Las subvenciones de limitación temporal de Telekom o sobre proyectos piloto de la Comisión a las escuelas son buenas, yo me alegro de ellas. 
¿Pero de qué sirven éstas, en definitiva, a los docentes y educadores, si la financiación posterior de los proyectos no está asegurada? 
Es preciso fomentar buenos proyectos transfronterizos y módulos complementarios en la formación profesional, para dar una configuración viva y eficaz a la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
Todos ellos están en el aire. 
Está notablemente confusa- y aquí me dirijo a los Estados miembros- la cuestión de con qué rapidez y con qué volumen está resultando la formación y la formación continuada de los docentes en este ámbito. 
Quiero referirme al aspecto siguiente: aquí se trata también de la posibilidad pedagógica y político-social de las escuelas de influir positivamente dirigiendo y estimulando el consumo de los alumnos respecto de las computadoras. 
No necesito comentar aquí que los niveles máximos de actitud de jóvenes docentes que hoy están interesados en computadoras y que también están instruidos, ofrecen un aspecto desolador. 
Finalmente, quiero dirigirme a la Comisión y quisiera llamar la atención, señor Bangemann, que en lo que respecta a las descripciones de los programas y al procedimiento de solicitud- y aquí mi opinión difiere de la Sra. Heinisch- los programas multimedios de la Unión Europea carecen de transparencia y de cercanía a los ciudadanos. 
El esfuerzo burocrático a la hora de la solicitud es demasiado grande. 
La experiencia práctica nos dice que el procedimiento en la Joint Call de multimedios de diciembre del año pasado es, por ejemplo, muy opaco, pues afecta a programas diferentes. 
Dada la diversidad de comités administrativos que en cada caso toman decisiones parciales solamente, resulta casi imposible a los nuevos solicitantes participar en el procedimiento sin cometer errores. 
Les ruego realmente, que reflexionen seriamente sobre esto y establezcan para el ámbito escolar y de la formación profesional un programa con una oficina de iniciación, que sea transparente y pueda ser utilizada también por los newcomer. 
Señor Presidente, el informe Morgan es un informe de iniciativa de la Comisión de Cultura. 
De hecho, conviene subrayar que, sin una acción educativa coordinada y sin una perspectiva cultural, la sociedad de la información europea sería un globo vacío. 
Nuestra generación, que inventó las autopistas de la información, tiene ante sí el mayor de los imperativos: el de hacer de una caja de Pandora una cueva de Ali Babá, o sea, transformar el peligro de la pulverización de la información y de la circulación descontrolada de productos en un espacio maravilloso de conocimiento y memoria. 
Europa ha sido, desde siempre, el continente que ha tenido conciencia de su largo pasado y que ha insistido en transmitirlo a los demás. 
Es lo que nos distingue de otras culturas del mundo: de la de América, porque es joven y de historia corta; de las de Asia, porque, aun siendo muy antiguas, siempre se han bastado a sí mismas. 
Es preciso que, a ser posible, antes del año 2000- y nunca está de más subrayar la urgencia de la actuación en una esfera que podría crecer a un ritmo próximo al 40 % al año -, es preciso- repito- que se adopten algunas medidas esenciales: 
estudios por parte de la Comisión que muestren el conjunto de sus acciones en esa esfera, comparen medidas y sistemas de financiación en los diversos Estados miembros y evalúen su eficacia; -formación obligatoria de los profesores y los jóvenes, garantizando al mismo tiempo un apoyo técnico de acompañamiento accesible a todos; -fortalecimiento del presupuesto comunitario, creando una subacción para ese sector en el quinto programa marco de IDT y transfiriendo a la elaboración de contenidos parte de lo que se ha atribuido a infraestructuras; -estímulo a las redes nacionales entre escuelas y universidades, creando beneficios de escala; -incentivo a la asociación entre empresas y establecimientos de enseñanza mediante beneficios fiscales u otros medios para estimular la calidad de la producción y crear el tan importante puente entre lo educativo y lo recreativo.Lo que importa, señor Presidente, señor Comisario, es que no se aborden las tecnologías de comunicación e información- ya es hora de que dejemos de llamarlas «nuevas tecnologías» -como un fin, sino como un medio de seleccionar y comunicar conocimientos. 
Felicito al Sr. Morgan por haber sabido condensar en su informe lo esencial de estas preocupaciones, que son las de todos nosotros. 
Señor Presidente, permítanme en primer lugar dar las gracias a la ponente. 
El informe es muy bueno y nos va a ayudar en los trabajos que hemos comenzado ya. 
Pero en este punto tengo un ruego para todos los que han participado en este debate: nosotros no producimos papeles simplemente por los papeles, sino que a través de los documentos intentamos mostrar dónde hay que hacer todavía algo, cómo puede ser abordado después, e intentamos también agrupar las diversas instancias que deben colaborar en esa tarea. 
Sería útil que en los debates se pudiera decir también alguna vez todo lo que estamos haciendo. 
En efecto, no es cierto que nos hayamos concentrado solamente en la técnica o en la infraestructura. 
Nosotros hemos destacado desde el principio en este ámbito de los contenidos, como se lo denomina de una manera general, y el hecho de que hablemos de la sociedad de la información muestra con toda claridad que nosotros hemos tenido en cuenta desde el principio este aspecto sociológico, social y también, naturalmente, cultural. 
Hemos creado un Foro de la sociedad de la información, en el que confluyen todas las fuerzas, los sindicatos, los creadores de cultura y cuantos trabajan en el sector de los multimedios. 
Este Foro ha aprobado su primer informe anual. 
Por lo demás, también se invitó al mismo a diputados, e incluso aquellos que no hayan participado en él, pueden leer en el informe cómo nos estamos esforzando en elaborar soluciones precisamente en este ámbito de las escuelas y de las bibliotecas, es decir, en el ámbito de la cultura pública accesible a todos. 
Este Foro ha dedicado, por ejemplo, dos de los seis grupos de trabajo a estos problemas, en concreto, a las bibliotecas y al desarrollo de los medios en general y, en segundo lugar, a las escuelas y, por ende, a los problemas de aprendizaje y de formación profesional, relacionados con ellas. 
Digo esto no para subrayar que hayamos caído en un entusiasmo ciego, pues, no somos así. 
Desde el principio he dicho también una y otra vez que no existe ninguna razón para pensar que el mundo se vaya a hundir. 
Pero, por otro lado, tampoco existe razón alguna para pensar que el mundo se va a convertir en un paraíso, sino que debemos aprovechar estos nuevos instrumentos allí donde sean adecuados y útiles; donde no aporten nada tampoco se puede hacer nada y donde traigan algo malo debemos emprender alguna cosa en contra de ello. 
Esto significa también en este caso que nos estamos comportando de forma muy pragmática. 
Quisiera llamar la atención de ustedes- y la ponente lo ha hecho también- sobre el informe de la task force de programas de aprendizaje y multimedios. 
Ustedes no deben decir que esto una vez más es sólo un documento. 
Ustedes saben que las task forces que hemos creado- la Sra. Cresson y yo- son un intento de hacer más transparente, más clara, la política de investigación, pero también más eficaz, al mismo tiempo, por que ellas intentan abordar y solucionar con más energía determinados problemas prácticos. 
Esta task force se ha ocupado exactamente de todas estas cuestiones que se han mencionado en su informe, señora Morgan. 
No quiero leer ahora nuestro documento. 
Lo pueden obtener, evidentemente, de la Comisión. 
Data de 1996 y tiene el número SEC 96/1426. 
En el se contiene todo lo que estamos haciendo en este momento y ello es mucho. 
En él figura, por lo demás, que tenemos que simplificar las formas de convocatoria y los procedimientos que hay de atravesar hasta llegar a ser financiado, cosa que también ha dicho usted, y espero que podamos lograrlo. 
Sin embargo, a veces es difícil pues no podemos quejarnos de falta de interés. 
Acabo de oír que recibimos entre 600 y 1000 solicitudes por programa. 
Por un lado, esto es muy agradable porque muestra cuán amplio es el interés, pero, por otro lado, muestra también cuán pesada es la tarea. 
Permítanme hacer aún dos o tres puntualizaciones sobre cuestiones de índole general que han aparecido de nuevo. 
Apoyo denodadamente todo lo que se ha dicho sobre el tema de la cultura y de la actividad creativa. 
No se puede suponer que se pueda democratizar la actividad creativa. 
Cabe democratizar el acceso y los instrumentos para acceder, esto se puede poner a disposición de todos. 
Pero es falso suponer ahora que por ello vayamos a pasar a una sociedad de genios, pues el trabajo creativo seguirá siendo trabajo y, probablemente, si es creativo, será trabajo de sólo unos pocos, de una minoría. 
Tampoco va a haber un interés generalizado a la hora de la aceptación de esta cultura, no hay que engañarse en este punto. 
Sin embargo, lo que la sociedad de la información puede aportar realmente es un acceso más fácil a estos contenidos que a veces están, en cierta manera, herméticamente cerrados. 
Tampoco hay que rechazar instrumentos que son nuevos. 
Así, por ejemplo, ante un problema no se debería depender solamente de un libro, como medio clásico de acceso a una información, sino que habría que tener también otras posibilidades introductoras, preparadoras, para poder conocer un problema. 
Por la experiencia en las escuelas sabemos que hay muchas posibilidades nuevas precisamente para escolares que no se adaptan a este sistema relativamente abstracto de deletrear, que tampoco encuentran tan fácil esta forma de pensar, sino que piensan justamente de otra manera. 
Esto no debe ser menos innovativo. 
Por consiguiente, no hay que despreciar de entrada tales posibilidades, sino que hay que aprovecharlas. 
Pero tampoco hay que sucumbir al error de que podríamos vivir, por decirlo así, en otro mundo, muy diferente, de cultura. 
El otro prejuicio es que si esto se convierte en Derecho público tiene una calidad superior, un nivel más alto, y que si se hace de derecho privado es un vil negocio. 
También esto es un prejuicio absoluto. 
Por lo demás, si se contempla lo que se hace hoy en la práctica en los Estados miembros para conectar las escuelas- el Consejo informal de Amsterdam ha aprobado un informe de la Ministra sueca, que ha mostrado cómo se hace esto en Suecia, y a partir de él quiere desarrollar directrices para toda la Unión- entonces se constata que, al menos en la fase inicial, muchas cosas están siendo realizadas por la iniciativa privada. 
Naturalmente, visto a largo plazo, esto no se puede confiar sólo a manos privadas, pero al menos se ha comenzado. 
A este respecto quiero decir también en favor de las grandes sociedades públicas de telefonía, que se están comportando de forma muy activa en este punto, que trabajan en paralelo con los editores de libros escolares y que elaboran los contenidos que prácticamente están ya en los libros escolares y los difunden de una nueva manera. 
Por consiguiente está ocurriendo ya algo, incluso con la ayuda de entidades privadas. 
No hay que pensar que todo va a ser siempre mejor si es hecho por una institución pública. 
Basta solamente con contemplar algunas emisiones de televisión de emisoras públicas para constatar que no siempre están a la altura del elevado nivel cultural que estos entes suelen fijarse. 
Por lo demás, tenemos una dificultad que debo mencionar: frecuentemente ni siquiera los Estados miembros son competentes en estos sectores, sino suborganizaciones de los países miembros- en Alemania, por ejemplo, los Estados federados- de manera que hemos de saltar una doble barrera, pero yo soy muy optimista. 
Para sorpresa mía, en las conferencias que hemos celebrado, los países miembros no se empeñaron en decir: fuera de aquí, esto no os incumbe. Todo lo contrario. 
Dijeron: desarrollad algo, dadnos algunas instrucciones. 
Mostradnos qué experiencias se pueden hacer. Esto nos puede ser útil. 
Así, pues, muchas gracias, una vez más, a la ponente. 
Espero que cuando informemos sobre los avances realizados, quizá a finales de año, tengamos ya un alto porcentaje de escuelas conectadas a la red y que ello ha se haya logrado de buena manera. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemmann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comunicación del Presidente 
Queridos colegas, quisiera anunciarles, a petición del Presidente del Parlamento Europeo, que esta mañana, en la ciudad de San Sebastián, en España, ha sido abatido a tiros, presumiblemente por un terrorista de la ETA, el psicólogo de la cárcel de Martutene de la ciudad de San Sebastián. 
El terrorista ha sido detenido después de cometer su atentado. 
El Presidente, con la convicción de que interpreta el sentimiento del Parlamento Europeo, ha enviado un mensaje de pésame a la familia de la víctima y al Gobierno español y, además, ha expresado al Gobierno español su apoyo para que siga luchando con determinación contra todos los actos de terrorismo. 
Microorganismos modificados genéticamente 
Señor Presidente, uno de los ámbitos más importantes de la biotecnología son las aplicaciones basadas en la utilización de microorganismos modificados genéticamente, que se producen en el laboratorio mediante la modificación del material genético de microorganismos. 
Esos organismos constituyen una de las herramientas más importantes de la biotecnología que, mediante la modificación genética, puede hacer que un microorganismo produzca una sustancia útil como, por ejemplo, la insulina humana. 
Estas aplicaciones tienen importantes repercusiones en las cuestiones referentes a la salud, la enfermedad, la alimentación, la protección del medio ambiente, la agricultura y otros ámbitos importantes de la vida y la actividad humanas. 
Por lo tanto, se impone seguir ampliando las posibilidades de aplicación de los microorganismos modificados genéticamente, ya que son muy prometedoras. 
Sin embargo, debido a que no se conocen con precisión ni la naturaleza ni la magnitud de los riesgos para el ser humano y su medio ambiente relacionados con los organismos modificados genéticamente, es preciso que la actividad al respecto tenga lugar en lugares confinados para evitar cualquier tipo de riesgo. 
Tras siete años de aplicación de la Directiva 90/219 se han manifestado tanto sus aspectos positivos como los negativos. 
Hoy es necesario modificar esta directiva para adaptarla a la situación y a las necesidades actuales. 
Considero legítima y razonable la demanda de universidades, empresas farmacéuticas, industrias y PYME de que se cree un marco sencillo, claro y flexible, que permita invertir y avanzar en los trabajos sin incertidumbres y ambigüedades. 
Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta la gran importancia que diversas organizaciones y grupos conceden a la protección contra los riesgos de los microorganismos modificados genéticamente en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y la biodiversidad. 
Precisamente por esta razón, la propuesta por la que se modifica la directiva debe aspirar a la mayor flexibilidad administrativa posible, la cual, no obstante, no debe ir en perjuicio de la seguridad, sino crear un marco sencillo, claro y fácil de aplicar para los usuarios y las autoridades competentes. 
Quiero hacer una advertencia contundente: no debemos confundir el marco flexible y claro con las normas de seguridad. 
El riesgo de que se produzca un accidente es cada vez mayor, porque este campo está creciendo continuamente y por consiguiente, como comprobamos con la enfermedad de las «vacas locas» y la consiguiente caída del mercado de carne, tan sólo un accidente basta para desacreditar a la industria de las aplicaciones biotecnológicas sumiéndola en una crisis. 
Tanto la información de los ciudadanos que se encuentran físicamente próximos al lugar de actividad con los microorganismos modificados genéticamente, como la transparencia y la información del público en general en torno a los nuevos conocimientos y aplicaciones de la biotecnología constituyen la mejor garantía de seguridad, inversión y desarrollo de dicha tecnología en la Unión Europea. 
Los aspectos más importantes que, en mi opinión, deben modificarse en la directiva propuesta por la Comisión son los siguientes: 
En primer lugar, la definición de lo que es un microorganismo se halla completa en la anterior directiva. 
En cambio, la adición a la definición que propone la Comisión crea problemas y es científicamente inaceptable definir células de origen animal o vegetal como microorganismos. 
Se impone sustituir la palabra «limitar» por la palabra «impedir» , porque la primera implica una exposición del ser humano y del medio ambiente, aunque sea limitada, mientras la segunda la excluye, lo cual se adapta además a la gestión de los residuos propuesta por la Comisión. 
Tercero, la clasificación de los trabajos en relación con la evaluación del riesgo adopta la dirección correcta. 
No obstante, en cualquier caso, creemos que es difícil, desde un punto de vista científico, probar que todos los trabajos del tipo 2 son de bajo riesgo, dado que incluye microorgansimos como, por ejemplo, los estafilococos, los estreptococos, los colibacilos diftéricos y el clostridio de tétano, que tienen reconocidamente un riesgo intermedio para la salud humana. 
Asimismo, la Comisión clasifica los trabajos de la categoría 3 como de riesgo intermedio, lo cual constituye una incoherencia, dado que en la Directiva 90/679 ya estaban clasificados como de riesgo grave. 
Por ejemplo, no es posible que el virus del SIDA se considere de riesgo intermedio: es de riesgo grave. 
El problema principal de la propuesta de la Comisión es la apreciación exacta del riesgo. 
Este aspecto presenta muchas deficiencias. 
Hemos presentado enmiendas que determinan mucho mejor la manera de realizar la evaluación del riesgo. 
Esta evaluación, naturalmente, incluirá la evaluación del riesgo para la salud humana y del riesgo para el medio ambiente y, finalmente, la evaluación conjunta de estos dos factores. 
Por lo tanto, consideramos inaceptable que haya referencias de este tipo en los anexos de la Directiva. 
Sabemos que en la Comisión de Asuntos Jurídicos se deliberó ayer sobre si la presente Directiva puede tener como fundamento jurídico el artículo 130 S, en cuyo caso sería un procedimiento de cooperación, o si debe basarse en el artículo 100 A y ajustarse, en consecuencia, al procedimiento de codecisión. 
Quisiera subrayar dos puntos: 
Primero, esta Directiva está directamente relacionada con la aplicación práctica de productos biotecnológicos, hormonas, vacunas, medicamentos, así como de alimentos, y es evidente que el coste de la investigación de los productos incluidos en el marco de la Directiva se cargará sobre los productos finales. 
Aquí precisamente, se requiere una armonización de las normas en el mercado interior. 
En el caso de que existieran dudas respecto a las medidas para el mercado interior y la aplicación del artículo 100 A, quisiera, como segundo elemento importante, recordarles las decisiones adoptadas recientemente en el Parlamento en materia de protección y salud. 
El Parlamento adoptó el 19 de febrero una posición clara al exigir el procedimiento de codecisión con respecto a temas de salud. 
La pregunta que quiero dirigir al Parlamento es por qué se presentaron dos textos redactados por diferentes servicios de la Comisión y, por último, qué enmiendas aprobará la Comisión. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de mi compañero Alain Pompidou, ponente para opinión en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Hoy tratamos de la utilización confinada de los microorganismos genéticamente modificados. 
El objetivo es el poder explotar sin peligro estos microorganismos nacidos de las tecnologías que aparecieron en la década de los 70. 
No se trata de un procedimiento nuevo, sino de un procedimiento ya muy conocido, correctamente controlado y del que es muy importante distinguir los peligros objetivos y los peligros potenciales. 
Si una construcción genéticamente modificada o la obtención de ésta, presenta un peligro, dicho peligro puede manifestarse de forma diferente en función de las características de las operaciones. 
Es la experiencia adquirida en el transcurso de los quince últimos años la que ha provocado la revisión de la directiva 90/219, para adaptar las disposiciones administrativas a los riesgos reales de las operaciones y tomar mejor en consideración las recomendaciones técnicas internacionales en materia de bioseguridad, es decir, de protección de la salud y del medio ambiente. 
En materia de gestión de riesgos, es importante asegurar mejor una buena correspondencia entre el nivel de riesgo definido por una evaluación más precisa y la complejidad de los procedimientos administrativos. 
Así, a cada nivel de riesgo corresponden condiciones de cofinanciación y prácticas experimentales que dependen a la vez del tipo de organismo y del tipo de utilización. 
Es el sentido de las enmiendas que nuestro Grupo apoyará mediante una votación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista deseo expresar mi satisfacción por el presente informe y agradecer al ponente el enorme trabajo que ha dedicado a su elaboración. 
La propuesta, como sabemos, adopta medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente de los riesgos relacionados con la utilización confinada de organismos modificados genéticamente. Se refiere a la investigación básica que realizan laboratorios e institutos, pero también a la producción industrial como, por ejemplo, la elaboración de cerveza, la producción de vacunas y algunas actividades de la industria alimentaria. 
Sin duda se convertirá en una parte importante del régimen regulador de la industria de la biotecnología. 
Reconocemos la necesidad de enmendar la actual directiva a la luz de los avances técnicos y de la experiencia acumulada durante estos últimos años. 
La propuesta de la Comisión es en su mayor parte aceptable en principio, pero consideramos que podríamos ir más lejos en algunos ámbitos si nos centramos especialmente en las actividades que presentan los principales riesgos; a saber, actividades en las que se utilizan los organismos incluidos en los tipos 3 y 4 de la categoría de riesgos. 
Además, consideramos que todos los anexos técnicos a la presente directiva son importantes y deben ser sometidos a una adaptación por un comité técnico que opere en el respeto del modus vivendi, y que esperamos que evolucione hasta convertirse en una auténtica asociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo en el transcurso de los próximos años. 
Otro de los aspectos que preocupa al Grupo Socialista es el tema de la evaluación de los riesgos, que debe ser uniforme en toda la Unión. 
Es un aspecto que debemos pormenorizar claramente en los anexos para garantizar la armonización de los métodos de evaluación de los riesgos en toda la Unión. 
Además, pensamos también que las medidas de contenimiento y de control, especialmente en algunos aspectos de los anexos técnicos, son susceptibles de mejoras. 
Dichas medidas se detallan en algunas de las enmiendas que nos disponemos a apoyar. 
Por último, quisiera llamar la atención sobre la cuestión de la responsabilidad civil. Es una medida de salvaguarda esencial. 
La Comisión debe reconocer la necesidad de que aquellas personas que realizan actividades en este ámbito asuman la responsabilidad legal de las consecuencias en caso de accidente. 
Necesitamos que la Comisión explique claramente cuál es su posición al respecto y cómo se propone avanzar en el tema de la responsabilidad civil, no sólo en este sector, sino también en otros sectores en los que la salud humana y el medio ambiente podrían verse amenazados por una actividad inadecuada. 
Por último quisiera pedir a la Comisión que acepte las enmiendas del Parlamento y que se sirva de ellas para mejorar el texto; que ponga los medios para asegurarse de que el progreso en este ámbito se produce en medio de la confianza de la opinión pública, que es necesaria para que esta industria prospere. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, con su propuesta, presentada el 6.12.1995, que modifica la directiva de aplicación la Comisión de la UE considera más de veinte años de experiencias en todo el mundo sobre utilización de la tecnología genética. 
De acuerdo con el estado actual de los conocimientos científicos internacionales se introduce una diferenciación nueva, más fuerte, en la que- tal como sucede ya en muchos países europeos- se prevén cuatro niveles de seguridad en lugar de los dos niveles existentes hasta ahora. 
Además, en la propuesta se suprime la distinción entre investigación y comercialización que era poco útil en la práctica. 
Los cambios propuestos significan al mismo tiempo una simplificación y la supresión de una burocracia superflua, ya que el procedimiento administrativo se reduce hasta donde sea posible sin pérdida de seguridad, y los cambios son apoyados casi sin limitaciones desde el punto de vista de la industria. 
Esta inobjetable desburocratización es de gran importancia para el espacio de la biotecnología de Europa. 
Un aplazamiento de los cambios colocaría sin motivo real a la investigación y a la industria europeas en posición desventajosa en la competencia, especialmente, frente a los USA y al Japón. 
Celebro la propuesta de la Comisión y la opinión de la Comisión de Investigación y doy las gracias al Sr. Pompidou. 
Ha sido capaz de mejorar con algunas enmiendas muy buenas las innovaciones de la propuesta de la Comisión, sin poner en cuestión ni dañar la naturaleza simplificadora y global de las mismas. 
Por lo demás, el Sr. Pompidou ha puesto de manifiesto la gran importancia de esta regulación para los centros de investigación de Europa y ha logrado que muchas propuestas hayan sido aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
La enmienda que exige un seguro de responsabilidad civil por daños al medio ambiente me parece ser difícilmente realizable en la práctica. 
Aparte de esto, la Comisión quiere elaborar, de todos modos, un Libro Blanco sobre responsabilidad civil por daños al medio ambiente, que será presentado en breve. 
Cabe preguntarse si de cara a semejante situación tiene sentido acometer la propuesta de la Comisión y correr el peligro de que las diferentes normativas colisionen. 
El primero se refiere al procedimiento de la propuesta. 
El segundo, al motivo de la modificación de la Directiva, y el tercero, al contenido en sí. 
En cuanto al procedimiento, no me extenderé sobre el artículo en que debe basarse la Directiva. 
Hay diferentes opiniones sobre cuál es el más adecuado. 
En todo caso, quiero subrayar que resulta muy poco gratificante examinar en el Pleno una propuesta para la cual la Presidencia ya ha presentado una propuesta de compromiso en el Consejo relativa a los puntos de disconformidad. 
Es posible que esta situación se deba a la tardanza del Parlamento en la tramitación, pero no es, bajo ninguna circunstancia, una situación conveniente. 
Parece demostrar, además, que la Comisión y el Consejo son muy conscientes de que la única posibilidad del Parlamento en este caso es dar un sí o un no a la propuesta, mientras que el Consejo y la Comisión pueden desestimar totalmente las enmiendas presentadas por nosotros. 
En cuanto a los motivos para la modificación de la Directiva, la Comisión indica que hay razones para revisar una Directiva relativa a un ámbito que ha experimentado una evolución vertiginosa desde los años ochenta, aunque ésta no fue aprobada hasta 1990. 
El problema es que la Comisión no ha expuesto en ningún sitio los resultados científicos y la experiencia que justifican la modificación de la Directiva. 
Más o menos, pues, hemos de fiarnos de las afirmaciones de la Comisión sin saber realmente quién ha sido consultado sobre este tema o quiénes han sido sus asesores, etc. Es posible que haya motivos para la modificación de la Directiva, pero esta necesidad debe ser documentada. 
Sobre el contenido, quiero decir que el punto de partida para nosotros es no disminuir el nivel de protección, lo que nos induce a decir, en lo que respecta a las modificaciones de la clasificación, que la carencia evidente de la propuesta es su falta de regulación, por lo que concede amplia libertad a cada cual para clasificar como quiera. 
Este hecho dará lugar a una larga serie de enmiendas que apoyaremos para hacer la propuesta más aceptable. 
Señor Presidente, nuestro Grupo está de acuerdo con el excelente trabajo realizado por el Sr. Trakatellis, así como también con el aportado por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía bajo la orientación del Sr. Pompidou. 
Sin embargo, dado el justificado estado de alarma social que existe en la población sobre todo lo que implica manipulación genética, hemos introducido dos enmiendas destinadas a precisar los eventuales riesgos y atajar así sus consecuencias. 
En concreto, pensamos que en los anexos, tanto en la evaluación y clasificación como en el procedimiento en caso de urgencia, debería especificarse- porque hoy se puede hacer- cuáles son las cadenas biológicas, especies vivas que pueden verse afectadas y cómo tratar ese riesgo. 
Señor Presidente, aunque la directiva sobre laboratorios fue aprobada en 1990 y no ha sido trasladada todavía en muchos Estados miembros, la Comisión ha hecho ya una propuesta que prevé una desregulación masiva, una reducción de los estándares medioambientales y de seguridad. 
Quiero referirme a dos puntos. 
Necesitamos una responsabilidad por el medio ambiente y por las personas y a este respecto quiero preguntar con toda claridad a la Comisaria: ¿por qué no hay que endurecer la responsabilidad propia de los científicos? 
Si presumiblemente es como la industria y la ciencia nos aseguran, es decir, que la técnica genética es segura, entonces me maravillo de por qué se oponen de manera tan vehemente a una responsabilidad. 
Segundo punto: autorización por expiración del plazo. 
Creo que es completamente irresponsable que la autorización se produzca por expiración del plazo, que los plazos se acorten de 60 a 45 días. 
Resulta absurdo que yo tenga que esperar más tiempo a la autorización de una plaza de aparcamiento para una bicicleta que para la autorización de un laboratorio de investigación en el que se va a trabajar con organismos manipulados genéticamente, de carácter patógeno. 
No precisamos merma alguna de los estándares medioambientales y de seguridad, sino que lo que necesitamos son más estándares medioambientales, más seguridad y, sobre todo, más transparencia. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Unión Europea tiene desde 1990 la legislación más estricta del mundo en el ámbito de la biotecnología. 
Algunos Estados miembros han procedido aún con mayor severidad a la hora de trasladar estas normas europeas a la legislación nacional. 
Sin embargo, entretanto disponemos de la experiencia mundial en el manejo de la biotecnología. 
Las estrictas disposiciones vigentes en Europa se han revelado progresivamente como un freno para la investigación y para la aplicación de los resultados de la investigación de la zona de investigación que constituye Europa. 
He aquí un ejemplo claro: una empresa industrial europea, una empresa química, mantiene 26 emplazamientos destinados a investigación, de éstos 6 en la Unión Europea, 20 en Norteamérica y Sudamérica, en Sudáfrica y en el extremo oriente. 
La tecnología genética constituye una de las más importantes tecnologías clave del próximo siglo con una amplia aplicación en la medicina, en farmacia, en la agricultura, en la producción de alimentos y en el medio ambiente. 
La tecnología genética va a determinar decisivamente con sus innovaciones el desarrollo económico en todos los países en las próximas décadas. 
La directiva sobre la utilización de los microorganismos modificados genéticamente en sistemas cerrados, que data de 1990, se basa en los conocimientos científicos de los años 80. 
Nuestro grupo apoya plenamente los objetivos de la Comisión Europea de eliminar mediante la propuesta presentada de modificación de las disposiciones europeas el gasto administrativo innecesario- digo innecesario- y de garantizar al mismo tiempo la previsión y seguridad requeridas. 
Esto implica la adaptación de la clasificación a la práctica internacional existente así como también la reelaboración de anexos técnicos no sujetos ya al tiempo. 
En lugar de dos habrá en el futuro cuatro tipos de riesgo, lo cual va a posibilitar una mejora sustancial en la evaluación de riesgos y en la atribución de las medidas necesarias de protección. 
Para mi grupo es especialmente importante que en el futuro se dé una participación plena al Parlamento Europeo en las modificaciones esenciales de la directiva. 
Si los riesgos son controlables, como se ha evidenciado en los últimos 20 años, considero un mandato incluso de responsabilidad cristiana, que se exploren las posibilidades de la tecnología genética y se aplique luego de manera plenamente responsable esta tecnología. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la técnica avanza y los nuevos conocimientos tienen como consecuencia que las leyes hayan de adaptarse. 
Quizá quedará como un secreto de la Comisión en qué consisten las experiencias sobre las que se apoya en esta cuestión. 
La evolución y la investigación que le es inherente necesitan algo más de tiempo que cinco o seis años para poder lograr una visión general sobre las consecuencias relacionadas con la utilización de los microorganismos modificados genéticamente. 
En efecto, no es más antigua la experiencia que tenemos con la actual directiva. 
Por esta razón tienen una gran importancia dos enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En una de ellas se trata de la información a la opinión pública. 
La democracia y la transparencia exigen que se conozcan las disposiciones relativas a la seguridad. 
A este respecto la información a la opinión pública es una verdadera garantía de la seguridad. 
Por esta razón no basta con hacer accesibles a la opinión pública las informaciones sobre catástrofes. 
Las informaciones han de facilitarse activamente a la opinión pública. 
Esta es una exigencia. 
La segunda enmienda importante se deriva de las experiencias que hemos tenido con la Comisión en los últimos tiempos y me refiero, por ejemplo, a la autorización del maíz genéticamente modificado. 
Esta experiencia pone de manifiesto que hay que poner barreras muy estrechas donde la Comisión pueda adoptar decisiones y hacer modificaciones por su cuenta. 
Por consiguiente, es muy importante que se pongan límites muy estrechos a la comitología. 
Esta es una segunda enmienda sustancial que hemos presentado. 
No obstante tengo grandes reservas acerca de si está garantizada realmente la seguridad requerida, aunque se acepten todas las enmiendas que se han presentado. 
El futuro lo mostrará, ojalá que no sea en sentido negativo. 
Espero realmente que en su respuesta, la Comisaria nos informe detalladamente sobre cuál es la posición de la Comisión ante las diferentes enmiendas que se han presentado. 
Quisiera pedirle que, antes de la votación de mañana, haga circular una lista de las enmiendas que la Comisión estaría dispuesta a aceptar y de aquellas otras que le resultará difícil aceptar. 
Es una práctica que se siguió en el pasado y que nos sería de gran ayuda. 
Del debate sobre la clonación que hemos celebrado esta semana se deduce claramente que la utilidad del empeño científico en el ámbito de la genética está siendo objeto de una inspección minuciosa, y creo que con razón. 
Es evidente asimismo que tras la crisis de la EEB hayamos considerado necesario centrar nuestra atención en los posibles riesgos para la salud humana de fuentes posiblemente microscópicas hasta ahora insospechadas. 
En este contexto, es comprensible que algunos colegas tengan dudas acerca de esta propuesta, cuyo objetivo es agilizar los procedimientos de aprobación en un ámbito muy delicado. 
Me alegra que la comisión, por iniciativa del Sr. Trakatellis, se haya mostrado dispuesta a apoyar la directiva, con algunas enmiendas para hacerla más rigurosa. 
No obstante, quisiera llamar la atención del Parlamento especialmente sobre la enmienda 22 a esta directiva, que ha sido presentada no por nuestro ponente, sino por la Comisión de Energía, y recordar su importancia. 
Espero realmente que la Comisión la acepte. 
Existe el peligro real para este Parlamento y para la población que nos ha elegido de que éste sea uno de los pocos momentos en que podremos intervenir en la propuesta de directiva, y de hecho en la directiva definitiva sobre la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente; puesto que una vez aprobada esta directiva- como creo que sucederá -, no podremos ejercer ninguna función de supervisión. 
La enmienda 22 de la Comisión de Energía garantiza que la Comisión Europea presentará al Parlamento un informe regular sobre las consecuencias que pueda tener esta directiva. 
Recomiendo dicha enmienda a la Asamblea y espero realmente que la Comisión la acepte. 
Señor Presidente, debo dedicar los primeros segundos de mi intervención a un tema ajeno al informe Trakatellis, pero relacionado con la ética colectiva. 
El señor Presidente nos anunció amablemente hace unos minutos la inmediata reacción del Presidente del Parlamento ante el último atentado terrorista de ETA, y yo agradezco profundamente, como español, la solidaridad de todos los ciudadanos europeos; pero deben saber los ciudadanos europeos, a los que este Parlamento representa, que este sentimiento de indignación por cada muerto de ETA es difícilmente compatible, desde el punto de vista moral, con el mantenimiento del derecho de asilo dentro de la Unión Europea para ciudadanos fugitivos de la justicia española relacionados con estas actividades terroristas. 
Muchas gracias, no obstante, por la rápida reacción del Parlamento, señor Presidente. 
Volviendo al asunto Trakatellis, debo decir que, a pesar del gran número de enmiendas que contiene- lo que podría sugerir que se trata de un informe muy controvertido y muy polémico- creo, sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en las intervenciones, que, independientemente de las enmiendas- muy parciales- que se han defendido o que se van a votar mañana, todo el Parlamento está de acuerdo en que es oportuna y necesaria esta propuesta de directiva, que el informe es excelente- mis felicitaciones al Sr. Trakatellis- y que la mayoría de las enmiendas de la comisión tienen como objetivo combinar la prudencia de los poderes públicos, que nos corresponde, estableciendo un marco jurídico, con la decisión de seguir aprovechando los recursos obtenidos por la ingeniería genética. 
Por consiguiente, creo que todo se ha desarrollado en la línea de hacer compatibles entre sí las propuestas de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, que datan de 1992; en este sentido, la defensa de la seguridad y la dignidad del hombre es compatible con la utilización industrial y el avance de la investigación en esta materia. 
La presente directiva tiene dos objetivos: en primer lugar, la utilización segura de los microorganismos modificados genéticamente y, en segundo lugar, la estimulación de la investigación biotecnológica. 
Las propuestas de la Comisión necesitan ser mejoradas, sobre todo, en dos puntos: en primer lugar, en el terreno de la responsabilidad por daños, esto ya se ha dicho. 
Quien trabaje con microorganismos modificados genéticamente debe responder de los daños que se produzcan en el caso de una liberación. 
En este punto sostengo una opinión diferente a la de nuestra colega, la Sra. Heinisch. 
En segundo lugar, el ámbito de los procesos legislativos. En lo que respecta a las enmiendas del ámbito de vigencia de esta directiva, este Parlamento no debe dejarse arrebatar el derecho de coparticipación. 
Esto se refiere a los anexos I y II de la directiva. En efecto, aquí no se trata, como pudiera parecer a primera vista, de disposiciones técnicas, sino del núcleo de la directiva, que es relevante para la seguridad. 
No ha sido útil para la valoración del proyecto de la Comisión, que el informe sintetizador de la Comisión sobre la experiencia con la directiva no se haya presentado todavía. 
En la respuesta de la Comisión a mi pregunta por escrito la Comisión anuncia su informe para una fecha no determinada del año 1997. 
De acuerdo con la directiva habría estado obligada ya a presentarlo el año pasado. 
Espero que la Comisión con la aceleración propuesta del procedimiento de autorización cumpla también sin dilación en el futuro su deber de información frente a la opinión pública y frente al Parlamento Europeo y que se atenga al menos a los plazos que están legalmente establecidos o sancione pertinentemente la morosidad de los Estados miembros a la hora de hacer la traslación. 
Dadas sus negligencias en el asunto de la EEB me parece tanto más necesario llamar la atención de la Comisión sobre estas nuevas omisiones. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Trakatellis, y al ponente para opinión de la Comisión de Investigación, Sr. Pompidou, por el concienzudo trabajo realizado en relación con este informe. 
Como todos saben, y como se ha subrayado durante el debate de hoy, la reglamentación del ámbito de los OMG es un tema complicado y figura en un lugar destacado del orden del día político. 
La Directiva nº 90/219 es una directiva horizontal y está basada en el principio de cautela. 
Ha de garantizar que el desarrollo de la tecnología se realice sin arriesgar la seguridad del medio ambiente y de la salud humana, es decir, que la Directiva establece las reglas del juego o las medidas de seguridad que han de cumplir los laboratorios que investigan y trabajan con los OMG. 
Esta Directiva trata un aspecto muy técnico que se está desarrollando vertiginosamente. 
Este aspecto tiene, asimismo, importantes consecuencias para el empleo y para la industria de la UE. 
La experiencia cosechada hasta ahora con esta Directiva demuestra que presenta ciertos puntos débiles, a saber: una clasificación inadecuada de los MMG, insuficiencia de las normas sobre evaluación de los riesgos y sobre medidas de confinamiento, falta de flexibilidad respecto a la adaptación del desarrollo técnico, falta de coherencia entre las medidas de notificación y gestión por un lado y el riesgo de estas actividades por el otro lado, y una gestión exagerada para las actividades de bajo riesgo. 
La propuesta de la Comisión mantiene el principio de cautela, al tiempo que trata de solucionar los problemas prácticos resultantes de la Directiva actual. 
Las modificaciones más importantes consisten en que los procedimientos administrativos y los requisitos de notificación se adaptarán al riesgo de las actividades realizadas con los microorganismos modificados genéticamente, las cuales, como han mencionado varios oradores, se dividirán en cuatro grupos de riesgo. 
Los procedimientos serán simplificados, aunque manteniendo siempre una disminución del nivel de riesgo y unas medidas mínimas de confinamiento y de control para cada una de las cuatro clases de riesgo, y en el futuro será más fácil adaptar la Directiva al desarrollo técnico. 
De las 68 enmiendas presentadas, la Comisión acepta plenamente las siguientes: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 31, 41 y 42, 49 y 56. Todas ellas sirven para aclarar los principios de la propuesta de la Comisión. 
Quiero hacer un comentario sobre la enmienda nº 37, ya que me parece que la Sra. Gebhardt ha aludido indirectamente a ella, es decir, al procedimiento legislativo para el Anexo I. La Comisión acepta parcialmente el empleo del procedimiento legislativo completo para el Anexo I. Como ya saben, este procedimiento presenta la ventaja, puesta de manifiesto por varios oradores, de que tanto el Parlamento como el Consejo influirán sobre la modificación del Anexo. 
En conclusión, la Comisión no puede aceptar 31 enmiendas, algunas de las cuales comentaré brevemente. 
La primera es la enmienda nº 1, que pretende modificar el fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión, sustituyendo el apartado 1 del artículo 130S por el artículo 100A. 
No lo podemos aceptar y no es por falta de comprensión por nuestra parte respecto al deseo del Parlamento de tener una intervención plena en el proceso legislativo. 
Somos partidarios de ello. 
Sin embargo, entiendo que en el Tratado actual no hay ningún fundamento jurídico que permita elegir el artículo 100A en vez del artículo 130S, a menos que el ámbito de aplicación de la Directiva sea sometido a considerables modificaciones, de forma que tenga influencia directa en el mercado interior. 
No cabe ninguna duda de que, según se adopte una disposición u otra, la influencia del Parlamento varía de modo incomprensible. 
Yo misma espero que este defecto sea corregido en las nuevas revisiones del Tratado. 
Quiero añadir que la modificación propuesta del fundamento jurídico significaría que los Estados miembros no tendrían, como ahora, la posibilidad de adoptar medidas más rigurosas de confinamiento y control que las fijadas en la Directiva. 
Con las disposiciones actuales, los Estados miembros pueden establecer normas de derecho interno más estrictas que las de la Directiva. 
Con el artículo 100A como fundamento jurídico, habría una armonización total de la legislación y los Estados miembros perderían la posibilidad de establecer sus propias normas. 
Por eso, tendrían que reducir el nivel de las medidas de confinamiento y control en la legislación nacional de acuerdo, lo que, obviamente, no sería aconsejable. 
No podemos aceptar las enmiendas núms. 18 y 20, que pretenden dividir las actividades de los tipos 3 y 4 en cuanto a los requisitos de notificación. 
En opinión de la Comisión, tal división supondría una complicación en la aplicación práctica de la Directiva y causaría desconcierto. 
Con todo, la Comisión es consciente de que el objetivo de estas enmiendas es reforzar el control administrativo en las actividades de alto riesgo, por lo que propone que tal objetivo se cumpla exigiendo una autorización expresa para usos sucesivos tanto para el tipo 3 como para el tipo 4. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 44, 45 y 46, que tienden a limitar el ámbito de aplicación incluyendo únicamente las actividades efectuadas en laboratorios de investigación. 
El motivo es que la Comisión desea regular todos los tipos de actividades de laboratorio, cualquiera que sea su objetivo. 
Llegamos ahora a las enmiendas núms. 26, 36, 50, 57 y 58, que tampoco podemos aceptar, ya que pretenden limitar la información accesible para el público o los aspectos de las actividades sobre los que el público puede ser consultado a la protección de la salud y del medio ambiente así como a los planes de emergencia. 
En opinión de la Comisión, tal modificación no es aconsejable, dada la importancia que tiene el hecho de que los ciudadanos tengan confianza en que la tecnología genética está sometida a una reglamentación satisfactoria. 
La Comisión duda de que ocurra así si se deja al notificador decidir lo que afecta tanto a la protección de la salud y del medio ambiente como a los planes de emergencia. 
Por este mismo motivo, la Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas núms. 
32 y 33, según las cuales la información facilitada a las autoridades competentes y a la Comisión sobre accidentes incluiría únicamente los aspectos que pudieran perjudicar gravemente la salud pública o el medio ambiente. 
Suponen otra limitación desafortunada para los ciudadanos. 
En cuanto a las enmiendas núms. 13 y 28, es verdad, como ha dicho la Sra. Heinisch, que estamos trabajando sobre este tema en un Libro Blanco, y quiero decir que comparto la opinión del Sr. Bowe y de la Sra. Breyer sobre la importancia de abordarlo a nivel comunitario. 
Para no mencionar todas las enmiendas rechazadas, comentaré únicamente la nº 39. La Comisión puede aceptar el procedimiento de comisión 2 b, que permitirá al Consejo adoptar medidas distintas de las propuestas por la Comisión, en vez del procedimiento 3 b. 
En cuanto al informe de la Comisión sobre la experiencia obtenida con la Directiva, esta exigencia figura ya en el apartado 3 del artículo 18. 
El citado informe será presentado al Parlamento. 
La propuesta relativa a la publicación de las decisiones y los informes del comité consultivo no la podemos aceptar, ya que no está en línea con el nuevo acuerdo institucional entre la Comisión y el Parlamento Europeo sobre transparencia y acceso público a las reuniones en comisión. 
Al mismo tiempo, quiero subrayar- aunque sea obvio- que, en lo que le atañe, la Comisión cumplirá plenamente sus obligaciones en relación con este acuerdo. 
La Comisión acepta el principio de la enmienda nº 15 presentada por el Sr. Bowe, pero opina que la redacción no se corresponde con su intención. 
Por eso, la Comisión propondrá una modificación, según la cual se controlará con regularidad la buena práctica microbiológica. 
Quiero terminar subrayando una vez más el valor que las enmiendas aceptadas total o parcialmente añaden a la propuesta de la Comisión. 
Un ejemplo de ello es la enmienda nº 9 del ponente, Sr. Trakatellis, que refuerza la aplicación del principio de cautela. 
Según esta enmienda, deberá aplicarse el tipo de riesgo superior cuando exista una duda sobre cuál de dos tipos de riesgo es el adecuado, en tanto no se disponga de pruebas suficientes que justifiquen la utilización del tipo inferior. 
Como ya he dicho, en mi opinión, las enmiendas ayudan a reforzar la propuesta de la Comisión y a hacerla más clara, por lo que contribuirán a crear una legislación marco adecuada y eficaz para alcanzar el alto nivel de protección que todos deseamos para el tipo de actividades incluidas en la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, lamentablemente tengo que preguntar otra vez: tanto para el Sr. Bowe como para mí era importante, señora Comisaria, la actitud de usted ante la responsabilidad civil. 
Sin embargo, usted ha dicho poco sobre las enmiendas núms. 
28 y 30. Usted ha dicho que está de acuerdo conmigo y con el Sr. Bowe, pero también con la Sra. Heinisch. 
Esta es una gran contradicción. 
Nosotros le habíamos preguntado explícitamente lo siguiente: ¿Qué opina usted de que se procure una mayor responsabilidad propia para la ciencia? 
Debería significar que se asumiría la responsabilidad. 
Todo lo demás significaría un subvencionamiento indirecto. 
Ultimo punto: no puedo comprender que usted diga que el acceso a la transparencia y a la información violaría un agreement interinstitucional. 
Por consiguiente, yo le pediría urgentemente que se pronuncie sobre estas dos cuestiones. 
Son realmente elementales y en ello está en juego la credibilidad de la tecnología genética. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no han contestado por qué su Directiva presenta una incongruencia en relación con la anterior Directiva 679, que se refiere a la protección de los trabajadores contra factores de riesgo de origen biológico. 
En dicha Directiva la categoría 3 corresponde a un alto riesgo, mientras que en la Directiva que ahora examinamos la categoría 3 hace referencia a un riesgo intermedio. Hay una incongruencia importante. 
Quisiera preguntarles, por tanto: ¿consideran ustedes que una actividad realizada con una modificación genética del virus del SIDA constituye un riesgo intermedio o un riesgo grave? 
Ruego, pues, que esta incongruencia se corrija, puesto que en la Comisión se encontraban dos textos, uno oficial y otro no oficial, que son fundamentalmente distintos. A propósito de esta cuestión, el texto no oficial coincidía de hecho con la Directiva anterior. 
Señor Presidente, al haber agotado gran parte del tiempo de palabra que tenía asignado, intenté contestar con brevedad la pregunta sobre responsabilidad y dije que estaba de acuerdo con la Sra. Heinisch en que la Comisión debe elaborar un Libro Blanco sobre este tema, previo debate en una comunicación. 
Consideramos que se trata de una cuestión horizontal, lo que quiere decir que no nos podemos limitar a examinar la responsabilidad en relación con la propuesta que estamos debatiendo. 
Al mismo tiempo, dije que estaba de acuerdo con las observaciones de la Sra. Breyer y del Sr. Bowe sobre la importancia de este tema. 
Por eso, cuento con volver a él en un contexto más amplio. 
No creo que existan problemas de transparencia en relación con el acuerdo existente. 
En mi respuesta al Parlamento me declaré claramente a favor de la intervención de los ciudadanos y rechacé algunas de las enmiendas, porque me parecía que limitaban la participación de éstos y, a continuación, hice referencia al acuerdo celebrado con el Parlamento. 
En cuanto a la pregunta formulada por el Sr. Trakatellis, he de decir que en mi respuesta me concentré en determinar mi postura ante las diferentes enmiendas que con razón han preocupado al Parlamento. En nuestra opinión, no hay diferencias sustanciales entre la directiva mencionada por el Sr. Trakatellis y la que estamos debatiendo. 
El problema es que en las dos se utilizan diferentes tipos, y esto es lo que hemos intentado subsanar en la propuesta, en su forma actual, con la aceptación de las enmiendas que he citado durante el debate. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las preguntas dirigidas a la Comisión (B4-0019/97). 
Pregunta nº 28 formulada por Mary Banotti (H-0116/97): 
Asunto: Acuerdo comercial provisional con Israel 
¿Considera la Comisión que el artículo 1 del Acuerdo comercial provisional con Israel se está aplicando y controlando adecuadamente? 
¿Recibirá el Parlamento un informe del enviado especial de la UE a Oriente Medio que haga referencia en particular a las tareas especiales que se le han asignado en la Declaración de Dublín de diciembre de 1996? 
Las autoridades israelíes conocen perfectamente la importancia que la Unión Europea atribuye al estado de Derecho y al cumplimiento estricto de los compromisos contraídos por Israel con su adhesión al Convenio internacional sobre derechos humanos y la Declaración de Barcelona de 1995. 
La vigilancia del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos en los países con los que la Unión Europea mantiene acuerdos de asociación se lleva a cabo de conformidad con la normativa de la PESC. 
En virtud del actual acuerdo provisional se vigilan periódicamente dichos principios. 
Una vez que haya quedado completada la ratificación del Acuerdo de asociación euro-mediterráneo celebrado recientemente entre la Unión Europea e Israel, la Unión en su conjunto estará en una situación aún mejor para ejercer una influencia positiva en lo relativo al respeto de los derechos humanos en el marco del diálogo político con Israel que prevé dicho acuerdo. 
Una cláusula específica sobre los derechos humanos establece que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos constituye un elemento esencial del acuerdo de asociación. 
El enviado especial de la UE en el proceso de paz de Oriente Próximo informa regularmente sobre su misión al Consejo, a través de la Presidencia, y a la Comisión, poniendo atención especial en su mandato, según se define en las decisiones de los Consejos de Ministros de 28 y 29 de octubre de 1996 y de la Declaración de Dublín de 14 d diciembre de 1996. 
La Comisión se siente plenamente comprometida con las tareas del enviado especial. 
El enviado especial informó recientemente al Parlamento con ocasión de la audiencia que celebró la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento. 
Puesto que Sir Leon ha galopado a través de su respuesta a enorme velocidad, tendré que preguntarle si podría ofrecerme una copia de su respuesta. 
También me preocupa realmente la cuestión de las exportaciones de Palestina y las dificultades que siguen encontrando muchos productores cuando intentan exportar sus mercancías- y comprendo perfectamente la necesidad de las medidas de seguridad y todo lo demás, debido al exceso de controles de seguridad muy estrictos en la frontera. 
También me interesaría que Sir Leon nos dijera por qué considera necesario que algunos productos palestinos se registren como israelíes para facilitar su exportación a los mercados europeos. 
Perdone, señor Brittan, permítame darle las gracias a la Sra. Banotti y solicitarle a usted si le quiere contestar. 
Es una cuestión de cortesía para la Sra. Banotti. 
Naturalmente le facilitaré encantado una copia de la respuesta. 
Lo siento si he hablado demasiado deprisa, no quería consumir demasiado tiempo. 
En cuanto a las cuestiones específicas, éstas no guardan relación con el asunto de la vigilancia del acuerdo provisional ni con el informe de los enviados especiales, por lo que no estoy en condiciones de ofrecer una respuesta específica al respecto. 
Pero ciertamente pondré estas cuestiones a la atención de las personas de la Comisión que se encargan de estos asuntos. 
Pregunta nº 29 formulada por Wayne David (H-0119/97): 
Asunto: Legislación europea 
¿Podría indicar la Comisión cuál es el promedio de disposiciones, reglamentos o directivas, aplicables al Reino Unido, que se aprueban semanalmente? 
Lo primero que debo señalar es que los reglamentos y las directivas comunitarias son aplicables en toda la Comunidad y no sólo en el Reino Unido. 
Durante 1996 se adoptaron diecinueve reglamentos y dos directivas de promedio a la semana, la mayoría de ellos relativos a la Política Agrícola Común. 
Estas cifras se han tomado de Celex, la base de datos interinstitucional a la que se puede acceder públicamente. 
Conviene aclarar que en esa cifra no se incluyen los reglamentos de lo que puede denominarse carácter transitorio, es decir, los reglamentos relativos a la gestión del día a día de las políticas comunitarias como la Política Agrícola Común, instrumentos cuyos nombres aparecen en el Diario Oficial en letras normales y no en negrita, y cuya validez vence a los pocos días o las pocas semanas. 
Además- y creo que esto es importante- conviene subrayar que el número de reglamentos y directivas que expira o es revocado cada semana es prácticamente idéntico al de reglamentos y directivas que se adoptan también semanalmente. 
El efecto práctico global, por consiguiente, es que el total de reglamentos y directivas aplicables en la Comunidad se mantiene más o menos constante. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su esclarecedora respuesta. 
Como quizá sepan los diputados, Sir James Goldsmith ha financiado durante estas últimas semanas una costosísima campaña que ha llenado de carteles el Reino Unido y que dice, entre otras cosas, que Bruselas «arroja» , por utilizar su término, cada semana más de 100 normas y reglamentos que el Reino Unido ha de acatar. 
Creo que la respuesta que hoy nos ha dado el Comisario demuestra que esa campaña no sólo es engañosa, sino que además es completamente falsa. 
Quisiera pedir al Comisario que prometa a esta Asamblea que la Comisión lanzará en un futuro próximo una campaña en el Reino Unido exponiendo, como ha hecho hoy ante la Asamblea, cuál es exactamente la situación. 
Permítame decir en primer lugar que su Señoría ha hecho un servicio a la sociedad dándome la oportunidad de facilitar las cifras exactas y de corregir las impresiones engañosas que hayan podido causar. 
En cuanto al lanzamiento de una campaña no estoy seguro de que los recursos de la Comisión puedan llegar tan lejos como los del señor al que se ha hecho referencia, pero en términos generales creo ciertamente que es importante que expongamos los hechos con la máxima claridad posible, y ésta es una de las cosas a las que ahora podrá acceder la Comisión a través de sus oficinas de Londres y de otras partes del Reino Unido para dar a conocer los datos verdaderos. 
En un contexto ligeramente diferente, la semana pasada lancé personalmente en Londres la campaña del Movimiento Europeo para presentar información sobre Europa en general, es decir, una campaña de todos los partidos y de ninguno en particular, para presentar los hechos; la campaña está siendo apoyada, también financieramente, por la Comisión. 
Muchas gracias, señor Brittan, pero permítame que le haga un ruego y pueda justificar yo mi sueldo y mi condición de vicepresidente. 
Me gustaría poderle otorgar la palabra, con lo cual estaríamos de acuerdo con las normas que seguimos en este Parlamento. 
Sé que su voluntad de responder rápidamente obedece a la cortesía que usted siente hacia los distintos diputados y diputadas, pero este Presidente también quiere cumplir su función y justificar su sueldo. 
Pregunta nº 30 de James Provan (H-0126/97): 
Asunto: La Organización Mundial del Comercio 
El Acuerdo alcanzado en el marco de la Ronda Uruguay del GATT implica que los intercambios comerciales de la UE se realizan en el contexto de un sistema de comercio global y que las decisiones que se adopten en el futuro en materia de política agrícola deberán tener en cuenta este hecho. 
De cara a una nueva ronda de negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio parece necesario que la UE asuma una posición negociadora fuerte. 
¿Podría indicar la Comisión qué medidas está adoptando para este fin? 
No puede negarse que el comercio agrícola opera dentro del sistema de comercio global. 
El acuerdo agrícola alcanzado en el marco de la Ronda Uruguay establece las normas básicas para el comercio agrícola. 
La cuestión de futuras negociaciones ha sido incluida en el acuerdo agrícola que prevé que, y cito textualmente: » Las negociaciones sobre la continuación del proceso se iniciarán un año antes de que finalice el período de aplicación». La Comisión es consciente de la necesidad de una preparación minuciosa de las negociaciones que deberán iniciarse a finales de siglo. 
La Comisión se está encargando de que los trabajos se inicien con tiempo para que podamos estar en una posición negociadora fuerte desde el comienzo. 
Gracias señor Comisario por esa respuesta tan interesante y, estoy seguro, correcta. 
No obstante, a muchos de los que formamos parte de esta Asamblea nos preocupa que, aunque puede que algunas DG de la Comisión se interesen por las negociaciones comerciales, parece ser que la DG VI en particular- la Dirección de agricultura- se está quedando un poco atrás. 
Creemos que realmente debemos dar un paso importante para intentar garantizar que se lleve adelante dicha reforma de la PAC, algo que, en estos momentos, no parece muy claro. 
Sería de utilidad que la Comisión tomara pronto la iniciativa de difundir entre los agricultores de la Comunidad europea la noticia de que dichas negociaciones se avecinan y que si no tomamos las medidas necesarias para reformar la PAC antes del inicio de dichas negociaciones, estaremos en una posición débil y a la defensiva. 
Quisiera terminar diciendo que espero que el Comisario comprenda esto y que, por consiguiente, la DG VI participará plenamente en todas las negociaciones que el Comisario se propone emprender. 
La comunidad agrícola conoce perfectamente nuestro compromiso de reanudar las negociaciones, según lo acordado en la Ronda Uruguay, y también todas las partes de la Comisión están al corriente. 
En cuanto a la cuestión de la evolución de la PAC, consideramos que, naturalmente, existe una serie de presiones que apuntan en la misma dirección: una es la perspectiva de nuevas negociaciones en el contexto de la OMC; otra es la perspectiva de la ampliación y la tercera es, naturalmente, las presiones internas de carácter presupuestario relativas al gasto agrícola. 
Todas ellas se unen, lo que significa que la Política Agrícola Común tendrá que seguir evolucionando. 
Pero también es justo decir a nuestros interlocutores comerciales que no pueden esperar de nosotros que sigamos avanzando mucho más allá de lo acordado en la Ronda Uruguay, que es lo que algunos de ellos intentaron hacer en el período anterior a la reunión de ministros de la OMC celebrada en Singapur. 
Lo acordado fue que se llevará a cabo un proceso de intercambio de análisis e información, pero nada más que eso. 
Por tanto es bastante natural que, al defendernos de las presiones prematuras procedentes del mundo exterior, adoptemos una posición cautelosa. 
Pero puedo asegurarles que ello no nos impedirá hacer lo que sea necesario, sin olvidar el calendario ni los factores acumulativos que surgirán, y no ahorraremos esfuerzos para lograr que todas las partes de la Comisión colaboren en la resolución de este asunto. 
Una posición negociadora fuerte es para mí lo mismo que adoptar una posición agresiva para que la agricultura europea consiga una parte considerble del mercado mundial, que está aumentando. 
Existe temor dentro de la UE cara a la libre competencia que existe dentro de este mercado. 
Yo creo que este temor es exagerado. 
En mi opinión es importante adaptar el nivel de precios de la UE al del mercado mundial. 
Pueden ser necesarias algunas compensaciones, pero las ganancias que pueden extraerse deberían ser evidentes. 
¿Está de acuerdo la Comisión con mis ideas? 
Por el momento estamos trabajando tan sólo en el proceso de intercambio de análisis e información, y a su Señoría no le sorprenderá que la Comisión no haya formulado cuál será su posición negociadora en la próxima ronda que deberá comenzar dentro de algunos años. 
Sería muy inusual hacerlo con tanta antelación. 
Pero comprendo la fuerza del argumento de su Señoría y no dudo de que será una fructífera contribución al desarrollo del debate. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 31 decae. 
Pregunta nº 32 formulada por Wolfgang Kreissl-Dörfler, sustituido por el Sr. Schnellhardt (H-0170/97): 
Asunto: Fomento de la protección del medio ambiente y salvaguardia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el marco del plan de acción UE-El Canadá 
Según un estudio efectuado por Sierra Legal Defence Fund, incluso después de la entrada en vigor de la nueva legislación forestal en la provincia canadiense de la Colombia Británica (British Columbia Forest Practises Code) el 92 % de las talas realizadas por las grandes empresas madereras sigue efectuándose de acuerdo con el método de desmonte total, y en la mayoría de los casos no se respetan las directrices relativas a las aguas corrientes. 
En las grandes pluviselvas costeras, el territorio tradicional de los indios Nuxalk, se siguen cediendo a las empresas madereras, sin el consentimiento de los indios y mediante contratos de arrendamiento a largo plazo, grandes extensiones del territorio para su desmonte total. 
¿Qué esfuerzos comunes va a realizar la Comisión, en el marco del plan de acción UE-El Canadá, para poner fin a las prácticas de desmonte total y a la destrucción del territorio de los pueblos indígenas, y cumplir así las obligaciones internacionales asumidas tanto por la UE como por el Gobierno canadiense para garantizar un desarrollo duradero (por ejemplo, el Convenio sobre la diversidad biológica, Agenda 21)? 
El capítulo 3 del plan de acción UE-Canadá contiene un lenguaje específico relativo a la conservación del medio ambiente, en general, y a la gestión sostenible de los bosques, en particular. 
En el plan de acción, la UE y Canadá se comprometen, por ejemplo, a intercambiar información e informes sobre temas forestales. 
El plan de acción prevé además que la UE y Canadá colaborarán en el marco de la Comisión de la ONU para el desarrollo sostenible, y que se seguirán esforzando para que concluyan con éxito los trabajos de la Comisión en torno a la gestión sostenible de los bosques. Existe, por tanto, un claro mandato en el plan de acción de continuar e impulsar la cooperación y el diálogo en lo que se refiere a los bosques y al medio ambiente. 
Ya existe la oportunidad de abordar asuntos forestales con Canadá a nivel bilateral a través del denominado Grupo de trabajo ad hoc para asuntos forestales que forma parte de las consultas a alto nivel que se celebran anualmente entre la UE y Canadá en materia de medio ambiente. 
En la última reunión del grupo de trabajo celebrada el 24 de octubre pasado, la parte canadiense mencionó que Canadá está lanzando un nuevo programa de bosques naturales. 
En lo que respecta a la cuestión de los pueblos indígenas, la Comisión y la Unión Europea se sienten profundamente ligadas a la promoción de prácticas de desarrollo sostenible que tengan debidamente en cuenta los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluida la tenencia de tierras y la conservación de sus formas de vida tradicionales. 
La Unión Europea ha planteado estos temas reiteradamente en los contextos pertinentes como el Convenio sobre la diversidad biológica, y de conformidad con las conclusiones de la Conferencia de Río de 1992 siempre ha hecho hincapié en la relación que existe entre la promoción de los derechos humanos y el respeto del medio ambiente. 
Gracias, señor Brittan. 
El señor Schnellhardt no desea hacer uso de la palabra, por lo que hemos terminado este bloque de preguntas. 
Esperando la llegada del Comisario Sr. Van den Broek, les propongo que nos demos todos unos minutos de relax. 
(Se suspende la sesión unos minutos) 
Señorías, después de estos minutos de reconfortante relax- se los agradecemos muy cordialmente al Comisario Sr. Van den Broek -, les propongo que reanudemos la sesión. 
Tengo que advertirles que la pregunta nº 33 del Sr. Graziani, sobre la situación en Albania, no será vista porque esta cuestión, como ustedes saben, se discute en el ámbito de esta misma Sesión parlamentaria. 
Asunto: Imposición por parte de Ucrania de un gravamen a la ayuda humanitaria 
Según noticias aparecidas en la prensa neerlandesa, Ucrania ha suprimido desde el 1 de enero de 1997 las importaciones libres de impuestos de mercancías de ayuda humanitaria. 
Desde dicha fecha, se aplican a dichas mercancías unos derechos de importación de un 30 % aproximadamente, que ha de abonar el destinatario de dicha ayuda. 
Si bien con esta medida se pretende luchar contra los abusos que pueden producirse aprovechando la importación libre de impuestos, el gravamen afecta también a las actividades de organizaciones de ayuda serias. 
¿Puede confirmar la Comisión dichas noticias e indicar qué medidas cabe adoptar para asegurar la libre exportación de mercancías de ayuda humanitaria por parte de organizaciones de ayuda serias? 
En respuesta a la pregunta del Sr. van der Waal, quisiera señalar lo siguiente. 
El parlamento de Ucrania ha suprimido la exención de derechos de importación, IVA y otros impuestos a la ayuda humanitaria con una ley del 17 de diciembre de 1996. 
El objeto de esta medida era erradicar el abuso y la corrupción en los envíos fraudulentos de ayuda humanitaria. 
La Comisión ha entablado contacto con las autoridades de Ucrania a través de su delegación en Kiev para solucionar este problema y la troika de la Unión Europea planteó esta cuestión en su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el Sr. Udovenko, el pasado 5 de febrero en La Haya. 
En dicha ocasión, la troika de la Unión recibió garantías por parte de las autoridades ucranianas de que se presentaría una propuesta de ley con enmiendas en el parlamento a fin de que la ayuda humanitaria pudiera quedar nuevamente exenta de impuestos. 
El 20 de febrero, el parlamento de Ucrania aprobó una resolución que autoriza a corto plazo al gobierno a aceptar caso por caso que la ayuda humanitaria entre sin impuestos, a condición de que cada elemento intregrante de este envío esté provisto de una etiqueta. 
De este modo, la cuestión está solucionada desde el punto de vista jurídico. No obstante, se aconseja a las organizaciones donantes que entablen contacto con sus homólogos en Ucrania, con las autoridades ucranianas o sus embajadores, antes de realizar el envío. 
Las organizaciones que reciben recursos de la Comisión, por ejemplo a través de ECHO, y se encuentran con dificultades, han de entablar contacto con la delegación de la Comisión en Kiev. 
Pienso, o por lo menos espero, haber podido tranquilizar con ello al Sr. Van der Waal. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por la respuesta que ha dado y en especial por la intervención de su gabinete en esta cuestión. 
En efecto, es cierto que por lo visto se está preparando una legislación que permitirá de nuevo la exención para la importación de estas mercancías. 
Pienso que hemos de vigilar el período en que todavía no se aplica esta legislación. El Comisario ya lo ha señalado. 
A través de las embajadas podríamos intentar que todo saliera lo mejor posible. 
Pienso que todavía habrá un problema, pues casi siempre suele ocurrir que en los lugares donde llega la ayuda hay que dar permiso para descargar estas mercancías y distribuirlas, y allí habrá que recibir instrucciones de las autoridades en Kiev para poder entregar sin problemas estas mercancías. 
Pienso que sería ir demasiado lejos si ahora entráramos en detalles. 
Quizás el Comisario esté dispuesto a decirme si estos envíos pueden comunicarse al embajador de la Unión Europea y si el Comisario quiere prometer que la Comisión seguirá prestando atención a esta cuestión. 
Pienso que, en efecto, lo mejor es que cada expedidor entable contacto, bien con su homólogo que ha de recibir las mercancías, bien con la embajada de su propio país, o con la delegación de la Comisión. 
Me parecería excesivo encargar a la delegación de la Comisión la mediación de todos los envíos realizados desde los Estados miembros, organizaciones y demás a Kiev. 
Así pues, repito que cuando se trate, por ejemplo, de mercancías financiadas con cargo a los programas de la Comisión, por ejemplo a través de nuestra organización humanitaria ECHO, es natural que se contacte con nuestra delegación. 
Por lo demás, quisiera aconsejar en cualquier caso que se utilicen las embajadas de los Estados miembros. En caso de no existir ninguna, no me cabe la menor duda de que se puede acudir siempre a la delegación de la Comisión. 
Señor Comisario, le estoy muy agradecido por su respuesta pero quisiera plantear una pregunta derivada de la praxis. 
Hoy existen aún dificultades, en especial en los países que limitan con aquellos países en los que existe auténtica miseria. 
¿No sería razonable quizá que la Comisión intentara encontrar una regulación global con los estados que actualmente han solicitado ya la pertenencia como miembros a la Unión Europea o, en otras palabras, con los once estados que están realmente interesados en establecer una relación con nosotros? 
Necesitamos una regulación común que aborde los problemas del transporte en tránsito respecto de los diversos estados en los que existe realmente pobreza- pongo como ejemplo a Rumaníaa fin de terminar realmente con este problema, pues la vía a través de las embajadas demanda mucho tiempo y es muy burocrática. 
Estoy plenamente de acuerdo con el Sr. von Habsburg de que es de esperar, sobre todo tratándose de países que desean entrar en la Unión Europea, que en este ámbito no pongan obstáculos, y se llegue a acuerdos efectivos, por ejemplo- como ya ha señalado el Sr. Habsburg- para no obstaculizar el tránsito. 
En este caso concreto, no se trata de un país candidato, sino de Ucrania, y con este país, como usted sabe, tenemos un acuerdo de asociación, que entre otras incluye la disposición de que en cualquier caso asuntos como el tránsito y otras cuestiones por el estilo no pueden tener un trato más discriminatorio que las mercancías, pongamos por caso, del comercio nacional. 
En este sentido estoy plenamente de acuerdo con el Sr. von Habsburg en que hemos de intentar eliminar estos obstáculos, incluso con los países con quienes hemos firmado acuerdos de asociación. 
Sin embargo, me temo que ello tendrá que suceder de nuevo una y otra vez, ad hoc, porque también en este caso se ha visto que en realidad se ha impuesto de forma muy imprevista un recargo a las mercancías de ayuda humanitaria y otras, y que hemos tenido que intervenir, a nivel político, para poder anularlo. 
Ahora hemos de generalizarlo al máximo con Ucrania, pero tengo confianza en que, dados los contactos que hemos mantenido, la situación mejorará considerablemente. 
Gracias, señor Comisario. 
Pregunta nº 35 formulada por Ursula Stenzel (H-0128/97): 
Asunto: PHARE- Polonia 
El programa PHARE es desde su establecimiento en 1995 el instrumento financiero más importante para los PECO. 
Pero en la ejecución de PHARE se registran grandes problemas, ya que el programa está muy diseminado y los fondos se reparten mal. 
¿Qué hace la Comisión para emplear más eficazmente los fondos del programa PHARE en la importante fase de preadhesión? 
¿Qué medidas concretas se aplicarán en el país candidato Polonia con objeto de preparar para la adhesión su capacidad administrativa con fondos PHARE? 
¿Proyecta la Comisión intensificar los seminarios de formación destinados a los funcionarios polacos para introducirlos en el ordenamiento jurídico de la UE? 
Como es sabido, el programa PHARE se inició en 1989, principalmente como un programa para la ayuda técnica de apoyo al cambio económico y a las reformas en los PECO. 
En el marco de la estrategia de preparación para la adhesión a la Unión Europea, en 1994 PHARE fue seleccionado como el instrumento financiero idóneo para apoyar a los países asociados a la hora de asumir el «acervo comunitario» , pero también para completar las reformas de mercado y la reestructuración de sus economías a medio plazo y sentar de este modo las condiciones para la futura adhesión. 
En vista del calendario político para las negociaciones sobre la ampliación, se está preparando una reorientación muy fundamental, tanto en lo que respecta a los ámbitos en que se presta apoyo, como al modo en que se concede este apoyo, es decir: respecto del mecanismo de ejecución. 
El objetivo de esta reorientación es ayudar a los países candidatos a realizar el cambio, la aplicación y el cumplimiento del «acervo». 
Esta reforma contribuirá considerablemente a la eficacia y la idoneidad de PHARE como principal instrumento financiero para ayudar a los países candidatos a preparar la adhesión a la Unión. 
En 1995 y 1996 se concedió a Polonia un importe total de 377 millones de ecus. El 82 % de esta ayuda se distribuye tan sólo en seis sectores, a saber: cooperación transfronteriza, transportes, agricultura, pequeña y mediana empresa, desarrollo regional y el conocido «programa Tempus». 
La ayuda PHARE en estos sectores se centra en el fomento del proceso de integración en el ámbito material o en el ámbito de la legislación o la educación. 
La armonización de la legislación y el refuerzo institucional es un elemento importante de estos programas, y sin duda estas actividades se reanudarán en el futuro. 
Junto con el Gobierno de Polonia, la Comisión estudia una mayor concentración de la ayuda PHARE con miras a la estrategia de integración nacional del Gobierno polaco. 
En relación con la pregunta sobre la formación de los funcionarios públicos, puedo decir lo siguiente: en 1992, PHARE financió un programa de reforma de la administración pública en Polonia. 
Este programa contribuyó considerablemente a la creación de una nueva ley sobre los servicios públicos y la reforma introducida en 1996 de la administración central. 
El Instituto Europeo de Ciencias Económicas organiza en estos momentos cursos de formación para funcionarios en Polonia, también financiados por PHARE. 
El mismo programa financia asimismo un importante curso de formación para inspectores veterinarios en torno a los métodos de control de calidad, que corre a cargo de una organización neerlandesa. 
A partir de 1997 se financiará un mayor refuerzo específico institucional y la formación de funcionarios en el ámbito del acervo de la Unión, con miras a las nuevas prioridades del gobierno en su ya mencionada estrategia de integración nacional. 
Tengo una pequeña pregunta complementaria en relación con la formación de los funcionarios, a la que se ha referido el Comisario. 
Habida cuenta de que los funcionarios del Parlamento y de los Ministerios polacos deberán tratar con este Parlamento y, en su momento, asistir a los diputados polacos a este Parlamento, espero que la formación incluya también el mantenimiento de relaciones con el Parlamento, así como con los diputados al Parlamento. 
En este contexto tuve el placer de ser invitado, junto con otros diputados, a dirigirme el pasado otoño a un grupo de funcionarios del Parlamento polaco que se encontraba de visita en Londres bajo los auspicios de una de las universidades londinenses. 
Me pareció que los funcionarios sentían un enorme interés por saber más sobre el Parlamento. 
¿Podríamos tener en cuenta ese aspecto a la hora de organizar las actividades? 
Queremos prestar atención a esta cuestión. 
Por cierto, quiero señalar que también nosotros somos partidarios de las comisiones parlamentarias mixtas, de Polonia y el Parlamento Europeo, que se reúnen con regularidad y que precisamente permiten que tenga lugar un intercambio de información entre los eurodiputados y los parlamentarios de Polonia. 
Pero en términos más generales, estoy de acuerdo con su Señoría en que en nuestros programas de democracia, por ejemplo, y en los programas orientados al refuerzo de las instituciones democráticas de Polonia, y dondequiera que se manifieste la necesidad, hay que tratar de facilitar más información a los parlamentarios. 
Pregunta nº 36 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0129/97): 
Asunto: Acuerdos de partenariado y cooperación con los países del Asia Central y Mongolia 
¿Qué ritmo prevé la Comisión para la aprobación de los acuerdos de partenariado y cooperación con los países del Asia Central y Mongolia? 
Se han firmado tres acuerdos de asociación y cooperación con los países de Asia Central, a saber, con Kasajstán en enero de 1995, con Kirguistán en febrero de 1995 y con Usbekistán en junio de 1996. 
Para la firma y entrada en vigor de los acuerdos es necesaria la ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, y naturalmente también por el Parlamento Europeo. 
Hasta ahora, los acuerdos con Kasajstán y Kirguistán han sido ratificados por los parlamentos de siete Estados miembros. 
El Parlamento Europeo ya ha ratificado el acuerdo con Kirguistán, aunque todavía está pendiente la ratificación del acuerdo con Kasajstán. 
El proceso de aprobación del acuerdo de asociación y cooperación con Usbekistán se inició hace poco. Y por ahora no ha habido ninguna ratificación. 
Además, la Comisión Europea ha recibido del Consejo un mandato para negociar un acuerdo de este tipo con Turkmenistán. 
Por lo pronto no hay planes para negociar un acuerdo de este tipo con Tayikistán, y ello debido a la situación imperante en ese país, donde sigue habiendo un conflicto armado. 
Por último, tampoco se tiene previsto, por lo pronto, iniciar negociaciones con Mongolia. Esto tiene que ver con el hecho de que las relaciones entre la Comunidad Europea y Mongolia ya están reguladas por un acuerdo en materia de comercio y cooperación, que entró en vigor el 1 de marzo de 1993. 
Agradezco al Sr. Comisario la información que esta tarde ofrece a la Asamblea. 
En todo caso, está muy claro que queda mucho camino por recorrer y el ritmo es lento. 
Efectivamente, como nos informa el Sr. Comisario, el acuerdo de cooperación con Uzbekistán, que se firmó en junio de 1996, tan sólo ha sido ratificado por Uzbekistán. 
Quisiera preguntarle si Finlandia lo ha ratificado o no recientemente. 
En el caso de Kazajstán han sido siete efectivamente. 
El propio Kazajstán, que tiene serios problemas de déficit democrático, tampoco lo ha ratificado. 
Y algo parecido ocurre en el caso de Kirguizistán. 
Parece que este Parlamento, que no ha ratificado todavía ninguno de los tres mencionados, se propone ratificar pasado mañana el de Kazajstán. 
En todo caso, por lo que se refiere a los tres que ha citado el Sr. Comisario, Mongolia, Turkmenistán y Tayikistán, convendría acelerar el proceso al máximo, puesto que el objetivo primordial es intensificar el diálogo político con estos países. 
Apruebo plenamente el estímulo y el deseo expresado por su Señoría en cuanto a la agilización de los procedimientos de aprobación en torno a los acuerdos ya cerrados o por cerrar. 
Hace apenas diez días tuve el placer de acompañar a la Presidencia neerlandesa y al Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, a la Cumbre de Moscú. 
Y si le digo que el acuerdo de asociación con Rusia se cerró hace ya más de dos años y con Ucrania igualmente, y que todavía insistimos para que se ratifiquen y cierren los procedimientos, ello es una muestra de los esfuerzos implicados por conseguir que los quince Estados miembros los ratifiquen a tiempo. 
Por otra parte, en este caso hay que añadir una complicación jurídica, pues debido a la última ampliación de la Unión Europea con Finlandia, Suecia y Austria, tuvo que procederse a una ratificación adicional. 
Pero puede estar usted seguro de que la Comisión hace todo lo que está en sus manos para acelerar estos procedimientos. Pues en los casos a los que se ha referido usted no hay obstáculos políticos como tales. 
¿Puede el Comisario comentar sobre la situación actual de los derechos humanos en Uzbekistán, y si considera que la situación allí es adecuada para que la UE siga adelante con la ratificación de un acuerdo de asociación y cooperación con ese país? 
Me interesaría conocer su opinión. 
La razón por la cual la Comisión también aconsejó en su momento al Consejo que emitiera un mandato a la Comisión para negociar con Usbekistán en torno a un acuerdo de asociación como este, estriba en la importancia que tiene este país en la región de Asia Central, pero no como un testimonio de una situación intachable en relación con la democracia y los derechos humanos en dicho país. 
Lo decisivo, tanto para nuestra petición como para la respuesta positiva del Consejo, fue que estábamos convencidos de que el Gobierno de Usbekistán estaba plenamente dispuesto a entablar un diálogo sobre la situación de los derechos humanos. Un diálogo que se está manteniendo con este país. 
Por tanto, estoy de acuerdo con el Sr. Truscott en que todavía hay cosas que criticar; permítame decirlo así. 
Pero es seguro que es posible mantener un diálogo abierto con Usbekistán, y que precisamente el hecho de trabajar para lograr un acuerdo de asociación puede suponer un estímulo para progresar en el ámbito de la calidad, de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Señorías, con la pregunta nº 36 del Sr. Camisón hemos agotado los 20 minutos correspondientes a este bloque, por lo que, después de agradecer al señor Comisario el tiempo que nos ha dedicado, tengo que anunciarles que las preguntas 37 a 44 serán contestadas por escrito. 
Esto, Señorías, nos permitirá pasar ahora al bloque siguiente, que corresponde a la Comisaria Sra. Bjerregaard. 
Pregunta nº 45 formulada por Ivar Virgin (H-0077/97): 
Asunto: Creación de zonas húmedas 
Las zonas húmedas pueden servir, entre otras cosas, como depósitos de sales nutritivas y proteger a nuestros mares de la eutroficazión que, por su parte, pone en peligro la reproducción de los animales, lo que constituye un grave problema en el mar Báltico. 
En el programa de mejora del medio ambiente en el ámbito de la agricultura vigente en la actualidad (el Programa 2078) se hace referencia a una serie de incentivos a la creación de zonas húmedas pero únicamente en aquellas zonas previstas para ello. 
Las ayudas a las inversiones que son necesarias para crear zonas húmedas de calidad, que pueden actuar como depósitos de nitrógeno, serían una medida eficaz desde el punto de vista del medio ambiente, en particular en lo que se refiere a la eutroficación. 
¿Podría señalar la Comisión si tiene intención de modificar la normativa vigente para permitir este tipo de ayudas? 
Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento nº 2078 de 1992, los Estados miembros han de introducir programas que favorezcan una agricultura propicia para el medio ambiente, pero son los propios Estados miembros quienes se encargan prácticamente de la configuración detallada de los programas. 
Nada impide a un Estado miembro aplicar el Reglamento nº 2078 para crear zonas húmedas en cualquier lugar adecuado. 
No está obligado a limitar tales medidas a zonas designadas específicamente al efecto. 
Dentro de los límites fijados, la Comunidad puede contribuir a la financiación de tales proyectos. 
Unicamente quiero confirmar la conclusión extraída por el Sr. Virgin de mi respuesta. 
Obviamente, existen varias posibilidades económicas de concesión de ayudas y diferentes formas de cofinanciación que encajan en el ámbito de competencias del Comisario de Agricultura. 
Debido a la gran variedad de posibilidades, no entraré en detalles, pero no cabe duda de que algunas de ellas pueden ser aplicadas. 
Gracias, señora Bjerregaard. 
Pregunta nº 46 formulada por Tom Spencer (H-0114/97): 
Asunto: Sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino 
¿Está enterada la Comisión del creciente número de datos científicos que indican que el equilibrio hormonal y reproductivo de los seres humanos y los animales, se ve afectado por un «cocktail» de sustancias químicas que atraviesan la cadena alimentaria, procedentes de emisiones y productos industriales y presentes en el embalaje de los alimentos destinados al consumo? 
Se ha demostrado que dichas sustancias miméticas de las hormonas, conocidas como disruptores endocrinos, tiene efectos directos en los sistemas de reproducción animal, y se las ha vinculado en las tasas decrecientes de producción de esperma humano, el número creciente casos de cáncer del aparato reproductor, como cáncer de mama, así como problemas de comportamiento y déficit neurológico. 
Dado que la actual legislación comunitaria sobre pruebas de toxicidad y liberación de sustancias peligrosas, no abarca, por el momento, los efectos de los disruptores endocrinos, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger a las generaciones futuras? 
La Comisión tiene muy en cuenta la problemática relacionada con los disruptores endocrinos que influyen directamente en el sistema hormonal general, incluso en el sistema de reproducción. 
La existencia de estos efectos ha quedado comprobada, pero existen dudas sobre el mecanismo de los efectos y sobre sus verdaderas causas, y la ciencia carece de métodos para realizar las pruebas necesarias. 
Con todo, existen algunas normas al respecto. 
Hemos clasificado una serie de sustancias que, seguramente debido a la disrupción endocrina, influyen en la salud humana debido a su toxicidad para la reproducción. 
Sustancias como el PCB y el DDT, que a menudo han sido citadas como disruptores endocrinos, están prohibidas desde hace tiempo por otros motivos. 
Es correcto que la legislación comunitaria relativa a los programas de análisis de los productos químicos industriales no incluya la toxicidad para la reproducción humana o para los efectos sobre la vida animal. 
Existe aquí una laguna, ya que hacen falta protocolos de análisis para determinar cuáles de los centenares de miles de sustancias en el mercado son las causantes de los efectos descritos debido a la disrupción del sistema endocrino. 
En el Programa marco de investigación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, la Comisión ha dado la mayor prioridad al desarrollo de los métodos de screening para la identificación de los disruptores endocrinos potenciales, a los nuevos métodos para la detección de efectos secundarios que actualmente no están cubiertos por la legislación y a la investigación epidemiológica para determinar el alcance del problema. 
Por eso, al tiempo que reconoce la existencia de ciertos efectos que influyen en las personas y en el medio ambiente, posiblemente causados por la disrupción del sistema endocrino por efecto de sustancias químicas industriales, la Comisión intentará determinar el alcance del problema, desarrollar métodos de screening y establecer las causas con vistas a la adopción de una reglamentación aplicable a algunas sustancias específicas o a grupos de sustancias en el marco de un programa global. 
Gracias, señor Comisario, por su atenta respuesta. 
Opino que éste es un caso claro en el que deberíamos observar el principio preventivo de que aunque sólo el 50 % de las amenazas a las que apunta nuestro actual estado de conocimientos científicos resultan ser ciertas, nos enfrentamos realmente a un desafío muy grave y muy complicado. 
Ruego a la Comisaria que nos confirme si podríamos esperar que la Comisión emprenda trabajos específicos en el marco de los programas de investigación de la Unión Europea (algo que hacen directamente la Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente) , recurriendo para ello a su considerable influencia para fomentar la investigación tanto industrial como teórica en este campo; y segundo, que se plantee la posibilidad, junto con sus colegas de la Comisión, de estudiar las repercusiones que dicha amenaza podría tener no sólo sobre la Dirección de Medio Ambiente, sino también sobre una amplia gama de propuestas y actividades de la Comisión. 
Estoy de acuerdo en que estos temas deben basarse en el principio de cautela y, asimismo, en que este principio debe gozar de prioridad en el programa de investigación. 
Mencioné en mi respuesta que nos hemos ocupado de que se incluyera, y me parece importante seguir ampliándolo. 
Creo que sería correcto verlo en un contexto más amplio y, debido al debate que hemos tenido hoy, pensaremos en cómo abordarlo en un sentido más amplio para no limitarlo al contexto medioambiental. 
Aparte del asunto de los perturbadores del sistema endocrino planteado por el Sr. Spencer, la Comisaria estará informada de que existen otros ámbitos en los que la legislación de la UE no contempla la ingestión de sustancias nocivas a través de la cadena alimentaria y del suministro de agua. 
¿Estaría dispuesta la Comisaria a estudiar asimismo la aplicación de normas comunitarias para combatir la reciente aparición de la bacteria criptoespirilo en el Reino Unido. 
He presentado una pregunta más detallada sobre este asunto, pero me interesaría conocer la opinión inicial de la Comisaria al respecto. 
No puedo prometer que esté en condiciones de contestar todas las preguntas adicionales sobre las sustancias que deben ser estudiadas más detenidamente como consecuencia de la pregunta formulada por el Sr. Spencer. 
Al elaborar la Directiva sobre el agua potable, hemos abordado algunos de estos problemas, lo que el autor de la pregunta, sin duda, sabe, y de la información recibida de la DG XI deduzco que no hemos tenido especialmente en cuenta los problemas planteados por el autor de la pregunta, por lo que los estudiaremos cuando se presente la oportunidad. 
¿Estaría dispuesta a reconocer, señora Comisaria, que las cosas han avanzado con bastante lentitud en lo que se refiere a las sustancias perturbadoras del sistema endocrino, y podría adelantarnos para cuándo se espera obtener resultados de las investigaciones? 
¿Podría decirnos también si tiene previsto que se investiguen simplemente sustancias aisladas o si piensa encargar algún trabajo acerca del efecto «cocktail» que muchas personas consideran especialmente peligroso en este ámbito y sobre el que se conoce muy poco? 
Al hablar de estos problemas, en parte relacionados con la salud humana y en parte con el medio ambiente, advertimos a menudo la necesidad de disponer con rapidez de unos resultados científicos distintos de los que tenemos a nuestra disposición en ese momento. 
A menudo, resultados que recibimos nos llenan de preocupación sobre el desarrollo y sentamos la necesidad de actuar. 
No obstante, no lo podemos hacer sin que antes se realice una investigación a fondo del tema. 
No podemos intervenir basándonos únicamente en una suposición, por lo que- tal como dije al Sr. Spencer- estamos apostando por la investigación para obtener resultados. 
Obviamente, damos también prioridad a los temas que causan preocupación a la población. 
Siento realmente no poder dar una respuesta más concreta en este momento, pero no soy capaz de hacerlo. 
Lo único que sé es que hemos iniciado algunas investigaciones. 
Hasta dónde hemos llegado y cuándo seremos capaces de presentar resultados no lo puedo decir durante el turno de preguntas de hoy, pero esta situación nos ofrece una excelente oportunidad para ponernos al día en este aspecto, y me encargaré de que sea así. 
Gracias, señora Bjerregaard. 
Pregunta nº 47 formulada por Konrad Schwaiger (H-0124/97): 
Asunto: Los estragos causados por cormoranes en las poblaciones de peces en el Rin y otras aguas interiores de la UE 
¿Sabe la Comisión que los estragos que causan los cormoranes en las poblaciones de peces en el Rhin y sus afluentes se está convirtiendo en un problema de alcance europeo? 
¿Sabe la Comisión que varios miles de pescadores de Francia, Alemania y Suiza organizaron a finales de 1996 una gran manifestación en Estrasburgo para llamar la atención sobre el grave problema de los cormoranes? 
¿Considera la Comisión que el reglamento sobre cormoranes adoptado por el Gobierno del Land de Baden-Würtemberg el 16 de diciembre de 1996 constituye una medida adecuada y suficiente para reducir la población de cormoranes en cuencas fluviales que no figuraban entre sus hábitats tradicionales? 
¿No sería oportuno considerar la posibilidad de adoptar otras medidas tendentes a reducir de forma duradera la población de cormoranes a escala transfronteriza? 
En el caso de que siga creciendo la población de cormoranes, ¿consideraría la Comisión la posibilidad de eliminar esta especie, al menos temporalmente, del Anexo 1 de la Directiva sobre la protección de las aves? 
No es la primera vez que tengo la oportunidad de contestar una pregunta como ésta, y quiero decir que tenemos en cuenta el creciente número de cormoranes en ciertas zonas de la UE y que los pescadores aficionados y los círculos de pescadores consideran negativa su influencia sobre las poblaciones de peces. 
La situación ha sido descrita en un estudio de 1996 titulado Cormorants, Phalacrocorax carbo, a first step towards a European managementplan. 
En este estudio no hay información ni quejas específicas sobre daños causados en la pesca profesional o deportiva en el Rhin, aunque he observado que tales quejas aparecen a menudo entre los ciudadanos. 
Muy al contrario, da a entender que la especie ha alcanzado un nivel positivo de conservación. 
Para tener en cuenta esta circunstancia y los diferentes puntos de vista y preocupaciones que han sido manifestados al respecto, la Comisión presentará una propuesta a la comisión competente sobre la eliminación de esta subespecie del Anexo 1 de la Directiva del Consejo 79/409 sobre protección de las aves. 
La Comisión recomendará asimismo a los Estados miembros que cooperen en el control de esa población. 
El hecho es que, según el artículo 9 de la Directiva sobre aves, los Estados miembros tienen la posibilidad de controlar la población de una especie a nivel local, por lo que pueden intervenir en las zonas en que los cormoranes causan problemas. 
En cuanto al reglamento sobre cormoranes adoptado por el Land de Baden-Würtemberg el 16 de diciembre de 1996, la Comisión todavía no ha recibido información. 
Señor Presidente, señora Comisaria ¿es usted consciente de que también el grupo de agricultura de la Comisión de las Regiones está llamando la atención sobre este problema y que precisamente los Ministros de Agricultura de diversas regiones están hablando también ahora de esto a la Comisión? 
Aquí, en este espacio del Oberrhein medio, hubo en 1973 los primeros cormoranes. 
Entonces, a finales de los años 70 eran 10 parejas. 
Ahora son 20.000. 
¿Es preciso realizar más estudios aún, cuando los pescadores profesionales y los pescadores deportivos están ya en la calle y llaman la atención de la Comisión acerca de sus problemas? 
¿No habría que proponerse aquí una acción conjunta en el sentido de una decimación razonable de este contingente? 
Su respuesta me parece un poco vacilante. 
No me parece que haya vacilado especialmente en mi respuesta. 
He hecho la observación de que se presentará una propuesta sobre la subespecie Phalacrocorax cabro sinensis a la comisión competente para su eliminación del Anexo I y he subrayado que recomendaremos a los Estados miembros que cooperen en el control de la población de esta subespecie, así que me parece que mi respuesta incluye suficientes aspectos reveladores de que hemos estudiado el problema y de que nos dirigiremos a las comisiones y autoridades que deben hacerse cargo del problema. 
Aunque subrayo que apoyo la Directiva sobre la protección de las aves, hay que señalar que la pesca con caña es el deporte que cuenta con el mayor número de participantes en Gran Bretaña y supongo que en Europa, y es importante demostrar a los pescadores que escuchamos sus planteamientos. 
El problema no se limita al Rin, afecta también al Reino Unido, donde, por ejemplo, la Billericay and District Angling Society de mi circunscripción, que cuenta con más de 3.400 miembros, ha visto cómo la población de peces se ha reducido en 22 lugares en los que se practica este tipo de pesca. 
Aunque es una asociación de voluntarios, el año pasado destinó 1.700 libras en repoblar de peces las aguas que habían quedado esquilmadas. 
No estoy a favor de la eliminación selectiva de aves silvestres, pero quisiera que se estudiaran todas las alternativas posibles. 
Quiero preguntar a la Comisaria dos cosas en particular: primero, ¿estaría dispuesta a reconocer que el problema ha adoptado proporciones europeas? 
La disminución de las reservas pesqueras en nuestras aguas del litoral y el fracaso de la Política Pesquera Común están llevando a los cormoranes tierra adentro. 
En segundo lugar, ¿podría informarnos sobre la posición del Gobierno británico, cuyo Ministerio de Agricultura y Pesca ha dicho que serán necesarios entre tres y cinco años antes de que pueda pronunciarse sobre la situación? 
Si ellos pueden acogerse al artículo 9, como dice usted, señora Comisaria, no podría al menos hablar con ellos para que intervengan con mayor rapidez? 
He de admitir que no he tenido en cuenta la reacción del Gobierno británico, pero subrayaré con mucho gusto, una vez más, que lo que he dicho hoy es que utilizaremos la Directiva sobre protección de las aves y, por lo tanto, el Anexo 1 para preguntar si es posible eliminar la subespecie, y repito su denominación, bastante difícil, Phalacrocorax carbo sinensis, con objeto de que se solucione el problema que se ha planteado en varios sitios. 
Si he entendido bien a la Comisaria, hará en efecto propuestas para eliminar al cormorán del anexo I de una anterior directiva. 
Lo consideraría un desarrollo lamentable, pues nunca se ha demostrado claramente la relación entre los cormoranes y las poblaciones de peces. 
Lo que amenaza a las poblaciones de peces es la sobrepesca. 
No debemos indicar la causa equivocada para cambiar el anexo I de la anterior directiva. 
Quisiera que la Comisión se retractara de su idea al respecto, pero por supuesto, más adelante el Parlamento puede expresar su opinión cuando la propuesta llegue al Parlamento. 
Pero en esta fase no estoy de acuerdo con la intención de la Comisaria. 
Es obvio que no he propuesto eliminar el Anexo 1 de la Directiva sobre aves. 
Me he pronunciado sobre una especie de cormoranes y, basándome en la información de que disponemos yo y la Dirección General, presentaré una propuesta a la comisión competente, tal como ya he dicho. 
Señor Presidente, tengo que admitir que no me parece que tenga una respuesta realmente satisfactoria que dar a estas dos preguntas. 
Quiero decir a la Sra. Rivera que durante la reunión nº 16 del comité permanente se presentó una posición común sobre la situación de los trabajos realizados en relación con la creación de un parque natural marino en Grecia. 
No obstante, una serie de temas de competencia exclusiva de la Comunidad, como la pesca, no pudieron ser tratados debido a que la Comisión no había recibido el mandato del Consejo que había solicitado. 
Señor Presidente, no cabe duda que la respuesta, como decía la Sra. Comisaria, no resulta nada satisfactoria. 
Entonces, si ella me dice que no es satisfactoria, yo le tengo que preguntar que si no se siente amenazada, que hasta diciembre de 1997 no haya una posición común, con lo que aquello puede afectar a la protección de las especies, en primer lugar; si en diciembre de 1997 vamos a alcanzar esa posición común, ¿qué cambios va a haber? , ¿va a estar mejor organizada la Comisión para poder llegar a ese acuerdo? ; y en tercer lugar, ¿es que se va a debatir previamente, como viene siendo lo habitual, con las organizaciones no gubernamentales en la materia? 
Como dije antes, no me parece que mi respuesta haya sido insatisfactoria. No es agradable que un tema no pueda ser tratado por falta de una posición común. 
Debido a estas preguntas y como consecuencia de la consulta recibida de algunas ONG especialmente interesados en este tema, me encargaré de que no volvamos a encontrarnos en una situación así. 
Debemos hacer todo lo posible para presionar al Consejo- existe realmente una solicitud de la Comisión- para desempeñar un papel más activo, por lo que puedo prometer que, basándome en las preguntas formuladas en el Parlamento hoy, haremos lo que esté a nuestro alcance para no encontrarnos en una situación tan desafortunada como ésta. 
Tenía entendido que las dos preguntas serían contestadas conjuntamente. Supongo que no sería difícil darme una respuesta por separado a la pregunta sobre qué tipos de consultas se han celebrado en los últimos cinco años entre la Comisión y los Estados miembros. 
Debe ser fácil contestarla. 
No me interesa únicamente saber si la Comisión estará preparada en el futuro para lograr que se presente una posición común. De no ser así, se bloquearán quince votos; es decir, todo lo que se apruebe por mayoría cualificada en el Convenio de Berna no podrá ser aprobado si la Comisión lo bloquea. 
Esto es en sí muy insatisfactorio. 
No obstante, desde la aprobación de la Directiva sobre hábitats se ha seguido, durante las reuniones preparatorias del comité permanente para el Convenio de Berna, el procedimiento de que la Comisión se reúna con los quince Estados miembros y se fije una posición común. 
¿Le parece conveniente a la Comisaria que la Comisión fije la actitud de los quince Estados miembros antes de que las ONG entren en juego, lo que impide que los puntos de vista de éstas se tengan en cuenta, ya que no pueden estar presentes durante las reuniones preparatorias? 
Espero que mi pregunta haya quedado clara, a pesar del escaso tiempo para formularla. 
No, no he tratado de soslayar una respuesta a la pregunta de la Sra. Sandbæk. 
He dicho que las dos preguntas estaban relacionadas y la respuesta que he dado a la Sra. Sandbæk no me parece mucho mejor que la dada a la Sra. Rivera. 
En cuanto a las consultas formales, no es obligatorio celebrarlas. Por eso, no puedo decir el número exacto de ellas. 
Hace poco hubo un debate sobre ayudas económicas a las ONG, durante el que tuvimos la oportunidad de debatir el papel de las ONG en el ámbito medioambiental, y subrayé entonces claramente que es nuestra obligación tratar de conseguir la participación activa de las ONG en el trabajo. 
Obviamente, se puede decir lo mismo en este caso, y me parece que hay indicios claros de que necesitamos mejorar en este aspecto, por lo que debemos ponernos manos a la obra. 
Gracias, señora Bjerregaard. 
Señorías, con esta pregunta hemos agotado los 20 minutos destinados a este bloque, por lo que permítanme que le dé las gracias a la señora Bjerregaard por su presencia aquí y por sus respuestas y que les advierta a todos ustedes que las preguntas 49 a 56 serán contestadas por escrito. 
Pregunta nº 57 formulada por David Martin (H-0138/97): 
Asunto: Política de la Comisión Europea en relación con las personas con minusvalía 
En el documento Helios II sobre igualdad de oportunidades para las personas con minusvalía, la Comisión Europea establece unas directrices sobre prácticas correctas en relación con los minusválidos. 
¿Aplica la Comisión estas directrices en su propia política de personal? 
Señor Presidente, la premisa básica de la política de contratación y de personal de la Comisión Europea es el principio de igualdad, de acuerdo con el cual todos los candidatos competentes reciben igual trato y todos los trabajadores de la Comisión cuentan con la misma posibilidad de promoción profesional. 
La Comisión acoge positivamente todas las medidas que fomenten la integración de las personas con minusvalía en el entorno laboral de la Comisión. 
La Comisión ha elaborado una normativa relativa a la contratación de personas discapacitadas, con el objetivo de que se pongan en práctica en todas las instituciones de la UE. 
Las normas hacen referencia a la vida laboral en todos los ámbitos: contratación, formación, promoción profesional y entorno laboral. 
Así pues, responden también a los principios en los que hace hincapié el programa HELIOS. 
Los nuevos edificios de la Comisión deben respetar la legislación nacional del país donde estén ubicados en materia de acceso a edificios públicos de las personas con minusvalía. 
Las disposiciones relativas a los edificios de la Comisión contienen criterios muy estrictos que establecen la adecuación de los edificios para responder a las necesidades de los trabajadores con minusvalía. 
Muy brevemente, en primer lugar, mi pregunta no se refería específicamente a la política de contratación, sino a la política que se aplica al personal ya existente. 
Quisiera ponerle, señor Comisario, un ejemplo hipotético: si un funcionario registrado como invidente de 62 años que trabaja en una oficina exterior- en otras palabras, cuando le faltan tres años para jubilarse- que se siente cómodo en dicha oficina, está familiarizado con su entorno y no existe ninguna queja sobre la calidad de su trabajo, considera razonable, señor Comisario, una política para personas con minusvalía que se plantea el traslado obligatorio de esa persona a Bruselas en esa etapa de su carrera? 
Señor Presidente, resulta bastante difícil responder a preguntas hipotéticas. 
Si le ocurriese algo similar a una persona con minusvalía que desempeña bien su trabajo y quiere continuar con él, en ese caso gustosamente haría lo posible por que continuase en su anterior labor si eso redunda en beneficio suyo y de la Comunidad. 
En este tipo de asuntos el patrono debe mostrar una amplia flexibilidad. 
Señor Comisario, usted se ha referido al acondicionamiento de los edificios oficiales de los Estados miembros de manera que las personas con minusvalía puedan acceder a ellos. 
¿Estaría dispuesto a entablar conversaciones con las demás instituciones a nivel comunitario para garantizar que todos nuestros edificios- las sedes parlamentarias, el nuevo edificio del Consejo y todas las agencias que tiene la Comisiónofrezcan una acceso fácil y rápido para personas con minusvalía? 
En cuanto a su política de contratación de personal, ¿estaría dispuesto a volver a analizar el problema de discriminación por motivos de edad, que ha dado lugar a problemas considerables? 
¿Estaría dispuesto a emprender negociaciones sobre una política de contratación de personal que contemple asimismo el problema relativo a la edad? 
Señor Presidente, en este momento vamos a poner en marcha precisamente un proyecto relacionado con esta cuestión, cuya finalidad es organizar un concurso de arquitectos junto con las instituciones de Bruselas y las autoridades belgas. 
El objetivo es crear pasillos de comunicación entre las instituciones por los que las personas con minusvalía puedan transitar con seguridad. 
En este momento es completamente imposible un tránsito seguro de un edificio a otro en Bruselas para las personas con minusvalía. 
El lunes vamos a tratar este asunto a nivel interinstitucional y el martes nos reuniremos con las autoridades belgas. 
Estoy dispuesto igualmente a someter a discusión personalmente las disposiciones en materia de edificios con las personas correspondientes de las demás instituciones en la reunión que se celebrará el próximo lunes. 
Y estoy dispuesto a volver a tratar el tema posteriormente. 
La Comisión ha aprobado una nueva política en materia de límites de edad en lo que se refiere a la contratación de funcionarios por tiempo determinado. 
Esto supone que la Comisión va a organizar concursos para candidatos jóvenes, con edades inferiores a 32-35 años, pero también para candidatos de mayor edad, para los grados A4- A5, en cuyo caso el límite de edad será mucho más elevado, pudiendo llegar incluso hasta los 55 años. 
Con ello se pretende lograr una mayor diferenciación de los concursos. 
Quisiera preguntar al Comisario, a raíz de la respuesta que acaba de darnos y en lo relativo al acceso a los edificios públicos y a las conversaciones que las autoridades de la Unión Europea mantienen con las autoridades belgas, si tiene previsto consultar directamente a las personas con minusvalía y preguntarles qué tipo de acceso e instalaciones especiales pueden necesitar. 
Ante estos problemas arquitectónicos, suele ocurrir con demasiada frecuencia que todo el mundo se guía por los libros de texto, y cuando contemplamos y preguntamos a las personas con discapacidades físicas sobre las soluciones que ofrecen los libros de texto descubrimos, primero, que invariablemente son más caras que aquellas que desean las propias personas con minusvalía y, segundo, que no se ajustan a sus necesidades reales. 
Quisiera señalar sólo un único caso; en los nuevos edificios que tenemos en Bruselas, una persona en silla de ruedas no puede acceder directamente del bloque B al bloque C o al bloque A, porque los pasadizos son demasiado estrechos. 
Por lo tanto, dicha persona deberá bajar en ascensor hasta el vestíbulo, cruzar los edificios por fuera o por dentro y volver a tomar otro ascensor para poder ir de un ala a otra del edificio. 
Señor Presidente, he tratado este asunto a nivel individual con representantes de las personas con minusvalía, pero la Comisión no les ha oído a nivel de organización. 
Con mucho gusto trataría esta cuestión con el señor diputado y escucharía sus experiencias. 
Es evidente que quienes mejores conocen este tema son las personas que, por razón de su minusvalía, poseen una experiencia individual. 
Gracias, señor Comisario. 
Pregunta nº 58 formulada por Josu Imaz San Miguel (H-0162/97): 
Asunto: Presupuesto 1998 y Fondos Estructurales 
En la elaboración del presupuesto de 1997, el anteproyecto de la Comisión sufrió un recorte de 1.000 millones de ecus en las partidas referentes a los créditos de pago de los Fondos Estructurales. 
Esta disminución llevada a cabo por el Consejo afectó exclusivamente a los objetivos 2, 3, 4, 5 e iniciativas comunitarias, excluyendo los objetivos 1 y 6. 
Sin embargo, de la ejecución del Presupuesto 1996 al 31 de mayo se deduce que el porcentaje de pago ejecutado del objetivo (23 %) , es superior a otros objetivos, como el 1 (17 %). 
¿Contempla la Comisión el incremento en su anteproyecto presupuestario de 1998 de los créditos de pago de los Fondos correspondientes a los objetivos 2, 3, 4, 5 e iniciativas comunitarias? 
¿Considera la Comisión lógicas las reducciones llevadas a cabo por las Autoridades presupuestarias a la vista de los datos señalados de ejecución prespuestarias? 
Señor Presidente, en 1996 no se utilizó un 5, 2 % de los compromisos de pago de los Fondos estructurales, es decir, 1.200 millones de ecus. 
Durante los años 1994 y 1995 la infrautilización de los fondos fue aún más significativa. 
En 1996, la utilización de fondos en el Objetivo 1 fue del 99, 3 % y en el Objetivo 2, del 98, 3 %. 
En el periodo transcurrido hasta comienzos de marzo de 1997, se ha utilizado un 14 % de los fondos del Objetivo 1 y un 27 % de los fondos del Objetivo 2. 
Esto indica que el nivel de utilización de los fondos puede variar considerablemente según los objetivos a lo largo del año natural, pero las diferencias no son necesariamente las mismas al concluir el año. 
Cabe señalar además que los fondos se transfieren de unas partidas presupuestarias a otras para hacer más eficaz el empleo de los fondos. 
La Comisión considera que puede hacer cargo de las peticiones de pago del año 1997. 
Pero, al mismo tiempo, la Comisión ha señalado, en relación con los recortes de los recursos asignados a los Fondos estructurales llevados a cabo por las autoridades presupuestarias, su intención de proponer la asignación de fondos suplementarios durante el ejercicio presupuestario en caso de que fuera imprescindible. 
En este momento resulta aún prematuro precisar los detalles del presupuesto para 1998; la Comisión decidirá al respecto en abril de 1997. 
Señor Comisario, he creído entender que en 1996 el porcentaje de ejecución de los créditos de pago del objetivo 2 fue del 98 %. 
Me gustaría que lo confirmase: ¿es ese dato correcto, 98 % de ejecución del objetivo 2 en 1996 de los créditos de pago? 
Si esa es la hipótesis correcta, todavía me parece más inexplicable que de los 1.000 millones de ecus de reducción de los créditos de pago planteados por el Consejo en su reunión de julio de 1996 del pasado año, esa reducción de créditos de pago fuese exclusivamente a los objetivos 2, 3, 4, 5- iniciativas comunitarias- con exclusión de los objetivos 1 y 6. 
Por tanto, me gustaría saber si la Comisión comparte la extrañeza de este diputado de que el Consejo hiciese esa reducción única y exclusivamente respecto de estos objetivos y si entiende la Comisión que las razones que llevaron al Consejo a hacer esta propuesta no fueron en ningún caso técnicas, de ejecución, sino políticas de acuerdo con los intereses de determinados Estados miembros. 
Señor Presidente, señor diputado, efectivamente el Consejo decidió recortar los créditos de esa forma. 
Cuando el Consejo redujo los créditos de pago, la Comisión estimó que habría sido mejor que los recortes se hubiesen realizado por igual en todos los objetivos. Pero tras un arduo y largo debate, en el Consejo se decidió dejar los Objetivos 1 y 6 al margen. 
No obstante, puedo decir que nuestros créditos de compromiso se utilizaron ampliamente, pero en el apartado de los créditos de pago es evidente que en el presupuesto se asignaron demasiados fondos. 
Ha habido un importante ahorro de fondos. 
Personalmente, no creo que la gestión de los pagos vaya a representar un problema especial a lo largo de este año. 
De ocurrir, ya indicamos en su momento que hemos informado al Consejo y al Parlamento de que la Comisión va a realizar una propuesta de presupuesto adicional. 
Gracias, señor Comisario. 
Pregunta nº 59 formulada por Charlotte Cederschiöld (H-0169/97): 
Asunto: Mayor eficacia de los trabajos de la Comisión 
La Comisión ha emprendido diversos proyectos, entre los que cabe mencionar SEM 2000, con vistas a aumentar la eficacia de sus trabajos. 
Es preciso lograr una mayor eficacia de las instituciones comunitarias puesto que, en caso de que sus actividades no se desarrollaran de la manera adecuada, ello daría lugar a una pérdida de confianza por parte de numerosos ciudadanos. 
¿Están progresando de acuerdo con los planes establecidos las actividades encaminadas a incrementar la eficacia de los métodos de trabajo de la Comisión? 
Señor Presidente, ya en el inicio de su mandato, la actual Comisión estableció como un objetivo primordial la reforma de las estructuras de su administración financiera y de personal. 
Este proyecto de mejora administrativa, denominado programa SEM 2000, pretende racionalizar la administración y crear en la Comisión una nueva cultura administrativa y presupuestaria. 
En la tercera fase del proyecto se estrechará la cooperación con los Estados miembros. 
Esto reviste gran importancia, ya que el 80 % de los fondos presupuestarios se gestionan en los países miembros. 
Para mejorar la administración de los recursos comunitarios existe actualmente un grupo de trabajo constituido por representantes de los Ministerios de Hacienda de los Estados miembros, cuyos trabajos han avanzado muy positivamente. 
El primer informe del grupo de trabajo, que contiene numerosas propuestas de medidas, estuvo concluido en diciembre del año pasado y recibió una favorable acogida en seno del Consejo y en el Consejo Europeo. 
En líneas generales, el trabajo de renovación de la administración avanza con arreglo a lo previsto. 
Con el paso del tiempo, las reformas llevadas a cabo harán más eficaz el uso de los fondos comunitarios. 
Comparto la opinión de la señora diputada en el sentido de que las reformas de la administración revisten una gran importancia desde el punto de vista de la confianza de los ciudadanos de la Unión. 
No querría facilitar aún estimaciones numéricas sobre los resultados logrados, pero el Parlamento tendrá ocasión de valorarlos con carácter anual, con motivo del examen en el Parlamento del informe del Tribunal de Cuentas. 
Le agradezco su respuesta positiva, pero también compruebo que se han producido unas críticas desde dentro de la Comisión que apuntan a unos procedimientos de trabajo inequitativos y a un exceso de burocracia. 
Las críticas han disminuído, lo cual es bueno si el motivo es que se han realizado unos buenos trabajos impulsando la eficacia, y no que resulte más difícil expresar críticas constructivas. 
El proyecto SEM 2000 tiene muchos y buenos subproyectos. 
Entre otras cosas se quiere aumentar el grado de los controles previos en lo referente a los pagos. 
Se someterán a control las tres cuartas partes de su totalidad. 
¿Se ha cumplido este objetivo, y se ha demostrado que se ha producido una mejoría? 
También hacen falta unas medidas en cuanto al personal. 
Sabemos que la Comisión tiene un gran número de empleados. 
¿Sabe la Comisión cuántas personas han sido empleadas directamente por la propia Comisión, cuántas trabajan a título de consulta, o a quiénes la Comisión recurre como terceras partes? 
Le agradecería que me informase de cuántas personas trabajan dentro de la Comisión y que me diera unas cifras, puesto que esto facilitaría a los ciudadanos la comprensión de los resultados económicos de los trabajos con vistas al fortalecimiento de la eficacia. 
Señor Presidente, señora diputada, la Comisión está preparando en estos momentos una importante reforma de la administración. 
Nuestro objetivo es que, con ocasión del proyecto de presupuesto para 1998, podamos poner en práctica medidas importantes para descentralizar la administración. 
Esto supondrá una reducción de la burocracia interna de la institución, una concesión de mayores competencias a las direcciones generales para actuar en su propio campo y, al mismo tiempo, un aumento de la responsabilidad. 
La idea es que este asunto se decida a finales de abril a la vez que el presupuesto, y que la primera fase de la reforma se ponga en marcha en enero del año próximo. 
Al mismo tiempo, la Comisión está elaborando un conjunto de medidas más amplio en relación con el denominado paquete Santer. 
Cuando se presente el paquete financiero posterior al año 2000, la Comisión deberá igualmente dar a conocer su opinión sobre el papel de esta institución para el periodo 2000-2006: cómo se puede mejorar la eficacia de su actividad y aclarar cómo va a poder dar respuesta al desafío de la ampliación. 
A finales de julio, con ocasión de las primeras comunicaciones relativas al paquete Santer, será el momento de que se debata esta cuestión en el Parlamento. 
Por lo que se refiere en general a las críticas, las considero la base de todo buen debate. 
Y mejor aún si además la crítica contiene propuestas de mejora y con ello se agiliza, por lo tanto, la realización de las reformas. 
Gracias, señor Liikanen. 
Señorías, con la pregunta nº 59 hemos agotado el tiempo que nuestro orden del día concede a las preguntas a la Comisión. 
Por lo tanto, les informo que las preguntas 60 a 94 serán contestadas por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 h, se reanuda a las 21.00 h.) 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0019/97) , dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Brian Crowley (H-0098/97): 
Asunto: Establecimientos escolares que ofrezcan una segunda oportunidad 
Según la Comisión, 5 millones de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años abandonan la escuela sin conseguir un título y 2 millones más pueden verse en la misma situación a finales de siglo. 
¿No cree el Consejo que este grave problema social exige la adopción de medidas urgentes? ¿Tiene intención el Consejo de pedir a la Comisión que desarrolle programas en asociación con los gobiernos de los Estados miembros con miras a utilizar los recursos del Fondo Social Europeo para ofrecer a estos jóvenes la formación profesional que mejor les permita encontrar trabajo? 
Muchas gracias por permitirme estar presente hoy aquí. 
Quisiera contestar del siguiente modo a la pregunta del Sr. Crowley: la pregunta guarda relación con los establecimientos escolares que ofrecen una segunda oportunidad, y puedo señalar que desde hace tiempo el Consejo presta una atención especial al problema que ha abordado su Señoría. 
Ya en 1984 y 1987, el Consejo indicó en sus conclusiones la necesidad de emprender una lucha constante contra el analfabetismo. 
En dichas ocasiones, el Consejo y los ministros de Educación hicieron hincapié en las graves consecuencias del fracaso escolar. En 1987 y en 1989, el Consejo y los ministros sacaron conclusiones y aprobaron una resolución que tenía que ver expresamente con la lucha contra el fracaso escolar. 
La importancia que conceden el Consejo y los ministros a la formación profesional para las posibilidades de futuro de los demandantes de empleo se desprende del hecho de que el Consejo y los ministros de Educación han aprobado desde 1976 trece resoluciones o conclusiones. 
Ello indica que esta problemática goza del continuo interés del Consejo. 
Por otra parte quiero recordarles que en la resolución del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 1995, en que se declaraba 1996 como el año europeo para la educación y la formación durante toda la vida, entre los temas para esta manifestación figura el fomento de la formación profesional para que todos los jóvenes puedan obtener calificaciones, así como el fomento de la enseñanza secundaria y la formación continua. 
Recuerdo asimismo la resolución del Consejo del 6 de diciembre de 1994, por la que se establecía un programa de acción para el desarrollo de una política de la Comunidad Europea en materia de formación profesional, el denominado programa Leonardo Da Vinci, que prevé medidas comunitarias para mejorar los regímenes de formación profesional y disposiciones en los Estados miembros por medio de proyectos piloto y programas transnacionales. 
El programa Leonardo Da Vinci determina en este sentido, y remito a su Señoría al punto 1 de la parte 4, que se preste apoyo comunitario a las iniciativas de los Estados miembros encaminadas a la creación de asociaciones transnacionales en el ámbito de la formación profesional para presentar proyectos piloto transnacionales. 
En lo que respecta a un posible empleo de los recursos del fondo social, hay que observar que en el apartado 2 del artículo 8 de la resolución por la que se establece el ya mencionado programa Leonardo da Vinci se estipula que, y cito: los Estados miembros, en el marco de sus responsabilidades con respecto a la puesta en práctica de los proyectos comunitarios, tienen la posibilidad de establecer una relación entre este programa y los fondos estructurales de acuerdo con las disposiciones en materia de fondos estructurales. 
Final de la cita. 
Por consiguiente, ya hay una relación entre Leonardo y el fondo social. 
Por último, no está de más subrayar que según el apartado 4 del artículo 10 de la resolución, la Comisión ha de presentar un informe parcial sobre la puesta en ejecución del programa a más tardar el 31 de diciembre de 1997 al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité Consultivo para la Formación Profesional. 
En cuanto esté disponible este informe, podrá hacerse una evaluación del modo en que se han ejecutado las disposiciones antes mencionadas. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su extensa e instructiva respuesta. 
Debo observar, no obstante, que ésta se aparta ligeramente del objetivo, porque la pregunta se refería específicamente a los establecimientos escolares que ofrecen una segunda oportunidad. 
Estoy pensando, en particular, en las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, ya sea por problemas sociales, porque no tienen acceso a una formación convencional o porque han abandonado la enseñanza convencional y se han visto envueltos en actividades delictivas o de otro tipo. 
Lo que deseo preguntar al Presidente en ejercicio es, ¿a qué se debe que, a pesar de que el Consejo ha dado prioridad a este tema en el pasado, sigamos enfrentándonos a este problema? 
¿Por qué no hemos abordado los problemas estructurales que llevan a las personas a abandonar la formación? 
Y por último, ¿por qué el Consejo, como el organismo idóneo, no colabora en el intercambio de las mejores prácticas? -porque existen muchos Estados miembros en los que existen excelentes centros docentes que ofrecen una segunda oportunidad de los que, al parecer, carecen otras regiones. 
Quisiera pedir al Presidente en ejercicio que, si es posible, vuelva a plantear este asunto en el Consejo. 
Transmitiré el deseo del Sr. Crowley. 
Quiero señalar que la educación y la creación de oportunidades a través de la enseñanza para los jóvenes socialmente débiles es, en primera instancia, competencia exclusiva de los Estados miembros, y que la Comunidad realiza un trabajo meramente complementario y sólo actúa cuando, por ejemplo, se opera de forma transfronteriza o se pueden adoptar medidas especiales en el marco de los fondos sociales o los fondos estructurales. 
Si Sr. Crowley insta a que el Consejo asuma su responsabilidad, pienso que va demasiado lejos en la división normal de responsabilidades entre la Comunidad y los Estados miembros, pero llamaré la atención de la Comisión y de quienes actualmente elaboran el informe, concretamente sobre el trayecto complementario y la utilización de los fondos estructurales, sobre el espíritu de su observación para que puedan dedicarle una atención especial. 
Pregunta nº 2 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0103/97): 
Asunto: Tren de alta velocidad Madrid-Lisboa 
¿Existe alguna posibilidad de que el trazado de la futura y potencial línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa discurra a través de la región española de Extremadura? 
La pregunta de su Señoría guarda relación con el trazado de las futuras conexiones ferroviarias entre Madrid y Lisboa. 
He de observar al respecto que la decisión en relación con la construcción de líneas de alta velocidad como esta y el trazado en cuestión son asuntos reservados a ambos Estados miembros. 
Sin embargo, sí quiero recordar que esta conexión está incluida en la resolución 1682/96 CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las directrices comunitarias en materia de desarrollo de las redes de transporte transeuropeas. 
En el mapa nº 3, 3.5 adjunto a esta resolución, la conexión se considera una conexión de alta velocidad planificada, sin que por otra parte se indique el trazado exacto. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco la información que nos da. 
Ahora bien, debo decir que durante los últimos años se han distribuido cientos de documentos- bastantes de ellos del propio Consejo- algunos con profusión de colores, en los que aparecía una hipotética traza de tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. 
Los madrileños, los lisboetas, los extremeños y los castellano-manchegos sabían que se trataba de una mejora muy interesante, aunque a largo plazo, y la prueba es que ni siquiera se incluyó en las redes transeuropeas. 
Pero ese «a largo plazo» , puesto que es factible, entraña un ambiente de cierta esperanza. 
Ahora se nos dice que se trata de una conexión multimodal entre España y Portugal y el resto de Europa y yo había formulado realmente esta pregunta para salir de dudas de una vez por todas. 
Vemos que la duda continúa, pero la esperanza queda abierta después de las palabras del Sr. Comisario. 
Y, puesto que la esperanza queda abierta, seguiremos esperando; pero por fin vemos que no se ha suprimido esta obra, al haberse aprobado la línea multimodal de Lisboa, vía Valladolid, camino de Francia. 
Me congratulo de que su Señoría y yo estemos plenamente de acuerdo sobre la prioridad de este proyecto y en especial de las importantes conexiones internacionales entre Estados miembros. 
Como sabe usted, el Consejo Europeo ya ha manifestado en Essen su preferencia por la implicación comunitaria y también la financiación de las líneas de alta velocidad. 
Repito que la cuestión de la realización, inclusive la elección del trazado, son cuestiones que han de decidir los Estados miembros, pero no obstante el Consejo Europeo y el Consejo como tal siempre le han dado prioridad. 
Aunque quizás sea una osadía, habría querido pedirle que se valiera usted de su influencia sobre sus compañeros del Parlamento Europeo para que, cuando se determine el presupuesto, se dé una alta prioridad a la financiación de las líneas ferroviarias de alta velocidad. 
Pregunta nº 3 formulada por Ulla Sandbæk (H-0108/97): 
Asunto: La UE, el Convenio CITES y los elefantes 
El elefante africano (loxodonta africana) fue incluido en la lista del Apéndice I del Convenio CITES en la 7ª Conferencia de las partes signatarias de dicho Convenio, celebrada en Lausana (Suiza) en 1989. 
Algunos países del sur de África se opusieron a la decisión argumentando que mantenían adecuadamente sus poblaciones de elefantes y que éstas ya desbordaban en muchos casos la capacidad de sostenimiento de sus respectivos territorios, y manifestaron su deseo de reanudar el comercio legal y controlado de productos del elefante por el bien de la conservación de la especie y en beneficio de las comunidades rurales. 
En el África austral viven la mitad de los ejemplares de la especie. 
En la 10ª Conferencia de las partes del Convenio, que se celebrará en Harare (Zimbabwe) del 9 al 20 de junio de 1997, se examinará esta cuestión y se analizarán propuestas procedentes de varios países del África austral. 
¿Respetará la Unión Europea el apartado 7.9 de la Resolución sobre el Convenio CITES (enmienda somalí) y apoyará la inclusión en la mencionada lista de todas las poblaciones de elefantes que satisfagan los criterios establecidos en el informe del comité de expertos de CITES? 
En caso negativo, ¿por qué razones? 
¿Se propone la UE ofrecer compensaciones a los países afectados por las pérdidas de ingresos para la protección de la Naturaleza ocasionadas por el mantenimiento de la prohibición de vender productos derivados del elefante? 
Señor Presidente, respecto a la pregunta de la Sra. Ulla Sandbaek puedo decir lo siguiente. 
El Consejo todavía no ha recibido la propuesta de la Comisión sobre la discusión del punto de vista que ha de adoptarse durante la 10ª Conferencia de las partes signatarias del convenio CITES. 
Y tampoco puedo dar una respuesta exacta a las preguntas formuladas por su Señoría. 
Sin embargo, en esta fase quisiera señalar que el informe del panel de expertos en los términos de la resolución 7.9, una resolución que ha mencionado su Señoría, sólo sirve de base para que las partes discutan las solicitudes de traspasar el anexo 1 al anexo 2. 
En esta fase tampoco me es posible dar una respuesta sobre una posible pérdida de ingresos provocada por la protección de estos animales, porque ya no se pueden vender productos de elefante, y sobre la pregunta de si la UE en concreto se propone indemnizar a los países en cuestión. 
Como he dicho, el Consejo tiene que examinar primero la propuesta del Comisión, que todavía no ha sido presentada. 
Puesto que este tema se está examinando todavía en el Consejo, ruego a éste que tenga en consideración que el comité de expertos creado para valorar CITES ha manifestado que las poblaciones de elefantes de Botswana, Namibia y Zimbabwe no sólo no están amenazadas, sino que están creciendo, y en el caso de uno de estos países el comité ha dicho: It is very probable that the proposal will have a positive effect on elephant conservation and community conservation and development programmes in the country. 
Eso quiere decir que un permiso de venta controlada de patas de elefante tendrá un efecto positivo. 
¿Puede usted comentar este punto? 
Estoy de acuerdo con su Señoría, pero ahora hablo en términos generales, que en caso de una buena gestión de la población de animales salvajes podría ser posible vender en el mercado los productos obtenidos de esa gestión de la población de animales salvajes. 
No obstante, en tal caso es preciso sopesarlo bien con las medidas más generales y trascendentales para combatir el tráfico ilegal, concretamente de marfil. 
Entre ambos hay un constante tira y afloja y tendremos que evaluarlo continuamente. 
Cuando se haya presentado la propuesta de la Comisión respecto del convenio CITES, llamaré la atención del Consejo sobre la observación de su Señoría. 
Las preguntas nº 4, del Sr. Bianco (H-0110/97) , y nº 5, de la Sra. Ahlquist (H-0148/97) , no se responderán por haberse incluido en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 6 formulada por Mary Banotti (H-0115/97): 
Asunto: Acuerdo comercial provisional con Israel 
¿Considera el Consejo que el artículo 1 del Acuerdo comercial provisional con Israel se está aplicando y controlando adecuadamente? 
¿Recibirá el Parlamento un informe del enviado especial de la UE a Oriente Medio que haga referencia en particular a las tareas especiales que se le han asignado en la Declaración de Dublín de diciembre de 1996? 
El artículo al que hace referencia la Sra. Banotti en su pregunta se llama a menudo cláusula de los derechos humanos. 
El respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos es una parte esencial del proceso de Barcelona, los acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y los Estados de la cuenca mediterránea. Es parte integrante de todos los acuerdos de asociación euromediterráneos, inclusive el acuerdo comercial provisional con Israel. 
Sobre esta base, la Unión Europea está muy atenta a la situación de los derechos humanos en los países con los que ha firmado este tipo de acuerdos, a fin de garantizar que se respetarán las condiciones estipuladas. Esto tiene que ver tanto con Israel como con la OLP, con quien la Comunidad Europea firmó el pasado 24 de febrero un acuerdo comercial provisional. 
De acuerdo con la actuación común en relación con el nombramiento de un enviado especial para el proceso de paz en Oriente Medio, el enviado- bajo la autoridad de la Presidencia- ha de emitir un informe al Consejo de Asuntos Generales. 
Por supuesto, ello no es óbice para que el Parlamento invite también al embajador en cuestión a la comisión parlamentaria relevante para intercambiar ideas sobre la cuestión que ha planteado su Señoría. 
Señor Presidente en ejercicio, ¿encuentra satisfactorios los informes procedentes del mediador especial? 
¿Ha previsto la posibilidad de que dicho mediador presente sus informes directamente a la comisión parlamentaria competente de manera regular? 
Continúan llegando noticias inquietantes de que los palestinos siguen atravesando por dificultades considerables, sobre todo en lo relativo a la exportación de sus productos desde Gaza y a las medidas de seguridad bastante estrictas que tienen un efecto perjudicial sobre dichos productos antes de que puedan ser exportados; productos como, por ejemplo, las flores, que constituyen una parte importante del comercio palestino con Europa y que, cuando son expuestas al sol, no tardan en marchitarse. 
A finales del pasado año, el embajador Moratinos fue nombrado representante especial del Consejo para el proceso de paz en Oriente Medio. No hace mucho de eso. 
Su primera tarea era ponerse manos a la obra para sacar de su estancamiento el proceso de paz, concretamente en torno a la situación de Hebrón y la evacuación en Hebrón por el ejército israelí. 
Puedo decirle que el Consejo, y sobre todo la Presidencia neerlandesa, está muy satisfecha con la dedicación y el trabajo realizado por el Sr. Moratinos en ese proceso de paz. 
En estos momentos, y dado que el Sr. Moratinos aceptó su cargo hace tan sólo unos meses, recuerdo algunos informes específicos sobre la situación de los derechos humanos. 
El Sr. Moratinos tiene la tarea expresa de prestar atención a esta cuestión, porque naturalmente la relación entre Israel y las autoridades palestinas y el pueblo palestino es muy delicada, también en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos. 
Esta cuestión se debate con regularidad en los contactos normales entre el Consejo y el embajador Moratinos. 
La pregunta que ha formulado su Señoría o la observación que ha hecho sobre la obstrucción del tráfico comercial merece especial atención en el Consejo y los Estados miembros. 
Lo que nos interesa sobre todo es que se haga todo lo posible por impulsar las actividades económicas y crear oportunidades económicas en los territorios palestinos pues, dado el desempleo y los problemas sociales que existen en estas zonas, sin un refuerzo de la base económica es impensable que surjan unas relaciones estables y pacíficas en los territorios palestinos y entre las autoridades palestinas e Israel. 
En nuestras conversaciones con Israel y en las conversaciones con las autoridades palestinas, más concretamente con la OLP, abordamos regularmente la cuestión de la plena continuidad del tráfico comercial. 
Es una vieja cuestión, pero la Comunidad Europea, la Comisión y el Consejo no se cansan de plantearla continuamente. 
Pregunta nº 7 formulada por Heidi Hautala (H-0120/97): 
Asunto: Groupeuro 
En el marco del Programa de Información a los Ciudadanos Europeos (Prince) , la Comisión ha creado una red de expertos independientes sobre la unión económica y monetaria denominado Groupeuro. 
La Comisión ha pedido a estos expertos que firmen una declaración según la cual están de acuerdo en que «en sus intervenciones podrán expresarse en parte a título personal, a condición de que lo manifiesten explícitamente y no expresen opiniones contrarias a las de la Comisión». 
¿Está el Consejo informado de esta situación? 
¿Piensa el Consejo que sirve para convencer a los ciudadanos europeos de la moneda única? 
¿Es esta declaración compatible con la ética que normalmente se espera de los científicos, así como, con los valores democráticos y pluralistas? 
En respuesta a la pregunta de su Señoría, la Sra. Hautala, sobre el Groupeuro, quiero señalar que el Consejo no está enterado de las reglas que ha fijado la Comisión para las actividades de la red de expertos independientes sobre la UEM creada en el marco del programa de información para el ciudadano europeo, el denominado programa PRINCE. 
La Comisión tiene derecho a tomar una decisión por cuenta propia para iniciar esta campaña de información y fijar las condiciones. 
A fin de cuentas, la red mencionada por su Señoría ha sido creada autónomamente por la Comisión en virtud del derecho de iniciativa que debe de acuerdo con el Tratado, y quisiera que considerara la posibilidad de formular esta pregunta a la Comisión y no al Consejo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, efectivamente he formulado esta misma pregunta a la Comisión, ya que, por supuesto, como usted ha señalado, la Comisión tiene derecho a elaborar sus propias normas. 
Hoy he recibido la respuesta escrita y me resulta preocupante que la Comisión realmente defienda esta práctica. 
Al menos en Finlandia y en algunos otros países miembros este hecho ha sufrido duras críticas. 
¿Cómo podemos confiar en los expertos enviados por la Comisión si están dispuestos a mantener la boca cerrada y a alinearse con los puntos de vista de la Comisión? 
Y lo peor de todo es que la Comisión señala en su respuesta que en circunstancias similares se pueden pedir también declaraciones de fidelidad parecidas. 
Se trata, en tal caso, de una práctica, en cierto modo, ampliamente extendida y, en mi opinión, conviene que el Consejo tenga conocimiento de la misma. 
Me gustaría decirles que el Comisario Liikanen, que representa un concepto de la administración un poco más moderno y quizás más democrático, ha reprobado hoy esta práctica en un diario finlandés. 
Esperemos que el Consejo se pronuncie sobre el tema y dialogue con los miembros de la Comisión, ya que se trata de un proyecto que también es importante para el Consejo. 
Mi primer problema era que no conocía el Reglamento de la Comisión, pero ahora tengo un segundo problema, concretamente que no conozco la respuesta de la Comisión a la pregunta de la Sra. Hautala, por tanto es un debate un poco raro. 
No obstante, quisiera sugerirle que se pusiera en contacto con el Gobierno en Helsinki. 
Si este considera que las actividades de la Comisión en su territorio estorban el desarrollo normal de ideas en torno a la Unión Económica y Monetaria, entonces el Gobierno de Helsinki lo planteará, directamente o a través de su propio Comisario, al Comisario responsable. 
Pero me parece un poco difícil contestar a esta pregunta sobre la base de documentos e informaciones que desconozco. 
He de reconocer que me sorprende la actitud displicente del Consejo ante esta pregunta. 
Sucede que el Consejo es el responsable de que se consideren aceptables o no estos métodos. No se puede zanjar la cuestión diciendo que no se tiene conocimiento de los hechos. 
En primer lugar, pienso que es lamentable, casi roza los límites de la incompetencia, no saber lo que sucede en la propia organización. 
En segundo, creo que debería estar claro que se contesta a las preguntas y no se remite a las personas a otras instituciones, cuando son las propuestas de la Comisión las que se critican y el Consejo detenta la responsabilidad principal sobre lo que sucede en este ámbito, responsabilidad que siempre ha tenido el Consejo y sus presidentes de oficio. 
Mi pregunta es qué va a hacer ahora el Consejo en base a los informes que le ha proporcionado hoy una diputada del Parlamento Europeo. 
Para evitar un malentendido: la Comisión es responsable de informar sobre la ejecución de la legislación y las decisiones ejecutivas relacionadas con la Comunidad Europea, y no es tarea del Consejo controlar a la Comisión con todo detalle. 
Por lo demás, repito que me parece difícil seguir con estas preguntas y respuestas porque no conozco el Reglamento, ni la respuesta que ha dado la propia Comisión a las preguntas escritas de la Sra. Hautala. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8 (H-0127/97) no se formula. 
Pregunta nº 9 formulada por Jan Bertens (H-0132/97) 
Asunto: Evolución de las negociaciones sobre la prohibición de minas antipersonal 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado de modo inequívoco a favor de la prohibición de las minas antipersonal. Además, el PE se ha congratulado de la última actuación común del Consejo al respecto. 
Las minas antipersonal actualmente se debaten tanto en el «proceso de Ottawa» como en la conferencia sobre desarme de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, esta amenaza con estancarse a causa de otras cuestiones. 
Por ello es sumamente importante que la Unión Europea considere altamente prioritario el proceso de Ottawa. 
¿Comparte el Presidente la opinión de que la primera conferencia de seguimiento del proceso de Ottawa en Viena fue un éxito, en parte porque participaron más de cien países? 
¿Puede garantizar que el Consejo se va a comprometer para que la Unión realice un esfuerzo activo en el proceso de Ottawa, con independencia de los trabajos de la conferencia de las Naciones Unidas sobre desarme? 
¿Qué gestiones va a realizar concretamente el Presidente del Consejo para que las conferencias de seguimiento del proceso de Ottawa, como la que tendrá lugar en junio en Bruselas, sean un éxito con vistas a lograr un convenio a finales de año? 
Entiendo que el Sr. Bertens ha formulado tres preguntas, las leeré una tras otra. 
Comparto la opinión de su Señoría de que la participación de 110 países en la Conferencia de Viena puede considerarse un gran éxito. 
Esta amplia participación refleja el interés mundial por la problemática de las minas terrestres, concretamente las minas antipersonal. 
Sin embargo, al mismo tiempo es evidente que aún se precisan grandes esfuerzos para salvar las discrepancias en torno al contenido de una prohibición general de las minas antipersonal y el modo en que ha de llevarse a cabo. 
En lo que respecta a la segunda pregunta del Sr. Bertens, le comunico que en el pasado la Unión Europea ya expresó en varias ocasiones su apoyo al proceso de Ottawa. 
Los quince Estados miembros han participado en las conferencias de Ottawa y Viena. 
El problema de las «minas terrestres» , y concretamente el modo en que ha de llevarse a cabo la prohibición total, es el tema de una intensa labor de coordinación en la UE. 
Asimismo es importante elegir una táctica que tenga más probabilidades de dar resultados. 
El foro es un medio, y no un objetivo en sí. 
Al determinar la táctica, la Unión tiene en cuenta también los desarrollos en los diversos foros, entre otros la Conferencia de Ginebra sobre desarme. 
Recientemente, la Unión Europea decidió iniciar negociaciones en la Conferencia de Ginebra sobre desarme en torno a una prohibición efectiva a escala mundial del uso, la producción, la posesión y el traspaso de minas antipersonal, con el objetivo de establecer cuanto antes un tratado. 
Este proceso de negociaciones no excluye la participación activa de la UE en el proceso de Ottawa. 
Sin embargo, en esta fase es imposible indicar cuál será la aportación concreta de la Unión Europea al proceso de Ottawa, independientemente de los desarrollos en la CD y en otros lugares. 
En lo que respecta a la última pregunta del Sr. Bertens, quisiera contestar que la Presidencia parte de la idea de que los 15 Estados miembros en Bruselas aportarán una contribución constructiva. 
Todavía no se puede indicar cuál será el contenido exacto de la aportación de la UE en Bruselas. Como ya he dicho, ello dependerá en parte de los desarrollos en otros lugares. 
La Presidencia ha propuesto a los Estados miembros que a principios de junio inicien la consulta de coordinación. 
Quiero felicitar al Consejo por su compromiso a favor de la prohibición total de las armas más inhumanas que conocemos ahora: la antipersonnel mine o anti-people mine. 
Asimismo me complace que el proceso de Ottawa no sólo sea seguido de cerca, sino que también sea considerado un foro idóneo. 
Espero que, de cualquier modo, ese foro iniciado el pasado octubre a iniciativa de Canadá consiga a finales de año el apoyo de un convenio erntre like-minded countries, países que se hallan en la misma línea. 
Es una lástima que, tal como ya sucedió en 1995 y 1996, en el marco de la conferencia de desarme, las minas terrestres queden relegadas a un papel subordinado. 
Sé que entre los miembros de la Unión Europea hay cinco que lo prefieren así, entre otros Francia y Gran Bretaña, pero espero en cualquier caso que esta Presidencia intente hacer algo al respecto por la vía diplomática. 
En nombre de la Presidencia quisiera respaldar la absoluta prioridad política del intento de controlar una plaga totalmente descontrolada en este mundo. 
En otros tiempos, las minas terrestres eran medios militares, hoy en día son medios de terror que en manos equivocadas siembran la muerte y la ruina. 
La Presidencia tiene mucho interés en la coordinación previa al proceso de Ottawa, pero más concretamente en el desarrollo de negociaciones formales de desarme que puedan desembocar en un tratado bajo los auspicios de la ONU sobre la prohibición de la producción y del comercio de minas antipersonal. 
Por supuesto, habrá que superar bastantes resistencias, y sin duda los intereses económicos desempeñarán un papel, pero este proceso ya se ha puesto en marcha y procuraremos llevarlo a buen término. 
Sólo deseo expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio por la excelente, extensa y detallada respuesta sobre este importante tema. 
A raíz de la tercera pregunta del Sr. Bertens sobre los trabajos de seguimiento, me preguntaba si el Consejo tiene conocimiento de la enorme publicidad que se originó en torno a este mismo tema con ocasión de la visita a Angola de la princesa Diana, antiguo miembro de la familia real británica, junto con una delegación de la Cruz Roja. 
¿Considera el Consejo que dicha princesa y otras celebridades internacionales deben tomar parte en la perpetuación de una publicidad seria que podría darse a un asunto de tanta importancia? 
El Consejo como tal no está al corriente de la visita de un miembro de la familia real británica a Angola. 
Personalmente me he enterado de ello a través de los medios de comunicación. 
Aun sin expresar un juicio concreto sobre dicha visita, sí pienso que es sumamente importante crear una superficie de apoyo política suficiente para poner fin al fenómeno de las «minas terrestres» como arma de terror. 
Las personas públicas y con gran poder para motivar a otras personas pueden contribuir a su manera a la concienciación de la opinión pública. 
Pregunta nº 10 formulada por Sören Wibe (H-0133/97): 
Asunto: Ventas libres de impuestos en la UE 
En su respuesta a una pregunta formulada, la Comisión afirmó el 18 de febrero de 1997 que no había necesidad de someter a estudio las consecuencias que ocasionaría la supresión de las ventas libres de impuestos en la Unión Europea, así como que la decisión acerca de dicha supresión se había tomado hacía ya mucho, por lo que se había dispuesto del tiempo suficiente para adaptarse a la misma. 
Las estimaciones de los expertos cifran en cerca de cien mil los puestos de trabajo que se hallarían en peligro en caso de que se suprimieran las ventas libres de impuestos. Especialmente el tráfico de transbordadores entre los países nórdicos obtiene ingresos de vital importancia en concepto de ventas libres de impuestos. 
Si se suprimieran estas ventas, se correría el riesgo del cierre de numerosas rutas, como la que une la ciudad sueca de Umeå con la finlandesa de Vaasa. 
Habida cuenta de los datos que acabo de exponer, ¿no cree el Consejo que se debería llevar a cabo un análisis de las consecuencias que ocasionaría la supresión de las ventas libres de impuestos antes de que ésta se produzca en 1999? 
Además, en caso de que este análisis indicara la existencia de drásticas consecuencias de cara, entre otros, al desempleo o al tráfico de transbordadores en el norte de Europa, ¿no podría el Consejo reconsiderar su decisión, por ejemplo, mediante una prórroga de los plazos de aplicación, al menos en lo relativo al tráfico de transbordadores? 
¿Se muestra dispuesto el Consejo a emprender la iniciativa de cara a la elaboración de un análisis de las consecuencias ocasionadas por la desaparición de la venta libre de impuestos? ¿Está el Consejo dispuesto a aplazar su decisión o a admitir excepciones, por ejemplo en lo que respecta al tráfico de transbordadores entre países de la Unión? 
Señor Presidente, con motivo de las preguntas del Sr. Wibe quiero decir lo siguiente: le recuerdo que las ventas libres de impuestos en el tráfico de viajeros intracomunitario son contrarias al mercado interior sin fronteras. 
Por ello, al aceptar las directivas en materia de supresión de las fronteras fiscales, a partir de 1 de enero de 1993, el Consejo decidió poner fin a estas ventas libres de impuestos. 
El Consejo es consciente de los problemas económicos y las consecuencias sociales que ello conlleva para los sectores implicados. En su momento, es decir, hace mucho tiempo, se previó un largo período de transición, concretamente del 1 de enero de 1993 al 30 de junio de 1999, en que pueden mantenerse estas ventas libres de impuestos para los viajeros en el tráfico intracomunitario. 
Gracias por su breve respuesta. 
He aprendido que cuando se debaten reformas de este tipo, cabe empezar haciéndose la pregunta siguiente: ¿Dónde está el beneficio? 
O en «europeo» : ¿Qué se gana con ello? 
En este caso yo no veo que nadie salga ganando. 
En un modelo teórico de competencia libre y equilibrio en todos los mercados las reformas de este tipo generan posiblemente unos beneficios económicos. 
Pero en nuestra verdadera UE con 20 millones de parados no se dan dichas ganancias. 
Puedo informar de que, por lo que respecta a Suecia se trata de alrededor de 5.000 empleos, sobre todo en las líneas marítimas, que van a perderse. 
En cuanto al resto de la Unión, se trata seguramente de una cifra 10, 20 o 30 veces mayor, además de las repercusiones indirectas como el encarecimiento de los billetes. 
Creo que es erróneo llevar adelante este tipo de reformas con el porcentaje actual de desempleo. 
Por eso solicito al Presidente del Consejo que se actualice esta cuestión, y que al menos se ponga en marcha un análisis de las repercusiones de estos cambios. 
Pienso que ofrece una idea algo parcial de la cuestión. 
El gran vencedor de este cambio de política en Europa son los erarios de los Estados miembros, que experimentarán un aumento considerable de ingresos en impuestos sobre el consumo, porque las grandes ventas libres de impuestos, que siempre han sido una anomalía para el tráfico intracomunitario normal, quedarán suprimidas y se pasará a una recaudación fiscal normal. 
Pienso asimismo que el gran beneficio es la salud pública, porque con ello quizás se pueda reducir algo el problema del alcohol. 
Agradezco su respuesta, aunque pienso que es errónea. 
Comprendo que los principios del mercado interno comporten la eliminación de toda venta libre de impuestos. 
Por otro lado, la cuestión actualmente prioritaria en Europa es la disminución del desempleo. 
Está claro que esta propuesta va a tener unas repercusiones negativas para la situación en el ámbito del empleo, especialmente en determinados países que se encuentran lejos del centro de Europa. 
Son éstos los que van a verse afectados de modo especial. 
Los Países Bajos han presentado unas propuestas excelentes en el ámbito del empleo a través de su ministro de Trabajo. 
Esta es la cuestión actualmente prioritaria, y en este caso los principios deben ceder el paso a la realidad. 
La realidad es más importante que los principios. 
La creación de puestos de trabajo es más importante que la abolición de la venta libre de impuestos. 
Quizás mi primera respuesta haya sido algo corta, y mi segunda respuesta al Sr. Wibe también ha sido breve. Si desea usted un debate serio sobre esta cuestión, creo que hemos de enfocarla seriamente. 
Quiero dejar bien sentado que para un tráfico intracomunitario normal, la concesión de exenciones fiscales, concretamente de impuestos sobre el consumo para cigarrillos y alcohol, pues de eso se trata, es una absoluta anomalía. 
El que se haya podido desarrollar una actividad económica en base a esta anomalía, en los transbordadores y las ventas libres de impuestos en los aeropuertos, es un hecho económico. 
Además está la preparación de esta medida, cuyo debate se mantiene desde la década de los ochenta, o sea, que no hay ningún elemento de sorpresa. 
Y a ello hay que añadir un plazo de transición de seis años. Pienso que todos los implicados se han aprovechado deliberadamente de esta anomalía durante el plazo de transición y han tenido tiempo para tomar las medidas necesarias para cambiar a otras formas de márqueting de sus servicios de transporte que no sea la venta de alcohol barato. 
Considero y pienso que subestima usted también el efecto macroeconómico en general. 
Pienso que si calcula usted qué importes está perdiendo en estos momentos el erario británico por la importación de alcohol libre de impuestos, por camiones enteros, o no camiones, pero en cualquier caso maleteros enteros de sus propios súbditos, pienso que con los beneficios se podría desarrollar un gran número de actividades económicas nuevas en Gran Bretaña que compensaran con creces las actividades en los transbordadores en cuestión. 
Y me parece lógico que, al insistir en que en este caso se está tratando injustamente a un determinado grupo, pienso que da usted una idea parcial del asunto con la que no estoy de acuerdo. 
El Presidente del Consejo de Ministros ha dicho que ya era hora de que se abordase esta cuestión de un modo más serio. 
Me complace darle la oportunidad de hacerlo formulándole dos preguntas concretas a las que creo que puede dar una respuesta casi exacta, para que con ello pueda contribuir a la abolición de la venta libre de impuestos. 
La primera es la siguiente: ¿Cuántas personas perderán su trabajo si la decisión de la UE de eliminar la venta libre de impuestos entre los países miembros entra en vigor en 1999? 
La otra pregunta es: ¿Si de este modo se elimina aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos de las compañías marítimas, qué repercusiones va a tener la abolición de la venta de impuestos, es decir, de qué modo va a influir esto sobre los precios de transporte? 
Por supuesto, su Señoría no se asombrará de que, al cogerme por sorpresa con una pregunta tan concreta, no tenga a mano los datos. 
Además, no puedo nunca aislarlo de otros hechos si se calculan los efectos de la supresión de las ventas libres de impuestos en los transbordadores. 
En el Canal de la Mancha, esto tiene que ver asimismo con la apertura del túnel de canal o de otros flujos de transporte que se están poniendo en marcha. 
Es decir, esto no puede aislarse. 
Además no creo que deba usted debatir esta cuestión aislando únicamente las consecuencias para un único sector. 
También podría afirmarse que gracias a esta medida, el erario sueco o el erario británico experimentará un considerable aumento de ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo. Con ello se puede estimular actividades económicas o aplicar una reducción de impuestos que también significa un estímulo para la economía. 
Por consiguiente, considero que si quiere usted mantener este debate, tendremos que hacerlo a partir de una consideración más amplia y seria que tenga en cuenta todos los aspectos relevantes y sobre la base de las cifras correctas. 
Pregunta nº 11 formulada por Glenys Kinnock (H-0140/97): 
Asunto: Lucha contra la corrupción internacional 
¿Puede el Consejo garantizar al Parlamento que la prevención y la lucha contra la corrupción a escala internacional se añadirán a los ámbitos enumerados en el artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea como cuestiones de interés común con vistas a la cooperación y a la acción conjunta? 
Se trata de la pregunta de la Sra. Kinnock. 
Como comprenderá su Señoría, no considero oportuno en términos generales, y sobre todo en mi cargo de Presidente del Consejo, entrar en profundidad sobre lo que se debate en el marco de la Conferencia Intergubernamental, pues se trata de una cuestión de negociaciones entre Estados miembros, y el Consejo como tal no desempeña ningún papel en ellas. 
Lo que sí puedo confirmar es que esta cuestión, sobre la cual en un borrador de la Presidencia irlandesa se había incluido una propuesta para la Conferencia Intergubernamental, está siendo examinada a fondo. 
Sin embargo, en nombre del Consejo no puedo darle las garantías que pide usted. Esto depende del resultado final de esta Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, quiero informar a su Señoría de que, incluso después de la aceptación del protocolo en el Convenio en materia de protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas en septiembre de 1996, dentro del Consejo se ha seguido impulsando la lucha contra la corrupción. 
El Parlamento expresó su opinión al respecto, en una resolución del 15 de noviembre de 1996. 
Todo ello indica claramente que sobre la base del actual Tratado ya se puede hacer frente a los abusos señalados por su Señoría. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta y comprendo que le resulte difícil ser más específico. 
No obstante, quisiera insistir en uno o dos asuntos. 
Según el tercer pilar, el soborno en el seno de la Unión Europea es un delito penal. 
¿A qué se debe entonces que no asumamos el mismo compromiso cuando tratamos con terceros países? 
¿No sería deseable introducir una iniciativa de este tipo para los países en desarrollo y los países en transición, del mismo modo que en el seno de la Unión Europea? 
Habida cuenta de que el Consejo no ha podido ser más específico, quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si estaría dispuesto a aceptar una propuesta de la Comisión encaminada a garantizar la implantación de este tipo de procedimiento para países en desarrollo y países en transición en lo relativo al soborno y a la corrupción? 
Ahora tengo que reflexionar bien, porque el ámbito que plantea la Sra. Kinnock, » international bribery and corruption» , es el término genérico de un ámbito muy amplio, en que en primer lugar la Comunidad Europea como tal está implicada de muchas formas, por ejemplo a través de su responsabilidad en el tráfico aduanero internacional o por ejemplo a través de sus programas de cooperación al desarrollo, incluso en las relaciones con terceros países. 
Puedo asegurarle que sin duda se le prestará atención en el marco de la ejecución normal de los programas y las actividades, y también de los tratados en el marco de acción de las Comunidades Europeas, entre otras cosas porque, por supuesto, el Tribunal de Cuentas Europeo señala cuándo la Unión Europea y las Comunidades Europeas corren peligro de penetrar en la zona de riesgo. 
En lo que se refiere a la cooperación de derecho penal y la cooperación con terceros países en la investigación criminal, la cosa es más complicada, porque la responsabilidad de la Unión Europea está basada en la cooperación intergubernamental y uno de los defectos, he de admitirlo, es que resulta difícil lograr una cooperación estructurada con terceros países desde el tercer pilar. 
Esta cuestión no se aborda tanto en la Conferencia Intergubernamental, pero será examinada en un grupo de altos funcionarios creado por el Consejo Europeo de Dublín y que ha recibido la tarea de asesorar a muy corto plazo sobre el crimen organizado en Europa, y también fuera de Europa si tiene que ver con Europa. 
Según tengo entendido, se prestará sin duda atención a cómo mejorar, tanto jurídica como administrativamente, la cooperación con terceros países en la prevención y la detección del fraude y el abuso. 
Pregunta nº 12 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0141/97): 
Asunto: Cláusula de excepción para la tercera fase de la UEM 
Casi todo parece indicar que el Parlamento sueco va a decidir por mayoría que, incluso en el caso de que Suecia cumpliera los criterios de convergencia, este país no participará en la tercera fase de la UEM cuando ésta dé comienzo en 1999. 
En el plano formal, el Tratado no contempla para Suecia ninguna excepción a este respecto. 
¿Considera conveniente el Consejo que se regule esta cuestión durante la Conferencia Intergubernamental actualmente en curso mediante la solicitud por parte de Suecia, al igual que han hecho Dinamarca y el Reino Unido, de una cláusula formal de excepción por lo que respecta a su participación en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria? 
¿O bien opina el Consejo que es sencillamente igual de válido permitir que Suecia permanezca al margen de la moneda única, independientemente de lo contemplado oficialmente en el Tratado? 
En primer lugar, en respuesta a la pregunta del Sr. Sjöstedt quisiera señalar que el Consejo Europeo de Madrid fijó el 1 de enero de 1999 como fecha de inicio de la tercera fase. 
Sin embargo, conforme al protocolo 11 del Tratado, el Reino Unido no está obligado o vinculado a pasar a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria sin que sus gobiernos y su parlamento lo hayan decidido por separado. 
Además, conforme al protocolo 12, Dinamarca ha comunicado que no participará en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, por lo menos hasta nuevo aviso. 
Los demás Estados miembros han decidido, mediante la ratificación del Tratado de la Unión o un tratado de adhesión, que participarán en la tercera fase a condición de que el Consejo, en la reunión de jefes de Estado y de gobierno, y le remito en este sentido al apartado 4 del artículo 109J del Tratado de la Unión, de que el Consejo confirma que cumplen las condiciones necesarias para ello, los llamados criterios de convergencia. 
Los Estados miembros que no cumplan dichas condiciones obtendrán una derogación sobre la base del artículo 109K. 
Para preparar la resolución antes mencionada del Consejo Europeo, cada Estado miembro puede determinar, por supuesto, qué procedimiento interno aplicará para ello, inclusive respecto del papel de su parlamento. 
Durante la cuarta sesión de la conferencia de negociaciones sobre la adhesión de Suecia a la Unión Europea, la conferencia tomó nota de la declaración hecha en este sentido por la delegación sueca. 
En lo que respecta a las actividades de la Conferencia Intergubernamental, no es incumbencia del Consejo pronunciarse sobre el orden del día de la conferencia o sobre las iniciativas que toman o desearían tomar los Estados miembros. 
Doy las gracias por la pormenorizada respuesta jurídica a mi pregunta. 
Pero ésta gira en torno a una realidad política muy concreta, de la cual tiene seguramente conocimiento el Presidente del Consejo, y es que la mayoría del Parlamento sueco votará probablemente a favor de que Suecia se mantenga al margen de la moneda común en 1999. 
Por tanto, y a pesar de la respuesta dada por el Presidente, no se ha dado respuesta a mi pregunta. 
¿Quiere decir Su Señoría que es posible que un país haga esto? 
¿O prefiere el Consejo reglamentar esta posibilidad en el propio texto del Tratado con ocasión de la Conferencia Intergubernamental? 
El Consejo debe poder pronunciarse sobre esto. 
Me consideraría satisfecho con una respuesta más explícita sobre el modelo que prefiere el Consejo para cuando Suecia tome la decisión de no participar en la moneda única. 
He intentado indicar con mucha precisión cuál es la situación jurídica en torno al proceso de adhesión a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Quisiera señalar que la toma de decisiones sólo tendrá lugar dentro de un año, que hasta entonces aún pueden pasar muchas cosas y no quisiera anticiparme a la toma de decisiones en el Consejo Europeo, ni a la toma de decisiones por parte del Gobierno sueco, ni a la toma de decisiones del parlamento sueco, ni a la toma de decisiones por parte de los demás Estados miembros si desean utilizar sus derechos según el artículo 109J un año antes de la fecha. 
No obstante, quisiera pedir que no especulen sobre todo lo que puede pasar aún, disponemos todavía de un año para prepararnos. 
Señor Presidente, sólo quiero plantear una pregunta y a este respecto debo empezar disculpándome porque aquí no se ha oído bien, de suerte que creo solamente haber entendido lo que el Presidente del Consejo en ejercicio ha dicho. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Es razonable acaso especular acerca de qué ocurrirá en Suecia en el año 1999? 
Según estoy informado habrá antes elecciones y juzgar por la actual opinión pública, podría producirse un cambio de mayoría y entonces todo el asunto sería más bien vano. 
La observación del Sr. von Habsburg estaba en la misma línea que lo que he dicho: he dicho que no quiero anticiparme a una toma de decisiones que ha de tener lugar en el Gobierno sueco, el parlamento sueco, en el Consejo, así como en los gobiernos de los Estados miembros dentro de un año, y un año en política es, como bien sabe el Sr. Habsburg, mucho tiempo. 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes, de junio de 1995, las negociaciones de adhesión con Chipre se iniciarán sobre la base de las propuestas de la Comisión seis meses después del cierre de la Conferencia Intergubernamental. 
Y además añado que se hará teniendo en cuenta los resultados de dicha conferencia. Este sigue siendo el punto de partida de la Unión, como se confirmó nuevamente al Gobierno de Chipre durante el Consejo de Asociación del 25 de febrero de 1997. 
La estrecha coordinación, dentro de la comunidad internacional, para apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas, es crucial para lograr un arreglo total de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que conduzca a una federación con dos comunidades y dos zonas. 
La perspectiva de que Chipre se convierta en miembro de la Unión Europea ofrece una oportunidad precisamente este año para solucionar la vieja y muy desagradable cuestión de Chipre. 
Con arreglo a sus conclusiones del 6 de marzo de 1995, el Consejo considera que la adhesión de Chipre a la Unión Europea tendría que redundar en una mayor seguridad y prosperidad en las dos comunidades de la isla. 
Ello tendría que permitir que la parte norte de la isla superara su retraso económico con mayor facilidad y que se mejoraran las perspectivas de crecimiento y empleo. 
El Consejo opina que la comunidad turcochipriota debería reconocer mejor las ventajas que implica para ella la adhesión de Chipre a la Unión Europea y retirar sus objeciones al respecto. Con esta finalidad, el Consejo ha pedido a la Comisión que establezca los contactos necesarios con la comunidad turcochipriota, de acuerdo con el Gobierno de Chipre. 
El Consejo persiste asimismo en su puntos de vista establecidos desde hace tiempo de no reconocer a las autoridades del norte de Chipre. 
Teniendo en cuenta este objetivo, el protocolo financiero actual, firmado en junio de 1995, significa un apoyo a los esfuerzos encaminados a un arreglo definitivo de la cuestión chipriota. 
Se ha habilitado un importe de doce millones de ecus para las iniciativas que puedan concertarse con Chipre en materia de medidas que inspiren confianza. Ya se ha prometido que se podrán facilitar medios complementarios para financiar programas y proyectos destinados a fomentar el desarrollo de toda la isla. 
Señor Presidente, gracias por su respuesta. 
Coincido con la mayor parte de lo que usted ha dicho y lo celebro. 
Sin embargo, las decisiones que usted ha expuesto, el reconocimiento de la República de Chipre como interlocutor, por un lado, y la participación en las negociaciones de la comunidad turcochipriota, por el otro, -una participación, además, aprobada y propuesta por la República de Chipre- estas dos decisiones, decía, deben encauzarse hacia algún resultado, hacia algún fin. 
Mi pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿puede comunicarnos ahora cuándo se reunirá la Unión Europea con Chipre en un contexto de diálogo político, es decir, de diálogo estructurado con vistas al ingreso? 
Dado que coincidimos en los principios generales, debe haber un progreso. 
Les recuerdo que el tiempo corre. 
¿Cuándo tendrá lugar la convocatoria para continuar con un diálogo político y estructurado? 
Por lo general, los contactos entre la Unión Europea y el Gobierno chipriota son muy intensos. 
Ya he dicho que hace muy poco se celebró un Consejo de Asociación. 
El Comisario Van den Broek ha visitado recientemente ambas partes de Chipre. 
Nos estamos preparando muy intensamente ante la perspectiva de que en un futuro próximo puedan iniciarse las negociaciones de adhesión con Chipre. 
Para ello deberá prestarse el necesario apoyo político. 
La pregunta del Sr. Papayannakis guarda relación con un elemento muy específico, concretamente el diálogo político entre la Unión Europea y Chipre. 
Sin duda, el Sr. Papayannakis sabrá que este diálogo político no pudo celebrarse simultáneamente con el Consejo de Asociación porque los quince Estados miembros no consiguieron ponerse de acuerdo sobre la declaración política que ha elaborado la Unión Europea de cara al diálogo político. 
Sin duda, en breve tendremos oportunidad de reanudar el debate sobre esta cuestión, y mi punto de vista es que todo lo que hace la Unión Europea y todo lo que hace en estos momentos el Estado miembro Grecia en el marco del Consejo, está encauzado a crear condiciones que permitan reanudar las consultas de paz en Chipre, pero de tal modo que no surjan obstáculos políticos para el compromiso que ha asumido la Unión Europea en lo que respecta al inicio de las negociaciones de adhesión con Chipre. 
Repito: todos los esfuerzos del Consejo y de los miembros del Consejo han de centrarse ahora en crear espacio políticamente en esta cuestión para hacer posible el preámbulo del proceso de inicio de las negociaciones de adhesión de Chipre. 
Una situación importante, no una condición, aunque sí una situación que mejora la atmósfera, es en este caso una clara perspectiva de que las negociaciones de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas volverán a reanudarse en breve y darán resultado, preferiblemente a muy corto plazo. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Presidente del Consejo su detallada respuesta y me adhiero a la opinión del Sr. Papayannakis de que, en líneas generales, es una respuesta muy satisfactoria; no obstante, vuelvo sobre el tema del diálogo estructurado. 
Quiero insistir un poco en el siguiente punto: teniendo en cuenta todas esas dificultades y los hechos conocidos que acaba de mencionar el Sr. Ministro, ¿tiene el Consejo alguna idea concreta con respecto a un programa de fechas para la reanudación del diálogo estructurado? 
En cualquier caso, ¿qué acciones piensa adoptar para solucionar los problemas surgidos? 
Con toda seguridad, el Consejo volverá a iniciar la deliberación para solucionar la pequeña controversia, pues se trataba de un única frase, en torno a la declaración política para preparar el diálogo estructurado. 
Confío en que así será teniendo en cuenta el amplio contexto de este debate, pues no se trata en absoluto del diálogo estructurado con Chipre. Se trata de crear las condiciones políticas, que el compromiso del Consejo para el inicio de las negociaciones de adhesión con Chipre pueda cumplirse tranquilamente. 
Se trata de un compromiso que defiende el Consejo y que queremos cumplir. Tampoco queremos complicaciones políticas. 
A ello va unido un contexto más amplio, que tiene que ver con las relaciones greco-turcas y con las relaciones de Turquía con la Unión Europea, en que todas las partes implicadas- señalo en este sentido que el Parlamento Europeo ha asumido su propia responsabilidad- tendrán que contribuir a reducir el complejo de sensibilidades políticas y riesgos políticos a proporciones controlables, que los problemas políticos puedan reducirse a problemas susceptibles de ser resueltos y que la perspectiva de adhesión de Chipre pueda realizarse. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 15 no se formula. 
Pregunta nº 16 formulada por Hans Lindqvist (H-0153/97): 
Asunto: Política exterior y de seguridad de la UE 
El objetivo de la Unión en el ámbito de la seguridad y la defensa queda recogido en su más claro exponente en el punto 1. del artículo J.4. del Tratado de la Unión Europea, que, en su formulación actual, estipula lo siguiente: » La política exterior y de seguridad común abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Europea, incluida la definición, en el futuro, de una política de defensa común, que pudiera conducir en su momento a una defensa común.» 
Asimismo, la expresión actual «que pudiera conducir en su momento a» se convierte en la nueva versión en «de cara a». Estas modificaciones constituyen una manifiesta consolidación del objetivo de la política exterior y de seguridad común, a saber, la defensa común. 
¿Se pretende acaso mediante estas modificaciones preparar el camino para una defensa común en la UE? 
, Presidente en ejercicio del Consejo. (NL) Tengo una respuesta que no satisfará del todo al Sr. Lindqvist, pues ha formulado una pregunta sobre la Conferencia Intergubernamental y en nombre del Consejo no puedo darle ninguna respuesta. 
Aún más, es uno de los puntos principales sobre los que tratan las negociaciones en el marco de la revisión del segundo pilar del Tratado de la Unión Europea. 
Agradezco la respuesta, aunque no contiene muchas novedades. 
Para un país miembro como Suecia, la neutralidad en cuanto a las alianzas de tipo militar es central. 
La cuestión es vital, teniendo en cuenta que Suecia tiene una larga experiencia, unos 180-200 años, en cuanto a la neutralidad. 
Pero también es importante cara al futuro que mantengamos aquello en que tanto la población como los partidos políticos están de acuerdo. 
En consecuencia, se plantearían unos problemas y se causarían verdaderos estragos- de un alcance muy grave- si se introdujesen nuevas disposiciones en el futuro Tratado de la UE que fueran más lejos que las que rigen actualmente y que, ya con ocasión del referéndum de 1994, causaron un agitado debate en nuestro país. 
Comprendo muy bien que ninguno de los representantes del Consejo pueda hoy dar respuestas sobre los resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
La urgencia de esta pregunta es importante para nosotros, y por ello la hemos planteado. 
Pregunta nº 17 formulada por Clive Needle (H-0154/97): 
Asunto: Recomendaciones de la OCDE para combatir el soborno 
En 1994 y 1996, los Estados miembros de la OCDE adoptaron a nivel ministerial una serie de recomendaciones para luchar contra el soborno en las relaciones comerciales internacionales. 
La aplicación de estas recomendaciones ha sido muy escasa. 
¿Comparte el Consejo la opinión de que una acción concertada y simultánea de los 15 Estados miembros constituiría un medio para salir del punto muerto y alentar a los demás países miembros de la OCDE a seguir el ejemplo? 
¿Podría consistir uno de los primeros pasos en poner fin a la posibilidad de deducir impuestos por los sobornos pagados a funcionarios extranjeros (lo que da origen a considerables distorsiones de la competencia y representa un obstáculo importante para el desarrollo)? 
, Presidente en ejercicio del Consejo. (NL) Con motivo de la pregunta del Sr. Needle puedo decir lo siguiente. 
Es cierto que el Consejo de la OCDE del 11 de abril de 1996 aceptó una recomendación en que este pide a los Estados miembros de la OCDE que revisen su legislación fiscal y que ya no permitan que los sobornos pagados en el extranjero sean desgravables fiscalmente. 
A raíz de esta recomendación y de otras conversaciones que siguen manteniéndose, como en el Consejo de Europa, algunos Estados han puesto fin a la posibilidad de desgravación fiscal de sobornos pagados en el extranjero o tienen planes concretos para hacerlo. 
Dado que en algunos Estados miembros esta cuestión está vinculada a una posible modificación de su derecho penal por otra razón, y sobre todo la modificación en materia de penalización de los funcionarios extranjeros corruptos, puede transcurrir cierto tiempo antes de que se haya revisado la legislación en diversos Estados miembros de acuerdo con la recomendación de la OCDE. 
Aunque en este caso se trata de un texto que no entra en el marco de la Comunidad y por consiguiente no es competencia de la Unión, la Presidencia expresará en cualquier caso el deseo de su Señoría en las delegaciones. 
En este sentido quiero mencionar que en estos momentos el Consejo está elaborando una propuesta de acuerdo en que se penaliza el soborno de funcionarios de los Estados miembros de la UE. Acabo de mencionar este punto. 
A fin de cuentas, el Consejo considera que la lucha contra el soborno es una cuestión importante, pues es preciso condenar irrevocablemente las prácticas de los individuos que perjudican sin escrúpulos a toda la sociedad y en última instancia a los ciudadanos y a los contribuyentes. 
Ni que decir tiene que la Presidencia neerlandesa no escatimará esfuerzos por tramitar este último expediente. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta tan alentadora y me complace que, al igual que sucediera con la anterior pregunta de la Sra. Kinnock, hayamos recibido una respuesta satisfactoria y muy positiva esta noche sobre este importante asunto. 
Sólo desearía presionarle sobre un par de precisiones en lo que se refiere a lo que puede lograrse realmente, habida cuenta en particular del lento proceso en el seno del Consejo de Europa y en la OCDE. 
¿Cree el Consejo que podría alentarse a la Comisión a hacer uso de los instrumentos jurídicos a su alcance, sobre todo en el ámbito del reglamento sobre competencia, por ejemplo, y el reglamento por el que se rige el mercado interior? 
Por último, habida cuenta de las iniciativas en el marco de la OCDE, a las que se ha referido, y las modificaciones introducidas por el Banco Mundial, ¿se propone el Consejo presionar para que la Unión Europea adopte un nuevo reglamento de adquisiciones con objeto de evitar la corrupción con mayor eficacia? 
En lo que respecta a la aplicación de la recomendación de la OCDE, que tiene mucho que ver con la legislación fiscal y la legislación penal, no creo que las reglas de competencia y las reglas del mercado interior tengan una influencia directa sobre este debate, por tanto he de reflexionar sobre esta cuestión. 
En estos momentos no puedo darle una respuesta a su pregunta en torno a las medidas de la Unión Europea en relación con la compra de bienes. 
Considero sumamente importante que la Unión Europea, que cada año asume un gran número de contrataciones, se guarde muy bien de las prácticas oscuras que pueden tener lugar en torno a las posibles contrataciones. 
Pienso que al Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo han de centrarse en esta cuestión para estar siempre alertas. 
La Presidencia del Consejo seguirá desempeñando su papel en esta cuestión. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 18 no se formula. 
Del despacho del Sr. Pirker se me ha comunicado que se ha notificado a la Mesa que yo asumiría la pregunta del Sr. Pirker. 
La oficina del Sr. Pirker ha tenido la amabilidad de informarle a usted, pero no la de informarnos a nosotros. 
A mí se me ha comunicado, ciertamente, que se había informado a la Mesa. 
Lo siento, pero eso no me consta. 
Pregunta nº 19 formulada por Charlotte Cederschiöld (H-0168/97): 
Asunto: Plazos límite en el ámbito del tercer pilar 
Se está sometiendo a debate con motivo de la Conferencia Intergubernamental la introducción de unos plazos límite para aquellas tareas que anteriormente se enmarcaban en el tercer pilar y que, en la actualidad, se llevan a cabo de manera conjunta. 
Con estos plazos límite se alude en este caso al año en que los Estados miembros deberán cumplir los criterios que establece la cooperación. 
¿De qué manera cree el Consejo que la introducción de dichos plazos límite repercutirá en la ampliación de la Unión? 
, Presidente en ejercicio del Consejo. (NL) Sobre la pregunta de la Sra. Cederschiöld acerca del establecimiento de plazos para la transmisión de competencias que se enmarcan en el tercer pilar, en mi calidad de Presidente del Consejo sólo puedo decir que es nuevamente una de las muchas propuestas que se examinan en la Conferencia Intergubernamental. 
Como mis predecesores y yo mismo hemos recalcado en anteriores respuestas a las preguntas sobre las actividades de la CIG, el Consejo no participa en esta conferencia. Por consiguiente, no es oportuno que hoy aborde esta cuestión. 
Me gustaría pronunciar unas palabras. 
No es porque espere una respuesta del Consejo, ya que todos podemos interpretar sus acciones y conocemos la posición de la Presidencia en torno a este asunto. 
Pero creo que existen razones para que los ciudadanos comenten el tema, especialmente el hecho de que el ámbito que se encuentra bajo el tercer pilar no funciona satisfactoriamente. 
Creo que es posible que los ciudadanos ejerzan presión con respecto a estos temas, presión que podría influir en el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental. 
Son necesarias las decisiones por mayoría para que lleguemos a unas soluciones a cuestiones como la de la seguridad interna. 
Los retrasos que se están debatiendo, el del año 2003 o mucho más tarde, pueden conllevar serias repercusiones para la ampliación. 
Acabarían con la esperanza de las nuevas democracias. Sembrarían la semilla del desencanto y seguramente de la desesperación en los nuevos países. 
Creo que esto es peligroso. Por consiguiente, deseo hacer hincapié en el hecho de que no se puedan dar respuestas satisfactorias. 
Si falla la Conferencia Intergubernamental, ¿Cómo vamos a poner en funcionamiento una adopción eficaz de decisiones en cuestiones como la inmigración y los controles fronterizos? 
Una última pregunta: ¿Van a pagar los ciudadanos la mejora de la seguridad externa a raíz de la ampliación a través de un empeoramiento de la seguridad interna, como consecuencia de unos procedimientos decisorios ineficaces? 
Repito que no es conveniente que hable del contenido de la Conferencia Intergubernamental, pero la Sra. Cederschiöld ha formulado otra pregunta sobre la que el Consejo tiene una responsabilidad. Se trata concretamente del vínculo entre el cierre de la Conferencia Intergubernamental y el inicio de las negociaciones de adhesión. 
Quiero declarar que la Presidencia neerlandesa del Consejo considera sumamente importante y, siempre que esté en sus manos, hará todo lo posible por cerrar la Conferencia Intergubernamental bajo su Presidencia. 
Y es porque hay un vínculo político entre el cierre de la Conferencia Intergubernamental por un lado y el inicio de las negociaciones de adhesión por otro. 
La Conferencia Intergubernamental, incluidas las actividades del grupo de reflexión bajo la dirección del Sr. Westendorp, dura ya tres cuartos de año, y consideramos que es esencial que los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en la conferencia, estén disponibles los últimos tres meses para poder cerrar realmente la conferencia. 
Comparto totalmente la opinión de la Sra. Cederschiöld de que hemos de reducir al máximo los plazos en que pueden iniciarse las negociaciones de adhesión, y todos sabemos que estas negociaciones serán bastante largas y que además irán seguidas por un proceso de ratificación, por la misma razón que ha mencionado la Sra. Cederschiöld, concretamente que no podemos frustrar las expectativas de los países candidatos por la división interna, por los retrasos internos. 
Pregunta nº 20 formulada por Gerard Collins (H-0174/97): 
Asunto: Muertes en la cuna 
Pese a los esfuerzos realizados para prevenir el síndrome de la muerte súbita del lactante en Irlanda, el número de fallecimientos aumentó en este país en 1996, después de un período de disminución ininterrumpida durante los cinco años precedentes. 
¿Puede el Consejo indicar cómo cree que podría la Comunidad Europea contribuir a prevenir el síndrome de la muerte súbita del lactante? ; ¿considera el Consejo que el quinto Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, además de la investigación relativa a la lucha contra las enfermedades relacionadas con la edad, debería apoyar la investigación concerniente al SMSL? ; por último, ¿fomentará el Consejo la creación de un registro de alcance comunitario de este tipo de muertes que permita que todas las muertes inexplicables de lactantes puedan ser notificadas, como en el caso de Irlanda, a los respectivos departamentos de salud y divulgadas a toda la UE? 
, Presidente en ejercicio del Consejo. (NL) Señor Presidente, en respuesta a la pregunta del Sr. Collins relacionada con la muerte súbita del lactante, puedo asegurarle que el Consejo comparte la preocupación sobre el desarrollo que ha esbozado. 
Quiero dejarlo bien sentado. No obstante, he de indicar a su Señoría que en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública, por el momento no se ha presentado al Consejo ninguna propuesta específica relacionada con la comunicación de los casos de muerte súbita y la creación de un registro a nivel comunitario. 
No queda excluido que determinadas acciones generales, en el marco del programa de acción comunitario en materia de fomento de la salud, información sanitaria, educación y formación, aceptado por resolución del Parlamento Europeo y del Consejo el 29 de marzo de 1996, puedan contribuir indirectamente a su prevención, aunque en él no se mencione como tal el síndrome de la muerte súbita. 
Es tarea de la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, ocuparse de la ejecución de este programa. 
En caso de que la Comisión tenga motivos para volver con una propuesta, el Consejo la examinará sin duda con suma atención y la Presidencia la favorecerá. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 21 no se formula. 
Pregunta nº 22 formulada por Pat Gallagher (H-0181/97): 
Asunto: Compensación para los pescadores irlandeses 
La industria pesquera y la industria de procesado de productos de la pesca en Irlanda se han visto gravemente afectadas por las tormentas de los últimos meses. 
¿Dará el Consejo instrucciones a la Comisión para que presente inmediatamente un paquete urgente de compensación para ayudar a los pescadores y a quienes participan en la industria de procesado de los productos de la pesca y que se han visto afectados por estas fuertes tormentas? 
En respuesta a la pregunta del Sr. Gallagher sobre la compensación para los pescadores irlandeses que han sufrido daños por las consecuencias de las tormentas de los últimos meses, quiero ante todo expresar mi condolencia a los afectados. 
Sin embargo, he de señalar que no incumbe al Consejo pedir a la Comisión que presente una propuesta para la compensación. Es más bien tarea de los Estados miembros implicados llevar esta cuestión a la atención de la Comisión, que está autorizada a adjudicar ayudas de emergencia a las víctimas de catástrofes. 
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que sugiere de que son los Estados miembros los que deben hacer una propuesta a la Comisión. 
Sugiere además que existe un fondo. 
Permítame llamar la atención del Presidente en ejercicio sobre el hecho de que la Comisión presentó una solicitud al Consejo de Ministros en marzo de 1995 que incluía una propuesta de ayuda para la creación de un fondo para subvenciones al desempleo por causas climatológicas adversas. 
Fue rechazada por el Consejo de Ministros. 
Eso contradice lo que el Presidente en ejercicio acaba de decir. 
Le pregunto ahora, señor Presidente en ejercicio, si existe un fondo, y si es así, ¿puede darme detalles sobre el mismo? 
En caso de que no exista ningún fondo, ¿estaría dispuesto el Consejo a considerar favorablemente la propuesta que rechazó en marzo de 1995? 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 23, 24 y 25 no se formulan. 
Pregunta nº 26 formulada por Bernd Posselt (H-0193/97): 
Asunto: Ampliación y seguridad interior 
¿Cuál es el estado de la cooperación y del diálogo estructurado con los países candidatos a la adhesión de la Europa Central y Oriental en el ámbito de la seguridad interior y qué repercusiones tiene lo anterior sobre la situación en materia de seguridad en las fronteras exteriores de la UE? 
Con respecto a la pregunta del Sr. Posselt puedo decir que el diálogo estructurado con los países de la Europa Central y Oriental se inició en junio de 1995 bajo la Presidencia francesa y en Luxemburgo. 
Desde marzo de 1996, se ha establecido una nueva base para este diálogo. 
Durante cada Presidencia se da prioridad a un determinado tema. 
Durante la segunda parte de 1996, el diálogo se centró en la problemática de las drogas. 
El 24 y 25 de octubre de 1996 se celebró un seminario sobre esta cuestión y las conclusiones de dicho seminario fueron aceptadas por los interlocutores el 28 y 29 de noviembre de 1996. 
El pasado 10 de marzo se celebró una consulta con los países de la Europa Central y Oriental en el grupo de trabajo «Drugs and Organised Crime». 
Los organismos del Consejo se dedican en estos momentos a poner en práctica las conclusiones de dicha consulta, algunas de las cuales guardan relación con la seguridad interior, por ejemplo los intercambios de información, las entregas controladas y las normas para el control de precursores de las drogas químicas. 
El diálogo se centra ahora en las cuestiones de asilo. 
En mayo se presentarán las conclusiones ante el Consejo. 
Los problemas prácticos específicos de control en las fronteras se abordarán en el marco del llamado «CIREFI». Se trata de un banco de datos a nivel de la UE sobre cuestiones relacionadas con el asilo. 
Los Estados candidatos ya participaron en el pasado en reuniones de esta consulta. 
Durante la Presidencia neerlandesa tendrá lugar una segunda reunión con los países de la Europa Central y Oriental sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, doy las gracias por esta respuesta, tan precisa, y sólo quisiera plantear una vez más la pregunta de si en vista de la duración de las negociaciones no se podrían hacer avanzar determinados elementos de la cooperación que son de esperar con la condición de miembros en interés de la cooperación, en interés de la seguridad de los ciudadanos. 
¿No podría EUROPOL, por ejemplo, colaborar ya con los órganos policiales de los candidatos a la adhesión, y no se podría extender también el diálogo estructurado a tres ámbitos, que son especialmente explosivos, en concreto, en primer lugar, el tráfico de seres humanos- aquí las bandas criminales ganan ahora ya más dinero que con el tráfico de drogas -, en segundo lugar, el robo y contrabando de obras de arte, que juega un gran papel en el ámbito checo-bávaro y, en tercer lugar, la cuestión de las drogas, que ya se mencionó antes? 
En respuesta a la segunda pregunta del Sr. Posselt quisiera confirmar que el Consejo otorga una gran prioridad a la cooperación con los países de la Europa Central y Oriental en lo que respecta a la prevención y la lucha contra el crimen organizado. 
Dado su carácter transfronterizo, no se detiene en las fronteras de la Unión, sino que también afecta a los países de la Europa Central y Oriental. 
La Unión y los Estados miembros consideran muy importante dar prioridad a esta cuestión, entre otras en las zonas que ha mencionado el Sr. Posselt. 
Todavía quedan algunas limitaciones no resueltas, pero se está trabajando en ello. 
La primera limitación es que aún no se ha ratificado el Tratado de Europol. 
En caso de que se lograra una cooperación práctica a corto plazo, sólo podría tener relación con la Eureopean Drugsunit provisional, que tiene una capacidad limitada. Hemos de tenerlo en cuenta. 
Pero pienso que en cuanto se ratifique Europol, y tan pronto esté dotada de los recursos humanos y financieros necesarios, podrá llevarse a cabo rápidamente la ampliación a los países de la Europa Oriental. 
Un segundo aspecto que quiero señalar, y ya lo he dicho en mi respuesta a la pregunta de la Sra. Kinnock, es que hay cierta deficiencia en el marco de los medios institucionales del tercer pilar, concretamente que resulta muy difícil lograr acuerdos vinculantes concretos con terceros países en el marco del tercer pilar. 
Ya he comunicado que se hablará de ello en el marco de un grupo de altos representantes que se ocupa de la lucha contra el crimen organizado, un grupo creado en Dublín por el Consejo Europeo y que en abril ha de presentar un informe al Consejo, concretamente sobre este aspecto de la cooperación entre la Unión Europea y los países de la Europa Central y Oriental en la lucha contra la criminalidad organizada. 
Redes de enmalle de deriva 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, al Consejo (B4-0017/97- O-0001/97, sobre las redes de enmalle de deriva. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, agradezco en primer lugar su presencia y su disposición a debatir con nosotros el futuro de las redes de deriva. 
Como sabe, la Comisión tiene una propuesta de modificación del actual reglamento de medidas técnicas destinada a prohibir las redes de deriva de más de 2, 5 kilómetros a partir del 31 de diciembre del año 1997. 
Esta propuesta data del año 1994 y, hasta el día de hoy, ni el Consejo ni la Comisión han hecho nada para desbloquearla. 
Mi intención al presentarle la pregunta de la Comisión de Pesca es recordarle que su origen es nuestro convencimiento de que desde 1994 se han producido distintos hechos de orden jurídico, legislativo, social, económico y medioambiental que han situado la propuesta de la Comisión en un contexto global absolutamente diferente. 
Por ello, entendemos que es ya urgente que se revisen sus contenidos. 
Aunque desde 1994 no se han producido los graves conflictos de otros años, ha sido al precio de mantener permanentemente buques de inspección de los países costeros y, coyunturalmente, un buque de seguimiento de la Comisión. 
Todo ello ha supuesto una carga financiera muy considerable, hasta el punto de que, según parece, la Comisión no tiene intención de fletar su buque para la campaña del próximo verano en el Atlántico. 
Sin duda ello significará el refuerzo de la inspección de los países miembros, ya que los que conocemos bien estas flotas sabemos que el conflicto sigue latente y que se siguen produciendo infracciones como muestran los propios informes de la Comisión. 
Parece claro que las redes de 2, 5 kilómetros no son rentables para la mayoría de los puertos y la prueba es que muchos países, bajo la presión de las inspecciones, han ido desmantelando su flota de redes de deriva por antieconómica- como sucede con Irlanda y Gran Bretaña- o por otros motivos más complejos pero directamente relacionados con la falta de rentabilidad, como es el caso de Italia. 
Por otra parte, Consejo, Comisión y Parlamento trabajamos en estos momentos en una nueva propuesta de reglamento de medidas técnicas. 
¿Tiene algún sentido aprobar esta propuesta cuando aún colea una modificación del reglamento anterior que ni siquiera está recogida en la nueva propuesta? 
Otro hecho novedoso- y a mi parecer muy importante- deriva de la aprobación del Acuerdo de Nueva York sobre las especies transzonales y altamente migratorias que la Unión Europea se dispone a ratificar. 
Me permito recordarle algunos de los puntos de su artículo 5 y, en concreto, el apartado f, según el cual los Estados se comprometen a reducir al mínimo la contaminación, el desperdicio, los desechos, la captura por aparejos perdidos o abandonados, la captura accidental de especies no objeto de la pesca, tanto de peces como de otras especies, mediante la adopción de medidas que incluyan el uso de aparejos y técnicas de pesca selectivas, inofensivas para el medio ambiente, y de bajo costo. 
Pueden citarse otros apartados de este artículo, pero creo que éste es suficiente para darse cuenta de que estas redes no cumplen estos enunciados. 
Por otra parte, el movimiento ecologista y los Estados con mayor preocupación medioambiental tienen a las redes de deriva en el punto de mira con mucha más precisión hoy que en 1994, y lo ocurrido con las amenazas de embargo de Estados Unidos sobre Italia, que afectan de forma directa a toda la producción de atún y pez espada comunitaria, es una muestra más de lo que podemos esperar si no se aborda la cuestión. 
Por último, señor Presidente, me permito recordar otra razón que ha contribuido en gran medida a los cambios que antes apuntaba: la propia resolución del Parlamento sobre la prohibición de las redes de deriva, que data del año 1994, y que contribuyó, además, mediante la eximente para el Báltico y el uso en las 12 millas, a unir a sus tesis a los países del norte de la Unión. 
Creemos, pues, que hay efectivamente elementos sobrados para elaborar una nueva propuesta y que, si se hacen los esfuerzos necesarios, el Consejo puede encontrar una salida. 
En nombre de la Comisión de Pesca y a la vista de los argumentos expuestos, le pido ese esfuerzo y ese impulso. 
Debo hacer un balance de una serie de cosas. 
La actual legislación comunitaria en materia de redes de enmalle de deriva, Reglamento CEE nº 3094/86, modificado por el Reglamento del Consejo nº 345/92, prohíbe el uso por parte de barcos comunitarios de las redes de enmalle de deriva de más de dos kilómetros y medio de longitud, independientemente de las aguas donde se pesque. 
La única excepción a este Reglamento es el mar Báltico, al que se aplican leyes internacionales especiales. 
El 8 de abril de 1994, la Comisión presentó una propuesta ante el Consejo con que se pretendía prohibir por completo el uso de redes de enmalle de deriva a partir del 1 de enero de 1998. 
El Consejo la trató repetidas veces a la luz del dictamen del Parlamento Europeo y del dictamen del Comité Económico y Social, pero por lo pronto no se ha logrado una mayoría cualificada. 
La propuesta sigue sobre el tapete, y en espera de una resolución del Consejo, los Estados miembros, apoyados por la Comisión, han cooperado para llevar a cabo controles y medidas de mantenimiento más estrictas en relación con la pesca del atún en el océano Atlántico y desde 1996 también en el mar Mediterráneo. 
La propuesta fue examinada por última vez en el Consejo de Pesca del 22 de abril de 1996, y en dicha ocasión, el Consejo volvió a recalcar que la actual legislación comunitaria en materia de redes de enmalle de deriva ha de cumplirse a rajatabla. 
El Consejo expresó asimismo su satisfacción por el resultado obtenido hasta ahora con las medidas de mantenimiento, y se mostró satisfecho por la iniciativa de la Comisión de aspirar a este objetivo durante la temporada de pesca sin ampliación del esfuerzo de pesca total. 
El representante de la Comisión declaró que la Comisión desea realizar progresos y tendrá en cuenta todas las ideas constructivas de las delegaciones a fin de lograr una mayoría cualificada para su propuesta. 
El 17 de diciembre de 1996, la Comisión presentó una propuesta ante el Consejo en base a un plan redactado por las autoridades italianas para una disposición relativa a una medida específica encaminada a fomentar el cambio de los pescadores italianos en lo que respecta a determinadas actividades pesqueras. 
Con esta propuesta se pretende eliminar el uso de redes de enmalle de deriva por parte de la flota italiana, garantizando al mismo tiempo que las consecuencias para el empleo sean mínimas. 
Se han tomado medidas para alentar a los pescadores a pasar a otros métodos más selectivos para el período de 1997 a 1999 inclusive, y ofrecerles una compensación por la posible pérdida de ingresos. 
Esta propuesta del 17 de septiembre se está examinando en estos momentos en el Consejo y se ha consultado al Parlamento Europeo. 
A la luz del dictamen del Parlamento, la Presidencia se propone hacer todo lo posible por ocuparse de que la propuesta sea aceptada durante la Presidencia neerlandesa. 
Asimismo recordará a los Estados miembros la petición de la Comisión durante la sesión del Consejo de abril de 1996, de tomar la iniciativa y aportar ideas constructivas para solucionar el problema de las redes de enmalle de deriva. 
Sin embargo, es preciso constatar que sin una iniciativa como esta, que exigiría la unanimidad en el Consejo, a falta de una propuesta modificada de la Comisión, las perspectivas de una solución son bastante desfavorables. 
Quiero dejarlo así. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, creo que ha sido un acierto afrontar este debate y que el mes que viene, cuando nos ocupemos del plan de reconversión de la pesca con redes de deriva que afecta a Italia, estaremos en condiciones de profundizarlo incluso. 
Italia y, más concretamente, su Gobierno ha afrontado con decisión este asunto y con mucha probabilidad en el plazo de tres años conseguirá la aceptación por parte de los barcos de pesca de que las redes de enmalle de deriva que usan tengan una longitud de 2, 5 kilómetros. 
El plan es voluntario e interesará, por tanto, a quienes se proponen reconvertir su actividad. 
Pero hay que afrontar el problema no sólo con una óptica exquisitamente italiana, sino también teniendo en cuenta un sector muy amplio que abarca el Mediterráneo. 
Estamos convencidos de que existe una superexplotación de algunos recursos de pesca y las redes de enmalle de deriva, también desde un punto de vista medioambiental, crean problemas. Se ha demostrado también científicamente. 
Pero el problema no se refiere sólo a Italia, sino también a terceros países, porque existe el riesgo de que esas flotas, una vez reconvertidas en los países europeos, proliferen fácilmente en terceros países. 
Por esa razón, es necesario un plan de reconversión en el que participe toda la zona del Mediterráneo y es importante también que Europa desempeñe su papel en las relaciones del europartenariado con los países mediterráneos para procurar que también esos países se sensibilicen sobre ese tipo de pesca que tiene en cuenta las compatibilidades medioambientales. 
Debemos darnos cuenta también de que en la zona mediterránea hay flotas que pescan de forma indiscriminada- me refiero a las flotas japonesas y coreanas- y también buques con pabellones de conveniencia que surcan esas aguas y causan enormes repercusiones en los recursos ícticos. 
Por esas razones se debe analizar el problema de las redes de deriva junto con el esfuerzo de conjunto en el sector de la pesca en la zona mediterránea. 
También otros tipos de pesca y otras artes de pesca son extraordinariamente perjudiciales para el mantenimiento de algunas especies muy delicadas: los delfines y las llamadas tortugas caretta caretta, que, naturalmente, pueden sufrir notables repercusiones también por parte de otros tipos de pesca, como la del longline. 
Por esa razón, creo que deberíamos proseguir también con un control, con la conciencia de que tenemos, en cualquier caso, el deber de cumplir el reglamento comunitario que establece en 2, 5 kilómetros la longitud de las redes de enmalle. 
Creo que ése es un elemento fundamental al que debemos atenernos. 
En mi opinión, señor Presidente del Consejo, su respuesta es totalmente insuficiente. 
Usted afirma que faltan propuestas constructivas. 
Yo pregunto ¿de quién? 
Creo que estas propuestas constructivas faltan por parte del Consejo, no, ciertamente, por parte del PE. 
Nosotros hemos dado frecuentemente nuestra opinión acerca de las redes de enmalle de deriva. 
En el pasado las hemos prohibido siempre con toda razón pues la opinión pública, que nosotros representamos aquí, considera amenazadas por estas redes la protección de la vida marina y el mantenimiento del equilibrio ecológico. 
La pesca significa también aseguramiento de la situación existencial económica y social de las personas. 
Sin embargo, en este punto hemos de obrar con mucha prudencia, en especial en un momento y en unos lugares en los que los recursos pesqueros disponibles tienen que registrar pérdidas. 
La utilización de redes de enmalle de deriva produce, especialmente, dos consecuencias negativas: ante todo es problemático que en su utilización no se produzca una selección respecto de las especies capturadas. 
Además de esto, con las denominadas redes fantasma se matan absurdamente animales marinos. 
Aunque hay que diferenciar la problemática pesquera en el Pacífico norte, en el Pacífico sur, en el Atlántico norte, en el Atlántico sur, en el ámbito del Báltico, en el ámbito del Mediterráneo así como en la zona de las doce millas, hay que afirmar que básicamente la utilización de redes de enmalle de deriva es igualmente desastrosa en todas partes. 
En este asunto deberíamos seguir comportándonos de manera ejemplar de acuerdo con la decisión que adoptamos en su día. 
Es necesaria una actualización. 
Por consiguiente, es imprescindible y muy urgente la aceptación, probablemente revisada, de la propuesta de la Comisión de 1994 en el Consejo. 
Para defender sus intereses y valores y los de las otras comunidades y países, la Unión Europea debe encontrar en su seno y en las instancias internacionales las vías apropiadas para una prohibición inmediata y adecuada de la utilización de las redes de enmalle de deriva, paralelamente a la adopción de las pertinentes medidas eficaces de control. 
Señor Presidente, cualquier pretexto es bueno cuando queremos librarnos de algo. 
Esta frase no habrá encontrado nunca una ilustración mejor que la relacionada con las redes de enmalle de deriva. 
En primer lugar, el revoltijo. 
Incluir en una misma sección las redes que se utilizan en el Mediterráneo y las que se utilizan en el Atlántico es cosa de superchería. 
En el Mediterráneo se pesca el pez espada, una especie rara, peces muy dispersos que imponen redes de gran longitud, mientras que en el Golfo de Vizcaya, objeto de mi intervención, se pesca el atún, una especie abundante que vive en bancos y que, por lo tanto, puede capturarse con redes de menor longitud. 
Asimismo, se ha pretendido que las redes de 2, 5 kilómetros no podían ser rentables. 
Por consiguiente, había que asistir a una trampa generalizada. 
Bastaría con ir a hacer un control para asegurarse de ello. 
Fuimos- dos barcos fletados por la Comunidad en 1995-1996 -, controlamos- entre 60 y 70 controles por temporada- y no vimos ninguna infracción. 
Entonces, nos hacen creer que esas redes serían de una eficacia diabólica, pero, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de atún que se pesca con red? ¿80, 50, 25 %? 
Ni siquiera: ¡menos del 12 % del total de las capturas! 
¿Qué argumentos quedan hoy? 
Sólo uno figura en la resolución: las redes de enmalle de deriva se califican de no selectivas. 
Cuanto más grande, mejor pasa. 
¿Cómo se puede escamotear así el estudio realizado por IFREMER en dos temporadas, con observadores de cinco nacionalidades? 
Conclusiones del estudio: tasa de selectividad 85, 8 %, es decir, uno de los artefactos de pesca más selectivos. 
Por último, ¿cuáles serían las consecuencias de un abandono de esta técnica para los atuneros franceses? 
Serían desastrosas para los recursos. 
En efecto, se trata de barcos que se aseguran el 50 % de su volumen de negocio anual durante la campaña atunera. 
Si se les suprime esta oportunidad, no tendrán otro recurso que abandonar la pesca del atún, para dedicarse a lo largo del año a su actividad de invierno, la pesca con traína que se aplica para especies tales como la merluza que está muy amenazada. 
Señor Presidente, de haber sido por el Parlamento Europeo no hubiésemos tenido que formular nunca esta pregunta, pues en 1994 ya expresamos nuestro deseo de que a finales del año se prohibiera el uso de redes de enmalle de deriva. 
Me limito a recordarles el informe. 
No hace falta que explique por qué, como Parlamento, lamentamos tanto lo que pasa con las redes de enmalle de deriva. La Sra. Langenhagen ya lo ha descrito ampliamente. 
Menos del 20 por ciento de la captura total de lo que pescan sobre todo los pescadores italianos que usan redes de enmalle de deriva son atunes y peces espada, el 80 por ciento está compuesto de otras especies. 
No hace falta que les explique lo grave que es esto para el medio ambiente marino. 
Ahora me entero a través del Presidente en ejercicio del Consejo que la Presidencia neerlandesa quiere esmerarse por volver a debatir esta cuestión, es decir, la propuesta que se examinó por última vez el 22 de abril de 1996 en el Consejo. 
Quisiera pedirle que se tome en serio esta propuesta de la Comisión, a saber, la prohibición a partir del 1 de enero de 1998. 
Quisiera preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo cuándo lo examinarán y de qué modo el Presidente lo preparará en el próximo Consejo de Pesca. 
Señor Presidente, tres años hace ya que la Comisión presentó su propuesta de prohibición de las redes de enmalle de deriva y la decisión aún sigue bloqueada en el seno del Consejo. 
Aunque Gobiernos, como por ejemplo el italiano, están dispuestos a adoptar medidas para reducir la utilización de estas artes, estas iniciativas son a todas luces insuficientes, y hay Estados miembros que las han prohibido, pero mientras no se dé una prohibición generalizada la situación será exactamente igual. 
Se argumenta que hay flotas de terceros países que seguirán utilizando estas artes. 
No nos engañemos. 
Mientras que en la Unión Europea no se prohíban, será imposible actuar frente a terceros países para que dejen de utilizarlas. 
Por otra parte, la Unión Europea intenta justificarse mediante las acciones de control. 
Estas acciones no afectan al fondo del problema y, por otra parte, su coste es exorbitadamente alto en relación con su eficacia. 
Hay razones de peso para prohibir la utilización de las volantas. 
En primer lugar, hay razones ambientales y de conservación de los recursos pesqueros. 
Con la utilización de estas artes, alrededor del 80 % de las capturas son accidentales y afectan enormemente a las especies protegidas. 
La prohibición de estas artes es fundamental, tanto por razones de conservación de los recursos como de protección de las especies en peligro. 
También existen razones de carácter económico, que aconsejan la prohibición de estas artes. 
Éstas son poco selectivas, afectan a otras pesquerías y ponen en muy mala situación a los pescadores que utilizan métodos selectivos de pesca. 
No nos engañemos. 
Estas artes ni siquiera benefician a los pescadores que las utilizan. 
Otro asunto es que algunos Gobiernos hagan de esto una cuestión de Estado. 
La situación de los mercados, la deficiente calidad de las capturas realizadas con este tipo de artes y las elevadas inversiones y amortizaciones hacen su utilización antieconómica. 
Es cierto que los pescadores son prisioneros de las inversiones que han realizado. 
El reducido beneficio que se obtiene de estas capturas provoca que las amortizaciones sean excesivamente largas. 
Algunos Gobiernos deberían afrontar con decisión, pues, el problema de reconversión, en beneficio de sus propios pescadores y de las generaciones futuras. 
La pesca en la Comunidad y en el mundo entero se enfrenta a una crisis sin precedentes. 
En su origen están la escasez de recursos y el problema de mercado. 
Las redes de enmalle de deriva son el ejemplo de lo que no se debe hacer en política pesquera. 
El Consejo debería ser consciente de ello y resolver esta cuestión de una vez por todas. 
He ahí un reto y una gran oportunidad para la Presidencia holandesa. 
Señor Presidente, también yo debo expresar, como otros colegas, cierta decepción por la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo, porque no creo que se pueda afirmar que falten propuestas constructivas. 
El problema es que tenemos ante nosotros una propuesta de la Comisión de 1994, pero también una toma de posición del Parlamento Europeo y también una resolución de las Naciones Unidas. 
Dada esta situación, sería de esperar que el Consejo adoptara decisiones coherentes y que, por tanto, la Presidencia de turno se esforzase por obtener resultados positivos. 
¿Por qué es importante la petición de una prohibición total de las artes de pesca llamadas spadare? 
La respuesta es que las spadare son artes no selectivas, como ya se ha recordado, y se utilizan no sólo en el Mediterráneo, sino también en el Atlántico; en particular, las utilizan barcos de pesca franceses, ingleses e irlandeses, si bien en los últimos años ha habido una tendencia a la disminución de esa práctica. 
Pero no hay duda de que el mayor tipo de repercusión se da sobre todo en el Mediterráneo. 
Podemos resumir dichas repercusiones así: según la Comisión Ballenera Internacional, las spadare, así llamadas porque se emplean para la captura del pez espada, matan todos los años unos 5.000 delfines y decenas de cachalotes. 
Además, la especie para cuya captura se emplean, el pez espada, constituye sólo el 17-18 % de las capturas. 
Ello revela el carácter no selectivo de ese tipo de pesca. 
Además, según la FAO, la población del pez espada está superexplotada. 
Eso significa que una disminución del esfuerzo de pesca entrañaría un aumento en peso de las capturas que actualmente están constituidas por ejemplares jóvenes que en muchos casos nunca se han reproducido. 
Pero, ¿cuál es la situación actual? 
En el Mediterráneo, zona que corre mayor peligro, operan una flota italiana y cada vez más flotas de otros terceros países. 
Para poder controlar a los terceros países, la única solución es la de decir que la Unión Europea ha dejado de utilizar las spadare y establecer con terceros países relaciones comerciales que desincentiven su utilización. 
Sólo ésa es la solución creíble. 
En cuanto a los 2, 5 kilómetros de longitud de las redes, o son convenientes o no lo son. 
Si son convenientes, no se comprende la razón de las lementaciones; si no lo son, hay dos posibilidades: o los pescadores que dicen usar redes de 2, 5 kilómetros usan, en realidad, redes de mayor longitud o, evidentemente, conviene a ellos mismos una reconversión en otra dirección. 
Por esos motivos, el único modo de garantizar la renta y el futuro de la pesca también para los pescadores italianos es el de prohibir definitivamente las spadare, iniciar un proceso de reconversión, utilizar métodos más selectivos y menos peligrosos para el medio ambiente y entablar, por tanto, relaciones con terceros países que propicien el control de las spadare utilizadas en esas zonas. 
Señor Presidente, por qué relanzamos hoy el debate sobre las redes de enmalle de deriva, cuando los elementos científicos nuevos confirman su selectividad y mientras se desarrollan otros instrumentos de pesca que suscitan muchos interrogantes, tales como el «naveran». 
Por qué queremos resucitar, a toda costa, una polémica que se había acallado para el mayor beneficio de todos. 
Las dos últimas campañas de pesca de bonito en el Atlántico Norte, en efecto, han demostrado el comportamiento responsable de los «fileyeurs» que han respetado estrictamente la limitación de los 2, 5 km. Los numerosos controles tanto nacionales como comunitarios de que han sido objeto los atuneros franceses dan testimonio de ello. 
Estas campañas han demostrado asimismo que los barcos pueden utilizar a la vez la red y la caña, técnicas ambas perfectamente compatibles. 
Por último, la prueba ha demostrado ser de una rentabilidad mínima en el marco de los 2, 5 km. No olvidemos que la aceptación de los 2, 5 km supone sacrificios importantes para numerosos pescadores. 
Se han producido abandonos y están todos los que naturalmente habían calculado la capacidad de su buque y su inversión en función de las normas existentes en aquel momento, la de los 5 km. El paso a 2, 5 km constituye para ellos un coste adicional especialmente gravoso. 
Por consiguiente, no es le momento de hacer creer que se podrían modificar de nuevo las reglas del juego. 
En lo relativo a las redes de enmalle de deriva, hay que dejar de hacer activismo por razones políticas y de mantener un clima de incertidumbre y de inquietud. 
Por el contrario, lo que nuestros pescadores necesitan es una estabilidad de las reglas del juego, un marco reglamentario duradero para poder ejercer su difícil oficio con la previsibilidad necesaria. 
Lo que hay que hacer, señor Presidente, es muy sencillo. 
En primer lugar, hay que recordar que las redes de enmalle de deriva son el instrumento de trabajo vital para numerosas comunidades de pescadores de Europa. 
A continuación, es preciso reafirmar que no hay más que una regla del juego que vale para todos y para todas las zonas de pesca, la de los 2, 5 km. Aunque sea dura, esta regla tiene al menos el mérito de ser clara. 
Por último, es preciso velar por que todo el mundo la aplique de manera escrupulosa, los terceros países, y por supuesto, los Estados miembros afectados que deben enviar in situ un barco de control en la próxima campaña. 
Señor Presidente, de este modo, y no echando leña al fuego, evitaremos la vuelta a los enfrentamientos del pasado, perjudiciales para todos, y la calma recuperada podrá instalarse de forma duradera en las zonas pesqueras. 
Señor Presidente, es la dirección que nuestro grupo desea ver tomar al Consejo con su sabiduría. 
Señor Presidente, mantenemos este viejo debate que se remonta ya a 1994, cuando Carmen Fraga- que es para el pez espada y el atún lo que Astrid Lulling es a la miel o yo mismo a la viña- la pasionaria del pez espada, suscitó este problema, esta lucha de la red contra la caña. 
En aquel momento, la Comisión había propuesto una prohibición, pero con un plazo de cuatro años que terminará a finales de diciembre de 1997. 
Por su parte, Carmen Fraga Estévez querían sin matices- con algunos, de todas formas- la prohibición inmediata, salvo para el Báltico- además, no sabemos por qué el Báltico- y el mar territorial, pero es verdad que la soberanía del Estado ribereño se ejerce sobre las doce millas. 
Entonces, se plantea un problema hegeliano. 
Es un problema dialéctico porque el bien y el mal no están sólo de un lado. 
Es verdad que se esgrimen argumentos económicos: centenares de pescadores españoles que, además, son los electores de Carmen Fraga; italianos. 
Fuimos con la Sra. Péry a Palermo donde están afectados 500 barcos de pesca italianos. 
Por otra parte, está el equilibrio financiero- el Sr. d 'Aboville y el alcalde de Luçon hablaban hace un rato de ello- el equilibrio financiero de sesenta empresas o de los sesenta barcos de la Isla d' Yeu, con todos los problemas de reconversión de las flotas. Nuestro compañero Baldarelli hablaba de ello hace un momento. 
Y además se esgrimen los argumentos ecológicos, verdaderos muros del Atlántico, de 20 km en el caso de Italia, contra lo que chocaría todo esto como en la gran época de la segunda guerra mundial. 
Las tortugas y los delfines morirían. 
Cuando miramos las cosas, simplemente, si me permiten, no hay más que un 2 % de residuos- pero ya es demasiado, estoy de acuerdo-. 
Desearía recordar lo que nos decían los pescadores de Sicilia cuando fuimos a verles. 
Nos decían que comprendían la suerte de los delfines pero que también ellos corrían el riesgo de desaparecer. 
Se dedicaban a la pesca de generación en generación. 
Los pequeños delfines corrían el riesgo de desaparecer, pero los pequeños pescadores también. 
Además, nos decían que a los coreanos y los japoneses nos les afectaría la prohibición. 
Entonces, ¿distinguirán los delfines entre una red coreana, una red japonesa y una red italiana? 
Esto plantea un problema. 
Existe también el riesgo de la pesca intensiva. 
Creo que el Sr. D ' Aboville decía hace un rato que, Dios mío, era algo así como el 12 % de las capturas. 
Así, por fin, la Comisión, por una vez, en su sabiduría, pero es raro- es preciso subrayarlo- había llegado a una especie de compromiso, que además venía de la ONU, que las Naciones Unidas habían aprobado en 1989, una red de 2, 5 km en lugar de una de 5 km. Si me permiten la expresión, se partía la red en dos. 
Una única red, un único artefacto. 
Pero con todos los problemas que ello plantea, todos los problemas de avería de la red, el tiempo que tarden en cambiarla, ello podría hacer perder al menos un día de pesca, si no más. 
Creo que a partir de este compromiso habíamos llegado a poner fin a este psicodrama, a la neurosis de la red en el Golfo de Vizcaya, todo ello bajo vigilancia, ¡ocho inspectores para vigilar el bonito, ocho inspectores de la CEE! 
Si las vacas británicas hubieran tenido tantos inspectores como el atún, probablemente no hubiéramos conocido ese otro drama. 
Así pues, la guerra del atún no tendrá lugar, porque la Sra. Fraga me comprenderá, dejémoslo en 2, 5 km. Es un compromiso y permitirá devolver la paz a las flotas del Golfo de Vizcaya. 
Señor Presidente, la palabra clave en esta cuestión es «equilibrio». 
Hay que buscar, en primer lugar, un justo equilibrio entre una actividad viable de la flota comunitaria y, por otra parte, la preservación de los recursos. 
A pesar de lo que han dicho algunos colegas franceses, el descenso de los túnidos en el Cantábrico es alarmante, debido, precisamente, al empleo de estas artes. 
Equilibrio significa, en segundo lugar, igualdad de trato para todos. 
Las volantas están prohibidas para los pescadores españoles y portugueses desde el tratado de adhesión de 1986. 
Pescadores de otro países emplean redes de hasta 2, 5 kilómetros y en el Báltico están permitidas redes de hasta 25 kilómetros. 
Pedimos que, independientemente de la zona, se prohíba el uso de las volantas con carácter general. 
Pedimos, al propio tiempo, al Consejo, que se enfrente directamente con la cuestión, se pronuncie por la prohibición y arbitre al propio tiempo las medidas de compensación adecuadas. 
Queremos llamar la atención también sobre la contradicción que supone el que se importen en la Unión grandes cantidades de pescado capturado por flotas extranjeras que usan estas redes. 
¿Podríamos seleccionar nuestras importaciones de tal manera que el freno a las redes de deriva no se limite a nuestras flotas y a nuestras aguas? 
Por último, señor Presidente, en el período transitorio la Comisión debe velar por un control mayor. 
Aunque insuficiente, los dos barcos fletados por la Comisión y otras medidas tomadas en la pesca costera del atún fueron determinantes a la hora de rebajar la tensión y de evitar los tristes sucesos del año 1994. 
Señor Presidente, somos contrarios a la propuesta de abolición inmediata de las redes de deriva en el Mediterráneo, porque afectaría sólo a la actividad de los pescadores comunitarios, mientras que los pesqueros de terceros países seguirían pescando sin normas ni control. 
Desde luego, nadie pretende afirmar que las redes de deriva sean inocuas o carentes de consecuencias sobre los recursos, pero es evidente que una abolición inmediata no sólo no daría los resultados esperados, sino que, además, parecería discriminatoria a los pescadores y tendría graves consecuencias en el plano del empleo. 
Dichas consecuencias serían aún más graves en Italia, si consideramos que esa actividad se lleva a cabo casi exclusivamente en zonas de objetivo 1 y no hay que excluir la posibilidad de que provocaran incluso problemas de orden público. 
Italia está demostrando ahora su voluntad de encontrar una solución. 
Se ha elaborado un plan sobre las artes de pesca llamadas spadare, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones profesionales, que establece la coparticipación financiera de la Comunidad. 
En el Consejo de Ministros de Pesca del pasado mes de diciembre ya se analizó y juzgó favorablemente la propuesta de apoyo financiero presentada por la Comisión. 
No obstante, ya se están armando los pesqueros para iniciar la campaña de pesca. 
Por tanto, es necesario que la Comunidad dé rápidamente una señal clara de su voluntad de resolver positivamente la cuestión de las redes de deriva en Italia para que los pescadores y los armadores no se encuentren de nuevo ante una atmósfera de incertidumbre y de precariedad a la hora de comenzar una campaña de pesca. 
Así, pues, el compromiso que pedimos, señor Presidente, al Consejo es el de adoptar cuanto antes las medidas de apoyo al plan italiano, teniendo presente su carácter extraordinario que justifica no sólo la necesidad de recurrir al IFOP, sino también la posibilidad de disfrutar de un acceso a otros fondos comunitarios, en los casos en que las cuotas destinadas a Italia no se utilicen plenamente. 
Señor Presidente, como algunos oradores que me han precedido en el uso de la palabra, yo querría decir también que la respuesta del Consejo me parece ampliamente insuficiente en lo que se refiere a este problema de la pesca con mallas de deriva. 
Yo me referiré únicamente al problema que se presenta en el Mediterráneo y a los perjuicios concretos que esta pesca con mallas de deriva ocasiona a los pescadores, concretamente de las Islas Baleares, que se ven ampliamente perjudicados por la presencia de más de 500 buques de pesca italianos que pescan con mallas de deriva. 
Se ha dicho muchas veces que el Mediterráneo es un mar enfermo, un mar que tiene problemas para la conservación de las especies. 
La conservación de estas especies pasa por la utilización de sistemas de pesca lo más selectivos posible y las mallas de deriva no son, en ningún caso, un sistema de pesca selectivo. 
Ya me he dirigido varias veces a la Comisión en relación con el perjuicio que ocasiona en las Baleares este tipo de pesca. 
Se había dicho y afirmado que la fecha de prohibición sería, a más tardar, diciembre de 1997. 
No veo en esos momentos que el Consejo tenga intención de cumplir estos plazos previstos, con grave perjuicio para algunos pescadores comunitarios. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, realmente sus palabras, señor Presidente en ejercicio del Consejo, son decepcionantes. 
Mis compañeros, los que me han precedido en el uso de la palabra, lo han dicho y me obligan a mí a repetirlo. 
Esperábamos mucho más de la Presidencia del Consejo y más todavía de la Presidencia holandesa. 
El actual impasse en el que se encuentra la legislación sobre las redes de enmalle a la deriva es, sencillamente, impresentable. 
La Comisión, se ha dicho aquí, ha pedido al final de este año que se supriman estas redes- el Parlamento lo ha reiterado en sucesivas ocasiones- y parece ser, Señorías, que vamos a tener que seguir haciéndolo así. 
Dejar pasar el tiempo sin solucionar este problema empeora la situación, resta credibilidad a las instituciones comunitarias y produce situaciones indeseables, como la actual italiana bajo las presiones norteamericanas, a las que aquí nos hemos referido también. 
Pronto comenzará otra campaña y con ella el riesgo de enfrentamiento entre flotas comunitarias y el despliegue de costosos medios de vigilancia y de control que pueden ser evitados, pues el problema no es otro que la manifiesta incompatibilidad entre artes de pesca, como aquí se ha dicho: las tradicionales, las selectivas y las respetuosas con el medio, por un lado, y las modernas redes de enmalle destructivas, por otro. 
Es sabido que las redes de 2, 5 kilómetros no son rentables. 
De la misma manera que el Gobierno italiano ha tomado medidas de reconversión con las correspondientes ayudas, así debería procederse en el Atlántico con los Estados que las utilicen todavía, con lo que se zanjaría definitivamente el problema que trae en vilo a los pescadores y cuesta todos los años importantes sumas al presupuesto comunitario. 
La nueva situación en el Mediterráneo, señor Presidente, la exclusión del Báltico que se propone, deben permitir una nueva mayoría en el Consejo que desbloquee definitivamente el problema, cumpliendo las peticiones de este Parlamento. 
El Consejo es quien puede y debe solucionar el problema. 
Y permítame que le diga que la Presidencia holandesa se encuentra en una inmejorable situación para apuntarse este histórico éxito político al no estar directamente involucrada. 
Pedimos, pues, al Consejo un ejercicio de responsabilidad política y de coherencia. 
Como no nos han satisfecho sus palabras, le pido que reflexione, después de lo que aquí se ha dicho, y que piense que cuenta con el apoyo mayoritario de esta Asamblea, que no cejará en el empeño hasta conseguir que la erradicación total de las llamadas «cortinas de la muerte» sea un hecho. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo aprovechar la oportunidad que me brinda este debate sobre la pesca para referirme a un incidente ocurrido frente a la costa suroccidental de Irlanda el pasado domingo, que fue un día claro y soleado, con la mar en calma y buena visibilidad. 
El incidente se produjo entre el buque irlandés de 16 metros de eslora, Exodus y el buque británico de 33 metros de eslora Seahorse, que tenía una tripulación española y portuguesa. 
Las autoridades irlandesas han iniciado una investigación. 
Propongo a la Asamblea que la Comisión se mantenga plenamente informada sobre la evolución de la investigación y que, a su vez, mantenga a la Comisión de Pesca debidamente informada. 
Espero que tengamos la oportunidad de debatir sobre el resultado de dicha investigación más adelante. 
Pido al Parlamento que transmita su pésame a los familiares del patrón Danny O ' Driscoll que falleció como resultado del incidente y, también, a la comunidad de Castletownbear. 
En lo que a mí respecta, no estoy decepcionado por la respuesta del Consejo ya que éste está siendo realista en lo que se refiere al tema de las redes de enmalle a la deriva. 
Si se tiene intención de prohibir las redes de enmalle a la deriva, lo lógico sería prohibir la pesca de arrastre o cualquier otro arte de pesca que pueda dañar el medio ambiente. 
Desde que se redujeron los límites a 2, 5 km, en mi país se ha producido un descenso de las capturas de atún del 66 %. 
No se ha llevado a cabo ningún análisis ni consulta entre el sector, y los científicos nunca han recomendado que se prohíba la pesca con redes de enmalle a la deriva. 
Señor Presidente, yo también deseo dar el pésame a los familiares del pescador que se ahogó frente a la costa meridional de Irlanda tras la colisión ocurrida el domingo. 
Deseo referirme a la pregunta del Sr. Arias y decir que admiro su tenacidad y la de la Sra. Fraga en esta cuestión. 
Pero es evidente que este asunto tiene dos caras. 
La principal causa del malestar del público en torno a todo este asunto de la pesca con redes de enmalle a la deriva son las prácticas que se llevan a cabo en el Pacífico, donde todo es completamente distinto, donde los túnidos nadan cerca de los delfines y donde las redes de enmalle a la deriva causan realmente la pérdida de otras vidas marinas además de la captura que se persigue. 
En el Pacífico, además, las redes llegan a medir entre 40 y 50 km de longitud, y eso presenta una situación completamente distinta de la que tenemos en el Atlántico. 
Debemos recordar que una red de 2 1/2 kilómetros de longitud abarca una distancia de aproximadamente 1.500 metros cuando se despliega en el Atlántico. Es una longitud de red bastante insignificante en situaciones semejantes. 
Debemos recordar que no estamos tratando sobre el Atlántico. 
Lo que quiero decir es que debemos intentar encontrar una solución. 
Existen dos problemas, pero lo que tenemos aquí es principalmente un conflicto de intereses entre los franceses, por un lado, que utilizan redes largas, y los españoles, por otro. 
Lo que yo sugeriría es que si, como Comunidad, decidimos que no pueden utilizarse esas redes, habrá que compensar a las personas a las que se les impide ejercer la práctica legítima de pescar atún con redes. 
Una solución sensata sería que si los franceses, los irlandeses y los británicos son excluidos porque su sistema de pesca es inaceptable, evidentemente la flota española verá incrementadas sus capturas, y podrían conceder a los británicos, los irlandeses y los franceses otras cuotas de valor similar y todos estarían contentos. 
El atún se pescaría de la manera aceptable para nosotros, y los franceses, los irlandeses y los británicos no tendrían que soportar ninguna pérdida. 
Ésa es una solución obvia: ofrecer una compensación financiera o de otro tipo. 
No debemos valernos de argumentos ambientales ilegítimos para condenar una práctica que sabemos y que está científicamente demostrado que no tiene implicaciones aparte de la captura de atún. 
En el sector pesquero es lícito y necesario el incremento de la productividad. 
Pero siempre y cuando se acompañe de un incremento de la selectividad. 
Y las redes de deriva no cumplen este carácter selectivo y, además, ponen en riesgo el equilibrio recurso/producción que ha sido anteriormente mencionado. 
Un ejemplo: ¿Se imaginan ustedes, como hipótesis catastrofista, que los 400 barcos vascos y gallegos utilizasen estas redes? 
Ello supondría la desaparición inmediata del recurso de túnidos en el Golfo de Vizcaya. 
Riesgo ambiental por tanto, falta de rentabilidad, incompatibilidad con las artes tradicionales sobre las mismas aguas, conflicto entre flotas, dificultad de control real y riesgo de sanciones comerciales. 
Por tanto, hay que actuar. 
Y yo me permito lanzar a la Presidencia holandesa una propuesta concreta: desde la Presidencia del Consejo ustedes pueden liderar un acuerdo entre los Estados miembros para resolver definitivamente este problema. 
Usted, señor Presidente del Consejo, hablaba de explorar iniciativas para alcanzar la mayoría cualificada en el Consejo. 
Exploren la posibilidad de excluir al mar Báltico de esta iniciativa, estableciendo la prohibición definitiva de estas redes a partir del 31 de diciembre de 1997. 
E intenten unir en torno a esta iniciativa a Estados como Italia, cuyo ministro de pesca, el Sr. Pinto, se manifestaba el pasado 29 de noviembre en Venecia a favor de la desaparición de estas redes en el Mediterráneo, a cambio de las medidas compensatorias que usted ha descrito como alternativa socioeconómica. 
Los Estados que se pueden oponer a estas medidas- Reino Unido, Francia e Irlanda- no constituyen una minoría de bloqueo. 
Pero pueden ustedes incluso sumarlos a una mayoría, con un plan alternativo dirigido a reconvertir también a los utilizadores de redes de deriva en el Atlántico, un plan financiado con los recursos del IFOP que podría, a lo largo de los años 1997 y 1998, financiar: primero, el coste de las inversiones en redes de deriva que han realizado previamente; segundo, la formación de estos pescadores en técnicas más selectivas para pescar las mismas especies- el atún -; y tercero, las inversiones necesarias para esta reconversión. 
Hagan ustedes el esfuerzo de convencer a gobiernos como el británico, que durante la pasada campaña ha gastado 600.000 libras para controlar una pesquería cuya captura total se ha valorado solamente en 400.000 libras y estaba producida por sólo cinco barcos. 
Esta es un vía alternativa, la otra es continuar con un problema ambiental no resuelto, un conflicto latente en aguas comunitarias, unos costes importantes para la Comisión, unos incumplimientos de la reglamentación que los informes de la Comisión nos describen anualmente y, por fin, la amenaza de unas sanciones comerciales estadounidenses que afectarían negativamente a todo el mercado comunitario si el problema italiano no se resolviese. 
Ustedes, la Presidencia holandesa, tienen la palabra. 
Como hemos oído, el Sr. Imaz San Miguel ha concedido el uso de la palabra al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Me imagino que el Ministro Patijn deseará responder, dado que varios diputados han criticado su intervención anterior. 
La Presidencia neerlandesa, los neerlandeses en general, son famosos porque saben manejar bien el agua. 
Por desgracia, todavía no domino del todo el arte de caminar sobre el agua. 
Y es eso lo que se espera de mí cuando se trata de llevar a buen término la toma de decisiones en el Consejo sobre la propuesta de la Comisión de abril de 1994. 
Con toda la buena voluntad del mundo, no es posible lograr una mayoría cualificada en el Consejo en torno a la actual propuesta de la Comisión. 
Es lamentable, es cierto, pero es una realidad política, y esto significa que sobre la base del Tratado de la Unión Europea, nuestra constitución común, no se logrará una decisión legal. 
Por lo menos, hay dos vías para lograrlo. 
O la Comisión Europea adapta su propuesta a fin de que diversos Estados miembros que se oponen, puedan estar de acuerdo, pero me temo que eso no le apetezca demasiado a la Comisión Europea, pues luego tendría que explicar por qué ha adaptado su propuesta y tendría que soportar las críticas, tal como lo hace ahora la Presidencia del Consejo; o bien la Presidencia del Consejo intenta batir a la Comisión Europea presentando su propia propuesta de compromiso, pero para ello se requiere la unanimidad y esto es absolutamente imposible. 
Nos han incitado ustedes a que nos lo juguemos todo para lograr llevar a buen término la propuesta de la Comisión de abril de 1994 en el Consejo. 
Si vemos una oportunidad, lo haremos, pero los neerlandeses no pueden caminar sobre el agua. 
La otra vía- aunque al parecer está bloqueada temporalmente por razones políticas- consiste por ejemplo en tomar medidas que se consideran ahora sobre la base de las propuestas del Gobierno italiano, para eliminar gradualmente el uso de redes de enmalle de deriva con medidas estructurales dirigidas a las comunidades pesqueras en Italia, y reemplazarlas por otras técnicas u otras actividades económicas. 
Hay una propuesta de la Comisión, creo que de diciembre del año pasado, para la que se ha pedido el dictamen del Parlamento Europeo, y quisiera rogarles encarecidamente que no bloqueen esta segunda vía y que emitan cuanto antes su dictamen sobre la propuesta, para que en cualquier caso se pueda hacer algo a este respecto, lo cual quizás tenga un efecto palpable en el Mediterráneo. 
La conservación del medio ambiente marino es una prioridad del Consejo y de todos, pero en la realidad política de cada día tendrá que sopesarse en todas las circunstancias frente a los intereses económicos y regionales. 
En caso de que en esta consideración tengamos éxito en el Consejo, habrá una decisión, pero si en la diversidad de la Comunidad no se logra un acuerdo, no habrá decisión, y por desgracia he de comunicarles que en estos momentos es poco probable que lo logremos. 
Salvo que puedan ustedes dar cierto margen a la Comisión Europea a fin de que adapte su decisión para que quizás sí se logre una mayoría en el Consejo. 
No podemos continuar el debate, señor Eisma, porque aún tenemos un asunto en el orden del día. 
En cualquier caso, ¿sobre qué punto exactamente quiere intervenir? 
La disposición que ha expresado el Presidente del Consejo de adaptar el propuesta de la Comisión, ¿está también presente en la Comisión? 
Señor Presidente, en nombre de la Comisaria Bonino quiero subrayar que también la Comisión lamenta que no se haya avanzado en esta materia en el Consejo. 
Hemos oído que la propuesta de la Comisión lleva allí desde 1994, y según la información de que dispongo, la Comisión ha indicado en varias ocasiones al Consejo que su actitud es positiva ante una solución de compromiso que tiene posibilidad de alcanzar una mayoría cualificada. 
No puedo hacer otra cosa que repetir, lo que tengo entendido que se ha dicho en varias ocasiones. Estamos a favor de una solución que mire por los intereses económicos de las flotas en juego y por los aspectos medioambientales pertinentes. 
Señor Presidente, una moción de orden. 
Brevemente: considero que la Comisión no ha contestado a la pregunta del anterior diputado y pediría que en próximas fechas la Comisión manifieste si, efectivamente, piensa asumir un papel activo en la elaboración de una nueva propuesta. 
Pesca frente a las costas de Angola y Guinea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0013/07 del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0323- C4-0475/96-96/0176 (CNS) ) relativo a la celebración del protocolo que determina, para el período comprendido entre el 3 de mayo de 1996 y el 2 de mayo de 1999, las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Angola sobre la pesca frente a las costas de Angola; -A4-0385/96 del Sr. Macartney, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0111- C4-0270/96-96/0084 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997, las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la pesca en alta mar frente a la costa guineana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, desde 1987 la Unión tiene acuerdos de pesca con Angola: inicialmente, un acuerdo de tres años y, posteriormente, acuerdos renovados cada dos años. 
El acuerdo actual, en vigor entre mayo de 1996 y mayo de 1999, abarca las flotas de cinco Estados miembros- España, Portugal, Francia, Alemania y Holanda- e incluye una ampliación considerable de las posibilidades de pesca. 
Mantiene los niveles de capturas para gambas y camarón- especies muy valorizadas -, amplía substancialmente la pesca de los palangres de fondo y de superficie e introduce una gran innovación que es la pesca pelágica de especies como el jurel y la caballa. 
Este acuerdo tiene un costo total de 40 millones de ecus, lo que representa un aumento considerable en relación con el acuerdo anterior, cuyo costo era de 18, 5 millones de ecus. 
Hay tres razones fundamentales para este aumento del costo: la primera y más importante razón es el aumento del período de duración del acuerdo, o sea, que pasamos de dos a tres años; la segunda es un aumento notable de las posibilidades de pesca por parte de la flota comunitaria; y la tercera es la actualización de los costos de compensación al Estado angolano, que no se habían revisado desde 1992. 
Quisiera subrayar que este acuerdo también es innovador en otras esferas, en particular revela un gran respeto por el principio de conservación de los recursos haliéuticos, ya que se establece la posibilidad de decretar paradas biológicas a partir de datos científicos que las justifiquen. 
También impone límites máximos de capturas en algunas especies más delicadas, como, por ejemplo, la del camarón. 
Por otro lado, quisiera subrayar que, pese a que éste- como, por lo demás, todos los acuerdos de pesca- es un acuerdo comercial, respeta principios de cooperación y de desarrollo, en particular porque financia actividades como la investigación científica de los recursos haliéuticos, becas de estudio, promoción de la flota pesquera local, y dispone incluso el aumento de tres a cinco del número de marineros que pueden embarcar en los buques comunitarios, además de establecer la formación profesional de dichos marineros. 
Nuestra conclusión, como ponente, es la de que se trata de un acuerdo positivo para ambas partes: para la Unión Europea y para el Estado de Angola. 
Es positivo también porque amplía de dos a tres años el período de duración, lo que permite dar alguna estabilidad a los armadores que allí arriesgan sus capitales. 
Por último, quisiera señalar a la atención de este Parlamento y de la Comisión los habituales retrasos en la consulta al Parlamento Europeo, ¡algo que ya forma parte de nuestra historia! 
De hecho, conviene recordar que este acuerdo fue firmado por la Comisión con Angola el día 2 de mayo de 1996 y hasta el 12 de septiembre no se consultó al Parlamento Europeo para que emitiera su dictamen. 
¡Caso curioso! 
El día 12 de septiembre, o sea, dos semanas antes del plazo de pago de la primera prestación. 
Aquí hay algo que no funciona bien. 
El ponente hace constar que, de hecho, para que haya respeto digno de las instituciones, es necesario modificar los mecanismos administrativos y políticos a fin de que se tramite la consulta al Parlamento Europeo en los plazos adecuados y su dictamen pueda tener un peso específico en el proceso de adopción de decisiones. 
No creo que sea pedir demasiado. 
Señor Presidente, quisiera hacerme eco de algunos de los puntos que ha expuesto mi colega, Sr. Cunha. 
Permítame decir que cuando me disponía a elaborar un informe sobre este asunto, decidí, en primer lugar, dar un paso bastante inusual que consistió en consultar a la Embajada de la República de Guinea en un intento de incluir su opinión en el informe. 
Recomiendo esta metodología a otras personas que se encuentren en la misma situación, porque la Embajada apreció en gran medida que nos interesara conocer su opinión. 
El acuerdo ya se había celebrado por lo que no fue posible cuestionar ningún aspecto del mismo. 
Pero me hicieron algunos comentarios en nombre del Gobierno guineano que pude incluir en mi informe. 
En primer lugar, debo decir que Guinea depende desesperadamente de los ingresos procedentes de los acuerdos como éste para sus funciones gubernamentales ordinarias. 
Por tanto su posición es bastante débil debido a su enorme dependencia de los ingresos de la UE. 
No obstante, el acuerdo presenta algunos cambios que apuntan a la interesante posibilidad de utilizar estos acuerdos para fines de desarrollo. 
A menudo hablamos sobre el dilema de si estos acuerdos deben ser acuerdos comerciales o instrumentos de desarrollo. 
El Parlamento ha reiterado la necesidad de que sigamos avanzando hasta verlos convertidos en instrumentos de desarrollo. 
El Sr. Crampton ha defendido esta causa en su intervención ante el Parlamento, al igual que muchos otros. 
Por ello es bueno comprobar que el acuerdo con Guinea comienza a avanzar en esa dirección. 
Por ejemplo, por primera vez se incluye en el acuerdo la concesión de ayudas específicas a la investigación científica y al estudio y la formación, y se asignan cantidades de la ayuda a ingresos generales, una parte de los cuales se destinará- ésta es siempre la defensa de este tipo de sistemas -, tras sortear las prioridades del gobierno responsable, a las escuelas, los hospitales y al desarrollo de este tipo. 
Por lo que no debemos descartar en absoluto ese aspecto. 
No obstante, el potencial de estos acuerdos es enorme. 
Un país como Guinea, que es uno de los más pobres de África, tiene un gran potencial si consigue la estabilidad, que creo que ahora ha conseguido a pesar de la inestabilidad en la región, si consigue explotar la riqueza que posee. 
Ello supone un problema porque se enfrenta a la invasión de buques extranjeros. 
No me refiero a los buques de la UE- al menos nosotros tenemos un acuerdo que regula la pesca -, sino a una serie de flotas procedentes del resto del mundo, en particular de Asia que, como ha podido saberse, viola las aguas territoriales de la República de Guinea. 
Guinea es en la actualidad un país muy vulnerable. 
Debemos realmente estudiar ese problema en el seno de la UE y buscar una solución para la región de toda la costa occidental de África. 
Sé que una medida de este tipo sería bien acogida por la mayoría de los países africanos con los que mantenemos acuerdos. Se sienten vulnerables ante la zalamería o la invasión llana y simple de los buques procedentes otras partes del mundo fuera de la UE. 
En 1958, Guinea se hizo famosa en África porque cuando De Gaulle preguntó a las colonias francesas si estaban dispuestas a aceptar la nueva Unión francesa de todas las colonias, todas dijeron que sí menos Guinea que dijo que no. 
Y el famoso «no» de Sekou Touré desató una serie de represalias de los franceses. 
Guinea sufrió graves consecuencias por alzarse en defensa de sus principios y proclamarse independiente. 
Irónicamente, todas las demás colonias que habían dicho «sí» también consiguieron la independencia dos años más tarde; no se les hizo ninguna pregunta y recibieron ayudas considerables. 
Siento una profunda admiración por los guineanos por haber defendido su independencia, pero aún deben hacer frente a las consecuencias que aún arrastra aquella decisión. 
Por ello, cuando nos dirigimos a países como Guinea debemos ser generosos en nuestra interpretación. 
Para terminar, quisiera decir unas palabras sobre los comentarios que han hecho otras comisiones parlamentarias. 
Las observaciones de la Comisión de Presupuestos relativas al procedimiento son absolutamente acertadas. 
Este Parlamento siempre hace la misma observación y dice: » queremos involucrarnos y queremos que se nos consulte antes de que se celebre el acuerdo» , pero nunca se le escucha. 
La Sra. Jöns lo ha expuesto con toda claridad y deseo apoyar todos sus argumentos. 
Asimismo, la Comisión de Desarrollo y Cooperación, como ya he dicho, hizo una observación completamente acertada al afirmar que estos acuerdos deben considerarse herramientas de desarrollo. 
Estos acuerdos son importantes y en el Parlamento los tomamos muy en serio. 
Deseo, no obstante, que el Consejo y la Comisión nos incluyan en el procedimiento de una manera más eficaz para que podamos realmente sentirnos parte de ese proceso. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, hablo aquí en nombre de la Comisión de Presupuestos y quisiera destacar lo siguiente: en ambos acuerdos- como lo han dicho ya quienes me han precedido en el uso de la palabra- nos hallamos ante acuerdos que fueron firmados ya en 1995 y 1996. 
La historia de estos acuerdos muestra una vez más cuán importante era que mejorásemos, por fin, el procedimiento, el procedimiento para la información y para la participacion de nuestra Asamblea en la tramitación jurídica de los acuerdos internacionales de pesca. 
En cualquier caso, espero que este tipo de trato dado a una parte de la autoridad presupuestaria quede como perteneciente al pasado. 
Asegurar esto es la meta y el objetivo del code of conduct que hemos aprobado con el presupuesto de 1997. 
Ser consultados a los cuatro o cinco meses de haberse firmado los acuerdos es ya algo fuerte. 
Pero que luego el Consejo decida la aplicación provivional y que además la Comisión pague también después sumas no insignificantes a Guinea y a Angola, en concreto, una vez 2, 7 millones y otra vez 13, 5 millones de ecus, sin que haya mediado un dictamen nuestro, constituye algo muy grave. 
Por consiguiente, como ha sido usual en los los últimos años, la Comisión ha considerado la decisión del Consejo sobre la aplicación provisional como un fundamento jurídico suficiente para el pago de la primera remesa. 
Casi se podría creer que nuestra opinión ya no interesa. 
Por consiguiente, insto ahora al Consejo y a la Comisión- y lamento que el Consejo no se encuentre presente ya aquí- a que en las negociaciones futuras en materia de acuerdos de pesca se atengan al code of conduct, al compromiso adoptado de informar precisamente a tiempo y por completo tanto a la Comisión de Pesca como a la Comisión de Presupuestos sobre la marcha de las negociaciones y sobre los efectos económicos. 
En cualquier caso, así lo hemos acordado conjuntamente, digo conjuntamente, en el code of conduct. 
Por lo demás, el code of conduct establece que el Consejo, la Comisión y el Parlamento hagan lo posible por llevar a cabo de la manera más rápida posible el proceso de tramitación jurídica. 
Pero esto significa también- y pido a la Comisión que tenga en cuenta esto una vez más- que la Comisión inicie también, por fin, sus conversaciones con los estados terceros a su debido tiempo para que quede tiempo suficiente para un procedimiento regular de tramitación jurídica. 
Sería bueno que estas demandas no debieran repetirse, a la manera de un molino de plegarias, durante otros dos años más. 
Señor Presidente, uno de los aspectos clave de la situación global de la pesca en estos momentos es la fuerte disminución de las reservas a nivel mundial. 
Debemos preguntarnos a qué se debe. 
Una de las principales causas que siempre se han relacionado con la disminución de las reservas es la sobrecapitalización de la flota pesquera mundial, y uno de los motivos de dicha sobrecapitalización son las grandes sumas de dinero que destinan los gobiernos nacionales a subvencionar a las industrias pesqueras de gran distancia. Eso significa en sí mismo que se produce una carrera para pescar con el fin de ganar lo suficiente para mantener ese capital y que se celebran acuerdos con distintos países con el fin de desplazar el volumen de pesca de sus propias aguas territoriales hacia otras ZEE del mundo. 
Eso es exactamente lo que persiguen los acuerdos de pesca celebrados por la Unión Europea. 
Son esas subvenciones las que han originado el exceso de capacidad que provoca, a su vez, la disminución de las reservas pesqueras. 
Es un ciclo al que se deberá poner fin si queremos proteger las reservas pesqueras para los pescadores de un futuro lejano. 
Por ello el Grupo de los Liberales de este Parlamento es el único que se enfrenta realmente a la realidad y sostiene que hay que poner fin a las subvenciones públicas de los acuerdos de pesca. 
En este sentido hemos presentado enmiendas a estos dos acuerdos en las que decimos que las flotas pesqueras, los buques y los mismos propietarios que se benefician de dichos acuerdos deben correr con todos los gastos que éstos suponen, y que deben dejar de depender de los contribuyentes de la UE- no porque eso sea malo en sí mismo, sino porque a través de las subvenciones hemos sobrecapitalizado el sector y se están esquilmando las reservas. 
Pido a este Parlamento que apoye dichas enmiendas para garantizar que salvaguardamos nuestras reservas pesqueras y las comunidades de pescadores de cara al futuro. 
Señor Presidente, el presente dictamen es una vez más un pro forma, o sea, una intervención formal en el proceso legislativo sobre un acuerdo ya en ejecución. 
Y en este marco no es de extrañar que en el Parlamento Europeo aumenten, en número y en aprensión, las voces críticas para con los acuerdos internacionales de pesca. 
Problema institucional, pero también de procedimiento, de método, porque la Comisión coloca sistemáticamente al Parlamento ante esta situación. 
Pero es importante que de ello no resulte un castigo tan sólo para los pescadores y para las poblaciones, que dependen de esta vertiente incontrolable de la política de pesca: los acuerdos internacionales de pesca. 
Un planteamiento de estos acuerdos basado únicamente en el binomio costo-beneficio es reductor, limitado, equivocado; al final, pretende tan sólo acabar con dichos acuerdos internacionales de pesca. 
Contra semejante marea, he de decir que éste es un buen acuerdo- el acuerdo con Angola- para la Unión Europea y para Angola. 
Así lo aprovechan los armadores y los pescadores comunitarios utilizando plenamente las posibilidades de pesca ahora negociadas. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho sobre la falta de consulta a este Parlamento, y espero que la Comisaria que se encuentra presente así lo comunique a la Comisión. 
Necesitamos participar plenamente en la presentación de estos acuerdos de pesca desde un comienzo. 
Al igual que el Sr. Maccartney, me desplacé hasta el Ministerio de Pesca angoleño y hablé con los responsables, que expresaron su profunda preocupación. 
Estaban dispuestos a suscribir el acuerdo porque necesitan el dinero. 
No creo que estos países en desarrollo, especialmente países que han atravesado por una situación tan trágica como Angola, deban verse forzados a adoptar esa posición. 
Pero necesitan el dinero y reconocieron sin rodeos que no creían que pudieran supervisar el cumplimiento de este acuerdo. 
No podrán supervisar 1.500 km de costa con siete buques anticuados y sin ningún avión, por lo que debemos ayudarles. 
Debemos ayudar a estos países en desarrollo. 
Nuestros acuerdos de pesca deberían ser coherentes con nuestra política de desarrollo. 
Éste es el tema, o uno de los principales temas, del informe que tengo previsto elaborar para este Parlamento en mayo. 
Debo hacer hincapié en esto. 
Todos tenemos responsabilidades, especialmente para con el mundo en desarrollo y, en particular, con los países que fueron nuestras colonias en el pasado y a los que no hemos demostrado el respeto que merecen. 
Debemos ayudarlos a desarrollar sus propias industrias pesqueras para que a largo plazo- y hago hincapié en esto, porque será a largo plazo- puedan exportar sus propios productos pesqueros y obtener el valor añadido de sus industrias pesqueras para su propio desarrollo. 
Señor Presidente, creo que es un motivo de satisfacción el que se hayan renovado los Acuerdos de pesca con Angola y Guinea, que benefician a los pescadores y consumidores europeos e, igualmente, a Angola y Guinea, que cuentan así con una fuente de ingresos importante. 
El beneficio mutuo se asegura por el hecho de hacer complementarias las actividades tanto de las flotas locales como de la europea. 
Y también porque se refuerzan con ambos países la cooperación, que aquí se ha mencionado, y las ayudas a sus sectores pesqueros, por medio de programas técnicos y de formación profesional práctica, por ejemplo. 
Se trata de unos protocolos, creo yo, equilibrados y justos, y que suponen para la Unión Europea un coste razonable. 
Hay que ayudar, por supuesto, también a los países ACP a ejercer medidas de control en sus aguas, con el fin de garantizar el mantenimiento de los recursos, pero también expulsando a estos buques industriales que faenan ilegalmente. 
Tenemos que denunciar como tantas veces el hecho de que la Comisión y el Consejo relegan al Parlamento Europeo a un papel muy marginal, que no le corresponde, en asuntos presupuestarios. 
La información que nos proporciona la Comisión es normalmente muy escasa y la consulta al Parlamento Europeo- que es una de las ramas presupuestarias- casi no se hace; todo llega tarde, mal y cuando los acuerdos ya han entrado en vigor. 
Creo que el Parlamento Europeo debe actuar. 
Pero tiene que tener sumo cuidado, cuando quiera dar una patada al Consejo y a la Comisión para que se muevan, para no alcanzar, contra nuestra voluntad, las posaderas de nuestros propios pescadores. 
Y hay que desterrar, creo yo, la imagen que algunos, con mala conciencia, tienen de estos Acuerdos de pesca con países ACP: ni son acuerdos nocivos para sus poblaciones ni perjudican al sector pesquero local. 
La Unión Europea paga una justa compensación financiera por ello y estos acuerdos tienen unos efectos benéficos para el desarrollo de estos países, al tiempo que aseguran la actividad pesquera de nuestros pescadores. 
Señor Presidente, la Comisión quiere, ante todo, dar las gracias a los ponentes por los dos excelentes informes sobre los acuerdos de pesca. 
En cuanto al nuevo Protocolo aplicable al Acuerdo de pesca con Angola, quiero manifestar que éste amplía las posibilidades de capturas. 
Se mantienen las posibilidades de pesca de gambas, y se ha introducido un nuevo tipo, la pesca pelágica, que abre el acuerdo a otros países comunitarios como Alemania y los Países Bajos. 
Me parece importante subrayar que la duración del Protocolo ha sido ampliada de dos a tres años, con lo que la UE ha obtenido condiciones más estables. 
El Anexo al Protocolo brinda por primera vez la posibilidad a las autoridades de Angola de introducir una parada biológica. 
La compensación financiera ha aumentado debido a la ampliación de las posibilidades del nuevo Protocolo. 
En cuanto a las enmiendas núms. 1 y 3, la Comisión las comprende, pero no las podemos aceptar. 
La Comisión garantiza ya la publicación de la información pertinente sobre la aplicación de los acuerdos, sobre todo en las reuniones en la Comisión de Pesca y antes de iniciar cualquier negociación. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 2, ya que durante la negociación del Acuerdo Interinstitucional únicamente los protocolos financieros para el Mar Mediterráneo se incluyeron en la clasificación como gastos no obligatorios. 
Los otros acuerdos quedaban exentos; por lo tanto, también los acuerdos de pesca. 
La Comisión no puede aprobar la enmienda nº 4, ya que el Consejo concede el mandato de negociación una sola vez para cada Acuerdo, y no al renovar cada protocolo. 
Al negociar las renovaciones de los protocolos, la Comisión se encarga de cumplir el mandato de negociación concedido por el Consejo. 
Con respecto al Acuerdo de pesca con Guinea, la Comisión opina que las nuevas condiciones conseguidas para la flota de la UE en aguas de Guinea garantizarán una aplicación más eficaz del Acuerdo, al tiempo que éste cumple los requisitos fundamentales de conservación de los recursos. 
Con el nuevo Protocolo, la Comisión y las autoridades guineanas han querido fomentar la vuelta de los buques pesqueros de la UE a las aguas guineanas, y han querido dotar a Guinea de recursos económicos que le permitan vigilar mejor su zona de pesca y luchar contra la pesca ilegal. 
Las disposiciones técnicas y financieras del Protocolo tienen este doble objetivo, sobre todo la disposición relativa a las ayudas financieras a la vigilancia de la pesca. 
En cuanto a las cuatro enmiendas propuestas, la Comisión no las puede aceptar. Las tres primeras no reflejan una clara distinción entre los objetivos, la lógica y los procedimientos específicos de los acuerdos de pesca con los países ACP, por un lado, y, los objetivos, la lógica y los procedimientos específicos del Fondo Europeo de Desarrollo, por otro. 
También hay que tener en cuenta que, a pesar de que los resultados buscados por la Comisión durante las negociaciones de los acuerdos de pesca son de carácter comercial, en el sentido de que se busca un equilibrio entre las concesiones mutuas, estos resultados deben cumplir y estar en conformidad con las medidas aplicables en el marco de la política de desarrollo. 
Respecto a la enmienda nº 4, la Comisión les recuerda que, según el Protocolo, Guinea no está obligada a presentar un informe sobre la aplicación detallada de los recursos mencionados en el artículo 6. 
No obstante, la Comisión tiene la intención de consultar a las autoridades guineanas sobre la aplicación de los mismos y a continuación remitirá la información al Parlamento Europeo en circunstancias apropiadas, en cumplimiento de los procedimientos de información vigentes. 
Finalmente, quiero decir que, por supuesto, me encargaré de que la Comisaria responsable, Emma Bonino, sea informada de que el Parlamento desea tener participación antes en el proceso. 
Señor Presidente, Señorías, pido disculpas por lo tardío de la hora, pero no quería dejar de manifestar ante la Comisaria la profunda decepción que he sentido por la respuesta que ha dado a nuestras modestísimas propuestas de enmienda. 
De hecho, debo decir aquí, ante el Parlamento, que la Comisión no da la menor señal de modificar la situación perfectamente ridícula y subalterna del Parlamento Europeo en esta materia de los acuerdos de pesca. 
E incluso en relación con la enmienda nº 3, que pide a la Comisión que nos presente en el último año del acuerdo un informe de ejecución, ni siquiera para aprobar eso manifiesta apertura la Comisión. 
Francamente, ¡alguien se está burlando de nosotros! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 24.00 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ha llegado a mi poder una carta que usted escribió a un ministro de Inglaterra, el Sr. Howard, indicando que no aprobaba una reunión con Roisín McAliskey en la prisión de Holloway; que no se trataba de una delegación oficial. 
No se pretendía que fuera una delegación oficial. Lo que se pretendía era que una delegación de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores visitara a Roisín McAliskey. 
Dicha delegación no iba a tener diputados irlandeses ni británicos entre sus integrantes. 
Desde una perspectiva humanitaria, quiero preguntarle por qué escribió esta carta al Sr. Howard. 
¿Con qué autoridad? 
¿Basándose a qué norma o reglamento escribió la carta? 
Si usted, al principio de su presidencia, va a comportarse de esta manera hacia Hedy d ' Ancona, diputada eminente durante muchos años, y hacia los demás diputados del Parlamento Europeo, me parece que su presidencia va a fracasar casi instantáneamente. 
Cuando vi esta carta dirigida al Sr. Howard, he de decir que me quedé absolutamente horrorizado, al igual que otros diputados del Parlamento Europeo a quienes se la enseñé. 
Señor Presidente, ¿sería tan amable de indicar a la Asamblea sobre qué base y por qué motivo escribió esta carta cancelando la visita de Hedy d ' Ancona y otros diputados de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores? 
Señor Andrews, con mucho gusto le contesto. 
La Conferencia de Presidentes, según el artículo 24 del Reglamento, es el órgano competente para todas las relaciones políticas de las comisiones de este Parlamento. 
Por esa razón, es práctica habitual que, cuando una comisión quiere pedir autorización para un desplazamiento, se dirija a la Conferencia de Presidentes, y la Conferencia de Presidentes la otorga o no la otorga. 
Por eso la carta que yo he enviado, la he enviado con conocimiento de la Conferencia de Presidentes, y para hacer constar que no era una delegación de comisión autorizada conforme a las normas del Reglamento. 
Yo tengo que hacer cumplir el Reglamento, guste o no guste. 
Si no se está de acuerdo con este procedimiento, hay una fórmula sencilla, que es cambiar el Reglamento y suprimir las competencias de la Conferencia de Presidentes y, entonces, cada comisión podrá enviar cuantas delegaciones o grupos quieran. 
Lo que no es posible, señor Andrews, es que una comisión, saltándose esta autorización, envíe a tres de sus miembros y aparezca en público que la comisión ha enviado una delegación. 
Porque a mí se me ha dicho que no era una delegación de la comisión, en una carta de su presidenta, Sra. d ' Ancona, y yo me he limitado a poner en conocimiento de las autoridades del Estado miembro que no era una delegación de la comisión. 
Precisamente porque había surgido una confusión en los medios de comunicación. 
Y si a mí la presidenta de la comisión, una vez pedida la información correspondiente, me dice que no es una delegación de su comisión, yo así lo comunico a las autoridades británicas. 
Porque se trata de que no haya equívocos... 
Señor Presidente, estimo sin embargo que si nos tratamos recíprocamente de manera normal y con respeto es lógico también que antes que usted se dirija por escrito al Ministro británico a fin de comunicarle que no se trata de una delegación oficial, puede usted dirigirse primeramente al Presidente de la comisión, que en este caso soy yo. 
¡No me parece ésa una manera correcta de actuar! 
Señora d ' Ancona, le recuerdo que yo le he pedido a usted información sobre el asunto, y usted me ha dicho en una carta que no se trataba de una delegación de su comisión. 
Yo, al ver que en la prensa aparecía como una delegación, me he limitado, con conocimiento de la Conferencia de Presidentes, a trasladar a las autoridades británicas lo que usted me decía en su carta. 
Lo que no se puede hacer es decir que no se envía a una delegación y luego dejar que exista un equívoco. 
Yo no puedo hacerlo, porque la Conferencia de Presidentes es la que debe tener el control, según nuestro Reglamento, de las relaciones de órganos de esta Asamblea que pueden tener una incidencia política. 
Es lo único que he hecho y creo que en esto la Conferencia de Presidentes, a la cual he informado, estaba perfectamente de acuerdo en que es necesario recordar a todas las comisiones de esta Asamblea que, cuando quieran enviar delegaciones, lo comuniquen y pidan la autorización correspondiente. 
Y si no, no son delegaciones y tenemos que comunicarlo así. 
Señor Presidente, sé lo importante que es para un jurista y Presidente de este Parlamento que se respeten las normas. 
Sin embargo, estamos hablando de la voluntad de los diversos grupos del Parlamento que deseaban que fuera una delegación. 
Si recibe usted una solicitud en regla para enviar una delegación oficial, ¿puede garantizarnos que va a dar su aprobación teniendo en cuenta las especiales preocupaciones de este Parlamento por motivos humanitarios? 
No hay nada extraordinario en que algunos diputados visiten a esta presa. 
Muchos diputados irlandeses la han visitado ya. 
Creo que sería simbólico y quizá útil que usted diera su aprobación a dicha solicitud. 
Señora Malone, me parece que he dicho dos veces, y digo por tercera vez con mucho gusto, que no es de mi competencia, sino de la Conferencia de Presidentes. 
Esa pregunta tiene usted que trasladarla a la Conferencia de Presidentes. 
Cualquier diputado, en su propio nombre, puede visitar una cárcel cuando quiera y sea admitido. 
En su propio nombre. 
No necesita autorización de esta Asamblea ni de la Conferencia de Presidentes. 
Una delegación de diputados, en nombre de una comisión o de una delegación, necesita que la Conferencia de Presidentes le dé ese permiso. 
Yo no se lo puedo dar, tengo que trasladar la petición en forma a la Conferencia de Presidentes. 
No puedo hacer otra cosa. 
Señor Presidente, querría enlazar con un comentario del Sr. Andrews. 
Ha dicho que usted había escrito una carta a... 
Ni una palabra más en relación con este asunto. 
Señorías, lo siento mucho, pero no podemos mantener un debate al respecto. 
Señor Presidente, deseo abordar otra cuestión que entra dentro de sus competencias, concretamente, el uso de la Cámara y de las instalaciones relacionadas con ella. 
En el pasillo he visto una exposición de fotografías de personalidades, a algunas de las cuales se las califica de famosas, pero entre las cuales hay alguna a la que yo calificaría de infame y una en concreto a la que calificaría de vergüenza absoluta. 
Me estoy refiriendo a la fotografía de Robert Maxwell. 
Robert Maxwell fue responsable de robar millones de libras de fondos de jubilados en mi país. 
Es responsable de ganarse con engaños la confianza de altos cargos políticos y recibir su apoyo en un momento en el que gozaba de autoridad. 
Es responsable de suprimir la libertad de expresión de la prensa de mi país por medio de pleitos. 
Así que le pediría, señor Presidente, que contemple la posibilidad de que se retire la fotografía del Sr. Maxwell de entre las expuestas fuera de la Cámara. 
(Aplausos) 
Señor Falconer, la autorización de las exposiciones es competencia de la Junta de Cuestores, a la cual traslado inmediatamente su requerimiento. 
Señor Presidente, sólo para aclarar algo que ha dicho antes alguien. 
El ministro del Interior de Inglaterra es, en realidad, el ministro del Interior del Reino Unido... 
Señor Thomas, le he dicho que no aceptaría una palabra más sobre este asunto. 
Señor Presidente, en relación con la votación sobre el informe Van Lancker, punto 49, segunda parte de la resolución definitiva, en el acta de la votación figura que he votado afirmativamente. 
Yo quería votar en contra. 
Por eso deseo que se haga constar esto en el Acta para que se rectifique el error. 
Muy bien, se tomará en cuenta y se hará constar en el Acta. 
Señor Presidente, a mí me ocurre lo mismo. 
Mi nombre figura entre los de los que han votado en favor de estos puntos. 
Yo he votado en contra. 
Así se corregirá. 
(El Parlamento aprueba el Acta así modificada) 
(La sesión, interrumpida a las 9.25 horas, se reanuda a las 10.40 horas) 
Régimen de tránsito comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
el informe A4-0053/97 del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario sobre el régimen de tránsito comunitario; y-el proyecto de recomendación A4-0054/97, en nombre de la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario. 
Señor Presidente, la Comisión de investigación se estuvo reuniendo durante quince meses y celebró 37 reuniones formales. 
Quiero expresar mi reconocimiento a la inmensa mayoría de los miembros de la comisión por su asistencia, diligencia y disciplina, que eran necesarias para obtener un informe con un grado mínimo de consenso que resultará imprescindible para que el informe se gane el respeto de la Comisión, los Estados miembros, el Consejo y los que intervienen en las actividades de tránsito. 
Recomiendo a todos los diputados de la Asamblea que lean al menos el volumen 1 y, si esto es excesivo, desde luego los capítulos 1 y 17 del volumen 1- el resumen ejecutivo y las recomendaciones- para que sepan claramente qué se está diciendo en su nombre. 
A algunos de nosotros este informe nos puede sonar a informe técnico, pero no lo es. 
Es un informe de carácter muy político y tiene una premisa de partida muy clara, que es que, pese a la crisis del régimen de tránsito y al daño ocasionado por los problemas que presenta, las disposiciones de tránsito son, sin embargo, de vital importancia para el mercado único y deberán cambiar para que puedan atender a las necesidades de este último. 
Deberán cambiar porque están desfasadas, inhiben el tránsito y fomentan el fraude y la corrupción. 
Para que los diputados se hagan idea de las sumas de dinero que confiamos al régimen de tránsito, es necesario comprender que dentro del total de 18 a 20 millones de operaciones de tránsito anuales a las que se ha referido al Sr. Kellett-Bowman, si es que son 18 millones, cada operación representa una excepción a las prerrogativas fiscales mientras las mercancías se encuentren en tránsito. 
El valor medio de dicha excepción a las prerrogativas fiscales es de 25.000 ecus. 
Si multiplicamos 18 millones de operaciones por 25.000 ecus veremos que a este sistema arcaico y basado en un soporte papel le hemos confiado 450.000 millones de ecus de deuda fiscal. 
He de decir que si un sábado por la mañana voy a comprar una lata de judías a mi cooperativa local de Walsall, lo cierto es que allí protegen su parte de esa lata de judías con un mayor control científico que el que nosotros aplicamos a la deuda financiera del régimen de tránsito. 
Así pues, hay en el sistema 450.000 millones de ecus de deuda fiscal y esto se confía a un sistema basado en papel, que recibe el visto bueno con un sello de caucho; sello que puede ser falsificado, robado o usado de forma corrupta por un funcionario de aduanas corrupto. 
¡No es suficiente! 
Las sumas de dinero estafadas al régimen de tránsito no sólo sustraen los propios recursos de la Unión Europea, sino también los ingresos de cada Estado miembro, porque al tiempo que roban nuestros recursos, estafan a los contribuyentes europeos del Estado miembro donde se recaudan el IVA y los impuestos especiales. 
Este es el motivo de que no nos limitemos a pedir, sino que estemos exigiendo a los Estados miembros que protejan nuestros intereses protegiendo los suyos propios y que actúen simultáneamente para defender los intereses de escala europea y nacional. 
El fraude representa no sólo una ganancia ilícita para el delincuente; representa políticas sacrificadas por la falta de recursos públicos; representa políticas que podría haber tenido la Comisión sin un incremento de los recursos propios; políticas que podrían haber llevado a cabo los Estados miembros sin incrementar los tipos fiscales. 
Por lo tanto, el fraude en este área no es sino una corrupción de nuestra democracia y, según piensa la Comisión de investigación, es preciso actuar. 
Hay que actuar más allá de la lectura del informe: actuar sobre las recomendaciones 1 a 6, que tratan del fortalecimiento de los servicios aduaneros; sobre las recomendaciones 7 a 13, que tratan del carácter apremiante de mejorar el control; 14 a 20, que tratan de las cuestiones jurídicas; 21 a 26, que tratan de la mejora del régimen de tránsito, incluida la informatización; 27 a 37, que tratan de las elecciones políticas que deben hacerse; y, para nosotros, la recomendación 38, que trata del seguimiento. 
Quiero añadir mi agradecimiento sobre todo a nuestro ponente, que ha servido fielmente a la comisión, y a todos los diputados, a la Secretaría, a los servicios técnicos desde la traducción hasta la impresión, a la Comisión y a los muchos testigos, sin cuyos testimonios no podríamos haber tenido las recomendaciones porque cada una de ellas se asienta sobre los testimonios que nos han dado. 
Recomiendo el informe a la Asamblea. 
Para terminar, doy las gracias en particular al Sr. Kellett-Bowman por la diligencia con que ha comunicado nuestros hallazgos a la Asamblea. 
Señor Presidente, Señorías, en otras ocasiones ya recalqué la calidad del trabajo llevado a cabo por la Comisión de investigación, que fue la primera constituida por el Parlamento Europeo. 
En especial, deseo dar las gracias a su presidente, Sr. Kellett-Bowman, y a todos los miembros de la Comisión. 
En nombre del Presidente Santer y de todos nuestros colegas, deseo hacer hincapié en la importancia que la Comisión Europea atribuye a este informe. 
El informe representa una importante aportación al debate sobre el tránsito aduanero. 
El mismo afirma y cito textualmente que «la Comisión de investigación ha logrado que la cuestión del tránsito pasara de los recovecos administrativos a la escena política» , afirmación en la que estoy plenamente de acuerdo y respecto a la que deseo subrayar su importancia para los trabajos de reforma que nos esperan. 
El informe pone en evidencia el papel fundamental de la aduana tanto para el funcionamiento del mercado único como para el comercio internacional y el crecimiento económico. 
A partir de la entrada en vigor del mercado único, las administraciones de aduana fueron objeto de un fuego cruzado. 
En primer lugar, el énfasis se centró en la eliminación de las fronteras y de los controles interiores. 
Muy a menudo dicho proceso se asoció simplemente a una acción de desmantelamiento de las estructuras. 
De esta forma, el papel continuado de la aduana en la gestión de la frontera exterior comunitaria, la preparación de los países candidatos con vistas a la ampliación, la lucha contra el fraude y el cumplimiento de los acuerdos comerciales, se dejó de lado y fue infravalorado. 
Quizás la misma Comisión Europea en su Programa de 1993, no tuvo en cuenta plenamente la importancia de los nuevos retos que esperaban a las aduanas y su análisis político se resintió de ello. 
En segundo lugar, los Estados miembros no han logrado y en cierto modo se han mostrado reticentes a adaptar sus administraciones aduaneras a las características comunitarias y han privilegiado las nacionales. 
También en este caso se trata, y estoy seguro de ello, de una cuestión de plena concienciación política. 
Señor Presidente, no es mi intención comentar en detalle cada capítulo o contestar a cada recomendación. 
Prefiero indicar de qué forma vamos a tener en cuenta las recomendaciones, especialmente las dirigidas a la Comisión, para definir nuestra política. 
Voy a agrupar brevemente mis observaciones en los que me parecen que son los cinco nudos fundamentales, puestos en evidencia por la Comisión de investigación. 
Y uso la expresión «puestos en evidencia» en sentido amplio y con admiración, ya que la Comisión de investigación ha realizado una reconstrucción política de los diferentes elementos y nos ha facilitado así una visión más clara del problema y de las soluciones necesarias. 
Los cinco puntos son: la cuestión del servicio aduanero europeo, los servicios encargados de las investigaciones, la reforma del régimen de tránsito, las relaciones con el espacio Económico Europeo y los PECO, y el problema de las deudas pendientes. 
En primer lugar, la cuestión del servicio aduanero europeo. 
El análisis de la crisis llevado a cabo por la Comisión de investigación revela que muchos de los problemas encontrados en el ámbito del tránsito se deben a anomalías de funcionamiento de la propia Unión aduanera que, por consiguiente, requieren una reforma global en el marco de la política aduanera. 
El informe reconoce que muchas de las dificultades que influyen en el tránsito dependen directamente del hecho de que la Unión aduanera está constituida por quince administraciones diferentes. 
Aunque el informe no llega a postular la creación de un servicio aduanero común, la Comisión constata que se solicita con fuerza el establecimiento de un marco europeo que consiga que funcionen- lo mencionó el ponente- los quince servicios aduaneros nacionales como si se tratara de uno solo. 
Éste es, en concreto, el objetivo más importante. 
Gracias al Parlamento, disponemos ahora de un instrumento para trabajar en pro de un objetivo, esto es, conseguir que quince administraciones aduaneras actúen como si se tratara de una sola. 
Deseo referirme a la Decisión «Aduana 2000» que se adoptó en el pasado mes de diciembre. 
Algunas de las recomendaciones formuladas por la Comisión de investigación figuran expresamente en la Decisión «Aduana 2000» y, habiendo colaborado intensamente con las delegaciones del Parlamento Europeo y del Consejo en los trabajos de conciliación, puedo manifestar que las líneas políticas expresadas por el Parlamento Europeo constan, de hecho, en la decisión. 
El segundo punto que voy a abordar brevemente se refiere a los servicios encargados de las investigaciones. 
La Comisión toma nota favorablemente de las recomendaciones relativas a la creación de un cuerpo de investigación común y de una oficina centralizada de investigación aduanera de la Unión Europea. 
Por otra parte, en el ámbito de la lucha contra el fraude, esto corresponde a la necesidad de una armonización de la gestión y aplicación de las normas, planteada por la Comisión de investigación en relación a los cometidos de los servicios aduaneros. 
La Comisión comparte plenamente este enfoque. 
No cabe duda de que esta idea no puede desarrollarse a través del Programa «Aduana 2000» , dirigido a otros fines. 
Mi colega, la señora Comisaria Gradin, estará encantada de contestar a las preguntas y profundizar sus líneas de acción al respecto. 
Es importante que se refuerce el papel de la Comisión en la actividad de control a fin de luchar contra el fraude de forma eficaz. 
Ello implicará una coordinación mucho más estrecha entre la Dirección General XXI y el trabajo de la UCLAF. 
Estrechamente relacionadas con las recomendaciones sobre la mejora de las estructuras de investigación y seguimiento, están las recomendaciones sobre la organización de las estructuras, los poderes y las competencias administrativas en los Estados miembros, así como las que se refieren a la cooperación judicial. 
Y al respecto, señor Presidente, deseo manifestar que el informe se presenta en el momento oportuno, ya que contribuye aún más, si cabe, a aclarar las cosas, porque es necesario que en la Conferencia Intergubernamental tengan éxito las negociaciones dirigidas a aumentar y fortalecer la acción común en las cuestiones que afectan al tercer pilar. 
Tercer punto: la reforma del régimen de tránsito. 
Al respecto, deseo desde ahora subrayar que la Comisión de investigación, partiendo de un análisis del sistema y de los graves problemas que conlleva, ha considerado oportuno enmarcar la cuestión en el ámbito de una problemática más general. 
En este sentido, mis servicios llevaron a cabo una amplia consulta tanto dentro de la Comisión como en los Estados miembros y los países pertenecientes al sistema de tránsito común, así como en el sector privado. 
Como sus Señorías saben, la Comisión de investigación participó activamente en este proceso que desembocó, a principios del mes de febrero, en la Conferencia sobre el tránsito europeo en la que participaron 250 representantes de los sectores público y privado, conferencia que contó con la alocución del Sr. Tomlinson. 
La Comisión desea ahora traducir los resultados de dichas consultas en una serie de acciones concretas. 
Le garantizo, señor Presidente, que la Comisión tendrá muy en cuenta las recomendaciones de la Comisión de investigación y, por otra parte, es mi intención someter a la aprobación de la Comisión el plan de acción para la reforma antes de finales de abril. 
La Comisión coincide con la conclusión general del informe, según la cual, a pesar de que precisan una reforma radical, los regímenes de tránsito son fundamentales para el comercio dentro y fuera de Europa. 
Permítanme decir que la Comisión del Presidente Santer ha llevado a cabo reflexiones desde el principio del mandato de nuestra Comisión a través de la comunicación del mes de marzo de 1995, seguida por la de febrero de 1996 y por el informe interino sobre el régimen de tránsito del pasado otoño. 
El trabajo de la Comisión de investigación que contribuye extraordinariamente a poner de manifiesto la situación y a dar un impulso político, será muy útil para poner en práctica las iniciativas. 
Cuarto punto: el Espacio Económico Europeo y los países asociados de Europa central y oriental. 
El informe ha manifestado serias preocupaciones con relación al funcionamiento del régimen de tránsito común y de su extensión a los cuatro países de Visegrado en el pasado mes de julio. 
Ya tuve ocasión de expresar mi opinión en torno a la conveniencia política y al fundamento técnico de dicha extensión, así como al hecho de que la misma por sí sola no ha comportado hasta la fecha consecuencias dramáticas. 
Deseo limitarme a hacer algunas observaciones. 
La Comisión considera que la existencia de tres diferentes tipos de régimen de tránsito- el tránsito comunitario, el tránsito común y el TIR- es cada vez más difícil de mantener. 
La Comisión va a presentar propuestas concretas para unificar el tránsito comunitario y el tránsito común en un único convenio. 
Asimismo, la Comisión está trabajando para lograr una más estrecha cooperación con Suiza, de la que el informe se ocupa ampliamente. 
A dicho fin, hemos firmado un acuerdo de asistencia mutua que representa no sólo un importante instrumento técnico, sino también la demostración de una concreta voluntad política de Suiza de colaborar con la Comisión. 
La Comisión asume plenamente su parte de responsabilidad en cuanto a la decisión de ampliar el régimen a los países de Visegrado. 
Dicho esto, sigo manteniendo el compromiso que adquirí ante la Comisión de investigación y sé lo importante que es este punto para los Sres. Tomlinson y Kellett-Bowman, en cuanto a que no se llevará a cabo ninguna otra ampliación del tránsito antes de la reforma e informatización del tránsito. 
Finalmente, señor Presidente, el quinto y último punto sobre el que deseo detenerme unos minutos, es un punto delicado: el de las deudas pendientes. 
Con relación a este problema, me limitaré a hacer un comentario sucinto y dejo a mi colega, el Comisario Liikanen, la tarea, en su caso, de informarles con más detalle. 
El informe de la Comisión de investigación pide una propuesta de la Comisión para cancelar las deudas pendientes en el caso de que las mismas sean imputables a una mala administración. 
Sin embargo, es difícil imaginar una propuesta en tal sentido que tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. 
El código aduanero prevé la posibilidad de reembolso o de extinción de la deuda en determinados casos, individualmente estudiados y motivados, aunque no está prevista una medida general de este tipo. 
La Comisión es consciente de las posibles consecuencias financieras para los operadores afectados, no obstante, el problema no puede resolverse en la legalidad y verificando los motivos específicos de cada caso. 
Al contrario, sería posible cualquier abuso en perjuicio de los contribuyentes europeos y de ese rigor financiero que todos estamos afrontando. 
Así y todo, los Estados miembros tienen la posibilidad de garantizar los plazos de pago favorables, caso por caso, y la Comisión les invita a utilizar dichas posibilidades. 
Para finalizar, señor Presidente, deseo manifestar que, a pesar de mi larga intervención, no es posible hacer justicia a la extraordinaria riqueza del informe de la Comisión de investigación que realmente es muy completo. 
El mismo contiene 38 recomendaciones, muchas de las cuales invitan a la Comisión a presentar propuestas, a realizar estudios o a instar a los Estados miembros a que lleven a cabo acciones específicas. 
El informe pide un mayor liderazgo político de la Comisión y una mayor voluntad de colaboración política por parte de los Estados miembros. 
Queda claro asimismo que a un papel más importante le corresponde un aumento del volumen de trabajo, en especial para la Dirección General XXI y la UCLAF. 
Esto implica disponer de los recursos financieros y humanos adecuados. 
Cualquiera que sea el régimen de tránsito que surja en el futuro, necesitamos recursos suficientes y personal adecuado para garantizar que el régimen se aplique, controle y adapte correctamente a los cambios del contexto. 
La Comisión cuenta con que el Parlamento dé su apoyo para facilitar los recursos financieros y humanos adecuados y está decidida a contribuir a fin de centrar cada vez más la atención de los Estados miembros en estas temáticas. 
El éxito de la reforma dependerá también del coraje y determinación que demostrarán el Consejo, las administraciones aduaneras nacionales, los operadores económicos y el Parlamento Europeo. 
En este contexto, es mi intención implicar plenamente en la cuestión del tránsito al Consejo «mercado interior» y al Consejo ECOFIN, a fin de garantizar que los mismos asumen sus responsabilidades, tal como reitera frecuente y justamente el informe de la Comisión de investigación, del que vuelvo a felicitarme muy vivamente. 
Doy las gracias al Comisario Monti. 
Los aplausos de Sus Señorías le demuestran, señor Comisario, que la Asamblea ha valorado positivamente las propuestas que usted ha formulado, los compromisos que ha adquirido. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista quiero dar la bienvenida al informe de la Comisión de investigación y, en particular, dar nuestras felicitaciones al ponente, Sr. Kellett-Bowman, por el excelente trabajo que ha realizado al elaborar el informe que tenemos hoy ante nosotros, y al Sr. Tomlinson, por la excelente manera en que ha dirigido la Comisión de investigación como presidente de la misma y por la excelente base que ésta nos ofrece para las comisiones de investigación en el futuro. 
Felicito asimismo a los comisarios, de los cuales, desde luego, había bastantes aquí al inicio del debate. 
Comprendo por qué algunos se han ido marchando, pero les felicito por estar aquí. 
Francamente, he de decir que me ha decepcionado que se hayan quedado tan pocos diputados de nuestra Asamblea para un debate sumamente importante. 
Teniendo en cuenta la asistencia de la Comisión, es necesario decirlo. 
Miro en torno al hemiciclo y reconozco a muchos diputados de las comisiones de Presupuestos y de Control Presupuestario, quienes, por supuesto, están comprometidos con esta causa de combatir el fraude en la Unión Europea; pero todos tenemos claro que el fraude en la Unión Europea y la reacción al mismo en la población de la Unión en un tema político de primera importancia para todos los diputados de la Asamblea, no sólo para los de las comisiones de Presupuestos y Control Presupuestario. 
Sólo me cabe esperar que los diputados que no se encuentran aquí estén sentados en sus despachos leyendo los cuatro volúmenes del informe de la Comisión de investigación; voy a ser generoso. 
Pero me parece que no es lo más idóneo irnos a casa, quejarnos amargamente por el fraude en la Unión Europea y hablar de lo que estamos haciendo al respecto, cuando tenemos este excelente informe de la Comisión de investigación y hay aquí muy pocas personas para debatirlo. 
Este informe muestra a un Parlamento Europeo en plena forma. 
Es otra razón por la que lamento que estén presentes tan pocas personas. 
Aquí tenemos al Parlamento Europeo actuando- realmente por primera vez, porque ha sido la primera comisión de investigación establecida en virtud del Tratado de Maastricht- y la forma en que la comisión ha actuado, la forma en que ha sido dirigida, los testimonios que ha obtenido de gente de la Comisión, de los Estados miembros y de particulares, es un modelo de cómo querríamos que funcionaran las comisiones de investigación en el futuro. 
La comisión ha sido tremendamente seria, ciertamente combativa, y ha presentado una serie de propuestas que hacen a esta Asamblea todos los honores. 
También deberíamos tener claro que lo que ha expuesto la Comisión de investigación es el hecho de que se han explotado los mecanismos del Mercado Único, la política insignia de la Unión Europea en años recientes. 
Todo el presente informe es sobre el Mercado Único, y casi todos nuestros conciudadanos supondrían que el Mercado Único estaba en realidad funcionado de una forma que demostraba que nada de esto podía suceder. 
Hay en el presente informe pruebas claras del fracaso del Mercado Único en este momento y de la necesidad de ser más rigurosos. 
Pero recordemos que ésta ha sido la primera comisión de investigación establecida por nuestra Asamblea y que cuando, en la Conferencia de Presidentes encabezada por Klaus Hänsch cuando aún era Presidente de la Asamblea, pretendíamos usar por primera vez nuestros nuevos derechos con arreglo al Tratado de Maastricht, queríamos estar seguros de que la primera comisión de investigación que se estableciera se ocupara de un asunto que pudiera tener una verdadera repercusión en la conciencia pública. 
En efecto, el Sr. Martens tuvo inicialmente la idea de que nos ocupáramos del fraude en la Unión y mi grupo sacó la propuesta específica sobre el área de fraude de la que deberíamos ocuparnos. 
Esto nos ha permitido demostrar que nuestra Asamblea es verdaderamente eficaz en su función de vigilar, examinar, investigar y sacar a la luz. 
Si hay algún mensaje que debieran extraer de esto los medios de comunicación de la Unión Europea, es que el Parlamento Europeo está sacando a la luz este fraude cometido contra las instituciones de la Unión, en su presupuesto y, desde luego, contra los Estados miembros de la Unión Europea; lo que de hecho estamos diciendo a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros de la Unión es: » Por favor, ahora pónganse a hacer lo que se supone que tienen que hacer y den continuación al informe». 
Espero que los medios de comunicación lo recuerden y se den cuenta de que no es el Parlamento Europeo el que está escondiéndose o siendo hipócrita sobre el fraude; lo estamos sacando a la luz y ofreciendo el análisis al resto de la Unión. 
Creo que es justo decir que, a lo largo del período en que se estuvo reuniendo la Comisión de investigación, la atmósfera cambió de una actitud no de hostilidad, pero sí de un cierto grado de escepticismo, a otra de gran apoyo y ayuda por parte de la Comisión y de otros organismos. 
Las recomendaciones básicas del informe de la Comisión de investigación- y con esto termino- son realmente sobre las piezas y los engranajes del Mercado Único, y debemos tomar nota de ellas y hacer que funcione. 
(Aplausos) 
Señora Grenn, quiero hacerle saber que la Presidencia había manifestado el vivo deseo de que la presencia de Sus Señorías fuese muy numerosa en este debate. 
Señor Presidente, Señorías, quiero, en nombre de mi Grupo y en el mío propio, felicitar a Edward Kellett-Bowman por su trabajo a lo largo de estos meses, trabajo cuya prueba física es este extenso y documentado informe. 
Quiero reconocer también la eficaz presidencia de John Tomlinson y especialmente su inquisitiva manera de ejercerla, gracias a la cual pudimos extraer de muchos comparecientes más información de la que inicialmente parecían estar dispuestos a dar. 
Detrás del problema del tránsito comunitario hay algo más que delitos cometidos por mafias organizadas que corrompen el sistema para obtener ganancias, que son pérdidas para los contribuyentes comunitarios. 
Es preciso señalar que detrás del mal funcionamiento del sistema está también el choque entre dos diferentes culturas aduaneras. 
Una que favorece la máxima rapidez en el despacho aduanero a costa del control y de la posible pérdida de derechos arancelarios y otra que invierte las prioridades. 
Grosso modo, esa división señala los países en donde se origina el tránsito comunitario y los países en los que el tránsito termina. 
El conflicto entre ambas culturas aduaneras ha ayudado mucho a la degradación del sistema de tránsito comunitario. 
Esta comisión temporal ha demostrado que la cooperación aduanera entre los Estados miembros debe ser urgentemente reforzada. 
Ha demostrado también que la política aduanera ha sido utilizada frecuentemente como un arma de política comercial, poniendo así en peligro el mantenimiento del sistema, que es vital para el funcionamiento del mercado interior. 
Esta comisión temporal ha demostrado también que fraude y contrabando no son problemas particulares, sino que constituyen ya auténticos problemas panaeuropeos; ejemplo claro de ello son los cigarrillos, donde han sido múltiples los testimonios que demuestran la generalización a toda Europa de su contrabando. 
Nos consta que desde el comisario Monti hasta todas y cada una de las administraciones nacionales concernidas, han seguido con interés la evolución de los trabajos y la recomendaciones de esta comisión, que deberían ser básicas en las agendas del Consejo para asegurar el reforzamiento de la cooperación aduanera y la supervivencia del sistema. 
Más allá del alcance temporal del informe queda el futuro de las aduanas comunitarias y la respuesta a la pregunta de si un mercado interior puede funcionar con quince servicios aduaneros distintos o si debe buscarse alguna forma de avanzar hacia un servicio aduanero común que no atente a la soberanía nacional pero que sí profundice en la dimensión comunitaria. 
Por encima de todo ello, Señorías, debe quedar claro que el Parlamento Europeo detectó un problema y que, de una manera conjunta y acertada, diferentes fuerzas políticas analizaron las causas y aportaron soluciones concretas. 
No creo- y uso palabras de la señora Green- que pueda encontrase un ejemplo mejor de lo que este Parlamento Europeo debe hacer. 
Nunca habría pensado, señora Presidenta, señor Comisario, que me gustaría una Comisión de Investigación y descubriría que, incluso en democracia, un déspota benevolente y amigo podía llevar a término una Comisión de Investigación, como lo ha hecho el Sr. Tomlinson, con gran éxito. 
También debo decir que nunca había esperado que el Reino Unido pudiera producir a alguien que con tanta competencia, calma, paciencia, capacidad de síntesis, pudiese hacer un trabajo magnífico, que puedo considerar un handbook sobre el fraude y la forma de luchar contra él en Europa. 
La conclusión de ello es que hay varios asuntos importantes- información, coordinación, control, intervención- que la Comisión ha pasado por alto y que a estas alturas la Comisión no sirve de coartada para el comportamiento, que considero condenable, de los Estados miembros. 
Los Estados miembros tienen la antigua sabiduría de quienes en los reinos antiguos protegían a los corsarios y los ennoblecían. 
Protegen muchas veces el fraude como forma de obtener una forma comercial más eficaz para competir con los países con los que se enfrentan. 
¡Ésa es la verdad! 
