidad unos factores específicos que dependen totalmente de los ya mencionados y globales flujos nacional-económicos, y de la economía real. 
Este dogmatismo, las ideas de la Comisión sobre la importancia de la moneda y el tipo de interés, hacen que con razón podamos emplear la afirmación del viejo político populachero de los Estados Unidos, William Jennings Brian, de que la unión monetaria crucifica a los ciudadanos europeos sobre una cruz de oro. 
Señor Presidente, los informes de los Sres. Metten, Herman, Harrison, Christodoulou y Hoppenstedt nos llevan a tratar una vez más sobre los criterios de convergencia, sobre la coordinación de las políticas presupuestarias, de suerte que la moneda única se encarrile, se encarrile por el «eurotúnel». 
En el centro de estas finanzas públicas al que nos lleva este vagón monetario, en el centro de estas políticas presupuestarias, la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿continuará habiendo políticas presupuestarias diversas teniendo en cuenta los hechos? 
Lo que constatamos es, en efecto, un pensamiento presupuestario único, que, en materia de gastos, presenta una restricción de los gastos y austeridad, y en materia de ingresos, un aumento de las retenciones como, por ejemplo, el impuesto europeo del Sr. Prodi. 
El presupuesto es el mismo en Italia, en Francia, en España y en Grecia, con idénticas consecuencias; un millón de manifestantes en Roma, los camiones en Francia, y el paro en todas partes. 
Puesto que esta política es, evidentemente, una política contra natura, hay que imponerla. 
Por tanto, cuando la gendarmería monetaria detenga a alguien en estado de embriaguez presupuestaria, éste deberá soplar en un tubo, y si sobrepasa los tres puntos del PIB, un pueblo será sancionado. 
Y si se diera el caso del 0, 5 del PIB, cabe imaginar a un pueblo condenado a pagar una multa de 80.000 millones de francos, lo que equivale a las contribuciones de un año a la Unión Europea. 
¿Por qué no? 
Evidentemente, todo ello con independencia del Banco Central. 
El pequeño extremo del continente euroasiático que inventó la democracia, redescubre la oligarquía del directorio del Banco Central con una pobre justificación teórica: la teoría de los anticipos racionales, siempre que los agentes concedan anticipos. 
Y si no confiaran en el Banco Central, si éste estuviera en manos de los poderes públicos, ¿quién se atrevería a conceder anticipos en el sentido contrario? 
Por ello tiene que ser independiente, siempre con el pobre gráfico que demuestra que en aquellos casos en que los Bancos Centrales son independientes, existe menos inflación. 
Y eso es lo que hay. 
De lo único que se olvidan es que todo depende de las historias políticas de cada uno. 
Francia, es la historia de Vincent Auriol: los bancos los cierro y a los banqueros los encierro. 
Y olvidarse de esta historia acarreará un sinfín de tragedias. 
La primera y la más grave es una transmisión de neurosis. 
Alemania tiene una neurosis que padece desde los tiempos de Weimar que se ve además confirmada por su reunificación, el choque asimétrico. 
Alemania tiene miedo de la inflación. 
De ahí esos tratamientos, de ahí la Grundgesetz [la Constitución] , que obliga al Banco Central a garantizar la estabilidad de los precios. 
Pero Francia tiene otra neurosis que es la de la lucha social, la de la lucha de clases. 
Sólo por el hecho de que el Sr. Kohl presente una sobrecarga ponderal, el Sr. Juppé no tiene por que someterse a una cura de adelgazamiento. 
Se trata de dos historias diferentes. 
Otra tragedia es la tragedia del tobogán. 
La moneda única implica fiscalidad única, de lo contrario las devaluaciones monetarias pasarán a sustituir las devaluaciones fiscales. 
Y, por último, la tragedia más dramática es que el mercado es mundial, pero la moneda única sólo será europea. 
En Singapur no se plantean la moneda única europea. 
A finales del año 2000 no se plantearán la moneda única europea. 
Señor Presidente, termino con esto, se trata de la tragedia de las estrellas muertas. 
Cuando la luz de una estrella llega hasta nosotros, la estrella ya está muerta. 
La estrella estratégica europea murió en el mismo instante en que se realizó Europa. 
Esto equivale a entrar en el futuro con luz negra. 
Señor Presidente, hay momentos en los que hay que forzar el destino. 
Usted avanza, señor Comisario, a buen ritmo para cumplir los plazos del Tratado de Maastricht. 
Puede que sea necesario mantener dicho ritmo, aunque no está exento de riesgos. 
El Consejo Europeo de Madrid reconoció la necesidad de instaurar la seguridad jurídica en la introducción de la moneda única. 
El Sr. Herman nos informa sobre dos reglamentos que abordan una serie de problemas. 
Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se ha negado a dar su opinión en las condiciones precipitadas de la consulta del Parlamento. 
Su preocupación no es menor en lo relativo a una serie de puntos que me gustaría señalar. 
No estoy seguro, señor Comisario, de que la seguridad jurídica salga ganando con el cambio de denominación de la moneda única, recurriendo a un reglamento basado en el artículo 235 y a la técnica de interpretación del Tratado. 
Pienso que un arreglo del texto del Tratado hubiera sido más sagaz. 
Es el consejo del Sr. Herman, que da su opinión de jefe. 
Es el consejo de mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y es también el consejo, por ejemplo, que manifestó el Sr. Badinter ante el Senado francés el pasado 6 de octubre. 
Reconozcan que, cuando menos, existen dudas. 
Usted estima que el riesgo político de la revisión del Tratado es superior al riesgo jurídico de los procedimientos posteriores. 
Le comprendo. 
Pero no hablemos de seguridad jurídica cuando nos espera una lluvia de recursos de resultados inciertos. 
Sobre todo, los dos reglamentos guardan silencio sobre el problema fundamental de la seguridad jurídica de los consumidores. 
Pero no se ocupa en absoluto del ciudadano medio. 
Ahora bien, los problemas jurídicos son considerables. 
Todos los días descubrimos alguno; ayer, sin ir más lejos, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y a propósito de un texto sobre el crédito al consumo, descubrimos aspectos que, a grandes rasgos, son los siguientes: la doble clasificación, ampliamente abordada, las transferencias transfronterizas, el control de precios y el establecimiento de unos recursos eficaces para los consumidores perjudicados, la represión de la falsificación en un mercado único, pero mediante quince sistemas de Derecho penal distintos, la posible revisión de la directiva sobre las cláusulas abusivas, la represión penal del fraude. 
A la lista añadiría la ambigüedad del breve artículo consagrado a los contratos redactados en moneda nacional, que es el caso de la inmensa mayoría de los contratos actuales. 
Estos difíciles e importantes problemas de fondo se ven agravados por los instrumentos jurídicos de aplicación, el primer pilar, el tercer pilar, por la difícil repartición de las competencias jurídicas y de las responsabilidades políticas entre la Comunidad y los Estados miembros. 
Ahora bien, estas cuestiones no reciben un comienzo de respuesta en los textos que nos presentan. 
Hoy no esperamos de usted soluciones, sino un compromiso sobre una metodología y un calendario. 
La seguridad jurídica de los operadores es ciertamente necesaria, pero no tenemos el derecho de descuidar la confianza de los ciudadanos de a pie de la Unión. 
Sería inadmisible e imprudente. 
En caso contrario, el apoyo popular al euro, cuya importancia nos recordaba hace un momento el Presidente Quinn, se derrumbaría y volveríamos a encontrarnos en el escenario de la catástrofe que el anterior orador se complacía en evocar. 
Señor Presidente, la aproximación del momento de la adopción de la moneda única europea debe constituir un motivo de gran satisfacción por los beneficios y la seguridad que va a proporcionar, pero, simultáneamente, motivo de atención intensificada para que el proceso transcurra sin incidentes y de forma sostenida mucho después de la entrada en circulación del euro. 
Para Portugal son especialmente apreciables los beneficios que proporcionará, ya que ese país tiene una economía muy abierta al exterior, con un grado de apertura comercial sólo superado por los países del Benelux, Irlanda y uno de los países nórdicos, en que predominan pequeñas y medianas empresas que ahora se ven particularmente perjudicadas por los costos de transacción, incertidumbre y cálculo resultantes de la existencia de tantas monedas en el espacio europeo. 
Por eso, mucho me congratulo al comprobar, como reconoce un informe reciente de la Comisión, que Portugal estará en condiciones de formar parte del pelotón de cabeza en cuanto al cumplimiento de los criterios de convergencia nominal establecidos en Maastricht. 
Ello es resultado de un esfuerzo logrado en los últimos años, que ha hecho que la tasa de inflación haya bajado de 13, 4 % en 1990- había sido de 24, 7 % en 1985- a 2, 6 % en 1996, que el diferencial de tipos de interés en relación con la media de la Unión Europea haya bajado 7 puntos porcentuales y sea de menos de 3 puntos, que el déficit presupuestario haya bajado al 4 % y que la deuda pública, aun siendo superior al 60 %, vaya a tener tendencia a bajar en 1996/1997. 
Todo ello con la tasa de desempleo, pese a alguna subida en 1994, mantenida en poco más del 7 %, o sea, muy por debajo de la media de la Unión. 
Y ha sido así- conviene subrayarlo- a pesar de que se han sucedido en el poder gobiernos de dos partidos diferentes, pero que, por fortuna para mi país, tienen una perspectiva y un compromiso coincidentes en el proceso de integración europea. 
Como representan a más del 80 % de los trabajadores portugueses después de las elecciones recientes en que dicho proceso estuvo en el centro de las campañas electorales, se puede decir también que expresan, al respecto, una adhesión clara de nuestra población. 
Si bien Portugal está en condiciones de adherirse a la moneda única, no podrá, sin embargo, dejar de ser sensible a la ventaja, para sí y para toda la Unión Europea, que representará la entrada del mayor número posible de países, como subraya debidamente el informe del Sr. Metten, pues sólo así se evitarán los riesgos e inconvenientes- devaluaciones competitivas- a que, pese a las prohibiciones y a las sanciones establecidas, podrían recurrir quienes se quedaran fuera. 
Así se contribuiría a que, en interés de todos, fuera mayor el peso del euro en la economía mundial. 
Sin embargo, una moneda europea fuerte no podrá dejar de exigir una aproximación real entre las economías. 
Por eso, redundará también en interés general que se dé la continuación- e incluso el fortalecimiento- de las políticas estructurales con una menor exigencia de adicionalidad a fin de que los esfuerzos que hayan de hacer los países no pongan en entredicho la proximidad nominal que habrá de mantenerse de forma duradera con la circulación de la moneda única europea. 
De ese modo, se contribuirá también a la indispensable aceptación pública del euro, lo cual, además de todas las campañas de divulgación dispendiosas que podamos organizar, podrá sentirse, de resultas de políticas exigentes, pero realistas, como un factor de progreso y de bienestar social. 
Señor Presidente, esta tarde hemos debatido la unión monetaria sobre todo como una cuestión técnica y jurídica. 
Realmente, se trata de una cuestión esencialmente política, que no se ha resuelto todavía. 
Se ha hablado de la necesidad de la aprobación popular y de escuchar al ciudadano, al tiempo que todos sabemos que la mayoría de la población de muchos de los países miembros es hoy por hoy contraria a la moneda común. 
Si verdaderamente hablamos en serio cuando decimos que hay que oír al ciudadano, éste debería poder expresar su opinión en un referendum. 
Por eso felicito al partido laborista británico, que se ha atrevido a decir que lo celebrará; deberían seguir su ejemplo más países. 
La moneda común es en realidad un proyecto político. 
Hay muy pocos argumentos económicos de peso en favor de la unión monetaria. 
El Gobierno sueco designó una comisión compuesta por economistas destacados expertos en economía nacional, que estudió la posible repercusión de la unión monetaria sobre la economía sueca. 
Sus resultados se han presentado recientemente. Apuntan a unas ventajas ínfimas y a unos grandes riesgos económicos. 
También señalan la posibilidad de que aumente drásticamente el desempleo. 
Actualmente, no es probable que en la práctica Suecia se adhiera a la unión monetaria en su comienzo fijado para 1999. 
La UEM no trata solamente del futuro, sino también de nuestra vida actual. 
La política económica de la UEM ya se aplica en la Europa occidental hoy por hoy. 
Los resultados no nos impresionan: son un crecimiento en descenso y de bajo nivel, y una débil demanda en la economía. 
Su precio es un alto nivel de desempleo. 
Los criterios de convergencia se alcanzan a base de que los países miembros realicen unos serios recortes sociales y unas privatizaciones innecesarias. 
El precio de la política dogmática de la UEM lo pagan hoy por hoy los parados y los afectados por estos recortes sociales. 
Si se lleva a cabo la unión monetaria, se creará un sistema sin control democrático, donde la política económica se regirá por los textos establecidos por los tratados, el pacto de estabilidad y un banco central independiente. 
Pero aquello que el electorado piensa sobre política económica, y que expresa en los comicios, carece ya de interés. 
Por eso la unión monetaria presupone un proceso antidemocrático que nos resulta inaceptable. 
Señor Presidente, en la actualidad los criterios de convergencia se debaten en un clima económico negativo y ello nos condena a no detenernos en la pura lógica matemática que, cuanto más será rigurosa, tanto más reducirá el número de los Estados miembros admitidos. 
Al constatar un impresionante grado de convergencia nominal, debemos subrayar que, en realidad, al menos diez Estados no pueden satisfacer todos los criterios de convergencia indispensables para poner en marcha la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Por consiguiente, la interpretación rigurosamente matemática de los criterios de convergencia no sólo iría en contra del espíritu del Tratado, sino que haría más difícil el camino hacia la Unión Monetaria. 
Asimismo, una interpretación demasiado rigurosa conllevaría la quiebra del mercado interior y aumentaría la posibilidad de una apreciación del euro, mientras que una interpretación más equilibrada reduciría el problema de la división del mercado interior y limitaría el peligro de un euro sobrevalorado. 
A esto debe añadirse que incluso Alemania, que considera la cuestión de la moneda única como forma de visibilidad de Europa, no cumple los criterios de convergencia, ya que en 1996 la relación entre el producto interior bruto y el déficit público gira en torno al 3, 5-4 %. 
No debemos olvidar que Francia incluyó en los presupuestos del Estado el presupuesto de una empresa privada paraestatal en el activo, a fin de que la relación entre producto interior bruto y déficit público fuera del 3 %. 
No hay que olvidar que el desempleo, que nunca había alcanzado los niveles actuales- en torno al 12 %no puede seguir aumentando con la mayor contribución fiscal de las empresas productivas en los Estados miembros, en particular en Italia. 
Ello determinaría una coyuntura que causaría un notable aumento del desempleo. 
Ahora bien, o se modifican los criterios de convergencia o, mejor, se aplazan los plazos de la Unión Monetaria del 1 de enero de 1999 a dos años después. 
Ésta es una posición realista y profundamente europeísta, habida cuenta de la necesidad de construir una Europa con todos los Estados más importantes y principales, para apuntar en el futuro no sólo a la Europa de los mercaderes, sino a la gran Europa, que tiene como pilares la Política Exterior y de Seguridad Común, la lucha contra la criminalidad organizada y la droga, así como la cooperación económica. 
Los verdaderos euroescépticos son los que apuran los conceptos de rigurosidad para impedir la formación de una gran Europea política que sólo es posible a través de la integración de los Quince al mismo tiempo. Los verdaderos euroescépticos son los que quieren una Europa de dos o tres velocidades o geométricamente variable. 
De este modo, nunca se llegará a la integración y la ventaja no será para los ciudadanos europeos, sino para esos países con los lobbies económicos y políticos más fuertes y que, en perfecta sintonía con la defensa del liderazgo de Estados Unidos, quieren hacer sus negocios solapadamente. 
Señor Presidente, quiero utilizar mis tres minutos de este debate sobre la culminación de la UEM y la introducción del euro para expresar mi conformidad con el objetivo, mis inquietudes sobre los métodos utilizados y mis dudas sobre los resultados en caso de que la Europa política y social no venga a completar rápidamente la Europa económica y monetaria en curso. 
En primer lugar, mi conformidad con el objetivo. 
En efecto, hay que culminar la UEM. 
Hay que introducir el euro en los plazos previstos. 
Es el complemento indispensable de la Europa económica, del gran mercado y de la libre circulación. 
Añadiré que el euro puede ser para los ciudadanos europeos un vector fantástico de unificación y un elemento fundamental para la ciudadanía europea. 
Por ello, estoy personalmente a favor del euro. 
Pero, en segundo lugar, mi conformidad con el objetivo va unida a una inquietud sobre los métodos. 
Una interpretación demasiado estricta de los criterios de convergencia, la ausencia de enfoque político y social de dicha convergencia presentan ya desde ahora un doble inconveniente. 
En primer lugar, dichos criterios sirven hoy en día de víctima propiciatoria de todas las dificultades que existen en los quince países. 
Se les hace responsables del paro y, en Francia, de los problemas por los que atraviesan los servicios públicos. 
Además, dichos criterios amenazan con apartar a demasiados países, en particular a todos los países del Sur de nuestra Unión. 
Por ello necesitamos, y no soy el primero en decirlo, un enfoque menos monetarista de la convergencia, por otro lado necesaria, de nuestras quince economías. 
Añadiré que un pacto de estabilidad cifrado y rígido introduciría de hecho un nuevo criterio en unos momentos en los que haría falta más flexibilidad para los criterios ya decididos y ratificados por los Quince. 
No solamente sería un error en unos momentos en los que resulta difícil cumplir los primeros, sino que cabría preguntarse incluso sobre la legalidad de este tipo de pacto sin una nueva ratificación por parte de las quince representaciones nacionales. 
En tercer lugar, conformidad con el objetivo, inquietudes sobre los métodos y dudas sobre los resultados. 
Tengamos cuidado, queridos colegas, a medida que nuestras opiniones se adhieren cada vez más al euro, tengamos cuidado de que la máquina europea no se bloquee a causa del estrago y de los efectos del paro sobre las opciones del electorado en nuestros diferentes países. 
Tengamos cuidado de que una lectura demasiado tecnócrata no elimine a los países del Sur. 
Tengamos cuidado, por último y sobre todo, de que la Europa económica y financiera no quede huérfana de una Europa política y sobre todo social. 
Por ello es necesario que la CIG desemboque, de aquí a 1998, en una Europa política, social y ciudadana. 
Y de eso, queridos colegas, nos encontramos hoy muy lejos. 
Resumiendo y para concluir, para alcanzar un objetivo ampliamente compartido, el euro, hace falta una mayor flexibilidad de los criterios de convergencia y no añadir otros nuevos, hace falta luchar contra el paro, contra la miseria y en defensa de los servicios públicos, y sobre todo, debemos asentar las bases de una Europa política fuerte y dotarla de políticas sociales audaces y voluntarias. 
Señor Presidente, son muy importantes los informes que mañana votará este Parlamento Europeo referentes a la futura Unión Económica y Monetaria. 
Quiero referirme en el poco tiempo de que dispongo al informe Metten y, en particular, al tratamiento que sugiere sobre uno de los criterios más importantes, desde mi punto de vista, de cara a la convergencia: el criterio de la inflación. 
Este criterio no es estrictamente contable como pueden ser los tipos de interés. 
Es un criterio estadístico. Se obtiene por un método estadístico. 
Aprovecho que está aquí el Comisario Sr. de Silguy para recordarle que, en Alemania, la tasa de inflación se calcula de forma no aritmética simple. 
No es equivalente la inflación de Baviera y la de los pequeños länder- ciudad. 
La inflación es una media ponderada, de acuerdo con la importancia de cada land. 
Así se elabora en Alemania la tasa de inflación, así se elabora en España, así elabora Eurostat la inflación europea. 
Ha sido precisamente una respuesta del Comisario de Silguy, sugiriendo que tal vez podría calcularse este criterio de convergencia como una media estrictamente aritmética de los tres mejores países con menor inflación, lo que ha motivado que, junto con unos compañeros, haya presentado una enmienda al respecto, porque el criterio de la inflación es un criterio eminentemente estadístico, no es contable. 
Igual que en Alemania la inflación se calcula de una forma ponderada, la media de los tres países con menor inflación deberá ser también ponderada. 
No queremos relajar los criterios de convergencia. 
Lo que queremos es que no se hagan interpretaciones, desde mi punto de vista, contra natura. 
El pasado día 19, el Sr. Franchet, Director de la Oficina Estadística de la Comunidad, aseguraba que la fórmula que él utiliza para calcular la inflación es una fórmula ponderada, y que si a él le preguntan, dará una media ponderada de los tres mejores países. 
Los países que están haciendo grandes esfuerzos por cumplir los criterios de convergencia tienen derecho a requerir de la Comisión una interpretación leal, no contra natura. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, hoy estamos participando en una sesión parlamentaria en la que se están debatiendo asuntos decisivos para los ciudadanos europeos y para Europa. 
Tengo para mí que uno de los cimientos más fuertes será la creación de la moneda única, pues es esencial no sólo para que haya un verdadero mercado interior europeo, sino también para que sea posible reactivar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. 
Y será en sí mismo un símbolo que unirá a todos los europeos que, a partir de 1999, puedan y quieran adoptar el euro. 
Éstas son las razones que han vuelto tan determinante la política del Gobierno de mi país para garantizar la entrada de Portugal en la primera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Se han hecho muchas críticas a los criterios de convergencia, al pacto de estabilidad propuesto para el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Creo que esas críticas son resultado mucho más de la inflexibilidad con que algunos interpretan y quieren ver aplicado el Tratado de Maastricht que de los términos ponderados, sensatos y políticamente correctos que en él constan. 
Sobre este aspecto no puedo por menos de transcribir una frase recientemente escrita por el antiguo canciller alemán Helmut Schmidt en una carta dirigida al gobernador del Bundesbank y publicada en el periódico «Le Monde». 
Dice: » La insistencia y la inoportunidad de sus discursos no sólo lo vuelven impopular, cosa que usted acepta, sino que, además, vuelven impopular a toda Alemania, cosa que no merecemos ni estamos dispuestos a soportar». 
Desde mi punto de vista, lo que falta a Europa es precisamente la existencia de la deseada convergencia social, económica y monetaria analizada con sentido común. 
Con Maastricht o sin Maastricht, es fundamental reducir los déficit públicos, la inflación y los tipos de interés. 
Por no haberse conseguido aún alcanzar esos objetivos es por lo que muchos de los males de que ahora nos quejamos- bajas tasas de crecimiento y altos niveles de desempleo, por ejemplo- se produjeron. 
Ahora bien, los informes que estamos examinando son en conjunto documentos fundamentales en materias relativas a la introducción del euro, que aparecen tratadas con una apertura, un sentido común político y una competencia técnica, que los volverán mucho más aceptables y comprensibles para los ciudadanos de esta Unión Europea que estamos creando. 
Por eso, quiero felicitar a los ponentes por el trabajo realizado y por las gestiones que han llevado a cabo para que se propusieran grandes consensos y espero que sean aprobados por el Parlamento Europeo. 
Son informes que dignifican el papel de nuestro Parlamento y que deben constituir un material esencial para el trabajo de los ministros de Hacienda y de los Jefes de Estado para los Consejos que se celebrarán próximamente en Irlanda. 
Dada la imposibilidad de tratar, en ton corto tiempo, todas estas materias, quiero subrayar algunos aspectos que considero esenciales: la participación de los parlamentos nacionales y su intervención y corresponsabilidad en los programas de estabilidad, la supervisión multilateral por realizar. 
También es esencial para nosotros que se añada, a la propuesta de la Comisión un nuevo artículo sobre el Fondo de Cohesión, en el que se diga muy claramente que se lo mantendrá en funcionamiento durante la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, mientras sigan vigentes las diferencias de desarrollo que justificaron su creación, y que la dotación de dicho Fondo y sus condiciones de aplicación serán fijadas por un reglamento del Consejo. 
Señor Presidente, mucho de lo que figura en estos cinco informes es de gran calidad, lo cual naturalmente se debe a que los socialistas ganamos las votaciones celebradas en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos. 
Pero yo, y algunos de mis colegas de la socialdemocracia sueca nos abstendremos de votar en lo relativo a los informes Metten, Christodoulou y Herman. 
Nuestra posición con respecto a esta cuestión se basa en la falta de creencia en la salubridad económica del proyecto de la UEM. 
Es una opinión que comparte la mayoría del pueblo sueco y, me atrevo a decir que la mayoría de los economistas acreditados del mundo occidental. 
La UEM supone un riesgo manifiesto de que aumente el desempleo. 
Este riesgo tiene su origen en dos causas. 
En primer lugar, en que la lucha contra la inflación se antepone a cualquier otro objetivo económico. 
Esto incrementa el desempleo, pero no por causa de una relación tipo Phillips entre la inflación y el desempleo, sino por el simple hecho de que la inflación cero obliga a recortar directamente los salarios para que algunas empresas adapten la retribución relativa al fenómeno de la oferta y la demanda. 
El otro motivo es la falta de flexibilidad que surge cuando se inmovilizan los tipos de cambio. Este fallo debe compensarse con otras medidas a largo plazo, presumiblemente ajustes salariales o migración de la fuerza de trabajo, lo que concretamente significa que un trabajador de la empresa textil de Manchester tendría que ocupar un puesto de técnico de informática en Milán. 
Yo no creo en esto. 
La UEM es un proyecto social de alto riesgo, y serán los ciudadanos que perciben salarios bajos y los de escasa formación los que se verán afectados por estos riesgos. 
Finalmente, señor Presidente, quiero advertir del riesgo que representa el pacto de estabilidad. 
Lo esencial de este pacto es que los países que tengan problemas económicos se verán castigados con sanciones. Esto sólo hará que empeorar el problema, no solucionarlo. 
Señor Presidente, estamos debatiendo esta tarde varios informes relacionados con la Unión Económica y Monetaria que ponen de manifiesto el interés que esta Asamblea otorga a este hecho fundamental del paso a la moneda única. 
Quiero felicitar a los diversos ponentes y concentrarme, a continuación, en diversas cuestiones suscitadas por el pacto de estabilidad. 
A este respecto, considero necesario, en primer lugar, recordar algunas ideas respecto de la estabilidad presupuestaria, que con frecuencia se olvidan a pesar de su obviedad o, posiblemente, por su obviedad. 
La primera es que la política de convergencia, en materia de déficit público, es buena en sí misma; es un fin en sí mismo, con Maastricht o sin Maastricht, como decía, acertadamente, esta tarde el presidente en ejercicio del Consejo ECOFIN, el Sr. Quinn. 
Es insostenible una situación en la que más del 5 % del PIB se va cada año en pago de intereses de la deuda, en algunos casos hasta más del 10 % del PIB. 
Los esfuerzos de consolidación presupuestaria son saludables en sí mismos para asegurar un crecimiento durable. 
Lo que ha aportado el calendario de la Unión Monetaria ha sido, por un lado, el estímulo para realizar esta tarea, para no retrasarla y, por otra parte, que estos esfuerzos tengan lugar de manera coordinada en todos los Estados miembros. 
En segundo lugar, y en referencia al pacto de estabilidad, que ya se encuentra en el Tratado de la Unión, hay que tener en cuenta que más importante aún que alcanzar con puntualidad el objetivo del 3 % de déficit público es demostrar la capacidad y la voluntad política de mantener esta posición de equilibrio, o de no desequilibrio excesivo, de manera sostenida y durable. 
Es en estos términos como la Comisión nos presenta su propuesta sobre el pacto de estabilidad, limando algunas de las aristas de la primera propuesta alemana. 
El dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento apoya, en lo sustancial, la propuesta de la Comisión, añadiendo algunos matices que deben ser resaltados y que indico a continuación. 
En primer lugar, indica la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento que es necesario prestar una mayor atención al ciclo económico en el juicio sobre la existencia de déficit público excesivo. 
El segundo punto es el relacionado con las exigencias de estabilidad y la inversión pública, puesto que, en muchos países, el límite del 3 % se está intentando conseguir comprimiendo de manera excesiva la inversión pública, y es claro que esta práctica no puede prolongarse sin comprometer el futuro de nuestras economías. 
Por eso, apoyamos decididamente los matices que introducen algunas enmiendas al diferenciar entre gastos corrientes y gastos de inversión a la hora de juzgar sobre la posición de déficit de cada país. 
Finalmente me referiré al Fondo de cohesión del que actualmente disfrutan cuatro países miembros, como ustedes saben. 
Este Fondo fue creado durante la fase de convergencia en que actualmente nos encontramos como instrumento para contrarrestar los efectos negativos que sobre la inversión pública podrían derivarse para las economías más débiles de la Unión a causa de los esfuerzos de convergencia. 
Pues bien, la misma filosofía que justificó el Fondo de cohesión para ayudar en esta fase de convergencia sigue siendo válida en relación con los programas de estabilidad, que van a continuar requiriendo un esfuerzo ingente para cuadrar los déficit públicos en las economías de los llamados «países de la cohesión». 
Como diputado procedente de uno de estos países, y sobre la base de las ideas de solidaridad tantas veces invocadas en este Parlamento, he considerado mi deber insistir sobre este punto, que ha sido realmente incorporado en las enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento y que espero que sean aprobadas mañana en el Pleno. 
Señor Presidente, los informes sobre los que debatimos representan una etapa significativa en la profundización de la integración europea. 
La introducción del euro y de sus medidas de acompañamiento son un paso consecuente en la realización del mercado interior para lograr así sus positivos efectos, como un mayor rendimiento económico, el empleo y estabilidad social y el fortalecimiento de la dinámica de la Unión Europea. 
Pero esta exposición de las potencialidades europeas no debe impedir ver aspectos esenciales de la introducción del euro, en especial, la dimensión política y social de algunas decisiones técnicas. 
Los ciudadanos de Europa juzgarán al euro y a la Unión Europea, así como a nosotros, los diputados, en base al empleo o a la magnitud del paro y a la estabilidad social. 
El euro facilita esencialmente la economía, es un factor primordial para la estabilidad de los precios y la previsibilidad de las operaciones y reduce el peligro de las especulaciones. 
Además, asegura a la Unión frente a unas fluctuaciones del dólar demasiado grandes y estabiliza el entramado económico internacional. 
De este modo, Europa ganará en importancia como lugar de emplazamiento empresarial. 
Pero si queremos que la Unión Europea y el Parlamento Europeo sean creíbles e impedir que los ciudadanos frustrados y temerosos por su puesto de trabajo caigan en brazos de seductores populistas, los efectos positivos de la introducción del euro no deben repercutir sólo sobre la economía sino en especial, sobre los trabajadores en la Europa social. 
Ya se verá si los políticos cristiano-sociales y conservadores representan a los ciudadanos o si en realidad solamente son oradores dominicales sobre asuntos sociales. 
También se verá si los políticos liberales sacrifican sus principios al mandamiento absoluto de la estabilidad monetaria sin consideraciones sobre el empleo y las repercusiones sociales. 
Una interpretación meramente matemática, sólo relacionada con el valor del dinero de los criterios de convergencia, fortalecería la recesión y acentuaría la presión sobre los trabajadores en el mercado laboral. 
La tan cacareada libertad de establecimiento se transformaría en una obligación permanente de migración a los centros económicos. 
Para lograr una dinámica positiva, en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria debe participar el mayor número posible de países. 
Las multas pecuniarias como mecanismos de sanción son contraproducentes, contrarias al empleo y a cualquier dinámica económica. 
Otros mecanismos- como una pérdida del derecho de voto en cuestiones de política monetaria- serían suficientes. 
Si, a pesar de ello, se produce una reducción de créditos en el presupuesto de la UE, estos deberán dedicarse a acciones políticas del mercado laboral. 
Naturalmente, el cambio al euro no debe realizarse a costas del consumidor por parte de los Bancos del sector público o de otros sectores empresariales. 
Finalmente, hay que llamar la atención sobre la responsabilidad social del Banco Central Europeo que va más allá de la obligación de preservar la mera estabilidad de los precios. 
Por ello, debe intensificarse la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera también comenzar mi intervención felicitando a los autores de estos informes que tienen por objetivo la necesidad de realizar la Unión Económica y Monetaria en las condiciones previstas por el Tratado de Maastricht y de acuerdo con los calendarios establecidos a fin de conseguir una política combinada de apoyo a la economía real con vistas a aumentar la confianza de los agentes económicos y la inversión generadora de empleo y crecimiento. 
Al preparar esta tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, hay que tener en cuanta algunos cuidados, en particular por lo que se refiere a las transformaciones estructurales habidas en los mercados financieros y de capitales y provocadas por la desreglamentación, las tecnologías de la información y una mayor interdependencia económica. 
Hay que tener en cuenta también el proceso de desintermediación, por el cual la oferta y la demanda de capitales funcionan entre sí sin recurrir a intermediarios financieros, como también el necesario acuerdo interinstitucional para permitir la coordinación entre las políticas, el fortalecimiento de la independencia del Banco Central Europeo mediante una legitimación democrática, que considero un elemento fundamental y la necesidad de proceder al nombramiento de los miembros del Comité Económico y Financiero con vistas a una mayor responsabilización, como, por lo demás, proponen los ponentes. 
La moneda única es, de hecho, un marco decisivo, un marco vital en este proceso de construcción europea. 
Pero sería una muestra de estulticia por nuestra parte quedar satisfechos y reducir Europa a una mera construcción económica y financiera. 
Europa, por voluntad de los pueblos, de los ciudadanos, tiene que ser mucho más que eso. 
Europa tiene que avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria, pero tiene que ahondarse políticamente y no puede perder de vista el fortalecimiento de la cohesión social. 
Y nadie comprendería hoy en Europa que quienes son y fueron capaces de formular objetivos y políticas vinculadores desde el punto de vista monetario, presupuestario y cambiario fueran capaces de demostrar un desprecio tremendo por los ciudadanos europeos no formulando también objetivos vinculadores desde el punto de vista de la política social y de empleo. 
La tercera fase de la Unión Económica y Monetaria está al caer. 
La moneda única va a ser una realidad, una realidad que acojo con entusiasmo, pero que vería con mucha preocupación, si, en el momento de su entrada en vigor, no tuviéramos también un pacto para el empleo que constituyera un factor de esperanza para todos los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, estoy en gran medida satisfecho con lo que ha dicho el Comisario de Silguy, pero hay un aspecto que me preocupa. 
Quizás convenga que me escuche. 
Parece como si introdujera un nuevo criterio de convergencia: la convergencia sostenible. 
Es decir, ha dicho más o menos lo siguiente: no basta con cumplir los criterios en 1997. 
También examinamos los logros del pasado y del futuro. 
Ello me preocupa, pues se trata de un argumento que he oído de labios de varios banqueros centrales en la última semana. 
Precisamente después de que la Comisión presentara sus previsiones de otoño, que indican que países como España y Portugal podrían cumplir por completo los criterios. 
Señor Comisario, ¿podría usted tranquilizarme? 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer al Sr. Comisario las explicaciones que nos ha dado. 
No son convincentes en todos los puntos, pero no reabriré ahora el debate. 
Lo haré a título personal, en caso de que usted esté interesado. 
Sé que ni siquiera usted tiene capacidad para decidir sobre aquello que es lo mejor por estar supeditado a los Estados. 
Dicho esto, quisiera hacer dos observaciones sobre las enmiendas que usted ha recibido. 
Hay dos errores. 
En la enmienda 30, el euro no es la moneda de la Unión, sino la moneda de la Comunidad. 
Sé que eso no alterará su punto de vista, pero para los diputados es importante, porque la Comunidad tiene personalidad jurídica y la Unión no. 
La enmienda 17 también contiene un error. 
Debería especificarse bien que se refiere a los valores emitidos por los poderes públicos. 
Y no sé por qué usted la rechaza. 
Por el contrario, me sorprende mucho que no acepte la enmienda que dice que el euro es la unidad monetaria de las instituciones de la Comunidad. Como si usted pudiera elaborar su presupuesto en una moneda que no sea el euro. 
No comprendo por qué usted no la acepta, de todos modos, usted no puede negarse. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Comisario por su análisis. 
Tampoco puedo comprender porqué no aprueba la enmienda nº 17, referente también al primer Reglamento, que alude tan solo a decisiones y a reglamentos del Consejo, o la enmienda nº 20- menciono éstas a título de ejemplo- sobre el primer Reglamento. A este respecto, creo que facilitaría mucho las cosas que él mismo fuera responsable de la aplicación del Reglamento, como espero que lo sea si él lo tiene a bien. 
Quisiera pedir al Sr. Comisario que vuelva a repasar estas enmiendas, no las que he mencionado en concreto, sino el conjunto de las enmiendas. 
Pienso que muchas de ellas facilitarían notablemente la aplicación y el funcionamiento de estos dos reglamentos, que todos consideramos necesarios. 
Responderé rápidamente, señor Presidente, porque no quiero abusar de su tiempo, en primer lugar para tranquilizar al Sr. Metten. 
No se trata de crear un nuevo criterio. 
Ya existen cinco en el Tratado, considerando que aquél sobre las finanzas públicas es doble. 
Me limito a leer el apartado 1 del artículo 109 J: » Estos informes [que presentarán la Comisión y el IME] examinarán también la consecución de un alto grado de convergencia sostenible ,... ». 
O sea, no es más que una aplicación. 
Evidentemente es muy difícil que nos encontremos en una situación en la que se derogue un déficit excesivo. 
No se puede derogar un déficit excesivo, si el déficit de 1997 es inferior al 3 % y si sabemos que aquél previsto para 1998 es superior al 3 %. 
Por consiguiente, no creo que exista ningún malentendido. 
En todo caso, no hay ningún elemento nuevo con respecto a lo que la Comisión ha dicho siempre. 
Señor Herman, no hay ningún problema. 
Usted nos pide que, en lo que se refiere a las instituciones europeas y a los presupuestos, hagamos pasar el euro por unidad monetaria. 
Yo diría que eso es automático, está previsto. 
Usted debilitaría nuestra posición sobre la continuidad ecu/euro si nos pidiera que se incluya una frase como ésa en un reglamento. 
No vamos a retomar ahora el debate. 
Puedo asegurarle, señor Christodoulou, y también señores ponentes y señor Presidente, que tras las votaciones de mañana sobre los diferentes informes, procederemos a un examen minucioso de todas las enmiendas y, en el espíritu de cooperación positiva que ya les he anunciado, veremos qué podemos hacer, pero en todo caso, si es posible, cuenten con mi apoyo. 
(La sesión, interrumpida a las 20.15 horas, se reanuda a las 21 horas) 
Ciencia y tecnología en el siglo XXI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0376/96) del Sr. Desama, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre las perspectivas de la política europea en materia de ciencia y tecnología en el siglo XXI. 
Tiene la palabra el Sr. Desama por el tiempo de nueve minutos. 
Todo el tiempo del mundo es para usted, nueve minutos. 
Pierda cuidado, señor Presidente, no abusaré de todo ese tiempo del mundo. 
Puede que lo necesitemos más tarde. 
Señora Comisaria, señor Presidente, queridos colegas, este informe se merecía algo mejor que esta reunión vespertina en la que, naturalmente, no son muy numerosos los colegas que han acudido a escuchar nuestras intervenciones. 
Resulta bastante curioso. 
Acabamos de celebrar un debate muy largo sobre el euro, del que, sin duda, nadie hablará en 2002 o 2003, mientras que hoy nos disponemos a tratar sobre un programa de investigación y desarrollo que afectará el futuro de la Unión Europea durante mucho más tiempo. 
Como quiera que sea, ¿a qué se debe este informe? 
Pues bien, en el fondo, el Parlamento europeo quiere desempeñar un papel importante en la elaboración del Quinto programa marco, que se iniciará cuando finalice el actual programa marco, es decir, a comienzos de 1999. 
Hemos aprendido la lección del Cuarto, y nos dimos cuenta de que, al final, el Parlamento que intervino en el procedimiento parlamentario clásico, es decir, en la primera lectura, no dispuso de tiempo suficiente para desarrollar una reflexión a fondo sobre las grandes orientaciones. 
Además, deseamos hacer partícipe a la Comisión de algunas convicciones y opiniones que tenemos sobre el futuro de la investigación y el desarrollo tecnológico y, por consiguiente, de nuestra Unión Europea. 
Y aprovechando precisamente, yo diría, la propia gestión de la Comisión y el hecho de que este año haya lanzado tan pronto un documento de estrategia para llamar a la reflexión a los diferentes Estados miembros, y bien, el Parlamento ha deseado entrar en el mismo juego y elaborar también su documento estratégico de reflexión. 
Éste es el objeto del presente informe de iniciativa. 
¿Cuáles son los grandes elementos de este informe? 
En primer lugar, constatar que en la época en que vivimos, el modelo clásico según el cual se ha organizado la investigación y el desarrollo y que se denominó el modelo lineal, en el que se sucedían la investigación básica, la investigación aplicada y, más tarde la innovación, es un modelo anticuado, y que hoy nos encontramos con un modelo que podríamos denominar modelo sistemático o modelo relacional en el que, finalmente, la investigación básica y la investigación aplicada están estrechamente interrelacionadas, al igual, por otra parte, que las investigaciones cada vez más interdisciplinarias. 
El Cuarto programa había iniciado ya esta evolución. 
Desearíamos que el Quinto la consagre se organice en torno a lo que es hoy en día, claramente, el nuevo concepto de investigación-desarrollo. 
En esta óptica, hemos propuesto en el informe, que espero, estoy convencido, mañana recibirá el voto favorable de un gran número de colegas, un enfoque que calificaría de matricial, es decir, combinar algunos sectores de la investigación que cubran a la vez las tecnologías de difusión, pero también las investigaciones científicas en sectores con futuro, por ejemplo, las tecnologías de la información o aquellas otras relacionadas con la ciencia genética, o sea, toda una serie de ámbitos en los que se puede combinar eficazmente la investigación básica y la investigación aplicada, con la posibilidad de lanzarse tanto en una dirección como en otra, en función de las oportunidades y de las aperturas que ofrezca cada orientación. 
Pero junto a este gran trabajo de fondo de la investigación, se incluirían también varias acciones específicas. 
Esta idea está inspirada directamente en la iniciativa tomada por la Comisaria Sra. Cresson a propósito de la refinanciación del Cuarto programa marco con la idea de los grupos operativos, que sin duda no cuenta con unanimidad en el seno de este Parlamento, pero que, en todo caso, ha sido un planteamiento manifiestamente más voluntarista, más específico y más organizado de proyectos de investigación que pretendían ser movilizadores. 
Pues bien, es una idea que retomamos en nuestras propuestas y deseamos también que estos grandes programas específicos proporcionen una mejor visibilidad de la investigación-desarrollo a la opinión pública y consigan un apoyo mayor de la opinión pública a los esfuerzos que se realizan en materia de investigación y desarrollo a nivel de la Unión. 
O sea, nueva organización, nuevas estructuras y también nuevos contenidos. 
Porque hasta ahora, hay que reconocerlo, los cuatro primeros programas marco han estado fundamentalmente, no diré exclusivamente, pero fundamentalmente han estado consagrados a esta investigación permanente para mejorar la competitividad de nuestras industrias. 
No cabe duda de que se trata de un objetivo fundamental. 
Fundamental porque está recogido en el Tratado y no podemos considerar el Tratado como papel mojado, pero también porque esto corresponde a una ambición fuerte de Europa de estar muy presente en los grandes mercados internacionales. 
Pero creemos que hoy, con la evolución del modelo social europeo, cada vez más es importante que la investigación y el desarrollo europeos respondan también a una demanda social fuerte, es decir, una demanda de la sociedad que espera de nosotros, sin duda, que construyamos una buena estructura industrial con las industrias que prosperan, pero que desean también que la investigación aporte respuestas a los problemas urgente a los que se enfrentan los ciudadanos y que efectivamente también exigen esfuerzos. 
El mensaje principal de este informe dice que hoy debemos proseguir nuestros esfuerzos con vistas a mejorar nuestro potencial industrial, naturalmente, pero que también debemos responder a dicha demanda social. 
Al mismo tiempo, proponemos también una serie de medidas, que no enumeraré aquí, para facilitar el paso de la investigación a la innovación. 
Es una problemática que ya había sido abordada en el Libro Verde de la Comisión y que recibió el apoyo del Parlamento. 
También retomamos algunas propuestas fuertes. 
Deseamos igualmente que se constituya por fin una gran comunidad científica europea y que, en ese esfuerzo por crear dicha comunidad científica, no sólo utilicemos los instrumentos del programa de investigación, sino que utilicemos también el Centro Común de Investigación, que es uno de los pilares de la construcción europea, pero que con el paso de los años, sus misiones no aparecen con la claridad que lo hicieron en un principio. 
Había quedado, como suele decirse, un poco obsoleto, pero ahora se encuentra en pleno esfuerzo de restructuración, lo que hay que saludar, debería fijarse nuevas ambiciones y nosotros se las proponemos. 
Por último, los instrumentos financieros, porque quién no desea que el simple mecanismo del programa marco de investigación no disponga de los medios suficientes para lanzar toda una dinámica de nuevas financiaciones, especialmente en lo que se refiere a las PYME. 
Y en este plano, desearíamos disponer de fórmulas más inventivas de movilización de capital de riesgo en favor de la investigación y el desarrollo, buscando fórmulas de asociación con el capital privado. 
Presentamos propuestas sobre nuevos instrumentos financieros y no dudo que la Comisión le prestará la debida atención. 
Naturalmente deseamos y nos relanzamos una vez más a la idea de una mejora de la gestión de los programas, de una mayor eficacia. 
Son muchos los avances alcanzados ya en este sentido durante el mandato del predecesor de la Sra. Cresson, el Sr. Ruberti, que ya realizó esfuerzos. 
La Sra. Cresson ha proseguido y ampliado dichos esfuerzos. 
Pero aún queda mucho camino por recorrer para poder salir un poco del atolladero burocrático que, a veces, entorpece la innovación y las iniciativas. 
Para terminar, señora Comisaria, y me dirijo especialmente a usted en esta conclusión, está claro que desearíamos igualmente que este informe de iniciativa no sea un documento más sobre su mesa. 
Nos gustaría que cuando la Comisión se disponga a elaborar el Quinto programa marco, entable un diálogo importante entre el Parlamento y la Comisión y, si fuera posible, también con los Estados miembros que así lo deseen, a través de lo que hemos denominado una conferencia institucional, aunque no sentimos especial apego por los términos. 
Diré como dijo Alfred de Vigny: » Qué importa el frasco mientras haya embriaguez». 
Señor Presidente, Señorías, de nuevo nos encontramos en los prolegómenos, en los primeros debates sobre un programa marco, proyectado, como siempre, para cuatro años. 
En otras palabras: tiene que caracterizarse por la firmeza y también por la flexibilidad, aunque estas dos palabras parezcan estar en contradicción. 
Primera: hay que incluir y coordinar urgentemente las diversas políticas en el campo de la ciencia y tecnología. 
Debemos tener más elementos de ciencia y tecnología en nuestra política estructural, agrícola y medioambiental. 
Debe ser posible coordinar estos elementos con el campo específico de la política de investigación. 
Sólo así podremos gastar razonablemente el dinero y mostrar claramente a los ciudadanos que el progreso es necesario en todos los ámbitos y que no solamente se encuentra en un programa específico. 
Por ello, debemos crear facilidades para el acceso al capital de riesgo así como poner en marcha la creación de nuevas formas mixtas de financiación. 
En este aspecto, la Unión podría proporcionar unos valiosos impulsos. 
Tercera: nos parece muy importante que se incluya más que hasta ahora a los investigadores en la evaluación y desarrollo de la política de investigación. 
Debemos institucionalizar el diálogo entre investigación y política y también debemos indicar a nuestros investigadores que tienen la obligación de participar políticamente y de decir y explicar a los ciudadanos de qué se trata. 
Ante los muy escasos recursos, necesitamos una aceptación mucho mayor de lo que hacemos por parte de la población. 
No estamos en unos tiempos de crecimiento sin freno de los presupuestos. 
Tendremos que formular qué es lo que queremos, lo que lleva implícito decir también qué es lo que no queremos. 
Esta segunda parte va a ser la más difícil. 
Va a ser difícil decir no, que para esto no o que para aquello sí. 
Señora Comisaria, espero que esté permanentemente en diálogo con nosotros para definir qué es lo que queremos y que escuche la voz del Parlamento. 
Para finalizar, nos parece muy importante que fomentemos la plusvalía europea. 
Lamentablemente, no tenemos dinero para todo lo que desearíamos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ¿qué estamos haciendo de provecho en el ámbito de la ciencia y cuáles son, por el contrario, los errores que estamos cometiendo? 
¿Los grandes cambios que han tenido lugar en el ámbito del conocimiento científico y de la producción industrial durante estos últimos años, unos cambios que están muy relacionados con la amplia difusión de las informaciones y los avances tecnológicos en el campo de la comunicación, deben obligarnos a reexaminar y replantear las actuales estructuras y las actuales políticas en materia de ciencia y desarrollo tecnológico? 
¿Qué podemos hacer con relación al desafío de los problemas sociales, el desempleo que alcanza 18 millones de personas, el crecimiento económico, la sanidad y el medio ambiente? 
Se va reforzando el modelo de una sociedad de la información en la que cada vez más interaccionan y se combinan los aspectos de interés económico, industrial y social. 
De hecho, señora Comisaria, ¿cuales son los verdaderos puntos débiles de nuestro sistema europeo? 
Ante todo, existe lo que usted indicó, es decir, el problema de la llamada paradoja europea. 
Nos referimos al hecho de que, a pesar de que Europa dispone de un nivel de investigación básico fuertemente avanzado, dicha investigación fundamental no se traduce de forma competitiva en tecnologías que puedan ser objeto de patentes. Basta con pensar que la Unión Europea y los Estados miembros gastan aproximadamente cinco veces más que Japón en la investigación básica, pero los japoneses, de hecho, poseen más patentes que nosotros. 
Este problema que se acaba de exponer, está estrechamente relacionado con el de los sistemas de financiación a menudo inadecuados, habida cuenta de la insuficiencia del capital de inversión y de riesgo para la innovación tecnológica. 
¿Qué podemos hacer? 
Teniendo en cuenta lo manifestado, parece evidente que la primera prioridad es la de adecuar el modelo de investigación y desarrollo tecnológico con el sistema social y cultural. 
Ya no se trata sólo de encontrar soluciones tecnológicamente avanzadas, sino de hacer posible que la tecnología pueda satisfacer las exigencias del ciudadano. 
Durante el siglo XXI, la industria europea se enfrentará a una competitividad con nuevas prioridades: educación, calidad de vida y desarrollo sostenible. 
Es preciso actuar para crear las condiciones que permitan al nuevo modelo de investigación y desarrollo responder a estas exigencias. 
Hay que aumentar el capital de inversión y crear nuevas formas de financiación a través de una mayor movilización del capital privado y público y una simplificación de los procedimientos burocráticos. 
Es necesario fomentar las condiciones para la movilidad de los investigadores, respaldando el intercambio del mayor vector de difusión de los conocimientos. 
A dicho efecto, es preciso fomentar nuevas formas de organización para los proyectos comunitarios de cooperación, a fin de evitar que los mismos se conviertan en un círculo restringido propiamente dicho, favoreciendo así la creación de nuevas formas de colaboración y intentando replantear las ya existentes. 
Debemos permitir una flexibilidad mucho mayor e unas intervenciones de rectificación de los programas en tiempo real y a medida que los mismos se desarrollan, así como evitar que los recursos se asignen irrevocablemente a iniciativas tecnológicas que luego no tienen salida. 
No nos podemos limitar sólo a proponer nuevos programas específicos de investigación, sino que se debe establecer un nuevo enfoque que se centre en los temas prioritarios, lo que significa, de cierta forma, un cambio fundamental del concepto de investigación comunitaria. 
El punto de partida es la definición de un problema concreto en lugar de todo un sector de investigación importante. 
En este sentido- y nos dirigimos a la señora Comisaria- nuestra Comisión de Investigación se ha manifestado en principio a favor de este enfoque de los grupos operativos que pueda así mejorar los resultados de la investigación comunitaria. 
Por último, ante el desafío de la internacionalización de los conocimientos, no cabe duda de que es preciso promover nuevas formas de cooperación con Estados Unidos, Japón y los demás países tecnológicamente avanzados. 
Señor Presidente, Señorías y Comisaria Cresson, en nombre del Grupo de los Liberales quiero felicitar al Sr. Desama por su informe. 
A pesar de las numerosas enmiendas, es un documento claro y supone un paso rotundo hacia el quinto Programa Marco. 
Lo más importante en el quinto Programa Marco tiene que ser la competitividad de nuestra industria europea, concretamente la de la pequeña y mediana empresa. 
Las PYME se encargan de crear la mayor parte de puestos de trabajo y por consiguiente merecen ocupar un lugar importante en la política europea de investigación y tecnología. 
Dicha política sólo puede ser eficaz si al mismo tiempo se invierte en ellas a nivel nacional y regional. 
La política de innovación para las PYME parece ser tarea por excelencia del Estado nacional, pues las administraciones nacionales y regionales son las que mejor conocen las necesidades de la pequeña y mediana empresa. 
La pequeña y mediana empresa en Europa como tal no existe. 
Al fin y al cabo la PYME no es un grupo homogéneo de empresas, sino que está compuesto por empresas muy diversas en cuando a tamaño y sector. 
Es preciso adaptar el enfoque a cada uno de los grupos a fin de fomentar al máximo una participación óptima de las PYME en los proyectos de cooperación europeos. 
Por ello me complace que mi enmienda haya sido aceptada. 
Pero en el umbral del siglo XXI conviene que reflexionemos sobre nosotros mismos. 
Europa produce muchos conocimientos nuevos, pero la producción de conocimientos no es suficiente. 
No se aprovechan bastante para hacer cosas nuevas y lo que se hace no aporta nada. 
Tómese como ejemplo el CDI de Philips y la televisión de alta definición. 
Hemos de invertir más en la renovación del producto e insistir menos en la relación costes-eficacia. 
Por ello es preciso que las empresas aprendan a colaborar más entre sí. 
Hay que divulgar mejor los conocimientos y las experiencias con una política acertada y formar mejor a los trabajadores en las habilidades prácticas y sociales. 
Cuanto más tecnificada está la sociedad, más depende de la creatividad y capacidad de aprendizaje humanas. 
Volveré a hablar extensamente de este tema en mi informe «Desarrollo y aplicaciones, tecnología de la información en las próximas décadas». 
Señor Presidente, gracias, Sr. Desama, por haber emprendido tan enérgicamente la tarea de, por una parte valorar el IV programa marco, e incluso intentar aclarar el V. Se trata de un trabajo muy importante. 
Ya en la comisión he incluído muchas de las enmiendas centrales, pero teniendo en cuenta que la votación de la comisión era complicada, me he visto obligado a presentar algunas enmiendas también en el Pleno, y son éstas de las que voy a tratar. 
La primera enmienda trata de la importancia de incluir el punto de vista de que dentro del IV programa marco se han destinado muchos medios a las grandes empresas e instituciones, mientras en el Parlamento hemos dicho en innumerables ocasiones que eran las pequeñas empresas las importantes y las que había que apoyar. 
Por ello deseo que se incluya que es esencial que vayan de la mano las pequeñas empresas y la investigación. 
En la otra enmienda, la nº 4, incluyo el punto de vista de que no sólo son importantes las necesidades de carácter social, sino también las relacionadas con el medio ambiente. 
Sabemos que los ciudadanos de la UE piensan que el medio ambiente es importante, y que se necesita más investigación dentro de este ámbito. 
Por ello es importante que también en las conclusiones recojamos las necesidades sociales y las relativas al medio ambiente que existen dentro de la labor investigadora. 
Las enmiendas 5 y 6 abordan otro aspecto importante, que es la investigación que se realiza dentro de la UE, y el modo en que puede influir o ser utilizada con fines militares, lo cual va en contra de lo establecido por la normativa. 
Por ejemplo, tengo la valoración del programa sobre la fusión para 1996, que el Parlamento solicitó en primavera. 
En ella se menciona inequívocamente que los programas para la fusión son los centrales, y que no existe problema alguno. 
Así no son las cosas. 
Estos programas que abarcan la investigación en el campo de la fusión se pueden utilizar para el desarrollo militar de armas y de otro material bélico. 
Por ello es importante que no se disponga de estos medios y que se obligue a su devolución, si los recursos destinados a la labor investigadora van actualmente a este tipo de actividades. 
Señor Presidente, señora Comisaria, propugno una política de investigación científica fuerte y ambiciosa, con un equilibrio entre las actividades horizontales de carácter científico y tecnológico y los proyectos verticales centrados en las necesidades de los usuarios. 
Propugno una prioridad, la que consiste en poner la «vivabilidad» y la motivación de los ciudadanos en el centro de la política europea de IDT. 
El grupo de prospectiva de la Unión Europea señaló recientemente como objetivo para el año 2000 el de restaurar la cohesión de las sociedades europeas. 
Primero, creando una iniciativa que articule la educación, la formación y la investigación. 
Sólo con una alfabetización científica desde el primer nivel escolar se obtendrá la adhesión del ciudadano. 
Segundo, evitando la excesiva concentración de objetivos que he visto anunciada para el quinto programa marco. 
Para evitar una ruptura de consecuencias negativas, se debe seguir haciendo un planteamiento transnacional de sectores del cuarto programa, como las tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias y tecnologías marinas y las energías renovables y menos contaminantes. 
Tercero, garantizando la participación de las pequeñas y medianas empresas mediante el apoyo a la innovación en sus productos, procesos y servicios. 
Los incentivos no deben darse en un marco único, creado sólo para ellas, para no alejar a las PYME de sectores de investigación estratégicos para la industria europea. 
Cuarto, promoviendo una cooperación continua y ampliada con terceros países, basada en el principio del beneficio mutuo. 
Con África y América Latina conviene ir más allá de los sectores a que nos hemos limitado, de la salud y la agricultura, por lo que se les deben aplicar los programas de la primera acción. 
El desarrollo de esos países requiere la internacionalización de sus centros de investigación y la transferencia de tecnología. 
Quinto, generalizando y volviendo irreversible la movilidad. 
Es preciso pensar en el doctorado europeo, en el estatuto del becario europeo, en becas que incentiven el regreso al país de origen y en la instalación de los investigadores avanzados en países menos avanzados. 
Termino, señor Presidente, haciendo un llamamiento en pro de la cooperación entre la Unión y los Estados miembros y de éstos entre sí y con terceros países y de las indispensables sinergias entre programas e instrumentos comunitarios. 
Sólo así se dará consistencia a una política autónoma de Europa para el siglo XXI. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que el debate que se ha desarrollado hasta ahora en el seno de la Comisión de Investigación, ha sido muy útil para llevar a cabo una reflexión sobre el 5º Programa marco de investigación y formular una primera estructuración, que tiene en cuenta algunos criterios básicos: la respuesta a las necesidades emergentes de sociedad, la eficacia de la investigación en traducir la excelencia científica en aplicaciones útiles y económicamente válidas, así como la mejor coordinación entre el nivel europeo y el nivel nacional para luchar contra la duplicación y la fragmentación. 
El excelente informe del Sr. Desama contempla tanto la exigencia de una continuidad- las acciones horizontales- como la de un cambio- los objetivos de la sociedad en formación- y empieza a sugerir los criterios de definición de los objetivos y los actores que están llamados a realizarlos. 
El ponente propone tecnologías horizontales y proyectos dirigidos, organizados en una estructura matriz. 
Creo que este planteamiento, que hereda el concepto de los grupos operativos, es válido, sin embargo, lo que va a significar el éxito de este enfoque será el debate político sobre los temas y criterios de selección, un debate que todavía debemos abordar en su totalidad. 
Como primera orientación sobre los criterios, deseo observar que la Unión Europea dispone de un total de unos 3 millardos de ecus al año, mientras que el conjunto del gasto de investigación en Europa, en los Estados miembros, asciende a 120 millardos de ecus aproximadamente: 50 en el sector público y 70 en el de las industrias. 
Por lo tanto, el presupuesto europeo, sólo si se invierte en programas a largo plazo, se convierte en numéricamente significativo y, por consiguiente, puede alcanzar una visibilidad y un significado estratégicos. 
A manera de confirmación de este enfoque, ha de tenerse en cuenta que un programa de desafío tecnológico a largo plazo arrastra consigo tanto a la industria como la investigación académica y evita confundirse con un programa de aplicación de investigación industrial, que puede suscitar el recelo de los ambientes académicos. 
En cuanto a la organización y coordinación europea, considero que el esquema de participación geométricamente variable, del tipo ESA- Agencia Espacial Europea- o EUREKA, pueden representar un nuevo modelo y, para facilitar la transferencia de la excelencia científica a la excelencia aplicativa, creo que es preciso pensar en acciones fuertes de implicación de los usuarios finales, superación de los obstáculos técnicos, creación de nuevos instrumentos de financiación y conexión investigacióninnovación, como el venture capital. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, antes de nada, deseo felicitar al Sr. Desama por su excelente informe de iniciativa que presenta muchas ideas nuevas y, sobre todo, una comprensión extraordinaria de la evolución moderna actual de la investigación, enfocada hacia el siglo XXI. 
Quisiera también expresar mi sincero agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía que han participado en este trabajo. 
En la historia del programa marco, es la primera vez que el Parlamento Europeo toma la iniciativa de expresarse antes de que la Comisión le presente una propuesta formal. 
La ventaja de esta fórmula es, naturalmente, que permite al Parlamento transmitir sus opiniones en una fase del proceso en la que la Comisión puede tenerlas ampliamente en cuenta. 
Con este espíritu, la Comisión ha esperado conocer bien las conclusiones de los trabajos del Parlamento para presentar, la semana pasada, un primer documento de trabajo sobre el Quinto programa marco. 
Precisando y aclarando las orientaciones presentadas en la comunicación «Inventar el mañana» , el documento tiene por objeto permitir que se profundice en el debate que tiene lugar en las instituciones. 
Y espero con gran interés las reacciones del Parlamento al respecto. 
Mis comentarios sobre su informe, si me lo permite, versarán sobre tres puntos. 
Primero subrayaré los puntos de convergencia entre las opiniones expresadas en el informe y las propuestas de la Comisión. 
A continuación, les haré partícipe de la valoración que ha hecho la Comisión de algunos puntos de la resolución que no aparecen en sus propios documentos. 
Y para concluir, volveré a situar el informe en el contexto del procedimiento de elaboración del Quinto programa marco, e indicaré la manera en la que dicha elaboración deberá llevarse a cabo. 
En primer lugar, la convergencia. 
La convergencia del informe de iniciativa y de la resolución con las opiniones presentadas por la Comisión queda de manifiesto tanto en el enfoque general, como en varios puntos en particular. 
La idea de un programa marco que esté claramente orientado hacia las necesidades económicas y sociales también se encuentra en el centro mismo de la resolución del Parlamento y de la comunicación de la Comisión, » Inventar el mañana» , en la que presenta las orientaciones propuestas para el Quinto programa marco. 
El espíritu del enfoque matricial que propone el Sr. Desama, y que consiste en combinar los ámbitos y disciplinas tradicionales a lo largo del eje horizontal con los grandes problemas a los que se enfrenta Europa a lo largo del eje vertical, está bastante bien representado en la forma en que se ha definido la estructura de los programas en el primer documento de trabajo de la Comisión sobre el Quinto programa marco. 
Tanto el Parlamento como la Comisión hacen hincapié, además, en la necesidad de realizar un esfuerzo sostenido en materia de innovación, la transferencia de tecnología y en la ingeniería financiera- varios de ustedes se han referido también a este último punto, en particular el Sr. Scapagnini- y en la necesidad de coordinación con los demás instrumentos de intervención de la Unión y en la colaboración con las otras iniciativas de cooperación tecnológica europea, como COST y EUREKA, que han sido mencionadas especialmente por el Sr. Malerba. 
Por una parte, esta convergencia refleja armonía del enfoque espontáneo de nuestras dos instituciones. 
Como he dicho, da prueba además de que se ha producido una interacción positiva, ya que la Comisión se ha propuesto tener en cuenta las opiniones del Parlamento a medida que tenía conocimiento de las mismas. 
Conforme a lo anunciado, paso a continuación a hacer algunas observaciones sobre determinados aspectos específicos. 
Junto a las opiniones que recogen las intenciones de la Comisión, en el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía encontramos varias recomendaciones muy interesantes y que, indiscutiblemente, merecen atención. 
Por citar simplemente algunos ejemplos relativos a la acción en el ámbito de la formación y la movilidad, pienso especialmente en la idea de becas especiales para investigadores consagrados procedentes de países avanzados tecnológicamente para que trabajen en las zonas del Sur, en la idea de becas para la investigación en empresas industriales y comerciales, o en la recomendación de dedicar una atención especial a los problemas de la enseñanza de ciencias en las escuelas europeas. 
En sus trabajos sobre el Quinto programa marco, la Comisión no dejará de tener en cuenta estas sugerencias y varias otras, todas ellas estimulantes, que no puedo citar aquí en su totalidad, y espero que me lo perdonen. 
Reiteraré, simplemente, la atención que varios diputados han dirigido a los problemas de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, la Sra. Quisthoudt-Rowohl o la Sra. Plooij-van Gorsel o la Sra. Vaz da Silva. 
No obstante, el informe contiene también varias recomendaciones que la Comisión se ve imposibilitada a hacer suyas en el estado actual de los Tratados y del Reglamento de aplicación de los programas. 
Son aquellas relativas a los aspectos institucionales y a los problemas de gestión de los programas. 
En realidad, la posibilidad de poner en marcha concretamente varias ideas nuevas dependerá del grado en que la Conferencia Intergubernamental permita aligerar los procedimientos de toma de decisión en materia de investigación. 
Ustedes saben que se trata de un problema considerable. 
La aplicación eficaz de los artículos 130 K, L y N, por ejemplo, que abre la posibilidad a acciones de geometría variable, difícilmente puede ser prevista si no es en un contexto de mayoría cualificada amplia. 
En definitiva y para resumir, la Comisión se felicita del contenido general del informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y agradece al Parlamento esta aportación tan útil a propósito de los trabajos sobre el Quinto programa marco. 
Éste es el tercer punto que quisiera abordar. 
Me he referido al primer documento de trabajo presentado por la Comisión el pasado miércoles. 
En él no se describe aún el contenido detallado del Quinto programa marco. 
Se hará en un segundo documento de trabajo que la Comisión presentará a comienzos de 1997, y la propuesta formal está prevista para el mes de marzo del ese año. 
El objetivo que se persigue es alcanzar una posición común del Consejo bajo la Presidencia luxemburguesa en el mes de noviembre de 1997 y la adopción formal del nuevo programa marco en enero de 1998. 
Debo subrayar que es indispensable cumplir este calendario si queremos evitar una ruptura de la continuidad del esfuerzo europeo en materia de investigación. 
Para optimizar las oportunidades de lograrlo, la Comisión ha decidido estructurar el debate institucional en una serie de etapas progresivas que permitan ir guardando en la troje cada uno de los elementos del consenso. 
La elaboración del Quinto programa marco nos mantendrá muy ocupados durante todo el año 1997. 
Pero antes de que entremos de lleno a debatirlo, debemos solucionar la cuestión, pendiente desde hace varios meses, del suplemento financiero al Cuarto programa marco. 
No se trata de un simple aspecto técnico, sino de un requisito político previo y, en particular, del concepto de grupos operativos. 
El suplemento financiero introduce un nuevo enfoque sobre este punto, sobre el que se debería poder alcanzar el consenso antes de seguir avanzando. 
Los avances logrados durante las últimas semanas nos han acercado notablemente a una decisión. Y tengo grandes esperanzas de que en el Consejo de «investigación» del 5 de diciembre alcance un acuerdo político, o incluso una posición común. 
Como sin duda ya saben, habida cuenta de la decisión del Consejo Ecofin de no revisar las perspectivas financieras para 1997 y 1998, la suma propuesta por la Comisión ha sido revisada a la baja. 
El dialogo a tres bandas de carácter informal que hemos cebrado esta misma tarde ha confirmado la voluntad de las tres instituciones de seguir avanzando. 
Por ello, tengo muchas esperanzas de que, a comienzos del año próximo, podamos llevar a buen puerto el procedimiento de aprobación de este suplemento financiero, por el que el Parlamento se ha movilizado de manera considerable. 
Y quisiera reiterarle toda mi gratitud. 
Terminaré con una última observación. 
En el contexto de la preparación de la Unión Económica y Monetaria existe una fuerte presión sobre los presupuestos nacionales, y varios de ustedes así lo han señalado. 
La negociación del Quinto programa marco en el Consejo se presenta, por consiguiente, larga y difícil. 
La Comisión está dispuesta a afrontar el debate. 
El precio a pagar no es demasiado elevado si conseguimos llegar a nuestro destino con un programa marco realmente diferente de los anteriores y dotado de un fuerte contenido y que además pueda fortalecer la cultura científica europea como desea, con razón, el Sr. Linkohr. 
La Comisión cuenta con el apoyo del Parlamento y la amplia convergencia de las opiniones de éste con las suyas para lograr, junto con el Parlamento, que este nuevo programa sea adoptado a su debido tiempo, con un contenido que, según una fórmula que, creo, el Parlamento suscribe plenamente, le permita poner la investigación europea al servicio del ciudadano. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Transporte público 
Señor Presidente, con nuestro informe de propia iniciativa sobre congestión y transporte urbano, de junio de 1992, el Parlamento Europeo se encuentra de hecho en la base del Libro Verde de la Comisión sobre la Red de Ciudadanos. 
De hecho, con ello nos hemos adelantado a nuestro tiempo. 
No obstante, quiero felicitar en nombre de todo el Parlamento al Comisario Kinnock por el hecho de que haya comprendido la señal del Parlamento y la sociedad y ahora propugna el Libro Verde una mayor fluidez del transporte. 
Por ello es preciso que la Unión como tal se ocupe del transporte público a pesar del hecho de que el transporte suele realizarse a escala local y regional. 
Se trata de la cuestión de subsidiariedad. 
En primer lugar es así porque en Europa sólo podremos garantizar la libertad del ciudadano de viajar y permanecer en el territorio de los Estados miembros, como prevé el artículo 8A del Tratado, si no se limita la movilidad del ciudadano. 
La movilidad, como es sabido, no se ve obstaculizada tanto a causa de todo tipo de reglas y disposiciones formales, sino por limitaciones físicas y organizativas. 
Como cuando el conjunto de las instituciones de la UE deciden crear y realizar redes transeuropeas, pero al mismo tiempo no dejan suficiente margen en el presupuesto para tal fin. 
Ahora no quiero entrar en la cuestión de la escandalosa actitud del Consejo en relación con el actual presupuesto y los importes reservados en él para las redes transeuropeas. 
Todo ello sólo tiene sentido si además podemos realizar un buen transporte de llegada y salida a través y a partir de la gran infraestructura transfronteriza europea. 
Si analizamos la lista de instrumentos legales, como suplemento del Libro Verde, vemos que los medios para regular el transporte público de la Unión ya son considerables. 
Las principales propuestas que se hacen en el Libro Verde tienen que ver con la accesibilidad, la disponibilidad, la seguridad, el confort y el medio ambiente. 
El Parlamento ha introducido diversas añadiduras en cada una de estas categorías, además de las medidas push& pull propuestas y las mencionadas propuestas de best practices. 
En el ámbito de la accesibilidad hemos prestado más atención que la Comisión a los 80 millones de ciudadanos que, por razones físicas o funcionales, ven limitada su movilidad de forma permanente o temporal. 
Esto ha de lograrse sobre todo adaptando el material para las personas de la tercera edad y los minusválidos, así como adaptando los servicios secundarios en el suministro de información. 
El Parlamento considera que es posible mejorar la disponibilidad no solo adaptando la infraestructura, por ejemplo construyendo servicios separados para las diversas modalidades de transporte, sino también mejorando la planificación urbana. 
Consideramos que a la hora de construir viviendas nuevas habrá que tener en cuenta, mucho más de lo que se hace ahora, el tráfico del trabajo a casa. 
Si se organiza primero el transporte público, se podrán recuperar ampliamente las pérdidas iniciales, a medida que la gente se acostumbre. 
Aunque la seguridad es algo evidente, no se puede recalcar suficientemente que el número de víctimas del transporte es inaceptablemente alto. 
Y ello sucede en no pocos casos debido a las diferencias legislativas en materia de tráfico en diversos Estados miembros. 
El confort de viaje no es únicamente una cuestión de mejora del material. 
Yo, y el Parlamento en su totalidad, destacamos especialmente el carácter de cadena que tiene el transporte, insistiendo entre otras cosas en la necesidad de construir centros de transbordo en las grandes aglomeraciones urbanas donde hoy en día viven y trabajan la gran mayoría de nuestros ciudadanos. 
La protección del medio ambiente mejorará si logramos que utilicen el transporte público más ciudadanos que ahora. 
También tendremos que partir de ello en conexión con el Libro Verde sobre costes externos. 
A la hora de actuar, hemos de anteponer el realismo, es decir, hemos de tener en cuenta la imposibilidad de forzar mucho la intermodalidad. 
Esto incluye asimismo los informes del Sr. Killilea examinados en el mismo debate. 
» No se trata de gravar y poner trabas al uso del automóvil, sino de facilitar y hacer más atractivo el uso del transporte colectivo.» 
Señor Presidente, en primer lugar he de decir que la propuesta que figura en el informe A4-0291/96 se parece en gran medida al Reglamento nº 2454/92, revocado en el fallo emitido el 1º de junio de 1994 por el Tribunal de Justicia en la causa C388/92 promovida por el Parlamento Europeo, al que el Consejo no había vuelto a consultar respecto de una propuesta de reglamento que difería considerablemente de la propuesta original de la Comisión. 
Ahora bien, uno de los elementos fundamentales para el establecimiento de un mercado interior es la eliminación de las barreras artificiales a un mercado único en el sector de los transportes. 
Las dos propuestas que tengo el honor de presentar al Parlamento esta noche representan un paso más en el desarrollo de un mercado único de los transportes en la Unión Europea. Brindarán a las empresas de autobuses de un país de la UE mayor libertad para ofrecer servicios a pasajeros de otros Estados miembros. 
Tiene sentido que las empresas de autobuses que presten un servicio de un país a otro puedan recoger pasajeros en todos los puntos del trayecto. 
Actualmente, a una empresa de autobuses sólo le está permitido vender billetes a pasajeros en el país de origen. 
El mejor ejemplo que conozco es una empresa de autobuses que hace el trayecto entre una parte del oeste de Irlanda, que yo represento, y Londres y a la que le está permitido recoger pasajeros dentro de Irlanda, pero le está prohibido recoger nuevos pasajeros en ninguna de las ciudades o pueblos más importantes del norte o del sur de Gales o en el norte o el sudoeste de Inglaterra. 
Asimismo, en el trayecto de vuelta esa empresa de autobuses no puede recoger nuevos pasajeros en ninguna de las poblaciones del trayecto desde la costa oriental hasta la costa occidental de Irlanda. 
En primer lugar, se permitiría a las empresas internacionales de autobuses competir directamente con las empresas nacionales de autobuses en trayectos largos, con lo que se ofrecería una mayor diversidad de servicios a los pasajeros. 
El aumento de la competencia contribuiría también a mantener bajos los precios de los largos trayectos de autobús. 
Naturalmente, será mucho más fácil garantizar la viabilidad financiera de los trayectos de autobús, en particular los de las regiones con baja densidad de población de la periferia a los centros urbanos mayores, si la empresa que presta el servicio puede recoger pasajeros a lo largo del trayecto del autobús. 
En años recientes la Unión Europea ha adoptado medidas para liberalizar el transporte aéreo y también se han hecho algunos avances para abrir el mercado del ferrocarril a una mayor competencia. 
Las propuestas que el Parlamento tiene hoy ante sí contribuirán a que las empresas de autobuses con trayectos largos tengan también mayor libertad para atender las demandas del mercado y uno de los resultados será una mayor presión sobre las compañías aéreas y de ferrocarril para que bajen los precios de los trayectos en que tengan competencia. 
Los viajeros, en particular los que dispongan de fondos limitados, tendrán un mayor abanico de opciones de viajes baratos que en el pasado. 
No se deben subestimar los beneficios sociales del transporte barato para personas tales como los estudiantes, los trabajadores migrantes con empleos de sueldos bajos y sus familias. 
Durante muchos años, los costos del transporte entre regiones periféricas y grandes centros urbanos de la Unión- por ejemplo, el que he citado entre el oeste de Irlanda y Londres- eran artificialmente altos, porque las compañías aéreas y también las de ferrocarril y de transbordadores constituían cárteles de precios. 
Vale la pena recordar que en la época en que la fijación de precios corría a cargo de Aer Lingus y British Airways, por ejemplo, los precios de los viajes en avión entre Londres y los aeropuertos irlandeses eran de las más caras de toda Europa. 
También vale la pena recordar que en la época en que a las empresas de autobuses no les estaba permitido ofrecer servicios desde Irlanda hasta Londres, las compañías de ferrocarril y de transbordadores tenían también acuerdos para la fijación de precios que resultaban innecesaria y excepcionalmente altos. 
La legislación europea ha acabado por fin con la fijación de precios en muchos, pero no en todos, los trayectos aéreos. 
Las empresas de autobuses que hacen largos trayectos han ido desarrollando una red de trayectos que ahora compiten indirectamente con los ferrocarriles y las compañías aéreas. 
Gracias a ello, el costo del transporte en toda Europa está bajando, lo que entraña importantes beneficios sociales para las familias divididas por la migración, el empleo y- lo que es un ejemplo mejor- los estudios. 
Los costos de transporte son también un factor fundamental para el sector del turismo, cosa que solemos olvidar. 
Las propuestas que el Parlamento tiene hoy ante sí contribuirán a reducir los costos del transporte terrestre y contribuirán a facilitar el crecimiento del turismo, en particular entre los jóvenes que con frecuencia no están en condiciones de pagar los viajes de avión. 
Por último, una mayor libertad para recoger pasajeros fomentará la utilización eficiente de los autobuses en un trayecto determinado y puede reducir el número total de autobuses en las carreteras, con lo que se reducirán los niveles de congestión y de contaminación en algunos de los corredores de transporte. 
Acojo con beneplácito las propuestas hechas por la Comisión, que contribuirán al desarrollo del Mercado Único de los transportes en la Unión. 
La Comisión de Transportes ha adoptado una opinión positiva sobre el valor de dichas propuestas y, como ponente, puedo asegurarle, Comisario, que es cierto. 
Junto con mis colegas de la Comisión de Transportes, hemos presentado varias enmiendas que serán apoyadas- estoy seguro- y mejorarán el texto propuesto por el Comisario. 
En conclusión, permítaseme decir que mi opinión, y la de la Comisión de Transportes, es la de que el Parlamento debe apoyar las propuestas presentadas por la Comisión, que deben comprender también las enmiendas aprobadas en la Comisión de Transportes. 
A ese respecto, en el informe A4-0291/96, como coordinador del Grupo UPE, he retirado hoy las enmiendas núms. 17 y 18. 
En el informe A40292/96 hemos retirado las enmiendas núms. 29 y 30 y, con la excepción de las enmiendas de la comisión, hemos dejado sólo dos enmiendas del Grupo Liberal. 
Tal vez el Sr. Wijsenbeek- con su leal saber y entender- retire las suyas. 
Es importante que estos dos informes y las conclusiones de la Comisión estén ante el Consejo, para las conclusiones finales, el 12 de diciembre. 
Debemos hacer todo lo posible para lograr que se adopte una posición común para esa fecha o, al menos, para el final de este año. 
Doy las gracias a la comisión y a muchos de los asistentes que me ayudaron a preparar estos dos importantes informes. 
Ha sido necesario bastante tiempo y quiero expresar mi agradecimiento al personal de la Comisión de Transportes por sus maravillosos labor y apoyo. 
Con frecuencia se olvida que esas personas trabajan con gran dedicación. 
Señor Presidente, lo que aquí se intenta es interconectar de modo óptimo los diferentes transportes y utilizarlos en un servicio transfronterizo. 
Lograr este objetivo ideal de llegar desde cualquier lugar de Europa con eficiencia, rapidez y lo más lejos posible con medios públicos de transporte es naturalmente difícil pero merece la pena realizar este esfuerzo, pues las ventajas serían menos transporte individual, un mayor ahorro de energía, un mayor entrelazamiento del transporte y una mejor utilización de la infraestructura. 
Debe ser posible coordinar y entrelazar mejor entre si los diferentes transportes de que disponemos. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial es importante que la planificación de los sistemas de transporte interconectados permita también unas formas empresariales flexibles. 
No siempre el Estado y el sector público deben explotar estas redes sino que debemos aplicar modelos flexibles, como la private public partnership o la adjudicación de concesiones. 
El Estado debe poner a disposición la red pública de transportes pero no explotarla. 
En cualquier caso, el Estado y la Unión Europea deben proporcionar incentives, ayudas iniciales, y ampliar la infraestructura para que la iniciativa privada pueda actuar lo antes posible. 
Quisiera exponer algunas ideas en este contexto. 
Ante la debilidad de la coyuntura actual debería también recapacitarse si la Unión Europea no debería también conceder incentives. 
Estoy pensando en otra utilización de los Fondos estructurales- quizás no inmediata pero sí posible a largo plazo- si no se emplean durante años, es decir no se utilizan. 
Debería considerarse esta utilización de los créditos de los Fondos estructurales también en relación con el Banco Europeo de Inversiones. 
Habría que recapacitar sobre posibilidades más flexibles para que la infraestructura se pueda ampliar en toda Europa en provecho de las redes de los ciudadanos. 
En este sentido, las redes de los ciudadanos, su realización y aplicación gradual son de provecho para la eficiencia económica de Europa y contribuyen a reducir el paro. Creo que también en este sentido, se trata de una buena actividad de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas que van a hacer uso más tarde del transporte público de cercanías. 
En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por este Libro Verde y felicitar al ponente por su trabajo. 
Pienso que el transporte de cercanías de personas afecta a cada ciudadana y ciudadano de la Unión pues la participación en la vida pública depende del acceso a los medios de transporte. Creo por ello que es también muy importante complementar las redes transeuropeas, las grandes vías magistrales, mediante las redes locales. 
La opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se refiere naturalmente a los puntos tratados especialmente en la comisión. 
Si en la Unión Europea estamos de acuerdo en estabilizar las emisiones de CO2, es necesario emplear la energía de un modo mucho más eficaz. 
Esto se puede lograr en especial en el transporte por carretera, por un lado, utilizando más el transporte público, con el que se pueden transportar más personas con menos energía y, por otro, desarrollando vehículos que emplean menos u otros tipos de energía. 
Creo que es necesario contribuir a hacer más atractivo el transporte público, a lo que puede contribuir un segundo sector de mi Comisión de Desarrollo Tecnológico, pues mediante la correspondiente información telemática se facilita el acceso y, en consecuencia, su utilización. 
Creo que para la Comisaria Cresson un punto especialmente importante es la investigación en el desarrollo de vehículos y creo que en este aspecto podemos trabajar con mucha creatividad en Europa y contribuir al desarrollo de nuestra industria. 
Un último punto al que quiero aún referirme: la documentación de proyectos especialmente adecuados a nivel europeo debería contribuir a facilitar a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos el acceso a la vida pública. 
Señor Presidente, se debe apoyar abiertamente el objetivo de establecer una red de transporte público en Europa a la que puedan acceder los ciudadanos por un precio asequible. 
Debe establecerse técnica y conceptualmente, desde las redes transeuropeas hasta los sistemas locales de transporte. 
Es correcto e importante incluir activamente a los usuarios de los servicios de transportes en estos procesos decisorios. 
Pero, ¿dónde quedan las mujeres? 
En el Libro Verde solamente se tratan al margen, por ejemplo, cuando están embarazadas o cuando llevan carritos de niños o bebés. 
No se menciona en absoluto su frecuente desventaja de movilidad. 
En este aspecto, el documento de la Comisión se limita a los discapacitados y a las personas de edad. 
Un segundo punto: la seguridad. 
No puede limitarse a la seguridad del servicio, sobre la que la Comisión ha expuesto con razón una serie de estándares. 
La seguridad personal tiene al menos el mismo valor. 
Existe un riesgo objetivo, en absoluto ficticio, para las mujeres cuando se encuentran en estaciones mal iluminadas o cuando se encuentran en paradas fuera del rush hour. 
Si, no en último lugar, como consecuencia de la reducción de personal en el transporte público, algunos tramos no están vigilados o si los aparcamientos están deficientemente iluminados, el miedo personal que se siente frente a los asaltos está perfectamente justificado. 
Necesitamos un catálogo de medidas eficaces en el que se incluyan las experiencias concretas de nuestros Estados miembros. 
El que los taxis nocturnos no circulen después de los últimos autobuses y que no existan suficientes taxis para mujeres y asientos cerca del conductor en autobuses y tranvías y que los servicios solamente se ofrezcan en horas punta pero que sean algo escaso en el resto ¿es exclusivamente un factor de rentabilidad o no se debe también a una desidia? 
La triste consecuencia es que muchas mujeres que tienen que realizar tareas domésticas, que tienen niños en edad escolar o que trabajan a tiempo parcial se sienten absolutamente aisladas, precisamente en zonas apartadas y rurales. 
Esto afecta también a las mujeres mayores o minusválidas. 
Las mujeres, cuyas experiencias sólo he podido exponer brevemente en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, tienen que estar suficientemente representadas desde la planificación hasta la aplicación de las medidas políticas de transporte. 
Debe fortalecerse su influencia sobre las resoluciones de los interlocutores sociales mediante amplias consultas claramente estructuradas. 
El mainstreaming es también un enriquecimiento de las políticas y acciones en los temas de transporte. 
Estoy convencido de que también el autor del buen informe sobre el Libro Verde de la red de ciudadanos, Sr. Wijsenbeek, dará su asentimiento. 
Señor Presidente, estoy aturdido por la cantidad de tiempo de que dispongo para intervenir, aunque ello me permite constatar que si el trasporte público en Europa se regulara del mismo modo en que esta noche hemos tratado al mismo tiempo diversos informes, ya no habrían trenes ni autobuses que llegaran a tiempo. 
Por no hablar de la cuestión de si el ciudadano lograría sacar algo en claro. 
Esta mañana, en un país relativamente pequeño como los Países Bajos, había retenciones de 300 km, a pesar del hecho de que en el último momento se había llegado a un acuerdo para desconvocar la anunciada huelga de ferrocarriles. 
El país estaba paralizado, como muchas zonas densamente pobladas de la Unión Europea que cada mañana se ven inundadas por una corriente de automóviles y camiones. 
En muchos niveles administrativos se reconocen los problemas. 
También en el nivel europeo, en innumerables documentos se refleja la opinión de la Comisión y del Parlamento de que es necesario un sistema coherente de servicios públicos para poder asegurar la movilidad de forma sostenible, ofrecer una alternativa al coche y dar oportunidad de funcionar normalmente en la sociedad a las decenas de millones de ciudadanos que no quieren o no pueden disponer de un automóvil, y el Sr. Mann ha comprendido que entre ellos hay un número relativamente grande de mujeres. 
El Libro Verde sobre la red de ciudadanos, el Libro Verde sobre los costes externos y el Libro Blanco sobre el futuro del ferrocarril, como trilogía, son- por así decirlo- el resultado de una profunda reflexión sobre el futuro del transporte de mercancías y personas, e indican la dirección a seguir con miras a una política de tráfico y transporte responsable desde el punto de vista socioeconómico y ecológico. 
Aunque constato que existe un consenso entre la Comisión y el Parlamento, por lo menos en líneas generales, sobre el curso a seguir, al mismo tiempo he de constatar que hay muchos obstáculos a la hora de elaborar la política. 
Más tarde hablaremos de los costes externos y los planes con el ferrocarril, aunque la coherencia de la que he hablado justifica la pregunta de qué piensa la Comisión, dado el contenido de todos los debates, del ritmo de realización de una política de tráfico y transporte a escala europea. 
Pero ahora, limitándonos a la red de ciudadanos, quiero dar las gracias al Sr. Wijsenbeek por la forma cooperativa en que ha elaborado su informe. 
Su documento incluye casi todos los elementos que quepa imaginar en esta cuestión, en parte gracias a la iniciativa de la Comisión de Transportes. 
También a nosotros nos cuesta a veces centrarnos en las cuestiones principales. 
Algunas observaciones. 
En primer lugar, aunque no hay que sobreestimar las competencias de la Unión Europea a la hora de diseñar una red para el ciudadano, es un hecho probado que el mercado interior no puede funcionar sin un sistema coherente de servicios de transporte público. 
En segundo lugar, en este contexto son esenciales sobre todo los servicios transfronterizos. 
Tomando como ejemplo los Países Bajos, la conexión a la red europea de trenes de alta velocidad es sumamente importante, también para limitar al máximo el fuerte crecimiento de la aviación a medio plazo. 
En tercer lugar, es un grave error suponer que el transporte transfronterizo tiene lugar únicamente en el aire o con trenes rápidos. 
En las regiones fronterizas, por ejemplo, los ferrocarriles regionales y la líneas de autocares desempeñan un papel importante que muy a menudo se subestima sobremanera. 
En este sentido, las fronteras que nosotros creemos suprimidas siguen existiendo para las personas que no tienen coche. 
En cuarto lugar, al inicio de mi intervención he señalado el hecho de que para muchos más ciudadanos de los que creemos, el transporte público, y no el automóvil, supone el acceso a la movilidad y el funcionamiento en la sociedad. 
Quiero recalcarlo. 
Cada vez más, las personas de la tercera edad dependerán de los servicios públicos que se ofrezcan. 
Quiero hacer hincapié en que no es al mercado, sino a la autoridad competente a quien hay que responsabilizar tanto del nivel de servicio como del acceso a los servicios. 
Ahora y luego se prestará mucha atención a todos aquellos ciudadanos que están incapacitados en mayor o menor medida. 
Con el Libro Verde sobre la red de ciudadanos, la Comisión ha asumido parte de responsabilidad sobre un sistema de servicios públicos que permita literalmente al ciudadano salir adelante. 
En el marco de la subsidiariedad no tengo grandes expectativas de lo que Europa es capaz de hacer en este ámbito en toda su amplitud. 
Sin embargo, noblesse oblige a publicar el Libro Verde, y el lanzamiento del debate exige una continuación concreta. 
Quisiera que esta noche la Comisión explicara algo más al respecto. 
A fin de cuentas, hay que ir del dicho al hecho. 
Señor Presidente, creo que todos debemos dar la bienvenida al Sr. Castricum después de su ausencia la semana pasada, cuando hubo un debate en las calles de Bruselas acerca del Libro Blanco sobre el futuro de los ferrocarriles. 
Lamentamos que la semana pasada el Sr. Castricum no pudiera estar presente para incorporarse a ese debate permanente fuera de los edificios del Parlamento Europeo, pero nos alegramos de verlo aquí esta noche. 
Felicito a la Comisión por su Libro Verde «Red de ciudadanos para el transporte público de pasajeros» y, en particular al Sr. Wijsenbeek por su denodado trabajo para presentar este informe ante la comisión y ahora ante la Asamblea. 
Acojo con beneplácito la insistencia en el fomento del acceso al transporte público frente a la obsesión cada vez mayor por el coche privado. 
Es positivo que los programas de investigación e innovación en el nivel europeo desempeñen un papel en la formulación, en particular, de proyectos telemáticos para el transporte público. 
En el informe del Sr. Wijsenbeek se examina en particular la financiación del transporte público y el fomento de la intermodalidad. 
Acojo con beneplácito las mejoras para el medio ambiente y para la salud pública y la asistencia a las zonas periféricas de la Unión. 
Sin embargo, estoy deseosa de que se cumpla el principio de subsidiariedad. 
También soy partidario de un asunto que es igualmente caro al Sr. Wijsenbeek, a saber, el fomento de la utilización de la bicicleta. 
Tal vez el Comisario considere oportuno promover una mayor utilización de los senderos para bicicletas en toda la Unión Europea y un acceso más fácil para que se transporten bicicletas en los trenes. 
También veo la necesidad de facilitar el acceso al transporte público a los discapacitados, las personas de edad avanzada y las que tienen reducida la movilidad. 
Espero que el Comisario y el ponente se me unan esta noche para procurar apoyar un modo concreto de transporte que la Unión Europea ha apoyado coherentemente, a saber, el Túnel del Canal. 
Estoy segura de que la Comisión y el Parlamento compartirán mi preocupación por que el reciente fuego en el túnel pudiera haber sido provocado por una bengala lanzada por un conductor de uno de los camiones que forman bloqueo en la propia entrada del túnel. 
¿Va a prometer la Comisión hoy una investigación exhaustiva de las causas del fuego en el Túnel del Canal y eliminar cualquier posible causa que tenga relación con el bloqueo? 
Me gustaría que el Comisario confirmara esta noche a la Asamblea que apoya plenamente la nueva competencia en materia de seguridad para la Unión Europea consagrada en el artículo 75 del Tratado de Maastricht. 
Pasando brevemente al excelente informe del Sr. Killilea sobre la posibilidad de que las empresas de transportes no residentes puedan prestar servicios de transporte de pasajeros en las carreteras nacionales, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión y el informe del Sr. Killilea, en particular la de permitir el cabotaje durante un trayecto internacional regular. 
Por primera vez se permitirá a un autocar que haga el trayecto Londres-Lisboa recoger pasajeros y dejar que se apeen en Francia o España. 
Acojo con beneplácito esa libertad y la mayor liberalización que supone. 
Una mayor competencia en los servicios de autobuses y de autocares transnacionales en Europa entrañará una bajada de los precios. 
Es una buena noticia para los viajeros y para las compañías de autocares. 
El medio ambiente resultará beneficiado. 
En el futuro los autocares podrán ofrecer un servicio mejor y más competitivo y ya no tendrán que viajar a medias llenos o vacíos, lo que contribuye a aumentar los gastos de las empresas y la contaminación medioambiental. 
En conclusión, acojo con beneplácito los informes Wijsenbeek y Killilea. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi asombro y acaso también mi irritación por la reacción de muchos de mis compañeros en el momento en que el Sr. Mann hablaba sobre la posición de las mujeres en relación con la Red de Ciudadanos. 
Pocas veces se han oído tantas risitas como en aquel momento. 
Me parece injusto. 
Sr. Killilea, debe usted tener mucho cuidado, pues es usted miembro de la Comisión de Derechos la Mujer. 
Esto es lo quería decir para empezar. 
Pero en segundo lugar quiero decir, a propósito de las palabras del Sr. Wijsenbeek en la introducción a su informe, que se descubrió el pastel. 
Aunque ha defendido muy bien su informe, en las últimas frases ha dicho que nada debía obstaculizar al automóvil. 
Apenas puedo decirlo mejor de lo que ha hecho el Sr. Castricum, pero en muchas zonas de Europa se produce a diario o casi a diario una situación de la que yo pienso: ¿Cuándo llegará el atasco definitivo? 
¿Cuánto falta para que nos quedemos totalmente inmovilizados en los Países Bajos o en otras zonas de Europa? 
Ese momento se está acercando. 
Por consiguiente, no podemos dejar siempre vía libre al automóvil diciendo: una Red de Ciudadanos sólo es válida si el automóvil tiene vía libre. 
Y esto es lo que dice el Sr. Wijsenbeek en su informe, aunque este contenga muchos elementos positivos. 
Comprenderán ustedes que no puedo apoyarlo. 
Quiero esclarecer los nexos, como ya ha hecho Frits Castricum esta noche. 
La Comisión Europea no sólo ha publicado un Libro Verde sobre la Red de Ciudadanos. 
En los últimos años también hemos visto un Libro Verde sobre la internalización de los costes externos del transporte. 
Hemos podido ver el Libro Verde sobre movilidad sostenible. 
También hemos visto cómo ha salido a la luz el Libro Verde sobre el entorno urbano. 
Todos estos Libros Verdes parecen excelentes. 
Contienen análisis de lo que está sucediendo, pero es de lamentar que, por otro lado, la Comisión Europea promueva la mayor liberalización, la mayor competencia mutua que a veces, por desgracia, es contraria a los objetivos que defienden todos esos Libros Verdes. 
Honraría mucho, no sólo a la Comisión Europea, sino también al Parlamento Europeo si, por una vez, lo admitiéramos e hiciéramos las opciones acertadas. 
Si hablamos de las redes transeuropeas es conveniente establecer la relación entre los cuatro o cinco Libros Verdes que he mencionado y convendría no limitarse a decir sin reflexionar: no podemos imponer opciones a los transportistas. Sino que sería sensato decir: vale, intentemos- con decisiones en materia de infraestructuras- encauzar estas opciones en una determinada dirección, de acuerdo con el mercado, si me apuran. 
Pero hay que encauzar las opciones en una determinada dirección y, lamento tener que decir que es algo que no veo, pese a las bonitas declaraciones, ya se trate de Río, de la Agenda 21 o de todos los Libros Verdes. 
Este Libro Verde era excelente y espero que se establezca una relación con los demás Libros Verdes y que se tomen las medidas correctas para conseguir ciudades seguras para las mujeres, pero también para otras personas que participan en el tráfico y que además logremos que nuestras ciudades vuelvan a ser habitables, con un aire fresco, limpio y transparente, y por desgracia esto significa que el automóvil tendrá que dar un gran paso atrás. 
Señor Presidente, estoy realmente convencido de que absolutamente nadie de los que estamos en esta Asamblea ha manifestado la más mínima ofensa hacia ninguna de las personas que nos encontramos hoy aquí, que, lamentablemente, somos pocos. 
Centrándonos en el tema que nos ocupa, el documento de la Comisión que hoy analizamos pone de relieve el potencial del transporte público en Europa, y debería ser considerado conjuntamente con el documento sobre los costes externos por el uso del vehículo privado, el informe de la Sra. Schmidbauer. 
Felicito a los ponentes y a la Comisión por considerar en su informe el objetivo global de mejorar la calidad del aire y reducir la congestión del tráfico y, con ello, el número de accidentes y el tiempo utilizado en atravesar nuestras grandes ciudades. 
Es bueno ver que la Comisión no pretende dirigir el transporte público, sino estimular la investigación y promover el desarrollo de mejores prácticas, respetando plenamente así el principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, el punto que quisiera subrayar en mi intervención es el papel central del servicio público y del servicio universal. 
Respecto del primero entiendo que dicho servicio no debe estar necesariamente vinculado a las empresas públicas, ya que también una empresa de transporte privada puede ser obligada a respetar ciertas necesidades de servicio al público. 
Pienso específicamente en las zonas rurales, periféricas o interinsulares que son menos rentables. 
Las obligaciones que derivan de este servicio tienen por objeto garantizar el acceso de todos- absolutamente todos- a prestaciones de calidad y a un precio asequible. 
La aplicación rigurosa de este principio contribuye, en gran medida, a la cohesión económica y social de dichas zonas, implicando principios esenciales de funcionamiento, como son regularidad, igualdad de acceso, universalidad y transparencia. 
Quisiera resaltar, en particular, el contenido del apartado 9 del informe del Sr. Wijsenbeek, que espera, no sólo de la Comisión sino también de las autoridades nacionales y locales, un esfuerzo con el fin de obtener, más que una rentabilidad económica, un beneficio social relativo a la movilidad de los ciudadanos, tanto en las regiones periféricas como en las poblaciones altamente dispersas a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
Acabo, señor Presidente, citando una conclusión del dictamen de la Comisión sobre la Conferencia Intergubernamental, que dice: » Edificando sobre un conjunto de valores comunes a todas las sociedades europeas, el proyecto europeo pretende promover dichos valores, que combinan los rasgos característicos de la democracia con los de una economía abierta basada en el dinamismo de mercado, la solidaridad y la cohesión. 
Entre estos valores figura el acceso de los ciudadanos a servicios universales o a servicios de interés general que contribuyen a los objetivos de solidaridad e igualdad de trato». 
Tiene la palabra el Sr. Killilea para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, espero poder decir algo antes de que la Sra. Van Dijk se marche. 
Ha criticado mi conducta, al decir que me he burlado de una observación hecha sobre la opinión dada sobre el informe Wijsenbeek. 
He hecho una simple observación. 
He dicho que la Sra. Van Dijk aguzará el oído, cuando lo oiga, y cuando he visto al aparecer su nombre, que iba a hacer una declaración. 
No me estaba burlando de la observación. 
Ahora que ha vuelto, puede ser que retire su declaración. 
Yo no me burlo. 
He hecho una observación y en el futuro debe evitar su visión sesgada y equlibrarla más. 
Debe tener más sentido del humor a ese respecto. 
Muchas gracias, señor Killilea. 
Sus explicaciones figurarán en el Acta. 
Señor Presidente, a primera vista es asombroso que la Comisión Europea se adentre en el área del transporte público urbano. 
A fin de cuentas, es el ámbito de las administraciones nacionales y locales. 
Pero el enorme problema de la congestión que ha surgido a causa del uso masivo del coche, constituye cada vez más un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado de transportes europeo. 
Hay que elogiar a la Comisión Europea por el minucioso análisis que ha hecho del problema. 
Con este análisis vuelve a recalcarse una vez más el importante papel del automóvil para la movilidad. 
Esta es la causa de una velocidad media muy baja en las horas punta. 
El gran problema es cómo puede mejorarse la calidad, la seguridad y la velocidad el transporte público de tal forma que sea una alternativa real para el usuario del automóvil. 
O mejor dicho, cómo se puede hacer un lugar al taxi, la bicicleta, el automóvil de alquiler y el coche particular en un sistema de movilidad integrado. 
En este sentido, el documento de la Comisión contiene una serie de ideas valiosas: buscar formas de competencia controlada es sin duda una de las principales. 
Los servicios públicos son decididamente una tarea del Estado. 
Pero se ha visto que la falta de incentivos a la innovación y la orientación al mercado ha tenido como resultado una práctica de grandes contribuciones estatales y un sistema de transporte público a menudo cualitativamente mediocre. 
Por otra parte, habrá que vigilar que a la hora de privatizar otorgando concesiones regionales se siga teniendo una red coherente. 
En este sentido, existen riesgos sobre todo en las regiones fronterizas. 
Por último, me complace constatar que la Comisión se dé cuenta de que al fin y al cabo son sobre todo las administraciones locales y nacionales las responsables y competentes para solucionar los problemas de congestión en su territorio. 
La Comisión de Transportes no se ha guiado por estas limitaciones. 
Por ello y sorprendentemente con la colaboración del ponente, la resolución se ha convertido por desgracia en una lista de todo tipo de ideas y deseos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Comisario Kinnock por el presente Libro Verde y también al Sr. Wijsenbeek por su informe. 
Naturalmente, uno se puede preguntar qué es lo que cambia un Libro Verde o un informe de este Parlamento en la situación real de nuestras ciudades. 
En los últimos ocho años estuve encargado políticamente de la planificación del transporte en la ciudad de Viena y en parte también de la organización del mismo. 
Sé que un Libro Verde de este tipo es importante para exponer ante la opinión pública todas las medidas que deben aplicar las ciudades. 
Naturalmente, esto ocasiona conflictos pues a pesar de la amplia coincidencia de pareceres en la comisión o aquí mismo, no significa que la ejecución de las medidas mencionadas no provoquen realmente muchos conflictos. 
Es fácil coincidir en las líneas generales, pero es difícil llevar a efecto las cosas en detalle. 
No obstante, considero que el Libro Verde es decisivo por varios motivos. 
Primero: en lo que se refiere al medio ambiente ya se han dicho algunas cosas. 
Lo que no se ha tratado suficientemente es la progresiva y radical destrucción del medio ambiente, sobre todo en los alrededores de las ciudades, la urbanización excesiva que acarrea cuando el desarrollo de una ciudad y de una región no tienen en cuenta el transporte público. 
Se destruye mucho paisaje y zonas de recreo para las personas en nuestras regiones. 
En segundo lugar se encuentran los aspectos sociales. También se han mencionado en parte. 
En nuestras ciudades y en nuestros países muchos parten del hecho de que cada uno tiene un coche. 
No es así. 
Muchas familias no poseen ninguno. 
Ante todo, las mujeres, niños y personas mayores que no tienen ningún coche dependen del transporte público. 
Es importante que exista un transporte público que funcione bien, de coste asequible y que los autobuses, tranvías y metros circulen en intervalos breves. 
Precisamente en el caso de los tranvías me llena de orgullo que en el Libro Verde exista una fotografía de un tranvía vienés, lo que significa que medios de transporte que hasta hace pocos años eran considerados no modernos o anticuados, hoy son de nuevo modernos. 
Muchas ciudades norteamericanas están reconstruyendo con grandes dificultades tranvías que, gracias a Dios, se conservaron en muchas ciudades europeas. 
Un tercer aspecto que no se ha reflejado suficientemente en los informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, es el aspecto económico. 
Muchas ciudades solamente pueden mantener su atractivo económico, es decir, para los inversores, si el transporte funciona bien. 
Siempre se olvida que el transporte individual solamente funciona bien cuando muchas personas utilizan el transporte público. 
Por ello, debe existir un elevado modal split para que el necesario transporte comercial tenga espacio en la calle. 
Creo, por ello, que no se trata de una contradicción ni de una demonización o exclusión del automóvil si fomentamos enérgicamente el transporte público, pues de lo que se trata es de proporcionar al necesario transporte individual las correspondientes posibilidades. 
Tercer y último punto: quiero llamar la atención sobre el hecho de que los diversos programas de fomento de la Unión Europea deberían tener aún más en cuenta el transporte público, además no sólo en el marco de los programas de investigación o de los programas de la cartera de Transportes, sino también, por ejemplo, de la ayuda regional. 
Creo que los sistemas de ayuda regional, como el proyecto del ferrocarril u otros proyectos, deben tener más en cuenta el transporte público. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de la Comisión y los informes del Sr. Kililea han provocado en la comisión un interesante debate. 
Creo que es especialmente interesante que dicho debate se pueda y deba proseguir con una enmienda. 
El reglamento existente dejaba sin contestar diversas cuestiones y tanto el trabajo de la Comisión como el informe tienen el mérito de responder claramente a las mismas. 
Por un lado, crean claridad entre las categorías y diferencian entre servicios que precisan autorización o no y, por otro, proporcionan claridad al procedimiento, ya que se tiene en cuenta el control técnico de los vehículos- léase, seguridad- así como aspectos sociales. 
Al mismo tiempo, los informes realizan importantes aportaciones en el marco de una política común de transportes al insistir sobre el derecho que asiste al usuario para elegir libremente el medio de transporte. Asimismo, recuerdan el necesario paralelismo entre liberalización y armonización. 
Una enmienda prevé que se excluyan del ámbito de aplicación los servicios regulares internacionales y nacionales realizados en el marco urbano, de cercanías y regional. 
Creo que esto no perjudica a la totalidad de la propuesta. 
El transporte regular en el marco urbano y de cercanías es casi siempre un servicio público, por lo que contiene aspectos que deben debatirse en el marco general de los servicios públicos o incluso del servicio universal. 
Sabemos que en diversos países el llamado transporte público de viajeros ha sido creado como servicio para los ciudadanos sin perseguir necesariamente unos criterios de rentabilidad en sus licitaciones y constituyendo incluso en algunos casos parte de una política de empleo deseada, por lo que no puede medirse con criterios de rentabilidad. 
La cuestión de si esto es bueno o malo es al menos un motivo para analizar más en detalle este aspecto. 
No queremos impedir este debate, por el contrario. 
Próximos informes nos van a meter de lleno en este debate, por lo que me parece razonable mantenerlo en el marco de las normas generales para la concesión de autorizaciones de servicios públicos, tal como se prevé en esta enmienda. 
No se trata solamente de un aspecto parcial sino de diversos aspectos del problema. 
Se trata de la reducción de los monopolios, inclusive los públicos. 
Se trata de la seguridad y del medio ambiente, del empleo y de la cooperación entre el Estado y el sector privado. 
Estos aspectos son motivo suficiente para mantener un debate separado pero al que no queremos esperar demasiado tiempo. 
Señor Presidente, los informes que hoy estamos examinando son, a mi entender, buenas aportaciones al desarrollo del transporte en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Son, en parte, inspiración y, en parte, legislación. 
Sin embargo, es típico que también en el Parlamento valoremos el tema desde el punto de vista nacional. 
He escuchado conmovedores relatos por parte de Irlanda y de los Países Bajos. 
Me gustaría haber preguntado al Sr. Killilea- por desgracia, ya no se encuentra aquí- si lo que pretende es conseguir un línea de autobuses que enlace los pubs irlandeses en Europa, pero, dada su ausencia, este comentario quedará como un chiste. 
Al aprobar la normativa europea, hemos de considerar todos los matices existentes. Tenemos el tráfico de las grandes ciudades, como ya se ha mencionado. 
Tenemos zonas rurales. 
Tenemos diferentes culturas de transporte, etc. 
Estoy de acuerdo con la liberalización. 
Es una buena cosa. 
Sin embargo, cuando se ha celebrado un concurso público y lo ha ganado una empresa, no se puede permitir que otras empresas cubran la misma ruta sin permiso. 
Algunas de las afirmaciones contenidas en el informe del Sr. Killilea suponen en realidad la liberalización de las actividades de transporte incluso en los casos en que ha sido adjudicado un servicio. 
Esto tiene influencia en el tráfico regional. 
En este sentido hemos de tener en cuenta el transporte dentro de cada Estado miembro. 
El transporte internacional de un país a otro y los servicios de recogida de pasajeros en el transporte internacional son algo muy distinto. 
Lógicamente, apoyo este criterio, a menos que las rutas correspondientes hayan sido adjudicadas en concurso público. 
Hay rutas que están cubiertas tanto por trenes como por varias líneas de autocares que van medio vacíos y que tratan de bajar cada vez más el precio para ganar la «lucha» , al igual que en transporte aéreo. 
Por eso, es muy importante que reflexionemos profundamente sobre el tema. 
No puedo aceptar los comentarios del Sr. Killilea sobre la armonización fiscal. 
Acepto el debate respecto al impuesto sobre el CO2 y al impuesto medioambiental, pero éste es un tema muy diferente. 
El Sr. Lindqvist tiene razón al referirse a un transporte sostenible. 
El ponente no la tiene al decir que se puede optar por coger el coche, si se quiere, cuando las otras posibilidades fallen. 
En este caso no estaríamos organizando el transporte colectivo, sino preparando una elección múltiple, en la que siempre podría ganar el transporte personal en coche. 
Se supone que la actitud del Consejo es más matizada. 
No tengo claro hasta qué punto la Comisión se mostrará centralista en su propuesta final. 
No obstante, si deseamos una evolución como ésta, tendrá que ser una combinación de lo que nos ha presentado el Sr. Killilea, de la propuesta de la Comisión y, finalmente, de lo que presente el Consejo. 
Apoyo el desarrollo del transporte común en Europa, el transporte colectivo, y no tengo nada en contra de la liberalización, pero hay que respetar las diferencias entre las culturas regionales de transporte. 
Hemos de respetar la evolución que ya está en marcha; en otro caso, impediríamos el cumplimiento de nuestros propios deseos. 
También aquí hay que saber gatear antes de poder andar. 
Estimadas y estimados colegas, estimados e infortunados empleados que como siempre tienen que tratar del sector del transporte por la noche hacia eso de las 23 horas, los demócratacristianos saludamos y apoyamos el Libro Verde de la Comisión pues es correcto y necesario que la Unión Europea fomente el intercambio de experiencias entre ciudades y zonas de aglomeración urbanas en lo tocante a la mejora, en especial, del transporte público de cercanías y que apoye proyectos modelo para aumentar la intermodalidad de los transportes. 
Pero los demócrata-cristianos subrayamos también que nos tomamos en serio el principio de subsidiariedad en la Unión. 
Subrayamos que la responsabilidad principal en el transporte público de viajeros en las ciudades y en las zonas rurales debe dejarse en manos de las autoridades regionales y de los gremios de autogestión, pues son las que se encuentran más cerca del problema y tienen una mayor responsabilidad frente al ciudadano. 
Además, los demócrata-cristianos, al contrario que los social-demócratas que aún quedan en la sala, no queremos que Europa se inmiscuya en las competencias de los Municipios y regiones, por lo que rechazamos las siguientes exigencias provenientes de la Comisión de Transportes y Turismo. 
No consideramos necesario que desde Europa se prescriba que los balances ecológicos deban ser una condición previa para las ayudas estatales. 
Rechazamos la recomendación general- lo digo de un modo algo exagerado, pues si se lee con atención podría interpretarse así -, de que las infraestructuras de transporte tengan que ir por debajo de tierra. 
¿Porqué tiene que recomendar esto Europa a los Municipios y regiones? 
En tercer lugar, como demócrata-cristianos rechazamos también la petición a la Comisión para que recapacite sobre si puede elaborar más normas jurídicas para el transporte público de cercanías. 
Señor Kinnock, no se esfuerce demasiado. 
No se inmiscuya en las competencias de los Municipios y regiones. 
Respecto al informe Killilea solamente quiero realizar dos observaciones: la culminación del mercado interior es correcta y necesaria, por lo que también es necesario abrir en la Unión el transporte transfronterizo de viajeros mediante autobuses. 
Pero esta liberalización, señor Kinnock, no debe conducir a una llamada discriminación inversa de las empresas. 
No puede ser que, por ejemplo, empresas holandesas que trabajan en el transporte transfronterizo con Alemania, estén sometidas a unas normas no tan estrictas como a las que se ve sometida una empresa alemana que es una competidora. 
No se puede producir aquí ninguna discriminación. 
Un segundo ejemplo en el que debemos tener cuidado con las oportunidades que ofrece la apertura del mercado: la simple supresión de la prohibición de cabotaje que ha exigido el colega Grosch no debe ocasionar la quiebra de los sistemas existentes de transporte público de viajeros a través de las fronteras. 
Habría que proteger a este sector frente a sacudidas demasiado grandes mediante la introducción previa de unas normas claras sobre la adjudicación de concesiones para servicios en el transporte público de viajeros de cercanías. 
Muchas gracias, señor Jarzembowski. 
Yo soy partidario de la igualdad entre el hombre y la mujer; por lo tanto, no hago ninguna distinción. 
Si usted observa la parte de la sesión en que yo presido, verá que, cuando se llega exactamente al tiempo que se les ha concedido, se trate de señoras o de señores, yo les advierto. 
Luego, ustedes lo prolongan más o menos, pero esta es una cuestión que hacen ustedes bajo su responsabilidad. 
Por lo tanto, le repito que yo soy partidario de la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, les doy aquí exactamente el mismo trato, como se la voy a dar al Sr. Koch al que le concedo dos minutos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, saludo la propuesta de la Comisión sobre la introducción de normas comunes para los transportes transfronterizos de viajeros efectuados con autocares y autobuses. 
La mejora de las oportunidades que ofrece el mercado interior a los autocares no solamente es razonable sino necesaria desde hace mucho tiempo. 
Los autocares son uno de los medios de transporte más compatibles con el medio ambiente y seguros y garantizan una movilidad aceptable a largo plazo. 
Con las enmiendas aprobadas en la Comisión de Transportes y Turismo se logrará alcanzar un razonable equilibrio entre liberalización, transporte transfronterizo de personas y armonización de las condiciones marco. 
Los europeos hemos liberalizado con demasiada frecuencia sin armonizar las bases ni las condiciones previas. 
Esto no debe ocurrir de nuevo. 
En segundo lugar, se logrará elevar los aspectos de seguridad tan importantes para todos. 