¡Es la perfidia de la política que aquí encontramos! 
¡Es, de hecho, un ennoblecimiento del fraude que yo siento en el mío y en otros gobiernos de forma hipócrita, subrepticia, tartúfica! 
¡Eso es lo que sucede! 
La Comisión tiene que imponer una modificación de ese comportamiento. 
Yo confío en la honradez del Comisario Monti, confío en la honradez de la Comisaria Gradin, porque en este caso se trata de moral pública, de honradez. 
Y eso es lo que ha unido a toda esta Comisión de Investigación, que nos ha hecho movilizar a nuestros Gobiernos para que dieran respuestas, cuando estaban muchas veces poco dispuestos a darlas, y ha transformado nuestra actuación en un éxito debido al ponente y al presidente. 
Propongo que se luche contra este estado de cosas: da argumentos a los librecambistas fanáticos, que gustan del fraude para ser más competitivos; da argumentos a la delincuencia organizada que agradece a Europa la situación que le ha creado; y da argumentos a los enemigos de la construcción europea, porque el fraude es una forma antidemocrática de promover el lucro y es una forma verdaderamente ruinosa de destruir la democracia. 
Eso es lo que yo pienso y ésta es la idea que quisiera transmitir, con mis agradecimientos, al presidente, al ponente y también, junto con mis impresiones, a la Comisión. 
Señora Presidenta, ante todo, hay que reconocer que la Comisión de investigación ha llevado a cabo un excelente trabajo y, personalmente, yo tampoco puedo dejar de felicitar no sólo por cortesía, sino por ser de justicia, al ponente que con gran capacidad de síntesis ha sido capaz de captar el sentimiento unánime de la comisión, una comisión que, hay que reconocerlo, fue presidida con determinación gracias al Sr. Tomlinson, a quien agradezco su labor. 
Señora Presidenta, en virtud de los testimonios se constata la existencia de una enorme evasión, con significativas pérdidas para el presupuesto de la Unión, así como para el de los Estados miembros. 
En consecuencia, no puede soslayarse que en 1993 hubo una huida hacia delante, en el sentido de que la política se impuso a la razón. 
Demasiado apresuradamente se creó un territorio único sin tener en cuenta los efectos devastadores de quince organizaciones diferentes, con culturas aduaneras profundamente distintas. 
De hecho, han habido distintos niveles de intensidad de los controles y diferencias muy fuertes también a causa de la significativa reducción del compromiso de algunos Estados. 
Italia, por ejemplo, que ha mantenido su rígido nivel de controles aduaneros, ha sido penalizada duramente. 
Todo ello ha provocado graves consecuencias como la insuficiente protección de los intereses financieros de la Unión, graves distorsiones de la competencia y amplios márgenes para la criminalidad organizada que ha hallado nuevas posibilidades de cuantiosas ganancias. 
Esta última, en efecto, ha desempeñado con frecuencia el papel de convidado de piedra precisamente porque no ha hallado un espacio en el diálogo necesario con el Consejo. Si luego, como apreciamos con satisfacción a través de las palabras del Comisario Monti y de la señora Comisaria Gradin, la Comisión ha empezado a actuar, ello se debe- hay que reconocerlo, como justamente hoy se ha reconocido- a la nueva sensibilización impuesta por la Comisión de investigación. 
El trabajo de la Comisión de investigación ha movido las aguas estancadas de quien prefería no ver ni saber. 
Ahora la gravedad del fenómeno está a la vista de todos nosotros. 
Por consiguiente, es necesario disponer de inmediato de un protocolo aduanero que establezca un nivel de control igual en los quince Estados, a fin de evitar las actuales y gravísimas distorsiones. 
Asimismo, es preciso un sistema de información eficaz y rápido que, superando el actual sistema de documentos, permita pasar a un sistema informático y a la utilización de modernas tecnologías para seguir los medios que se mueven por Europa, mediante sistemas de control por satélite. 
Por último hace falta potenciar «Aduana 2000» como primer enfoque para llegar a la reforma del régimen de tránsito y a la aduana única europea. 
Ésta es la única solución que consideramos posible para el futuro. 
La globalización impone una actividad comercial más rápida y sin trabas burocráticas. Esto, sin embargo, debe producirse sin graves pérdidas de ingresos fiscales y a costa de la apertura de nuevos espacios a la criminalidad organizada. 
Gracias al trabajo de la Comisión de investigación se ha puesto de manifiesto un dato alarmante, esto es, si se conociera más ampliamente la envergadura de los fallos que sufre el sistema, la evasión sería todavía mayor y si los ciudadanos europeos supieran la magnitud de las cifras que se escapan de las arcas de la Unión por dichos fallos, aumentaría sin duda su desconfianza en Europa. 
Habida cuenta de que esto es intolerable, es necesario actuar y hacerlo enseguida. 
Señora Presidenta, Señorías, con demasiada frecuencia escucho en discusiones la opinión de que el Parlamento tiene demasiado pocas competencias, que en realidad no puede decidir nada y en el fondo no es, de hecho, un verdadero Parlamento. 
Nosotros sabemos que se trata de prejuicios nacidos del desconocimiento, pero también sabemos que esta imagen que tiene la opinión pública sólo se modificará si defendemos los intereses de las ciudadanas y ciudadanos con aún mayor eficacia que hasta ahora y además también con transparencia. 
Maastricht I nos aportó en este sentido el nuevo derecho de investigación que ya ha podido ponerse a prueba en dos comisiones. 
Las citadas comisiones de investigación sobre la encefalopatía espongiforme bovina y sobre el fraude en el tránsito comunitario han fortalecido considerablemente al Parlamento. 
¿Quién habría pensado hace un año que llegaríamos a emitir una censura condicional contra la Comisión por su escandalosa actuación en relación con el tema de la encefalopatía espongiforme bovina? 
¿Quién habría dicho quince meses atrás que el fraude en el marco del régimen de tránsito y el problema asociado del crimen organizado es un tema que afecta a todas las instancias responsables y que ya no puede obviarse apelando sencillamente al buen funcionamiento del mercado interior? 
Ambas comisiones de investigación han demostrado una cosa: cuando el Parlamento recibe una competencia también sabe ejercerla de manera competente y con un objetivo claro. 
El derecho de investigación nos ha puesto en la mano de un instrumento poderoso para someter a escrutinio a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros y sacar a la luz lo que hasta ahora permanecía oculto. 
Antaño se expresaban sospechas o recelos no demostrados, ahora podemos demostrar en cambio quién, desde qué puesto, ha causado un perjuicio a la Comunidad o a un ciudadano individual a través de un ejercicio indebido de sus competencias o una negligencia en sus responsabilidades, y cómo puede subsanarse este daño, si es posible. 
Lo decisivo es, no obstante, que con el derecho de investigación se constituye una opinión pública europea que participa en cuanto acontece en la Unión Europea. 
De este modo se fomentan, mutuamente, el desarrollo del Parlamento como sede del control democrático y, como resultado, también- eso espero- un incremento de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en las instituciones europeas. 
Para que el ejercicio del derecho de investigación sea todavía más eficaz en el futuro es preciso colmar, no obstante, algunas lagunas y eliminar algunas deficiencias. 
Con este fin, yo propongo los siguientes cinco puntos: los responsables políticos, ya sean representantes de las instituciones europeas o de los Estados miembros, como por ejemplo los Ministros nacionales, deben estar obligados a comparecer y a declarar ante la comisión de investigación. 
No es posible dejar al arbitrio del Ministro de Agricultura Hogg si decide responder o no ante la Comisión de investigación sobre la encefalopatía espongiforme bovina. 
En segundo lugar, la Comisión de investigación debe estar plenamente autorizada a convocar testigos, a tomar declaraciones bajo juramento y a imponer sanciones en caso de infracción. 
En tercer lugar, las competencias de investigación deben ampliarse para abarcar también a las personas naturales y jurídicas, aun cuando no actúen en nombre de la Comunidad o de la Unión, como por ejemplo en el ámbito de la industria tabaquera. 
En cuarto lugar, las personas naturales y jurídicas deben estar obligadas, por consiguiente, a presentar los documentos que se les soliciten y, como quinto punto, la Comisión de investigación debe estar autorizada en el futuro a acceder directamente a todos los documentos de las instituciones europeas. 
Y una última observación final: los servicios de secretaría deben estar mejor dotados en el futuro. 
En muchos momentos, Michael Shackleton y su equipo han conseguido hacer realidad lo imposible, casi más allá del límite de lo justificable. 
¡Yo se lo agradezco sinceramente! 
Señora Presidenta, Señorías, cada uno de nosotros ha recibido los cuatro volúmenes en los que constan todos aquellos aspectos que no ha funcionado. Errores en el sector del transporte aduanero comunitario. 
Un alucinante e impresionante expediente en lo que respecta a los resultados. 
No sólo en cuanto a los errores cometidos sino también en lo relativo a todo lo que puede y debe cambiar. Deseo aprovechar la ocasión para expresar con la mayor claridad mi homenaje al ponente Kellett-Bowman por el excelente trabajo prestado. 
En este homenaje deseo igualmente incluir al secretariado que desempeñó sus labores de manera inmejorable. 
Además de ello, quiero rendir homenaje también al Presidente Tomlinson por haber dirigido de manera extraordinaria esta comisión. 
Se trata de un fraude de por lo menos mil millones de ecus. 
Ha quedado demostrado así lo anticuado, lo anacrónico del sistema, que ha servido incluso de estímulo al fraude. 
Es evidente que la delincuencia organizada supo aprovechar pronto los beneficios de las deficiencias del sistema. 
Este expediente aborda únicamente el hecho de la existencia de irregularidades en el transporte por carretera aunque debe también recordarse que el fraude no se limita sólo a este tipo de transporte, sino que los jefes de la mafia son sumamente ingeniosos, observándose así también anomalías en el tráfico aéreo, en el transporte hacia los países de ultramar. 
Igualmente se registran estas irregularidades en dirección hacia otros Estados miembros, y también en dirección de otros paraísos fiscales; la reputación de Suiza en ese sentido es bien conocida, antes y ahora, y a ella viene a sumarse Chipre. 
Numerosos son aquéllos de la base que exigen un servicio aduanero comunitario. 
Tal vez se trate ésta de la solución ideal, aunque lo mejor sería, y en esto coincide igualmente el ponente, que procediésemos a medidas más concretas. 
A pasos muy concretos, pasos prácticos en dirección de la cooperación. 
Esta organización no debe limitarse a tomar nota de todos los errores cometidos, debiendo constituir principalmente una ventanilla, un centro medular y sobre todo que se le reconozca la competencia de introducir expedientes ante las instancias jurídicas de los Estados miembros. 
El Parlamento tiene que ser consciente de esa necesidad, debiendo además aumentarse el presupuesto concedido a esta organización de manera que le permita establecer contactos inmediatos con los ciudadanos. 
El informe presenta toda una serie de proposiciones concretas, a saber, la instauración inmediata de una academia aduanera, la adopción de nuevas tecnologías y la sintonización del recuento y de la informatización de todas las irregularidades observadas. 
Ha llegado el momento de proceder a todo aquello que sea posible. 
Una visita efectuada a Amberes y a Rotterdam ha demostrado por ejemplo la viabilidad de una cooperación en el espacio del BENELUX y la posibilidad de una colaboración efectiva entre los países septentrionales de Europa. 
Señora Presidenta, este trabajo no ha concluido aún. 
Afortunadamente, la Comisión de Control Presupuestario habrá de proseguir la tarea y en esa ocasión tendré la oportunidad de presentar mi «dossier» conteniendo datos estadísticos y cifras actuales de que dispongo sobre Estados Unidos. 
Por suerte, los Sres. Kellett-Bowman y Tomlinson son miembros de esta comisión y con seguridad habrán de ocuparse de la continuación de estos trabajos. 
Señora Presidenta, señor representante del Consejo, señora, señores Comisarios, Señorías, el informe de la Comisión de investigación constituye un excelente documento sobre las lagunas del sistema de tránsito comunitario y sobre la amplitud del fraude. 
Al efectuar este importante trabajo, en el transcurso de trece meses y de treinta y siete reuniones, los treinta y cuatro miembros de la Comisión de investigación- su ponente, su presidente- han cumplido, indudablemente, el encargo del artículo 136/1 del Reglamento, es decir: » examinar las presuntas contravenciones de la legislación comunitaria o los supuestos de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario». 
Si bien estoy de acuerdo con el diagnóstico realizado, no puedo suscribir las propuestas presentadas. Por esta razón he expresado una opinión minoritaria, y pido a todos los colegas que la lean en las páginas 207-210 del informe. 
Habría preferido, en efecto, que se hubiese dado preferencia a la aplicación inmediata de medidas eficaces. 
Un solo ejemplo; el problema crucial del tráfico ilícito de cigarrillos, en el que la Comisión, con razón, ha insistido largamente, es únicamente objeto de una recomendación: la creación, en este caso, de un grupo de trabajo. 
En lugar de esta aplicación inmediata de medidas eficaces, la Comisión propone como objetivo principal la creación de un servicio aduanero único en un marco europeo. 
Se trata de una medida ideológica que no respondería, como reconoce la propia Comisión, a la necesidad de obtener resultados inmediatos y que acarrearía importantes perturbaciones estructurales. 
El informe es, pues, una ocasión desaprovechada, reveladora de la actitud de nuestro Parlamento, que a menudo denuncia, critica, condena, pero que no va suficientemente lejos en la búsqueda de soluciones eficaces y da prioridad a soluciones dogmáticas, ideológicas. 
Por esta razón he votado en contra del informe y de la recomendación, apartándome, desgraciadamente, de la opinión de mis colegas. 
Señora Presidenta, el Sr. Kellett-Bowman ha realizado un excelente informe sobre el problema del tránsito, es decir, la libre circulación entre los terceros países y otros países, a través de la Comunidad Europea, sin pagar impuestos especiales, IVA, etcétera. 
Creo que se trata de un espléndido regalo de aniversario por los cuarenta años del Tratado de Roma. 
Desde la primera página, el Sr. Kellett-Bowman nos hace el balance de cuarenta años. 
¿Cuál es este balance? 
Los delincuentes atraviesan las fronteras; los beneficios por actividades legales hacen lo propio, ¡puesto que ya no existen fronteras! 
El Sr. Kellett-Bowman explica, a continuación, que se han reducido los efectivos de los servicios aduaneros, que los que quedan están desmoralizados y que el conjunto, naturalmente, implica consecuencias financieras difíciles de calcular. 
¿Son 750 millones de ecus en cuatro años, son 3 millardos de ecus anuales? 
La incapacidad para calcularlo es, por otro lado, una señal reveladora de los métodos de la Comisión Europea. 
El segundo regalo de Kellett-Bowman es un himno a las fronteras; en este caso, a las fronteras aduaneras, a las fronteras penales y también a las fronteras sanitarias. 
El informe nos pone al corriente de que un solo país, Polonia, nos ha enviado 1.000 camiones, 150.000 vacunos, 6.000 toneladas de carne, a pesar de las epizootias de fiebre aftosa y de peste porcina, que se han propagado libremente al haber desaparecido las fronteras. 
Señor Mario Monti, si existiesen las fronteras fiscales no habría fraude en el pago del IVA. 
El propio régimen común del IVA genera el fraude. 
Basta con un número de identificación falso de otro país, para defraudar sin problemas. 
La tercera y muy interesante contribución de Kellett-Bowman es la relativa a los métodos de trabajo de la Comisión Europea. 
El método es muy simple, se trata del salto a lo desconocido. 
Se suprime lo que existe y no se lo sustituye con nada. 
Al igual que la Comisión, al igual que el Sr. Medina Ortega en relación con las «vacas locas» , el Sr. Kellett-Bowman se limita a hablar de grave carencia. 
Su cuarta contribución se refiere a las consecuencias de la fiscalidad excesiva, en concreto los impuestos especiales sobre los cigarrillos. 
Se crea una situación de prohibición a la norteamericana. 
Es evidente que el fraude permite ganar un 83 %, desde el momento en que los impuestos especiales, en Portugal, varían entre un 76 % y un 83 % del precio del paquete. 
En cuanto a las soluciones, se trata de la huida hacia delante, de la modificación del régimen de tránsito; es algo bastante modesto. 
El Sr. Mario Monti nos dice: » El pilar judicial europeo permitirá remediar las deficiencias del pilar administrativo europeo». 
¡Un cuerpo de control europeo que será tan ineficaz como los que ya existen! 
La realidad es que el fraude es consustancial a la construcción europea. 
Se ha defraudado desde el principio. 
Se ha engañado a los pueblos, a las soberanías, se ha mentido a las democracias creando una oligarquía, del director del Banco Central a la Comisión Europea. 
Desde el principio, señora Presidenta, se ha mentido a las naciones, se ha mentido a los pueblos. 
Europa era una joven de Asia Menor, una turca raptada por alguien que ella creía que era un toro y que no era más que Zeus. 
La madre portadora mentía, el padre fecundador también era mentira. 
¿Cómo quieren que los hijos, 2.500 años después, no lleven la mentira grabada en la piel? 
Señora Presidenta, señor Presidente en funciones del Consejo, señor Presidente de la Comisión, prácticamente nadie, ninguno de los 370 millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea a quienes nos proponemos representar aquí, sabe que existe un régimen de tránsito comunitario y ninguno de estos ciudadanos y ciudadanas sabe tampoco que éste no funciona. 
Es preciso reconocer que es así y no debemos dejar de tenerlo presente. 
Sin embargo, a pesar de que nadie sabe que este sistema no funciona, los 370 millones de ciudadanas y ciudadanos saben, en cambio, muy bien que estos errores de funcionamiento les afectan. 
El Sr. Kellett-Bowman ya ha señalado que este funcionamiento indebido beneficia sobre todo a la criminalidad y Pauline Green ha manifestado esta mañana, en el debate sobre el 40o aniversario de los Tratados de Roma, que la desconfianza en el funcionamiento de la actual Unión Europea es cada vez mayor. 
Está creciendo el sentimiento de amenaza, de indefensión, de que Europa nos está privando no sólo de la seguridad social y económica, sino también de la seguridad interior, y esto pone en peligro no sólo la estabilidad, sino también el posterior desarrollo y el futuro de la Unión Europea. 
El fraude en el marco del régimen de tránsito comunitario es sólo una gota de agua dentro de este panorama más amplio. 
Pero es una pieza del mosaico y debemos contemplarlo dentro de este contexto político y con la seriedad que por consiguiente se merece. 
No es mi intención eximir a nadie de su responsabilidad, sobre todo no al Consejo, ni tampoco a la Comisión. 
Pero las críticas que hemos expresado hoy, detalladas, competentes, respaldadas por 15 meses de duro trabajo, resultarían sin duda un poco más creíbles a los ojos y los oídos de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea si las hiciésemos extensivas a nuestro propio caso, a este Parlamento, a esta ilustre Cámara, como nos gusta llamarla. 
En efecto, estimadas y estimados colegas- y quizás sea una ventaja hablar ahora, puesto que al menos me escuchan algunos más -, ¿hemos pensado seriamente, hemos señalado que este procedimiento se concibió para seis Estados miembros y ahora somos 15 y se prevé que seamos más? 
¿Nos hemos planteado las debidas preguntas? 
¡No! 
Podemos reprochar, evidentemente, a la Comisión y al Consejo que no se hayan hecho estas preguntas. 
No retiramos ningún punto de la crítica. 
Pero también nosotros deberíamos habernos hecho esas preguntas y si los demás no actúan, ¡es nuestro deber hacerlo! 
Señor comisario Monti, usted ha establecido una vinculación entre la decisión sobre el programa «Aduana 2000» y la labor de la Comisión de investigación y yo sé que todos los técnicos ven esta vinculación. 
Pero, ¿la hemos considerado seriamente desde el Parlamento? 
¿Desarrollamos el debate sobre el programa «Aduana 2000» con la seriedad y el rigor necesarios? 
¿Lo hicimos? 
¡No, no lo hicimos! 
En realidad, tuvimos que luchar para conseguir que se incluyera al menos en el orden del día. 
Éste es el problema. 
No hemos tenido presente el contexto general. 
Yo quisiera añadir a las 38 recomendaciones que ha presentado la comisión, y que yo respaldo plenamente, una recomendación adicional: somos el Parlamento y como tal queremos que se nos considere. 
Yo les ruego que actuemos también de manera que nos permita identificarnos como tal. 
A veces actuamos como si no fuésemos responsables de las decisiones que aquí adoptamos a partir del momento en que éstas abandonan esta Cámara. 
Pero tenemos una responsabilidad y ésta puede expresarse ciertamente muy bien a través de la labor de una Comisión de investigación. 
Pero es preciso que también se manifieste en el trabajo cotidiano. 
Debemos tomarnos más en serio si queremos que los demás también lo hagan y nuestras críticas al Consejo y a la Comisión podrán tener asimismo mayor peso si así lo hacemos. 
Señor Presidenta, antes de acabar permítame una última observación personal. 
Señor comisario Monti, durante los trabajos de la Comisión de investigación yo le he criticado de manera muy directa y a veces también con gran vehemencia. 
Puesto que fueron críticas públicas y a las que ahora también se dará publicidad, yo quiero excusarme por aquello que pueda haberle herido. 
No retiro nada del contenido de la crítica, al contrario, pero el tono en que usted ha hablado hoy, el cambio que usted ha demostrado que es posible, me inspiran un enorme respeto y quiero decírselo desde aquí. 
Señora Presidenta, Señorías, el mercado interior nos aportó las cuatro libertades que ya conocemos. 
¿Pero no llevaba aparejada quizás también una quinta, a saber: la libertad de circulación de los defraudadores, contrabandistas y estraperlistas? 
Averiguar si es así era la tarea de la Comisión de investigación que en el curso de 16 audiencias, varios viajes e incontables reuniones examinó los tortuosos caminos que pueden seguir algunas mercancías que se introducen en la Unión Europea y pueden atraversarla sin pagar impuestos ni aranceles, siguiendo un procedimiento, regular en sí mismo, en virtud del cual los correspondientes tributos se cobran sólo en el lugar de destino. 
Para anticipar de entrada el resultado que ha alcanzado la comisión, ya repetidamente citado aquí, lo cierto es que en estos momentos el régimen de tránsito no funciona bien. 
Lo cual no es de extrañar si se considera que data de finales de los años sesenta, cuando la Comunidad era más reducida y el tráfico comercial más escaso. 
Actualmente se tramitan hasta 18 millones de expedientes anuales en unas 3.000 oficinas de aduanas de al menos 20 países. 
En el régimen de tránsito intervienen activamente los conductores, las empresas de transporte y los funcionarios de aduanas, pero también participan pasivamente en él los beneficiarios del fraude, es decir los receptores finales de las mercancías, que en la mayoría de los casos forman parte de organizaciones criminales. 
Éstos obtienen sus ganancias gracias a la diferencia entre el precio de importación libre de gravámenes y el precio de venta que pueden obtener en el mercado negro. 
Las mercancías gravadas con altos impuestos son, por lo tanto, particularmente susceptibles de ser objeto de fraude. 
El valor arancelario y el valor impositivo de un contenedor cargado de cigarrillos es de aproximadamente un millón de ecus. 
Las pérdidas que ocasiona el fraude a la Unión Europea y a los Estados miembros en concepto de derechos arancelarios, IVA e impuestos especiales sobre el consumo no recaudados se elevan a miles de millones. 
A pesar del mercado interior, las respectivas competencias diferenciadas de las administraciones aduaneras nacionales acaban en las fronteras de su Estado miembro. 
Sus métodos de trabajo son arcaicos. Siguen un prolijo procedimiento sobre papel, con documentos y sellos fácilmente falsicables. 
Las reducciones de personal y las restricciones de los recursos impiden realizar controles exhaustivos. 
Las inspecciones al azar por sí solas no bastan. 
La insuficiente cooperación y la falta de reconocimiento mutuo del material probatorio hacen que sea prácticamente imposible perseguir a los defraudadores. 
Por añadidura, el hecho de que el IVA se recaude en el país consumidor, y no en el país de origen, constituye prácticamente una invitación al fraude. 
¿Cómo ha podido llegarse hasta este extremo? 
Tanto la Comisión como el Consejo no tuvieron en consideración este aspecto negativo cuando se procedió a la realización del mercado interior. 
¡Sin embargo, yo le aseguro que el Parlamento ya lo advirtió, estimada colega Wemheuer! 
Y también se ignoraron durante años las crecientes pérdidas sufridas. 
El mayor mérito de la Comisión de investigación, encabezada por su presidente John Tomlinson, que se ha tomado muy en serio su compromiso, ha sido sacar a la luz los defectos del régimen de tránsito. 
Debemos agradecer sinceramente al ponente Edward Kellett-Bowman y al servicio de secretaría de la comisión el enorme esfuerzo realizado. 
Señor Presidenta, la constatación de que a largo plazo debe preverse la creación de un servicio aduanero europeo recorre como un hilo rojo las 38 recomendaciones de la Comisión de investigación. 
La Comisión se ha manifestado hoy muy explícitamente al respecto, lo cual es de agradecer. 
Ya ha adoptado algunas iniciativas y yo quisiera manifestar explícitamente mi agradecimiento a la Sra. Gradin y al Sr. Monti, aquí presentes. 
No obstante, también es necesario realizar un mayor esfuerzo en el ámbito judicial, por ejemplo por lo que respecta a la asistencia judicial y al material probatorio. 
En conjunto, se ha visto que algunos aspectos esenciales del procedimiento aduanero son de carácter político y están estrechamente vinculados a la realidad política. 
Por esto, pedimos a la Comisión y el Consejo- que hoy también está representado aquí, lo cual es muy de agradecerque demuestren la voluntad y emprendan las acciones necesarias, con arreglo a las recomendaciones de la comisión y con vistas a alcanzar algún progreso en la Conferencia Intergubernamental. 
El Parlamento también supervisará y verificará con especial atención las medidas adoptadas desde su Comisión de Control Presupuestario. 
Doy las gracias a la Sra. Theato. 
Se interrumpe el debate. Se reanudará a las 15.00 horas. 
Tiene la palabra el Sr. Martinez para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, aquí mismo, a la entrada del hemiciclo, un grupo de jóvenes está distribuyendo octavillas políticas. 
Importa poco que sea contra el Frente Nacional. 
Sería lo mismo si fuera contra el Partido Comunista o contra el Partido Socialista. 
Señor Presidente, le pido que haga uso de sus facultades para que un ordenanza impida que nuestro hemiciclo se convierta en un lugar de distribución de octavillas políticas. 
Señor Martinez, tiene usted razón. 
Todo Parlamento requiere respeto y, naturalmente, las actividades de reparto de propaganda- esta Casa es muy grande- pueden hacerse en cualquier sitio menos, precisamente, delante del Hemiciclo. 
Votaciones 
Sólo quiero decir que, en conexión con este tema tengo en mi poder la copia de una carta de la presidencia de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía en la que aparece mi nombre como si estuviera de acuerdo con esto. 
Yo nunca he manifestado dicho acuerdo. 
Hubo un proceso similar al que hemos tenido ahora y no tuve ocasión de expresar mi desacuerdo con la propuesta y ahora lo hago. 
Muchas gracias, señora Ahern. 
Se inscribirá en el Acta la declaración que acaba de hacer. 
Señor Presidente, quisiera recordar a la Asamblea que en la enmienda núm. 37 se prevé que la Comisión pueda cambiar puntos esenciales del Anexo; excluye determinadas partes fundamentales, como la evaluación del riesgo, que constituye el núcleo de la Directiva. 
Si no se aprueba esta enmienda, será posible modificar en esencia la Directiva mediante comités. 
Por lo tanto, insto a la Asamblea a que apruebe la enmienda núm. 37. 
Después de la votación sobre la propuesta de la Comisión modificada. 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisaria Bjerregaard: 
Primero, si aprueba el cambio de fundamento jurídico; le recuerdo a este respecto que el 19 de febrero esta Asamblea aprobó el informe de la Comisión sobre la enfermedad de las vacas locas. Entre las conclusiones y propuestas de la Comisión figuraba que todas las acciones relacionadas con la salud pública deben estar basadas en el procedimiento de codecisión. 
Segundo, ayer nos dijo que aprobaba una parte de la enmienda relativa al riesgo. 
Debe saber que esta enmienda es la más esencial, se refiere al núcleo de la Directiva. 
Quisiera escuchar, pues, que la aprueba en su totalidad, porque realmente garantiza la correcta evaluación del riesgo y, por consiguiente, la correcta elección de los lugares confinados para la realización de trabajos con microorganismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, ayer tuvimos un amplio debate sobre la propuesta votada ahora por el Parlamento. 
Durante el mismo expuse las razones por las que la Comisión no era partidaria de modificar el fundamento jurídico. 
Subrayé asimismo que la Comisión estaba dispuesta a atenerse a la enmienda recomendada por varios oradores encaminada a aumentar la influencia del Parlamento con respecto a los Anexos. 
El único cambio producido de ayer a hoy es que, obviamente, estudiaremos las enmiendas aprobadas por el Parlamento. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Señor Presidente, creo que es mi deber advertir a las y los colegas que el Considerando F no responde a la realidad. 
En la enmienda 12 se afirma que el Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la biología y la medicina prohíbe explícitamente la clonación y luego también se afirma que se trata de la primera prohibición de la misma en el ámbito del Derecho internacional. 
Como saben muchas y muchos otros colegas, esto no es así. 
Yo creo que es importante que esta cuestión quede clara antes de la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, la siguiente votación que figura en nuestro orden del día se refiere al cierre de Renault. 
En la tribuna tenemos hombres y mujeres sindicalistas que, desde ayer, están aquí, habiendo venido directamente de la manifestación de París, en representación de las 3.100 personas de la fábrica Renault de Vilvoorde que quedarán sin empleo si esta decisión se lleva a cabo irrevocablemente. 
Creo que debiéramos darles la bienvenida a la tribuna y demostrar nuestro apoyo a su causa. 
(Aplausos vivos y prolongados) 
Muchas gracias, señora Green. 
Entiendo que usted comprende las limitaciones institucionales que tiene esta Presidencia, pero sus palabras constarán en Acta, con el subrayado enfático que el Pleno les ha dado. 
Señor Presidente, la cordial bienvenida que se ha dado a las señoras y señores presentes en la tribuna me da motivo para manifestar mi malestar, Sra. Green, por el hecho de que en nuestro Parlamento se haga alusión de este modo a la citada situación. 
(Exclamaciones y aplausos) Todos somos diputados libremente elegidos y para mí es sumamente importante que un Parlamento pueda decidir libremente, sin presiones de la calle y sin presiones de la tribuna. 
¡Solicito que así conste en acta! 
(Agitación en la tribuna de invitados) 
¡Silencio en la tribuna! 
¡Silencio en la tribuna! ! Señores de la tribuna! 
¡Señores de la tribuna! 
Silence! 
Señores de la tribuna, hagan el favor de escucharme. 
Señores de la tribuna, sepan ustedes que nuestro Reglamento prohíbe terminantemente hacer manifestaciones de cualquier tipo desde la tribuna. 
Por lo tanto, si ustedes no están en silencio, me veré con la dolorosa obligación de hacerles desalojar. 
Y a usted, señor Konrad, tengo que decirle que en este Parlamento todos los diputados y diputadas pueden tomar la palabra. 
Y que en este Parlamento existe plena libertad de manifestarse a la hora de la votación. 
Señorías, el debate sobre esta cuestión ya se ha producido, por lo que vamos a pasar a la votación. 
Les ruego a ustedes que me ayuden a llevar a buen término la votación con la tranquilidad que merece una cuestión de tanta importancia. 
Propuesta de resolución común sobre el cierre de la factoría Renault de Vilvoorde (Bélgica) 
Me pide la palabra el Sr. Giansily. 
Se la daré después de la votación. 
(Ante la insistencia del Sr. Giansily) Señor Giansily, debo recordarle que las decisiones en esta Asamblea, mientras yo sea el presidente de turno, sean equivocadas o no, las tomo yo. 
Le he dicho que le daré la palabra después de la votación, por lo que le ruego que se siente. 
Señorías, si ustedes no respetan el trabajo de la Asamblea me veré obligado a desalojarles. 
¡Debe respetarse el trabajo de la Asamblea! 
Señorías, como ya un sector del Hemiciclo ha tomado la palabra con los pies, vamos a seguir nuestro trabajo. 
Señor Giansily, si usted no respeta a esta Presidencia haré que le expulsen del Hemiciclo. 
¡Desaloje la Cámara, señor Giansily! 
Señorías, de acuerdo con el artículo 109 del Reglamento y después de haber llamado al orden repetidamente al Sr. Giansily, tomo las atribuciones que me da el Reglamento y expulso de la Cámara al Sr. Giansily. 
Señorías, les pido tranquilidad. 
Esta Presidencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Reglamento, ha tomado una decisión. 
Me pide la palabra el Sr. de Vries. 
Creo que todos somos conscientes de que el asunto que estamos a punto de votar es sumamente sensible. 
También somos conscientes de que hay una serie de importantes diferencias en los pormenores que deberán resolverse mediante la votación. 
A las personas de la fábrica Renault les debemos que la votación se desarrolle de acuerdo con las normas de la Asamblea, en silencio y dignamente. 
Señor Presidente, al igual que debiéramos hacerlo todos nosotros, respeto plenamente su autoridad. 
No deseo cuestionar su autoridad como Presidente de la sesión. 
Quiero dejar esto absolutamente claro. 
Sin embargo, en vista del hecho de que ya ha pasado la 1, quizá fuera aconsejable hacer la votación a las 3 de la tarde, justo después de la pausa del mediodía, para que podamos efectuarla en paz y con tranquilidad. 
Por lo tanto, propongo que suspendamos la sesión. 
Señorías, tengo que recordarles que, de aceptar la propuesta del Sr. de Vries, esta votación no se podría celebrar esta tarde, sino que tendría que celebrarse mañana. 
En segundo lugar, creo que podemos calmar los ánimos y avanzar. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Martens. 
Señor Presidente, estimo que lo mejor que este Parlamento puede hacer ahora es aprobar la resolución sobre los trabajadores de Vilvoorde. 
Pero deseo pedirle, señor Presidente, que para restablecer el orden en esta Asamblea, algo que es necesario para este Parlamento además, que interrumpa usted la sesión a fin de solucionar este incidente acaecido con un miembro de esta Asamblea. 
Le pido pues que interrumpa la sesión a fin de permitirnos, a fin de permitirle a usted, que se solucione este incidente a fin de que podamos proceder en orden y serenidad a la votación de la resolución. 
Señor Martens, si interrumpo la sesión, entonces la votación tendrá que celebrarse, con arreglo al Reglamento, mañana. 
Por lo tanto, por la importancia de la votación que vamos a realizar, voy a intentar solucionar esta cuestión si el conjunto de la Asamblea me ayuda. 
El incidente se ha iniciado porque el Sr. Giansily había pedido la palabra. 
Señorías, recuerden ustedes, por favor, que cuando desde la tribuna se ha producido una determinada manifestación, esta Presidencia se ha manifestado con energía amenazando con que si esto se reproducía, los causantes serían expulsados de la tribuna. 
Entonces, a partir de esto, se han sucedido diversas intervenciones. 
Para no retrasar la votación, le dije al Sr. Giansily que le daría la palabra al final de la votación. 
Tiene usted la palabra, señor Martens. 
Señor Presidente, es perfectamente posible suspender la sesión durante cinco o diez minutos para solucionar el incidente, y continuar luego con la votación. 
(La sesión, interrumpida a las 13.15, se reanuda a las 13.20 horas) 
Señorías, tras consultar con los presidentes de Grupo, y más allá de la valoración que puedan hacer de este incidente, y de las vías que se puedan utilizar para expresar su conformidad o disconformidad con la actuación de esta Presidencia, vamos a reanudar la sesión, pero dando un minuto a cada Grupo político. 
Les pido que colaboren con esta Presidencia, porque es importante que podamos avanzar en la votación que teníamos hoy prevista. 
Tiene la palabra la Sra. Dury. 
Señor Presidente, me felicito de que haya encontrado una solución para reanudar dignamente nuestra sesión, como todos deseamos, puesto que queremos votar sobre esta resolución. 
Ayer oí a muchos colegas hablar de la Europa social y de su apoyo a los trabajadores de Renault de todos los países, y no sólo de Vilvoorde. 
Desearía que concretaran su discurso votando a favor de nuestra resolución. 
Por lo tanto, espero también oírlos ahora. 
Me felicito por esta solución. 
¡Celebremos la votación dignamente, todos juntos, para demostrar a nuestros interlocutores que el Parlamento Europeo es capaz de apoyar la Europa social! 
Señor Presidente, estimados colegas, lo que debemos hacer ahora es aprobar nuestro trabajo normal y concienzudo, es decir, esta resolución. 
Como dije anteriormente, es esto lo más importante que debemos hacer, y debemos aprender a comportarnos con la dignidad de un Parlamento. 
El arma más adecuada en este caso consiste en el debate y el testimonio de solidaridad mostrado por estas resoluciones. 
Todos nosotros impatizamos con estos trabajadores que se ven amenazados en su subsistencia. 
Y nuestra tarea consiste pues en hacer respetar las reglas de este Parlamento y proceder a un debate justo y honesto. 
Y pasemos ahora a la votación de esta resolución. 
Señor Presidente, lo que ha ocurrido hace un rato es totalmente inaceptable puesto que esto no es un foro sindical, sino un Parlamento. 
Estábamos celebrando una votación. 
Usted no tenía por qué dar la palabra a la Sra. Green ni a la tribuna. 
Usted debió suspender inmediatamente la sesión y ordenar el desalojo de la tribuna en el momento de producirse los incidentes. 
Considero que no se puede votar bajo presión. 
Si usted continúa con la votación, lo comunicaré a los presidentes en la Conferencia de Presidentes. 
Dicho esto, pido a mi Grupo que no participe en la votación y que abandone el hemiciclo. 
Como ya se ha dicho, señor Presidente, la gravedad del tema que estamos tratando nos exige cumplir con nuestra obligación. 
Ya hemos restablecido la situación de un debate sereno y tranquilo en el Parlamento. 
Yo le felicito por la decisión que ha tomado de volver a reunirnos y tiene usted el apoyo de la mayoría de los Grupos a través de los presidentes de Grupo. 
Vamos a deliberar, vamos a decidir. 
Hoy estamos celebrando el 40º aniversario del Tratado de Roma y sería una mala celebración, después de la retórica de esta mañana, no poder celebrar una votación ordinaria pero muy importante. 
Yo tengo que añadir, además, que nuestro Grupo se ha visto sorprendido por la redacción del artículo 8 de la resolución común donde se dice que se espera que la dirección de la empresa elaborará, de acuerdo con la representación de los trabajadores, un plan social que haga aceptables los despidos. 
Nosotros no podemos apoyar esta resolución, retiramos nuestra firma y pediríamos que este artículo 8 no se aprobara, para poder apoyar la resolución. 
Tome usted nota, señor Presidente, si es tan amable, de que retiramos nuestra firma a la resolución conjunta. 
Señoras y señores, cuando la desgracia de las personas alcanza al Parlamento, es para éste una cuestión de dignidad aceptar que a veces los problemas sociales lleguen hasta este recinto. 
No tenemos necesidad de crisparnos. 
Todos saben, ya que tenemos listas de votación, la forma en que vamos a votar. 
¡Actuemos con dignidad y pensemos que hay millones de parados! 
¡Hagamos nuestro trabajo! 
Bastante nos pagan por ello. 
¡Votemos! 
¡Votemos! 
¡Ustedes votarán en contra, nosotros votaremos a favor; la Historia juzgará! 
¡Gracias, señores de la derecha, por haber traído la lucha de clases a este Parlamento! 
Señorías, el caso Renault es tan grave que es comprensible la preocupación y, en cierto modo, el nerviosismo que se ponen de manifiesto. 
Pero precisamente por tratarse de un asunto muy grave nosotros tenemos el deber de no perder la calma. 
Otros lo han dicho hace un momento. 
Hoy nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, después de haber discutido este expediente, es votar. 
Algunos votarán quizá en un sentido, los demás en otro. 
Esa es nuestra responsabilidad política. 
Por encima de los incidentes sobre el procedimiento reglamentario que se han producido al comienzo de la votación y que posteriormente podremos volver a tratar, creo que ahora debemos votar, con calma, serenamente. 
Señor Presidente, usted es responsable- como Jean-Claude Pasty con razón lo acaba de decir- de los incidentes que se han producido. 
No es posible que en nuestro Parlamento se siga dando preferencia a algunos oradores sobre otros. 
Cuando usted concede la palabra a un diputado, debe también concederla a otro diputado si la pide al mismo tiempo para intervenir sobre el mismo asunto. 
En eso consiste la democracia, que prohíbe establecer diferencias entre los diputados. 
A continuación deseo formular una pregunta, primeramente a usted, y luego a la Mesa de nuestro Parlamento. 
En la tribuna hay visitantes. 
En este momento los escaños están reservados hasta el mes de diciembre. 
¿Qué diputado ha permitido el acceso de las personas que se han manifestado? 
¿Sobre qué bases? 
¿Cuándo se han atribuido los escaños? 
Es una pregunta muy concreta. 
No me opongo a la presencia de estas personas, pero usted ha permitido que se las aplaudiera, cuando no se trata de una delegación oficial. 
Usted no ha sometido a votación la propuesta del Sr. de Vries, a pesar de que debía hacerlo, en aplicación del artículo 111. 
Le pido ahora que someta a votación la solicitud de suspensión de la sesión, presentada por el Sr. Pasty, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento. 
Señor Presidente, me alegro, personalmente, de la presencia de los trabajadores de Renault en este recinto. 
Pero no puedo tolerar que usted dé motivo para que los diputados socialistas hagan propaganda electoral, cuando sabemos que la factoría Renault fue cerrada por el Sr. Schweitzer, que es socialista y amigo de Laurent Fabius. 
Digo esto a la atención del Sr. Dury, y advierto a los trabajadores que los socialistas intentarán aprovecharse de su lucha, cuando los socialistas son los responsables de que estén parados. 
Segunda cuestión, a la atención de la Sra. Green, quien se ha aprovechado del sitio que ocupa para hacer propaganda electoral. 
Señalo que el Reino Unido ha hecho padecer mucho a los trabajadores belgas, ya que en la década de 1980 la planta de la British Leyland también fue trasladada al Reino Unido. 
Aquella vez se envió a miles de trabajadores valones al paro, sin que nadie se preocupase por ello. 
Nosotros, en todo caso, defendemos a los trabajadores y no hacemos lo que hoy hacen los socialistas: mentir, engañar, como siempre lo han hecho. 
Muchas gracias, señor Féret. 
Señorías, el Sr. Fabre-Aubrespy ha hecho una petición formal, que debo someter a votación, de suspender la sesión. 
Someto a votación la solicitud de suspensión de sesión. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) Señorías, procederemos, pues, a la votación de la propuesta de resolución común presentada por cinco Grupos políticos, dado que el Sr. Puerta nos acaba de anunciar que el Grupo GUE/NGL ha retirado su apoyo a la propuesta de resolución común. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Tiene la palabra el Sr. Giansily para una cuestión de orden. 
Más vale tarde que nunca, señor Presidente. 
Señor Presidente, yo no he tenido ninguna actitud agresiva para con usted hace un momento, y deseaba simplemente preguntarle en qué artículo del Reglamento se había basado para interrumpir la votación, conceder la palabra a una colega nuestra, que ejercía casualmente la presidencia del grupo más numeroso de nuestra Asamblea, y hacernos votar una resolución importante presionados por un grupo de personas que estaban en la tribuna. 
Usted le ha hecho un flaco favor a nuestra Asamblea, señor Presidente. 
Nuestra Asamblea carece de credibilidad cara al exterior. 
Se la considera una Asamblea folklórica. 
En ella se oye hablar a personas que hace treinta años gritaban «¡Destrocemos, destrocemos, destrocemos! » y que esta mañana decían «¡Votemos, votemos, votemos! ». 
Creo, señor Presidente, que todos los que están aquí votaron por usted el día de la elección de los vicepresidentes porque existía un consenso, y pienso que en esta Asamblea el consenso se basa ante todo en el respeto de los diputados. 
Y cuando se desemboca en una situación absolutamente inverosímil, en que en la tribuna algunas personas amenazan con el puño a los diputados y en que usted llega incluso a pedir que se expulse a un diputado, eso significa, señor Presidente, que no ha desempeñado correctamente sus funciones, y si fuese un hombre de honor presentaría inmediatamente su dimisión. 
Señor Giansily, yo pretendo ser siempre un presidente con voluntad de equilibrio institucional. 
Me puedo equivocar, pero tampoco tengo ninguna agresividad ni con usted ni con nadie, y estoy siempre dispuesto a aprender. 
Por lo tanto, aunque en sus palabras hay sin duda agresividad, yo las tomo como enseñanza y espero en el futuro intentar hacerlo mejor. 
Tiene la palabra la Sra. McIntosh para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, por una cuestión de orden: no sólo ha lesionado usted la dignidad de esta Asamblea, sino que ha puesto en tela de juicio el cargo que ha ocupado hoy como Presidente de la misma. 
El artículo 127 del Reglamento es bien claro. 
Se podrá autorizar que un diputado señale a la atención del Presidente cualquier caso en que no se respete el Reglamento. 
La petición de palabra para ello tendrá prioridad sobre todas las restantes peticiones de palabra. 
Me gustaría saber en virtud de qué artículo del Reglamento ha intervenido y se ha llamado a intervenir a la Sra. Green. 
También me gustaría saber por qué, cuando se invocó el artículo 126 con la petición de que se suspendiera la sesión, no se admitió inmediatamente y se sometió a votación; y por qué, cuando el público de la tribuna abusó del apartado 3 del artículo 101, no sólo atentando contra la dignidad de la Asamblea sino dedicándose después a seguir realizando entrevistas de televisión en la tribuna y haciendo llamadas telefónicas con teléfonos móviles, que están estrictamente prohibidas en este edificio, no les expulsó usted inmediatamente antes de que tuviera lugar la votación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 101. 
También me gustaría saber por qué no se dejó hablar a un colega mío, que estaba intentando ejercer su derecho con arreglo al artículo 127, y por qué Su Señoría no abandonó la presidencia de conformidad con el artículo 111 y no suspendió inmediatamente la sesión hasta que se restableciera el orden. 
Gracias, señora McIntosh. 
He dicho durante esta sesión- y vuelvo a hacerlo ahora- que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 19, asumo todas las responsabilidades de los hechos que han sucedido en esta sesión y, por lo tanto, estaré dispuesto en cada momento a dar respuesta ante la Mesa del Parlamento y ante la Conferencia de Presidentes. 
Por lo tanto, señora McIntosh, yo he obrado de acuerdo con el apartado 1 del artículo 19 y, mientras presida esta sesión, seguiré haciéndolo así por duro que sea en algunas ocasiones. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Falconer para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, así es como piensa la Sra. McIntosh. 
Ahora entendemos por qué los juristas acaban en lugares en los que deberían estar los políticos. 
Mi idea es que el modo en que ha dirigido hoy la sesión en esta Cámara ha sido correcto. 
La Sra. Green habló a favor de la resolución que se sometía a la votación de la Asamblea. 
Después permitió usted que hablara alguien del otro lado y ese orador se opuso a lo que había dicho la Sra. Green. 
Por lo tanto, había un orador a favor y uno en contra. 
Dado que es su medio de vida lo que está en juego, las personas de la tribuna expresaron, con mucha razón, su indignación. 
No ha sido escandaloso. 
Cualquiera que haya estado en un piquete de huelga o se haya visto mezclado en disputas laborales sabrá que no ha sido escandaloso. 
Así pues, señor Presidente, ha dirigido usted la sesión muy correctamente. 
No autorizó que hablara el Sr. Giansily porque quería seguir adelante con el procedimiento. 
Tan sólo quería decir que el modo en que ha dirigido hoy la sesión habla muy a su favor. 
Yo pediría a los diputados de la Asamblea que recordaran que se encuentran aquí como políticos y que no debieran ser tan insensibles como para no darse cuenta de las preocupaciones de unos trabajadores de a pie que pueden pasar a engrosar las filas del paro a consecuencia de los caprichos de empresas multinacionales a las que no les importa ni una pizca cómo se ganan la vida. 
Señor Presidente, quiero hacer constar en el acta de la Asamblea que durante los debates de después del mediodía, sobre todo durante las penosas escenas que hemos presenciado, se ha visto a diputados del partido Conservador Británico haciendo gestos obscenos dirigidos a personas de la tribuna pública. 
Es algo que desapruebo intensamente y pediría que, en algún momento futuro, se tomara algún tipo de medida disciplinaria contra dichos diputados. 
No está nada bien que los diputados de nuestra Asamblea se comporten de esa forma repugnante con personas que acaban de perder sus puestos de trabajo. 
Señor Presidente, el orden y la autoridad de esta casa dependen del respeto hacia la Mesa y hacia las decisiones adoptadas por la misma. 
Con arreglo al artículo 109 del Reglamento, si el Presidente expulsa a un diputado del salón de sesiones por razones disciplinarias, no se le permitirá que regrese a él durante el resto de la sesión. 
En el caso del diputado al que usted nombró, no sólo regresó a la Cámara, sino que también tomó parte en las votaciones. 
Por lo tanto, pido que se anule su voto. 
También se le dio el derecho a dar una explicación de voto. 
No quiero dar más pábulo a lo que ya es de por sí una situación tensa, pero el respeto por nuestro Reglamento, que es fundamental para el desarrollo de los asuntos de esta Asamblea, exige que se respete incluso esa parte concreta del artículo. 
Porque si eso no se respeta- es decir, la última línea, en la que se menciona la autoridad del Presidente y el orden en la sala- la situación degenerará en tumulto. 
Gracias, señor Corbett. 
De nuevo, a usted también tengo que decirle que esta Presidencia asume absolutamente todas las responsabilidades, incluso las que le acaba de atribuir en este momento. 
Cuando en esta Asamblea hay posiciones distintas, el Presidente debe tomar una decisión y no puede contentar al conjunto de la Asamblea. 
Debe intentar hacerlo en aquella forma que entienda que es más correcto o, en algún momento, en aquella en que puede tranquilizar la situación, con arreglo siempre al Reglamento. 
Por lo tanto, mi voluntad ha sido, efectivamente, evitar que se abriera un debate de nuevo, intentar avanzar en la votación- no lo he conseguido, he llamado al orden- y después, he tenido un cambio de impresiones con los presidentes de los Grupos, quienes han ayudado a esta Presidencia a salir de la situación de tensión en la que nos habíamos situado. 
No quiero abrir de nuevo esta situación de tensión. 
Voy a dar la palabra a todos los que lo pidan, pero en todo caso yo creo que hemos conseguido, si no resolver satisfactoriamente el incidente- que queda abierto para las posteriores consideraciones que se quieran -, sí avanzar en nuestro trabajo y realizar una votación que todos, absolutamente todos, considerábamos muy importante. 
Tiene la palabra el Sr. Pasty para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, su principal función como Presidente de sesión es hacer respetar el Reglamento. 
Ahora bien, usted no tenía que haber autorizado la intervención de la Sra. Green durante una votación. 
La intervención de la Sra. Green era de naturaleza política. 
No se trataba de una cuestión reglamentaria ni de una explicación de voto, sino de una intervención de naturaleza política. 
A partir de ahí, todos los colegas estaban autorizados a pedir la palabra. 
Y usted no ha actuado en consecuencia. 
Incluso se ha negado a ello, lo cual es muy grave. 
En segundo lugar, se han producido alteraciones aún más graves, ya que se han producido incidentes en la tribuna. 
Nosotros respetamos a las personas que están en la tribuna, porque son nuestros invitados, pero ellos deben respetar a los diputados. 
Ahora bien, hemos sido testigos de la agresión que han sufrido los diputados debido al comportamiento de estas personas. 
Y usted tenía que haber suspendido inmediatamente la sesión, señor Presidente, sin que se le tuviera que haber pedido- está establecido en nuestro Reglamento -, porque era la única manera de restablecer el orden, y haber solicitado que la tribuna fuese desalojada. 
Usted no lo ha hecho. 
Plantearé la cuestión a la Conferencia de Presidentes. 
Deseo asimismo someter la cuestión a la Mesa del Parlamento, puesto que su comportamiento ha sido inaceptable. 
Me atrevería incluso a decir que es usted reincidente, porque recuerdo otro incidente, que también tenía que ver con la tribuna, cuando usted presidía la sesión. 
Se trataba de un problema relacionado con las personas indocumentadas. 
Por lo tanto, no es un hecho totalmente fortuito, y deseo que esta cuestión sea tratada a la vez por la Conferencia de Presidentes y por la Mesa de este Parlamento, ya que es intolerable que un vicepresidente se comporte como usted lo ha hecho. 
Gracias, señor Pasty. 
Tomo nota de sus palabras, que constarán en Acta. 
Yo he dicho una y otra vez que espero que ustedes discutan esto en los términos y en los sitios que crean convenientes; lo que creo es que ahora no debemos seguir insistiendo, pero, en todo caso, yo me siento en este momento muy generoso, porque ya no tenemos que votar nada más. 
Tiene la palabra el Sr. Cox para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, pedí hacer esta breve intervención a raíz de la observación del Sr. Corbett. 
Estoy seguro de que, ciñéndose a una interpretación estricta del artículo que ha citado, puede tener razón. 
Pero como observación política, el comentario carece de ninguna utilidad. 
La comedia de errores y malinterpretaciones de hoy se complicaría gravemente si el error de nombrar al Sr. Giansily para expulsión fuera sobre algún tecnicismo que hubiera que respetar al pie de la letra. 
Él tenía derecho a intervenir y lamento que no se le facilitara como a otros. 
Si se le tuviera que expulsar por algún tecnicismo, desearía que se me expulsara junto a él como acto de solidaridad. 
Gracias, señor Cox. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Seppänen para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, doy mi apoyo al procedimiento seguido por el Presidente en este caso. 
Asimismo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que al Sr. Giansily se le expulsó de la sala por decisión del Presidente. 
En mi opinión, el turno de palabra del que se ha hecho uso en esta ocasión está justificado. 
No podemos expulsar a una persona de la sala y luego permitir que participe en una votación y que haga uso del turno de palabra. 
La persona en cuestión pertenece al mismo grupo que el Sr. Pasty, quien, en la ocasión anterior, votó en nombre de otra persona en esta sala de plenos. 
Ahora, un miembro del mismo grupo no sólo no abandona la sala, a pesar de haber sido expulsado, sino que además participa en el debate y en las votaciones. 
En mi opinión, este asunto debería llevarse a la Conferencia de Presidentes, o de lo contrario todos nosotros deberemos tener la posibilidad de permanecer en la sala aunque se nos ha haya expulsado de la misma. 
Señor Presidente, yo creo que debemos regresar al terreno de la realidad. 
Usted ha criticado a la Sra. Green. 
Luego también ha concedido la palabra al Sr. Konrad. 
El Sr. Konrad se ha sentido obligado a lanzar una provocación. 
Su intervención me ha parecido una provocadora para nuestros invitados, que han acudido aquí cargados de emociones, que temen por su subsistencia, que van a perder su empleo, cuyas familias no saben cómo saldrán adelante. 
A continuación, el Presidente también ha criticado a los invitados en cuestión y les ha indicado que debían guardar silencio o de lo contrario, lamentándolo mucho, tendrían que abandonar la tribuna. 
Nosotros sabemos que no es aceptable que se realice una labor de agitación desde la tribuna, ¡pero estas personas seguro que no lo sabían! 
¡Volvamos al terreno de la realidad! 
¿Cuál es el motivo de fondo de sus sentimientos, cuál es el motivo de fondo de sus temores? 
¡No debería alegrarnos- y éste es un tema que también afecta a la identidad de esta Cámaraque acudan a nosotros unas personas que se sienten afectadas, que tienen miedo, que esperan de nosotros una respuesta política como Parlamento! 
¡Solicitar encima su expulsión es una respuesta de extraordinario mal gusto, como ya han manifestado varios colegas, a la vista de los problemas con que se enfrentan estas personas! 
En segundo lugar, yo quisiera hacer una aclaración a título personal. 
Un diputado llamado Féret, un diputado del Frente Nacional, nos ha tachado de fascistas tanto a la Sra. Green como a mí. 
Fíjense bien, un diputado del Frente Nacional tacha de fascistas a una socialdemócrata y una verde. 
¡Yo creo que este solo hecho ya es suficientemente elocuente! 
Señor Presidente, me he sentado aquí callada desde mi primera intervención sobre este tema. 
Debo decir que me quedé atónita por la reacción que hubo ante esa intervención, porque es una práctica habitual, como saben todas Sus Señorías, que los diputados llamen la atención de la Asamblea sobre el hecho de que hay personas en la tribuna durante los debates sobre ciertos asuntos que les interesan. 
No fue más que eso. 
Me quedé atónita por la reacción ante el simple hecho de que hubiera una delegación de la fábrica Renault cuando estábamos a punto de votar sobre la resolución. 
Me ha parecido una reacción absolutamente extraordinaria y desproporcionada. 
Sin embargo debo decir, señor Presidente, que aceptando al Sr. Konrad, cuya intervención admitió- en otras palabras, un orador a favor, otro en contra- e intentando detener después la clara interrupción desde la tribuna, usted actuó con gran dignidad, y que lo que siguió a continuación estaba bastante fuera de lugar. 
Me encantaría que el Sr. Pasty planteara esto en la Conferencia de Presidentes. 
Me alegraría debatirlo allí con él. 
Estoy segura de que a los vicepresidentes del Parlamento- muchos de ellos presentes- les agradará apoyar su actuación en la Mesa. 
Señor Presidente, ha actuado usted correctamente, ha actuado con dignidad y ha calmado finalmente la situación, permitiendo que la votación se efectuara, que era de lo que se trataba. 
Señor Presidente, lo que me preocupa no es su comportamiento, ni tampoco el comportamiento de los manifestantes de la tribuna. 
Lo que preocupa es el comportamiento de la Sra. Green, porque sabe perfectamente que no es tradición de esta Asamblea hacer intervenciones destinadas a influir en el resultado de la votación inmediatamente antes de la misma. 
Fue la decisión de Pauline de iniciar ese espectáculo, sirviéndose de los propios sentimientos y preocupaciones de los manifestantes para expresar una idea política en un momento inadecuado dentro del desarrollo de los asuntos de la Asamblea, lo que llevó al caos posterior. 
Si alguien es culpable de lo de esta mañana no ha sido usted, señor Presidente, ni han sido los manifestantes, ni tampoco lo han sido los diputados de este Parlamento; ha sido la Sra. Green por meternos en una situación imposible. 
Si ella piensa que es el tipo de comportamiento que tranquilizará a la gente sobre el hecho de que el partido laborista está listo para gobernar, tiene mucho que aprender. 
Señorías, temo que hoy vamos a almorzar con horario del sur, pero, de todas formas, todas y todos ustedes que piden la palabra van a tenerla. 
En este momento, permítanme que les pida excusas a los servicios de interpretación. 
Estamos abusando de estos servicios de interpretación. 
Estoy seguro de que colaborarán una vez más con nosotros, pero permítanme que les pida excusas. 
Por alusiones personales, tiene la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, el Sr. Spencer me ha nombrado y ofendido y tengo derecho a responderle. 
Si me está diciendo que él en ningún momento hace política en esta Asamblea, me sorprende enormemente. 
Anoche tuvimos una conversación con los trabajadores de Renault. 
Conviene que reconozcamos el hecho que estas personas estaban aquí. 
Hagamos frente a la realidad: ¿qué hay de malo en poderse poner efectivamente cara a cara frente a unas personas a las que están echando del trabajo? 
No sé si al Sr. Spencer le da algún tipo de vergüenza el hecho de que los Conservadores británicos hayan votado en contra de la resolución. 
Quizá ese sea el origen del problema: se encontraba ante unas personas que están perdiendo sus puestos de trabajo y que veían que él y sus compañeros diputados estaban votando en contra de la resolución. 
Pues bien, si tiene vergüenza, lo siento, pero sabe muy bien que es frecuente que en la tribuna haya representantes del mundo industrial que son animados y apoyados activamente por diputados de ese lado del hemiciclo, así como representantes de todos los demás grupos de presión. 
¿Acaso no es lo mismo? 
¿Por qué entonces cuando son sindicalistas cuyos puestos de trabajo están en la picota esto se hace de algún modo vergonzoso o difícil? 
Gracias, señora Green, pero hoy sí que no tengo ninguna posibilidad de cerrar este debate mientras haya peticiones de palabra. 
Por lo tanto, el Sr. Spencer me pide la palabra de nuevo. 
Le rogaría que no hiciera alusiones personales, porque si no no vamos a terminar. 
Tiene la palabra el Sr. Spencer para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, no es una cuestión de hacer política en esta Asamblea, sino de intentar influir de forma inapropiada en la votación montando un espectáculo, que sé que la Sra. Green llegará a lamentar. 
Esta es mi última palabra en la materia. 
Pero fue la Sra. Green la que inició este lío. 
Señor Presidente, creo que al tratar de mejorar las cosas, a veces se las empeora. 
Muchos de nosotros esperamos aquí formular las explicaciones de voto. 
Considero que en lugar de continuar un debate que no tiene razón de ser, podríamos pasar a las explicaciones de voto. 
Tiene usted razón, señor Bourlanges. 
En este informe continua el debate sobre la utilización de las técnicas de modificación genética, un tema que evoca muchos sentimientos entre el público. 
Pensamos que la Directiva que debatimos no trata la cuestión política con el suficiente rigor, y que está escrita en unos términos extremadamente técnicos, y se concentra en detalles, lo cual da una impresión de profunda ambigüedad. 
En esta cuestión, que a pesar de todo puede afectar a nuestro destino como seres humanos, se requiere claridad y coherencia para dar a los ciudadanos la posibilidad de poder seguir el debate. 
Apoyamos, no obstante, el informe con sus enmiendas en la mayoría de sus puntos, y lamentamos la ambigüedad con que ha sido redactado. 
En los últimos decenios una nueva amenaza se cierne sobre la tierra: la manipulación incontrolada e imprudente de sistemas complejos que la naturaleza ha tardado cientos de millones de años en perfeccionar. 
En beneficio del desarrollo científico y de la lucha contra las enfermedades, el hombre puede intervenir en los códigos genéticos de cualquier organismo vivo, incluido el ser humano. 
Nadie puede garantizar que el número de enfermedades que tal vez podrían ser tratadas con intervenciones genéticas no será mayor que el número de nuevas enfermedades imprevisibles provocadas por los aprendices de brujo de laboratorio. 
Las eventuales repercusiones de las especies modificadas ya no son ni previsibles ni inmediatamente visibles. 
Se manifestarán en las catástrofes que provoquen. 
Existe el grave riesgo de que los organismos modificados genéticamente se conviertan en la contaminación del futuro, una contaminación con capacidad de reproducción, desplazamiento, mutación y multiplicación y, lo peor de todo, con capacidad de competir con las especies naturales que no tienen ni el tiempo ni la capacidad de resistir mediante la creación de mecanismos de defensa, ya que los cambios naturales se producen a un ritmo que se mide en millares de años, mientras que los artificiales tardan meses. 
Los accidentes provocados por las aplicaciones bélicas y pacíficas de la energía nuclear parecerán inocentes fuegos artificiales, comparados con el dominio invisible y silencioso de continentes enteros por la clase superior «neogenética». 
Por otro lado, es muy difícil y arriesgado frenar o controlar todo lo que es producto del pensamiento humano. 
No es nuestro objetivo la abolición absoluta e indiscriminada de nuevos descubrimientos y tecnologías, sino el requisito incondicional de que ningun tipo de desarrollo tecnológico se vuelva en contra de la naturaleza, de la que el ser humano forma parte, sino que se integre en ella. 
Es peligroso que para garantizar el funcionamiento del mercado interior y mejorar la competencia, se pasen por alto las posibles consecuencias, promoviendo procedimientos y marcos legales cuyo único objetivo esencial es multiplicar la actividad económica, crear un mercado y garantizar inversiones competitivas, dejando unos márgenes peligrosos para que se eludan los mecanismos de control sin ofrecer ninguna garantía de que se respeten los principios éticos. 
Desde este punto de vista, opinamos que la Directiva del Consejo relativa a los microorganismos modificados genéticamente debe someterse a una revisión a fondo. 
Es necesario crear un órgano científico transeuropeo, que, con la participación de los ciudadanos, decida sobre la utilidad de un programa, evalúe los riesgos y los beneficios, establezca unas normas estrictas y de máxima seguridad y supervise su cumplimiento. 
Es de suma importancia que se ofrezca una información completa a la opinión pública sobre las posiblidades de la ingeniería genética, de manera que estas cuestiones importantísimas para el futuro de la humanidad resulten comprensibles, se definan sus dimensiones reales y se evaluen sus repercusiones. 
Lo que hasta la fecha se ha intentado hacer, sobre todo por las grandes empresas multinacionales del sector alimentario, se centra en tranquilizar a la opinión pública, trivializar los riesgos y crear un clima de aprobación. 
La propuesta del Sr. Trakatellis supone en muchos sentidos una mejora de la propuesta de la Comisión y se distingue por exigir una legislación más restrictiva. 
La aplicación del principio de cautela es positiva, al igual que la realización de una evaluación general de la clasificación de las actividades confinadas. 
No obstante, no puedo apoyar la propuesta debido a la modificación del fundamento jurídico. 
La Comisión de Medio Ambiente propone utilizar como tal el artículo 100A, en lugar del que prevé la propuesta de la Comisión, es decir, el artículo 130S. 
Se dice que esta modificación de la Directiva no tiene realmente que ver con la protección del medio ambiente, sino más bien con la armonización de las normas al respecto. 
No estoy de acuerdo con ello. 
La investigación de la aplicación de los OMG encierra muchas posibilidades, pero ha de realizarse en condiciones que garanticen lo mejor posible la salud humana y el medio ambiente en el futuro. 
Por eso, es muy importante que cada Estado miembro tenga la posibilidad de extremar sus exigencias legislativas en esta materia, lo que el artículo 130S permite. 
Debido a lo expuesto, no puedo votar a favor de la aplicación del artículo 100A en este caso: lo único que se conseguirá es transferir más competencias al Parlamento. 
Con ello, los Estados miembros pierden el derecho a mantener requisitos legislativos más estrictos, si no se indica lo contrario, lo que no es aconsejable. 
Señor Presidente, he apoyado este informe hoy porque, al igual que a muchas personas, me preocupa que ya haya organismos genéticamente modificados en los alimentos que se venden en los supermercados. 
En vista de la reciente oleada de sustos sobre la seguridad de los alimentos, necesitamos tanta información como sea posible sobre el progreso científico en las técnicas de modificación genética. 
¿Quién está alterando qué plantas, animales y alimentos? 
¿Cuáles son los beneficios o peligros potenciales para los seres humanos y el entorno en general? 
Éste el tipo de preguntas para las que la gente necesita respuestas. 
Por ello acojo con satisfacción el hincapié que hace el informe en que se prevengan los riesgos para las personas y el medio ambiente, en lugar de sólo limitarlos. 
El informe señala además, acertadamente, la necesidad de intensificar las medidas de salud y seguridad en este campo de la ciencia. 
También tiene razón en hacer hincapié en que se facilite información a la población. 
No me cabe duda de que este campo de desarrollo científico ofrece beneficios potenciales para todos nosotros, pero al igual que todo consumidor preocupado, yo quiero el máximo de información posible para poder tomar mis propias decisiones. 
La modificación genética es un campo complejo, pero esto no es excusa para mantener a la gente desinformada sobre las consecuencias que tiene para su vida. 
Informe Soulier (A4-0065/97) 
Señor Presidente, deseo ante todo felicitar a mi colega André Soulier por su excelente informe, aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
El Parlamento Europeo ya había emitido su dictamen el 16 de abril de 1996, basándose en un primer informe de André Soulier, y aprobado un programa plurianual destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector de la energía. 
Hoy debemos expresar nuestra sorpresa ante la actitud del Consejo, que ha modificado el artículo 8 relativo a la comitología, y ha decidido volver a consultar al Parlamento. 
Este cambio de método no sólo ha supuesto un retraso, sino también un cambio sustancial, ya que el presupuesto anual de 10 millones de ecus, previsto inicialmente, ha sido reducido a 7 millones para 1997. 
Yo apruebo totalmente la propuesta del ponente, quien considera que no ha lugar a reducir la suma que votó el Parlamento y el Consejo. 
Sin embargo, para no retrasar más la aplicación del programa SYNERGY, y a la espera de un debate de fondo sobre esta cuestión, me pronuncio a favor del informe de mi colega. 
Informe Arias Cañete (A4-0061/97) 
El grupo de los socialdemócratas suecos está en contra de la propuesta del ponente de no poner plazos a la ayuda a los productores canarios de cefalópodos. 
En consecuencia, el grupo ha decidido votar en contra del informe. 
Informe Cunha (A4-0013/97) 
Los convenios de pesca deben configurarse de modo que beneficien a las partes interesadas y garanticen el balance ecológico. 
Varios de los acuerdos pesqueros con países del tercer mundo le resultan caros a la Unión, al tiempo que se elimina una proporción demasiado elevada de las capturas a nivel local. 
El grupo socialdemócrata sueco tiene objeciones con respecto a este acuerdo pesquero y está convencido de que éste y acuerdos similares se firman a costa de los pescadores, que son los que sufren las consecuencias de los derechos pesqueros negociados. 
Los verdes hemos votado contra estos acuerdos de pesca por dos razones. 
En primer lugar, tenemos la sensación de que la base para la negociación de estos acuerdos no es aceptable. 
Cuestiones tan importantes como la evaluación científica de las repercusiones que tiene la pesca sobre las especies objetivo y no objetivo, el control y vigilancia de las actividades pesqueras, la coherencia con las políticas de desarrollo y medio ambiente de la Unión Europea y los efectos de las disposiciones sobre desembarques en los mercados locales no reciben suficiente atención en los acuerdos de pesca de la Unión Europea con los países en desarrollo. 
En segundo lugar, compartimos con muchos de nuestros colegas la indignación por el procedimiento utilizado, que presenta al Parlamento un fait accompli para cada acuerdo. 
Se nos pide nuestra opinión mucho después de que hayan finalizado las negociaciones y de que los buques hayan comenzado a faenar. 
Protestamos por esta situación con un voto en contra de los dos acuerdos. 
En vista de la disminución de las poblaciones de pesca en aguas propias y de la sobrecapacidad de la flota pesquera, la UE ha optado por adquirir derechos de pesca en terceros países. 
Es necesario mantener la pesca a un nivel sostenible en las aguas comunitarias, pero este criterio debe aplicarse también en los países en desarrollo, ya que la pesca es uno de los pocos recursos de que los países pobres disponen. 
Las poblaciones de los países africanos dedicadas a la pesca litoral han expresado su preocupación por los impactos causados por la pesca de los buques comunitarios en sus aguas. 
Tardan ahora más en llenar un barco con pescado y se ven obligados a acercarse más a la mar abierta con embarcaciones que no son apropiadas para ello. 
La cuestión que se plantea es si la UE está exportando la explotación excesiva a las poblaciones de peces de terceros países. 
Es preocupante que Angola haya mantenido la misma cuota para la pesca de gambas, mientras que otros países ACP la han reducido. 
Se aumentan las posibilidades de pesca de los arrastreros y se incluyen nuevas especies. 
¿Lo está haciendo Angola tan sólo porque no sigue la tendencia general, o es que el Acuerdo de pesca entre Angola y la UE no tiene en cuenta las condiciones reales de los recursos, sino el desarrollo en general del sector pesquero de Angola? 
Me parece asimismo censurable que no se haya tenido en cuenta la opinión de la Comisión de Desarrollo. 
Estoy pensando, sobre todo, en su valoración de las ventajas mutuas del acuerdo y en el desembarque de un porcentaje determinado de las capturas en el país de origen. 
No obstante, el aumento del presupuesto para el desarrollo del sector pesquero de Angola es positivo, aunque también este punto da lugar a preguntas. 
Falta información concreta sobre el destino de los fondos. 
Sin esta aclaración, no tenemos seguridad de que los fondos sean destinados a un desarrollo sostenible del sector pesquero de Angola. 
No votaré este informe porque la Comisión apenas ha tenido en cuenta la opinión de la Comisión de Desarrollo, a pesar de que Angola sea un país en desarrollo. 
Creo que los acuerdos de pesca con los países en desarrollo deben incluir un código de conducta obligatorio. 
Informe Macartney (A4-0385/96) 
Los convenios de pesca deben configurarse de modo que beneficien a las partes interesadas y garanticen el balance ecológico. 
Varios de los acuerdos pesqueros con países del tercer mundo le resultan caros a la Unión, al tiempo que se elimina una proporción demasiado elevada de las capturas a nivel local. 
El grupo socialdemócrata sueco tiene objeciones con respecto a este acuerdo pesquero y está convencido de que éste y acuerdos similares se firman a costa de los pescadores, que son los que sufren las consecuencias de los derechos pesqueros negociados. 
Informe Waddington (A4-0056/97) 
Felicito a la Comisión Europea, con motivo del informe de mi colega, la Sra. Waddington, por la presentación de su Libro blanco. 
Es verdad que la modernización de nuestros sistemas de educación y de formación permitirá que nuestra sociedad europea acepte los retos del futuro (la sociedad de la información, por ejemplo). 
Por lo tanto, como representante local, soy sensible a las acciones que la Unión Europea podría llevar a cabo. 
A título de ejemplo, en enero de 1996 aplicamos en mi ciudad, Istres, el tercer plan informático escolar. 
Orientado sobre todo al sistema multimedia, este proyecto marca una etapa significativa gracias a la cantidad, a la potencia y a las posibilidades de acceso a los programas informáticos puestos a disposición de los profesores y alumnos. 
Así, al iniciarse el curso, en setiembre de 1996, se llevó a cabo con éxito la experiencia de realizar una conexión de los directores de escuela con el servidor central de la ciudad, donde se halla instalada la base de datos sobre los niños escolarizados; este aspecto del plan informático contribuyó, por otro lado, a controlar mejor, por parte de los actores interesados- servicios escolares, directores, inspector de Educación -, el delicado período de la vuelta al colegio. 
Deseosos de pasar a un nivel superior, a través de la conexión con Internet, es innegable que las colectividades locales no podrán soportar solas el peso de las repercusiones financieras de este proyecto. 
La acción de la Unión Europea debe situarse a este nivel, aportando recursos financieros importantes. 
Espero que el plan de acción de la Comisión tenga en cuenta realmente las necesidades de las colectividades locales, y no se limite a conceder ayudas para proyectos que las colectividades pequeñas o medianas no podrían realizar en los plazos adecuados. 
Hoy los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe de la Sra. Waddington relativo al Libro Blanco de la Comisión sobre la educación y la formación. 
El informe critica varios puntos del Libro Blanco, como, por ejemplo, que la Comisión se centre en los jóvenes y no tenga en cuenta el envejecimiento de la población europea. 
El informe señala el peligro de un aumento de la distancia entre «los que han aprendido algo» y «los que no han aprendido nada». 
Para impedirlo, es necesario conceder cada vez más importancia al concepto de «formación permanente». 
Por eso, el informe solicita la presentación de iniciativas por parte de la Comisión que aumenten las posibilidades de la población a recibir una formación continua, tanto en las empresas como en el sistema educativo. 
Los socialdemócratas daneses mantienen una actitud positiva ante el debate iniciado con el Libro Blanco de la Comisión y el informe de la Sra. Waddington. 
No obstante, desean subrayar que, al igual que la Sra. Waddington, son escépticos ante la aplicación de la propuesta del Libro Blanco de crear escuelas de «segunda oportunidad» a escala europea para los grupos especialmente expuestos a la exclusión social debido a la sociedad de la información. 
Los socialdemócratas daneses creen que los parlamentos nacionales deben tomar las medidas de política educativa. 
En este punto se aplica el principio de subsidiaridad. 
Lindqvist (ELDR) , Gahrton, Holm, Schörling (V) , por escrito. 
(SV) Hemos votado en favor del informe Enseñar y aprender- Hacia la sociedad cognitiva porque contiene unas buenas propuestas y una crítica constructiva del Libro Blanco de la Comisión sobre la educación. 
No podemos apoyar la propuesta del informe (puntos 49 y 55) , que en parte considera que deberíamos armonizar nuestras acciones en torno a la educación y la formación dentro de las políticas generales de la UE, y en parte invita a la Comisión a que elabore unos planes de acción pormenorizados en el ámbito educativo. 
Esto les debe estar reservado a los Estados miembros. 
El Libro Blanco de la Comisión sobre la educación y la formación ha sido acogido con general satisfacción y ha merecido una valoración positiva en la mayoría de los casos. 
También yo lo valoro como un importante estímulo que contribuirá a impulsar el necesario debate sobre la educación a escala europea y nacional. 
No me satisface plenamente, sin embargo, el título de este Libro blanco. 
El concepto «sociedad cognitiva» es impreciso y también incompleto, puesto que la educación debe abarcar no sólo los procesos de aprendizaje cognitivo, sino también emocional, social y ético. 
No debemos perder de vista el objetivo de la educación como inculcación de valores. 
Por este motivo, yo había propuesto una enmienda por la que se modificaba el título por el de «Enseñar y Aprender- una vía éticamente responsable en una sociedad científicamente orientada» , que lamentablemente no fue aceptada por la Comisión de Cultura. 
En cambio, es una satisfacción para mí que otra de mis propuestas de enmienda haya quedado recogida en la opinión de la Comisión de Cultura y también en el informe de la Sra. Waddington, aunque con menos énfasis del que yo habría deseado. 
Ésta se refiere a la importancia de la educación preescolar para todos los niños y particularmente para los desfavorecidos, con vistas a lograr una mayor la igualdad de oportunidades y prevenir de este modo la exclusión social. 
La enseñanza preescolar, como primer nivel educativo, debe recibir mucha más atención de la que se le ha prestado hasta ahora en la mayoría de países europeos. 
Los resultados de las investigaciones sobre el cerebro prueban que en los primeros seis años de la vida de una persona ya se consolidan un gran número de capacidades e inclinaciones. 
Una educación completa lo más temprana posible, que preste especial atención a los elementos musicales y a la familiarización con las lenguas extranjeras a través del aprendizaje lúdico, fomenta la creatividad infantil y establece los cimientos para una formación de amplio espectro. 
Además, una educación preescolar de estas características también puede prevenir la exclusión social, puesto que permite iniciar lúdicamente a todos los niños en el proceso de aprendizaje, ya antes de su ingreso en la escuela. 
Esto permite abrigar la esperanza de que el proyecto de las «escuelas de segunda oportunidad» ya iniciado por la Comisión- en contra de la voluntad de los Estados miembros- resulte cada vez más superfluo, puesto que nos estaremos aproximando al objetivo primordial de integrar a todos los jóvenes en la primera vía educativa. 
Yo coincido con la Sra. Waddington en que, en lugar de establecer «escuelas de segunda oportunidad» separadas del sistema educativo existente, sería preferible reforzar la vía educativa tradicional, de modo que ésta esté en condiciones de ofrecer una diversidad suficiente y de garantizar un sistema global que ofrezca oportunidades para todos. 
Yo soy asimismo del parecer que en la sociedad de la información debe concederse muchísima más importancia de la que le otorga el Libro Blanco al papel del profesorado. 
Muchos profesores todavía no conciben el uso de las nuevas tecnologías de la información como una necesidad, sino más bien como un «juego» voluntario sin mayor importancia para el futuro. 
A menudo también reaccionan con malestar ante la idea de las nuevas exigencias que les imponen estas innovaciones. 
Es evidente que el papel de los profesores se modificará considerablemente con la aplicación de las nuevas tecnologías. 
Si bien no deberán abandonar por completo su anterior papel de «portadores del saber» , aun así deberán apoyarse en las nuevas tecnologías para incorporar una concepción adicional de su papel y enseñar al alumno individual a seleccionar, asimilar y utilizar los datos que se le ofrecen. 
Los profesores deben recibir, por lo tanto, una formación pedagógica inicial y continua especialmente orientada hacia una mayor aplicación de las nuevas tecnologías. 
El Libro Blanco debe hacer, por otra parte, mayor hincapié en la función clave de los padres y de la familia, a quienes también es preciso incorporar al proceso general en el marco de las nuevas exigencias educativas. 
En definitiva, son ellos quienes deben aceptar y apoyar las nuevas propuestas, en su calidad de principales representantes de nuestra sociedad, sin perder de vista al mismo tiempo el importante aspecto de la formación continua. 
Yo abogo, por lo tanto, por una intensa educación de los padres. 
Como último punto, yo quisiera referirme todavía brevemente al aspecto de la adquisición de lenguas extranjeras. 
En este contexto, me parece interesante el enfoque de los italianos, que apoyan sobre todo el dominio pasivo de otras lenguas. 
Esto promueve una mayor comprensión mutua entre los ciudadanos de diferentes Estados miembros sin necesidad de que aprendan a hablar de inmediato la otra lengua a la perfección. 
Es indiscutible que resulta muchísimo más sencillo adquirir el dominio pasivo que no el dominio activo de una lengua. 
Se trata de un enfoque en el que me parece interesante y útil que se siga profundizando en el curso del debate sobre este tema. 
En conjunto, yo estoy de acuerdo con las propuestas del Libro Blanco, pero no obstante pienso que deben ir seguidas muy pronto de medidas concretas. 
También acojo con satisfacción el informe de la Sra. Waddington, que contempla además muchos otros aspectos importantes. 
Votamos en favor del informe porque pensamos que su contenido político es de gran calidad. 
No obstante, queremos reafirmarnos en que la política en materia de educación es una cuestión que compete a los parlamentos nacionales, y en que así debe seguir siéndo. 
Clonación 
La clonación suscita profundos planteamientos éticos, filosóficos y prácticos en relación con el uso y abuso de la ingeniería genética y de la comercialización de la investigación genética en seres humanos. 
La clonación de seres humanos, ya sea con fines experimentales, en el contexto del tratamiento de la infertilidad, del diagnóstico previo a la implantación, del trasplante de tejidos, o con cualquier otro fin, no puede justificarse en ninguna circunstancia y hay que prohibirla. 
Mientras no se llegue a un consenso en nuestra sociedad sobre si se deben permitir o no las técnicas de clonación, habría que prohibir la clonación de seres humanos y animales con cualquier fin en la UE. 
Hay que prohibir ahora la patentabilidad de dichas técnicas y de las sustancias biológicas resultantes y modificar en consonancia la directiva propuesta sobre protección jurídica de los inventos biotecnológicos. 
Hay que retirar inmediatamente todos los fondos proporcionados por la Unión Europea, directa o indirectamente, para investigación o desarrollo de técnicas de clonación en animales y/o seres humanos y publicar una lista de todos los proyectos de ese tipo que hayan recibido fondos de la UE. 
La producción en masa de animales por medio de técnicas de clonación lleva inevitablemente a una reducción de la diversidad genética de los animales domésticos, erosiona la base ecológica de la producción alimentaria y degrada la calidad ética de la cría de estos animales. 
La clonación de los animales domésticos lleva a un nuevo grado de racionalización en la producción de ganado, estimula aún más la mecanización del sector agrario y debilita los intentos actuales de reorientar la PAC hacia un sector agrario sostenible. 
Debemos convocar una conferencia de ciudadanos en cada Estado miembro en la que se estudien estas cuestiones y crear una comisión de genética humana que haga un seguimiento de todos los avances que se vayan produciendo y asesore sobre los mismos. 
Como diputada ecologista, no podía apoyar una resolución de compromiso que no hace la debida mención a la clonación animal. 
En un debate suscitado por la oveja Dolly, es increíble que los demás grupos hayan decidido omitir cualquier referencia a los animales y hayan convenido en aceptar una versión más suave de la resolución aprobada unánimemente por esta Asamblea en 1993 sobre la clonación humana. 
Como políticos, tenemos la obligación de abordar los temas difíciles al igual que los fáciles. 
La interrelación entre la clonación humana y la animal es evidente y, a medida que van desapareciendo los obstáculos antes insalvables entre las especies, debemos tener el valor de poner freno a la clonación de todos los animales, no sólo de los humanos. 
Entre los instrumentos económicos que mueven la agenda de investigación está la protección ofrecida por el derecho de patentes. 
Si vamos a prohibir la clonación, entonces tendremos que dar efecto práctico a la prohibición incluyendo una prohibición similar en la directiva sobre patentes. 
En cuanto a la estructura de un análisis ético, creo que estamos poniendo el acento de forma totalmente equivocada. 
Lo más importante no debería ser qué comité de expertos es más experto que el otro, sino celebrar una amplia consulta y debate públicos a fin de llegar a un consenso en nuestras sociedades sobre la futura orientación y aplicación de las nuevas tecnologías de reproducción. 
Son los ciudadanos los que deberían informar a los administradores, no a la inversa. 
Hoy se han rechazado aquí las enmiendas para responder a estas objeciones y yo me he abstenido como protesta. 
por escrito. (SV) Los resultados obtenidos por los científicos escoceses son espeluznantes. 
Nuestra posición en cuanto a este tema es bien clara: No se puede permitir la clonación, ni de personas ni de animales. 
Los aspectos éticos tienen para nosotros un peso específico muy grande y por ello exigimos la prohibición total, no solamente para las personas, sino también para los animales. 
Que se permita la clonación del tejido animal va absolutamente en contra de nuestra concepción de la naturaleza de estos seres y del modo en que las personas deben tratarlos. 
La clonación de animales destinados al matadero nos llevará a una mayor racionalización de esta producción, a una industrialización más amplia de la agricultura y al menoscabo de nuestros esfuerzos por modificar la producción agrícola en una dirección ecológicamente sostenible. 
También es importante dejar claro que los proyectos de investigación de la UE no deben ocuparse de la clonación. 
Si se demuestra que es así, deben interrumpirse inmediatamente y devolverse las donaciones recibidas a la UE. 
Como diputada ecologista, no podía apoyar una resolución de compromiso que no hace la debida mención a la clonación animal. 
En un debate suscitado por la oveja Dolly, es increíble que los demás grupos hayan decidido omitir cualquier referencia a los animales y hayan convenido en aceptar una versión más suave de la resolución aprobada unánimemente por esta Asamblea en 1993 sobre la clonación humana. 
Como políticos, tenemos la obligación de abordar los temas difíciles al igual que los fáciles. 
La interrelación entre la clonación humana y la animal es evidente y, a medida que van desapareciendo los obstáculos antes insalvables entre las especies, debemos tener el valor de poner freno a la clonación de todos los animales, no sólo de los humanos. 
Entre los instrumentos económicos que mueven la agenda de investigación está la protección ofrecida por el derecho de patentes. 
Si vamos a prohibir la clonación, entonces tendremos que dar efecto práctico a la prohibición incluyendo una prohibición similar en la directiva sobre patentes. 
En cuanto a la estructura de un análisis ético, creo que estamos poniendo el acento de forma totalmente equivocada. 
Lo más importante no debería ser qué comité de expertos es más experto que el otro, sino celebrar una amplia consulta y debate públicos a fin de llegar a un consenso en nuestras sociedades sobre la futura orientación y aplicación de las nuevas tecnologías de reproducción. 
Son los ciudadanos los que deberían informar a los administradores, no a la inversa. 
Puede que Dolly, el primer clon mundial de un animal adulto, sea una oveja fotogénica, que sale favorecida en las primeras páginas de los periódicos. 
Pero detrás de las bonitas fotografías acecha una amenaza siniestra para la diversidad genética, el principio más básico de la naturaleza. 
La clonación animal debiera considerarse en el contexto de la crisis de la EEB y de los efectos negativos de la mecanización del sector agrario. 
La clonación favorecería una excesiva endogamia y podría dar lugar a un aumento de los trastornos mentales y físicos en el ganado. 
¿Cómo vamos a protegernos los consumidores de las consecuencias de la contaminación genética en la cadena alimentaria? 
El Dr. Ian Wilmut, el científico del Roslin Institute de Edimburgo responsable de Dolly, ha afirmado que nada impide que las técnicas que él ha utilizado se apliquen a los embriones humanos. 
La idea de que puedan clonarse los seres humanos parece más afín a las ideas hitlerianas sobre la raza aria que a cualquier aplicación responsable del progreso científico. 
La clonación de animales suscita asimismo serios planteamientos éticos sobre el trato cruel que infligimos los humanos a los animales en nombre de la ciencia. 
Esta misma semana el Parlamento Europeo debatirá un informe sobre el hecho de que la Comisión no haya aprobado planes para suprimir progresivamente las pruebas con animales para productos cosméticos. 
No parece que exista una voluntad política de los dirigentes de la UE para borrar del mapa el sufrimiento innecesario de los animales, y la clonación no hará sino llevar a nuevos experimentos con éstos y a un mayor sufrimiento para ellos. 
Actualmente, la clonación es el problema prioritario del Parlamento Europeo, no tanto porque pueden reproducirse animales iguales entre sí, necesarios para el bienestar de la humanidad que busca en todo momento alimentos para comer, sino porque el ser humano, que es único e irrepetible, corre un grave peligro. 
La Comisaria Cresson nos garantiza el respeto de los principios éticos y de la moral. 
Ahora bien, es necesario aclarar qué es la ética y qué es la moral. 
Algunas veces, mejor dicho, con frecuencia, en el Parlamento Europeo es la mayoría quien establece qué son la ética y la moral. 
Asimismo, la señora Cresson nos asegura que en lo referente a este problema de la clonación, la Comisión se vale de expertos, mejor dicho, de expertos altamente cualificados. 
Ahora bien, habría que evaluar la experiencia de dichos expertos y comprobar dónde y en qué ámbitos la han adquirido, habría que saber de dónde proceden y en qué cultura se han basado para su profesionalidad y cuál es su idea de ética y de moral, así como si pertenecen a la izquierda o a la derecha o a otra tendencia. 
Sólo cuando se respondan estas preguntas, estaremos seguros de lo que nos va a ofrecer la Comisión. 
Mi voto será favorable siempre y cuando se respeten realmente los que son los principios éticos verdaderos, en cuya virtud se respeta el orden natural, se considera al ser humano como único e irrepetible y existan reglas y normas claras y seguras que no perturben lo que nos da la creación. 
En mi calidad de diputada de los Verdes lamentablemente no me es posible dar mi voto afirmativo a la presente propuesta de compromiso. 
Yo habría aprobado gustosa una declaración que se manifestara en contra de la irresponsabilidad coordinada de la industria, la ciencia y la política- que ya puede apreciarse en la clonación de animales- en términos al menos tan consecuentes como los de nuestra Resolución de 1993. 
No podemos empezar a proteger la dignidad del ser humano sólo cuando ya ha sufrido el primer ataque. 
En efecto, lo cierto es que la dignidad humana ya está amenazada cuando se degrada a los animales a la mera categoría de portadores de material biológico, de fábricas vivientes de carne, tal como los ha ensalzado el Sr. Pradier. 
Sólo un camino muy corto separa estos conceptos de la selección de las personas según criterios de utilidad: a un lado, los buenos, a quienes se permitirá seguir viviendo desde esta concepción basada en el delirio de poder; al otro, los malos, destinados a servir como reserva ambulante de órganos para trasplantes. 
No son fantasías delirante de los Verdes en la línea del Mundo feliz de Huxley, sino planteamientos que tal vez ya les resulten conocidos, ideas que han quedado recogidas en el Convenio sobre bioética y en los conceptos sobre el mayor o menor «valor» de los seres humanos que allí se suscriben. 
Para mí personalmente es, por lo tanto, muy importante que el Parlamento Europeo se manifieste de manera clara y consecuente en contra de cualquier fisura en las compuertas de la ética y que se oponga al unísono a la clonación de cualquier ser vivo y también a las investigaciones encaminadas a este fin. 
Dentro de los valores fundamentales, la libertad es el centro de todo debate ético. 
Por eso, en materia de salud, el consentimiento del paciente es una condición imprescriptible de cualquier tipo de intervención que lo afecte. 
Pero cuando, por las circunstancias, no es posible obtener su consentimiento, puede suplirlo el de sus padres o el de la autoridad tutelar, al menos cuando los resultados previsibles de la intervención son suficientemente claros y probables como para que pueda realizarse la delegación de poderes. 
En cambio, si la intervención no presenta ningún interés para el afectado, ésta debe ser prohibida, puesto que se parte del principio de que se niega el consentimiento, desde el momento en que éste ni siquiera puede obtenerse. 
Tal es el caso de una procreación humana por clonación, más allá del método aplicado. 
En efecto, ya en materia de procreación asistida, la técnica consistente en la micro inyección de espermatozoides en un óvulo plantea una objeción ética particularmente grave puesto que implica una elección, una selección voluntaria de células germinativas. 
En la clonación de seres humanos, bien se obtenga por segmentación del huevo, o bien por técnica transgénica, como ocurrió con la oveja Dolly, debe mantenerse la prohibición absoluta. 
En efecto, en este caso existiría una determinación total de las características genéticas del nuevo ser humano. 
Sería la violación más completa que imaginar se pueda de su libertad. 
No se ha reflexionado lo suficiente en esta característica fundamental de la procreación humana, cual es la indeterminación total de la fecundación natural, con exclusión de la actitud voluntaria de los padres, es decir, su unión sexual. 
La indeterminación de la fecundación es la mayor protección original de la libertad humana. 
Ésta ha sido parcialmente dejada de lado en la procreación asistida. 
Aquello que la sociedad ha creído oportuno tolerar para paliar la infertilidad de una pareja es ya una transgresión de esta protección de la libertad humana. 
La transgresión no puede ir más lejos. 
Hay que señalar asimismo que tanto la procreación asistida como los métodos de clonación confirman que el huevo fecundado es un ser humano. 
Contrariamente a las consecuencias que algunos han creído poder sacar de la segmentación espontánea del huevo, que da lugar a los gemelos verdaderos, la unicidad del huevo original, que luego da lugar a dos seres humanos, no demuestra que este huevo no sea un ser humano. 
Es un ser humano «matriz» , que luego da lugar a dos seres humanos, dotados cada uno de una personalidad diferente, con el mismo material genético. 
Pero la diferencia entre gemelos verdaderos resultantes de una segmentación natural espontánea, o gemelos verdaderos resultantes de una segmentación provocada artificialmente, se basa precisamente en la indeterminación de la primera y en el control humano de la segunda. 
La frontera que separa ambos casos es la misma que separa el ámbito de la libertad humana y el de la esclavitud absoluta. 
La prohibición de la clonación debe ser una prohibición básica, al igual que la del incesto. 
En el debate de fondo sobre las consecuencias sociales de la investigación científica se plantea la necesidad de un control social de la ciencia. 
Puede plantearse un conflicto entre la libertad de investigación y otros valores sociales, pero nadie debe escandalizarse. 
La ciencia no es simple explicación intelectual de la naturaleza. 
La ciencia entra en la praxis y sus consecuencias económicas y sociales son enormes en el mundo actual. 
Son también un poder. 
En esta externalización de sus consecuencias es donde se encuentra la legitimización teórica de su regulación jurídica. 
La regulación de la actividad científica implica su inserción en el orden general del entramado social. 
La libertad de investigación, lejos de verse coartada, se completa en el orden jurídico. 
Sólo la norma jurídica puede asegurar, de manera fehaciente, el principio de libertad de investigación. 
La responsabilidad de ordenación de la sociedad de los Parlamentos no puede aceptar el desarrollo de una actividad científica o técnica sin que se hayan establecido los mecanismos necesarios de evaluación de riesgos, de previsión de consecuencias no deseadas. 
Las posibles limitaciones que se impongan son un imperativo del Estado democrático. 
El impacto social de la genética y la preocupación de las opiniones públicas ante un avance descontrolado es el fundamento de una actuación reguladora a nivel nacional, de la U.E. y a nivel mundial. 
De ahí que en estos momentos se imponga una declaración del Parlamento Europeo donde se reafirme el derecho de cada individuo a recibir un patrimonio genético no manipulado, se prohíba la clonación del ser humano y se promuevan acciones penales para reprimir todo intento de violación de este derecho. 
Es algo esencial para hacer realidad una auténtica protección de la dignidad humana. 
Dicho esto, en el debate actual sobre el control de las técnicas y clonación, es importante no producir ningún confusionismo en la sociedad. 
Hay que distinguir, cuidadosamente, entre clonación de seres humanos de clonación de células y animales. 
Se ha de prohibir, de forma clara y contundente, toda investigación que tienda hacia la clonación de seres humanos. 
Pero debe quedar también claro que la clonación de células y animales es un instrumento esencial para la investigación biomédica. 
Deben tomarse todas las salvaguardias éticas y legales para que, en todo momento, se preserven derechos y valores esenciales de nuestra sociedad, pero no estamos legitimados a paralizar el progreso científico que ayude al hombre a cumplir su destino como persona humana. 
La falta de firmeza que revelan muchas y muchos colegas en relación con el tema de la clonación parece tener su origen en dos vías de pensamiento erróneas (históricamente vinculadas entre sí): 
En primer lugar, al extravío ontológico de reducir la realidad a un conjunto de objetos, a los cuales se contraponen a continuación los sujetos como algo totalmente diferenciado e inexplicable. 
Como resultado, la categoría de la identidad ya no resulta realmente pensable y se reduce a la categoría material de la igualdad. 
El principio metafísico de la» identitas indiscernibilium» de Leibniz allana el camino hacia una indiferencia científico-técnica: » Lo que es indistinguible para mí, lo agrupo como idéntico.» 
Hasta que llega un momento en que la identidad así «vaciada» de contenido también se niega en términos muy prácticos: se subordina al individuo a su reproducibilidad técnica. 
En segundo lugar, al extravío ético de considerarnos «liberados» , en nuestra calidad de seres humanos, de cualquier responsabilidad en relación con los demás seres vivos- a los cuales se considera como meros «objetos» o incluso como «máquinas» -y de cualquier vinculación afectiva que podamos sentir con ellos. 
Éste es el inicio de una actitud de sistemática irresponsabilidad en relación con cuanto no seamos nosotros mismos, un distanciamiento egocéntrico de la plena realidad de la propia práctica. 
De este modo también se abren de par en par las puertas a prácticas contrarias al ser humano: quien excluye artificialmente a los seres humanos del concierto de los seres vivos, de los «seres sensibles» -sentient beings -, como se dice tan gráficamente en inglés, también será capaz de trazar otras líneas divisorias no menos artificiales; por ejemplo, entre los simples humanos y los «superhombres» , o entre «seres subhumanos» y los «verdaderos» humanos... 
Factoría Renault 
Señor Presidente, mi explicación de voto es oportuna después de los graves incidentes y de las manipulaciones que acaban de tener lugar en este hemiciclo. 
En efecto, la decisión de Renault de cerrar un emplazamiento industrial en Vilvoorde hubiera merecido una verdadera reflexión sobre la concatenación de las causas y de las fuerzas aparentemente irrefrenables que han empujado a esta empresa seria a comportarse de esta manera. 
En su lugar, sólo hemos tenido derecho, en este recinto, a un raudal de diagnósticos falsos, de hipocresía y demagogia. 
He oído discursos que explicaban que la única solución consistía en integrar el Protocolo social en el Tratado y en realizar una Europa social, en la que las decisiones se tomarían por mayoría. 
Sin embargo, las directivas sociales por sí solas no pueden salvar puestos de trabajo cuando los compradores encuentran los productos demasiado caros. 
En ese sentido, creo que el Parlamento Europeo alimenta concepciones económicas poco racionales. 
También he lamentado oír desde los escaños de esta Asamblea, incluyendo los de la derecha, llamamientos en apoyo de la demanda a través de Fondos estructurales, solución que consiste en desvestir al contribuyente para vestir al consumidor; o incluso llamamientos en apoyo de la repartición del trabajo, solución que por lo general consiste también en desvestir al contribuyente- siempre a él -, pero esta vez para vestir al trabajador. 
También he oído, a la izquierda del hemiciclo, poner en entredicho esfuerzos de saneamiento presupuestarios, dando por supuesto probablemente que habría que subvencionar la Renault para mantener los puestos de trabajo. 
Si deseamos verdaderamente que prevalezca en Europa la preocupación por la dimensión humana, hay que plantear el problema de otra manera. 
En realidad, Renault es víctima de sus errores, pero también- como otras tantas empresas- del librecambismo mundial, al que Europa ha abierto las puertas con desmedida imprudencia. 
Los ciudadanos lo saben muy bien, como también saben muy bien que la moneda única implicará la necesidad de realizar ajustes aún más duros y que facilitará el trabajo a la «apisonadora» de la globalización. 
Por todas estas razones los ciudadanos captan, espontáneamente, las responsabilidades de Bruselas, que en este recinto se han intentado disimular a lo largo de este debate. 
Señor Presidente, debo decir que el ensañamiento de los socialistas me recuerda la frase de Oscar Wilde sobre lo furioso que se ponía Caliban al ver su imagen reflejada en un espejo. 
En efecto; después de todo, por qué los socialistas son tan vehementes en este asunto si no es porque la dirección de la empresa Renault fue colocada por un gobierno socialista, está compuesta por socialistas y asume- muy torpemente, hay que decir- responsabilidades institucionales que le han sido confiadas. 
Considero que existe ante todo una voluntad de enmendar sus responsabilidades. 
He votado en contra de la resolución. 
A pesar de contener elementos muy positivos, he votado en contra porque creo que cometemos el mismo error que la empresa. 
Reprochamos- con razón- a la empresa no haber representado su papel e ignorado las disposiciones legales al actuar como lo ha hecho. 
Pero nosotros nos extralimitamos en nuestro papel al darle consejos y decirle que la solución está en seguir determinada estrategia y no otra. 
Nosotros no somos los que pagamos, y no debemos tomar decisiones. 
Señor Presidente, hace un momento los trabajadores de Renault estaban en la tribuna, pero también hubieran podido estar los mineros; porque también se han cerrado las minas de carbón, para traer el carbón de Australia o de Vietnam. 
También hubieran podido estar los obreros de los altos hornos de las acererías, que se han parado, para traer el acero de Tailandia. 
Y también los obreros textiles, porque se ha cerrado la industria textil europea, para traer los textiles del sudeste asiático. 
¡Qué hipocresía! 
Puesto que si se cierra Vilvoorde es porque se han trasplantado empresas japonesas en el Reino Unido- donde se han abierto cinco factorías -, en España, Alemania; porque hay coches coreanos. 
Por lo tanto, es evidente que se han utilizado los Fondos estructurales, es decir, que los contribuyentes europeos han pagado para generar el desempleo en el sector del automóvil, como habían pagado en el caso de Hoover, que fue «deslocalizada» de Francia a Escocia. 
La Ford ya había entendido cuál era la realidad cuando pagaba salarios muy altos a sus obreros. 
Si se cierra la industria del automóvil es porque nadie compra automóviles, y si nadie lo hace es porque hay 20 millones de parados, y si hay 20 millones de parados es porque los ha generado la Europa librecambista. 
La propuesta de resolución constituye una señal de solidaridad indeclinable con los trabajadores ahora amenazados por el cierre de la fábrica. 
Hace poco más de un año, debatimos el caso idéntico de la decisión de reducción del personal para el posterior cierre por motivo de traslado de la línea de producción de la fábrica Renault de Setúbal. 
La misma Renault que se beneficia de ayudas públicas comunitarias y cierra unidades de producción construidas para poder recibirlas. 
Este caso demuestra la existencia de dos pesos y dos medidas por parte de la Comisión: el máximo rigor para aplicar las normas liberalizadoras de la competencia; ningún rigor para hacer cumplir las normas sociales europeas (sobre los despidos colectivos y los comités europeos de empresa). 
Confirma también y dramáticamente, el carácter subalterno de la Europa Social en la Europa del mercado y de la moneda. 
La fuerte reacción de los socialistas europeos significa también que no pactamos con estas políticas que están volviendo a los trabajadores contra Europa y rompiendo el consenso social fundador de la Unión Europea. 
Por fortuna, los trabajadores de Renault en los diverso países han comprendido que su lucha, para hacer frente al capital «mundializado» , tiene que ser unitaria a escala internacional y que la solución no está en el regreso a las fronteras nacionales. 
Al tiempo que apoyamos sin reservas su lucha por el derecho al trabajo, queremos decir también que se identifica con la lucha por una Europa Social y Política basada en la participación activa y en la lucha de los ciudadanos. 
Teniendo en cuenta las condiciones absolutamente lamentables en que se ha celebrado la votación de la resolución sobre el cierre de la factoría Renault en Vilvoorde, nosotros hemos considerado que no debíamos participar en ella. 
Nuestro deseo habría sido que el clima de esta votación hubiera estado a la altura de la gravedad del problema. 
No ha sido así. 
Lo lamentamos infinitamente. 
Estados Unidos y el Este asiático se ven beneficiados por los problemas a que se enfrenta la vida empresarial europea con el cierre de la fábrica Renault en Bélgica. 
En las salas de reunión de muchas direcciones de empresas se reflexiona sobre la conveniencia de realizar unas inversiones planificadas en lugares fuera de Europa. 
Renault debería haber seguido la norma de consultar a sus empleados antes de decidir el cierre de la fábrica. 
Pero la resolución del Parlamento Europeo va más allá de este aspecto. 
Las declaraciones y las condenas traerán mayores problemas a las empresas y disminuirán con ello la voluntad inversora. 
El Parlamento Europeo desea mejorar la situación social y el empleo, pero los métodos que escoge para lograr estos objetivos nos llevan a todo lo contrario. 
Nunca se podrá aumentar el empleo en Europa impidiéndole a una empresa que se adapte a nuevos requisitos en términos de capacidad competitiva. 
En su lugar debería facilitarse el establecimiento de nuevas empresas y de nuevas inversiones extranjeras en Europa. 
Es el aumento de la capacidad competitiva, y no más regulación, lo que puede salvar de la catástrofe al «modelo europeo» en el ámbito social. 
Renault es una empresa estatal que ha aplazado durante demasiado tiempo una reestructuración necesaria. 
Que una gran empresa como Renault haya recibido subvenciones de la UE para sus inversiones ilustra el reverso de la medalla de las ayudas empresariales que la propia UE, a través de sus fondos estructurales, se dedica a conceder a gran escala. 
El método es ciertamente condenable, como ha dicho el Sr. Chirac y el Sr. Juppé- es lo menos que podían decir -, pero el fondo del asunto es mucho más grave, y es aleccionador con miras al futuro de Europa, para que haya futuro. 
Después de recordar a los adversarios de la Unión Europea y de Maastricht que la Unión no es la causa de esta intolerable situación, hay que decir que Europa revela sus limitaciones y su incapacidad para impedirla, como también ha revelado su incapacidad para impedir las «deslocalizaciones» de empresas entre países de la Unión. 
Por lo tanto, hay que apoyar a los trabajadores belgas y franceses de Renault, y yo los apoyo. 
Sin embargo, es asimismo necesario apoyar la industria europea del automóvil y luchar por una Europa social, que prohíba este tipo de comportamientos por parte de responsables de empresas. 
Eso supone nuevas competencias europeas, nuevas directivas, un fortalecimiento de la Europa sindical y una movilización de todos los europeos que desean políticas europeas diferentes y que rechazan el librecambismo de tomo y lomo. 
Por esta razón, si bien apoyo sin reservas la resolución, digo que no debemos limitarnos a ello. 
Hay que asumir responsabilidades políticas. 
No podemos lamentarnos del cierre de una factoría de Renault y aceptar al mismo tiempo el liberalismo total. 
La resolución sobre el cierre de la factoría Renault en Vilvoorde que acaba de adoptarse, es un documento sumamente importante en el ámbito de la política social europea. 
Es importante, ya que va más allá del caso específico y explica la relación entre la Unión Europea y la política industrial. 
La resolución no niega los problemas de competitividad ni tampoco la necesidad de reestructuraciones, aunque pide firmemente que se respeten las normas. 
De hecho, dichas reestructuraciones y cierres arbitrarios contribuyen no sólo a aumentar el desempleo, sino a crear un clima económico de inseguridad que puede repercutir gravemente en el aumento del consumo, la conflictividad social y, a corto plazo, en el conjunto del crecimiento económico en la Unión Europea. 
Es importante porque condena la utilización del despido como única solución para resolver la crisis sin buscar cuidadosamente medidas alternativas y, por consiguiente, en perjuicio de esa Europa más atenta a los problemas de sus ciudadanos que estamos intentando construir. 
Es importante porque pone de manifiesto que los cierres de las grandes factorías tienen consecuencias especialmente negativas para el conjunto de subcontratistas creado por las mismas, así como para el territorio en que operan dichas factorías. 
Es importante, ante todo, porque bloquea toda decisión unilateral y sin consulta social previa, típica de ese capitalismo salvaje que hace añicos el modelo social europeo. 
Sin embargo, la importancia de esta resolución estriba en el hecho de que todo lo que se ha dicho y escrito sobre la empresa Renault vale para todas las situaciones que, de forma análoga y con semejanzas muy acentuadas, se están produciendo en Europa, a pesar de que no todas llegan hasta el Parlamento Europeo. 
Sólo un ejemplo: en Monza, cientos de trabajadores están viviendo el mismo drama a causa del proceso de traslado de las factorías de Philips. 
Actualmente, nos encontramos en la etapa de negociación y confiamos en que también esta resolución tan firme pueda contribuir a solucionar las dificultades que están atravesando otros trabajadores en Europa. 
Ante todo deseo condenar firmemente el método utilizado por la sociedad Renault, que a través de esta dura decisión oculta escandalosamente la dimensión humana de la crisis que atraviesa. 
Reconozco, por otro lado, que la dirección ha actuado con desprecio hacia los empleados, a quienes comprendo y con los cuales comparto los sentimientos de rabia y desconcierto. 
Sin embargo, deploro asimismo que la Comisión Europea no haya podido prever este tipo de situaciones y que la política industrial llevada a cabo por la Unión Europea no haya sido capaz de dar respuestas económicas y sociales a las necesarias reestructuraciones de algunas grandes empresas, en particular las del sector del automóvil, fuertemente afectadas por la crisis. 
Para que estas situaciones no se reproduzcan, deseo que en el futuro la Unión Europea pueda ser más eficaz y que aliente y apoye soluciones menos onerosas en términos humanos. 
La UE ha dado prioridad durante mucho tiempo a cuestiones como la economía, el comercio, el mercado y la competencia. 
Ya es hora de que situemos otros temas, por ejemplo los sociales y el del empleo, en un lugar privilegiado del orden del día. 
Dar prioridad a estos asuntos no es lo mismo que dejar que las decisiones se adopten por encima de los estados a través de unas decisiones acordadas por mayoría. 
Al contrario, estos temas tienen que administrarlos los Estados miembros. 
La UE puede por ejemplo establecer objetivos como el del empleo, mientras las acciones destinadas a lograrlos pueden establecerse y aplicarse a nivel nacional. 
El cierre del emplazamiento de Vilvoorde es un drama que se añade al de otros muchos cierres de factorías. 
Esta planta es, además, una herramienta de trabajo de altas calidades técnicas que acaba de ser modernizada. 
Es un despilfarro económico y humano inadmisible. 
¿Cómo no puede entenderse la urgencia absoluta de una estrategia de política industrial de la Unión Europea? 
La cohesión económica y la cohesión social son indispensables y deben ir juntas. 
Hace años que el Parlamento Europeo lucha en este sentido. 
La globalización de los mercados- ¡y no la construcción europea! -obliga a las empresas a escoger, a precaverse contra reestructuraciones, a realizar alianzas con países terceros. 
¿Para defender una marca, una tecnología, puestos de trabajo? 
Y, sin embargo, los números rojos de las finanzas, tras años de beneficios, sirven de brújula a la empresa afectada, sin que se tenga en cuenta la vida económica y social de ciudades o incluso de regiones enteras, en Francia, Bélgica, España. 
La información, la consulta, constituyen ante todo la expresión del respecto de los demás, de su trabajo y de sus derechos. 
En la década de 1980 este asunto se había sometido al Parlamento Europeo, en nombre de la Europa social que debía construirse. 
¡La mayoría de los gobiernos de nuestros Estados miembros tenía grandes dudas! 
¡Hubo que esperar al mes de septiembre de 1994 para dar carácter oficial a la directiva sobre los comités de empresa europeos! 
Renault se anticipó a la ley europea y creó su propio comité de empresa europeo en 1993. 
¿Es necesario recordar a esta empresa, que ha sido durante mucho tiempo un florón de la industria y del progreso social, lo que implicaba este comité, concretamente en su artículo 1?: 
» El comité del grupo europeo Renault es una estructura de información y de diálogo sobre las orientaciones estratégicas en el ámbito europeo del grupo en materia económica, financiera y social, así como sobre las evoluciones importantes de las filiales en el ámbito de la Unión Europea, en la medida en que repercuten en el plano europeo». 
El diálogo y la concertación hubieran permitido buscar soluciones alternativas. 
Por eso nuestro Parlamento pide que se estudie la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo, de acuerdo con el informe Rocard, que nuestra institución votó. 
También deberán proponerse medidas de formación continua. 
La «eurohuelga» de la semana pasada constituye una verdadera toma de conciencia en favor de la Europa social por parte de los asalariados. 
La solidaridad de los trabajadores franceses y españoles con sus compañeros belgas: ¡se trata de una primicia! 
Siempre he pensado que la Europa social no podía construirse simplemente «desde arriba» , basándose en reglamentos y en leyes. 
¿Nos encontramos ante una nueva relación de fuerzas entre los sindicatos europeos y las empresas transnacionales? 
Deseo expresar mi profunda solidaridad para con los miles de asalariados de Renault, que han sido totalmente marginados de las trágicas decisiones de su dirección, así como para con todos los trabajadores de las empresas subcontratistas, que sufrirían, por tanto, las terribles consecuencias económicas de este cierre. 
Hemos votado en favor de la resolución contra el cierre de la fábrica Renault en Vilvoorde. 
La resolución es una señal importante por parte del Parlamento Europeo a una empresa que ha dado muestra de un gran desprecio y brutalidad hacia sus empleados. 
Nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de Renault por su derecho al empleo. 
Con respecto a la resolución, no compartimos la redacción de que es conveniente convertir el protocolo social en una parte del Tratado porque esto reforzaría la evolución de la UE en la vía del supranacionalismo. 
Los derechos sociales pueden garantizarse y ser vinculantes a nivel interestatal, lo cual es preferible. 
No he participado en esta votación deliberadamente, para manifestar mi desacuerdo de principio sobre este tipo de texto. 
En efecto, me indigna comprobar que nuestra Asamblea considere adecuado elaborar resoluciones sobre todos los asuntos de actualidad. 
Sin llegar hasta el extremo de hablar de injerencia, observo una verdadera desviación con respecto a los asuntos que tratan estos textos. 
Ciertamente, deploro profundamente estas pérdidas de puestos de trabajo, así como la manera de proceder de la sociedad. 
Y espero que en el futuro el Parlamento Europeo ya no tenga que aprobar este género de resoluciones, que no hacen más que constatar y juzgar hechos, sino que contribuya más bien a que se aplique una política industrial y social eficaz, capaz de evitar este tipo de situaciones, que por desgracia demuestran la grave crisis que algunos sectores industriales atraviesan actualmente. 
Deseo intervenir sobre los principios que fundamentan la independencia de nuestros debates, señora Presidenta. 
Al final de la sesión anterior hemos tenido una larga lista de cuestiones reglamentarias, sobre las que evidentemente no insistiré. 
Buena parte de ellas se fundaban en la independencia de los debates del Parlamento y en el hecho de que no debíamos deliberar sujetos a algún tipo de influencia. 
Desearía recordar otro principio alegando lo que los franceses denominan «principio de laicidad» , y que podría denominarse, en todas las lenguas, » neutralidad de las instituciones públicas con respecto a influencias religiosas». 
A la salida de nuestra sesión, hace un momento, sobre las 14.00 horas, vi- no es la primera vez- que en el vestíbulo del Parlamento Europeo estaba actuando una coral religiosa. 
Lo hacía con talento, pero era una coral religiosa. 
El talento y la calidad artística están fuera de discusión. 
Simplemente... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Sr. Hory, yo desconozco qué es lo que ha ocurrido. 
Tenemos un orden del día muy lleno y debemos cumplirlo. 
Yo le sugiero que dirija una nota por escrito a la Mesa. 
Pero su intervención no se atiene al Reglamento y, sintiéndolo mucho, debo retirarle el uso de la palabra. 
Señora Presidenta, invoco nuestro Reglamento. 
Sí, ya ha expuesto usted con qué motivo y esto ha quedado claro. 
Pero si desea añadir algo más a lo que acaba de exponer, yo le ruego que lo haga por escrito y tomaremos nota de ello, pero ahora no vamos a iniciar un debate sobre esta cuestión. 
Régimen de tránsito comunitario (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate de: 
el informe A4-0053/97 del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario, relativo al régimen de tránsito comunitario; -el proyecto de recomendación A4-0054/97, en nombre de la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario, en relación con el informe de la citada Comisión de investigación. 
Señora Presidenta, siendo como soy uno de los que participaron en las actividades de la comisión de investigación sobre el tránsito aduanero comunitario, siento también la necesidad, al igual que los Sres. Tomlinson y Kellett-Bowman, de apreciar la manera en que dicha comisión efectuó sus tareas. 
Estimo que el presente informe satisface las necesidades de cada una de las partes. 
Quedé admirado de la disposición con la que los servicios de aduana y los transportistas accedieron a tomar parte en las diversas conversaciones que sostuvimos. 
De ahí que me pregunte si no sería conveniente estudiar la posibilidad de crear una estructura orientada a facilitar las discusiones de ambas agrupaciones entre sí, bajo la supervisión por ejemplo de la Comisión Europea. 
No es la voluntad para ello lo que falta y estimo que no debe dejarse pasar por alto la ocasión. 
Por lo que respecta al informe en sí, me parece tan completo que resulta difícil añadir algo a él. 
No me cabe ninguna duda de que en caso de existir una reglamentación europea, ésta deberá ser controlada a nivel europeo. 
Estimo por consiguiente que a largo plazo deberá instituirse una u otra modalidad de servicio aduanero europeo. 
Y digo a largo plazo, ya que por el momento esto resulta imposible. 
En primer lugar deberá existir una cooperación bajo la supervisión de la Comisión Europea. 
Considero necesario un fortalecimiento del papel de la UCLAF y también me parece posible que la Comisión Europea investigue, y esto no se menciona en el informe, la medida en que pueda mejorar la cooperación con Europol. 
Recuerdo que durante la campaña electoral de 1989, al ocuparnos de la conclusión del mercado interior, estaba en boca de todos la cuestión del fortalecimiento de las aduanas en las fronteras exteriores. 
Hemos comprobado que lo que sucedió fue precisamente lo contrario. 
Uno de los primeros puntos que debe realizarse, a mi juicio, es que fortalezcamos esas fronteras y también sostengo decididamente que se aumenten las brigadas aéreas, que se controle allí donde sea posible, sobre todo en Europa. 
Basándose, por supuesto, en un recuento informatizado. 
El papel atribuido a Suiza es de importancia particular, por constituir este país un eslabón vulnerable en el conjunto del espacio comunitario. 
Mi opinión es que debemos prestar especial atención a la recomendación nº 29 que estipula que la Comisión deberá elaborar cada año un informe en cuanto a la manera en que se desenvuelve la cooperación con la Confederación Helvética en el ámbito jurídico y otras cuestiones conexas. 
En la actualidad contamos ya con este informe. 
Pienso que es sólo ahora que debe comenzar el verdadero trabajo. 
De ahí que considere con interés el informe que nos ha prometido el Comisario Monti para finales de abril. 
Estimo que podemos empezar con la larga etapa que tenemos ante nosotros con vistas a reforzar el control aduanero en Europa. 
Señora Presidenta, esta mañana han abordado los Sres. Kellett-Bowman y Tomlinson de manera excelente el contenido del informe y yo también estimo que hay poco que añadir a sus exposiciones. 
Sencillamente, lo que hay que hacer es leer ese informe. 
Esto me parece esencial, a fin de darse cuenta también de su coherencia. 
Aunque no dejaré de señalar unos cuantos puntos. 
La atención prestada a la cuestión de la garantía de 100 % para las mercancías sensibles me parece hasta ahora lamentablemente escasa. 
Y algo que salta a la vista en la lectura de ese informe es que el sistema de transporte por carretera de mercancías sensibles con esa garantía de 100 % se halla completamente bloqueado, y que las mercancías tratan de encontrar otras vías de salida, entre las cuales figura el contrabando. 
Desearía por consiguiente que la Comisión brindase mayor información en lo referente a la posibilidad de abordar con suma rapidez esa cuestión. 
Al escuchar esta mañana al Comisario Marín, tuve no obstante la impresión de que éste se desentiende con una cierta ligereza del problema que representa Suiza. 
Porque no creo que hayamos cumplido el acuerdo de cooperación que se ha establecido entre los servicios de aduanas. 
El problema de Suiza es mucho más grave. 
Es inconcebible presenciar cómo contrabandistas diplomados de mantequilla contaban tranquilamente y con orgullo ante las cámaras de televisión de la segunda cadena alemana sobre la manera en que proceden todos ellos, sin que exista ninguna posibilidad de intervenir. 
Esto significa por consiguiente que con Suiza, en el marco de su malograda adhesión de honor, tendremos que negociar con algo más de rigor en lo referente, entre otras cuestiones, a la protección que se brinda a los autores de fraudes que ejercen sus actividades en el ámbito comunitario o en el territorio de la Unión Europea. 
Durante la discusión-investigación anterior la Presidencia neerlandesa estuvo ausente. 
Lo mismo sucede en esta ocasión. 
Me siento doblemente satisfecho de este hecho ya que pienso que si nos ocupamos de otra parte de este informe, concretamente la necesidad de mejorar la cuestión de la detección y la persecución del fraude, se sigue planteando igualmente la cuestión de la CIG. 
Resulta absolutamente necesario, sin que pretendamos pasar de inmediato a competencias europeas completas en materia de detección y de persecución del fraude, que no obstante los Estados miembros den su acuerdo sobre el facilitar el funcionamiento de la Unión Europea, como una especie de «centro de información» , tanto en lo referente a la detección, es decir a la recopilación de información, como a la persecución del fraude. 
De parte neerlandesa, me parece del Ministro de Justicia, he oído referirse a la idea de un magistrado europeo en el seno de Europol. 
Creo que resulta conveniente fomentar una iniciativa semejante con respecto a la grave cuestión que constituye este tipo de fraude. 
Señora Presidenta, además de ello me parece, y espero que esto sea posible durante la CIG, que deberá tratarse de poner todo el empeño en el combate de esta cuestión, ya que hasta el presente los esfuerzos desplegados han sido más que escasos. 
Señora Presidenta, en el corto tiempo del que dispongo, quisiera poner de relieve los logros del Parlamento Europeo en relación con el trabajo de la Comisión de investigación. 
El tiempo ha dado la razón a quienes pensaron en asignar la competencia de constituir comisiones de investigación al Parlamento Europeo y consiguieron hacerlo. 
Cabe destacar, señora Presidenta, los logros siguientes: 
Primero, que la Comisión de investigación ha abierto nuevos caminos, en su mayor parte de procedimiento, respecto al modo en que deben operar las comisiones de investigación. 
Esta Comisión de investigación ha solucionado muchos problemas de procedimiento y, fundamentalmente, ha interpretado de la mejor forma el Acuerdo Interinstitucional. 
Otro éxito consiste en que ha logrado elevar la cuestión del régimen de tránsito de un plano meramente tecnocrático al plano político que realmente le corresponde. 
Debo decir que, si no fuera por la intervención de la Comisión de investigación, habría perdurado la situación de estancamiento en la que se encontraban los tecnócratas de la Unión Europea, conduciendo al deterioro del régimen. 
Literalmente, lo hemos salvado. 
Otro éxito son los compromisos políticos alcanzados en la Comisión de investigación, es decir, que la Comisión ha asumido finalmente- y creo que también el Consejo lo acabará haciendo- el compromiso de no ampliar el sistema sin que se cumplan determinadas condiciones previas y se efectúen las modificaciones necesarias. 
Por último, cabe señalar que no sólo hemos logrado compromisos políticos, sino, paralelamente, la transformación de políticas existentes. 
Debo informarles de que nos encontramos ante el siguiente fenómeno: por un lado estaban los comités o grupos mixtos compuestos de Estados miembros y de miembros de la Comisión competentes en materia aduanera, que siempre estaban conformes; por otro lado, cuando recibíamos las respuestas a los cuestionarios de los 15 Estados miembros, comprobábamos que había grandes divergencias entre ellos, que estaban en asombrosa contradicción con lo que los representantes de esos Estados decían y declaraban en Bruselas en los citados comités y grupos de trabajo mixtos. 
Es decir, se trataba de un régimen que carecía absolutamente de crédito. 
Espero que ahora las conclusiones de la Comisión temporal lo demuestren. 
Termino con dos observaciones: primero, la cuestión de Suiza. 
Me dirijo a los comisarios en referencia a la recomendación núm. 29, que también mencionó el Sr. Mulder. 
Segundo, la recomendación núm. 23, donde solicitamos la ampliación de la responsabilidad con respecto al sistema de garantías. 
No es posible dar garantías basadas en una «palabra de honor» de cualquier «freight forwarder». 
Debe incluirse también a los transportistas, así como a los propietarios de la mercancía transportada. 
Señora Presidenta, la supresión de las fronteras interiores que representa el mercado único europeo a partir del año 1993 marcó el punto de inflexión del problema del tránsito comunitario. 
Paralelamente a los enormes e indiscutibles beneficios derivados de la libre circulación, a partir de 1993, organizaciones criminales y operadores económicos sin escrúpulos empezaron a encontrar los fallos del sistema y a aprovecharse de la nueva situación con casi ausencia de controles fronterizos. 
Las cifras tan elevadas que se barajan como pérdidas de ingresos fiscales por fraude son tan sólo la punta del iceberg de los fraudes existentes, con grave deterioro de las arcas comunitarias, así como las pérdidas potenciales para los operadores económicos de buena voluntad. 
En cualquier caso, las continuas contradicciones entre los diferentes operadores económicos, las administraciones nacionales y la Comisión Europea, en cuanto a las cifras totales de fraude, demuestran una vez más la desorientación en la que nos encontramos y la necesidad de proceder con urgencia a una reforma seria del sistema del tránsito comunitario. 
Un ejemplo ilustrativo de la desorientación a la que me refería anteriormente es la extensión del sistema de tránsito comunitario a los países de Visegrado. 
Quiero recordar aquí que tal decisión fue tomada a nivel administrativo y no al nivel político que tan importante decisión requería. 
Y es que, sin ninguna duda, la extensión del sistema de tránsito a los países de Visegrado suponía un claro ejemplo de la necesidad de profundizar antes de ampliar. 
La informatización es el primer objetivo a conseguir en el marco de la reforma del sistema, para poder gestionar los más de 18 millones de operaciones de tránsito anuales. 
Es evidente a todas luces que el actual sistema de envío de documentos de unas aduanas a otras es arcaico, produce grandes retrasos y facilita la falsificación de los mencionados documentos aduaneros y de los sellos que los acompañan. 
No quiero dejar de recordar aquí que varios países, entre los que se encuentra España, han dado ya pasos de gigante en el proceso de informatización del sistema. 
La reforma del tránsito comunitario debe tender a simplificar las operaciones para los operadores económicos así como para encontrar mecanismos de cooperación en materia aduanera y judicial, sobre todo en lo que se refiere a la detección del fraude, imposición de sanciones, ejecución de las mismas y control de las rebajas o de las condonaciones. 
Para terminar, quisiera recordar que muchos comparecientes ante la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario han hablado de Suiza o de la isla de Mann. 
Yo quisiera hablar aquí también de paraísos fiscales como Gibraltar. 
La laxitud de las autoridades del Peñón han hecho que sea este un territorio en que el blanqueo de dinero favorece lo que hoy estamos tratando aquí. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el informe que el presidente de la Comisión de investigación, Sr. Tomlinson, ha presentado a la Asamblea no debería denominarse informe «sobre el fraude» (» on transit fraud» ). 
Debería denominarse más bién: » informe sobre el autoengaño». By that I translate the Greek word «self fraud» , which means «self-delusion». 
El autoengaño del que hablo es la idea de que hemos logrado el mercado interior. 
La palabra «interior» , señor Presidente, distingue un espacio de otro espacio exterior, con respecto al que le delimita una línea divisoria eficaz. 
En el caso del mercado interior, la línea divisoria es el régimen de aranceles unitario. 
Debe aplicarse, además, de manera eficaz. 
La eficacia de la aplicación se mide con los transportistas de mala voluntad, ya que los de buena voluntad cumplen la ley voluntariamente. 
Si preguntásemos a cualquier contrabandista de cigarrillos Marlboro, cuál es la diferencia entre el mercado de Detroit y nuestro mercado interior- y, en el fondo, este tipo de estudios son los que la Comisión ha hecho- nos contestaría que la única diferencia quizá sea que en América paga algunos impuestos mientras que en Europa no paga ninguno. 
En el informe se resume asimismo los motivos de esta situación. 
La existencia del fraude tiene su origen en la pérdida de significado de la autoridades aduaneras de la Comunidad. 
La tarea de controlar la aplicación de los aranceles incumbe a 15 oficinas de aduana diferentes. 
A esas oficinas les hemos quitado gran parte de las fronteras que solían controlar, quitándoles de esta manera una parte de su cometido. 
Por otro lado, no les hemos dado el control sobre un verdadero conjunto comunitario, es decir, no les hemos dado un verdadero cometido comunitario ni les hemos transmitido la sensación de tenerlo, ni siquiera una organización a escala comunitaria que garantizara el aspecto de la conciencia comunitaria. 
No es extraño que la consecuencia sea el caos. 
Mientras no creemos un servicio aduanero común, no nos deberá sorprendernos que los contrabandistas dominen nuestro mercado interior. 
Este es, en mi opinión, el mensaje principal del informe que se les ha presentado. 
Las propuestas correctas y razonables para la reforma del tránsito no podrán solucionar el problema, mientras intentemos aplicarlas en el marco de unas autoridades aduaneras desvirtuadas. 
Ante esta situación- y no se trata sólo de las aduanas, es la situación general- muchos Estados han decidido que es necesaria la colaboración mutua. 
No obstante, antes de recurrir a este último remedio, ¿no sería bueno estudiar dónde se puede y dónde la situación ha madurado bastante para iniciar una cooperación común entre todos? 
Debería hacerse antes de llegar a la cooperación reforzada, que no es más que un nombre bonito para el núcleo duro, para progresar donde sea posible. 
¡Qué menos que tener unas autoridades aduaneras comunes que garanticen un conjunto comunitario realmente común! 
Señora Presidenta, la Sra. Green se ha quejado de la escasa presencia de diputados al principio de este debate. 
Por mi parte, aprecio en cambio el ambiente de tranquilidad en que podemos trabajar ahora. 
Porque a lo que acabamos de asistir daba la impresión de ser otra cosa en realidad. 
A ese respecto, prefiero trabajar en una Asamblea en esa forma. 
Estimo que la comisión de investigación ha desempeñado una positiva tarea. 
Personalmente me siento sumamente alarmado. 
No formo parte de la Comisión de Control Presupuestario y cuando uno, sin ser miembro de dicha comisión, se ve de pronto sumido en esa cuestión tiene que sentir temor al comprobar lo grave de la situación a la que ha llegado el transporte de tránsito. 
El hecho de haber concebido un sistema capaz de brindar las máximas posibilidades de fraude implica la intención de inventar un sistema semejante pues, a mi juicio, no podría explicarse esto de otra manera. 
Las sumas implicadas, tal como consta en en el informe, son gigantescas. 
En los Países Bajos solamente han reconocido las autoridades que los atrasos en impuestos y derechos de importación se elevan a mil millones de florines. 
Otro punto que desearía resaltar es la cuestión del 10 % que los Estados miembros pueden deducir con vistas a mantener un adecuado sistema aduanero. 
La mayoría de los Estados miembros se queda con esas sumas. 
Afortunadamente, los Países Bajos no lo hacen, aunque tres cuartas partes de las tasas por todo el servicio y la aduana son pagadas por las autoridades europeas sin que el Ministerio de Finanzas declare esto en forma alguna, cuando por otra parte se muestran tan susceptibles por cuestiones que deben entregar a Europa. 
Creo que nuestra investigación revela sin embargo la existencia de otro problema, a saber el riesgo de que los Estados miembros pierdan ingresos en el marco del mercado interior, que la base impositiva se vea de esta manera disminuida, lo cual podría dar lugar a un aumento de las contribuciones a nivel de la simple fuente de ingresos, es decir los impuestos sobre el sueldo y sobre la renta. 
Es esto precisamente lo que deberíamos evitar en el marco de la creación de empleos. 
La inadecuada cooperación entre los servicios de aduana resulta lamentable. 
Esto ha sido ya señalado por muchos. 
Igualmente la cuestión relativa a los países que ofrecen problemas realmente graves, y a este respeto estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Dankert al afirmar que el Comisario Monti se había mostrado empero un tanto jovial, es decir en el caso referente a Suiza, la isla de Mann, Chipre y también Gibraltar, países que ofrecen amparo en gran escala (a los traficantes) y que no dan muestra alguna de cooperación aunque saben que en ellos se cometen fraudes por grandes sumas en tasas y derechos debidos a la Unión Europea. 
Hay que hacer algo a este respecto. 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión de investigación ha demostrado que el Parlamento Europeo está dispuesto a cumplir plenamente su misión de velar por los intereses de las y los contribuyentes y de lo que ahora se trata es de traducir en la práctica, conjuntamente con la Comisión y los Estados miembros, la extraordinaria labor realizada en estos quince meses. 
Sólo conviene recordar que, en unos momentos de consolidación presupuestaria en los Estados miembros, nuestras conciudadanas y conciudadanos se ven afectados por los llamados paquetes de medidas de ahorro y que a la larga nadie podrá explicarles de manera convincente por qué mientras ellos deben soportar recortes en los sistemas de pensiones, en el sistema de protección social, en la educación, etc., la Unión y sus Estados miembros siguen tolerando, sin embargo, estos fraudes y contemplan impasibles la pérdida de miles de millones de recaudación. 
Otra conclusión debe ser que por fin ha llegado la hora de empezar a definir las políticas juntamente con las personas afectadas. 
Hemos podido constatar que los Estados miembros han suprimido unos cuantos millares de puestos de trabajo en las administraciones aduaneras. 
La frustración de estas personas es evidente. 
Al mismo tiempo debemos asumir las experiencias de estas personas con este régimen de tránsito imperfecto. 
En los próximos meses deberemos mantener conversaciones, señor Comisario y señora Comisaria, para considerar, por ejemplo, nuestra posición con respecto al sistema de preferencias arancelarias. 
Éste no puede depender sólo de una decisión en el ámbito de la política exterior, sino que también debemos saber cómo nos proponemos aplicar un sistema de estas características, cómo vamos a controlarlo. 
Todavía recordamos muy bien que varios aduaneros nos señalaron que las diversas regulaciones de la Política Agrícola Común constituyen en estos momentos una auténtica invitación al fraude. 
La Comisión deberá presentar propuestas adecuadas también en este ámbito. 
¡Pueden contar con nuestro apoyo para esta tarea, sobre todo en nuestra calidad de diputados de esta Cámara y como miembros de la Comisión de investigación! 
Señora Presidenta, me alegro de haber podido participar en el trabajo de esta Comisión temporal de investigación; en realidad, de haber contribuido un poquito a que viera la luz. 
Fue hace unos dos años, en los primeros meses de 1995, cuando reuní las firmas del 25 % de los diputados de esta Asamblea para solicitar una comisión que investigara los problemas del fraude comunitario. 
Tomé la iniciativa porque los habitantes de mi circunscripción desde luego se toman en serio el fraude contra la Comunidad, como dijo la Sra. Green esta mañana. 
Recuerdo una entrevista que tuve con el ex-presidente Hänsch, cuando no parecía que se estuviera haciendo gran cosa en respuesta a la petición, y dijo que sólo deberíamos utilizar esos poderes si estábamos seguros de que tendrían éxito. 
Ahora puedo decir al Presidente que desde luego han tenido éxito. 
Expreso mi agradecimiento al presidente de la comisión y al ponente. 
Dicho éxito ha inducido ya a un cambio de las prácticas de tránsito comunitario por parte de la Comisión, los servicios aduaneros, los transportistas y los propios transitarios. 
Ha provocado incluso un cambio en los contrabandistas, que han vuelto al contrabando al viejo estilo en sustitución del fraude en el tránsito comunitario. 
Pero hay que seguir trabajando. 
La Comisión de Control Presupuestario no debe perder esto de vista. 
Tengo pocas dudas de que la Sra. Theato se ocupará de que así sea. 
Es sencillamente una vergüenza que el sistema no se haya informatizado todavía. 
No hay ni un pequeño restaurante en esta ciudad en el que una tarjeta de crédito no pueda conectarse a distancia con un ordenador central. 
Debemos dar a los funcionarios de aduanas una tecnología como mínimo tan moderna como la que damos al pequeño restaurante francés medio. 
La Comisión temporal de investigación ha ejercido sus funciones, como se hizo con la EEB, como importante nueva atribución del Parlamento. 
Ambas comisiones han desempeñado su función de forma diferente pero, en mi opinión, las dos demuestran el valor del nuevo procedimiento. 
Me alegra comprobar que los miembros del Consejo de Ministros hayan asistido a nuestro debate y les doy las gracias por ello. 
Sobre las conclusiones, la Comisión de investigación tenía razón en dudar si proponer un servicio aduanero único. 
Sólo porque la cooperación en la actualidad no sea suficiente, no se deriva que un servicio único hubiera funcionado mejor. 
El mensaje, sin embargo, es evidente para los servicios aduaneros nacionales: nos beneficiamos del mercado único, queremos que crezca el comercio intracomunitario, y queremos que los servicios aduaneros cooperen, como dice aquí, que operen como si fueran uno sólo. 
No es un mal objetivo para los servicios aduaneros. 
No es un mal objetivo para Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, ante todo yo quisiera expresar mi gratitud al Sr. Perry, a cuya iniciativa se debe, en efecto, la constitución de esta Comisión de investigación en el Parlamento. 
La primera Comisión de investigación ha realizado un arduo trabajo y esta labor está dando frutos. 
Quienes sigan los medios de comunicación podrán encontrar ahora que en la prensa suiza, austriaca, española, de toda Europa, noticias de casos que antes en realidad se prefería ocultar debajo la alfombra. 
El contrabando de cigarrillos, de verduras, de ganado, de carne está a la orden del día y si se considera que un contenedor cargado de cigarrillos permite obtener una ganancia de un millón de ecus, un contenedor de alcohol, 400.000 ecus, un contenedor de mantequilla o de carne, 45.000 ecus, y un contenedor de azúcar, 12.000 ecus, salta a la vista que el contrabando resulta muy rentable. 
Se defrauda a los Estados, a la Comunidad Europea- se dejan de recaudar impuestos y derechos arancelarios -, pero también a los comerciantes corrientes, que pagan con regularidad sus impuestos y se ven obligados a pagar más porque los defraudadores se ahorran el pago de dichos impuestos. 
Evidentemente, también los seguros se ven afectados y esto eleva el coste de las primas. 
La cuenta la paga el consumidor europeo. 
El Parlamento Europeo está encargado de velar por el consumidor europeo y por esto era importante que la Comisión de investigación examinase detenidamente esta problemática. 
Sin embargo, el régimen de tránsito comunitario también genera unos costes, sobre todo para los Estados miembros a los cuales corresponde una buena parte de la frontera exterior oriental de la UE y que por este motivo deben asumir una parte desproporcionada del control aduanero. 
Convendría plantearse si no debería concederse una ayuda a estos países con cargo al presupuesto comunitario. 
Por otro lado, también hemos constatado que la Comisión Europea debe asumir nuevas actividades y que es preciso reflexionar sobre cómo pueden organizarse de manera eficiente, sobre las posibilidades de proceder a una reorganización. La caja de la Comunidad Europea saldría sin duda beneficiada, a mi parecer. 
Otro aspecto central también es, ciertamente, la formación inicial y continua. 
Necesitamos con urgencia la Academia aduanera prometida y sería razonable que ésta estuviera situada en una frontera, donde podrían realizarse prácticas reales con los jefes de aduanas sobre la aplicación de los procedimientos aduaneros. 
También es importante que se elabore un documento base a prueba de falsificaciones, que a la vez pueda copiarse, y que se utilicen sellos basados en la más moderna tecnología. El principal objetivo debería ser organizar el procedimiento de manera considerablemente más sencilla, rápida, eficaz y transparente, y con unos costes drásticamente más favorables, tanto para la economía como para la Comunidad. 
Señora Presidenta, yo también deseo dar las gracias al ponente por el excelente trabajo que ha llevado a cabo, así como a la comisión y a su presidente. 
Deseo decir además que, a raíz de las primeras manifestaciones de la Comisión, me ha parecido captar una apreciación y también un compromiso, hecho que es significativo. 
Con respecto a la cooperación judicial, deseo subrayar en particular un aspecto que se contempla en las recomendaciones de la 14 a la 20, ya que existe un nexo muy estrecho entre estas propuestas y una estrategia más general de lucha contra los fraudes, una lucha que sabemos que debemos poner en marcha y que, por desgracia, estamos llevando a cabo con demasiada lentitud. 
Considero que es necesario sopesar la realidad de los hechos. 
No es posible pensar en luchar contra el fraude de forma adecuada con paliativos o instrumentos inflexibles como los que normalmente adoptamos dentro del tercer pilar, incluidos los acuerdos. 
En las recomendaciones se hace referencia al reconocimiento mutuo de las pruebas. 
Este aspecto, al que me parece que se hace referencia en el punto 16, está directamente relacionado con la construcción de un espacio judicial europeo, capaz de permitir a los jueces de intervenir personalmente, en contra de lo que sucede en la actualidad. Como saben sus Señorías y como nos recordaron hace pocas fechas los jueces del Tribunal de Apelación de Ginebra que pudimos escuchar en el Parlamento Europeo, hoy por hoy la media de las respuestas a las comisiones rogatorias es del 2, 3 y 6 %. 
Un juez que pide a un colega extranjero pruebas referentes a conductas criminales obtiene respuestas que no superan el 10 %. 
Habida cuenta de que esto es intolerable, considero que, con ocasión de la revisión del Tratado, debemos adoptar un fundamento jurídico específico que permita esta forma de cooperación judicial y haga posible los supuestos de un espacio judicial limitado por ahora a los fraudes, puesto que, sin duda, los fraudes implican cantidades de dinero y son una materia cuya competencia corresponde a la Unión. 
En consecuencia, pido que estas recomendaciones vayan acompañadas por una estrategia que en la Conferencia Intergubernamental debe contemplar ante todo la reanudación de la lucha contra el fraude en el pilar comunitario. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Kellett-Bowman, al Sr. Tomlinson, a la Comisión de investigación y, por supuesto, al personal que tanto ha trabajado en este informe. 
Como han dicho otros ponentes, muestra en efecto a un Parlamento de lo más trabajador y eficaz. 
Apoyo las recomendaciones que aparecen en el informe y creo que éste pone claramente de manifiesto que los cigarrillos ofrecen a los defraudadores un gran margen comercial entre el precio libre de impuestos y el precio real de venta en toda la Unión Europea. 
El comercio ilegal de cigarrillos en mi propia ciudad de Dublín representa el 10 % del mercado total. 
Es una cifra elevadísima: 4 % a nivel nacional, 10 % en Dublín. 
Deberíamos reflexionar también sobre el hecho de que no es sólo la delincuencia organizada la que prospera: los cigarrillos baratos vendidos en el mercado negro pueden ayudar a los fabricantes a expandir su cuota de mercado a expensas de sus rivales. 
Una característica muy triste de que se pueda disponer de cigarrillos más baratos es que anima a los jóvenes a fumar; y sobre todo a jovencitas que empiezan a fumar. 
Por último, haría un llamamiento a las personas que compran cigarrillos en el mercado negro para que recuerden que están poniendo dinero en las manos de delincuentes despiadados que posiblemente también estén metidos en el blanqueo de dinero procedente de la droga. 
Señora Presidenta, el problema del fraude en la evasión de derechos de aduana es uno de los mayores retos sin resolver a los que se enfrenta la Unión Europea. 
Esta forma de fraude le cuesta a la UE miles de millones anualmente. 
Es algo tan evidente en mi país, Irlanda, como en cualquier otro Estado miembro de la UE. 
Como ha dicho la anterior oradora, en algunas de las principales calles comerciales de Dublín se vende abiertamente tabaco ilegal, y esto representa una pérdida considerable para la hacienda pública irlandesa. 
Pero es también una fuente de frustración y enfado para los ciudadanos que respetan la ley. 
Espero que el presente informe constituya el primer paso de una batalla concertada contra este tipo de fraude. 
Las recomendaciones diversas que contiene el informe deberían llevarse a la práctica, y pronto. 
Sin embargo, el ingrediente más crucial para combatir este fraude es la voluntad política. 
La situación actual, con 15 estados miembros diferentes que aplican 15 regímenes aduaneros diferentes, no conduce al éxito. 
Ahora es de vital importancia que la UE establezca un marco para unos servicios aduaneros que funcionen en la práctica como si fueran uno. 
Este punto ha sido reconocido explícitamente por la Comisión de investigación. 
Ahora corresponde a los gobiernos de los Estados miembros tomar la iniciativa que ofrece el informe, y yo insto a la Presidencia neerlandesa a que examine el tema con carácter de urgencia. 
El otro ingrediente vital, por supuesto, son los recursos; las excelentes propuestas que contiene el informe no se harán realidad sin una financiación suficiente. 
Una vez más, es un tema que deben contemplar seriamente los gobiernos de los Estados miembros; la financiación de estas medidas sería una buena inversión por parte de la Unión Europea. 
El gasto inicial requerido para combatir este fraude quedaría más que compensado por el aumento de ingresos de los Estados miembros. 
EUROPOL puede desempeñar un papel fundamental en la ejecución del informe. 
A mí no me cabe duda de que los mismos individuos que se dedican a este comercio están también metidos en el negocio de la droga y otras actividades similares. 
Asestar un golpe al fraude en el tránsito comercial representaría asimismo un paso positivo contra la delincuencia organizada, que es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la comisión temporal de investigación sobre el fraude en el tránsito comunitario ha llevado a cabo un detenido estudio y un informe de clara lectura sobre la cuestión. 
Es mi deseo felicitarla por esa labor. 
La lectura del informe revela con suma claridad el hecho de que en la creación del mercado interior ni los Estados miembros ni la Comisión se han dado la más mínima cuenta de las posibilidades de fraude que se ofrecían a cualquier malintencionado. 
La reducción de los servicios de aduana en lugar de la adopción de medidas encaminadas a compensar la desaparición de las fronteras interiores es más que ilustrativa. 
Puedo suscribir muchas de las recomendaciones que el presente informe denomina medidas orientadas a combatir el fraude aduanero. 
No apoyo sin embargo en absoluto el alegato por un servicio comunitario que consta explícitamente en el Tratado y que se halla implícito en las recomendaciones. 
A ese respecto suscribo el informe de minoría en el cual figura la recomendación más importante, concretamente la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembros. 
Entre las recomendaciones contenidas en el informe señalaré también la transformación del la UCLAF en una instancia de detección europea. 
Resulta digno de mencionar que la comisión de investigación afirma que la no creación de un servicio aduanero comunitario es contraria al principio de subsidiariedad. 
Sin embargo, ese principio es válido únicamente en campos de administración en los cuales la Unión comparte ciertas competencias con los Estados miembros. 
Precisamente las cuestiones jurídicas y de detección quedan excluidas de dicho principio. Ni tienen tampoco por qué estar incluidas. 
Representan en realidad funciones vitales de los Estados nacionales independientes, sobre las que se fundamenta la propia Unión. 
Considerándolo bien, habré de votar a favor de los proyectos de recomendaciones a causa de muchas de ellas que estimo positivas y también por el hecho de que no se ha incluido en definitiva en ellas la creación de un servicio aduanero europeo. 
Con sumo interés he venido siguiendo el debate celebrado sobre el informe de la comisión temporal de investigación sobre el tránsito aduanero comunitario. 
Comenzaré cumplimentando a aquéllos que han hecho posible la conclusión de este informe. 
La Comisión fue la primera en ponerse manos a la obra desde que el Parlamento Europeo obtuvo el derecho a través del Tratado de Maastricht; mi reconocimiento al Presidente de la comisión e igualmente al ponente Kellett-Bowman. 
Si pudiese añadir algo a título personal, desearía extender esta felicitación a todo el Parlamento Europeo. 
Me parece que puede hablarse en este caso de una correcta elección del tema. 
En segundo lugar, de una acertada programación, en tercer lugar de un instrumento de utilidad y en cuarto lugar, lo cual reviste suma importancia, de una positiva recopilación de información en la propia sociedad. 
Pienso que debe ser ésta la norma para cualquier próxima investigación. 
Me satisface comprobar que con ello ha venido a crearse un precedente. 
El amplio margen en el cual se hallan implicadas en el informe tratado todas las partes interesadas y la medida en que se hace sentir igualmente la voz del sector industrial habrá llevado sin duda alguna a un detenido análisis de los problemas a los que debe enfrentarse este sector desde hace largo tiempo. 
Esta implicación refleja igualmente el interés que atribuye este Parlamento a las relaciones entre los gobiernos, el sector industrial y los ciudadanos de Europa. 
De manera más general, gracias a los esfuerzos de la comisión de investigación ha quedado claramente subrayado una vez más el hecho de que también el Parlamento tiene el deseo de dar un notable impulso a la lucha contra el fraude en materia de recursos presupuestarios de la CEE. 
Igualmente el Consejo, conjuntamente por supuesto con la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo, se empeña en este objetivo. 
La lucha contra el fraude y una mejor gestión del control sobre los recursos comunitarios merecen la mayor prioridad. 
El fraude, una gestión inadecuada y el despilfarro de estos fondos no dejan de socavar el respaldo del ciudadano europeo. 
Es absolutamente importante combatir esta situación. 
De ahí que acoja con la mayor satisfacción una vez más la realización de esta investigación. 
En el fraude en el tránsito aduanero se hallan en juego diversos elementos. 
Por una parte cabe señalarse que se hallan en causa los fundamentos del mercado interior y muy en particular la libre circulación de mercancías. 
Esto reviste una importancia crucial para el bienestar de Europa. 
Por otra parte, y el informe lo indica también, se trata de complejos problemas en la cooperación aduanera los que contribuyen a aumentar el riesgo de fraude. 
El informe no ha sido aún debatido en el Consejo por lo cual todo lo que pueda afirmarles al respecto es prematuro. 
No obstante, deseo señalar que en el período transcurrido, también bajo la presión de las actividades de la comisión de investigación se ha hecho ya algo contra el fraude en el tránsito aduanero, tanto a nivel comunitario como nacional. 
El Consejo aprobó en 1995 una resolución encaminada a la automatización en el tránsito aduanero a partir de 1998. 
Recientemente además se llegó a un acuerdo en cuanto a un tratado de cooperación aduanera entre la Unión Europea y Suiza. 
De esta manera se abre la vía hacia una solución de una parte de este problema. 
Deseo añadir también de que a partir del Consejo Europeo de Dublín se ha instaurado un grupo de alto nivel en materia de delincuencia organizada que habrá de emitir en breve plazo un informe destinado a exponer en detalle también los aspectos de esta cuestión. 
Se trata concretamente del fortalecimiento de las funciones de Europol en este ámbito, abordándose igualmente el aspecto mencionado por el Sr. Dankert y referente a los magistrados de contacto y a la cooperación jurídica. 
Quede por sentado que prometo informar a mis colegas en cuanto a lo que se ha debatido hoy aquí. 
Por supuesto que el Consejo habrá de examinar detenidamente el informe y en particular las recomendaciones en él contenidas y establecer así sus conclusiones al respecto. 
La Presidencia se empeñará en incluir en su agenda lo antes posible el estudio de este informe. 
Lo mismo ocurrirá con posibles proposiciones que la Comisión desee presentar. 
Al finalizar la presente Presidencia se informará sobre el avance de estas actividades que, por lo que a mí respecta, se caracterizarán por el mayor empeño. 
El combate contra el fraude es una cuestión prioritaria. 
Puesto que el ciudadano europeo tiene derecho a una enérgica y eficaz protección de las finanzas de Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, he escuchado con sumo interés las intervenciones sobre el informe del Sr. Kellett-Bowman y, en nombre de la Comisión, deseo dar las gracias a todos los oradores por la importante contribución política que han aportado al debate. 
Es evidente que ahora el debate ha dado un giro hacia la actuación de las reformas del sistema de tránsito y, más en general, de la reformas de las políticas aduaneras. 
En segundo lugar, el hecho de que el funcionamiento y la propia credibilidad del mercado único, corazón de la construcción europea, están en juego. En tercer lugar, el hecho de que un problema de esta envergadura y de este alcance requiere soluciones globales que reúnan en una estrategia unitaria el conjunto de las medidas de planificación, prevención, gestión, control y represión. 
La realización del mercado único depende de la reforma y de una serie de cambios en la política aduanera y, añadiría, de la imposición. 
Estos elementos deben encontrar su lugar apropiado- y lo van a encontrar- en el plan de acción relativo al mercado único que la Comisión presentará al Consejo Europeo de Amsterdam. 
Gracias al informe del Sr. Kellett-Bowman y al debate que todos nosotros hemos escuchado con sumo interés, se ha puesto de manifiesto asimismo que la distinción entre primer y tercer pilar se ha convertido en demasiado artificial y que es cada vez más difícil defenderla. 
Para proteger los intereses de los contribuyentes europeos, de los ciudadanos europeos, debemos tener a nuestro alcance unas medidas eficaces a nivel de Unión Europea. 
Tal como ha quedado patente, la investigación sobre el fraude es muy importante, sin embargo, la prevención reviste igual importancia y la Comisión tiene intención de afrontar plenamente este reto con los quince Estados miembros. 
La Comisión, lo reitero, está en condición de asumir sus responsabilidades. 
El Parlamento ha demostrado a todas luces su compromiso y espero que el Consejo y los Estados miembros hagan lo mismo- acabamos de escuchar una importante declaración del Presidente del Consejo- contribuyendo políticamente y adoptando sin dilación las propuestas que van a presentarse. 
Para terminar, agradezco sinceramente las palabras de estima dirigidas a la Comisión Europea, estima que deseo hacer extensiva a nuestros servicios que trabajaron conmigo muy intensamente. 
No obstante, todos nosotros seguiremos trabajando en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo. 
Por último, me felicito una vez más con el ponente, Sr. Kellett-Bowman, y con el presidente, Sr. Tomlinson. 
Señora Presidenta, sólo quiero dirigir unas palabras de agradecimiento tanto a la Presidencia neerlandesa como a la Comisión y añadir una frase más con una pregunta dirigida a cada una para que se vayan con ella. 
En primer lugar a la Comisión, pues nos ha recordado que si sigue las recomendaciones es muy posible que se generen costes adicionales; se lo he oído decir a ambos comisarios. 
Sólo les pregunto para asegurarme de que la Comisión, como órgano colegiado, acepta sus responsabilidades de incluir dichos costes en el anteproyecto de presupuesto para 1998 y no va a dejar que el Parlamento haga el trabajo en su lugar. 
En segundo lugar, al Consejo: he tomado buena nota y he acogido con gran satisfacción que la Presidencia neerlandesa haya dicho que sacaría sus conclusiones y elaboraría un informe. 
Le pediría que se asegurara de que el informe sea formal y oficialmente comunicado al Parlamento para que pueda tenerse en cuenta en el continuo seguimiento de las actuaciones posteriores. 
Con estas dos preguntas, doy las gracias tanto a la Comisión como al Consejo por su activa participación en el debate. 
Muchas gracias, Sr. Tomlinson. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Albania 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Albania, seguidas de debate. 
Señora Presidenta, también respondiendo a preguntas orales formuladas por los diputados Ahlqvist y Bianco al Consejo deseo informar detalladamente sobre la inquietante situación surgida en Albania y sobre los pasos adoptados por la Unión Europea hasta la fecha a ese respecto. 
Con vistas a una clara comprensión debo exponer en breve los antecedentes de la actual crisis. 
Tras un desenvolvimiento inicialmente favorable de las reformas políticas y económicas registradas en Albania después de las revoluciones de 1990 a 1992, la puesta en práctica del programa de reformas se vio frenada durante los preparativos de las elecciones parlamentarias en mayo y junio de 1996. 
La política fiscal y monetaria se ha relajado, lo cual, entre otras cosas, ha llevado a un muy elevado déficit financiero y a un aumento de la inflación. 
Por estos motivos Albania dejó de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, suspendiéndose por consiguiente el año pasado nuevos tramos de crédito de ajuste estructural por parte de instituciones financieras. 
Durante las elecciones parlamentarias de 1996 observadores de la OSCE comprobaron la existencia de irregularidades que redundaban en beneficio del partido democrático del Presidente Berisha. 
El gobierno del Primer Ministro ahora dimisionario condujo así a una gran pérdida de legitimidad y de respaldo popular. 
La actual crisis política y económica en torno a los denominados esquemas piramidales debe plantearse frente a ese contexto más amplio. 
Dichos esquemas surgieron hace algunos años a causa de las transferencias monetarias de trabajadores albaneses en el extranjero y del inadecuado funcionamiento de las instituciones bancarias del país. 
La mayor parte de estos esquemas desarrollan una muy escasa actividad económica, o prácticamente nula, constituyendo sencillamente especulaciones financieras. 
La mayoría de la ciudadanía albanesa ha participado en este juego. No sólo con créditos de ahorro, sino igualmente, a menudo, vendiendo propiedades inmobiliarias, cabezas de ganado, u otros bienes. 
El importe total invertido en los esquemas piramidales se desconoce, aunque evaluaciones efectuadas por el Fondo Monetario Internacional lo elevan a cifras aproximadamente entre mil millones y mil quinientos millones de dólares, es decir de 40 a 60 % del actual producto interno bruto. 
Las consecuencias económicas y sociales del derrumbe de este esquema en un pais aún tan pobre son pues enormes. 
Se teme una inflación excesiva y una masiva depauperación. 
Las consecuencias políticas son igualmente desastrosas, tanto más cuanto que el actual gobierno ha hecho caso omiso de las advertencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial e incluso es probable que algunos de los miembros del gobierno se hallen implicados también en el esquema piramidal. 
Desde los inicios de la crisis a fines de 1996 no han cesado pues de aumentar aceleradamente los contrastes en la población. Entre las autoridades y los partidos de oposición, entre el Norte y el Sur del país y entre el poder y la ciudadanía. 
Esta última exige de las autoridades una compensación de los fondos desviados. 
El gobierno es incapaz de satisfacer esta demanda. 
El gobierno y la oposición se reprochan mutuamente sacar partido de la crisis con fines políticos. 
En particular en el Sur del país, donde el Partido Socialista, es decir los anteriores comunistas, sigue conservando su base tradicional de poder y los fondos de la pirámide han hecho bancarrota entretanto, se han acentuado fuertemente las tensiones. 
Numerosos son los ciudadanos que se han apoderado de armas del ejército y de la policía, con el consiguiente saldo de muertos y heridos. 
Se teme igualmente un éxodo considerable de refugiados en dirección de Grecia y de Italia y en la repercusión de los conflictos en la población albanesa residente en la antigua región yugoslava de Macedonia y en Kosovo. 
En la actualidad están teniendo lugar permanentemente conversaciones entre las embajadas de los países miembros de la Unión Europea y Albania con respecto a los extranjeros residentes en el país. 
A los extranjeros que carecen de razones perentorias de permanecer en Albania se les recomienda abandonar el país hasta nuevo aviso. 
Por lo que respecta a las medidas de la Unión Europea puedo expresar lo siguiente. Sobre estos inquietantes acontecimientos se han celebrado ya discusiones a nivel de la Unión en una fase razonablemente temprana. 
Esto llevó a la Decisión del Consejo General de los días 24 y 25 de febrero consistente en el envío de una alta misión oficial conjunta de la Presidencia de la Unión Europea y de la Comisión. 
Dicha misión tuvo lugar los días 27 y 28 del mismo mes, teniendo por cometido principal hacer énfasis ante sus interlocutores en Tirana la necesidad de renunciar a la violencia y el respeto de la democracia. 
A continuación se efectuó un llamamiento a todas las fuerzas políticas del país con vistas a discutir conjuntamente la posibilidad de una solución a la crisis. 
En conversaciones con el Presidente Berisha, el Primer Ministro Meksi y el Ministro Sheru y dirigentes de diversos partidos de oposición pudo comprobar la misión el mantenimiento de posturas inflexibles tanto por parte de las autoridades como de la oposición. 
A partir de esa fecha, tras el regreso de esa misión, la situación en Albania no ha dejado de empeorar. 
El gobierno Meksi presentó su dimisión el 1 de marzo, el día siguiente fue proclamado el estado de emergencia, el 3 de marzo el Presidente Berisha se hizo reelegir por el parlamento para un nuevo término de cinco años. 
Mediante un recrudecimiento de la censura quedó restringida la libertad de prensa, resultando imposible para los periodistas, tanto albaneses como extranjeros, el desempeño de sus funciones. 
A la luz de este nuevo empeoramiento de la situación la Unión Europea está haciendo esfuerzos encaminados a contribuir, a través de un estrecho diálogo con todas las partes implicadas, al control del conflicto político y a la creación de condiciones favorables a una posición inicial estable que permita la reanudación del proceso de reformas en el país. 
Habida cuenta la situación geográfica de algunos de los Estados miembros, el Ministro Van Mierlo, Presidente del Consejo, acompañado de miembros de la Comisión Europea, celebró conversaciones el pasado 6 de marzo en Atenas y en Roma sobre la situación en Albania, dirigiéndose a continuación a Tirana a fin de proceder a discusiones con el Presidente Berisha y miembros de la oposición. 
Poco tiempo antes de la llegada a la capital albanesa de la Presidencia de la Unión Europea, quedó concertada una declaración por parte de Berisha y de partidos políticos. En dicha declaración se expresaba el respaldo al restablecimiento del orden público haciéndose un llamamiento a fin de que se restituyesen en un plazo de 48 horas las armas robadas. 
En dicho documento prometió además el Presidente Berisha amnistía para los ciudadanos que respondiesen al llamamiento y que no hubiesen cometido ningún acto de violencia. 
Además de ello, se suspenderían las operaciones militares contra aquéllos que llevaban la voz cantante en algunas regiones del Sur del país. 
Sobre la base de un consenso lo más amplio posible, el Presidente dará inicio a consultaciones en cuanto a un nuevo gobierno y a la designación de un nuevo primer ministro. 
Por último, se crearía una comisión encargada de aportar transparencia a los sistemas piramidales. 
En la citada declaración los partidos expresaron su intención de mantener abierto el diálogo. 
Durante la visita del Presidente del Consejo se celebraron conversaciones con el Presidente Berisha y representantes de seis partidos políticos. 
Además de ello, el Ministro Van Mierlo celebró diálogos en dos ocasiones con su homólogo albanés, Sheru. 
En todas estas discusiones manifestó el Presidente del Consejo su repudio de toda forma de violencia, insistiendo en el respeto de los derechos humanos. 
En las conversaciones con el Presidente Berisha hizo sumo énfasis en la necesidad de restablecer la libertad de prensa, incluyendo la posibilidad de acceso de todos los partidos políticos a la televisión de Estado. 
Habida cuenta la falta de legitimidad y el déficit democrático del actual régimen señaló el Ministro Van Mierlo al Presidente Berisha que para el restablecimiento del orden se hace indispensable instaurar una vía paralela que ofrezca perspectivas a la creación de un nuevo parlamento y de un gobierno con un grado suficiente de respaldo popular. 
A tales efectos será necesario establecer condiciones que aseguren las relaciones democráticas así como la elaboración de una constitución y de una nueva ley electoral. 
Un régimen provisional que contase con el más amplio apoyo posible debería ser capaz de llevar a cabo estas transformaciones y de restaurar el orden económico. 
La Presidencia de la Unión Europea ha instado al Presidente albanés a que anuncie con rapidez la celebración de elecciones en un plazo conveniente para la totalidad de los partidos. 
En este proceso de democratización debería hallarse estrechamente implicada la OSCE. 
Por este motivo se instó igualmente al Presidente albanés a que entre en breve plazo en conversaciones con el representante personal del Presidente en ejercicio de dicha organización, el ex canciller austríaco, Franz Vranitzky, que efectuó una visita a Tirana, el 8 de marzo, el día siguiente a la visita de la Presidencia de la Unión Europea. 
Además de estas vías paralelas encaminadas por una parte al restablecimiento del orden público y por otra parte a la apertura de una perspectiva de evolución democrática, se hace necesaria la supresión de la cuestión de las pirámides. 
Para tales fines se ha señalado una cooperación con el FMI y con el Banco Mundial. 
La Presidencia del Consejo insistió igualmente en esa posibilidad. 
En conversaciones con miembros de la oposición la Presidencia de la Unión sostuvo asimismo las mismas recomendaciones. 
Se les señaló así su enorme responsabilidad en el objetivo de evitar se siga utilizando la violencia, solicitando de ellos a su vez que pongan en práctica todos los recursos a su disposición para disuadir de la repetición de actos de violencia, en particular en el Sur del país, y velar por que las armas tomadas sean restituidas. 
La Presidencia de la Unión brindó así respaldo a la recomendación del Consejo de Europa, una misión parlamentaria del cual visitó contemporáneamente la capital albanesa, en la que se solicita de la oposición que, en respeto de los principios democráticos, vuelvan a ocupar sus escaños parlamentarios y que participen en las actividades del Parlamento albanés. 
Para concluir, no es de asombrar que las opiniones del Presidente Berisha y de los miembros de la oposición diverjan tan grandemente. 
El primero se resistía a ceder ante la violencia considerando el anuncio de elecciones bajo la presión de las armas un precedente indeseable. 
Por ese motivo descartaba toda posibilidad de concesiones hasta tanto no se hubiesen devuelto las armas. 
La oposición, por el contrario, opinaba que al entregar las fuerzas del Sur las armas en cuestión, se verían expuestas completamente al arbitrio del gobierno antidemocrático del Presidente Berisha. 
Sin previas concesiones importantes los ciudadanos rechazarían toda posibilidad de cooperación. 
Al mismo tiempo se pretendió carecer de la suficiente influencia en las regiones meridionales para convencer a los ciudadanos a que renuncien al uso de la violencia. 
De estas posturas tan diametralmente opuestas se infiere que la significación de la declaración común de todos los partidos del 6 de marzo, citada anteriormente, resulta imprecisa. 
La Presidencia señaló a las autoridades y a los partidos de oposición albaneses que la Unión Europea está dispuesta a seguir prestando apoyo al desarrollo económico y democrático en el país, a condición de que éste brinde a la Unión la posibilidad de ello a través del restablecimiento del orden y de reajustes internos. 
En caso necesario, la Unión Europea podrá considerar igualmente la ayuda de emergencia, aunque debo señalar que desde 1992 Albania recibe una ayuda considerable de nuestra parte, incluso por habitante, la ayuda máxima en realidad otorgada a todos los países de Europa Central y Oriental. 
La Presidencia manifiesta su esperanza de que los progresos registrados en los últimos días, puedan seguir manteniéndose. 
El Presidente albanés ha declarado estar de acuerdo con un gobierno de unidad nacional y con elecciones anticipadas habiendo designado entretanto a un miembro de la oposición encargado de formar un amplio gobierno de coalición. 
Constituye éste un importante paso en dirección a la búsqueda de una solución más duradera. 
Acojo con suma satisfacción asimismo los esfuerzos desplegados por el Gobierno italiano a fin de fomentar el diálogo entre las autoridades albanesas y la oposición. 
La Presidencia habrá de seguir muy de cerca, en sintonía con sus colegas en la Unión Europea y en el seno de la OSCE, la situación en el país y en los casos en que sea posible tomar nuevas medidas orientadas a poner término a esta grave e inestable situación. 
Señora Presidenta, tras la extensa y clara exposición del Presidente del Consejo, la Comisión se propone ser breve. 
Es evidente que suscribo lo afirmado por el Sr. Patijn y habrán ustedes oído que la Comisión tomó parte en las misiones enviadas a Tirana. 
Creo poder afirmar que el debate llega a su punto de máximo interés. 
Ahora que la situación es tal que, también por recomendaciones de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, de misiones de la OSCE, bajo la supervisión del antiguo canciller Vranitsky y misiones del Consejo de Europa, se ha llegado finalmente a un compromiso entre el gobierno de Berisha, entre el Presidente Berisha y la oposición, todos los intereses se hallan orientados a ejercer presión de manera que dicho acuerdo sea respetado efectivamente de manera estricta, tanto por el Presidente Berisha como por los partidos de oposición. 
El acuerdo contempla la instauración de un gobierno de transición de unidad nacional que se halla en proceso de formación en estos momentos, seguido de la preparación de elecciones generales para el mes de junio. 
Señora Presidenta, hago un ingente llamamiento a este Parlamento para que inste, a través de una resolución, a todos los partidos a que cumplan de manera efectiva este compromiso logrado con tantas dificultades. Y no son las razones las que me faltan para ello. 
Entretanto hemos dialogado con miembros de la oposición que en la actualidad tienen la impresión de que sin la retirada del Presidente Berisha no habría motivos para sofocar la rebelión. 
Esto representaría una verdadera violación del compromiso establecido. 
Es decir, independientemente de lo que pueda pensarse de la legitimidad, o de lo que el gobierno de Berisha haya hecho, o dejado de hacer, en el último año, de lo que puedan ser las motivaciones precisas de los diversos partidos de participar en la oposición y que en su totalidad han concluido ese compromiso con el Presidente Berisha, una cosa es bien clara y es que de no cumplirse dicho acuerdo será la anarquía la que reinará en Albania y la rebelión habrá de asumir indiscutiblemente modalidades incontrolables. 
Toca ahora al Presidente Berisha y a la oposición hacer un llamamiento a la rebelión a fin de que depongan efectivamente las armas y que abran de nuevo las puertas al desarrollo de relaciones democráticas normales. 
De lo contrario, Albania deberá enfrentarse, es éste nuestro temor, a un período sumamente sombrío en el cual la única víctima resultará la propia ciudadanía albanesa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, por mi parte, no puedo dejar de respaldar su petición de apoyo en nombre de mi Grupo, como mínimo, pero seguramente también en nombre de todos los demás Grupos políticos. 
También coincido con ustedes en que en estos momentos es necesario indicar a todas las partes que de lo que se trata es de que alcancen un compromiso. 
Con este fin, es preciso hacer comprender claramente, tanto al presidente Berisha como a todas las demás partes, cuales serán las consecuencias si no lo hacen. 
Yo doy por sentado que contarán ustedes con el pleno respaldo del Parlamento en este sentido. 
Éste no es de ningún modo el momento apropiado para la crítica, para preguntarse si existía alguna posibilidad de detectar la situación a tiempo o no. 
No obstante, aun así, yo quisiera señalar muy brevemente que algunos factores sin duda deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de que nos preguntemos cómo es posible que de repente nos encontremos ante una situación tan desastrosa en los Balcanes. 
Todos nosotros- digo conscientemente nosotros y no quiero que esta consideración se reduzca a unos pocos- confiamos demasiado en una persona. 
También en otros ámbitos de la política de seguridad europea a veces llega a creerse que basta con tener como interlocutora en la cúspide del Estado a una persona de confianza para que todo esté resuelto. 
Albania nos ha demostrado que no es así. 
Yo misma estuve personalmente en Albania y también me entrevisté con el presidente Berisha. 
Lo cierto es que, de hecho, permitimos que se estableciera allí un capitalismo puro- yo casi diría un capitalismo depredador -, después de la dictadura, después del sistema más inhumano que hemos tenido en Europa en los últimos años. 
La supuesta libertad de un capitalismo depredador- quizás incluso vinculado al poder político- ha acabado empobreciendo a muchísimas personas. 
Por consiguiente, yo pienso que ha llegado el momento de practicar una política preventiva. 
Cuando pienso en la peligrosa situación que podría crearse si una chispa se propaga hasta la vecina Kosovo, de la que también tendremos que ocuparnos en una próxima resolución- la Sra. Pack estuvo hace poco allí con una delegación -, considero no sólo justificado, sino absolutamente indispensable, que se impulse esta intervención política y se intente garantizar el respeto de los derechos humanos, precisamente lo que no hemos podido conseguir en los últimos años en Albania, y evitar que se origine un flujo masivo de refugiados. 
Todos sabemos los sufrimientos que causa la formación innecesaria de grandes movimientos de refugiados y todos sabemos, por la experiencia de nuestros propios países, los problemas que genera en relación con las actitudes de fondo de la población. 
Por consiguiente, a mi parecer, han decidido ustedes la acción adecuada y de momento podemos limitarnos a la intervención política, si ésta se lleva a cabo con toda firmeza y con el pleno apoyo de toda Europa. 
¡Albania está ardiendo y Kosovo está en efervescencia! 
Pero si se propaga la chispa, quizás ya nada podrá salvarse. 
¡Debemos apagar a tiempo este fuego en la región en crisis de Albania! 
Señora Presidenta, Señorías, la situación en Albania es extraordinariamente difícil, como acabamos de escuchar. 
Lamentablemente muchas informaciones de prensa procedentes de allí no han contribuido ha aclarar los hechos y, por el contrario, han intentado culpar exclusivamente al gobierno del presidente Berisha. 
Permítanme, sin embargo, que señale que el origen de los disturbios en el sur de Albania no es de orden político, sino que se debe a la quiebra de las pirámides especulativas y al intento del gobierno de Berisha de detener las actividades de las organizaciones mafiosas, sobre todo en la parte sur de Albania, el pasado otoño. 
Muchos especuladores y estafadores de las gentes sencillas vieron peligrar su prosperidad financiera y utilizaron la miseria de la gente para sus propios fines. 
La oposición, formada predominantemente por ex-comunistas- los colegas de la Internacional Socialista tampoco han querido aceptarlos -, se ha aprovechado lamentablemente de esta situación para alcanzar los objetivos políticos que no pudo conseguir a través de las elecciones. 
Yo no comparto el parecer del representante del Consejo, en el sentido de que todo ha ido mal durante el pasado año. 
El hecho de que los resultados de las elecciones municipales de septiembre coincidieran con los de las elecciones de marzo indica cómo debe valorarse el resultado de las mismas. 
No me refiero ahora a las irregularidades, que se subsanaron luego, lo cual es un hecho que yo pienso que usted también debería tener en cuenta. 
Por consiguiente, cuando habla del gobierno de Berisha, debe partir usted de la base de que se trata de un gobierno legítimo en ejercicio. 
Es preciso comprender- a mi parecer- la declaración del estado de excepción, a la vista del despotismo arbitrario que se ha instaurado en el sur. 
¿Qué Estado occidental permanecería impotente ante semejante situación? 
El desmantelamiento de un gobierno legal con la colaboración de Occidente es un hecho sin precedentes, a mi parecer, señor representante del Consejo. 
Cuando ocurrió algo parecido en Rusia, a ninguno de ustedes se les habría ocurrido privar de toda influencia al Sr. Yeltsin. 
Es grotesco pensar que los antiguos jefes comunistas, que son los responsables de la falta de tradiciones democráticas, van a establecer ahora unas relaciones democráticas bajo la presión exterior. 
El gobierno de Berisha ha dado considerables pasos en el camino hacia la democracia y también hacia una economía de mercado, tal como declaró unánimemente esta Asamblea el pasado otoño. 
Por consiguiente, es un error cargar todas las responsabilidades al Sr. Berisha. 
Desde luego no es perfecto, esto lo sabemos muy bien, pero el terror y la anarquía en el sur se deben a otros motivos. 
Por otro lado, desde aquí apenas podemos hacernos una idea de los antagonismos que existen entre grupos territoriales, cuya enemistad de siglos vuelve a aflorar en estos momentos. 
Ambas partes deben cumplir ahora el acuerdo alcanzado entre Berisha y los partidos de la oposición y, en estas circunstancias, yo no puedo aceptar que hoy se me pida que contribuya a que el Sr. Berisha abandone el país y que reciba asilo, dondequiera que sea. 
Yo creo que ésta no es la manera de cumplir un acuerdo. 
La Unión Europea debe contribuir al establecimiento de estructuras democráticas, a promover la educación y la formación, a la construcción de las estructuras de una auténtica economía social de mercado, a promover las inversiones y, con ellas, la creación de puestos de trabajo. 
Si el acuerdo alcanzado entre Berisha y la oposición no contribuye a apaciguar la situación- lo cual lamentablemente yo doy por sentado, puesto que su origen no es de orden político, como se nos quiere hacer creer aquí -, una fuerza internacional de pacificación deberá encargarse de restablecer la paz. 
Yo suscribo las palabras del representante del Consejo en un aspecto: estoy a favor de que se investiguen a fondo los hechos que han ocurrido en Albania. 
Señora Presidenta, el caos que domina en Albania ya no es noticia. La insurrección se está generalizando y extendiendo hacia el Norte; todos vemos en la televisión gente armada- yo vi ayer en la televisión niños con armas- que circula por todo el país. 
Estos hechos son muy alarmantes. Mientras tanto, el gobierno parece cada vez menos capaz de controlar la situación. 
No estoy de acuerdo con el Sr. Pack; el escándalo financiero fue un motivo, pero fue sólo la punta del iceberg. 
La crisis era más antigua, la situación era explosiva ya antes y nosotros tenemos parte de la responsabilidad. 
A veces, al observar determinadas políticas de la Unión, tengo la impresión de que parecemos unos padres que creen haber cumplido con su deber llenando los bolsillos de sus hijos, aunque nunca estén presentes ni controlen qué pasa con ese dinero. 
Lo mismo hicimos nosotros en Albania, que recibió nuestra ayuda, y debe seguir recibiéndola, pero debemos estar presentes y saber en qué se emplea. 
Por otro lado, hemos dado nuestro apoyo al Presidente Berisha, a veces de manera desafiante, porque se supone- cosa que yo no he entendido en absoluto- que él no es un excomunista. 
Sin embargo, el Presidente Berisha no es un recién nacido. 
En Estados como Albania imperan condiciones extrañas. 
Le apoyamos sin advertirle sobre determinadas consecuencias de sus actos y hemos visto el resultado. 
Ahora existe el peligro de que el caos se extienda a los alrededores; sabemos muy bién lo problemática que es esa región. 
Sabemos lo que ocurre en los países vecinos de Albania, y también que entre ellos hay dos países miembros de la Unión Europea, Grecia e Italia, que pueden tener problemas; Grecia tiene incluso tiene fronteras con Albania. 
¿Qué hay que hacer ahora? 
Naturalmente, hay que prestar ayuda, hay que dialogar con todas las fuerzas políticas del país, porque podemos encontrarnos con grandes sorpresas producto de estos acontecimientos. 
Todo ello con un talante de compromiso, como muy bien ha dicho el Comisario. 
En todo caso, hay que lograr trazar una política a largo plazo y estar presentes. 
No sólo hay que pagar. 
Señora Presidenta, sería demasiado largo examinar, puesto que careceríamos del tiempo para hacerlo, las causas remotas de la gravísima y devastadora crisis que afecta a Albania, la debilidad económica que arrastra desde hace décadas y la absoluta falta de estructuras democráticas si no primordiales. 
Es evidente que nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, ya que subsisten los peligros de incendio que puede propagarse al vecino Kosovo, con riesgos de migraciones hacia Grecia, Italia y los países de la Unión Europea. 
Sin embargo, nos llevaría demasiado tiempo hablar de todo esto. 
Creo que hoy el Parlamento debe dirigir algunas palabras al Consejo y a la Comisión. 
Nos parece que no sólo son exactas y precisas las declaraciones hechas, sino que las líneas seguidas por el Consejo y la Comisión a lo largo de estas semanas de crisis acentuada son líneas positivas que nuestro Parlamento puede compartir. 
Yo resumiría dichas líneas en tres directrices que asimismo están contempladas en el documento que mañana se someterá a la atención del Parlamento: primero, un gobierno de unidad nacional, y esto me parece que se ha puesto en marcha a través del nombramiento por parte del Presidente de la República de un primer ministro de la oposición; segundo, la celebración de nuevas elecciones; tercero, el compromiso de intervenciones financieras de la Unión Europa y de las instituciones internacionales- el Fondo Monetario y el Banco Mundial- subordinadas, no obstante, al máximo respeto de la libertad de prensa, al restablecimiento de los derechos democráticos y a medidas de normalización económica por parte del país. 
Consideramos que estos son los tres puntos fundamentales. 
Ciertamente, algunos países de la Unión como Grecia e Italia desempeñan un papel prioritario, sin embargo, deseamos recalcar que dicha función debe desarrollarse en el ámbito de las políticas de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, los sucesos de Albania no han caído como un rayo del cielo. 
En nuestra opinión, son el resultado de la política adoptada por los gobiernos de algunos países miembros y por los órganos de la Unión Europea con respecto a Albania y a su pueblo. 
Son el resultado de la ayuda multilateral y del apoyo prestado al régimen antipopular y autoritario del Sr. Berisha. 
Las elecciones marcadas por la violencia y la manipulación, y el robo de los ahorros de la población y de la propia economía del país por el régimen sin escrúpulos de Berisha, no sólo no han sido condenados por los Estados Unidos y la Unión Europea, sino que, por el contrario, tenían, y creo que siguen teniendo, básicamente su apoyo y aprobación. 
Los responsables de la explosión del pueblo albanés, se encuentran, por lo tanto, también entre nosotros. 
Aun así, todavía somos incapaces de sacar las conclusiones necesarias, a pesar de que nos hallamos en el mismo camino resbaladizo, y buscamos la solución del problema con intentos de apaciguar la insurrección popular prestando ayuda completa y unilateral al Sr. Berisha. 
Somos incapaces de comprender que ahora en Albania existe una realidad nueva que el pueblo ha impuesto con su insurrección, y que ésta ya se expresa en el terreno político. 
Señora Presidenta, el pueblo insurrecto de Albania reivindica dos cosas: que se vaya el Sr. Berisha y que le devuelvan su dinero. 
Si el Parlamento Europeo realmente quiere ser solidario con el pueblo albanés, es necesario que apoye y pida apoyo para los cuatro puntos siguientes, que ya han sido expresados en sendas enmiendas: 
Primero, que se ponga fin al régimen de Berisha. 
Que se elija a un nuevo Presidente y un nuevo Parlamento mediante un proceso electoral. 
Segundo, que en estos procesos políticos el pueblo insurrecto del Sur esté presente a través de sus representantes políticos. 
Tercero, que se ponga en libertad inmediatamente al líder del Partido Socialista y a todos los presos políticos. 
Cuarto, que se promueva inmediatamente una generosa ayuda militar y económica destinada a indemnizar a los ciudadanos y a fomentar la economía de Albania. 
Por último, quisiera expresar mi absoluto rechazo a cualquier proyecto de intervención de fuerzas armadas internacionales en Albania, que podría desencadenar situaciones imprevisibles en toda la región balcánica. 
Señora Presidenta, nos hallamos ante una situación realmente dramática con el riesgo de que en Albania estalle una guerra civil, un riesgo que no sólo se debe al fracaso de las inversiones piramidales, de las que hablamos hace un mes, sino también a las reacciones de un Gobierno- el de Berisha- que a poco a poco se ha mostrado más como un régimen que un gobierno, con reacciones autoritarias contra las manifestaciones populares de los albaneses y que, incluso, ha creado una situación de acoso contra la prensa de la oposición, un gobierno de un representante- Berisha- que ya no representa al pueblo, como se ha puesto de manifiesto en estas manifestaciones, y que ya había mostrado signos de escaso espíritu democrático cuando denunciamos las pasadas elecciones que fueron todo menos democráticas. 
Así las cosas, no encontró nada mejor que hacerse reelegir presidente de la República por otros cinco años más. 
Ante esta situación, sin embargo, no podemos ignorar que, como Parlamento Europeo, ya hace un mes manifestamos nuestra máxima preocupación, puesto que el día siguiente de dichas elecciones, que se caracterizaron por los fraudes, expresamos nuestra máxima preocupación por las posibles consecuencias, unas consecuencias que como mínimo iban a dificultar el diálogo democrático entre la mayoría y la oposición. 
Ya el 8 de marzo de 1994, Alexander Langer, el colega que antes que yo ocupó este escaño parlamentario, afirmó que en Albania todavía no se había alcanzado una situación de normalidad democrática y una cotidianidad democrática plenamente desarrollada e invitó a todas las Instituciones de la Unión Europea a que afrontaran dicha situación, habida cuenta de que si no somos capaces de afrontar una situación como la albanesa, cómo podemos confiar en que vamos a afrontar los problemas de todo el Este. 
Por ello, es preciso un compromiso de la Unión Europea, el Consejo y la Comisión a fin de favorecer una nueva distensión a través de la formación de un nuevo gobierno y de nuevas elecciones bajo el control de la OSCE. Asimismo, proponemos el nombramiento de un enviado especial del Consejo para el sureste de Europa que vigile y represente de forma permanente a la Unión Europea en dicha crisis. 
De hecho, y como ya se ha manifestado, la propagación de esta situación podría tener consecuencias catastróficas para el territorio de Kosovo y de Macedonia e inflamar toda la zona de los Balcanes. 
Nuestro Parlamento, naturalmente, no puede sino apoyar, aprobar, los intentos de solución política de las tensiones civiles que trastornan actualmente a Albania. 
El Grupo de Coalición Radical apoya, pues, el proceso de conciliación nacional, sobre el que las diferentes fuerzas políticas albanesas han llegado a un acuerdo, a pesar de que este último no parece haber convencido a la población sublevada contra esa violencia que ha ejercido el denominado «sistema de pirámides financieras» , manifestación caricaturesca de la economía liberal. 
Por otra parte, nos enterarnos de que, en las últimas horas, las poblaciones amotinadas contra el poder se habrían dirigido a Tirana. 
Podríamos interrogarnos, en esta ocasión, sobre la pertinencia y la validez de la política de la Unión Europea, que ya ha incumplido varias veces sus compromisos en esta región. 
Nosotros habíamos creído que el hundimiento del comunismo llevaría aparejada, automáticamente, la democracia. 
En realidad, éste implica el aprendizaje más difícil de la democracia, con todas las secuelas del comunismo. 
También habíamos creído que todos los anticomunistas serían mecánicamente demócratas. 
La realidad es que durante cuarenta y cinco años habíamos abandonado tan cruelmente a su propia suerte a la mitad de Europa, que los únicos anticomunistas que aún se expresaban en ella eran a menudo economistas liberales desenfrenados, o defensores del oscurantismo étnico o religioso, o bien autócratas, con frecuencia antiguos comunistas mal arrepentidos. 
Hoy podemos sacar tres conclusiones políticas de la crisis albanesa. 
La primera, en la que la Sra. Daskalaki ha hecho hincapié, es que no debemos conceder más ayudas europeas sin preocuparnos del uso que se hace de ellas en sociedades mal preparadas para el liberalismo. 
La segunda es que es urgente crear un cuerpo europeo de militares, para que pueda intervenir al menos en las situaciones críticas que surgen en el territorio europeo. 
La tercera, más general, es que debemos acelerar la ampliación, más allá de cualquier argucia; de lo contrario, la mitad de Europa seguirá amputada del resto. Para ello es necesario alentar los reagrupamientos regionales, en lugar de imponer a Estados débiles y aislados un procedimiento de diálogo totalmente desequilibrado. 
Señora Presidenta, por desgracia, al igual que en otras ocasiones, también en este caso, la Unión Europea ha actuado embarulladamente. 
El error es siempre el mismo: faltándole la capacidad para dotarse a corto plazo de una línea política unitaria y eficaz, la Unión confía en suplir su fallo político abriendo el billetero, aunque el dinero por sí solo no puede ayudar a solucionar los problemas, sino que algunas veces los convierte en más difíciles. 
Esto sucedió en Bosnia, en Mostar, en Zaire y está sucediendo hoy en Albania. 
Cuando en el pasado mes de octubre, se pusieron de manifiesto de forma más que tangible los primeros signos de la crisis albanesa, la respuesta fue: » demos dinero a Albania» , esto es, al régimen de Berisha y cerremos los ojos ante los evidentes abusos y fraudes electorales del presidente. 
Desde entonces, en poco más de cuatro meses, han llovido sobre Albania casi 500 millones de ecus, o sea, 1.000 millardos de liras. Se trata de la intervención per cápita más generosa de la Unión Europea. 
Se esperaba que esta inyección de dinero contrarrestara el avance de la crisis, sin embargo, la misma se desencadenó. Y cuando hace quince días se desencadenó, lo único que hizo la Unión Europea fue vacilar, sin lograr que se convocara la Cumbre de los ministros de Exteriores de los Quince, como habíamos solicitado griegos e italianos. 
Sólo una semana después desde el inicio de la revuelta, se reunió en Bruselas un comité técnico- subrayo que no se trató de ministros, sino de simples funcionarios de los Estados de la Unión- a fin de definir una línea de acción común para recomendarla al comité político. 
Ahora, el Consejo parece que vuela algo más alto. Sin embargo, lo que acabo de manifestar es una nueva denuncia contra la falta de una política exterior común y, mientras ésta no exista, no puede hablarse de Europa y de integración. 
Señora Presidenta, el Sr. Ministro ha dicho que hemos gastado enormes sumas en ayuda a Albania y, de hecho, hemos gastado 450 millones de ecus en los últimos cinco años. 
La pregunta es qué beneficio ha tenido el pueblo albanés y, naturalmente, nosotros. 
Creo que se puede afirmar que hemos creado en ese país un capitalismo salvaje, que ha llevado a sus ciudadanos a la insurrección. 
En segundo lugar hemos creado un sistema autoritario y antidemocrático. 
Además, desde 1992 hasta la actualidad, se ha desatado en Albania un contrabando feroz de armas y de droga. 
Naturalmente, también se conocen los sistemas financieros creados y que se denominan piramidales. 
Durante estos últimos cinco años hemos dedicado muy poco tiempo a lo que deberíamos haberlo dedicado, al desempleo, a la huída de centenares de ciudadanos a países vecinos y, evidentemente, no hace falta insistir en las elecciones de mayo de 1996. 
Los socialistas pedimos entonces que se celebraran nuevas elecciones. 
Lamentablemente, no nos escucharon. 
Toleramos además innecesariamente la adopción de esa ley genocida que excluyó a decenas de políticos de la oposición. 
Incluso en la actualidad seguimos tolerando el arresto de Fatos Nano. 
En mi opinión, debemos exigir la inmediata puesta en libertad de la que quizá sea la única persona capaz de detener a los insurrectos. 
Los sucesos de Albania nos han mostrado lo complicada que es realmente la situación en la Europa balcánica. 
No obstante, contamos con un elemento favorable: la Presidencia ha actuado correctamente. 
Por un lado, ha consultado a los países que tienen experiencia y una larga presencia en la región, Grecia e Italia, y, por otro lado, ha procedido de manera eficaz. 
Considero también positivas las acciones de la Comisión, pero hemos de tener paciencia. 
Si el Sr. Berisha realmente quiere a su país, debe dejar el mando a alguien de su partido, o de los otros partidos, y abandonar el país en paz y tranquilidad, permitiendo que el pueblo albanés solucione solo sus problemas. 
Señora Presidenta, debo destacar que nuestro lema, no sólo el del Parlamento, sino también el del Consejo y la Comisión, debería ser: » Otra Bosnia no». 
La experiencia, la amarga experiencia, que supuso para todos nosotros la forma en que gestionamos la situación allí debe impulsarnos a actuar de manera diferente. 
He seguido con atención todo lo que el Presidente del Consejo ha dicho. Si bien sus palabras son correctas y las compartimos, no se nos han hecho propuestas concretas. 
Mi pregunta, para la que ruego una respuesta, es: ¿Existe un mecanismo? 
Es decir, ¿ha decidido el Consejo crear un mecanismo de salida de la crisis, en cuyo marco tenga instrucciones concretas de adoptar decisiones con vistas a una solución política de la crisis de Albania? 
¿Ha sido creado algún mecanismo de este tipo por parte de la Comisión, que, aparte de administrar los fondos de financiación, cuenta con un Comisario que ha demostrado su capacidad para tratar asuntos exteriores? 
Este tipo de información es la que deseamos, y es que en esta fase el Parlamento Europeo evita adoptar, como espero que se demuestre en la resolución de mañana, una posición de intercambio de críticas, al considerar que la situación en Albania es tan cambiante que lo prioritario es conservar el diálogo político. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, pido al Consejo que no se descuide. 
No es posible dejar la solución del problema en manos de Italia y de Grecia. 
El Consejo debe crear el marco que permita a esos dos países operar, como ha señalado el Sr. La Malfa, y, junto a la Comisión, debe sobre todo ocuparse seriamente de este asunto. 
Hay que poner fin al letargo, convocar una reunión de ministros, crear un grupo de respuesta a la crisis que esté constantemente presente y alerta en Albania. 
Según espero, el Parlamento decidirá enviar a Albania la delegación para las relaciones con los países del sureste de Europa, con el encargo de realizar un estudio sobre el terreno y de informar al Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, Señorías, la dramática realidad que desde hace siete semanas ve a Albania deslizarse cada vez más hacia la ingobernabilidad y el caos, y que se originó a raíz del desastre económico provocado por las estafas que las entidades financieras iniciaron hace más de diez años y que ha llevado a la ruina a miles de familias, es seguida con la máxima atención y preocupación por la comunidad internacional, en particular por los Estados limítrofes, Grecia e Italia, que corren el riesgo de recibir olas de refugiados, cuyo drama puede ser aprovechado por los criminales. 
La Sra. Pack tiene razón cuando nos invita a que evitemos juicios apresurados o partidistas, como los que he escuchado en este Pleno. 
El Presidente Sali Berisha ha pactado con la oposición unas pautas para alcanzar una solución política y ha llegado a un acuerdo para la formación de un gobierno de reconciliación nacional formado por los representantes de todas las fuerzas políticas, así como para trabajar en beneficio de la pacificación nacional. La apertura del diálogo fue acogida, en su momento, con disparos de jubilo y de rabia de las ciudades rebeldes. 
En el acuerdo, el presidente exhortó al parlamento a promulgar una nueva ley de amnistía general para todos los civiles y militares que participaron en la revuelta que siguió a la quiebra de las entidades financieras, con la condición de que se entregaran las armas y anunció nuevas elecciones en el plazo de dos meses, bajo el control de las organizaciones internacionales, al igual que sucedió en los últimos comicios administrativos, cuya regularidad fue objeto de comprobación. 
Asimismo, pidió que se garantizaran ayudas financieras para relanzar la economía y ayudas humanitarias para las zonas más afectadas de Albania. 
En Valona, actualmente, faltan la luz y el agua y las condiciones de vida, desde el punto de vista higiénico-sanitario, son preocupantes. 
Por consiguiente, y a la vista de todo ello, es necesario esforzarse al máximo para afrontar este delicado problema de forma equilibrada, con serenidad y equidad, a fin de solucionar la situación y seguir el proceso de ulterior democratización del país, prestando especial atención a la integración cultural de esta importante parte de la cuenca del Mediterráneo. 
Señora Presidenta, hemos escuchado la alentadora noticia de que se ha creado un gobierno de transición, de que dentro de dos meses, bajo la presión europea, se celebrarían elecciones aunque al mismo las informaciones aportadas por lo medios de información no tienen nada de alentador. 
Me temo que la guerra civil prosigue aún y me pregunto de qué manera el Consejo, la Comisión, y nosotros todos podemos oponernos a esa situación. 
A pesar de todo, me siento sin embargo satisfecho que el Presidente del Consejo se haya pronunciado con claridad el fin de semana pasado con respecto al Presidente Berisha. 
El gobierno autoritario y antidemocrático de ese presidente constituye una de las raíces de esa crisis. 
Con razón le ha prevenido el Presidente del Consejo de los riesgos del uso de la violencia e instado a que respete la libertad de prensa y la democracia, una de las cuestiones que aparentemente a Berisha, y esto lo han afirmado los observadores durante el período electoral, le importa poco menos que un bledo. 
Señora Presidenta, la Unión constituye un gran vecino y el principal soporte de Albania. 
Per cápita la población albanesa debe esperar, y ha recibido ya, el máximo de la ayuda de parte de Europa. 
Tengo curiosidad por saber de qué manera estas promesas para el porvenir lograrán convencer a las autoridades albanesas y a la propia población a que renuncien a masacrarse mutuamente y que podamos obtener una situación favorable en un país pequeño asolado por una gran miseria. 
La Unión está en el deber de recordar a todas las partes sus responsabilidades, demostrar su disposición a renunciar a acciones militares y a orientarse haia la democracia. 
Esperemos que no sea ésta la última vez que abordamos el tema de Albania, y que la próxima ocasión sea en sentido positivo. 
Señora Presidenta, he escuchado al Sr. Presidente en ejercio y al Sr. Comisario. 
Ojalá todo lo que nos han anunciado se ponga en práctica y progrese de la mejor manera posible. 
Quisiera simplemente expresar una vez más (porque, si no recuerdo mal, ya tuvimos un debate similar sobre Bosnia) mis reservas en relación con tres aspectos: 
Primero, ¿tienen ustedes en cuenta la completa división que existe actualmente en Albania entre el escenario político central, con sus maquinaciones, y los ciudadanos insurrectos, armados y sin gobierno? 
Están a 40 km de Tirana, señor Comisario, hoy, en este preciso momento en el que estamos hablando. 
Segundo, ¿tienen ustedes en cuenta la absoluta falta de credibilidad del Sr. Berisha, tanto dentro como fuera de su país, con respecto a la economía y a todo en general? 
Es uno de los responsables del sistema piramidal. 
No intentó impedirlo, como ustedes nos dicen. 
Es, fundamentalmente, corresponsable. 
¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con él? 
Tercero, si nosotros, y no el régimen albanés que carece absolutamente de credibilidad, no prometemos a las personas que han perdido su dinero en el robo del siglo (el 35-40 % de la renta nacional de Albania) que se les devolverá al menos su capital inicial, no esperen ningún cambio positivo en Albania. 
Señora Presidenta, yo también considero un éxito de la reciente iniciativa de la Unión Europea el hecho de que la mayoría y la oposición hayan aceptado la vía que les fue propuesta, esto es, la vía del acuerdo y la reconciliación nacional, basada en dos principios fundamentales: un gobierno de amplia unidad y la celebración de nuevas elecciones. 
Al mismo tiempo, considero desacertado que la Presidencia neerlandesa, en su reciente toma de posición, no haya mencionado la resolución del Parlamento del mes de febrero que preveía los riesgos de la situación en Albania y sugería la vía del acuerdo. 
Deseo añadir que, por desgracia, el acuerdo para la formación de un nuevo gobierno se ha alcanzado en gran parte con cierto retraso y en unas circunstancias en las que las dos formaciones ya no controlan al país. Debemos ser conscientes de ello, porque, de lo contrario, corremos el riesgo de hablar de una realidad imaginaria. 
Por consiguiente, este dato debe ser recalcado con decisión y sometido a la atención de la Comisión y de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Ya es hora de que nos demos cuenta de que en Albania no se enfrentan sólo dos formaciones, sino que existe una tercera parte, la de los rebeldes, que empuñan las armas y cuya acción violenta hemos condenado justamente y debemos seguir condenando. 
Sin embargo, sabemos que para esta parte, que no sin dificultades se hará callar con el acuerdo, no son suficientes los dos principios de acuerdo entre la mayoría y la oposición que hemos mencionado. De hecho, la misma pide otra cosa más, esto es, la renuncia de Berisha. 
En consecuencia, la situación puede complicarse nuevamente. 
No podemos creer que hemos alcanzado la solución política definitiva. 
Tan sólo hemos abierto el camino para una posible solución política que, por otra parte, debe seguir avanzando y lograr la formación de un gobierno. 
Es preciso dar más pasos para alcanzar una estabilidad efectiva. 
Por lo tanto, considero que la Unión Europea debe intervenir directamente y desempeñar un decidido papel de mediación y buscar la vía de un contacto con la tercera parte en disputa, la parte armada, a fin de convencerla, tras tratar las condiciones, a que abandone las armas. 
En toda este proceso, es evidente que debemos crear una relación entre la intervención económica y la intervención política. 
Tal como manifestó el Sr. La Malfa, la intervención económica y las condiciones políticas deben ir al compás. 
Considero asimismo que el problema albanés nos debe hacer reflexionar acerca de los límites del monetarismo que en este caso ha fallado clara y evidentemente y comprender que a raíz de una intervención política debemos lograr que resurja la Europa política y no sólo la monetaria. 
Señora Presidenta, yo también considero que a este Parlamento no debe escapársele el que es el problema principal, o sea, volver a crear en Albania un mínimo de autoridad que permita el ordenado desarrollo de una crisis que corre el riesgo de desembocar en una peligrosa guerra civil. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Occhetto cuando dice que existe un tercer interlocutor. 
En estos momentos, son los rebeldes los que se han adueñado de trece ciudades, han ocupado una cuarta parte de Albania y, hoy por hoy, poseen grandes cantidades de armamento, motivo por el cual Albania corre el peligro de ser un gran depósito de armas, sin guardianes, como lo definió un miembro de la oposición. 
La situación corre el peligro de escapar al control tanto de Berisha como del gobierno de reconciliación nacional. 
Sin embargo, no puedo coincidir con el Sr. Occhetto cuando considera que la destitución de Berisha podría facilitar la situación. 
Llamo la atención de sus Señorías sobre una observación hecha por un miembro de la oposición, esto es, que Berisha en este momento es esencial para poder reconstruir un mínimo de orden y legalidad que, por el contrario, se complicaría y que las armas substraídas por los 9 mil insurrectos del norte, sientan las premisas de una posible de guerra civil entre el norte y el sur, según las líneas de antiguas divisiones lingüísticas y tribales. 
Es por esto que hace falta un concurso generalizado de todas las partes. 
Estoy de acuerdo con la propuesta del Comisario van den Broek de actuar para establecer un mínimo de legalidad partiendo precisamente del acuerdo alcanzado entre Berisha y el nuevo gobierno de la oposición con el mandato otorgado a un representante del partido socialista que, siendo del sur, podría actuar para recomponer dicho acuerdo. 
Sin embargo, es preciso que la Unión Europea y el Consejo impliquen a todas las organizaciones. A dicho fin deseo recordar que la UEO, reunida en Atenas, manifestó su posición al respecto. 
Tal como mencionó el Presidente, no sólo es necesario seguir de cerca los acontecimientos, sino actuar con gran decisión para alcanzar el objetivo, aunque mínimo, de impedir el riesgo, en este momento grave, de guerra civil y de fractura de Albania. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, creo que lo que se considera como un éxito de Europa- esa fragilísima tregua lograda en Tirana- no lo es en absoluto. 
Por el contrario, y si prescindimos del hecho de haber desembolsado toda una serie de aportaciones económicas, en muchos sentidos, inútiles y tal vez esquizofrénicas, las Instituciones europeas deben entonar un mea culpa por la actitud pasiva que han mantenido hasta ahora. Ante todo abandonamos a Albania políticamente, luego erigimos a Berisha en héroe nacional e internacional para después mancillarle diciendo que se había valido de fraudes y de presiones ilegales durante las elecciones. 
Ahora, no nos debe extrañar que la situación se venga abajo, ya que las facciones están fuera de control, completamente fuera de cualquier control, tanto de Berisha como de sus adversarios. Por otra parte, no creo en la bondad de esta revuelta contra el derrumbe de las famosas entidades financieras-fraude, sino que- sobre todo en el sur del país- están interviniendo factores políticos y partidistas de una cierta parte del país. 
Por consiguiente, estimo que, en este momento, Europa tiene que asumir sus responsabilidades con vistas al futuro y, ante todo, por lo que no se hizo en Albania. 
Que no nos extrañe que en los Balcanes las distintas situaciones se vengan abajo en el plano político y degeneren más tarde en guerra civil. 
Es por esto que Europa debe ante todo entonar un mea culpa y comportarse de otra forma. 
Aprovechemos el ejemplo de quien invierte en la paz, la estabilidad y los derechos humanos. 
Señora Presidenta, en mi opinión, el acuerdo que se ha alcanzado es, por el momento, el único instrumento que puede frenar la violencia. 
Por lo tanto, me uno al llamamiento hecho por el Comisario a fin de que el Parlamento- lo hará mañana con la resolución- se comprometa a ejercer presiones a fin de que se cumpla. 
Sin embargo, no cabe duda de que los desordenes no han cesado, ya que en realidad no existe una tregua, sino sólo un acuerdo que hay que cumplir y existe el riesgo de una implicación de la vecina región de Kosovo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Occhetto en que es necesario un compromiso dirigido al sur de Albania, y esto es lo que está intentando nuestro Gobierno a través de la presencia de nuestro embajador en el sur del país. 
Pues bien, creo que, con mayor razón, Europa debe ocuparse de este aspecto para que cesen los desordenes y ayudar al país a celebrar nuevas elecciones. 
A mi juicio, el principal compromiso del Parlamento Europeo debe centrarse en convocar nuevas elecciones regulares y todos nosotros sabemos que van a ser las primeras elecciones regulares, dado que- y también nosotros somos culpables- apoyamos a un gobierno y a un presidente, a pesar de que sabíamos que hubieron fraudes electorales, porque, en aras del monetarismo y de los compromisos financieros, se decidió esa actitud y ese apoyo. 
No cabe duda de que nos equivocamos, sin embargo, no debemos cometer más errores y, por ello, tenemos que apoyar unos comicios regulares. 
Veremos si, mediante el compromiso directo de algunos Gobiernos- me refiero al griego y al italiano- y el gran compromiso de la Unión Europea se logrará prestar la aportación necesaria, porque, de lo contrario, y como se ha mencionado, el peligro que se corre es el de la guerra civil. 
Señora Presidenta, las oradoras y los oradores que me han precedido han señalado que la situación en Albania ha escapado por completo a todo control. 
Un régimen antidemocrático unido a una explotación económica sin escrúpulos ha precipitado en la absoluta miseria a toda la población del país. 
A pesar de que, de hecho, esas personas sólo pueden inspirarnos compasión y su desesperación también es más que comprensible, es preciso condenar con toda claridad y firmeza el recurso a las armas. 
Una guerra civil no resolvería de ningún modo la situación. Al contrario, sólo contribuiría a agravarla. 
Ahora es preciso buscar una salida. 
Debe frenarse la escalada de violencia. 
Es bueno que se haya dado un primer paso para resolver conjuntamente la crisis y que la democracia pueda tener finalmente una oportunidad también en dicho país. 
La formación de un gobierno pluripartidista y la convocatoria de elecciones democráticas constituyen los primeros pasos en esa dirección. 
Esperamos sinceramente que todos los partidos cumplan ahora ese acuerdo, pero se trata sólo de unos primeros pasos. 
Más importante es aún que el nuevo gobierno que salga elegido y el nuevo Parlamento se ocupen de impulsar también unas reformas democráticas y económicas. 
Es evidente que la población de Albania sólo se mostrará dispuesta a deponer las armas cuando se le ofrezca un futuro democrático y unas buenas perspectivas económicas. 
La Unión Europea tiene la responsabilidad de promover no sólo el desarrollo de Albania, sino el de toda la región. 
Es de lamentar que en los últimos años el Parlamento Europeo prácticamente sólo haya debatido el tema del desarrollo de los Balcanes en el contexto de situaciones de crisis. 
A pesar de los acuerdos de cooperación y en algunos casos incluso de asociación suscritos con muchos países de la región, y aunque procuramos apoyar activamente las reformas en dicho país a través del programa PHARE, continuamente nos vemos sorprendidos por los acontecimientos en aquella región. 
Por consiguiente, como colofón del presente debate yo quisiera rogar a la Comisión que todos nosotros, o sea el Consejo, la Comisión y el Parlamento examinemos conjuntamente en el futuro cómo podemos apoyar de manera más adecuada y eficaz las reformas en dicha región y cómo podemos encauzar con mayor precisión el programa PHARE hacia sus objetivos. 
A mi parecer, podremos ayudar más a la población de este modo, que no si nos limitamos a intervenir sólo como apagafuegos en las situaciones de crisis. 
Señora Presidenta, nos encontramos ante una situación de extrema gravedad. 
Ni el Presidente Berisha ni su Gobierno están exentos de culpa por la situación existente. 
Como usted sabe, el informe de la OSCE/ODIHR criticaba las últimas elecciones. 
Todo el mundo está de acuerdo en que el fracaso de los planes piramidales de inversión ha sido un suceso trágico para numerosos albaneses que han perdido los ahorros de su vida. 
El Gobierno ha dejado que esto sucediera. 
Pero hay que poner las cosas en su sitio. 
Sigue habiendo en el país numerosos individuos que son miembros del régimen de Hoxha. 
Hay pruebas fehacientes de que en el sur del país existen conexiones con la mafia albanesa y sus operaciones de contrabando de droga hacia Italia y otros lugares. 
Les recuerdo que una de las principales razones que desencadenaron los problemas surgidos en la ciudad de Vlorë fue la confiscación de 100 lanchas ultrarápidas, muchas de ellas utilizadas en las operaciones de contrabando transadriáticas. 
La UE debe ser comprensiva con la situación. 
Más que nunca, es necesaria una postura unida de todos los gobiernos de los Estados miembros y organizaciones internacionales hacia este problema. 
El Presidente Berisha ha mostrado una cierta sabiduría tardía al reunir un gobierno de coalición de todos los partidos, y poner en el cargo a un primer ministro socialista. 
Hay que apoyarlo, no castigarlo, pero él, por su parte, debe ser ayudado a recuperar la confianza de los albaneses mostrando un absoluto respeto por la ley y la constitución, el cumplimiento de los derechos humanos y la celebración de elecciones justas. 
Éstas debieran ser vigiladas de cerca con ayuda del Parlamento Europeo, entre otros, del mismo modo que los medios de comunicación tendrían que ser supervisados por el Instituto Europeo de Medios de Comunicación. 
Las consecuencias de la guerra civil y de la escalada de violencia son de proporciones inmensas e inminentes, no sólo por la propia Albania, sino también porque Albania es un barril de pólvora. 
En Kosovo, con una situación ya tensa, más del 80 % de la población es de origen albano. 
En Macedonia hay una importante minoría albana. 
Estos dos países podrían verse mezclados. 
También podría ser arrastrada al problema la vecina Grecia. 
Señora Presidenta, para finalizar: necesitamos una postura unida, equilibrada y firme hacia la difícil situación de Albania. 
La desunión, la demora y la debilidad pueden encender la mecha de los Balcanes. 
Es algo que no debe ocurrir. 
No podemos permitir otra Bosnia por falta de resolución: debemos instaurar un mecanismo de crisis; y tener un único organismo que se ocupe de la situación. 
Esperamos que se tomen medidas sobre estas cosas. 
Señora Presidenta, la política de la Unión Europea respecto al problema de Albania, consistente en apoyar a Berisha, ha sido un error. 
Si el Consejo hubiera hecho algún caso al Parlamento Europeo y hubiera tomado medidas ante la detención de Fatos Nano, si hubiera hecho algún caso al Parlamento Europeo después del fraude electoral, si hubiera hecho caso a la resolución del Parlamento Europeo del mes pasado y hubiera adoptado acciones inmediatas, o si al menos hubiera guardado las distancias con el régimen Berisha, como Estados Unidos, hoy la situación sería otra. 
No se puede seguir legitimando el régimen Berisha. 
No es coherente que, por un lado, el Presidente del Consejo diga aquí: » Sí, exigimos nuevas elecciones, porque las anteriores, según el Parlamento, no fueron libres» , y, por el otro, se acepte un Presidente que fue elegido por ese Parlamento ilegítimo bajo estado de excepción. 
Esto no es todo. 
Además, el Sr. Berisha deber irse, y cuanto antes, porque esa es la principal exigencia de los ciudadanos de todo el sur del país y porque eso podría salvarnos de la dinámica de enfrentamiento civil y de agitación que reina en Albania. 
Por consiguiente, insto al Presidente en ejercicio, si quiere ser constructivo, a que diga: » Sí, el Gobierno holandés está dispuesto a dar todas las garantías y el asilo político inmediato al Sr. Berisha, a fin de desbloquear la situación en Albania». 
Una pregunta más: ¿Piensan el Consejo y la Comisión plantear al actual Gobierno albanés el tema de la excarcelación de los presos políticos y, en concreto, de Fatos Nano? 
Quisiera tener una respuesta del Sr. Van den Broek. 
Desearía explicar una vez más, tras mi extensa esposición, que la Presidencia del Consejo sigue con el máximo de atención la evolución de la situación en Albania. 
Nos basamos para ello en las informaciones brindadas por las embajadas de la Unión Europea en Tirana, manteniendo un estrecho contacto con los gobiernos de los países miembros más implicados de la Unión, Italia y Grecia. 
No cesamos de aspirar a objetivos paralelos, dirigiéndonos tanto al gobierno de Berisha como a los demás partidos políticos. 
Este objetivo paralelo consiste en el restablecimiento de orden público a corto plazo, lo cual es factible únicamente a través del segundo objetivo, a saber el restablecimiento de la credibilidad de las autoridades gracias a reformas democráticas y la celebración de elecciones en el plazo de algunos meses. 
En primer lugar lo que debe evitar la población albanesa es la instauración de la anarquía total en el país. 
En segundo lugar resulta importante para toda la región el evitar que esta situación extremadamente trágica se extienda por movimientos ondulatorios. 
Por lo que respecta a la pregunta planteada por el orador anterior, puedo afirmar que esta cuestión fue abordada por el Presidente del Consejo durante su visita a Tirana. 
Señora Presidenta, apoyo con satisfacción las palabras expresadas por la Presidencia del Consejo y deseo añadir además que Albania constituye un polvorín listo a estallar. 
Esta explosiva situación no amenaza únicamente a la población, sino también a los países vecinos y a la totalidad de la región. 
A mi juicio, cabe preguntarse si es éste el momento de seguir vacilando en cuanto a la medida en que deben imputarse al Presidente Berisha y el anterior gobierno, así como los partidos de oposición, los graves excesos cometidos. 
O si no es ya el momento de velar por que, e incluso de insistir, de manera conjunta y con una sola voz, las recomendaciones dadas por nosotros mismos al Presidente Berisha y a los partidos de oposición en cuanto a la formación de un gobierno de unión nacional y el anuncio de elecciones, si no es ya en realidad el momento de insistir de manera unánime por que el compromiso político alcanzado se vea concretado en breve plazo. 
Como la única posibilidad a corto plazo de que la población albanesa sea capaz efectivamente de expresar su voz en la vía democrática sobre su porvenir y al mismo tiempo ajustar sus cuentas con el pasado. 
Por último, señora Presidenta, ¿no debemos acaso velar por que las partes que han contraído ese compromiso no sólo cumplan de manera estricta y respetuosa éste, sino que también cada una de ellas inste a los rebeldes a que depongan las armas y pongan término a la violencia y manifiesten su resistencia, no ya mediante la rebelión armada, sino a través de las urnas? 
Un mensaje de tal energía que emanase de parte del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo sería tal vez una última oportunidad de salvar la situación. 
En caso contrario, no tendríamos incluso nada que reprocharnos, aunque tratar ahora de socavar el contenido del propio compromiso recomendado me parece que actuaría solamente en detrimento de la credibilidad de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, varios oradores se han referido al golpe de Estado que se está forjando en Albania. 
Varias organizaciones- la OSCE, la Unión Europea, el Consejo de Europa- han ido a Tirana y han iniciado conversaciones con el Gobierno. 
Lo que me preocupa, si hay una crisis en ciernes que puede afectar a otros países, es que tendría que haber algún mecanismo para gestionar la crisis común a dichas organizaciones, incluidas las organizaciones de defensa como la OTAN y la UEO. 
¿Puede confirmar el Consejo que en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del sábado este punto relativo a la gestión de la crisis y la coordinación- planificación de contingencias- estará en el orden del día por si acaso la situación empeora? 
En el orden del día de la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores no figura Albania en cuanto tal aunque es seguro que habremos de referirnos a ella. 
Me parece que la situación actual hace inevitable que los ministros se planteen cara a cara esa cuestión. 
No puedo ni afirmar ni negar que en el marco de la OTAN, de la Unión de Europa Occidental o de otra organización se hayan efectuado preparativos militares de cualquier tipo. 
Me parece tan sólo que especular sobre una intervención militar en una guerra civil no contribuye en nada a la claridad de la postura asumida por los países miembros de la Unión. 
Estimo que sería ésta una de las últimas prioridades que deberíamos considerar por parte de Europa. 
Señora Presidenta, mi intervención es sólo para recordar una pregunta dirigida al Sr. Presidente en ejercicio. 
Podría contestarme con una palabra. 
Le he preguntado si la Presidencia se ha preocupado o se preocupa por la puesta en libertad de todos los presos políticos, incluido el Sr. Fatos Nano, líder del principal partido de la oposición, el Partido Socialista. 
Quisiera recibir una respuesta del Sr. Presidente en ejercicio, sobre todo por lo que se refiere al Sr. Fatos Nano. 
Pensaba haber respondido a la pregunta planteada por Su Señoría. 
Ese tema fue abordado por el Ministro Van Mierlo durante su visita a Tirana. 
Se hace también referencia explícita al Sr. Fatos Nano. 
El debate queda cerrado. 
He recibido siete propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de diputados de diez países mediterráneos signatarios de la Declaración de Barcelona, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Me permitirán igualmente expresarles, en nombre del Parlamento Europeo, la firme adhesión de nuestra institución al fortalecimiento de la cooperación con los países del sur. 
Sabemos que para nosotros es una posibilidad de estabilidad y de paz, y esta institución trabaja por fortalecer sus relaciones tanto con los países del sur del Mediterráneo como con los países del Este. 
Sabemos perfectamente que la paz depende de este equilibrio. 
¡Les doy la bienvenida! 
(Aplausos) 
Seguimiento de la Conferencia de Barcelona 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0027/97) del Sr. Sakellariou, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe conjunto de la Presidencia del Consejo y de la Comisión (7987/96- C4-0414/96) relativo a la política mediterránea: seguimiento de la Conferencia de Barcelona. 
Señora Presidenta, Señorías, estimadas y estimados colegas, cuando han transcurrido casi 16 meses de la Conferencia de Barcelona del 27 y 28 de noviembre de 1995 y cuando falta poco más de un mes para la Conferencia de seguimiento de Malta, el informe que hoy nos disponemos a debatir en el Parlamento se propone evaluar los resultados de la primera Conferencia de Barcelona y presentar nuevas propuestas y aspiraciones para la Conferencia de seguimiento, que en esta ocasión tendrá lugar en Malta. 
Ante todo, señora Presidenta, yo quisiera manifestar mi gran satisfacción por el hecho de que el debate de hoy pueda desarrollarse en presencia de nuestros colegas de los países mediterráneos, con quienes establecimos el citado marco especial de colaboración euromediterránea en Barcelona. 
Yo pienso que estamos asistiendo a los inicios de una singular cooperación interparlamentaria que puede enriquecer el proceso iniciado en Barcelona y darle un nuevo impulso en favor de la paz, la seguridad, el desarrollo científico y el entendimiento entre las culturas, en aras del bienestar de nuestros pueblos en todas las riberas del Mediterráneo. 
Doy cordialmente la bienvenida a los colegas presentes en la tribuna de invitados. 
Hemos debatido detenidamente los diferentes aspectos concretos de la política mediterránea en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, al igual que prácticamente en la totalidad de las Delegaciones y Comisiones parlamentarias mixtas competentes. 
He recibido abundantes sugerencias y apoyo de mis colegas, por los cuales también quiero manifestar mi sincero agradecimiento, en representación de todos ellos, a mi colega y amigo Giorgos Dimitrakopoulos, quien ofreció muy valiosas aportaciones al presente informe a través de la opinión elaborada en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Señorías, estimadas y estimados colegas, los resultados de la Conferencia de Barcelona, tal como quedaron plasmados en la Declaración conjunta adoptada por unanimidad y el programa de trabajo, son particularmente alentadores, como también lo son los resultados de los trabajos realizados en el período posterior. 
Se han alcanzado resultados destacables, particularmente en el marco del diálogo político y en materia de política de seguridad, que se ha convertido en un elemento fundamental de la cooperación euromediterránea. 
Se ha elaborado una lista de medidas de fomento de la confianza y se ha establecido un plan de acción. 
No obstante, el núcleo central del presente informe lo constituye, a mi parecer, la elaboración de una Carta euromediterránea en favor de la paz y la seguridad, que permita institucionalizar el diálogo y la prevención de las crisis. 
Esto es exactamente lo que pide también nuestro Parlamento. 
Por consiguiente, yo pienso que la citada Carta debe ser un punto central de nuestros debates en el Parlamento Europeo y también del diálogo común en el marco del Foro parlamentario euromediterráneo. 
El informe recoge toda una serie de otras propuestas valiosas en este ámbito. 
Es responsabilidad común de los Parlamentos, de los Gobiernos y naturalmente también de la Comisión velar por que las buenas declaraciones de intenciones se plasmen en políticas concretas y útiles, al servicio de la paz y la seguridad de todos los pueblos de la región. 
Entre la enorme lista de tareas pendientes en el ámbito de la cooperación euromediterránea, yo quisiera referirme de manera particular a un aspecto que personalmente considero de extraordinaria importancia. 
La emigración ha desempeñado siempre un papel de primer orden para el intercambio cultural entre las dos orillas del Mediterráneo. 
Esto no dejará de ser así en el futuro. 
Sólo las diferencias económicas cada vez mayores entre los países de emigración y de inmigración, asociadas a los problemas sociales y de empleo no resueltos en los segundos, han favorecido la aparición de una creciente discriminación contra los inmigrantes, resultado de una combinación de populismo barato y racismo grosero de los eternos retrógrados. 
La posición del Parlamento Europeo en contra del racismo y la xenofobia es no sólo conocida, sino también ejemplar, y debe constituir el fundamento de una política antidiscriminatoria en el marco de la nueva cooperación. 
Necesitamos un marco contractual que regule la inmigración y debemos adoptar conjuntamente una Carta de los derechos del inmigrante- una tarea que ha de ser prioritaria, a mi parecer, para un Foro parlamentario euromediterráneo -, en la que se equilibren los diversos intereses de carácter estatal y humano. 
Antes de finalizar, me permitiré hablar en castellano para dirigirme al señor vicepresidente Marín en su lengua: 
Para concluir mi intervención, desearía agradecer al Vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, tanto su ayuda como su compromiso personal en la política mediterránea. 
Usted personalmente, pero también sus servicios, siempre nos han prestado una ayuda inestimable. 
Espero que esta fructífera colaboración continuará e incluso aumentará en el futuro. 
Señorías, estimadas y estimados colegas, yo les doy las gracias por su atención y acojo con satisfacción el debate sobre mi informe. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera igualmente dar la bienvenida a todos los diputados y amigos de todos los países del Mediterráneo que hoy están presentes para seguir la sesión. 
En segundo lugar, quisiera felicitar al ponente, el querido amigo y colega Jannis Sakellariou, no sólo por el contenido del informe que nos ha presentado, sino por todos sus esfuerzos y la labor que ha realizado desde hace meses para llegar al resultado final que tienen ante ustedes. 
Es un hecho que el proceso de Barcelona iniciado con la Conferencia de hace un año debe continuar. 
Para ello, deben cumplirse sin falta unas condiciones. 
La primera condición es que sigamos y mejoremos el esquema ya presentado por la Comisión. Es un esquema que abarca tanto las grandes cuestiones como temas parciales. 
La segunda condición es que lleguemos realmente a la firma de un pacto de estabilidad, porque sin pacto de estabilidad no sólo es imposible codificar los progresos ya hechos, sino que tampoco podremos definir las líneas directrices para el futuro. 
La tercera condición es que paralelamente se llegue a la adopción de ciertas medidas de creación de confianza, evitando así que en esta región conflictiva se produzcan hechos que puedan invertir la trayectoria que hemos iniciado. 
La cuarta es que Europa adquiera cada vez mayor protagonismo. 
Para lograr esto, Europa debe ocuparse más sistemáticamente de cada uno de los problemas principales, una vez que haya puesto orden en sus asuntos internos. 
El Sr. Sakellariou ha hablado de la emigración. 
Quiero añadir el problema de Oriente Próximo, e incluso de las cuestiones del fundamentalismo islámico, a las que por fin debe aplicarse un planteamiento riguroso y no meras reacciones histéricas que recuerdan épocas como la del maccarthysmo de los años cincuenta. 
El movimiento islámico es una fuerza importante. 
Hay una parte de él que es más combativa, pero antes de poder enfrentarnos a ella tenemos que entenderla. 
Por último, señora Presidenta, Señorías, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha presentado una serie de propuestas muy concretas- damos las gracias al ponente por haber aprobado la mayoría- destinadas a fortalecer todo lo relativo al desarrollo en el proceso de Barcelona, lo cual consideramos imprescindible para la continuación del propio proceso. 
Señora Presidenta, querría empezar felicitando al Sr. Sakellariou por un completísimo informe. 
También me gustaría unirme a él en las felicitaciones al Comisario Marín por los esfuerzos que ha hecho en relación con este tema. 
No debemos olvidar tampoco la iniciativa tomada por la Presidencia española, que hizo despegar la Conferencia de Barcelona. 
Es evidente que en la situación posterior a la caída del Muro de Berlín, en la que consideramos la seguridad en un marco más general de estabilidad política, económica y social, la iniciativa para el Mediterráneo es de vital importancia si queremos mantener e impulsar la seguridad de la región. 
Sin embargo, hay varias observaciones que me gustaría hacer. 
En primer lugar, no hay duda de que, pese a todos los esfuerzos dedicados al proceso mediterráneo, si no garantizamos el proceso de paz en Oriente Medio todo lo que hagamos estará debilitado en su base. 
Así pues, debemos tener bien presente la importancia de dicho proceso de paz. 
En segundo lugar, es importante que los Estados miembros de la Unión Europea muestren su compromiso con el proceso ratificando los acuerdos de asociación que ya se han acordado; y subrayo la importancia de la enmienda nº 14 que presentó el Sr. Sakellariou. 
En tercer lugar, lo que pueden hacer los gobiernos está limitado por naturaleza. 
La clave del éxito de esta iniciativa reside en que atraigamos financiación privada. 
Por lo tanto, a los países beneficiarios- si es que se les puede llamar así- les incumbe garantizar que haya un marco jurídico y político adecuado para atraer el capital. 
En concreto, debemos asegurarnos de que se respeten los derechos de propiedad intelectual, que haya unos regímenes fiscales adecuados, una verdadera política de competencia y una máxima transparencia en la relación entre las instituciones públicas y privadas. 
Por nuestra parte, hemos de hacer mucho hincapié, dentro de la ayuda que estamos prestando, en asegurarnos de que se establezca el marco adecuado, sobre todo en relación con los sectores bancario y financiero. 
En cuarto lugar, debemos intensificar el diálogo sobre derechos humanos. 
Esto no es un añadido casual. 
Es el requisito esencial de la expansión económica moderna. 
La libertad es tanto un concepto político como un concepto económico de vital importancia para el desarrollo de la región. 
En quinto lugar, debemos intensificar la cooperación respecto a las reservas hídricas. 
Esto supone un gran reto, pero también una gran oportunidad, y me interesa oír la respuesta de la Comisión a la propuesta del Sr. Sakellariou de crear una agencia euromediterránea del agua, que a mí me parece va más lejos que la Declaración de Marsella de noviembre del año pasado. 
En sexto lugar, debemos intensificar la cooperación regional a fin de garantizar que los países trabajen mucho más unidos para que lleguen a estar mucho más interrelacionados. 
Por último, es importante que desarrollemos un mayor entendimiento mutuo. 
Debemos explicar lo que está intentando hacer la Unión Europea con el proyecto de la moneda única y con la ampliación a Europa central y oriental. 
También tenemos que explicar a nuestros ciudadanos lo que estamos intentando conseguir con el proyecto mediterráneo porque, como ya ha indicado el Sr. Sakellariou, hay muchos malentendidos sobre nuestros objetivos. 
Por consiguiente, tendremos que incrementar la publicidad sobre los objetivos de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, deseo unirme a los compañeros diputados en dar la bienvenida a este informe y felicitar al Sr. Sakellariou. 
He aprovechado la oportunidad de mirar la lista de oradores del presente debate y veo que la aplastante mayoría pertenece a Estados miembros meridionales. 
Deseo decir, por la tanto, que el éxito del proceso de Barcelona no es sólo importante para la Europa del Sur, sino para toda Europa. 
A mi propio país le ha fascinado la evolución de la política mediterránea durante muchos siglos. 
Es un proceso en el que toma parte toda Europa con el conjunto del Mediterráneo. 
En segundo lugar, deseo hacerme eco de los que han apoyado la dimensión parlamentaria del proceso. 
Es justo que respetemos y acojamos con satisfacción el trabajo realizado por los ministros, los comisarios y los funcionarios. 
Pero, para que el proceso sea un éxito, tiene que ser un encuentro de mentes y de gentes, por lo que debe incluir la participación de los Parlamentos de los Estados. 
En los dos próximos días, junto con la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y nuestros distinguidos huéspedes, intentaremos idear cómo podría ser el marco de un Foro Euromediterráneo. 
Por último, acojo con satisfacción lo que podría llamarse «enfoque holístico» del proceso de Barcelona: su carácter pluridimensional. 
Los problemas del Mediterráneo demuestran, quizá más radicalmente que en ningún otro lugar, que los asuntos exteriores no son sólo una serie de crisis desconectadas e impredecibles. 
Eso a lo que llamamos política, a lo que llamamos asuntos exteriores, responde a unas tendencias básicas. 
Sabemos que los asuntos demográficos, medioambientales y económicos están interrelacionados, dando lugar a los problemas políticos y a los flujos migratorios a los que se refería el Sr. Sakellariou. 
Parten de la complejidad de la herencia histórico-cultural de muchos milenios de interacción en el Mediterráneo. 
Es quizá peligroso que un político aconseje a otros políticos que estudien la historia porque todos, por supuesto, tenemos nuestros historiadores nacionales preferidos. 
Sin embargo, recomiendo que cualquiera que participe en este proceso estudie la obra del gran historiador francés Braudel y su estudio clásico sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II. En él encontrarán claramente expuesto el sistema interrelacionado de cultura y economía que es y ha sido siempre el Mediterráneo. 
Señor Presidente, ante todo deseo dar las gracias al Sr. Sakellariou por el excelente trabajo que ha realizado. 
El suyo es un gran reconocimiento a la importancia estratégica del Mediterráneo y yo también saludo a los amigos y colegas diputados de la otra orilla del Mediterráneo. 
Considero que el reequilibrio de la política europea hacia el sur es del todo necesario, porque precisamente en el Mediterráneo existe el peligro de que surja un nuevo muro de incomprensión entre el norte y el sur del mundo, entre el mundo cristiano y el musulmán, entre el mundo rico y el mundo pobre. 
Esto debe evitarse y a este propósito, revisten gran importancia el Acuerdo de Barcelona y el trabajo de colaboración con los países de la otra orilla del Mediterráneo. 
Asimismo estoy de acuerdo con el Sr. Dimitrakopoulos cuando manifiesta que el verdadero Islam no puede considerarse como fanatismo e intolerancia, sino como cultura, tolerancia y respeto de las opiniones de los demás. 
Para avanzar en el terreno de la colaboración política, considero importantes varios factores, entre lo que se encuentra el hecho de que Europa debe convertirse en un interlocutor político unitario capaz, en cierto modo, de aportar su gran bagaje de libertad y de democracia, esto es, el Convenio de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia, los principios de legalidad y democracia, el pluralismo y la tolerancia. 
Por lo que atañe al aspecto económico, hay algo que me preocupa. 
Siendo un defensor del libre mercado y de la liberalización de la economía, considero que con respecto a los productos agrícolas no se puede pasar de un proteccionismo y de unos acuerdos internacionales de carácter dirigista a la liberalización de los intercambios. 
Esto sería absolutamente perjudicial para Europa y en particular para los Estados de Europa que limitan con el Mediterráneo. 
Señor Presidente, el seguimiento de la Conferencia de Barcelona deberá constituir una próxima etapa en el proceso dinámico de «acercamiento a Europa» y a los países ribereños del Mare Nostrum. 
Las circunstancias en que éste se produce no permiten sin embargo albergar muy grandes esperanzas. 
El proceso de paz en el Oriente Próximo avanza con dificultades y no deja de ejercer sus repercusiones en el proceso de Barcelona. 
Las ambiciones contenidas en el informe del Sr. Sakellariou son dignas de aprecio, aunque sigo considerándolas poco realistas. 
Debemos proceder paso a paso con planes concretos y evitar caer en palabrerías huecas. 
Desgraciadamente, nuestro grupo considera demasiado exageradas numerosas enmiendas que son necesarias para colmar el informe Sakellariou. 
Es evidente que este Parlamento tiene el deber de establecer una dirección y a la larga deberá resultar aplicable el modelo de la OSCE y demostrarse el interés del pacto de estabilidad euromediterránea. 
En este contexto, la falta de coherencia por nuestra parte dejaría sin valor alguno el proceso de Barcelona. 
Las recientes declaraciones de una serie de dirigentes demócrata-cristianos en el sentido de que por el hecho de constituir la Unión una comunidad cristiana debería excluirse por ejemplo la presencia de Turquía habrán suscitado reacciones negativas en toda la región del Mediterráneo. 
Rechazo pues este tipo de declaración. 
La Unión no juzga a un país basándose en criterios trasnochados como éste, debiendo simplemente postular como principio indispensable el respeto de los derechos humanos y el funcionamiento de la democracia, haciendo evidente por ejemplo a Turquía los requisitos indispensables para admitir su participación. 
Estos criterios son válidos también para Turquía y los demás países de la región. 
Señor Presidente, apoyar hoy el proceso de Barcelona significa pedir su profundización, que debe llevarse a cabo, antes que nada, en el terreno político, ámbito en el que es necesario que Europa construya con sus socios mediterráneos un sistema de seguridad regional verdaderamente autónomo, en el que se reduzca al máximo la presencia de potencias ajenas a la zona- no olvidemos las bases y la flota norteamericanas- y en el que sean objetivos básicos la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos- recordemos Turquía, Argelia o Marruecos- junto a la implementación de medidas de confianza, estabilidad y desarme convencional y nuclear, para lo que sería necesario construir una instancia regional de actuación basada en principios y procedimientos similares a la OSCE. 
Esta seguridad en el Mediterráneo no será posible sin solucionar adecuadamente los diversos conflictos abiertos, o sea sin que culmine el proceso de paz en el Próximo Oriente o se alcance la autodeterminación del pueblo saharaui y la reunificación de Chipre. 
Barcelona no puede ser ajena a su existencia. 
La Unión debe auspiciar la integración económica y comercial en la región, pero no sobre la base de una liberalización a ultranza que termine golpeando la calidad de vida de las clases trabajadoras o un apoyo financiero a los planes de ajuste auspiciados por el Fondo Monetario Internacional, sino, por el contrario, promoviendo modelos de desarrollo sostenible desde los que aminorar problemas como el de la deuda, favorecer la igualdad entre el hombre y la mujer y el empleo juvenil, combatir las causas profundas de los flujos migratorios, que no deben ni pueden ser afrontados con medidas policiales o políticas fronterizas restrictivas y cuasi xenófobas y restaurar un medio ambiente extraordinariamente degradado. 
Todo ello debería estar presente en el proceso de Barcelona y auspiciarse en la próxima cita de Malta junto a otras tres medidas: el fomento de la comprensión cultural entre las riveras norte y sur, la articulación de mecanismos de presencia real de la sociedad civil y la creación de un fórum interparlamentario con carácter permanente y capacidad consultiva y de propuesta. 
Si todo ello se cumple, la Unión estará poniendo las bases de una cooperación euromediterránea en la que todos participen, imprescindible para su propia estabilidad y que no sea percibida como una simple estrategia para ganar cuotas de mercado o imponer concepciones neocoloniales. 
Señor Presidente, deseo recordar que muchos de nosotros esperábamos de la Conferencia de Barcelona algo más y, en cierto modo, un reequilibrio hacia el sur de la política de la Unión Europea, demasiado a menudo excesivamente dirigida a los países del Este. 
Los límites de la Conferencia de Barcelona son quizás la demostración de que no existe una verdadera política exterior europea. 
De hecho, nos hemos preocupado sobre todo de crear una gran zona de libre comercio sin construir una sólida y duradera estructura de formas de cooperación regional más amplias y articuladas. 
Las causas hay que buscarlas en la limitada participación a sólo doce países de la orilla africana, excluyendo a Libia, Albania y los países de la antigua Yugoslavia, por la preocupación de favorecer la libre circulación de las mercancías e impidiendo, de hecho, la circulación de las personas, y en la ausencia de un verdadero diálogo democrático entre todos los interlocutores de la sociedad civil de las dos orillas del Mediterráneo. 
Sin embargo, la Conferencia de Barcelona ha sido un primer paso del cual no se puede prescindir al objeto de establecer el necesario intercambio de puntos de vista entre los países del Mediterráneo. 
Por estas razones, nosotros los Verdes compartimos el planteamiento del informe del Sr. Sakellariou, con el cual nos congratulamos del óptimo trabajo que ha llevado a cabo. 
En particular, consideramos que reviste gran importancia la propuesta formulada a la Comisión de un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en los doce países firmatarios, la creación de una fuerza de pacificación europea con objeto de reforzar la acción humanitaria, fomentar la resolución pacífica de los conflictos, impedir el estallido de nuevos conflictos y facilitar las medidas de confianza necesarias. 
Se trata de una propuesta que los Verdes siempre han apoyado. 
Proponemos asimismo la celebración de un debate sobre el desarme, la necesidad de la limitación de armamentos y el establecimiento de una zona desnuclearizada en la cuenca del Mediterráneo. 
Estamos de acuerdo en cuanto a la necesidad de desarrollar en sentido positivo el programa MEDA y de lograr la cancelación de la deuda vinculando las propias propuestas al cumplimiento de los principios de la Declaración que permitan un desarrollo sostenible y favorezcan asimismo este objetivo acudiendo a las energías renovables y al ahorro energético. 
Por ello, esperamos que en Malta haya una amplia representación del Parlamento Europeo y que todas las organizaciones no gubernamentales estén presentes en un foro civil financiado por la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Conferencia de Barcelona marcó un viraje importante en la creación de un polo euromediterráneo. 
Sin embargo, es necesario efectuar regularmente el balance sobre la evolución de los talleres que se han abierto, para que el espíritu de Barcelona pueda perdurar. 
Y es importante, como lo preconiza el excelente informe del Sr. Sakellariou, que la Unión Europea avance por la vía de la cooperación euromediterránea. 
Para mi Grupo es fundamental fortalecer los intercambios comerciales, fijándonos como objetivo reducir el déficit de la balanza comercial. 
Por otro lado, un desarrollo sostenible de estas regiones supone una buena gestión de los recursos, y particularmente del agua. 
En el plano político, desearíamos una inflexión de las políticas comunes de prevención de los conflictos, y que los derechos humanos sean objeto de una mayor vigilancia. 
No obstante, el espíritu de la Conferencia de Barcelona no se realizará plenamente si la cultura no representa el papel que se le había asignado en la Conferencia: catalizar un proceso de acercamiento de los pueblos y luchar contra la intolerancia y el racismo. 
Por eso mi Grupo apoyará las enmiendas encaminadas a fortalecer los intercambios culturales, el papel de la sociedad civil y las políticas de salvaguardia del patrimonio. 
Señor Presidente, el informe Sakellariou tiene el mérito de subrayar la importancia prioritaria que en adelante debe tener para nosotros el desarrollo de una estrecha cooperación con todos los países ribereños del Mediterráneo. 
Para la Europa de la posguerra fría el horizonte mediterráneo se ha convertido en el horizonte de su seguridad. 
Los dos factores esenciales de esta seguridad, emparejados como las dos caras de una misma moneda, son el desarrollo económico de los países mediterráneos del sur y del este, así como el control de los flujos migratorios. 
Este último condiciona no sólo la seguridad interna de nuestros Estados, sino también el dinamismo del desarrollo de nuestros socios. 
Éstos deben poder contar con recursos humanos motivados, con una elite cualificada, que se interese más- con civismo- por el desarrollo de su país que por los espejismos de la expatriación. 
Una preocupación constante de nuestra cooperación y de su necesaria renovación debe ser evitar el fomento del éxodo de los recursos humanos. 
El Sr. Sakellariou propone el establecimiento de una «zona de prosperidad compartida». 
Este es el camino, en efecto, de un verdadero codesarrollo que es necesario emprender para que el Mediterráneo pueda convertirse un día en una zona de estabilidad sostenible. 
Para lograrlo, contamos con bazas que otros no tienen. 
La larga tradición de relaciones de amistad y de cooperación de algunos de nuestros países constituye un capital inestimable para toda la unión. 
Tras el lamentable fracaso de un primer intento ambicioso de diálogo euroárabe, tiende a instaurarse una nueva dinámica sobre la base de la Declaración de Barcelona. 
Esta vez es necesario lograrlo y demostrar de manera clara, resuelta, duradera y con sentido concreto una prioridad mediterránea de Europa. 
Señor Presidente, los mil Mediterráneos de Brodel, las viejas y nuevas civilizaciones que en la costa africana y en la europea atravesaron recelosas y a menudo enemigas entre sí las rutas del tiempo, fijaron las raíces de un futuro común en la Conferencia de Barcelona. 
Entonces se adoptó una declaración final, fruto de aquella extraña Cumbre Norte-Sur que propugnaba una colaboración global que debía actuarse en tres ámbitos: un diálogo político más intenso, el desarrollo de la cooperación económica y una más atenta atención al aspecto social, cultural y humana. 
Sin embargo, transcurridos algunos meses, debemos denunciar la escasez de las iniciativas europeas. 
Hay que decir que ha llegado el momento en que hay que poner en práctica las buenas intenciones de la Declaración final de la Conferencia de Barcelona. 
En nuestra opinión, el Consejo debe convocar periódicamente unas reuniones de puesta al día del Acuerdo, a fin de definir las acciones más apropiadas y debe emplearse a fondo para examinar fórmulas innovadoras, orientadas ante todo a la cancelación de la deuda, esto es, fórmulas de reconversión que no implican anulación, sino conversión de los gastos en financiaciones destinadas al desarrollo, a las políticas de formación y a la necesaria adaptación del marco jurídico en el conjunto global y orgánico de los acuerdos. 
El próximo Pacto euromediterráneo de estabilidad podría incluir, entre otras cosas, un compromiso contractual en materia de reconocimiento y respeto mutuo de la integridad territorial de todos los Estados mediterráneos y una cláusula para el establecimiento de una zona desnuclearizada en toda la cuenca mediterránea. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo saludar a nuestros amigos de los parlamentos euromediterráneos y, en segundo lugar, manifestar que, en definitiva, hasta ahora se ha llevado a cabo un gran trabajo. Usted sabe, señor Comisario Marín, lo mucho que el Parlamento ha insistido para que se emprendiera esta política. 
Se podría decir muy brevemente que la política euromediterránea ya ha dado un resultado, ya que ha afirmado y legitimado el papel político de la Unión Europea en el Mediterráneo y ha mejorado nuestras relaciones con los países que limitan con el mismo. 
No estamos aquí para celebrar este hecho, considerémoslo algo ya asumido. Lo que hay que ver ahora es cómo vamos a seguir avanzando. 
No cabe duda de que convertir en realidad esta política conlleva mayores dificultades que las que se encontraron en el momento de su puesta en marcha. 
Somos conscientes de que, últimamente, han surgido dificultades y retrasos, ya que hubo un retraso en la definición del reglamento MEDA, queda por definir la carta llamada «Pacto de estabilidad» en respuesta a una propuesta- y esto es importante- formulada por el Grupo de Coalición Radical Europea que esperamos lograr en Malta; para abril sería necesario el programa marco regional de la Comisión y, por último, hay que emplearse a fondo para implicar al sector financiero, las empresas y las asociaciones profesionales en la política euromediterránea. 
Sabemos que existe un límite, o sea, la situación de inestabilidad que se registra en Próximo Oriente. Por otra parte, no hemos dejado de hacer hincapié en el vínculo objetivo que existe entre el desarrollo de la política mediterránea y el proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Es preciso acelerar las relaciones entre las sociedades civiles. Las instituciones pueden llegar hasta cierto punto, pero luego hacen falta las sociedades. 
Es necesario que éstas entablen relaciones más estrechas entre sí y debemos encontrar las vías, incluso nuevas, o si no inventarlas. Ciertamente, será difícil, sin embargo, debemos hacerlo a fin de que se entablen relaciones directas más rápidas y más frecuentes. 
Involucrar a las sociedades: es importante que examinemos la forma de lograr una estructura permanente, aunque flexible, entre los parlamentos. 
Es necesario un desarrollo enorme de la cooperación descentralizada que fomente las relaciones entre las zonas y las regiones y active la riqueza de nuestras culturas y de nuestra gente, que tiene capacidades operativas y empresariales que se fomentarán gracias al contacto directo. 
Lo que ahora debemos hacer, es favorecer este contacto directo. Todo instrumento y toda innovación en este sentido serán bienvenidos y usted, Comisario Marín, por este camino encontrará siempre nuestro apoyo. 
Señor Presidente, ante todo, deseo felicitar al Sr. Sakellariou por el excelente informe que nos ha presentado. 
La colaboración euromediterránea se basa esencialmente en tres pilares fundamentales: el político y de seguridad, el económico y financiero y el social, cultural y humano. 
En este momento, el estado de estos tres pilares es en principio satisfactorio, sin embargo, con respecto a cada uno de estos tres ámbitos surgen unos problemas que podrían, en caso de no resolverse, comprometerlo todo. 
En cuanto al primer pilar- el político y de seguridad- no se puede pasar por alto que, desde la Conferencia de Barcelona hasta hoy, varios Estados miembros de la colaboración se han enfrentado militarmente y ven aún estancados sus intentos de llevar a buen fin sus respectivos procesos de paz. 
Ahora bien, dichos problemas, aunque no existe una relación entre el proceso de paz y la eurocolaboración, acaban por debilitarla. 
En consecuencia, la Unión Europea debe asumir un mayor protagonismo en la región mediterránea y desempeñar un papel político que, teniendo en cuenta la envergadura del financiero, debería ser de amplio alcance. 
Con respecto al segundo pilar- el económico y financiero- los avances son más evidentes. 
Es preciso, sin embargo, constatar con pesar lo difícil que resultó la realización de los programas MEDA que obligó a la Comisión a congelarlos por el momento, tras el duro informe del Tribunal de Cuentas. 
Por último, y con relación al tercer pilar- el social, cultural y humano- hay que manifestar que este ámbito ha sufrido grandes retrasos tanto por las dificultades de los programas MEDA como por el retraso de nuestro Parlamento que todavía no ha creado ese foro que debe convertirse en el lugar ideal de encuentro de las sociedades civiles euromediterráneas. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo debería, en el plazo que separa la Conferencia de Malta de Barcelona III, institucionalizar el diálogo permanente entre las distintas sociedades civiles a fin de evitar el riesgo de construir un edificio euromeditarráneo común sin cimientos, esto es, sin las fundamentales y mutuas pruebas de confianza entre dos sociedades todavía recelosas y diferentes. 
Por lo tanto, me es grato saludar a los colegas de los terceros países mediterráneos aquí presentes, así como la iniciativa de celebrar una primera reunión entre los diputados de nuestro Parlamento y los de sus parlamentos. 
Asimismo, invito firmemente a que esta ocasión no permanezca aislada, sino que se convierta en el embrión de un diálogo institucionalizado y periódico. 
Señor Presidente, también yo deseo dar una calurosa bienvenida a los colegas de la región mediterránea. 
Se trata de la continuación de la iniciativa de Barcelona, constituyendo el informe del Sr. Sakellariou un excelente impulso a la misma. 
Hay un solo punto no obstante que me preocupa desde el inicio de esta política de estabilidad. 
Los únicos países que se ocupan de la cuestión son los países meridionales, compartiendo afortunadamente el Sr. Spencer la misma opinión; esta actitud deberá pues modificarse. 
Es posible que con la Presidencia neerlandesa durante la conferencia de seguimiento prevista para Malta habrá de producirse un cambio de interés. 
En todo caso, espero que se conceda suma importancia a cuestiones como el asilo, la migración, el narcotráfico, la delincuencia organizada. 
El Sr. Titley lo ha expresado, señor Presidente, de manera óptima. 
La estabilidad y la seguridad en la región son sólo posibles a través del respeto de los derechos humanos. 
Me satisface saber que todos los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores hayan expresado su deseo de examinar mi propuesta de aplicar el» monitoring model» de la OSCE con vistas al respeto de los derechos humanos en esa región. 
Esto significará, así lo espero, un paso adelante. 
Porque sin esta orientación hacia la democracia y principalmente hacia la integración mutua de estos países, será imposible alcanzar esa estabilidad en la región, en caso de no producirse ese paso adelante. 
En lo referente a esa cooperación mutua, lamento, señor Presidente, en este momento que uno de nuestros más recientes asociados en el marco del tratado provisional, suponiendo que sean fundadas las informaciones que nos llegan al respecto, las autoridades palestinas han dirigido una invitación a Estados Unidos, a la Unión Europea y a los países árabes para efectuar discusiones en Gaza, sin la presencia de Israel, parte interesada en las conversaciones de paz. 
En caso de ser cierto, esto entraría en contradicción con el espíritu del Tratado de Barcelona; espero pues que estos rumores sean infundados. 
Señor Presidente, Señorías, coincido con los aspectos fundamentales del informe de mi colega Sakellariou y también con la opinión de mi Grupo, que ha manifestado mi colega Bertens, a favor del mismo y con la valoración muy positiva del trabajo y los resultados asegurados por el Vicepresidente Marín. 
Coincido con la importancia de haber establecido en Barcelona, en noviembre de 1995, bajo la Presidencia española, una política mediterránea de la Unión Europea. 
Pero, en cambio, soy más reservado sobre algunos aspectos económicos. 
Mi colega Bertens ha hablado sobre el aspecto más político y querría hacer referencia a los más económicos, en el sentido en que, por una parte, el retraso en la aplicación de la aprobación y posterior aplicación del reglamento MEDA enfrió algunos proyectos y las expectativas que se establecieron en Barcelona. 
En segundo lugar, hay que subrayar la necesidad de insistir en el desarrollo de proyectos que realmente contribuyan al desarrollo económico y a las expectativas- sobre todo las expectativas económicas- en la zona y que encuentran, como se ha dicho aquí, algunas reticencias en los ámbitos financieros. 
Sería preciso superar dichas reticencias en una reunión- yo creo que importante, aunque aquí me parece que hasta ahora no se ha mencionado -, que es la reunión de Londres y, finalmente, asegurar un más fácil acceso, como pide el Sr. Sakellariou, de las empresas de pequeña y mediana dimensión a tales proyectos. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Sakellariou porque en su informe aborda, como ya se ha dicho, con coherencia los tres pilares básicos de la declaración de Barcelona y en el mismo propone alternativas para solucionar la problemática que puede generar la cooperación política y de seguridad, la económica y financiera, la cultural, la social y la humana. 
No obstante, señor Presidente, y estando como estamos totalmente de acuerdo con el alma y espíritu de la Conferencia de Barcelona y, por añadir tal vez un punto de vista distinto a este debate, quiero desde aquí llamar la atención sobre el gran sacrificio y las consecuencias nada beneficiosas que para los sectores industriales de las regiones objetivo 1 supondrá el reforzamiento a ciegas de la cooperación euromediterránea. 
Estas regiones se encuentran en su mayoría en la cuenca mediterránea, con industrias similares a las de los países terceros, y especialmente quiero destacar el daño que para sectores como la agricultura o la industria textil de la Unión supondrá el reforzamiento del libre comercio en la cooperación euromediterránea, si no tenemos en cuenta que las regiones más desfavorecidas de la propia Unión se verán seriamente perjudicadas y con más dificultades de las que actualmente tienen para alcanzar el nivel de desarrollo deseado, con el riesgo añadido, además, de perjudicar gravemente al afianzamiento y estabilidad de los acuerdos existentes con los terceros países de la cuenca mediterránea. 
Señor Presidente, la Conferencia de Barcelona lo confirmó: Europa forma parte de la cuenca mediterránea y, para todos los países que lo circundan, el mar Mediterráneo es un mar interior, nuestro mar. 
Por lo tanto debemos aprender a trabajar juntos, todos nosotros, que hemos vivido juntos. 
Debemos tener proyectos comunes de desarrollo económico, de investigación, de acciones en el ámbito energético y de defensa del medio ambiente. 
Juntos debemos garantizar nuestra seguridad común, luchar por la paz y dotarnos de los medios concretos a través de una Carta, como nos lo propone el informe Sakellariou. 
Tenemos que defender juntos los derechos humanos, combatir el racismo y la intolerancia, así como todas las formas de integrismo. 
Tenemos que desarrollar, juntos también, la democracia ahí donde es insuficiente y defenderla donde existe, respetando, ciertamente, nuestras diferencias. 
Europa debe, en fin, reducir la deuda de sus socios mediterráneos. 
Es un gesto concreto e importante que esperan de nosotros. 
Para concluir, como presidente de la delegación Europa-Israel, deseo felicitar efusivamente a nuestro colega Sakellariou por la calidad de su trabajo y por su excelente informe. 
Deseo también hacer un llamamiento al conjunto del Parlamento Europeo y de la Unión Europea para que comprendan que nuestro futuro, en todos los ámbitos, dependerá de lo que llevemos a cabo con los países del sur, en general, y con los países de la cuenca mediterránea, en particular. 
Hemos hecho hasta ahora un buen trabajo, pero seamos conscientes de que queda todo por hacer. 
Señor Presidente, creo que por primera vez desde la Conferencia de Barcelona, es posible plantear en términos globales y orgánicos una auténtica política para el Mediterráneo. 
Sin embargo, existen algunas condiciones indispensables a fin de lograr este objetivo. 
La primera es acompañar la colaboración con una verdadera acción de apoyo de carácter técnico, a fin de alcanzar los objetivos establecidos. 
Es sumamente importante dejar de pensar que se puede imponer una política desde arriba, sino encontrar los acuerdos oportunos con cada país a fin de definir las características políticas de los tres pilares establecidos en Barcelona. 
Ya que no puedo tratar todos los temas por falta de tiempo, me limitaré a hacer sólo una observación. 
Tengo ante mí el calendario de las próximas citas, elaborado por la Comisión. No cabe duda de que existen plazos que se refieren a temas muy importantes, pero que están orientados sobre todo a los temas de seguridad. 
Esto es acertado, habida cuenta de que el objetivo de la paz y la estabilidad es importante. La parte que afecta a la economía es también sumamente importante, mientras que sigue siendo poco concreto todo el ámbito de las actividades culturales que, por otra parte, es uno de los aspectos esenciales si se quieren resolver, no por imposición, sino por auténtica madurez, los temas relativos a una mayor integración entre los países que limitan con el Mediterráneo y crear un sentimiento de identidad más fuerte de todos los países mediante iniciativas de carácter cultural que, aunque sea una paradoja, son sólo dos: la acostumbrada y repetida atención a los medios audiovisuales, habida cuenta de la importancia que reviste la televisión, pero también el convencimiento, que quizás es muy importante, de los programas que deben retransmitirse, ya que ello implica hacer auténtica política. 
Desde este punto de vista, yo también quiero felicitarme del informe del Sr. Sakellariou, sin pasar por alto, no obstante, la significativa aportación del Sr. Dimitrakopoulos. 
Señor Presidente, señor Comisario, deseo comenzar dirigiendo un saludo a la delegación de los representantes de los países mediterráneos, que se encuentra en la tribuna oficial, y detenerme rápida y únicamente en los aspectos económicos de la colaboración euromediterránea. 
Tras las reuniones temáticas de Bolonia, Nápoles, Bruselas, Roma, Trieste y Marsella, se ha puesto de manifiesto un marco rico de necesidades en lo referente a los ámbitos de la formación, la transferencia de tecnología y el partenariado de empresas que requiere la colaboración mediterránea. 
Por otra parte, la experiencia de los proyectos MEDA nos ha enseñado que para un verdadero programa de desarrollo es necesaria la implicación no sólo de los Gobiernos, sino también de la sociedad civil, esto es, de las empresas de productos y de servicios, las asociaciones profesionales y los centros de medicina y las universidades. 
Este enfoque requiere importantes recursos que, por fin, el programa MEDA ahora posee. 
Es preciso que la Comisión defina y ponga en marcha cuanto antes la organización de la gestión de los programas. 
Sabemos que muchos terceros países mediterráneos nos piden ayudas para modernizar las infraestructuras de agua, energía, transportes y telecomunicaciones. 
Es urgente que la Comisión cree una Agencia euromediterránea del agua, que se promueva todavía más, si cabe, la colaboración en materia de energía en el marco de la Carta de la Energía y que la red de Innovation Relay Center, que se está extendiendo a los países de Europa central y oriental a través de los Fellow members Innovation Relay Centers, se amplíe también a los países de la otra orilla del Mediterráneo. 
Asimismo, deseo instar a la Comisión a que promueva las iniciativas de conexión a la red de comunicaciones multimedios incluso por satélite, integre los servicios y las aplicaciones mediterráneas y cree redes en el Mediterráneo, por ejemplo, en el sector de la seguridad de los transportes, la vigilancia del territorio y del medio ambiente, la telemedicina y la formación a distancia. 
Confío en que el taller sobre las aplicaciones espaciales en la región euromediterránea, que se celebrará en El Cairo desde el 26 al 27 de mayo, permitirá poner de manifiesto el interés y la bondad de estas tecnologías e implementar iniciativas concretas. 
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención saludando el esfuerzo que ha hecho el colega Sakellariou en la elaboración de la política euromediterránea y que se concreta en un informe, que considero muy oportuno, para hacer un balance de nuestro esfuerzo y para plantear líneas de acción. 
Quiero recordar también que, cuando hablamos de la política euromediterránea, tenemos que saber hacer frente a nuestras responsabilidades; bastante trabajo nos costó el año pasado convertir en realidad nuestros compromisos, por razones presupuestarias. 
Creo que hay que tener esto en cuenta, si queremos predicar con el ejemplo. 
En relación con las líneas de actuación, creo que es muy importante la insistencia que se pone en la configuración del Mediterráneo como un área multilateral, donde no solamente se plantea el establecimiento de una zona de libre cambio, sino la construcción de una zona de paz y prosperidad fundamentada básicamente en una experiencia basada en valores comunes, en el apoyo a la democracia y el respeto de los derechos humanos, dentro, además, de una estructura que, en la línea de lo que fue la Conferencia de Helsinki, luego OSCE, nos permita estabilizar y hacer partícipes a todos los países del área. 
En el tema económico, aunque sea muy brevemente, sí creo que es importante la insistencia, no solamente en la participación de la sociedad civil- eso se previó en su momento en el Reglamento MED -, sino especialmente en el esfuerzo necesario de vertebración y de organización que hay que llevar a cabo en la mayor parte de los países mediterráneos para poder consolidar sus propias estructuras como sociedades. 
Por último, señor Presidente, creo que el gran objetivo de nuestra política euromediterránea tiene que ser reemplazar el temor, la desconfianza y el conflicto por una política que haga de verdad que el Mediterráneo sea el Mare Nostrum. 
Señor Presidente, quiero saludar también a los colegas del Mediterráneo y expresar mis sinceras felicitaciones a Jannis Sakellariou por el trabajo que ha realizado. 
La Conferencia de Barcelona ha confirmado el interés de la Unión Europea por el Mediterráneo y la gran importancia que tiene esta región para toda Europa y su desarrollo. 
Europa ha comprendido que no puede haber convivencia pacífica en la región si no se solucionan los grandes problemas de los países extracomunitarios de la cuenca mediterránea; estos problemas son esencialmente la democracia y el desarrollo. 
Por lo tanto, la Unión Europea tiene interés, y al mismo tiempo incluso el deber, de ayudar a esos países sobre la base de una relación de igualdad, respetando las peculiaridades existentes. 
No debemos olvidar que el Mediterráneo es el punto de encuentro de distintas culturas y religiones. 
Consideramos muy positivo que se haga hincapié en el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías, porque éstos figuran entre los problemas fundamentales de esos países. 
La convivencia pacífica de la región depende del respeto a la soberanía territorial y a la inviolabilidad de las fronteras. Estos principios constituyen un requisito imprescindible para el desarrollo de la asociación entre la Unión Europea y los países del Sur. 
Consideramos, por tanto, que hay que crear un mecanismo que garantice el cumplimiento de dichos principios, porque, lamentablemente, existen países que, a pesar de haber participado en la Conferencia de Barcelona, vulneran lo allí acordado al crear constantes tensiones e insistir en ocupar, al margen de todo orden jurídico internacional, gran parte de un país independiente. 
Es muy importante, en mi opinión, que prestemos especial atención al tema de la inmigración. 
La mayor parte de los inmigrantes viven en la Comunidad y provienen de los países del Mediterráneo. 
Sin embargo, más allá de la necesidad de encontrar soluciones para este tema, debemos comprender que el problema no se soluciona en los países de acogida, sino en los países de origen. 
Por eso, la Unión Europea tiene el deber de contribuir al desarrollo de esos países a fin de acabar con la corriente de inmigración. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, saludar a los colegas aquí presentes y también al Sr. Sakellariou. 
En segundo lugar- creo que es de justicia hacerlo- quiero felicitar a la Comisión Europea por este año y pico de política euromediterránea y por sus logros. 
El colega Spencer hablaba en esta sala de la necesidad de que todos los países de la Unión sientan que la política euromediterránea les es propia. 
Soy optimista al respecto. 
La intervención del Gobierno británico en la Conferencia de Londres es un ejemplo. 
Pero creo que también debemos intentar avanzar, mirando hacia el futuro, en el sentido de que las otras políticas de la Unión Europea incorporen también el espíritu de la Conferencia Euromediterránea. 
No me hace falta ir a la Comisión, no me hace falta hablar de las políticas europeas para referirme a ello, me basta quedarme en esta casa y ver los papeles que producimos. 
No podremos por mucho tiempo mantener la credibilidad si al lado de informes como el del Sr. Sakellariou- por el cual le felicito -, informes que utilizan términos como partenariado, o cooperación, nos encontramos palabras como «peligro» al hablar de cuestiones relacionadas con la agricultura, la seguridad, o las fronteras. 
La cuestión de la inmigración y de la política de los Estados miembros respecto a ella, comparada con lo que decimos en la parte relativa a la colaboración en los ámbitos social, cultural y humano del acuerdo euromediterráneo, creo que es especialmente sangrante. 
Quiero decir también que los 64.000 millones de ecus ingresados en 1995 en concepto de exportaciones, que dan un saldo positivo de 18.000 mecus, contestan por sí solos a algunas de las cuestiones formuladas en esta sala sobre los problemas que la política euromediterránea puede causar a algunas regiones europeas. 
Creo que deberíamos evitar en lo posible este tipo de intervenciones, teniendo claro qué es lo que pasa. 
Quiero acabar aludiendo a un tema que me aburre ya: el peligro islamista. 
Sólo quiero referirme a un caso concreto: una mujer del Pakistán ha llevado a juicio a su padre porque no le permitía casarse con quien ella quería. 
Este es un conflicto que se ha planteado mucho en la Unión Europea tantas veces, pero no conozco a nadie que haya podido ir a un juzgado a resolverlo. 
Señor Presidente, mirando el informe Sakellariou y sus propuestas bien intencionadas desde una perspectiva septentrional o nororiental, tengo la sensación de que hay divergencias muy interesantes entre nuestro caso, el de la región del mar Báltico, y el del Mediterráneo. 
Una de ellas, y esto es lo que aquí me preocupa- es que a demasiados países mediterráneos les queda un largo camino por recorrer antes de que el Estado se libere de la influencia de la religión o, como yo mismo diría, de la superstición religiosa. 
La tradición protestante del norte hace fácil la separación entre la religión y el poder político. 
Observamos el conflicto entre algunos círculos gubernamentales en Turquía y el ejército, el cual representa la idea de Atatürk de una sociedad laica. 
Deberíamos observar asimismo que incluso entre los países que viven con una especie de paz frágil no hay una aceptación generalizada de la paz y de lo que ésta significa. 
Aquí entra la cuestión de los medios de comunicación. 
Lo poco que he visto sobre la cobertura de acontecimientos de otros países de las mismas costas en los medios de comunicación de los países del Mediterráneo no pertenecientes a la UE suele estar distorsionado y ser muy parcial y no contribuye a la comprensión de la diversidad cultural y política de la zona. 
Veo la posibilidad de que la Unión Europea ejerza poder y presión moral sobre los países en cuestión, lo cual es probablemente el propósito que se esconde tras las buenas propuestas del informe del Sr. Sakellariou. 
A lo más, la contribución financiera de la Unión Europea es pequeña si se la compara, por ejemplo, con los pagos que hace Estados Unidos a algunos países, sobre todo Israel y Egipto. 
Algunas veces el poder viene junto con el dinero, pero no siempre. 
El informe apoya una mayor presencia de la UE en la zona. 
Las intenciones son buenas. 
En ningún sitio se menciona que la intervención de EEUU ha sido crucial y será crucial en el futuro cercano. 
Espero que esto cambie. También depende de la voluntad de los pueblos que viven a lo largo del Mediterráneo. 
¿Cómo se expresa esta voluntad en una dictadura? 
Señor Presidente, yo también creo que el informe del Sr. Sakellariou es importante, porque permite a nuestro Parlamento volver a reconsiderar la necesidad de un serio relanzamiento de la política de colaboración euromediterránea, establecido en Barcelona. 
No cabe duda que se han hecho algunos progresos importantes, sin embargo, en Malta será fundamental adoptar una Carta para la paz, la estabilidad y la plena realización de la cooperación prevista en el reglamento MEDA y por el BEI. 
Para la Unión Europea ésta es una estrategia fundamental y así debe ser considerada, a fin de prestar la debida atención al sur, empezando por el sur más cercano y de reforzar los procesos de paz, de estabilidad y de comprensión mutua. 
Por este motivo, deseo manifestar que es prioritario crear un foro parlamentario y favorecer el encuentro institucional entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los terceros países mediterráneos. 
Debemos admitir que sufrimos un retraso, sin embargo, nuestra responsabilidad debe paliarse rápidamente. Es nuestro cometido y debemos cumplirlo cuanto antes. 
Finalmente, deseo hacer hincapié en algunos puntos. 
Si bien es cierto que debemos crear las condiciones para un intercambio económico más equilibrado entre la Unión Europea y los terceros países mediterráneos y actuar en beneficio del desarrollo del comercio interregional entre los propios terceros países de la cuenca del Mediterráneo, tal como dijo el Sr. Bianco, hay que recalcar asimismo la importancia del diálogo de la cultura, mejor dicho, del conocimiento de las culturas y de las características comunes de la cuenca del Mediterráneo y de las diferencias en beneficio del respeto y reconocimiento mutuos, como base de la comprensión y la tolerancia. 
Deseo recordar que en un importante encuentro que tuvo lugar en Italia entre escritores e intelectuales de los Estados mediterráneos de la Unión Europea se subrayó la riqueza de este diálogo. 
Considero que la cultura y la política no vienen después, sino que en cierta medida están antes y crean las condiciones favorables para el desarrollo, la colaboración euromediterránea y la cooperación económica. 
¡Esto no debemos olvidarlo jamás! 
Permítanme ante todo felicitar al Sr. Sakellariou, no solamente por la calidad del informe que hoy discutimos, sino también por su firme y constante apoyo a la política mediterránea desde sus comienzos. 
A mí me gustaría darle también las gracias por sus palabras, pero no soy capaz de hacerlo en alemán, así que me perdonará que no haya llegado a la perfección que usted tiene en materia lingüística, pero le agradezco muy sentidamente sus palabras. 
Quisiera agradecer el comentario introducido tanto por el Sr. Spencer como por el Sr. Titley a propósito de que, efectivamente, la política mediterránea de la Unión Europea no puede ni debe ser solamente un asunto, digamos, que inquiete o que preocupe o que tenga un cierto grado de interés en los países miembros del sur de Europa. 
Ustedes saben que la Comisión siempre ha insistido en que la política mediterránea es una política europea que debe interesar al conjunto de los Estados miembros y que, de la misma manera que me parece absurdo que la política mediterránea sea cuestión solamente de portugueses, españoles, italianos, griegos o franceses, también me parece un error que la política sobre los países de la Europa Central y Oriental sea una cuestión que interese solamente a los países del Benelux o a los alemanes. 
Y efectivamente, el gran ejercicio de reflexión que estamos haciendo supone el ir consolidando cada vez más la idea de que efectivamente la política mediterránea es una política de todos, que tiene que ser comprendida por todos los Estados miembros. 
Tiene mucho interés este informe, señor Sakellariou, en vísperas de la segunda Conferencia Euromediterránea que tendrá lugar en La Valetta el próximo mes de abril. 
Queda mucho por hacer. 
Y la Comisión comparte gran parte del contenido y de las aportaciones que han sido hechas por los diferentes Grupos en su informe. 
Pero yo quiero destacar una cosa: sería muy difícil en este momento imaginar el recorrido- y éste será mi principal mensaje- que hemos efectuado desde la realización de la Conferencia de Barcelona en noviembre de 1995 hasta la celebración de la reunión de La Valetta. 
Y en ese sentido, con vistas a la Conferencia de Malta, y éste es mi principal mensaje, la Comisión propone ratificar los principios establecidos en Barcelona, profundizar en ellos, en lugar de inaugurar otras vías de cooperación. 
Porque nuestro principal objetivo es la consolidación definitiva del proceso de Barcelona. 
Creo que hay que tener un cierto sentido de la paciencia histórica. 
Barcelona es un bebé. 
Barcelona tiene un año y medio de vida. 
Los problemas del Mediterráneo son enormes y algunos graves e intensos. 
En consecuencia, esta política forzosamente tiene que ser una política a largo plazo y, como todas las políticas a largo plazo, necesita ir creciendo, dando siempre pasos muy sólidos. 
En consecuencia, la estrategia de la Comisión frente a la reunión de Malta será fundamentalmente consolidar cada año lo que vayamos haciendo, de modo y manera que esta política, que es a largo plazo, vaya dando resultados. 
Paz, estabilidad y prosperidad compartida, entablar un diálogo entre las culturas y civilizaciones siguen siendo elementos interdependientes y no pueden progresar, como todos ustedes han señalado- y me alegro por el consenso -, sino en la medida en que los tres objetivos de Barcelona vayan juntos. 
Intentaré explicar muy brevemente el estado de la situación: en el primer pilar, tenemos una opción- el señor Sakellariou, en su informe, lo dice- que es crear un efecto que permita el recrear una cierta visión común de los problemas de seguridad en el Mediterráneo. 
La carta es un elemento de futuro, porque finalmente se establece una relación de objetivo. 
Ya es un paso. 
Seguramente se va a discutir en La Valetta si es un objetivo modesto o ambicioso. 
Yo creo que es un objetivo suficiente, porque hace un año y medio era impensable que- teniendo en cuenta los acontecimientos que han ocurrido, por ejemplo, en las negociaciones de paz en el Oriente Medio -, se hubiera podido llegar al menos a definir una carta euromediterránea sobre la paz, la estabilidad y la seguridad. 
Tenemos una base, ideas que ustedes han introducido en el aspecto político y de la seguridad, como es el ir trabajando en aspectos mucho más sustanciales, al objeto de definir una especie de OSCE mediterránea o un esquema de seguridad. 
Yo creo que son ideas que vale la pena tener en cuenta pero, naturalmente, habrá que profundizar teniendo en cuenta el control de los tiempos precisos. 
En el aspecto político y de seguridad, la Comisión confirma lo que dice su informe. 
Esto nos ha permitido dar un cierto grado de dinamismo nuevo y hay una serie de puntos que nos permiten considerar que estamos, al menos, en la buena vía: la lista de medidas con fianzas que han sido ya aprobadas, la red de comunicación entre los 27 países, la red del Instituto de Política Exterior, el proyecto de mecanismo de prevención de catástrofes naturales y el plan de acción para el diálogo político y seguridad que ya se está debatiendo. 
En consecuencia, ahí al menos, se están asentando de una manera bastante sólida las bases del diálogo. 
El segundo pilar, o el segundo elemento de Barcelona, lo constituyen la parte económica y los acuerdos de asociación. 
Tal vez sea la parte más brillante- no lo digo en mi beneficio sino en beneficio de mi Dirección General- porque hemos conseguido en un año y medio negociar, ya firmados, cuatro acuerdos de asociación: Marruecos, Túnez, Israel y, recientemente, la Autoridad Nacional Palestina y seguramente podamos concluir, antes de La Valetta, el acuerdo con Egipto, Libia, Jordania y el Líbano. 
Si vamos así- ha pasado un año y medio y hemos conseguido concluir siete acuerdos de asociación de libre comercio- eso quiere decir que se ha conseguido concluir dos acuerdos de asociación por trimestre- ustedes saben lo difícil que es, en nuestro Consejo de Ministros, obtener decisiones finales -, y yo creo que trabajar a un ritmo de dos acuerdos de asociación por trimestre es un resultado que nos debe llenar a todos de satisfacción. 
Ahora bien, el Sr. Gasòliba mencionaba antes una serie de elementos que hay que profundizar. 
Pero nuestro trabajo, señor Gasòliba, ha ido fundamentalmente orientado, desde Barcelona a La Valetta, a consolidar la red de acuerdos de asociación, porque esa es la plataforma, la base jurídica legal, económica y financiera viendo la perspectiva del libre cambio que nos va a permitir ir consolidando los distintos aspectos de la cooperación. 
Insisto, esto es un proceso a largo plazo. 
No se puede pedir que desde Barcelona a La Valetta- apenas un año y medio -, como por una suerte de encanto, los problemas clásicos que hay en el Mediterráneo puedan desaparecer. 
Pero ahí está ya una red importante de acuerdos que nos va a poder permitir seguir funcionando. 
Voy a terminar, señor Presidente, porque ya no queda mucho tiempo. 
Pero voy a prometerles a sus Señorías que les enviaré mi intervención por escrito y de esa manera ustedes podrán leer lo que pensaba decirles en la parte relativa al tercer pilar del Acuerdo de Barcelona, que es el aspecto cultural, el aspecto regional, el aspecto de sociedad, el aspecto de interdependiencias negativas, droga, terrorismo, fundamentalismo e inmigración incontrolada. 
Ahí queda mucho por hacer. 
Y quiero pedirle al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta la invitación que ustedes han hecho a los representantes de los países asociados del Mediterráneo, y esa es mi intención, que en La Valetta los ministros de Asuntos Exteriores confirmen definitivamente la creación del Foro Parlamentario Euromediterráneo. 
Yo creo que, después de esta reunión que han celebrado ustedes aquí en Estrasburgo, ese foro se tiene que crear. 
Y una vez más quiero terminar diciéndoles que no hay problema presupuestario. 
Entonces, yo quiero pedirles a ustedes y a los invitados que, junto con la Comisión, nos ayuden a convencer a todos los ministros de Exteriores, los 27, de que este foro hay que consolidarlo. 
Y si esto existe será otro paso más dentro de esta perspectiva a largo plazo para que se establezca un debate político entre representantes parlamentarios de ambas partes que, yo estimo, sigue siendo muy necesario. 
Gracias, me he extendido excesivamente, pero creo que era positivo al menos marcar las grandes pinceladas de lo que está dando de sí esta política euromediterránea. 
Muchas gracias, señor Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Desarrollo de la CIG 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0018/97/rev. 0-0030/97/rev.) del Sr. De Giovanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Comisión, sobre el desarrollo de la CIG. 
Señor Presidente, el Parlamento muestra serias preocupaciones por el desarrollo de las negociaciones en la Conferencia Intergubernamental. 
Tenemos la impresión de que nos encontramos ante un estancamiento y una situación muy difícil. 
Asimismo, sabemos que, cuarenta años después del Tratado de Roma, que se conmemoró esta mañana, estamos atravesando por un momento sumamente delicado en el proceso de integración europea y el surgimiento, sobre todo a partir de 1989, de problemas cuya envergadura es completamente nueva. 
Se podría decir que nos encontramos en una fase crucial: o en vísperas de un progreso substancial o en vísperas de una posible regresión. 
Basta con pensar en dos temas fundamentales, esto es, la ampliación y la Unión Monetaria. 
¿Qué va a ser de estos dos grandes acontecimientos sin una transformación de las Instituciones? 
Existe, pues, una responsabilidad histórica de la Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, y a tres meses de su conclusión definitiva, parece que la negociación todavía no ha llegado a ninguna solución. 
¿Estamos en lo cierto? 
Ésta es la pregunta que formulo a la Comisión. 
¿Qué papel desempeña la Comisión para influir en los Gobiernos? 
Las que hoy planteamos a la Comisión son preguntas específicas. 
El Parlamento Europeo intenta desempeñar su papel y hace hincapié en algunos problemas. 
En la resolución recalca tres puntos esenciales. 
Reitera con fuerza las prerrogativas del Parlamento como verdadero eje de la legitimidad democrática de la Unión. 
El Parlamento está preocupado por esto. 
Porque tiene la impresión de que este proceso puede paralizarse e incluso retroceder, ya que considera que no existe un verdadero equilibrio entre el proceso de integración, el desarrollo de las políticas y las competencias de la Unión y el poder legislativo y de control del propio Parlamento. 
Están apareciendo algunas zonas grises que van en aumento y dentro de las cuales determinados comités desempeñan funciones que pueden ir en una dirección no positiva. 
Por ello, reivindicamos con fuerza la extensión de la codecisión a todo el ámbito legislativo, las funciones de control del Parlamento Europeo, la ampliación y la extensión de la mayoría cualificada y la transparencia de la legislación. 
Y luego está el segundo punto, o sea, la creación de un espacio de libertad, de justicia y de seguridad, esto es, la concreción del concepto de ciudadanía europea y de la extensión de la no discriminación, es decir, la verdadera construcción de una sociedad civil europea. 
Sin embargo, ¿es posible todo esto sin una verdadera comunitarización de las principales materias relativas a los asuntos de interior y judiciales? 
El Parlamento opina que no, ya que de lo contrario todo quedaría dentro del ámbito de una negociación entre Gobiernos. 
Pero ¿podemos multiplicar mil Schengen? 
Es evidente que no. 
Por ello, reivindicamos la implicación de las Instituciones comunitarias en esto, así como un papel específico para el Parlamento Europeo y un papel específico para el Tribunal de Justicia. 
Finalmente, la caja de Pandora de la cooperación reforzada que se está convirtiendo en el tema central de la Conferencia Intergubernamental. 
¿Por qué? 
Nos parece que esta cooperación se está transformando en una coartada para una Conferencia Intergubernamental que no es capaz de resolver las grandes cuestiones que están sobre la mesa. 
Basta con pensar en el hecho de que, si se resolviera la cuestión de la mayoría, no sería casi necesaria la hipótesis de una cooperación reforzada. 
El Parlamento es consciente de los riesgos de esta perspectiva, esto es, la ruptura del equilibrio entre los Estados, la posible fractura de la cohesión, los posibles gérmenes de un desmoronamiento de la Unión y de la propia constitución material de Europa. 
Es por esto que el Parlamento lanza un grito de alarma y un mensaje político específico a los Estados, los Gobiernos y a la Comisión: en el caso de ser precisa la cooperación reforzada, ésta debe figurar en el Tratado y no fuera del él, con las garantías de las Instituciones y los procedimientos comunitarios. 
Y la misma puede convertirse en una fuerza del Tratado, aunque con condiciones específicas, algunas de las cuales las hemos mencionado en la resolución, a saber: la unidad del sistema institucional, el mantenimiento y el desarrollo del acervo comunitario, el respeto del principio de igualdad de todos los Estados y ciudadanos, el respeto del principio de solidaridad y de cohesión. 
Por último, ¿qué significado tiene esta unidad del sistema? 
Para finalizar y en particular, voy a abordar el tema de la indivisibilidad del Parlamento Europeo, así como de sus poderes. 
Debemos recordar- y lo recordamos a aquellos Gobiernos que han hablado de una posible división del Parlamento- que el Parlamento Europeo es el Parlamento de los ciudadanos y no de los Estados y, por ello, debe seguir siendo indivisible. 
Como tal, el mismo será el que garantice que, incluso ante situaciones provisionalmente encontradas, la unidad del proyecto europeo no se verá afectada. 
Señor Presidente, Señorías, el 40o aniversario de la Comunidad Europea representa para nosotros un éxito histórico y también un compromiso presente. 
La integridad europea se basa en la continuidad y la transformación. 
Para que la Conferencia Intergubernamental tenga resultados positivos es preciso que el Parlamento Europeo adopte ahora una posición con respecto a los actuales puntos de discrepancia, después de la adopción del documento de Dublín, durante las negociaciones en curso y antes de que se defina el proyecto de Tratado en el mes de mayo. 
En primer lugar, la Unión Europea necesita el voto por mayoría como procedimiento general en el Consejo y, evidentemente, el poder de codecisión del Parlamento en todo el ámbito legislativo corriente. 
Éste es el tema central de las reformas, puesto que se trata del requisito previo para garantizar la capacidad de actuación. 
En segundo lugar, la UE también necesita establecer, empero, determinadas excepciones a la norma de la homogeneidad, como último recurso para evitar posibles bloqueos. 
Esto también es ineludible, sin duda- y lamentablemente, añadiría yo -, con vistas a la posibilidad de ampliación. 
En tercer lugar, la UE necesita cooperación, colaboración y evolución, no flexibilidad. 
Este atractivo concepto en efecto suena bien, pero no significa absolutamente nada y permite que cada uno lo interprete según su conveniencia. 
Esto debilita el acervo alcanzado y conduce a una Europa «a la carta». 
En estos momentos debemos valorar críticamente y en parte con preocupación las actuales negociaciones en el marco de la Conferencia Intergubernamental, precisamente porque quisiéramos que la Cumbre de Amsterdam sea un éxito. 
Necesitamos que sea un éxito, pues 40 años de una Comunidad Europea basada en la supranacionalidad y la solidaridad no han podido impedir, por ejemplo, que se produjera el caso de Renault. 
Todos hemos tenido que ser testigos de la brutalidad con que se ha esgrimido la fuerza económica para atentar contra el empleo y contra el Estado social. 
No podemos seguir yendo a la zaga de las decisiones de las empresas multinacionales, por ejemplo, sino que debemos desarrollar una política activa más adecuada. 
Exactamente esto es lo que esperan de nosotros las ciudadanas y los ciudadanos. 
Y precisamente éste es el fundamento para garantizar la democracia en Europa en el siglo XXI. 
Señor Presidente, vivimos- lo ha dicho bien el Comisario- un momento crucial. 
En esta Conferencia Intergubernamental nos encontramos a unos pocos meses de su conclusión, y nos encontramos también a pocos meses- a mes y medio- del proyecto que la Presidencia neerlandesa se ha comprometido a presentar a primeros de mayo. 
Por tanto, señor Presidente, hemos creído, en la Comisión de Asuntos Institucionales, a través de la pregunta que ha formulado el presidente De Giovanni a la Comisión, que era un buen momento para reflexionar sobre los temas que están sobre la mesa de la Conferencia en estos momentos. 
Y quiero decir con ello que con el proyecto de resolución que hemos votado en la Comisión de Asuntos Institucionales por una gran mayoría- y que será votado mañana en este Pleno- hemos pretendido mantener dos cosas: la continuidad con las anteriores resoluciones del Parlamento Europeo y la coherencia. 
Continuidad, puesto que el Parlamento Europeo ha expresado cuál es su posición frente a todas las cuestiones de esta Conferencia Intergubernamental en sus resoluciones Bourlanges-Martin, Dury-Maij-Weggen y en la Resolución de Dublín, que analizaba el documento de la Presidencia irlandesa. 
En este documento hemos pretendido centrarnos en varios temas capitales en este momento y que han surgido al hilo de los debates de la Conferencia Intergubernamental. 