Me refiero tanto a la seguridad técnica en el transporte como a la seguridad de planificación e inversión para las pequeñas y medianas empresas. 
En tercer lugar, me parece notable que los costes y gastos de gestión de las empresas de autocares se minimicen para obtener la licencia comunitaria. 
Felicito al ponente por haber logrado precisar, desburocratizar y simplificar este asunto. Le felicito también por haber preservado el derecho del ciudadano a una libre elección del medio de transporte, por haber aportado una mayor transparencia y seguridad jurídica y, en consecuencia, una mayor cercanía al ciudadano, respetando los objetivos y tareas de esta propuesta de reglamento. 
Señor Presidente, éste ha sido un debate muy interesante y bastante largo. 
Ha habido en él varios elementos que son dignos de una referencia específica. 
El primero es el de que el Sr. Swoboda ha pronunciado su primer discurso en esta Asamblea. 
Ha sido un discurso muy eficaz y bien informado y le felicito por ello. 
Es lo que yo esperaba de alguien con su extensa experiencia en materia de transporte público y que ha tenido tan extraordinario éxito como presidente del transporte público de Viena durante algunos años pasados. 
Permítaseme decir que lo que pierde Viena lo ganamos nosotros. 
También me ha conmovido mucho una escena que se ha producido durante el debate. 
En determinado momento ha habido el peligro de que el normal buen humor de esta Asamblea resultara ligeramente perturbado por la sorprendente controversia surgida entre la Sra. Van Dijk, que es una persona de carácter muy dulce, y el Sr. Killilea, que es la personificación del buen humor. 
Tengo el gusto de informar de que, después de que hubiera cierto peligro de un intercambio áspero, me ha conmovido verlos más tarde juntos. 
Estoy seguro de que eso es de buen augurio para el futuro de la cooperación parlamentaria. 
El de hoy ha sido un debate conjunto sobre el Libro Verde y dos propuestas legislativas de la Comisión. 
Comprendo el deseo del Parlamento de organizar el debate sobre la Red de Ciudadanos y al mismo tiempo sobre las dos propuestas relativas al transporte de pasajeros por carretera, temas de los informes del Sr. Killilea. 
Sé que hay otros, como yo, que esperan que la mezcla de cuestiones no distraiga la atención sobre la necesidad de alcanzar un consenso acerca de la Red de Ciudadanos, cuando pasemos a examinar los detalles de las propuestas legislativas, ni distraiga la atención de las importantes cuestiones relacionadas con los informes del Sr. Killilea. 
Sé que la Asamblea comprenderá que centre mis observaciones en la Red de Ciudadanos, si bien indicaré, como es costumbre en esta Asamblea, la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas del informe del Sr. Killilea. 
Lamento que la diversidad de cuestiones que he de abordar en mi intervención me obligue a extenderme un poco más de lo que habría deseado. 
Comienzo felicitando a la Comisión de Transportes y Turismo y su ponente, Sr. Wijsenbeek, por su- como es habitual en él- serio y razonado informe y que tan buena presentación ha tenido. 
Su compromiso con el desarrollo del transporte público es de sobra conocido y en todo su informe resulta evidente su determinación al respecto. 
Es un compromiso que yo también hago mío. 
Sin embargo, he de decir que, cuando lancé el Libro Verde sobre la Red de Ciudadanos el pasado mes de enero, hubo quienes se preguntaron en voz alta si se trataba de un sector que interesara a la Comisión. 
Cuando pedí un amplio debate sobre el desarrollo futuro del transporte público de pasajeros en la Unión Europea, hubo quienes pensaron que sólo participarían en realidad algunos grupos con intereses especiales. 
Creo que el Parlamento convendrá conmigo en que quienes abrigaban dudas al respecto se equivocaban. 
Las respuestas han sido numerosas, informativas y entusiastas y han procedido de las administraciones nacionales, regionales y locales, de los usuarios y las empresas, los sindicatos, los agentes de policía y los ciudadanos particulares. 
El debate dista de haber concluido y este informe constituye una parte valiosa él. 
Evidentemente, no puedo abordar cada una de las detalladas recomendaciones que figuran en el informe del Sr. Wijsenbeek, pero voy a tratar con mucho gusto de las cuestiones principales. 
Sobre la competencia de la Unión, comparto la creencia de que la Unión debe alentar un proceso de planificación integrada de los sistemas de transporte y también comparto la creencia de que en todos los casos los usuarios deben participar estrechamente en la planificación y la adopción de decisiones. 
En el Libro Verde defendimos enérgicamente esa tesis. 
Es evidente que la mejor forma de abordar la mayoría de las cuestiones en debate- el tipo de transporte urbano por el que se optará, su calidad, los precios y otras características importantes- en los niveles de dirección locales y regionales, como ha sostenido vigorosamente el Sr. Jarzembowski, en parte por la subsidiariedad y en parte también por el euro y por simple sentido común. 
Pero la Unión no deja de tener la misión de velar por que el marco jurídico de la Comunidad, que rige, por ejemplo, la introducción de servicios públicos y concesiones exclusivas conexas, sea el idóneo. 
La Unión puede también contribuir a centrar el debate respecto de asuntos importantes y facilitar el intercambio de información sobre los usos mejores, cosa que ya hemos estado intentando hacer. 
Sobre la financiación estoy de acuerdo en que, siempre que sea posible, se debe financiar el transporte público con los ingresos obtenidos con la venta de boletos. 
Sin embargo, conviene subrayar que, al examinar la posibilidad de conceder subvenciones, las autoridades competentes deben tener en cuenta también los posibles beneficios para todo el sector de la ayuda al transporte público, en particular la contribución que el transporte público puede hacer a los niveles generales de salud y, evidentemente, al bienestar social. 
La Asamblea ha de saber que atribuyo la mayor importancia al principio y la promoción de la intermodalidad. 
Ésa es la razón por la que la Comisión creó la Task Force sobre I y D en materia de intermodalidad. 
Seguiremos trabajando en pro del desarrollo de la integración de todos los diferentes modos de transporte, incluidos los automóviles privados. Evidentemente, constituyen una parte decisiva de la cadena de transporte, en particular para quienes tienen acceso a ellos. 
Sin embargo, hemos de hacer todo lo posible, evidentemente, para velar por que la movilidad que los automóviles pueden brindar útilmente no resulte sofocada o, de hecho, erradicada por la congestión, que, como han señalado varios oradores durante el debate y en otros momentos, constituye un peligro real. 
Sobre la petición concreta que figura en el informe de que la Comisión publique las cifras de utilización del automóvil y del uso del transporte público por parte de las mujeres en los Estados miembros, he de decir, con pesar, que no se dispone de esos datos. 
Aun careciendo de ellos, hago hincapié en mi compromiso, compartido en esta Asamblea, con el fomento de sistemas de transporte en los que los pasajeros y los conductores y demás personal estén exentos del temor a ataques físicos. 
Naturalmente, convengo en la necesidad de crear unas condiciones de seguridad en las que los pasajeros y los operarios estén libros del temor a sufrir un ataque físico. 
Eso es importante para todos los pasajeros, no sólo para las mujeres, si bien se deben aceptar sus preocupaciones particulares y actuar al respecto. 
Tienen una sensación particular y en muchos casos justificada de vulnerabilidad. 
Respecto del uso de la bicicleta, examinaremos formas de fomentar- dentro de los límites de la subsidiariedad- esa modalidad de transporte eficiente e inocuo para el medio ambiente que interesa activa y admirablemente- lo sé- al Sr. Wijsenbeek, como a muchos otros. 
Sobre la planificación de la utilización del suelo, comparto la opinión de que se deben tener en cuenta las cuestiones relativas al transporte en una fase temprana de los debates sobre la utilización del suelo y lo mejor es que esas decisiones, por su propia naturaleza, se adopten en el nivel local. 
Sin embargo, la Comisión estudiará más detenidamente ese asunto para hacer una aportación útil a los debates sobre cuál es la forma mejor de tener en cuenta las consideraciones relativas al transporte, si se cambia o intensifica el carácter de la utilización del suelo. 
La mayor parte del informe de la Comisión de Transportes y Turismo está dedicada atinadamente al tema concreto del transporte público. 
Muchas de esas propuestas son muy específicas y sé que Sus Señorías entienden que la Comisión, en pro de la subsidiariedad y la proporcionalidad, tuvo que limitarse en el Libro Verde a los sectores en los que nos parecía que podíamos aportar un valor añadido. 
Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con las observaciones del ponente sobre la formación y las aptitudes del personal y sobre la necesidad de satisfacer las necesidades de las personas con la gran diversidad de problemas que deterioran la movilidad y que pueden afectar a las personas en diferentes épocas de sus vidas. 
Sin embargo, no comparto la opinión de que el concepto de prestación de servicio universal sea apropiada para el transporte público. 
Adopto esa opinión no por razón doctrinaria alguna, sino simplemente porque, si bien ese concepto existe adecuadamente en los sectores postal y de telecomunicaciones en relación con la prestación de un servicio único concreto, el propio carácter diversificado del transporte público no se presta a ese concepto en la práctica. 
Me asombra la crítica de que en el Libro Verde no tuvimos en cuenta las necesidades de los trabajadores con jornada parcial. 
El concepto de red de ciudadanos es aplicable a todos los pasajeros. 
Así, pues, no hicimos distinción entre ellos, salvo la de subrayar las necesidades específicas de las personas con la capacidad de movilidad reducida. 
Sobre las referencias que se hacen en el informe al medio ambiente y a la salud, apoyo totalmente las iniciativas encaminadas a hacer que el transporte sea menos contaminante y tomo nota del apoyo a los diferentes programas de la Comisión con vistas a ese fin. 
También comparto la opinión de que la nueva tecnología tiene mucho que ofrecer para resolver algunos problemas importantes en materia de transporte y, evidentemente, vamos a seguir trabajando en pro del desarrollo de la telemática del transporte, las tecnologías a base de energías alternativas y otras aplicaciones de la tecnología moderna que, en realidad, pueden aliviar los grandes problemas del tráfico. 
Para concluir respecto de la Red de Ciudadanos, ahora estamos examinando la gran profusión de datos contenidos en las respuestas al Libro Verde. 
A partir de esa información, a comienzos del año próximo presentaré una comunicación complementaria en la que se expondrán las acciones y las medidas que nos proponemos emprender en el nivel de la Comunidad a fin de avanzar en el desarrollo de la Red de Ciudadanos. 
En consonancia con lo que he dicho antes sobre la subsididariedad en este sector, el plan de acción para la Comisión tendrá necesariamente limitaciones, pero es esencial mantener vivo ese asunto en los debates políticos y lo haremos con la cooperación- confío- de este Parlamento. 
Ahora paso a ocuparme brevemente de las dos propuestas sobre el transporte de pasajeros por carretera. 
Evidentemente, las dos propuestas van encaminadas a facilitar el transporte por autocar y autobús nacional e internacional, por lo que coinciden plenamente con el planteamiento expuesto en el Libro Verde. 
Quisiera dar el reconocimiento que merece a la labor que el Sr. Killilea ha hecho en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo y expresarle mi gratitud. 
Sobre la primera propuesta relativa al cabotaje, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms 1, 3 y 4 y la enmienda nº 6 en principio, las enmiendas núms 9 y 11 a condición de que sean conformes al artículo 58 del Tratado; la enmienda nº 13 en la medida en que se refiere a la exclusión del transporte urbano y suburbano, la enmienda nº 14 y, por consiguiente, las primeras partes de las enmiendas núms. 18 y párrafo 2 de la nº 16. 
No se pueden aceptar las enmiendas restantes. 
La enmienda nº 2, porque hemos aceptado la enmienda nº 1, que es muy similar. 
La enmienda nº 5 desvirtúa nuestra meta de promover el transporte en autocar y autobús. 
La enmienda nº 7 no es pertinente para esta propuesta. 
No podemos aceptar la enmienda nº 8, porque aceptamos la enmienda nº 9. 
La enmienda nº 10 es incompatible con la libertad para prestar servicios y la mayor parte de la enmienda nº 13 limitaría excesivamente los derechos de cabotaje. 
La nueva definición introducida en la enmienda nº 12 no guarda coherencia con nuestro objetivo de armonizar la definición en los dos reglamentos de que se trata. 
Por último, no se puede aceptar la enmienda nº 15 ni la primera parte de la enmienda nº 16, ya que en el informe previsto de conformidad con el propuesto artículo 16 se facilitará la información especificada. 
Evidentemente, la fecha del 31 de diciembre de 1996 está demasiado próxima para cualquier cosa que no sea la celebración de Noche Vieja. 
Sobre la segunda propuesta relativa al transporte internacional, la Comisión puede aceptar la enmienda nº 1; la segunda parte de la enmienda nº 5; las enmiendas núms. 6 y 11, en la medida en que se refieren a la exclusión del transporte urbano y suburbano; la enmienda nº 7 en principio; las nuevas definiciones introducidas en las enmiendas núms. 
He de decir que las enmiendas restantes son inaceptables. 
Voy a concluir ahora mis observaciones, pero tengo mucho gusto en dar las razones en que se basa nuestra opinión. 
Las fechas propuestas en las enmiendas núms. 24, 25 y 26 son demasiado próximas. 
Por último, no se puede apoyar la petición de que se codifiquen lso reglamentos del Consejo y de la Comisión, ya que eso queda fuera del alcance de la propuesta. 
No estoy seguro de que el Sr. Killilea tenga necesariamente la sensación de que haya sido yo justo con sus informes al limitar mis observaciones a la posición de la Comisión sobre las enmiendas propuestas. 
Lo lamento, pero ha de comprender las razones por las que he tenido que adoptar ese planteamiento. 
Así, pues, espero que en esta ocasión acepte mi gratitud por su concienzuda labor y aprecie las razones por las que he procurado ser breve, en particular a esta avanzada hora de la noche. 
Espero que haya notado, como yo, que durante parte de mi intervención ha habido un coro de fondo. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0333/96) del Sr. Belleré, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de octava directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0106- C4-0252/96-96/0082 COD) relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. 
Tiene la palabra como ponente por el tiempo de cinco minutos el Sr. Belleré. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente respecto al fondo de la propuesta de octava directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, coincido con el proyecto de opinión del Sr. Blokland, ponente para opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en particular cuando afirma, al final de su informe, que la hora de verano es desde hace muchos años un bien común en Europa. 
No deseo recordar aquí los avatares de la directiva relativa a este asunto, aunque quisiera mencionar que ya han transcurrido 16 años de la primera directiva- año 1980- a la séptima de 30 de mayo de 1994, que entró en vigor sólo en 1996 y estará vigente hasta 1997, y prevé que el período de aplicación de la hora de verano comience el último domingo de marzo y finalice el último domingo de octubre para todos los Estados miembros. 
Estoy de acuerdo con el texto propuesto para la octava directiva del Consejo y del Parlamento Europeo, habida cuenta de que estimo prioritaria la armonización del período de aplicación de la hora de verano tanto para su comienzo, el último domingo de marzo, como para su final, el último domingo de octubre. 
Sin embargo, deseo hacer algunas consideraciones que contienen el análisis de las enmiendas presentadas. 
Primero: el asunto de la hora de verano se presta a diferentes posiciones en función de las experiencias en cada uno de los Estados miembros. 
En consecuencia, formularé una opinión sobre mis propias experiencias, consciente de lo difícil que resulta aplicar un único método de evaluación del asunto y satisfacer todas las distintas posiciones plenamente. 
Remitiéndome al principio de subsidiariedad, considero que las modificaciones del sistema horario, la aplicación o no aplicación del mismo son competencia exclusiva de cada uno de los Estados miembros. 
Asimismo, la mayoría de los ciudadanos está a favor del mantenimiento de la hora de verano. 
Ésta es la conclusión de una encuesta personal que encargué sobre una muestra de más de 1.000 personas en varios Estados miembros, pertenecientes a varias capas sociales: el 84 % está a favor de la hora de verano. 
Es evidente que al disponer de una hora más de luz se favorecen actividades de todo tipo, tanto las deportivas y recreativas como las relacionadas con los servicios turísticos, en particular en los países de la Europa meridional, donde el día es más corto. 
En algunos países del Mediterráneo, en los denominados «museos al aire libre» , la afluencia de visitantes está autorizada hasta el anochecer, lo que favorece el tiempo libre y el fenómeno del «turismo cultural». 
Y aún hay más, el ahorro energético, en particular el vespertino. 
En Italia, país que no autoabastece la demanda interior, como por el contrario lo hacen Francia y Austria, en 1996 el ahorro estimado asciende a unos 900 millones de kilovatios hora. 
Considero, por el contrario, insignificantes los efectos nocivos sobre el ritmo del sueño y las consecuencias graves, objeto de tantos recelos, para la salud de los escolares más pequeños y de los bebés. 
Es preciso que se comprueben científicamente, al igual que las repercusiones negativas de la hora de verano para la seguridad en carretera. 
El sentido común me lleva a concluir que a mayor luminosidad, mayor seguridad vial. 
Por lo que concierne a la concentración de ázoe, harían falta estadísticas y datos comprobados científicamente de los distintos Estados miembros. 
Por último, hay que tener presente el huso horario de Europa oriental en el que se encuentran Finlandia y Grecia y los países del Este, candidatos a la adhesión a la Unión Europea, por lo que en un próximo futuro no es realista pensar en una Europa comunitaria con la misma hora de verano. 
Para finalizar, me congratulo por la iniciativa de la Comisión y por el informe presentado y reitero que, salvando las diferentes posiciones, es competencia de cada uno de los Estados miembros, a pesar de que deben intentar armonizarlos plenamente, decidir sobre el sistema horario que aplicará, sin perjuicio de que el sentido común nos debe llevar a considerar que las diferencias horarias entre los Estados miembros limítrofes- y éste es el sentido de la enmienda presentada por el Sr. Wijsenbeek- no deben ser de más de una hora. 
Señor Presidente, cuando el Parlamento examinó la anterior directiva sobre la hora de verano, la Comisión de Medio Ambiente pidió que se realizara un estudio sobre los efectos no económicos de la hora de verano, es decir, de los efectos para el medio ambiente, la salud pública, la seguridad del tráfico y el interés del consumidor. 
Considerándolo bien, estos resultados no suponen ninguna novedad. 
Es decir, el estudio ha confirmado las ideas que ya se tenían sobre las ventajas y los inconvenientes. 
Mi conclusión es que ni en el ámbito de la salud pública, ni en el ámbito de los intereses del consumidor pueden encontrarse argumentos convincentes para suprimir la hora de verano. 
Por consiguiente, la Comisión de Medio Ambiente apoya la propuesta de la Comisión. 
Sabemos que en Francia ha surgido un grupo de presión fuerte contra la hora de verano. 
Este grupo de presión considera que una mayoría de la población francesa es partidaria de la supresión. 
No puedo demostrarlo, pero sí puedo decir que ninguno de los estudios realizados sobre los problemas de sueño, el medio ambiente, el consumo de energía y la seguridad del tráfico ha sacado conclusiones convincentes sobre los supuestos inconvenientes. 
Al contrario, la opinión pública en Europa en su conjunto se ha mostrado en gran medida partidaria de la hora de verano. 
Esto se desprende del hecho de que desde hace años se utilice en muchos Estados miembros, entre ellos Francia. 
Por cierto, fue también Francia quien durante la crisis del petróleo se presentó con la idea de ahorrar energía. 
Personalmente considero que el ahorro de energía sigue siendo la principal razón para mantener la hora de verano. 
Y de paso conseguimos ventajas en el ámbito recreativo. 
Por consiguiente, la Comisión de Medio Ambiente está de acuerdo con el ponente Belleré de que la hora de verano es conveniente. 
Por otra parte sería muy desconsiderado con los viajeros europeos que Francia suprimiera unilateralmente la hora de verano. 
Tan sólo desde los Países Bajos salen cada día cuatro trenes de alta velocidad hacia París. 
En la era de los trenes de alta velocidad, con los que se intenta ahorrar cada minuto, no podemos permitirnos tener diferencias de horario de una o quizás dos horas entre un país y otro. 
Entonces nadie entenderá nada. 
Por último, en el informe Belleré hay tres enmiendas que abren la posibilidad de que los países que lo deseen pasen o no a la hora de verano. 
No me parece útil. 
Quien no quiera participar, es libre de no hacerlo, pero no es necesario incluirlo en el texto de la directiva. Con ello se crea confusión. 
Muchas gracias, señor Blokland. 
Señorías, la sofisticada y magnífica electrónica que tiene esta sala nos da, a menudo, disgustos y, en este momento, no está funcionando el reloj electrónico. 
Tendrán ustedes que confiar en mi buen ojo personal cuando les advierta que ha finalizado el tiempo que tienen asignado. 
La primera confianza me la tendrá que dar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el Sr. Waidelich que tiene la palabra por el tiempo de cuatro minutos. 
Señor Presidente, existen varios argumentos excelentes a favor del horario de verano, entre otros que con él, como el ponente ya ha mencionado, alargamos el día y tenemos unas tardes más largas, además de que el horario de verano tiene unos efectos positivos sobre el turismo, las actividades de ocio y los servicios. 
También existen estudios que demuestran que el horario de verano contribuye al ahorro energético y a una mayor seguridad vial. 
La mayoría de los ciudadnos de la UE también está a favor de mantener el horario de verano. 
A pesar de esto, se oyen a veces unos argumentos rebuscados en contra, como, por ejemplo, que los niños nórdicos no quieren ir a dormir y que lo hacen tarde, es decir, cuando el sol se pone. 
Si fuese la oscuridad la que determinase las horas de sueño, un niño sueco dormiría una hora larga en las noches de verano, y aproximadamente 18-19 en pleno invierno. 
El informe y la propuesta de la Comisión no ponen en entredicho la conveniencia del horario de verano. 
Se trata de tener la misma fecha inicial y final para la hora de verano en toda la UE, lo cual ya surtiría efecto a partir de este año. 
A pesar de que el sistema ya funciona, ahora se afirma que el Consejo de Ministros está considerando la posibilidad de abandonar el principio de una hora de verano común para toda la UE. 
Creo que esto no sería razonable, en primer lugar por cuestiones de principio: si se elimina la hora de verano en ciertos países, nos arriesgamos a perder efectos positivos como el del ahorro energético y el de la seguridad vial. 
En segundo lugar, y con más seguridad, es cierto que con horas de verano distintas- si por ejemplo se abandona la fecha común de inicio y final de la hora de verano en los países de la UE- nos arriesgamos a menoscabar la libre circulación de bienes y servicios. 
Nos arriesgamos a que esto aumente las dificultades dentro del ámbito del transporte y de las telecomunicaciones. 
Ya tenemos suficientes problemas actualmente en la UE con las tres zonas de hora distintas. 
Por ello sería interesante oír si el Comisario Kinnock y la Comisión tienen más información sobre las reflexiones del Consejo de Ministros, y quizá puedan hacer unos comentarios sobre ellas. 
En caso contrario, tendremos que esperar las propuestas sucesivas del Consejo al Parlamento. 
Finalmente, y en nombre del grupo socialdemócrata, quiero expresar nuestro caluroso aplauso al informe y a las enmiendas presentadas por la comisión pertinente. 
Muchas gracias, señor Waidelich. 
Ha funcionado usted como si fuera un cronómetro porque ha terminado exactamente con sus cuatro minutos. 
Cuando vuelva a estropearse, lo utilizaremos a usted como cronómetro. 
Pero ahora funciona ya y, por lo tanto, puedo darle la palabra, con la garantía de que mediremos su tiempo con exactitud, a la Sra. Bennasar, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, por el tiempo máximo de tres minutos. 
Señor Presidente, señor Comisario, hablar de horario de verano a las 11 y media de la noche de un día de invierno produce una cierta nostalgia. 
Pero, no obstante, quisiera felicitar al Sr. Belleré por su informe favorable a la 8ª propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo relativa a las disposiciones sobre el horario de verano. 
Desde que, en 1973, tuvo lugar la primera crisis del petróleo, gobiernos de todo el mundo tuvieron que buscar medidas de ahorro energético, y fue en 1976 cuando Europa inició la experiencia de la hora de verano, que, a lo largo de estos años, ha mostrado diferencias de situaciones objetivas en los países miembros de la Unión Europea. 
Con la presente directiva, la Unión Europea reestudia las ventajas económicas de los cambios horarios, así como las sutiles desventajas que apenas afectan a las personas y a su rendimiento laboral por ejemplo. 
Pueden existir pequeñas alteraciones, pero no desarreglos que tengan la consideración de tales. 
Para algunos, el ahorro energético derivado del adelanto horario debería ir acompañado de medidas paralelas, como programas sistemáticos de contención del consumo doméstico. 
Sea como fuere, esta 8ª propuesta analiza los resultados de aplicación de la hora de verano y constata que la mayoría de ciudadanos está a favor de su mantenimiento. 
Como ya se ha dicho, una hora más de luz beneficia especialmente el ocio, actividades al aire libre, turismo, salud pública, energía y seguridad en carretera. 
En España, el ahorro anual de energía asciende a 11.500 millones de pesetas, que equivalen a 600 millones de kilowatios/hora. 
La propuesta de armonización del periodo de aplicación es la de la 7ª directiva: la una de la madrugada del último domingo de marzo para su comienzo y la una de la madrugada del último domingo de octubre para su finalización. 
La implementación de esta medida acabará con el caos que, especialmente para los transportes, el turismo y las telecomunicaciones, provoca que los distintos países cambien la hora en fechas diferentes. 
La directiva anterior ya advertía a los socios comunitarios que en 1996 no se cambiaría la hora hasta el 27 de octubre. 
Hasta la fecha, 10 países europeos lo hacían a finales de septiembre y el resto a finales de octubre. 
Quisiera, pues, en nombre del PPE, manifestar el apoyo de mi Grupo a este informe que, en el marco del respeto de la subsidiariedad, propone algo que sí es competencia comunitaria: la armonización completa de fechas y hora de verano, ya que el sistema horario y su aplicación es competencia exclusiva de cada Estado miembro. 
Pero adelante con el sentido común propuesto por el ponente. 
Señor Presidente, en otros tiempos me encontraba entre los ortodoxos. 
Se lo digo al Sr. Blokland, pero no en el mismo sentido que él. 
Me parecía necesario que todos los Estados miembros mantuvieran la misma hora. 
De eso hace ya mucho tiempo, cuando la CE todavía era pequeña e inocente. 
Tras la finalización de la CIG seguiremos adelante con la ampliación. 
Quizás no sea este el lugar ni el momento para seguir hablando de este tema. 
Pero es un hecho innegable que debido a ello la hora solar en la Unión varía mucho. 
No tendré en cuenta lugares extremos como las Azores o las islas Canarias, que desde el punto de vista geográfico pertenecen al continente americano y africano, respectivamente. 
Considero aceptable que los futuros estados unidos de Europa tengan zonas horarias diferentes, tal como ocurre en los Estados Unidos de América. 
Y también quiero ser coherente y no argüir que algunos Estados miembros ya no quieren introducir hora de verano o de invierno. 
Algo que en realidad es tan aceptable como que otros sí quieran hacerlo. 
Por cierto que ello no implica que por motivos de transporte y otras razones comerciales no sería más sencillo tener una sola hora en Europa. 
Por otro lado hay que decir, y con ello contradigo al ponente, a quien por cierto deseo felicitar, que la seguridad en carretera también se ve mermada en ciertos aspectos por la hora de verano, concretamente ahora que hemos tenido que aceptar la testarudez británica de cambiar todos en octubre. 
Pues, por la mañana, cuando los niños van a la escuela, todavía es de noche. 
Por último, aconsejo mi enmienda, aceptada por la Comisión, de fijar como máximo una hora de diferencia entre cada uno de los Estados miembros y quisiera saber qué piensa la Comisión sobre la propuesta para países limítrofes. 
Señor Presidente, ésta es una de esas cuestiones muy delicadas que se plantean en ciertas partes de Europa y cuanto más se avanza hacia el Norte más delicadas resultan. 
Irónicamente, no donde vive Santa Claus, en pleno Círculo Ártico, sino en la zona intermedia y en Escocia en particular y sobre todo en islas como las Shetland y las Occidentales, ha llegado a ser un asunto muy candente. Se ha aceptado con la sensación de que Bruselas va a imponérnoslo en cierto modo y vamos a tener una sola zona horaria impuesta. 
Conque me encanta que en esta ocasión Bruselas se esté mostrando en realidad muy comprensiva y sensata y no intente imponer una sola zona de las islas Canarias hasta Finlandia. 
Lo que se propone es la medida muy sensata de que el paso de la hora de verano a la de invierno sea la misma en toda Europa, con lo que no habrá la absurda situación de hace unas semanas en que los horarios eran diferentes en una zona horaria diferente. 
Es positivo que Bruselas se muestre comprensiva y creo que este Parlamento lo apoyará. 
Hay opciones sensatas de abstención para Guyana, las islas Canarias y demás, por lo que debemos apoyarlo sin reservas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde hace algún tiempo vivimos con el horario de verano y no nos hemos dado cuenta conscientemente de las repercusiones negativas. 
Creo que el molesto cambio dos veces al año es un problema despreciable. 
Cuando se introdujo en Austria el horario de verano se levantaron voces muy críticas. 
Por ejemplo, se dijo que se iban a producir problemas en la agricultura, ya que la Naturaleza no se deja guiar por el reloj y por parte de la agricultura no existe realmente una prioridad por el horario de verano. 
Sin duda, más sencillo sería no cambiar el tiempo durante todo el año. 
Pero también debemos ver las ventajas de dicho horario y, ante todo, de una regulación unitaria. 
Estoy a favor del mercado interior y sin unas normas unitarias es impensable un mercado interior que funcione o la base de una Europa que crezca estrechando cada vez más sus lazos. 
Por ello, hay que saludar las fechas unitarias para el inicio y fin del horario de verano. 
Independientemente de ello, actualmente tenemos dentro de la Comunidad tres zonas horarias. 
Hay que prestar atención a que la diferencia de tiempo entre los países no supere una hora, lo que ya es demasiado. 
Ante todo, nuestro interés debe ser el de proteger a los consumidores. 
El interés de los consumidores- por ejemplo, de los viajeros- es tener unas normas lo más unitarias y sencillas posibles, otro aspecto que habla en favor de una regulación unitaria a nivel de la UE. 
En los países de la Europa central y meridional, el horario de verano aporta ventajas a los consumidores pero también a la economía. 
Unos días más largos abren a las personas unas mayores posibilidades para disponer de su tiempo libre, por lo que tienen unos efectos positivos sobre la industria del ocio. 
En los países de la Europa central y meridional, los días más largos repercuten sobre la industria turística. 
Muchos museos, instalaciones turísticas y, en consecuencia, también los turistas se benefician de la luz del día. 
Además, tal como se ha expuesto, hay que mencionar los puntos relativos a la seguridad del transporte. 
En resumen, amplias partes de la población europea desean que se mantenga el horario de verano. 
Hagamos lo más sencillas posibles las condiciones marco y apoyemos la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, la hora de verano es buena para el turismo y el ocio, y estimula sin duda las actividades recreativas y el deporte. 
Asimismo encaja en una política centrada en el ahorro de energía y el fomento de la seguridad del transporte. 
Los estudios demuestran que la mayoría de nuestros ciudadanos son partidarios de la hora de verano. 
Por ello hemos de mantenerla. 
En la Unión Europea actual, es preciso mantener la hora de verano en todos los Estados miembros. 
No comparto el enfoque de Francia de dejar que sean los Estados miembros quienes decidan si la introducen o no. 
Quisiera pedirle al Comisario que prometa que se opondrá al deseo francés. 
En una Europa de los ciudadanos sería extraño que uno de los Estados miembros situados en el corazón de la Unión Europea no participara, con todos los problemas que ello implica por ejemplo para el tráfico y el transporte internacional. 
Mi segunda pregunta al Comisario es si quiere investigar si, sobre todo para la seguridad en carretera, sería conveniente finalizar antes la hora de verano, si puede ser un mes, pero me conformaría también con menos. 
Por último, quiero felicitar al ponente por su informe, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Señor Presidente, una vez más éste ha sido un debate memorable, probablemente más memorable para el Sr. Blokland. 
Como recordará, cuando estaba hablando de la hora de verano en el Parlamento Europeo el tiempo permaneció inmóvil en realidad. 
Fue un acontecimiento memorable y trascendental y estoy seguro de que estará grabado en su memoria para siempre. 
Lo único que lamento en un debate que ha sido totalmente positivo e informativo es que, si bien ocho o nueve Estados miembros han estado representados aquí por diputados al Parlamento, no haya habido, lamentablemente, ningún diputado francés. 
Sabemos del gran interés por estos asuntos que, según dicen, existe en la República Francesa. 
Como ha de saber la Asamblea, el régimen de hora de verano se introdujo originalmente por una decisión nacional en varios Estados miembros, principalmente a finales del decenio de 1970. 
El objetivo de la primera directiva de la Comunidad que entró en vigor en 1981 era la armonización gradual del calendario del período de hora de verano a fin de fijar fechas comunes para el comienzo y el fin de dicho período en todos los Estados miembros de la Comunidad. 
El fin principal de las disposiciones comunitarias era el de eliminar obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y personas representados por las diferentes disposiciones nacionales relativas a la hora de verano. 
La armonización total se logró por fin con la séptima directiva de 1994, en la que se especificaba que en 1996 y 1997 el período de hora de verano comenzaría el último domingo de marzo y concluiría el último domingo de octubre en todos los Estados miembros sin excepción. 
Resulta interesante que, entretanto, casi todos los demás terceros países europeos hayan introducido un régimen de hora de verano y lo estén aplicando conforme a la directiva de la Comunidad. 
No podría haber una mejor justificación de las observaciones hechas por varios diputados durante este debate. 
Los resultados de un estudio llevado a cabo el año pasado en nombre de la Comisión sobre los efectos de la aplicación de la hora de verano en la Unión Europea han recordado importantes beneficios propiciados por la hora de verano, en particular en el turismo, en la industria del ocio, como también en la salud pública y en la seguridad en la carretera. 
Además, los diversos sectores consultados por la Comisión en una audiencia celebrada en septiembre de 1995 se expresaron en gran medida a favor del sistema, siempre y cuando se armonice totalmente el horario en toda la Unión. 
Así, pues, la propuesta de una octava directiva que se está examinando esta noche establece las mismas disposiciones introducidas por la séptima directiva para 1996 y 1997. 
Por razones de programación, en particular en los sectores de los transportes y de las comunicaciones que expresaron su deseo de disponer de un período de programación suficientemente largo, se propone también que fijemos el horario de verano para un período de cuatro años, es decir, para 1989, 1999, 2000 y 2001. 
Quisiera agradecer al ponente, Sr. Belleré, su detallado y completo examen de esta cuestión y, en particular, de los informes presentados por la Comisión sobre la aplicación de la hora de verano. 
Naturalmente, me complace mucho tomar nota de que el ponente comparte la mayoría de las conclusiones de nuestro informe y ha apoyado tan eficazmente la propuesta de la Comisión. 
Ahora bien, he de confesar cierta sorpresa ante las enmiendas presentadas para su aprobación por esta Asamblea. 
Sobre las enmiendas núms. 1 y 2, la Comisión quisiera señalar que cualquier disposición que permita a cualquier Estado miembro no aplicar un régimen de hora de verano sería contraria al objetivo de armonización, que es el fin principal de la directiva relativa a la hora de verano. 
En realidad, el abandono de la hora de verano por uno o varios Estados miembros, estando la directiva en vigor, crearía, sin lugar a dudas, los mismos efectos negativos que los creados en el pasado en los sectores de los transportes y las comunicaciones, cuando no existía una legislación comunitaria sobre ese asunto. 
Las observaciones hechas sobre ese aspecto concreto de la cuestión por los diputados que han intervenido en este debate han sido muy eficaces. 
A ese respecto quisiera recordar a la Asamblea los resultados de un estudio llevado a cabo en 1993 sobre los costos de la existencia de fechas diferentes para el regreso al horario de invierno. 
Dicho estudio reveló que los principales efectos negativos recayeron sobre las compañías aéreas, los ferrocarriles y las compañías de transbordadores, si bien también mencionaban otras organizaciones, tales como los operadores portuarios, las agencias de viajes y las organizaciones financieras, como posibles víctimas de los efectos negativos. 
Así, pues, la Comisión considera que la reintroducción de diferencias constituiría un paso atrás en la armonización que la Comunidad logró con la séptima directiva y afectaría no sólo al funcionamiento idóneo del Mercado Interior, sino también al transporte y las comunicaciones con terceros países europeos que están aplicando el régimen de la hora de verano. 
Por todas esas razones, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 1 y 2. 
Sobre la enmienda nº 3, la Comisión considera que rebasa el alcance de esta propuesta, que se limita a la armonización del horario del período de la hora de verano. 
Las disposiciones propuestas en el informe limitarían las decisiones nacionales relativas a disposiciones sobre la hora distintas de la aplicación del régimen de la hora de verano. Eso sería contrario al principio de subsidiariedad, según el cual cualquier decisión relativa a otras disposiciones sobre la hora es competencia de los Estados miembros y sólo de ellos. 
Así, pues, la Comisión no puede aceptar esa enmienda. 
En conclusión, la Comisión mantiene su propuesta de directiva en su redacción actual, porque se ajusta totalmente a la misión de armonización encomendada a la Comisión por los Estados miembros a fin de eliminar cualesquiera obstáculos para la libre circulación de bienes, servicios y personas en toda la Comunidad. 
Quisiera añadir tan sólo unas palabras de insistencia estrictamente personal. 
Opino que la armonización de este tipo ha tenido, como han dicho varios diputados, ventajas apreciables en la reducción de peligros en la carretera y en el considerable ahorro de recursos energéticos y de los costos correspondientes. 
Sigo siendo vehementemente partidario del tipo de disposición que tenemos y espero que la Asamblea opine lo mismo. 
Doy las gracias al Sr. Belleré y a todos los que han colaborado con él en la preparación de un informe muy bueno. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate informe (A4-0334/96) del Sr. Lüttge, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la política de transportes a escala transeuropea. 
Señor Presidente, hoy en que casi es mañana, en que varios colegas de nueve países han expuesto su extensa opinión sobre el horario de verano, solamente quedan unos pocos minutos hasta media noche si queremos respetar el tiempo para hablar y debatir sobre un tema como el de la política paneuropea de transportes. 
Georg Jarzembowski, P.A.M. Cornelissen, algunos otros y Sr. Comisario Kinnock, si lo vemos en su conjunto, la política de transportes es la base de todo sobre lo que hoy hablamos aquí. 
Como el informe se ha colocado de antemano en el último lugar del orden del día he dicho que al menos se logrará realizar el diseño de la pancarta para la Conferencia, partiendo del hecho de que mis colegas aprobarán mañana el emplazamiento de Helsinki y la fecha propuesta. 
Señor Comisario, la pancarta se ha diseñado- Georg Jarzembowski- y como siempre el rojo es el color dominante y la base de todo este debate. 
(Exclamaciones del Sr. Jarzembowski) Diría que es daltónico. 
No es negro sino azul. 
Estimadas y estimados colegas, señoras y señores, a pesar de la escasez de tiempo hay que recordar que fue este Parlamento Europeo quien acuñó decisivamente este debate a finales de los años ochenta, ya que hasta entonces no existía una política de transportes paneuropea. 
La iniciativa sobre las conferencias paneuropeas han provenido de este Parlamento y no tengo ningún inconveniente en repetir siempre que la Comisión nos ha apoyado de modo decisivo; en aquella ocasión se trataba del Comisario van Miert. 
Estimado señor Comisario Kinnock, puedo constatar con satisfacción que esta tradición de buena cooperación y apoyo- pues se trata de un asunto común- ha sido proseguida por usted inmediatamente después de tomar posesión de su cargo. 
Lo mismo es aplicable a sus colaboradoras y colaboradores. Me permito mencionar los nombres Ottokar Hahn y Dino Stasinopolis, quienes, al menos en lo que se refiere a Hahn, han participado decisivamente y esta tradición es proseguida por otros. 
Recuerdo que hemos mantenido conferencias en Praga y en Creta y hoy se puede constatar que aún tenemos que superar algunos aspectos negativos para lograr lo que deseamos. 
Pero, en general, al contrario de lo que esperábamos, predominan con mucho los resultados positivos obtenidos. 
Incluso la declaración de Praga del año 1991, caracterizada por su contenido muy general, fue la base para desarrollar la política de transportes paneuropea en conjunción con las Conferencias regionales y las Conferencias sectoriales que se han celebrado cada vez en mayor número. 
Muy determinante fue también el trabajo de nuestro comité directivo, el comité Steering. 
Se trata de una institución única; en este gremio trabajan representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Consejo de Ministros y de otras organizaciones que son relevantes para el desarrollo de la política paneuropea de transportes, como por ejemplo, el Consejo de Ministros de Transporte, la Comisión Económica de las Naciones Unidas, el Comité Económico y Social o la Autoridad de Aviación Civil. 
En la fase preparatoria de la Conferencia de Helsinki hemos invitado a participar a la industria, lo que constituye una novedad. 
En esta Conferencia, la industria va desempeñar por primera vez un papel decisivo pues creemos que debe participar. 
En mayo de 1997 se va a celebrar una gran exposición sobre el transporte en Helsinki que va unida temáticamente a la gran Tercera Conferencia de Transportes Paneuropea que se va a celebrar en junio del próximo año en el pabellón Finlandia. 
En lo que se refiere al orden del día, cuando comenzamos con los trabajos preparatorios, teníamos claro de antemano que deberíamos entrar más en detalle para lograr unos resultados más concretos, lo que se refleja en el orden del día. 
En cualquier caso, la opinión pública, los afectados, las personas de toda Europa, esperan declaraciones concretas sobre la financiación de los futuros proyectos de infraestructura, sobre el uso inteligente de los sistemas de transporte y sobre la seguridad en el tráfico. Recuerdo a este respecto la situación en las fronteras, que no se ha solucionado satisfactoriamente, así como los fraudes que se han producido en el tráfico transfronterizo. 
Esperamos de 800 a 1.000 participantes, políticos, expertos, representantes de más de 50 países, de toda el área europea, inclusive el Mediterráneo, de países del Norte de Africa, de Oriente Medio, de Estados observadores y naciones industrializadas del mundo que nos han preguntado sobre la posibilidad de una participación. 
Esta Conferencia va a finalizar con una declaración de Helsinki que va a entrar más en detalle y va a proporcionar una base real para el futuro trabajo en la política de transportes paneuropea. 
Esta declaración de Helsinki no debe tener el carácter de una Carta sino que pretende proporcionar la base mediante un autocompromiso, tal como antes se ha hecho en las declaraciones de Praga y en Creta. 
Hemos tenido unas buenas experiencias con ellas. 
Para finalizar, pregunto si estamos en la vía correcta. 
Contesto con un sí y creo que es también la opinión de mis colegas. 
Pero para desarrollar la política paneuropea de transportes queda aún mucho que hacer con el apoyo de todos los que quieran y estén dispuestos a participar. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a mi colega Günter Lütge por el gran trabajo que ha invertido junto con la Comisión y otros de nosotros del Comité Steering en los preparativos de la Tercera Conferencia Paneuropea de Transportes. 
Quiero recordar que en Helsinki queremos seguir debatiendo e intentar afianzar dos cosas en forma de acuerdos. Primera: los principios de la política de transportes europea, como por ejemplo, la economía social de mercado y la competencia leal como principios organizativos de la política de transportes. 
Pero, querido Günter y Sr. Comisario Kinnock, también tenemos que comprobar hasta qué punto hemos aplicado los resultados de Praga y de Creta, pues no sirve de nada adoptar continuamente nuevas resoluciones si nadie las aplica. 
Este va a ser un aspecto central esencial. 
El segundo punto es el siguiente: vamos a tener que revisar la ejecución de los corredores transeuropeos desde la Unión Europea a terceros Estados europeos y más allá, como por ejemplo, la ex Yugoslavia, Rusia y los restantes Estados sucesores de la CEI. 
Para que estas conferencias y las recomendaciones que deben seguir puedan tener éxito, tendremos que estar seguros de que también en la tercera Conferencia Paneuropea de Transportes funcione una estrecha cooperación entre la Comisión, el Parlamento, los Ministros de Transportes nacionales y los de los Estados no europeos. 
Es aquí donde veo el auténtico problema real. Günter, tenemos que tratarlo abiertamente: creo que la Conferencia Paneuropea de Transportes se debería utilizar para intercambiar opiniones entre los representantes políticos de los Parlamentos y Gobiernos, por un lado, y representantes de las asociaciones económicas, de transportes y del medio ambiente, por otro, para lograr una mejor comprensión y beneficio. 
Sin embargo, rechazamos la exigencia del Grupo de los Socialistas que fue rechazada en la comisión en el sentido de que participen oficialmente en la Conferencia representantes de las asociaciones de interesados, ya sean asociaciones de medio ambiente, económicas o de otro tipo. 
Señor Comisario, espero que lo haga, pues no nos sirve de nada que esta Conferencia de transportes de instancias decisorias de la Comisión y del Parlamento, de Ministros de Transportes y de Ministros responsables políticamente directa o indirectamente, degenere en un acto técnico permitiendo que participen en ella representantes de todos los grupos de presión posibles. 
Los demócrata-cristianos queremos que esta Conferencia de Transportes tenga éxito, por lo que tiene que ser una Conferencia de transportes de instancias decisorias y no una conferencia técnica. 
Señor Presidente, me complace que podamos hablar de la tercera conferencia panaeuropea sobre transportes. 
Estuve presente en la fase inicial del grupo de trabajo preparatorio. 
Después, y dado que la reunión debía tener lugar en Finlandia, me reemplazó el Sr. Pelttari. Este sigue estando implicado, aunque por desgracia haya tenido que dejarnos después de las elecciones. 
Por consiguiente, tomo la palabra en nombre de mi Grupo. 
¿Podría decirse que el éxito de la primera y la segunda conferencia ha sido tal que necesariamente tendremos que proseguir eternamente con este proyecto guiado e impulsado por el Sr. Lüttge, por cierto con una considerable dedicación de recursos comunitarios? 
Para un espíritu crítico o para alguien que quiere economizar recursos: ¡no! 
Para alguien que cree en la futura ampliación a países de la Europa Central y Oriental, que quiere seguir adelante con la introducción del acervo comunitario en estos países, que valora la ampliación de los objetivos multimodales, que queremos llevar a la práctica como Parlamento Europeo en su totalidad: ¡sí! 
Sin embargo, no debemos caer en viejos errores. 
No podemos, como se hizo en Praga, hablar sólo de dinero, por mucho que lo necesiten en el bloque oriental. 
No hemos de hacer como si estuviéramos en posesión de la verdad absoluta y encargar a los PECO tareas, concretamente en materia ecológica, que tampoco nosotros hemos realizado, pero que indican que estos países podrían tomar la delantera porque, por así decirlo, empiezan desde cero. 
Esperemos que pueda tener lugar un fértil intercambio de ideas y que estas conferencias no se conviertan en una obligación eterna y repetitiva, sino que las celebremos sólo cuando realmente tengamos algo de que hablar. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Sr. Lüttge. 
Asimismo, quiero darle las gracias por su dedicación a la hora de preparar la tercera conferencia panaeuropea sobre transportes en Helsinki. 
Por otra parte, sin duda habrá constatado que para el texto alemán en el cartel de Helsinki no se ha elegido el fondo rojo, sino el azul. 
Pienso que es bueno que en esta conferencia examinemos juntos qué ha sido de los acuerdos a los que se llegó en 1994 en Creta. 
También creo que es importante deliberar con los países de la Europa Central y Oriental sobre la política europea de transportes para los próximos años. 
Para garantizar el éxito de esta política es esencial disponer de una amplia base de apoyo. 
Una amplia base de apoyo entre los ciudadanos de la Unión Europea, pero también en los PECO. 
Quiero llamar la atención especialmente sobre dos cuestiones. 
En primer lugar, hacemos bien en elevar las exigencias para nuestros medios de transporte en cuanto al consumo de energía, la contaminación ambiental y la seguridad en carretera. 
Considero muy necesario que estas exigencias se apliquen al parque móvil de los países que no son Estados miembros de la Unión, pero que usan nuestras carreteras. 
Nuestro medio ambiente tiene derecho a ello. 
La seguridad en carretera lo exige. 
Creo que nuestras empresas de transporte tienen derecho a ello a partir del principio de la libre competencia. 
¿Comparte el Comisario esta opinión y qué posibilidades ve para lograrlo y a qué plazo? 
El segundo punto tiene que ver con los graves obstáculos y retrasos para el tráfico por carretera en la frontera entre la Unión Europea y por ejemplo Polonia, y en las fronteras entre los países de la Europa Oriental. 
En las últimas semanas hay que añadir además las molestias en la frontera rusa. 
En la prensa neerlandesa leí un artículo cuyo titular rezaba: » De camino a Belarús, a 75 metros por hora». 
Señor Presidente, considero inadmisible lo que está sucediendo allí, en combinación con las situaciones caóticas en que se extorsiona a gran escala a los conductores. 
¿Está dispuesto el Comisario a tratar esta situación insostenible en la Comisión y recalcarla en los contactos entre la Comisión y los diversos gobiernos y autoridades de Europa Oriental, e informarnos de los resultados? 
Así no podemos ir a Helsinki, si antes no se logra una clara mejora de esta situación. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a Herr Lüttge por su excelente informe, con el que se inician los preparativos oficiales para la Tercera Conferencia Paneuropea de Transportes. 
La Comisión ha apoyado totalmente, desde el principio y en todos los sentidos prácticos, esta iniciativa junto con el Parlamento. 
El Comité Económico y Social, la Comisión Económica para Europa y la Conferencia Europea de Ministros de Transportes son, junto con el Parlamento y la Comisión, miembros del Comité Directivo. 
El personal de mis servicios está trabajando ya intensamente, junto con el del Parlamento y en estrecha cooperación con el país anfitrión, Finlandia, para lograr disposiciones organizativas satisfactorias. 
He de decir también que existe un interés generalizado por el planteamiento y la substancia misma de la Conferencia. 
Ayer estuve en Rusia junto con Ottokar Hahn, a quien se ha mencionado en el debate. He de decir que Ottokar está tan ocupado con diversos acontecimientos, que no se falta a la verdad al decir que los medios de comunicación de Rusia hablan de él más que de la nieve. 
Su labor es muy constructiva y los rusos y él están haciendo diversos preparativos para garantizar su participación efectiva en la conferencia. 
Entre las cuestiones de que se están ocupando, figura una que acaba de mencionar el Sr. Cornelissen, a saber, la cuestión de las retenciones en un gran número de cruces fronterizos entre la Unión y otras partes de Europa y de fuera de ella. 
Creo que sería oportuno que se prestara mucha atención a ese asunto en las partes idóneas del orden del día de Helsinki. 
Sobre la substancia de la conferencia, se ha estado elaborando, como se dice en el informe, un programa centrado en tres sectores principales: el inventario de la evolución de la situación en materia de política de transportes desde la conferencia de 1994, celebrada en Grecia, la financiación de la infraestructura de transportes y, en tercer lugar, la utilización inteligente de los sistemas de transporte. 
Evidentemente, aún no se ha acordado cómo se abarcará exactamente cada uno de esos sectores en el debate, pero confío en que podamos garantizar que se abordarán satisfactoriamente las cuestiones relativas al medio ambiente y a la seguridad. 
También podremos examinar las formas de mejorar las combinaciones de las modalidades de transporte, así como las consecuencias del transporte intermodal de mercancías peligrosas, asuntos, todos ellos, que con razón constituyen motivos de preocupación primordial para el Parlamento. 
Como ha señalado correctamente Herr Lüttge, la Tercera Conferencia Paneuropea brindará a los representantes de la industria europea del transporte una oportunidad particular para presentar no sólo sus ideas sobre diversos sectores, sino también sus productos, porque tendrán la oportunidad de exhibirlos. 
Creo que con ello se enriquecerá de diversas formas la conferencia, como también con la participación de varias organizaciones que no son estrictamente gubernamentales ni industriales, pero tienen, desde luego, experiencia y opiniones autorizadas que exponer en el marco de una conferencia como la que se celebrará en Helsinki. 
Como en el pasado, en la Comisión consideramos- y se trata, de hecho, de una opinión compartida por esta Asamblea- que el resultado más apropiado de la conferencia sería la aprobación por todos los participantes de una declaración política no vinculante. 
En ella se expondrían los principios generales para la aplicación de la política de transportes sin comprometer, naturalmente, a la Comisión Europea, a sus Estados miembros ni a las instituciones a adoptar medidas legislativas concretas o a participar en acuerdos internacionales. 
Si la Unión desea actuar para complementar cualquier parte de la declaración, habrá que hacerlo de conformidad con los procedimientos apropiados de la Unión. 
Como ha de saber la Asamblea, la segunda conferencia, celebrada en Creta en marzo de 1994, aprobó nueve corredores de transporte intermodal como base para la labor futura en materia de desarrollo de las infraestructuras. 
Desde entonces, la labor sobre los nueve corredores ha proseguido en el grupo de Transportes del G24, así como en grupos de estudio sobre corredores concretos. 
El personal de mis servicios ha iniciado recientemente las consultas en el nivel de expertos con todos los países participantes, las organizaciones internacionales pertinentes y las instituciones financieras internacionales para examinar la labor llevada a cabo hasta ahora y presentar un informe a la conferencia. 
En dicho informe se resumirá la labor llevada a cabo sobre los diferentes corredores, se evaluará la necesidad de cualesquiera ajustes en los diferentes corredores, se propondrán cuestiones que se deberán abordar en la labor suplementaria sobre el desarrollo de corredores, relativa, por ejemplo, a la multimodalidad o a la utilización inteligente de las infraestructuras. 
La labor continuará después de la conferencia y las instituciones comunitarias participarán con arreglo a nuestros procedimientos internos. 
Para concluir, quisiera subrayar la importancia que la Comisión atribuye al éxito de la conferencia. 
Espero que el debate y las actas de dicha conferencia impriman un nuevo impulso con vistas a un mayor desarrollo de los sistemas de transportes, asunto, evidentemente, de importancia decisiva para la integración europea y el desarrollo económico y social europeos. 
Mi agradecimiento a usted, señor Presidente, y a quienes han permanecido hasta tan avanzada hora, como los intérpretes, de los que no podríamos prescindir. 
Lamento que hayamos superado la medianoche, pero con ello su trabajo resulta tanto más valioso. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su promesa de que los problemas fronterizos de la Europa Oriental tienen que ser un punto importante en Helsinki, pero eso no basta. 
La situación lleva durando ya medio año. 
Mi pregunta es si está dispuesto a hablarlo en la Comisión y si no es posible recalcar esta cuestión en todos los contactos entre la Comisión y los gobiernos de la Europa del Este. 
Este tipo de molestias no hacen más que reducir la base de apoyo entre nuestros ciudadanos para la ayuda millonaria a la Europa Oriental. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Cornelissen que haya plateado esta cuestión. No la he mencionado antes simplemente porque quería ahorrar tiempo. 
No hay ocasión en el Consejo o en los contactos con los Estados miembros o con otros Estados de la Europa central y oriental y de otras partes en las que no mencionemos los tremendos problemas con que tropiezan quienes desean cruzar las fronteras internacionales. 
Dichos problemas se están intensificando en ciertos sentidos. 
Ocuparon un lugar destacado en las conversaciones que mantuve con los rusos ayer y anteayer. 
El Sr. Cornelissen puede confiar en que no sólo aprovechamos las oportunidades para plantear esa cuestión y presionar al respecto, sino que, además, creamos las nuevas oportunidades. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Quiero agradecerles a todas y todos ustedes la reconfortante compañía y la colaboración para el buen funcionamiento de los trabajos de la Asamblea. 
Pero, Señorías, permítanme que, en nombre de todos ustedes, agradezca de una forma muy especial la colaboración de los servicios de la Asamblea y, como ha empezado haciendo ya el Sr. Comisario, a las cabinas de interpretación a las que hemos sometido a una jornada intensísima de trabajo y les hemos hecho el «regalo» de 10 minutos más de la hora prevista. 
Por todo ello, no sólo se lo agradezco sino que les pido disculpas porque esta Presidencia ha sido excesivamente débil a la hora de medir los tiempos de intervención. 
(Se levanta la sesión a las 00.10 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, no concretamente en el Acta, sino en el Brussels Notebook que acabamos de encontrar en nuestros casilleros. 
Se trata de un asunto menor, pero grave: el cuaderno de la Unidad de Noticias sobre las Sesiones se refiere a importantes debates sobre la Unión Económica y Monetaria celebrados la semana pasada. 
Evidentemente, en este Parlamento existe mucho interés sobre la posición británica a ese respecto. 
Sin embargo, las imprentas de las actas y los documentos parlamentarios británicos pertinentes han anunciado esta semana importantes reducciones de plantilla, que entrañarán centenares de despidos en Norwich y en otros lugares. 
Eso podría amenazar gravemente la disponibilidad en el futuro de la información recibida por este Parlamento y por nuestros diputados. 
Quisiera pedirle que se me una para entrar en contacto con la recién privatizada Imprenta Nacional de Gran Bretaña y pedir garantías claras de que todos los diputados a este Parlamento podrán recibir el mismo servicio que ha existido para nuestros diputados cuando era un organismo público, a saber, un acceso adecuado a todos los documentos pertinentes del Parlamento y de la Administración británicos: por ejemplo, sobre la Unión Económica y Monetaria. 
No creo que sea competencia del Parlamento el tema al que usted se refiere. 
Investigaremos este caso y, si hay una posibilidad, actuaremos. 
(El Acta queda aprobada) 
Empleo- Regímenes de seguridad social- Intervenciones estructurales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0369/96 del Sr. Wolf, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre el Informe de la Comisión relativo al empleo en Europa- 1996 (COM (96) 0485- C4-0553/96) y la comunicación de la Comisión sobre la Acción en favor del empleo en Europa- Pacto de confianza (CSE (96) 001- C4-0341/96) ; -A4-0278/96 del Sr. Ribeiro, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (95) 0735- C4-0108/96-96/0001 (CNS) ) por el que se modifica, en favor de los titulares de prestaciones de jubilación anticipada, el Reglamento (CEE) nº 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71; -A4-0358/96 del Sr. Lage, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la comunicación de la Comisión (COM (96) 0109- C4-0230/96) relativa a las intervenciones estructurales comunitarias y el empleo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Presidente de la Comisión, creo que el tema sobre el que hoy vamos a debatir es realmente el tema central en el que se juega el destino de la Unión Europea. 
Si la Unión Europea logra mostrar claramente a sus ciudadanas y ciudadanos que gracias a ella se puede superar el azote del desempleo en masa y que puede ser una aportación esencial para la solución del problema, entonces le vaticino un buen futuro. 
Si no lo logra, si entre las ciudadanas y ciudadanos se afianza la sensación de que la Unión Europea es parte del problema, entonces deberemos prepararnos para unos tiempos duros en lo que se refiere a la integración europea. 
Quiero recordar de nuevo cuáles son desde el punto de vista de los Verdes las tres grandes tareas que tenemos que emprender y dónde se encuentra el nudo que, por así decirlo, hay que soltar antes de poder dar el primer paso. 
El primero es el problema de la crisis ecológica que exige la transformación ecológica de nuestro modo de producción. 
En segundo lugar se encuentra el problema de la destrucción de la cohesión social y de la solidaridad en nuestras sociedades durante los últimos quince años, para lo que necesitamos un nuevo contrato social y entre los sexos para la reconstrucción de la solidaridad social sobre una base sostenible. 
En tercer lugar, se encuentra la tarea que debemos cumplir como diputados europeos e instituciones europeas, es decir, colocar por fin la construcción europea sobre unos fundamentos sociales y ecológicos sostenibles. 
Repito que el empleo es el primer paso, el aspecto central que debemos solucionar para acceder a los siguientes. 
Desde la existencia de la comisión temporal para el empleo, el Parlamento Europeo ha diseñado los contornos de una política de empleo autónoma que defiendo y presento de nuevo en mi informe. Está dirigido a todos aquellos que dicen que el empleo es la consecuencia automática del crecimiento económico y de la estabilidad monetaria y que afirman que hay que esperar hasta que la coyuntura se relance, quizás haciendo también algo, que hay que hacer realidad la Unión Monetaria y que el problema del empleo se solucionará entonces de algún modo por si mismo. 
El Parlamento Europeo ha exigido consecuentemente hasta ahora una política de empleo autónoma y activa como parte integrante de un policy mixes que considera al empleo como un objetivo autónomo de la actuación político-económica. 
De este policy mixes, de esta dimensión autónoma de la política de empleo, se han ido cristalizando los siguientes elementos: primero, las inversiones ecológicas de futuro sostenibles, que deben ser también financiadas e impulsadas específicamente a nivel europeo. 
Segundo, la reordenación, reducción y también flexibilización del horario laboral para redistribuir el trabajo. 
Tercero, la creación de un tercer sector, un tercer sistema de economía social entre el mercado y el Estado, que abra nuevas posibilidades de empleo cualificadas y que aseguren la existencia para muchos que no encuentran ya un empleo en la industria debido a la racionalización y también a la competencia de los mercados mundiales. 
Importante a este respecto es la cualificación, la formación inicial y la continuada, como dimensiones autónomas que deben fortalecerse. 
En este informe hemos subrayado de nuevo que, tras quince años de una política que ha aceptado el desempleo en masa, ahora existe una explosión social que hace necesarias ofertas especiales de reintegración. 
Creo que con estos elementos hemos trazado sobre una amplia base los rasgos fundamentales de una propuesta autónoma del Parlamento Europeo de cómo podría ser una política de empleo europea. 
De este modo, hemos establecido también la base para apoyar críticamente la iniciativa del Sr. Santer que está dirigida a llegar a una auténtica utilización de los potenciales a nivel europeo con la cooperación de los interlocutores sociales. 
Aprobando mi informe, el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de concretizar y reafirmar su posición como sujeto activo para coordinar la política de empleo europea y de proporcionar así a la Comisión el apoyo crítico que necesita urgentemente en esta cuestión. 
Les ruego que aprueben el informe así como nuestra enmienda que subraya la necesidad de aceptar como un apoyo bienvenido la presión de las manifestaciones contra el paro en masa que se van a organizar el próximo año a nivel europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, queridos colegas, para la presentación de la propuesta de resolución que resulta del informe que ha corrido a mi cargo dispongo, a diferencia de lo que es habitual, de tiempo suficiente. 
El documento trata sólo de la ampliación del campo de aplicación de la coordinación de los regímenes de carácter social, respetando el derecho de libre circulación, para que se incluya en ese campo de aplicación a los trabajadores con jubilación anticipada, como ya había pedido el Parlamento Europeo el año pasado (informe Oomen-Ruijten). 
La propuesta de la Comisión debe, pues, merecer el apoyo del Pleno, pues nada justifica que se retrase por más tiempo esa ampliación de la aplicabilidad del derecho de libre circulación a un grupo de trabajadores a los que hasta ahora se impedía salir del país en el que hubieran recibido la jubilación anticipada, pues ello entrañaba la pérdida del derecho a sus prestaciones pecuniarias. 
Las modalidades de ejecución examinadas por la Comisión merecieron, a propuesta de mi informe, el acuerdo de la Comisión de Asuntos Sociales. 
La única enmienda que se añade a la concordancia con la propuesta de la Comisión tiene la finalidad de aprovechar la oportunidad para plantear la cuestión de los trabajadores fronterizos, que ya se abordó también en 1995 en el mismo informe de la Sra. Oomen-Ruijten, con lo que se mejora la situación de esos trabajadores por lo que se refiere a la coordinación de regímenes de seguridad social mediante la colaboración entre Estados miembros, en particular en lo referente a las cotizaciones y al derecho a pagos y prestaciones. 
En resumen, una propuesta que espero que sea fácil y prontamente aprobada por este Pleno para avanzar, sin demoras, hacia la ampliación de un derecho, lo que no tiene poca importancia para muchos trabajadores que emigraron de sus patrias y se vieron precozmente alejados de la vida activa y también para recordar una situación particular, la de los fronterizos, que carece de solución concertada. 
Y, con la venia del señor Presidente, aprovecho parte del tiempo que me queda para participar en el debate conjunto que estamos celebrando y para hacer algunas observaciones sobre el informe Wolf, que, desde luego, tiene mucha mayor dificultad para conseguir el consenso, y la pertinencia de sus considerandos y propuestas. 
Por lo demás- y por esto debo comenzar -, felicito al Sr. Wolf por el trabajo que ha hecho, pues ha conseguido llegar laboriosamente a formulaciones y compromisos que posibilitaron una expresiva aprobación en la Comisión de Asuntos Sociales, sin concesiones en algunos principios e ideas fundamentales sobre el empleo y el desempleo que valorizan la vertiente social. 
Y lo hacen oponiéndose a su actual subordinación o su remisión a las zonas confusas y de escasos medios de la subsidiariedad. 
En una segunda observación, quiero subrayar la colaboración- que ha sido manifiesta- con la Comisión de Asuntos Económicos, pues su opinión se examinó en la Comisión de Asuntos Sociales en condiciones que sería deseable que tuvieran siempre reciprocidad. 
Por esa reciprocidad habrá que luchar para contrarrestar la frecuente arrogancia con que en este Parlamento lo económico trata a lo social, con lo que olvidan los responsables de ese procedimiento- que, evidentemente, no corresponden sólo a este Parlamento- que la economía es también una ciencia social y no una mera técnica financiera y presupuestaria, interesante y útil (pero, ¡apenas! ). 
En tercer lugar, me congratulo de que la Comisión de Asuntos Sociales, después del debate sobre la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos defendido por su autor, el Sr. Cassidy, ha rechazado inequívocamente la propuesta de cambiar el título por el de «informe sobre el desempleo» , ya que no se trata sólo del problema de la evolución de las tasas de desempleo, de la cantidad de trabajadores que no trabajan, cuando podrían o querrían hacerlo, sino también de la «calidad» del empleo de los que trabajan por lo que se refiere a la formación, el contenido, la estabilidad, la seguridad y las condiciones de trabajo. 
Mayor es la satisfacción por que se hayan aprobado las enmiendas encaminadas a valorizar esa vertiente cualitativa de la situación del empleo. 
Estamos, señor Presidente, debatiendo y preparando la votación de un informe importante sobre una cuestión que, según dicen todos, es su gran preocupación, aunque pocos sean los que, coherentemente con dicha preocupación, subscriben, al menos, posiciones de principio de las que se puedan desprender inflexiones en una política que ha venido haciendo aumentar el desempleo y deteriorando la calidad del empleo. 
Por todo esto, espero que la aprobación del informe del Sr. Wolf sea una manifestación clara de la voluntad de este Parlamento de adoptar una posición seria de reflexión e intervención respecto de problemas de desempleo y de la cuestión fundamental del empleo a partir del estudio y de la crítica del documento de la Comisión, que no hace otra cosa que comprobar, como no podía ser de otro modo, los decepcionantes resultados de los últimos años en materia de crecimiento y de empleo. 
Es preciso, es necesario, mucho más y la presente propuesta de resolución es, en verdad, substancialmente mucho más. 
Señor Presidente, señores diputados, la dialéctica hegeliana concebía al hombre como el producto de su trabajo. 
La idea emancipadora del trabajo que de ella resulta contrasta mucho con la maldición bíblica que condenó al hombre a ganar el pan con el sudor de su frente por haber comido el fruto del Árbol del Conocimiento. 
Pero, ¿no podría el hombre del futuro recuperar esa otra arcaica edad de oro evocada por San Isidoro, tiempo mítico en el que el hombre no necesitaba trabajar o en el que el trabajo y la poesía eran equivalentes? 
Mientras no llegue esa mítica edad de oro, tal vez traída en las alas de la ciencia y la tecnología, la verdadera condena consiste en la privación del trabajo o en su carácter penoso. 
El descubrimiento, hecho por los europeos, del fenómeno del desempleo en masa y prolongado debilita los propios principios fundacionales de las sociedades occidentales, que son la ciudadanía y la solidaridad. 
Por esas razones, la Unión Europea debe comprometerse profundamente con una estrategia global de lucha contra el desempleo en la que participen todos los Estados y los ciudadanos. 
Pero la estrategia y la actitud de la Unión Europea, que deben ser ambiciosas e innovadoras, deben evitar, desde mi punto de vista, dos trampas. 
En primer lugar, no deben atribuir a la Unión Europea cometidos en materia de empleo que de momento corresponden esencialmente a los Estados nacionales. 
Eso no significa que se pasen por alto las consecuencias del Mercado Único, de las políticas comunitarias y de la Unión Económica y Monetaria en el empleo, pero de lo que se trata es de no caer en la tentación retórica de inflar los cometidos de la Unión Europea y con ello permitir una transferencia de culpas que la transforme en chivo expiatorio. 
La segunda trampa en que no deben caer consiste en querer centrar exclusivamente en el empleo los Fondos estructurales. 
Esa idea, aunque bien intencionada, me parece que corresponde a una desviación reciente de la actitud de la Comisión respecto de la cual es necesario adoptar algunas cautelas: se trata de una medida, dicho sea en honor de la verdad, que no repercute en la comunicación que la Comisión presentó y que es objeto del informe que yo subscribo. 
La consecuencia lógica de esa desviación de la actitud comunitaria sería la de que en el futuro el mecanismo de distribución de los recursos podría ser el del nivel del desempleo. 
Y esa lógica sería entonces profundamente injusta e incluso perversa, ya que las regiones pobres, pero con tasas de desempleo más bajas, correrían el riesgo de que no se las tuviera tanto en cuenta, mientras que regiones más ricas, pero con tasas elevadas de desempleo, podrían verse beneficiadas. 
La idea fundamental de la comunicación de la Comisión- y que el informe que subscribo aprueba- es positiva y equilibrada. 
Se trata de intensificar el contenido en empleo de los ciento setenta mil millones de ecus, incluido en ellos el Fondo de Cohesión a precios de 1995, y contribuir a la creación de puestos de trabajo, siempre que haya una reactivación de la economía europea y una revitalización de los factores de crecimiento, siempre que haya una absorción más eficiente de los fondos comunitarios, cosa que no se está haciendo, y, por último, que se los reoriente no sólo para intensificar el crecimiento económico, sino también para que éste tenga un contenido más rico en puestos de trabajo sostenibles y duraderos. 
Después, todo el esfuerzo de reorientación de los inversiones será positivo, si- sin abandonar, como he dicho, la creación de infraestructuras indispensables para el desarrollo- se refuerzan las iniciativas que puedan mejorar el acceso a la educación y a la formación, si se apoya a las pequeñas y medianas empresas, si se fomentan las iniciativas locales de empleo, si se incrementa una política activa en pro del turismo de calidad, si se apoya a las industrias derivadas de la esfera de la cultura, si encuentran apoyos las actividades de la esfera del medio ambiente. 
Todo eso teniendo en cuenta también el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre diferentes regiones de la Unión. 
Señor Presidente y señores diputados, la Europa monetaria sin una Europa social no sería Europa, pero una Europa económica y social sin cohesión territorial sería injusta e inviable. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, no he venido aquí esta mañana para asistir a una simple reunión de rutina. 
Estoy aquí porque el Parlamento debe aprobar hoy tres informes sobre unas cuestiones por las que siento un gran apego. 
Y siento un gran apego por ellas precisamente porque constituyen el núcleo del pacto de confianza que lancé ante ustedes hace ahora un año y que nos disponemos a incluir en los gastos. 
Señoras y señores, dentro de 25 días pediremos en Dublín a los Jefes de Estado o de Gobierno que, también ellos, consignen en el presupuesto las grandes orientaciones de este pacto. 
Es por eso por lo que estoy aquí. 
Porque quiero saludar el eco que ha recibido mi iniciativa en su Asamblea, porque quiero oírles y hablarles antes de reunirme con los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Ya se lo dije a ustedes hace un mes, cuando presenté el programa de trabajo de la Comisión para 1997: tengo empeño en este pacto. 
El informe del Parlamento nos anima a pasar de las palabras a la acción, y ése es precisamente el objetivo del pacto. 
No se trata de grandes declaraciones, ni de firmar documentos. 
Se trata de asignar objetivos concretos que, uno a uno, se van incluyendo en una estrategia global a favor del empleo. 
¿En qué situación se encuentra hoy este proceso? 
El mensaje comienza, digo bien, comienza a ser escuchado. 
El primer elemento alentador que debemos recordar es el hecho de que en toda Europa se reconozca la importancia de la dimensión local. 
Y éste es un aspecto fundamental del pacto de confianza: implicar a todos los agentes a todos los niveles. 
Hasta ahora, la dimensión local era desatendida con demasiada frecuencia, a pesar de que cada vez es más decisiva para el empleo. 
Alabo el trabajo llevado a cabo por la Presidencia irlandesa que ha sabido darle el eco que merecía. La Presidencia irlandesa ha organizado, en particular, dos conferencias que han hecho posible lograr unos avances que dejarán huella en las mentalidades y en los hechos. 
Hablaré de la conferencia sobre el desarrollo rural y de la conferencia sobre el desarrollo local. 
La Comisión, por su parte, ha trabajado con los Estados miembros y los comités de seguimiento. 
En Dublín se lanzarán los pactos territoriales de la primera generación. 
También en este caso me complace que estos avances respondan a las preocupaciones del Parlamento, tal y como refleja su informe. 
Con los pactos territoriales a favor del empleo aplicamos concretamente otro aspecto fundamental del pacto: poner las políticas estructurales europeas al servicio del empleo. 
Y, como subraya su ponente, la Comisión puede proponer inflexiones realistas en la programación en curso, especialmente, en materia de utilización de márgenes de flexibilidad financiera con objeto de maximizar su impacto sobre el empleo. 
El segundo motivo alentador guarda relación con el progreso alcanzado en la mejora del funcionamiento del mercado laboral. 
Éste es otro de los objetivos centrales del pacto. 
Aboga, en efecto, por acelerar la reforma de los sistemas de empleo porque el futuro del trabajo se decide hoy. 
Su informe presenta una serie de propuestas para avanzar por esta vía: propuestas de carácter fiscal, propuestas sobre la reducción o, al menos, la reorganización del tiempo de trabajo, el apoyo al desarrollo de nuevas fuentes de empleo en los sectores de la cultura, el medio ambiente o incluso de los servicios. 
Evidentemente es mucho lo que queda por hacer para que progrese el cambio, tanto en las mentalidades, como en los hechos. 
Pero hay que subrayar la aportación del procedimiento lanzado en Essen. 
En el informe único sobre el empleo, el Consejo Ecofin y el Consejo de Asuntos Sociales presentarán por segunda vez en Dublín un informe común. 
Es un paso adicional en la dirección de un enfoque coherente y común, tal y como preconiza su informe. 
En cuanto a los cinco ámbitos prioritarios identificados en Essen, se han registrado avances significativos en los programas plurianuales que han presentado los Estados miembros. 
Nuestros Estados se enfrentan a los mismos problemas: esclerosis de los sistemas de empleo, el desafío que representa una protección social cada vez más pesada y, sin embargo, incompleta, la necesidad urgente de volver a infundir en los jóvenes confianza en el futuro. 
En el caso de todos estos temas, el procedimiento lanzado en Essen favorece los intercambios de información entre los Estados. 
La estrategia seguida en Essen no remitía a cada país a ocuparse de sus propios esfuerzos, sobre todo se proponía inspirar un proceso de aprendizaje mutuo. 
Y los resultados obtenidos en este sentido durante 1996 son alentadores, aunque hay que profundizar más en ellos. 
Se ha hecho hincapié en las iniciativas de algunos Estados miembros para promover una mayor flexibilidad. 
Ha llegado la hora de flexibilizar la administración, de simplificar el reglamento, de flexibilizar las legislaciones del trabajo, por ejemplo, para abrir la vía a nuevas gestiones individuales o colectivas de la jornada laboral. 
Y es esta misma flexibilidad debe permitirnos también sacar provecho del potencial de empleo que existe en el sector servicios. 
Es cierto que es mucho lo que queda por hacer, pero Europa ha tomado conciencia, creo, de la necesidad de modernización. 
Esta flexibilidad debe suponer también una oportunidad para los trabajadores y no una simple carrera hacia la desregularización. 
Y es ahí donde los interlocutores sociales tienen un papel clave. 
Es por ello por lo que también me alegro de la movilización que han demostrado en el marco del pacto. 
Es algo que al comienzo no estaba claro. 
Pero también ahí hemos tenido resultados. 
La Comisión se felicita por la contribución común que los interlocutores sociales presentarán en Dublín a los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Demuestra, como siempre he creído y, añadiré además, vivido, que en los temas de futuro, la patronal y los sindicatos pueden reflexionar juntos y desbloquear un hilo conductor común. 
1996 ha sido además un año de avances en el plano macroeconómico. 
El pacto reafirma la necesidad de un marco macroeconómico estable que favorezca el empleo. 
Los programas de convergencia de los Estados miembros ya están bien encaminados. 
Hay que incluir dichos compromisos en el tiempo. 
Tengo esperanzas de que en Dublín lleguemos a un acuerdo sobre los elementos principales del pacto de estabilidad. 
Aunque ya, a estas alturas, existe acuerdo sobre muchos de sus elementos. 
Tan pronto como se recupere el crecimiento, la convergencia nos situará en condiciones de maximizar el impacto sobre el empleo. 
La perspectiva de la moneda europea ha dado este año un giro decisivo. 
Se aproxima a nosotros en los hechos y en las mentes. 
Los ciudadanos europeos, por su parte, ven como se concretiza el proyecto. 
Ahora necesitamos que se dejen sentir sus consecuencias benéficas para el empleo. Porque es precisamente para eso, para lo que deberá servir la moneda única. 
Pero la moneda única no es el único instrumento de que disponemos para culminar el mercado interior y explotar todo su potencial. 
Todo depende, en realidad de reformas estructurales, políticas macroeconómicas y mercado interior. 
No maximizaremos los efectos de estas políticas a menos que sepamos mantener el rumbo en toda la línea. 
Y usted está en lo cierto cuando subraya que no hay que perseguir exclusivamente una estrategia macroeconómica, aunque ésta sea una condición indispensable. 
No hay duda de que el reciente informe sobre el mercado interior ha enviado un mensaje positivo: se han creado cerca de un millón de puestos de trabajo. 
Y la labor realizada es impresionante: eliminación de más de 100.000 normas técnicas que afectan a más de las tres cuartas partes del comercio intracomunitario, un incentivo que se ha visto reforzado gracias a las inversiones extranjeras, y éstos no son más que algunos de los efectos positivos. 
Pero este potencial puede explotarse aún más y la Comisión pondrá sobre la mesa del Consejo Europeo de Dublín otras oportunidades. 
Porque el pacto subrayaba la imperiosa necesidad de dar prioridad a los sectores de futuro, de estimular su desarrollo y de hacer saltar los cerrojos que pertenecen a una era caduca. 
Hay que negarse a volver la espalda al futuro que pasa por transformaciones especiales de Europa. 
Hemos dado dos pasos más en esa dirección: la aprobación del programa plurianual para las pequeñas y medianas empresas, dotado de un presupuesto de 127 millones de ecus, y la presentación al Consejo Europeo del informe sobre los mercados de servicios. 
Es ahí donde se liberan nuevos puestos de trabajo, donde retroceden las fronteras del paro, en gran medida, gracias a las nuevas tecnologías que conducen hacia nuevas oportunidades. 
Pero aún queda trabajo por hacer para sacar provecho del efecto de dimensión del mercado interior. 
Y sólo citaré dos ejemplos, pero ¡qué ejemplos! 
Hace ya treinta años, señor Presidente, que discutimos sobre el estatuto de la compañía europea. 
El Consejo debe asumir con seriedad sus responsabilidades en este asunto. 
La Comisión ha relanzado la iniciativa mediante la creación del Grupo Davignon. 
En 1997 habrá que sacar conclusiones operativas del trabajo de dicho grupo. 
El segundo ejemplo, de una gran importancia para mí, son las redes transeuropeas. 
He considerado importante decir que hay que centrar los medios presupuestarios disponibles en las políticas propicias para el crecimiento y el empleo. 
No cabe duda de que lamento que mis propuestas, como tal, no hayan sido aprobadas por el Consejo Ecofin. 
Es una muestra de incoherencia entre las orientaciones del Consejo Europeo y los mecanismos del Consejo. 
No obstante, constato con cierta satisfacción que las dos ramas de la autoridad presupuestaria, y gracias al impulso del Parlamento Europeo, parecen querer responder, en parte, a mis sugerencias aumentando las cantidades previstas para las redes y la investigación en el presupuesto para 1997. 
Sería una señal positiva, una señal alentadora, que nada nos impedirá cumplir o incluso ampliar en 1998. 
Señor Presidente, la Unión se ha fijado recientemente grandes propósitos, a la medida de sus medios. 
Como la primera potencia económica del mundo, debe, en efecto, sacar el máximo provecho de sus riquezas, ya sean humanas, intelectuales o técnicas. 
Y para ello, tiene que convencer y entusiasmar. 
Y para obtener el compromiso individual y colectivo, para suscitar un proyecto movilizador, hace falta confianza. 
Confianza en la gestión, en la voluntad de actuar realmente y en la legitimidad de las políticas puestas en marcha. 
El pacto aspira a crear las condiciones para una movilización renovada y una vuelta a la confianza. 
Invita a una nueva y amplia alianza entre los gobiernos, los interlocutores sociales, las autoridades locales y las instituciones europeas. 
La idea de pacto supone aquélla de consenso. 
El reto y nuestro objetivo común es la creación de un marco económico, jurídico y político que favorezca realmente el empleo. 
El reto es hacer posible que las iniciativas individuales se incluyan en este objetivo general. 
El pacto de confianza a favor del empleo ya ha desatado un movimiento. 
Los avances en los cuatro ámbitos que hemos identificado y que ustedes han reconocido en sus informes, son prometedores. 
Ahora debemos construir y continuar avanzando en base a estos primeros desarrollos. 
Es lo que pediré a los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Dublín. 
Señor Presidente, agradezco haber llegado a tiempo para escuchar la interesante exposición del Presidente de la Comisión. 
Quisiera remitir al Presidente de la Comisión y al Comisario Flynn a las páginas 18 a 20 del informe Wolf y, en particular, a tres aspectos de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre el empleo que, lamentablemente, no pasaron a la resolución final de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
De paso, debo añadir que el Sr. Wolf y yo hemos trabajado en cooperación muy estrecha sobre el informe relativo al empleo, como también trabajamos en estrecha colaboración en un momento anterior de este año sobre el informe económico anual. 
El Sr. Wolf ha llevado a cabo una labor excelente. 
Acudió a la Comisión de Asuntos Económicos y votó y apoyó toda las conclusiones de dicha comisión. 
Sé que está tan decepcionado como yo de que la Comisión de Asuntos Sociales no considerara oportuno incluir en su resolución, por ejemplo, la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos de que el Informe Anual de la Comisión relativo al empleo en Europa de la Comisión debería titularse en el futuro Informe Anual sobre el Desempleo en Europa. 
Al fin y al cabo, lo que nos preocupa a todos nosotros es el desempleo. 
El segundo aspecto que la Comisión de Asuntos Sociales no pudo, lamentablemente, aprobar es el párrafo 14 de las conclusiones de la Comisión de Asuntos Económicos, que reza así: » La Comisión de Asuntos Económicos considera que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían dejar de lado su orgullo y examinar con ojos críticos los fallos del sistema social europeo o aprender de los éxitos de otros países, en particular los Estados Unidos, el Japón y Noruega, a la hora de crear puestos de trabajo y reducir el nivel de desempleo y de pobreza». 
Es de lamentar que no haya sido así, 
Mi observación final es la de que mencionamos concretamente el prejuicio por razones de edad- la discriminación contra las personas mayores de 40 años en la fuerza laboral- en el párrafo 15 de nuestra resolución y pedimos en particular a las instituciones de la Comunidad Europea que den ejemplo a ese respecto. 
Lamentablemente, la Comisión de Asuntos Sociales no aceptó ese punto explícitamente. 
Señor Presidente, no es necesario que subrayemos constantemente que el problema del desempleo es especialmente importante y que debemos aprovechar de la mejor manera posible las posibilidades que nos ofrecen los Fondos estructurales para resolverlo. 
Desde este punto de vista, sin duda, cabe destacar la positiva iniciativa de la Comisión de publicar esta comunicación sobre las intervenciones estructurales en materia de empleo, aunque no debemos olvidar dos cosas: 
La primera es que los Fondos estructurales no son una panacea para el problema del desempleo. 
Después de todo, disponen del 0, 46 % del PIB comunitario para realizar su trabajo y, por consiguiente, su margen de maniobra es limitado. 
Lo mismo puede decirse, en concreto, del Fondo Social Europeo, que absorbe aproximadamente el 30 % de todos los créditos de los Fondos estructurales en un esfuerzo por coordinar la oferta y la demanda en el ámbito del trabajo. 
La segunda es que aún no sabemos exactamente qué repercusión tendrán los Fondos estructurales respecto a la creación de puestos de trabajo, dado que no existen métodos exactos. 
Debemos trabajar en esa dirección, aunque, sin duda, será muy difícil. 
¿Qué se puede hacer a partir de ahora? 
Se pueden hacer dos cosas: la primera es utilizar el factor deflacionario de los Fondos estructurales para concentrar el dinero en la lucha contra el desempleo y la segunda es, con respecto al objetivo nº 2, donde la nueva programación para el período 1997-1999 prevé un margen, poner todo el dinero a disposición de acciones de creación de empleo. 
Además, hay que hacer hincapié en ámbitos concretos, y en la Comisión de Asuntos Sociales hemos indicado algunos. Me refiero a las políticas activas de empleo, a medidas encaminadas a flexibilizar el horario de trabajo, a fomentar iniciativas locales de empleo, a apoyar acciones en favor del medio ambiente, a medidas relacionadas a las nuevas tecnologías y, por último, a la creación de redes para facilitar la información sobre la oferta y la demanda de trabajo a escala europeo, a fin de lograr un equilibrio en cada ámbito concreto. 
Señor Presidente, como ha señalado atinadamente el Sr. Wolf, se trata del crédito de la UE a la hora de abordar el desempleo y está claro que en conjunto la UE tiene una ejecutoria horrorosa en materia de creación de empleo. 
Desde la perspectiva de mi Grupo político, la cohesión y la solidaridad es nuestro objetivo y creemos que resulta gravemente socavada por el desempleo crónico. 
Así, pues, acojo con beneplácito el debate de hoy y también la positiva contribución que estamos intentando hacer a la lucha contra el desempleo. 
También acojo con beneplácito las propuestas que figuran en el informe del Sr. Lage relativas a los Fondos estructurales. 
Los Fondos estructurales son un instrumento financiero fundamental. Pueden tener repercusiones. 
Pero quisiera hacer un llamamiento a los Estados miembros para que colaboren estrechamente con la Comisión con vistas a contribuir a centrar y seleccionar esas acciones para obtener los mejores resultados. 
También quisiera hacer un llamamiento a los Estados miembros para que gasten los fondos disponibles y acaben con los retrasos, la burocracia y los niveles de gastos inferiores a los fondos de que disponen. 
El primer informe de la Comisión sobre la cohesión esboza y subraya el problema de la continuidad de las disparidades regionales en materia de desempleo. 
Pone de relieve el dramático aumento del desempleo en Suecia y en Finlandia y el problema existente en España, donde una de cada cinco personas siguen desempleadas. 
Entre 1983 y 1993, 25 regiones con la tasa más baja de desempleo lograron mejorarla y hacer que pasara de 4, 8 % a 4, 6 %, pero el panorama en las 25 regiones más afectadas era de lo más devastador, con un aumento del 17, 2 % al 22, 4 %. 
La realidad es un panorama de disparidades en aumento entre las regiones de Europa en materia de desempleo. 
Así, pues, acojo con beneplácito las iniciativas desde el debate sobre los Fondos estructurales y las oportunidades de empleo en el Consejo oficioso de Madrid de diciembre de 1995 hasta la comunicación final en marzo de 1996. 
Lo hemos mantenido vigente. Lo hemos mantenido en el orden del día. 
Acojo con beneplácito la iniciativa del Presidente Santer sobre pactos territoriales, regionales y locales en pro del empleo. 
Acojo con particular beneplácito que quiera incluir a los interlocutores sociales y a los sindicatos en ellos. 
Acojo con beneplácito el compromiso y el entusiasmo que la Presidencia irlandesa ha infundido a este debate y el compromiso personal del Ministro de Hacienda irlandés, Sr. Quinn. 
Sin embargo, he de decir que me ha defraudado que el Reino Unido no esté dispuesto a aplicar los pactos territoriales en pro del empleo y pregunto al Comisario Flynn qué está dispuesto a hacer para lograr ese apoyo. 
Si no logramos que ese Estado miembro lo apoye, quisiera pedir que permitamos a las regiones y a las administraciones locales que deseen participar que se pongan en contacto directamente con el Comisario en Bruselas y participen activamente en dichos pactos. 
Me molesta y me irrita en particular que en el Reino Unido se diga que su excepcional tasa de empleo no tiene comparación con ninguno de los Estados miembros de la UE. 
Me preocupa que estemos creando puestos de trabajo mal pagados y de jornada parcial y creando una nueva clase marginada de pobres con empleo que viven con las prestaciones que entraña el puesto de trabajo y el crédito familiar. 
Pido al Comisario, dado que el Reino Unido tiene ahora la tasa más alta de pobreza en la UE- uno de cada tres niños nacen en familias sumidas en la pobreza- que examine el modelo de creación de empleo y puestos de trabajo sostenibles y caracterizados por su alto valor y productividad para dar a las regiones de la UE una ventaja competitiva en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando hablamos de empleo no hablamos únicamente del empleo como tal, sino también de flexibilidad, formación y enseñanza, fiscalidad, investigación y desarrollo, sobre todo de crecimiento económico, y progreso social. 
Cuando hablamos de política de mercado laboral hablamos también de política de competencia, política comercial, política industrial, política monetaria, etc. En resumidas cuentas, la lucha contra el desempleo y el saneamiento del mercado laboral no son objetivos independientes, sino todo lo contrario. 
Este enfoque sólo puede tener éxito si junto con las medidas de los Estados miembros se desarrolla una política europea, y es algo que respaldan tanto el informe de la Comisión titulado «Empleo en Europa 1996» como el pacto de confianza del Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
En estos dos importantes documentos se aboga no sólo por unas medidas activas y no pasivas, sino también por iniciativas privadas junto a las medidas estatales. 
En lo que se refiere al informe Wolf tengo la impresión de que se centra únicamente en las medidas estatales y se olvida de otras partes muy importantes, como las que contiene el informe «Empleo en Europa 1996». 
Quisiera indicar tres de ellas. 
En primer lugar, en el informe de la Comisión se establece una doble comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea, en relación por un lado con el sector servicios y por otro con el sector industrial y agrario. 
Cuando, entre 1980 y 1983, en la Unión Europea y en EE UU se crearon 18 y 22 millones de puestos de trabajo respectivamente en el sector servicios, aún se trataba de cifras comparables. 
Sin embargo, cuando en el mismo período el sector industrial y agrario de EE UU pierde dos millones de puestos de trabajo, mientras que la UE pierde trece millones de puestos de trabajo, tenemos una diferencia considerable. 
En el informe Wolf se ha desatendido por completo esta cuestión. 
¿Cómo podemos fomentar de nuevo el empleo industrial en la Unión? 
Cito un segundo ejemplo. 
La cuestión de la movilidad profesional y la flexibilidad, y la cuestión de los costes salariales. 
El informe también pasa por alto en gran medida estas cuestiones. 
Los jóvenes, que no tienen acceso al mercado laboral y a cuyo favor quiero abogar para que se generalice el sistema de puestos de aprendizaje profesional en las empresas a fin de que no se pierda la formación que han tenido. 
Pienso asimismo que hemos de revisar nuestra política en relación con las personas de más de cincuenta años. 
Muchas personas de 50 a 55 años son expulsadas del circuito laboral. 
A mi entender es erróneo respecto del funcionamiento social y respecto de la experiencia, los conocimientos y la competencia presentes en las empresas. 
Asimismo tendría que hablar del desempleo estructural, pero ya no dispongo de tiempo. 
Apoyo lo que acaba de decir el Presidente de la Comisión, Sr. Santer: es el momento de pasar del dicho al hecho. 
Es el momento de que en Dublín hablemos de la realización de una estrategia global para el empleo, y espero, señor Comisario, que en el pacto de confianza se tomen decisiones definitivas al respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, el once por ciento de la población activa europea, que corresponde a dieciocho millones de personas, es razón suficiente para que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre ellas. 
Cuando ese número equivale a las personas sin empleo, que se pronuncie las veces que sean necesarias. 
Respecto del informe Wolf, también nosotros elogiamos toda la acción de la Comisión en la coordinación y el incentivo de las políticas de empleo de los Estados miembros con vistas a la formulación de nuevas medidas y acciones de estímulo de la lucha contra ese flagelo, cuya solución no nos parece fácil ni a corto ni a medio plazo. 
Asimismo, elogiamos el apoyo a la creación de microempresas y pequeñas empresas, así como de empresas artesanales, con el presupuesto por todos reconocido de que ésa es una orientación que debe proseguir. 
No queremos tampoco dejar de alabar esa misma orientación como núcleo más fuerte de conquista y mantenimiento de puestos de trabajo, cuando en este informe se hace particular hincapié en las regiones periféricas, ultraperiféricas e insulares de la Unión Europea, donde también el fenómeno del subempleo es muy importante. 
Como nada es perfecto- y crea que no abrigamos la menor animosidad especial para con usted, señor Wolf -, hay dos cuestiones sobre las cuales debemos manifestar nuestra profunda objeción. 
La primera se refiere a la creación de fuentes de financiación suplementarias para costear las prestaciones sociales, en particular por lo que se refiere a la tributación por las emisiones de CO2 y de la energía. 
Si en uno de los platos de la balanza colocamos ese impuesto y en el otro plato la competitividad de la industria europea, resultará fácil concluir que Europa se quedará con el impuesto y los americanos y los japoneses con la competitividad. 
Ahora bien, ya basta, señor Presidente y señores diputados, de que los otros exporten liberalismo y nosotros importemos proteccionismo. 
Prefiramos, por una vez, a nosotros mismos. 
La Europa social debe encontrar otros respaldos financieros para seguir su camino correcto. 
La segunda cuestión tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. 
Si a plazo, a largo plazo, ese principio nos parece correcto- la propia Historia nos lo demuestra -, su aplicación inmediata y brusca nos inspira las mayores dudas y reticencias. 
Preferimos que se opte por el principio de la flexibilidad de la jornada laboral que, si se adopta en las negociaciones laborales de los diferentes Estados miembros, no creará sin duda mayores dificultades de carácter social a la actividad económica de Europa. 
Por esas dos razones, mi Grupo votará contra este informe, si se vota tal como se nos ha propuesto. 
Lo hace con la idea de que sus aspectos positivos están ya salvaguardados en innumerables resoluciones de todas las instituciones comunitarias, pero lo hace de forma realista y con la conciencia de que lo que se propone no resuelve el problema de fondo. 
Y éste se llama empleo. 
Crear puestos de trabajo, sí, y con urgencia, en todos los Estados miembros y en todos los sectores. 
Y pensar también en hacer todo lo posible para mantener los que ya existen, pues el mantenimiento del empleo es también de la mayor importancia. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, considero un honor que el Sr. Santer se haya tomado la molestia de explicarnos sus esfuerzos en relación con el problema del desempleo. 
Pienso que no es tanto culpa de la Comisión Europea que no consigamos realizar progresos, sino que se debe al hecho de que los Estados miembros no quieren adoptar las medidas que son tan necesarias y que en parte aparecen en el informe del Sr. Wolf y en parte en otros informes, y que fueron tratadas sobre todo ayer en el debate sobre la moneda única. 
El Sr. Santer ha dicho que es preciso modernizar la seguridad social, los impuestos y el mercado laboral. 
Estoy de acuerdo con él y nuestro Grupo está de acuerdo con él. 
Pero si hablamos de modernización, hemos de atrevernos a abordar cuestiones delicadas y no estoy de acuerdo con el Sr. Vieira en que no debamos atrevernos a considerar el desplazamiento de impuestos sobre el trabajo a otros objetivos. 
Pienso que sí hemos de examinar cuestiones como la tasa de CO2, siempre y cuando se haga a escala europea. 
Otra cuestión que no me complace tanto, y que para la totalidad de mi Grupo podría ser un motivo para votar en contra del informe Wolf, es la propuesta de introducir un impuesto sobre la especulación. 
Pensamos que atenta contra el Tratado y la libre circulación de capitales, y también pensamos que esto puede tener un efecto contrario al que pretendemos. 
Quisiera pedir al Sr. Wolf que satisfaga un poco nuestros deseos en esta cuestión. 
También quiero recalcar lo que ha dicho el Sr. Santer sobre el estatuto de la empresa europea. 
Esta tarde, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sale hacia La Haya para hablar con diversos ministros sobre la preparación de la Presidencia del año próximo. 
Pienso que hemos de incluir en el orden del día sobre todo las cuestiones que ha tratado esta mañana el Sr. Santer. 
El estatuto es sin duda una de ellas, al igual que la financiación de las redes transeuropeas. 
Quisiera llamar la atención sobre otras dos cuestiones. 
Una de ellas es la cuestión del desarrollo rural y la otra es la política urbana. 
Cuando hablamos de la lucha contra el desempleo, pienso que es muy importante que examinemos la posibilidades de un estatuto o una adaptación para las zonas rurales, pero también para las ciudades y asimismo una conexión entre ambas. 
Hemos desarrollado ideas sobre la competitividad en el marco de la política tecnológica, pero no hemos desarrollado ideas concretas en lo que respecta a qué papel pueden desempeñar las grandes urbes y las ciudades, a pesar de que cerca del 80 % de la población de la Unión vive en las ciudades. 
Quisiera pedir al Sr. Flynn que trate esta cuestión en Dublín. 
Señor Presidente, este informe de Friedrich Otto Wolf sobre el informe de la Comisión sobre el empleo en Europa en 1996 debería- justamente como ha propuesto el Sr. Cassidy- llamarse «el desempleo en Europa». 
Estoy totalmente de acuerdo con la crítica del ponente sobre la falta de progresos de la Comisión en lo referente a la presentación de análisis y estrategias desde el informe de 1995. 
Al mismo tiempo, quiero subrayar que pienso que el ponente ha tenido más éxito que el mencionado órgano en lo relativo a los análisis e incluso a la propuesta de estrategias. 
No hace falta repetir que el desempleo es un grave problema en Europa, y que es tan serio que verdaderamente está creando inestabilidad social y política, además de constituir una amenaza contra la democracia. 
En este contexto donde debatimos lo que se puede hacer para reducir el paro, cabe recordar que existe una paradoja, dado que la propia Unión crea desempleo y marginación con su estricto calendario para la unión monetaria y los criterios de convergencia, que hace que los países miembros tengan que recortar presupuestos, y les obliga a realizar recortes en el ámbito del bienestar social. 
También estoy de acuerdo con los que dicen que no hay que lamentarse tanto ni concentrarnos tanto en nosotros mismos, sino ver en su lugar lo que han hecho otros países. 
¿Qué ha hecho, por ejemplo, Noruega, que tiene un nivel de desempleo muy bajo? 
¿Qué podemos hacer? 
Pienso que el informe dibuja las líneas de una nueva estrategia. 
Por eso me parece tan bueno. 
También cabe considerar otras ideas, como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, además de la jubilación anticipada, que se mencionan en el informe del Sr. Ribeiro, dado que sabemos que no van a surgir más puestos de trabajo, aunque aumenten el crecimiento y las inversiones. 
La nueva estrategia debe incluir la reestructuración ecológica y unas innovaciones de signo ambiental, una reforma impositiva basada en principios solidarios, y una fuerte economía local. 
En mi opinión, esto no debe llevarnos a una política común en el ámbito del mercado de trabajo, puesto que las regiones son muy distintas, pero debemos trabajar unidos, la Unión y los países miembros. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero felicitar de todo corazón al Sr. Wolf. 
Ha realizado un buen trabajo y por otra parte ello ha quedado patente en la unanimidad con que ha sido aprobado el informe en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Pero, de hecho, todos sentimos cierto malestar. 
Es la enésima vez que representamos un ritual. 
Volvemos a hablar del problema del desempleo. 
Se trata del enésimo debate en una larga lista. 
Baste pensar, por ejemplo, en el Libro Blanco de Delors, el pacto de confianza de Santer, los informes anuales sobre la situación del empleo, y frente a esto están los informes del Consejo de ministros de Asuntos Sociales, pero también del de Finanzas. 
Allí se ha producido un bloqueo porque no se alcanza la inmunidad. 
Las cifras oficiales hablan de 18 a 20 millones de desempleados. 
En realidad hay más. 
Todos lo sabemos. 
Muchas categorías quedan excluidas de las estadísticas. 
Me refiero por ejemplo a la situación de las personas que se han jubilado anticipadamente. Personas que se ven obligadas a abandonar el proceso de trabajo a los 50 ó 55 años de edad. 
Lo que me molesta en especial en los muchos enfoques para solucionar el desempleo es el enfoque demasiado unilateral centrado en el crecimiento. 
Según este, el crecimiento económico ha de conllevar un mayor empleo. 
Todos sabemos que esto es a todas luces erróneo. 
El ponente, Sr. Wolf, acierta cuando critica el enfoque macroeconómico vigente. 
En efecto, se limita a intentar cumplir los criterios de convergencia. 
La política macroeconómica antepone este tipo de criterios y deja rezagados los criterios de empleo. 
El informe Wolf contiene toda una serie de propuestas prácticas y muy buenas: como la reducción de los costes laborales no directos en la parte inferior de la escala salarial, como la insistencia en las pequeñas y medianas empresas, o en el trabajo a tiempo parcial. 
También el alegato a favor de una reducción del tiempo de trabajo y la reordenación del trabajo. 
También la atención que se presta al reciclaje y la atención sobre todo para el sector terciario de servicios sociales y culturales. 
Se trata de una serie de propuestas que hay que tratar sin falta y que por fin tienen que ser aprobadas por el Consejo. 
Apoyo plenamente este informe y queremos volver a felicitar de todo corazón al Sr. Wolf por su informe. 
Señor Presidente, queridos colegas, en el informe del Sr. Wolf hay cosas interesantes, especialmente, a nivel de las políticas estructurales. 
Pero quisiera hablar aquí de los temas que oculta, que no ha querido o no ha podido abordar. 
El ponente se refiere, con razón, al modelo social europeo, y pensamos que ese modelo social europeo es, en realidad, profundamente incompatible con las doctrinas de globalización que rigen actualmente la economía mundial. 
En primer lugar, la globalización implica el libre intercambio integral. 
Como han demostrado ahora varios economistas, este libre intercambio se traduce en una degradación del empleo para los trabajadores menos cualificados de los países más industrializados. 
Ésta es, en particular, la tesis en el caso de Francia del profesor Maurice Allais, premio Nobel de economía. 
Sobre este tema, sabemos que los intereses de los países europeos divergen de aquéllos norteamericanos. 
La cuestión que se plantea es, por lo tanto, saber si estamos en condiciones de oponernos o no a la diplomacia norteamericana en el plano político. 
Nos sentimos sumamente escépticos sobre lo que se ha hecho hasta ahora en este ámbito. 
En segundo lugar, la globalización implica una indiferencia con respecto a los fenómenos de la migración. 
Es un tema totalmente tabú hoy en día, lo que resulta bastante sorprendente. 
La inmigración es un factor que agrava el paro por dos motivos. 
En primer lugar, o bien trabajan los inmigrantes, y en cuyo caso vienen a incrementar una oferta de mano de obra ya excesiva, o bien, la segunda hipótesis, no trabajan, en cuyo caso son indemnizados por los sistemas de protección social. 
Estos costes, que en el caso de Francia se han cifrado en el informe Milloz, endeudan la competitividad global de la economía. 
Por ello no podemos dejar pasar este asunto en silencio. 
En tercer lugar, la ideología mundialista conduce actualmente a la creación de conjuntos continentales integrados, y es en ese marco en el que se prevé la Unión Monetaria europea. 
Ahora bien, el crecimiento es un proceso de divergencia, como la vida misma, y el objetivo de convergencia monetaria implica un frenado del crecimiento. 
En estos tres puntos, por consiguiente, no podemos atenernos a los dogmas, a la vacas sagradas. 
No podremos reducir el paro a menos que nos replanteemos estos dogmas mundialistas. 
Señor Presidente, es cierto que el empleo vuelve a estar presente en los debates de este Parlamento, en esta ocasión para enviar un mensaje al Consejo, que debiera recoger y atender. 
Creo que el próximo día 2 de diciembre habrá una reunión conjunta de los Consejos ECOFIN y de Asuntos Sociales, reunión importante que debiera dejar cerrados algunos progresos claros en materia de políticas de empleo, para que, unos días después, esos avances sean asumidos en la cumbre de Dublín. 
Ese Consejo conjunto- ECOFIN y Asuntos Sociales- debe atender a los contenidos básicos de los informes que hoy debatimos: la reducción de los costes laborales indirectos, sin disminución de la protección social y buscando otras fuentes de financiación; la promoción y apoyo sostenido a las pequeñas y medianas empresas como creadoras de nuevos empleos; la reordenación y reducción del tiempo de trabajo, algo muy concreto que hay que plantearse con rigor y yo creo que hasta con urgencia; la reducción de las barreras a la innovación; el fomento de la inversión a gran escala en recursos humanos; la penalización de la especulación financiera y la búsqueda de la inversión productiva del ahorro; la reiteración en el potencial del empleo local, etc. 
Asimismo, dicho Consejo conjunto debe atender el compromiso serio de apoyo para que el empleo se incorpore al nuevo Tratado, que se reconozca constitucionalmente en el Tratado de la Unión el derecho al empleo, y que el concepto «cohesión» se mantenga como un concepto que informa e inspira todo el Tratado de la Unión Europea. 
Hay que evaluar con indicadores comunes las tendencias cualitativas y cuantitativas del mercado laboral y de las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Hay que avanzar y profundizar mucho más en las propuestas de Consejos Europeos anteriores, como las propuestas de Essen o las de Madrid. 
El empleo es un elemento básico para mantener el Estado del bienestar, dar solidez financiera al propio sistema de protección social y hace frente a la aparición de nuevas formas de pobreza y marginación. 
Las cifras del desempleo estructural están ahí, sin que sepamos ser capaces de hacerlas disminuir incluso en tiempos de crecimiento económico. 
Por eso, debemos ser audaces. 
No sirven ya las viejas fórmulas que pudieron ser útiles en el pasado. 
Por eso, no sobra insistir en coordinar esfuerzos y experiencias para hacer frente al primer problema de nuestras sociedades. 
La Unión Europea debe ser capaz de aportar un valor añadido a los esfuerzos nacionales en la creación de empleo, incentivando y desarrollando más las políticas activas de empleo, incentivando las políticas innovadoras y coordinando las políticas para que produzcan efectos positivos en la inversión productiva y en el empleo. 
Señor Presidente, señor Comisario, la política de empleo y la seguridad social van unidas indisolublemente. 
Por ello, es oportuno este debate conjunto sobre el informe relativo al empleo en Europa 1996 y sobre la modificación de la ley más importante de seguridad social de la Unión Europea, el Reglamento 1408. 
Unas elevadas tasas de desempleo ponen en peligro nuestros sistemas sociales. 
Para la lucha contra el desempleo no existe una única receta sino solamente miles de pequeños pasos, tal como se propone en el Libro Blanco sobre el Empleo y en otros muchos documentos de la Unión Europea sobre el pacto de confianza, por ejemplo, una organización flexible del trabajo, la flexibilidad positiva del horario laboral o el trabajo a tiempo parcial. 
Los trabajadores de mayor edad tienen la posibilidad de una transición paulatina a la situación de retiro. 
En Alemania, las prestaciones por jubilación anticipada se realizan en base a una ley sobre tiempo parcial. 
Si el patrono eleva los pagos por el trabajo a tiempo parcial y las aportaciones al seguro de pensiones, el Instituto Federal de Empleo le restituye esta prestación si coloca a un parado o a un aprendiz. 
El Reglamento 1408 mencionado al principio tiene la finalidad de coordinar los sistemas legales de seguridad social para los trabajadores emigrantes. 
Entre las tareas de coordinación, hasta ahora no se incluye la de coordinar los muy diversos regímenes de jubilación anticipada que se han introducido en siete Estados de la UE. 
El informe Ribeiro describe muy bien las dificultades que han surgido como consecuencia de ello y del creciente número de regímenes, sobre todo cuando el puesto de trabajo y el domicilio del trabajador se encuentran en diferentes países, por ejemplo, en el caso de los trabajadores transfronterizos o cuando el domicilio se traslada a otro Estado miembro, es decir, cuando el trabajador emigrante retorna a su país. 
La prevista ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento 1408 a las prestaciones de jubilación anticipada es apremiante, si bien se incluyen también regulaciones de convenios colectivos. 
La Comisión ha propuesto unas soluciones razonables, por ejemplo, la exportación de la prestación del país del último empleo en el que se adquirió el derecho. 
Para los Estados de la UE que no han introducido la jubilación anticipada sería muy problemática la discutida aportación de prestaciones por parte de los Institutos de empleo del país del domicilio. 
En la enmienda nº 1 y en la exposición de motivos el ponente va más allá de la problemática de la jubilación anticipada. 
Sugiere perspectivas para una coordinación de los regímenes especiales del servicio público y de los regímenes no legales de seguridad social, para los que estoy convencido de que unas normas europeas demasiado detalladas serían contraproducentes. 
El informe Ribeiro realiza una importante aportación a la configuración de la dimensión social de la Unión. 
El Grupo del Partido Popular Europeo va a dar su voto afirmativo. 
Señor Presidente, entiendo que hoy el Parlamento Europeo está discutiendo el problema más fundamental que tiene hoy planteado la Unión Europea: la ocupación y el empleo. 
Como ha dicho el Sr. Wolf en la presentación de su informe, los ciudadanos europeos apreciarán la ciudadanía europea si ésta contribuye a resolver el problema del empleo. 
Yo creo que ésta es y debe ser la preocupación básica de la Unión Europea. 
Por esto, me complace que hoy aquí, durante este debate, haya estado presente el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Lo han dicho algunos de los oradores que me han precedido: no existen soluciones mágicas para resolver el tema del empleo. 
A este tema deben buscarse muchas soluciones eficaces. 
Por esto me parece muy positiva la acción de los pactos territoriales de empleo en lo que ello significa de cooperación entre los gobiernos de los Estados, los agentes sociales, las autoridades regionales y locales y la Unión Europea. 
Y querría insistir ampliamente sobre el tema de la cooperación de las autoridades regionales y locales en aplicación del principio de subsidiariedad, que puede contribuir a resolver este problema del desempleo y a la creación de puestos de trabajo. 
Yo creo que es también muy importante la armonización progresiva de las legislaciones en materia laboral y de seguridad social, con el fin de permitir que esta Unión Europea cree puestos de trabajo en cualquiera de los Estados de la Unión Europea, que las fronteras no representen una dificultad para poder encontrar un trabajo al otro lado de la frontera. 
Y esto exige, evidentemente, una armonización de las legislaciones laborales en los distintos Estados. 
Creo que también es importante que la Unión Europea preconice una mayor flexibilidad en las contrataciones laborales. 
En el mundo en que estamos, con los cambios tecnológicos que suceden, solamente unos puestos de trabajo con la suficiente flexibilidad serán posibles para que contribuyan a un mejor empleo. 
Estimados colegas, estamos de acuerdo, se trata de política y no de un fenómeno natural. 
Por supuesto, la política no solamente tiene como sujeto al Estado ni mucho menos a las clases dirigentes. 
Pero la política democrática plantea también determinadas exigencias sobre lo que las instancias políticas tienen que aportar. 
El informe de Carlos Lage muestra unos márgenes de actuación realistas en lo tocante a lo expuesto por la Sra. Comisaria Wulf-Mathies y por el Comisario Flynn sobre una política estructural al servicio del empleo y, en especial, de la igualdad de oportunidades, pues sabemos que las mujeres están afectadas de modo especial por el desempleo en masa. 
Podemos y debemos utilizar realmente los márgenes de actuación financieros, innovadores y administrativos. 
Lo primero que debemos hacer es utilizar más eficazmente los instrumentos existentes. 
En su conjunto, esto es más efectivo que nada. 
Es necesario dar un primer paso para abandonar el proyecto neoliberal que, para combatir el desempleo, conduce a un descenso de los salarios, a un empeoramiento de las condiciones de trabajo y a la exclusión social y dirigirnos a un contrapunto europeo, solidario, negociado y equilibrado- en lo que doy la razón al Sr. Cassidy -, opuesto al modelo norteamericano de la distribución del trabajo y de los ingresos. 
En los EE.UU. esto se ha hecho sin ningún tipo de compensación o mecanismo de solidaridad. 
Nosotros queremos configurarlo solidariamente en vez de insolidariamente, de modo divisor y excluyente, tal como creo se ha hecho en el Reino Unido. 
Naturalmente, esto significa que vamos a apostar por la solidaridad en el trabajo por cuenta ajena, pero para ello tenemos que poner a disposición también la correspondiente ayuda pública y tiene que existir una parte de aumento de la productividad para el trabajo por cuenta ajena. 
De lo contrario, no funcionará. 
Señor Presidente, no ha lugar aquí a entrar en los detalles de los diferentes informes que se debaten esta mañana, si no es, de manera general, para alegrarse de la prioridad que, a todas luces, comienza a darse a la cuestión del empleo. 
No obstante, puesto que estamos convencidos de que hay que abrir nuevas pistas e ir un poco más lejos, quisiéramos hacer aquí algunas sugerencias. 
En primer lugar, en su excelente informe, el Sr. Lage indica que aún no ha llegado el momento de discutir la reforma de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, y habida cuenta de que el ponente ha subrayado especialmente en este informe que la acción en materia de empleo parece siempre más eficaz cuando ésta es articulada con los agentes económicos y sociales y las colectividades territoriales, querríamos que la Comisión reflexione sobre la posibilidad de territorializar, al menos en parte, en un futuro las asignaciones que se conceden actualmente en el marco de los Fondos estructurales, objetivos 2 y 4. 
Segunda pista: querríamos que la Comisión explore de manera más precisa la posibilidad de crear y desarrollar empleo de utilidad colectiva y pública y que la incluya en su objetivo de creación de servicios o de defensa de los servicios de interés general de la Comunidad Europea, porque creemos que el mercado por sí solo no responderá a la cuestión del empleo, al menos en su actual configuración. 
Hay que pensar no solamente en el mercado de hoy, sino también en el mercado de mañana. 
Por último, la tercera sugerencia es relativa a la comunicación. 
Pensamos que la Comunidad debería presentar de forma más visible su acción en materia de empleo, quizá mediante la creación de una especie de sello de empleo europeo, que podría aplicarse a todo puesto de trabajo que se cree gracias a la acción europea. 
Señor Presidente, varias veces al año se nos presenta la ocasión de debatir este fundamental asunto del empleo. 
Parece que este Parlamento y las Instituciones europeas en general están de acuerdo sobre el hecho de que las cosas no marchan bien y los resultados- cuando existen- son del todo decepcionantes. 