En efecto, uno de los temas que en estos momentos está sobre la mesa concierne a aquellos asuntos relativos al tercer pilar. 
Yo creo que todos nuestros ciudadanos- los ciudadanos de nuestros países- sienten la seguridad como un bien amenazado, y sienten- lo cual me parece enormemente positivo- que Europa debe encargarse también de esa parcela que tanto afecta a sus vidas. 
También quiero decir, señor Presidente, que en estos momentos las expectativas que se habían levantado en torno a la «comunitarización» de distintos sectores del tercer pilar se han visto un poco oscurecidas. 
Y creo que la resolución que vamos a aprobar en el Parlamento deja las cosas muy en la línea de las resoluciones anteriores. 
Y deja bien claro cuál es la posición del Parlamento respecto a aquellos campos a «comunitarizar» , en primer lugar, y, en segundo lugar, allí donde haya cooperaciones reforzadas, cuáles son los requisitos que deben reunir para poder llevarse a cabo. 
Vamos a incluir en una enmienda que ha presentado mi Grupo, señor Presidente, el terrorismo como uno de los objetivos a «comunitarizar». 
Quiero señalar también que una cuestión a la que ha hecho referencia- la de las cooperaciones reforzadasconstituye el segundo gran bloque de las cuestiones que trata esta resolución. 
Vamos a defender, antes de entrar en concreto en ese tema, la filosofía de este Parlamento, que no es otra que la extensión de la mayoría cualificada en el Consejo y la codecisión en el Parlamento. 
Yo lamento que no esté aquí el Consejo, pero me gustaría que alguien me dijera por qué este Parlamento solamente tiene atribuida la codecisión en determinados sectores. 
¿Cuál es la razón conceptual, filosófica, política por la que el Parlamento no tiene codecisión en todos los sectores? 
Yo creo que no la hay, señor Presidente, y por tanto seguiremos repitiendo lo que hemos exigido. 
En segundo lugar, la cooperación reforzada no debe ser el gadget de esta Conferencia. 
La cooperación reforzada no resuelve los problemas. 
La cooperación reforzada- digámoslo claramente- sólo es un instrumento necesario cuando hay algún Estado miembro que bloquea, y para evitar el bloqueo de un Estado miembro. 
Si no hubiera esa voluntad, no sería necesaria la cooperación reforzada. 
Y voy a terminar, señor Presidente, diciendo brevemente que nuestra resolución establece las condiciones en que podrá ejercerse esa cooperación reforzada. 
Estoy seguro de que mis compañeros que van a intervenir próximamente podrán reflejar también otros aspectos de esta resolución, que espero sea aprobada mañana por una gran mayoría. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al inicio de la Conferencia Intergubernamental sobre la revisión del Tratado, el 29 de marzo del año pasado, en Turín, los participantes asignaron a ésta tres misiones: dotar a la Unión de instituciones eficaces en una perspectiva de ampliación; suscitar una verdadera ambición en materia de diplomacia y de defensa europeas; mejorar la organización del tercer pilar- justicia, asuntos exteriores-. 
Estos trabajos, en conjunto, deberían conducirnos a la Europa del siglo XXI, es decir, una Europa más cercana, más democrática, más solidaria. 
Sin prejuzgar el resultado, un año después del inicio de la CIG, los acontecimientos recientes han demostrado, en varias ocasiones, los límites de la arquitectura actual de la Unión, como son, por ejemplo, la debilidad de la Comisión en el drama de la EEB y la incapacidad de la Unión para dar respuesta a la angustia de los asalariados de Renault, en Vilvoorde. 
Al igual que el Sr. Schäfer, desearía llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre este último punto. 
En efecto, más allá de estos tres retos que deberá aceptar la CIG, ¿no es hora de construir la Europa social, no es hora de discutir, en frío, los dramas provocados por el desempleo, y que, mejor aún, intentemos evitarlos o atenuarlos? 
¿Vamos a esperar a que a los 18 millones de conciudadanos que carecen de empleo se les pida que vengan a expresar su descontento en nuestro Parlamento, para vernos obligados a votar bajo presión? 
Frente a la globalización de los intercambios y al estallido de las tecnologías, ¿vamos únicamente a proponer a los hombres y a las mujeres que pueblan nuestra Unión esa alternativa desesperante: precariedad o desempleo? 
El sondeo de Eurobarómetro del mes de febrero de 1997 ha demostrado que el conjunto de nuestros conciudadanos consideraba prioritaria la lucha contra el desempleo y que ésta debía ser el objetivo principal de la CIG. 
Señorías, ¿daremos por fin a Europa los medios para trazar una tercera vía: la vía del empleo y de la justicia social? 
Sí, ya es hora de definir un verdadero modelo social europeo, como decía el Presidente Chirac cuando se inició la CIG. 
Finalmente, aun cuando pueda ser brutal o incluso dolorosa, la actualidad nos brinda una ocasión para dar un nuevo enfoque a la CIG, a fin de construir una Unión al servicio del hombre y evitar la tentación de proceder únicamente al retoque, ciertamente necesario, de nuestras instituciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, como usted decía hace un instante, la Conferencia Intergubernamental ha iniciado su última fase. 
Tengo la impresión, más que cuando se inició la Conferencia, de que la opinión pública está traumatizada por dramas humanos, como el cierre de la factoría Renault en Vilvoorde, y de que no podrá tolerar progresos tímidos y sin efectos positivos en el funcionamiento de las instituciones, es decir, desprovistos de las soluciones necesarias para responder a las preocupaciones y al escepticismo de los ciudadanos europeos. 
Es sin duda hoy, en el seno del tercer pilar, cuando los progresos parecen ser los más significativos. 
Es cierto que en el ámbito de la seguridad, de la lucha contra la droga y de la delincuencia existe una expectativa por parte de la población. 
Nuestra resolución subraya las exigencias en este sentido. 
Pero el Consejo se equivocaría si pensara que con ello será suficiente. 
Unos progresos insuficientes en el primer y segundo pilares confirmarán el fracaso de la Conferencia, y el Parlamento Europeo se verá en el deber de transmitir esta decepción. 
Como lo ha recordado el Sr. De Giovanni, el Parlamento ha expresado y demostrado con rigor en todas sus resoluciones la concepción que tenía sobre la evolución institucional, ahora y sobre todo en la perspectiva de la ampliación. 
Con respecto al primer pilar, nosotros hemos pedido que se generalizase la votación por mayoría cualificada en el Consejo en todos los actos legislativos; que se ampliase el procedimiento de codecisión; y que se bajase el tope máximo de la mayoría. 
¿En qué punto está la Conferencia Intergubernamental, con respecto al segundo pilar, señor Comisario? 
Nos gustaría saberlo. 
La cooperación reforzada será únicamente una solución extrema en caso de bloqueo, cuya posibilidad debe preverse. 
Nuestra resolución lo expresa claramente. 
Esta mañana hemos conmemorado el 40º aniversario de la firma del Tratado de Roma. 
Los actores de ese momento histórico de nuestro viejo continente tenían objetivos ambiciosos, y sobre todo la voluntad política de realizarlos. 
A pesar de las dificultades, mantuvieron el rumbo, y lo hicieron en un marco solidario. 
Ambición y valor político: esto es lo que les deseo a los actores de hoy. 
Señor Presidente, la solución que preconiza el Sr. De Giovanni está encaminada a fortalecer la unidad de las instituciones y a democratizarlas. 
Eso está muy bien y yo lo apruebo. 
No obstante, no se ha tratado un problema de capital importancia. 
Sin política social y económica común, la Unión Económica y Monetaria no funcionará. 
El asunto de las «vacas locas» demuestra la necesidad de una política común en el ámbito de la salud pública; el asunto de Vilvoorde, la necesidad de una política industrial común; el problema del tránsito, la necesidad de una política fiscal común. 
Mañana, necesitaremos una política común en el sector bancario, etcétera. 
Ahora bien, las instituciones actuales de la Unión Monetaria no permiten elaborar estas políticas, y la Conferencia Intergubernamental las ha excluido de sus trabajos. 
En conclusión: o bien lograremos desarrollar- en parte en el propio contexto de esta Conferencia, y una vez que ésta haya concluido- un verdadero marco institucional común para la Unión Económica y Monetaria y el primer pilar, junto con la capacidad de avanzar juntos, o bien tendremos que decidirnos a avanzar, lamentándolo mucho, por la vía de la cooperación intergubernamental reforzada en el primer pilar. 
Esto es lo que subrayo en una enmienda, que recomiendo a Sus Señorías voten positivamente. 
Señor Presidente, el Grupo de los verdes desea, a través de las enmiendas presentadas al Pleno, reforzar el texto de la resolución en aspectos que consideramos fundamentales y que también debieran serlo para la Conferencia Intergubernamental, que son los de la democracia, la apertura, y los derechos de los ciudadanos a la libertad y a la libre circulación. 
Con la palabra democracia queremos hacer referencia al respeto mutuo y al respeto por la diversidad. 
Cabe abrir caminos para que se respete verdaderamente a los nuevos países miembros, y para que no se den restricciones en base a la religión o la cultura, y para que seamos abiertos y democráticos. 
Estamos absolutamente en contra de la propuesta de la Presidencia holandesa de modificar el artículo contra la discriminación y de eliminar el que menciona las inclinaciones sexuales, la edad y las minusvalías. 
Para garantizar la existencia de un fundamento democrático para la categoría de país miembro de la Unión, consideramos que debería existir un artículo sobre el derecho a abandonarla. 
Dicho artículo también debería especificar el procedimiento y los costes de salir de la Unión. 
También es necesario modificar el artículo nº 23, de modo que quede claro que deseamos una política civil cara al exterior dentro del marco de un sistema de seguridad paneuropeo, y que todas las decisiones deben tomarse por unanimidad. 
Lamentablemente, veo que voy a utilizar más tiempo del que me corresponde porque tengo que decir que no estoy satisfecha con el modo en que la Comisión de Asuntos Institucionales ha dado curso a esta resolución. 
Se ha ido a un paso demasiado rápido. 
Se nos han presentado enmiendas, textos y enmiendas orales mientras deliberábamos. Sencillamente, no hemos tenido tiempo de analizar correctamente estas enmiendas. 
Quiero alertar sobre la increible rapidez con que se adoptan las decisiones en la UE. 
¿Cómo van a seguir los ciudadanos estos debates y los nuevos términos que utilizamos? 
¡No actúen sus Señorías como lo ha hecho la Comisión de Asuntos Institucionales! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo apoyo las quejas del Sr. Méndez de Vigo por la ausencia del Consejo que, a pesar de que formalmente no está obligado a estar presente, ha de saber, gracias a sus funcionarios, que la política y las posiciones del Parlamento se adoptan en este Pleno y, en consecuencia, si está interesado en oírlas, es aquí donde las debe escuchar. 
En cuanto a la resolución que nuestro Grupo va a votar- esperando que obtenga ese consenso en el que confían muchos otros colegas- deseo centrarme en particular en el tema de la cooperación reforzada, para dirigir un llamamiento y una invitación al Comisario Sr. Oreja a fin de que estudie el contenido de la resolución que vamos a votar mañana y el resultado de los trabajos de la Comisión de Asuntos Institucionales, no sólo en lo referente al carácter indivisible del Parlamento, cuestión puesta en tela de juicio por la Presidencia neerlandesa con soluciones cabría decir poco más o menos que sin fundamento y que espero que cuanto antes sean objeto de una revisión, sino en lo referente al papel de la Comisión. 
Sé que la Comisión estaría dispuesta a renunciar a su papel de guardían, de pilar de la defensa de la estructura de los Tratados, de la Unión y de lo que se le demanda en virtud del Tratado. Sin embargo, consideramos que la cooperación reforzada es un instrumento propio de la lógica del Tratado y, por consiguiente, en el momento en que ese o aquel Estado bloquea un proceso de comunitarización, la Comisión, guardían de los Tratados, se convierte en promotora de una iniciativa, habida cuenta de que no podemos dejar dicho cometido a los Estados miembros. 
Por ello, estoy satisfecho de que el Parlamento mantenga esta posición y espero que pueda servir de ayuda a la Comisión para su reflexión. 
Señor Presidente, los cuarenta años que nos separan de la firma del Tratado de Roma pueden dividirse, si se atiende a la evolución de la opinión pública, en dos períodos. 
Hasta el comienzo de la década de 1980 las Comunidades están implantándose, las instituciones logran cierto equilibrio con el compromiso de Luxemburgo y la creación del Consejo Europeo. 
En este período, Europa aprende a darse a conocer y, poco a poco, los ciudadanos empiezan a tener una percepción positiva de ésta. 
Pero después de la primera mitad de la década de 1980 parece que la curva se invierte, que las instituciones pierden su equilibrio, que el déficit democrático aumenta y sobre todo que la confianza disminuye. 
Muchos de nosotros lo comprueban en su país y, en cualquier caso, es real en Francia: cuando hoy se inicia un debate público sobre el desempleo, la inmigración, la inseguridad, el librecambio, la Unión Europea es percibida, de entrada, como una fuente de amenazas y no como un factor esperanzador. 
Esta inversión fantástica de la opinión debe estudiarse seriamente, sus causas deben ser analizadas, si queremos enderezar el rumbo. 
Para mi Grupo la causa esencial responde a la fijación en el plano europeo de objetivos muy alejados de las expectativas de los ciudadanos. 
Y este distanciamiento procede a su vez de una incapacidad de control por parte de las naciones sobre las instituciones europeas; incapacidad que no es en absoluto accidental, sino que es intrínseca a un sistema que, precisamente, se ha fijado como objetivo superar las naciones y que, en cierto modo, su propio pecado le sirve de penitencia. 
En este 40º aniversario del Tratado de Roma, la tarea de la Conferencia Intergubernamental debe ser recobrar las condiciones gracias a las cuales la Unión se ganará la confianza de los ciudadanos. 
Por esta razón mi Grupo no se asocia a la resolución de la Comisión de Asuntos Institucionales que se somete a votación, puesto que rinde culto en demasía a la «comunitarización» a toda costa y a la votación por mayoría, que en el pasado ha contribuido a fortalecer a las administraciones europeas, debilitando a las naciones. 
Por eso, señor Presidente, mi Grupo ha presentado una contrapropuesta de resolución centrada en la idea de fortalecer el control de las naciones sobre la Unión Europea y de desarrollar la flexibilidad para que la Unión se adapte mejor a las necesidades de los ciudadanos. 
He recibido dos propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, Señorías, la excelente resolución del colega de Giovanni me ofrece la oportunidad de sacar a debate una cuestión importante, que constituye un gran peligro para el desarrollo europeo. 
El desarrollo de la Unión va unido ineludiblemente a la cooperación en materia de seguridad- condicionada por la forzosa integración económica- y a la necesidad de reforzar la cooperación en el ámbito de la seguridad interior. 
La libertad de circulación en el ámbito de la Unión Europea que todos deseamos, tanto para los ciudadanos de la Unión como para los de terceros países, es objeto de amplios debates desde la perspectiva del Derecho comunitario, pero también de la cooperación intergubernamental, puesto que dicha libertad de circulación requiere otros elementos complementarios en el ámbito de la seguridad interior. 
Estos elementos de la seguridad interior, que se concretan en la EUROPOL, en el sistema europeo de información, en el convenio sobre las fronteras exteriores, en el sistema de información de Schengen que debatimos ayer, exigen todos una estrecha cooperación entre los Estados miembros en unos ámbitos en los que la Comunidad restringe las libertades ciudadanas en el plano intergubernamental, aunque también de manera muy consecuente. 
No es necesario que mencione aquí que personalmente, al igual que muchas y muchos de mis colegas, yo preferiría que esto se hiciese dentro del ámbito del Derecho comunitario y bajo el control y la competencia legislativa del Parlamento Europeo. 
No obstante, el hecho de que no sea así, mientras que a la vez estos procesos también se sustraen en creciente medida a la competencia de los Parlamentos nacionales, entraña el riesgo de que se cree un déficit democrático en el ámbito del tercer pilar, que las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea también perciben como tal y que, por lo tanto, contribuye a acentuar la pérdida de confianza en la legitimidad democrática de las actuaciones europeas. 
Es muy acertado, por lo tanto, que en la resolución se señale la necesidad de actuar muy especialmente en el ámbito del tercer pilar y de la aplicación del artículo 7 A del Tratado de la UE. 
Señor Presidente, cuarenta años después de la firma del Tratado de Roma, hoy deliberamos sobre su tercera revisión en medio de un ambiente lamentablemente melancólico. 
El informe de la Unión Europea debería, en principio, llenarnos de satisfacción y optimismo, pero los obstáculos que encontramos en las negociaciones nos llevan forzosamente al pesimismo y la preocupación. 
El Sr. De Giovanni ha señalado con acierto los motivos más generales de nuestra preocupación. 
No puedo sino compartirlos y añadir sin rodeos que temo la crisis que se acerca. 
El resultado de Amsterdam y de Luxemburgo sigue siendo hasta la fecha, según mi punto de vista, un retoque cosmético del Tratado en lugar de un progreso decisivo. 
A las preocupaciones generales debo agregar las preocupaciones particulares que tenemos los representantes de los países más pequeños. 
No es suficiente reiterar los principios que han regido en estos últimos cuarenta años proporcionándonos tantos éxitos: la unidad del sistema institucional, la conservación de los derechos comunitarios adquiridos, el principio de la igualdad, el principio de la cohesión social, la preservación del equilibrio. 
Se hace tan necesario que respetemos estos principios como que los propaguemos. 
No debemos alejarnos de ellos ni desviarnos jamás, como ha sucedido recientemente con la posición adoptada por la propia Comisión con respecto a su composición. 
No hay igualdad entre Comisarios de primera y de segunda categoría en beneficio de una Comisión supuestamente más eficaz, querido amigo Marcelino Oreja. 
No es más democrática esta estructura, ni ayuda a conservar los equilibrios, por lo que no podemos aceptarla y, naturalmente, tampoco proponerla a los parlamentos y ciudadanos de nuestros respectivos países. 
Señor Presidente, creo que sólo siendo consecuentes con los citados principios, que están en el punto de mira de los intereses de los grandes, podrá progresar la Comisión. 
Seguiremos luchando por esto, aunque no puedo asegurar que en este momento podamos conseguirlo. 
Señor Presidente, hoy se cumple el cuadragésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma. 
Al dirigirme a este hemiciclo, no he podido dejar de oír una frase, según la cual en cuarenta años habría sido posible hacer más y mejor por la construcción europea. 
Por ser esta mi primera intervención, no podía dejar de sentirme incomodada por el sentido de ese pensamiento. 
Quisiera que supiesen Sus Señorías que también a mí me preocupa la eficacia de la Unión Europea. 
Pero, ¿acaso debemos sacrificar la paz, la seguridad, la libertad, la democracia y la solidaridad a la eficacia? 
¿Acaso debemos sacrificar, en nombre de la urgencia, los más nobles objetivos que, desde la firma del Tratado de Roma, nos condujeron hasta aquí? 
La prudencia nos dice que lo que se hace deprisa no puede quedar bien. 
Considero incluso que una de las razones del éxito de Europa se debe a la solidez con que se ha ido construyendo, después de mucho trabajo, arduas negociaciones y consensos verdaderos, es decir, que sólo se ha conseguido porque se ha sabido dar tiempo al tiempo, porque nunca ha habido la tentación de imponer nada, siempre ha habido la preocupación de convencer a los Estados para que se adhirieran voluntariamente a ella. 
Cuando se formulan votos para que en 2057 nuestros nietos puedan conmemorar el centenario de la firma del Tratado de Roma, también yo me asocio a esos votos. 
Pero honrar a aquellos que antes de nosotros pensaron en Europa, actuaron para transformarla y nos legaron la misión de continuarla exige el justo reconocimiento de que dar tiempo al tiempo siempre ha sido la razón de su éxito. 
Hoy no dejemos de reconocerlo, aunque sólo sea para que podamos explicar lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo vamos. 
Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen ese derecho; nosotros, que aquí legítimamente los representamos, tenemos ese deber. 
Señora Presidenta, permítame que señale con toda brevedad un aspecto que me incomoda en el presente debate. 
Muchos actúan como si estuviésemos esperando que en Amsterdam se produzca un milagro de Pentecostés tardío, cuando por el contrario está bastante claro que en la Conferencia Intergubernamental no se ha alcanzado un acuerdo sobre ninguno de los aspectos políticos esenciales, ni por lo que respecta a los derechos fundamentales, ni en cuanto a la composición de la Comisión, ni en lo tocante a la flexibilidad, ni tampoco en relación con las nuevas decisiones por mayoría. 
En todos los aspectos hay conflictos y no existe unanimidad. 
Todos señalan, sin embargo, esta unanimidad como requisito previo para poder iniciar las negociaciones con vistas a la ampliación. 
Por consiguiente, es muy importante que el Parlamento no se pierda en detalles, sino que aborde las cuestiones más centrales en sus resoluciones. 
Éste es el primer punto que quería abordar. 
El segundo es que espero una actuación más ofensiva por parte de la Comisión. 
No nos basta con que el señor Comisario nos diga, como hoy hemos escuchado, que espera haber concluido en Amsterdam, pero que no sabe cómo se concluirá. 
¿Cuál será la continuación? 
En tercer lugar, es decisivo que velemos para que nuestros Parlamentos nacionales presionen a los respectivos Gobiernos y que les instemos a hacerlo. 
Esto es absolutamente decisivo, pues de lo contrario luego ya será demasiado tarde y estaremos poniendo en peligro no sólo la Unión actual, sino también la ampliación e incluso todo el proyecto europeo. 
¡El tiempo apremia! 
Señor Presidente, Señorías, raras veces en la historia de la UE hemos tenido que constatar tan dolorosamente como hoy la brecha entre el sueño y la realidad. 
Para ello basta con que nos adentremos en las conocidas propuestas de la Presidencia irlandesa, cuando todavía resuenan en nuestros oídos los discursos conmemorativos del 40o aniversario de los Tratados de Roma. 
Yo me pregunto si la Europa de la libertad, de la justicia y de la paz todavía guarda alguna relación con la Europa que se prevé y se está impulsando en la Conferencia Intergubernamental. 
El Parlamento Europeo debate hoy, en realidad, la enésima propuesta de resolución sobre la Conferencia Intergubernamental y yo temo que ésta será considerada tan irrelevante como todas las anteriores o, en el mejor de los casos, como un estorbo. 
Quizás deba darnos que pensar que la Presidencia del Consejo ni siquiera se haya molestado en estar presente en un debate tan fundamental de esta Asamblea. 
No se trata de volver a hacer girar el molino de las oraciones, sino de reflexionar sobre los medios de presión política de que dispone esta Asamblea para elevar considerable y efectivamente su presión sobre la Conferencia Intergubernamental, en las pocas semanas y los pocos meses que faltan para la misma. 
Entre los citados medios de presión yo incluyo los más espectaculares, desde la moción de censura contra la Comisión, que no sigue al Parlamento en relación con este tema, hasta la denegación de la aprobación del Presupuesto de una UE que no podemos considerar que sea la Europa que debemos ofrecer a las personas. 
Señor Presidente, en mi corta intervención voy a llamar un poco la atención al señor Comisario, D. Marcelino Oreja, como doctor en Derecho, profesor de Derecho internacional, diplomático, ministro de Asuntos Exteriores, antiguo Secretario General del Consejo de Europa y hoy eficacísimo Comisario, sobre un tema que él conoce bien. 
Esta mañana celebrábamos el 40º aniversario del Tratado de Roma. 
Como han dicho muchos oradores que me han precedido, y como sabe el señor Comisario, el Tratado de Roma- y los Tratados de las Comunidades, que nacieron de los Tratados de París y Roma- se caracterizan por establecer una innovación en el Derecho internacional: la creación de comunidades supranacionales, en las cuales las relaciones entre los Estados no se rigen por el Derecho internacional tradicional. 
En este momento, me temo que el Consejo de Ministros está a punto de hacer un gran descubrimiento- en España utilizamos la expresión «tardío descubrimiento del Mediterráneo». 
Hay gente que de repente descubre cosas que ya se habían descubierto antes. 
Pues bien, el Consejo está a punto de descubrir el Derecho internacional. 
Es decir, que lo que era una comunidad basada en el Derecho comunitario, está a punto de transformarse en una comunidad de Derecho internacional, como es la Organización de las Naciones Unidades. 
Y para no extenderme demasiado, como el señor Comisario estará presente en las negociaciones del Consejo, voy a darle un pequeño consejo, y es que les recuerde a los miembros del Consejo cómo funciona este Parlamento. 
Porque me he quedado bastante impresionado con la propuesta del Consejo de que, en los debates parlamentarios, solamente participen los parlamentarios de los países que están en la flexibilidad. 
Es decir, que si el Sr. Haarder, por ejemplo, está presidiendo y se plantea en ese momento un tema con respecto al cual ni Inglaterra ni Finlandia ni Grecia participan en la flexibilidad, el señor Haarder, que ahora preside la sesión, tendrá que buscar uno por uno a cada diputado, llamar a los ujieres y expulsar de la sala a esos diputados para que se pueda llevar a cabo ese procedimiento. 
Pero luego viene otra flexibilidad distinta, y ahí están Inglaterra, Suecia y Finlandia, pero no están Portugal, España y Alemania. Entonces, el señor Presidente del Parlamento tendrá que llamar otra vez a cada uno de los diputados para que salgan y entren los otros. 
Va a ser una cosa muy divertida, lo vamos a pasar muy bien, pero me temo que, como he dicho antes, con el redescubrimiento del Derecho internacional por el Consejo, vamos a matar a esta Comunidad que fundamos hace 40 años. 
Señor Presidente, en términos de distancia histórica, 40 años sería una edad de crecimiento, no de crisis depresivas. 
Ahora bien, la impresión que da es que el baile diplomático de la CIG, a pesar de haber comenzado hace mucho, aún no ha encontrado su música. 
Sólo eso explica que su tema principal sea ahora la flexibilidad. 
Es sintomático que una válvula de seguridad excepcional, tipo «último recurso» , haya ganado el centro del palco. 
Estaríamos de acuerdo, si fuera con la condición de romper los bloqueos, pero no si fuera la vía para liquidar el acervo comunitario y la cohesión económica y social o para fragmentar las instituciones, esquivar el control parlamentario o reconstituir egoísmos, avanzando definitivamente por separado, como a veces parece prefigurar la disputa norte/sur sobre la moneda única. 
Por eso, apoyamos al unísono la formulación del marco preciso y restricto para la llamada cooperación reforzada. 
La flexibilidad puede ser útil, tanto para viabilizar la ampliación como para evitar el chantaje de los obstruccionistas permanentes. 
Pero se debe plasmar en más puentes y puertas abiertas, no en más fosos y puertas cerradas. 
Creíamos, al contrario, que la democratización de las instituciones sería una de las primeras preocupaciones de la Conferencia Intergubernamental. 
Después de Maastricht, los ciudadanos habían dicho que no querían más Europa sin más democracia. 
Ahora bien, el mínimo de esa democratización consistiría en la ampliación de las competencias de codecisión del Parlamento Europeo a todas las materias de tipo no constitucional del primer pilar. 
Eso sería aún más importante en vísperas de la moneda única. 
De hecho, no podemos completar el mercado y dejar la democracia a medio camino. 
Otro aspecto en el que los ciudadanos tampoco perdonarán vacilaciones es el de la seguridad interna y de la lucha contra la delincuencia organizada. 
La situación de estabilidad de la moneda única exige una situación paralela de estabilidad, desde el punto de vista de la seguridad, a la medida del mercado transnacional que, por definición, los Estados ya no están en condiciones de garantizar por separado. 
De otro modo, los ciudadanos van a ver en el mercado y en la moneda una amenaza más que una conquista positiva. 
La comunitarización de la política de visados y asilo, la introducción de la mayoría cualificada para decidir en esas esferas, su sujeción al control del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia, la armonización de los procedimientos de cooperación judicial, la incorporación de Schengen a los Tratados y la concesión de poderes excepcionales a Europol para luchar contra los delitos en el nivel transnacional son esenciales, son también la condición para evitar la recuperación malsana de la inseguridad por los extremismos. 
Esperamos, señor Presidente, que la atrasada carrera de la CIG pueda ganarse aún en la meta. 
De lo contrario, quedaremos empantanados entre las perspectivas de un Maastricht III o de otra Europa aún por concebir. 
Señor Presidente, la Presidencia ha suprimido cuestiones como la edad, la minusvalía y la inclinación sexual del artículo sobre la antidiscriminación. 
Me parece un hecho escandaloso. 
La Presidencia sugiere que en las medidas contra la discriminación resultan suficientes las actuales disposiciones, lo cual no es más que un pretexto injustificado. 
Puesto que la Comisión viene quejándose desde hace largo tiempo de la ausencia de un fundamento jurídico y desearía por una vez saber la opinión del Sr. Oreja a ese respecto. 
Lo que parece es que la Presidencia tiene verdaderamente miedo de que un artículo sin acción inmediata resulte demasiado caro a causa del requisito de unanimidad y en este caso no son las pelas las que cuentan, sino diría más bien los modales. 
La equiparación de derechos de las personas mayores, de los minusválidos, de los gays y lesbianas constituye una norma fundamental de civilización que figura en nuestro nuevo tratado. 
Deberá pasarse por alto entonces el artículo 119 referente a la igualdad de tratamiento para ambos sexos, la fórmula irlandesa, la igualdad de remuneración por trabajos equivalentes. 
¿Es que esto resulta tan caro en realidad? 
Sobre el artículo que se propone ahora no hay ningún parlamento que tenga control. 
Este hecho refleja la manera en la cual una vez más Europa amenaza con convertirse en decisiones tomadas en reunioncitas secretas de ministros. 
¿Dónde está entonces la vocación neerlandesa por una mayor democracia? 
Me siento terriblemente defraudada. 
Señor Presidente, es bastante lógico que el Consejo no esté presente y no quiera dar la cara con las propuestas que ha hecho, porque la Presidencia holandesa ha hecho algo que es bastante difícil: ir a peor y demostrarnos que siempre cabe algo peor. 
Y sus propuestas, las que ha presentado, suponen claramente un paso atrás. 
Es posible que sea una táctica y que entonces lo que pretenda es que, después de estar donde estamos ahora, sólo anhelemos quedarnos como estábamos antes, es decir, mal. 
Pero lo cierto es que hoy estamos peor que ayer y vamos a estar aún peor mañana, tanto en lo institucional, como en lo político y en lo social. 
Además los graves retrocesos son justamente en las dos áreas más sentidas por la ciudadanía europea: los derechos de la mujer y el déficit democrático. 
Y se teme consolidar, o dar poderes, a la institución más responsable, más democrática, más representativa de Europa como es el Parlamento Europeo, pero no se teme potenciar a los oficinistas y burócratas que están poblando una Europa, la de hoy, que es puro déficit democrático. 
El hoy de la Europa es justamente ese control democrático y el mañana es que nos preguntemos qué control se va a ejercer sobre el Banco Central Europeo con el gran poder que va a acumular. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, señor Presidente del Parlamento Europeo, vamos a celebrar el 40º aniversario del Tratado de Roma diciendo simplemente «más democracia para Europa». 
Señor Presidente, en realidad debería ser hoy un día de fiesta, ya que los Tratados de Roma no han dejado de aportar numerosos aspectos positivos. 
Debemos estar agradecidos a figuras como Schuman, De Gasperi y Adenauer por haber mostrado, en el momento oportuno, sus cualidades de hombres de Estado, capacidad de visión y valentía. 
La visión de la manera en la cual Europa, tras dos guerras mundiales, debería avanzar por el camino de la paz y del bienestar. 
Y la valentía de haber emprendido también los pasos necesarios para ello. 
Pero, no es hoy un día de fiesta, señor Presidente. 
Muchos jefes de gobierno actuales, así como la Presidencia neerlandesa, carecen de la visión y del valor necesarios para alcanzar los avances indispensables en el marco de la CIG. 
Citaré tres puntos que no funcionan en absoluto. 
Uno es el tema de la igualdad de tratamiento, el segundo el tema de la flexibilidad y por último el tercer pilar. 
Me referiré en primer lugar a la igualdad de tratamiento, también abordado por la Sra. Van Dijk. 
Habíamos pedido encarecidamente se incluyese en el Tratado un amplio artículo sobre la igualdad de tratamiento y la antidiscriminación. 
Ahora resulta que en una serie de puntos, en lo relativo a las personas de edad avanzada, a los minusválidos, a las preferencias sexuales, la Presidencia hace caso omiso de ellos. 
Nos parece algo inadmisible y puedo asegurarle que el Parlamento y nuestro grupo político habrá de examinar atentamente el Tratado en lo referente a dicho tema. 
El segundo tema es el de la flexibilidad. 
Hay que reconocer que la flexibilidad corre el riesgo de convertirse cada vez más en un pretexto para encubrir los fracasos registrados en otros ámbitos. 
No sólo en lo referente a la política interior, sino también en seguridad interna y política ambiental. 
Y cuando esto sucede, el principio de la flexibilidad no ofrece ninguna opción positiva, a no ser un pretexto y una trampa que lo único que harán es salir caras a la Unión. 
En la resolución que nos ocupa se imponen por ese motivo fuertes requisitos a esa flexibilidad, entre los cuales el más importante consiste en la necesidad de un control democrático. 
Y el hecho de que la Presidencia neerlandesa considera también innecesario someter al presupuesto agrícola a un control democrático constituye ya un indicio significativo. 
Consideramos igualmente inadmisible una flexibilidad sin control democrático. 
Y pasamos entonces a la lucha contra la delincuencia internacional. 
Mientras no se incluya esta cuestión en el ámbito del primer pilar, y hasta el presente no disponemos de ningún documento que lo atestigüe, y mientras resulte imposible la votación por mayoría cualificada, seguirá sin resolverse ese problema de Europa. 
Esto significa que seremos simplemente incapaces de hacer frente debidamente a las cuestiones del narcotráfico, el comercio de personas y de armamentos y que Europol seguirá constituyendo una institución desprovista de capacidades. 
La Presidencia neerlandesa no se ocupa de hecho de estas cuestiones ya que existe la voluntad de mantener excluido el tema del narcotráfico del tercer pilar o del primer artículo del Tratado. 
Pero comprobamos así en realidad que a causa de la venta libre de drogas en los «coffeshops» en los Países Bajos se ven entorpecidos el pilar interno y el combate de la delincuencia internacional. 
Señor Presidente, las condiciones existentes para la CIG no son favorables. 
Ni hay esperanzas siquiera de que cambie esa situación. 
Y esto es algo vergonzoso. 
Vergonzoso de parte de un Consejo que es incapaz de llevar a cabo lo que fue posible en los años cincuenta. 
La situación en torno a la CIG demuestra un alto grado de flaccidez. 
Habrá que ver cómo evoluciona, aunque espero que mejore, de lo contrario no tendremos otra solución que ser más severos en nuestras críticas. 
Señor Presidente, cuando en 1986 se concluyó el Acta Única, Altiero Spinelli afirmó en esta Asamblea, con su gran autoridad política y moral, que la montaña había parido un ratón. 
¿Qué diría hoy, si hubiera de pronunciarse sobre esta Conferencia Intergubernamental? 
La evidente incapacidad política para afrontar los problemas vinculados con la ampliación y con las indefiniciones en cuanto al avance hacia la moneda única, mediante una profundización efectiva de la integración política y social de Europa, ha propiciado que los Gobiernos hayan hecho resurgir como asuntos decisivos la seguridad interior y la cooperación reforzada. 
Es cierto que el aumento de la delincuencia y de la inseguridad de los ciudadanos asociada con la unificación del espacio europeo reclama una capacidad de respuesta común y eficaz, cuya falta es un grave factor de desprestigio y rechazo de la propia Unión Europea. 
Es necesario que la Conferencia Intergubernamental responda a eso en términos democráticos. 
Se está presentando la cooperación reforzada como un medio de hacer avanzar la construcción europea venciendo la resistencia de ciertos países. 
Pero, ¿cómo comprender la cooperación reforzada sin tener garantizada previamente en el Tratado la ampliación del voto por mayoría cualificada precisamente para impedir los bloqueos resultantes del derecho de veto? 
Ante las propuestas conocidas, tiene el mayor sentido la exigencia de que la consagración de la cooperación reforzada no pueda conducir a una Europa à la carte y garantice la unidad política institucional, la igualdad entre los Estados miembros y la cohesión económica y social. 
Pero no está garantizado que así sea. 
Al contrario, hay que temer que ésa pueda ser la vía para consagrar un sistema auténtico de directorio, que no podríamos por menos de rechazar y combatir. 
La preocupante tendencia de las propuestas de la CIG a retroceder a los métodos de decisión intergubernamentales con la reducción de los propios poderes del Parlamento Europeo contribuirían a agravar aún más el déficit democrático y de ciudadanía. 
Señor Presidente, al apoyar esta propuesta de resolución, queremos sobre todo oponernos en nombre de la democracia y de la solidaridad en la Unión Europea al proyectado fraccionamiento de la Unión mediante estas propuestas insensatas. 
Señor Presidente, yo creo que el hecho de conmemorar un acontecimiento, ciertamente histórico, como es la firma del Tratado de Roma, no debe limitarse exclusivamente a traer a la memoria viva de nuestros recuerdos un hecho del pasado por muy honroso que sea. 
Yo creo que se trata, señor Presidente, de extraer la esencia, los principios, los valores de un hecho fundamental que cambió la faz de nuestro continente, de interpretarlos y examinarlos en clave de futuro y, sobre todo, en términos de estímulo para el porvenir. 
Creo que la lección a extraer el día de hoy es meridianamente clara. 
Creo que una visión de Europa basada fundamentalmente en lo tangible, en lo material, es una visión legítima del proyecto. 
Pero frente a esa visión basada en el saldo financiero, en la noción de contribuyente neto, o de beneficiario neto, creo que ha llegado el momento de volver otra vez la vista hacia los valores que inspiraron la acción de los padres fundadores de Europa, a la noción de paz, de concordia, de comprensión y de solidaridad. 
Y todas ellas entendidas un poco a la luz de las circunstancias y del tiempo que nos ha tocado vivir, porque la Unión Europea de hoy fue durante un cierto tiempo un mercado común. 
Ese estadio ha sido ya superado, señor Presidente, y hemos pasado de una noción de consumidor a una noción de ciudadano y de una noción de Mercado Común a una noción de Parlamento. 
Y entiendo que le corresponde a este Parlamento, junto a la Comisión, el de dar un impulso decisivo al proyecto de integración europea, que se encuentra en un momento clave de su calendario. 
Europa tiene que despertar de su letargo y dar un paso en la buena dirección, y sólo lo podrá hacer con pragmatismo y con visión de futuro. 
Entiendo que este es el mensaje que hay que transmitir a la Conferencia Intergubernamental: poner las cifras al servicio de los ideales, no incurrir en la miopía del que piensa más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones y buscar cada uno su interés en el interés común. 
Agradezco al Comisario Oreja por estar entre nosotros, ya que se trata de formular una pregunta a la Comisión para emitir nuestro dictamen al Consejo, que no está representado. 
¿Qué se puede decir al Consejo, como no sea que demuestra una actitud de hipocresía, que hoy el problema consiste en hacer avanzar la democracia y que el objetivo de los gobiernos es, en cierto modo, hacer retroceder la Conferencia Intergubernamental? 
En el fondo, estarían muy contentos si pudieran suprimir el Parlamento Europeo. 
Además, no estarían obligados a hacer acto de presencia un día al mes. 
En primer término, en el presente período parcial de sesiones hemos votado una resolución sobre los derechos humanos y la ley Debré, lo que exasperó al Presidente Chirac. 
Por consiguiente, en la Asamblea Nacional, el Gobierno francés se pregunta cómo podrá hacer callar al Parlamento Europeo e impedirle que en lo sucesivo emita su dictamen sobre los derechos humanos y el tercer pilar. 
En segundo término, durante varios meses nos hemos negado a aprobar el acuerdo con Turquía debido a la situación de los derechos humanos. 
Esta actitud irrita al Consejo y, por tanto, las conclusiones de Dublín proponen limitar el derecho del Parlamento de emitir su dictamen conforme sobre los acuerdos de asociación y la ampliación, excluyendo de nuestra competencia los acuerdos que tengan implicaciones presupuestarias y que afecten al derecho de codecisión. 
¿Por qué? 
En tercer término, se nos anuncia que se progresa en el ámbito del tercer pilar. 
Está muy bien; pero, en la práctica, se excluye al Parlamento Europeo en provecho de los Parlamentos nacionales. 
Ahora bien, éstos tienen una visión mucho más parcial de las cosas. 
Además, son manipulables puesto que se sitúan dentro de la lógica de la mayoría gubernamental. 
¿Y por qué no se quiere dar la palabra al Parlamento Europeo? 
En estas condiciones, no dirigiré mis preguntas a la Comisión, ya que estamos de acuerdo, sino al Consejo. 
Le preguntaré: ¿qué es lo que realmente defienden para hacer avanzar la democracia? 
Digan francamente cuáles son sus intenciones con respecto al Parlamento Europeo. 
Es verdad que nosotros molestamos, es verdad que no somos un Parlamento conservador, pero ese es el precio de la democracia. 
La calidad técnica del himno europeo ha sido espantosa esta mañana. 
Debemos velar por que el proyecto de Europa no corra la misma suerte. 
Necesitamos un nuevo impulso. 
En efecto, hoy tenemos buenos motivos para celebrar el 40o aniversario de los Tratados de Roma, que han aportado la paz y al menos un relativo bienestar a una gran parte de Europa y a sus ciudadanos. 
Pero también tenemos motivos para preocuparnos por el futuro de Europa. 
Ya se han mencionado en varias ocasiones hoy aquí los principales temas con respecto a los cuales consideramos absolutamente insuficiente el estado actual de las negociaciones en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Nosotros cuestionamos el proyecto de Europa sin una auténtica reforma institucional. 
Las decisiones por mayoría deben convertirse en la norma y en el futuro ya no debe aprobarse ninguna legislación europea sin la plena codecisión del Parlamento. 
Si en los tres meses que faltan no se registra ningún avance en estos dos aspectos, la Conferencia Intergubernamental no podrá culminar con éxito. 
Con lo cual también queda en entredicho el inicio de las negociaciones para la adhesión de los países de la Europa central y oriental. 
En mi calidad de austriaco, yo abogo sin reservas por que nuestros vecinos del Este también tengan acceso a una Europa común. 
Pero para ello debemos construir una Unión que sea adecuada y que esté preparada para acoger también en la práctica a estos nuevos Estados miembros. 
No debemos poner en cuestión lo que se ha conseguido en cuarenta años. 
En los meses que nos quedan, debemos hacer realmente todo lo posible para alcanzar soluciones razonables y practicables sobre todo en relación con los importantes temas institucionales, que el Consejo hasta ahora ha eludido en su mayor parte. 
Señor Presidente, la Conferencia Intergubernamental debe abrir nuevas posibilidades de conseguir una seguridad interna para la Unión. 
Si no se logra este objetivo, los ciudadanos pagarán por ello con la moneda de una mayor violencia y criminalidad. 
No podemos resolver los problemas relativos a la seguridad en una Unión paralizada por vetos y bloqueos, una Unión que va a componerse seguramente de 27 Estados miembros. 
Deben agilizarse las decisiones en torno a las cuestiones fronterizas y de inmigración si queremos que la ampliación sea factible. 
Tanto la seguridad interior como la exterior tienen que convertirse en partes integrantes de la nueva Europa. 
El ambiente de una política de seguridad reforzada con motivo de la ampliación no debe llevarnos a un empeoramiento con respecto a la seguridad interna en la Unión. 
Sin apertura, democracia, votaciones por mayoría y un control judicial del Estado de Derecho, basado también en las constituciones de los Estados miembros, no podrá crearse ningún espacio jurídico eficaz a nivel europeo. 
Se requiere más precisión en torno a los problemas que plantean el crimen internacional, el comercio de drogas, el terrorismo, y la cooperación jurídica y administrativa. 
Aquellos que se oponen a una normativa más eficaz más allá de las fronteras en relación con la lucha contra el crimen y con la inmigración están alentando la aparición de unas nuevas constelaciones políticas que crearán una situación que puede debilitar la identidad y la transparencia en la Unión. 
Esta sería una vía peor que la natural de crear juntos un espacio jurídico eficaz, sobre una base democrática. 
Nuestros hijos y nietos van a reclamar unas posibilidades jurídicas de poder llevar una vida tranquila. 
Sería vergonzoso que el Consejo no cumpliera con un requisito tan elemental. 
Señor Presidente, plantearé una cuestión de orden antes de que conteste el Sr. Oreja. Muchísimos colegas han efectuado observaciones sobre la ausencia del Consejo. 
Estimo que el hecho de celebrar aquí un debate con la denominación «Preguntas a la Comisión» no puede constituir en caso alguno un motivo que justifique la ausencia del Consejo. 
Se trata en realidad de una falta de comprensión de los procedimientos de este Parlamento. Y esto tiene que saberlo la Presidencia neerlandesa. 
Si bien he comprendido, mañana se presentará una enmienda oral a la resolución. 
Me parece conveniente que recuerde que en todos los debates de importancia deberá estar presente la Presidencia neerlandesa o cualquier otra presidencia. 
Quería señalar esto antes de la intervención del Sr. Oreja. 
Señor Presidente, no quiero dejar de agradecer las distintas intervenciones que han tenido lugar aquí. 
Debo decirles que para mí serán extraordinariamente importantes en el trabajo que, en nombre de la Comisión, tengo que llevar a cabo en la Conferencia Intergubernamental. 
Sí quiero decirles algo, porque he advertido que hay un ambiente de pesimismo en muchas de las intervenciones que aquí hemos escuchado. Yo quiero decirles que, hasta ahora, la Conferencia no ha entrado propiamente en su fase final, que es la fase de negociación, y ustedes tienen experiencia de lo que han sido las conferencias anteriores. 
Recuerdan ustedes lo que fue la Conferencia en el año 1985, lo que fue la Conferencia de 1991 y, por consiguiente, saben muy bien que en los últimos tramos es cuando entramos propiamente en la fase negociadora. 
Por consiguiente, hasta ahora no ha habido propiamente negociación. 
La negociación prácticamente ha empezado hace unas pocas semanas. 
Hasta ahora ha habido monólogos, apenas diálogos y, desde luego, lo que no ha habido es propiamente negociación. 
La negociación está empezando en este momento porque ya tenemos textos que son los artículos que se están discutiendo. 
Por consiguiente, yo lo que sí quiero decirles es que es muy importante el papel del Parlamento en un momento como éste. 
Creo que es decisivo todo lo que haga para impulsar claramente sus posiciones que, como saben, en la gran mayoría de los casos son compartidas por la Comisión. 
Yo no recuerdo, por ejemplo, que en las intervenciones de sus representantes en la Conferencia Intergubernamental haya habido ni una sola discrepancia. 
Y yo he puesto en evidencia siempre, después de las intervenciones de sus representantes en la Conferencia, el grado de coincidencia que tenía con ellas. 
Por consiguiente, lo que sí creo es que este es un momento verdaderamente decisivo. 
Estamos en vísperas del 25 de marzo, pero estamos en vísperas, también, prácticamente, del Consejo Europeo de Amsterdam. 
Por consiguiente, creo que este es un momento decisivo y vamos a ver qué es lo que ocurre. 
Realmente no puedo contestar porque no ha habido propiamente preguntas a la Comisión, y eso es una de las pruebas de la gran coincidencia que hay. 
Ha habido algunos temas, como por ejemplo una pregunta que ha hecho el Sr. Dell ' Alba y que es una pregunta o una manifestación que ha hecho también el profesor Medina, profesor y maestro- me complace mucho reconocerlo aquí- y que ha sido el de cuál es la participación del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la cooperación reforzada. 
Ustedes conocen cuál es la posición de la Comisión. 
Es la misma que la del Parlamento. 
Creemos que no se puede romper la unicidad del Parlamento. 
No tendría ningún sentido y esa es la posición que nosotros hemos expuesto tanto en nuestro dictamen como, de una manera muy especial, en las intervenciones que yo he tenido en la Conferencia Intergubernamental. 
Quiero decir también una palabra respecto de un tema al que se ha referido el Sr. Anastassopoulos, al hacer mención del papel de la Comisión. 
Probablemente, lo más difícil es conocerse a sí mismo. 
Pero al final, sólo la Comisión, después de haberse manifestado respecto a las demás instituciones, ha manifestado lo que pensaba de sí misma. 
Y ha habido una manifestación que ha hecho el Sr. Anastassopoulos que yo quisiera comentar. 
El Sr. Anastassopoulos se ha referido a los comisarios de primera y de segunda en la Comisión. 
Yo no estoy completamente de acuerdo. 
No hay comisarios de primera y de segunda, hay comisarios que tienen asignada una cartera y puede haber comisarios que no tengan asignada una cartera, lo cual no quiere decir que sus tareas sean menos importantes. 
Perdónenme que yo les haga una confidencia personal: cuando yo inicié las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, recuerdo que un papel central en aquel Colegio de comisarios lo tenía el Comisario Natali, que era el que se encargaba de todos los temas de la ampliación, y sin embargo no tenía una cartera. 
Es decir, yo creo que lo que sí es importante es que haya un buen equilibrio; ahora, no creo que necesariamente el tener o no tener cartera, en el caso de que haya una asignación correcta de misiones a un número de comisarios a quienes se les asignó la cartera, deba decir que hay comisarios de primera y de segunda. 
Creo que lo que sí se ha hecho es intentar reforzar una cosa que nos parece esencial: la legitimidad de la Comisión. 
Y en ese sentido, hemos puesto en evidencia el papel del Parlamento Europeo en la elección del Presidente y en el reconocimiento o la investidura del Colegio de comisarios. 
Creo que es esencial. 
Les aseguro a ustedes que yo mismo, que he pertenecido al anterior Colegio de comisarios, me siento en estos momento con una mayor legitimidad, entre otras cosas por las audiciones que se produjeron aquí con los distintos miembros de la Comisión antes de procederse a la investidura definitiva. 
Por consiguiente, todo lo que significa reforzar la legitimidad me parece que es un dato positivo. 
Y por último, quiero responder también a una pregunta que ha hecho el Sr. Frischenschlager, cuando se refería a que no había acuerdos en la Conferencia y que por parte de la Comisión no bastaba con decir que tenemos esperanza sin decir cómo. 
Yo me atrevo a decirle que se puede no estar de acuerdo con las cuestiones de la Comisión pero la Comisión tiene, primero, un dictamen en el que se manifiesta respecto de todos los puntos, y segundo, nosotros los manifestamos constantemente y aquí he puesto de manifiesto concretamente qué es lo que nosotros pensamos respecto a política exterior y de seguridad común, qué es lo que creemos respecto del papel del Parlamento y el papel de la Comisión en el tercer pilar y, en definitiva, nosotros nos estamos manifestando día a día y yo tengo ocasión de hacerlo con frecuencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Pero, en todo caso, quiero decirles que para mí ha sido muy enriquecedor este encuentro, el estar presente aquí, el recibir el aliento del Parlamento, el sentir del Parlamento en este momento tan esencial, al ser la pieza central porque es la que tiene la representación democrática. 
Por consiguiente, yo quiero apelar al Parlamento y pedirles que en un momento como éste, tan crítico y tan importante, en vísperas del 25 de marzo, pero en vísperas, sobre todo, del final de la Conferencia Intergubernamental, sintamos siempre lo que es el pensar de este Parlamento para que podamos avanzar en la buena dirección. 
Señor Presidente, siento tener que prolongar mi intervención, pero es que había planteado una pregunta concreta al Comisario a la cual no me ha contestado y que desearía me respondiese. 
He preguntado concretamente qué piensa la Comisión del hecho de que el Consejo opina que las disposiciones antidiscriminatorias relativas a minusválidos, personas de edad avanzada y homosexuales deben incluirse en el actual paquete de medidas sociales, mientras que la Comisión ha afirmado siempre que sigue careciendo del fundamento jurídico para ello. 
Desearía pues saber si la Comisión estima que la opinión de la Presidencia holandesa es verdaderamente procedente o si le resulta completamente inútil. 
Efectivamente, había tomado nota de ello pero, con todos los papeles que había reunido, había olvidado contestarle. 
Yo quiero decirle que ese es un tema que está abierto. 
En relación con ese tema, se ha aceptado el principio de no discriminación, que debe de figurar en el Tratado, lo cual significa un paso importante porque para mí una idea central- y es la posición de la Comisión- es todo lo que afecta a la ciudadanía, y la ciudadanía son los derechos humanos, debe regirse por la no discriminación. 
En cuanto a la enumeración de lo que se entiende por no discriminación ha habido dos criterios: uno, el de que figure una lista larga de qué se entiende por no discriminación, y otro, que haya una descripción genérica. 
En cuando a la descripción concreta, una de las preguntas que han hecho algunos de los miembros de la Conferencia Intergubernamental es si eso no significaba- concretamente con relación a las personas minusválidas -, el que fuera el reconocimiento de una base jurídica y que ello supusiera en definitiva el que, a partir de ahí, habría unas políticas comunes. 
Este no es el propósito de otros miembros de la Conferencia. 
Por consiguiente, lo que quiero decirle es que ese tema está abierto, que ese tema todavía tiene que ser objeto en el mes de abril de una nueva lectura y, por consiguiente, no podemos adelantar en este momento posiciones porque, concretamente, la Presidencia holandesa todavía no se ha pronunciado de forma definitiva respecto a este tema. 
Puede esta segura la Sra. van Dijk que tomo buena nota de cuáles son sus deseos- creo que me siento muy cerca de las posiciones que ella misma mantiene- y espero que, aquí, en el Pleno, o en la Comisión de Asuntos Institucionales pueda darle respuesta cuando este tema vuelva a estar inscrito en el orden del día del mes de abril en la Conferencia Intergubernamental. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Orientaciones presupuestarias para 1998 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0080/97 del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para 1998- Sección III; -A4-0079/97 del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para 1998- Otras secciones. 
Señor Presidente, quisiera en este punto agradecer cordialmente la cooperación de las comisiones competentes de esta Asamblea en la elaboración de las orientaciones y agradecer también tanto a la Comisión aquí presente como a la Presidencia holandesa la atmósfera abierta que ha habido hasta ahora en las negociaciones al respecto. 
Creo que esto constituirá una buena base para proseguir las deliberaciones presupuestarias del presupuesto de 1998. 
Para el presupuesto de 1998 rigen las mismas exigencias que para el de 1997: eficiencia, transparencia y también limitación a programas y proyectos que comporten un valor añadido europeo. 
Con ello se debe contribuir en mayor medida al empleo y desarrollar económica y socialmente a la Unión Europea; y al mismo tiempo, apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por cumplir los criterios de convergencia de la Unión Económica y Monetaria. 
Ello dependerá de manera especial de que la Comisión elabore mejores previsiones de los gastos agrarios que han de ser controlados por el Parlamento y de que las repercusiones de los precios agrarios se reflejen ya en el anteproyecto de la Comisión. 
Un crecimiento cero como el que pretenden algunos Estados miembros me parece irreal. 
El Parlamento Europeo apoyará un crecimiento moderado si se encuentra una solución aceptable a los problemas pendientes: la creación de una reserva dentro de la línea agraria, el problema de la carencia de fundamento jurídico, los gastos del segundo y tercer pilar con el derecho de codecisión del Parlamento Europeo y la clasificación de los gastos. 
El Parlamento Europeo pide también que la Conferencia Intergubernamental no emprenda ninguna modificación de los derechos presupuestarios de la Unión Europea que signifique una disminución de los derechos presupuestarios del Parlamento Europeo. 
El ponente general propone las siguientes prioridades para el año 1998: lucha contra el desempleo mediante la concentración de los medios europeos en la inversión y el empleo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de instrumentos crediticios innovadores que creen puestos de trabajo con futuro, puesta en marcha del proceso de preparación de la adhesión a la Unión Europea de los países candidatos, creación de un instrumento adecuado para facilitar la inclusión de estos países en todas las políticas, puesta en marcha simultánea de un proceso de adaptación de las políticas de la Unión Europea que tome en consideración los problemas causados a los Estados por la ampliación, fomento de programas juveniles y de formación existentes con un innegable efecto multiplicador y superación del estancamiento de los programas culturales. 
Unos comentarios más sobre categorías concretas. 
En la categoría 1 está la clave del éxito deseado por el Consejo para el presupuesto de 1998. 
La Comisión y el Consejo han de ser conscientes de que la combinación de un 3 % de crecimiento del presupuesto general, el mantenimiento de los Fondos Estructurales de conformidad con la decisión de Edimburgo y un crecimiento cero en las otras categorías significa que han de encontrar 2300 millones de ecus en el capítulo agrario si quieren caminar por la senda del crecimiento cero. 
Bien, esperamos sus propuestas. 
Un comentario sobre el greening en materia agraria. 
No se trata más que de vincular la protección del medio ambiente a todos los ámbitos de las políticas de la Unión Europea, tal como propuso el Parlamento y aplicó la Comisión. 
Propongo, por lo tanto, que las dos comisiones competentes- la de Agricultura y la de Medio Ambientese entiendan en los próximos meses sobre el modo. 
En la categoría 4, la prioridad que propone el ponente general para el año 1998 puede expresarse así: lo principal será crear un instrumento de preadhesión que prevea modificaciones estructurales en la organización administrativa de la Comisión para 1998 y un programa para la fase de preadhesión y los requerimientos resultantes de la misma. 
Esperamos que la Comisión nos presente las correspondientes propuestas antes de la primera lectura. 
Por lo que se refiere a la mala cuota de aplicación de los programas PHARE, TACIS y MEDA, se trata de dinero público de la Unión Europea. 
Si los regalos no encuentran ningún destinatario en los países de destino, por algo será. 
En la categoría 5 se trata de mejorar la gestión administrativa. 
Los pesados eurócratas deben convertirse en un servicio público eficiente para la ciudadanía y las empresas europeas. 
Les pido que mañana voten a favor de las orientaciones. 
Señor Presidente, la propuesta de orientaciones relativas al procedimiento presupuestario de 1998 para las demás instituciones es muy clara. 
El marco general que se define en los apartados 1 a 4 deja bastante claro que las circunstancias a las que nos enfrentamos no son de austeridad, pero no fomentan nada parecido a la prodigalidad. 
Son suficientes sin propiciar ningún grado de exceso. 
Ahí hablamos muy claramente de la necesidad de respetar nuestros acuerdos interinstitucionales a fin de mantenernos por debajo de los límites fijados por las perspectivas financieras y señalamos que el incremento sugerido en los créditos del 3 % no debería constituir un objetivo, sino una cantidad orientativa que no debiera superarse. 
En el informe se hace una referencia muy clara a los recursos humanos, señalándose, por no mencionar otras cosas, que se ha registrado de hecho un incremento del 23 % en los créditos para personal en los diez últimos años. 
Ello se deriva en parte de los puestos relacionados con la ampliación, pero el apartado más importante es el 10, en el que se señala muy claramente que la Comisión de Presupuestos defiende ante la Asamblea la opinión de que, como en 1997, no debería crearse ningún puesto nuevo en 1988 para las demás instituciones en general. 
No obstante, señala las especiales circunstancias que atraviesa el Tribunal de Cuentas. A éste el Tratado de Maastricht le ha conferido la responsabilidad de elaborar la declaración de fiabilidad. 
Por haber puesto a trabajar en ello al personal necesario, se ha resentido el trabajo normal consistente en controlar el rendimiento del dinero empleado, y esto es algo que debe tener en cuenta esta rama de la autoridad presupuestaria. 
Dentro del apartado de los recursos humanos se subraya expresamente la necesidad de que cada autoridad investida del poder de nombramiento justifique toda propuesta de revalorización de puestos para que no nos lleguen únicamente propuestas globales, sino una justificación al respecto. 
El apartado 12 habla de recurrir lo menos posible a asesores externos. 
Debiera aclarar bien una cosa a la Asamblea: no se dice que no se utilicen, sino que sólo se utilicen cuando sus conocimientos especializados sean específicamente necesarios para complementar el trabajo del Parlamento. 
Paso a la parte del informe que trata de los créditos para propiedades inmobiliarias y suministros. 
Atraigo en especial la atención de la Asamblea hacia el apartado 15, en el que reafirmamos la política del Parlamento Europeo de adquisiciones inmobiliarias en el plazo más breve posible, de forma compatible con otras necesidades presupuestarias. 
Con ello realmente se pretende dar un respaldo a la actual postura de la Mesa del Parlamento, que está hablando de realizar adquisiciones a lo largo de un período de diez años. 
Después se recomienda esta política como adecuada para otras instituciones y se insta a que se acelere la cooperación interinstitucional a este fin. 
Paso a la parte del informe que trata de las técnicas y políticas de información. 
Desde luego éste es un informe que abarca a todas las instituciones, pero, como aquí estamos parlamentarios sobre todo, pongo un ejemplo relativo al Parlamento. 
La tecnología de la información da resultados buenos, malos e indiferentes. 
Hoy he visitado el centro de Internet del Parlamento. En el lado positivo descubrí, por ejemplo, que el informe de la Comisión de Investigación sobre el fraude en el régimen de tránsito que se presentó esta mañana está ya disponible en Internet en cinco idiomas: inglés, neerlandés, sueco, francés y alemán; algo muy positivo. 
En el lado negativo, visitando aún el centro de Internet parlamentario fui a mirar el trabajo en curso de las comisiones parlamentarias y descubrí el hecho extraordinario de que no se encontraba ningún documento. 
Ello pone de manifiesto que nuestra política de información tiene un poco de todo. 
Existen recomendaciones muy claras sobre la necesidad de establecer unos criterios coherentes para nuestra política de información, para nuestra política de tecnología de la información, y no sólo en relación con ellas, sino en relación con esos proyectos imaginativos que lo son tanto que no todos los diputados de la Asamblea los entienden del todo, como es el caso de EPICENTRO. 
De modo que aquí hay unas orientaciones muy claras. 
Recomiendo el informe a la Asamblea. 
En comisión fue apoyado de forma abrumadora y sirve de base a la aspiración de ocuparnos de los presupuestos de las demás instituciones en una única lectura. 
Lo único que podría tal vez atravesarse en el camino es la política de propiedad. 
La clave para la solución está en manos de nuestros amigos ausentes, nuestros amigos del Consejo que han decidido no estar con nosotros esta tarde. 
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura de este Parlamento espera con ganas una buena cooperación con la Comisión de Presupuestos. 
Pensamos que ambas partes saldrán ganando si la cooperación es buena y tenemos plena confianza en el Sr. Tillich y en que realmente tendrá lugar este año. 
Si examinamos mejor las propuestas para la agricultura, podemos constatar que la agricultura experimenta desde hace años un crecimiento cero. 
Quizás haya una explicación: la orientación agrícola no es un objetivo para gastar dinero, es un máximo, y es diferente de los fondos estructurales, donde sí se indica qué importe ha de gastarse cada año. 
Sin embargo, pienso que es difícil explicar al ciudadano medio, y sobre todo al agricultor, que los gastos para los fondos estructurales de este año han de aumentar un 8 %, mientras que hay un embalse de unos 30 millardos de dinero no gastado. 
¿Cuál es la lógica de todo esto, por mucho que se haya acordado en 1992 en Edimburgo? 
Creo que uno de los puntos más difíciles en el presupuesto agrícola es que no se mantengan las primas salariales por hectárea. 
Si la verdadera política de la Unión en el futuro va a ser el aumento del apoyo salarial en lugar del apoyo a los precios, creo que esta política ha de seguir siendo creíble y esto no se logrará cambiando a medio camino. 
Por ello pienso, y también se dice en la resolución, que hemos de mantener un buen debate en la autoridad presupuestaria sobre la categoría B1. 
¿Qué son realmente gastos obligatorios y qué son gastos no obligatorios? 
Los gastos obligatorios son los gastos que han de apoyar los precios y los salarios, y los gastos no obligatorios sirven para otras cosas, que por ejemplo podrían pagarse bajo la categoría B2, donde como ya he dicho hay demasiado dinero. 
Deseamos celebrar este debate, señor Presidente. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, deseo hacer dos observaciones, una sobre investigación y una sobre energía. 
En lo que a investigación y desarrollo se refiere, existe consenso entre las comunidades científica e industrial sobre el hecho de que la investigación financiada por la UE tiene un verdadero efecto multiplicador, que aporta un valor añadido. 
Es por lo tanto más decepcionante si cabe que el Consejo de Ministros esté siendo tan poco ambicioso en la financiación que propone para investigación. 
Como todos ustedes saben, esperábamos que el cuarto programa marco de investigación se refinanciara con una suma de unos 700 millones de ecus. 
En efecto, ésta era exactamente la cantidad que hacía falta para mejorar la investigación de la UE. 
En lugar de ello, el Consejo hace una mísera propuesta de 100 millones de ecus, 35 millones de los cuales propone gastar en una nueva necesidad por crisis, la de la EEB. 
Nos parece que la cantidad de 100 millones de ecus es del todo insuficiente para aumentar la competitividad de las industrias de la Unión Europea y, por consiguiente, el empleo. 
Estados Unidos y Japón gastan sin duda mucho más que la Unión Europea en investigación. 
Mi segundo comentario es sobre energía. 
La Unión Europea contrajo obligaciones tanto en Río de Janeiro como en Berlín de contribuir a combatir el cambio climático con medidas tales como el aprovechamiento de la energía y la energía renovable. 
El problema que aquí se plantea es el viejo y extendido problema de la falta de fundamento jurídico. 
La Comisión está haciendo todo lo que puede, lo sé, para aprobar un marco en el que puedan inscribirse estos programas. 
Espero que se haga a tiempo para que se pueda poner a disposición financiación suficiente en el presupuesto de 1998. 
Señor Presidente, hablo en nombre del Grupo Socialista. 
Lo primero que quiero hacer es felicitar a los dos ponentes. 
El Sr. Tillich ha sido sumamente amable en la forma en que ha llevado las negociaciones con los diversos grupos y ha aceptado gran número de sugerencias y el Sr. Tomlinson ha hecho su trabajo ejemplar de costumbre. 
He de decir que el informe del Sr. Tillich es excesivamente largo, pero no ha sido culpa del ponente. 
Tenemos aquí un documento que es una declaración de nuestras grandes prioridades adelantándonos al anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
No es una resolución para la primera lectura, como mucha gente parece pensar. 
Sin embargo, cuando se tienen 135 enmiendas y 11 comisiones que hacen su aportación a las orientaciones, necesariamente se tendrá que acabar con algo mucho mayor que el documento breve y sucinto que todos queríamos. 
Observarán que el texto no alude a la austeridad en el presupuesto, como ocurría el año pasado. 
Ni afirma explícitamente que el Parlamento esté dispuesto a ayudar a reducir el gasto. 
La razón es bastante simple: el año pasado el Parlamento siguió esa estrategia con la esperanza de que el Consejo correspondiera ayudándonos a resolver algunos de los problemas con los que tenemos que lidiar, tales como los problemas del fundamento jurídico en muchas de las líneas presupuestarias o el de llegar a un acuerdo sobre clasificación de los gastos, por no mencionar más que dos. 
Nuestro grupo no está dispuesto a ir otra vez por ese camino. 
Estamos dispuestos a desempeñar el papel que nos corresponde en el Parlamento de conseguir el mejor presupuesto que pensemos que se pueda conseguir y estamos dispuestos a hacerlo de buena fe junto con el Consejo. 
Tenemos la esperanza de que el Consejo demuestre la misma buena fe. 
Lo digo porque cuando vean nuestra enmienda al apartado 3 entenderán nuestras preocupaciones. 
En el apartado 4 de las orientaciones del ponente se manifiesta el mismo parecer de que esperamos que mejore el diálogo que mantenemos habitualmente con el Consejo. 
El Sr. Tomlinson dijo que cuando vamos a las reuniones tripartitas a ver al Consejo es un diálogo con sordos. 
Siempre es el mismo proceso, en el que nosotros explicamos nuestras posturas y el Consejo omite responder. 
Hemos de esperar que ahora cese la experiencia de los últimos años con el Consejo de Presupuestos y que, en su lugar, tengamos esta vez un verdadero diálogo con el Consejo ECOFIN. 
Como dijo el Sr. Tomlinson, es una lástima que no haya aquí nadie del Consejo para oírlo. 
Dije que el documento de orientaciones era demasiado extenso. 
Se podría haber hecho mucho más preciso, y podría haber sido muy conciso si hubiera consistido tan sólo en la letra (a) del apartado 5. 
Con haber dicho lo que dice la letra (a) del apartado 5 habríamos abarcado muchas de nuestras prioridades en una frase, porque la prioridad que menciona es la de la lucha contra el desempleo. 
El presupuesto del Parlamento debería reflejar las prioridades políticas del Parlamento. 
Las prioridades políticas de mi grupo giran en torno a la creación de empleo. 
Las políticas de creación de empleo son las que apoyamos por encima de todas las demás. 
Éste es un mensaje que queremos hacer llegar a la Comisión y al Consejo tanto para el anteproyecto como para el proyecto de presupuesto. 
Paso ahora a las diversas categorías. 
Si alguien del Consejo hubiera estado aquí, le habría dirigido directamente el siguiente comentario; aunque espero que el mensaje llegue al Consejo. 
Si se va a obrar de acuerdo con el procedimiento ad hoc del que tan larga y extensamente hablamos, y si queremos que sea significativo, esperamos que el Consejo sea sincero respecto al mismo. 
Queremos que sea sincero con nosotros y diga que piensa que es un procedimiento que el Consejo y el Parlamento deben seguir para llegar a una conclusión sobre el gasto agrario y los problemas existentes a este respecto. 
Si va a seguir la rutina que ha seguido en los dos últimos años, que es básicamente una pantomima de ir siguiendo las reglas, sabiendo perfectamente que al final no habrá unas verdaderas conclusiones, debería decirlo ahora. 
De ese modo ahorraría mucho tiempo a todo el mundo. 
A nosotros nos ahorraría tiempo, nos ahorraría esfuerzos y no estaríamos haciendo el ridículo pasando por esta farsa de procedimiento- que es lo que, en mi opinión, ha sido en los dos últimos años. 
Por consiguiente, espero que el Consejo pueda tomárselo mucho más en serio y espero que la Comisión transmita este mensaje al Consejo. 
Hablando de la Categoría 1, diré al ponente que mi grupo tiene intención de apoyar la enmienda nº 11 presentada por el Sr. Rehder y otros. 
Sin embargo, hay en ella un error y yo pediría a los servicios que lo corrigieran. 
Tendría que haberse presentado como nueva letra (a) del apartado 10 en lugar de sustituir al apartado 9. 
Con esa corrección nuestro grupo la apoyará. 
En la Categoría 2, nuestro grupo no tiene planes de secundar la actuación del Parlamento del año pasado, contra la que votamos cuando se retiraron mil millones de ecus de pagos de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, nos preocupa el problema del desfase entre compromisos y pagos, que no está ayudando a la creación de empleo. 
Bien puede ser culpa de los Estados miembros, pero tenemos que dejar meridianamente claro a los que les preocupa esto que si queremos crear cohesión, prosperidad y puestos de trabajo, los Fondos estructurales deberán emplearse al máximo. 
Apoyamos el apartado 13. 
Sólo que es una pena que tengamos que estar diciendo algo así en las orientaciones. 
En la Categoría 3, nuestro grupo, como en el pasado, ha considerado las RTE y la investigación y desarrollo como vehículos esenciales de la futura creación de puestos de trabajo, al igual que cuando prestamos ayuda a las PYME. 
Nuestra enmienda al apartado 21 es para indicar que cuando hablamos de las redes transeuropeas no estamos hablando únicamente de algunos tipos de carreteras; y la enmienda al apartado 22 es para aclarar la situación de los 200 millones de ecus para investigación y desarrollo. 
También dentro de la Categoría 3, no sólo en los grandes programas sino también en esas líneas presupuestarias más pequeñas que el Parlamento considera prioridades, como juventud, educación y cultura, daremos igualmente todo nuestro apoyo. 
En cuanto a las acciones externas, la Comisión tiene realmente que prestar vigilancia a los apartados 27 y 28. 
Y déjenme añadir que no estamos bromeando cuando hablamos sobre PHARE y THACIS. 
Esperamos algo mucho más concreto del anteproyecto de presupuesto. 
En nuestros debates de la Comisión de Presupuestos hemos dejado bien claro que los actuales objetivos de PHARE no pueden continuar, y las palabras clave deberían ser «estrategia de preadhesión». 
En la Categoría 5, el texto es bastante explícito y no tengo nada que decir sobre el mismo. 
Por último, acerca del informe Tomlinson, verán que está magníficamente elaborado. 
El Sr. Tomlinson ha hecho participar a tantas personas como ha sido posible. 
Hay sólo una enmienda en el pleno y creo que eso lo dice todo. 
Querría dar las gracias a nuestro propio secretario general y al director general de Personal y Finanzas por tomar parte en este debate, por formar parte de la reunión de esta noche y mostrar tanto interés en las presentes orientaciones. 
Es condenadamente más de lo que puede decirse sobre el Consejo. 
Señor Presidente, como ha hecho el anterior orador, me gustaría felicitar a nuestros dos ponentes aquí esta tarde. 
Mis comentarios se centrarán principalmente en el informe del Sr. Tillich y en el informe de la Comisión sobre el presupuesto de la Comisión para 1998. 
Sin embargo, quisiera decir que el Sr. Tomlinson ha hecho en su informe un trabajo excelente. 
Todos sabemos que es un hombre que mira hacia el futuro, como Batman visitando su centro de operaciones, y nos gusta saber que está muy por delante de nosotros en estas tecnologías de la información y asegurándose de que el Parlamento vaya a estar bien dotado. 
Pasando al informe del Sr. Tillich, querría felicitar al ponente. 
Presenta unas orientaciones sucintas, de manera que esta tarde estamos dando un mensaje claro a la Comisión y al Consejo. 
Es una pena que el Consejo no esté aquí. No es un buen augurio para el resto de nuestro diálogo. 
Comprendemos que la Presidencia no se tome excesivo interés en un proceso tan cotidiano como en el que se está convirtiendo el procedimiento presupuestario anual. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, me gustaría aclarar nuestra postura como grupo. 
En el presupuesto de 1997 nos centramos en mantener nuestros compromisos con arreglo al acuerdo interinstitucional, que entonces no deseábamos que desapareciera, como no deseamos que desaparezca durante el actual procedimiento presupuestario. 
Nuestra segunda gran meta era conseguir un crecimiento nulo, o casi nulo, en el presupuesto de 1997, ya que la Unión Europea se está preparando para la moneda única. 
La postura este año se verá algo modificada en la medida en que el Consejo esté dispuesto a entrar en diálogo con el Parlamento como parte de la autoridad presupuestaria. 
Ello me lleva a hacer tres observaciones específicas acerca de los preparativos para el presupuesto de 1998. 
En primer lugar, queremos que se resuelvan los aspectos pendientes y animamos a la Comisión y a la Presidencia neerlandesa a que se centren en particular en la cuestión del fundamento jurídico. 
Esto es algo que se lleva arrastrando desde hace algún tiempo y creemos que debería quedar ahora completamente resuelto antes de la primera lectura del presupuesto de 1998. 
Asimismo, deseamos asegurarnos de que las exigencias del Parlamento en relación con la Conferencia Intergubernamental, sobre todo el caso del gasto obligatorio y no obligatorio, sean tenidas en cuenta en la Conferencia y que lleguemos a una solución satisfactoria al respecto. 
En segundo lugar, en lo que respecta a las prioridades específicas, las orientaciones son sumamente claras. 
Presentan cuatro áreas de prioridades. El Grupo del Partido Popular Europeo querría estar seguro de que los proyectos que tienen un efecto multiplicador, que ofrecen un rendimiento real a cambio del dinero de la UE, no se descarten simplemente porque la Comisión o el Consejo, en su aportación a las orientaciones, quieran ver descartados algunos proyectos que el Parlamento tiene en gran estima. 
Queremos estar seguros de obtener un rendimiento a cambio del dinero e insistiremos en cómo se hace el análisis sobre las líneas presupuestarias concretas. 
Examinaremos el informe correspondiente de la Comisión. 
Finalmente, la parte más importante de este presupuesto- y creo que mi grupo compartirá este punto de vistaes la estrategia de preadhesión. 
Terry Wynn ha hecho bien en atraer la atención hacia ella en los apartados 27 y 28. 
En el nacimiento de nuevos retos para la Unión Europea, sabemos que este mismo año aparecerán informes de la Comisión sobre qué tipo de estrategia deberíamos seguir para la ampliación de la Unión Europea en la próxima década. 
Ciertamente, es en el presupuesto de 1998 donde debemos tomarlo en consideración como primer paso. 
Señor Presidente, como ponente del presupuesto del pasado año me gustaría, en primer lugar, desear a mi sucesor, el Sr. Tillich, todo el éxito del mundo y también a mi viejo amigo el Sr. Tomlinson, porque 1998 vuelve a ser un año crucial, quizá no tanto desde el punto de vista financiero como por lo que este presupuesto contribuye a hacer progresar el diálogo institucional. 
Como europeo y como neerlandés, me entristece que la Presidencia del Consejo vuelva a estar ausente como lo estuvo durante el debate sobre la EEB. 
Querría preguntar al Sr. Liikanen qué espera del diálogo. 
El presupuesto de 1998 sólo será un éxito si se resuelven la cuestiones pendientes que no se resolvieron en el presupuesto de 1997. 
Esto ya lo han comentado otros. 
Sólo quería insistir en ello diciendo que si no podemos resolverlas, está claro vamos a entrar en una fase de confrontación. 
En segundo lugar, 1998 es muy importante porque mostrará si se van a quitar o no los poderes presupuestarios que existen en realidad. 
Una vez más, esto depende de la Presidencia ausente. 
El segundo y el tercer pilar adquirirán gran importancia en el futuro, no tanto desde el punto de vista monetario como en lo que se refiere a la responsabilidad y control democráticos. 
Se han establecido unas prioridades y me alegro mucho de que tengamos menos prioridades este año de las que teníamos en un principio el año pasado. 
Me alegro de que todos los compañeros diputados hayan participado a este respecto. 
También me gustaría subrayar el aspecto de la preadhesión. 
Estamos en una fase en la que muy pronto Europa estará formada por muchos más países que los quince que ahora somos. 
Por lo tanto, es necesario volver a desarrollar instrumentos no sólo para los nuevos países que se unan, sino para los actuales. 
Mi grupo abogará por algo parecido a los PIM para países que, en el momento que atraviesa la Unión Europea, necesitan reorientarse porque estarán sometidos a una especial presión. 
Ello no puede ser excusa para retrasar la adhesión de nuevos países, pero facilitará mucho lo que por el momento no puede hacerse todavía. 
Por último, la agricultura sigue siendo un tema importante. 
El procedimiento ad hoc del año pasado fue un fracaso por cuestiones interinstitucionales- espero que podemos resolverlo- y también por problemas extrainstitucionales. 
Una vez más, quisiera preguntar a la Comisión qué espera que haga el Consejo ausente sobre este punto. 
Señor Presidente, el importante debate que ya celebramos en la Comisión de Presupuestos y, por lo demás, el propio número importante de enmiendas que suscitó el informe presentado por el Sr. Tillich, a pesar de que aún nos encontramos en una fase preliminar del proceso presupuestario, nos mueven a confirmar lo que para nosotros ya era una convicción: no se presenta fácil el camino por recorrer hasta diciembre. 
Y no lo decimos sólo porque discrepemos de lo esencial de las propuestas hechas en la versión inicial del informe Tillich. 
Lo decimos porque aún tenemos presente la experiencia del año pasado y, en particular, porque consideramos que se mantiene una contradicción fundamental, resultante de la existencia, por un lado, de compromisos con plasmación normativa, que a todos obligan- me refiero, evidentemente, a lo establecido en Edimburgo y a las perspectivas financieras fijadas en el marco del Acuerdo Interinstitucional- y, por otro, de cierta tendencia a intentar hacer prosperar una vía bastante más restrictiva, basada en las orientaciones adoptadas para la moneda única, que tiene como motivación principal la ampliación y se concentra, en particular, en ciertos sectores presupuestarios, sobre todo en las acciones estructurales. 
Por nuestra parte, queremos afirmar al respecto y de forma muy clara lo siguiente: somos conscientes de la necesidad de encontrar soluciones para la ampliación, pero nos oponemos frontalmente al sacrificio de la cohesión y de otros objetivos que consideramos prioritarios para la Comunidad como vía para alcanzar esa meta. 
A eso se debe, esencialmente, nuestra discrepancia con las propuestas inicialmente formuladas por el Sr. Tillich, que tenían un mérito innegable: la claridad con que se presentaban. 
En ellas se asumía sin reservas significativas la opción restrictiva, antes incluso de que se presentara el anteproyecto de la Comisión y de que se iniciaran las negociaciones con el Consejo y hasta el punto de que, para ello, se invocara el principio de subsidiariedad. 
La lucha contra el desempleo quedaba limitada a los importes que se pretendían sacrificar en las acciones estructurales, pero, entretanto, y se debe subrayar la poca importancia que se concedía efectivamente a los problemas sociales, se apuntaba explícitamente hacia una reducción en los objetivos y en las rúbricas presupuestarias en ese ámbito. 
Resultaba evidente la ruptura con Edimburgo- y no sólo en el ámbito de los pagos relativos a los Fondos estructurales -; resultaba evidente de la petición que se hacía a la Comisión, en el sentido de que se inscribieran «en el presupuesto los importes de dotaciones para autorizaciones correspondientes a las previsiones reales». 
Pero, simultáneamente, se daban muestras de bastante generosidad con la ampliación y también con programas muy concretos, que se erigían en verdaderas prioridades para el próximo ejercicio. 
Dichas propuestas, además de la discrepancia que nos inspiraban por su contenido, colocaban también al Parlamento Europeo en una posición institucional delicada: el Parlamento Europeo quedaba totalmente desarmado en las negociaciones que habrá de celebrar con el Consejo, con lo que se repetía y se agravaba probablemente el mal ejemplo que se dio el año pasado. 
Consideramos que las votaciones celebradas el lunes en la Comisión de Presupuestos contribuyeron a modificar significativa y positivamente la propuesta inicial. 
Resulta profundamente contradictoria, desde luego, la calificación de «irrealista» que se hace de las supuestas posiciones del Consejo- calificación correcta, a nuestro juicio- con las puertas que entretanto se han dejado entreabiertas para un acuerdo con él respecto de una tasa máxima global de aumento del presupuesto. 
Y, en ese ámbito, es para nosotros una cuestión decisiva la apertura que se hace a la creación de una reserva en los gastos agrarios. 
Y es así porque aún no hemos olvidado que de este modo comenzó, en el año anterior, todo un conjunto de peripecias cuyo resultado fue la reducción del papel del Parlamento Europeo y, en particular, las reducciones que la mayoría de esta Asamblea acabó rechazando, pero, por desgracia, ya sin consecuencias efectivas. 
Se suele afirmar que la Historia no se repite, pero los hechos me mueven a ser cauteloso y a no repetir ese lugar común esta vez, en particular después de conocer las declaraciones hechas hoy por el Comisario Fishler en la Comisión de Agricultura, según las cuales- igual que hace un año- se establece una clara vinculación entre las reducciones en la agricultura y las reducciones en los Fondos estructurales. 
Ahora bien, resulta, por otro lado, al menos equívoca la redacción del punto 13, que puede tener interpretaciones perversas, hasta el punto de que de él se puede deducir que se pretenderá una revisión anticipada del reglamento de los Fondos estructurales, cosa que, naturalmente, no apoyamos. 
Otras cuestiones podríamos mencionar también como cuestiones que, naturalmente, no nos dejan tranquilos en cuanto a este proceso presupuestario, pero quisiera en particular mencionar un aspecto: respecto del informe del Sr. Tomlimson, creo que es un buen informe, que da continuidad y acentúa orientaciones positivas del pasado y que, por eso mismo, merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, Señorías, las prioridades del ponente, Sr. Tillich, muestran al Parlamento en principio la vía correcta. 
En la práctica, la cuestión de la lucha contra el desempleo y la preparación de la ampliación al Este se plantea, no obstante, de un modo muy concreto y que ha de traducirse en cifras. 
Me pregunto ¿qué tienen ambas cosas en común? 
En mi opinión mucho, porque vivimos ya en una sola Europa, aunque el camino que los diez países de la Europa central y oriental han de recorrer hasta su ingreso sea distinto. 
Nosotros también hemos de contribuir a dar forma al cambio estructural que experimenta la totalidad de la Europa oriental y que se intensificará y acelerará a consecuencia del proyecto de ingreso en la Unión Europea, al igual que sucede con el cambio estructural que aguarda a nuestros Estados miembros como consecuencia de una política industrial que ha de contemplarse parcialmente como un modelo a extinguir. 
¿Qué mejor recurso que pensar juntos los desafíos que lleva consigo ese cambio estructural para la Europa occidental y oriental y que aprender recíprocamente unos de otros? 
Podríamos conseguir que las experiencias de nuestra política estructural actual fueran útiles para la Europa oriental y viceversa. 
Por eso propongo añadir al instrumento previsto por el ponente en la categoría 4 un instrumento estructural específico en una nueva subcategoría IIa. 
Así destacaríamos adicionalmente la transición presupuestaria progresiva de la política exterior a la interior en relación con los países candidatos. 
Con la formación de una reserva negativa conseguiríamos al mismo tiempo una solución técnicamente limpia que no afecta a las obligaciones contraídas para con los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo permítanme animar al señor Presidente por esta sobrefatiga que hoy le obligan a soportar. 
Señor Presidente, tiene todo mi apoyo. 
Deseo saludar asimismo al Secretario General que por primera vez, creo, asiste desde la tribuna oficial a este debate nocturno sobre dos informes. 
Naturalmente, yo también deseo felicitar a los dos ponentes. 
Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi preocupación sobre todo por el informe Tillich y, en parte, por el informe del Sr. Tomlinson. 
Con respecto al informe Tillich, mejorado gracias a las enmiendas, siento una viva preocupación que quisiera trasladar a sus Señorías en estos breves minutos. 
Me parece impensable que el Parlamento aborde el procedimiento presupuestario con una lógica de rigor y de un presupuesto con crecimiento cero, prescindiendo de los resultados de la Conferencia de Amsterdam y de lo que podrá suceder si, por fin, la Unión Europea halla la manera de ofrecer respuestas concretas a los retos de los que tanto hablamos tan seriamente, esto es, el desempleo, etcétera. 
Esta tímida manera de afrontar las cosas precisando ya desde marzo que no se quiere aumentar ni un ápice el presupuesto comunitario, que no se quiere aumentar ni siquiera de un efectivo el personal, mientras las demás instituciones, en virtud de la Conferencia de Amsterdam, adquirirán más poderes- la Comisión podría tener más competencias y la Unión, en cuanto tal, podría dotarse de nuevas políticas- y este miedo que nos empuja a calcular, como si fuera nuestra prioridad, el número de vacaciones anuales fuera de los lugares de trabajo, no me parece en absoluto un comienzo alentador. 
En particular, señor Presidente, con relación al tema que ha centrado el debate del pasado período parcial de sesiones y respecto al cual el Parlamento ha empleado sus energías hasta casi el punto de promover una moción de censura contra el Presidente Santer y toda la Comisión, hay que constatar que aquí no se hace mención alguna a la prioridad que nos hemos marcado y que la Comisión, gracias a nuestro impulso, está en disposición de apoyar, esto es, el compromiso de llevar a cabo controles de calidad más estrictos sobre los alimentos humanos para garantizar una política en materia de sanidad y de alimentos concreta y controlada por la Comisión. 
No existe referencia alguna a todo esto, señor Tillich. 
Tengo a la vista dos enmiendas que espero que usted estudie con atención. 
Presentamos una enmienda común que fue rechazada inexplicablemente. 
Confío en que nuestro Parlamento la vuelva a proponer para ofrecer un mínimo de lógica al objeto de nuestro debate. 
En cuanto a la ayuda en materia de alimentos y a la ayuda humanitaria a los terceros países, ya hemos hablado de lo mucho que están comprometidas y utilizadas las líneas; asimismo citamos los casos en los que hay que llevar a cabo recortes. 
Existen líneas presupuestarias- la B7-210, la B7-212, la B7-217 y la B7-219- que alcanzan niveles de utilización del 180, 160 y 152 %. 
Pues bien, ¿qué decimos respecto a esto? » Estime important d 'évaluer l' efficacité de la politique de l ' aide humanitaire.» 
Qu 'est-ce qu' on doit d ' evaluer? 
En realidad, hay que animar esta política y lograr que funcione. 
Es por esto que he presentado una enmienda que espero que sea aceptada. 
Gracias, señor Dell ' Alba. 
Doblemente las gracias, por su intervención y por sus palabras de ánimo, pero le aseguro que esta Presidencia tiene una gran resistencia. 
Si usted quiere comprobarlo, podrá hacerlo el viernes por la mañana, que seguiré presidiendo. 
Pero he de confesar que, generalmente, cuando los diputados y diputadas- y esto es lo habitual- respetan el Reglamento, en realidad, presidir no es un trabajo, sino un gozo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, tras haber tomado conocimiento de su informe, me he permitido comparar, señor ponente, su propuesta con la de la Comisión en lo relativo al paquete «precios» de los productos agrícolas 1997-1998. 
Rápidamente se ha constatado lo siguiente: un 3 % de aumento en el presupuesto general, un 0, 5 % de aumento en el presupuesto agrícola y un 8 % de aumento en los Fondos estructurales. 
En definitva, un descenso del presupuesto agrícola respecto a la línea directriz, so pretexto de una no utilización de las cantidades atribuidas al FEOGA desde hace varios años, y un aumento de los Fondos estructurales, cuando todo el mundo sabe que no utilizamos el 70 % de las cantidades atribuidas. 
Tendrán que explicarnos el porqué de este doble rasero. 
Su propuesta relativa a la agricultura, acompañada de la de la Comisión, nos crea y nos creará grandes dificultades antes de las negociaciones internacionales de 1999. 
Si se aceptan estas propuestas en su estado actual, Europa cometerá un grave error estratégico al reducir estas compensaciones a los grandes cultivos. 
En efecto, me permito recordarles que en el mismo instante en que debatimos esto, en Estados Unidos ocurre todo lo contrario. 
La nueva legislación garantiza que en el año 2000 los productores de cereales tengan un nivel de subvenciones al menos equivalente a lo que era anteriormente. 
Así, nuestros competidores van a reforzar sus empresas y a ganar partes de mercado. 
Nosotros, como de costumbre, haremos lo contrario y seremos- o mejor, ustedes serán- responsables de ello. 
Frente a esta situación, nuestro Grupo les propone dos enmiendas sencillas, que tienen por único objetivo preservar el futuro de nuestra agricultura. 
Por un lado, es preciso que la Unión Europea mantenga sus compromisos frente a nuestros agricultores y, por el otro, que los criterios de convergencia de Maastricht no se conviertan en una coartada. 
Al constatar la debilidad de las propuestas de la Comisión, es pues necesario preservar el principio de los gastos obligatorios para el conjunto de las líneas agrícolas. 
Señor ponente, no me puedo imaginar que en este cuadragésimo aniversario del Tratado de Roma no tenga en cuenta el gran éxito de esta política agrícola común, y la condene. 
Señor Presidente, quiero felicitar primero a los dos ponentes aquí presentes, pero voy a concentrarme en el informe del Sr. Tillich y, por limitación de tiempo, sólo resaltaré algunos aspectos. 
Llamamos a este informe «Guidelines» , es decir, su objetivo es guiar al Consejo, dar un aviso al navegante, decirle que estas son las prioridades del Parlamento Europeo. 
Creo que si el Consejo es sabio, debería tener esto en cuenta para su primera lectura. 
El primer aviso al Consejo es que siguen existiendo unos contenciosos de suma importancia para el Parlamento Europeo. 
Quisiéramos, de una vez por todas, resolverlos conjuntamente, entre otros, el problema del fundamento jurídico que afecta a muchas líneas presupuestarias, en particular líneas de alta sensibilidad para el ciudadano europeo. 
También hay que mencionar el problema de la clasificación de los gastos; tema importante, dado que el Parlamento Europeo es una de las ramas de la autoridad presupuestaria. 
El siguiente aviso que el Parlamento Europeo transmite al Consejo es que este Parlamento tiene muy claro cuáles son las políticas en las que centra sus prioridades, su énfasis, y que lo más importante es la lucha contra el desempleo. 
Creo que nadie pone en duda que el desempleo es una verdadera tragedia familiar para quienes se ven afectados por él. 
No quisiera finalizar sin expresar un deseo: que el Consejo se lea el acta literal de este debate para informarse, puesto que no ha estimado necesario estar presente aquí. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Tillich por su excelente informe y, además, por haber continuado en este ejercicio con la fórmula de cooperación entre las distintas comisiones parlamentarias, inaugurada en el presupuesto para 1997, que evidencia la apertura y talante cooperativo de la Comisión de Presupuestos. 
Fruto de esta apertura ha sido que nada menos que once comisiones parlamentarias distintas de la de Presupuestos han formulado enmiendas a estas orientaciones presupuestarias: 39 de las 134 enmiendas presentadas tienen tal origen. 
Y ello pese a que no ha sido tarea fácil. 
Se dispuso de la traducción del informe el 25 de febrero, y el plazo de presentación de enmiendas era el 4 de marzo. 
Prácticamente apenas hubo tiempo para reaccionar, máxime cuando las comisiones parlamentarias ordinarias no tienen el tratamiento privilegiado en materia de plazos, traducción, disponibilidad de salas y autorización de reuniones de que dispone la Comisión de Presupuestos. 
Centrándonos en las enmiendas de la Comisión de Política Regional, si bien no todas han sido aceptadas en su integridad, gran parte se han incorporado al informe del Sr. Tillich, directamente o por medio de enmiendas de transacción, y otra parte ha perdido la necesidad de inmediata aprobación a la vista del texto final del informe. 
Le preocupó mucho a la Comisión de Política Regional la redacción primitiva del párrafo tercero del informe, ya que aceptaba desde el comienzo del procedimiento presupuestario no sólo un incremento medio inferior al techo fijado en las perspectivas financieras, sino que además se quería aplicar dicha reducción por igual a todas las categorías de gasto, lo que suponía que no sólo se recortarían los gastos dentro de la Categoría 2, sino que además, en este ejercicio, la reducción alcanzaría a los créditos de compromiso, suponiendo ello desconocer que la dotación de los Fondos estructurales, prevista en las perspectivas financieras, no sólo constituye una simple autorización, sino además un objetivo de gasto, como se deriva del artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento marco de los Fondos estructurales. 
Por ello, agradecemos que la Comisión de Presupuestos haya modificado el citado párrafo tercero en los términos establecidos en la enmienda de transacción presentada por el Sr. Tillich, incluyendo dentro de las exigencias formuladas al Consejo el respeto de los compromisos establecidos en el Reglamento marco de los Fondos estructurales. 
Creemos que la autoridad presupuestaria no debe comprometer el crecimiento ni el empleo. 
Por las mismas razones, a nuestra comisión le preocupaba la redacción primitiva del apartado 12 del informe, y creemos que la enmienda 72 del Sr. Christodoulou, que modificó el citado párrafo, es más adecuada al señalar en primer lugar la necesidad de continuar la política estructural, de acuerdo con los compromisos de Edimburgo, sin perjuicio de señalar su preocupación por las tasas de ejecución de estos gastos y de solicitar de la Comisión un informe detallado, así como propuestas que racionalicen y aumenten la eficacia de estas políticas. 
En conjunto, nos parece un informe razonable, y concluyo reiterando mi felicitación al Sr. Tillich por haber elaborado un informe que hace compatibles las exigencias de la austeridad presupuestaria impuestas por la Unión Económica y Monetaria con la continuidad de la cohesión económica y social. 
Señor Presidente, los informes que ahora se están sometiendo a examen constituyen un buen punto de partida para la preparación del presupuesto del año próximo, por lo que quiero felicitar a los Sres. Tillich y Tomlinson. 
La lucha contra el desempleo ha quedado establecida como objetivo prioritario del presupuesto del año que viene, y así consta en la lista de prioridades y en los puntos 1 y 2. 
El desempleo es una terrible plaga europea. 
La cifra de desempleados se acerca ya a los 20 millones y, lamentablemente, no parece haber perspectivas de que vaya a producirse una inflexión en el crecimiento del desempleo. 
Nunca se podrá hablar de cohesión europea si los ciudadanos consideran que la Unión Europea no es capaz de reducir el desempleo. 
Y todavía se podrá hablar menos de ello si surge la sospecha de que la propia política de la Unión Europea en sí misma produce un aumento del desempleo. 
Por esta razón, la lucha contra el desempleo debe entenderse como una tarea fundamental de toda la UE. 
Las pequeñas y medianas empresas ocupan un lugar clave en la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Por este motivo, es adecuado que el otro ámbito prioritario del presupuesto sea precisamente la mejora de las condiciones de funcionamiento de las PYME. 
Los Fondos estructurales son claves en el fortalecimiento de la actividad empresarial. 
La preocupación que se plantea en el informe sobre la gran diferencia entre los créditos de compromiso y los de pago de los Fondos estructurales está, en parte, justificada. 
Es innecesario comprometer créditos si no se van a utilizar. 
En el último periodo quinquenal cerca de un 20 % no se llegó a utilizar. 
Señor Presidente, con estas observaciones deposito grandes esperanzas en el proyecto de presupuesto del año que viene. 
En consecuencia, considera esencial que las actividades financieras de la Unión en las distintas ramas de la política social sigan contando con los recursos adecuados. 
Yo también lamento mucho que el Consejo no esté presente para instarle a que llegue a un acuerdo sobre los fundamentos jurídicos. 
Francamente, considero incomprensible esta actitud y esta inútil rigidez con respecto al Parlamento en particular. 
Asimismo, estimo fundamental que no sólo se apoye la política de formación, sino que se incluyan en las financiaciones de esta categoría también los objetivos definidos en el Libro Blanco sobre la educación y la formación. 
Con relación a este asunto, hoy el Parlamento acaba de votar un informe específico sobre la evaluación del Libro Blanco. 
Deseo invitar a la Comisión a que prosiga el trabajo de control, realizado en 1996, y el diálogo más sistemático con los Estados miembros en cuanto a la utilización del Fondo Social Europeo. 
Este trabajo demostró la mejora en los niveles de utilización y demuestra que las críticas- hechas también esta tarde en este Pleno- respecto a la infrautilización de los Fondos estructurales y del Fondo Social en realidad son críticas injustas, ya que hay que ver y comprobar dónde están los problemas y afrontarlos, a fin de que los recursos disponibles se utilicen todos y de la mejor manera posible. 
Señor Presidente, en esta fase es sumamente importante que en lo relativo al presupuesto agrícola tengamos un criterio claro sobre la aportación del Parlamento Europeo a este importante componente del presupuesto. 
Pienso que ahora ya podemos constatar que el debate que se ha iniciado sobre el presupuesto agrícola es más intenso que en años anteriores. 
Sobre todo en la Comisión de Agricultura. 
Sólo una cooperación muy estrecha entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuestos puede poner a salvo nuestro papel como Parlamento y mejorar la calidad del presupuesto en su totalidad. 
Se trata en este caso de una mayor transparencia, más sentido de la realidad de los gastos estimados y por ello también un uso óptimo de los recursos disponibles para las partidas presupuestarias no agrícolas. 
Con este primer informe, el Sr. Tillich ha dado un primer paso que inspira confianza. 
Espero que demuestre suficiente inventiva y flexibilidad para que la actuación común de las comisiones en cuestión logre establecer un punto de vista sólido del Parlamento Europeo. 
Ahora sobre el fondo de la cuestión. 
Por primera vez hay propuestas sobre el tapete que en el presupuesto agrícola proponen modificaciones de las primas salariales a fin de cumplir las normas en materia de gastos. 
Pero estas normas han sido pensadas unilateralmente por el Consejo. 
Por lo visto, la orientación presupuestaria para la agricultura no ha desempeñando ningún papel en este sentido. 
Todavía más extraño es que las reducciones propuestas para las primas salariales serán de índole permanente, mientras que el motivo tiene un carácter bastante único, a saber: la crisis de la EEB. 
Pienso que practicar esta forma de política agrícola no es beneficioso para la confianza de los productores implicados. 
Estos tienen derecho a que se trate con seriedad y a fondo el régimen del que dependen para subsistir y que es transferido casi por completo a la competencia de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar agradecer al ponente, Sr. Tillich, la flexibilidad que ha demostrado a la hora de discutir su documento en comisión, lugar en que no sólo se contrastan los pareceres ideológicos y regionales, sino también los del Consejo y los de la Comisión. 
Es por ello evidente que difícilmente podrá influir el Parlamento Europeo si no es la principal preocupación del ponente el conseguir un amplio consenso sobre el documento en cuestión. 
Y en aras de ese consenso me parece correcto que se haya eliminado la idea de que el presupuesto debe inspirarse en la subsidiariedad, cuando es precisamente el presupuesto el instrumento que lleva a cabo las políticas comunitarias y no el que determina la subsidiariedad. 
Estoy totalmente de acuerdo con las prioridades que expone el ponente en el punto quinto de su informe, siempre y cuando no olvidemos las cantidades predeterminadas en su día en Turín. 
Me refiero al punto 2, pues, por muy lógico que pueda parecer que el nivel de los créditos de compromiso se establezca en función de las previsiones reales, me parece menos conflictivo que no rompamos con los acuerdos de Edimburgo. 
Otra cosa será que lleguemos a la conclusión de que hay que revisar nuevamente el Reglamento financiero para anular automáticamente los compromisos que no hayan sido utilizados por los beneficiarios. 
Señor Tillich, es difícil que por medio de un presupuesto anual intentemos condicionar programas ya aprobados, por lo que no es la mejor forma para actuar sobre el medio ambiente el servirse de los gastos del FEOGA. 
Tal vez el gran interrogante que queda en este presupuesto sea sobre PHARE, TACIS y MEDA. 
¿Cómo podemos ser más realistas, que es lo que queremos ser, sin romper con los importes acordados en el Consejo Europeo de Cannes? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Tillich por su informe y felicitarle por haberse preocupado tanto de intentar representar el punto de vista de casi todo el mundo. 
En sus observaciones generales expone la idea de ayudar a los gobiernos de los Estados miembros a cumplir los criterios de Maastricht. 
He de decir que esto es irrealista. 
Nosotros gastamos el 1, 22 % del PIB de la Comunidad. 
Los gobiernos nacionales gastan el 46 %. 
El hecho de que aumentemos o disminuyamos el porcentaje en un punto o dos no influirá de ninguna manera perceptible en la capacidad de ningún gobierno nacional de cumplir los criterios de Maastricht. 
Sin embargo, a pesar del reducido tamaño del presupuesto que gastamos, hay en general un buen número de personas que alzan su voz a favor de reducir el gasto. 
Creo que esto es irrealista. 
El Sr. Tillich explica sus cuatro prioridades, que el Sr. Fabra Vallés ha mencionado y apoyado. 
Yo también doy mi apoyo a la pequeña y mediana empresa, el desempleo, la juventud y la cultura. 
Son cosas importantes. 
Pero hemos comprometido ya el 80 % del presupuesto en la agricultura y los Fondos estructurales. 
Para poder hacer una contribución significativa a las políticas propuestas como prioridades, deberemos tener al menos una ampliación de la cantidad de recursos de que disponemos. 
En al área de la agricultura, el Sr. Tillich no dice gran cosa. 
Pero da a entender que cambiando las reglamentaciones podemos ahorrar dinero. 
Hacerlo, desde luego, sería mala fe y una mala política, porque la idea era que la reforma de la política agraria común de 1992 nos durara hasta la siguiente ronda de negociaciones para los acuerdos del GATT. 
Hay que pensar con ilusión en el día en que podamos incrementar la productividad y mejorar los ingresos de las explotaciones agrarias a fin de reducir el gasto agrario. 
Yo espero sinceramente que podamos. 
Sin embargo, por ahora debe continuar. 
Nos preocupamos demasiado. Era un programa de seis años. 
Más importante es que se gaste bien a que se gaste todo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 12.00 horas. 
Cooperación Norte-Sur en materia de lucha contra las drogas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0059/97) , en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la aprobación del Reglamento del Consejo relativo a la cooperación Norte-Sur en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía (C4-0630/96-95/0167 (SYN) ) (Ponente: Sr. Liese). 
Señor Presidente, Señorías, hay en el mundo entre 40 y 50 millones de adictos a las drogas ilegales. 
Detrás de estas cifras hay muchos destinos individuales terribles. 
La dependencia de las drogas y el narcotráfico tienen muchas causas. Esa es la razón por la que hay que adoptar un enfoque integral al luchar contra el problema. 
A menudo se pasa por alto que la política de ayuda al desarrollo puede y debe desempeñar un papel esencial si se quiere combatir con éxito el problema de las drogas. 
La pobreza y el subdesarrollo son causas directas de que se cultiven drogas ilegales en los países en vías de desarrollo. 
Es un trabajo fácil para la mafia cuando no se cuenta con alternativas legales. 
También existe otro problema que se pasa por alto con frecuencia. El narcotráfico aporta mucho dinero al país, lo que trae consigo una sobrevaloración artificial de la moneda nacional. 
La consecuencia es que los que se alimentan de productos legales se ven doblemente castigados porque pueden ganar menos. 
También en este caso el honrado hace desgraciadamente el tonto. 
Por lo tanto, para solucionar el problema de las drogas son necesarios también los medios de la cooperación al desarrollo. 
Agradezco la ayuda de todos los que han colaborado en la elaboración del informe, en particular la buena cooperación de la Comisión y las contribuciones de los diputados y diputadas. 
Hemos evitado caer en disputas ideológicas en el tema de la política del desarrollo. 
No hemos celebrado ningún debate de principios sobre la liberalización de las drogas ilegales, porque ese debate no nos hubiera acercado al objetivo ni hubiera resuelto en verdad ningún problema. 
¿Cuáles son los puntos centrales de este informe y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación? 
Queremos que los países con los que cooperamos muestren voluntad política de luchar contra las drogas, especialmente a través de la promulgación de leyes sobre el blanqueo de dinero y el correspondiente control. 
Queremos que los derechos humanos sean particularmente respetados y que se tenga en cuenta la posición clave de la mujer en el proceso de desarrollo alternativo. 
Apoyamos también a la Comisión en su iniciativa de colaborar con las Naciones Unidas en la lucha contra las drogas. 
Como ponente, para mí la cuestión principal- y la comisión me ha seguido en este punto- era dar prioridad al concepto de desarrollo alternativo, lo que significa ofrecer oportunidad a las personas de ganarse su sustento cultivando productos legales y sin necesidad de plantar drogas. 
Esto suena muy simple, pero en la práctica resulta muy complicado. 
No se trata tan sólo de sustituir las plantaciones de coca y adormidera por alguna otra cosa, sino que se requiere un planteamiento integral. 
Tenemos que contar con formación, con estructuras de comercialización para otros productos y con posibilidades de transporte. 
Cuando se dispone de todo esto, el concepto del desarrollo alternativo funciona. 
Yo mismo tuve el año pasado la oportunidad de observar en Colombia varios proyectos de Naciones Unidas parcialmente cofinanciados por la Comunidad. 
Me produjo mucha impresión la posibilidad de sustituir grandes extensiones de cultivo de drogas por cultivos legales y de ofrecer de esta manera una perspectiva de futuro a las personas. 
También en este caso, no obstante, se requiere un grado mínimo de estado de derecho y la certeza de que el que comercie con drogas ilegales será sancionado en algún momento. 
El Consejo aceptó gran parte del informe en primera lectura. 
En especial, hay que reconocer que ha superado los problemas iniciales de sutilezas jurídicas acerca de la base jurídica y que ha admitido el derecho de codecisión del Parlamento. 
Pero, desgraciadamente, no hemos conseguido imponernos en todos los puntos. Por eso proponemos una vez más una precisión, en especial en lo que atañe al desarrollo alternativo. 
No sólo queremos que se financie el desarrollo alternativo con esta línea presupuestaria, sino también que se investiguen sistemáticamente las posibilidades que ofrecen los otros instrumentos financieros de la Comunidad y el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Hemos de tener una postura más comprometida en este campo, lo que implica, naturalmente, no recortar la ayuda al desarrollo, sino aumentarla para luchar contra las drogas. 
De lo contrario, las declaraciones del Consejo Europeo sobre la lucha contra las drogas no resultarán muy creíbles. 
Señor Presidente, ante todo, quiero felicitar al ponente, Sr. Liese, por el excelente trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de estos meses y por haber conseguido, con la colaboración de todos nosotros, que la Comisión de Desarrollo y Cooperación se expresara de forma unánime en dos ocasiones. 
El desarrollo de la cooperación en materia de lucha contra la droga y la toxicomanía es un objetivo que el Parlamento se marcó hace tiempo y no responde a otra razón que a la búsqueda de una respuesta inteligente a uno de los problemas que trastornan la vida de millones de personas tanto en las sociedades del Norte como en las del Sur del mundo, que perturba las relaciones políticas, sociales y económicas a escala internacional y que, actualmente, es la principal fuente y el principal soporte de las más proficuas formas de criminalidad a escala internacional. 
También en el ámbito de la lucha contra la droga y el narcotráfico, la cooperación al desarrollo implica una gran acción de solidaridad internacional y de cooperación con los terceros países y una manera inteligente, preventiva y más fuerte de afrontar y resolver los problemas que más directamente afectan a nuestras sociedades. 
Los objetivos que perseguimos y que las Instituciones comunitarias persiguen a través de esta propuesta de Reglamento son tres: en primer lugar, reducir el impacto de la producción de drogas como factor de estímulo de la demanda de consumo de las propias drogas; en segundo lugar, reducir el poder de las mafias y de los cárteles, cortándoles en cierto modo las alas y reduciendo sus puntos de referencia; en tercer lugar, reducir la importancia económica de la producción de drogas en la mayoría de los países en desarrollo. 
Se trata de hallar una propuesta inteligente, habida cuenta de que es necesario entrar en una lógica de alianza con las poblaciones del Sur, para las que la producción y el comercio de substancias estupefacientes es con frecuencia la única o la principal fuente de sustento. 
Desde este punto de vista, se ha subrayado con acierto el papel fundamental de la educación y la concienciación de las poblaciones interesadas, pero sobre todo es importante la integración de las políticas de desarrollo y de lucha contra la pobreza en los aspectos de la lucha contra la producción de drogas. 
Se ha recordado justamente que no basta con plantearse la cuestión inmediata de los cultivos alternativos, sino que es necesario intervenir en una organización social contra la dependencia de las mafias y promover el papel de la mujer y los proyectos piloto de desarrollo alternativo, basados en el saneamiento de los sistemas económicos de producción y, más en general, en el saneamiento de las sociedades. 
Después de la primera lectura del Parlamento, algunas de las enmiendas aprobadas por éste fueron adoptadas por el Consejo. 
Sin embargo, estimamos que no se tuvieron en cuenta ciertas cuestiones, en particular la posición clave de las mujeres, las implicaciones sociales y medioambientales de las acciones en los derechos humanos y la buena gestión. 
Por ello, nuestro Grupo votará las 23 enmiendas aprobadas por la Comisión de Desarrollo. 
Señor Presidente, he leído a fondo esta posición común del Consejo de la Unión Europea con gran interés. 
Veo que se ha planeado una serie realmente impresionante de actividades. 
¡Vamos a intentar de veras ayudar a los países en desarrollo! 
Es muy loable, porque la verdad es que estamos exportando drogas sintéticas a esos países y, por una vez, no les estamos echando la culpa de que ellos nos exporten a nosotros. 
Pero sé también, porque he tenido algo que ver con el tema de la droga y hace poco he hablado con el Sr. Gelbard, secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que ellos han gastado 1.000 millones de dólares estadounidenses en la erradicación de cultivos en Bolivia. 
No han tocado Perú todavía porque no han encontrado mucha cooperación. 
Y veo también que todo este gran trabajo que se va a desarrollar entre 1998 y el año 2.000 va a costar 30 millones de ecus. 
Sólo pido que comparen los 1.000 millones de dólares estadounidenses que ha gastado Estados Unidos en la erradicación de cultivos en un país con los 30 millones de ecus que se van a gastar en el período comprendido entre 1998 y el año 2000 en virtud de todos estos planes que están tan bien elaborados, tan detenidamente pensados de arriba a abajo. 
¿Qué estamos haciendo? 
¿Hablamos en serio? 
No puedo creer que estemos hablando en serio si ese es el dinero que vamos a gastar. 
No tengo nada más que decir. 
Señor Presidente, al felicitar al Sr. Liese por la calidad de su informe querría centrarme en las tres enmiendas que, una vez más, presento con su apoyo. 
En primer lugar, la enmienda nº 3: la necesidad de evitar las contradicciones entre la política de la UE para combatir el tráfico de drogas y las del Banco Mundial y demás instituciones financieras. 
Las posibilidades alternativas de desarrollo para los productores de cultivos relacionados con la droga en los países en desarrollo se ven a menudo obstaculizadas por unas políticas macroeconómicas desfavorables impuestas directa o indirectamente a esos países. 
A los campesinos les resulta cada vez más difícil producir de forma competitiva otros cultivos destinados a la exportación en las condiciones de ajuste estructural imperantes. 
Nuestro reglamento debería hacer mención a esto y exigir que la Comisión trabaje junto con los Estados miembros, dentro de las instituciones internacionales, a fin de reducirlas. 
En segundo lugar, la enmienda nº 4, con la que se pretende garantizar que los criterios para decidir si un país puede acogerse a las ayudas de la UE y los criterios de evaluación de los proyectos se definan de forma dialogada entre la Comunidad y los gobiernos u organizaciones con los que colabora. 
Es sumamente importante que la UE no siga el ejemplo de los Estados Unidos, que en algunos países ha condicionado unilateralmente las ayudas para combatir la droga a que se consigan unos objetivos de erradicación. 
No sólo es cuestionable el valor a largo plazo de la erradicación forzosa, sino que la erradicación motivada por unas condiciones impuestas está provocando una grave inestabilidad social en países como Bolivia y Colombia. 
En tercer lugar, la enmienda nº 5, con la que se pretende dar prioridad a que los pequeños productores campesinos puedan beneficiarse de las preferencias comerciales de la UE. 
Los pequeños agricultores, incluidos los que se dedican a cultivos relacionados con la droga, son los que debieran ser objeto de nuestra ayuda al desarrollo en este ámbito y, por lo tanto, ser objeto del reglamento. 
Todos en el Parlamento estamos unidos en nuestra determinación de combatir el tráfico de drogas. 
Pero el presente reglamento tendría que reconocer las medidas prácticas que son necesarias para llevar a cabo la política de la UE de responsabilidad conjunta en el problema de la droga: el respeto por unas auténticas diferencias culturales, la atención a la lucha contra la pobreza y un marco de comercio no desleal pueden triunfar allí donde han fracasado las medidas represivas. 
Comprometámosnos en nuestro reglamento con estos objetivos. 
Señor Liese, muchas gracias por su informe y puede usted creerme: la Comisión ha hecho de la lucha contra las drogas una de sus prioridades. 
El consumo, la producción y el tráfico ilícito de drogas son, junto con el blanqueo de capitales, problemas a los que han de enfrentarse gran número de países en América Latina, África, Oriente Medio y Asia. 
La producción ilícita de drogas- no es un secreto, usted lo dice en su informe- tiende a globalizarse, y ya no son únicamente algunos países en desarrollo los que cultivan y transforman la coca, la adormidera o el cannabis en América Latina, África, Oriente Medio o Asia. 
Los países industrializados y otros países en desarrollo han iniciado, desgraciadamente, también la producción de las llamadas drogas de diseño, drogas sintéticas. 
Por otra parte, el consumo ilícito de drogas ha pasado a ser un problema de salud pública para un número creciente de países en desarrollo y no solamente para los países ricos. 
Esta globalización está muy estrechamente vinculada a los beneficios que precisamente producen las actividades relacionadas con la droga que, como es sabido, son colosales. 
Pero el blanqueo del dinero no es privilegio de los países industrializados con sistemas bancarios avanzados, sino que se realiza un poco en todas partes, de este a oeste, de norte a sur. 
La Unión Europea, como ustedes saben- por contestar a alguna de las inquietudes del Sr. Howitt- se ha separado de las políticas de certificación, como las que practican los Estados Unidos, y hemos incorporado el principio de la responsabilidad compartida, tanto en nuestra posición política en Viena como en la futura posición que adoptará la Unión Europea en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de la droga. 
Responsabilidad compartida en el sentido de que si bien hay una gravísima responsabilidad del lado de los países productores- no se puede negar -, también hay una grave responsabilidad del lado de los países consumidores. 
Y pensamos que sólo a través de la asunción del principio de la responsabilidad compartida, de la corresponsabilidad, se podrán crear las bases de un diálogo internacional que permita combatir esta plaga. 
No creemos- y en eso le doy la razón- que con medidas unilaterales de certificación se vayan a conseguir objetivos ciertos en materia de lucha contra la droga. 
Se plantea una cuestión absolutamente elemental, que señala el Sr. Stewart-Clark, viejo conocedor del problema de la droga- él ha elaborado ya varios informes aquí en el Parlamento Europeo-. 
Realmente, esta línea presupuestaria es muy modesta en cuanto línea específica destinada a la droga. 
Sin embargo, no hay que olvidar que en muchos de los programas de cooperación que se están desarrollando, fundamentalmente en el Mediterráneo- es el caso de Marruecos o, en América Latina, el caso de Bolivia y Perú- hay una gran parte de estos proyectos de cooperación que están dedicados fundamentalmente al cultivo alternativo. 
Y en el caso de Bolivia me permitiría darle una información: el cultivo alternativo de la zona del Chaparé, en Bolivia, lo está financiando la Unión Europea. 
Estados Unidos ha puesto cero dólares. 
Y hay que tener un poquito de cuidado en la presentación de estas cifras impresionantes respecto a la lucha contra el narcotráfico, porque hay que distinguir lo que es cooperación al desarrollo de gasto militar y de gasto policial. 
Seguramente, si la Comisión Europea en su informe incluyera todos los presupuestos nacionales de los 15 Estados miembros, todos lo que gasta Scotland Yard, todo lo que gasta la Gendarmería francesa, todo lo que gasta la policía alemana, todo lo que gasta la Guardia Civil española, la Guardia de Finanzas italiana, seguramente el volumen de lo que gasta la Unión Europea en la represión de la droga sea una cifra también impresionante. 
Pero esto es una cuestión que se tiene que ver desde distintas perspectivas. 
En el tema concreto de esta línea presupuestaria, para nadie es un secreto que vivimos en la más absoluta de las modestias. 
Pero quiero hacerles una advertencia: el propio Parlamento Europeo, ustedes mismos, en las perspectivas financieras de 1996, decidieron reducir en un millón la ya modesta suma de 11 millones de ecus. 
En consecuencia, es difícil pedirle explicaciones a la Comisión de por qué ustedes tomaron la decisión de rebajar aún más la ya de por sí modesta suma de la línea. 
Pero insisto, gran parte de los programas de la cooperación al desarrollo se están dedicando a estas cuestiones. 
Naturalmente, hay problemas como la protección de los derechos humanos, la política global de la pobreza- ahí podemos aceptar la recomendación del Parlamento Europeo -, y yo me alegro, señor Liese, de que esté usted contento al menos esta noche con la Comisión- no sabe usted lo que nos emociona que el Parlamento esté contento con la Comisión, porque esto no ocurre muchas veces -, de que estemos en condiciones de aceptar prácticamente el 90 % de sus enmiendas, aunque hay algunas que sí nos crean dificultades. 
Algunas de fondo, la enmienda nº 4; otra, la enmienda nº 21, sobre todo por cuestiones de organización interna de la Comisión. 
Nosotros preferimos siempre, lógicamente, presentar la ejecución de la línea presupuestaria al final del año y no en el primer semestre, porque generalmente la Comisión identifica los proyectos en los meses de enero, febrero y marzo, los aprueba en abril, mayo y junio, y estos proyectos se suelen ejecutar a partir de octubre, noviembre y diciembre. 
En consecuencia, para nosotros, trabajar al fin del año responde a la lógica de la organización interna de los trabajos. 
Con respecto a la enmienda nº 3, usted sabe que la Comisión no es, como tal, parte integrante de las instituciones internacionales. 
Esto es una tarea que corresponde a la Unión Europea que generalmente está representada por nuestro honorable Consejo de Ministros. 
Gracias, pues. 
Este informe es valioso, es orientativo, pero qué duda cabe que todavía falta disponer de un cuadro global, sobre todo presupuestario, que permita dar credibilidad a esta interesante política en materia de drogas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Permítame que le felicite por su excelente pronunciación del catalán y también por haber subrayado usted eso que ha llamado, si he entendido bien, » soledad solidaria» , pero ciertamente, discutiendo una cosa tan importante como la que estamos discutiendo esta noche, hemos de confiar en que la lectura atenta del Arc-en-ciel subsane las ausencias en el debate. 
El debate quedado cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 12.00 horas. 
Políticas demográficas en los países en vías de desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0057/97) , en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a las ayudas a las políticas y programas demográficos en los países en vías de desarrollo (C4-0631/96-95/0166 (SYN) ) (Ponente: Sr. Nordmann). 
Señor Presidente, el crecimiento demográfico es un problema para el desarrollo de muchos países. 
Pero no es, en modo alguno, la única causa de la pobreza de los países en vías de desarrollo, ni tampoco, según el convencimiento de nuestro Grupo, su causa principal. 
Por tanto, no se debe utilizar el crecimiento demográfico como coartada para negar la ayuda y las preferencias comerciales necesarias. 
Por otra parte, es cierto que se ha de actuar con energía en este campo. 
Se deben encontrar soluciones que tengan en cuenta a las personas. 
Por razones personales, estoy convencido de que a las familias, sobre todo a las mujeres, no les hace felices un gran número de hijos. 
Precisamente las mujeres necesitan información sobre control de natalidad y ayuda práctica. 
Me parece correcto que la Unión Europea brinde esta información y esta ayuda práctica. 
Por supuesto que no se pueden repartir preservativos exclusivamente, eso lo sabemos todos. 
Es preciso un enfoque integral. Para controlar el problema de la población es clave, la educación, sobre todo de las mujeres. 
Para nuestro Grupo era muy importante lo que ya ha quedado claro durante el debate: queremos evitar especialmente los embarazos no deseados. 
Por otro lado, puesto que se trata de una línea presupuestaria sobre política de población, sobre demografía, hay que aplicar en esta materia la decisión de la Conferencia de El Cairo, lo que implica la exclusión del aborto como un medio de controlar la natalidad. 
Si estamos tratando de demografía y no de ayuda humanitaria en general, entonces no vale el argumento de un aborto en condiciones médicas insuficientes, ya que estamos ante una cuestión de política demográfica. 
Está claro que no hay acuerdo sobre el tema del aborto y que no lo vamos a conseguir ni en el Parlamento ni en la Unión Europea. 
Tampoco es el objetivo de nuestra enmienda lograr una opinión de la Unión Europea sobre el aborto. 
Hemos de tomar en serio la Conferencia de El Cairo, en cuanto que se trata de una cuestión de política demográfica. 
Agradecería por ello que los demás Grupos pudieran manifestar ya su disposición a aceptar las enmiendas núms. 3, 4 y 5. 
Estas enmiendas surgieron en primera lectura de otros Grupos. En especial, la enmienda nº 5 proviene del Grupo socialista. 
No se puede apoyar a los países ni a las organizaciones que utilizan el aborto forzoso y que permiten que se mate a niños como medios de control de población. 
Creo que, en realidad, no caben argumentos en serio contra una enmienda como ésta. 
Por eso pido una vez más un voto favorable en este punto. 
Señor Presidente, al abordar este asunto, quisiera también decir que el demográfico, aun no siendo la causa única de la situación de los países en vías de desarrollo, es un problema que no se puede pasar por alto lo más mínimo. 
Y, por consiguiente, me parece que las conclusiones de la Conferencia de El Cairo son perfectamente apropiadas y que todos nosotros debemos defender hasta las últimas consecuencias: en particular lo referente a la interrupción del embarazo, que en la Conferencia de El Cairo, de forma ineludible, se presenta como un proceso que no se debe abordar como un método anticonceptivo, merece nuestro beneplácito y nuestro apoyo. 
De cualquier modo, el problema demográfico que afecta a los países en vías de desarrollo es un problema que exige una apuesta muy seria en la formación y en la prevención. 
Hay un conjunto de políticas que se tienen que aplicar y, por consiguiente, hay que apostar muy en serio por políticas de salud pública y también por el desarrollo en el nivel apropiado de las políticas de información sexual que sean compatibles con un planteamiento mínimamente positivo de esa problemática. 
En esa perspectiva, las posiciones expuestas por el Sr. Nordmann me parecen extraordinariamente correctas. 
Por un lado, hay que considerar que el compromiso subscrito por la Unión, que se refiere al fortalecimiento de las ayudas a los programas demográficos de los países en vías de desarrollo hasta 300.000 millones de escudos a que ascenderá en el año 2000, es fundamental como contribución mínima para que se puedan abordar esas cuestiones y también me parecen muy bien abordadas por el ponente las cuestiones de la comitología. 
Hay que dar preferencia a comités como el FED, el MED, el Comité ELA, porque mediante un trabajo de información, de audición y de consulta permanente es como se puede abordar este problema de forma lograda y positiva para la Unión y para los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, nos parece extremadamente importante que la Unión Europea cumpla las obligaciones por ella contraídas en la Conferencia de El Cairo para el desarrollo demográfico de tal manera que sea realmente posible una amplia participación en las medidas de planificación familiar de los países en vías de desarrollo. 
En este sentido, mi Grupo apoya el presente informe. Esperamos que se acepte de tal forma que no implique ningún unilateralismo ideológico. 
No puedo ocultar que en la Comisión de Desarrollo hubo una controvertida votación de las enmiendas que se vuelven a presentar ahora. 
Ciertamente, otorgamos la misma importancia que el Grupo del Partido Popular Europeo a que los países en vías de desarrollo participen en condiciones de igualdad en las licitaciones. En este sentido, no hay diferencias. 
Decimos, sin embargo, con toda claridad que nuestro Grupo no puede apoyar las enmiendas que subrayan el unilateralismo ideológico. 
Ya se verá qué decisión toma el pleno. 
Quisiera volver una vez más sobre El Cairo porque creemos que esa Conferencia de las Naciones Unidas supuso un progreso sustancial, y también porque ha contribuido a que la opinión pública se sensibilice y perciba que hemos de frenar el crecimiento demográfico para que no suceda lo que por desgracia hay que lamentar en muchos países en vías de desarrollo, que los progresos en el crecimiento económico son absorbidos por un crecimiento demográfico todavía mayor. 
Que esto no se debe conseguir mediante medidas forzosas, nadie lo niega. Pero, por otro lado, no hay, en nuestra opinión, que hacer muchos proyectos que se inmiscuyan en los asuntos internos de los Estados. 
En última instancia, nos encontramos ante concepciones extremadamente diferentes en los distintos ámbitos culturales y a nosotros no nos compete hacer más proyectos que los estrictamente necesarios. 
Como mujer dedicada a la política quisiera hacer notar que fue sin duda un progreso que en El Cairo se aceptara que las mujeres pueden decidir libre y autónomamente el momento de tener hijos y su número. 
Así vemos nosotros el informe y así quisiéramos que se aprobara. 
Muchas gracias, señor Nordmann, por su informe, que, efectivamente, sitúa el debate de esta noche en un ámbito de concepción común entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo en torno a una cuestión tan importante como la demografía, en lo que se refiere tanto al ámbito poblacional como a los fenómenos de salud y de producción en todos los puntos del planeta. 
En términos globales, los objetivos prioritarios que está persiguiendo la Comisión, y creo que compartidos largamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, son tres: el primero, permitir a mujeres, hombres y adolescentes decidir libremente y con conocimiento de causa sobre el número y la frecuencia de tener hijos; segundo, contribuir a la creación de un entorno sociocultural, económico y educativo para el pleno ejercicio de esta opción, especialmente para las mujeres y adolescentes, a través de la condena y erradicación de toda forma de violencia sexual, mutilación y abuso que afecten a su salud y a su dignidad. 
La Comunidad Europea respalda en particular- por calmar un poco las inquietudes del Sr. Liese- la posición sobre el aborto, adoptada en la Conferencia de El Cairo, en contra de su utilización como método de planificación familiar. 
Y en tercer lugar, queremos contribuir a desarrollar o reformar los sistemas de salud para aumentar la accesibilidad y la calidad del cuidado de la salud reproductiva en el caso de las mujeres y los hombres, incluidos los y las adolescentes, reduciendo así de forma significativa los riesgos para la salud de las mujeres y los niños. 
La propuesta inicial de la Comisión ha sido ajustada de forma muy considerable- lleva razón el Sr. Nordmann -, incorporando una gran parte de las enmiendas que fueron propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
Quiero agradecer, pues, esta colaboración en este aspecto concreto. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, refrendadas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, quiero hacer los siguientes comentarios: la Comisión acoge favorablemente la enmienda nº 2 en lo que se refiere a la comitología; por lo que se refiere a la enmienda nº 1, sobre el aumento de la financiación comunitaria en el ámbito de las medidas y políticas demográficas antes del año 2000 por un montante de 300 millones de ecus, la Comisión- tengo que señalárselo- no estará en condiciones de introducir, por razones meramente técnicas, esta posibilidad, ya que el Reglamento- o la base jurídica del Reglamento que estamos discutiendo esta noche- va a permitir el dotar de base jurídica a una línea presupuestaria destinada a cuestiones demográficas, que también tiene un montante muy modesto: apenas 8 millones de ecus, que están dedicados a financiar proyectos piloto. 
Ahora bien, quiero comentarles otra vez el debate que he tenido con el Sr. Stewart-Clark, concerniente al dinero que se gasta para la droga. 
La política demográfica no se halla solamente en esta línea presupuestaria, porque si ustedes van sumando todas las políticas que tenemos- América Latina, África, Mediterráneo, Asia- y lo que se hace en los programas bilaterales con los distintos Estados que reciben nuestra ayuda, se ha superado con creces la cifra de 300 millones de ecus. 
Y otra vez se plantea, como ocurre en el presupuesto comunitario, la forma en que se presentan las cosas: si presentamos los gastos en demografía contenidos en el Convenio de Lomé, en América Latina, en el Mediterráneo y en Asia, pueden estar ustedes convencidos de que superamos los 300 millones de ecus. 
Si se pretende crear una línea presupuestaria con más de 300 millones de ecus sólo para demografía, tendremos el mismo problema que con la línea «droga». 
Hay que optar, y yo creo que nos hallamos más bien frente a un problema de presentación de cómo se gasta el presupuesto comunitario que ante una disputa de cifras con la Comisión de Cooperación y Desarrollo. 
Luego, hay una serie de enmiendas- la 3 y la 4 -, con la que tenemos dificultades por una serie de razones objetivas. 
Las enmiendas 5 y 8, pensamos que no son necesarias porque los criterios de estas enmiendas están ya suficientemente recogidos en los considerandos de la posición común. 
Sin embargo, sí quisiera señalarles un ejemplo de algo que se está haciendo en materia de demografía y que son las tres últimas decisiones que hemos tomado en términos de proyecto de cooperación bilateral, para demostrar que superamos con creces los 300 millones. 
Primera prueba: la subvención de 200 millones de ecus, destinados al programa de bienestar familiar en favor de la India para apoyar la realización de una nueva serie de políticas que van a centrarse en el ámbito de la planificación familiar, pero también en una aproximación global de medidas de salud productiva. 
Solamente en la India, en términos de bienestar familiar, estamos gastando ya 200 millones de ecus. 
La iniciativa «Asia» sobre salud reproductiva- 25 millones de ecus- que recientemente hemos firmado con la Dra. Nafis Sadik, del Fondo de las Naciones Unidas para la población el mes pasado, trata de un programa innovador para trabajar fundamentalmente en el continente asiático. 
Y por último, otro ejemplo bilateral: en Filipinas, un programa sobre maternidad de 19 millones de ecus, que contribuirá a reducir los riesgos para las mujeres embarazadas y las parturientas, disminuyendo las tasas de mortalidad materna. 
He querido mencionar estos ejemplos- India, 200 millones; programa de planificación con Naciones Unidas en Asia, 25 millones, y la última decisión de Filipinas, 19 millones- para demostrar que, si vamos sumando todo lo que hacemos en los distintos programas de cooperación bilateral, la Comisión de Cooperación y Desarrollo no tendrá ningún inconveniente en constatar que, en este caso concreto, estamos respondiendo a su demanda, pero naturalmente con una presentación distinta. 
Gracias a usted, señor Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 12.00 horas. 
Cuarto Programa marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico y demostración (1994-1998) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0084/97) , en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adapta por segunda vez la Decisión 1110/94/CE relativa al Cuarto Programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológico y demostración (1994-1998) (C4-0041/97-96/0034 (COD) ) (Ponente: Sr. Linkohr). 
Señor Presidente, la Comisión de Investigación aprobó mi informe el lunes por gran mayoría; de hecho, por unanimidad salvo dos abstenciones. 
Los recursos de todos los programas, excepto los de investigación de la EEB, que ha sido considerada con generosidad, deben duplicarse. Y además, han de destinarse 33 millones de ecus para energías renovables y para agua. 
Sobre las enmiendas diré brevemente que el lunes no se presentó ninguna y que ahora, sin embargo, se ha propuesto un número considerable. 
Aunque comprenda perfectamente muchas de ellas, he de sugerir como ponente que se rechacen, porque represento la opinión de la comisión. 
En cualquier caso, muchas de ellas están contenidas en el informe, como se puede ver. 
El conflicto ante el que nos encontramos no procede, sin embargo, de las enmiendas. 
El conflicto afecta, en definitiva, al dinero. A este respecto, recomiendo al Parlamento muy encarecidamente que apoye unánimemente el informe si queremos tener alguna posibilidad en la Comisión de Conciliación. 
Me siento relativamente confiado, porque la Comisión de Presupuestos es de la misma opinión y ello nos asegura que de hecho se negociará duramente. 
Entrando en el asunto, me parece extraño, en primer lugar, que el Consejo haya necesitado tanto tiempo para tomar una decisión y, en segundo lugar, que no se vea en condiciones de disponer de 100 millones más. 
Recuerdo que esos 100 millones no son una carga adicional para el contribuyente, sino que son recursos que el Parlamento ha extraído del presupuesto ahorrándolos en otras partidas y que podemos ahorrar otros 100 millones en el nuevo presupuesto, es decir, que con prudencia podemos conseguir esos recursos. 
Disponemos, por tanto, del dinero. 
De cualquier modo, los 100 millones están en la reserva y sólo se pueden gastar si hay una base jurídica. 
En este punto recuerdo lo que se dice con frecuencia y lo que la Comisión ha señalado con justicia una y otra vez: por desgracia, la competitividad europea disminuye en vez de aumentar. 
La insistencia en repetir esta afirmación una y otra vez no la hace falsa. 
La razón por la que se pierden numerosos puestos de trabajo en Europa es la pérdida de competitividad. 
Si hemos discutido esta mañana sobre los problemas de Renault y con Renault, se debe en parte a que Europa ha entregado su competitividad a terceros y, además, a sabiendas. 
En cualquier caso, espero que el resultado de este debate y, sobre todo, de la pugna con el Consejo de Ministros, constituya, por lo menos, una pequeña señal. 
Sé que 100 ó 200 millones de ecus son una cantidad pequeña para lo que se gasta anualmente en Europa en investigación, pero pueden representar una señal. 
Desgraciadamente, la investigación carece de grupo de presión. 
Es demasiado recatada para echarse a la calle y los investigadores no cuentan para los políticos porque su número es demasiado pequeño. 
Por eso la investigación ha de apoyarse en el Parlamento. Espero que consigamos una gran mayoría. 
Si el Parlamento vota a favor, cosa que espero, también conseguiremos rápidamente un procedimiento de conciliación y una decisión, de tal manera que pueda aparecer en el Diario Oficial. 
Si no se consigue un acuerdo a tiempo, entonces no servirán de nada las mejores decisiones, pues ya no se podrá gastar el dinero. 
Desde esta perspectiva, insto al gran número de diputados hoy presentes a apoyar el informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Linkohr, sobre todo por su paciencia en esta historia aparentemente interminable de la refinanciación del cuarto programa marco. 
Ahora la rapidez es esencial. 
Los meses van pasando imperceptiblemente; se está desperdiciando materia gris. 
Por eso esperamos que esta decisión se tome y ponga en práctica rápidamente. 
Lamento mucho la aparente ausencia del Consejo de Ministros de ese importante debate, aunque puedo estar equivocada. 
La máxima prioridad de la Unión Europea es el empleo. 
Una forma de crear puestos de trabajo, aunque ciertamente no la única, es hacernos más competitivos por medio de la investigación y el desarrollo. 
Por otro lado, hay problemas en la sociedad en los que también pueden ayudar la investigación y el desarrollo. 
Y la Unión Europea aporta una valor añadido. 
Eso es lo que se piensa en los mundos académico e industrial. 
Se produce un efecto multiplicador. 
Por consiguiente, resulta si cabe más extraño que el Consejo de Ministros y los Estados miembros que lo componen deseen repatriar dinero a donde no tiene ese valor añadido. 
Estamos decepcionados con el recorte de los 700 millones de ecus esperados, que por supuesto habían llevado a elaborar propuestas, hasta una miserable cantidad de 100 millones de ecus, más de una tercera parte de la cual deberá gastarse en la EEB. 
En la Comisión de energía, investigación y tecnología deseamos expresar nuestro más efusivo agradecimiento a la Comisión de Presupuestos por su apoyo. 
Es una comisión que mira hacia el futuro. 
Ha hecho de la investigación y el desarrollo una de sus prioridades y ha encontrado más dinero para poder gastar en ello. 
Ha sido la comisión que lo ha encontrado. Espera algún tipo de reconocimiento por sus esfuerzos por parte del Consejo y de la Comisión. 
Pasando brevemente al contenido del informe del Sr. Linkohr y a la forma en la que esperamos que se emplee ese dinero- no olviden que esto es codecisión -, en el informe del Sr. Linkohr están reflejadas algunas de las prioridades del Parlamento Europeo: nuestro deseo de que se investigue sobre las minas terrestres, el transporte intermodal, los multimedia educativos y, sobre todo, la energía renovable; debo dejar claro que la Comisión de presupuestos puso la condición de que una parte de ese dinero extra se dedicara a la energía renovable. 
Me dicen los investigadores médicos que la suma que va a gastarse en la EEB es irrealmente elevada. 
Sin embargo, en interés de que el informe se apruebe rápidamente, consentiremos en ello. 
Pero no proponemos doblar dicho importe al pasar de 100 a 200 millones de ecus. 
Es un informe razonable, apoyémoslo todos y hagamos que sea aprobado enseguida. 
Señor Presidente, nuestro Grupo votará a favor de este informe, aunque no sin resquemores. 
En este asunto, he de decir que realmente admiro al ponente por su trabajo. 
Sólo por el hecho de que esté en conciliación desde hace dos años ya lo admiro. 
El resultado: 700 millones de ecus en una reserva significan el 5 %. 
Sin querer empequeñecer el derecho de codecisión del Parlamento, lo que, por supuesto, no deseo, permítaseme preguntar: ¿merece la pena para esto todo el procedimiento? 
En este asunto hay una cosa que me maravilla. 
Hoy han estado aquí los trabajadores de Renault, tenemos el problema de los mineros en Alemania. 
¿Qué hacemos nosotros? 
Cuando se trata del futuro, de la investigación, del desarrollo, de las posibilidades de transformación de la industria, entonces tratamos de ahorrar. 
Si el dinero ahorrado en el ámbito europeo se gastara de hecho cabalmente en investigación nacional, me daría lo mismo. 
Pero he de decir que tengo mis dudas al respecto. 
En cualquier caso, soy de la opinión de que hemos de encontrar para el futuro otra forma de financiar nuestra política de investigación que no consista en un debate de remodelación del presupuesto en mitad del programa marco. 
Ya participé en esto mismo hace cuatro años. Entonces no me causó ninguna alegría y hoy tampoco. 
En segundo lugar, tengo mis dudas con respecto al papel de la Comisión en toda esta historia, ya lo he dicho. 
¿Qué seriedad pueden tener unas propuestas que prevén la asignación de 700 millones a task forces, para las que se ejerce una gran presión, si luego se pueden cambiar de un plumazo? 
¿Dónde estaba la vinculación si después se mostró que no conseguimos 700 millones, sino solo 100? 
Cuando miro la lista y la distribución de los recursos: ¿qué más da, honestamente, dar dos millones aquí o allá? 
¿Dónde está nuestra vinculación? 
La vinculación significa también tener el valor de decir lo que no queremos. 
Eso no lo hemos conseguido. 
Para mí y para mi Grupo, todo esto es un proceso de aprendizaje. 
Soy de la opinión que necesitamos otra forma de cooperación para el Quinto programa marco. 
Necesitamos quizá otras estructuras y yo, en cualquier caso, me esforzaré por dar una forma positiva a esta cooperación. 
Si ahora abandono y doy al ponente todo mi apoyo, sería como resignarme un poco. 
Pero no estamos preparados para el futuro. 
Señor Presidente, la posición común que nos presenta el Consejo representa un paso atrás respecto de la primera lectura del Parlamento. 
En este momento histórico en el que la importancia de la investigación está aumentando día tras día, considero un error dejar de financiar de forma coherente este programa que permitiría a la Unión Europea mejorar y desarrollar la investigación coordinada, permitiendo que los Estados miembros actúen conjuntamente en beneficio del bien común. 
Debemos recordar que la Unión Europea se encuentra cada vez más obligada a competir con los Estados Unidos y Japón y las economías emergentes, donde las financiaciones para el sector de la investigación fueron y serán cada vez más consistentes y cuantiosas. 
El incremento que propone el Consejo tiende a privilegiar sus propias prioridades financieras sin tener en cuenta las sugerencias que el Parlamento Europeo formuló en el procedimiento presupuestario para 1997, cuando decidió crear una reserva de 100 mecus para la investigación. 
Esta reserva permitiría, concretamente, un incremento del programa marco de al menos 200 mecus. 
La actitud del Consejo, en consecuencia, convierte en inútiles los esfuerzos llevados a cabo por el Parlamento. 
Con estas premisas financieras, creo que es conveniente recordar, al igual que lo hizo el Sr. Linkohr, que con el incremento de 200 mecus sería posible, entre otras cosas, asignar una parte de los recursos a las energías renovables que son importantes también para la región mediterránea. 
Es precisamente en este sector que junto con el Sr. Malerba presentamos una enmienda que subraya la importancia de una nueva forma de energía electroquímica renovable y no contaminante, las llamadas células de combustible. 
Señor Presidente, Señorías, en la posición común, de los 100 mecus se destinan 35 a la investigación de la EEB, las vacunas y las enfermedades víricas. 
Es innegable que este es un tema extremadamente importante para la salud pública y el futuro de la Unión, sin embargo, tal como recalcaron los demás ponentes, quizás el 35 % podría ir en detrimento de otros temas prioritarios. 
En conclusión, espero que el Consejo haga todo lo posible para modificar su posición común y que se entablen cuanto antes negociaciones capaces de resolver esta situación. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Linkohr por el trabajo que ha realizado hasta ahora de cara al top-up financiero del cuarto programa marco. 
Señor Presidente, mi Grupo lamenta que el aumento original del cuarto programa marco, de 700 millones de ecus, haya sido rebajado por el Consejo a tan sólo 100 millones. 
Esto es debido al hecho de que se rebasaran las perspectivas financieras a raíz de la cuestión de la EEB y a la negativa del Consejo a adaptar las perspectivas financieras. 
Pero señor Presidente, ahora se endosan al Parlamento los problemas que han causado la Comisión y el Consejo al no reaccionar a tiempo a la crisis de la EEB. 
Además, se plantea al Parlamento un hecho consumado, a propuesta de la Sra. Cresson, pues de los escasos 100 mecus del Consejo se destinan 35 mecus. 
De nuevo a causa de la EEB, en lugar de los 15 millones de ecus como había propuesto el Parlamento. 
Mi Grupo no está de acuerdo con ello. 
Sólo si el Consejo está dispuesto a aumentar el presupuesto a 200 millones de ecus, es proporcional dedicar 35 millones de ecus a la EEB. 
Si el Consejo no lo acepta, mi Grupo, de acuerdo con las condiciones de la Comisión de Presupuestos, querrá reservar otros 100 millones de ecus para investigación antes del presupuesto de 1998. 
El Consejo ha de comprender de una vez por todas que el Parlamento Europeo tiene la última palabra en materia de gastos de investigación en el procedimiento presupuestario. 
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica apoya la propuesta hecha por el Sr. Linkohr sobre la financiación complementaria al IV programa marco. 
Sin embargo, hay tres cuestiones que deseamos destacar: la primera es el propio recorte en la cuantía de la financiación, que indica un retroceso en el compromiso que la Unión Europea debe tener con la investigación para poder desarrollar una sociedad competitiva y crear puestos de trabajo- y esto es muy serio-. 
La segunda es la preocupación por la introducción subreticia del concepto de «Task Forces» como filosofía vertical frente a la horizontal de los sucesivos programas marco, y que supone una introducción- yo creo que preocupante- para el V programa marco. 
La tercera hace referencia a la necesidad de abrir una línea de investigación sobre el bienestar de la vejez, problema que va a ser crucial en el futuro de la población europea, y por ello proponemos que se reduzca en cuantía similar la asignación a la EEB, que no tiene ninguna justificación. 
Una sociedad que no investiga de una manera organizada va camino de retroceder. 
No obstante, todo depende, por supuesto, de hacia dónde se dirija la curiosidad, la investigación. 
No necesito exigir mucho a su fantasía para que se imaginen ustedes a personas interesadas por cosas destructivas, incluso autodestructivas. Por desgracia, esto es una analogía de nuestras sociedades europeas. 
Si miramos lo que realmente contiene el paquete (he hecho, las cuentas) , nos encontramos con que sólo para investigación aeroespacial, tecnologías digitales y organización de la producción, incluido el consumo de agua, hay ya 60 millones de ecus. 
El conjunto de la investigación de la EEB asciende a 34, 5 millones de ecus, destinados ante todo, si se examina con detenimiento, a experimentos con animales que producirán resultados, según las estimaciones, en diez años más o menos. Con todo, el problema no es éste. 
El problema consiste en modificar nuestra política agraria, en suprimir el engorde de animales con harinas animales. 
Incluso en lo que respecta a la investigación sobre la sociedad de la información, se tiene a veces la impresión de que se trata de la preparación de una huida a la realidad virtual, en lugar de investigar el punto de intersección de los procesos sociales y las transformaciones tecnológicas con las opciones y los objetivos posibles. 
En una sociedad que se encuentra en un profundo proceso de transformación social y ecológico, la investigación centrada en cuestiones socioeconómicas representa 147 millones de ecus. 
Estamos ante una distribución francamente incorrecta. 
Frente a los problemas que tenemos, las prioridades no están bien asignadas. El Sr. Linkohr ha hecho unas correcciones. 
En especial, los 33 millones para energías no nucleares son positivos, por supuesto. Pero eso no basta para que el concepto nos convenza. 
De hecho, hay un retroceso con respecto a la primera lectura. Lo que se aduce continuamente, la pérdida de competitividad en Europa, que se entrega a sabiendas, hay que entenderlo como una pérdida de la curiosidad por los problemas sociales, tecnológicos y científicos que nos aguardan. 
No es éste el caso. 
Nosotros nos abstendremos. 
Señor Presidente, alabo al ponente por el presente informe. 
Le felicito por elevar la apuesta a 200 millones de ecus y por perseguir su propia meta en el tema de las minas terrestres. 
Esto hará felices a algunos de los habitantes de mi circunscripción, aunque temen que casi todo el dinero vaya a parar a asesores y que quizá no quede tanto para que se vea en forma de resultados prácticos. 
He de señalar que la cifra inicial de 700 millones de ecus fue recortada por el Consejo. 
No me sorprende que tiraran de la rienda en esa cifra porque, hay que decirlo, la Comisión y el Parlamento no pudieron anunciar claramente un conjunto coherente de prioridades. 
Me parece que un número fluctuante de grupos especiales de trabajo sobre temas diversos suena más bien a que se esté buscando la forma de gastar el dinero, en lugar de presentar un programa de actuación bien pensado que complemente el cuarto programa marco. 
Así pues, alabo al ponente, pero espero, como ha dicho mi colega la Sra. Quisthoudt-Rowohl, que podamos aprender de este proceso cuando nos ocupemos del quinto programa marco. 
Gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 12.00 horas. 
Y ahora, Señorías, tengo una buena noticia para todos ustedes. 
Ha llegado la hora del descanso y, por lo tanto, permítanme que les agradezca a todos nuestros colaboradores y a ustedes el que hayamos tenido, como decía el Sr. Chichester, este plácido debate que por plácido no ha sido menos importante y que para mí, personalmente, debo confesarlo, Señorías, ha sido muy reconfortante. 
Por lo tanto, muchas gracias y buenas noches. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, me refiero a la página 14. 
Yo no fui el único que intervino en ese momento particular del día, pero formulé una pregunta muy precisa. 
Desearía que la respuesta fuera igualmente precisa. 
Pregunté, ¿a qué se debía, cuál era el fundamento por el que las personas presentes en la tribuna habían podido acceder a ésta? 
Luego, como todo el mundo, pude ver las imágenes transmitidas por televisión, lo que me permitió comprobar que ninguna de ellas estaba provista de un pase para los «visitantes». 
¿Obtendré una respuesta? 
En caso afirmativo, ¿cuándo? 
Señor Fabre-Aubrespy, lo recuerdo, puesto que, al igual que la mayoría de los diputados, estaba presente a la hora en que usted hizo su pregunta, pero ahora mismo no estoy en condiciones de darle una respuesta. 
Les transmitiré su pregunta para que reciba usted una respuesta. 
Seré muy breve. 
No he tomado la palabra para hablar de los trabajadores que han tratado de defender su nivel de vida, sino para hablar de alguien que ha robado a los trabajadores. 
Ayer me referí a un caso denigrante: la imagen de Robert Maxwell está colgada en la galería exterior. 
Pedí en aquel momento que se me diera la seguridad de que el Presidente y los Cuestores se ocuparían de esta cuestión. 
¿Puede decirnos usted por qué la imagen de Robert Maxwell sigue donde estaba? 
La imagen de un conocido estafador sigue expuesta junto a esta sala. 
Señor Falconer, el asunto ya ha sido señalado a los cuestores para que tomen las medidas oportunas. 
Señor Presidente, sólo tengo un ruego con respecto al incidente de ayer. 
Pida, por favor, que se muestren las imágenes que se filmaron allá arriba. 
He oído que en las filmaciones aparecen dos cosas. Primero, que un grupo de esas personas cantaba la Internacional con el puño en alto. 
Yo mismo oí que se cantaba, pero no sabía exactamente qué. 
Segundo, que una persona hizo una declaración en la televisión, de la que se desprende que se quiere de hecho otra Europa. 
Habría que controlar si eso es exacto o no. 
Espero que no lo sea. 
Señor von Habsburg, debo reconocer que me sorprende que un hombre con tantos conocimientos como usted no haya escuchado nunca la Internacional, pero todos podemos aprender algo de vez en cuando. 
Señor Presidente, lo único que quiero es secundar lo que ha dicho el Sr. de Habsburgo. 
Ayer le planteamos una serie de cuestiones al Presidente en ejercicio y le preguntamos por qué, habiéndose infringido lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 101, no se expulsó de la sala a los visitantes de la tribuna para que pudiéramos seguir votando en paz. 
Quisiera que se me diera una respuesta. 
¿Cuándo cree usted que la obtendré? 
Señora McIntosh, recibirá una respuesta a su pregunta, después de la reunión de esta tarde de la Conferencia de Presidentes. 
Ayer se interpeló a uno de nuestros colegas y se le pidió que saliera de la sala. No lo hizo. 
¿Podría explicarnos la Mesa, que está reunida actualmente y que se volverá a reunir más tarde durante la semana, lo que prevé el reglamento de este Parlamento si se interpela a un colega y se le pide que abandone la sala? 
Si el colega no quiere marcharse de la sala, ¿qué validez sigue teniendo el reglamento de este Parlamento? 
Señora Crawley, estoy completamente seguro de que la Mesa y la Conferencia de Presidentes examinarán los sucesos de ayer, y veremos a qué conclusiones llegan. 
Sí, pero tranquilícese, señor Presidente, seré breve. 
Sólo responderé a la Sra. Crawley que el punto que plantea será examinado conjuntamente con el de la Sra. McIntosh relativa a la no aplicación del apartado 3, artículo 101, puesto que ambos constituyen un todo. 
Sólo quisiera proporcionar una información complementaria a nuestra Asamblea. 
Tratándose de incidentes lamentables, más que lamentables como los que se produjeron ayer, me enteré de que un autobús del Parlamento Europeo, con matrícula de Luxemburgo, había sido fleteado por un grupo político para ir a buscar al aeropuerto de Entzheim a los invitados que estaban en la tribuna. 
En estas condiciones, desearía que se verificara la información y que se me precisara quién autorizó a los pasajeros del autobús a organizar una manifestación en el interior del hemiciclo. 
Señor Pasty, esta tarde se celebrará la reunión y creo que tendrá oportunidad de hacer más preguntas. 
Mi intervención sigue la pauta de lo que acaba de decir el Sr. Pasty. 
Sin embargo, para responder a la Sra. Crawley, también desearía- puesto que quedó establecido en el Acta que el Presidente pidió la evacuación de la tribuna- que nos planteáramos la cuestión de saber, ¿por qué no se llevó a cabo esta evacuación? 
Señor Presidente, me parece que es importantísimo que respetemos muy seriamente las normas y los procedimientos, y sería muy útil que los colegas que tengan información sobre el particular pudieran aclarar la situación, pero ¿es realmente apropiado que este Parlamento atienda las preocupaciones y procure obtener información de personas como el Sr. Pasty, que es un conocido tramposo que vota dos veces en sesión plenaria y que está haciéndonos perder el tiempo de nuevo con cuestiones de procedimiento? 
No quisiera que entremos en debates de este tipo y quisiera pedir que en ningún caso se hagan comentarios peyorativos. 
Señor Presidente, de hecho, el único medio que podría aclarar todos los incidentes sería constituir una comisión de investigación, habida cuenta de que el de ayer es un problema que afecta gravemente a la dignidad de los diputados y volverá repetirse. 
Por lo tanto, pido formalmente la creación de una comisión de investigación para esclarecer la realidad de lo sucedido. 
Estoy absolutamente seguro de que la Presidencia examinará estas cuestiones. 
(El Acta queda aprobada) 
Acuerdos con Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajstán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes recomendaciones: 
A4-0026/97 de la Sra. Hoff, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión (COM (96) 135-5872/96- C4-0320/96-96/0092 (AVC) ) relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia por otra; -A4-0024/97 del Sr. La Malfa, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM (96) 136-5871/96- C4-0319/96-96/0093 (AVC) ) relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra; -A4-0025/97 del Sr. Lambrias, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión (COM (96) 137-5870/96- C4-0318/96-96/0094 (AVC) ) relativa a la celebración del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Azerbaiyán, por otra; -A4-0069/97 de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión (7804/95- C4-0344/95 y C4-0360/95-94/0221 (AVC) ) relativa a la celebración del acuerdo de asociación y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajstán, por otra, y de los siguientes informes: 
A4-0081/97 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre los aspectos económicos y comerciales del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Georgia, por otra; -A4-0038/97 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 322-8890/96- C4-0566/96-96/0180 (CNS) ) relativa a la celebración del acuerdo interino entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Georgia, por otra, sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio; -A4-0031/97 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre los aspectos comerciales y económicos del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, que sustituye al Acuerdo de Comercio y Cooperación con la URSS, en el que se basan hasta ahora las relaciones contractuales oficiales; -A4-0064/97 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 321-8891/96- C4-0686/96-96/0179 (CNS) ) relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Armenia, por otra, sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio; -A4-0082/97 del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre los aspectos económicos y comerciales del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Azerbaiyán, por otra; -A4-0099/94 del Sr. Chesa, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre los aspectos económicos y comerciales del Acuerdo de colaboración entre la Unión Europea y Kazajstán. 
Señor Presidente, el 22 de abril de 1996 se firmó el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Georgia en presencia del Presidente de la República de Georgia, Sr. Schewardnadse. 
A juicio de la Unión Europea, esta asociación representa una obligación a largo plazo- así consta en el Acuerdo- que debe acercar en el curso de la próxima generación a los pueblos de la Unión Europea y de Georgia. Por supuesto que con el acuerdo también se pretende conseguir integrar a los georgianos en el sistema económico y político mundial. 
Este Acuerdo de Asociación y Cooperación consta de una parte económica y comercial importante, pero también de una parte política muy importante. 
En ella se subraya que la cooperación entre ambas partes se fundamenta en el reconocimiento de valores comunes compartidos. 
Es, por tanto, de gran trascendencia que se haya establecido que la salvaguardia de la democracia y el respeto a los derechos humanos son condiciones básicas para la cooperación. 
Precisamente en el caso concreto de Georgia ha de reconocerse que desde la independencia, pero sobre todo desde los disturbios políticos de 1993, se han hecho grandes progresos en el proceso de reforma democrática. 
Desde un punto de vista político, en Georgia reina en este momento la paz civil. 
La única herida abierta sigue siendo la falta de solución política a la crisis en Abjasia y Osetia del Sur, lo que permitiría a Georgia recuperar su integridad territorial y resolver el problema de refugiados surgido de ese conflicto. 
Por eso, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa deben emprender en el futuro renovados esfuerzos para conseguir la solución de este conflicto por medios pacíficos. 
Desde una perspectiva económica, hay que reconocer que, tras el desmembramiento del sistema comunista en la antigua Unión Soviética, la producción ha disminuido considerablemente. 
La producción entre 1991 y 1994 descendió hasta un tercio del Producto Interior Bruto de 1991. Además, la inflación se situó durante esos años en un 15.000 % anual. 
Con el restablecimiento de la paz y el asentamiento del sistema político democrático, también la reforma económica ha comenzado a consolidarse. 
Así, en 1996 el Producto Interior Bruto de Georgia creció un 15 % y se pudo reducir la inflación a un 25 %. 
El Acuerdo de Asociación y Cooperación supone un acercamiento de Georgia a la Unión Europea y tendrá una gran repercusión en el futuro desarrollo del país. 
Por descontado que se puede esperar que el acuerdo produzca un gran incremento del comercio entre Georgia y la Unión. Además, la Unión Europea se ha comprometido a colaborar con financiación y asesoramiento a la reforma económica, a la reconstrucción y a la consecución de un desarrollo duradero en Georgia. 
Por otra parte, las inversiones de los empresarios europeos en Georgia seguirán aumentando. 
Teniendo en cuenta su posición geográfica, Georgia podrá también desempeñar una función de puente comercial entre la Unión Europea y el resto de los Estados transcaucásicos y del Asia central. 
No hay, por tanto, que considerar el país aisladamente, sino anclado en el contexto regional en el que puede actuar como un importante factor de estabilidad, algo que ya es en la actualidad. 
Es de notar que ya hay numerosos proyectos para construir y revitalizar la red ferroviaria, los oleoductos y otras redes de transporte. 
También en este contexto el Acuerdo de Cooperación puede ser muy importante. 
Con la conciencia de que el Acuerdo de Asociación y Cooperación hará que Georgia salga reforzada política y económicamente y de que contribuirá con ello a su consolidación, quisiera recomendar al Parlamento, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que apruebe este acuerdo. 
Podemos estar seguros de que con él se conseguirá que las relaciones entre la Unión Europea y este país de tan rica tradición alcancen una nueva dimensión en el marco de una perspectiva a largo plazo. 
Señor Presidente, Señorías, en esencia la Sra. Hoff ha iniciado lo que yo ahora puedo proseguir. 
También la Comisión de Asuntos Jurídicos pide al Parlamento que apoye el presente Acuerdo de Asociación y Cooperación y el acuerdo interino. 
Siempre que hablemos de países como Georgia ahora, y después Armenia y Azerbaiyán, tenemos que esforzarnos por evitar la tentación de mirarlos como si tuvieran los mismos problemas. 
Transcaucasia es una región y está claro que aquí se trata de tres países independientes y soberanos, sensibles en alto grado, cuyos problemas tienen que contemplarse de manera diferenciada. 
Digo esto porque con frecuencia tengo la impresión de que también en los debates parlamentarios ocurre a veces que se señala pretenciosamente con el dedo y se ofrecen consejos que no se han pedido e indicaciones que no siempre suponen una ayuda. 
Para valorar correctamente la situación en Georgia hemos de tomar en consideración, como ha hecho la Sra. Hoff, que la transición de un sistema comunista a un orden democrático no siempre es fácil de entender, porque la Unión Soviética fomentó enormemente la economía de ese país debido a su situación geográfica. 
Comparada con otras regiones, todo iba relativamente bien. Por eso, tras la caída del comunismo, la búsqueda de nuevas estructuras y de nuevas posibilidades democráticas en una economía de mercado estuvo acompañada de enormes dificultades. 
Por supuesto que, hoy por hoy, la relación de Georgia con Rusia sigue teniendo un papel importante, ante todo por motivos psicológicos. 
El gran hermano de antaño no puede hoy dejar de influir allí aun en lo que no le afecta. 
Tampoco se debe perder de vista, si se quiere comprender a Georgia, a la minoría abjasia, que tuvo una importancia desproporcionada en los años setenta en comparación con la mayoría de población georgiana. 
El desarrollo de instituciones democráticas en toda Georgia es una de las posibilidades que se le ofrece a la Unión Europea de brindar una ayuda fundamental. 
En este punto hemos de vigilar, por supuesto, que haya una estrecha vinculación con los derechos humanos. 
El trabajo realizado por las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Unión Europea ha tenido ya repercusiones estabilizadoras y contribuirá al establecimiento de buenas y razonables relaciones a largo plazo. Razonables porque la relación del ciudadano con el rendimiento y el éxito personal contribuirá a fortalecer las estructuras democráticas. 
Hemos de tener siempre presente que en estos países la ayuda económica bien aprovechada se convierte en condición de viabilidad de las estructuras democráticas. 
Lo que está ocurriendo en Albania y en otros lugares es el resultado de fracasos económicos. 
Las poblaciones que no están acostumbradas a la democracia y los partidos que están adquiriendo práctica en la misma dependen de los éxitos económicos. 
La importancia del Acuerdo de Cooperación y del acuerdo interino depende de que ayudemos a Georgia con rapidez. 
Es extraordinariamente importante tener presente que, en estos momentos, Armenia hace grandes esfuerzos por conseguir apoyo financiero y de política de seguridad de Rusia, Francia, Alemania y el Banco Mundial, que se ha creado un marco jurídico satisfactorio para la privatización de empresas estatales, que la privatización de la economía avanza a buen ritmo y que la privatización de pequeñas empresas había alcanzado al 90 % a finales de 1996. 
Todo esto ha favorecido que muchos problemas en Georgia evolucionen positivamente. Ahora depende de nosotros ayudar en lo político. 
Estoy seguro de que nuestra voluntad política rendirá frutos en este país, ya que lo que se necesita es ayuda a la autoayuda. 
Señor Presidente, Señorías, la transición de los regímenes políticos comunistas a instituciones democráticas y a sistemas de mercado plantea enormes y evidentes dificultades tanto a nivel político como económico. 
Dichas dificultades fueron muy significativas en todos los países de la área soviética. 
Algunos de los países de Europa Central y Oriental- Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, etcétera- que tenían una tradición política estatal e instituciones económicas, por así decirlo, de mercado bastante desarrolladas, sufrieron, sin embargo, grandes dificultades. Así y todo, el proceso de liberación del régimen soviético ha representado para ellos algo así como el regreso a la identidad nacional. 
No fue así y continúa no siéndolo, para los países pertenecientes en sentido estricto a la Unión Soviética, por ejemplo, los de la región transcaucásica, a los que nos referimos esta mañana. 
Con frecuencia, dichos países consiguieron la independencia sin haber tenido una experiencia estatal o una muy concreta experiencia estatal reciente. Países como Georgia y Armenia poseen una vieja tradición cultural, aunque, después de 1989, siguen sin descubrir su identidad. 
Cuando están a punto de construir por primera vez una economía de mercado y un Estado, estos países afrontan unas dificultades enormes que debemos entender. 
Por lo que se refiere a Georgia, los Sres. Hoff y Kittelmann acaban de recordar que, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista económico, existe un interés estratégico de Europa para estabilizar y apoyar el desarrollo de estos países. 
En este sentido, la firma de acuerdos de cooperación y colaboración es un acierto. Al efecto, me refiero al estimable informe que la Sra. Carrère d ' Encausse presentó sobre el conjunto de los países de esta región y que proporciona a nuestro Parlamento el marco del problema de estos territorios. 
De estos tres países, y a diferencia de Azerbaiyán que posee reservas de petróleo, Armenia es en cierto sentido el que sufre mayores problemas por su falta de recursos naturales, así como por su situación geográfica. Armenia, encerrada en un enclave y sin salidas al mar, y además con un secular y difícilisimo problema de relaciones con Turquía, agudizado a principios de este siglo- como saben sus Señorías, Turquía sigue bloqueando el comercio y las relaciones con Armenia, un bloqueo que confiamos en que concluya- es un país que atraviesa una difícil situación por las relaciones que mantiene con Azerbaiyán y que se ven entorpecidas por el viejo conflicto de Nagorno Karabaj. 
En este contexto, nuestro acuerdo de cooperación es muy importante. 
Armenia posee una nueva clase dirigente respecto del régimen soviético. 
No cabe duda de que ha registrado evoluciones positivas y problemas, ya que en las elecciones de 1995, que como Parlamento Europeo seguimos de cerca, pudimos constatar ciertas irregularidades, entre las que cabría mencionar la exclusión de la pugna política de un importante partido. Constatamos semejantes y quizás más graves problemas en los comicios presidenciales de 1996, acompañados de las muchas reservas de los observadores y de las manifestaciones de las fuerzas de la oposición. 
La importancia de estos acuerdos, respecto a los que espero que el Parlamento emita hoy su dictamen conforme, afecta no sólo al ámbito económico, que es muy relevante, sino y ante todo al diálogo político que permitirá a Europa y al Parlamento seguir de cerca la evolución de la cuestión de los derechos políticos, los derechos civiles, la libertad de los medios de comunicación, etcétera, esto es, establecer una relación continuada que favorezca la evolución de unas instituciones democráticas cada vez más consolidadas y estables en la conciencia de esos países. 
En consecuencia, señor Presidente, Señorías, confío en que nuestro Parlamento emita hoy su dictamen conforme con respecto al acuerdo de colaboración y cooperación con la República de Armenia. 
Señor Presidente, Señorías, también respecto a la República de Armenia pide la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores su aprobación tanto para el Acuerdo de Asociación y Cooperación como para el acuerdo interino. 
Por desgracia, el entorno político de la situación económica de Armenia ha empeorado enormemente en los últimos años. 
El desmembramiento de la Unión Soviética ha tenido repercusiones. Por motivos políticos y geográficos, la economía armenia gozaba de una posición privilegiada y era objeto de un fomento desproporcionado en comparación con otros países de la región, porque la Unión Soviética era la principal suministradora de materias primas y compradora de sus productos. 
La guerra con Azerbaiyán y la consiguiente destrucción implicaron privaciones y un aislamiento extraordinario. 
A partir del momento en que se redistribuyeron de nuevo las cartas y se decidió pasar a la economía de mercado y privatizar, la situación social ha mejorado continuamente. 
También aquí se puede observar, y es importante que nosotros lo percibamos, que la sociedad, debido a los sucesos ocurridos en una situación relativamente inestable y con unas estructuras democráticas poco implantadas, se encontraba y se encuentra todavía en una situación propicia al rechazo de ciertas transformaciones y novedades y, en consecuencia, a una desconfianza respecto a los inversores potenciales. 
En esencia, hay que tener presente que las estructuras democráticas se encuentran en Armenia en fase de desarrollo y que a los partidos democráticos les resulta difícil, cuando la situación económica es mala, formular objetivos comunes, básicamente lo que se consiguió en nuestras democracias tras una práctica de decenios o de siglos. 
Hay que ser ecuánimes al juzgar a Armenia. 
Este país necesita nuestra ayuda. 
Hemos de tener en cuenta la situación especial en la que se encuentra. 
También hay que recordar que las peroratas no ayudan. 
Es mejor seguir el desarrollo del país con tolerancia y un poco de solidaridad. 
La crisis energética ha provocado además una situación económica extremadamente difícil. 
El bloqueo económico y una burocracia fosilizada y con escasa motivación, se podría decir que la desidia comunista anterior, dicho sea de pasada, dificultan de manera extraordinaria el desarrollo. 
El conflicto de Nagorno-Karabaj sigue a la orden del día. 
Ya ha tenido un coste muy alto y repercute negativamente en el desarrollo del país y en su estabilidad política. 
Es de esperar que el armisticio conseguido traiga consigo una solución del conflicto que de momento no está a la vista. Los problemas para la situación económica son extraordinarios. 
Si se confirma el positivo desarrollo que ya se vislumbra, si el proceso democrático continúa estabilizándose, si nuestra ayuda es concreta y no sólo verbal, si las organizaciones internacionales de ayuda acrecientan la sensibilización respecto a este pequeño país, que ya ha aumentado, de tal manera que resultemos visibles sobre el terreno, y si por los cientos de problemas que la Unión Europea ha de resolver no nos hacen olvidar que hay un país que depende de nuestra ayuda de manera especial, entonces haremos una aportación esencial. 
Más allá del Acuerdo de Asociación, que tiene para nosotros una significación financiera pero que no pasa de ser unas cuantas gotas en el océano de los problemas de este país, hemos de mantener los compromisos que hemos contraído. 
Para concluir, les ruego que utilicemos este Acuerdo de Asociación y Cooperación para animar a los dirigentes políticos y a las fuerzas democráticas a no abandonar el proceso de desarrollo democrático en una difícil situación. 
Esta es la contribución fundamental que podemos aportar al desarrollo de Armenia. 
Señor Presidente, como ponente de la opinión conforme relativa al Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Azerbaiyán, deseo especificar que nada más lejos de mi intención que ceder a los principios de una política del interés sin escrúpulos, comúnmente denominada «Realpolitik». 
Al contrario, sigo pensando que hasta la promoción de los mutuos intereses más obvios debe suprimirse, si pasa por alto condiciones inhumanas y contribuye a mantener regímenes autoritarios. 
Sin duda, en Azerbaiyán existen muchos problemas por muchas y diversas razones. 
Bajo ningún concepto puede considerarse que cumple con los valores y principios a los que nosotros nos adscribimos. 
La herida abierta de Nagorny Karabach dentro de Azerbaiyán, la situación de los refugiados y la situación económica de uno de los países posiblemente más ricos, gracias a su producción de petróleo, han decepcionado a nuestra delegación ad hoc, que observó durante su visita las deficiencias de los procesos democráticos en ese país. 
No obstante, la Comisión de Asuntos Exteriores expresa su conformidad con la celebración del Acuerdo de Colaboración, con la venturosa esperanza de que podamos avanzar a pesar de los puntos débiles que siguen existiendo y a pesar de la persistencia del problema de Nagorny Karabach- problema que se intenta resolver a escala internacional en el Grupo de Minsk, sin que, por otro lado, se consiga acelerar el proceso de solución- ya que afortunadamente, Azerbaiyán ha renunciado a la política de represión violenta. 
Lo que nos motiva es la convicción de que, aunque Azerbaiyán esté en peor situación que los otros dos países transcaucásicos, Georgia y Armenia, nosotros, como muy correctamente ha dicho el Sr. Carrère d´Encausse, debemos ver el problema globalmente y adoptar una política mutuamente complementaria hacia esos tres países ubicados en una región estratégica y económicamente importante de Europa. 
Esto es precisamente lo que prevé el acuerdo firmado hace un año en Luxemburgo, y que ya es hora de poner en práctica, si pretendemos realmente que haya una mejora de múltiples ámbitos en Azerbaiyán y cooperación entre los tres países divididos de la región transcaucásica. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Exteriores emite unánimamente su opinión conforme a la Comisión y al Consejo y recomienda a los Estados miembros que hagan lo mismo, puesto que los Estados miembros de la Unión deben ratificar este Acuerdo. 
No obstante, sigue velando, y tendrá que seguir haciéndolo hasta que las relaciones se normalicen progresivamente y hasta que el país esté verdaderamente democratizado, por el desarrollo de esa región estratégicamente tan destacada de Transcaucasia. 
Desde esta perspectiva emitimos nuestra opinión conforme, como Comisión de Asuntos Exteriores. 
Señor Presidente, Señorías, Azerbaiyán es potencialmente un país rico. 
Las reservas de petróleo del mar Caspio son mayores que las de Arabia Saudí y su industria, su agricultura y su sector de servicios brindan también buenas oportunidades para el desarrollo. 
Pero las secuelas de la guerra, los daños al medio ambiente causados por el irresponsable desmantelamiento de instalaciones petrolíferas producido en la Unión Soviética en las décadas pasadas y el problema no resuelto del millón de refugiados de guerra son un pesado lastre. 
El país se encuentra prácticamente a las puertas de la Unión Europea una vez que ésta se amplíe al éste y en pocos años sólo estará separado de ella por el mar Negro y el Cáucaso. 
Los inversores europeos son muy bienvenidos en el país y se les busca especialmente para la industria petrolífera y su equipamiento, para el sector de transportes y para la incipiente industria de la construcción. 
Azerbaiyán ha establecido ya las condiciones marco necesarias para un prometedor éxito de las inversiones. 
No obstante, los requisitos decisivos para superar la crisis económica son la planificación y ampliación de la infraestructura de transporte hacia Europa a través de Georgia y de las redes energéticas para el petróleo y sus productos derivados. 
En este proceso hay que examinar el aspecto económico y el impacto medioambiental de todas las posibilidades. 
Los Acuerdos bilaterales de Asociación de la UE- lo hemos escuchado en detalle- con las tres Repúblicas transcaucásicas (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) parten de la base de la cooperación y el desarrollo regionales. 
Se trata, nada más y nada menos, de una iniciativa política que abarca a toda la región y que para la Unión Europea comprende los aspectos económicos y financieros y la considerable ayuda humanitaria, sin descuidar el diálogo político ya establecido. 
Con el incremento de su colaboración, Azerbaiyán y Georgia, y también Armenia si lo desea, pueden aprovechar para la exportación a Europa y al resto del mundo, así como para procesarlas sobre el terreno, las inmensas reservas petrolíferas del mar Caspio. 
Con ello se abriría de verdad la puerta económica a Europa. 
La cooperación económica regional puede contribuir, además, a aminorar la tensión política en la región. 
El empeño en conectarse a las redes transeuropeas de transporte y al resto del entramado de tráfico, de energía y de comunicaciones es el que permitirá de verdad la cooperación con Europa. 
Desde un punto de vista político se trata de estabilizar estos tres Estados que, como antiguos miembros de la Unión Soviética, se encuentran inmersos en un profundo proceso de transformación de sus sociedades, sus economías y sus instancias políticas decisorias. 
Europa puede aportar algo en colaboración amistosa, y no en actitud antagonista, con Rusia y Turquía. 
El mar Negro y el Bósforo son las líneas de conexión fundamentales para conseguirlo. 
Europa está lo bastante lejos para no actuar políticamente como superpotencia, cosa que, por supuesto, tampoco desea. 
Y además está muy demandada como leal intermediario del progreso económico y de la cooperación pacífica. 
Con respecto a Nagorno-Karabaj, los europeos tenemos una excelente oportunidad con la Presidencia francesa de contribuir en el marco del Grupo de Minsk de la OSCE a una pronta paz entre Armenia y Azerbaiyán. 
Ante todo, hay que superar las secuelas de la pasada guerra. 
Se deben levantar los bloqueos- acabamos de hablar de eso -, los territorios extranjeros ocupados han de devolverse y hay que asegurar la autonomía y autodeterminación de las poblaciones mayoritarias en la región en disputa. 
Los refugiados han de poder regresar a sus lugares de procedencia. Si esto no es posible, se les ha de acoger en nuevos territorios. 
Hay que crear viviendas, puestos de trabajo e instituciones sociales para 1, 3 millones de personas en Azerbaiyán, Armenia y Nagorno-Karabaj. 
La Unión Europea debe prestar especial atención a la necesidad de crear Estados de acogida para las familias multiétnicas. 
Las ciudades y los pueblos completamente destruidos en torno a la región de Fizuli, el programa modelo Fizuli, han de reconstruirse primordialmente con la ayuda de la Unión Europea. 
La ampliación de los enlaces de transporte y de las redes de energía y comunicaciones debe dar lugar al desarrollo de un nuevo eje de infraestructuras entre la región transcaucásica y el Asia central. 
Nuestro apoyo se debe dirigir sobre todo al proyecto Traceca, que abarca todos estos aspectos. 
Señor Presidente, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía apoya el Acuerdo con Armenia por varios motivos. 
Armenia es uno de los países que más ha sufrido por el desmembramiento de la Unión Soviética. 
Además, todavía hoy no se ha repuesto del gran terremoto de 1988. Y en tercer lugar, todos estamos al tanto de la pugna que persiste en torno a Nagorno-Karabaj. 
Sin embargo, nos parece incomprensible que en el acuerdo no se precise ningún empeño para encontrar solución al problema de la central nuclear de Mezdamor, una de las peores centrales del mundo según declaración del Departamento de Energía de los Estados Unidos. 
Todo el mundo lo sabe. 
La Comisión lo ha hecho constar en el protocolo y ha dicho además que para la UE es inaceptable que esa central nuclear se haya vuelto a poner en funcionamiento. 
De momento no hay solución, por la sencilla razón que los países vecinos interrumpen continuamente el suministro de gas. Nuestra tarea como Unión ha de ser preocuparnos de garantizar el suministro de gas. 
Ahora bien, no podemos, por así decir, permanecer ciegos de un ojo y tolerar que Mezdamor siga funcionando. Mezdamor es para nosotros un peligro mayor que Chernóbil. 
Pienso que nos incumben dos tareas: preocuparnos de que se reanude inmediatamente el suministro de gas y poner fuera de servicio Mezdamor. 
Esto es lo que desea la comisión. 
Señora Bloch von Blottnitz, he permitido conscientemente que se exceda bastante de su tiempo. 
He subrayado reiteradamente ante la Asamblea que el tiempo de intervención de un minuto no es suficiente para que los diputados puedan exponer sus pensamientos adecuadamente y, en lo que a mi respecta, es el único punto en el que hago concesiones con respecto a mi esfuerzo por cumplir estrictamente las normas. 
Señor Presidente, ante todo le ruego disculpe un error de mi parte, por el que me ausenté del hemiciclo cuando usted me dio la palabra, hace un momento. 
Mi informe, realizado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, se refiere a Kazajstán. 
En efecto, el Parlamento Europeo ha de emitir, hoy, su dictamen conforme respecto al Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajstán, por otra. 
Mencionaré brevemente que este acuerdo fue rubricado el 23 de enero de 1995, pero que, desde hace dos años- ¡dos años! -hemos congelado el procedimiento de dictamen conforme debido a la situación política de este país. Considerada demasiado poco satisfactoria. 
En cambio, el acuerdo provisional que aprobamos el 19 de abril de 1996 acaba de entrar en vigor, hace unos días. 
Por ende, es hora de volver a examinar la cuestión de saber si hoy podemos dar luz verde al acuerdo principal. 
Esta cuestión de oportunidad política fue cuidadosamente examinada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa en el curso de 5 reuniones, la última de las cuales se celebró el 27 de febrero de este año. 
Hoy, nuestra Comisión está en condiciones de presentar una serie de argumentos. 
Ciertamente, Kazajstán no es todavía, como lo deseáramos, una democracia respetuosa de los derechos humanos. 
Los observadores, por ejemplo, los de Amnistía Internacional, son bastantes severos. 
No obstante, este país ha manifestado su voluntad de aproximarse a Europa y, para hacerlo, ha iniciado una serie de reformas que se apegan a las exigencias indicadas en la cláusula del acuerdo de asociación denominada «cláusula democrática». 
Así, en diciembre de 1995 tuvieron lugar elecciones legislativas. 
No fueron perfectas, pero se llevaron a cabo. 
Desde entonces, el nuevo parlamento ha votado varias leyes, ante todo en el ámbito económico, destinadas a favorecer las inversiones extranjeras, a continuación, en el ámbito civil y político. 
Además, 1997 se anuncia como un año sumamente fructífero en lo que se refiere al trabajo legislativo. Han de someterse al Parlamento 65 proyectos de leyes. 
Estos proyectos se refieren, especialmente, a los derechos de la población kasaca y a los derechos de las minorías, muy numerosas y bastante bien reconocidas y respetadas en este país: la minoría rusa (38 % de la población) , pero también las minorías alemana, ucraniana, uzbeka, tártara, uigure, belorrusa, coreana, azerí e incluso polaca. 
Por lo demás, a pesar de las enormes dificultades económicas y los problemas sociales igualmente importantes- el pago de los salarios y pensiones a menudo se hace esperar- la situación política es globalmente estable. 
Es verdad que el Presidente Nazarbaiev- al que la Constitución otorga poderes muy amplios- no es un hombre que tolere la contestación, incluso si existe y parece consolidarse una oposición política. 
Se trata del movimiento de oposición Hazamat, desarrollado alrededor del partido socialista y del movimiento de oposición Respublika dominado por el partido comunista. 
Por ende, la evolución, bastante favorable, como lo han subrayado los observadores, debería permitirnos aprobar este acuerdo de asociación. 
Me congratulo por ello. 
En efecto, Kazajstán, aunque bastante alejado de nosotros, poco conocido por la mayoría de los europeos, es un país importante. Esencial incluso, en esta parte de Asia central. 
Encajado entre dos grandes potencias, Rusia y China, y próxima de esta zona turbulenta y frágil del Mar Negro, el Mar Caspio y los países del sur soviético- Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tajikistán -, Kazajstán ocupa una posición estratégica esencial. 
El juego de equilibrio entre unos y otros al que se libra actualmente el Presidente Nazarbaiev no dejará de influir en esta parte del mundo e, indirectamente, en nosotros. Tanto más cuanto que Kazajstán conserva sobre su suelo bases nucleares de suma importancia. 
Se trata de la tercera potencia nuclear mundial, incluso si esta fuerza disuasoria se encuentra bajo el control exclusivo de un alto mando unificado, en Moscú. 
En el plano económico, Kazajstán no se encuentra en una buena situación. 
Experimentó una caída del 58 % de su PNB entre 1991 y 1997, pero encierra en su suelo riquezas considerables que en un futuro, deberían convertirlo en un socio importante. 
Estos recursos son esencialmente el petróleo y el gas natural. 
En definitiva, señor Presidente, por estas diferentes razones, hoy, y al cabo de dos años de observación y reflexión, nuestra comisión recomienda votar en favor de este Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
Señor Presidente, he preparado la opinión para la Comisión de Presupuestos sobre el acuerdo con Azerbaiyán. 
El tema de mi opinión eran las repercusiones de este acuerdo para el presupuesto de la Unión Europea. 
A primera vista se diría que los efectos van a ser mínimos, y que se deberán a la pérdida de ingresos ocasionada por el aumento de las importaciones procedentes de esa región o, si influyen en nuestras existencias alimentarias, por las exportaciones agrícolas o el costo de compensaciones a la exportación. 
La Comisión no nos ha informado acerca de los costos presupuestarios, pero al parecer van a ser muy pequeños. 
Hay que tener en cuenta que Azerbaiyán tiene 7, 5 millones de habitantes. 
Su economía ha estado empeorando durante cuatro o cinco años, hasta el año pasado. El PIB ha estado disminuyendo a razón del 15 al 20 % anual, y en la actualidad es de unos 400 a 500 dólares per cápita. 
Es evidente que un país en esa situación económica no va a estar en condiciones de comerciar mucho. 
Aparentemente más de la mitad de sus exportaciones van a la antigua Unión Soviética y al Irán, y aproximadamente el 20 % de las importaciones y exportaciones involucran a la Unión Europea. 
Sus importaciones totales ascienden aproximadamente a 1.500 millones de dólares, y las exportaciones son ligeramente inferiores a esa cifra. 
Evidentemente se trata de un país que se encuentra en una situación comercial muy floja, y que va a tener muy pocos efectos sobre las finanzas, aparte de las transferencias directas previstas en el Programa TACIS, que, por cierto, es una cuestión diferente de la que estoy explicando. 
La Comisión de Presupuestos aprecia muchísimo la concertación del acuerdo y espera que sirva para mejorar la situación política y económica, y que se desarrolle hasta un punto en que contribuya sobremanera al bienestar económico y político de Azerbaiyán. 
Esperamos también que resulte fructuoso desde nuestro punto de vista. 
De modo excepcional, doy la palabra al Sr. Chesa. 
Hoy hemos comenzado bastante antes y me temo que algunos diputados no se han enterado, pero rogaría a los ponentes que al menos ellos no se retrasen, ya que no estoy dipuesto a darles la palabra según se vayan incorporando a la Asamblea. 
Señor Presidente, este es el cuarto Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre los Estados de Transcaucasia que examinamos esta mañana. 
La naturaleza de estos acuerdos ha cambiado profundamente, ya que ahora se trata de colaboración y cooperación y ya no de meros intercambios comerciales. 
El presente Acuerdo de Colaboración con Kazajstán, suscrito por un período inicial de diez años, prevé la instauración de un diálogo político, una cooperación cultural, así como acuerdos importantes en los sectores económicos y comerciales. 
A nivel comercial, las partes se conceden mutuamente el trato de nación más favorecida en todos los sectores relacionados con los derechos de aduana, las disposiciones relativas al despacho, tránsito, almacenes y transbordo, así como a los métodos de pago y a la transferencia de dichos pagos, a las normas que rigen la venta, compra y transferencia a dichos pagos y a las reglas sobre venta, compra, transporte, distribución y uso de mercancías en el mercado interior, teniendo evidentemente en cuenta los límites impuestos por el GATT en favor de los países en desarrollo y las nuevas condiciones de las relaciones de la República de Kirguistán con los Estados vecinos. 
A nivel de la cooperación económica, el acuerdo se centra en los siguientes sectores: el desarrollo social y económico, el desarrollo de los recursos humanos, el apoyo a las empresas- privatizaciones, inversiones y desarrollo de los servicios financieros- la agricultura y la alimentación, la energía y la seguridad nuclear civil, los transportes, el turismo, la protección del medio ambiente y la cooperación regional. 
Así, Kazajstán y la Unión Europea se comprometen a establecer una estrecha colaboración sobre valores comunes. Con ello, la Unión brinda su apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de esos nuevos Estados independientes para contribuir a salvaguardar la paz y la estabilidad en Europa. 
Señor Presidente, antes de que el Comisario se vaya, quisiera hacer una pregunta, en mi función de presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con las tres Repúblicas del Cáucaso. 
Lo que el Comisario ha dicho es muy importante y significativo. 
Mi pregunta es la siguiente: dado que esa región tiene tanta importancia para la Unión Europea, ¿por qué sólo existe una delegación de la Comisión en Georgia? 
¿Cómo se explica esta ausencia de representación de la Unión Europea en Azerbaiyán y en Armenia, mientras que países como el mío, Grecia, tienen embajada allí? 
He escuchado detenidamente la pregunta y sólo puedo decir que estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Alavanos en que son en exclusiva razones puramente presupuestarias y logísticas las que en estos momentos nos impiden tener representación en todas las nuevas repúblicas independientes de la ex Unión Soviética. 
A decir verdad, me alegra que hayamos podido abrir una delegación en Tbilisi, Georgia. 
Creo que para este año ya no hay más ampliaciones de delegaciones en el programa. 
Espero que el año que viene se abran nuevas posibilidades, pero entonces entro en competencia con otras repúblicas de la antigua Unión Soviética. 
Ocurre que en Kasajstán tenemos una delegación, en Alma Ata, pero por ejemplo en Usbekistán, que ha pedido expresamente que se abra cuanto antes una delegación, todavía no la tenemos. Hacemos lo que podemos. 
Señor Presidente, tengo una pregunta adicional, ya que se trató de una decisión de la Comisión de Energía. 
¿No cree usted, señor Comisario, que cada marco de TACIS invertido en Mezdamor es en todo caso un marco perdido, puesto que la central no se puede hacer más segura? 
Se ha vuelto a poner en marcha. 
Se había desconectado porque el suministro de gas de los países vecinos no funcionaba. 
Simplemente se cortó. 
¿No sería mejor que concentráramos todas nuestras iniciativas en restablecer el suministro de gas? 
Entonces Mezdamor se podría desconectar otra vez. 
Está, además, en una zona con actividad sísmica. 
¿No sería mejor dedicar a ello todas nuestras fuerzas y nuestros recursos, en lugar arreglar algo que no tiene remedio? 
Señor Comisario, ¿hay un calendario para poner fuera de servicio la central nuclear? 
Para empezar por la última pregunta, el calendario que maneja el Gobierno de Armenia prevé el cierre en el año 2007. 
Si el cierre de la central nuclear a muy corto plazo no se baraja como posibilidad, en cualquier caso podemos esforzarnos por que se aumente más la seguridad nuclear de la central, que es lo que estamos haciendo. 
Pero sé que el problema básico de este reactor es que se encuentra en una falla donde pueden tener lugar terremotos y cosas por el estilo, algo que, claro está, no se puede evitar fácilmente con el programa TACIS. 
Por tanto, repito que haremos todo lo que esté en nuestras manos para limitar el peligro, incluso acortando el plazo de cierre, y también prestando atención a los programas de energías alternativas. 
Señor Presidente, Señorías, me dirijo a ustedes como vicepresidente de la Delegación transcaucásica. Quisiera agradecer muy cordialmente a todos los ponentes sus informes y felicitarles de verdad por ellos. 
Resaltan una vez más la gran importancia de nuestros acuerdos de asociación para la reconstrucción y consolidación de la economías de estos Estados y para el desarrollo y fortalecimiento de las aún recientes estructuras democráticas. 
También en Transcaucasia la democracia implica no ahorrar esfuerzos para garantizar la paz social en estos Estados. 
Implica que cada ciudadano debe disponer de un techo bajo el que cobijarse, de comida suficiente y de trabajo y que ha de poder, ante todo, expresar libremente su opinión. 
Y con ello llego a lo que quiero mostrar hoy a todos una vez más. 
Hay que respetar el derecho de libertad de expresión y los derechos humanos. 
En Georgia no tenemos prácticamente ningún problema con estas cuestiones. 
Es una alegría debatir con los jóvenes colegas del parlamento georgiano sobre su trabajo, la situación en Georgia y nuestras relaciones mutuas. 
A todos nos siguen sorprendiendo los rápidos progresos de Georgia en la construcción y consolidación de estructuras democráticas. 
En cambio, la situación es problemática en distintos ámbitos, sobre todo en los otros dos Estados transcaucásicos. 
En Azerbaiyán, mientras que el petróleo promete una recuperación económica para el próximo futuro, pocos pueden participar en la democracia. 
La mentalidad de estirpe y el predominio de clanes resultante determinan el desarrollo político y económico. 
El país está regido por una autocracia, y los partidos del gobierno y el Presidente Alijew no sólo deciden dictatorialmente las líneas políticas generales, sino que determinan a su discreción el marco de actuación de la ya de por sí débil oposición. 
El Parlamento Europeo debe velar por el respeto a los derechos humanos y no dejarlo en manos de los Comités de Helsinki y de Amnistía Internacional. 
La importancia de su trabajo es inestimable, pero también nosotros somos responsables. 
Los conflictos bélicos en torno a Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia son utilizados por los armenios para someter a la oposición. 
El Presidente Terpetrosian se apoya para ello en leyes de la antigua Unión Soviética, las mismas leyes con que fue encarcelado en tiempos de Gorbachov. 
Así, por ejemplo, en Armenia sigue habiendo procesos que se pueden sin duda calificar de políticos. 
Es lo que ocurre parcialmente con el llamado proceso Dro, en el que se ha declarado culpable de actos terroristas a un grupo y se le ha sentenciado como tal. 
Con anterioridad se intentó sin base alguna conectar a este grupo con nuestro partido hermano, Daschnak. 
Se llegó incluso a afirmar que el grupo Dro había actuado por encargo de Daschnak. 
No obstante, el Tribunal Supremo de Armenia, gracias a Dios, lo ha rechazado por insostenible y falso y ha rehabilitado por completo a Daschnak. 
Con todo, me pregunto dónde está la renovación de la autorización de Daschnak y de los grupos y organizaciones próximos. 
Hay otro proceso que todavía no ha concluido, el llamado proceso de los 31. 
Afecta a 31 conocidos políticos de la oposición. 
Todos participaron en una gran manifestación de protesta contra la manipulación electoral de las elecciones presidenciales de septiembre del año pasado en Armenia. 
Aunque los organizadores fueron puestos en libertad gracias a la gran presión internacional, el proceso contra los 31 políticos continúa. 
Según informes de Amnistía Internacional, siguen detenidos en condiciones inhumanas. 
Me inquieta además la dependencia política, económica y militar armenia de Rusia. 
Rusia suministra a Eriván muchos productos vitales y mantiene en Armenia bases para el ejército y la aviación cerca de la frontera con Turquía. 
Entiendo, naturalmente, que Armenia haga todo lo posible por mejorar su situación económica. 
No en vano el Parlamento Europeo exigió el 17 de febrero a Turquía y Azerbaiyán que suavizaran el bloqueo económico. 
Quisiera subrayarlo una vez más: una situación económica de necesidad no puede servir de pretexto para una conducta no democrática. 
En enero dejamos clara una vez más nuestra postura con respecto a las Repúblicas transcaucásicas al aprobar el informe D ' Encausse. 
Queremos que el desarrollo económico de Armenia, Azerbaiyán y Georgia se logre en el marco de una economía social de mercado y respetando el medio ambiente y los derechos humanos. 
Eso es lo que hoy quería subrayar una vez más. 
Señor Presidente, señoras y señores, Señorías, los primeros años de las Repúblicas caucásicas tras el desmembramiento de la Unión Soviética estuvieron marcados por la guerra, los antiguos cuadros comunistas y el control desde el Kremlin. 
Es ahora cuando Georgia, Armenia y Azerbaiyán comienzan poco a poco a estabilizarse económica y políticamente. 
Pero no habrá un desarrollo positivo y duradero mientras no se superen los conflictos étnicos, que también son, en principio, una herencia de los tiempos soviéticos. 
Aun así, Armenia y Azerbaiyán ya no luchan entre sí, las armas callan. 
Ciertamente, Moscú prendió fuego primero para luego presentarse como mediador y poder así aumentar su influencia. 
La idea funcionó. 
Rusia es hoy una vez más el poder predominante en el Cáucaso, Turquía hubo de enterrar rápidamente sus planes para esta región y Armenia depende más del apoyo ruso que sus hermanas caucásicas. 
Sabemos que no hay una relación normal con Turquía. 
Los turcos apoyan a los aseris, emparentados con ellos por la lengua y la etnia, en la guerra de Nagorno-Karabaj. 
Con todo, el conflicto en torno a la región de Nagorno, situada en territorio azerbaiyano, es la mayor hipoteca para la política interior e internacional y para la situación financiera de este país. 
En clave de política regional, el conflicto de Nagorno-Karabaj pertenece a la partida de póker internacional que se juega por el petróleo del mar Caspio. 
Hay que añadir como activo- y es importante que lo incluyamos en este debate- a los 3, 7 millones de habitantes, que tienen una gran homogeneidad étnica y que pueden participar conjuntamente en la construcción del país. 
En cualquier caso, Armenia es étnicamente más homogénea que sus vecinos de la región. 
Aunque geográficamente constituyan una parte del Oriente Próximo, los armenios se consideran, como también, por cierto, los georgianos, europeos de corazón. 
El nexo religioso con Oriente les resulta también extraño a los armenios, que se declaran mayoritariamente cristianos, bien armenio-apostólicos o miembros de la Iglesia ortodoxa. 
Armenia, de modo similar a Bielorrusia, desempeñó un papel especial orientado a la técnica, sobre todo a los sectores químico y textil, en el concierto de las antiguas 15 Repúblicas Soviéticas, lo que también es importante. La cooperación debe tener en cuenta este punto. 
El Acuerdo de Asociación y Cooperación con Armenia fomenta una estrecha colaboración con las instituciones europeas. 
Uno de sus objetivos es el progresivo acercamiento de Armenia al sistema internacional abierto, tanto en el aspecto político como económico. 
La Unión Europea apoya con este acuerdo la soberanía de Armenia y, con ello, la estabilidad en la región. 
Señor Presidente, los acuerdos de asociación y cooperación que nos ocupan esta mañana tienen un punto común: conciernen los países de la periferia meridional de la antigua Unión Soviética, cuya salida del sistema soviético fue difícil, incluso si estas dificultades fueron de diferente orden. 
En Transcaucasia, ya que quisiera hablar de los cuatro países, las independencias tuvieron como tela de fondo la guerra de Karabakh que oponía a Azerbaiyán a su minoría armenia, lo que, naturalmente, no podía dejar indiferente a la Armenia vecina separada de sus hermanos por los acuerdos territoriales artificiales de 1922. 
En Georgia, la voluntad separatista de Abkhasia sostenida y manipulada por Rusia, ponía en tela de juicio la integridad territorial de la república. 
En el extremo oriental de Asia central, Kazajstán entraba, en 1986, en una fase de confrontación violenta entre los dos principales grupos nacionales que viven en la república: los kasacos y los rusos. 
El balance de esta agitada salida del comunismo es contradictorio: el 20 % del territorio de Azerbaiyán se encuentra hoy día ocupado, como corolario de la guerra, por los armenios de Karabakh. 
Los refugiados tuvieron que huir de las zonas de guerra, y no pueden regresar a sus hogares. Su desamparo es tremendo, en Azerbaiyán, en Georgia, e incluso en Armenia. 
En Kazajstán, a pesar de la actitud conciliadora del Presidente Nazarbaiev, los rusos, convertidos en ciudadanos de segunda categoría, desean partir. 
Su proporción en la república ha descendido del 45 al 36 %. 
A pesar de todo, la otra cara de la medalla es más reconfortante. 
En Karabakh no se ha roto el cese el fuego desde hace dos años y el grupo de Minsk va a reanudar sus trabajos para intentar transformar el cese el fuego en una paz definitiva. 
No es sencillo. 
En Georgia, también, la situación es menos tirante entre georgianos y abkhases y se espera ya que los refugiados puedan retornar progresivamente a sus hogares. 
Por último, en Kazajstán, los kasacos se esfuerzan por tranquilizar a la comunidad rusa y convencerla de que a condición de aceptar las obligaciones lingüísticas, puede quedarse en un país que necesita de sus competencias. 
Si he recordado largamente la dificultad de los primeros pasos en la vida independiente de estos cuatro países, es para subrayar que sufren ante todo por ver vivir en su territorio comunidades nacionales y culturas múltiples, mezcladas en condiciones que les fueron impuestas anteriormente por el sistema soviético. 
Las hostilidades interétnicas de los pueblos de Transcaucasia y de Kazajstán son ciertamente el fruto de una larga historia, pero más cerca de nosotros, son el resultado de un proyecto deliberado del poder soviético que quería, complicando las relaciones interétnicas y suscitando las hostilidades, las violencias cuyos efectos vemos aún hoy día, asegurar más fácilmente su control sobre los pueblos de su periferia. 
De ahí los rencores, las hostilidades, las tragedias en el interior de los Estados y comportamientos que nuestra tradición democrática tiene dificultades para comprender. 
Condenados a vivir juntos en fronteras a menudo poco conformes con su pasado y con sus deseos, los pueblos de estos países deben aprender la tolerancia y el trato equitativo de las minorías. 
Los cinco años anteriores, los de su independencia, representan un período sumamente corto para hacer un aprendizaje semejante de los valores de la democracia, del respeto del otro. 
En el momento en que evaluamos su balance en este ámbito, debemos tomar en cuenta una historia trágica, que es su rasgo común. 
Debemos tomar en cuenta las crisis que han acompañado su salida del sovietismo. 
Tenemos que tomar en cuenta los progresos que han logrado, incluso si lamentamos- lo escuché y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dichosus innumerables faltas a las normas democráticas. 
Les ruego, Señorías, tengan, para juzgar a estos países, un visión lúcida que tome en cuenta un pasado terrible, que también tome en cuenta sus progresos y sus esperanzas. 
Todos estos países necesitan de la ayuda y la atención de la Unión Europea. 
Si están vinculados a ella por los acuerdos que hoy nos ocupan, avanzarán, con nuestro apoyo y la autoridad moral que nos conferirán estos acuerdos, en el camino en el que ya han dado sus primeros pasos y que quieren recorrer hasta el final. 
Europa debe darse los medios necesarios para exigir a estos países, a cambio de su asociación, que se adhieran no solamente a la ayuda que les prodigamos, sino también a todos los principios de la vida democrática. 
Actuando así, ampliaremos en las fronteras de Irán, Turquía, Afganistán y China el campo de la democracia y esperamos que enseguida ésta podrá, allí también, ganar terreno. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo va a pronunciarse sobre una serie de acuerdos de asociación y cooperación con Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajstán. 
Mi Grupo no dejará de votar en favor de estos acuerdos cuya finalidad consiste en sentar las bases de una cooperación cada vez más estrecha en los ámbitos económico, comercial y político así como la instauración de un diálogo digno de este nombre. 
Asimismo, quisiera felicitar a todos los ponentes que han tratado este tema. 
Los acuerdos en cuestión están destinados a promover el progreso en los ámbitos citados anteriormente y se aplican a países que, aunque en diversos grados, se esfuerzan por superar los obstáculos con los que todavía se topa la transición o, más bien las transiciones: transición de la economía planificada a la economía de mercado, transición del régimen político totalitario a la democracia y el Estado de derecho. 
Se ha dado la señal de partida. 
No obstante, la evolución a veces titubeante pone en evidencia el carácter frágil e incierto de la vía adoptada. 
Una cosa es segura- se trata de una convicción que adquirí en el marco de mis informes con los países que, todavía hace poco, sufrían bajo las dictaduras comunistas- estos países no podrán arreglárselas solos. 
Por lo demás, para subrayar el carácter laborioso de la transformación económica por ejemplo, me gustaría citar a Lech Walesa, al que se atribuye la siguiente frase: » Es fácil transformar un acuario en una sopa de pescado, en cambio, la transformación de una sopa de pescado en acuario depende de un milagro. 
Pasa lo mismo con la transición de la economía planificada a la economía de mercado». 
Con ello quiero decir que la entrada en vigor de los acuerdos de cooperación y asociación no constituye mas que un marco ciertamente útil, pero no capaz de garantizar por sí solo el carácter irreversible de las reformas esbozadas. 
Es preciso ir más lejos. 
Todo aboga en favor de una movilización sin precedente de nuestros recursos tecnológicos, científicos, incluso pedagógicos y humanos, ya que estos esfuerzos pueden acelerar el movimiento hacia una mayor democracia, derecho, libertad económica e individual y también hacia una mayor independencia. 
Es absolutamente necesario hacer todo lo que esté a nuestro alcance para multiplicar los intercambios. 
Se trata de una tarea que incumbe a los expertos. 
En nuestros países, padecemos un considerable desempleo, incluido un desempleo intelectual. 
Presenciamos la pérdida de un capital de experiencia que podríamos fácilmente destinar a la reconstrucción en estos países. 
No basta con mejorar los parámetros macroeconómicos de estos países, también es necesario hacer que el campesino, el abogado, el zapatero, el comerciante, el restaurador, el hotelero, las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar la vía hacia una mayor libertad y una mayor independencia en el plano económico. 
Lo mismo ocurre con las transformaciones en el ámbito democrático. 
Lamentablemente, el tiempo de palabra que me corresponde no me permite terminar mi discurso. 
Señor Presidente, quiero destacar que las tres democracias del Cáucaso son la puerta de Asia a Europa, son países en los que se encuentran antiguas culturas y punto de intersección y de encuentro del cristianismo y el Islam. 
Son países que tienen un tortuoso pasado de intensos conflictos regionales. 
Desde este punto de vista, requieren, como muy correctamente han señalado todos los diputados y el Comisario, el Sr. van den Broek, una política de acercamiento estable, coherente y dinámica por parte de la Unión Europea. 
En este sentido, debemos tener especial cuidado dentro del Parlamento Europeo. 
Quiero felicitar a todos los diputados, pero debemos tener cuidado de que los diferentes informes, las divergencias que hay entre la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores no lleven al Parlamento a adoptar múltiples decisiones contradictorias, con la consecuencia de que nuestra participación y presencia no resulten convincentes y no sean coherentes ni estables, y puedan dar a terceros la impresión de que, aquí, algunos somos amigos de Azerbaiyán y enemigos de Armenia y otros amigos de Rusia y enemigos de Georgia, o viceversa. 
Este es un aspecto delicado que también se ha puesto de manifiesto hoy y con el que creo que debemos tener especial cuidado. 
Además, debemos preocuparnos porque, debido a razones presupuestarias, en esa región, que ofrece inmensas posiblidades al mismo tiempo que es explosiva, no hay representación de la Unión Europea. 
No es posible que todas las empresas multinacionales tengan allí su sucursal, que países con posibilidades modestas, como Grecia, tengan una embajada en Azerbaiyán y en Armenia, y que la Unión Europea, hasta donde yo sé, carezca de representación cuando se halla a punto de dar un paso tan importante. 
El Comisario ha dicho, cosa que es muy importante, que la Unión Europea es la principal fuente de financiación de esa región. 
Sin embargo, a mí me viene a la cabeza la situación de Albania. 
No debemos olvidar que Albania fue el principal país al que se destinó ayuda financiera masiva, y aun así nos hemos encontrado ante la situación actual. 
Opino, por lo tanto, que, además de conceder ayudas financieras, es necesario participar en favor de la democracia y, sobre todo, para encontrar una solución a las diferencias regionales, ahora que la iniciativa de Minsk parece más adormilada que nunca. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, ustedes hablan, sobre todo, de la importancia de la región transcaucásica para Europa, con lo que describen con exactitud los Acuerdos de Asociación y Cooperación. 
Estos parten teóricamente de la asociación, pero tienen una gran importancia, ante todo y en primer lugar, para los Estados miembros de la Unión Europea y para sus intereses en la región. 
La situación real, la voluntad de democratizar y el estado en que se encuentra el proceso de democratización, la situación de los derechos civiles, la construcción de una jurisdicción democrática y libre, la capacidad de resolver el problema de los refugiados en la región, el estado de guerra entre Armenia y Azerbaiyán, todos estos asuntos pasan siempre a un segundo plano. 
Ahora bien, una asociación con los mismos derechos implica la posibilidad de participación para el conjunto de la población. 
La Unión Europea ha de contribuir ante todo a la estabilidad y al desarrollo de estas regiones, y no sólo mostrar su propio interés en el petróleo de la región y en contar con un corredor seguro para los oleoductos. 
Lo primero que necesita la región es paz para que las inversiones puedan acudir y se pueda construir y conectar la infraestructura. 
Para conseguirlo, es preciso, ante todo, contribuir a una reducción del potencial militar de la región en el marco de la CSCE. Sólo así tendrán eficacia las estrategias globales. 
Es completamente cierto que los Acuerdos de Asociación y Cooperación pueden ser un elemento importante, siempre que al aplicarse produzcan ventajas recíprocas y una asociación equilibrada y en la medida en que se orienten a las necesidades de la región, que presenta un aspecto muy diferenciado. 
En Georgia vemos los primeros signos de que la situación política se estabiliza. 
El segundo gobierno intenta que no vuelva a estallar otra vez el conflicto de Osetia del Sur y Abjasia, aunque todavía no hay una solución institucional. 
La situación es completamente distinta entre los aliados en la guerra, Azerbaiyán y Armenia. 
Allí la línea del frente divide Azerbaiyán. 
Ambas partes tienen tropas y gran cantidad de armamento en esta línea y parte de Azerbaiyán está ocupada por tropas armenias de Karabaj. 
La frontera es la línea del frente y no la frontera internacionalmente reconocida. Basta una chispa para que vuelvan a estallar las hostilidades. 
La petición de la OSCE de acelerar el proceso de arreglo pacífico y de constituir una región autónoma dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán que disponga del mayor nivel de autogobierno no consiguió el apoyo de Armenia. 
La Presidencia irlandesa, sin embargo, asumió esa declaración de la OSCE. 
Desde entonces, las delicadas conversaciones sobre el estatuto de Nagorno-Karabaj están en un punto muerto, lo que significa que cerca de un millón de refugiados tendrá que continuar hasta no se sabe cuándo en campos, tiendas, casas de adobe y vagones de mercancías. Algunos llevan ya cinco años en estas condiciones. 
El llamamiento de las Naciones Unidas a una retirada completa no es ejecutable a corto plazo. 
Si Europa, en esta situación, cree que hay terceros países seguros, simplemente se engaña. 
El ACNUR confirma lo que digo: ni la situación política ni la legal, especialmente en Armenia y Azerbaiyán, permite la solución de un tercer país seguro. 
El requisito para una verdadera cooperación económica es un tratado de paz. 
No hay otra salida. ¿O quiere usted llevar las inversiones a Nagorno-Karabaj a través del corredor de Latschin? 
Por eso, mi opinión es que hemos de vincular la ratificación y notificación del acuerdo y el tratado de paz. Sólo así nos resultaría posible apoyar una actuación de política exterior coherente y responsable. 
Una actuación económica en estas condiciones es una ilusión. 
Señor Presidente, los acuerdos de asociación que examinamos esta mañana constituyen una señal política clara, coherente y positiva dirigida a las jóvenes repúblicas caucasianas. 
Se ajustan a los intereses de seguridad, a corto y largo plazo, de los países de la Unión Europea. 
El Cáucaso no está en el fin del mundo, está a nuestras puertas, lo que allí ocurre tiene una incidencia directa sobre nuestra seguridad. 
Por ello, nuestro Grupo está satisfecho de ver que se toman en consideración, en estos acuerdos, las cuestiones de seguridad medioambiental, la seguridad nuclear, de lucha contra la criminalidad organizada y los tráficos de droga. 
A un mayor plazo, nuestro objetivo debe ser contribuir a una estabilización durable de la situación en esta región. 
Sin querer exagerar su papel, estos acuerdos de asociación pueden ayudar a lograrlo apoyando, ante todo, la soberanía y la independencia de cada una de estas jóvenes repúblicas, que acaban de recobrarlas después del hundimiento del sistema soviético, y a las que están especialmente apegadas. 
Al mismo tiempo que alentamos la difícil cooperación regional, debemos, no obstante, saber respetar la especificidad e identidad de cada Estado. 
Las diferencias son importantes: dos de entre ellos son de tradición cristiana y cultura europea; algunos han eliminado sus antiguos dirigentes comunistas y otros los han conservado bajo nuevos avatares, al cabo de elecciones a veces sospechosas. 
No obstante, en general, los acuerdos pueden contribuir a favorecer el arraigo de las prácticas democráticas y el desarrollo de la economía de mercado en las sociedades que afrontan las considerables dificultades que implica la transición- Hélène Carrère d ' Encausse lo recordaba hace un momento. 
Estas últimas justifican de nuestra parte el establecimiento de ciertas formas de ayuda, siempre y cuando sean, señor Presidente, realmente eficaces y que no tengan paradójicamente por objeto compensar los desastrosos efectos de las políticas de bloqueo auspiciadas contra ciertos de estos Estados por algunos de nuestros socios regionales. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a todos los ponentes por sus excelentes informes, que abarcan acuerdos provisionales y acuerdos de coparticipación y cooperación con los tres Estados transcaucasianos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, así como el Estado de Kazajstán en Asia Central. 
Naturalmente este Parlamento ha aprobado ya el informe de la Sra. Carrère d ' Encausse sobre Transcaucasia, que brindaba el telón de fondo para los acuerdos de asociación y cooperación con tres de los cuatro países de que estamos tratando hoy. 
Quisiera felicitar calurosamente a la Sra. Carrère d ' Encausse por lo mucho que ha colaborado en esta cuestión. 
En este debate nos estamos ocupando de dos regiones diferentes del mundo: Transcaucasia, y Asia Central. 
Se trata de dos regiones muy diferentes, aunque tengan algunas características en común: las dos formaban parte de la antigua Unión Soviética y han heredado una economía de mercado dislocada y un régimen político que depende de Moscú. 
El Kazajstán, Azerbaiyán y, en grado menor, Georgia y Armenia, acusan mucho la influencia de la presencia del Mar Caspio y, en particular, de la explotación y el transporte de petróleo. 
Los cuatro países están procurando dejar bien sentada su independencia de Moscú al mismo tiempo que cooperan en grados diversos con la Comunidad de Estados Independientes. 
Hasta cierto punto los acuerdos provisionales y los AAC conexos tienen por finalidad estimular la independencia de esos países y ayudarles en su transición hacia la economía de mercado y hacia el desarrollo democrático. 
Para la UE es importante establecer relaciones con los países que se hallan en una región geopolítica importante. 
El Kazajstán se halla entre Rusia y China y cerca del Irán, así como del Afganistán, país caracterizado por su inestabilidad política. 
Georgia, Armenia y Azerbaiyán se hallan entre el Mar Caspio y el Mar Negro, siendo sus vecinos próximos el Irán, Turquía y Rusia. 
El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán acerca de Nagorni Karabaj y la lucha para dominar Abjasia en Georgia hacen de esta zona una región conflictiva. 
El desarrollo económico y democrático en tres de los cuatro países ha sido flojo. 
Como indica el informe de la Sra. Hoff, solamente Georgia, con el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze, al timón, ha conseguido organizar elecciones libres y justas y resistir la tendencia hacia métodos autoritarios. 
En Armenia y en Azerbaiyán hemos sido testigos de elecciones manipuladas, mientras que el Presidente Nazarbayev, de Kazajstán, se ha mofado de la Constitución del país y ha atemorizado a la oposición. 
Estos países necesitan mejorar su historial de derechos humanos y democráticos. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Lalumière acerca de lo inadecuada que es actualmente la naturaleza de los acuerdos de coparticipación y de cooperación que van a firmar esos países. 
Induciremos en error si damos la impresión de que la Unión Europea y el Parlamento Europeo están satisfechos con el grado de democracia y el nivel de los derechos humanos en Kazajstán, Armenia y Azerbaiyán. 
Espero que el Parlamento apruebe estos informes y siga supervisando estrechamente la situación en los países de que se trata. 
La Unión Europea tiene que desarrollar relaciones más estrechas con esos cuatro países y tiene que esforzarse por desarrollar la prosperidad, la paz y la democracia en ellos. 
Señor Presidente, Señorías, una vez fundida la chapa de plomo de la Unión Soviética, podemos hacer una constatación y formular una exigencia. 
La constatación es que en Transcaucasia, como en muchos otros lugares, encontramos casi intactos los problemas de nacionalidades, fronteras, minorías, diferencias étnicas y religiosas que prevalecían antes. 
Por lo demás, a veces viene a añadirse la herencia de las divisiones practicadas por la Unión Soviética, como en el Alto Karabakh, por ejemplo. 
La exigencia consiste en abordar con un espíritu totalmente nuevo esta situación para aportar soluciones durables. 
Efectivamente, el acuerdo mixto que concierne Armenia y que hoy se nos pide aprobar se inscribe en este contexto. 
Permitir a este país consolidar su independencia, tener una mayor apertura a la vida internacional, orientarse hacia la economía de mercado, diversificar sus flujos económicos hasta ahora demasiado centrados exclusivamente en la antigua Unión Soviética, obtener que se levante el bloqueo, luego desarrollar una cooperación regional sólida y confiada con los países vecinos, estos son, efectivamente, los objetivos de este acuerdo que apruebo. 
Espero que Europa utilice su influencia para que así sea y, en particular, para que se devuelva a Armenia la libertad de comercio, que es uno de los fundamentos del derecho de los pueblos, lo que le permitirá especialmente cerrar una central nuclear peligrosa que también constituye una condición indispensable para una paz durable en esta región. 
Señor Presidente, quiero hacer dos o tres observaciones. 
Estamos deliberando sobre tres o cuatro repúblicas de Transcaucasia y sobre otras tantas repúblicas de Asia Central. 
Mi primera observación es que el debate tiene un planteamiento superficial, como si fueran cosas inanes que se pueden tratar de manera correspondiente; sin embargo, se trata de países, de pueblos con culturas antiguas y modernas y con tradiciones culturales, religiosas, económicas y sociales. 
No se pueden medir con el mismo rasero ni tratar en un mismo debate. 
Este planteamiento erróneo del debate anima mi segunda observación; el conjunto de los informes y recomendaciones presentados tienen, a pesar de la buena intención de los ponentes, una característica en común. 
¿Cuál es? 
Que ocultan un paternalismo, una especie de tutelaje, que ocultan la actitud de señor rico que, desplegando su riqueza, dice lo que hay que hacer y pone sus condiciones. 
Mi observación continúa con que no hemos aprendido ni siquiera con el ejemplo de Albania, el país más pequeño desde cualquier punto de vista, donde estos métodos han conducido a la situación actual, que, literalmente, ha puesto en ridículo toda la metodología aplicada por la Comunidad y los norteamericanos al trato de estas jóvenes democracias, como se las suele llamar. 
Mi tercera observación, señor Presidente, para no ser negativo, es que es necesario mostrar prudencia, es necesario un acercamiento y es necesario tratar a estos países y pueblos sobre la base de la igualdad; es necesario respetar su dignidad y su historia, si queremos establecer relaciones de cooperación y acuerdos productivos. 
De lo contrario, se verá que en el fondo, y más allá de nuestras intenciones o las de los ponentes, prevalece la política comunitaria que aspira al saqueo de esos países y al establecimiento de vínculos y relaciones neocoloniales, cuyas consecuencias tendrán que pagar tanto esos pueblos, como los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, permítaseme una breve intervención en mi calidad de presidente de la Delegación para Asia Central y Mongolia, para mostrar nuestro apoyo al acuerdo de colaboración con Kazajstán que hoy se debate. 
Sinceramente, creemos que dicho acuerdo ayudará a esta joven república a consolidar su nueva democracia, a desarrollar su economía y a completar el proceso de transición hacia una economía de mercado. 
Somos conscientes, como se ha dicho, de que en Kazajstán aún no existe una situación satisfactoria en lo que se refiere a la protección de las libertades, al respeto de los derechos humanos y al perfeccionamiento democrático. 
Pero también es cierto que se han dado algunos pasos positivos, lo que permite albergar la esperanza de que se haya iniciado el camino correcto que permita ya la puesta en práctica del acuerdo. 
El retrasarlo podría ser contraproducente al poder coadyuvar al riesgo de involución. 
Para la Unión Europea esta república tiene un alto valor estratégico cuya estabilidad es del máximo interés. 
No se olvide que estamos ante la tercera potencia nuclear del mundo, que se trata de un país que dispone de importantes recursos mineros, energéticos y textiles- incluso instalaciones espaciales -, que está en la línea divisoria entre el islamismo y el cristianismo y que alberga una importante minoría de habla turca, otra rusa e incluso otra polaca. 
En realidad, estamos ante un territorio no tan lejano, ya que al fin y al cabo Turquía y Europa Oriental constituyen unas próximas y naturales rutas hacia la Unión Europea. 
Resumiendo, señor Presidente, el acuerdo crea las mejores condiciones para un mutuo desarrollo de las relaciones económicas y culturales. 
Sólo queda hacer votos para que las circunstancias políticas del Kazajstán lo permitan así. 
Señor Presidente, Señorías, el debate sobre los cuatro Estados y los acuerdos sobre los que hemos de decidir tiene una importancia decisiva tanto desde una perspectiva económica como política, ya que este espacio geográfico tendrá una importancia muy especial en el futuro. 
Cuenta con importantes reservas de materias primas, en especial petróleo, quizá sustancialmente mayores de lo que estimamos hoy. 
Quien quiera ser amigo de esa región estará en mejor situación que quien pierda su amistad. 
El segundo punto es, naturalmente, la cuestión del Islam, especialmente en dos de los Estados. 
Hay dos Estados cristianos y dos musulmanes. 
En estos últimos habitan, fundamentalmente, pueblos turcos que se entienden, además, muy bien con los turcos. 
Por esta razón he de decir una vez más con claridad que nuestra política con respecto a Turquía es de una miopía que quita el aliento. 
Necesitamos a ese país. 
Lo necesitamos decididamente, pues es la alternativa en el espacio islámico a determinadas fuerzas que son muy peligrosas. 
Está completamente claro que los turcos lo saben. 
He estado últimamente varias veces en Turquía. 
Sé con gran precisión cuántas personas de estos dos Estados musulmanes viven y se educan hoy en día en Turquía. 
Casi diría que hay dos naciones que nos pueden dar ejemplo en materia de ayuda al desarrollo: los turcos y los chinos. 
Los turcos, porque destinan la ayuda al desarrollo en primer lugar y decididamente a las personas, es decir, que dan a esos pueblos las estructuras que la dominación rusa les robó. Y los chinos, porque, especialmente en Africa, adecuan el nivel de su ayuda al desarrollo a las personas y no fomentan, como otros Estados que a menudo no tienen mucho éxito en esta zona, grandes proyectos. 
Por lo tanto, hemos de pensar políticamente con respecto a ambos Estados. 
En este caso hemos de cooperar con Turquía, pues éste es el interés de Europa a largo plazo. 
Por lo que respecta a los dos Estados cristianos, Georgia y Armenia, quisiera decir lo siguiente: es absolutamente correcto ayudar a Georgia y ponernos de acuerdo con ella. Sin embargo, eso no puede significar que entreguemos nuestra confianza al gobernador ruso de Georgia, Sr. Shewardnadze. 
En su momento se le utilizó contra el hombre libremente elegido por el pueblo georgiano, Gamsajurdia, que después fue asesinado. 
Yo también me ocupo un poco de Georgia, pertenezco al comité del grupo de derechos humanos para Georgia y les puedo decir que allí se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. 
Hemos de subrayar tal cosa una y otra vez. 
En materia de derechos humanos se tiende a ser demasiado ingenuo. 
Se ven violaciones de los derechos humanos en unos sitios y no en otros. 
En Georgia hemos de verlas. 
Por lo que respecta a Armenia, me consta que muchos critican al presidente Ter-Petrosyan, pero no se puede olvidar lo que ha hecho por Armenia, cómo ha construido el país. 
Por ello, sobre esta base, nuestro interés nos dicta tener buenas relaciones con Armenia y, especialmente, servirnos de nuestra influencia para conseguir de una vez un entendimiento entre Armenia y Azerbaiyán que respete los derechos legítimos de ambos Estados y que permita, además, restablecer el orden en una zona en la que tenemos intereses. 
Señor Presidente, le agradezco que me conceda la palabra. 
Hace un momento, no pude dar la opinión de la Comisión de Presupuestos sobre el Acuerdo interino entre la Unión Europea y Armenia. 
Deseo hacerlo ahora, después de lo que dijo el Sr. McCartin a propósito del acuerdo de asociación. 
Dio a conocer la posición de la Comisión de Presupuestos, que concedió un dictamen favorable e hizo los comentarios que escuchó la Asamblea. 
Naturalmente, la Comisión de Presupuestos dio un dictamen favorable al acuerdo interino. 
Lo hizo unánimemente, a propuesta mía. 
Obtuvo de la Comisión, en relación con lo que se menciona en el dictamen escrito, los importes que deseaba. 
Teniendo en cuenta el hecho de que el acuerdo general de asociación requería el dictamen conforme del Parlamento y la importancia del acuerdo interino, se congratuló, pues, de que el Consejo haya consultado al Parlamento. 
Añado que a título personal hago mías las observaciones formuladas a propósito de la importancia de Armenia para la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.35 horas, se reanuda a las 12.05 horas) 
Señor Presidente, me limitaré a transmitir mis mejores votos a la Mesa por haber adoptado la acertada decisión de sacar de los locales del Parlamento la fotografía de Robert Maxwell. 
Es una lástima que haya necesitado 24 horas para hacerlo. 
También es una lástima que haya tenido usted que añadir algo a los elogios que había formulado. 
Señor Presidente, me gustaría pedir a los conservadores británicos, y en particular al Sr. Cassidy, que durante las votaciones se abstengan de hacer gestos obscenos en dirección de los que ocupan la galería pública. 
Estoy seguro de que el Sr. Cassidy dará esa seguridad. 
Señor Presidente, es evidente que para el Sr. Hallam un gesto tiene que ser obsceno para que tenga significado. 
Bienvenida 
Quisiera dar la bienvenida esta mañana a una delegación del Parlamento de Lituania, el Seimas, encabezada por su presidente, el Sr. Racas. 
Le acompaña el Viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Sr. Rinkunas. 
La delegación está de visita en Estrasburgo para reunirse con sus homólogos del Parlamento Europeo y ha sostenido reuniones ayer y hoy. 
El acuerdo de asociación firmado entre la Unión Europea y Lituania, que pondrá a Lituania en igualdad de condiciones con los demás Estados asociados en sus relaciones con la Unión Europea, sigue esperando la ratificación de tres de los Estados miembros. 
Como el Parlamento Europeo, por conducto del informe Oostlander, ha pedido que se siga una política de igualdad de trato para todos los Estados asociados, esperemos que el proceso de ratificación finalice rápidamente para que se pueda establecer la Comisión parlamentaria conjunta Unión Europea/Lituania. 
Señor Presidente, colegas, les damos la bienvenida en este Parlamento. 
(Aplausos) 
Votaciones 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Desarrollo y Cooperación se pronuncia en este informe por utilizar, junto a otras medidas muy importantes en la lucha contra las drogas, la política de desarrollo para ofrecer a las personas una alternativa legal. 
La comisión aprobó el informe por unanimidad. Por eso es muy importante que no hagamos imposible la aprobación de la Comisión y el Consejo por unas imprecisiones del texto. 
Pido por eso que se corrija la enmienda nº 5. 
En ella se pide que se utilicen también otros instrumentos financieros de la Comunidad y el Fondo Europeo de Desarrollo para el desarrollo alternativo. 
La comisión lo decidió así: otros instrumentos financieros de la Comunidad, después viene ALA entre paréntesis y luego el Fondo Europeo de Desarrollo. La Comisión sabe que el Fondo Europeo de Desarrollo no es un instrumento de la Comunidad, sino un instrumento común con los países ACP. 
Ruego que se haga constar esto con claridad en el Acta, para que al final la Comisión no rechace por este motivo tan importante enmienda, que es el núcleo del informe. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
He oído que algunos Grupos tienen problemas porque aparece la palabra «países». 
Propongo en enmienda oral que se suprima la palabra «países». 
La enmienda quedaría así: » Quedan excluidas del apoyo de la Comunidad las organizaciones que aprueben o fomenten el aborto forzoso, la esterilización y el asesinato de niños como medidas de control del crecimiento de la población». 
La palabra «países» se suprime. 
¿Hay alguna objeción respecto de esta enmienda oral? 
Señor Presidente, de hecho hay países que aprueban estos métodos y los practican oficialmente. 
Consiguientemente, hay que referirse a ellos como países. 
Escribir simplemente «organizaciones» y esconderse detrás para, en caso necesario, poder incluir bajo esa rúbrica también a países no me parece adecuado. 
(El Parlamento rechaza la enmienda oral) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
El Sr. Falconer desea que felicite al Sr. Donnelly por la aprobación de su informe. 
Señor Presidente, Señorías, en el marco de la asociación mediterránea y del proceso de la Conferencia de Barcelona, nos visitan desde ayer invitados, colegas y diputados de diez países del Mediterráneo que se reúnen con nosotros por primera vez. 
En el curso de los interesantes debates que hemos tenido ha habido diputados que han presentado varias propuestas constructivas que habrían completado y enriquecido el informe. 
He aclarado a los diputados que, por desgracia, nuestro Reglamento no permite presentar enmiendas en el último momento, pero quisiera manifestar que comparto algunas dudas expresadas al respecto. 
Pese a ello, el informe se va a votar ahora. 
Enmienda 6: 
Señor Presidente, he hablado con los diputados del PPE porque esta enmienda da lugar a falsas interpretaciones. 
Quisiéramos añadir al final del considerando A una enmienda oral. La leo en francés: 
»... y reconociendo el seguimiento coherente dado por las presidencias posteriores a la italiana... ». 
Si los diputados pueden aprobar esta proposición, entonces nosotros podríamos retirar la otra enmienda y luego pasar a la votación. 
(Queda retirada la enmienda) 
Enmienda 13: 
Señor Presidente, no sé por qué razón los diputados del Partido liberal han presentado esta enmienda. 
Se trata sólo de suprimir una frase importante de la enmienda nº 13; concretamente, la que dice que en el Mediterráneo se ha de establecer una zona sin armas atómicas. 
Lo podríamos hacer mediante una votación separada. 
Enmienda 11: 
Señor Presidente, deseo proponer que se añada a la palabra «restauración» la palabra «conservación» y al enunciado «promoción del patrimonio artístico e histórico» el término «arqueológico». 
(Queda aceptada la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, pido que para el segundo párrafo de la enmienda nº 11 se acepte el presente texto de la resolución quitándole cinco palabras. 
Todos tienen el texto. 
Lo leo en francés con la redacción modificada: 
» rechaza toda propuesta de que se enumeren en el Tratado las múltiples condiciones que se deben cumplir para que entre en vigor el artículo 7A, que prevé la libre circulación de las personas; critica fuertemente que este texto no prevea el papel del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia;» 
Tengo entendido que va a haber una votación nominal sobre la enmienda 11. 
Esto me parece muy acertado para determinar si debemos aceptar esta enmienda oral. 
En principio estoy en contra de toda enmienda oral que conduzca a una votación nominal. 
Me parece que una votación nominal compromete la responsabilidad política de los diputados de este Parlamento de una forma poco habitual, y por eso estimo que se debe anunciar por anticipado. 
Incluso diré que, con arreglo al apartado 1 del artículo 119, una solicitud de votación nominal no se aplica más que a las enmiendas impresas que nos han sido presentadas, y no puede aplicarse a una enmienda oral. 
¿Está dispuesto el Grupo Liberal a retirar la petición de que haya votación nominal? 
Quisiera contestar al Sr. Schäfer. 
Entiendo que se trata de una enmienda oral de la enmienda 11 presentada por el Grupo Liberal y que sustituye a todo el apartado 8, y no solamente a la segunda frase. 
¿Podría confirmarnos que es así? 
De ser así, y si el Grupo Socialista apoya la enmienda 11 en su integridad, estamos dispuestos a retirar la petición de votación nominal. 
Si lo único que quiere es sustituir la segunda parte del apartado, entonces mantenemos nuestra petición. 
Se trata de sustituir todo el apartado. 
Entonces retiramos nuestra petición de votación nominal. 
Señor Presidente, para que este pleno esté bien informado, convendría que quien ha presentado esta enmienda oral dijera exactamente qué es lo que elimina, pues mi estimación es que se trata de una crítica a la Presidencia neerlandesa. Esto es por supuesto un acto político. 
(Queda aceptada la enmienda oral) 
Enmienda 14: 
Con intención de divertirse, la Sra. Van Dijk desea presentar una enmienda oral. 
Señor Presidente, no sólo por divertirme, sino porque, para ser sincera, pienso que no hay claridad en torno al contenido de la enmienda, no tanto para los diputados a este Parlamento como para el público: ¿qué ha borrado exactamente la Presidencia neerlandesa? 
Por ello quiero hacer una aclaración a la enmienda y esta reza, en inglés: 
se opone firmemente y rechaza la propuesta de la Presidencia neerlandesa de eliminar la orientación sexual, la edad y la minusvalidez del artículo sobre la antidiscriminación presentado por la Presidencia irlandesa. 
(Queda aceptada la enmienda oral) 
Señor Presidente, esta tarde está prevista la votación del informe Tillich, y yo quisiera llamar la atención sobre un error. 
El apartado 10 dice: » Considera fundamental, si los Estados miembros... » , pero en vez de los Estados miembros debe decir el Consejo, que jurídicamente no es lo mismo. 
Creo que los servicios correspondientes deberían hablar con el ponente y corregir el error antes de proceder a la votación. 
Señor Presidente, lamento tener que recordar que cuando le pregunté que cuánto tiempo requeriría la votación, me contestó que entre cinco y diez minutos. 
Ha durado entre quince y veinte minutos. Pero no se trata de esto. 
Se ha creado la costumbre, y se ha continuado con ella esta semana, de prolongar las votaciones hasta la una y media o las dos. 
Considero que esto es inaceptable. 
Se ha dicho una y otra vez que las votaciones deben terminar a la una, una y diez, como mucho a la una y cuarto, pero no más tarde. 
Si están previstas muchas votaciones, ¡que comiencen a las once y media! 
Solicito que transmita esta observación al Presidente del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes, porque no creo que los diputados estén dispuestos a renunciar a su hora de comida para trabajar de 12 a 15 horas diarias. 
En la Conferencia de Presidentes se opina que ahora que hemos establecido una hora fija para empezar las votaciones no debemos cambiar nuestra decisión. 
Si cambiamos la hora, podemos crear problemas. 
Señor Presidente, me referiré a dos cuestiones. 
Considero extraordinario que un grupo político pueda presentar una enmienda y pedir a continuación que se vote por separado sobre diversas partes de su propia enmienda, que es lo que sucedió con la enmienda 9 en la votación final. 
¿Podría ocuparse de esta cuestión la Mesa? 
Me parece que origina mucha confusión. 
En segundo lugar, le admiramos por su forma de llevar la Presidencia. 
Todos admiramos a los presidentes que felicitan a los ponentes, pero hay muchos informes que llegan a este Parlamento con gran número de enmiendas. 
Los ponentes que presentan informes concisos al Parlamento que no requieren mucho tiempo para las votaciones son dignos de elogio, pero hay otros que no lo son. 
Con ocasión del primer debate celebrado sobre el informe ya tenía mis dudas sobre el modo en que iban a utilizarse los nuevos medios acordados a la investigación dentro del IV Programa marco. 
Para mí, como defensor del medio ambiente, la propuesta sobre el modo en que van a utilizarse estos medios no es buena, entre otras cosas porque se asignan demasiados recursos a modalidades obsoletas de transporte en lugar de invertirlos en la investigación para emplear más adelante unas modalidades sostenibles desde el punto de vista económico y ecológico. 
He presentado tres enmiendas para intentar impulsar una modificación en este sentido, y naturalmente votaré en su favor. 
Tengo mis dudas en cuanto a la asignación de más recursos a los trabajos de investigación. 
Según las conclusiones de unos estudios suecos, no existen motivos para creer que la investigación que se realiza a nivel de la UE sea de una mayor calidad comparada con la que se lleva a cabo en los países miembros. 
Lo mejor sería que éstos destinasen los recursos a la investigación que se produce en los países de origen (que ya incluye intercambios internacionales de científicos que se producen actualmente entre universidades) o que los destinasen a reforzar la educación básica. 
Informe Alan J. Donnelly (A4-0552/97) 
Ayer intervine en el debate para manifestar mi apoyo a la comunicación de la Comisión y a lo esencial del informe Donnelly. 
En este ámbito, como en muchos otros, se precisa una verdadera política industrial europea. 
Apoyo un incremento de la investigación y también de los estudios prospectivos, pero se necesita todavía más para desarrollar la producción, luchar contra la competencia desleal y el dumping social. 
El asunto Renault no deja de interpelarnos, pero las lamentaciones no bastan. 
Para conservar las fábricas, es preciso tener que fabricar coches y compradores para comprarlos. 
Por último, reitero: Europa no debe imponerse reglas que no imponga a sus competidores, sobre todo en el ámbito de las concentraciones y las intervenciones públicas directas o indirectas ya sea en Estados Unidos o en Japón. 
La Europa del gran mercado liberal demuestra sus límites y hoy corre el riesgo de matar la propia idea europea si no se pasa a la Europa política y social, a la Europa industrial, a la Europa del empleo. 
Este es el problema de fondo que plantea Renault, y no un problema de forma y ni siquiera de método. 
En contra, porque no se necesita ningún nuevo marco jurídico. 
Lo que se necesita es cerrar los acuerdos convenidos en el Tratado de adhesión y los procedimientos de remisión aprobados por la Comisaria Bjerregaard, y eso ya lo ha decidido el Parlamento. 
Informe Langen (A4-0040/97) 
He votado en favor del informe, pero estoy en contra de la propuesta de construir una red de conductos entre las distintas fábricas de Europa. 
Se debería haber incidido más en la responsabilidad que tiene la industria química para con el medio ambiente. 
Verdaderamente, Europa se encuentra ante una disyuntiva: o bien continúa por la senda desreguladora neoliberal, como le indica el Grupo Molitor, o bien toma de verdad el camino que lleva a desarrollar completamente su propia capacidad de futuro ecológica y social. 
Se necesitan decisiones políticas que contemplan una política industrial duradera que merezca ese nombre y que no considere la producción industrial como un asunto privado del propietario de la fábrica. 
Los impactos y los requisitos ecológicos forman parte del proceso productivo tanto como los trabajadores, con sus capacidades, iniciativas y responsabilidades, y no pueden ser manejados como una masa maleable sustituible a voluntad. 
Cuestiones como los impuestos ecológicos, las tasas por materiales especialmente contaminantes (por ejemplo, el cloro) , el saneamiento de la contaminación heredada, la utilización sostenible de materias y productos, siguen siendo asuntos urgentes del orden del día, por mucho que el Parlamento Europeo no haya encontrado una clara línea al respecto en este informe. 
Sólo así podremos superar la contradicción entre una racionalidad social sostenible y un enfoque tan sólo económico-empresarial, lo que, aparentemente, el Comisario Bangemann aún no parece dispuesto a entender de modo correcto. 
Informe Katiforis (A4-0030/97) 
La economía marítima ofrece un ejemplo teóricamente excelente de algo que, siendo simple, resulta, sin embargo, complicado: un componente de un sistema de transporte y de producción con un futuro viable a largo plazo que respeta los límites ecológicos en los que vive la humanidad y que al mismo tiempo impulsa el progreso social, lo que es difícil de entender pero tiene algún sentido. 
En la práctica sucede, desgraciadamente, lo contrario. La prolongadísima hegemonía del modelo liberal de política económica ha causado estragos duraderos a escala mundial en este ámbito: la flota mundial de transporte está anticuada y en materia de accidentes y seguridad medioambiental no se encuentra en absoluto a la altura de los adelantos técnicos, la cultura del trabajo marítimo en general va de mal en peor debido a la práctica de los pabellones de conveniencia y a una jerarquización racista de las deliberaciones, la navegación de cabotaje y fluvial, defendibles social y ecológicamente, retroceden ante el dumping del transporte por carretera, y no se aprovecha en absoluto todo el potencial de las ciudades costeras y portuarias como centros innovadores de industrias de producción y, sobre todo, de transformación. 
Se conocen los instrumentos precisos para cambiar este rumbo equivocado y el Sr. Katiforis los recoge en propuestas concretas. 
Necesitamos soluciones globales, pero no podemos esperar a que lleguen. 
Europa puede y debe adelantarse desempeñando, por ejemplo, un papel más activo en la OMI, pero también adoptando normas propias estrictas donde resulten necesarias. 
La Unión Europea debería practicar, y no en menor medida, lo que hacen los Estados Unidos y Japón: desde adoptar normas escritas de control portuario para la seguridad de los barcos que entran en puertos europeos hasta regular la navegación de cabotaje. 
Informe Morgan (A4-0325/96) 
Señor Presidente, a diferencia de lo que han hecho muchos otros diputados, he votado a favor de la iniciativa de la Sra. Morgan en la enmienda nº 20 porque creo en la importancia de velar por las lenguas de las minorías, que es lo que se perseguía. 
Defendemos esta idea de protección y fomento a las minorías del mundo entero en todas nuestras resoluciones. 
Defendemos también este principio, gracias a Dios, en nuestro catálogo de peticiones para la Conferencia Intergubernamental. 
Pero, en mi opinión, también hemos de defender esta idea cuando se trata de situaciones concretas en la Unión Europea, de promulgar leyes y de medidas prácticas. 
No sirve de nada defender un principio y no aplicarlo en detalle en la práctica. 
Por eso estoy muy agradecido a la Sra. Morgan por la iniciativa que ha presentado y quisiera apoyarla de todo corazón. 
Hoy los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe de la Sra. Morgan, que ante todo trata el tema de la formación de la población en el uso de la tecnología de la información. 
El informe señala que la vertiginosa evolución de esta tecnología puede fácilmente llevar a nuevas desigualdades en la sociedad como consecuencia de las diferencias en el acceso a aquélla. 
Por lo tanto, las diferencias sociales existentes serán mayores, lo que encierra el riesgo de una marginación aún mayor de los grupos más desfavorecidos. 
Los socialdemócratas daneses piden con insistencia que se adopten iniciativas para ampliar el aprendizaje de las tecnologías de la información en el sistema educativo, a fin de evitar la marginación de grupos especialmente expuestos. 
La única forma de garantizar la igualdad en el acceso a la sociedad de la información es a través de la formación y la formación continua en el uso de las tecnologías de la información. 
No obstante, los socialdemócratas daneses tienen una crítica que hacer al informe, ya que no menciona en absoluto la situación de la mujer en la sociedad de la información. 
Si no se presta especial atención a las posibilidades de formación y de formación continua de la mujer en este ámbito, cabe la posibilidad de que quede totalmente desconectada de la evolución de las tecnologías de la información. 
Ante todo, quisiera indicar que mi Grupo votará sin el menor titubeo en favor del informe de la Sra. A. Morgan. 
Efectivamente, como lo manifesté en el curso del debate, consideramos que este informe constituye un elemento importante de la política europea en materia de educación y apreciamos muchas de las propuestas formuladas. 
Ya que si es preciso considerar la sociedad de la información como un elemento positivo en la elaboración de una educación moderna, es necesario, no obstante, mantenerse vigilantes: la lucha contra el fracaso escolar, la reducción de las desigualdades deben seguir siendo nuestras prioridades y no es seguro que el desarrollo de los multimedios contribuya siempre a la realización de sus objetivos. 
Asimismo, quisiéramos aprovechar este debate para manifestar que lamentamos comprobar que esta reflexión sobre la educación, una vez más, de fundamental importancia para el porvenir de los jóvenes europeos, ha sido objeto de dos debates: el Libro Blanco sobre la sociedad del conocimiento, ayer por la noche, en ausencia del comisario a cuya iniciativa se debe, la Sra. Cresson, y el presente informe Morgan, cuyo tutor es el Comisario Bangemann. 
Esta dualidad, totalmente artificial, no es, lamentablemente, fortuita, ya que corresponde a la disociación, por lo demás sumamente discutible, de estos informes en función de dos fundamentos jurídicos distintos, la formación, por una parte, y la sociedad de la información, por otra. 
No obstante, pienso que, en pos de la coherencia de nuestros trabajos, sería bueno considerar la exigencia de la educación como una e indivisible. 
Recomendación de la Comisión de investigación (A4-0054/97) 
Señor Presidente, el excelente informe de la Comisión de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario pone en evidencia los errores capitales cometidos en el curso de los diez últimos años en la construcción de Europa. 
Efectivamente, este régimen de tránsito concebido para permitir a las mercancías de los países terceros que penetran en nuestros territorios circular sin pagar ningún derecho de aduana o tasa antes de llegar a su lugar de destino, se ha pervertido hoy por los fraudes fiscales que cuestan miles de millones de ecus al erario de los países miembros y a las finanzas comunitarias. 
La Comisión de investigación primero puso de manifiesto una serie de razones técnicas, vinculadas al arcaísmo de un sistema basado en el papel como soporte, ignorando la informática, que no ha logrado hacer frente a la multiplicación de los intercambios. 
Sin embargo, demuestra también, y sobre todo, que la desaparición de los controles en las fronteras interiores de la Unión facilita enormemente el fraude, ya que una carga puede atravesar toda Europa sin que ningún país tenga conocimiento de su paso y sin que nadie pueda saber, si llega a desaparecer, en qué país se cometió el delito. 
Por ello, el informe concluye, con toda razón, que, cito: » la Comisión Europea no adoptó una actitud previsora en la aplicación del mercado único, guiado por los principios de liberalización y ausencia de controles». 
El informe añade, quizás con una falsa ingenuidad, que esta falta de previsión de los comisarios es incomprensible. 
En realidad, a mi juicio, es perfectamente comprensible, ya que para ellos se trataba de hacer prevalecer a todo precio el dogma de la abolición de los controles. 
Ahora bien, hoy queda de manifiesto, y esperando quizás otros sistemas que todavía no existen, que la aduanas interiores siguen siendo útiles, especialmente para controlar el tránsito de las mercancías. 
Por lo demás, el informe de la investigación, que no se atreve a proponer el restablecimiento de los controles en las fronteras internas, recomienda, escuchen bien, cito «modificar el curso de las aduanas para permitir controles esporádicos sobre todo el territorio de la Unión Europea». 
Menudo progreso que ha suprimido los controles en las fronteras interiores y que va a multiplicarlas por todos lados. 
Concluyamos felicitando, una vez más, a los miembros de la Comisión de investigación por su honestidad intelectual y deseando que el Parlamento Europeo tome la iniciativa de otras investigaciones del mismo género, alrededor del problema de las fronteras, por ejemplo, en lo que toca al fraude al IVA intracomunitario. 
El informe Kellett-Bowman, que resulta del trabajo de la Comisión de investigación a la que pertenezco, está destinado a definir los problemas que se plantean a la hora de establecer el régimen de tránsito comunitario establecido en el territorio de la Unión Europea, y ampliado a Suiza, los países del EEE y los países de Visegrad (Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría). 
Asimismo, propone medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del régimen de tránsito. 
Es un buen trabajo, semejante al de la Comisión de investigación. 
Recordemos que el tránsito permite la suspensión temporal de los derechos de aduana, derechos de impuestos al consumo y del IVA hasta que se paguen en el lugar de destino de las mercancías. 
El tránsito es, evidentemente, indispensable para el funcionamiento del mercado único, pero es necesario combatir el fraude transfronterizo y remediar a la pérdida de entradas que asciende, desde 1990, a varios miles de millones de ecus. 
Este fraude es intolerable. 
Por ello, a propuesta de la Comisión de investigación, el Parlamento Europeo sugiere informatizar el régimen de tránsito lo más rápidamente posible, desarrollar un sistema de controles físicos sobre todo el territorio de la Unión Europea y crear un marco jurídico específico con un «reconocimiento mutuo de pruebas» , una «oficina central» judicial y un funcionamiento único de los servicios aduaneros nacionales. 
Apruebo estas propuestas. 
El Parlamento Europeo considera que este problema del control de los fraudes debe constituir un tema de debate con Suiza y de negociación con los países de Europa central y oriental así como con Chipre, sin olvidar la Unión aduanera con Turquía. 
Por último, la Comisión de investigación se congratula de que la Comisión aceptara no seguir ampliando el régimen de tránsito antes de su reforma y su informatización. 
Asimismo, se congratula de haber logrado hacer que se prevean los recursos necesarios para este proyecto en el presupuesto de la Unión Europea. 
Es lógico que exista una cooperación a nivel de la UE entre las autoridades aduaneras nacionales para luchar contra el fraude. 
Los Verdes de Suecia estaban y están en contra de la introducción del mercado interno, que nos ha llevado automáticamente al fraude en el sector aduanero, lo cual menciona la propia Comisión temporal en su informe. 
Este fenómeno nos parece de la máxima gravedad y pensamos que las autoridades aduaneras nacionales de la UE deben colaborar para impedir que se produzcan actividades de contrabando. 
Sin embargo, estamos absolutamente en contra de la introducción de una autoridad aduanera comunitaria, lo cual se menciona en la recomendación nº 1, y también en varios apartados de los documentos de la Comisión de investigación. 
Los socialdemócratas daneses quieren agradecer al presidente y al ponente el extraordinario trabajo que han realizado en la Comisión de Investigación. 
El informe demuestra que el sistema de importación y exportación casi se ha echado a perder y que Europa está siendo inundada como nunca por actividades delictivas. 
Gracias al informe, los políticos y la Comisión se han dado cuenta de la existencia del problema. 
El ministro de Hacienda danés nos ha enviado una carta dándonos las gracias por el excelente trabajo realizado y ha ofrecido a la Comisión que Dinamarca actúe como país piloto para el sistema de datos que se desea introducir con objeto de mejorar el sistema y frenar los abusos. 
El informe demuestra que las soluciones interestatales no han podido acabar con el problema. 
El bienestar de la totalidad y de cada una de las personas de la Unión Europea depende de que haya una administración segura y eficaz del mercado interior y del sistema de importaciones y exportaciones para las enormes cantidades de productos que son objeto de comercio y transporte cada día. 
Por eso está justificada la decisión del Parlamento Europeo de investigar el funcionamiento detallado del sistema. 
Hemos comprobado que el sistema tropieza con dificultades y que no puede asegurar el desarrollo eficaz del gran volumen de operaciones comerciales. 
Además se ha descubierto un nivel relativamente bajo, pero inaceptable, de fraudes e irregularidades. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el anticuado sistema de que nos servimos, es un milagro que el nivel de los fraudes sea tan bajo. 
La mera existencia de fraudes e irregularidades es inaceptable y nos obliga a todos a pagar impuestos más elevados. 
Se dice que la pérdida de un contenedor lleno de cigarrillos representa 800.000 libras de menos en concepto de ingresos. 
Hay Estado miembros en los que el mercado negro representa hasta el 15 % del mercado total de cigarrillos. 
El incremento de los impuestos que tenemos que pagar para compensar esas pérdidas asciende cada año a varios miles de millones de libras. 
Naturalmente, el problema del sistema inadecuado de tránsito para el transporte de mercancías en Europa no tiene nada que ver con la existencia de la Unión Europea. 
La mayor parte del incremento del volumen de operaciones comerciales se hubiera producido de todos modos, y hubiera revelado la incapacidad del sistema para hacer frente eficazmente a la situación. 
Lo que parece haber sucedido es que la responsabilidad por el sistema no está claramente definida y que tanto la Unión Europea como sus diferentes Estados miembros han descuidado el problema hasta cierto punto. 
En consecuencia, apoyo plenamente las recomendaciones de la Comisión de investigación encaminadas a mejorar el sistema de tránsito comunitario. 
Tenemos que informatizar los sistemas de control, tenemos que hacerlos más eficaces y más efectivos, y tenemos que reducir la burocracia y los retrasos en las fronteras exteriores. 
Esas medidas son necesarias, pase lo que pase, y ayudarán a eliminar el fraude en el sistema, especialmente si, como proponemos, las reforzamos con inspecciones in situ y con el reconocimiento mutuo del valor de las pruebas. 
Como ya hice con mi posición en el pleno, explico ahora mi apoyo al informe de la comisión de investigación. 
Quisiera, sin embargo, advertir que la redacción por escrito de la totalidad de las actas puede dar lugar a que se abuse de ellas como manual del usuario, casi como libro de instrucciones, para el fraude aduanero. 
Por eso pido que para el futuro se estudie el modo de evitar estos resultados no deseados. 
Ante todo, quisiera felicitar al Presidente de la Comisión de investigación, Sr. John Tomlinson y su ponente, Sr. Kellett-Bowman, por el extraordinario trabajo que han realizado en el curso de los últimos quince meses. 
En efecto, desde hace siete años que tengo la oportunidad de seguir los trabajos de nuestro Parlamento, nunca se había realizado un trabajo parlamentario de tanta envergadura como el informe sobre la lucha contra el fraude respecto al presupuesto comunitario. 
Lo que lamento un poco es que nuestra comisión parlamentaria, al mismo tiempo que buscaba compromisos, no pudo o no ha querido desempeñar el papel que esencialmente le corresponde, el de motor de la progresión de las Comunidades Europeas. 
En un momento en el que todo el mundo habla de la introducción del ecu como moneda única europea, retrocedemos ante la cuestión de una administración aduanera europea, lamentablemente muy necesaria. 
Cuando se piensa que, según ciertos cálculos prudentes, se pierden cada año varios miles de millones de francos, estas pérdidas corren el riesgo a corto plazo de debilitar la confianza que los ciudadanos europeos conceden todavía a las instituciones comunitarias. 
También es verdad que las causas del mal son múltiples: mala fe de los destinatarios de los fondos comunitarios, insuficiencia de los controles realizados tanto a nivel nacional como comunitario, dificultades relacionadas con la comprobación y la aplicación de sanciones eficaces, pero también lagunas e imprecisiones de los textos comunitarios. 
Una segunda comprobación que quisiera hacer es la falta de voluntad evolutiva de los países miembros en lo que toca el derecho comunitario. 
A mi juicio, sería preciso hacer que los Estados miembros apliquen las mismas penas o sanciones a las infracciones contra las normativas comunitarias. 
Efectivamente, pienso que es preciso dotar a las Comunidades de una competencia en el ámbito represivo: el de pronunciar penas uniformes que sancionen, en el conjunto del territorio comunitario, las infracciones a sus normativas. 
La ayuda judicial mutua tal como se practica hoy no es realmente un instrumento de lucha contra el fraude al presupuesto comunitario. 
La Comisión no puede utilizarla y no puede realmente controlarla. 
En materia de fraude, la Unión Europea es víctima, pero depende de la buena voluntad de los Estados miembros para estar informada. 
Toda acción positiva en este ámbito es posible únicamente si los Estados miembros y los ciudadanos son realmente conscientes del hecho de que el dinero de Bruselas no es el dinero de los demás. 
Señor Presidente, aunque por parte socialista se han rechazado algunas de las peores enmiendas, al final he votado en contra de la resolución conjunta debido al considerando D. En la situación actual, desestabilizar, por decirlo así, al Presidente Berisha no contribuye, en mi opinión, a lograr la paz en Albania. 
A mi juicio, hay que apremiarle para que llegue a un compromiso. Él también transige. 
Pero lo más peligroso que se puede hacer hoy en Albania es desestabilizar su posición. 
Eso frustraría a corto plazo las posibilidades del proceso de paz. 
En segundo lugar, quisiera decir que hay mucha hipocresía en este debate. 
A menudo nos hemos esforzado aquí por movilizar recursos y otro tipo de ayuda para Albania. 
Fracasamos debido al Consejo y a algunos Estados miembros, concretamente Grecia. Lo que me molesta es que, cuando se recogen los frutos de este comportamiento equivocado, se señale con el dedo a un pueblo que estuvo aislado durante décadas y se pretenda que se comporte como si viviera desde hace siglos en una democracia. 
Además, quienes más singularizan a este país son los que menos han hecho por él y quienes han bloqueado las ayudas comunitarias a él destinadas. 
Hemos perdido esa oportunidad y por eso me enfrento a la hipocresía. 
, por escrito. (DE) Pese al enérgico esfuerzo de los intermediarios del PPE y a las mejoras conseguidas por ellos en el texto, no puedo aprobar el compromiso porque no responde a la realidad. 
Se sigue sugiriendo que parte de la culpa la tiene el Presidente Berisha, un demócrata y patriota que contribuyó decisivamente a liberar a su pueblo del yugo comunista y totalitario. 
La verdad sobre Albania es que el sur era un nido de la mafia que controlaba, junto al KGB, gran parte de la pirámide de créditos. 
No ha habido una sublevación popular, sino una operación de la delincuencia organizada planeada a sangre fría para abortar la actuación preparada por Sali Berisha para neutralizar a los elementos criminales. 
La fuerza de la que disponen no proviene en último lugar de la poderosa ayuda que reciben del extranjero. 
Por lo tanto, no supone ningún beneficio en absoluto para el interés de Europa que estos elementos, que se presentan como socialdemócratas a pesar de que la Internacional Socialista los haya rechazado, lleven al pueblo albanés otra vez a la esclavitud. 
Informe Sakellariou (A4-0027/97) 
Señor Presidente, Señorías, la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995 hizo albergar, en todos los que sueñan con una verdadera asociación euromediterránea, una inmensa esperanza. 
Esta Conferencia, acto político capital de un Mediterráneo reconciliado, no constituye, sin embargo, sino un punto de partida. 
Hoy, aún queda todo por hacer y la obra es inmensa, a la medida de que se encuentra en juego. 
El informe del Sr. Sakellariou subraya bien la necesidad de ir más lejos y más rápido si no queremos que la asociación euromediterránea no sea sino una mera zona de libre cambio. 
El informe que hoy nos ocupa insiste, en este sentido, en las direcciones que es preciso seguir y las medidas imperativas que es preciso tomar. 
En el marco de la asociación política y de seguridad, la violación por algunos participantes en la Conferencia (Turquía contra Grecia e Israel contra Líbano) del principio del respeto de la integridad territorial necesita la elaboración de acuerdos en materia de prevención de los conflictos. 
La propuesta de hacer de la zona mediterránea una zona desnuclearizada debe ser considerada durante la próxima Conferencia Euromediterránea. 
Lograr la apuesta del pacto de estabilidad y seguridad en el Mediterráneo depende también, no obstante, de otros elementos esenciales. 
Es preciso permitir a los países del sur de la cuenca mediterránea alcanzar un nivel de vida más elevado sustituyendo ayuda al desarrollo por la transferencia de competencias. 
La cuestión del agua en esta región reviste una importancia fundamental. 
La creación de una agencia euromediterránea del agua, responsable de todas las tareas relativas al suministro de agua de la cuenca mediterránea, podría permitir resolver los conflictos en este ámbito. 
Por último, quisiéramos insistir sobre la necesidad de ver surgir un espacio democrático en los países de la cuenca mediterránea. 
¡Hasta ahora, la puesta en práctica de la idea de aproximar los diferentes parlamentos ha quedado en papel mojado! 
Debe crearse un verdadero recinto parlamentario del Mediterráneo. 
También en este ámbito, aún queda todo por hacer. 
La idea de un foro parlamentario mediterráneo debe, desde ahora, superar el estado conceptual para permitir construir una verdadera zona de democracia, intercambio y comprensión mutua. 
Quisiera expresar mi pleno acuerdo en dar una dimensión parlamentaria al proceso que inicia la Conferencia Euromediterránea de Barcelona y, a la vez, en lo que se refiere al informe, señalar las siguientes consideraciones: 
La I Conferencia Euromediterránea ha marcado el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre los países del Mediterráneo y Europa. 
Un «antes» y «después». 
Era necesario inaugurar una nueva política porque, aun cuando la política mediterránea de la Comunidad Europea contaba ya con veinte años de existencia, sin embargo su enfoque meramente mercantil y de tratamiento desigual con substratos colonialistas, la había abocado al fracaso. 
Así pues, quizá lo esencial de la I Conferencia Euromediterránea de Barcelona fue que supuso un cambio en los procedimientos y en la consideración de las relaciones euromediterráneas: a partir de entonces, la consideración de estos países pasa a ser de socios y asociados a la UE; el procedimiento de relación, el de mutuo acuerdo, bajo los principios de reciprocidad y asociación para un trabajo y fines comunes. 
Es por tanto imprescindible guardar estas reglas. 
¡Pongamos toda nuestra atención en cómo debemos de hacer las cosas! 
Seamos cuidadosos para que no se pueda interpretar que el PE, a través de este informe, decide unilateralmente sin el concurso y voluntad previa de nuestros socios. 
Como dijo ayer el Vicepresidente Marín, el proceso euromediterráneo, en estos momentos debe consolidarse, ello es prioritario y previo a la puesta en marcha de nuevas instancias. 
Finalmente, seamos también sabios en el enfoque territorial: Cada socio debe tener su propio espacio de relaciones, además del común, sin que nadie llegue a sentirse periférico o relegado. 
Cuidemos asimismo la integridad territorial mediterránea inequívocamente definida por la naturaleza, la geografía, la cultura y la historia. 
No puede sino estarse de acuerdo con el informe del Sr. Sakellariou que alienta con creces una asociación comunitaria con los países mediterráneos en materia de seguridad, estabilidad y economía. 
Leí este informe muy atentamente y compruebo que en el capítulo «Cooperación económica y financiera» se esboza una voluntad de transformar la política agrícola común. 
Esta impresión se confirma en la explicación de motivos donde el Sr. Sakellariou nos propone francamente una reforma de la PAC y una liberalización rápida del comercio de los productos agrícolas. 
Desde hace algún tiempo, no me queda más remedio que comprobar que, en este Parlamento, todo informe, o casi, se vuelve pretexto para reformar la PAC, de manera más o menos subyacente. 
La reforma, si alguna debiera haber, no debe tratarse entre líneas en informes más o menos ajenos al tema. 
Este pilar deberá tratarse plenamente a través de una reflexión profunda en el seno de la comisión más competente en la materia, es decir, la Comisión de Agricultura. 
No obstante, quiero poner sobreaviso a aquellos de entre nosotros que recomiendan una reforma rápida. 
Acabamos de festejar solemnemente el 40ª aniversario del Tratado de Roma, y debemos tener muy presente en la memoria que la política agrícola común fue, con la CECA, el primer pilar de la construcción europea. 
Seamos prudentes y vigilantes, no nos mostremos tan apurados en desmantelar y liquidar nuestra política agrícola común, fuerza de cohesión extraordinaria para nuestros quince Estados miembros. 
Entre las muchas perspectivas positivas que dimanan del informe sobre la Conferencia de Barcelona, hay una que preocupa a un sector especialmente débil de los ciudadanos europeos, esto es, los agricultores. 
La misma consta de forma explícita en la exposición de motivos, mientras que aparece más solapadamente en el dispositivo legislativo. 
Se trata de la frase contenida en el apartado 14 del capítulo titulado «Cooperación económica y financiera» , donde se habla de la creación de una zona de libre comercio dentro del año 2010. 
Para alcanzar este objetivo se invocan reformas estructurales de las distintas políticas económicas, empezando por la agrícola. 
Se afirma que «no habrá ninguna zona de libre comercio si no se llega a una rápida liberalización del comercio de productos agrícolas, sobre todo de los procedentes de los terceros Estados del Mediterráneo». 
Ahora, es justo hacer hincapié en la importancia de que exista una relación muy estrecha entre los países que limitan con el Mediterráneo y, en este sentido, desde hace algunos años, están en vigor acuerdos bilaterales con varios de ellos, gracias a los cuales los mercados de la Unión Europea están, de hecho, liberalizados. 
Sin embargo, lo fundamental es no extralimitarse en el alcance de la protección comunitaria ni tampoco de la liberalización con respecto a los terceros países. 
Por su estacionalidad y variedad de productos vegetales, la agricultura de los terceros países del Mediterráneo es muy competitiva con la de los Estados comunitarios. 
Además, en beneficio de dichos países, los costes son infinitamente inferiores por lo que se refiere tanto a la mano de obra como a las tierras y a los procesos de elaboración. 
Conferencia Intergubernamental 
Señor Presidente, como no hago sufrir a mucha gente, voy a permitirme hacer mi explicación de voto oralmente. 
Nuestra Asamblea acaba de debatir por primera vez una nueva idea expresada en la Conferencia Intergubernamental, la posibilidad de cooperaciones reforzadas, es decir, cooperaciones que no reunirían sistemáticamente a los quince miembros de la Unión, sino que se organizarían en función de las necesidades con, eventualmente, un menor número de participantes. 
Esto es lo que mi Grupo prefiere llamar, con mayor amplitud, cooperaciones diferenciadas o la geometría variable. 
Ahora bien, lo que llama la atención, es que esta idea, susceptible de desembocar en una Europa menos rígida, menos monolítica, mejor adaptada a las especificidades de cada uno, y, por tanto, más próxima a los ciudadanos, se vea acogida por el Parlamento Europeo con una gran desconfianza y una multiplicación de condiciones restrictivas. 
Nuestra Asamblea se aferra a la construcción de una progresión unitaria, en un marco institucional único, hasta un punto que se vuelve caricaturesco, puesto que se iría hasta a proclamar el derecho del Parlamento Europeo, en pleno, a codecidir el marco legislativo y los gastos administrativos de las cooperaciones diferenciadas, cuando éstas no reunirían, por definición, sino a algunos estados miembros y no a todos. 
Consideramos que con tales métodos va a lograrse, con el pretexto de introducir cláusulas de flexibilidad en el Tratado, sobrecargar de trámites burocráticos que pondrán trabas a todo y acusarán aún más la rigidez. 
Por ello, mi Grupo ha presentado en comisión institucional varias enmiendas dirigidas a hacer prevalecer una verdadera flexibilidad. 
Consideramos que las cooperaciones diferenciadas deben ser decididas en toda libertad por los socios a reserva solamente de no contradecir el Tratado y no perjudicar a los miembros de la Unión no participantes. 
La organización con la que estas cooperaciones van a dotarse también debe ser libre, es decir, sin interferencia obligada de las instituciones comunitarias, a reserva de una posible coordinación en el seno del Consejo. 
Estas propuestas nos parecen capaces de contribuir a poner un alto al bloqueo actual colocando de nuevo las instituciones de la cooperación en Europa al servicio exclusivo de las necesidades de los ciudadanos y no de la ideología federalista. 
Mi voto en esta resolución no puede ser positivo en virtud de los párrafos relativos a la cooperación reforzada. 
Independientemente de la utilidad de que los párrafos 17 a 27, muy en particular el párrafo 26, vayan orientados a volver a centrar y limitar, enumerando un conjunto de condiciones en el marco de las cuales se podría concebir el concepto de cooperación reforzada o flexible, la aceptación pura y simple me parece peligrosa por las razones sumarias que paso a mencionar: 
1- En sí mismo, el concepto de flexibilidad es contrario al concepto de integración y difícilmente compatible con un marco institucional único, al abrir las puertas a instituciones a medida, descentralizadas e independientes y fuera de los Estados comunitarios, como es propio del derecho internacional público. 
Habrá por naturaleza tantos regímenes institucionales de decisión como cooperaciones entre Estados miembros, lo que es contrario a la metodología del derecho comunitario único, soporte de las instituciones comunes, de las cuales resultan derechos y obligaciones para los Estados miembros, para la sociedad civil organizada y para los ciudadanos. 
La «flexibilidad» es la apertura a la desintegración jurídica y se manifiesta en la transformación de la Unión en una organización internacional diplomática que nada tiene que ver con una Europa organizada a partir del Derecho comunitario, jurídicamente garantizado por la Comisión y por el Tribunal de Luxemburgo. 
2- Por eso, deja de quedar claro cuál es el papel de la Comisión como garante de los Tratados, cuál es la naturaleza y medida de su derecho autónomo e independiente de iniciativa y muy en particular cuál es el papel del Parlamento Europeo en el proceso de adopción de decisiones. 
3- Por lo demás, el papel del Parlamento Europeo en una Europa flexible es el que me inspira mayores dudas. 
Los diputados tienen por naturaleza el mandato único e indivisible que les confieren los electores: incluso en el caso de los países que después de Maastricht solicitaron la cláusula de opting out, nunca esas excepciones han impedido a los diputados de países out votar sobre políticas que no los comprometían. 
Ahora bien, si los opting out pasaran a ser la regla y los in pudieran organizarse en el marco de las disciplinas jurídicas distintas de la disciplina común, es evidente que el Parlamento tendría que desintegrarse desde el punto de vista de la igualdad y la identidad de competencias. 
Habría tantos mandatos y competencias como cooperaciones, lo que propiciaría que en la labor cotidiana hubiera un Parlamento Europeo de geometría y número variables. 
Ese camino es demasiado arriesgado y peligroso y, con el tiempo, acabaría poniendo en entredicho la propia utilidad de la existencia del Parlamento. 
4- Por último, queda clara, con la flexibilidad, la imagen de lo que ya sucede hoy con Schengen: que el Parlamento Europeo no tendría poder alguno para intervenir en políticas formuladas en un marco diferente del comunitario. 
Los asuntos de la cooperación reforzada serían asuntos exteriores al Parlamento Europeo. 
Difícilmente puede ser compatible ese camino con una Comunidad en la que las decisiones sean «inspiradas» , mucho o poco, por el voto democrático, lo que significa reinventar una Europa en la que, desde el punto de vista de la democracia, todo quedaría lejos del control y de la voluntad de los ciudadanos. 
Por todas estas razones, porque la flexibilidad destruye la armadura jurídica de la Unión y acentúa el carácter tecnocrático de las decisiones, porque la flexibilidad es una puerta abierta a los que consideran pesado el compromiso europeo, voto contra esta resolución sobre la flexibilidad. 
El Parlamento y sus diputados no tienen derecho a fingir que tienen los ojos cerrados. 
Si nuestro Parlamento así lo deseara, podría aportar una útil contribución a la indispensable y profunda reforma del actual sistema institucional de la Unión Europea. 
La calidad de los trabajos que acaban de realizar nuestras dos primeras comisiones de investigación parlamentaria sobre la enfermedad de las vacas locas y el régimen de tránsito comunitario demuestra que los diputados europeos saben dar muestra, en el momento oportuno, de sentido común, competencia, atención a las realidades, voluntad de descubrir la verdad. 
¿Qué nos revelan, en efecto, estos dos informes? 
Ponen de manifiesto de manera pasmosa y muy concreta la dramática desviación que han sufrido las instituciones europeas desde mediados de la década de los años 1980: permeabilidad del sistema comunitario a los intereses de los grupos de interés, en detrimento de los intereses de los ciudadanos; amplitud del fenómeno del fraude segregado estructuralmente por el sistema institucional supranacional; irresponsabilidad generalizada en la ausencia de todo control democrático de los protagonistas comunitarios. 
¿Sabrá nuestro Parlamento sacar fruto de sus propias investigaciones? 
Debería, con toda lógica, deducir de éstas la necesidad de corregir a la mayor brevedad las desviaciones de magnitud tal que explican en buena parte el desafecto de nuestros pueblos hacia la construcción europea. 
Cesando de impulsar al crecimiento indefinido de un verdadero «monstruo institucional» cada vez más lejano y complejo, cada vez más opaco e incontrolable y convirtiéndose, por el contrario, en el abogado activo de una subsidiariedad real y controlada. 
Ahora bien, ¿qué comprobamos? 
Nuestro Parlamento no tiene de ninguna manera en cuenta sus propias observaciones, sobre todo las relativas a las flaquezas de la Comisión, para determinar su posición respecto a la Conferencia Intergubernamental. 
Por el contrario, todas las desviaciones que enumera se convierten en pretexto para justificar un fortalecimiento y una aceleración del proceso de comunitarización integral considerada como la solución milagro a todos los problemas. 
Después de haber denunciado los estragos de la burocracia de la Comisión, nuestro Parlamento recomienda inmediatamente su reforzamiento. 
Esta contradicción esquizofrénica entre los análisis pertinentes, cuando nuestro Parlamento investiga, y las recomendaciones inapropriadas, cuando delibera, impiden a nuestra Asamblea ser una fuerza creíble en materia de propuestas de reforma institucional. 
Ya es hora de que nuestro Parlamento abandone las fórmulas de encantamiento y el dogmatismo ideológico. 
Nadie comprendería que nuestra Asamblea no se dedique seriamente a corregir las desviaciones cuyo inventario ha hecho ella misma. 
La Conferencia Intergubernamental le proporciona una ocasión única. 
Apoyándose en el trabajo de investigación sumamente serio que ha comenzado a realizar y sacando de éste las conclusiones concretas, nuestro Parlamento puede contribuir a corregir las desviaciones en las que ha caído la construcción europea y volver ponerla en el buen camino, conforme al espíritu de los fundadores y la expectativa actual de nuestros pueblos. 
Si este trabajo no se hace con motivo de la Conferencia Intergubernamental, nuestra institución tendrá una grave responsabilidad, ya que si estas desviaciones continúan, se corre el riesgo de poner en peligro la propia idea de Europa. 
(La sesión, interrumpida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida al Ministro de Zimbabwe, Sr. Eddison Zvobgo, que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
El Ministro Zvobgo es el coordinador responsable de la Comisión de la reforma parlamentaria en Zimbabwe. 
Visita nuestra Asamblea para conocer nuestro trabajo y nuestra manera de trabajar. 
Le damos la bienvenida muy cordialmente y esperamos que pueda llevarse de aquí muchos estímulos para su país. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Colajanni y Colom i Naval, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la reanudación de las negociaciones sobre el estatuto del Tíbet; -B4-0220/97 del Sr. Bertens y la Sra. Larive, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las negociaciones entre China y el Tíbet; -B4-0240/97 de los Sres. Dupuis y Dell ' Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la apertura de negociaciones sin condiciones previas entre el Gobierno de Pekín y el Gobierno tibetano en el exilio; -B4-0258/97 de la Sra. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el inicio de negociaciones chino-tibetanas para la solución del problema del Tíbet; -B4-0261/97 del Sr. Moorhouse y otros, en nombre del Grupo de Partido Popular Europeo, sobre el Tíbet. 
Señora Presidenta, esta semana se ha abierto la cuadragésima reunión de la Conferencia de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que continuará hasta mediados de abril. 
Quizás sepa usted que Amnesty International publicó un informe para esta reunión, donde se mencionan diversos países en los que en los últimos años se han violado de forma sistemática y grave los derechos humanos. 
Además, en este informe- que es muy interesante- Amnesty hace algunas sugerencias de cómo el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa podrían desarrollar conjuntamente una política europea de derechos humanos. 
Me estoy refiriendo ahora sobre todo a los países que menciona Amnesty. 
A nadie de nosotros le asombrará que entre estos países, que violan de forma estructural, sistemática y continua los derechos humanos, se encuentre China. 
Por consiguiente, está justificado que el Parlamento Europeo se ocupe continuamente de este país. 
No podemos decir: ¡otra vez! , pero sí que ya hemos hablado a menudo de ello. 
Precisamente por eso es necesario hacerlo un y otra vez, por desgracia. 
Una de las maneras en que el Gobierno chino manifiesta su carácter opresor tiene que ver con el trato que da al Tíbet. 
También esta cuestión se ha tratado varias veces aquí, señora Presidenta, y esta tarde de nuevo, porque esta Asamblea quiere apoyar expresamente la propuesta del Dalai Lama de celebrar conversaciones sobre el futuro. 
Esperamos que este ofrecimiento también reciba atención en Ginebra, para que quizás por este camino las partes puedan entablar un diálogo. 
Señora Presidenta, Señorías, esto es lo que se precisa en estos momentos para poner fin a una situación sin perspectivas en el Tíbet. Un diálogo entre el Gobierno chino y el Tíbet. 
Señora Presidenta, el año pasado observamos una intensificación de la campaña de terror por parte de las autoridades chinas contra el Tíbet. 
Por enésima vez. 
Incluso se llegó a tachar de delito tener una foto del Dalai Lama, y decenas de monjes han sido arrestados por ello. 
En los últimos tiempos ha vuelto a aumentar la intensidad de la campaña contra el Dalai Lama y sus seguidores, campaña que se presenta con muchos rostros. 
Se niega a los tibetanos prácticamente todos los derechos humanos fundamentales. 
El mundo mira sin hacer nada cómo las autoridades chinas siguen manteniendo prisionero al Panchen Lama. ¿Y por qué? 
El Dalai Lama reacciona pacíficamente y con un llamamiento a la negociación. 
Estos llamamientos merecen nuestro apoyo. No pide la independencia, sino tan sólo la autonomía, la libertad cultural y religiosa. 
Esta vez, el Dalai Lama ha hecho la concesión de no plantear la independencia como condición previa. 
La Unión tiene que valerse de sus contactos con las autoridades chinas para iniciar el diálogo. 
Esperamos que China vea que el camino de la opresión no lleva a ninguna parte. Esto vale no sólo para el Tíbet, sino también para Xinjiang. 
Los nuevos líderes chinos han de comprender que con esta política no sólo se malquistan con la comunidad internacional, sino también con su propia población. 
Por ello, mi Grupo apoya hoy esta resolución con plena compasión. 
Señora Presidenta, creo que mis compañeros ya subrayaron bastante la importancia de esta resolución que pide la apertura, finalmente, de las negociaciones entre las autoridades de Pekín y el gobierno tibetano en el exilio. 
Pienso que a pesar de un punto de partida muy malo, el texto de compromiso es satisfactorio. 
No obstante, queda algo por mejorar: considero que no podemos, en un texto del Parlamento Europeo, limitar las aspiraciones del pueblo tibetano a una autonomía cultural y religiosa. 
El Dalai Lama, durante su visita a nuestra Asamblea, fue muy claro sobre este tema: debe tratarse de una autonomía plena y total, incluso si el Dalai Lama, deseoso de continuar el diálogo con las autoridades chinas, estaba dispuesto a renunciar a los sectores de la defensa, la seguridad y la política exterior. 
Por el resto, me parece muy importante subrayarlo, los tibetanos deben estar en medida de gobernarse a ellos mismos, sin injerencia de las autoridades chinas. 
Pienso que el tema es especialmente urgente. 
Se sabe que hoy, los tibetanos son ya una minoría en su propio país; por tanto, es preciso actuar rápido y creo que esta resolución va en la buena dirección, pero el Consejo y los Estados miembros deberían comenzar a activarse seriamente en las Naciones Unidas para que la cuestión de la descolonización, la propia salvaguarda del pueblo tibetano sea finalmente tomada en cuenta y afrontada por la comunidad internacional. 
Agradezco a todos mis compañeros, en especial a James Moorhouse y a nuestros amigos liberales, por haber logrado entre todos cambiar el sentido de esta resolución y espero que será votada. 
Les pido a todos que voten la enmienda que suprimiría esta restricción a la autonomía religiosa y cultural. 
Debemos ser muy claros sobre este punto y, por tanto, pido una vez más a todos aquellos que aún no lo han hecho, vuelvan a considerar su voto sobre esta enmienda. 
Señora Presidenta, esta resolución dista mucho de ser la primera que hemos debatido acerca de la situación en el Tibet. 
De hecho, este Parlamento, a lo largo de los diez últimos años, ha aprobado nada menos que 11 resoluciones que se ocupaban de diversos aspectos del problema. 
Esto es una clara indicación de la profunda inquietud que sentimos acerca de la suerte de la población del Tibet, que, lamentablemente, sigue empeorando: sigue empeorando tanto, que hay motivos para temer que la cultura tibetana siga quedando cada vez más dañada. 
No queda más remedio que aceptar que la finalidad de China es conseguir que desaparezca la cultura tibetana. 
La importancia particular de este debate es, entre otras cosas, que tiene lugar después del fallecimiento de Deng Xiaoping y tres días después del aniversario de la ocupación del Tibet por China. 
Junto con Olivier Dupuis, el domingo me sumé a los 3 a 4.000 manifestantes de toda Europa que se reunieron en Ginebra con ocasión del aniversario de la ocupación inicial del Tibet. 
La manifestación fue una animada ilustración del grado de apoyo que suscita la causa tibetana, y de ella se hicieron eco las agencias de prensa internacionales. 
Ahora bien, el aspecto capital de nuestras resoluciones, que tienen en común su finalidad, es que, según creemos, tenemos ahora la oportunidad de entablar nuevas negociaciones acerca del futuro del pueblo tibetano, con una posible meta de libre determinación. 
Su Santidad el Dalai Lama ha indicado que no insistirá en obtener la total independencia, siempre y cuando se pueda salvaguardar la cultura tibetana, la forma de vida del país. 
Por eso estimamos que deberíamos secundar ese nuevo enfoque, esperando que tenga oportunidad de convertirse en realidad. 
Me gustaría saber qué es lo que opina la Comisión. 
Señora Presidenta, para empezar, quisiera expresar también mi satisfacción porque en esta Asamblea se vuelva a hablar del problema del Tíbet. 
Se ha hablado de él con bastante frecuencia, pero han sucedido muy pocas cosas. 
Por eso no se puede olvidar el asunto. 
En los últimos diez años hemos oído mucho sobre disputas y conflictos. Así, creo que podemos afirmar sin cinismo que una guerra dirigida contra el alma y la cultura de un pueblo puede ser peor a largo plazo que una contienda puramente militar. 
El proceder de China con el Tíbet encaja exactamente en la primera categoría. 
La práctica de la religión tradicional se obstaculiza en todo lo posible, y muchos templos y bienes del patrimonio cultural o bien se restauran hasta desnaturalizarlos- un método de eficacia probada- o bien se trasladan a China. 
No voy a referirme a las otras violaciones de los derechos humanos y a las torturas, porque en parte ya ocurrían con anterioridad. 
Si tenemos presente que en el siglo XX, según un estudio de la UNESCO, se ha destruido el 50 % del patrimonio cultural mundial por ignorancia y a menudo por la furia aniquiladora comunista- pienso, por ejemplo, en Camboya, queda perfectamente claro que se ha de poner fin a la conducta de los chinos en el Tíbet. 
Nuestra resolución habla de autonomía cultural y religiosa. 
Estoy convencido, como el Sr. Dupuis, de que no basta con eso. 
Hemos de hablar también de la independencia, con ciertas limitaciones, del Tíbet y del derecho de autodeterminación de los tibetanos. 
Al hacerlo, no debemos olvidar que la cabeza visible de los tibetanos, el Dalai Lama, ha mostrado continuamente a los chinos su disposición a negociar sin mayores exigencias políticas, lo que los Gobiernos chinos han rechazado con la misma constancia. 
A mi juicio, el Parlamento está obligado a adoptar una postura muy clara, en particular porque en China, en concreto en el Turquestán oriental con respecto a los uigures, está surgiendo hoy un segundo Tíbet. 
Creo que eso acrecienta todavía más nuestra responsabilidad de comprometernos verdaderamente con el derecho de autodeterminación, la libertad religiosa y la democracia. 
Señora Presidenta, la resolución no ha sido redactada por la santa inspiración de redactores cristianos, sino por su sumisión ante Su Santidad el Dalai Lama, como lo denominan en su resolución. 
De lo que dicen se deduce una defensa de la independencia del Tíbet, de la mutilación de la República Popular de China con el argumento de que el Tíbet está bajo ocupación china. 
El Tíbet ha sido durante siglos, y lo es en la actualidad, parte integrante de China. 
¿No han pensado los redactores que, si algún día se hiciera realidad este sueño utópico, se provocaría una desestabilización en esa parte del mundo? 
Cómo pueden tener como referente lo que defiende Su Santidad el Dalai Lama, quien, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Políticos, como representante del pueblo tibetano, respondió lo siguiente a mi pregunta de cómo y con qué cargo representaba al pueblo tibetano: » ¡Que ignorante! 
En el nombre de la teoría y la praxis de la reencarnación!» 
Resulta, pues, que los eurodiputados iniciados y los redactores de esta resolución también están inspirados por el espíritu de la reencarnación para concebir las ideas que defienden en su resolución. 
Votaré en contra, señora Presidenta, porque la resolución no contribuye en nada a las relaciones de la Comunidad Europea con ese gran país, ese gran mercado; al contrario, al plantearle dificultades, abre el camino para la entrada de multinacionales norteamericanas y japonesas. 
Esto es lo que consiguen con su resolución. 
¿Sin sospecharlo o guiados por intereses sospechosos? 
Señora Presidenta, en cuanto a la lucha en favor de los derechos del pueblo tibetano, considero que nuestro Parlamento debe reconocer el compromiso positivamente fanático de los radicales italianos y del Partido Radical supranacional. 
Sin sus acicates y su constante interés por lo que acontece en el Tíbet, es probable que dicha tragedia no tendría el significado que, por el contrario, tiene tanto en Italia como en Europa y en las Naciones Unidas. 
Es una batalla en la que la Derecha italiana se mostró muy sensible y solidaria hasta tal punto que, con ocasión de una reciente manifestación de solidaridad, muchos de nuestros alcaldes colocaron la bandera tibetana en el balcón municipal y el tan vituperado Gobierno Berlusconi-Fini fue el primero en Europa que recibió al Dalai Lama en el exilio. 
Dicho esto, es obvio que vamos a votar la resolución común, porque estamos convencidos de que el único sistema para ayudar a la población tibetana es instar con todos los medios posibles y en todos los foros internacionales al Gobierno chino a que abandone su política arrogante y transgresora y preserve, por fin, los derechos fundamentales, lo que va a permitir al pueblo tibetano salvaguardar su identidad y, en consecuencia, su supervivencia. 