Al respecto, deseo manifestar al Presidente Santer, a quien reitero mis respetos y consideración, que cuando declara al Parlamento que con relación a las cinco prioridades en materia de empleo, establecidas en Essen y confirmadas seguidamente en todas las demás Cumbres, se han hecho unos positivos pasos adelante, habría que recordar que al mismo tiempo, por desgracia, también el desempleo sigue avanzando. 
Esto debería, al menos, suscitar la sospecha de que quizás el tratamiento recetado en Essen no es totalmente eficaz para tratar la enfermedad que nos afecta. 
Por mí parte, estoy convencido de que la farmacopea tradicional con la que se intenta curar el desempleo ya no puede ofrecernos remedios eficaces para hacer frente a nuestras necesidades. 
Y ello por un motivo fundamental, ya que la causa principal del desempleo estructural contra el que luchamos, es una oleada tecnológica, una gran transformación e innovación tecnológica que, por sus dimensiones, intensidad y cantidad, no tiene precedentes en la historia y produce, respecto al pasado, el siguiente resultado: podemos obtener más productos y más servicios con menos trabajo. 
Si estuviéramos de acuerdo sobre este punto y esta diferente evaluación, sacaríamos dos consecuencias: en primer lugar, que es preciso reducir el tiempo de trabajo y repartir de otra forma el trabajo. 
Hace dos meses, este Parlamento votó la resolución presentada por el Sr. Rocard que comprometía a la Comisión a poner en marcha una actividad de investigación y de análisis. Lo único que hemos obtenido hasta el momento es una declaración del Comisario Bangemann en la que manifiesta que no cree en este tipo de instrumento. 
La otra cosa que debería hacerse, señor Presidente, es eliminar la paradoja de una sociedad repleta de necesidades sociales insatisfechas y de un desempleo creciente. 
En consecuencia, es preciso impulsar las actividades de protección del medio ambiente, el patrimonio cultural y la persona, porque por esta vía, probablemente, se puede ofrecer una importante contribución para la solución del problema del desempleo. 
Señor Presidente, no quiero añadir nada a las muchas declaraciones acertadas que se ha realizado; no es necesario repetir lo ya dicho. 
De lo que se trata para todos es de saber qué instrumentos aplicamos para combatir el paro. 
El colega Wolf ha dicho que no queremos el modelo norteamericano. 
Es correcto. 
Pero, por otro lado, no queremos un dirigismo del Estado ni mucho menos un dirigismo europeo. 
Vengo de una parte de Alemania que ha padecido 40 años bajo el socialismo y no deseo ningún socialismo europeo. 
Por ello, si en el Tratado debe existir un capítulo sobre el empleo, no es acertado, tal como dice el colega Lage en su informe, que deba contener la obligación de coordinar la política comunitaria para la creación de puestos de trabajo, sino que a lo sumo figure la obligación de coordinar las diferentes políticas nacionales sobre el empleo. 
Para estar más seguros, quiero pedir a las y los colegas que aprueben la enmienda que he presentado en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. Se trata de la enmienda nº 1 y que se elimine todo el pasaje relativo a la introducción del capítulo sobre el empleo en el Tratado. 
Señor Presidente, quiero hacer algunos comentarios al informe Ribeiro sobre la jubilación anticipada. 
Para comenzar, quiero que sepan que el Movimiento Popular no votó a favor del mismo en la Comisión de Asuntos Sociales del 10 de setiembre, tal como figura erróneamente en el informe. 
Votamos en contra, y lo mismo ocurrirá cuando llegue ahora el momento de hacerlo. 
Ni siquiera puedo imaginar que un solo diputado danés vote a favor, ya que la propuesta presentada socavará el fundamento del sistema danés de jubilación anticipada. 
En Dinamarca existen normas bastante estrictas sobre las condiciones que deben darse para la jubilación anticipada. 
Los daneses sólo tenemos este derecho si se cumplen tales condiciones; no todos lo tenemos automáticamente. 
Soy de la opinión de que con este informe se hace tabla rasa de las diferencias existentes entre los Estados miembros y de la falta de competencias de la UE en materia de política social. 
Para empeorar la situación, el informe prepara para que el régimen de jubilación anticipada abra las puertas a la posibilidad de incluir una larga serie de regímenes de seguridad social no obligatorios; en otras palabras, la propuesta de la Comisión afecta también a los regímenes de jubilación anticipada basados en los convenios colectivos, los cuales, en palabras textuales de la Comisión de Asuntos Sociales, tradicionalmente no están incluidos en la normativa comunitaria. 
Desde un punto de vista danés, el hecho de que la UE apruebe normas mediante las cuales se modifican las condiciones y el alcance de los acuerdos celebrados por los interlocutores sociales parece una novedad que no está en concordancia con el Tratado. 
Por todo ello, no podemos votar a favor del informe. 
Señor Presidente, Señorías, es evidente que el desempleo es el principal problema con que se enfrenta Europa en estos momentos. 
Es evidente también que los Fondos estructurales tienen que ser utilizados en toda su potencialidad para combatirlo. 
Porque, en efecto, el crecimiento económico no permite, por sí solo, hacer disminuir la tasa de desempleo, pero tampoco, tal y como constata el ponente Sr. Lage, estamos en condiciones de saber con precisión cuál es la repercusión del gasto estructural sobre el empleo. 
En el futuro, tendremos que mejorar la apreciación del impacto de las políticas regionales sobre el empleo. 
Tendremos que buscar nuevos indicadores y, si es necesario, reformar los Fondos para aprovechar al máximo su potencial, simplificar los procedimientos, concentrar los recursos y también los objetivos. 
Y todo ello sin olvidar que la convergencia nominal y la convergencia real han de marchar siempre en paralelo. 
Es necesario también hacer hincapié en la importancia de la participación de las autoridades locales y regionales y los agentes sociales como elementos dinamizadores, y también lo es que nos sigamos esforzando en hallar nuevos yacimientos de empleos- la cultura, el medio ambiente, los servicios de proximidad, las medidas de apoyo a las PYME, que considero de capital importancia. 
Por último, quisiera destacar la parte tan importante que este documento dedica a la igualdad de oportunidades. 
No podemos olvidar que el desempleo castiga a la mujer con especial dureza. 
La tasa de desempleo masculina es en la Unión del 9, 5 %, mientras que la femenina es del 12, 4 %. Y en algunos países, como España, la diferencia va del 18 %, en el caso de los varones, al 30 %, en el de las mujeres. 
Es necesario, por tanto, hacer un esfuerzo suplementario para reducir estas diferencias. 
Y no me queda más que felicitar al Sr. Lage por su magnífico informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el elevado desempleo sigue constituyendo un gran desafío para la Unión Europea. 
Hasta hoy los éxitos de la estrategia europea sobre el empleo son decepcionantes. 
A pesar de todas las aseveraciones del Consejo, los países miembros apoyan insuficientemente los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
Mientras las propuestas del pacto de confianza, como los pactos regionales sobre el empleo, el descenso de los costes laborales no salariales, la incorporación de los jóvenes, la evitación del paro de larga duración y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, no se apliquen con decisión y rapidez, no lograremos progresos en el campo del empleo. 
Cambiar el nombre del informe de la Comisión de empleo a paro no cambiaría nada. 
Lo que tenemos que cambiar es que las buenas propuestas- subrayo lo de buenas- de los tres informes no se queden sobre el papel sino que se hagan realidad por fin a nivel europeo. 
Los patronos y trabajadores deben darse cuenta por fin de que se encuentran en el mismo barco. 
No deben superarse en sus lamentos sobre las malas condiciones existentes sino poner manos a la obra y enfrentarse con optimismo a la tarea de crear unas condiciones de empleo mejores. 
Para ello, una de las partes tiene que renunciar a la mera mentalidad de shareholder value y la otra, cuando negocia, no tiene que pensar solamente en los que tienen trabajo sino también en los parados. 
Señor Wolf, no hay que plantear exigencias solamente a los Gobiernos sino también exigir solidaridad a los interlocutores sociales para lograr el bienestar común en Europa y más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la necesidad de mantener áreas de convergencia, estabilidad de los precios, crecimiento y cohesión social, junto con la crisis económica que limita la capacidad de aumentar el volumen de la producción y del consumo, son las causas del estancamiento que hoy está sufriendo la lucha contra el desempleo de la Unión. 
Para dar una señal concreta al ciudadano, haría falta incluir en el nuevo Tratado un capítulo referente a la política de empleo. Un capítulo que prevea una política monetaria menos restrictiva, una disciplina presupuestaria razonable y medidas fiscales que incentiven, de una vez, la creación de puestos de trabajo. 
Sólo así lograremos salir de la esfera de las meras intenciones y lanzar señales concretas. 
Ya es hora de dejar a un lado las palabras y de pasar a algún hecho concreto. 
En los últimos años, la gran industria se ha informatizado y modernizado de forma extraordinaria, con una gran reducción de la mano de obra. 
Es preciso actuar con decisión para promover medidas que faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas, en particular en el sector terciario, a fin de fomentar el empleo; al mismo tiempo, hace falta reforzar la formación profesional dirigida a los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, pero no a los gandules y holgazanes. 
Señor Presidente, empezaré agradeciendo al Sr. Wolf su magnífico informe; es verdaderamente excelente. 
Es justo reconocer que Europa ha fallado en lo relativo al desempleo. 
No es por falta de estudios, propuestas o declaraciones- hemos tenido suficientes desde que yo empecé a cumplir con mis funciones en este Parlamento. 
Han tenido su origen en el Consejo, la Comisión y en este Parlamento. 
Pero, en realidad, lo que cuentan son los resultados, y por lo que respecta a ellos hay que admitir que la UE ha fallado hasta la fecha. 
¿Es la UE en su calidad de institución la que ha fallado? 
No, hoy por hoy la lucha contra el paro es un asunto puramente nacional. 
Lo que falta es la coordinación a nivel europeo. 
La política económica que han llevado los Estados miembros ha sido del mismo signo, y al mismo tiempo catastrófica. 
Se ha intentado invertir en la exportación y contener la demanda interna. Esto no ha sido beneficioso para nadie, dado que ciertamente comerciamos unos con otros. 
Ha hecho que la política económica, vista globalmente, haya fallado. 
Ningún país ha podido apartarse de esta línea política. Si un país, por ejemplo, Suecia, lo hace, esto haría que el capital saliera fuera del país. 
Por eso necesitamos una coordinación a nivel europeo. 
¿Es posible lograrla? 
Al menos hemos demostrado que en el ámbito monetario existe una política común que ha reducido la inflación, el déficit presupuestario y los tipos de interés. 
Esta política debe compensarse ahora con una política de empleo que tenga el mismo peso específico y amplitud. 
Me refiero a la propuesta que mi gobierno ha presentado a la Conferencia Intergubernamental. 
Es importante que la UE, en tratados y acciones, coordine también sus iniciativas en el ámbito del empleo. 
¿Existe alguna contradicción- hay algunos que lo sustentan- entre la política financiera y la de empleo? 
A largo plazo no existe dicha contradicción: una inflación, un déficit presupuestario y unos tipos de interés bajos tienen efectos excelentes a largo plazo sobre el empleo. 
No obstante, si aplicamos erróneamente los criterios de convergencia, de un modo estricto y en el momento equivocado, esto puede tener unas repercusiones negativas sobre el empleo. 
Por ello debemos llegar pronto a una situación de equilibrio. 
Para resumir destacaré lo siguiente: La lucha contra el paro debe llevarse a todos los niveles, local, regional, nacional, y ahora también a nivel de la UE. 
Debemos lograr un aumento de la coordinación en la macroeconomía y la política de mercado de trabajo. 
Necesitamos unas medidas más activas en el ámbito de la política de mercado de trabajo. 
Necesitamos una modificación impositiva: menos impuestos sobre el trabajo, y más sobre el deterioro del medio ambiente. 
Es necesaria una reducción del tiempo de trabajo, y seguir de cerca el desarrollo tecnológico para que Europa pueda perfilarse ante la competencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante la situación de desempleo estructural que afrontamos, es imperativo asegurar la creación de puestos de trabajo estables. 
A ese respecto estamos todos de acuerdo, naturalmente. 
Así, pues, tiene sentido introducir la preocupación por el empleo en la políticas europeas, que nos preguntemos, en particular, por las repercusiones que los Fondos estructurales han tenido en la creación de empleo. 
Y que debatamos para llegar a la mejor forma de potenciar la utilización de los Fondos con vistas a afrontar semejante imperativo. 
No obstante, conviene que el análisis sea preciso. 
En pro del rigor, es fundamental que los valores de las tasas de desempleo sean fiables. 
En este momento no lo son. 
Aparte de que los Estados miembros tienen en cuenta a quienes se inscriben en un determinado servicio oficial, y sólo a ellos, los criterios varían. 
¿Y qué decir de los niveles de renta? 
¿Y del subempleo? 
¿Y de las muy diversas tasas de trabajo femenino? 
También en pro del rigor, es esencial que no se desvirtúe la dimensión territorial de los Fondos estructurales. 
El objetivo fundamental de los Fondos es el de contribuir a la cohesión económica y social mediante el apoyo a las regiones menos desarrolladas, con vistas a garantizar una efectiva igualdad de oportunidades a los ciudadanos europeos. 
Evaluar las repercusiones de los Fondos estructurales en el empleo es importante; no obstante, los niveles de desempleo no pueden ser un criterio para la asignación de los fondos. 
Tener como referencia la lucha contra el desempleo está bien; transformar esa acción en fundamento de la atribución de fondos es profundamente equivocado. 
Resulta inconcebible que las regiones con el PIB por habitante más elevado, por tanto, las más ricas, puedan ser las principales beneficiarias de Fondos estructurales. 
Es la antigua dicotomía entre places prosperity y peoples prosperity. 
Y se debe optar por la primera, so pena de que las regiones más ricas sean cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres, con todas las consecuencias- en particular, demográficas- que de ello se desprenden. 
Claro que es necesario incentivar la creación de empresas, el acceso a la educación y a la formación profesional y que éstas estén en consonancia con las necesidades efectivas del mercado. 
Claro que los Estados tienen responsabilidades: es necesario movilizar a los agentes públicos y privados, a las autoridades regionales y locales, y todos deben participar en ese proceso. 
Señor Presidente, quiero centrarme en el informe del Sr. Lage sobre la relación entre Fondos estructurales y empleo. 
Yo creo que una de las características del buen informe del Sr. Lage es su equilibrio y su ausencia de retórica porque en este informe se distingue- yo creo que para cualquier lector atento- la diferencia importante que existe entre política social y política estructural. 
Es verdad que tiene que ser un objetivo fundamental optimizar al máximo las capacidades que los Fondos estructurales tienen para el empleo. 
Es cierto que no podemos derrochar ni un ápice, que no se puede malgastar una coma siquiera de todo aquello que, desde los Fondos estructurales, pueda incidir en que el empleo mejore en la Unión Europea. 
Pero es importantísimo entender que la política estructural no se guía, como criterio fundamental y prioritario, por la creación de empleo; que las transferencias estructurales son transferencias para mejorar los recursos humanos y las infraestructuras y para aumentar las inversiones productivas. Es decir, para una auténtica política de empleo en el sentido de que mejora el ambiente en el que se van localizar posteriormente las inversiones. 
Si esto no fuera así, si confundiéramos política social con política estructural, llegaríamos a una conclusión que yo quiero evitar en los debates del futuro y en los debates para las próximas perspectivas financieras, y es que las tasas de paro concentradas en las grandes ciudades, concentradas en grandes ciudades de países prósperos, puedan atraer la mayor parte de la inversión en los Fondos estructurales. 
Evitemos eso como lo evita el informe del Sr. Lage. 
Señor Presidente, el principio de que hay que crear en Europa la cohesión económica y social ¿es solamente válido para los tiempos de crecimiento? 
La solidaridad entre las generaciones y los Estados miembros se va esfumando en proporción a la dureza de los tiempos. 
Si solamente se habla y habla, la confianza de los ciudadanos desaparece y no se realizan inversiones. 
El informe anual de la Comisión no puede ser motivo para repetir discusiones de crisis. 
Los debates deben tener objeto. 
Primero: el modelo social europeo no es algo a lo que se pueda renunciar. 
Segundo: el diálogo de los interlocutores sociales y la mesa de negociaciones son algo demasiado valioso como para prescindir de ello. 
Tercero: hay que aumentar las oportunidades de empleo para nuestro bien más importante, el hombre. 
Todo ecu de hoy y euro de mañana que, al contrario que los temores reflejados en el informe Wolf, venga a tiempo y aporte estabilidad, cualquier inversión en formación inicial, continuada y a lo largo de toda la vida, crea las condiciones para la globalización. 
LEONARDO, SOCRATES, ADAPT, NOW y unos fondos estructurales empleados más efectivamente son realidad y no una fantasía. 
Cuarto: hay que elevar las oportunidades de mercado para las PYME. 
Tienen sustancia, flexibilidad, fuerza innovadora y unas buenas estructuras sociales. 
Un mejor acceso al capital y a los resultados de investigación no es aún una realidad. 
Quinto: construyamos una confianza a largo plazo. 
El necesario capítulo sobre el empleo no debe despertar falsas esperanzas. 
Exijamos a los Estados miembros su responsabilidad, pero desarrollemos directrices que conduzcan a una mayor coordinación. 
La amplia estrategia para la cooperación entre los Estados miembros que se acordó en Essen, inversión en la formación profesional y el aumento de la intensidad del empleo, son las bases correctas. 
Europa tiene los cerebros, la capacidad y la creatividad. 
¡Utilicémoslas! 
Señor Presidente, podría iniciar mi intervención recordando todas las iniciativas, documentos e informes que pasan por este Parlamento y que aquí se están debatiendo y que, además, tienen como finalidad avanzar en la solución del problema del desempleo, pero se acabarían mis dos minutos y no habría comentado ni una pequeña parte de ellos. 
Desde la primera crisis del petróleo, el desempleo figura en un lugar destacado, si no el primero, en las agendas de nuestros gobiernos. 
Llevamos 20 años con este problema y parece que el pesimismo se empieza a consolidar en muchos sectores sociales. 
Ante esta circunstancia, mi intención, queridos colegas, es dar también un mensaje de optimismo, y un mensaje de optimismo con fundamento. 
Un optimismo basado en los siguientes hechos: 
Primero: el desempleo no es un problema mundial. 
No se ha mundializado el desempleo, lo que se ha mundializado es el comercio y la competitividad. 
El desempleo, con las características que tiene en la Unión Europea, es un problema único. 
No es cierto que las máquinas estén expulsando a los hombres de los empleos. 
Es necesario preparar a los hombres para las máquinas y, por lo tanto, es necesario invertir en educación y formación. 
Cada año, a nivel mundial, se crea más empleo del que se destruye. 
Además, las necesidades humanas insatisfechas son todavía demasiadas. 
Segundo: Europa no es un continente cerrado al comercio exterior. 
No podrá serlo nunca, no somos autosuficientes, necesitamos materias primas que no poseemos. 
La única manera de adquirirlas reside en la capacidad que tenga nuestra economía para ofrecer a nuestros consumidores y a los consumidores de terceros países bienes y servicios que sean competitivos en los mercados internacionales. 
Ya somos competitivos en muchos mercados. 
Tenemos la mejor calidad en el factor de producción más importante: el factor humano. 
El nivel de formación de los ciudadanos europeos es tan alto como el que más, lo que no quiere decir que debamos sentirnos satisfechos en un asunto en que, como éste, siempre se puede avanzar más. 
Y tercero: Europa está saliendo de la última crisis económica. 
La salida no está siendo tan fuerte como hubiéramos deseado. 
Pero el optimismo al que me referí anteriormente se debe a que, si consideramos que tenemos el factor humano más preparado del planeta y a esto le unimos el hecho de que estamos construyendo un entorno de estabilidad macroeconómica de una excelente calidad, obtenemos un resultado claro. 
Ya tenemos los agentes, pronto tendremos el medio. 
Y el medio al que me estoy refiriendo, Señorías, es la Unión Económica y Monetaria. 
El marco de estabilidad que se va a crear con ella va a permitir a nuestros agentes competir, como mínimo, en igualdad de condiciones. 
Quiero acabar esta intervención pidiéndoles que perseveren en la colaboración con los gobiernos para conseguir los objetivos marcados y que perseveremos también en la labor de dar a conocer a la opinión pública el por qué de embarcarnos en un proyecto de esta naturaleza histórica. 
Señor Presidente, señor Comisario, feminizar los Fondos estructurales, integrar la igualdad de oportunidades en sus criterios de aplicación es la propuesta que la Comisión de Derechos de la Mujer y el Grupo PPE hace sobre esta comunicación relativa a las intervenciones estructurales y el empleo. 
Los Fondos estructurales tienen como objetivo reducir las disparidades regionales, determinadas en función de los ingresos y el paro. 
Y es evidente que el desempleo afecta mucho más a las mujeres. 
Solicitamos, pues, criterios innovadores y mayor flexibilidad en la aplicación de los Fondos estructurales. 
Es necesario simplificar las reglas que los rigen, que son muy restrictivas y burocráticas; promover la igualdad de oportunidades como criterio de calidad humana en el uso de los Fondos, fomentar la igualdad de oportunidades en la formación profesional y la educación en la utilización de nuevas tecnologías, en la artesanía y en la puesta en marcha de nuevas empresas. 
Revisar las condiciones de aplicación de los Fondos implicaría cambios en su utilización, alejándolos, quizás, de las grandes inversiones de infraestructuras para prestar más atención a trabajos de productividad económica, recursos humanos e iniciativas locales de empleo. 
Agradecemos al ponente, Sr. Lage, que haya incorporado en su informe la oportunidad de llevar a cabo medidas especiales de apoyo a las mujeres desempleadas, de reorganización del tiempo de trabajo, de la ocupación parcial y de apoyo y acompañamiento a las PYME creadas por mujeres. 
La creación de empleo va unida al desarrollo de infraestructuras y servicios que permitan conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares para sacar a las mujeres de su aislamiento social y buscar nuevas alternativas a esquemas laborales tradicionales. 
Las mujeres somos pioneras en nuevas concepciones de la organización del trabajo, imprescindibles y necesarias para que el empleo, mediante un enfoque coordinado de medidas económicas y estructurales, se convierta en el deseado «pacto de confianza». 
Es en este marco innovador que pedimos integrar la igualdad de oportunidades en las políticas de fomento de empleo y desarrollo local, a través de los Fondos estructurales, ya que, encuanto a paro, las mujeres son el sector más desfavorecido. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos los que han hecho contribuciones al debate y decir unas palabras de agradecimiento particular al Sr. Wolf por su excelente informe. 
El empleo no es sólo un problema muy importante para la Unión, sino que, además, es muy complicado y tiene muchos aspectos estrechamente vinculados, como ha demostrado el interesantísimo debate celebrado esta mañana. 
El Sr. Wolf ha presentado un análisis detenido y completo del Informe de la Comisión relativo al empleo en Europa y me complace en particular que estemos de acuerdo en tantos aspectos de la estrategia que estamos aplicando. 
El Sr. Wolf y muchos otros diputados han presentado varias propuestas suplementarias y algunas críticas. 
Acojo con beneplácito ambas cosas y creo que constituyen una base para que saquemos adelante nuestra estrategia en el futuro. 
El Informe relativo al Empleo en Europa ha llegado a ser un gran acontecimiento en el calendario anual de la Comisión y en época reciente ha cambiado de estructura y de presentación. 
Los cambios se deben a muchas de las observaciones hechas por el Parlamento Europeo en años anteriores. 
Es un documento más breve y versa sobre reflexiones relativas a la formulación de políticas basadas en el análisis. 
En particular, versa sobre lo siguiente: presentar una descripción sucinta de los principales mensajes analíticos del informe, dar una idea de la postura principal en materia de formulación de políticas en los Estados miembros y en los diferentes sectores de la formulación de políticas y, por último- y se trata de lo más importante -, presentar las opiniones de la Comisión sobre las principales conclusiones en materia de formulación de políticas, que hemos titulado «La necesidad de acción». 
Muchos oradores han subrayado la necesidad de la adopción de medidas y han ofrecido una lista impresionante de medidas que podrían y deberían adoptar los Estados miembros. 
Todos tienen que participar en ese proceso y complacerá a Sus Señorías saber que en los programas multianuales se ha adoptado esa posición precisamente, que se ha presentado recientemente a la Comisión. 
De modo que estamos logrando avances, pero no son suficientes. 
El informe del Sr. Wolf indica atinadamente que los aspectos macroeconómicos de la estrategia inspiran algunos motivos de preocupación y los Estados miembros afrontan limitaciones en la aplicación de su política. 
Afrontan difíciles opciones, pero debemos perseverar o seguiremos perdiendo crédito en ese sector. 
Los Estados miembros han integrado ahora la estrategia en sus programas multianuales y estamos comprometidos con la acción en pro del desempleo. 
Esperamos que lograremos grandes avances en Dublín, donde se dará impulso a la continuación de dicha estrategia en el futuro. 
El informe Lage debe hacernos comprender que el problema del desempleo no estriba sólo en aspectos macroeconómicos exclusivamente, nos presenta otros aspectos estructurales de la estrategia. 
Quisiera felicitar al Sr. Lage por ese excelente documento. 
Aceptamos la tesis principal de la resolución resultante y quisiéramos hacer algunas observaciones al respecto. 
El Parlamento ha comprendido plenamente el objetivo de la Comisión por lo que se refiere al aumento del componente del empleo en los Fondos estructurales. 
Muchos de los que han hecho contribuciones hoy han hablado de conseguir un mejor rendimiento de los Fondos estructurales y de utilizarlos mejor, cosa en la que estoy de acuerdo. 
El Sr. Lage subraya también que se trata de una política a largo plazo y subraya en particular la necesidad de impulsar el desarrollo local y la creación de pequeñas empresas. También estamos de acuerdo con eso. 
La forma más eficaz de alcanzar dicho objetivo es mediante el partenariado. 
El partenariado con los Estados miembros que financian en parte los programas que están vinculados con la asistencia con cargo a los Fondos estructurales. 
Partenariado con el comité de supervisión para fortalecer su gestión de los programas. 
La Comisión es partidaria de una profundización y ampliación del partenariado para que abarque a todos los participantes en las esferas económicas y sociales. 
Muchos diputados que han hecho contribuciones hoy han mencionado concretamente los pactos territoriales. 
Se están examinando unas 60 medidas experimentales y quisiera decir a la Sra. McCarthy que el único país que aún no ha presentado su proyecto experimental es el Reino Unido, pero estamos trabajando con la esperanza de modificar esa situación. 
Igualmente importante es la necesidad de mejorar las disposiciones encaminadas a calibrar las repercusiones de la asistencia para el empleo. 
Se trata de un asunto complejo, que versa sobre los puestos de trabajo creados y salvaguardados, los puestos de trabajo creados directa e indirectamente, los puestos de trabajo permanentes y temporales, el trabajo con jornada completa y jornada parcial, la cuestión del desplazamiento y, naturalmente, el efecto del peso muerto. 
La Comisión se propone lograr avances sobre esa cuestión mediante el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre evaluación y el programa de medios. 
A ese respecto vale la pena observar que la Comisión ha propuesto directrices cuantificadas a los Estados miembros para el nuevo período del objetivo II a fin de mejorar la evaluación previa y posterior de esa asistencia en materia de creación de empleo y mantenimiento del empleo. 
La Comisión aprovechará la oportunidad que brinda el examen a mitad de período para insistir en particular en la aplicación de los puntos expuestos en la comunicación de la Comisión. 
Para concluir respecto de este informe, quisiera expresar de nuevo mi agradecimiento al Parlamento y al Sr. Lage por el respaldo que ha dado a la Comisión mediante este informe. 
Por último, el informe Ribeiro y la cuestión de las prestaciones de jubilación anticipada. 
La Comisión acoge con beneplácito la positiva actitud del Parlamento Europeo sobre esta propuesta y compartimos totalmente la opinión de la comisión de que la coordinación comunitaria de los planes de seguridad nacionales debe hacerse extensiva a las prestaciones relativas a la jubilación anticipada. 
Los planes nacionales que introducen esa clase de prestación a los trabajadores desempleados que no han llegado a la edad de la jubilación difieren en gran medida y la falta de coordinación entre ellos puede crear, de hecho, dificultades para aquellos de dichos trabajadores que residan en un Estado miembro distinto de aquel en el que se les conceda la prestación. 
En su informe el Sr. Ribeiro proponía que se concediera carácter prioritario a la tarea de la comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes de abordar los problemas de los trabajadores fronterizos. 
La Comisión es totalmente consciente de la necesidad de abordar esa categoría de trabajadores en particular. 
Sin embargo, la comisión administrativa es ya competente para abordar todos los problemas relacionados con la aplicación del sistema de coordinación de la Comunidad, incluidos los de los trabajadores fronterizos. 
En opinión de la Comisión, no parece apropiado mencionar dentro de esa tarea una categoría concreta sin hacer referencia a otras, tales como las de los jubilados y los trabajadores y estudiantes desplazados y en esas circunstancias la Comisión no estaría dispuesta a seguir la propuesta de la ponente de una enmienda a ese respecto. 
Quisiera concluir diciendo al Sr. Cassidy que no voy a apoyar el cambio de título del informe. 
Lo veo desde un punto de vista bastante más positivo, en el sentido de que podemos abordar las dificultades originadas por el desempleo y disponer de un auténtico informe sobre el empleo del que hablar cuando acudimos periódicamente ante el Parlamento. 
Estoy absolutamente de acuerdo con la observación que ha hecho sobre el prejuicio respecto de la edad y creo que se trata de un asunto sobre el que versarán muchos debates celebrados en esta Asamblea en el futuro. 
El debate queda cerrado. 
Ahora vamos a pasar el turno de votaciones. 
Votaciones 
Señor Presidente, en el debate de ayer, el Comisario competente, Sr. De Silguy, aceptó volver a examinar las enmiendas que se votan hoy, con la perspectiva de aprobar un número mayor del que anunció ayer. 
Espero que así se haga, de manera que las enmiendas votadas hoy sean aprobadas en buen número. 
Quiero subrayar una vez más que el motivo de presentarlas es facilitar el trabajo de la Comisión para que estos reglamentos lleguen a aplicarse, porque no son aplicables en la forma que se presentaron inicialmente. 
Quiero instar una vez más a la Comisión a que considere este tema. 
Será informado de las preocupaciones de los diputados. 
Estimados colegas, les ruego comprensión. 
Hemos tenido que negociar este informe con bastante prisa en la comisión. 
Existía aún un resto de negociaciones de compromiso. 
He podido llegar a un acuerdo con los liberales para recoger su enmienda, si bien, modificada. 
Sería del siguiente tenor- tomo el texto inglés sobre el que hemos negociado :... are leading to extraordinary increases in productivity. 
El resto se suprime y se sustituye por las siguientes palabras :... so that a policy ist needed to make sure that there is a positive balance between productivity development and job creation. 
Es más claro que el texto original. 
Por ello, recomiendo a la Asamblea que lo apruebe. 
Para los liberales quizás no sea totalmente satisfactorio pero la mayoría podrá aceptarlo. 
Es correcto. 
Apartado 19 
Señor Presidente, teníamos el problema de que se habían producido dificultades a causa del aguzamiento contenido en la enmienda, por lo que nos pusimos de acuerdo en un compromiso. 
En la segunda parte de la frase se dice :... reiterates its call for seriously studying new models of taxation capable of counteracting this tendency as well as an improved control of derivatives. 
Este añadido seriously studying new models of taxation capable of counteracting this tendency sustituye la formulación controvertida que figuraba en el texto original; es susceptible de consenso y para mí sería aceptable. 
Señor Presidente, los derivados no habían sido acordados y celebraría que se votara primero sobre nuestra enmienda, y si no se aprueba, aceptaremos el texto. 
Para nosotros es crucial, porque de ello depende nuestra votación final. 
Entonces quiero preguntar a la Sra. Boogerd-Quaak si acepta que realicemos una votación por separado sobre el punto as well as improved control of derivatives y que coloquemos el compromiso sobre esta base. 
Señor Presidente, quisiera protestar por esta forma de trabajar. 
Lo que está sucediendo es una labor que debería haberse hecho en comisión, y me parece completamente anormal que en el momento de la votación, las querellas de grupo se expongan ante el Parlamento cuando nos disponemos a votar. 
Le ruego que haga respetar el Reglamento que consiste simplemente en votar, sin que pasemos horas votando sobre la formulación de frases sobre las que los Grupos no están de acuerdo. 
Señor Presidente, acabamos de acordar y ha sido bien acogido aquí, que no volveríamos a tratar las propuestas orales. 
Por consiguiente, tampoco es posible votarlas. 
Es decir, o votamos el texto original u otra cosa. 
Señor Presidente, si permite usted que se vote sobre otra cosa, todos nos levantaremos y nos opondremos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
En primer lugar quiero felicitar al ponente por su excelente informe que expone claramente la importancia del Acuerdo para el sector pesquero europeo. 
El número de barcos que van a poder pescar en el futuro en agua mauritanas va a aumentar sensiblemente; las toneladas de registro brutas se van más que a duplicar. 
El acuerdo garantiza muchos puestos de trabajo directos y aún más puestos de trabajo indirectos en Europa y en Mauritania. 
Por ello, mi grupo político va a dar su voto afirmativo al acuerdo. 
No obstante, hay un aspecto que nos preocupa mucho. 
En esta ocasión no se trata tanto de la comunicación demasiado tardía del Reglamento por parte del Consejo, lo que nos dificulta enormemente el trabajo en el Parlamento. 
La participación del Parlamento en el proceso decisorio se convierte de este modo en una farsa. 
La precipitación causada por el Consejo hace también que hoy debamos decidir sobre este importante acuerdo sin debate. 
En el futuro no vamos a permitir este menosprecio de los derechos del Parlamento Europeo. 
Deseo destacar otro aspecto: el fundamento jurídico. 
La Comisión Europea eligió como fundamento jurídico para este reglamento el procedimiento del dictamen conforme, lo que hizo por unas buenas razones. 
Este acuerdo de pesca no es solamente el segundo en importancia que la Comunidad Europea concluye con un tercer Estado, sino que a la CE le cuesta al fin y al cabo 266, 8 millones de ecus, con un desembolso anual de 55 millones de ecus. 
Pero el Consejo ha cambiado el fundamento jurídico de la Comisión en un simple procedimiento de consulta. 
Protestamos enérgicamente. 
Por recomendación de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, la Comisión de Pesca ha elaborado su opinión en base al procedimiento de dictamen conforme. 
Si el Consejo no lo acepta, deberemos recapacitar sobre los pasos a dar. 
Desde hace tiempo sigo este asunto jurídico. 
Ya en el Acuerdo con Groenlandia, la UE evitó sabiamente acudir al Tribunal Europeo de Justicia para llenar la laguna de interpretación del artículo 228 con motivo de un acuerdo interinstitucional. 
Cuando en su día escribí la opinión sobre la Conferencia Intergubernamental en nombre de la Comisión de Pesca, el empleo general del procedimiento de dictamen conforme era un asunto central para los acuerdos internacionales. 
Lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido de la Conferencia Intergubernamental ninguna señal positiva al respecto. 
No puede ser que el apartado 1 del artículo 228 (3) sobre las «considerables repercusiones financieras» quede eternamente sin consecuencias legislativas para nosotros. 
Habría que recurrir al Tribunal Europeo de Justicia. 
Informe Belleré (A4-0333/96) 
En primer lugar, debemos agradecer a la Comisión Europea que haya mantenido su compromiso y nos haya hecho llegar, en anexo a su propuesta, un informe sobre la aplicación de la hora de verano en la Unión Europea. 
Dicho informe refleja las dificultades del ejercicio. 
El informe sobre las ventajas e inconvenientes, tanto si se basan en los aspectos económicos, como en los aspectos sociales, apoya la idea según la cual nos encontramos en plena aplicación del principio de subsidiaridad. 
Sería, por consiguiente, lógico que nuestras propuestas se basaran en una armonización, un acercamiento y no en una uniformación. 
Subrayo, pues, el trabajo de nuestro ponente, y me adhiero a una armonización del período de aplicación de la hora de verano, en cuyo cumplimiento la Comisión Europea tenga la función de vigilar las diferencias horarias entre los Estados miembros limítrofes para que éstas no sobrepasen una hora. 
informe Christodoulou (A4-0371/96) 
Señor Presidente, quisiera simplemente hacer constar la opinión política del Grupo Liberal. 
Nos hemos abstenido respecto de los dos informes Christodoulou y ha sido para indicar nuestras diferencias políticas con otros colegas sobre una cuestión fundamental. 
Consideramos que se han suavizado innecesariamente las enmiendas del Parlamento, lo que constituye una cuestión política profundamente delicada en el camino hacia la UEM. 
De hecho, mientras que temíamos que el Consejo Ecofin, sometido a cierta coacción, quisiera endurecer innecesariamente lo propuesto por la Comisión, cosa que esperamos no suceda, creemos que el Parlamento acaba de votar un conjunto de enmiendas que van innecesariamente en la dirección opuesta. 
A eso se debe nuestra abstención sobre los dos informes. 
Puesto que pensamos que no debe realizarse la Unión Económica y Monetaria, hemos decidido abstenernos en la votación sobre este informe. 
El informe suaviza ciertamente el documento de la Comisión sobre el programa de estabilidad para los Estados miembros, pero pensamos que un «pacto de estabilidad» es tan dañino para la economía que no podemos apoyar ninguna propuesta, suavizada o no, que tenga dicho pacto como punto de partida. 
Nos declaramos hostiles a un pacto de adhesión y de recesión. 
Es inconcebible, tanto desde el punto de vista social como el económico, aplicar simultáneamente una política monetaria y de cambio con políticas presupuestarias demasiado rigurosas. 
De ello cabe esperar una zona de depresión desfavorable para el activo y, por lo tanto, para la situación (tanto en términos de ingresos como de empleo) de los más modestos de entre nosotros. 
Los trabajadores no deben servir de variable de ajuste, ya sea bajo la forma de un rigor salarial excesivo o del paro. 
Ahora bien, la severidad del mecanismo de sanciones presupuestarias previsto por el pacto de estabilidad tendrá efectos nocivos. 
Además, y estigmatizando a las autoridades nacionales, el pacto de estabilidad proporcionará una coartada al Banco Central Europeo (BCE) para sancionar mediante una subida del tipo de interés europeo la deriva accidental de uno o varios Estados miembros. 
Esto vendrá a reforzar la sobrevaloración de nuestras divisas con respecto al dólar, una sobrevaloración que es ya del orden del 40 % en términos de paridad del poder adquisitivo. 
Por otra parte, sancionar financieramente a un Estado en déficit puede ser ilógico e, incluso, peligroso; en vez de una sanción financiera que venga a agravar aún su déficit y lo exponga a la comunidad financiera internacional, lo que el Estado «infractor» necesita son programas de ayuda. 
En cambio es indispensable crear un gobierno europeo que sea un auténtico contrapoder «político» en el polo tecnocrático que representa la autoridad monetaria única. 
Habida cuenta de la «cultura ortodoxa» de los ministros de Economía y Finanzas, ¿podemos suponer realmente que el Consejo Ecofin constituirá un contrapoder político frente al BCE? 
¿No son redundantes los banqueros centrales y los ministros monetarios? 
Rechazamos la concepción restrictiva de un pacto de estabilidad que prive a los gobiernos de la Unión Europea de sus márgenes de acción presupuestaria. 
Estamos a favor de un pacto de solidaridad y de crecimiento que se base en una política a favor del empleo, el progreso y la cohesión social. 
El informe Christodoulou va en el sentido que deseamos. Hace hincapié en algunos puntos que la Comisión ha pasado por alto en sus propuestas de reglamento: crecimiento, empleo y necesidad de inversiones públicas. 
El informe subraya que subordinar el instrumento presupuestario al objetivo único y exclusivo de la estabilidad monetaria limita las posibilidades de la política de crecimiento. 
Por consiguiente es indispensable precisar en el segundo considerando que las políticas presupuestarias nacionales deberán definirse también de manera que permitan inversiones públicas suficientes que contribuyan a apoyar el crecimiento y el empleo. 
Además, el informe ofrece una mejor definición de la noción de «déficit excepcional y temporal» que recoge la letra a) del apartado 2 del artículo 104 C del Tratado, que en la definición de la Comisión es demasiado restrictiva. 
Una definición como ésta debe tener en cuenta las obligaciones constitucionales fundamentales de los Estados miembros en la perspectiva de acciones encaminadas a hacer frente a situaciones de desempleo en alza o bien a salvaguardar su integridad territorial. 
El informe Christodoulou tiende legítimamente también a asociar más estrechamente los parlamentos nacionales al proceso de aprobación por parte de los Estados miembros de los programas de estabilidad y a permitir una mayor información del Parlamento Europeo. 
Por último, dedica mayor atención a la situación de los Estados miembros que no participarán en la UEM, pero que tienen vocación de participar. 
El pacto de estabilidad que nos piden que aprobemos, en la forma de dos propuestas de reglamento del Consejo, tendría por objeto garantizar que la convergencia presupuestaria de los países participantes en el euro sea sostenible, incluso después de la entrada en vigor de la moneda única. 
Para lograrlo nos proponen, bajo el bello nombre de «pacto» , todo un arsenal de dispositivos de espíritu burocrático y represivo, que permita a la Comisión y al Consejo castigar a los Estados, como si de niños irresponsables se tratara, si sus realizaciones presupuestarias no se ajusten a los «programas de estabilidad» presentados de antemano y a los criterios que establece el Tratado. 
En nuestra opinión, este procedimiento plantea graves problemas de fondo y de forma. 
En primer lugar, la propia noción de «pacto de estabilidad» pone de manifiesto la falta en Europa de las condiciones estructurales necesarias para el establecimiento de una moneda única. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, no existe un «pacto de estabilidad federal». 
Si nuestros federalistas sienten la necesidad de que exista uno en Europa, es porque saben perfectamente que tendrán que organizar una convergencia rigurosa y acelerada para intentar suplir, cuanto antes, las diferencias entre los países miembros e impedir las divergencias espontáneas. 
En otras palabras, el pacto de estabilidad es la apuesta de que la voluntad política puede suplir las divergencias derivadas de la pluralidad de los pueblos y de las diferencias de sus estructuras económicas y sociales; es la apuesta de que se puede lograr la moneda única políticamente, aunque no se den las condiciones reales. 
Además, ¿de dónde viene esa «voluntad política» que permitiría realizar la moneda única fuera de sus condiciones reales? 
No viene de los pueblos que, a pesar de haber aprobado Maastricht, hoy manifiestan sus dudas sobre la continuación del proceso. 
En realidad es la voluntad de los gobiernos, que son prisioneros de compromisos desconsiderados que ahora quieren mantener sin sus pueblos y, si fuera necesario, en contra de ellos. 
A estas cuestiones de fondo, que no son baladí, se suman las dudas jurídicas sobre la solidez de los fundamentos jurídicos de los procedimientos propuestos. 
Por ejemplo, no vemos cómo el apartado 5 del artículo 103 podría proporcionar el fundamento de la obligación de presentar «programas de estabilidad» imponibles a los países que participen en el euro; no vemos cómo el segundo párrafo del apartado 14 del artículo 104 C podría permitir adoptar «disposiciones adicionales» al protocolo 5; no vemos qué texto daría derecho a la Comunidad a endurecer y acelerar los procedimientos represivos ya suficientemente descritos por los Tratados. 
Estos ejemplos- y, lamentablemente, podríamos citar otros más- ilustran la dificultad de hacer coincidir la letra del Tratado con el pacto de estabilidad, simplemente porque éste no había sido previsto en un comienzo. 
Y si no había sido previsto, es porque el proyecto de Maastricht había sido redactado en total desconocimiento de las auténticas condiciones de realización de una moneda única. 
Evidentemente, esta atestiguación arroja dudas sobre la solidez jurídica de la unificación en marcha. 
En Francia, en particular, el Consejo Constitucional estimaba en 1992 que la moneda única podría poner en cuestión las condiciones fundamentales para el ejercicio de la soberanía nacional, de manera que hubiera sido necesario modificar la Constitución para incluir en ella nuevas disposiciones monetarias. 
Pero, ni que decir tiene que dichas disposiciones deben considerarse limitadoras, ya que derogan la Constitución. 
Por lo tanto, ¿con qué juego de manos quieren imponernos hoy una concepción amplia, que extraiga un pacto de estabilidad represivo de unos textos que no lo habían previsto de manera expresa? 
En materia de moneda única, lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Habida cuenta de que doce de los quince Estados son aptos para entrar en el sistema, sería absurdo permitir que todo se vaya a pique por una concepción ideológica, doctrinaria y económicamente deflacionista de la aplicación de los criterios del Tratado de Maastricht. 
Actualmente, en todos los Estados candidatos a la moneda única se ha controlado la inflación al precio de un paro estructural persistente. 
Debemos preservar los medios de una acción económica de reactivación y no contribuir a ponerle el punto final. 
Añadir al Tratado de Maastricht una interpretación restrictiva sería un sinsentido social, económico y político. 
Reconocemos que desde hace diez años practicamos una política de rigor económico, y lo asumimos, conscientes de la necesidad de sanear nuestras finanzas y nuestras economías y para garantizar las bases de un desarrollo sostenible. 
Redoblar una política de austeridad a destiempo no sólo sería absurdo, sino prácticamente suicida para la Unión Económica y Monetaria que queremos crear. 
El informe contiene enmiendas al Reglamento del Consejo sobre el fortalecimiento de la supervisión y de la coordinación de las finanzas del sector público, además del Reglamento sobre la agilización y clarificación del procedimiento de déficit excesivo. 
Puesto que estamos en contra de la realización de la UEM, y este informe trata de los instrumentos técnicos en torno a la unión monetaria, no podemos votar a favor de ningúna de sus partes. 
Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe Christodoulou. 
El informe expresa nuestro deseo de que la construcción de la Unión Económica y Monetaria se realice de forma más equilibrada y ponderada en muchos sentidos. 
En calidad de daneses, nos preocupa mucho que se respete la excepción exigida por la población danesa para su adhesión a la tercera fase de la UEM. 
Queda claro que los países con excepciones han de ser respetados, sin perjuicio de que sean tratados en plano de igualdad con los demás si posteriormente desean entrar. 
Como socialdemócratas, nos alegra que las consideraciones sociales sean tenidas en cuenta en la política económica a escala europea. 
Las economías fuertes no son únicamente las que tienen un bajo índice de inflación, sino también las economías con crecimiento, con un alto nivel de empleo y con recursos para un sector público decente que funciona bien. 
El informe es, por lo tanto, un paso en el camino para una UE que tome en serio los deseos de los ciudadanos. 
Informe Herman (A4-0375/96) 
Dado que pensamos que Suecia no debe participar en la Unión Económica y Monetaria, nos abstenemos de participar en la votación sobre la configuración técnica del euro. 
La sexta enmienda del informe está formulada como si todo el proyecto de la UEM lo hubiesen diseñado y decidido los Estados miembros de la UE y sus ciudadanos. 
Se establece que «los Estados miembros tomarán las medidas necesarias, conjuntamente con las organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores pertinentes, para informar, aconsejar y preparar a la introducción del euro». 
En este contexto queremos señalar que, en nuestra opinión, al menos tres Estados miembros creen detentar ellos mismos el derecho a adoptar decisiones en torno a la introducción del euro. 
Hay muchos otros Estados donde las decisiones previas se han tomado por encima de los ciudadanos, pero donde seguramente estos ciudadanos no desean que se les presenten unos hechos consumados antes de que se celebre un referendum o se decida la cuestión mediante unas elecciones parlamentarias. 
Las propuestas de reglamento relativas a la introducción del euro suponen dos manipulaciones, una, lamentablemente, habitual, la otra, inédita y monstruosa. 
La primera consiste en utilizar el artículo 235- disposición perversa que permite al Consejo adoptar medidas de acción, a pesar de que el Tratado no prevé nada en ese sentido- para dar fundamento jurídico a uno de los dos reglamentos, en lugar del apartado 4 del artículo 109 L, relativo a la entrada en vigor de la tercera fase, como habría sido lo natural. 
La Comisión nos explica hipócritamente que esta última disposición no sería aplicable hasta llegado el día en que comience la tercera fase y que, mientras tanto, había que encontrar otra cosa. 
Esta respuesta no disipa nuestras objeciones contra el artículo 235 y, además, pone en evidencia los increíbles defectos de redacción de que adolece la parte monetaria del Tratado. 
Si sumamos este defecto del fundamento jurídico a aquellos que ya hemos señalado con ocasión de la presentación del informe del Sr. Chritodoulou, relativos a los programas de estabilidad, los suplementos al procedimiento de déficits excesivos, las sanciones sin reciprocidad, el endurecimiento de los procedimientos, el resultado es mucho, y uno acaba por preguntarse, como sugiere muy honestamente el ponente Fernand Herman con respecto al nombre de la moneda única, si no sería mejor volver con franqueza ante los parlamentos nacionales, para aclarar todas estas oscuridades. 
La segunda manipulación consiste en querer cambiar el nombre de la moneda única de ecu a euro- lo que equivale jurídicamente a una revisión del Tratado- pasando, precisamente, por el artículo 235. 
Ahora bien, el Tribunal de Justicia de las Comunidades, en su dictamen de 28 de marzo de 1996, especifica que dicho artículo no puede servir para decidir «una modificación del Tratado que escape al procedimiento que éste prevé a tal efecto». 
El Consejo y la Comisión se encuentran en un callejón sin salida, cuyas consecuencias sobrepasan el marco limitado de denominación de la moneda, y extiende sus ramificaciones hasta la cualificación de los futuros derechos de los deudores de obligaciones en ecus. 
Con objeto de oponerme a esta manipulación y en calidad de ciudadano francés, he interpuesto un recurso de anulación que fue inscrito el pasado 4 de noviembre en el Tribunal de Justicia, contra el cambio de nombre de la moneda europea. 
No hay duda de que las reacciones se multiplicarán. 
Si el Consejo quiere evitar temibles problemas sobre este asunto y sobre todo lo demás, le aconsejo una vez más que vuelva ante los parlamentos nacionales. 
Ya veremos lo que ellos piensan. 
El informe trata en líneas generales sobre las modificaciones técnicas de la propuesta de la Comisión sobre el Reglamento del Consejo relativo a ciertas disposiciones concernientes a la introducción del euro. 
Los diputados firmantes se abstienen de votar, puesto que están en contra de la Unión Monetaria y de que se introduzca el euro como moneda común. 
El informe propone, no obstante, unas mejoras a la propuesta de la Comisión, a través de una mayor información a los consumidores y de una ampliación del periodo de doble fijación de precios. 
Informe Metten (A4-0379/96) 
Puesto que no pensamos que la Unión Económica y Monetaria sea una buena idea para Europa, nos abstenemos de participar en la votación. 
No obstante, nos parece un detalle simpático que el informe desee que se interprete la aplicación de los criterios de convergencia de una forma generosa. 
Sin embargo, queremos destacar que, aparte de que Dinamarca y Gran Bretaña tienen claúsulas especiales en lo referente a la participación en la UEM, Suecia ha declarado que la decisión sobre la participación sueca en la UEM la adoptará el pueblo sueco. 
En nuestra opinión, la mejor forma de llevarlo a cabo es mediante un referendum. 
Con el pretexto de aprobar la recomendación del Consejo que debe constatar a finales de 1996 que una mayoría de los Estados miembros no reúne aún las condiciones necesarias para adoptar la moneda única, el informe Metten brinda al Parlamento Europeo la ocasión de transmitir otro mensaje mucho más político: el Consejo no debería limitarse a una «aplicación estrictamente aritmética» de los criterios de convergencia, sino que, por el contrario, debería «explotar sin reservas» los márgenes de apreciación recogidos en el Tratado. 
Ahora bien, éstos resultan finalmente muy numerosos. 
El objetivo anunciado por el Parlamento consiste en permitir a una «mayoría de Estados miembros» entrar en la tercera fase de la UEM desde el 1 de enero de 1999. 
Nuestra Asamblea toma así partido en una disputa que regularmente se convierte en tema principal de la prensa, pero que no deja de ser una disputa falsa. 
Por un lado, es cierto que Alemania y los gestores más estrictos son partidarios de una interpretación rigurosa de los criterios, con el riesgo de aislar el euro en una zona geográfica limitada, a la que, a fin de cuentas, no aportará gran cosa, aparte de más rigidez. 
Por otro, la mayoría de los Estados miembros parecen preferir una interpretación más flexible que permita establecer una moneda con una amplia base europea, con el riesgo evidente (aunque ¿lo consideran como tal? de que su comportamiento sea menos bueno en los mercados de valores internacionales. 
Para nosotros se trata de una falsa disputa, porque los criterios que se discuten, por muy interesantes que sean, no hacen sino aflorar el argumento esencial, el único que cuenta, pero que no se cita jamás en el Tratado es: ¿forman los países en cuestión una zona monetaria óptima? 
Una zona semejante se define mediante la homogeneidad de sus estructuras, la movilidad de los factores de producción, en particular del trabajo, la capacidad de redistribución interregional, la adhesión de la población a valores y objetivos comunes que condicionan reacciones no divergentes por su parte ante la aparición de problemas. 
En una palabra, ¿constituyen los habitantes de dichos países un solo pueblo? 
En lo que respecta a la Europa de hoy, la respuesta es no. 
En semejantes condiciones resulta un poco vano discutir sin fin para saber si, por ejemplo, un déficit «próximo al 3 %» (según el apartado 2 del artículo 104 C) puede llegar hasta el 3, 2 o hasta el 3, 6 %. 
El informe aborda la problemática en torno a la interpretación de los criterios de convergencia, y propone una versión suavizada en comparación con la anterior, con el fin de que sea una mayoría de países la que suba al tren de la UEM desde el comienzo. 
Dado que pensamos que la UEM es un proyecto de alto riesgo político y económico, que crea marginación social, desempleo e inestabilidad en la sociedad y que por ello no debería realizarse, no votaremos a favor del informe. 
Considerando el compromiso nacional y el acuerdo de Edimburgo, los socialdemócratas daneses no pueden aceptar el informe, que va en contra de las excepciones para Dinamarca. 
La intromisión por parte de la UE en las decisiones de los Estados miembros que gozan de excepciones en lo que respecta a la construcción de la UEM relativas a la gestión de las mismas infringe sencillamente el derecho nacional de autodeterminación. 
Informe Hoppenstedt (A4-0352/96) 
No damos nuestro respaldo al criterio de convergencia del informe relativo al requisito de la adhesión obligatoria al mecanismo de cambio del SME durante dos años sin devaluaciones. 
Pensamos que lo único que se deduce de la lectura del artículo 109j es que el requisito que se plantea a los Estados miembros para su entrada en la tercera etapa de la UEM, es que no se haya producido ninguna devaluación de la moneda de un Estado en relación con las monedas de los otros Estados miembros, y que se haya respetado la banda de fluctuación normal. 
No se deduce de la lectura de ningún artículo, ni del Tratado ni del protocolo anejo, que exista requisito alguno de adhesión formal al SME. 
Como ya he expuesto en mis explicaciones de voto sobre los diferentes informes relativos a la moneda única presentados en el transcurso de este período parcial de sesiones, aquellos que quieren poner en marcha este proyecto se enfrentan hoy a múltiples dificultades, de Derecho (fundamentos jurídicos inadecuados para numerosas medidas de aplicación que, sin embargo, son necesarias) , o bien de fondo (naturaleza exacta del sistema monetario adoptado en Maastricht, uniforme o diferenciado, igualitario o no igualitario). 
Estas dificultades deberían conducir, si se escucha la voz de la cordura, a recurrir a los parlamentos nacionales para que vuelvan a examinar las disposiciones relativas a la Unión Monetaria. 
Sin embargo, tal vez nos respondan que no queda tiempo suficiente hasta comienzos de 1998, período en el que el Consejo debe elegir a los países miembros destinados a participar en la tercera fase que comenzará el 1 de enero de 1999. 
En efecto, los apartados 3 y 4 del artículo 109 J no dicen, como a menudo se quiere hacer creer, que la tercera fase comenzará automáticamente el 1 de enero de 1999 si no se ha decidido así el 1 de enero de 1997. 
Por el contrario, dejan un margen de maniobra adicional: si el Consejo reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno no ha reconocido antes del 31 de diciembre de 1996 (se trataría del Consejo de Dublín) que una mayoría de Estados miembros cumple las condiciones para acceder a la moneda única, y si no ha decidido que conviene entrar en la tercera fase, le queda aún todo el año 1997, según el apartado 4, para decidir la fecha de entrada en vigor. 
Y únicamente en el caso de que no haya hecho nada en este sentido antes del 31 de diciembre de 1997, la entrada en vigor se fijará automáticamente en el 1 de enero de 1999. 
Solicitamos, por consiguiente, al Consejo de Dublín que dé prueba de su lucidez en interés de la Unión y se abstenga de confirmar la fecha del 1 de enero de 1999, a diferencia de lo que hicieron imprudentemente los Consejos de Florencia y de Madrid. 
De esta forma dispondríamos de tiempo para plantear ante los parlamentos nacionales los problemas reales. 
Informe Harrison (A4-0374/96) 
Damos la bienvenida a la iniciativa del informe de que se relacione la política monetaria con el nivel de desempleo, y no sólo con la estabilidad de precios. 
Sin embargo, estamos en contra del informe, sobre todo por dos motivos: En el apartado 5 se habla de la ampliación del presupuesto de la Unión. Éste es un aspecto federalista que no podemos apoyar. 
El motivo principal de que no podamos votar en favor del informe es, no obstante, que su idea de base es que la UEM tiene que ser el fundamento de la política financiera común. 
Nosotros pensamos que la política monetaria y financiera se resuelve perfectamente en un plano nacional. 
El informe Harrison, que acaba de ser aprobado en el Parlamento Europeo, sobre el impacto de las políticas monetarias sobre la economía real ofrece orientaciones bastante contradictorias- aunque, sin duda, intencionadas -, tras las que se dibuja una intención bastante clara: la de desplazar el centro de gravedad de la Unión Monetaria y de la propia Unión, y la de otorgar mayor poder a las instituciones comunitarias, en particular, al Parlamento Europeo. 
Entre las orientaciones contradictorias destacan: 
la doble afirmación que, en la Unión Monetaria, las políticas presupuestarias deben descentralizarse, si bien «es necesario crear los instrumentos para la aplicación de una auténtica política de gasto público de la Unión» ; -el reconocimiento de la justificación de la independencia del Banco Central Europeo (BCE) , pero al mismo tiempo, el llamamiento para que se someta a dicho banco a un «control democrático» ; -sin cuestionar la misión principal del BCE (mantener la estabilidad de precios) , la emergencia de indicadores diferentes (inversiones, salarios, paro... ) que deberían tener en cuenta «las políticas monetarias de los Estados miembros durante el proceso de convergencia».No insistiremos, por falta de tiempo, en el análisis de estas contradicciones, aunque son bastante claras. 
Subrayaremos, en cambio, que como puede verse con demasiada frecuencia en los asuntos europeos, la confusión intencionada permite disimular el avance de ideas, cuyo alcance consideramos inoportuno desvelar ahora por ser demasiado pronto. 
También en este caso tenemos las ideas todavía inoportunas relativas a los complementos políticos e institucionales que serán necesarios para el funcionamiento de la Unión Monetaria, pero que no están previstos claramente en el Tratado de Maastricht, y que no nos atrevemos a exponer demasiado abiertamente por temor de comprometer el proceso: un presupuesto comunitario más voluminoso, la coordinación europea de todas las políticas económicas, una vigilancia multilateral más estricta, el reforzamiento a nivel europeo del control democrático de los bancos centrales (que nos habían presentado como una herejía a nivel nacional). 
Así comienzan a destilarse las consecuencias exorbitantes de la moneda única que, según nos decían, sólo aportaría ventajas, y de la que los ciudadanos descubren ahora progresivamente los inconvenientes y los enormes constreñimientos. 
Nos encontramos ante un texto que amplía el principio de la libre prestación de servicios en el ámbito del transporte de pasajeros por carretera entre los Estados de la Unión Europea. 
Se trata de una de las cuatro libertades fundamentales del Tratado de Roma, libertades que no podemos cuestionar. 
También acojo con reservas las conclusiones de nuestro ponente, o más bien, presento mis reservas sobre el aspecto social. 
En Francia estamos asistiendo a una importante movilización social de los profesionales de la carretera. 
Reivindicaciones sobre el tiempo que deben conducir, sobre la formación, sobre el salario mínimo... 
Esas mismas reivindicaciones estarán al orden del día de los profesionales del transporte de pasajeros, porque nuestro informe no hace suficiente hincapié en las disposiciones sociales. 
Lamento que no haya habido un enfoque común. 
Recomendaciones von Wogau (A4-0372/96 y A4-0373/96) 
Voto a favor de la recomendación de la designación de W. F. Duisenberg como Presidente del Instituto Monetario Europeo. 
No obstante, tengo muchas dudas sobre su candidatura, puesto que en su declaración anterior, e incluso durante la entrevista mantenida en la Comisión de Asuntos Económicos se ha manifestado a favor de la política antiinflacionista y de unos impuestos bajos, lo cual creo que aumentará el desempleo en los países miembros de la Unión Europea. 
Informe Wijsenbeek (A4-0289/96) 
En general, este es un informe de gran calidad. 
Sin embargo, tengo fuertes reservas relativas al apartado 32, donde se afirma que el mejor modo de promover la eficacia es privatizar el transporte colectivo local. 
Los estudios realizados no confirman esta afirmación. 
Por el contrario, el transporte colectivo es tan eficaz como pueda serlo el privado. 
Informe Wolf (A4-0369/96) 
Compartimos la opinión expresada en el informe de que es necesario elaborar una estrategia común en los países miembros con objeto de solucionar el problema creciente del alto nivel de paro y de marginación social, y que este objetivo debe inscribirse en el Tratado. 
Una armonización de este tipo, y la lucha común por promover la creación de empleo, la solidaridad y la cohesión social no deben, por otro lado, llevarnos a largo plazo a tener una política común en términos de mercado de trabajo, ni a una armonización de la política social. 
No compartimos la opinión de que hay que invitar a los Estados miembros a que persigan el objetivo del artículo 2 del Tratado, y a que apliquen un alto grado de convergencia económica. 
Los socialdemócratas del Parlamento Europeo votan a favor del informe Wolf sobre las iniciativas de la Comisión en el ámbito de la política de empleo. 
Somos de la opinión de que la Comisión merece la regañina del informe. 
La Comisión sigue con los ojos clavados en el pasado. La política de empleo europea estaba antes encaminada a luchar contra la inflación, con el convencimiento de que el desempleo desaparecería por sí solo. 
Hoy sabemos que hay que luchar activamente en todos los frentes contra el desempleo, también en Europa. 
Nuestro objetivo al propugnar la cooperación europea es mejorar el bienestar de la gente normal. 
Si la Comisión no comprende lo que significa el desempleo para esta gente, es hora de que el Parlamento se lo cuente. 
Esto nos obliga a tomar los problemas de la gente más en serio y a no limitarnos a exponer teorías económicas que han demostrado no ser válidas. 
Se dicen muchas cosas excelentes en el informe. 
Faltan, sin embargo, las acciones que en mi opinión son centrales para incrementar la creación de empleo en los países de la Unión, a saber: 
1.Inversiones en el sector público. Esto crea empleo, especialmente para la mujer, al tiempo que refuerza la dimensión social.2.Cese de las desregulaciones y privatizaciones. 
Es un mito que aumenten la eficacia en la economía; lo único que aumentan es el paro.3.Objetivos suavizados en torno a la inflación. 
Mientras se siga permitiendo que la lucha contra la inflación domine el ámbito de la política económica en los países miembros, el nivel de paro será elevado. 
Este objetivo debería reemplazarse por uno general de empleo y crecimiento. 
Una inflación moderada, de un 5-7 por ciento, no menoscaba el funcionamiento de la economía.- Informe Lage (A4-0358/96) 
He votado a favor del informe, que encierra varias propuestas excelentes, como la de la reducción del tiempo de trabajo. 
No apoyo sus argumentos, ni la idea de que la UEM cree empleo. 
Por el contrario, existe un gran riesgo de que la UEM nos lleve a un nivel de paro mayor. 
También estoy en contra de la propuesta de la Comisión de que los Fondos estructurales se orienten más hacia la creación de trabajo y no simplemente a crear las condiciones para su existencia. 
Esto puede conducirnos a un mercado de trabajo artificial, dependiente de un apoyo continuo. 
Los «pactos territoriales por el empleo» propuestos por la Comisión adquieren especial relevancia al reconocer la necesidad de emprender una nueva estrategia de abajo hacia arriba e implicar directamente a las autoridades locales y regionales. 
La utilización de los Fondos estructurales debe ir encaminada hacia una mayor creación de empleo, sin escatimar ningún esfuerzo. 
A este fin, debe quedar claro que el objetivo primordial de la política estructural comunitaria no es la creación directa o indirecta de empleo, pues ésta es una polítca a largo plazo; se trata, más bien, de sentar las bases de economías competitivas mediante la mejora de las infraestructuras, del medio ambiente, de la investigación, etc. Así se contribuirá a la creación de puestos de trabajo estables y duraderos. 
De cara a la reforma de los Fondos estructurales en 1999, el criterio del empleo debería tenerse más en cuenta a la hora de fijar los criterios de elegibilidad. 
Coincidimos con el reconocimiento explícito hacia las PYMES en el sentido de considerarlas piezas básicas en la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, lo que significa realizar un esfuerzo de colaboración y ayuda hacia estas empresas. 
Por todo ello, nuestro Grupo ARE apoya el informe Lage. 
A pesar de que somos muy escépticos en cuanto a la conveniencia de tener una política común en torno al mercado de trabajo, votamos en favor de este informe, que incluye unas propuestas para la mejora de la actual situación catástrófica en relación con el empleo. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento. 
(Se levanta la sesión a las 13.05 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 28.11.1996. 
Elogio póstumo 
Señoras y señores, Señorías, lamento tener que comunicarles que esta mañana el Sr. Alain Poher ya no está entre nosotros. 
Alain Poher fue diputado de nuestro Parlamento desde sus orígenes, en 1952. 
Desempeñó más tarde numerosas funciones hasta 1978. 
Fue presidente del grupo demócratacristiano y luego Presidente del Parlamento Europeo, de marzo de 1966 a marzo de 1969. 
A continuación dirigió los destinos del Senado francés. 
El Presidente Poher fue durante toda su vida uno de los más ardientes promotores de la construcción europea. 
Fue su defensor infatigable, sacando las enseñanzas políticas de las catástrofes de la Segunda guerra mundial. 
En nombre del Parlamento Europeo y en el mío propio, deseo expresar mi más sincero pésame a los familiares del Presidente Poher, así como a las autoridades de la República Francesa. 
Les pido seguidamente que le rindamos homenaje guardando un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Pasty, la Asamblea comparte unánimemente su rechazo del delito que se ha perpetrado en Francia, y comparte también su oposición a la banalización del terror en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
En la semana pasada he manifestado al Gobierno francés nuestra condolencia y nuestro rechazo de este atentado. 
Señor Presidente, deseo intervenir sobre una cuestión de orden y, en virtud del apartado 4 del artículo 19 del Reglamento, solicitar su ayuda con carácter de urgencia para el Sr. Ken Wilkinson de Basildon, perteneciente a mi circunscripción. 
Es uno de los, como mínimo, 72 camioneros británicos que han quedado atrapados en Salónica a causa del bloqueo de carreteras organizado por los agricultores griegos. 
He mantenido conversaciones con las autoridades griegas y con los funcionarios del consulado británico durante el fin de semana, y acojo con satisfacción que se haya establecido un servicio de transbordadores para evacuar a los conductores atrapados, y que se pondrá en marcha esta noche. 
No obstante, por el momento no es posible acceder a dichos transbordadores y existe el peligro de que los conductores sean desviados a Atenas y sigan bloqueados. 
Tengo entendido que si no emprenden el regreso antes del miércoles de esta semana, no estarán en casa para Navidad. 
El Sr. Wilkinson y sus colegas se están quedando sin medios materiales y sin combustible, y pasan mucho frío de noche. 
He tenido noticias de que otros conductores están furiosos y no se descarta que se desate una confrontación. 
Señor Presidente, no le pido que comente sobre los detalles de la disputa; le estoy pidiendo que dirija un escrito al Gobierno griego solicitándole que haga todo lo que esté en sus manos para ayudar a los camioneros que, sin ninguna culpa, han quedado atrapados en el bloqueo, para que puedan regresar a casa. 
Estimado colega, comprendo su preocupación por un ciudadano de su circunscripción electoral y por todos los conductores de vehículos industriales que se encuentran afectados. 
Admiro también su ingenio en lo que respecta a la interpretación del Reglamento y del artículo 19. 
Señoras y señores, tengo la impresión de que ahora se va a proceder de esta manera. 
No lo voy a permitir. 
Ahora daré la palabra- como es mi obligación- a los que la han solicitado por una cuestión relativa al Reglamento, pero no crean ustedes que no les voy a interrumpir más. 
Esto se ha acabado. 
Tiene la palabra en Sr. Cabezón Alonso para una cuestión relativa al Reglamento. 
Señor Presidente, en los próximos días, antes de que finalice el año, se firmará, entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca, el acuerdo definitivo de paz en aquel país centroamericano. 
Igual que este Parlamento se ha hecho eco de violaciones de derechos humanos en dicho país, le pido que envíe ahora una felicitación por este acuerdo de paz. 
Esto no es una cuestión relativa al Reglamento. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en la reunión de 5 de diciembre de 1996. 
El Grupo de Coalición Radical Europea solicita la retirada del orden del día del informe del Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la financiación de la ampliación de la Unión Europea, así como del informe del Sr. Rehder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre estrategias alternativas para el establecimiento de relaciones en materia de agricultura entre la UE y los países asociados con vistas a la futura adhesión de éstos. 
Tiene la palabra la Sra. Lumière para fundamentar esta solicitud. 
Señor Presidente, nuestro Grupo desearía, en efecto, retirar del orden del día el informe del Sr. Christodoulou, así como el informe del Sr. Rehder, por razones análogas. 
Se trata de dos informes sobre la futura ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central, asunto que reviste capital importancia. 
Pienso concretamente en el informe del Sr. Christodoulou sobre cuestiones presupuestarias y contables. 
La imagen, la impresión que dan estos informes puede ser muy negativa en los países de Europa Central, teniendo en cuenta que los mencionados informes aparecen aquí desglosados de los informes generales presentados en particular por el Sr. Oostlander. 
Por esta razón nos parece de mala política tratar el martes los Informes Christodoulou y Rehder puesto que, aun cuando se presenten enmiendas importantes, que posiblemente modificarán estos informes, el mensaje político dirigido a los países de Europa Central no dejará por ello de ser un mensaje contraproducente. 
Por eso deseamos, lógicamente, que dichos informes sean retirados del orden del día y que vuelvan a examinarse en una fecha posterior, dentro de un marco político más amplio. 
Señor Presidente, si no hubiera sido el Grupo ARE el que hubiera presentado esta propuesta, la habríamos presentado nosotros, el Grupo Unión por Europa. 
Los términos en que se ha desarrollado el debate sobre este importantísimo informe- sobre todo en la Comisión de Agricultura- no nos han convencido del todo. 
Es cierto que todos nosotros deseamos ardientemente la ampliación y la integración, pero la precipitación con que se han sacado adelante estos dos informes nos induce a pensar que de ese modo tal vez no sea posible alcanzar esos objetivos con suficiente conocimiento de los hechos. 
En el caso de la Comisión de Agricultura, el ponente- el Sr. Rehder -, tal vez por exceso de buena voluntad y disponibilidad, ha ampliado demasiado el espectro de la observación hasta el punto de perder de vista ciertos parámetros concretos a partir de los cuales se debe hacer, en nuestra opinión, la evaluación de la ampliación. 
Así, pues, somos conscientes y estamos convencidos de que estos dos informes deben devolverse a comisión para que se haga un análisis más profundo y más concreto. 
Por tanto, la Unión por Europa apoya la propuesta de devolver a comisión y suprimir del orden del día estos dos informes. 
Señor Presidente, me referiré, básicamente, a mi informe. 
Ha sido objeto de deliberación en la Comisión de Presupuestos durante un tiempo bastante largo y hay dos razones por las que no se debería aplazar más: 
La primera es que este informe es forzosamente provisional, porque se necesitan datos para completar el cuadro. 
Estos datos requieren un período de preparación muy largo por parte de la Comisión. 
Se trata de períodos de años, no de meses. 
Por lo tanto, hay que elaborar un marco general que indique exactamente cuáles son los problemas y que incluya la descripción de la política a seguir en el delicado ámbito presupuestario. Esto es algo que no se puede aplazar, porque no se pueden adoptar decisiones del tipo que sea sin tener conocimiento de los datos reales que repercuten en el presupuesto. 
Además, señor Presidente, debo observar que lo que dice la Sra. Lalumière, esto es, que la cuestión puede dar una impresión negativa a los Estados de Europea Central y Occidental, es la táctica del avestruz. 
Lo que nosotros proponemos en este momento es que se describa la verdad tal como es, para que quienes toman las decisiones sepan de qué se trata. 
Por esta razón, hay que deliberar sobre el informe ahora y no más tarde. 
Señor Presidente, puedo comprender, naturalmente, los deseos de nuestros colegas de una discusión razonable. 
Sin embargo, no comprendo, puesto que hemos hablado de esto durante casi un año, que estos colegas no hayan pedido la palabra hasta ahora tanto en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural como también aquí. 
No cabe hablar de una impresión negativa, como se ha hecho aquí, cuando hablamos de un partenariado, de amistades, etc. en relación con la Europa oriental. 
Creo que aquí no se ha realizado una lectura intensiva. Creo más bien que con esto se pretende absolutamente- y esto responde a la enmienda del Sr. Santini y sus amigosno realizar una reforma en el espacio rural, es decir, impedir en el fondo una política agrícola razonable y reformada. 
Por esta razón, soy partidario de que sigamos trabajando, como antes, de forma colegial. 
Procedemos ahora a votar la solicitud de retirada del informe del Sr. Christodoulou. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Procedemos ahora a votar la solicitud de retirada del informe del Sr. Rehder. 
(El Parlamento rechaza la solicitud.) 
Señor Presidente, me alegro de que nos ocupemos de los derechos humanos. 
Róisín McAliskey, una joven irlandesa, fue detenida hace algunas semanas y trasladada a Inglaterra. 
Desde entonces ha estado en al menos cuatro cárceles diferentes, incluida una prisión exclusivamente para hombres, a pesar de que está embarazada de cuatro meses y su estado de salud no es bueno. 
Es sospechosa de haber cometido un delito en Alemania, pero no ha sido condenada. 
La brutalidad con la que ha sido tratada en las cárceles inglesas es indignante y le pido que interceda ante el Gobierno británico para que tome medidas. 
Róisín McAliskey es hija de un antiguo diputado de Westminster, y el trato que está recibiendo va en contra de todos los principios de los derechos humanos declarados por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. 
Le ruego, señor Presidente, que intervenga en su favor con el fin de que se le dé un trato humano y decente. 
Deseo gustosamente intervenir en cada caso que se me exponga. 
Sin embargo, usted debía habérmelo dado también por escrito. 
No debía haberlo convertido en una intervención en el Pleno. 
Prevención de la toxicomanía 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0398/96) , en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario, relativo a la prevención de la toxicomanía en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1996-2000). (Ponente: Sr. Burtone). 
Señor Presidente, Señorías, el programa de acción comunitario en materia de prevención de la toxicomanía llega a su fase final. 
En primera lectura- hay que reconocerlo con toda sinceridadhabíamos vislumbrado ambiciones mayores; en cambio, ahora, por iniciativa instrumental de algunos Grupos, el recorrido legislativo ha modificado, de hecho, su alcance y la dimensión que le habíamos atribuido antes en la labor de comisión y después en esta Asamblea. 
Y, sin embargo, la aprobación del programa de acción, el proyecto común que de él ha resultado en el Comité de Conciliación, sigue siendo un acto de gran relieve político, social y moral. 
En efecto, la Europa social se perfila con toda su fuerza; el drama de tantos jóvenes toxicómanos que sufren efectos colaterales en el plano social, pero también en el sanitario, por su toxicomanía, pasa a ser una prioridad para el Parlamento y las instituciones europeas. 
Europa dice una vez más «no» al facilón atajo de la legalización de la droga; lo ha dicho con gran firmeza en la comisión competente al respecto, en el Comité de Conciliación y en esta Asamblea. 
Ha dicho «no» , porque aceptar la legalización significa ir hacia la derrota, tirar la toalla, pensar, en cualquier caso, en una droga de Estado. 
Con ello tal vez opte Europa por el camino más largo y más difícil, pero también el más exaltante: luchar contra la droga es reafirmar una política propia encaminada a reducir la demanda de droga en nuestra Comunidad. 
Para ese fin, se acepta el compromiso de actuar en relación con el malestar juvenil. 
Pero, ¿con qué instrumentos? 
En mi exposición de motivos he dicho que se han modificado las dimensiones de los instrumentos, si bien conviene apreciar sus aspectos positivos. 
Las acciones formativas e informativas que constituyen la base del programa lanzado van orientadas ante todo a la familia, pero también a la escuela y a los lugares del tiempo libre, donde aplicar políticas juveniles que salven plenamente a las futuras generaciones. 
Se presta atención particular a los grupos de riesgo, es decir, a los jóvenes que viven en las periferias urbanas degradadas y mo tienen una calidad de vida adecuada a nuestros tiempos; se presta atención a los adolescentes, que más que otros corren el riesgo de verse afectados por las nuevas drogas sintéticas. 
Con esta enérgica iniciativa, el Parlamento se propone potenciar las estructuras que ya funcionan para profundizar las cuestiones, los temas, los problemas que se deben determinar y para formular nuevas estrategias de lucha contra la toxicomanía. 
Se debe potenciar el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, hacerlo más operativo y más vinculado orgánicamente con las organizaciones no gubernamentales y con quienes están en la frontera de la droga y necesitan sugerencias e indicaciones para trabajar mejor. 
El programa se orienta también a la formación, porque el trabajo es un instrumento fundamental para reducir el malestar juvenil. 
He dicho que existen límites y ahora quiero reiterarlos todos con gran firmeza y sinceridad. 
Era necesario orientar nuestro compromiso también hacia la prevención secundaria y terciaria, porque el Parlamento ha dicho en varias ocasiones que es justo y obligatorio curar, recuperar y reinsertar al joven que debe salir del túnel de la droga. 
Hacer eso significaba también dar una respuesta de prevención primaria, porque el joven que derrota la droga es el primer testimonio de que se puede derrotarla. 
Para concluir, quisiera decir, señor Presidente, que es necesario que el Parlamento, que ya ha insertado el programa de prevención en una política de mayor represión de las «narcomafias» que viven del drama de la toxicomanía, dé una respuesta más amplia y tenga en cuenta a las numerosas comunidades terapéuticas y a las asociaciones de voluntariado que tanto empeño han prodigado ya en ese ámbito. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas quiero dar las gracias al Sr. Burtone por su paciencia de santo y deseo felicitarlo por el resultado obtenido. 
El Parlamento Europeo ha conseguido llegar a un acuerdo con el Consejo y la Comisión en torno al programa de acción en materia de prevención de la toxicomanía. 
Las diferencias eran profundas, incluso en este Parlamento, aunque hay que decir que en el actual procedimiento de codecisión una pequeña minoría, que no entiende del asunto, puede imponer su voluntad a una amplia mayoría. 
Sea como fuere, en la mayoría de los Estados miembros crece la noción de que en materia de drogas, es preciso anteponer la lucha contra la demanda a la lucha contra la oferta. 
Si bien, desde un punto de vista legal o incluso moral, es posible justificar la lucha contra la oferta, esta tiene poco efecto a largo plazo. 
Sólo se intercepta el 10 % de la oferta. Las drogas siguen estando disponibles en todas partes. 
Hemos de tenerlo claro y no hacernos ilusiones de que algún día podamos lograr una sociedad libre de drogas, por mucho que lo queramos. 
Quien se atreva a afrontar esta realidad, podrá trabajar de forma mucho más eficaz en la prevención o en la política sanitaria. 
Lo que cuenta es la situación sanitaria de cada país, y no se logrará un país más sano pronunciando sentencias duras contra los consumidores de cannabis o cerrando las fronteras con mucha pompa y boato. 
Quien analiza de forma objetiva los resultados de cada país, llega a la conclusión de que con una política imponente no suelen lograrse resultados igualmente imponentes. 
Ahora podemos disponer de 29 millones de ecus, hagámoslo de una forma útil. 
El actual plan de acción es más realista y más pragmático que lo que se preveía en un principio. 
En el actual plan, el toxicómano es un paciente y ya no un criminal; se han previsto acciones entre los toxicómanos y acciones en la calle; se presta atención a un diálogo con los jóvenes y se apoya la política de limitación de riesgos con relación con el individuo y la sociedad. 
Esto es bueno. 
Pero no debemos pensar que con ello estamos dando un gran salto adelante. 
Los jefes de Estado y de gobierno se reúnen en Dublín. 
Esperemos que esta reunión lleve buenas noticias a los millones de parados, a todos los jóvenes que hoy tienen pocas perspectivas de futuro, a los niños cuyos padres pierden su puesto de trabajo porque las reglas de juego sociales o fiscales no están armonizadas. 
Si Europa no logra realizar progresos en este ámbito, los planes de prevención tendrán, por desgracia, escaso significado. 
Señor Presidente, intervengo para una cuestión de orden. 
He escuchado con atención al Sr. Burtone: respeto sus opiniones políticas, pero cuando, en su calidad de ponente sobre una conciliación relativa a un programa de acción para la prevención de la toxicomanía, sostiene que en este documento el Parlamento se muestra contrario a la legalización, quisiera preguntarle en qué considerando o en qué artículo se basan sus afirmaciones. 
De lo contrario, le ruego que las retire, al menos por lo que se refiere al texto sobre el que estamos debatiendo. 
Estimado colega, considerada estrictamente, ésta no era una cuestión relativa al Reglamento. 
En consecuencia, doy ahora decididamente la palabra a la Sra. Oomen-Ruijten. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Burtone por el modo en que ha elaborado su informe. 
Ha realizado un buen trabajo. 
En la consulta y durante la votación en segunda lectura hemos tenido algunos problemas. 
Constato, y también se lo digo al Sr. De Coene, que cuando se habló de una ampliación de este programa de prevención con algunos proyectos concretos, que en su momento recibieron el voto negativo del Grupo del PPE porque considerábamos que no se ajustaban al fundamento jurídico, también el Consejo demostró que lo que usted quería era imposible, pese a todas las noticias de prensa que se han difundido sobre mí en los Países Bajos. 
El fin de semana próximo en Dublín se debatirá la action commune. Allí se estudiará qué podemos hacer conjuntamente para abordar la toxicomanía en Europa. 
Sé que hay varios compañeros en este Parlamento que dicen: » basta con legalizarlo todo, para que la cosa se solucione». 
El Sr. De Coene, pero también otros diputados, han presentado un proyecto de resolución en que dicen que el consumidor ha de poder disponer libremente de estos estupefacientes. 
El Sr. De Coene lo ha firmado. 
Yo no estoy dispuesta a apoyar esta política imponente, como la ha calificado el Sr. De Coene. Y le diré por qué. 
Este tipo de política imponente, tiene como resultado, en cualquier caso en los Países Bajos, pero no sé si lee usted los periódicos neerlandeses, que un instituto fidedigno como la Jellinekkliniek constate que en estos momentos el 30 % de los jóvenes de dieciocho, diecisiete años ya ha consumido drogas alguna vez. 
Lo mismo se desprende de un estudio realizado por los Servicios Médicos de la provincia de Groninga, que es representativo de todos los Países Bajos. 
Y si examino estos resultados, sumados a la política de tolerancia que consiste en una gran disponibilidad de drogas blandas, incluso para los niños, le digo: ¿no convendría que, antes de elogiar demasiado el ejemplo político neerlandés, examináramos conjuntamente, sobre la base de este programa de acción, cuáles son los mejores resultados: la posición heroica de los Países Bajos- la tolerancia -, o simplemente el enfoque represivo que se sigue en diversos Estados miembros? 
También es posible que existan soluciones intermedias. 
Quiero pedir a la Comisión que, sobre la base del estudio del Observatorio de Lisboa, donde en estos momentos se están comparando las legislaciones, y con el presente programa de acción del Sr. Burtone, examine cuál es la conclusión de cara a la política y cómo podemos poner en práctica los buenos resultados en el ámbito de la salud pública: número de muertes por drogas, número de personas contaminadas con el VIH, cifras que son bajas en los Países Bajos, cómo podemos lograr estas cifras bajas también en otros países. 
Pero por otro lado, cómo podemos reducir los efectos secundarios que se aprecian en los Países Bajos, el enorme número de jóvenes que utilizan drogas por primera vez, que se ha triplicado en comparación con el de hace cuatro años. 
Quisiera que se me diera una respuesta al respecto. 
Veo por el tipo de algunas peticiones de palabra que debo hacer claramente una alusión al Reglamento. 
Las observaciones personales- y de esto se trata, sin duda, aquí- sólo están permitidas una vez finalizado el debate. 
Si ustedes quieren hacer una explicación personal, envíenme una petición sobre la base del artículo 108. Este es, precisamente, el artículo pertinente. 
Ustedes obtendrán, en consecuencia, esta posibilidad al final del debate. 
¿De acuerdo?. Creo que el Sr. De Coene ha hablado también sobre la base de una puntualización personal e, igualmente, el Sr. Burtone. 
Haremos todo esto al final del debate, pero miren ustedes primero el Reglamento. 
Se trata, en efecto, de una puntualización personal y no de una continuación del debate. 
Señor Presidente, Señorías, hay que invertir con decisión en la prevención, la información y la educación. 
Eso es lo que se desprende del programa de acción comunitario relativo a la prevención de la toxicomanía, encaminado a contribuir a la lucha contra la toxicomanía, en particular fomentando la cooperación entre los Estados miembros, apoyando su acción y promoviendo la coordinación entre sus políticas y sus programas. 
El proyecto común, acordado en la conciliación y bien defendido por el Sr. Burtone- al que felicito por el enorme y excelente trabajo que ha hecho- indica las acciones que llevar a cabo, que se refieren a lo siguiente: en primer lugar, datos, investigaciones y evaluaciones, cuyo objetivo es mejorar los conocimientos del fenómeno de la droga y las toxicomanías y sus consecuencias, utilizando en particular las informaciones facilitadas por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa; en segundo lugar, información, educación sanitaria y formación para contribuir a la mejora de la información, la educación sanitaria y la formación para los fines de la prevención de la toxicomanía y de los riesgos conexos, en particular en el caso de los jóvenes en los marcos pertinentes y de los grupos particularmente vulnerables, incluidos los toxicómanos. 
Otros aspectos importantes son los siguientes: la consideración del toxicómano como enfermo y no como delincuente; la prevención, que debe tener en cuenta todos los tipos de estupefacientes y substancias psicotrópicas, incluidas las nuevas drogas sintéticas; la necesidad de movilizar todos los sectores interesados, apoyando la cooperación multidisciplinaria entre el sector público y el privado, incluidas las ONG. 
Por último, considero que reviste importancia fundamental la búsqueda de nuevas estrategias coordinadas y coherentes con los demás programas comunitarios, con la verificación continua de los resultados que se vayan alcanzando, para evitar la repetición de situaciones muy negativas- como ha sucedido en Italia -, como la difusión del SIDA, la encarcelación, la marginación social, el aumento de la microdelincuencia, el aumento de la prostitución. 
Así, pues, es necesario tener en cuenta la naturaleza compleja de ese fenómeno y de los riesgos con él vinculados, así como la importancia fundamental de una multiplicidad de respuestas sanitarias y sociales esenciales para la protección de la salud y de la calidad de la vida. 
Señor Presidente, también el Grupo de los Liberales está de acuerdo con el resultado logrado en el Comité de Mediación. 
Queremos felicitar al ponente Burtone por sus esfuerzos. 
Pero al mismo tiempo nos damos cuenta, y espero que la Sra. Oomen también lo haga, que aquí no se trata de una lucha contra el tráfico de drogas, sino de la salud pública. A mi entender, este es el ámbito político primordial en el que encaja el debate sobre la toxicomanía. 
Los toxicómanos son sobre todo personas con un problema sanitario y no criminales que haya que perseguir. 
Hay que hacer hincapié en la prevención y la ayuda, y no en la represión. 
La represión tiene que concentrarse en el tráfico de drogas y el crimen organizado. 
Pongámonos de acuerdo sobre esta cuestión. 
Me complace que finalmente el texto del comité brinde oportunidades para seguir este enfoque pragmático y humano, centrado en la prevención y la reducción de riesgos. 
Otro aspecto positivo es a mi entender que el informe reconoce la importancia de la cooperación entre las ONG y las instituciones que prestan asistencia. Pues son precisamente estas instituciones y las ONG las que mejor conocen los problemas cotidianos y las que pueden actuar eficazmente. 
Por último, señor Presidente, ahora se están logrando progresos en el Consejo de salud pública, pero por desgracia he de constatar que están surgiendo otras acciones, y me refiero concretamente a la action commune en el marco del tercer pilar. 
Esta reciente propuesta francesa se basa por completo en la represión y niega la importancia de un enfoque humano y pragmático. 
Esperamos que este aspecto, sobre el que existen discrepancias entre Francia y los Países Bajos, se solucione convenientemente para apoyar a los toxicómanos. 
Señor Presidente, en nombre de los Verdes, lamento que el texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, haya sido modificado durante la conciliación. 
Una vez más hemos presenciado divergencias entre las posiciones del Consejo y las del Parlamento Europeo. 
No obstante, debemos decir que se han logrado algunos avances significativos por lo que se refiere al concepto de prevención y a la forma de afrontar el problema de las toxicomanías. 
Me refiero en particular a la reiteración de que el enfermo no es un delincuente, de que el ambiente carcelario es con frecuencia un lugar en el que se desarrolla el riesgo de la toxicomanía y de que el programa debe referirse a todos los tipos de droga sin distinción. 
En cualquier caso, quisiera recordar que el alcohol es más peligroso que el cannabis y que éste entraña menos daños y efectos negativos en la esfera social. 
También hay que determinar cuáles son las estrategias que permiten salvar las vidas humanas; para nosotros, son, por ejemplo, la administración controlada y, en un plano general, la despenalización del consumo de drogas. 
También son importantes la cooperación con las ONG y el diálogo con los jóvenes. 
Por estas razones quiero agradecer la labor que han llevado a cabo los diputados que han participado en el Comité de Conciliación y espero que éste sea el punto de partida para una nueva política en la esfera de las toxicomanías. 
Señor Presidente, desearía comunicar a nuestro colega Burtone la decepción de los antiprohibicionistas radicales de este Parlamento. 
No podemos felicitarnos, como él lo hace, de que la posición conciliatoria implique un empobrecimiento, que ya se había producido entre la primera y la segunda lectura, de nuestra posición. 
Entre estas dos lecturas hemos perdido todo lo referente a la política de reducción de los daños y a la libre prescripción terapéutica en materia de droga, pero también y sobre todo la apreciación globalmente negativa que, en último término, había merecido la política de represión y de prohibición. 
En efecto, es preciso recordar aquí que estas décadas de prohibición se han saldado con un aumento constante del consumo de droga y de la cifra de negocios del crimen organizado; se han saldado con el desarrollo de la pequeña y mediana delincuencia derivado de las necesidades de financiación del consumo de droga; y finalmente, tras el pretexto de la prohibición que trae aparejada la clandestinidad, con la propagación del Sida. 
Este es el resultado de la política prohibicionista, lo que hemos perdido entre la primera y la segunda lectura. 
Este es el punto en el que estamos. 
Podemos compartir la mayoría de las excelentes intenciones del Sr. Burtone, pero temo que se queden en meras palabras mientras no pongamos radicalmente en entredicho la lógica de la política de prohibición. 
Señor Presidente, desearía finalmente plantear una cuestión reglamentaria a propósito de las palabras expresadas hace un momento por la Sra. Oomen-Ruitjen. 
Señor Presidente, Señorías, estamos hablando de un gasto de cerca de 27 ó 29- nadie lo sabe exactamente- millones de ecus, que en cualquier caso es mucho más que un millardo de francos belgas. 
Es posible que a nivel europeo esto pueda parecer una nimiedad, pero no lo es para el contribuyente, que finalmente ha de pagar ese millardo junto a otros muchos millardos de francos. 
Ahora bien, si he de serle sincero, no creo que este dinero de los impuestos se vaya a gastar de forma sensata y justificada. 
El núcleo de mi objeción es que casi todas las medidas políticas enumeradas en el presente informe, entre las cuales, muy a pesar mío, no encuentro la defensa de la familia tradicional, ni por cierto tampoco la simple constatación de que hay una conexión lamentable pero real entre el tráfico de drogas y la inmigración masiva, que todas esas medidas políticas- repito- podrían tomarse con mucha más eficacia a nivel de los Estados miembros. 
No obstante, en la lucha contra las drogas hay reservado un papel para la actuación a nivel europeo, pero no es el papel de una especie de gran distribuidor de jeringuillas limpias. Al contrario, es el papel de amplia cooperación entre los diferentes servicios policiales contra la criminalidad internacional de las drogas y es también el papel de un control estricto en las fronteras interiores y exteriores. 
Pero, como es sabido, la Unión Europea no quiere o no puede desempeñar este papel, sino todo lo contrario. 
Se suprimen los controles en las fronteras interiores y lo que queda de esto es considerado por los eurofanáticos una especie de crimen contra la humanidad. 
Además quiero recordarles que dentro de poco los Países Bajos asumirán la Presidencia de la Unión y todos sabemos qué siniestro significado ha adquirido la palabra «koffieshop» en dicho país. 
Por consiguiente, soy muy escéptico, por decirlo suavemente, con respecto a los resultados presentados hoy por el comité de mediación. No daremos nuestra aprobación al informe como tal. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, en una época de creciente competencia en que, al mismo tiempo, los jóvenes ven cada vez menos oportunidades de participar del bienestar de la sociedad, éstos intentan escapar de sus fuertes exigencias individuales a través del consumo de drogas. 
Las drogas se convierten en consuelo y en huida de la realidad. 
La Presidencia irlandesa del Consejo ha puesto su acento en la política antidrogas en el seno de la UE. 
Yo celebro el programa de acción junto con sus recomendaciones específicas. 
En lugar de los consumidores de heroína aparecen cada vez más los politoxicómanos. 
Por esta razón es preciso que se ofrezcan también posibilidades diferenciadas de ayuda. 
Pero de aquí se sigue la necesidad ineludible de una cooperación vinculante de todos los que están participando en la atención a los drogodependientes. 
Por lo demás, sigue siendo esencial una información completa, sobre todo, en nuestras escuelas. 
El diálogo con los niños afectados y también con sus padres, sobre todo en la edad del jardín de infancia, es un punto muy importante en el marco de la prevención. 
El abuso de las drogas, el tráfico ilegal de drogas, y la criminalidad específica que se sigue de ello tienen efectos destructivos en la sociedad. 
Por esta razón, la lucha contra los mismos debe constituir un objetivo permanente de la Unión Europea. 
En la política federal y en la política de los Estados federados debe tener lugar un debate abierto sobre las drogas, y en este diálogo no deben jugar ningún papel los tabús. 
Hemos de fomentar la armonización de los preceptos jurídicos de los Estados miembros. 
La Presidencia holandesa está recibiendo una fuerte presión, procedente de muchos Estados de la UE, y yo espero que Holanda junto con su política permisiva se sume a interpretaciones más rigoristas en el ámbito de la política de drogas. 
En mi calidad de farmacéutica en activo, rechazo todos los intentos de expender hachís a través de las farmacias. 
Semejante práctica colocaría a las drogas a la altura de los medicamentos y lo considero muy peligroso. 
Para mí sigue siendo indiscutible la ilegalidad de las drogas. 
El objetivo prioritario de toda política de drogas debe ser la ayuda a los drogodependientes, es decir, la terapia. 
Pero su tarea principal ha de ser, y sigue siendo, la prevención a través de nuevas vías y de nuevas concepciones. 
En este punto se hace un llamamiento a todos los responsables de la sociedad, sobre todo en los ámbitos de la formación y de la educacion. 
El ejemplo vivo es el método más eficaz de la prevención. 
Señor Presidente, al igual que los demás oradores, deseo felicitar al Sr. Burtone por el tremendo esfuerzo que ha realizado en la elaboración de este informe. 
No obstante, existen algunas diferencias fundamentales de opinión que hay que subrayar y cuya importancia no conviene subestimar. 
En primer lugar, la única forma de solucionar toda esta cuestión de las toxicomanías y los problemas de salud que originan es mediante una reducción drástica de la demanda. 
¿Cuál es el mejor medio para lograr este objetivo? 
El medio mejor y más estratégico consiste en educar a las personas sobre los peligros y riesgos que encierra el consumo de drogas. 
Espero que todos los Estados miembros comiencen por las capas más jóvenes- quizá con niños de edades comprendidas entre los ocho y nueve años- y ofrecerles más información en los colegios, para prevenirlos de los peligros que encontrarán en la calle. 
Tampoco debemos subestimar el papel fundamental de la familia en su papel de educadora. 
Los padres y tutores deben tener acceso a la información que les permita detectar las señales de peligro y también para que puedan decirles a sus hijos qué es lo que deben hacer. 
Por último, no debemos nunca subestimar la importancia de la responsabilidad individual. 
En el presente informe encuentro un problema fundamental en la clasificación que hace del toxicómano como enfermo y no como delincuente. 
Es de sobra conocido que además de recurrir a la delincuencia para mantener su adicción, los toxicómanos también participan de hecho en actos ilegales y delictivos. 
Su adicción no debe servir de excusa para exonerarlos de la responsabilidad de dichos actos delictivos. 
Señor Presidente, por fin el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han alcanzado cierto acuerdo que ha propiciado la aprobación del programa comunitario de acción contra la toxicomanía. 
Sin perjuicio del papel prioritario que, en nuestra opinión, deben desempeñar la familia y la escuela mediante una campaña válida de prevención, este programa debe poder comprender todas las drogas, tanto las blandas como las duras, y ampliar su campo de acción al nivel de los grupos de riesgo. 
En semejante debate se inserta la reciente boutade del leader de la coalición de gobierno en Italia, que, tal vez por portar un «olivo» demasiado frondoso, ha hablado de liberalización de los alucinógenos. 
Quisiera recordar que, si las cuestiones como la legalización de las drogas, la homosexualidad y su estatuto jurídico, la manipulación genética y el aborto, han provocado una polémica en la sociedad contemporánea, no se trata, desde luego, de una polémica entre el bando de la libertad y el del obscurantismo, sino entre dos formas distintas de entender la libertad y la sociedad. 
La libertad no significa, desde luego, que cualquiera pueda hacer lo que quiera, no es el resultado de un indiferentismo ético, sino que, al contrario, es la consecuencia de la religión y de la conciencia moral. 
Es, por tanto, algo diferente de la simple voluntad subjetiva. 
¿Cómo responder a las siguientes preguntas? ¿Es buena una sociedad en la que las substancias estupefacientes, incluida la heroína, tengan libre curso más o menos legalizado? 
¿Es lícito permitir el descarrío del Estado? 
¿Es positivo aumentar la conciencia de los jóvenes? 
Se trata de preguntas que requieren un debate de carácter cultural y no pueden ser ni llegar a ser mera propaganda política. 
Señor Presidente, el texto común del Consejo y del Parlamento está terminado. 
El ponente ha trabajado duro y ha sido posible lograr un compromiso. 
Se han pulido las enmiendas políticamente delicadas y ello me complace. 
De hecho, dichas enmiendas querían imponer una determinada clase de política de drogas a los Estados miembros, una política permisiva o una política de limitación de daños. 
En los Países Bajos hace tiempo que tenemos experiencia con este tipo de política, y aunque el porcentaje de consumidores de drogas duras en los Países Bajos no es elevado en el contexto internacional, esto no implica que una política de drogas liberal sea una buena política. 
Cuando hablamos del porcentaje de toxicómanos en la población, hay innumerables factores que intervienen, no sólo la cuestión de si las drogas blandas son relativamente fáciles de conseguir. 
En el texto aprobado por el comité de mediación, algunos puntos siguen remitiendo a cuestiones delicadas. Me refiero concretamente a los proyectos de cambio de jeringuillas para evitar el sida y el suministro de metadona como posible estrategia de desintoxicación. 
En sí, se trata de cuestiones que pueden tener lugar en un enfoque integral de la toxicomanía, siempre y cuando se regulen de forma estricta. 
Afortunadamente, estas cuestiones sólo se mencionan en el marco de la evaluación y el estudio, y no como una política concreta. 
Por ello estamos dispuestos a aprobarlas. 
Además, todavía se ajustan al margen que brinda el artículo 129 del Tratado. 
A causa del aumento del número de acciones en el anexo y de la amplia definición del concepto de prevención, se ha llegado a un programa excesivamente amplio. 
Comparado con los medios limitados disponibles para este programa, los Estados miembros no tienen más opción que elegir entre la oferta de acciones en el anexo. Cada Estado miembro tendrá que establecer prioridades. 
Ello puede poner en peligro la eficacia de este programa de prevención. Y sería una lástima. 
Distinguido señor Presidente, en nombre de mis colegas y en el mío propio quisiera apoyar la posición del Comité de Conciliación. 
No obstante, creemos que aquí se han citado algunas cosas que deberían explicitarse aún más. 
Por ejemplo, estamos de acuerdo con los colegas del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo en el hecho de que se sigue menospreciando notablemente el alcoholismo. 
En algunos países sucede incluso que a los jóvenes les resulta más barata una bebida alcohólica que una no alcohólica. 
Otro problema es la definición de los drogodependientes como enfermos. 
En la medida en que hay que apoyar esto hay que elaborar nuevos métodos para poder tratar también a estos enfermos. 
Según nuestra experiencia, los métodos actuales que existen en la medicina no son suficientes para dar de nuevo la salud a un drogodependiente. 
Esta definición no será suficiente para tratar también convenientemente a los pacientes, en lugar de criminales, que tenemos ahora. 
Vemos también otro problema en la delegación de la información a las escuelas y universidades y en la creciente problemática de la estratificación social en Europa. 
Sabemos por la experiencia que las capas sociales mejor situadas tienen acceso a mejores escuelas y que las capas más pobres tienen acceso a escuelas de peor calidad. 
Con frecuencia, en estas escuelas que visitan las capas más pobres, no es posible practicar la prevención o proporcionar documentación e información. 
Finalmente, existe el punto relativo a una más estrecha cooperación con los países en los que se producen las drogas. 
No bastará con enviar dinero allí. 
Habrá que idear programas para ayudar a estos países a cambiar hacia otros productos. 
Señor Presidente, Señorías, las drogas son una preocupación grave para todos nosotros, los ciudadanos europeos. 
Las reflexiones, los debates y los intercambios que han acompañado al largo procedimiento de aprobación de este programa han sido fructíferos y han permitido mejorar concretamente el instrumento comunitario de prevención de las toxicomanías. 
Estamos convencidos de que el programa es creíble y respeta la diversidad de las orientaciones seguidas en los Estados miembros. 
Nuestro objetivo no es el de inclinarnos de un lado o de otro, ideológica o moralmente, ni el de formular un único planteamiento de lo que se entiende por drogas y por prevención de las toxicomanías y las políticas que es necesario adoptar en ese sector. 
Es más bien el de subrayar la complejidad de los problemas que plantea el uso indebido de estupefacientes y aceptar que se celebren debates profesionales, científicos y técnicos sobre los diversos modos y los medios para afrontar el problema. 
En nombre de la Comisión y de mi colega el Comisario Flynn quisiera agradecer al Parlamento Europeo el apoyo que ha dado al programa y, en particular, al ponente, Sr. Burtone, por la labor llevada a cabo en ese sentido. 
Deseo también añadir unas pocas palabras sobre el procedimiento de conciliación. 
Una vez más, todas las instituciones han desempeñado su papel hasta el fondo para afrontar problemas particularmente importantes. 
La Comisión desea poner de relieve, en particular, dos puntos: el primero se refiere a la participación de las diversas instituciones y organizaciones que trabajan en el sector de la reducción de la demanda de drogas, que podrían participar en las actividades previstas por el programa. 
Me interesa subrayar que la Comisión, de conformidad con la letra f) del apartado 2 del artículo 5 de la decisión, propondrá métodos de cooperación para la ejecución del programa con la participación de organismos públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, entre ellas las organizaciones de voluntariado y comunidades terapéuticas y de asistencia social. 
Por lo que se refiere a los otros programas en el sector de la sanidad, la Comisión favorecerá, naturalmente, la cooperación entre grupos de trabajo de diversos Estados miembros, con atención particular a las actividades de las redes europeas al servicio de los ciudadanos en el sector de la prevención antidroga. 
El segundo punto que deseo subrayar, señor Presidente, se refiere a la comunicación al Parlamento Europeo de informaciones sobre la ejecución del programa. 
El modus vivendi interinstitucional, relativo a las medidas de ejecución de actos deliberados con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado CEE, como en el caso de este programa, constituye la base para facilitar al Parlamento Europeo las informaciones pedidas. 
Además, por lo que se refiere a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de la decisión, que dispone que la Comisión comunicará al comité establecido por dicho artículo todas las decisiones adoptadas en relación con los proyectos concretos, la Comisión se compromete a comunicar al Parlamento Europeo dichas informaciones con periodicidad anual. 
Señor Presidente, quisiera hacer una observación porque uno de los oradores, la Sra. Oomen-Ruijten, ha afirmado dos veces en este debate que he firmado personalmente el proyecto de resolución sobre la legalización de las drogas. 
Sé de qué proyecto de resolución se trata, pero quiero repetir que no lo he firmado y por consiguiente quisiera pedir que cuando sus Señorías utilicen mi nombre, ¡hagan el favor de informarse mejor! 
Señor Presidente, intervengo brevemente sobre todo para cumplir con un deber personal, pero también institucional, y por lealtad para con el Parlamento Europeo, que siempre he tenido durante mi cometido de ponente. 
Me permito observar al Sr. dell ' Alba que, si hubiera estado más atento a mi discurso, no habría dicho lo que podría convertirse- y tal vez ya se haya convertido- en motivo de polémica. 
Esta noche, también aquí, me he referido a un recorrido, a un debate, a opciones que el Parlamento Europeo ha seguido en el pasado reciente. 
Como asiduo diputado que es, el Sr. dell ' Alba recordará sin duda que algunos diputados con una enmienda presentaron una propuesta de legalización de algunas drogas, rechazada por este Parlamento con un voto muy claro y límpido. 
Añado que todo eso no puede figurar en el informe porque la enmienda a que antes me he referido fue rechazada. 
Saque Su Señoría las consecuencias que de ello se desprenden. 
Señor Presidente, nuestro colega, el Sr. De Coene, niega haber firmado una propuesta de recomendación, que yo he firmado: la recomendación a que ha hecho referencia la Sra. Oomen-Ruijten y sobre la que desearía insistir. 
Me baso en nuestro Reglamento, concretamente en su artículo 46, que permite a un grupo de diputados firmar conjuntamente proyectos de recomendación, que luego se someten a la comisión competente, antes de ser debatidos en nuestro Pleno. 
Por el momento la mencionada propuesta de recomendación es un documento oficial de nuestro Parlamento Europeo, que circula libremente dentro de éste; y, además, no puedo aceptar que la Sra. Oomen-Ruijten caricaturice la posición de los firmantes de dicha propuesta de recomendación, diciendo que hemos querido implantar una posición liberal, que permite al consumidor elegir libremente entre todas las drogas. 
No es verdad. 
En mi opinión, la liberalización y la represión actual del uso de drogas, sobre todo en mi país, son dos tipos de dogmatismos absolutamente simétricos. 
Y yo defiendo una posición que considero que es la de la razón pragmática, que consiste en la legalización controlada y en la libre prescripción terapeútica. 
Señor Presidente, puesto que existe una alusión personal, yo deseaba llamar su atención sobre un punto particular. 
Espero que se trate de un error de traducción al francés lo que ha hecho decir a la Sra. Oomen-Ruijten que la posición defendida por sus colegas era estúpida, ya que, a mi entender, la cortesía parlamentaria nos obliga a evitar calificar de este modo las posiciones defendidas por unos y otros, aunque reconozco que habría mucho que decir sobre la pertinencia o incluso la lucidez de algunas de ellas. 
Así pues, tendremos que discutir entre nosotros esta propuesta de recomendación; y con respecto al fondo, la Sra. Oomen-Ruijten puede ahorrarse hasta entonces sus argumentos, que deberemos confrontar libremente. 
Señor Presidente, al auténtico liberal Hory quiero decirle que con su política consigue que tantos niños empiecen a tomar drogas. 
No soy partidaria de ello. 
Al Sr. Coene le digo que lamento haber mencionado su nombre en este contexto, pero me atrevería a decir que estamos en paz, pues usted ha citado varias veces mi nombre injustificadamente en diversos periódicos neerlandeses; no obstante, quiero disculparme sinceramente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0406/96) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0628/96-00/0380 (COD) ), por la que se modifica la Directiva 79/112/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final. 
Señor Presidente, señoras y señores, el procedimiento de conciliación sobre la Directiva 79/112/96/CEE sobre el etiquetado de productos alimenticios fue aprobado y, por tanto, cerrado, mediante el procedimiento de triple diálogo el 16 de octubre. 
Cinco enmiendas del Parlamento Europeo, en total, se oponían a la posición del Consejo y, por ende, estaban también en discusión. 
Los resultados son muy satisfactorios desde el punto de vista del Parlamento y también, en mi opinión, desde el punto de vista de los consumidores y de los productores de productos alimenticios. 
Permítanme comentar brevemente cada una de las enmiendas. 
En la enmienda nº 18 se aceptaron sin problemas las propuestas esenciales del Parlamento, únicamente en la utilización de la denominación de venta del estado productor el Consejo deseaba añadir en inmediata cercanía a la denominación de venta otras informaciones en calidad de datos aclaratorios. 
Esto no pudo ser aceptado por la delegación del Parlamento Europeo. 
La solución que se encontró no contradice la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el caso de la «salsa bearnesa» , pero, no obstante, crea la posibilidad de una información adicional. 
Ahora bien, estas informaciones sólo son admisibles cuando las demás disposiciones de esta directiva no son suficientes para una correcta información del consumidor. 
Entre las otras disposiciones se encuentra también el artículo 6, la descripción de los ingredientes. 
De esta forma se ha dado satisfacción al deseo del Parlamento de proporcionar al consumidor a la hora de comprar productos con denominación de producto una seguridad suficiente mediante la descripción de los ingredientes y, al mimo tiempo, de prohibir cualquier inundación de datos desorientadores, unilaterales, derivados del conocido esquema de la caracterización. 
Por lo demás, creo que se renunciará a consignar datos desorientadores mejor que recurrir a la prohibición de la denominación de producción. 
El resultado de la enmienda nº 5 se presenta también favorable a los consumidores. 
El mencionado artículo 6 permite excepciones en la descripción de los ingredientes. 
Mientras el Consejo quería regular las excepciones en el procedimiento de comitología, el Parlamento impuso sus planteamientos de regular por sí mismo las excepciones de la directiva. 
Mientras la enmienda nº 7 no desencadenó discusión alguna- pues el Consejo y el Parlamento Europeo se pusieron de acuerdo en las formulaciones presentadas por el Parlamento en primera lectura- la enmienda nº 8 tuvo por objeto la protección de las personas que padecen reacciones alérgicas al gluten. 
Para que este círculo de personas disponga de las informaciones necesarias solicitó el Parlamento añadir al ingrediente almidón su origen «vegetal» o «animal». 
Cono resultado del diálogo triple, la directiva está ahora modificada de tal manera que el almidón, o incluso el almidón modificado, debe ser completado con una indicación de origen cuando este ingrediente contenga gluten. 
Un poco más difíciles resultaron las negociaciones en la enmienda nº 10. 
En realidad, el Parlamento no quiso permitir ninguna excepción en la consignación de las cantidades, cuando estos ingredientes figuren en la denominación de venta o como ilustración en la etiqueta. 
Sin embargo, estamos muy satisfechos con el resultado, puesto que se ha añadido que se prescriban estos datos si son muy decisivos para la elección del producto alimenticio y para la información del consumidor, es decir, por ejemplo, en el caso de la famosa «Salami-pizza» , pero éstos no deben ser consignados, por ejemplo, en el caso del «Malt whisky» donde tiene menos importancia qué proporción se da en el mismo. 
En realidad, yo habría terminado si este fin de semana no hubiera recibido un fax procedente de la Asociación Europea del Vino acerca de cómo me he comportado en esta directiva y en mis manifestaciones. 
Por esta razón, debo realizar aquí algunas afirmaciones aclaratorias, pues esta decisión del Comité de Conciliación está siendo relacionada una y otra vez con el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
El Comisario Bangemann ha dicho claramente después de la segunda lectura que está dispuesto a presentar una propuesta sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
De esta manera ha correspondido al deseo del Parlamento y ha emprendido la vía institucional usual, según la cual cuando una directiva es modificada sustancialmente el Parlamento se ocupa una vez más de esta modificación. 
Esta es realmente la consecuencia de esta afirmación, y el Comisario Bangemann ha confirmado por escrito en el marco del procedimiento de conciliación que la llevará a efecto. 
Por consiguiente, no existe relación alguna entre este resultado y lo que la Comisión presente más tarde. 
En conjunto, considero que éste es un resultado satisfactorio para los consumidores, para los productores y, también, para el Parlamento. 
Creo que el Consejo tampoco tiene problema alguno con este resultado. 
Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por su hazaña. 
Mi experiencia, bastante parecida a la suya, con los procedimientos de conciliación que utiliza el Parlamento es variada; unas veces permiten avanzar, otras, se pierden en trivialidades. 
En este caso hemos avanzado, y quisiera rendir homenaje aquí al Sr. Schnellhardt, que es ponente de esta directiva desde hace mucho tiempo, así como al Sr. Imbeni, presidente del Comité de Conciliación, y a todos aquellos que han colaborado. 
Apoyo todo lo que ha dicho el Sr. Schnellhardt sobre el valor que tiene para los consumidores las formas de etiquetado que actualmente se diseñan de forma clara y sin armar revuelo. 
Creo que eso es valioso. Creo que tiene un valor especial para las personas que son alérgicas al gluten: ahora encontrarán en el etiquetado un aviso específico y claro. 
Quiero pasar, a continuación, al punto con el que ha terminado mi colega Sr. Schnellhardt, es decir, el asunto del etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
El texto original que presentó la Comisión contenía una referencia al etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
En esta Asamblea ya conocemos todos las presiones que debemos soportar la Comisión, el Consejo y los diputados a este Parlamento cada vez que se trata el tema de los productos alcohólicos. 
De repente, dichos productos se han convertido no sólo en un artículo más de consumo, sino en una experiencia cultural maravillosa. 
Teniendo en cuenta que tengo al mayor grupo cervecero del Reino Unido en mi circunscripción, sería la última persona que cuestione los valores del alcohol cuando se consume con moderación. 
Pero debo decir que, en mi opinión, debe ser etiquetado debidamente al igual que cualquier otro producto alimenticio. 