Señora Presidenta, las muy numerosas violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos en la China comunista y por obra suya han convertido a este país casi en un punto fijo del orden del día de este debate de actualidad. 
Sin pretender en absoluto ser exhaustivo, quiero recordar no obstante las muchas horas que ya hemos dedicado a la situación de los orfanatos chinos, al terror político contra Taiwán, al problema de Hong Kong y por supuesto también a la cuestión del Tíbet. 
En lo que respecta al Tíbet, a lo largo de los últimos años en este Parlamento hemos aprobado no menos de diez resoluciones. 
El Sr. Moorhouse ha contado incluso once, es posible, y cada vez con las mismas palabras y con más o menos los mismos suspiros. 
Así que esta será la undécima o duodécima resolución. 
Me temo que los déspotas chinos la manden al mismo sitio que las demás: a la basura. 
Por consiguiente, si bien aprobaré la presente resolución, no puedo por menos que decir que, dada la manifiesta falta de voluntad de Pekín, como Parlamento tendríamos que emprender más pasos, que quizás sí fueran captados por la China comunista. 
Por ejemplo, constato que los millonarios fondos europeos que en su momento se habilitaron para financiar a la resistencia frente al llamado régimen de apartheid en Sudáfrica, hoy no están disponibles para ayudar a la resistencia justificada del pueblo tibetano. 
Constato que este Parlamento, por temor a la reacción de Pekín, sigue sin entablar lazos parlamentarios con un país como Taiwán, o siquiera con el gobierno tibetano en el exilio. 
Constato también que, con puntual regularidad, en Europa y en este Parlamento se recibe con todos los honores a los comunistas chinos. 
Señorías, naturalmente considero que de este modo, con una protesta puramente formal, no conseguiremos que en Pekín se nos preste la más mínima atención, sino todo lo contrario. 
Señora Presidenta, nos estamos ocupando de los derechos humanos y del derecho de autodeterminación del pueblo tibetano. 
Nadie tiene derecho, tampoco la República Popular China, a limitar los derechos humanos según su filosofía o su cultura ni a suprimirlos. 
Por tanto, el Parlamento ha de defender por todos los medios, como se ha dicho en la intervención precedente, los derechos del pueblo del Tíbet y su derecho a la autodeterminación. 
Una cosa está clara: la Unión Europea y este Parlamento sólo pueden interpretar el derecho de autodeterminación en el sentido en que lo recogen los documentos de Helsinki. De ellos se desprende que ese derecho no autoriza a cambiar las fronteras de manera arbitraria, porque tal cosa afecta al derecho de autodeterminación de otros pueblos. 
Porque ése es su sentido, hemos de comprometernos con el derecho de autodeterminación considerado como un derecho cultural y humano del pueblo tibetano. 
Apoyo por eso la petición de la resolución del Parlamento de incluir la cuestión del Tíbet en la agenda de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, señores parlamentarios, una de las constantes de la política de la Unión Europea con respecto a China ha sido la importancia acordada a los derechos humanos. 
Por ello, la Comisión está totalmente empeñada en mejorar la situación del Tíbet, y comparte igualmente la preocupación de sus Señorías sobre este asunto. 
La Comisión denuncia cualquier intento por parte de las autoridades chinas de suprimir la libertad de expresión y de culto y deplora la situación actualmente existente en el Tíbet. 
La Unión Europea- como ustedes saben- ha planteado constantemente las cuestiones de los derechos humanos en el Tíbet y la dimensión religiosa de la identidad tibetana en el diálogo bilateral con China, tanto en el ámbito político como en el específico de los derechos humanos, así como en los foros internacionales. 
Y la Unión Europea tiene la intención de proseguir sus esfuerzos para que pueda consolidarse una relación constructiva y positiva con China. 
Con respecto al Tíbet, la línea de actuación tradicional de la Unión Europea ha sido la de intentar fomentar un diálogo directo, una negociación directa, entre las autoridades chinas y los representantes del pueblo tibetano, incluido naturalmente el Dalai Lama. 
En distintos momentos la Unión Europea ha expresado, tanto mediante gestiones específicas como a través del diálogo institucionalizado, su preocupación con respecto a la suerte del Panchen Lama designado por el Dalai Lama. 
La Unión Europea- como ustedes saben- siempre ha exigido garantías sobre la seguridad y libertad del Panchen Lama y lo seguirá haciendo. 
Gracias, señor Comisario Martín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las seis propuestas de resolución siguientes: 
Bertens y Vallvé, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las nuevas implantaciones en Jerusalén del Este y las relaciones israelopalestinas; -B4-0224/97 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el proceso de paz en Oriente Próximo; -B4-0233/97 de los Sres. Pradier y Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la política de implantación de nuevas colonias por parte de Israel; -B4-0248/97 del Sr. Wurtz y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre Jerusalén Este; -B4-0264/97 del Sr. Provan y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, las 6.500 viviendas autorizadas en el distrito árabe de Jerusalén por el actual Gobierno israelí anuncian- no cabe duda, señora Presidenta- una crisis extraordinariamente grave en tan complejo proceso de paz, que todos hemos apoyado y apoyamos. 
En los Acuerdos de Oslo se sobrentiende que, hasta que no se terminen las negociaciones y las fases en marcha, Jerusalén debe permanecer como hasta el momento, y ya se vería en la tercera fase. 
De ahí que incluso los fieles amigos de Israel, los buenos amigos de Israel, miremos con preocupación el paso dado por Netanyahu y nos sumemos a esta resolución común para que el Gobierno conservador no siga adelante con este proyecto de construcción en Jerusalén-Este. 
Esta decisión, estimados colegas y señora Presidenta, sólo contribuye a romper lo establecido en el tan difícil proceso de paz y podría abrir de nuevo- Dios no lo quiera- una riada de tensiones y de violencias difíciles de apagar. 
Señora Presidenta, el proceso de paz tiene que vencer aún muchos obstáculos. 
Aunque se haya logrado un acuerdo sobre Hebrón, ahora hay nuevos obstáculos. 
La decisión del Gobierno israelí de construir un nuevo barrio en Jerusalén Este ha sido insensata. 
Si bien la decisión no es contraria a la letra de los acuerdos, sí es contraria al espíritu de estos acuerdos. 
Las negociaciones en torno a Jerusalén, que forman parte de la última fase de todo el proceso, serán en sí ya suficientemente difíciles. 
El Gobierno israelí ha de comprender que, a la larga, esta decisión puede causar más daños que ventajas. 
La resolución europea en el Consejo de Seguridad se topó con un veto norteamericano, pero también allí crece el descontento. 
Israel juega con fuego. 
Por otra parte, es preciso dejar claro al presidente palestino Arafat que su actitud no beneficia al proceso de paz. No tiene que echar leña al fuego amenazando con una declaración de independencia unilateral del Estado de Palestina. 
El Parlamento Europeo no tiene que dejarse arrastrar por declaraciones unilaterales. 
Precisamente ahora que la Unión desempeña un papel en el proceso de paz, es preciso que el Parlamento Europeo actúe de forma responsable y equilibrada. 
Señora Presidenta, la decisión del Gobierno israelí interviene en un contexto particular. 
Esta decisión, por lo demás, tiene una mayor gravedad vista la existencia de otras medidas, quizás menos espectaculares, pero que testimonian la misma voluntad de comprometer los acuerdos de paz. 
Este contexto lo representan primero los textos: las resoluciones de la ONU núms. 242 y 338, que excluyen muy claramente toda nueva adquisición de territorios por la fuerza, así como las resoluciones del Parlamento Europeo, especialmente la de noviembre de 1996, y las últimas declaraciones del Consejo. 
No obstante, por encima de todo, está la Historia y sus lecciones. 
Está la fuerza simbólica de esta región para el conjunto del mundo. 
Hay también otros ejemplos, como el de Sudáfrica, donde hombres de gran valor tratan de superar las dificultades de una historia sangrienta gracias al diálogo y a la negociación. 
Sobre todo, hay quizás la necesidad de proclamar, vistos los valores en los que se fundan los Estados miembros de la Unión Europea, proclamar que hay mucho más grandeza en respetar al adversario que se encuentra en posición de debilidad, que en hacer constantemente demostraciones de fuerza. 
Debemos aportar nuestro apoyo a los propios miembros de la comunidad israelí que se inquietan del porvenir de las relaciones entre Israel y los palestinos. 
Señora Presidenta, el acuerdo israelopalestino sobre Hebrón había dado un impulso al proceso de paz e permitió esperar nuevas iniciativas constructivas. 
La tinta de este acuerdo aún no está seca y ya el Gobierno de Israel levanta un nuevo obstáculo al proceso de paz decidiendo autorizar la construcción de un nuevo asentamiento de 6.500 viviendas en el distrito árabe de djebel Abou Ghneim en Jerusalén-Este. 
Este proyecto está destinado a separar definitivamente la parte oriental de Jerusalén de los territorios palestinos autónomos. 
Jerusalén se vería así totalmente cortada de Cisjordania. 
Esta es una decisión ilegal puesto que el estatuto final de Jerusalén-Este deberá discutirse durante la tercera fase de negociaciones y que cada parte se comprometió a abstenerse de toda acción que pudiera modificar la situación sobre el terreno. 
El Gobierno israelí recibió el apoyo de Estados Unidos, que impuso su veto a un proyecto de resolución del Consejo de las Naciones Unidas contra la implantación de asentamientos modificando el statu quo previsto en el acuerdo firmado. 
Por tanto, el proceso de paz se encuentra una vez más en peligro. 
Nuestra Asamblea debe condenar con firmeza la decisión tomada por el Gobierno israelí con la complicidad de Estados Unidos y hacer respetar la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Debemos exigir del Consejo que se implique más en el proceso de paz y que utilice todos los medios a su alcance, incluidas las sanciones económicas y políticas, en el marco del acuerdo con Israel para hacer que el Gobierno israelí aplique el proceso de paz respetando los acuerdos de Oslo y las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, nos agrada sobremanera esta oportunidad de discutir hoy esta cuestión. 
Nos hallamos en una fase de desarrollo de las negociaciones de paz en el Oriente Medio que está causando graves preocupaciones. 
Estoy seguro de que son muchos los que están verdaderamente inquietos al enterarse de que el Gobierno israelí ha decidido continuar la creación de nuevas colonias en Jerusalén Este. 
Todo caso de construcción de nuevos asentamientos, particularmente en un sector tan delicado como Jerusalén, corre el riesgo de perjudicar al proceso de paz y de influir en el resultado final de las negociaciones, que todos queremos que concluyan con éxito. 
Por lo tanto, deberíamos instar al Gobierno israelí a que no siga adelante con esos planes, pues necesitamos que actúe en una dirección que resulte más positiva. 
No podemos esperar un resultado positivo de algunas de esas negociaciones mientras se sigan adoptando decisiones que parecen estar destinadas a provocar enfrentamientos. 
El enfrentamiento no es lo que queremos conseguir. 
Lo que queremos es asegurarnos de que se restablece la paz y de que se puede progresar con mayor rápidez. 
No es eso lo que está sucediendo en la actualidad. 
El Sr. Arafat ha resuelto pasar a la acción y luchar contra la situación en Jerusalén Este, que a su juicio es una situación difícil. 
Además, la situación ha empeorado aún más con el canje de cartas entre el Rey Hussein de Jordania y el Sr. Netanyahu, Primer Ministro de Israel. 
La situación ha empeorado realmente. 
Si leemos la correspondencia como la han publicado algunos de los periódicos de hoy, veremos que está a punto de ocurrir algo realmente grave. 
Espero, por lo tanto, que el Parlamento apoye la resolución cuando llegue el momento de hacerlo, pero la resolución tiene que estar bien equilibrada y tiene que reconocer el hecho de que hay dificultades a ambos lados y que ambos lados tienen que acabar por reunirse y llegar a un acuerdo. 
Señora Presidenta, las circunstancias han querido que sea yo el primero que, en nombre de esta Asamblea y de mi Grupo, deba dar el pésame a los ciudadanos y ciudadanas de Israel, a las familias afectadas y al Gobierno de ese país por el terrible suceso ocurrido en la frontera jordana, saldado con la muerte de varios niños israelíes. 
Lo hago también porque me considero un amigo de ese país, de sus ciudadanos y ciudadanas y como miembro de un pueblo vinculado por una culpa imborrable a ese país y a sus ciudadanos y ciudadanas. 
Pero precisamente por ello es para mí lo más importante dejar bien claro que comparto plenamente la preocupación y el pesar de esta Asamblea por la política de asentamientos en Jerusalén-Este y que hago mías también las peticiones contenidas en la propuesta de resolución. 
Permitáseme ahora con este motivo decir algo muy personal como cristiano y como teólogo. 
Jerusalén es la ciudad de tres religiones mundiales. La judía es, sin duda, la raíz, pero quisiera afirmar que el Jerusalén del siglo XX y, creo, el del siglo venidero, seguirá siendo la ciudad de Yad Vashem, la ciudad del memorial de un intento de genocidio planificado y ejecutado sistemáticamente. 
Por eso, Jerusalén debe tener una autoridad moral especial en la comunidad internacional, sin ninguna duda. 
Esa autoridad moral ha de tener también consecuencias políticas. Y por esta causa apelo al Gobierno de Israel a que se plantee y se conteste la pregunta de si la política de asentamientos en Jerusalén-Este beneficia a la autoridad moral de la que sin duda goza esta ciudad, por los motivos expuestos, en la comunidad internacional. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la decisión del Gobierno de Israel de crear un nuevo asentamiento en el sector árabe de Jerusalén ha producido, lamentablemente, un deterioro del proceso de paz en Oriente Medio, que está atravesando un momento delicado y difícil. 
El Parlamento Europeo, así como el resto de las instituciones de la Unión Europea, se ha manifestado reiteradamente en apoyo del diálogo y de la paz. 
Por ello, y desde nuestra responsabilidad como actor internacional, este Parlamento debe instar a las partes a evitar medidas que impliquen una erosión de la confianza necesaria para la prosecución de la aplicación de los acuerdos y que no perjudiquen el resultado de las negociaciones en torno al estatuto permanente de Palestina; sobre todo cuando, recientemente, el pasado 24 de febrero, la Unión Europea ha firmado un acuerdo provisional de asociación con la Autoridad Nacional Palestina, donde se evalúa la situación jurídica particular de la Autoridad Palestina y se establece un período provisional idéntico al período transitorio de autonomía fijado por los Acuerdos de paz de Oslo. 
Nuestra principal preocupación, desde el Parlamento Europeo y como hemos venido manifestando reiteradamente en esta Asamblea, debe ser y ha sido siempre la consecución para la zona de una paz duradera y estable. 
Para que la paz se consiga en la zona, es condición sine qua non que se aplique con rigor el espíritu de Oslo, ya que el diálogo es la única forma de conseguir la paz. 
La Unión Europea ha declarado en numerosas ocasiones que los asentamientos en los territorios ocupados son contrarios al Derecho internacional y constituyen un obstáculo importante para la paz. 
Debemos tener en cuenta que esta decisión afecta no sólo a intereses políticos, sino también a intereses humanos: a los intereses de los ciudadanos que se ven cercados e imposibilitados de circular libremente para poder llevar a cabo las actividades de su vida cotidiana y principalmente para acceder a su puesto de trabajo. 
El diálogo y la cooperación entre las partes de los Acuerdos de Oslo son- repito- la única solución de los posibles conflictos que se puedan producir en la zona. 
Quisiera concluir haciendo un llamamiento al Sr. Arafat y al Sr. Netanyahu para que, en beneficio de sus pueblos, prime la cordura y la negociación frente a la confrontación. 
Señora Presidenta, la actualidad de hoy es triste. Niños, niños israelíes, han sido asesinados en Jordania en un proyecto de paz. 
Asimismo, los proyectos de construcción de Israel socavan el proceso de paz. 
¡Nada de proyectos de construcción, ni nuevas intifadas por parte palestina, ni declaraciones del Estado palestino! 
Todo ello va en detrimento de los acuerdos. 
Señora Presidenta, permítame hacer unas cuantas observaciones personales sobre Jerusalén. La toma de Jerusalén oriental fue consecuencia de una enorme agresión exterior. 
Jerusalén es una ciudad que apela a la comunidad mundial. Tenemos que llegar a la conclusión de que, desde 1967, hay una gran libertad de culto en toda Jerusalén. 
Señora Presidenta, la Biblia habla 811 veces de Jerusalén y en el transcurso de los siglos la comunidad judía solía decir: quizás el año que viene en Jerusalén. 
En el Corán, señora Presidenta, Jerusalén no aparece por ninguna parte. 
La cuestión de Jerusalén es y sigue siendo, y este es el punto de vista que he adoptado desde el principio, una cuestión de israelíes y palestinos. 
El pasado mes hemos podido ver en dos ocasiones en este Parlamento cómo ambos grupos entablaban contactos positivos. La intervención exterior no ayuda. 
Tienen que arreglárselas entre ellos. 
Señora Presidenta, la resolución de compromiso que corre efectivamente el riesgo de ser votada presenta varios defectos. 
El primero, es la inexactitud. 
Se puede reprochar a Israel respetar demasiado los acuerdos de Oslo y de atenerse literalmente a estos acuerdos, pero no de violarlos. 
Ahora bien, por este tipo de inexactitud, damos la impresión de favorecer un campo en relación con el otro cuando lo que se impone es el equilibrio. 
Por lo demás, esta forma de estrabismo se dobla de una peligrosa miopía ya que, al fijarse en un punto de un proceso que es complejo y en el que, de una parte y otra, hay equilibrios políticos sumamente difíciles de respetar, se desconoce la lógica y la coherencia del conjunto del proceso y las dificultades a las que deben hacer frente a la vez el dirigente de los palestinos y el Gobierno israelí. 
Señora Presidenta, la paz es como un hermoso cuadro: visto de cerca son manchas de color, pero la dimensión estética supone distancia y es entonces cuando se percibe que a veces son las sombras las que dan al conjunto el relieve y el color. 
Señora Presidenta, los planes israelíes para la construcción de un gran barrio judío, el barrio de Har Homa, despiertan muchas críticas. 
Desde el punto de vista psicológico, esta decisión es, en efecto, insensata. 
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico hay poco que objetar. 
Los acuerdos de Oslo no incluyen prohibición alguna de la construcción de un barrio como Har Homa. 
Allí sólo se acuerda que el estatuto jurídico de Jerusalén no se modifique mientras los israelíes y los palestinos no hayan llegado a acuerdos definitivos al respecto. 
Las actividades de construcción no cambian para nada el estatuto oficial de Jerusalén. 
Además, hemos de darnos cuenta de que los planes de construir un barrio no son algo aislado. Son la continuación de la política de los sucesivos gobiernos iraelíes de dotar a Jerusalén oriental de un anillo de barrios judíos. 
Una decisión que ha de comprenderse teniendo en cuenta el hecho de que, durante la guerra de los seis días en 1967, la parte occidental de Jerusalén fue bombardeada desde las colinas circundantes. 
Además, hay que tener en cuenta el consenso que impera en Israel de que Jerusalén es y tiene que ser siempre la capital indivisible del Estado de Israel. 
Tras el optimismo inicial en torno al acuerdo de Hebrón, el proceso de paz parece haber alcanzado un punto muerto. 
No obstante, la realización de este acuerdo dejó claro que el Gobierno de Netanyahu ha logrado superar la división que existía en Israel en relación con el proceso de paz. 
Este fue aceptado por una mayoría considerable de 87 votos a favor y sólo 17 en contra en la Knesset. Apenas ha habido acciones de protesta contra el acuerdo. 
Sin embargo, no hay que olvidar la cautela con que ha de operar el Gobierno israelí ahora que las negociaciones con los palestinos hayan entrado en la fase en que hay que resolver una serie de cuestiones muy delicadas, entre ellas el estatuto de Jerusalén. 
Pero también por parte palestina hay hechos que obstaculizan la negociación con Israel. 
Contrariamente a los acuerdos en vigor, que prevén la solución de los problemas mediante negociaciones directas, la autoridad palestina ha sometido los proyectos de construcción al Consejo de Seguridad. 
El llamamiento de Arafat a liberar Jerusalén y declarar unilateralmente un Estado palestino, echó un jarro de agua fría sobre el acuerdo de Hebrón. 
Además, la red de instituciones gubernamentales que desarrolla la autoridad palestina en Jerusalén oriental, en contra de lo estipulado en el acuerdo de Hebrón, y el hecho de que aún no se haya completado el proceso de modificación de la Carta nacional palestina, tampoco fomentan la confianza de Israel hacia la autoridad palestina. 
Quienes son ajenos al asunto no percatan de lo complicada que es la situación y grave el apuro en que se encuentran tanto Netanyahu como Arafat respecto el uno del otro y de sus pueblos. 
En estas circunstancias, las terceras partes han de adoptar una actitud reservada. 
Para la continuación del proceso de paz no es conveniente que el Parlamento Europeo se inmiscuya continuamente en los incidentes que surgen con regularidad entre Israel y los palestinos. 
Quisiera brevemente suscitar la siguiente reflexión: qué habría pasado si el suceso de hoy hubiera ocurrido hace unos años. 
Podemos medir el considerable progreso alcanzado en la prudente reacción de Israel, que desde el principio ha dicho que se trata de un acto individual. 
Tampoco alcanzo a ver que los textos de Oslo establezcan que una ciudad de 600.000 habitantes no pueda desarrollarse en modo alguno durante muchas décadas. Y no está escrito en ningún sitio que se construya sólo para israelíes y no para palestinos. 
En tercer lugar, me gustaría que pensáramos por un momento en nuestros temores cuando se eligió al Gobierno actual y que tomáramos nota de los progresos alcanzados desde entonces. 
Eso es lo que deberíamos hacer, en lugar de atribuirnos continuamente el papel de jueces con el dedo acusador. Después de todo, el Knesset no nos ha reprochado hasta ahora nada de aquello en lo que quizá hemos fracasado como Unión Europea en nuestro terreno. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la Comisión se asocia plenamente a la declaración realizada por la Presidencia de la Unión y su Consejo de Ministros el mismo día que el Gobierno de Israel aprobó los planes de construcción del nuevo asentamiento en Jerusalén-Este. 
En este sentido, la Comisión considera que los asentamientos en los territorios ocupados son contrarios al Derecho internacional y constituyen un gravísimo obstáculo para el proceso de paz. 
La posición de la Unión Europea sobre el estatuto de Jerusalén es clara e inequívoca. 
Jerusalén-Este está sujeto a los principios de la resolución 242 del Consejo de Seguridad en el sentido de que la adquisición de territorio por el uso de la fuerza es inadmisible. 
Por consiguiente, la Unión no puede ni debe aceptar que Jerusalén-Este sea considerada como parte del territorio y de la soberanía del Estado de Israel. 
Los acuerdos de paz israelo-palestinos prohíben explícitamente la construcción de asentamientos dentro o fuera de Jerusalén. 
Además, la Unión considera que el IV Convenio de Ginebra es de plena aplicación tanto en Jerusalén-Este como en los territorios ocupados. 
Así pues, tanto el Consejo de Ministros como la Comisión estiman que la decisión del Gobierno de Israel es particularmente negativa e injustificada, en un momento en que en el proceso de paz empezaba a recuperarse debido a una serie de medidas positivas como el acuerdo sobre el protocolo de Hebrón, la liberación de las prisioneras palestinas y el aumento del número de trabajadores palestinos con permisos para entrar en Israel. 
Confirmo que el proceso de paz se encuentra en una situación muy delicada y es necesario que baje la tensión, y naturalmente la Comisión Europea deplora los gravísimos incidentes que se han producido esta mañana en la frontera con Jordania y la lamentable muerte de un grupo de niñas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución siguientes: 
B4-0191/97 de los Sres. Cars y La Malfa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Kosovo; -B4-0228/97 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Kosovo; -B4-0263/97 de la Sra. Lenz y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre Kosovo; -B4-0190/97 del Sr. Bertens y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la violación de los derechos humanos en Argentina; -B4-0247/97 de la Sra. Miranda de Lage y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación de los indios mapuche en la provincia de Neuquén en Argentina; -B4-0250/97 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de los derechos humanos y de los indios mapuche en Argentina; -B4-0260/97 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos y de los indios mapuche en Argentina; -B4-0262/97 del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación de los indios mapuche en la provincia de Neuquén en Argentina; -B4-0201/97 de la Sra. Fouque, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos de las mujeres y la democracia en Argelia, en Turquía y en Afganistán y el Día Internacional de la Mujer; -B4-0235/97 de la Sra. Leperre-Verrier y el Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la detención de dos franceses en Afganistán y la aplicación de la Charia; -B4-0249/97 de la Sra. Sornosa Martínez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, sobre la vulneración de los derechos de la mujeres; -B4-0259/97 de la Sra. Van Dijk y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el Día Internacional de la Mujer y la violación de los derechos de la mujer; -B4-0252/97 de la Sra. Pailler y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, sobre la liberación de Leyla Zana en Turquía; -B4-0194/97 del Sr. Papakyriazis y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la extradición y el proceso de A. Bruner; -B4-0192/97 de la Sra. Ford, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la protección social de los emigrantes; -B4-0230/97 de la Sra. Roth, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la desaparición en el Mediterráneo de candidatos refugiados; 
Kosovo 
Señora Presidenta, en cierto sentido, este debate sobre Kosovo es la continuación del debate de ayer sobre Albania. 
De hecho, ya entonces muchos de los oradores que intervinieron pusieron de manifiesto que la grave situación albanesa podía estallar en toda la región balcánica y, en particular, en las zonas en las que están asentadas amplias minorías albanesas, sobre todo en Kosovo y Macedonia. 
Con respecto a la comunidad albanesa de Kosovo, debemos volver a reiterar que el Gobierno serbio ejerce una grave e inadmisible represión en su contra y que, actualmente, dicha comunidad se encuentra sometida a grandes tensiones y presiones. 
En efecto, mientras que la situación de enfrentamiento que se ha creado en Serbia y que es importante para la vida democrática, ya que, por suerte, dicho enfrentamiento no es violento, ha tenido como contragolpe un aumento de la represión contra las poblaciones albanesas de Kosovo, lo que está aconteciendo en Albania favorece la tendencia a recurrir al uso de las armas. 
Menos mal que hasta ahora la población albanesa de Kosovo ha preferido recurrir a métodos no violentos de resistencia pasiva, encabezada por Ibrahim Rugova, líder de la Liga Democrática de Kosovo. 
Sin embargo ¿acaso una situación de este tipo puede durar mucho tiempo? 
Es evidente que estas tensiones pueden tener graves repercusiones. 
Por este motivo, reiteramos la necesidad de emprender ante el Gobierno de Belgrado una acción dirigida a entablar el diálogo, a crear las bases para la reconstrucción de la sociedad civil y a autorizar la apertura de una oficina de la Unión Europea en Pristina. 
Señora Presidente, Kosovo no es nada nuevo para esta Asamblea. 
Es un barril de pólvora desde hace tiempo y lo hemos dicho una y otra vez. 
El apaciguamiento de la situación en Serbia- caso de que se pueda calificar de tal- ha vuelto a poner a Kosovo en primer término, lo que es bueno. 
Allí la gente está perdiendo la paciencia. 
Existe la amenaza de atentados, que no hay que descartar, por parte del ejército de liberación de Kosovo, aunque el líder de la Liga Democrática siga buscando una solución pacífica. 
Nuestra resolución trata también de otro punto que, verdaderamente, no se puede eludir con el silencio: la situación en las prisiones, escenario de torturas y muertes. Una delegación de nuestro Parlamento pudo comprobar tales consecuencias con sus propios ojos. 
Por eso renovamos en la resolución nuestra petición de liberación de los presos, de libertad para los medios de comunicación y de instauración de un verdadero diálogo que encuentre una solución para los habitantes largamente oprimidos de Kosovo. 
Exigimos que el Gobierno serbio abra de una vez la oficina en Pristina, solicitada por el Parlamento desde hace mucho tiempo y aprobada por la Comisión. Lo mismo ha pedido la representante especial de las Naciones Unidas, la Sra. Rehn. 
Así podríamos mostrarles que la Unión Europea está de su parte. Creo que deberíamos presionar mucho más para dejar verdaderamente clara la posición de los europeos en Kosovo. 
Señora Presidenta, dos factores distintos han cambiado la situación para los albanos de Kosovo: una es la presión serbia que sigue aumentando, otra es que el movimiento de resistencia albano ha empezado a ejecutar a todos aquellos a quienes considera como colaboradores. 
El resultado es que los albanos se ven expuestos al fuego cruzado de dos bandos. 
Otro hecho que seguramente tendrá consecuencias para los albanos de Kosovo, aunque hoy por hoy no sabemos nada sobre su carácter o modalidad, son las confrontaciones abiertas, las luchas que se producen en Albania, que se ha convertido en uno de los focos graves de agitación de Europa. 
El debate que celebramos hoy y la resolución son realmente la expresión de la voluntad del Parlamento de que el Consejo y la Comisión actúen. 
Deseamos en primer término que se convoque una conferencia para debatir la cuestión de Kosovo. 
En el Tratado que esperamos se concluya en Amsterdam se solicita la creación de unas unidades de análisis. 
Una conferencia de este tipo no puede dar solución a todos los problemas, pero puede expresar la voluntad de analizar mejor la cuestión, para que a largo plazo se logre una solución justa para Kosovo. 
Señora Presidenta, en lo esencial estoy de acuerdo con la Sra. Lenz, pero he de hacer una rectificación. 
No es que haya amenaza de atentados, sino que los ha habido. O sea, que ha existido esta forma de violencia, igual que la violencia por parte serbia en las prisiones, etc. De ahí que el primer llamamiento haya de ser al cese de la violencia. 
Ahora bien, Kosovo es un barril de pólvora, en eso tiene razón. 
Con estas miras voy a considerar cinco puntos que nos parecen muy importantes a mi Grupo y a mí. 
En primer lugar, han de celebrarse elecciones transparentes y justas. Las elecciones deben dar una oportunidad a todos, partidos y grupos étnicos, de presentar sus programas y sus candidatos. 
En segundo lugar, debe haber leyes sobre los medios de comunicación, pero sobre todo la práctica de los medios, como se nos hizo ver en nuestra visita a Yugoslavia, ha de responder al principio de la libertad de medios de comunicación. 
Las violaciones de los derechos humanos, en Kosovo o en otros lugares, han de poderse exponer y debatir abiertamente, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no saben nada de ellas pues se les ocultan parcial o totalmente. 
En tercer lugar, la Unión Europea y los Estados y ciudades de la Unión Europea han de ayudar ante todo a la nueva administración municipal para mostrar que Europa la apoya totalmente. 
En cuarto lugar, naturalmente, ha de haber un completo reconocimiento de los derechos humanos y en especial de los derechos de todas las minorías. 
En este contexto quiero mencionar expresamente a la minoría húngara. 
Y por último, la verdadera solución del problema de Kosovo. 
Aquí resulta importante dejar claro a todas las partes lo siguiente: fin de la violencia, participación en conversaciones y una solución dentro de Yugoslavia. 
Si se habla de una conferencia, todos los grupos tienen que estar dispuestos al diálogo y la Unión Europea ha de mostrarles que ese diálogo debe tener lugar dentro de Yugoslavia. 
Nosotros podemos ayudar desde fuera, pero la solución del problema ha de encontrarse en la misma Yugoslavia. 
Señora Presidenta, ya que hablamos de Kosovo, quisiera que las cosas quedaran claras. 
De ningún modo trato de poner en tela de juicio la calidad, la excelencia misma, de las intenciones que originan el proyecto de resolución que nos ocupa, ni de subestimar la gravedad de los acontecimientos que afectan Kosovo debido a las dos comunidades que allí viven. 
Si, por mi parte, no deseé asociarme a esta resolución se debe a cuatro razones. 
En primer lugar, si las palabras poseen un sentido, no me parece conveniente hablar, como se hace aquí, de segregación racial a propósito de Kosovo. 
En segundo lugar, no es lo más conveniente, a mi juicio, agravar la separación étnica pidiendo apoyo únicamente para la sociedad civil albanesa, cuando es el conjunto de la población civil de la región la que merece ayuda y consideración. 
En tercer lugar, siempre estamos atentos a las mil violaciones de los derechos humanos que se producen en el mundo entero. 
Y siempre, de manera obsesiva, nuestro Parlamento vuelve, a iniciativa de aquellos que han emprendido una verdadera cruzada, a condenar a Serbia. 
No me parece que nuestras resoluciones hayan tenido, en tiempos pasados, un efecto apaciguador en los Balcanes. 
En cuarto lugar- quizás el más importante -, parece establecerse en Belgrado, al cabo de mil dificultades, el diálogo democrático. 
¿Es el momento de obstaculizarlo y alimentar en Serbia una especie de paranoia antieuropea? 
No olvidemos que un día u otro, tendremos que integrar a Yugoslavia en nuestra Europa. 
Argentina 
Señora Presidenta, hoy no hemos de limitarnos a hablar de los problemas de los pueblos indígenas de Argentina, sino que pienso que toda la población de Argentina merece nuestra atención. 
Es justificado prestar atención a la población indígena. Se niega a medio millón de personas la tierra en la que viven. 
La especulación aparta cada vez más a los pueblos indígenas. 
Es preciso traerla a colación en un contacto intenso entre la Unión y Mercosur. 
Pero no hemos de limitarnos a los pueblos indígenas. 
Argentina sigue soportando la carga del pasado. 
Las autoridades jurídicas siguen sin estar dispuestas a cooperar realmente para aclarar todas las desapariciones de los años de la junta. 
Quieres defienden la justicia son intimidados y no les ponen más que trabas. 
Las famosas «madres de la Plaza de Mayo» , el símbolo de la carga argentina del pasado, siguen sin tener claridad sobre el destino de sus hijos y también ellas se ven obstaculizadas. 
Hoy en día, la democracia y la libertad de expresión siguen socavándose en Argentina de forma disimulada. 
Los periodistas críticos llegan incluso a encontrar la muerte y se ponen trabas a los periódicos. Activistas a favor de la democracia son asesinados. 
La situación en el país empeora. Sin embargo, las autoridades niegan estos hechos. 
Las violaciones de los derechos humanos deben castigarse, también si son perpetradas por miembros de las fuerzas armadas; en cualquier caso, esto tienen que saberlo en Argentina. 
Los representantes de la Unión han plantear estas cuestiones al Gobierno argentino. 
La democracia y el respeto de la derechos humanos son los fundamentos de la relación entre nuestra Unión y terceros países. Esto también es válido para Argentina. 
Señora Presidenta, la Unión Europea fundamenta la cooperación bilateral sobre la base del respeto a los derechos humanos. 
Las cláusulas de condicionalidad que figuran en los textos de los acuerdos con Latinoamérica han servido para reforzar los sistemas democráticos y también- este es un aspecto fundamental- para ayudar a garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos. 
Estas cláusulas de condicionalidad son bien distintas en su filosofía de los procedimientos de certificación, y son en este final de siglo la aportación más positiva que, en el contexto de la globalización, se está haciendo para la humanización de las relaciones internacionales y la extensión de la democracia. 
Si en ocasiones este Parlamento se muestra crítico ante situaciones de abusos, fallos o incumplimientos, debe entenderse esta crítica como una aportación positiva para reforzar las democracias y la defensa del más débil frente a la injusticia y la desigualdad. 
La resolución que hoy debatimos sobre los problemas de las comunidades mapuches, pretende hacer una aportación positiva para ayudar a resolver un conflicto reconocido, porque si ese conflicto no existiera, tampoco existiría la Corporación Interestatal de Pulmari creada hace algunos años. 
Los fallos detectados en la gestión de esta corporación, los procesos judiciales abiertos a líderes indígenas y la desviación de los objetivos por errores de interpretación han producido una honda preocupación en sectores sociales, y en el propio Parlamento argentino se han alzado voces que se plantean la modificación del estatuto. 
Por último, y en el plano general de la defensa de los derechos humanos y libertades de todos los ciudadanos argentinos, pedimos a las autoridades que se mantengan activas y vigilantes. 
Nuestro Parlamento concedió a las Madres de Plaza de Mayo el premio Sajarov. 
Este Parlamento mantiene una cooperación estrecha con ese grupo de mujeres, ancianas la mayoría, que son la memoria de la historia de una locura que dejó miles de víctimas y mucho dolor. 
La concordia de la sociedad argentina se está construyendo con dificultad y tesón. 
Intentar negar que en ocasiones se producen ataques cuyo origen- con seguridad- se encuentra en grupos minoritarios que no aceptan la democracia plural y participativa, no resuelve el problema. 
Como tampoco lo resuelve la limitación de las garantías constitucionales. 
Por esa razón, señora Presidenta, nuestro Grupo apoyará todos y cada uno de los párrafos de esta resolución. 
Señora Presidenta, señor Comisario, sabemos la voluntad política que usted pone en que se cumplan las condiciones de las cláusulas de la defensa de los derechos humanos cuando se firman acuerdos como Mercosur o como el que se firmó con Argentina, y hoy denunciamos de nuevo las tres vulneraciones de derechos humanos que ya se denunciaron aquí. 
Es decir, la muerte de un periodista en enero- José Luis Cabezas- cuando está impune todavía la muerte de Salvador Aguirre, defensor de los derechos humanos, y hubo un intento de asesinato de su compañero. 
Denunciamos el desalojo de los indígenas mapuches y denunciamos también las amenazas a las Madres de Plaza de Mayo. 
Yo creo que la Comisión está en condiciones de exigir al Gobierno argentino: en primer lugar, que se devuelvan esas tierras, sobre las que hay tantas sospechas, a los indígenas mapuches; en segundo lugar, que se abra una investigación para ver en qué consisten las amenazas a las Madres de Plaza de Mayo; y en tercer lugar, que en América Latina no reine la impunidad. 
Es decir, que si un periodista gráfico es asesinado y aún está impune el asesinato de un defensor de los derechos humanos, yo estoy convencida, señor Comisario, de que en sus manos está el poder presionar al Gobierno de Argentina. 
Señora Presidenta, Señorías, el trato que da el Gobierno argentino a los indios mapuches en Pulmarí es ilegal y está caracterizado por la vergüenza de la corrupción. 
Merece una censura que sólo la influencia atenuadora del Grupo del PPE ha conseguido que se plasme de manera tan débil en la presente resolución. 
Nos preocupan los mapuches y nos inquieta también profundamente otra faceta de la creciente represión en Argentina. 
Se trata de la prensa. 
La prensa ha desempeñado un papel imprescindible en los últimos años. 
Recuerdo la revelación de las escalofriantes violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante la época de la dictadura militar y la publicación de los escandalosos manejos corruptos de funcionarios y políticos argentinos. 
Pienso en su información sobre las revueltas en varias provincias del país contra la desastrosa política económica del Gobierno o el apoyo a las siempre amenazadas madres de la Plaza de Mayo. 
El requisito de todo esto es la libertad de prensa, que está en peligro. 
El 25 de enero, el periodista gráfico José Luis Cabezas fue asesinado por querer sacar a la luz pública las oscuras maquinaciones delictivas de unos políticos. 
Condenamos estos sucesos. 
Espero que cuando el Presidente Menem acuda a Bruselas en los próximos meses nos dé una explicación. 
Señora Presidenta, señor Telkämper, hay una cierta diferencia entre pedagogía positiva y negativa. 
Sin duda, entre Europa y Argentina existen los vínculos más estrechos que pueden darse entre continentes. 
De ahí que cada palabra que digamos se interprete en Argentina de un modo particularmente sensible. 
Si dedicamos esta resolución ante todo a los aborígenes, que antes se negaba en absoluto que existieran, estamos haciendo, según nuestros conocimientos, algo realmente bueno y sensato. 
Y por eso mi Grupo la apoyará. 
Sin embargo, no considero que la situación en Argentina sea tan catastrófica como también la ha pintado el Sr. Bertens. Precisamente por ser europeos y por haber muchos Grupos en esta Asamblea, hemos de ejercer una influencia positiva y dialogar sobre estas cuestiones con los argentinos. 
Por supuesto que el asesinato de un periodista es una cosa grave. 
Por supuesto que es correcto hablar, entre otras cosas, de las madres de la Plaza de Mayo que, por cierto, vienen aquí casi todos los meses y hablan con nosotros. 
Mi Grupo exigirá una votación separada sólo para este párrafo porque no lo considera pertinente en la resolución, pero nos pronunciaremos con seguridad a su favor. 
Derechos de las mujeres en el mundo 
Señora Presidenta, este período parcial de sesiones se abrió con la oportuna y estimable intervención del Presidente Sr. Gil Robles sobre el Día Internacional de la Mujer y, pocas horas después de su conclusión, nos permite volver a abordar el tema de «los derechos de las mujeres». 
Nuestra atención se dirige a las mujeres de los países que no forman parte de la Unión Europea, pero hacia las que el Parlamento Europeo y la Unión Europea renovaron su compromiso con ocasión del debate y de la resolución votada después de la Conferencia de Pekín, y a las que, por otra parte, se refieren la Comisión y el Parlamento en el ámbito de los programas y las iniciativas en curso. 
Señora Presidenta, señor Comisario, las mujeres de las que hablo sufren violencias específicas relacionadas con las costumbres de sus países, violencias que, sin perjuicio del respeto de la cultura de dichos países, la Unión Europea debe contribuir a erradicar. Me refiero a las mutilaciones sexuales, cuya humillante crueldad es difícil de describir, así como a las mujeres y niñas golpeadas, violadas, prostituidas e incluso hambrientas. 
Quien ayer participó en la reunión que se celebró en este Parlamento sobre el derecho a la salud de las mujeres refugiadas, pudo escuchar con horror que en los campos de concentración las mujeres junto con los niños corren el peligro incluso de morir de hambre, porque los que distribuyen los alimentos, que son siempre hombres, no les reconocen su condición de cabeza de familia; mujeres que sufren la violencia de la aplicación fundamentalista de su propia religión; mujeres que luchan a riesgo de sus propias vidas y siguen manifestándose públicamente contra la violación de sus derechos que, tal como afirma la plataforma de Pekín, son derechos fundamentales de la persona. 
En los días en los que en muchos foros recordamos y celebramos el Día Internacional de la Mujer, es preciso que pensemos en nuestras hermanas menos afortunadas con renovado empeño. 
En efecto, éstas, además de todas las discriminaciones y dificultades que nosotras mismas, mujeres europeas, sufrimos en vísperas del tercer milenio, son víctimas de humillaciones y sufrimientos que debemos condenar y contra los que debemos actuar con urgencia. 
Señora Presidenta, el fanatismo, tanto de carácter religioso como de carácter nacionalista, provoca en todas partes violaciones de los derechos humanos y sobre todo la violación de los derechos de la mujer. 
Que esto no es una exageración lo demuestran las estadísticas de la propia ONU, de las que se desprende que la mayor parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos son mujeres y niños. 
Ya se trate de situaciones de guerra, de nacionalismo o de religiones, muy a menudo conducen a la opresión consciente o inconsciente de las mujeres. Conducen a prohibiciones y mandamientos para las mujeres. 
Las mujeres no pueden salir a la calle, las mujeres no pueden recibir educación, las mujeres no pueden trabajar, pero las mujeres han de cuidar de sus maridos y de los hijos de sus maridos. 
Conducen a la violación y al abuso de las mujeres. Conducen incluso a la mutilación sexual. 
Son situaciones a menudo sostenidas por los gobernantes. 
Es apremiante que sucedan varias cosas. Los derechos de la mujer han de estar más presentes en las relaciones internacionales que mantienen los Estados miembros, y también la propia Unión, con otros países donde tiene lugar este tipo de cosas. 
Hay que conceder el derecho de asilo en caso de persecución por motivos de sexo. 
Esto es absolutamente necesario para erradicar el problema. 
Hemos de trabajar duramente, tanto dentro como fuera de la Unión, para conjurar la mutilación sexual de las mujeres. 
Por ello es realmente necesario que en la Comisión de la ONU para los derechos humanos se nombre a un observador especial para que siga los casos de mutilación sexual, a fin de comprenderlo mejor y poder actuar realmente en contra de ello. 
Señora Presidenta, una jornada consagrada a los derechos de la mujer, está bien, pero sería todavía mejor si tuviéramos la certidumbre de que la Unión Europea lucha todo el año por la causa de las mujeres, en Europa y en el mundo entero. 
Ya que, lo sabemos, las primeras víctimas de la violación de los derechos humanos son las mujeres, en contradicción, por lo demás, con todos los convenios internacionales. 
Por tanto, debemos movilizarnos para que cesen estas discriminaciones. 
Otro tema de preocupación: las mutilaciones sexuales. 
La UNICEF calcula que son víctimas de esta práctica 130 millones de mujeres en el mundo. 
Es enorme, y es tanto más horrible cuanto que esta cifra va en aumento. 
Así, en contradicción con la impresión a veces engañosa de que las mujeres se integran mejor política, económica y socialmente, no solamente la condición de la mujer no progresa, o todavía no lo hace lo suficiente, sino que a veces retrocede, y de manera alarmante. 
En primer lugar, es preciso inquietarse por la proliferación de estos movimientos integristas islámicos que rebajan a las mujeres al rango de sujetos menores. 
A este respecto, la situación de las mujeres en Afganistán me parece especialmente detestable. 
Los talibanes que tomaron el poder hace unos meses les prohiben, en nombre de la charia, trabajar, tomar la palabra en público o participar en manifestaciones públicas. 
Llevar el velo es una obligación y, al igual que en la Edad Media, las mujeres adúlteras son lapidadas. 
Por tanto, es preciso reaccionar firmemente, condenando, ciertamente, pero también suprimiendo toda forma de cooperación con este país mientras no se respeten los derechos fundamentales de sus ciudadanos y sus ciudadanas. 
Por lo demás, la Unión Europea debe luchar por la liberación incondicional e inmediata de Frédéric Michel y de José Daniel Llorente, esos dos ciudadanos franceses responsables de la ACF, que fueron arbitrariamente detenidos y encarcelados por el único motivo de que almorzaron con unas sesenta mujeres afganas. 
No podemos tolerar esa arbitrariedad, como tampoco el terror que se ejerce sobre estas mujeres. 
Señora Presidenta, se ha mencionado un argumento que suscribo absolutamente. 
De ahí que no quiera volverlo a repetir. 
Creo que en Afganistán nos encontramos ante la más grave opresión oficial de las mujeres que existe en la actualidad en el mundo como política oficial. 
El tema, sin embargo, es objeto de otras resoluciones con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 
No se insiste lo bastante en la vulnerabilidad que aqueja aún a los derechos de la mujer en muchos países. 
La Conferencia Internacional sobre la Mujer de Pekín acabó. 
Europa ha de estar en primera línea de la aplicación de las decisiones que tanto costó conseguir: lucha contra la trata de mujeres, muchachas y niños, contra la prostitución, contra el trabajo infantil y la mutilación en las sociedades tradicionales (también la encontramos parcialmente en Europa, sobre todo entre los emigrantes). 
Las mujeres excluidas o quizá expulsadas del grupo familiar son con frecuencia presas fáciles y resulta casi inimaginable para nuestras sociedades emancipadas la manera en que pueden ser perseguidas. 
Nuestro esfuerzo ha de realizarse por ello en contacto con los gobiernos. Espero especialmente que lo haga el Comisario Marín, ya que fue responsable de las cuestiones de la mujer con respecto a la Comisión de la Mujer del Parlamento. 
Señora Presidenta, debería hacernos ruborizarnos de vergüenza que hoy, en marzo de 1997, sea necesario reiterar con firmeza que los derechos de las mujeres y de los menores (insisto: y de los menores) «son parte inalienable, integral e indisociable de los derechos universales de la persona humana» , lo que simplemente revela que ellos, las mujeres y los menores, no son aún considerados universalmente como personas humanas. 
Pero ése es el punto 1 de nuestra propuesta de resolución. 
Y subscribo la reiteración y la firmeza, al tiempo que quiero compartir la vergüenza que siento. 
Además, los considerandos que preceden a la propuesta no son un retrato completo. 
Les faltan muchas cosas, en particular en el plano social, en aquel que es independiente de opciones religiosas y de atavismos culturales y que resulta de considerar a las otras (y a los otros) portadores de mercancía que explotar. 
Son, por eso y por desgracia, tan sólo una pálida muestra de lo que justifica que a la vergüenza se sume la indignación. 
Expreso por eso, con igual vehemencia, las solidaridades y las condenas que figuran en lo que aquí queremos aprobar. 
No como un acto de descargo de conciencia, sino como- ¡también! -la reafirmación de un propósito de lucha: concreta, en la vida cotidiana. 
Leyla Zana 
Señora Presidenta, catorce meses después de haber recibido el premio Sakharov del Parlamento Europea, Leila Zana sigue detenida en la prisión de Ankara, junto con otros tres diputados kurdos, por haber reivindicado, en su calidad de diputada, el derecho de los kurdos a su cultura. 
Leila no nos perdonaría, hoy, que recordáramos únicamente su premio y su detención impregnada de sensiblería. 
Guardo el recuerdo, después de nuestro encuentro en la prisión de Ankara y durante su proceso, de una joven mujer dotada de una increíble fuerza y determinación. 
Su combate es también el nuestro, el del respeto de la democracia y de los derechos universales. 
Hoy, se encuentra encerrada y nosotros, Parlamento Europeo, somos impotentes. 
Votamos- sin embargo, no mi Grupo- la unión aduanera. 
Aunque no haya votado en su favor, quise creer en ella. 
Sin embargo, hoy es preciso reconocer, y es difícil decirlo, que teníamos razón. 
En efecto, desde el día siguiente se agravaron en Turquía los atentados a los derechos humanos. 
Hoy, ya no puedo ir a visitar a Leila Zana como lo hacía antes de la unión aduanera, hemos congelado los acuerdos, lo que por lo demás agrava todavía más las dificultades de los turcos, y los derechos humanos continúan siendo burlados en ese país, ese país que queremos próximo de Europa, pero cuyo gobierno no hace ningún gesto y se burla de Europa. 
Quisiera terminar dando la palabra a Leila Zana, repetir lo que me dijo cuando la visité en la prisión de Ankara: » Soy kurda y defiendo mi identidad. 
Creo que el papel de las mujeres es demasiado importante. 
Como mujer, como kurda, quiero que se acabe este baño de sangre. 
Sí, que todo esto se acabe. 
Mi combate por los derechos humanos hará avanzar la democracia en Turquía. 
Soy lúcida y este es el precio que tengo que pagar hoy. 
Estoy aquí por los kurdos y por los turcos». 
Yo añadiría que está allí para mostrarnos lo que es la dignidad de una democracia. 
Señora Presidenta, la Sra. Leyla Zana esposada es el símbolo de la falta de respeto por la libertad de expresión en Turquía. 
Ella no ha cometido actos terroristas, sólo ha expresado su opinión. 
En estos momentos hay tres galardonados con el premio Sájarov que permanecen encarcelados en sus propios países; se trata, además de Turquía, de Birmania y China. Esto hace que el país europeo de Turquía se encuentre en extraña compañía. 
Turquía, un país con el que hemos firmado una Unión aduanera y con el que mantenemos intensas relaciones y que también es miembro del Consejo de Europa. 
¿Cuándo cumplirá este país las promesas que ha hecho a la Unión, por lo menos al Parlamento Europeo, con motivo de la aprobación de la Unión aduanera? 
Cuatro de los seis parlamentarios kurdos se encuentran todavía en la cárcel. Estos cuatro han de ser liberados cuanto antes. 
Si al principio de esta semana la ministra Çiller hablaba en serio de la mejora de los derechos humanos en su país, ya puede empezar liberando a los cuatro parlamentarios kurdos, y por supuesto también a la Sra. Leyla Zana. 
Mantener encarcelados a los parlamentarios es la forma más contraproducente de solucionar un problema. 
Es preciso convencer al Gobierno turco de que entable un diálogo con las organizaciones democráticas kurdas. 
Esta es la única manera de lograr una solución definitiva y una buena cooperación con ese país, que pese a todo es europeo. 
Alois Brunner 
Señora Presidenta, hace pocos días, el 30 de enero, tuvimos un debate y aprobamos en esta Asamblea una declaración, en mi opinión fundamental, sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, a propósito de la designación de 1997 como año contra el racismo. 
En 1995 se cumplieron cincuenta años desde el Holocausto, pero vivimos un rebrote de ciertos intentos de mancillar la memoria de las víctimas negando el genocidio. 
Mis compatriotas y conciudadanos los judíos de Salónica pagaron con su sangre el Holocausto, y detrás de esta eliminación de los judíos de Salónica hay un nombre, el de Alois Brunner. 
En recientes publicaciones de la prensa internacional se ha indicado reiteradamente que el criminal de guerra Brunner está vivo y tiene su residencia en Siria. 
La resolución que hoy tengo el honor de presentar en nombre de mi Grupo político pide al Consejo de la Unión Europea que intervenga activamente con acciones concretas para conseguir la extradición y el procesamiento de Brunner. 
Los crímenes contra la humanidad no tienen fecha de prescripción, por lo que nosotros, aquí, debemos asegurarnos de que ningún criminal de guerra quede impune. 
Este es el máximo valor simbólico, la dedicación y el significado que nosotros le damos al año contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. 
Señora Presidenta, la biografía de Alois Brunner es una biografía bañada en sangre, la sangre de personas innocentes, los judíos de Salónica que cayeron víctimas del racismo. 
Es un ejemplo más de la psicología enfermiza de los criminales de la segunda Guerra Mundial. 
Aunque nada puede sustituir las vidas perdidas, hacer justicia es una necesidad histórica, que ayudará a cerrar las heridas abiertas por Alois Brunner a lo largo de su vida. 
Por lo tanto, hay que encontrar a Alois Brunner, conseguir su extradición y procesarlo para que se dicte una pena ejemplar. 
Tienen ante ustedes una resolución a la que el Partido Popular Europeo da su apoyo y para la cual pide su voto favorable. 
Señora Presidenta, en todos los órganos de este Parlamento se habla de la razón y la sinrazón de las resoluciones urgentes. Si hay una urgencia razonable es la resolución presentada hoy por el diputado del Grupo socialista. 
Esta cuestión tendría que haberse puesto antes en el orden del día. 
Brunner era un ayudante de Eichmann, responsable de 125.000 muertos, responsable de la deportación de judíos de Austria, Grecia, Yugoslavia y Francia. 
Señora Presidenta, si Siria quiere realmente tener buenas relaciones con Europa y quiere demostrar su buena voluntad con respecto al proceso de paz, que extradite a ese hombre. 
Comisario Marín, usted visita a menudo la región, también va a Siria. 
Espero que acuda a la dirección correcta para transmitir nuestro deseo. 
La última dirección conocida era rue Hadat, número 7, en Damasco. 
Y espero que regrese usted con la respuesta. 
Refugiados del mar (Boat people) 
Señora Presidenta, esta resolución trata de los 282 inmigrantes que se ahogaron frente a la costa de Grecia el día de Navidad, el año pasado. 
En este caso ha habido delito sea por omisión, sea, lo que es más probable, por acción, por abordaje deliberado y hundimiento del barco que los transportaba. 
No ha habido ninguna investigación propiamente dicha de este delito de lesa humanidad; el delito ha desaparecido en un agujero negro judicial, pues las autoridades griegas, italianas, maltesas y egipcias- implicadas todas en este transporte de inmigrantes ilegales- se han desentendido del problema. 
En realidad, algunas de las personas que podrían haber sido testigos del caso han sido devueltas en régimen de extradición a la India por las autoridades griegas y, por lo tanto, no pueden facilitar ningún testimonio de lo sucedido. 
Desgraciadamente, éste no es más que un incidente entre muchos: en 1993 la organización de derechos humanos Amsterdam United calculaba que 393 personas habían perdido la vida cuando intentaban entrar en la Unión Europea. 
La inmigración ilegal es inmigración ilegal, pero esto no quiere decir que justifique la pena de muerte. 
Lo que necesitamos y lo que queremos es que haya una acción coordinada para descubrir y perseguir a las personas que intervienen en este delito, dondequiera que estén, tanto si están en nuestra Unión Europea como si están fuera de ella. 
Necesitamos la acción coordinada de EUROPOL, y de EUROPOL por conducto de INTERPOL en el mundo, pues hasta que no lo logremos se seguirá cometiendo este tipo de delito y habrá gente que siga siendo víctima de la pena de muerte por su mero deseo de ir a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el incidente que acaba de mencionar el Sr. Ford es uno de los muchos que, por desgracia, se registran en el mar Mediterráneo y a lo largo de las fronteras periódicamente. 
En este momento, existe una actividad criminal que fomenta la inmigración ilegal a través de una especie de red relacionada con el transporte ilegal de migrantes. 
Esta red criminal está vinculada al tráfico de mano de obra ilegal, empleada en trabajos domésticos y en los sectores agrícola y de la construcción, así como, por desgracia, en la prostitución. 
Los que sufren daños son ante todo las mujeres y los menores. 
Los criminales a los que nos referimos son gente sin escrúpulos, contra los que hay que actuar debidamente. 
Por esta razón, pedimos que se investiguen los abusos de que son objeto estos trabajadores clandestinos, así como que se depare el máximo respeto a la dignidad humana de estos migrantes y se persigan con gran firmeza los que se aprovechan de esta situación de dificultad y de necesidad por la que atraviesan poblaciones cercanas a nuestro entorno. 
Considero que este asunto deberá figurar en el orden del día de la Conferencia Euromediterránea de Malta que se celebrará el 15 y 16 de abril. 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera referirme a una cuestión de principios: el Grupo del Partido Popular Europeo está a favor del debate de los derechos humanos, de que cada violación de los derechos humanos sea publicada y castigada y de que, en la medida de lo posible, se tomen medidas preventivas para que no sucedan cosas semejantes. 
Ahora bien, no se puede abusar del debate de los derechos humanos sólo para arrastrar al Parlamento al examen de temas de los escaños rojo-verdes, en general ideológicamente sesgados, con la finalidad de obtener aquí y allá calderilla política. 
Eso no puede admitirse en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, donde bajo la rúbrica de «derechos humanos» los socialistas y los verdes exigen cosas como el derecho a la salud o el derecho a la seguridad social, y menos aún puede admitirse en el debate de cuestiones de actualidad y urgencia. 
Somos partidarios de que se expongan las violaciones de los derechos humanos y de que el debate se centre en el asunto y se limite a él. 
El Grupo del Partido Popular Europeo votará, por este motivo, contra la enmienda presentada por las Sras. Roth y Ford, que pretende forzar al Parlamento a un debate exclusivamente ideológico sobre política de migración y cooperación policial dentro y fuera de Europa que, en definitiva, amenaza con distraer la atención de nuestro objetivo fundamental, del objetivo de la Unión, que es la protección de los derechos humanos. 
Realmente, le hubiera podido retirar la palabra al amparo del artículo 47 del Reglamento, porque no se ha referido usted al asunto, sino que ha debatido una cuestión de principios. 
Me ha alegrado mucho oírle mencionar al final el término derechos humanos, pues me ha ayudado a no tomar esa decisión. 
Hemos llegado al final de este debate. 
En nombre de la Comisión, intervendrá a continuación el Comisario Marín para contestar a todas las cuestiones que se han suscitado. 
Señora Presidenta, voy a contestar al conjunto de las distintas intervenciones, una por una, procurando ser lo más breve posible. 
En primer lugar, en lo que concierne al problema de Kosovo, es cierto que la situación en Kosovo se caracteriza por graves violaciones de los derechos humanos y por una continua frustración de las legítimas aspiraciones políticas de los albaneses de Kosovo y sigue constituyendo una de las principales preocupaciones de la Unión Europea en esa región. 
Dada la actual agitación en Albania, se corre el riesgo de que se convierta en una fuente todavía mayor de desestabilización. 
La posición de la Unión Europea ha sido siempre la de solicitar un mayor grado de autonomía para Kosovo dentro de las fronteras de Yugoslavia reconocidas internacionalmente. 
También ha exhortado a las autoridades de Belgrado a que entablen un diálogo con los albaneses de Kosovo en presencia de una tercera parte. 
Lamento, no obstante, tener que decir que estos esfuerzos aún no se han visto coronados por el éxito. 
Prosigue la violación de los derechos humanos y Belgrado sostiene que el estatuto de Kosovo es un asunto puramente interno; de la misma manera, Belgrado rechaza la solicitud de la Unión Europea de establecer también una presencia en Kosovo. 
La plena normalización de las relaciones entre Yugoslavia y la Unión Europea sólo será posible si Belgrado respeta plenamente los derechos humanos y de las minorías y concede el grado necesario de autonomía. 
La Unión Europea seguirá exhortando a las autoridades presentes y futuras de Yugoslavia a que avancen hacia ese objetivo, pero también tendrá que dejar claro a los albaneses de Kosovo que no apoya sus pretensiones de acceder a la independencia. 
Una auténtica democratización de Yugoslavia podría facilitar una solución para Kosovo. 
En consecuencia, la Comisión está elaborando una estrategia para apoyar la democracia, la sociedad civil y unos medios de comunicación independientes. 
En lo que concierne a Argentina: durante estos últimos años, la Comisión Europea ha apoyado en general los esfuerzos de los países latinoamericanos para establecer y consolidar auténticos Estados democráticos que respeten los derechos humanos. 
En este sentido, seguirá acompañando los esfuerzos realizados, tanto por la sociedad civil como por los sistemas gubernamentales, para continuar en la vía de la justicia y del respeto integral de los derechos humanos. 
Este enfoque responde tanto al Acuerdo de cooperación bilateral entre la Unión Europea y Argentina de 1990, como al más reciente de la Unión Europea con Mercosur de diciembre de 1995, donde se establece que uno de los valores comunes que compartimos- y sobre los cuales deben establecerse nuestras relaciones- se basa precisamente en el respeto de los derechos humanos. 
Durante el período de 1990-1996, la Comisión Europea financió una serie de iniciativas encaminadas a desarrollar y consolidar un Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos por un valor global de un millón doscientos mil ecus. 
Entre otros, se ha apoyado el trabajo llevado a cabo en relación con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que se han beneficiado- como ustedes saben- en varios ocasiones de la ayuda comunitaria, justamente para ayudarles sobre todo a la identificación de los niños desaparecidos. 
Asimismo, estamos desarrollando últimamente un programa muy interesante, que tiene que ver con la situación de los detenidos en las prisiones argentinas, por un valor de 300.000 ecus. 
Tengo que decir que aquí hemos encontrado una gran apertura por parte de las autoridades argentinas. 
Más concretamente, por lo que se refiere a la población indígena mapuche en la región del Neuquén, compartimos la preocupación del Parlamento Europeo, y en este momento la situación es la siguiente: el Gobierno argentino no se ha negado al diálogo político con la Comisión Europea respecto a esta cuestión, sino al contrario; han aceptado un plan según el cual el 15 de febrero de este año la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo con el Gobernador de Neuquén y los propios indígenas, ha creado un comité para que elabore una propuesta de solución a este conflicto en un plazo de 90 días. 
La solución ha sido positiva. 
No le oculto que, naturalmente, las autoridades argentinas nos han presentado inmediatamente un proyecto de desarrollo económico y social de esta región, con lo cual, quizá mediante el capítulo de cooperación económica y financiera, se puedan dar estos pequeños saltos que son los que finalmente, a fuerza de tenacidad, terminan dando resultados. 
Finalmente quiero decirle que la Comisión acaba de aprobar, por lo que se refiere particularmente a los indígenas de Wiqui Matacos, en la región norte de Formosa, un programa de cooperación de 5, 5 millones de ecus, también en cooperación con las autoridades argentinas. 
Es decir, que independientemente de la presión que se pueda ejercer- por responder a alguno de sus puntos- hay que reconocer que las autoridades argentinas están cooperando, nos están permitiendo trabajar, y que al menos hemos abierto, en el caso de los Mapuches, un compás de espera de 90 días, y, en el caso de otras minorías, proyectos ya concretos de desarrollo económico y social. 
La mujer y el problema de la mujer en Afganistán. 
Naturalmente, la Comisión Europea comparte plenamente lo dicho por el Parlamento Europeo, y creemos que efectivamente la interpretación extrema- insisto en lo de extrema- que se hace de la ley islámica por parte de los talibanes está en el origen del establecimiento de este régimen tan discriminatorio hacia la mujer. 
Por último, hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con la situación interna de este país, donde independientemente de los esfuerzos que se puedan hacer no parece que sea posible, a corto plazo, trabajar fuera del ámbito de las ONG en términos políticos, con las autoridades afganas, debido a la propia situación interna. 
Consecuencia: ahí poco tengo que aportarle yo como solución concreta, sino simplemente confirmar sus denuncias. 
En cuanto a Leyla Zana, naturalmente que hemos insistido muchas veces ante las autoridades turcas para que se hagan gestos significativos en lo que concierne a la situación de Leyla Zana, y también respecto a otros diputados del DEP, que habían sido encarcelados. 
Alguno de ellos, como ya ha puesto de manifiesto el Sr. Bertens, ha sido puesto en libertad, pero no todos. 
Siempre estamos insistiendo en la mejora de la situación de los derechos humanos y en que el país prosiga su reforma democrática, que se inició a finales de 1995. 
Reformas que son indispensables, mucho más todavía cuando el propio Gobierno turco está en este momento reclamando su propia candidatura como miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Sí le puedo decir que somos conscientes de la apertura, del anuncio de apertura, que ha hecho la Sra. Çiller, de adoptar de aquí a finales de 1997 una ley por la que se supriman los obstáculos a la libertad de expresión que subsisten en Turquía. Es una buena noticia. 
Es un elemento de evolución. 
No pensamos que se resuelvan todos los problemas, pero eso es justamente lo que queremos: evolución permanente y continua, aunque sea paso a paso. 
En cuanto a la presencia de Alois Brunner en Siria, la Comisión ha hecho gestiones; también las ha hecho la troika del Consejo de Ministros. 
Lo que le puedo decir es que el Gobierno sirio niega rotundamente que este criminal de guerra se halle en territorio sirio. 
Hay informaciones periodísticas, pero cuando hemos pedido la confirmación a nivel diplomático formal se nos dice y se nos repite que este criminal de guerra no se encuentra en este país. 
Dicho esto, la Comisión comparte naturalmente la postura de que a los criminales de guerra hay que capturarlos y juzgarlos. 
En relación a la cuestión del Boat People, que planteaba el Sr. Ford y otra serie de diputados, ¡naturalmente que se trata de un fenómeno de explotación de ciudadanos de terceros países por redes criminales que organizan la inmigración clandestina! 
Somos conscientes, por supuesto, de este problema y estamos de acuerdo en que hay que combatir el tráfico de seres humanos y el trabajo ilegal y en que hay que perseguir a las redes clandestinas que practican la emigración. 
Tres puntos en relación con esta cuestión: se han tomado varias medidas sobre la materia específica de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 
En enero de este año se ha aprobado una acción común referida a la tipificación del comportamiento de los traficantes y a la mejora de la cooperación entre los Estados miembros. 
Se ha organizado un programa de formación, el programa STOP, cuyo propósito es el intercambio de información y formación de la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de menores. 
Y en diciembre de 1996, se aprobó una acción común en la cual se ampliaba el mandato de la Unidad Europea de Drogas respecto al tráfico de seres humanos. 
Segundo: sobre la cuestión más amplia de las redes criminales que organizan la inmigración ilegal existe un intercambio de información regular en el grupo de trabajo correspondiente del Consejo que se llama, precisamente, Centro de información, debate e intercambio sobre cruces de fronteras e inmigración. 
Se está intentando revisar todo el ámbito de delitos relacionados con la inmigración ilegal. 
Lo que ocurre es que la inmigración ilegal realizada a través de bandas criminales y a través de redes criminales es fundamentalmente un delito y, aunque esto parezca una trivialidad, habrá que atacar fundamentalmente la organización de estas redes si se quiere ser eficaces. 
Y en tercer lugar, el Consejo de Ministros se ha ocupado del trabajo ilegal realizado por ciudadanos de terceros países y el texto aprobado por el Consejo de Ministros señala que el tráfico ilegal de mano de obra debería considerarse delito e incurrir en sanciones penales. 
Tales sanciones deberán ser eficaces y permitir la eliminación de beneficios adicionales u otras ventajas para los empresarios. 
El trabajo legislativo que están llevando a cabo los Estados miembros y las propias administraciones significa un gran cambio y, por eso, lo que estamos haciendo- en un tema que el Sr. Ford conoce suficientemente- es aplicar también a esta cuestión la línea presupuestaria contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. 
Y de alguna manera- es un viejo debate en el cual usted participó ya hace muchísimos años- se está intentando configurar una respuesta de tipo político. 
Pero insisto: según los datos de que dispone la Comisión, son redes de carácter criminal que tienen que verse fundamentalmente desde el ángulo del control y, naturalmente, de la represión penal y judicial. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución siguientes: 
B4-0197/97 del Sr. Morris y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el Tratado de No Proliferación; -B4-0221/97 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el Tratado de No Proliferación; -B4-0229/97 de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la revisión del Tratado de No Proliferación y el Convenio sobre las armas nucleares; -B4-0241/97 del Sr. Dell ' Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el Tratado de No Proliferación; -B4-1253/97 del Sr. Alavanos y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el Tratado de No Proliferación. 
Señora Presidenta, señora Theorin, muchas gracias, usted ha expresado lo que podría haber dicho yo, pero no obstante quiero decir unas palabras. 
El avance del desarme nuclear es deseable y por ello la próxima reunión de la Prepcom en Nueva York tiene una enorme importancia. 
El proceso de revisión del TNP puede desencadenar una dinámica de desarme nuclear y la Unión ha desempeñado un papel importante a la hora de lograr el convenio del TNP de 1995. 
El Consejo tiene que aprovechar la oportunidad para ejercer una influencia decisiva, hablando con una sola voz durante las negociaciones y desempeñando un papel de compromiso entre ambos extremos. 
Por ello, hemos instado a la Presidencia neerlandesa, también a través del ministro Van Mierlo, para que preste mucha atención a esta cuestión. 
La Unión tiene que esforzarse por lograr que las conferencias de revisión estén bien organizadas y sean eficaces, centrándose en la evaluación del cumplimiento de las promesas que hacen los países en el proceso de negociación internacional. 
La primera tarea es la ratifiación del CTBT y las acciones para aplicar este tratado lo más universalmente posible. 
Señora Presidenta, Señorías, la enmienda presentada conjuntamente por seis Grupos no contiene nada que no hayamos dicho nosotros hace mucho tiempo, y con ella el Parlamento va por detrás de la evolución actual. 
No hay ninguna duda del rechazo internacional de las armas nucleares. 
Los mismos militares descartan ya mantener su potencial disuasorio o incluso planificar el primer golpe porque no ofrece ninguna ventaja estratégica pero comporta un sufrimiento interminable durante generaciones para la humanidad y el medio ambiente. 
a es el año de los avances más significativos en la dirección del desarme atómico. 
En la agenda de la cumbre Clinton-Yeltsin figuran amplias propuestas de desarme de armas nucleares estratégicas. 
El Parlamento debe insistir en que Francia y el Reino Unido participen seria y activamente en estos esfuerzos y propuestas de desarme. 
Si el Parlamento quiere ser creíble, tiene la responsabilidad de impedir que con la armonización de la política exterior y de seguridad se socave subrepticiamente el Tratado de No Proliferación. 
Tiene la responsabilidad de pedir ahora negociaciones de desarme y de velar por que el potencial francés y alemán no se europeice de repente y por que no se conviertan en norma la celebración de conservaciones subrepticias con Alemania o incluso los intentos de crear hechos consumados en la cumbre franco-alemana. 
Señorías, ¿no piensan ustedes que merece la pena luchar por una Europa sin armas nucleares como símbolo de una Europa pacífica? 
Señora Presidenta, desearía que también se hablara del desarme nuclear civil, ya que según las informaciones publicadas estos días en la prensa, existen centrales nucleares que contaminan solamente con la marea baja. 
Este no es más que un ejemplo entre muchos otros. 
En Japón, estos últimos días, se ha visto que las centrales nucleares civiles eran bastante peligrosas. 
Por tanto, no me centro en la fuerza nuclear militar. 
En cambio, me alegro mucho de que el Comisario Marín haya tenido la paciencia de quedarse con nosotros todavía unos minutos más, ya que en el tema del desarme, hay un problema importante que consiste en asociar India y Pakistán. 
India, en especial, tiene un vecino que no se destaca por la democracia, pero que está potentemente armado: la República Popular China, miembro del Consejo de Seguridad y una de las potencias nucleares que deciden, a grandes rasgos, el ritmo del desarme. 
Es absolutamente necesario incluir a la India, que tiene graves problemas de seguridad, que aún tiene ocupados 30.000 km² de su territorio por la República Popular China y que no se encuentra en condiciones de discutir y garantizar su seguridad. 
Como el Sr. Marín es competente para esta región del mundo, espero que tendrá la ocasión de tomar iniciativas en este sentido. 
Señora Presidenta, me permito decir a la oradora que me ha precedido que Alemania no tiene, ni quiere, ni tendrá armas nucleares. 
A ver si se toma nota de ello. 
Como miembro de la Comisión de Desarrollo, me preocupa la posibilidad de que determinados países eleven la posesión o el desarrollo de armas atómicas a la categoría de símbolo de rango. Precisamente por eso, debemos observar de manera especialmente crítica la evolución de los países emergentes. 
Dependemos de la buena fe de los que firman tratados de no proliferación y de cese de las pruebas nucleares. 
Pero no disponemos en absoluto de ningún medio para imponer el respeto de esos tratados. 
Por eso me alegra que la propuesta conjunta señale que hay que esforzarse más en esta dirección y que hay que conseguir que los países acepten verdaderamente los tratados de no proliferación y de cese de pruebas nucleares. 
Señora Presidenta, con relación al tema nuclear, Enrico Fermi escribió: » quien no tiene miedo, no es normal». 
Implícitamente, afirmaba que el temor es un patrimonio común y, por lo tanto, el miedo colectivo entra dentro de la normalidad. 
La gente quiere escapar de esta situación y pide que se la proteja contra las angustias nucleares. 
Hoy existe la manera y nos la ofrece el Tratado de No Proliferación, corroborado por los acuerdos sobre los plazos de revisión ya firmados, así como por los principios y objetivos en materia de desarme. 
Sin embargo, pedimos al Consejo que ejerza todas las presiones necesarias sobre los Estados miembros a fin de que ratifiquen el Tratado para evitar las pruebas nucleares, así como que intervenga ante los países que todavía no han cumplido la moratoria nuclear y prevea la suspensión de los posibles acuerdos de cooperación en curso. 
Señora Presidenta, en vísperas del primer comité preparatorio del proceso de revisión reforzada del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que tendrá lugar en Nueva York entre el 7 y el 18 de abril de 1997, puedo decirles que la Comisión entiende que la Unión Europea hará todo lo posible para desempeñar en esta sesión un papel constructivo con el fin de obtener resultados positivos en este primer ejercicio y volver a poner en el buen camino, desde el principio, el nuevo proceso de revisión del Tratado de No Proliferación. 
Con esta óptica, la Comisión estima que deben revisarse sin excepción todos los derechos y obligaciones del Tratado de No Proliferación, puesto que éste es la piedra angular del régimen internacional de no proliferación. 
La decisión adoptada en mayo de 1995 sobre los principios y objetivos de la no proliferación y el desarme nuclear constituye un documento importante para evaluar la aplicación del Tratado de No Proliferación. 
Y la Unión Europea quiere aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la mejora del procedimiento de revisión. 
En cuanto a las preguntas concretas que me hacía el Sr. Dupuis, mi impresión es que, después de haber acompañado a varias troikas en los países que usted ha citado, no veo en el corto plazo ningún movimiento significativo en ninguno de los interlocutores que usted ha señalado. 
Pero naturalmente, la posición de la Unión Europea ha sido presentada abiertamente. 
Y yo estoy seguro, finalmente, de que los miembros de la Unión Europea tendrán en cuenta el objetivo de esta resolución que va, prácticamente, en la misma vía: intentar, cuando se entre en el segundo proceso de revisión, que efectivamente se revisen sin excepción- insisto- todos los derechos y obligaciones del Tratado de No Proliferación. 
Naturalmente esto es una propuesta que hará la Unión Europea. 
No les oculto que el debate sobre esta cuestión precisa será siempre muy, muy difícil y complicado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución siguiente: 
Apolinário y Colajanni, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el terremoto en Irán y la necesidad de ayuda humanitaria; -B4-0243/97 de los Sres. Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la necesidad de una ayuda humanitaria a la población víctima de un terremoto en Irán; -B4-0265/97 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el terremoto en el norte del Irán; -B4-0203/97 del Sr. Correia y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los temporales en las Azores; -B4-0205/97 del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las inundaciones en Mozambique. 
Terremoto en Irán 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores diputados, el Parlamento Europeo ha tenido una posición firme, clara, determinada de condena de la política de violación de los derechos humanos aplicada por las autoridades del Irán- incluso por la persecución en relación con Salman Rushdiepatente en las sucesivas violaciones de los derechos humanos, patente en el encarcelamiento de Tsa Qui, patente en actos de terrorismo internacional posiblemente inspirados por el Gobierno iraní. 
Y, por tanto, nuestra posición es de condena y de claro desmarque, pero con esta resolución queremos manifestar nuestra solidaridad con las poblaciones, porque nuestra lucha, nuestra crítica, no es contra las poblaciones, sino contra el Gobierno y, como tal, hacer un llamamiento para que, por mediación de organizaciones humanitarias, se den todas las condiciones de solidaridad a las poblaciones víctimas del reciente terremoto. 
Señora Presidenta, Mozambique, las Azores e Irán se han visto azotados por tres catástrofes naturales y quisiera expresar aquí mi solidaridad y la de mi Grupo con las familias de las víctimas y los damnificados. 
Ni qué decir tiene que somos solidarios de la ayuda que la Unión aportará a las poblaciones. 
No obstante, señora Presidenta, también quisiera expresar que yo y mi Grupo lamentamos que no haya habido un acuerdo para inscribir la situación de Argelia en el debate sobre problemas de urgencia. 
Si no se trata de una catástrofe natural para la que podamos intervenir, considero que el terrorismo es también una catástrofe, muy presente, lamentablemente, en Argelia. 
El no respeto de la libertad de expresión, la violación de los derechos humanos y el terrorismo siguen estando presentes en Argelia, y no comparto el optimismo del Sr. Ataf, que vimos esta mañana, cuando pretende que la eliminación del terrorismo no es más que una cuestión de tiempo. 
Durante mis intervenciones precedentes, ya había hecho hincapié en que la prensa está amordazada en ese país. 
Ahora bien, el silencio perpetúa la opresión. 
Por tanto, es preciso devolver la palabra a la prensa ya que padecen la violencia islámica y las presiones del poder. 
Cada vez que se acusa a las autoridades argelinas de violar los derechos humanos, reaccionan con temor. 
Una cosa es cierta: sin la solidaridad internacional, la prensa independiente habría desaparecido desde hace mucho tiempo en Argelia. 
Para concluir, señora Presidenta, deploro que le Parlamento Europeo todavía no haya definido una posición clara en lo que se refiere a la problemática argelina. 
La observación de las próximas elecciones implicaría un compromiso creciente de la Unión Europea, pero lamentablemente, por el momento, aún no se nos ha invitado. 
Me atrevo a esperar que el Gobierno argelino considerará de nuevo su posición y que podremos continuar colaborando en un clima de calma y serenidad. 
Me ha desconcertado usted completamente, porque no se ha referido a ningún tema que conste en el orden del día. 
Temporales en las Azores 
Señora Presidenta, el pasado mes de diciembre las Azores fueron asoladas por violentos temporales que provocaron importantes estragos, con incidencia particular en las islas de San Miguel, Graciosa y Flores y en los que resultaron más afectados el puerto de Ponta Delgada y la población de la parroquia de Povoação. 
Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas mortales. 
Los cálculos aproximados de los costos de la reconstrucción y reparación de los daños, superan los 13.000 millones de escudos. 
De no haber sido por la pronta actuación de los Gobiernos de la República y de la Región Autónoma de las Azores y la solidaridad de los diferentes sectores de la sociedad civil, la Navidad de esos ciudadanos europeos habría sido mucho más triste. 
El hecho de que se trate de una región ultraperiférica, donde al aislamiento y al atraso cultural se suman con cierta frecuencia estragos causados por los temporales, justificaría desde ahora mismo que se creara un fondo especial con vistas a atenuar situaciones de ese tipo. 
Por lo demás, no sería una situación inédita, porque está previsto en las nuevas orientaciones de la iniciativa comunitaria Interreg, que abarca situaciones de calamidad, avenidas e inundaciones. 
El día 19 de diciembre dirigí una carta al Presidente de la Comisión para solicitar el apoyo comunitario para las Azores. 
Hago constar y agradezco la respuesta positiva del Presidente Santer, en la que me comunicó un refuerzo de asignaciones de 26 millones de ecus para la reparación de infraestructuras públicas y agrícolas. 
Esperamos que se mantenga esa receptividad para apoyar las necesidades de las Azores. 
A pesar de ello, hemos decidido volver a presentar esta propuesta de resolución, cuya aprobación esperamos para manifestar la solidaridad europea con el pueblo y el Gobierno Regional de las Azores y para apoyar la consagración en el Tratado de un régimen específico para las regiones ultraperiféricas. 
No está en nuestro ánimo hacer demagogia con el sufrimiento de las poblaciones. 
En el Parlamento Europeo como en las Azores, nuestro propósito es el de servir a nuestros conciudadanos. 
Naturalmente, he hecho continuas gestiones para que este asunto fuera objeto de una resolución del Parlamento Europeo. 
Lo justificaban la dimensión de los estragos y la necesidad de proseguir la inversión programada. 
No conseguí que figurara en el orden del día de los Plenos de enero y febrero y los temporales se produjeron en diciembre. 
Todo indica que, para algunos, más importante que la resolución habría sido el protagonismo que yo pudiera adquirir en las Azores. 
Así, pues, decidí inducir la iniciativa de otros y apoyarla, pese a que, en este caso, el texto de la resolución es completamente inocuo. 
Es importante que se apruebe el texto, al final y a pesar de todo. 
El interés de la población está siempre por encima de protagonismos estériles. 
Así, pues, éste es un momento ejemplar que espero que indique una nueva postura para el futuro de quien, más que a la población, parece valorizar otros aspectos. 
En cuanto a la situación de las Azores, queda mucho por hacer. 
Es necesario asegurar la ayuda humanitaria a las familias siniestradas, es indispensable complementar el apoyo ya concedido. 
Portugal puede recurrir al Fondo de Cohesión para financiar inversiones en el ámbito de los transportes y del medio ambiente. 
Inexplicablemente, hasta ahora, desde que se lanzó el Fondo de Cohesión, nunca se ha utilizado en las Azores. 
Por último, es fundamental asegurar un apoyo directo de la Unión Europea a los productores agrícolas que han perdido sus producciones. 
¡No hay propuesta alguna en ese sentido! 
Señora Presidenta, no soy de las islas Azores, pero soy el único diputado portugués de mi Grupo que se ha quedado aquí esta tarde y quisiera dar aquí mi apoyo a los dos colegas que proceden de allí y que bien lo merecen. 
Ahora bien, quisiera señalar a la atención de la Comisión un problema que ya planteé hace algún tiempo: a veces hay algo cómico en toda esta sucesión de desgracias que son presentadas aquí sin que haya posibilidad de que la Comisión, el Parlamento, las instituciones europeas evalúen en verdad la amplitud de los estragos. 
Ya es hora de que se haga un observatorio meteorológico y de todas las catástrofes de ese tipo que se dan en los países vinculados con la Unión Europea. 
Cada vez que aparece aquí un diputado con una desgracia más, la verdad es que resulta muy difícil apreciar el peso real de esa desgracia y muchas veces algunos de nuestros colegas miran a los demás con desconfianza pensando que muchos de aquellos que aquí se lamentan están exagerando para obtener algunos fondos para su propias regiones. 
Y me refiero tanto a las Azores como a Madeira y a Mozambique, como también a otros casos que hoy se están examinando aquí, en la medida en que ya me cuesta venir aquí siempre junto al «muro de las lamentaciones» sin que haya, de hecho, una forma institucional seria y regular de evaluar los perjuicios que ha habido por ese mundo de fuera. 
Señora Presidenta, naturalmente también yo soy solidario con lo que sucedió en las Azores y sobre este asunto ya presentamos, ya formulamos, determinado tipo de propuestas, pero lo que me trae hoy aquí es otra situación: la que se ha dado recientemente en Mozambique. 
Una situación resultante de fuertes inundaciones que tuvieron consecuencias trágicas: hay decenas de muertos, cerca de 400.000 desalojados, 25.000 de los cuales están buscando refugio en países vecinos, cultivos destruidos, infraestructuras igualmente destruidas, problemas por la posibilidad de que se declaren epidemias, en particular de cólera y paludismo, en fin, toda una situación verdaderamente trágica, particularmente importante, si tenemos en cuenta que se trata de un país con un nivel económico bastante bajo. 
Ésta es la cuestión que aquí nos trae y en particular teniendo en cuenta la evaluación hecha por el Gobierno mozambiqueño de los estragos, que rondará los 30 millones de dólares, la cuestión que quisiera plantear es, por un lado, la de pedir a la Comisión que intervenga a ese respecto, pero también- una vez que esté presente la Comisión- que nos dé desde ahora mismo una idea de las posibilidades de actuación en ese sector. 
Señora Presidenta, en lo que concierne al Irán, la Comisión comparte naturalmente la preocupación de sus Señorías por lo que concierne a las víctimas del terremoto que afectó a la provincia de Ardebil, al norte del Irán. 
Ha habido solicitudes del departamento de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en este momento, nos hemos puesto a disposición de estas organizaciones, a través de ECHO, para responsabilizarnos de todo lo que podamos hacer en nombre de la Unión Europea para adoptar ayudas, sobre todo para las víctimas del terremoto. 
Hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta concreta ni de las Naciones Unidas ni de la Cruz Roja ni de la Media Luna Roja, pero en cuanto eso ocurra, evidentemente, la respuesta será positiva. 
En lo que concierne a las Azores, una primera consideración: el sistema meteorológico de todos los Estados miembros está suficientemente avanzado y el problema no es predecir las grandes lluvias o los grandes huracanes, porque ustedes saben que huracanes, tifones, gotas frías y lluvias son perfectamente predecibles. 
El problema es que el ser humano no puede luchar contra la naturaleza desatada y es, en consecuencia, imposible evitar las catástrofes naturales que, además, se llaman por eso catástrofes naturales. 
Sí les puedo confirmar que la Comisión ha tomado ya una primera decisión de destinar 26 millones de ecus para el programa operativo de las Azores dentro del marco comunitario de apoyo a Portugal, lo cual quiere decir que se ha establecido una solidaridad de hecho entre el área metropolitana peninsular de Portugal y el Gobierno de las Azores, porque finalmente se está produciendo una transferencia de renta interna desde la parte continental a la insular. 
Lo cual, pensamos, es positivo y bueno, y va precisamente dedicado a reparar a las víctimas de la catástrofe. 
En cuanto a las inundaciones en Mozambique, nuestra delegación está perfectamente al corriente de la situación de las regiones del centro de Mozambique que han sido afectadas por las inundaciones. 
La delegación de Maputo está en contacto con las organizaciones no gubernamentales presentes en la región. 
En lo que se refiere a las posibilidades de actuación por parte de la Unión Europea, éstas son inmediatas, ya que disponemos en Maputo de fondos de contrapartida y disponemos de material que puede ser movilizado inmediatamente para paliar también los problemas que se presentan a la población afectada. 
Lo único que nos dicen, tanto nuestra delegación como el departamento para la ayuda humanitaria de la Comisión (ECHO) , es que habrá que esperar que el agua vuelva a sus cauces para poder hacer una auténtica evaluación. 
No se trata, pues, de un problema de medios financieros- los medios financieros existen -, sino de poder trabajar sobre el terreno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
¿Quiere continuar haciendo uso de la palabra, señor Comisario? 
Por eso procedo a suspender la sesión. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 17.20 horas, se reanuda a las 17.30 horas) 
Votaciones 
Señora Presidenta, quisiera recomendar a la Asamblea que acepte sólo a condición de que se amplíe esta propuesta y se incluya también, junto a la comisión de investigación de la EEB, la comisión de investigación del procedimiento de tránsito. 
Tenía la esperanza de que el ponente suprimiese las palabras que, en las orientaciones referentes al procedimiento presupuestario para 1998, mencionan futuros procedimientos presupuestarios. 
Me parece que no deberíamos votar sobre esas palabras. 
Sería mucho mejor que esas palabras quedasen suprimidas, y que el ponente lo aceptara. 
Naturalmente, sabíamos que se plantearía este problema. 
Nuestros servicios se han dedicado a analizar la cuestión y el apartado es procedente. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Bienvenida 
Señorías, quisiera saludar muy expresivamente la presencia en la tribuna oficial de los representantes de la Comisión principal del Parlamento del Estado de Bade-Wurtemberg, que visita nuestro Parlamento. 
Señalo que este encuentro se inscribe en el marco de los intercambios relativos a la política europea de los medios de comunicación y el intercambio de informaciones entre nuestras instituciones. 
Deseo de todo corazón que este encuentro sea sumamente fructífero, especialmente para las relaciones entre el Parlamento y los Parlamentos regionales de nuestra Unión. 
Votaciones (continuación) 
El primer informe Tillich era absolutamente inaceptable, pues los objetivos de los Tratados de solidaridad y de cohesión económica y social estaban completamente ausentes de él. 
También los principios invocados, como el de la subsidiariedad, que en la práctica se está plasmando en el rechazo de las políticas sociales, remitidas al nivel nacional, y en la renacionalización de las políticas comunes o en las reducciones indiscriminadas dentro de las rúbricas presupuestarias, eran inaceptables. 
Gracias a las casi 140 enmiendas presentadas y al excelente trabajo realizado por la Comisión de Presupuestos, ahora estamos ante un informe mucho más sensato, equilibrado y europeísta. 
Las principales razones que me mueven a votar favorablemente el informe así reformulado son las siguientes: 
la afirmación clara y sistemática del principio de la cohesión económica y social; -la eliminación de la referencia a la subsidiariedad; -la consideración expresa de que los Fondos estructurales hacen una contribución importante para fortalecer la economía de las regiones beneficiarias y ayudar a los Estados miembros a cumplir los criterios de convergencia y de que la revisión de los reglamentos, por presentar hasta el final de 1998, va encaminada a su racionalización y al aumento de su eficacia; -la condena de la actitud negativa del Consejo en relación con la política social (aprobación obligatoriamente por unanimidad) y decisión de inclusión de proyectos experimentales relativos a la exclusión social, a los ancianos, a los deficientes y a la familia, así como al fortalecimiento de las acciones destinadas a la ejecución de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; -disponibilidad del Parlamento Europeo para contribuir activamente a la instauración en el nivel europeo de una política general de lucha contra la delincuencia organizada: -la importancia que se debe conceder en el presupuesto a las nuevas necesidades de los ciudadanos europeos y a la promoción en la práctica de la creación de empleo tanto directamente como mediante el apoyo a las PYME. 
Uno de los méritos del informe Tillich es que opta por un número limitado de prioridades para el presupuesto de 1998. 
Hay que valorar sobre todo el énfasis que pone en la política en beneficio de la pequeña y mediana empresa, donde existe un mayor potencial para el crecimiento del empleo. 
Por el contrario, considero errada la elección de varios programas en el ámbito de la juventud, la educación y la cultura. 
La política europea debe mantenerse al margen de los ámbitos de los Estados miembros. 
Además, en el informe se señala con razón el creciente abismo entre los compromisos y los pagos en los fondos estructurales. 
La magnitud de los créditos para los que todavía no se ha encontrado destino ha crecido desde 1986 a decenas de millardos. 
La magnitud de los créditos acordados en Edimburgo es por lo visto excesiva. Muchos proyectos no cumplen los criterios de la Comisión Europea. 
Asimismo influye el hecho de que cada Estado miembro ha de financiar por lo menos la mitad de la subvención europea. 
Por lo visto, esto no es tan conveniente en años de disciplina presupuestaria. 
Sea como fuere, los importes presupuestarios tendrán que basarse en expectativas realistas. 
Por último, los gastos agrícolas. También aquí es necesaria una disciplina presupuestaria estricta. 
No obstante, no estoy de acuerdo con el apartado 10 del informe Tillich, que insiste en que se potencie el ahorro modificando los reglamentos. 
En 1992 se optó por un programa encaminado a sustituir el apoyo a los precios por el apoyo salarial, programa que concluyó en 1995. 
Pero en tal caso la Unión ha de asumir sus consecuencias presupuestarias. 
El apoyo salarial directo supone una carga mayor para el presupuesto europeo que el apoyo a los precios. El enorme incremento de los gastos en el sector de los cereales lo demuestra claramente. 
A ello hay que añadir que las primas salariales se introdujeron como compensación por la disminución de los precios. 
Si ahora se efectúan recortes, tal y como ha propuesto la Comisión en el paquete de precios para 1997-1998, esto significa que no se cumplirán las anteriores promesas de la Comisión. 
Se intenta justificar la reducción de las subvenciones salariales en el sector de los cereales con la problemática de la EEB. Sin embargo, se trata en realidad de la financiación de una crisis única. 
Por el contrario, la reducción de las primas salariales tendrán seguramente un carácter permanente. 
Después de sopesarlo todo he votado en contra del informe. 
Sobre el informe Kittelmann (A4-0031/97) 
Desde la antigüedad, existen estrechos vínculos de orden cultural e histórico entre Armenia y un determinado número de países europeos. 
La presencia también de importantes comunidades de origen armenio en algunos Estados miembros, entre los que se encuentra Francia, pide que se refuerce la asociación de la Unión Europea con Armenia. 
Armenia, la república más pequeña de la antigua URSS, ha emprendido desde hace mucho tiempo reformas económicas y democráticas. 
Sin embargo, en una región tan inestable como Transcaucasia, este país, encerrado geográficamente, sufre, de parte de sus vecinos (Turquía, Azerbaiyán) , una presión económica insostenible. 
Como lo subraya el ponente, el embargo económico impuesto a Armenia debido al conflicto del Alto Karabakh, ¡debe imperativamente levantarse! 
En efecto, incluso si el desarrollo de la economía armenia ha sido facilitado por el cese el fuego desde mayo de 1994, la inestabilidad política de la región ha ejercido sobre este país numerosos efectos negativos. 
El nuevo acuerdo de asociación y cooperación entre la Unión Europea y la República de Armenia, suscrito por un período de diez años, está destinado a promover las reformas económicas y sociales así como la reestructuración de los sistemas económicos y comerciales. 
Hasta ahora, Armenia no ha sido realmente la preocupación principal de la Unión Europea. 
El viraje decisivo adoptado por los Estados miembros indica, pues, el nacimiento de un nuevo período de cooperación entre la Unión Europea y Armenia. 
Los Verdes consideran un gran error la entrada en vigor en este momento del Acuerdo de Asociación y Cooperación con Armenia y no han podido, por lo tanto, aprobarlo. 
Son partidarios de una estrecha relación entre la Unión Europea y Armenia, pero Armenia continúa en estado de guerra con Azerbaiyán. 
Las negociaciones de paz no progresan. 
La petición de la OSCE de acelerar el proceso de arreglo pacífico y de constituir una región autónoma dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán no contó con el apoyo de Armenia. 
Las conversaciones sobre el estatuto de Nagorno-Karabaj están desde entonces en un punto muerto. 
Una vinculación del Acuerdo de Asociación y Cooperación con el tratado de paz no sólo hubiera dado el impulso necesario a las conversaciones de paz, sino que posiblemente hubiera conducido a su rápida conclusión. 
La mayor parte del Parlamento no quiso ver esta oportunidad y desaprovechamos la posibilidad de un importante instrumento legislativo de la PESC. 
Parece que los borradores de la Conferencia Intergubernamental reducen enormemente los derechos del Parlamento en materia de acuerdos internacionales. 
Quizá haya que llegar hasta ahí para que esta Asamblea asuma la importancia de estas contribuciones aparentemente pequeñas a la paz en Europa y de su considerable efecto. 
Los Verdes también critican que el Consejo haya incluido una llamada «cláusula de retorno» en el texto del Acuerdo de Asociación y Cooperación, vinculando la cooperación económica al retorno de los refugiados sin que se den en el país las condiciones para ello. 
Sobre el informe Schwaiger 
Los Verdes consideran un gran error la entrada en vigor en este momento del Acuerdo de Asociación y Cooperación con Azerbaiyán y no han podido, por lo tanto, aprobarlo. 
El Grupo de los Verdes es partidario en principio de un Acuerdo de Asociación y Cooperación con Azerbaiyán y considera que una aplicación paritaria del mismo es una ayuda valiosa para el proceso de transformación, siempre que la ayuda de la UE se oriente a las verdaderas necesidades de la región y no sirva sólo al propio interés. 
Pero el hecho es que Azerbaiyán continúa en estado de guerra con Armenia y que la línea del frente divide el país y no permite que el 20 % participe en la bendición de esta ayuda. 
De ahí que lo primero sea un tratado de paz con Armenia en el que se incluya el levantamiento de todos los bloqueos económicos regionales. 
Pero además, para que las negociaciones puedan progresar, hay que poner rápidamente sobre la mesa de negociación una oferta atractiva para el autogobierno de Nagorno-Karabaj en el marco de los principios internacionalmente reconocidos por Azerbaiyán. 
La vinculación de la llamada «cláusula de retorno» en el Acuerdo de Asociación y Cooperación es una exigencia insensata, dada la dramática situación de los desplazados en Azerbaiyán y las carencias jurídicas tanto en lo que respecta a la administración de justicia como al derecho de nacionalidad. Y además, no es compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. 
Los Verdes reprochan en este punto al Consejo que haya establecido una vinculación desleal, definida en interés propio. 
Dudamos de que se puedan resolver conflictos de esta manera. 
En la política exterior europea por la paz en el continente media un largo trecho entre la voluntad y los hechos. 
Sobre el informe Chesa 
Preparación de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de junio de 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el informe (A4-0083/97) de la Sra. Dybkaer, en nombre de la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor relativo a la comunicación de la Comisión titulada «Una plataforma común: orientaciones para la preparación de la Unión Europea con vistas a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en junio de 1997 para la revisión del Programa 21 y otras conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992» (COM (95) 0569- C4-0656/96). 
Señora Presidenta, precisamente estos días dos ejemplos de la Europa central, es decir, de París y La Haya, demuestran que el mundo es cualquier cosa menos sostenible. 
Fijémonos en el caso de París. 
Si la contaminación empeora aunque sea ligeramente, los coches sólo podrán circular en días alternos. 
El segundo ejemplo es el escape radiactivo de la Haya. 
El primer caso alude a una contaminación causada por los coches de una magnitud que creíamos reservada para núcleos como Ciudad de México, o, en el peor de los casos, para Atenas, que está lejos- lo siento, Grecia. 
Esta clase de contaminación ha invadido ahora el sistema nervioso central de Europa; en cuanto al escape de la planta de tratamiento de residuos radiactivos, es de una magnitud que sólo creíamos posible en la antigua Unión Soviética. 
Esta es la base para la valoración del informe de hoy, que trata de cómo poner orden en nuestras propias condiciones de vida, cómo dar un giro al desarrollo en una dirección sostenible y cómo tener capacidad de influencia a escala internacional. 
Después de estos preliminares, quiero dar las gracias a sus miembros y a la propia Comisión de Desarrollo por el trabajo realizado en relación con este informe. 
Ha sido un placer advertir el amplio consenso sobre un reforzamiento del mandato de negociación presentado por el Consejo y la Comisión. 
Con ello aumenta, obviamente, la fuerza del Parlamento Europeo, y no cabe duda de que lo necesitamos. 
Estuve presente en la Conferencia de Río en 1992 y me acuerdo perfectamente del ambiente que reinaba al terminar. 
No había escenas de júbilo, los resultados no eran para ello, pero se notaba cierta satisfacción con la aprobación de la Agenda 21, con la que se incluía el desarrollo sostenible en el orden del día mundial. 
El solo hecho de que las naciones prometieran trabajar en pro de un desarrollo sostenible era un paso adelante. 
Lamentablemente, cinco años después hemos de preguntarnos si los dirigentes del mundo tenían los dedos cruzados en la espalda al hacer sus promesas. 
Como ha quedado ilustrado con los comentarios preliminares, el desarrollo en una serie de aspectos sigue en la dirección equivocada. 
No sólo no queremos pagar la cuenta de la comida, sino que la pasamos a las futuras generaciones, que encima tendrán que pagar los intereses de los intereses. 
Será cada vez más caro conseguir un desarrollo sostenible cuanto más esperemos. 
La primera tarea de la UNGASS será, por lo tanto, informar claramente sobre la seriedad de la situación y devolver el desarrollo sostenible a un lugar destacado en el orden del día internacional. 
Al mismo tiempo quiero subrayar que no necesitamos profecías sobre el fin del mundo. 
Hemos de reconocer los progresos que, a pesar de todo, se han producido. 
No lleva a ningún sitio adoptar la actitud de que los esfuerzos no sirven de nada. 
Lleva únicamente a una paralización de las actuaciones. 
Hemos de mirar adelante, por lo cual hemos de ser constructivos, metódicos y realistas. 
Necesitamos, en resumen, voluntad política y debemos empezar a mostrarla. 
Para comenzar, el Parlamento Europeo ha establecido una serie de prioridades que nos enseñan dónde debemos empezar nosotros y dónde debe empezar, ante todo, el resto del mundo, y lo que podemos esperar como resultados finales de la UNGASS. 
La UE tiene una responsabilidad especial que no cumplimos en este momento, ni hacia dentro, ni hacia fuera. 
Hacia dentro, nos encontramos todavía lejos de un desarrollo sostenible. 
El hecho de que no hayamos sabido arreglar la situación dentro de la Unión debilita, obviamente, nuestra posición negociadora internacional. 
Hemos de hacer algo para remediar esta situación, por ejemplo, revisando el Quinto Programa de Acción para el Medio Ambiente. 
Hacia fuera, la UE no ha prestado suficiente apoyo a los países en desarrollo. 
Los otros países ricos tampoco lo han hecho; en realidad lo han hecho peor que nosotros, pero esto no nos sirve de excusa. 
Es increíble que sólo tres Estados miembros hayan cumplido la recomendación del informe Brundtland de ceder un mínimo del 0, 7 % del PIB como ayuda a los países en desarrollo. 
No obstante, lo más importante para estos países es la integración en la economía internacional. 
El desarrollo sostenible no es únicamente una cuestión de medio ambiente, tal como parecen creer los países ricos. 
Exige también crear condiciones adecuadas de desarrollo para los países en desarrollo. 
El objetivo es mejorar la asociación entre los países ricos y los países pobres para fomentar el desarrollo sostenible. 
Una asociación así es posible únicamente si se reconoce que las distintas partes del mundo tienen problemas diferentes. 
El problema en nuestra parte del mundo es el exceso de consumo y en otras partes del mundo es la supervivencia. 
Cuando los dirigentes de todo el mundo se dan cita en las conferencias internacionales, es porque se empieza a comprender que vivimos en una comunidad con un destino común. 
Por lo tanto, nuestra tarea en la UNGASS será ahora evaluar y revitalizar el proceso; en resumen, darle impulso. 
Señora Presidenta, el grupo internacional de expertos sobre el cambio climático prevé un aumento de la temperatura global de 2º hasta el año 2030, lo que equivaldría a una subida del nivel del mar de 30 a 50 centímetros. 
Por otro lado, al ritmo actual- la desaparición de los bosques tropicales, con una pérdida forestal del 1 % al año -, en el año 2030 habrá habido una pérdida total de 5 a 10 %. 
Muchas especies animales habrán desaparecido irreversiblemente. 
Más aún: en 1960, el 20 % de la población mundial más rica tenía una renta correspondiente al triple de la renta del 20 % más pobre. 
Hoy los primeros tienen una renta 60 veces superior a la de los segundos. 
En este marco este informe presentado aquí hoy para votación merece nuestro apoyo total. 
Pero no quisiera dejar de hacer dos o tres observaciones. 
En primer lugar, dejar aquí la idea de que el paso de la tecnología de los países más ricos a los países más pobres se debe hacer con una perspectiva de transferencia, de cesión de tecnologías medioambientalmente correctas, y no con una política de «tierra quemada». 
En segundo lugar, la idea de que no basta con decir que queremos un mejor partenariado entre los países ricos y los países pobres. 
Es preciso también que los países más ricos y, por tanto, los primeros responsables de los problemas mundiales del medio ambiente, hagan sus deberes de casa, es decir, que adopten políticas coherentes de desarrollo sostenido. 
En tercer lugar, si bien comparto con la ponente la determinación y valorización de asuntos como los cambios climáticos o como un convenio internacional vinculante sobre los bosques, así como sus preocupaciones sobre el comercio, quisiera subrayar también la necesidad de destacar la inevitabilidad de una política concertada en materia de preservación y protección de los océanos, materia tanto más importante cuando se está preparando el Año Internacional de los Océanos, y tanto más relevante cuando es necesario hoy articular en los océanos una pesca sostenible con una preservación global de esos mismos océanos. 
Señora Presidenta, Señorías, el Grupo del PPE apoya el informe de la Sra. Dybkjaer sobre desarrollo sostenible. 
Por desgracia, la Conferencia de Río ha tenido muy pocas consecuencias realmente positivas hasta la fecha. 
Las cosas han de cambiar, y es una suerte que en esta Asamblea estemos de acuerdo. 
Si la producción de CO2 en el mundo continúa más o menos como hasta ahora, como apuntan los últimos cinco años, habrá un desastre económico, humanitario y medioambiental. 
El argumento que se aduce a menudo de que la Unión Europea no está en condiciones de resolver el problema a escala mundial porque no somos, evidentemente, responsables del 100 % de las emisiones mundiales de CO2 y éstas aumentan mucho en India o China, no es válido, aunque ofrece una buena excusa cuando no se quiere hacer nada. 
Si las naciones industriales importantes como nosotros no reducen sus emisiones de CO2 y de otras sustancias nocivas, quienes luchan por la política medioambiental en los países emergentes y en los países en vías de desarrollo no tendrán ninguna oportunidad de imponerse. 
Hemos de actuar de manera ejemplar y hemos de hacer más. 
Pero, al mismo tiempo, hemos de actuar con inteligencia. 
Siempre digo que no hemos de volver a las cavernas para ahorrar CO2 y otras sustancias nocivas, sino que tenemos que aplicar tecnologías modernas. 
Sólo así podremos convertirnos en un verdadero ejemplo, porque las personas en los países en vías de desarrollo también quieren bienestar y nosotros hemos de mostrar que con tecnología moderna se puede alcanzar un desarrollo sostenible, bienestar y un trato respetuoso con el medio ambiente. 
En mi opinión, este objetivo requiere medidas fiscales. Se trata de un tema candente sobre el que la Comisión deliberó ayer. 
La propuesta de la Comisión para gravar la energía es una propuesta insuficiente, pero al menos es un paso en la dirección correcta. La Unión Europea debe de una vez empezar a actuar, y hacerlo ya. 
Señora Presidenta, hasta la fecha la UE ha sido principalmente una organización que se ha ocupado del ámbito del comercio, la economía, el mercado y la competencia. 
Esto está bien, pero es hora de que se sitúen en lugar privilegiado del orden del día las cuestiones relativas al medio ambiente, la sociedad y el empleo, en parte porque esto es necesario para el desarrollo mundial, en parte para fortalecer nuestras relaciones con los ciudadanos y para disfrutar de una mayor confianza entre ellos. 
Este es un informe de gran calidad y un buen ejemplo del procedimiento que hay que seguir para dar un papel preponderante a estos asuntos. 
Yo tuve la ocasión de estar en Río de Janeiro en 1992 durante el transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. 
No me hallaba allí como representante del Gobierno, sino en nombre de una organización no estatal, la Diputación provincial de Estocolmo, y representando además a una organización en favor del medio ambiente llamada Frente Popular contra la Energía Nuclear en Suecia. 
Fue una experiencia inolvidable, y siento verdaderamente la presión que proviene de ella, y que tiene la fuerza suficiente para ejercer unos efectos positivos. 
Creo que la Conferencia marcó un hito, sobre todo entre la opinión pública. 
En cuanto a acciones concretas se quedó muy corta. 
Al contrario, en muchos aspectos se ha retrocedido, como en el ámbito que se impulsaba desde la ciudad de Río, la cuestión de la diversidad biológica y los problemas climatológicos. 
Es hora de que cambiemos esta evolución. 
El informe incluye muchas propuestas excelentes que hay que poner en práctica si queremos gozar de credibilidad en la política ambiental que seguimos cara al exterior. 
Mencionaré algunos ejemplos que habría que seguir: La Agenda 21 se ha realizado en muchos países. 
Para dar un ejemplo, en Suecia se ha intentado aplicar el programa a los ayuntamientos, de modo que cada habitante del ayuntamiento participe en los trabajos que se realizan en relación con el medio ambiente a nivel local. 
Hemos adoptado la Agenda 21 en concreto para la región del Báltico y se ha avanzado en los trabajos. 
Como se dice en el informe, cabe elevar el nivel cara a la Conferencia de Nueva York. 
La UE debe ser innovadora dando buenos ejemplos, de esto han de ocuparse nuestros países de modo que al menos establezcamos unos requisitos mínimos en las directivas ambientales que aprobamos. 
El respeto por el medio ambiente debe incluirse en todos los ámbitos en que podamos influir, desde el transporte hasta la energía, el consumo, el comercio y los contactos con los países en vías de desarrollo. 
Es excelente la propuesta de una legislación vinculante a nivel global y de un Tribunal Internacional del Medio Ambiente. 
Otros temas que deseo señalar son los siguientes: Combustibles alternativos, fuentes de energía biológicas en lugar de nucleares, ampliación del etiquetado ecológico y responsabilidad de los fabricantes con respecto a sus productos- todo ello facilita al ciudadano la tarea de escoger productos según unos criterios ecológicos, que es el mejor modo de cuidar de la naturaleza. 
Hay que dar solución a la cuestión del impuesto por las emisiones de dióxido de carbono, y cabe dar muestra de respeto para con el medio ambiente a través de las compras de abastecimientos que realizan ayuntamientos, diputaciones y naciones. 
La UE puede convertirse en un poderoso instrumento de presión para la evolución ecológica de la propia UE y del mundo exterior. 
Este informe es de gran calidad. 
Depende ahora de nosotros que obtengamos unos buenos resultados del trabajo realizado. 
Señora Presidenta, en realidad no estoy acostumbrada a hablar durante cuatro minutos, de manera que no sé si los consumiré. 
Nosotros estamos de acuerdo, en con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, con el informe de la Sra. Dybkjær y las enmiendas que otros Grupos han presentado. 
Ella misma propone modificaciones en su informe que también mejoran el texto al final. 
Nosotros estamos de acuerdo con algunos aspectos importantes de su informe. 
En primer lugar, ella plantea que sí es verdad que se han conseguido cosas desde la Cumbre de Río de 1992, por ejemplo, el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. 
Pero también es verdad lo que afirma: que estamos más lejos que en el año 1992 de un desarrollo sostenible real. 
Y es verdad también que la Unión Europea debe participar en la próxima Cumbre de las Naciones Unidas de forma muy importante. 
Probablemente no tengamos- como dice ella misma- la credibilidad que debiéramos tener, porque aquellos objetivos que la Unión Europea se había marcado en su día no se cumplen. 
Y quizá habría que recordar- se trata de un debate muy importante que está teniendo lugar en el seno de la Comisión de Medio Ambiente -, que será muy difícil, por no decir imposible, que consigamos limitar las emisiones de CO2 al nivel del año 1990. 
La propia Comisión reconoce que no se van a poder limitar sino que van a aumentar. 
También se pide la integración en el Tratado de los aspectos medioambientales. 
A nosotros eso nos parece fundamental. 
Desde hace muchos años se está solicitando que la política medioambiental sea común a todas las políticas europeas: la política agrícola, la industrial, la económica etc., pero eso no es así, aún no se ha conseguido. 
Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la ponente de la necesidad de que haya unos objetivos precisos, una concreción de esos objetivos y que realmente haya un plan para alcanzarlos. 
No quisiera terminar sin hacer hincapié en algo muy importante del informe que fue clave en la Cumbre de Río y sigue siendo clave hoy. 
Se trata de la no transferencia de recursos del Primer al Tercer Mundo. 
Ella misma recoge cifras en su informe que son realmente ilustrativas cuando dice que, en 1990, el 20 % más rico de la población mundial disponía de un 30 % de ingresos más que el 20 % más pobre. 
Y que en 1995 ese porcentaje se había duplicado siendo del 60 % la diferencia de ingresos entre la población más pobre y la más rica. 
Por lo tanto, si no conseguimos avanzar en esa dirección va a ser muy difícil conseguir los objetivos de Río y volver a renovarlos en la próxima Cumbre de las Naciones Unidas. 
En definitiva, yo espero que mañana, cuando se vote el informe de la Sra. Dybkjær, salga aprobado, porque eso será una especie de documento plataforma para que la Unión Europea participe de forma unida en la próxima Cumbre llamada ya UNGASS, que es la próxima Cumbre que va a revisar, a poner otra vez en orden, a darle un nuevo impulso a los objetivos de Río. 
La verdad es que si viéramos pormenorizadamente todo lo que dice el informe de la Sra. Dybkjær, habríamos de pensar en un modelo diferente, económico y de consumo. 
Porque si el Primer Mundo no rebaja su consumo y no favorece que el Tercer Mundo aumente el suyo hasta los niveles de supervivencia, va a ser muy difícil que consigamos que esos objetivos reverdezcan. 
Yo creo que la Unión Europea, con la participación de las Organizaciones No Gubernamentales y de las autoridades locales y regionales, ha de jugar un papel fundamental en esa próxima Cumbre de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, también el Grupo de los Verdes felicita a la Sra. Dybkjaer por su informe y se congratula por él. 
Los países industrializados asumieron en Río la responsabilidad principal de la crisis medioambiental global y se comprometieron a corregir los errores ecológicos del desarrollo. 
Esta visión no se ha traducido en hechos, como ya se ha dicho aquí. 
Las políticas medioambiental y de desarrollo están estancadas, incluso deberíamos hablar de un roll back en la política medioambiental. 
Tampoco la UE ha asumido ningún papel pionero; calibra sus medidas no por las necesidades científicas, sino por la disposición de la industria al compromiso; los Estados miembros hacen lo mismo, por supuesto. 
Así, en Alemania se pone trabas al impuesto sobre la energía argumentando que es competencia de Bruselas y en Bruselas se argumenta que es competencia de Estados Unidos y de Japón. 
Constatamos que el resplandor de Río se ha desvanecido. 
Ahora se muestra la realidad. 
Y la realidad es que no tenemos ni un acuerdo sobre biodiversidad, ni un protocolo sobre bioseguridad, ni un protocolo sobre el clima. 
Kioto se celebrará en diciembre y todavía no sabemos si conseguiremos aprobar un protocolo de protección del clima. 
También estamos a kilómetros de distancia del convenio sobre los bosques. 
En Río no hubo forma de ponerse de acuerdo sobre ello. 
Por lo tanto, tenemos que devolver el tema del desarrollo sostenible al primer lugar del orden del día de la política global. 
La sesión especial de la Asamblea General de las NU en Nueva York tiene que dar indicaciones políticas claras, que deben consistir en lo siguiente: necesitamos una aplicación vinculante de la Agenda 21, dotada todavía de muchas cláusulas facultativas. 
Necesitamos un carácter verdaderamente vinculante, la introducción de normas sociales y medioambientales mínimas en el comercio mundial, un convenio marco vinculante sobre el clima, un convenio sobre la biodiversidad que contenga un protocolo de protección de la bioseguridad del clima y un acuerdo sobre protección de los bosques. 
Espero que lo consigamos en esta sesión especial de la Asamblea General, puesto que, de lo contrario, Río no habrá servido para nada y retrocederemos años en el debate medioambiental. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya el informe de la Sra. Dibkjæer. 
Nos enfrentamos con una realidad: los países ricos no están promoviendo suficientemente las prioridades acordadas en Río, sea en su propia actuación, sea en la ayuda que prestan al Tercer Mundo. 
Las especies y el medio ambiente, especialmente los bosques, siguen disminuyendo o desapareciendo en todo el mundo, y esto subraya la acuciante necesidad de llegar a un acuerdo sobre un convenio de los bosques. 
Como era de esperar, la comunicación de la Comisión está redactada en términos moderados y Europa tiene que asumir el liderazgo en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) para pedir un programa más trascendental, y en particular objetivos y una legislación jurídicamente vinculantes por lo que se refiere al medio ambiente. 
Tenemos que ocuparnos muy cuidadosamente de la cuestión del incumplimiento y de la ejecución de los acuerdos multilaterales existentes en materia de medio ambiente. 
El UNGASS representa un paso adelante hacia la Conferencia sobre el Cambio Climático que va a tener lugar en Kyoto en diciembre, y la cuestión del cambio climático sigue planteando un enorme problema. 
Al parecer no hay mucho interés en cambiar la situación, y por eso es esencial que promovamos un acuerdo sobre la reducción de los gases de invernadero y que, para empezar, fijemos un objetivo del 20 % a la reducción del CO² para el año 2010. 
La única forma de que podamos comenzar a forjar una asociación con los países pobres es que les demos buen ejemplo, por lo cual convendría que en Europa nos esforzáramos por conseguir la mencionada reducción para el año 2005. 
En la actualidad carecemos de visión y de liderazgo para hacer frente al problema ambiental mundial, y necesitamos una y otra para las dos conferencias mencionadas. 
Por último, el Parlamento Europeo tiene que estar vinculado oficialmente con la delegación de la Unión Europea a esas conferencias, y cuento con que la Comisión se comprometa en ese sentido. 
Señor Presidente, han tenido que pasar cinco años para que muchos de los que criticaron la organización, el desarrollo y los resultados de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, incluso organizando un foro paralelo, reconozcan hoy que los objetivos y lo aprobado en dicha conferencia sigue siendo un referente, y muy importante, para los próximos decenios. 
Yo, que tuve el honor de representar a este Parlamento en dicha Cumbre, me alegro de que haya esta convergencia y de que hoy se reconozca que aquello fue todo un hito histórico en donde, a nivel mundial, se reconoció que los conceptos de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente eran complementarios y no contrapuestos. 
Creo que se han realizado muchos más avances de los que hoy, aquí, se están reconociendo. 
Reconozco el loable esfuerzo y preocupación de la Sra. Breyer y otros colegas, que lo ven todo bastante negro. 
Creo que deberíamos ver algo también un poco verde. 
Pero hay un tema que a mí me preocupa porque fue un problema en la Conferencia de Río, en la representación de la Unión Europea: se tienen que poner de acuerdo los Gobiernos y la Comisión Europea para que esta resolución conjunta Comisión-Parlamento sea lo que realmente represente, con voz única, a la Unión Europea en dicha conferencia. 
Este es un llamamiento que tenemos que dirigir a todos los Gobiernos. 
Creo también que es fundamental insistir en la resolución final. 
Creo que hay algunos puntos que son esenciales. 
Uno de especial consideración debe ser la petición a los Gobiernos de que refuercen la dimensión medioambiental en sus políticas macroeconómicas. 
Otro deberá ser poner de relieve el gran problema del comercio a nivel mundial y de protección del medio ambiente- que es otra preocupación de este Parlamento- las políticas nacionales tienen que ser coherentes con las resoluciones internacionales. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar muchas gracias a la Sra. Dybkjaer por su excelente informe, a pesar de que no nos contente. 
Incremento de temperatura de 2 grados centígrados para el año 2030, aumento de 50 cm del nivel del mar, amenazadora disminución de los bosques tropicales... la lista de acontecimientos negativos en el campo medioambiental continúa. 
En su día celebramos la Conferencia de Río. 
Hoy nos sentimos decepcionados. 
Tenemos la esperanza puesta en Nueva York. 
Quizá sea nuestra última oportunidad. 
Todos lo sabemos: primero mueren los bosques y después el hombre. 
El cambio climático es amenazador: escasez de agua dulce, residuos radiactivos... 
¿Cómo es posible que no podamos avanzar si todos sabemos todo eso? 
Estimo que es crucial el hecho de que muchos Estados, varios de ellos europeos, creen todavía que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente son términos opuestos. 
Es una falsedad. 
La protección del medio ambiente crea empleo, da un nuevo impulso a la economía y es un gran desafío para la investigación y la técnica. 
Los alemanes inventaron la economía social de mercado. 
Los austriacos, estoy muy orgulloso de ello, han inventado la economía ecológica y social de mercado, esto es, la aplicación de los mecanismos de mercado a la protección del medio ambiente creando estímulos económicos, recompensando conductas ecológicas y penando procederes contaminantes. 
Se trata también de imponer un rumbo y de servirse de los impuestos para alcanzarlo. 
Creo que sólo la UE conseguirá realmente otorgar a la protección del medio ambiente y a la ayuda al desarrollo el peso político necesario. 
Sólo la UE, sólo los países ricos, sólo los países desarrollados pueden conseguir realmente la reconciliación entre medio ambiente y economía y que la economía y el medio ambiente prosperen. 
Señor Presidente, el debate que hoy celebra el Parlamento es sin duda muy oportuno en relación con la preparación de la sesión especial. 
Agradezco, pues, el informe presentado por la Sra. Dybkjæer a este propósito. 
Como ustedes saben, el pasado mes de noviembre la Comisión aprobó una comunicación y el Consejo aprobó sus conclusiones en el mes de diciembre, precisamente sobre esta cuestión, y desde entonces hasta el próximo mes de junio, se deberá tener en cuenta todo el importante trabajo preparatorio que se está realizando. 
Con este debate y con su informe, señora Dybkjæer, el Parlamento tiene la oportunidad de contribuir a la definición de las prioridades de cara a la sesión especial, teniendo en cuenta los cambios que se han producido. 
En primer lugar- ésta es la opinión de la Comisión- hay que reconocer que en la Conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio del pasado mes de diciembre no se realizaron progresos reales en cuestiones que tienen que ver con los intercambios comerciales, con el comercio y el medio ambiente. 
Además, tal como se había previsto, las negociaciones sobre un protocolo sobre el Convenio sobre el Cambio Climático, por el que se establezcan objetivos vinculantes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, están resultando, como era previsible, muy difíciles. 
Por último, el Grupo intergubernamental sobre bosques concluyó sus deliberaciones el mes pasado sin llegar a definir recomendaciones sobre una serie de cuestiones clave, incluida la necesidad de un convenio de bosques. 
Es evidente que todos estos temas- intercambios comerciales y medio ambiente, cambio climático y bosquesnecesitan un impulso político al más alto nivel en la sesión especial. 
La resolución es acertada en este punto y, naturalmente, la Comisión estaría encantada de proseguir las conversaciones con el Parlamento Europeo con objeto de ir definiendo nuestra estrategia sobre la base de nuestra comunicación de 1996, que sigue siendo nuestro gran planteamiento estratégico. 
Respecto al cambio climático, es cierto- como han señalado algunos diputados- que se han tomado ya, en el Consejo de Medio Ambiente, ciertas decisiones que tienen que ver con la reducción y cuantificación de las emisiones nocivas. 
Aunque haya sido para el horizonte del año 2010, finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre los Estados miembros. 
Se podrá opinar que tal vez se hubiera podido ir más rápido en el ámbito de las reducciones, pero el hecho de que en esta materia tan espinosa se haya producido ya un acuerdo en el Consejo de Ministros es un paso más. 
En este contexto, consideramos que es vital concentrarse en reducciones legalmente vinculantes para los años 2005, 2010 y 2020. 
La demanda formulada en su informe, en el apartado 18 D de su resolución, de un límite máximo de emisión global, es interesante, pero hay que reconocer, siendo realistas, que esto será, en cualquier caso, una perspectiva a bastante largo plazo. 
Otra prioridad muy importante para la sesión especial, en la que la Comisión Europea quiere poner énfasis, es la escasez creciente de agua dulce y lo que esto implica en relación con la población, la agricultura, la seguridad alimentaria y también la pobreza. 
Finalmente, hay otra cuestión sobre la que su resolución llama la atención y que tiene una gran importancia. 
Se trata de los flujos financieros hacia los países en desarrollo, ya que el desarrollo sostenible tiene naturalmente que sostenerse en la ayuda pública al desarrollo y en la ayuda privada al mismo. 
Es evidente que se trata de un importante aspecto que condiciona este desarrollo sostenible y, de paso, permite exportar- como decían algunos diputados- tecnología medioambiental. 
Pues, como con razón señalaba el Sr. Valverde, no hay tal contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente; hay muchos aspectos de complementariedad y es importante avanzar precisamente en el sentido de que se vaya produciendo cada vez más este tipo de transferencias de capitales. 
Bien es verdad que, en cifras globales y en los últimos años, el salto que se ha dado en inversiones directas en países del hemisferio sur es espectacular, pero, sin embargo, hay que ser crítico con esta lectura, porque si globalmente es espectacular, constatamos, viendo el volumen de inversiones, que en realidad se está produciendo una concentración de estas transferencias hacia aquellas zonas llamadas emergentes, y que efectivamente están desarrollándose muy rápidamente; no es el caso concreto de todos los países y todavía mucho menos de los países más pobres. 
Por último, quiero referirme ahora al programa de trabajo de la Comisión sobre el desarrollo sostenible y, en este sentido, nosotros pensamos que en los próximos años deberíamos definir toda una serie de cuestiones prioritarias; nos parece que la acotación que hace la resolución es la correcta para que se pueda avanzar de forma eficaz. 
Por último, en lo que concierne a la participación del Parlamento Europeo, la Comisión está evidentemente de acuerdo, como ya lo estuvo en el pasado, en la Conferencia de Río, en que el Parlamento Europeo participe en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle al Sr. Comisario cómo está prevista esta participación institucional. 
Ha hecho mención de que el Parlamento Europeo estará representado pero ¿cómo va a estar la propia Comisión representada y cómo se va a coordinar con el propio Consejo? 
¿Van a renunciar los Estados miembros a intervenir individualmente y va a haber una sola voz? 
Porque, en la Conferencia de Río, nuestro papel fue un tanto descoordinado. 
Y en segundo lugar, ¿vamos a poder llevar a esa Conferencia una evaluación de los planes nacionales a los que se comprometieron los distintos Gobiernos que firmaron los Acuerdos de Río y, sobre todo, la Agenda 21? 
No hemos tenido ninguna información de la Comisión sobre este aspecto. 
Teniendo en cuenta que la Conferencia Intergubernamental, aparentemente, será capaz de racionalizar este problema, le puedo decir lo que desearía la Comisión. 
La Comisión en este tema, como en todos los temas de relaciones exteriores, es partidaria del sistema Presidencia del Consejo-Secretaría General del Consejo + Comisión, representando, por así decirlo, a la parte ejecutiva y a la parte de gestión. 
Y luego pensamos que el Parlamento Europeo debería estar representado dentro de la delegación comunitaria como Parlamento. 
Esto creo que es lo más racional. 
Y luego, usted ha planteado algo que nos podría llevar tal vez a un debate muy largo. 
En la próxima Cumbre- digámoslo- va a ser muy difícil explicar un punto por parte de la Unión Europea. 
Esta se comprometió públicamente, en la Cumbre de Río, a proporcionar- lo recuerdo muy bien, usted también- 2.000 millones de ecus como presupuesto, que iría precisamente a resolver los problemas que se estaban planteando en relación con el futuro del medio ambiente en el mundo. 
Todos sabemos que nuestros Estados miembros nunca fueron capaces de aprobar esa cifra, y ni siquiera de ponerse de acuerdo sobre el reparto de dicho importe. 
Eso lo tenemos que reconocer. 
Muy pocos han cumplido sus compromisos financieros con las decisiones del Grupo de Río. 
A partir de ahí- yo creo- se impone una reflexión prudente junto con el Consejo y luego, naturalmente, habrá que hacer aflorar la cuestión de las evaluaciones de todos y cada uno de los Estados miembros, y eso- yo creo -, conjuntamente con la Comisión, se podrá hacer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Suspensión del SPG en Myanmar 
Señor Presidente, doy la bienvenida a las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, en apoyo de la propuesta. 
Me alegra poderles comunicar que también la Comisión de Asuntos Exteriores ha aprobado la propuesta por unanimidad. 
La UE y Birmania concluyeron en diciembre de 1994 un Convenio sobre preferencias arancelarias para determinados productos industriales. 
El 1 de enero entró en vigor un convenio similar para los productos agrícolas. 
Estos convenios pueden ser derogados en cualquier momento si se demuestra la existencia de trabajos forzados. 
La definición de trabajo forzado la establecen los Convenios de Ginebra de 1925 y 1956. 
En base a las quejas presentadas en junio de 1995 sobre los productos industriales, y el 1 de enero del año en curso para los productos agrícolas por parte de organizaciones sindicales europeas y de la Organización Internacional de Sindicatos Independientes, la Comisión investigó la afirmación de que se estaban llevando a cabo trabajos forzados en Birmania. Los resultados del estudio demostraron que el régimen militar hace uso normal y palpable de ellos. 
El fenómeno significa en concreto la deportación en masa de hombres, mujeres y niños en relación con la construcción de determinadas infraestructuras, y a menudo conlleva la muerte o tortura de los trabajadores. 
La situación en torno a los derechos humanos en Birmania ha escandalizado en más de una ocasión a la UE y al Parlamento Europeo. 
En la exposición de motivos he descrito la situación en el país. 
El régimen militar subió al poder usando la violencia en 1988. 
Se permitieron unas elecciones más o menos libres en 1990, a las que no podía presentarse la líder del partido democrático Aung San Suu Kyi, a quien el Parlamento Europeo otorgó el Premio Sajarov de libertad de pensamiento en 1990. 
Desde 1989 la Sra. San Suu Kyi se halla detenida bajo arresto domiciliario. 
El partido democrático resultó ganador por mayoría aplastante, pero el régimen militar no respetó los resultados de las elecciones y se mantuvo en el poder. 
Según nuestros informes, el 18 por ciento de los diputados electos están encarcelados. 
La Sra. San Suu Kyi ha pedido a todos los inversores extranjeros que se retiren del país. 
Pepsi, Levi's, Apple y otras empresas lo han hecho. 
Hay pruebas seguras de que se producen amplias violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y otros tipos de abusos de mujeres y de presos, etc. Además, hay una fuerte represión en lo concerniente a la libertad de expresión, reunión, práctica religiosa y circulación. 
Según Amnesty, hoy por hoy hay dos mil personas detenidas por haber exigido reformas en relación con los derechos humanos, y la Sra. Aung San Suu Kyi sigue estando estrechamente vigilada. 
Amnesty Internacional designó el año 1996 como el peor con mucho de este decenio para los derechos humanos en Birmania. 
La UE no está sola en su reacción contra la situación reinante en el país. 
Estados Unidos ha elaborado unas propuestas legales de acciones contra Birmania. 
Además, numerosas empresas de Estados Unidos y de la UE han retirado sus inversiones, en varios casos a causa de boicots previos por parte de sus consumidores y otras campañas de presión. 
No obstante, es penoso ver que determinadas empresas europeas apoyan económica, política y moralmente al régimen militar continuando con sus proyectos comunes. 
Se han empleado trabajos forzados en la construcción de hoteles, carreteras y otras infraestructuras. 
Es por ello que un amplio grupo de diputados del PE ha remitido hoy una carta al Club Med, rogándole que interrumpa sus viajes organizados a Birmania. 
El Reglamento sobre las preferencias generalizadas establece detalladamente el procedimieto de derogación temporal de las preferencias. 
No se menciona cómo se vuelven a introducir. En consecuencia, he propuesto que la Comisión siga de cerca la situación con respecto a los trabajos forzados. 
Sería paradójico, y además políticamente inaceptable que no se consultase al Parlamento sobre la reintroducción del sistema de preferencias cuando se le consulta sobre su cese. 
No se han hecho públicos los resultados de la investigación de la Comisión de la UE. 
En mi calidad de ponente he solicitado en varias ocasiones al Comisario Marín que se me permitiera el acceso a partes del informe, pero no se me ha permitido en base a unas razones legales de forma. 
No desconfío de los resultados de la investigación de la Comisión, pero para mí esta es una cuestión de principio. 
El Parlamento debe poder tener acceso a los datos recogidos en una cuestión de esta naturaleza. 
Lo mínimo que se puede pedir es que el ponente tenga acceso o pueda ver los documentos, y esto es además central en procedimientos de introducción de preferencias aduaneras. 
El día se ha hecho largo, para el Comisario y para todos nosotros. 
Pero querría saber, Comisario Marín, si no podría encontrar una solución para que el Parlamento pueda tener acceso a la información en el futuro; que no sea posible esta vez puedo aceptarlo. 
Espero que el Parlamento apoye unánimemente la propuesta, y que el Consejo adopte la decisión de derogar las preferencias aduaneras el 24 de marzo. 
Cualquier otra decisión constituiría un escándalo y generaría una fuerte reacción política. 
Señor Presidente, por primera vez, la Unión Europea adopta sanciones respecto a un país que viola los derechos humanos en el trabajo, y debemos congratularnos por esta decisión de retirar a la Unión de Myanmar del sistema de preferencias generalizadas. 
Efectivamente, desde hace muchos meses, en el seno de este recinto, luchamos para que se adopten medidas en contra de esta junta militar birmana, ya que las deportaciones masivas, que afectan tanto a hombres como a mujeres y niños, continúan produciéndose. 
El ejército birmano participa en esta práctica y maltrata a estos trabajadores forzados. 
Según la CIOSL, esas prácticas afectarían a 800.000 personas y varios miles de ellas ya habrán muerto en estas obras. 
Por tanto, el 6 de junio de 1995, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres presentó una queja ante la Comisión, destinada a retirar a Birmania del Sistema de Preferencias Generalizadas. 
En lo que se refiere a los productos industriales, el 1 de enero de 1997, la misma organización sindical presentó la misma queja respecto a los productos agrícolas. 
En efecto, los dos tercios de las exportaciones birmanas agrícolas e industriales se benefician hasta ahora de reducciones arancelarias. 
Visto que los derechos humanos son burlados de manera tan odiosa, era fundamental que la Unión Europea reaccionara incluso si no se trata de un verdadero bloqueo de los intercambios comerciales. 
No obstante, desearíamos ver a la Comisión adoptar una actitud todavía más voluntarista, ya que, más allá de la decisión tomada por la Comisión Europea, convendría también que los Estados miembros y el Consejo adoptaran una posición idéntica respecto a este país e iniciaran sanciones más severas, tanto más cuanto que si estos procedimientos son comerciales, no hay que subestimar el alcance político. 
Por lo demás, la adhesión de la Unión de Myanmar a la ANASE plantea un grave problema. 
Efectivamente, si atañe las competencias exclusivas de los países que integran esta instancia, sería conveniente que la Comisión Europea mantuviera la presión sobre los Estados de esta zona y reforzara lo que ella denomina el diálogo crítico que parece haber iniciado. 
En conclusión, quisiera hacer una observación en nombre de mi Grupo, ya que desearíamos ver aplicarse la misma determinación a todos los países que burlan así los derechos humanos en el trabajo y practican el trabajo forzado. Esta nueva forma de esclavitud. 
Señor Presidente, según diversas fuentes, el trabajo forzado afecta a más de 2 millones de birmanos. 
Hombres, mujeres, niños nadie se salva de esta forma de esclavitud del siglo veinte. Estas personas maltratadas por el ejército birmano son utilizadas para todo tipo de trabajo, incluido para la construcción de grandes infraestructuras, obras en las cuales miles de birmanos han encontrado ya, lamentablemente, la muerte. 
Es preciso saber que el 3 % del PNB birmano procede de este trabajo forzado. 
Observemos que una suspensión del sistema de preferencias generalizadas para Birmania tendría ante todo un alcance político y simbólico y no una incidencia particular sobre las exportaciones de Birmania hacia la Unión Europea. 
Además, esta medida permitiría dar razón a la Sra. Suu Kyi, premio Nobel de la paz y cabeza de la oposición birmana, que recomienda a diestra y siniestra la adopción de sanciones contra el régimen militar de su país. 
El Gobierno militar birmano, practicando el intervencionismo en las actividades económicas, continúa violando no solamente los derechos humanos, sino también los del niño a pesar del hecho de que es signatario del Convenio de los Derechos del Niño desde 1991. 
Los desplazamientos de poblaciones siguieron produciéndose en 1996 afectando a 200.000 personas y miles de niños. 
En las ciudades, los niños siguen siendo detenidos y encarcelados a veces sólo por haber distribuido octavillas en la vía pública. 
Numerosos son, desgraciadamente, también estos niños que, sin salario, son obligados a trabajar en obras de construcción poniendo en peligro su vida. 
A ello hay que añadir el tráfico de niñas birmanas hacia Tailandia destinadas a la prostitución. 
Ya se sabía que la situación de los derechos del niño era sumamente grave, pero hay que comprobar que se ha agravado durante 1996, cuando el Gobierno negó el acceso del enviado especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 
La suspensión del sistema de preferencias generalizadas debe constituir una sanción que empuje al Gobierno militar birmano a dialogar con la oposición con vistas a restaurar la democracia en esta región del mundo. 
Por primera vez- y es preciso felicitarla- la Comisión Europea propone sancionar a un país que viola los derechos humanos en el trabajo. 
El Parlamento, claro está, suscribe esta iniciativa. 
Esperamos que el Consejo haga lo mismo. 
Señor Presidente, para mí, para todos nosotros, creo, el niño es un ser frágil al que debemos proteger y de ningún modo puede seguirse aceptando por más tiempo que sea violado, burlado, reducido a la esclavitud e incluso asesinado para el placer y beneficio del hombre. 
Señor Presidente, el debate de hoy es muy oportuno porque los dirigentes industriales de diversas partes del mundo están ejerciendo presión sobre los gobiernos a fin de que no haya ningún plan de sanciones contra Birmania. 
En la primera parte de esta semana el Consejo de Empresas EE.UU.-ASEAN, que representa a la flor y nata de la gente de negocios de América y de Asia del Sudeste, formuló una firme denuncia contra la imposición de sanciones económicas a Birmania. 
En vez de las sanciones pidió a los Estados Unidos que adoptasen una estrategia de participación constructiva con las autoridades de Birmania, a fin de mantener vínculos económicos con el país mientras ejercían presión para que cambiase de política. 
La participación constructiva era exactamente la política que seguía Ronald Reagan en Sudáfrica. 
Esa política prolongó los sufrimientos de los habitantes negros, y el régimen de apartheid no se derrumbó hasta que la comunidad internacional se movilizó para la adopción de fuertes medidas económicas contra Sudáfrica. 
Los recientes acontecimientos de Birmania indican también la necesidad de que la Unión Europea adopte medidas decisivas. 
La opresión de los seis millones de personas de la minoría Karen de Birmania ha adquirido proporciones cada vez más feroces durante los últimos meses. 
Los Karen se esfuerzan por conseguir una autonomía que los británicos les garantizaron cuando concedieron la independencia a Birmania en 1949. 
Ha habido numerosas denuncias de casos de mutilación, violación y tiroteos indiscriminados contra los civiles que intentaban atravesar la frontera entre Birmania y Tailandia. 
La junta militar de Birmania no puede servirse del actual conflicto con los rebeldes de la Union Nacional Karen como disculpa para atacar a los civiles. 
Amnistía Internacional calcula que el año pasado se detuvo por razones políticas en Birmania a casi 2.000 personas. 
La inmensa mayoría de ellas se cree que participaban en actividades enteramente pacíficas. 
Cuando el Primer Ministro en exilio de Birmania visitó Dublín recientemente, expresó el temor de que la Unión Europea disminuyera su presión sobre los generales que se hallan en el poder, por razones comerciales. 
Necesitamos que tanto la Comisión como el Consejo nos den la seguridad de que no sucederá así. 
El Grupo de los Verdes apoya sin reservas la decisión de la Unión Europea de retirar las preferencias comerciales a Birmania en el caso de los productos industriales y agrícolas, pero no basta con adoptar esas medidas. 
TOTAL, la compañía petrolera estatal francesa, ha estado operando en Birmania durante muchos años y se han recibido denuncias de que ha utilizado obreros en régimen de trabajos forzados, niños incluidos. 
Hace unos cuantos meses la compañía TOTAL, junto con la compañía de los Estados Unidos UNOCAL, firmaron un nuevo contrato con empresas de gas y petróleo de Birmania para ampliar la prospección de gas natural en el mar de Andamán. 
Se supone que este verano la ASEAN aprobará el ingreso de Birmania. 
Durante la reunión de la ASEAN en enero, algunos ministros de asuntos exteriores se esforzaron por dejar las cuestiones de derechos humanos al margen del orden del día. 
Si se aprueba el ingreso de Birmania, la Unión Europea tiene que plantear la cuestión del abuso constante de los derechos humanos en todas las oportunidades que tenga. 
Señor Presidente, los presidentes de sesión pasan, los diputados van y vienen, los comisarios se quedan. 
Esto honra al Comisario Marín y para nosotros representa una ventaja, porque la cuestión de Birmania forma parte de su cartera y me congratulo por ello. 
Pienso que esta decisión en favor de la suspensión del sistema de preferencias generalizadas es especialmente importante, porque acaba de celebrarse en Tokio una reunión para constituir una red internacional de apoyo a la democracia en Birmania. 
Por tanto, pienso que la señal que podría enviar la Unión Europea es especialmente importante para los países asiáticos, muy numerosos en este foro de Tokio y que manifiestan mucho más interés sobre este tema que la Unión Europea, es preciso confesarlo. 
Pero no es importante por ello. 
Por lo demás, pienso que la decisión es importante porque es una primicia en la política de la Unión Europea. 
En efecto, es la primera vez que se pone al servicio de una política de defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia un instrumento de política económica tan fuerte. 
Felicito al Sr. Marín por haber tratado este expediente como lo ha hecho. 
Quisiera decir a los diputados que me han precedido y que piensan que la Sra. Aung San Suu Kyi es una persona con mucho encanto- este es también, por lo demás, mi caso- que hay otras personas en los países de la región, tales como Wei Jingsheng, como Wang Dan y muchos otros disidentes, que también tienen mucho encanto. 
Espero que ello les dará ideas para el futuro. 
Yo no preguntaré al Sr. Marín si le parece que la Sra. Aung San Suu Kyi es encantadora, pero quisiera preguntarle si piensa- rogándole que no lo diga inmediatamente a Sir Leon- que sería posible, a petición del Parlamento Europeo, iniciar procedimientos similares para otros países de la región. 
Creo que ésta fue una iniciativa de los sindicatos. 
Pero, ¿no sería posible, a iniciativa del Parlamento esta vez, iniciar procedimientos parecidos de suspensión del sistema de preferencias generalizadas para otros países de la región? 
A mi juicio, la Unión Europea daría con ello un paso resueltamente positivo hacia la vía del fortalecimiento de su política exterior. 
Antes que nada quisiera añadir mis felicitaciones a las que el resto del Parlamento ha dirigido a la Sra. Theorin por su excelente informe y por las oportunísimas enmiendas del texto. 
También es muy agradable tener la oportunidad de felicitar a la Comisión por lo que constituye una acción de importancia histórica. 
Creo que las medidas propuestas en relación con las preferencias en materia de productos industriales y agrícolas son muy acertadas, aunque desgraciadamente no es probable que cese por completo el comercio, particularmente el que llevan a cabo compañías petroleras como TOTAL y Premier. 
Sea como fuere, esas medidas por lo menos ponen a la Unión Europea en consonancia con la firme posición de los Estados Unidos. 
Lo que quisiera hacer es exponerles algunas ideas que he adquirido por experiencia, y que no he recibido por conducto de los medios de información. 
Si uno va a Rangún de incógnito, como otros y yo mismo hicimos a finales del año pasado, uno puede comprobar sin duda de ningún género que se practica el trabajo infantil y los trabajos forzados en las carreteras del distrito de Rangún, en la construcción de hoteles y de caminos. 
Uno puede ver la gran importancia que el régimen del SLORC concede a las inversiones internacionales en la región. 
Mis colegas Kinnock, Thomas, Ford y yo mismo hemos presentado hoy una firme propuesta ante la compañía de viajes Club Med aquí en Estrasburgo; les hemos pedido que cesen sus viajes organizados y sus actividades en Birmania y que hagan lo que han hecho otros antes que ellos, por atractivo que pueda ser el país y por interesantes que puedan ser sus habitantes. 
Por fuerte que sea la presión ejercida por los países occidentales, el SLORC seguirá contando con la defensa de sus vecinos, como China, país del que se dice que posee un floreciente, terrible y clandestino mercado de drogas y joyas en todo el país. 
Estas actividades financian directamente y alimentan al régimen de represión que, mientras estamos aquí reunidos, sigue asesinando a indígenas junto a la frontera tailandesa y a través de ella. 
En este contexto las gestiones para incluir a Birmania en la ASEAN son sumamente desmoralizadoras pero previsibles, e insto a la Comisión a que en todas las negociaciones comerciales con Estados de la ASEAN les exhorte a que reconsideren su actitud. 
Espero que las medidas adoptadas en relación con las preferencias arancelarias generalizadas sean eficaces y debiliten al SLORC, y también espero que, mientras surten efecto, este Parlamento sepa reconocer la dedicación de todas las personas que se esfuerzan por instaurar la democracia en Birmania, así como del Grupo de Acción de Birmania, otras redes, y organizaciones no gubernamentales, a fin de mantener en vigor los contactos internacionales y los canales de esperanza. 
En este Parlamento no podemos discutir cada vez acerca de Birmania, pero tenemos que encontrar la manera de poder ayudar al pueblo birmano día tras día hasta que esté libre, y este informe y estas propuestas constituyen parte integrante de ese proceso. 
Señor Presidente, Señorías, estimado Comisario Marín, cuando en 1994 la Unión Europea concedió preferencias arancelarias a Myanmar, la entonces Birmania, la situación política en ese país era ya extremadamente tensa. 
Pese a ello, se otorgó ese régimen para algunos productos industriales y agrarios, con la esperanza de que se pudieran lograr también mejoras en la situación social. 
Sucedió lo contrario. 
En Myanmar se pisotean los derechos humanos, y los malos tratos, los encarcelamientos y la tortura están a la orden del día. 
Se oprime al movimiento democrático y Aung SanSuu Kyi, presidenta de la Liga Nacional para la Democracia, premio Sajarov y premio Nobel de la paz, se encuentra desde hace muchos años bajo arresto domiciliario. 
¿Cómo podemos enfrentarnos de manera efectiva a un régimen que trata como criminales a los que tienen otra forma de pensar? 
El trabajo forzado en Myanmar es una forma de esclavitud que viola los convenios internacionales, la Convención de Ginebra y el convenio de la OIT, como han indicado diversos diputados. 
La retirada de las preferencias generalizadas es un deber absoluto. 
El desprecio a los derechos humanos se ha intensificado en 1996, según las estimaciones de la Comisión, del Consejo, de las ONG, de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado. 
El objetivo del Parlamento Europeo era y sigue siendo hacer depender la cooperación al desarrollo del respeto a los derechos humanos, como hicimos de manera modélica el año pasado en el Acuerdo de Cooperación con Nepal. 
El Parlamento Europeo ha de ser consultado en las decisiones futuras del Consejo sobre el restablecimiento de las preferencias arancelarias, como ha propuesto correctamente la ponente, Sra. Theorin. 
La base jurídica para ello ya existe. 
Hemos de seguir presionando con nuestros medios políticos y económicos. 
No se puede tener consideración con una política desconsiderada. 
Queremos, además, enviar una señal de ánimo al movimiento democrático en Myanmar. 
Su resistencia contra el régimen golpista de los militares es ejemplarmente pacífica y merece la solidaridad y el éxito. 
Señor Presidente, me satisfacen las propuestas del Consejo encaminadas a retirar las preferencias arancelarias generalizadas para los productos industriales y agrícolas de Birmania. 
Es de esperar que esta medida incremente la presión sobre la dictadura militar del SLORC en el país, y ponga término al empleo masivo de los trabajos forzados y del trabajo con niños para construir su infraestructura de hoteles a fin de procurar fortalecer su turismo. 
El pasado mes de diciembre la Sra. Kinnock y yo visitamos clandestinamente a Aung San Suu Kyi. 
La entrevistamos y grabamos la entrevista en vídeo. 
Su mensaje fue de una claridad meridiana: pongan término a las inversiones en Birmania; impongan sanciones. 
Es evidente que estas medidas no dejarían de tener repercusiones para el pueblo birmano, pero la necesidad de adoptarlas era absolutamente evidente para ella, y ¿quién está más cualificada para hablar en nombre del pueblo birmano? 
En 1990 su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND) , obtuvo el 80 % de los votos. 
Cuando la Sra. Kinnock y yo regresamos de Birmania aprovechamos la oportunidad para reunirnos con el Comisario Marín y con la Presidencia irlandesa. 
Nos recibieron con amabilidad, pero estaban esperando que el régimen respondiese a una petición que les había hecho la Comisión para que un equipo de investigación visitase Birmania a fin de investigar las denuncias de trabajos forzados. 
Unos cuantos días después de nuestra reunión la junta birmana denegó terminantemente la autorización para la visita. 
Creo que la Comisión y el Consejo merecen que se les felicite por haber actuado sin pérdida de tiempo. 
Personalmente, quisiera felicitar al Comisario Marín por la firmeza de su actitud en Singapur y por la forma en que se enfrentó con las críticas de algunos Estados miembros. 
Espero también que los industrialistas de Europa se enteren de lo que digo y que TOTAL y el Club Med sigan el ejemplo de Heineken, Carlsberg, PepsiCo, Levi, Apple y Thomas Cook. 
Permitanme que mencione dos cuestiones, para acabar. El Parlamento Europeo pone de relieve acertadamente sus vínculos con Asia. 
Soy uno de los miembros de la delegación de la Mesa para tratar con el Japón, y en tal calidad tuve ayer una reunión con otros representantes de delegaciones de Asia para hablar acerca de ASSET II, reunión interparlamentaria entre diputados del Parlamento Europeo y parlamentos de países de la ASEAN. 
Creo que ha quedado perfectamente claro para todos que sólo se incluirá a los parlamentos de los países de la ASEAN con quien tengamos relación. 
Por último, quisiera pedir al Comisario Marín que nos dé la seguridad de que el Consejo no va a bloquear esta propuesta por culpa de la actitud de un gobierno cualquiera de un Estado miembro. 
Señor Presidente, en primer lugar la Comisión quiere agradecer el apoyo otorgado por el Parlamento Europeo a la propuesta de retirar a Myanmar el trato preferencial de que goza en el marco del sistema de preferencias generalizadas, porque, en cierta manera, señor Ford, si conseguimos que esta decisión sea aprobada el próximo día 24 de marzo en el Consejo de Ministros, será la primera vez que la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros consigan ponerse de acuerdo- digo la primera vez- sobre el hecho de que ciertas normas sociales tienen que ser respetadas también en el ámbito de las disposiciones que regulan el comercio. 
Quiero hacer una precisión, respetando el punto de vista del Parlamento Europeo: la Comisión- yo mismorecomendó al Consejo consultar al Parlamento sobre esta propuesta, debido al interés político que esta institución había expresado siempre por el respeto de una determinada ética social en el comercio internacional. 
Independientemente de las modalidades de su aplicación, yo quisiera que el día 24 se tomara la decisión; ya tendremos tiempo luego de considerar cómo vamos a aplicarla en el futuro. 
¿Por qué? 
Fundamentalmente, porque el fondo de la decisión que tenemos que tomar fue precisamente comprobar la realidad y la amplitud de la práctica del trabajo forzado en Myanmar y la responsabilidad de las autoridades de este país al respecto. 
Y para alcanzar este objetivo, la Comisión optó por un procedimiento que fue deliberadamente largo, complejo y minucioso para que se respetaran escrupulosamente las reglas establecidas en el Reglamento del Sistema de Preferencias Generalizadas y con un objetivo: que cuando la Comisión propusiera este reglamento de suspensión no hubiera posibilidad ninguna de ataque legal. 
La decisión depende del Parlamento y del Consejo de Ministros. 
Ahora no hay excusas. 
Habrá que decidir, y quien diga «sí» tendrá que explicarlo políticamente, y quien diga «no» , también. 
No hay posibilidad de decir «hay vicio de procedimiento, no han hecho bien el trabajo, en consecuencia hay que repetir otra vez el procedimiento judicial». 
Por eso, siempre dije- se acuerda la Sra. Maij-Weggen- que prefería ser lento pero seguro. 
Así pues, los servicios de la Comisión, en cooperación con expertos de competencia reconocida a nivel internacional, que son quienes nos han ayudado, procedieron a la comprobación y al análisis de 42 testimonios, así como la audiencia de varios testigos, a los cuales ha habido que proteger por el principio de la confidencialidad. 
Si nosotros hemos optado por la confidencialidad es porque no interesaba, señor Dupuis, hacer público frente a la Junta militar, por razones evidentes de prudencia, quién estaba actuando como testigo. 
Yo, que he vivido y he trabajado contra una dictadura en mi país, en España, sé que una cuestión elemental cuando se está en la clandestinidad es, precisamente, ser lo más prudente posible respecto a las personas que están ayudando desde el interior. 
Por eso, lógicamente, este trabajo se tiene que hacer de una manera confidencial. 
Se han constatado los hechos, se pidió a las autoridades de Myanmar, por nota verbal, que participaran con objeto de garantizar un procedimiento realmente contradictorio, independientemente de la repugnancia intelectual o política que cualquiera de los que estamos aquí podamos sentir, y por nota verbal el Gobierno de Birmania rechazó la invitación. 
Pero la Comisión ha mantenido incluso la idea de que se trata de un procedimiento contradictorio, protegiendo la confidencialidad de aquellos que estaban dando sus testimonios y, en segundo lugar, dándole la palabra también a las autoridades de Rangún. 
Llegamos a la conclusión, bajo nuestra responsabilidad, de que el trabajo forzado se sigue practicando en gran escala bajo la responsabilidad directa de las autoridades a todos los niveles. 
El trabajo forzado en Myanmar afecta a la población en su conjunto, sin distinción de edad o sexo, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, aunque los habitantes de las zonas urbanas disponen de más medios financieros, lo que les permite comprar su exención de dichos trabajos forzados. 
Los pretextos culturales y religiosos fueron contradichos por los testigos y, naturalmente, se establecieron contactos también con la zona budista del país, donde nos confirmaron que, efectivamente, el budismo no protege en ningún caso la esclavitud. 
En consecuencia, la Comisión decidió proponer al Consejo esta suspensión, independientemente de la polémica sobre si es una decisión PESC o es una decisión «Comisión 113». 
Señor Dupuis, yo creo que sería muy malo, en esta semana, antes de la decisión del Consejo de Ministros del 24, discutir acerca de si son palomas, si son perdices, si son conejos, si son liebres. 
Se trata de conseguir un precedente, crear una doctrina y crear una jurisprudencia. 
Luego ya tendremos tiempo de ver la forma de articular esta primera solución en el futuro. 
Ese es mi punto de vista pero, naturalmente, yo respeto la autonomía y la soberanía del Parlamento. 
Yo espero, finalmente, señora Maij-Weggen, señor Ford, señora Theorin, que el Consejo de Ministros tome la decisión. 
Si después de todo el trabajo que hemos hecho, después de lo que ha ocurrido en Singapur, después del debate aquí en el Parlamento Europeo, no somos capaces de tomar una decisión en el Consejo de Ministros, yo caeré en la más profunda de las melancolías. 
Pero espero que sí, que se pueda tomar esta decisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas) 
Aprobación del Acta 
Señora Presidenta, en la página seis del Acta de la sesión de ayer se mencionan tres informes según el llamado procedimiento Hughes. 
Propongo que a partir de ahora se mencione el artículo del Reglamento en lugar del nombre de un diputado cualquiera. 
Aunque hemos terminado con la aprobación del Acta, permitiré que se pueda quizá añadir algo al procedimiento Hughes para ilustración de los diputados que no pueden hacerse una idea de en qué consiste este procedimiento. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, sólo quiero informar a la Asamblea de que mañana por la mañana se celebrará en Liverpool un oficio conmemorativo por nuestro difunto colega Ken Stewart. 
La Oficina del Presidente ha tenido la gran amabilidad de acceder a enviar una carta de pésame. 
Quiero hacer constar mi agradecimiento al Presidente por ello. 
Dado que la Comisión está presente, también deseo decir que la semana pasada la Comisión publicó un comunicado de prensa en el que apoyaba una expedición para investigar el naufragio del buque granelero Derbyshire, que desapareció en el Pacífico en 1980. 
Se trata de una cuestión por la que Ken Stewart luchó larga y denonadamente en los años que pasó en este Parlamento y le habría complacido enormemente saber que la Comisión está investigándolo. 
De hecho, como todos sabemos, luchó denonadamente por todas las cuestiones del transporte marítimo, por la seguridad de quienes se ganan la vida con él y de los pasajeros de los buques. 
De modo que nos complace dejar constancia de que la Comisión apoya la expedición. 
A Ken le habría gustado. 
Le agradecemos sus informaciones. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Me refiero a los trágicos sucesos ocurridos ayer en la frontera jordano-israelí. Quisiera pedir a la Presidencia que envíe una nota apropiada de pésame al pueblo de Israel y en particular a las familias afectadas. 
Muchas gracias, señor Hallam. 
Señora Presidenta, sólo quiero sumarme a la petición que ha hecho el diputado que ha tomado la palabra antes de mí, y expresar mi condolencia por el atentado perpretado ayer en Israel, que costó la vida a seis escolares y un profesor en la frontera jordana. 
Creo que hay hechos que atentan contra el proceso de paz, pero ninguno atenta tanto como aquello que es irreparable: la pérdida de vidas humanas. 
Creo que, en este sentido, el Parlamento debe sumarse a la condolencia y condenar hechos como este. 
Muchas gracias, señor Vallvé. 
Señora Presidenta, quisiera sumarme a los diputados que han manifestado su actitud especialmente comprometida con Oriente Próximo. 
Pido al Parlamento Europeo que dedique espontáneamente un minuto de silencio para mostrar de manera especial nuestro duelo por estos trágicos sucesos y nuestra voluntad, como diputados europeos, de participar de cualquier forma en los acontecimientos de Oriente Próximo. 
Muchas gracias, señor Sichrovsky. 
Votaciones 
Ayer el Comisario Marín dijo con claridad que, según tenía entendido, esa decisión iba a tener que adoptarse por unanimidad. 
Desde luego, en debates anteriores, la Comisión había dicho oficialmente que ya se había adoptado la decisión que en principio requería la unanimidad y que la decisión de ejecución sólo requería una votación por mayoría cualificada. 
¿Podría la Comisión examinar ese aspecto y volver a informarnos al respecto? 
Casi ya con hastío repite uno el término de desarrollo sostenible dada la cuasi parálisis de la UE en el desarrollo de este concepto a escala mundial. 
Ya mantuvimos ante este Parlamento, en su momento, que el acontecimiento de Río sería para muchos dirigentes europeos poco más que una foto y el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón. 
No hay voluntad política y sin voluntad política y sin solidaridad económica y con escaso diálogo Norte-Sur, difícilmente alcanzaremos los objetivos de la Agenda 21, porque como, con acierto, dice la ponente, la situación medioambiental a escala mundial ha pasado de ser problemática a alarmante. 
La responsabildad de la UE para conseguir algún éxito en la Conferencia de Nueva York es grande. 
Yo, ¿qué quieren que les diga? 
No creo que la actual Comisión ejecutiva esté en su mejor momento para ello, de ahí la necesidad de que este Parlamento asuma el papel que los ciudadanos le han acordado en este ámbito y se refuerce su presencia en la citada Conferencia. 
Mi voto, pues, será sobre todo escéptico. 
Primas por abandono definitivo de superficies vitícolas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0077/97) del Sr. Martin, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0706- C4-0047/97-97/0009 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1442/88 sobre la concesión, para las campañas vitivinícolas de 1988/89 a 1997/98, de primas por abandono definitivo de superficies vitícolas 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, nos ocupamos hoy por el procedimiento de urgencia de la propuesta de la Comisión de prorrogar por un mes, del 31 de diciembre de 1996 al 31 de enero de 1997 (nótese que estamos a 14 de marzo) el plazo de presentación de solicitudes de primas por abandono definitivo de superficies vitícolas. 
Mi Grupo, el PPE, apoya el informe de Philippe Martin. El Sr. Martin propone prorrogar el plazo no un mes, sino tres. 
Ciertamente, es algo que tiene sentido, no sólo porque el plazo ha concluido ya, sino porque la cancelación del programa de abandono de superficies ocasiona realmente problemas a los Estados miembros. 
La modificación introducida por el Reglamento 1595 de 1996 supuso que por primera vez se atribuyeran individualmente cuotas a los Estados miembros. 
A mi país, Alemania, se le atribuyeron 50 hectáreas para el abandono definitivo de superficies vitícolas. 
Ya sólo la distribución de una cantidad tan pequeña entre 13 zonas vitícolas ocasionó grandes problemas. 
Debe ser posible traspasar las superficies no abandonadas en 1996/97 al próximo ejercicio económico, para evitar que se pierdan los contingentes de arranque. 
El abandono definitivo de superficies vitícolas y la retirada de superficies productoras de vino que con él se consigue son medidas destinadas a estabilizar el mercado del vino en Europa. 
Los excedentes estructurales de la UE se sitúan en torno a los 15 millones de hectólitros. 
El primer instrumento para regular el mercado del vino ha de ser el fomento de las ventas. 
Debemos esforzarnos todo lo posible para mantener nuestra cuota de mercado e incluso aumentar las exportaciones. 
Sólo así se puede mantener el empleo en Europa y sólo así se garantiza la conservación de la cultura y los cultivos tradicionales. 
El Parlamento Europeo ha pedido que la nueva regulación de la organización del mercado del vino contenga recursos financieros para fomentar su venta. 
La reforma de la organización del mercado del vino sigue sin concretarse. 
Hay que modificar algunas cuestiones básicas. 
Lo que estamos haciendo es pura chapuza. 
El arranque de viñedos sin que se ofrezcan paralelamente otras alternativas puede suponer la ruina para algunas regiones. 
Consiguientemente, se necesitan medidas estructurales compensatorias. 
La producción de vino es un factor económico en Europa. 
En todo el mundo se cosechan buenos vinos que se introducen en nuestro mercado, tanto dentro como fuera de la UE. 
La retirada unilateral del mercado significa no sólo la perdida de potencial económico y de empleo, sino también de parte de la identidad cultural. 
La ordenación ha de hacerse siempre con medida y con sensatez. El abandono definitivo de superficies vitícolas, también en esto estoy completamente de acuerdo con el Sr. Martin, ha de ser siempre voluntario y hay que orientarlo de tal manera que se puedan retirar las zonas menos buenas y las que no están marcadas por los cultivos tradicionales. 
Señora Presidenta, Señorías, para la Comisión, el arranque constituye uno de los instrumentos privilegiados en la reducción de la producción. 
Por abajo, está la destilación, que es un instrumento clásico. 
En el estadio de la producción, están las vendimias en verde, la reducción de los fertilizantes o también los topes de rendimiento. 
Por arriba, es necesario citar las acciones que afectan a la replantación con cepa de calidad que induce la reducción intrínseca de la producción. 
Finalmente, está la reducción de superficies mediante el arranque definitivo de viñedo, instrumento principal de la Comisión y el único financiado al 100 %. 
Sin embargo, se puede reducir también la producción de vino diversificando por ejemplo las salidas del viñedo: pienso en el zumo de uva o en los productos derivados, y pienso también en el azúcar de uva por ejemplo, incluso aunque este medio siga siendo marginal. 
Volviendo a la reducción de la producción en beneficio de la calidad, es obligado saber que, de aquí al 2010, el 5 % del consumo en Europa procederá de la agricultura biológica (el vino formará parte de este porcentaje). 
Además (y esto es lo importante) los vinos de calidad del tipo «Denominación de origen» o vinos de la tierra constituirán la mayor parte del mercado. 
Los vinos de calidad tienen en común el escaso rendimiento por hectárea; por tanto permiten un control real de la producción. 
En cuanto al arranque, debe seguir estando prioritariamente reservado a reestructurar y recalificar los viñedos. 
Así, en una región de origen como Alsacia, mediante una política severa de calidad, en veinte años los rendimientos pasaron de 120-130 hectolitros por hectárea a 60 hectolitros aproximadamente para los vinos finos. 
Con la aplicación conjunta de políticas severas de calidad, los viticultores han conseguido de este modo mantener su nivel de renta disminuyendo el volumen de producción, sin arrancar y desarrollando su mercado de exportación. 
Por mi parte, sigo rechazando una política general, suicida para la Europa vitícola, orientada a controlar la producción por medio del arranque definitivo, con todas las consecuencias que se conocen sobre los paisajes de las regiones vitícolas, sobre la erosión del suelo, sobre el abandono de tierras provocando regresión económica, éxodo rural y paro juvenil, ello sin hablar de los medios de producción de los que nos privamos para el mercado mundial. 
Una política así está en total contradicción con la pretensión del ordenamiento rural integrado, de la protección de las tierras de cultivo, y contradice también la idea de desarrollo económico de nuestras regiones que, como sabemos, reposa esencialmente en los recursos agrícolas como la viña y el vino. 
Por supuesto, paso por alto los aspectos culturales, históricos y simbólicos de esta cultura con dos o tres milenios de antigüedad en Europa del Sur. 
Arrancar definitivamente las viñas ha de ser un acto quirúrgico sólo practicable «in extremis». 
La única manera de concebir esta medida es arrancar para replantar en el marco de una producción de calidad. 
Así, cualquier política de arranque debe ser selectiva y temporal e incluir un apartado económico (importe de primas por hectárea) , un apartado social (ayudas a la jubilación, ayudas a la instalación de jóvenes) , un apartado medioambiental (pienso en el barbecho ecológico, en la lucha contra la erosión). 
Todo esto paralelamente, claro está, a una política controlada a nivel de las regiones con excedentes reales, las que no tienen mercado. 
Para concluir, quisiera decirles que sólo una política realista, adaptada a las necesidades del hombre, del medio ambiente y de un mercado con una mayor calidad está en condiciones de cumplir los objetivos que pretendemos fijar políticamente en la Unión Europea en materia vitícola. 
En este contexto, apoyamos, el Grupo de Coalición Radical Europea apoya, por supuesto, el informe de nuestro colega Sr. Martin. 
Señora Presidenta, en algunas regiones vitícolas europeas vemos desarrollarse una crisis de superproducción que sería necesario detener ya desde estos momentos con medidas cuidadosamente moduladas. 
Apoyamos el informe del Sr. Martin, pues plantea al mismo tiempo medidas inmediatas en este sentido y propuestas útiles para el futuro. 
Las medidas inmediatas son las propuestas por la Comisión para las campañas de 1996, 1997 y 1998, pero éstas sólo son paliativas. 
Esto no lo resuelve todo. 
Por ello nuestro grupo ha estudiado con mucho interés la segunda parte del informe relativa a la mejora del procedimiento de arranque. 
Sería necesario en estos momentos que la Comisión presentase con rapidez propuestas encaminadas a reformar la organización común del mercado vitícola, un expediente que está en suspenso desde hace dos años cuando el Parlamento hizo algunas propuestas con ocasión del informe Fantuzzi. 
En el marco de esta reforma, el apartado arranque deberá tomar en consideración la propuesta del ponente. 
Por encima de la crisis que se puede plantear, es absolutamente necesario que nuestras regiones vitícolas sigan teniendo futuro. 
Por ello el arranque voluntario temporal y no definitivo es el único medio. 
Lamento que durante la aplicación del paquete de precios 1996-1997 la Asamblea no nos haya apoyado y no haya votado a favor de las enmiendas que nuestro grupo proponía y que hoy han sido retomadas por el ponente. 
Se nos dijo entonces que no había excedentes vitícolas. 
Ahora bien, hoy sabemos que la Unión Europea ha tenido que destilar no menos de 15 millones de hectolitros en la presente campaña. 
¡Qué atolladero y qué pérdida para nuestros viticultores! 
Debemos conservar una cierta flexibilidad en la gestión de las empresas vitícolas con el arranque temporal. 
Recordemos que todo arranque definitivo conlleva una pérdida, definitiva también, del derecho a producir y que las tierras así liberadas ya no pueden recibir ayudas en el ámbito de la PAC. 
Con relación al caso particular de las Charentes, sería suicida arrancar de forma definitiva, como sugieren algunos, unas 20.000 hectáreas, es decir, el 25 % del potencial vitícola de la región. 
Esas tierras serían sustituidas por terrenos baldíos y asistiríamos a la pérdida de una baza económica esencial de la región y a la destrucción de un equilibrio humano tradicional. 
Por estas razones exigimos que se retome lo más pronto posible la reforma de la Organización Común de Mercados. 
Señora Presidenta, la Sra. Klaß ha expuesto la posición del Grupo al que pertenezco, por lo que no quisiera insistir sobre sus consideraciones. 
En cambio, quisiera incorporarme al tema general sobreentendido en el debate de esta mañana, es decir, la necesidad de volver a adoptar algunas medidas estructurales en el sector vitivinícola para adecuar una normativa ya anticuada y que ya no está en condiciones de afrontar las necesidades actuales. 
Desde luego, como han dicho otros diputados, hay que actuar para reducir aún más los excedentes, insistiendo en la calidad y en las salidas del mercado; además, hay que actuar mediante medidas como el arranque y las replantaciones que, por un lado, recalifiquen aún más el sector vitivinícola y, por otro, tengan en cuenta las situaciones reales presentes dentro de las zonas geográficas de la Unión Europea. 
No sé si la solución consiste en recuperar la OCM que, por lo demás, el Parlamento aprobó hace un año y medio; no sé tampoco si no deberíamos revisar también las propuestas hechas entonces. 
En cambio, sí que sé que el año pasado en el «paquete de precios» yo mismo presenté una enmienda que fue aprobada por la Comisión de Agricultura y en la que se indicaba con mucha claridad que el Reglamento 1442/88 sobre los arranques era un reglamento tan anticuado, viejo y rígido, que no se debía prorrogar más, por lo que había que formular un nuevo reglamento que tuviera en cuenta la necesidad de establecer un equilibrio de mercado entre la demanda y la oferta, actuando en los Estados nacionales, pero también en las zonas geográficas concretas. 
He visitado las regiones de la Italia nordoriental, en las que se vende enteramente la producción local de vino y existe un espacio de mercado suplementario. 
Así, pues, es necesario que se pueda aprovechar un instrumento más dúctil que fotografíe las situaciones concretas de las regiones de la Unión Europea. 
Quisiéramos, primeramente, dar las gracias al ponente y al Parlamento por haber aceptado la urgencia de este debate. 
Si queremos proseguir con las medidas que han tenido éxito hasta ahora, es evidente que tenemos que adoptar las modificaciones propuestas. 
Por supuesto que no se trata de la solución definitiva para mejorar la organización de las superficies vitícolas y los mercados del vino; eso está completamente claro. 
Los oradores que han dicho que en este caso se trata de proseguir con lo que hemos hecho hasta ahora tienen toda la razón. 
Pero la Comisión no ha dicho nada distinto. 
Al contrario, hemos indicado siempre que este reglamento resulta necesario mientras no se presenten y aprueben las medidas definitivas. 
Quisiera dar las gracias por el debate. 
No tenemos ningún problema para aceptar las tres enmiendas. Así que estas medidas se podrán ejecutar con mucha rapidez. 
Como son los Estados miembros los que tienen que ejecutarlas, es cierto que posiblemente surjan dificultades. 
Pero eso es lo que sucede con la subsidiariedad. 
La transferencia de tareas resultante de la subsidiariedad hará las cosas todavía más difíciles para los que tengan que hacerse cargo de ellas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, he apoyado el excelente informe del Sr. Martin porque trata de los intereses de nuestros viticultores, por supuesto. Pero lo he hecho sintiéndolo mucho, ya que cada abandono de una superficie vitícola significa un retroceso cultural y de civilización. 
La Sra. Klaß ha dicho con razón que habría que abandonar las malas superficies. 
Sólo que el punto controvertido es a menudo cuáles son las malas superficies. 
Tenemos la suerte de celebrar nuestra sesión de hoy bajo la presidencia de una persona que representa a una de las mejoras zonas vitícolas de Europa, la Baja Franconia. 
Me alegro mucho de que enviemos un mensaje positivo, ya que hemos de tener la certeza que el abandono es un fracaso. 
Sencillamente, en nuestras reflexiones hemos de hacer más hincapié en las repercusiones que un consumo moderado de vino tiene para la salud. 
Tenemos que forzar a las presidencias del Consejo a actuar de una vez por todas. 
Irlanda y los Países Bajos no han hecho por desgracia nada. Ahora confiamos en un país vinícola como Luxemburgo. 
Para concluir, quisiera decir con rotundidad que deberíamos defender más claramente que ser europeo implica beber menos coca cola y más vino. 
Votamos en contra del informe principalmente porque pensamos que la política de amplias primas por abandono de superficies vitícolas es errónea. 
Son el mercado y el agricultor los que deben decidir cuándo abandonar un cultivo. 
Además, el proyecto de resolución presupone unas primas mayores por abandono de superficies en la región de Charentes. 
El establecimiento de unos plazos más amplios facilita además la continuación del pago de las ayudas. 
En general, la propuesta significa un aumento de la política de ayudas, lo cual no podemos respaldar. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Garantía en caso de pérdidas derivadas de los préstamos del BEI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0078/97) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0586- C4-0018/97- CNS96/0278) por la que se concede una garantía de la Comunidad al Banco Europeo de Inversiones frente a las pérdidas derivadas de los préstamos concedidos para la realización de proyectos fuera de la Comunidad (Europa Central y Oriental, países de la Cuenca Mediterránea, Asia y Latinoamérica y Sudáfrica). 
Señora Presidenta, hace mucho que las garantías de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones en terceros países preocupan a la Comisión de Presupuestos. 
Históricamente, hemos visto un modelo de inversión de papeles en el que el presupuesto europeo ha ido corriendo todos los riesgos y, sin embargo, las decisiones políticas importantes las ha adoptado el Banco Europeo de Inversiones. 
En relación con eso, en una resolución sobre los préstamos y las garantías de julio del año pasado, el Parlamento expresó una vez más algunos principios básicos que la Comisión de Presupuestos lleva mucho tiempo sosteniendo: en primer lugar, la necesidad de proteger el presupuesto general de la Unión contra mayores riesgos de préstamos; en segundo lugar, la necesidad de garantizar una dotación adecuada del Fondo de Garantía en relación con el nivel de cobertura de riesgos; en tercer lugar, el reconocimiento de que está aumentando la morosidad respecto de préstamos garantizados y el riesgo para el presupuesto de la Unión Europea. 
En virtud de esa posición histórica que hemos adoptado, fue el Parlamento el que insistió en el momento de la última gran revisión de las perspectivas financieras en que se debía crear un fondo de garantía independiente para proteger el presupuesto contra los riesgos por las garantías que concedió para préstamos del BEI. 
En los Consejos Europeos de Cannes y de Madrid se concluyó que la Unión Europea ampliaría las actividades crediticias y de préstamo de la Comunidad a terceros países. 
Nosotros, como se suele decir, habíamos establecido los principios por los que se debía regir la concesión de dichas garantías. 
La propuesta que ahora presenta la Comisión, en lugar de renovar mandatos concretos a esas partes del mundo mencionadas en el título (América Latina, Asia, Sudáfrica y el Mediterráneo) , va encaminada a renovar todos los préstanos globalmente, con arreglo a un solo mandato, y también, simultáneamente, hacer que las fechas de expiración coincidan con el período abarcado por la perspectiva financiera, al tiempo que se reduce la garantía al Banco Europeo de Inversiones al 65 %. 
Aunque la Comisión hizo su propuesta adecuadamente y a su debido tiempo, el Consejo de Ministros ha ido muy rezagado, la verdad, a la hora de abordarlo. 
Una vez más señalo a la atención de la Asamblea que se está debatiendo sin una adecuada representación del Consejo algo que podría ser objeto de conciliación. 
Hemos aprobado, en principio, el objetivo del Consejo ECOFIN que se expresó ya en noviembre de 1995: que se debe aumentar la responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones en materia de riesgos de préstamos. 
Consideramos que la propuesta elegida fue un cambio interesante en el planteamiento. 
Pero, en nuestra opinión, resulta claramente inadecuada para alcanzar el objetivo declarado. 
Consideramos que sigue existiendo la posibilidad de que el presupuesto de la Unión Europea esté expuesto a riesgos mayores que antes en la propuesta por la que ha optado el Consejo. 
La reducción de la garantía propiciará- creemos nosotros- un aumento en la cantidad global de los préstamos disponibles, con lo que aumentará el riesgo potencial que habrá de correr el presupuesto de la Unión Europea. 
La responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones aumenta, porque el riesgo de que los pagos por morosidad superen el 65 % es cercana a cero. 
Al examinar una propuesta sumamente técnica, pero también sumamente política, la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha propuesto dos enmiendas, que siguen la opinión tradicionalmente expresada en esta Asamblea. 
Al mismo tiempo, la Comisión de Presupuestos recomienda a la Asamblea las enmiendas algo más políticas y menos técnicas aprobadas por la comisión apropiada para emitir una opinión: la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Con estas escasas observaciones introductorias, recomiendo el informe. 
Insto a la Asamblea a que apoye no sólo las dos enmiendas de la Comisión de Presupuestos, sino también las presentadas por la Comisión REX en su opinión y posteriormente aprobadas por la Comisión de Presupuestos. 
Señora Presidenta, el tema de las garantías de la Comunidad al Banco Europeo de Inversiones frente a posibles pérdidas derivadas de los préstamos concedidos para la realización de proyectos en países terceros tiene una gran importancia para la política de cooperación de la Unión Europea. 
Las operaciones de préstamos del BEI se rigen por los objetivos de la política de cooperación. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión es la renovación global y conjunta de los mandatos aún vigentes respecto a terceros países. 
La utilización, como instrumento, de la política de cooperación de la Unión Europea obliga a que las garantías que la Comunidad otorga al Banco Europeo de Inversiones para los préstamos exteriores deban repartirse de manera equilibrada entre las distintas regiones. 
Desde aquí quiero expresar mi satisfacción a la Comisión de Presupuestos y al Sr. Tomlinson por haber aprobado e incorporado a su informe la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que espero sea también aprobada por esta Asamblea. 
La necesidad de que el Banco Europeo de Inversiones intensifique su actividad de financiación de los proyectos transfronterizos ejemplares entre los países de la cuenca mediterránea, y la falta de infraestructuras apropiadas en los ámbitos del transporte y de las telecomunicaciones, constituye uno de los principales obstáculos al desarrollo del comercio exterior e interregional así como a la cooperación regional. 
También es necesario garantizar una mejor visibilidad del esfuerzo financiero. 
Es necesario que el ciudadano lo perciba, lo conozca, que se transmita a la Comunidad en las cofinanciaciones realizadas con otras instituciones financieras internacionales. 
La necesidad de que la evaluación del funcionamiento del nuevo sistema de garantía incluya una evaluación de su impacto económico y social en los países beneficiarios, constituye un elemento esencial que permite a estos países acelerar su desarrollo económico y garantizar la utilización más eficaz posible de los recursos y garantías del presupuesto comunitario. 
Deseo, además, referirme a la secuencia temporal sugerida por la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, adjunta al informe, y a la petición de información periódica de la Comisión al Parlamento sobre el impacto económico-social en los países beneficiarios. 
También quiero mostrar mi satisfacción por ver recogida la enmienda nº 4, en la que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores propone que el límite global de la garantía se redistribuya entre las regiones con el fin de conseguir un equilibrio coherente. 
En el documento de la Comisión se podía observar un calendario para los préstamos de 1997 a 1999 en el que Asia y Latinoamérica eran las únicas regiones en las que el volumen de préstamos garantizados permanecía estancado a un nivel de 300 mecus. 
Esto es lo que se ha solucionado con las últimas enmiendas y agradeceré al Parlamento que apruebe estas enmiendas y el informe del Sr. Tomlinson de la Comisión de Presupuestos. 
Cuando escucho al Sr. Tomlinson, me viene a la cabeza esa imagen una y otra vez. 
En la sagrada escritura se dice también que fue una cólera santa. Agradezco al Sr. Tomlinson que traiga siempre la cólera santa a esta Asamblea, de ordinario demasiado tranquila. 
Quisiera, en cualquier caso, añadir algo a lo que ha dicho el Sr. Tomlinson. 
No guarda relación directa con lo expuesto, pero existe una conexión. 
El hecho es que poco a poco vamos perdiendo los escrúpulos en nuestra política crediticia. 
Se critica al Gobierno albano por no haber prohibido las pirámides de créditos. 
Se nos van a echar encima otras pirámides y, además, nosotros estamos construyendo pirámides todos los días. 
Nuestros bancos se dedican a cosas que ya no son tolerables. 
Después de todo, no negocian con su propio dinero, sino con el de sus depositarios, como en el caso de las pirámides en Albania. 
Esta mañana temprano he leído que vamos a conceder otro gran crédito a Rusia. Deberíamos empezar a pensar que hay en eso un riesgo político que convierte a estos créditos en algo extremadamente peligroso y que habríamos de tener mucho más cuidado. 
Estoy muy agradecido al Sr. Tomlinson por haber activado el freno de emergencia otra vez con respecto al Banco Europeo de Inversiones. Lenta pero imparablemente, se acerca el día en que los créditos que hemos concedido a Rusia nos den un susto tremendo. 
Le hemos dado demasiado. 
Y frente a eso se frenan los créditos a algunos países que se han liberado del comunismo y que han demostrado ser serios, como Hungría o la República Checa, mientras a Rusia se le dan sin límite, lo que lenta pero inexorablemente implica un riesgo para nuestros ahorradores. 
Por eso quiero dar las gracias al Sr. Tomlinson y rogarle que continúe, a ver si de una vez se establece aquí un verdadero orden. 
Señora Presidenta, el Banco Europeo de Inversiones fue creado para promover aquellos objetivos que la UE considerase importantes. 
Las operaciones de préstamos deben destinarse también a terceros países. 
La actividad del Banco Europeo de Inversiones no carece de riesgos, ya que se dirige a proyectos en los que también hay que defender y conseguir beneficios de tipo general. 
Si esta actividad careciese de riesgos los proyectos de desarrollo recibirían fondos también de otras entidades de crédito y el Banco Europeo de Inversiones sería innecesario. 
En el informe que ahora es objeto de examen se propone que los riesgos derivados de los préstamos se dividan en riesgos políticos y económicos, y que la Unión Europea garantice únicamente los riesgos políticos. 
Se considera que los riesgos políticos tienen su origen en la no transferencia de divisas, las expropiaciones, los conflictos armados y los disturbios civiles. 
La definición parece clara, pero, en la práctica, la diferenciación entre riesgos políticos y económicos resulta difícil. 
Las dificultades económicas a menudo son resultado precisamente de situaciones de inestabilidad y de conflictos de tipo interno. 
Con bastante frecuencia precisamente las dificultades políticas ocasionan daños también a la actividad económica. 
Por ello, considero que debería introducirse la práctica de que la decisión sobre los préstamos fuese acompañada de evaluación previa del riesgo político, o de lo contrario, al producirse una pérdida del crédito, se podría caer en la tentación de culpar únicamente a los factores políticos. 
Se podría recurrir a dos prácticas: o bien se realiza una evaluación previa del país de que se trate, en cuyo caso se decidirá país por país qué parte del riesgo del Banco Europeo de Inversiones en cada país es de origen político, o bien se incluye en cada decisión sobre la concesión de un préstamo un cálculo del reparto entre riesgo político y económico. 
Como he señalado, la insolvencia raras veces se debe a un único factor. 
Por este motivo, considero que el concepto de riesgo político debería aplicarse de modo que, en caso de una pérdida del crédito, el perjuicio se reparta en una proporción decidida de antemano entre riesgo político y económico. 
Por ejemplo, si la pérdida del crédito es de un millón de ecus y se ha valorado previamente el riesgo político en un 40 %, según el informe que ahora se está examinando, la garantía de la Unión Europea sería únicamente de 400.000 ecus. 
Es decir, esta decisión no debería dar lugar a una modificación a posteriori de la proporción entre riesgo político y económico. 
Señora Presidenta, tras estas observaciones, estoy dispuesto a dar mi aprobación al informe. 
Señora Presidenta, el debate de hoy se ha vuelto a concentrar por entero en la cuestión de la cobertura de los riesgos. 
Hemos señalado que, en nuestra opinión, el sistema que propone no debe ser aplicado en el momento actual por el siguiente motivo. Me permito leerlo en inglés: 
«El nuevo sistema de garantías para los préstamos del BEI en la práctica se debe a la mejora substancial de las perspectivas de la posible morosidad para el período 1997/1999 relativa al pasado reciente y la probabilidad de que el Fondo de Garantía alcance su cantidad prevista en 1997 y de que el fondo pueda cubrir la posible morosidad a medio plazo». 
Ésas fueron las razones dadas al Sr. Tomlinson para justificar la posición de la Comisión. 
Entonces pidió una nota que le entregamos y tuvo la amabilidad de considerarla interesante, pero no pertinente. 
(Risas) Naturalmente, también tomamos nota de eso. 
Quisiera proponer que de momento aceptemos la primera mitad de la primera enmienda, pero respecto del resto quisiéramos seguir con el sistema actual, como hemos dicho. 
Si el Parlamento quiere ir a un procedimiento de conciliación, sería interesante... ¡y pertinente! 
La Comisión ha tomado nota del aplauso con que han recibido sus colegas el discurso del Sr. Tomlinson y he empezado a temer que esté preparándose para un puesto ministerial en el próximo gobierno. 
Sin embargo, cuando lo ha elogiado Otto von Habsburg, ese miedo se ha disipado. 
(Risas) 
Señora Presidenta, he empleado deliberadamente sólo cuatro minutos y medio de los cinco de que disponía, porque he pensado que podría necesitar treinta segundos para responder al circo Bangemann. 
Esas palabras leídas por el Sr. Bangemann han revelado que la capacidad predictiva de la Comisión depende de una bola de cristal. 
Resulta prometedor que en el futuro todo vaya a ser probablemente mejor que lo que revelan los testimonios empíricos del pasado reciente. 
¡La esperanza mana eternamente! 
Tenemos que ser más prudentes con nuestros responsabilidades para con el presupuesto comunitario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Interviene el Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión reglamentaria. 
Señora Presidenta, muy brevemente, Sra. Green, la presidenta del grupo socialista no está, pero estoy seguro de que le harán llegar mis palabras. 
En efecto, como ella misma ha hecho, quisiera saludar a los visitantes que se encuentran en las tribunas, que han venido con regularidad... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Perdóneme, señor Fabre-Aubresby, no va a haber ninguna comunicación. 
Se va a proceder a la votación y no es momento de comunicaciones. 
El Reglamento no lo permite. 
Le ruego que se lo diga personalmente a la Sra. Green. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa.) 
Cooperación en IDT con las economías emergentes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0066/97) del Sr. Pompidou, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión «Fomento de la Cooperación en IDT con las economías emergentes del mundo». 
Señora Presidenta, señor Comisario, substituyo al ponente, el profesor Pompidou, a quien- como ha recordado usted, señora Presidenta- otros compromisos han obligado a trasladarse a París. 
Lo hago con gusto tanto por respeto a esta Asamblea como por la participación que he tenido en los debates sobre este informe en la Comisión de Investigación y en la de Relaciones Económicas Exteriores. 
El objetivo de la comunicación de la Comisión sobre la cooperación en materia de ciencia y tecnología con las economías emergentes es el de concebir y aplicar instrumentos concretos de cooperación adaptados a las características de grupos de países que tienen situaciones económicas inclasificables en las categorías tradicionales de los países en vías de desarrollo. 
Existe un continuum de economías en transición entre los países industrializados y ricos, por una parte, y los países de verdad en vías de desarrollo y pobres, por otra: economías en transición que avanzan por el camino de la industrialización a ritmos propios y que, por tanto, presentan las características de un ambiente dual, en el que viven una junto a otra la prosperidad y la pobreza, tecnologías avanzadas y aspectos de subdesarrollo, sectores económicos y asistidos y empresas dinámicas en el mercado internacional, aumento demográfico y expansión económica que, a su vez, atrae inversiones extranjeras para actividades con alto valor añadido, por lo que ya es posible una cooperación en un plano de igualdad con nuestras empresas e instituciones de investigación. 
Entre los países con economía en ascenso, quisiera citar, naturalmente, la China, la India, el Brasil, además de los países del Asia sudoriental, aquellos a los que a veces llamamos «los dragones». 
El hecho de aplicar a un país en vías de desarrollo la denominación de «país de economía emergente» no significa que pase inmediatamente a la categoría de los países industrializados. 
Más bien hay que examinar, caso por caso, la fórmula mejor. 
He de recordar a ese respecto que, en el debate de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, se dijo que, para todo nuevo acuerdo de asociación que la Unión establece con terceros países, se debería incluir un capítulo, un protocolo específico, para la investigación y la colaboración tecnológica en el que se detallaran los sectores interesados. 
Así, pues, el informe de la Comisión de Investigación concuerda con la Comisión Europea en la utilización paralela de instrumentos diferentes de asistencia y de cooperación con los mismos países, cuando éstos presenten características duales. 
La propuesta de resolución subraya la necesidad de que cualquier cooperación en materia de ciencia y tecnología con los países de economías emergentes en sectores avanzados se debe organizar en un marco de igualdad de derechos y deberes a fin de permitir un auténtico beneficio recíproco, teniendo en cuenta en particular la protección de la propiedad intelectual y la salvaguardia del empleo. 
Un aspecto importante del informe Pompidou se refiere al lanzamiento de un programa de intercambio de investigadores con los países de economía emergente. 
La Unión Europea acoge hoy menos del 10 % de la población de jóvenes investigadores procedentes de Asia que trabajan en los laboratorios de investigación del mundo occidental, pues la inmensa mayoría de ellos se concentra en los Estados Unidos. 
Además de poner sus capacidades intelectuales a disposición de los países que los albergan, esos jóvenes investigadores vuelven con frecuencia a sus países de origen, donde entran a formar parte de la clase dirigente, de los formadores de opinión y de cultura, y llevan consigo el bagaje de las relaciones personales desarrolladas en el país que los ha albergado. 
En vista del desequilibrio en la presencia de investigadores asiáticos en la Unión, existe un auténtico riesgo de falta de relieve de la Unión Europea que se podría plasmar en dificultades comerciales. 
En el quinto programa marco se deben fortalecer las iniciativas de intercambio de estudiantes e investigadores con los países de las economías emergentes, siempre en un plano de la mayor reciprocidad posible. 
Ese criterio de la reciprocidad, como orientación y estímulo de la colaboración en las esferas en las que los países de economía emergente han expresado ya altos niveles de competencia y competitividad, es en última instancia el núcleo final del informe Pompidou, que, naturalmente, recomiendo para su aprobación a la Asamblea. 
Gracias, señor Malerba, por sus palabras y por la eficiencia con que usted ha sustituido al Sr. Pompidou, de los que todos conocemos su alta calidad científica. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista acoge con el mayor beneplácito la comunicación de la Comisión sobre las economías emergentes y la necesidad de una cooperación más estrecha en el sector de la investigación y la innovación y también el informe del Sr. Pompidou. 
Lamentamos que no esté aquí esta mañana, pero, aun así, felicitamos al ponente y también agradecemos al Sr. Malerba la considerable atención que ha prestado a esa importantísima cuestión. 
Esas economías se están desarrollando muy rápidamente. 
Sabemos que los japoneses y los Estados Unidos están ya establecidos muy firmemente en esas zonas, por lo que es necesario actuar decisiva y rápidamente. 
Sin embargo, la mayor dificultad que tenemos es la de enmarcarlo de algún modo. 
Esta mañana he recibido en mi correo unas cifras interesantes que revelan la demanda mundial de energía. 
Si examinamos el consumo de electricidad por habitante, por ejemplo, los países de que estamos hablando consumen como máximo tan sólo una tercera parte de la que nosotros consumimos. 
Algunos de ellos apenas si se ven en el gráfico. 
Si examinamos la densidad de vehículos, nuestra cifra es de 500 por 100.000 habitantes y, cuando miramos a los países de que estamos hablando en este informe, necesitamos una lupa para intentar hacernos una idea de su densidad de vehículos. 
En un futuro no demasiado lejano se va a producir una tremenda explosión en el sector científico y técnico. 
Los temas que ha puesto de relieve la Comisión, por considerarlos dignos de atención en los sectores de la agroindustria, la salud, la tecnología de las comunicaciones, la energía no nuclear y la biotecnología, son, todos ellos, muy pertinentes para esa explosión, por lo que acogemos con el mayor beneplácito la forma como lo ha organizado la Comisión. 
Va a haber cursos prácticos concretos en algunos de los países y algunos estudios específicos sobre la tecnología espacial, la ingeniería, la sismología y los materiales avanzados. 
Resulta evidente que se ha dedicado mucho trabajo a esa comunicación. 
Esperamos que ello contribuya también a los acuerdos bilaterales que ya están bien establecidos entre los Estados miembros y esas economías emergentes. 
Es importante que la Comunidad participe en ello. 
No debe ser sólo una cuestión de ayuda bilateral. 
También necesitamos mucho la dimensión comunitaria. 
Las medidas concretas que la Comisión ha puesto de relieve son una parte necesaria del planteamiento para velar por que el programa no se limite a perseguir beneficios industriales a corto plazo a expensas de la cooperación eficaz y provechosa a largo plazo. 
Por lo que a eso se refiere, la Comisión tiene ideas de lo más correctas. 
También hemos de reconocer que esas economías no son todas iguales: unas avanzan más rápidamente que otras y algunas avanzan en sectores diferentes, por lo que hace falta un planteamiento muy amplio, pero al mismo tiempo muy concreto para cada uno de esos países. 
También se deben tener en cuenta las cuestiones sociales y medioambientales que afectan a cada país. 
Tuve oportunidad de asistir al simposio que la Comisión celebró el 1º de noviembre y quisiera señalar a la atención de la Asamblea las dos cuestiones importantísimas que surgieron en el simposio. 
No hubo consenso y espero que esas cuestiones se resuelvan mediante la ejecución de este programa. 
La primera es la de si debemos centrarnos en el aspecto científico de la cooperación o en el relativo al desarrollo tecnológico. 
Existen argumentos a favor de los dos. 
Debo confesar que con mucha frecuencia mi preferencia personal es la de centrar más la atención en el aspecto tecnológico que en el científico. 
Pero no creo que se puedan separar completamente. 
La otra cuestión interesante fue la de si la cooperación técnica propicia la cooperación comercial o si es la cooperación comercial la que propicia la cooperación técnica. 
Probablemente la respuesta sea, como en la mayoría de esos tipos de cuestiones, la de que se trata de una combinación de las dos. 
Espero que el programa que ha presentado la Comisión nos ayude a tener una mejor comprensión de esos sectores, porque en lo que debemos centrarnos es en la contribución que esto ha de hacer al quinto programa marco. 
Señor Presidente, debo empezar dejando claro que apoyamos esta propuesta de resolución sobre el fomento de la cooperación en IDT con las economías emergentes del mundo. 
Ahora bien, procede advertir de la cautela que se debe desplegar en el momento de calificar a un determinado país de «economía emergente» , ya que la combinación de criterios macroeconómicos no es siempre aplicable al caso. 
Será irremediable- y aconsejable, por otra parte- recurrir al examen individual, acuerdo por acuerdo, analizando en cada caso que la prosperidad sea simultánea a su desarrollo. 
Entendemos que en el desarrollo de los acuerdos se debe poner el máximo énfasis, primero, en las ventajas mutuas, si bien asegurando resultados socioeconómicos de interés europeo y perspectivas sociales favorables para la Unión Europea, como pueden ser resultados de creación de empleo; segundo, en la protección legal de los resultados, y tercero, en procurar una justa financiación conjunta. 
Por otra parte, creemos- por aquello del carácter dual de tales economías- que una consecuencia irrenunciable ha de ser el perfeccionamiento de los derechos humanos en los países con economías emergentes, aunque sinceramente creemos que, con proyectos correctos, tal mejora de los derechos humanos fluirá normalmente, pues es sabido que tales derechos evolucionan siempre paralelamente a la mejora de los niveles socioeconómicos y culturales. 
Esta circunstancia, unida a que en el apartado 7 se propugna un justo desarrollo socioeconómico, en el apartado 11 se aboga por una conducta solidaria, y en los apartados 4 y 9 se enmarca perfectamente la aplicación de los acuerdos bilaterales, hace innecesaria cualquier enmienda en ese sentido. 
Así pues, consideramos correctas, en líneas generales, las directrices contenidas en la comunicación de la Comisión, así como el enfoque que se les da en la propuesta de resolución, por lo que procede también, desde el Grupo del PPE, felicitar al Sr. Pompidou, y felicitar también a la Comisión por esta comunicación. 
Señor Presidente, nuestro Grupo está totalmente de acuerdo con el informe del Sr. Pompidou, que ha realizado una meritoria aportación y profunda mejora a la comunicación de la Comisión en relación con la cooperación en investigación y desarrollo tecnológico con las economías emergentes del mundo. 
Sin embargo, hemos presentado una enmienda destinada a mejorar los derechos sindicales en estos países emergentes, aprovechando el conveniente establecimiento de relaciones de cooperación en el campo de la investigación. 
Nosotros entendemos que el proceso de globalización de la economía mundial ha deparado el que, entre otras cosas, capitales- digamos plusvalías de la Unión Europea- vayan encaminados a estos países, movidos por los altos beneficios que implican los salarios de hambre y la ausencia de derechos sindicales. 
También entendemos que en el proceso de mejora de la rentabilidad de esas estructuras económicas aparezca ahora la introducción de la investigación como un componente complementario al de los bajos salarios. 
Este panorama aconseja que la eventual cooperación y compromiso de la Unión Europea en materia de programas de investigación se convierta en una oportunidad más para luchar contra una de las más dramáticas consecuencias de la globalización: el paro masivo y la explotación inmisericorde de las masas trabajadoras. 
Por ello, aconsejamos que, además de todas las condiciones y cautelas que, de forma atinada, introduce el Sr. Pompidou y aporta la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, se añada la cláusula de respeto a los derechos sindicales, puesto que hemos visto niños trabajando, ausencia de libertad sindical, condición de peligro y riesgo laboral con aumento de siniestralidad laboral en estos países y uso de la violencia- el propio epidemiólogo Jaime Breihl indica que una de las epidemias más peligrosas es la violencia en estos países. 
Pensamos por ello que convendría apoyar esta propuesta, pero con esta enmienda que hemos introducido. 
Señor Presidente, en principio hay que apoyar la cooperación con los países emergentes. 
Se ha dicho ya que estos países son muy distintos entre sí, pero también hay diferencias muy grandes dentro de estos países en el reparto de la pobreza y la riqueza. 
De ahí que sea difícil elaborar un informe que abarque todas las situaciones, lo que también se puede comprobar en este informe. 
Se deben tener en cuenta las necesidades fundamentales y las condiciones de vida del conjunto de la población. 
En esto, el informe es positivo. 
En este contexto, me pregunto porqué no ha de haber financiaciones parciales. 
Así sólo se apoyan grandes proyectos de investigación, lo que a su vez implica una centralización. Resulta discutible entonces si se alcanza un equilibrio entre pobres y ricos. 
A mi juicio, proyectos concretos para la parte más pobre de la población y tecnologías destinadas a evitar hambrunas, por ejemplo en los campos que se han mencionado, podrían producir efectos sinérgicos. 
Nosotros apoyamos tanto el fomento de la cooperación regional como los programas de intercambio de científicos, investigadores e ingenieros. 
La mejora de la situación agrícola es un objetivo importantísimo. 
Debatimos este tema en la Conferencia de la FAO. 
Sin embargo, aquí se echa en falta una mención a que con frecuencia son las relaciones de propiedad en estos países las que provocan esta situación. 
A menudo no hay ninguna hambruna, sino que el hambre surge debido a la injusta distribución de la propiedad. Tampoco el crecimiento demográfico, que el informe trata, es la razón. 
El escándalo de la EEB muestra que el fomento de la producción agroindustrial no es la dirección correcta para los países emergentes y en vías de desarrollo. 
También se ha dicho que hay que tener en cuenta la situación de los derechos humanos. 
Si concluimos un acuerdo con China, tendremos, naturalmente, que velar por la situación de los derechos humanos. 
Si esto no es posible (ahora tenemos un conflicto con México) , no se pueden firmar estos acuerdos. 
Para concluir, un comentario sobre el informe en su conjunto, Creo que es un cheque en blanco a la Comisión. 
La cuestión es lo que hará con él. 
Espero que le saque el mejor partido, señor Bangemann, no vaya a ser que luego haya que crear una comisión de investigación para este informe. 
Para el futuro de la posición de la Unión Europea en un mercado global mundial es muy importante que la Comisión y el Parlamento Europeo hayan reconocido la posición especial de los llamados países emergentes, es decir, Estados que ya no son completamente países en vías de desarrollo, pero que aún no pueden ser considerados como auténticos países industrializados. 
Estos países contienen un potencial enorme de talentos tecnológicos en parte sin agotar, atraen cuantiosas inversiones extranjeras, son nuestros competidores en ciertas áreas de la tecnología punta desde hace tiempo y desarrollan ya en algunos sectores una fuerza económica notable. 
No es ninguna casualidad que no pocas empresas europeas de renombre utilicen, por ejemplo, software indio. 
Estados Unidos y Japón tienen ya una posición firme en esos mercados. 
Lo mismo puede decirse en menor entidad de algunos Estados miembros de la Unión Europea. 
Ya es hora de que también la Comisión concentre su política para estos países en los sectores ya desarrollados y se esfuerce por lograr una participación europea en sus mercados de tecnología punta. 
El plan de acción actual es un paso en la dirección correcta y en él se puede leer la necesidad que tiene la Unión Europea de avanzar no ya para impedir que se agrande el considerable retraso en comparación con Japón y Estados Unidos, sino para reducirlo. 
Del plan de acción se desprende claramente que no cabe tratar exclusivamente con criterios de países en vías de desarrollo a Estados que ocupan una posición muy firme en algunas áreas del comercio mundial. 
Al contrario, el esfuerzo ha de dirigirse a una cooperación efectiva beneficiosa para ambas partes, una cooperación que sea una asociación con los mismos derechos y obligaciones y en la que rija la reciprocidad, como dice el informe de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, la comunicación de la Comisión ha de contemplarse en relación con la estrategia de la Unión Europea en el Cuarto Programa Marco de Investigación. 
Uno de los objetivos específicos del programa marco consiste en la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico en el llamado programa INCO. 
Doy la bienvenida, en nombre del Grupo del PPE, al informe del Sr. Pompidou. 
Yo también soy de la opinión que la futura cooperación entre la Unión Europea y los países emergentes no debe basarse, como hasta ahora, exclusivamente en una pura definición económica de este concepto. 
En las últimas décadas de creciente industrialización, cada uno de estos países ha tenido que luchar con un punto de partida diferente, que ha marcado su desarrollo posterior. 
Mi experiencia de trabajo en la Delegación de América Latina me lo ha revelado especialmente. 
Por esta razón, mi opinión es que cada acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y uno de estos países llamados emergentes ha de ser examinado individualmente. 
Apruebo las directrices expuestas por la Comisión. A mi juicio, habría que presentar en breve un primer programa de intercambio para científicos, investigadores e ingenieros, con objeto de fomentar la cooperación futura en materia de investigación. 
Además, quisiera subrayar que sería deseable contar con un informe de conclusión que valorase el programa hasta 1998, que es cuando finaliza el Cuarto Programa Marco de Investigación. 
No podemos infravalorar la firme posición que muchos de los países emergentes tienen hoy en el mercado mundial. 
Además, es de esperar que algunos de los que hoy son países emergentes se conviertan, en diez o veinte años, en países industrializados. 
Otros, que necesitan un desarrollo más largo, tienen una situación demográfica que los convierte en grandes mercados de venta, con independencia de su estado de desarrollo. 
La Unión Europea ha de tener una estrategia conjunta, firme y positiva en materia de cooperación para la investigación y el desarrollo. La cooperación intensiva de hoy puede dar sus frutos en el futuro. 
Señor Presidente, me satisface estar de acuerdo con el Parlamento en casi todas la cuestiones importantes de la cooperación con los países emergentes que suscitan nuestros proyectos de investigación y desarrollo. 
Esto se debe probablemente a que nosotros iniciamos hace tiempo el diálogo con el Parlamento a través de una comunicación de principios. 
Volvemos a lo mismo una y otra vez: cuando se inicia el diálogo con suficiente antelación, se evitan una serie de dificultades vinculadas a la ejecución del objetivo propuesto. 
Me alegro mucho también porque en este campo, como han dicho todos los oradores con razón, hemos de adoptar por diversos motivos nuevas iniciativas. Entre ellos está, naturalmente, el hecho de que los países emergentes son, por decirlo así, una categoría mixta. 
Por un lado son todavía países en vías de desarrollo y hay, por tanto, que recurrir a argumentos de política de desarrollo. 
Por otra parte, también son países industrializados y como tales, naturalmente, nuestros futuros socios y, acaso, nuestros futuros competidores. 
Como se trata de países que progresan paulatinamente en su estadio de desarrollo, no hace falta ocuparse de todas las grandes dificultades con que se enfrentan y de las consideraciones de política de desarrollo. 
Ofrecemos un programa concreto que está delimitado con gran claridad. De ahí que sea permisible no ocuparse de todos los problemas que conlleva la política de desarrollo. 
Se han mencionado los derechos humanos. Es un problema general de nuestra política de cooperación que no deseamos tratar aquí de manera diferente a otros casos. 
El Sr. Adams ha señalado que posiblemente tengamos que decidirnos entre proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de desarrollo científico. 
Queremos que nuestro Quinto Programa Marco de Investigación, y el programa que nos ocupa ahora es una preparación del mismo, se escore más hacia las cuestiones tecnológicas. La idea subyacente es que podemos llegar a un reparto de tareas entre la Unión, que debería dedicarse a estas cuestiones, y los países miembros, que pueden ser mucho más activos en la llamada investigación básica en la esfera universitaria. 
Es probable que el resultado sea que lo que ha dicho el Sr. Adams se expanda cada vez más y que en las referidas formas de cooperación se acentúen más los proyectos de desarrollo tecnológico. 
Quiero precisar que es posible que la posición de la Comisión evolucione. La controversia gira en torno a la financiación de programas de investigación en los que participan empresas que luego actúan como competidoras. 
¿Habría que financiar la totalidad del programa o sería mejor sufragar sólo a los participantes europeos teniendo en cuenta que los otros serán después competidores? 
El enfoque clásico, que es el que la Comisión ha escogido siguiendo, por cierto, una sugerencia del Parlamento, es financiar sólo la participación europea en estos casos. 
He dicho clásico porque, como ustedes saben, nuestras reflexiones sobre política industrial ya no ven una contradicción tan crasa entre cooperación y competencia. 
Es perfectamente posible cooperar y competir al mismo tiempo. Muchas empresas, basándose en estudios muy claros, ponen en común sus medios al servicio de fines limitados y después compiten en el mercado con el producto. 
Después de todo, el producto resultante es sólo una parte de la totalidad de su oferta. Se puede reflexionar en torno a estas ideas, pero está claro que estas consideraciones modernas requieren tiempo y quizá ejemplos convincentes. 
Por lo demás, agradezco al ponente y a su representante la excelente cooperación. 
El informe contiene mucho trabajo del Parlamento. Como ya he dicho, cuando se empieza a trabajar pronto no hace falta, señor Telkämper, ninguna comisión de investigación en absoluto. 
Parece que usted considera las comisiones de investigación como una amenaza. 
Le puedo confirmar aquí y ahora que la Comisión considera las comisiones de investigación como un elemento democrático normal. 
No voy a llegar tan lejos como para decir que son una alegría para nosotros, pero, por supuesto, las aceptamos. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) Ruego al Sr. Malerba que transmita nuestra felicitación al Sr. Pompidou. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Quisiera saber si podría usted aceptar un error de verdad. 
Acaba usted de anunciar una votación nominal y yo he pulsado el botón automáticamente. 
Éste no es mi escaño, es el del Sr. Lomas. 
He pulsado el botón con la tarjeta del Sr. Lomas dentro. 
Espero que acepte que se trata de un error de verdad y que se pueda corregir en el Acta. 
Se comprobará y, en su caso, se corregirá siguiendo su observación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0042/97) de la Sra. Boogerd-Quark, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la situación demográfica en la Unión Europea (1995) (COM (96) 0060- C4-0143/96). 
Señor Presidente, Señorías, hoy examinaremos el informe sobre la situación demográfica en Europa. 
Y antes de referirme a ello, quiero empezar dando las gracias a la Comisión y a sus Señorías por la cooperación prestada, pues pienso que hemos conseguido elaborar un informe sucinto sin explayarnos excesivamente, diciendo lo que queríamos decir. 
Y por tanto no podemos cimentar una política sobre la base del supuesto de que la situación demográfica es estática, como vemos a menudo. Sobre todo porque se espera que los cambios serán más drásticos y tendrán lugar con mayor rapidez que en las pasadas décadas. 
¿Cuál es la situación? La pirámide demográfica se está invirtiendo. 
Por un lado, el crecimiento demográfico en la Unión Europea será mínimo, por otro la composición de la población cambiará de forma radical. 
El grupo de población de menos de 20 años disminuirá, mientras que el número de personas de más de 65 años de edad aumentará considerablemente. 
Estos desarrollos tienen un fuerte impacto en ámbitos políticos como la seguridad social y el sistema de pensiones, el empleo, la sanidad pública, la política regional y la agricultura. 
Un número cada vez menor de personas activas ha de hacerse cargo de un número cada vez mayor de inactivos. 
Los costes de las pensiones y la salud pública pueden aumentar de tal forma en algunos Estados miembros que ello podría influir sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia para la UEM, salvo que lo impidamos. 
Por consiguiente, los desarrollos demográficos pueden cobrar actualidad muy pronto. De momento no examinaré las cifras. 
Estas pueden consultarse en otro sitio. 
La cuestión es esta: ¿qué queremos hacer? ¿Podemos, como Parlamento Europeo, o más ampliamente, como Unión Europea, influir en la evolución demográfica? 
Pienso que no hemos de hacernos ilusiones al respecto. 
To have a baby for Europe, como dijo una de sus Señorías, no me parece realista. Y no creo que en esto debamos inmiscuirnos los políticos. 
Tampoco las corrientes inmigratorias, que tendrían que crecer para evitar el retroceso de la población, pueden ser una solución real. Aunque por consideraciones humanitarias no haría falta que nos mostráramos tan temerosos. 
Por consiguiente, disponemos de pocos medios para influir en las estadísticas demográficas. 
Pero en política disponemos de instrumentos para dar respuestas a las nuevas circunstancias. 
Esto significa que en la política laboral tendremos que propugnar sobre todo una gran participación de la población activa potencial. 
Y esto significa que las personas que ahora han quedado excluidas del mercado laboral tendrán que volver a integrarse en el proceso productivo. 
Para lograrlo habrá que prestar mucha atención a la enseñanza y a la educación, porque muchos grupos excluidos en estos momentos no tienen los conocimientos y las habilidades que exige el mercado laboral. 
Hemos de abandonar la idea de que la formación de personas después de cumplidos los cuarenta no aporta nada, sobre todo si la población activa envejece y, en una sociedad cada vez más informatizada, el aprendizaje durante toda la vida es un factor clave para la competitividad en Europa. Esta semana ya lo hemos indicado con los informes de los Sres. 
Además, el grado de participación puede incrementarse eliminando los obstáculos jurídicos, fiscales y prácticos. Por ejemplo, sustituyendo los impuestos sobre el trabajo por otros recursos fiscales como la producción o el consumo de energía. 
Por supuesto, tendremos que seguir una política encaminada a crear las condiciones, en el terreno de las guarderías, para que hombres y mujeres puedan participar en el mercado laboral con igualdad de oportunidades, así como en el del cuidado de ancianos y minusválidos. 
En este sentido he aceptado una enmienda del PPE y quiero llamar la atención del Parlamento sobre le informe de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Un gran reto en relación con los desarrollos demográficos reside a mi entender en la seguridad social y las pensiones. 
Pienso que dada la creciente individualización y flexibilidad del mercado laboral, va siendo hora de revisar los sistemas de seguridad social en los Estados miembros. 
Por supuesto, la solución del problema se encuentra en un conjunto de medidas que incluye la flexibilización de la edad de jubilación, un mayor uso de los regímenes de capitalización- espero, señor Bangemann, que estará usted de acuerdo conmigo- y la diferenciación de cuotas. 
Pero aparte de estas medidas, pienso que hemos de dar un paso más. Tendremos que buscar un enfoque más integral de nuestra visión del sistema de protección social en combinación con nuestro sistema de salud pública. 
Considero que Europa ha de dar un paso importante para flexibilizar los diferentes sistemas y personalizarlos- señor Bangemann, esto tiene que sonarle a música celestial -, pero respetando a la vez el principio de solidaridad, que es el fundamento de nuestro modelo social europeo. 
En parte, la solución puede encontrarse en la renovación de la seguridad social, un proceso que por cierto ya se ha iniciado en numerosos países, entre ellos el mío. 
Además, más competencia en el mercado del seguro y de las pensiones de jubilación, una mayor libertad fiscal y jurídica para sistemas de previsión privados, comportan una mayor eficacia y unos costes más bajos. 
Por tanto, lo que no faltan son nuevas ideas, sino que la rigidez de los sistemas existentes en algunos países impide que estos planes se lleven a cabo en grado suficiente. 
Por tanto, abogo por que se cumplimenten de tal modo los datos demográficos disponibles que sea posible comparar los datos de los Estados miembros. 
Europa tiene la misión de estimular una política integral que permita afrontar de forma óptima las nuevas circunstancias. 
Para ello, los Estados miembros tendrán que atreverse también a tomar medidas dolorosas y profundamente renovadoras a corto plazo. 
No obstante, en estos momentos el Consejo sigue sin comprender la gravedad de la revolución demográfica. Se limita a oír las cifras, y no hace nada con ellas. 
Abogo por tanto por que se incluyan los desarrollos demográficos de forma integral en el informe de empleo anual, el llamado procedimiento de Essen. 
Quizás suene a tópico, pero la bomba de relojería sigue su cuenta atrás y ante nuestros propios ojos. 
Si queremos vivir con las consecuencias que inevitablemente causará esta bomba de relojería, tendremos que reflexionar seriamente sobre la política de mercado laboral y el modelo social en un futuro próximo. 
La sociedad no espera pacientemente a que nos despertemos. 
Si Europa quiere mantener su posición en el mercado mundial y su modelo social, tendremos que dejar de huir de la realidad. 
No hemos de entrar en el siglo XXI guiados por el miedo, sino por la audacia y el entusiasmo de aprovechar las oportunidades. 
Señor Presidente, quiero agradecer y felicitar en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer y también de mi Grupo a la Sra. BoogerdQuaak por el buen trabajo realizado en este segundo informe anual sobre la situación y evolución demográfica de la Unión Europea. 
Gracias por su sensibilidad al haber incorporado prácticamente todo el contenido de la opinión realizada por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Siento que, como es habitual en este Parlamento, cuando hay temas relacionados muy directamente con la mujer, la familia y en este caso con las personas mayores, los sitúen en el último punto del orden del día. 
Porque, queridos colegas, este informe es una radiografía de cómo va evolucionando Europa y de cómo esta evolución puede afectar al éxito o fracaso de un proyecto que, hoy por hoy, se basa en una economía de procesos productivos y tecnológicos orientados más a la competitividad y a la eficacia que hacia los recursos humanos. 
Los efectos de la disminución de la natalidad y del drástico envejecimiento de la población modificarán considerablemente la realidad de la Europa social del siglo XXI. 
La vieja Europa estará llena de personas mayores. 
A la tercera edad debe añadirse una cuarta categoría, la cuarta generación, cuyas necesidades tendrán importantes repercusiones en los ámbitos sociales, sanitarios y en el sistema de pensiones. 
Habrá dos generaciones de sectores no productivos y seguirá disminuyendo la generación productiva. 
Evidentemente, en este debate se plantearán temas centrales como el coste del empleo, el posible aumento de la edad de jubilación, las condiciones de jubilación anticipada, los sistemas privados de pensiones y el coste de la Seguridad Social. 
En estos aspectos la ponente pide a la Comisión que abra un debate sobre el futuro de las pensiones de jubilación en Europa y elabore un catálogo de soluciones creativas y nuevos modos de sistemas de financiación. 
Y la felicito por su sugerencia, porque también es imprescindible la imaginación y la buena gestión de todos los recursos existentes para renovar unos servicios socio-sanitarios que respondan adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos. 
Debemos alegrarnos del aumento de la esperanza de vida, pero no podemos olvidar que esta esperanza de vida, en unos casos, será independiente y, en otros, dependiente. 
La pérdida de autonomía crea la necesidad de ayuda y esto debe tratarse cuantitativa y cualitativamente sin que el gasto de los Estados dotados de políticas de bienestar crezca en exceso. 
En el ámbito social, es necesario subrayar el hecho de que en los últimos 20 años se han producido cambios significativos en la estructura familiar, que se traducen en la disminución de personas por unidad familiar y en la redefinición del papel de la mujer. 
Esto dificulta que las personas mayores incapacitadas cuenten con el apoyo tradicional del entorno familiar de épocas anteriores. 
Este problema se agrava en entornos urbanos, de viviendas pequeñas, barreras arquitectónicas, además de problemas económicos y deficitarios recursos alternativos. 
Ha aumentado el número de personas mayores que viven solas, hecho reconocido como factor de riesgo social. 
Es por tanto imprescindible desarrollar proyectos socio-sanitarios innovadores que, incorporados a las políticas de bienestar, aseguren el aumento de la calidad de vida de los niños y personas mayores: guarderías para los niños y centros de día para los mayores, asistencia a domicilio y sobre todo evaluación de los resultados de la aplicación de estas medidas que, al interrelacionar lo privado y lo público, obligaran a la gente y a los poderes públicos a fijar prioridades viables en función de las disponibilidades económicas existentes en cada momento. 
Hay que fomentar medidas para conciliar familia y trabajo, reducción general de horarios laborales, permisos parentales que puedan solicitar indistintamente hombres y mujeres. 
Es necesario ayudar a las familias con hijos, especialmente a las monoparentales y con discapacitados. 
Facilitar la presencia de la mujer en la población activa contribuirá al crecimiento económico, pero no quisiera terminar sin recordar el gran servicio que la mujer presta a la familia y a todas las cónyuges de trabajadores por cuenta propia que no figuran en las estadísticas y cuya situación viene tratando la Unión Europea desde 1986. 
Si la Unión Europea quiere realmente una buena población activa deberá contar con el potencial de las mujeres. 
Decimos sí al sector terciario, pero las nuevas formas de trabajo a tiempo parcial, atípico y temporal deben ser compartidas con los hombres sin renunciar al progreso ante la llegada del euro, y en la Conferencia Intergubernamental debemos situar en una dimensión adecuada la dignidad de las personas. 
Señor Presidente, la Europa de las personas mayores crece y la del total de habitantes disminuye. 
¿Está en peligro nuestro continente? 
¿Son concluyentes los datos básicos de esta evolución? 
¿Permiten, apoyándose en ellos, desarrollar estrategias? 
En el segundo informe anual de la Comisión sobre la situación demográfica queda claro que a las tres generaciones existentes hasta ahora (personas en período de formación, trabajadores activos y jubilados) se les ha sumado una cuarta que crece considerablemente: los mayores de 75 años. 
Es una alegría que las personas puedan seguir activas durante más tiempo gracias a los progresos médicos y a una mejor previsión sanitaria. 
Pero, por otro lado, tenemos la falta de cuidados, de asistencia, de integración y solidaridad. 
El aumento de la edad tiene serias repercusiones en los sistemas de seguridad social. 
Los conflictos de opinión y las discusiones por el reparto en los Estados miembros son vehementes. 
La cuestión es el nivel de las jubilaciones. En unos países es el seguro mínimo, en otros la irrenunciable relación con las cotizaciones; en unos la prolongación de la edad de jubilación, en otros las jubilaciones anticipadas forzosas que representan un gran gasto para la comunidad y que apenas han favorecido las nuevas colocaciones de los jóvenes. 
Las mujeres siguen recibiendo una presión de jubilación demasiado baja. 
Por supuesto que las medidas han de poder financiarse. Es decir, se trata de reformar las políticas sociales, pero no de suprimirlas. 
Hay que felicitar a la Sra. Boogard-Quaak por su informe, que señala las cuestiones esenciales. 
Lo suscribimos, vistas las profundas diferencias regionales, cuando aboga por una mayor diferenciación entre ciudades muy pobladas y pueblos casi abandonados. 
Las repercusiones en la planificación del tráfico, la ordenación del territorio, la política de vivienda, las políticas sociales y también en nuestros Fondos estructurales son de gran calado. 
Las enmiendas propuestas por mi Grupo, el PPE, se han recogido casi sin excepción, como en el caso del mundo laboral. 
Cada vez hay menos personas ocupadas, aunque, eso sí, son muy productivas. 
Se renuncia al factor de la experiencia, en especial en las grandes empresas, y se convierte en una desventaja. 
Se despide o se excluye a gente por considerarla demasiado vieja, en lugar de aprovechar sus conocimientos, su precisión en el trabajo, su seriedad. Y se infravalora completamente su potencial innovador. 
Esto se aplica a los más jóvenes, cuya cuota decrece drásticamente, lo que no justifica la disminución de los programas de educación, sino todo lo contrario. La educación básica, las cualificaciones multifacéticas y el conocimiento de idiomas mejoran las oportunidades para el futuro. 
¿Qué hacemos en realidad políticamente por conseguir una sociedad que favorezca a los niños en función de los datos demográficos expuestos? 
Aquí hay un ancho campo para el valor añadido europeo, para coordinar políticas nacionales y, para seguir con nuestro tema, fructificarlas. 
Señor Presidente, la demografía es, tiene que ser, la base de todas las representaciones de la sociedad. 
Porque el hombre es, tiene que ser, el fin de la sociedad y el medio que la construye. 
Pero no se puede abordar la demografía como expresión, o representación estadística, del hombre aislado, cada uno, cada número, una o uno. 
La demografía refleja evoluciones y dinámicas sociales, por lo que en la aparente inocuidad de los números está toda una historia real y muy esclarecedora del vivir en sociedad. 
Las preocupaciones que nos expone este informe- y aprovecho para felicitar efusivamente a la Sra. BoogerdQuaak por su comprometido y excelente trabajo- a partir del documento de la Comisión son muy pertinentes, son de las esenciales y merecerían una atención muy diferente y otra ubicación en el calendario de nuestros trabajos. 
La evolución demográfica es, dentro de los límites de seguridad, previsible. 
Las estructuras demográficas se modifican con arreglo a reglas que podemos conocer y en las que podemos influir mínimamente. 
La participación en el mercado de trabajo, la seguridad social y las pensiones, la atención de la salud y las asimetrías regionales están- como parece indispensable decir- marcadas indeleblemente por la evolución demográfica previsible. 
Desconocerlo, simular sorpresa, reparar lo que se podría haber previsto y prevenido sólo demuestra que no se ha colocado al hombre en el centro de las atenciones. 
Problemas como la reducción del tiempo de trabajo, en el marco de una organización del tiempo de vida determinada por la estructura de edad y de la financiación de la seguridad social, no existirían, o tendrían una dimensión totalmente distinta, si no estuviera cegada la sociedad por objetivos de lucro y acumulación de capital financiero. 
Europa es un continente que parece perder peso demográfico. 
Puede que sea cierto cuantitativamente, pero resulta discutible, si se valoriza la calidad que podría representar la edad, la mayor experiencia de vida y de trabajo, el capital más verdaderamente humano. 
Éste es un debate que nos deja frustrados por no ser la base de todos los debates. 
En cualquier caso, sepamos potenciar lo poco que hemos conseguido. 
Utilicemos este informe como un medio de promover la continuación de la reflexión y del debate. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Boogerd-Quaak ha elaborado un buen informe, pero por supuesto hay algo que echo en falta, y hablo en nombre de mi Grupo. 
Iré directamente al grano. 
No tenía previsto unirme a quienes se lamentan de lo mal que están las cosas con el desarrollo demográfico, pues francamente, vista la manera en que estamos usando los recursos naturales, quizás no sea mala idea que en el futuro seamos menos. 
Así pues, para el medio ambiente y el espacio creo que es una buena perspectiva de futuro. 
Naturalmente, a corto plazo es un reto encontrar una solución a los problemas resultantes. 
Todos estamos de acuerdo con esto. 
Para hacer frente a estos problemas, a decir verdad, no creo que sea sensato repartir primas para parir hijos. No creo que tengamos que aspirar a una frase que podría rezar así: Lie back and think of Europe. 
No me parece el desarrollo correcto, dejando de lado la cuestión de si funcionaría. 
Lo que se necesita es que nos ocupemos en efecto de un ambiente idóneo para los niños, donde no sólo las mujeres sino también los hombres sean responsables de la educación de los hijos, y donde haya permisos de paternidad y guarderías suficientes para que se pueda cuidar de los niños de un modo normal y para que deje de ser tan complicado para las mujeres y para los hombres traer al mundo a un hijo y también ellos puedan decidir hacerlo en un momento normal. 
Sin embargo, ahora esto se ve enormemente dificultado y por algo las mujeres deciden aplazar cada vez más la maternidad. 
En el informe de la Sra. Boogerd-Quaak se aboga por un mayor protagonismo del mercado, por ejemplo en las pensiones. 
No sé la idea es tan buena, pues el protagonismo del mercado implica también que las mujeres tendrán que pagar mayores cotizaciones para las pensiones si en efecto viven más tiempo. 
En lo que a mí respecta, dudo mucho que esto sea así. 
Si examinamos el mayor protagonismo del mercado en el terreno de los impuestos, llegamos a la conclusión de que se necesitará más asistencia y que los impuestos tendrán que aumentar si no queremos que esa asistencia quede en manos de las mujeres, sino que haya una responsabilidad colectiva. 
Entonces significa que los impuestos tendrán que subir. 
¿Y cuál es la tendencia en la Unión Europea? 
Precisamente los Estados miembros entablan una lucha entre ellos para poder competir con los impuestos y de este modo desmantelar los sistemas colectivos. 
Para terminar, la Presidencia neerlandesa ha tenido la osadía de borrar la edad del artículo relativo a la discriminación. 
¿Cómo es posible, si precisamente en el futuro tendremos que apelar más a las personas mayores para que sean activas, no sólo en su entorno, sino también en el lugar de trabajo? 
Señor Presidente, este informe tiene como único mérito llamar la atención sobre la desastrosa situación demográfica en la Unión Europea. 
Pero es extrañamente mudo sobre las causas de la desnatalidad que el ponente pretende no conocer, y las medidas propuestas me parecen contrarias al más elemental sentido común. 
Si las parejas europeas tienen menos niños, evidentemente, es porque el futuro les parece muy incierto, y porque los países de la Unión Europea no ofrecen incentivos económicos, u ofrecen muy pocos, para fundar grandes familias. 
La posibilidad de un permiso parental, en el marco de una reducción de la jornada laboral, es una propuesta cuya aplicación quedaría sin efecto. 
Únicamente la instauración de una prestación parental que permita a las mujeres, o a los hombres que lo deseen, dedicarse plenamente a la educación de sus hijos, puede mejorar la natalidad. 
Esta medida, que se aplica desde hace poco tiempo en Francia, aunque es tímida e insuficiente, ha mostrado ya efectos positivos. 
Por otra parte, no se puede tratar el problema de la desnatalidad sin mencionar las leyes infanticidas aprobadas por los países de la Unión Europea, que han permitido, en la más total impunidad, un genocidio sin precedentes en la historia, un verdadero crimen contra los pueblos de Europa. 
En este sentido, nos vemos obligados a constatar que los laboratorios masónicos que han tramado esta masacre de inocentes son los mismos que preparan ahora las campañas en favor de la eutanasia. 
Después de los niños no nacidos están los viejos. 
Desde hace ya bastante tiempo, el médico y humanista que soy se plantea esta angustiosa pregunta: ¿hasta dónde van a llegar? 
Entre las soluciones que propone el ponente hay una que aparece con más insistencia y que produce consternación. 
Estoy igualmente sorprendido de ver cómo se propone en este informe una política europea de desarrollo de las regiones rurales. 
Si se trata de dar marcha atrás en las medidas suicidas que este Parlamento vota periódicamente, de transformar en barbecho las tierras cultivables, de fijar cuotas o de arrancar viñas, es evidente que lo suscribo con entusiasmo. 
Finalmente, señor Presidente, en la lectura de este informe me ha impresionado esta fórmula, que es un invento socialista: » El derecho irrenunciable a la salud.» 
Ningún médico, por muy cualificado que esté, puede garantizar la salud a sus pacientes. 
Sólo Dios puede dar la salud. 
Vale más hablar del derecho a recibir asistencia sanitaria, la mejor, para todos. 
Sin esta prudencia elemental podríamos reivindicar del mismo modo el derecho irrenunciable a la inteligencia. 
Sobre la salud, encontramos en este informe la eterna cantinela liberal: privaticemos la seguridad social. 
¿Cómo se puede imaginar por un momento que, para financiar una medicina que cada vez costará más cara a causa de los progresos técnicos y de la prolongación de la duración de la vida, las compañías de seguros, cuya única ambición es ganar dinero, lo harían mejor que los sistemas basados en la solidaridad nacional? 
Por supuesto, hay reformas a emprender, que serán dolorosas para algunos. 
Pienso sobre todo en la necesaria despolitización de las mutualidades en Bélgica. 
Y, para terminar, señor Presidente, hay que decir y repetir que no se podrá crear empleo en Europa en tanto nos dejemos invadir por todos los productos manufacturados fuera de nuestras fronteras, en países en los que el coste de la mano de obra es 40 ó 50 veces inferior que en los nuestros. 
Es necesario liberar a las empresas de las cargas sociales que pesan sobre ellas y sustituirlas por un IVA social del que quedarían exentos nuestros productos a la exportación, pero que se aplicaría a los productos de importación. 
Hay que dar la espalda al librecambismo mundial, al liberalismo salvaje y apátrida, que terminará por matar de hambre a nuestros pueblos. 
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer a la Sra. Boogard-Quaak su excelente informe, aunque quiero dar las gracias asimismo a la Comisión por su informe sobre la situación demográfica en la Unión Europea. 
El Parlamento, la Comisión y, sobre todo, el Consejo deberían extraer del documento de la Sra. Boogard-Quaak la urgente necesidad de actuar. 
Las cifras no ofrecer nada nuevo en especial, ninguna sorpresa. 
Ya nos ocupamos intensamente del problema en 1993, con motivo del Año Europeo de la Tercera Edad y de la Solidaridad entre Generaciones. 
La Comisión publicó variados y útiles informes y el Parlamento aprobó por unanimidad el informe Fayot-Chanterie, que contenía también las recomendaciones del parlamento de la tercera edad. 
¿Qué ha pasado desde entonces? 
Pese a la urgente necesidad de actuar, que nadie pone en duda, impuesta por el alarmante desarrollo demográfico, hasta la fecha no ha sucedido nada. 
¿O sí? 
Aunque la previsible transformación de la estructura de la población repercutirá en el mercado de trabajo y aunque haya una necesidad perentoria de fomentar la formación, el perfeccionamiento y, sobre todo, la actividad laboral de la mujer con medidas de acompañamiento, como programas de guarderías, en los Estados miembros se sustituyen los puestos de trabajo fijos por contratos basura sin seguridad social, se recortan o suprimen los programas de educación y se reduce la financiación de las guarderías. 
El desempleo es un problema cada vez más acuciante en la UE. 
Sin embargo, el Consejo todavía no ha conseguido decidirse a incorporar un capítulo de lucha contra el desempleo en la revisión del Tratado. 
Y ahora las pensiones. 
Sobre todo, las pensiones insuficientes de las mujeres mayores. 
La exigencia de una pensión mínima que garantice a todas las personas una vida digna en la vejez está sobre la mesa desde hace años. 
Los Estados miembros que hubieran debido actuar no se han movido. 
Cada vez es más difícil garantizar la protección de la salud, la atención sanitaria y la asistencia debido al rápido aumento del numero de personas mayores y ancianas. 
¿Qué hacen los Estados miembros? 
En casi todas partes recortan el seguro de enfermedad y, prácticamente, no hacen ningún esfuerzo de previsión y formación de cuidadores para garantizar la asistencia. 
¿Qué ha sucedido desde 1993 en el plano comunitario? 
El programa de acción para la tercera edad concluyó en 1996. 
El Consejo, esto es, mi país, Alemania (me avergüenza decirlo) y el Reino Unido han bloqueado un nuevo programa de intercambio de información y de fomento de proyectos innovadores. 
El Parlamento y la Comisión han pedido una cláusula de no discriminación para la revisión del Tratado y hay que reconocer que la Presidencia irlandesa la ha incluido en el borrador del Consejo. 
La semana pasada nos enteramos de que la prohibición de discriminación por vejez o minusvalía ha quedado de momento suprimida. Apelo a los gobiernos de los 15: reincluyan la cláusula de no discriminación por vejez o minusvalía en el borrador del Tratado. 
Señor Presidente, estamos celebrando un debate muy importante sobre las consecuencias de la evolución demográfica dentro de la Unión Europea; resulta asombroso que, por un lado, la demografía sea una de las ciencias que permiten previsiones bastante exactas y, por otro, apenas se tengan en cuenta las consecuencias de dichas previsiones en las políticas que deben abordar los problemas en el nivel nacional y, en cierta medida, también en el de la Unión. 
Aquí se han abordado temas muy importantes: las consecuencias de los nuevos equilibrios que se van delineando para el mercado de trabajo, para la política de la inmigración- asunto que deberemos volver a examinar, desde luego- y para la reforma del Estado social y de los sistemas de pensiones; en todo eso es posible advertir aún la persistencia de la ilusión de que con la intervención pública es posible dar una respuesta a todos los problemas. 
Desde luego, la intervención pública puede apoyar parte de las soluciones que los nuevos problemas requieren, puede aportar un marco normativo más adecuado, por ejemplo, por lo que se refiere al mercado de trabajo, pero no cabe duda de que debemos recurrir al papel de la familia y del sector terciario para afrontar estos problemas. 
La familia debe volver a ser el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra acción. 
En efecto, ésta es el lugar en el que se da una respuesta, desde el punto de vista del aumento de la tasa de natalidad, a un mayor equilibrio demográfico y el lugar en el que se abordan problemas, entre otras cosas de carácter asistencial, que se refieren a una sociedad compuesta cada vez más por ancianos. 
El sector terciario puede también desempeñar un papel muy importante. 
En vista de que hablamos mucho de subsidiariedad, debemos redescubrir la importancia fundamental de respuestas que procedan de los ciudadanos, de la familia, del sector terciario y reducir a sus justas proporciones la ilusión de que el Estado y la intervención pública puedan estar en condiciones de abordar de forma satisfactoria estos problemas. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, como se ha indicado anteriormente, está totalmente de acuerdo con el informe de la Sra. Boogerd-Quaak, así como también con las importantes modificaciones y mejoras introducidas por la Comisión de Derechos de la Mujer que ha indicado la Sra. Benassar Tous. 
Sin embargo, quisiera indicar que la demografía, el fenómeno demográfico, no es un fenómeno autónomo de la sociedad, sino consecuencia del modelo económico; y eso ha sido así desde la prehistoria hasta la actualidad. 
El crecimiento de la población humana en la prehistoria es consecuencia de los cambios introducidos en el Paleolítico; el crecimiento en la Edad Media es también consecuencia de los cambios introducidos, y lo mismo ocurre al comienzo de la Revolución Industrial. 
Y en este momento, si la población está disminuyendo en Europa y teniendo problemas, ello se debe a que nuestro modelo económico está dando un mensaje claro a la población: sobra gente, sobran jóvenes y, por lo tanto, no hay posibilidad ninguna de que la demografía avance. 
Por ello, creo que debemos ser responsables, debemos interrogarnos sobre un modelo económico que está expulsando a los jóvenes del mercado de trabajo e indicar modificaciones en nuestro modelo económico. 
Por este camino vamos al precipicio y, por lo tanto, las propuestas serían las siguientes: primero, reducción urgente del tiempo de trabajo, pues en caso contrario no habrá trabajo para todo el mundo; segundo, mantenimiento del Estado de bienestar, porque ésta es la única forma- con el aumento del empleo- de que haya suficiente para mantener las pensiones y se den las condiciones adecuadas en la sanidad, los servicios sociales, etc.; y en tercer lugar, plena incorporación de la mujer al trabajo, con respeto de todos sus derechos. 
Sólo de esta forma se puede ir hacia una sociedad de pleno empleo, que es la única garantía para que la demografía europea sea una perspectiva favorable y positiva. 
Si no, estamos hablando un doble lenguaje. 
Señor Presidente, todos tenemos un interés particular en este informe, porque ninguno de nosotros deja de envejecer. 
También yo quiero felicitar a la ponente por su excelente informe relativo al segundo informe anual de la Comisión sobre la situación demográfica en la Unión Europea. 
Yo procedo de un país, Irlanda, que en algunos sentidos no va a la par con las más importantes tendencias demográficas evidentes en otros Estados miembros de la UE. 
Las cifras recientes revelan que la población podría aumentar en hasta un 10 % en los próximos 10-15 años. 
Naturalmente, nuestra tasa de natalidad ha descendido notablemente desde 1980, aproximadamente, pero seguimos teniendo una de las mayores proporciones de jóvenes en nuestra población. 
El actual vigor de la economía irlandesa, incluido un mercado de trabajo que ha aumentado en un 10 % en los cinco últimos años, ha significado que nuestra relación de dependencia está mejorando, en realidad. 
La ponente expone correctamente los imperativos demográficos más importantes que afrontamos aquí, en la Unión Europea, y que tendremos que cumplir en el futuro. 
En primer lugar- y muchos diputados lo han mencionado -, está la cuestión del número de mujeres que trabajan, número que, evidentemente, va a aumentar ahora. 
Eso significa, a su vez, que habremos de tener políticas de empleo que se adapten mucho más a las necesidades de las mujeres que en el pasado: necesitamos jornadas laborales más cortas, más reparto del trabajo y mejor legislación relativa a la maternidad. 
En segundo lugar, debemos alentar a las personas de edad avanzada a que prolonguen su vida laboral, si lo desean. 
La Comisión podría adoptar una medida importante a ese respecto: la de abandonar sus ridículas políticas discriminatorias en materia de edad. 
En tercer lugar, los Estados miembros tendrán que hacer una nueva formulación de sus políticas en materia de planes de pensiones- y esto también lo han mencionado muchos oradores- para que se pueda mantener el principio de la solidaridad entre las generaciones. 
Naturalmente, ahora la Comisión debe iniciar inmediatamente el debate sobre el futuro de las pensiones de jubilación en Europa e idear nuevas formas de financiar esos sistemas. 
Los ciudadanos no pueden seguir trabajando hasta los noventa años; tenemos que aportar alguna forma equitativa de pagar esas pensiones en el futuro y ahora es el momento y tenemos el deber de hacerlo. 
Por último, las políticas de la Unión Europea y de los Estados miembros deben prestar mayor atención al mantenimiento de una división saludablemente democrática entre las zonas urbanas y las rurales. 
La Comisión, al revisar los Fondos estructurales, debe tener en cuenta los diversos desequilibrios regionales. 
También me alegra, evidentemente, el informe de la Comisión. 
Me parece muy importante que se trate este tema una y otra vez, por la sencilla razón de que es nuestra responsabilidad ocuparnos de las próximas generaciones. 
Quiero referirme a una cuestión que casi nunca se analiza en toda su extensión, pese a tratarse a menudo. Me refiero al papel que una familia sana desempeña en el desarrollo demográfico. 
En las regiones europeas en las que la familia tradicional aún tiene un gran papel, las transformaciones económicas inducidas por el desplazamiento de la pirámide de edad se aprecian mucho menos y son más fáciles de soportar que en aquellas otras regiones, sobre todo en zonas de gran densidad de población, donde el proceso de destrucción de la familia está más avanzado. 
Una familia que funciona está en disposición de solventar mejor las dificultades, ya que sus miembros dependen menos de las instituciones estatales. 
Ahora bien, quisiera dejar bien sentado que entiendo por familia la convivencia entre padre, madre e hijos y, si es posible, otra generación; no la convivencia informe entre compañeros del mismo sexo o una relación similar al matrimonio como, por desgracia, se fomenta erróneamente en el informe Lindholm. 
Por desgracia, nuestra legislación fiscal conduce en la mayoría de los casos a una penalización de las familias con hijos, al mismo tiempo que prima materialmente a las parejas sin hijos y a las del mismo sexo, con lo que se genera una evolución enormemente negativa de la estructura de edad y de la distribución de la riqueza. 
En este sentido, para mí el informe es una llamada de atención para que en el futuro apoyemos más a las familias y no cedamos permanentemente ante ruidosas y pequeñas minorías. 
Señor Presidente, el excelente informe de la Sra. Boogerd-Quaak merece nuestro aplauso porque el problema demográfico es un problema ciertamente grave. 
Nuestra pirámide de edad parece ya un árbol de base endeble, que no puede asegurar su propio mantenimiento. 
Debemos impedir que la vieja Europa se convierta en una decrépita y regresiva Europa y es papel del Parlamento evitarlo. 
Este excelente informe que hoy debatimos insiste mucho en atacar los efectos de la crisis demográfica. 
Sin embargo, habría que intentar ponderar las causas. 
Los movimientos demográficos sólo cambian en la medida en que se corrigen sus causas y, en todo caso, a medio plazo. 
Por eso creo que este informe, que trata bien el punto de vista de la asistencia social, debería ser completado con un par de ópticas más. 
Primero, la óptica cultural. 
Es necesario prestigiar la familia. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial estamos gastando un dinero para prestigiar el euro; también debemos prestigiar la familia y los valores que conforman la familia, la paternidad; eliminar una cierta moda hedonista y materialista que late en el sustrato de nuestra sociedad moderna. 
Hay que prestigiar la familia, la paternidad, el respeto a los mayores; todo esto tiene que ser objeto de promoción cultural, como son los derechos de la mujer o como lo es la futura moneda única. 
Y finalmente, en el ámbito de la fiscalidad directa, es imprescindible que los gastos familiares no estén en ningún caso sometidos a tributación, como sigue sucediendo en algunos de nuestros países. 
La Sra. Banotti quiere participar en el debate. 
Ruego al Sr. Bangemann que espere unos minutos. 
Tiene la palabra la Sra. Banotti. 
Señor Presidente, usted y yo tenemos muchos encuentros afortunados aquí, en el hemiciclo. 
Si no es fuera de la Cámara será porque usted no quiere. 
Estamos llegando al final de una larga semana. 
Muchas gracias por la invitación. 
Señor Presidente, hay muchas cosas sobre las que el Sr. von Habsburg y yo no estaríamos de acuerdo. 
Por desgracia, para las mujeres feministas la familia se ha vuelto como un campo de batalla. 
Pese a mis credenciales feministas, he de decir que sigo creyendo que la familia es la unión social más satisfactoria y eficaz para el cuidado de los jóvenes y de los ancianos. 
Eso no significa que las mujeres deban ser las encargadas de prestar las atenciones primarias y que el resto de las actividades de esas unidades deban correr a cargo de los hombres. 
Considero que la familia tiene una importancia muy real tanto para el comienzo como para el final de la vida. 
La Sra. Malone está muy en lo cierto cuando dice que nuestra tasa de natalidad está aumentando, pero, por desgracia, está aumentando en zonas en las que los niños no tienen las mejores ventajas posibles para el futuro. 
Mi madre murió hace un mes. 
Tenía seis hijos y todos pudimos darle las atenciones y el amor que necesitaba al final de su vida. 
Yo tengo un hijo, como muchos de los diputados a esta Asamblea. 
¿Quién va a cuidarnos cuando llegue el momento... no simplemente en sentido financiero, sino también con el amor y la atención que los ancianos necesitan en esa etapa de su vida? 
Tenemos que pensar en eso. 
Tenemos que conceder un valor real a quienes se encargan de prestar atención al comienzo y al final de la vida de las personas. 
Eso es aplicable tanto a hombres como a mujeres. 
Me alegro de ver que en las profesiones de prestación de atenciones cada vez aumentan más, por ejemplo, los hombres que desempeñan las funciones de enfermeros titulados y que prestan una atención maravillosa y alegran la vida de las ancianas. 
Espero que haya muchos hombres para ello cuando yo necesite cuidados al final de mi vida. 
Me alegraría mucho la vida... y a usted también, señor Bangemann. 
Señor Presidente, como ustedes saben, es una costumbre de la Comisión aceptada por el Parlamento que los viernes se ocupe de los informes un Comisario, con independencia de su ámbito de competencias. 
Como ustedes pueden imaginar, esta costumbre no suscita mucho entusiasmo entre los Comisarios, ya que se ven obligados a pronunciarse sobre cosas que no pertenecen a su ámbito de competencias y con las que no están familiarizados. 
Con todo, he de decir que el debate de hoy muestra, en primer lugar, que el problema es muy importante y el informe muy bueno; y en segundo lugar que, cualquiera que sea cual sea el ámbito de competencias de cada uno, tendría que ocuparse del problema. 
Y ello porque la evolución demográfica es una especie de concepto clave para muchos ámbitos políticos y también para muchas formas de hacer política, como ha dejado muy claro el debate de hoy. 
Creo que el problema se puede abordar de dos maneras. 
Una sería, si se quiere, puramente estadística. Su respuesta es más bien tradicional: se describe lo que ha sucedido y lo que habría que hacer y se llega a determinadas conclusiones. 
No creo que esto sea suficiente. 
A mi parecer, es mucho mejor plantearse porqué surge este fenómeno. De esta manera se obtienen claves sobre las repercusiones de las iniciativas políticas que emprendemos entre todos. 
Así surge la pregunta: ¿es posible influir en la evolución mediante determinadas iniciativas políticas? 
Me parece que éste es un enfoque mucho más interesante porque permite acceder a muchos problemas ganzheitlich, como se dice en alemán. No sé si esa palabra se puede traducir. 
Es preciso servirse de este enfoque porque las aproximaciones de los expertos, ya se trate de expertos en pensiones, en derecho laboral, en medidas sociales o en asistencia a enfermos o personas mayores, son siempre, por definición, demasiado estrechas. 
Es un problema antiguo: los expertos saben cada vez más sobre un campo cada vez más pequeño. Al final saben todo sobre nada. 
Lo mismo puede decirse a veces de los resultados de las políticas de los expertos. 
En todos los Estados miembros hay debates de este tipo sobre el futuro del sistema de pensiones. 
Si se acude a los expertos sociales, lo primero que dicen es que el sistema no se puede cambiar, lo cual es completamente falso. 
Cualquier sistema se puede cambiar. 
Es posible crear períodos transitorios durante los cuales se consiga la financiación de un sistema antiguo con uno nuevo. 
Tuve la misma experiencia como presidente de un partido, no como político social, cuando en fase muy temprana hice una propuesta que ha vuelto a surgir en el debate de hoy, consistente en establecer una distinción de principio entre medidas que obligan a la generalidad y medidas que se pueden dejar en manos del individuo. 
Estamos ante una cuestión de principio importantísima para abordar estos problemas: ¿de qué ha de ocuparse la colectividad? 
El ejemplo de la llamada ayuda social- utilizo la expresión alemana- lo muestra con toda claridad: la comunidad ha de ocuparse, incluso financieramente, de los miembros de la sociedad en estado de necesidad, con absoluta independencia de que dicho estado sea imputable o no al sujeto. 
El concepto de dignidad del hombre exige que así sea. 
Esta conclusión se pude extender con bastante lógica al seguro de vejez. 
¿Por qué no? 
Todavía no he escuchado ningún argumento en contra de financiar con impuestos un seguro básico para la vejez de esta naturaleza. 
Llegamos entonces a la segunda parte, en la que ya no se trata de asegurar un mínimo para vivir. Esta segunda parte sí se puede hacer depender de la previsión que cada cual haya tenido o no durante su vida activa. 
Si no la ha tenido, entonces ha de conformarse con el mínimo para vivir. 
El sistema actual va demasiado lejos en esta segunda parte, que es más libre. Y por eso no se puede financiar, porque, como es natural, se hace a costa del trabajo. 
Ya dijimos en el Libro Blanco que una parte esencial del desempleo, en todo caso el de la mano de obra poco cualificada, proviene de la carga que suponen para este tipo de trabajo las cotizaciones sociales, que lo hacen imposible. 
Eso ya lo dijimos entonces. 
Por lo demás, aquí se muestra la estrecha interconexión que todo lo político lleva consigo. 
Si siguiéramos adelante con este enfoque- es una reflexión que tendríamos que profundizar entre el Parlamento y la Comisión, ya que existen iniciativas en este sentido en la política de la Unión -, habría que pensar que podemos establecer unos mínimos, ofrecer estímulos, incluso quizá ayudar a desbloquear los debates nacionales desarrollando un sistema que proponga y organice los períodos de transición del antiguo al nuevo sistema. 
Algunas consideraciones que se han hecho durante el debate lo muestran, por otra parte, con gran claridad. Si abordamos el problema con un enfoque tradicional, sea de derecha, de izquierda o de centro, no lo conseguiremos resolver. 
Tomemos el debate sobre el trabajo. El concepto de trabajo se ha transformado completamente. 
Tomemos, por ejemplo, la reducción del horario de trabajo. 
He vuelto a escuchar cómo la extrema izquierda lo mencionaba. En el fondo, es una iniciativa que no nos lleva a ninguna parte si no se acompaña de una reducción del salario, cosa que nunca sucede. 
Pero es que además se trata, lo que es mucho peor, de un enfoque básicamente reaccionario, porque el trabajo de hoy no se puede comparar con el de hace 20 ó 30 años. 
En nuestra sociedad, con la tecnología moderna, el trabajo depende mucho menos del tiempo que se emplea en él que del contenido mismo, es decir, de la calidad, de la innovación, de todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo. 
Vamos a una sociedad de trabajo creativo. 
La consecuencia, obviamente, es que hemos de reflexionar- señora van Dijk, siento mucho tener que desenmascararla un poco como conservadora, pero debe ir haciéndose a la idea- sobre lo que sucede con las personas que no disponen de esas cualidades creativas. 
Por cierto, eso no tiene nada que ver con la inteligencia, me permito recordárselo a los oradores de la extrema derecha, sino que tiene unas connotaciones mucho más amplias para el futuro. 
La cuestión es: ¿qué hace una sociedad que vive de la capacidad creativa de sus miembros con las personas que, teniendo otras cualidades, no poseen esta capacidad? 
La Sra. Banotti tiene toda la razón: hay mucha gente, por ejemplo en profesiones injustamente infravaloradas, que posee grandes cualidades. 
Asistir a una persona puede ser una actividad completamente satisfactoria para ambas partes. 
¿Qué consecuencias tiene esto para la política familiar? 
En esta materia las cuestiones no son, verdaderamente, fáciles de resolver. Se dice que la familia es un refugio donde en el futuro estas cualidades seguirán presentes y se podrán experimentar. 
Me agrada mucho que algunas de mis consideraciones provoquen aplausos de la izquierda y protestas de la derecha y viceversa. Eso me da la sensación de que estoy formulando iniciativas modernas, desprovistas de ideología. 
Hay personas que no quieren vivir en familia, que no quieren casarse. O al revés, que, siendo del mismo sexo, quieren formar un hogar. 
¿Por qué no hemos de aceptar que vivan como quieran? 
La organización de nuestra sociedad tiene que estar preparada para esto, es indudable. Hemos de prever también cómo se pueden evitar las posibles consecuencias indeseadas para la evolución de la población, etc. Lo mismo sucede con la pregunta fundamental: ¿Es conveniente que intentemos influir en la evolución demográfica? 
Sólo se puede hacer a condición, primero, de respetar la libertad fundamental de los miembros de la sociedad de elegir si quieren tener hijos o no. 
Y segundo, para los que quieran tenerlos, a condición de facilitárselo. Si examinamos la situación, habremos de concluir que nuestras sociedades no lo hacen. 
Éste es un punto primordial. 
Habría que cambiar las cosas. 
(Aplausos) La cuestión afecta a muchos campos. 
No es casual que se hayan mencionado las zonas rurales e Irlanda. 
Vivo en una zona rural de Francia donde nuestra política agraria, desgraciadamente defendida con vehemencia por el Parlamento, ha tenido como consecuencia que haya cada vez menos explotaciones y que éstas sean cada vez mayores. 
La consecuencia obvia es que muchas personas en estas regiones se quedan sin oportunidades de ganarse la vida ya que las pocas personas necesarias para mantener la producción agraria no necesitan ningún artesano. Ya no hay tiendas, en todas partes hay ciertos puntos céntricos. 
Es decir, si verdaderamente queremos cambiar y realizar una política que produzca buenos resultados, hemos de examinar la importancia y las consecuencias para nuestra sociedad de cada política. 
Eso sería una política social y la política demográfica es el comienzo de esta política. 
Dejo a su juicio si lo hemos logrado. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, sólo una pregunta para el Sr. Bangemann. 
Tras su lírica exposición sobre la situación del mundo en general, me gustaría saber si de verdad piensa que la totalidad de las diversas intervenciones de los diputados ha tenido un carácter reaccionario e ideológico y sólo sus consideraciones han sido modernas e ideológicamente neutrales. 
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por sus planteamientos, pero no he oído que dijera que la resolución contiene recomendaciones muy buenas y también que abarca un amplio espectro, y que va a asumirla. 
Me gustaría oírlo. 
La Comisión puede aceptar las sugerencias. 
Esto se desprende ya de lo que he dicho, pero puedo confirmarlo una vez más. 
A la Sra. Schmidbauer quisiera decirle lo siguiente: he dicho aquí que algunas intervenciones, que no he nombrado ni listado, presentan ciertos matices tradicionales o, si usted prefiere, conservadores y reaccionarios. 
Y he intentado exponer otro enfoque, lo que pone de manifiesto que necesitamos un debate político para alcanzar una conclusión que pueda ser compartida por muchos. 
Usted no puede dar por sentado, aunque a veces creo que le gustaría, que un Comisario venga aquí para leer algo que le ha preparado su gabinete y que resulta ser casi una confirmación burocrática de determinado asunto. 
Cuando un Comisario se decanta por determinadas posiciones políticas y las defiende aquí, usted ha de tolerar que éstas puedan no coincidir con las suyas. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El informe de la Comisión sobre la situación demográfica en la Unión Europea, al igual que el informe del Parlamento Europeo presentado por la Sra. Boogerd-Quaak son documentos bastante decepcionantes, pues ponen en evidencia la amplitud y aceleración del proceso de envejecimiento de nuestra población, que ellos consideran como «el elemento dominante de nuestro porvenir demográfico» , pero no llegan ni a analizar las causas ni a proponer remedios que puedan atajarlo. 
De hecho, el informe del Parlamento sólo consigue presentar sugerencias parciales para adaptar el mercado de trabajo, los sistemas sociales y los servicios sanitarios ante la existencia, que le parece incuestionable, de una proporción más importante de personas mayores en el futuro. 
Pero estos ordenamientos no llevan muy lejos. 
La Comisión explica por otra parte en su texto que, para compensar las cargas económicas globales provocadas por el envejecimiento, sería necesario conseguir un aumento de la productividad muy superior a todo lo que se ha podido ver en el pasado, hipótesis ésta inverosímil, pues el envejecimiento por sí mismo, al aumentar la edad media de la población activa, reduce con toda probabilidad la capacidad productiva. 
Esta situación parece tanto más preocupante por cuanto que los gastos sociales adicionales generados por las personas mayores gravarán un poco más, a medio plazo, la competitividad de las naciones europeas frente a la población joven del Sudeste Asiático. 
En este mundo dominado por el libre cambio sin contrapeso que, con toda irresponsabilidad, la Unión Europea acaba de contribuir a aplicar, la carga provocada por el envejecimiento va a constituir para nosotros un obstáculo suplementario generador de paro que, como se sabe, genera a su vez nuevas cargas sociales y nuevos obstáculos. 
Para limitar los daños habría sido necesario conseguir que se hubiera aceptado en las negociaciones del GATT la legitimidad, en el comercio internacional, de algunos derechos compensatorios de las cargas sociales adicionales. 
Pero, por desgracia, hoy nos encontramos más alejados que nunca. 
Por consiguiente, es probable que nos provoquemos en ese sentido catástrofes sociales que ninguno de nuestros responsables políticos habrá tenido la valentía de combatir, ni siquiera la clarividencia de pronosticar. 
En todo caso, los dos informes que hoy examinamos no dicen nada, y esto es para nosotros una fuente más de preocupación. 
No dicen nada tampoco sobre la única solución radical, un posible relanzamiento de la natalidad mediante una política familiar. 
Política que se encuentra en muchos países de Europa, y en todo caso en Francia, en un bloqueo total, por razones presupuestarias, de estrechez de miras, pero también por otras razones que se mencionan menos quizá porque ilustran demasiado bien el círculo vicioso en el que nos encontramos. 
Según estadísticas publicadas recientemente en Francia, en la actualidad, el 70 % de las familias con más de seis hijos son extranjeras, al igual que el 50 % de las familias con cinco hijos. 
Además, el efecto estimulante de una mejora de la política familiar debe ser, lógicamente, más fuerte entre los padres extranjeros procedentes de los países pobres. 
Finalmente, los nacimientos en el seno del total de familias numerosas en Francia son en dos tercios de origen africano o magrebí, lo que puede muy pronto plantear problemas de integración todavía mayores que en la actualidad. 
En total pues, ningún gobierno se atreve a relanzar en estas condiciones la política familiar por miedo a que la reducción de las cargas del envejecimiento que resultaría sólo sea compensada por un crecimiento de las cargas de integración (que pueden constituir también, digámoslo de paso, obstáculos en la competencia internacional). 
Es el bloqueo total. 
Así, se encadena todo. 
Si los países de Europa y la Unión no cambian radicalmente de política con respecto a la inmigración, se corre el riesgo de no poder resolver ni la cuestión de la política familiar ni la de la natalidad ni la del envejecimiento, ni la del inmenso déficit de competitividad que se perfila entre nuestro continente y el resto del mundo. 
El informe sobre la situación demográfica de la Unión Europea está lleno de sentido y supone una ayuda porque expone temas esenciales del desarrollo de la Comunidad y ofrece a cualquier persona la posibilidad de hacerse cargo de las repercusiones de los proyectos individuales en un campo concreto. 
También nosotros registramos con preocupación el envejecimiento de la población, los costes crecientes del sistema de seguridad social y los cambios en la vida familiar. 
Sin embargo, consideramos que la emigración y la mejora del acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo es una iniciativa de solución errónea. 
Las soluciones consistirían mucho más en reformas, empezando por la de la política familiar (mediante incentivos fiscales y una mejora de la seguridad social) , y llegando a una reestructuración del sistema de seguridad social que lo convierta en un sistema que combine las pensiones privadas con las públicas. 
Precisamente en tiempos de elevado desempleo- esta semana hemos tenido ocasión de hacernos una idea del desarrollo de los acontecimientos en la calle -, nuestra primera preocupación ha de ser que nuestros propios ciudadanos tengan trabajo. 
En el Año contra el Racismo y la Xenofobia hemos de recordar que el desempleo y la inseguridad social dan lugar con frecuencia a ataques racistas contra los inmigrantes, que son los chivos expiatorios de esta política miope. 
Es preciso evitarlo. 
Hecha esta aclaración, los liberales votamos a favor del informe de la Sra. Boogerd-Quaak. 
Esto no es una explicación de voto, es para completar la observación que he hecho esta mañana. 
Como recordarán Sus Señorías, he planteado una cuestión sobre la resolución relativa a la suspensión del SPG a Birmania y he pedido que la Comisión aclarara si se requería la unanimidad o una votación por mayoría cualificada para aplicar la medida, porque no era la decisión en principio, sino una decisión de ejecución. 
Tengo el gusto de informar de que, después de que se planteara esa cuestión esta mañana, se ha transmitido el mensaje al Comisario Marín, quien ha confirmado que la decisión se adoptará con votación por mayoría cualificada y no por unanimidad, como se dijo ayer en el debate, lo que significa, naturalmente, que, cuando el 24 de marzo se debata esa medida, ningún país podrá, por sí solo, bloquear su adopción. 
Quisiera agradecer a la Comisión y, en particular, al Comisario Marín la rápida aclaración que ha dado al respecto. 
Gracias, señor Ford. 
No dudo que el Sr. Bangemann hará llegar este mensaje al Sr. Marín. 
Me ha pedido la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Hallam. 
Tiene usted la palabra, señor Hallam. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Como usted sabe, en las próximas semanas se van a celebrar elecciones generales en el Reino Unido. 
Un diputado a esta Asamblea es en realidad un candidato declarado en esas elecciones generales. 
No me habría extrañado verlo aparecer esta semana o incluso votar tal vez. 
Me gustaría saber si podría usted, como Presidente, escribir a los electores de Putney, en Londres, para señalarles que Sir James Goldsmith apenas ha participado en los trabajos de esta Asamblea durante el tiempo para el que fue elegido. 
¿Cómo demonios aspira a otro cargo, cuando resulta más que evidente que no da la talla para el que ya ocupa? 
Señor Hallam, ni sus palabras son una cuestión de orden ni esta Presidencia tiene la misión que usted quiere encomendarle. 
Señorías, se ha agotado el orden del día. 
A menudo me corresponde el honor de terminar el período parcial de sesiones y tengo la grata obligación moral de agradecer a todos nuestros colaboradores, nuestros insustituibles colaboradores, la ayuda que nos prestan pero, al mismo tiempo, también tengo que agradecerles a ustedes, señoras y señores diputados, la ayuda que prestan a esta Presidencia, que le permitan que discurra con esa extraordinaria placidez que no disminuye la importancia de sus contenidos. 
Esta semana mi agradecimiento tiene un especial énfasis, Señorías. 
Estoy seguro de que esta sesión me va a ayudar a tener un magnífico week-end. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 14 de marzo ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, antes del comienzo de la sesión, quisiera mencionar aquí un incidente político que no me parece de los más agradables, en la medida en que se refiere al Sr. Martens, que afirmó en Lisboa que el partido con el que colaboro es un partido de extrema derecha. 
En una entrevista publicada el día 29 de marzo, el Sr. Martens acusó al CDS-Partido Popular, con el que yo colaboro como independiente y del que son militantes mis colegas Girão Pereira y Celeste Cardona, de ser un partido de extrema derecha. 
¿Y por qué? 
La respuesta es sencilla: porque nos atrevimos a abogar por la celebración de un referéndum sobre el Tratado de Maastricht en Portugal. 
El crimen no era grande. 
En aquel momento este partido fue expulsado del PPE y fue el Sr. Martens el que se trasladó a Lisboa para hacer ese dirty job, amenazando de forma poco cristiana y expulsando por divergencias de opinión... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Rosado Fernandes, no se trata de una cuestión de orden ni de una cuestión personal, porque es algo que ocurrió fuera del Parlamento. 
El artículo 108 se refiere a problemas de alusiones personales dentro del Parlamento, pero no un debate referente a una discusión política ocurrida fuera del Parlamento. 
Disculpe Su Señoría, pero no puedo concederle el uso de la palabra en este momento para ese tipo de intervención. 
Tengo el deber de cortar esta intervención, porque lo que va a provocar precisamente es otras cuestiones personales, cuando se refiere a asuntos que no figuran en este momento en el orden del día ni tienen una dimensión que afecte al Reglamento. 
Disculpe, pero, ¡tiene que ser así! 
... (sin micrófono) directamente personal a todos nosotros. 
Considero que siempre he procurado no hacer ataques personales, que es una cosa que no acostumbro a hacer, y quisiera... 
... considero que el ataque personal caracteriza la decadencia de nuestra democracia, caracteriza a quienes quieren ocultar, por ejemplo, el paso del Grupo Social Demócrata al PPE... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Disculpe, señor Rosado Fernandes, pero nada de eso es un ataque personal. 
Serán opiniones políticas, pero no es éste el momento ni se trata de una cuestión que se deba examinar a la luz del Reglamento. 
Disculpe, pero no tiene el uso de la palabra. 
Señor Presidente, permítame señalar simplemente a los diputados que las hojas para la firma de la lista de asistencia han sido trasladadas al interior del hemiciclo. 
Espero que los diputados se lo comuniquen a sus colegas que podrían estar fuera buscándolas. 
Gracias, señor Balfe. 
Usted sabe que esa ha sido una iniciativa de la Junta de Cuestores, a la cual se le ha dado el cauce oportuno en la forma menos incómoda posible. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, respecto al orden del día y al trabajo de la Conferencia de Presidentes según el artículo 28 del Reglamento quiero decir que, lamentablemente, el Parlamento no ha creado aún la comisión de control encargada de verificar la aplicación de las exigencias planteadas por la subcomisión de investigación de la EEB. 
A pesar de varias cartas dirigidas a la Presidencia tras una resolución de la Comisión de Agricultura, no se ha dado hasta ahora ninguna respuesta. 
Desde el 1 de abril de este año, se debería aplicar un Reglamento que contemple los criterios de calidad que deben cumplir los centros de aprovechamiento de reses muertas. 
Pero no es así. 
Este Parlamento debería reclamar ahora esta exigencia, una de las más importantes, también ante la Comisión. 
Pero esto no es posible porque la comisión no ha iniciado sus trabajos. 
Me da la impresión de que este retraso es imputable a un grupo político por motivos electorales. 
No podemos cuestionar la reputación de este Parlamento por razones electoralistas de un país miembro. 
Le ruego por ello que impulse la creación de esta comisión para que el Parlamento pueda realizar su trabajo. 
Señor Graefe zu Baringdorf, usted ha invocado el artículo 28 del Reglamento. Pero el artículo 28 permite preguntas escritas, no orales sobre la actividad de la Mesa. 
La Mesa ha conocido ya la cuestión a la que usted se refiere y tomará una decisión al respecto cuando lo estime oportuno. 
Se le ha sometido la cuestión en su última reunión, porque antes no ha sido posible. 
La Mesa tiene muchos temas de que tratar. 
Tomará una decisión el jueves, si esa decisión está madura y, si no, en el más breve plazo posible. 
Señor Presidente, el Sr. Graefe zu Baringdorf acaba de hacer algunas declaraciones. No ha tenido el valor de decir realmente lo que pensaba; ha aludido a un país concreto. 
Como diputada británica a este Parlamento y presidenta del Grupo Socialista, permítame dejar perfectamente claro que, a los pocos días de que se hicieran públicos los resultados de la comisión temporal de investigación en materia de EEB me dirigí a dicha comisión solicitando la creación inmediata de una comisión de seguimiento. 
Si el diputado se refería a mi Grupo, no ha habido ningún intento de retrasar esa decisión. 
Señora Green, no se ha hecho ninguna alusión, ni a usted ni a su Grupo, de modo que no hacía falta esa aclaración. 
Señor Presidente, supongo que basándose en la comunicación sobre la decisión de la Conferencia de Presidentes, durante la próxima reunión de dicha conferencia, se habrá de tomar una decisión sobre dicho comité. 
Esa es mi intención. 
Dependerá de ustedes, los presidentes de Grupo, el tomarla. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones: 
Señor Presidente, quiero indicar que la Comisión de Control Presupuestario ha aprobado estos informes en el momento y forma adecuados y lamento extraordinariamente que el Consejo no podidoe emitir su opinión al respecto. 
Esto nos obliga a separar de la aprobación general de la gestión ambos informes y aplazarlos hasta el orden del día del período parcial de sesiones de abril II. Por lo demás, esta es la última ocasión en que podemos debatir sobre la aprobación de la gestión y adoptar una resolución pues el Reglamento nos obliga a aprobar la gestión o a emitir nuestro dictamen en el Plano hasta finales de abril. 
Quiero decirlo aquí con toda claridad y lamento sobremanera que tengamos que dar ahora este paso. 
Muchas gracias, señora Theato. 
Espero que el Consejo tome nota de esta observación. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha solicitado la inclusión en el orden del día de una declaración del Consejo y de la Comisión sobre el cierre de la factoría Renault en Vilvoorde. 
El Consejo ha comunicado que no procede hacer declaración alguna por su parte, habida cuenta de que no es de su competencia, según entiende. 
La Comisión estaría dispuesta a hacerlo el miércoles, aunque el miércoles plantearía bastantes problemas en cuanto al orden del día, ya bastante cargado. 
Pero, naturalmente, esto queda a la decisión de sus Señorías. 
Tiene la palabra la Sra. Moreau, del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, para justificar la solicitud. 
Señor Presidente, la decisión de cerrar la fábrica Renault de Vilvorde, reveladora de la actual construcción europea, que se basa en la competencia entre los asalariados europeos, ha suscitado una legítima ola de protestas. 
Nuestra Asamblea se ha hecho eco de ellas aprobando, en su período de sesiones de marzo, una resolución que exige del Consejo y de la Comisión, cito: » que hagan todo cuanto esté a su alcance para que la dirección de Renault revoque su decisión». 
La dirección de Renault, que no ha presentado ninguna propuesta concreta, mantiene su decisión. 
Los trabajadores prosiguen sus acciones así como la ocupación de las instalaciones, y se benefician de la solidaridad de los asalariados de las fábricas Renault de otros países. 
Dos decisiones de la justicia, la una belga y la otra francesa han quitado la razón a la dirección de Renault. 
El Tribunal de Nanterre prohibió que se siguiera con el cierre de la fábrica de Vilvorde. 
Nuestra Asamblea no puede conformarse con aprobar una resolución, sin preocuparse de su seguimiento. 
Lo que está en juego es demasiado grave. 
Es la razón por la cual, de conformidad con el apartado 1 del artículo 96 del Reglamento, mi grupo propone una modificación del orden de los trabajos, con la inserción en la sesión del miércoles, de las declaraciones del Consejo y de la Comisión que den cuenta de las medidas adoptadas en el espíritu y en el respeto de la resolución del Parlamento Europeo, del 12 de marzo pasado. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, creo que este es el momento en que la Europa social comienza a desarrollarse como consecuencia de la lucha de los afectados. 
Los primeros procedimientos judiciales han mostrado que realmente existe una oportunidad de desarrollo y en este momento histórico, este Parlamento debería cumplir con su papel de caja de resonancia de la opinión pública europea y prestar atención a los afectados. 
Debemos tomarnos tiempo para este problema. 
Estimadas y estimados colegas, hagan un esfuerzo. 
Millones de desempleados y de excluidos socialmente están con su mirada puesta aquí. 
Si se niegan, mostrarán que persiguen una construcción europea que no tiene nada que ver con los intereses de los afectados. 
Por ello, nadie en esta Asamblea puede votar en contra. 
Tiene la palabra el Sr. Martens para intervenir en contra de la solicitud. 
Señor Presidente, los trabajadores de Renault de Vilvoorde alcanzaron la semana pasada una importante victoria. 
El cierre brutal de la empresa ha sido declarado ilegal por un tribunal de Bruselas y por otro tribunal de Rennes. 
La situación surgida tras esos dos fallos es completamente nueva. 
Según he oído esta mañana en los medios de comunicación de mi país, los sindicatos han aceptado el principio de reanudar las actividades por ser considerado ese cierre contrario a las leyes con lo cual se da inicio a un procedimiento absolutamente nuevo. 
Los sindicatos están organizando un referendo que tendrá lugar el próximo jueves por la mañana, en el cual habrán de participar todos los trabajadores de Vilvoorde. 
Esto significa una situación completamente diferente. 
Ante estas circunstancias estimo que existe la posibilidad, legal por lo demás, de que se aplique el procedimiento normal de concertación. 
Por otra parte, he oído decir que el Consejo de Asuntos Sociales se reunirá el próximo 15 de abril. 
En tal situación, y a menos que dos tribunales restablezcan la legalidad de esta decisión y que se preve a un nuevo procedimiento a seguir, considero necesario que brindemos todas las posibilidades a la concertación que respaldan en particular tanto los trabajadores como los sindicatos, pareciéndome inoportuno que celebremos un nuevo debate político al respecto. 
Continuamos brindando nuestra solidaridad a estos trabajadores y a tales efectos pido que se ofrezca una posibilidad a este nuevo procedimiento. 
Someto a votación la solicitud del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Jueves y viernes: 
(No se han presentado propuestas de modificación) 
Señor Presidente, sólo quería plantear una cuestión relativa a la Declaración de la Comisión y del Consejo a raíz del informe del Sr. Alavano sobre Oriente Próximo, y preguntar si es posible prorrogar los plazos. 
Según tengo entendido, el plazo para la presentación de propuestas de resolución se ha fijado para este jueves, pero no será sometido a votación hasta el período parcial de sesiones de abril II en Bruselas, por lo que sería más adecuado fijar el plazo de presentación en una fecha más próxima a dicho período parcial de sesiones. 
Se trata de un problema político muy delicado. 
Estoy segura de que sucederán muchas cosas en ese intervalo y deberíamos permitirnos hacer algo más actualizado cuando llegue el momento que fijar el plazo para esta semana. 
Sra. Green, la próxima Conferencia de Presidentes establecerá los plazos para la presentación de propuestas de resolución. 
Es mejor así, ya que nos permitirá tener en cuenta cualquier eventualidad. 
Señor Presidente, se trata del orden del día para esta semana. 
Se ha programado para el miércoles el informe de la Sra. Terrón i Cusí sobre el sistema de información europeo. 
Hemos tenido problemas en la tramitación de este asunto en la comisión pertinente, ya que no disponíamos de los documentos en sueco. 
Con motivo de nuestra última reunión hemos debatido este hecho a fondo. 
Finalmente, la diputada Cederschiöld y yo, que nos encontrábamos en la comisión, decidimos no interrumpir los procedimientos. 
En su lugar, nos abstuvimos de participar en la votación, en la esperanza de que dichos textos fueran traducidos al sueco antes del actual periodo de sesiones. 
En estos momentos lo único que existe en sueco es la exposición de motivos. 
Nada más, ni los documentos del Consejo ni el propio informe. 
Este informe es central, como todos sabemos, y gira en torno a una cuestión clave. 
Todo lo sucedido es inaceptable en nuestra opinión, y tampoco concuerda con el Reglamento que no se presenten los documentos en todas las lenguas maternas de los diputados. 
De conformidad con el Reglamento, solicito que se aplace el debate sobre este informe hasta que los documentos se hayan traducido al sueco. 
Señor Presidente, se trata de la misma cuestión planteada por la Sra. Lindholm. 
Mi intención es subrayar una parte de su intervención, donde dice que se ha discutido la posibilidad de celebrar el debate a pesar de que faltaba la traducción, pero no así la votación. 
Yo no creo que se haya de dar curso ni al debate ni a la votación antes de que dispongamos de los documentos en sueco. 
Por consiguiente, pienso que ha de excluirse este punto del orden del día hasta que estén en nuestras manos. 
Sra. Cederschiöld, el Reglamento así lo establece y, desde luego, si no está el texto en sueco y en finlandés, no se procederá a la votación. 
Señor Presidente, me alegra que dé muestra de comprender el problema. 
Pero, suponiendo que los traductores trabajasen día y noche y que estos textos estuvieran en nuestras manos mañana con anterioridad a la votación, ¿Cómo vamos a poder leerlos y reflexionar sobre ellos? 
Esto no son condiciones de trabajo aceptables. 
Necesitamos las mismas oportunidades que tienen las otras nacionalidades de leer, debatir y trabajar. 
Pienso que el procedimiento en este caso es inaceptable, y solicito que se posponga el punto al próximo periodo de sesiones, fecha en que dispondremos de la traducción al sueco. 
Muy bien, señora Lindholm. 
Someto a votación la propuesta de retirar del orden del día el informe del que no se dispone todas las versiones lingüísticas. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Señor Presidente, usted ha retirado del orden del día los dos informes del Sr. Kellett-Bowman sobre la aprobación de la gestión. 
Deberían figurar entonces en el período parcial de sesiones de abril II pero no es así. Tenemos que hacerlo. 
No se cuándo se tratarán, pero en cualquier caso estos informes tienen que figurar en el orden del día de abril. 
Señor Presidente, yo también quiero que se aclare el orden del día del período parcial de sesiones de abril II, pues la Comisión ha comunicado que el miércoles por la mañana adoptará la decisión sobre qué países cumplen o no, en su opinión, los criterios de déficit. 
Desde hace mucho tiempo venimos exigiendo a la Comisión que ante tales decisiones se dirija primero al Parlamento y luego a la prensa. 
El miembro de la Comisión de Silguy ha comunicado que está dispuesto a aclarar este aspecto a las 15.00 horas y que sólo después tendrá lugar la conferencia de prensa. 
Lo considero un importante progreso en nuestra relación con la Comisión, por lo que me parece muy importante que este debate con la Comisión pueda tener lugar realmente- tal como escucho ya se ha acordado- a las 15.00 horas, es decir, inmediatamente al inicio del período parcial de sesiones de abril II. 
Señor von Wogau, en el proyecto definitivo de orden del día del miércoles, día 23 de abril, figuran dos comunicaciones de la Comisión: una, sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, otra, sobre las grandes orientaciones de política económica y déficit excesivos. 
A cada una se le dará 45 minutos de preguntas y respuestas. 
Por tanto, su propuesta está ya incluida. 
En cuanto a la observación de la Sra. Theato, que tiene toda la razón, creo que el momento oportuno de prever en qué día se podrán incluir los informes mencionados, siempre pendientes del Consejo, será en la reunión de la Conferencia de Presidentes de este jueves. 
No es necesario que en este momento fijemos el día y la hora, el jueves esperamos tener más datos para poder proceder a esa inclusión. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Experimentación animal en el sector de los cosméticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0017/97) de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el informe de la Comisión (COM (96) 0365- C4-0662/96) sobre el desarrollo, validación y aceptación legal de los métodos alternativos a la experimentación animal en el sector de los cosméticos- 1995. 
Señor Presidente, permítame que para comenzar diga algo que no supone ninguna sorpresa para nadie de nosotros: desde hace ocho años estoy luchando con muchas y muchos colegas para que no se realicen experimentos con animales con fines cosméticos. 
Sin embargo, el éxito de esta lucha es muy reducido. 
Si en mi intervención de hoy soy algo más moderada que en los años pasados se debe solamente a que no quiero mortificar a la Comisaria presente, la Sra. Bonino, ni a sus servicios, por algo que han hecho sus antecesores. 
En 1993, este Parlamento decidió con toda claridad que no deben realizarse experimentos con animales para fines cosméticos ya que existen 8.000 ingredientes ensayados en animales. 
Cualquier nuevo ingrediente que se quiera emplear para productos cosméticos debe ensayarse de un modo alternativo, es decir, in vitro y no en los animales. 
Hemos exigido a la Comisión que nos informe anualmente sobre los progresos logrados. 
Lamentablemente, han sido casi nulos. 
El hecho de que hoy hable sobre este tema con tanto atraso se debe a que el informe que he elaborado sobre el informe de la Comisión fue retirado del orden del día en la última sesión. 
Entretanto, con gran rapidez la Comisión ha encargado al comité técnico que se reuniese, quien ha adoptado unas decisiones relativamente suaves para su posición. 
Insto a la Comisión para que acepte el informe que elaboré en nombre de la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento y que recoja lo que en él se contiene. 
Ese mencionado comité técnico no ha hecho nada de ello. 
Permítanme que me refiera a dos de los tres puntos y que plantee a continuación dos preguntas a la Sra. Bonino. 
Por un lado, en 1993 acordamos que si hasta 1998 no se hubiese realizado ninguna validación o elaboración de métodos alternativos, se permitiese una única prórroga para las experimentaciones con animales por un período máximo de dos años. 
Me gustaría oír de la Sra. Bonino si coincide con nosotros en que el año 2.000 tiene que ser el punto final para la experimentaciones con animales con finalidades cosméticas y que no debe concederse ninguna prórroga más. 
Lamentablemente, no está tan claro lo que el comité técnico acordó el 20 de marzo. 
Además, quisiera que la Comisión reconozca por fin- lo que no ha ocurrido en el pasado- que ninguno de los experimentos realizados con animales nunca fue validado. 
Algo que exigimos y esperamos de los métodos alternativos no lo cumplen en absoluto estos experimentos con animales. 
Señora Bonino, ¿va a asegurarnos que no se van a plantear unas exigencias superiores a las validaciones que a los experimentos con animales? 
¿Va a tomar también nota de que la mayoría de los experimentos con animales jamás fueron validados, es decir, que nunca fueron realmente comprobados, por lo que tienen solamente una relevancia muy reducida? 
Si hay que respetar los convenios internacionales- y por lo visto la OCDE es una autoridad para la Comisión- ¿garantizará también usted que la OCDE intente erradicar muchos experimentos con animales validando las alternativas? 
¿Garantizará también por ello que se presenten ante la OCDE suficientes solicitudes para el reconocimiento de métodos alternativos? 
Señora Bonino, ¿va a producirse próximamente una modificación de la directiva sobre productos cosméticos? 
Sé que el comité técnico y sus servicios lo han anunciado en repetidas ocasiones en el pasado; la sexta enmienda, junto con mi informe, hizo que en 1993 se exigiese por primera vez una prohibición en la Unión de los experimentos con animales. 
Señora Comisaria, se puede imaginar que una séptima enmienda tendría aún más en cuenta los deseos de Parlamento y usted dispondría del apoyo que le gustaría tener. 
Por ello, me gustaría oír de usted si va a presentar próximamente una séptima enmienda a la directiva sobre los productos cosméticos. 
¿Determinará con total claridad por fin esta séptima enmienda que no se experimentará en animales ni un solo producto final? 
Estaba convencida de que con la sexta enmienda esto había quedado su suficientemente aclarado pero, por lo visto, no es así. 
Lo espero de la séptima. 
Me gustaría oír de usted cuándo va a conceder al Parlamento la posibilidad de emitir su dictamen en el procedimiento legislativo y va a apoyar a los millones de personas en la Unión Europea que exigen que no se realicen más experimentos animales con finalidades cosméticas. 
Señor Presidente, la generosidad de la Sra. Roth-Behrendt me parece asombrosa. 
Se ha mostrado muy amable con la Comisión y puedo entender por qué. 
Ésta no es la Comisión que fracasó tan estrepitosamente en el pasado, se trata de una nueva Comisión. 
Pero sostengo, no obstante, que la nueva Comisión debe asumir las responsabilidades de la anterior, y me molesta profundamente que la actual Comisión se vea tan sometida a la influencia de los grupos de interés como lo estuvo la anterior. 
Sólo un parlamento y los diputados pueden responder a las muchas miles de cartas que entre todos recibimos sobre este asunto. 
Debo decir también que me parece muy decepcionante que hayamos dejado escapar una oportunidad. 
Si se tratara de una situación en la que se aplica el proceso de codecisión, nuestro poder e influencia sobre la Comisión habrían sido mucho mayor. 
Al igual que sucedió la vez anterior, la cooperación ha significado que nuestra opinión no ha sido tenida en cuenta. 
Me pregunto si la Comisión se ha parado a pensar en la posibilidad de que nosotros, en calidad de Parlamento, estudiemos una serie de medidas que no están relacionadas directamente con este tema y recurramos a ellas para lograr nuestros objetivos en este asunto. 
Me parece que la única alternativa que nos queda sería una moción de censura contra la Comisión por incumplimiento de lo prometido. 
Lo intentamos hace tan sólo un mes y, naturalmente, en semejantes circunstancias nos vimos obligados a apoyar a la Comisión- y con razón. 
No obstante, la Comisión no puede desairar constantemente al Parlamento como si no tuviéramos la necesidad democrática de rendir cuentas a nuestros electores. 
Deseo pedir a la Sra. Comisaria que, cuando responda al debate, aborde algunas de las cuestiones específicas que se desprenden de la resolución presentada a esta Asamblea y que paso a especificar a continuación. 
En primer lugar, ¿podemos conocer el proyecto de medidas que se presentará al Parlamento? 
Un «proyecto de medidas» puede significar cualquier cosa. 
En segundo lugar, ¿podría informarnos sobre lo que ha sucedido hasta ahora? 
En la comisión, la Sra. Comisaria no ofreció ninguna explicación clara. 
Hemos sabido que no existen estadísticas detalladas. 
¿Por qué no? 
¿Quién recopila los datos estadísticos? 
¿De dónde proceden? 
¿Qué medidas ha tomado la Comisión para ponerse al día en estos asuntos? 
Si la Sra. Comisaria no lo sabe, ¿entonces quién lo sabe? 
Todos estos aspectos se han perdido de vista. 
Una vez más, el lobby ha sido más eficaz que todos los demás. 
Es una situación completamente inaceptable. 
La Comisión y el Parlamento deben asumir juntos la responsabilidad y garantizar que se pone fin al abuso de animales del modo que se ha venido haciendo en aras del comercio. 
Señor Presidente, el Grupo del PPE apoyará el informe de la Sra. Roth-Behrendt, y quisiera felicitarla por la elaboración del mismo. 
Hemos demostrado sincero interés por este asunto y reconocemos la gran importancia del mercado europeo de cosméticos. 
A pesar de que el número de animales que se utilizan actualmente en la experimentación de cosméticos es relativamente bajo, nuestro objetivo, al igual que el de la ponente, es reducir dicho número a cero. 
Llamamos la atención sobre el hecho de que se desconoce realmente el número de pruebas de cosméticos que se realizan en la Unión Europea en las que se utilizan animales, ya que la mayoría de los Estados miembros incumplen su obligación de recoger estadísticas, Estados entre los que se incluye Alemania. 
Espero que la Sra. Roth-Behrendt transmita este mensaje en su país. 
En segundo lugar, siento tener que dar la razón al Sr. White en el contexto de las elecciones generales británicas, pero me parece que las únicas personas que abordan este tema con cierto interés son los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de los grupos de presión de fuera. 
Resulta curioso teniendo en cuenta que la Unión Europea ha previsto en la Directiva de 1993 un marco para la prohibición. 
Es curioso asimismo porque la Unión Europea se jacta de ser un organismo democrático. 
Quisiera pedir a la Sra. Comisaria que, en su intervención, nos dé un calendario para prohibir sin demora todo requisito de probar los productos acabados en animales. 
También es muy importante que demostremos mayor claridad y urgencia en el desarrollo y en la validación de métodos alternativos. 
Junto con la Sra. Roth-Behrendt y otros diputados al Parlamento Europeo, visité el Centro europeo para la validación de métodos alternativos para la experimentación de productos cosméticos de Ispra, en el norte de Italia. 
Está situado en medio de un pinar. Creo que anteriormente había sido el Centro italiano de energía nuclear. 
He recurrido a mis anotaciones y observo que el Dr. Balls, director del centro, nos dijo en diciembre de 1995 que creía posible que a partir de 1998 se prohibirían las siguientes pruebas de productos cosméticos en animales: productos acabados, absorción percutánea, fotoirritación, irritación cutánea, mutagenicidad, irritación y sensibilización ocular. 
Aquí ocurre algo muy curioso; el director del centro nos dijo en 1995 que eso sería posible a más tardar en 1998, y sin embargo la Comisión no ha presentado ninguna propuesta. 
Me pregunto si esto tiene algo que ver con los problemas que la Comisión puede prever en relación con la Organización Mundial del Comercio, y el hecho de que pueda no ser posible introducir dicha legislación tal y como se había previsto originalmente a raíz de nuestras obligaciones con respecto a ciertas normas del GATT. 
Si eso es cierto, en ese caso yo, y supongo que también la Sra. Roth-Behrendt, estaríamos dispuestas a presentar batalla. 
¿De qué sirve tener una posición de la Unión Europea sobre este asunto, que es de gran importancia para muchas personas de Europa, si no podemos hacer nada al respecto debido a normas internacionales? 
Ciertamente debemos poner a prueba esas normas hasta el final. 
Señor Presidente, la prohibición de comercialización de productos cosméticos e ingredientes sometidos a experimentos con animales debería entrar en vigor el 1 de enero de 1998. 
Aunque desgraciadamente, como otros oradores lo han señalado ya anteriormente, la Comisión opina que dicha prohibición debe posponerse por dos años. 
Deseo dar pruebas de un mayor rigor que el expresado por la ponente, la Sra. Behrendt. 
En la resolución se propone un máximo de dos años. 
También yo desearía hacer valer ese período durante un máximo de dos años y quisiera preguntar a la Comisaria si no contempla la posibilidad de reducir ese período. Ya que un máximo representa un máximo, por debajo del cual es posible igualmente situarse. 
Considero que el conjunto del expediente constituye un documento sumamente lamentable y votaremos contra las dos enmiendas presentadas por el Grupo Unión por Europa ya que su única intención es debilitar la resolución de la ponente. 
Me parece completamente disparatado que los animales tengan que sufrir en aras de la producción de nuevos cosméticos. Aunque estimo igualmente que los argumentos de la Comisión para posponer una propuesta resultan insuficientes. 
Y al examinar el informe anual de esta última cabe señalar el laxismo y la falta de empeño en establecer las disposiciones de prohibición en 1998. 
Resulta altamente lamentable lo reducido de los logros alcanzados por la Comisión y que ahora trate de escudarse en pretextos tales como la OMC y los riesgos a la salud. 
Y si examinamos el apartado 3 de la resolución podemos comprobar la incapacidad de la Comisión de ofrecer informaciones estadísticas precisas sobre los esperimentos en materia de cosméticos en la Unión Europea. 
Desearía pedir a la Sra. Bonino que examinase el apartado 3 y que nos responda de qué manera sería posible mejorar en todo caso las estadísticas. 
Habría sido preferible que la Comisión hubiese dado muestras de un mayor empeño en el reconocimiento internacional de métodos alternativos de ensayos. 
Y sobre todo, debemos tener presente que ya existe un total de unos 8000 ingredientes ensayados. 
Habría sido mejor que la Comisión obligase a los productores de cosméticos a utilizar estos ingredientes ya existentes y a proceder a una prohibición de nuevos experimentos con animales. 
Y luego tenemos la sugerencia del colega White de que podría responderse sencillamente poniendo en su lugar a la Comisión. 
Espero que la respuesta que nos brinde la Comisaria permita calmar los ánimos y ser más indulgentes que al principio de este debate. 
Señor Presidente, en primer lugar cabe decir que la Sra. Roth-Behrendt ha escrito un excelente informe. 
No obstante, ha surgido una nueva situación tras la decisión de la comisión técnica del día 20 de marzo, que modifica las condiciones de fondo. 
Cabe calificar la decisión adoptada de muy negativa; aplazamos otra vez la decisión final a una fecha incierta en el futuro. 
La decisión es negativa por varios motivos. 
Primero, naturalmente por la cuestión en sí: Estamos debatiendo un asunto de naturaleza ética, y está absolutamente injustificado utilizar experimentos con animales para la fabricación de productos cosméticos. 
Segundo, la forma adoptada para la decisión es totalmente injusta, puesto que es una comisión técnica la que esta legislando en la práctica. 
Este procedimiento no es aceptable en un país democrático. 
También es preocupante que dentro de 2 años la comisión técnica tenga la posibilidad de aplazar de nuevo la decisión si no se ha llegado a unas alternativas viables en este caso. 
Nos resulta absolutamente imposible aceptar este modo de proceder. 
También la Comisión ha recibido críticas por haberse mostrado pasiva y haber adoptado la iniciativa de aplazar de nuevo la prohibición. 
Naturalmente se obstaculiza la presentación de alternativas con el continuo retraso de la prohibición; hacemos que el proceso vaya más lentamente porque no existe una fecha límite clara. 
Además, ha surgido ahora un nuevo argumento: se aduce que la OMC impide la introducción de una prohibición de ventas. 
Este argumento es muy dudoso, entre otras cosas porque no es posible saber si esta organización va a rechazar la norma si no intentamos introducirla primero. 
En caso de que no la aprobase, no podemos aceptarlo sin luchar por que se introduzca la prohibición de ventas en este ámbito. 
Apoyamos el informe y estamos a favor de la prohibición lo antes posible, tanto de las ventas como de los experimentos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, considerándolo bien se puede afirmar que la Comisión ha desarrollado a la perfección la técnica de eludir directivas o reglamentos aprobados. 
Es un escándalo que la prohibición de realizar experimentos con animales, que debería entrar en vigor el 1-11998- lo que ya era conocido desde hace cuatro años y fue aplazado en repetidas ocasiones- se quiera aplazar de nuevo hasta el año 2.000. 
Ni por motivos científicos ni éticos se puede defender que millones de animales tengan que morir del modo más terrible sólo para que la industria cosmética pueda elaborar algunos productos más, aunque ya existen millones de ellos. 
La población de la UE lo rechaza mayoritariamente, lo que demuestran millones de firmas. 
El Parlamento tampoco lo quiere. 
Tampoco es aceptable que se establezcan normas de excepción. 
Si mediante ensayos in vitro no se puede demostrar la ausencia de toxicidad de una sustancia, entonces hay que renunciar sencillamente a esa nueva sustancia. 
Ya tenemos suficientes. 
Además hay que cuestionar el que todo se tenga que investigar mediante ensayos con animales. 
Lo que quizás haya mostrado una inocuidad plena en experimentos con animales, puede provocar en las personas graves reacciones. 
Esto es algo que se ha comprobado ya en incontables ocasiones. 
No se pueden aceptar estos continuos aplazamientos. 
Recuerdo solamente los «leghold traps». 
Lo que se ha acordado ya hace mucho tiempo en esta Asamblea se aplaza alegando para ello curiosos argumentos, como la estadística, la OMC o lo que sea. 
Entonces vienen y dicen que no quieren tales leyes y que lo que ha acordado el Parlamento está muy bien pero que en principio hacen lo que quieren. 
Esta es la situación actual. 
Lo rechazo al igual que los experimentos con animales. 
Me gusta utilizar productos cosméticos pero no de este modo. 
Debemos atenernos por fin a las resoluciones de la Asamblea. 
Para eso se nos ha elegido y es lo que la población espera de nosotros. 
Señor Presidente, a primera vista, la prohibición de los experimentos con animales para someter a prueba los cosméticos o las sustancias que forman parte de su composición debería gozar de un consenso, ya que todos nosotros nos oponemos naturalmente a cualquier acto de crueldad para con los animales. 
Sin embargo, al examinar el expediente se impone una constatación importante. 
Una decisión favorable a esta prohibición corre el riesgo de ser fatal para la industria cosmética europea que es la primera del mundo. 
En efecto, la mayoría de terceros países exigen este tipo de experimentos y nuestros competidores más agresivos- los americanos y los japoneses-no dejarán de continuar con las pruebas en los animales para lanzar al mercado productos que venderán en el mundo entero, incluidos nuestros países. 
Por otra parte, ¿es verdaderamente cruel probar un producto aplicándolo detrás de la oreja de un conejo o, en el peor de los casos, instilándolo en la córnea de una rata para asegurarse de que no desarrolla una conjuntivitis? 
El informe de la Sra. Roth-Beherendt quiere autorizar únicamente los métodos alternativos. 
Pero, ¿cuáles son éstos? 
Sólo conozco uno científicamente serio, es la experimentación humana. 
Al ser médico esteticista, estoy muy bien informado a este respecto y puedo asegurarles que los americanos son los maestros en estas técnicas. 
En particular, en California, es corriente reclutar en las prisiones a voluntarios que, por un puñado de dólares y una remisión de la pena, aceptan exponerse al sol durante diez horas con un cóctel de cremas solares en la espalda. 
Estos prisioneros, voluntarios para la ciencia, son siempre de origen social desfavorecido y la mayoría de las veces inmigrantes. 
¿Iremos en Bélgica, en Francia o en cualquier otra parte de la Unión Europea, a solicitar en nuestras prisiones a delincuentes magrebíes para someterles a estos experimentos? 
En mi condición de humanista de siempre no puedo aceptar esto y el autor de este informe tendrá muchas dificultades para explicarme en nombre de qué principios morales la protección de las orejas de un conejo y las conjuntivas de una rata tienen prioridad sobre la salud de los inmigrantes, aunque sean delincuentes. 
Señor Presidente, siempre que tiene lugar este debate en este Parlamento se confunden muchos conceptos que hay que clarificar si queremos evitar que se produzca un diálogo de sordos. 
Hay una primera realidad indiscutible y es que, cuando existen, los científicos de todo el mundo están a favor de los métodos alternativos a la experimentación animal porque son más fáciles. 
Nadie prefiere la alternativa de utilizar animales porque, entre otras cosas, el trabajo es más difícil y muchísimo más caro. 
Por lo tanto, no se debate si estamos a favor o en contra de los métodos alternativos. 
El verdadero debate consiste en determinar si se puede proteger el derecho a la salud de las personas con los métodos alternativos que ahora mismo existen. 
Esa debe ser la auténtica preocupación de este Parlamento. 
Lo que ocurre es que en el campo del Derecho algunas veces hay bienes que son contrapuestos. 
En los casos en que el bien que todos perseguimos de proteger el bienestar de los animales entra en conflicto con el bien de proteger la salud de las personas, hay que inclinarse por este segundo bien superior. 
Además, en este Parlamento muchas veces tenemos un gran voluntarismo político. 
Hay ocasiones en que, desgraciadamente, no podemos avanzar por delante de la ciencia. 
Se habla del centro de Ispra y se afirma que no son capaces de hacer demasiado, también aquí se confunden cuáles son las facultades y cuál es la capacidad del centro de Ispra. 
Los métodos alternativos saldrán de la investigación internacional y no de ningún centro especializado voluntarista. 
Se podrá impulsar, se podrán hacer cosas, podremos gastar dinero, pero será la investigación internacional la que al final consiga estos métodos alternativos. 
Señor Presidente, quiero subrayar que discrepo totalmente de lo expuesto por uno de los anteriores oradores. 
Se trata, según el, de la salud de las personas. No es así. 
Se trata de su vanidad, y ése es otro cantar. Quiero, además, dar las gracias a la ponente por su excelente informe, que es casi demasiado equilibrado- como también han señalado otros oradores -, pero es natural. 
No obstante, el hecho es, y espero que la Sra. Comisaria lo comprenda, que el aplazamiento de la prohibición para que no entre en vigor en 1998 es totalmente inaceptable. 
No existe ningún motivo en absoluto para ello. 
Hay suficientes productos cosméticos en el mercado. 
Podemos utilizar los que ya existen. 
Tenemos suficientes posibilidades. 
No hay motivos para seguir investigando, si la experimentación no se realiza con métodos alternativos. 
Como ya han dicho otros oradores, resulta totalmente inaceptable que sean técnicos quienes adopten estas decisiones. 
Es una cuestión política, por lo que son los políticos quienes deben adoptar las decisiones, no los técnicos. 
Lamentablemente, este proceso decisorio demuestra muy claramente la fuerza del cabildeo del sector de los cosméticos en la Comunidad Europea. 
No es de extrañar, ya que el 40 % del mercado de estos productos se encuentra en Europa, pero precisamente por eso deberíamos ir por delante y prohibir la experimentación animal. 
Es lamentable que la Comisión ceda a las actividades de cabildeo. 
El nuevo aplazamiento transmite una señal errónea. 
Si lo aprobamos ahora, la industria pensará que lo haremos una y otra vez y hará caso omiso de la prohibición. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe Roth-Behrendt tiene por objeto presentar los progresos realizados por la Unión en materia de desarrollo, validación y aceptación de los métodos que podrían sustituir a la experimentación animal en el sector de los cosméticos. dicho informe hace también referencia al informe del Ejecutivo de 1994, que confirmaba la falta de métodos alternativos válidos en sustitución de la experimentación animal y reiteraba el compromiso del Ejecutivo en reducir, por lo menos, el número de animales utilizados. 
Tengo que subrayar que sólo para las pruebas sobre las irritaciones oculares y sobre las absorciones por vía cutánea, sobre la fototoxicidad y sobre la fotoirritación, y para las pruebas básicas relativas a las mutaciones genéticas, el informe de la Comisión manifestaba cierto optimismo respecto de la posibilidad de experimentar métodos de sustitución válidos. 
En nuestra opinión, las divergencias que existen entre Parlamento Europeo y Comisión están aún por resolver, porque en este momento se trata de un conflicto entre los principios del libre cambio y la afirmación de valores no comerciales en la experimentación animal en el sector de los productos cosméticos. 
El legislador europeo puede legislar para cada producto que esté en circulación en la Unión, pero debe seguir los dictámenes del Derecho internacional porque cuando las empresas europeas exportan a terceros países que exigen la experimentación animal para los productos europeos, deben ajustarse a la legislación de dichos países. 
Además, las normas suscritas por la Unión Europea en el seno de las negociaciones GATT no permiten prohibir la circulación en Europa de productos extranjeros experimentados en animales. 
En definitiva, prescribir normas más severas a los productores europeos que a sus competidores extranjeros podría ser una discriminación con respecto a los primeros. 
Para obviar todo eso, al menos temporalmente, la Comisión debería prorrogar algunos años la directiva que impide la comercialización de los cosméticos experimentados en animales. 
Señor Presidente, no entiendo en absoluto porqué la Comisión cree de nuevo que tiene que aplazar este asunto otros dos años. Quiero aprovechar la ocasión para decir a aquellas damas y caballeros que creen que no existen métodos alternativos que se equivocan. 
Por ejemplo, no es cierto que para los ensayos oculares no existan alternativas. 
Es sencillamente algo conocido internacionalmente. 
Estimado colega, si lo afirma es que no sabe de qué habla. 
Es un sinsentido completo traer a colación en este contexto a pobres prisioneros en los que se realizan experimentos. 
Cualquier mujer u hombre que desee emplear un perfume cualquiera renunciaría al mismo si supiese que para su fabricación se ha tenido que torturar a alguien. 
Yo también tengo una estadística, de la República Federal de Alemania, en donde se aplican unas reglas muy estrictas. 
Dicha estadística se publicó en 1997. 
Se habla en ella de miles de gatos y perros. 
Cada año se tortura a millones de animales. 
Todos ustedes, señoras y señores, que quizás tengan un perro en su casa y que desean lo mejor para él, deberían imaginarse que fuese su perro en el que se ensayase un producto cosmético cualquiera. 
Creo que ya se ha investigado lo suficiente y que existen suficientes métodos alternativos. 
Todos sabemos porqué se aplaza, exclusivamente por motivos de política comercial. 
Esto no tiene nada que ver con ausencia de métodos alternativos. 
Señor Presidente, después de oír la intervención de la Sra. Flemming es evidente que tanto la Comisión como los Estados miembros conceden una relevancia muy reducida a la protección de los animales. 
El informe anual de la Comisión para 1995 revela claramente que falta totalmente el necesario compromiso por parte de la Comisión para aplicar las limitaciones y la cesación de los ensayos con animales en la industria cosmética. 
Mientras que ésta realiza trabajos de investigación dignos de mencionar, la Comisión ha reducido más o menos su actividad a coordinar determinados programas de validación. 
Lamentablemente, es un hecho- y la ciencia está en gran parte de acuerdo- que los métodos de investigación sin ensayos con animales no están aún lo suficientemente desarrollados en ciertos sectores. 
Por ello, apoyo en especial la exigencia de la ponente para que los trabajos de investigación y desarrollo dirigidos a la búsqueda de métodos alternativos en el campo de la cosmética se incluyan en el quinto programa marco de investigación y desarrollo. 
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo un expediente muy sensible, que ha suscitado y suscita grandes emociones: prueba de ello es también el gran número de tarjetas postales que la Comisión recibe de ciudadanos europeos. 
Pero los señores diputados me permitirán que ponga de relieve y que clarifique algunos puntos, no para desdramatizar el problema ni para circunscribirlo, sino para enmarcarlo en su verdadera dimensión. 
En primer lugar, la Comisión quiere reiterar que, en sus iniciativas en este ámbito, persigue dos objetivos fundamentales entre los que, como el colega Valverde López ya ha señalado, puede existir a veces cierto conflicto de intereses: por una parte, la seguridad de los consumidores y, por otra, la reducción, y si es posible la supresión, del sufrimiento de los animales. 
No sé si podemos hablar sólo de vanidad de las personas cuando hablamos de productos de higiene cuyo consumo es amplísimo, tipo champú o dentífricos. 
Tengo la impresión de que, quizás, el problema es un poco más complejo. 
Pero hay otro dato que quisiera poner de relieve- dato que conoce este Parlamento -, es decir, el hecho de que, por lo que respecta a las experimentaciones con animales, estamos hablando- como ciertamente sabe la ponente- del 0, 03 % de las experimentaciones animales relativas a los cosméticos: todas las demás experimentaciones conciernen a otros productos. 
Además, por lo que se refiere a los cosméticos, no me consta que se hagan pruebas con perros: lo digo sólo para tranquilizar y enmarcar la dimensión del fenómeno. 
Dicho esto, y precisamente porque es sensible a este problema, la Comisión trata de clarificar la relación de intereses entre la salud de los consumidores y la disminución, o la supresión, del sufrimiento de los animales. 
La Comisión cree que la seguridad de los consumidores debe ser la consideración principal: eso puede ser discutible, pero ésa es la línea de la Comisión. 
Obviamente, por lo que se refiere a la seguridad de un producto cosmético, hay que evaluar la seguridad no sólo del producto acabado sino también de los ingredientes que lo componen. 
Como se ha recordado aquí, la directiva sobre los cosméticos establece la necesidad de garantizar la inocuidad del producto acabado y, sobre todo, de los ingredientes. 
La modificación ha reforzado esta necesidad al introducir la obligación de mantener accesible a las autoridades de control una serie de informaciones, incluida una evaluación de la seguridad para la salud humana: el denominado expediente del que nos estamos ocupando. 
Aunque nos limitáramos a la utilización de los actuales ingredientes- lo que bloquearía cualquier innovación e iría, sobre todo, en detrimento de la industria -, la evolución constante de los conocimientos científicos requeriría, en cualquier caso, toda una serie de experimentos. 
Por lo tanto, la Comisión, aun lamentándolo, Señorías, no puede sino constatar este hecho, que, por otra parte, ha sido confirmado por el Comité Científico de Cosmetología. 
Repito: la Comisión lamenta esta situación, ya que concede gran importancia al respeto de la vida y del bienestar de los animales. 
Estamos convencidos y somos conscientes de que, en este caso, se trata de un valor moral, al que han hecho referencia muchos parlamentarios y al que son sensibles los ciudadanos de la Unión. 
Sin embargo, la Comisión no está de acuerdo cuando se dice que no se han hecho esfuerzos importantes. 
He aquí sólo algunas cifras, Señorías: por lo que respecta a las financiaciones, por ejemplo de los distintos programas de investigación, el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos cuesta- y está financiado por la Comisión- 8 millones de ecus; además, se han asignado más de 3 millones de ecus de la DG XII para nuevos estudios: en total son 12 millones de ecus que- quiero señalarlo a Sus Señorías- equivalen a más de la mitad de todo el presupuesto, por ejemplo, de la política a favor de los consumidores. 
Estoy de acuerdo en que podríamos estar todos, ustedes y nosotros, insatisfechos porque no hemos hecho bastantes progresos, pero estas cifras- 12 millones de ecus para métodos alternativos y para nuevos estudios, que equivalen, como ya he dicho, a más de la mitad de todo el presupuesto de la política a favor de los consumidores- pueden, quizás, dar una idea de las dimensiones de las financiaciones. 
Digo todo esto lamentando, como ustedes, que no se pueda hacer más, pero por lo menos debe reconocerse que se han hecho algunos esfuerzos y algunos intentos. 
Ahora quisiera hacer referencia a algunas consideraciones hechas por los colegas parlamentarios por lo que respecta a los datos estadísticos. 
Como los parlamentarios saben, los datos estadísticos deben ser facilitados por los Estados miembros, ya que la facultad de adivinación la Comisión aún no la tiene; y si la tiene, evidentemente la adivinación no se considera un dato serio. 
Ahora bien, para 1995 ocho Estados miembros- Italia, Grecia, Bélgica, Irlanda, Suecia, Finlandia, Luxemburgo y Alemania- declararon que en su territorio no se habían efectuado pruebas con animales para productos cosméticos, seis Estados miembros- Grecia, Países Bajos, Irlanda, Suecia, Finlandia y Luxemburgo- declararon que en su territorio no se habían efectuado pruebas con animales para los ingredientes cosméticos; sólo tres Estados miembros- Austria, Francia y el Reino Unidocomunicaron cifras relativas al número de animales utilizados, pero precisando, no obstante, que esas cifras no eran interpretables y que seguían habiendo muchas dudas en cuanto a su realización. 
La Comisión ha enviado a los Estados miembros diversas y numerosas reclamaciones para tener esos datos. 
Quizás puede considerar en un próximo futuro iniciar procedimientos de infracción, pero les aseguro que, aparte de esto, se han utilizado todos los instrumentos posibles para que se le entregaran esos datos. 
Resulta que por ese motivo tuvimos retrasos en el informe 1995, mientras que estamos más avanzados en el de 1996. 
Esta es, en cualquier caso, la realidad de los hechos. 
Dos elementos más en respuesta a las peticiones de Sus Señorías. 
El informe 1996 sobre los progresos realizados es ya objeto de consulta por parte de los servicios de la Comisión: por lo tanto, estamos ya en procedimiento escrito, por lo que el documento podrá llegar al Parlamento en un futuro muy próximo. 
De este informe resultará clara la continuación de los esfuerzos efectuados durante el año pasado, lo que no excluye que la Comisión, al igual que todos los demás interesados en el sector, tenga que potenciar más esos esfuerzos y recoger datos estadísticos fiables, suponiendo que los Estados miembros a) los tengan y b) los transmitan. 
Para precisar la situación actual quisiera distinguir dos elementos sobre la base de preguntas que usted, señora Roth-Behrendt, me ha hecho especificadamente. 
La primera se refiere a los productos acabados. 
Por lo que respecta a los productos acabados, en general será posible evaluar su seguridad a partir del 1 de enero de 1998 sin tener que recurrir a métodos que impliquen la utilización de animales, salvo en contadísimos casos y por motivos excepcionales de salud, con esa fórmula que usted conoce y que me parece prudente no excluir, aunque sea muy limitada. 
Por lo que respecta ahora a los ingredientes y a su combinación, diré que nuevos métodos que no usan animales permiten ya garantizar cierto screening y reducir el número y el sufrimiento de los animales, como los colegas saben. 
No hace falta repetir aquí los métodos alternativos en lo concerniente a la absorción percutánea, la fotoirritación, lo que ya ha recordado la colega, pero, al igual que el Comité Científico de Cosmetología, la Comisión ha constatado que en la actualidad no existen todavía métodos alternativos validados o aplicables a productos cosméticos que permitan renunciar totalmente a los experimentos con animales en ningún sector de la seguridad. 
En este contexto deseo reiterar aquí las intenciones de la Comisión. 
Por lo que se refiere a los ingredientes y a la combinación de ingredientes, la Comisión transmitió al Parlamento Europeo una propuesta de directiva de la Comisión relativa al aplazamiento de la fecha de la prohibición hasta el 30 de junio de 2000, con revisión de la situación a más tardar el 1 de enero de 2000. 
Como saben y como ya se ha recordado aquí, la propuesta de directiva recibió el voto favorable del Comité de Adaptación al Progreso Técnico el pasado 20 de marzo, y el procedimiento de aprobación formal por parte de la Comisión es inminente. 
Por lo que respecta a los productos cosméticos acabados, la Comisión tiene que reflexionar simplemente sobre dos hipótesis posibles para elaborar una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, en codecisión pues, encaminada a modificar la directiva de base sobre los cosméticos para confirmar la fecha del 1 de enero de 1998, salvo en los casos excepcionales de los que se hablaba. 
A este respecto quisiera hacer una última consideración: subsisten, les guste o no a los distintos colegas que lo consideran un pretexto, problemas GATT. 
No podemos decir que no existen: subsisten, y, por lo tanto, han de afrontarse. 
La Comisión está pensando en dos métodos posibles para resolver estos problemas jurídicos. 
Subsiste además un problema de no conformidad, como he dicho, con las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
La cuestión de la conformidad con las normas del Derecho internacional, tanto para los productos acabados como para los ingredientes, deberá resolverse en esa propuesta de directiva concreta, que se producirá en codecisión con el Parlamento Europeo y sobre la que el Parlamento, plenamente implicado, podrá decidir. 
Pero es seguro un estudio jurídico por parte de la Comisión para encontrar una solución a un problema que existe: creo que, en efecto, ningún parlamentario podrá negar que el problema de la Organización Mundial del Comercio existe realmente y que habrá que encontrar las soluciones adecuadas. 
En particular, la Comisión está estudiando dos hipótesis posibles: la primera es- cito- 
» la prohibición de prevalerse de los resultados de las pruebas en los animales, efectuadas en el territorio de la Unión Eeuropea, para probar la seguridad de estos productos, como expediente de información, etc. o segunda hipótesis, » una diferenciación entre productos europeos y productos importados, que comprenda una prohibición de prevalerse de los resultados de las pruebas en los animales para los productos europeos» ligada a la desregulación. 
Pero todavía no se ha decidido nada. 
Les digo simplemente que la Comisión está abordando este problema, que existe, antes de proponer al Parlamento, en codecisión, una propuesta de modificación y de directiva. 
Por consiguiente, debido a la codecisión, evidentemente, el Parlamento estará plenamente implicado en este procedimiento. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bonino. 
Tengo una petición de uso de la palabra de la ponente, Sra. Roth-Behrendt. 
Señora Bonino, permítame que le plantee algunas preguntas para cerciorarme de que le he entendido bien. 
Normalmente trato con gran suavidad la parte de la Comisión que usted representa, pero si hubiese oído primero su intervención, quizás hubiese mantenido hoy una actitud menos suave pues no me ha satisfecho mucho. 
No tiene sentido argumentar con los porcentajes de ensayos con animales destinados a productos cosméticos, pues tanto usted como yo sabemos que se realizan muchos experimentos con animales para lograr ingredientes que se emplean también en productos cosméticos y que no aparecen en ninguna estadística. 
Tampoco se trata de si hay suficientemente dinero para Ispra sino de los éxitos y éstos son: no hay alternativas validadas. 
¿Le he entendido bien en el sentido de que a partir del 1-1-1998 no se van a realizar ya experimentos con animales para productos finales? 
No animal tests for finished products. 
Es lo que le he entendido y espero que estemos de acuerdo. 
A las y los colegas que quizás sigan este asunto desde hace poco tiempo les quiero decir que esto lo exigió el Parlamento ya en 1993. 
Desde hace mucho tiempo estamos de acuerdo con representantes de la ciencia en que esto debería ser posible y en que es algo evidente. 
Si los combinados e ingredientes se han ensayado en animales, no hay que someter a test el producto final. 
¿Lo ve también así? 
Entonces, el 1-1-1998 es el plazo al respecto. 
¿He entendido correctamente que va a presentar al Parlamento una séptima enmienda a la directiva sobre los cosméticos en el procedimiento de codecisión? 
¿Y cuándo va a ocurrir? 
Mi última pregunta se refiere a un aspecto que me ha enojado mucho, a saber, el GATT. 
He entendido muy bien lo que ha dicho, pero ¿no comparte mi apreciación de que sus dos propuestas, por un lado, realizar una excepción para el territorio de la Unión Europea y, por, otro, los productos que se importan en la Unión, no son defendibles ni bajo consideraciones morales ni tampoco para los competidores europeos? 
¿No comparte mi opinión de que le haría bien a la Comisión tener algo más de valor y remitirse al artículo 20 del Acuerdo del GATT, del que se deduce claramente que están justificadas otras leyes por motivos morales? 
¿Ha intentado remitirse a estas normas y luchar quizás un poquito? 
Señora Bonino, por lo demás usted es una luchadora. 
Me tiene a su lado en este caso, pero desearía algo más de valor. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Maíz y organismos modificados genéticamente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0003/97- O-0008/97, de la Sra. Breyer y del Sr. Lannoye, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión sobre la puesta en el mercado del maíz modificado genéticamente; -B4-0005/97- O-0012/97, del Sr. des Places, en nombre del Grupo de los Independientes por la Europa de las Naciones a la Comisión sobre la OGM- puesta en el mercado de maíz modificado genéticamente; -B4-0012/97- O-0022/97, del Sr. Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa a la Comisión sobre los organismos modificados genéticamente; -B4-0013/97- O-0023/97, de la Sra. González Alvárez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión sobre la solicitud de moratoria a la entrada en la Unión Europea de maíz modificado genéticamente; -B4-0014/97- O-0024/97 de la Sra. Roth-Behrendt y del Sr. Kouchner, en nombre del Grupo Coalición Radical Europea, a la Comisión sobre la introducción en el mercado de maíz modificado genéticamente; -B4-0015/97- O-0025/97, de la Sra. Roth-Behrednt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión sobre la comercialización del maíz modificado genéticamente; procedimiento de autorización-B4-0016/97- O-0026/97, de la Sra. Grossetête, en nombre del Grupo del Partido Popular Europea, a la Comisión sobre la comercialización del maíz modificado genéticamente; -B4-0163/97- O-0047/97, de los Sres. Olsson y Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión sobre la comercialización del maíz modificado genéticamente. 
Señor Presidente, la Comisión ha autorizado el maíz modificado genéticamente a pesar de que no se ha dado una respuesta satisfactoria a las objeciones sanitarias y ecológicas existentes. 
Se ha doblegado a la presión de la industria, sacrificando la protección de los consumidores y de la salud. 
La mayoría de los Estados miembros se ha pronunciado en contra la comercialización a causa del triple riesgo derivado de la manipulación genética. Antibióticos sin efectos, crecientes alergias y suelos contaminados son las consecuencias. 
El maíz modificado genéticamente es una bomba de relojería para los consumidores y el medio ambiente. 
Es de temer que la resistencia a los antibióticos incorporada al maíz se introduzca entre los agentes patógenos del hombre. 
Esto puede significar que la ampicilina se pierda de modo definitivo como agente terapéutico. 
La Comisión acepta que las personas queden expuestas sin protección a los agentes patógenos. 
Está plenamente comprobado científicamente que las sustancias genéticas extrañas tomadas a través de la alimentación pueden pasar por el aparato digestivo sin ser degradadas totalmente. 
Se ha podido comprobar ADN ajeno en las células del cuerpo. 
Se plantea la pregunta de porqué se han dejado de lado estos peligros y se ha hecho de los consumidores un campo de experimentación para la industria genética. 
La autorización comercial del maíz modificado genéticamente es una bofetada en el rostro de los consumidores y usted, señora Comisaria Bjerregaard, no solamente ha ignorado las objeciones sanitarias y ecológicas sino también el mandato de transparencia y el deseo de los consumidores de que sean etiquetados los productos modificados genéticamente. 
Se está encajando este maíz a los consumidores sin que estos lo sepan, lo que va en contra de sus intereses. 
Es equiparable a una especie de alimentación forzosa. 
Al autorizarlo, usted se ha convertido de modo irresponsable en una fiel servidora de la industria genética. 
Señora Comisaria, hoy esperamos respuestas a nuestras preguntas. 
¿Porqué ha tolerado durante meses la importación ilegal de maíz modificado genéticamente? 
¿Es cierta la información de que se ha comprometido frente a los EE.UU a no intervenir? 
A pesar de que la Comisión es competente para el comercio exterior, usted no ha actuado cuando se conocieron estos transportes ilegales. 
¿Son ciertas las críticas de su colega Bonino de que en este asunto de la autorización del maíz modificado genéticamente se ha dado preferencia a los intereses económicos frente a los de los consumidores? 
Señora Comisaria, ¿cómo va a actuar ante la prohibición de importación de Austria y Luxemburgo? 
¿Son ciertos los rumores de que la Comisión va a intentar ocuparse solamente de los aspectos formales? 
¿Porqué no se van a incluir en el reglamento sobre los novel food las diez plantas manipuladas genéticamente cuya comercialización se solicita y porqué quiere dejar en manos de la industria genética el tipo de etiquetado? 
Esperamos que se suspenda la comercialización del maíz modificado genéticamente hasta que se tengan en cuenta todas las objeciones. 
El principio de evitar daños y la protección del medio ambiente y de los consumidores deben tener preferencia frente a los intereses económicos por lo que queremos que usted exponga su opinión sobre las críticas expresadas relativas a la autorización comercial y sobre el modo de proceder futuro. 
Señor Presidente, el 18 de diciembre pasado, la Comisión tomó una decisión que consideramos desastrosa, al autorizar la salida al mercado europeo, para cualquier uso y sin etiquetado específico, de miles de toneladas de maíz genéticamente modificado así como de sustitutos de cereales derivados de dicho maíz, que provenían de los Estados Unidos y que se almacenaron entonces en nuestros puertos. 
En el fondo, esta decisión nos parece muy grave por dos razones. 
En primer lugar, no conocemos con certeza las consecuencias últimas de la diseminación de orgasnismos genéticamente modificados en el medio ambiente o en la cadena alimentaria. 
En efecto, mediante la transferencia de los genes, se transgrede la barrera de las especies y se trastorna el equilibrio del genoma, sin saber cómo va a reaccionar la naturaleza. 
Nos parece que al conceder dicha autorización, la Comisión ha violado descaradamente la regla de la prudencia que, sin embargo, después del asunto de las vacas locas, nos había jurado respetar en lo sucesivo. 
Nuestra inquietud sigue en aumento cuando constatamos la precipitación y la incongruencia que han presidido en la decisión del 18 de diciembre. 
Los dictámenes de los comités científicos, en los que pretende haberse apoyado la Comisión, son vagos y lacónicos, en este caso, según nos dicen, de algunas líneas cada uno de ellos, cuando los riesgos del maíz transgénico son de una extrema gravedad: dispersión del polen en la naturaleza; riesgo de que las malas hierbas se hagan resistentes a los herbicidas y necesidad de nuevos productos más caros para combatirlas; riesgos, en el ser humano, de resistencia o de alergia a determinados antibióticos; peligro de la vida de las abejas, porque la toxina que contiene el maíz transgénico y que trata de matar el parásito de la piral, es un veneno que la planta continuará produciendo constantemente; etc. 
En este asunto, está claro que, una vez más, se lanza a las poblaciones de los países de Europa a la aventura con los ojos vendados. 
Esto es tanto más cierto cuanto que la decisión de la Comisión ni tan siquiera estaba subordinada a un etiquetado específico. 
Sin duda, luego nos dirán que dicho etiquetado llegará, pero todavía no está aquí y en seguida respondemos que no creemos en ello, porque nunca se podrá etiquetar todo sin ambigüedad, sobre todo, los productos derivados. 
Además, ya nos están diciendo que dicho etiquetado no podrá aplicarse a los productos transgénicos ya autorizados o cuyo procedimiento de autorización está en curso. 
Por último, y de todas formas, ni los Estados miembros, ni la Comisión, tienen el derecho moral de dejar difundir en el mercado un producto que supone semejantes riesgos, aun cuando esté etiquetado. 
Ante esta carencia europea, algunos Estados miembros han tomado decisiones, ya sea prohibición de cultivarlo, o de importarlo. 
Nosotros decimos que lo uno va acompañado de lo otro: en efecto, prohibir el cultivo pero no la importación, no levantaría todas las hipotecas para la salud humana o animal y colocaría además a nuestros productores de maíz en una posición insostenible ante la competencia extranjera. 
Es la razón por la cual, pedimos seriamente a la Comisión, que aplace su decisión del 18 de diciembre, que puede provocar un litigio ante la Organización Mundial del Comercio. 
De todas formas, tendremos que saber un día en qué situación nos encontramos y si tenemos, o no, el derecho a defendernos. 
Señorías, el mercado de los productos logrados mediante ingeniería genética que se desarrolla muy rápidamente a escala mundial plantea dos problemas importantes. 
En primer lugar, el de la seguridad de estos productos; en segundo lugar, el de la competitividad de los Estados miembros de la Unión frente a terceros países. 
En primer lugar, el problema de la seguridad, que es doble: seguridad alimentaria y seguridad del medio ambiente. 
La seguridad alimentaria consiste en asegurarse de que los nuevos productos genéticamente modificados no son nocivos para nuestra salud y la de nuestra descendencia, es decir, de la especie humana. 
Por consiguiente, es preciso que instancias independientes de toda presión comercial y política procedan a todas las pruebas y peritajes necesarios. 
En cuanto a la seguridad del medio ambiente, hay que asegurarse de que las plantas modificadas no sean fuente de contaminación, creando en torno a ellas, por ejemplo, mediante hibridación o fecundación con plantas vecinas, especies nuevas y peligrosas que resistan a todos los medios de destrucción y amenacen así a nuestro medio ambiente vegetal y animal. 
Personalmente, como científico al mismo tiempo que como mandatario político, pienso que prohibir pura y simplemente estos nuevos productos plantea la segunda gran cuestión, la de la competitividad de los Estados de la Unión Europea frente a la competencia de terceros países. 
No hay que ocultar que a nivel mundial, estas nuevas técnicas de producción sustituirán progresivamente a las técnicas tradicionales que se utilizan actualmente en la selección vegetal, y que las sustituirán no sólo en el ámbito de la selección vegetal sino que probablemente también en el de la selección animal. 
El mercado mundial se apoyará pues ampliamente en los productos derivados de esta tecnología. 
Los Estados Unidos exportan ya su maíz transgénico, Japón su soja genéticamente modificada, y la prohibición de estas producciones en la Unión europea correría el riesgo de poner a sus Estados miembros en estado de inferioridad comercial y sanitaria. 
Por consiguiente, debido al doble problema de la competitividad y de la seguridad, es importante suspender, en primer lugar, la autorización de importar a la Unión Europea, productos genéticamente modificados, porque las autoridades nacionales de los Estados miembros no están todas de acuerdo e incluso una gran mayoría se opone a ello. 
Además, al no sentirse tranquilos con estos productos, los consumidores desconfían, lo cual resulta comprensible, después del asunto de la encefalitis espongiforme bovina. 
Por último, el reglamento sobre el etiquetado, que permitiría a los consumidores escoger con todo conocimiento de causa entre los productos genéticamente modificados y los que no lo están, todavía no ha entrado en vigor. 
Por el contrario, para permitir a los Estados miembros de la Unión seguir siendo competitivos con relación a la competencia mundial, es preciso autorizar la comercialización en la Unión Europea de semillas para la explotación de plantas de gran cultivo, ya que algunos Estados miembros, como Francia en particular, tienen un avance que corren el riesgo de perder en detrimento del desarrollo de la Unión Europea. 
En efecto, algunos Estados miembros como el Reino Unido, están sacando al mercado productos derivados de organismos genéticamente modificados, rodeándose, eso sí, de todas las garantías necesarias- como hemos dicho- en materia de seguridad nutricional y de seguridad del medio ambiente, con el fin de proteger al ciudadano europeo garantizándole la calidad de los productos nacidos de una producción europea perfectamente controlada. 
En su defecto, estaremos a merced de producciones extranjeras de terceros países, que no podremos controlar con toda la seguridad necesaria. 
Para terminar, pediré encarecidamente a la Comisión, por una parte- lo repito- que prohíba la importación de productos genéticamente modificados y, por otra parte, que autorice la salida al mercado de un determinado número de productos generados en la Unión Europea con todas las garantías necesarias, para, por último, no colocarnos en un estado de inferioridad dramático con respecto a terceros países. 
Señor Presidente, no nos preocupa tanto la economía- de la que ha hablado el Sr. Cabrol- como la salud de los consumidores europeos. 
Y, en este caso, no somos sino meros portavoces de la inquietud de los consumidores, españoles en particular. 
A puertos españoles han llegado más de 100 barcos de maíz genéticamente modificado. 
Esto ha provocado una preocupación enorme e incluso hemos recibido cartas de sindicatos de trabajadores al respecto. 
Como portavoces que somos, creemos que la Comisión Europea se precipitó en diciembre al autorizar la comercialización de estos productos modificados genéticamente. 
Nos parece que se han tenido más en cuenta los condicionantes económicos, las presiones de los Estados Unidos y las de las multinacionales que la salud y la seguridad de los europeos. 
Y creemos que debe haber una moratoria para la comercialización de esos productos. 
Yo vivo en una región que se llama Asturias, que ha adquirido estos días un cierto renombre internacional por haberse firmado allí un convenio sobre derechos humanos y biomedicina. 
En síntesis, en ese convenio se puso de manifiesto que los derechos humanos han de estar por encima incluso de los intereses científicos, que ha de haber una responsabilidad en la investigación y que ha de haber prudencia y precaución a la hora de poner en práctica los descubrimientos científicos. 
Yo creo que en agricultura deben observarse las mismas reglas que en biomedicina: prudencia, precaución y tener en cuenta siempre que la salud y los derechos humanos están por encima de cualquier otra consideración, sobre todo económica. 
Por eso, nosotros, señora Comisaria, en nuestra resolución pedimos una moratoria para estos alimentos, y creemos que ese ha de ser el camino que ha de tomar la Comisión hasta tanto no haya estudios científicos rigurosos que demuestren que no va a haber ningún problema para la salud humana y para el medio ambiente. 
Y nosotros creemos que, de momento, eso no está garantizado. 
Señor Presidente, después de lo que acabamos de vivir con la EEB, hubiéramos podido esperar que la Comisión cambiara de método de tomar sus decisiones. 
Desengáñense, la introducción del maíz genéticamente modificado nos demuestra lo contrario. 
En diciembre de 1996 y en contra de la opinión de trece Estados miembros, la Comisión autoriza la introducción del maíz transgénico. 
Para justificar su postura, la Comisión se ampara tras los dictámenes de los comités científicos que, además, dejan que subsistan las dudas, como lo señaló el Comisario responsable del consumo. 
Por supuesto, está la amenaza de la Organización Mundial del Comercio que se alza como el gran guardián del mundo comercial dispuesto a castigar severamente si la Unión Europea no acepta el maíz transgénico. 
Pero, al hacer esto, la Comisión toma decisiones en detrimento de los productores europeos, la salud pública y la protección de los consumidores porque no prevé ningún etiquetado para este maíz. 
Para entrar en el meollo de la cuestión, en agricultura, desde siempre se seleccionan los animales y las plantas: en primer lugar, conservando los mejores ejemplares y, a continuación, cruzándolos para lograr híbridos más vigorosos. 
Es la propia naturaleza la que pone barreras a los cruces imposibles o monstruosos. 
Ahora bien, las nuevas tecnologías de transferencia de genes hacen saltar todas las regulaciones biológicas naturales. 
Ya no hay obstáculos científicos o técnicos a la creación de mosaicos genéticos y, respondiendo sólo a la lógica del beneficio, el hombre juega a aprendiz de brujo. 
En agricultura, ¿cuáles son los objetivos de los productores de OGM? 
La resistencia a las enfermedades, a los parásitos, a los herbicidas, los criterios de estética y de conservación, pero también, no lo olvidemos, una productividad sin límites. 
Ahora bien, subsisten los riesgos para la agricultura y el medio ambiente. 
Así, el soja modificado ha provocado alergias entre los animales y el maíz modificado en tres genes, uno de los cuales, tóxico por la piral, corre el riesgo de conducir un día este insecto a una mayor resistencia y a proliferar. 
El otro gen, de resistencia a un herbicida potente, podría conducir al crecimiento de la contaminación de los suelos y, finalmente, el tercero, de resistencia a un antibiótico, podría transmitirse a bacterias, o a animales, incluso al hombre. 
Sin embargo, ¡los OGM no constituyen la panacea del desarrollo agrícola! 
El acondicionamiento rural, el control tecnológico de los campos y del medio ambiente, el crecimiento progresivo de los rendimientos, la lucha contra las enfermedades, son otras tantas posibilidades que habrán de explotarse con métodos modernos y más naturales y, sobre todo, más controlables. 
¿Y qué ocurre con el consumidor en todo esto? 
¿Seguirá aceptando el carácter artificial de su alimentación, la falta de transparencia sobre su contenido y su modo de producción? 
Y si el consumidor europeo se dedica a rechazar los OGM en su alimentación, ¿en qué se convertiría este mercado? 
Algunos grandes grupos agroalimentarios piensan ya además, estratégicamente, en una etiqueta que diga: » garantizado sin OGM». 
Que las cosas queden claras. 
No se trata aquí de confundir los debates. 
Debemos precisar que las biotecnologías para curar las enfermedades genéticas constituyen otro problema, en razón de su difusión limitada bajo control médico, contrariamente a la agricultura, donde la difusión está generalizada en la naturaleza y sin control. 
Personalmente, lo que rechazo en el estado actual de los conocimientos, es el pasar un límite ético y filosófico para producir más, y cada vez más, las quimeras del futuro. 
Por último, pase lo que pase, pensemos lo que pensemos, volviendo a los OGM en la agricultura- el tema que hoy nos ocupa- lo mínimo que se puede exigir es la información del consumidor, y por lo tanto, un etiquetado claro. 
Lo mínimo, es asimismo un amplio debate público que preceda a las decisiones políticas y por qué no, que desemboque, concretamente, en el ejemplo de Austria, sobre la aplicación de una moratoria a la comercialización de los organismos genéticamente modificados. 
Señor Presidente, hablo en nombre de mi Grupo para expresar nuestra preocupación por la reciente decisión de la Comisión de autorizar la comercialización de maíz modificado genéticamente por CibaGeigy, conocido actualmente como Novartis. 
Durante los días que precedieron a la decisión de la Comisión se puso de manifiesto la enorme preocupación que siente la sociedad por lo que respecta a la seguridad de los productos modificados genéticamente y los nuevos riesgos que éstos podrían representar para la salud pública y el medio ambiente. 
En los Estados miembros y en el seno del Parlamento Europeo se elevaron objeciones especialmente fuertes sobre esta aplicación en particular de Novartis para el maíz. 
En el Reino Unido, un organismo independiente de expertos que asesora al Gobierno expresó seria preocupación por la presencia de un gen bacteriano en el maíz modificado que ha sido codificado para hacerlo resistente al antibiótico ampicilina. 
Dicho gen neutraliza los efectos de antibióticos que son de la máxima importancia en la medicina clínica y veterinaria. Podría comenzar a actuar inmediatamente si pasara del maíz modificado genéticamente a una bacteria del estómago de un animal, por ejemplo. 
Aunque se considera remoto, la comisión estimó que era un riesgo inadmisible y recomendó la eliminación del gen antes de utilizar el maíz para alimentación animal. 
A pesar de que esta recomendación era del dominio público y a pesar de la oposición de la mayoría de los Estados miembros, la Comisión decidió aprobar la comercialización del maíz modificado genéticamente sin ninguna restricción respecto a su utilización. 
Existe además una inquietud sumamente preocupante y hasta ahora no cuantificable ante la posible aparición de nuevas formas de alergia en los alimentos como resultado de la transmisión de información genética de otras especies a especies que se utilizan comúnmente como alimentos. 
Este aspecto necesita ser investigado y cuantificado exhaustivamente antes de que ocurran posibles accidentes mortales. 
La decisión resulta aún más incomprensible teniendo en cuenta que la Comisión no estaba sujeta a ningún plazo para llegar a una conclusión de sus consideraciones sobre la aplicación, y que para poco después estaba prevista la entrada en vigor del Reglamento sobre los alimentos nuevos que habría permitido un etiquetado adecuado. 
Todo esto da la impresión de que las presiones económicas y comerciales se antepusieron a las consideraciones de la salud pública y a la protección del medio ambiente. 
La Comisión deberá, por consiguiente, justificar su decisión de una manera mucho más detallada de como lo ha hecho hasta ahora y ofrecer explicaciones válidas de los motivos y razonamientos que la llevaron a tomar la decisión que tomó. 
Por último, ¿no reconoce la Comisión que esta serie de eventos demuestra fallos graves en el proceso de aprobación establecido en la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, y podría decirnos, por favor, qué medidas está estudiando para garantizar una revisión urgente de dicha directiva? 
Señor Presidente, normalmente, estamos aquí, en este Parlamento, para defender al consumidor, al ciudadano europeo, al que se supone representamos. 
Ahora bien, a menudo tengo la impresión de que olvidamos a este ciudadano europeo y, en este asunto, hemos podido constatar que la Comisión Europea, una vez más, ha procedido con mucha precipitación, sin hacer referencia a esta transparencia que todos deseamos, transparencia absolutamente indispensable cuando se trata efectivamente de un problema tan esencial como el de la seguridad alimentaria. 
Hoy, discutimos acerca del maíz transgénico. 
Temo que con frecuencia tengamos cuestiones de este tipo a discutir en el seno de nuestro Parlamento. 
Es pues importante que precisemos nuestras posiciones y nos situemos ante lo que debemos hacer por lo que respecta a la protección del consumidor, quien debe absolutamente saber si puede estar seguro de lo que tiene cada día en su plato para comer, seguro de la calidad del producto que come. 
Efectivamente, hemos podido reprochar a la Comisión Europea que haya tomado esta decisión de comercializar en el mercado europeo el maíz transgénico americano, decisión tomada con demasiada precipitación, cuando todavía se plantean algunas preguntas en los países de la Unión Europea, y en efecto, algunos países han prohibido momentáneamente la introducción de este maíz transgénico americano, y otros, como Francia, rechazan la producción de este maíz transgénico en su propio territorio. 
He ahí pues, una serie de cuestiones que suscitan otros tantos temas de inquietud para el consumidor europeo por lo que respecta a la resistencia a los pesticidas de este maíz transgénico. 
¿Cesaremos algún día de utilizar cada vez más pesticidas, que son especialmente nocivos para el medio ambiente, para la naturaleza y también para la salud? 
¿Vamos asimismo a responder a las cuestiones que nos planteamos sobre la resistencia de este maíz a los antibióticos? 
¿Será esto transmisible al ser humano? 
Estas son las preguntas que nos hacemos. 
Podríamos enumerar otras más, pero otros interlocutores ya han hablado bastante de ello. 
Es por todas estas cuestiones, todas estas angustias, por lo que hoy debemos responder con la mayor precisión y, a la espera de respuestas, debemos obligarnos a suspender toda autorización de este maíz transgénico en el territorio europeo. 
Por último, creo que éste sería para nosotros, Parlamento Europeo, el medio de demostrar a los ciudadanos europeos que este Parlamento, digno de este nombre, está precisamente aquí, para apoyar y prever el futuro de las generaciones venideras. 
Esto es lo que deseaba manifestar en torno a la introducción de este maíz transgénico. 
Creo que es absolutamente indispensable que seamos especialmente vigilantes y prudentes, y que pensemos también en nuestros agricultores, que, efectivamente, piden que tengamos un poco más de confianza en ellos. 
Este debate no se centra exclusivamente en el acceso al mercado del maíz modificado genéticamente, sino también en el propio fenómeno de la manipulación genética. 
Creíamos que, tras la crisis de la EEB, la cuestión de la seguridad en materia de alimentos y de los intereses del consumidor figuraba en un lugar privilegiado del orden del día, pero evidentemente esto no es así por lo que respecta al orden del día de la Comisión. 
En este caso sabemos, y lo han destacado muchos oradores, que también existe un gen resistente a los antibióticos, lo cual conlleva un riesgo. 
Por tanto, deberíamos ser especialmente cautelosos con este tipo específico de maíz modificado genéticamente. 
Naturalmente, lo que ha sucedido es que se ha dado más importancia a los intereses comerciales, económicos si se quiere, que a la cuestión de la seguridad en materia alimenticia- pienso que los continuos reproches que se hacen a la Comisión por este motivo están justificados. 
Además, es irresponsable por parte de la empresa poner en circulación un producto sobre el que no existe una seguridad completa y que no ha sido debidamente controlado. 
Pero también es irresponsable por parte de la Comisión permitir que se distribuya el producto mientras no tengamos una certeza absoluta. 
Lo que digo no significa que haya que ser dogmático y negativo en todo lo que concierne a las técnicas de manipulación genética. 
Pienso que estas técnicas pueden beneficiar a la humanidad en muchos aspectos, pero que hoy por hoy no disponemos del sistema de seguridad necesario para aplicar estas técnicas en la medida en que se está haciendo. Mi pregunta a la Comisión es: ¿Qué va a hacer para remediar esto? 
¿Cómo se puede mejorar el control? ¿Cómo garantizar que el etiquetado sea seguro, y va a prohibir la distribución de maíz modificado genéticamente hasta que se hayan realizado estas acciones? 
Antes de conceder el uso de la palabra a la Comisaria Bjerregaard para que responda, anuncio que he recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Tiene la palabra la Comisaria Bjerregaard. 
Señor Presidente, hemos solicitado este debate para discutir con la Comisaria sobre el futuro modo de proceder después de que Luxemburgo y Austria han decretado una prohibición de las importaciones. 
Me ha parecido entender a la Comisaria que no está dispuesta a examinar a fondo los nuevos datos científicos que estos dos países han presentado ni tampoco a examinar la propuesta del Parlamento- espero que votemos mañana sobre ella- es decir, la suspensión de una decisión hasta que se hayan eliminado todas las objeciones, incluyendo las que no se han examinado en absoluto, en concreto que estas sustancias extrañas pueden ser absorbidas por el sistema digestivo. 
Se trata de un grave problema democrático y político. 
Quiero preguntar a la Comisaria qué opina sobre la suspensión hasta que se realice un análisis. 
Me gustaría saber cómo valora los estudios y datos que ha presentado Austria y también- esta pregunta ya la he planteado antes- porqué este tema no se incluye en el reglamento sobre los novel food. 
No comprendo su excitación. 
Y si la Comisaria no responde a estas preguntas, nuestra tarea es la de insistir. 
Señor Presidente, le rogaría que inste a la Comisaria para que responda a las preguntas concretas que se le han planteado. 
Señor Bowe, usted no puede tener la palabra mientras está hablando otro diputado. 
Yo no le he dado aún la palabra, y, en cualquier caso, usted no puede pedir una moción de orden mientras otro diputado está hablando. 
¡Es el Presidente el que le da la palabra! 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Estoy algo confuso. 
Pensaba que habíamos comenzado con el turno de preguntas a la Comisión aunque hoy sólo estamos a lunes. 
Me ha sorprendido profundamente porque pensaba que la Sra. Comisaria respondería al debate y que oiríamos las intervenciones de otros oradores. 
Me ha sorprendido que la Sra. Breyer haya intervenido de nuevo y haya formulado preguntas. 
¿Puede asegurarnos, señor Presidente, que en el futuro seguiremos la lista de oradores y no permitiremos que los diputados intervengan fuera de turno con largas preguntas? 
Le doy las gracias, pero de conformidad con el Reglamento podía dar la palabra a la Sra. Breyer, cosa que he hecho. 
Normalmente ningún diputado puede intervenir dos veces sobre el mismo tema, pero cuando un diputado es autor, como es el caso presente, el Presidente puede darle la palabra una segunda vez. 
Señor Presidente, señora Comisaria, he escuchado con atención y he extraído de su muy correcta y extensa exposición que usted, como persona, se ha esforzado en gran medida por garantizar la seguridad y la información de las consumidoras y consumidores en la Unión Europea. 
La mayoría de los diputados presentes aquí en el Pleno del Parlamento Europeo no tenemos dudas al respecto. 
Lamentablemente, la Comisaria que ha hablado antes que usted ha indicado que la Comisión decide siempre como órgano colegiado. 
Podemos recordar muy bien qué miembro de la Comisión estaba en el pasado a favor del etiquetado o de la información de los consumidores. 
Como se podrá imaginar, he tomado nota con gran satisfacción de sus declaraciones sobre la modificación del anexo a la Directiva sobre liberación de organismos modificados genéticamente, anexo que se refiere al etiquetado de todos estos productos- insisto, todos, incluyendo más que los llamados nuevos alimentos. 
Este Parlamento lucha desde hace mucho tiempo para que se etiqueten las semillas, los alimentos modificados genéticamente y también otros productos. 
Hasta ahora, la mayoría de la Comisión no estaba de acuerdo, pero incluso aunque el progreso sea una tortuga, en alguna ocasión llega también a la Comisión. 
No estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre la autorización del maíz modificado genéticamente. 
El motivo principal de nuestras preguntas orales no se refería tanto al etiquetado sino ante todo al convencimiento de muchos de nosotros de que la autorización de este maíz se ha realizado demasiado pronto y que quizás no debería haberse concedido en absoluto. 
En cualquier caso, se ha realizado en un momento en el que las objeciones relativas a su seguridad no se han podido eliminar plenamente. 
Señora Comisaria, tengo que reconocerle que mis dudas no se ha disipado tras su exposición. 
Lo que sí se ha visto de nuevo es que el procedimiento de comitología que se aplica en la Unión Europea no solamente es defectuoso sino que conduce a graves decisiones. 
No puede ser que haya comités científicos que no estén sometidos a ningún control democrático y que adopten decisiones que nos afectan a todos. 
Señora Bjerregaard, le ruego por ello una aclaración. 
Usted ha proporcionado a los comités científicos todas las informaciones pero ¿les ha plantado también preguntas concretas? 
¿Les ha preguntado en concreto, por ejemplo, que significa la resistencia a la ampicilina o cómo puede funcionar un gen de antibiótico como gen marcador? 
¿Ha examinado con atención los resultados de las audiciones al respecto? 
¿Ha preguntado porqué este maíz modificado genéticamente no está autorizado en todos los Estados de los EE.UU.? 
¿Comparte mi apreciación así como la de mi grupo político de que el procedimiento de comitología no favorece la seguridad de las consumidoras y consumidores, por lo que debe ser modificado en la Conferencia Intergubernamental? 
Señor Presidente, tenemos que agradecer la información que ha proporcionado la señora Comisaria. 
Pero realmente no hemos quedado demasiado tranquilos, puesto que aquí hay dos aspectos fundamentales: uno, el del maíz como producto final, como alimento, que podía entrar perfectamente dentro de la normativa aprobada, como el último reglamento sobre nuevos alimentos. 
Nos tiene que asegurar si realmente estos comités científicos, con los criterios aprobados en ese reglamento, han podido dar ese dictamen, diríamos, conforme. 
No podemos aceptar que se afirme que ese reglamento se ha aprobado un poco después porque aquí no se trata de un procedimiento de carácter meramente administrativo. 
Se trata de asegurar a todos los ciudadanos que el nuevo alimento es seguro y no perjudicial para la salud ni para el medio ambiente. 
El segundo aspecto es el de esta semilla como variedad vegetal, que crea también, por lo que aquí se ha oído, muchos problemas. 
Son dos asuntos radicalmente distintos. 
Al final, y la culpa la hemos tenido bastante los miembros de este Parlamento, hemos insistido más en el etiquetado que en las garantías auténticas de seguridad de los productos. 
Y ahora usted y la Comisión solucionan todo el problema afirmando que nos lo van a etiquetar todo. 
Señora Comisaria, el etiquetado es una exigencia de los consumidores, pero no resuelve el problema de la seguridad. 
Por lo tanto, le pediríamos que insista más en los temas de seguridad dado que, a pesar de la insistencia de muchos de mis colegas en los últimos dos años, el etiquetado es una cosa bastante accesoria y no fundamental. 
Señor Presidente, como ocurre siempre cuando se afrontan temas de tal complejidad, tanto el Parlamento como la opinión pública acaban por dividirse, porque están movidos por intereses evidentemente diversos y a menudo opuestos. 
Los consumidores, hasta ahora francamente poco informados, pero escarmentados por malas experiencias anteriores, como la de las vacas locas y la de las hormonas, se ponen a la defensiva, rechazan cualquier innovación y, a la vista de lo que hemos oído hasta ahora, francamente ¡hacen bien! 
Se ha dicho que deben ser protegidos como ciudadanos europeos; sin embargo, también los campesinos son ciudadanos europeos, y, por consiguiente, también ellos tienen derecho a consideración y- ¿por qué no? -a protección. 
Y eso también porque tenemos la vaga impresión de que, como ha ocurrido a menudo, son precisamente ellos, es decir, una parte débil y poco representada además en este Parlamento, los que corren el riesgo de sufrir las consecuencias de la poca transparencia de las legislaciones europeas y nacionales, de la falta de noticias ciertas por parte de los medios científicos europeos sobre la investigación al respecto, pero, sobre todo, de las contradicciones entre Comisión y Consejo y de todo lo que gira alrededor de esas instituciones. 
Hay, pues, temor, desorientación y preocupación: temor en particular por la rapidez con la que Luxemburgo y Austria han cerrado sus fronteras a los intercambios de maíz transgénico. 
Actúan en seguida, ya que este tipo de mercancía no tiene para ellos mucha importancia. 
Sorprende que Francia haya dicho que sí y luego, de repente, que no, con motivaciones francamente poco convincentes. 
Por otra parte, también en Italia se ha dicho que no, basándose no en noticias ciertas desde el punto de vista científico, sino en una emotividad generalizada. 
Se ha pensado que diciendo que no, uno no se equivoca nunca: en primer lugar, la salud, la protección de la salud pública, y, en segundo lugar, la protección y la salvaguardia de los mercados. 
¿Por qué no se intenta defender con un poco más de coherencia estos dos objetivos? 
Evitemos que se repita la desastrosa experiencia de las vacas locas, ya que hemos tenido que pagar- y todavía lo estamos haciendo- a causa de errores que se podían evitar. 
En efecto, a favor del maíz transgénico parece que hay certificaciones expedidas unilateralmente por los Estados Unidos; pero se trata de organismos que no deberían levantar sospechas: en primer lugar, el organismo para la protección medioambiental, luego el Ministerio de Agricultura, finalmente la Food and Drugs Administration, aunque en este caso la transparencia es tal vez menor, ya que, precisamente estos días, esta última institución es objeto de verificaciones y de revisiones. 
Precisamente para evitar lo que ha ocurrido con las vacas locas, cuando en seis meses de repente se han sometido a la consideración de este Parlamento mil noticias y mil informaciones científicas, nos preguntamos por qué, para no perder tiempo, no se piden y se confrontan las investigaciones estadounidenses con las europeas. 
Eso permitiría también no tener que descubrir, quizás dentro de algunos meses, que los temores de los consumidores estaban justificados. 
Por otro lado, sería asimismo embarazoso e injusto descubrir lo contrario, es decir, que se han adoptado medidas, injustificadas, poniendo de rodillas al mercado europeo ante el estadounidense. 
Diría que éste sería el clásico caso en el que, como dicen los campesinos, al asno muerto, la cebada al rabo. 
De todos modos, creo que de este debate, como de las declaraciones de la Comisaria, ha surgido también la clara intención de dar vida a una acción coherente: o puede producirse el maíz transgénico también en Europa o debe prohibirse su importación. 
Parece una solución tan fácil, tan sencilla: hay que preguntarse por qué no se ha adoptado antes. 
Señor Presidente, lejos de extraer lecciones de la crisis de las vacas locas, es decir, de un desastre cuyas consecuencias todavía no hemos podido medir, la Comisión persiste y firma autorizando la importación, sin restricción alguna, y la comercialización del maíz transgénico. 
Esta decisión la tomó la Comisión despreciando la opinión negativa de trece de los Estados miembros y el dictamen negativo del Parlamento Europeo. 
Dicha decisión se tomó bajo la presión de los exportadores americanos y las multinacionales de la química. 
La resolución de compromiso firmada por nuestro grupo condena la irresponsabilidad de que ha dado muestras la Comisión y pone en evidencia el hecho de que las presiones económicas y comerciales han prevalecido sobre las consideraciones de salud pública y de protección del medio ambiente. 
Casi palabra por palabra, son las conclusiones de la comisión de encuesta sobre la EEB. 
Por lo tanto, la Comisión no ha aprendido nada. 
Después de la carne de bovino, está dispuesta a dejar correr nuevos riesgos a los consumidores europeos privilegiando el mercado y la libre competencia, en desprecio de la salud pública. 
Nuestro grupo reafirma que la seguridad alimentaria debe ser la preocupación absolutamente prioritaria de toda decisión relativa a los productos alimentarios. 
La transparencia debe estar garantizada, y la opinión de los científicos tomada en consideración. 
Nadie puede garantizar que no exista ningún peligro para la salud humana, ningún riesgo para el medio ambiente. 
Las conclusiones de sus comités científicos, señora Comisaria, no me convencen. 
¿Quién hubiera podido probar, antes de la crisis de las vacas locas, que el prión era transmisible al hombre? 
Sin embargo, el simple sentido común hubiera podido sugerir que la ingestión de harinas infectadas no podía carecer de peligro. 
La vida lo ha demostrado, pero, desgraciadamente, demasiado tarde. 
¿Es preciso revivir esta experiencia desastrosa? 
No es verdad que disponemos de toda la seguridad necesaria. 
Es la razón por la cual pedimos a la Comisión que vuelva atrás sobre su decisión de promulgar una moratoria sobre la importación y la comercialización de los productos genéticamente modificados, mientras no se den las garantías científicas necesarias. 
La Comisión debe respetar la opinión del Parlamento donde la inmensa mayoría de los oradores ha expresado una viva inquietud. 
Proponemos asimismo que, habida cuenta de la complejidad de los problemas planteados, se establezca un comité de ética, a escala europea, sobre las cuestiones que afectan a la alimentación, la salud pública y el medio ambiente. 
Señor Presidente, colegas, a mí me parece que entre los aspectos graves de este asunto del maíz transgénico están la decisión de la Comisión y los aspectos institucionales que dicha decisión supone. 
Se trata de una decisión opaca, que, como han subrayado muchos colegas, muestra claramente cómo al menos en aquel momento la Comisión no había sacado ninguna enseñanza del asunto más grave de la EEB. 
Es una decisión, pues, que hoy tenemos que cuestionar nuevamente, como ya hicimos anteriormente, como ya ha hecho una amplia mayoría de Estados miembros; pero parece que la Comisión ha ignorado soberbiamente tales protestas, tal vez en nombre de intereses de mercado que poco tenían que ver con los de los consumidores y de la salud pública. 
Por lo tanto, me dirijo precisamente a la señora Comisaria de Medio Ambiente para saber lo que mientras tanto ha hecho la Comisión, gracias quizás también a la acción del Parlamento. 
Sé que se creará un Comité científico sobre los organismos modificados genéticamente, y tomo nota y buena nota de las propuestas surgidas el 2 de abril; pero pregunto expresamente a la señora Comisaria Bjerregaard: ¿qué piensa hacer la Comisión ante la decisión adoptada por Austria y Luxemburgo de hacer uso del artículo 16 de la Directiva 90/220/CEE de la Unión Europea, que permite a un Estado miembro suspender, por razones de salud pública o de protección del medio ambiente, la introducción de organismos modificados genéticamente en el mercado? 
Ante una decisión adoptada en sentido contrario a su enfoque, pero basándose en documentos científicos muy serios- porque si esos dos Estados han tomado una decisión en ese sentido algún motivo debe haber -, ¿no piensa quizás la Comisión suspender o retirar esa autorización, como pide el Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, ya hemos oído la exposición detallada de la Comisión y es posible que formalmente no se le pueda reprochar nada, pero, tal como ha dicho la Sra. Roth-Behrendt, me parece que este debate demuestra que hemos de hacer algo respecto al procedimiento del 3A y estudiar qué criterios aplicar para permitir las plantas modificadas genéticamente. 
Es absurdo que 13 Estados miembros quieran prohibir su comercialización y que dos países, que además se han arrepentido más tarde de su decisión, hayan podido salirse con la suya. 
Es en sí absurdo que se desarrollen plantas resistentes a un herbecida determinado, si se sabe que no es posible acabar con las semillas que contienen el gen de resistencia y que se desperdician en la siembra, si no es mediante otro herbecida. 
Resulta totalmente inaceptable permitir el uso de este tipo de plantas modificadas genéticamente. 
Por eso opino que, si se quieren realizar modificaciones genéticas, hay que investigar si se puede hacer de una forma sostenible y socialmente segura, y no fomentando que las grandes empresas, que además viven de la venta de herbecidas, ganen aún más dinero que antes. 
Me parece haber oído además- y esta pregunta va dirigida a Ritt Bjerregaard- que la Comisión ha declarado la semana pasada que presentará nuevas enmiendas a la Directiva 90/220/CEE, al mismo tiempo que el Parlamento está tramitando la propuesta presentada recientemente. 
¿Es verdad que se están preparando nuevas enmiendas a la Directiva? 
Señor Presidente, Austria, al igual que Luxemburgo, ha decretado una prohibición de importación para el maíz manipulado genéticamente, tanto por objeciones ecológicas como sanitarias. 
Aparte de ello, en Austria existe un rechazo instintivo en la población frente al maíz manipulado genéticamente. 
Creo que estamos obligados a tener en cuenta los instintos de las personas que representamos aquí. 
Actualmente está preparándose en Austria un plebiscito contra la manipulación genética y se prevé una participación récord. 
Si afirma que los científicos han demostrado que no hay objeciones contra las plantas modificadas genéticamente, esto no dice nada sobre los peligros reales sino exclusivamente sobre los instrumentos de que dispone la ciencia. 
Precisamente en este campo tenemos todos los motivos para ser escépticos, pues sabemos que una parte esencial de la investigación científica es hoy una investigación por encargo de los consorcios multinacionales que, por motivos económicos, solamente ven sus intereses particulares. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, según el artículo 130 r del Tratado de la Unión, la Comisión, como órgano colegiado, tiene la obligación de aplicar los principios de prevención y evitación de daños para el medio ambiente y la salud. 
Estos principios no se sometieron a debate en la resolución del 18 de diciembre que autorizó el maíz modificado genéticamente, tal como se puede ver en el acta de la Comisión publicada en un periódico francés. 
Sólo algunos miembros de la Comisión defendieron el punto de vista de los ciudadanos europeos y se pronunciaron a favor de tener en cuenta la salud y el medio ambiente. 
Muchos más eran aquellos para los que las relaciones con los EE.UU eran mucho más importantes. 
Esto es lamentable. 
Los comités científicos han emitido sus informes y también ha tenido lugar una audición. 
Pero sería interesante saber- estas cuestiones siguen abiertas- porqué el advisory committee on novel foods de Gran Bretaña, al que se ha referido el colega Bowe, no fue invitado. 
Precisamente este gremio ha formulado con gran precisión objeciones relativas a la resistencia que podía desarrollarse frente a los antibióticos. 
Tampoco se ha aclarado porqué no se ha invitado a científicos de los EE.UU que no solamente habrían podido confirmar lo que la colega Roth-Behrendt ha dicho, a saber, que este maíz no se ha autorizado en todos los Estados Federales, precisamente en aquellos en los que está ya autorizado el algodón modificado biológicamente, sino que además el IPE ha prohibido que el maíz se emplee para la producción de palomitas y como verdura. 
¿Qué significa esto para la agricultura europea y el consumidor europeo si solamente vienen informaciones muy incompletas por parte de la Comisión? 
Y ante todo, pienso que no se pueden hacer predicciones sobre los efectos a largo plazo, ya sea sobre otras plantas que hayan podido desarrollar una resistencia frente a este producto fitosanitario o frente a los antibióticos; pues este maíz modificado genéticamente no existe durante tanto tiempo como para que se haya podido realizar un estudio que demuestre los efectos a largo plazo sobre las personas, animales y el medio ambiente. 
Creo que en base a todos estos hechos habría sido más oportuno no adoptar con rapidez la decisión sino cerciorarse antes de lo que pasa en otros países y en otros continentes, con todo lo importante y positivo que sea que ahora usted, señora Comisaria, proponga una modificación en lo tocante al etiquetado para la autorización de nuevos productos modificados genéticamente en la Unión. 
Para este etiquetado viene demasiado tarde. 
Estamos hablando sobre leche derramada que ya no podemos recoger. 
Señor Presidente, hace mucho tiempo que el sector de la biotecnología fue reconocido como la clave del éxito de la empresa europea en el futuro. 
Es uno de los ámbitos en los que se prevé un notable crecimiento en importancia económica durante los próximos 20 años. 
Espero que sea la fuente de muchos puestos de trabajo tan necesarios en todos los Estados miembros. 
No obstante, es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora para fomentar la inversión en el sector de la investigación en Europa. 
Incluso en este Parlamento, nuestras discusiones degeneran a menudo en comentarios insustanciales y negativos que confunden a la opinión pública. 
El fundamento jurídico que permite la comercialización en toda la Unión Europea de alimentos o ingredientes alimenticios nuevos que han sido desarrollados por la industria de la biotecnología es, cuando menos, muy poco claro. 
Necesitamos urgentemente un conjunto de normas claras e integrales sobre la manipulación genética, que indiquen qué pruebas de seguridad deben llevarse a cabo para poder comercializar nuevos productos. 
Quisiera aquí manifestar mi satisfacción por las declaraciones que ha hecho esta noche la Sra. Comisaria. 
Ante la falta de un fundamento jurídico completo, las empresas de biotecnología están invirtiendo en Japón y en los EE.UU., países en los que existen garantías jurídicas mucho mayores para la comercialización de nuevos inventos. 
En Europa hemos sido incapaces hasta ahora de garantizar la seguridad de estos nuevos productos, nos hemos negado a aceptar la evidencia procedente de Japón y de los EE.UU. y, al mismo tiempo, no hemos sabido desarrollar un fundamento jurídico integral que contemple la seguridad del consumidor. 
Los tres comités científicos distintos que fueron consultados por la Comisión antes de que ésta autorizara la comercialización del maíz modificado genéticamente afirmaron que no existía ninguna base para prohibir, por razones de seguridad, la comercialización de dicho maíz en Europa. 
Podemos afirmar que los comités científicos no eran representativos. 
No obstante, si estamos descontentos con el sistema de comités científicos, deberemos establecer otro sistema. 
Estoy decididamente a favor del sistema establecido en los EE.UU. que ha demostrado su validez durante muchos años. 
La Food and Drugs Administration presenta una buena trayectoria en lo relativo a la seguridad de los alimentos. 
Estoy completamente de acuerdo, como se indica en la resolución que tenemos ante nosotros, con que la salud pública y la seguridad de los alimentos sea la principal de nuestras consideraciones. 
Además de garantizar la seguridad, debemos establecer un sistema de vigilancia de los organismos modificados genéticamente antes de permitir que éstos entren en contacto con el medio ambiente. 
Para concluir, el comercio de alimentos y de ingredientes alimentarios es global por naturaleza y se rige por los acuerdos del GATT y de la OMC. 
Si queremos que nuestra industria y nuestra agricultura prosperen, éstas deberán estar respaldadas plenamente por unas normas claras e integrales en materia de protección del consumidor, de lo contrario deberán enfrentarse a una competencia desleal procedente, principalmente, de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, Señorías, si bien conviene decir que nada tenemos que objetar contra la investigación y la utilización de la biotecnología en la agricultura, también debo subrayar y recalcar que se trata de una esfera en la que la seguridad y el riesgo alimentarios, la defensa de la salud pública y la protección ambiental deberán tener prioridad absoluta por lo que se refiere a las decisiones por adoptar. 
Por eso, está claro, para mí, que la autorización unilateral de la Comisión de permitir la importación de maíz modificado genéticamente revela una vez más una decisión que antepone los intereses económicos de grandes multinacionales y de los grandes importadores a esos criterios y prioridades fundamentales. 
Como sería de esperar, como era de esperar- para mí no es una novedad -, la Comisión- nada personal tengo en relación con la Comisaria Bonino- nada ha aprendido con la crisis de las «vacas locas» , de la que, por lo demás, se la responsabilizó y con razón. 
De modo que la Comisión deberá revisar inmediatamente dicha autorización y adoptar medidas, junto con los Estados miembros, para que cualquier decisión sobre productos modificados genéticamente vaya precedida- insisto: vaya precedida- de evaluaciones científicas rigurosas e independientes y acompañada de información pública pormenorizada sobre las formas de fabricación y su composición. 
Sólo así podremos contribuir a la recuperación de la confianza por los consumidores y a una defensa eficaz de la salud pública. 
Señor Presidente, la nueva propuesta sobre etiquetado de los productos modificados genéticamente es buena en sí misma, ya que esclarece uno de los puntos oscuros que quedaban después de la aprobación de la Directiva sobre nuevos alimentos. 
Me parece extraño que el sentido común expresado hace unos meses por una mayoría del Parlamento no causara ningún impacto en la Comisión, mientras que ahora, de repente, se doblega ante los ataques de los medios de comunicación. 
El hecho es que la Comisión no ha participado en el acuerdo sobre los nuevos alimentos. 
A pesar de que la Comisaria dice que en este caso no hay que valorar la modificación genética en general, nos encontramos ante el peligro de que la agricultura de la UE se dirija en una dirección equivocada. 
Existe un riesgo unido a monocultivos que dependen de herbecidas determinados y que, debido al monopolio y a su gran propagación, aumentan el riesgo de catástrofes naturales que pueden llevar a la escasez de alimentos. 
¿Dónde ha quedado la diversidad biológica que hemos acordado fomentar? 
La Comisión no ha de defender únicamente la Directiva 220. 
Ha de defender todo el acervo comunitario, y los diputados al Parlamento Europeo han señalado que no se ha respetado el principio de precaución ni otros temas que ya han sido debatidos. 
Varios oradores han mencionado su preocupación por los antibióticos y su desconformidad con la manifestación de que la valoración de los riesgos seguiría siendo correcta, aun cuando se volviese a preguntar a los Comités. 
En cuanto a la toma de decisiones, es difícil explicar que un procedimiento en el que la Comisión y un Estado miembro han podido desestimar la opinión de 13 Estados miembros tenga cabida en un sistema democrático. 
Es imprescindible que se modifique este procedimiento y me gustaría conocer las medidas que la Comisión ha tomado al respecto. 
Quiero preguntar también a la Comisaria cuál es el procedimiento que se ha de seguir para que se incluya una especie en la lista de especies. 
Si un solo Estado miembro protesta contra la inclusión, ¿cuál es el procedimiento aplicable y en qué criterios está basada esta decisión? 
¿Se rechazará la especie, o el Estado miembro de que se trate tendrá que aceptar una decisión tomada a escala comunitaria? 
Señor Presidente, la defensa del maíz modificado genéticamente por parte de la Sra. Comisaria, aunque detallada, no ha sido convincente. 
Me parecía oír de nuevo lo que en su momento se dijo sobre la enfermedad de las vacas locas: nos decían cosas por el estilo para que luego sucediera lo que ha sucedido, por lo que tengo motivos para pensar que se trata de una decisión que implica un delito contra la salud de la población europea. 
La Comisión debe reconocer que de nuevo es sorprendida en flagrante, reincidente delito contra los ciudadanos europeos. Debe dejar de servir al capital- es decir a Ciba-Geigy y a Monsanto, que también promociona y pide licencia para un producto de este tipo- para servir a los intereses y a la salud de los pueblos europeos. 
Fue un error, señor Presidente, que en una de las sesiones anteriores revocásemos la decisión adoptada a propósito de las vacas locas de proponer una moción de censura contra la Comisión; parece que esto la anima a cometer delitos de esta naturaleza de manera continua y sistemática. 
Señor Presidente, señores diputados, en nuestro Grupo no existe la presunción de estar en posesión de la verdad, ni somos tan atrevidos para tildar a la Comisión de irresponsable. 
Por otra parte, lo que ha dicho la señora Comisaria, al recordar las decisiones del 2 de abril, demuestra que existe una conciencia y que se está tratando, aunque sea con un poco de retraso, de remediar una situación de permanente inseguridad jurídica. 
En la resolución hay dos puntos fuertes, uno de los cuales, esencial, se refiere a los aspectos que interaccionan con una agricultura compatible con el medio ambiente. 
Aquí se ha mencionado el carácter colegiado de la Comisión; pero la sensación es que se trabaja un poco demasiado en compartimientos estancos. 
En Cork tuvo lugar una conferencia sobre la agricultura, sobre el mundo rural y sobre la agricultura compatible con el medio ambiente, en el curso de la cual se dijo que las medidas agromedioambientales deberán ser centrales en la nueva PAC, sin embargo, aquí se va hacia decisiones que avalan un aumento masivo de la dosificación de una cierta toxina, toxina que conlleva el riesgo de que surja una nueva generación de insectos resistentes a un plaguicida no perjudicial para el medio ambiente. 
O se corre el riesgo de utilizar a gran escala un herbicida, con las consecuencias que puede haber para las aguas, en las que ese herbicida es soluble. 
También en este ámbito hubiera sido oportuna una actitud más cauta que hubiera aprovechado la experiencia de la EEB. 
Por parte nuestra no existe una actitud de prejuicio con respecto a las biotecnologías. 
Es precisamente en la comunicación de la Comisión de junio de 1994 sobre el futuro de las biotecnologías donde se pone de manifiesto que el futuro de este sector pasa por el control de los riesgos, creando un nuevo clima de confianza en la opinión pública. 
A esto hay que hacer referencia hoy para evitar que el ciudadano se pregunte qué clase de Europa es ésta y si por casualidad esta Europa no tiene una incapacidad genética para responder a sus angustias y a sus preocupaciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy a favor de que el debate sobre la aplicación de la tecnología genética se objetivice. 
Creo que se trata de una tecnología del intelecto, una tecnología de futuro con especial importancia para la medicina. 
Los medicamentos biotecnológicos se emplean ya hoy contra el cáncer, la diabetes, el infarto de corazón y la esclerosis múltiple. 
Pero la objetividad tiene dos lados. 
Señora Comisaria, no entiendo objetivamente porqué la Comisión ha autorizado la importación de este maíz aunque 13 de 15 países estaban en contra. 
Tampoco comprendo que se hayan ignorado las advertencias del Comité Científico para la Alimentación Humana. 
¿No ocurrió algo similar en relación con la EEB? 
El Comité es de la opinión de que la probabilidad de una transmisión de la resistencia a los antibióticos es pequeña pero ¿no escuchamos ya algo similar en relación con la EEB? 
Se dice también que son posibles repercusiones sobre la salud pero que son mínimas ¿No hemos escuchado ya esto en los últimos tiempos en algún sitio? 
Señoras y señores, debido a los nuevos conocimientos científicos, Austria ha prohibido provisionalmente la puesta en circulación del producto que nos ocupa. 
Debido a los nuevos conocimientos científicos, en especial hasta que no se aclare definitivamente la cuestión de una posible transmisión de la resistencia a los antibióticos así como el problema del posible desarrollo de resistencias frente a la toxina BT y mientras sean necesarios más estudios científicos que excluyan con certeza estos riesgos, Austria ha decretado esta prohibición. 
Señoras y señores pero en especial usted, señora Comisaria, les ruego que aboguen para que se someta de nuevo la autorización de un producto tan cuestionado a un estudio a fondo y objetivo. 
Señor Presidente, intervengo en este debate en calidad de político y de científico. 
Me temo que la ciencia y la tecnología adolecen generalmente de la sólida precisión de las matemáticas. 
Dos más dos siempre serán cuatro. 
La ciencia y la tecnología son menos precisas. Rara vez son absolutas. 
La ciencia trata de criterios, de sopesar la evidencia y sacar las debidas conclusiones. 
En base a la evidencia que he visto y leído, mi opinión es que el maíz modificado genéticamente no encierra ningún peligro para los consumidores. 
Pero- y se trata de un pero importante- los científicos (los expertos) y yo podemos perfectamente estar equivocados. 
Puede que aún no hayamos visto lo suficiente. 
Existen muchos casos de científicos y tecnólogos que se han equivocado. 
El puente sobre Tacoma Narrows se hundió a pesar de los ingenieros. 
El Challenger explotó a pesar de los especialistas. 
La EEB parece ser transmisible a los humanos a pesar de las opiniones de científicos y expertos. 
Por consiguiente, como político creo que es necesario dotar a los consumidores de las herramientas que le permitan hacer una elección diferente de la mía o de la de los expertos en base a sus propios criterios. 
Esto significa que el etiquetado es a todas luces necesario para aquellos productos que contengan organismos modificados genéticamente; o como dirían algunos, para aquellos productos contaminados por organismos modificados genéticamente. 
Por ello acojo con satisfacción la decisión de la Comisión de 2 de abril. 
No entiendo, sin embargo, por qué se habla de una legislación con carácter retroactivo para el maíz y los demás organismos modificados genéticamente para los que ya se ha solicitado la autorización. 
Según ese principio no se podría poner una advertencia sobre la salud en los cigarrillos porque ya existen, ni exigir que los automóviles que ya han sido adquiridos por los consumidores cumplan los nuevos límites de velocidad. 
No deseo una prohibición con carácter retroactivo. 
Lo que deseo y lo que ahora exijo es que, en el futuro, se imponga el etiquetado a todos los organismos modificados genéticamente que se utilicen en productos alimentarios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, quisiera plantear cuatro cuestiones que, para mí, son estructurantes en este debate: 
Primera: cuando hablamos de productos genéticamente modificados, tenemos, a mi juicio, que analizarlos más como hoy se analizan los medicamentos que como se analizan hoy los alimentos que todos nosotros conocemos y nos hemos habituado a consumir. 
Por tanto, como ha dicho un orador anterior, es preciso establecer con claridad procedimientos, expedientes de seguridad, de análisis, de certificación, de comercialización, que, a mi modo de ver, tienen más que ver con los procedimientos que hoy existen para los medicamentos que con los que existen para los alimentos. 
Hasta ahora, no estoy convencido de que Europa tenga mecanismos coherentes de análisis de dichos expedientes, incluidas las consecuencias en el medio ambiente, las consecuencias en el nivel de las plantaciones y posibles interacciones con otro tipo de cultivos o con animales. 
Nada de eso se ha hecho. 
Por tanto, es necesaria una revisión completa de los sistemas de autorización. 
Segunda: la cuestión del etiquetado. 
No diré más, subscribo íntegramente lo que ha dicho el Sr. Ford ahora mismo al respecto. 
Tercera: la cuestión del GATT. 
Señora Comisaria, no se deje llevar en la conversación con el Comisario Leon Brittan. 
El GATT no tiene una posición establecida sobre esto. 
El GATT, sobre estas cuestiones, se basa en el SPS, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que es un código científico. 
A falta de doctrina, va a buscar lo que puede en las normas ISO o, si no, en el Codex alimentarius. 
Esas normas son en muchos casos inadecuadas, porque se establecen de acuerdo con el mínimo denominador común. 
Cuando no hay principios científicos establecidos, como en el caso de las hormonas, el GATT tiene un problema, tiene una dificultad. 
Como ponente del GATT y el medio ambiente, conozco un poco la legislación al respecto y no veo cómo se puede decir taxativamente que el GATT nos impide adoptar las medidas precautorias necesarias respecto de este asunto. 
Quisiera terminar, señor Presidente, con una nota final sobre la política agraria, asunto que la Sra. Jensen ha planteado. 
Ésa es la cuestión fundamental. 
Además de defendernos con todos los mecanismos de certificación, es preciso garantizar la posibilidad de que exista una agricultura con circuitos de distribución que lleguen a los hipermercados, a los supermercados: una opción que no esté basada en este tipo de productos modificados genéticamente o de química intensiva. 
De lo contrario, el consumidor no tendrá posibilidades reales de elección. 
Señor Presidente, señora Comisaria, a mi entender, la posibilidad de hacer un seguimiento y el etiquetado son, evidentemente, y más que nunca, de una notoriedad pública y, en cualquier caso, de actualidad. 
La forma más sencilla de hacer un seguimiento en lo que respecta a los vegetales, sería evidentemente colorear los productos genéticamente modificados, en rojo o en azul, con colorantes de origen vegetal, inofensivos para la salud. 
Al menos así, ya no podríamos engañar a la sociedad y a sus ciudadanos. 
No desearía que se pudieran interpretar mal mis palabras aquí y se dijera: » Estos diputados están contra la modernidad y contra la investigación» No, todo lo contrario. 
Pero hay investigación e investigación. 
Hay, en materia agrícola y alimentaria, la cantidad suficiente de productos a disposición del consumidor, al menos para los que tienen los medios de pagar, puesto que es bien sabido que a los que no pueden pagar, no se les toma en consideración, ¿verdad? 
Necesitamos de la ciencia, pero ésta debe ayudar a la humanidad y no hacerle comer productos que llevan la muerte consigo. 
La competitividad de la que hablábamos hace un momento, tiene su peso y también su precio en materia de salud humana. 
Entonces, competitividad más competencia monetaria más finanzas, todo esto nada tiene que ver con la salud. 
Ahora bien, para mí la economía es salud, puesto que no serviría de nada alimentar a la gente de forma barata si luego tenemos que hacer gastos fastuosos en materia de salud. 
Señora Comisaria, no le entiendo cuando ofrece usted garantías sobre lo desconocido: actúa usted como si detentara la verdad infalible. 
Las intervenciones de nuestros colegas dan una imagen de la Comisión de una instancia de decisión política más bien irresponsable, por incompetente. 
La Comisión no ha entendido nada, dirán algunos. 
Yo, por el contrario, creo que ha entendido muy bien que el Parlamento Europeo es una Asamblea que carece de valentía hasta tal punto que le puede imponer, incluso hacerle plantear actos políticos tanto más importantes cuanto que están desfasados con relación a sus discursos. 
Señor Presidente, concluiré diciendo que, en febrero, el Parlamento tuvo miedo con la censura. 
Hoy, llora por su incongruencia. 
Así, que la Comisión siga aprovechándose de ello, porque el día en que nuestro Parlamento encuentre la vía del coraje y del orgullo, ¡el recreo habrá terminado!. 
Señor Presidente, señora Comisaria, se han dicho muchas cosas y por ello le ruego me permita que plantee en primer lugar una pregunta. 
Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que por un lado prohibamos en la UE la producción de organismos modificados genéticamente y, por otro- esta es la pregunta que le planteo, señora Bjerregaard -, se importen bajo determinadas circunstancias productos modificados genéticamente como maíz, palomitas, etc. Bajo estas circunstancias, no tiene ningún sentido el mayoritario voto negativo de los países que están totalmente en contra de estos productos. 
Para los consumidores se trata de una mera falacia. 
Hasta ahora no se ha logrado despertar en la población una comprensión más profunda por la tecnología genética verde, es decir, el desarrollo y cultivo de plantas modificadas genéticamente. 
Para una mayor comprensión no es suficiente con practicar las relaciones públicas. 
Hay que lograr que la ciencia y la economía sean más comprensibles y para ello se deben tener en cuenta las preguntas y preocupaciones del ciudadano de a pie. 
En opinión del Consejo Tecnológico se exageran, por ejemplo, en mi país los posibles riesgos de la tecnología genética verde. 
El peligro de que se produzcan transformaciones no deseadas en el cultivo de plantas resistentes a los herbicidas es menor que en el cultivo tradicional porque solamente se transmite de modo controlado un gen en lugar de un gran número de genes diferentes. 
Pero no se les ponen precisamente fáciles las cosas a los que están a favor de un uso sin prejuicios de la tecnología genética si las nuevas posibilidades del cultivo se utilizan, por ejemplo, para adaptar las plantas a los herbicidas y no al revés. 
Todo este debate, incluyendo el maíz transgénico exige objetividad. 
Maíz transgénico sí o no. Desde mi punto de vista no se trata de una cuestión agrícola sino de competencia. 
Ni la tecnología genética es la solución a todos los problemas de cultivo ni tampoco es una obra diabólica que, si se escapa de nuestro control, ponga en peligro los fundamentos de la vida humana. 
Para finalizar, permítanme que diga que es un gran error creer que si no permitimos nada nuevo todo va a quedar como estaba. 
Señor Presidente, lamentablemente, el tiempo no me permite entrar en los detalles de todas las preguntas formuladas. 
Es una lástima, ya que este debate es importante, y hubiera sido positivo contestar la mayor parte de ellas. 
Empezaré con un observación general. 
Un rasgo común de muchas intervenciones ha sido la referencia a la preocupación política en general y a la preocupación expresada claramente por los ciudadanos europeos. 
Entiendo que mi función y la de ustedes, en calidad de diputados al Parlamento Europeo, implica que, cuando percibimos una preocupación como ésta, hemos de estudiar las posibilidades y los marcos que tenemos para remediarla. 
Eso quiere decir que hemos de investigar para tener una certeza absoluta respecto al motivo de esa preocupación. 
Como han dicho varios oradores, esto es complicado, ya que ni ustedes en calidad de diputados, ni yo en calidad de Comisaria, tenemos la base científica necesaria para decidir sobre todos los temas que se nos plantean. 
Lo que hemos de hacer en estos casos es preguntar a personas competentes. 
Esto no elimina nuestra responsabilidad, y no significa que no adoptemos finalmente la decisión política; lo hacemos. 
Lo hacen ustedes en calidad de diputados al Parlamento Europeo, y lo hacemos en la Comisión, pero tenemos, obviamente, la obligación de asegurarnos lo mejor posible. 
Creo que lo hemos hecho. 
Por eso no me parece del todo justo que varios oradores hayan subrayado hoy que no tuvimos en cuenta que muchos Estados miembros estaban en contra de permitir la comercialización del maíz. Lo hicimos. 
Tuvimos eso en cuenta. 
No nos limitamos a seguir los procedimientos establecidos en la Directiva 90/220/CEE y a aprobar sin más la solicitud. 
Precisamente, consultamos a los tres Comités científicos, lo que en realidad no queda establecido en la Directiva. 
Queríamos mayor seguridad. 
Estos tres Comités científicos investigaron el tema y convocaron una audiencia, para la que citaron a expertos de países como Estados Unidos, precisamente para estar seguros, sobre todo en lo referente a los antibióticos. 
Por eso nos parece que en este caso hemos intentado aprovechar al máximo las posibilidades que la legislación vigente pone a nuestra disposición. 
Como consecuencia, se plantea naturalmente el tema del procedimiento de comitología, al que se han referido la Sra. Roth-Behrendt y otros oradores. 
Estoy totalmente de acuerdo en que es una cuestión de la IGC, pero se trata también de la revisión de la Directiva 90/220/CEE. 
Los procedimientos de comitología de la Directiva 90/220/CEE no me parecen adecuados. En mi opinión, deben modificarse a tenor de la revisión de la Directiva, y esperamos tener una propuesta preparada para el Parlamento antes de las vacaciones de verano. 
Hay otro tema relacionado con la esencia de lo que hemos debatido, a saber, los genes marcadores. 
Es importante que elaboremos unas normas en este ámbito. 
Me hago cargo de las dudas expresadas hoy por varios oradores. 
Me parece que hemos hecho bastante para cubrirnos todo lo posible. 
No obstante, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Ford de que, en este momento, no podemos hacer nada más que actuar sobre la base proporcionada por la ciencia. 
No tenemos otra posibilidad y hemos de adoptar las decisiones políticas sobre la base de la que disponemos. 
Doy las gracias por los consejos recibidos, que transmitiré a los servicios jurídicos de los ámbitos competentes, para que adopten, en su caso, las decisiones pertinentes. 
Me parece que lo decisivo de este debate es que hemos procurado protegernos al máximo. 
Tal como han solicitado varios oradores, hemos intentado dar a los consumidores la mejor orientación posible al garantizar el etiquetado, e intentaremos corregir la descompensación resultante de que el etiquetado sea obligatorio después de que algunas empresas ya hayan solicitado el reconocimiento; quiero decir que los mensajes recibidos me dan grandes esperanzas al respecto. 
Finalmente, en varias intervenciones, sobre todo de diputados austriacos, se ha subrayado que debemos examinar los nuevos resultados científicos presentados por Austria. 
Estoy de acuerdo, y nos hemos encargado de que este material fuese enviado a los Comités científicos para que lo evalúen de forma independiente. 
Espero que con este debate hayamos aclarado algunos puntos que causaban sensación de inseguridad, y quiero añadir que, personalmente, el debate me ha parecido útil y aclarador y creo que será de gran utilidad para la comunicación sobre esta materia que varios oradores han solicitado hoy. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de los trabajadores expuestos a agentes carcinógenos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0072/97) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la posición común adoptada por el Consejo (C4-0637/96-95/229 (SYN) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo por la que se modifica por primera vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (Ponente: Sra. Ojala). 
Señor Presidente, se estima que cada año cerca de diez millones de trabajadores contraen enfermedades profesionales o son víctimas de accidentes laborales en el territorio de la Unión Europea, lo cual ocasiona un enorme sufrimiento humano y grandes pérdidas económicas; en 1992 se calculó que estos costes se elevaban a 27.000 millones de ecus. 
El artículo 118 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que los Estados miembros procurarán promover la mejora del medio de trabajo para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Este objetivo constituye un gran reto para la Unión. 
Los ciudadanos experimentan las actividades de la UE como algo lejano, sin reconocer la repercusión y las ventajas que éstas tienen en la vida cotidiana. Las acciones de la UE para desarrollar el medio de trabajo han de inspirar confianza. 
Entre otros beneficios, esta circunstancia podría quizás permitir a la Unión lograr la aprobación y la justificación de sus actividades por parte de sus ciudadanos. 
Es necesario que éstos puedan confiar en que la promoción de la protección laboral equivale a algo más que una mera declaración y que se vela realmente por los trabajadores y por su salud. 
Por su contenido, la propuesta de modificación de la directiva sobre el cáncer que se presenta ahora para su segunda lectura es importante. 
Su objetivo es evitar y reducir la exposición de los trabajadores a los agentes carcinógenos. 
La cuestión global del cáncer de origen laborales continúa siendo un enorme reto y, desde un punto de vista humano, cada uno de los casos de este tipo de cáncer es superfluo. En la propuesta de directiva se establecen por primera vez valores límite a una sustancia carcinógena como es el benceno. 
Al mismo tiempo, el ámbito de aplicación de la directiva se amplía considerablemente por lo que respecta, entre otros, a los medicamentos, los productos cosméticos y los productos alimenticios. 
De acuerdo con una opinión ampliamente admitida en la actualidad entre los expertos, todo parece indicar que cerca de un 4 % de los casos de cáncer está ocasionado por agentes relacionados con actividades laborales. 
En un país de cinco millones de habitantes como Finlandia se registran anualmente 18.000 nuevos casos de cáncer. 
Si el 4 % de estos casos está relacionado con las condiciones del medio laboral, se puede deducir que 700 personas contraen cada año en Finlandia un cáncer de origen laboral. 
En términos correspondientes al total de la UE, estos cálculos supondrían la aparición cada año de decenas de miles de casos de cáncer de origen laboral. 
Con motivo de la primera lectura de la modificación de la directiva sobre los agentes carcinógenos, el Parlamento Europeo expresó su firme voluntad y su responsabilidad por lo que respecta a la protección de la salud de los trabajadores contra la exposición a sustancias carcinógenas, reforzando así, por su parte, la posición adoptada en la propuesta de la Comisión a favor del desarrollo del medio de trabajo. 
El Parlamento Europeo había elaborado sus enmiendas de manera responsable, tomando en consideración tanto un mayor grado de eficacia en la protección de los trabajadores como las limitaciones técnicas relacionadas con dicha protección, de modo que, por ejemplo, no se plantearan trabas desmesuradas a las actividades económicas y productivas de las pequeñas y medianas empresas. 
Resulta de por sí positivo que el Consejo haya decidido el establecimiento de un valor límite para el benceno de 1 ppm. No obstante, cabe lamentar que este valor límite tenga carácter vinculante únicamente transcurridos seis años a partir de la aprobación de la directiva. 
El benceno es una sustancia para la que no se puede determinar un valor límite seguro ya que siempre reviste peligro. Por su parte, la exposición a un nivel de concentración de benceno de 1 ppm en el transcurso de toda una vida laboral provoca desde 0, 5 hasta, incluso, 6, 5 casos más de leucemia por cada 1000 trabajadores. 
No obstante, la propuesta de modificación de la directiva representa un paso adelante a la hora de garantizar la salud de los trabajadores. 
Así pues, recomiendo la aprobación de esta posición común. 
Sin embargo, y en tanto que ponente, creo que, basándome en los motivos anteriormente mencionados, es mi obligación reiterar las enmiendas aprobadas en la primera lectura del Parlamento, enmiendas que fueron igualmente aprobadas por unanimidad en comisión. 
Asimismo, los Verdes han elaborado una propuesta de modificación que abordaré en la sesión de mañana. 
Con todo, se habría logrado un mejor resultado de cara a los intereses de los trabajadores en caso que la presente directiva hubiera recaído dentro del ámbito del procedimiento de codecisión, lo cual, desgraciadamente, no ha sido el caso. 
Para finalizar, desearía mostrar mi más profundo agradecimiento a los miembros de la Comisión por haber llevado a cabo un diálogo constructivo y haber colaborado con el Parlamento durante el examen de esta cuestión. 
Espero vehementemente que durante la actual presidencia holandesa se consiga finalmente la aprobación de esta directiva. 
Señor Presidente, los socialdemócratas acogen favorablemente la recomendación de la ponente sobre la protección de los trabajadores contra los agentes carcinógenos. 
No obstante, quiero exponer algunos puntos de vista de la Asociación Danesa de Técnicos de Laboratorio, con la que estoy de acuerdo en que hay que intentar lograr una legislación más estricta. 
Como ella, rechazo la fijación de valores límite para los agentes carcinógenos, ya que está reconocido a escala internacional y científica que no es posible fijar un límite seguro para el nivel en que un agente carcinógeno deja de producir cáncer en una persona. 
Tal como propone la Asociación Danesa de Técnicos de Laboratorio, la exposición debe ser mínima y, si es posible, ninguna en absoluto, para anular el riesgo en el entorno de trabajo. 
Al fijar los valores límite de los agentes carcinógenos en un nivel determinado, se dificultará la lucha diaria para mantener un nivel máximo de protección de los trabajadores. 
Esto tiene que ver con la dificultad de argumentar con convicción ante las consecuencias lógicas y objetivas de los conocimientos disponibles sobre el posible riesgo, mientras paralelamente se utiliza el concepto de valores límites para los agentes carcinógenos. 
Los miembros de la Asociación Danesa de Técnicos de Laboratorio, que me han aconsejado, conocen el problema. 
Forma parte de su trabajo diario, por lo que debemos escucharles. 
Las actitudes políticas y los sentimientos en general rara vez pueden competir con las cualificaciones profesionales. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar cordialmente a la ponente por el informe presentado. 
Creo que es su primer informe- no estoy completamente seguro de ello- aunque en todo caso ha sabido llevar a buen término un informe técnico difícil y complicado. 
Espero igualmente- y esto lo afirmo también en nombre de mi grupo político- que las enmiendas que ha presentado conjuntamente con la Comisión de Asuntos Sociales puedan ser adoptadas por la Comisión. Porque es eso de lo que se trata por supuesto principalmente esta noche, es decir de lo que la Comisión adopte o no. 
En caso de que en el procedimiento de cooperación la Comisión no adopte ninguna decisión, será esto un duro revés para nuestro trabajo. 
Espero pues su decisión con sumo interés. 
El cáncer, tal como lo señala la ponente es una de las enfermedades más graves en nuestra Unión Europea. 
Sabemos que este tipo de sustancias pueden contribuir al desarrollo de este mal por lo cual la cuestión merece toda la atención posible. 
Esto implica además, a mi juicio, que toda la cuestión referente a la directiva 118 A reviste una enorme importancia. 
No son a menudo éstas cuestiones que llevan a la gente a manifestar su apoyo o su reprobación, tomando en cambio muchos años hasta que la ciudadanía descubre que al transgredirse las directivas se incurre en graves daños. 
Por suerte se dan cuenta a veces incluso aquéllos mismos que ocasionan los perjuicios cuando tienen que pagar enormes sumas a los tribunales. 
Es ésta la esencia de este artículo, el cual debe por consiguiente seguir vigente. 
Aunque concuerdo enteramente con lo expresado por la ponente, en el sentido de que este artículo deberá constituir en el futuro un artículo de codecisión, y no el tipo de artículo del que se trata en la actualidad. 
Pienso que como es tan frecuente en este tipo de casos el Consejo ha prestado un trabajo bastante positivo. 
Resulta oportuno también apreciar de vez en cuando la labor del Consejo, aunque sigo estimando que las enmiendas, en particular las orientadas a una definición más precisa y a la supresión del período de transición, deben mantenerse ya que constituyen en realidad algo esencial. 
Existen por supuesto ciertas enmiendas fácilmente adoptables pero que intrínsecamente añaden pocos elementos, mientras que éstas son precisamente enmiendas fundamentales. 
Estimo que todo el Parlamento está bastante de acuerdo con ello. 
Lo único que nos cabe esperar pues es que la Comisión comparta nuestro parecer y a ese respecto desearía escuchar el comentario de la Comisaria. 
Señor Presidente, colegas, esta directiva constituye un paso de avance, concretamente al establecer por primera vez los valores límites del benceno. 
Nuestro grupo respalda a la ponente en su opinión de que es necesario introducir de nuevo las diez enmiendas de la primera lectura, en particular la relativa a la supresión del período de transición así como también las enmiendas que acaba de mencionar el Sr. Pronk y referentes a la definición. 
Esta directiva se refiere sin embargo sólo a la prevención a través del establecimiento de valores límites para sustancias cancerígenas. 
Estimo mi deber llamar esta noche la atención respecto a otras enfermedades resultantes del uso de otro disolvente como el tolueno, importante causa del síndrome orgánico-síquico. 
Este último síndrome afecta el sistema nervioso pudiendo dar lugar a graves afecciones cerebrales. 
La enfermedad es producida por la exposición profesional a solventes químicos, pudiendo degenerar en pérdida de la memoria y en algunos casos a parálisis. 
Señora Comisaria, Señorías, es inadmisible que para una enfermedad se trate de hallar una serie de soluciones y que no hagamos lo mismo para otras afecciones. 
Las diferentes normativas vigentes en los Estados de la Unión Europea en cuanto al uso de agentes disolventes en pegamentos y pinturas dan lugar a una falta de uniformidad en la protección de los trabajadores. 
En Estados Unidos y los países escandinavos hace largo tiempo que estas nocivas sustancias se hallan sometidas a determinadas regulaciones. Estimo que a nivel europeo será necesario que los países miembros revisen la cuestión de la uniformidad de condiciones de los trabajadores, no sólo en lo referente a las sustancias cancerígenas, sino también a sustancias nocivas a las que se ven sencillamente expuestos los ciudadanos. 
Señor Presidente, espero, y a este respecto me ha llegado información de mi propio país en el Consejo, que nos lleguen iniciativas de su parte relacionadas con este punto y que no se limitan a esta sola directiva. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que se nos presenta hoy en segunda lectura responde, en principio, a dos objetivos. 
El primero, el de ampliar el campo de la directiva inicial de 1990, de manera que se incluyan en ella todos los agentes cancerígenos presentes en los lugares de trabajo y se tomen en consideración todas las vías de exposición posibles. 
Creo poder decir que dicho objetivo se ha alcanzado. 
Todos los compañeros están efectivamente satisfechos. 
El segundo objetivo consiste en fijar los valores límite de exposición profesional para un agente cancerígeno bien conocido que es el benceno. 
Y aquí, pienso que el objetivo no se ha alcanzado del todo. 
En efecto, el benceno se conoce desde hace mucho tiempo como un poderoso cancerígeno. 
Ya no hay controversia científica a este respecto. 
Y sabemos que no hay umbral de inocuidad. 
Por consiguiente, es esencial que se fije un valor máximo para limitar los daños. 
Poco importa que se hable de ppm o de otra cosa, lo que importa es comparar los límites. 
La Comisión ha propuesto 1 ppm, es decir, diez veces más. 
Hoy, parece que en la mayoría de las situaciones de trabajo, la exposición profesional no supera el 1 ppm. 
Por ello, la propuesta de la Comisión no hace más que ratificar una situación existente. 
Pero allá donde las cosas se complican, es cuando en la propuesta inicial propone una derogación para el sector petrolero en 3 ppm. 
La cosa es ya inaceptable en sí y, en primera lectura, hemos rechazado esta derogación, aun cuando hayamos aceptado el 1 ppm. 
¿Qué pasa hoy? 
Nos encontramos en segunda lectura, frente a una posición común del Consejo que califico de escandalosa, porque amplía la derogación de 3 ppm a todos los sectores de la actividad y desplaza, además, la duración máxima de transposición de la directiva en dos años. 
Así pues, harían falta seis años para llegar a respetar el límite de 1 ppm. 
Por consiguiente, esta medida produce la ilusión de proteger a los trabajadores, cuando no hay nada de eso, y en realidad, se siguen de lejos las reivindicaciones y las exigencias de los sectores industriales. 
Por consiguiente, tenemos que aprobar absolutamente las enmiendas y espero que, la Sra. Comisaria nos tranquilizará diciendo que ella misma las apoyará. 
Señor Presidente, esta Directiva gira en torno a la vida laboral y su normativa. 
Actualmente ya existen países, por ejemplo, Dinamarca y Suecia, que tienen unos requisitos mucho más estrictos que la propuesta presentada por la Comisión. Esto demuestra que es posible plantearle a la industria unos requisitos rigurosos y que estos requisitos pueden cumplirse. 
Todos los valores límite deben permitir la aplicación del llamado principio de la cautela, es decir, que el porcentaje donde el valor límite sea peligroso debe ser muy marginal. 
Es precisamente esto lo que resulta casi imposible de establecer, porque existen muchos tipos de problemas ambientales y de absorción pulmonar. 
Por eso no podemos aceptar el valor límite de la Comisión de 1 ppm para el benceno. 
De modo similar, nos resulta imposible aceptar los plazos descritos, que serían de hasta seis años y nos parecen excesivamente largos. 
La Directiva va por el buen camino, lo cual es encomiable, porque se trata del nivel de salud y seguridad que deseamos para la vida laboral. 
No obstante, pienso que todos lo países deben tener el derecho evidente de avanzar más en este sentido si así lo desean. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Ojala, por el excelente trabajo realizado en relación con esta propuesta y por su apoyo continuo a la Comisión en sus esfuerzos para luchar contra los diversos tipos de cáncer provocados por el ambiente de trabajo. 
Tanto la Comisión como el Comisario Flynn y yo misma apreciamos este esfuerzo. 
En primer lugar, me gustaría llamar su atención sobre la importancia política de la posición común del Consejo. 
Es una manifestación clara de la importancia de disponer a escala comunitaria de unas disposiciones eficaces de salud y seguridad. 
Los objetivos más significativos de la propuesta de la Comisión se han cumplido. 
Ante todo, se ha ampliado el ámbito de aplicación de la Directiva para que cubra una serie de preparados que anteriormente no estaban incluidos, y, en segundo lugar, se fijan por primera vez valores límite para la exposición durante el trabajo a un agente carcinógeno conocido, a saber, el benceno. 
Con su ayuda, la Directiva podrá ser aprobada en breve. 
Sin duda, la Comisión habría preferido un período de transición más corto para la transposición de la Directiva al derecho nacional, pero los distintos sectores de actividad necesitan medidas de transición para cumplir las normas de la Directiva. 
Considerando que los valores límite que se aplican actualmente en la mayor parte de los Estados miembros son mucho mayores que 3 ppm, el plazo es bastante razonable. 
Debido a lo que acabo de decir, lamento comunicarles que ninguna de las modificaciones propuestas por el Parlamento puede ser aceptada en este momento. 
Ustedes recuerdan sin duda que la Comisión incluyó seis de las enmiendas, las núms. 1, 4, 6, 7, 8 y 10, en la propuesta modificada que ahora se ha presentado al Parlamento. 
No obstante, el Consejo las rechazó por motivos que la Comisión, hasta cierto punto, comprende. 
Aunque en este momento no soy partidaria de cambiar el texto, puedo garantizar a la ponente y a los demás diputados que, en la práctica, la Comisión sabrá tener en cuenta varias de las modificaciones propuestas, a pesar de que en este momento no podemos incluirlas en la legislación. 
Estoy pensando sobre todo en las enmiendas núms. 3, 4, 5, 8 y 10. 
Con respecto a las enmiendas, quiero recordarles que en relación con la aprobación de la posición común, la Comisión se reservó el derecho a volver más tarde, una vez aprobada la propuesta modificada, a los pormenores de la propuesta específica a la luz de los resultados científicos, sobre todo en lo referente al control biológico y a los métodos de medición. 
En cuanto a los valores límite biológicos, -me refiero a las enmiendas núms. 4 y 8la Comisión tiene la intención de presentar nuevas propuestas para la fijación de los valores límite de agentes carcinógenos específicos, en los casos en que disponga de los datos necesarios. 
De igual modo, la Comisión presentará propuestas específicas relativas a procedimientos de medición únicos. 
Me refiero a la enmiendo nº 10. Tengo intención de exponer claramente al Consejo las ideas de la Comisión durante la tramitación de la propuesta modificada. 
La Comisión apoya asimismo la idea de que haya una lista de prioridades actualizada de los valores límite- se trata de la enmienda nº 3 -, teniendo en cuenta que no existen en este momento datos científicos de todos los agentes carcinógenos. 
Esta lista no tiene cabida en el acto jurídico, pero cuando los datos disponibles aconsejen la adopción de una iniciativa legislativa, la Comisión no dudará en tomar las medidas necesarias. 
Quiero aprovechar la oportunidad para garantizar a la ponente que la inclusión del arsénico y de los compuestos del arsénico en la lista se abordará con carácter de urgencia. Me refiero en este caso a la enmienda nº 5. 
Espero haber convencido al Parlamento de la voluntad de la Comisión de seguir adelante con las peticiones por él formuladas y, para finalizar, quiero subrayar una vez más que la configuración actual de la propuesta supone un avance importante y que gran parte del buen resultado se debe al Parlamento. 
Señor Presidente, ¿he entendido correctamente que la Sra. Comisaria no acepta ninguna de las enmiendas que ha presentado el Parlamento? 
¿Que quiere estudiarlas y todo lo demás, pero que no está dispuesta a aceptar ninguna de las doce enmiendas presentadas por el Parlamento? 
¿He entendido bien? 
Yo lo había entendido de otra manera, señor Pronk, pero de todos modos no contesto yo. 
Señor Presidente, también yo he escuchado con gran interés la respuesta de la Comisaria y debo decir que no termina de satisfacerme. 
La señora Bjerregaard promete que en el futuro la Comisión tomará en consideración numerosas cuestiones, pero es precisamente ahora, en el momento de encontrar soluciones, cuando la Comisión no parece mostrar la voluntad de ejercer presiones sobre el Consejo. 
Esta institución no está siquiera dispuesta a llegar tan lejos como lo hacía la Comisión en su propuesta original, en la que, desde mi punto de vista, se prestaba la suficiente atención a las necesidades de la industria y de otros sectores. 
Se trata de una circunstancia verdaderamente lamentable porque es una muestra de que el Consejo pretende ganar tiempo ante este asunto. 
Sé que se está preparando otra directiva, lo cual podría resultar prometedor; por ejemplo, he oído decir que es probable que se elabore muy rápidamente una propuesta acerca del arsénico, sustancia a la que se ha referido la Comisaria. 
No obstante, me ha causado una tremenda decepción el hecho de que esta cuestión recaiga en el ámbito del procedimiento de cooperación. 
Parece evidente que, por lo que respecta a este asunto, la señora Comisaria, y la Comisión en general, escuchan más al Consejo que al Parlamento, lo cual nos deja un poco perplejos. 
La situación no cambiará mientras que estas cuestiones se analicen de acuerdo con el procedimiento de cooperación, razón por la que se debe lograr que entren a formar parte de la codecisión. 
Señor Presidente, mi intervención será muy breve. Me veo obligada a aclarar al Sr. Pronk y a la Sra. Ojala de que lo que he dicho es que la Comisión no puede aceptar las enmiendas propuestas, aunque está de acuerdo con el contenido de varias de ellas, por lo que tiene intención de seguir trabajando con el tema. 
Señor Presidente, esa respuesta me parece hasta tal punto imprecisa que estimo necesario que los colegas se reúnan entre sí a fin de considerar si este informe no deberá remitirse a la Comisión de Asuntos Sociales a fin de hacerlo más preciso. Tal como se presenta ahora no nos será posible pasar mañana a la votación. 
Señor Presidente, comprendo perfectamente que a la ponente y al Sr. Pronk no les haya gustado mucho la respuesta que he dado hoy, pero no me parece que haya faltado claridad en mis palabras. 
El mensaje transmitido sobre lo que la Comisión puede aceptar ha sido totalmente claro, por lo que no me parece que se pueda hablar de falta de claridad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.41 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera decir solamente unas palabras, y las diré en francés para que todo el mundo me comprenda antes. 
Ayer planteé una cuestión, que nuestro «superior» (pues yo lo considero como un monje de este monasterio) , estimó como alusiones personales. 
Yo le debo obediencia, y lo hago con agrado por la simpatía que le tengo. 
Sin embargo no se trataba de alusiones personales sino de una cuestión política. 
Efectivamente, cuando intervengo como político, en un contexto político, ya no se trata de alusiones personales que pueda resolver en los pasillos, sino de una cuestión política que no puedo resolver en los pasillos con un par de bofetadas. 
Esto es, señora, lo que sucede generalmente. 
He pretendido defender el honor de mi partido. 
Sé muy bien que el honor no es algo que esté de moda, pero deseaba defenderlo a pesar de todo, y no quería dar ocasión a que se difundieran mentiras sobre mi partido, eso es todo. 
Cierro así el tema, por obediencia al superior del monasterio y como monje obediente y respetuoso con la democracia que me complace seguir siendo. 
Señor Rosado Fernández, confieso que tengo dificultades para determinar si su intervención estaba motivada por alusiones personales, por una cuestión de orden o una intervención sobre el Acta, pero lo ha hecho usted con tanta amabilidad que tomo nota con mucho gusto. 
Señora Presidenta, el Presidente ha leído ayer la confirmación de una serie de mandatos después de que la Comisión de Reglamento hubiese dado su aprobación. 
Me he dado cuenta de que por lo visto tenemos un nuevo colega en esta Asamblea que el Presidente no ha mencionado. 
Desde ayer se sienta al lado de la Sra. Green un joven. 
Me gustaría saber a qué grupo político pertenece y además qué es lo que ha hecho el PSE con el Sr. Hänsch. 
Señor Rack, voy a tranquilizarlo por partida doble. 
No hemos omitido el anuncio de la llegada de un nuevo colega ya que no se trata de un colega nuevo. 
Segundo punto, el Sr. Klaus Hänsch no ha desaparecido de este Parlamento. 
Señora Presidenta, quisiera indicar a la Asamblea que ayer intenté obtener el informe Ford, que figura hoy en el orden del día, para preparar posibles enmiendas, cuyo plazo estaba fijado a las 19.00 horas. 
A las 18.00 horas, el informe Ford aún no estaba disponible en las lenguas oficiales del Parlamento, lo que, obviamente, de hecho hacía imposible que cada uno de nosotros preparáramos las enmiendas con la debida antelación. 
Me pregunto y le pregunto, señora Presidenta, si esto es compatible con las normas de nuestro Reglamento y si de hecho no hace imposible que hoy se vote el informe Ford, dada precisamente la imposibilidad de presentar las enmiendas con la debida antelación. 
Señor Caccavale, le creo cuando dice que no ha encontrado ese informe. 
Vamos a verificar si estaba disponible en todos los idiomas, y si ello no fuera así, resulta evidente que no sería posible votarlo. 
Le puedo asegurar que vamos a realizar esa verificación. 
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? 
Es preciso señalar que las tres observaciones que se acaban de hacer no eran sobre el Acta. 
Señora Presidenta, deseo llamar su atención y la de la Asamblea sobre el hecho de que el «Referendum Party» de Jimmy Goldsmith de Gran Bretaña ha entregado 150.000 libras al Partido Unionista del Ulster. 
Me pregunto si las 150.000 libras es el puntal que permite que el «Referendum Party» esté representado por el Sr. Nicholson en un Grupo de este Parlamento. 
¿Es ése el precio que hay que pagar por un jingoísmo como éste? 
El Partido Unionista del Ulster ha recibido tanto apoyo de esta Asamblea una y otra vez y, al mismo tiempo, en el Parlamento Europeo tenemos el «Referendum Party» manteniendo a un único diputado con 150.000 libras para la campaña de las elecciones generales británicas. 
El «Referendum Party» , un grupo político que en Gran Bretaña carece de importancia, está interfiriendo en la política interior irlandesa. 
Quiero protestar enérgicamente contra esa práctica. 
Señoría, es usted perfectamente consciente de que no se trataba de una observación sobre el acta. 
Por consiguiente, vamos a proceder conforme al orden del día siguiendo con el Acta, que me gustaría pudiera declararse aprobada cuando cada uno de ustedes haya intervenido. 
¿Hay alguna otra observación? 
Señora Presidenta, en la votación nominal que recoge el Acta me quejé profusamente de que no funcionaba mi máquina, hasta que el Sr. Harrison señaló que yo no tenía mi tarjeta. 
Acto seguido solicité que se hiciera constar mi voto en contra, pero no aparece en la lista. 
¿Podría hacerse constar, por favor? 
Señor Wynn, me dicen que su nombre no figura en la lista. 
En todo caso lo verificaremos. 
Si, efectivamente, su nombre no figura, tomaremos nota de su declaración en el Acta del día de hoy. 
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, no es la primera vez que el Sr. Andrews se pone de pie en esta Asamblea para hacer una declaración completamente inexacta. 
Conociendo al Sr. Andrews es probable que tampoco sea la última vez. 
Me parece lamentable, señora Presidenta, que le permita hacer una declaración como ésa. 
Recomiendo que en los sucesivo se limite a cumplir el Reglamento de esta Asamblea y que se asegure de que no se hacen alusiones carentes de fundamento como ésta. 
Quiero dejar muy claro que lo que ha dicho ante esta Asamblea es completamente falso, un montón de mentiras. 
Rechazo totalmente lo que ha dicho. 
Señor Nicholson, sabe muy bien que cuando un colega pide la palabra, nunca se sabe si se trata realmente de una cuestión de orden o no. 
Y no es demasiado correcto interrumpir a un compañero durante su intervención. 
Respeto de los derechos humanos en la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual (A4-0112/97) de la Sra. Roth, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995). 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el ideal del ser humano libre que viva liberado del temor y de la miseria solamente se podrá hacer realidad a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales así como de sus derechos civiles y políticos. 
Así figura en los preámbulos de dos grandes pactos de las Naciones Unidas, en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Ambos son del año 1966 y ambos han sido firmados por más de 100 Estados. 
En el Parlamento Europeo tenemos que partir de este concepto de derechos humanos que abarca tres categorías centrales de normas. 
En primer lugar, los derechos a libertad negativos, que garantizan que cualquier individuo tiene que estar libre de toda coacción injustificada, estatal o de otro poder. 
En segundo lugar, los derechos de participación positivos, que garantizan la intervención de cada individuo en los procesos de decisión políticos y sociales. 
En tercer lugar, los derechos de participación sociales y el derecho al desarrollo, al que se remiten sobre todo los países del Tercer Mundo, que dejan claro que a los derechos sociales y políticos también pertenecen las condiciones necesarias para poder ejercerlos. 
Estos son los derechos humanos de la nueva, la tercera generación. 
Si pobres y ricos, en igual medida, tienen el derecho de dormir bajo un puente, hay que decir que en este caso y para los pobres se trata de una libertad insuficiente y cínica. 
Tal libertad sola no basta. 
Los derechos humanos sociales tienen pues el sentido de garantizar en las condiciones propias de la sociedad industrial, la libertad, la igualdad y la codecisión. 
Los derechos humanos sociales complementan los clásicos y liberales derechos a la libertad. 
Es urgente reflexionar sobre ello, tal como se puso de manifiesto el pasado invierno en que numerosas personas murieron heladas. 
En las noticias se dijo que se murieron de frío, pero en realidad se murieron de pobreza. 
Es fácil exigir derechos humanos en otras partes. 
Mucho más difícil es reconocer las deficiencias en nuestro propio país. 
Hemos hablado con mucha frecuencia sobre los crímenes cometidos en otras partes, en Turquía, en China, en el Irán. 
En este informe se trata de nuestras propias transgresiones. 
La credibilidad exige que se examine concienzudamente si los derechos humanos tienen una base sólida en la UE. 
No podemos tranquilizarnos diciendo que la situación en otras partes es mucho peor. 
A ello hay que responder con una frase de Berthold Brecht: » Que cada uno hable de su propia vergüenza». 
Si estamos dispuestos a elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en la UE, entonces no debemos comportarnos como fariseos. 
No podemos ni nos está permitido crear nuestro propio concepto de derechos humanos. 
Este es el verdadero contenido de la frase tan citada «los derechos humanos son indivisibles». 
Si decidimos hablar de la situación de los derechos humanos en la Unión Europea, tenemos que hacerlo con un enfoque general y completo y no como el fariseo de Lucas 18, 11: » ¡Oh Dios! , te doy las gracias porque no soy como los demás hombres». 
Se achaca a este informe que es partidista. 
Naturalmente que es partidista, lo es en favor de los derechos humanos. 
No existe ningún informe neutral sobre los derechos humanos. 
Sólo hay dos posibilidades: un informe que, sin tener en cuenta posibles susceptibilidades, describa la situación, o un informe que relativice, seleccione, oculte, haga como si lo que sucede en nuestra Unión no es más que un pecado venial, porque no son posibles disculpas del tipo «comparado con la situación en otros lugares, la situación en la UE está pero que muy bien». 
La teoría de la relatividad es algo que pertenece a la física pero no a un informe sobre los derechos humanos. 
Este informe describe con palabras claras la situación en los distintos Estados de la UE. 
Quien lo critique como injerencia en los asuntos internos de los Estados es que no conoce o no quiere conocer el Derecho internacional. 
Actualmente, y ésta es la opinión universalmente reconocida que se vio confirmada por última vez en la Conferencia de Viena de 1993, los derechos humanos no son un asunto interno de los Estados. 
Por lo tanto, ningún Gobierno, tampoco ningún Gobierno europeo, puede quejarse de oficio de injerencia ilícita si se critica la situación existente en su país. 
A quien pretenda disminuir, o incluso reducir a la mitad, los derechos humanos, hay que recordarle el objetivo antifascista bélico formulado por el Presidente norteamericano Roosvelt en 1941, según el cual «la liberación de la miseria hay que situarla en el mismo plano que la libertad de expresión y de religión y la liberación del temor». 
No se puede decir de una manera más sencilla y más hermosa cómo han de definirse los derechos humanos. 
Roosvelt se adelantó en 25 años a los Pactos de las Naciones Unidas de 1966. 
En 1997, no podemos retroceder. 
Expreso mi agradecimiento a las y los colegas que han participado en este debate tan controvertido. 
Espero que logremos una amplio apoyo para este informe y que sea un buen resultado aunque quizás haga daño, pero un informe sobre los derechos humanos debe criticar, de lo contrario no cumpliría su finalidad. 
Señora Presidenta, intervengo a propósito de la presencia del Comisario Van den Broek, a quien agradezco que se encuentre entre nosotros siguiendo este debate. 
Sin embargo, habida cuenta del tema de nuestro debate (los derechos humanos en la Unión Europea) , me preguntaba si el Sr. Van den Broek, que ya sigue otros expedientes, es el comisario competente en la materia. 
Señor Dell ' Alba, estoy convencida de que el Comisario es perfectamente competente en todos los temas y principalmente en el que va a ser objeto de su intervención dentro de unos instantes. 
(Intervención del Sr. Herman: «¡La Comisión es un colegio! ») 
Absolutamente, señor Herman. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, esta mañana es de esperar que se repita lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo durante los últimos años, a saber, que el debate sobre el informe anual 1995 relativo a la situación de los derechos humanos en la Unión Europea derive en un debate caracterizado por contradicciones fundamentales, por interpretaciones totalmente diferentes sobre lo que, por un lado, debe considerarse o no como debate sobre los derechos humanos y, por otro, por estrategias nacionales y particulares de carácter partidista. 
Sin duda, esto último es lo que caracterizará hoy de nuevo el comportamiento a la hora de votar en ambos lados de esta Asamblea, en todos los grupos políticos, lo que lamento mucho. 
La Sra. Roth ha expuesto con razón, lo que ha mostrado también el debate y la votación en la comisión, que existe la tendencia a que como Unión Europea nos permitamos el lujo de presentar dos informes sobre derechos humanos: uno relativo a la situación de los derechos humanos fuera de la Unión y otro para el interior. 
Como si pudiese haber dos tipos diferentes de derechos humanos, europeos y no europeos. 
Es totalmente absurdo que con motivo del informe sobre el que hoy debatimos digamos que tomamos nota de todo pero que en caso de una violación concreta de derechos humanos no mencionemos por su nombre a ningún país miembro de la Unión Europea. 
No se puede acusar a ningún país miembro de la Unión Europea que no tenga en cuenta de un modo global e integral la situación de los derechos humanos. 
Pero cuando ha ocurrido esto, durante los últimos años en todos los grupos políticos se ha producido un debate dirigido precisamente a impedir esto último, es decir, que se diga que los derechos humanos son indivisibles. 
La revisión de su observancia no tiene nada que ver con la condición de miembro de un Estado en una Unión política cualquiera sino que tiene que ver con si los que son políticamente responsables, Gobiernos o Administraciones- no importa de donde- están en situación no solamente de respetar los derechos fundamentales formulados por ellos mismos sino de vigilar su observancia y, en caso necesario, de imponerla. 
Con ello llego a dos capítulos decisivos de este informe para los que les ruego su atención. 
La Sra. Roth se ha ocupado de la cuestión de los derechos humanos de las personas que están encarceladas. 
En ningún otro lugar se puede ver mejor lo humana que es una sociedad, la precisión y exactitud con que aplica los derechos humanos, que en el respeto de los derechos de aquellos que han violado las reglas básicas de esta sociedad. 
A pesar de ello, tienen un derecho a un trato humano, un acceso a un procedimiento penal justo o, una vez en prisión, a que se respeten los principios fundamentales de la dignidad humana para los afectados. 
Un Estado democrático o una federación democrática de Estados como es la Unión Europea que- repito las palabras de la Sra. Roth- señala con el dedo a otras partes del mundo- en lo que el Parlamento Europeo no nos echamos precisamente hacia atrás sino más bien todo lo contrario -, una federación de Estados de este tipo y cada Estado tiene que mirar si en su propio país se cumplen estas normas y si está autorizado a criticar a otros en este contexto. 
En lo que se refiere a la cárcel, este informe sobre los derechos humanos muestra que la situación en casi todos los países miembros de la Unión Europea es bastante mala. 
Solamente este capítulo sería suficiente para mostrar que no podemos permitirnos un debate caracterizado por intereses individuales, tácticas, subterfugios o por el modo cómo se puede lograr una mayoría para impedir algo desagradable, si queremos conservar a la larga al menos unas migajas de credibilidad. 
Quiero que recapaciten también sobre otra cosa. 
En años anteriores hemos mantenido comportamientos y votaciones en parte deshonrosos porque esa actitud táctica hacía precisamente que el informe sobre los derechos humanos se degradase en una batalla ideológica fundamental. 
No podemos seguir haciéndolo. 
Por ello, les ruego que recapaciten también porqué, cuando en los informes exigimos que los derechos humanos son indivisibles y válidos en todos los lugares del mundo, necesitamos entonces dos informes. 
¿Porqué no un informe sobre los derechos humanos que sea aplicable a todos, la Unión Europea y todos los demás Estados, que se debata y apruebe en esta Asamblea? 
Creo que esto quitaría viento de las velas a la táctica mencionada. 
Señora Presidenta, este año, como los anteriores, el Grupo del Partido Popular Europeo ha llevado a cabo un esfuerzo de aproximación y consenso en el seno de este Parlamento para que este informe anual sobre los derechos humanos de la Unión sea un documento uniforme, estructurado, jurídicamente correcto y que recoja con imparcialidad cuál es la verdadera situación de los derechos humanos en la Unión, pero lamentablemente el resultado no ha sido el esperado. 
Es bien sabido por todos, y demostrado no solo con palabras sino con hechos, que el Grupo del Partido Popular Europeo fomenta y apoya el respeto de los derechos humanos y contribuye activamente a su defensa y lucha, sin ningún género de duda, contra cualquier violación de los mismos que pudiera producirse en cualquier lugar o situación. 
Sin embargo, es necesario recordar, tras las palabras del Sr. Schulz, que los Estados miembros de la Unión pertenecen a un grupo de países que garantizan plenamente el respeto a los derechos humanos a través de sistemas políticos, democráticos y pluralistas, con efectivas instituciones parlamentarias y sistemas judiciales independientes. 
No obstante, es cierto que en la Unión todavía se produce el riesgo de que algunos derechos puedan ser vulnerados. 
Estas vulneraciones deben ser objeto de denuncia ante esta Asamblea, pero siempre de forma clara y rigurosa, siguiendo un pormenorizado estudio de cada caso que pudiera producirse para poder establecer si realmente se han vulnerado los mecanismos adecuados de protección y respeto de los derechos, o si los sistemas judiciales y administrativos nacionales han llevado a cabo un procedimiento adecuado sancionador de esta violación. 
Es evidente que el Parlamento Europeo debe procurar, como órgano colegislador, que la evolución del Derecho de la Unión se realice en el marco del respeto de los derechos fundamentales del ser humano, ya que cualquier proyecto de sociedad auténticamente democrática debe tener como principal objetivo la libertad y la dignidad del ser humano. 
Sin embargo, debemos resaltar que para elaborar un informe sobre la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión, es necesario un conocimiento de la regulación nacional e internacional de los derechos humanos, así como una rigurosa noción de los conceptos jurídicos que se utilicen además de una precisión terminológica estricta. 
Es asimismo importante la utilización de fuentes jurídicas como base del documento y no de informes carentes de fundamento jurídico basados en meras declaraciones de principio o en acusaciones a veces carentes de fundamento. 
Si estas premisas básicas a la concepción y redacción del informe no se tienen en cuenta, podremos encontrarnos con una profusión de declaraciones programáticas carentes de sentido, una arbitrariedad manifiesta en la clasificación de los derechos y en su tratamiento, una imprecisión en los conceptos jurídicos que se utilizan y una desmesurada atención a casos aislados que se refieren únicamente a sucesos excepcionales. 
Por todo ello, el informe sobre la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea debe circunscribirse a lo que es nuestra principal guía en el camino de la construcción europea: el Derecho originario del Tratado de la Unión. 
El Tratado establece, de manera clara e inequívoca, cuál es el contenido del concepto de derechos humanos que la Unión y sus instituciones deben respetar. 
Pues, como sus Señorías conocen, ningún acto o legislación que emane de la Unión Europea, ni de sus Estados miembros, puede contradecir el Derecho originario de la Unión, es decir, sus tratados constitutivos. 
Por ello, un informe sobre los derechos humanos debe estructurarse teniendo en cuenta los principios contenidos en el Convenio de Roma. 
Bien es cierto que con la evolución del Derecho, de la política y de la economía, y como consecuencia de la vida en sociedad, los Estados han ido recogiendo otras garantías vinculadas al Estado del bienestar. 
Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo ha introducido dos enmiendas en este sentido, instando a las comisiones parlamentarias de Asuntos Sociales y de Medio Ambiente a que elaboren sendos informes sobre la situación y el respeto de estas garantías, ligadas a materias de su competencia, con la profundidad y el detenimiento que merecen. 
Permítame, señora Presidenta, para terminar, que lamente de nuevo la imposibilidad de que el Grupo del Partido Popular Europeo pueda dar su apoyo a este informe, pero nos vemos obligados a ello por considerar que el proyecto de informe no respeta la base jurídica fundamental y necesaria para la elaboración del mismo: el Convenio de Roma. 
Asimismo, quiero expresar mi deseo de que el próximo informe de este Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión sea un documento estructurado y riguroso, un informe consensuado y no programático, un informe que no sea un reflejo distorsionado de la realidad por la politización del mismo. 
Señor Presidente, en primer lugar debo felicitar a la señora Roth por el trabajo que ha realizado y por el tiempo que ha dedicado a intentar conseguir un texto consensuado. 
Pero en un ámbito en el que, efectivamente, debería haber consenso, surgen dificultades cuando se entra en detalles y no es posible conciliar lo irreconciliable, ya que nos encontramos en estos momentos frente a verdaderas decisiones sobre el tipo de sociedad. 
Uno de los reproches esenciales que yo haría a este informe es el de que pretende explorar todos los aspectos de la vida en sociedad, enumerar todas las situaciones, añadir todos los casos tipo. 
No se trata de un informe sino más bien de un catálogo. 
Pretendiendo ser exhaustivo, el informe corre el riesgo evidente de resultar imperfecto. 
Enfermos y sanos, capacitados y discapacitados, jóvenes y viejos, hombres y mujeres y otros... , libres y detenidos, militaristas y objetores de conciencia, creyentes y no creyentes, personas de color o no, etc... 
Si pudiera permitirme bromear sobre un tema tan importante: ¿y las pelirrojas, señora Roth? 
Ha olvidado usted a las pelirrojas. 
Hace no demasiado tiempo todavía eran gravemente perseguidas. 
Ahora en serio, sigo convencida de que el modelo en este tema sigue siendo la declaración de los derechos humanos de 1789, ¡17 artículos y no 171! 
Artículos precisos, concisos, que pueden suscribirse en cualquier lugar. 
En el artículo primero está todo: » Los hombres (del latín homo y no de vir) nacen y mueren libres e iguales en derechos.» 
Si se pretende hacer demasiadas cosas, se puede llegar a defender lo indefendible. 
Así, queriendo defender, en el artículo 26, la libertad de rito al lado de las religiones y de los cultos, sin referencia a nuestras legislaciones nacionales, se está defendiendo también uno de los peores azotes que afectan a muchas niñas de origen africano: la ablación del clítoris. 
Sin duda, nuestra Europa no es perfecta. 
Sin duda, nuestros Estados aún deben progresar. 
Pero aquí, en el Parlamento Europeo, yo, al igual que los diputados de cada Estado de la Unión, disfruto de uno de los derechos más importantes que existen, el de poder votar contra este informe. 
Señora Presidenta, en el ámbito del respeto de los derechos humanos Europa posee una buena reputación. 
Con razón se esfuerza la Unión Europea en mejorar la situación de los derechos humanos en todo el mundo. 
Pero si queremos llevar a cabo desde Europa esta tarea con autoridad será necesario por supuesto que pongamos orden en nuestra propia casa. Es ésta la razón por la cual el Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas estima conveniente que cada año procedamos a un análisis de la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en el informe anual consta toda una serie de cuestiones positivas. 
Aunque hay lugar también a ciertas observaciones críticas. 
En primer lugar, nuestro grupo opina, tras larga discusión, que la resolución es demasiado extensa, tan extensa que sólo será leída en contadas ocasiones. 
Por este motivo, nuestro grupo desea que se reduzca el documento suprimiendo una serie de apartados. 
En segundo lugar, señora Presidenta, la resolución deberá ser más matizada en lo referente a algunos puntos. 
Si en ocasiones la situación reinante en las cárceles deja de ser satisfactoria, no es esto lo que se observa en todos los casos. 
Y en tercer lugar, la resolución menciona una serie de asuntos en los cuales la Unión Europea carece de competencia por ser atribución de los Estados miembros. 
Un claro ejemplo lo constituye el apartado 18 referente a la eutanasia. 
No es la Unión Europea la encargada de regular esta cuestión. 
Es nuestro deseo pues que se suprima dicho apartado de la resolución. 
Señora Presidenta, al contrario de los demócrata-cristianos, los liberales opinamos que el espacio brindado en la resolución a la mención de derechos sociales fundamentales, como por ejemplo el derecho a un entorno libre de contaminación y demás aspectos ambientales, resulta limitado. 
Pero estos derechos sociales fundamentales revisten otro carácter distinto del de los derechos fundamentales clásicos. 
Esto implica de parte de las autoridades una obligación de esfuerzos pero no la obligación de garantizar resultados concretos. 
Señora Presidenta, después de todo, esperamos que el debate y las votaciones sobre las enmiendas puedan conducir a una resolución equilibrada. 
Señora Presidenta, nuestras sociedades democráticas deben crear las condiciones necesarias para que toda persona, por el hecho de serlo, disfrute de los derechos humanos, entendidos no sólo como derechos civiles y políticos, sino también como derechos económicos, sociales y culturales. 
Hoy en día no se puede hablar de derechos humanos sin hablar de derechos humanos sociales. 
Las cuestiones relacionadas con el trabajo, el salario, las condiciones laborales, el respeto de las minorías, la lucha contra el racismo, etc., tienen mucho que ver con los derechos humanos. 
La pobreza aumenta en los países de la Unión Europea. 
Cada vez son más las personas que por un motivo u otro son víctimas de este mal y, para combatir esto, es esencial la promoción de la ayuda social y el apoyo de los poderes públicos. 
Es necesaria una política que promocione una seguridad social fundamental y que garantice realmente la igualdad de oportunidades. 
Una ola de racismo y xenofobia se extiende por nuestros países y los acontecimientos que se han producido en distintos lugares de la Unión, en estos últimos días, ponen de manifiesto la gravedad que está adquiriendo el problema del racismo. 
En Europa se sigue discriminando a los extranjeros, y la ley sigue considerando a estos ciudadanos como un peligro para la seguridad y el orden público- como objetos de vigilancia policial y no como sujetos del enriquecimiento social y cultural de nuestra sociedad-. 
El aspecto multicultural que conlleva el hecho de contar con extranjeros y con sus culturas entre nosotros supone, sin lugar a dudas, una plusvalía social que hará progresar a nuestra sociedad europea. 
Tenemos que evitar que se produzca una jerarquización de las personas. 
En la Unión Europea son extranjeros buenos sólo los extranjeros procedentes de países de la Unión. 
Todos los demás inmigrantes, por razones de empleo, refugiados, etc., son seres humanos de segunda clase cuyos derechos fundamentales se ven cada vez más limitados. 
En el Año europeo contra el racismo los Estados miembros tienen que garantizar, más que nunca, la protección de las comunidades extranjeras contra la violencia racista y contra toda forma de discriminación. 
Y las instituciones comunitarias deben dar prioridad a la financiación de proyectos que vayan encaminados a la lucha contra el racismo. 
Una sociedad europea que quiere presumir sin complejos de ser democrática y solidaria, y de tener un alto grado de cumplimiento de los derechos fundamentales, no puede olvidarse de garantizar una seguridad social a todos sus miembros. 
Y no puede permitirse despreciar la riqueza multicultural que supone la integración de extranjeros en nuestra sociedad. 
Señora Presidenta, señores diputados, el informe anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea puede y debe ser un momento importante de conocimiento, de verificación y de propuesta. 
A ese informe anual han dedicado un gran esfuerzo la ponente Claudia Roth y la Comisión de Libertades Publicas y Asuntos Interiores. 
Quisiera hacer una primera consideración, y es que estoy agradablemente sorprendido. 
En efecto, ese informe no refleja las opiniones personales de la Sra. Claudia Roth. 
Es decir, la ponente no refiere sus opiniones partidistas, a veces- permítame- extremistas, sino que ha intentado dar, con un esfuerzo significativo, una visión completa de los derechos humanos en la Unión Europea. 
De ahí procede mi agradable asombro. Por eso estoy agradablemente asombrado, y quiero añadir que el informe anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea no puede, no debe ser, como desgraciadamente ha ocurrido en el pasado, un motivo de enfrentamiento entre las partes, no puede ni debe ser un documento sobre el que se oponen dos bandos. 
Espero que este año el Parlamento Europeo querrá superar ese esquema, un esquema estéril, porque no es necesario ciertamente estudiar, debatir y examinar los derechos humanos para probar la consistencia numérica de los grupos y de los bandos. 
A este respecto deseo indicar que yo votaré a favor de este informe, aunque no comparto algunos aspectos suyos: comparto, en cambio, su estructura general y estoy convencido de su utilidad y de su necesidad para el avance de Europa. 
Precisamente para poner de relieve la necesidad de superar la lógica del encastillamiento y de la oposición, en la comisión muchas veces he expresado mi desacuerdo respecto de la propuesta de la ponente y creo que, además, puedo afirmar que la propia ponente no comparte completamente todos los puntos del informe. 
He leído y releído este informe y no he encontrado en él ningún pasaje radicalmente incompatible con mis opiniones personales. 
Hay, ciertamente, algunos puntos sobre los que disiento, pero nada de radicalmente incompatible. 
Si no fuera así, desde luego mi voto no sería favorable. 
La ponente ha afirmado esta mañana que, en algunos aspectos, se trata de un informe partidista. 
Desde luego en un punto lo es, porque no se limita a los derechos humanos, tal y como están definidos en el Convenio internacional, sino que afronta más ampliamente el tema de los derechos sociales y de seguridad. 
A este respecto quisiera hacer una precisión. 
Precisamente porque hablamos de los derechos humanos en la Unión Europea, sería estéril no afrontar el tema de los derechos sociales y de seguridad. 
Para terminar, el deseo de que en la votación de hoy, precisamente en nombre del respeto de la persona humana y de la función del Parlamento Europeo, se pueda superar la lógica de los bandos y la distinción entre derechos humanos, por una parte, y derechos sociales y de seguridad, por otra. 
Si tuviéramos que votar por bandos y, por lo tanto, de manera restrictiva, deberíamos preguntarnos para qué sirve votar en sesión plenaria si luego nos limitamos a registrar un resultado de la votación que prescinde del contenido del informe, pero que, en cambio, está condicionado por los encastillamientos que decía y por la consistencia de los grupos. 
Además de la necesidad de respetar a la persona humana, creo que está también la exigencia de respetar al Parlamento Europeo y su función, que no puede ser ni pasiva ni estéril. 
Señora Presidenta, la Sra. Roth ha realizado un trabajo indispensable. 
Ciertamente, comprendo que se le hayan hecho una serie de reproches sobre el carácter un poco de trastero que se le podría atribuir. 
A pesar de todo, creo que, se quiera o no, será necesario añadir a las libertades y a los derechos fundamentales lo que se ha llamado durante un tiempo libertades formales, como son las de asociación, opinión, expresión, etc... ; será necesario también que tomemos en consideración el derecho a los servicios sanitarios cuando se esté enfermo, el derecho a la educación cuando no se tenga, el derecho a un trabajo digno, a unas condiciones dignas de encarcelamiento, el derecho a respirar un aire respirable. 
Sencillamente. 
Todos estos derechos son cuando menos tan inalienables como los precedentes. 
Sin embargo, también es cierto que existen zonas fronterizas, y me agrada que el informe haya puesto el dedo en un elemento fundamental como es la eutanasia. 
No se juega con la vida, ámbito en el que verdaderamente se puede hablar, y ya se ha dicho en este hemiciclo, de verdaderas decisiones sobre el tipo de sociedad. 
Así las cosas, se toman dictámenes definitivos, y me gustaría que todo el Parlamento pudiera estar con usted en este tema. 
Al mismo tiempo, nos podemos preguntar ciertamente qué habremos de esperar para el futuro. 
Sin duda, avanzar, conseguir que avancen estos derechos, pero no estaría mal si no se retrocediera, pues, en nuestros países, el derecho de los extranjeros en especial, se ve poco a poco reducido, triturado, y en la actualidad, defender los derechos de los extranjeros en nuestro territorio forma parte de la batalla por los derechos humanos. 
Alguien ha dicho que se trataba de la elección de un tipo de sociedad. 
Sí, es cierto, se trata de un tipo de sociedad, pero digamos que, para ser fieles a lo que se nos ha pedido, debemos trabajar por una sociedad que sea abierta con todos los hombres, que atienda a todos, es decir, una sociedad más fraternal. 
Eso es lo que yo agradezco a la Sra. Roth. 
Señora Presidenta, la Sra. Roth ha llevado demasiado lejos el concepto de los derechos humanos. 
Independientemente de ello, puedo suscribir una serie de aspiraciones y de pronunciamientos sociales contenidos en su informe. 
Le agradezco también el apartado referente a la eutanasia. 
Sin embargo, no dejo de albergar contra el informe en su totalidad graves objeciones. 
Para comenzar, por el hecho de delegar enteramente la responsabilidad del respeto de los derechos humanos en la Unión en manos de los gobiernos nacionales. 
Es evidente que un Estado miembro tiene la tarea de mantener el orden jurídico y de protegerlo de manera activa. 
Pero es responsabilidad de todos y de cada uno de los miembros de la colectividad aceptar y observar estos derechos. 
Normas y leyes- estamos de acuerdo. 
Somos nosotros mismos los responsables de consolidar la calidad de nuestras sociedades. 
Pensemos en conceptos tales como intolerancia, actos de vandalismo y comportamiento antisocial. 
Es ahí donde radica el problema. 
Para lograr un enfoque adecuado de éste se hace necesario un modelo de normas y valores. Este aspecto no figura en el informe. 
Lo que estamos haciendo simplemente es combatir los síntomas cuando por ejemplo luchamos contra la explotación sexual de mujeres y de menores y al mismo tiempo reclamamos una libertad sin límites para la publicidad o la pornografía. 
Mi otro reparo es el hecho de que el informe parte del supuesto que somos nuestro propio legislador autónomo. 
Se sientan así las bases para dar un carácte humano a la sociedad. 
Pero si no se reconoce el derecho de Dios sobre nuestras existencias, resulta imposible garantizar la totalidad de los derechos humanos. 
De esta manera se brinda protección a los desfavorecidos socialmente, pero el más débil e indefenso de las criaturas, el nonato, es considerado como un proscrito. 
Encima de ello, se pide cabida para formas alternativas de sociedad mientras que en el informe se rechaza un pronunciamiento conveniente sobre el matrimonio entre hombre y mujer instituido por Dios. 
Señora Presidenta, en este informe, en este inventario interminable que se parece menos a un poema de Prévert que a un catálogo de un gran bazar, se encuentra de todo. 
Y no soy el único que lo ha dicho esta mañana. 
Se encuentra de todo y lo contrario de todo. 
De este modo, se pretende disuadir a los Estados miembros para que reflexionen sobre un posible restablecimiento de la pena de muerte para los crímenes odiosos mientras se intenta conceder una total libertad de expresión a los asesinos de niños no nacidos. 
En Bélgica, mi país, la pena de muerte fue abolida hace un año. 
Fue enterrada unos meses más tarde en Charleroi, mientras se exhumaban unos cadáveres de niñas torturadas y asesinadas. 
Encontramos también en este informe la incombustible trivialidad socialista del derecho a la salud, cuando ningún médico, ni siquiera el más preparado, ni siquiera el más experimentado, puede pretender darla, sino solamente dispensar los mejores servicios para todos. 
Y así, en ese orden de ideas, al lado del surrealista derecho a la salud, me gustaría inscribir el derecho a la inteligencia para todos. 
Este informe la necesita mucho. 
Señora Presidenta, por mi parte siento que, como en los años anteriores, este importante informe sobre los derechos humanos haya dado lugar a las mismas interminables tergiversaciones para delimitar el campo de los temas a tratar: concepción estática de los derechos humanos frente a acepción evolutiva y dinámica. 
El excelente informe de la Sra. Roth no se ha sustraído a la polémica y lo siento. 
No es que la confrontación izquierda-derecha me parezca sistemáticamente nociva, más bien al contrario, pero temo que esta oposición en un informe tan importante haga pasar a un segundo plano la verdadera división, la que separa a la inmensa mayoría de este hemiciclo consciente de que el respeto por los derechos humanos es uno de los valores esenciales de la Unión Europea, de una minoría que no deja de desprestigiar este concepto. 
Únicamente el derecho a la libertad de expresión goza de favor ante los ojos de la extrema derecha. Se reclama esta libertad para poner más fácilmente en la picota a las legislaciones que, sobre todo en Francia, permiten que se sancione la incitación al racismo y la negación de los crímenes contra la humanidad. 
Por ello, quisiera recordar que el comité de las Naciones Unidas encargado de verificar la aplicación del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos por los 133 países signatarios tomó, el pasado noviembre, una decisión importante. 
Desestimó la demanda del revisionista Robert Faurisson, que pretendía que la ley Gayssot atentaba contra su libertad de expresión y de enseñanza. 
El comité considera que no hay nada de eso y que la libertad de expresión puede someterse a restricciones necesarias en el respeto por los derechos o la buena fama del otro. 
Se puede pensar que no hace falta decirlo, pero sin duda es mejor hacerlo. 
Señora Presidenta, señoras y señores, se ha aprobado este informe para legitimar al Parlamento Europeo para que pueda llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. 
Pero el informe se ha alejado muchísimo de este enfoque originario. 
Ya no pretende esto. 
Pues sin duda es difícil entender que este informe pueda autorizar al Parlamento Europeo a criticar las violaciones de los derechos humanos en China o el Zaire. 
Quiero exponer un ejemplo. 
En el informe se dice: » Se manifiesta favorable a la elaboración de un instrumento jurídico vinculante a escala comunitaria que establezca las garantías mínimas relativas a los ingresos, la protección social, el derecho a recibir atención médica y al alojamiento». 
Estimada señora Roth, con todos los respetos, pero ¿cómo una exigencia de tan amplísimo alcance puede autorizar al Parlamento Europeo a llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en el Zaire? 
El problema de este informe es el siguiente: no se ocupa de violaciones concretas de los derechos humanos sino que enumera exigencias políticas. 
Proporciona más información sobre la posición política de la autora que sobre la situación de los derechos humanos en Europa. 
Precisamente este es su punto débil. 
Tenemos que modificarlo si queremos que este informe sea tomado en serio en el mundo. 
Hay ejemplos también de ello. 
La ponente tiene una actitud muy crítica con la exigencia de la llamada «inmigración cero». 
Es decir, critica que en ningún Estado miembro de la Unión Europea está autorizada una inmigración general. 
Y esto se declara como una violación de los derechos humanos. 
Estimada señora Roth, no tiene sentido declarar esto como violación de los derechos humanos. 
Usted se aleja muchísimo de lo que en todas partes es un consenso político. 
La ponente polemiza además contra la aplicación del concepto de «tercer Estado seguro» en el derecho de asilo. 
Está totalmente claro que se puede debatir al respecto pero hacer de ello una violación de los derechos humanos es, permítame que lo diga, totalmente erróneo. 
Les propongo una salida. 
Les propongo que renunciemos a la diferenciación entre derechos humanos en Europa y en todo el mundo, en lo que comparto la opinión del colega Schulz. 
Si el concepto es indivisible, debe ser válido en Europa tanto como en China o en el Zaire. 
Les propongo que recojamos en el informe solamente aquellas violaciones concretas de los derechos humanos que se pueden denunciar ante el Tribunal de los Derechos Humanos aquí en Estrasburgo. 
Propongo que recapacitemos si esta tarea no debe confiarse a nuestra Subcomisión de Derechos Humanos. 
La polémica que necesariamente se produce cuando se presentan tales programas políticos no nos es de ayuda a nosotros, ni tampoco para los derechos humanos. 
Señora Presidenta, señores diputados, también yo deseo dar las gracias a la Sra. Roth por el cuidado y esmerado trabajo que ha hecho con este informe, del que también yo aprecio muchísimas partes, pero del que tengo que decir que presenta también puntos más discutibles. 
Ciertamente, el debate- también el de hoy- se ha anquilosado en este hemiciclo entre la que se ha definido como la concepción estática y la concepción dinámica de los derechos humanos. 
Sobre ese punto yo no tengo una respuesta, de las dos concepciones no sé decir si se debe considerar una o la otra: lo cierto es que todos nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad en evolución. 
La concepción de los derechos humanos evoluciona porque los mismos derechos evolucionan, también por lo que respecta a los llamados derechos sociales. 
Ciertamente, sobre los derechos sociales, y aún más sobre los derechos a la seguridad social, no estamos de acuerdo con muchas de las recetas- llamémoslas así- que ofrece este informe: cuando se amplía el derecho a la seguridad social y se piden políticas incisivas de protección social y económica con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho a la belleza, el derecho a la mujer, el derecho a hacer el amor, el derecho a hacer de todo, pues bien, evidentemente ésta es una manera de devaluar, de hecho, la concepción del presente informe.. 
En cambio, considero fundamentales las libertades económicas, pero por los motivos contrarios a los aducidos por la Sra. Roth: en realidad es precisamente debido al desbordamiento del Estado social por lo que hoy existen casos evidentes de pobreza, de marginación y de desempleo. 
Ciertamente, Europa debe ser un modelo, y en eso tiene razón la Sra. Roth: la cárcel no puede ser considerada como un hecho punitivo o, peor aún, como una tortura, sino como una rehabilitación; el juicio debe ser justo y, por lo tanto, debe existir paridad entre acusación y defensa; debe existir siempre el respeto del Estado de derecho, incluso cuando se combate contra el terrorismo o la mafia; no se puede educar al ciudadano para la delación; el juicio debe ser justo también para el que pide el asilo, también para el que huye de la guerra o del hambre y nos pide hospitalidad. 
Esto, obviamente, no significa inmigración total. 
Sobre todo eso, evidentemente, nosotros votaremos a favor del informe Roth; la delegación italiana votará a favor del informe aunque tiene muchas dudas sobre muchos artículos, como el artículo 18 sobre la eutanasia activa, que no entendemos, el artículo 26 sobre la privación de la libertad religiosa para las sectas, sin comprender aún qué son las sectas, sobre el artículo 142 sobre el derecho, entre otras cosas, a la adopción por parte de los homosexuales. 
Señora Presidenta, ¿se podría considerar que el presente informe es demasiado temerario, demasiado audaz? 
A la vista de las enmiendas, ésa parece ser la opinión de muchos diputados. 
Pero los derechos humanos no son algo estático. 
Su definición puede evolucionar con el tiempo, con los cambios de mentalidad y según la concepción que se tenga del hombre y de su dignidad. 
Ello no significa que sea conveniente minimizar el corpus clásico de los derechos humanos, pues conserva todo su valor, pero quizá ha llegado el momento de completarlo. 
Nuestro ponente nos invita a ello de forma explícita al adoptar la distinción, clásica ya a partir de ahora, entre derechos humanos de primera y de segunda generación. 
Nos invita a codificar y a garantizar una tercera generación de derechos humanos. 
Sin duda se puede objetar que, de tanto que se pretende multiplicar y ampliar los derechos humanos, se corre el riesgo de trivializarlos y de diluir el significado simbólico y político tan marcado que los caracteriza. 
Hay que tomar en serio esta objeción, pero sólo como una reflexión en el sentido de que una ampliación de los derechos humanos es perfectamente legítima y sin duda necesaria, aunque sólo sea porque nos obliga a reflexionar sobre el devenir de nuestras sociedades y porque nos permite corregir algunas evoluciones en tiempo útil. 
Este planteamiento evolutivo se justifica igualmente por el hecho de que las declaraciones y los textos clásicos son también el resultado de una evolución que se ha ido escalonando a lo largo de varios siglos antes de concluir en una codificación jurídicamente vinculante. 
Esto es especialmente cierto por lo que respecta al ordenamiento jurídico internacional, donde el desfase en el tiempo entre lo que estaba consagrado desde muy antiguo en el orden interno y un código de buena conducta aplicable a las relaciones entre Estados es especialmente sorprendente. 
Por supuesto, existe este otro desfase entre la proclamación solemne de los grandes principios y las realidades sociopolíticas que, por desgracia, consiguen con demasiada frecuencia que los derechos humanos se queden en letra muerta. 
La Sra. Roth se ha esforzado por mostrarnos que, en lo que concierne al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Unión Europea, no todo está a pedir de boca en el mejor de los mundos. 
Esta constatación pasablemente abrumadora puede chocar a algunos, pero, en este ámbito, es importante ser especialmente exigente y no ceder a la tentación de taparse la cara o mirar a otro lado para no ver cosas desagradables. 
Es penoso comprobar como, incluso entre nosotros, la razón de Estado puede prevalecer sobre el respeto por los principios que deberían ser para nosotros muy preciados. 
Señora Presidenta, siento que el Sr. Nassauer se haya ido. 
¡Qué hipocresía! ¿una concepción política de los derechos humanos? 
Pero cuando el señor Caccavale dice que la pobreza es imputable al Estado social y a la asistencia, que obstaculizan a las empresas económicamente útiles, ¿no tenemos en ese caso una concepción política de los derechos humanos? 
En cuanto a los casos concretos, saben ustedes muy bien que nada más que se cita un país presentan ustedes una enmienda para excluirlo. 
Así que, ¡ya está bien de hipocresía! 
Al contrario de lo que pretende una gran parte de la derecha de este hemiciclo, el Estado puede atentar contra las libertades. 
Puede darse un abuso del poder del Estado, y existen con frecuencia abusos de poder por parte del Estado: trato inhumano a detenidos, cuestionamiento de los derechos humanos en el ejército, etc... 
Esa derecha no ha asimilado aún que algunos derechos son deudas con la sociedad, derechos positivos, como desde 1848 en Francia, por ejemplo; los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos son derechos humanos. 
Por mi parte, quisiera centrar mi intervención en la inmigración, o mejor, en la forma como algunas fuerzas políticas (y por desgracia algunos gobiernos) utilizan la inmigración con fines de política interior. 
En Francia, las leyes Pasqua y Debré son ejemplos concretos. 
En el plano europeo, muchas decisiones sitúan a la totalidad de los inmigrados bajo sospecha intentando desestabilizarlos. 
Estas legislaciones, aprobadas o en fase de preparación, atentan contra los derechos humanos fundamentales. 
Tanto en París como en Bruselas o Estrasburgo, hay que negarse a ir al terreno que desea Le Pen. 
Es necesario dejar de hacer de los inmigrantes las víctimas propiciatorias de la crisis, con todas las derivas racistas y xenófobas que resultan de ello. 
Tratar al extranjero como sospechoso es amenazar a toda la sociedad europea. 
Digámoslo con firmeza: lo que plantea el problema no es la inmigración, es la crisis social, el paro provocado por la aplicación de políticas económicas basadas en la competitividad de los salarios y en la exclusión social. 
En cuanto a las costumbres, hay una incapacidad para tomar en consideración las evoluciones, así como una voluntad por parte de algunos de continuar discriminando a los homosexuales y a las parejas de homosexuales, que pondrían en peligro el matrimonio y la familia. 
Que aquellos que no quieran votar a favor de este acuerdo reflexionen sobre lo que decía Descartes, y termino con esta cita: » No apruebo en absoluto que alguien trate de engañarse alimentándose con falsas expectativas. 
Por ello, viendo que conocer la verdad, aunque ésta sea en nuestro perjuicio, supone una mayor perfección que ignorarla, confieso que es mejor estar menos alegre y poseer más conocimientos.» 
Señora Presidenta, señoras y señores, cuando se trata de los derechos humanos en la Unión Europea, comienzan de repente a sentirse heridas las susceptibilidades nacionales, alegándose incluso el principio de no injerencia en los asuntos internos, concepto que me recuerda mucho el vértice sobre el que giraba la política de derechos humanos de los países comunistas. 
Pero el Parlamento Europeo es bloqueado por el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos como marco normativo y exclusivo de cualquier debate sobre la garantía o violación de tales derechos. 
Pero, sin duda, no se ha creado para ello. 
Esta política se basa en un doble error. 
Por un lado, el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión no nos obliga solamente a tener en cuenta el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos sino también las Constituciones de los Estados miembros, en las que se consideran también las bases sociales y culturales de los derechos humanos, configurándolas de un modo muy enriquecedor y no en todas las Constituciones de un modo tan restrictivo, colega Nassauer, como en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. 
En segundo lugar, no somos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni mantenemos ningún proceso que, naturalmente, solamente se podría seguir sobre una base justiciable. 
Aquí se trata de un informe en el que se deben recoger las interpretaciones de los derechos humanos de las Declaraciones de la ONU, el Pacto sobre Derechos Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y finalmente la totalidad de la legislación antidiscriminatoria de la Unión Europea. 
Es decir, todo lo que los documentos de Helsinki y la Carta de París denominan como la «dimensión humana». 
Esto se incluye entre las convicciones jurídicas de los países miembros de la Unión Europea. 
¡Cómo se puede ignorar esto! 
El informe sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea no persigue el objetivo de determinar la interpretación y práctica de los derechos humanos al nivel de 1950 sino de seguir desarrollándolas bajo las condiciones muy diferentes de nuestro tiempo. 
Como el Consejo acaba de proporcionar un lamentable ejemplo de la debilidad de la política sobre derechos humanos de la Unión Europea, esta Asamblea debería unir sus fuerzas y mostrar no solamente a la opinión pública europea que hay suficientes europeos que quieren superar esta debilidad. 
Señora Presidenta, desde este lado del hemiciclo seguimos con cierta ironía la fractura derecha-izquierda sobre la definición, más o menos elástica, de los derechos humanos. 
Pero pensamos que antes de crear nuevos derechos sería necesario ante todo velar por que se respeten los derechos fundamentales, es decir, en primer lugar, el derecho a la libertad de expresión, incluso para aquellos que no piensen como ustedes, incluso para aquellos que no piensan como el poder cultural o político dominante. 
Pues, en realidad, es a las minorías políticas a quien hay que defender y conceder las libertades. 
Derecho a la libertad de expresión, también a la libertad de reunión, incluso para los opositores al poder, incluso para aquellos que se reúnen para decir cosas que no les gustan a ustedes o a las mayorías dominantes. 
Finalmente, los derechos humanos también son el derecho a la libertad electoral y el derecho a la libertad sindical. 
Y, desde este punto de vista, existen muchos abusos en materia de libertad sindical en Francia, pues los trabajadores sólo pueden presentarse a las elecciones profesionales si pertenecen a sindicatos debidamente homologados y limitados por la ley. 
No es posible crear nuevos sindicatos, no es posible presentarse libremente en Francia a las elecciones sindicales y profesionales, lo cual, evidentemente, es un ataque muy grave a los derechos humanos. 
Este ataque acaba de verse reforzado por la ley Perben, que limita las libertades que aún existían en la función pública en este ámbito. 
Esta libertad se ve también limitada por una serie de decisiones judiciales dictadas por jueces complacientes a las órdenes del poder, y que han llegado a prohibir algunos sindicatos nacionales, principalmente la Fuerza Nacional-transportes en común, que pretendía autorizar una representación de trabajadores no adscritos en el sector de los transportes. 
Pues sí, es necesario defender los derechos humanos en Europa, pero es necesario en principio defender las libertades fundamentales, que no son otras que la libertad de elección, la libertad sindical, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de reunión. 
Señora Presidenta, quiero felicitar también a la Sra. Roth por su excelente informe. 
Creo que da una dimensión social y política al concepto de los derechos humanos, que coincide con el desarrollo registrado en este ámbito en Europa: estamos un paso más adelante con respecto al concepto de los derechos humanos tal como fue definido en la época de la Revolución Francesa. 
Hace un año, en una carta mía, haciendo referencia a las decisiones e inquietudes del Parlamento Europeo, pedí al nuevo ministro de Defensa Nacional de Grecia, el Sr. Akis Tsochatsopoulos, que regulara la cuestión de la objeción de conciencia. 
Celebro poder anunciar hoy a la Asamblea que ya se ha presentado un proyecto de ley que prevé el servicio sustitutorio, con lo cual, según mis estimaciones, se pondrá fin a un tema que ha preocupado durante tantos años al Parlamento Europeo y, en concreto, a muchos de nosotros. 
Hemos presentado, a través de la Sra. d ' Ancona, una enmienda que espero que, también con el consentimiento de la Sra. Roth, se apruebe, porque este tema es realmente controvertido en Grecia, debido a que es el único Estado miembro de la Comunidad que no linda con ninguno de los otros países de la Unión Europea y a que nuestra Constitución establece el servicio militar obligatorio para todos los griegos. 
Espero que esta normativa, por un lado, satisfaga la exigencia constitucional de prestación obligatoria para todos y, por otro lado, ofrezca a los que no quieran prestar el servicio militar armado la posibilidad de servir a su país sin atentar contra su conciencia. 
Así mismo, quiero destacar que, tras la caída del régimen de los Coroneles en Grecia, en 1974, tras esa mala experiencia de la dictadura, tenemos una Constitución realmente muy progresista. 
Esto significa que, por supuesto, están garantizados y amparados los derechos de reunión y de asociación, incluido el derecho de asociación religiosa, de todos los ciudadanos, independientemente de si pertenecen a una minoría o no. 
La alusión a una disposición al respecto en el artículo 47 del informe de la Sra. Roth debe estar basada en una información errónea, ya que la Constitución griega ampara este derecho. 
Señora Presidenta, el informe sobre derechos humanos que se nos ha presentado sigue la tradición de los años anteriores. 
Sin duda no es un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión, tal como indica su título, sino un nuevo intento de los socialistas, verdes, izquierdistas, liberales, etc., para, con la excusa de los derechos humanos, presentar al Parlamento y a la opinión pública posiciones ideológicas que de otro modo no se podrían discutir con tal amplitud. 
Para nosotros, un informe o los informes sobre los derechos humanos son sencillamente demasiado valiosos como para ser manipulados y utilizados con fines ideológicos. 
Por ello, desde el Partido Popular Europeo, nos hemos pronunciado en favor de volver a un debate sobre las violaciones reales de los derechos humanos, de denunciarlas claramente, poner en la picota los abusos y hacer todo para que en la Unión, si es que se producen violaciones de los derechos humanos, no puedan ocurrir más. 
En el informe Roth, al igual que en los informes anteriores, se discute sobre todo sin distinción. 
Se exige el derecho a la salud al igual que el derecho a la seguridad social o a un medio ambiente sano. 
También hay que discutir sobre estos temas, pero en los gremios competentes, es decir, en las comisiones ad hoc y no bajo la cobertura de los derechos humanos. 
Si todo el mundo cree tener que decir algo sobre todos los temas, corremos el peligro de ser tachados en la opinión pública como una rebotica. 
Estoy a favor de se discuta allí donde existan las competencias para hacerlo. 
Corremos el peligro de que el Parlamento caiga en el descrédito. 
Si se ve que se expresa la preocupación por graves e ilícitas violaciones de los derechos humanos, por las malas condiciones de encarcelamiento, por el desmontaje de derechos y libertades fundamentales, que se expresa el espanto por las torturas y tratos crueles e inhumanos que llegan incluso hasta la muerte, entonces se cree realmente que no estamos en la Unión Europea sino en Burundi o en el Zaire. 
Habría que volver al suelo de las realidades si discutimos sobre los derechos humanos y no preguntarse dónde uno vive. 
Lo que deseo así como el Partido Popular Europeo es un retorno a los derechos que son reclamables ante los tribunales, al debate sobre las violaciones reales de los derechos humanos y a la exigencia de los mismos en aquellos casos en los se han abandonado. 
Señora Presidente, no se podía esperar nada menos de alguien como la Sra. Roth, a quien considero una persona extraordinaria. 
La Sra. Roth ha elaborado un informe que contiene una serie de apartados sobre los que algunos diputados tienen reservas. 
Debo decir, no obstante, que en general, el peso de este informe me lleva a votar a favor del mismo. 
Quisiera citar, por ejemplo, las referencias al trato de los reclusos y a la protección de los niños. 
Tomar una posición sobre la eutanasia no entra dentro de las responsabilidades del Parlamento Europeo. 
El desinterés por las víctimas de actos delictivos se ha visto corregido, en cierta medida, por las enmiendas adoptadas en comisión. 
Pero hay que hacer mucho más por las víctimas de actos delictivos. 
Aunque respaldo plenamente que se dé prioridad a la creación de unidades que proporcionen cuidados paliativos a los enfermos terminales que les permitan morir con dignidad, creo que una cuestión tan delicada como la eutanasia no debe ser tratada por el Parlamento Europeo. 
El informe contiene una crítica justificada a la utilización de la violencia y al trato inhumano, cruel o degradante y al castigo al que se somete a las personas detenidas o recluidas por parte de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas responsables de mantener la ley y el orden. 
Los responsables de dichos abusos no deben quedar impunes. 
El centro de seguridad «Belmarsh» de Inglaterra, que he visitado recientemente, es una auténtica tumba de hormigón en la que los prisioneros son encarcelados durante largos períodos de tiempo. 
Las mujeres encarceladas en cualquier lugar de la Comunidad deben recibir un trato correcto y digno. 
Deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y, en particular, a su presidenta, Hedy d ' Ancona, por aceptar mi enmienda en la que solicito que se proporcionen servicios adecuados a las mujeres embarazadas que permanecen en prisión. 
Acojo con satisfacción la visita a la prisión de Holloway propuesta por la Sra. d ' Ancona. 
El trato que ha recibido en la prisión de Holloway Roisín McAliskey, una reclusa que no ha sido condenada y que espera un hijo, es indignante. 
En marzo, el periódico The Guardian escribió que el caso de la Srta. McAliskey ilustraba cómo los reclusos que esperan la extradición o la deportación para ser juzgados pueden recibir un trato aún peor que aquellos que han sido condenados. 
The Guardian informaba también de que el Gobierno alemán ha prometido a la Srta. McAliskey que, si es extraditada, podrá conservar a su hijo con ella. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno alemán y a los diputados alemanes al Parlamento por la comprensión que han demostrado en este caso en particular y por haber apoyado mi campaña a favor de que se garantice un trato correcto de los reclusos en las cárceles inglesas. 
Señora Presidenta, quiero ilustrar mediante dos ejemplos que, en mi opinión, el informe no es representativo y es demasiado general. 
1) Dinamarca ha sido mencionada varias veces, mientras que otros Estados miembros apenas figuran. 
No quiero ocultar la situación de Dinamarca, pero la imagen que se ofrece está totalmente distorsionada en comparación con la de otros Estados miembros. 
Esto se debe quizás a que no tenemos ningún representante en la comisión, lo que ha podido convertirnos en cabeza de turco. 
Por ejemplo, el punto 159 es falso y el punto 33 es erróneo. 
2) Si hay que incluir el medio ambiente en estos informes anuales, deben denunciarse violaciones concretas de la legislación sobre medio ambiente y no hacer declaraciones generales de intenciones. 
En resumen, señora Presidenta, considero que el informe no cumple sus objetivos y que es inadecuado, por lo que ruego que los futuros informes sean más concisos, más exactos y más verdaderos. 
Señora Presidenta, nosotros votaremos a favor del informe de la Sra. Roth porque es completo, sincero, valiente y objetivo. 
Votaremos a favor, además, por la manera en que ha sido objeto de ataques por ciertas partes de esta Asamblea durante el debate. 
En primer lugar, lo votaremos además porque, como tema principal, plantea la cuestión de que la Comunidad, si quiere ser digna de crédito, primero debe respetar ella misma plenamente los derechos humanos. 
Este no es el caso, teniendo presente que incluso en algunos de los países más prestigiosos de la Comunidad domina el racismo, y que la xenofobia llega a extremos como el del último incidente del naufragio en el Mar Adriático de un barco que transportaba a mujeres y nios de refugiados albaneses. 
Además, votaremos a favor del informe porque menciona como punto concreto el derecho fundamental a la vida y al trabajo, derecho que no se respeta en la Comunidad, en la que hay 25 millones de desempleados, 50 millones personas que viven al límite del hambre y otros tantos sin domicilio. 
Por último, votaremos a favor porque insiste en que se garantice el respeto absoluto a la naturaleza y al medio ambiente. 
Este tampoco es el caso, dado que en la Comunidad se ha atentado contra la naturaleza tanto en el caso de la enfermedad de las vacas como en el del maíz modificado genéticamente, asunto que se debatió ayer en el Parlamento, y lo mismo puede decirse de los residuos nucleares, que prestigiosos países comunitarios producen y depositan en regiones periféricas de la Comunidad Europea y fuera de sus fronteras. 
Ahora bien, también votaremos a favor, señora Presidenta, porque incluye en parte una censura de la política griega en esta materia, y esto es- aparte de ciertas reservas que uno pueda tener- una crítica que consideramos muy útil para mi país. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, contemplemos el asunto desde un punto de vista político-global y no jurídico-especializado. 
Se trata de la misma libertad de todas las personas como seres vivos. 
Antífono, el sofista, el primero que formuló la idea de la misma libertad dijo que respiramos el mismo aire y bebemos la misma agua. 
Los pensadores de la Ilustración renovaron esta idea y nunca se trató de objetos jurídicos abstractos, de meros propietarios privados sino de seres vivos concretos, corporales, históricos y sociales. 
Esto significa que la división que aquí se realiza es artificial. 
Se ha encontrado a posteriori. 
Tenemos que desarrollar una política para la persona y los ciudadanos tal como Etienne Balibar siempre ha destacado en sus últimas publicaciones. 
Comprendamos por fin que la política de los derechos de las personas y ciudadanos es la herencia central europea, constitutiva de una Europa que quiere realizar su aportación específica, positiva y constructiva al desarrollo de la civilización humana. 
Señora Presidenta, un informe que se pronuncie en favor del respeto de los derechos humanos no debería en realidad plantear problemas. 
Pero ya solamente a causa de su extensión, el presente informe no se puede tratar detalladamente. 
Por ello, aparte de una crítica general a los poco claros contornos de los derechos humanos del informe y los puntos ya expuestos, quiero concentrarme en un punto específico. Comprensiblemente me refiero al punto 146, que ataca la regulación jurídica austríaca sobre la edad protegida. 
Independientemente de consideraciones de derecho internacional, veo una injerencia injustificada en las competencias legislativas de Austria. 
Quizás los austríacos seamos algo sensibles frente a las propuestas alemanas. 
Pero la crítica tampoco está justificada objetivamente. 
Los diputados austríacos, tras unos debates muy profundos y controvertidos sobre la ley de 1996 para la modificación del Código Penal, tras auditorías de expertos y teniendo en cuenta todos los argumentos, llegaron a la conclusión de que la protección de los menores debe gozar de una elevada consideración. 
Si en el punto 54 del informe se dice que el incumplimiento de la libertad de circulación ha acarreado una pérdida de confianza de los ciudadanos en la Unión, entonces les digo que la pérdida de confianza es mucho mayor si el ciudadano tiene la impresión de que los de arriba en Bruselas- esta es la expresión que siempre se utilizaquieren suprimir leyes aprobadas democráticamente. 
Este es el auténtico malestar de los ciudadanos. 
Con ello, el reconocimiento formal de la subsidiariedad pierde credibilidad. 
He sido juez penal durante decenios y además soy padre de un chico de catorce años. 
Desde el punto de vista de ambas posiciones me permito decirles que estoy convencido de que la afirmación siempre realizada de que una tendencia homosexual está preprogramada genéticamente no es cierta siempre. 
Cualquiera que tenga en su casa un ejemplar de este tipo conoce las influencias a que se ven sometidos los jóvenes varones y qué inacabados están. 
No se cuestiona la tolerancia exigida en el informe frente a los homosexuales, pero la tolerancia debe incluir también a aquellos ciudadanos que quieren proteger a sus hijos. 
Señora Presidenta, felicito a la Sra. Roth por su excelente informe y me entristece enormemente que la derecha y el centro-derecha hayan adoptado la actitud que al parecer adoptaron hace un par de años ante el informe Newman. 
Los que pertenecemos al sector progresista de esta Asamblea entendemos que los derechos del individuo son el fruto de la acción colectiva. 
Las mujeres no habrían conseguido el derecho a voto de no haberse producido una acción colectiva en torno al movimiento Suffragette. 
Los sindicatos no habrían sido reconocidos jamás si las personas no se hubieran unido para garantizar su reconocimiento. 
Y, por consiguiente, nuestra experiencia ha sido diferente de la de la derecha, y ése es el motivo por el que consideramos que los derechos colectivos son tan importantes como los individuales, aunque reconocemos y comprendemos estos últimos en términos del presente informe. 
Quisiera recordarle al Sr. Nassauer, aunque no se encuentra presente, que el título de este informe es, en realidad, los derechos humanos en la Unión Europea, y no los derechos humanos en todo el mundo. 
Dicho esto, creo que los derechos individuales pueden conseguirse de manera colectiva, y permítame señalar la importancia de los apartados 53 hasta 59, que tratan sobre el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Creo que el Acuerdo de Schengen no exime a los Estados miembros de su deber de cumplir el artículo 7A del Tratado, pero se está utilizando de ese modo, y el hecho de que una serie de Estados hayan suscrito el Acuerdo de Schengen no incrementa el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre circulación en la Unión Europea. 
Es algo muy lamentable, ya que sólo un número reducido de Estados ha suscrito el Acuerdo de Schengen y, por tanto, el derecho del individuo a la libre circulación no está garantizado ni siquiera a nivel colectivo. 
Es el motivo por el que respaldo los apartados 53 hasta 59 y por el que afirmo que la libre circulación es un derecho fundamental del hombre no sólo para el ciudadano, sino para el funcionamiento de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Europa quiere erigirse en autoridad internacional como garante de la democracia en el mundo, sin tener, por otra parte, los papeles en regla. 
Sus enunciaciones y sus proclamas, que se basan en indiscutibles cimientos democráticos, se desperdician, como se desperdician sus condenas, sus consideraciones, sus desaprobaciones, sus preocupaciones, sus indignaciones, sus constataciones, sus observaciones relativas a sus innumerables exhortaciones piadosas, que se repiten sistemáticamente al comentar las significativas y cotidianas tensiones sociales señaladas por las diligentes agencias de prensa. 
Es ya habitual hacer que los pueblos de la Unión se sientan culpables de egoísmo, con motivo de cada tensión social que se manifiesta en Europa y en todo el mundo, y nunca se les reconocen los grandes sacrificios y el enorme empeño laboral productivo. 
Demasiado a menudo las responsabilidades de los gobiernos y del gran capital recaen en la gente de la Unión. 
La ponente cita derechos y principios sagrados que la Unión no puede ignorar, en particular porque debe reivindicar el papel de garante internacional de los derechos humanos para encubrir a la verdadera Europa antidemocrática de los grandes mercaderes. 
En el informe no se habla de la Europa de los trabajadores y de los pequeños empresarios, cuyos derechos son pisoteados diariamente por leyes vejatorias, como no se habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Unión ni de las injusticias cotidianas de las que son objeto el pueblo sardo, el pueblo corso, los pueblos padanos, los pueblos irlandés y escocés y tantos otros cuyas peticiones de libertad son sistemáticamente archivadas y definidas como egoístas. 
Señor Presidente, mis felicitaciones a la Sra. Roth. 
Muchos de los que pertenecemos a este Parlamento nos ocupamos regularmente de los derechos humanos en el mundo. 
Hablamos sobre los trabajos forzados y la explotación económica de los niños en varias partes de Asia, y las condenamos, como es natural. 
Hoy, cuando centramos nuestra atención en los derechos humanos en Europa, deseo animarles a que contemplen un sector de nuestra sociedad europea, cuya situación no es mejor que en otras partes del mundo: estoy hablando de las mujeres. 
Nosotras, es decir el 50 % de la sociedad, no tenemos derecho a sentirnos seguras cuando andamos por la calle. 
Además, la existencia de la pobreza y el desempleo en toda la Unión constituye un incumplimiento continuo de los derechos humanos fundamentales. 
Quisiera pedir aquí apoyo para la creación de un instrumento jurídico vinculante que establezca unas garantías mínimas en lo que respecta a ingresos, protección social, asistencia médica y vivienda, y hay que prestar especial atención a las necesidades de las personas de edad avanzada. 
Por último, quiero respaldar el llamamiento que hace el informe para que los Estados miembros reconozcan los derechos y las necesidades de la comunidad itinerante, en particular, sus necesidades de alojamiento, sus necesidades sanitarias así como sus necesidades de formación. 
Hasta que no hayamos reconocido estos derechos en particular, no tenemos autoridad moral para criticar a nadie de cualquier parte del mundo. 
Señor Presidente, Señorías, no tiene nada de extrañar el hecho de que en una pequeña observación por una cuestión de orden al inicio de este debate el diputado Dell ' Alba se planteara la pregunta de la medida en que la Comisión debería implicarse en este debate, habida cuenta que la Comisión de Derechos Humanos carece de competencias formales en la cuestión de los derechos humanos en el territorio de la Unión. 
No obstante, estoy agradecido de la posibilidad de escuchar las diferentes intervenciones de las cuales se ha hecho evidente lo increíblemente complicado y difícil que resulta llegar a pronunciamientos conformes en cuanto a la situación de los derechos humanos en los países miembros de la Unión. 
En este contexto figura concretamente la delimitación del terreno y el alcance de consenso en cuanto a la cuestión de saber en qué medida ciertas aspiraciones tienen algo que ver con deseos o con malentendidos efectivos que merecen ser denunciados tomando como base los derechos fundamentales y libertades que estipulan los tratados internacionales. 
Señor Presidente, la Comisión comprende perfectamente la extrema dificultad que entraña el establecer esta diferencia. 
Al mismo tiempo me permito observar que en los puntos en los cuales la Comisión se halla asociada con los Estados miembros, con los gobiernos de éstos en política exterior, lo cual incluye igualmente la política exterior de derechos humanos de la Unión, ponemos un muy especial interés en participar en un debate interno que al parecer de la Comisión tiene por primer objetivo, no obstante, proceder a una autocrítica y a un autoexamen en el seno de la Unión con vistas a incrementar la credibilidad de la política exterior sobre los derechos humanos. 
Una y otra vez se nos señala en efecto en la escena internacional que somos capaces de criticar fuertemente diversos países por violaciones de los derechos humanos mientras que la situación interna en nuestros propios países, en nuestros Estados miembros, deja aún mucho que desear. 
En este sentido, estimo que un debate de este tipo, que revela una cierta disposición de proceder a la autocrítica en el espacio de la Unión, constituye un valor altamente positivo con respecto al exterior. 
Señor Presidente, habida cuenta lo limitado del tiempo de que dispongo, desearía efectuar una sola observación en cuanto al grado en que la Comisión se muestra activa con respecto a la protección y a las contribuciones a la protección de los derechos y libertades fundamentales en el interior de la Unión. 
Pienso, por ejemplo- como ha sido ya mencionado por algunas de Sus Señorías- al tema extremadamente importante que constituye la igualdad de tratamiento para ambos sexos. 
Se trata éste de un principio jurídico fundamental constituyendo la igualdad de evaluación, a nuestro juicio, un elemento integrante de una ciudadanía democrática. 
Es también por esta razón por la que la Comisión, en la opinión que elaboró en ocasión de la preparación de la Conferencia Intergubernamental, efectuó propuestas en el ámbito de la igualdad de tratamiento para ambos sexos. 
Pienso en la proposición, la recomendación de inclusión del principio de igualdad de tratamiento para hombres y mujeres en las funciones de la Unión. 
Asimismo la proposición de llegar a una prohibición de la discriminación por sexo en una nueva cláusula antidiscriminatoria, en la cual uno de los derechos fundamentales lo constituye la igualdad. 
Pienso igualmente en las anteriores observaciones de la Comisión con relación a la igualdad de remuneración para trabajos equivalentes y la igualdad de tratamiento en materia de empleo y de aspectos profesionales. 
Pienso asimismo en el papel desempeñado por la Comisión en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
¿No fue acaso la Comisión la que propuso en designar el corriente año el Año Europeo de Lucha contra el Racismo? 
Consideramos esto como un verdadero hito en la evolución de la Unión Europea, ya que por primera vez las instituciones comunitarias llegaron a un acuerdo con vistas a adoptar medidas concretas orientadas a combatir el racismo en el marco institucional existente en la Unión Europea. 
A nuestro juicio constituye ésta una positiva señal. 
Es evidente que el Año Europeo de Lucha contra el Racismo constituye sólo un elemento integrante de la estrategia general orientada a combatir el racismo, habiéndose registrado a partir de la Cumbre de Cannes considerables avances a ese respecto. 
Espero que en un porvenir no muy lejano pueda instituirse un Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos. 
Por último, en su opinión sobre la Conferencia Intergubernamental, la Comisión ha hecho saber que la Conferencia debería adoptar en el Tratado disposiciones orientadas a prohibir toda forma de discriminación y en las cuales se condenaran las manifestaciones de racismo y xenofobia. 
Otro elemento lo constituyen las cuestiones de seguridad social orientadas a evitar la pobreza y la marginalización que siguen siendo por supuesto de la incumbencia de los Estados miembros. 
Desde los años setenta se han lanzado a nivel comunitario diversas iniciativas encaminadas a ayudar a combatir la pobreza y la exclusión social. 
Otro tema de importancia son las medidas orientadas a combatir el comercio de seres humanos y de menores y la explotación sexual de estos últimos. 
El 26 de enero de 1997 el Consejo aprobó una acción comunitaria encaminada a penalizar ciertos tipos de conducta y a mejorar la cooperación judicial en este ámbito. 
En ese tipo de comportamiento se incluyen, entre otros hechos, la explotación de menores con vistas a la producción, la venta o la distribución, u otras formas de comercialización, de material pornográfico e incluso la posesión de material de esta índole. 
Señor Presidente, para concluir, diré que la protección y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales son cometidos que incumben en primer lugar a cada uno de los Estados miembros. 
Aunque son igualmente tareas que atañen a toda la comunidad internacional y que las acciones emprendidas con vistas a su cumplimiento serán tanto más eficaces cuanto mayor sea el empeño de todos los integrantes de esa comunidad internacional, de todas las organizaciones, de todas las instituciones, incluyendo igualmente la Unión Europea. 
Deseo terminar expresando en todo caso mi agradecimiento a la Sra. Roth, concretamente por los desmesurados esfuerzos por ella desplegados por tal de presentar en este año de nuevo un informe, bien que no se haya llegado aún a un acuerdo al respecto. 
Espero, no obstante, que se establezcan de nuevo los fundamentos que hagan posible que en un año venidero se celebre de nuevo entre nosotros un debate totalmente constructivo sobre un tema de esta excepcional significación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Observatorio de los fenómenos racistas y xenófobos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0110/97) del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 615- C4-0070/97-96/0298 (CNS) ) por el que se crea un Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos. 
Señor Presidente, el Parlamento tiene un largo historial de ayuda a la lucha contra el racismo. 
Como los colegas sabrán, el año pasado la Comisión de Presupuestos apoyó un aumento de la línea presupuestaria hasta convertir en 8 millones de ecus los 4, 7 millones de ecus propuestos por la Comisión. 
El Sr. Ford ha expuesto detalladamente las razones por las que debe crearse este Observatorio. 
En la Comisión de Presupuestos lo apoyamos plenamente. 
Sólo me referiré a un par de cuestiones que ha tratado el Sr. Ford, pero que, en realidad, tienen que ver con la Comisión. 
En lo relativo a los aspectos presupuestarios del Observatorio, nuestras preocupaciones siguen siendo las mismas que con las demás agencias. 
Las enmiendas se han presentado para garantizar que su funcionamiento se ajusta a los reglamentos armonizados, incluido el derecho del Parlamento a aprobar la gestión. 
Tanto en opinión de la Comisión de Presupuestos como del Parlamento, no estamos dispuestos a permitir que sea el Consejo de Administración el que apruebe la gestión. 
Deseo que la Comisión acepte este argumento sin que tengamos que pasar por este mismo proceso cada vez. 
Asimismo buscamos una mayor participación del Parlamento y hemos pedido tener un representante en el Consejo de Administración, el cual será nombrado por el Parlamento. 
Esto ya ha sido aprobado por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
El siguiente punto es relativo a los recursos propios. 
Nosotros sostenemos que el establecimiento del Observatorio debe basarse en artículo 142 del Reglamento financiero, y que los recursos propios deben ser tratados como recursos comunitarios y ser consignados como tales en el presupuesto. 
No obstante, como ha indicado el Sr. Ford, es posible que el Observatorio disponga de recursos adicionales ad hoc. 
Lo único que pedimos es que las disposiciones relativas a la plantilla y al programa de trabajo para dichos recursos adicionales se financien y se mantengan separados de las líneas presupuestarias. 
En lo que respecta al futuro, cuando la organización tenga su propio presupuesto, nos gustaría que nuestra línea presupuestaria B3-4114 se redujera de manera concomitante. 
Pero la Comisión de Presupuestos apoya el establecimiento de este Observatorio dentro de las líneas generales y de los reglamentos que hemos definido para todas las demás agencias. 
Apoyamos al Sr. Ford en sus propuestas. 
Señor Presidente, la entrada de la extrema derecha en este Parlamento en 1984 fue el incentivo para una serie de actividades orientadas a combatir el racismo y la xenofobia. 
Conjuntamente con la Comisión y el Consejo hemos concretado, en forma de resoluciones, debates anuales y la instauración de una importante comisión consultiva, bajo la supervisión del Sr. Kahn, este aspecto primordial de la integración europea, a saber, la exclusión de la posibilidad de un nuevo Auschwitz y el derecho a la igualdad de tratamiento para todos los ciudadanos en el territorio de la Unión Europea. 
Mi grupo político espera con el mayor interés que en este año consagrado a la lucha contra el racismo, en este año en el cual quedará concluida la CIG, podrán llevarse a la práctica tres de los informes elaborados por la Comisión. 
En primer lugar, la adopción de un artículo antidiscriminatorio en el Tratado de Amsterdam. 
En segundo lugar, un código de conducta para los partidos políticos que excluya la posibilidad de que partidos honorables tiendan en algunos casos, por razones electorales, a asumir concepciones propias de la extrema derecha. 
En tercer lugar, cuestión que abordamos en el debate de esta mañana, la creación de un observatorio de los fenómenos de racismo. 
Esperamos igualmente que el gobierno Major retire sus objeciones a este observatorio, ya que el argumento de la carencia de fundamento jurídico, es insuficiente e irreflexivo. 
Con un poco de creatividad podrían aplicarse, además del artículo 235, otros artículos encaminados a proveer esta base jurídica. 
Combinando los artículos 213 y 215 sería posible que comenzásemos a emitir esa señal en el más breve plazo. 
Porque no podemos desaprovechar ninguna señal que deje claro que nos tomamos muy en serio la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. 
Señor Presidente, la creación del Observatorio viene a culminar de verdad la labor de la Comisión Kahn orientada a combatir el racismo y la xenofobia. 
Esta comisión ha sabido asimilar de manera óptima el aporte del Parlamento Europeo en las proposiciones definitivas que de él derivan. 
El Sr. Ford, en su calidad de ponente, y yo hemos insistido por que el Parlamento Europeo haga una revisión efectiva de las iniciativas proyectadas anteriormente. 
Estimo positivo que nos esforcemos por que todas las iniciativas estipuladas por la Comisión Kahn sean integradas con la mayor rapidez y se haga referencia a los proyectos y programas existentes de la Unión Europea. 
Conocemos la existencia de un gran número de ellos en el ámbito de asuntos sociales y de educación y cultura. 
Es sumamente positivo además que se incluya el racismo y la xenofobia como un punto esencial. 
Atribuimos el mismo interés a la igualdad de tratamiento para ambos sexos. 
Hemos desarrollado la tradición de tener presente estos factores siempre que se trate de programas destinados a los ciudadanos europeos. 
La lucha contra el racismo y la xenofobia no debe ser una acción aislada, sino un conjunto integrado de iniciativas. 
La proposición de la Comisión ha despertado numerosos reparos en el seno de nuestra comisión parlamentaria así como en nuestro grupo político. 
A través de una excelente cooperación en el seno de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, conjuntamente con el ponente y colegas de diversos grupos políticos, hemos podido llegar sin ningún tipo de polarización a excelentes resultados. 
Personalmente, no creo en la polarización, ni siquiera para referirme al anterior debate. 
Lo extraordinario consiste en el hecho, a nuestro parecer, de que la Comisión Europea efectuó una propuesta según la cual se creaba una institución europea que posee el carácter autónomo de una ONG. 
Esto es claramente característico del tipo de instituciones que denominamos agencias. 
Y tal vez este concepto de agencia no sea por consiguiente tan positivo ya que el poder de control parlamentario resulta por definición sumamente limitado. 
Deseamos que se aumente en alto grado la responsabilidad de la Comisión Europea y que ésta asuma la dirección, también política, de todo lo que suceda con respecto al Observatorio. 
Es éste el motivo de las enmiendas presentadas por nosotros. 
Deseamos igualmente que se brinde prioridad en el Observatorio a las preguntas emanantes de nuestro Parlamento y de la Comisión. 
Es nuestro deber controlar el presupuesto y no aceptar con los brazos cruzados lo que el Consejo de Administración nos presente para nuestro consentimiento o simplemente para información. 
A ese respecto, la Comisión de Presupuestos deberá contar igualmente con nuestro total respaldo. 
Es verdaderamente lamentable que el Consejo de Administración se halle constituido de tal forma como si se tratase de un órgano consultivo intergubernamental. 
Esto amenaza realmente la independencia del propio Observatorio, situación que intentamos corregir en la mayor medida posible. 
Hacemos hincapié en la dependencia a la que se ve expuesto el Observatorio frente a las instituciones de investigación. 
Se dispone de un enorme presupuesto de 6 millones de ecus, lo cual ha dado lugar a inquietudes en el seno de algunas organizaciones como United. 
Estimamos que esta suma es justificada, pero que debemos obtener los mejores resultados de la misma y que por tanto los fondos han de ser utilizados en particular a fin de estimular a las instituciones de investigación existentes en sus labores y de ayudar a fomentar sus actividades. 
De ahí nuestra propuesta de contratar para el Observatorio, a través de comisiones de servicio o de contratos provisionales, a personal procedente del circuito a fin de lograr un flujo recíproco altamente positivo de ideas. 
Coordinación, armonización y estimulación constituyen, señor Presidente, los cometidos más importantes del Observatorio. 
Esperamos que esta nueva institución haya de contribuir con el máximo de éxito a combatir el racismo y la xenofobia. 
Señor Presidente, los fenómenos racistas y xenófobos, antiguos y nuevos, son absolutamente execrables, y sobre eso estamos todos de acuerdo. 
Pero el hecho de que se quiera continuar señalando con el dedo, como se ha hecho también esta mañana, a una parte de las fuerzas políticas, en este caso a la extrema derecha, creo que es erróneo, no tanto porque la extrema derecha no demuestre en algunos casos que es racista y xenófoba, sino porque creo que ese modo de enfocar el debate favorecerá, y no impedirá, los fenómenos racistas y xenófobos: cuanto más se les señale con el dedo, más este tipo de fenómeno irá aumentando de manera clandestina. 
Creo además que la idea del Observatorio es teóricamente justa, pero en la práctica me parece todavía bastante nebulosa. 
La califico así porque desgraciadamente se queda en un ejercicio dialéctico que costará a los contribuyentes europeos entre 6 y 7 millones de ecus- quiero recordarlo- para objetivos que están bien explicados en el informe del Sr. Ford, al que agradecemos su empeño: trabajos de investigación, grupos de trabajo ad hoc, informes anuales, conclusiones y recomendaciones, reuniones de expertos, debates, mesas redondas, encuentros análogos, etcétera. 
En resumen, me parece todo un ejercicio teórico y a menudo probablemente inútil. 
Yo creo que la causa principal del racismo y de la xenofobia es la ignorancia, es, sobre todo, la falta de conocimiento mutuo, que genera sospechas, que genera desconfianza. 
Por consiguiente, hay que encontrar ocasiones concretas de intercambios de conocimientos y de informaciones recíprocas, sobre todo entre los jóvenes: ésa es la verdadera manera de luchar contra el racismo y la xenofobia. 
Señor Presidente, lamento traer una voz discordante a lo que va a ser probablemente una gran armonía, pero creo que vamos hacia la inflación de una serie de estructuras. 
Para hablar claro, este Observatorio me parece quizá superfluo. 
Cuando conocemos la calidad de la iniciativa del Consejo de Europa, que nos acoge, que ha realizado un trabajo considerable y que se ha visto enterrado cuando tenía el interés de que afectaba a todo nuestro continente, todos estos elementos nos producen perplejidad. 
En primer lugar, el tipo de institución elegido, es decir, el observatorio, participa de un movimiento que consiste en acumular estructuras que pueden superponerse. 
En segundo lugar, la descalificación de lo político y, más en concreto, de la acción política, en beneficio de una función de observador, que muestra bien el consenso un poco flojo con que este Parlamento se muestra muy habitualmente. 
Para terminar, se presenta como una alternativa a las acciones ciudadanas que las asociaciones multiplican en el territorio de la Unión y que me parecen más importantes. 
Señor Presidente, el enésimo informe sobre el racismo o el antirracismo, esta vez de nuestro colega Ford, que se nos ha puesto hoy delante de las narices se refiere esta vez a la creación de un denominado Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos. 
Se estima que este nuevo jueguito saldrá costando al contribuyente europeo nada menos que la friolera de seis a siete millones de ecus anuales encima de los ocho millones de ecus que se están despilfarrando este año en el denominado año europeo de lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Bajo el disfraz del combate contra el racismo- un fenómeno que por lo demás si existe en Europa es bastante marginal sin que alcance en ningún país europeo dimensiones relevantes desde un punto de vista sociológico o político -, con ese pretexto se instituye una especie de observatorio destinado a amordazar, a costas del contribuyente, la libre expresión de opinión, en forma análoga a los centros que ya existen en diversos Estados miembros. 
En mi propio país por ejemplo existe ya un servicio similar, un denominado Propaganda-Abteilung, dirigido por un tal Padre Leman, que en breve tiempo ha sabido granjearse el sobrenombre de Gran Inquisidor Torqemada. 
Porque de lo que se trata es por supuesto, no de intensificar la lucha contra un racismo apenas relevante, sino de combatir la libre expresión de opinión y toda política, toda manifestación de preferencia nacional o europea. 
Cada vez que leo el informe del colega, me parece deambular por otra época. Me parece remontarme a la época en que se respiraban los aires totalitarios e intolerantes de la inquisición española, de las quemas de libros en la Alemania nazista o de los procesos de Moscú. 
Tal vez todo esto suene exagerado. 
Pero ahora que compruebo que aquí en Estrasburgo se llevaron a cabo incluso hace ocho días violentas manifestaciones contra la celebración del congreso de un partido que ha alcanzado en la región un 26 % de los votos de los electores, y que estos actos son alentados y financiados por el propioEstado y por Europa, no creo entonces en realidad estar exagerando sobre manera. 
Entre tanto, simples ciudadanos en nuestros países miembros se ven confrontados día a día con la miseria verdadera, con la miseria real en los denominados barrios multiculturales, con la violencia y el terror de bandas de criminales extranjeros que por ejemplo el fin de semana pasado destruyeron completamente en Amberes el «Café Local». 
Porque prácticamente en todas las grandes urbes de nuestro continente se oye golpetear el tictac de la bomba de tiempo del desarraigo y de la miseria que bajo el disfraz de «sociedad multicultural» nos tratan de hacer engullir. 
Este Parlamento haría mejor en elaborar un informe a este respecto. 
Señor Presidente, en este Año europeo contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo creo que sería muy positivo que, más allá de las declaraciones, termináramos por tener un centro permanente que trabaje por esos tres objetivos. 
Es mucha la gente que desde los ámbitos de la propia sociedad y, sobre todo, desde el gobierno local y regional, en el que se manifiestan en primer lugar los problemas de la llegada o de la estancia- y digo llegada porque eso es lo que ocurre en mi país- de personas de terceros países, está trabajando en estos temas. 
Que este Observatorio sirva para poder trabajar en red, para intercambiar información, para ayudar a aquéllos que ya son activos, me parece muy importante. 
Estos seis millones que vamos a dedicar a ello creo que no gravarán mucho el presupuesto de la Unión y que, además, si sirven para estos objetivos de coordinación y de alarma de fenómenos racistas, podrían incluso ahorrarnos algún dinero y racionalizar el uso de los recursos. 
Me parece que éste es el sentido del texto que nos propone el ponente y creo, por ello, que hay que apoyarlo. 
Deseo sólo, pues, que los escollos en el Consejo desaparezcan y que el Observatorio, creado de acuerdo con los objetivos que aquí expresamos hoy, vea la vida en este Año europeo contra el racismo y la xenofobia. 
Señor Presidente, el Observatorio constituye un instrumento teórico destinado a combatir el racismo. 
A mi parecer siguen siendo empero más efectivos otros instrumentos de orden práctico, tales como la lucha contra el desempleo, la criminalidad, el narcotráfico, y por último, y así lo esperamos, un enfoque comunitario de la política de asilo y de migración, aunque sobre todo un adecuado programa de educación orientado a prevenir el racismo. 
Espero pues que el Observatorio dé como resultante algo más que la simple adición de todas las pequeñas organizaciones que se ocupan de manera eficaz del combate del racismo. 
Espero que la Comisión pueda brindar garantías a ese respecto. 
En todo caso lo que deseo es que el Observatorio no se convierta en un centro más de empleos con pingües salarios. 
Hay que evitar esto a toda costa, por el hecho de que en el territorio de este continente se haya cometido un genocidio inspirado por el racismo. 
Existe por lo demás en Europa una modalidad encubierta de racismo y de discriminación encarnada en una actitud anti-islamita. 
Es claro que no es fácil establecer la diferencia entre Islam y fundamentalismo. 
Es precisamente a este respecto que debemos estar alertas. 
Es posible que el Observatorio previsto desempeñe un positivo papel en este sentido. 
El racismo constituye una compleja cuestión que no está exenta de confusiones. 
Por ejemplo, Turquía considera nuestra actitud en sus relaciones con la UE como una forma no declarada de racismo. 
Aunque esto es una consecuencia lógica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La semana pasada estuve en Ginebra y pude comprobar allí que en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las posiciones comunes de nuestro Parlamento son tratadas a nivel intergubernamental. 
Si el esperado Observatorio adopta esta perspectiva no se habrá avanzado en lo más mínimo en este ámbito. 
Por último, insisto en que para el próximo descargo del presupuesto de dicho Observatorio será necesaria la aprobación absoluta de este Parlamento. 
Señor Presidente, esta mañana hemos debatido sobre los derechos humanos en la Unión Europea y sobre las diversas formas de violaciones de los mismos. 
Para algunos de nuestros colegas se fue demasiado lejos y para otros al contrario. 
En el informe del Sr. Ford que figura ahora en el orden del día se trata del racismo y de la xenofobia si bien me pregunto si esta forma de violación de los derechos humanos es la causa o la consecuencia del desprecio a las personas. 
Lamentablemente, el fenómeno del racismo y de la xenofobia no es un fenómeno marginal en nuestro moderno mundo que está construido sobre la solidaridad y la tolerancia, sino que está aumentando. 
Se aceptan con frecuencia en nuestra sociedad lemas de orientación derechista y xenófoba sin preguntarse cuáles son sus consecuencias. 
Precisamente en unos tiempos en los que la seguridad social comienza a tambalearse debido al paro, la pobreza y el crimen organizado, la causa de este problema no se achaca a una gestión económica errónea y a los errores de los Gobiernos sino al entorno más próximo, que es más palpable y cercano. 
Las personas en nuestra sociedad ya no son vistas como unidad. 
Hay personas pueden estar aquí por la nacionalidad a que pertenecen; otras, que llamamos extranjeros, las consentimos porque viven aquí desde hace mucho tiempo. 
Pero, a otras que aún no han adquirido un derecho de residencia las queremos ver lo antes posible fuera de nuestro territorio. 
Hay aún muchas otras formas de trato desigual, por ejemplo, personas que tienen trabajo y personas a las que no concedemos la oportunidad de poder trabajar porque no tenemos trabajo para ellas; pero también hay personas de otras confesiones, personas mayores, minusválidos, etc., que con frecuencia son víctimas de discriminaciones. 
1997 es el Año Europeo contra el racismo y la xenofobia. 
Precisamente en este año no solamente sería un símbolo sino un complemento evidente crear este Observatorio de los fenómenos racistas y xenófobos. 
Un Observatorio de este tipo no solamente tiene la tarea de acumular y procesar los datos sino ante todo de informar y sensibilizar a las personas sobre dónde comienza este fenómeno y cuáles son sus consecuencias. 
La historia nos ha enseñado que el racismo y la xenofobia destruyen a las personas y que ocasionan muchos sufrimientos. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, deseo felicitar al Sr. Ford y a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores por haber realizado una labor tan excelente y, especialmente, por la rapidez con la que han tratado esta propuesta en particular. 
No necesito resaltar que la Comisión y el Parlamento están muy unidos en su lucha contra el feo fenómeno del racismo y la xenofobia y que, en lo que respecta a esta propuesta específica, no existen diferencias fundamentales entre nosotros. 
Resulta muy apropiado que este asunto se esté debatiendo aquí en Estrasburgo, donde tantas personas demostraron la repugnancia que sienten por este fenómeno en las manifestaciones que tuvieron lugar hace apenas dos semanas. 
La creación de este Observatorio pone de manifiesto el compromiso de la Comunidad con la defensa de los derechos humanos y, más especialmente, con el respeto de los derechos humanos en su legislación y sus políticas. 
Para poder hacer eso, la Comunidad y los Estados miembros necesitan disponer de información exacta y objetiva sobre todos los problemas relativos al racismo y la xenofobia. 
En lo que respecta a las enmiendas específicas que se presentan en el informe, me complace decir que puedo aceptar las enmiendas 1, 2, 4, 9, 10, 15, 16 y 19 en su totalidad, y las enmiendas 6 y 14 en parte. 
Las enmiendas que la Comisión no puede aceptar entran mayormente en dos grupos: el primero lo forman las enmiendas que alteran la naturaleza del Observatorio o que sobrepasan el alcance original de la propuesta, y el segundo grupo lo forman aquellas otras que alteran las fórmulas estándar o plantean asuntos que tienen un carácter general interinstitucional que conviene tratar en un contexto diferente, más general. 
En este respecto, me refiero en particular a las enmiendas 13, 18, 20 y 21 que son relativas a asuntos presupuestarios. 
Permítanme que pase a continuación a especificar las enmiendas. 
Las que no puedo aceptar son las siguientes: la enmienda 3 desfigura el cometido del Observatorio cuando habla de «que esté al servicio de la investigación». 
La enmienda 5 da una impresión equivocada al pasar por alto el hecho de que el Observatorio será independiente de la Comisión. 
La enmienda 7 ampliaría el campo de acción, definido en el artículo 3, hasta ámbitos que carecen de una base específica en el Tratado y que, por consiguiente, obstaculizaría la adopción de la propuesta por parte del Consejo, sobre la que algunos Estados miembros ya han manifestado sus dudas, como ha declarado el Sr. Ford, con respecto al fundamento jurídico. 
No puedo aceptar la enmienda 8 porque es innecesaria: el texto propuesto por la Comisión es una fórmula perfectamente estándar y adecuada, y el hecho de conferir personalidad jurídica no se limita a la aplicación del Reglamento financiero. 
La enmienda 11 restringe innecesariamente la autonomía del Consejo de Administración. 
La enmienda 12 es innecesaria en opinión de la Comisión. 
Las enmiendas 13, 18, 20 y 21 tratan de asuntos presupuestarios y, como he dicho, plantean cuestiones institucionales de mayor alcance. 
Aquí, la propuesta original de la Comisión refleja muy fielmente los textos constitutivos de las demás agencias, y por ello sería inadecuado divergir de dichos textos en este caso en particular. 
Por último, la enmienda 17, relativa a la contratación de la plantilla, no es aceptable. 
La formulación utilizada en la propuesta es perfectamente normal y no conviene modificarla en estos momentos. 
Reitero una vez más que cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros es realmente de escasa importancia en comparación con la enorme confluencia que existe en lo relativo al objetivo básico del Observatorio. 
Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento una vez más por la rapidez con que el Parlamento ha tratado esta propuesta en concreto. 
Confío en que la propuesta de la Comisión siga ahora avanzando hasta su rápida adopción por parte del Consejo, enmendada, como lo estará naturalmente, en función del dictamen del Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por toda su dedicación al tema del Observatorio. 
En términos generales, acojo con satisfacción la declaración que ha hecho sobre la opinión del Parlamento. 
Lo único que me gustaría pedirle es que, en nombre de la Comisión, vuelva a analizar la enmienda 17, respecto a la cual comprendo la necesidad, normalmente, de seguir las reglas establecidas. 
Pero como decía en mi introducción, sería bastante absurdo que a la hora de contratar al personal para una organización cuyo objetivo es luchar contra el racismo, discrimináramos a personas que residen legalmente en la Unión Europea, pero que no tienen la nacionalidad de uno de los Estados miembros. 
Comprendo que no es la práctica habitual, pero tampoco se trata de una institución habitual. 
Por ello me gustaría pedirle que vuelva a plantearse este punto. 
Por último, en respuesta a la observación del Sr. Vanhecke sobre la quema de libros. Es posible que en Orange no los estén quemando, pero sí los están sacando de las bibliotecas. 
Señor Presidente, simpatizo con lo que dice el Sr. Ford. 
Comprendo su argumento. 
Pero si él pudiera intentar verlo desde mi perspectiva, comprendería que lo que nos proponemos es situar el Observatorio en el contexto del sistema en vigor por el que se rige la contratación de personal. 
El Sr. Ford ha expuesto un argumento y lo estudiaré. 
Pero debe comprender que ya existe un sistema determinado y que éste se aplica para todos por igual, y que lo que él propone supondría un cambio que podría no ser posible en estos momentos. 
Señor Presidente, desearía preguntar al señor Comisario en qué ocasión puede modificarse una norma. 
Porque no podemos decir que en caso de existir una norma, entonces que en ningún momento en ninguna propuesta podrá diferirse de esa norma modelo. 
Pero dado el carácter específico de este caso y la necesidad de obtener el máximo de resultado de nuestro esfuerzo, deberemos no obstante poder modificar también esa norma. 
Comprendo la observación que hace el Sr. Oostlander. 
Pero ustedes también deben intentar comprender que cualquier cambio tendría que aplicarse a todos por igual. 
Estoy dispuesto a discutir este asunto con el Sr. Liikanen, mi colega responsable de las cuestiones de personal. 
Creo que no sería adecuado limitarse a introducir un cambio en lo relativo a este Observatorio en particular sin preocuparnos de que su aplicación sea general en todas las operaciones de la Unión. 
No obstante, tomo nota de su observación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Crecimiento, empleo y convergencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0111/97) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe Económico Anual de la Comisión para 1997- Crecimiento, empleo y convergencia en el avance hacia la UEM (COM (97) 0027- C4-0078/97). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con el desarrollo de la coyuntura en la Unión Europea ocurre como con la estación: es primavera pero sigue haciendo frío. 
A pesar de unas condiciones de partida muy buenas, la coyuntura se atasca y no se pone en marcha. 
Los caballos están metidos en el agua hasta la panza pero a pesar de ello no beben. 
El Informe Económico Anual no tiene en cuenta esta realidad cotidiana de la Unión Europea. 
Es demasiado optimista aunque está más cercano a la realidad en comparación con el del año pasado y aunque se han realizado unos nuevos enfoques en lo que se refiere a las influencias de la globalización del progreso tecnológico y el papel de la política monetaria. 
Lamentablemente, la confianza de los agentes económicos en el desarrollo europeo sigue estancada, aspecto que hay que destacar. 
Sólo esta ausencia de confianza permite explicar que, a pesar de los elevados beneficios de las empresas, de los reducidos tipos de interés y de los menores impuestos a las empresas, no se realicen inversiones, sobre todo en el sector privado. Tampoco es alentador que en el sector público la cuota de inversiones haya descendido del 3, 5 a menos del 2, 5 % en relación al producto interior bruto. 
Echo en falta- y este es un punto flaco de la política económica europea en general- unas directrices claras y seguras así como unas decisiones fiables en la política económica y financiera. 
Desde hace más de dos años los Estados miembros están trabajando con las llamadas directrices políticoeconómicas sin que se haya llegado a una política económica coordinada a nivel comunitario. 
Esto es también una explicación de la debilidad del desarrollo europeo. 
La Unión Europea sigue sin impulsar conjuntamente sus programas de modernización e innovación y seguirá perdiendo competitividad y también empleo sino se unen por fin en este sector las fuerzas y no movilizamos los instrumentos europeos para la financiación de esta modernización, de esta revolución innovadora. 
Tenemos que impulsar el espíritu innovador, la fuerza inversora y crear puestos de trabajo. 
Para ello es necesaria una acción común más intensa. 
Sólo así podrá arrojar otros resultados el Informe Económico Anual. 
Esperemos que se intensifiquen los impulsos y que se produzca por fin una mejora en el mercado de trabajo. 
En cualquier caso, sería también importante un enfoque político diferente que muestre claramente que la política de empleo tiene que ser parte integrante de todas las políticas, desde la política estructural, pasando por la regional, de innovación e industrial hasta la económica, financiera y salarial. 
Sin duda, en la Unión Europea se pueden mejorar las condiciones de la oferta, desde los lentos procedimientos de autorización hasta la urgentemente necesaria desgravación fiscal del factor trabajo. 
Pero más importante es la superación de la debilidad en las inversiones así como el relanzamiento de la demanda interior en la Unión Europea y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los asalariados. 
En cualquier caso, sabemos que los programas coyunturales solamente tienen unos efectos reducidos en el marco nacional. 
Si se importan hasta las dos terceras partes de la renta nacional en Europa, es natural que se estanquen los impulsos de demanda que surgen solamente a nivel regional o nacional. 
Por ello, es importante configurar la política económica europea de tal modo que sea acreedora de ese nombre. 
Con una moneda única para el mercado interior que cubra el 90 % de la producción de la UE será sin duda posible gestionar con más éxito la demanda. 
La ausencia de confianza de los agentes económicos es un obstáculo para el crecimiento y las inversiones. 
No solamente no invierten los inversores privados sino que además tenemos que constatar que allí donde se invierte, se hace en medidas de racionalización y no de ampliación por lo que estas inversiones no crean puestos de trabajo. 
A pesar de ello, el Informe Económico Anual no destaca este aspecto. 
Es un escándalo que en los preparativos de la Conferencia Intergubernamental, aunque se haya creado un capítulo de empleo sin embargo el pacto por el empleo esté aún lejos de cualquier realización y este Parlamento Europeo contempla precisamente este Informe Económico Anual como la única justificación para la aplicación de las resoluciones de las cumbres europeas desde Essen hasta Dublín, también en lo relativo al pacto por el empleo. 
El desarrollo económico en la Unión Europea exige los siguientes enfoques de actuación: hay que aclarar de modo definitivo que la Unión Monetaria se va a crear. 
La inseguridad permanente de la población y de los mercados ocasionada por las élites políticas es contraproductiva para las inversiones. 
Los reinos de Taifas monetarios europeos son un obstáculo para lograr un mayor impulso económico de la UE. 
En segundo lugar, es necesario un policy mix adecuado y equilibrado en la Comunidad pues cada vez puede tener menos éxito una política exclusivamente nacional dentro de un entorno económico mundial. 
Se necesita una política financiera que apoye la inestable situación financiera y no la debilite. 
En tercer lugar, hay que proseguir la consolidación de los presupuestos pero debe planearse a medio plazo para lograr que no surjan problemas adicionales para la situación económica general sino que se pueda seguir desarrollando una política inversora razonable. 
La aplicación del Libro Blanco de Delors ha fracasado hasta hoy pero no a causa de las resoluciones del Parlamento Europeo. 
Por ello, el Parlamento Europeo siempre ha llamado la atención con razón sobre los instrumentos de financiación a nivel europeo. 
¿Porqué no utilizar 10.000 millones de ecus anuales a través del Banco Europeo de Inversiones para programas de modernización de las infraestructuras en la Unión Europea? 
Sería hora de hacerlo. 
Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo ha previsto las directrices políticoeconómicas como medios para concretizar el artículo 103 y superar el desequilibrio existente entre la Unión Económica y la Monetaria. 
Hasta ahora, ninguna Presidencia del Consejo ha podido contribuir a superar este problema pues siempre se han puesto de acuerdo en el mínimo denominador común. 
Quizás el análisis crítico del Informe Económico Anual contribuya por fin a que se actúe políticamente de modo conjunto y a que en la Unión surja por fin una economía de mercado que esté integrada en un orden económico social con un crecimiento que repercuta positivamente sobre el empleo. 
Sin el factor de productividad del Estado social no puede haber una economía estable. Esta es una tarea que la Unión Europea debe cumplir. 
Señor Presidente, el Informe Económico Anual de 1997 elaborado por la Comisión Europea aparece en uno de los momentos más decisivos del proceso de integración que vive el continente desde la firma del Tratado de Roma, cuyo cuadragésimo aniversario acabamos de celebrar. 
Los firmantes de aquel histórico Tratado seguramente no podían ni imaginar que 40 años más tarde el problema del desempleo iba a suponer la más seria amenaza existente contra su proyecto de conseguir una Europa unida, próspera y solidaria. 
En estos momentos, todas las acciones de las instituciones comunitarias se realizan en la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria. 
Este nuevo paso en la profundización de la integración va a tener unas consecuencias, sin duda, positivas en la resolución del problema del desempleo. 
Considero, por tanto, que la responsabilidad de este Parlamento en lo que a la Unión Monetaria se refiere consiste en colaborar lo más eficazmente posible para conseguir una unión monetaria con el mayor número de países en el momento previsto por el Tratado. 
Por ello, considero que el informe de la Comisión es en esencia positivo, porque pone de manifiesto los esfuerzos que están realizando los Estados miembros para llegar en las mejores condiciones a la histórica cita. 
Por citar un ejemplo, está el caso de mi país, España, que con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea espera demostrar que sólo desde el rigor de las medidas económicas que se están adoptando- y con la ayuda del ejemplar acuerdo social sobre la reforma del mercado laboral que está a punto de culminarse- se puede afrontar con optimismo y confianza un futuro esperanzador para quienes demandan empleo. 
El informe aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos contiene algunos puntos que dificultan un voto favorable de mi Grupo. 
No obstante, deseo agradecer a la Sra. Randzio-Plath su buena predisposición para incorporar a su informe alguna de las conclusiones de nuestra comisión. 
De todos modos, dado que intervengo en calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, a mí me corresponde analizar el informe desde la perspectiva del problema del desempleo. 
La inversión en infraestructuras, la coordinación entre las diferentes administraciones con competencias relacionadas con los problemas de desempleo, la creación de mecanismos de asistencia financiera para las pequeñas y medianas empresas, la eliminación de cargas administrativas y burocráticas, la explotación de los nuevos yacimientos de empleo en sectores como el medio ambiente, el ocio, la cultura y la tercera edad, la incorporación al Tratado de un nuevo capítulo sobre el empleo con una mayor implicación del Parlamento en la planificación y desarrollo de la política de empleo, y las fórmulas novedosas para combatir el desempleo propuestas en el informe de la Comisión son muchas de las posibilidades de acción para no resignarnos. 
Pero debemos actuar con la premura que exige el problema. 
El Informe Económico Anual de la Comisión es en conjunto un buen documento que debe servirnos, a todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad, para tratar de modificar el escenario que en el mismo se dibuja con respecto a la pobre creación de empleo en los próximos años. 
La integración europea, que ha conseguido el período más largo de paz entre los países inmersos en ella, corre el peligro de ser acusada como la responsable del desempleo si no conseguimos vencer entre todos este problema. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quisiera expresar nuestro agradecimiento a la Sra. Randzio-Plath por su excelente informe que, ciertamente, apoyaremos en la votación de hoy. 
Quiero dirigir mis observaciones a la Comisión Europea porque debemos analizar el Informe Económico Anual y preguntarnos por qué despierta tan poco interés en la prensa y en los medios de comunicación y en el debate que está teniendo lugar en la Unión Europea, en comparación con el informe de la OCDE. 
Este último encuentra mayor eco en la prensa financiera y es más debatido en los Estados miembros. 
Existen tres razones por las que el Informe Económico Anual de la Unión Europea parece tener tan poco relieve. 
En primer lugar, trata principalmente del tema de la política fiscal y monetaria. 
Su alcance es demasiado limitado. 
No aborda las amplias políticas estructurales que equilibran la política fiscal y monetaria. 
No entra en los pormenores de ninguno de los temas relativos a la inversión, la investigación y el desarrollo, la formación y la educación. 
En el próximo informe anual de la Comisión nos gustaría encontrar un equilibrio adecuado entre estos aspectos. 
Necesitamos que todas las actividades económicas de la Unión Europea se analicen en mayor profundidad. 
En segundo lugar, señor Comisario, sobre el crecimiento y el empleo; todos sabemos, y lo hemos debatido muchas veces en esta Asamblea y en nuestra comisión, que en la Unión Europea tenemos un crecimiento inadecuado y unos niveles de desempleo demasiado altos. 
Sin embargo, su informe se centra principalmente en los temas de la inflación y en la política de los tipos de interés que, naturalmente, son importantes, pero que no son los únicos temas que nos preocupan. 
¿Qué hay de los niveles de inversión? 
Por las conversaciones que he mantenido con sus economistas de la DG II he podido saber que ellos sienten gran inquietud ante los insuficientes niveles de inversión en la Unión Europea. 
En Europa tenemos actualmente un índice de inversión de apenas el 19 % del PIB. 
Es necesario que ese índice sea del 25 % si queremos impulsar la capacidad y la oportunidad de crecimiento en la Unión Europea que nos permita a su vez crear puestos de trabajo. 
Es necesario que en el futuro hablemos más sobre este asunto. 
La tercera razón por la que las personas que debaten sobre la política económica de Europa ignoran en gran medida el presente informe se debe, naturalmente, a que lo consideran imparcial; no lo consideran objetivo. 
Consideran que se trata mayormente de un ejercicio teórico que ahora lleva a cabo la Comisión Europea. 
Debemos reconocer que se trata de la E de la UEM, es el aspecto económico de la UEM, y a menos que consigamos dar a los aspectos económicos de la UEM auténtica resonancia en la Unión Europea, la sociedad creerá que sólo se trata de una unión monetaria. 
Por ello quisiera proponerle, señor Comisario, que para el informe de 1998 consultemos debidamente a todos los agentes económicos de la Unión Europea y que nuestros economistas hablen con expertos independientes como se hace en Alemania, en los Estados Unidos y en la OCDE. 
De este modo tendremos un auténtico debate en la Unión Europea sobre la política económica, en vez de un debate estéril como el que celebramos hoy. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Informe Económico Anual es para el Parlamento Europeo una importante base para los posteriores debates que van a tener lugar en el curso de este año sobre el cumplimiento de la situación del empleo. 
En los debates celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos hemos podido constatar que el optimismo realista que caracteriza a este informe ha sido compartido por la mayoría de los miembros de la misma, optimismo que se ha visto confirmado en los debates celebrados en Nordwijk. 
Por un lado, allí se confirmó de nuevo el calendario para la realización de la Unión Monetaria y, por otro, en lo tocante a la relación entre los países que participan desde el principio y los que van a sumarse más adelante, se ha creado claridad gracias al acuerdo sobre el SME y su prosecución modificada. En tercer lugar, en el Consejo de Ministros se llegó a un acuerdo sobre el pacto de estabilidad. 
No obstante, como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo quiero indicar muy claramente que los debates sobre el pacto de estabilidad no han concluido, que va a tener lugar una segunda lectura en el Parlamento Europeo y que esperamos que las opiniones del Parlamento Europeo se reflejen en los debates definitivos sobre el pacto de estabilidad. Con este objetivo, haremos todo lo que esté en nuestra mano para concluir nuestros debates hasta mediados del presente año. 
Me voy a referir ahora a los problemas que han surgido. 
Comprobamos que aunque la evolución de las exportaciones ha sido positiva, sin embargo, tal como ha dicho la ponente, la demanda interior deja aún mucho que desear. 
Comprobamos que las inversiones son débiles a pesar de que las condiciones marco para la economía son muy positivas, por lo que se debe fortalecer la confianza. 
En las deliberaciones mantenidas con economistas e inversores siempre constato que sigue faltando confianza en un claro desarrollo económico en muchos países de la Unión Europea. 
Además está la situación totalmente insatisfactoria relativa al paro, si bien somos conscientes de que se trata de un problema estructural y de que la tasa de crecimiento del 2, 3 % pronosticada no va a ser suficiente para solucionar este problema. 
Por un lado, está la cuestión de «ahorrar a causa de Maastricht». 
En muchos lugares se dice que tenemos que ahorrar a causa de la Unión Monetaria y del Tratado de Maastricht. 
Sin embargo, es un hecho que también deberíamos hacerlo aunque no existiese el Tratado de Maastricht ni la Unión Monetaria, que el endeudamiento total de la Comunidad Europea sigue siendo demasiado elevado y que las cargas derivadas de los tipos de interés representan por término medio entre el 20 y el 30 % de los presupuestos. 
Esto merma nuestra capacidad de movimientos y reduce la competitividad, por lo que hay que proseguir el rumbo hacia la consolidación de los presupuestos. 
Un segundo punto que se trata en el informe de la Sra. Randzio-Plath es el del margen de maniobra en el déficit presupuestario y en el endeudamiento del Estado. 
Esta es una cuestión que nos va a ocupar sin duda durante los próximos meses. Hace falta más claridad al respecto. 
Quiero indicar que se han adoptado algunas decisiones previas en este sentido que indican que este margen de maniobra debe utilizarse con responsabilidad. 
Por ejemplo, el Tratado de Maastricht concede la posibilidad de participar en la primera fase de la Unión Monetaria a partir del 1-1-1999 y la decisión al respecto se debe adoptar bien en base a apreciaciones o a cifras reales. 
Ahora hemos comprobado que entretanto se ha decidido que la decisión se realice en base a cifras reales. 
También se han adoptado algunas otras decisiones en este sentido y supongo que el 23 de abril, cuando la Comisión emita su juicio sobre las cifras del año 1996, el Parlamento Europeo tendrá la posibilidad de solicitar más aclaraciones en el correspondiente debate que supongo tendrá lugar antes de la conferencia de prensa. 
Señor Presidente, el habitual examen anual del Informe Económico ve a la Unión Europea prepararse para citas de fundamental importancia para el futuro de la Comunidad. 
Cada año, en el momento de debatirlo, tenemos el deber de pararnos a reflexionar sobre lo que hemos hecho en los doce meses anteriores para crear una verdadera cohesión económica entre los Estados miembros. 
Si eso se hiciera correctamente, veríamos mejorar, efectivamente, los escenarios de la Comunidad con respecto a los tres problemas principales que el informe afronta: el crecimiento, la convergencia hacia la Unión Monetaria y el empleo. 
En cambio, son aún pocos los resultados prácticos que el ciudadano europeo, y en particular el empresario, ya sea grande o pequeño, logra vislumbrar en estos tres capítulos fundamentales para el futuro de la economía europea. 
Es sobre todo el tema del desempleo el que denuncia la falta de productividad de los esfuerzos realizados por las instituciones comunitarias para eliminar el problema, que era y sigue siendo el primero de todos los que se presentan a cada Estado miembro y a la Unión en su conjunto. 
No podemos ser deficientes en el campo económico sin que estas deficiencias repercutan inevitablemente en el ámbito social. 
Podemos encontrar excusas si no conseguimos formar un cuerpo militar europeo para contribuir a resolver los conflictos en la antigua Yugoslavia, pero no podemos aducir ninguna justificación si no ayudamos a las empresas a ser competitivas en el mercado, a crecer, a desarrollarse y, en consecuencia, a crear nuevos puestos de trabajo. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha elaborado una propuesta de resolución que si por un lado elogia el trabajo realizado por el Ejecutivo, por otro le pide una respuesta directa e inmediata al problema de la revitalización del mercado del trabajo. 
La solución principal pasa por las pequeñas y medianas empresas. 
Ayudarles en el crecimiento significa también hacer su actividad más fácil, menos burocrática, menos oprimida desde el punto de vista fiscal, revalorizando la figura del empresario de modo que sirva también de ejemplo y de estímulo a los jóvenes, que si no, se ven atraídos por alternativas más cómodas, que inevitablemente llevan al desempleo. 
Hay un último aspecto, es decir, un instrumento que es a la vez medio y fin para el éxito de una economía verdaderamente comunitaria: la moneda única. 
En efecto, con el euro, el ciudadano europeo, en particular como consumidor, descubrirá que vive en un gran mercado interior en el que con una moneda única compra, estudia, viaja en quince Estados distintos. 
Con el euro, el empresario, sobre todo el pequeño y el mediano, podrá proponer sus productos o servicios a un mercado de 370 millones de consumidores. 
Por último, en el euro todas las instituciones comunitarias y los Estados miembros encontrarán, una vez superadas las obvias dificultades iniciales, el instrumento que les obligará a razonar finalmente de manera europea. 
Señor Presidente, Señorías, en la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria y el euro, el análisis del Informe Anual para 1997 que presenta la Comisión Europea resulta de especial interés en un año que es clave para realizar los objetivos citados: Unión Económica y Monetaria y euro. 
En el proceso de convergencia económica, las economías de la Unión Europea muestran un excelente comportamiento en la evolución de las tasas de inflación, los tipos de interés y la estabilidad monetaria. 
Las dificultades están en el ajuste de los correspondientes objetivos en lo que significa de limitación de la deuda y el déficit públicos, por lo que, además de los necesarios esfuerzos de rigor y austeridad presupuestaria, resulta clave el cumplimiento de las previsiones de crecimiento económico, que es la magnitud más importante- desde mi punto de vista- a seguir en el momento presente. 
Compartimos la preocupación expresada en el informe sobre la necesidad de ocuparse con especial atención del problema social más grave de la Unión Europea: el paro. 
La elevada tasa de desempleo limita enormemente las posibilidades de la Unión, lo que obliga a ocuparse de superar las graves deficiencias y rigideces que afectan negativamente a la estructura productiva de la Unión Europea, requiriendo una profundización- como hace nuestra colega Randzio-Plath en su informe- en el proceso de apertura y liberalización de sectores claves, la aplicación con mayor intensidad de los programas de investigación y de desarrollo, la profundización del mercado interior europeo y la realización de las propuestas hechas en el Libro Blanco de Delors- que están, lamentablemente, bloqueadas por el Consejo-. 
Únicamente querría destacar que nosotros insistimos más en nuestra posición en la realización del mercado interior europeo, y en la eliminación de rigideces, que en algunos aspectos más intervencionistas que se exponen en el informe de la Sra. Randzio-Plath, por lo que apoyaremos las enmiendas que van en esta dirección, apoyando globalmente el informe sobre el Informe Anual de la economía en 1997. 
Señor Presidente, comenzamos, y con gusto, subrayando un punto de acuerdo con la Sra. Randzio-Plath, cuando vuelve a plantear y reforzar la preocupación causada por el excesivo optimismo que resalta en las posiciones que se van volviendo oficiales. 
A nuestro juicio, ese optimismo se deriva de la intención y del esfuerzo para crear un ambiente favorable a la aplicación de una estrategia y de políticas económicas que en modo alguno justifican el agua bendita en los análisis del presente, como tampoco pueden, de proseguir, justificar el tono optimista de las perspectivas para el futuro. 
Comprendemos que se considere necesaria la confianza para que las expectativas, como factor de la evolución económica, contribuyan a mejorar la coyuntura, pero no aceptamos que, mediante una manipulación de las representaciones de la realidad, sirva de elemento para la continuidad de esa estrategia y de esas políticas. 
En el informe que aquí tratamos nos parece, por otro lado, que es notoria la falta de un planteamiento de conjunto que valorice la necesaria articulación de las vertientes de la oferta y la demanda, el papel de la inversión pública y su condicionalismo derivado de criterios de excesivo control de las finanzas públicas que desmoviliza esa misma inversión pública indispensable. 
Este aspecto nos parece tanto más importante cuanto que el estado en que se encuentra la economía productiva y, sobre todo, la situación social es consecuencia de una opción en pro de las políticas, por el lado de la oferta, y de la contención y al ataque a condiciones laborales y sociales, que, por lo demás, también se manifiesta en un repetido incumplimiento de las previsiones. 
Por eso, nos parece que debemos denunciar una vez más la insistencia y la aceleración de la estrategia y de las políticas económicas que han conducido incluso a estas situaciones, pues queda claro que no son las mismas políticas y estrategias las que podrán cambiar el curso de las evoluciones, sino que, al contrario, las agravarán. 
Sería casi indispensable decir que, desde nuestra perspectiva, la presentación de la moneda única como gran objetivo, o gran designio nacional y europeo, o panacea para la solución de todos los males económicos y sociales, es la inevitable creación de condiciones para una nueva frustración, en este camino en el que Cechini anunció lo que no se realizó, se publicitó Maastricht como lo contrario de lo que llegaría a ser, el Libro Blanco sobre la competitividad, el empleo y el crecimiento no impidió la continuidad y agravación del desempleo, la inexistencia o la debilidad del crecimiento y la poca competitividad. 
Como novedad, en este informe de la Comisión que tenemos ante nosotros, quisiéramos subrayar el relieve concedido a la cuestión de la dispersión salarial a partir del ejemplo de los Estados Unidos, con una mitificada flexibilidad hacia abajo, que no podemos dejar de considerar grave referencia, porque olvida situaciones, como la de Portugal, en las que el abanico salarial es de la dimensión del de los Estados Unidos, en que la flexibilidad hacia abajo agravaría situaciones sociales de desequilibrio ya en el límite de lo soportable, si no por la economía, por el lado social. 
Sería urgente reflexionar, pero de ello se huye mediante la postura de optimismo sin fundamento, de ausencia de planteamiento global y articulado de la economía, de menosprecio por las consecuencias sociales de las opciones económicas, de insistencia y aceleración en lo que ha dado resultados indiscutiblemente negativos. 
No se quiere cambiar la estrategia y las políticas económicas, porque están al servicio de intereses y grupos financieros. 
Lo comprendemos, pero eso sólo nos exige que, con más fuerza e insistencia, afirmemos que hay otros intereses y grupos que defender, que hay situaciones sociales que merecen atención prioritaria y que, para ello, es necesaria otra política: económica y no sólo económica. 
Señor Presidente, el Informe Económico Anual de la Comisión para este año hace demasiado hincapié en el crecimiento y en el reforzamiento de los mecanismos de la oferta. 
En mi opinión, aquí reside el mayor logro del informe de la señora Randzio-Plath: quiere recordarnos que la demanda es extremadamente importante y que, en estos momentos, la demanda en la Unión Europea es muy débil, lo cual impide la reactivación de la economía y la realización de, por así decirlo, inversiones razonables. 
La señora Randzio-Plath presenta en el presente informe algunas propuestas muy creativas e interesantes, que cuentan con el apoyo de nuestro grupo. 
Afirma que se debería deparar a las inversiones un trato distinto al que reciben los gastos de consumo que no aportan ninguna innovación ni fomentan el desarrollo futuro. 
Se trata sin lugar a dudas de un planteamiento que ya debería tenerse en cuenta en los criterios de Maastricht. 
Habría que proceder a examinar todas las repercusiones que tienen los gastos públicos desde una perspectiva a largo plazo. 
No tiene ningún sentido ahorrar ahora en cuestiones que, más tarde, nos costarán mucho más caras, tanto a nosotros como a nuestras sociedades. 
Se puede afirmar que una política social buena y razonable también representa una inversión buena y razonable de cara al futuro. 
Podríamos debatir asimismo si se debe aplicar el planteamiento de una inversión razonable con vistas al futuro a todo el presupuesto de la UE, que, hoy por hoy, está orientado en gran medida hacia el pasado. 
Las ayudas a la agricultura representan la mitad del presupuesto comunitario. 
¿Por qué no podemos revisar el presupuesto total de la UE de manera que pudiera crear las condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico futuro? 
En definitiva, parece que el único desacuerdo que nos separa de la señora Randzio-Plath es el relativo a la conveniencia en estos momentos de la entrada en vigor del euro. 
A título personal, creo que es un poco arriesgada la adopción de la moneda única hasta que no se defina el concepto de Unión en materia de política económica, muy difuso en la actualidad, y se fije una perspectiva de futuro, absolutamente inexistente hoy en día. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar a la Sra. Randzio-Plath por las grandes cualidades de su informe. 
Cualidad diplomática, ante todo, cuando se alegra por la evaluación optimista de la Comisión. 
Cualidad de fondo, cuando se trata de apoyar el proceso de unificación monetaria solicitando, tras recordar la dramática debilidad de la demanda en el seno de la Unión, medidas enérgicas en favor del crecimiento y del empleo. 
En lo que nos afecta (y nosotros seremos quizás algo menos diplomáticos) nos ha sorprendido un poco que la Comisión mencione, en su reciente informe sobre el estado benéfico de la cooperación reforzada, lo que llama el «potencial de mano de obra» de que dispone la Unión, constituido no solamente por 18 millones de parados, sino también por una reserva suplementaria de al menos 9 millones de personas que se incorporarían a la actividad si hubiera empleos. 
Realmente, es de temer que la Unión Europea no sobreviva a la conservación duradera de un patrimonio así. 
La Sra. Randzio-Plath tiene toda la razón al decir que, una vez que se ha conseguido la confianza de los mercados (algo que casi está ya hecho) , hay que conseguir ahora y de manera urgente ganar la confianza de los consumidores, es decir, de los ciudadanos de la Unión relanzando el crecimiento y el empleo. 
La cuestión, claro está, es saber cómo actuar, sobre todo porque no se puede utilizar el instrumento monetario y, por otra parte, porque los países miembros, obligados por el pacto de estabilidad, no están en condiciones de encontrar respuestas necesarias al privarles la coyuntura de cualquier margen de maniobra. 
La respuesta, por consiguiente, tiene carácter europeo. 
Nosotros pensamos que es a nivel de la Unión donde ha de definirse y aplicarse una política vigorosa para el crecimiento y para el empleo, sin duda de manera prioritaria a través de los medios que ha sugerido la Sra. Randzio-Plath, es decir, el relanzamiento de la inversión privada y la inversión pública. 
Relanzamiento de la inversión privada facilitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito, ya hemos hablado de ello. 
Relanzamiento de la inversión pública por medio del desarrollo de la política de redes, de la política de investigación y desarrollo y, de manera más general, por medio del desarrollo de las políticas estructurales. 
Con relación a esto, sólo podemos preocuparnos gravemente por el espíritu de estabilización, incluso de reducción, de los medios de la Unión, que impera en la preparación del presupuesto de la propia Unión para 1998, en las perspectivas financieras a medio plazo y en la reforma de los fondos estructurales. 
Con toda evidencia, tenemos ahí un contrasentido económico y político, habida cuenta de la coyuntura y del estado de nuestras opiniones públicas. 
Más especialmente, esta forma de ver las cosas es contraria al objetivo de construcción de una Unión económica, insistimos, y monetaria. 
Sin duda, la Unión ha de incluir una moneda estable y segura, patrimonio de todos los europeos, al amparo de cualquier manipulación. 
No puede verse privada de los medios para una política económica que los Estados miembros no están en condiciones de dirigir. 
La política económica de Europa será, inevitablemente, un complemento a la Unión monetaria. 
No perdamos tiempo, no permitamos que se instale un período de vacío de poder económico en Europa. 
Al contrario, solicitemos a la Comisión que nos prepare las formas y los medios de acción para un gobierno económico de la Unión. 
Señor Presidente, el año pasado señalamos en este hemiciclo que el Informe Económico Anual de la Comisión no contenía casi nada sobre un tema esencial para el crecimiento y el empleo como es la inversión. 
Además, las escasas menciones que se podían descubrir en él parecían extraordinariamente tranquilizadoras. 
Esta laguna se ha corregido en el nuevo informe, pero los pasajes que dedica a este tema muestran, tal como nos temíamos, una situación preocupante. 
Efectivamente, con los actuales niveles de inversión, la economía comunitaria sólo podría crecer en el futuro a un ritmo muy lento, incompatible con la necesidad de crear empleo. 
Sin duda veríamos desarrollarse una convergencia en Europa, pero una convergencia hacia abajo, hacia una situación de desempleo importante y crónico. 
El informe parece también incapaz de explicar esta situación sobre todo porque, según él, la rentabilidad del capital, finalmente, no sería mala. 
Entonces, ¿por qué este decaimiento? 
En nuestra opinión, hay que buscar la explicación en las interacciones entre inversión y empleo. 
En razón al elevado coste de nuestra mano de obra, en un contexto de competencia activa y de la entrada en funcionamiento, de forma directa o indirecta, de una especie de mercado mundial del trabajo, las inversiones destinadas a sustituir trabajo por capital con el objetivo de mejorar la competitividad han sido muy elevadas. 
Pero, como esta misma evolución contribuye a aumentar el desempleo y también a desarrollar un clima psicológicamente depresivo, la demanda ha seguido siendo débil y las inversiones en capacidad, por su parte, no han continuado. 
En resumen, la inversión global se va arrastrando. 
Debemos añadir también que no basta con decir, como hace el informe, que la rentabilidad de nuestras inversiones es en la actualidad igual que en el pasado, falta todavía mostrar que es comparable a lo que encontramos en otras regiones del mundo ya que, en la actualidad, el mercado de capitales es también mundial. 
Ahora bien, esto no está probado en absoluto y, en todo caso, el informe económico no dice nada sobre ello. 
En estas condiciones creemos que, para salir de la crisis de decaimiento en que se debate Europa, es urgente cambiar de política y renovar nuestra reflexión sobre las transformaciones en profundidad que impone una mundialización que, hasta el momento, no hemos sabido dominar. 
Señor Presidente, Señorías, todos hemos leído con atención el informe económico de 1997 de la Comisión. 
Se trata realmente de un buen texto técnico, documentado, con cifras, curvas y cuadros. 
Tenemos la sensación de que los profesionales trabajan. 
Nos gustaría realmente creer lo que dicen estos señores de la Comisión, pero, para ser sinceros, es muy difícil. 
Cuesta trabajo creer que la mundialización no sea una de las causas del desempleo, por la competencia desleal que impone a nuestras empresas, por las deslocalizaciones que provoca, por la presión a la baja que ejerce sobre los salarios. 
Es un factor de regresión social. 
Cuesta trabajo creer que el desempleo sólo sea una cuestión de cifras y de flexibilidad del mercado de trabajo. 
El informe del Parlamento tiene, por otro lado, el mérito de señalar el empobrecimiento de nuestro continente y el aumento de las desigualdades. 
La flexibilidad del mercado de trabajo que ustedes reclaman es sinónimo de precariedad del empleo, de degradación de las condiciones de trabajo y de regresión social. 
Cuesta trabajo creer que las políticas deflacionistas que imponen ustedes tengan efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo. 
Cuesta trabajo comprender la fijación dogmática que ustedes tienen con el déficit presupuestario, las tasas de paro y la estabilización de los precios. 
Deberían ser la recuperación y la protección de nuestro mercado interior las que constituyeran la prioridad en la producción europea, en Europa y con europeos. 
Además, los eurócratas consideran imbéciles a todos aquellos que no piensan como ellos y han tenido el descaro de escribirlo, con medias palabras sin duda, en la página 31 del documento. 
Pero hay una enorme laguna en su mundo de cifras y estadísticas: los hombres ya son sólo una variable de ajuste cuando deberían ser el centro de todas las preocupaciones. 
¿Qué creen ustedes que pensarán los mercados sobre el desequilibrio persistente del empleo en el momento de valorar su moneda única, su euro? 
Una economía sana, ¿es una economía en la que la deuda pública es inferior al 60 % del PIB, en la que el déficit presupuestario está por debajo del 3 % o la del pleno empleo? 
En realidad la Europa abierta de ustedes es la de la precariedad, la de la regresión social, la del desempleo y de la pobreza. 
La política que llevan ustedes adelante sólo tiene un objetivo, que no es otro que tranquilizar a los mercados para introducir en ellos la moneda única, pero deberían ustedes construir Europa para los europeos, y eso lo han olvidado. 
Interrumpimos aquí el debate sobre el informe de la Sra. Randzio-Plath. 
Pasamos ahora al turno de votaciones. 
Votaciones 
Señor Presidente, en calidad de ponente, desaría solicitar el aplazamiento de la votación de mi informe hasta la sesión de mañana, miércoles. 
Desearía justificar esta petición excepcional señalando que, si bien en la sesión de ayer pudimos escuchar a la Comisaria Bjerregaard, no contamos desgraciadamente con la presencia del Comisario Flynn. 
Las respuestas de la Comisaria causaron cierta perplejidad, por lo que ahora tendríamos la oportunidad de obtener información adicional sobre estas cuestiones por parte del Comisario Flynn y de otros miembros de la Comisión. 
Desde el punto de vista del Parlamento es extremadamente importante que dispongamos de esta nueva información antes de proceder a la votación, la cual desearía por lo tanto, señor Presidente, que se aplazara hasta la sesión de mañana. 
Señora Ojala, solicita usted el aplazamiento sobre la base del artículo 131. 
Quiero preguntarle si quiere que se aplace hasta maana a las 12.00 horas o hasta el jueves a la misma hora. 
Señor Presidente, creo que el momento oportuno para proceder a la votación sería durante la sesión de mañana. 
Para el día de hoy tenemos previsto celebrar una reunión de la comisión, durante la cual podemos debatir este asunto, así que, por lo tanto, el día idóneo es el miércoles. 
Señor Presidente, perdone que intervenga, pero creo que ha cometido un error en el momento de la votación. 
La enmienda no se votaba por separado ya que sustituía simplemente los primeros términos de la frase por unos términos que no exigían, en todo caso, una solicitud de votación por separado. 
Al proceder como ha hecho usted, tengo la impresión de que nos hará repetir votaciones que ya se han producido. 
Debería haber sometido a votación la enmienda en primer lugar, y a continuación votar por separado el resto del párrafo. 
Señor Fabre-Aubrespry, al hacer una observación sobre determinadas votaciones en las que se crea confusión a causa de las distintas solicitudes presentadas por los Grupos políticos, me refería también a este punto. 
No es necesario que usted haya solicitado votaciones por separado sobre el artículo concreto. 
Hay otros Grupos políticos que las han solicitado y estoy obligado a repetir, prácticamente, la votación, puesto que así lo establece el Reglamento. 
No puedo decidir que la votación es innecesaria. 
Estoy obligado a cumplir formalmente lo que los Grupos políticos solicitan. 
Respecto al apartado 39 
Señor Presidente, me gustaría saber si debido a la aceptación de la enmienda nº 9, no decae el apartado 39. 
Los servicios del Parlamento no son de esta opinión, seor Schulz, pero quisiera conocer también la opinión de la Sra. Roth. 
Señor Presidente, antes se acordó que en caso de aceptación de la enmienda nº 9 decayese el apartado 39. 
No tengo inconveniente en aceptar la opinión de la ponente, aunque los servicios del Parlamento hayan tenido otro punto de vista. 
Por lo tanto, no es necesario que votemos sobre el apartado 39. 
Respecto a la enmienda nº 3 
Señor Presidente, lamentablemente tengo la sensación de que aquí se ha creado confusión, no importa por parte de quién. 
Se ha presentado la enmienda nº 3. 
Hay que votar sobre la totalidad de dicha enmienda. 
Si se aprueba, se modifica el texto original y si se rechaza, habrá que votar a continuación sobre el texto original. 
Nadie ha solicitado que se vote sobre la enmienda nº 3 por partes separadas. 
Por ello, le ruego que mande votar sobre la totalidad de la enmienda nº 3, tal como ha solicitado el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y que a continuación se vote sobre el texto original. 
Señor Schulz, permítame que le diga que usted parece no tener siempre en cuenta lo que los demás solicitan. 
El hecho que usted no lo haya solicitado no significa que otros no lo hayan hecho. 
El Grupo de los Verdes ha solicitado la votación por partes y por separado. 
Respecto a la enmienda nº 15 
Señor Presidente, en la versión sueca y danesa se ha traducido erróneamente esta enmienda. 
Allí se dice que se van a preparar posibilidades jurídicas en Suecia y en Dinamarca. 
Esto es erróneo. 
Estas posibilidades existen ya en Dinamarca y en Suecia. 
Debe decirse que Dinamarca y Suecia tienen previstas estas posibilidades jurídicas, es decir, que ya existen allí. 
Revisaremos la traducción a esas lenguas. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quisiera expresar el voto favorable mío y de mi Grupo para el informe de la Sra. Roth-Behrendt, que ha reiterado con claridad lo que el Parlamento ha expresado varias veces, es decir, la necesidad de mantener sin cambios los puntos que figuran en la directiva y que se refieren a la abolición de los experimentos con animales en el sector de los cosméticos. 
El informe que nos ha presentado la Comisión es, una vez más, un informe insuficiente; hay además lagunas de los Estados miembros, y sobre todo las estructuras creadas por la Unión Europea para aplicar la directiva no han alcanzado sus objetivos. 
Pero esto no puede justificar el hecho de no mantener los compromisos presentes en la directiva. 
Por eso, al expresar la opinión favorable al informe tenemos que reiterar, con referencia también a lo que ha declarado la señora Comisaria Emma Bonino, que es importante, no sólo por lo que respecta a los productos acabados, sino también para los componentes que encontramos en los cosméticos, que a partir del 1 de enero de 1998 no se permita ya la experimentación con animales, tanto porque es inútil, como porque existen métodos operativos alternativos y la estructura europea que debía validar los métodos alternativos no ha mantenido los compromisos ni los cometidos que se le habían confiado. 
Esta estructura debe verificar, lo antes posible, la bibliografía que existe e indicar qué estudios dan respuestas adecuadas al problema de la validación de métodos científicos creíbles y fiables que respeten al consumidor y eviten sufrimientos inútiles a los animales. 
Combatir el sufrimiento es el desafío principal que cada día debemos sacar adelante si queremos construir una Europa más humana, el sufrimiento de los hombres, pero también el de los animales. 
Este último afecta cada año a miles de «seres vivos» , sometidos a experimentación. 
La industria de los cosméticos, en la que más de trece tipos de métodos experimentales pueden utilizar animales, se ve particularmente afectada por estos procedimientos. 
La Directiva 93/35/CEE, aprobada en junio de 1993, planteaba en primer lugar la prohibición de la comercialización de productos, de ingredientes o combinaciones de ingredientes cosméticos experimentados en animales a partir del 1 de enero de 1998. 
Por otra parte, la Comisión está obligada, en el marco de esta Directiva, a presentar anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los progresos realizados en materia de desarrollo, validación y aceptación legales de métodos que puedan verse sustituidos por la experimentación animal. 
El informe de la Sra. Dagmar Roth-Behrendt señala con toda razón que, a pesar de las críticas formuladas respecto al informe de 1994, el informe de 1995 no contiene aún ninguna medida urgente sobre los métodos que puedan sustituir a la experimentación animal. 
Con el pretexto de la falta de medidas en este ámbito por parte de la OCDE y los Estados Unidos, la Comisión ha considerado imposible imponer una prohibición a la experimentación con animales. 
¿Significa esto que deberíamos ir a remolque de los Estados Unidos? 
No. 
El Parlamento tiene una función que desempeñar y debe estimular a la Comisión a apoyar sin restricciones la prohibición desde el 1 de enero de 1998. 
A partir de este momento, la Comisión debe comprometerse a tomar medidas con el fin de desarrollar métodos de experimentación alternativos. 
Cada año, 30.000 animales siguen encontrando la muerte en experimentos torturadores realizados para la producción de cosméticos, a pesar de la prohibición de comercializar cosméticos que contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes experimentados en animales, conforme a la Directiva 93/95/CEE, y de la obligación de promover métodos alternativos a la experimentación animal. 
Es intolerable que esta situación continúe a causa de la táctica de la Comisión de aplazar constantemente la aplicación de la prohibición, cediendo por enésima vez a la presión de enormes intereses comerciales y económicos, y de seguir siendo fiel portavoz de los criterios de beneficio y de competitividad que imponen las grandes industrias de los productos cosméticos. 
El sistemático desprecio de las fuertes reacciones por parte de la opinión pública y de las decisiones del Parlamento Europeo fomenta la cruel tortura de miles de animales, al mismo tiempo que frena todo desarrollo dinámico de los métodos científicamente reconocidos como métodos alternativos aptos para sustituir a la experimentación animal. 
Es evidente que no se ejerce realmente presión sobre la industria para que desarrolle e investigue métodos alternativos fiables que ofrezcan un alto grado de seguridad, ni se facilitan los medios financieros necesarios para una actividad investigadora y tecnológica seria destinada a dar todas las garantías para que la abolición de los «experimentos animales» no conduzca, bajo la presión de la competitividad, a la fabricación de nuevos productos con nuevos ingredientes no suficientemente probados, que tengan unos efectos secundarios desconocidos para el consumidor. 
Por estos motivos, no hay ninguna justificación para aplazar la prohibición con respecto a los productos terminados hasta después del 1 de enero de 1998, ni debe haber excepciones a esta prohibición. 
Por el contrario, debe haber un compromiso y deben adoptarse medidas concretas, que obliguen a las empresas e industrias que realizan experimentos con animales a participar en estudios de desarrollo y validación financiando acciones en favor de los métodos alternativos. 
La UE no se decide a limitar los experimentos con animales en general y, en particular, a prohibir estos experimentos en el ramo de los cosméticos. 
Lamentablemente, parece que la Comisión cede a la presión de la industria y que no parece dispuesta bajo ningún concepto a llevar a cabo una política de fomento de los métodos de ensayo alternativos. 
Esto significa que también en el futuro se «utilizarán» más de 15 millones de animales en los laboratorios europeos. 
Una situación desagradable, en especial porque se dispone de métodos alternativos eficaces pero que no se fomentan debido a una clara ausencia de voluntad política. 
Para explicar su inactividad, la Comisión de la UE se escuda tras los EE.UU, quienes tampoco han decretado una prohibición de los ensayos con los animales en el ramo de los cosméticos. 
Pero para mí, un argumento de este tipo no es válido pues, de lo contrario, la UE no podría legislar independientemente de los EE.UU. 
¡Absurdo! 
El Parlamento Europeo- como representante de los ciudadanos europeos- ha exigido claramente la prohibición de los ensayos con animales en el ramo de los cosméticos. No hay ningún argumento de peso para no poner en práctica una prohibición de este tipo a partir del 1-1-1998, tal como permite la directiva 93/35/CEE. 
Una prohibición de este tipo no debe repercutir negativamente sobre el ramo de los cosméticos. 
Por el contrario. 
Si se realiza una campaña positiva (señalizando los productos con la etiqueta «sin experimentación animal» ) podría servir incluso como argumento de ventas adicional en los mercados mundiales. 
En interés de los productores, de los consumidores y de los animales. 
El informe de la Comisión es deficiente y no promueve la prohibición de la experimentación animal. 
Esta prohibición ha de llevarse a efecto según lo previsto y no posponerse otra vez. 
No perjudicará la seguridad de los consumidores y, por otra parte, el desarrollo de métodos de experimentación alternativos está muy avanzado. 
Estoy en contra de normas basadas en el principio del mínimo común denominador. 
La Comisión ha sugerido que no es posible prohibir la comercialización de productos cosméticos experimentados en animales, ya que en Estados Unidos no existen normas similares, pero esto no es más que un pretexto. 
Si la prohibición se aplica en Europa, cabe la posibilidad de que el ejemplo sea imitado, como reconocimiento internacional de los métodos alternativos de experimentación. 
En cuanto a la investigación de los métodos alternativos, hemos de elaborar un programa de prioridades. 
Sin un programa en el que se especifiquen plazos, no será posible obligar a nadie a hacer nada. 
Si seguimos como hasta ahora, puede haber infinidad de aplazamientos, como parece implicar el informe de la Comisión. 
La investigación y la validación de los métodos alternativos son caras. 
Por eso, los fondos asignados al ECVAM (9 millones de ecus a lo largo de 3 años) han de aplicarse a estos objetivos. 
No obstante, una delegación de diputados al Parlamento Europeo se enteró en 1996 de que los fondos asignados no llegan íntegros a su destino. 
Hay que hacer algo para remediar este problema. 
Debe crearse un grupo o una comisión que vigile que los fondos se asignen a su objetivo. 
De lo contrario, no llegaremos a ningún sitio. 
Sólo con un programa y un esfuerzo metódico y real pueden fomentarse métodos alternativos. 
El hecho es que, sea como sea, hay que acabar con la experimentación animal en el sector cosmético, y de inmediato. 
Comparto totalmente la crítica de la Sra. Roth-Behrendt, por lo que voto a favor del informe. 
Resolución sobre el maíz modificado genéticamente 
Señor Presidente, mi declaración de voto se refiere a la posición que se ha adoptado sobre el maíz manipulado genéticamente. 
Desearía llamar la atención sobre dos puntos. 
En primer lugar, estamos claramente renunciando al principio de prudencia, que debería ser el principio fundamental que rigiera las actuaciones de los políticos de la Unión Europea. 
En la toma de decisiones no se deberían asumir riesgos que lleven trazas de materializarse. 
Ahora, olvidando el principio de prudencia, la Comisión ha cedido claramente ante las exigencias de los representantes del comercio y la industria. 
Puedo imaginar perfectamente adónde nos conducirá todo esto en el futuro, a medida que vayan aumentando las presiones. 
En segundo lugar, desearía llamar la atención sobre el derecho de los ciudadanos a ser informados acerca de las decisiones que adopte la Comisión por lo que respecta a las técnicas genéticas. 
En estos momentos no se reconoce el principio de transparencia y los trabajos de los comités científicos se desarrollan a puerta cerrada. 
Llevo tres semanas intentando solicitar personalmente a la autoridad finlandesa competente los documentos relativos a la aprobación del maíz sometido a manipulaciones genéticas, pero por el momento mis esfuerzos han sido en vano. 
No creo que se pueda seguir actuando de esta manera en el futuro. 
Todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de conocer los criterios en que se basa la Comisión a la hora de adoptar sus decisiones. 
El caso del maíz modificado genéticamente presenta semejanzas preocupantes con el de las «vacas locas» y revela que la Comisión no ha aprendido nada, no ha comprendido nada, a menos que se esté viendo empujada por fuerzas inconfesables a las que le resulte imposible resistir. 
Una vez más, la Comisión se ha mostrado más sensible a las necesidades del comercio y de la libre circulación de mercancías que a los riesgos para los consumidores. 
Hay que decir que, en esta ocasión, se añadía el temor de disgustar a los Estados Unidos, que dudaban tan poco, aparentemente, de la maleabilidad de su interlocutor que habían transportado ya su maíz hasta nuestros puertos antes incluso de haber obtenido la autorización para introducirlo en el mercado europeo. 
Los hechos les dieron la razón: la Comisión cedió en toda la línea una vez que Leon Brittan le hubiera explicado, tal como ha señalado la prensa, que no se debían perturbar nuestras relaciones comerciales con este gran país. 
Además de la obsesión por el comercio y la libertad de circulación de mercancías, se encuentran en este caso otras semejanzas con el expediente de las «vacas locas». 
En primer lugar se señala la falta de transparencia sobre las motivaciones de la decisión, y principalmente sobre los dictámenes científicos tranquilizadores que parece avalaban la decisión de la Comisión, pero que sólo fueron publicados de manera sucinta. 
En segundo lugar, se debe destacar el método solitario de la Comisión que, exactamente como había hecho en el momento del levantamiento del embargo sobre la gelatina británica el año pasado, se aprovechó de los procedimientos exorbitantes en vigor que le dan derecho a ponerse en lugar del Consejo cuando éste no consigue tomar decisiones por unanimidad. 
Conviene no obstante señalar que, en el caso presente, en el Consejo, trece de los quince Estados eran partidarios de la prohibición de importar maíz modificado genéticamente y la Comisión no dudó en enfrentarse a esta aplastante mayoría para alinearse con los dos Estados laxos, entre los que, por desgracia, se encuentra Francia. 
En tercer lugar, hemos visto cómo en el asunto de las «vacas locas» algunos Estados miembros han defendido a sus ciudadanos a pesar de la Comisión. 
Austria, o incluso Luxemburgo, han prohibido la difusión en sus mercados respectivos del maíz genéticamente modificado en nombre de la salvaguardia de su población. 
En fin, también en este asunto, vemos cómo aumenta en la Comisión la tentación de atacar a los Estados recalcitrantes por obstaculizar la libertad de circulación. 
Así, nos vemos obligados a lamentar, una vez más, que la Comisión se sirva de los poderes que le han otorgado los países de Europa para demoler nuestras defensas, cuando tiene precisamente la misión contraria, es decir, la de reforzarlas. 
Este comportamiento indigno (pues la primera preocupación de la Comisión debería ser la de garantizar la seguridad de los europeos) se explica ciertamente por una falta total de patriotismo y una gran permeabilidad a las presiones exteriores. 
Por su parte, estos defectos no son fortuitos, pero se desprenden de la estructura institucional misma de la Europa actual, dominada por una estructura tecnocrática que se cree superior a las naciones y que, precisamente demasiado alejada de éstas, termina por perder cualquier referencia con las realidades y necesidades de las personas. 
La actuación de la Comisión en lo concerniente al asunto Ciba-Geigy es como mínimo dudosa e irresponsable, pero no especialmente sorprendente. 
Una vez más, parece que la Comisión ha cedido ante las presiones económicas y comerciales en lugar de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. 
De todas formas, resulta sorprendente, teniendo en cuenta que 13 de los 15 Estados miembros de la UE se opusieron a la introducción de esta modalidad de maíz en el mercado. 
Resulta positivo y alentador que Austria y Luxemburgo no hayan aceptado la decisión de la Comisión, y que hayan adoptado unas acciones para impedir la venta de maíz modificado genéticamente en sus mercados. 
Desearía que también reaccionase así el resto de países de la UE, incluyendo el mío, Suecia. 
La preocupación que causa a las personas la ingestión de alimentos modificados genéticamente está justificada y debe tomarse en serio. 
Sería más que deseable que se promulgase una prohibición inmediata del cultivo y la venta de alimentos modificados genéticamente, y en mi opinión debería hacerse. 
Lamentablemente no parece que vaya a suceder. 
La resolución común del Parlamento Europeo es buena, aunque no es lo suficientemente crítica en todos sus aspectos, y voto incondicionalemnte a favor de la propuesta. 
Los diputados Conservadores británicos estamos decididamente a favor de que se tomen todas las medidas necesarias para establecer que a nuestros mercados lleguen únicamente productos alimentarios que sean seguros. 
Reconocemos asimismo que la modificación genética es una herramienta científica que, posiblemente, puede beneficiar a la humanidad y que no debe ser descartada de antemano. 
Su posible utilidad en términos de incrementar los suministros de productos alimentarios y de reducir la dependencia de pesticidas debe ser analizada exhaustiva y rigurosamente. 
Creemos que hay dos consideraciones que deben ser determinantes a la hora de plantearnos el tema de los productos alimentarios modificados genéticamente: la seguridad de los consumidores y la elección de los consumidores. 
En cuanto a la seguridad de los consumidores, observamos que la Comisión consultó a tres comités científicos antes de autorizar la comercialización de este producto. 
Los resultados de dichos comités están a disposición de los diputados, al igual que una relación de sus miembros; por ejemplo, la relación de los miembros que integran el Comité Científico de Alimentación Humana aparece en el Diario Oficial C218 del 23 de agosto de 1995, y los cambios que se han producido posteriormente también han aparecido en el Diario Oficial. 
La falta en la que podría haber incurrido la Comisión es no haber mantenido un contacto más estrecho con los diputados al PE, especialmente con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, para que obtuviéramos de primera mano los informes de dichos comités de expertos, así como una relación actualizada de sus miembros. 
Mientras el Parlamento se sienta excluido de la labor de dichos comités, crecerán la sospecha y la falta de confianza entre las instituciones. 
En lo que se refiere a la elección de los consumidores, acogemos con satisfacción el hecho de que la Comisión tenga intención de proponer que todos los productos que contengan organismos modificados genéticamente sean debidamente etiquetados, ampliando así los requisitos actuales de información. 
Si los consumidores de Europa no desean productos modificados genéticamente, el poder de elección de los consumidores así lo indicará, y las empresas que comercializan dichos productos comprenderán que el mercado europeo no es rentable para ellas. 
Asimismo acogemos con satisfacción la noticia de que el Comisario Sr. Fischler presentará una propuesta para un etiquetado similar de los alimentos para animales. 
Creemos que con estas medidas de salvaguarda, los consumidores de Europa y los agricultores de Europa estarán en la mejor situación posible para hacer frente a la competencia procedente de los Estados Unidos y para juzgar por sí mismos si desean elegir productos modificados genéticamente o no. 
Consideramos que la propuesta de resolución común presenta graves deficiencias en su rechazo de la autorización ya concedida, y que no es actual en el sentido de que no contempla los anuncios que hizo la Comisión el 2 de abril relativos al etiquetado de todos los productos modificados genéticamente. 
Contiene, sin embargo, algunos aspectos de utilidad relativos al requisito de que el Parlamento Europeo participe más estrechamente en el proceso de autorizar la comercialización de los productos modificados genéticamente; aspectos que hemos apoyado. 
La única vía sincera que podíamos seguir en la votación final del texto completo era, por consiguiente, la abstención. 
Es inaceptable que la Comisión permita la distribución de maíz modificado genéticamente en el mercado europeo. 
La gran mayoría de los países miembros está en contra, y la opinión pública es muy escéptica. 
La UE debería haber aprendido de la crisis de la EEB que la protección de la salud y de los consumidores debe ir por delante de unos beneficios comerciales a corto plazo. 
No bastan las investigaciones científicas. 
El maíz puede resultar inmune a los antibióticos, y con ello constituir un gran peligro para la salud pública. 
El etiquetado de todos los alimentos modificados genéticamente es una condición previa elemental para que los consumidores sepan qué es lo que compran y lo que comen. 
El Parlamento Europeo condena la irresponsabilidad de la Comisión, que ha autorizado a los Estados miembros la importación y comercialización de productos a base de maíz genéticamente modificado, a pesar de todos los dictámenes negativos del Parlamento Europeo, y ello en detrimento del principio de precaución relativo a la salud de los consumidores y a la protección del medio ambiente. 
Francia, así, ha usado de esta autorización para permitir las importaciones americanas prohibiendo el cultivo del maíz genéticamente modificado, y sólo podemos condenar la incoherencia de una decisión como ésta. 
Es cierto que, unos días antes, se había autorizado la comercialización de este tipo de maíz, desactivando así una crisis con los americanos, que disponían de un cargamento de «Corn gluten feed» bloqueado en uno de nuestros puertos. 
Hay importantes intereses en juego. 
Recordaré brevemente que el maíz transgénico se ha hecho resistente a la larva de un insecto devastador. 
Su cultivo, ya realizado en los Estados Unidos y en Canadá, produce mejores rendimientos y refuerza la competitividad de una producción en un mercado mundial que sabemos muy competitivo. 
La incertidumbre sobre los efectos a largo plazo y el deseo por tranquilizar a los consumidores, aún traumatizados (con toda razón) por la crisis de las «vacas locas» , han pesado en la decisión francesa, considerada incoherente y electoralista por muchos observadores. 
No estoy de acuerdo en rechazar los descubrimientos científicos, pues vida es sinónimo mismo de evolución. 
Por otra parte, mi región (el Suroeste de Francia) se ha beneficiado ampliamente de los progresos realizados en las semillas. 
Pero los recientes escándalos y los dramas vividos deben hacernos más prudentes. 
Si los expertos niegan la posibilidad de riesgos en lo que respecta al maíz modificado, el Comité Científico de Alimentación admitió, por su parte, un riesgo de transmisión al hombre de un gen marcador, resistente a los antibióticos. 
Es importante proseguir con esta reevaluación y, mientras se espera, suspender la autorización de importar y comercializar estos productos. 
Para nosotros, la primera exigencia es la transparencia en la información aportada a los consumidores. 
Deben asumir sus responsabilidades con conocimiento de causa mediante la imposición obligatoria de un etiquetado claro de todos los alimentos que contengan productos transgénicos. 
El Parlamento ha votado esta ley en enero de 1997 y habrá de aplicarse próximamente en los quince países. 
Señor Presidente, a pesar de sus deficiencias, he votado a favor de la resolución común porque condena la irresponsabilidad de la Comisión, que ha tomado unilateralmente la decisión de autorizar la introducción en el mercado del maíz genéticamente modificado a pesar del dictamen negativo de la amplia mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. 
Pero habría sido necesario llegar más lejos y exigir a la Comisión que volviera sobre la decisión que tomó el 18 de diciembre de 1996, en tanto no se dieran garantías científicas suficientemente serias e independientes sobre las consecuencias en materia de protección de la salud humana y del medio ambiente. 
Se repiten los mismos hábitos; ya se trate de la autorización de importar de los Estados Unidos maíz genéticamente modificado o del levantamiento del embargo sobre la gelatina, el sebo y el esperma bovino de origen británico, son los mismos procedimientos los que llevan a la Comisión a situarse en lugar del Consejo y a actuar en detrimento de la salud pública y del medio ambiente de nuestros Estados. 
No se ha extraído ninguna lección de la crisis de las «vacas locas». 
Y, una vez más, la Comisión se erige en defensora de intereses económicos que no son los de los Estados miembros de la Unión. 
Lamento sobremanera que el Gobierno francés tenga una gran responsabilidad en el proceso en curso. 
Fue el voto del Ministro francés el que permitió que se consiguiera en el Consejo la mayoría cualificada, mediante la cual se pudo operar la sustitución de responsabilidades en beneficio de la Comisión. 
Hasta ahora, sólo el Gobierno francés, con su decreto de 4 de febrero, ha autorizado la comercialización del maíz genéticamente modificado (del que, curiosamente, había ya 30.000 toneladas en los puertos franceses desde hacía un mes) , cuando otros países europeos como Austria, Suiza o Luxemburgo decidieron proteger a su población. 
Los dos Comisarios franceses, por supuesto, ajustaron el paso a sus colegas, sobre todo anglosajones, para autorizar, sin vacilación, la introducción en el mercado del M.G.M. 
Se llega así en Francia a la peor de las situaciones: nuestros agricultores se ven impedidos para utilizar semillas más productivas, mientras que los productos obtenidos a partir de semillas genéticamente modificadas procedentes de países terceros se comercializan libremente. 
En aras a la coherencia, la Unión debería imponer una moratoria completa (el maíz puede verse seguido con rapidez por la soja y la colza genéticamente modificadas, con todos los riesgos que esto conlleva) , hasta que una serie de investigaciones o resultados convincentes hayan demostrado la inocuidad o el peligro de la introducción en el mercado de dichas semillas. 
¿Por qué se teme tanto un litigio con los Estados Unidos sobre una cuestión tan esencial ante la OMC? 
O, ¿es que la Unión Europea ya no tendría como vocación la defensa de los intereses de los Estados miembros, aspirando únicamente a convertirse, en palabras de Valéry, en una «Comisión americana»? 
Informe Roth (A4-0112/97) 
Señor Presidente, hemos votado contra el informe Roth, al mismo tiempo por sus aspectos que no tienen relación con el tema y también a causa de sus lagunas y omisiones. 
El informe Roth no habla de las persecuciones de que son víctimas los sindicatos nacionales. 
Así, en 1996 se creó un sindicato Fuerza Nacional-transportes en común. 
Cuando este sindicato designó a sus delegados sindicales en la RATP, gran empresa de transportes públicos de la Ile de France, la dirección demandó a los citados sindicalistas. 
Unas semanas después, estos sindicalistas presentaron una lista a las elecciones profesionales, lista que se vio rechazada y se produjo un nuevo proceso, entablado por la dirección y por los sindicatos del sistema, que ganaron, en detrimento de los sindicalistas no adscritos, al haber cedido la justicia a las demandas del poder y de los sindicatos dominantes. 
Tenemos en este caso un ataque grave contra la libertad sindical y electoral de los trabajadores. 
Esta libertad se ve amenazada por otro lado por los ataques de la dirección de esa gran empresa pública contra los sindicatos nacionales: amenazas a los sindicalistas y consignas a los responsables de los servicios para acosarlos. 
Lamentamos que estos ataques contra las libertades sindicales no figuren en el informe de la Sra. Roth. 
Damos la bienvenida al Acuerdo Schengen como un paso esencial en la realización práctica del derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. 
No obstante, pensamos que la redacción del apartado 57 del informe puede dar lugar a interpretaciones que no podemos aceptar en cuestiones como la posibilidad de llevar a cabo una campaña vigorosa contra el comercio de estupefacientes. 
Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski y Väyrynen (ELDR) , Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm y Lindholm (V) , Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(SV) La lucha en favor de los derechos humanos es algo esencial en todo el mundo. 
La UE no tiene la exclusiva en este ámbito. 
Muchos apartados del informe son absolutamente innecesarios en un estudio sobre derechos humanos. 
¿Por qué tiene que convertirse la UE en persona jurídica y firmar convenios? 
¿Por qué han de ponerse en práctica tantas de las acciones a un nivel federalista en la UE? 
¿Por qué se quieren introducir unos controles a nivel comunitario? 
Estamos en contra de todo esto y pensamos que es supérfluo en un informe que por otra parte es de gran calidad. 
Naturalmente, también votamos en contra de la propuesta de que el Tribunal de la UE amplíe su jurisdicción a la realización del Acuerdo Schengen. 
Lo que es positivo es que el informe sea progresista en muchos de sus apartados y señale un gran número de cuestiones que están mal atendidas actualmente en los países miembros de la UE. Esto no quiere decir que se atiendan mejor a nivel comunitario. 
Por el contrario, aumentaría aún más el déficit democrático de la UE. 
Pensamos que las críticas sobre la política de asilo, represiva y en muchas ocasiones racista, están justificadas. 
He votado en contra de la enmienda 43 relativa a la información sobre el aborto, por considerar que su formulación es inaceptable. 
Ni siquiera los partidarios más radicales a favor de la elección hacen campaña activa a favor del aborto. 
El aborto es una elección que hacen muchas mujeres por una serie de motivos, muchos de ellos trágicos. 
En Irlanda tenemos un nivel muy alto de abortos, desproporcionadamente alto en relación con otros países de la UE. 
Creo que nuestros recursos deberían enfocarse hacia la prevención de los embarazos no deseados, y apoyar a aquellas mujeres que se ven obligadas a tomar esa decisión. 
Nuestro referéndum constitucional aprobó por abrumadora mayoría la información y la libertad de movimiento. 
Al igual que hago yo. 
Lamentamos que el Parlamento Europeo haya estimado conveniente aprobar, a pesar de nuestro voto en contra, el informe Roth, que incluye toda una serie de aberraciones, como la solicitud a los países miembros para que reconozcan a las parejas de homosexuales y se les conceda el derecho a la adopción de niños. 
Señalamos también que el Parlamento Europeo ha declarado de nuevo que la libertad de circulación no se está aplicando en Europa, con el pretexto de que los controles de personas en las fronteras no estarían totalmente abolidos. 
Una vez más, estamos en total desacuerdo, y cuando nos desplazamos hoy por Europa, sentimos esos controles como obstáculos a nuestra libertad de circulación. 
Quisiera sin embargo centrar mi explicación de voto en un punto técnico en particular, pues el Parlamento acaba de solicitar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sea competente sobre el Convenio de Schengen. 
No estamos de acuerdo por dos razones, de forma y de fondo. 
En cuanto a la forma, no vemos por qué el Tribunal de Justicia, que es una institución comunitaria que compete a los quince Estados miembros, debería conocer sobre convenios particulares que algunos Estados miembros concluyen entre sí, salvo, claro está, si esos Estados miembros lo pidieran expresamente. 
Pero éste no es el caso. 
Esta observación debe situarse de nuevo en el contexto del debate de la Conferencia Intergubernamental sobre las cooperaciones diferenciadas, que no deseamos dependan sistemáticamente y a priori del Tribunal de Justicia. 
En cuanto al fondo, es inverosímil que se puedan someter cuestiones de circulación de personas, y principalmente extranjeros, que afectan de cerca a las libertades públicas y a las soberanías nacionales, al arbitraje de una institución que no es una asamblea democráticamente elegida y que tampoco es un Tribunal Constitucional nacional sometido a las reglas democráticas de cada Estado. 
Se plantea hoy un problema agudo que nadie desea mirar de frente, de distorsiones entre el estatuto del Tribunal de Justicia, que en el origen era un Tribunal destinado a tratar los problemas técnicos vinculados a la interpretación de un Tratado bien delimitado, y la amplitud de las competencias que se pretendería atribuirle en el momento actual, que concluiría en una grave disminución de las democracias nacionales y por tanto de la democracia simplemente. 
Por consiguiente, deseamos que la Conferencia Intergubernamental dé prueba de realismo y que, antes de cualquier posible ampliación de las Competencias del Tribunal de Justicia, revise su estatuto para introducir, de una u otra forma, un derecho de apelación ante los Parlamentos nacionales para las cuestiones de principio. 
El informe Roth recoge aspectos importantes en favor de los derechos humanos en la Unión Europea. Entre ellos cabe citar la reafirmación de las consideraciones del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa, el apoyo a las víctimas de la violencia y el terrorismo, así como muchos otros. 
Sin embargo, en lo que respecta a los derechos humanos en las prisiones, el apartado 76 expresa que «Reafirma el principio según el cual la reclusión debe producirse EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS en un lugar próximo al medio familiar y social». 