Tiene sus riesgos y sus peligros como cualquier otro producto alimenticio o cualquier otra bebida. 
Cuando la posición común salió del Consejo, la sección sobre las bebidas alcohólicas había sido misteriosamente separada del resto del texto, por lo que esperábamos que en la segunda lectura, el Consejo presentaría una propuesta. 
No obstante, pudimos saber entonces que cabía esperar una propuesta de la Comisión, y el Comisario Bangemann remitió un escrito a nuestro presidente, Sr. Collins, con fecha del 31 de octubre, en el que le comunicaba que la Comisión está actualmente dispuesta a comprometerse a presentar, lo antes posible, una nueva propuesta de directiva sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
¿Pero dónde está? 
Tengo entendido que el Comisario Monti responderá hoy en el Parlamento. 
Creo que sería de gran ayuda para la Asamblea si pudiera comunicarnos en qué estado se encuentra dicha propuesta en estos momentos. ¿Continúa contando con el respaldo de la Comisión en su conjunto, y cuándo la veremos? 
Con esta advertencia, alabo encarecidamente la directiva y a todos los que han participado en su elaboración y, también, a todos los que se beneficiarán de la misma. 
Señor Presidente, Señorías, la etiqueta de un producto alimenticio es un instrumento útil y por tanto es nuestro deber tratarlo con cuidado. 
Es útil porque sin perturbar el mercado interior, ofrece al consumidor la oportunidad de hacer una elección racional entre una amplia oferta de productos. 
Pero de qué sirve informar al consumidor por medio de la etiqueta, si no comprende lo que se pretende decirle, simplemente porque la etiqueta está escrita en un idioma que no domina. 
Según la directiva de 1978 sobre el etiquetado, bastaba que la información en la etiqueta estuviera escrita en un idioma comprensible para el consumidor. 
Sin embargo, las dos famosas sentencias Peters han despertado la duda y nos han colocado en la difícil tesitura de juzgar caso por caso. 
Quien haya seguido el calvario del caso Peters, sabrá a qué me refiero. 
Me complace que hayamos logrado convencer a las demás instituciones de que es preciso dar mejores garantías, y de que a partir de ahora los Estados miembros tengan expresamente la oportunidad de imponer uno o más idiomas. 
La nueva directiva sobre el etiquetado, que mañana aprobaremos formalmente, conjuga los principios de mercado interior con los de la protección del consumidor. 
La mediación ha sido larga, pero el resultado es satisfactorio y deseo dar las gracias a todos los implicados en la mediación por la buena colaboración, en especial al ponente, el Sr. Schnellhardt, y asimismo felicitarles por el resultado. 
Se están realizando claros progresos en materia de denominación comercial. 
La directiva de 1978 era vaga y ambigua, y en este sentido difícilmente conciliable con los principios del mercado interior. 
Sólo espero que también ahora pueda seguir rondando el espíritu de la sentencia de la bearnesa cuando la Comisión asuma su papel de guardiana del Tratado en este expediente. 
La declaración cuantitativa de ingredientes es otro ejemplo de una información más equilibrada, y merece mi aprobación. 
Por último, considero acertada la elección de que el etiquetado de los productos que han sufrido alguna modificación genética se regule en el reglamento específico de novel-foods. 
Lo que queda aún no son sólo las bebidas alcohólicas, sino también la información nutricional. 
En lo que respecta a la información nutricional, dentro de poco habrá que elegir. En este sentido hemos de atrevernos a preguntarnos de qué sirve si el consumidor no está suficientemente familiarizado con la dietética. 
No cabe duda de que el consumidor ha de asumir la responsabilidad si se preocupa por su alimentación, pero para hacerlo debe disponer de ciertos conocimientos. 
Educarle en torno a la alimentación es a mi entender un aspecto de la protección del consumidor que hasta ahora no ha recibido suficiente atención. 
Quisiera preguntarle al Comisario si no cree que va siendo hora de utilizar más la competencia en el ámbito de la prevención en materia de salud pública, ocuparse de la información al consumidor al margen de la etiqueta y estimular una información adecuada a los consumidores en el ámbito de la alimentación. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que viniera usted hasta este lugar para comprobar que desde aquí no se puede ver en el monitor cuándo le llega a uno el turno de intervención. 
Ya he propuesto tres o cuatro veces seguidas que se instale uno aquí, pero parece ser que es imposible. 
Si no puede usted pagarlo, en casa tengo un monitor viejo, que estoy dispuesto a instalar aquí. 
Vuelvo a la cuestión que tratamos, y en efecto quiero felicitar al Sr. Schnellhardt por su informe y el compromiso que ha alcanzado. 
Ser ponente de un tema cuyo tratamiento ha tardado tanto se ha convertido casi en la tarea de toda una vida. 
Es un buen compromiso y considero que la mejora del etiquetado de los productos alimenticios es una consecuencia lógica de nuestro mercado interior. 
Si no es posible armonizar la composición de los productos alimenticios, por lo menos ha de ser posible informar adecuadamente a los consumidores de los componentes que se encuentran en los alimentos. Y creo que el compromiso lo ha logrado bastante bien. 
No voy a repetir los tres aspectos en los que se ha dado la razón al Parlamento. Todos los oradores los han comentado extensamente. 
Al igual que otros oradores, quiero volver a recalcar la responsabilidad que tiene ahora la Comisión, y quisiera pedir al Comisario Bangemann, representado ahora por su compañero, Sr. Monti, que cumpla la promesa que ha hecho durante los preparativos y el procedimiento de mediación, de presentar cuanto antes una nueva propuesta relacionada con el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
Quisiera pedirle al Comisario Monti que lo confirme en su respuesta al Parlamento. 
Veremos qué podemos hacer con respecto al monitor, señor Eisma. 
Señor Presidente, Señorías, desde 1992 se ha realizado un inmenso trabajo para modificar la directiva que debatimos esta tarde. 
Debemos felicitarnos de la labor desempeñada por los sucesivos ponentes, la Sra. Langenhagen en la primera lectura y el Sr. Schnellhardt en la segunda. 
Dicha labor permitió a nuestro Parlamento pronunciarse en dos ocasiones. 
En el presente período parcial de sesiones debemos votar el proyecto conjunto de decisión del Parlamento y del Consejo aprobado por el Comité de Conciliación. 
Personalmente, soy totalmente favorable, junto con mi Grupo, a la aprobación de este texto, y la finalidad de mi intervención se sitúa en otro plano. 
Al margen de este acuerdo, un compromiso político ha subordinado la aprobación final del proyecto conjunto del Parlamento Europeo a la presentación por la Comisión de una nueva propuesta específica sobre las bebidas alcohólicas. 
Así pues, yo me formulo una pregunta: ¿por qué se han vinculado ambas cosas? 
¿Por qué en la reunión de conciliación la delegación del Parlamento Europeo fue favorable a una posición diferente a la adoptada por el Parlamento con ocasión de los dos debates, en los que todas las partes se habían expresado sobre el problema del etiquetado de las bebidas alcohólicas, es decir, el debate de octubre de 1993 sobre el Informe Langenhagen y el de octubre de 1995 sobre el Informe Schnellhardt? 
No entendemos por qué la posición del Parlamento votada en el período parcial de sesiones de octubre de 1995 se vuelve hoy a poner en entredicho por un nuevo compromiso, que ha dejado de ser la expresión de una decisión del Parlamento. 
Hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta a los interrogantes que muchos de mis colegas y yo mismo hemos formulado al respecto. 
¿Nuestro Parlamento puede aceptar que a esta fase final de las discusiones se añada un punto sobre el que éste ya se pronunció, y que fue aceptado por las instituciones, el Consejo de Ministros y la Comisión? 
Por lo tanto, recomiendo aprobar el proyecto conjunto que se nos somete y al mismo tiempo que nos neguemos a cambiar de opinión y que rechacemos cualquier solicitud para presentar un texto complementario. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento examina el proyecto común, fruto del procedimiento de conciliación sobre la modificación de la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado de los productos alimenticios, con vistas a su aprobación definitiva. 
Deseo dar las gracias a la delegación del Parlamento, que ha participado con mucha eficacia en la búsqueda de una transacción en el marco del procedimiento de conciliación. 
En particular, doy las gracias al Sr. Schnellhardt, ponente, y al Sr. Collins, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
La Comisión se congratula de poder aceptar el actual texto de transacción. 
Esa modificación, esperada desde hace mucho, de la Directiva 79/112/CEE permitirá, por una parte, mejorar en gran medida la información destinada a los consumidores y, por otra, potenciar la libre circulación de los productos alimenticios en el Mercado Único. 
Sin embargo, la búsqueda de soluciones que garanticen una información adecuada de los consumidores debe perseguirse más allá del acuerdo actual y creo que las intervenciones de Sus Señorías en este debate han aportado interesantes pistas a ese respecto. 
Igual que el Parlamento, la Comisión considera necesaria una rápida solución, a corto plazo, del problema planteado por la lista de los ingredientes de las bebidas alcohólicas. 
La Comisión había aceptado, en el momento de la aprobación de la posición común por parte del Consejo, que ese punto, que figuraba en su propuesta inicial, fuera separado del resto para no comprometer la propuesta de modificación en cuanto tal. 
En vista de la actual imposibilidad de encontrar una solución de transacción con los Estados miembros y para tener en cuenta algunas críticas formuladas sobre la propuesta inicial, la Comisión se compromete a transmitir al Parlamento y al Consejo, lo más rápidamente posible, una nueva propuesta de directiva que modifique la Directiva 79/112/CEE para regular las modalidades de etiquetado de los ingredientes de las bebidas alcohólicas. 
Por último, también en relación con preguntas explícitas formuladas, puedo confirmar a Sus Señorías que la Comisión adoptará en breve, como se ha anunciado, la nueva propuesta y la transmisión al Parlamento y al Consejo se hará a comienzos de 1997. 
El Parlamento tendrá así la posibilidad de expresar en primera lectura su dictamen sobre tan importante asunto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
«Aduana 2000» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0390/96) del Sr. von Wogau, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C40598/96-95/0087 (COD) ), por la que se adopta un programa de acción común para la aduana en la Comunidad (Aduana 2000). 
Señor Presidente, distinguidos colegas, el presente proyecto de una decisión por la que se adopta un programa de acción sobre el sector aduanero comunitario constituye, en mi opinión, un buen compromiso. 
Gracias a una preparación intensiva pudimos llegar ya en la primera sesión del Comité de Conciliación a un resultado que es aceptable para todas las partes. 
Aunque nuestras exigencias no se vieron colmadas plenamente en todos los casos, podemos sentirnos satisfechos en lo esencial. 
El objetivo del programa de acción Aduana 2000 es, ante todo, la consecución de un nivel equivalente de protección en todas las fronteras exteriores de la Unión. 
Es preciso conseguir una mayor eficacia en el procedimiento y en los controles aduaneros. Esto tiene una importancia decisiva para el funcionamiento ordenado del mercado interior. 
Por lo demás, otro de los objetivos importantes es la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
El programa prevé un presupuesto de 50 millones de ecus para el período del año 1996 al 2000. 
Las enmiendas que han sido presentadas por el Parlamento Europeo van encaminadas, sobre todo, a llevar tan lejos como sea posible la comunitarización de la cooperación en el ámbito aduanero, la calidad de los controles y la informatización de los sistemas. 
Sin embargo, con la protección común de las fronteras exteriores ha de ir pareja la apertura de las fronteras interiores. 
Por esta razón, he concedido un valor especial a la enmienda que se refiere a la exigencia de un desarrollo ulterior del mercado interior hacia un auténtico mercado nacional europeo. 
La realización de un auténtico mercado nacional europeo tiene la máxima prioridad. 
En él dejan de existir todas las diferencias que siguen existiendo aún en este momento en los mercados nacionales de los Estados miembros e impiden la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital. 
Permítanme destacar aún algunos puntos del programa de acción que nosotros hemos apoyado de manera especial. 
Entre éstos se encuentran, por ejemplo, la introducción del símbolo de las doce estrellas en los uniformes de los funcionarios de aduanas, tal como se describe ahora en el artículo 2. De esta manera la pertenencia de los funcionarios de aduanas a la Comunidad se hará patente para todos los implicados. 
Naturalmente, el ámbito de la lucha contra el fraude es decisivo. 
Nos hemos mostrado partidarios de una rápida informatización de los procedimientos aduaneros. 
Así, por ejemplo, en el artículo 8 se formula ahora como objetivo que los procedimientos comunitarios de exportación estén protegidos por un tratamiento electrónico de datos. 
En el artículo 9 la Comisión se compromete, entre otras cosas, a estudiar junto con los Estados miembros qué posibilidades existen de desarrollar medios de tratamiento electrónico de datos que sean adecuados para facilitar el intercambio de información entre los funcionarios de aduanas y las administraciones aduaneras. 
Esto tiene una importancia especial precisamente en relación con el tráfico intracomunitario, cuando seguimos viendo que camiones cargados completamente de cigarrillos entran en la Comunidad y de repente desaparecen en algún sitio. 
Hay gente que obtiene de esto enormes ganancias, otros que asumen la responsabilidad, como los transportistas que resultan afectados aquí, experimentan grandes pérdidas. 
Se trata del ámbito de la formación común de los funcionarios de Aduanas, sobre el que hemos hecho diferentes propuestas. 
Esto implica, por ejemplo, la institución de una Academia Europea de Aduanas. 
En el considerando 11 se encomienda a la Comisión que estudie la oportunidad de tal academia. 
En una declaración aneja a la propuesta la Comisión se compromete a estudiar la posibilidad de fomentar un intercambio a largo plazo de funcionarios de las administraciones nacionales de Aduanas. 
Hemos hecho una serie de otras propuestas para el mejoramiento del programa de acción. 
A ellas se referirán seguramente los oradores que sigan a continuación. 
En este contexto quisiera dar las gracias, por su excelente colaboración, a los demás miembros de la delegación y, sobre todo, a la Presidenta, la Sra. Fontaine, así como a la ponente, la Sra. Wemheuer, de la Comisión de Control Presupuestario. 
Recomiendo la aceptación del proyecto que ha autorizado el Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor comisario Monti, existe un mercado interior y existe una tarifa aduanera europea y los aranceles que se imponen constituyen ingresos propios de la Unión Europea. 
Todo esto es común. 
Luego, existen 15 administraciones nacionales diferentes de aduanas que han de cuidar de que el conjunto funcione. 
Esto constituye un anacronismo, no sólo en mi opinión, sino también en opinión de mi grupo. 
Sin embargo, no estamos tan alejados de la realidad como para pensar que se pueda introducir una administración única de aduanas. 
Esto está completamente claro. 
Pero hemos querido que lo común se refuerce un poco. 
Hemos deseado un programa de acción que muestre unos pasos concretos acerca de cómo pueden cooperar mejor las administraciones de aduanas. 
Si yo procediera ahora solamente de acuerdo con la letra muerta, sólo de acuerdo con la palabra escrita, no podría recomendar ahora en nombre de mi grupo la adopción de este programa. 
Pero no estoy procediendo con arreglo a la letra, ni tampoco estoy procediendo con arreglo a la actitud del Consejo, que en ningún caso me ha entusiasmado, estoy procediendo de acuerdo con el espíritu de la Comisión. 
En efecto, en ella hemos encontrado con nuestras exigencias, con nuestros deseos, incluso en los puntos en que no nos hemos podido imponer, un enorme apoyo, sobre todo, por parte del Sr. Comisario Monti y de la Dirección General XXI. 
Esto me ha llevado, ante todo, a proclamar también en nombre de mi grupo la conformidad con el compromiso que se ha logrado. 
Creo que más importante que lo que figura en el papel es lo que hemos logrado durante la discusión de este programa y lo que hemos logrado durante la discusión en la Comisión de Investigación sobre el procedimiento común en materia de exportación, en concreto, llamar la atención acerca de un problema y no meramente decir por un momento que aquí hay que hacer algo, sino modificar realmente la conciencia. 
En este sentido, haremos también un seguimiento muy atento de la realización del programa de acción, al cual damos ahora nuestra conformidad. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que, como copresidenta de la delegación, intervenga brevemente en este debate, para subrayar el carácter positivo que finalmente ha tenido esta conciliación, y hasta diría, en muchos aspectos, ejemplar. 
Aquí y allí, yo diría más allí que aquí, es decir, más en el Consejo que en el Parlamento, algunas voces difusas se alzan a veces para denigrar, en parte, el procedimiento de aplicación de la codecisión, establecido en el Tratado de Maastricht, arguyendo que es demasiado pesada, demasiado compleja. 
Es exacto, y nadie sabe mejor que nosotros que es muy pesada y muy compleja, pero todos saben que son defectos que podrán ser perfectamente corregidos en el marco de la Conferencia Intergubernamental, y debemos evitar, como se dice, » tirar a la criatura con el agua del baño». 
Tras estos dos primeros años de experiencia, la objetividad impone que comprobemos los considerables progresos realizados por el legislativo europeo. 
Sólo lamento que nuestros conciudadanos no tengan suficiente conciencia de ello. 
En la conciliación del programa «Aduana 2000» , que nos nos ocupa, las cosas no eran fáciles, porque de entrada el Consejo había reducido sustancialmente la amplitud del programa. 
La comisión competente para el fondo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, así como las comisiones competentes para opinión, en particular la Comisión de Control Presupuestario, trabajaron muy duro. 
Efectuaron un trabajo extraordinario, y yo desearía felicitar expresivamente en particular a los ponentes, Karl von Wogau y la Sra. Wemheuer, porque a ellos debemos, en gran medida, el resultado. 
Nuestras prioridades se basaban en dos imperativos: un imperativo de «comunitarización» y un imperativo de calidad. 
Con estos dos objetivos presentes en la mente nos fue posible, en muchos de los puntos que el Parlamento Europeo consideraba centrales, y que Karl von Wogau acaba de recordar, obtener compromisos aceptables, ya que cada institución accedió finalmente a tomar en consideración el punto de vista de las demás y a dar los pasos necesarios para que el acuerdo pudiera alcanzarse. 
Esto es lo que los autores de Maastricht tenían en mente cuando crearon la codecisión. 
En este sentido, como ya se ha señalado, la cooperación del Comisario Monti fue inestimable, y deseo por mi parte agradecérselo. 
Todos se han dado cuenta, señor Comisario, de la importancia de su contribución y de la importancia, concretamente, de la declaración de la Comisión sobre la movilidad de los agentes de aduanas, que acompaña, muy oportunamente, al proyecto conjunto de conciliación. 
En general, tengo la sensación de que la Comisión desempeña hoy en estos procedimientos de conciliación el papel que era de esperar, es decir, el de un mediador que facilita la vía de la conciliación. 
Espero que cuando apliquen las acciones del programa- y nosotros estaremos muy vigilantes, como ha declarado con razón la Sra. Wemheuer -, los Estados miembros tengan una conciencia más clara del impulso que significarán estas acciones para fomentar el espíritu europeo. 
Creo realmente que gracias a programas como «Aduana 2000» , señor Presidente, se forjará en el espíritu de nuestros ciudadanos la conciencia de una verdadera identidad europea. 
Señor Presidente, tan sólo puedo reiterar lo que la Sra. Fontaine ha dicho ya a propósito del Comité de Conciliación sobre el programa «Aduana 2000» , en el que el Parlamento ha llegado a un acuerdo gracias a la excelente colaboración del Comisario Monti para alcanzar el resultado mejor sobre este importante proyecto. 
El Parlamento quería ante todo organizar el buen funcionamiento del Mercado Único creando las condiciones uniformes en las fronteras exteriores para realizar un auténtico mercado interior, como gusta de llamarlo el Comisario, un mercado doméstico. 
Entre las demás cuestiones, hemos recordado la movilidad de los agentes aduaneros, el intercambio de informaciones y experiencias, el símbolo de doce estrellas europeas que llevarán los agentes aduaneros en sus uniformes, el fácil reconocimiento por parte de los usuarios finales, la mejora de los controles, la computadorización de los servicios, también para la lucha contra los fraudes, y, por último, la mejora de la formación en el sector aduanero mediante el establecimiento de una academia aduanera. 
La delegación del Parlamento ha centrado su estrategia en los puntos fundamentales que habían planteado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y la Comisión de Control Presupuestario. 
El planteamiento del Parlamento consistió en valorizar al máximo la comunitarización de la cooperación aduanera, la calidad de los controles y, como ya he dicho, la indispensable computadorización de los sistemas. 
Sobre esos asuntos ha habido la máxima disponibilidad por parte del Comisario y ello ha permitido la puesta a punto de un programa final al que prestamos mucha atención y por el cual abrigamos mucha confianza para que, ya desde las aduanas interiores del Parlamento, el ciudadano europeo reconozca que forma parte de una gran casa común. 
Señor Presidente, Señorías, el texto de las propuestas de decisión del Parlamento y del Consejo, relativa a la aprobación de un programa de acción para las aduanas de la Comunidad- programa «Aduana 2000» -y presentada hoy al examen de Sus Señorías en el marco de la última fase del procedimiento de codecisión, es el que se preparó en la reunión del Comité de Conciliación celebrada el 10 de octubre. 
Este texto común constituye una transacción entre las posiciones de esta Asamblea y las del Consejo. 
Como cualquier transacción, representa el punto de encuentro entre posiciones a veces divergentes. 
A juicio de la Comisión, constituye una buena transacción en la medida en que representa, al mismo tiempo, un acto fundacional y un instrumento eficaz de trabajo. 
Por eso, espero que esta Asamblea pueda aprobarlo durante el presente período parcial de sesiones y quiero sinceramente felicitar al ponente, Sr. von Wogau, y al otro ponente, Sra. Wemhauer, por la tenacidad y la importancia de su trabajo. 
Permítaseme felicitar, además, a la Sra. Fontaine, que con gran eficacia- con su conocida eficacia- ha copresidido el Comité de Conciliación. 
Lo he calificado de acto fundacional: lo es, en la medida en que plasma en una decisión jurídica un compromiso firme de fortalecer en un marco comunitario la cooperación entre las administraciones aduaneras de los Estados miembros y entre éstas y la Comisión a fin de construir una aduana apta para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y prestar a los operadores del comercio internacional un servicio de calidad comparable en cualquier punto del territorio aduanero de la Comunidad. 
La consecución de ese objetivo presupone la superación de la simple armonización reglamentaria, ya realizada con la aprobación del código aduanero comunitario, para conseguir una aproximación de los métodos de trabajo y llegar a un nivel homogéneo de calidad en la aplicación de los procedimientos y de los controles aduaneros. 
También lo he llamado instrumento eficaz de trabajo: lo es- creo yo- en la medida en que proporciona el marco comunitario jurídico, organizativo y financiero indispensable para realizar esa acción al servicio de la mejor gestión posible del Mercado Único. 
A ese respecto, la Comisión se propone hacer del programa «Aduana 2000» un instrumento preferente para aplicar de forma eficaz la reforma del tránsito, que, como saben Sus Señorías, se propone emprender próximamente. 
El texto que se presenta al examen de Sus Señorías contiene diversas mejoras deseadas por el Parlamento Europeo. 
Cito cuatro fundamentales: el reconocimiento de la necesidad de perfeccionar el Mercado Único a fin de realizar, en perspectiva, un verdadero- no puedo por menos de usar la expresión original, señor von WogauHeimatmark; el deseo de que los agentes lleven en el uniforme el símbolo con doce estrellas de la Comunidad; la necesidad de formular en el nivel comunitario criterios comunes para orientar la intervención de los servicios aduaneros y, por último, el claro compromiso de los Estados miembros de poner a disposición del programa los medios financieros para su realización y, en particular, de ultimar la informatización del tránsito en 1998, a más tardar. 
La Comisión, por su parte, se preocupará de obtener el mayor provecho del fundamento jurídico y financiero que se pone a su disposición con vistas a la realización de los objetivos que la decisión común del Parlamento y del Consejo le asignan. 
La declaración que la Comisión ha inscrito en el acta de la decisión- encaminada a favorecer el desarrollo de los intercambios de funcionarios a largo plazo- es el primer ejemplo de ello. 
Los informes de evaluación, que se presentarán a Sus Señorías, les permitirán juzgar la realidad de dicho compromiso. 
Por último, agradezco las amables palabras que se han expresado para con la Comisión. 
Tengo mucho gusto en subrayar que éste es un momento importante para el Mercado Único, para la identidad del Mercado Único y, como se ha subrayado, para la experimentación eficaz de mecanismos institucionales, complejos, desde luego, pero que han demostrado que, si se gestionan bien, pueden dar frutos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0342/96) del Sr. Tsatsos, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la situación constitucional de los partidos políticos europeos. 
Señor Presidente, allí donde se ejerce el poder público se requieren legitimación y control. 
Constituyen una condición previa imprescindible para la democracia. 
Ahora bien, así como antes el ejercicio del poder público era un monopolio del Estado nación, en el marco del desarrollo de la unificación europea ha nacido un ente de poder público sin precedentes, la Unión Europea. 
Sin embargo, ni la legitimación ni el control del nuevo poder europeo pueden ser realizados por cada uno de los ciudadanos europeos. 
Éstos representan la forma de organización adecuada para la formación de una voluntad colectiva y para la instilación de esta voluntad en las instituciones. 
Los partidos nacionales son y siguen siendo los principales factores de legitimación y control de los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Unión. 
Son necesarios para el propio proceso de unificación, para la legitimación de los órganos institucionales de la Unión y para la transparencia de la práctica política. 
El artículo 138A del Tratado constituye un punto de partida histórico, ya que establece los partídos políticos europeos como institución del régimen unitario y como factor determinante, tanto para la futura trayectoria de la unificación, como para la sustentación de ésta en la confianza de los ciudadanos europeos. 
Naturalmente, ya hay partidos políticos europeos; pero se encuentran en su primera etapa de desarrollo y tienen más bien carácter de federaciones centrales. 
En el futuro surgirán nuevas formas de organización partidistas que tendrán capacidad para asimilar los futuros desarrollos políticos. 
Se trata, pues, de una institución en evolución histórica. 
Nuestro debate tiene lugar en una época en la que el papel de los partidos y de la política en general se pone en tela de juicio. 
En última instancia, con ello se pone en tela de juicio la propia democracia. 
Ha llegado la hora de reaccionar, y es a esto a lo que apunta mi informe. 
De hecho, aspira a constituir el segundo gran paso en la dirección trazada por los redactores del artículo 138A. 
Este artículo ha de ser aplicado con un alcance más amplio. 
Representaría una contribución importante desde el punto de vista de la credibilidad y de la seguridad jurídica que esta ampliación del alcance se basara en dos actos legislativos complementarios del artículo 138A, esto es, un reglamento marco sobre la situación jurídica, los derechos y las obligaciones de los partidos políticos europeos y otro equivalente sobre los aspectos económicos de éstos. 
Me referiré a estos dos temas por separado: 
Primero, en cuanto al aspecto constitucional, es fundamental para la comprensión de los actos legislativos reivindicadas por mi informe su carácter de reglamentos marco, e insisto en la palabra marco. 
Segundo, se propone la fijación de unos requisitos mínimos que deba reunir una asociación política poder cumplir el cometido descrito en el artículo 138A y reivindicar, con razón, el carácter de partido europeo. 
Al fijar estas características conceptuales no pretendo dar una definición definitiva del partido, precisamente para que la realidad actual no sea un obstáculo para futuros desarrollos. 
La aclaración que pido contribuye a la seguridad jurídica y a la transparencia. 
Precisamente por este motivo, en la propuesta de decisión se reivindica que la asociación política sea activa en más de un Estado miembro. 
Por eso se hace referencia al objetivo de la asociación política, que debe ser su participación en el Parlamento Europeo, y se subraya que el partido político no representa una fracción de los grupos parlamentarios, sino una institución autónoma que, además, opera cerca de los ciudadanos, en la base social. 
En la propuesta de decisión se hace mención a los derechos de los ciudadanos europeos. 
Esto no debería llevar a malentendidos. 
Así, por ejemplo, el derecho de los partidos a la igualdad de trato no es, esencialmente, un derecho de éstos como finalidad absoluta, sino un derecho indirecto, aunque evidente, de los ciudadanos. 
Son éstos los que deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos a través de los partidos políticos en condiciones de igualdad. 
Por último, la propuesta de decisión menciona las obligaciones de los partidos. 
Tampoco nos debe extrañar. 
Cuando, por ejemplo, exigimos de los partidos que tengan un programa y un reglamento interior accesibles para la opinión pública, y, sobre todo, una organización democrática, no hacemos más que asegurar los derechos políticos de los ciudadanos. 
Ahora llego a la cuestión palpitante de los asuntos financieros de los partidos políticos europeos. 
La concesión de ayudas financieras a los partidos a través de los grupos parlamentarios es un procedimiento que no puede continuar. 
Esta ayuda financiera sólo se puede admitir para aquellas actividades de los partidos que tengan relación con el Parlamento y con el grupo parlamentario. 
Carece de fundamento jurídico la financiación destinada a actividades de los partidos que no tengan ninguna relación con el Parlamento ni con el grupo parlamentario. 
Por lo tanto, la propuesta de decisión incluye la demanda del Parlamento dirigida al legislador de la Unión de que se adopte un reglamento basado en los siguientes principios: que tenga un fundamento jurídico claro; que, por fin, haya una transparencia absoluta con respecto a todas las fuentes financieras; que el sistema de financiación no sea prohibitivo en cuanto a la fundación de nuevos partidos, y, por último, que se establezcan criterios justos. 
La decisión que propongo, naturalmente, no representa la futura regulación. 
Tan sólo traza la dirección, registra sensibilidades, define marcos y subraya el papel que debe reivindicar para sí mismo el Parlamento. 
El Parlamento Europeo, con miras al futuro desarrollo, pero sin adelantarse a él, y sobre la base de las experiencias tenidas hasta ahora, tiene el deber de defender una política que garantice el crecimiento de la institución del partido europeo, a pesar de los múltiples ataques a los que ésta se ve sometida. 
Expresamos el deseo de que la Conferencia Intergubernamental adopte nuestras ideas y propuestas. 
Queremos el diálogo con la Comisión Europea sobre los próximos pasos, y esto independientemente de lo que se decida en la Conferencia. 
El camino hacia la construcción de los partidos políticos europeos debe estar abierto. 
Quien lo niege deberá justificarse ante la Historia. 
Hoy, no tiene sentido hacer pronósticos sobre lo que se decida en la Conferencia Intergubernamental. 
Nosotros, como Parlamento Europeo, tenemos el deber histórico de reivindicar, por orden de nuestros pueblos, lo que sea necesario para la democracia. 
A este deber histórico es a lo que se refiere mi informe. 
Señor Presidente, el del Sr. Tsatsos es un informe importante que coincide con una difícil coyuntura, como recordaba el propio ponente, una coyuntura caracterizada por una crisis en la relación entre las instituciones europeas y los ciudadanos; por tanto, es lógico que se deba hacer un esfuerzo para construir las mediaciones políticas de dicha relación que requiere renovación. 
A ese respecto, la función de los partidos políticos europeos puede constituir, naturalmente, un elemento muy importante de esta meditación y ser también un elemento concreto de ciudadanía. 
Naturalmente, nadie piensa en la posibilidad de construir los partidos desde arriba y quien conoce un poco la Historia sabe perfectamente lo complicado y difícil que ha sido el nacimiento de los partidos. 
Por tanto, es evidente que los partidos políticos europeos nacerán de verdad sólo cuando haya una sociedad civil europea, pero es muy importante que desde ahora mismo se formule un marco constitucional para los partidos europeos, su papel y sus funciones. 
El informe- acaba de recordarlo el ponente- pide un reglamento marco sobre la situación jurídica de los partidos políticos europeos y un reglamento sobre sus condiciones financieras, vinculándolos con una posible aplicación del artículo 138 A del Tratado que, desde luego, constituye un fundamento excelente para ello, si bien hay que ahondarlo en el futuro. 
Quisiera hacer una observación final sobre la financiación de los partidos, asunto fundamental al que también se ha referido el ponente y cuya necesidad declara precisamente el informe. 
Sabemos también que este asunto es muy difícil y suscita cierta hostilidad entre la opinión pública, pero debemos afrontarlo precisamente porque existe un costo de la democracia y un costo de la política. 
El verdadero problema es otro y es el de la transparencia y la publicidad y no de la renuncia; en efecto, si debiéramos renunciar a esto, nos encaminaríamos hacia una crisis de la democracia. 
Señor Presidente, Señorías, hoy hace exactamente cinco años, el Consejo Europeo de Maastricht tomó una decisión sobre el reconocimiento de los partidos políticos europeos. 
Pero desde entonces no se ha hecho nada, aparte del informe del Sr. Tsatsos, por el cual deseo felicitarle, y algunos intentos de los responsables actuales de los partidos políticos europeos. 
No se han tomado iniciativas. 
La Comisión y el Consejo guardaron silencio pese a la voluntad política, por lo menos sigo convencido de que el 9 de diciembre de 1991 existía una fuerte voluntad política- lo pude constatar- entre los jefes de Estado y de gobierno reunidos por aquel entonces en Maastricht. 
Hoy, al igual que otros jefes de grupo, he recibido un dictamen jurídico de este Parlamento, del cual se desprende que no podemos tomar ninguna decisión legislativa sobre el reconocimiento de los partidos políticos europeos salvo que sea sobre la base del artículo 235 A del Tratado Europeo, y eso implica la unanimidad en el Consejo de Ministros. 
Por consiguiente, no se ha otorgado ninguna competencia atribuida a este Parlamento, a la Unión Europea, para regular la posición constitucional de los partidos políticos europeos. 
Además, se ponen de manifiesto muchas objeciones y se puede constatar una gran desconfianza. 
Se dice que queremos mucho dinero para realizar las campañas electorales a nivel de partidos políticos europeos. 
Esto no es cierto. No pedimos más dinero. 
Sólo señalo lo siguiente. 
Los actuales partidos políticos europeos dependen demasiado de los Grupos parlamentarios. No es una situación saludable. 
Lo que pedimos hoy es un sistema de financiación transparente, no más dinero, sino un sistema de financiación pública transparente con una contabilidad abierta y con control. 
En su informe, el Sr. Tsatsos ha dicho claramente: hemos de establecer una distinción entre los Grupos parlamentarios en este Parlamento y los partidos políticos europeos. Desempeñamos un papel propio. 
Los partidos políticos a nivel europeo han de desempeñar un papel en la sociedad. Han de dar información. 
Han de organizar debates públicos. Sobre todo, han de organizar la formación política a nivel europeo en nuestra sociedad. 
Para poder desempeñar esta tarea constitucional, los partidos políticos europeos han de cumplir algunos criterios fundamentales. 
El Sr. Tsatsos los ha señalado: han de tener un estatuto organizativo, un programa político básico accesible a los ciudadanos europeos. Deben respetar los principios básicos del Tratado Europeo. 
Concretamente, la democracia, el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho, estos son los principios que han de respetar. 
Su proceso de decisión política interna ha de ser democrático y ha de estar abierto a todos los ciudadanos de la Unión Europea que quieran expresar su voluntad política. 
Por ello, el Grupo del PPE es firme partidario de la posibilidad de afiliación individual, y hemos presentado una enmienda en este sentido. 
Pero también consideramos que es necesaria una decisión por mayoría en la toma de decisiones de los partidos políticos europeos. 
Ambas cosas ya suceden en el Partido Popular Europeo. 
He puesto en práctica ambas cosas, la afiliación individual, pero también la decisión por mayoría, en el proceso de decisión política interna. 
Por consiguiente, quisiera llegar a algunas decisiones. 
Después de haber leído esta tarde el dictamen jurídico- lo he recibido por la tarde, pero tiene fecha del 27 de noviembre- creo estar convencido más que nunca de que el artículo 138 A del Tratado ha de complementarse con un segundo apartado, como ha propuesto el Sr. Tsatsos, y como han propuesto diversos gobiernos, en el que se establezca la posibilidad de establecer la resolución legislativa por la vía de la codecisión. 
Pienso que no saldremos adelante si hemos de trabajar tal como se propone en el apartado 2 de la resolución. 
Ahora lo veo claramente. 
Tendremos que trabajar, si realmente queremos progresar con vistas a las decisiones de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam. 
En lo que respecta a nuestro Grupo, tomaré las iniciativas necesarias para intentar convencer a los jefes de gobierno pertenecientes a nuestra familia política de que introduzcan un añadido de este tipo, pues si no no saldremos adelante. 
Pero el mérito es del Sr. Tsatsos, porque, después de cinco años, ha logrado encauzar este debate de nuevo por buen camino. 
Señor Presidente, queridos colegas, el informe Tsatsos sobre el estatuto constitucional de los partidos políticos europeos no merece la aprobación de mi Grupo, como ya manifestamos en la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Desde el punto de vista político, las razones de las discordancias entroncan sobre todo con el principio de que es esencial no diluir ni atenuar la responsabilidad de los Estados miembros en la construcción de Europa. 
Los diputados al Parlamento Europeo son representantes de cada uno de los países de la Unión Europea y en esta institución forman parte de los Grupos políticos que con ellos tienen más afinidades de carácter partidario. 
Dichos Grupos han venido funcionando como partidos políticos en el nivel europeo, que han tenido incluso la posibilidad de incluir diputados regionales, algunos de ellos elegidos también por partidos regionales. 
No hay fundamento jurídico alguno para que se pueda establecer un estatuto constitucional de partidos políticos europeos, cuya existencia y actuación podrían incluso crear fuertes contrariedades y malestar en los diversos países comunitarios y tal vez incluso dificultades insuperables en su esfera constitucional. 
El uso que se viene siguiendo desde hace ya algunos años en el Parlamento Europeo, pese a que aún necesita francas mejoras en muchos aspectos, nos parece más pacífico, pues no suscita controversias importantes. 
Por lo demás, la participación de diputados de diferentes países en esos Grupos políticos, constituidos en el Parlamento Europeo, se manifiesta con gran libertad de opinión, muchas veces con la posibilidad de expresión de cada cual, en contra de la voluntad de la mayoría del Grupo, lo que difícilmente podría suceder en la estructura y en la práctica de un partido político europeo, que tendría, sin lugar a dudas, mucho más rigor y espíritu de obediencia a la rigidez y la formalidad de sus principios y disciplina políticos. 
Se consigue más fácilmente una mayor proximidad entre ciudadanos elegidos y electores, cuestión importante para este Parlamento, si éstos son candidatos por un partido nacional o regional de lo que se conseguiría sin duda con un partido político europeo. 
Otra razón importante de discordancia tiene que ver con la cuestión, también abordada en el informe Tsatsos, de las financiaciones comunitarias, que deben ser transparentes, desde luego, pero no discriminatorias. 
Además, obligar, para los efectos de recibir dichas subvenciones, a los diputados, que son representantes elegidos de sus países, aunque por un partido exclusivamente nacional, a agruparse de un modo que no respete los principios por los que fueron elegidos es una violencia y un contrasentido que Europa, adelantada de la defensa de la democracia, jamás deberá, o debería, defender. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero elogiar al Sr. Tsatsos, no sólo por su concienzudo informe, sino en igual medida por la amplia disposición con que ha expuesto los argumentos y las enmiendas de sus compañeros miembros de la comisión. 
Mi Grupo aprobará el proyecto de resolución por dos razones. 
En primer lugar, nos parece bueno que los partidos políticos europeos adquieran una posición constitucional más firme que la que han tenido hasta ahora, y que esta posición quede firmemente arraigada en el Tratado. 
A continuación, creemos conveniente que la financiación de estos partidos con los recursos comunitarios reciba también una base jurídica clara e indiscutible. 
Para mayor claridad me apresuro a añadir que el Grupo del ELDR no es partidario de un aumento de las subvenciones, sino de la apertura, transparencia y seguridad jurídica. 
Por último, llamo la atención del pleno sobre tres enmiendas que hemos vuelto a presentar y pido al pleno que las apoye en la medida de lo posible. 
La primera tiene que ver con el equilibrio, a nuestro entender necesario, entre la subvención y los recursos propios. 
La segunda, que fue firmada también por los compañeros de otros grupos, tiene que ver con las afiliaciones individuales, y la última se refiere a la necesidad de aprobar un sistema electoral uniforme, asentado en una representación equilibrada, así como un estatuto uniforme de todos los parlamentarios europeos. 
Para terminar, espero que el informe Tsatsos se convierta en caldo de cultivo de floreciente vida política europea. 
Señor Presidente, en mi Grupo hay diferencia de opiniones sobre este informe y ello se va a expresar hoy en este Pleno. 
Nuestro Grupo es la emanación de una internacional de raigrambre ideológica, no depende de un partido europeo ya constituido, es un compromiso programático y político en la izquierda y es un Grupo confederal donde se respetan plenamente las decisiones de los partidos nacionales y su capacidad de trasladar su opinión al Pleno. 
Y teniendo en cuenta todos estos datos, yo voy a expresar aquí la opinión de los que estamos a favor de la oportunidad de incluir en la Conferencia Intergubernamental el desarrollo del artículo 138 A. 
Si creemos que hay una sociedad europea, si hay unas instituciones democráticas europeas, si hay un tejido democrático europeo, si queremos que la ciudadanía tenga un valor constitucional dentro del marco en el que estamos trabajando, si hay una expresión en un Parlamento Europeo, parece razonable reconocer la existencia de los partidos políticos europeos que ya existen y de los que quieran existir. 
Eso sí, con igualdad de oportunidades y sabiendo que, en todo caso, la conformación de la voluntad política europea, a través de estos partidos, es complementaria de la conformación de esa voluntad política en los partidos nacionales y en los Estados miembros. 
Por eso, estamos de acuerdo en que la Conferencia Intergubernamental trate del tema y en que haya actos jurídicos de la Unión Europea sobre ello: el reglamento marco, del que ya se ha hablado, para darle ese valor constitucional y jurídico a los partidos políticos europeos, y un reglamento para que haya transparencia y control en la financiación. 
El informe del Sr. Tsatsos es tan flexible que llega incluso a reconocer explícitamente que esos partidos políticos europeos- se creen de la forma que se creen y teniendo en cuenta la multinacionalidad de la forma que crean conveniente- puedan oponerse a que haya programas y actuaciones de dimensión europea. 
Es, por lo tanto, un planteamiento que nosotros tenemos que aprobar en este momento tan importante de la construcción política europea donde los ciudadanos deben opinar, participar y poder conformar su voluntad política en la dimensión europea. 
Señor Presidente, en esta Asamblea es tradicional dar las gracias y felicitar al ponente. 
Creo que esta es una hermosa cultura. 
Sólo que hace difícil manifestar un cumplido personal especial al ponente en el caso de un informe también especial. 
Quisiera hacerlo en este caso. 
Yo había esperado más bien un informe tecnocrático sobre la formación y financiación de los partidos y me encuentro un informe que se sitúa a sí mismo en el contexto de un debate constitucional que plantea la pregunta decisiva, es decir, la pregunta por el soberano de la integración europea, por la ciudadanía, y con ello por la legitimación de esta integración europea. 
La considero una cuestión enteramente central. 
Aquí penetra, por fin, otra vez este Parlamento en el discurso constitucional. 
Por esa razón, mi felicitación. Por esa razón, también nuestra conformidad. 
Los Verdes consideramos un proceso generador de constitucionalidad en la UE como el máximo desafío político, y lamentamos mucho que la Conferencia intergubernamental no emprenda ninguna iniciativa en este ámbito. 
Permítanme quizá también un reparo que ya ha sido mencionado: consideramos realmente necesario aspirar a una modificación del Tratado y no permanecer fuera de la Conferencia intergubernamental, precisamente porque este informe tiene esta ambición constitucional tan fundamental. 
Otro reparo- también ha sido formulado ya- se refiere a la cuestión de las membrecías individuales. 
Precisamente porque la integración europea está teniendo lugar hoy en el campo de tensión de la renacionalización, por un lado, y del surgimiento de una tecnocracia supranacional, por otro, la membrecía individual es un signo muy importante de la formación de semejante ciudadanía europea. 
Creo también que deberían posibilitarse membrecías fuera de la UE, pues Europa se extiende más allá de la UE y deberíamos demostrar así nuestra apertura y nuestra invitación al resto de Europa. 
Por lo demás, celebramos, y repito una vez más mi felicitación, que con este informe se inicie este discurso tras años de interrupción, de estancamiento del debate constitucional. 
Señor Presidente, Señorías, no existe democracia sin partidos políticos. 
Hasta ahora, a pesar del artículo 138 A del Tratado, los partidos sólo existen a escala de los Estados miembros. 
En el plano europeo o internacional sólo se trata de confederaciones de partidos nacionales. 
La única excepción, cuya naturaleza es, por otra parte, totalmente diferente, reside en los grupos en el Parlamento Europeo. 
Pero éstos sólo se componen de diputados. 
Por lo tanto, existía un vacío en el plano de la Unión. 
El notable informe del Sr. Tsatsos, sobre la situación constitucional de los Partidos Políticos Europeos, lo colma perfectamente. 
Ya es hora, en efecto, de que existan Partidos Políticos Europeos reconocidos como tales por los ciudadanos y las instituciones. 
Éstos generarán una mayor claridad en los debates y una mayor transparencia en la financiación de la vida política. 
Será necesario, sin embargo, procurar no imponer límites demasiado estrictos respecto a la cantidad de nacionalidades necesarias para la constitución de dichos partidos, a riesgo de romper cierta dinámica. 
Pero para que esta construcción democrática sea perfecta es conveniente completarla en tres puntos. 
Primeramente, nuestra Asamblea debe aprobar un estatuto de diputado. 
En segundo lugar, es preciso instaurar el sistema electoral uniforme, que el Parlamento aprobó en 1993. 
En tercer lugar, hay que permitir las adhesiones personales a los Partidos Europeos, si queremos evitar que siga subsistiendo el sistema de concentración de partidos nacionales. 
Solamente adoptando estas medidas la Unión conocerá una vida política democrática, digna de Europa y de sus habitantes. 
Señor Presidente, la propuesta tendente a establecer un estatuto de los Partidos Políticos Europeos nos parece desprovista a la vez de base legal y de justificación en cuanto al fondo. 
Esta es la posición que defendimos en la Comisión de Asuntos Institucionales, y agradecemos al ponente por haber mencionado nuestros argumentos en el cuerpo de su informe. 
Ni el artículo 138 A del Tratado, en el que evidentemente no se tenía la intención de crear partidos «especializados» en los asuntos europeos, ni el artículo 142, que establece únicamente el derecho de nuestra Asamblea de organizar sus trabajos, ni el artículo 235, que ciertamente en ningún caso podría servir para una revisión del Tratado, constituyen bases legales para este proyecto. 
¿Es necesario modificar esta situación con ocasión de la Conferencia Intergubernamental o en otro momento? 
Nosotros pensamos que no. 
De lo que se trata es de saber, en efecto, cómo puede formarse una voluntad política en el plano europeo. 
El ponente parece preferir la expresión directa de 380 millones de ciudadanos en el marco si no de un Estado europeo, al menos de una entidad de naturaleza «constitucional» , para recoger una palabra utilizada varias veces en el informe, de una manera ciertamente algo provocadora, pero felizmente sin ningúna repercusión jurídica. 
Nosotros pensamos, por el contrario, que no existe un pueblo europeo. 
Para no sumirnos en la confusión y para evitar métodos de gobierno no democráticos, la vida política de Europa debe, por lo tanto, organizarse ante todo en el seno de los círculos nacionales, para que luego estos últimos participen en el funcionamiento de las instituciones europeas a través de sus representantes. 
Por eso nosotros consideramos inoportuno modificar el Tratado, para crear un estatuto de Partidos Políticos Europeos y sobre todo para financiar estos partidos artificiales con fondos comunitarios. 
Señor Presidente, estimados colegas, la democracia se basa en la aceptación cotidiana de las personas. 
La democracia se organiza, en especial, en la formación de voluntad mediante los partidos de sus miembros. 
Este modelo de política de cuño europeo se ha desarrollado en todos los estados de la UE. 
Sin embargo, apenas han progresado estructuras de partidos realmente europeos. 
¿De qué se trata hoy? 
En primer lugar, la UE se parece a un padrenuestro: por un lado se va hacia arriba, esto lo indican las numerosas solicitudes de adhesión; pero, por otro lado, se va hacia abajo, esto se ve en el crecimiento de las tendencias nacionalistas. 
Los partidos europeos deben dar respuestas a través de una política originariamente europea, no sólo a través del mínimo común denominador nacional. 
El todo, es decir, los partidos europeos, debe ser más que la suma de sus partes. 
En segundo lugar, desde 1994 existe el derecho de sufragio de la UE al Parlamento Europeo, y desde 1995 existe el derecho de sufragio de ámbito comunal en la UE. 
Debemos construir sobre este fundamento de ciudadanía. 
Me pregunto lo siguiente: ¿cómo está la cuestión, por ejemplo, de las candidaturas de ciudadanos griegos, españoles, portugueses e italianos a consejos y asambleas de distrito en los partidos alemanes? 
Respuesta: con frecuencia, todavía deficiente. 
Me pregunto: ¿cómo funciona la membrecía europea en un partido si, por ejemplo, François, natural de Lille, miembro del PS, se traslada a Alemania? 
Respuesta: normalmente no, falta normativa. 
Los socialdemócratas debemos movernos, los demócratas cristianos, los liberales y los verdes, también. 
Debemos abrirnos por entero y romper las estructuras trasnochadas. 
En efecto, los partidos europeos no surgen por generación espontánea. 
Sólo surgirán si nosotros queremos y si hacemos avanzar los elementos programáticos y el trabajo diario. 
El informe de nuestro amigo Dimitri Tsatsos constituye una excelente base para ello. 
Señor Presidente, por parte de su Señoría, el ponente, y de otros oradores se ha hecho una doble invocación: 
La primera, la del artículo 138, que se ha caracterizado de más o menos histórico. 
En nuestra opinión se trata de un artículo, de principio a fin, vago, e intencionadamente vago para ocultar diversos intereses. 
La segunda invocación es que nos ocupamos de este tema coyunturalmente, cuando surge una crisis de los partidos. 
La pregunta es ésta: ¿se debe la crisis a la falta de europartidos? o ¿a que éstos están enredados y rodeados de grandes intereses económicos, determinados por ellos y a su servicios? 
No hay tiempo para analizar esto más detalladamente. 
El tercer punto al que me quiero referir, señor Presidente, es que el informe, utilizando una redacción impecablemente constitucional, democrática y liberal, contiene muchos «se debe» y «no se debe» en lo que respecta a la fundación y la actividad de los partidos y a los requisitos. 
Todo esto son ataduras adicionales para dificultar la libre fundación de los partidos por voluntad de los ciudadanos, y no para facilitarla. 
Además, existe el sospechoso punto de la financiación. 
Fíjense en la composión actual del Parlamento y compárenla con la anterior. 
Uno o dos grupos, uno o dos partidos, monopolizarán la financiación en perjuicio de los demás, de los más pequeños. 
Señor Presidente, por estas razones y muchas más que no tengo tiempo de mencionar, no apoyaremos el informe. 
Digo esto a mi pesar, ya que el Sr. Tsatsos es un catedrático excelente, un constitucionalista muy amigo mío, pero me mueve la amistad al decir la verdad de que este informe y sus objetivos más amplios no sirven a la causa ni a los intereses de los pueblos, considerando en especial que las decisiones de estos partidos pueden convertirse en mayorías que se impongan tiránicamente. 
Señor Presidente, la propuesta griega de Conferencia Intergubernamental contiene el requisito de que se complete el artículo 138a, y de que se incluya en el Tratado un reglamento marco sobre la situación jurídica de los partidos políticos europeos, además de un reglamento sobre la situación económica de dichos partidos. 
Este requisito lo ha defendido y formulado muy explícitamente el Sr. Tsatsos en su informe. 
Lamentablemente, ni yo ni otros diputados del grupo de los Verdes vemos que exista ningún motivo, objetivo o jurídico, para que se modifique el Tratado en este ámbito. 
Tampoco la Conferencia de Presidentes, donde sé que se ha abordado la cuestión, ha considerado necesaria una modificación de la normativa actual. 
Si los ciudadanos de Europa adquieren una fuerte identidad en el futuro, y se identifican como un pueblo, se verá la necesidad de que los representen unos partidos políticos europeos. 
Pero ha de tratarse de una exigencia popular; los partidos deben tener su origen en los ciudadanos, y partir de unos presupuestos exclusivamente democráticos. 
Actualmente no es ésa la situación, pero se da una colaboración entre los partidos europeos, por ejemplo, la Confederación de partidos Verdes. 
El artículo 137 se basa en que los diputados al Parlamento Europeo representan además a sus respectivos países. 
Lógicamente, señor Presidente, tampoco pueden extraerse contribuciones de carácter público del presupuesto de la UE, ya sean en beneficio de los partidos políticos nacionales o europeos. 
Señor Presidente, creo que nuestra Asamblea debe estar agradecida al Sr. Tsatsos por haber realizado con éxito una operación muy difícil y haber sabido, con gran habilidad, plantear un problema tan espinoso y con tantos puntos suspensivos. 
En particular, ha sabido conciliar las exigencias o, mejor dicho, las esperanzas de quienes en los partidos europeos ven la suma o, mejor dicho, una especie de foro europeo de los partidos nacionales, y de otros, como yo, por ejemplo, que milito en un partido que quiere ser transnacional, que creen que el partido europeo, en cuanto tal, debe ser substancialmente algo distinto y autónomo respecto de la necesidad, respetable, de que las posiciones de los partidos nacionales estén armonizadas y coordinadas. 
Me parece interesante el intento del Sr. Tsatsos; veremos cómo se desarrollará en la Conferencia Intergubernamental. 
Evidentemente, somos partidarios de la posibilidad de adhesión directa, mientras que, por lo que se refiere a la financiación, rindo homenaje al Sr. Tsatsos por haber sabido no pronunciarse decididamente sobre si es necesaria o no una financiación y haberse limitado a describir el marco jurídico. 
En dicho marco, nuestro Grupo pide que se faciliten a los partidos servicios y no dinero, entre otras cosas porque la legislación de algunos países miembros prohíbe ese tipo de financiación. 
Señor Presidente, quiero unirme a las felicitaciones dirigidas al ponente, Sr. Tsatsos, especialmente por la forma en que ha sabido incluir las sugerencias de sus compañeros diputados al PE pertenecientes a todos los partidos. 
Ello ha sido posible porque cuando tratamos de asuntos políticos, existen grandes diferencias entre nosotros- como corresponde a toda democracia -, pero cuando tratamos de un proceso y un marco que hagan posible decidir abiertamente sobre dichas políticas, es de esperar que podamos llegar a un acuerdo. 
Alguien acaba de calificar el informe del Sr. Tsatsos como un pequeño milagro en ese sentido, y comparto esa opinión. 
En una democracia existe el peligro de que cuando ésta ya existe desde hace mucho tiempo, la población la considera como algo por descontado. 
En las democracias establecidas resulta muy fácil que las decisiones se conviertan en algo remoto y patrimonio de una élite política. 
Mientras mayor es el área que abarcan las decisiones democráticas que deben tomarse, mayores serán las probabilidades de que éstas adquieran un carácter remoto. 
La democracia a nivel local e internacional no sirve de nada si no podemos alcanzar la democracia a nivel europeo y al final, señor Tsatsos, presumo que el reto se pondrá a nivel mundial. 
Los partidos políticos son los únicos vehículos que conozco que pueden hacer esa conexión, que pueden hacer de puente, entre el ciudadano y la decisión que se ha tomado. 
Alabo el informe, sobre todo porque no cae en la tentación de favorecer a los partidos actuales. 
Habría resultado muy fácil a las personas de esta Asamblea limitarse a apoyar la situación actual. 
Pero es mucho más saludable para la democracia alentar el desarrollo de nuevos movimientos políticos, en caso de que no sepamos representar las aspiraciones de los ciudadanos. 
Por último, me inclino a pensar que pasará cierto tiempo hasta que algunos entiendan y apliquen los principios que recoge este informe, aunque terminarán por hacerlo. 
Además dichos principios servirán de guía a las personas de otras partes del mundo que quieren dar el primer paso por el largo camino de la democracia. 
Señor Presidente, este informe aborda una cuestión que no entra en absoluto dentro de las competencias formales de este Parlamento. 
El carácter de los partidos políticos y su configuración no son asuntos que deban decidir las autoridades. 
Los partidos no pueden ser extensiones o apéndices de los organismos estatales. 
Son los ciudadanos los que los crean y sustentan. 
La necesidad de que se creen unos partidos más allá de las fronteras es un asunto que no concierne al Parlamento, sino que deben decidirlo los miembros de los partidos. 
Hoy por hoy la idea de unos partidos europeos nos resulta completamente extraña. 
En primer lugar, los partidos nacionales, conservadores o socialistas, son tan distintos entre sí que no existe un fundamento sobre el que se puedan organizar. 
En segundo lugar, y en las circunstancias actuales, esto representaría un paso atrás en el desarrollo democrático. 
Sería necesario crear una instancia por encima de los partidos nacionales independientes, y hay que rechazar este tipo de deslizamiento de poder que nos alejaría de la base democrática. 
Señor Presidenta, en primer lugar, muchas gracias a nuestro colega, el Sr. Tsatsos, por su excelente informe. 
Es cierto que la formación de partidos europeos es de una importancia constitucional central para esta Unión Europea, para la democracia en la Unión Europea. 
Ninguna democracia puede vivir sin una viva confrontación de ideas, ninguna democracia vive sin alternativas políticas, ninguna democracia vive sin medios de prensa. 
Todo esto es válido también para la democracia europea. 
No existe democracia europea sin partidos europeos, sin comunicación europea. 
Esto es completamente impensable. 
De esta suerte, la cuestión de los partidos políticos en Europa es al mismo tiempo la cuestión del papel del Parlamento Europeo. 
Sin estos requisitos prioritarios de una democracia realmente viva los derechos del Parlamento Europeo deberán seguir siendo limitados. 