La introducción en la Comisión de Libertades Públicas de la expresión «en la mayoría de los casos» restringe un derecho que es universal, que está reconocido implícitamente en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, y que por tanto sitúa su ejercicio en el ámbito de la arbitrariedad de los gobiernos. 
Por este motivo me he abstenido en el voto final. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado a favor del informe anual del Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995) , a excepción del punto 159. 
Opinamos que, en términos generales, el informe es satisfactorio. 
La oposición contra el punto 159 se debe únicamente a que incluye un error de hecho. 
El derecho penal danés incluye una prohibición clara de la tenencia de fotografías, películas, etc. de niños practicando el coito u otro trato carnal que no sea el coito. (apartado 2 del artículo 225 del código penal). 
Esta prohibición incluye también los escritos pederastas. 
He votado con mi Grupo (PPE) en contra de la resolución Roth, aunque apoyaba más de 90 de sus párrafos y apreciaba múltiples aspectos del trabajo de la ponente. 
Pero en el informe figuran imprecisiones y excede el ámbito de un trabajo de este tipo, que debería ser sobre todo, una contribución a la publicitación de problemas de derechos fundamentales de la persona en la Unión Europea, que merecen una mayor atención y un mejor tratamiento. 
En compensación, me parece que los derechos sociales y medioambientales no sólo tienen un significado diferente, sino que, además, deberían ser objeto de un análisis especializado, mediante las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo. 
Aparte de ese criterio general que ha contribuido a determinar mi posición final sobre el conjunto del informe, mis criterios de voto sobre los párrafos desglosados han sido los siguientes: 
he votado a favor de numerosos párrafos sobre los mecanismos para fortalecer los derechos humanos, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libre circulación, derechos de acceso a la justicia, derechos de las personas detenidas, lucha contra el racismo y la xenofobia, derecho a la vida privada, derecho a la no discriminación y derechos de los niños; 
he votado en contra de los párrafos en que se mencionan determinados Estados miembros sin que hayan tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos y sobre los que se debe presumir que se comportan como Estados de Derecho, además de los párrafos en que se impugnan las políticas nacionales sobre el asilo y la inmigración, cuando, por lo demás, aún no existe una verdadera política europea en esa esfera; 
me he abstenido en relación con los párrafos sobre los derechos humanos fuera de la Unión Europea o relacionados con hecho ocurridos en años distintos de 1995, así como párrafos que mezclan lo verdadero con lo falso, lo que redunda en la creación de medias verdades. 
Consideramos muy positivo que el Parlamento Europeo analice de forma seria y profunda el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, tanto más cuanto que se da una tendencia excesiva y ligera a emitir juicios de valor sobre lo que ocurre, en ese ámbito, fuera de ella. 
En efecto, diversos e importantes son los problemas que se comprueban a ese respecto en la Unión Europea. 
No pocas veces se ponen en entredicho los derechos y las libertades fundamentales. 
Se extienden los fenómenos de racismo y xenofobia. 
Aumenta la tendencia a poner limitaciones al derecho de asilo. 
Aumentan las discriminaciones de todo tipo. 
Y van- conviene subrayarlo- particularmente en aumento los fenómenos negativos en la esfera social, que, contrariamente a lo que sostienen ciertos sectores de esta Asamblea, no se pueden dejar de examinar en este ámbito. 
El derecho al trabajo, a un empleo estable, a una seguridad social decente y, por último, a una vida digna son, inequívocamente, vertientes esenciales de los derechos de la persona humana; como también se deben incluir en este ámbito las luchas contra el desempleo, la pobreza, la exclusión y la marginación. 
La Sra. Claudia Roth plantea, en lo esencial, exhaustiva, positiva y adecuadamente este asunto en su informe. 
Nos congratulamos de ello y, por consiguiente, hemos votado a favor. 
Por las mismas razones hemos votado contra las propuestas presentadas y que se oponen al sentido dado a ese planteamiento. 
En la cuestión de los derechos humanos, Europa tiene que defender a nivel mundial su buen nombre. 
Por ello, lamento profundamente que la oposición de algunos Estados de la UE en contra de una resolución en la que se analizaba críticamente la situación de los derechos humanos en China, haya conducido a que Europa no presente ahora ninguna resolución sobre los derechos humanos ante la ONU. 
La consideración de intereses comerciales ha desplazado el debate sobre los derechos humanos. 
Quiero denunciar esta actitud escandalosa con mi voto negativo. 
Los derechos humanos no tienen color de partido. 
No son ni cristiano-demócratas ni socialistas. 
Tienen una validez universal, tal como se refleja en los convenios internacionales. 
Por ello, hay que definir con claridad los conceptos y aplicar estos principios generales estrictamente. 
Lamentablemente, en el informe Roth no es este el caso. 
El informe está coloreado ideológicamente y contiene además numerosos elementos que tienen mucho que ver con la política económica, social y de medio ambiente pero nada con los derechos humanos. 
En una mezcolanza de enumeraciones, un catálogo de temas y problemas que todos juntos no significan nada. 
Habría deseado que se hubiese referido a los derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, a una defensa adecuada ante los tribunales, a la libertad de expresión, a la vida privada, a la no discriminación... 
Un informe sobre este tema debe, en mi opinión, centrarse en los ataques a los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de asociación. 
Asimismo, debe analizar y advertir sobre los casos en que no se respeten estos derechos en los Estados miembros de la UE, por ejemplo, el de la asistencia jurídica de un abogado o el derecho a cumplir un servicio social sustitutivo del militar. 
Pero ampliar el concepto, como hace el informe, e incluir el derecho a la libre circulación en la Unión, a la seguridad social, y a cuidados médicos entre otras cosas, es entrar dentro de unos ámbitos políticos diferentes. 
Si se ampliara este informe anual, tendría que advertir sobre cualquier carencia siguiendo un modelo fijo de calidad de vida, como el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar en su medio ambiente inmediato de jardines públicos a cargo de sus ayuntamientos. 
Nunca está fuera de lugar, por supuesto, exigir mejores condiciones en materia de cuidados médicos. 
Pero no es de esto de lo que se trata. El motivo de nuestras críticas es que con esta ampliación se está confundiendo la noción de derechos humanos con la de calidad de vida. 
La idea de «derecho humano» tiene en un contexto internacional un contenido relativamente unívoco. 
En el apartado 119 de la propuesta de resolución se lamenta que en un número creciente de ayuntamientos, especialmente de Francia y Alemania, se prohiba la mendicidad. 
Con esto es como si implícitamente se considerase la mendicidad como si se tratase de una actividad lucrativa más de una proporción de los ciudadanos. 
Esto no podemos aceptarlo. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Crecimiento, empleo y convergencia (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A4-0111/97) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe Económico Anual de la Comisión (COM (97) 0027- C4-0078/97) para 1997- Crecimiento, empleo y convergencia en el avance hacia la UEM. 
Mientras que nuestros gobiernos se empeñan en la consecución de los criterios de convergencia, los índices de paro se niegan a disminuir efectivamente. 
Sabemos lo que pasa. 
El crecimiento económico en la Unión resulta demasiado reducido; con vistas únicamente a absorber los aumentos de productividad y el incremento de la oferta de trabajo se hace necesario un crecimiento promedio de 2, 5 %. 
Esta cifra nos resulta sin embargo imposible de alcanzar, siendo escasas además las perspectivas para el porvenir. 
¿Cómo es posible que la economía de la Unión Europea se resista así a crecer de manera sólida? 
A esta pregunta la Comisión carece de respuesta. 
Al igual que el año pasado, llega a la conclusión de que todos los factores de oferta tales como la inflación y los tipos de interés son favorables para un nivel mayor de crecimiento, pero en realidad la Comisión se niega a aceptar que las economías de un promedio de 1, 5 % del producto nacional bruto que los Estados miembros se proponen alcanzar en 1997 se hallan relacionadas enteramente con ese bajo nivel de crecimiento. 
La Comisión asegura por ejemplo en las páginas 77 y 78 del Informe Económico Anual que una continua disminución de los intereses y los títulos de confianza habrá de compensar la merma de la demanda a través de recortes. 
Esta concepción le exonera indebidamente de la obligación de exigir a los Estados miembros que se hallan en la posición de orientar sus políticas hacia el mantenimiento y el fomento del crecimiento que hagan lo mismo. 
El estímulo del empleo a través del fomento del crecimiento debe no obstante recibir en toda la Unión por lo menos la misma prioridad que la realización de los criterios de convergencia. 
Es evidente además que el fomento del crecimiento y el logro de los criterios de convergencia no son contradictorios entre sí. 
Un nivel mayor de crecimiento asegura no sólo un mayor nivel de empleo sino que favorece a su vez la consecución de esos criterios de convergencia. 
Ambos objetivos, el empleo y la convergencia, constituyen una responsabilidad común de toda la Unión Europea. 
Por ese motivo cabe también esperarse que los países que satisfacen ya los criterios de la UME y que poseen niveles de crecimiento mayores conserven por lo menos este crecimiento también en beneficio de los demás Estados miembros. 
Señor Presidente, el año pasado fui ponente del Informe Económico Anual de 1996 y me hago perfectamente cargo de las dificultades que han tenido que superar tanto la Comisión como la ponente. 
Este año deseo felicitar a la Comisión por haber elaborado su Informe Económico Anual de manera más coherente y por haberlo presentado bastante antes que el pasado año. 
Quisiera felicitar a la Comisión también por el satisfactorio carácter realista del Informe Económico Anual de este año. 
En los dos últimos años se impuso la tendencia de mostrar un ligero exceso de optimismo en lo que respecta a las perspectivas económicas de la Comunidad Europea. 
Este año, muy acertadamente, la Comisión destaca que no se ha producido la más mínima mejora en la situación general del empleo aquí en la Comunidad. 
El paro sigue siendo el problema fundamental al que se enfrenta Europa. 
Como aparecía en la portada de la edición de esta semana de The Economist: ¡Europa no funciona! 
La respuesta al problema no está en manos de la Comisión, naturalmente, y menos aún del Parlamento Europeo; la respuesta está en manos de los Estados miembros. 
Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice la ponente en su informe, me complace comprobar que en él se reconoce- en el apartado 8 de la resolución- que los efectos nocivos de «los elevados costes reglamentarios no salariales de la mano de obra» tienen como resultado que las empresas se muestren reticentes a la hora de contratar al personal. 
Pero, por otro lado, hay una falta de realismo; en una referencia anterior en el párrafo ix) del apartado 5 tenemos el recital habitual de objeciones de izquierdas a las actividades de los especuladores. 
A menudo no nos damos cuenta de que los especuladores pueden ser los propios gobiernos de los Estados miembros, por ejemplo, que podrían retrasar sus cotizaciones a la Comunidad Europea con la esperanza de que mejoren los tipos de cambio de sus respectivas monedas nacionales con respecto al ecu. 
Hay algo, sin embargo, sobre lo que quisiera llamar la atención: el apartado 26, donde se pide que se ponga fin a «la competencia desleal fiscal en la Unión Europea». 
Si la fiscalidad es «desleal» , ello se debe a que algunos Estados miembros mantienen unos niveles fiscales demasiado elevados, y el efecto de la competencia fiscal, al igual que en las tarifas aéreas y en todo lo demás, debe servir para reducir los índices fiscales. Ello incrementaría la competitividad de Europa y además tendría como resultado la reactivación del mercado laboral europeo. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero exponer mi opinión sobre nuestras enmiendas, concretamente sobre la nº 9, relativa al crecimiento, el empleo y la convergencia en el camino hacia la UEM. 
El crecimiento económico por si solo es un indicador insuficiente para enfrentarse al paro o hacerlo retroceder. 
Si se piensa que en Alemania se promete que la cifra de desempleados va a reducirse a la mitad hasta el año 2.000, se puede comprender que tal exageración se realice también en Europa. 
Considerar el crecimiento como el único objetivo y motor para los sistemas económicos europeos es totalmente erróneo. 
La economía solamente debe considerarse en consonancia con la ecología, lo que lamentablemente se hace con demasiada lentitud en lugar de con mayor claridad y con mayorías. 
Al Informe Económico Anual- de lo que se habrán dado cuenta en el debate de hoy- le falta una filosofía económica europea orientada hacia el futuro. 
Utilizo a propósito la palabra filosofía. 
Se deja de lado sencillamente que en Europa necesitamos una adaptación de los sistemas económicos entre si. 
Por ejemplo, en Alemania, con una cuota estatal del 51 %, la situación es totalmente diferente que en Inglaterra o Grecia. 
Es decir, también deberíamos plantearnos esta cuestión de la cuota estatal y de la adaptación de los sistemas económicos. 
Permítame decir lo siguiente en el marco de la Unión Monetaria: no debemos comenzar mintiendo a nuestros ciudadanos. 
Me dirijo en especial al Sr. de Silguy. 
En el punto 12 del Informe Económico Anual se llama la atención sobre los compromisos para las pensiones y sus reservas. 
Si ocurre como en Alemania, que estos compromisos para las pensiones no aparecen, tampoco en el marco de los criterios de la UEM, entonces se comienza con una mentira y los criterios no se cumplen claramente. 
Tenemos que ser creíbles; a más tardar los empleados de Correos en la República Federal de Alemania verán que algo no encaja. 
Quiero llamar la atención sobre un último aspecto: en la traducción alemana se dice en la enmienda 5 «en una regulación insuficiente». 
Esto está mal traducido, debería decir «en una regulación inefectiva». 
Señor Presidente, en el informe de la Sra. Randzio-Plath se dice, entre otras cosas, que no se puede aceptar la propuesta de la Comisión en favor de una mayor diferenciación salarial entre las regiones. 
Me parece una declaración muy simpática, ya que este tema no concierne ni a la Comisión ni al Parlamento, sino que depende de las decisiones que adopten a escala nacional los interlocutores sociales o los parlamentos nacionales, según las normas de cada país. 
El informe anual de la Comisión manifiesta el deseo de una mayor diferenciación salarial dentro de los diferentes sectores. 
Es una lástima que la ponente no esté presente, ya que me gustaría conocer su opinión sobre este tema. 
El informe apoya plenamente el Libro Blanco de Delors sobre crecimiento, competitividad y empleo, lo cual me extraña, ya que éste fomenta una mayor diferenciación salarial. 
Tampoco puedo apoyar las propuestas sobre la introducción de un salario de reinserción para los menos cualificados, los jóvenes y los desempleados de larga duración, ya que, por lo menos en mi país de origen, esto supone una clara violación del derecho de libre negociación de los interlocutores sociales, y la propuesta de una especie de gobierno económico a escala comunitaria es un error manifiesto. 
Hay que mantener la calma y valorar si la aplicación de los criterios de convergencia de la Unión Monetaria no es la verdadera causa de la tasa de desempleo inaceptablemente alta que hay en todos los Estados miembros de la UE, en vez de creer que el problema del desempleo puede solucionarse con la entrada en vigor de la Unión Monetaria. 
Debemos escuchar las fuertes protestas contra los planes de la Unión Monetaria en los diferentes Estados miembros. 
Señor Presidente, coincido con la ponente cuando dice que el Informe Económico Anual es demasiado optimista y que no toma suficientemente en serio el creciente desempleo. 
La competitividad se vincula de un modo demasiado unilateral a los costes laborales mientras que los importantes sectores de la creatividad e innovación, tanto en la producción como en las ventas, se dejan algo de lado. 
La euforia consolidadora del sector público y del sector privado está dirigida demasiado hacia la racionalización y demasiado poco hacia las inversiones. 
El ejemplo de Francia muestra que el mero descenso de los costes laborales no puede mejorar la competitividad, pues allí no se ha reducido el paro a pesar del descenso de los costes laborales y lo que más bien se ha producido es unas pérdidas adicionales de sectores del mercado. 
Por ello, en el futuro va a ser importante observar críticamente las estructuras de gastos de la Unión Europea. 
Mientras la gran parte de las aportaciones de los miembros fluya a apoyar el exceso de producción agraria y se empleen unas sumas comparativamente menores para investigación y desarrollo, no deberíamos sorprendernos de que se reduzca la competitividad en la Unión Europea. 
Señor Presidente, el gran debate, que proyecta una sombra sobre el informe económico anual de la Comisión es, por supuesto, el del empleo. 
Sabemos que no podemos estar satisfechos, en este sentido, con el pensamiento único y que es necesario buscar otra cosa. 
No podemos sentirnos satisfechos con políticas económicas a nivel nacional, cuando la política monetaria lo será a escala europea. 
No podemos permitir que se desarrolle el paro, la pobreza y la exclusión y confiar exclusivamente en el mercado. 
El excelente informe de mi colega, la Sra. Randzio-Plath, tiene la intención de dar una lección de voluntarismo en este sentido y, con el permiso de ustedes, quisiera extraer dos ideas. 
La primera es la necesidad de dar una dimensión europea a la política económica. 
Señor Presidente, señor Comisario, procedo de Luxemburgo, un país que desde hace diez años crea miles de empleos netos anualmente y, sin embargo, el desempleo sigue subiendo inexorablemente. 
¿Por qué? 
Porque este país se encuentra en el centro de una cuenca de empleos transfronteriza donde el paro alcanza entre el 10 % y el 15 %, e incluso más. 
Esto muestra bien que un país que lleva a cabo una política de crecimiento más rápida que sus vecinos sostiene ante todo la economía de éstos. 
Y, si pretendemos que las políticas nacionales tengan éxito, es necesario, cuando menos, velar por su coordinación en el plano europeo. 
La segunda idea es la necesidad de una política de crecimiento común. 
Los dogmáticos recalcitrantes dicen que no, que eso es imposible. 
Totalmente identificados con los criterios de convergencia para acceder a la moneda única, no desean soltar ni una moneda de más para el presupuesto comunitario ni ocuparse del vecino. 
Los socialistas dicen que sí. 
Sin caer en un keynesianismo complaciente, piensan que se puede actuar en función de la demanda, incluso con un presupuesto europeo que alcanza sólo el 1, 27 % del PIB. 
Si se me permite, señor Presidente, parafrasear a Jacques Delors, la Unión Europea, que toma prestado para prestar a Hungría o a Bulgaria, ¿no lo haría para invertir en su calidad de vida o en el futuro de su juventud? 
Señor Presidente, creo por tanto que, tal como propone el ponente, debemos disponer de una política económica de dimensión europea y, sobre todo, de una política económica de crecimiento. 
Señor Presidente, para dar gusto al Sr. Fayot voy a parecer probablemente un defensor del pensamiento único, pero no importa, lo asumo. 
Quisiera al mismo tiempo responder al informe económico anual y al del Parlamento. 
Con respecto al informe económico anual, seré menos crítico que la Sra. Randzio-Plath, aun cuando tendría algunas observaciones que hacer con respecto al texto de la Comisión. 
Al igual que la Comisión, creo que hay que saludar la mejora de los resultados económicos de la Unión Europea, y el relanzamiento en curso debe estimularnos a proseguir en la dirección fijada. 
Dicho esto, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, no se trata de dormirse en los laureles, pues nos encontramos lejos del objetivo en lo que respecta al crecimiento y a la tasa de desempleo que, sabemos, continúa siendo dramáticamente elevada. 
¿Por qué este bajo nivel de crecimiento y esta fuerte tasa media de desempleo en Europa? 
Hay que decir que en gran parte se debe a malas políticas económicas aplicadas desde el principio de los años 90: una política presupuestaria demasiado laxa, una política monetaria mal llevada, al menos hasta un período reciente, y un mercado de trabajo demasiado rígido. 
Así pues, Señorías, debemos saber extraer las lecciones de estos ejemplos del pasado. 
No será relajando la disciplina presupuestaria como se resolverán nuestros problemas de crecimiento y de empleo, no será relajando la política monetaria como se resolverán nuestros problemas de crecimiento y de empleo. 
El informe que nos presenta la Sra. Randzio-Plath, al proponer este tipo de medidas, se equivoca de objetivo. 
El descenso de los tipos de interés reales que, con toda razón, ha pretendido nuestra ponente, no resultará de este tipo de relajación. 
Procederá de la prosecución del saneamiento presupuestario, de la supresión de las primas de riesgo de los tipos de interés y por consiguiente de un entorno monetario y fiscal estable. 
Al contrario de lo que se nos ha propuesto, debemos bajar el gasto público y las retenciones obligatorias, y para ello será necesario que apliquemos una serie de reformas estructurales con el fin de que esas bajadas se produzcan realmente y sean duraderas. 
En esta perspectiva, en Europa tenemos dos grandes trabajos. 
El primero es relativo a la reforma del mercado de trabajo, que deberá flexibilizarse, como norma general, si no en todos los países. 
Ante todo debemos acelerar la bajada de los costes laborales, sobre todo los menos cualificados, al contrario de lo que ha dicho uno de los oradores anteriores, ya que es ahí donde se encuentra la clave del desempleo, del desempleo de los menos cualificados, que es el más importante en los diferentes países. 
Y para ello no hay otra solución que bajar las retenciones obligatorias. 
Lamento un poco que la Comisión no haya insistido más en esta cuestión, aunque la haya mencionado. 
El segundo gran trabajo es el relativo al problema de la mundialización y el progreso técnico. 
El Informe Económico Anual le dedica un capítulo interesante. 
En ese caso también, creo que el tema habría merecido desarrollarse. 
Quizá ocurra en la próxima presentación. 
Quisiera insistir sobre un hecho en este sentido, y es que no hay ninguna razón a priori para que la mundialización no conduzca a la creación de empleo, aun cuando, a corto plazo, sabemos que ello plantea una serie de problemas. 
Y con esto termino señor Presidente. 
Sólo quisiera añadir que, con el grupo del PPE, he propuesto, así como el Sr. Herman, una serie de enmiendas; la suerte que se les reserve determinará, evidentemente, la votación del grupo. 
Señor Presidente, durante veinte años ha existido en la Unión Europea el desempleo en masa. 
Uno de los motivos ha sido la implantación de unas teorías económicas ortodoxas dentro del pensamiento económico. 
Por eso el informe Randzio-Plath representa un giro afortunado. Defiende una política expansiva y ofensiva. 
Da muestras de conocimiento del papel activo que detentan las estructuras públicas dentro de la política financiera. Con ello el informe rompe con el conformismo ideológico que acostumbra a caracterizar los debates que se celebran dentro de la Unión europea y sus organismos. 
Pero hay una contradicción en la confianza de que da muestra el informe hacia la unión monetaria. Precisamente es el sistema normativo de la UEM el responsable con mucho de la política causante de la depresión económica. 
Si queremos luchar contra la crisis a largo plazo tendremos que ir renunciando a la convergencia. 
Habrá que establecer una nueva cooperación monetaria más libre a un nivel más global. 
A pesar de estas objeciones, el informe enciende una pequeña luz entre las tinieblas del dogmatismo. 
Señor Presidente, quejarse no basta para resolver los problemas del desempleo en Europa. 
Los obstáculos para un verdadero crecimiento de la economía y del empleo son ya conocidos, y la mayor parte de los Estados miembros compiten para proponer soluciones que luego no ponen en práctica. 
Italia es un modelo negativo que no hay que imitar, y la norma según la cual se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias sigue estando de moda. 
El subsidio de desempleo sirve sólo para las grandes empresas, mientras que está prohibido para los pequeños empresarios. 
¿Qué espera esta Unión para comprometerse de manera concreta, basándose en proyectos precisos, a favor de las pequeñas y medianas empresas? 
Los datos de que disponemos confirman que sólo ayudando a la pequeña y mediana empresa se resuelven los múltiples problemas económicos y de empleo. 
No perdamos más tiempo e invirtamos en las infraestructuras, en las redes de transporte, en el medio ambiente, en la energía; organicémonos mejor para que las pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse de las inversiones previstas para la investigación y los Estados miembros reduzcan la presión fiscal por lo que respecta a los impuestos y a las cargas sociales. 
Hemos recorrido un tramo de camino equivocado, pero podemos corregir el error haciendo cesar la competencia desleal en el sector tributario mediante un protocolo fiscal, a incluir en el Tratado de Maastricht, que contenga un código de buena conducta de los Estados por lo que se refiere a la imposición fiscal de las empresas y del capital. 
Señor Presidente, Señorías, el debate de esta tarde sobre el Informe Económico Anual de la Comisión me da pie, en primer lugar para felicitar sinceramente a nuestra compañera, la Sra. Randzio-Plath, por la calidad de su trabajo así como por el rigor e inteligencia que caracterizan todos sus trabajos. 
Este informe me lleva también, señor Herman, a decir que la Comisión ha trabajado bien, evidentemente, en el marco de los tratados que nos gobiernan y de las decisiones del Consejo, sin olvidar, claro está Sr. Herman, la ideología liberal dominante en la que se encuentra inmersa la Unión. 
Pero, cuando tenemos 18 millones de parados y 9 millones de personas que podrían incorporarse a la actividad si hubiera empleos suficientes, no podemos conformarnos con convergencias más o menos artificiales con vistas a la necesaria moneda única, no podemos conformarnos con un crecimiento pequeño sin impacto real en el desempleo, no podemos conformarnos con propuestas de tipo huida hacia adelante hacia una mayor flexibilidad laboral, menos protección social y más liberalismo. 
Aun estando de acuerdo con algunas de las propuestas de la Comisión sobre educación y formación y sobre las iniciativas locales para el empleo, al igual que muchos otros en este hemiciclo, digo que es necesario un tratamiento de choque con respecto al desempleo, con una estimulación eficaz de la demanda interior de bienes y servicios, una bajada de los tipos de interés, un crecimiento de la investigación y el desarrollo, un planteamiento menos dogmático e ideológico de los criterios de convergencia, una manera sin duda más suave de proceder a las reestructuraciones y, para terminar, una verdadera voluntad de desarrollo industrial. 
Sería necesario por consiguiente (y concluyo de manera general) que antes de cada decisión, todos aquellos que deciden analicen los efectos sobre el empleo a corto y a medio plazo. 
Será sólo de este modo como se recuperará la confianza y como, con una reducción progresiva del tiempo de trabajo, se reducirá finalmente el desempleo. 
Señor Presidente, señoras y señores, me parece lamentable que la colega no esté presente esta tarde en el debate. 
En cualquier caso, no la habría felicitado pues el informe no es tan bueno como otros dicen. 
Contiene una serie de contradicciones. 
Quiero felicitar a la Comisión por su buen y realista Informe Económico Anual. 
Señor Comisario de Silguy, todas las críticas que se le han hecho no están justificadas, pues a la postre son los Estados miembros los responsables de la política financiera y económica. 
No se puede hacer a la Comisión responsable por la suma de fallos de todos los Estados miembros. 
El problema principal en Europa- lo que ya han dicho muchos- es el elevado desempleo, tanto el estructural como el coyuntural. 
Un crecimiento económico más fuerte no es suficiente por si solo para superar estas carencias estructurales. 
Es necesario para crear nuevos puestos de trabajo pero no suficiente. 
El Comisario ha dicho acertadamente en su informe que Europa se ha decidido por una clara vía de economía de mercado. 
Con el programa del mercado interior, el Tratado de Maastricht y la Unión Económica y Monetaria se han mostrado unas vías claras y prometedoras de éxito para la mejora de la competitividad de los puestos de trabajo europeos. 
Los puntos centrales son la libre circulación de mercancías, servicios y personas, el aumento de la competitividad mediante la liberalización y privatización en importantes sectores como las telecomunicaciones, el transporte, correos o la energía, la ampliación de las redes transeuropeas, para las que aún falta el dinero, así como el retraimiento del Estado y la reducción de los gastos estatales, lo que así se ha regulado en el Tratado de Maastricht. Todos estos son importantes puntos, así como la lucha contra la inflación y la convergencia de la política económica y financiera. 
El valor interno estable de la moneda es garantizado en especial por una tasa de inflación reducida. 
Aquí Europa puede mostrar muchos éxitos. 
Estamos de acuerdo- por lo que la exposición que hace el informe de la Unión Económica y Monetaria es correcta- en que podemos alcanzar la tercera fase del euro sin ablandar los criterios del Tratado. 
Pero lo que no podemos hacer- y aquí se contradice el informe de la Sra. Randzio-Plath- es intentar encontrar soluciones mediante programas estimuladores a corto plazo de la coyuntura al estilo Keynes, que generan fatas morganas en los sitios erróneos. 
Por el contrario, lo que debemos hacer es reducir los déficits estructurales en los lugares adecuados, tal como ha dicho el Sr. Fourcans y ha documentado en sus enmiendas. Las inversiones públicas deben ser una base para la actividad privada y no sustituir ésta. 
Pero ante todo debemos fomentar la flexibilidad del mercado laboral y reducir lo antes posible los problemas del mercado interior, por ejemplo, los obstáculos que aún existen. 
Por ello, señor Comisario, le ruego que no abandone esta buena vía y que prosiga su política tal como la ha iniciado. 
Señor Presidente, el excesivo optimismo del informe de la Comisión es provocador: habla de una transición lograda hacia la UEM, de un aumento real del PIB, de nuevos puestos de trabajo, de una recuperación dinámica de la economía. 
En nuestro país, señor Presidente, se utiliza una expresión para decir que una persona mantiene una distancia respecto de la realidad que es autodestructiva. 
Llama realmente la atención la insistencia con que persiguen una política que hunde a los ciudadanos europeos cada día más en el desempleo, la pobreza y la marginación. 
El modelo social europeo está en declive, el trabajador se transforma día a día en una mera persona «empleable» , las conquistas laborales de todo un siglo de luchas y sacrificios se desintegran, al mismo tiempo que las exigencias de los bancarios se ponen por encima de la democracia de los ciudadanos. 
En mi opinión, no hay otro camino que el de la movilización popular y la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos. 
Sólo de esta manera, quizás, la Unión Europea saque las conclusiones necesarias. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, había preparado una especie de discurso, pero no se lo voy a leer, puesto que prefiero responder a determinados comentarios que han hecho los diputados del lado opuesto. 
Entre otras cosas, se ha dicho que ¡no debemos dormirnos en nuestros laureles! 
¿Dónde ha visto usted los laureles? 
Espinas es lo que encuentran los trabajadores de su país, y sobre ellas es un tanto difícil dormirse. 
He oído también que debemos reducir los impuestos y las tarifas de los billetes de avión. 
¿Hasta qué punto debemos reducirlos? 
¿Hasta que empiecen a caer los aviones? 
¿Vamos a realizar un análisis de coste-beneficio entre el margen de rentabilidad para las empresas y el valor añadido de las vidas de los pasajeros que se perderían? 
Desde el punto de vista económico, sería muy razonable: el valor de la vida de los pasajeros es limitado. 
El margen de beneficios podría pagar con creces estas vidas. 
¿Vamos a hacer una tasación de este tipo? 
La economía no es una ciencia objetiva, sino una ciencia llena de tasaciones de valores y, antes de que lleguemos a las cuestiones técnicas, queremos saber cuáles son los valores que nosotros defendemos y a los que la economía sirve. 
No soy de los que creen que el desempleo debe utilizarse como instrumento para domar la inflación. 
Su informe apoya esencialmente esto. 
No lo dice así, naturalmente, porque sería demasiado provocador, pero esencialmente apoya que el desempleo se utilice para frenar la inflación. 
Nos gustaría tener otro informe, porque hay formas diferentes de controlar la inflación, que no consisten en parte de dejar que el desempleo arrase, alcanzando el 12 % hoy, el 20 % mañana y el 30 % pasado mañana. 
¿Adónde irá a parar esta historia, esta historia que empezó en 1970, precisamente porque había que detener la estanflación en perjuicio de los trabajadores? 
Esta es la esencia de todos estos papeles que nos traen. 
Año tras año, nos vuelven a repetir las mismas cosas. 
No hacen nunca el más mínimo esfuerzo por encontrar otra salida. 
Para terminar, quisiera referirme a la propuesta que ha hecho esta mañana el Sr. Donnelly, de que se escuchen por fin otras voces a través del informe, para que dejemos de volver una y otra vez al mismo callejón sin salida al que nos han condenado. 
Señor Presidente, me sorprende bastante que en su informe anual la Comisión aboga por una mayor diferenciación de salarios entre las regiones. 
Me ha sido imposible hallar argumentos a favor de esa propuesta. 
Sé perfectamente que en todo caso en la realidad el ciudadano europeo debe encarar ya un sinnúmero de dificultades planteadas por las divergencias salariales existentes y las desigualdades competitivas que de ello resultan. 
Por consiguiente, lo único que puedo esperar de esta propuesta de la Comisión es que conducirá a una presión descendente sobre los salarios y en definitiva también sobre las prestaciones que en numerosos países están asociadas directamente con los salarios y por supuesto a los salarios mínimos. 
Considero verdaderamente escandalosa la proposición de la Comisión que no tiene el valor al mismo tiempo de presentar una directiva que asegure salarios mínimos. 
Dicho de otra manera, se nos aparece con una propuesta que conduce a una presión descendente y además de ello se niega a aportar una directiva que asegure a los ciudadanos europeos la necesaria protección mínima. 
Por lo tanto, me parece que lo único razonable que pueden hacer es retirar esta propuesta sin más tardar. 
Existe además otra razón para oponerse a esta proposición y es el hecho de que una evolución de este tipo habrá de debilitar muy fuertemente la posición de los sindicatos, lo cual resulta absolutamente injustificado. 
En el marco de la concertación social al que nos remitimos constantemente se hace más bien necesario contemplar de qué manera resulta posible fortalecer dicha posición, de qué manera podemos brindarle un mayor contenido. 
Y por último, uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos es la tendencia existente a las dislocaciones de empresas a otros países de la Unión. 
A lo único que puede llevar la propuesta de la Comisión es precisamente a fortalecer esa tendencia. 
Se me hace incomprensible en absoluto que no se haya tomado en consideración este riesgo. 
Estimo que una de estas tentativas consiste en hacer resaltar una vez más la denominada queja relativa a la movilidad, la falta de movilidad, de los trabajadores. 
Si lo que se desea es fortalecer la movilidad de los trabajadores, deberá entonces velarse por que finalmente por una vez se haga algo con respecto a la armonización de los salarios y de los sistemas de seguridad social. 
Será entonces que por fin podremos ofrecer seriamente una solución por ejemplo a los problemas que se plantean a los trabajadores fronterizos entre Alemania y los Países Bajos, entre los Países Bajos y Bélgica, casos en los cuales desde hace ya diez años viene investigándose de manera adecuada y para los cuales la Comisión se muestra incapaz de ofrecer siquiera un instrumento sensato. 
Señor Presidente, desearía detenerme en primer lugar en el Tratado de Maastricht, en la Unión Monetaria y en los criterios de convergencia. 
Aceptamos sin ningún equívoco el concepto de los criterios de convergencia, mediando una interpretación correcta de los mismos. 
Al mismo tiempo rechazamos las simplificaciones y discusiones simbólicas, y al consultar en los últimos días el periódico y leer las informaciones sobre el reciente Consejo ECOFIN, me temo que dentro de poco habremos de caer en una discusión de símbolos y que una interpretación responsable, según la letra y el espíritu del Tratado de Maastricht, de los criterios de convergencia, se hace cada vez más difícil. 
En segundo lugar, debemos prepararnos por supuesto al período de acceso a la tercera fase de la Unión Monetaria. 
A este respecto deseo remitirme a las declaraciones del Sr. Cassidy en materia de competencia fiscal. 
De hecho, colega Cassidy, temo seriamente los efectos de la competencia fiscal sobre los fundamentos fiscales que se desplazan con particular facilidad entre los diversos Estados miembros. 
Temo seriamente que se destinen recursos cada vez a la protección social y temo por tanto fuertemente que de producirse la Unión Monetaria sin una coordinación fiscal pero, eso sí, con una competencia fiscal, la protección social se verá cada vez más amenazada. 
En tercer lugar, la semana pasada se dio la última mano al pacto de estabilidad, que ha venido a denominarse ahora pacto de crecimiento y de estabilidad. 
Señor Comisario, desearía pedirle que nos explicara en qué lugar, en cuáles textos de ese pacto de estabilidad se describe el «crecimiento» como un objetivo voluntarista. 
El pacto de estabilidad se basa justificadamente en el hecho de que los criterios de convergencia deberán de hecho seguir siendo controlados incluso después de la tercera fase. 
Estoy de acuerdo con este principio. 
Pero lo que falta al pacto de estabilidad es el componente de crecimiento. 
Le pido muy encarecidamente preste atención a esta cuestión. 
De lo contrario, y si experimentamos esto en nuestro país, si usted persiste en que será el mercado libre monetario el único responsable del porvenir de los ciudadanos de Europa, esto puede significar tal vez el riesgo de suicidio del proyecto europeo a nivel de la ciudadanía y es esto lo peor que podría suceder. 
Señor Presidente, el rasgo más saliente del Informe Económico Anual es el de la autocomplacencia exhibida por la Comisión al enjuiciar la situación económica de la Unión. 
La consecuencia que de ello se deriva es una actitud de pasividad que confía toda la certeza económica al manteniento de unos sanos equilibrios o fundamentos macroeconómicos, especialmente en materia de finanzas públicas y de inflación, como si ello bastara para asegurar el crecimiento y la creación de empleos. 
Las evidencias que muestran las diferentes economías no confirman este análisis. 
Los fundamentos macroeconómicos mejoran, se progresa en la convergencia nominal, pero no se acaba de superar la pausa en el crecimiento y el desempleo sigue en niveles intolerables. 
Como toda explicación, la Comisión sigue recurriendo al difuso concepto de falta de confianza. 
La situación es en cambio vivida por el ciudadano corriente como el horror económico que da título a un conocido best seller francés reciente. 
Por nuestra parte, debemos subrayar que la situación económica en la Unión muestra unas carencias importantes en aspectos cruciales. 
A pesar del elevado nivel de ahorro, la inversión ha descendido de manera apreciable respecto al pasado. 
La inversión pública está resultando la gran perjudicada en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas de los diferentes Estados miembros. 
Por ello, proponemos que a la hora de enjuiciar los déficits públicos excesivos se tenga en cuenta la fundamental distinción entre gastos corrientes y gastos de capital, entre déficit para financiar gastos corrientes o para financiar gastos de inversión. 
Más preocupante aún es el retraso en el campo de la investigación y desarrollo, especialmente en el ámbito relacionado con la sociedad de la información. 
Es urgente poner en marcha una estrategia europea en este campo que permita aprovechar las ventajas propias del espacio económico integrado al nivel de la Unión. 
Porque en este campo en el que la actuación de los poderes públicos es determinante se sigue actuando en orden disperso, cada Estado por su cuenta, con un nivel muy escaso de coordinación y menos aún de actuación directa por parte de las instituciones comunitarias. 
En conclusión, los socialistas pensamos que no es correcto reducir toda la política económica al objetivo de asegurar un entorno macroeconómico saludable. 
Es necesario, además, comprometerse en una política activa de empleo, de formación, de inversión, de estrategia de investigación y desarrollo, una política más activa desde el lado de la oferta, y también en el de la gestión de la demanda agregada. 
Esperamos que estas consideraciones sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar las líneas generales de la política económica. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme en primer lugar dirigirme a la Sra. Randzio-Plath que, en su brillante exposición, ha demostrado o tratado de demostrar que la primavera era todavía muy fresca. 
Sin duda, hacía alusión a la temperatura de esta mañana en las calles de Estrasburgo. 
Quizá como yo, después de almorzar, ha podido darse cuenta de que la temperatura había subido. 
Esto me lleva a pensar que no porque una primavera sea fresca haya de seguirse un hermoso verano y una excelente cosecha en otoño. 
Pero, para recolectar mucho, Sra. Randzio-Plath, hay que trabajar también mucho. 
Las condiciones meteorológicas no lo explican todo. 
En definitiva, eso es lo que hemos pretendido con el Informe Económico Anual, que contiene todos los elementos necesarios para una estrategia de política económica de conjunto, no solamente sobre la convergencia y la Unión Económica y Monetaria, sino también para el crecimiento y el empleo, que son los dos temas que quisiera abordar a continuación. 
Sin embargo, permítanme que haga un paréntesis, en honor al Sr. Donnelly (que por desgracia no se encuentra presente para oír mi respuesta, pero que podrán transmitírsela) : ha pedido que se dé al Informe Económico Anual (IEA) una mayor publicidad, una explicación pública más amplia. 
Personalmente, encuentro esta idea interesante. 
En primer lugar, podemos pensar que el ponente para el próximo IEA sea designado más rápidamente y que, con otros parlamentarios, podamos mantener debates preparatorios antes de proceder a la publicación del Informe Económico Anual. 
Podemos también pensar en un debate público con economistas, instituciones de investigación, periodistas y diputados. 
Estoy dispuesto a reflexionar sobre todas estas soluciones y a trabajar por ello. 
Esto es lo que me permite responder al Sr. Donnelly. 
Voy, pues, a mis dos temas (sobre los que desearía insistir) para no abusar de su tiempo. 
En primer lugar, el crecimiento. 
Creo que muchas preguntas han girado en este hemiciclo en torno al problema de cómo aumentar el crecimiento. 
En primer lugar, diré que el crecimiento (por desgracia quizás) no se crea por decreto. 
Resulta principalmente de fundamentos económicos sanos. 
Señor Willockx, lo siento, los déficits públicos nunca han creado empleo. 
Si así fuera estaríamos en situación se sobreempleo. 
Nos ha acusado usted de buscar ante todo una estabilidad excesiva, en detrimento de la política de empleo. 
Lo que digo, lo que pienso, es que la política económica sana es algo previo a la constitución de un marco económico favorable al crecimiento, incluso aunque (y en esto estoy de acuerdo con usted) no permita resolver todo el problema del desempleo, y estas políticas deban complementarse con otras. 
¿Por qué son necesarias las políticas económicas orientadas a la estabilidad? 
Porque garantizan un crecimiento a medio plazo, que se verá arrastrado por la demanda y sostenido por la inversión. 
En primer lugar, el crecimiento ha de ser sostenido por la demanda y en este sentido quisiera insistir en lo siguiente: la Comisión no discute el hecho de que la demanda deba acompañar al crecimiento y que la insuficiencia actual de la demanda interior explique en parte la prudencia del relanzamiento presente. 
Les recuerdo que el crecimiento era de un 1, 6 % en 1996 y que estará comprendido entre un 2 1/4 y un 2 1/2 % en 1997. 
Pero un mantenimiento artificial de la demanda, que amenazaría los fundamentos básicos por medio de una expansión presupuestaria o una evolución salarial demasiado rápida, sería contraproducente y, por consiguiente, poco duradero. 
¿Por qué? 
Porque un motor importante del crecimiento reside en los beneficios de productividad y porque la reducción de los precios relativos, en los sectores en los que la productividad aumenta fuertemente, permite aumentar la demanda para la compra de productos y servicios en aquellos sectores en los que la productividad aumenta menos rápidamente y en los que, sin embargo, se crea empleo. 
Esto es lo que se intenta demostrar en la página 34 del IEA. 
Tal como preconiza esta Asamblea, este proceso se ve facilitado por la supresión de obstáculos a la innovación y por una política de investigación y desarrollo mejor determinada. 
Pero debo añadir que la demanda vuelve a despegar actualmente en Europa, y sobre una base sana. 
La exportación ha sido el primer soporte, el primer apoyo. 
Ahora debería verse sustituida por el consumo privado, que debería crecer un 2 % en 1997 y un 2, 5 % en 1998. 
Estas mejores perspectivas de la demanda deberían estimular igualmente la inversión. 
Voy ahora a mi segundo punto, a saber, el crecimiento sostenido por la inversión. 
La Comisión comparte la preocupación de esta Asamblea, Sra. Randzio-Plath, sobre el relativo estancamiento de la inversión en Europa. 
Es cierto que hasta ahora el relanzamiento de la inversión global es aún tímido. 
Sin embargo, constatamos ya un mejor nivel en la inversión en bienes de equipos, aun cuando el sector de la construcción sea un poco reactivo. 
Creo, y no se trata de un excesivo optimismo, Sr. Ribeiro, que en la actualidad se dan todas las condiciones para un relanzamiento más completo de la inversión de las empresas, que representa a pesar de todo el 85 % de la inversión global, principalmente merced a una rentabilidad apropiada del capital invertido y a un policy mix más distendido. 
Sin embargo, más específicamente, con relación a la inversión pública, recuerdo que la Comisión ha insistido siempre, incluso en el informe anual para 1997, en preservar la inversión pública, pues representa un factor importante para el crecimiento a largo plazo. 
La Comisión también ha aportado su ayuda a los proyectos de inversiones comunitarias, comenzando por las redes transeuropeas. 
Esto es lo que deseaba decir muy rápidamente sobre el crecimiento, condición indispensable para la creación de empleo. 
Ahora, muy brevemente, porque el tiempo es corto, unas palabras sobre la segunda cuestión, a saber, la creación de empleo: ¿Cómo facilitar la creación de empleo en Europa? 
Sobre este punto también, el Informe Económico Anual incluye importantes análisis y recomendaciones con respecto al mercado de trabajo. 
Deseo recordar que, en este ámbito, estas medidas son esencialmente de competencia nacional, y el Sr. Langen lo ha señalado con toda justicia. 
También la Comisión invita a los Estados miembros a asumir sus responsabilidades sobre la materia. 
Quisiera muy brevemente abordar dos problemas, el mercado del trabajo y la política salarial (que han sido mencionados en este hemiciclo, esta mañana y esta tarde). 
En primer lugar, el mercado del trabajo. 
Es necesario llevar una política del mercado del trabajo más activa. 
Durante el período que siguió al primer choque petrolero, el nivel elevado de los costes laborales, salariales y no salariales y, en algunos casos, la existencia de reglamentaciones rígidas en materia de seguridad del empleo disminuyeron el interés del trabajo como factor de producción. 
Para seguir siendo competitivas, las empresas continuaron sustituyendo trabajo por capital. 
Sin embargo, los mercados de empleo en la Unión Europea se adaptaron progresivamente y ello condujo a una mejora considerable de la rentabilidad. 
El Sr. Berthu y el Sr. Lukas, pero también en cierta medida, la Sra. Randzio-Plath, han planteado la cuestión de las inversiones en racionalización (necesarias para conservar la competitividad, pero que pueden destruir empleo) para oponerlas a las inversiones en expansión, que aumentan nuestra capacidad de crecimiento y, por consiguiente, de empleo. 
El Informe Económico Anual analiza estos problemas en relación con la sustitución del trabajo por capital. 
Lo que necesitamos es añadir a las inversiones en racionalización muchas más inversiones en expansión, creadoras de empleo. 
Las condiciones de desarrollo en este momento son mucho más favorables. 
Pero los efectos de este proceso sobre el incremento de empleos debidos al crecimiento no son inmediatos. 
La Comisión también recomienda mejorar aún más la capacidad de los mercados del empleo, capacidad para adaptarse a los cambios económicos, sobre todo modernizando la organización del trabajo y aumentando la movilidad geográfica y profesional. 
La Comisión está convencida de que sería deseable aplicar soluciones pragmáticas para ampliar la escala de los costes laborales, en función de las cualificaciones y las regiones y, en cierta medida, en función de los sectores. 
Esto podría hacerse, por ejemplo, bajando los costes no salariales, disminuyendo las cargas fiscales de los trabajadores poco cualificados (coincido con lo que ha dicho el Sr. Fourçans en este sentido) e instaurando salarios de primer empleo para los trabajadores desfavorecidos. 
Pero esta adaptación del mercado del trabajo pasa también por una cierta diferenciación salarial, que deberán acordar los interlocutores sociales. 
De creer en su proyecto de resolución, si he entendido bien, una cierta diferenciación salarial entre las regiones sólo puede favorecer la revisión de los salarios a la baja, y provocar nuevas deslocalizaciones. 
Pues bien, la Comisión no comparte este punto de vista. 
Puedo tranquilizar a la Sra. Lis Jensen y al Sr. Wim van Velzen. 
¡Es todo lo contrario! , a condición de que se basen en diferentes niveles de productividad en función de las regiones, estas diferenciaciones no provocarían ningún desplazamiento de la actividad de una u otra región. 
Antes al contrario, permitirían la creación de nuevas actividades y empleos en regiones con una elevada tasa de desempleo. 
Permítame, señor Presidente, Señorías, como conclusión, señalar y recordar que el Informe Económico Anual responde a una estrategia global y coherente de crecimiento, de empleo y de convergencia que se desarrolla en Europa. 
Para demostrarlo está la bajada de los tipos de interés reales a corto plazo en Europa, cerca de 500 puntos de base desde 1993, es decir, una reducción histórica de un 70 % (para demostrarlo está también una bajada importante y probablemente más significativa en términos económicos, de los tipos de interés a largo plazo). 
El debate en el que hemos participado en el día de hoy nos permitirá, señor Presidente, Señorías, afinar nuestro análisis para la elaboración de las grandes orientaciones de política económica, que yo mismo vendré a presentarles a partir del próximo 23 de abril, es decir, el mismo día en que las apruebe la Comisión. 
Serán ustedes informados en tiempo real y, en ese momento, sobre la base de este análisis, podremos retomar juntos el debate sobre la política económica europea. 
Señor Comisario, una pregunta adicional: entre otras cosas, usted ha llamado la atención sobre la elaboración de las directrices de política económica. 
¿Podría explicar al Parlamento hasta qué punto está usted dispuesto a anticipar el diálogo para la elaboración de las directrices de política económica, de modo que sepamos en qué puntos se va incluir la posición del Parlamento Europeo, que mañana se va a acordar aquí, para que pueda tener lugar a tiempo un intercambio de opiniones entre el Parlamento y la Comisión antes del 23 de abril? 
Señora Randzio-Plath, en este asunto sólo tengo dos preocupaciones, respetar el Tratado y reforzar la colaboración entre esta Asamblea y la Comisión. 
En primer lugar, considero que el debate intenso, activo, que ha tenido lugar sobre el Informe Económico Anual nos proporciona ya muchos elementos de información. 
Sin embargo, estoy dispuesto, Sra. Randzio-Plath, si lo desea, a organizar una reunión de trabajo entre una delegación de diputados y mis servicios antes de que la Comisión apruebe el Informe Económico Anual. 
Para respetar el Tratado, estoy no obstante obligado a llevar a cabo una reunión de carácter informal. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0105/97) del Sr. Metten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0545- C4-0588/96) relativo a la evaluación del mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros- Reglamento (CEE) nş 1969/88 del Consejo. 
Señor Presidente, en mi informe quedan planteadas dos preguntas. 
En primer lugar, saber si deberán continuar vigentes las facilidades financieras existentes para los problemas de balanzas de pagos tras el inicio de la UEM previsto para el 1 de enero de 1997. 
En segundo lugar, saber si un mecanismo de este tipo destinado a ayudar en las dificultades de pago no podrían resultar también de utilidad a los Estados miembros en el marco de la Unión Económica y Monetaria que no dejará de plantear convulsiones específicas a cada uno de los países miembros. 
Para comenzar con la primera pregunta, la facilidad de financiación a las dificultades de las balanzas de pagos ha demostrado en el pasado su utilidad. 
Ha resultado ventajosa a los Estados miembros forzados a solicitarlas ya que los préstamos que recibían así resultaban menos onerosos que los que ellos por sí solos podían obtener. 
Los demás Estados miembros obtuvieron estabilidad en el mercado interior pudiendo además obtener garantías para el reembolso, a través de la condicionalidad ligada a los préstamos. 
Dado que estos préstamos se efectúan casi siempre en tramos, es posible controlar correctamente el cumplimiento de las condiciones relacionadas con el saneamiento de la economía. 
Lo importante de esta facilidad es por consiguiente que tanto el Estado miembro beneficiario como la Unión en su totalidad obtienen ventajas con ella. 
El único riesgo que corre la Unión reside en el hecho de la imposibilidad de reembolso del préstamo. 
Aunque este caso no se ha dado aún. 
¿Deberá suprimirse este mecanismo de ayuda financiera con la entrada de la UEM prevista para el 1 de enero de 1999? 
La Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento recomienda lo contrario. 
No todos los Estados miembros actuales habrán de entrar inmediatamente en la Unión Económica y Monetaria; los denominados países» pre-ins» y» outs» quedarán inicialmente excluidos de ella, pudiendo verse expuestos de hecho a graves dificultades en las balanzas de pagos. 
A estos países debería seguir proporcionándose, por consiguiente, esta facilidad hasta que puedan acceder finalmente a la UEM. 
Pero incluso en el supuesto de que todos los actuales Estados miembros formen parte de dicha unión, lo cual debería cumplirse en el año 2002, esta ayuda seguirá ejerciendo una clara función. 
A partir de ese año habrán de adherirse presumiblemente a la Unión Europea los primeros países de Europa Central y Oriental. 
Y por lo menos uno de dichos países, Hungría, ha ya señalado que la integración a la UEM le tomará sin duda aún algunos años suplementarios. 
Durante esos años los países que ya formen parte de la UE pero no de la UEM podrán verse expuestos a graves dificultades en las balanzas de pagos. 
Es seguro pues que será desaconsejable provisionalmente la supresión de esta positiva ayuda. 
Y esto nos lleva a la segunda pregunta del informe. 
¿No debería resultar útil esta facilidad, concedida a través de préstamos en el mercado de capitales con garantía comunitaria, en la tercera fase de la UEM? 
¿Y bueno, en el caso de países expuestos a impactos bien específicos? 
Esta posibilidad queda claramente prevista en el apartado 2 del artículo 103A del Tratado de Maastricht. 
Aunque hasta el presente no se ha emprendido ninguna acción orientada a su puesta en práctica. 
Uno de los problemas que pueden presentarse con la entrada en vigor de la UEM es que los Estados miembros cuenten con menos posibilidades de absorber impactos negativos específicos a un país, que no se presentan por consiguiente en otros países. 
El mecanismo de tipo de cambio habrá sido suprimido aminorándose el efecto tampón del presupuesto a causa del pacto de estabilidad. 
Un mecanismo positivo que ayudase a los Estados miembros a salir de una recesión imprevista podría resultar con toda seguridad sumamente conveniente. 
No hay por qué temer un relajamiento de la disciplina de los Estados miembros por la existencia de un instrumento de este tipo. Este deberá ser aprobado por unanimidad por el Consejo. 
A ello se halla ligada una estrecha condicionalidad debiendo asumir el propio Estado miembro beneficiario todos los gastos resultantes. 
A esto cabe añadir que el pacto de estabilidad, orientado a una sana finanza de los gobiernos nacionales en casos de impactos específicos a un país menos graves, es decir aquéllos que den lugar a una recesión económica de menos de 2 %, contribuye a empeorar más bien los problemas de los países afectados en lugar de ayudar a remediarlos. 
Teóricamente se les castiga mediante un depósito o mediante multa. 
El Presidente del Consejo ECOFIN, el Ministro Zalm, ha comparado pues el pacto de estabilidad con una bomba atómica cuya función es atemorizar pero que no debe ser utilizada. 
O, tal como afirmó el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, es como las capitulaciones matrimoniales que sí, que existen, pero que lo mejor es no tener que utilizarlas. 
En este contexto resultaría extremadamente útil un instrumento concebido para los mismos fines pero que pueda ser puesto efectivamente en funcionamiento. 
Desearía obtener pues de parte de la Comisión la promesa de que elaborará la propuesta referida en conformidad con el apartado 2 del artículo 103A y que remita dicho documento a este Parlamento y al Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, ¿es necesario ampliar el mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos más allá de la fecha prevista para la entrada en vigor de la Unión monetaria? 
Como ha dicho muy bien el Sr. Metten, por lo que respecta a los primeros años, en todo caso (los años en los que no todos los Estados miembros participen en la Unión monetaria) evidentemente, este mecanismo aún puede servir. 
Haré no obstante una distinción, que no ha hecho el Sr. Metten, y que consiste en poner en plano de igualdad a aquellos países que desearían participar en la Unión monetaria, pero no se encuentran en condiciones de hacerlo en estos momentos y aquellos países que, estando en condiciones de participar, no deseen hacerlo. 
Resulta evidente que, si se pretende incitar a los Estados miembros a quedar fuera de la Unión monetaria, es necesario, por supuesto, plantearse la posibilidad de aplicarles las disposiciones ventajosas del mecanismo precitado. 
Creo que no es la visión que nosotros tenemos. 
Tampoco creo que sea la del Sr. Metten, pues tenemos todo el interés en hacer coincidir la extensión del mercado interior con el territorio de la Unión monetaria. 
Así, no haremos a aquellos que cumplen las condiciones y que no desean participar (principalmente por razones políticas) el regalo suplementario de decir que se pueden beneficiar de nuestra solidaridad si llegan a tener problemas. 
No somos ni masoquistas ni sádicos, pero, en fin, es necesario tener los pies en el suelo. 
Si creamos juntos una estructura en la que pretendemos que participe todo el mundo, no estimularemos a los que se queden fuera a quedarse. 
Personalmente no seguiré al Sr. Metten por ese camino. 
La otra pregunta que se plantea es si es necesario, tal como sugiere el Sr. Metten, proyectar un mecanismo de ese tipo y mantenerlo cuando la Unión monetaria sea completa y todo el mundo participe. 
Efectivamente, él dice que habrá aún situaciones en que los Estados miembros sufran choques que exigirán que se acuda en su ayuda. 
Se trata de un caso que será límite. 
¿Por qué? 
Porque cuando se tiene un gran mercado, una moneda, y además, no solamente criterios de convergencia sino pactos de estabilidad, es evidente que la mayoría de choques que sigan produciéndose procederán del exterior. 
Los choques interiores quedarán reducidos, me parece, a pocas cosas. 
Se tratará de accidentes que puedan resultar o bien de un cataclismo natural o de una catástrofe política como una huelga general prolongada. 
Es posible pensar en semejantes situaciones, pero, en ese caso, la técnica apropiada no me parece la que sugiere el Sr. Metten. 
Por esa razón planteo mis reservas con respecto a la segunda parte de su exposición, y me pregunto si hay que imaginarse, sobre la base del párrafo 2 del artículo 103, un mecanismo análogo o mecanismo actual pero destinado a resolver los problemas de ajuste presupuestario de los Estados miembros. 
No lo creo. 
Creo que, para enfrentarse a esta situación, es más inteligente jugar con unos cuantos elementos de flexibilidad que existen en el Pacto de Estabilidad pues, según su análisis, el Sr. Metten registra esto como si fueran problemas que influirían en el equilibrio presupuestario. 
Así pues, para los problemas de equilibrio presupuestario no es un mecanismo previsto por la balanza de pagos lo que hay que tomar, sino otro mecanismo. 
Y yo estoy dispuesto a apoyar la idea de que es necesario quizá prever algo. 
Sea como sea, tenemos tiempo, pues este problema no se va a plantear antes del año 2000. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Metten ha situado en el primer plano de nuestros debates una cuestión muy seria: la cuestión de la estabilización de la economía europea durante y después de la introducción de la moneda única. 
A pesar de que la estabilización constituye un tema políticoeconómico actual de la economía moderna, apenas se aborda este tema a nivel oficial. 
Por lo tanto, debemos felicitar y agradecer al Sr. Metten su muy importante contribución y que haya llamado nuestra atención sobre este tema. 
Señorías, la estabilidad del tipo de cambio es, como sabemos, una condición previa para participar en el mecanismo de las paridades cambiarias y, naturalmente, para la participación posterior en la UEM. 
Aunque el mecanismo permite, de momento, unas oscilaciones de + 15 % sobre la paridad central, se sabe que, extraoficialmente, las monedas que aspiran entrar en el euro intentan mantener paridades mucho más estrictas, con la consecuencia que muchas de ellas ya empiezan a tener problemas y tensiones en la balanza de pagos. 
La cuestión crítica es que no se puede descartar la posibilidad de que estas dificultades se agraven cuando se haga la separación entre «las cabras y las ovejas» , es decir, entre los Estados que participarán en el euro y los que no. 
Ese será el momento delicado; en ese momento delicado es cuando deberemos apoyar los mecanismos de estabilización, en lugar de restar mecanismos, anunciando el cese, como lo hace el Tratado, de un mecansimo de estabilización importante para los que se queden fuera. 
Los problemas de estabilización seguirán existiendo también dentro del euro, porque estará constituido por economías con diferentes niveles de productividad, y, como es sabido, cuando hay diferencias de productividad de este tipo se pueden producir turbulencias internas a las que sólo puede hacerse frente en los Estados federados con asignaciones presupuestarias. 
Las propuestas del Sr. Metten son flexibles con respecto a este punto. 
Utilizan las posibilidades que ofrece el Tratado y, en mi opinión, merecen nuestro apoyo. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, quiero indicar los elementos de acuerdo y desacuerdo en lo relativo al énfasis que pone el Sr. Metten en su análisis. 
En primer lugar, en el ámbito de los elementos de acuerdo, compartimos la opinión del ponente de que este mecanismo de ayuda a las balanzas de pagos debe mantenerse tras el establecimiento del euro en la tercera fase, pero únicamente para los Estados que se encuentren en situación de «pre-in». 
Estoy de acuerdo con el Sr. Herman. 
Debemos analizar seriamente nuestra deuda en términos de solidaridad con aquellos Estados que podrían calificarse, pero que, por razones políticas, optan claramente por quedar fuera. 
A ellos no les debemos ninguna solidaridad. Tampoco ellos nos demuestran ninguna solidaridad. 
Pero cuando el Sr. Metten se declara de acuerdo y propone que se mantenga la ayuda a los Estados «pre-ins» , lo acepto porque es lo que dice el Tratado. 
El apartado 6 del artículo 109 K prevé precisamente esta eventualidad. 
No obstante, cuando el Sr. Metten se propone de manera secreta- que es lo que hace realmente- reciclar un mecanismo de ayuda a la balanza de pagos en una especie de motor acelerador/reductor de velocidad para afrontar los ciclos de la economía, me resulta difícil estar de acuerdo con él. 
No me gusta que un asunto tan serio se trate de manera secreta. 
La dificultad radica en que es un mecanismo secreto, porque el mecanismo de ayuda a la balanza de pagos de los Estados que están dentro del euro está claramente previsto; con el euro dejará de existir. 
¿Por qué? 
Porque los constreñimientos y problemas de la balanza de pagos dejarán de existir. 
Es perfectamente lógico. 
O sea que si queremos discutir sobre cómo debemos llevar a cabo un programa económico equilibrado para que cubra varias necesidades a medida que éstas surgen, digámoslo franca y abiertamente. 
No me gustan los secretos. 
Tomo nota de esta la nueva e innovadora sugerencia del ponente, pero no la apoyo en secreto. 
Señor Presidente, muy brevemente, quisiera simplemente señalar el completo acuerdo de mi grupo en cuanto a las propuestas que ha hecho el Sr. Metten al mismo tiempo en lo que respecta, por una parte al mantenimiento del instrumento actual de ayuda financiera a las balanzas de pagos en beneficio de los Estados que no podrán participar en la Unión Económica y Monetaria desde el 1 de enero de 1999 y, por otra parte, a la creación de un instrumento comunitario de préstamos que permitiría contribuir de manera algo más flexible a la absorción de los choques macroeconómicos que pudieran producirse una vez que la tercera fase haya entrado en vigor. 
Pensamos que es indispensable completar los instrumentos monetarios y añadir otros para pilotar la economía. 
No sabremos si habrá un piloto en el avión a lo largo de los años venideros (no lo sabemos hoy) pero al menos, con la propuesta del Sr. Metten, nos aseguraremos de que habrá ya una primera palanca de mando. 
Estimados colegas, señor Comisario, el documento de la Comisión y el informe del Sr. Metten abordar de manera detallada la conservación del mecanismo de ayuda para la balanza de pagos una vez entrada en vigor la Unión Económica y Monetaria. 
Con razón se inquieta el ponente sobre la absorción de impactos negativos específicos a los países en los Estados miembros que forman parte de la UEM. 
¿Cuáles serán, a nuestro juicio, esas convulsiones a las que se verán expuestos esos Estados miembros? 
Desastres naturales, gestión inadecuada en un sector económico en particular o más en general una crisis económica en un determinado sector de importancia vital para un Estado miembro. 
La conclusión del ponente es que el mecanismo de protección ante estas sacudidas específicas a los diversos países provocadas por la entrada en vigor de la UEM se halla sometido a presiones. 
Afortunadamente añade que la vulnerabilidad de los Estados miembros ante tales impactos ha disminuido aparentemente en alto grado. 
Esta observación me parece bastante especulativa. 
Falta en ella un cierto fundamento. En los ejemplos por mí citados no se comprende perfectamente por qué motivos habría de disminuir esa vulnerabilidad. 
El problema reside en la falta de estabilizadores automáticos en la UEM. 
El pacto de estabilidad actuará como un agente desestabilizador hasta tanto no se plantee la cuestión del equilibrio financiero. 
En caso de grandes déficit los Estados miembros siguen estando obligados a pagar fuertes sanciones. 
De parte del BCE no cabe esperar tampoco ayuda. 
Su principal objetivo consiste en la estabilidad de los precios. 
Un objetivo digno de elogio, pero en el caso de estos choques específicos a los diversos países es necesario resignarse a un mayor índice de paro y a mayores tipos de interés. 
Recuerdo a este respecto el comportamiento de la Bundesbank a raíz de la unificación monetaria de ambas Alemanias. 
A fin de hacer frente al riesgo de inflación la Bundesbank cerró el grifo del dinero. 
Se salió así el paso a la inflación, pero los tipos de interés y el desempleo aumentaron a principios de los años noventa de manera vertiginosa. 
En el período comprendido entre noviembre de 1991 y marzo de 1995 ha sucedido a menudo que un Estado miembro se haya visto forzado a hacer devaluar su moneda, concretamente porque ésta se hallaba sobreevaluada con respecto al marco alemán. 
Así lo indicaban los fundamentos económicos. A esto hay que prestar atención. 
Es ésta la fuerza de los tipos de cambio mediante los cuales pueden prevenirse el paro y la migración a través de una sana política de ajuste de los gastos a los ingresos. 
La ayuda a la balanza de pagos constituye un sucedáneo artificial que remedia a corto plazo ciertas tensiones pero que no ofrece ninguna solución estructural como cabría desear. 
El problema que nos ocupa hoy responde a causas políticas y no económicas. 
Señor Presidente, Señorías, efectuaré dos observaciones. 
En primer lugar, la balanza de pagos y el estado de la misma constituyen uno de los elementos fundamentales destinados a determinar el valor de la moneda. 
Si el día de mañana, nos integramos a la tercera fase con una parte de los países y Estados miembros dentro y con otra parte fuera, o provisionalmente fuera, será normal entonces que el mecanismo de asistencia que existe, es decir la ayuda financiera a la balanza de pagos, reste intacto; aunque sólo sea con el objetivo de ayudar a dichos países: el fundamento que representa para ellos la balanza de pagos y que tal vez, como señala el Sr. Katiforis, puede verse aún más amenazado tras la entrada en vigor de la moneda única; para mostrar nuestra solidaridad con estos países y Estados miembros y ayudarles en la ruta hacia la convergencia. 
Hasta aquí el primer punto. 
El segundo punto lo constituye, señor Comisario, el camino hacia la convergencia, y no lo tome como una crítica, simplemente una constatación, inevitable por cierto, posee una serie de efectos deflacionísticos. 
Compruebo esto en mi propio país en el cual se han registrado enormes esfuerzos tendientes a la convergencia. 
Esos esfuerzos tuvimos que efectuarlos, estoy de acuerdo con ellos e incluso abogué por ellos, aunque no están exentos de una cierta deflación. 
En otras palabras, lo pagamos con un cierto precio. 
Pues bien, pienso que es ésta una de las ideas del ponente, a saber, la notificación de préstamos comunitarios, no con el objetivo de absorber los impactos específicos a un país, señor Herman, sino para absorber los impactos colectivos como una parte de la gestión anticíclica que también mañana será necesaria, que la elaboración por parte de la Comisión del instrumento de los préstamos comunitarios puede revestir una grandísima significación. 
Desearía pedir por consiguiente al Sr. Comisario se ocupe concretamente de esta cuestión. 
El Tratado prevé esta posibilidad y estimo que este instrumento puede constituir un importante complemento con respecto a los métodos tradicionales de la política monetaria. 
Señor Presidente, la ayuda que estamos abordando hoy ha podido demostrar su utilidad en ocho ocasiones desde 1974. 
Cuatro veces en beneficio de Italia, por lo demás. 
La asistencia financiera da lugar a un aumento de la confianza de los mercados en la capacidad de un país de mejorar su situación financiera. 
El Grupo del Partido Popular Europeo concuerda pues con la Comisión en que esta facilidad puede seguir desempeñando un papel positivo durante la transición hacia la tercera fase de la UEM. 
Ya que no están excluidas aún ciertas dificultades en las balanzas de pagos, pese a la progresiva integración de los mercados. 
Asimismo en el caso de los países que en 1999 no habrán podido integrarse a la UEM, los denominados» pre-ins» y a continuación de los países de nueva adhesión podrían prestar las facilidades de ayuda financiera un servicio positivo. 
En el caso de los países denominados» opting-out» será esto sólo posible en la medida en que estos no satisfagan aún los criterios establecidos y después nuestra solidaridad respecto a ellos será idéntica a la que ellos demuestren hacia los demás países. 
El Grupo PPE estima no obstante que estas facilidades de ayuda deberá limitarse tan sólo a los países miembros de la Unión Europea. 
Una asistencia de este tipo no contribuye a la disciplina y a la estabilidad necesarias en la Unión Monetaria. 
De esta forma lo que se hace es boicotear el pacto de estabilidad concluido el año pasado en Dublín. 
De ahí que hayamos introducido al informe del Sr. Metten una enmienda, que hemos aligerado un tanto con la intención de poder alcanzar un compromiso, aunque consideramos que esto no constituye una alternativa al pacto de estabilidad; pensamos en realidad que se trata incluso apenas de un apoyo y que es éste el compromiso al que hemos llegado. 
El carácter superfluo e indeseable de una ayuda financiera para los países del euro se deduce pues del hecho de que incluso el pacto de estabilidad concede excepciones a países con grados excesivos de déficit resultantes de dificultades de índole sumamente particular y transitoria. 
Se trata de dificultades causadas por un acontecimiento extraordinario que escapa al control del Estado miembro o de nocivas consecuencias para su situación financiera o debidos a una gravísima recesión económica. 
En ambos supuestos existen dificultades a las que se enfrentan los gobiernos nacionales en sus intentos de fomentar su economía sin que por ello se vean perjudicados por las sanciones que implica el pacto de estabilidad. 
Para concluir, señor Presidente, mi grupo político se propone por consiguiente remitir a la Comisión la opinión a fin de que se tome en consideración durante la nueva apreciación de la ayuda con la intención del pacto de estabilidad para los países de nueva adhesión. 
La ayuda financiera no puede de ningún modo constituir un sucedáneo del pacto de estabilidad, ni siquiera una forma de apoyo ya que el pacto prevé de por sí esa cláusula referente a los países con dificultades. 
Nuestro grupo político habrá de votar a favor de la resolución, tal como ha señalado el Sr. Herman, sólo con el objetivo de brindar respaldo a la Comisión, dejando la cuestión del contenido del informe bajo la responsabilidad del Sr. Metten. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Metten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros, señala con precisión la utilidad de este mecanismo de préstamos. 
El ponente plantea dos cuestiones diferentes que, por otro lado el debate ha evidenciado. 
La primera es el mantenimiento, para los países acogidos a una excepción (fórmula púdica del Tratado para designar a aquellos que no estarán en la zona del euro desde el 1 de enero de 1999) , es decir, el mantenimiento, para aquellos países acogidos a una excepción, del instrumento de ayuda a la balanza de pagos previsto por el artículo 109 H tras la entrada en vigor de la UEM; la segunda cuestión es relativa a la aplicación de la ayuda financiera prevista por el párrafo 2 del artículo 103 A para un Estado euro en dificultades. 
Muy rápidamente, distingo tres elementos. 
Con respecto al mantenimiento del actual instrumento, la Comisión (y estarán ustedes de acuerdo conmigo) sólo puede someterse al Tratado. 
Así pues, de acuerdo con el párrafo 6 del artículo 109 K del Tratado de la Unión Europea, la Comisión recuerda que aquellos Estados acogidos a una excepción continuarán beneficiándose de este mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos previsto en el artículo 109 H. Así pues, la Comisión procederá en 1998 a un nuevo examen del mecanismo actual. 
Para ello habremos de esperar a que se hayan tomado las decisiones sobre el paso a la tercera fase y se conozca el nombre de los países que participarán en ella. 
Esto ocurrirá entre finales de abril y principios de mayo de 1998. 
Tendremos ocasión de hablar de ello, creo, dentro de unos momentos en la Comisión de Asuntos Monetarios. 
Para la Comisión se tratará entonces de verificar si el actual reglamento en vigor, el de 24 de julio de 1988, sigue siendo de aplicación y, en segundo lugar, si la línea de 14 millardos de ecus, digamos de euros, inscrita a título de información en el presupuesto comunitario, sigue estando adaptada. 
Tal como desean ustedes, puedo asegurarles que la Comisión informará a esta Asamblea sobre sus trabajos en el plazo más breve posible, una vez haya concluido su reflexión. 
El segundo problema es el de la ayuda financiera para un Estado de la zona Euro. 
La propuesta del Sr. Metten exige dos observaciones por parte de la Comisión. 
En primer lugar, el párrafo 2 del artículo 103 A persigue un objetivo diferente del que persigue el artículo 109 H. En efecto, instaura un mecanismo excepcional que permita a un Estado hacer frente, cito el Tratado, » a dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar». 
Asimismo, no puede estar vinculado al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Este pacto es de aplicación permanente y les recuerdo que pretende sobre todo, en razón a sus aspectos preventivos, volver a dar a los Estados miembros un margen de maniobra suficiente para hacer frente a las dificultades que no revistan un carácter excepcional. 
Segunda observación, el párrafo 2 del artículo 103 A no está hecho para responder a crisis en las balanzas de pagos, sino para acontecimientos muy excepcionales, por ejemplo un terremoto, un maremoto o un cometa que se estrellara contra uno de los Estados miembros; por supuesto, la lista no es exhaustiva. 
Sin embargo, la Comisión, con ocasión de la revisión el año próximo de este instrumento de préstamo a la balanza de pagos, examinará con el Consejo y el Parlamento cómo aplicar las disposiciones del párrafo 2 del artículo 103 A. 
No puedo, en el día de hoy, darles la solución. 
Sin embargo, sí puedo decirles que en esta ocasión habremos de examinar cuatro cuestiones. 
La primera es relativa a la oportunidad de un reglamento comunitario para responder a estos acontecimientos, excepcionales por naturaleza. 
¿No sería más conveniente dejar al Consejo la posibilidad de decisión caso por caso? 
La segunda cuestión es la definición de los instrumentos cubiertos por el párrafo 2 del artículo 103 A. No se limitan a los préstamos. 
La noción de ayuda financiera comunitaria (según expresión del propio Tratado) no excluye, en efecto, verdaderas intervenciones presupuestarias. 
La tercera cuestión es el reglamento de aplicación del párrafo 2 del artículo 103 A. 
La cuarta cuestión, y ya termino, tranquilícense, son los posibles medios de financiación de esta ayuda financiera. 
Como conclusión, porque no deseo prolongar el debate sobre este punto deseo, señor ponente, darle las gracias y dárselas al Parlamento por la sugerencia, que abre una primera pista para la aplicación del párrafo 2 del artículo 103 A una vez que haya entrado en vigor la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Puedo asegurarles que la Comisión no dejará de extraer todo el provecho necesario en el momento del nuevo examen de este mecanismo el año próximo y que tendremos ocasión de volver a hablar de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar maana a las 12.00 horas. 
Competitividad de la industria europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0113/97) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la comparación de resultados (Benchmarking) de la industria europea en materia de competitividad (COM (96) 0463- C4-0622/96) y sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre una política europea de fomento de la calidad destinada a aumentar la competitividad europea (SEC (96) 2000). 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comunicación que la Comisión envía al Parlamento y el informe que tengo el honor de presentar a sus señorías parte de una constatación bastante obvia: la industria europea es, en estos momentos, menos competitiva que la industria americana y que la industria japonesa. 
La Comunicación de la Comisión aduce como prueba para evidenciar esta afirmación la pérdida de las cuotas de mercado que la industria europea está sufriendo, especialmente en los mercados emergentes- los mercados más pujantes -, mientras mantienen su posición nuestros principales competidores americanos y japoneses. 
La Comunicación de la Comisión intenta responder a la pregunta «¿por qué se produce esta pérdida de competitividad? ». 
Y para responderla, utiliza la técnica de comparación- o benchmarking- entre la industria europea y la de sus competidores. 
El benchmarking- o técnicas de comparación- puede utilizarse a distintos niveles: puede utilizarse para comparar los sistemas, las condiciones marco, los factores estructurales responsabilidad de las administraciones públicas; puede utilizarse para comprobar la eficacia de la industria en su conjunto, de alguno de sus subsectores o sectores; y, finalmente, de algunas- o de todas- las empresas que la integran. 
Es obvio que este Parlamento y las instituciones públicas, aunque les preocupan todos los niveles de comparación, deben centrar su análisis en las condiciones marco, responsabilidad de los poderes públicos. 
Y para terminar esta fase- digamos «metodólogica» o «introductoria» -, yo diría que la Comisión parte con acierto de que la competitividad no es un fin en sí mismo, sino un medio para obtener mejores niveles de vida y mayores cotas de bienestar. 
Y esta línea de pensamiento, que coincide con lo que podemos llamar el «capitalismo renano» , intenta definir los niveles de vida acudiendo a criterios no cuantificables- no mensurables -, pero que inciden en el bienestar de los ciudadanos: el desarrollo sostenible es uno de ellos, subrayado por distintos grupos. 
Los puntos a examinar por la Comisión y en los que este informe se ha centrado se refieren, fundamentalmente, a cuatro áreas: los servicios y las infraestructuras, en cuanto afectan a la competitividad; el mercado de trabajo, la legislación social y formación de los trabajadores, en segundo lugar; el mercado de capitales, en tercer lugar; y, finalmente, la situación de la investigación y desarrollo en la industria europea, por comparación a sus competidores. 
En materia de servicios, tres constataciones básicas: la compra de los servicios absorbe el 20 % de la cuenta de resultados de las empresas industriales europeas; los servicios europeos, que inciden en la competitividad, son más caros que los servicios en Estados Unidos y en el Japón; existen- tercera constatación- sectores protegidos frente a la competencia y, por tanto, menos eficientes. 
Y partiendo de estas constataciones- que yo comparto -, se muestra partidaria de dos medidas: la liberalización de los servicios- la aceleración de los procesos de liberalización en marcha- y, en segundo lugar, la apertura a la competencia- la apertura de los mercados en los sectores de servicios todavía protegidos-. 
En materia de infraestructuras, las constataciones del informe son dos: en primer lugar, que la dotación de infraestructuras, como es obvio, incide en la competitividad de la industria y, en segundo lugar, que es deseable atenuar los desequilibrios entre las distintas regiones de la Unión para favorecer su competitividad y el acceso a los lugares privilegiados. 
Partiendo de estas constataciones, se muestra el informe- y la Comunicación sobre la que trata- partidario de hacer benchmarking- técnicas de comparación- entre nuestros niveles de inversión y los niveles de inversión americanos, buscar fórmulas de cooperación y colaboración entre el sector público y el sector privado para financiar las inversiones en estas horas de dificultades y, en tercer lugar, instar a todas las instituciones de la Unión a reducir diferencias en materia de infraestructuras entre las distintas regiones, para hacer efectivo el principio de cohesión y el principio de solidaridad. 
En materia del mercado de trabajo, una sola constatación: nuestra tasa de empleo y nuestra productividad es inferior a la de nuestros competidores y eso se ha traducido en nuestra menor capacidad para crear puestos de trabajo. 
Por tanto, se pide que se acentúen las medidas activas de formación y movilidad, frente a las medidas pasivas, destinadas a mitigar las consecuencias del desempleo; una revisión de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo- que, especialmente en los escalones más bajos, sirven de freno a la entrada en el mercado de trabajo -; la idea de que estabilidad y flexibilidad no son conceptos contrapuestos y, finalmente, una intensificación en el reconocimiento de títulos y en la cualificación de los trabajadores, para hacer efectiva la libertad de los trabajadores- que es uno de los remedios para hacer frente a las crisis asimétricas, de las que se estaba hablando en estos momentos-. 
Muchas gracias a todos los enmendantes, cuyas enmiendas hemos aceptado prácticamente en su totalidad, y a las comisiones que han trabajado en este informe, que entiendo puede ser útil a la Comisión para seguir una técnica que deseamos se estimule a todos los niveles. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el método «benchmarking» se encuentra relacionado por un lado con la competitividad y, por otro, con la orientación hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible más adecuado a los tiempos. 
Hay que reconocer que la competitividad es un método de mercado para medir la eficiencia, una utilización ahorrativa de los fondos y para un logro fiable de los objetivos, pero se trata de un método indirecto. 
Es decir, no podemos dejar que se imponga la interpretación errónea neoliberal de que solamente el indicador de mercado es la realidad y de que la competitividad se refleja del modo más fiable mediante excedentes de exportación duraderos, sino que es necesaria una utilidad recíproca, en lo que el Sr. Bangemann coincidirá sin duda conmigo. 
No puede existir un mundo en el que todos tengan excedentes de exportación permanentes. 
Es decir, se trata de ser útil para los demás a largo plazo, por lo que esta orientación hacia la competitividad es errónea sin cooperación. 
Es importante que se apliquen los mismos criterios al servicio público y a la producción de bienes públicos, pues también allí se trata de una utilización ahorrativa de los fondos y de un logro fiable de los objetivos. 
También es importante que se apliquen ampliamente los métodos modernos de una gestión cualitativa. 
Y si se entiende el «benchmarking» no como una ilusión de autogestión de la economía en lugar de política, sino como un sistema metódico para lograr objetivos cualitativos mediante una actuación organizada, entonces podemos remitirnos de un modo muy productivo al Libro Blanco de Delors, en el que ambos lados estaban aún desequilibrados, y podremos utilizar realmente el «benchmarking» para una renovación metódica y de contenido de la política. 
En este sentido, la Sra. Schörling, en cuyo nombre hablo aquí, exige un método «benchmarking» para la política de empleo y de medio ambiente así como para sectores industriales, con el objetivo de acelerar la vigilancia y difusión de las mejores políticas y modos de proceder que fortalezcan un desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por su informe y también a la Comisión por sus propuestas. 
Se trata de un informe que encierra auténtico interés para muchas de las pequeñas y medianas empresas de toda Europa, y ciertamente para las pequeñas empresas del área que tengo el privilegio de representar; ciudades como Wolverhampton, Dudley o Halesowen en la zona industrial de West Midlands. 
Debo hacer hincapié en que para que este proceso tenga éxito, debe ser inclusivo. Debemos incluir a todas las partes interesadas. 
Si las personas se sienten amenazadas por este proceso, sencillamente no funcionará: debemos conseguir la participación de todos. 
De lograrlo, el benchmarking puede ser nuestra auténtica oportunidad para incrementar la competitividad de nuestras empresas, elevar los beneficios de nuestras transacciones y, sobre todo, aumentar el potencial de creación de puestos de trabajo de nuestras empresas. 
Quisiera llamar la atención sobre tres o cuatro apartados clave. 
En primer lugar, como declara el apartado 5, es importante que estudiemos mecanismos específicos para ayudar a nuestras empresas pequeñas a sacar el máximo provecho del benchmarking. 
En segundo lugar, me gustaría que la Comisión nos facilitara información sobre las causas por las que ciertos sectores de la industria europea obtienen mejores resultados que sus homólogos de Estados Unidos y Japón. 
Deberíamos analizar nuestros éxitos y aprender de ellos y, del mismo modo, aprender de los casos de éxito de países de Europa que presentan unos índices de desempleo más bajos que aquéllos de nuestros principales competidores, Japón y los Estados Unidos. 
Es importante asimismo que el Parlamento participe en las visitas tripartitas que organiza la Comisión a los Estados Unidos y Japón para analizar la técnica del benchmarking y estudiar qué podemos aprender de otros países. Espero que la Comisión lo apruebe como señal de evolución positiva. 
En muchos casos el fracaso no es culpa de los trabajadores, sino de las carencias de nuestras estructuras de gestión. 
Debemos analizar este aspecto y aquí el benchmarking puede resultar de gran utilidad. 
Si abordamos esto como un enfoque asociado en el que participan todos los interlocutores sociales, el éxito estará garantizado y será un importante logro para nosotros en nuestra capacidad de crear una Europa competitiva. 
Señor Presidente, Señorías, el informe sobre la promoción del benchmarking (para el que yo preferiría que se hablara, en buen francés, de repérage y de étalonnage de resultados) tiene el apoyo de nuestro grupo. 
Consideramos que el documento de la Comisión va en la buena dirección al insistir sobre tres niveles posibles en la materia, a saber, el de los resultados de las condiciones marco que deberían permitir que se evaluase la capacidad de atracción de Europa como área de producción industrial a partir de los costes, de las infraestructuras, de las capacidades o de la innovación, el de los sectores de actividad que permitieran medir la capacidad de la industria europea para adaptarse a la mundialización y, finalmente, el de las empresas, que depende en primer lugar de la responsabilidad de estas últimas pero para el que la acción comunitaria podría ser útil a las PYMES y contribuir a la armonización de las metodologías empleadas. 
Igualmente, es sabido que la Comisión propone de manera operativa, sobre la base de una asociación con la industria y los Estados miembros, establecer un programa de trabajo para 1997 a partir de los proyectos piloto destinados a evaluar la validez y las posibilidades de aplicación del benchmarking en la Unión Europea. 
Nuestro grupo acoge favorablemente el cualificado informe del Sr. García-Margallo y Marfil, al igual que cualquier iniciativa orientada a mejorar la competitividad de la industria europea. 
Sin embargo, consideramos, por nuestra parte, que una actuación así debe continuar dependiendo principalmente de la responsabilidad del sector privado en lo que respecta a la industria y que ha de comprenderse con precaución a nivel de las condiciones marco. 
En efecto, tendríamos algunas reservas sobre un benchmarking de las condiciones marco si, como consecuencia, se necesitara analizar a nivel comunitario cuestiones que dependen, en lo esencial, de la subsidiariedad, es decir, de la competencia de los Estados miembros, como la organización de los poderes públicos en sus relaciones con la industria, al igual que ocurre por ejemplo con las políticas energéticas. 
Consideramos igualmente que es difícil comparar de forma útil factores macroeconómicos sin tener en cuenta el entorno político, económico, social y cultural propio de cada Estado. 
Consideramos también que sería más razonable privilegiar más bien el benchmarking de los sectores industriales, y creemos que hay muchos motivos para felicitarse en este sentido por el trabajo que ha emprendido la Presidencia neerlandesa en el sector de la electrónica. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, deseo felicitar al ponente por su informe. 
Tiene razón al afirmar que sólo podremos mantener nuestro modelo social europeo, y por ende nuestro nivel de vida, si podemos contar con una industria fuerte que sea capaz de hacer frente a la competencia. 
Recuerdo a ese respecto que fue la Mesa Redonda de Industriales Europeos la que desde hace aproximadamente tres años viene haciendo esfuerzos infatigables por incluir la capacidad competitiva de la economía europea en la agenda política. 
Igualmente el Libro Blanco Delors informaba sobre el intercambio entre la capacidad competitiva, el empleo y el crecimiento. 
Me satisface igualmente que la Presidencia neerlandesa haga del «bench-marking» una de sus prioridades. 
El «bench-marking» del empleo es tal vez la tarea más urgente que propugan tanto la Unión como de los gobiernos nacionales. 
Esto implica que se están creando precondiciones más favorables orientadas a acentuar la competitividad de la economía. 
Creo que Estados Unidos, y más cerca aún, en nuestro propio continente, incluso Holanda, tienen mucho que enseñarnos. 
Puesto que ambos países han logrado consolidar su competitividad y conjuntamente con ello crear nuevas fuentes de empleo. 
Las autoridades deberán, a todos los niveles, ajustar de modo duradero y sistemático la gestión y el clima empresarial a la de los países que ofrecen los mejores resultados. 
Además de ello, deberá adoptarse igualmente de manera eficaz las medidas necesarias como la flexibilización del mercado laboral, la liberalización de los servicios públicos, la inversión en el capital humano, la estimulación a la investigación y el desarrollo y la aplicación de una gestión de la calidad. 
Sólo entonces podremos aspirar a ser capaces de incrementar de manera duradera la capacidad competitiva de la industria y a la larga mejorar nuestro nivel de vida. 
Colegas, los liberales respaldamos a la Comisión en su intención de poponer este año, en estrecho diálogo con el sector industrial y los gobiernos nacionales, un programa de «bench-marking» orientado a seguir los avances alcanzados en lo referente al mejoramiento de la competitividad en sectores claves. 
Debo señalar no obstante que no deberá perderse de vista el papel de las PYME. 
Por último, nos interesamos también en los resultados de los proyectos piloto que la Comisión ha iniciado y que habrán de abordar los ministros de industria el próximo 24 de abril. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera aclarar al principio de mi intervención que estoy a favor del «benchmarking» y que daré mi voto favorable al informe. 
Digo esto porque, en lugar de perder el tiempo en elogios, quiero hacer algunas observaciones críticas, una vez aclarada mi posición con respecto al tema principal. 
Señor Presidente, la primera observación es que este asunto requiere una clara distinción entre medios y objetivos. 
Podemos hacer una comparación de medios, aunque no siempre es fácil, y quizás no sea tampoco deseable hacer una comparación de los objetivos. 
En el informe se dice que el PIB no es una buena medida del bienestar. 
Muy correcto. 
Pero el PIB es un objetivo, no es un medio, por lo que no es fácil incluirlo en el marco de las comparaciones del benchmarking. 
Por otra parte, tenemos el atractivo modelo «empresa-economía». 
Es decir, dado que el benchmarking funciona bien en la empresa, podemos trasladarlo al plano de la economía. 
La cosa no es tan sencilla, puesto que dos empresas parecidas tienen el mismo «objective function» , mientras que dos economías parecidas no se entiende que tengan el mismo «objective function» ; además, la cuestión de lo que es «objective function» en una economía es un gran problema aparte. 
Lo que aumenta el «objective function» de uno no tiene por qué aumentar el de otro. 
Uno puede ir, por ejemplo, a Brasil y ver al lado de los barrios ricos canales que son alcantarillas abiertas. 
No sé si los holandeses querrían ver los canales de Amsterdam convertidos en alcantarillas abiertas en beneficio de la competitividad. 
Por último, señor Presidente, la fuerza de la competitividad no radica en la uniformidad. 
Cuando realizamos un benchmarking comparamos forzosamente cosas parecidas; de lo contrario, no tendría sentido la operación. 
Sin embargo, la fuerza de la competitividad no se halla en la uniformidad, sino en la diferencia. 
Se encuentra en la innovación y en esto nada nos puede ayudar: ningun estudio sobre cómo lo hacen los demás nos dará ideas innovadoras para crear algo diferente y así ganar una ventaja. 
Por lo tanto, sí al benchmarking, pero siempre que se aplique a escala de empresa, o más bien de sector, y en todo caso no a la economía, y con el máximo cuidado. 
Señor Presidente, la Comunicación de la Comisión sobre la competitividad de la industria europea me sugiere algunas consideraciones. 
Encuentro positivo que se trate de analizar el parámetro de la competitividad de la industria de manera racional y científica y estoy de acuerdo con el ponente en la necesidad de mantener un aparato productivo europeo fuerte y de eliminar las ineficiencias y las pérdidas económicas, conservando, no obstante, las conquistas fundamentales en la protección social de los más débiles. 
Quisiera detenerme brevemente en un segundo punto que me interesa mucho, el de la relación entre tecnologías y competitividad de la industria, que en cierto modo debería poderse someter al análisis del benchmarking. 
Hoy me parece que ya no existen industrias y servicios de alta o de baja tecnología. 
Creo que la tecnología, además de promover la productividad, sustituyendo desgraciadamente a veces al trabajo manual, permite mejoras en la calidad del producto y de los servicios y crea, pues, valor añadido y, a largo plazo, nuevas ocasiones de trabajo. 
Creo que se debería hacer más y mejor para utilizar la investigación pública a fin de incrementar la competitividad de la industria, y me pregunto si no se debería profundizar en el análisis del benchmarking, en particular bajo este aspecto. 
Por una parte, es necesario seguir invirtiendo en la investigación básica, sin la cual nos cerraríamos la perspectiva futura; por otra, es necesaria una mayor sinergia entre los gastos vinculados a los institutos de investigación de los Estados miembros y los programas de la Unión y de la industria. 
Me parece que la reflexión sobre el quinto programa marco está orientada en ese sentido, pero pienso que un análisis ulterior, sobre la base de los criterios que esta comunicación sugiere, podría ser útil para evaluar y estudiar otras medidas en lo concerniente al aspecto fiscal, la motivación profesional y la movilidad con el fin de mejorar la relación entre tecnología y competitividad industrial. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hay una cosa que es cierta, para mejorar nuestros resultados económicos y tener así la posibilidad de reducir el desempleo, necesitamos economías y empresas competitivas. 
¿Quién podría decir lo contrario? 
Hay otra cosa también cierta, es preciso disponer de medios para medir esta competitividad y actuar sobre sus causas y posibles frenos. 
Por tanto, no tengo nada contra la comparación de resultados como instrumento ni contra las comparaciones destinadas a elegir las mejores soluciones. 
Es preciso, sin embargo, que a la vuelta se aproveche para volver a destilarnos todas las viejas recetas de la economía liberal y para cargar sobre el liberalismo, que lo es demasiado poco, todas nuestras dificultades: déficit público, ayudas del Estado, flexibilidad, coste de la mano de obra... y ahí dejo la letanía. 
Por supuesto, señor Comisario, sabe usted que no lo pienso. 
Y al igual que muchos de mis colegas aquí presentes, digo que la competitividad no es un fin en sí misma. 
El fin en sí es la reducción del desempleo, los servicios prestados a la población, la solidez social, el bienestar de la mayoría y, por supuesto, sin agravación del desempleo, incluso cuando se anuncia que el objetivo es mejorar la productividad. 
Por consiguiente, es necesaria más solidaridad, en especial económica y fiscal, y si el benchmarking tiene su utilidad como instrumento de gestión, es necesario quizá también aplicarlo a la comparación y contraste de las políticas de los quince Estados miembros en el ámbito del empleo, en la perspectiva de una verdadera asociación entre esos mismos Estados. 
Como conclusión, señor Presidente, sin duda la ciencia económica necesita instrumentos (y yo los apruebo) pero debemos tener cuidado de que el instrumento no sustituya al objetivo: lo que hay que alcanzar es el objetivo mediante el instrumento, de lo contrario, la armonización se hará siempre a la baja, y en ese caso volvemos al debate precedente sobre la situación económica de la Unión. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente y a todos los diputados que han participado en este debate, pues aunque esta palabra «benchmarking» en principio no nos diga mucho, el progreso puede ser muy importante si desarrollamos un método para comprobar porqué alguien tiene éxito en la creación de puestos de trabajo y, en consecuencia, en la lucha contra el paro. 
Este es el trasfondo de nuestra propuesta y estamos muy satisfechos de que la Presidencia holandesa la haya recogido inmediatamente. 
¿Qué significa esto? 
Naturalmente, no significa que «benchmarking» sea algo que, por así decirlo, se pueda definir como objetivo científico o económico. 
Se trata de un método para llegar a determinadas conclusiones. 
Un método que tiene la ventaja de que evita las pugnas ideológicas, que el Sr. Caudron quiere iniciar continuamente conmigo, y que en base a ejemplos prácticos se pregunta qué es lo que alguien hace mejor que nosotros. 
Hay diferencias en los resultados- dentro de la Unión, comparando la Unión con los Estados miembros y con otros países- y es precisamente aquí donde queremos hacer hincapié a tres niveles. 
Primero, a nivel de las empresas. 
Se puede y se debería incluir en primera línea también a las pequeñas y medianas empresas. Naturalmente, en todas estas consideraciones se incluye también a los interlocutores sociales, es decir, no solamente la industria. 
Esto puede ser ya de gran ayuda. 
Hay empresas que han llegado a acuerdos mejores con sus trabajadores o con los sindicatos, por ejemplo, sobre horarios de trabajo flexibles. 
Son más productivas, por lo que pueden ofrecer incluso garantías de puestos de trabajo. 
Por ejemplo, la industria química en la República Federal de Alemania ha acordado con los sindicatos determinadas reglas sobre horarios de trabajo y en base a estos acuerdos ha estado en situación de prometer que hasta el año 2.000 no se van a producir despidos debidos a la empresa. 
Es decir, si se actúa correctamente, se puede llegar perfectamente a objetivos que todos compartimos. 
Segundo, a nivel de los sectores industriales. 
Esto ya lo hemos hecho en el pasado cuando pensamos qué política deberíamos adoptar en lo tocante a la industria del automóvil y al mercado interior. 
Una de las cuestiones más importantes que se planteó fue si la industria del automóvil era aún competitiva. 
¿Que hay que hacer para que sea aún más competitiva? 
Primero lo hemos estudiado en comparación con otras industrias. 
Hemos realizado comunicados al respecto y elaborado recomendaciones para, entre otras cosas, no seguir protegiendo mediante cuotas a esta industria frente a la competencia extranjera. 
Pues el proteccionismo- tengo que decírselo al Sr. Caudron, aunque el librecambio sea una receta liberal- conduce a que los protegidos sean más débiles, por lo que se pierde competitividad y, o bien, tengan que concentrarse en su propio mercado o, si alguna vez se abre, que no se pueda competir con otros. 
Ya ha habido de esto. 
Como he dicho, lo estamos haciendo actualmente con la industria química, por lo demás, también con el objetivo de la cualificación de los trabajadores, quienes si siguen trabajando en la industria pueden ser más productivos y si debido a su mejor cualificación, pueden encontrar otro puesto de trabajo, mejoran sus perspectivas de futuro. 
Finalmente, al nivel de los sistemas políticos dentro y fuera de la Unión. 
Tenemos países miembros- como Irlanda- que se desarrollan extraordinariamente. 
Irlanda es un país que, físicamente, se encontraba y sigue encontrándose en la periferia pero que, debido a sus estrechas relaciones de carácter económico, se ha desarrollado ahora muy bien. 
¿Porqué? 
¿Porqué se desarrolla Irlanda mejor que algún que otro gran país miembro? 
Se ha mencionado ya a Alemania. 
Miremos más despacio este ejemplo. 
Si una gran país industrial invierte dinero por ejemplo en industrias que ya no son ni mucho menos competitivas; señor Caudron, yo no tengo la culpa de... 
(Exclamación del Sr. Samland) Señor Samland, estaba pensando en este momento en la política del carbón, pero también podemos tomar la política agraria y quizás debería preguntarse usted si las enmiendas que usted presenta a lo que propone la Comisión corresponden siempre a lo que aparentemente piensa en ese momento. 
A veces, pienso algo diferente al respecto, pero también podemos hablar sobre ello. 
Así pues, señor Caudron, si no se emplea bien el dinero, si se permiten agujeros negros en los presupuestos públicos porque las empresas estatalizadas producen pérdidas sin sentido, entonces no se puede uno admirar de que falte este dinero cuando se quieren crear puestos de trabajo con futuro. 
Estas son sencillas verdades y no tiene nada que ver con ideología. 
Si usted y yo tiramos por la ventana nuestro dinero, no se podrá utilizarlo para fines razonables. 
Este es el sentido del asunto. 
No es un objetivo en si sino un instrumento para lograr objetivos en interés de la lucha contra el paro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0087/97) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0011/97-96/0040/SYN) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción (Ponente: Sr. Farassino). 
Señor Presidente, señores diputados, estamos aquí para hablar en segunda lectura de la directiva relativa a la definición de un sistema de códigos armonizados para los textos que se deben incluir en los permisos de conducción de modelo comunitario expedidos por los Estados miembros. 
Sobre esta propuesta y sobre toda la cuestión del permiso de conducción ya hemos discutido durante mucho tiempo, quizás incluso un poco demasiado. 
El Parlamento se manifestó en primera lectura el 5 de septiembre de 1996 solicitando, entre otras cosas, la ampliación del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las medidas de suspensión y de retirada del permiso de conducción como consecuencia de una infracción cometida en un Estado miembro distinto del que lo ha expedido, así como la creación de un comité consultivo para ayudar a la Comisión. 
Ahora bien, de las ocho enmiendas aprobadas por el Parlamento por una amplísima mayoría, sólo dos han sido recogidas por el Consejo: la enmienda nº 1, encaminada a añadir al texto una referencia de subcódigos, y la parte de la enmienda nº 5 orientada a contemplar los códigos armonizados, o sea el 02 para las prótesis auditivas, el 03 para las prótesis/órtesis para precisar estos textos, y los códigos 70 y 71, a los que se ha añadido una referencia a los símbolos de la Comunidad Europea/ONU para los terceros países; además, la parte de la enmienda nº 5 encaminada a añadir un código 79 para regular los casos de equivalencia entre las categorías de permisos expedidos antes de la entrada en aplicación de la Directiva 91/439/CEE de 1 de julio de 1996 y las categorías definidas en el artículo 3 de la misma directiva. 
Además de eso, el Consejo ha modificado la propuesta de la Comisión y ha previsto la creación de un comité de reglamentación denominado comité para el permiso de conducción, modificación aceptada por la Comisión de Transportes. 
Tengo que decir que no estoy en absoluto satisfecho del comportamiento de la Comisión y del Consejo, que han rechazado la mayoría de las enmiendas presentadas: enmiendas muy importantes que se habían concertado con todos los representantes de los distintos grupos políticos del Parlamento, sobre la base, pues, del apoyo activo de mis colegas y también, o sobre todo, de otros grupos. 
Para la Comisión de Transportes yo he decidido, en suma, volver a proponer las dos principales enmiendas que figuran en mi informe, ya aprobadas, como he dicho hace un momento, por mayoría en primera lectura del Parlamento y que pretenden ampliar el principio del reconocimiento recíproco de los permisos de conducción entre los Estados miembros a la posible suspensión: me parece, efectivamente, una cosa natural que, si una persona comete una infracción gravísima contra la ley o contra los derechos humanos o contra los patrimonios culturales o cualquier otro delito en un Estado, el mismo crimen deba valer también para otro Estado y que la decisión de la autoridad competente del Estado miembro en el que se ha cometido la infracción produzca efectos jurídicos en todo el territorio de la Unión Europea. 
Eso me parece algo elemental. 
En cambio, ante las justificaciones del Consejo que ha rechazado estas enmiendas, sirviéndose del hecho de que el problema corresponde al tercer pilar, yo no puedo hacer más que reiterar mi firme convencimiento de la importancia del principio de armonización a nivel europeo de los casos de retirada del permiso de conducción. 
Considero que ésta es una condición indispensable para garantizar la aplicación concreta de la libre circulación de personas dentro de la Comunidad Europea. 
Por otra parte, me lo confirma, he visto, la que es la recomendación del Parlamento para la segunda lectura: no puedo, pues, sino recomendar al Parlamento que mantenga la posición que asumió en primera lectura y esperar que la Comisión y el Consejo revisen su posición y acepten estas enmiendas. 
Señor Presidente, es evidente que acogemos son satisfacción el presente informe porque permitirá armonizar los permisos de conducción y desarrollar un sistema de códigos que pueda ser comprendido fácilmente por todas las autoridades competentes de cualquier lugar de la Unión Europea. 
Es un paso positivo hacia la eliminación de las dificultades relativas a la traducción y comunicación entre los conductores y las distintas autoridades, y eliminará el componente de agresividad de muchos incidentes. 
Permitirá asimismo una conducción más libre de problemas, y esperamos que eso suceda en toda Europa. 
Para que esta directiva sea lo más eficaz posible, es crucial que el reconocimiento mutuo se amplíe- y esto es importante- a las medidas de suspensión o retirada de los permisos de conducción. 
Actualmente tenemos la absurda situación en la que, por ejemplo, un conductor de Italia que circula por el Reino Unido puede ser responsable de un grave accidente. 
El conductor sería juzgado y se le prohibiría conducir en el Reino Unido durante diez años o incluso de por vida, pero puede regresar a Roma, subir a su coche en el aparcamiento del aeropuerto y salir conduciendo como si nada hubiera ocurrido. 
Eso es completamente inadmisible en la Unión Europea. 
Por consiguiente, parece lógico que el Parlamento apoye las dos enmiendas que he vuelto a presentar y que proceden de la primera lectura. Dichas enmiendas insisten en que el reconocimiento mutuo debe ampliarse también a la prohibición de conducir. 
Es un paso lógico que todos deberíamos aceptar como algo natural. 
Señor Presidente, comenzaré por felicitar al ponente. 
Se trata de un informe que aborda efectivamente las normativas comunitarias. 
Me siento al mismo tiempo sumamente decepcionado, no sólo por el Consejo sino también y en realidad por el Comisario. 
Tal vez nos pueda él aún explicar los motivos por los cuales el Consejo ha adoptado en este caso una posición, me atrevería a decir, tan incomprensible al afirmar que la ejecución de las sanciones constituye el tercer pilar y eso sí que no podemos aceptarlo. 
Si la Comisión ha efectuado una propuesta encaminada a instituir una licencia de conducción comunitaria- un viejo anhelo de mi antiguo mentor y también del Comisario Bangemann, de Cornelis Berkhouwer, que en paz descanse- y finalmente hemos ya avanzado tanto, ahora podemos poner en aplicación esa propuesta a nivel comunitario y decimos: sí, pero si se trata de una licencia de conducción con puntos que se pueden retirar entonces no se puede tratar de aplicar ese sistema a escala transnacional. 
Esto no deja de ser totalmente incomprensible; que sea la propia Comisión la que se explique. 
Señor Presidente, desde septiembre de 1996, fecha en la que el Consejo estableció que la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción, ya modificada en 1994 para incluir en ella un excepción provisional aplicable a Finlandia y a Suecia, tenía que ser modificada, se ha llegado a hoy. 
Hay que señalar que en junio de 1996 la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió no emitir opinión. 
Hoy estamos en la fase final, en la recomendación para la segunda lectura. 
En mi opinión, el Sr. Farassino ha hecho un buen trabajo, alcanzando en parte el objetivo establecido previamente, en particular al aceptarse, si no todas las modificaciones propuestas, al menos un sistema de códigos armonizados por lo que respecta a los textos que se deben incluir en el permiso de conducción, como la obligación de las gafas y la adaptación de los vehículos para conductores discapacitados. 
Pero quisiera aquí preguntar al Consejo y al Comisario qué ha sido de la enmienda presentada por AN relativa al permiso de conducción para los diabéticos no graves. 
Es una enmienda que debería aceptarse. 
Me parece oportuno que el Parlamento amplíe el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las medidas de suspensión y de retirada de los permisos de conducción, propuesta que, por otra parte, el Consejo ha hecho suya, disponiendo la creación de un comité europeo, denominado «Comité para el permiso de conducción» , que pretende armonizar los objetivos comunes para una conducción segura en los distintos Estados miembros. 
El reconocimiento de las sanciones vinculadas a la conducción representa un elemento esencial para aplicar la libre circulación de personas dentro del Mercado Común. 
Señor Presidente, un permiso de conducción autoriza a su titular a moverse libremente en un vehículo también dentro de la Unión Europea. 
Si un ciudadano de la Unión se decide a vivir o trabajar en otro Estado miembro, hasta ahora debía cambiar el permiso de conducción dentro de un plazo determinado. 
Ahora se quiere cambiar esto introduciendo un permiso de conducción europeo, para lo que hay que modificar la antigua directiva de 1991. 
Para hacer realidad el principio del reconocimiento recíproco, los códigos tiene que ser legibles y comprensibles para cualquier control en cualquier Estado miembro. 
Esto es de ayuda para el personal de control pero también para las conductoras y conductores. 
No es suficiente con que en el documento figure la palabra «Europa» ; el contenido debe adaptarse también a la libre circulación de personas y la libre elección del domicilio. 
Esto es aplicable muy en especial a las personas discapacitadas que poseen un permiso de conducción, porque los códigos armonizados determinarán ahora de un modo claramente no discriminatorio las condiciones para conducir un vehículo. 
En esto apoyamos la posición del Consejo. 
Pero, tanto el Parlamento en la primera lectura y ahora la Comisión de Transportes y Turismo, se han pronunciado en favor de que se posibilite el reconocimiento recíproco de las medidas punitivas, es decir, la retirada del permiso de conducción. 
Lamentablemente, ni la Comisión ni el Consejo han tenido en cuenta estas enmiendas que volvemos a presentar ahora. 
El sentido de la libertad de circulación de personas no puede ser que gamberros del tráfico a los que se les ha retirado el permiso de conducción puedan seguir conduciendo sin más en otro Estado. 
Si se permite tal abuso con el aparente argumento de la subsidiariedad, las ciudadanas y ciudadanos de Europa no lo van a entender. 
No les interesa qué pilar es el competente en el Tratado sino que quieren tener propuestas razonables. 
Señor Presidente, señoras y señores, saludo la posición común del Consejo y de la Comisión para la creación de un modelo unitario de permisos de conducción nacionales. 
Contribuirá a facilitar el transporte de personas en la Comunidad y a elevar la seguridad en las carreteras- por lo demás, no sólo la seguridad jurídica y, en consecuencia, la del usuario, sino también la del transporte. Además, se facilitará una eventual justificación del domicilio en un país miembro diferente al que se extendió el permiso de conducción. 
Para lograr estos objetivos, las anotaciones, es decir, todos los datos adicionales y limitaciones que tienen que figurar en el permiso de conducción, deberán realizarse independientemente de los idiomas. 
La lista propuesta de códigos unitarios, tanto de las anotaciones sobre las condiciones para la conducción de vehículos como sobre los procedimientos administrativos para igualar los permisos de conducción, hace que se comprendan mejor las anotaciones del permiso y simplifica los controles de los permisos nacionales que siguen estando en vigor. 
Todo esto está muy bien, pero no entiendo a una parte de esta Asamblea; ¿cómo pueden aceptar que los Estados sigan siendo competentes a la hora de extender los permisos de conducción- aunque sea según un modelo comunitario único- y al mismo tiempo exigir un derecho comunitario para su suspensión o retirada? 
Esto es aplicar dos patrones. 
¿No siguen siendo las cuestiones relacionadas con la justicia y la seguridad interior aspectos del tercer pilar de la Unión Europea que están reservadas a la cooperación interestatal? 
Sólo puedo recomendar que rechacen las enmiendas que lamentablemente ha aprobado mayoritariamente la Comisión de Transportes y Turismo pues atentan contra el derecho europeo en vigor. 
Muchas gracias al Consejo por su posición común, en la que ha tenido en cuenta las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura y aceptadas por la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, parto del hecho de que el Sr. Watts tiene que luchar en Gran Bretaña hasta el 1 de mayo. 
Debatimos por enésima vez sobre el tema de los permisos de conducción y creo que deberíamos acabar por fin con este debate. 
En primer lugar, porque el permiso de conducción tendría que haberse emitido ya el 1 de julio de 1996. Aquí tengo un modelo de cómo debería ser su aspecto exterior. 
Ahora estamos hablando de la fecha del 1 de julio de 1997. 
En segundo lugar, porque ahora solamente tenemos que decidir sobre los códigos, en lo que estamos de acuerdo. 
Por ello, deberíamos recapacitar realmente si queremos una retirada del permiso de conducción para toda la Unión o sólo a nivel nacional. 
En mi grupo político he sido responsable del aspecto y forma de este permiso de conducción y siempre me he pronunciado en favor de un permiso unitario europeo. 
Pero el colega Koch ha llamado acertadamente la atención sobre el hecho de que la soberanía para la emisión radica en el correspondiente país miembro, por lo que también debe seguir siéndolo para su retirada. 
Es muy interesante el ejemplo del italiano en Gran Bretaña que ha expuesto antes el Sr. Morris. 
Es aquí donde radica exactamente el problema. 
Mientras no exista en todos los lugares la circulación por la derecha tendremos tales problemas. 
Sólo cuando en toda Europa exista la circulación por la derecha, podremos hablar de una retirada europea de los permisos de conducción. 
Aquí existe una clara distorsión dentro de la Unión Europea. 
Debemos aceptar la posición común del Consejo y no retrasar la emisión de los permisos unitarios con un procedimiento de conciliación totalmente innecesario. 
Señor Presidente, no defiendo que deba existir un único sistema jurídico o penal en todo el territorio de la Unión Europea. 
No creo que haya muchas probabilidades de que eso ocurra. 
Pero es posible tener varios sistemas jurídicos en una Unión o, incluso, en un país, como sucede en el Reino Unido. 
Soy un abogado inglés, pero no tengo derecho a practicar la abogacía en Escocia, y eso significa que no podría ejercer la defensa ante un tribunal escocés, a menos que supere una serie de trámites especiales. 
No obstante, la retirada del permiso de conducción por parte de un tribunal escocés es reconocida en Inglaterra. 
Y lo único que decimos en el presente informe, o al menos lo único que dicen las enmiendas, es que dicha retirada de un permiso de conducción debe ser reconocida en toda la Unión Europea. 
No puedo creer que en el mundo del correo electrónico y de los ordenadores no sea posible el reconocimiento mutuo de la retirada de un permiso de conducción e, incluso, del sistema de puntos. 
Espero realmente que la Comisión haya escuchado muy atentamente la observación que ha hecho mi colega Sr. Morris, cuyas enmiendas apoyo decididamente. 
Señor Presidente, como el debate ha girado hoy de nuevo sobre el mismo punto que ya se controvertió en la primera lectura- pues en lo demás estamos de acuerdo -, quiero concentrarme sobre dicho punto. 
Naturalmente, desde el punto de vista de una lógica puramente humana se podría decir que no puede haber ninguna diferencia si se retira a alguien el permiso en un país de la Unión que no sea el país de su domicilio. 
Como ustedes saben, la propuesta prevé que para el caso de que se retire el permiso en el país del domicilio, dicha retirada puede tener validez para toda la Unión. 
Esto no es válido para el caso de que el permiso se retire en otro país, es decir, en un país que no sea el del domicilio. 
La Comisión comprende perfectamente estos argumentos. 
Pero en los sistemas jurídicos esto plantea problemas constitucionales y jurídicos, tal como el Consejo ha declarado en repetidas ocasiones, por lo que no ha recogido la enmienda en su posición común. 
La Comisión no puede ignorar estos motivos. 
Les ruego lo comprendan. 
Además, señora Schmidhuber, parece que el Parlamento no lo va a apoyar. 
He escuchado con gran atención a mis amigos del Grupo Liberal, pero no he podido adivinar qué es lo que quieren hacer. 
En cualquier caso, parece que los demócrata-cristianos van a rechazar esta enmienda con su apoyo. 
Incluso aunque los liberales no se adhieran en el presente caso a los demócrata-cristianos, no va a haber una mayoría suficiente. 
Así pues, por el momento, estamos debatiendo sobre una cosa que probablemente solamente tiene una importancia teórica. 
No obstante, puede tener importancia práctica en el momento en que el Consejo, quizás en la Conferencia Intergubernamental, se ponga de acuerdo en poner determinadas cosas bajo la competencia comunitaria. 
En este caso, se podría hablar de nuevo al respecto. 
Es totalmente correcto lo que ha dicho el Sr. Ferber: si el Parlamento presentase de nuevo estas dos enmiendas- el ponente se ha pronunciado muy vehementemente a favor de elloocurriría que todo este asunto se paralizaría. 
No todos los Estados miembros las defienden con el mismo entusiasmo que el Parlamento. 
No tendríamos ningún resultado. 
Quizás esto no sea necesariamente un motivo para no intentar que se imponga la opinión del Parlamento, pero en realidad no cambiaría nada. 
Ni siquiera será posible el posible reconocimiento de una retirada del permiso por parte del país del domicilio. 
Sería un resultado muy insatisfactorio, mientras que esta propuesta supone al menos un primer paso que puede tener repercusiones positivas si todos tienen buenas experiencias con ella. 
Esta es la apreciación de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al «Turno de preguntas» (B4-0164/97) dirigidas a la Comisión. 
Pregunta no. 30 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0225/97): 
Asunto: Controles y sistemas de control para la comprobación de fraudes e irregularidades en lo que respecta a los productos agrícolas 
Basándose en la organización común de mercado (OCM) del aceite de oliva y, anteriormente, en la del algodón, la Comisión alega casos de fraude para revisar los objetivos de dichas OCM. 
Sin embargo, es sorprendente que las irregularidades que salen a la luz pública afecten casi siempre a los productos agrícolas mediterráneos. 
Por una parte, es lógico que los fraudes se produzcan allí donde las estructuras de control (organismos de control, por ejemplo) son más importantes y donde se efectúan controles especialmente rigurosos, y que no se detecten allí donde no se llevan a cabo los mismos controles al no existir la estructura necesaria o la misma predisposición. 
¿Puede indicar la Comisión si existe un equilibrio en los controles efectuados en los últimos cinco años por producto y por medida (por ejemplo, subvenciones a la exportación, intervenciones, etc.) entre los productos del norte y los del sur, y si de estos controles se desprende que los fraudes no sólo afectan a los productos mediterráneos mencionados? 
Algunos productos están geográficamente limitados a determinados Estados miembros. 
Por eso no es extraño que el fraude que se comete con ciertas modalidades de ayudas se produzca precisamente en estos países. 
El aceite de oliva y el algodón son ejemplos de productos que se cultivan exclusivamente en unos países determinados. 
La Comisión quiere subrayar que, en primer término, son los países miembros los responsables de los controles de las acciones que financia la Comunidad. 
Existe una legislación comunitaria especial en lo referente a los controles que se efectúan dentro del Fondo de Garantía para la agricultura. 
La tarea de la Comisión es procurar que los controles se produzcan de un modo uniforme. Esto se lleva a cabo a través de sus propias indagaciones sobre el terreno y de los programas nacionales de control. 
Además del Reglamento para la financiación de la política agrícola común, existe una serie de disposiciones para medidas como por ejemplo, las subvenciones a la exportación. 
También existen disposiciones especiales que afectan a determinados productos. 
Existen, por ejemplo, agencias especiales para la inspección del aceite de oliva y el tabaco, así como órganos de inspección para la fruta, verduras y vino. 
Uno de los objetivos del Reglamento sobre los controles sobre el terreno, on the spot controls, es garantizar un nivel de protección uniforme para el presupuesto comunitario en todos los países miembros. 
Los Estados miembros tienen, de conformidad con el Reglamento 595/91, la obligación de comunicar a la Comisión los casos de fraude o irregularidades que descubran sus órganos de control. 
El Informe Anual de la Comisión sobre el fraude demuestra claramente la variedad de medidas adoptadas y, en general, -hay que tener esto presente- el fraude es común a todos los países miembros. 
La reforma de la organización común de mercados no se limita por tanto solamente al aceite de oliva y al algodón, sino que incluye por ejemplo las modificaciones llevadas a cabo recientemente en los sistemas de ayudas para el lino, el cáñamo y los piensos. 
También se han hecho más rigurosas las disposiciones sobre el control de las subvenciones a la exportación. 
Señora Comisaria, no quiero decir, y así lo señalo en mi pregunta, que los fraudes sólo se produzcan en los países del norte. 
Sin duda, se producen también en los del sur. 
Sin embargo, la Comisión centra su crítica únicamente en los países del sur y, a todas luces, en la cuestión de la revisión del Reglamento de la OCM del aceite de oliva. 
Naturalmente, conozco el Reglamento 595/91, que obliga a los Estados miembros a comunicar los datos existentes sobre fraudes detectados. 
Además, en este aspecto me satisface absolutamente la respuesta de la Comisión, que reconoce que de estos datos se deduce que no sólo son objeto de fraudes los productos del sur, sino también los del norte. 
No obstante, debo hacer una observación. Primero, la Comisión no me facilita ciertos datos sobre los controles efectuados no por los Estados miembros, sino por ella misma, dado que parecen ser estos los controles que le permiten obtener los datos sobre fraudes. 
¿Qué datos se han extraído de esos controles, por ejemplo, sobre los productos del Norte? 
Segundo, partiendo del hecho- reconocido también por la Comisión en su respuesta- de que se registran fraudes y, en general, irregularidades análogas en los productos del norte, me llama mucho la atención que no se proceda a revisar también el régimen de OCM correspondiente a dichos productos. 
¿Por qué el aceite constituye el único caso del que se ocupa la Comisión con respecto a los fraudes? 
El distinguido diputado no ha entendido en absoluto a la Comisión en este punto. 
Hemos demostrado clara e inequívocamente en el informe que presentamos anualmente, tanto ante esta cámara como ante la opinión pública, que el fraude se produce tanto en el sur como en el norte de la Unión Europea. 
A partir de aquí, a veces puede parecernos más conveniente ocuparnos de determinados productos en las diversas regiones. 
Recientemente, la Comisión ha adoptado un nuevo método para ocuparse de las modalidades de ayudas para el aceite de oliva, y en estas modalidades también se ha observado la existencia del fraude. 
Quisiera hacer dos preguntas a la Comisión partiendo de la base de que no solo hay que controlar el fraude sino que además hay que recuperar las cantidades defraudadas- desgraciadamente el fraude comunitario no descubierto es más del 90 %, solamente se descubre el 10 %.- 
La primera pregunta es si está dispuesta la Comisión a tener en todos los países un sólo organismo interlocutor para descubrir este fraude. 
Y la segunda pregunta: ¿con qué criterios aplica la Comisión la facultad que tiene de reducir o suspender provisionalmente los anticipos mensualmente del FEOGA Garantía- ya que por este sistema podría recuperar este dinero y, que yo sepa, solamente se ha aplicado en algunos casos muy especiales de países del sur, pero no tengo conocimiento de que se haya hecho en fraude de vacuno o en fraude de cereales o en otros tipos de fraude -? 
Es cierto que los países miembros de la Unión no son buenos a la hora de procurar que se devuelvan las cantidades que han ido a parar a los bolsillos equivocados. 
En este sentido necesitamos una mejor cooperación para que aumente el porcentaje de devoluciones. 
A todo esto hay que añadir que el Financial Control de la Comisión ha empezado a establecer acuerdos con los países miembros por separado. 
Estos acuerdos tienen como objetivo establecer unos sistemas para el seguimiento de todos los proyectos, el modo en que se va a controlar la utilización de los recursos en los países respectivos, y el modo en que podemos cooperar mejor, lo cual nos llevará a un respeto por el principio de que hay que gestionar el dinero de los contribuyentes de un modo responsable. 
Señor Presidente, quisiera solamente recordar una pregunta que se ha formulado anteriormente y que no ha tenido respuesta. 
Efectivamente, las propuestas de reforma de la OMC del aceite de oliva demuestran una especial atención a la situación del sur de Europa. 
En la base de esas propuestas hay un único argumento, el de la lucha contra los fraudes: quisiera saber, pues, con qué datos y como consecuencia de qué inspecciones se ha adoptado un planteamiento de este tipo para el aceite de oliva, y cuál es la relación entre el número de las inspecciones que se han hecho en este caso y las que han afectado a otros productos, por ejemplo a las importaciones de arroz de los países de ultramar de los Países Bajos o de plátanos en el puerto de Amberes. 
Según el Comisario Fischler, responsable del sector agrícola, había muchas razones por las que era necesario modificar la configuración de las ayudas a los productores de aceite de oliva, puesto que tanto estas ayudas como la organización existente eran incompletas. 
Por eso se ha presentado una propuesta para adoptar un nuevo procedimiento para atacar el fraude, que lamentablemenente también se produce en el sector del olivo. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 31 caduca. 
Pregunta nº 32 formulada por Staffan Burenstam Linder (H-0252/97): 
Asunto: Costes de la ampliación hacia el Este 
Las estimaciones en torno a las consecuencias presupuestarias que ocasionaría a la UE una ampliación hacia el Este han merecido una gran atención, y, en ocasiones, se han presentado estos costes como un obstáculo a la hora de aceptar nuevos Estados miembros. 
Los beneficios que genera una mejora de la situación en materia de política de seguridad se dejan sentir únicamente en términos cualitativos. 
Por el contrario, el esfuerzo presupuestario que implica la redistribución desde los actuales Estados miembros a los nuevos se traducirá también en enormes beneficios económicos, motivados por un mayor crecimiento. 
Se han llevado a cabo estudios en centros universitarios que muestran que la ampliación hacia el Este generará grandes beneficios para la Unión. 
La elaboración por parte de la Comisión de un estudio consistente sobre los grandes beneficios económicos que revestiría la ampliación hacia el Este, tanto para los actuales como para los futuros Estados miembros, dotaría de un mayor equilibrio al debate sobre esta ampliación. 
¿Cuál es la opinión de la Comisión a este respecto? ¿Tiene previsto la Comisión elaborar algún estudio de estas características? 
Respondiendo a la pregunta del Sr. Burenstam Linder desearía efectuar la siguiente observación. 
La ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental constituye para la Unión Europea un desafío histórico. 
Esa extensión es necesaria desde un punto de vista político ofreciendo al mismo tiempo enormes oportunidades. 
Y si este proceso se prepara y se lleva a cabo de manera positiva, se fortalecerá la paz, la seguridad y la estabilidad y se fomentará la economía europea. 
Su Señoría señala pertinentemente que las consecuencias presupuestarias de la ampliación deberán considerarse en el ámbito más vasto de los impactos que tendrá este proceso en la economía de la Unión. 
La extensión del mercado interior a otros cien millones de consumidores representa un importante logro para los Estados miembros actuales en lo referente al crecimiento del comercio y de la actividad económica. 
Con vistas a aprovechar de manera óptima las ventajas de la ampliación, los países candidatos y la Unión deberán además estar debida y oportunamente preparados a dicha extensión, debiendo enfocarse de manera adecuada los posibles problemas de adaptación resultantes de este proceso. 
A petición del Consejo de Europa, la Comisión está realizando un estudio sobre las consecuencias de la adhesión para la gestión de la Unión y la posterior evolución que cabe esperar. 
Este denominado «estudio de impacto» y otros documentos relacionados con él, y solicitados por el Consejo de Europa, la Comisión los hará llegar a manos del Consejo acto seguido de concluida la Conferencia Intergubernamental. 
Los efectos de la ampliación sobre la gestión de la Unión Europea son puestos en relación con las consecuencias económicas esperadas en un sentido más amplio que también por consiguiente serán evaluadas. 
A este respecto, y junto a las tareas desempeñadas por sus propios servicios, la Comisión toma igualmente en consideración otra investigación científica sobre la ampliación, entre las que figura la investigación respecto a las ventajas económicas que cabe esperar. 
Agradezco su respuesta al Comisario Van den Broek. 
Ciertamente, se han mencionado a menudo las ventajas de la ampliación hacia el Este, pero es conveniente que el Sr. Van den Broek lo haga de nuevo. 
Espero que este impact study nos proporcione un análisis general con un cálculo cuantitativo de las posibles ganancias. 
A pesar de que la Unión Europea se basa en la idea de que la libertad y la paz se promueven a través de la integración, no se deduce claramente del debate celebrado que las ganancias son indiscutiblemente elevadas. 
Hoy por hoy discutimos sobre los costes de la ampliación como si representasen un serio obstáculo. 
Existe el riesgo de que con ello se dificulte la ampliación hacia el Este. 
Por consiguiente, me satisface que se lleve a cabo este impact study, y espero que contenga además unos cálculos sobre las posibles ganacias. 
Comprendo el deseo de Su Señoría de poder disponer también de datos cuantitativos correspondientes a las consecuencias de la ampliación, aunque creo es bastante especulativo establecer en cifras precisas las ventajas económicas más generales y los costes de un proceso de tal complejidad como la ampliación de la Unión Europea, habida cuenta los factores sumamente inciertos que intervendrán a menudo en el mismo. 
Por ese motivo soy en realidad algo reservado en brindar estimaciones cuantitativas. 
Pero puedo decir gustoso a Su Señoría que también incluimos en nuestro análisis los resultados de la investigación científica existente, tal como señalé anteriormente. 
Aunque hay que tomar en consideración como es natural tanto la inseguridad de las evoluciones económicas en el ámbito de la propia Unión Europea como las consecuencias de la ampliación en una cierta política europea así como las futuras evoluciones, también inseguras, que habrán de registrarse en el aspecto económico en los países candidatos a la adhesión. 
Es en realidad este conjunto de datos lo que hace difícil el referirse con exactitud a cantidades. 
Diré por último que aquéllos escépticos en cuanto al grado en que la integración de los nuevos Estados miembros habrá de crear nuevas oportunidades económicas, puede ya señalarse el enorme incremento del comercio con los países candidatos a partir del brusco cambio, de la profunda transformación de estos países que se inició en 1989 y de años posteriores. 
Vemos así que en muy numerosos sectores económicos, incluyendo la agricultura, por el momento puede hablarse ya de un excedente considerable por parte de los países de Europa Occidental que hace desear que en los países de Europa Oriental se instaure un mayor equilibrio, pero el alto grado de importaciones de bienes de inversión, concretamente en aquellos países empeñados en modernizar su economía, constituye un elemento que explica ese desequilibrio. 
En calidad de alguien que se dispone a viajar a Polonia la semana próxima con la Comisión Parlamentaria Mixta, también yo deseo hacer hincapié en los altísimos niveles de crecimiento que están alcanzando Polonia y la República Checa entre los países aspirantes. 
Al igual que el autor de la pregunta original, acogería con enorme satisfacción que la Comisión nos ofreciera un desglose de cuántos países exactamente contribuirán a la economía global de la UE, tanto en términos de ampliar los mercados para los actuales Estados miembros, como la aportación que harían dichos países al crecimiento económico general. 
¿Tendrá en cuenta el estudio de impacto que lleva a cabo la Comisión estas ventajas positivas, además de los posibles costes? 
Aparte de que es mi deber hacerlo, puedo ser sumamente breve ya que todas las preguntas planteadas por Su Señoría encuentran respuesta de hecho en las opiniones que la Comisión habrá de deliberar, según espero, alrededor de mediados de junio, y basándose en dichas deliberaciones los gobiernos deberán decidir hacia finales de año, supuestamente en una Cumbre Europea, sobre lo que habrá de suceder con respecto a la apertura de las negociaciones de adhesión. 
Desearía pedir pues un poco de paciencia, ya que la evaluación y el examen detallado de las cifras que aquí se nos solicitan en este momento se hallan en proceso de obtención y espero que próximamente habrá que extraer al respecto una mayor claridad del informe extenso que la Comisión está preparando en la actualidad para los diez países candidatos. 
Quisiera destacar la importancia que tiene el impacto que va a producir sobre las políticas agrarias comunitarias la integración de los países del Este, al margen de la importancia política que va a tener su integración en la Unión Europea. 
Pero yo quisiera preguntarle si en ese estudio de impacto que nos ha prometido se ha evaluado el impacto pormenorizado en cuanto a productos y en cuanto a plazos sobre las políticas agrarias. 
También en este caso debo pedir paciencia de su parte. 
Comprendo perfectamente que estas preguntas están extremadamente justificadas en lo referente a la próxima ampliación. 
Pero precisamente también porque los jefes de gobierno nos han pedido informaciones sobre todos los aspectos de esa ampliación, incluyendo sus efectos sobre la política de la Unión y concretamente sobre importantes formas de gestión como la política agrícola común y la política estructural, a fin de presentarlas todas más tarde en sus interrelaciones, más o menos a mediados de julio, no puedo ahora más que responder de manera muy fragmentaria a las preguntas planteadas. Y responder efectivamente en el sentido de que Su Señoría sabe bien que la reforma de la política agrícola común se halla también en marcha ya hace algún tiempo en nuestra Unión. 
Debida en parte a la puesta en aplicación de las propuestas Macsherry, en parte a los acuerdos de la Ronda de Uruguay, y la reforma continúa aún. 
Igualmente con vistas a una posible nueva ronda mundial en el ámbito de la eventual liberalización de la agricultura se espera la celebración de una conferencia hacia finales de este siglo. 
Si tomamos esto también en consideración con relación a la próxima ampliación al Este resulta totalmente obvio que no cabe referirse a una radical revolución en lo tocante a la propia política agrícola, sino que será necesario un continuo ajuste tanto como se recomienda un ajuste a los países candidatos velando por supuesto en primer lugar que se proceda a una privatización de los terrenos agrícolas en la medida en que éstos no hayan sido aún sometidos a ella, y asesorándoles también en cuanto a la reestructuración y también en particular sobre la modernización de la propia agricultura con vistas a permitir un crecimiento conjunto de los sistemas. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas n 33 y 34 caducan. 
El acuerdo toma la forma de una declaración ministerial adoptada el 13 de diciembre de 1996 en Singapur en el que intervienen catorce partes, incluida la Comunidad Europea. 
Define el objetivo general de eliminar los derechos arancelarios antes del año 2000 de una lista concreta de productos de tecnología de la información. 
A menos que se acuerde de otro modo, la eliminación de aranceles se llevará a cabo a través de medidas equitativas que comenzarán el 1 de julio de 1997 y que deberán haber quedado concluidas antes del 1 de enero de 2000. 
El ITA estipuló dos condiciones para su entrada en vigor. 
Debía cubrir el noventa por ciento del comercio mundial de TI y debía alcanzarse un acuerdo sobre la ampliación excepcional de los plazos, es decir, estipular los recortes o la eliminación de aranceles, ya sea antes o después del 1 de enero de 2000. 
Estas dos condiciones ya se han cumplido. 
El 24 de marzo, el Consejo adoptó la decisión formal de que la CE suscriba el ITA. Observó que estaba cubierto más del 90 % del mercado mundial, y dio su conformidad a los plazos solicitados por algunos participantes. 
El 26 de marzo, 25 participantes que representan el 92 % del comercio mundial de productos de tecnología de la información se reunieron, revisaron y aprobaron sus respectivos calendarios para la eliminación de los aranceles de una lista concertada de productos de TI sobre una base de consenso, poniendo así en vigor el Acuerdo sobre Tecnologías de la Información. 
Le agradezco al señor Comisario la información, pero yo esperaba de él que hubiera aprovechado esta oportunidad para aclarar qué concesiones se tuvieron que hacer en materia de derechos arancelarios para los productos de las tecnologías de la información en dicha reunión para conseguir ventajas en el comercio de los alcoholes, porque no ha quedado claro. 
Nos gustaría conocer con total transparencia el peso real que hay en cada platillo de la balanza, así como la reacción de los Gobiernos nacionales ante este acuerdo, cómo va cuajando el compromiso de reducción de tarifas para el comercio de semiconductores programada en tres fases, hasta el año 1999, si continúa la esperanza de conseguir un fuerte incremento de puestos de trabajo en la Unión Europea, como se había previsto, a través de la exportación, y si se consigue, como se prometió, un mayor acceso a la industria europea en mejores calidades de equipos con precios más competitivos. 
Sencillamente, señor Comisario, información más completa a este respecto. 
El acuerdo sobre bebidas alcohólicas se alcanzó de forma paralela con los Estados Unidos cuando nos encontrábamos en Singapur, y tuvo como resultado la eliminación de aranceles sobre determinadas bebidas alcohólicas que no habían sido incluidas anteriormente en la Ronda Uruguay. 
Ni que decir tiene que, formalmente, no tenía nada que ver con el ITA, pero el acuerdo se alcanzó, en cierto modo, como una concesión adicional a la Unión Europea en dichas conversaciones. 
Existía un problema específico sobre la aplicación de este acuerdo con respecto al ron, pero el 1 de marzo se ultimaron los detalles de manera satisfactoria para la industria europea. 
En lo que respecta al propio ITA, he mencionado que existían disposiciones para una puesta en marcha especial previo acuerdo. 
En el marco del ITA se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos sobre el tema de los semiconductores. 
Dicho acuerdo prevé la eliminación de los aranceles sobre los semiconductores de la CEE con mayor celeridad de lo que dicta la normativa general definida en el marco del ITA, pero también en compensación por esto, se acordó la eliminación en un solo paso de algunos aranceles sobre productos de los EE.UU. de interés para la Comunidad Europea. 
Fue una negociación dura y ése fue el resultado. 
Como consecuencia, la industria europea participará en la sesión inaugural del Consejo mundial sobre semiconductores, establecido originalmente por los Estados Unidos y Japón, en el que teníamos grandes deseos de entrar; de hecho insistimos en este punto como condición para incluso iniciar las negociaciones con el ITA. 
Ese objetivo lo hemos alcanzado. 
El Consejo supervisará las actividades de cooperación entre las empresas. 
Sentíamos una gran preocupación de que los japoneses y los norteamericanos siguieran adelante sin nosotros. Ahora también nosotros estaremos allí. 
Como resultado de todo esto, la industria europea acoge con gran satisfacción el ITA, y piensa que este acuerdo no sólo permitirá reducir los costes para muchas empresas que importan productos de TI, sino que además proporcionará nuevas oportunidades a los exportadores de productos de TI de la Unión Europea. 
Pregunta nº 36 formulada por Hugh McMahon (H-0221/97): 
Asunto: Dumping del salmón noruego 
¿Podría informar la Comisión sobre las medidas que piensa adoptar en espera de la investigación sobre las prácticas desleales por parte de los productores y las empresas de transformación de productos alimenticios a la hora de exportar salmón noruego a la UE? 
¿Está la Comisión a favor de la introducción de restricciones cuantitativas o de la imposición de un gravamen a las exportaciones de salmón noruego a la UE y tiene intención de remitir esta cuestión al órgano de vigilancia del EEE? 
El 31 de agosto de 1996, la Comisión inició dos investigaciones por separado sobre supuestas prácticas de dumping, por un lado, y sobre una supuesta subvención del salmón atlántico producido en piscifactorías de Noruega, por otro. 
Ambas investigaciones están muy avanzadas. 
Habida cuenta de que éstas están sujetas a plazos estatutorios, cualquier medida provisional que pueda imponer la Comisión deberá publicarse antes del 31 de mayo. 
La Comisión no ha tomado aún ninguna decisión final, pero el Parlamento será informado de los resultados de las investigaciones. 
En caso de que se decida imponer medidas, éstas suelen tomar la forma de una tasa calculada sobre el precio de importación CIF. 
Habida cuenta de que ningún Estado miembro ha solicitado a la Comisión que adopte medidas de salvaguarda, no es posible prever por el momento ninguna medida cuantitativa. 
Teniendo en cuenta que una acción de este tipo se lleva a cabo en virtud del Derecho comunitario pertinente en materia de antidumping y antisubvenciones, que tiene su base en los acuerdos de la OMC y no en el EEE, no se estima adecuado plantear esta cuestión en el contexto del acuerdo sobre el EEE. 
Hemos mantenido conversaciones de carácter informal en el marco de la autoridad de vigilancia de la AELC. 
Señor Presidente, aunque agradezco al Sr. Comisario su respuesta, me gustaría que nos ofreciera más información; tal vez pueda importunarle para que lo haga. 
Según la prensa, el Comité Consultivo celebró ayer una reunión en la que- se dice- varios Estados miembros decidieron no apoyar la propuesta de la Comisión de emprender acciones: se habló de una tasa de entre el 12 y el 15 %. 
Quisiera preguntarle, señor Comisario, qué sucedió realmente en la reunión de ayer. 
En segundo lugar, usted afirma que ningún Estado miembro ha hecho una representación. 
¿Podría confirmar o negar que el Gobierno de Noruega hizo representaciones, y estaría dispuesto a confirmar o negar que no ha habido ninguna representación ni de Raymond Robertson, ministro escocés responsable de la Pesca, ni de Michael Forsyth, Secretario de Estado escocés? 
Ha mantenido, señor Comisario, algún contacto con el Sr. Robertson desde la infructuosa reunión y los contratiempos surgidos con la Comisaria de Pesca, Sra. Bonino? 
Haré todo lo posible para ofrecer la información que buenamente pueda ofrecer. 
Su Señoría ha debido oír mal, porque no he dicho que ningún Estado miembro se haya dirigido a la Comisión, he dicho que no hemos recibido ninguna solicitud de que la Comisión adopte medidas de salvaguarda. Es algo bastante distinto de las solicitudes de que se adopten medidas antidumping o antisubvenciones. 
Puedo asegurar a su Señoría que el gobierno al que hacía referencia ha contribuido a hacer avanzar el caso al que también se ha referido y por el que se interesa. 
O sea que, en una palabra, no hay ninguna ventaja electoral en este asunto. 
Quisiera decir también que, en cuanto a los noruegos, han dado a conocer sus opiniones. 
Tal vez sólo deba decir, para ser perfectamente claro al respecto, que puesto que la pesca quedó expresamente excluida del EEE, entre otras razones por deseo del Gobierno noruego, se aplicarán las disposiciones normales de los instrumentos de antisubvención y antidumping comunitarios, y no aceptamos que Noruega quede exenta de su cumplimiento porque es miembro del EEE. 
Señor Comisario, permítame que le pida respetuosamente que, cuando se formule una pregunta, le dé yo la palabra. 
No es sólo que yo reclame mi trabajo, sino también que los que no conocemos su lengua necesitamos que las cabinas de interpretación nos hagan llegar las preguntas y las respuestas. 
Por lo tanto le agradeceré que, además de justificar mi trabajo y mi sueldo, me permita usted darle la palabra. 
Como ahora se la doy a la Sra. Thors para una pregunta complementaria durante un minuto. 
Sabemos más cosas sobre este asunto a través de lo que figura en el World Fisheries ' Report los últimos días, donde se dice que se preparan restricciones cuantitativas e imposiciones de gravámen. 
Espero que sea cierto lo que dicen los periódicos, porque es evidente que no son sólo los pescadores escoceses los que han resultado muy perjudicados. 
Por ejemplo, el archipiélago de Finlandia no ha solicitado del Programa Pesca un solo marco en concepto de ayudas a la inversión para pescadores porque los precios han bajado de 25 a 15 marcos por kilo. La importación de salmón noruego ha doblado su volumen. 
Por eso me pregunto también: ¿Existe la posibilidad, a través del gravamen que espero se introduzca, de que se compense a los pescadores por los daños sufridos a raíz de la importación procedente de Noruega? 
Su Señoría tiene toda la razón al llamar la atención sobre el hecho de que- por deducción- si se introducen medidas, éstas no serán en beneficio de ningún país en particular ni de ningún grupo de pescadores. 
Se tratará de unas medidas que impondrá la Unión Europea a aquellos que sean reconocidos culpables de prácticas de dumping o de conceder las subvenciones- en caso de que se impongan dichas medidas -, y éstas se impondrán en beneficio de todos los afectados por la práctica de dumping, porque el efecto será una tasa que deberán abonar en el futuro aquellos que sean declarados culpables de prácticas de dumping o de conceder subvenciones. 
Pregunta nº 38 formulada por Glenys Kinnock (H-0261/97): 
Asunto: Proyecto Panam 
En vista de las reservas manifestadas en 1994 por el Parlamento Europeo acerca del proyecto Panam, ¿puede decir la Comisión si está segura de que, con la propuesta de proyecto actual, se han resuelto plenamente las dudas formuladas por el Parlamento en cuanto a loa ámbitos indicados más abajo? 
¿Se ha consultado y contado con la plena participación de las ONG? 
¿Se ha realizado una evaluación completa del impacto medioambiental? 
¿Será el pueblo tibetano el único beneficiario del proyecto? 
Las ONG que trabajan en el Tíbet fueron consultadas en cada una de las fases de preparación del proyecto. 
Además, en la redacción del proyecto colaboraron especialistas que ya habían trabajado anteriormente con las ONG. 
Las ONG participaron además plenamente en el nuevo examen del proyecto que se llevó a cabo en septiembre de 1995. 
Desde entonces, la Comisión ha mantenido contactos regulares con las ONG, que han mostrado especial interés por participar en el proyecto. 
A raíz de la nueva evaluación del proyecto llevada a cabo en septiembre de 1995, se llegó a la conclusión de que el proyecto, en el que destacan aspectos como la estabilización del río, un plan de reforestación y el cultivo de forraje, tendría un impacto beneficioso para el medio ambiente. 
Se ha previsto realizar un estudio integral sobre el impacto ambiental, como parte de los estudios preliminares, que se llevarán a cabo inmediatamente después de la puesta en marcha del proyecto, para garantizar que el impacto continúa siendo positivo. 
La Comisión puede confirmar que el proyecto ha sido diseñado de manera que garantice que beneficiará únicamente a la población tibetana local. 
Se ha consultado al pueblo tibetano y se le ha dado la oportunidad de que se manifieste libremente durante el diseño del proyecto y durante las fases de evaluación, y además se le confiará la dirección del proyecto, en caso de que este siga adelante una vez finalizado y a condición, naturalmente, de que los interesados estén cualificados para cubrir los diferentes puestos de gestión y de ingeniería en cuestión. 
Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Comisario. 
Estoy segura de que se hará cargo de que debo tomar un avión para regresar al Reino Unido. 
Encuentro interesante lo que usted dice. 
Me alegra oírle decir que se han consultado a las ONG. 
Eso es bueno, pero me consta que algunas ONG clave no han tenido la más mínima participación en el proyecto. 
Quisiera pedirle, señor Comisario, que nos informe sobre a qué ONG se refería exactamente, y también me gustaría saber si se ha mantenido algún contacto con dichas ONG durante los últimos seis meses. 
Quisiera saber asimismo por qué se llevará a cabo la evaluación ambiental una vez que se inicie el proyecto. 
Sin duda tendría mucho más sentido llevarla a cabo antes de ponerlo en marcha, porque así se garantizaría que se evita cualquier contratiempo o dificultad que pudiera surgir. 
También me alegra que haya hablado de que el proyecto ha sido diseñado para beneficiar al pueblo tibetano. 
Pero también me gustaría saber si puede garantizar que la entrega del proyecto también beneficiará al pueblo tibetano, y no sólo su diseño, y quisiera pedirle además, señor Comisario, que nos asegure que éste es un proceso mucho más abierto y transparente que la última encarnación del proyecto, y que los documentos pertinentes serán puestos a disposición del Parlamento y de otras partes interesadas. 
Le agradezco a su Señoría su continuo interés en el proyecto. 
Permítame responder, en primer lugar, a la pregunta del estudio sobre el impacto ambiental. 
Como he dicho, forma parte de los estudios básicos que se llevarán a cabo inmediatamente después del inicio del proyecto. 
En cierto sentido, será antes de que el proyecto se ponga realmente en marcha, pero ni que decir tiene que no puede llevarse a cabo más que como parte del mismo. 
En ese sentido, tendrá lugar al comienzo de todo para garantizar que no ocurre nada en el transcurso del proyecto que pudiera derivar en una situación peor de la que existía antes de que se iniciaran los trabajos. 
Por ello creo que, en este aspecto, tenemos un objetivo común, que alcanzaremos de una manera que sea aceptable para su Señoría. 
Ciertamente coincido en que es fundamental garantizar que la entrega del proyecto deberá beneficiar al pueblo tibetano, al igual que su diseño, y ése es precisamente el objetivo de la vigilancia del proyecto. 
Sólo me interesa la transparencia, y seguiré manteniendo al Parlamento plenamente informado del proceso. 
Por último, y quizá lo más importante, los últimos aspectos pendientes de finalizar y sin los cuales no estaré dispuesto a dar mi aprobación final para que el proyecto se ponga en marcha, son, en primer lugar, que estemos realmente seguros de que el proyecto beneficiará a la población étnica tibetana. 
En segundo lugar, que se autorice a las ONG a participar en la aplicación del proyecto, por lo que nos hemos puesto en contacto con algunas ONG como Médicos Sin Fronteras y el Save The Children Fun durante los últimos seis meses, y tenemos la intención de que se permita participar a aquellas ONG que lo deseen, algo que, según me consta, es un aspecto por el que su Señoría ha demostrado interés desde el principio. 
Creo que este aspecto está, por fin, garantizado, pero no daré mi consentimiento final hasta que esté totalmente seguro de que lo está realmente. 
La pregunta nº 39 no se examina, dado que el asunto al que se refiere ya figura en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 37 formulada por Richard Howitt (H-0224/97) , sustituido por el Sr. Cunningham 
Asunto: Derechos antidumping en el sector textil 
Al establecer derechos antidumping sobre el tejido en bruto, con aumento de los precios para las empresas textiles del Reino Unido, entre ellas la empresa Greige, con sede en Benfleet, en la circunscripción del autor de la pregunta, ¿qué distinción hace la Comisión entre los importadores europeos que aplican y controlan sus propias normas éticas por lo que respecta al trabajo infantil y a otras prácticas laborales incorrectas, y las empresas menos escrupulosas que no se ocupan de verificar que sus proveedores acatan dichas normas? 
¿Puede la Comisión explicar cómo garantizará que esta medida no impida el acceso equitativo al mercado europeo de los buenos proveedores de los países menos desarrollados? 
¿Piensa la Comisión emprender otras medidas al respecto? 
Cuando la Comisión lleva a cabo investigaciones sobre antidumping, como ésta que nos ocupa relativa a la importación de tejido de algodón en bruto, está sujeta a las disposiciones del Reglamento del Consejo (CEE) nº 384/96, que refleja el acuerdo de la OMC en este ámbito. 
Este instrumento fue ideado para eliminar la distorsión del comercio que ocasionan las importaciones de mercancías a precios de dumping y, por lo tanto, no impide el acceso en condiciones justas al mercado comunitario de los productores de cualquier país, ya sea desarrollado o no. 
En lo que respecta a la cuestión del trabajo infantil, el Sistema revisado de Preferencias de tarifas Generalizadas, el SPG, nos permite retirar temporalmente, en su totalidad o en parte, los beneficios del régimen preferencial con respecto a países en los que se practican las formas más denigrantes de trabajo infantil, a saber, la esclavitud o los trabajos forzados. 
Además, el plan prevé preferencias adicionales, es decir, tipos preferenciales de aranceles más reducidos que podrán concederse a partir del próximo 1 de enero a los países beneficiados que respeten realmente las normas de determinados convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incluido el Convenio 138 relativo al trabajo infantil. 
La Comisión presentará, a su debido tiempo, una propuesta de decisión del Consejo sobre dichas preferencias adicionales y las modalidades para su aplicación. 
Tengo una pregunta muy sencilla. 
¿Qué respuesta daría el Sr. Comisario a empresas de mi circunscripción como J.W. Wilkinson de Kendal y Stead McAlpine de Carlisle, a las que les preocupa enormemente que la imposición de unos aranceles tan elevados sobre el tejido en bruto origine desempleo, inflación y daños irreparables al sector textil, no sólo del Reino Unido, sino de toda la Unión Europea? 
No estoy de acuerdo con aquellos que expresan esa opinión, aunque respeto su sinceridad al pensar así. 
Hemos estudiado este asunto con mucho detenimiento. 
En primer lugar debemos establecer si ha habido prácticas de dumping- y creo que está claro que las ha habido. 
A continuación debemos investigar si se han producido daños a la industria europea que se dedica a fabricar los productos que se han importado a unos precios de dumping muy bajos. 
Es evidente que se han producido daños. 
Luego debemos plantearnos la cuestión de si nuestra intervención beneficiará a la Comunidad, y eso significa que si el castigo que deberían soportar otras personas a causa de la imposición de los aranceles, superaría a los beneficios que obtendrían aquellos que deben hacer frente a esta competencia desleal. 
Es justo decir que en lo que respecta a este caso, hemos llevado a cabo un análisis de los intereses de la Comunidad con mayor detenimiento que en ocasiones anteriores. 
Hemos analizado con sumo cuidado los argumentos presentados por aquellos que piensan que necesitan esta protección para su propia producción y opinamos que se trata de un temor infundado. 
No creemos que los aranceles tendrán el efecto de privarlos de sus oportunidades comerciales propiamente dichas. 
Si pensara que el equilibrio sería distinto, no habría presentado la propuesta. 
Señor Comisario, tengo entendido que esta decisión fue presentada a la comisión antidumping, en la que la votación fue de 7 contra 7 con la abstención de Alemania. 
¿Podría confirmar este extremo? 
En segundo lugar, he podido saber que ahora se ha remitido a los Estados miembros para consulta. 
¿Podría decirme durante cuánto tiempo prevé que continuará este proceso? 
¿Se seguirán imponiendo provisionalmente los aranceles antidumping durante el período de consultas hasta que finalmente adoptemos una decisión? 
Si los aranceles antidumping son en última instancia rechazados por el Consejo de Ministros, ¿se baraja la posibilidad de ofrecer compensación a las empresas que se han visto perjudicadas? 
Por último, habida cuenta de que estos aranceles antidumping han tenido un efecto distorsionador del mercado del sector textil así como de las relaciones entre hiladores, tejedores y acabadores, y que los acabadores europeos se han visto en seria desventaja debido a dichos aranceles antidumping, ¿no deberían imponerse aranceles antidumping a toda la industria textil, en vez de hacerlo sólo a una parte de la misma? 
No estoy de acuerdo con el último punto. 
No acepto la posibilidad de imponer aranceles antidumping a productos sobre los que no existe ninguna queja. 
Esa posibilidad está descartada. 
En lo que respecta al procedimiento, no es adecuado que comente sobre las comisiones a las que se ha referido su Señoría. 
El deber de la Comisión es presentar una propuesta al Consejo antes del 20 de abril. 
Lo cual se hará. 
El Consejo deberá decidir en el plazo de un mes, a más tardar el 20 de mayo, si deben aplicarse las medidas. 
Gracias, señor Comisario, por esa respuesta. 
Recordará que hace tres semanas, en la Comisión REX le hice esa misma pregunta a raíz de un artículo aparecido en The Financial Times. 
Usted dijo que The Financial Times era culpable de haber publicado un artículo contencioso. 
¿Sigue manteniendo esa opinión o acaso era exacto lo que The Financial Times publicó en aquel artículo? 
Usted afirma haber llevado a cabo todas las pruebas aplicables a las prácticas de dumping. Y añade que deben demostrarse los daños. 
Tal vez nos sería de gran ayuda conocer quién ha sufrido daños porque, como han dicho mis colegas, la información que estamos recibiendo es que determinados sectores de la industria podrían verse perjudicados y, de hecho, el empleo podría sufrir las consecuencias. 
En vez de centrarnos en The Financial Times, que es un periódico admirable, preferiría que nos centráramos en el tema real que ha planteado su Señoría. 
Todos sabemos que la finalidad de los periódicos del día anterior, por muy excelentes que éstos sean, es la de envolver pescado. 
Por tanto no creo que debamos volver sobre el asunto de The Financial Times. 
No obstante, la esencia de la pregunta es importante. 
La respuesta es que la Comisión no ha propuesto arbitrariamente dichos aranceles por simple capricho, sino porque ha habido una queja. 
La queja la han presentado personas que fabrican el mismo producto que se ha importado. Sostienen que se ha importado a precios de dumping y que está dañando sus negocios legítimos. 
No tenemos el menor interés en interferir en un comercio justo. 
Por ello he dicho que la primera prueba es: ¿ha habido dumping? ¿Son precios de dumping? 
La segunda pregunta es: ¿se ha visto afectada la industria o corre el riesgo de verse afectada? 
A lo que la respuesta es «sí». La tercera pregunta es: ¿existen otras personas, ya sean consumidores u otras industrias, que podrían verse perjudicadas o más perjudicadas que aquellas personas que presentaron la queja? 
Hemos analizado este tercer punto con mucho detenimiento. 
La Comisión considera que no existen suficientes pruebas que justifiquen la decisión de que los daños ocasionados justifican la no intervención, a pesar de que, al parecer, ha quedado demostrado el caso inicial de dumping, tanto en lo que respecta al hecho de que ha habido práctica de dumping como que ha habido daños. 
Gracias, muchas gracias a usted, señor Comisario. 
Doblemente agradecido, en primer lugar, por sus respuestas, y en segundo lugar, por la paciencia que ha tenido usted con esta Presidencia, que ha roto varias veces el ritmo de la Cámara de los Comunes que usted intentaba imponer a las preguntas y respuestas. 
Pero tenga en cuenta que trabajar con once idiomas tiene sus servidumbres. 
Pregunta nº 40 formulada por Gerard Collins (H-0246/97): 
Asunto: Política regional en Irlanda 
A la vista del crecimiento global de la economía irlandesa y para determinar qué zonas del país podrán optar al Objetivo 1 después de 1999, ¿ha iniciado la Comisión algún estudio sobre las disparidades en el desarrollo económico entre las distintas regiones o subregiones de Irlanda y, en caso negativo, piensa emprender ya una investigación con carácter de urgencia? 
Señor Presidente, la totalidad del territorio del Estado de Irlanda constituye una única región del nivel Nuts II para los Fondos Estructurales. 
Como se han determinado la ayudas del Objetivo 1 al nivel Nuts II, deben enjuiciarse en base a datos estadísticos para toda Irlanda y no en base a estadísticas regionales o subregionales. 
No obstante, hace poco la Comisión ha mandado elaborar por primera vez, a través de EUROSTAT, evaluaciones del producto interior bruto per cápita para las regiones irlandesas al nivel de la unidades Nuts III, aplicando el llamado método ESVG para la contabilidad nacional. 
Según los valores apreciados para el período 1992-1994, algunas regiones de Irlanda se econtrarían por debajo del valor umbral del 75 % de la media comunitaria en lo que se refiere al producto interior bruto per cápita. 
Sin embargo, estos valores han experimentado un sensible ascenso en 1995 gracias a elevado crecimiento nacional de casi un 8 %. 
Pero permítame que le indique de nuevo que estos valores apreciados al nivel de Nuts III no coinciden con los criterios para las ayudas para el Objetivo I que se realizan al nivel de Nuts II. 
Le agradezco sinceramente su respuesta, señora Comisaria. 
¿Puede decirnos de qué información dispone, y si puede ponerla a disposición del Parlamento, en lo que respecta al nivel de desarrollo en las diferentes subregiones del país? 
¿Puede informarnos si en las conversaciones que se han celebrado con el Gobierno irlandés se ha abordado la posibilidad de subdividir Irlanda en varias regiones en el contexto del programa de política regional que, se espera, seguirá al actual que expira en 1999? 
¿Puede informarnos sobre el tipo de calendario que se baraja en la distribución de Irlanda- actualmente es un territorio de zona única de Objetivo 1- para que sea dividida en más de una región de manera que las zonas del oeste de Irlanda, desde Donegal siguiendo la costa hacia el sur hasta South Kerry o West Cork, puedan seguir considerándose zonas de Objetivo 1 en el programa que se aplique a partir de 1999? 
Señor Presidente, hasta ahora no se ha presentado ninguna solicitud ni petición por parte del Gobierno irlandés para modificar algo en la división Nuts. 
Por lo demás, esto exigiría las correspondientes modificaciones administrativas y creo que para el período de ayudas hasta 1999 la actual regulación es sin duda ventajosa para Irlanda. 
Según las cifras de que disponemos, los border counties se encuentran aproximadamente al 66 %, el mid east al 58 %, el midland al 63 % y el west al 78 %, pero como he dicho estas son cifras de 1994 y el nuevo período de los Fondos Estructurales comienza en el año 2000. Y si la evolución sigue siendo tan positiva, estas cifras no están tan alejadas del 75 %. 
Hasta ahora no hay ninguna propuesta del Gobierno irlandés para proceder de otro modo; pero si se presentasen, la Comisión las examinaría al igual que las de otros países miembros. 
Pregunta nº 41 formulada por Hans Lindqvist (H-0258/97): 
Asunto: Efectividad de los Fondos Estructurales 
La ejecución práctica de la ayuda de los Fondos Estructurales de la UE es objeto de crítica debido a la burocracia que implica y a la lentitud con que se efectúan los pagos. 
Se produce también una retroacción innecesaria con el dinero procedente de los Estados miembros de la UE en forma de aportaciones y los posteriores reembolsos a los Estados miembros en forma de ayuda de los Fondos Estructurales. 
¿No sería mejor reducir las aportaciones y permitir que los Estados miembros organicen y financien directamente la ayuda estructural? 
¿De qué manera se propone la Comisión reforzar y hacer más efectiva la ayuda destinada a las regiones poco pobladas y a las regiones periféricas y reducir la burocracia y evitar la retroacción del dinero? 
Señor Presidente, señor diputado, en el artículo 130 A del Tratado de la Unión Europea, se determina expresamente el objetivo de la cohesión económica y social. 
La Comunidad se ha propuesto como objetivo en especial reducir las diferencias de desarrollo de las diversas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, inclusive las zonas rurales. 
Esto es también aplicable a los Estados miembros relativamente ricos y a sus regiones desfavorecidas. 
Según el artículo 130 B, los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los instrumentos financieros con los que la Comunidad apoya los esfuerzos para fortalecer la cohesión económica y social. 
Los créditos para el período 1994-1999 fueron autorizados en diciembre de 1992 por el Consejo. 
Los objetivos y tareas de los Fondos Estructurales así como el procedimiento para las intervenciones, inclusive las normas para la tramitación financiera se aprobaron unánimemente. 
La complejidad de los procedimientos administrativos y el tiempo que pasa hasta que se pagan los créditos son en parte consecuencia de la necesidad de garantizar una gestión financiera eficiente y un control y evaluación eficaz de los gastos, a lo que el contribuyente europeo tiene también derecho. 
Pero con frecuencia se deben también a una vías decisorias demasiado largas en los servicios de la Comisión, de lo que nos ocupamos con el proceso SEM 2000, pero también a fallos en las administraciones de los Estados miembros y los procedimientos presupuestarios de los mismos, que ocasionan retrasos en la transferencia de los créditos del nivel central al regional o local. 
Como los Fondos Estructurales cofinancian medidas nacionales, de esta situación objetiva se deduce que la política estructural nacional por lo general no es en absoluto eficiente. 
Además, la financiación comunitaria sirve a proyectos estratégicos adicionales que, de lo contrario, no se podrían realizar o solamente más tarde. 
El informe sobre la cohesión revela considerables éxitos de la política estructural europea en las regiones más débiles y desfavorecidas de la UE. 
Pero también contiene orientaciones para el futuro, para que los créditos europeos se puedan emplear aún con mayor eficacia y transparencia, para concentrar la ayuda ante la escasez de créditos financieros, simplificar los procedimientos y facilitar el éxito. 
Esto es válido para todos los objetivos de ayuda de los Fondos Estructurales, es decir, también para las regiones rurales y alejadas con poca densidad de población a las que usted, señor Lindqvist, se ha referido. 
La Comisión presentará sus propuestas sobre la reforma de la política estructural en el marco del paquete Santer en julio de 1997 y las concretizará en sus propuestas para la revisión del Reglamento de los Fondos Estructurales a comienzos de 1998. 
Muchas gracias por su detallada respuesta. 
Mi idea de que quizá el dinero no debería circular tanto de modo innecesario entre los países miembros y la UE, y de que en cambio, como propongo, habría que rebajar las aportaciones y dejar que los países conservasen los medios, es una entre muchas. 
Otra sería que la UE adoptase unos principios generales, por ejemplo sobre empleo, sobre proyectos de integración entre distintos países, es decir, sobre la cooperación necesaria para la integración, y sobre el medio ambiente; estos serían los principios generales a los que se destinarían los recursos de los Fondos estructurales, naturalmente con el objetivo de corregir desequilibrios regionales. 
No obstante, los países miembros deberían, dentro de estos marcos, decidir por sí mismos cómo utilizar los medios. 
La tercera sería tener una mejor coordinación entre las ayudas de la UE y las nacionales, por ejemplo a través de unos órganos de competencia probada a nivel local, como es el caso de las diputaciones y los ayuntamientos de Suecia, que deciden cómo emplear los medios a su disposición. 
Me gustaría que hiciera unos comentarios sobre estas propuestas. 
En primer lugar, como usted sabe, la Unión Europea y la Comisión no tienen competencias de política fiscal. 
Naturalmente, se puede practicar la ayuda regional también mediante la política fiscal, pero esto no es parte de la política regional comunitaria. 
Además, Sr. diputado, el enfoque cooperativo de la política estructural prevé exactamente lo que usted exige, a saber, que se decida in situ sobre los proyectos. 
Hay comités de acompañamiento en el que están representados los entes territoriales regionales y locales y en los que se realiza la selección de los proyectos. 
El hecho de que Finlandia y Suecia no estén todavía al nivel medio de la Unión en lo que se refiere a los compromisos y a los pagos, tiene algo que ver con que en este asunto estamos pasando conjuntamente un proceso de aprendizaje que, por lo demás, también muestra frutos positivos y que se basa precisamente en el fortalecimiento de la cooperación. 
Sin embargo, cooperación significa que todos aporten algo y creo que las experiencias de la Unión Europea y de la Comisión han sido muy útiles para el desarrollo de la política regional y estructural en Finlandia y en Suecia. 
Así lo muestran los numerosos debates que hemos mantenido in situ. 
Tengo una pregunta muy específica para el Señor Comisario. 
He criticado los Fondos Estructurales desde una perspectiva especial, y es por el hecho de que se calculan los ingresos de las diversas regiones utilizando como medida el producto nacional bruto per cápita, y no se ajusta esto al nivel adquisitivo. 
Si se ajusta al nivel de precios de los diversos Estados, se reducen significativamente las diferencias entre regiones y países. 
¿Ha pensado el Comisario en esta circunstancia, y la tiene en cuenta quizá en las mejoras de que hablamos? 
Señor diputado, el producto interior bruto se basa en las correspondientes paridades del poder adquisitivo, lo que significa que ya hoy se tiene en cuenta precisamente esta circunstancia. 
De un modo general, naturalmente siempre se puede discutir sobre todos los criterios que se aplican como base. 
Un argumento muy esencial que a veces no se tiene en cuenta es el hecho de que solamente una parte de los criterios a nivel regional los podemos plantear y comparar a nivel europeo, por lo que, por ejemplo, están determinados ciertos criterios precisamente cuando se trata de desarrollo regional y no solamente de cifras medias nacionales. 
Pregunta nº 42 formulada por Gary Titley (H-0262/97): 
Asunto: Política relativa a los Fondos Estructurales después de 1999 
¿Puede decir la Comisión qué progresos han hecho en sus deliberaciones sobre el modo en que se organizarán los Fondos Estructurales de la UE después de 1999? 
Señor Titley, en primer lugar quiero indicar claramente que la Comisión va a presentar sus propuestas sobre el paquete Santer y también las decisiones esenciales sobre la futura ayuda estructural de la Comunidad una vez finalizada la Conferencia Intergubernamental, espero que en julio de 1997, y que la Comisión se encuentra actualmente inmersa en un proceso interno de debates. 
Como supongo que su pregunta se dirige en parte al retraso y al factor tiempo, que ha desempeñado ante todo un papel para el período de ayudas entre 1994 y 1999, quiero añadir que con el calendario que nos hemos propuesto ahora, estamos perfectamente en situación de aprobar las propuestas para los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales a ser posible en 1998, tras la decisión sobre el paquete Santer, para que los países miembros tengan aproximadamente un año de tiempo para preparar lo mejor posible sus programas y presentarlos a tiempo. 
Las propuestas que va a hacer la Comisión se orientan, por un lado, a los resultados del informe de cohesión y, en segundo lugar, a los debates del llamado Foro de Cohesión que se va a celebrar a finales de este mes, también con la participación del Parlamento Europeo. 
Debemos esperar hasta que haya propuestas concretas que se deberán debatir entonces por separado en el Parlamento. 
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta. 
Tengo dos preguntas. En primer lugar, la tasa de desempleo es un elemento importante a la hora de decidir la elegibilidad para los Fondos Estructurales. 
¿Ha recibido la Comisión una representación del Gobierno del Reino Unido en términos de que las estadísticas oficiales del desempleo en el Reino Unido son un medio ineficaz para decidir la elegibilidad a los Fondos Estructurales debido a que éstas no reflejan el desempleo que existe realmente? 
Tengo entendido que la Comisión ha recibido una representación de este tipo. 
En segundo lugar, a la hora de decidir el futuro de las regiones de Objetivo 2, tendrá en cuenta la Comisión que las regiones de Objetivo 2 que han recibido ayuda han podido afrontar el problema del declive industrial del pasado, pero aún se muestran incapaces de demostrar una producción de valor añadido, y por consiguiente necesitarán ayuda continuada más allá de 1999 si queremos que regeneren las zonas industriales tradicionales. 
Señor diputado, comprenderá que probablemente tales propuestas no vienen por parte del Gobierno británico. 
En cualquier caso, he recibido papeles del instituciones científicas que se refieren a la fiabilidad de las estadísticas de desempleados en el Reino Unido. 
Sin duda, nos vamos a ocupar también de esta cuestión. 
Solamente le ruego que tenga en cuenta que tenemos estadísticas sobre el desempleo a nivel europeo y que hay acuerdos sobre qué aspectos deben tenerse en cuenta. 
En el marco de los debates, vamos a comprobar también qué fiabilidad tiene nuestro material estadístico para poder enjuiciar adecuadamente los problemas de las futuras ayudas. 
En lo que se refiere al tema del Objetivo 2, le ruego comprensión si ahora no puedo dar una garantía de la situación exacta en cada uno de los objetivos. 
Tendremos que discutir sobre la totalidad del paquete de las ayudas estructurales así como sobre los criterios que aplicamos como base. 
Desde mi punto de vista, existe de modo general la necesidad no sólo de ayudar también en el futuro a las regiones de estructuras más débiles en los llamados países miembros pobres, sino además de practicar la solidaridad con los problemas del cambio estructural en los Estados miembros más ricos. 
Pero el si, el cuándo y la forma como deba realizarse esto se deberá discutir en una relación global de la reforma estructural. 
Sólo deseo preguntar a la Sra. Comisaria sobre otra forma de examinar los criterios de desempleo. 
En la Comisión de Política Regional acabamos de someter a votación mi informe sobre la aplicación de los fondos en el Reino Unido, y somos perfectamente conscientes de que los índices de desempleo son más altos en ese país. 
No estoy hablando de que se esconda el paro en este caso, sino del hecho de que el Reino Unido es el país en el que se crea mayor número de puestos de trabajo a tiempo parcial y mal remunerados. 
Eso, naturalmente, distorsiona los criterios de empleo e incluso nuestras cifras de desempleo. 
Por ello hemos votado a favor de que a la hora de adoptar futuros criterios de selección, en el caso del Reino Unido, la Comisión tenga en cuenta el cambio ocupacional, el PIB y la relación entre la caída de las tasas de desempleo y el empleo no sostenible en sectores mal remunerados y a tiempo parcial. 
Me pregunto si la Sra. Comisaria podría indicarnos si es posible estudiar dichos criterios de forma comparativa con otros países, porque me temo que no cumpliremos los criterios del Objetivo 1 sobre el PIB y es posible que tampoco nos cualifiquemos en base a las estadísticas sobre desempleo definidas para el Objetivo 2 a partir de 1999, en cuyo caso nos quedaremos sin una cosa y sin otra. 
Señora McCarthy, naturalmente que vamos a examinar con gran atención las informaciones que se nos envíen sobre la evolución del paro en los Estados miembros. 
Pero está claro que tenemos que determinar criterios que garanticen una equiparabilidad general y que en el futuro no podemos aplicar a los criterios unas cuotas especiales para determinados países. 
Por ello, ruego comprendan que las informaciones que recibimos tenemos que comprobarlas en lo que se refiere a su validez general y que de un modo muy general tenemos que referirnos a las estadísticas de EUROSTAT, pues sólo ellas garantizan una comparación justa, pues se basan en los mismos datos básicos. 
Señora Wulf-Mathies, estamos expectantes por saber cuáles serán los criterios para los futuros Fondos estructurales, en un contexto de ampliación de la Comunidad a países más pobres, y aplaudo que sea compatible la ayuda a los más necesitados con mantener la solidaridad interna dentro de la Unión con aquellas regiones con problemas estructurales que generan paro en países de economía avanzada. 
Dentro de los estudios que han hecho ustedes, ¿han estudiado la posibilidad de poner algún tipo de límite a las ayudas en función del producto interior bruto, para evitar que una gran ayuda comunitaria a países recién llegados- y en una situación de clara pobreza- pueda no ser absorbible por sus propias economías? 
Porque tal vez sea éste el reto del diseño de los futuros Fondos estructurales a partir del año 1999. 
Señor Presidente, señor diputado, en primer lugar, actualmente estamos discutiendo con todos los afectados sobre las experiencias del período pasado y sobre las necesarias conclusiones para la ayuda estructural del futuro y creo que es un buen método que primero la Comisión mantenga un amplio debate y no realice enseguida propuestas y adopte medidas que luego son muy difíciles de cambiar. 
Pero usted tiene razón: por supuesto, en base a nuestras experiencias recapacitaremos y tendremos en cuenta en qué forma los futuros Estados miembros están en situación de administrar la ayuda estructural, absorber créditos y cofinanciar los correspondientes fondos. 
Estas tres cosas son condición previa para que las políticas estructurales puedan tener éxito y en las propuestas sobre el paquete Santer tendremos sin duda en cuenta este hecho también para la ampliación hacia el Este. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas n 43, 44 y 45 se contestarán por escrito. 
Agradezco a la Sra. Wulf-Mathies, no sólo su presencia, sino la importancia de sus respuestas. 
Pregunta nº 46 formulada por Robin Teverson (H-0197/97) , sustituido por el Sr. Mulder 
Asunto: La EEB y el levantamiento de la prohibición de la exportación de carne de bovino procedente del Reino Unido 
¿Cuándo considera el miembro de la Comisión que se autorizará la exportación de carne de bovino británica procedente de ganado certificado, tal y como se dispone en la documentación presentada por el Ministerio de Agricultura del Reino Unido a la Comisión Europea? 
¿Tiene intención la Comisión de imponer normas sanitarias igualmente rigurosas a la carne de bovino procedente de otros Estados miembros? 
Señor Presidente, señor diputado, señoras y señores, como ustedes saben, el modo de proceder y las reglas sobre el modo de actuar en relación con el levantamiento de la prohibición de exportación frente al Reino Unido, se determinaron en la cumbre de Florencia. 
Ahora, el Reino Unido ha presentado a la Comisión un documento de trabajo que pretende demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas en Florencia. 
Ahí se explica la regulación de la certificación de exportación y se presenta una acreditación científica para la exportación de carne de vacuno británica en el marco de dicha regulación. 
Tras el acuerdo adoptado en Florencia son necesarios otros tres pasos. 
En primer lugar, los comités científicos tienen que ser consultados sobre el documento de trabajo británico y la propuesta tiene que ser tratada en el comité veterinario permanente. 
La segunda condición previa es el éxito de la inspección comunitaria y la tercera es la presentación de un proyecto de decisión de la Comisión de cara a la aceptación por parte del comité veterinario permanente. 
Naturalmente, la Comisión no desea adelantarse a los resultados de estas consultas proponiendo una fecha para el reinicio de la comercialización de la carne de vacuno británica. 
En lo tocante a los otros Estados miembros, la Comisión ha autorizado programas de control de la EEB para Francia y Portugal. 
Para Irlanda está en marcha actualmente un procedimiento similar. 
Aunque el riesgo en estos países es sensiblemente menor que en el Reino Unido, se adoptan medidas estrictas para garantizar la protección de la salud pública. 
Deseo dar las gracias al Comisario por la respuesta brindada a la pregunta de mi colega Teverson. 
Desearía asimismo plantear una pregunta suplementaria relativa al método de control. 
En determinados países en que ha surgido la enfermedad se ha escogido sacrificar animales por separado o animales que muestran síntomas de la afección. 
¿Qué opina la Comisión de estos diferentes métodos de control y sobre todo qué consecuencias saca en lo relacionado con las disposiciones de indemnización adoptadas y que serían sufragadas con fondos europeos? 
Perdone señor Comisario, pero necesito que las cabinas de interpretación terminen de informar a los distintos diputados en las once lenguas. 
Por lo tanto, si usted responde inmediatamente nos quedamos sin conocer una parte de la pregunta. 
Ahora ya ha terminado la interpretación y le ruego a usted que conteste al Sr. Mulder. 
Señor Presidente, naturalmente, sería una lástima si se perdiese una parte de la pregunta. 
Quiero decir lo siguiente sobre la pregunta planteada por el Sr. Mulder: en primer lugar, en diversos países miembros hay medidas que se pueden considerar en cierta manera como medidas preventivas adicionales y que en parte van más allá de lo que ha exigido la Comisión. 
Independientemente de ello, en lo referente a los pagos compensatorios está también la cuestión de si esta compensación se paga bajo la categoría de medidas para la prevención de la salud o en el marco de medidas reguladoras del mercado. 
Existen ambos métodos y, naturalmente, cada país miembro, antes de hacer algo, tiene que ponerse de acuerdo sobre las posibles compensaciones y también sobre la cuestión de si en un determinado caso la Unión puede hacerse cargo de una compensación. 
Esta es la regulación actual. 
No existe una justificación científica clara que demuestre que una medida sea la única correcta. 
Depende esencialmente del objetivo que se quiera alcanzar con una medida determinada. 
Señor diputado, para los casos que se han originado en su país tampoco existe una explicación científica suficiente. 
Usted sabe también que seguimos sin disponer de las suficientes informaciones en determinados sectores, sencillamente porque los estudios y conocimientos científicos no han avanzado tanto. 
Esto hace necesarias medidas preventivas de las que hay que decir que tienen unos efectos positivos. Pero con la mejor voluntad, no se puede afirmar en todos los casos hasta qué punto son necesarias desde un punto de vista científico. 
Quisiera pedirle, señor Comisario, que vuelva a la pregunta original del Sr. Teverson; a la primera parte. 
Usted define una serie de directrices y fases que habrá que superar, pero no ha dicho nada de un calendario. 
¿Podría el Sr. Comisario darnos una idea de las fechas en que posiblemente se podrá volver a exportar carne de vacuno de las cabañas del Reino Unido que no se han visto afectas por la EEB? 
Ya he dicho que actualmente no se puede mencionar una fecha para la decisión porque antes deben darse diversos pasos procedimentales. 
Lo que sí puedo decir es que son necesarios controles de los que se deduzca que en el tiempo intermedio se han cumplido todas las condiciones previas acordadas que son necesarias para que se pueda dar un primer paso en dirección a un levantamiento de la prohibición de la exportación. 
Hace algún tiempo, hemos enviado una misión de control a Gran Bretaña sobre todo para convencernos sobre la ejecución del programa de sacrificios adicional. 
El mencionado control arrojó que este programa de sacrificios en ese momento solamente se había ejecutado en lo esencial en Irlanda del Norte. 
Por ello, hemos dicho que vamos a enviar otra inspección de control. 
Esto por un lado. 
En lo que se refiere a la propuesta concreta de Gran Bretaña, será examinada por el comité sucesor del comité multidisciplinario, que determinará qué especialistas se ocuparán de este tema. 
No podemos imponer a los científicos un tiempo determinado para que realicen la evaluación científica de la propuesta. 
Pero si se produce un dictamen positivo de los científicos, plantearemos con gran rapidez una propuesta en la Comisión y se pondrá en marcha el curso normal de una decisión, es decir, la Comisión presenta una propuesta al Comité Veterinario permanente. 
Si en éste se produce una decisión con mayoría cualificada, entonces el caso queda decidido. 
Si no es así, la Comisión tiene que presentar formalmente una propuesta al Consejo y entonces depende de cuál sea la actitud del Consejo frente a la propuesta. 
Si en el Consejo de Ministros existe una mayoría cualificada en favor de la propuesta, entonces decide el Consejo. 
Pero si una mayoría de los Estados miembros está en contra de la propuesta, entonces esta queda rechazada y no se puede proseguir. 
Si una mayoría simple de los Estados miembros está a favor de la propuesta, vuelve a la Comisión y la Comisión decide definitivamente. 
Este es el procedimiento previsto, por lo que es muy difícil indicar ahora una fecha determinada. 
Pregunta nº 47 formulada por Astrid Thors (H-0209/97) 
Asunto: Ayudas a la exportación de animales vivos destinados al sacrificio 
A pesar de la revisión de las disposiciones relativas al transporte de animales continúan cometiendose crueldades con los animales, en particular en el marco de la exportación de bovinos vivos destinados al sacrificio. 
La televisión finlandesa ha emitido recientemente un documental indignante. 
Según este programa, entre el 16.10.1995 y el 15.10.1996 se concedieron un total de 296 millones de ecus (unos 1800 millones de FIM) en concepto de ayudas a la exportación de ganado bovino vivo, que corrieron a cargo del Presupuesto de la UE en virtud del Reglamento de la Comisión 3846/87. 
Esta cantidad equivale a un 20 % del total de las ayudas concedidas a la exportación de ganado bovino. 
Ni el ganado ovino ni el porcino se benefician de cantidades similares. 
Para que no se produzcan estas crueldades lo más lógico sería que la UE suspendiese el pago de las ayudas a la exportación de animales vivos destinados al sacrificio. 
¿Podría señalar la Comisión cuándo tiene intención de presentar una propuesta en este sentido así como la forma que adoptará dicha propuesta? 
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión comparte la creciente preocupación del Parlamento en lo referente al bienestar de los animales que son transportados entre la Unión y terceros Estados, lo que ha reflejado ya en sus respuestas a varias preguntas orales y por escrito. 
En este contexto, en el turno de preguntas de diciembre de 1996, prometí que se iba a examinar la posibilidad de vincular las restituciones a la exportación de animales vivos al respeto de la directiva sobre los transportes, incluyendo el transporte más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
Me alegro poder comunicarles hoy que los preparativos al respecto han concluido y que se va a presentar una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo hasta finales de este mes. 
Por su parte, la Comisión ha iniciado deliberaciones con los Estados miembros para suprimir las restituciones a los exportadores que, probadamente, no cumplan plenamente las normas sobre el bienestar de los animales en el transporte. 
Ahora bien, estas medidas exigen una modificación del Reglamento 805/68 sobre la organización común de mercado de la carne de vacuno así como de algunas normas ejecutivas. 
Me alegra que la Comisión comparta la preocupación del Parlamento por el bienestar de los animales. 
El programa a que me refería en mi pregunta es en realidad una versión ampliada del mismo programa que se transmitió en el continente en otoño pasado y que suscitó una gran polémica. 
Lamentablemente, lo que se ha añadido demuestra que no ha tenido lugar ninguna mejora desde entonces. 
Por eso casi la totalidad de los diputados finlandeses del Parlamento Europeo propondrá, en un escrito dirigido a la Comisión, que cesen las ayudas a la exportación de animales vivos con destino a lugares fuera de la Unión. 
Por consiguiente, pregunto: ¿Ha debatido la Comisión en su totalidad la pregunta formulada? 
En segundo lugar: ¿Es posible que el comité de gestión, a través de una sola decisión, pueda también por su parte derogar las ayudas a la exportación? 
¿Se ha presentado dicha propuesta al comité de gestión para la carne de bovino? 
Cuando hablamos de la supresión de las restituciones por el ganado vivo o el destinado al sacrificio, creo que se trata de dos cuestiones diferentes. 
La cuestión a la que se refería también mi respuesta apunta a que en aquellos casos en los que hemos podido demostrar que un transportista de ganado vivo atenta contra las directivas de la Unión, en especial, contra las directivas relativas al transporte de animales, se le suprimen las restituciones por sus transportes. 
Por lo demás, en este contexto, a largo plazo tendríamos una segunda medida quizás más eficaz pues, como ustedes saben cualquier comerciante o transportista de ganado vivo necesita una licencia según la nueva directiva de transportes. 
Sería perfectamente posible que, en caso de repetidas violaciones, se retirase la licencia al transportista, de modo que no pueda realizar ya ningún transporte de ganado vivo. 
La otra cuestión a la que se ha referido es si no se deberían suprimir de modo general las restituciones por el ganado vivo. 
Pero sabemos que hay diversos países que prefieren importar ganado vivo. 
Una supresión total de las restituciones significaría para los afectados en la Unión Europea que dichos países ya no comprarían el ganado vivo en la Unión Europea sino en ultramar o en terceros países. 
Por mencionarles un ejemplo concreto, una importante parte de la ovejas vivas que se importan en Egipto ya no provienen de la Unión Europea sino de Australia y Nueva Zelanda. 
Nadie afirmará que un viaje por mar tan largo es más soportable para los animales que los trayectos mucho más cortos desde los países de la Unión Europea. 
Independientemente de ello, creo que debemos tener claro que aunque no pagemos las restituciones, necesitamos reglas para que los animales sean tratados correctamente en los transportes. 
Por ello, creo que debería seguirse el enfoque que ha elegido la Comisión, consistente en vincular, por así decirlo, el transporte a determinadas condiciones. 
Resulta en sí satisfactorio que el Comisario anuncie que en el transcurso de este mes se presentará una nueva propuesta que estipule el acoplamiento de la ayuda comunitaria al cumplimiento de las directivas vigentes. 
Tenemos entonces por supuesto la cuestión de las horas de servicio y de reposo y demás. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿De qué manera piensa la Comisión poder controlar y probar que un transportista no cumple las directivas? 
Ese ha sido siempre el gran inconveniente, la falta de control adecuado con respecto a las directivas vigentes. 
¿Nombrará la Comisión nuevos inspectores encargados de verificar el debido cumplimiento de las normas por parte de los transportistas? 
Aquéllos que no cumplen pues que no reciban ayuda ninguna. 
Señor diputado, naturalmente que es necesario que controlemos adecuadamente estas regulaciones. 
Si, como en el caso mencionado, se trata de exportaciones a terceros Estados, entonces dependemos también aquí de la cooperación con los Estados miembros. Por ejemplo, la cuestión del equipamiento de los barcos con los que se realiza el transporte se puede controlar perfectamente en los puertos de partida, por ejemplo, al realizar la carga. 
También se puede controlar allí si los animales son tratados adecuadamente en la carga, el estado de los animales, etc. 
Otra cuestión diferente es el control en el lugar de llegada, en la descarga, cómo es el trato posterior que se da a los animales. 
En este contexto, hemos tenido en cuenta tales consideraciones también para la preparación del proyecto de directiva que les he anunciado. 
Me permito además recordarles que la Comisión, al aprobar la directiva sobre el transporte de animales hace dos años, exigió la creación de tres puestos de inspectores especializados para que siguiesen este asunto en terceros países. 
Lamentablemente, esta promesa personal, en lo que se refiere a mi ámbito de competencias, no se ha cumplido aún. 
Finalmente, quiero indicar que también estamos elaborando normas para que las ONG, es decir, organizaciones muy concretas cuyo objetivo es la protección de los animales, puedan participar en el control de estos transportes. 
Para ello, deberíamos crear la correspondiente normativa jurídica. 
Pregunta nº 48 formulada por Lyndon Harrison (H-0211/97): 
Asunto: Antibióticos en la alimentación del ganado porcino 
En opinión de la Comisión, ¿constituye el sistema sueco de prohibir la utilización de antibióticos en la alimentación del ganado porcino un sistema mejor desde el punto de vista de la sanidad alimentaria que el actual sistema de la UE, para el cual Suecia cuenta con una derogación hasta finales de 1998? 
¿Está de acuerdo la Comisión en que la utilización de estos antibióticos se podría considerar resultado de la solicitud de los criadores, cuyo interés está en obtener una productividad máxima, posiblemente a expensas de la seguridad del consumidor? 
¿Le preocupa asimismo a la Comisión el hecho de que algunos antibióticos ya no son útiles para destruir las bacterias y que las propuestas de modificación genética podrían intensificar el problema? 
Señor diputado, señoras y señores, la Comisión no está actualmente en situación de responder definitivamente a su pregunta. 
Pero muy pronto se va a seguir ocupando de la cuestión básica del empleo de antibióticos permitidos en los alimentos para animales. 
Según el Tratado de adhesión, para Suecia existe una norma de excepción por la que este país puede mantener hasta el 31 de diciembre de 1998 sus normas nacionales por las que se prohíbe el empleo de antibióticos en los alimentos para animales. 
Se ha instado también a Suecia para que presente a la Comisión y a los demás Estados miembros los datos científicos con los que justifica su solicitud de ampliar esta prohibición a la totalidad del territorio de la Comunidad y la correspondiente adaptación de las normas jurídicas comunitarias. 
Señor diputado, la Comisión puede, sin embargo, asegurarle que las autorizaciones de aditivos se otorgan en base a un procedimiento muy estricto de evaluación en el que la seguridad del consumidor se encuentra en el punto central. 
La Comisión ha estudiado muy a fondo el problema de la resistencia a los antibióticos en los animales y su posible transmisión a las personas así como la pérdida de la eficacia de algunos antibióticos, en concreto uno determinado, la avoparcina, y el 30 de enero de este año, en base a dicho estudio, acordó prohibir la avoparcina. 
Se trata de una medida de precaución que se pudo estudiar antes del 31 de diciembre de 1998, teniendo en cuenta los nuevos resultados. 
No obstante, hay que indicar que aún no se ha podido constatar una relación concluyente entre el empleo de avoparcina y la resistencia frente a un antibiótico similar empleado en la medicina humana. 
La Comisión tiene previsto iniciar estudios sobre este tema y ha instado a la industria para que lleve a cabo un programa sobre el control de la resistencia a los antibióticos en los animales. 
Le puedo asegurar que la Comisión examina muy concienzudamente el problema de las resistencias cuando concede autorizaciones de productos modificados genéticamente. 
No estoy seguro de que su respuesta satisfaga a la Sra. P. Adams, de mi circunscripción de Nantwich, por varios motivos. 
Usted no ha respondido a la última pregunta relativa a la modificación genética, sobre si eso agravará el problema de que algunos antibióticos debilitados posiblemente no destruyan las bacterias. 
Usted también ha comunicado su intención de que sea el sector el que se encargue de llevar a cabo dichos estudios. 
¿Puede asegurarnos que supervisará lo que hace el sector en dichos estudios? 
En tercer lugar, usted ha hablado de prohibir Avorparcin. 
Nos sería de utilidad recibir más detalles sobre esa medida de precaución en particular, como usted la describe. 
Por último, usted habla de que Suecia tiene la responsabilidad de presentar pruebas científicas para que se le permita continuar prohibiendo la utilización de antibióticos en la alimentación del ganado porcino. 
Ciertamente debería ser al revés. 
Deberíamos seguir el ejemplo sueco hasta que el caso quede demostrado. 
Señor diputado, quizás debido a la brevedad de tiempo no haya podido explicar suficientemente lo que proyectamos. 
Pero, en cualquier caso, he indicado que no dejamos este asunto en manos de la industria sino que la Comisión va a realizar también estudios, pero instando a la industria para que también lo haga. 
En segundo lugar, radica en interés de todos nosotros que la Comisión pida a Suecia que comunique los motivos por los que ha impuesto una prohibición de este tipo. Los suecos también tienen interés en que esta prohibición se extienda en el futuro a toda la Unión. 
Como a la postre es el Consejo de Ministros quien debe decidir, me parece oportuno que se establezcan los correspondientes contactos con los Estados miembros sobre esta cuestión para preparar esta solicitud sueca. 
Me parece que esto sólo es lógico. 
En lo que se refiere a la cuestión de los organismos modificados genéticamente, se alega que en un determinado producto, concretamente en el maíz, la contaminación cruzada, tal como se la llama, podría desempeñar un papel. 
Pero creo que no debemos especular sino que me parece totalmente decisivo que llevemos a cabo los correspondientes estudios o que reclamemos el consejo de expertos científicos respecto a estudios ya realizados. 
Creo que no sería positivo que en este campo abandonásemos de antemano la vía científica y adoptásemos decisiones arbitrarias. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con el Sr. Harrison en que los resultados de las pruebas científicas deberían estar en posesión de la Comisión y en que debería seguirse el principio general de la cautela por lo que respecta a los aditivos artificiales en los piensos. 
También le pregunto al Comisario si está dispuesto a prorrogar la salvaguardia sueca para los antibióticos, si la Comisión va a seguir examinando su normativa cuando el plazo expire, y si a partir de entonces Suecia va a poder conservar la prohibición hasta que se hayan concluído los trabajos de revisión. 
También tengo otra pregunta que es de actualidad en este contexto. 
Existe otra prohibición relativa a los aditivos alimenticios en Suecia que ha funcionado un par de años. 
Se trata de la prohibición absoluta de cualquier tipo de harina procedente de carroña animal en el forraje. 
¿Puede su Señoría aquí y ahora prometer que la Comisión jamás pondrá bajo tela de juicio la prohibición sueca que rige para este tipo de harina? 
Señor diputado, creo que sería más correcto atenerse a los objetivos que se plantearon en el momento de las negociaciones de adhesión de Suecia. 
Ya en dichas negociaciones, Suecia exigió esta prohibición que es válida hasta el 31 de diciembre de 1998. 
Esto lo aprobó Suecia. 
No se trataba en principio de que esta prohibición se prolongase una vez expirado este plazo sino que la idea era que entretanto se avanzase tanto que esta prohibición válida para Suecia se extendiese a toda la Unión. 
Es decir, he presentado estas propuestas para facilitar una decisión en la dirección deseada por Suecia. 
Por ello, sigo sin ver ningún motivo porqué Suecia no debería poner a disposición de los demás Estados miembros sus experiencias, conocimientos y argumentos. 
Por estas causas, me parece contraproducente debatir ahora sobre la cuestión de si se debe prorrogar más allá de 1998 la regulación de excepción para Suecia. 
Creo que esta cuestión se planteará si en un plazo razonable hasta finales de 1998 no se logra alcanzar el objetivo principal, a saber, que no se autoricen definitivamente a nivel de la Unión determinadas sustancias. 
Creo que deberíamos proseguir en esta vía. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas n 49 a 91 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Sr. Eisma, yo he ido siguiendo las indicaciones que se me han dado sobre el reloj. 
En todo caso, si se ha prolongado una de las partes, lo vigilaré en el futuro. 
Las preguntas restantes serán contestadas por escrito y, en el futuro, comprobaré escrupulosamente lo que usted ha planteado. 
Si hubiera habido algún error, le aseguro que en el futuro cuidaremos de que esto no se produzca de nuevo. 
Señorías, dicho esto, y advirtiéndoles que la sesión se reanudará a las 21.00 horas, se interrumpe la sesión. 
(La sesión, interrumpida a las 19.28, se reanuda a las 21.00 horas) 
Liquidación y constitución de garantías 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0097/97) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0193- C4-0306/96-96/0126 (COD) ) sobre la firmeza de la liquidación y constitución de garantías. 
Señor Presidente, señoras y señores, el título de esta directiva es un tanto incomprensible. 
La Comisión propone una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firmeza de la liquidación y la constitución de garantías en los sistemas de pago. 
¿De qué se trata en este complicado título? 
El problema reside en que hoy existe ya en Europa una serie de sistemas denominados sistemas de pagos interbancarios. 
Estos sistemas de pagos interbancarios tienen el objetivo de llevar a cabo y de compensar todas las transferencias dinerarias que tienen lugar entre los bancos. 
Sobre el trasfondo de la introducción de la moneda única europea, el EURO, existirá en el futuro, junto a los sistemas que ya existen, un gran sistema europeo de pagos interbancarios, en concreto, el sistema de pagos TARGET, y a este respecto quizá estos sistemas de pago se vean incrementados aún con una serie de otros sistemas semejantes. 
La problemática que se trata de abordar con esta directiva es el hecho reiterado de que posiblemente un banco vaya a la quiebra y que, como consecuencia de esta quiebra, se puedan ver sobrecargados también los sistemas de pagos interbancarios, lo que, a su vez, podría afectar la operatividad de estos sistemas de pagos y eventualmente, en condiciones especialmente desfavorables, podría llegar a afectar también a otros bancos, de manera que, por decirlo así, pudieran producirse otras quiebras como consecuencia de una quiebra. 
La presente propuesta de directiva pretende evitar esto. 
Por consiguiente, se trata de una propuesta de directiva orientada al privilegio concursal de sistemas de pagos interbancarios y con ello también, en definitiva, de los bancos en situaciones muy determinadas que eventualmente pudieran producirse. 
Se aclara también aquí el área de conflicto de la que se trata esencialmente. 
Por un lado, se trata de proteger los sistemas de pagos y, con ello, también los bancos. 
Pero, por otro lado, se trata también de hasta dónde han de llegar estas medidas sin que perjudiquen en demasía la protección de los acreedores en un posible procedimiento de quiebra. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos de la cual he sido ponente, ha pensado que básicamente una directiva semejante tiene sentido. 
Sin embargo, hemos opinado que los sistemas de aseguramiento que se han propuesto, así como las medidas que también se han propuesto, han estado demasiado orientados a los bancos y que, en cuanto legislador, sería razonable establecer aquí limitaciones que tuvieran por objeto la protección de los acreedores. 
En esencia, con ánimo de complementar, hemos propuesto los siguientes elementos. 
No estarán automáticamente amparados por esta directiva cualesquiera sistemas de pagos adoptados por los bancos, sino solamente aquellos que hayan sido depositados o notificados ante la correspondiente autoridad responsable de la inspección. 
Una segunda adición que hemos propuesto se ha referido a la cuestión de la fijación del momento decisivo o determinante a partir del cual han de funcionar los efectos de protección de este sistema de pagos interbancarios y el aseguramiento de la quiebra. 
En este punto la Comisión había propuesto originariamente que debe ser determinante el momento de la declaración de quiebra. 
En nuestra opinión, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ésta solución no era buena, pues, en definitiva, la decisión sobre la declaración de quiebra se adopta con mucha frecuencia en el despacho silencioso de un juez y hacia fuera nadie sabe en qué momento ha sucedido esto, con lo cual no se evitarían problemas de revocación de operaciones ya realizadas, sino que aparecerían necesariamente una y otra vez en cada caso de quiebra. 
En consecuencia, en la Comisión de Asuntos Jurídicos pensamos después en elegir otro momento, en concreto, el momento en que se decide la notificación a los bancos que participan en el sistema de pagos. 
En el Grupo del PPE hemos discutimos una vez más esta cuestión la semana pasada y opinábamos que quizá tampoco fuera éste el momento ideal, pues probablemente podría plantearse la exigencia de que hubiera que aportar una prueba de haber realizado la notificación a cada uno de los participantes en el sistema de pagos. 
Por esta razón hemos presentado todavía ahora la enmienda 21, cuya aprobación solicitamos, y que pretende que se elija el momento de la comunicación a la autoridad de inspección- ésta puede ser el banco central o una autoridad de inspección- la cual tiene la obligación de informar inmediatamente después a todos los participantes en el sistema de bancos. 
Otra cuestión abierta era la de qué Derecho ha de aplicarse en los casos de conflicto, es decir, de colisión de sistemas jurídicos. 
Originariamente la Comisión había propuesto en este punto que siempre debería ser determinante el Derecho que rija para el sistema de pagos y no el Derecho del país en el que se haya producido la quiebra. 
Como Comisión de Asuntos Jurídicos vemos aquí el problema de que en esta constelación es más alta la probabilidad de una colisión de sistemas jurídicos, razón por la cual somos de la opinión de que, en caso de colisión, sea siempre determinante el Derecho del país en el que se haya producido la quiebra. 
Estos son en esencia los tres elementos que implican las enmiendas que hemos añadido aquí. 
Un último aspecto que todavía tiene importancia: aquí no sólo abarcamos los puros sistemas de pagos, sino que complementariamente proponemos que se incluyan también en el efecto protector de esta directiva las entidades de clearing de valores. 
Esto es todo lo que como ponente quiero exponer al respecto. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, me cuento entre los que están fascinados por la idea de la subsidiariedad. 
Sin embargo, se plantea aquí la pregunta de» cui bono»? 
El ponente debe acudir a un precedente del año 1974 para demostrar a medias por qué parece ser necesaria semejante directiva. 
La Comisión no aporta, en absoluto, ningún dato acerca de por qué es necesario esto, sino que se habla de un peligro teórico. 
Esto me parece que es un poco más problemático pues, resulta un tanto problemático imaginarse peligros en la mesa de trabajo y adoptar luego las medidas necesarias contra los mismos. 
Sea como fuere, éste es un campo amplio. 
Voy a ser breve. 
Estamos de acuerdo con el ponente. 
Aceptamos las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y también la nueva enmienda 21. 
Pero con esto paso a un problema básico para la política jurídica de la Comisión. 
Lo que con palabras prudentes ha sugerido el ponente constituye un problema claro. 
En los dos puntos que ha mencionado el ponente se trata de que en la propuesta de la Comisión se otorga a los bancos un amplio espacio de decisión. 
Esto significa que se saca, por decirlo así, a los bancos de la regulación legal normal para darles un gran espacio de maniobra. 
Esto es un problema. Esto vale para el Derecho aplicable y esto vale para la cuestión de cuándo está acordado un sistema de pagos. 
Comparto la opinión del ponente de que en este punto necesitamos normativas legales claras dentro de las cuales han de moverse los bancos participantes. 
Estos no pueden colocarse fuera del Derecho. 
Yo pediría también a la Comisión que en futuras propuestas se preocupase de que el Derecho rija para todos. 
Señor Presidente, señor Comisario, constituye para mí un honor y un placer tomar la palabra para expresar el respaldo sin fisuras del Grupo del Partido Popular Europeo a las pautas marcadas en este informe por el ponente de la comisión competente para el fondo, Sr. Lehne. 
Este apoyo rotundo de mi Grupo es un mérito más del buen hacer que ha caracterizado la labor del ponente, porque no sólo ha ejecutado un trabajo impecable desde el punto de vista técnico sino que ha sabido, asimismo, explicar en términos comprensibles para todos tanto la necesidad de la directiva como la razón de ser de las enmiendas propugnadas, cuestiones ambas cuya importancia corre pareja con su complejidad. 
El Grupo del Partido Popular Europeo votará, pues, a favor de todas las enmiendas presentadas al Pleno tanto por la Comisión de Asuntos Jurídicos como por la Comisión de Asuntos Económicos, y la que con el número 21 hemos presentado. 
Permítame ahora, señor Presidente, hacer hincapié, en primer lugar, en la necesidad de esta directiva, pero ante todo en la importancia de las modificaciones que el ponente ha pilotado con pulso firme y que, sin duda, mañana recibirán la aprobación de la Asamblea. 
En particular, la inclusión de los sistemas de liquidación de valores en el ámbito de aplicación, así como el bloque de enmiendas que responden a la preocupación del Parlamento por la primacía del principio de seguridad jurídica- que es garantía, en última instancia, del buen funcionamiento del mercado- y que se refieren al derecho aplicable, al dies a quo, y a la necesidad de establecer la obligación de depósito de los acuerdos sobre los sistemas de pagos y de valores ante la autoridad responsable de su supervisión. 
Atravesamos tiempos en los que los obstáculos que por todos partes surgen en la tarea de completar el mercado interior pueden llevar al desánimo o a la tentación de soluciones débiles que, por su naturaleza a menudo mal definida, acarrean una armonización ficticia y graves distorsiones a la hora de su incorporación en los Derechos nacionales. 
Por ello, reconforta esta iniciativa de la Comisión, firme y rica en consecuencias, como reconforta por su calidad y su altura la actuación de esta Asamblea en su función colegisladora. 
Señor Presidente, no me parece de buen augurio que el ponente y la Comisión de Asuntos Jurídicos hayan debido ya presentar una enmienda al título de la directiva. 
Título que es ya de por sí incomprensible. 
De hecho, la firmeza de la liquidación de cuentas y la constitución de garantías no quiere decir nada. 
Por suerte ha introducido el ponente una enmienda que por lo menos nos aclara la cuestión, enmienda que votaremos favorablemente. 
Y esta confusión que pesa sobre esta propuesta, y que afortunadamente ha despejado el ponente, constituye en realidad en cierta forma un síntoma del escepticismo que ha reinado entre un grupo de juristas, señor Monti. 
Pero no me adentraré en esta cuestión. 
El ponente ha prestado un positivo trabajo, la Comisión ha respondido, espero que esto resulte fructífero. 
Lo más importante de todo, y me satisface siempre ver que se halla presente el Comisario, ya que puedo así transmitirle un mensaje personal, lo más importante es que todas las directivas relacionadas con quiebras, como es el caso de la presente directiva, señalan la dificultad de tomar en serio la armonización del derecho de quiebra. 
Con razón ha indicado el Sr. Rothley el carácter teórico del peligro que se encara con esta directiva, aunque es ya hora de proceder a una armonización, en interés de nuestro sector empresarial. 
Sé que no es fácil, conozco los problemas, señor Monti, que no son nada sencillos. 
Soy muy consciente de las dificultades relacionadas con la lista, con la lista de los acreedores preferentes, que no son nada fáciles. 
Sin embargo, cada vez que tenemos que vérnoslas con este tipo de asuntos, tropezamos con el hecho de que el mundo empresarial internacional se ve encarado a divergencias en los sistemas jurídicos de quiebras. 
Porque la pregunta que aquí se plantea, y al mismo tiempo es aquí que reside la duda, o bien respaldamos al ponente y por ende también el informe, supongo, o bien tratamos de evitar que la posición de los bancos se vea asfixiada. 
Señor Presidente, señores diputados, quiero expresar mi agradecimiento y aprecio a la Comisión de Asuntos Jurídicos y, sobre todo, al ponente, el Sr. Lehne, así como a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, sobre todo, al ponente, el Sr. Katiforis, por la eficaz contribución que han aportado al examen de esta propuesta: propuesta muy técnica, difícil, pero importante. 
La propuesta representa, efectivamente, un paso importante hacia la ulterior liberalización de los movimientos de capitales en la Unión Europea. 
En efecto, si en principio la libertad de circulación de los capitales está plenamente garantizada, en la práctica existen todavía varios obstáculos: me refiero a los sistemas de pago y a los sistemas de liquidación de operaciones en valores negociables, que son insuficientes para garantizar una libertad de circulación efectiva a nivel transfronterizo precisamente debido a la existencia de regímenes jurídicos diversos en los distintos Estados miembros. 
La armonización mínima de las legislaciones, que es el objetivo de la presente directiva, eliminará las barreras más importantes, permitiendo la creación de verdaderas autopistas transfronterizas de los capitales en toda la Unión Europea. 
Me congratulo especialmente de la propuesta de las comisiones competentes de incluir en el ámbito de la directiva los sistemas de liquidación de las operaciones en valores negociables al obtener un dictamen favorable tanto del Instituto Monetario Europeo como del Comité Económico y Social. 
Si examinamos cada enmienda propuesta observamos que las enmiendas núms. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 y 17 van en esa dirección. 
La enmienda nº 1 propone modificar el título de la directiva: aunque tal modificación es aceptable para la Comisión, tiene por efecto indicar en el título que la directiva concierne a los sistemas interesados en el caso en que sus participantes estén afectados por procedimientos de insolvencia. 
No obstante, la normativa objeto de examen no es una directiva en materia de insolvencia, sino que trata esa materia solamente en la medida en que es relevante para el riesgo sistémico. 
Se podría tal vez adoptar el título siguiente: » Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al riesgo sistémico en los sistemas de pago y en los sistemas de liquidación de las operaciones en valores negociables». 
Las enmiendas núms. 2 y 3- que la Comisión acepta- añaden informaciones útiles sobre la directiva: el añadido de una disposición relativa a un procedimiento de notificación, contemplado en la enmienda nº 6, y otra modificación tendente a mejorar la seguridad jurídica, contribuyendo así a lograr el objetivo de la directiva, que es el de evitar riesgos sistémicos. 
Sin embargo, establecer el depósito del acuerdo en el que se fundamenta el sistema ante las autoridades competentes para la inspección de las entidades participantes y la subsiguiente publicación de una comunicación que anuncie tal hecho nos parece inútilmente complicado. 
Además, en varios Estados miembros la autoridad responsable de la inspección de dichas entidades es distinta de la competente para la inspección del sistema como tal, lo que determinaría un reparto artificial de las competencias y causaría confusión. 
Por lo tanto, la Comisión encuentra dificultades para aceptar esa enmienda. 
Lo mismo vale para el añadido de las palabras «con normas de compensación de saldos en la liquidación» que figuran en la enmienda nº 10, puesto que tales palabras podrían hacer menos clara nuestra definición de sistema de pagos. 
Según la propuesta, un sistema es llamado sistema comunitario si el Derecho aplicable al acuerdo en el que se basa es el Derecho de un Estado miembro. 
Este es el criterio adoptado por la propuesta de la Comisión. 
Aplicar un criterio geográfico no parece posible. 
La enmienda nº 11 intenta, no obstante, introducir dicha concepción geográfica al sugerir que se considere que un sistema está situado en el Estado miembro en el que se efectúe la consignación. 
Sin embargo, para una misma operación pueden efectuarse varias consignaciones ante organismos diversos, como la cámara de compensación y el agente de liquidación. 
Por lo tanto, habría que aclarar, por lo menos, de qué consignación se trata. A falta de tal precisión, nos es difícil aceptar esa enmienda. 
La enmienda nº 12 amplía la definición original de sistema de pagos de un tercer país utilizando la expresión más genérica «sistema de un tercer país» para incluir también ahí los sistemas de liquidación de las operaciones en valores negociables. 
En principio podemos aceptar esa modificación, pero debemos completarla añadiendo las palabras «sistema de liquidación de las operaciones en valores negociables». 
Puesto que los bancos centrales efectúan operaciones con derivados financieros, estos últimos deben incluirse en la definición de operaciones de política monetaria, como propone la enmienda nº 13. 
La enmienda nº 16 comprende tres apartados, de los cuales el primero no nos causa ninguna preocupación. 
El segundo sustituye las palabras «contratos celebrados» (contracts entered into) por las palabras «contratos registrados en el sistema comunitario» (contracts entered into the EC system). 
Sin embargo, la expresión entered into es utilizada por la Comisión precisamente en el sentido de «celebrados» y no se refiere al registro de los contratos en los sistemas de pagos. 
En cuanto a la anulación unwinding de la liquidación o de las operaciones en valores negociables, la enmienda propuesta parece querer decir que las liquidaciones o las operaciones en valores negociables una vez liquidadas no se pueden anular. 
Sin embargo, la directiva tiene por objeto proteger las órdenes de transferencia contra el riesgo de anulación exclusivamente mientras se encuentran en el ámbito del sistema, porque es en ese momento cuando subsiste el riesgo sistémico: una vez ha tenido lugar la liquidación no existe ya ningún riesgo sistémico y, por lo tanto, no existe ningún motivo para prohibir la anulación de los importes relativos a pagos ya liquidados. 
El tercer apartado de la enmienda nº 16 hace que el efecto de la apertura de un procedimiento de insolvencia con respecto a un participante en el sistema se retrase hasta el momento en que la autoridad competente notifique formalmente la apertura a los otros participantes. 
Este parece un procedimiento excesivamente oneroso puesto que las informaciones concernientes a la insolvencia de un participante en un sistema tienden a difundirse muy rápidamente en los mercados financieros; además, dicho procedimiento determinaría la ampliación del régimen prioritario, previsto en la directiva, incluso después del momento en que los participantes en el sistema tengan efectivamente conocimiento de la insolvencia de que se trata, cosa que no se puede justificar debido al objetivo de evitar el riesgo sistémico: por consiguiente, nos es difícil aceptar la enmienda nº 16, así como nos es difícil aceptar la enmienda nº 21. 
La enmienda nº 17 prohíbe la revocación de las órdenes de pago o de las órdenes relativas a las operaciones en valores negociables tras la apertura del procedimiento de insolvencia. 
Sin embargo, parece evidente que, en caso de insolvencia de un participante, los activos de este último se congelan y, por lo tanto, la revocación no es posible. 
No me parece necesario aclararlo más. 
Con su propuesta, la Comisión tenía otro objetivo, es decir, impedir a terceros revocar la orden de transferencia introducida en el sistema, dado que las entidades de los terceros en cuestión no pueden hacerlo con arreglo al Derecho del otro Estado miembro afectado. 
En efecto, está claro que si eso ocurriera con un importe notable, podría surgir un riesgo sistémico: por lo tanto, hay que mantener la referencia a los terceros. 
La enmienda nº 18 es aceptable, puesto que hace el texto más claro. 
La enmienda nº 19 propone que se suprima el artículo según el cual, en caso de insolvencia de uno de los participantes en el sistema, la normativa sobre insolvencia aplicable será la del Estado miembro en el que esté radicado el sistema. 
Pero dicha supresión sería contraria al objetivo de la directiva de reducir el riesgo sistémico, y eso por dos motivos en particular: la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la necesidad de evitar los conflictos jurídicos. 
Todo eso lleva a pensar que la directiva puede lograr su objetivo de proteger los sistemas contra el riesgo sistémico sólo si se rechaza la enmienda nº 19. 
En cambio, la Comisión acoge favorablemente la enmienda nº 20, que aclara el significado del texto. 
Señor Presidente, señores diputados, espero que a la vista de lo que he intentado aclarar puedan reconsiderar la conveniencia de esas enmiendas, en particular la nº 17 y la nº 19, que la Comisión no considera aceptables. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0108/97) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0204- C4-0446/96) «Simplificación de la legislación en el mercado interior (SLIM) : proyecto piloto». 
Señor Presidente, deseo agradecer al Sr. Comisario su presencia cuando nos disponemos a deliberar sobre un tema de gran importancia y urgencia. 
Detrás del mercado único estaba el objetivo de dar dinamismo a la Unión Europea, y cuando en 1985, la Comisión lanzó su idea en el Libro Blanco en el que se creaba el programa sobre mercado único, se pensó que todo quedaría concluido a más tardar en 1992. 
Lamentablemente no alcanzamos todo el éxito que nos habíamos propuesto. 
No obstante, nuestro optimismo y deseo de salir adelante y de seguir avanzando se mantienen intactos y no nos apartaremos de nuestro cometido de intentar alcanzar el que, en última instancia, es el objetivo más valioso y eficaz de la Unión Europea. 
El programa piloto SLIM, simplificación de la legislación en el mercado interior, surgió cuando se reconoció la necesidad de garantizar que las leyes que adoptan la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y la petición a las autoridades nacionales para que las transpongan a la legislación nacional se haga con la máxima eficacia posible para poder superar los problemas específicos a los que hay que hacer frente. 
Siempre ha sido un inconveniente de la Unión Europea el hecho de que el formato utilizado para la legislación la hace inaccesible al ciudadano medio europeo. 
A pesar de haber trabajado en el sistema durante tres años y de haber estudiado Derecho, en varias ocasiones he sido incapaz de seguir la secuencia de acontecimientos que conduce a la redacción del documento legislativo final. 
Es fundamental que cuando aprobemos una ley, exista un fundamento claro que realmente lo entienda todo el mundo, ya se trate de un médico, un hombre de negocios, un funcionario del gobierno o un ciudadano cualquiera. 
A modo de ilustración, quisiera señalar que el Padrenuestro tiene sesenta palabras, los Diez Mandamientos 128, la Constitución de los Estados Unidos 457, más otras 142 palabras que se sumaron a las anteriores a través de las enmiendas presentadas durante los últimos quince años. 
En una reciente directiva de la UE sobre la presentación y la comercialización de una serie de productos encontramos 29.547 palabras. 
¿Es necesaria tanta verborrea en nuestra legislación? 
Creo que no. 
En mi informe hago algunas sugerencias muy simples y básicas que podrían ayudar a superar este problema. 
En primer lugar, si analizamos todo el ámbito de la codificación, podemos aunar varias disposiciones anteriores que tratan sobre el mismo tema y combinarlas todas ellas en una sola ley individual. Esta medida facilitaría la labor de los abogados, de las personas que se dedican a los negocios y de los empleados que tienen que cumplir dichas leyes a la hora de encontrar la referencia exacta que están buscando. 
En segundo lugar, debemos comenzar ya desde ahora a simplificar nuestra legislación. 
Allanemos el camino con nuestro ejemplo. 
Establezcamos los criterios que deberán seguir cada Comisión y cada Parlamento que vengan después de nosotros para garantizar que nuestro proceso legislativo es adecuado y más simple. 
En este sentido, quisiera llamar la atención de todos los diputados sobre la longitud de mi informe. 
Las conclusiones se limitan a diez apartados. 
Un informe sobre el que hemos tratado esta mañana tenía 178 apartados. 
Debemos predicar con el ejemplo. 
Hagámoslo simple, hagámoslo claro, pero hagámoslo de tal forma que no pueda arrojar ninguna duda en cuanto a su precisión y que no se preste a diferentes interpretaciones. 
Debemos alentar a los Estados miembros a que no utilicen la Unión Europea como chivo expiatorio para introducir leyes impopulares a nivel nacional. 
No deben abusar de las directivas incluyendo cosas que no tienen el valor de introducir en leyes nacionales aisladas, como suele ser habitual recurriendo al principio de subsidiaridad. 
También debemos pedir a los gobiernos nacionales garantías de que simplificarán su proceso legislativo para que el ciudadano medio pueda comprender todo el proceso. 
Por último, quisiera llamar la atención del Sr. Comisario sobre mi gran decepción por los nuevos proyectos que la Comisión espera seguir bajo este proyecto SLIM. 
Solicito que los hagamos más relevantes e inmediatos para el cometido del mercado único y que se centren, en particular, en la mediación y distribución de servicios financieros, las adquisiciones públicas, la directiva sobre maquinarias y la directiva sobre comercialización de sustancias peligrosas. 
Podemos hacerlo realidad, podemos hacerlo atractivo y podemos hacerlo comprensible a los ojos del ciudadano europeo. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión por sus propuestas relativas a la iniciativa SLIM, y también al Sr. Crowley por su excelente informe. 
La simplificación de la legislación en el mercado interior creo que tiene el potencial clave de mejorar la competitividad, la rentabilidad y, lo que es más importante de todo, la capacidad de las empresas de crear puestos de trabajo a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
En calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, considero que la iniciativa SLIM es un ámbito clave que debemos estudiar. 
Pero el éxito en este ámbito sólo será posible si adoptamos un enfoque integral. 
Existe el temor y la preocupación de que ciertos agentes clave, especialmente las PYME y, en menor medida, los sindicatos, no han participado plenamente en el proceso SLIM. 
Quisiera hacer hincapié en que para que esta iniciativa funcione, es necesario que todo el mundo pueda sentirse seguro. 
Lo que nos proponemos es algo bastante radical y algo que deberíamos intentar alcanzar. 
Me gustaría tocar brevemente dos o tres ámbitos que tienen un interés clave. 
En primer lugar, necesitamos introducir nuestra legislación de tal manera que a los gobiernos nacionales les resulte imposible introducir ornamentos innecesarios en la legislación. 
Introducir dichos ornamentos en la legislación europea perjudica el mercado único, perjudica la competitividad y la capacidad de las empresas de crear puestos de trabajo. 
En segundo lugar, debemos reconocer sin género de duda que el enemigo es en mucho mayor medida la legislación nacional que la legislación que creamos a nivel europeo. 
Deberíamos afrontar directamente el desafío que representa la legislación nacional. 
La Comisión elaboró un documento excelente en febrero del pasado año denominado «Reglamentaciones nacionales que afectan a los productos del Mercado Interior: un motivo de preocupación». 
Nunca fue adoptado formalmente por la Comisión, sin embargo demuestra claramente que es la legislación nacional, además de nuestra propia legislación, la causa de nuestros problemas. 
El proceso SLIM creo que puede ser una excelente noticia para las pequeñas empresas de mi región del Reino Unido, el Black Country, y de toda la Unión Europea. 
Pero necesitamos este enfoque integral y debemos destacar los peligros de los ornamentos innecesarios y los peligros de la legislación nacional. 
Deseo expresar mi satisfacción, una vez más, por las propuestas de la Comisión y mi agradecimiento al Sr. Crowley por su informe. 
Señor Presidente, el espíritu de la moderación debe ser el espíritu del legislador, dijo ya Montesquieu. 
El ponente ha practicado, sin duda, este espíritu de moderación y el proyecto piloto de la Comisión que se somete aquí a votación demuestra que este espíritu de moderación ha encontrado también entrada sólida en el proceso legislativo europeo. 
Tras el Informe Molitor la iniciativa SLIM representa un importante paso más hacia la mejora y hacia la simplificación del Derecho comunitario y por ello merece celebrarse expresamente. 
Quiero hacer algunos comentarios. 
La Comisión debería haber fundamentado de manera expresa la selección de los ámbitos investigados por el equipo SLIM. 
Semejante fundamentación habría sido oportuna puesto que no ha seleccionado temas que son candentes para los ciudadanos. 
Quiero referirme, por ejemplo, al término de plantas ornamentales. 
Seguramente no basta como fundamentación el hecho de que un Estado miembro haya deseado este ámbito, esto es demasiado poco. 
En el futuro deberían contarse entre los sectores a investigar prioritariamente el sector productivo público y el sector de servicios financieros, pues tienen un rango especialmente elevado en la economía nacional. 
Sin embargo, la Comisión debería concentrarse ante todo en ámbitos en los que haya tenido lugar realmente una regulación considerable. 
Por esta razón, la iniciativa SLIM no es tan adecuada para ocuparse prioritariamente de temas tales como, por ejemplo, los trabajadores emigrantes o los impuestos. 
La composición de los grupos debería ser transparente y equilibrada para que pudieran trabajar con la mayor eficacia posible. 
Precisamente en el marco de la iniciativa SLIM, la Comisión debería orientarse también por la lista de chequeo que el Parlamento ha elaborado en el marco de su informe sobre el Informe Molitor. 
Esta debería convertirse en un elemento que urgiera la preparación de una nueva ley o de la revisión de las leyes existentes para poner de manifiesto las tendencias hacia la superregulación. 
Es preciso aumentar la competitividad y, sobre todo, hay que mejorar la capacidad de generar puestos de trabajo. 
Sin embargo este objetivo sólo se conseguirá con la iniciativa SLIM si sobre la base de sus conclusiones ésta conduce realmente a unos resultados concretos y palpables de simplificación jurídica que surtan efectos directos en los Estados miembros. 
La Comisión tendría que hacer todo lo posible para lograr este objetivo y hacerlo palpable a la opinión pública. 
En este sentido quisiera animar urgentemente a la Comisión a que prosiga este proyecto. 
Para ser honestos hay que decir que a menudo la Comisión presenta propuestas claras y de fácil comprensión que a continuación las burocracias nacionales convierten en un rompecabezas que ya nadie logra entender. 
Doy esto por sentado. 
El segundo punto que deseo señalar es que desgraciadamente en realidad con el informe Molitor hemos tomado la dirección equivocada. 
No era ésta la solución que buscábamos. 
Y por ello me siento tan satisfecho de que la Comisión haya presentado esta iniciativa y me satisfacen muy en particular las palabras de nuestro ponente que respaldo enteramente. 
De lo que se trata primeramente es de la comprensión y la legibilidad para aquéllos que tienen que ver con la ley. 
Si usted, señor Monti, y aquí me permitiré una pequeña ocurrencia, viese la posibilidad de que se reescriba el Tratado de Maastricht, sin cambiar la esencia de su contenido, pero con un texto que los profesores de derecho lograsen comprender, se habría dado entonces un gran paso de avance. 
Volviendo a la realidad, le deseo mucho éxito. 
Reviste una enorme importancia que por lo menos los juristas puedan comprender que con esto lo que se ha formulado es un documento legislativo. 
Le deseo mucho éxito. 
Los ejemplos citados por el ponente me parecen harto elocuentes aunque debemos, tanto en sentido retroactivo como pensando en el porvenir, esforzarnos por la simplificación del texto en lo que respecta a su legibilidad. 
Es ésta una cuestión sumamente positiva. 
Le deseo pues mucho éxito. 
Señor Presidente, Señorías, en mi país tuvimos a principios de los 90 una campaña para simplificar la legislación, campaña que obtuvo unos resultados excelentes. 
Dicha campaña acabó con la normativa a un nivel jerárquico menor que el de las leyes. 
Creo que esto es también importante en el proyecto SLIM. 
En realidad en este Pleno no se abordan muchos trabajos de carácter verdaderamente legislativo. 
Hay personas cínicas en mi país que han dicho que una vez acabado el proceso de simplificación a nivel nacional, ha sido lo mismo que llevarse las normas con carretilla- luego nos ha venido un camión cargado de la UE. 
También por este motivo espero que el proyecto Slim tenga éxito. 
Como ya han mencionado muchos de los oradores que me han precedido, el programa no ha tenido buenos resultados. 
Se han cosechado algunos resultados en dos de los proyectos piloto. 
Los que hemos seguido la evolución desde el Parlamento nos preguntamos: ¿Por qué se empezó precisamente con estos ámbitos? 
Lo mismo ha dicho el ponente. 
¿Por qué empezamos con los productos de la construcción, cuando sabemos que la Comunidad ha intentado durante años llevar a cabo simplificaciones dentro de este sector? 
Con miras a conseguir un espíritu más abierto para los trabajos preparatorios, echo a faltar también la participación equitativa de distinas partes de la región. 
Como mencionamos en el informe de la comisión, se necesitan urgentemente unas simplificaciones dentro del ámbito de las adquisiciones públicas, y una homologación de los procedimientos descritos en varias directivas. 
¿Por qué tienen que seguir existiendo diversos tipos de adquisiciones en la actualidad? 
La Comisión de Asuntos Jurídicos solicita que las adquisiciones sean objeto de un método «slimming» que sea más duradero que los métodos «slimming» que se encuentran en las revistas de señoras en primavera. 
Sabemos que también muchos proveedores y el propio sector público desean una simplificación. 
La respuesta de que hay que asegurar la aplicación de la legislación, lo cual creo que ha aducido la Comisión en otro contexto, no es plenamente convincente. 
Hay ejemplos de situaciones en que se han modificado directivas antes de que entrasen en vigor. 
Espero que también la Dirección de la Comisión sea consciente de la circunstancia de que la oposición a un nivel menor entre los funcionarios de la Comisión puede ser notoria. 
Se podría por ejemplo, dentro de este sector y de otros, aplicar la norma de que, a partir de ahora y durante algún tiempo, una normativa va a estar en vigor cinco años si no se ha renovado antes. 
Creo que este es el modo correcto de hacer que la legislación se agilice realmente. 
Señor Presidente, Señorías, deseo felicitar a la Comisión por la iniciativa SLIM que no podemos por menos de aprobar en su principio, aun cuando el proyecto piloto se parezca, sobre todo, tal como está, a una operación de cirugía estéticojurídica. 
En efecto, lamento que los cuatro sectores seleccionados estén tan alejados de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos europeos. 
Además, la simplificación de la legislación relativa al mercado interior no debe convertirse en el futuro, en ningún caso, en el caballo de Troya de una desregulación europea, cuyas fracturas sociales podemos medir cada día, así como el aumento del desempleo que provoca. 
Por último, constato con decepción, tratándose del futuro de la iniciativa SLIM, la falta total de visión común entre la Comisión ejecutiva, el Consejo «Mercado interior» y la comisión jurídica. 
No lo dudemos, señor Comisario, actuar menos y mejor por el bienestar de los ciudadanos europeos es el único desafío común que debemos afrontar para permitir el logro del mercado único. 
Como dispongo solamente de un minuto, me limitaré a felicitar muy brevemente al ponente. 
Primer punto, la accesibilidad del documento. 
Hemos presentado una enmienda porque estimamos que el lenguaje y las complicadas construcciones del texto responden en particular a los compromisos entre los Estados miembros que quedan fuera del contexto de las propuestas originales de la Comisión. 
En segundo lugar, la consolidación. 
En tercer lugar, pensamos que reviste la mayor importancia que también en lo referente a la armonización fiscal se busque una simplificación y facilidad de acceso. 
Y es que son precisamente las divergencias en los regímenes fiscales las que entorpecen en tan alto grado el mercado interior, haciendo aumentar con ello el nivel de paro. 
Señor Presidente, deseo terminar comprobando que son los Estados miembros, más que las instituciones europeas, los responsables del exceso de legislaciones enrevesadas. 
El Comisario Bangemann señaló en esta misma Asamblea que, en 1994, en un 80 % de las 440 nuevas normas se había ya dado inicio a su transposición por los gobiernos nacionales. 
Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar querría dar las gracias al Sr. Crowley y a las comisiones competentes por su trabajo y por el apoyo que han manifestado a la iniciativa SLIM, y luego decir brevemente en qué situación estamos y lo que nos proponemos hacer. 
Ante todo, por lo que respecta a la primera fase de la iniciativa SLIM, se han presentado observaciones sobre la elección de los cuatro sectores de experimentación y sobre el hecho de que pudiera tratarse de sectores un poco alejados de la vida de los ciudadanos. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que esta idea del proyecto SLIM nació a finales de febrero de 1986; creo que la hemos hecho realidad, aunque sea en esta fase de proyecto piloto, en plazos muy breves con respecto a los habituales en las instituciones europeas, que ustedes conocen bien, y precisamente con un ánimo de simplificación incluso hemos convencido a los Estados miembros de que no estén presentes, cada uno de ellos, en cada uno de los grupos SLIM, lo que no ha sido fácil; los Estados miembros se han distribuido los cometidos y hemos podido, pues, constituir grupos ágiles que han podido trabajar bastante rápidamente. 
En cualquier caso, ¿se ha visto afectada la elección de los sectores por la velocidad con la que hemos querido proceder a esta primera experimentación? 
¿Son sectores alejados de la vida de los ciudadanos? 
Yo diría que no. 
Quizás las plantas ornamentales pueden prestarse a algunas observaciones, pero INTRASTAT es algo que las empresas consideraban muy oneroso para su funcionamiento cotidiano; luego, el reconocimiento de los títulos no me dirán que es un problema alejado de la vida de los ciudadanos, y el tema de los productos de la construcción está próximo a uno de los sectores básicos de la economía europea, y es desgraciadamente el tema en el que hemos podido hacer menos progresos. 
¿Cuál es la situación de los trabajos hechos en esta primera fase? 
Por lo que se refiere a las plantas ornamentales, una amplia mayoría de Estados miembros está a favor de una simplificación de la directiva y en contra de un sistema de directiva facultativa. 
Existe también un consenso sobre el grado de simplificación y sobre los aspectos de la directiva que deberían ser objeto de tal simplificación. 
La Comisión piensa presentar una propuesta concreta a más tardar en mayo, de conformidad con el calendario presentado. 
Por lo que respecta a INTRASTAT: repito, puede parecer alejado de la vida de los ciudadanos, pero está muy cerca de las preocupaciones cotidianas de las empresas y, sobre todo, de las pequeñas empresas. 
También en este sector se están haciendo rápidos progresos: se ha trabajado para simplificar las obligaciones en materia de datos INTRASTAT y para los cambios concretos que pueden efectuarse en la nomenclatura INTRASTAT. 
La Comisión se reunirá con los representantes de la industria periódicamente hasta junio, cuando presentará una propuesta que espera que se adopte en noviembre. 
En lo que atañe al reconocimiento de los títulos: en este sector la Comisión piensa presentar propuestas antes de que finalice el año para proporcionar un método simplificado de actualización de las listas de los títulos que se benefician del reconocimiento automático y para agilizar los procedimientos de los comités consultivos: aquí está en parte la respuesta a la pregunta del Sr. Cot y, en cualquier caso, se trata de proporcionar un método, una especie de abrelatas, que luego debería servir de vez en cuando. 
La recomendación que solicita que se revisen las disposiciones en materia de educación y de formación de las directivas sectoriales, con el fin de fijar criterios basados en la competencia que den mayor peso a los resultados de la educación y de la formación que a normas rígidas sobre los contenidos, la está estudiando actualmente el comité consultivo en el contexto de la formación de los enfermeros. 
En cuanto a los productos de la construcción, no niego que éste ha sido el sector en el que hemos tenido que afrontar los mayores problemas. 
Entre las opciones propuestas para mejorar esta directiva problemática, la Comisión ha dado preferencia a la solución que combina una acción a breve plazo encaminada a elaborar las normas necesarias para permitir un buen funcionamiento de la directiva con un trabajo de reflexión sobre las modificaciones a medio plazo de la propia directiva. 
En este sector la Comisión ha encontrado, en el seno del comité competente, una fuerte oposición por parte de los Estados miembros a las modificaciones de la directiva. 
Y aquí quisiera hacer una observación: en principio, estamos todos a favor de la simplicidad y de la simplificación, pero uno de los, espero, méritos de este modo de proceder es que se consigue demostrar que, en la realidad, simplificar es difícil y que muchos elogios verbales a la simplificación chocan luego con las resistencias a la simplificación de los Estados miembros de las mismas categorías interesadas. 
Por consiguiente, creo que es una operación en sí útil, espero, y un poco también pedagógica, que demuestra que hay una diferencia entre hablar de simplificación y conseguir hacerla realidad. 
Unas palabras más, señor Presidente, sobre la segunda fase, la elección de los sectores sobre los que también se ha detenido el Sr. Crowley. 
A la vista de los debates internos y de las exigencias expresadas por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo, por el Comité Económico Social y por los representantes de los sectores afectados, tengo la intención de proponer en breve a la Comisión que la próxima fase del programa SLIM trate sobre estos sectores: algunos aspectos del actual sistema IVA, los servicios financieros, señora Mosiek-Urbahn, empezando por el sector bancario, la nomenclatura combinada para el comercio exterior y un sector de mercancías que está aún por definir. 
No tengo tiempo para explicar las razones por las que hemos procedido así o por qué yo pienso proponer a la Comisión estos sectores específicos. 
Algunos de ustedes han mencionado, justamente, los contratos públicos: hago presente que los problemas de la simplificación en esta materia los está estudiando actualmente la Comisión y son objeto de la consulta abierta por el Libro Verde específico sobre los contratos públicos. 
Termino dándoles las gracias por el apoyo, así como por la comprensión de las dificultades, y les ruego que vean esto como un ejercicio de pragmatismo y de concreción que nos permita a todos pasar de las palabras fáciles sobre la simplificación a la difícil realización de la simplicidad. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito en el ámbito de los valores negociables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para segunda lectura (A4-0093/97) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la aprobación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 0360- C4-0005/97-95/0188 (COD) por la que se modifica la Directiva 93/6/CE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito y la Directiva 92/22/CEE del Consejo relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (Ponente: Sra. Oddy). 
Señor Presidente, el tema esencial del presente informe es bastante simple. 
Se trata sencillamente de la creación de un comité en virtud de la Decisión 87/373/CEE de la Comunidad Económica Europea. 
No obstante, plantea enormes interrogantes de procedimiento y, en particular, de comitología. 
En su propuesta original, la Comisión propuso un comité de tipo III a). 
El Parlamento, en su primera lectura, recomendó un comité de tipo II b). 
El Consejo, en su sabiduría, decidió desoír ambos deseos de la Comisión y del Parlamento, y presentó en la posición común una recomendación a favor de un comité de tipo III b). 
La posición común tampoco incluye una referencia al modus vivendi acordado entre las tres instituciones en 1995. 
Las tres instituciones están sujetas a dicho acuerdo y ése es el que debe primar en esta situación. 
La posición incluye además un serie de características inusuales como que el comité en cuestión aprobará su propio procedimiento, lo que no se ajusta a la Decisión 87/373/CEE, y que la Comisión podrá consultar al comité sobre nuevas propuestas. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos es unánime en su opinión de que esta posición común no favorece en nada la democracia ni la trasparencia parlamentarias y que además es antidemocrática. Sencillamente socava la posición del Parlamento. 
Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó por unanimidad el restablecimiento de las enmiendas originales adoptadas en su primera lectura y su nueva presentación en la segunda lectura. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos está decidida a mostrarse inflexible en lo que se refiere a que el Consejo no debe intentar debilitar al Parlamento de esta forma, y deseamos recurrir a la conciliación para solucionar estas dificultades. 
Desde la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos han sido puestas a mi atención una serie de preocupaciones adicionales. 
La declaración del Consejo acaba de hacerse pública y quisiera criticar esta demora. 
La Declaración 1 va en contra de las modalidades establecidas en el Decisión 87/373/CEE, ya que es la Comisión la que es asistida por el comité y no el presidente como es habitual. 
Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de convocar reuniones e incluir temas en el orden del día del comité. 
En este caso, sin embargo, la declaración afirma que es la Comisión, y sólo ella, la que presentará un proyecto de las medidas que deban tomarse, en contra de lo que dice la Decisión 87/373/CEE. 
La declaración relativa al apartado 6 del artículo 1 habla sobre la práctica seguida, el uso sistemático y la consulta al Comité de Valores Negociables cuando tenga intención de presentar nuevas propuestas. 
Eso es ilegal según la Decisión 87/373/CEE y sería sumamente perjudicial para el Parlamento aprobar esta práctica pseudolegal y posiblemente ilegal. 
La Comisión debe ser el guardián de los Tratados. 
Yo sostengo que el guardián de las personas de la Unión Europea es el Parlamento. Nosotros marcamos los límites. 
Somos la institución que protege a la sociedad europea. 
Si la Comisión y el Consejo burlan los deseos de este Parlamento, tendremos una burocracia dictatorial. 
Eso es inadmisible para la población de esta Unión Europea. 
La Comisión y el Consejo deben reconsiderarlo y deben escuchar no sólo al Parlamento, sino a la población de Europa que tiene derecho a una toma de decisiones y a legislación transparentes y abiertas. 
Señor Presidente, sólo quiero decir: » ¡Bien por Christine!» 
¡Sigue adelante! 
Señor Presidente, señores diputados, agradezco a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la ponente, la Sra. Oddy, el excelente trabajo realizado sobre una propuesta de directiva tan compleja como la propuesta de directiva con la que se quiere crear el Comité de Valores Negociables. 
La creación de ese comité, que viene a unirse al Comité Consultivo Bancario y al Comité de Seguros, constituirá otro paso adelante hacia la consecución del mercado interior. 
Como saben, el Comité de Valores Negociables tiene que desempeñar dos papeles importantes: se le ha asignado una función análoga a la de los llamados procedimientos del comité, en el marco de las directivas sobre los servicios de inversión y sobre la adecuación del capital; el papel de aportar ajustes técnicos a estas dos directivas será desempeñado de ahora en adelante por la Comisión con la ayuda del Comité de Valores Negociables. 
En ese ámbito, se tendrá que tener en cuenta, obviamente, la exigencia de asociar al Parlamento al proceso de actualización de las directivas, tal y como está establecido en el modus vivendi de 1994. 
En segundo lugar, el nuevo comité tendrá un papel consultivo: en efecto, en ese ámbito se podrán realizar intercambios de opiniones útiles entre los representantes de los Estados miembros y la Comisión sobre la evolución en el sector de los mercados mobiliarios. 
Por lo que respecta a las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura, puedo confirmar la disponibilidad de la Comisión para aceptar la enmienda nº 3. 
Para ello, nuestra propuesta modificada ya ha incluido la solicitud de añadir un considerando que remita al modus vivendi anterior. 
En cambio, lamento no poder aceptar, en nombre de la Comisión, la propuesta del Parlamento de hacer trabajar al comité sobre la base del procedimiento de tipo II b) , en vez del de tipo III a). 
A nuestro juicio, no hay motivo para otorgar al Comité de Valores Negociables la competencia de tomar decisiones de urgencia, como permite, por el contrario, el procedimiento del tipo II b). 
Pensamos que el procedimiento III a) es el más adecuado para cumplir las tareas establecidas. 
Por eso la Comisión no puede sino rechazar las enmiendas núms. 2, 6 y 9, todas ellas relativas al procedimiento que ha de seguir el comité. 
Espero que el Parlamento se muestre dispuesto a reconsiderar su posición originaria al respecto, apoyando así el texto propuesto por la Comisión. 
Las enmiendas núms. 1, 7 y 10 no pueden aceptarse puesto que se proponen suprimir este papel consultivo del comité, que, en opinión de la Comisión, es, en cambio, su función principal. 
La enmienda nº 4 se propone suprimir cualquier referencia a obligaciones de cooperación entre el futuro Comité de Valores Negociables y otros comités, como por ejemplo el Comité Consultivo Bancario. 
Al contrario, habida cuenta de las distintas problemáticas que unen la reglamentación de las entidades de crédito y la de las empresas de inversión, quisiera resaltar aquí la importancia de que se mantenga una referencia expresa a tales obligaciones. 
Por consiguiente, es obvio que la Comisión no puede aceptar esa propuesta de modificación. 
Por último, quisiera poner de relieve que la inclusión de las enmiendas núms. 5 y 8 vendría a demoler el sistema establecido por las directivas sobre los servicios de inversión y sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión, que disponían que, a la espera de la creación del Comité de Valores Negociables, determinadas funciones fueran desempeñadas por el Consejo. 
En cambio, parece oportuno que dicho comité, una vez constituido, venga a asumir el papel que originariamente le habían atribuido las dos directivas que he mencionado y debido al cual, precisamente, se había querido su creación. 
El texto de la propuesta que tenemos ante nosotros hoy es, por lo tanto, la consecuencia lógica y necesaria de lo dispuesto en directivas que ya están en vigor. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Derecho de participación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0030/97) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0097- C4-0251/96-96/0085 (COD) ) relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. 
Señor Presidente, sin lugar a dudas el informe cuyo debate inicio con estas palabras puede erigirse en caso de estudio para los teóricos del proceso de integración europea porque en pocas ocasiones, señor Presidente y señor Comisario, se dan cita en una acción comunitaria tal cantidad de argumentos contradictorios, de visiones contrapuestas, de defensas, a menudo feroces, de intereses legítimos, de sensibilidades dispares y también de posturas serenas en las que prima, en última instancia, el realismo y el interés común frente a los miedos y a los intereses particulares. 
Y me gustaría rendir tributo al respecto a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Dicho esto, la primera pregunta que, como ponente, me parece obligado abordar es la necesidad y justificación de esta acción comunitaria. 
De acuerdo con los tratados, esta reflexión ha de tener en cuenta tanto razones estrictamente jurídicas como razones económicas, con la dificultad añadida de que, en la realidad del mercado, derecho y economía configuran una amalgama difícil de desentrañar. 
Pero lo intentaremos. 
Desde el punto de vista jurídico, el derecho de participación es el derecho inalienable de todo artista plástico, de todo autor de una obra única, por naturaleza destinada a ser contemplada, derecho a participar en las sucesivas ventas de su creación, con exclusión de la primera transmisión. 
Este derecho nace en Francia en 1920 con un marcado carácter de beneficencia. 
Los ordenamientos jurídicos de 11 de los 15 Estados miembros, así como la Convención de Berna, regulan hoy el derecho de participación incluyéndolo entre los derechos de autor. 
Se trata, pues, de un derecho encuadrado en el ámbito de la propiedad intelectual. 
No se trata de ninguna tasa o impuesto. 
Y por tratarse de propiedad intelectual nos encontramos en el ámbito de aplicación del artículo 100A del Tratado de la Comunidad Europea, como tuvo ocasión de establecer el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de julio de 1995 en el asunto España contra Consejo. 
O dicho de otra manera: la armonización del derecho de participación se inscribe en la realización de los objetivos enunciados en el artículo 7A del Tratado de la Unión, esto es, el funcionamiento del mercado interior. 
Tras estas consideraciones jurídicas, corresponde entrar en los aspectos económicos. 
El mercado de las obras de arte contemporáneas engloba, en realidad, dos mercados diferenciados: el de los compradores particulares- de cualquiera de nosotros cuando acudimos a una subasta o a una galería a comprar un cuadro para colgarlo en nuestras casas- y el de los inversionistas institucionales y los grandes coleccionistas, desde el punto de vista de la demanda, y de los artistas con proyección internacional, desde el punto de vista de la oferta. 
Además, éste segundo es un mercado en expansión ya que, durante las últimas décadas, las obras plásticas se han venido convirtiendo en un peculiar refugio seguro para las inversiones. 
En un mundo de creciente incertidumbre económica, donde los valores de referencia son escasos e inestables, la definitiva singularidad de la obra plástica original constituye una realidad sólida que a menudo genera, por cierto, desaforados aumentos de precio en estas obras, precios que no siempre son ajenos a los intereses especulativos. 
Es difícil delimitar estos dos mercados en términos de precios. 
Como ponente, de la lectura de los distintos informes y de las conversaciones y discusiones mantenidas con los representantes de los artistas y las galerías y salas de subasta, entiendo que el umbral de este mercado de demanda institucional y coleccionista se sitúa en obras cuyo precio oscila en la banda de los 50 a los 100.000 ecus. 
Además de discurrir en estos dos submercados, la compraventa de obras de arte tiene en la Unión Europea una peculiariedad que no podemos ni debemos obviar: Europa cuenta con una de las dos más importantes plazas en el comercio de las grandes obras de arte contemporáneo, Londres, y este es un patrimonio común de todos nosotros que, por ello, debemos entre todos preservar. 
Debemos proteger los intereses legítimos de los artistas plásticos porque el reconocimiento de la creación, el establecimiento de derechos a favor de los autores es una de las características esenciales de la cultura europea. 
Europa considera que la creación merece un reconocimiento colectivo y esa, y no otra, es la razón de ser última de la propiedad intelectual. 
En el caso de las obras literarias, musicales o audiovisuales, el reconocimiento de los autores, el establecimiento de unos derechos específicos a su favor por razón de la creación, no suscita controversias en la Unión Europea, pero no sucede lo mismo con los artistas plásticos, por distintas razones que es imposible recordar en esta intervención. 
No obstante, me gustaría dejar constancia de que en el marco de la construcción jurídica de los derechos de autor, el derecho de participación se revela como una suerte de derecho de devolución a los autores de obras plásticas, derecho referido a un valor que sin duda existía inicialmente en la obra, pero cuyo reconocimiento por la colectividad se produce progresivamente. 
Pero además de los artistas, nos corresponde la responsabilidad de proteger asimismo los intereses de los comerciantes, recordando por último que sin unos y otros no existe mercado, y que no se puede afectar al núcleo esencial de los intereses de los comerciantes sin que ello repercuta negativamente en los artistas. 
Corresponde ahora abordar la justificación misma de la acción comunitaria en los términos concretos de la necesidad de armonización. 
A este respecto, además de las razones jurídicas expresadas que abogan por esta iniciativa, la realidad difícil de soslayar es que la disparidad de los ordenamientos jurídicos nacionales respecto al derecho de participación en particular, que no existe en cuatro Estados miembros, produce distorsiones en el mercado interior. 
Al margen de otras consideraciones, entre ellas las que figuran en el estudio aportado por la Comisión, esta afirmación queda avalada, mal que les pese, por los mismos argumentos que esgrimen quienes defienden que la Comisión no debe actuar. 
En efecto, quienes esgrimen que la introducción de un derecho de participación produciría una deslocalización de las ventas hacia plazas fuera de la Unión Europea no pueden soslayar que ese mismo razonamiento, aplicado en el interior de la Unión Europea, dará como resultado que las plazas que no tienen derecho de participación atraerán las compraventas en detrimento de aquéllas localizadas en los Estados miembros que sí regulan este derecho. 
Resumiendo esta parte general: el enfoque general de la ponente frente a las cuestiones planteadas, que coincide prácticamente con la solución adoptada por 20 votos a favor y 3 abstenciones por la Comisión de Asuntos Jurídicos, tras largos debates y audiencia de los distintos grupos de interés, es que la iniciativa de la Comisión es legítima y está perfectamente fundada en el texto de los tratados. 
Dicho de otra manera, la ponente, como la Comisión de Asuntos Jurídicos, entiende que la directiva está justificada, es necesaria y comparte los grandes principios que la informan. 
Únicamente marca un diferente énfasis a la hora de valorar la necesidad de sopesar los legítimos intereses que concurren en el mercado para que la regulación comunitaria no resulte en una merma de competitividad. 
Me permitiré una última reflexión general antes de abordar brevemente el articulado de la propuesta de directiva. 
Como ponente, soy contraria a la inclusión en el articulado de un precepto que vincule la entrada en vigor de la directiva a la realización por la Comisión de una ficha de impacto, de un estudio económico de las repercusiones en el mercado de esta medida. 
Y ello no sólo porque, tras los múltiples debates, considero que no existen datos fiables para efectuar un estudio de estas características más allá de lo ya realizado por la Comisión, sino también por coherencia con la función que, como colegisladora, a esta Asamblea corresponde. 
Tal enmienda sería contraria en mi opinión a la responsabilidad que hoy nos corresponde de acuerdo con los tratados. 
En relación con el articulado de la propuesta de directiva, como ponente comparto el criterio de la Comisión, respaldada por cierto por la Comisión de Asuntos Jurídicos, con respecto a la duración del derecho de participación, y también respecto a la delimitación de los titulares del derecho. 
Es un problema de subsidiariedad, pues la determinación de los derechohabientes corresponde a los Estados miembros y las instituciones comunitarias carecen de base jurídica, de acuerdo con los tratados, para limitar este derecho a los herederos legítimos. 
Por último también coincidimos con la Comisión respecto del umbral de aplicación que contempla el artículo 3. 
La ponente, que coincide en todos estos aspectos con la Comisión, se aparta sin embargo de los criterios de la Comisión en algunos puntos fundamentales, entre los que destaca la exclusión de los manuscritos del ámbito de aplicación de la directiva, las matizaciones aportadas al criterio de originalidad, la exención de lo que se denomina, en la jerga profesional, » ventas promocionales» , pero sobre todo la ponente pide encarecidamente la reflexión de los miembros de esta Asamblea, así como de la propia Comisión, sobre el artículo 4, verdadero nudo gordiano de esta directiva. 
La ponente propugna la adopción de la enmienda nº 57, presentada por el Partido Popular Europeo, o la muy similar nº 21, original de la Comisión de Asuntos Jurídicos, como solución razonable que, respondiendo a los principios que constituyen la identidad de la cultura europea- esto es, la protección de la creación artística- y cumpliendo la finalidad de corregir las distorsiones en el seno del mercado único, mantendrá la competitividad de la Unión frente al mercado exterior. 
Es importante tener esto en cuenta. 
Por mi parte, he consultado ampliamente a organizaciones de artistas, galerías de arte y casas de subastas sobre este particular. 
Aunque, como posiblemente dirá el Sr. Cox, cuando intervenga más adelante en el debate, si lo que queremos es ayudar a los artistas, tal vez no deberíamos empezar por aquí, sino que deberíamos reconocer la realidad política de Europa: ocho Estados miembros tienen ya legislación, once la han aprobado y en el Consejo existe mayoría cualificada. 
El cometido del Parlamento en este caso es intentar modificar y alcanzar el mejor resultado posible, que es lo que espero que hayamos hecho con nuestro informe de la Comisión de Cultura. 
Espero que con la votación de mañana- en primera lectura, conviene recordar- el Parlamento establezca realmente una posición que más tarde podamos negociar con el Consejo y la Comisión para asegurarnos de que mejoramos la directiva y después analizaremos su repercusión en el mercado. 
La enmienda del Sr. Cox pretende frustrar la principal finalidad de la directiva al proponer que llevemos a cabo un análisis de sus repercusiones antes de introducir la directiva. 
Me resulta difícil imaginarme cómo es posible hacer eso si no es utilizando algún modelo económico. 
No es más que una manera de retrasar las cosas. 
Si fuera sincero, así lo reconocería. 
Los argumentos del Gobierno británico son bien conocidos, pero los argumentos del Gobierno británico son, en gran medida, los mismos que los de Sothebys y Christies. 
Quisiera señalar que Sothebys ha sido hallada recientemente culpable de contrabando internacional de arte a gran escala. Por consiguiente, quizá su palabra no tenga demasiado valor. 
Además, las mencionadas casas de subastas son propiedad de un multimillonario norteamericano, por lo que hay que cuestionarse también su naturaleza europea. 
Conviene señalar asimismo que las principales casas de subastas tienen filiales en Nueva York, Ginebra, Hong Kong, y que pueden vender sus cuadros allí donde obtengan mejores beneficios. 
Una vez más, debemos ser escépticos en este asunto. 
La clave, a mi entender, es que los propios artistas están a favor; un cuarto de millón de artistas de Europa quieren esta directiva por diferentes razones, no siendo la menos importante de ellas, el deseo de recuperar parte de su patrimonio y conocer la naturaleza de su mercado. 
En el Parlamento debemos ponernos del lado de los artistas, y no de aquél de las casas de subastas. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Comisión por esta iniciativa. 
Creo que había llegado el momento de que la Comisión armonizara el derecho de propiedad intelectual de los artistas sobre su obra, a través del derecho de participación. 
Por parte nuestra, por parte del Parlamento, en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos trabajado con seriedad sobre esta propuesta de directiva, y la ponente, Sra. Palacio Vallelersundi, ha hecho un gran trabajo consiguiendo un grado muy amplio de aprobación. 
Creo que las veintitantas enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos, y algunas más que han sido presentadas por el Grupo Socialista, van dirigidas a mejorar el texto presentado por la Comisión. 
Sobre todo, llamaría la atención sobre algunas de ellas, en particular la enmienda nº 4, que se refiere a los convenios internacionales. 
Está bien que armonicemos el Derecho comunitario, pero si armonizamos el Derecho comunitario y fuera de la Comunidad hay países que siguen sin dar a los autores su derecho de propiedad intelectual, nos encontraremos con casos de verdadera piratería. 
En un momento en que se está armonizando todo el Derecho comercial y de servicios, hay que tomar en consideración la conveniencia de elaborar un convenio internacional que suprima la referencia al Convenio de Berna- que contempla el derecho de participación como un derecho puramente facultativo-. 
Quiero llamar la atención también a la Comisión sobre las enmiendas 2, 3 y 18- así como sobre la enmienda 9, en parte- que definen lo que es el ámbito de aplicación del derecho de participación en cuanto a que no se extiende a los manuscritos, sino que se trata de un derecho de participación sobre una obra que tenga ciertas características de originalidad y que además esté dirigida a ser contemplada. 
Se trata, por tanto, de una creación en la que ha habido una voluntad expresa de creación y por eso se protege el derecho de propiedad intelectual. 
En definitiva, señor Presidente, espero que las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y algunas de las enmiendas socialistas, que esperamos que sean aprobadas, cuenten con la aprobación de la Comisión, para el pase a la segunda fase de aprobación por el Consejo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, en primer lugar quisiera manifestar toda mi admiración a la ponente por la constancia y la paciencia que ha mostrado en la elaboración de este informe. 
Con este informe ha presentado un resultado muy equilibrado y objetivo. 
Habida cuenta de la discusión que ha tenido lugar últimamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos quisiera destacar una vez más que en el caso del derecho de participación se trata de un derecho de propiedad intelectual en favor del artista y no de un impuesto en favor de los Estados miembros. 
Luego la discusión ha girado, sobre todo, en torno a dos conjuntos de temas, en concreto, por un lado, en torno a la pregunta de si necesitamos, en absoluto, una armonización del derecho de participación y, en caso afirmativo, acerca de cómo habría que expresar este derecho de participación en porcentajes, especialmente, en cada una de los tramos de precio. 
Sobre la primera pregunta: ¿necesitamos una armonización del derecho de participación? 
A esta pregunta hay que responder claramente en sentido afirmativo. 
El mercado interior europeo en el ámbito del arte se caracteriza por posiciones extremas. 
Tenemos Estados miembros en los que no existe ningún derecho de participación y otros en los que existe un derecho de participación del 5 %. 
Necesitamos esta armonización. 
Los argumentos en contra son, sobre todo, los siguientes: el derecho de participación o la administración del derecho de participación absorbería el beneficio. 
Frente a esto hay que afirmar que esto se neutraliza con la equilibrada propuesta de la ponente, en concreto, la de comenzar a partir de un umbral de 1.000 ecus y, por otro lado, contra este argumento hay que afirmar que muchos sistemas de negocio en funcionamiento contradicen este argumento. 
Otro argumento, que se aduce reiteradamente, que sostiene que el mercado del arte se desplazaría a Estados Unidos no es demostrable. 
En California existe ya el derecho de participación y en los Estados Unidos se están produciendo esfuerzos por implantar en todo el país el derecho de participación. 
Si nos ocupamos de los tramos de precio, de los porcentajes del derecho de participación, encontramos grandes diferencias en los Estados miembros. 
Hemos discutido durante mucho tiempo acerca de dónde ha de trazarse un límite que esté objetivamente justificado y hemos llegado a la convicción de que un umbral a partir de los 1.000 ecus es un punto de partida que está objetivamente justificado, precisamente de cara a todos los contraargumentos, y que habría que mantener esta posición. 
El ámbito superior se adapta también a la realidad del mercado del arte y a los intereses de los artistas afectados. 
Señor Presidente, la falta de armonización legal, en materia de derechos de participación del artista en los beneficios que genera su obra, constituye hoy una causa de distorsión de la competencia que redunda en perjuicio del buen funcionamiento del mercado interior. 
Como un intento de poner fin a esta situación perversa, ha de entenderse esta propuesta de directiva que ya era hora que se abordara. 
Mediante la misma, la Comisión pretende regular las transacciones que darán lugar al pago, el umbral para la aplicación del derecho y el tipo de derecho de participación. 
Estamos de acuerdo con la elección de las cuestiones que es necesario regular y también con el propósito genérico que inspira la directiva. 
De lo que no estamos convencidos es de que en la misma se conjuguen adecuadamente los requerimientos del mercado interior y la protección de las condiciones de vida y de trabajo de los creadores. 
Por la forma como se regulan los aspectos prácticos del ejercicio del derecho de participación. 
Estamos en desacuerdo con algunas de las medidas arbitradas para regular esto, tales como las cuantías del umbral mínimo y los porcentajes a recibir por los artistas en las transacciones que tengan lugar sobre su obra. 
Respecto al primer aspecto, pensamos que el umbral mínimo es sumamente restrictivo, dado que si no se rebaja, quedan fuera del ejercicio del derecho de participación los artistas cuya obra menos conocida o valorada sea objeto de transacciones económicas modestas. 
Se consagraría así una exclusión que creemos deberá subsanarse mediante la rebaja de la cuantía del umbral mínimo para dar cabida al ejercicio del derecho de participación al mayor número de artistas. 
Por lo que concierne a los porcentajes, con las medidas arbitradas se pretende que el artista participe en los beneficios que reporta su obra. 
Por ello, parece de sentido común aumentar los porcentajes, para que se cumpla el papel redistributivo que se pretende conferir a las medidas arbitradas. 
De otro modo, la redistribución sería más simbólica que real. 
Por eso, defendemos las enmiendas en las que se propone que se aumenten los porcentajes. 
Por último, deseo señalar que el objetivo de la directiva no debe ser sólo de carácter económico, sino también de carácter cultural. 
Creemos que debe aspirar a reforzar la creación artística que ha constituido y constituye una de las señas de identidad de la cultura europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, puesto que este proyecto de directiva ha estado sometido, en parte, a una acalorada crítica, quisiera referirme una vez más a los fundamentos jurídicos. 
No a los que se encuentran en el Tratado de la Unión pues la ponente los ha explicitado suficientemente esta noche. 
Me interesan más bien dos urgencias legislativas a las que pretende responder este proyecto. 
La primera- aquí me sumo a mi predecesor en el uso de la palabra- es la eliminación de una distorsión del mercado que se debe a las desigualdades jurídicas que surgen a causa de los mercados que en virtud de la legislación nacional tienen una posición privilegiada porque no tienen que tomar en cuenta ningún derecho de participación. 
Sólo había una posibilidad de corregir esta situación anómala, en concreto, mediante la introducción de un derecho de participación en toda la Unión con todas las consecuencias que ello debe tener. 
Un espacio sin fronteras interiores debe ser también un espacio mercantil sin privilegios. 
La otra cuestión de urgencia consiste en la desigualdad de trato de los artistas plásticos en comparación con la literatura y la música. 
Mientras los últimos están protegidos contra la coyuntura y las fluctuaciones del mercado por los derechos de autor, los artistas plásticos, mientras no disfrutan de un prestigio personal y de la influencia pertinente, están abandonados a las estrategias de comercialización del mercado del arte. 
En este punto el derecho de participación cumple la función de una compensación parcial y de un reconocimiento de un derecho que no se puede negar a los artistas. 
Permítanme otra puntualización sobre la enmienda que he presentado con otros sobre el derecho de participación. 
La idea de la misma es, por un lado, la de seguir las propuestas de la Comisión y también, en la medida de lo posible, las sugerencias de las asociaciones de artistas. 
Para terminar, quiero dar las gracias a la Comisión por su valiente iniciativa, a la ponente por la resolución y la prudencia con que ha abordado el asunto, y también al ponente de la opinión de la Comisión de Cultura por su aportación. 
Esta propuesta sobre el derecho de participación transmite un mensaje político superior, y se trata sencillamente de la necesidad insaciable de expansión de la Unión Europea a costa de las democracias nacionales o, para decirlo en el lenguaje comunitario: la propuesta viola tanto el principio de subsidiariedad como el principio de proporcionalidad. 
El tema del debate y la base de la propuesta, su razón de ser, es el miedo a la distorsión de la competencia, debido a que en algunos países existe el derecho de participación y en otros no. 
Sin embargo, los estudios existentes demuestran que el derecho de participación no influye en el precio de venta en el país donde la venta se realiza, si el precio de venta de la obra de arte está por debajo de 50.000 ecus. 
En el caso de las obras de arte menos valiosas, sencillamente no compensa venderlas en otro país para evitar el derecho de participación, debido a los gastos de transporte y de seguro. 
Según un estudio de los precios de venta de las obras de arte, el 95 % de las obras de arte obtienen precios inferiores a los 20.000 ecus, o sea, 25.000 dólares. 
En otras palabras, los esfuerzos de armonización, que son el fundamento de esta propuesta, conciernen a menos del 5 %, probablemente sólo al 2 % o al 3 % del total de las ventas. 
En esencia, el derecho de participación es un asunto nacional, y ha de seguir siéndolo. 
Para los artistas de los países nórdicos, donde el derecho de participación existe- en el caso de Dinamarca existe desde hace varios años -, la propuesta significa sencillamente un retroceso importante. 
En una declaración, los artistas han protestado contra la propuesta y contra ese retroceso, como también mencionará Marianne Eriksson en su intervención. 
A título personal y en nombre de mi Grupo apoyo la enmienda del Sr. Cox, acerca de la realización de un estudio riguroso sobre la necesidad de introducir el derecho de participación, y sobre todo la enmienda nº 40. 
Señor Presidente, deseo rendir homenaje a la Comisión que ha presentado este proyecto necesario y sobre todo a la Sra. Palacio que se ha volcado mucho en este asunto y ha dado muestras de cualidades notables, aun cuando su labor ha sido a veces ingrata. 
Creo que nuestra comisión ha hecho un trabajo profundo. 
Ha procedido a audiciones, a consultas y a largos debates. 
Las conclusiones que he sacado son las siguientes: 
En primer lugar, es preciso armonizar el derecho de participación. 
Dicho derecho existe en algunos Estados; no existe en otros. 
Esta situación falsea el mercado interior. 
Es importante que el resultado de nuestras deliberaciones sea un acuerdo sobre el principio del derecho de participación, aun cuando el tipo puede ser modesto, incluso mínimo para el tipo inferior. 
En segundo lugar, es preciso reconocer la necesidad de la remuneración legítima de los artistas, en particular, de los artistas jóvenes, para obras de arte que no son de una importancia financiera considerable. 
En tercer lugar, no tenemos derecho a desconocer la globalización del mercado del arte y de los efectos de la deslocalización, hoy hacia Londres, y mañana hacia Nueva York, Tokio o algún otro lugar. 
El Grupo Socialista ha tenido en cuenta estos elementos, lo que le ha llevado a proponer un amplio abanico de tipos, que van desde el 5 % para las obras modestas para asegurar una remuneración adecuada de los artistas jóvenes o de las obras de arte de carácter poco comercial, hasta el 1 % para las obras más importantes. 
Preciso que este tipo del 1 % no se ha aceptado, pero tampoco se ha impugnado en su principio, señor Kerr, por los representantes de las grandes casas británicas que usted ha citado y que estaban presentes en nuestra audición. 
Por consiguiente, pensamos que hace falta una gran diferencia por lo que respecta a los tipos. 
Asimismo, por lo que respecta a los umbrales, pensamos que es preciso partir de 500 ecus para llegar hasta 250.000 ecus, es decir, ampliar ligeramente el abanico propuesto por la Comisión. 
Compruebo que hay una dificultad de acuerdo- incluido en mi grupo- debida a la diversidad de las tradiciones y de los intereses. 
Planteo la pregunta que en un momento debemos hacernos: ¿queremos o no queremos una directiva? 
Por mi parte, deseo que se pronuncie una mayoría sustancial sobre las propuestas presentadas. 
De lo contrario, temo que dejando que las cosas transcurran por sí solas se produzcan deslocalizaciones agravadas, en detrimento de los artistas, como del conjunto de los intermediarios y de los actores del mercado del arte de Europa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por la labor que ha realizado. 
El hecho de que yo esté en desacuerdo con ella no resta en absoluto el gran esfuerzo que ha dedicado a este informe. 
Mi punto de partida es sencillamente que el artículo 108 del Tratado es un fundamento equivocado. 
No es una medida de armonización. 
Es más, no se ha demostrado que se trate de armonización. 
Si el objetivo fuera la armonización, tanto la directiva de la Comisión como el informe Palacio Vallelersundi fracasarían en su intento. 
El efecto real de una medida como la que tenemos delante esta noche será, a todas luces, alejar por completo de Europa este negocio del arte para ponerlo en los brazos acogedores de Suiza y de Nueva York. 
En cualquier caso, como ha dicho el Sr. Krarup, estas propuestas adolecen de falta de proporcionalidad. 
Quisiera recordar a la Asamblea que si contemplamos solamente el mercado francés, el 75 % del droit de suite recaudado va a parar a tan sólo seis familias. 
En mi opinión es evidente que habría que aplicar aquí el principio de subsidiaridad. 
Deseo llamar la atención de la Comisión y de la Asamblea sobre el hecho de que los gobiernos de tres Estados miembros están claramente en contra de que se aplique esta directiva. 
Dichos Estados son Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido. 
Existen varias razones para ello: el principio de subsidiaridad al que ya me he referido; el hecho de que, sencillamente, en este caso no está justificada la armonización; y en tercer lugar, que no existen pruebas convincentes de que la ausencia de este derecho en algunos Estados miembros y la diferencia entre otros Estados miembros entorpece el comercio. 
El derecho de participación de los artistas debe dejarse al Derecho nacional. 
Añadiré también que la principal convención internacional sobre los derechos de autor- la Convención de Berna -, que todos los Estados miembros han suscrito, reconoce la libertad de que se aplique o no este derecho. 
Hay que respetar esa libertad. 
Los costes y el riesgo que conlleva sobrepasan en mucho cualquier ventaja concebible. 
Antes de que las presentes propuestas y el informe de la Sra. Palacio Vallelersundi entren en vigor, la Comisión debe llevar a cabo y presentar una evaluación completa de la repercusión que tendría sobre el mercado de la venta de obras de arte tanto en la Unión Europea como entre la Unión Europea y terceros países. 
El Consejo debería examinar este informe y el Parlamento Europeo debería ser consultado al respecto. 
Quisiera hacer un pronóstico. 
Si se aprueba esta directiva y las enmiendas presentadas en el informe Palacio Vallelersundi, el resultado será una pérdida clara para la Unión Europea- una pérdida de beneficios y de puestos de trabajo para la Unión Europea. 
Sencillamente no podemos permitir que eso suceda. 
Por ello, en palabras del Sr. Kerr, termino diciendo: Dejemos que sea el mercado el que decida y dejemos al mercado en paz. 
Al igual que el anterior orador, recomiendo a la Asamblea las enmiendas presentadas por el Sr. Cox, especialmente la enmienda 40. 
Debemos dar nuestro voto favorable a dichas enmiendas y votar en contra de las que ha presentado la Sra. Palacio Vallelersundi y otros colegas e incluso del informe de la Comisión. 
Existe un enorme potencial de pérdida de puestos de trabajo y un enorme potencial de pérdida de ingresos para todos los Estados miembros, y lamento que a pesar de que el Sr. Kerr ha dicho que ha llevado a cabo una consulta muy amplia, en realidad no fue a todas las galerías de arte del Reino Unido de manera que éstas pudieran beneficiarse de su intervención esta noche. 
Señor Presidente, creo que es indiscutible que la situación actual de la los derechos de participación de obras de arte es insatisfactoria y que distorsiona la competencia en los mercados de arte moderno. 
Sin embargo, el mayor problema reside en la desigualdad de condiciones con que se enfrentan los artistas dependiendo del estado de la legislación del país en que se venden sus obras. 
Otro factor de desigualdad es la situación en que se encuentran los artistas plásticos en comparación con los representantes del resto de las artes creativas, cuyos derechos de autor por el sucesivo uso de sus obras están garantizados en todas partes. 
Durante el examen de la directiva se han escuchado criticas justificadas en contra del denominado umbral. 
Existe indudablemente el riesgo de que los únicos que se beneficien del derecho de participación en cuestión sean aquellos artistas que gozan ya de una posición consolidada o sus herederos. 
Por tal motivo, apoyo la reducción del umbral a 500 ecus propuesta en la Opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. Igualmente respaldo un mayor grado de compensación en el tramo de precios más bajo, ya que esta medida apoyaría e incentivaría a los jóvenes artistas que comienzan ahora sus carreras. 
Se debe fomentar una menor regulación y la aplicación del principio de subsidiariedad siempre que esté justificado y que sea posible. 
Sin embargo, los argumentos en favor de la armonización de los derechos de participación se basan precisamente en la igualdad de trato a los artistas, si bien dicha armonización se debe llevar a la práctica de modo que apoye a este colectivo y al mundo de la cultura. 
Señor Presidente, no puedo felicitar a la autora del informe, a pesar de que comprendo que le ha causado muchos y arduos trabajos. 
En nuestra opinión, esta propuesta de directiva contiene unas disposiciones que son más amplias de lo necesario para conseguir lo que se establece como objetivo. 
Si se adopta esta directiva, no sólo se verán obligados a modificar su legislación actual los tres países nórdicos miembros, Suecia, Finlandia y Dinamarca, sino también Noruega e Islandia. 
La Directiva significa un claro empeoramiento de los derechos de que disfrutan los artistas nórdicos de estos cinco países con la legislación nacional actual. 
La Directiva no tiene en cuenta, en su redacción actual, a los pequeños mercados nacionales. 
Se ha elaborado sin tener en consideración la situación de los países nórdicos. 
Si se aprueba la Directiva en su forma actual, esto significaría que en Suecia los artistas activos se verían en gran medida privados de compensaciones, y esto beneficiaría a los artistas extranjeros famosos. 
Se reduciría a la mitad el volúmen total de compensaciones y aumentarían significativamente los gastos administrativos. 
Puesto que mi tiempo de uso de la palabra es breve, remito a mis enmiendas y lamentablemente, como decimos en Suecia, les doy trabajo de corrección a la Comisión y a la Comisión parlamentaria. 
Señor Presidente, las políticas a favor de la cultura de la Unión Europea no avanzan: no pasan por un buen momento, por no decir algo peor; no existe suficiente voluntad para promoverlas, no se les dedican bastantes recursos para llevarlas a cabo. 
Por lo tanto, es decisivo que al menos el marco legal, necesario para un auténtico mercado único, tenga debidamente en cuenta el carácter peculiar de las obras de arte- en este caso, de las obras de arte plástico- y apoye correctamente la creatividad en cada uno de sus aspectos. 
Nuestro apoyo convencido a la ampliación, a la armonización equilibrada, a la aplicación efectiva del derecho de participación procede, por otra parte, de una línea política que siempre hemos pedido con energía. 
El bonito informe de Ana Palacio registra los resultados del intenso debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos y expresa plenamente la opinión positiva, a la que me asocio, para la propuesta que, con valentía, la Comisión, el Comisario, ha presentado. 
Es justo reconocer un derecho- no se trata de un regalo- a los que dan vida a obras por las que a menudo obtienen una remuneración inicial muy alejada de las cotizaciones sucesivas. 
Por lo tanto, los frutos también concretos de su éxito no deben reducirse a una ganancia exclusiva, que prevalece en gran medida, de los marchantes y de las grandes galerías, sino también, según una modulación oportuna, de los protagonistas fundamentales, de los talentos jóvenes y menos jóvenes. 
Por consiguiente, nosotros confiamos en una votación y en un consenso bastante amplio de nuestro Parlamento, y estamos a favor, en particular, de las enmiendas núms. 53, 54 y 55, que son relevantes. 
Lucharemos para que sean derrotadas las argumentaciones engañosas que, de todos modos, tratarán de impedir una directiva esperada desde hace tiempo, necesaria, útil para que una parte significativa del mercado se rija prestando atención a las razones de bienes originales, únicos, que no se pueden reproducir, esenciales para transmitir las representaciones imaginarias y las tradiciones de la Europa que más amamos. 
Señor Presidente, también yo me uno a las felicitaciones a la colega Palacio, felicitaciones no sólo de forma sino de fondo, ya que comparto totalmente el informe que se ha presentado, y espero también yo, del mismo modo que el colega Barzanti, que encuentre un amplio consenso en este Parlamento. 
Creo que ya ha sido todo dicho, en particular por la colega Palacio, y, por consiguiente, me limitaré a una única observación. 
En definitiva, el conflicto no me parece que esté en los detalles, ni en el umbral ni en los porcentajes: el conflicto está en derecho de participación sí o derecho de participación no. 
Y por lo tanto, como oigo también hablar de mercado, de competencia, de un posible desplazamiento de áreas de venta del continente europeo al continente americano, creo que debo decir que antes de todo eso hay un problema de justicia. 
Aquí estamos hablando de propiedad intelectual, es decir, de propiedad de un bien impalpable, imponderable: la idea. 
Y la idea del artista en las artes figurativas tiene una característica especial: es una idea que no se puede clonar, por utilizar un lenguaje de moda. 
La idea del autor de una novela, en cierto sentido, se puede clonar porque se pueden hacer cientos y miles y cientos de miles de libros que circulan. 
También la obra musical se encuentra más o menos en estas condiciones; en cambio, el arte figurativo produce un único ejemplar. 
La idea sigue siendo esa, y el propietario, el titular de la propiedad intelectual, sigue siendo siempre el mismo porque la idea no se puede vender. 
Entonces se plantea un problema de utilización de esa idea, que, por otra parte, presenta ciertamente dos características distintas, si, por ejemplo, queremos insistir en esa comparación con el novelista. 
La venta inicial del libro tiene muchos costes de producción y un porcentaje va al autor del libro, mientras que, en cambio, el autor del arte figurativo vende la primera vez su obra y todo el precio esencialmente va a él. 
Pero mientras en la fase siguiente la venta de una gran cantidad de libros permite tener ventajas ulteriores en términos de valor, por lo que respecta a la obra de arte su valor necesita que pase de mano en mano, la obra necesita ser conocida, hacerse ver, es decir, es precisamente el original el que debe circular, y el valor está vinculado a esa circulación. 
Por consiguiente, me parece que es un elemental deber de justicia dar al propietario de la idea, es decir, al artista, una ventaja económica correspondiente, que es exactamente lo que expresa el derecho de participación. 
Creo que no se puede pedir que se quite al artista, más allá del porcentaje de los umbrales, este derecho suyo. 
En cuanto a algunas objeciones de detalle que se han hecho, no me detendré porque me parecen de menor importancia: lo esencial es lo que he explicado, y creo que es un argumento fundamental para aprobar el informe de la Sra. Palacio. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar expresamente las gracias a la Comisión por esta iniciativa. 
Creo que es muy importante lo que está sucediendo. 
La directiva es muy importante. 
La disparidad de las regulaciones en la Unión Europea obstaculiza el mercado interior y la igualdad de trato de los artistas en la Unión Europea. 
Es absolutamente injusto que un inglés que vende una obra en Alemania o en Portugal reciba un derecho de participación y que un portugués o un alemán no reciba este derecho de participación si vende una obra allí. 
Esta injusticia debe ser eliminada, precisamente en este ámbito tan sensible. 
¿De qué se trata realmente? 
De una participación de los artistas en la sucesiva reventa de sus obras. 
Esto no es pedir demasiado si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la República Federal de Alemania la renta de los artistas asciende aproximadamente a 2.000 marcos. 
Con esto no se puede vivir. 
El mercado es muy duro para los artistas, las condiciones del mercado también. 
La mitad del precio de venta va al galerista o al marchante y no es pedir demasiado que estos marchantes o galeristas entreguen también una parte del beneficio cuando revendan estas obras. 
A este respecto juega un papel especialmente importante que la aportación sea alta precisamente en favor de los artistas jóvenes que no son aún muy conocidos y que todavía no tienen muchas posibilidades. 
Por esta razón, para nosotros, los socialistas y socialdemócratas, es tan importante que precisamente en el tramo más bajo se instaure la regulación del 5 % de derecho de participación. 
A esto le damos mucha importancia y también a que este tramo comience ya en los 500 ecus. 
Hay otro problema también en la enmienda 57. Son estos reducidos tramos de precio que están previstos. 
En realidad son sólo pocas las obras de que se trata, y los commissaires priseurs franceses nos han calculado que anualmente no se venden más de 120 obras por encima de 250.000 ecus. 
Por consiguiente, esto significa que en general no se trata de las grandes sumas de dinero, pero para los artistas individuales se trata de mucho dinero. 
Considero también muy buena la propuesta de la Comisión. 
En el caso de una obra que cuesta 110.000 ecus, el artista recibiría a tenor de lo que la Comisión o nosotros mismos proponemos 3.300 ecus; en la propuesta Palacio serían 1.100 ecus. 
¿Es justo esto? ¿Creen ustedes que por 3.300 ecus van a irse las obras a los EE.UU. si se tiene en cuenta lo que cuestan los seguros y el transporte? 
Apenas lo creo. 
Por esta razón, quisiera pedir que se apruebe esta regulación generosa y que no se deriven demasiados perjuicios para los artistas alemanes que en realidad están acostumbrados a recibir siempre el 5 %. 
Señor Presidente, los derechos de autor son un sector en el que la subsidiariedad obliga- y no digo «consiente» , digo «obliga» -a la intervención comunitaria. 
Sólo su armonización permitirá la circulación de la obra artística en todas sus formas. 
Me refiero tanto a la obra única, original, caso de las artes plásticas, que hoy nos ocupa, como a la obra reproducida, casos del libro, del disco y de los productos audiovisuales. 
Ahora bien, no debemos olvidar que el sector multimedios brinda nuevas perspectivas de multiplicación a las propias obras plásticas. 
El derecho de participación es particularmente importante en el caso de los artistas plásticos, que son, de entre los creadores, los más desprotegidos al respecto por el carácter único e irreproducible de sus obras. 
El informe Palacio Vallelersundi es un trabajo serio y equilibrado, porque procura conciliar los intereses divergentes enfrentados: los de los marchands y los de los artistas. 
El Convenio de Berna da libertad a los Estados miembros para adoptar ese derecho. 
Así, aunque sea un derecho reconocido por once Estados miembros, en la práctica casi todos lo aplican deficientemente. 
El Reino Unido, que junto con los Estados Unidos concentra el ochenta por ciento del arte internacional, es uno de los cuatro que nunca han integrado ese derecho en su legislación. 
Dos razones hacen urgente la armonización de las leyes en esta esfera. 
Primera: la realización plena del Mercado Interior, que exige condiciones iguales de compra y venta en todo el territorio comunitario, entre otras cosas para evitar que el mercado del arte huya a terceros países. 
Segunda- y no menos importante- la razón del reconocimiento del papel social de las artes como motor de desarrollo que debe plasmarse en la creación de medios de apoyo para los artistas. 
Como en Portugal la ley es ya mucho más exigente que la presente propuesta de directiva, he de subrayar la clara ventaja de considerar las siguientes enmiendas propuestas por la Comisión de Cultura y que expresan las preocupaciones unánimes de los artistas: bajar el límite mínimo de aplicación establecido en el artículo 3, modificar la lista de porcentajes decrecientes establecidos en el artículo 4, fomentar la gestión colectiva de ese derecho establecida en el artículo 6. 
Además, quisiera recordar, como ya he hecho en tantas ocasiones, que una vez más se demuestra la urgencia de modificar el artículo 128 para que pueda pasar a ser el fundamento de todos los textos con consecuencias culturales. 
Sólo de ese modo se dará coherencia y la necesaria horizontalidad a la política de cultura en la Unión. 
Señor Presidente, en primer lugar, mi enhorabuena cordial a la ponente. 
Ha realizado, como siempre, un excelente trabajo. 
Después de la lírica, pasemos a los hechos. 
Es maravillosamente sencillo tomar partido en favor de los artistas, de todo el derecho de participación sólo el 9 % va a parar a los artistas vivos. 
¡El 9 %! El 91 % va a parar a propietarios, a herederos, pero el 9 % a los artistas vivos. 
De esto no se habla. 
La Comisión tampoco habla de esto en sus propuestas. 
Por lo demás, las sociedades de comercialización obtienen también ganancias, en concreto, entre el 10 % y el 20 %, por esta razón se esfuerzan tanto. 
Los que menos perciben aquí son los artistas vivos. 
Esto se ve reforzado aún más por la propuesta de la Comisión. 
Está claro que debemos armonizar. 
Para pasar de la lírica a los hechos, quiero poner un ejemplo de cómo habría sido en la realidad en los últimos 25 años lo que ha propuesto la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Me gustaría hacer pública la fuente en la que me baso, pero esto demandaría ahora demasiado tiempo. 
Es un trabajo muy profundo. 
Así, pues, se trata de 1970 y del mercado en Gran Bretaña: de obras de un valor superior a 100.000 ecus se vendieron allí 3.072 obras. 
En el mismo período de 1970 a 1996 se vendieron en los EE.UU. 3.630 obras. 
Esto significa que éste es un mercado muy estrecho, una competencia muy dura. 
Si hubiéramos tenido la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por no hablar de las fanáticas propuestas que van más allá de ésta, si sólo hubiéramos tenido la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, estas 3.072 obras de valor superior a 100.000 ecus habrían sobrecargado el mercado europeo con 1.033.85644DOTQUANT77359 ecus. ¿Y creéis en serio que esto no habría conducido a un desplazamiento del mercado? 
¿Creéis todavía seriamente que con semejante sobrecarga del mercado se seguiría vendiendo activamente en Europa? 
Una idea así es descabellada. 
Os encargaréis de que en la Unión Europea no se venda ningún Picasso más, ningún van Gogh más, que no se venda nada, que no se hable más de arte en esta Unión Europea. 
Esta va a ser la consecuencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente y darle mi apoyo por su informe. 
Considero que la armonización del derecho de participación en beneficio de los creadores en el marco de la Unión Europea es una iniciativa muy buena y justa. 
Lamentablemente, suscita reacciones fuertes. Estas reacciones a menudo se deben a que, por un lado, se desconoce la verdadera razón de ser de este derecho y, por otro lado, se teme un desplazamiento masivo de las ventas de obras de arte hacia países del extranjero en los que este derecho no se contempla. 
La verdadera razón de ser de este derecho es paliar una injusticia que sufren determinados autores de obras de arte originales destinadas a ser contempladas. 
Estos no tienen la posibilidad, como otros creadores, de beneficiarse de los ingresos generados por los derechos de reproducción y repetida exhibición de su obra. 
Debemos tomar conciencia de que el derecho de participación constituye realmente un derecho de autor y no un impuesto, como quieren demostrar sus detractores. 
Es un derecho que se cobra en beneficio del creador y no en favor de autoridad pública alguna. 
Además, la propia Convención de Berna, en su artículo 14, lo reconoce como tal. 
En lo que se refiere al riesgo de un desplazamiento de las ventas hacia países que no reconocen este derecho, no parece demasiado grave. 
En realidad, la situación no tiene por que cambiar mucho, dado que los porcentajes decrecientes aplicados a los sucesivos tramos de precios de venta hace que las exportaciones resulten poco interesantes, teniendo en cuenta, por ejemplo, los costes de transporte y de seguro. 
Hay que pensar, además, que la existencia o no del derecho de participación no es el factor determinante para el desplazamiento de las ventas, sino un factor entre otros. 
En lo que se refiere a Gran Bretaa, el riesgo de desplazamiento del mercado es limitado, puesto que lo que se busca allí es la experiencia de los profesionales del lugar y su tradicional pericia, sabiendo además que allí se encuentran garantías de calidad y de seguridad para las transacciones. 
Una vez hechas estas observaciones, quiero insistir en que, para que la armonización propuesta cumpla su verdadero papel, hay que garantizar que los Estados miembros apliquen efectivamente el derecho de participación. Éste no es el caso en la actualidad. 
Si la experiencia europea en este ámbito resulta positiva para el desarrollo del mercado de arte en general y para la promoción de nuevos artistas en particular, tendremos que avanzar hacia el establecimiento de este derecho con carácter obligatorio en todos los países, ya que, por el momento, la Convención de Berna prevé únicamente la posibilidad de que los Estados miembros lo introduzcan en su legislación. 
Deseo dejar claro que no estamos en contra de los artistas. 
Simplemente no estamos convencidos de que haya quedado demostrada la necesidad de esta propuesta concreta ni su utilidad real para los artistas. 
Nos preocupa que el mercado del arte pueda desplazarse a Nueva York y a Suiza. 
Nos preocupa la posible pérdida de puestos de trabajo. 
Nos preocupa la carga que esta medida supondría para las pequeñas y medianas empresas. 
Nos preocupa que las pequeñas tiendas de antigüedades y de arte que existen en las zonas turísticas pudieran verse en dificultades como resultado de esta propuesta. 
Por consiguiente, mi Grupo apoyará la enmienda del Sr. Cox, en la que pide que se lleve a cabo un informe detallado sobre las repercusiones en el mercado del arte. 
Me preocupa especialmente que la Comisión no haya tenido plenamente en cuenta la definición de las artes plásticas ni hasta qué punto afectarán los efectos extraterritoriales a esta propuesta. 
Mi Grupo no es partidario de que se reduzca el umbral a 500 ecus debido a la carga que ello supondría para las pequeñas y medianas empresas, ni tampoco de que se incrementen los porcentajes. 
Mi Grupo se abstendrá en la votación final por la sencilla razón de que no estamos convencidos de que la Comisión haya demostrado debidamente la conveniencia de una armonización en este ámbito. 
Señor Presidente, señores diputados, en nombre de la Comisión felicito a la Sra. Palacio y al Sr. Kerr por el profundo y tenaz trabajo que han realizado para presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación un informe tan exhaustivo sobre un problema decisivo para la consecución del mercado interior en el sector del arte. 
La propuesta de directiva, y las numerosas intervenciones lo han puesto claramente de manifiesto, está encaminada a eliminar las distorsiones de la competencia, mediante la generalización y la armonización del derecho de participación en todo el territorio comunitario, y a poner fin al trato discriminatorio que se dispensa a los autores de obras de arte modernas. 
El Ejecutivo concede, pues, gran importancia a esta iniciativa, que no es aislada, sino que está relacionada con otras medidas adoptadas por la Comisión para liberalizar el mercado del arte. 
La Comisión puede aceptar casi todas las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La única enmienda esencial que en la situación actual, por razones de principio, la Comisión piensa rechazar se refiere al nivel de los porcentajes de derecho de participación fijados en el artículo 4 de la propuesta de directiva. 
Además, la Comisión no puede aceptar otras enmiendas propuestas por diversos grupos políticos y por parlamentarios de manera individual, orientadas a modificar el umbral mínimo para la aplicación del derecho de participación, disminuyendo o aumentando los porcentajes aplicables y modificando los tramos de precio propuestos. 
Lo mismo debe decirse por lo que se refiere a la propuesta de calcular el derecho de participación sobre la base del valor añadido, es decir, de la diferencia entre el precio de reventa y el importe abonado por la adquisición. 
Los pocos casos en los que ya se intentó en el pasado aplicar sistemas de este tipo, es decir, basados en el valor añadido, acabaron en un fracaso a causa de problemas prácticos. 
Además, para la Comisión no es aceptable la decisión de no proceder a una armonización de las categorías de obras o de operaciones a las que se aplica el derecho de participación. 
Si se dejaran tales cuestiones a la discrecionalidad de los Estados miembros, se actuaría en sentido contrario a los objetivos del mercado interior en el sector del arte moderno. 
Quisiera precisar que, en general, las galerías de arte deberían estar sujetas al derecho de participación como cualquier otro profesional de la compraventa en el sector del arte del siglo XX. No se aceptará tampoco la propuesta de excepción a favor de las transacciones profesionales efectuadas en los tres años siguientes a la adquisición de la obra. 
Lamento que, por cuestiones de Derecho constitucional, no sea posible, tras la muerte del artista, limitar a sus herederos legítimos la facultad de gozar del derecho de participación. 
Por último, la Comisión tiene que rechazar varias enmiendas presentadas y encaminadas a incluir en un instrumento comunitario considerandos en los que se sostiene que no debería adoptarse el instrumento mismo. 
Por lo que respecta a la enmienda nº 40, que impondría como condición para la entrada en vigor de la directiva una evaluación adicional, por parte de la Comisión, de la incidencia en el mercado de la reventa de obras de arte- evaluación convalidada por las otras instituciones comunitarias que participan en el proceso legislativo- debo destacar que eso no refleja correctamente el equilibrio institucional establecido en el Tratado de la Unión Europea. 
Estoy convencido de que después se podrá ciertamente alcanzar un pleno consenso sobre la propuesta, que tome en consideración todos los posibles riesgos para el futuro mercado europeo del arte. 
Doy las gracias una vez más por este debate que yo mismo he encontrado de gran interés, porque ha puesto de manifiesto tanto la complejidad de esta propuesta como el vacío que la propia propuesta tiende a colmar. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Masas y dimensiones de vehículos de motor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0102/97) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0632/96-00/0348 (COD) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la masas y dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y sus remolques y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (Ponente: Sr. Barton). 
Señor Presidente, gracias por esa fascinante introducción a este informe. 
Hace algunos años nos propusimos alcanzar un acuerdo a nivel europeo sobre las masas y dimensiones de determinados vehículos de motor y sus remolques con el fin de hacer realidad la libre circulación y el mercado único y todas las ventajas que ello proporcionaría al ciudadano. 
Un claro acuerdo sobre este asunto habría completado el proceso, pero hasta el día de hoy se nos resiste la fase final. 
Lamentablemente, el Consejo no ha podido presentar las medidas específicas que permitan completar por fin el proceso. 
Cuando han transcurrido cinco años desde nuestra primera lectura, tan sólo disponemos de una posición común sobre cómo deben proceder las autoridades nacionales a la hora de decidir sobre dichos límites, los valores máximos permitidos. 
Esperamos y confiamos que esta posición común termine conduciendo a unos resultados armonizados. Es lamentable que no podamos llegar aún a un acuerdo pleno. 
Este informe tiene que reflejar esa realidad. De nada sirve que soñemos sobre estos asuntos. 
En este informe presentamos dos enmiendas «amigables». Exigen que cuando las autoridades nacionales utilicen este procedimiento presten mucha atención a los aspectos de la seguridad. 
Quisiera recordar a la Comisión y al Consejo las inquietudes que manifestó el Parlamento Europeo al respecto en la primera lectura, especialmente, en lo relativo a la utilización de remolques de hasta 750 kilos sin un sistema de frenado. 
Al Parlamento le preocupa realmente ese aspecto. 
No hemos presentado una enmienda porque el procedimiento dicta que la decisión se tomará a nivel nacional; al menos durante el período transitorio. 
Espero sinceramente que el Consejo y la Comisión incluyan también nuestras enmiendas constructivas en este sentido. 
Ojalá que el Consejo y la Comisión comuniquen a la Asamblea que se revisará este asunto, y si este procedimiento no produce los resultados esperados en el plazo de dos años ni presenta indicios de éxito, esperamos que la Comisión presente nuevas propuestas para acelerar este proceso. 
Algunos diputados escandinavos al Parlamento Europeo han manifestado su preocupación, con razón, a propósito de los vehículos especiales, en particular, del sector maderero. 
La pregunta que ellos plantean es si la armonización europea hará peligrar su derecho a utilizar sus vehículos especiales? 
La respuesta llana y simple de este Parlamento es que semejante peligro no existe. 
Independientemente del procedimiento que utilicemos para decidir las normas europeas, éstas no impedirán en absoluto que las autoridades nacionales aprueben el uso de los vehículos especiales que estimen oportunos. 
La única restricción es que dichos vehículos no tendrán derecho a la libre circulación para operar en el resto de Europa. 
En conclusión, espero que podamos proceder con esta propuesta y que los ciudadanos puedan beneficiarse pronto de un mercado único seguro de vehículos de motor y sus remolques. 
Señor Presidente, señores diputados, quisiera dar las gracias al Sr. Barton por su excelente informe sobre la propuesta de directiva relativa a las masas y dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y sus remolques. 
La Comisión está a favor de las dos enmiendas propuestas por el Sr. Barton, con algunas pequeñas modificaciones en su formulación. 
Además, quisiera informar al Parlamento de que, si eso fuera necesario, la Comisión está dispuesta a examinar de nuevo, en el plazo de dos años, la situación en el sector de la seguridad de los vehículos. 
Quisiera también felicitar al Parlamento y darle las gracias por los trabajos relativos a esta directiva. 
Se trata de un paso importante hacia la armonización de las legislaciones de los Estados miembros respecto de la homologación de los vehículos y de sus remolques, con exclusión de los automóviles, en lo relativo a las masas y a las dimensiones. 
Existen todas las condiciones para que la propuesta sea adoptada y pueda así ser aplicada por los fabricantes antes de la entrada en vigor de la directiva, prevista a los veinticuatro meses de la adopción de la propuesta. 
Espero vivamente que el Parlamento adopte la propuesta en segunda lectura, como usted, señor Barton, ha indicado. 
Señor Presidente, estoy muy contento con la respuesta del Sr. Comisario. 
Espero que las modificaciones del texto a las que se ha referido no signifiquen que debamos someter este asunto al proceso de conciliación. 
Quisiera recordar al Sr. Comisario que hemos discutido este asunto previamente y que hemos enmendado el texto para intentar adaptarlo a los deseos de la Comisión. 
Estoy seguro de que la Comisión no tiene intención de que recurramos al procedimiento de conciliación. 
Si los cambios de redacción que usted parece considerar ahora necesarios pueden ser acordados sin recurrir a dicho procedimiento, por mí no hay ningún inconveniente. 
Si supone poner en marcha el proceso, le pediría a la Comisión que vuelva a considerarlo. 
Leeré las modificaciones propuestas. 
Espero que el ponente coincida con la definición que me he tomado la libertad de utilizar, a saber, que son «de menor importancia». 
Nos gustaría que se modificara el considerando 6; permítame que lea las cuatro últimas líneas que en la versión actual dicen: »... y proseguir con la constante mejora de la seguridad, en particular con respecto a la utilización de determinadas categorías de vagones o remolques». 
Nos gustaría que dijera: »... y proseguir con la constante mejora de la seguridad, en particular con respecto a determinadas categorías de remolques». 
Con esta enmienda desaparecerían las palabras «la utilización de» y las palabras «vagones o». 
Espero que esta modificación pueda considerarse de menor importancia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.27 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, no veo mi nombre entre los votantes de la resolución final sobre el maíz. 
Me gustaría que constara que yo quise votar que sí, como mi Grupo. 
Lo corregiremos. 
(El Parlamento aprueba el Acta.) 
Aprobación de la gestión presupuestaria 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A4-0124/97) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM (97) 0048- C4-0108/97) relativo a las medidas adoptadas para dar curso a las observaciones que figuran en la resolución que acompaña la aprobación de la gestión en la ejecución del Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1994; - (A4-0120/97) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión a la Comisión relativa a la ejecución del Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1995- Sección III; - (A4-0125/97) del Sr. Dankert, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, por el que se concede la aprobación de la gestión relativa a la ejecución del Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1995- Secciones I, IV, V y VI; - (A4-0071/97) del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la CECA por parte de la Comisión durante el ejercicio 1995; - (A4-0121/97) del Sr. Bosch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el sexto y séptimo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1995.Quiero saludar cordialmente al Sr. Friedmann, Presidente del Tribunal de Cuentas. 
Señora Presidenta, es agradable que haya aquí tanta gente para el debate sobre aprobación de la gestión presupuestaria. 
Me sorprende ver a cuánta gente le interesa esto. 
Sin duda dentro de dos minutos la sala estará casi vacía. 
Hay dos informes en mi nombre y, por lo tanto, los diez minutos. 
En teoría tengo cinco minutos para cada uno, pero para el primer informe- seguimiento de la aprobación de la gestión de 1994- puedo ser sumamente breve y emplear casi todo el tiempo del que dispongo en comentar la aprobación de la gestión de 1995. 
Sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria de 1994, tan sólo quiero decir que espero que la Comisión mantenga informado al Parlamento sobre las peticiones que formulamos en la resolución, sobre todo las relacionadas con las pocas medidas pendientes relativas a la declaración de fiabilidad (DAS) de 1994. 
Observaremos el seguimiento con interés. 
Paso ahora a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1995, cuyo informe incluye una propuesta de resolución de 89 artículos. 
Tendrían que haber sido 90, pero esto lo comentaré en unos instantes. 
Lo que varía en la solicitud de este año es que en once de dichos artículos, como mínimo, se hace un llamamiento al Parlamento para que haga el trabajo en lugar de simplemente pedírselo al Tribunal de Cuentas o a la Comisión, como es lo habitual. 
Queremos que el Parlamento desempeñe una función más importante en las cuestiones de control presupuestario. 
La propuesta de resolución abarca todas las áreas que preocupan al Parlamento o en las que tiene propuestas que hacer. 
Debo decir que la principal filosofía que inspira el informe se encuentra en la declaración de motivos. 
Nosotros no votamos sobre la declaración de motivos- es decir, no la enmendamos, está ahí como parte del informe- pero si uno se molesta en leerla, verá muy claramente las motivaciones de las propuestas. 
Por ejemplo, el artículo 14 de la resolución, sobre la declaración de fiabilidad, es en realidad una versión condensada de los apartados 9 a 23 de la exposición de motivos. 
En estos últimos es donde se explican pormenorizadamente los problemas de la DAS. 
En ellos se encontrarán además las razones por las que se puede dar la aprobación, pese a una declaración negativa en lo concerniente a los pagos. 
Recomiendo que se lea, sobre todo a aquellos que simplemente cogen el informe anual sobre la DAS y adquieren una percepción de las cosas que no es del todo acorde con la realidad. 
Claro que, una vez más, la gente no suele reaccionar ante la realidad, sino ante su percepción de la realidad. 
Otro ejemplo tiene que ver con el aceite de oliva. 
Esta es sin duda un área problemática, porque el único voto que, como ponente, perdí en comisión el lunes se refería al aceite de oliva. 
El problema se explica en detalle en los apartados 31 y 32 de la declaración de motivos. 
La propia Comisión, en su reciente documento de estudio de las opciones posibles publicado el 12 de febrero de este año, muestra claramente los problemas que perduran en el sector. 
No olvidemos que estamos hablando de aprobar la gestión presupuestaria del ejercicio de 1995 y que aquí tenemos un informe de febrero de 1997 en el que se dice, por ejemplo, que «existen ciertas deficiencias inherentes a la OCM (del aceite de oliva) que han ido revelándose al paso del tiempo y que impiden la realización sistemática de controles eficaces (... ). 
A pesar de todo, se ha mantenido la deficiencia inherente al sistema, es decir, el interés común del productor y el dueño de la almazara en declarar cifras elevadas. 
También se han detectado fraudes en relación con el funcionamiento de la ayuda al consumo (... ). 
El fraude ha afectado asimismo a las cantidades exportadas con restituciones. 
Lamentablemente, sobre todo en los años en que los precios de las aceitunas son elevados, existe una gran tentación de mezclar aceite de oliva con aceite de semillas oleaginosas y extraer beneficios a expensas de los consumidores.» 
Y así sigue. 
En el informe también se dice que «desgraciadamente, los Estados miembros no aplicaron las medidas de sanción recomendadas por sus organismos respectivos con el rigor deseado. 
Esta actitud, entre otras, comprometió la eficacia de los controles efectuados por los organismos.» 
La intención del apartado que se votó el lunes por la noche era que se tomaran medidas sobre este tema concreto. 
Mi problema es que el artículo que falta- el que rechazó la comisión parlamentaria- iba directo, por decirlo de algún modo, a la yugular del sector del aceite de oliva. 
De no ser ponente- al serlo, estoy al servicio de la comisión parlamentaria- diría abiertamente que la decisión del lunes por la noche fue una decisión absurda. 
Diría también que tenemos un régimen acribillado por el fraude. 
Diría a continuación que la Comisión, de conformidad con el artículo 13 de la Decisión del Consejo de 31 de octubre de 1994 sobre disciplina presupuestaria, debería iniciar inmediatamente procedimientos encaminados a suspender o reducir los anticipos mensuales del sector. 
Sin embargo soy ponente, por lo que, naturalmente, no puedo decir estas cosas. 
Déjenme dar otro ejemplo sacado del informe: en el artículo 74 de la resolución se pide que se destinen 2 millones de ecus a proyectos de desarrollo deportivo en los distritos segregados (» townships» ) de Sudáfrica. 
Esta petición se ha puesto porque formaba parte de las observaciones a la línea presupuestaria B7-5070, que votamos en el Parlamento en diciembre de 1994; y aquí estamos, ya en abril de 1997. 
La realidad es que se ha hecho muy poco en relación con la petición, si es que se ha hecho algo. 
Si miran el apartado 52 de la exposición de motivos, verán que para esa línea presupuestaria en el año 1995 había 125 millones de ecus. 
Se comprometieron 123 millones de ecus, sobrando unos 2 millones, y la petición del Parlamento a favor del desarrollo deportivo nunca se llegó a materializar; cayó en el olvido. 
Afortunadamente, cuando hablamos de ello en la comisión parlamentaria, la Comisión dijo, en efecto, que había cometido un error. 
Pues bien, espero que la observación incluida en la decisión de aprobación produzca resultados. 
Es algo que al Parlamento le importa, y puedo asegurar a la Comisión que este artículo concreto será seguido con diligencia por mi parte. 
Ahora bien, por muy buena que sea la exposición de motivos, en ella no se dice todo. 
Si así fuera, sería como un libro; sería, de hecho, tan larga como el informe anual. 
Así, la referencia a las subvenciones a los fabricantes de güiski del artículo 35 puede dejar perplejas a algunas personas, porque es algo a lo que no se alude en la exposición de motivos. 
Es un tema que el Parlamento ha seguido con gran interés y algunos de nosotros tenemos una teoría sobre cómo sucedió- cómo los tejemanejes dentro del Consejo de Ministros y los tratos que continúan dieron lugar a estos 40 millones de ecus para los fabricantes de güiski. 
La defensa por parte de la Comisión en las respuestas a los comentarios del Tribunal es una lectura interesante. 
Yo sólo diría: » Presten atención mientras el Parlamento determina si los 40 millones de ecus están o no justificados, porque queremos saber mucho más al respecto y comprobar si esos 40 millones de ecus deben darse o dejarse de dar.» 
Siguiendo la misma tónica, el artículo 50 pide al Parlamento que se decida sobre el tema de los servicios avanzados de televisión. 
El Tribunal ha recomendado que no se pague más dinero y, dentro del Parlamento, tenemos divergencia de opiniones entre las diversas comisiones parlamentarias. 
Una vez más, espero que el Parlamento pueda debatirlo en profundidad y que antes del próximo presupuesto pueda hacer propuestas concretas sobre la posición en la que nos encontramos. 
Los ponentes parciales tratarán cada uno su área respectiva. 
A mi sólo me queda dar las gracias a los que han participado en la elaboración del informe, en especial a los miembros de la Secretaría. 
Recomiendo el informe al Parlamento y espero que se pongan en práctica los resultados de este informe tan completo. 
Señora Presidenta, el Parlamento se ha ocupado siempre de la aprobación de la gestión del presupuesto del Parlamento. 
La novedad es que ahora hemos incluido los presupuestos del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social. 
Y la Comisión de Control Presupuestario tiene previsto incluir para el año que viene al Consejo, pues por supuesto es imposible que un presupuesto de más de 300 millones de ecus quede al margen del control público. 
No cabe duda de que en comparación con los problemas que ha abordado el Sr. Wynn en relación con el presupuesto general, los problemas que tenemos con los presupuestos menores son escasos y claros. 
Pero también aquí nos enfrentamos continuamente al problema de una ejecución deficiente. 
Por ejemplo, que en el Parlamento Europeo se anule una parte importante de los créditos previstos para fines de información por el hecho de que no se han tomado a tiempo las decisiones necesarias para poder gastar estos créditos. 
En este Parlamento, los costes de anulación de las sesiones son muy elevados, tanto para los Grupos como para otros órganos de este Parlamento, entre otras cosas debido al hecho de que trabajamos continuamente con la traducción y la interpretación. 
Tenemos el problema de que ha sido, si no imposible, casi imposible elaborar los inventarios del Parlamento. 
En los últimos días acaba de llegar un primer informe. Ha tardado años, y en realidad el inventario para el año que viene tiene que empezar ya. 
En el Tribunal de Justicia nos hemos topado con el hecho de que este se prestaba a asumir con demasiada facilidad las consecuencias financieras de los problemas vinculados a los edificios, que eran responsabilidad del gobierno luxemburgués. 
Por lo tanto, se ve que en las instituciones más pequeñas sí es posible arreglar algunas cosas. 
En comparación con el presupuesto grande, se trata de problemas relativamente pequeños. 
El Sr. Wynn acaba de señalar que han trabajado muchos ponentes parciales y yo me he ocupado de toda la problemática de los fondos estructurales. 
Por supuesto, en el Parlamento Europeo estamos muy satisfechos por el hecho de que la Comisión, en el marco de una gestión sólida y eficaz, se esfuerce por mejorar la situación con respecto a la ejecución presupuestaria. 
Pero a mi entender no hace falta esperar hasta el año 2000 para tener una gestión sólida y eficaz. 
El resultado provisional es que hay un feliz consenso entre la Comisión y el Consejo sobre la mejora de las reglas de la subsidiabilidad. A partir de ahora hay que aplicarlas, y la evaluación de estas reglas y de su aplicación ha de estar acabada antes de que empecemos con el siguiente programa de fondos estructurales. 
Pero no basta con mejorar las reglas de subsidiabilidad. 
Hace años que el Parlamento exige una mejora de la normativa para poder corregir eficazmente las irregularidades. La respuesta sistemática de la Comisión es que no pasa nada con la normativa. 
A principios de febrero, la Comisión de Control Presupuestario pidió a la Comisión una nota sobre las posibilidades jurídicas existentes para poder reclamar el dinero usado de forma irregular. El Comisario Liikanen, por fin, me ha ayudado con ello, después de una espera de mes y medio, aunque no por su culpa. 
De la lectura de los documentos se desprende que la normativa no es suficiente, incluso con una interpretación muy amplia del articulado y apelando a las sentencias del Tribunal de Justicia en el ámbito agrícola, donde se aplican reglas mucho más rigurosas y donde una condición para recibir apoyo es cumplir las obligaciones, cosa que no ocurre en los fondos estructurales. 
En la práctica, la Comisión se encuentra por tanto al borde de la legalidad cuando intenta reclamar dinero con la normativa actual, y a mi entender comete una transgresión cuando bloquea durante un tiempo prolongado grandes sumas de dinero del Fondo Social Europeo. 
A pesar de ello, la Comisión propone modificar la legislación aplicable, pero lo hace en el marco de los intentos de la iniciativa SEM 2000 de dar un carácter más estricto al régimen por medio de un reglamento de ejecución en torno a las obligaciones de los Estados miembros y la introducción de un sistema de reducciones netas. 
Sin embargo, la Comisión lo hace con la actual normativa deficiente y por tanto, a mi entender, inadecuada. 
De esta manera, la Comisión Europea intenta imponer sus reglas. 
Me parece que no es una buena política para una Comisión que, como guardiana de los Tratados, precisamente es responsable del cumplimiento correcto de las reglas. 
Y pienso que esto se debe a que la Comisión no tiene agallas para enfrentarse al Consejo. Es grave. 
Es grave sobre todo porque de cara al exterior se proclama que la Unión Europea se ocupa seriamente de luchar contra el fraude y las irregularidades. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Liikanen. 
Durante cinco años he sido ponente de la CECA, y cada año he tenido en mi ordenador un texto sobre el caso Bagnoli. 
Fíjense, hemos cerrado un caso que ha durado nada menos que 10 años. 
Es impresionante. 
Casi lo estoy echando de menos y espero que pronto haya otro del mismo estilo que esté fijo en el ordenador. 
Me parece que el Sr. Liikanen es muy amable, ya que está realizando gratis la gestión de la CECA. 
Lo que pagamos es calderilla, únicamente 5 millones de coronas y la gestión vale quizás 10 ó 50 veces más. 
No obstante, me doy cuenta de que, si necesitamos el dinero para evitar algún apuro, está claro que la gestión ha de ser barata. 
Hablaré de dos casos concretos. 
Uno es el túnel entre Inglaterra y Francia. 
En este caso, estamos en un verdadero apuro. 
He recibido unos documentos que dicen lo que estamos haciendo y lo que quizá podamos conseguir. 
Espero con verdadero interés la respuesta del Sr. Liikanen para saber si me dará la respuesta que creo que es la más correcta, a saber, que estamos perdiendo todo el dinero. 
Hasta el momento hemos tenido que canjear el 10 % de nuestro capital por acciones, que serán desembolsadas alguna vez, quizás dentro de 70 años, pero todos sabemos que en realidad este dinero está perdido. 
Se trata de 25 millones de ecus. 
Es posible que todo cambie y que la situación mejore, ya que los problemas del Eurotunnel se deben a que el Gobierno del Reino Unido no quiere dar concesiones durante 99 años. 
Ahora habrá un nuevo Gobierno, que espero que sea mejor, y cabe la posibilidad de que cambie la situación y ayude a garantizar que los contribuyentes europeos saquen algún provecho del dinero invertido en el proyecto. 
Me gustaría preguntar cómo van las cosas en el grupo de reestructuración, ya que formamos parte de él. 
Incluye cuatro bancos, el BEI y la CECA. 
En calidad de ponente, me gustaría conocer el estado de la situación actual, porque estamos recibiendo más información a través de los periódicos que de la Comisión. 
Me gustaría recibir una respuesta a esta pregunta. 
El siguiente caso concreto tiene especial interés para mí como ciudadano danés. 
Hemos construido un enlace impresionante, el enlace del Gran Belt, del que estamos muy orgullosos. 
Será una verdadera atracción turística y es posible que podamos cruzar el agua un poco más deprisa, aunque seguramente no a menor coste. 
Dinamarca obtuvo para ello un préstamo de 353 millones de ecus. 
Al revisar este tema el Tribunal de Cuentas, advirtió a la Comisión que se había concedido un préstamo cuyo importe duplicaba el límite máximo, que era de 170 millones de ecus. 
No sé si se trata de un gesto muy generoso hacia Dinamarca, pero este préstamo me molesta un poco, ya que se ha utilizado para el montaje y el transporte, lo cual no está permitido en el caso de este tipo de préstamos de la CECA. 
El resultado ha sido que una empresa italiana obtuvo el pedido, hizo el trabajo a bajo coste en Portugal y transportó las piezas hasta Dinamarca con el dinero del préstamo concedido por la CECA, con la consecuencia de que en mi circunscripción electoral se perdieron 300 puestos de trabajo, debido al empleo de trucos. 
Esto es un trago amargo, sobre todo porque ha afectado a la zona de Dinamarca con el mayor índice de desempleo, aunque es posible que seamos compensados de una forma u otra en el futuro. 
La Comisión se ha equivocado en este caso. 
Lo hemos reconocido todos, también durante la elaboración del informe. 
Si fuera una persona, en Dinamarca se diría que se ha equivocado hasta tal punto que su despido era inevitable; de hecho, hemos relevado al Presidente de la CECA. 
Ahora ocupa un puesto aún más importante en la Comisión, pero me hubiera gustado que se le dijera: esto no lo has hecho muy bien, así que gracias por el tiempo que has pasado con nosotros. 
Ahora estamos construyendo un nuevo enlace que va desde Dinamarca a Suecia. 
En relación con este proyecto, me gustaría que se examinaran todos los préstamos concedidos a Dinamarca, para evitar una repetición de los errores cometidos en el caso del enlace del Gran Belt. 
En calidad de ponente, espero obtener una respuesta suya, señor Liikanen, o suya, señor Friedmann, en nombre del Tribunal de Cuentas. 
Otro tema que nos interesa mucho es la bonificación de interés. 
Hemos encontrado que el sistema utilizado por la CECA funciona muy mal. 
Se han creado 8.000 puestos de trabajo, pero no sabemos si son reales. 
Por el contrario, se ha dicho que ha habido fraude, ya que son los propios bancos y las empresas los que informan. 
Sería mejor haber examinado los prestamos del BEI y de Copenhague. Han creado 45.000 nuevos puestos de trabajo en Europa, porque están debidamente controlados y gestionados. 
Con todo esto, le he hecho un par de preguntas, señor Liikanen, para las cuales no dudo que recibiré una buena respuesta. 
A pesar de estos casos lamentables, recomendamos que se apruebe la gestión. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la especial explosividad de la aprobación de la gestión para el sexto y séptimo Fondo Europeo de Desarrollo en el ejercicio 1995 reside seguramente en el hecho de que como Parlamento negamos el año pasado a la Comisión la aprobación de la gestión para 1994. 
Al recomendar hoy a la Asamblea- apoyándome en un informe aprobado por unanimidad en la Comisión de Control Presupuestario- la concesión de la aprobación de la gestión en el Fondo de Desarrollo para 1995, quisiera fundamentarlo en unos breves puntos. 
En primer lugar: aunque desde el año pasado no se ha modificado el marco jurídico para el Fondo de Desarrollo, la Comisión ha asegurado varias veces que seguirá apoyando el principio de presupuestación. 
La Comisión ha presentado una propuesta formal de la Conferencia Intergubernamental de eliminar la declaración nº 12 en el Anexo al Tratado de la Comunidad Europea. mediante la supresión desaparecería el obstáculo jurídico a una presupuestación y se haría expedito, al menos formalmente, el camino hacia la misma. 
En segundo lugar: otra razón de la no aprobación de la gestión para 1994 fue el caso de la Fundación cultural ACP. 
En tercer lugar: la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas significa un notable avance en relación con la situación de 1994. 
El Tribunal de Cuentas ha constatado que desde 1994 se han realizado algunas mejoras como, por ejemplo: exposición de los principios que se han aplicado en la contabilidad, así como la intensificación del inventario y del procedimiento del balance, fortalecimiento del sistema de contabilidad analítica para un control de los medios, intensificación de las aclaraciones en los certificados financieros a través de los cuales es posible valorar mejor el estado real de la ejecución de la ayuda comunitaria. 
En el caso de la negación de la aprobación de la gestión para 1994 se trataba de hacer explícita de manera enérgica la posición política de que esta Asamblea no podía tolerar por más tiempo la pérdida del control democrático. 
Evidentemente el acuerdo del Parlamento no ha sido ignorado por la Comisión. 
En el debate quizá se discutirán algunas cosas más. 
Sin embargo, me concentraré solamente en un par de puntualizaciones. 
Cuando se ocupa uno por vez primera de esta materia- incluso como ponente de la Comisión de Control Presupuestario- básicamente resulta difícil entender cómo se puede operar y, adicionalmente, cómo se debe operar, con instrumentos que ya son obsoletos como los Fondos de desarrollo. 
Esto constituye evidentemente una ciencia aparte y esto no puede servir de utilidad a una Europa de los ciudadanos a la que aspiran todas las instituciones de la Unión Europea. 
Creo que de cara al futuro se le debería ocurrir también a la Comisión una solución más inteligente que el sistema que existe actualmente. 
Hoy hemos tenido que comprobar una vez más que el flujo de los recursos no es satisfactorio. 
Puesto que somos una institución con una función política de aprobación de la gestión tengo claro, naturalmente, que hay que tener en cuenta la situación específica de cada uno de los países receptores. 
Hay que celebrar seguramente la política de la ayuda de adaptación estructural. 
El hecho de que aquí se hayan seleccionado por parte de la Comisión puntos relevantes tales como el sector educativo y la atención médica me parece que es una política que va más allá de la política de ayuda al desarrollo que practican otras instituciones financieras. 
Aunque hemos constatado que los recursos no siempre se han utilizado satisfactoriamente deberíamos mantener y desarrollar esta política. 
La política macroeconómica enraizada en el programa de adaptación estructural ha de orientarse a asegurar las prestaciones sociales básicas para las personas que viven en la pobreza. 
Se insta a la Comisión a que procure con más intensidad que los recursos favorezcan a los grupos más desfavorecidos de la sociedad y a los sectores más necesitados de apoyo a fin de lograr una distribución más eficiente. 
Quisiera destacar que sería importante que la Comisión trace fronteras más claras entre los países receptores que aprovechan de manera transparente los recursos y los países receptores en los que no es posible hacerse una idea de la utilización de los recursos. 
En efecto, no podemos exigir a los contribuyentes y a las contribuyentes europeos que, en última instancia, fluyan recursos a diversos países, socios nuestros, en los cuales no nos podemos hacer una idea sobre la utilización del dinero procedente de nuestros impuestos. 
Un último punto sobre el ámbito de personal. 
He abordado expresamente este asunto en la propuesta de resolución. 
Me resisto un tanto a que en ocasiones la Comisión atribuya al Parlamento el peor papel a la hora de realizar recortes de personal en los países ACP. 
Sabemos que hay en diversos países hay que trabajar con una dotación muy alta de personal y esperamos que por parte de la Comisión se haga un plan de personal, estructurado claramente, incluso para las delegaciones en los países receptores. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo puedo declarar que tenemos una opinión muy positiva de la ejecución presupuestaria de 1995, con una salvedad, a la que me referiré más adelante. 
Quiero abogar de nuevo por que el gasto de los créditos se distribuya de un modo más uniforme a lo largo del año; si se posterga demasiado al final del año, corremos el riesgo de que se levante la guardia. 
Ahora la salvedad: esta tiene que ver con los gastos para el turismo a través de la línea presupuestaria B5325. En el pasado se cometieron graves errores. 
En el mes de noviembre, la Comisión nos comunicó que había creado una task force encargada del control especial de la contabilidad de las medidas financiadas por la Comunidad para el turismo desde 1990, si no me equivoco. 
Mi pregunta al Comisario es si este trabajo concluirá en junio de acuerdo con lo prometido. 
Lo considero muy importante, pues es preciso quitar la «piedra de molino» que cuelga del cuello de la Dirección General implicada. 
Por otra parte, confío en que gracias a las medidas tomadas, la cuestión vuelva a estar bien encarrilada. 
Ahora le pido al Presidente del Consejo que coopere para sentar las bases jurídicas necesarias a fin de que puedan gastarse también los recursos incluidos en el presupuesto de 1997 para turismo, como Philoxenia. 
Se trata de un sector sumamente importante para el empleo del mañana, en especial para los jóvenes y las mujeres. 
Para todos nosotros es una prioridad. 
Por favor, señor Presidente del Consejo, le agradecería que me hiciera una clara promesa en esta cuestión. 
Señora Presidenta, Señorías, tengo el honor de presentarles la recomendación del Consejo de que se apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución presupuestaria de 1995. 
Quiero aprovechar la ocasión para informarles de las principales consideraciones y reacciones suscitadas en el Consejo al debatir las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
Estoy convencido de que comparten ustedes la opinión de nuestra Presidencia y del Consejo de que nuestras dos instituciones han de cooperar manteniendo buenas relaciones en este ámbito, entre otros. 
Señora Presidenta, con su recomendación del pasado 17 de marzo, el Consejo ha querido recalcar de nuevo que considera esencial que todos los actores implicados en la ejecución del presupuesto de la Comunidad se ocupen de que a la hora de gastar el dinero comunitario se cumplan estrictamente las reglas y los principios relacionados con la buena gestión financiera, el ahorro y la transparencia. 
No podría ser de otro modo, sobre todo ahora que todos nuestros Estados miembros se enfrentan a problemas financieros y presupuestarios bien conocidos. 
Según el Consejo, no se puede emprender ninguna acción a cuenta de los recursos comunitarios si no se observa la máxima disciplina y una buena gestión financiera antes y durante la ejecución. 
Controlando regularmente si las acciones en curso siguen estando justificadas, se puede garantizar la máxima utilidad económica de los recursos liberados. 
La ejecución de las medidas en el marco de la iniciativa SEM 2000 (Sound and Economic Management) es un paso importante. 
El Consejo se complace de que el Tribunal de Cuentas se sume plenamente a los esfuerzos realizados en común por la Comisión y los Estados miembros a fin de subsanar muchas de las graves deficiencias observadas con regularidad. 
En lo que respecta a la posición del Consejo, quiero limitarme a mencionar las cuestiones principales. 
Para los detalles de la recomendación les remito a las observaciones adjuntas y la explicación que ha dado la Presidencia a la Comisión de Control Presupuestario. 
En el ámbito de los recursos propios, el Consejo comparte la preocupación del Tribunal de Cuentas sobre el efecto de la reglamentación del tráfico aduanero comunitario en los Estados miembros y recalca la necesidad de mejorar la fiabilidad de los sistemas de información en relación con el tráfico comercial intracomunitario. 
En lo que respecta a los gastos, concretamente en el ámbito agrícola, el Consejo lamenta sobre todo los gastos no justificados en que se ha incurrido en el marco de la lucha contra el fraude y las irregularidades. 
Dado que no se ha realizado ningún análisis de la relación coste-eficacia, el Consejo desea que se haga en una próxima auditoría del Tribunal de Cuentas. 
En el ámbito de los fondos estructurales, el Consejo comparte la opinión del Tribunal de que es preciso añadir más claridad en torno a las reglas, sobre todo en el ámbito de la subsidiariedad, y que hay que mejorar el funcionamiento de los comités de supervisión y los procedimientos de certificación de gastos. 
La crítica del Tribunal, también expresada en su informe especial de apoyo a la declaración de fiabilidad, constituye un estímulo para seguir por el mismo camino, concretamente en lo que respecta a la subsidiariedad y a las correcciones financieras concretas, en el bien entendido que ya se han realizado algunas mejoras. 
Más específicamente, señora Presidenta, en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Consejo considera absolutamente necesario que la Comisión y los Estados miembros continúen cooperando para mejorar la ejecución de los créditos presupuestarios de los programas. Sobre todo para evitar que los importes que todavía hay que liquidar asciendan demasiado y que las operaciones de imposición y pago se acumulen al final del año. 
Además, el Consejo pide a la Comisión que compruebe qué mejoras cabría efectuar en la próxima revisión de los reglamentos de los fondos estructurales para coordinar mejor el uso de préstamos y subvenciones. 
En el sector del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Orientación, el Consejo pide a la Comisión que ponga en marcha las medidas encaminadas a mejorar la gestión de esta iniciativa comunitaria y los procedimientos para reclamar los créditos concedidos indebidamente 
En lo que respecta a las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con la ejecución de los programas PHARE y TACIS, el Consejo es consciente de los problemas inherentes a las actividades en este ámbito específico. No obstante, pide a la Comisión que respete plenamente las reglas comunitarias en el ámbito de la firma de acuerdos y que aplique íntegramente el procedimiento de inscripción. 
Al igual que el año pasado, desea mejorar la coordinación de los participantes, que haya una clara definición de los expertos y se simplifiquen la organización y los procedimientos administrativos. 
Señora Presidenta, en el ámbito de la cooperación con los países en vías de desarrollo, el Consejo señala la importancia que concede a la competencia del controlador financiero y del Tribunal de Cuentas para ejercer un control sobre el uso de los recursos comunitarios que se adjudican a beneficiarios exteriores. 
Respecto a la ejecución de créditos domésticos de las instituciones, el Consejo ha tomado nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre algunos puntos débiles de la gestión relacionados con el personal de las delegaciones exteriores y los bienes inmuebles. El Consejo toma nota de que la Comisión está siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en este sentido. 
A la luz de todas las observaciones del Tribunal de Cuentas y después de haberlo debatido largamente, el Consejo ha decidido aconsejar al Parlamento que apruebe la gestión presupuestaria de la Comisión para 1995. 
Señora Presidenta, permítame hacer algunas observaciones sobre la declaración de fiabilidad que ha hecho el Tribunal de Cuentas de acuerdo con el artículo 188C y a raíz de la cual el Consejo ha elaborado la declaración enviada junto con las recomendaciones. 
El Consejo constata que las cuentas ofrecen una imagen fiel de los ingresos y gastos de la Unión, aunque podría mejorar en lo que respecta al contenido informativo. 
El Tribunal no ha denunciado errores importantes con respecto a la regularidad de las actividades relacionadas con los ingresos. 
Aunque sí ha detectado errores en las actividades relacionadas con los pagos, por lo que el Tribunal de Cuentas no puede confirmar la legalidad y regularidad de todas las actividades. Esto preocupa al Consejo. 
En este sentido, el Consejo aplaude el anuncio del programa SEM 2000 para mejorar la gestión financiera de la Comisión. 
El Consejo pide que este programa se ejecute con rapidez y de forma completa a fin de reducir considerablemente el número de errores cometidos en las actividades relacionadas con los pagos. 
Señora Presidenta, esto ha sido brevemente lo que la Presidencia del Consejo quería comunicarles en nombre del Consejo sobre estas cuestiones. 
Por último, quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a la Comisión de Control Presupuestario por el notable trabajo que realiza cada año en el marco de la aprobación de la gestión, no sólo en favor del Parlamento Europeo, sino también de toda la Unión Europea. 
Ahora corresponde al Parlamento tomar una decisión acerca de la aprobación de la gestión en aplicación de sus competencias. 
Señora Presidenta, el Sr. Cornelissen me ha formulado una pregunta específica sobre el programa PHILOXENIA. 
El Sr. Cornelissen sabe tanto como yo que la base jurídica del programa PHILOXENIA radica entre otros en el artículo 235 del Tratado de las Comunidades Europeas y que para ello se exige la unanimidad. 
Por ahora no se ha alcanzado esta unanimidad en el Consejo, por lo que no existe ninguna base jurídica para el programa PHILOXENIA. 
Señora Presidenta, estimados colegas, una decisión de aprobación de la gestión y un debate sobre la aprobación de la gestión se ocupan del pasado por su propia naturaleza. 
Estamos discutiendo y evaluando algo que ya ha sucedido. 
Creo que toda evaluación que se ocupe del pasado sólo tiene sentido si muestra también qué lecciones hemos de sacar para el futuro. 
Desde esta perspectiva quisiera exponer la opinión de mi grupo. 
Estamos esperando la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. 
Esperamos una conclusión positiva, de suerte que luego pueda iniciarse una discusión sobre la ampliación. 
Una ampliación que no sólo se decidirá políticamente, sino que también requiere la famosa estrategia de la fase previa a la adhesión, una estrategia que nos anunció el Comisario Liikanen y de la que esperamos que se nos dé participación en la discusión y en el procedimiento presupuestario. 
Pero no es sólo la ampliación lo que nos aguarda, nos aguarda también- con ampliación o sin ella- una reforma de la política agrícola, una reforma de los Fondos estructurales y debemos conducir de manera muy política el debate sobre la financiación de la Unión Europea después de 1999. 
Desde esta perspectiva la valoración de la ejecución del presupuesto cobra quizá una dimensión que va más allá de las cuestiones de detalle. 
La resolución que, como espero, vamos a aprobar mañana, se dirige esencialmente más a esta Asamblea que las resoluciones anteriores. 
Ha habido encargos concretos a las comisiones de esta Asamblea en el sentido de inspeccionar más intensamente los gastos, la ejecución y la eficiencia del presupuesto y de formular propuestas críticas allí donde sean posibles las mejoras, comenzando en los recursos propios, pasando por la política de pesca y llegando hasta la cooperación al desarrollo. 
Pero no deberíamos perder de vista que los que más preocupaciones nos originan son los grandes ámbitos y éstos son los programas, éstos son los Fondos estructurales, es el PHARE, es el TACIS, es el MEDA, es la cooperación al desarrollo. 
Y sorprendentemente- me dirijo al Comisario, Sr, Liikanen y al Presidente del Tribunal de Cuentas- no nos inquieta en absoluto el fraude que existe, tampoco la falta de eficacia en sentido propio, nos inquieta mucho más el hecho de que determinados recursos no se gastan. 
Este es el gran problema político y a éste nos vamos a dedicar de manera muy notable en el futuro, esto lo puedo decir en nombre de mi grupo, esto lo hemos aprendido de este debate. 
Efectivamente, no puede ser que para objetivos políticos que han acordado el Parlamento y el Consejo, determinemos dinero en una directiva, habilitemos recursos en el presupuesto y peleemos acerca de cuánto dinero ponemos, para constatar más tarde, después de uno, dos o tres años, que los recursos no se han gastado. 
Esto no puede ser. 
Justo este punto ha recibido también reproches por parte del Tribunal de Cuentas. 
Sólo quiero nombrar algunas cifras: 1.900 millones de ecus en el PHARE y 600 millones de ecus en el TACIS a finales de 1995 constituyen un montón de dinero. 
Con esto, si se gastase, se podría conseguir ya algunas cosas con una estrategia previa a la fase de adhesión. 
Y mientras este dinero no se gaste, no podemos valorar la eficacia y tampoco necesitamos ocuparnos del fraude. 
Sin embargo, no se debería olvidar que el dinero no gastado no constituye por sí mismo una señal de ahorro. 
No habría que pensar- y en esto me dirijo también a las señoras y señores que me están escuchando- que si no hemos gastado dinero hemos procedido, por ello, de manera ahorrativa con el dinero de los impuestos de ustedes. 
Más bien hemos contravenido los objetivos políticos que nos hemos propuesto. 
Por esta razón nos vamos a proponer que se gaste en dinero, naturalmente, de manera eficiente y de acuerdo con las aplicaciones de los recursos. 
Pero asignarlo y, luego, pagarlo a los Estados miembros un par de años más tarde, no vamos a participar más en este juego. 
Un ministro alemán parece haber dicho que la UE tiene demasiado dinero para la cooperación al desarrollo, pero no tiene las capacidades administrativas para gastarlo de manera óptima. 
Si esto es cierto- y por su significado esto lo podría haber afirmado cualquiera- veo un gran peligro: si la gente piensa que tenemos demasiado dinero y no sólo no tenemos la administración sino tampoco las posibilidades políticas de gastarlo, entonces la consecuencia va a ser no sólo la renacionalización de las finanzas sino también la renacionalización de la política. 
Y en este sentido vamos a sacar de esta aprobación de la gestión una consecuencia: esperamos que se gaste el dinero, de manera eficiente y ahorrativa, pero que se gaste tal como lo haya decidido este Parlamento. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, para los miembros de la Comisión de Control Presupuestario hoy es un día importante. 
Hoy tenemos la posibilidad de exigir las cuentas claras en la Unión y el buen uso por parte de las instituciones comunitarias de los recursos que les han sido concedidos. 
Hoy es un día indicado para transmitir a los ciudadanos europeos un mensaje: el de la transparencia y la fiabilidad de las cuentas comunitarias. 
Si transmitiéramos ese mensaje y las cuentas no estuvieran realmente claras, los diputados faltaríamos a uno de los deberes fundamentales que tenemos contraídos. 
Por eso es tan importante y tan trascendental la decisión de la aprobación de la gestión de 1995. 
Y por eso son tan importantes las opiniones de los ponentes y el trámite completo de discusión de las enmiendas. 
Éste no es un informe que pueda ser aprobado sin un alto grado de consenso por parte de todos los grupos políticos. 
Por ello hay que destacar la flexibilidad que han demostrado los diferentes ponentes- empezando por Terence Wynn- a la hora de aceptar enmiendas que modificaban sus planteamientos originales. 
A este respecto, y con referencia al aceite de oliva, debo decir que, si el Sr. Wynn no hubiera sido el ponente, habría pensado que el autor del desgraciado párrafo sobre el aceite de oliva tal vez era una persona que no sabía nada de olivos ni de la situación real del mercado del aceite, ni de irregularidades, ni de fraudes. 
Pero como el ponente ha sido el Sr. Wynn, debo decir que es un diputado razonable, que es capaz de entender las razones de los demás y de conseguir un texto aceptable para todas las partes- incluso le reconozco que tal vez sí sepa algo sobre el mercado del aceite de oliva-. 
Por otra parte, sí resulta claro que, con la actual disposición entre obligaciones y recursos materiales, el Tribunal de Cuentas corre el riesgo de no poder seguir cumpliendo con eficacia todos sus compromisos. 
Tenemos la obligación de elaborar un marco más ambicioso de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control, y la iniciativa política de conseguir ese marco debe tenerla el Parlamento Europeo. 
Finalmente, Señorías, queda el problema político que se nos plantea al recomendar la aprobación de una gestión con una declaración de fiabilidad que, en palabras del propio ponente, en su configuración actual es difícil que algún día sea positiva. 
El hecho político que con la aprobación de la gestión aceptamos es que las cifras detectadas de irregularidad no son un indicador de fraude. 
Asumimos que la Comisión debe mejorar notablemente su auditoría y reclamamos que los Estados miembros, gestores del 80 % del presupuesto comunitario y responsables del 90 % de las irregularidades, se impliquen cada día más en la mejora del control financiero del gasto comunitario. 
Denunciemos los abusos y descubramos todas las irregularidades. 
Pero no caigamos en la tentación de gritar «fraude» para contentar a un populismo demagógico. 
Esta línea devaluaría al Parlamento y a todos sus parlamentarios. 
Señora Presidenta, Señorías, 1995 fue el primer año de mandato para la nueva Comisión presidida por el Sr. Santer. 
En este año también la Comisión inició un ambicioso programa, SEM 2000, para la mejora de la gestión presupuestaria. 
Aprobar hoy la gestión de la Comisión equivale a evaluar los primeros resultados del proceso de reforma de la gestión financiera a la luz de la ejecución presupuestaria para el ejercicio de 1995. 
Las cifras nos indican que hemos logrado mantener los gastos por debajo del techo de los créditos aprobados en un 13 %. 
Respecto a una cantidad disponible de 76.890 millones de ecus, sólo se han gastado 66.910 millones de ecus. 
Esto demuestra que la Unión Europea gasta mucho menos de lo que se pretende. 
Sin embargo, un control global del presupuesto no significa necesariamente una correcta ejecución de los créditos. 
Una gestión ahorradora del gasto no es suficiente. 
Aún habrá que alcanzar el objetivo de realización de las políticas decididas. 
Creo, efectivamente, en esta verdad básica: no se construye una política sobre un presupuesto sino un presupuesto sobre una política. 
Como instrumento de gestión, el presupuesto debe ser también un factor de progreso. 
No disimulemos la realidad: si se han logrado ahorros en el presupuesto de 1995, se debe a que no hemos conseguido llevar a cabo de manera satisfactoria algunas políticas esenciales. 
El ejemplo sin duda más llamativo es el del Fondo Social Europeo: había 6.700 millones de ecus disponibles en créditos de pago, pero sólo se gastaron 5.100 millones de manera efectiva, y 24 % de los créditos se ha quedado sin utilizar. 
Seguramente en algún lugar se ha producido un error de apreciación enorme. 
La segunda carencia importante que cabe destacar en la ejecución del presupuesto de 1995 es el fraude. 
Con 1.140 millones de ecus, es decir 1, 7 % de los gastos, el volumen de las irregularidades registradas ha alcanzado una nueva cifra récord. 
Las medidas de lucha contra el fraude siguen siendo muy insuficientes, ya que el fraude se generaliza y se convierte, prácticamente, en una actitud económica, tal como ha puesto perfectamente de manifiesto la Comisión temporal de investigación sobre el tránsito comunitario. 
Este problema es alarmante. 
En tres años, el volumen de fraudes se ha multiplicado por siete. 
En 1992 se contabilizó un volumen de irregularidades de 204 millones de ecus; en 1995, se evalúa en un poco más de 1.100 millones de ecus. 
En lo referido a este mal endémico de la Unión Europea, las responsabilidades están repartidas y hay que recordar, como ha dicho acertadamente el Sr. Wynn, que el 80 % de los créditos los ejecutan y los gestionan los Estados miembros y que, por esto mismo, existe la obligación de garantizarles una buena utilización del dinero de la Comunidad gastado en su territorio. 
En este sentido, la situación no es siempre satisfactoria. 
El ponente, Sr. Wynn, se ha percatado perfectamente y con toda razón de estas dificultades. 
Señora Presidenta, quisiera limitar mi aportación al informe Wynn y empezar expresando mi satisfacción por su habitual entusiasmo y por el ahínco con que ha realizado su labor. 
El informe de aprobación de la gestión contiene diversos aspectos positivos. 
En primer lugar podemos constatar que, en comparación con 1994, el número de irregularidades ha disminuido considerablemente. 
Si en 1994 ascendía aún al 23, 5 %, en 1995 había quedado reducido al 10 %. 
Es muy positivo, pero esto no quita que el porcentaje siga siendo excesivo. 
El problema es por supuesto que los Estados miembros suelen gastar el dinero y que con ello hay que mejorar la cooperación. 
Creo que sobre todo es necesario que la Comisión y el Tribunal de Cuentas se pongan de acuerdo en torno al método idóneo, al método estadístico, para que el Parlamento pueda juzgar adecuadamente sobre los hechos que llegan hasta nosotros. 
Quiero decir una cosa, y es que no estoy de acuerdo con las conclusiones del Sr. Wynn en torno a la agricultura, y en especial en torno al punto 24. 
La Comisión ha aplicado al pie de la letra la política que se había acordado con las reformas de MacSharry en 1992. 
Si ha resultado más alto, pues así sea, pero no podemos exigir que se vuelva a 1992, pues no era en absoluto lo acordado. 
Y ahora algo más sobre los propios recursos, señora Presidenta. 
¿Es cierto que en estos momentos la estimación del PNB está fuera de toda duda o todavía es posible un método más correcto? 
Señora Presidenta, señoras y señores, nuestra comisión se ha ocupado específicamente de las experiencias de la política exterior y de seguridad común, apoyada en los informes especiales del Tribunal de Cuentas sobre la Administración de la UE en Mostar y sobre la observación de las elecciones en Palestina. 
Lamentablemente, para nosotros se ha visto confirmada la imagen desolada respecto de la administración y del control de los recursos que se han gastado allí. 
Desolada, no por lo que respecta a la determinación final de los recursos, sino desolada porque las oscuridades institucionales acerca de las estructuras y de las competencias entre el Consejo y la Comisión conducen a que siga siendo imposible un aprovechamiento fluido de los recursos y que los responsables in situ como, por ejemplo, Hans Koschnik, se vean envueltos en grandes dificultades. 
En este ámbito hay que lograr una responsabilidad plena de la Comisión, de suerte que el Parlamento se vea en situación de otorgar con pleno sentido una aprobación de la gestión. 
A este respecto es, naturalmente, un prerrequisito que en el futuro sigan siendo también no obligatorios los gastos que se realicen en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Todo lo demás significaría una regresión a la cámara oscura de los acuerdos ministeriales y esto en unos tiempos en los que se exige más transparencia y democracia. 
Quiero instar al Sr. Friedmann a que presente urgentemente la opinión que está anunciada desde 1994 sobre la Política Exterior y de Seguridad Común y que ha de servirnos de apoyo en las deliberaciones sobre la Conferencia intergubernamental. 
En segundo lugar, quisiera llamar la atención acerca del último apartado del Informe Wynn en el que se trata de la publicación de la negativa del visado del interventor. 
En lo que respecta a nuestra Asamblea hay que registrar aquí un dramático aumento en 1995 y 1996, en especial en relación con el equipamiento del nuevo edificio del Parlamento. 
A este respecto en el punto central figuran transgresiones de las normas presupuestarias y de la praxis de las adjudicaciones. 
No se han respetado los plazos en los concursos, no se han cuantificado las necesidades, se ha otorgado la adjudicación a ofertas sobrevaloradas, se han suplementado a posteriori ofertas sin convocar nuevos concursos, etc. Todo esto arroja una luz muy mala sobre la credibilidad de nuestra propia institución y requiere una corrección urgente. 
Para atajar el crecimiento descontrolado de negativas de visado del interventor sería muy útil que en el futuro el Tribunal de Cuentas los publicase en su informe anual. 
La transparencia es el primer y más importante requisito para la eliminación de esta mala administración. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, sólo cabe por mi parte felicitar a los ponentes por este conjunto de resoluciones legislativas sobre la aprobación de la gestión, y en particular al Sr. Terry Wynn, ya que sobre todo me referiré a su informe sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1995, por la calidad de su trabajo, la multiplicidad de los aspectos abordados y su competencia. 
Creo que el Parlamento desempeña correctamente su función en lo referente a la acción de aprobación de la gestión de la Comisión. 
Personalmente, quisiera de todos modos aprovechar esta intervención para formular una pequeña crítica, a saber, que en un documento tan amplio uno se acaba saliendo un poco del marco estricto de la aprobación de la gestión. 
Cuando veo algunos párrafos, a menudo introducidos por enmiendas, me preocupo. Por ejemplo, en lo relativo a la dotación en personal de TACIS- problema que entre tanto parece que se ha resuelto -, cuando veo que se pide una investigación sobre los beneficios obtenidos por las mujeres en los programas de desarrollo, cuando veo que se utiliza el informe Wynn sobre la aprobación de la gestión de 1995 para solicitar que se mantengan en reserva fondos para el CERI de Florencia, después de una misión de la Comisión de Presupuestos hace algunas semanas, me preocupo. 
Ocurre como con el aceite de oliva, cuando veo que se preconizan medidas de urgentísima actualidad. 
Creo que aquí deberemos procurar que haya un reparto más estricto entre los documentos, lo que no resta nada a la excelente calidad del informe Wynn. 
Señora Presidenta, dedicaré mi intervención al informe del Sr. Wynn sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio de 1995. 
Debo decir de entrada que este informe no contará con el respaldo de mi Grupo. 
Estoy de acuerdo, qué duda cabe, con el ponente cuando expresa su satisfacción acerca del espíritu de cooperación constructiva que se ha creado entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas, cuando señala que el control del Tribunal de Cuentas sobre el balance consolidado de gastos e ingresos ha mejorado desde 1994. 
Pero me parece que, una vez más, el ponente y la Comisión de Control Presupuestario no sacan las conclusiones correctas del análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas. 
Efectivamente, el Tribunal de Cuentas, al igual que hizo para 1994, considera que para 1995 tampoco puede conceder una garantía general sobre la legalidad y regularidad de los procedimientos de pago del ejercicio presupuestario. 
El año 1995 será un año récord, ya que las irregularidades alcanzan la cifra descomunal de 1.140 millones de ecus, es decir el 1, 7 % de los gastos. 
Además, el Tribunal señala que la cantidad acumulada de los errores substanciales relativos a los procedimientos de pago rondarían los 4.000 millones de ecus, es decir 5, 9 % de las cantidades consideradas, mucho más del 1 % juzgado aceptable por el Tribunal. 
A pesar de esto, al igual que en 1992, 1993 y 1994, la Comisión de Control Presupuestario nos propone que aprobemos la gestión de la Comisión. 
¿Durante cuántos años se sentirá todavía obligado el Parlamento a conceder su confianza, con la esperanza puesta en un futuro SEM 2000? 
Además, el informe saca conclusiones erróneas. 
En primer lugar, al incluir disposiciones que nada tienen que ver con la aprobación, y el Sr. Dell ' Alba lo acaba de recordar. 
Luego, proponiendo medidas ideológicas de comunitarización: comunitarización de los sistemas aduaneros. 
Así pues, se recurre a medias ideológicas para huir de las verdaderas medidas que hay que tomar frente a las irregularidades. 
La última innovación en la materia, la nueva panacea, es proponer la aprobación de la gestión para el presupuesto del Consejo. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, para la Comisión de Control Presupuestario no ha sido fácil esta vez presentar en el tiempo prescrito- y, por cierto, en el tiempo prescrito por el reglamento presupuestario- el informe para la aprobación de la gestión. 
Esta ha ejecutado su trabajo de manera intensa y continuada, por lo cual quiero dar las gracias especialmente a los ponentes, los Sres. Wynn, Dankert, Blak, Bösch, y al Sr. Kellet-Bowman, así como a todos los miembros de la comisión y a su secretaría. 
Los informes que se han presentado son también el resultado de una buena colaboración con la Comisión y con el Tribunal de Cuentas. 
También aquí quiero dar las gracias a los Sres. Friedman y Liikanen. 
¿Por qué, entonces, estas dificultades en las pistas? 
La principal responsabilidad reside en el Consejo. 
Año tras año nos envía en el último momento las opiniones, que prescriben los tratados, acerca de la aprobación de la gestión. 
Así ha sucedido también esta vez. 
La opinión llegó un día antes de nuestra votación prevista en la comisión acerca del gran informe del Sr. Wynn sobre el presupuesto global. 
El lunes de esta semana nos llegó la opinión sobre el Fondo de desarrollo y la relativa a los informes del Sr. Kellet-Bowman no está todavía. 
Me pregunto qué pretende el Consejo con esta conducta no cooperativa. 
¿Toma tan poco en serio la pregunta sobre el gasto correcto del dinero procedente de los contribuyentes? 
¿Cree que la aprobación de la gestión de la Comisión es un mero asunto formal? 
Sin embargo, hay un acento en la recomendación del Consejo que me reconcilia un poco. 
Esta vez se menciona más claramente que hasta ahora la responsabilidad de los Estados miembros. 
Cuatro de cada cinco ecus del presupuesto comunitario son gastados de manera descentralizada por los Estados miembros. 
De esta suerte éstos asumen también la obligación de administrar ordenadamente los recursos. 
La Comisión ha de vigilar esto. 
Queda claro en la propuesta de resolución. 
En otoño comprobaremos hasta qué punto la Comisión ha cumplido con los compromisos que se han hecho aquí. 
En este punto quisiera hacer un elogio, dirigido a la Comisión, en especial al Sr. Liikanen y a la Sra. Gradin, los cuales con la iniciativa SEM 2000 que han puesto en marcha han ocasionado, en mi opinión, el comienzo de un cambio de sentido en el Consejo. 
El Parlamento los apoya en esto en la medida de sus fuerzas. 
Sin embargo, no necesito insistir en que los resultados del análisis del Tribunal de Cuentas nos hacen difícil conceder a la Comisión la aprobación de la gestión. 
Una vez más el Tribunal no puede dar una señal positiva en su declaración de fiabilidad. 
Ciertamente, más del 90 % de los gastos están en orden, pero el resto, precisamente, no lo está. 
Es bueno que en el futuro el Tribunal quiera definir aún más claramente los errores y, con ello, su evitación. 
Esto es cierto especialmente de los gastos agrícolas, en los que según los balances de los años pasados hemos constatado previsiones demasiado altas y también dineros pagados injustificadamente que han de retornar necesariamente al presupuesto comunitario. 
Que el presupuesto de 1995 se haya quedado un 13 % por debajo de los pagos que estaban previstos, puede sonar, ante todo, a ahorro. 
Sin embargo, en un examen más atento hay que afirmar que no se han conseguido los objetivos que se habían fijado políticamente. 
Así, por ejemplo, en el Fondo social no se ha utilizado el 24 % de los recursos, aproximadamente, y esto en una situación de desempleo creciente. 
Otro ejemplo preocupante: de los casi 580 millones de ecus que se han habilitado desde 1990 para la seguridad de las instalaciones nucleares en la Europa central y oriental, hasta 1995 sólo se han gastado, según el Tribunal de Cuentas, 140 millones. 
Aquí hay que introducir orden. 
Si, a pesar de esto, recomendamos la aprobación de la gestión para la Comisión, lo hacemos como un especie de anticipo de confianza, pues queremos que las cosas se pongan en orden y esperamos en septiembre una comunicación sobre la puesta en práctica. 
Señora Presidenta, con referencia al documento de trabajo sobre PHARE, quiero decir que estoy muy satisfecha de que la conclusión se haya incluido en el informe del Sr. Wynn, y agradezco la cooperación. 
Tenemos aquí un ejemplo de que nuestro trabajo es útil, ya que la Comisión ha adoptado por lo menos una petición y ha modificado la estrategia relativa al programa PHARE, para que el objetivo y las prioridades sean claramente la ampliación. 
De esta forma hemos contribuido a que los países beneficiarios puedan prepararse para la adhesión a la Unión Europea. 
Me alegro de que estemos de acuerdo en que el papel de PHARE debe ser contribuir a la adhesión como miembros de pleno derecho de los países de la Europa central y oriental. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha afirmado que se mejorará la gestión, se simplificará el procedimiento de toma de decisiones, y que éste será más transparente. 
Estas afirmaciones me parecen satisfatorias, pero mantendremos un seguimiento del trabajo en esta materia y controlaremos su puesta en marcha, para que haya cambios reales y no únicamente palabras. 
Al examinar los informes elaborados a lo largo de los años, vemos que se repiten una y otra vez las mismas críticas. 
He tomado nota de que también el Consejo tiene en cuenta que muchas de las críticas se repiten año tras año, lo cual me induce a pedirle que contribuya a cambiar esta situación. 
Es frustrante que ni siquiera el Consejo fomente la adopción de las decisiones necesarias. 
En cuanto a PHARE, lamento que la Comisión no haya querido realizar un análisis global. 
Es importante que conozcamos el provecho que se obtiene de los diferentes proyectos, si realmente cambian algo y si contribuyen a mejorar las condiciones en los países beneficiarios. 
Como ha dicho la Sra. Wemheuer, debemos utilizar los fondos presupuestados, pero es importante también garantizar que contribuyen a un desarrollo positivo y que logramos algo con ellos. 
En relación con lo anterior, me preocupa oír que, por ejemplo, los fondos concedidos a Albania han desaparecido sin dejar rastro. 
No se sabe lo que ha pasado con el dinero. 
Para terminar, ruego a la Comisión que se encargue de que se realice una evaluación global, para que sepamos realmente lo que se consigue con los fondos invertidos, y, de este modo, garanticemos el apoyo de los ciudadanos de la Unión a la continuación de los distintos programas. 
Señora Presidenta, vuelvo al informe del Sr. Blak sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el informe del Tribunal de Cuentas. 
Pienso que este informe es de gran calidad y que es excelente que se hayan presentado tres casos para así presentar suficientes ejemplos, de modo que todos entiendan la esencia de este asunto. 
Voy a referirme sobre todo al puente sobre el Gran Belt y el Oresund. 
Es evidente que la Comisión ha cometido un error. 
No es que nos haya costado mucho dinero, pero se ha adoptado por principio una decisión errónea cuando, en lugar de 170 millones de ecus, se han acordado 353 millones en concepto de préstamo al proyecto del Gran Belt. 
Se trata de un caso importante, puesto que se podían haber destinado estos medios a otras inversiones en estructuras, y se podían haber creado puestos de trabajo en otros lugares que las regiones cercanas al Gran Belt. 
Ante todo, es vital, en relación con el nuevo puente entre Suecia y Dinamarca, que se utilice el dinero del modo adecuado y que se no se favorezca este proyecto por encima de otros proyectos de infraestructuras que son igualmente necesarios. 
Lamentablemente, no estoy de acuerdo en que el puente entre Suecia y Dinamarca vaya a ser tan estético y funcional como sugiere la descripción del Sr. Blak. 
Al contrario, no es deseable un puente entre Suecia y Dinamarca. 
Señora Presidenta, la magnitud de las cantidades mal gestionadas y la evidencia de una estructura de gastos obsoleta son los elementos que deben proporcionar más inseguridad a los contribuyentes de los Estados miembros en su actitud hacia la Unión Europea. 
Si en tiempos de un desempleo dramáticamente creciente no se utiliza cerca del 24 % o 1.600 millones del Fondo Social, es que se trata aquí sencillamente de una política de cinismo. 
En una época de competitividad decreciente de la economía europea la totalidad de los recursos destinados a investigación asciende sólo a 2.900 millones ecus. 
Por el contrario, en el mismo año sólo los gastos destinados a cereales y a cultivos agrícolas, que se incrementaron en un 22, 6 %, ascendieron a más de 15.000 millones de ecus, lo cual está en contradicción con el objetivo de contención de los costes en el ámbito agrícola. 
Las irregularidades en los gastos relativos a animales y superficies de cultivo se cifran en 1.700 millones de ecus, que equivalen a dos tercios de los gastos totales en investigación. 
Estas discrepancias demuestran, sobre todo, la necesidad de una reforma de la estructura de gastos que se corresponda con las realidades económicas y sociales. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias en primer lugar a todos los que han presentado su informe a la Asamblea esta mañana, pero especialmente a Terry Wynn; su experiencia se deja notar una vez más. 
En Gales se le conocería como «Wynn, the Discharge» (Wynn, el de la aprobación de la gestión). 
Hay sólo dos cosas que quiero comentar. 
La primera es que en Maastricht el Consejo Europeo, con su sabiduría, dio instrucciones al Tribunal de Cuentas de que elaborara este certificado de fiabilidad: la DAS. 
En 1994 elaboró una que nos daba una extrapolación en cifras de lo que parecía ir mal y para 1995 hemos tenido otra. 
Esa estadística final es en lo que parece estarse fijando todo el mundo, en lugar de en todo el trabajo que lleva detrás. 
El hecho es que el Consejo no entregó al Tribunal los recursos, ni los medios, para que hiciera todo este trabajo suplementario. 
No creo que el informe o la resolución de aprobación de la gestión sean el escenario adecuado para comentar los procedimientos empleados por el Tribunal para elaborar el certificado. 
Hemos sacado adelante con dificultad algunas enmiendas del informe en ese sentido y creo que hemos hecho bien. 
Estoy a la espera de la reunión que se celebrará en breve con el Tribunal de Cuentas y la Comisión de Control Presupuestario para ver qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente en esta operación conjunta. 
De nuevo con su sabiduría, el Consejo Europeo ha establecido lo que yo denomino «una constelación de satélites». 
Nosotros, por nuestra parte, vamos a dar problemas al Consejo y a la Comisión a menos que el Parlamento obtenga lo que ha pedido, es decir, el derecho a conceder la aprobación de la gestión y el derecho de la Comisión a realizar toda la labor de control financiero sobre dichos organismos. 
Últimamente he recibido buenas noticias de los servicios de control financiero de la Comisión en el sentido de que hay un trabajo interesante en marcha para remediar esta situación, la cual ha sido criticada año tras año por el Tribunal de Cuentas en relación con los dos organismos «antiguos» , como se les puede llamar: el de Dublín y el que ahora está en Salónica. 
Quiero dar las gracias al Tribunal por el trabajo de elaborar estos informes extraordinarios sobre los nuevos organismos satélite, que abarcaban sus comienzos en algún momento de 1994 y después 1995. 
Fue muy útil y anima al Parlamento a seguir en la línea que hemos establecido. 
Así pues, deseo dar las gracias al Tribunal en particular y espero que prosiga la cooperación entre éste y la Comisión de Control Presupuestario a la hora de hacer este interesante trabajo. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, aunque venimos discutiendo desde hace años sobre la aprobación de la gestión, hay que afirmar que el procedimiento sigue necesitando todavía mejoras y hemos de seguir trabajando en esto. 
Esto se refiere a la introducción de las llamadas declaraciones de fiabilidad en el debate sobre la aprobación de la gestión. 
Pero se refiere también a hechos tales como que el Consejo no ha hecho a su debido tiempo sus deberes, al menos en lo que respecta a una parte de los temas de la aprobación de la gestión. 
La opinión pública o los participantes se están haciendo conscientes sólo poco a poco de que el 80 % de los gastos es administrado por los Estados miembros. 
Por consiguiente, es bueno que esto se haya advertido también en el propio Consejo. 
Pero los Estados miembros deben reaccionar también ante el informe del Tribunal de Cuentas. 
La Comisión debe informarse también de las reacciones de los Estados miembros y, a su vez, también debe informarnos a nosotros; en el futuro debería tenerse en cuenta este deseo. 
Pero el Parlamento tiene que mejorar también, seguramente, sus trabajos, por ejemplo, en la cooperación de las comisiones con la Comisión de Control Presupuestario en lo que respecta a la aprobación de la gestión. 
En lo que se refiere al contenido, los temas de que hablamos son, ciertamente, los mismos, sobre todo las deficiencias en la ejecución del presupuesto. 
Aunque esto varía a veces de un ámbito político a otro, el problema es básicamente el mismo. 
La Sra. Wemheuer y la Sra. Theato se han referido ya a la importancia política de estas pérdidas. 
Pero, sobre todo, tengo también otro deseo, en concreto, que los recursos propios deben ser objeto de una mayor consideración. 
Agradezco al Sr. Wynn que lo haya hecho ya en su informe. 
Pero lamento que la comisión no haya apoyado la petición de un informe específico sobre esto. 
Pero, a pesar de ello, espero que el Tribunal de Cuentas nos proporcione todavía algún material al respecto, sobre todo, con vistas al nuevo régimen financiero de 1999. 
Señor Presidente, en los informes Wynn, Blak y Bösch se propone conceder a la Comisión la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Comunidad para 1995, así como del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y del Fondo Europeo de Desarrollo. 
La Comisión se está dedicando a un seguimiento cuidadoso de las cuestiones planteadas en los informes y en la resolución. 
De hecho, se está trabajando considerablemente para atender a las grandes preocupaciones del Parlamento. 
Quisiera hablar de parte de ese trabajo. 
En primer lugar, acerca de los progresos realizados en el marco de la iniciativa SEM 2000. 
Los Estados miembros van empezando a aceptar la necesidad de aplicar un enfoque conjunto para abordar las cuestiones de gestión financiera que lanzó la Comisión en SEM 2000, en gran parte ante la insistencia del Parlamento. 
Varios Estados miembros, por ejemplo, han aceptado ya la invitación de responder directamente a comentarios realizados en los informes del Tribunal. 
Las aportaciones quedarán reflejadas en el informe de seguimiento que saldrá más tarde este año, tal como se pide en el informe Wynn. 
Ello les dará a ustedes la oportunidad de contar con la información que solicita el Sr. Bardong. 
En cuanto a la aplicación coherente de normas de elegibilidad de los Fondos estructurales, una solución aceptable ha recibido ahora la aprobación unánime del Consejo. 
La aprobación de la decisión definitiva está en el orden del día de la Comisión de la próxima semana. 
En el futuro, en todas las decisiones sobre programación se incluirán directrices claras sobre los problemas recurrentes de elegibilidad. 
Ello supondrá un gran paso hacia una mejor gestión financiera; y, por otro lado, representa una respuesta efectiva a las críticas reiteradas por parte del Tribunal y del Parlamento Europeo. 
La segunda cuestión clave afecta a posibles correcciones financieras en los Fondos estructurales, a las que se ha referido el Sr. Dankert. 
Quiero responder a algunos de sus comentarios. 
Sobre este tema se tiene que avanzar todavía. 
La Comisión propone seguir un enfoque de dos vías. 
En primer lugar, estamos presentado un proyecto de reglamento de la Comisión destinado a aclarar las responsabilidades de los Estados miembros en materia de control financiero; este reglamento se basará en el artículo 23 del actual reglamento del Consejo sobre gestión de los Fondos estructurales. 
En segundo lugar, aclararemos nuestras orientaciones internas sobre las circunstancias en las que habría que hacer correcciones financieras claras de conformidad con la legislación vigente. 
Para ello se tomará como base el artículo 24 del reglamento del Consejo antes mencionado. 
Con respecto al método, quisiera ser un poco más preciso, porque conozco el gran interés del Parlamento por el tema. 
Quiero mencionar los cuatro puntos siguientes: en primer lugar, el enfoque de la Comisión incluye aclarar la aplicación de los actuales reglamentos de los Fondos estructurales usando las actuales capacidades jurídicas; en segundo lugar, con él no se pretende imponer nuevas estructuras administrativas a los Estados miembros- la intención, más bien, es introducir unos criterios mínimos y suficientes de control que se apliquen de forma coherente en toda la Unión Europea -; en tercer lugar, la Comisión no propone ningún cambio fundamental del enfoque de programación, según el cual los Estados miembros suelen tener libertad para trasvasar fondos entre proyectos elegibles; en cuarto lugar, y como punto más importante, conviene aclarar las circunstancias en las que habría que hacer correcciones financieras claras sin posibilidad de sustitución- por ejemplo, cuando se haya producido un fallo sistemático del control financiero o haya habido una negativa a cooperar con la Comisión. 
Es nuestra intención aplicar esta cuarta postura, que significa la vuelta de transferencias netas. 
Veo que en la resolución que tienen ante ustedes se invita a la Comisión a hacer una propuesta de modificación del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 del Consejo a fin de que se pueda emprender una acción correctiva eficaz en caso de irregularidades. 
Puedo confirmar que no hemos descartado esta posibilidad para el futuro. 
Nos hemos comprometido ya a revisar las disposiciones correspondientes del reglamento del Consejo antes de que comience el próximo período de programación y tendremos plenamente en cuenta las opiniones del Parlamento en ese contexto. 
Me parece totalmente natural que cuando hagamos nuevas propuestas de programas de los Fondos estructurales para después del año 2000, en el paquete global vaya incluido un nuevo reglamento. 
No estamos hablando de un futuro muy lejano. 
Será en el año 2000 cuando entren en vigor, pero las propuestas habrá que hacerlas antes de esa fecha. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Dankert en que no podemos permitirnos esperar al cambio del 2000 para tomar medidas en este área. 
Pueden hacerse mejoras dentro del ámbito de aplicación del reglamento actual, como ya he dicho, y esta es la razón por la que la Comisión se propone seguir a corto plazo el enfoque de doble vía antes mencionado. 
En el marco de SEM 2000, se está trabajando para mejorar la cooperación con los Estados miembros en materia de previsiones y ejecución del presupuesto. 
Las estrictas limitaciones presupuestarias en el período previo a la tercera fase de la UEM hacen más importante la obtención de unas estimaciones lo más actualizadas y realistas que sea posible sobre las necesidades presupuestarias. 
Es preciso hacer avanzar esto con urgencia, con miras a la preparación del presupuesto de 1998. 
De hecho, el tema fue debatido ayer en el diálogo a tres con el Consejo y el Parlamento. 
Tuvimos un problema con las previsiones del sector agrario. 
La propuesta de presupuesto la tenemos que hacer en abril. Supone bastante anticipación respecto a 1998. 
Si tenemos la oportunidad de volverlo a examinar este año y quizá enviar una carta de modificación y rectificación al Parlamento, se tendría una base más sólida para las decisiones presupuestarias del próximo año. 
Se ha invitado al ponente del Parlamento sobre SEM 2000, Sr. Colom i Naval, a asistir a la próxima reunión del Grupo de representantes de personal en mayo, en la que intentaremos zanjar el tema de las correcciones financieras. 
Voy a tocar brevemente los otros dos puntos. 
En primer lugar, la declaración de fiabilidad o DAS. 
Al igual que el año pasado, en el informe de Terry Wynn se describen con gran claridad los resultados y las dificultades. 
Comparto su inquietud respecto a las cifras y su interpretación. 
Quiero hacer hincapié en que el problema responde a que hay una considerable falta de experiencia. 
Los resultados de las dos primeras DAS han sido distintos sin que haya una buena explicación sobre los motivos. 
Ello subraya el carácter experimental de la DAS, del cual éramos todos conscientes desde el principio. 
Deberán pasar algunos años antes de que esté suficientemente madura para dar confianza no sólo al auditor, sino también al auditado. 
Mientras tanto, todas las cifras y, sobre todo, las conclusiones resultantes de las DAS deberán tomarse con precaución. 
Por supuesto, cuando el próximo verano hagamos un debate con el Tribunal de Cuentas a propósito de la realización de la DAS de 1996, tomaremos en consideración los deseos de ustedes y esperamos poder llegar en la medida de lo posible a un lenguaje común, aunque respetando, por supuesto, la independencia del Tribunal de Cuentas en la realización de su trabajo. 
En segundo lugar, en relación con PHARE, no cabe sino reconocer las dificultades descritas por el Tribunal y subrayadas en el informe Wynn. 
Como primera respuesta, la Comisión decidió el 19 de marzo unas nuevas directrices políticas para PHARE, que reorientan el programa hacia dos prioridades principales: la creación de instituciones y el apoyo a las inversiones. 
También deberá reformarse la gestión de PHARE. 
Habrá que simplificar los procedimientos, descentralizar la ejecución y dar un papel más importante a las delegaciones de la UE. 
El Sr. Tomlinson ha mencionado mis observaciones del año pasado sobre concentrarse en proyectos de mayor envergadura que son más fáciles de gestionar, a fin de tener suficiente masa crítica. 
La reorientación de PHARE es un buen ejemplo de ello. 
Estamos intentando avanzar más en algunas otras áreas del presupuesto. 
No es fácil en la Comisión de por sí, pero ustedes saben tan bien como yo que tampoco será fácil en el Parlamento. 
No olvidemos que ahora estamos administrando el presupuesto de una Unión de 370 millones de habitantes. 
Las pequeñas partidas presupuestarias con una masa crítica muy secundaria son de hecho imposibles de ejecutar de una forma que resulte eficaz. 
Los costes administrativos suelen ser mayores que las sumas presupuestarias en cuestión y no hay posibilidad de control. 
Así que tendríamos que considerar con ojos críticos qué es lo que puede ejecutarse y cómo hacerlo. 
He oído el comentario de que no hemos empleado todos los créditos. 
Hay a veces hay cantidades en las líneas presupuestarias que no pueden ejecutarse fácilmente. 
No sólo tendríamos que hablar de las prioridades políticas sino también de cómo traducir éstas a un lenguaje presupuestario que pueda ponerse en práctica. 
Volviendo a PHARE, los nuevos elementos quedarán más claros cuando la Comisión presente su estrategia de preadhesión después de que termine la Conferencia Intergubernamental. 
Este trabajo será realizado en estrecha colaboración con el Parlamento. 
También facilitará seguramente los preparativos para el presupuesto de 1998. 
El Sr. Blak me hizo dos o tres preguntas muy detalladas. 
Espero poder volver a ellas después de consultar con mis servicios. 
Por último, deseo terminar dando las gracias a los ponentes, Terry Wynn, Freddy Blak y Herbert Bösch, a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, así como a los diputados que han hecho un gran esfuerzo por analizar el informe del Tribunal de Cuentas y determinar qué medidas clave deben adoptarse. 
El apoyo de ustedes es crucial para seguir progresando hacia una buena gestión financiera de la Comunidad. 
Queda mucho camino por recorrer, pero nos mantendremos firmes y no nos volveremos atrás. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Acuerdo Euromediterráneo Interino con la OLP- Proceso de paz en Oriente Próximo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de la recomendación (A40103/97) de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la decisión del Consejo (COM (97) 51-6572/97- C4-0112/97-97/0036 (ACV) ) relativa a la celebración por la Comunidad Europea de un Acuerdo Euromediterráneo Interino de Asociación sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la OLP en beneficio de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza (Ponente: Sr. Alavanos) y de una declaración del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, en circunstancias normales, este debate acerca del Acuerdo Interino sobre comercio y cooperación firmado entre la Unión Europea y la Organización para la Liberación de Palestina tendría carácter formal. 
Cuenta, de todos modos, con el apoyo unánime de todos los Grupos del Parlamento Europeo, como se puso de manifiesto en el debate de la Comisión de Asuntos Exteriores y en la votación correspondiente, que tuvieron lugar hace unos días. 
Sin embargo, en medio de la avalancha desencadenada en la región de Oriente Próximo tras la irresponsable decisión del Gobierno israelí de Netanyahu de construir nuevos asentamientos en las zonas orientales de Palestina, el debate sobre este acuerdo asume un carácter especial y gana mucho peso: debería ser una señal clara del Parlamento Europeo dirigida tanto al Consejo de Ministros de la Unión Europea, para que éste actúe decididamente, como a los protagonistas de la crisis de Oriente Próximo. 
En lo que se refiere al Acuerdo como tal, quisiera señalar lo siguiente: 
Primero, se trata de un acuerdo sui generis. 
No es un acuerdo entre la Unión Europea y un país, o un Estado; ni siquiera entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina, cuyo ordenamiento jurídico no admite la firma de acuerdos internacionales. 
Es un acuerdo entre la Unión Europea y la OLP, original y sui generis que, obviamente, se apoya en el acuerdo provisional israelopalestino, de acuerdo con el cual la OLP puede firmar acuerdos internacionales. 
De todas formas, los territorios palestinos, como región forman parte del ámbito de aplicación del Programa MEDA y de la política mediterránea de la Unión Europea. 
Segundo, es un acuerdo interino de caracter provisional, que abarca hasta 1999, con arreglo a las disposiciones transitorias incluidas en los acuerdos de Oslo. 
Tercero, no es un acuerdo mixto. 
No requiere el consentimiento de los Estados miembros y, en consecuencia, tampoco requiere la ratificación de los Parlamentos nacionales. 
Cuarto, es un acuerdo que ha sido negociado literalmente en un tiempo récord: el 1 de octubre de 1996 el Consejo aprobó las directivas previas a la firma del acuerdo, que ya se rubricó el 10 de diciembre de 1996 y, finalmente, se firmó el 24 de febrero de 1997. 
Claro está que las circunstancias que se daban al comienzo del proceso de negociación de este acuerdo eran completamente distintas de las que reinaban hacia el final y, sobre todo, en el momento de su aprobación por el Parlamento Europeo. 
En cuanto al contenido del acuerdo, salvo las mencionadas peculiaridades, es equivalente al de los otros acuerdos euromediterráneos, por lo que no es necesario que lo comente. 
Tan sólo mencionaré dos puntos: 
Primero, es posible que al cabo de un año o dos los contingentes relativos a determinados productos como los productos agrícolas, se reduzcan bastante. 
Segundo, debemos prestar atención a las claúsulas del artículo 68, que permiten a cada una de las Partes adoptar las medidas que considere eficaces para su seguridad en caso de guerra o de disturbios internos. 
El artículo 68 no debe prevalecer sobre el artículo 2, sino estar subordinado a éste, que prevé la inviolabilidad de los derechos humanos en cualquier situación y, especialmente, en relación con la tortura, la protección de los derechos democráticos, etc. 
Creo que la parte principal de este acuerdo es su importancia política. 
Refuerza la Autoridad Palestina y puede contribuir a la estabilidad de la zona, así como a la integración regional. Por esta razón, precisamente, el Parlamento Europeo lo celebra y lo aprueba. 
No obstante, como se ha podido comprobar, todo esto depende de factores externos, que pueden convertir este acuerdo en un papel sin mayor trascendencia. 
Desde este punto de vista, creo que mucho más importante que la aprobación final del acuerdo por el Parlamento Europeo es que el Consejo de Ministros de la Unión Europea adopte una posición firme, decidida, consistente y en bloque con respecto a la crisis actual. 
No creo que debamos seguir el ejemplo de la política de Poncio Pilatos que, lamentablemente, hemos observado en el Presidente de Estados Unidos, el Sr. Clinton. 
Debería intervenir de forma consistente y clara con respecto a Israel para poner fin a la construcción de asentamientos en la parte oriental de Jerusalén y así poder albergar la esperanza de que vuelva a restablecerse el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores no puede sino felicitarse también por el Acuerdo interino sobre comercio y cooperación firmado entre la Unión Europea y la OLP, en beneficio de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza. 
En primer lugar, porque contribuirá a edificar una zona de paz y estabilidad en la región en la medida en que constituye un instrumento para facilitar el desarrollo económico de los antiguos territorios ocupados, en la línea de la política defendida por la Unión Europea desde 1970, que ha hecho de la Unión el principal donante tanto de ayuda humanitaria como de ayuda al desarrollo económico y político del pueblo palestino. 
En segundo lugar, porque supone formalizar, aunque sea de manera provisional y hasta 1999, las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina, tal y como esta comisión había solicitado, y porque confirma con ello la condición de socio mediterráneo de pleno derecho del pueblo palestino en cuanto se fije el estatuto jurídico de Cisjordania y de la Franja de Gaza. 
Y en tercer lugar, porque el fundamento democrático de este acuedo complementado con la cláusula de nueva ejecución supone una contribución al desarrollo de los principios democráticos y de los derechos fundamentales que debe acompañar al proceso de paz. 
La importancia, sobre todo política, de este acuerdo y su oportunidad de cara a la difícil situación que está atravesando el proceso de paz y de cara también a la Segunda Conferencia Euromediterránea resulta pues indudable. 
De ahí que la Comisión Rex haya emitido también una opinión positiva sobre este acuerdo, pero de ahí también que en nombre de la Comisión Rex deba lamentar y manifestar mi desacuerdo con el procedimiento seguido por la Comisión de Asuntos Exteriores que ha emitido su dictamen conforme sin tener en cuenta la opinión de nuestra comisión. 
No es la primera vez que esto ocurre, pero en esta ocasión lo lamentamos particularmente tanto por tratarse de un procedimiento de ratificación como por el valor político del acuerdo. 
Señor Presidente, le agradezco mucho que me brinde usted la oportunidad, sobre todo en vista de la situación actual en Oriente Medio, de emitir una declaración en nombre del Consejo. 
El Consejo está sumamente preocupado por los últimos desarrollos en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Mientras que el pasado mes de enero se había dado un claro paso adelante en la vía palestino-israelí con la firma del protocolo sobre la reagrupación israelí en Hebrón, se ha evidenciado que el impulso generado entonces no podía durar. 
La decisión israelí de construir 6.500 viviendas en una colina de los alrededores de Jerusalén, que los israelíes llaman Har Homa y los palestinos Jebel Abu Gneim, ha empeorado notablemente la situación en la región. La tensión se ha incrementado mucho. 
La confianza del mundo árabe y la voluntad de paz del gobierno israelí han disminuido. 
Junto a las protestas pacíficas de los palestinos contra la decisión tomada, en diversos lugares ha estallado la violencia. 
Se han perpetrado atentados terroristas suicidas contra ciudadanos israelíes. 
En más de una ocasión, el Consejo ha dado a conocer su visión sobre la política de asentamientos israelí. 
Así, la Unión Europea considera que los asentamientos son contrarios al derecho internacional e incompatibles con las resoluciones del Consejo de Seguridad nº 242 y nº 338, que forman la base del acuerdo de paz. 
Además, la política de asentamientos israelí se anticipa al resultado de las negociaciones sobre el estatuto permanente. Me refiero concretamente a la posición de Jerusalén. 
Cabe constatar que la política de asentamientos socava el proceso de paz y la confianza de los palestinos y de los países árabes en dicho proceso. 
Previamente a la decisión israelí sobre Har Homa/Jebel Abu Gneim, la Unión Europea instó a Israel por vía diplomática para que renunciara a los planes de construcción. 
Cuando Israel perseveró en su decisión, la Unión Europea hizo pública su oposición a través de la Presidencia, también en el marco de las Naciones Unidas. 
El Consejo se ha enterado con horror de los recientes atentados cometidos en Israel y los ha condenado duramente. 
Un atentado tuvo lugar en un café de Tel Aviv y recientemente se perpetraron dos atentados suicidas en Gaza. 
Es evidente que la violencia destruye la base del proceso de paz. 
Mata a ciudadanos inocentes, que se sienten inseguros debido a los atentados. 
La Unión Europea ha instado encarecidamente a la Autoridad Palestina para que se esfuerce al máximo por combatir el terrorismo en los territorios que tiene bajo su autoridad, de acuerdo con las obligaciones que se derivan del acuerdo interino. 
Como ya sucedió en el pasado, Israel ha reaccionado al último atentado terrorista cerrando de nuevo las fronteras en la franja de Gaza y Cisjordania. 
El Consejo mantiene su postura de que toda restricción de la libertad de movimientos de los palestinos ha de circunscribirse a las medidas realmente necesarias para garantizar la seguridad de Israel. 
Los renovados actos de violencia, que ayer volvieron a causar nuevas víctimas, ilustran a juicio del Consejo la vulnerabilidad del proceso de paz. 
Todas las partes implicadas han de asumir su responsabilidad a la luz de esta precaria situación. 
Además, no debemos perder de vista las medidas estructurales necesarias para el proceso de paz en favor de la población palestina. 
La economía palestina se encuentra en una situación extremadamente difícil, y un cierre generalizado y duradero de la frontera con Israel no es aceptable. 
El cierre provocará un mayor deterioro del nivel de vida de los palestinos en sus territorios, con el consiguiente peligro de que se conviertan en un vivero de descontento, agitación y violencia. 
La Unión Europea aspira a mejorar la situación socioeconómica de los palestinos y dispone para ello de un amplio programa de ayuda. 
El Consejo espera que ambas partes renuncien a las acciones que puedan minar aún más el proceso de paz. 
Para ello, el Consejo y el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio, el muy apreciado embajador español Sr. Moratinos, han mantenido numerosos contactos con las partes desde el inicio de la crisis. 
El Presidente del Consejo ha visitado diversas capitales de los países socios de la Unión Europea en el Mediterráneo para preparar la conferencia ministerial euromediterránea de Malta, que se celebrará el 16 de abril en Malta. 
Aparte de tratar el proceso euromediterráneo, el presidente también ha hablado extensamente de la situación actual en Oriente Medio. 
Aunque el proceso de Barcelona está separado del proceso de paz en Oriente Medio, ofrece a todos los implicados un foro para aspirar a la cooperación. 
El Presidente espera, y se esforzará por lograrlo, que la conferencia de Malta sea en este sentido un éxito y pueda contribuir a la desescalada. 
Nuestro enviado, el embajador Moratinos, se ocupa sin cesar, junto con las partes implicadas, de investigar las posibilidades de que la Unión Europea emprenda acciones constructivas a fin de ayudar a reanudar el proceso. 
Incluso después de la ruptura de las conversaciones entre Israel y los palestinos, ha ofrecido sus servicios, que son bien acogidos por ambas partes. Se ha entrevistado con el Presidente del gobierno Netanyahu y con el Presidente Arafat, así como con miembros de sus respectivos gabinetes. 
Además mantiene un estrecho contacto con su homólogo norteamericano, Dennis Ross. Intenta convencer a las partes de que reanuden tanto la cooperación en el ámbito de la seguridad como el diálogo político. 
A fin de cuentas, para restablecer la confianza mutua es preciso que se den progresos en ambas vertientes. 
Sin un diálogo político se evidenciará que es imposible lograr progresos sustanciales. 
Anteayer, es decir, el lunes 7 de abril, el enviado especial Moratinos y los representantes de los Estados miembros en el marco del Consejo analizaron a fondo la situación. 
Considerando la gravedad de la situación, juzgamos importante que las partes logren la desescalada y que se esfuercen por reanudar la negociación. 
Sobre todo en estos momentos es importante que todas las partes implicadas hagan un esfuerzo conjunto para volver a poner en marcha el proceso de paz. 
La Presidencia del Consejo mantiene para ello estrechos contactos con Estados Unidos, que acaban de celebrar conversaciones con el Presidente del gobierno israelí, y mañana, es decir, el jueves 10 de abril de 1997, el Presidente Netanyahu viajará a La Haya. 
Señor Presidente, le agradezco que me haya brindado la oportunidad de hacer esta declaración. 
Señor Presidente, como es obvio, no voy a emplear muchas palabras para describir la gravedad de la situación. 
En este momento, considero que existe cierta sintonía con la posición del Consejo y comparto la extrema preocupación y la forma en que ésta ha sido puesta de manifiesto en el Pleno por el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Durante estos meses se ha esfumado la mayor parte del patrimonio de confianza creado gracias al esfuerzo de las partes después de Oslo. 
La confianza es un elemento fundamental para afrontar un proceso que siempre fue, es y será difícil, aunque por desgracia, se ha perdido. 
Hasta ahora, y en contra de los deseos de algunos, el Parlamento Europeo y también nuestro Grupo se han negado en redondo a dictar la sentencia de muerte del proceso de paz, así como a proponer medidas extremas, tales como solicitar al Consejo y a la Comisión la congelación de los acuerdos entre la Unión Europea e Israel. 
No lo hicimos porque no nos corresponde ser los primeros, antes que las propias partes interesadas, en manifestar que el proceso de paz ha terminado, y tampoco lo hicimos porque confiamos en que el mismo se reanude. 
Hemos sido prudentes. 
La Liga Árabe, sin embargo, ha puesto en tela de juicio las nuevas relaciones económicas y políticas con Israel, que significaron un paso importante en la evolución del proceso de paz. 
Se trata de un retroceso muy significativo que demuestra la magnitud de los daños asestados a la paz en la región durante estos últimos meses. 
Actualmente, el Parlamento se enfrenta a una nueva situación y debe sopesar cómo va a reaccionar y de qué forma se puede contribuir más apropiadamente a la paz. Y ello, porque este Parlamento y nuestro Grupo asumieron en todo momento, y espero que sigan manteniendo, una posición de estímulo y también de apoyo al avance del proceso de paz. 
En este momento debemos evaluar con atención cuáles son los pasos más convenientes. 
Nos dicen que el Gobierno israelí, tras el fallido encuentro con Clinton, tiene intención de proponer una negociación global que resuelva de golpe todos los problemas, tanto la seguridad de Israel como la segunda y la tercera fase previstas por Oslo. 
Nos dicen que lo que se intenta es abreviar los plazos del proceso de paz, a fin de que no dure dos años y medio, sino que finalice en nueve meses. 
En esta propuesta del primer ministro israelí no llegamos a comprender lo que es una posibilidad real y lo que es simple propaganda y substancial renuncia a la paz. 
Sabemos, y nos lo acaba de confirmar el Consejo, que el primer ministro se va a reunir esta semana con el Consejo y tenemos conocimiento de una carta dirigida por el Consejo al Gobierno de los Estados Unidos para una acción conjunta. 
No sabemos qué va a pasar. 
Desde este punto de vista, el Parlamento ha actuado con acierto al no prever una resolución por el momento. 
El Parlamento, sin embargo, deberá pronunciarse, y es probable que tenga que hacerlo durante la próxima sesión de Bruselas, y deberá procurar no repetir los ruegos, las alarmas y las preocupaciones que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos meses. 
Entretanto, tomamos nota con satisfacción de que el Parlamento ha actuado con extrema rapidez al objeto de aprobar este Acuerdo de Asociación que, sin lugar a dudas, representa una contribución positiva al proceso de paz que en la actualidad vive un momento tan difícil. 
Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo que estamos debatiendo representa una etapa importante tanto en las relaciones europalestinas como en las relaciones con el Mediterráneo en general y testimonia la plena implicación de la Unión Europea en la vida política y económica del naciente Estado palestino, así como la firme intención de recorrer con las partes interesadas el camino hacia la normalización del Oriente Próximo. 
Esto vale especialmente hoy, en un momento en que el aumento de las tensiones y dificultades hace peligrar dicho camino. 
A pesar de que por parte palestina existe la voluntad de pedir la intervención europea en el marco del proceso de paz, otros intentan, por el contrario, excluir a Europa obstaculizando la excelente labor del embajador Sr. Moratinos e infravalorando el sentido y el alcance de este Acuerdo de Asociación. 
En consecuencia, es extremadamente significativo que Europa siguiendo la estela de Barcelona haga patente su compromiso no tan sólo financiero, sino político, en la región. 
La referencia a Barcelona y a la próxima Conferencia de La Valleta es necesaria para vincular el Acuerdo con el proceso más general que tiene como objeto establecer antes del año 2010 una zona de libre comercio en la región euromediterránea. 
De hecho, es justo reconocer al pueblo palestino los derechos que le garantiza el Programa MEDA, siendo la celebración de este acuerdo un paso importante en este sentido. 
Asimismo, es justo proporcionar un marco jurídico concreto, necesario para el comercio y la cooperación con la Franja de Gaza y Cisjordania, a fin de reforzar la línea de apertura y de interés mutuo entre la Unión Europea y todos los países del MashreK y del Magreb, para los cuales, sin embargo, la paz en la región sigue siendo una condición indispensable. 
El Acuerdo tiene un valor más político que económico y, al efecto, hay que subrayar la peculiaridad de un acuerdo firmado por la Organización para la Liberación de Palestina en nombre de un Estado todavía no reconocido y que está luchando para afirmar su derecho a existir también dentro de sus fronteras ideales. 
Confiamos en que antes del año 1999 se pueda lograr un Acuerdo de Asociación Euromediterráneo con un Estado palestino, basado totalmente en el respeto del Derecho internacional y en las relaciones pacíficas con los países vecinos. 
Señor Presidente, desde octubre de 1996 hasta febrero de 1997: yo diría que hubo una rara, loable y ejemplar rapidez en la celebración de este importantísimo acuerdo. 
Dicho esto, ahora hay que confiar en que exista la misma rapidez y decisión para regularizar el estatuto jurídico internacional de la Autoridad Palestina, a fin de que, al finalizar el período interino previsto por los acuerdos de Oslo, esto es, al final de 1999, la misma pueda negociar de pleno derecho con todos los demás Estados. 
Mayor dignidad y mayor autoridad equivalen a mayor estabilidad interna, pero sobre todo a un gran prestigio internacional. 
Estas son las tres etapas obligadas a través de las cuales Palestina podrá convertirse en una nación propiamente dicha y, en consecuencia, podrá negociar acuerdos globales y duraderos. 
Sin embargo, y lo han recalcado muchas partes, el requisito fundamental es el restablecimiento de las condiciones de seguridad y de convivencia para todos. 
Esto no será posible mientras no se resuelva el problema de los asentamientos de los colonos israelíes en los territorios sometidos a la Autoridad Palestina. 
Se trata de colonias que constituyen verdaderos polvorines y, en consecuencia, lugares peligrosos y cualquiera, de un bando o de otro, puede encender la mecha cuando lo considere más oportuno. 
Por lo tanto, ante todo paz, pero también libre acceso a los recursos que tiene Palestina y que hasta ahora no ha podido aprovechar por los controles israelíes. 
Nos referimos sobre todo al mar, al puerto que Gaza nunca pudo tener, aunque lo tiene debajo de sus ventanas y ante sus casas. 
Confiamos en que de ahora en adelante sea posible el acceso a dichos recursos naturales y, al mismo tiempo, confiamos en que haya un relanzamiento de la economía que, sin duda, se logra a través de acuerdos como el que hoy estamos celebrando, pero sobre todo a través de iniciativas que fomenten la producción. 
Con ocasión de las elecciones estuve con otros colegas ejerciendo de observador y pude constatar que, en medio de las bombas y del miedo, hay un pueblo palestino que se está organizando para hacer frente a esta necesidad. 
Éste es el pueblo al cual debemos asistir, no sólo a través de ayudas económicas y financieras, sino incluso mediante alguna forma de asistencia técnica, con objeto de ayudarle a convertirse en autónomo no sólo política, sino también económicamente. 
Las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo se ajustan a la idea que tenemos los Liberales de la situación en Oriente Medio y concretamente en israel, y no me sorprende que hable como un liberal. 
Está claro que una situación conflictiva recrudecida ha tomado el relevo del acuerdo de paz y del camino hacia la paz. 
Está claro que la política de asentamientos del Gobierno israelí es en todo caso una de las principales causas de este conflicto, por muy legítima que sea la declaración de que no hay que hablar de Jerusalén hasta la última ronda de negociaciones. 
El espíritu de los acuerdos de Oslo es posiblemente igual de importante que la letra. 
Se trata de aumentar la confianza mutua entre las partes. 
El acuerdo interino, sobre cuya base negocian la Unión Europea y los palestinos, es uno de los elementos de la política de confianza y crea un mayor equilibrio en nuestra relación con Israel y los palestinos. 
Tiene en cuenta las realidades de Oslo y establece un fuerte marco jurídico para la ampliación del comercio y la cooperación entre la Unión y los palestinos. 
Afortunadamente, con anterioridad la Unión ya liberalizó considerablemente el comercio con los palestinos, y estos necesitan el progreso económico para mejorar sus perspectivas de futuro. 
Al mismo tiempo, podemos recordarles que han de respetar los derechos humanos, algo que forma parte del acuerdo. 
Por ello esperamos que la Unión, en cooperación con los norteamericanos, hará todo lo posible por evitar la escalada. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, » querer es poder» : ésta es la reflexión que me inspira el acuerdo de asociación firmado entre la Unión Europea y la OLP, actuando en nombre de la autoridad palestina. 
En un tiempo récord, han sabido levantar los obstáculos jurídicos y apartar las presiones diplomáticas para alcanzar lo que puede resultar una gran iniciativa de política internacional con éxito de la Unión Europea. 
Se trata de una gran iniciativa, indudablemente, ya que de hecho le da a Palestina el reconocimiento internacional al que tiene derecho. 
Sin embargo, será un éxito absoluto, sin embargo, con una condición: que no se detengan a medio camino. 
El texto del acuerdo estipula, efectivamente, que su objetivo consiste en apoyar el desarrollo económico y social de los territorios palestinos y participar en la edificación de una zona de paz y de estabilidad en la región. 
Sin embargo, estos objetivos no podrán en modo alguno alcanzarse si no se hace urgentemente todo lo posible para atajar una crisis de una gravedad sin precedentes dentro del proceso de paz. 
¿Así pues, qué se puede hacer? 
Setenta y cuatro países del movimiento de los no alineados acaban de aprobar la posición que ya conocen y que tiene gran alcance político. 
¿Y qué ocurre con Europa? 
Al menos disponen de una manera de actuar: la suspensión del Acuerdo comercial interino Europa-Israel mientras el gobierno del Sr. Netanyahu no detenga la colonización de los territorios ocupados de Jerusalén-Este, dicho en otras palabras, mientras no respete los acuerdos firmados, como se lo ha pedido Naciones Unidas de manera cuasi unánime. 
Lejos de ir contra Israel, este acto político importante sería, a nuestro modo de ver, una prueba de solidaridad hacia aquéllas y aquéllos que con valentía se están movilizando en el mismo Israel, como esas decenas de miles de mujeres y hombres que manifestándose en las calles de Tel Aviv acaban de ofrecer al mundo una imagen digna, pacífica y responsable de su país. 
Y con un objetivo único, que también es el nuestro: salvar la paz. 
Señor Presidente, en el último número de la publicación Journal of Palestine Studies el investigador americano William Quant dice que si Israel firma la paz en base a una solución consistente en dos estados, se ganaría todo lo que se quería conseguir antes de 1967. 
¿Por qué no se firma esta paz? El 59 por ciento de los israelíes cree que va a estallar la guerra. 
Simultáneamente, el 51 por ciento de los israelíes acepta una solución basada en dos estados. 
¿Por qué no acepta Netanyahu la voluntad popular de su propio país? 
Creo que hay que reconocer que Netanyahu representa a un sector especial del sionismo, el sionismo revisionista, que cree que los territorios por derecho de Israel no sólo incluyen Gaza y la Franja Occidental, sino también el reino de Jordania. 
El Sr. Netanyahu se ve sometido a una presión eficaz por parte de sus propios partidarios. 
Vive simplemente en constante peligro de muerte, lo cual quedó demostrado con el asesinato de Rabin. 
Si realmente queremos que Netanyahu firme la paz, debe verse expuesto a una contrapresión, una fuerte contrapresión. Una modalidad la constituyen las ayudas que se conceden a los palestinos. 
Es bueno que se haya concluido el Acuerdo de Asociación; podría haber sido aún mejor, y se podría hacer mucho más. 
Pero una parte de las presiones son unas señales claras de que la Unión Europea y la sociedad internacional exigen una solución duradera consistente entre otras cosas en un Estado palestino constituyen una parte de estas presiones. 
Me pregunto no obstante si no se podría avanzar más, si no se podría demostrar de varios modos al Sr. Netanyahu que tiene más que perder saboteando la paz que continuando con sus sueños del «Gran Israel». 
No voy a entrar en detalles pero pienso que el Consejo debería verdaderamente reflexionar sobre la posibilidad de presionar a Netanyahu para que se diese cuenta de que tiene que aceptar la oportunidad que se le presenta de conseguir la paz. 
Estamos acostumbrados a que la guerra estalle en el Oriente Medio con intérvalos de ocho años. 
La próxima vez sería en 1998, lo cual espero que podamos impedir con la ayuda de todos. 
Señor Presidente, en un momento en que el proceso de paz pasa por un estado de salud crítico, víctima de agresiones premeditadas y de múltiples provocaciones, no será necesario recordar aquí la apertura de un túnel en la ciudad árabe, los repetidas cierres que impiden que circule la población, la implantación de nuevos colonos extremistas, los castigos colectivos, las muertes provocadas por los atentados y la represión. 
Después de dos años de negociaciones paso a paso, con una autoridad palestina que controla el 7 % del territorio ocupado militarmente por Israel, debemos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, así como con los cientos de miles de ciudadanos israelíes, fervientes partidarios de la paz y respetuosos de sus vecinos árabes. 
Este acuerdo que hoy se nos propone es un factor de estabilización en toda la región. 
Su alcance político es, evidentemente, mucho más importante que el aspecto económico y financiero. 
La Unión debe estar presente in situ, en un momento en que el gobierno estadounidense, que a pesar de ello se había mostrado tan implicado, activo y, a veces, tan eficaz, parece que ahora tiene dificultades en limitar los ardores de un presidente de gobierno cizañero. 
Así pues, la Unión Europea debe mostrar su determinación a la hora de fomentar la paz y la justicia. 
Señor Presidente, respecto a las relaciones comerciales existentes entre la Unión Europea y Cisjordania y la franja de Gaza, la ganancia práctica del presente acuerdo con la OLP no es grande. 
Con anteriores medidas se logró liberalizar gran parte del comercio entre la Unión Europea y los territorios autónomos palestinos. 
No obstante, desde diversos lados se ha indicado que el acuerdo tiene sobre todo una importancia política. 
La mejora de las circunstancias económicas y sociales del pueblo palestino puede tener un significado positivo para el proceso de paz. 
Otra cuestión de importancia política es que la OLP y la Autoridad Palestina se comprometen a través del acuerdo a procurar que se respeten los derechos humanos fundamentales. También esto es importante en el marco del proceso de paz. 
Pero para relanzar el proceso de paz hace falta más. 
La administración palestina tendrá que hacer todo lo posible por poner fin a los terribles atentados criminales en Israel. 
La semana pasada, el lado israelí transmitió a través del Presidente Netanyahu al Presidente Clinton la propuesta de lograr dentro de seis meses acuerdos definitivos a través de unas negociaciones aceleradas sobre el estatuto de los territorios autónomos palestinos. 
La viabilidad de este plan es difícil de evaluar. 
Sea como fuere, el Gobierno norteamericano tendrá que seguir desempeñando un papel activo. 
En este sentido, no cabe esperar nada de eventuales medidas de presión. 
En la esperanza de que el acuerdo entre la Unión y la OLP contribuya al desarrollo económico de los territorios palestinos y suponga un estímulo para la administración palestina por lograr un acuerdo de paz seguro y definitivo con Israel, aprobamos el presente acuerdo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, nosotros, el Partido Liberal, celebramos en el acuerdo con la OLP el desarrollo y la profundización de la cooperación política, precisamente en lo que respecta a la consolidación de la democracia y al respeto a los derechos humanos en orden al aseguramiento de la paz y de la estabilidad en esta región, sacudida por la guerra. 
En este contexto celebramos también la inclusión de una cláusula sobre la democracia, que posibilita una suspensión del acuerdo en caso de graves violaciones de los derechos humanos. 
Sin embargo, rechazamos una mayor importación de productos agrícolas a la UE, pues con el exceso actual de la producción agrícola en el mercado europeo la importación de más productos agrícolas empeoraría la situación de las explotaciones campesinas y conduciría a otra caída de los precios. 
Puesto que los liberales nos hemos pronunciado desde siempre contra los transportes de animales vivos, en especial, hacia países muy distantes fuera de las fronteras de la UE, a causa de los sufrimientos insoportables que implican, consideramos un deber nuestro exigir la supresión de este párrafo en la propuesta de la Comisión que, lamentablemente, no se comenta en el informe del nuestro colega, el Sr. Alavanos. 
Señor Presidente, Señorías, todo el mundo lo reconoce, lo han dicho esta mañana y se preocupan por ello: la situación en Oriente Medio, en Israel y en los territorios palestinos es difícil, incluso peligrosa, cuando no explosiva. 
Quizá sea útil recordar que las razones de esto se hallan en el programa de los partidos gubernamentales israelíes, en la personalidad y las ideas del Sr. Netanyahu, en la reanudación de la colonización, pero también en los llamamientos a la violencia de ciertos grupos palestinos, en los atentados palestinos asesinos y en las tentativas de atentados, sin olvidar algunas declaraciones de las Autoridad Palestina. 
No creo que esto sea necesario ni útil ni tan siquiera positivo para que se reanude el proceso de paz, deseado por una gran mayoría del pueblo israelí y que muchos palestinos, a pesar de todo, siguen deseando. 
Para ello es preciso una acción internacional conjunta de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y el Presidente en ejercicio del Consejo ya ha recordado cuáles pueden ser sus modalidades. 
En esta fase quisiera felicitar al Sr. Moratinos, nuestro emisario europeo, por la calidad de su actuación y de su trabajo y por su tenacidad. 
Por este motivo, y aunque los acuerdos de Oslo lo permitan y no lo prohíban, debe detenerse la creación de nuevas colonias, no sólo por tratarse de un factor de tensión y de bloqueo a corto plazo, sino sobre todo porque esto no será gestionable a largo plazo por parte del gobierno que sea. 
Pero hay que denunciar y perseguir sobre todo al terrorismo, los llamamientos terroristas y todas las ideas que subyacen. 
No hay nada que pueda justificar el terrorismo. 
No puede haber compromiso sobre este punto. 
¿Quién se atrevería a decir lo contrario en Europa, en España, en Francia, en Gran Bretaña o en Irlanda, para citar sólo a algunos países? 
Paralelamente, debe seguirse con la plena cooperación económica con Israel y, por supuesto, debe acelerarse con la Autoridad Palestina. 
Por esta razón, en tanto que presidente de la delegación Europa-Israel, apoyo con todas mis fuerzas el Acuerdo Euromediterráneo Interino con la OLP, como también apoyé los acuerdos de Israel y del mismo modo que milito para darles una plena eficacia, rica en actuaciones y resultados concretos. 
Sin estos acuerdos, la idea misma de paz a través de la cooperación y la asociación se vería comprometida. 
Hago un llamamiento a tods a la reflexión sobre este último punto. 
Los próximos días serán decisivos. 
Ojalá se imponga el sentido común y con éste una paz que tanto necesitan todos los países de la cuenca mediterránea. 
Señor Presidente, Señorías, hoy, lamentablemente, cuando estamos debatiendo en este Parlamento el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y la OLP, la situación en esta zona se ha agravado de forma considerable y el proceso de paz peligra. 
Más que nunca, la Unión debe ejercer un impulso diplomático que posibilite el avance en las negociaciones para lograr la paz, adquiriendo el protagonismo que le corresponde. 
Como muchas veces hemos recordado en este Parlamento, la economía no basta por sí sola a reestructurar el equilibrio de la zona: la cooperación económica debe ir acompañada también de iniciativas políticas. 
Por ello, acogemos con satisfacción que el objetivo básico del acuerdo provisional consista en ofrecer un marco adecuado para un diálogo global que permita el desarrollo de estrechas relaciones entre las partes, así como la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales, apoyando el desarrollo económico y social de los territorios palestinos. 
Esta satisfacción es extensiva al acuerdo complementario que, bajo la forma de una declaración conjunta sobre el diálogo político, propone fortalecer las relaciones entre las partes mediante una coordinación periódica sobre los temas de interés común, como la paz, la seguridad, la democracia y los derechos humanos. 
Pero todos estos aspectos positivos, Señorías, -como decía anteriormente- peligran por el bloqueo del proceso de paz. 
La seguridad, la paz y la estabilidad en la región constituyen un bien común para todos- que debemos comprometernos, desde este Parlamento, a fortalecer y a reforzar-. 
Y es por ello que, desde esta tribuna, hago un llamamiento formal a la comunidad internacional a reforzar el diálogo con las partes para restablecer el espíritu de Oslo y exigir su cumplimiento, lo que conlleva la paralización de los asentamientos judíos en Jerusalén Este y, por parte de la Autoridad Nacional Palestina, el compromiso de garantizar la seguridad en la zona, controlando los movimientos y manifestaciones extremistas de grupos que han encontrado un caldo de cultivo apropiado para enturbiar, aún más, el proceso de paz. 
Señorías, ya termino. 
No permitamos que- como decimos en España- «a río revuelto, beneficio de pescadores». 
Y es precisamente a esos «pescadores» a quienes beneficia el incumplimiento de los acuerdos de paz. 
Señor Presidente, el acuerdo interino de asociación con la Autoridad Palestina cristalizó a una velocidad inaudita, y el proceso no siempre se ha desarrollado correctamente. 
Concretamente, la Comisión de Asuntos Exteriores no tuvo en cuenta un dictamen importante de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, y es una lástima. 
No obstante, ello no influye en la nueva situación que ha surgido para los palestinos, que ahora tienen derecho a recibir el dinero de los fondos MEDA. 
Esto significa un aumento de las posibilidades de desarrollo en los territorios palestinos, pero también un mayor diálogo entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina. 
Se trata de un acuerdo provisional, lo cual implica que todavía no puede celebrarse el diálogo político pleno al respecto, pero en todo caso se trata de un acuerdo que puede fomentar el desarrollo socioeconómico de toda la región y como tal crea estabilidad y es bueno para el proceso de paz. Nos hallamos en vísperas de la conferencia de Malta y queremos ver reafirmada la iniciativa de Barcelona. 
Evaluamos lo que ha salido bien y lo que ha salido mal, y queremos avanzar en el ámbito de la seguridad, la política económico-financiera y la política sociocultural. 
La Autoridad Palestina participará en esta conferencia de Malta en su nueva calidad de socio de la Unión Europea, que es una posición mejor de la que tenía en el pasado. 
Me complace mucho que hoy debatamos el informe del Sr. Alavanos en una fase temprana con miras a esta conferencia. 
Todos sabemos que en la región tienen lugar desarrollos muy turbulentos y a veces negativos, pero finalmente este acuerdo contribuirá a un desarrollo positivo en Oriente Medio. 
Señor Presidente, la paz en el Próximo Oriente sólo se alcanzará aplicando correctamente en tiempo, fondo y forma el Acuerdo de Oslo. 
Esa aplicación está, en estos momentos, obstaculizada por la inaceptable política del Sr. Netanyahu, cuyo último episodio ha sido el comienzo de la construcción de un nuevo asentamiento en Jerusalén oriental, violando todas las normas del Derecho internacional. 
La Unión Europea debe jugar un papel activo y autónomo en el apoyo al proceso de paz. 
Por ello, apoyamos tanto la puesta en marcha del acuerdo con la Organización para la Liberación de Palestina, en beneficio de la ANP, como las gestiones del enviado especial de la Unión Europea a la región, don Miguel Ángel Moratinos, incluyendo la propuesta de código de conducta para las partes. 
Pero eso no basta. 
La Unión debería presionar con firmeza al Gobierno de Tel Aviv, con todos los medios a su alcance, para que cumpla lo pactado. 
Y yo creo que debería contemplarse la suspensión del Acuerdo interino Unión Europea-Israel. 
Asimismo, considero que la Unión debería proponer a los Estados Unidos, en la persona del Sr. Clinton, actuar en similar dirección, incluyendo esta propuesta en el marco de la relación transatlántica. 
Señor Presidente, en vísperas de la reunión de Malta el proceso de paz está herido y es de esperar que no sea de muerte. 
Lo que es claro es que esta situación condiciona de manera decisiva el desenlace de la reunión de La Valleta, porque no hay que olvidar que los Acuerdos Euromediterráneos son la primera oferta para que Israel pueda salir de la situación de enclave en que ha vivido desde su creación. 
Quiero decir dos cosas. 
La primera, en relación con la declaración de la Presidencia del Consejo que hay que acoger con satisfacción, sobre todo viniendo de la Presidencia que viene- no he olvidado el papel que jugó Holanda cuando Israel y España superaron un contencioso de más de 500 años-. 
Creo que la declaración ha sido muy clara y, ya que siempre nos estamos quejando en relación con la política exterior, por una vez hay que aplaudir lo que afirma el Consejo cuando dice que lo que está ocurriendo es contrario a las declaraciones de la ONU y que la política de asentamientos va en contra no sólo de los acuerdos de Oslo sino de las declaraciones que ha hecho la ONU, desaconseja claramente las implantaciones, lo reitera por último y manifiesta su oposición al terrorismo. 
Y yo añadiría también que no podemos permanecer impasibles ante una política que puede llevar a un pueblo entero a la desesperación y anular su liderazgo. 
Y señalaría que en este momento creo que es muy necesario que reafirmemos nuestro compromiso con el proceso de paz y que afirmemos nuestro papel complementario y paralelo de los Estados Unidos sabiendo que la negociación siempre se tendrá que hacer entre israelíes y palestinos como ha ocurrido en el pasado y como ocurrió también en anteriores procesos de paz- y pienso, por ejemplo, en Camp David, en donde un predecesor del Sr. Netanyahu como líder del Likud dió el paso en relación con Egipto-. 
Es muy importante restablecer el clima de confianza y que se adopte un código de conducta como el que está tratando de sacar adelante el embajador Moratinos. 
Hay que favorecer ese proceso de diálogo, y es inaceptable que un proceso que está en la línea de las resoluciones de la ONU, de la Conferencia de Madrid, de la de Oslo y lo que ha venido después- y ahí está nuestro acuerdo con la Autoridad Palestina- se agote en 6 meses, rompiendo además la confianza, y lleve a la creación de bantustanes. 
Y en este sentido, creo que nuestro acuerdo, criticado por Israel, abre la posibilidad para que se den pasos concretos. 
En mi opinión, el que, por ejemplo, se autorice el puerto de Gaza, el aeropuerto de Gaza, corredores seguros, es algo importante y ahí Israel podría dar un signo positivo. 
En caso contrario, nos veremos en la obligación de tomar decisiones más serias en relación con nuestras relaciones comerciales con Israel. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, tenemos que abordar cuatro cuestiones en este breve aunque, sin duda, necesario debate. 
La primera cuestión se refiere a la celebración de un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina. 
Tras felicitar al Sr. Alavanos por su labor y su propuesta, quiero subrayar también que se trata de un paso positivo y necesario, tanto para las relaciones de la Unión Europea con la Autoridad Palestina, como para el conjunto del proceso de paz y de la cooperación euromediterránea. 
Por consiguiente, apoyo su propuesta. 
La segunda cuestión es la del proceso de paz. 
No creo que sea necesario repetir lo que todos ustedes saben con respecto a los últimos sucesos. 
Sí es necesario y constituye un deber de la Unión Europea hacer todo lo posible para salvar al proceso de paz. 
En este sentido, acojo con gran satisfacción lo que ha dicho hoy el Presidente en ejercicio del Consejo en esta Asamblea. 
La tercera cuestión se refiere a la coordinación entre las partes implicadas: Europa y Estados Unidos. Es probable que Estados Unidos, por el hecho de ser un Estado con una política exterior propia, esté en una posición más favorable; sin embargo, Europa puede hacer mucho. 
Allí está el enviado especial, el Sr. Moratinos, que está realizando un trabajo excelente. 
No obstante, debemos concederle más ayuda y más medios, además de nuestro respaldo político, para que pueda llevar a cabo su trabajo. 
La cuarta y última cuestión es que este debate tiene lugar apenas una semana antes de la II Conferencia Euromediterránea, que tendrá lugar en Malta. 
La II Conferencia Euromediterránea ofrece otra oportunidad para que Europa establezca un nuevo marco, cuya base serían las medidas de creación de confianza en la región, como primer requisito para salvar lo poco que queda, lamentablemente, del proceso de paz. 
Señor Presidente, Señorías, voy a ser breve, porque en última instancia en lo relativo al acuerdo de la Unión Europea con la Autoridad Nacional Palestina y a la situación creada respecto al proceso de paz en Oriente Medio, la Comisión Europea suscribe íntegramente la presentación que ha sido hecha por el ministro Sr. Patijn y poco tenemos que añadir. 
En consecuencia, si ustedes me lo permiten, voy a responder a algunas de las intervenciones con objeto de precisar el punto de vista de la Comisión Europea, en lo que se refiere al acuerdo con Palestina, a la situación en Oriente Medio, y a la cita de la próxima semanamartes y miércoles en Malta en La Valetta- en lo que concierne a la Conferencia Euromediterránea. 
En primer lugar, el acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina es un acuerdo que, independientemente de su contenido, que es reducido dada la situación actual de la economía palestina, tiene una gran importancia política. 
Porque, en último término, desde el punto y hora en que los palestinos asistieron a la Conferencia de Barcelona y firmaron el proceso de Barcelona, era necesario, como usted señala muy bien en su informe Sr. Alavanos, responder- y este es el interés político de la operación- situando a la Autoridad Nacional Palestina al mismo nivel de relaciones institucionales, económicas, financieras y de cooperación que el resto de los países del Mediterráneo. 
Por decirlo de otra manera, desde el punto de vista de la formulación jurídica, este acuerdo no es el mismo que el acuerdo con Israel, con Túnez, con Marruecos, con Jordania o con Egipto. 
Pero sin embargo, desde el punto de vista de su contenido y de su vocación de futuro, es obvio que es exactamente igual. 
Algún día, tal vez cuando deje de ser Comisario, les podré contar a ustedes los obstáculos y presiones de todo tipo que hemos tenido que sortear para poder concluir este acuerdo. 
Pero finalmente es positivo que lo haya firmado el Consejo de Ministros y es positivo que el Parlamento Europeo se declare unánimemente a favor. 
Segundo comentario, la situación en Oriente Medio. La situación en Oriente Medio ha sido perfectamente descrita por el Sr. Patijn y por la mayoría de los parlamentarios. 
La última semana hemos tenido la posibilidad, conjuntamente con el Presidente del Consejo de Ministros Sr. van Mierlo, de iniciar una gira por todo el Mediterráneo al objeto de ver cuál era la situación sobre el terreno, pensando también en la reunión de la próxima semana en La Valetta y en Malta. 
Después de haber tenido la posibilidad de hablar con los distintos interlocutores, acompañando al Sr. van Mierlo, les puedo confirmar que la situación es muy seria y francamente grave. 
No se trata en este momento de un problema de mal humor expresado por la Liga Árabe. 
Tampoco se trata de un posicionamiento político que puede cambiar de un momento para otro. 
El tema es muy serio. 
Hay un problema básico que consiste en que, como se ha señalado muy bien entre otros por el Sr. Barón, simplemente no se están respetando ni los acuerdos de Oslo ni las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Y se ha creado en el conjunto del Mediterráneo la idea, justificada o no, de que Israel, o el Gobierno israelí, pretende trabajar sobre el criterio de la total impunidad internacional. 
Lógicamente, esto ha creado un problema de confianza muy serio y muy grave respecto al proceso mismo. 
La iniciativa tomada por la Presidencia del Consejo de Ministros, después de la reunión del lunes sobre la cooperación política, y la propuesta introducida por el embajador Moratinos son, en mi opinión, una forma inteligente y apropiada de conseguir algo que a la Comisión Europea le parece un punto fundamental. 
Si se iniciara, naturalmente bajo la forma que decidan los dos interlocutores, israelíes y palestinos, una nueva negociación bajo otra forma distinta de la que hemos vivido, es evidente que esta vez sería incomprensible que la Unión Europea no participara en el proceso. 
La Unión Europea en este momento debe participar en el proceso. 
Esto es algo que interesa a Israel, esto es algo que interesa a los palestinos, pero yo me atrevo a decir que esto es algo que interesa también y en primer lugar a los Estados Unidos. 
Y, en esta ocasión, la Unión Europea, desarrollando una tarea complementaria, debería poder participar directamente en las negociaciones. 
En consecuencia, hay que apoyar firmemente las gestiones del embajador Moratinos, hay que apoyar la carta, y yo se lo pido al Parlamento, enviada por el Sr. van Mierlo a Estados Unidos y hay que apoyar la idea de que el código de conducta presentado por el Consejo de Ministros de la Unión es la única vía razonable para poder encontrar rápidamente una solución a este problema que se puede degradar. 
En tercer lugar, La Valetta. Una de las cuestiones que más nos preocupó y que conseguimos a duras penas fue precisamente desligar el proceso de paz de Oriente Medio de la Conferencia Mediterránea. 
Piensen que en el contexto del proceso de paz, la Liga Árabe ha vuelto a decretar el boicot, la retirada de todos los grupos multilaterales y el cierre de las oficinas de representación política y secciones de intereses, cosa que se está ejecutando, dentro de los países árabes más moderados o que habían iniciado ya un acercamiento con Israel. 
Eso pasó el Jueves Santo. 
Ese mismo día, sin embargo, la parte árabe consideró que no convenía contaminar la reunión de La Valetta y que el proyecto mediterráneo tenía su propio contenido y su propia fuerza para seguir adelante. 
Naturalmente, no les oculto que el contexto de La Valetta no es el mismo que el contexto de Barcelona. 
En Barcelona era el momento de la euforia de la paz, se había firmado el acuerdo de Washington, la situación era de un cierto relajo político, intelectual y económico. 
La reunión de La Valetta se presenta en un contexto de enorme dificultad, por lo que habrá que manejar tanto el comunicado final como las resoluciones de la manera más fina posible al objeto de que podamos mantener la plataforma mediterránea como un elemento diferenciado y que no está predeterminado por el proceso de paz. 
La lógica del Sr. Patijn, es la lógica correcta. 
Barcelona, el proceso mediterráneo, no es el proceso de paz, pero qué duda cabe de que desde este proceso se puede alimentar el diálogo en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento. 
Esto es lo que quería decir en nombre de la Comisión, agradeciéndole una vez más al Sr. Alavanos su informe y, en general, al Parlamento Europeo la acogida que han tenido hacia este acuerdo, cuya negociación ha sido muy difícil y complicada. 
Señor Presidente, acabo de regresar de Palestina e Israel y quisiera hacer una pregunta al Presidente en ejercicio. 
Hoy todo el mundo se ha mostrado muy comprensivo con el embajador Moratinos, pero yo creo que a la Unión Europea se la ha apartado totalmente del proceso. 
Ni los israelitas ni los americanos nos quieren dar ningún papel significativo. 
Espero realmente que el embajador tenga allí mucho éxito en sus gestiones, pero con Gaza cerrada durante tres semanas, la fruta pudriéndose en las calles y las cabras alimentándose de claveles, algo va a estallar allí muy pronto. 
Me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si ve alguna posibilidad de que intervenga ahora Thiérry Larsson, quien tuvo tanto éxito en el acuerdo de paz de Oslo. 
Creo que este tipo de experiencia es de vital importancia y que nos hace falta enseguida algún tipo de gesto político audaz a fin de que no se derrumbe todo el asunto en torno nuestro. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Comunicación del Presidente 
Tengo el placer de comunicarles que en el campeonato de la copa de Adelboden del 3 al 6 de abril de 1997, competición de esquí de parlamentarios y parlamentarias europeos, el equipo del Parlamento Europeo constituido por los Sres. Ebner y Nassauer ha conseguido el segundo puesto en la clasificación por equipos. 
Le damos la enhorabuena. 
Votaciones 
Señor Presidente, la votación de mi informe se ha aplazado al día de hoy para permitir a los miembros de la comisión recabar una mayor información del Comisario Flynn, quien no tuvo la oportunidad de estar presente durante el debate del lunes. 
Así pues, señor Presidente, le ruego que conceda la palabra al Comisario para que todos los presentes podamos escuchar esta importante intervención. 
La propuesta sometida a la Asamblea supone la modificación de una directiva de 1990. 
La actual propuesta tiene dos objetivos: en primer lugar, ampliar el ámbito general de aplicación de la directiva de 1990 a fin de que abarque todos los preparados: farmacéuticos, cosméticos y plaguicidas; en segundo lugar, imponer unos valores límite específicos para las concentraciones atmosféricas de benceno. 
Hay que señalar que el benceno será la primera de una serie más amplia de sustancias carcinógenas que se tratarán de esta manera. 
En la primera lectura, el Parlamento Europeo propuso algunas enmiendas, de las que la Comisión aceptó once. 
Cinco de ellas se han incluido en la posición común adoptada por el Consejo. 
Seis se han omitido primordialmente por la falta de datos y pruebas técnicos que las apoyen. 
La Comisión se mostró dispuesta a aceptar la posición común por dos razones. 
En primer lugar, significaba que se podía alcanzar el acuerdo sobre la primera sustancia, creando con ello un precedente para otras de su categoría. 
En segundo lugar, ofrecía la posibilidad de un gran avance en un conjunto más amplio de medidas de salud y seguridad. 
En la segunda lectura, el Parlamento Europeo propone introducir algunas enmiendas que se habían omitido de la posición común del Consejo. 
La Comisión, al igual que en la primera lectura, sigue dispuesta a aceptar el contenido general de las enmiendas del Parlamento. 
Pero en ausencia de las necesarias enmiendas técnicas y datos técnicos de apoyo, se ve obligada a aceptar la reticencia del Consejo a asumir obligaciones jurídicas específicas en este momento. 
Ante este telón de fondo, la Comisión no está dispuesta a aceptar las enmiendas núms. 1 a 10 del informe de la Sra. Ojala. 
En el momento de aprobar la posición común, la Comisión declara su intención de presentar propuestas específicas acordes con las enmiendas del Parlamento tan pronto como resulte posible. 
Cuando llegue el momento de aprobar definitivamente la propuesta, tiene la intención de reiterar formalmente este propósito en el Acta del Consejo. 
En lo que respecta a la enmienda nº 11, introducida con el propósito de adelantar al 31 de diciembre de 1998 la fecha en la que los Estados miembros deberán haber puesto en vigor todas las leyes nacionales necesarias para dar cumplimiento a la directiva de modificación, la Comisión está dispuesta a aceptar la enmienda y presentar al Consejo una propuesta modificada sobre este punto. 
La Comisión está convencida de que la propuesta, según figura en la posición común, unida a la enmienda nº 11 representaría un verdadero progreso, opinión que comparte la ponente- le doy las gracias por ello- y que consta en la página final de su informe. 
Confío en que la Sra. Ojala y los demás diputados de la Asamblea que expresaron ciertas preocupaciones sobre la posición adoptada por el Consejo en el debate del lunes por la tarde se queden ahora tranquilos sobre mi intención de dar respuesta de un modo práctico a todas las peticiones del Parlamento. 
Señor Presidente, una vez oída la posición del Comisario Flynn, desearía señalar que he expuesto mis propias recomendaciones de voto por lo que respecta a estas enmiendas y que la recomendación de voto numero 11, a la que yo misma presenté una enmienda oral relativa al año 1999, es innecesaria. 
Así pues la retiro, ya que el Comisario ha señalado que la Comisión está dispuesta a aceptarla a partir del año 1998, tal como recoge la propuesta presentada por los Verdes. 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Señor Presidente, tenemos un acuerdo con la Comisión y el Consejo que debería evitarnos tener que pasar a una tercera lectura. 
Anoche el Sr. Comisario afirmó que quería hacer algunos cambios de redacción muy secundarios en las enmiendas sobre las que estamos a punto de votar. 
Me alegra mucho poder recomendar los cambios que propuso la Comisión, pues suponen una mejora. 
Lo que no deseo es dejar de votarlos ahora y tener que activar todo el procedimiento de conciliación sobre algo tan secundario. 
Así pues, si la Comisión es capaz de presentar sus propuestas mejoradas, yo pediría a la Asamblea que las apoyaran en esa forma. 
Señor Presidente, confirmo que las dos enmiendas, presentadas en su redacción actual, pueden ser perfectamente aceptadas por la Comisión. 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Lehne, pero en contra de la enmienda nº 16. 
Los socialdemócratas opinan que debe ser posible impedir la participación de una entidad de crédito en el sistema de pagos interbancario, si ésta no presenta garantía suficiente para los pagos que quiere se realicen. 
Si esta posibilidad no existiese, aumentaría el riesgo de que el sistema de pago sufriese pérdidas, que habrían de ser soportadas por los demás participantes en el sistema, en el caso de que una institución financiera quebrara. 
Conforme al artículo 3 de la propuesta de directiva, cualquier transacción notificada será incluida en el sistema de pagos interbancario, aun en el caso de que la entidad de crédito no haya presentado garantía suficiente para cubrir los pagos. 
No obstante, conforme al punto 2 del apartado 1 del artículo 3, un sistema de pagos puede decidir que las órdenes de pago no se consideren cursadas, hasta que se haya comprobado que no habrá problemas con el pago porque las entidades de crédito tienen suficiente cobertura o han presentado garantía suficiente. 
Debido a lo expuesto anteriormente, no sería recomendable eliminar el punto 2 del apartado 1 del artículo 3 y, en consecuencia, los socialdemócratas han votado en contra de la enmienda nº 16. 
Puesto que el arsénico se cuenta entre los metales pesados transportables, las sustancias especificadas en la enmienda nº 5 deberían ser incluidas realmente en la evaluación científica. 
Compuestos químicos de este tipo se pueden depositar en las células humanas, de tal manera que pasan a la leche materna y por este medio resultan afectadas las generaciones siguientes. 
En especial, hay riesgo de estas combinaciones de metales pesados en la interacción con otras sustancias contaminadoras del medio ambiente como, por ejemplo, hidrocarburos fluorclorados y ciánidos que todavía siguen empleándose en la industria, aunque existen alternativas a los mismos. 
La lucha contra sustancias químicas que están distribuidas en forma de vestigios en amplias capas de la humanidad es extremadamente difícil. 
Por consiguiente, es preciso aspirar a que los productos químicos nocivos para la salud se utilicen y se comercialicen de tal manera que se imposibilite su propagación ni siquiera en forma de vestigios. 
En el caso de sustancias nocivas como los compuestos de arsénico, los ciánidos y los hidrocarburos clorados hay que tener especialmente en cuenta que el daño en la salud no se produce inmediatamente, sino que las enfermedades, como el cáncer, pueden aparecer algunos decenios más tarde. 
La propuesta de la Comisión de modificar la Directiva 91/439/CEE tenía por objeto únicamente fijar las condiciones por las que el titular de un permiso de conducción puede conducir un vehículo, mediante códigos inequívocos para toda la Unión. 
El Parlamento Europeo aprovechó desde un principio la propuesta para introducir otras modificaciones de mayor calado, relacionadas con el permiso de conducción. 
Así, en la primera lectura se propuso, entre otras cosas, el permiso de conducción con el sistema de puntos y el reconocimiento mutuo de la retirada del permiso de conducción. 
Sin embargo, la Comisión Europea y el Consejo consideran que estas añadiduras no entran en el ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión. Por ello, las propuestas del Parlamento Europeo no han sido incluidas en la posición común. 
A pesar de ello, en su recomendación para la segunda lectura, la Comisión de Transportes y Turismo ha vuelto a incluir el reconocimiento común entre los Estados miembros de las sanciones vinculadas a la autorización de conducir. 
En la exposición de motivos de la recomendación leemos que «el reconocimiento mutuo constituye una condición fundamental para lograr realmente la libre circulación de personas en un mercado.» 
Aunque comparto la opinión de la Comisión de Transportes de que las infracciones de tráfico graves en un Estado miembro deberían tener consecuencias para la autorización de conducir en toda la Unión, considero exagerado y poco convincente que la Comisión de Transportes apele ahora a la libre circulación de personas. 
Estoy de acuerdo con la Comisión Europea y el Consejo en que el reconocimiento de una suspensión o retirada del permiso de conducir entra en las disposiciones del tercer pilar y por tanto no está incluido en el ámbito de aplicación de esta propuesta. 
Una propuesta de un reconocimiento de este tipo no puede fundamentarse en el artículo 75, sino que ha de fundamentarse en los artículos K, con las competencias correspondientes para el Parlamento Europeo. 
Por estas razones he votado contra las enmiendas y la recomendación de las Comisión de Transportes. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy en contra de la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción. 
Las dos enmiendas de la recomendación preparan para la posibilidad de que la suspensión o retirada del derecho de utilización del permiso de conducción en un país lleve automáticamente a su retirada en los demás Estados miembros. 
Los socialdemócratas votan en contra de la recomendación, ya que la transformación de una materia penal en un asunto supranacional es incompatible con las reservas danesas respecto a la participación en la cooperación en materia jurídica y de política interior. 
La propuesta danesa en cuanto a las normas comunes para la suspensión o la retirada del permiso de conducción es que se establezca una red de intercambio de información entre las autoridades nacionales, a fin de que cada país se encuentre en condiciones óptimas para decidir sobre la suspensión o retirada del permiso de conducir, cuando éste haya sido suspendido o retirado en otro país. 
Deseo precisar las motivaciones de mi voto relativo al proyecto de recomendación para la segunda lectura justo después de la posición común fijada por el Consejo y referida al permiso de conducir. 
Esta propuesta de Directiva tiene por objeto definir un sistema de códigos armonizados aplicables a las menciones que deben figurar en los permisos de conducir del modelo comunitario expedidos por los Estados miembros. 
Estas especificaciones resultan, pues, especialmente útiles para la vida cotidiana de los usuarios de la carretera en Europa. 
Sobre todo aportan una coherencia en los documentos administrativos que refuerza y concreta la sensación de ciudadanía de los habitantes de la Unión Europea. 
Por estos motivos, me he pronunciado de manera favorable sobre la posición común fijada por el Consejo. 
El ponente sobre este tema, Sr. Farassino, deseaba por su parte que se modificara esta posición común, esto es, el mutuo reconocimiento entre los Estados miembros de las disposiciones que se refieran a la suspensión o a la retirada del permiso de conducir. 
Considero, en nombre del grupo UPE y en el mío propio, que las dos enmiendas del Sr. Farassino no deben aprobarse en el marco de la decisión del Parlamento. 
La idea de un mutuo reconocimiento sobre la suspensión o la retirada del permiso de conducir puede considerarse totalmente admisible en sí misma. 
Pero creo sencillamente que no tiene cabida en un texto que trata de definir un sistema de códigos armonizados que han de introducirse en los permisos de conducir. 
Asimismo considero que tal reconocimiento no se desprende de las competencias comunitarias en el sentido del artículo 75 del Tratado. 
Por lo tanto, al votar a favor de este proyecto de recomendación en segunda lectura, nos hemos ceñido a la posición común del Consejo, que representa un éxito en la vía de una armonización «funcional» de las reglas europeas y una mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Informe Palacio Vallelersundi (A4-0030/97) 
Pensamos que el derecho de participación juega un papel importante para el derecho del creador a las compensaciones. 
Por eso nos causó satisfacción que entrase en vigor esta legislación en Suecia el 1 de enero de 1997. 
No obstante, no pensamos que la cuestión tenga que armonizarse a nivel europeo en base a nuestros principios, pero sobre todo porque nos parece innecesario. 
Está disminuyendo el número de grandes subastas que se trasladan a otros Estados miembros donde todavía no se ha regulado este sector. 
Tampoco la necesidad de protección de las ventas de obras de menor valor justifica una armonización, puesto que estas obras encuentran mercados casi exclusivamente dentro de los Estados miembros. 
El derecho de participación es el derecho de un autor de una obra original (salvo manuscritos) o de su derechohabiente, hasta transcurridos 70 años post mortem auctoris, a obtenrr una participación económica en las sucesivas reventas de su obra. 
En el seno de la Unión Europea, el derecho de participación es objeto de disposiciones legislativas en once Estados miembros, pero sólo se aplica realmente en ocho Estados. 
No se menciona en la legislación neerlandesa, austriaca, irlandesa e inglesa. 
Es importante, por lo tanto, armonizar este derecho de autor, sobre la base del artículo 100 A (armonización en materia de propiedad intelectual) , con el propósito de poner fin a las distorsiones de la competencia y a las discriminaciones que afectan sobre todo a los artistas de obras plásticas en función del país en que se venden dichas obras. 
Recordemos aquí que los autores de obras plásticas, a diferencia de los autores de obras literarias, musicales y audiovisuales, sólo se benefician de una fuente de ingresos principal: la de la primera materialización de su esfuerzo creativo. 
El derecho de participación aparece como un derecho de restitución con el fin de permitir que el autor obtenga beneficios de su obra. 
Además de estos imperativos de orden económico, resulta indispensable proteger y promover la creación artística, que constituye la identidad de la cultura europea. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe sobre la propuesta de directiva relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. 
En la Europa actual, muchos autores de obras de arte originales no obtienen un porcentaje del precio de una obra después de haberla vendido. 
Algunos Estados miembros- entre ellos Dinamarca- han intentado remediar este problema mediante un régimen de derecho de participación, que garantiza al autor determinado porcentaje del precio de venta de la obra por tercera, cuarta vez, etc. No obstante, este régimen ha hecho que surja otro problema: para evitar el pago de los derechos, los marchantes, etc. venden las obras de arte en países en los que no existe una legislación sobre el derecho de participación. 
Las propuestas que hemos votado favorablemente significarán sobre el papel un deterioro de las condiciones económicas de los artistas daneses. 
No obstante, no están muy alejadas de la legislación danesa vigente en materia de derecho de participación. 
Además, están redactadas de tal forma que tienen la posibilidad de ser aprobadas por el Parlamento Europeo. 
Con la propuesta de directiva contribuiremos, en primer lugar, a garantizar a los artistas de todos los Estados miembros una retribución más acorde con la valoración de su trabajo en el mercado. 
En segundo lugar, evitaremos la distorsión de la competencia. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Holm y Lindholm (V) , Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(SV) Hemos votado contra este informe porque pensamos que no es necesaria una armonización de la categorización de obras de arte. 
Esta categorización debería realizarse dentro de las legislaciones nacionales. 
También pensamos que la cuestión de todo aquello que se pueda considerar como original es un tema puramente cultural y debe decidirse a nivel nacional. 
Este informe no conserva el equilibrio necesario entre los intereses comerciales y los artísticos, y constituye un marcado empeoramiento para los artistas nórdicos. 
No tiene en cuenta a los mercados pequeños y nacionales, ni tampoco a los de arte donde exponen sobre todo los artistas jóvenes cuyos precios son más bajos, a menudo por debajo de los 1.000 ecus. 
La propuesta de institucionalizar en una directiva comunitaria los derechos de los autores de obras plásticas y gráficas es positiva. 
Por una parte, porque esos derechos no están amparados en todos los Estados miembros y, por otra parte, porque existen divergencias muy importantes entre las diferentes legislaciones con respecto a las obras incluidas en el ámbito de aplicación, así como a la titularidad y a los derechos que se han de percibir. 
Ahora bien, como base para la armonización de las legislaciones deben garantizarse, como mínimo, los derechos existentes. 
En ningún caso aceptaríamos que la armonización se utilizara para recortar los derechos y los ingresos que ya tienen los autores. 
No estamos conformes con la propuesta de la Comisión de amparar los derechos correspondientes a las transacciones de un importe superior a 1.000 ecus. 
Esta medida excluiría una gran parte de las operaciones de compraventa, que se refieren principalmente a las obras de artistas jóvenes. 
Nosotros proponemos que, de acuerdo con las demandas de las asociaciones de artistas, se baje el umbral al menos hasta el importe de 500 ecus. 
La propuesta de la Comisión sobre los tramos de precios no nos parece satisfactoria, porque, conforme a las normas vigentes en esta materia en los Estados miembros, esto conduciría a una reducción de los ingresos de los autores. 
Es inaceptable la enmienda propuesta por la ponente, ya que, en caso de ser aprobada, sobre todo por lo que respecta a la ampliación del tramo superior, tendría consecuencias nefastas para los artistas. 
En cambio, nosotros solicitamos, también mediante enmienda y en atención a la demanda de las asociaciones de artistas, que las percepciones sean del 5 %, 3 % y 2 % sobre el precio de venta para tramos que oscilarían, respectivamente, entre 500 y 50.000, entre 50.000 y 250.000 y por encima de los 250.000 ecus. 
No estamos conformes tampoco con la limitación de las copias protegidas, como propone la ponente, ni con la eliminación de los manuscritos del ámbito de aplicación de la directiva. 
En cambio, consideramos positivo el refuerzo del carácter inalienable del derecho de participación, para evitar que el autor sea objeto de explotación y represalias y garantizar, en la medida de lo posible, un equilibrio en relación con los derechos de los autores de otros tipos de obras originales. 
Por los motivos mencionados, salvo en caso de que se aprueben nuestras enmiendas, no votaremos a favor del informe. 
Informe Ford (A4-0110/97) 
Señor Presidente, el informe del Sr. Ford, al que nos oponemos, propone que se cree un nuevo «artilugio» antirracista, es decir, un nuevo medio de opresión para los hombres libres, ya que en toda Europa la ideología antirracista se ha convertido en una policía de las ideas, con sus agentes, sus jueces serviles y sus kapos de prensa. 
La situación es especialmente grave en algunos países, como en los Países Bajos. 
Por el hecho de haber declarado que «Cuando el Centro Democrático llegue al poder, acabaremos con la sociedad multirracial» , lo que constituye un objetivo perfectamente defendible, el Presidente del Centro Democrático neerlandés, el Sr. Janmaat ha sido condenado a dos semanas de prisión firme por un juez frenético, el Sr. Van den Heuvel, que de este modo ha deshonrado a la justicia holandesa. 
Que quede claro que si mantiene esta condena por un delito de opinión en la instancia de apelación, los diputados del Front National y del Vlaams Blok solicitarían poder visitar al Sr. Janmaat en la cárcel. 
Nuestro Parlamento se preocupa de la defensa de los derechos humanos en el mundo. 
La justicia antirracista de los Países Bajos no es mejor que la de Pekín o Jakarta. 
En muchos informes que tramitamos en el Parlamento se defiende la creación de nuevas instituciones y órganos. 
También es este el caso del informe que nos ocupa. 
Casi nunca tropezamos con un informe que proponga que se desmantele una institución o una agencia. 
Dudamos de que el Observatorio europeo para la vigilancia de los fenómenos del racismo y la xenofobia sea el modo correcto de contrarrestar los prejuicios de la sociedad. 
El objetivo es muy loable, pero nosotros vemos muchos otros costes sociales como de mayor prioridad en la lucha contra el paro y la pobreza en Europa. 
La creación de este centro tendería lamentablemente a una gran producción de documentos, al tiempo que muy poco de todo esto afectaría a la vida cotidiana de los ciudadanos. 
A pesar de que votamos en favor del informe, queremos dejar constancia de nuestras reservas, de conformidad con lo expuesto. 
Hemos decidido no votar a favor del informe del Sr. Ford sobre la creación de un Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos. 
En primer lugar, el Consejo de Europa se ha dedicado intensamente a este tema durante años y ha llevado a cabo, entre otras cosas, una campaña muy lograda, dirigida a la juventud, sobre racismo, antisemitismo, intolerancia y xenofobia, en cooperación con una serie de organizaciones juveniles y movimientos antiracistas. 
Opinamos que el Consejo de Europa es muy competente en este tema, por lo que nos parece lo más adecuado que siga encargándose de este trabajo. 
No acabamos de ver la necesidad de un Observatorio comunitario en esta materia, sobre todo sabiendo que el Consejo de Europa incluye a muchos más países y que su trabajo tiene mayor alcance. 
En segundo lugar, no nos convence el fundamento jurídico elegido, esto es, el artículo 235. 
Estamos en contra de una ampliación del ámbito de competencias de la UE. 
Opinamos, naturalmente, que hay que luchar contra los fenómenos racistas y xenófobos, pero, como ya hemos dicho, no estamos convencidos de que la Unión Europea sea el mejor marco para este tipo de actividades. 
Informe Randzio-Plath (A4-0111/97) 
Señor Presidente, tenemos que pronunciarnos sobre un informe relativo al crecimiento y al empleo, tema casi humorístico cuando hay unos veinte millones de desempleados y cerca de dieciocho millones de personas sin hogar. 
Es verdad que la Comisión Europea nos ha dicho que todo va muy bien: la inflación está controlada, los tipos de interés tienden a bajar, volverá el crecimiento- no se sabe cuándo -, ¡pero volverá! 
¡Sin duda habla por boca de la virtud teologal de la esperanza! 
La Sra. Randzio-Plath nos hace, por cierto, un excelente examen clínico de la situación. 
Se nos dice que Europa es la enferma del planeta. 
Es cierto que hay paro en grandes cantidades, es cierto que la demanda es débil y es cierto que existen desigualdades abismales entre ricos y pobres, es cierto que la distribución de la riqueza es tal que ésta se desplaza de abajo para arriba. 
Allí donde flaquea más la demostración es en lo referente a las causas. 
La Comisión Europea afirma que todo es culpa de la oferta. 
Pero no por mejorar la oferta de arena en el Sáhara se logrará que haya demanda. 
Así que está claro que el problema viene de la demanda y no de la oferta. 
¿Qué es lo que bloquea la demanda? 
Pues es la fiscalidad excesiva. 
¿Qué destruye los empleos? 
Pues obviamente la inmigración y la apertura nada razonable de las fronteras. 
Señor Presidente, es muy inusual que siga existiendo un fenómeno cuyas causas se han tratado, o entonces es mágico. 
Pensamos que el informe de la Sra. Randzio-Plath es excelente en su totalidad. 
No obstante, tenemos reservas con respecto a la redacción, que da a entender que deben disminuir los impuestos y el gasto social para combatir eficazmente el paro. 
Pensamos que esta formulación es demasido general para que podamos compartir plenamente la opinión así redactada. 
Aconsejo a los observadores que analicen cuidadosamente la parte del informe económico de la Comisión dedicada al impacto de las fluctuaciones monetarias. 
Efectivamente, podemos sacar muchas lecciones económicas, monetarias e incluso políticas. 
Nadie ha olvidado que hace dos años, en medio de desórdenes monetarios internos que afectaban a la Comunidad, la Comisión había publicado una comunicación contemporizadora, que explicaba que el impacto macroeconómico no era muy elevado: de 0, 25 a 0, 50 puntos. 
Incluso minimizaba un poco esta valoración añadiendo que ésta incluía el efecto dólar, ajeno a la Comunidad, y que no se podía establecer una relación estricta entre la variaciones nominales de los tipos de cambio y la variación de la competitividad. 
Paralelamente a esto, la Comisión rechazaba ampliamente las propuestas de todos aquellos que, como Francia, proponen remedios inmediatos, ya sea un endurecimiento la disciplina del sistema monetario europeo, ya sea una modulación de los Fondos estructurales, o incluso la creación de montantes compensatorios monetarios. 
Actualmente, dos años después, el tono ha cambiado completamente. 
En el informe económico anual que se nos presenta, se lee que el crecimiento «ha sufrido un brusco parón en el segundo semestre de 1995» , que «la deceleración ha sido especialmente violenta en los países en que las monedas se habían apreciado durante la crisis monetaria de la primavera de 1995». 
Los otros tampoco salieron mejor parados. 
Se explica, en efecto, que «en los países en que las monedas se habían depreciado, los tipos de interés a corto plazo subieron, a menudo considerablemente... y que de esto se ha desprendido asimismo una disminución clara de la actividad económica de estos países». 
«Deceleración violenta» ,» disminución clara» , ya vemos que no son las mismas palabras. 
La conclusión final es también muy distinta: globalmente (es decir si se incluye también el efecto dólar) «el crecimiento de la demanda final, que había alcanzado cerca del 3 % en el transcurso de los 18 meses anteriores, cayó hasta el 1 % en el segundo semestre de 1995» ; el PIB real, por su parte, pasó de 2, 4 puntos de crecimiento a 1, 2 puntos en el transcurso de un semestre, es decir una diferencia muy superior a la anunciada. 
El Comisario de Silguy amplía, de hecho, esta constatación agobiante añadiendo oralmente que debido a esto Europa ha perdido 1, 5 millones de empleos. 
Debemos plantearnos preguntas. ¿Por qué este repentino cambio por parte de la Comisión? 
¿Son acaso sus expertos tan incompetentes como para no ver, a finales de 1995, lo que constataba el simple ciudadano de a pie, y que mi Grupo, por cierto, denunciaba con ahínco, es decir el impacto desastroso de las fluctuaciones monetarias internas, especialmente para Francia, que había vinculado su moneda al marco alemán? 
No le reprocharemos tal cosa a la Comisión. 
Entonces ¿cuál es la explicación? 
Consideramos que la primera posición, la de 1995, estaba dictada en realidad por consideraciones de estrategia política: se trataba, por una parte, de reconocer los efectos negativos de las fluctuaciones monetarias internas (¿cómo habría podido negarlas la Comisión? ) atrayendo, a largo plazo, con el señuelo de la solución de la moneda única, pero, por otro lado, minimizándolos, con el fin de evitar que su carácter desastroso incitase a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas, que mostrarían claramente que el problema podía resolverse en gran parte sin el remedio del caballo de la moneda única. 
No dudamos en afirmarlo: se trataba, entonces, de una pura manipulación de información, que parece que la Comisión estima en la actualidad carente de utilidad. 
Efectivamente, el plazo teórico para la moneda única está ahora bastante cerca, las fluctuaciones monetarias se han calmado y la Comisión siempre podría contestar, si se le dirigieran nuevas solicitudes, que ahora los plazos son demasiado cortos para poder tomar medias intermedias. 
Así que puede permitirse el lujo de decir la verdad y, de algún modo, de borrar el rastro de su crimen, añadiendo nuevas alabanzas sobre las bondades futuras de la moneda única. 
Saquemos las lecciones políticas de este asunto: la Comisión mintió en 1995, al menos por omisión, impidiendo voluntariamente de este modo que los Estados miembros tomaran medidas en defensa del empleo y haciendo que sacrificaran a los trabajadores en el altar de la moneda única, a la que había que garantizar una progresión inexorable. 
Esto es muy significativo acerca de su autoritarismo y su desprecio hacia la gente y los países. 
Pero no olvidemos que quien mintió ayer puede también mentir hoy. Recordarlo es oportuno, en un momento en que la Comisión, a pesar del incremento de los desequilibrios, nos anima a avanzar por todos los medios hacia la fusión de las monedas y la unificación de las políticas económicas. 
Los abajo firmantes nos hemos abstenido en la ronda final. 
El informe contiene unas críticas correctas y necesarias de la política de recortes que ha caracterizado la línea oficial de la Unión durante largo tiempo, y que ha sido la causa principal del desempleo en masa y de la crisis social. 
Vemos en el informe un giro cara a una política coyuntural expansiva y estimulante. 
No compartimos la idea de que sea conveniente la realización de la UEM. 
Al contrario, es la normativa de la UEM la causante de la política restrictiva y la que provocará una depresión económica en los países miembros. 
La UEM también conllevaría una uniformidad de las políticas de los países que no corresponde a sus distintas necesidades. 
La política expansiva que defiende el informe de un modo absolutamente correcto está en contradicción con la política monetaria de la UE, por lo que debería modificarse esta última y abandonarse la idea de una moneda europea. 
La cooperación monetaria debería adoptar otras formas, combinables con una política expansiva contra el paro y la crisis. 
No compartimos la opinión de que la reducción de impuestos para las empresas y el abandono de las normas de derecho laboral- bajo el atractivo nombre de «flexibilidad» -constituyan una política de coyuntura positiva o puedan tener una repercusión estructural. 
El Informe Anual de la Comisión resulta en general una lectura monótona, puesto que se concentra en los aspectos puramente económicos de la UE, como la política financiera y monetaria. 
Se pasan por alto las cuestiones de que hablan los ciudadanos de a pie, como el paro, los recortes en el sector público y los problemas ambientales. 
Por eso la resolución del Parlamento Europeo resulta una lectura amena, ya que contiene unas críticas justas y necesarias de la política de recortes que ha caracterizado la línea del pensamiento oficial de la Unión durante mucho tiempo, y que ha sido la causa principal del paro y la crisis social. 
No obstante, no compartimos la idea de que sea deseable o aplicable la realización de la UEM. 
Por el contrario, son los requisitos de convergencia de la UEM los que están detrás de la política restrictiva y que causa la depresión económica en los países miembros. 
Suecia es un ejemplo excelente de este fenómeno. 
Desde que en 1990-91 el Gobierno sueco se propuso que Suecia entrase en la UE, y consecuentemente inició una política afín a la UE en el ámbito económico, con la caída de la inflación como objetivo principal, y a pesar de que no se convirtió en país miembro hasta 1995, el desempleo aumentó notoriamente en Suecia. 
Con la UEM se «coordinará» la política económica de los países de la UE y consecuentemente no se tendrá en cuenta la diversidad que existe entre las distintas regiones. 
La política expansiva que promueve el informe está en contradicción con la política monetaria de la UE, por lo que cabría modificar esta última y abandonar el objetivo de una moneda europea. 
La cooperación monetaria debería adoptar nuevas formas compaginables con una política expansiva contra la crisis y el paro. 
El empleo, como es comprensible, es uno de los retos más graves a los que se enfrentan los responsables de la toma de decisiones y responsables políticos a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros, y aunque la situación va mejorando, conviene que todos los que tenemos cargos públicos redoblemos nuestros esfuerzos a fin de crear un marco favorable para que continúen las inversiones y el crecimiento económico generadores de empleo. 
Ante la tendencia positiva descendente de la inflación en la Unión Europea y el correspondiente aumento del PIB, es más importante que nunca que esta tendencia tan bienvenida se gestione de manera que siga estimulando una actividad económica a partir de la cual puedan crearse puestos de trabajo sostenibles. 
Me alegra hacer constar en acta que las políticas económicas implantadas en Irlanda en 1987 están empezando a dar fruto y que nuestro problema de desempleo (uno de los peores de Europa) ha dado un giro positivo, con un aumento lento, pero constante, de los nuevos puestos de trabajo. 
La ponente tiene razón al señalar el importante papel del sector privado en la política de empleo, pero dicho papel no se dará a menos que, por separado, los gobiernos de los Estados miembros pongan en práctica políticas que estimulen y premien la inversión, el espíritu de empresa y la asunción de riesgos. 
Son demasiados los casos en los que el coste de crear un nuevo empleo resulta prohibitivo: los elevados impuestos y cotizaciones nacionales a la seguridad social y el exceso de regulación son factores que obstruyen la creación de empleo. 
Seguro que para los gobiernos es mejor hacer los ajustes financieros necesarios en materia de fiscalidad que pagar en prestaciones sociales el coste de mantener a un desempleado. 
Al asignar a proyectos de empleo los fondos de la Unión Europea y nacionales, habrá que tener especialmente en cuenta el éxito de los actuales programas de ámbito comunitario como «LEADER» y «County Enterprise Boards» (centros regionales de fomento empresarial) , que tienen la capacidad de generar empleo a un nivel al que normalmente no llegan los planes de escala nacional, ayudando con ello a conservar una infraestructura urbana/rural razonable. 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy en contra del informe sobre el Informe Económico Anual de la Comisión para 1997. 
El informe critica a la Comisión por no prestar suficiente atención al desempleo, y las perspectivas de crecimiento de la UE son consideradas insuficientes para luchar con eficacia contra el desempleo masivo. 
El informe dedica mucha atención al desempleo. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en el planteamiento del problema del desempleo en Europa y apoyan el intercambio de información y otros tipos de coordinación política en una serie de aspectos, pero no pueden apoyar el requisito de la creación de una especie de gobierno económico a nivel de la UE, según se indica en el punto 13. 
La descripción que hace la Comisión de la situación económica es ingenuamente positiva. 
La UEM no va a resolver el problema principal del elevado índice de paro, sino que nos arriesgamos a que éste aumente aún más a través de los esfuerzos concentrados exlusivamente en la estabilidad de precios y en los requisitos en materia de política económica. 
La posición de la comisión es significativamente más realista, y parece vislumbrar una parte de los problemas que conlleva la UEM, aún cuando no extrae conclusiones de su constatación. 
Se habla de aumentar la demanda y la inversión, sin que parezca que se entienda el hecho de que es la UEM la que pone obstáculos a la evolución y tiene a toda Europa atenazada. 
En base a esto he votado contra el informe. 
Lamentablemente, una mayoría casual ha destruido un elemento central de las exigencias políticas del informe: la exigencia de una reducción de la jornada laboral como un momento no irrenunciable de una política amplia de redistribución del trabajo y de la renta. 
Ningún otro de los instrumentos disponibles tiene unos efectos tan rápidos. 
Esta es una derrota para la nueva política que comienza a crecer junto con la eurohuelga de los trabajadores de Renault, con las marchas europeas contra el desempleo masivo, contra el empleo precario y contra la exclusión social, con la asamblea europea por el pleno empleo, con el futuro día de acción de la FES. 
Aunque no comparto el optimismo de la ponente respecto de la compatibilidad de la introducción de la UEM europea, en su concepción actual, con una nueva política socio-ecológica, muchas cosas del informe se hallan en la dirección correcta en la que ostenta realmente la máxima prioridad la lucha contra el desempleo. 
Por lo demás, sigue siendo cierto, precisamente, lo siguiente: a la hora del debate sobre las broad economic guidelines, señoras y señores, que están imbuídas todavía por la ideología neoliberal, nos volveremos a ver. 
Informe Metten (A4-0105/97) 
Señor Presidente, el informe Metten que acaba de aprobar nuestro Parlamento confirma desgraciadamente los temores de todos los que creen que los costes de gestión de la moneda única van a sobrepasar con creces los ahorros que ésta permitirá realizar en materia de simplificación o de reducción de los gastos de cambio. 
A primera vista, parece que el informe trata de una cuestión técnica secundaria: existe desde hace tiempo un sistema de apoyo financiero mutuo de los Estados miembros en caso de que algún problema grave en la balanza de pagos afecte a uno de ellos. 
Este mecanismo no funciona muy a menudo (se utilizó por última vez en 1993, en favor de Italia) , cosa que se puede comprender ya que, actualmente, cada país conserva el derecho de llevar a cabo una política económica propia, aunque esté más o menos coordinada con la de los demás. 
Se plantea saber si este mecanismo debería mantenerse cuando entre en vigor la moneda única. 
El informe Metten nos dice que sí. 
En primer lugar, porque algunos países se quedarán provisionalmente al margen de la moneda única. 
Después y sobre todo, porque un mecanismo de este tipo será todavía más necesario para los países participantes, ya que sus políticas económicas estarán fusionadas y será necesario hallar un sistema común para ayudarles a todos ellos a amortiguar los choques coyunturales asimétricos que podrían padecer y que afectaran a todos los demás. 
Efectivamente, en la futura Unión monetaria tal como se aprobó en Maastricht, no habrá presupuesto federal europeo que pueda hacer las veces de amortiguador en caso de crisis, local o global. 
Así pues, no existe instrumento comunitario de lucha contra los desequilibrios asimétricos. 
El Sr. Metten ha tenido pues la idea, y el Parlamento Europeo lo ha apoyado sin reservas, de llenar este vacío. Propone que el mecanismo actual de apoyo financiero a las balanzas de pagos sea el día de mañana un sistema más amplio, bautizado como «mecanismo en favor de la estabilización y el crecimiento» , que podría completar el futuro pacto de estabilidad. 
¿Pero de dónde saldrá el dinero para financiar este nuevo sistema? 
Aquí se ve cómo actúa un mecanismo perverso que poco a poco irá gravando la factura de la moneda única. 
Como habíamos previsto desde el principio, dentro de unos años nos daremos cuenta de que sus inconvenientes son muy superiores a sus ventajas, y los costes que generará muy superiores a los beneficios que podrá proporcionar. 
He votado a favor del informe Metten porque los Estados miembros que pertenezcan a la Unión Económica y Monetaria podrán recurrir en ese momento a un mecanismo financiero a medio plazo, en el caso de que afronten dificultades en su balanza de pagos. 
Dicho mecanismo funciona mediante el mercado de capitales y de préstamos garantizados por el presupuesto comunitario, con un tipo de interés favorable. 
Las condiciones de dicho préstamo son excepcionales y el Estado miembro beneficiario tendrá que presentar y respetar un programa de devolución aprobado por el ECOFIN. 
El problema que ahora se plantea es el de si ese mecanismo debe desaparecer en relación con los países que pasen a la tercera fase de la UEM y, por tanto, se adhieran al euro o si debe volver a crearse, con otros moldes, evidentemente, pero con el mismo propósito. 
Es necesario tener en cuenta que, para los países que se adhieran al euro, habrá que reconstruir el concepto de balanza de pagos, ya que la mayor parte de las operaciones comerciales y financieras se hará en euros. 
Por ejemplo, en Portugal cerca del 80 % de nuestras relaciones comerciales se hacen con los países de la Unión Europea y, en relación con los que se adhieran al euro, no se podrán medir las corrientes financieras correspondientes por las diferentes monedas. 
Lo mismo ocurrirá en relación con el turismo y las otras operaciones cambiarias. 
Además, hay que tener en cuenta, como dice el Informe Económico Anual de la Comisión para 1997, que «el grado de apertura de la Comunidad en relación con la economía mundial es relativamente pequeño y semejante al de los Estados Unidos de América o del Japón. 
En 1995, el grado de apertura en la Unión Europea era de cerca del 10 %, frente al 12 % de los Estados Unidos de América y al 9 % del Japón. 
Eso significa que la mundialización del comercio sólo tiene un efecto directo en una parcela limitada de la economía comunitaria». 
A pesar de la reducida dimensión global de ese valor, hay que afrontar la posibilidad de que países de la Unión Europea, o ésta en su conjunto, por razones excepcionales, lleguen a tener problemas de balanza de pagos, sobre todo porque, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, la movilidad de los trabajadores es reducida- en particular por las diferencias lingüísticas- y los estabilizadores automáticos y la dimensión del presupuesto federal funcionan en los Estados Unidos como amortiguadores. 
El Parlamento Europeo acaba, así, de aprobar, con mi apoyo, una resolución en la que se propone que la Comisión elabore y nos presente, como también al Consejo, un proyecto de reglamento para que en la tercera fase de la UEM se pueda ayudar a un Estado miembro que se encuentre en dificultades en materia de balanza de pagos y que la posibilidad máxima del beneficio vaya asociada con un porcentaje del PIB de los Estados miembros beneficiarios. 
Desde nuestra perspectiva, este instrumento resulta indispensable para afrontar las posibles restricciones que llegue a crear el pacto de estabilidad. 
El informe del Sr. Metten aborda correctamente un problema importante. 
Sin un sistema eficaz de compensación financiera no podrá configurarse contractualmente la transición a la tercera fase de la UEM europea desde el punto de vista de la política regional, ni de la política social. 
Esto es tanto más urgente cuanto que se verán probablemente insatisfechas las exigencias planteadas por el Parlamento de constituir el SME II de tal manera que las cargas de adaptación se distribuyan de forma simétrica y solidaria. 
El pacto de «estabilidad y empleo» no debe ser «apoyado» , sino que debe ser reconvertido totalmente: en un pacto en pro de una transición común a un nuevo modelo de desarrollo social y ecológicamente sostenible. 
En este punto el Informe Metten no da ninguna orientación enérgica. 
Por lo demás, se calla- en consonancia absoluta con su planteamiento demasiado modesto- sobre las posibilidades de financiación. 
Una orientación enérgica semejante debería destinar alrededor del 1 % del PIB de la UE para un Fondo de compensación y de aseguramiento contra catástrofes. 
De esta manera podrá cumplir su función al menos rudimentariamente. 
Para ello habría que reservar, por ejemplo, nuevas fuentes de impuestos y de exacciones (impuestos a la energía, entre otros) de la UE. 
(La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Situación en Albania 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Albania. 
Señora Presidenta, cumpliré con placer la petición del Parlamento de emitir una declaración sobre Albania. 
La situación en Albania sigue siendo inestable. 
El gobierno de unidad nacional, bajo el mando del primer ministro Fino, maniobra con cautela entre los socialistas por un lado y el Presidente Berisha por otro. 
Las contradicciones entre los principales grupos políticos aún son enormes. 
Aunque el gobierno ha restablecido el orden público en diversas ciudades, siguen teniendo lugar robos, saqueos, actos de bandidaje y tiroteos. 
Por ello la situación sigue siendo imprevisible. 
Muchas personas huyen a los países vecinos, especialmente a Italia. 
Los medios de comunicación han de operar en condiciones difíciles y todavía no se ha fijado una fecha definitiva para las elecciones ya acordadas. 
Por de pronto se parte del período de junio-julio del presente año. 
A petición del Presidente danés en ejercicio de la OSCE, el pasado 8 de marzo, el ex canciller de Austria, Sr. Franz Vranitzky, se trasladó a Tirana. 
La presión ejercida por la Presidencia de la Unión Europea, entre otros, en la consulta del pasado 7 de marzo, sobre las autoridades albanesas, así como los esfuerzos del Sr. Vranitzky y otros miembros de la comunidad internacional, han contribuido a que el Presidente Berisha anuncie que se celebrarán elecciones anticipadas. 
Además, se ha instaurado un gobierno de unidad nacional dirigido por el primer ministro Fino, que procede del sur. 
Asimismo se han hecho recomendaciones relacionadas con la ayuda de la comunidad internacional a la hora de establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición, la recogida de armas, la preparación de nuevas elecciones, el diseño de una nueva constitución y el enfoque de los problemas macroeconómicos. 
El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del pasado 24 de marzo decidió enviar una misión a Albania que aconsejará a las autoridades albanesas en torno a cuestiones humanitarias, económicas y políticas, así como sobre asuntos de seguridad. 
Esta misión consultiva actuará dentro del marco de la OSCE, que coordinará los esfuerzos de la comunidad internacional en Albania. 
Cada una de las diferentes organizaciones internacionales ha de desempeñar un determinado papel en el proceso. 
El cuadro es más o menos el siguiente: la coordinación general estará en manos del representante personal del Presidente de la OSCE, el Sr. Vranitzky, secundado por un suplente propuesto por la Unión. 
El suplente informará a la OSCE y al Consejo de la Unión Europea. 
Pero la responsabilidad final de la coordinación recae en la OSCE. 
Del pasado 26 de marzo al 6 de abril, una misión preparatoria trabajó en Albania para preparar la misión consultiva de la Unión Europea. En la misión participaron representantes de la Presidencia neerlandesa del Consejo, la Comisión Europea, la OSCE y el Consejo de Europa, así como del Reino Unido, Italia y Grecia. 
El cometido de la misión era emitir un dictamen sobre las tareas y la composición de la misión consultiva definitiva, y la misión preparatoria presentó su informe el pasado 4 de abril. 
Sobre los resultados de dicha misión tendrá lugar una consulta a corto plazo tanto en el marco de la Unión Europea como en la OSCE en Viena. 
Aunque en diferentes ámbitos todavía hay que tomar decisiones, las actividades de la comunidad internacional parecen incluir los siguientes tres elementos. 
En primer lugar, la ayuda humanitaria, con la Unión Europea de protagonista, así como un refuerzo de la capacidad de la policía albanesa, posiblemente con un papel coordinador de la Unión Europea en cooperación con el Consejo de Europea. 
Además, en el ámbito de la ayuda estructural se cooperará estrechamente con el FMI y el Banco Mundial. 
En segundo lugar, un componente más político: las elecciones, los derechos humanos, la democratización. En este ámbito, la OSCE, en estrecha cooperación con el Consejo de Europa, desempeñará un papel importante. 
En tercer lugar, una multinational protection force, a la que diversos países aportarán tropas. 
La fuerza multinacional, para la cual el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha dado luz verde, está bajo el mando de Italia y se centrará en el acompañamiento de la ayuda humanitaria así como la contribución a la seguridad de las organizaciones internacionales que actúan en Albania. 
El force commander y el representante de la OSCE en Tirana se mantendrán en estrecho contacto. 
La deliberación y la toma de decisiones definitiva sobre el mandato y la estructura de la misión consultiva tendrán lugar en el marco de la Unión Europea y de la OSCE. 
Sin embargo, sí quiero referirme a algunos aspectos de la ayuda específica y al posible instrumental necesario. 
Se trata en primer lugar del orden público y la policía. 
La misión preparatoria ha constatado que las autoridades albanesas necesitan apoyo material, y con miras a un plazo más largo, asesoramiento y entrenamiento. 
Para comprender mejor las necesidades de entrenamiento y asesoramiento es conveniente incluir un equipo de unos 20 policías en la misión asesora. 
El informe de la misión preparatoria indica que con respecto al elemento policial se piensa en un conjunto de la Unión Europea y de la Unión Europea Occidental en cooperación con el Consejo de Europa. 
Además del asesoramiento, el equipo policial también podrá desempeñar actividades de vigilancia en cuatro distritos policiales de Tirana, donde una de las necesidades es también recabar información. 
El equipo policial tendrá que hacer recomendaciones específicas sobre la posible ayuda a la policía albanesa a corto y medio plazo. 
Luego el seguimiento de la situación. 
Por el momento, la ECMM (European Community Monitoring Commission) opera en Albania con un grupo de diez observadores. 
Después de adaptar el memorándum suscrito con las autoridades albanesas, hay la posibilidad de ampliar las actividades de los observadores de la ECMM a toda Albania, y el equipo podrá ampliarse a 24 personas. 
Con esta ampliación de tareas de la ECMM podrán operar entre dos a tres equipos por región, es decir, en los alrededores de Tirana, en el norte alrededor de Shkoder y en el sur alrededor de Gjirokaster. 
El Consejo aún tiene que estudiar una propuesta a este respecto. 
En cuanto a la preparación de las elecciones y el proceso de democratización, la OSCE se ocupará, en estrecha colaboración con el Consejo de Europa, de la democratización, la libertad de los medios de comunicación y la situación de los derechos humanos. 
En segundo lugar, la preparación de las elecciones, prestando asistencia técnica en la elaboración de una ley electoral, la observación de las elecciones y eventualmente la vigilancia en la recogida de armas. Me parece una misión poco envidiable. 
Por último, la ayuda humanitaria. 
Todavía no existe una situación de emergencia humanitaria general, pero esta podría surgir en unas cuantas semanas. 
Debido al saqueo de hospitales y de las provisiones de alimentos estratégicas del Estado, al cierre de las fronteras y a la inseguridad interior, el abastecimiento normal y la distribución de alimentos y artículos médicos está gravemente perturbada. Por ello, puede surgir una situación de emergencia sobre todo en los equipamientos sociales, como los hospitales, los orfanatos y los asilos de ancianos. 
También la parte de la población que vive de las prestaciones sociales constituye un grupo vulnerable. 
La distribución tendrá que centrarse en categorías de personas claramente definidas que lo necesiten, concretamente las instituciones antes mencionadas y los más débiles de la sociedad. 
A más largo plazo, la misión preparatoria ha aconsejado conceder ayuda económica y financiera a Albania. 
Sin embargo, la condición es que las circunstancias sean suficientemente seguras y estables. 
Por lo que parece, el programa PHARE no necesita una reasignación importante en este caso. 
El Comisario Van den Broek sin duda podrá facilitar más información al respecto. 
Sobre el posible apoyo para la restauración de la infraestructura sólo podrá hablarse con conocimiento de causa después de que se hayan valorado los daños. 
Por último, estará claro que la Unión Europea, a la luz de los complejos problemas de Albania, se halla ante un gran desafío. 
Asimismo es evidente que la ayuda no podrá depender únicamente de la Unión Europea. 
Con este telón de fondo es sumamente importante que la Unión coopere a todos los niveles con otras instituciones, como la OSCE y el Consejo de Europa, y que tenga lugar una coordinación eficaz de los esfuerzos. La complementariedad de los diferentes esfuerzos es esencial. 
La comunidad internacional sólo podrá contribuir de forma óptima a la solución de la crisis en Albania asegurando una cooperación de este tipo. 
Señora Presidenta, al igual que el Presidente del Consejo quisiera recalcar en nombre de la Comisión que, a nuestro juicio, en estos momentos no existe una situación de emergencia humanitaria en Albania, sino en primer lugar una crisis política y social que es preciso controlar. 
Al igual que en el anterior debate de hace un mes, la Comisión quiere instar a todas las partes a que respeten el compromiso alcanzado en marzo entre la oposición y el Presidente Berisha y con ello dar una oportunidad a la restauración del orden y la autoridad, y permitir al gobierno de transición encargarse de preparar cuanto antes y de la forma más eficaz las elecciones previstas y acordadas. 
En relación con lo que acaba de decir el Sr. Patijn al respecto, quisiera añadir que, junto con mi colega, la Sra. Bonino, que es responsable de las cuestiones relacionadas con la ayuda humanitaria, sigo de cerca la situación y he tomado las medidas necesarias- ella las ha tomado- para prepararnos en caso de surgir una situación de emergencia humanitaria. 
Por otra parte, a este fin se han concedido 2 millones de ecus de ayuda a través de la Cruz Roja Internacional, distribuidos en alimentos y medicinas, y se han hecho los preparativos para llevar a nuevos destinos las provisiones de víveres presentes en la región. Se trata de provisiones que están almacenadas en la región de Croacia, principalmente harina y azúcar. 
Y el propósito es que la primera distribución de estas provisiones coincida con la llegada de la fuerza de protección internacional. 
Esto por lo que respecta al corto plazo. 
A largo plazo se piensa en facilitar grandes cantidades de trigo y harina allí donde sea necesario, aunque sin desestabilizar con ello la producción y la venta local aún existentes. 
Este sigue siendo un aspecto importante. 
En cuanto se tenga una idea clara de las necesidades, se podrá decidir una posible reasignación de los fondos PHARE. 
Algunos proyectos, como la reconstrucción de las cárceles, tendrán que realizarse de forma acelerada, y aparte de la necesaria reconstrucción, también será preciso ofrecer mucha asistencia técnica. 
Pero la apreciación tendrán que llevarla a cabo expertos que podrán ponerse manos a la obra en cuanto la situación de seguridad lo permita, por cierto no sólo en Tirana. Y lo mismo puede decirse de la realización de los proyectos. 
También se piensa en la ayuda macroeconómica, pero para ello es necesario no sólo establecer contacto con el FMI y el Banco Mundial, sino que también es preciso que el Gobierno de Tirana se comprometa y tome medidas con respecto al funcionamiento del Banco Central, y para ello tendrá que elaborarse un nuevo presupuesto. 
La misión consultiva, que se pondrá en camino dentro de poco y a la que ya se ha referido el Presidente del Consejo, tendrá sin duda la tarea de ofrecer asistencia y asesoramiento para la restauración macroeconómica. 
Por último, señora Presidenta, quiero decir que, poco antes de esta reunión del Parlamento, hemos tenido la oportunidad de hablar, la Sra. Bonino y yo, con el Sr. Fatos Nano, que por cierto también está presente en la sala. 
Nos hemos enterado con gratitud de la decisión del partido socialista de ocupar los 9 escaños en el Parlamento que consiguió en las elecciones de mayo del año pasado. 
Ello contribuye sin duda a ampliar la consulta política formal, pues por supuesto los albaneses sólo conseguirán tomar el camino de la recuperación política y económica con los esfuerzos conjuntos de todas las corrientes políticas, el presidente y el nuevo gobierno. 
Señora Presidenta, dada la índole de la cuestión, la misión consultiva, de la que ha hablado el Presidente del Consejo, puede contar con el pleno apoyo de la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, la enumeración de los hechos que acaba de hacer el Presidente en ejercicio del Consejo es interesante y amena, pero decepcionante. 
No es suficiente enumerar los hechos, señor Ministro. 
Lo que hace falta es acción, no sólo por parte de la OSCE y del Consejo Europeo, sino que también es necesario que entre en acción la Unión Europea. 
El pueblo de un país europeo está sufriendo. 
Este sufrimiento se debe a los graves errores de un hombre que accedió al poder de manera fraudulenta, con elecciones caracterizadas por la violencia y el fraude. 
Se debe también a que la mayoría de nosotros preferimos no hacer nada tras esas abominables elecciones del pasado mes de mayo. 
No pedimos su anulación, ni pedimos que se repitieran. 
Subestimamos entonces las denuncias, señor Ministro, y hubo muchas. 
Unos con su silencio y otros con su ayuda activa hacia el Sr. Berisha, todos hemos conducido a Albania a la crisis que ahora padece. 
Con razón el Sr. Comisario dice que la crisis es política. 
Sin embargo, hoy es un buen día en el Parlamento Europeo: la aplastante mayoría de los diputados al Parlamento Europeo han convenido en adoptar una resolución que pone las cosas en su sitio. 
Es verdad que la presencia en Estrasburgo de los dirigentes de los principales partidos de Albania que apoyan las reformas democráticas, la presencia de estos líderes que hoy se encuentran entre nosotros, nos ha ayudado a comprender mejor qué es lo que sucede en ese país. 
Fatos Nano, dirigente del Partido Socialista, Neritan Tseka, presidente de la Alianza Democrática y miembro observador de la Unión Cristianodemócrata Europea, y Skender Kinoussi, presidente del Partido Socialdemócrata, se han reunido estos días con todos los Grupos políticos. 
La creación del gobierno de reconciliación nacional parece ser un alentador primer paso para entrar en un proceso de reformas institucionales. 
Se nos ofrece, pues, la oportunidad de mostrar que queremos hacer algo. 
El Consejo de Ministros no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre una acción común destinada a hacer frente a los problemas de Albania. 
El Parlamento Europeo pide al Consejo que revise su posición. 
Afortunadamente, algunos países miembros- Grecia, Italia, Francia, España y Austria- han comprendido que es necesario hacer algo y, en consecuencia, ya están presentes en Albania. 
El pueblo albanés nos necesita. 
Necesita nuestra ayuda no sólo para sobrevivir, sino para llevar a cabo las reformas. 
Una justicia independiente, así como televisión y radio independientes, elecciones libres, participación de todos los políticos democráticos en las elecciones y control de los servicios secretos; son algunos de los ámbitos en los que podemos asistir. 
Está claro que la Comisión Europea y, en concreto, el Sr. Van den Broek y la Sra. Bonino están dispuestos a proceder a la acción. 
Es obligación del Consejo darles la posibilidad de actuar. 
El problema de Albania es un problema europeo. 
¡Hagamos algo, por fin, para ayudar a unos ciudadanos europeos! 
Señora Presidenta, estimados colegas, como ya expliqué en el último período parcial de sesiones, Albania constituye un horrible ejemplo de lo que un régimen comunista hace a la humanidad. 
Durante mucho tiempo son incapaces de manejar las nuevas libertades y las seducciones provenientes de elementos criminales y capitalistas. 
Celebro que el Consejo haya emitido hoy una declaración, que yo apoyo de veras, en la que se habla que las ECMM asumirán en el futuro una tarea importante en este país. 
En efecto, con la sola ayuda financiera no lograremos crear o consolidar estructuras democráticas, sino que necesitamos también ayuda de personal de países europeos en este país. 
Mi grupo celebra la formación de un gobierno con todos los partidos. 
Apoyamos este gobierno presidido por el Presidente Berisa, pero celebramos también la vuelta de los socialistas a sus escaños del Parlamento. 
Esperamos que todos los políticos albaneses tomen en serio su responsabilidad y no aguarden a que sólo nosotros llevemos desde fuera la solución. 
Esto no lo podemos hacer. 
Celebramos la decisión del Consejo de Ministros de permitir a algunos Estados miembros una estrecha cooperación común, es decir, el envío de soldados en misión de protección de la ayuda humanitaria y como factor estabilizador de la región. 
Naturalmente, una acción realmente común habría sido más eficaz aún, pero este manejo flexible de los instrumentos de la política exterior constituye un feliz progreso si lo comparamos con nuestra incapacidad de movimientos en los años pasados en Bosnia y en la antigua Yugoslavia. 
Lamentablemente, los socialistas siguen jugando en Albania un papel dudoso. 
El 28 de marzo buscaron contactos oficiales con los autonombrados líderes de los rebeldes en lugar de apoyar a los ayuntamientos y alcaldes legalmente elegidos, incluso de su propio color. 
Las conversaciones con estos rebeldes se deben limitar a la cuestión de la entrega de las armas. 
Si nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, no estamos dispuestos a apoyar a los políticos municipales que fueron elegidos legalmente en septiembre ¿cómo podemos esperar esto de los rebeldes, sobre todo cuando su procedencia política y profesional es especialmente dudosa? 
Mi grupo está a favor de elecciones rápidas, sin embargo el requisito previo para tales elecciones es el acceso de todos a los medios de masas y la entrega de las armas. 
Esto último es también especialmente importante para quitar a los ciudadanos normales de Albania, que constituyen la gran mayoría, el temor a la existencia de bandas armadas. 
Sólo será posible frenar la corriente de refugiados, si la anarquía de Albania se convierte de nuevo en legalidad y orden, es decir, si se restablece el orden público. 
En lo que respecta a la distribución de cargas a la hora de acoger a los refugiados, como exige la resolución común, pido que se entienda que quisiera ver dirigida esta exigencia sólo a quienes en los últimos años han estado muy remisos en este punto. 
El envío del contingente europeo de tropas debe llevarse a cabo rápidamente. 
Pero no se trata solamente de la protección de la ayuda humanitaria, sino también de la supervivencia de la democracia en Albania. 
A este respecto cada día que pasa es importante. 
Señora Presidenta, no comparto el optimismo que emana de las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la situación en Albania que sufre una involución por momentos. 
Ante todo, porque el mandato de la ONU que autoriza, junto con la buena voluntad de algunos Estados, el envío de una fuerza multinacional a Albania, es un mandato bastante débil, habida cuenta de que no permite recuperar las armas y desarmar a las milicias. 
Por otra parte, se trata de una situación en la que el Consejo ha demostrado una vez más que no sabe hacer frente a sus responsabilidades por miedo a la aplicación del derecho de veto, en este caso, creo, por parte del Reino Unido. 
Existe una falta de adecuación de los mecanismos que regulan la política exterior europea y existen hoy por hoy muchísimos peligros para la misión militar y humanitaria que está a punto de comenzar dentro de pocas horas, sobre todo porque en Albania se manifiestan unos profundos sentimientos antieuropeos y antitalianos, después del trágico hundimiento del barco albanés, con más de 80 muertos en aguas del Adriático. Habrán hombres armados, de actitudes vengativas y provocadoras, dispuestos a disparar contra quien sea. 
A todo esto hay que añadir las declaraciones del subsecretario de Exteriores del Gobierno italiano, que de manos de las Naciones Unidas ha recibido el mandato de dirigir la misión y que apoya la posibilidad de destituir a Berisha, hecho que, sin embargo, va más allá del propio mandato de la ONU. 
Me pregunto y les pregunto a sus Señorías si, en definitiva y realidad, la idea es la de devolver la paz y crear las condiciones para el restablecimiento de la democracia o, por el contrario, la de asentar a una fuerza política en el Gobierno de Albania. 
Señora Presidenta, debemos reiterar que a lo largo de estos últimos meses el Parlamento Europeo ha abordado el problema de Albania en repetidas ocasiones y ha debatido con frecuencia la legitimidad de las últimas elecciones que condujeron a todas las fuerzas de la oposición a rechazar ese resultado. 
En sus resoluciones, el Parlamento Europeo invitaba a las partes enfrentadas en Albania a un diálogo y pedía que se volvieran a celebrar las elecciones. 
Por desgracia, estas peticiones no tuvieron éxito y ni el Consejo ni la Comisión supieron sacar adelante una política común con respecto a Albania. 
Ante la precipitación de los acontecimientos y el agravamiento de la crisis, el único país que pidió una acción en favor del pueblo albanés fue Italia que, sin embargo, tenía un motivo muy concreto para formular dicha solicitud, esto es, el creciente flujo de refugiados albaneses hacia su territorio. 
No cabe duda de que éste no es motivo suficiente para aceptar y considerar oportuno que sea Italia quien lidere una acción y una misión para enviar ayuda humanitaria a ese país. 
Pero, por desgracia, hay que reconocer que ha fallado la política común europea con respecto a Albania y, ante esta situación, tenemos que manifestar que el envío de ayuda humanitaria hoy por hoy es necesario, y es necesario con una escolta adecuada, conforme al mandato establecido en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 28 de marzo. 
Hemos de reiterar la no conveniencia de que sea Italia quien lidere esta misión, sobre todo porque todavía no se ha aclarado cuál fue la dinámica del hundimiento de la embarcación albanesa que provocó 80 muertos. Sin embargo, no podemos decir que hay que bloquear dicha misión, pues se trata de una acción humanitaria y de una acción que debe garantizar el restablecimiento del orden público en Albania. 
El objetivo de esta misión no sólo debe ser proteger la entrega de la ayuda humanitaria, sino también el restablecimiento de las fuerzas de policía locales a través de un sistema de cooperación que tenga como finalidad eliminar y desarmar a las bandas criminales y, en consecuencia, apoyar la capacidad de las fuerzas autónomas nacionales albanesas de gestionar la solución de sus problemas directamente. 
Señora Presidenta, como habrá podido constatar, las últimas dos intervenciones han ofrecido un pequeño ensayo de política interior italiana. 
Yo también podría decir que un país que no es capaz de hacer respetar el Estado de derecho en su interior a lo mejor está poco capacitado para ponerse al frente de esta fuerza multinacional. 
Sin embargo, esto lo digo en mi calidad de miembro de la oposición, ya que, sin duda, oírlo por parte de los miembros de la mayoría, que apoya al Gobierno que está dirigiendo la misión, quizás es algo más difícil de entender aquí en este foro europeo. 
Deseo dirigirme al Comisario Van den Broek para agradecerle que esté hoy aquí representando a la Comisión con relación a las cuestiones de su competencia directa y espero que haya entendido lo que manifesté ayer cuando me referí al código de conducta sobre la presencia de los Comisarios. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo votará sin entusiasmo esta resolución del Parlamento Europeo sobre Albania. 
Sin entusiasmo porque, tal como se dijo, especialmente la Unión Europea ha demostrado su absoluta incapacidad en la prevención y definición de los peligros inherentes a todo el proceso de involución democrática al que asistimos en Albania, a pesar de que me parece algo excesivo manifestar que cuatro años de libre mercado y de libre democracia fueron peores que los cincuenta años anteriores, así como ha demostrado su absoluta insuficiencia en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. 
La Presidencia neerlandesa, que está a punto de ofrecernos un nuevo proyecto de Tratado, debería sacar de este ejemplo- espero- la fuerza necesaria para imponer, al menos como proyecto, algo que evite a la Unión Europea este tipo de actitudes y de comportamientos ante los cuales tan sólo somos capaces de enviar observadores y, por lo demás, descargamos nuestras responsabilidades sobre instituciones que no son en absoluto responsables de determinados cometidos o sobre Estados miembros que luego con mucha dificultad están obligados, acaso careciendo de la fuerza necesaria, a asumir directamente toda la responsabilidad. 
No estamos de acuerdo y somos escépticos respecto de la posibilidad de que se celebren elecciones en junio y, sobre todo, consideramos que esta resolución podía incluir la referencia a un cuerpo civil y militar europeo permanente, capaz de ofrecer a Europa una Política Exterior y de Seguridad Común propiamente dicha. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en el momento en que este Pleno aborda la situación en Albania, la Cámara de Diputados italiana está a punto de votar un documento, un acuerdo técnico, que obliga al Gobierno a cumplir de inmediato la resolución de las Naciones Unidas relativa a la misión de ayuda y de protección en Albania, con una participación militar multinacional y bajo el mando de Italia. 
Un documento controvertido y hecho realidad gracias al gran sentido de la responsabilidad del centroderecha italiano, frente a una mayoría que en Italia ya no existe y cuyo sector neocomunista está a punto de volver a ratificar su voto en contra. 
Una decisión de gran responsabilidad, la del Polo, para la libertad en Italia, para la nación y también para Europa, ante el otorgamiento a Italia, por vez primera, del liderazgo de una misión internacional. 
Si bien no podemos dejar de subrayar lo impensable e inaceptable que es el hecho de que dos o tres mil militares italianos arriesguen sus vidas en Albania, sin que a sus espaldas haya una nación profundamente unida y consciente de lo imperioso de la elección, y hemos apreciado lo publicado al respecto, en línea con esta tesis, por el Osservatore Romano, órgano de la Santa Sede, debemos volver a denunciar con la misma firmeza la grave ausencia y los grandes retrasos de Europa. 
La crisis albanesa ha puesto de manifiesto la necesidad de que Europa se dote por fin de una Política Exterior de Defensa y de Seguridad Común. 
No se puede comprender ni tampoco tolerar por parte de nuestros mismos ciudadanos, a los que en estos días pedimos sacrificios y nuevos impuestos para cumplir los criterios económicos de Maastricht, que esta Europa no encuentre un mínimo de cohesión para enviar cuanto antes una fuerza humanitaria a un país europeo en vías de disolución. 
También en este momento tan difícil, en cambio y como suele decirse, las diplomacias de algunos países han ido contracorriente, puesto obstáculos burocráticos y aplazado reuniones que, por el contrario, tenían que haber sido muy rápidas. 
No nos queda más que confiar en que en la Conferencia Intergubernamental se encuentre por fin una solución, con objeto de que pueda adoptarse, a corto plazo y por mayoría de los Estados miembros, una decisión comunitaria con relación a estos ámbitos. 
Sin embargo, vislumbramos alguna nota positiva. 
A pesar de todos los retrasos y boicots más o menos disimulados, está a punto de salir hacia Albania una fuerza de paz europea. 
Por primera vez, se trata de una fuerza de paz totalmente europea que se convierte en operativa sin la ayuda determinante de los Estados Unidos. 
Otra nota positiva es el hecho de que sea Italia quien desempeñe el papel de coordinador de la acción y que los demás países europeos que participan en dicha misión hayan depositado su confianza en Italia. 
Al margen de esta responsabilidad italiana, deseo tildar de incalificables las declaraciones hechas en Austria por el presidente del Partido Liberal, Sr. Haider, que criticó a su Gobierno no por su participación en la expedición, sino por aceptar que quien la dirigiese fuera el contingente italiano. 
Si se confirmara esta disparatada declaración racista, estaría en la misma línea de otra hecha ayer por un subsecretario de Estado italiano, portavoz del mayor partido de izquierda en el Gobierno, el cual se permitió con descaro y arrogancia atribuir a la misión humanitaria de ayuda y protección el objetivo político de provocar la caída del Presidente Berisha, libremente elegido. 
Es evidente que nos hallamos ante unas actitudes esquizofrénicas e irresponsables y quizás, para algunos, nostálgicas del bárbaro régimen comunista de Enver Hoxha. 
Lo que deseamos y esperamos es que Europa e Italia puedan contribuir realmente en este difícil trance a restablecer las condiciones de libertad y democracia en el atormentado país de las águilas. 
Señora Presidenta, no deseo contribuir, aunque sea mínimamente, a transformar este debate en un debate entre italianos, ya que se ocupará de ello la Cámara de Diputados, al igual que ayer el Senado de la República se ocupó de definir la política de nuestro país. 
Deseo aprovechar la presencia del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario para señalar la necesidad de que se tengan en cuenta algunos aspectos críticos que nos llevaron a esta crisis. 
Como dijo con acierto el Comisario Van den Broeck, por ahora no se trata preferentemente de una crisis y de una emergencia de carácter humanitario. 
Según lo manifestado por el Presidente del Consejo, puede llegar a serlo, incluso dentro de poco tiempo, sin embargo, se trata de una crisis socio-política. 
Por mí parte, yo añadiría que se trata de una crisis institucional de primera magnitud. 
Cabe preguntar, sin embargo, por qué se llegó a esta situación. 
Y, a pesar de que no puedo pedir al Presidente del Consejo y al Comisario que digan en voz alta y de forma clara qué piensan acerca de las responsabilidades que nos llevaron a esta situación, me permito recordar que nosotros, como Unión Europea, como Estados miembros de la Unión Europea tuvimos alguna responsabilidad, por ejemplo, cuando ratificamos, casi con los ojos cerrados, los fraudes electorales habidos. 
Hemos simulado que era mejor aceptar ese resultado electoral, a pesar de que sabíamos que muchas cosas no habían ido como es debido. 
No cabe duda de que la decisión del Presidente Berisha de hacerse reelegir por un parlamento bastante condescendiente, fue una decisión que no compartimos y en la que no podíamos intervenir y que, probablemente, fue el detonante de la actual situación. 
Asimismo fue un error creer en la descripción oficial que nos facilitaban los medios de información, según los cuales hubo una ocupación del territorio del sur de Albania por parte de bandas armadas. 
Ciertamente, existen bandas armadas y criminales, pero lo que hubo sobre todo fue una oposición violenta que adquirió formas del todo rechazables, una oposición contra el presidente debida a dos hechos fundamentales, esto es, la autoelección y la crisis de las entidades financieras piramidales. 
Ahora bien, si no queremos que se repita esta situación crítica, también en el futuro, debemos hacer algunas elecciones importantes. 
En consecuencia, por lo que se refiere a la intervención de ayuda y de apoyo- me dirijo en especial al Comisario Van den Broeck- es preciso que hagamos todo lo posible para que se controlen los derroteros que toman las ayudas de la Unión Europea. 
Es evidente que esto no lo hicimos debidamente. 
Señor Presidente del Consejo, en cuanto a las próximas citas y, en particular, a las elecciones, deseo preguntarle por qué, a pesar de que no hemos sido capaces de llevar adelante una acción común como Unión Europea, lo que seguramente habría sido lo más acertado, y con objeto remediar esa carencia, no podemos hacerlo ahora para apoyar el proceso electoral. 
¿Por qué no puede haber, con la presencia de la OSCE y de otras organizaciones internacionales, también una acción común de la Unión Europea para apoyar el proceso electoral, que debería finalizar con las elecciones y la reforma de la Constitución? 
Señora Presidenta, Señorías, el Consejo no ha decidido hasta hoy adoptar ninguna acción común en Albania, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 1 del Tratado. Tampoco la Comisión pidió al Consejo que adoptara una acción común, aunque tenía derecho a hacerlo, conforme al apartado 8.3 del artículo I del Tratado. 
¿Qué ha sucedido en realidad? 
La Unión Europea meramente ha declarado, a través del Consejo de Ministros, su cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad y en la actualidad apoya- eso es verdad- las iniciativas de la OSCE. 
A costa de privaciones, Grecia y los griegos han ofrecido y ofrecen, al igual que otros países miembros, ayuda humanitaria y de otro tipo al atormentado pueblo albanés. 
Sin embargo, la Unión Europea, como órgano de expresión de la voluntad común de los pueblos y gobiernos de 15 Estados miembros, brilla por su ausencia en Albania. 
Señorías del Consejo y de la Comisión, el Parlamento desconoce las razones por las que no quieren la acción común. 
Los rumores e informaciones intercambiados en los pasillos no son suficientes. 
¿Es por indiferencia o por divergencias de opinión entre ustedes? 
¿O quizás porque opinan que los intereses de la Unión Europea se defienden mejor desde una política de no intervención? 
Cualesquiera que sean sus motivos, no son suficientes para justificar la ausencia oficial de la Unión Europea en Albania. 
Las condiciones actuales, así como la garantía de unas perspectivas de democratización y reconstrucción económica del país, imponen una presencia oficial y la movilización de la Unión Europea. 
Para finalizar, quisiera dirigirme a los diputados italianos de todos los Grupos políticos que se encuentran en esta Asamblea para afirmarles que Grecia ha aceptado el mando de Italia sobre la fuerza destinada a Albania. 
Debo añadir que esta decisión se adoptó con el apoyo tanto del Gobierno como de la oposición griegas. 
En este asunto Grecia actuó con unanimidad, exceptuando una pequea formación política, e insto a la parte italiana a que respalde también esta iniciativa. 
En este momento nadie puede retroceder, porque la obligación que todos tenemos hacia Albania y el pueblo albanés es importante. 
Señora Presidenta, escuchando a los representantes del Consejo y de la Comisión, me preguntaba de qué Consejo y qué Comisión eran representantes. 
Me daba la impresión de que hablaban sobre otro continente, no sobre Europa, sobre otra Unión, no sobre la Unión Europea. 
No sintieron la necesidad ni siquiera de pedir perdón o expresar su sentimiento, porque cerraron los ojos cuando veían venir los sucesos de Albania, por no disgustar a su predilecto, el Sr. Berisha. 
Desde las pasadas elecciones simuladas en Albania, y después de ellas, diputados de todos los Grupos políticos han dado la alarma en numerosas ocasiones con sus preguntas y siempre han recibido la misma respuesta: » Informamos a su Seoría de que investigaremos las denuncias y le informaremos». 
No nos informaron, Señorías, como no nos suelen informar nunca cuando les hacemos preguntas, haciendo burla del Parlamento Europeo. 
Los trágicos sucesos de Albania se les han adelantado. 
Aún ahora, sin embargo, se encuentran, según nos dicen, en una fase de seguimiento de la situación. 
Las disputas entre ustedes y sus diversos intereses no les permiten adoptar una acción común ni una política común como Unión Europea en Albania. 
¿De veras, seor Ministro y Presidente en ejercicio del Consejo, es ahora cuando usted ha caído en la cuenta de que la policía de Berisha necesita formación? 
¿Es ahora cuando usted reconoce que existe una mafia albanesa y de que la ayuda humanitaria corre peligro de no llegar a manos de la población albanesa? 
Tienen una última oportunidad de seguir las líneas políticas trazadas por la resolución del Parlamento Europeo. 
Son ustedes los autores morales de lo que ha sucedido en Albania, de la misma manera que lo son de lo que sucedió en la antigua Yugoslavia. Es la última vez que los pueblos de Europa se lo perdonarán. 
Señora Presidenta, a diferencia de lo que hizo mi Grupo, firmé y voy a votar, a título personal, la resolución de compromiso sobre Albania, ya que comparto su contenido y sobre todo porque estoy de acuerdo en la urgencia de enviar una misión humanitaria internacional. 
A mi juicio, la Unión Europea e Italia, en particular, tienen el deber político y moral de ayudar al Gobierno de reconciliación nacional a restablecer un clima de convivencia pacífica y de normalidad democrática en Albania y todas las fuerzas políticas albanesas, tanto de la mayoría como de la oposición, incluidos los comités del sur, piden que las Naciones Unidas lleven a cabo la misión internacional que mi país va a coordinar. 
En la actualidad, no hacer nada en Albania sería un delito de omisión del deber de socorro, mientras que es justo y preciso que Europa se preocupe de los destinos democráticos de un país que forma parte de la geografía y de la política europea. 
Por otra parte, las voces que se elevaron desde este Pleno y desde mi propio Grupo contra la misión, ofrecen como alternativas inmediatas tan sólo proyectos políticos que no resuelven a corto plazo la crisis que sufre ese país. 
A mi entender, hay que apoyar al Gobierno de coalición del primer ministro Fino en todas sus solicitudes políticas, porque actualmente este Gobierno es el único interlocutor capaz de dirigir a Albania. A dicho propósito, entiendo que el Presidente Berisha haría bien en asumir sus responsabilidades y contribuir eficazmente a la solución política de la crisis albanesa poniendo, ante todo, su cargo al servicio de la reconciliación nacional al efecto de favorecer unas nuevas elecciones. 
Deseo dirigir una crítica al Consejo y a la Comisión porque brillaron por su ausencia en esta crisis al haber dejado el cometido de resolver el problema sólo a Italia y al haberse limitado a asistir al estallido de la crisis y al éxodo de los refugiados sin mover un dedo. 
La propia Comisaria, Sra. Bonino, no intervino en absoluto precisamente en un ámbito de su competencia, esto es, el de las ayudas a los refugiados. 
Acuso pues a las Instituciones europeas de haber mantenido una actitud pasiva y de haber así traicionado su tarea de apoyo al Gobierno italiano en la difícil crisis en la que se ve envuelto. 
Confío en que una nueva Política Exterior y de Seguridad Común pueda, también a través del voto por mayoría simple, impedir nuevas crisis. 
En el caso de Albania, la solución pasa por el envío inmediato de esa fuerza internacional que apoyo votando la resolución, incluso en contra de la opinión de mi Grupo. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar mi intervención rindiendo homenaje a los muchos valerosísimos hombres y mujeres de Albania que han puesto en peligro su vida y su medio de sustento para intentar preservar la paz, el orden y la honestidad en ese país. 
Su valentía merece nuestra admiración y, desde luego, nuestro apoyo. 
Todos sabemos que lo que en el fondo nos da que pensar, y lo que tememos, es que Albania se convierta en otra Bosnia, y si eso ocurre explotarán todos los Balcanes. 
Ese es el contexto en el que tenemos que enmarcar nuestro debate de hoy. 
Así que, aunque daría las gracias por los esfuerzos que han hecho hasta ahora el Consejo y la Comisión, hay que decir que, claramente, es necesario hacer más. 
Comparto la preocupación que han manifestado hoy algunos diputados respecto a que la fuerza de protección multinacional no sea suficientemente representativa. 
Francamente, se está haciendo demasiado hincapié en Italia en un teatro en el que la Historia tendría que enseñarnos que no debiéramos colocar a los italianos en una situación demasiado expuesta. 
En todas estas ocasiones existe el peligro de que la fuerza de protección se convierta en un problema en lugar de en una solución y ese es el riesgo que corremos al no contar con una fuerza de protección más completa y con más apoyo. 
El momento no puede ser más propicio para demostrar la solidaridad europea; por eso estoy totalmente de acuerdo con los que han pedido una acción conjunta en Albania porque la Historia seguro que nos habrá enseñado que cerrar los ojos ante los Balcanes nos perjudicará a todos. 
Hemos cerrado los ojos demasiado tiempo ante lo que ha sucedido en Albania y ahora sufrimos las consecuencias. 
Tenemos que obtener ayuda humanitaria; tenemos que conseguir que se restablezca la paz; tenemos que conseguir que haya unas elecciones como es debido basadas en la libertad de los medios de comunicación y en el respeto por el Estado de Derecho. 
No va a ser fácil y va a exigir mucho más esfuerzo del que hemos estado dispuestos a invertir en ello hasta ahora. 
Señora Presidenta, en dos minutos tan sólo pueden decirse dos cosas: la primera se refiere al papel de la Unión en la crisis que actualmente atraviesa Albania, un papel que, a pesar del apoyo de las Naciones Unidas, y con arreglo al Tratado en vigor, no prevé que la Unión asuma responsabilidades plena y directamente. 
Se trata, de hecho, de una simple coparticipación, aunque la misión en Albania convierte en protagonistas a algunos Estados miembros, empezando por Italia. 
La sensación es que una vez más la Unión ha perdido una ocasión histórica para ejercer un protagonismo que debe conquistarse sobre el terreno y que, por razones políticas, culturales y geográficas, nadie osaría poner en duda. 
El riesgo es que en el corazón de la vieja Europa se perpetúe la situación que Luigi Sturzo describió con estas palabras: » En cada Estado todos los ciudadanos están desarmados y sólo el Gobierno está armado». 
En nuestro continente todos los Estados están armados y sólo la autoridad internacional está desarmada. 
Y, habida cuenta de que no existe paz sin derecho, ni derecho sin sanción, o Europa logra dotarse cuanto antes de una estructura unitaria de seguridad y de prevención de las crisis, o nuestro continente está destinado a seguir prisionero del Estado natural, en el cual cada pueblo se ve abocado a hacer justicia por sí solo y a caer en la barbarie, como sucedió en Bosnia y como podría suceder en Albania. 
En segundo lugar, tal como se ha manifestado, hoy en Albania el verdadero problema no afecta tanto a los aspectos humanitarios, los alimentos y las medicinas, como a la necesidad urgente de restablecer sobre bases democráticas la autoridad del Estado y la soberanía de la ley. 
Una autoridad y una soberanía que en Albania consiguieron su legitimidad desde abajo, o sea, gracias a las elecciones políticas y sobre todo administrativas. 
De ello se deriva que en Albania no pueden existir autoridades legítimas más allá del jefe del Estado y del jefe del Gobierno. 
La misión podrá tener alguna probabilidad de éxito sólo si respetará estas reglas básicas. 
Por el contrario, está destinada a fracasar miserablemente si no se desalienta la tendencia leninista todavía presente en el partido socialista que, por un lado, tiende a apoyar al Gobierno Fino y, por otro, a concluir acuerdos políticos con los comités insurrectos y con las bandas armadas. 
Señora Presidenta, es curioso, pero hay que decir que el Consejo y la Comisión, con sus declaraciones, han intentado servirnos «tila europarlamentaria» a quienes componemos esta Asamblea y desde aquí, a través de los medios de comunicación, a la opinión pública europea. 
Comprendan que no podrán ocultarlo. 
Se trata de una cruda y notoria intervención militar en un país europeo independiente. 
Se trata de una intervención que viene a apoyar el decadente, rapaz y mafioso régimen de Berisha, que ustedes han criado, han alimentado y ahora quieren volver a proteger. 
Ni ustedes, ni la ONU, bajo el mando de Annan, ni otras organizaciones internacionales tienen derecho a privar al pueblo albanés insurrecto de su derecho inalienable a ser él mismo y nadie más quien decida su suerte. 
Igualmente, ni ustedes, ni los que firman esta resolución sin mencionar a Berisha y respaldan sin reservas la intervención militar tienen derecho a decidir desde sus cómodos sillones que se envíe a nuestros hijos, a los hijos del pueblo europeo, a una posible carnicería para matar y ser matados. 
Y, ¿por que? 
Para imponer ilegítimos intereses y esferas de influencia en Albania. 
¡Compréndanlo! 
No se podrá encubrir este asunto. Tarde o temprano habrá otro estallido, pues no puede crearse una democracia desde los cuarteles de las tropas multinacionales. 
Crearán una democracia «fast food». 
¡Una variante de la democracia de Berisha! 
Señora Presidenta, quien haya seguido hoy el debate habrá constatado que está discurriendo no sólo con argumentos fríos sino que, en parte, tampoco está desprovisto de emociones. 
En la actual situación de Albania hoy no sirve de nada airarse con el comunismo, airarse con los que le han sucedido allí, los cuales tampoco han hecho un papel brillante. 
Y quien hable hoy todavía del ambiguo papel de los socialistas en Albania, debe preguntarse si éste no es el tono equivocado. 
Efectivamente, se trata ahora, en mi opinión, de que todos los que tengan buena voluntad aúnen todas las fuerzas para mejorar la situación de Albania y cooperar, y Berisa debe participar también de manera constructiva en este proceso de reconstrucción y colaborar en el mismo. 
Quisiera subrayar que este Parlamento ha conducido seriamente en el pasado, y también hoy, el debate sobre la situación en Albania. 
Creo que el debate, y también la resolución común, que toca todos los puntos importantes, muestra que estamos dispuestos a hacer lo necesario para ayudar a apoyar en Albania la constitución de nuevas estructuras en los ámbitos de la política y de la economía; así lo han manifestado también todos los que han hecho uso de la palabra en el debate. 
El acento se pone en el esfuerzo común, pues sin un talante de comunidad no se logrará la tarea. 
En este sentido, espero que los anuncios del Consejo y de la Comisión no se hayan quedado en vanas promesas. 
Al principio se ha hablado en el debate de casi 500 millones de ecus que han fluido hacia Albania a través del programa PHARE. 
La Comisión debe permitir que se pregunte- no hoy, sino en otro momento- dónde se ha quedado este dinero. 
En todo caso, cuando estuve en Albania, no vi ninguno de los proyecto que presuntamente han sido financiados con este dinero. 
Para terminar, creo que hay que decir que la comunidad internacional, en especial la Unión Europea, la CSCE y el Fondo Monetario Internacional, tienen ahora la tarea de apoyar en Albania el desarrollo macroeconómico, para que las personas vuelvan a tener un futuro allí. 
De lo contrario, creo que a la larga se producirá una mala situación en aquel país. 
En cualquier caso, nosotros estamos dispuestos a contribuir a ello con nuestra aportación. 
Daré mi voto a favor de la resolución común, aunque es incompleta, dado que no aborda de manera bastante satisfactoria el problema que tratamos. 
Este problema es un problema de confianza. 
No es posible comprender desde aquí lo profunda que es la falta de confianza de los albaneses, en primer lugar hacia el Sr. Berisha y su régimen y, en segundo lugar, hacia nosotros, es decir, el resto de la Unión Europea. 
Esto es lógico, si se tiene en cuenta que muchos entre nosotros han respaldado y siguen respaldando al Sr. Berisha, que es el principal responsable de las elecciones fraudulentas y de la política de crisis, el principal culpable del robo del sistema piramidal y el principal sospechoso de todo intento de buscar soluciones irregulares en Albania. 
Si queremos recuperar esta confianza, es imprescindible que respaldemos absolutamente el gobierno de reconciliación nacional, que estemos presentes como Unión Europea mucho antes de las elecciones y durante las elecciones, respecto de todas las cuestiones que conciernen a la restauración política de la democracia, que no haya ni la más mínima sospecha de un apoyo a Berisha hasta que este quede al margen del proceso y, por último, seor Comisario, es imprescindible que indemnicemos a las víctimas del robo del sistema piramidal por las pérdidas sufridas. 
Usted lo había mencionado anteriormente, pero no lo vuelvo a encontrar en sus declaraciones de hoy, ni en las del Consejo y, lamentablemente, tampoco en la resolución del Parlamento. 
Sin esta indemnización, cualquier solución política será inestable. 
En Belgrado, la Unión Europea se unió a los manifestantes pacíficos contra el alcalde Milosevic y este alcalde cayó. 
En Bulgaria, se unió a los manifestantes pacíficos contra el gobierno de Videnow y ese gobierno cayó. 
Lo mismo sucede en la actualidad en Bielorrusia con Lukashenko. 
La cuestión es, por qué prestar apoyo, aun hoy, y por qué mostrar tolerancia hacia una fuerza, la de Berisha y sus círculos, que socava el proceso democrático de Albania, cuando Estados Unidos, país al que imitamos habitualmente, ya se ha distanciado de Berisha. 
La izquierda advirtió en este hemiciclo, cuando la Unión Europea respaldaba las elecciones, cuando incluso los gobiernos socialistas enviaban a su presidente durante el período preelectoral o condecoraban a Berisha, advirtió y también advierte hoy que en una crisis política, como ha señalado Van den Broek, antes de enviar cualquier fuerza de paz debemos intentar solucionar los problemas políticos y, sobre todo, descartar la influencia, no por venganza, sino por la supervivencia de Albania, de ese factor que socava el proceso democrático en Albania. 
Lamentamos que el Parlamento Europeo, en vez de dar un impulso al Consejo, en esta resolución común, que es una resolución pactada, reproduzca básicamente las posiciones del Consejo, mostrando un comportamiento impecable frente a Berisha. 
Lo que solicitamos es que se aprueben las enmiendas de nuestro Grupo, en las que, entre otras cosas, se exige la dimisión del Presidente Berisha, cosa que, en mi opinión, facilitaría la situación en Albania. 
Señora Presidenta, comprenderá usted que no es fácil contestar a las intervenciones de veinte diferentes diputados, de los cuales muchos han puesto de manifiesto- con razón, debo añadir- su especial sensibilidad por los acontecimientos en Albania. 
He de decir que comprendo este sentimiento, pues a veces me asusto tremendamente al ver cómo un pueblo vecino europeo puede llegar a semejante estado de anarquía y autodegradación. 
Pienso que todos estamos especialmente implicados y que lo lamentamos mucho. 
Al contestar a las líneas generales de las intervenciones de sus Señorías, distingo tres preguntas que se han planteado continuamente. 
La primera pregunta es: ¿Lo vimos venir y reaccionamos como es debido? 
La segunda pregunta: cuando se produjo el colapso total en febrero/marzo, ¿reaccionó como es debido la Unión Europea? 
La tercera pregunta: ¿No deberíamos intervenir con medios militares más vigorosos que los que se están preparando ahora? 
Este es un poco el tipo de preguntas que distingo. 
Con respecto a la primera pregunta quisiera pedir que a la postre no declaremos ser más sabios de lo que éramos a la sazón. Por supuesto, es fácil volver la vista atrás y decir: hemos cometido este error y tendríamos que haberlo previsto. 
Pero no lo hicimos. 
En el último año se ha trabajado de forma muy sistemática. 
En primer lugar, las tristemente famosas elecciones de mayo de 1996 dieron pie al envío puntual de una misión de la OSCE. 
Se elaboró un informe al respecto, en donde se emitían duras críticas a las elecciones y se recomendaba volver a celebrar elecciones en diversos distritos. 
Entonces, el Consejo de la Unión Europea adoptó una posición política clara, en el sentido de que si no se seguía el informe de la OSCE, el Consejo no estaría dispuesto a emprender nuevos pasos en el desarrollo de las relaciones con el Gobierno de Albania, tanto con respecto al Tratado, como en lo relacionado con la cooperación económica. 
En aquel momento, el instrumento diplomático era el único instrumento de que disponía la Unión Europea. 
Quiero señalar y recordarles que en otoño se celebraron elecciones locales, observadas por el Consejo de Europa, que a juicio de éste se desarrollaron de forma bastante razonable. 
En aquel momento, la estimación política era que Albania había dado un giro en dirección al establecimiento de relaciones democráticas normales, por lo que la presión había disminuido un poco. 
En invierno quedó claro que todo era más complicado, y entonces, en febrero/marzo, se produjo la disolución, iniciada quizás por el conocido problema de los juegos piramidales, pero naturalmente todo se basa en un problema mucho más amplio. 
La crisis en Albania, señora Presidenta, no es una guerra civil. En la crisis de Albania no hay dos grupos étnicos enfrentados y no hay un grupo político tradicionalmente arraigado que no tolere la existencia de otro. 
De hecho se trata del colapso total de un sistema socioeconómico, la pérdida total de autoridad de la administración, tanto a nivel nacional como regional. 
Cuando el Consejo se enfrentó a estos hechos, la primera pregunta que se planteó fue: tenemos que hacer algo, pero ¿dónde agarrarnos? 
El primer asidero a que agarrarnos, Señorías, es la restauración de algún tipo de orden público y autoridad, pues de otro modo no puede ser. 
Es decir, primero entablar contacto con los interlocutores existentes: el Presidente Berisha, los partidos políticos, las demás autoridades presentes. 
Por ello, la OSCE envió rápidamente a Albania a su representante, el Sr. Vranitzky, y el Consejo a su Presidente, el ministro Van Mierlo. 
De hecho intentaron lograr un acuerdo entre todos los grupos políticos implicados, en el que se anteponían dos elementos; en primer lugar, tomar medidas inmediatas para restaurar el orden público y mantener un nivel mínimo de orden público, y en segundo lugar, iniciar un proceso político conjunto que lleve a la restauración de relaciones políticas y democráticas normales. 
Este acuerdo se cerró, tras lo cual se formó el gobierno Fino y este intenta ahora poner manos a la obra. 
Quienes dicen: tendríamos que haber tomado partido, tendríamos que haberle dicho al Presidente en ejercicio que se fuera, niegan la primera prioridad, a saber: la restauración de un nivel mínimo de orden público, pues en las circunstancias imperantes entonces no se podía hacer absolutamente nada. 
Es decir, este es el camino que no hemos elegido. 
Cuando oímos decir en esta Asamblea: no deberían haberlo hecho ustedes, pienso que esta Asamblea, por lo menos ciertos diputados de esta Asamblea, no ven cuál es la primera prioridad: la restauración del orden público. 
La tercera pregunta, en relación con algunas observaciones hechas, es si la Unión Europea no tendría que haber actuado más enérgicamente. Si no habría tenido que reaccionar rápidamente y con una fuerza militar, etc. Quiero decir lo siguiente. 
La Unión Europea no es una organización militar. La Unión Europea no es competente en cuestiones militares, no es competente en política de defensa. 
En el marco de las relaciones entre las instituciones hablamos por tanto de algo que queda al margen. 
En segundo lugar, como ya he dicho antes, los problemas de Albania no tienen que ver con dos partes contrincantes que se enfrentan y entre las cuales ha de interponerse un fuerza para separarlas o poner orden. 
El problema es el colapso total del sistema socioeconómico y de la autoridad nacional. 
Dada la situación de seguridad allí- y todos ustedes han podido enterarse del nivel de armamento del ciudadano medio en Albaniahabría sido totalmente irresponsable que una gran fuerza policial o militar europea hubiera intervenido sin pensárselo dos veces para restablecer el orden. 
Considero que quienes lo defienden implícita o explícitamente, mantienen un alegato irresponsable. 
Estoy muy agradecido por el hecho de que diversos países- no en el marco de la Unión Europea, pues no es competente, el Consejo no tiene competencias en el ámbito militar- hayan formado una coalition of the willing, apoyada por una declaración de competencia a través de una resolución del Consejo de Seguridad para amparar una multinational protection. 
Esta se está desarrollando cuidadosamente en estos momentos, lo que tiene que ver con la división de tareas, el despliegue, la configuración y la cooperación por un lado, y el complicado trabajo de definir las estructuras de mando, cuáles son las reglas del compromiso por otro lado. 
Se trata de asuntos que hay que sopesar con cuidado, pues algunas de sus Señorías han dicho: la situación todavía es incierta. 
La situación de seguridad es precaria y si no se actúa con suma precaución y no se planifica con mucho cuidado y no se parte de la mayor cooperación posible con las autoridades albanesas, que están dispuestas a cooperar y que ofrecen sus servicios para que esta autoridad policial, militar, pueda desempeñar también su papel, entonces, pienso que podemos esperar grandes decepciones en cuanto al empleo de fuerzas militares. 
En resumidas cuentas: comprendo plenamente que esta Asamblea quiera expresar su frustración y desconcierto por el hecho de que un pueblo hermano europeo pueda caer en tal situación. 
Pero no creo que haya que expresar los sentimientos que también sentimos en el Consejo, sino que hay que juzgar fríamente para poder hacer lo que sea necesario y, quiero repetirlo, lo que sea viable en un determinado momento en las diversas fases de la crisis en cierne. 
Tanto en Albania como en la toma de decisiones política se trata de algo necesario, pero también hay que tener en cuenta la viabilidad. 
Señora Presidenta, tan sólo me levanto, pues es obvio que no he estado aquí durante el resto del debate, para decir que mi colega Hans van der Broek expresa su gran pesar por haber tenido, inevitablemente, que abandonar pronto la Cámara a fin de poder coger un avión. 
Está claro que éste no habría sido su deseo en ninguna otra circunstancia. 
También me ha pedido que diga que si en el transcurso del debate, al que él, evidentemente, va a prestar toda la atención, surgiera alguna pregunta específica sobre datos o información, con mucho gusto le dará respuesta por escrito. 
Señora Presidenta, creo que tenemos el deber hacia los electores de no permitir que se creen impresiones falsas. 
En este aspecto, es muy importante subrayar que es falso que no teníamos conocimiento del fraude electoral. 
Primero: teníamos conocimiento del fraude electoral y no hicimos nada. 
Segundo: no es correcto que hayamos dado prioridad al orden público, ya que, de ser así, mandaríamos desarmar y desmantelar los servicios secretos. 
La gente de Albania recurrió a las armas porque nosotros, al no hacer nada, le decepcionamos. 
He recibido, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, siete propuestas de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Hong Kong. 
Señora Presidenta, quiero darle las gracias a usted y al Parlamento por haberme pedido que hable hoy aquí de Hong Kong. 
Dentro de menos de 12 semanas, Hong Kong pasará a la República Popular China. 
El Consejo ve con confianza el futuro de Hong Kong y confía en que las estrechas relaciones entre el Reino unido y la República Popular China serán garantía de una transición armoniosa. 
Se puede ganar mucho con una transición armoniosa de Hong Kong. 
Lo que suceda en Hong Kong interesa a todas las naciones comerciales, también a los Estados miembros de la Unión Europea, cuyo comercio con Hong Kong en 1996 ascendió a más de 43 millardos de ecus. 
Hong Kong es esencial como puerta de acceso a China, y es un centro financiero y comercial para toda la región asiática. 
No obstante, no debemos olvidar que con el futuro de Hong Kong está en juego también el futuro de 6 millones de habitantes de Hong Kong, a quienes se ha prometido que podrán mantener su estilo de vida actual en los próximos cincuenta años. 
Las dos partes de la transacción, el Reino Unido y la República Popular China, han mantenido amplias consultas y seguirán haciéndolo para ocuparse de una transición armoniosa en los próximos cuatro meses y también después. 
Muchos elementos de la transición ya se han negociado y gestionado con éxito, como la continuidad bajo el aparato administrativo de Hong Kong. 
El Consejo espera que en los cuatro meses que quedan se solucionen adecuadamente los demás problemas de transición por la vía de la negociación. 
En diciembre del año pasado, China instituyó un órgano legislativo temporal, la llamada Provisional Legislation, que a partir del 1 de julio asumirá las tareas del actual Consejo legislativo, el llamado Legislation Council. 
El Consejo tiene la esperanza de que un órgano legislativo como este no obstaculizará la transición armoniosa y el desarrollo futuro de Hong Kong. 
El Consejo parte de la idea de que, después del traspaso de la soberanía, el órgano legislativo temporal será reemplazado cuanto antes por un órgano legislativo permanente, elegido de acuerdo con los principios establecidos en la ley fundamental, la llamada basis law. 
Además, el Sr. Tun Chi Wa ha sido nombrado futuro chief executive, y este ha elegido a los futuros miembros del consejo. 
El Consejo aplaude el nombramiento del Sr. Tun, con lo cual se ha eliminado un punto de inseguridad con respecto a la transición. 
De la elección de los altos funcionarios de Tun y de los miembros del Consejo Ejecutivo se desprende que está decidido a garantizar la máxima continuidad posible bajo el aparato administrativo, algo que aplaude el Consejo. 
No se espera que el fallecimiento del Sr. Deng Xiaoping, el arquitecto del principio de «un país, dos sistemas» , produzca ningún cambio en la política de China respecto a Hong Kong. 
Va siendo hora de dirigir nuestra mirada al futuro y confiar en que el gobierno de la República Popular ponga realmente en práctica el principio de «un país, dos sistemas» a partir del 1 de julio. 
Una región administrativa especial próspera y estable, la SARHK- pido disculpas por este acrónimo, pero no ha sido idea mía -, es sin duda también el deseo del Gobierno chino. 
El Consejo de Europa de Dublín del pasado diciembre volvió a corroborar el gran interés que otorga la Unión Europea a la paz y la prosperidad futuras de la Región Administrativa Especial de Hong Kong como parte de la República Popular China, así como el deseo de la Unión Europea de hacer todo lo posible por contribuir a una transición armoniosa. 
Nos esforzaremos con ahínco por continuar las relaciones con la SARHK en la Organización Mundial del Comercio y en otros casos en que Hong Kong pueda actuar autónomamente en virtud de la ley fundamental. 
El Consejo ha pedido a la Comisión que en el transcurso de 1997 haga propuestas que permitan garantizar al máximo una estrecha cooperación económica con Hong Kong. 
El Consejo de Dublín ha recalcado asimismo su pleno apoyo del estatuto específico de la SARHK y sus ciudadanos en todos sus aspectos, inclusive su derecho a unas instituciones democráticas representativas como las ya existentes. 
La plena aplicación de la declaración conjunta es la mejor garantía de que Hong Kong seguirá existiendo y que sus habitantes podrán conservar el estilo de vida al que están acostumbrados. 
Por ello el Consejo vigilará escrupulosamente el cumplimiento de las disposiciones de la declaración conjunta, que es un tratado internacional vinculante entre el Reino Unido y la República Popular China. 
Concluyendo, se han cumplido muchas de las condiciones para la continuación del éxito de Hong Kong. 
La economía está saneada y las personas parecen afrontar el futuro con optimismo. 
Pero es inevitable que también haya preocupación y miedo en este período. Es normal en tiempos de cambio. 
Lo curioso es que casi siempre son las personas de fuera de Hong Kong las que se preocupan, mientras que la mayoría de los ciudadanos de Hong Kong parecen afrontar el futuro con más optimismo. 
El Consejo Europeo de Dublín ha expresado su apoyo a Hong Kong. 
El Consejo seguirá de cerca los desarrollos, hasta el momento del traspaso de la soberanía y también después, cuando China concrete su política de «un país, dos sistemas» , en lo que entonces volverá a llamarse special administrative region Hongkong. 
El Consejo tiene confianza en el futuro de Hong Kong y se esforzará por mantener una estrecha cooperación en todos los ámbitos posibles. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con agrado esta oportunidad de hablar sobre Hong Kong y yo personalmente estoy agradecido al Parlamento por darnos la posibilidad al presentar estas propuestas en el día de hoy. 
En esta ocasión me referiré exclusivamente a Hong Kong, pero la Asamblea puede estar segura de que el enfoque político que voy a exponer se mantendrá asimismo en el caso de Macao, el cual, naturalmente, irá recibiendo un tratamiento más extenso tanto en esta Cámara como en otros lugares a medida que pase el tiempo. 
Al quedar tan sólo doce semanas para la transferencia de la soberanía de Hong Kong- como acaba de decir el Sr. Patijn -, este debate es obviamente oportuno, pero también es un buen momento para mirar más adelante, después de la entrega del 1 de julio, y reflexionar sobre cómo podrían evolucionar en el futuro nuestras relaciones con Hong Kong como región administrativa especial de China. 
Creemos que Hong Kong desempeñará un papel importante y positivo en nuestras relaciones con China en las décadas venideras. 
Como sabrá la Asamblea, en los últimos años la Unión Europea ha aprovechado toda oportunidad que se le brindaba para destacar la importancia que confiere al futuro de Hong Kong. 
El Consejo Europeo ha insistido repetidamente en la gran apuesta de la Unión por la futura paz y prosperidad de Hong Kong. 
Los intereses económicos que tiene allí la Unión Europea son de gran escala y están profundamente arraigados. 
Hong Kong es nuestro décimo mayor socio comercial, con más de 100 empresas de servicios financieros de la Unión Europea y unas 250 sedes regionales de empresas de la Unión Europea establecidas allí. 
Pero nuestros intereses no son sólo económicos y comerciales. 
En Hong Kong viven más europeos que en cualquier otra ciudad de Asia y el espíritu de apertura que ostenta el enclave significa, evidentemente, que tenemos muchos valores en común. 
Así pues, Hong Kong es y debe seguir siendo uno de nuestros principales socios asiáticos. 
Por lo tanto, en las próximas semanas, la Comisión presentará una comunicación, que también será transmitida al Parlamento, en la que se examinan nuestras futuras relaciones con Hong Kong de manera global. 
La Comisión cree que la aplicación efectiva de la Declaración conjunta chinobritánica y la plena observancia de la Ley fundamental es la mejor forma de proteger los verdaderos intereses de la Unión Europea en Hong Kong y es de gran importancia para conservar el bienestar de sus habitantes. 
Enviamos este claro mensaje al Gobierno de la República Popular de China en cada oportunidad que se nos presenta. 
La aplicación efectiva de la Declaración conjunta y de la Ley fundamental significará que Hong Kong, como región administrativa especial de China, gozará de un alto grado de autonomía, no sólo en los asuntos económicos sino también en cuestiones administrativas, financieras y de ordenamiento jurídico. 
La Declaración y la Ley fundamental confirman asimismo las libertades básicas fundamentales de Hong Kong, que incluyen la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de culto y creencia religiosos. 
Le seguirán siendo aplicables el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Por supuesto, por razones que son muy evidentes, se ha especulado mucho y con preocupación sobre la continuidad de estas disposiciones en el futuro. 
Las disposiciones, sin embargo, están establecidas de forma muy explícita en la Declaración conjunta y en la Ley fundamental y esto hay que considerarlo como la principal garantía para los habitantes de Hong Kong. 
Es algo que, claramente, intentaremos vigilar de cerca en los años venideros y la Comisión espera que los actuales mecanismos de la política exterior y de seguridad común examinen regularmente la situación de la ciudad, ya que es un tema en el que deben usarse con toda claridad los instrumentos de la PESC. 
La magnitud de los intereses europeos, estadounidenses, japoneses y de otros países en Hong Kong no es la única razón por la que confiamos en que siga siendo un socio importante de la comunidad internacional. 
La Declaración conjunta es un acuerdo internacional depositado en las Naciones Unidas, pero, más que eso, en ella y en la Ley fundamental es esencial la dimensión internacional. 
Hong Kong seguirá teniendo su propia voz como miembro separado de numerosas organizaciones internacionales y podrá firmar acuerdos internacionales en áreas pertenecientes a las competencias autónomas de la Región Administrativa Especial (RAE). 
En los próximos años estaremos esperando que Hong Kong mantenga su condición como socio activo y autónomo en los asuntos económicos y en las demás áreas de actuación reservadas a la RAE. 
Insisto en que va en interés de todos, fuera y dentro de China, que se mantenga la confianza internacional en Hong Kong. 
La incertidumbre sobre el proceso legislativo y sobre el sistema jurídico de la ciudad sólo puede lesionar dicha confianza. 
Por eso nos preocupan algunos acontecimientos de los últimos meses relacionados con el Consejo Legislativo y con la legislación sobre libertades civiles. 
Es un período sensible y es muy importante que se ofrezcan promesas tranquilizadoras a los habitantes de Hong Kong y a la comunidad internacional sobre el mantenimiento de la democracia, de las libertades civiles y del Estado de Derecho. 
Un anuncio claro de que es seguro que habrá elecciones para un nuevo Consejo legislativo elegido de forma libre y limpia poco después de la entrega sería una noticia tranquilizadora clara e importante sobre la futura estabilidad de Hong Kong. 
La Región Administrativa Especial de Hong Kong prevista en la Declaración conjunta y en la Legislación fundamental tendrá, como es obvio, un carácter único, pero ese mismo carácter único es el que hace doblemente importante que la población de Hong Kong, del resto de China y de la comunidad internacional den a la RAE oportunidad de funcionar según lo prometido. 
Aseguro firmemente a la Asamblea que la Comisión no perderá de vista a Hong Kong. 
Por el contrario, tal como propondremos en la inminente comunicación, podemos contribuir a mantener la tradición de libertad e internacionalismo de la ciudad, en primer lugar siguiendo muy de cerca la situación de allí y, en segundo lugar, desarrollando más los contactos. 
Por lo tanto, es nuestra intención vigilar e informar regularmente acerca de todos los aspectos de la vida de Hong Kong y desde luego puedo confirmar que ello incluirá un informe anual al Consejo y al Parlamento sobre todas las cuestiones que atañen a las relaciones UE-Hong Kong, en particular las de orden político y comercial, los derechos humanos y la cooperación. 
Por otro lado, en la Comisión nos proponemos continuar los progresos realizados en los últimos años y seguir intensificando los vínculos con Hong-Kong, tal como han hecho por su cuenta tantos ciudadanos europeos: estudiantes, visitantes y hombres de negocios, además de los diputados de este Parlamento. 
Desde 1993 nuestra oficina en Hong Kong ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de nuestras relaciones con la zona y damos gran importancia a su función como oficina independiente que establece un vínculo directo con Bruselas. 
Seguirá desempeñando esta misma función en el futuro. 
Trabajaremos para conseguir que prosiga la intensificación de las relaciones y esperamos que se empleen activamente la Declaración conjunta y la Ley fundamental y que sigan evolucionando nuestras relaciones con Hong Kong en los próximos años. 
No quiero estropear el espíritu de unidad que rodea este debate, porque sé que la mayoría estamos de acuerdo con la resolución que tenemos ante nosotros. 
No obstante, querría señalar a la Asamblea solamente que hablar de China crea algunas dificultades a los diputados del Partido de los Socialistas Europeos, pues según tengo entendido el Partido Comunista Chino es una organización hermana del PSOE. 
Me pregunto porqué los millonarios de Hong Kong no habrán dado ningún dinero al «Nuevo Laborismo» , aunque creo que la respuesta habla por sí misma. 
Quería dar las gracias al Consejo y a la Comisión por sus observaciones. 
El Consejo podría haber escrito su declaración en París: el tono optimista acerca de las intenciones de China parecen haber sido escritas en francés. 
Los franceses, aclaro, están actualmente en Pekín intentando poner fin al embargo armamentístico de la UE. Por otro lado, quiero agradecer a la Presidencia los esfuerzos que ha estado realizando para intentar obtener una resolución sobre derechos humanos en Ginebra. 
Aquí se verá, creo, cómo la Unión Europea se mantiene firme arma en mano, y no cómo intenta vender armas a Pekín. 
Gracias también a la Comisión por una declaración muy exhaustiva que nos tranquiliza mucho sobre el hecho de que al menos la Comisión va a prestar atención a la situación de Hong Kong después de la entrega. 
Por supuesto es cierto que Hong Kong reviste gran importancia para la Unión Europea desde el punto de vista económico. 
La Comisión ha explicado ya detenidamente algunos aspectos de esto, pero yo querría decir que en Hong Kong viven 45.000 ciudadanos europeos; que la Unión Europea es su mayor socio comercial después de China y los Estados Unidos; que Hong Kong es el duodécimo mayor socio comercial de la Unión Europea en el mundo; y que nuestras exportaciones a Hong Kong ascienden a unos 2.000 ecus por habitante de Hong Kong, mientras las de Australia son sólo de 400 y las de Japón de 200 ecus. 
Hong Kong, por supuesto, ha sido una centro comercial para las exportaciones a la China continental durante generaciones pero, recientemente, desde las reformas de 1978 en esta última, las exportaciones han aumentado en aproximadamente el 500 %. 
Tal como ha destacado el Sr. Comisario, hay muchas sociedades europeas que tienen su sede principal en Hong Kong y 44 bancos con base en Hong Kong que han sido constituidos como sociedad en la propia Unión Europea. 
Ello da cierta idea de la importancia de este territorio para los europeos, no sólo para los británicos, sino para los europeos en conjunto. 
Podría añadir que Hong Kong, con una población de 6 millones de habitantes, produce en torno al 23 % de la riqueza de toda China y que actualmente disfruta de un 100 % de democracia. 
Tengo la seguridad de que la Comisión va a vigilar en particular los cambios políticos y sociales de Hong Kong después de la elección, y me uno al Sr. Titley en hacer la petición de que haya elecciones libres y limpias, basadas en el sufragio universal de los mayores de edad, en un plazo de tres meses después de la entrega del 1 de julio. 
Ésta, creo, es la más esencial de las demandas legítimas que tiene que hacer la comunidad internacional a China cuando ésta se haga cargo del territorio. 
Yo personalmente no comparto el optimismo sin límites del Consejo o de otros comentaristas. 
Tenemos que estar muy alerta y este Parlamento en conjunto espero que lo estará. 
Señor Presidente, me parece que las frágiles promesas de China están fallando poco a poco. 
A pesar de lo manifestado por el Sr. Titley, el problema de Hong Kong es precisamente China, y esto no hay que soslayarlo. 
Fallan también los tratados firmados por este gran socio comercial de muchos Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta y considerando que, según los nuevos líderes chinos de Hong Kong, se disolverá el Consejo Legislativo elegido democráticamente en septiembre de 1995, se abrogarán las leyes que contemplan y protegen la libertad de prensa y las que afectan a la libertad de asociación y las asociaciones ya no podrán mantener relaciones con organizaciones extranjeras y habrán restricciones en cuanto a las libertades de reunión y expresión. 
Señor Titley, si no tenemos que ocuparnos de China, no sé de qué otra cosa habría que ocuparse. 
Como es obvio, me dirijo también al Consejo que mostró un optimismo, según mi punto de vista, injustificado, habida cuenta de la actual situación. 
En consecuencia, creo que el compromiso adquirido en este Pleno por el Comisario Kinnoch a fin de que la Comisión lleve a cabo un seguimiento continuo y constante de la situación de Hong Kong es importante, aunque insuficiente. 
Exigimos que antes de finales de mayo se informe al Parlamento Europeo sobre la situación en materia de derechos humanos y civiles, así como pedimos que la Comisión aumente su representación diplomática en Hong Kong y que la situación se mantenga bajo un estricto control. 
Señor Presidente, han pasado 13 años desde que se firmó la Declaración conjunta chinobritánica; son 13 años durante los cuales los británicos han estado diciendo a sus socios europeos: » No se preocupen, Hong Kong está a salvo en nuestras manos.» 
Quedan ahora menos de 13 semanas para que Hong Kong pase a ser una región administrativa especial de la República Popular de China; menos de 13 semanas para que Europa se decida sobre cómo desarrollar una posición común coherente acerca de Hong Kong y cómo zanjar malos negocios pendientes. 
El Presidente en ejercicio ha hablado de la importancia de Hong Kong para los negocios. 
Me gustaría decirle que los malos negocios para la democracia son malos negocios para los negocios. 
Su declaración me ha parecido no tanto escrita en París como en las venerables salas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commomwealth de Londres. 
Mi interés no se centra únicamente en los negocios, sino en la gente. 
El colega del Presidente, Sr. Van Mierlo, tuvo que escribir hace diez días una carta a sus colegas a propósito de la incapacidad de Europa para aprobar una propuesta común sobre China en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Si estamos teniendo problemas con los derechos humanos de 1.500 millones de personas, ¿qué esperanza cabe para los derechos humanos de los 6 millones de personas de Hong Kong? 
Si existe algún campo en el que los países europeos podrían beneficiarse de estar en armonía detrás de la bandera europea, es el de nuestras relaciones con China. 
China ha anunciado su intención de derogar parte de la Ley colonial sobre derechos y otras 25 leyes coloniales y de abolir el Consejo Legislativo elegido directamente. 
Precisamente el mes pasado fui a Hong Kong con un grupo de diputados de esta Asamblea, y puedo decirle al Presidente en ejercicio que el miedo no procede principalmente del exterior; el miedo está en Hong Kong. 
Espero que el Consejo se una al Reino Unido en intentar que el tema de la abolición del Consejo Legislativo llegue al Tribunal Internacional de Justicia. 
Cuando estábamos allí nos reunimos con el jefe del Ejecutivo designado, Sr. Tung. 
Parece una buena persona y está intentando hacer un difícil trabajo lo mejor que puede. 
Pero si, cuando habla de valores chinos tradicionales, resulta ser lo mismo que los valores asiáticos puestos en práctica en todo el resto de Asia, o aún peor, algo como la famille-patrie-travail defendida en cierta época en Europa, entonces las fuerzas liberales y democráticas, con las que también nos hemos reunido en Hong Kong, tendrán que enfrentarse a una tarea desalentadora y necesitarán nuestra continua ayuda. 
Para terminar, los Liberales Demócratas de este Parlamento queremos que Europa tenga nuevas consignas sobre Hong Kong: vigilancia, asistencia activa y tolerancia cero. 
China es el principal Estado totalitario del mundo. 
Consigamos llevarlo con tacto hacia la democracia y la libertad. 
En el último número del Hong Kong Human Rights ' Monitor News Letter se dice lo siguiente: » La historia juzgará a Gran Bretaña por haber excluido de la vida política al pueblo de Hong Kong». 
Creo que podemos resumir la problemática de Hong Kong diciendo que la ha creado la Gran Bretaña, pero la utiliza la China. 
El proceso democrático de Hong Kong no empezó lamentablemente sino después del acuerdo sino-británico de 1984. 
Es por este motivo que China sostiene que las reformas democráticas del gobernador Patten van en contra del acuerdo. 
Al mismo tiempo, es cierto que la democracia y los derechos humanos tienen un valor moral y político en sí mismos que debe estar por encima de los acuerdos internacionales concluídos sin tener en cuenta al pueblo afectado. 
Existen ciertamente algunos aspectos positivos en la posición china, lo cual se menciona en la resolución común. 
No obstante, hay muchas cosas que nos causan preocupación. 
Por ello me solidarizo con los oradores que expresan su pesar por el hecho de que el representante del Consejo parezca tan poco preocupado por la situación que se está creando con el traspaso de Hong Kong al régimen chino. 
Hay toda clase de razones para destacar categóricamente la necesidad de una vigilancia constante de lo que suceda en Hong Kong y de la disposición de la Unión para adoptar unas acciones. 
Señor Presidente, yo tampoco comparto el optimismo del Consejo. 
Creo que ya se han recordado bastante las cosas que no funcionan, sobre todo, la disolución del Consejo legislativo así como también, más recientemente, la expulsión de siete de los ocho rectores de las universidades de Hong Kong, lo que no es un buen presagio de la colaboración que pueda establecerse con estas Universidades. 
Yo no soy de los que creen que es razonable esperar tener un único sistema en un mismo país. 
El problema consiste en hacer comprender a los responsables de la República Popular de China que el sistema en vigor en Hong Kong debe convertirse en el de toda China. 
Se pueden hacer observaciones- como acaba de hacer el Sr. Gahrton- sobre las carencias del gobierno británico en el establecimiento de la democracia en Hong Kong, pero muy a menudo se olvida que la democracia no es sólo las elecciones. 
La democracia es también un sistema legal y un sistema judicial que funcionen: elementos cuya importancia empieza a ser tenida en cuenta por ciertas autoridades chinas. 
En particular, se han podido leer las declaraciones del Presidente de la Asamblea Popular, el Sr. Chao Cheu. 
Creo que hay que insistir ante los responsables chinos y decirles que Hong Kong debe convertirse en el modelo, que el sistema en vigor en Hong Kong debe exportarse y convertirse en el único sistema para toda China. 
Evidentemente, habrá que mejorarlo- están todos los aspectos electorales, todos los aspectos de los derechos civiles- pero creo que Hong Kong es el punto de partida para el establecimiento de la democracia en China. 
Acogeremos con gusto las declaraciones de la Comisión que prometen un constante seguimiento de la evolución de la situación. 
Esperamos que el Consejo cambie de política. 
En este caso, no está en juego la Presidencia neerlandesa: ha hecho un trabajo considerable en la Comisión de los Derechos humanos de la ONU, lo que no han hecho todos los demás Estados miembros. 
Hay cuatro, concretamente, que han llevado a cabo un trabajo desastroso, y me parece que esta situación debe cambiar. 
Sin embargo, sólo podrá cambiar gracias a una política exterior común. 
Creo que aquí también queda mucho por hacer en el Consejo de Amsterdam. 
Señor Presidente, mi colega el Sr. Titley tiene toda la razón al advertir que no se utilicen Hong Kong y los derechos humanos en Hong Kong para dar palos a China. 
La gente que lo hace no ayuda a Hong Kong. 
Sin embargo, se equivoca radicalmente cuando dice que este debate no es sobre China. 
La esencia del problema, todas las dificultades que tenemos con Hong Kong responden a las dificultades que tiene el Reino Unido para entregar los últimos restos de imperio que le quedan y en la fuerte sensación de orgullo herido y, claro está, de humillación que siente China por haber cedido territorio a mi país en el pasado. 
Llevo 13 años escuchando a los políticos chinos años y ese tono de profundo resentimiento está a flor de piel o muy poco por debajo de la superficie. 
Es interesante, dicho sea de paso, observar que es algo que no ocurre con Portugal y Macao; pero, sea como sea, el resentimiento está ahí. 
Ahora hay algunos problemas para aceptarlo, pero se ha desbordado en ataques a las reformas del gobernador Patten. 
El argumento de que han llegado tarde a mi me parece equivocado. 
Una vez introducida la democracia, introducida está. 
Puede ser un buen punto de debate decir que han llegado tarde, pero realmente no tiene mucho fundamento. 
Hemos de entender que las reformas introducidas por el gobernador Patten gozan ahora de un amplio apoyo. 
Eso es lo esencial. 
Los chinos parecen incapaces de entender el punto esencial, que han señalado el Sr. Watts y otros, de que no es simplemente una ciudad de hacer dinero; su bienestar económico depende del bienestar de sus ciudadanos, y eso es algo que todavía no se ha comprendido. 
La tutela de Inglaterra llegará a su fin. 
Algo a lo que llamamos Europa puede proporcionar- usando el lenguaje de Hong Kong- «el tren directo» para que el interés se mantenga. 
Europa nos proporciona una cómoda ficción para que mantengamos un diálogo con los chinos, liberados del pasado colonial y del resentimiento colonial. 
Sólo tengo otros dos comentarios que hacer. 
Uno va dirigido específicamente al Consejo: éste deberá hacer progresos rápidos en permitir que los titulares de pasaportes de la Región Administrativa Especial puedan acceder sin visado a los quince Estados miembros. 
El segundo es para la Comisión: agradezco la declaración del Sr. Kinnock. 
Sin embargo, ¿podemos presionar a la Comisión para que elabore un acuerdo de comercio y cooperación con la RAE de Hong Kong lo antes posible? 
Señor Presidente, en la China continental continúa la sistemática violación y negación de los derechos humanos y, sin embargo, el mundo occidental mantiene un embarazoso silencio. 
Por desgracia, la razón es patente: los intereses comerciales dictan la política hacia China tanto en los Estados Unidos como en muchos países europeos. 
Parece que prefieren olvidar lo sucedido de la plaza de Tiananmen y, sin embargo, al mismo tiempo, protestan a voces por la negación de la democracia y de los derechos humanos en otras partes del mundo con las que no tienen un comercio significativo. 
Creo que esta hipocresía debe terminar y que debe terminar ya. 
Los acontecimientos en Hong Kong después de la entrega en julio serán esenciales y reveladores sobre el papel que pretende desempeñar China en la región. 
China se ha comprometido en la Declaración chino-británica a que la Región Administrativa Especial de Hong Kong gozará de un amplio grado de autonomía, excepto en los asuntos exteriores y de defensa. 
La Unión Europea debe asegurarse de que se cumplan estos compromisos internacionales. 
En ese sentido, acojo con satisfacción la declaración de la Comisión, aunque me preocupan los comentarios del Consejo. 
La disolución del Consejo Legislativo de Hong Kong no es buena señal, como tampoco lo es la intención declarada de restringir la libertad de reunión y de expresión y de modificar la composición del funcionariado civil de la isla. 
El Parlamento Europeo debería trabajar en estrecha colaboración con el Congreso de los Estados Unidos a fin de dar firmeza y resolución tanto a los Gobiernos europeos como al actual Gobierno de los Estados Unidos. 
También deberíamos preparar el camino para la inmediata introducción de sanciones comerciales y económicas de otro tipo en caso de que China falte a sus promesas. 
Creo que mis compañeros se equivocan al decir que no deberíamos usar este debate para hablar del papel de China. 
El Parlamento Europeo debería usar este debate para hacer una declaración y enviar un mensaje a la China continental, diciendo cuál es la postura de la Unión Europea. 
Para que ésta sea uno de los grandes protagonistas de los asuntos internacionales, ha de imponer respeto. 
Sólo puede hacerlo anteponiendo los principios a la conveniencia y los derechos humanos a los intereses comerciales. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisión y al Consejo por sus declaraciones. 
El 1 de julio, después de 150 años de gobierno británico, Hong Kong será entregado a la República Popular de China. 
Hong Kong y sus habitantes han conseguido convertir el territorio en una economía vibrante de primer orden a escala mundial. 
Tal como se ha señalado, es la octava potencia comercial y tiene el mayor puerto de carga del mundo. 
El crecimiento económico es de en torno al 2 %. 
Aparte de su éxito económico, el territorio tiene la reputación de tener un ordenamiento jurídico justo y de respeto por los derechos humanos. 
Pero hay signos preocupantes de que tanto el éxito económico de Hong Kong como sus libertades políticas y civiles pueden correr peligro después de la entrega del 1 de julio. 
La asamblea legislativa provisional designada por Pekín no debe convertirse en un cuerpo legislativo títere permanente. 
Cuando quede abolido el actual Consejo Legislativo, deberán celebrarse nuevas elecciones en cuestión de meses, como han dicho tanto el Sr. Titley como el Comisario Kinnock. 
Tampoco debería dejar el jefe del Ejecutivo C.H. Tung que haya ninguna erosión de la Ley colonial sobre derechos o de las leyes coloniales sobre sociedades y orden público de Hong Kong. 
Deben mantenerse las libertades de asociación, de expresión y de prensa. 
Desde luego que esto está escrito en la Declaración conjunta y en la Ley fundamental que garantizan la continuación de la forma de vida que ha existido en Hong Kong durante al menos 50 años. 
China debe cumplir la promesa de Deng Xiaoping de «un país, dos regímenes». 
La libertad política y civil, como se ha mencionado, no puede disociarse del éxito económico. 
Aunque acojo con satisfacción el reciente anuncio por parte de China de que firmará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, también se debería hacer presión para que firme el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. 
En cualquier caso, la UE no debería moderarse en criticar las violaciones de derechos humanos en China y debería vigilar muy de cerca la evolución en Hong Kong en los próximos meses y años. 
Añadiría asimismo que también habría que prestar atención a la difícil situación de los refugiados en Hong Kong, cuestión que espero que se solucione pronto. 
Para terminar, habría que decir a China que la UE está vigilante y que, pese a las recientes vacilaciones en materia de derechos humanos, tomará medidas efectivas si se violan en Hong Kong los derechos humanos y los acuerdos internacionales. 
Señor Presidente, elogio a los diputados de la Asamblea por la eficacia y perspicacia que han demostrado en el transcurso de este debate y diré además, según espero que hayan deducido a partir de su anterior contacto con la Comisión, primero, que muchas de las preocupaciones que se han manifestado acerca de la situación actual y futura son compartidas por la Comisión y, segundo, que nosotros, con exactamente el mismo espíritu constructivo que han sugerido Sus Señorías, deseamos proseguir nuestras futuras relaciones con Hong Kong y, si a eso vamos, con la República Popular de China, sobre una base de cooperación, por supuesto, pero también de vigilancia. 
Me gustaría responder muy brevemente a algunos comentarios concretos que han hecho Sus Señorías. 
En respuesta al deseo del Sr. Caccavale de que la Comisión elabore un informe sobre derechos civiles y derechos humanos antes de finales de mayo, lo cierto es que por esas fechas estaremos elaborando nuestra extensa comunicación sobre el modo de enfocar las cuestiones relativas a Hong Kong. 
Espero que le dé la oportunidad de examinar la política y le permita forjar las respuestas que desea en el contexto de la comunicación. 
En relación con lo mismo, voy a responder al acertado comentario del Sr. Hindley acerca de un acuerdo de comercio y cooperación con Hong Kong diciendo que, en la comunicación que he mencionado, se analizarán las distintas posibilidades para institucionalizar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y la Región Administrativa Especial. 
Así que espero que, en el contexto de la comunicación, algunos de las cuestiones formuladas por Sus Señorías en el día de hoy y en otros lugares pueden hallar una respuesta tangible y práctica. 
Debo decir que los Sres. Titley, Truscott, Brinkhorst y otros no se equivocan en lo más mínimo al atraer la atención hacia la interdependencia existente entre la libertad y el desarrollo de un Estado industrial moderno. 
El Sr. Watson ha expuesto la cuestión de manera sucinta pero contundente. 
Hay demasiados ejemplos de sociedades que, al apartarse de una economía dirigida y un Estado totalitario, no han reconocido el vínculo entre las libertades económicas y políticas y por ello se han hundido bajo el peso de sus propias paradojas. 
Esperemos que la República Popular de China se dé cuenta de que es un destino casi inevitable a menos que el desarrollo adopte la forma apropiada en ambos frentes: el cultural y político y el económico y comercial. 
Reconocerlo tendrá unas consecuencias positivas no sólo para esos países y para Hong Kong, sino también para el mundo en general, incluida la Unión Europea. 
Respecto al tema de los visados planteado por el Sr. Brinkhorst, querría decir, para terminar, que la decisión sobre si conceder o no el acceso sin visado corresponde evidentemente a los Estados miembros, como sin duda sabe Su Señoría. 
Pero la Comisión opina que hay buenas razones para que todos los Estados miembros consideren de manera seria y comprensiva la posibilidad de conceder el acceso sin visado. 
El hecho de que las facilidades para viajar favorezcan el desarrollo de los contactos económicos y de otro tipo y la importancia de demostrar la confianza en el futuro de Hong Kong hacen pensar que un acceso más libre a la Unión Europea sería provechoso tanto para la UE como para Hong Kong. 
De todos modos parece apropiado, a efectos de la lista común de visados, seguir tratando como ahora el caso de Hong Kong con arreglo a sus circunstancias particulares. 
Estoy a la espera del próximo debate que se producirá en respuesta a la publicación de la comunicación de la Comisión y estoy seguro de que en ese momento y por muchos años Sus Señorías, al igual que la Comisión, mantendrán un intenso y vigilante interés por los asuntos de Hong Kong. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Calidad de la gasolina y el gasóleo- Emisiones de los vehículos de motor- Emisiones atmosféricas- Ahorro de energía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes en nombre de las Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor: 
A4-0096/97, del Sr. Mamère, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0248- C4-0462/96-96/0163 (COD) ) relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo.-A4-0116/97, del Sr. Lange, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0248- C4-0463/96- COM (97) 0077- C4-0091/97-96/0164 (COD) ) relativa a las medidas que deben tomarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifican las Directivas 70/220/CEE y 70/156/CEE del Consejo.-A4-0099/97, del Sr. Eisma, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0248- C4-0492/96) sobre una estrategia futura para el control de las emisiones atmosféricas causadas por el transporte por carretera habida cuenta de los resultados del Programa Auto Oil.-A4-0117/97, de la Sra. González Alvarez, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (95) 0689- C4-0015/96) relativa a una estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y potenciar el ahorro de energía. 
Señor Presidente, Señorías, tengo el honor, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de presentar el informe que se me ha encargado en el marco del procedimiento de codecisión y que se refiere a la calidad de los carburantes. 
En primer lugar, quisiera, para presentarles el informe, indicarles las críticas que pueden formularse respecto a los estudios de la Comisión en lo referente a la Directiva «Auto Oil». 
En primer lugar, considero que puede valorarse este estudio «Auto Oil» como más político que técnico. 
Digamos que la técnica ha tratado de maquillar la política. 
Este estudio ha sido realizado bajo la influencia muy clara de los grupos industriales, constructores de automóviles y refinadores y, en este sentido, no se puede tener una confianza técnica muy grande en las medidas y en las propuestas realizadas en el marco de este estudio «Auto Oil». 
Así pues, existe una enorme influencia de los grupos de presión y asimismo- si los resultados hubiesen sido tan precisos como quieren hacérnoslo creer, los grupos automovilísticos, los constructores de automóviles, y los petroleros no se dividirían tanto sobre los resultados de este estudio- una falta muy neta de transparencia y errores técnicos: así la medida de la calidad del aire se ha realizado en 4 km2, en total contradicción con una Directiva de 1985 que exige que se lleven a cabo estas medidas en los lugares más expuestos. 
» Auto Oil» fija un objetivo de calidad del aire para el año 2010. 
Nosotros estimamos que es demasiado tarde y creemos que este estudio y este objetivo privilegian a uno de los dos grupos industriales. Privilegian al grupo industrial del automóvil, ya que sabemos que hacen falta unos quince años aproximadamente para renovar el parque automóvil. 
Sin embargo, de 1997 al año 2010 pasarán trece años. 
Así que estimamos que hay que restablecer el equilibrio y que no se podrá luchar correctamente contra la contaminación del aire y, por consiguiente, reforzar la calidad de la salud humana si no es basándose en orientaciones y en valores mucho más normativos y mucho más vinculantes, tanto en lo que se refiere al petróleo, la gasolina y el diesel como en lo que se refiere a los automóviles. 
Es el sentido de los informes que se han presentado ante ustedes hoy. 
Por lo tanto, decía que la base económica de este estudio «Auto Oil» está claramente orientada y sirve principalmente a los intereses de los industriales. 
No se acaba de ver de qué modo se sirve a los intereses de los consumidores, a los que nunca se ha consultado a pesar de que son parte integrante en la calidad del producto que se les sirve en los surtidores cada día en toda Europa. 
Las mejoras que tengo el honor de presentarles se refieren esencialmente al hecho de que hay que fijar normas y no objetivos, y que estas normas hay que fijarlas desde el año 2000, para el año 2005. 
Esto no significa, sin embargo, que nos opongamos al programa «Auto Oil II» , esto significa que ha de versar sobre estudios referentes a otros sectores, que ahora les voy a citar. 
Así, hemos propuesto, teniendo en cuenta que la Directiva «Auto Oil» propone la supresión de la gasolina con plomo a partir del año 2000, hemos propuesto, decía, que se distribuyan dos tipos de diesel, de dos calidades diferentes: un diesel con valor de 50 o de 30 ppm de azufre, que se beneficiaría de incentivos fiscales por parte de los gobiernos- lo cual es totalmente posible -, y un diesel, que llamamos sucio, de 100 ppm, que se distribuiría en la red que ya conocemos, pero fijando como valor normativo un diésel que esté a una norma de 30 ppm para el año 2005. 
Oigo cómo llora- y, ya lo sé, llama a la puerta de todos mis colegas- el grupo de presión de los refinadores, que nos dice que será imposible llevar esto a cabo. 
Esta afirmación es falsa. 
Nosotros sabemos que los refinadores tiene refinerías que ya producen diesel limpio, pero no para Europa, sino para Estados Unidos y Japón. 
¿Por qué Europa no se podría beneficiar de esta calidad de diesel? 
Y cuando propongo que haya dos tipos de diésel, lo hago justamente para dejarles tiempo a los refinadores- cinco años- de realizar las inversiones necesarias para modernizar sus refinerías, con el fin de proponernos un diesel que sea limpio y que respete la salud. 
Lo que se echa mucho de menos en esta Directiva que se nos ha presentado es lo que nosotros, los ecologistas, llamamos la internalización de los costes. 
Toda la argumentación se hace en torno a una idea, la idea del coste/eficacia. 
Sin embargo, hay que saber hablar también del coste/beneficio. 
Se puede desembolsar dinero en la inversión, pero también hay que calcular que sea rentable en términos de economía sobre la salud, procurando que haya menos gente enferma, menos afectados por enfermedades del pulmón, es decir, menos gente que se beneficie de las protecciones sociales y menos gastos de salud. 
Doy las gracias a todos los colegas que me han aportado algunas número de enmiendas para mejorar el texto que les propongo. 
No voy a hacer aquí- por falta de tiempo, señor Presidente, ya lo he rebasado- el balance exhaustivo de las diferentes enmiendas que se proponen, algunas de las cuales podrían aceptarse y otras rechazarse. 
Esto será objeto del debate y, de todos modos, existe un acta literal de esta Asamblea que nos permitirá saber lo que acepto y lo que rechazo. 
«Con unas pequeñas modificaciones nuestros motores pueden ser llevados fácilmente a Euro III y con otras modificaciones pueden ser llevados al nivel Euro IV en el año 2005» , dice el diseñador de motores de Alfa Romeo. 
«Un ahorro de peso de 50 kilogramos y valores de emisión que estén un 50 % por debajo de los valores límite de la UE, actualmente vigentes para traer así Euro IV para el año 1005 a una cercanía asequible» , dice el diseñador de los nuevos motores Mercedes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, creo que estas dos afirmaciones muestran muy claramente qué es tecnológicamente posible actualmente en la industria automovilística europea. 
Y no considero acertado prescribir solamente lo ya existente, pues de esa forma ponemos en juego precisamente la ventaja competitiva que la alta tecnología y los valores límite de emisión proporcionan a la industria del automóvil. 
Está totalmente claro: si nos aislamos de la legislación de los EE.UU., perdemos y hacemos más fácil el juego para los competidores de fuera de Europa. 
En este sentido, necesitamos objetivos ambiciosos que sean vinculantes para toda Europa en interés de la industria automovilística y en interés de los consumidores. 
Pero, sobre todo, los necesitamos, naturalmente, en interés de nuestro medio ambiente. 
Los estudios del programa del aceite para automóvil han dado como resultado que la problemática del ozono no puede ser combatida suficientemente con el paquete de medidas que se ha propuesto. 
No, tenemos que hacer más y podemos también hacer más. 
Nuestro colega, el Sr. Mamère se ha referido ya a algunas debilidades del programa. 
No quiero repetirlas ahora pormenorizadamente. 
Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha hecho realmente bien en proponer unas mejoras sustanciales a la propuesta de la Comisión, sin abandonar, no obstante, el planteamiento originario. 
De hecho, queremos abordar el asunto actuando eficazmente sobre los costes y no queremos hacer castillos en el aire. 
En la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente se han mencionado diez mejoras sustanciales; en primer lugar, señor Mamère, el mejoramiento de los combustibles pues sabemos que los mejores combustibles tienen consecuencias inmediatas para la técnica automovilística, pero también para todos los participantes. 
Un ejemplo: un automóvil Diesel con el combustible Diesel propuesto por la Comisión emite un 25 % más de partículas nocivas, comparado con el combustible Diesel que existe ya hoy en el mercado sueco y que tiene un contenido sustancialmente más bajo de azufre. 
Y de cara a esta situación necesitamos una mejor calidad en los combustibles para todos los vehículos, para los nuevos y para los antiguos, precisamente con vistas tener una mejor calidad del aire en ciudades como Atenas y Madrid. 
Y la necesitamos también para desarrollar una técnica más exigente en los motores, precisamente en lo que se refiere a la reducción de los óxidos de nitrógeno; esto no se logra por la vía del azufre como se dice en la propuesta de la Comisión. 
Necesitamos también valores límite vinculantes para los años 2000 y 2005, porque tenemos un mercado interior. 
Queremos seguridad para las inversiones, para el medio ambiente y para los inversores y por esta razón no sirven ya de nada valores meramente indicativos. 
Sabemos también que mediante estímulos fiscales al final se consiguen hechos y se consigue que los fabricantes trabajen con miras a Euro IV. En Alemania se puede ver claramente esto, allí existen ya los primeros esfuerzos por autorizar ya ahora vehículos de nivel Euro III. 
También es importante que se asegure la durabilidad. 
Por esta razón debe existir a bordo un sistema de diagnóstico que muestre al conductor o a la conductora cuándo existe una anomalía en el sistema de emisión de gases. 
Y necesitamos esto tanto para los motores de gasolina como para los motores Diesel. 
Precisamente cuando se dice que son compatibles con el medio ambiente porque consumen menos, no podemos hacer aquí ninguna excepción. 
Pero este sistema de diagnóstico a bordo tiene que poder ser objeto de mantenimiento no sólo por talleres especializados, sino también por talleres libres, por clubs automovilísticos y por instalaciones de inspección técnica. 
En este sentido necesitamos aquí un acceso libre a informaciones sobre su reparación. 
Y necesitamos un test que se ajuste a la realidad. 
¿De qué sirve que un automóvil a 20 grados arroje valores excelentes en el ciclo del test? 
Por las mañanas, cuando arrancamos- todos lo sabemos, también ustedes, señora Comisaria, señor Comisario, así como la gente en Grecia- el motor está solamente a una temperatura de 4 grados. 
¿Y qué sucede con el desarrollo de la emisión de gases? 
Las investigaciones han mostrado que automóviles que arrojan valores muy estrictos a 20 grados, no los mantienen a 8 grados y entonces emiten veinte veces más sustancias nocivas. 
Por esta razón necesitamos una prueba de arranque en frío en este paquete. 
Y necesitamos una inspección de campo, una medida muy eficaz en cuanto a los costes, porque los fabricantes no están interesados, naturalmente, en verse envueltos en acciones de reclamación. 
No todos están entusiasmados con estas medidas, lo reconozco. 
He oído que algunos fabricantes de automóviles y la industria del petróleo no están entusiasmados. 
Me han escrito cartas conmovedoras. 
En cambio, cuando leo «el resultado de BP mejoró en dos cifras el último año» ,» la empresa petrolera AGIP registra un resultado record» ,» el resultado de ELF mejoró en 10.000 millones de francos» , entonces no puedo entender estas dificultades de inversión de la industria petrolera. 
Por lo demás, cinco importantes organizaciones ecologistas y 40 millones de automovilistas que están organizados en asociaciones como ADAC, RAC, etc., están de nuestra parte. 
Par disponer también de resultados independientes hemos encargado en STOA un estudio en el que se ha estudiado la situación de la ciudad que suele ser la más contaminada, Atenas, y que ha confirmado las exigencias del Parlamento. 
Creo que en conjunto no es una oferta inmoral la que estoy proponiendo a la Comisión y al Consejo. 
Quisiera invitarles a que conjuntamente pongamos el semáforo en verde para los automóviles compatibles con el medio ambiente. 
En efecto, si hay que asegurar por un tiempo prudencial nuestra movilidad en automóvil, entonces estos automóviles han de ser tan compatibles con el medio ambiente como sea posible. 
Señor Presidente, esta semana en Estrasburgo hace muy buen tiempo. 
Sol, apenas viento e incluso unas temperaturas razonables. 
Tendríamos que disfrutarlo, y si uno cruza la calle y entra en el parque, parece que la gente disfruta del buen tiempo. 
Pero si miramos desde nuestras oficinas por encima de la ciudad de Estrasburgo, vemos que un manto oscuro se cierne sobre esta bella ciudad. 
Las mediciones de la calidad del aire en la ciudad nos dicen que el aire en días como este está muy contaminado. Y me limito a hablar de Estrasburgo y no de Milán, Amsterdam, La Haya o París, donde la situación es mucho peor. 
Por esta razón estamos debatiendo aquí. Para ocuparnos de que en el año 2010 haya desaparecido ese manto oscuro sobre las ciudades de Europa y, por ejemplo, la catedral de Estrasburgo vuelva a contrastar con un cielo realmente azul. 
Es evidente, señor Presidente, que este objetivo no podrá lograrse por las buenas. 
La Comisión ha dado un gran paso en la dirección correcta, hay que admitirlo, pero no bastante grande para llegar suficientemente lejos. 
Una razón importante de ello es que, desde el principio, la Comisión se ha basado injustificadamente en el principio de coste-eficacia en lugar de partir de una verdadera consideración de costos y beneficios. 
Precisamente por el hecho de que los cálculos de costes procedían en gran medida de la propia industria, que al fin y al cabo se beneficia de un elevado presupuesto de gastos, desde el principio se han dejado de lado posibles medidas de mayor alcance. 
Además, la Comisión ha olvidado incluir los costes externos del transporte en automóvil en el cálculo de los costes. 
En 1991, la Comisión todavía cifraba los costes del tráfico automovilístico para la sociedad en 200 millardos de ecus al año. 
Estos 200 millardos de ecus venían originados por los daños causados por el tráfico automovilístico a la agricultura, la calidad del agua y la salud pública. 
Y de pronto, en este programa, parece que la Comisión haya olvidado sus propios cálculos y sus propios objetivos. 
Señor Presidente, la Comisión se ha basado en parte en los valores orientativos de la Organización Mundial de la Salud. Pero extrañamente ha utilizado un método para medir la calidad del aire que es contrario a la propia directiva europea, pues al calcular un valor medio, como ya ha señalado un compañero mío, en una zona de cuatro kilómetros cuadrados, se ignoran precisamente los importantes valores máximos en los cruces muy transitados. 
Por ejemplo, gracias a los cálculos que ha manejado la Comisión, mi ciudad, La Haya, cumple prácticamente todas las normas. 
Pero puedo llevarle a partes de la ciudad donde no es muy saludable vivir debido a la contaminación del aire según las normas de la OMS. 
Por tanto, pido a la Comisión que de ahora en adelante aplique un método de medición mejor, que sea acorde con su propia directiva. Agradecería una respuesta de la Comisaria. 
En cuanto al ozono, la Comisión ha hecho equilibrismo. 
La reducción propuesta por la Comisión de las sustancias que provocan el ozono implica que sólo el 37 por ciento del territorio de la Unión Europea cumplirá la norma que establece la OMS. Que quede claro que las zonas densamente pobladas, como la llanura del Po, la región del Ruhr y el Benelux, no entrarán en este 37 por ciento. 
Por consiguiente, el objetivo de la Comisión es tan limitado que la mayor parte de la población europea seguirá expuesta a altas concentraciones de ozono. Y recuerdo sobre todo a la Sra. Bjerregaard su responsabilidad en esta cuestión. 
En cuanto a la estrategia a seguir, soy firme partidario de fijar normas obligatorias para el año 2000 y el año 2005. 
Cuando se aprueben estas directivas habremos llegado ya a 1998. Esto significa que el año 2005 no estará tan lejos. 
Por ello, es preferible que la industria se anticipe a esa política futura. 
Es curioso que la Comisión haya creído conveniente fijar normas tan sólo para la industria automovilística de cara a 2005. 
A fin de cuentas, existe una interrelación precaria entre el vehículo y el combustible en reserva. 
De poco sirve que la tecnología para un automóvil esté en el mercado, si no funciona por falta de combustible de suficiente calidad. 
Soy consciente de las dificultades que existen en el Consejo respecto a este expediente. 
No es cuestión de que algunos Estados miembros impongan normas que otros países apenas pueden cumplir. 
Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo tendrán que ser lo suficientemente sensatos como para lograr un compromiso que funcione en toda la Unión. Sin embargo, quiero señalar a la industria su propia responsabilidad. 
Si puede desarrollar un combustible económico y ecológico, su potencial de exportación en el sector del combustible no hará más que mejorar. Hago un llamamiento a mis compañeros para que apoyen las estas propuestas. 
La salud de las personas a las que representamos es demasiado importante. No podemos permitirnos eludir nuestra responsabilidad. 
Interrumpiremos ahora el debate y se reanudará a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas al Consejo (B4-0164/97). 
Pregunta nº 1 formulada por Jan Andersson (H-0195/97): 
Asunto: Revalorización de la política de empleo 
El desempleo constituye hoy en día el principal problema de Europa. 
Muchos opinan que, por este motivo, la cooperación en materia de política monetaria debería completarse con una cooperación igual de ambiciosa en el sector del empleo. 
Los programas plurianuales que los gobiernos deben presentar en el ámbito del empleo deberían ir acompañados de indicadores comunes al igual que ocurre con la cooperación monetaria. 
¿Qué medidas piensa la Presidencia neerlandesa adoptar para que se atribuya a la política de empleo en la UE la misma importancia que a la cooperación monetaria? 
Quiero dejar bien sentado que el Consejo se adhiere al criterio de sus Señoría, el Sr. Andersson: el desempleo es uno de los mayores problemas de Europa. 
Es preciso dar la máxima prioridad a la lucha contra el paro. 
Por otra parte se trata en primer lugar de una tarea de los Estados miembros, que a fin y al cabo son los primeros responsables de la política de empleo. 
Aparte de esto, los esfuerzos a nivel de la Unión Europea tienen un claro valor añadido. 
Por ello, el empleo ocupa un lugar destacado en el orden del día de la Presidencia neerlandesa, cumpliendo la declaración del Consejo Europeo de Dublín sobre el empleo. 
Ello ha dado pie a diversas actividades concretas, de las que mencionaré unas cuantas. 
En primer lugar, como es sabido, estaba la creación efectiva del Comité para el Empleo y el Mercado Laboral, impulsada por el Consejo en diciembre de 1996, una de las primeras cuestiones de las que se ha ocupado la Presidencia. 
Este comité ya es plenamente operativo y ha celebrado ya tres reuniones. 
Asimismo ha fijado un calendario de reuniones para 1997 y en él se ha reservado un lugar importante para los análisis que han de realizarse en el ámbito de los denominados indicadores de empleo y comparación de rendimientos, el llamado benchmarking. 
En principio, el comité se reúne cada mes. 
Además, su Señoría sabrá sin duda que los pasados 14 y 15 de marzo se celebró una reunión informal de ministros de Trabajo y Asuntos Sociales en Rotterdam bajo el signo del empleo. 
Dos temas principales tratados allí fueron los indicadores de empleo que ya he mencionado y la reducción de los costes laborales indirectos. 
Estas conversaciones proseguirán en el Consejo de ministros y en las actividades del Comité para el Empleo y el Mercado Laboral. 
Además, la Presidencia neerlandesa presentará un informe provisional sobre empleo al Consejo Europeo de Amsterdam. 
Según parece guardará principalmente relación con los temas antes mencionados, es decir, los indicadores de empleo y la reducción de los costes laborales indirectos. 
Por supuesto, en las conversaciones sobre la cuestión del empleo participan también los interlocutores sociales. 
Así, el próximo 29 de mayo, bajo la Presidencia neerlandesa, tendrá lugar una reunión del Comité Permanente para cuestiones relacionadas con el mercado laboral. En ella se reunirán los interlocutores sociales. 
Agradezco su respuesta al Consejo. 
Esta pregunta debería haber recibido respuesta en el último periodo de sesiones. 
Estoy enterado de que desde entonces se ha celebrado una reunión informal de ministros de Trabajo en Rotterdam. 
Quiero hacer hincapié en que la propuesta de unos indicadores discutida en esta ocasión es beneficiosa. 
Es cierto que en Dublín se presentó una propuesta de inclusión de un nuevo Capítulo sobre el empleo, pero creo que se necesita completar más la propuesta presentada en Dublín. 
Es necesario concretar más en la cuestión de lo que cabe hacer a nivel comunitario con respecto a la política de empleo. 
Es absolutamente cierto lo que se dice en el sentido de que la política de empleo a nivel comunitario no es lo único que puede hacerse. 
Esta política no nos libera de todo lo que es necesario realizar a nivel local, regional y nacional, sino que es un impulso adicional en la modalidad de una política macroeconómica coordinada. 
¿Cuál es la opinión de la Presidencia sobre las posibilidades de reforzar la propuesta presentada en Dublín? 
¿Constituye un refuerzo plantear unos requisitos de indicadores en la propuesta que se presentará con ocasión de la Conferencia Intergubernamental? 
Si he entendido bien la pregunta complementaria del Sr. Andersson, quiere saber cómo valoramos la posibilidad de que en el marco de la Conferencia Intergubernamental se adapten las propuestas de la Presidencia irlandesa. 
¿Se refería usted a la Conferencia Intergubernamental? 
En tal caso tengo un problema institucional, porque la Conferencia Intergubernamental no es competencia del Consejo, sino de los Estados miembros individuales. 
No puedo comunicarle nada en nombre del Consejo. 
Las negociaciones se encuentran ahora en la fase final. 
Puedo decirle que las negociaciones sobre la propuesta de la Presidencia irlandesa están en pleno apogeo y me parece relativamente inútil hacer continuos comentarios desde fuera sobre una situación que cambia de semana en semana. 
Esto no quita que aunque no se modifique el Tratado- no quisiera subestimar, pero tampoco sobreestimar la importancia de las modificaciones del Tratado -, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo pueden hacer mucho con respecto, digamos, al papel coordinador y estimulante que pueden desempeñar las instituciones de la Unión Europea en la mejora de las premisas para el crecimiento económico, y con él en la mejora del empleo. 
La Presidencia también ha actuado en ese marco. 
El Comité del Mercado Laboral, cuya creación se decidió en Dublín, ya ha sido creado y ha despegado bastante bien. 
Repito que la reunión informal de ministros de Asuntos Sociales ha dado algunos impulsos muy valiosos al debate de ese comité y en general al enfoque de lo que puede hacerse a nivel europeo a través de una buena coordinación y una buena cooperación de los Estados miembros, por ejemplo en la cuestión de la reducción de los costes laborales indirectos. 
Pregunta nº 2 formulada por Jörn Svensson (H-0198/97): 
Asunto: Costes de ampliación 
¿Puede el Consejo indicar los costes totales que supone la ampliación prevista de la UE y en qué medida disminuirán, por consiguiente, las ayudas agrícolas y de los fondos estructurales que reciben los actuales Estados miembros? 
La pregunta del Sr. Svensson al Consejo tiene que ver con los costes de la ampliación. 
La relevancia de la pregunta de su Señoría es incuestionable, los costes de la ampliación se analizarán atentamente a su debido tiempo. 
Es útil que recordemos que desde el Consejo Europeo de Madrid, de diciembre de 1995, se informa a los jefes de Estado y los jefes de gobierno de las estrategias alternativas para la agricultura y el desarrollo de la estrategia de preadhesión de los países asociados de la Europa Central y Oriental. 
Estos informes constituyen desde entonces un elemento importante de los debates preparatorios sobre estas cuestiones. 
En este sentido, quiero recordar también que el Consejo Europeo de Madrid pidió a la Comisión que realizara cuanto antes un análisis del sistema de financiación de la Unión Europea, a fin de presentar, justo después del cierre de la Conferencia Intergubernamental- es decir, según espero en junio del presente año en Amsterdam- una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión Europea a partir del 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. 
Mi propuesta es por tanto que no celebremos este debate ahora, sino a partir de la comunicación que presentará la Comisión lo antes posible después del cierre de la Conferencia Intergubernamental. 
Pero suscribo nuevamente lo que implica la pregunta del Sr. Svensson de que esta es una de las cuestiones más importantes que han de debatirse en la toma de decisiones política sobre la ampliación. 
Agradezco al Consejo su respuesta. 
Lamentablemente, es correcto reflexionar sobre la posibilidad de que la Unión Europea se proponga lanzar unos planes ambiciosos y extravagantes sin tener claro cuál va a ser su coste. 
Las cifras, cifras aproximadas que he conseguido, van de 15 mil millones de ecus a 64. 
Nadie sabe cuál es la que más se acerca a la realidad. 
Me permito formular una pregunta adicional. 
Todos sabemos que es políticamente imposible solicitar a los Estados miembros que aumenten sus contribuciones. 
Esto me obliga a formular la siguiente pregunta: ¿En qué porcentaje se van a rebajar las ayudas agrícolas y regionales destinadas a los Estados miembros actuales para poder financiar con ello la próxima ampliación? 
Esta es una pregunta muy interesante para los países afectados. 
En los últimos años también he oído hablar de estas enormes sumas, de fuentes autorizadas y menos autorizadas. 
He leído muchos informes al respecto, pero pienso que es conveniente darse cuenta de que, en realidad, este tipo de expectativas o este tipo de proyecciones han sido siempre extrapolaciones de una política existente. 
Por ejemplo: ¿qué costaría si aplicamos el actual sistema de la política agrícola europea a los cuatro países de Visegrado? 