Por lo demás, señor colega Berthu, entre estos requisitos prioritarios de una democracia europea no se encuentra el de que tengamos un pueblo europeo. 
¿Tienen los belgas un pueblo, tienen los suizos un pueblo, tienen los españoles un pueblo? 
¿Acaso no son democracias Bélgica, Suiza o España? 
Lo son, en efecto, y lo pueden ser también. 
Naturalmente, las normas jurídicas no pueden sustituir la voluntad política de los partidos. 
¿Quién impide a los partidos a ir más allá de donde han ido hasta ahora? ¿Quien se lo impide? 
A veces tengo la impresión de que hay que conducirlos como al perro en la caza. 
No nos ayudarán nada las normas jurídicas, si no existe esta voluntad política de organizar una democracia europea. 
Una Comunidad que se quiera entender como Unión Europea debe poder ser consciente de su identidad política. 
Pero hasta ahora no puede y creo que el excelente informe de nuestro colega, el Sr. Tsatsos, puede constituir un primer paso hacia ello. 
Señor Presidente, como diputado de un partido nacional, estoy embarcado en la labor del Partido de los Socialistas Europeos porque soy de la opinión de que el espacio político europeo es necesario para la vida parlamentaria como el agua lo es para el pez. 
No creo que la existencia de un Partido Europeo sea contradictoria con la de un partido nacional, y considero que un Partido Europeo es la prolongación necesaria de los partidos nacionales para las cuestiones europeas. 
Por eso saludo el informe de nuestro colega Tsatsos como un acto político importante con miras a la Conferencia Intergubernamental. 
Pienso que la articulación entre grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo y Partidos Europeos es bastante fácil de llevar a cabo. 
Nosotros queremos transparencia en las relaciones entre los grupos parlamentarios y los Partidos Europeos, tanto en la estructura de toma de decisiones como en las estructuras financieras, y estoy de acuerdo con el Sr. Martens en que los Partidos Europeos no desean una financiación suplementaria. Desean simplemente más transparencia. 
Donde se plantea el problema es con respecto a la articulación entre los aparatos de partidos y los ciudadanos. 
Por otra parte, desearía tachar de falsas las palabras del Sr. Martens, ¡quien pretende que desde 1992 nada ha cambiado! 
El Partido de los Socialistas Europeos se dotó de estatutos, realizó una unión de partidos, un partido formado por socialistas europeos. 
Estoy de acuerdo, además, con el Sr. Rothley en que nada impide que los Partidos Europeos o los partidos nacionales continúen trabajando por iniciativa propia en el plano de la conciencia europea. 
En mi partido, el Partido Socialista Luxemburgués, otorgamos automáticamente a todo socialista no luxemburgués- doy este ejemplo porque creo que es interesante, señor Presidente- que viene a Luxemburgo el derecho de ser miembro del Partido Socialista, gratuitamente y sin abonar una cotización suplementaria. 
Es un derecho que concedemos, y pienso que se pueden tomar muchas iniciativas de este tipo en los partidos nacionales, para desarrollar la conciencia europea. 
Nuestro colega Axel Schäfer ha citado otros ejemplos. 
Por lo tanto, pienso que el Informe Tsatsos es esencial para continuar la evolución de los Partidos Europeos, que deseamos con todas nuestras fuerzas. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de resolución del Parlamento pone de relieve la importancia de los partidos políticos europeos, que deben desarrollarse con el impulso de las fuerzas políticas europeas y encontrar una situación institucional propia en el Tratado. 
Felicito efusivamente al ponente, Sr. Tsatsos. 
La Comisión apoya con plena convicción el planteamiento flexible del Parlamento y desea subrayar el papel constitucional que los partidos políticos europeos están llamados a desempeñar en el marco democrático europeo. 
No hay democracia sin sistema de partidos. 
La construcción de un auténtico espacio político europeo es posible sólo si va acompañada de un sistema de partidos europeo, complementario del sistema de partidos nacional, que permita el desarrollo de una ciudadanía europea complementaria de la nacional. 
En una comunidad de derecho, como es la Unión Europea, ha llegado el momento de preguntarse cómo se debe definir a los partidos europeos, qué funciones atribuirles, qué tipo de reconocimiento jurídico concederles, cómo definir sus derechos y sus esferas de actividad política posibles, cómo resolver la delicada cuestión de su financiación. 
Hay que reconocer sin duda- y desarrollar- el valor constitucional de los partidos políticos europeos. 
Hay que reafirmar el derecho a la libre constitución, su libertad de acción política general- a que se refiere la resolución -, como principios constitucionales fundamentales en el marco constitucional europeo. 
Los partidos políticos europeos pueden contribuir de forma decisiva a la elaboración de un proyecto político y democrático en Europa y pueden ayudar a las instituciones europeas a afrontar los imperativos que los asuntos europeos y sobre todo la dimensión geográfica de la Europa de mañana plantearán. 
Por eso, la aportación que hagan y las decisiones que adopten los Estados miembros durante la Conferencia Intergubernamental son fundamentales y, de forma muy oportuna, el propio Parlamento se refiere a las propuestas presentadas en la Conferencia Intergubernamental. 
En particular, la cuestión de la financiación de los partidos políticos sigue siendo fundamental. 
Es absolutamente necesario elaborar mecanismos que permitan una financiación de los partidos políticos clara, transparente, sometida a controles eficaces y que, al mismo tiempo, permita a los partidos políticos contribuir a la formación de una conciencia europea y expresar la voluntad política de los ciudadanos europeos. 
En el clima actual, caracterizado- varias intervenciones lo han subrayadopor una desconfianza en aumento de los ciudadanos respecto de la política, el reforzamiento de la misión de los partidos políticos europeos, ya establecido en el Tratado de la Unión Europea, es fundamental. 
No se trata de elegir entre un modelo de partidos nacionales y otro europeo, sino de encontrar modelos de coexistencia que permitan a la Europa política desarrollarse con respeto de los principios democráticos fundamentales y de la subsidiariedad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Participación en el sistema institucional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A4-0338/96, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional europeo es hoy muy débil y deseamos desarrollarla ampliamente. 
Participar es algo más que ser representado, significa poder debatir alternativas políticas, ser consultado, poder intervenir por sí mismo. 
Naturalmente, se ha dado un paso importante hacia la democratización con el surgimiento del Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal y dotado de un poder de codecisión. 
Pero esto está lejos de ser suficiente, como lo demuestra la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Unión e incluso la pérdida del sentido de la construcción europea. 
Si a cada nación corresponde redefinir una perspectiva de esperanza, la Unión debe ayudarlas dando ella misma pasos significativos orientados a finalidades sociales compartidas, a un proyecto común de desarrollo, a solidaridades fraternas. 
Esto motivaría la participación, y ésta contribuiría, a cambio, a realizar estos vínculos y proyectos. 
El informe propone a ese efecto la deliberación pública de las políticas de la Unión por iniciativa del Parlamento Europeo, el cual facilitaría la discusión común reuniendo a los dirigentes, a los diputados y a los interlocutores sociales. 
El informe pide que las instituciones europeas se comprometan a trabajar en la elaboración de los derechos sociales con los interlocutores de la sociedad civil, a explicitar objetivos claros para el empleo, a hacer coherentes con estos objetivos las políticas económicas y financieras, dotándose de las herramientas de regulación y de cooperación necesarias para que la competencia no signifique la ruina de los modelos sociales. 
El Parlamento Europeo y los interlocutores sociales deberían disponer de poderes consultivos sólidos en la Unión Económica y Monetaria, mientras que hoy éstos están excluidos. 
Pienso incluso que sería necesaria una codecisión entre el Parlamento y el Consejo sobre muchas alternativas en relación con la Unión Monetaria. 
Pero no estamos en ese punto. 
Una propuesta esencial del informe establece la celebración de una conferencia, en el marco de una sesión plenaria especial del Parlamento Europeo, con los representantes del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, para debatir opciones de política económica. 
La información, la consulta y la iniciativa de los ciudadanos sobre los objetivos europeos deben formar parte de la vida diaria. 
Cada uno debe poder juzgar por sí mismo disponiendo de una pluralidad de fuentes y en concertación con los demás. 
Para eso es necesario poder tener acceso a un servicio de información de interés general lo más descentralizado posible. 
Yo propongo establecer al respecto una corresponsabilidad de los Estados y de la Unión. 
La evaluación de las políticas de la Unión es una prioridad absoluta. 
Cómo podemos no darnos cuenta que nosotros, diputados, al igual que los ciudadanos que representamos, nos encontramos en una situación fuertemente dependiente de los sistemas de evaluación. 
Éstos están hoy totalmente monopolizados por los poderes ejecutivos. 
Mi informe propone que los diputados dispongan del poder de instruir la evaluación en corresponsabilidad con la Comisión, recurriendo sobre todo al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los comités sectoriales. 
El informe confía a éstos un papel capital de transmisión y de activación de la consulta de los ciudadanos, de las colectividades territoriales y de los interlocutores sociales en sus lugares de trabajo y de vida diaria. 
Yo hago varias propuestas para acercar a los representantes elegidos por el pueblo a los ciudadanos y desarrollar intensamente los poderes de los sindicatos y de las asociaciones, sin los cuales no existiría democracia comunitaria. 
Hoy podemos dar un paso orientado a una Unión Política basada en un verdadero poder común de los europeos. 
La Unión nunca será fuerte si sigue siendo un condominio de Estados, incluso si el Consejo vota por mayoría. 
Ampliamente elaborado con interlocutores de la sociedad civil, este informe ha sacado provecho de numerosas e intensas discusiones en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Doy las gracias a los colegas, así como también les doy las gracias por haber propuesto negociar los plazos y las distintas alternativas de la resolución dentro de un espìritu positivo. 
Muchos colegas ceñidos al poder de la representación temían que un exceso de consultas fuera contrario a la facultad de decisión. 
Muchos colegas temen todo aquello que podría comprometer la realización de la Unión Monetaria. 
Es cierto que personalmente soy partidario de supeditar el paso al euro a la aplicación de nuevas alternativas de política económica y a la formación de un poder económico común. 
Pero esto no es objeto de este informe, que se orienta, por el contrario- repito -, por la vía de la deliberación de las alternativas de política económica. 
Finalmente, mis propuestas pueden haber inquietado a aquellos que se ciñen estrictamente a la soberanía nacional y, por otro lado, a aquellos que poseen una concepción esencialmente supraestatal del poder federal. 
Mi enfoque se basa en una federación no a través de un poder ejercido por encima de los pueblos, sino a través de un vínculo directo y sólido entre éstos y las instituciones comunes. 
Sin comprometer lo esencial, he hecho dos concesiones importantes para lograr un amplio acuerdo- abrevio porque se me agota el tiempo; mis colegas podrán orientarse-. 
No me he referido a los interlocutores nacionales y no he insistido en la incorporación de todas mis propuestas al Tratado. 
Cada uno valorará, no obstante, la importancia de los compromisos políticos que asumiría el Parlamento Europeo si aprobara este texto, compromisos que dependen de su propia voluntad, comenzando por la conferencia anual. 
Se trata, en efecto de una nueva vía que podemos iniciar. 
Significa tender una mano a nuestros conciudadanos. 
Su participación directa en la vida de la Unión es una obra que requiere mucho trabajo y pienso que se trata de un estímulo absolutamente urgente. 
Señor Presidente, Philippe Herzog nunca habla con voz fuerte pero sus ideas son por lo general agudas y puede decirse que en la Comisión de Asuntos Institucionales produjo cierto revuelo. 
Dicho esto, el espíritu constructivo manifestado por Philippe Herzog en las discusiones que hemos tenido con él nos induce a afirmar que su informe es excelente, y esperemos que mañana la resolución se apruebe por amplia mayoría. 
El proyecto europeo está centrado en los ciudadanos. 
Al evocar este principio es necesario evitar dos escollos. 
El primero es el de utilizarlo como excusa. 
Es cierto que cuando se dice que hay que consultar a los ciudadanos, hacer participar a los ciudadanos, se hace a menudo también para avalar el retroceso de la idea europea y el retroceso de las ideas que nosotros difundimos en el Parlamento Europeo. 
El segundo escollo es creer poseer la panacea. 
No es por el hecho de haber consultado a los ciudadanos, de haberles pedido su opinión, por lo que tenemos un buen proyecto europeo. 
Creo que Philippe Herzog ha evitado estos dos escollos. 
La política también consiste en proponer a los ciudadanos un verdadero proyecto, y es lo que hemos hecho con el proyecto de Unión Social y de Unión Política. 
Por otro lado, nosotros defendemos no sólo la información, la consulta, la concertación y la evaluación, sino también la idea de vivificar esta democracia, permitiendo la emergencia de las verdaderas fuerzas europeas. 
Es decir, hablar de verdaderos sindicatos europeos que, al ser el centro del diálogo social, no serían sólo una fachada, un poder residual, sino verdaderos interlocutores de la vida económica y social de Europa. 
También deseo referirme a las asociaciones europeas. 
Ya es hora de contar con un marco jurídico para convencer a los interlocutores sobre la ciudadanía europea. 
Johanna Maij-Weggen y yo mismo habíamos planteado esta posibilidad organizando audiciones públicas. 
También hemos comprendido que estas audiciones públicas y los análisis propuestos por Philippe Herzog sólo tendrán sentido si existen verdaderas asociaciones europeas, que podemos fomentar escuchándolas, dialogando, haciéndolas participar en nuestros debates. 
Señor Presidente, el informe Herzog sobre el mayor papel que deberían desempeñar los ciudadanos y sus organizaciones sociales en el trabajo de la Unión Europea llega justo en el momento en que la Presidencia irlandesa ha presentado los primeros esbozos del nuevo Tratado. 
El miércoles tendremos oportunidad de hablar ampliamente de esta cuestión. 
Y en este proyecto de Tratado se indica asimismo que la Unión ha de dar una mejor respuesta a las preguntas de los ciudadanos y también ha de hacer gala de bastante apertura y transparencia. 
Además, los ciudadanos han de poder influir en la Unión Europea, no sólo por medio del Parlamento Europeo, sino también por medio de sus organizaciones sociales. 
En la democracia cristiana, a la que represento, nos referimos a la importancia de una sociedad civil como cemento de la sociedad. 
Y con razón, el informe Herzog recalca que la Unión Europea ha prestado demasiada atención en los últimos años al mercado interior, a la política económica y monetaria, y demasiado poca al empleo y los aspectos sociales. 
En este sentido, me remito al informe de la Sra. Dury y mío, en que también lo hemos recalcado, y sobre este trasfondo me complace constatar que la Presidencia irlandesa ha presentado nada menos que sesenta propuestas para reforzar esa política social y esa política de empleo en el Tratado. 
En el informe del Sr. Herzog hay otras tres propuestas que quiero tratar brevemente. 
En primer lugar, la idea de dar un espacio más fijo al diálogo social en el trabajo de las instituciones. 
Su propuesta concreta es organizar anualmente un debate sobre la política socioeconómica, pero haciendo hincapié por supuesto en la política social y el empleo. 
Y dicho debate tendría que tener el mismo peso que los debates agrícolas y los debates presupuestarios que celebraremos una vez al año. 
Y dicho debate tendría que preceder a la consulta con las organizaciones sociales, como por ejemplo el Comité Económico y Social y otros agentes sociales. 
Nos parece una buena idea y señalo, como ya ha hecho la Sra. Dury, que previamente al informe sobre la CIG se siguió un procedimiento parecido. 
También entonces hablamos con muchas organizaciones sociales. 
Hay asimismo una segunda idea que merece ser mencionada aquí. 
A menudo, nuestros debates se basan en posturas ideológicas y diferencias ideológicas. Podría ser muy positivo fundamentar mejor estos debates sobre una base neutral, por ejemplo, organizando mejores evaluaciones de la política europea, lo que podría realizarse a través de un consejo científico para la política gubernamental. 
Es algo que tenemos en los Países Bajos, y puedo decirles que a menudo permite fundamentar bien el contenido de los debates políticos que se celebran a continuación. 
Una tercera idea propuesta por el ponente es desarrollar un estatuto europeo para la asociación de ciudadanos a nivel europeo. 
Quiero apoyarla de todo corazón. Está muy próxima a los planes y de las ideas que ha presentado el Sr. Tsatsos. 
El informe Herzog se ha convertido en un informe importante. 
En un principio teníamos mucho que objetar al informe, pero en parte gracias a la actitud cooperativa del Sr. Herzog, gracias al hecho de que hemos podido acordar un gran número de enmiendas transaccionales, mi Grupo apoya este informe. 
Es un documento importante y espero que dé buen resultado. 
Señor Presidente, desearía felicitar al Sr. Herzog por haber demostrado a la vez una gran determinación al mantener en su texto la cohesión necesaria y una gran apertura frente a las enmiendas de los demás grupos. 
El texto inicial ha suscitado algunos interrogantes. 
En cuanto al capítulo social, se imponía tomar dos precauciones. 
La primera consiste, según el ponente, en reestructurar en el ámbito del empleo y de la política social una política europea que puede parecer demasiado centrada en el plano monetario. 
Digo que «puede» parecer porque creo que se da muy poca importancia a las políticas de los Fondos estructurales, por no hablar de la aplicación del Libro Blanco, cuya suerte en los diferentes Estados es conocida. 
La segunda precaución sigue siendo la de no entretener a los europeos con vanas promesas sobre las posibilidades de crear empleos a nivel europeo. 
Esta política es aún competencia de los Estados; no lo olvidemos, a pesar de que Europa posea una responsabilidad de información y de cooperación. 
En este mismo sentido, nos ha parecido importante separar bien las acciones de sensibilización que debe llevar a cabo el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, sin confundir los géneros. 
La información es evidentemente importante, pero las esferas de competencia deben seguir estando bien definidas, y pienso que es una de las condicinones que deben respetarse para que las relaciones entre las dos instituciones continúen siendo armoniosas. 
También hemos tenido ciudado de no recargar el Tratado con una serie de obligaciones. 
Usted lo ha tenido en cuenta, señor Herzog. 
El principio de la organización de una conferencia anual destinada a hacer el balance de la situación económica y del empleo depende de la voluntad del Parlamento Europeo y no me cabe duda que existe una mayoría de diputados que defienden esta evaluación. 
Estamos de acuerdo con la enmienda de transacción sobre el apartado 33. 
Usted prefiere una fórmula más flexible que la de los procedimientos uniformes que nosotros habíamos adoptado. 
Usted añade a su texto la idea de un estatuto común de diputado europeo. 
Retiramos la enmienda 11 sobre el apartado 23. 
Le doy las gracias una vez más, señor Herzog, por las discusiones tan interesantes que hemos tenido, y deseo buena suerte a su informe. 
Señor Presidente, Señorías, siendo la construcción de la Europa de los ciudadanos uno de nuestros objetivos fundamentales, el informe del Sr. Herzog sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea constituye sin lugar a dudas una importante contribución a este objetivo. 
Si bien es cierto que las causas de la crisis de credibilidad que sufre nuestro sistema democrático son diversas, consideramos que entre las mismas destaca el hecho de que se hayan concentrado excesivos poderes en las instituciones de gobierno y en los expertos, en detrimento de los interlocutores representativos de la sociedad civil. 
La construcción de la Unión Europea se ha ido produciendo sin la participación activa de los ciudadanos, y esto debe ser rápidamente corregido si no queremos correr el riesgo de fracasar en nuestros objetivos. 
El documento que hoy presenta el Sr. Herzog en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales es un informe que no se refugia detrás de las grandes declaraciones de principios sobre la participación, sino que, bien al contrario, plantea un profundo cambio conceptual, acompañándolo de propuestas concretas. 
El ponente ha tenido el acierto de centrar su informe sobre la deliberación pública de las políticas de la Unión Europea apoyándose en dos instrumentos: el acceso de todos a una información de calidad y la organización de consultas. 
La deliberación sobre opciones políticas es un derecho fundamental, pero hoy el ejercicio de dicho derecho es, en la práctica, sumamente difícil. 
La propuesta del informe de institucionalizar una conferencia anual sobre las políticas europeas en un diálogo público de los diputados y los poderes ejecutivos con representantes de los interlocutores sociales contribuiría a paliar esta carencia. 
En cuanto a la información, es importante que el ponente llame la atención sobre su principal dimensión, es decir, la evaluación de las políticas. 
El Sr. Herzog plantea también de forma acertada el tema de la consulta, proponiendo que la función de impulsarla sobre el terreno se confíe al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social, reforzando el papel de estas instituciones. 
Por todo ello, consideramos que la aprobación de este informe supondrá un paso muy importante en el proceso de construcción de la Europa de los ciudadanos, por lo que nuestro Grupo le da su apoyo y, consecuentemente, lo votará favorablemente. 
Señor Presidente, los Verdes coincidimos en general con el informe del Sr. Herzog sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en la Unión, su sistema institucional y la Conferencia Intergubernamental. 
Pienso que el Sr. Herzog ha llevado a cabo un encomiable intento de estructurar el problema del déficit democrático y de la carencia de apertura y transparencia. 
En cambio, habríamos deseado una redacción más clara y explícita en lo referente a cómo van a participar los ciudadanos y cómo van a llevarse a la práctica las consultas sobre el desarrollo de la Unión, por ejemplo por lo que respecta a la transición a un mayor nivel de supraestatalidad, Europol, etc. 
¿Cómo van a participar los ciudadanos? 
Uno de los mejores instrumentos de que disponemos aparte del diálogo, es darles un grado de influencia real a través de unos referenda, lo cual creo que debía haberse mencionado. 
Estoy totalmente en contra de la propuesta de mejorar la información sobre la integración europea a través de acuerdos entre los medios de comunicación, la Comunidad y los Estados miembros; los medios de comunicación deben mantenerse libres de obligaciones, acuerdos y convenios, o perderán su credibilidad. 
Por último, señor Presidente, debo decir que estoy profundamente decepcionada con la propuesta de revisión del Tratado que no contiene nada sobre los principios de información, apertura y transparencia. 
Estamos tomando la dirección equivocada, y espero que el informe del Sr. Herzog modifique un poco esta tendencia. 
Señor Presidente, esta excelente propuesta de resolución del Sr. Herzog tiene el mérito de suscitar el debate sobre las modalidades concretas de participación de los ciudadanos, de las organizaciones y de los interlocutores sociales en el proceso de construcción europea. 
Es un mérito excelente. 
Pero considero que el informe es válido, además de por eso, por la afirmación de que el proceso de construcción europea debe ser un proceso con objetivos y metas compartidos por la sociedad, que cuente con la complicidad de los ciudadanos y de las diferentes organizaciones sociales. 
Más que una crítica, esto significa defender la superación urgente del método, hasta ahora predominante, de hacer Europa a partir de la creación de situaciones de hecho, las famosas solidaridades de hecho, y del consenso de una vanguardia ilustrada, activista y comprometida con la internacionalización de la economía, de la sociedad y del poder político. 
Por eso, nos encontramos en el elevado nivel de integración en que hoy estamos. 
Pero la crisis actual del proceso de integración muestra que el método está agotado. 
Así, las propuestas del Sr. Herzog van encaminadas a dar, en el nivel de la Unión Europea, una respuesta a la crisis de la política y de la representatividad que, por diversos motivos, afecta a los sistemas democráticos. 
En el caso de la Unión Europea, la crisis se agrava, en vista de la enorme distancia en que la Unión se encuentra respecto de los ciudadanos. 
A eso se debe la importancia de conjugar el fortalecimiento de la democracia representantiva con la democracia participativa para que venza el método democrático, sin perjuicio de que prime el sufragio popular, que yo quiero subrayar aquí. 
Es importante conjugar los niveles europeo, nacional y regional de participación y democratizar intensamente las instituciones europeas de participación, como el Comité Económico y Social, y promover la participación de los interlocutores sociales- insisto: de los interlocutores sociales- en el nivel nacional para colmar el déficit de vinculación efectiva a partir de las organizaciones del nivel europeo como el CES. 
Por las mismas razones se debe impulsar la participación de las asociaciones sociales y de las ONG no sindicales. 
Uno de los puntos más carentes de influencia, control y evaluación por parte de los ciudadanos y las ONG es la formulación de las grandes orientaciones macroeconómicas de las que los ciudadanos sólo sienten los efectos sociales, tantas veces negativos. 
Yo creo que, por eso mismo, nuestro debate no versa esencialmente sobre la forma. 
Tiene que ser también un debate sobre el contenido de las políticas económicas y sociales europeas. 
Para mejorar la participación de los ciudadanos, es necesario que éstos se identifiquen con la política y que se modifique profundamente ésta para que satisfaga las necesidades y las aspiraciones fundamentales de los ciudadanos. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo o su Comisión de Asuntos Institucionales ha realizado audiencias de ciudadanos como preparación de la Conferencia Intergubernamental. 
Las señoras Dury y Maij-Weggen ya han comentado que deberíamos hacer esto con más frecuencia. 
En efecto, necesitamos a los ciudadanos para la construcción y el desarrollo de europa y Europa tiene mucho que ofrecer a los ciudadanos. 
En su día las audiencias- ya me he referido a esto- proporcionaron muchas cosas. 
También fue posible integrar en el Informe Dury/Maij-Weggen y, por ende, en las deliberaciones de la Conferencia Intergubernamental muchas de las cosas que los ciudadanos aportaron a Bruselas. 
Por esta razón, es tan positiva esta idea de integrar de manera más fuerte en el proceso europeo a los participantes en Europa. 
Las audiencias de entonces mostraron también que había y hay deficiencias en esta concepción. 
Por un lado, señalaron o nos hicieron ver que, ante todo, los que están ya muy bien organizados, aprovechan de nuevo, con ocasión de las audiencias, las posibilidades de acudir a Bruselas a estas conversaciones. 
Pero la base misma no toma la palabra en muchos casos, como nosotros desearíamos. 
Por otro lado, las actividades de las instituciones en Bruselas son importantes e ineludibles. 
Pero, de todas maneras, existe ya una gran variedad de instrumentos. 
Mucho de lo que se ha propuesto luego en este informe, parece un tanto hipotrófico a la luz de este precedente. 
A este respecto quisiera hacer mías dos propuestas. 
Una ha sido formulada por la Comisión de Política Regional, en concreto, que no saquemos las cosas de quicio, tomemos en serio la subsidiariedad y ejerzamos las competencias, ante todo, allí donde tengan su base local. 
La segunda ha sido expresada por la Comisión de Cultura, en concreto, la de vincular a los ciudadanos allí donde deberían toparse por primera vez con el tema de Europa, es decir, en la escuela y en el proceso de la formación. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión felicita efusivamente al ponente, Sr. Herzog, y a la Comisión de Asuntos Institucionales, por la excelente labor que han llevado a cabo y que ha colocado en el centro del debate político la importantísima cuestión de la participación activa de los ciudadanos y de los agentes sociales en la construcción europea. 
La Comisión comparte plenamente la insistencia del Parlamento en el papel de la sociedad civil en el desarrollo de una auténtica conciencia europea es. 
El proceso de integración comunitaria tiene ya medio siglo y en este medio siglo ha permitido a nuestros países lograr avances económicos y sociales enormes. 
Sin embargo, en este momento debemos hace constar que la opinión pública europea abriga una desconfianza latente y generalizada respecto de todo lo que es institucional. 
De modo que Europa debe acercarse a los ciudadanos: un verdadero proyecto democrático requiere la participación directa de los ciudadanos en todas las políticas de la Unión y se basa en el desarrollo de un control democrático, que corresponde de forma natural al Parlamento Europeo. 
En efecto, los mecanismos de control y de evaluación de las políticas europeas- que, desde luego, se deben fortalecer- existen ya y encuentran su máxima expresión en la relación fiduciaria existente entre la Comisión y el Parlamento. 
El desarrollo de un espacio político europeo requiere una mejor información de los ciudadanos, una mayor transparencia de las instituciones, un diálogo social más profundo. 
Uno de los problemas fundamentales de la sociedad europea- lo sabemos perfectamente- es la preocupación por el futuro de nuestro modelo social. 
La Comisión considera que sólo con un diálogo profundo entre todos los interlocutores sociales, en el nivel europeo y en el nivel nacional y local, se pueden encontrar las soluciones que necesitamos. 
Por lo demás, el diálogo social, también sectorial y local, representa la idea fundamental del pacto de confianza por el empleo del Presidente Santer y de la Comisión. 
Además, la Comisión es plenamente consciente de la importancia de la ampliación del diálogo con la sociedad civil. 
Quisiera recordar que acciones informativas recientemente lanzadas por el Parlamento Europeo y la Comisión, inscritas en el programa PRINCE- las acciones «Ciudadanos de Europa» ,» Construyamos Europa juntos» y la acción informativa «Moneda única» -, mediante la difusión de la información, pretenden precisamente favorecer una toma de conciencia general y concreta de las posibilidades ofrecidas, de los avances logrados y actualmente en marcha en Europa. 
Para acercar a los ciudadanos a Europa, debe abordar los asuntos que atañen e interesan a los ciudadanos, pero, para evitar que los ciudadanos tengan la sensación de sufrir Europa, para construir una Europa para los ciudadanos y con ellos, es necesario favorecer su participación política y social con todos los medios de que disponemos. 
La conclusión de la Conferencia Intergubernamental, la introducción de la moneda única, las oportunidades ofrecidas por el Mercado Único, la perspectiva de la ampliación: ésos son los imperativos que debemos afrontar y que requieren el consenso y la participación de ciudadanos muy conscientes de lo que está en juego, sujetos activos de la construcción europea. 
Agradezco la atención prestada y felicito una vez más al ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, hay una inexactitud notoria y, si así lo quiere, también injusticia. 
El diputado Sr. Howitt señala que unos camioneros compatriotas suyos no pueden regresar a su país, a la vista del invierno, debido a los tractores de los agricultores, que en su lucha por la supervivencia han cerrado ciertos pasos. 
La verdad es que cuando esos conductores quieren pasar se les abre el camino y no sólo esto, sino que, a causa de la irregularidad y la dificultad de aprovisionamiento, se les proporcionan comidas especiales para que puedan partir lo más tranquilamente posible a sus países de origen. 
Por lo tanto, pido por favor que se corriga y que no se mantenga esta injusticia en desfavor de los agricultores que luchan, literalmente, por su supervivencia desde hace diez días. 
Este tema no forma parte del orden del día. 
Señor Presidente, el Acta hace referencia a la intervención algo excesiva que hizo el Sr. Niall Andrews ayer por la tarde en relación con el caso de la Srta. McAliskey, que espera su extradición a Alemania y que ha sido acusada de complicidad en un ataque con mortero en Osnabrück. 
La Srta. McAliskey se encuentra actualmente en una prisión exclusivamente de mujeres- Holloway. 
Está embarazada y se le han hecho todos los controles médicos necesarios. 
Estoy en condiciones de informar a la Asamblea que su estado ha sido calificado de excelente. 
Ha recibido las mejores atenciones, por lo que rechazo tajantemente los comentarios desproporcionados que hizo el Sr. Andrews en su intervención de ayer. 
Señor Presidente, en relación con lo dicho ayer por el Sr. Howitt referente a Grecia, puedo confirmar que no sólo los conductores ingleses son rehenes en el juego de los griegos. 
También conductores daneses se encuentran «presos» y reciben un trato deplorable. 
Por eso, le ruego que en calidad de griego y como Presidente del Parlamento escriba una carta al Gobierno griego para rogarle que garantice un trato correcto a los ciudadanos de la Unión. 
Señor Blak, no creo que se deba abrir un debate sobre las manifestaciones de los agricultores griegos, que, indudablemente, crean diversos problemas con repercusiones tanto para los conductores extranjeros como para los griegos. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, este asunto de urgencia relativo al auxilio mutuo entre autoridades lo solicitó el Consejo ya en el período parcial de sesiones de noviembre. 
En aquella ocasión lo rechazamos. 
Entretanto no ha surgido ningún nuevo elemento ni tampoco hemos oído nada del Consejo. 
Por esta causa, la Comisión de Control Presupuestario ha decidido rechazar de nuevo la urgencia. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, la Comisión de Pesca decidió aceptar la urgencia solicitada por el Consejo. 
Señor Presidente, como ponente quisiera señalar el siguiente punto de vista, que coincide también con el de la Comisión: en primer lugar, considero que una propuesta de reglamento de medidas técnicas exige unos requisitos básicos mínimos, una fundamentación científica amplia, un amplio acuerdo y aceptación, el diálogo con el sector y el reconocimiento y apoyo de los sectores interesados. 
Por eso empecé a trabajar con este método, pero la respuesta a este método de trabajo, que era sin duda el correcto, fue, por parte del presidente de nuestra comisión, aplicarme el artículo 146.4 e imponer un plazo para presentar el informe. 
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estado urgiendo y presionando, presentando una primera solicitud de urgencia y ahora una segunda. 
Mi respuesta- para que no se me culpara del retraso- fue presentar un informe amplio y exhaustivo, y la respuesta de la Comisión de Pesca- también para que no se la responsabilizara de que el Consejo no pudiera adoptar una decisión- fue votar a favor del rechazo de la propuesta de la Comisión. 
Por tanto, la Asamblea debe saber que en estos momentos estamos de acuerdo con la urgencia; pero estamos de acuerdo con la urgencia para rechazar la propuesta de la Comisión. 
He aquí un método para trabajar mucho y deprisa en plan destructivo. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Sí, señor Presidente, hemos rechazado esta solicitud de urgencia. 
La estudiaremos en el marco del procedimiento ordinario en el pleno de enero. 
Por tanto, la Comisión de Agricultura está en contra de esta solicitud de debate de urgencia. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dirigirme a la Comisión y al Consejo. 
Por lo demás, me alegro de que esté presente el Presidente de la Comisión. 
En los últimos tiempos siempre hemos trabajado bajo unas condiciones cada vez más difíciles y los tiempos de consulta por parte de la Comisión y del Consejo se han ido paulatinamente acortando. 
En los preparativos de la cumbre de Dublín se llegó incluso al extremo de que en el día en que se nos consultó teníamos que votar en la comisión. 
Estas son unas condiciones bajo las que normalmente no se puede trabajar. 
Lo mismo es aplicable al presente caso. 
Se nos ha consultado extraordinariamente tarde y ayer por la noche hemos emitido un dictamen con las mayores prisas. 
Quiero decir que en el futuro no vamos a trabajar así y que el próximo año no vamos a aceptar tales asuntos de urgencia. 
Pero como se trata del régimen del alcohol en los países escandinavos y esto es un asunto extraordinariamente importante en que se trata de cuestiones regionales y porque surgiría una laguna jurídica si no decidiésemos esta semana, estoy a favor de permitir esta urgencia. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, como ha dicho usted, el informe fue aprobado ayer por unanimidad. 
La Comisión de Agricultura está por tanto a favor de esta solicitud de debate de urgencia. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Programa de trabajo de la Comisión para 1997 y evaluación del programa legislativo del año anterior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el programa de trabajo de la Comisión para 1997 y la evaluación del programa legislativo del año anterior. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, con ocasión del anterior debate del pasado mes de octubre sobre el programa anual de la Comisión para 1997, ya pusimos en evidencia algunos aspectos de procedimiento y calendario relativos a las formas y a los subsiguientes plazos de presentación al Parlamento del presupuesto anual, el programa de trabajo y el programa legislativo de la Comisión. 
En el ínterin, el Parlamento Europeo adoptó una modificación del Reglamento con miras a precisar mejor el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento de elaboración del programa legislativo, teniendo en cuenta asimismo que la Comisión se aprueba en virtud del voto de investidura del Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, consideramos extremadamente importante este debate tanto por lo que respecta a la ejecución del programa de 1996 como por lo que respecta a la aprobación de las líneas del programa legislativo de 1997. 
El debate es todavía más importante, si cabe, si se convierte en el instrumento para consolidar la estrecha coordinación entre el Parlamento y la Comisión- coordinación que debe parecerse cada vez más a la que existe entre el Parlamento y el Ejecutivo y, en consecuencia, exige como requisito previo una coincidencia en cuanto a la voluntad política, una inmediatez de la información, una puntualidad en la actuación, una transparencia y una facilidad de ejercicio, tal como prevé el código de conducta adoptado el 15 de marzo de 1995. 
El Parlamento está interesado en intensificar dicha relación. 
A pesar de que cabe hacer una evaluación todavía no plenamente satisfactoria del programa de la Comisión para 1996, la misma debe centrarse sobre todo en este informe, en particular por lo que se refiere a algunas dificultades de calendario y de plazos que se encontraron a raíz del estudio del dossier que la Comisión envió al Parlamento. 
A fin de que sirva como motivo de reflexión, también este debate debería someterse quizás a otra evaluación de carácter reglamentario, porque también el Parlamento debe elaborar mejor- y no sólo mediante el instrumento de la convergencia entre los Grupos políticos- su resolución sobre la aprobación del programa legislativo de la Comisión, si quiere que la misma sea más fuerte desde el punto de vista institucional. 
En cuanto al fondo del programa, y en el tiempo que me queda a disposición, centraré mi atención sólo en un punto, habida cuenta de que los demás colegas van a profundizar otros aspectos. 
Se trata, como es obvio y natural, de la visibilidad exterior de la Unión, según palabras del Presidente Santer. 
Con el tiempo, este problema se convierte en cada vez más grave y de difícil solución. 
Los acontecimientos apremian y a medida que los mismos ocurren, el papel de Europa se convierte en más marginal. 
A lo largo de este debate, nos vamos a ocupar asimismo de la situación de Serbia. 
A veces se tiene la impresión de que los acuerdos de Dayton se conviertan en una especie de coartada para Europa, ya que consideramos que un fuerte compromiso para la reconstrucción civil, en particular, de las democracias alrededor de Europa, a pesar de ser necesario, no es nuestra obligación prioritaria. 
También con respecto a esto último, pedimos a la Comisión que lleve a cabo una fuerte y enérgica iniciativa. 
Señor Presidente, creo que los grupos políticos están más o menos de acuerdo entre sí para emitir un juicio negativo sobre la forma cómo la Comisión ha realizado su programa de 1996. 
Desafortunadamente, este consenso no existe en relación con la valoración del futuro, y sobre todo con respecto al contenido del programa de 1997. 
En lo que respecta al programa de 1996 es obligado constatar, frente al Consejo, una falta total de voluntarismo por parte de la Comisión. 
El bloqueo de toda una serie de decisiones en el seno del Consejo plantea un enorme problema al Parlamento: 168 expedientes a la espera de una decisión final son muchos; hay otros 83 en espera de una posición común y ninguna iniciativa de la Comisión en este sentido. Esto nos parece insoportable. 
Con relación al programa de 1997, es importante constatar que se trata de un perfil bajo el que propone la Comisión para la Unión Europea, un perfil bajo con relación a los desafíos evidentes para todos los ciudadanos, ya se trate de la política de empleo, del medio ambiente, de la ciudadanía, pero también del papel que debe jugar la Unión Europea en el mundo. 
Ayer se ha iniciado en Singapur una conferencia internacional que reúne a los diferentes Estados signatarios de los estatutos de la Organización Mundial del Comercio. 
La Comisión ha recibido un mandato ambicioso, pero tengo algunos temores sobre los resultados que consiga, pues no creo mucho en el voluntarismo de la propia Comisión en la materia. 
Por todas estas razones, consideramos que la resolución común que han firmado varios grupos se inscribe en el signo de la debilidad. 
No se puede criticar al mismo tiempo lo que se ha hecho, lamentar lo que no se ha hecho y finalmente aprobar el programa de la Comisión. 
Esto es totalmente inaceptable, y por ello no hemos suscrito este texto y hemos presentado nuestra propia resolución mucho más firme. 
Señor Presidente, señor Presidente Santer, Señorías, en nombre de mi grupo sólo puedo suscribir lo que acaba de decir el Sr. Lannoye y otros Diputados. 
Constatamos muchas debilidades en la ejecución del programa de 1996 y, al igual que otros, no podemos apoyar una resolución valorada por los grandes grupos que se limita a aprobar las grandes líneas de su programa e, incluso, a apoyarles a ustedes en su papel motor. 
Señor Presidente Santer, precisamente sobre este punto deseo reclamar su atención. 
Me parece que la Comisión, a través del programa que acaba usted de presentar, falta gravemente a su papel motor. 
La construcción europea no avanzará con seis o siete páginas de buenas intenciones, soslayando, sobre todo, aquello que no funciona, no diciendo con claridad que el Consejo, por ejemplo sobre el Pacto de Confianza, no le ha apoyado y que, sobre muchos otros puntos, nos encontramos en un verdadero callejón sin salida con respecto a la construcción europea; ésta no avanzará eludiendo estas cuestiones, no poniéndolas sobre la mesa para debatirlas, renunciando a su papel motor. 
Nos dice usted con toda razón que es necesario que progresen los grandes trabajos. 
Pero es usted el que debe dar el impulso necesario. 
Si no lo hace, probablemente conseguirá una resolución que diga: » todo va bien, señora Marquesa» , que no conseguirá que Europa avance, y las consecuencias serán muy graves para el futuro de esta Unión Europea en la que todos creemos. 
Por todo esto no nos hemos adherido al texto que se va a votar en unos instantes, simplemente para darle la posibilidad de hacerlo mejor, de hacer más y de devolver a la Comisión el papel que debe ser el suyo. 
Esperamos verlo volver un día con un programa de trabajo distinto de éste que, en nuestra opinión, nos parece flojo y muy por debajo de nuestras expectativas. 
Señor Presidente, Señorías, seguimos encontrando en el programa de trabajo de la Comisión las mismas generalidades sobre los objetivos de la Unión Europea: facilitar la creación de empleo, conservar el modelo europeo de sociedad, reforzar la presencia de Europa en la escena internacional, preparar los plazos del futuro, como si las palabras mágicas pudieran concretarse en esperanzas. 
Parece que estuviéramos en Francia, donde a una intervención de un Presidente de la República, con la única fuerza de sus palabras, se le atribuye capacidad para transformar un desastre económico en prosperidad, un gobierno impopular en un modelo de eficacia, un partido gangrenado por la corrupción de sus dirigentes en un movimiento de futuro que celebra su vigésimo aniversario. 
Volvamos a los famosos objetivos. 
En 1992, cuando había que convencer a Francia para que votara sí a Maastricht, Jacques Delors pronosticaba que la Unión Europea crearía diez millones de empleos, al igual que se profetizaba que la creación del mercado único traería prosperidad. 
Por desgracia, la realidad se corresponde en pocas ocasiones con los deseos de los gobernantes. 
Actualmente hay 22 millones de parados en Europa, a causa del libre cambio desconectado del resto del mundo, a causa de la marcha forzada hacia la utopía monetaria. 
Efectivamente, usted ve en el euro la principal arma en la lucha contra el paro. 
En Francia, afortunadamente, acaba de reabrirse el debate (una vez no hace hábito) gracias al Sr. Giscard d ' Estaing. 
Muchos Diputados aplaudieron cuando criticó la política actual. 
Los medios de comunicación son cada vez más críticos con su proyecto. 
De pronto la opinión pública, que usted desprecia, sobre todo cuando se trata de intoxicarla, comienza a hacerse preguntas. 
El hecho de que el Sr. Chirac haya ido a toda prisa a renovar su juramento de fidelidad al canciller alemán y a reafirmarle que Francia no dejará el recto camino del euromarco no cambia en nada las cosas. 
La instauración de la moneda única no es una garantía ni de prosperidad, ni de empleos, ni siquiera de poder financiero. 
La riqueza puede crear una moneda fuerte, sin embargo la moneda no crea riqueza. 
Y así es como cada día destruye usted el modelo de sociedad que afirma defender. 
Con el pretexto de la armonización, va usted a destruir la seguridad social. 
Con el pretexto de la competitividad, va usted a poner en duda la protección de los trabajadores y las leyes laborales de los diferentes países. 
Bajo el pretexto de que es necesaria la competencia, destruye usted los servicios públicos. 
De hecho, el dogma del librecambismo mundial le impone tercermundializar los salarios y los sistemas sociales, como lo demuestra de manera incansable Maurice Allais, el premio Nobel de economía de mi país. 
No queremos esta Europa que sacrifica a los hombres y al progreso social a la economía y a los apetitos financieros de algunas multinacionales. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, 1997 es una coyuntura determinante en términos de establecer las futuras orientaciones para la cohesión y la política regional de la UE. 
En nombre de mi Grupo, quisiera hacer algunas observaciones breves sobre este ámbito. 
En primer lugar, me gustaría que la Comisión se empleara más a fondo en dar a conocer la mejor práctica- buenos modelos para la utilización eficaz de los fondos a la luz de todos los problemas que hemos padecido como consecuencia de una aplicación ineficaz. 
En términos del informe de cohesión, deseo señalar la necesidad de que se haga una evaluación permanente del modo en que otras políticas comunitarias apoyan el objetivo de cohesión económica y social. 
Es evidente que algunas de nuestras zonas y regiones más desfavorecidas, que dependen de los Fondos estructurales, corren el riesgo de verse privadas de dichos fondos debido, por ejemplo, a la PAC, que actúa como factor regresivo en dichas regiones. 
Creo que debemos comenzar a auditar dichas políticas para asegurarnos de que actuamos conforme a nuestros propios objetivos recogidos en el Tratado. 
Ahora necesitamos emplearnos a fondo para poner en marcha el programa de reformas para 1999. 
Quiero agradecer a la Comisión sus esfuerzos para cumplir los plazos del informe de cohesión, pero lamento que aún no nos haya ofrecido la comunicación sobre la política urbana, prevista para 1996, y nos gustaría que lo hiciera a comienzos de 1997. 
Lo que está haciendo falta, a mi entender, es una coordinación eficaz en la ejecución de las políticas de programas. 
Quisiera que las Direcciones Generales de la Comisión concertaran en mayor medida sus esfuerzos para trabajar más estrechamente a todos los niveles, no sólo a nivel de Comisarios, sino también a nivel de las Direcciones políticas, para poder hacer frente a los retos que representan la UEM, la ampliación y la futura reforma de los Fondos estructurales. 
A partir de 1997 debemos adoptar un enfoque coordinado a nivel interno. 
Las Direcciones de la Comisión no pueden rehuir que se haga una evaluación crítica de sus políticas y programas, porque sólo así podremos conseguir las políticas y los programas adecuados para restablecer la confianza de nuestros ciudadanos a largo plazo y después de la reforma de los fondos en 1999. 
También creo que la Comisión no debe rehuir al desempeño de su papel como pleno interlocutor sólo porque los Estados miembros reclamen el monopolio en materia de subsidiaridad. 
La Comisión no es una cámara de compensación de políticas, y la Comisión debe llevar a cabo nuestros programas de los Fondos estructurales; también debe llevar a cabo los pactos de empleo territorial y local y marcar el camino a seguir en este ámbito a través de acciones concretas y actividades de coordinación. 
Creo asimismo que ahora se impone una comunicación exhaustiva sobre el impacto que tendrá la UEM sobre las políticas regionales, especialmente, a la luz de la decisión del Consejo relativa al presupuesto de recortar los pagos con cargo a los Fondos estructurales y de crear una falsa relación entre los Fondos estructurales, los criterios del déficit y la convergencia económica. 
Me gustaría que en 1997, la Comisión nos ofreciera una comunicación por la que se permita al Parlamento tomar decisiones en este ámbito fundamental de la política. 
Señor Presidente, deseo expresar unas palabras para fijar nuestra posición en relación con la ejecución del programa legislativo para 1996 y sobre el programa de trabajo de la Comisión para el año 1997, y valoramos especialmente la importancia de la declaración institucional sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad realizada por este Parlamento Europeo y que el Consejo y la Comisión han asumido como propia. 
Nosotros consideramos, señor Presidente, que el programa legislativo constituye un instrumento interinstitucional indispensable para programar y coordinar las actividades de la Unión de manera transparente, y por eso, señor Santer, pedimos un esfuerzo en la dirección adecuada para conseguir estos objetivos. 
Creemos que es indipensable que el Consejo se asocie de manera más estrecha al ejercicio de la programación legislativa. 
Sin una colaboración más estrecha de la Comisión y el Consejo, creemos que el resultado no sería satisfactorio. 
Esto es lo que ha ocurrido, en parte, en 1996, año en que el programa interinstitucional que hoy evaluamos presenta algunas lagunas que señalaré muy brevemente. 
Lamentamos de manera muy particular que, de las 19 propuestas legislativas anunciadas, sólo nos hayan llegado algunas de ellas. 
En lo que concierne al programa de trabajo para 1997, nosotros estamos de acuerdo en las líneas generales para la ejecución de este programa; queremos destacar el papel institucional que la Comisión tiene atribuido como motor de la acción de la Unión; queremos llamar la atención especialmente sobre el papel de la Comisión, que debe presentar nuevas iniciativas legislativas presentadas al Parlamento conforme al artículo 138 B del Tratado; estimamos que el número de solicitudes de urgencia presentadas por el Consejo podrían disminuir significativamente si mejorase la programación que hoy debatimos. 
Esto permitiría al Parlamento estudiar las propuestas con una mayor atención. 
En cuanto a las prioridades que el Parlamento propone, de acuerdo con la posición que hemos expresado desde nuestro Grupo, creemos que estas prioridades para 1997 deben ser fijadas en tres grandes capítulos: primero, empleo, crecimiento y fortalecimiento de la cohesión; segundo, la Europa de los ciudadanos y, tercero- especialmente notable en estos momentos -, el reforzamiento de la presencia de la Unión en el mundo. 
Quisiera decir unas palabras sobre cada una de estas grandes líneas. 
En cuanto al empleo, crecimiento y reforzamiento de la cohesión, reafirmamos que la lucha contra el desempleo continúa siendo el principal objetivo del Parlamento. 
Creemos que es necesario incrementar las políticas estructurales para hacer más eficaz el esfuerzo que se viene realizando en términos de cohesión, tanto en lo que se refiere al desarrollo regional, como a la investigación, al transporte, al medio ambiente, a la industria y al mercado único. 
Pedimos expresamente a la Comisión la presentación de una comunicación sobre investigación y empleo, inicialmente prevista para 1996 y que no pudo realizarse. 
Por último, dentro de este capítulo, pedimos también a la Comisión que realice un informe, para ser discutido en este Parlamento, sobre la financiación de infraestructuras en Europa, particularmente en el contexto del «pacto de estabilidad». 
Señor Presidente, intentaré reflejar las opiniones de mi Grupo sobre la Europa de los Ciudadanos y, en particular, poner de relieve los elementos de la propuesta de resolución del PPE para 1996 y 1997. 
El Presidente Santer sabe perfectamente que estamos más que dispuestos a apoyar la mayoría de los aspectos de su trabajo, y agradecemos los grandes esfuerzos que está realizando para poner orden en el trabajo de la Comisión. 
Vivimos en una época en la que todos participamos en esta gran aventura, tanto a nivel europeo, como en los Estados miembros, y es necesario que apliquemos plenamente la legislación que ha sido aprobada aquí en esta Asamblea y por el Consejo. 
Dicho esto y según los términos de nuestra propia resolución, consideramos que la Comisión se ha mostrado demasiado pasiva en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior, y lamentamos, en particular, que no haya presentado al Parlamento ninguna de las propuestas contenidas en el programa de trabajo de la Comisión para 1997. 
Permítame destacar- aunque sin seguir ningún orden específico- algunos de los temas que hemos tratado en el Grupo del PPE durante los últimos meses. 
En primer lugar, está la política de asilo. 
Podemos darnos perfecta cuenta de que muchos Estados miembros desean seguir teniendo las riendas. Pero no se puede negar que en Europa resulta sumamente difícil diferenciar entre los refugiados políticos y los económicos. 
En un Estado miembro, por ejemplo, aproximadamente 60.000 personas de fuera de la Unión solicitan asilo cada año, cuyas solicitudes están aún pendientes y de las que- o al menos en el pasado- sólo son admitidos entre un 5 % y 10 %, o como máximo un 13 %. 
Estemos o no de acuerdo con los criterios adoptados, lo cierto es que Europa es la meca de, como mínimo, decenas de miles de personas, y sus esperanzas y aspiraciones pueden perfectamente estar en conflicto con las necesidades de nuestra población. 
Una vez más, volviendo a nuestra resolución, no hemos sabido promover la armonización en la utilización de las listas de los países terceros seguros, y es, cuando menos, cuestionable si los Estados miembros están actuando de acuerdo con sus intereses mutuos. 
Quiero pasar ahora al tema de los abusos y secuestro de menores, cuestión a la que estamos dedicando mucha atención. 
Mi colega Mary Banotti- aunque no es la única- viene realizando una gran labor en este ámbito. 
La violación de menores es un tema que ha sido barrido debajo de la alfombra, como todos sabemos muy bien, quizá no sólo durante una década, sino durante todo un siglo; la situación es así de grave. 
No me estoy refiriendo, como ustedes comprenderán, a un solo Estado miembro; ni mucho menos. 
Pero, a pesar de que sea principalmente responsabilidad de los Estados miembros, ¿no hay ninguna aportación que podamos hacer aquí a nivel europeo? 
Los horrores de la situación hablan por sí solos y exigen una acción concertada. 
Una vez más, en lo relativo al secuestro de niños, todos los que tenemos una circunscripción- como en el Reino Unido- es probable que debamos hacer frente a la angustia de algunos padres que intentan recuperar a sus hijos de otro país, teniendo que superar a veces barreras casi infranqueables. 
No cabe duda de que es un ámbito en el que se impone la estrecha cooperación. 
Existen tantos otros problemas de los que podríamos tratar, pero espero con interés poder oír la respuesta del Presidente. 
Señor Presidente, en el plan de trabajo se mencionan cuatro prioridades, sobre las que no hay nada que discutir. 
La principal se menciona en realidad en la introducción de su plan de trabajo, y pretende demostrar que la Unión está al servicio de todos los ciudadanos y que es eficaz, y quiero dedicar parte de mi intervención a dicha prioridad. 
En esa política, la Comisión merece apoyo en su lucha por lograr un pacto de confianza europeo. 
Sería una fuerte señal al ciudadano europeo que todos los responsables, Consejo, Comisión, Parlamento e interlocutores sociales, se atuvieran a los puntos principales de dicho pacto, y responsabilizo sobre todo al Consejo de los escasos progresos logrados en este pacto, por lo que es culpable del desmoronamiento de la base de apoyo de la UEM y de la Unión como tal. 
El Consejo no parece darse cuenta suficientemente de que cada vez que bloquea las iniciativas comunitarias, como el pacto de confianza o los programas de estímulo, por razones financieras o razones nacionales de estrechas miras, socava al mismo tiempo el principal instrumento político, es decir, la Unión Europea. 
Espero que 1997 suponga una ruptura, sobre todo- aunque no sólo- en la CIG. 
Mil novecientos noventa y siete tendrá que ser también el año en que se cree por fin de diferentes formas un equilibrio, por un lado, entre la política macroeconómica que ha de dar estabilidad y crecimiento, y por otro una política de empleo que cree puestos de trabajo, y ya falta poco, pues de hecho empieza el próximo fin de semana. 
Los acuerdos para el pacto de estabilidad han de servir ya a esta aspiración y han de hacer posible que los Estados miembros inviertan en el empleo. 
Los 18 millones, en realidad 30 millones, de desempleados exigen una atención especial. 
En estos momentos, demasiados instrumentos llegan tan sólo a la gente que ya tiene trabajo, y me temo que la Comisión se centra sobre todo en esto, y que no se presta suficiente atención al gran número de personas marginadas, me temo que piensa que ya encontrarán trabajo. 
En este sentido, los jóvenes merecen una atención especial, y hago un llamamiento a los interlocutores sociales a nivel nacional para que asuman la corresponsabilidad, garantizando que se creen puestos de aprendizaje para los jóvenes que hayan finalizado su formación. 
En este contexto, pido una atención adicional para el no aprovechamiento por parte de los Estados miembros de los fondos con los que se puede pagar la instrucción y la formación. 
La negligencia con que los Estados miembros lo aceptan y quieren encauzar el dinero a los fondos generales merece nuestra desaprobación. 
A mi entender, la medida en que los Estados miembros invierten en instrucción y formación ha de ser uno de los principales indicadores para evaluar el modo en que se llevan a cabo los acuerdos de Essen. 
Además, debería de ser una de las prioridades con la que orientar los fondos estructurales de forma más concreta al empleo. 
Es ridículo que por un lado se dé cada vez más dinero a los Estados miembros para construir todo tipo de autopistas, y al mismo tiempo estos puedan permitirse no invertir en la formación. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que, en 1997, presente propuestas concretas, después del tratamiento del informe sobre el futuro de la protección social. 
Quiero respaldar sobre todo la prioridad que quiere dar la Comisión a la contribución que puede suponer la política social a las prioridades económicas. 
Esta será también una de las prioridades durante la Presidencia neerlandesa. 
Quiero apoyar firmemente a la Comisión, pero quiero señalar que el programa de trabajo en sí no contiene ninguna propuesta nueva. 
Sólo puede aceptarse a condición de que, después del informe, se presenten ideas concretas y buenas, y que la herencia que ya está sobre el tapete, procedente de anteriores años, se gestione activamente. 
Quiero señalar un problema: todo el mundo habla en estos momentos de la escasa movilidad, pero gran parte de los problemas estriban en el hecho de que la protección social de las personas que trabajan al otro lado de las fronteras es totalmente insuficiente y, por último, hago un llamamiento para que se progrese de forma activa con las propuestas que hará dentro de poco la Comisión. 
Señor Presidente, quisiera hacer cuatro observaciones sobre el programa de la Comisión. 
La vez anterior ya señalé que- por desgracia- lo consideraba poco ambicioso y que era necesario acelerarlo más. Quiero ilustrarlo a partir de cuatro ejemplos. 
En primer lugar, las telecomunicaciones. 
Todos sabemos que se produce una convergencia de las telecomunicaciones, los medios de información y la tecnología de la información y la comunicación.