De ahí que este ejercicio sea inútil, pues todos sabemos que debido a la influencia de las decisiones de reforma interiores y a la influencia de las obligaciones exteriores en el marco de la OMC, la política agrícola está sujeta a cambios continuos, y concretamente que los costes de la política agrícola son mucho más bajos de lo que por ejemplo se había estimado en Edimburgo, en lo que respecta al desarrollo de la llamada orientación agrícola. 
Al mismo tiempo, se parte también de todo tipo de estimaciones, como por ejemplo: la política agrícola y la de fondos estructurales abarcan conjuntamente el 80 % del presupuesto de las Comunidades Europeas, es decir, también se extrapola esta política estructural. 
Pero se parte de una situación tan estática, que me parece poco realista tomarla como punto de partida para el desarrollo de la política que ha de regir durante la primera década del siglo que viene. 
Quisiera pedirles que no hicieran este tipo de especulaciones. Basémonos en un análisis frío y clínico en el que, según tengo entendido, está trabajando duramente en estos momentos la Comisión Europea. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera preguntarle si a usted o al Consejo les es conocido el excelente estudio del Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, el Sr. Friedmann, según el cual es posible la ampliación hacia el este sin enormes costes adicionales. 
En segundo lugar, quisiera preguntarle en relación con los Estados Visegrad si ustedes parten de un determinado número de estados o sólo de los Estados Visegrad o si, por ejemplo, consideran también a Eslovenia y a los Estados Bálticos como candidatos posibles. 
Personalmente no conozco el informe que menciona su Señoría. 
Sé que hay opiniones y estudios que pretenden que todo puede realizarse dentro de unos límites financieros razonables, pero entonces se parte de determinadas suposiciones y determinadas expectativas sobre las que en estos momentos no puedo hacer ninguna comunicación sensata. 
Se trata de suposiciones, especulaciones, y propongo que empecemos el debate cuando dispongamos de un análisis completo de la Comisión Europea de todos los factores relevantes, es decir, los desarrollos esperados en los fondos estructurales, los desarrollos esperados en las demás categorías de gastos de la Comunidad Europea y los desarrollos esperados en relación con las perspectivas financieras y el desarrollo real de los gastos tal como se ha presentado en el transcurso de los años. 
Si he mencionado a los países de Visegrado es tan sólo porque uno de los informes que más ha dado que hablar con cifras millonarias tenía que ver con la ampliación a los países de Visegrado, pero créame si le digo que no implica ningún juicio del Consejo sobre «cómo» y con «qué» países tendrá lugar el futuro proceso de ampliación. 
Pregunta nº 3 formulada por Yiannis Roubatis (H-0200/97): 
Asunto: Participación de la parte turcochipriota en las negociaciones relativas a la adhesión de Chipre 
Durante el último Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores celebrado en Bruselas, los ministros de Gran Bretaña, Alemania y Francia pidieron que se incluyera en el texto de la posición común una propuesta relativa a la participación de la parte turcochipriota en las negociaciones de adhesión de Chipre. 
Como es sabido, la Unión Europea sólo reconoce al Gobierno chipriota legal el derecho exclusivo a negociar la adhesión de Chipre. 
¿Puede indicar el Consejo si piensa legitimar, como interlocutor, el autodenominado «gobierno turcochipriota» , ilegal y no reconocido por la comunidad internacional, poniendo así en tela de juicio el derecho exclusivo del Gobierno de la República de Chipre a negociar la adhesión de Chipre; 
Si no considera que la participación de los turcochipriotas en las negociaciones convierte al procedimiento de adhesión en rehén de Turquía, en un período de crisis tanto en Chipre como en las relaciones entre Grecia y Turquía; 
Si no considera que los cambios acordados en relación con la adhesión de Chipre ponen asimismo en peligro el procedimiento de ampliación a los países de la Europa Central y Oriental? 
Durante el turno de preguntas del mes de marzo, el Consejo ya dio a conocer su postura en respuesta a dos preguntas orales (H-0150/97 y H-0173/97) del Sr. Papayannakis y de la Sra. Daskalaki, respectivamente, sobre Chipre y la comunidad turcochipriota. 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes, de junio de 1995, las negociaciones de adhesión con Chipre se iniciarán sobre la base de las propuestas de la Comisión seis meses después del cierre de la Conferencia Intergubernamental, teniendo en cuenta los resultados de dicha Conferencia. 
Esta sigue siendo la postura de la Unión, que fue confirmada nuevamente a Chipre durante la sesión del Consejo de Asociación del 25 de febrero de 1997. 
Al mismo tiempo, la perspectiva de que Chipre se adhiera a la Unión Europea brinda la oportunidad de contribuir este año a una solución general de la cuestión chipriota de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, encaminadas a la creación de una federación con dos comunidades y dos zonas. 
Es importante que se aproveche al máximo esta oportunidad. 
Conforme a las conclusiones del Consejo del 6 de marzo de 1995, la adhesión de Chipre a la Unión Europea tendría que comportar más seguridad y prosperidad para las dos comunidades de la isla. 
Ello permitiría a la parte norte de la isla recuperar más fácilmente su retraso económico y tendrían que mejorar las perspectivas de crecimiento y empleo, también para la comunidad turcochipriota. 
Asimismo, el Consejo ha considerado necesario recalcar más las ventajas de la adhesión de Chipre a la Unión Europea para la comunidad turcochipriota y eliminar sus objeciones al respecto. 
El Consejo ha pedido a la Comisión que entable los contactos necesarios con la comunidad turcochipriota, de común acuerdo con el Gobierno de Chipre. 
El Consejo recalca que es cierto que no alcanzó un consenso en torno a la posición de la Unión en la reunión celebrada también el 25 de febrero con Chipre, en el marco del llamado «diálogo estructurado». Pero el Consejo sigue manteniendo la posición adoptada en marzo de 1995, concretamente de que no reconoce a las autoridades del norte de Chipre. 
El Consejo no puede hacer declaraciones sobre las consideraciones de los Estados miembros independientes, a las que hace referencia su Señoría. 
Por último, hay que señalar que el Protocolo Financiero firmado en junio de 1995 apoya los esfuerzos para fomentar un arreglo general de la cuestión chipriota. 
Se ha facilitado un fondo de 12 millones de ecus para las iniciativas que puedan acordarse con Chipre para proyectos encaminados a fomentar medidas que inspiren confianza. 
Se ha prometido que se facilitarán recursos financieros complementarios para financiar programas y proyectos destinados a promover el desarrollo en toda la isla. 
Señor Presidente, considero positivo que el Presidente en ejercicio del Consejo haya reafirmado de manera categórica el compromiso de la Unión de comenzar las negociaciones con la República de Chipre seis meses después del final de la Conferencia Intergubernamental. 
Como es natural, también podrán participar turcochipriotas en la representación legal e internacionalmente reconocida del Gobierno de la República de Chipre. 
Además, el Presidente de la República de Chipre ya ha remitido la correspondiente invitación a los turcochipriotas. 
Quisiera preguntarle, ¿qué medidas han adoptado o piensan adoptar para persuadir al Sr. Denktash de que permita a los turcochipriotas que participen en los comités que se crearán, a fin de que puedan iniciar la labor necesaria y después negociar con la Unión Europea? 
El Sr. Roubatis hace una pregunta para la que en realidad no tengo una respuesta clara. 
Formula la pregunta: ¿cómo piensa el Consejo convencer al Sr. Denktash para que llegue a un acuerdo con el gobierno grecochipriota? 
Me parece muy especulativo. 
En sentido general pienso que es sumamente importante para un buen inicio y la buena marcha de las negociaciones de adhesión con Chipre que entre las dos comunidades chipriotas exista un claro acuerdo político en torno a los objetivos finales en relación con la futura afiliación a la Unión Europea. 
Pienso que será muy beneficioso para la marcha de las negociaciones. 
Al igual que al Sr. Roubatis, me satisface que haya habido una respuesta firme y categórica de que las negociaciones darán comienzo seis meses después de la CIG. 
Sin embargo, el Consejo sabrá que Turquía está poniendo muchas trabas, ha trasladado el asunto a la OTAN y está amenazando con bloquear algunas acciones de esta organización si siguen adelante las negociaciones sin que participe el Norte. 
¿Confirmaría el Consejo, afirmativa y definitivamente, que no va a dejar que Turquía chantajee a la UE de esta manera? 
Si la República de Chipre puede de alguna manera complacer al Norte e incluirlo en las conversaciones, de acuerdo- es asunto de Chipre -; pero ¿puede el Consejo confirmar que la propia UE no va a echarse atrás en las promesas que ha hecho? 
A juicio del Consejo, el Gobierno de Ankara tiene derecho de veto sobre el inicio de las negociaciones de adhesión. 
Quisiera dejarlo ahí. 
No quiero anticiparme a una decisión que tendrá que tomar el Consejo, y concretamente el Consejo Europeo en este mismo año o en el transcurso del año que viene, a saber: de qué modo empezarán las negociaciones de adhesión con Chipre. 
Aunque sí he de decir que en el Consejo- no hago una declaración en nombre del Consejo- existen serias dudas de si Chipre puede afiliarse a la Unión Europea si continúan los problemas políticos en Chipre en la forma actual. 
Por consiguiente, el Consejo tiene mucho interés en convencer tanto al Gobierno chipriota y a las autoridades turcochipriotas, como a Ankara y Atenas de que hagan lo posible por crear un clima favorable para que las partes empiecen a negociar. Esto se refiere en primer lugar a las dos comunidades de Chipre. 
Y en segundo lugar a Turquía y Grecia. Ellas han de hacer todo lo posible por evitar que en el futuro cunda dentro de la Unión Europea el desacuerdo en torno a la adhesión real de Chipre debido a una cuestión no solucionada que nos persigue desde hace ya 25 años. 
Señor Presidente, de conformidad con nuestro Reglamento, el Sr. Ministro se encuentra aquí en su función de Presidente en ejercicio del Consejo. 
Ruego por favor que lo que acaba de decir- puesto que declara no estar hablando en su función de Presidente en ejercicio del Consejo- no conste en Acta. 
Sr. Roubatis, el Presidente en ejercicio puede expresarse libremente como quiera en este hemiciclo y esto debe constar en Acta. 
La valoración que usted haga del mismo es libre, pero en ningún caso se pueden limitar las intervenciones del Presidente en ejercicio del Consejo, ni ignorar aquello que se ha dicho. 
Por lo tanto, Sr. Roubatis, también constará en acta la recomendación que usted acaba de hacer en este momento. 
Pregunta nº 4 Pregunta formulada por Arthur Newens (H-0210/97): 
Asunto: Cooperación entre fuerzas policiales internacionales 
¿Podría el Consejo hacer una declaración sobre la implicación de las redadas realizadas por la policía en las oficinas de MED TV, la estación privada de televisión por satélite cuyo objetivo es promover la cultura kurda, en Londres y en Bruselas simultáneamente el 18 de septiembre de 1996, y sobre el mantenimiento de las actuales normas de derechos humanos y libertades cívicas en la UE y, en particular, sobre el acuerdo realizado al parecer entre el Jefe de la Policía belga, Sr. De Ridder, y el Jefe de la Seguridad interna turca, Sr. Alaadin Yuksel en julio de 1996? 
En respuesta a la pregunta del Sr. Newens quiero dejar bien sentado que las acciones policiales mencionadas son responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros y no, insisto y repito, no son competencia de la Unión Europea. 
Con respecto a este caso específico, el Consejo no es quién para tomar ninguna postura. 
Más en general, el Consejo señala que, en relación con el mantenimiento de las libertades públicas y las normas en materia de derechos humanos en la Unión Europea, todos los Estados miembros participan en el Tratado Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se firmó el 4 de noviembre de 1950 en Roma. 
Con arreglo al artículo K2 del Tratado relativo a la Unión Europea, se tratan las cuestiones mencionadas en el artículo K1, entre otras la cooperación jurídica y policial en las causas criminales, respetando el Tratado Europeo de los derechos humanos. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por la respuesta. 
Pero me parece una asombrosa coincidencia que las redadas policiales contra MED TV ocurrieran simultáneamente en Londres, Bruselas, Suecia y Moscú el 18 de septiembre si no hubiera un origen común de las actuaciones y si éste no partiera de las autoridades turcas. 
¿No cree el Presidente en ejercicio que todos nuestros esfuerzos por conseguir un alto nivel de libertad civil y de libertad de expresión en la Unión Europea se verán menoscabados si las fuerzas policiales europeas actúan basándose en leyes y prácticas que son aplicables en Turquía o bien en otros Estados que tienen niveles inferiores, y que debería hacerse algún esfuerzo dentro de la Unión para impedir que sucedan cosas de este tipo? 
De lo contrario, lo que hemos intentado conseguir sobre el tema de los derechos humanos y la libertad de expresión saldrá gravemente menoscabado. 
Sólo puedo repetir que la actuación de las autoridades judiciales y policiales dentro de sus fronteras son competencia exclusiva de los Estados miembros. 
El hecho de que en algunos casos los Estados miembros la coordinen internacionalmente me parece totalmente lógico y también es una práctica corriente. 
El criterio de que aquí han de transgredirse normas de derecho internacional y nacional, ha de cotejarse en primer lugar con el derecho vigente en los países en cuestión, y el individuo tiene plena libertad para examinar la actuación de las administraciones de los Estados miembros a través de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo de derechos humanos. 
Pregunta nº 5 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0213/97): 
Asunto: Cohesión económica y social y paro 
¿Puede el Consejo confirmar, en relación con la cohesión económica y social que pueda derivarse de la distribución de los Fondos Estructurales, que se va a seguir dando prioridad a la lucha contra el paro entre los objetivos primordiales que rigen en la aplicación de los Fondos, bajo presidencia holandesa? 
Al aceptar la normativa relacionada con los fondos estructurales, uno de los objetivos prioritarios del Consejo fue que con estos fondos se luchara contra el desempleo. 
Y este punto de partida sigue manteniéndose. 
Así, por ejemplo, en el marco de la lucha contra el desempleo y durante la vigencia del programa, de 1994 a 1999 inclusive, el fondo social contribuye a facilitar el acceso al mercado laboral, a fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, a desarrollar la formación y la cualificación, la aptitud y la competencia profesional, y a fomentar el crecimiento del empleo. 
Esta ayuda se extiende a los diversos objetivos de la política estructural de la Comunidad Europea y prosigue del mismo modo durante la Presidencia neerlandesa. 
Las tareas resultantes vienen ejecutadas por la Comisión, encargada de aplicar la normativa y de gestionar los fondos estructurales en estrecha cooperación con los Estados miembros. 
En este sentido, quiero señalar nuevamente que, en su comunicación del 24 de marzo de 1996 sobre las medidas estructurales y el empleo, la Comisión hizo saber que tiene el propósito de orientar más las medidas estructurales hacia la creación de empleo, adaptando en diversos puntos la actual programación a la luz de la normativa, a fin de tratar como se merece al aspecto del empleo. 
Resumiendo, la lucha contra el desempleo es y sigue siendo un objetivo principal de la política estructural de la Comunidad Europea. A fin de cuentas, es esencial que se aborde con energía el desempleo en Europa. 
Comprobamos con satisfacción que la preocupación del Consejo bajo la Presidencia holandesa por la situación de desempleo sigue viva, al igual que ocurriera bajo la Presidencia irlandesa. 
Sabido es que el paro constituye una de las inquietudes mayores de los ciudadanos europeos, especialmente en algunos países como España, por ejemplo. 
Por todo ello, debemos hacer votos por que sea una realidad cuanto antes la proliferación de pactos territoriales para el empleo enmarcados en los programas de los Fondos estructurales, incluso con la posibilidad de la participación del propio Banco Europeo de Inversiones. 
Todo ello llevará hacia el objetivo irrenunciable de una mayor cohesión para reducir las disparidades aún existentes, a pesar de los avances innegables en el desarrollo socioeconómico de las regiones. 
En todo caso, también es oportuno recordar la conveniencia de mejorar el procedimiento concentrando recursos en las regiones más necesitadas, simplificando los procedimientos y respetando el principio de adicionalidad. 
El Sr. Camisón habla de los pactos territoriales para el empleo. Es una idea lanzada sobre todo en la comunicación del Presidente de la Comisión Europea, Sr. Santer, conocida con el nombre de «pacto de confianza para el empleo». 
Era uno de los aspectos de dicho pacto. 
Sé que estos pactos territoriales para el empleo se están ejecutando en estos momentos, pero son responsabilidad de la Comisión Europea. 
Por consiguiente, para más detalles tengo que remitirle a la Comisión Europea. 
Pregunta nº 6 formulada por Hubert Pirker (H-0218/97): 
Asunto: Europol 
Europol debería materializarse como instrumento eficaz para la lucha contra la delincuencia organizada de manera extremadamente rápida. 
Sin embargo, la condición previa para ello es, en particular, su ratificación por parte de los Parlamentos nacionales. 
¿Qué medidas tiene la intención de adoptar el Consejo para que estas ratificaciones se lleven a cabo sin demora? 
¿Hay ministros que hayan expresado sus reservas contra la realización de Europol? 
En caso afirmativo, ¿quiénes han sido? 
¿Cuáles son sus contraargumentos? 
A la pregunta de su Señoría, el Sr. Pirker, quiero contestar que los Estados miembros se han comprometido en varias ocasiones, sobre todo durante el Consejo Europeo de Dublín, en diciembre de 1996, a hacer todo lo posible por finalizar el proceso de ratificación del Convenio Europol y del Protocolo del Tribunal de Justicia antes de finales de 1997. 
Hasta ahora, el Reino Unido es el único Estado miembro que ha ratificado estos textos, en diciembre de 1996. 
En los demás Estados miembros se han iniciado los procedimientos administrativos y/o parlamentarios. 
Por supuesto, cada parlamento tiene sus propios procedimientos y métodos de trabajo, por lo cual los plazos pueden variar. 
No obstante, todos los Estados miembros implicados han confirmado que la fecha prevista es viable. 
No se han señalado obstáculos importantes para la ratificación. Ello no impedirá que la Presidencia neerlandesa y la siguiente Presidencia luxemburguesa aprovechen cualquier ocasión para recordar las obligaciones suscritas en Dublín a los Estados miembros que todavía no han ratificado el acuerdo, para que este convenio pueda entrar en vigor antes de finales de 1997. 
Gracias, señor Presidente, por la respuesta. 
Pero se me plantea en este contexto otra pregunta: todos sabemos que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a la seguridad, es decir, esperan de la Unión que EUROPOL entre en vigor, por fin, plenamente. 
Cuando usted dice que los Estados miembros quieren hacer la ratificación antes de finales de 1997 ¿cuánto tiempo va a pasar, en opinión de usted, hasta que EUROPOL- se están haciendo los trabajos preliminares- esté en condiciones de funcionar plenamente? 
En segundo lugar, sabemos que la situación es dramática en los países de origen. 
Por esta razón, EUROPOL debe tener un gran interés de cooperar con los países de origen del crimen organizado, en especial en el este. 
¿Existe por parte del Consejo intención de prever medidas en relación con EUROPOL para que se ponga en marcha una cooperación entre EUROPOL y los estados del este? 
Soy relativamente optimista en cuanto a la posibilidad de que Europol empiece a funcionar poco después de la entrada en vigor del convenio, porque un precursor de Europol, la EDU, la European Drugsunit, ya es operativa. 
Quisiera invitar a su Señoría y a todos ustedes en general a que visiten La Haya, donde el precursor de Europol ya funciona de hecho organizativa e institucionalmente y para probar las prácticas de cooperación, aunque sobre la base de un mandato provisional que todavía ha de ratificarse. 
La verdadera ampliación de Europol no tendrá lugar hasta después de la ratificación y la entrada en vigor del convenio. 
Y ahora su pregunta sobre la capacidad de Europol para iniciar rápidamente la cooperación con terceros países o en general la posibilidad de hacerlo. Tengo que esbozar brevemente la situación jurídica existente. 
Pienso que en estos momentos las competencias de la Unión Europea para cooperar en el tercer pilar con terceros países son limitadas, porque es preciso hacerlo a través de un tratado internacional, a través de la construcción intergubernamental del tercer pilar, y, a su vez, este tipo de tratados han de ratificarse. 
Es una vía complicada. 
Quiero referirme brevemente a la Conferencia Intergubernamental, donde este tema se plantea. 
Se discute hasta qué punto es posible reforzar la base jurídica para entablar relaciones de cooperación con terceros países. 
Si me lo permiten, no hablaré de los progresos de la negociación. 
Por lo demás, existe una posibilidad muy práctica de entablar relaciones prácticas de cooperación con terceros países, partiendo de la unidad provisional de La Haya, por supuesto bajo la supervisión del Consejo de ministros de Justicia y más tarde, cuando entre en vigor el convenio, dentro de los límites que se fijan en el convenio sobre Europol. 
Señor Presidente, si se está pensando en la cooperación con terceros países, ¿podría ponerse a Europol, que, por supuesto, reviste un inmenso valor en la lucha contra la delincuencia, la condición de que no actúe contra individuos basándose en la sospecha de que hayan cometido actos que no constituyen delito en la Unión Europea pero que sí pueden serlo en terceros países que no reconocen las libertades civiles y la libertad de expresión del mismo modo que las reconocemos en la Unión Europea? 
Espero, por ejemplo, que no se cuente con que Europol coopere en una redada como la de MED TV, de la que hablé antes. 
En el convenio para la creación de Europol no se prevé atribuir competencias operativas a funcionarios o instituciones de Europol. 
En caso de que en un determinado Estado miembro se inicie una investigación criminal, esta será siempre responsabilidad del gobierno de ese país, y la llevarán a cabo los funcionarios encargados de la investigación en el país en cuestión. 
Los funcionarios de Europol no asumirán nunca la responsabilidad política ni la responsabilidad de la investigación criminal en este tipo de acciones. 
Pregunta nº 7 formulada por Ursula Stenzel (H-0219/97): 
Asunto: Polonia 
Tras la adhesión de Polonia serán necesarios períodos de transición en algunos ámbitos, como, por ejemplo, la libre circulación de personas. 
¿Cuánto va durar el período de transición para la libre circulación de personas tras la adhesión de Polonia? 
En la pregunta de la Sra. Stenzel se hace referencia a los posibles resultados de las negociaciones de adhesión con Polonia, pero estas ni siquiera han empezado y, en esta fase, el Consejo no ha tomado ninguna decisión operativa al respecto. 
En relación con la futura ampliación de la Unión con los países asociados de la Europa Central y Oriental, entre otros Polonia, sólo se puede remitir al Consejo Europeo de Dublín que confirmó el calendario establecido en Madrid para el proceso de ampliación. 
Justo después de que finalice la Conferencia Intergubernamental, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Europeo sus dictámenes en relación con cada país por separado y un documento general sobre la ampliación. 
Este procedimiento garantiza que todos los países candidatos a la adhesión recibirán un trato igual. 
Además, la Comisión presentará una evaluación de las consecuencias de la ampliación para la política comunitaria, así como una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión Europea desde el 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la ampliación. 
Una de las anteriores preguntas guardaba relación con ello de forma específica. 
Después del cierre de la Conferencia Intergubernamental y a la luz de sus resultados, así como sobre la base de los dictámenes e informes de la Comisión, que he mencionado antes, el Consejo tomará cuanto antes las decisiones necesarias para iniciar las negociaciones de adhesión. 
Señor Patijn, le doy las gracias por esta respuesta que ha reproducido sustancialmente el calendario que todos conocemos para las negociaciones de adhesión y para el comienzo en igualdad de derechos de tales negociaciones de adhesión. 
A pesar de todo, la cuestión de principios: ¿Se está pensando en el Consejo cómo se puede evitar que por la entrada en vigor de las reglas del mercado interior se produzca en los candidatos a la adhesión una emigración de la mano de obra barata a los países de salarios altos? 
¿Hay criterios acerca de cómo se puede evitar esto, para que la mano de obra permanezca en los países y obtengan en ellos oportunidades de trabajo?. 
La Sra. Stenzel insiste en que especulemos sobre el mandato de negociación de la Comisión Europea en las negociaciones de adhesión. 
Podría despachar su pregunta diciendo: no nos anticipemos a ello, pero entonces nos quedaríamos insatisfechos. 
Tiene usted que considerar el proceso del siguiente modo y también tener en cuenta el factor tiempo. 
Supongo que las negociaciones, cuando se inicien, durarán algunos años. 
Le recuerdo que las negociaciones con España y Portugal duraron siete años. 
Quizás sean menos en el caso de los países de la Europa Oriental, pero indica un calendario, y después tenemos aún el proceso de ratificación, y antes de que llegue la adhesión real de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea estaremos en el siglo que viene. 
Desde el punto de vista del contenido, me parece molesto tener que pronunciarme ahora, en 1997, al margen de los argumentos formales de que todos los mandatos de adhesión aún han de discutirse, sobre cómo será el régimen en el año 2002, 2003 ó 2004. 
Mientras tanto, el desarrollo jurídico en Europa en la cuestión del funcionamiento del mercado interior y del funcionamiento del mercado laboral está en continuo movimiento. 
Al otro lado, los países candidatos se preparan sin cesar para la adhesión al mercado interior, incluidos los aspectos relacionados con la libre circulación de trabajadores. 
Por tanto, se trata de un proceso dinámico bipartito. Considero que su pregunta es totalmente prematura. 
Quisiera asimismo desaconsejarle que especule sobre cuál será la situación del mercado laboral en Europa Oriental y en Europa Occidental en el año 2002, 2003, 2004, qué regímenes específicos exigirá, si exigirá medidas de transición o derogaciones en las condiciones de adhesión. 
Pienso que no favorece a ningún interés, ni siquiera a un interés político, anticiparse a dos, tres, cuatro elecciones en estas cuestiones. 
Esto es lo que quisiera decir al respecto. 
Pregunta nº 8 formulada por Hugh McMahon (H-0220/97): 
Asunto: Medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros 
¿Podría dar detalles la Presidencia neerlandesa sobre el texto de compromiso en relación con las medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros que presentará en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca del mes de abril? 
En respuesta a la pregunta del Sr. McMahon sobre las medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros, quiero recalcar que la Presidencia neerlandesa lo considera especialmente importante. 
La Presidencia irlandesa presentó un texto de compromiso durante la sesión del Consejo del pasado diciembre. 
El Consejo indicó entonces que consideraba que la propuesta era un buen paso adelante, aunque consideraba que quedaban por resolver una serie de problemas. 
En estos momentos, la Presidencia está trabajando intensamente en ello, pero dados los aspectos sumamente técnicos de esta materia, la Presidencia neerlandesa no tiene previsto incluir este punto en el orden del día del Consejo de Pesca de los próximos 14 y 15 de abril. Esto no quita que la Presidencia no escatimará esfuerzos para lograr progresos cuanto antes en la discusión de esta propuesta, para poder aprobarla antes de finales de junio del presente año. 
Me gustaría dar las gracias a la Presidencia neerlandesa. 
Ésta es la primera vez que hemos tenido confirmación oficial de que no habrá conversaciones, ni acuerdo, sobre la cuestión de las medidas técnicas. 
Es bastante de lamentar que el Parlamento haya estado avanzando con el informe Adam y haya celebrado reuniones de emergencia el mismo lunes de esta semana, al habérsele dicho que atenerse a una fecha tope del Consejo. 
Sin embargo, una vez más, las presidencias, sobre todo la neerlandesa, han tratado al Parlamento con una actitud bastante desdeñosa. 
Si la intención en todo momento- quizá guardando cierta relación con las elecciones del Reino Unido- era no incluirlo en el orden del día, entonces me siento decepcionado. 
¿Podría confirmar la Presidencia neerlandesa que lo que pueda pasar en las elecciones del Reino Unido no ha motivado que retire este punto del orden del día de la reunión de la semana que viene? 
No puedo confirmarlo, lo único que sé es que es imposible ultimar este expediente en el Consejo de Pesca de abril. 
Pregunta nº 9 formulada por Richard Howitt (H-0223/97): 
Asunto: Cláusula de no discriminación en el Tratado de la Unión Europea en favor de las personas con discapacidades 
¿Es cierto que, de acuerdo con el informe jurídico de que dispone el Consejo, el nuevo artículo 6a del TUE en la redacción propuesta por la Presidencia irlandesa en Dublín garantizaría, en caso de que se aprobara en el Consejo de Amsterdam, que, en el futuro, todas las Dirección Generales de la Comisión tendrían que tener en cuenta y consultar con respecto a la igualdad de oportunidades de los minusválidos al elaborar todos los proyectos legislativos y programas comunitarios? 
¿Opina el Consejo que una cláusula de estas características permitiría simplemente acciones separadas acordadas por los Estados miembros para prohibir este tipo de discriminación a nivel europeo? 
¿Se menciona en dicho informe jurídico el hecho de que el nuevo artículo 6a, en la redacción propuesta, no serviría o podría no servir de fundamento jurídico para un futuro programa de la UE sobre las discapacidades, como sucesor del anterior programa Helios? 
En respuesta a la pregunta de su Señoría, Sr. Howitt, quiero señalar nuevamente que el Consejo no es quién para pronunciarse sobre las actividades y los progresos de la Conferencia Intergubernamental. 
Es un asunto de los Estados miembros, y no se puede responsabilizar de ello al Consejo como tal. 
Quiero hacer hincapié en que según las disposiciones del artículo N del Tratado, los representantes de los Estados miembros, de común acuerdo, fijan las modificaciones que hay que incorporar al Tratado. 
Su Señoría comprenderá que como Presidente del Consejo me es imposible pronunciarme en ningún sentido sobre las propuestas que hace en su pregunta. 
Esto no quita que el Consejo está convencido de que es preciso hacer todo lo posible para ayudar a las personas minusválidas y permitirles integrarse plenamente en la sociedad y participar activamente en la vida económica y social. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Sobre esta base hay que juzgar qué hay que emprender a nivel nacional y cuál es el valor añadido necesario de una acción a nivel de la Unión. 
Aunque doy las gracias al Sr. Patijn por esa respuesta, uno se pregunta sobre su compromiso de ayudar a que la CIG sea un proceso abierto y transparente. 
¿Cómo pueden las numerosas personas y entidades a quienes les interesan los resultados de la Conferencia examinar los temas que rodean el proyecto de tratado y asesorar al Parlamento y a los gobiernos nacionales si el Consejo ha levantado este muro de silencio? 
En este Parlamento, ya estemos tratando de la directiva sobre autobuses y autocares, de la directiva sobre ascensores o de todo lo relativo a la sociedad de la información, tenemos que luchar de continuo para conseguir que la Comisión tenga en cuenta los intereses de las personas con discapacidades y las consulte al comenzar el proceso legislativo. 
Porque de presentarse los gobiernos con un proyecto de Tratado- por muy loable que sea, y por mucho que lo apoyemos en este Parlamento en lo que respecta a las medidas de no discriminación en favor de los dicapacitados- que no cubra todas las áreas de legislación europea, estarían desatendiendo las peticiones de 37 millones de ciudadanos europeos con discapacidades. 
Cuando el Sr. Patijn se reúna con los representantes del Foro Europeo de Discapacitados, como lo hará la próxima semana, ¿va a darles una respuesta más sincera y mantener una conversación más abierta de la que hemos podido mantener en este Parlamento esta noche? 
Puedo confirmar que mantengo contactos regulares con representantes de diversas organizaciones sociales que tienen interés en el desarrollo de las negociaciones de la CIG. Confirmo en efecto que he mantenido una reunión con representantes de organizaciones de minusválidos. 
En este tipo de conversaciones, que son informales, recabo información con regularidad sobre el estado de las negociaciones y las posibilidades de llevar a buen término las negociaciones. 
Pero lo hago enteramente en calidad de representante neerlandés en la CIG. No puedo hacerlo como presidente del Consejo. 
Por supuesto, puedo aprovechar mi situación privilegiada con respecto a la información de fondo, pero al mantener estos tipos de encuentros, lo hago en principio como representante del Reino de los Países Bajos. 
Pregunta nº 10 formulada por Alfred Lomas (H-0226/97): 
Asunto: Interferencia de un miembro de la Comisión Europea en las elecciones británicas 
En el período previo a las elecciones generales del Reino Unido, según la prensa británica el Sr. Leon Brittan, miembro de la Comisión Europea, criticó al Partido Laborista por haber suprimido el debate sobre Europa. 
Dejó patente su disconformidad con los políticos que en general critican a la Comunidad Europea y argumentó que esta actitud hundirá a Gran Bretaña. 
¿Aprueba el Consejo de Ministros que sus funcionarios interfieran de este modo en las elecciones de un país? 
En respuesta a esta pregunta del Sr. Lomas he de recalcar, tal y como han hecho mis antecesores y yo mismo en casos parecidos, que el Consejo no puede determinar una postura o expresar un juicio en relación con las declaraciones hechas fuera del marco formal de sus sesiones, sobre todo cuando son realizadas por personas que no pertenecen al Consejo. Creo que este es el caso con los hechos que saca a relucir el Sr. Lomas en su pregunta. 
Estas declaraciones están ampliamente recogidas en la prensa. 
Ni siquiera a los funcionarios de la administración nacional y local del Reino Unido se les permite hacer electoralismo como están haciendo los comisarios. 
¿No cree usted que algunos de ellos- no todos- tienen muchos humos?. 
Jacques Santer censuró hace poco a los gobiernos de los Estados miembros que tenían dudas que aclarar sobre el calendario de la moneda única. 
Estos funcionarios deberían seguir con su propio trabajo y dejar las declaraciones políticas al Consejo de Ministros electo. 
¿No está de acuerdo el Consejo? 
En las preguntas del Sr. Lomas noto cierta irritación, pero quizás pueda eliminar en gran medida esa irritación indicándole que los miembros de la Comisión Europea no son considerados en ningún caso funcionarios. 
Remito a su Señoría al artículo del Tratado de la CEE, que sin duda se sabrá de memoria, concretamente el artículo 157, que dice lo siguiente: » Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. 
En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo.» 
Por consiguiente, se refiere usted a declaraciones políticas de personas que son totalmente independientes. 
Quizás esto le tranquilice. 
Pregunta nº 11 formulada por David Morris (H-0229/97): 
Asunto: Clenbuterol 
En lo relativo a la utilización ilegal del Clenbuterol, un compuesto sintético de la familia de los esteroides que incrementa el peso de los animales y cuya manipulación es extremadamente peligrosa y muy tóxica para los seres humanos, ¿está de acuerdo el Consejo en que es necesario poner fin a esta práctica y en que los proveedores ilegales de la droga deben ser detenidos y llevados a juicio? 
¿Por qué motivo el Gobierno holandés no ha respondido positivamente a la solicitud del Fiscal General de los Estados Unidos Sr. Schneider de extradición de Gerard Hoogendik para que éste sea juzgado por nueve delitos federales por contrabando y distribución de drogas adulteradas de crecimiento animal? 
A la pregunta del Sr. Morris sobre los peligros del uso del clenbuterol en el engorde de los animales destinados al consumo humano puedo contestar que el Consejo es muy consciente de la necesidad de combatir con vigor el uso ilegal de sustancias de efecto anabolizante en la ganadería, sobre todo con miras a la protección del consumidor. 
Con este objetivo, el 29 de abril de 1996, el Consejo aprobó la directiva 96/22/CEE para hacer más estrictas las medidas adoptadas en 1981 y 1988 y para ocuparse de una mejor aplicación de dichas medidas. 
Asimismo se aprobó la directiva 96/23 sobre medidas de control para la ejecución de dicha política más estricta. Con ello se prohíbe legalmente el uso de clenbuterol en la Comunidad salvo para el tratamiento terapéutico de terneras durante el parto, y de ganado équido criado con otros fines que no sean la producción de carne. 
Por consiguiente, se permite cierto uso, pero nunca para animales destinados al consumo humano. 
En lo que respecta a la segunda pregunta, el Consejo no es competente en el caso al que se refiere su Señoría, sino las respectivas instituciones jurídicas nacionales. El Consejo tampoco es quién para hacer declaraciones al respecto. 
El Presidente en ejercicio nos ha dicho que no es asunto suyo intervenir en lo que un Estado miembro haga o deje de hacer para garantizar que sean procesadas las personas sospechosas de traficar con drogas de crecimiento ilegales. 
¡Por eso he hecho la pregunta! 
La pregunta debiera ser: ¿que ha hecho el Consejo- que es un Consejo neerlandés- para convencer al Gobierno de su propio país de que extradite a Estados Unidos a Gerard Hoogendik por delitos de los que se le ha culpado, a saber, que ha estado introduciendo de contrabando y distribuyendo drogas adulteradas en Estados Unidos? 
¿No pudiera haber, de hecho, alguna sospecha de que se haya estado dedicando al mismo tipo de actividad dentro de la UE? 
Si queremos tener éxito en controlar la distribución de drogas ilegales y la amenaza que representan para nuestra alimentación, entonces habrá que procesar a los responsables y, en este caso, conceder la extradición para que el Gobierno de Estados Unidos puede llevar a juicio a este señor. 
En caso de que un súbdito holandés en otro país sea sospechoso de cometer actos delictivos que justifican su extradición, el Gobierno neerlandés, en su caso examinado por un juez neerlandés, reaccionará si se presenta una petición de extradición oficial. 
Sin embargo, esto no es un asunto de las instituciones de la Unión Europea, y como Presidente del Consejo no puedo responderle. 
Lo dejaré así. 
Señor Presidente, le agradezco su respuesta y la sensibilidad que demuestra el Consejo. 
Como usted sabe, esta cuestión es muy sensible. 
Se realizaron reportajes televisivos que documentaron de forma inequívoca una situación gravísima. 
Por otra parte, en algunos Estados miembros se están llevando a cabo investigaciones judiciales de odiosos delitos que al parecer tuvieron conexiones precisamente en Rumania. 
En consecuencia, considero que es urgente intervenir y que es importante que el Consejo y la Comisión, junto con el Gobierno rumano, hagan todo lo que esté en su mano a fin de lograr cuanto antes soluciones concretas. 
Me pregunto cómo puede existir una situación de este tipo en el corazón de Europa y desconozco si el Consejo ofreció una respuesta a esta pregunta. 
Señor Presidente del Consejo, le pregunto lo siguiente: ¿Éste programa para la infancia ya es operativo? 
¿Se está organizando en concreto? 
¿Han habido mejoras? 
En definitiva, ésta es la pregunta que le planteo. 
Me remito a mi primera respuesta. 
Este programa existe desde hace tiempo. Desde 1990, he contestado, hay acciones de la Comunidad Europea, concretamente bajo la responsabilidad de la Comisión, centradas en la mejora del destino de los niños en Rumania y estos se han intensificado recientemente. 
Para los detalles de estos programas quisiera pedirle al Sr. Speciale que se dirija a la Comisión Europea. 
Por lo demás, en general quiero compartir la gran preocupación que quiere expresar al formularme esta pregunta. 
Todos sabemos que algunos países de la Europa Oriental atraviesan una profunda crisis política y social a raíz de la transición de una economía dirigida dictatorialmente a una economía democrática orientada al mercado. 
Esto tiene grandes efectos sociales secundarios, por lo que sobre todo los grupos socialmente vulnerables tienen muchas dificultades y pienso que nos interesa muchísimo que no sólo las instituciones de la Comunidad Europea, sino sobre todo los Estados miembros, y quiero mencionar expresamente la iniciativa de las organizaciones no gubernamentales, que por lo menos en mi país trabajan activamente, puedan desempeñar un papel importante para ocuparse de los casos más agudos. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 13 caduca. 
Pregunta nº 14 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0235/97): 
Asunto: La Unión Europea como una agrupación de Estados libres e independientes 
De acuerdo con representantes del Gobierno sueco, la UE es una organización compuesta por Estados libres e independientes. Asimismo, el fallo del Tribunal Constitucional alemán de 12 de octubre de 1993 respalda también este punto de vista, haciendo hincapié en que las naciones de la UE son las «dueñas del Tratado». 
Esta circunstancia no se corresponde con diversas decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativas al carácter prioritario de la legislación comunitaria sobre el Derecho nacional e, incluso, sobre las constituciones nacionales. 
Estas discrepancias han suscitado una diversidad de opiniones acerca del carácter de la Unión. 
La Conferencia Intergubernamental ofrece la posibilidad de esclarecer esta cuestión mediante una definición clara del carácter de la Unión Europea como una agrupación de Estados libres e independientes en el que las constituciones nacionales prevalezcan sobre la legislación y las normativas de la UE. 
Esta cuestión reviste una especial importancia de cara a la próxima ampliación de la Unión. 
¿Está dispuesto el Consejo a presentar en el marco de la Conferencia Intergubernamental propuestas encaminadas a definir con claridad el carácter de la UE como una agrupación de Estados libres e independientes? 
En respuesta a la pregunta del Sr. Sjöstedt quiero recalcar de forma más general que estoy plenamente de acuerdo en que la Unión Europea está formada por un conjunto solidario de Estados independientes. 
Se trata en efecto de Estados libres e independientes que por propia voluntad han contribuido a la elaboración de Tratados para crear las Comunidades Europeas. 
Desde esa misma libertad, se han comprometido a respetar las disposiciones de estos Tratados y a cooperar en su ejecución. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo quiero recalcar una vez más que el Consejo y sus miembros tienen mucho apego a este fundamento comunitario, así como a la legislación aprobada en virtud del Tratado y que solemos denominar acervo comunitario. 
Como Presidente del Consejo, y por razones conocidas, no puedo acceder a la petición específica de su Señoría de incluir en el nuevo Tratado las disposiciones que tanto le importan. 
A fin y al cabo, el Consejo no participa como tal en la Conferencia Intergubernamental, y es tarea de los gobiernos y de la Comisión presentar propuestas que puedan ser tratadas en la Conferencia Intergubernamental. 
Agradezco su respuesta a la Presidencia neerlandesa. 
Me ha parecido algo modesta. 
Es seguro que su Señoría tiene unos conocimientos y una influencia considerable sobre los trabajos que se desarrollan en el curso de la Conferencia Intergubernamental. 
Opino que es importante clarificar la jerarquía jurídica entre las constituciones nacionales y la legislación comunitaria. 
En realidad existe una práctica desarrollada a lo largo de muchos años en el Tribunal de la UE, al tiempo que una serie de países miembros no han modificado sus constituciones de conformidad con esta práctica. 
Esto lo demuestran casos jurídicos reales, por ejemplo en Dinamarca, precisamente sobre la posición de su constitución con respecto a la legislación comunitaria. 
Pienso que por razones democráticas es muy correcto que se clarifique la jerarquía jurídica existente entre las constituciones nacionales y la normativa comunitaria. 
Mi opinión personal es que dichas constituciones están por encima del Derecho de la UE. 
Si la traducción es correcta, tengo la impresión de que el Sr. Sjöstedt cree que las constituciones nacionales son más importantes que el derecho comunitario. 
Personalmente no opino lo mismo. 
En el sistema constitucional de los Países Bajos, el derecho comunitario, promulgado conforme a los procedimientos del Tratado de Roma, está por encima del derecho nacional, incluso por encima de la constitución nacional, y son los jueces quienes han de decidir qué tiene prioridad en caso de producirse un conflicto de sistemas jurídicos. 
Afortunadamente, por lo menos ahora no se me ocurre ningún caso, no ha sucedido nunca que un juez supremo de un Estado miembro haya prohibido a los gobiernos o a los ciudadanos de este Estado miembro vivir de acuerdo con las reglas del derecho comunitario. 
Mi convencimiento personal, y creo poder apoyarme en una jurisprudencia muy extensa, aunque en tal caso ya no actúo como Presidente del Consejo- pero el Presidente acaba de decir que de vez en cuando puedo decir algo en el Parlamento sin que sea borrado de inmediato del Acta -, mi opinión personal es por tanto que si, en un conflicto de sistemas jurídicos, el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo dicta la sentencia clara de que el derecho comunitario prevalece sobre los ordenamientos jurídicos nacionales, esta es la última palabra. 
Si este no fuera el caso, avanzaríamos por un terreno muy resbaladizo hacia la desintegración jurídica de las Comunidades Europeas. 
Quisiera pedirle a su Señoría que reflexionara sobre esta cuestión en relación con mi convicción personal. 
Pregunta nº 15 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0237/97): 
Asunto: Organización común del mercado del plátano 
A la vista de las conclusiones del panel de la Organización Mundial de Comercio sobre la organización común de mercados del plátano, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para proteger a los productores comunitarios? 
Señor Presidente, en respuesta a las preguntas del Sr. Medina puedo decir que el Consejo se ha enterado al igual que usted, aunque principalmente a través de los medios de comunicación, del informe interino del panel del plátano sobre las reglas que aplica la Unión Europea a la importación de plátanos. 
En estos momentos, el Consejo no puede comunicar qué estatuto tiene este texto. 
Sea como fuere, la calificación de «informe interino» que los redactores han dado a este documento indica que se trata de una versión provisional que aún puede modificarse antes de pasar a la redacción del documento definitivo. 
Por consiguiente, hay que constatar que hasta hoy, dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) , no se han sacado conclusiones formales definitivas que pudieran chocar con las actuales reglas comunitarias para el plátano. 
Además, el procedimiento todavía no ha concluido. 
En cuanto se conozcan las conclusiones del panel de la OMC, el Consejo las analizará con miras a las posibles consecuencias para la Comunidad. 
El Consejo recuerda además que, ya en 1995, la Comisión presentó una propuesta con la que se pretendía adaptar la ordenación del mercado comunitario existente, y que sobre todo en espera de los resultados del procedimiento de la OMC, el Consejo todavía no ha podido tomar una decisión al respecto. 
Señor Presidente del Consejo, yo agradezco su respuesta pero le llamo la atención sobre el hecho de que nuestra experiencia demuestra que, cuando se plantea una cuestión, si no se ha planteado en su momento, desde el Consejo o desde la Comisión se dice no se planteó en su momento. 
Yo creo que, en este momento, uno de los secretos menos guardados es que existe un documento del grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio sobre el banano que prácticamente destruye los cimientos de la Organización Mundial de Comercio. 
Y lo más grave de ese tema es que la base principal para la actuación de ese grupo de expertos es la solicitud de un gobierno que no produce plátanos, que es el Gobierno de los Estados Unidos. 
Y ese Gobierno de los Estados Unidos no ha aceptado la jurisdicción de ningún grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio para discutir del tema de la ley Helms-Burton. 
Los que hemos practicado el Derecho sabemos que el Derecho se encuentra en los intersticios del procedimiento. 
Y en la práctica de la negociación comercial lo corriente es la retorsión por lo que ¿podría considerar el Consejo una posible retorsión contra el Gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que si no acepta la jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio respecto de la ley Helms-Burton, la Comunidad no aceptará la jurisdicción de esa misma organización en el tema del plátano? 
No entraré en la última sugerencia del Sr. Medina, pues si en el arreglo internacional de disputas lo relacionamos todo entre sí, no nos aclararemos nunca. 
Es lo único que sé con seguridad. 
En esta cuestión quisiera defender que se aplique al pie de la letra el procedimiento que se aplica en los paneles de la OMC, porque quizás hacemos problemas donde no los hay. Se trata de un informe interino que en principio era confidencial, que se presentó a las partes y que se ha filtrado. 
Pero las partes todavía pueden hacer comentarios al informe, tras lo cual el panel, eventualmente sobre la base del comentario, modifica el informe, y el procedimiento de arreglo de disputas de la OMC ofrece además la posibilidad de recurrir después de que uno de estos paneles haya dictaminado. 
Por lo tanto, considero que es prematuro pensar ya en iniciar, bien a través de la Comisión, bien del Consejo, acciones jurídicas directas respecto a la sentencia, y menos aún pensar en términos de represalias o de guerra comercial. 
Pregunta nº 16 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0239/97): 
Asunto: Participación de Libia en la II Conferencia Euromediterránea de Malta 
Teniendo en cuenta la voluntad del Parlamento Europeo, reiterada en diferentes resoluciones, ¿se abrirá la posibilidad de que Libia participe en la II Conferencia Euromediterránea que tendrá lugar los días 15 y 16 de abril en Malta? 
La Unión Europea mantiene su punto de vista de que Libia no puede esperar mantener relaciones normales con otros Estados y desempeñar un papel completo en los foros internacionales, incluido el proceso de Barcelona, mientras no haya cumplido todas sus obligaciones en virtud de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Dado que por ahora Libia no ha cumplido sus obligaciones, no puede participar de ningún modo en la segunda Conferencia Euromediterránea ministerial. 
Lamento que el Consejo no haya atendido la demanda que el Parlamento Europeo le ha hecho en este sentido reiteradamente. 
La respuesta del Consejo nos defrauda, y una vez más tengo que lamentar que falta autonomía y audacia en las decisiones del Consejo de Ministros. 
Porque se pide por parte del Parlamento que se abran perspectivas de participación de un país, que es un país mediterráneo, en la política euromediterránea. 
Tengo que decir que este país, Libia, como miembro del gran Magreb árabe, forma parte de la Delegación del Magreb del Parlamento Europeo, y viene trabajando indirectamente en la política euromediterránea aquí en este mismo edificio de Estrasburgo, donde se ha celebrado más de una reunión. 
Creo sinceramente que esta respuesta defrauda y le pido al Consejo de Ministros que desde hoy hasta los días 15 y 16 de abril, que son las fechas previstas para la reunión de La Valetta, la segunda reunión euromediterránea, abra estas perspectivas. 
La Unión Europea a veces es muy imaginativa y da respuestas de suma ambigüedad para ofrecer unas buenas perspectivas de colaboración a este país que, en el futuro, puede llegar a ser muy importante en la colaboración euromediterránea. 
He de recordar las resoluciones 731, 748 y 883 del Consejo de Seguridad a la Sra. Izquierdo Rojo, quien sin duda debe de guardarlas debajo de la almohada, ya que tanto se compadece de Libia. 
Se trata en este caso de la sospecha que se deduce de las resoluciones del Consejo de Seguridad de que el Estado ha patrocinado el terrorismo. Y el órgano supremo de la comunidad de naciones ha sentenciado que las autoridades libias han de esforzarse por eliminar esta sospecha. 
Mientras no lo hagan, pienso que hay razón suficiente para que el Consejo actúe como lo hace. 
Si he de hablar de decepciones, hablaré de mi decepción acerca del gobierno libio, que no coopera para eliminar esta grave sospecha. 
Pregunta nº 17 formulada por Gerard Collins (H-0245/97): 
Asunto: Fondos estructurales europeos después de 1999 
¿Ha habido algún debate en el seno del Consejo de Ministros sobre el funcionamiento de los Fondos estructurales europeos después de 1999 y, en particular, piensa el Consejo remitir a la Comisión algunas orientaciones que indiquen las prioridades políticas, especialmente en relación con los niveles de desempleo, para que las tenga en cuenta al elaborar las propuestas para determinar los requisitos de opción al Objetivo 1 después de dicho año? 
En este momento no se debate la política estructural de la Unión Europea después de 1999. 
Además, no puedo ofrecer la información solicitada por su Señoría. 
Le recuerdo que el Consejo Europeo de Madrid- y ya hemos hablado de ello- pidió a la Comisión que hiciera cuanto antes un análisis profundo del sistema de financiación de la Unión Europea, a fin de presentar, justo después del cierre de la Conferencia Intergubernamental, una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión a partir del 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. 
Por tanto, propongo que no nos anticipemos a los hechos y que primero nos concentremos en la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. Después, el Consejo podrá tomar buena nota de la mencionada comunicación de la Comisión, que a continuación formará la base para posteriores conversaciones, entre otras cosas sobre el futuro de la política estructural de la UE después de 1999. 
Mi agradecimiento al Sr. Patijn por su respuesta. 
Acepto todo lo que ha dicho y comprendo las razones por las que lo ha dicho. 
Yo quisiera decirle por mi parte que hace falta una marcada orientación política del Consejo de Ministros a la Comisión, teniendo presente que en la Unión Europea hay un desempleo del orden de los 20 millones de personas, que sin duda debe figurar como la prioridad política número uno de la Unión, la cual deberá ser objeto de una planificación para el período posterior a 1999. 
Es un tema que debe abordarse con urgencia, sobre todo para que, como todos desearíamos, la Unión Europea pueda solucionar este problema que afecta a los ciudadanos de la Unión y pueda así recuperar la necesaria credibilidad a los ojos de los ciudadanos de los Estados miembros. 
Doy las gracias al Sr. Collins por su comprensión por el hecho de que el Consejo no pueda decir gran cosa sobre la política estructural después de 1999. 
El Consejo comparte su opinión de que toda la cuestión del desarrollo del empleo en la Unión Europea requiere la máxima atención, incluso a nivel de la Unión. 
Esta atención está presente y con ello no quisiera esperar hasta después de 1999. 
Pienso que sobre la base de la política que se ha desarrollado desde el Consejo Europeo en Essen, tenemos la posibilidad de dar toda la relevancia posible a la política estructural actual, en cuyo marco hay disponibles decenas de millardos de ecus para los próximos años. 
Ya se ha mencionado la cuestión de los pactos territoriales. 
Pienso que se trata de asuntos que ya podemos abordar. 
No tenemos que anticiparnos al muy importante debate de cómo vamos a regular el próximo siglo las relaciones financieras mutuas a la luz de la ampliación. 
Tengo una pregunta muy especial y concreta que hacerle al Consejo. 
Con respecto a la financiación de los Fondos Estructurales o de cualquier otra contribución a la Unión, he criticado durante mucho tiempo el hecho de que la contribución en concepto de PNB se base exclusivamente en el PNB sin ajustar esta cifra al nivel adquisitivo de la sociedad. 
Los cálculos que he realizado en este sentido demuestran que si se llevase a cabo este ajuste natural de tener en cuenta el nivel adquisitivo de los países, esto nos llevaría a unos cambios palpables. 
Entiendo la dificultad de llevar adelante esta propuesta ante la Comisión, pero le pregunto al Consejo: ¿No existe la posibilidad de que el Consejo llevase adelante la idea de introducir también la parte proporcional del poder adquisitivo para el sector de los gastos de los Fondos Estructurales de modo que, por así decirlo, se ajustara el producto nacional bruto a esta proporción? 
No estoy seguro da haber entendido bien la pregunta de su Señoría. ¿Comprendo bien que aboga por tomar como punto de partida para la cuota o los pagos a la Unión Europea las paridades de poder adquisitivo reales en lugar del producto nacional bruto? 
Quiero comunicarle que la financiación de los gastos de las Comunidades Europeas está fijada en el Tratado. Se trata en primer lugar de los derechos de importación, en segundo lugar de los impuestos agrícolas y en tercer lugar de la clave del IVA. 
El producto nacional bruto sólo se aplica a la parte que queda. 
Esto está estipulado en el Tratado. 
Como representante neerlandés en la Conferencia Intergubernamental no conozco ninguna propuesta, tampoco del Gobierno sueco, para modificarlo. 
Puedo confirmarle que en este momento no se toma en consideración un desarrollo de la política tal como lo sugiere usted. 
Señorías, después de agradecer a la Presidencia del Consejo su presencia y el alto valor de sus respuestas, les comunico que, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas n 18 a 29 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.00 h.) 
Calidad de la gasolina y del gasóleo- Emisiones de vehículos de motor- Emisiones atmosféricas- Ahorro de energía (continuación) 
Señora Presidenta, aunque el informe que voy a defender es independiente de los informes de los diputados Lange, Mamère y Eisma, hay que reconocer que forma junto con ellos un paquete político y medioambiental que merece la pena destacar. 
La primera propuesta que presentamos en la Comisión de Medio Ambiente era más débil que la propuesta final. 
Es decir, hemos aceptado las enmiendas que otros compañeros del Grupo Socialista, del Grupo de los Verdes e incluso del Grupo Popular han hecho al informe. 
Y creo que, gracias a ello, el informe se ha enriquecido. 
Es probable que haya algunas frases que no comparta en su totalidad, pero como el informe fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente por unanimidad, prefiero no referirme a ellas- por ejemplo, hay palabras como «rechazo» de acuerdos voluntarios que yo no comparto y que hubiera redactado de otro modo. 
Pero creo que ya que el informe fue aprobado por unanimidad, yo debo defenderlo aquí tal como se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente en la pasada sesión. 
Hay algunas cuestiones en las que todos los ponentes de este paquete de medidas coincidimos: son las que guardan relación con la calidad del aire, con las emisiones de CO2, con la calidad de los combustibles. 
Además, todos coincidimos en criticar que se hayan tenido más en cuenta los criterios y las conversaciones con los industriales que con los expertos u organizaciones no gubernamentales. 
Hay algunas cuestiones que habría que destacar. 
En primer lugar, la propia Comisión Europea considera que si no se toman medidas enérgicas, no podrán cumplirse los compromisos de la Conferencia de Río- que se va a revisar ahora, en Nueva York, en junio- de estabilizar las emisiones de CO2 en el año 2000 a los niveles de 1990. 
Parece que ése es un objetivo difícil de cumplir y, por lo tanto, la propuesta de la Comisión nos parece débil, dado que no concreta medidas legislativas que puedan hacernos alcanzar esos objetivos. 
La primera crítica es a los acuerdos voluntarios. 
En esta Asamblea, debatimos con frecuencia sobre el incumplimiento reiterado de la legislación comunitaria. 
Y si la legislación comunitaria se incumple, cabe dudar de que se cumplan los acuerdos voluntarios. 
Y por ello, en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, proponemos que, de conformidad con lo dispuesto por la propia Comisión Europea en su programa legislativo de 1994, se elabore una directiva que recoja las reducciones de CO2, porque así serían más de obligado cumplimiento. 
Y proponemos que se presente antes de 1998. 
Proponemos también que haya una medida legislativa que recoja una propuesta razonable de impuestos. 
Y cuando decimos razonable, nos referimos a que queremos evitar gravar a los menos pudientes. 
La propuesta que hay de renovación inmediata del parque automovilístico, o la propuesta que hay de gravar los combustibles indiscriminadamente- presente en una de las enmiendas que se discutieron en la Comisión de Medio Ambienteson propuestas que no discriminan a aquellos menos pudientes y más pudientes económicamente en Europa. 
Nosotros proponemos que haya una propuesta legislativa que, en síntesis, favorezca que aquéllos que contaminen menos- es decir, aquéllos que, en un futuro, cuando haya coches que gasten tres litros de gasolina por cien kilómetros, utilicen coches más utilitarios, menos pesados y que contaminen menos- tengan exenciones fiscales. 
Y que se aumenten los tributos fiscales para aquéllos que tienen coches más potentes que contaminan más. 
Y, en esa dirección, nosotros creemos que hay que hacer una propuesta legislativa para discutir en este Parlamento. 
La Comisión no debiera considerar ambicioso el que se aspire a reducir el consumo a cinco litros de combustible por cien kilómetros, porque creemos que ya hay muestras de que ello es posible- por ejemplo, el coche que propuso Greenpeace, el «Twingo Smile» -También creemos que deben complementarse estas medidas de reducción clara del consumo de combustible con otras medidas que reconozco que, en algunos casos, afectan a los Estados miembros y al principio de subsidiariedad, pero de extraordinaria importancia: por ejemplo, la reducción de la velocidad; la utilización masiva de los transportes públicos- y para eso tienen que mejorar -, la toma en consideración de la ordenación del territorio... 
Es decir, hay unas cuantas medidas que hay veces que la Comisión no podrá tomar, pero que sí puede orientar para que los Estados miembros las tomen, y que pueden complementar las reducciones de CO2. 
En definitiva, señora Presidenta, señora Comisaria, yo creo que con este paquete de medidas, si se aceptan las enmiendas en general de los cuatro informes, podemos ir caminando hacia el objetivo de reducir las emisiones de CO2, de transformar el aire viciado que tenemos en Europa en un aire más puro y de conseguir que los combustibles sean menos contaminantes. 
Señora Presidenta, voy a presentar la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre las normas y especificaciones relativas a los carburantes. 
He de comenzar diciendo que la comisión logró un alto nivel de consenso político sobre la opinión elaborada y, en general, se acogió con beneplácito el Programa Auto Oil como paso en la dirección correcta, independientemente de las dudas que hayan podido abrigar diversos diputados sobre determinados detalles. 
Respecto de los planes para las especificaciones relativas a los carburantes en el año 2000, la Comisión de Asuntos Económicos propone reducciones limitadas en las metas relativas al contenido de azufre frente a los límites recomendados en el Programa Auto Oil. 
Nosotros hemos sido- podríamos decir- «menos ambiciosos» a ese respecto que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, aunque se podrían elegir también otras expresiones para describir el nivel de discreción que la comisión decidió emplear respecto de esos límites. 
Respecto del año 2005, la Comisión de Asuntos Económicos, previendo un Programa Auto Oil 2, propuso los anexos III y IV y establece en dichos anexos normas indicativas que le gustaría que se tuvieran en cuenta en un Programa Auto Oil 2. 
Esa actitud difiere de la insistencia de la Comisión de Medio Ambiente, que preferiría, en esta fase, fijar ahora mismo una norma obligatoria a largo plazo. 
Respecto de los incentivos fiscales, la Comisión de Asuntos Económicos sostiene la firme opinión de que debemos emplearlos, en particular en este sector del combustible, mediante la diferenciación de los impuestos indirectos. 
Así se podría facilitar en los Estados miembros, sujetos a procedimientos para velar por la coherencia del Mercado Interior, la introducción de combustibles más avanzados que los especificados como mínimo esencial. 
De hecho, tomo nota y acojo con beneplácito el apoyo de la Comisión de Asuntos Económicos a esta propuesta. 
La Comisión de Asuntos Económicos dedicó mucho tiempo a intentar hacer comprender a los Estados miembros la necesidad de apreciar las repercusiones del diferencial de costos y observó que había diferenciales considerables en los costos para la industria refinadora entre los países septentrionales y los meridionales. 
En vista de ello, la comisión recomendó un período transitorio limitado para los Estados meridionales, porque, al fijar las metas, hemos de ser realistas, además de ambiciosos. 
En conjunto, podríamos decir que nuestro planteamiento versó más sobre lo que podríamos llamar la química «política» que la química de los combustibles como centro de nuestras preocupaciones. 
De la comunicación de la Comisión se desprende claramente que el Consejo está muy dividido a este respecto. 
Creo que es adecuado que en el Parlamento no intentemos hacer que lo mejor sea enemigo de lo bueno con vistas a posibles soluciones. 
Las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos son realistas y, en segunda lectura, estarán más próximas al centro de gravedad en última instancia de la negociación de esta institución con el Consejo. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los diputados por su excelente trabajo. 
En las diferentes comisiones hemos elaborado los informes y las opiniones en un clima de entendimiento mutuo. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, quiero expresar mi agradecimiento en particular al Sr. Lange, responsable del informe del Parlamento relativo a las emisiones de gases de escape de los turismos, ya que hizo suya en la Comsión de Medio Ambiente la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos sobre la materia. 
Deseo llamar la atención sobre el hecho de que ahora se trata de decidir sobre las normas sobre emisiones de gases de escape para el año 2005 con carácter vinculante y no sólo con carácter orientativo como propone la Comisión. 
Algunos han juzgado estos objetivos excesivamente rigurosos, pero es posible conseguirlos si se emplean los medios adecuados. 
En esta cuestión, el Parlamento se muestra en todos sus informes y opiniones firmemente partidario de los incentivos fiscales. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha examinado también este asunto desde el punto de vista de la competitividad industrial y ha señalado que si la industria del automóvil de la Unión Europea no desarrolla una nueva tecnología cuanto antes, los japoneses se encargarán de hacerlo. 
Reviste igualmente gran importancia el hecho de que se plantee la cuestión de la calidad del combustible, ya que de esa forma se podrá actuar rápidamente sobre la calidad del aire. 
Los Gobiernos de Suecia y Finlandia han realizado un estudio que muestra cómo la industria petrolífera ha sido excesivamente exagerada en cuanto al coste de la producción de combustibles más limpios. 
Este estudio se ha presentado también en el Parlamento. 
En definitiva, existen razones para que la Comisión revise su planteamiento y utilice la mejor tecnología disponible como punto de partida de sus propuestas. 
Lo que el Parlamento ha logrado en esta primera lectura creará una base firme para las siguientes fases de examen. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se ha ocupado también de manera muy intensiva del programa Auto Oil. 
Ya se ha dicho mucho y se dirá todavía mucho más. 
Por consiguiente, quiero limitarme solamente a cinco puntos: en primer lugar, necesitamos absolutamente una conexión entre las emisiones de los vehículos de motor y las calidades del combustible. 
No podemos hacer una cosa y abandonar la otra, es lo que pretende hacer la Comisión de Investigación. 
En segundo lugar, hoy podemos esencialmente más que lo que estamos dispuestos a admitir. Esto lo ha mostrado la audiencia y lo ha puesto de manifiesto la discusión con las asociaciones y con la industria. 
Por esta razón en este punto deberíamos proceder con más ambición. 
En tercer lugar, en el ámbito de la política de investigación no se han tomado en cuenta puntos importantes, en especial la task force «Automóvil del futuro» , la cual ha de exponer resultados de investigación precisamente en este ámbito. 
Estos resultados o esta task force no han merecido mención alguna. 
En cuarto lugar, los estudios sobre salud, que fueron encargados por la Comisión, no han encontrado cabida alguna en la legislación. 
La Comisión de Investigación también lamenta sobremanera esto, pues a través de ello se habría perfilado de manera más clara qué hemos de hacer. 
Y, en quinto lugar, no necesitamos un segundo programa Auto Oil. 
Sabemos qué podemos hacer hoy y lo podemos fijar claramente para el año 2000 y también para el año 2005. 
La Comisión de Investigación ha propuesto una especie de cláusula de revisión; lamentablemente, no ha sido aceptada. 
Pero ésta habría sido la posibilidad de prever aquí para el futuro una posible revisión que ahora no aparece como urgentemente necesaria. 
Por esta razón, la Comisión de Investigación se ha pronunciado a favor de una legislación ambiciosa y transparente, y espero que mañana en la votación demos una prueba pertinente. 
Señora Presidenta, a pesar de ser ponente para opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta de la que es ponente el Sr. Lange, deseo expresar con gran satisfacción mi felicitación por todos los informes presentados, esto es, el del Sr. Mamère, el del Sr. Eisma, así como el de la Sra. González Álvarez, además del informe del Sr. Lange. 
Habida cuenta de que estoy de acuerdo en todas las intervenciones anteriores, deseo precisar algunos aspectos y reiterar la importancia, para el Parlamento Europeo, de no limitarse a los análisis costes-eficacia, sino de reiterar la necesidad de relacionar los análisis costes-beneficios con la internalización de los costes externos, cuestión que, por otra parte, ya abordamos. 
Asimismo, es preciso resaltar debidamente la importancia social, además que medioambiental, del ahorro de energía y de la reducción de las emisiones, más que los vehículos que tienen como característica prestaciones elevadas en lo que respecta a la velocidad o a la capacidad de mayor aceleración. 
Por este motivo, deseo ilustrar algunos elementos incluidos en mi opinión. 
Primero, no es absolutamente suficiente pensar en vehículos que funcionen sobre la base de los criterios del Programa Auto Oil tan sólo a lo largo de 80.000 kilómetros. Nosotros proponemos por lo menos 160.000 kilómetros. 
En segundo lugar, consideramos que los motores no sólo deben reducir los consumos y mejorar las prestaciones en términos de menor contaminación, sino que es preciso pensar en nuevos motores que funcionen con nuevas fuentes de energía como la energía solar o el hidrógeno que no provocan contaminación. 
Por último, es importante que los sistemas de diagnóstico a bordo se basen en criterios mínimos normalizados a escala europea, funcionen tanto para los motores de gasóleo como para los de gasolina y sean concebidos de forma que garanticen un seguimiento y un control real. 
Señora Presidenta, mi opinión versa sobre la estrategia futura para el control de la contaminación atmosférica. 
El Programa Auto Oil ha recibido el merecido calificativo de innovador, pues en él colaboran las dos industrias: la automovilística y la petrolera. 
De forma semejante, nosotros, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hemos trabajado de forma cooperativa para producir tres opiniones y encontrar posiciones comunes que nos han permitido conseguir el apoyo de los miembros de nuestra comisión. 
He de decir que no ha sido una tarea fácil, pues la política industrial constituye el núcleo mismo de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Así, pues, hemos procurado lograr un equilibrio muy delicado entre costos para la industria y costos para la salud. 
El resultado ha sido, en mi opinión, un fortalecimiento de la propuesta de la Comisión hasta un nivel realista con una transacción sensata entre la eficacia en función de los costos y la mejor tecnología disponible. 
Los procedimientos para el arranque en frío, el diagnóstico a bordo, los incentivos fiscales para los planes de retirada de vehículos y la mejora general de la calidad del combustible fueron, todos ellos, elementos que se incluyeron en mi opinión y fueron aprobados por la Comisión de Asuntos Económicos. 
Esos rigurosos criterios nos brindan dos ventajas: un aire más puro en Europa y el logro de la tecnología medioambiental de vanguardia. 
Con esos criterios podremos vender nuestros automóviles en todos los mercados mundiales e imponer un nivel de calidad para todos nuestros competidores internacionales. 
Me complace decir a Sus Señorías que he hecho una contribución, aunque pequeña, a estos importantes informes. 
Pero esta misma semana los ayuntamientos de mi circunscripción han presentado un excelente folleto, totalmente en consonancia con el informe del Parlamento, en el que se hacen propuestas sólidas para mejorar la calidad del aire en Northamptonshire. 
Se trata una vez más de un excelente ejemplo de legislación europea en consonancia con las preocupaciones locales. 
Si el Parlamento y la Comisión hacen suyos, como espero, estos informes, nuestros 360 millones de ciudadanos disfrutarán de un aire más puro y más saludable y se salvarán vidas que, de lo contrario, podrían perderse. 
Es un objetivo admirable, un logro duradero y, de hecho, una legislación de la que todos podemos sentirnos orgullosos. 
He de comenzar diciendo que represento a mi colega Giles Chichester, ponente en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Ha preparado unas palabras para que yo las pronuncie. 
Son brillantes, agudas y muy técnicas. 
El Sr. Chichester ha tenido que trasladarse a Londres, porque, como puede que sepan los Comisarios, en el Reino Unido estamos preparando un acto para el 1º de mayo y la presencia del Sr. Chichester es absolutamente esencial para ello. 
Éste es el discurso del Sr. Chichester: es importante reconocer los avances hacia la consecución de un aire más puro que ya se han logrado con la reducción de las emisiones de los vehículos. 
Las metas de Auto Oil 2000 para la consecución de emisiones muy inferiores son otro paso importante que nos aleja del hediondo decenio de 1970. 
También es importante recordar que esas medidas van encaminadas a mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas, donde es mayor la concentración de vehículos. 
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿ha fijado la Comisión los valores idóneos para los niveles de emisiones reducidas o ha sido demasiado blanda con las industrias petrolera y automovilística? 
En particular, ¿siguen siendo los valores fijados como meta de azufre en partes por millón correspondientes a los vehículos de gasolina y de diesel- 200 y 350, respectivamente- demasiado altos? 
Con arreglo a los criterios de eficacia en función de los costos, razonabilidad y viabilidad técnica, la respuesta probablemente sea afirmativa para el año 2000, pero debemos esperar al examen fijado para 1998 antes de adoptar otras decisiones sobre nuevas reducciones para el 2005. 
Quienes quieren 50 partes por millón, independientemente del costo o la viabilidad técnica, deben reconocer que será el consumidor quien pague todas esas medidas y que nuestra acción debe estar basada en propuestas equilibradas y basadas en investigaciones idóneas. 
Señora Presidenta, voy a centrar mi intervención en una de las tres propuestas que presenta la Comisión sobre protección de medio ambiente, habida cuenta de los resultados del Programa Auto Oil, felicitando, en este sentido, al Sr. Eisma por su informe. 
La Comisión, en su documento, insiste en la necesidad de incrementar la inspección y mantenimiento de los vehículos como factor esencial para reducir las emisiones contaminantes. 
Establece también la Comisión dos grupos de tolerancia respecto a la emisiones límites: las primeras, obligatorias a partir del 2000, y las segundas- un poco más complejas y ambiciosas -, que entrarán vigor después del año 2005. 
La Comisión propone también elaborar estudios sobre las medidas a aplicar en el sector, examinando otros carburantes, otros sistemas de propulsión y otras fuentes de energía. 
Quisiera, señora Presidenta, destacar algunas propuestas que desde la Comisión de Transportes y Turismo hicimos para su incorporación en el mencionado informe. 
En primer lugar, la necesidad de involucrar a más agentes sociales. 
Deben tenerse en cuenta las opiniones de las ONG en asuntos medioambientales. 
No resulta adecuado manejar tan sólo los documentos que facilitan los propios fabricantes, como ya se ha dicho en el debate durante esta tarde. 
En segundo lugar, pedimos también que se planteen soluciones alternativas para la mejora de la calidad del aire, apoyando investigaciones sobre motores alternativos o referentes al tráfico de vehículos. 
Insistimos en que, al hablar de protección del medio ambiente y salud pública, el principio rector no puede ser el de relación costeeficacia, porque la mayor parte de este coste recae directamente en los consumidores. 
En cuarto lugar, hablamos de la necesidad de desarrollar un carburante mejor y menos nocivo: se trata de equilibrar el esfuerzo entre fabricación de vehículos y de carburantes. 
En quinto lugar, proponemos la aplicación de incentivos fiscales, tanto a los carburantes mejores y menos nocivos, como a los motores mejores y más eficientes. 
Finalmente, quiero llamar la atención sobre el mayor esfuerzo que deberán realizar los países del sur de Europa para reducir el porcentaje de azufre en sus carburantes, ya que los países del sur- como todos sabemos- se abastecen con carburantes provenientes de los países árabes, mientras que los del norte lo hacen con carburantes del Mar del Norte. 
Señora Presidenta, deseo apoyar las propuestas presentadas por los ponentes que se han ocupado del Programa Auto Oil y también a la Sra. González Alvárez en su comunicación sobre el CO2 y los automóviles. 
Las propuestas pueden parecer radicales en comparación con la de la Comisión, pero, en realidad, son sólo un punto de partida para futuras negociaciones con el Consejo. 
Si vemos lo que se propone actualmente en otras partes del mundo, en particular el Japón y los Estados Unidos de América, son razonables y comparables con lo que se propone en esos países. 
Estamos debatiendo esta noche un conjunto de propuestas todas las cuales son necesarias para que logremos avances reales en todos los sectores, no sólo en el de la protección del medio ambiente y la salud pública de los ciudadanos de Europa, sino también en el del desarrollo económico y su consecución y la de avances económicos de Europa en el futuro. 
El conjunto de medidas propuestas esta noche nos brindará un combustible más limpio. 
Eso permitirá la creación de automóviles menos contaminantes y también, probablemente, automóviles más pequeños y eficientes. 
Y eso no será sólo aceptable en Europa, también nos brindará automóviles que sean aceptables en otras partes del mundo a las que podremos venderlos y exportarlos. 
También nos brindará un futuro en las dos importantísimas industrias que no podemos pasar por alto y garantizará la futura prosperidad de Europa. 
No podemos pasar por alto que este conjunto de medidas brindará a nuestros ciudadanos un aire más saludable para respirar e impondrá- es de esperar- una reducción de las emisiones de CO2. 
También podemos esperar que haga otras dos cosas en relación con dos industrias importantes. 
Las orientará en una dirección que actualmente los encargados de la gestión de sus inversiones no quieren seguir: inversión en nueva tecnología, inversión en nuevo equipo que las mantenga en la vanguardia de las innovaciones en otras partes del mundo para lograr que puedan aportar los productos requeridos por el mercado mundial. La inversión necesaria para hacerlo es substancial, pero ineludible. 
Si examinamos los costos, se recuperarán gracias a los millones de automovilistas que conducirán esos automóviles, que llenarán sus depósitos de combustible, que comprarán esos automóviles, no sólo en Europa, sino también en otras partes del mundo, a un costo medio de 10 ecus al año por automovilista. 
No puede ser mal negocio; es un pequeño coste para proteger nuestro medio ambiente, la salud de nuestros ciudadanos y la prosperidad futura de Europa. 
Insto a la Comisión a que acepte estas propuestas. 
Señor Presidente, he sido designado ponente para la Comisión de Investigación en relación con la cuestión de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
Es central hacer hincapié en que no se puede adoptar una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a través de una sola acción dentro de un sector limitado. 
Por el contrario, se requiere una visión de conjunto, lo cual desea subrayar la Comisión de Investigación. Es necesaria una serie de acciones para lograr una solución aceptable para el medio ambiente. 
Se necesitan por tanto impuestos, legislación, menos automóviles, nuevos combustibles, etc. 
La Comisión de Investigación subraya que la piedra angular de estas acciones es la inversión en la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Estas cuestiones no las trata muy a fondo el comunicado de la Comisión, pero lo cierto es que el desarrollo tecnológico en este ámbito dista de estar estancado, lo cual intentan demostrar ciertas personas y empresas que no mencionamos. 
Ya existen actualmente automóviles que se atienen con un buen margen a los requisitos planteados anteriormente por el Parlamento Europeo y que ahora recordamos a la Comisión. 
La estrategia comunitaria de la Comisión es un primer paso que aplaudimos, pero que dista de ser suficiente a largo plazo. 
Es importante señalar que debe continuar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono después del año 2005, con nuevos objetivos para el 2010, 2015, etc. Es necesario tanto para la planificación a largo término de la industria automovilística europea como para que la UE pueda cumplir con los mínimos requisitos ambientales que se le formulan. 
Cabe recordar a la Comisión que, dentro del V Programa Marco para la Investigación, tiene que presentar una propuesta sobre la estrategia a seguir por parte de la investigación en relación con la reducción de uso de combustibles de automóviles. 
Esta propuesta no debe limitarse a unas soluciones a corto plazo, sino que debe incluir unas estrategias duraderas y fundamentales para la modificación de la tecnología, las funciones, los materiales y la producción. 
Muchas de las propuestas presentadas por la Comisión de Investigación se encuentran incluidas en el informe presentado hoy por la Sra. González Alvarez. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Transportes he elaborado la opinión sobre el informe de la Sra. Álvarez. 
Quizás sea útil decirlo en esta confusión. 
En la lucha contra las emisiones atmosféricas es natural mirar al sector del transporte, pues a fin de cuentas es responsable de cerca de la cuarta parte de las emisiones atmosféricas, cuya mayor parte viene causada por los turismos. 
Si queremos ir por fin hacia una sociedad sostenible, será preciso reducir drásticamente el uso del automóvil y al mismo tiempo hacerlo mucho más económico. 
Pero es de ilusos pensar que la tecnología de «end-of-the-pipe» nos liberará de las emisiones atmosféricas y por tanto ofrecerá una solución para el cambio climático que será la consecuencia de las emisiones atmosféricas. 
Mientras sigamos utilizando combustibles fósiles, se producirán estas emisiones, y por ello es preciso desarrollar una política urbanística y de ordenación urbana enérgica que reduzca las distancias y haga atractivo el transporte público junto a la bicicleta, pues con ello es posible evitar fácilmente el 50 % de los trayectos en automóvil que son inferiores a los 5 kilómetros. 
Y además es preciso imponer por fin objetivos serios a la industria automovilística. 
Aunque se dispone de la tecnología para fabricar automóviles más económicos que pueden circular con tres litros de gasolina por 100 kilómetros, se equipa a los coches con motores cada vez más potentes y las emisiones atmosféricas no hacen más que aumentar. Se trata de medidas realmente eficaces. 
Pero también la introducción y el mantenimiento correspondiente de un límite de velocidad de 100 kilómetros, quizás se asombren, pero lo ha aprobado la Comisión de Transportes, y las campañas relativas a la conducta al volante y los hábitos de movilidad pueden contribuir de modo muy importante. 
Que la reducción de las emisiones atmosféricas en el sector del transporte no se quede en papel mojado, sino que se desarrolle una política europea. Pues a fin de cuentas tenemos los instrumentos políticos necesarios para ello, y lo que nos falta aún es la voluntad política, tanto en la Comisión como en el Consejo. 
Señora Presidenta, yo preparé originalmente la opinión sobre los combustibles para la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, pero ahora hablo en nombre del Grupo Socialista. 
Sí, la metodología del Programa Auto Oil era innovadora, pero tenía dos problemas: en primer lugar, abarcó un período de tiempo muy extenso, por lo que no se abordó, por ejemplo, la cuestión de las partículas, que tanto preocupa actualmente; en segundo lugar, el Parlamento Europeo participó en él en una fase muy avanzada. 
El Parlamento Europeo no funciona con un sistema de reflejos instintivos. 
Hemos hecho una considerable investigación antes de llegar a las conclusiones que tenemos ante nosotros esta noche. 
Hemos utilizado nuestro propio mecanismo de investigación- STOA- para que nos preparara un documento, según el cual los combustibles con poco contenido de azufre son esenciales. 
Celebramos una audiencia y otros estudios autorizados llegaron a la misma conclusión. 
Quiero hablar de una sola cosa- la necesidad de niveles inferiores de azufre, en particular en el diesel- por una razón: salvará decenas de miles de vidas y librará a muchas personas de la posibilidad de pasarse la vida respirando con dificultad por culpa de una enfermedad respiratoria. 
Las partículas, que no se tuvieron en cuenta al comienzo del Programa Auto Oil, contribuyen en gran medida a esos problemas. 
La compañías petroleras no están de acuerdo con las conclusiones del Parlamento sobre los costos. 
Permítaseme decirles lo siguiente: en primer lugar, los combustibles con poco contenido de azufre serían más competitivos. 
En segundo lugar, tienen que renovar sus refinerías, en cualquier caso, e invertir en ellas continuamente. 
En tercer lugar, el costo, repercutido en los precios que cobran a sus clientes, no es desorbitado. 
En cuarto lugar, la nueva tecnología automovilística sólo es posible mediante combustibles con poco contenido en azufre. 
En quinto lugar, los Estados miembros particularmente afectados podrían disfrutar de una exención. 
En sexto lugar- y se trata de lo más importante -, cuando se cambian los combustibles, se obtiene un efecto inmediato. 
Por esas razones, el Grupo Socialista apoya firmemente las propuestas del Sr. Mamère. 
Señora Presidenta, Señorías, intervengo esta noche en lugar de mi colega Gérard d ' Aboville que, en el último momento, se ha visto obligado a cambiar de nave y me ha pedido que tomara el timón en su lugar. 
Las emisiones de contaminantes causadas por los vehículos y la lucha por una mejor calidad del aire son problemas preocupantes que necesitan una visión a largo plazo, objeto del programa «auto-oil». 
Es un enfoque desapasionado, basado en razonamientos lógicos y científicos, que permitirá comprender y defender mejor las posturas de la Comisión Europea. 
En primer lugar, sobre el informe Mamère: por el contenido en azufre de la gasolina que en la actualidad es de 400 ppm, la Comisión propone reducirlo a 200 ppm, lo que ya es un esfuerzo importante, reduciendo en un 50 % el umbral actual. 
Disminuir todavía el umbral de 400 a 50 ppm, como lo pide el ponente, no tiene en cuenta la relación coste-eficacia en la búsqueda de una mejor calidad del aire, ya que, por encima de los 200 ppm esta reducción implica inversiones considerables para una disminución de las emisiones de contaminantes que es mínima. 
Además, es preciso tomar otros elementos en consideración, como por ejemplo, el control, el mantenimiento, o la eliminación de los vehículos viejos, la mejora de las condiciones de circulación, la utilización de gas de petróleo licuado o de gas natural para los transportes colectivos, sin olvidar, por supuesto, los vehículos eléctricos, no contaminantes y silenciosos. 
Por lo que respecta al carburante diesel, la principal dificultad reside en su contenido en azufre. 
La Comisión ha establecido un umbral de 350 ppm, en lugar de los 500 actuales, lo que representa un esfuerzo importante y un avance sustancial. 
El informe pide un umbral de 50 a 30 ppm, lo que implica, una vez más, costes demasiado importantes, sin beneficio apreciable. 
Nuestro grupo pide, pues, que se rechacen las enmiendas 42 a 49 (salvo la 46) y que se mantengan las enmiendas 51, 52 y 59. 
Por lo que respecta a los puntos suscitados por el informe Lange, no parece razonable, incluso resulta contraproducente, el obligar a la industria del automóvil a adoptar normas muchos más estrictas para un resultado poco importante. 
Las propuestas de la Comisión sobre las normas 2000, basadas en un análisis de coste-eficacia, representan a nuestro entender, un buen compromiso entre los imperativos de eficacia económica y los objetivos indispensables ligados a la mejora de la calidad del aire. 
Señora Presidenta, en la preparación de las nuevas normas de emisión para después del año 2000, la Comisión Europea se ha sentado a la mesa con la industria del automóvil y del petróleo, y con ello ha surgido un diálogo fértil. 
Este nuevo enfoque ha requerido más tiempo de lo previsto, por lo que la Comisión no ha sido capaz de cumplir el plazo que prevé la directiva 94/12/CEE. 
Si la Comisión no cumple los plazos, ¿qué podemos esperar de los Estados miembros? 
Considero importante que se fijen cuanto antes las nuevas exigencias. 
Las ventajas fiscales para los vehículos limpios podrían introducirse dos años antes de que entraran en vigor las nuevas normas. 
A fin de cuentas ya hay modelos de coches que cumplen normas mucho más rígidas de lo que establece la legislación vigente. 
En lo que respecta a las propias normas, el Programa Auto-Oil es una decepción, tanto para los automóviles como para los combustibles. 
En primer lugar, el valor especificado para la contaminación atmosférica permitida es demasiado bajo. 
La medición de la contaminación media por 4 km2 no tiene en cuenta la salud pública. 
¿Qué sentido tiene elegir una red de medición con promedios, cuando en la práctica se miden concentraciones muy altas de benceno, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, en lugares donde precisamente pasa mucha gente, como en las estrechas calles comerciales? 
Sólo por eso ya es necesario hacer más estrictas las normas de emisiones. Pero también hay razones técnicas. 
La industria del automóvil dispone desde hace años de los conocimientos necesarios para asegurar grandes reducciones de las emisiones. 
Lo que faltaba era la necesidad legal. 
Cuando existe el imperativo, es posible hacer mucho más. 
En principio pasa lo mismo con el refino. 
En este caso se trata de una gran sobrecapacidad de viejas refinerías. 
Es duro, pero las nuevas exigencias para los combustibles son una buena razón para interrumpir la producción de los combustibles para motores en las viejas instalaciones. 
En la audiencia se vio que es posible reducir mucho los contenidos de azufre de la gasolina y del gasóleo. 
Mientras siga aumentando nuestra movilidad, estamos obligados a reducir las emisiones de sustancias contaminantes sin olvidarnos del CO2. 
Por ello apoyo plenamente los informes sobre el Programa Auto-Oil. 
Señora Presidenta, en el momento en que la industria del automóvil se ve sacudida por conmociones sociales sin precedentes, no se trata de que seamos cómplices de su desaparición y, por lo tanto, de un cataclismo social, más especialmente en nuestro país donde representa el 10 % del empleo. 
Por nuestra parte, siempre hemos criticado el sistema actual de libre cambio; siempre se nos ha impuesto este sistema económico en los ámbitos en los que la competencia está desvirtuada y va en detrimento nuestro. 
La industria del automóvil nos proporciona un ejemplo explícito. 
Mediante una política de bajo nivel de la moneda, los Gobiernos americano, japonés y coreano, proporcionan una ayuda considerable a sus constructores. 
El Gobierno americano va todavía más lejos apoyando masivamente la investigación. 
Si aceptamos algunas normas insensatas que contiene el informe, corremos el riesgo de acabar con la industria francesa y europea del automóvil. 
Algunas de estas disposiciones son técnicamente imposibles de aplicar. 
Por lo demás, ya nos han informado de ello. 
Asimismo, me permito recordar a esta Asamblea que, desde hace algún tiempo, las normas de emisión de los vehículos nuevos han sido objeto de siete juegos de medidas sucesivas, creo que desde 1970, dividiendo así por diez las emisiones de los coches particulares. 
Y, además, señora Presidenta, no tenemos un verdadero informe sobre el hecho de que los automóviles son únicamente contaminantes para las ciudades y que hay otros muchos contaminantes. 
Hay asimismo otras soluciones, el Sr. Pompidou lo ha precisado hace un momento; tampoco yo dispongo de mucho tiempo para citarlas; los coches viejos, otras investigaciones para los carburantes, el transporte colectivo. 
Así que pienso que hoy deberíamos ser mucho más razonables y tener en cuenta el medio ambiente, pero también oponernos a algunas disposiciones de este informe que resultan desmesuradas. 
Señora Presidenta, apoyamos la posición de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo por cuatro razones esenciales: por razones de competitividad, por razones de salud pública, por razones de mejora del medio ambiente y por la valorización del papel del Parlamento Europeo. 
Razones de competitividad, porque un desarrollo más rápido de las tecnologías limpias es condición indispensable para la afirmación de la capacidad competitiva de la industria europea a escala mundial. 
Mientras que la Comisión y una parte de la industria petrolera se alegran de la fijación del contenido de azufre en la gasolina en 200 ppm y 350 ppm en el diesel, el Japón anuncia ya la reducción de 50 ppm en breve, lo que refuerza un ciclo de nuevos catalizadores con consecuencias positivas en la emisión de gases a la atmósfera. 
Por razones de salud pública, porque consideramos que es necesario fijar precios máximos para la generalización de la gasolina sin plomo, dadas también las consecuencias negativas en materia de salud pública por todos reconocidas. 
Y, en cuanto a la propuesta inicial de la Comisión, consideramos que se debe procurar encontrar tanto para las cuestiones del azufre como para las de la gasolina sin plomo, un punto de equilibrio que represente una exención aceptable por aquellos Estados miembros que carezcan de tiempo y de dinero y de más tiempo y también de inversiones para modificar sus refinerías. 
Un tercer punto que quisiera subrayar es el de que, globalmente, esta iniciativa va encaminada a mejorar el medio ambiente y que este Parlamento tenía dos caminos posibles: o adoptaba una posición más tímida, como en la propuesta inicial de la Comisión, y perdía completamente capacidad de presión, negociación y fortalecimiento de su papel, o, como ha hecho, atinadamente, el ponente, en particular en los informes Mamère, Lange y Eisma, como ha hecho, atinadamente, la Comisión de Medio Ambiente, optaba por una posición más exigente, con lo que forzaba también la negociación en el proceso que seguirá. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, hay una canción de Navidad que comienza con estas palabras: » Todos los años de nuevo». 
Justamente así podríamos describir este debate, todos los años de nuevo. 
Esto proviene, naturalmente, de que nunca tenemos la valentía de dar cifras que valgan para el futuro, sino que siempre estamos girando en torno a pequeños porcentajes: evidentemente, luego se plantea la cuestión por la relación coste/beneficio y la factibilidad técnica. 
Creo que esta vez deberíamos llegar hasta el final. 
Por esta razón estamos plenamente de acuerdo con el Informe Lange, que propone valores vinculantes, y no sólo indicativos, para el año 2005. 
No consideramos acertado que un año después de la entrada en vigor de esta directiva se comience con un programa Auto Oil II. 
La industria debe saber también por dónde se va y debe conocer los datos pertinentes, y entonces quizá esté también dispuesta a esforzarse convenientemente. 
Llegar hasta el final, esto es también importante, como se ha dicho, para la industria. 
Por lo que respecta a los valores para las emisiones- son 14 posiciones o 18, si tomo los valores sumativos, proponemos en el Informe Lange otra reducción de seis posiciones. 
Hoy esto es ya técnicamente factible y no depende necesariamente de la reducción del contenido de azufre en la gasolina. 
La audiencia ha revelado que estos valores son hoy técnicamente factibles. 
Naturalmente, esto no es tan fácil. 
Pero, ciertamente, hemos de tener en cuenta una cosa: tenemos ya muchos éxitos, en parte, incluso reducciones del 90 %. 
Pero si en todo el mundo se condujesen tantos automóviles como en Europa, se quintuplicaría el número total. 
Y aunque rebajásemos los valores sustancialmente, se llegaría en conjunto a un aumento de las emisiones y esto, naturalmente, no lo podemos permitir en modo alguno. 
Creo que la industria podría conseguir fácilmente esto, pues estamos recibiendo las oportunas indicaciones de los ingenieros. 
Y por esta razón digo que no sólo necesitamos motores limpios, necesitamos también directores más limpios, pues éstos nublan mucho más y hollinean mucho más, y algún hidrocarburo es una sustancia carbonizadora procedente de esta gente. 
Tengo más confianza en los ingenieros que en los directores. 
Permítanme que diga algunas palabras sobre el denominado sistema de diagnóstico a bordo. 
Estamos plenamente de acuerdo con esto, es una buena cosa para el medio ambiente pero, naturalmente, esto no debe hacerse en secreto, de suerte que sólo los talleres propios concertados puedan tener acceso a los datos. 
En mi opinión esto significa prevalerse de una posición de monopolio que nosotros, como usuarios, no podemos aceptar en ningún caso. 
Probablemente la gente ha sido desorientada por el concepto de «on board diagnosis» y han pensado que del término diagnóstico se deriva también directamente el secreto médico. 
Pero las reglas del deber de secreto en los médicos proceden de otras disposiciones y no de este concepto. 
Si podemos reducir estos valores, podremos salvar al paciente, al medio ambiente, sin dañar mucho el principio de coste/beneficio. 
Y afirmo una vez más que tengo mucha más confianza en los técnicos y en los investigadores que en los economistas de empresa. 
Señora Presidenta, acogemos favorablemente los informes que hoy son objeto de debate en el Parlamento sobre el futuro del automóvil, que forma parte del futuro de la economía, de la tecnología y del mercado laboral. 
Sin embargo, en la actualidad lo que le pedimos a un constructor de automóviles son mayores compromisos, así como que asuma responsabilidades sociales. 
Quizás el medio ambiente es el primero de estos compromisos y, afortunadamente, está convirtiéndose cada vez más en el factor fundamental de la actividad de la industria del automóvil. 
Básicamente, el paquete Auto Oil que hoy estamos debatiendo afecta a tres aspectos: la reducción de las emisiones de los vehículos de motor para luchar contra la contaminación, la mejora de la calidad del carburante y el control de las emisiones derivadas del transporte por carretera. 
En su conjunto, todos los informes se proponen la búsqueda de soluciones para los automóviles y los carburantes cada vez más compatibles con el medio ambiente. 
Como es obvio, compartimos tales objetivos, sin embargo, no podemos dejar de poner de manifiesto que a veces la búsqueda de mejoras excesivas conlleva resultados contraproducentes. 
La Comisión ha elaborado unos textos excelentes y unas propuestas razonables. 
Los ponentes han forzado en parte las propuestas del Ejecutivo e imaginado para el automóvil un futuro que comenzó ayer. 
Existen unos plazos técnicos, cuyo incumplimiento puede comportar incrementos de los costes que producen un doble resultado negativo. 
El aumento del coste de los vehículos ralentiza las ventas y la renovación del parque móvil y pone en dificultad las inversiones programadas y la consiguiente ocupación, sin crear nuevos puestos de trabajo. 
En los últimos veinte años, la contaminación debida a los automóviles ha disminuido del 90 %. 
El restante 9 % puede eliminarse en los próximos ocho años, con costes razonables. 
Respecto al último 1 %, no podemos exigir plazos muy cortos y costes que finalmente recaen sobre el consumidor. 
Por ello, criticamos parte de las propuestas de los Sres. Mamère y Lange y confirmamos a la Comisión nuestra disponibilidad en lo referente a la mayor parte del programa. 
Nos mostramos críticos porque en última instancia algunas propuestas no son ni económicas ni medioambientales y se olvidan de otros problemas prioritarios. 
No se mencionan los vehículos eléctricos o de motor de metano con el sistema combinado bi fuel gasolina-metano. 
No se hace referencia a los incentivos fiscales para la adquisición de un nuevo automóvil, a pesar de que es notorio que el parque móvil europeo sigue siendo demasiado obsoleto. 
En Italia el promedio de vida útil de un vehículo es de catorce años, y además las empresas, cuando compran un vehículo, no pueden deducir el IVA, que es del 19 %. 
A mismo tiempo, sin embargo, se pide que se respeten plazos imposibles, que se lleven a cabo pruebas a- 7ºC, a pesar de que las dos terceras partes de Europa no sufre temperaturas bajo cero a lo largo de los doce meses del año o, además, que se incluya el DAB en los vehículos de gasóleo, lo cual obligaría a cambiar todos los sistemas de producción industrial. 
No queremos normas más rígidas que las que pide el Ejecutivo. 
El medio ambiente se mejora sin presiones y sin costes que, al final, deberá soportar el usuario de automóviles y carburantes. 
En definitiva, lo que perseguimos es el principio del desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, para mejorar la calidad del aire, sólo hay dos soluciones. 
O bien modificar las normas técnicas de los vehículos, o utilizar los carburantes menos contaminantes, soluciones de todos modos más inteligentes que la prohibición de circular de los vehículos en días alternos. 
El primer caso es de un coste exorbitante, sólo si tomamos en consideración la renovación del parque automovilístico. 
El segundo me parece más plausible y tendrá una incidencia inmediata. 
Pero se enfrentan dos grupos. 
Los fabricantes europeos de automóviles y los detentores de los biocarburantes militan en favor del establecimiento de normas severas. 
La industria del petróleo, por su parte, es hostil al endurecimiento de las normas. 
Por consiguiente, es preciso estudiar los biocarburantes que permiten, como otros oxigenados, en primer lugar, mejorar las condiciones de la combustión por la proporción de oxígeno, en segundo lugar, disminuir el efecto invernadero ligado al contenido en CO2 de la atmósfera, en tercer lugar, reducir el índice de azufre en el gasóleo y la emisión de las partículas, en cuarto lugar, mejorar el índice de octanos de la gasolina, y en quinto lugar, limitar el contenido en sustancias aromáticas que son altamente cancerígenas. 
El desarrollo de los biocarburantes sólo puede hacerse si se adapta la fiscalidad en el ámbito de las accisas. 
Contrariamente a cualquier lógica medioambiental, la Comisión europea ha desestimado el deseo de Francia de crear una accisa reducida. 
Creo que esta misma mañana, el colega de los comisarios no ha querido aceptar una generalización de la tasa reducida para los biocarburantes. 
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, van pues en el sentido de la mejora de la calidad del aire, fomentando así la utilización de los biocarburantes, salida agrícola más eficaz que las tierras en baldío, normalmente llamadas barbecho y poco respetuosas con nuestra voluntad de acondicionar armoniosamente el territorio. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Lange en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y que implica a otros ponentes para opinión, es extremadamente importante, como se desprende del número de comisiones implicadas, entre ellas la de Transportes, de la que formo parte junto con el Sr. Tamino, también ponente para opinión y al cual, junto a los demás, felicito por haber llevado a cabo un excelente trabajo acerca de una problemática compleja y actual, esto es, la de los automóviles menos contaminantes. 
Los ponentes están todos de acuerdo en criticar al Ejecutivo porque no ha implicado en la investigación a los técnicos y expertos de los distintos Estados miembros. Sin embargo, en principio acogen positivamente las propuestas de la Comisión. 
Ahora, quisiera referirme a los demás ponentes. Es suficiente, no obstante, decir que tras haber estudiado sus informe, así como las propuestas y las opiniones expresadas, estoy de acuerdo con ellos en indicar que los costes programados por la Comisión con respecto a las medidas que deben aplicarse para que los automóviles contaminen menos, parecen demasiado elevados. 
Por otra parte, esto es lógico si se piensa que lo datos provienen de la industria que favorece, Cicero pro domo sua, dicha sobrevaloración. 
Se pide a los Estados miembros que apliquen a la industria incentivos fiscales y económicos para fomentar la utilización de motores y carburantes ecológicos. 
Tendríamos que ahondar en esto: basta con citar la crítica dirigida por los ponentes al Ejecutivo por no haber incluido en las propuestas el procedimiento de prueba de arranque en frío y a baja temperatura. 
Se pide asimismo que se reduzca más aún el contenido de azufre en los combustibles con objeto de limitar la emisión de partículas en suspensión en los motores de gasóleo y de permitir el funcionamiento óptimo de los catalizadores de los motores de gasolina y de gasóleo. 
Estimo importante la idea de que hay que actuar deprisa para reducir de forma drástica los consumos de carburante de los automóviles en sentido amplio, antes del año 2005 según el Programa Auto Oil, con un consumo máximo de cinco litros por cada 100 kilómetros. 
Esto para limitar las emisiones de CO2, una de la principales causas de contaminación y del efecto invernadero. 
Deseo recordar la opinión del Sr. Tamino, para decir que coincido con él cuando invita a acoger las enmiendas dirigidas a salvaguardar los costes-beneficios, el ahorro de energía y la reducción de las emisiones más que las prestaciones relacionadas con la velocidad y la aceleración de los vehículos de motor, así como a fomentar la utilización de fuentes de energía renovables en los vehículos. 
Mi informe sobre la revisión de los vehículos de motor y de sus remolques, actualmente en fase de codecisión, se orientaba también a esto. 
Los que formamos parte del Grupo de Alianza Nacional vamos a votar las enmiendas encaminadas a este fin. 
Señora Presidenta, el Programa Auto Oil es una excelente iniciativa para una estrategia integrada, dirigida a la reducción de la contaminación atmosférica y centrada en una diferente gestión del tráfico, en mejoras técnicas y medidas en el ámbito del mantenimiento de los vehículos y en especificaciones relativas a la calidad de los carburantes. 
En efecto, la contaminación atmosférica es fuente de graves enfermedades y, en consecuencia, de elevados costes sociales y, por desgracia, a pesar de las iniciativas adoptadas en su momento a lo largo de los últimos años, tiende a agravarse, en especial en las zonas urbanas, debido al aumento del tráfico. 
No cabe duda de que las medidas introducidas con estas nuevas directivas originan a las empresas productoras costes que en una Europa unida sobre bases solidarias e igualitarias, no deben ser más onerosos para algunos países y menos para otros, habida cuenta, por ejemplo, de las fuentes de aprovisionamiento de petróleo. 
Sin embargo, el objetivo debe ser la defensa del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos, que pueden hacer oír su voz sólo a través de sus representantes en la única Institución comunitaria elegida democráticamente. 
A lo largo del procedimiento legislativo se tratará de encontrar las soluciones más apropiadas y los plazos adecuados y necesarios, sin soslayar los obstáculos y sin miedo de llegar a ellos. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, se me ha pedido que comente en particular el informe Eisma. 
Quisiera decir simplemente que acojo con beneplácito el informe que establece el escenario sobre el que se deben considerar los informes Lange y Mamère. 
El informe Eisma explica con claridad que el Parlamento Europeo no está dispuesto a otorgar un beneplácito de conjunto a una estrategia elaborada por la Comisión y las industrias interesadas. 
En realidad, nos encontramos en la posición, bastante curiosa, de que muchos de las personas a las que se ha consultado parecen creer que no es necesario en absoluto modificar el Programa Auto Oil en sentido alguno. 
Se trata de una opinión carente de realismo para presentarla al Parlamento. 
Los diputados al Parlamento Europeo querrán explorar la validez de las propuestas que entraña el Programa Auto Oil a la luz de la prioridad que todos queremos conceder a la salud de esta generación y las perspectivas futuras de la vida humana en la Tierra. 
Así, pues, junto con los informes Lange y Mamère, estos informes del Parlamento Europeo representan- he de decirlo, si bien no como sindicalista- como una primera oferta máxima sindicalista y ahora corresponde a la Comisión y a las industrias demostrar, si pueden, a los diputados al Parlamento Europeo en qué sentido exactamente consideran excesivas las enmiendas del Parlamento. 
Sus Señorías deben ser conscientes de que unos criterios muy estrictos probablemente propicien largos períodos de exención en algunos países. 
También sería contraproducente pasar por alto las observaciones hechas por el Sr. Pompidou y el Sr. Garosci y algunos de los diputados situados a mi izquierda, pero, políticamente, a la derecha del Parlamento. 
Se tienen que tener en cuenta esos aspectos. 
Permítaseme hacer dos observaciones personales. 
Mediante mi conexión con la compañía Peugeot en el Reino Unido aporto cierto conocimiento de la industria automovilística a este debate y debo subrayar que redundará en beneficio de Europa disponer de una industria automovilística moderna que ofrezca puestos de trabajo a los ciudadanos, pero también cumplir con normas cada vez más estrictas en materia de emisiones. 
Algunas de las enmiendas, en particular las del informe Lange, exigen a la industria automovilística ajustarse a normas muy rigurosas sin justificación alguna, dado que no aportan ventajas desde el punto de vista de la calidad del aire. 
Se trata de una observación importante hecha por el Sr. Pompidou y debemos recordarla. 
En segundo lugar, un aspecto menor, pero que ha despertado mucho interés en mi país y- sospecho- en otros países, es la propuesta hecha por la Comisión Europea de prohibir la venta de toda clase de gasolina con plomo en el año 2000. 
Yo, al menos, he recibido muchas quejas de los propietarios de coches clásicos que sólo pueden funcionar con gasolina con plomo. 
Hoy he recibido del personal de la Comisión un documento muy útil en el que se justifica esa medida y se exponen todos los antecedentes y que disipa en cierta medida- me parece a mí- los miedos de los propietarios de coches clásicos y antiguos. 
Lo único que lamento es que no se haya podido disponer de esa información antes. 
Estamos deseosos de conocer la posición de la Comisión al respecto, pero quisiera hacer una advertencia. 
Una cosa que me resulta clara es que el Parlamento carece en muy gran medida de los recursos necesarios para hacer las investigaciones necesarias a fin de respaldar las afirmaciones hechas en los informes Lange y Mamère. 
Considero el informe de STOA totalmente ilegible y virtualmente inútil para cualquier diputado a esta Asamblea. 
En distribución hay copias disponibles, por si alguien quiere consultarlo. 
De modo que estamos deseosos de conocer la respuesta de la Comisión y, si los argumentos del Sr. Alber, del Sr. Lange y otros son correctos, es evidente que la Sra. Bjerregaard aceptará todas las enmiendas presentadas por el Parlamento, porque no puede haber otra opción. 
Así, pues, esperamos con interés a ver qué nos dice la Sra. Bjerregaard. 
Señora Presidenta, en toda operación de mejora del medio ambiente, como se propone el Programa AUTO OIL, han de considerarse cinco factores, por lo menos: 
Primero, el coste social y humano de la contaminación actual; segundo, los objetivos a fijar; tercero, la metodología para conseguirlos; cuarto, el tiempo para conseguirlos; y, quinto, el coste económico para el consumidor y para la industria, para la sociedad, en definitiva. 
Discrepamos del informe Mamère en el factor tiempo. 
Compartimos los demás factores, pero discrepamos en los plazos fijados por el informe Mamère. 
Por consiguiente, anuncio que los socialistas españoles votaremos a favor del informe Lange, pero en contra del informe Mamère que, al endurecer los objetivos del año 2000 y fijar ya para el 2005 un segundo nivel de objetivos, hace que estos objetivos sean para algunos países- entre ellos, el mío- no solo costosísimos, sino prácticamente incumplibles, a no ser que se produzcan gravísimas alteraciones del abastecimiento o cambios geopolíticos en la compra del crudo. 
Y, para finalizar, tras anunciar este voto negativo, quiero añadir dos consideraciones. 
La primera, que este voto en contra del informe Mamère significa un acuerdo con los plazos que establece la Comisión en su propuesta de directiva. 
Nos parece que la Comisión ha hecho un trabajo serio, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también político, y que ha obtenido un difícil consenso. 
Y la segunda, que la Comisión está en el buen camino y animamos a la Comisión a que un año después de la entrada en vigor de esta directiva, automáticamente, se evalúen los resultados y, en función de ellos, se fije ya el segundo nivel de objetivos. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera decir algo sobre la cuestión del CO2. 
Estoy muy sorprendido de que la Comisión nos haya presentado una comunicación sobre la cuestión de la problemática del CO2 en la técnica del automóvil. 
En realidad yo creía que esto era un componente clásico del programa Auto Oil. 
Pero cuando se lee su programa, entonces se sabe también por qué esto no es un componente del programa Auto Oil, pues no propone nada, hasta el punto de que cree que precisamente en este ámbito el acuerdo voluntario es el camino ideal, partiendo desde Europa. 
Y no puede serlo, con toda seguridad, porque los acuerdos voluntarios requieren datos marco de régimen jurídico y éstas no los proponen. 
No puedo menos de avisar que en Europa se están estableciendo acuerdos voluntarios sin estos datos marco. 
Por esta razón los acuerdos voluntarios tienen su sitio en el mejor de los casos en el final de la escala. 
Ahí podría imaginármelo muy bien. 
En lo que se refiere al CO2 necesitamos un plan de niveles para valores límite más allá del año 2005 hasta el año 2010. 
Me imagino que los estímulos fiscales pueden ser aquí un camino. 
El planteamiento automovilístico ha comenzado bien. 
Hemos sentado a la mesa a las partes. 
En los últimos años hemos puesto fuertemente bajo control a la industria automovilística y creo que ésta ha hecho mucho. 
Pero, para un tango se necesitan dos bailarines; a este respecto se necesitaría a la industria petrolera y ésta ha bailado este tango solamente por un tiempo, señor Comisario. 
Luego se quebró esta colaboración y el resultado de la quiebra de esta colaboración está ante ustedes: un aburrido planteamiento Auto Oil que no conduce al futuro. 
Hemos despegado como un tigre y la Comisión ha aterrizado como una alfombra de cama con un documento realmente lamentable. 
Este no puede ser el objetivo de este Parlamento. 
Vamos a ordenar este programa Auto Oil en los puntos corregidos por muchos colegas, de tal manera que creemos que muestra perspectivas de futuro. 
Estoy dispuesto a hablar sobre períodos de transición. 
Es preciso elaborar los parámetros para los valores de emisión y también los parámetros para carburantes. 
No obstante, estoy dispuesto de buen grado a conceder períodos de adaptación a aquellos países que no pueden implantar tan rápidamente de hoy a mañana estos parámetros. 
¿Cuál ha sido el móvil de este programa? 
No puedo menos que reconocer que el móvil de este programa ha sido el valor de las acciones. 
Nos preocuparemos de que el futuro y la innovación sean el móvil del presente programa. 
Señora Presidenta, actualmente Europa ha de luchar contra grandes problemas: desempleo, contaminación del medio ambiente y muchas más cosas. 
La solución de estos problemas está, con seguridad, en configurar una producción industrial que sea compatible con el medio ambiente y que se fabriquen productos, destinados a venderse en el mercado mundial, apoyándose en las capacidades de los trabajadores europeos para pensar de manera innovadora y para encontrar soluciones técnicamente buenas. 
El programa Auto Oil es un proyecto en esta dirección y creo que puede lograrse este objetivo si se aceptan las modificaciones que el Parlamento ha presentado en los informes Lange, Mamère y Eisma. 
Permítanme dar las gracias a los tres ponentes por su trabajo y quisiera indicar todavía que cosas como el automóvil de tres litros de consumo eran objeto de chanza hace pocos años: entonces se creía que jamás sería posible llegar a tales reducciones e innovaciones. 
El Informe Mamère se ocupa de los carburantes y creo que aquí se pueden tender raíles muy importantes, pues un carburante mejor en un motor no tan bueno trae consigo una mejora inmediata de la calidad del aire. 
Por lo demás, sólo podremos conseguir el automóvil de tres litros, vehículos que funcionen mejor y con menos carburante, si podemos mejorar también los carburantes. 
En todo caso, esta mejora de la calidad de los carburantes es uno de los puntos en los que se han podido alcanzar los mejores estándares ecológicos de los tres nuevos Estados miembros. 
Respecto de las estrategias que propone el Sr. Eisma va a ser totalmente necesario que no sólo se describan estas estrategias y que la industria reciba un marco sólido, sino que funcione también de la misma manera la comprobación y la puesta en práctica. 
De nada nos sirve una buena legislación si no la comprobamos y sólo podremos alcanzar realmente los valores vinculantes que el Parlamento ha propuesto para el año 2005, si vemos constantemente cómo todo se lleva a la práctica. 
Señora Presidenta, la propuesta de directiva sobre los combustibles es en principio adecuada, ya que tiene por objetivo lograr una mejora de la calidad del aire y la protección de los ciudadanos contra los contaminantes atmosféricos. 
En Finlandia se ha trabajado mucho en favor de la utilización de gasolina sin plomo con buenos resultados, y puedo afirmar que los combustibles finlandeses cumplen ya en este momento por encima de lo exigido los requisitos de calidad propuestos. 
Sin embargo, la propuesta de directiva no tiene en cuenta en modo alguno las condiciones climáticas, ya que no se presta atención a la situación particular de Finlandia como Estado de la Unión más septentrional, más frío y de mayores contrastes climáticos. 
En la propuesta de directiva el verano empieza el 1 de abril y acaba el 30 de septiembre. 
Quiero resaltar con satisfacción que las propuestas de enmiendas que formulé en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía acerca de la flexibilidad de las fechas del invierno y del verano se han tenido en cuenta en el seno del Grupo de los Verdes bajo la forma de propuestas de enmiendas. 
En abril es verano en Estrasburgo. 
En el sur de Finlandia puede existir ya una relativa primavera, pero en la Finlandia septentrional, es decir, más de mil kilómetros más al Norte, desde luego no la hay. 
Por este motivo, debería existir una amplia flexibilidad temporal para el paso a la época de verano y a la de invierno, que sería determinado a nivel nacional. 
Este año puede servir de buen ejemplo de la necesidad de flexibilidad, ya que ayer, en Helsinki, en el sur de Finlandia, la temperatura era de- 12º C. Si no se establece esta flexibilidad, la directiva podría impedir en Finlandia la circulación en automóvil y la realización de numerosos trabajos. 
Naturalmente, no es este el objetivo de la directiva. 
Me gustaría ver qué diputado que se imagina conduciendo por Finlandia en este momento con combustible de verano. 
En Finlandia se necesita combustible de invierno, en el que el índice de cetano es de 46 y no de 56, tal como figuraba en la propuesta original. 
La inclusión en la directiva de una calidad de combustible específica para el ártico solucionaría este problema. 
Hoy hablamos de una cuestión importante y es la primera lectura, no lo perdamos de vista. Por ello, ahora es el momento de elegir nuestra posición, y quizás incluso debamos adoptar una posición. 
Pienso que ha de quedar bien claro que este Parlamento ha de tomar partido para luego, en segunda lectura, tener reservado claramente un punto de vista. 
Para la Presidencia neerlandesa, esta es la prioridad máxima en la política ambiental y en la política climática. 
El Programa Auto-Oil es claramente una consecuencia de ello. 
Y les aseguro que los Países Bajos, la Presidencia, esperan una declaración firme de este Parlamento. 
En lo que respecta a la propuesta de la Comisión no podemos por más que pensar que- y en sí es muy bonito- se ha sentado a negociar con la industria del automóvil. 
Pero, ¿dónde estaban las organizaciones de consumidores, los expertos en medio ambiente y los especialistas en salud? 
Pero por fortuna, para eso tenemos una democracia y un Parlamento Europeo. Y eso es lo que podemos apreciar aquí, el pueblo Europa existe, pues el francés Mamère, el alemán Lange, el neerlandés Eisma y también la Sra. Laura González se sentaron a negociar y llegaron claramente a un acuerdo: el pueblo Europa, ¿creen ustedes en él? , existe y por tanto se ha cooperado, se han hecho afirmaciones claras que ahora hay que votar. 
Quiero añadir una nota personal, pues de eso se trata aquí. Me pregunto quiénes de ustedes habrán tenido que ver alguna vez con la contaminación del aire y la salud. 
Yo sí. 
Pasé una noche en un hospital con un niño asmático de año y medio que estaba a punto de ahogarse, con las salas de espera llenas de niños; y allí los médicos me explicaron que el número de pacientes de asma en Amsterdam se ha multiplicado por catorce en la última década, y dicen que todo tiene que ver con la contaminación del aire cuyo responsable es el automóvil. 
Y pienso que este Parlamento ha de adoptar una posición en un tema como este. Pues no es agradable vivirlo, se lo aseguro. 
Aunque no seamos capaces de crear una política exterior fuerte, en el mercado interior que ya tenemos, no podemos permitirnos cometer este tipo de errores. Por tanto, pido a los demás Grupos que tomen postura en esta primera lectura. 
Señora Presidenta, el Parlamento ha dado muestra anteriormente de su fuerte compromiso con las cuestiones relativas al medio ambiente en el sector del automovilismo. 
En el año 1989 se fortalecieron esencialmente las normas relativas a las emisiones de los tubos de escape en relación con la propuesta correspondiente de la Comisión. 
Visto en retrospectiva hay motivos para felicitarse por ello. 
Del mismo modo, estoy convencido de que la propuesta del Parlamento en un sentido riguroso con respecto a la propuesta Auto/Oil está justificada y nos llevará a una mejora del medio ambiente. 
Respeto la posición de la Comisión en cuanto a que son necesarios unos análisis precisos de los costes de diversas acciones, y compararlos con las ganancias en el sentido de un medio ambiente mejor y de la salvación de vidas humanas. 
No obstante, se desprende meridianamente de las consultas de la Comisión de Medio Ambiente que los nuevos datos permiten unas medidas ambientales más amplias. 
Se trata de la calidad de los combustibles, donde es posible conseguir un contenido más bajo de azufre a unos costes menores, lo cual produce simultáneamente unas repercusiones palpables en la naturaleza. 
También es vital que no se obstaculice la evolución hacia unos contenidos menores de azufre, contenidos que se rebajarían a base de medios coercitivos de carácter económico. 
Esto no constituye ningún tipo de amenaza contra el principio de libre mercado. 
Las propuestas presentadas por el Parlamento sobre el uso de combustibles de automóviles privados son en mi opinión duras por su falta de realismo. 
Yo creo más en una evolución hacia un uso menor de combustible con la ayuda de medios coercitivos económicos. 
También pueden aplicarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, en la modalidad de coches eléctricos e híbridos, donde puede llegarse a una disminución radical del consumo. 
El motivo de las exigencias del Parlamento son las emisiones de dióxido de carbono. 
Pienso que es justo dar preferencia a estas acciones ante otras que producen unos efectos similares. 
Una reducción del consumo de combustible de todos los automóviles privados de la UE a razón de una décima parte de litro por 10 km produce innegablemente una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
El mismo efecto puede alcanzarse sustituyendo cuatro grandes centrales carboníferas por energía nuclear. 
Las emisiones de dióxido de carbono de la totalidad de automóviles privados de la UE podrían teóricamente compensarse con una treintena de reactores que sustituyeran la energía procedente de la hulla. 
En mi opinión, es vital que se contemplen las cuestiones ambientales desde una perspectiva de conjunto. 
Señora Presidenta, las emisiones de gases de escape de los automóviles constituyen en este momento la mayor fuente de contaminación atmosférica. 
Por este motivo, debe actuarse sobre esta fuente de contaminación, con el fin de poder intervenir eficazmente en un problema que afecta a muchos europeos, es decir, la existencia en las ciudades de un aire contaminado y malsano. 
Los consumidores europeos son perfectamente conscientes de las posibilidades técnicas que permiten mejorar la calidad del aire. 
Por esta razón, se ejercen grandes presiones sobre la industria del automóvil y las compañías petrolíferas exigiendo automóviles respetuosos del medio ambiente y combustibles más limpios. 
Tal como se ha puesto claramente de manifiesto en este debate, ambas cosas son necesarias y a esto apunta el hecho de que en el programa Auto Oil se traten de manera conjunta la mejora técnica de los automóviles y el perfeccionamiento de los combustibles. 
No obstante, actuando sobre la calidad del combustible se podrá mejorar la calidad del aire de las ciudades con mayor rapidez que si se espera la llegada al mercado de nuevos automóviles. 
El programa Auto Oil presentado por la Comisión mejoró considerablemente durante su examen en la Comisión de Medio Ambiente, por lo que el mayor agradecimiento debe recaer, naturalmente, sobre los ponentes de dicha comisión. 
El Parlamento propone, por ejemplo, que en la Comunidad se adopte una nueva mentalidad en el sentido de que los instrumentos fiscales se puedan emplear también para lograr una mejor calidad a un precio asequible. 
La Comisión de Medio Ambiente aprobó también unos requisitos mínimos obligatorios y unos objetivos para la reducción de las emisiones para los el periodo 2000-2005. 
Con este sistema se ha logrado, por ejemplo, en Finlandia, mejorar significativamente la calidad de los combustibles. 
A modo de estímulo a todos los demás puedo decir que esto se ha producido en un corto periodo de tiempo y con un coste realmente razonable. 
Naturalmente, en algunos países serán tal vez necesarios periodos de transición, lo cual será más aceptable que el hecho de que en los años 2000-2005 se respeten las cifras previstas. 
Debemos mostrar el camino al resto del mundo para que en el futuro no salgamos perdiendo en el juego de la competencia. 
Señora Presidenta, ha sido un debate muy amplio, pero al mismo tiempo bueno y útil, el que hemos tenido sobre las cuatro grandes propuestas, tres relacionadas directamente con el Programa Auto Oil y una complementaria. 
Tres de esas propuestas tienen en común que han sido elaboradas en cooperación con tres comisarios, de modo que yo me encargaré de los informes del Sr. Eisma, de la Sra. González Alvarez, y el Sr. Papoutsis se encargará del informe del Sr. Mamère. 
La Comisión ha leído con gran satisfacción el informe del Sr. Eisma y queremos darle las gracias por el excelente trabajo realizado. 
Las emisiones de los automóviles son sin duda la fuente más importante de muchos de los contaminantes que afectan al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos. 
Quienes más lo padecen son a menudo los miembros más débiles de la sociedad, es decir, los niños, las personas de edad avanzada y los enfermos, tal como acaba de decir la Sra. Van Putten. 
La Comisión desea solucionar los problemas unidos a la contaminación atmosférica y, de este modo, mejorar la calidad de vida, sobre todo en las zonas urbanas. 
La Comunicación sobre una futura estrategia para la lucha contra las emisiones de los automóviles y las propuestas legislativas para la aplicación de esta estrategia significan un gran paso hacia delante. 
Por eso me alegro mucho de que en la propuesta para el informe, el Parlamento comience expresando su satisfacción con la Comunicación de la Comisión y con las propuestas legislativas relacionadas con ella, y agradezco el gran número de comentarios favorables y positivos hechos durante el debate. 
El Parlamento critica en el informe la preparación del fundamento técnico de la propuesta de la Comisión, es decir, el programa de cooperación con la industria del petróleo y del automóvil, lo que llamamos el Programa Auto Oil. 
Tanto la Comisión como los dos sectores industriales citados reconocen que el Programa podría haber sido mejor si hubiera contado con una mayor participación, y la Comisión garantiza que la habrá en el Programa Auto Oil II. No obstante, me parece que el Parlamento se ha centrado en exceso en las posibles mejoras adicionales y poco en los elementos positivos. 
Muchos de los puntos incluidos en el informe del Sr. Eisma se repiten en los informes del Sr. Mamère y del Sr. Lange y los comentaré a continuación. 
No obstante, antes me gustaría abordar más detalladamente algunos aspectos del informe del Sr. Eisma. 
En primer lugar, la Comisión concede mucha importancia a los problemas relacionados con las molestias acústicas y las emisiones de CO2 causadas por el tráfico de carretera. 
Hoy debatimos también la Comunicación de la Comisión sobre las emisiones de CO2 causadas por los automóviles, y el Parlamento está tramitando el Libro Verde de la Comisión sobre molestias acústicas. 
Un aspecto del informe del Sr. Eisma me parece preocupante, y es la declaración de que la Comisión debería haber basado su estrategia en un análisis de coste-beneficio y no en el principio de coste-eficacia. 
El Programa Auto Oil está basado en la Directiva 94/12/CEE, una de las primeras directivas aprobadas conforme al procedimiento de adopción común de decisiones entre el Parlamento y el Consejo. 
Dice expresamente que la Comisión basará sus propuestas en el principio de coste-eficacia, lo que hemos hecho, y por eso resulta un poco complicado que el Parlamento diga ahora que la base debería haber sido otra. 
La Comisión opina que con la estrategia para la lucha contra las emisiones de los automóviles y las consiguientes propuestas ha cumplido el mandato de la Directiva 94/12/CEE, que ha sido aprobado por el Parlamento y el Consejo. 
A continuación haré algunos comentarios sobre el informe del Sr. Lange. 
En la propuesta presentada por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo se indica que los valores límite de la prueba de tipo para automóviles nuevos aplicables a la emisión de contaminantes perjudiciales se reducirán en un 40 % a partir del año 2000. 
A eso hay que añadir que la introducción de nuevos procedimientos para el control de los vehículos en circulación, la instalación obligatoria de sistemas de diagnóstico a bordo y una nueva prueba para limitar las emisiones evaporativas disminuirán aún más las emisiones diarias de los vehículos en circulación. 
Expondré ahora la posición de la Comisión respecto al informe del Sr. Lange. 
No obstante, en primer lugar quiero agradecerle el ingente trabajo que ha realizado en tan poco tiempo. Es de una gran calidad y tiene una base técnica muy rigurosa. 
Muchas de las ideas técnicas y políticas que contiene son interesantes y es muy probable que se incluyan en la decisión definitiva del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Ahora bien, hay que reconocer que estamos en el inicio de unas negociaciones muy complicadas en las que también participa el Consejo. 
Por eso la Comisión quiere mantener ciertas reservas ante las enmiendas más espinosas del informe en este momento del debate. 
Ha llegado el momento de indicar qué enmiendas puede aceptar la Comisión. 
El informe incluye una serie de enmiendas sobre los incentivos fiscales, como han mencionado muchos oradores a lo largo del debate de hoy. 
El marco de los incentivos fiscales de la Directiva sobre emisiones fue una solución de compromiso encaminada a cumplir dos de los objetivos de la UE, por un lado un buen funcionamiento del mercado interior, y por otro la protección del medio ambiente. 
La Comisión ha propuesto mejorar las normas existentes en materia de incentivos fiscales con una nueva fase de incentivos. 
Según la enmienda nº 34 del informe, los incentivos fiscales previstos en un país serán aplicables a ambas fases, no sólo a una de ellas. 
Por eso acepto la enmienda, siempre que los incentivos sean aplicables a vehículos que cumplan los requisitos fijados por la Unión para el año 2000 y el 2005. 
Por eso no podemos aceptar las enmiendas núms. 91, 92 y 94, que no son compatibles con la enmienda nº 34. 
Pueden adoptarse las enmiendas núms. 19, 24 y, parcialmente, 35 del informe del Sr. Lange, si se introducen pequeñas modificaciones en la redacción. 
El informe incluye la propuesta de modificar los requisitos aplicables a los sistemas de diagnóstico a bordo- abreviado DAB -, con respecto al acceso de los talleres independientes y los fabricantes de repuestos a la información sobre estos sistemas. 
El motivo de la propuesta de la Comisión está claro: permitir que cualquiera detecte y repare averías en el equipo de control de la contaminación para mantener a un nivel bajo las emisiones del vehículo. 
No obstante, algunas enmiendas del informe pueden mejorar la propuesta de la Comisión, por lo que acepto totalmente las enmiendas núms. 67, 68 y 85 y parcialmente las enmiendas núms. 
Acepto asimismo todas las enmiendas relativas al procedimiento de prueba para las emisiones evaporativas, es decir, las enmiendas núms. 53, 54, 55, 56 parcialmente, 57 y 58. 
Acepto modificaciones menores y modificaciones en la redacción de las enmiendas núms. 5, 6, 7, 30 parcialmente, 52, 64, 86 y 89. 
Quiero hacer algunos comentarios sobre las enmiendas que la Comisión no puede aceptar en este momento. 
El informe propone reforzar los valores límite aplicables a partir del año 2000 y cambiar el combustible de referencia utilizado en la prueba. 
Los valores límite son un tema difícil y serán debatidos hasta el último momento, ya que la tecnología evoluciona continuamente y permite obtener mayores ventajas para el medio ambiente a un menor coste. 
Los valores límite de las emisiones, las características del combustible utilizado para la prueba y la calidad de los combustibles comerciales están tan estrechamente relacionados que hay que tratarlos de forma conjunta. 
En este momento no puedo aceptar las enmiendas del informe. 
En el informe, los valores límite indicativos para el año 2005 se han convertido en obligatorios y hasta han sido reforzados. 
Los valores límite obligatorios tienen la ventaja de que, con tiempo, emitirán una señal clara a la industria del automóvil y a los proveedores de repuestos para que realicen su trabajo de investigación y desarrollo con eficacia, aspecto cuya importancia han subrayado hoy varios oradores. 
No obstante, esto significa que es necesario disponer de combustible de mejor calidad en todo el mercado interior. 
A tal fin, hacen falta estudios adicionales. 
No puedo anticipar los resultados de estos estudios y, en consecuencia, no me es posible aceptar las enmiendas. 
En todo caso, la Comisión ha decidido aplicar el Programa Auto Oil II. Uno de sus objetivos será confirmar y revisar lo antes posible los valores límite para el año 2005. 
El informe propone un nuevo procedimiento de prueba que reducirá las emisiones a baja temperatura. La Comisión ya se ha interesado por esta prueba. 
La valorará a lo largo del proceso de negociaciones y se incluirá en el Programa Auto Oil II. Por eso no puedo aceptar de momento la propuesta del informe. 
El informe incluye la propuesta de un nuevo procedimiento para la revisión de los vehículos en circulación. 
Esta propuesta es incompatible con los principios del sistema de homologación de la UE, por lo que no puede ser aceptada. 
La propuesta de la Comisión para la revisión de los vehículos en circulación supone un paso importante hacia un mejor control de las emisiones mediante una prueba homologada a escala comunitaria, y la revisión está cuidadosamente adaptada a las normas existentes para la homologación y control de la armonización de la producción con el tipo homologado. 
En el informe se propone que, a partir del año 2000, sea obligatorio tener sistemas de diagnóstico a bordo, es decir, DAB, en los vehículos con motor de gasoil. 
Hoy, la industria del automóvil y las empresas proveedoras de componentes para la misma tienen menos conocimientos sobre los sistemas de diagnóstico a bordo para automóviles con motor de gasoil que para automóviles con motor de gasolina, y los conocimientos disponibles actualmente no indican en absoluto que habrá posibilidades de tener sistemas de diagnóstico a bordo en todos los automóviles con motor de gasoil antes del año 2000. 
Ya que se ha presentado una propuesta para los sistemas de diagnóstico a bordo para automóviles con motor de gasolina, no veo sinceramente ningún motivo para no aplicarla también a los automóviles con motor de gasoil, pero a lo largo de un período más amplio. 
Por eso no puedo aceptar, en este momento, las enmiendas sobre los sistemas de diagnóstico a bordo para automóviles con motor de gasoil. 
La Comisión no puede aceptar un aumento del requisito de duración de 80.000 a 160.000 km. Con la tecnología actual no es posible mantener las emisiones a un nivel bajo, tanto cuando el vehículo es nuevo como después de tanto tiempo de circulación. 
La Comisión ha preparado otras medidas que limitarán la contaminación considerablemente, es decir, -hablamos de ellas hace un momento- los sistemas de diagnóstico a bordo y la revisión de los vehículos en circulación. 
Todavía es pronto para modificar el cometido del Programa Auto Oil II, del que la Comisión es plenamente responsable. 
Por eso no puedo aceptar estas modificaciones hasta que lleguemos al final del camino. 
Soy consciente de que el Parlamento puede sentirse decepcionado, porque en el momento actual no podemos aceptar todas las enmiendas presentadas, pero quiero que tengan en cuenta que acabamos de iniciar un proceso, en el que nos esperan nuevos debates y cooperación. 
Terminaré mi intervención refiriéndome a la última propuesta, es decir, el tema de las emisiones de CO2 producidas por los automóviles. 
En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción al ver que el Parlamento comparte las dudas de la Comisión sobre las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y que apoya nuestra iniciativa de resolver este importante problema, y quiero dar las gracias a la ponente, Sra. González Alvarez, por el trabajo realizado para la elaboración de este informe. 
Sin embargo, a pesar de que tenemos las mismas dudas con respecto al problema, parece que no tenemos la misma opinión sobre lo que es técnicamente posible. 
Señora Presidenta, todos sabemos que es posible fabricar un automóvil que consuma 3 l por 100 km. El problema es que la meta que nos hemos fijado se refiere a la media de los automóviles nuevos que se venden en el mercado y no a cada uno de los automóviles por separado. 
Por eso consideramos ambiciosa la meta de 5 l por 100 km para el período de 2005 a 2010, y no tenemos la intención de plantearnos nuevas metas, hasta que dispongamos de información suficiente sobre las futuras posibilidades. 
El otro tema sobre el que discrepamos son los medios que han de utilizarse. 
La Comisión opina que las normas obligatorias, tal como propone la Comisión de Medio Ambiente, no son el camino correcto. 
Poner normas sería técnicamente muy difícil y hasta podría tener efectos contrarios a nuestra meta de disminuir las emisiones de CO2. 
Si, por ejemplo, establecemos una norma relativa al peso del automóvil, los fabricantes pueden cumplirla simplemente haciendo el automóvil más pesado. 
Un acuerdo con los fabricantes de automóviles es, en nuestra opinión, el modo correcto de obrar. 
El proyecto de resolución del Parlamento requiere medidas adicionales para disminuir las emisiones de CO2 producidas por el tráfico por carretera, y no podemos hacer otra cosa que unirnos a este objetivo. 
No obstante, significa que hemos de cambiar la forma en que utilizamos los automóviles y crear un sistema de transporte más favorable al medio ambiente. 
La Comisión examinará con gran interés la propuesta del Parlamento al respecto. 
Me doy cuenta, señora Presidenta, de que he utilizado bastante tiempo, pero se trata de propuestas amplias e importantes, y espero haber contestado la mayor parte de las preguntas formuladas durante el debate. 
Señora Presidenta, Señorias, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Mamčre, por su informe. 
Con su propuesta, la Comisión aspira a armonizar y mejorar las especificaciones sobre carburantes en el marco de las propuestas del programa Auto Oil. 
Como ustedes saben, en ese programa hacemos una evaluación del coste de las diferentes medidas aptas para alcanzar la necesaria reducción de las emisiones. 
Hemos elegido las medidas económicamente más eficaces, que incluyan las especificaciones propuestas para carburantes de mayor calidad, y que entrarán en vigor en el ao 2000. 
Así mismo, como saben, está previsto que la Comisión se vuelva a reunir de aquí al final de 1998 para proponer una serie de especificaciones más estrictas sobre carburantes, con fecha de entrada en vigor en 2005. 
En lo que se refiere a la interacción entre la calidad de los carburantes y la eficacia de las nuevas tecnologías para automóviles, como los catalizadores capaces de eliminar los óxidos de nitrógeno, todavía existe gran incertidumbre con respecto a la combinación económicamente más eficaz entre la concentración de azufre en el carburante y el diseño de coches de nueva tecnología. 
Por este motivo, la Comisión considera que, de momento, es precipitado determinar los precios con arreglo a la calidad de los carburantes para el año 2005. 
Hasta finales de 1998 y en el marco de la segunda fase del programa Auto Oil, que, como ustedes saben, ya se ha iniciado, creemos que dispondremos de la información adicional necesaria, para adoptar una decisión con respecto a las normas de carburantes indicadas para 2005. 
Al mismo tiempo, la propuesta que hoy se examina ofrece a los Estados miembros la posibilidad de utilizar carburantes especiales, si fuera necesario, de modo que puedan hacer frente a situaciones especialmente exigentes desde el punto de vista de la calidad de aire en regiones específicas, como las zonas urbanas. 
Las características de los carburantes especiales dependerán en gran medida de la naturaleza de los problemas específicos de calidad de aire en dichos lugares. 
Por consiguiente, la Unión Europea no considera oportuno que en esta fase se intenten establecer especificaciones armonizadas sobre carburantes específicos a escala europea. 
Además, la Unión está segura de que las cantidades de estos carburantes especiales serán relativamente reducidas y, en consecuencia, no se prevé que la existencia de carburantes especiales de uso local repercuta seriamente en el mercado. 
La Comisión reconoce, así mismo, que los incentivos fiscales representan un mecanismo muy poderoso para estimular el comercio y el uso de los carburantes de mayor calidad. 
La Comunidad dispone ya de un marco dentro del cual los Estados miembros tienen la posibilidad de aplicar diferentes tasas de impuestos al consumo a distintos carburantes, siempre con fines medioambientales. 
Este marco se establece en la Directiva 81/92/CEE relativa a las tasas de los impuestos especiales aplicables a los combustibles. 
Muchos Estados miembros, entre ellos Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya están aplicando medidas fiscales conforme a esta Directiva, para estimular el uso de carburantes menos contaminantes. 
Como también saben, hace unas semanas la Comisión Europea aprobó una propuesta para armonizar la imposición sobre productos energéticos inspirada en los principios de esa directiva. 
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones comunitarias sobre medidas fiscales ya vigentes, la Comisión no considera útil repetir éstas en la presente propuesta. 
La propuesta de la Unión Europea incluye, además, la posibilidad de prohibir la oferta de gasolina con plomo en el mercado. 
El motivo de esta prohibición es que la gasolina con plomo representa actualmente la mayor fuente de contaminación por plomo. 
Ya desde mediados del decenio de 1980, la Directiva 85/210/CEE instaba a los Estados miembros a incentivar el uso de gasolina sin plomo. 
Por consiguiente, la Comisión considera indicado prohibir la venta de gasolina con plomo en la Comunidad a partir de 2000. 
Sin embargo, la Comisión reconoce que esta prohibición puede crear, a corto plazo, serios problemas en determinados países miembros. 
Por este motivo, hemos previsto la posibilidad de solicitar una exención temporal para dar determinados Estados miembros un período de adaptación algo más extenso. 
La Comisión comparte la opinión de que el establecimiento de los costes de la calidad atmosférica en los que se basan las propuestas económicamente eficaces referentes a la calidad de los carburantes debe incluir también la protección de la salud, así como la protección del medio ambiente. 
Por lo tanto, quiero asegurarles que tendremos seriamente en cuenta este principio en nuestras futuras propuestas. 
La Comisión Europea se muestra igualmente abierta a la idea, expresada por la Sra. Matikainen-Kallström, de tener en cuenta las condiciones climáticas árticas en las disposiciones relativas a los carburantes. 
Una vez que se haya examinado esta idea, se podría incorporar en un futuro en el texto especial. 
Señora Presidenta, la Comisión Europea puede aprobar determinadas enmiendas que mejoran la propuesta sin modificar el planteamiento básico. 
Las enmiendas que podemos aprobar son las enmiendas núms. 2, 3 y 6, la última parte de la enmienda nş 1, la segunda parte de la enmienda nş 8, la primera parte de la enmienda nş 10 y la primera parte de la enmienda nş 31. 
Así mismo, la Comisión Europea puede aprobar las enmiendas que amplían el ámbito de actuación de la segunda fase del programa Auto Oil. 
Estas son las enmiendas núms. 22, 23, 37 y 38. 
Las demás enmiendas, lamentablemente, no pueden ser aprobadas por la Comisión por las siguientes razones: en primer lugar, las enmiendas núms. 7, 9, 35, 36, 60 y la segunda parte de la enmienda nş 8, porque se oponen al criterio de coste-eficacia como base de las propuestas, un criterio ya establecido mediante la Directiva 94/12/CEE; en segundo lugar, las enmiendas núms. 
11, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 59 y 62, porque se refieren a medidas que han resultado económicamente ineficaces en el marco de la primera fase del programa Auto Oil; las enmiendas núms. 
44 y 48, porque introducen medidas que no han sido suficientemente estudiadas o sobre las que aún no se dispone de datos científicos, pero que estarán incluidas en la segunda fase del programa Auto Oil. Así mismo, las enmiendas núms. 
4, 18, 20, 21 y 34 porque, en nuestra opinión, no son compatibles con la metodología propuesta en la segunda fase del programa Auto Oil, que prevé la entrada en vigor de una serie de medidas económicamente eficaces en 2005. Tampoco podemos aprobar las enmiendas núms. 
12, 13 y 19, porque no tienen en consideración las disposiciones de la Directiva 92/81/CEE relativa a la aplicación de incentivos fiscales en el ámbito de los carburantes. Tampoco la enmienda nş 25, porque no prevé unos plazos razonables de exencion temporal con respecto a la prohibición de comercializan gasolina con plomo. 
Las enmiendas núms. 28, 29, 32, 39 y la segunda parte de la enmienda nş 31, porque introducen procedimientos adicionales, en nuestra opinión, innecearios. 
Igualmente, las enmiendas núms. 5, 16, 26, 27, 30, 33, 40, 41, 49, 53, 58 y 61, porque la Comisión Europea opina que no se refieren a problemas esenciales. 
La primera y la segunda partes de la enmienda nş 1, la primera parte de la enmienda nş 8, la segunda parte de la enmienda nş 10 y las enmiendas núms. 14, 15, 17, 24, 54, 56, 57, 63 y 64, porque introducen detalles que, o son innecesarios, o requieren un examen técnico más profundo. 
No obstante, quisiera poner de relieve que, aunque algunas enmiendas no puedan ser aprobadas hoy, la Comisión reconoce que el Parlamento Europeo ha propuesto ideas interesantes de cara a un examen más profundo en el marco del futuro proceso de toma de decisiones. 
La Comisión ha propuesto especificaciones sobre los carburantes para el ao 2000. 
El Parlamento ha llamado la atención sobre la necesidad de fomentar tecnologías más limpias mediante la introducción de carburantes más limpios, proponiendo especificaciones sobre el contenido de azufre en la gasolina que, por ejemplo, podría reducirse incluso hasta 50 ppm. 
Creo que merece la pena realizar un examen más profundo en el marco del conjunto de medidas que finalmente se aprobarán por el Consejo y el Parlamento, con respecto a la manera de fomentar la introducción de tales carburantes más limpios en el mercado y su oferta en cantidades suficientes. 
Le doy también las gracias, señor Papoutsis, por sus explicaciones. 
Tiene la palabra el Sr. Lange. 
Señora Presidenta, permítame una pregunta de comprensión al Sr. Comisario: en mi traducción se dice que el programa Auto Oil II se ha puesto en marcha. 
En mi opinión, esto no puede ser cierto, ya que el mandato para ello sólo tiene lugar a través de la legislación del Parlamento y del Consejo. 
Por consiguiente, no puede haberse puesto en marcha todavía. 
Señora Presidenta, se trata obviamente de un malentendido. 
Con respecto al programa Auto Oil, nos encontramos en proceso de debate y, por supuesto, se necesita el mandato del Consejo, como ha señalado anteriormente su Señoría. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0115/97) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0340- C4-0539/96) , relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. 
Señora Presidenta, a pesar de que el artículo 119 y seis directivas, adoptadas desde 1975 hasta hoy, son un fundamento jurídico sólido para la igualdad de retribución y trato entre mujeres y hombres, y a pesar de que el Tribunal de Justicia haya dictado a lo largo de estos veinte años muchísimas sentencias, las mujeres siguen sufriendo discriminaciones y uno de los principales problemas que deben afrontar consiste precisamente en probar la existencia de discriminaciones por razón de sexo. 
Por ello, ya en 1988 la Comisión presentó por primera vez una propuesta de directiva relativa a la carga de la prueba, y el Parlamento Europeo la aprobó con una serie de enmiendas sobre la base del informe de la Sra. Larive. 
El Consejo debatió esta propuesta en varias ocasiones hasta que, en 1993, se logró un consenso entre los once Estados miembros. No obstante, dado que el fundamento jurídico se basaba en los artículos 100 y 235 del Tratado, que requieren la unanimidad, la propuesta no pudo seguir su iter. 
Entretanto, como he recordado, el Tribunal de Justicia ha elaborado jurisprudencia sobre esta materia y, en consecuencia, es importante que hoy exista esta nueva propuesta de directiva, que se basa en las sentencias del Tribunal y se presenta con arreglo al Protocolo sobre la política social, motivo por el cual debería ser más sencillo llegar a un consenso sobre un texto final. 
Una vez más, ello pone de manifiesto la necesidad de incorporar este Protocolo al Tratado, ya que, de otra forma, nos encontraríamos ante la segunda directiva relativa a la igualdad de trato no traspuesta por el Reino Unido. 
Esta directiva es importante, y el Parlamento lo demuestra a través del informe, porque la jurisprudencia existente no fue aplicada de forma uniforme en los Estados miembros y muchas mujeres tuvieron que afrontar y siguen afrontando problemas debidos a casos evidentes de discriminación. 
En lo que se refiere al contenido de la propuesta de directiva, creo que la misma se basa en tres aspectos íntimamente relacionados y, por consiguiente, la propuesta no sería eficaz si la directiva no incluyera estos tres puntos. 
¿Cuáles son estos tres puntos fundamentales? 
En primer lugar, la definición de discriminación indirecta recogida en el artículo 2, ya que es la primera vez que este concepto se define en la legislación comunitaria. 
Segundo, el alcance de la inversión de la carga de la prueba, contemplada en el artículo 4, ya que no nos encontramos ante, ni tampoco debatimos, la inversión de la carga de la prueba, sino su reparto entre la trabajadora y el empleador. 
Tercero, los procedimientos establecidos en el artículo 5, que para nosotros revisten una importancia fundamental, habida cuenta de los problemas existentes en algunos Estados miembros en relación con la no aplicación de las disposiciones vigentes. 
Al igual que la Comisión en su propuesta, la Comisión de Derechos de la Mujer estudió atentamente la jurisprudencia del Tribunal a la hora de elaborar este informe. 
Las enmiendas que proponemos tienen la finalidad de hacer más claros y explícitos los elementos jurídicos de la cuestión, ya que se trata de una directiva técnica que debe ser muy precisa y clara desde el punto de vista jurídico. 
En particular, la enmienda 2 aclara el concepto de discriminación indirecta que algunos Tribunales nacionales siguen sin reconocer plenamente. 
Deseo recordar que sólo en tres Estados miembros- Italia, Reino Unido e Irlanda- existe una definición de discriminación indirecta en la legislación nacional, y que las propuestas de enmienda que presentamos se refieren, en particular, a una sentencia, más precisamente a la sentencia Bilka que fue la piedra de toque en este caso, así como que las enmiendas al artículo 4 que ponen de manifiesto uno de los elementos fundamentales para modificar la carga de la prueba, o sea, la transparencia, se refieren a la sentencia Danfooss. 
Otro punto importante atañe al ámbito de aplicación y añadimos una referencia a la directiva sobre el permiso parental, así como consideramos fundamental un párrafo adicional basado en el artículo 6 del Protocolo sobre la política social, para dejar bien claro que esta directiva no impedirá la adopción de acciones positivas. 
Deseo concluir pidiendo al Comisario que adopte una posición en relación con estas enmiendas, pues estoy convencida de que, gracias a las mismas, la propuesta contribuirá a reducir el número de violaciones del principio de igualdad de trato que siguen siendo demasiado numerosas y evidentes en muchísimos Estados miembros. 
Señora Presidenta, varios diputados han dedicado gran cantidad de horas a esta propuesta. 
En mi caso, fue en un principio en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y después como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y posteriormente participé en la votación, bastante caótica, en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Tengo que tener mucho cuidado para atenerme a mi ámbito de ponente de la Comisión de Asuntos Económicos. 
Así, pues, voy a contener mi exuberancia normal a este respecto y decir simplemente a Sus Señorías cuáles son las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos. 
El caso es que la Comisión de Derechos de la Mujer pasó por alto en gran medida las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos. 
No puedo decir que me haya disgustado mucho, pero puede que a otros miembros de la Comisión de Asuntos Económicos sí. 
Había, en particular, una enmienda que mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron. 
Era una enmienda al artículo 6, que rezaba así: » Se creará un fondo en el nivel de la Unión Europea para permitir a los ciudadanos particulares promover acciones ante los tribunales nacionales que sienten jurisprudencia con vistas a aclarar la aplicación de la Directiva actual». 
A continuación, se decía en dicha enmienda: » Dicho fondo se financiará de conformidad con lo dispuesto en el cuarto programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres (1996-2000) ». 
La Comisión de Derechos de la Mujer rechazó dicha enmienda. 
He de felicitar a la comisión por haberlo hecho, porque, si dicha enmienda hubiera salido adelante, habría causado mucha ansiedad en la Comisión, por no hablar de los Estados miembros. 
Naturalmente, no hemos decidido finalmente cómo vamos a reaccionar ante esa propuesta concreta, pero me interesaría mucho- si pudiera abandonar de momento mi papel de ponente de la Comisión de Asuntos Económicos- preguntar si ha tenido la Comisaria la oportunidad de leer la opinión del jurisconsulto del Parlamento Europeo de fecha 19 de marzo de 1997, que, entre otras observaciones, dice que, si esta propuesta sale adelante, la ley aplicable en el Reino Unido será más favorable a las mujeres que la que en adelante se aplicará en los 14 Estados miembros restantes. 
Quisiera oír la opinión de la Comisaria sobre esa afirmación de los asesores jurídicos del Parlamento. 
Señora Presidenta, permítame comenzar con una reflexión general: en la elaboración de los actos comunitarios de trascendencia normativa, tanto la iniciativa que a la Comisión corresponde como cualquier actuación de esta Asamblea tienen, sin duda, una razón de ser última de naturaleza política. 
Pero no podemos olvidar que, por estar ejercitando la función legisladora que los Tratados nos reservan, debemos respetar los límites que éstos nos marcan, así como los principios que informan la técnica del buen legislar. 
De esta manera, conseguiremos normas comunitarias legítimas, claras y eficaces. 
En el marco de esta reflexión, la iniciativa de la Comisión me parece oportuna en lo fundamental y bien respaldada por los Tratados y entiendo que en este trámite de primera lectura el objetivo político debe primar sobre las cuestiones técnico-jurídicas. 
Dicho lo anterior, desde el punto de vista técnico-jurídico, la propuesta de directiva suscita reservas y- digámoslo sin ambages- críticas, entre las que destacan la construcción de la carga probatoria y las decisiones no transparentes del artículo 4, así como las normas sobre procedimiento del artículo 5. 
La carga probatoria de la parte demandante se establece en la propuesta en términos no sólo absolutamente extraños a la técnica jurídica, sino- y esto es lo más grave- sumamente imprecisos. 
Ante todo, los elementos de hecho no se presentan ante los tribunales, sino que se alegan. 
Esto es, probablemente, un defecto de la traducción al español, pero lo relevante, en el ámbito del procedimiento, no es que se aleguen, sino que se prueben. 
Y, según el texto de la Comisión, los hechos a probar serían aquéllos- cito- «que permitan presumir la existencia de una discriminación». 
Es decir, ha de probar uno o varios hechos indiciarios, a partir de los cuales pueda construirse una presunción judicial de discriminación. 
Este planteamiento suscita problemas técnicos y prácticos: técnicos porque, si se puede fijar la discriminación mediante una presunción judicial, ya no sería necesaria, en rigor, la aplicación de ninguna regla sobre la carga de la prueba, puesto que ésta tiene por objeto, precisamente, dar una respuesta a las situaciones de incertidumbre sobre los hechos. 
Los problemas prácticos derivan de la falta de determinación de los hechos, cuya prueba es suficiente para fundar la presunción de discriminación. 
En cuanto a la carga probatoria de la parte demandada, el precepto considerado también adolece de falta de precisión. 
Y estos mismos argumentos implican que la norma especial para el caso de los sistemas de decisiones no transparentes debería fijarse, no en la carga probatoria del demandado, sino en la del demandante, para facilitar el levantamiento de esta última, que es, en realidad, el problema que se aborda. 
Para salir al paso de estos problemas se han presentado las enmiendas 21 y 22. 
En cuanto al artículo 5, compartiendo, como he dicho, la razón de ser política de este precepto, no puedo sino exponer mis dudas desde el punto de vista técnicojurídico. 
Esto es, considero más que discutible que la base jurídica invocada brinde cobertura suficiente a unas medidas caracterizadas, además, porque su voluntarismo corre parejo con su falta de concreción. 
Y termino, señora Presidenta, señor Comisario, con la misma observación con que comencé: propugno el voto favorable al informe en su conjunto- incluido el artículo 5, que he criticado -, en atención, como he dicho al comienzo, a que en este trámite de primera lectura prima la toma de postura política del Parlamento sobre las consideraciones de técnica normativa expuestas que, sin embargo, deben de retener nuestra consideración. 
Señora Presidenta, en primer lugar doy las gracias a la ponente, que es además miembro de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, por un excelente informe y porque ha tenido en cuenta, si no todas, sí muchísimas de las propuestas que se originaron en dicha comisión. 
Quiero hacer hincapié primero en que se trata de una directiva importante. Es importante si pensamos en que existe realmente una buena práctica jurídica, pero que esta práctica no siempre se sigue en los países miembros. 
En segundo lugar es importante porque por fin tendremos una definición del concepto de discriminación indirecta. 
Una vez destacada esta parte positiva- muy positiva para la comisión- voy a centrarme en dos aspectos sobre los que tengo mis dudas. 
Uno es la enmienda nº 8, el segundo párrafo, en que se quiere excluir a ciertos tipos de empresas. No creo que esto sea correcto. 
Da pie a unas interpretaciones que pueden resultar muy peligrosas. Pueden hacerse sobre el concepto de sexo, por ejemplo alegando que las mujeres no pueden ser policías o que los hombres no pueden trabajar en centros de cuidado de niños. 
Puedo imaginarme que habrá países donde se hará esta interpretación de la redacción. 
El otro aspecto que quería destacar es el artículo 4.1 c, sobre el que no mantuvimos debate alguno en la Comisión de Asuntos Sociales, sino que lo consideramos evidente. 
Yo sé que se ha celebrado una discusión sobre dicho artículo en el Consejo y que la mayoría de países ha querido eliminar este punto, mientras que algunos lo han querido conservar. 
Si se elimina el artículo 4.1 c, se reducen las posibilidades de la persona discriminada, es decir que se debilitan las posibilidades del demandante ya que en este punto se establece que el demandante no necesita demostrar que la parte demandada ha cometido una infracción. 
Si se elimina el 4.1 c, la consecuencia es precisamente que la persona demandante tiene que demostrar que se ha cometido una infracción, lo cual hace las cosas más difíciles para la parte discriminada. 
Pienso que esto sería lamentable. 
El Parlamento acostumbra a ser progresista y a seguir la línea de los países progresistas. 
En este caso, no obstante, la Comisión ha sido más progresista que el Parlamento. 
Por lo demás, creo que se trata de una propuesta excelente. 
Señora Presidenta, el progreso es una vez más un caracol y en el presente proyecto de directiva ojalá podamos contar con que el caracol avanza. 
El artículo 119 prescribe ya desde hace muchos años la igualdad salarial entre hombres y mujeres. A pesar de todo, un sexo sigue discriminado permanentemente. 
Son, casualmente, las mujeres. 
Estas siguen ganando, como promedio, un 30 % menos y, como hemos podido ver en el último proceso judicial del Tribunal Europeo de Justicia con el caso Kalanke, en cuestiones de discriminación positiva hay diferencias grandes. 
La carga de la prueba es un punto decisivo respecto de si las mujeres están mejor representadas en la vida profesional. 
Por esta razón, nosotras, las socialdemócratas, y también los hombres socialdemócratas, venimos luchando desde hace ya mucho tiempo por una directiva sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. 
No obstante, con el presente proyecto la Comisión ha trazado un importante objetivo intermedio. 
Para nosotros, socialdemócratas, esta directiva significa un paso adelante hacia la Europa social. 
Ahora debe moverse el Consejo y no debe adoptar por más tiempo esta actitud indecisa. 
Queremos que el informe de la Sra. Ghilardotti, a la que deseo felicitar cordialmente también en nombre de mi grupo, lleve a que las trabajadoras puedan hacer valer mejor sus derechos, que logren un mejor estatus jurídico a la hora de su colocación, de su promoción y de su remuneración. 
Pido a algunos cristianodemócratas y, sobre todo, también a las organizaciones patronales que todavía intentan hacer supresiones aquí, que reconsideren su actitud. 
Mañana deberíamos corroborar con una mayoría lo más grande posible los aspectos que ha expuesto la Sra. Ghilardotti, es decir, una definición lo más estricta posible de discriminación directa e indirecta, el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el patrón o una distribución de la misma entre la demandante y el patrón, aspectos que constituyen una afirmación central del artículo 4 de la directiva, así como también los procedimientos consignados en el artículo 5. 
Creo que con esto podemos recobrar en gran medida la confianza que las electoras depositan en nosotros, en el Parlamento Europeo. 
Espero que se produzca una gran conformidad con este informe. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la cuestión de saber si la inversión de la carga de la prueba o su reconducción podría contribuir a una aplicación más correcta de la legislación comunitaria en el ámbito de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, ha hecho correr ya ríos de tinta, desde hace más de diez años, en nuestra Comunidad. 
Unos reclaman la inversión de la carga de la prueba a voz en grito. 
Otros señalan que no será una panacea para poner fin a las discriminaciones directas e indirectas de las que siguen siendo víctimas las mujeres trabajadoras, y ello a pesar de la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es una política esencial en la Comunidad Europea desde hace veinte años. 
Por último, otros alertan sobre la adopción de una directiva comunitaria que correría el riesgo de desalentar a los empleadores a llevar a cabo políticas activas de empleo de las mujeres, en particular, en política, que correría el riesgo de provocar una multiplicación de litigios sin que éstos sean necesariamente fundados, sin que se pueda hacer distinción entre los casos de personas víctimas de discriminaciones reales que todos condenamos, y los casos de personas simplemente descontentas con una decisión que les concierne, y que invocan supuestas discriminaciones en contra suya para lograr satisfacción. 
Estos últimos temen además, que unas normas demasiado severas, como la inversión de la carga de la prueba, obliguen a los empleadores, para asegurar su defensa, a constituir expedientes para catalogar la menor falta de una colaboradora, o de un colaborador en la minoría de los casos, para poder demostrar que no se ha producido violación alguna del principio de igualdad de trato en caso de presunción de la existencia de una discriminación. 
La adopción del informe en comisión de los derechos de la mujer se ha llevado a cabo en condiciones normalmente intolerables, sin los textos de los dictámenes aprobados de prisa, a mayor abundamiento, sin traducción a las lenguas oficiales. 
Además, sabemos que el Consejo ha manipulado ya el texto de la propuesta de la Comisión amputando pura y simplemente, por ejemplo, el artículo 5 relativo a los procedimientos nacionales, que, en efecto, en mi humilde opinión, nada tiene que ver en una directiva comunitaria. 
Además, en materia de campo de aplicación, el Consejo ha suprimido ya la referencia a la directiva sobre la igualdad de trato en materia de sistema de seguridad social. 
Ante todo esto, desearía que el Sr. Comisario nos diga cuál es su postura sobre las diferentes enmiendas que se proponen en el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Desearía saber, por ejemplo, señor Comisario, en cuanto a la enmienda 8 del artículo 2, quién desearía estipular que no existe discriminación cuando se trata de un objetivo esencial de la política social de un Estado miembro, habida cuenta de que los objetivos esenciales, siguen siendo muy divergentes de un Estado miembro a otro, y si usted opina que se puede hacer esto, o que llegaremos a la gloria con un texto así. 
Díganos asimismo si está usted convencido de que su artículo 5 relativo a los procedimientos tiene una base jurídica en el Tratado, cuando eminentes juristas de este Parlamento y ajenos a él- yo no lo soy- opinan que el orden jurídico interno de los Estados miembros forma parte del tercer pilar. 
Señor Comisario, díganos claramente, para que podamos votar con todo conocimiento de causa, cuál es su opinión acerca de estas diversas enmiendas. 
La Sra. Ghilardotti ya lo mencionó en su excelente informe: una importante jurisprudencia del Tribunal de Justicia y seis directivas de emancipación. 
Pero la práctica demuestra lo difícil, incluso lo imposible que es a menudo demostrar la discriminación ilegal. 
El empresario como demandado dispone de la información relevante y de las pruebas, que a menudo no necesita entregar. 
Y a menudo el juez nacional tiene dificultades para entender y aplicar el concepto de discriminación indirecta. 
Por ello, el Grupo de los Liberales apoya la directiva. 
Esta directiva distribuye la carga de la prueba entre ambas partes y define claramente el concepto de discriminación indirecta. 
Los derechos de papel se convierten en derechos concretos. 
Tal como ha dicho la ponente, ya en 1988 fui ponente para la primera propuesta de legislación, que ha sido bloqueada sistemáticamente por la «buena» Gran Bretaña, algo que todavía sigue haciendo. 
Me parece incomprensible, pues ninguna empresa legal tiene por qué temer a esta legislación. Todo aquel que tenga la conciencia limpia, puede entenderse muy bien con ella. 
Pues esta legislación, y se lo digo también a la Sra. Lulling, no crea nuevas obligaciones para las empresas, no tiene consecuencias directas, y ninguna mujer, señora Lulling, interpondrá un pleito por diversión porque simplemente se siente ofendida. 
La directiva consolida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y se encarga de que se aplique de forma coherente. 
Quién puede tener objeciones, salvo el Sr. Bryan Cassidy. 
Los Liberales europeos esperan vivamente que, después de las elecciones británicas del 1 de mayo, el nuevo Gobierno británico se adhiera por fin a la directiva. También las mujeres británicas tienen derecho al mismo trato que los demás ciudadanos europeos. 
Por último, quiero felicitar de nuevo a la Sra. Ghilardotti, pero también a la Presidencia neerlandesa, que trabaja duramente para que el próximo 17 de junio se apruebe la directiva, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2000 y las mujeres europeas tengan mayor posibilidad de que el juez aplique y cumpla la legislación emancipatoria europea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, felicito a la Sra. Ghilardotti por su informe y nuestro voto- el voto de nuestro Grupo- va a ser favorable el informe, así como a las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Nosotros consideramos necesaria esta directiva para la puesta en práctica del principio de igualdad, que está resultando tan difícil en este fin de siglo. 
Principio de igualdad que no se garantiza suficientemente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y así lo han manifestado reiteradamente los representantes sindicales. 
La presente propuesta de directiva considera e introduce elementos muy positivos: la necesidad de establecer una definición de discriminación indirecta, la compatibilidad entre la aplicación de la directiva y la aplicación de acciones positivas o medidas de protección de la mujer, su aplicación antes del año 2000 y este seguimiento de la aplicación en los Estados miembros, informando a la Comisión cada tres años. 
Por todo ello, espero sinceramente que el Parlamento apruebe esta directiva y que no debamos esperar ocho años más para otra propuesta. 
También espero que, en un futuro, después de la revisión del Tratado, estos temas puedan aprobarse, finalmente, por mayoría y no por unanimidad. 
Señora Presidenta, también a mí me complace la propuesta de la Comisión de desplazar la carga de la prueba en casos de discriminación en 14 de los 15 Estados miembros. 
En los últimos años, el Tribunal ha sido bastante inequívoco en sus sentencias, y en realidad esta propuesta no es más que una consecuencia lógica de las sentencias del Tribunal. 
La Comisión de Derechos de la Mujer ha ajustado más la propuesta a la jurisprudencia del Tribunal, que por cierto también está en vigor en el Reino Unido, y me complace que, después de todos los esfuerzos realizados en todas las comisiones, el Sr. Cassidy por fin lo comprenda también. 
La Sra. Ghilardotti ha realizado en efecto un trabajo excelente. 
En este caso es en el Consejo donde hay gato encerrado, pues es cierto que la Presidencia neerlandesa hace lo que puede para conseguir que esta directiva sea tramitada rápidamente por el Consejo, pero también es cierto que todavía no lo ha logrado y agradecería que el Comisario Flynn nos pusiera al corriente del estado del debate dentro del Consejo. 
Por lo que parece, el Consejo quiere desvirtuar al máximo esta propuesta y no quiere incluir en la directiva ni las directivas de seguridad social ni las formas indirectas de discriminación. 
Esto es perjudicial no sólo para la política de igualdad de trato, sino también para la imagen de la Unión Europea, y además es contrario a la jurisprudencia del Tribunal, y espero que la Comisión y el Parlamento lo impidan hoy y mañana en una acción conjunta. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la Comisión por haber elaborado esta propuesta de directiva que tanta falta hacía para eliminar injusticias cometidas desde hace mucho y que, aunque eran de todos conocidas, no se podían demostrar concretamente. 
Quiero también felicitar a la Sra. Fiorella Ghilardotti por el excelente informe que ha elaborado sobre un tema jurídicamente tan difícil y que puede llegar a ser útil para todos los que son víctimas de la injusticia sin poder defenderse, en particular las mujeres. 
Este proyecto de directiva es de gran importancia para un país como el mío, donde desde hace mucho se lucha para conseguir una legislación semejante, sin que hasta ahora haya sido posible. 
El hecho de que el Parlamento Europeo apruebe este informe podría ser determinante en la evolución futura de esta situación, ya sea porque el parlamento portugués decida adoptar ahora mismo una legislación semejante o porque, si el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales llegara a aceptar las nuevas propuestas, éstas tengan que transponerse en la legislación nacional. 
El reparto de la carga de la prueba es un principio de justicia elemental, porque permite a la parte normalmente más débil y más afectada por decisiones injustas e injustificables beneficiarse de medios de prueba mucho más amplios. 
Con el proyecto de directiva que ahora examinamos y con las propuestas de enmienda presentadas, pasa a ser obligatorio que también las entidades patronales demuestren que no están practicando la discriminación basada en el sexo. 
Situaciones evidentes para todos de clara subrepresentación de las mujeres en empresas- como ocurre, en Portugal, con el Banco Comercial Portugués, en el que la administración afirma no seleccionar a los trabajadores basándose en el sexo, pero donde el número de mujeres que en él trabajan es ocho veces inferior a la media de la generalidad de los bancos portugueses- ya no serán posibles, pues la entidad patronal pasará a tener también la responsabilidad de justificar sus actuación. 
La inclusión de la discriminación indirecta y su definición clara, la posibilidad de que las informaciones necesarias estén accesibles a las personas discriminadas para que puedan defenderse y hacer valer sus derechos y el control que la Comisión y el Parlamento Europeo harán de las acciones existentes contribuirán que esta directiva llegue a ser uno de los instrumentos para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad. 
Por eso, con mucho gusto voy a votar a favor de este informe. 
Señora Presidenta, en Europa hace ya 20 años que se libra una batalla en favor de las mujeres; esto significa que todo el mundo en todos los Estados miembros sabe que Europa es la defensora de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
Muchas mujeres se han beneficiado de ello. ¡Con razón, señora Presidenta! 
En este momento siguen existiendo diversos inconvenientes para las mujeres en el mercado laboral. A menudo es preciso combatir laboriosamente contra estos inconvenientes, bien contra los empresarios, bien contra el propio Estado. 
He de decirles que cuando era diputada del Congreso de los Países Bajos, como miembro del partido gobernante, ayudé a la oposición y a las mujeres en el movimiento sindical para llevar a buen término diversos pleitos que también se mencionan aquí en el Tribunal de Justicia Europeo. 
Esto significa que el Grupo del PPE- hemos celebrado un amplio debate- no acepta que la directiva 79 se excluya de esta legislación. Ya que entonces le quitamos la esencia. 
Pueden ustedes estar seguros, se lo digo también a sus Señorías, que el Grupo del PPE apoyará la presente propuesta en la votación final. Y no sólo yo, sino también otros compañeros, como la Sra. Palacio, que la ha examinado desde el punto de vista jurídico y que ha formulado también una serie de preguntas. 
Tenemos preguntas respecto al artículo 4, pero también respecto al artículo 5, no el artículo 5a, pero sí el 5b. Es muy difícil lo que aquí se exige al pequeño empresario. 
Como eurodiputados, también somos pequeños empresarios. 
No es una cuestión sencilla disponer de la carga de la prueba tal como se describe allí. 
Por lo tanto, quisiera que la Comisión Europea me dijera cómo transcurre el debate en el Consejo. 
¿Estoy bien informada de que bajo la dirección de la Presidencia neerlandesa no hay ningún Estado miembro que quiera aceptar el artículo 5 en ese punto? 
¿Qué pasaría si se formulara una alternativa al artículo 5b? Me lo pregunto en voz alta. 
Sea como fuere, mañana en la votación final, aunque quizás podríamos votar de otra manera con relación al artículo 5b, también a raíz del debate que mantenemos aquí, esta directiva, que beneficia a hombres y mujeres en la sociedad europea, puede contar con el apoyo del Grupo del PPE. 
Señora Presidenta, Señorías, el informe de la Sra. Ghilardotti constituye realmente un estudio profundo del tema, por lo que es difícil añadir algo importante, especialmente después de las muchas cosas importantes que han dicho los diputados de los otros Grupos de esta Asamblea. 
Sin embargo, quisiera destacar dos aspectos que, desde mi punto de vista, no son negociables. 
Se trata de la transparencia y del acceso a la información. 
Es una afirmación común que existen formas indirectas de discriminación en todos los países de la Unión Europea. 
No obstante, resulta difícil demostrar esta discriminación indirecta, habitualmente dirigida contra las mujeres. 
Nuestro objetivo es la abolición de todo tipo de discriminación por razón de sexo, en concreto en el ámbito profesional y en el de los seguros. 
Me adhiero absolutamente a la propuesta de la ponente que indica que los Estados miembros deben aplicar la directiva a más tardar el 1 de enero de 2000. 
Así mismo, es necesario que se efectúe un control permanente de esa aplicación, para garantizar unos resultados inmediatos. 
Transparencia con respecto a todos los ciudadanos, pero especialmente a las mujeres y a todos los grupos sociales, al adoptar las decisiones y las medidas que les conciernen de manera directa y concreta: modalidades de contratación, razones de despido, cumplimiento de la legislación sobre maternidad entre otros aspectos. 
Los problemas que se derivan de la falta de transparencia son particularmente agudos. 
A raíz de esta situación se producen otros problemas, como la ausencia o la falta de voluntad de testigos, o la falta de pruebas necesarias, como documentos en poder del empresario. En este contexto, hasta puede darse el caso de una explotación por parte de la defensa por no haber facilitado a la demandante una información completa sobre sus derechos lo cual puede llevarle a aceptar compromisos para no perder su puesto de trabajo. 
Es decir, se atenta una vez más contra la persona y contra los derechos humanos. 
Para terminar, quiero subrayar que es imprescindible que las medidas positivas existentes se conserven. 
Gracias, y espero la respuesta del Sr. Comisario. 
Señora Presidenta, señor Comisario, una directiva sobre la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo ha sido muy celebrada por muchas asociaciones de mujeres y por personas particulares, y se la ha esperado desde hace mucho tiempo. 
Hasta ahora en las decisiones sobre casos particulares el Tribunal Europeo de Justicia tenía que llenar una laguna a través del recurso jurídico de la jurisprudencia. Ahora mediante una directiva se puede aportar una clara mejora de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. 
Celebro extraordinariamente los fundamentos jurídicos claros que rigen por igual de manera vinculante en todos los países miembros, en especial en el ámbito del desfavorecimiento de personas determinadas. 
Hasta ahora hemos tenido regulaciones nacionales muy diferentes. 
Por consiguiente, no tenemos que ver aquí con una resolución política sino que intervenimos profundamente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los países miembros. 
Posiblemente se puede facilitar a las mujeres el camino hacia el Tribunal en los casos de discriminación y de ausencia de oportunidades. 
Espero que con esta directiva podamos ayudar realmente a las mujeres y no fortalezcamos las reservas y las dudas de emplear y de promover a las mujeres. 
Por lo demás, el informe contiene algunos puntos que refuerzan mis dudas acerca de su transposición. 
En este punto me remito de manera especial al artículo 5 y a las enmiendas 15 y 16. 
Y ahora una puntualización sobre el procedimiento. 
Hemos trabajado en la propuesta de la Comisión, como está prescrito. 
Según nuestras informaciones, el Consejo ha modificado hace tiempo el texto base, de suerte que posiblemente estamos exigiendo algo que ya no es objeto de la discusión. 
Lamentablemente, no ha sido posible detener los trabajos en la Comisión y exigir la presentación de la versión actual. 
Espero, señora Presidenta, que en el futuro se pueda coordinar mejor y más eficazmente el trabajo del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, la propuesta de directiva sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón del sexo se encuentra ya en discusión desde hace diez años. 
Espero que ahora lleguemos a buen término y que esta directiva sea aprobada. 
Precisamente, por mi praxis como representante de personal, que con mucha frecuencia se ha tenido que enfrentar a estos problemas ya se tratase de ocupación, de promoción o de remuneraciones, sé cuán difícil resulta a las afectadas demostrar esto, sé que ellas no han podido hacer valer reclamaciones por ser mujeres. 
Las mujeres que han acudido a tribunales han necesitado mucha fuerza y mucho tiempo para poder presentar las pruebas pertinentes y en la mayoría de los casos han perdido en estos procesos, pues los patronos, también los denominados «pequeños» patronos, tienen una mejor posición de salida. 
Hasta ahora no han necesitado llevar la cuenta de que hacían discriminación. 
Por esta razón, espero también que se apruebe aquí, en el Parlamento, por una gran mayoría el desplazamiento de la carga de la prueba desde la demandante al demandado. 
Esto constituiría un gran paso hacia la igualdad de trato de mujeres y de hombres dentro de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, estimados colegas, señor Comisario, con frecuencia la igualdad entre hombre y mujer existe solamente sobre el papel y se da demasiado poco en la realidad. 
Un acceso igual al empleo, a la formación y a la promoción, una remuneración igual e iguales sistemas de seguridad social en el lugar de trabajo, se han fijado ya en directivas europeas. 
Sin embargo, la prueba de una discriminación por razón del sexo se encuentra insuficientemente regulada. 
El progreso sólo será algo más que un caracol- y echo mano del ejemplo de nuestra colega, la Sra. Gröner- cuando las afectadas no tengan que demostrar una discriminación. 
Más bien son los demandados quienes tienen aportar la prueba de que han seguido el principio de igualdad. 
En los Estados miembros sigue estando sin unificar el aseguramiento de la carga de la prueba. 
En consecuencia, es preciso acordar regulaciones comunes en las que se incluyan tanto la discriminación indirecta como la directa. 
Las discusiones en torno al Informe Ghilardotti en la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales y en la Comisión de Derechos de la Mujer- pertenezco a ambas- han sido cualquier cosa menos fáciles. 
No ha estado ni está claro el hecho de que el Consejo está discutiendo desde hace tiempo propuestas completamente nuevas. 
En este punto quiero apoyar absolutamente a nuestra colega, la Sra. Glase, y plantear al Comisario la pregunta de cuál es nuestro fundamento para esto. 
El artículo 5- y me refiero en especial al artículo 5 b- interviene ampliamente en los sistemas jurídicos nacionales. 
Así como es necesario que mediante el procedimiento se hagan transparentes los estados de cosas, de la misma forma es improcedente que una pretensión de información se convierta en una pesquisa. 
El Partido Popular Europeo no puede dar su conformidad a algunas enmiendas. 
Por lo demás, la discriminación indirecta no se puede justificar mediante una supuesta necesidad de una empresa. 
Sin embargo, estamos de acuerdo con el objetivo del informe de Fiorella Ghilardotti. 
Debe servir de señal para la posterior eliminación de discriminaciones y para una mayor igualdad de oportunidades, en especial en la vida laboral. 
Señora Presidenta, casi al final de este debate nocturno no puedo si no apoyar a los compañeros que dicen que estamos sinceramente satisfechos por el hecho de que después de diez años por fin llegue una directiva. 
Por otra parte, esta ha sido siempre para nosotros una de las principales prioridades, si me permiten recordarlo. 
Sólo lamento que tengamos que hacerlo con un puñado de diputados, casi a las doce menos cuarto, mejor dicho casi a las doce menos cinco. 
Si puedo añadir algo al debate de hoy, quisiera decir que me ha irritado un tanto la hipocresía que ha imperado a menudo en este debate sobre la necesidad de esta directiva y que ha expresado sobre todo el grupo de presión, sobre todo de UNICE, pero que también he oído de diversos diputados de este Parlamento Europeo, afortunadamente no tantos. 
El argumento utilizado fue que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo es clara y que no necesitamos esta directiva. 
Entonces ¿de qué hemos estado hablando durante diez años? 
Si es así, me pregunto por qué el grupo de presión se ha opuesto con tanta vehemencia. 
Por supuesto, en el pasado el Tribunal de Justicia Europeo ha realizado un excelente trabajo en relación con la discriminación indirecta, en relación con el desplazamiento de la carga de la prueba. 
Pero el problema es que los tribunales nacionales y el legislador nacional, seamos francos, no siempre han seguido con igual meticulosidad la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Y además existe la tendencia, Señorías, de que el Tribunal de Justicia Europeo se retracte. 
Por tanto, pienso que es positivo que por fin tengamos una base jurídica sólida con una definición clara, con procedimientos buenos y con un ámbito de acción amplio que abarque todas las directivas sobre la igualdad de trato. 
Por cierto que me irrita que algunos diputados sigan impugnando que el artículo 5 está en su lugar en la normativa europea. No lo entiendo. 
No se trata de armonizar los procedimientos jurídicos entre los Estados miembros. Es decir, que no tiene nada que ver con una materia del tercer pilar. 
Si la información no puede ser algo necesario, no puede ser forzada, entonces me pregunto de qué sirven todas las propuestas de la Comisión relacionadas con la información y la consulta, pues tampoco podemos pedirles esto a los Estados miembros. 
Termino, señora Presidenta, afirmando que espero que el Consejo no desvirtúe la directiva, pues de lo contrario en la segunda lectura tendremos que deliberar sobre cuál será nuestra postura. 
Señora Presidenta, en la Europa de las mujeres nos queda un largo camino que recorrer para llegar a la equiparación. 
La discriminación positiva de las mujeres está prohibida según el Tribunal de la UE. 
Las mujeres europeas se ven expuestas a la discriminación en sus empleos y en la sociedad. 
Las mujeres ganan menos que los hombres, les resulta más difícil conseguir puestos de dirección y promocionarse. 
Además es difícil para nosotras, lo cual muchos han destacado esta tarde, demostrar la existencia de estas condiciones, es decir, que realmente nos vemos expuestas a la discriminación por razón de sexo tanto en la vida cotidiana como en la política. 
Es especialmente difícil para nosotras demostrar que esto se da en el lugar de trabajo. 
Por tanto doy las gracias a la Sra. Ghilardotti y la felicito por su informe, puesto que a través de él tendremos mayores posibilidades de adoptar unas acciones. 
Hasta ahora ha sido casi siempre obligación de la persona discriminada demostrar que se la ha tratado injustamente, pero naturalmente habría sido mejor si hubiésemos podido ir más lejos y quizás, como ya hemos oído anteriormente, incluir el artículo 4.1 c, que ya se hallaba en la propuesta de la Comisión. 
A pesar de esto, pienso que el informe es de gran calidad y lo apoyo incondicionalmente. 
La equiparación no es naturalmente una cuestión exclusiva de las mujeres y de nuestros derechos, sino que constituye un problema que afecta al conjunto de la sociedad. 
La distribución equitativa de la responsabilidad, tanto en el trabajo como en la familia, significa a la larga una mayor calidad de vida para los hombres y las mujeres. 
Señora Ahlqvist, creo que usted ha sido la única que se ha atenido al tiempo de uso de la palabra. 
Todos los demás se han excedido. 
Tiene la palabra ahora el Comisario Flynn. 
Señora Presidenta, considero que las respuestas del Comisario son satisfactorias. 
La Comisión, a juzgar por lo que acaba de manifestar esta noche el Comisario, ha entendido el objetivo fundamental de nuestro trabajo, esto es, el reforzamiento y la aclaración, desde el punto de vista jurídico, de los aspectos fundamentales de esta propuesta de directiva, o sea, la definición de discriminación, la carga de la prueba y el mantenimiento del artículo 5, relativo a los procedimientos, es decir, los tres puntos que constituyen la parte sustancial de la propuesta. 
Doy las gracias también a todos los que han participado en el debate, a los representantes del Consejo y de la Comisión y a todos los colegas que se han quedado hasta el final. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se cierra la sesión a las 12.00 horas.) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Entidades de crédito 
Señor Presidente, Señorías, la presente propuesta de modificación de la Directiva es necesaria para subsanar las lagunas y las discrepancias detectadas en la práctica en el sector de los servicios financieros y contribuir a mejorar así el funcionamiento del mercado interior en este ámbito. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo acoge con satisfacción la totalidad del paquete de modificaciones presentado. 
En aras de la homogeneidad de trato, la Comisión de Asuntos Jurídicos respalda la modificación del artículo 12 de la primera Directiva bancaria que propone la Comisión, encaminada a ofrecer en el futuro a los Estados miembros competentes en la materia la posibilidad de concertar también- además del intercambio de información entre las autoridades de supervisión bancaria competentes dentro de un Estado miembro, entre Estados miembros y con terceros países, actualmente ya permitido- acuerdos de cooperación para el intercambio de información con autoridades de supervisión no bancarias de terceros países. 
Siempre y cuando se garantice que la información comunicada en los citados casos goza de garantías de secreto bancario equivalentes a las establecidas en la normativa de la Unión Europea. 
Las modificaciones de la Directiva de solvencia propuestas prevén, por una parte, una ponderación menor de los riesgos para determinados activos, en comparación con la normativa actual, y por otra parte, afectan al tratamiento, a efectos de supervisión, de los riesgos de crédito asociados a los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados. 
El objetivo es crear condiciones iguales de competencia para las entidades de crédito y empresas de inversión que compiten entre sí en la Unión Europea. 
Debe acogerse con especial satisfacción la propuesta de equiparar las iglesias y las comunidades religiosas con los organismos administrativos de carácter público sin fines lucrativos, siempre que revistan la forma de personas jurídicas de derecho público y tengan la facultad de recaudar impuestos. 
También merece una mención especial la propuesta de aplicar a la fracción de capital suscrito no desembolsada al Fondo Europeo de Inversiones una ponderación del 20 %, en lugar de la ponderación vigente del 100 %. 
El Fondo Europeo de Inversiones prevé, en efecto, que las entidades financieras puedan suscribir hasta un 30 % de su capital. 
La reducción de los requisitos de capital propio se justifica por el temor a que la anterior ponderación del 100 % pudiera disuadir a los bancos comerciales de participar en el Fondo. 
Con estas facilidades, el Fondo Europeo de Inversiones tendrá mayores posibilidades de contribuir a consolidar el mercado interior y de apoyar la recuperación económica, lo cual debe acogerse con satisfacción. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos también acepta la propuesta de modificación de la Directiva de adecuación del capital. 
Ésta retoma las modificaciones de la Directiva de solvencia, en la medida en que conciernen a la cobertura mediante fondos propios del riesgo de las transacciones derivadas no bursátiles. 
Es una enmienda que no plantea ningún problema y fue aprobada por unanimidad. 
La situación es algo distinta en el caso de las enmiendas 1, 3 y 4, que también fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Su objetivo es incluir en la Directiva de solvencia un tratamiento privilegiado para la ponderación que habrá de aplicarse a las operaciones comerciales a plazo. 
Este aspecto ya se contempla desde hace tiempo en el marco de la segunda Directiva sobre la adecuación del capital, dada la estrecha conexión existente. 
El debate sobre la ponderación adecuada del capital propio todavía no se ha cerrado en ese contexto. 
Por lo tanto, en mi calidad de portavoz de mi Grupo político, yo me opongo a las citadas enmiendas y solicito el respaldo de esta Cámara para que pueda adoptarse rápidamente el paquete de modificaciones de las Directivas, que por lo demás son incontestables. 
Sólo me queda esperar que la directiva pueda aprobarse lo más pronto posible a fin de evitar que las entidades de crédito de la Unión Europea sufran distorsiones en la competencia con los participantes de terceros países. 
Señor Presidente, me ocuparé principalmente de las tres enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Politica Industrial. 
Los productos básicos son importantes para la economía de la Unión Europea y de Gran Bretaña. 
Los productores, por ejemplo los del sector agrícola, conciertan contratos de futuros para poder contar con un precio conocido al que poder vender su futura producción y para eliminar las incertidumbres en materia de precios. 
Las empresas industriales, pequeñas o grandes, conciertan contratos de derivados, por ejemplo en futuros de metales, para atender a sus necesidades manufactureras. 
Al fijar los correspondientes costos de capital, tenemos que evitar que sean desproporcionados, a fin de que los mercados y las empresas de la Unión Europea sigan siendo competitivos para beneficio de los productores y de los usuarios finales, así como de la economía de la Unión Europea en su conjunto. 
Los gastos de capital propuestos para los riesgos de crédito relacionados con productos básicos han sido determinados por las autoridades reguladoras bancarias de Basilea- cosa que no tiene nada de sorprendente- y el costo propuesto es aceptable para los bancos. 
En teoría el mismo costo de capital debería ser aplicable tanto a los bancos como a las sociedades de inversión, pero en la práctica las autoridades reguladoras respectivas no ven así la cuestión. 
La finalidad de mis enmiendas consiste en conseguir que se pueda obtener una proporción de capital previsto a fin de atender las necesidades tanto de las empresas de productos básicos como de los que usan sus servicios en la Unión Europea. 
La diferencia entre la regulación bancaria y la regulación de valores financieros se puede ilustrar por referencia a lo que los respectivos reguladores consideran como negocios fundamentales. 
Un banco, por ejemplo, posee conocimientos técnicos en materia de mercado de valores financieros, que constituyen el núcleo de los negocios. 
Las autoridades reguladoras bancarias también poseerán considerable experiencia y conocimientos técnicos respecto de dichas actividades. 
Por lo tanto, sabrán muy bien, por ejemplo, que la deuda de los mercados emergentes es más variable que los mercados de valores oficiales europeos pero también sabrán que la mayor parte de los negocios bancarios involucran valores menos «veleidosos» y, por lo tanto, fijan en consecuencia el costo de capital. 
Los productos básicos no constituyen el negocio esencial de un banco y es improbable que las autoridades reguladoras bancarias posean experiencia directa respecto de esos mercados. 
Por lo tanto, las autoridades reguladoras bancarias tenderán a ser más conservadoras cuando calculen el costo de capital para los productos básicos. 
En cambio, sucederá lo contrario con las autoridades reguladoras de la cartera de valores de una empresa cuando los productos básicos constituyan la parte principal de sus operaciones. 
Esas autoridades poseen experiencia en materia de mercados de productos básicos y desearían que los gastos de capitales fueran proporcionales, lo que refleja los conocimientos técnicos de la empresa y la diferencia en el volumen de valores «veleidosos». 
No sería lógico que las autoridades reguladoras de valores financieros impusieran tarifas para productos petroleros muy variables si se trata de una empresa que ha diversificado sus activos en metales, que son mucho menos «veleidosos». 
Mis enmiendas dan tiempo a las autoridades reguladoras de valores financieros para considerar la proporción del capital destinado a productos básicos, entre tanto, las enmiendas instituyen un nivel mínimo de capital para cubrir los riesgos de los productos básicos en el plano de la Unión Europea. 
Señor Presidente, ésta es una propuesta que enmendará a tres directivas: la directiva sobre la coordinación de entidades crediticias, la directiva sobre el coeficiente de solvencia para las entidades crediticias, y la directiva sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades crediticias. 
Acepto lo que dice el ponente: no se trata sencillamente de un cambio mínimo, las cuestiones de que estamos tratando son técnicas y complejas. 
Felicito tanto al ponente para opinión, Sr. Harrison, como a la ponente, Sra. Mosiek-Urbahn, por abordar cuestiones tan sumamente técnicas y complejas. 
El primer cambio corresponde a la directiva sobre cuestiones de coordinación, que estipula el intercambio de información con autoridades de supervisión no bancarias de terceros países. 
La directiva sobre la solvencia nos ofrece una propuesta para colocar a las iglesias y las comunidades religiosas en las mismas condiciones que las autoridades públicas. 
Esto se debe a que en algunos países como Alemania es tradicional que las iglesias puedan recaudar impuestos. 
Además, hay varias propuestas encaminadas a reducir la ponderación de activos concretos del 100 % al 20 % o al 50 % u a otros porcentajes, según el activo de que se trate. 
La directiva sobre la adecuación del capital es importantísima. 
Gracias a ella se garantiza la solvencia de las entidades crediticias, importante medida de protección para el consumidor y para los pueblos de Europa. 
También esta enmienda está destinada a conseguir que haya capital suficiente para las transacciones comerciales ordinarias. 
Todo esto ilustra la importancia de la labor del Parlamento. 
Es posible que a veces parezca ser una labor oscura, pero todas las medidas que estamos modificando hoy en nuestros debates y en nuestras votaciones ayudarán a proteger al público en general y a cerciorarse de que sus ahorros están bien guardados. 
En una serie de casos ocurridos en Gran Bretaña hemos visto que las economías de la gente estaban en peligro, y por eso elogio la labor de la ponente y del ponente para opinión y espero que el Parlamento vote a favor del informe. 
Antes que nada quisiera dar gracias a la comisión responsable y en particular a la Sra. Mosiek-Urbahn por su excelente labor acerca de una propuesta complicada y sumamente técnica. 
Me agrada que su actitud haya sido tan positiva respecto de esta propuesta. 
Lo considero como un nuevo indicio de la convergencia de opiniones del Parlamento Europeo y de la Comisión en el establecimiento de una reglamentación adecuada, en particular para las actividades de sociedades de inversión y de entidades crediticias en la esfera de los instrumentos derivados. 
El informe Katiforis de septiembre de 1995 sobre derivados financieros constituyó un hito en nuestros progresos hacia la combinación de nuestros esfuerzos. 
La propuesta de la Comisión que el Parlamento tiene ante sí responde al enfoque que se sugiere en ese informe. 
Las enmiendas 1 y 2 son aclaraciones utilísimas. 
Las acogemos con agrado, pues contribuyen a la calidad de este texto de legislación europea. 
La enmiendas 3 y 4 se ocupan del complejo problema de los requisitos de capital, requisitos para los grandes riesgos inherentes a los instrumentos de derivados de productos básicos. 
Las enmiendas permitirán que las autoridades competentes puedan prever durante un período de transición requisitos de capital considerablemente reducidos para diferentes categorías de instrumentos de derivados de productos básicos en manos de sociedades de inversión. 
Ese régimen de capital estaría en contradicción con el principio básico de la igualdad en el trato dado a las sociedades de inversión y las entidades crediticias. 
Riesgos análogos deben tratarse de la misma forma, sea cual fuere el tipo de entidad que está expuesta al riesgo. 
El informe Katiforis subraya la importancia de este principio. 
Habiendo dicho lo que antecede, quisiera subrayar que la Comisión sabe perfectamente que la aplicación sensible de principios requiere a veces que se prevean exenciones apropiadas. 
Sin embargo, cualquier necesidad de exención que se deje sentir, tanto si reviste la forma de un período de transición para determinadas entidades como si reviste cualquier otra forma, tiene que ser y, en realidad, sólo puede ser evaluada en el ámbito de un marco de trabajo dependiente de la directiva sobre la adecuación del capital. 
Únicamente en el contexto de esta labor será posible ocuparse coherentemente no solamente de los instrumentos de derivados de productos básicos y de los riesgos de crédito conexos, sino de todos los riesgos de crédito y de mercado que afectan a todas las transacciones basadas en productos básicos y que se refieren a situaciones de crédito y a bancos de inversión. 
Espero que la Comisión, de aquí a un par de semanas, haga suya la propuesta que modifica la directiva sobre los requisitos de capital. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas. 
Conservación de los recursos pesqueros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0122/97) del Sr. Adam, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (96) 0296- C40388/96-96/160 (CNS) ) por el que se prevén determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros. 
Antes de que iniciemos este debate es importante que la Comisión nos diga si sigue manteniendo la posición que expuso el lunes en la comisión parlamentaria. 
Permítaseme que refresque la memoria de la Comisión: el anexo del informe dice que «A raíz de la pregunta formulada por la comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 56 del Reglamento, el representante de la Comisión declara que actualmente los servicios de la Comisión no están trabajando en ninguna nueva propuesta referente a medidas técnicas». 
Esta declaración es de por sí sumamente sorprendente, pero quisiera saber, antes de que iniciemos el debate, si ésa es la posición de la Comisión. 
Señor Presidente, la posición de la Comisión no ha cambiado. 
Señor Presidente, la razón de que esta cuestión sea tan importante es que, si ésa es la posición, eso significa que la Comisión obligará al Consejo a pronunciarse por unanimidad sobre esas propuestas. 
Lo único que quería es que el Parlamento se diera cuenta de ello. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, dos notas sólo: la primera, para manifestar nuestro apoyo al informe del Sr. Adam, que representa una transacción, pero una transacción en la que participarán, por lo menos, los diputados de los dos Grupos políticos con más representación en este Parlamento, y que es una transacción razonable. 
Porque en primer lugar tenemos que transmitir claramente el mensaje de que los recursos pesqueros no son inacabables- no hace mucho la FAO indicaba la existencia de más de 60 % de los recursos pesqueros en situación de sobreexplotación- y en segundo lugar porque en casos concretos, como el de nuestra enmienda- y quiero agradecer al Sr. Adam que la haya apoyado- ha sido posible comunitarizar una zona de protección de los juveniles de la pesca a lo largo de la zona CIEM IX, que es importante para la preservación de esta especie. 
Señor Presidente, Señorías, la aprobación del presente informe sobre las medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros constituye, a mi parecer, un buen ejemplo de la actuación responsable del Parlamento en el marco de las instituciones comunitarias. 
Fue muy difícil alcanzar finalmente un texto creíble y constructivo. 
La conservación de los recursos pesqueros, la limitación de las capturas de alevines, la protección de las zonas de reproducción y los efectos selectivos de las medidas técnicas constituyen un conjunto de medidas protectoras en favor de la naturaleza, que en estos momentos son imprescindibles en el sector pesquero. 
Las dificultades que ya está encontrando el Consejo para adoptar su posición no presagian, sin embargo, nada bueno. 
¡Sería bueno que la actuación responsable del Parlamento les sirviera de ejemplo! 
A pesar de todas las dificultades técnicas que plantea la documentación y de los espinosos aspectos económicos conexos, gracias a un esforzado diálogo y a las aportaciones constructivas de los diputados a título individual y también de los grupo políticos, hemos conseguido poder presentar un texto que, después de muchas enmiendas y duras negociaciones, hoy podemos contemplar con orgullo. 
A la Comisión y al Consejo les corresponde, por lo tanto, guiarse ahora por nuestras propuestas y sobre todo por el espíritu democrático del texto. 
Cierto es que las soluciones de compromiso propuestas todavía no son óptimas. 
No obstante, aun así ya representan- de esto estamos absolutamente seguros- un progreso significativo con respecto a la actual situación y contienen las medidas mínimas necesarias, o más bien dicho algo más que las mínimas, para atajar la destrucción de los recursos, la extinción de determinadas especies y los abusos manifiestos. 
Las medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros suponen, sin duda, sacrificios para los pescadores y las empresas pesqueras, que deberán compensarse en el momento oportuno con los medios adecuados. 
Las medidas técnicas que recomendamos representan un nuevo paso hacia la conservación de los recursos pesqueros y el equilibrio de las especies marinas. 
Sin embargo, sólo son un paso en el largo y difícil camino que hemos decidido recorrer. 
Los océanos son un mundo maravilloso, pero también un mundo frágil. 
Ofrecen espacio para el desarrollo de muchas actividades económicas e incontables posibilidades para las actividades deportivas y, no en último término, también constituyen una parte de la naturaleza que no debemos destruir. 
La finalidad de nuestro trabajo es un aprovechamiento óptimo de este espacio vital y una protección de sus riquezas que permitan asegurar en todo momento la subsistencia de la población que vive de la pesca. 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento presentada por la Comisión tiene por objeto conservar de manera imperecedera los recursos mejorando la protección de los organismos juveniles. 
Sería preciso estar loco para no adherirse a un objetivo semejante que representa, para todo el conjunto de los pescadores, el mejor seguro para el porvenir de su profesión. 
Por tanto, tendrían que aprobarse un determinado número de normas. 
Estas normas deberían ser sencillas y claras, para ser fácilmente controladas. 
Su utilidad tendría que ser demostrada a través de estudios que resulten indiscutibles. 
Deberían ser compatibles con las realidades socioeconómicas. 
Ser equitativas en sus efectos para los distintos oficios y las distintas flotas. 
Ahora bien, se comprueba que no se realizó ninguna evaluación socioeconómica. 
Por tanto, estas medidas corren el riesgo, si son aprobadas, de tener un efecto desastroso sobre la rentabilidad de las empresas, volviendo a poner en juego la propia existencia de algunas de entre ellas. 
Observo en esta propuesta un determinado número de elementos que me parecen inaceptables. 
El aumento de las mallas de base es demasiado importante. 
La escala de mallas prohibida no está correctamente establecida, ni es lo suficientemente amplia como para permitir una separación clara entre las pescas pelágicas y las pescas demersales. 
Los cotos propuestos para la merluza son igualmente inaceptables. 
Su delimitación y eficacia no fueron objeto de estudios previos. 
Ahora bien, como hace hincapié el comité científico y técnico de la pesca, la medida tendrá consecuencias socioeconómicas considerables para algunas flotillas. 
En lo que se refiere más particularmente al mar Cantábrico, el cúmulo de medidas sobre los artes de pesca- que se añaden a los cotos- se percibiría como discriminatorio ya que condenaría a una parte importante de las flotillas interesadas. 
En cuanto a la regla de la red única, plantearía problemas prácticos importantes para los buques polivalentes. 
Estos problemas son tanto más agudos cuanto que estos buques operan lejos de su base, lo que hace igualmente discriminatoria esta medida aventajando otras flotas cuyos puertos de matrícula están más próximos de las pesquerías. 
En conclusión, la mayor parte de las medidas han sido propuestas sin haber llevado a cabo una experimentación previa. 
La ausencia de evaluación de sus efectos sobre las empresas y los recursos, así como su carácter acumulativo no pueden provocar sino un rechazo global por parte de los pescadores. 
Ahora bien, un plan semejante, para ser aplicado, necesita una adhesión mínima de su parte. 
Estas son las razones por las que votaremos en contra de esta propuesta. A menos que este Parlamento tenga en cuenta algunas enmiendas que vamos a formular. 
Señor Presidente, éste es un tema importantísimo para la industria pesquera y para el entorno marino en general. 
Uno de mis colegas en este Parlamento, Sir James Goldsmith, se hallaba en mi circunscripción electoral del Reino Unido a principios de esta semana, exponiendo sus opiniones acerca de la industria pesquera. 
Veo con agrado que hoy ha mantenido su récord del 100 % de presencia y defensa de los intereses de la industria pesquera británica... gracias a su ausencia. 
La industria ha reconocido que las medidas técnicas son uno de los factores de progreso más importante. 
Aunque algunas de las propuestas presentadas por la Comisión distan mucho de ser perfectas, felicito al Sr. Adam por lo mucho que se ha esforzado para conseguir un compromiso a fin de poder presentar a la Comisión una opinión coherente de la Comisión de Pesca. 
Aunque esa opinión, según estimamos muchos de nosotros, no sea perfecta desde muchos puntos de vista, lo cierto es que procede felicitarle por su actuación. 
El descarte de peces es uno de los resultados desagradables de la Política Común de Pesca y de muchos otros regímenes de gestión de la pesca, no solamente del nuestro. 
Sin embargo, es algo que el público no puede entender y que a la industria no le gusta, aunque hay que reconocer que la industria no es totalmente inocente a ese respecto. 
Sea como fuere, se trata de un factor de la pesca en el entorno marino que tenemos que proscribir. 
Estimo que esta propuesta representa una medida provisional encaminada a instituir una política europea que prohiba todo tipo de descarte. 
Hay políticas de pesca en Noruega y en Nueva Zelandia que consideran al descarte como un delito, con lo cual, aunque siga habiendo descartes, dichos descartes han quedado probablemente reducidos, como ha dicho el Sr. Adam, del 40 % a un 20 % aproximadamente. 
Esto sería, por lo menos, una importante mejora en relación con lo que estamos procurando lograr. 
La lección que cabe extraer de lo antedicho es que lo que necesitamos realmente es una mayor actividad de represión y una mayor voluntad política de reprimir, por parte de todos los Estados miembros. 
Para conseguirlo, lo que también necesitamos a fin de cuentas es una política de pesca mucho más regional en nuestra Unión que el tipo unificado de sistema que estamos tratando de imponer en estos momentos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, la introducción de nuevas medidas técnicas para la conservación de los recursos es, naturalmente, una cuestión compleja. 
Por un lado, topamos con diferentes usos y diversas tradiciones locales, unas objetivamente más depredadoras que otras. 
Por otro lado, alguna exigüidad de stocks provoca y hace aumentar la desconfianza entre pescadores, que sospechan- a veces legítimamente- la utilización de métodos diferentes por parte de terceros o desconfían de la existencia generalizada de controles reales y de fiscalizaciones realmente actuantes y transparentes. 
Por eso, la dificultad de la cuestión radica, en esencia, en razones pedagógicas, en razones de confianza y de transparencia, en razones que tienen que ver con la renta ya de por sí muy exigua de la generalidad de los pescadores y de sus familias. 
Todos, sin excepción, convienen- y los pescadores son los primeros en reconocerlo- en que es necesario reducir las capturas de juveniles: ya sea mediante el control y la fiscalización de su comercio y consumo, la eliminación de las técnicas más predadoras, la utilización de mallas técnicamente indeformables, inalterables y de dimensiones apropiadas, la profundización y diversificación de las investigaciones científicas a fin de determinar con rigor los períodos adecuados de prohibición para todas las especies, la utilización de devoluciones que garanticen la efectiva supervivencia o, por último, la creación de controles multilaterales automatizados y ampliamente verificables. 
Pero los objetivos por alcanzar exigen, de forma irrecusable, una metodología de introducción progresiva de las nuevas disposiciones y un acompañamiento adecuado de su aplicación, en particular en los aspectos financieros. 
Es cierto que el informe propone algunas medidas técnicas que podrían mejorar la situación de conservación de los recursos, aunque algunas otras nos parezcan de difícil y confusa aplicación. 
Pero el carácter progresivo de la aplicación del nuevo reglamento, en caso de que se aprueben las enmiendas al informe, está garantizado por la introducción en él de la enmienda presentada por nuestro Grupo que establece la posibilidad- la obligatoriedadde instituir un período transitorio de aplicación, que esperamos sea aceptado por la Comisión y por el Consejo. 
Ahora bien, es evidente que para los armadores y los pescadores el abandono de ciertas artes o la modificación sensata de otras entrañan diferentes costos. 
Unos tienen que ver con la inversión directa en la adquisición y modificación de las artes; otros, con la disminución de la renta que nuevas artes podrían ocasionar, si bien transitoriamente, por las posibles disminuciones de capturas. 
A ese respeto, debemos, queridos colegas, ser claros: o se encara el problema de frente y se invierte previendo ayudas reales para modificar técnicas y para compensar posibles disminuciones de rentas, o esta legislación, como cualquier otra, encontrará resistencias, será deficiente y diferentemente aplicada y no alcanzará los objetivos que a todos eran y son comunes. 
A ese respecto, el documento de la Comisión es, por desgracia, deficiente. 
Y el informe del Sr. Adam- al que aprovecho para felicitar por el enorme esfuerzo que ha habido de hacer para llegar al texto que hoy estamos debatiendo- y el informe Adam- decía- lo encara, a nuestro juicio, de forma incipiente, poco clara y poco frontal, cuando debería ser el elemento esencial para el éxito de la aplicación práctica de nuevas medidas técnicas destinadas a una conservación real y efectiva de los recursos de pesca. 
Señor Presidente, este informe trata de la propuesta de la Comisión de modificar las medidas técnicas que regulan la pesca. 
Trata de uno de los tres pilares más importantes de la pesca en la Unión Europea, junto con las medidas de control y la capacidad de las flotas pesqueras. 
Por dignos de elogio que sean los cambios propuestos, lo cierto es que desde muchos puntos de vista son meros cambios de detalle. 
Si los acepta el Consejo y los ponen en práctica los pescadores, no hay duda de que las capturas de peces jóvenes serán inferiores y de que seguiremos capturando y descartando las especies que no estén enumeradas en las listas. 
Los cambios, por lo tanto, serán un paso adelante en la buena dirección. 
Ahora bien, incluso con la adopción de esas medidas, las flotas pesqueras de la Unión Europea seguirán capturando enormes cantidades de peces que no les interesan y que seguirán descartando, a menudo ya muertos. 
Todo parece indicar que el Consejo sigue apegado a su antigua tradición, consistente en aguar las propuestas para que las mejoras de la pesca sean inferiores a las que se quería introducir. 
También es objeto de debate- pero no en estas sesiones plenarias- la renovación del programa de orientación plurianual, que se ha venido aplazando debido a la incapacidad de pronunciarse del Consejo. 
Las medidas técnicas asumirán una importancia aún mayor si, como es probable, el Consejo no adopta un programa riguroso para reducir la capacidad de la flota pesquera. 
Es interesante fijarse en lo que hacen otras regiones del mundo para luchar contra el problema de las capturas excesivas. 
Muchos países se hallan, a ese respecto, a años-luz de la Unión Europea. 
Entre las medidas instituidas en diferentes regiones figuran las siguientes: utilización de observadores para supervisar un caladero y cerrarlo temporalmente cuando hay demasiados peces pequeños; prohibición de los descartes de peces; y petición a la industria para que presente planes sobre la forma en que llevaría la gestión de un caladero a fin de mantener los descartes a un bajo nivel. 
Estoy segura de que la Comisión sabe perfectamente que se están aplicando esas otras medidas, pero está convencida de que el Consejo y la industria pesquera carecen de interés o de iniciativa para explorar otras ideas. 
Sin embargo, mientras la Unión Europea no sepa encontrar la solución al grave problema de los descartes, y mientras no acepte que son innecesarios y que constituyen un desperdicio, no se podrá conseguir ningún verdadero progreso. 
Ésta es una cuestión gravísima, pues la utilización de artes de pesca selectivos ocupa un lugar destacado en el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y las poblaciones de peces altamente migratorias y el Código de conducta de la FAO sobre la pesca responsable. 
Esos documentos, de los cuales el primero es realmente un tratado jurídicamente vinculante que ha sido firmado por la Unión Europea y todos los Estados miembros, enuncian medidas que son más rigurosas que las que está pidiendo la Comisión. 
Por lo tanto, las medidas que estamos estudiando ahora no constituyen una solución definitiva y estoy segura de que en breve volveremos a examinar esta cuestión. 
Permítaseme que me esfuerce por aclarar un malentendido. 
El Grupo de los Verdes no está en contra de la pesca ni se esfuerza por cerrar algún caladero a fin de proteger alguna especie. 
Lo que sí estimamos es que hay que pescar de forma que no solamente haya alimentos y empleo para las poblaciones locales, sino que no se causen graves daños al ecosistema marino en el proceso de pesca. 
Eso se puede conseguir. 
Quisiera referirme también muy brevemente a las redes de arrastre, de cuya utilización se trata en las medidas técnicas. 
En 1991 el Consejo prohibió la utilización de redes de arrastre de más de 2, 5 kilómetros de longitud en todas las regiones, excepto el Mar Báltico. 
En los últimos años, la presencia de los buques patrulleros nacionales y de la Unión Europea ha hecho que se respete más o menos el límite de longitud de 2, 5 kilómetros, excepto en el Mediterráneo. 
Me han dicho que la Unión Europea no tiene ya la intención de enviar un buque patrullero este año al Atlántico ni al Mediterráneo. 
Quisiera preguntar a la Comisión si es cierto lo que me han dicho. 
Esta situación indica que hay que elaborar detenidamente las medidas técnicas y que no podemos tolerar que ofrezcan deficiencias o posibilidades de soslayarlas. 
Señor Presidente, por lo que se refiere al fondo de este informe diré que apoyo plenamente los objetivos de la conservación y que lo mismo piensan los pescadores de toda Europa. 
Ahora bien, nos enfrentamos con un grave problema de procedimiento. 
Como acaba de decir la Sra. McKenna, todos saben que el Consejo de Ministros se ha desviado ya de la posición de la Comisión. 
En los pasillos ejecutivos de Bruselas se habla abiertamente de un compromiso del Consejo. 
Utilizo las palabras «pasillos ejecutivos de Bruselas» porque indica con toda claridad lo impotente que es este Parlamento, pues estamos discutiendo para ver si nos ponemos de acuerdo para examinar medidas que ya han sido sustituidas. 
Ésa es la finalidad de la cuestión de orden que formulé al principio. 
La Comisión nos está pidiendo que adoptemos decisiones en un ámbito sumamente delimitado, pero lo cierto es que dentro de unos cuantos meses es sumamente probable que la situación haya cambiado ya. 
Preferiría que este Parlamento se estuviera ocupando de las verdaderas propuestas, y no de las propuestas que ya han quedado oficiosamente anuladas. 
Otro problema que tuvimos en la comisión parlamentaria es que, debido al denominado compromiso que alcanzaron los dos grupos principales, se nos presentó un grupo de enmiendas que teníamos que adoptar o que rechazar. 
Los pescadores de mi circunscripción electoral tendrán sin duda alguna graves problemas con algunas de esas enmiendas, por ejemplo la enmienda 11, que reviste importancia capital por lo que se refiere a la norma de las dos redes y a la cuestión del tamaño de la malla. 
Esta forma de abordar un tema complejo y de importancia vital no es, en mi opinión, una forma democrática y satisfactoria de resolver la cuestión. 
He presentado las enmiendas 76 a 80, que espero apoye el ponente y el Parlamento. 
Lo único que hago es recordar el acuerdo a que se llegó entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento acerca del procedimiento de consulta. 
El acuerdo significa que tienen que tomar en serio al Parlamento. 
Espero que el Parlamento apoye debidamente esas enmiendas, pero la única manera de asegurarnos de que volveremos a ocuparnos de la cuestión cuando se pueda examinar a fondo consiste en rechazar toda la propuesta. 
Permítanme que les diga que ésa es la posición que voy a adoptar. 
Trataré a continuación de algunas de las cuestiones sustanciales. 
Siempre tropezamos con la discusión acerca de las diferencias de opinión entre los científicos y los pescadores. 
Esto indica claramente que es necesario que unos y otros coincidan y que se consagren más recursos a la cooperación. 
Cada una de las partes cuenta toda clase de cuentos acerca de la otra. 
Ahora bien, de cuando en cuando tropieza uno con un pescador que ha pasado una semana en un buque científico- recientemente hablé con uno en Shetland- y que a su regreso dice que ha cambiado de opinión. 
También puede cambiar la opinión de los científicos si se reúnen con los pescadores y descubren que no son tan perversos y que no tienen la intención de destruir los bancos de peces. 
Este aspecto reviste importancia vital porque uno de los grandes problemas con que tropieza la industria es la falta de confianza. 
Apoyaré las referencias que han hecho algunos colegas a la necesidad de descentralizar la gestión. 
Esto forma parte también del restablecimiento de la confianza entre las comunidades pesqueras acerca de la forma de conservar los recursos pesqueros. 
Dicho lo que antecede, reiteraré que tropezamos con algunos graves problemas de procedimiento. 
Tenemos que resolverlos debidamente para que, a la larga, podamos comprobar que los recursos pesqueros se han conservado en Europa y que, gracias a ello, se han salvado las comunidades que viven de la pesca. 
Señor Presidente, después de pasar ante la Comisión de Pesca, las propuestas de la Comisión relativas a las medidas técnicas siguen pareciéndonos inaceptables. 
Por tanto, nuestro Grupo se mantendrá en su enfoque crítico a este respecto. 
En efecto, es preciso recordar que los estudios técnicos, indispensables para fundamentar medidas de conservación pertinentes, están lejos de haber sido todos realizados y que la tecnología de los artes pesqueros evoluciona más rápido que la legislación europea. 
La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta la tasa real de selectividad de los artes de pesca. 
Puede sorprender, por ejemplo, que no mencione absolutamente una palabra a propósito de la famosa red «naveran» , tan devastadora para las reservas de merluza del Atlántico. 
En lugar de tomar en cuenta la selectividad de los artes de pesca, se nos habla de establecer cotos en el mar Cantábrico. 
Sin embargo, ¿sabe la Comisión que con esta propuesta pone en juego un determinado número de pescas tradicionales, entre las que se encuentra el cangrejo de río? 
En lugar de establecer, en colaboración con los profesionales de la pesca y en concertación con las administraciones nacionales, una reglamentación flexible y evolutiva, adaptada a las especificidades locales y acorde con la evolución real de las reservas, la Comisión nos propone una reglamentación rígida y uniforme, pronta, por lo demás, a ser eludida por un determinado número de unidades industriales de la pesca. 
En lugar de tener en cuenta las realidades y especificidades de las zonas de pesca, seguimos encontrando la misma voluntad uniformadora de parte de la Comisión, como si ignorase que las explotaciones de pesca del norte del Atlántico se hacen sobre reservas específicas, mientras que las pesquerías del Atlántico Sur son multiespecíficas. 
Por tanto, la tasa de selectividad por especie, no es, manifiestamiente, la misma entre el norte y el sur. 
Ninguna reglamentación podrá cuestionar este estado natural de las cosas. 
Por tanto, es preciso tomar como punto de partida estas realidades para definir reglamentaciones ajustadas a la realidad y, por tanto, operantes. 
Más que determinar limitaciones técnicas, costosas para los profesionales, ¿por qué no prohibir sencillamente la comercialización de los juveniles? 
Por ello, nuestro Grupo presentó, a petición sobre todo del Sr. Goldsmith, 21 enmiendas que siguen las pautas que acabo de exponer. 
Nuestras propuestas no son anodinas. 
Efectivamente, se trata del porvenir y la credibilidad de la política europea de la pesca. 
Algún día será preciso cesar de administrar la pesca de una manera tan uniforme y centralizadora. 
En efecto, la Política Pesquera Común continuará encontrando la hostilidad de la mayoría de los profesionales mientras no se muestre capaz de contribuir a preservar eficazmente una pesca tradicional y artesanal, que es el corazón de la vida económica y social y la fuente de un gran número de puestos de trabajo, directos e indirectos, en numerosas regiones costaneras de casi todos los países miembros de la Unión Europea. 
Las propuestas presentadas por la Comisión, insuficientemente enmendadas por la Comisión de Pesca, corren el riesgo de conseguir el objetivo inverso, acrecentando las cargas que pesan ya sobre la pesca artesanal e intensificando la industrialización del sector de la pesca, en detrimento de la actividad económica y del empleo de nuestras zonas de litoral, que ya sufren de las desventajas de la periferia. 
Señor Presidente, si nuestras enmiendas no son aceptadas, nuestro Grupo votará en contra de la propuesta legislativa. 
Señor Presidente, el azar hace que nos ocupemos de tres excelentes informes sobre los problemas de la pesca: el informe de nuestro compañero Baldarelli, que plantea el problema de la reconversión de la pesca, y más precisamente el de 680 buques italianos de pesca de espadón en el Adriático, planteando con ello la cuestión de las redes de enmalle de deriva; el informe del Sr. Kindermann, destinado a completar nuestra zona azul e integrando en ella a Suecia y Finlandia a partir del 2002 y, por último, el informe prioritario del Sr. Adam. 
Como lo han dicho nuestros compañeros, evidentemente todos estamos de acuerdo en resolver este problema de las reservas haliéuticas y su gestión, cuanto más que los 100 millones de toneladas de pesca anuales inquietan a todos los expertos- y especialmente a Maurice Aubert, del CERBOM de Niza. 
Basta ver lo que pasa con el bacalao canadiense, que pierde su peso, y escuchar las voces de alarma de la FAO. 
Por tanto, puede comprenderse que la Comisión proponga un reglamento para garantizar la seguridad biológica, previendo el incremento de las mallas, incluso la reducción eventual del número de redes, la prohibición de la pesca en determinadas zonas, el coto o determinados períodos de pesca. 
Todo ello se comprende. 
Es verdad que todos estamos escandalizados por los problemas ya sea del descarte de organismos juveniles o la producción de harinas de pescado tal como la practicó especialmente Perú en una época, con una calidad bacteriológica por lo demás sumamente limitada. 
No obstante, el problema es que estas medidas quizás no se adapten a la envergadura de la cuestión. 
En efecto, se trata del alta mar, con las libertades garantizadas por el derecho internacional, especialmente la libertad de pesca. 
Por tanto, está bien imponernos a nosotros mismos medidas relativas a las redes de enmalle de deriva en el mar Cantábrico, a la dimensión de las mallas o al número de redes, pero existen los buques fábricas coreanos, japoneses y rusos que pillan sin imponerse medidas. 
Por tanto, tener un POP nº 4 de 1997 a 2003, ¿no es crear desigualdades en detrimento de nuestros propios pescadores? 
Creo que hay tres ejes de porvenir: primeramente, desarrollar la pesca artesanal y distinguirla de la pesca industrial. 
En segundo lugar, hacer pasar la pesca de una pesca de recolección a una pesca de criadero- y es ahí donde se plantea todo el problema de la acuacultura, limitada actualmente a 12 millones de toneladas en el mundo entero. 
Por último, y sobre todo, prever un arreglo a escala mundial del problema, en el marco de un convenio análogo al de Montego Bay, pero específico a la pesca y no un mero convenio general como el de Montego Bay. 
En efecto, quizás pasa con la pesca lo mismo que con la moneda única: sin duda alguna se adapta a Europa, pero el mercado, por su parte, se ha vuelto mundial, y los peces no conocen los límites de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente, creo sinceramente que debemos felicitarnos por la labor parlamentaria que, gracias a la excelente labor del ponente Sr. Adams y a su dedicación a este informe, nos permite someter hoy a la aprobación de la Asamblea una de las más importantes propuestas de reglamento de la Comisión, en lo que a la pesca se refiere. 
Han sido meses de trabajos, a partir en muchos casos de posturas completamente opuestas, pero la seriedad con la que los miembros de la Comisión de Pesca han comprendido la gran repercusión para todos los sectores pesqueros de la propuesta de medidas técnicas, nos permite presentar hoy, señor Presidente, un texto consensuado que la mejora en aspectos sustanciales. 
La Comisión presentó en su día una propuesta cuyos mejores valores eran su simplificación respecto al complejo texto anterior, lo que facilita su aplicación, y la implantación de normas valientes, aunque en muchos casos demasiado drásticas. 
El Parlamento ha respetado este espíritu original, adaptándolo a lo que creemos que es la realidad actual de la flota, evitando el carácter traumatizante que supondría en muchos casos la entrada en vigor inmediata de la propuesta comunitaria. 
Medidas de conservación novedosas, como la malla cuadrada, la malla única y otras normas para una mayor selectividad de las artes han sido comprendidas y respetadas, pero se han introducido períodos transitorios y criterios de flexibilidad, que van a permitir una progresiva adaptación de pescadores, flotas e incluso Estados miembros que las rechazaban de plano tal y como figuraban en el texto original de la Comisión. 
En una pesquería como la comunitaria, donde coexisten tal variedad de explotaciones pesqueras, especies y modalidades de pesca, en muchos casos de fuerte arraigo, la aceptación de una norma que tiende a un modelo unificado de gestión tenía que entrañar por fuerza un gran número de tensiones y discusiones. 
El consenso conseguido quizás no nos acerca a una norma perfecta, pero sí a un modelo mucho más racional- y sobre todo más aceptable por los que tienen que utilizarlo, única manera realista de conseguir que una norma sea cumplida-. 
En este sentido, creo por tanto que el trabajo del Parlamento ha sido muy importante para dar el paso que acerque la pesca comunitaria a un modelo de gestión que asegure a largo plazo tanto la conservación de los recursos como la permanencia de un sector pesquero saneado. 
Creo que ese es su mayor mérito y por eso pido la aprobación del texto de compromiso y pido a la Comisión que tome en cuenta las sugerencias, creo que muy realistas y muy oportunas, que ha hecho este Parlamento. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar al Sr. Adam, que ha desempeñado un cometido dificilísimo- y no quiero volver a explicar todo lo que ha hecho- y quisiera expresar mi satisfacción por la iniciativa de la Comisión. 
Huelga decir que, como todos mis colegas y como todos los pescadores de toda Europa, yo también apoyo el principio de las medidas técnicas de conservación, pero no crean ustedes que acepto muchas de las recomendaciones concretas que se hacen en las propuestas. 
En contraste con los controles para la reducción de las actividades de pesca, las cuotas y los límites de las capturas, que se han elaborado de forma que influyan directamente en el nivel de las existencias, las medidas técnicas de conservación tienen por finalidad concreta la protección de los peces jóvenes y, naturalmente, de los peces en fase de freza, a fin de reducir la amenaza para la futura reproducción. 
Éste es un objetivo muy digno de elogio, independientemente de que los medios de conseguirlo traten del tamaño de la malla, el tamaño mínimo de los peces desembarcados, zonas de veda, estaciones de veda o la protección de las especies en peligro de extinción. 
No hay que olvidar que todas estas medidas requerirán fondos adicionales de los pescadores. 
Estimo que la Comisión tiene la obligación de ayudarles. 
Quisiera destacar una vez más el hecho de que Irlanda es uno de los tres países, junto con el Reino Unido y Dinamarca, que han adoptado medidas para proponer medidas técnicas de conservación a la Comisión. 
¿Qué pasa con todos los demás países que hablan de medidas de conservación todo el tiempo pero que no han formulado ninguna propuesta? 
Irlanda ha desempeñado un papel de liderazgo en la introducción de medidas técnicas de conservación para sus barcos de pesca, y si los bancos de peces de sus aguas costeras han quedado agotados, no me queda más remedio que apuntar con el dedo firmemente a los Estados miembros que se interesan por las medidas técnicas de conservación, los bancos de peces y el futuro de los pescadores jóvenes. 
Lo que más me preocupa es el futuro de los jóvenes pescadores irlandeses. 
Muchos de mis colegas saben a qué Estados me estoy refiriendo. 
Las medidas técnicas de conservación tienen que estar redactadas en un lenguaje sencillo y fácil de comprender para los pescadores. 
Tendría que haber consultas, y lo cierto es que las consultas con pescadores son insuficientes. 
Cuando algún Estado miembro consulta a los pescadores que le exponen argumentos razonables y le presentan enmiendas razonables, ¿qué sucede? 
Lo que sucede es que nadie les presta atención. 
Se diría que los dos partidos principales representados en este Parlamento votan en contra de las enmiendas presentadas por los partidos más pequeños, independientemente de que esas enmiendas sean lógicas o aceptables. 
¿Qué estamos haciendo hoy aquí? 
¿Estamos votando en contra de todas las enmiendas en bloc porque dicen que hemos perdido demasiado tiempo en este Parlamento hablando de pescadores y de su futuro? 
¡Eso es un error monumental! 
Las medidas de conservación no entrañan dividendo alguno. 
No se abona cantidad alguna a los pescadores que dejan de pescar temporalmente, mientras que sí que se abona una cantidad a los agricultores que dejan temporalmente de cultivar. 
El año pasado habíamos aceptado en principio esa posibilidad; ¿por qué la rechazan ahora los dos partidos principales? 
¿Acaso no tienen ningún interés en las medidas técnicas de conservación, al revés de lo que sucede en el caso de los partidos más pequeños? 
Ya es hora de que efectuemos un examen a fondo de la política común de pesca, un examen inmediato. 
Pasemos ese examen al primer plano, abstengámonos de ocuparnos únicamente de detalles, y demos a países como el mio lo que con tanta razón merece: un dividendo equitativo de la política común de pesca. 
Otros países, particularmente los que ingresaron en el decenio de 1980, hicieron lo posible por apoderarse de nuestro litoral occidental y luego vienen a esta sala y se esfuerzan por dar la impresión de que sólo les interesan las medidas técnicas de conservación. 
¡Demos a los irlandeses la parte que les corresponde! 
Señor Presidente, ésta es una cuestión muy difícil para los pescadores y para todos los que trabajan en la industria. 
En primer lugar, quisiera rendir homenaje al ponente. 
Sé que ha trabajado mucho y que se ha esforzado sobremanera por encontrar una solución a muchos de estos graves problemas. 
Si ha tenido éxito o no es cosa que depende del punto de vista de cada uno, pero quiero rendir homenaje al ponente por la diligencia con que ha desempeñado su largo y difícil cometido en la búsqueda de un compromiso y de una solución. 
Este Parlamento tiene una deuda de agradecimiento para con él. 
Cuando uno habla de conservación y se fija en las TAC y en las cuotas y en todas las demás cuestiones que influyen en la industria pesquera, en cierto modo es como si uno entrase en un campo de minas del que no es fácil salir. 
La verdad es que si no hay peces en el mar, no hay futuro para los pescadores de nuestros días ni para sus sucesores. 
Por eso tenemos que encontrar un equilibrio que sea adecuado para los pescadores y la industria por una parte, y para los científicos por otra. 
Ésta es una cuestión que me preocupa por el conflicto que hay entre lo que dicen los científicos y lo que dicen los pescadores. 
Tenemos que llegar a un punto en el que los científicos presten más atención a lo que dicen los pescadores. 
Al fin y al cabo los pescadores se pasan la vida pescando día tras día en las costas de la Unión Europea. 
Son personas que tienen una buena idea de la situación y es necesario que tengan un futuro en la industria. 
Los pescadores con los que yo hablo me dicen que quieren que se proteja la industria de la pesca. 
Desgraciadamente, la Comisión parece tener más interés en que haya enfrentamiento que en que haya cooperación. 
He de reconocer que las propuestas de la Comisión que tenemos ante nosotros y los efectos que tendrán para la industria me preocupan mucho. 
También me preocupa la forma en que se van a ejecutar y la forma en que se van a supervisar. 
He escuchado con gran interés las observaciones del Sr. Macartney. 
Si lo que ha dicho corresponde a la realidad- y espero que la Comisión se ocupe de la cuestión que ha planteado- estamos discutiendo hoy acerca de algo que data de hace tres, cuatro, cinco o seis semanas. 
Para colmo la Comisaria responsable de la pesca no está presente aquí; diré, con el mayor respeto hacia los funcionarios de la Comisión, que la Comisaria responsable de la pesca debería estar aquí. 
Todos los que nos interesamos por la industria pesquera deberíamos estar en condiciones de tener un cambio de impresiones con ella, para que nos diga lo que está sucediendo realmente, para que nos explique cuál es la verdadera situación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la presente propuesta de reglamento de la Comisión abarca una materia muy vasta y heterogénea en virtud de la diversa naturaleza de los recursos haliéuticos. 
Semejante diversidad de recursos entraña necesariamente toda una diversidad de técnicas de captura. 
De ello se desprende que, frente a semejante situación, este reglamento sólo podrá aspirar a tener algún éxito, si respeta tres principios fundamentales: primero, estar basado en sólidas pruebas científicas; segundo, ser realísticamente aplicable, lo que presupone que se negocie adecuadamente con los Estados miembros y los operadores económicos del sector; tercero, ser descentralizado en su aplicación. 
Creo, además, que sólo dará resultados prácticos, si se aplica rigurosamente a todos los tipos de pesca, teniendo en cuenta la mayor abundancia de recursos de las plataformas continentales más próximas a las costas. 
Por otro lado, convendrá recordar que todo este esfuerzo podría ser en vano, si no se disponen recursos financieros para llevar a cabo la conversión de equipos y de artes de pesca y si no se aplican los necanismos adecuados de fiscalización tanto en el nivel de la Unión como en el de los Estados miembros. 
Por lo que se refiere a Portugal, tomo nota con agrado de que el ponente ha tenido en cuenta algunas de nuestras principales preocupaciones: en particular, la creación de una zona de prohibición de la pesca a lo largo de nuestra costa. 
Agradezco ese esfuerzo al Sr. Adam, que ha hecho un trabajo digno de mención. 
Por último, quisiera subrayar que estas medidas son indisociables del plan de orientación plurianual de la pesca, el famoso POP IV, cuyas metas se deben definir con prudencia y se deben cumplir en todos los Estados miembros. 
Espero, a ese respecto, que el próximo Consejo de Ministros asuma, por fin, sus responsabilidades. 
Señor Presidente, yo quería felicitar, en primer lugar, al Sr. Adam, porque ha hecho un esfuerzo de flexibilidad para intentar mejorar un proyecto de la Comisión que no es aceptable en sus términos. 
La Comisión justifica las nuevas medidas técnicas en el deseo de evitar la captura de juveniles- y todos estamos de acuerdo en ello -, pero estas medidas son, fundamentalmente, de dos tipos: mejorar la selectividad de las artes de pesca y limitar la actividad de las mismas. 
Es evidente que la propuesta de la Comisión es un cúmulo de limitaciones, sin más intenciones que la de reducir las capturas actuales, con el fin de paliar los efectos negativos de la Política Pesquera Común, que no ha respondido a las expectativas en orden a la conservación de los recursos. 
El fracaso de la Política Pesquera Común se debe, entre otras razones, a una política de control totalmente ineficaz, que no ha logrado impedir la actividad de los buques infractores. 
La falta de selectividad no se debe al tamaño de las mallas de las artes actuales, sino a la actividad, cada vez más frecuente, de pesqueros comunitarios con artes ilegales, que no se logra evitar por falta de voluntad política. 
Seamos sinceros: ¿puede demostrar la Comisión que los ejemplares de juveniles son capturados con artes de pesca de malla reglamentaria? 
¿En qué informes y estudios científicos se apoya la Comisión para establecer períodos y zonas de veda en determinadas regiones? 
La experiencia ha demostrado- y, además, es normal- que las empresas intenten sobrevivir. 
Y este esfuerzo, muchas veces, se realiza cometiendo infracciones- en la mayoría de los casos, impunes -, con conocimiento de los Estados miembros- responsables del control- y, casi siempre, con conocimiento de la Comisión, que justifica su pasividad alegando, con razón, que no tiene competencias en materia de control. 
Ante este escenario, ¿qué pueden pensar y cómo deben actuar las empresas que cumplen escrupulosamente las medidas técnicas y que deben competir con otras que no las cumplen? 
¿De qué sirve cumplir y endurecer las medidas técnicas si todo el sector sabe que la falta de cumplimiento no es sancionada y que es la verdadera causa de la captura de juveniles? 
Yo creo que hay que poner en marcha solamente las medidas contrastadas en estudios científicos, experimentadas y, sobre todo, que puedan ser controladas y que sean aceptables desde el punto de vista del control. 
Realmente, ésta es la única solución para que tengamos una política pesquera económicamente rentable, socialmente responsable y que asegure el equilibrio de los recursos. 
Señora Presidente, la Sra. Bonino lamenta no poder estar presente aquí con nosotros, debido a la reunión del Consejo. 
Ha enviado una carta al Parlamento proponiendo que se modificara el orden del día pero el Parlamento se vio en la imposibilidad de hacerlo y, por lo tanto, les transmitiré el mensaje de la Sra. Bonino. 
Las medidas técnicas destinadas a las aguas atlánticas de la Unión no han bastado para conseguir el objetivo consistente en reducir al mínimo la captura de peces jóvenes, que aún no han alcanzado la edad adecuada. 
Esas medidas han sido modificadas 19 veces pero los problemas básicos siguen siendo los mismos. 
En 1995, teniendo en cuenta lo que acabo de decir y el contexto internacional de creciente mentalización acerca de la necesidad de mejorar la gestión de los recursos pesqueros, la Comisión presentó una comunicación sobre la aplicación de medidas técnicas en la política común de pesca, en la que llegaba a la conclusión de que la situación actual no era satisfactoria y sugería una serie de mejoras de las medidas técnicas a fin de mejorar la explotación de los recursos comunitarios. 
Los Estados miembros están de acuerdo fundamentalmente con las principales conclusiones de ese informe. 
El Parlamento Europeo reaccionó también de forma positiva. 
La Comisión se comprometió a presentar para junio de 1999 una nueva propuesta sobre medidas técnicas. 
La Comisión felicita sinceramente al Parlamento y especialmente al ponente, Sr. Adam, por la versión revisada de su informe sobre la propuesta de medidas técnicas. 
La Comisión estima que el informe revisado es conciso, adecuado y constructivo. 
Algunas de las enmiendas presentadas identifican inequívocamente algunas deficiencias técnicas del texto de la propuesta que la Comisión no había tenido en cuenta. 
Otras enmiendas contienen sugerencias adicionales que la Comisión considera útiles. 
La Comisión acepta las siguientes enmiendas: 1, como parte del preámbulo, y 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 68, 69, 70, 71 y 73. 
Por la enmienda 11 se ve claramente que el Parlamento apoya fundamentalmente la propuesta de la Comisión acerca de la norma de la red única y de las dos redes. 
Esto le agrada mucho a la Comisión pues estima que ese elemento de la propuesta es importantísimo. 
La Comisión coincide en gran parte con el espíritu de las siguientes enmiendas pero estima que presentan deficiencias o que no corresponden al contexto, y por lo tanto no puede aceptarlas: enmiendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 22, 47, 59 y 66. 
El contenido de las enmiendas 24 a 30, 49, 50 y 75 forma parte del actual proceso de negociación con el Consejo acerca de los detalles técnicos de los anexos de la propuesta de la Comisión. 
Como la Comisión no quiere prejuzgar los resultados de esta discusión, no está en condiciones de aceptar esas enmiendas tal como figuran en la actualidad, aunque coincida con parte de su contenido. 
Las demás enmiendas no son aceptables para la Comisión porque la Comisión no está de acuerdo con su contenido. 
La Comisión reitera sus gracias al Parlamento por su contribución constructiva al debate en curso acerca de la propuesta relativa a las medidas técnicas. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Reconversión de determinadas actividades pesqueras practicadas por los pescadores italianos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0095/97) del Sr. Baldarelli, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0682- C40037/97-96/0308 (CNS) ) relativa a una medida específica dirigida a fomentar la reconversión de determinadas actividades pesqueras practicadas por los pescadores italianos. 
Señora Presidenta, antes de intervenir sobre este asunto, y habida cuenta de que hemos recibido algunas solicitudes de devolución, deseo saber cuál sería la posición de la Comisión sobre una posible devolución del informe. 
La Comisión desearía que el Parlamento expusiera hoy su opinión. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, deseo pedir la devolución a comisión de este informe. 
¿Hay alguna intervención a favor de la solicitud de devolución a comisión? 
Señor Comisario, tiene usted la palabra. 
Quizá debería insistir en que la campaña de pesca de 1997 está a punto de comenzar. 
Para que se pueda poner término inmediatamente a esa actividad, es indispensable que la decisión quede aprobada en la reunión del Consejo del 14 y el 15 del abril. 
Esto sólo será posible si el Parlamento expone hoy su opinión. 
Por esa razón la Comisión está en contra de la devolución del informe. 
Señor Görlach, tiene usted la palabra. 
Señora Presidenta, sabemos que la Comisión, y seguramente también el Consejo, desean que el Parlamento adopte hoy una decisión. 
Sin embargo- y todos los Grupos políticos lo saben- en el Parlamento existen, por razones fundadas, posiciones muy diferenciadas con respecto a este tema. 
Para el Parlamento no sería conveniente someterlo a votación mañana, también por lo que respecta a la posición del Consejo y aunque se reúna el Consejo de Ministros de Pesca. 
Si así se hiciera, corremos un verdadero riesgo de que el Parlamento no presente una posición adoptada con una clara mayoría. 
Es irrelevante que esté a punto de empezar la estación de pesca. 
Aunque nos tomemos algunas semanas más de tiempo, esto no tendrá en realidad ninguna repercusión significativa para la presente estación de pesca. 
Yo respaldo, por consiguiente, la propuesta del Sr. Baldarelli. 
Señora Presidenta, me parece que es una verdadera lástima que el Sr. Baldarelli haya propuesto en esta fase que se devuelva el informe a la comisión parlamentaria. 
Tengo entendido que hay algunas dificultades técnicas por lo que se refiere a la compensación para la flota pesquera italiana, que es una cuestión diferente que ha de dirimirse entre el Gobierno de Italia y la Comisión Europea. 
Disponemos de los fondos necesarios, pues la financiación quedó aprobada ya en el marco de la política regional, etc. Éste no es el problema principal. 
El problema principal, por lo que se refiere al Parlamento y a nosotros, consiste en saber si tenemos alguna influencia en la propuesta de la Comisión y en la decisión del Consejo. 
Si hoy no adoptamos una decisión, este Parlamento se estará comportando como un eunuco porque el Consejo puede seguir adelante y adoptar la decisión sin nuestra opinión. 
Por lo tanto, me parece que no tengo más remedio que oponerme a la respuesta del Sr. Baldarelli porque los intereses del Parlamento son más importantes que la cuestión de que estamos tratando. 
Hemos escuchado las intervenciones de un orador a favor y otro en contra de la solicitud que ha presentado el Sr. Baldarelli de conformidad con el Reglamento. 
De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, se procede a la votación inmediata de la misma. 
(El Parlamento aprueba la devolución a comisión) Tiene la palabra el Sr. Imaz San Miguel por una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, me gustaría que comprobase si, reglamentariamente, es necesario que haya quórum para esta votación. 
No, la comprobación de quórum debería haberse solicitado antes. 
Si alguien lo hubiese solicitado antes de la votación, habríamos procedido a la comprobación, pero nadie la ha pedido. 
Tiene la palabra el Sr. Tamino por una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, deseo señalar que la Sra. McKenna había solicitado el uso de la palabra, sin embargo, nadie ha comprobado qué quería manifestar en su intervención. 
Señoría, de conformidad con el Reglamento, un orador intervendrá a favor de la solicitud y otro lo hará en contra. 
El Sr. Görlach se ha manifestado a favor y el Sr. Provan, en contra, y de conformidad con el Reglamento, a continuación debe procederse a la votación. 
Por lo tanto, en estas circunstancias, no me era posible concederle la palabra a la Sra. McKenna para una intervención relativa a la solicitud. 
Yo le ruego que así lo acepte. 
Señora Presidenta, no se trababa sólo de hacer una declaración sobre el fondo, sino de solicitar, en su caso, la comprobación de quórum. 
Si no se comprueba si los diputados tienen algo más que pedir, es obvio que no se les permite expresarse. 
Lo lamento, pero se ha procedido de conformidad con el Reglamento y éste prevé exactamente este procedimiento. 
Señora Presidenta, simplemente quería decir que yo había solicitado la palabra previamente a la votación, aunque la Presidencia no me la concedió. 
Quiero indicar ahora que mi objetivo era solicitar la comprobación de quórum. 
No, Sr. Imaz San Miguel, yo he concedido el uso de la palabra a quienes lo han solicitado para intervenir a propósito de la solicitud y no he visto que usted lo pidiera. 
Lo lamento, pero mis colaboradores de la derecha y de la izquierda tampoco han visto que usted solicitara el uso de la palabra. 
Gestión del esfuerzo pesquero en el mar Báltico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0094/97) del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0489- C4-0017/97-96/0244 (CNS) ) por el que se establece un régimen de gestión del esfuerzo pesquero en el mar Báltico. 
Señora Presidenta, la presente propuesta se insiere en el contexto de la integración de Suecia y Finlandia en la Política Pesquera Común. 
El principio del acceso libre y en igualdad de condiciones a las aguas de los Estados miembros todavía no rige para ambos Estados, puesto que aún no existen normas comunitarias que lo regulen. 
La propuesta de reglamento tiene por objeto adoptar, como primer paso, una normativa comunitaria para el ámbito del mar Báltico para integrar progresivamente a Suecia y Finlandia en la Política Pesquera Común. 
Fundamentalmente, éste prevé que el esfuerzo pesquero desarrollado por los buques comunitarios en las pesquerías correspondientes del mar Báltico sea registrado por los Estados miembros con ayuda de los datos de los cuadernos de bitácora. 
Las disposiciones se aplicarán a los buques de más de 15 metros de eslora entre perpendiculares. 
El esfuerzo pesquero desarrollado por los buques con una eslora inferior se limitará globalmente para cada pesquería. 
Se trata, por lo tanto, en gran parte de un control a posteriori del esfuerzo pesquero, para cuya aplicación la Comisión propone diversas medidas administrativas, sobre todo en el ámbito de la recogida de datos. 
La Comisión de Pesca respalda por principio el reglamento propuesto, que permite la integración de Suecia y Finlandia en la actividad pesquera en el mar Báltico y, de este modo, constituye un importante primer paso para la plena integración de ambos Estados de reciente adhesión en la Política Pesquera Común. 
Lamentablemente, la propuesta de la Comisión no se limita al anunciado registro del esfuerzo pesquero, sino que en algunos aspectos va más allá. 
En particular, la vinculación de los permisos de pesca a derechos de pesca previamente adquiridos, que se establece en el apartado 2 del artículo 2, así como la fijación, en el apartado 3 del artículo 2, del número de barcos de acuerdo con el statu quo, constituyen, a mi entender, una limitación inaceptable del esfuerzo pesquero. 
Consideramos que con ello se prejuzgan, de manera inadmisible, las decisiones futuras sobre el número de buques de las futuras flotas. 
Una disposición de este tipo no está justificada, a nuestro parecer, precisamente en el mar Báltico, que sólo cuenta con cuatro especies perseguidas reguladas, de las cuales el arenque se encuentra en una situación muy favorable. 
Con todo, el Consejo tiene derecho a limitar en cualquier momento el esfuerzo pesquero autorizado en cada pesquería, si así lo exige el estado de las poblaciones. 
Un problema parecido se plantea con la definición de las pesquerías que figura en el anexo. 
Habida cuenta de que el esquema de pesquerías que allí se establece servirá no sólo para la recogida de datos relativos al esfuerzo pesquero, sino también como base de una posible decisión del Consejo sobre la limitación del esfuerzo pesquero, tal como se desprende claramente del artículo 5, no se debe infravalorar la importancia de la definición de las pesquerías que establece la Comisión. 
Ésta es demasiado rígida y sobre todo excesivamente burocrática, y no corresponde al modelo de pesquería existente en el mar Báltico. 
Asimismo, la división en subzonas tampoco no es necesaria para la gestión del esfuerzo pesquero. 
Para lograr el objetivo que aquí se persigue es más que suficiente considerar todo el mar Báltico como una zona. 
A nuestro parecer, en este contexto sólo es importante catalogar las pesquerías por especies perseguidas. 
Por mi parte, yo rechazo el anexo de la comisión en su presente forma y pienso que el enfoque simplificado que propongo responde plenamente a las realidades y sobre todo también a los intereses de los pescadores afectados. 
Señora Presidenta, los ánimos todavía están muy alterados por la anterior decisión en relación con el informe Baldarelli. 
En mi calidad de coordinadora responsable, yo debo recordar de hecho una vez más desde aquí que es posible que ocurra algo que ninguno de nosotros deseaba, a saber, la intervención de Estados Unidos en el espacio mediterráneo, que afectará a los pescadores italianos y, por lo tanto, a los pescadores comunitarios en general. 
Las explicaciones del Sr. Görlach no han sido correctas ni suficientes en este sentido. 
Sin embargo, naturalmente no me corresponde volver a exponer nuestra posición en relación con dicho informe una vez retirado, sino la relativa al excelente informe del Sr. Kindermann. 
El Sr. Kindermann ha manifestado con razón que por fin ha llegado el momento de integrar plenamente y en igualdad de condiciones a Suecia y Finlandia en la Política Pesquera Común europea. 
La Comisión ha presentado propuestas adecuadas para este fin. 
Aun así, el Sr. Kindermann ha considerado necesario proponer algunas mejoras en dos aspectos y ha presentado las correspondientes enmiendas, que el Grupo del Partido Popular Europeo respalda plenamente. 
Por lo que se refiere a la problemática general, yo debo añadir que la Comisión persigue una limitación de la flota que, en opinión de nuestro Grupo del Partido Popular Europeo, está fuera de lugar en cualquier caso. 
En efecto, una limitación de la flota como la que propone la Comisión ya se está regulando precisamente en estos momentos a través del IV Programa de Orientación Plurianual (POP) y no conviene anticiparse de este modo al mismo en el presente contexto. 
Por otra parte, nos encontramos ante una situación extraordinariamente favorable de las pesquerías del mar Báltico. 
El informe anual del Ministerio federal alemán de Alimentación, Agricultura y Bosques sobre la actividad pesquera alemana de 1996 también señala que las poblaciones de peces del mar Báltico continúan recuperándose. Esto es particularmente cierto en el caso del bacalao. 
También sigue siendo muy buena la situación de las poblaciones de arenques y espadines. 
¿Cuántas veces recibimos informes tan favorables sobre el sector pesquero? , dicho sea de paso. 
El segundo aspecto crítico de la segunda enmienda del Sr. Kindermann se refiere al modelo de pesquería. 
La propuesta de la Comisión parece poco factible en este aspecto. 
El ponente así lo destaca también con toda claridad y propone, además, una alternativa razonable. 
En resumen, yo quisiera subrayar que la adhesión de Suecia y Finlandia ha supuesto la integración en la Unión de dos nuevos Estados ribereños del mar Báltico. 
Esto facilita la gestión global del mar Báltico y permite que sea más eficiente, puesto que los cuatro se rigen por las mismas normas. 
Nosotros contemplamos con satisfacción la perspectiva de posteriores ampliaciones de la Unión Europea no sólo por este motivo y sobre todo porque pensamos que la política pesquera es sólo una parte de la política europea y debemos velar para garantizar la igualdad de condiciones para todos. 
Muchas gracias, Sra. Langenhagen. 
Por lo que respecta a su comentario previo, debo decirle que yo no podía proceder de otro modo, puesto que los diputados han decidido por una mayoría de un voto- ha sido una votación muy ajustada- la devolución del informe a comisión. 
El resultado es muy claro y, por consiguiente, el informe ya no puede ser objeto de debate hoy. 
Señora Presidenta, en primer lugar deseo felicitar al Sr. Kindermann por un buen trabajo y porque ha presentado unas enmiendas abolutamente necesarias. 
Suecia es, como Finlandia, un país pequeño. 
La UE es mucho mayor, y sin embargo propone una sistema mucho más detallado que el que hemos aplicado anteriormente en el mar Báltico. 
No estoy seguro, pero quizá sea positivo que no sea la Comisaria responsable de los asuntos de pesca, sino el Comisario Liikanen quien esté presente hoy y escuche estos puntos de vista. 
Creo que es vital que la Comisión tome nota de ellos y que los tenga en cuenta. 
Hemos pasado el límite en que la actividad pesquera sobrepasaba la capacidad de reproducción del pescado en la mayor parte de nuestras aguas. 
Por eso la exigencia de una pesca sostenida, de una actividad a largo plazo, significa que cabe limitar el esfuerzo pesquero de modos diversos. 
En Suecia hemos tenido en 50 años en la costa oeste, y recientemente en el mar Báltico, una sola acción de limitación. 
Hemos reducido el número de días permitidos para la pesca, mantenido una pausa durante el verano, y utilizado a los guardacostas como método eficaz de control, ya que si ellos no veían ningún barco, es que no había ninguno. 
Ahora estamos creando un sistema inexcrutable que es mucho más difícil de cumplir. 
No creo que esto sea bueno. 
Afortunadamente, el Sr. Kindermann ha presentado unas propuestas que simplifican el sistema propuesto por la Comisión, lo cual me causa gran satisfacción. 
Lo que quiero decir es que un requisito previo para que puedan aplicarse las propuestas de la Comisión en el mar Báltico es que se apliquen las que propone el Parlamento Europeo, y que espero que consigan una mayoría de votos. 
De otro modo tendremos que votar contra la totalidad de la propuesta. 
Señora Presidenta, soy nórdico y no acostumbro a felicitar por un informe sin un motivo que lo justifique. 
No obstante, felicito al Sr. Kindermann porque ha llevado a cabo unas buenas modificaciones con su propuesta. 
También tomo nota de que ha dicho que hay existencias suficientes de arenque chico, de modo que cabe aumentar los esfuerzos pesqueros en torno al arenque chico en el mar Báltico. 
Es un buen presagio en el debate sobre la continuación de la pesca de arenque chico para su utilización ulterior como forraje. 
Es necesario pescar arenque chico en el mar Báltico para contrarrestar el fenómeno de desoxigenación. 
Sin la pesca de forraje no podemos hacerlo del modo adecuado. 
La propuesta del ponente de reemplazar el anexo por un simple esquema es sencilla, necesaria y bienvenida. 
Es la mejor propuesta de las que aquí debatimos, y espero verdaderamente que la Comisión la apoye. 
También contrarresta la pesca costera que es típica del mar Báltico. 
Si el reglamento se aprueba, será una de las pocas buenas noticias que la UE haya aportado a la actividad pesquera de Finlandia, puesto que tendremos un registro de buques y de pescadores y acabaremos con el sistema descerebrado de pescar cotas máximas y de que todos salgan al mar al mismo tiempo, lo cual provoca caídas de precios y problemas para los pescadores. 
Finalmente comento una cuestión eterna: en el informe se traduce herring a arenque en sueco y en finlandés- los pescadores del Báltico se van a llevar una buena carcajada a nuestra costa. 
Debería figurar strömming en sueco, en finlandés silakka, lo cual debe figurar también en los anexos. 
Espero que se pueda corregir. 
Señora Presidenta, como he señalado anteriormente, la Comisaria Bonino con mucho gusto habría estado presente hoy aquí, pero en este momento se encuentra en una reunión del Consejo de consumidores. 
Se había dirigido por escrito al Parlamento sobre la cuestión, pero, desafortunadamente, no se ha podido modificar el Reglamento para que hubiese podido participar en el debate, por lo que paso a leer a continuación la respuesta que ella había preparado: 
La Comisión se muestra satisfecha del espíritu constructivo mostrado por la Comisión de Pesca y por el ponente, Sr. Kindermann. 
Demuestra el deseo de poner fin al periodo transitorio de Suecia y Finlandia para la integración del Mar Báltico en la política de pesca de la Comunidad. 
Si las partes desean que las listas de buques pesqueros sean ilimitadas, la Comisión no se opone a ello. 
Pero la ampliación de las listas aumentaría la capacidad de pesca, lo cual pueda entrar en contradicción con la política estructural, en particular, con los programas plurianuales. 
Aunque la Comisión está dispuesta a aceptar el espíritu de estas enmiendas, éstas, sin embargo, no son compatibles con la política de pesca de la Comunidad. 
Por lo que respecta al anexo, la Comisión considera que, desde un punto de vista administrativo, una simplificación sería naturalmente mejor. 
Sin embargo, si se aprueban las enmiendas se perdería una valiosa información, en particular, en lo que se refiere a especies de peces sensibles. 
Naturalmente voy a hacer llegar a la Comisaria Bonino el contenido del debate aquí celebrado con el fin de que ella pueda examinar nuevamente el asunto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.37 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Votaciones 
Señora Presidenta, quizás algún miembro del Grupo del PPE también quiera decir algo a propósito de la enmienda 2. 
La primera parte de ambas enmiendas es idéntica y, de hecho, teníamos la intención de retirar la segunda parte de las dos enmiendas. 
Yo no sé si así se ha hecho. 
Si el Grupo del PPE retira la segunda parte de su enmienda, yo también retiraré, en nombre de mi Grupo político, la segunda parte de nuestra enmienda, en cuyo caso sólo debería someterse a votación la primera parte de ambas, que es idéntica. 
Señora Presidenta, como ha dicho la Sra. Wemheuer, también nosotros, en el PPE, vamos a retirar la segunda parte de la enmienda Garriga Polledo, la enmienda nº 2. 
Señora Presidenta, a veces se crea una situación lamentable cuando los dos grandes Grupos políticos de esta Asamblea deciden retirar una parte- sin embargo, importante- de sus enmiendas. 
Así ha ocurrido ahora con la segunda parte de la enmienda del Sr. Wynn. 
No basta con decir simplemente que necesitamos controles, sino que sería preferible señalar que si éstos no surten efecto, también deberá responderse en consecuencia, y exactamente esto es lo que se dice en la segunda parte de la enmienda del Sr. Wynn. 
Por consiguiente, mi Grupo político desea que se mantenga esta segunda parte de la enmienda y yo solicito que se someta a votación. 
Señora Müller, queda muy claro. 
Su Grupo retoma entonces por su cuenta esta segunda parte de la enmienda. 
Por tanto, voy a someter a votación nominal la primera parte de la enmienda 2 y la enmienda 1 que es idéntica. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, le pido disculpas, había pedido la palabra antes de la votación, pero como se corre el riesgo de que el problema vuelva a presentarse, mi intervención no es vana. 
La enmienda 53 añadía algo al apartado. 
La petición de votación nominal se basaba en esta enmienda. 
Por tanto, debíamos haber votado primero la enmienda. 
Al hacerlo como usted lo hizo, primero el texto inicial y luego la enmienda, suscitó cierta confusión. 
Me sorprendería que la petición de votación nominal se refiera al artículo 3, apartado 3, primer guión de la Directiva. 
Señor Fabre-Aubrespy, efectivamente, habría podido procederse de ambas maneras, pero me parece que la votación ha sido muy clara para todo el mundo. 
Sobre la enmienda 63 
Señora Presidenta, se me ha solicitado que aclare la enmienda en cuestión con una pequeña enmienda oral. 
Querría que la palabra «y» que figura al principio de esta frase fuera sustituida por la palabra «pero». 
Esto no modifica el contenido, pero aclara a qué se refiere la cuestión. 
Es decir, se deberá leer: » pero en condiciones de clima ártico el periodo de verano abarca» , etc. Si les sorprende por qué se plantea este tipo de cuestión, la razón reside en que los Estados miembros que presentan condiciones de clima ártico no participaron en la elaboración del programa Auto Oil. 
Nadie ha explicado mejor este tema que el ex-Presidente de Finlandia, quien señaló en esta sala antes de la adhesión de nuestro país a la Unión Europea, que cuando los cerezos florecen en Estrasburgo, en Finlandia todavía se practica el esquí de fondo. 
Esta es la situación hoy, 10 de abril, en Finlandia. 
Para que todo quede bien claro, con la enmienda oral se obtendría: » El período de verano abarca desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de cada año, pero en condiciones de clima ártico, etc.» 
(El Presidente comprueba que no hay oposición a la presentación de esta enmienda oral) -Sobre la enmienda 64 
Señora Presidenta, tan sólo quiero formular en esta enmienda una enmienda oral idéntica a la que he realizado en la enmienda 63. 
Espero que se acepte. 
(El Presidente comprueba que no hay oposición a la presentación de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, mi Ministerio de Asuntos Exteriores me comunica que hay un error en el considerando M. Por lo tanto quisiera presentar una enmienda oral, con el acuerdo del Sr. Dupuis y del Sr. McMillan-Scott, que dice lo siguiente: » Acogiendo con satisfacción el anuncio hecho por las autoridades chinas en el sentido de que suscribirán el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y de que están estudiando la posibilidad de firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». 
(El Presidente comprueba que no hay oposición a la presentación de esta enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, he estado fijándome en el orden del día de hoy. 
Me parece que si vamos a seguir la práctica habitual, que consiste en que las votaciones tengan lugar desde la hora del almuerzo hasta las seis de la tarde, lo mejor sería que lo dijéramos así en el orden del día. 
Ésa no ha sido hasta ahora la práctica corriente. 
Las votaciones que tienen lugar a las 17.30 horas son para cuestiones de urgencia. 
El orden del día no indica si vamos a seguir votando sobre todo lo que está pendiente. 
Estimo que en el futuro deberíamos dejar bien sentado en nuestro orden del día qué es lo que vamos a hacer en cuestión de votaciones. 
Señora Green, que yo sepa, esto es lo que prevé el orden del día de la semana, en todo caso, esto es lo que he visto. 
Verifico en el orden del día de este jueves que indica: » a las 18.00 horas, o al terminar la votación relativa al artículo 47, llegado el caso, después de las votaciones de la mañana» , por tanto, figura tanto en el proyecto de orden del día de la semana, que reagrupa las diferentes jornadas, como en el orden del día de este jueves. 
Pensamos que en este informe y bajo la rúbrica «Gastos de la agricultura» se podía haber destacado que no sólo son inaceptables los gastos en concepto de cereales y arroz, sino también los de todas las otras partes de la PAC. 
El punto 24 debería en mi opinión llevar a la exigencia de una reforma de conjunto de la PAC con vistas a un verdadero recorte de las subvenciones. 
Informe Dankert (A4-0125/97) 
por escrito. (SV) Pensamos que este informe debería haber abordado la cuestión del derroche económico que constituyen los desplazamientos del Parlamento entre Bruselas y Estrasburgo. 
Además, debería destacar los enormes costes relacionados con los edificios que se están acabando de construir actualmente en ambos lugares. 
Se trata de un derroche económico que menoscaba la imagen que tiene la Unión entre los ciudadanos. 
Informe Mamère (A4-0096/97) 
No pueden sino aprobarse estas dos propuestas de la Comisión Europea, que se inscriben en una estrategia de conjunto «Auto Oil» basada en un análisis de coste rendimiento, en concertación con los sectores interesados. 
Están destinadas a conciliar preocupaciones medioambientales legítimas, con vistas a garantizar una mejor calidad del aire de nuestras ciudades, y las limitaciones de la industria comunitaria. 
No obstante, las nuevas exigencias planteadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor nos parecen demasiado restrictivas visto el estado actual de la investigación tecnológica y científica. Comprometen demasiado el equilibrio inicial. 
La delegación francesa apoyará la propuesta de la Comisión Europea, sin dejar de matizarla mediante restricciones consideradas realistas. 
Está convencida de que esta primera lectura abre un debate que podrá saldarse con una moderada mejora del texto. 
Efectivamente, sería conveniente reservarse la posibilidad de ajustar las normas obligatorias previstas para el año 2000, en una segunda etapa para 2005. 
Esta fórmula permitiría la verificación de la eficacia de las medidas así aplicadas, la consideración de los progresos tecnológicos que pueden esperarse y el efecto de otras fuentes de contaminación. 
Primeramente, cabe felicitarse por la iniciativa «Auto Oil» , cuyo objetivo es lograr un descenso significativo de la contaminación del aire con vistas al año 2010. 
Esta propuesta constituye el desenlace de una estrategia de conjunto, fundada en un enfoque coste/rendimiento y en la concertación de los principales sectores interesados. 
No obstante, queda de manifiesto que en esta etapa del procedimiento se precisaban algunas mejoras destinadas a equilibrar de nuevo la propuesta inicial. 
Efectivamente, algunas exigencias de los ponentes, que a mi juicio son realistas, podrán contribuir a reforzar la eficacia de estas disposiciones. 
Especialmente, visto que la duración de vida media de un vehículo automóvil en la Unión Europea es de doce años y esperando, por tanto, que el parque automóvil europeo se renueve al unísono de las nuevas exigencias, es necesario mejorar a la mayor brevedad la calidad de los combustibles para evitar castigar a los consumidores. 
No obstante, estoy convencida de que la disposición, desde ahora, de normas obligatorias para 2005 no constituye la mejor solución. 
A mi juicio, es más razonable proceder por etapas y beneficiar así de la evaluación de la eficacia de las normas ya en vigor. 
No hay que imponer desde ahora opciones que comprometan a nuestras industrias, cuando la tecnología evoluciona tan rápidamente. 
La tecnología permitirá, no me cabe duda, proceder a un ajuste diferido de la normativa para 2005, más pragmática, no obstante, en relación con los progresos técnicos realizados. 
La mejora de la calidad de los combustibles reviste gran importancia tanto para la salud pública y el medio ambiente como para la competitividad de la industria. 
Si se mejoran los combustibles se podrá incrementar rápidamente la calidad del aire, sobre todo reduciendo las emisiones del parque automovilístico más antiguo. 
La Comisión ha elaborado su propuesta sobre la base de consejos parciales y de datos obsoletos y, por ello, sus objetivos son demasiado modestos. 
La Comisión no ha tenido en cuenta en su enfoque «costes/eficacia» las investigaciones recientes, según las cuales las partículas pequeñas constituyen un gran riesgo para la salud. 
En los cálculos de la Comisión faltan los costes medioambientales externos. 
Los Gobiernos de Finlandia y de Suecia encargaron recientemente la elaboración de un estudio que muestra cómo la Comisión ha sobrevalorado los gastosque supone el paso a la producción de combustibles menos contaminantes. 
Los nuevos Estados miembros septentrionales no han podido influir en el programa Auto Oil. 
Por ello, sus condiciones climáticas excepcionales, excepcionalmente frías, no se llegaron a tener en cuenta. 
El ex-Presidente de Finlandia, Mauno Koivisto, señaló en esta sala, justo antes de la adhesión de nuestro país a la UE, que cuando en Estrasburgo florecen los cerezos, en Finlandia todavía se practica el esquí de fondo. 
Esto es lo que ocurre hoy, 10 de abril, y, sin embargo, según la propuesta de la Comisión, ¡en Finlandia ahora es verano! 
No obstante, el Parlamento, a propuesta de los Verdes, ha decidido modificar las propuestas de la Comisión incluyendo en la directiva sobre los combustibles la posibilidad de determinar el periodo de verano y de invierno con flexibilidad en función de las variaciones climáticas. 
Igualmente proponela inclusión en la directiva sobre los turismos de un test especial para el frío. 
En el próximo examen de la directiva habrá que pensar si se podría elaborar una categoría de calidad propia para la maquinaria de trabajo o incluso una propuesta separada de la Comisión. 
La Comisión no ha aclarado cuál sería la mejor combinación de tecnología de los motores, composición química de los combustibles y condiciones medioambientales especiales para reducir las emisiones de la maquinaria de trabajo. 
Informe Lange (A4-0116/97) 
El informe adopta una perspectiva general en lo concerniente a la reducción de las emisiones procedentes de vehículos. 
Los socialdemócratas suecos estamos muy a favor de las propuestas que presenta el informe. 
No obstante, queremos señalar que consideramos las enmiendas nº 25 y nº 39 de una configuración demasiado estricta. 
Consideramos erróneo que se enfoque exclusivamente el consumo de combustible sin tener en cuenta a los automóviles más grandes, construidos siguiendo criterios inspirados por la seguridad. 
En cambio desearíamos un sistema que, dentro de unos marcos razonables, estimulase al consumidor para que escogiese un automóvil económico en términos de consumo de gasolina y que se planteasen unos requisitos a todos los automóviles, tanto grandes como pequeños. 
Pensamos que falta esta perspectiva en el informe en relación con el requisito de un consumo de gasolina más bajo. 
Nuestra opinión en este asunto afecta naturalmente al informe Lange y al de la Sra. González Alvarez. 
Señor Presidente, estoy sumamente preocupado, al igual que muchos de mis compañeros, por los problemas relacionados con la contaminación del aire, sobre todo en zona urbana, y creo que es necesario reaccionar enérgicamente para mostrar la vía a seguir a todos los protagonistas afectados. 
Por ello, respecto a la calidad de la gasolina y el gasóleo, expresé un voto que coincide en gran medida con el de nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y que exige un esfuerzo que no subestimo por parte de los industriales del refinado. 
Sin embargo, creo que este esfuerzo es necesario y que puede dar frutos con bastante rapidez. 
Por lo demás, no debemos olvidar que, muy a menudo, el respeto de esta normativa también puede conseguirse añadiendo, en la gasolina, productos procedentes de los biocombustibles, de manera que nuestra severidad respecto a los combustibles actuales- como lo explicó muy bien ayer por la tarde mi compañero Edouard des Places- también es un estímulo para el combustible verde. 
En cambio, adopté una posición más matizada respecto al informe Lange relativo a los vehículos de motor, y me contenté con apoyar las propuestas negociadas con los constructores, que aportan ya importantes progresos. 
En efecto, creo que no hay que tomar una decisión sin evaluar de manera global la situación del sector. 
La industria automóvil europea- la primera del mundo- trabaja en un mercado de base sometido actualmente a muchas tensiones y que incluso se encuentra en regresión en algunos países debido a la incertidumbre de nuestros compatriotas respecto al porvenir. Ahora bien, este es el momento que la Comisión ha elegido para abrir completamente las fronteras a las importaciones de automóviles. 
En menos de tres años, a finales de 1999, las ventas japonesas en Europa serán totalmente libres. 
Mientras tanto, las cuotas ya decididas son eludidas por las fábricas japonesas directamente instaladas en nuestro territorio y, además, son constantemente incrementadas por la Comisión. 
A guisa de ejemplo, acabamos de enterarnos de que, el 26 de marzo pasado, el cupo de importación de coches japoneses en la Unión Europea acaba de ser incrementado para el año 1997. 
No puede pedirse a nuestros industriales que se pongan rápidamente al nivel de la competencia mundial y al mismo tiempo sobrecargarlos con nuevos costes. 
No olvidemos que los constructores de países terceros que no están sometidos a las mismas disciplinas en sus propios mercados pueden constituirse reservas y servirse de ellas como plataforma de lanzamiento para conquistar Europa. 
Es preciso estar consciente de estas realidades de la competencia internacional, al menos tal como non la impone el libre mercado que impera en la Comisión. 
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una propuesta coherente para una mejora considerable de la calidad del aire de la UE. 
Los valores límite y los requisitos aplicables a los automóviles nuevos han sido reforzados, y todo ello cuenta con nuestro apoyo. 
Es obvio que estos requisitos tienen un precio. 
La industria se queja, pero ha de comprender que la salud del hombre no se puede comparar con el precio de un montón de metal sobre ruedas. 
Estamos a favor de estos reforzamientos en consideración a nuestra salud y al medio ambiente. 
Por eso es imprescindible aplicar valores límite más rigurosos. 
La industria debe asimismo tener en cuenta que, a la larga, estos reforzamientos se convertirán en una ventaja competitiva. 
La industria europea del automóvil tendrá que estar preparada para competir con Japón y Estados Unidos durante los próximos años. 
Estos países, productores de automóviles, ya han fijado requisitos muy estrictos para los automóviles nuevos. 
Debemos seguir este modelo. 
Hay que desarrollar iniciativas para explicar a los consumidores la importancia del modo de conducir, como información sobre la aceleración y las altas velocidades. 
Si los Estados miembros accedieran a fomentar una conducción más favorable al medio ambiente, los consumidores responderían rápidamente con una actitud positiva en este sentido. 
El automóvil del futuro debe estar adaptado a nuestro entorno y al medio ambiente, ese es nuestro objetivo. 
El sector automovilístico es el responsable de más del 25 % de las emisiones gaseosas. 
Nuestras ciudades son irrespirables, los coches inundan nuestras calles y los camiones colapsan las autopistas. 
Los principios que fundamentan la política medioambiental se aceptan pero no se ponen en práctica. 
La prevención de las emisiones contaminantes; la internalización de costes externos en el sector de transporte y la protección de la salud de las personas y del medioambiente son una exigencia fundamental de los ciudadanos. 
Nuestro Parlamento debe asumir su responsabilidad. 
En el caso concreto que afrontamos hoy de medidas para reducir la contaminación atmosférica hay que afirmar, con rotundidad, que la posición que defiende el Parlamento Europeo va en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos y evitar que sigan aumentando los efectos realmente perjudiciales de la lluvia ácida, la degradación de monumentos históricos y la contaminación difusa en todo el ecosistema. 
Se necesitan medidas urgentes en el sector. 
Todos los ciudadanos deben saber que la mejora de la calidad de los combustibles es técnicamente posible y que es la premisa para poder introducir múltiples mejoras técnicas en los motores. 
Es una cadena de obviedades. 
Exigimos como ciudadanos aire puro para respirar. 
Esto conlleva intentar «coches limpios» que deben introducir convertidores catalíticos sofisticados. 
Pero para disponer de coches limpios se necesitan combustibles de calidad. 
Mejorar la calidad de las gasolinas y del diesel es un factor esencial para la mejora tecnológica de los vehículos. 
Por otro lado, la utilización de combustibles de calidad produce efectos beneficiosos inmediatos. 
Las propuestas del Parlamento Europeo no son voluntaristas. 
Son objetivos que pueden alcanzarse y se proponen para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente y para asegurar la competitividad de la industria europea del automóvil en el mercado global. 
Informe González Álvarez (A4-0117/97) 
Apoyamos estos dos informes como parte esencial de los trabajos que se llevan a cabo en Europa a favor de un medio ambiente mejor. 
Pero no podemos dar nuestro apoyo a la exigencia del Parlamento Europeo de unas disposiciones para el consumo medio de combustible consistentes en un nivel de 0, 5 l/milla para el año 2005 y de 0, 3 l/milla para el 2010. 
Estos valores límites neutralizarían gran parte de la industria automovilística europea. 
El desarrollo tecnológico de los últimos años, junto con la aplicación de unos medios económicos de corrección, ha hecho posible una fuerte reducción del consumo medio de combustible. 
Para alcanzar objetivos ambientales vitales la política debe mantenerse dentro de unos marcos realistas. 
Apoyo sin reservas este informe, que está patrocinado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. 
Es indispensable que la Unión Europea elabore una estrategia general para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos, a fin de economizar una cantidad mayor de combustible y para contribuir a disminuir las concentraciones atmosféricas de gases de invernadero (de los cuales la Unión Europea representa el 12 % del total mundial) , con lo que se limitará el cambio climático que está teniendo lugar en la actualidad. 
Permítanme que indique a este respecto que una de las recomendaciones fundamentales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, era que se aplicasen medidas a fin de conseguir, para el año 2000, que las emisiones de dióxido de carbono no rebasaran los niveles de 1990. 
Para conseguir estos objetivos la Unión Europea tiene que adoptar las siguientes medidas: rápida aplicación de las medidas «auto oil» que incluyen una propuesta de directiva que fije valores mínimos para las emisiones de vehículos a partir del año 2000; aplicación de una directiva sobre las especificaciones de calidad del combustible; introducción de una propuesta de la Comisión Europea que reduzca los valores máximos para las emisiones de gases de escape; introducción del acuerdo con la industria automovilística europea y con los importadores de vehículos de la Unión Europea para disminuir el consumo de combustible de los nuevos vehículos. 
Con arreglo a este acuerdo, que prevé un sistema de inspecciones, los fabricantes tendrán que reducir las emisiones medias de dióxido de carbono de todos los vehículos nuevos dentro de un período prefijado; estímulo a los consumidores para que adquieran los modelos que aprovechen mejor el combustible, mediante la introducción de incentivos fiscales; y necesidad de que haya mejor información para los consumidores acerca de las emisiones de dióxido de carbono mediante un sistema apropiado de etiquetas. 
Para acabar, aunque hay que obrar resueltamente en el plano mundial, incumbe a la Unión Europea dar ejemplo en el plano internacional y en el plano comunitario por lo que se refiere a la protección contra las emisiones de dióxido de carbono. 
El debate y el informe de la Sra. González Álvarez destacan de nuevo la importancia de convenir en un programa ambiental a largo plazo que tenga en cuenta las repercusiones de las emisiones de dióxido de carbono y otras emisiones tóxicas y la necesidad de mejorar el aprovechamiento del combustible y de reducir nuestra dependencia respecto de los recursos actuales no renovables. 
Mi principal interés es conseguir que los futuros programas enegéticos de la Unión Europea propongan medidas apropiadas para el desarrollo de una industria del combustible basada en los recursos energéticos renovables. 
La dependencia energética de Europa ha aumentado del 44 % al 52 %, y seguimos sin prestar atención a los recursos energéticos renovables. 
Esto tiene que cambiar. 
Los recursos energéticos renovables se hallan en tierra y las tierras son nuestro mayor recurso nacional y el único que puede generar materias primas para las fuentes alternativas de energía. 
Las fuentes alternativas de energía constituyen la oportunidad no alimentaria más provechosa y más aceptable ecológicamente de la tierra. 
A su vez, esta oportunidad fomentará la recuperación rural con la creación de puestos de trabajo para nuestras comunidades rurales. 
La tecnología correspondiente está ya disponible, y hay vehículos que funcionan con combustibles como el bio-diesel. 
El costo relativo del establecimiento de una industria del combustible basada en la utilización de recursos renovables depende, en sus primeras fases, de la actitud de este Parlamento y de los gobiernos nacionales. 
No hace falta decir que es indispensable que establezcamos un régimen fiscal que sea propicio al establecimiento de esa industria. 
Creo que la pérdida de ingresos derivada de la disminución de los impuestos indirectos quedaría compensada por el aumento de la actividad económica generada por la nueva industria y por las economías conseguidas con la reducción de las importaciones de combustible. 
La energía renovable puede vincularse de forma positiva con nuestro programa de desarrollo forestal, fomentando de este modo la máxima utilización de los productos derivados del sector forestal. 
Informe Ghilardotti (A4-0115/97) 
Señora Presidenta, estoy a favor de una disposición razonable y practicable de la carga de la prueba en los casos de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. 
No obstante, no pude votar ni a favor de algunas enmiendas, ni a favor del informe, porque va mucho más allá de lo necesario y juicioso para contribuir a una aplicación más correcta de la legislación comunitaria en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Talleyrand dijo que todo lo exagerado es insignificante. 
Si las exageraciones y las incongruencias jurídicas que figuran en el texto votado aquí en primera lectura fueran retenidas por el Consejo- lo que felizmente, no ocurrirátal directiva correría, no obstante, el riesgo de no ser insignificante para las mujeres, ya que desalentaría a los empresarios a practicar una política activa de empleo destinada a la mujer. 
¿Ahí queremos llegar? 
Espero que no, y espero la segunda lectura para que se reparen los estragos. 
Pensamos que el informe abarca en gran medida cuestiones importantes para la equiparación entre hombres y mujeres y para que se consiga un mercado de trabajo eficaz. 
La comisión y su ponente han presentado un informe excelente en lo esencial, pero pensamos que el informe ha ignorado una cuestión muy importante, el apoyo a la propuesta de la Comisión sobre el artículo 4.1 c. la propuesta de Comisión sobre el artículo 4.1 c incluye de hecho un factor importante para reforzar la posición del demandante en cuestiones de reparto de la carga de la prueba en casos de discriminación por razón de sexo. 
Al proponer que se elimine el artículo de la propuesta de la Comisión, el Parlamento se arriesga a contribuir al fortalecicmiento de la posición de los Estados menos progresistas del Consejo, lo cual sería poco afortunado. 
Además, pensamos que la enmienda nº 18 del informe relativa al artículo 7.2 (nuevo) , permite una interpretación que puede utilizarse en los respectivos Estados miembros para excluir de facto a personas de un sexo determinado de una serie de ocupaciones laborales. 
Pensamos que la enmienda nº 18 puede hacer que el informe incluya una propuesta que menoscabe lo que consideramos su objetivo primordial, consistente en presentar una base excelente para que se dé un paso esencial en el logro de la equiparación de hombres y mujeres y de un mercado de trabajo moderno. 
He aquí un ejemplo de una propuesta de la Comisión Europea que se traducirá en la pérdida de puestos de trabajo, principalmente para las mujeres. 
Según los propios especialistas jurídicos del Parlamento Europeo, su efecto será una reducción de la protección de la mujer en los 14 países que han firmado el Capítulo Social. 
Es paradójico que las mujeres británicas disfruten de una protección mejor en el marco de nuestra propia Ley de Igualdad de Oportunidades, en el marco de la jurisprudencia británica y en del Tribunal Europeo de Justicia, y en virtud de los Tratados. 
La propuesta de la Comisión reduce dicha protección, y eso es uno de los motivos de que el Gobierno británico haya vetado la propuesta original. 
La Comisión está procurando desbordar al Gobierno británico mediante la utilización del Capítulo Social. 
Tanto los laboristas como los demócratas liberales han prometido en las actuales campañas electorales que firmarán el Capítulo Social. 
¡Mujeres británicas, preparaos! 
Otra objeción que cabe formular es que en esta propuesta ha intervenido una comisión parlamentaria que no era la que tenía que intervenir: la Comisión de Derechos de la Mujer. 
La discriminación por motivos de género no es solamente un problema para la mujer: también el hombre es una víctima de esa discriminación. 
El hombre tiene que esperar más tiempo que la mujer a recibir su pensión. 
En Londres, el hombre no puede obtener sus títulos de transporte hasta que haya cumplido 65 años, mientras que la mujer los obtiene al cumplir 60. 
Esta propuesta de directiva debería haber sido remitida a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales o a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Otro motivo de objeción es que la propuesta de la Comisión está mal redactada. 
He comparado las versiones alemana, francesa e inglesa. 
Por ejemplo, la versión inglesa habla de las pruebas de discriminación «prima facie». 
Ni la versión alemana ni la francesa utilizan esos términos, cosa curiosa pues resulta que la versión inglesa es la única que utiliza el latín. 
La Comisión ha seguido adelante sin miramientos a pesar de la oposición de las principales organizaciones de empleadores de la Unión Europea: UNICE para las grandes empresas, UEAPME para las empresas pequeñas y medianas, y EUROCOMERCE para el comercio de distribución. 
Todas ellas temen que la propuesta se convierta en un factor litigioso. 
Una nota positiva: el rechazo de una propuesta presentada por miembros del Partido Laborista, encaminada a crear un fondo especial europeo para ayudar financieramente a los empleados que quieran demandar jurídicamente a sus empleadores. 
La equiparación entre hombres y mujeres y su tratamiento homogéneo en la vida laboral deberían ser una obviedad. 
Igualmente obvio debería ser que cada país tiene que configurar sus propias normas en este ámbito. 
He votado a favor del informe con la condición de que las normas de la Directiva sean unas normas mínimas que abran a cada país la posibilidad de elaborar o conservar las suyas. 
Esto también se menciona en en informe y en estas condiciones voto afirmativamente. 
A nadie le asombrará que se haya producido un amplio intercambio de ideas en esta Asamblea y en nuestro Grupo. Por otra parte, esto tiene la ventaja de que nuestra postura sea más ponderada y que mi Grupo haya votado con mayor convencimiento a favor de la resolución. 
Algunos intentan reducir el debate hasta convertirlo en litigio entre empresarios y trabajadores. 
Por supuesto, es cierto que los interlocutores sociales expresaron una opinión diferente cuando fueron consultados sobre esta propuesta. 
En lugar de subrayar esta discordia, el PPE considera preferible centrarse en la esencia de la cuestión: al fin y al cabo, ni siquiera se trata de nuevos derechos, se trata tan sólo de imponer judicialmente, si es necesario, el principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, tal como se concreta en el Tratado y en siete directivas. 
No se trata de un cambio completo: la idea central de la directiva ya se incluía en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Ni siquiera se trata de una inversión real de la carga de la prueba, sino de un desplazamiento. 
Este desplazamiento nos lleva a una situación en que en un pleito entre un empresario y un trabajador, o bien una persona sujeta al sistema de seguridad social y la entidad aseguradora o el regulador en cuestión, cada una de las partes ha de poner sobre el tapete los datos de que dispone y que son relevantes para la carga de la prueba. 
Con esta directiva se facilita al demandante la posibilidad de forzar un derecho subjetivo individual. 
Por otra parte, la directiva es un medio para que se respete un principio que tiene tal relevancia social que supera los derechos subjetivos y los intereses individuales. La directiva tiene por tanto un gran significado político. 
El único aspecto lamentable de este expediente es el hecho de que la base jurídica tuviera que encontrarse finalmente en el protocolo social, por lo que por de pronto esta directiva no es aplicable en el RU, con lo cual la Europa social vuelve a parcelarse más. 
Resolución sobre Albania 
Señora Presidenta, todo puede ser menos una fuerza de protección multinacional para la ayuda humanitaria. 
Se trata de un clásico contingente militar que ocupará los puertos, los aeropuertos, las vías de comunicación y las estaciones de ferrocarril, y que se propone intervenir para restablecer el orden público, desarmar a las poblaciones, proteger y garantizar al Presidente Berisha, al Gobierno Fino, así como a organizar, en sesenta días, las elecciones políticas. 
A esto hay que añadir la propuesta del Gobierno italiano de cerrar por la fuerza en Albania todos los puntos de embarque de ilegales hacia Italia. 
Escudada en la mentira del mandato humanitario, acaba de empezar una peligrosa operación política y policial, a las ordenes del Gobierno de Roma, desautorizado y confusionista, que no está en disposición de garantizar nada, sino su debilidad y vaguedad de propósitos. 
Por otra parte, la Presidencia neerlandesa ayer resumió de esta forma tan cínica la situación: » Misión poco envidiable». 
Señora Presidenta, es una infausta coincidencia la que hoy ha acompañado en este Parlamento la aprobación de la denominada misión militar humanitaria de la OSCE en Albania. 
De hecho, hace exactamente cincuenta y ocho años iniciaba la ocupación de Albania por parte de la Italia fascista. 
Sin embargo, no es en absoluto un recuerdo histórico casual e improbable el que induce a los miembros italianos del Partido de Refundación Comunista, integrado en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, a manifestar y reiterar su más expreso desacuerdo con la resolución de compromiso que acaba de ser aprobada. 
A pesar de expresar la máxima comprensión con respecto a las peticiones y solicitudes formuladas por las fuerzas democráticas albanesas, por desgracia, estamos convencidos de que la misión de la OSCE, liderada por Italia, no sólo no puede ofrecerles satisfacción y apoyo alguno, sino que acabará acarreando un perjuicio, ojalá que no sea irreparable, a la causa de la democracia, de la vuelta a la normalidad y del restablecimiento de la paz en la sociedad albanesa. 
La intervención militar- ya que se trata de una intervención militar, al no existir una emergencia en materia de alimentos o de sanidad- corona la que el periódico Herald Tribune define hoy como una secuencia de trágicos errores italianos. 
Confiemos en que estos errores no proyecten sus funestas consecuencias sobre un pueblo amigo que en los últimos cincuenta y ocho años ha sufrido demasiado. 
En Italia y en Europa, nosotros, los comunistas, seguiremos actuando a fin de que esta insensata empresa militar termine cuanto antes, sin otras trágicas consecuencias para este pueblo que está al otro lado del Adriático. 
Votaremos en contra de la resolución común presentada por los seis Grupos políticos. 
Denunciamos de la forma más categórica la lógica de intervención en los asuntos internos de un tercer país, y en concreto, a través del envío de una fuerza militar multinacional, tal como se expone en la resolución firmada por las fuerzas conservadoras y socialdemócratas del PE. 
La UE continúa con su inaceptable política de apoyar las fuerzas que han conducido a Albania a la situación actual, intentando rescatar lo que pueda del autoritario, antidemocrático y rapaz régimen de Berisha, que ella misma ha impuesto y fomentado, y pasando por alto las consecuencias que esta política tendría para el pueblo albanés. 
La resolución del Parlamento Europeo, en lugar de exigir la inmediata dimisión del Presidente Berisha y la contribución de las organizaciones internacionales a la indemnización de los ciudadanos albaneses, que han sido robados por sistemas parabancarios de tipo piramidal con la bendición y la actividad especulativa de sus socios europeos y americanos; en lugar de exigir el cumplimiento de las justas demandas del pueblo insurrecto de Albania y la participación de los comités de los insurrectos en la restauración de la democracia y la reconstrucción de la economía en ese país, interviene en los sucesos internos en un reiterado intento de impedir que el pueblo albanés determine su propia suerte y su futuro. 
Las fuerzas conservadoras y socialdemócratas utilizan como pretexto la posición de determinadas fuerzas políticas en Albania para apoyar con entusiasmo la intervención militar armada mediante la presente resolución del PE, con la bendición de la ONU, aunque básicamente bajo responsabilidad del Gobierno italiano, cuya exclusiva finalidad es repartir de nuevo Albania, y la región de los Balcanes en general, en zonas de influencia. 
Estamos radicalmente en contra de cualquier tipo de intervención militar, sobre todo en el ámbito de los Balcanes, donde la presencia de fuerzas militares extranjeras provoca en cada vez más países un creciente riesgo de desestabilización general, en una región que se ha denominado «polvorín de Europa». 
Nos resistimos a legitimar y consolidar la lógica promovida por el nuevo orden de las cosas consisten en elevar las intervenciones militares a la categoría de requisito para solucionar conflictos internos o internacionales, igual que nos resistimos a que, bajo el pretexto de distribuir ayuda humanitaria, se consoliden los intereses imperialistas con presencia militar y a mano armada. 
Con gran determinación se debate en esta asamblea sobre el envío de fuerzas armadas a Albania con el fin de conseguir paz y seguridad. 
No obstante, una operación militar en Albania resultaría muy difícil y podría costar muchas vidas humanas, lo cual no puede medirse en términos económicos. 
El gran problema sobre el que todos estamos de acuerdo es cómo desarmar a la población. 
La idea que yo presento es que la Unión Europea establezca una oficina de compra de armas en Tirana. 
Les resultará mucho más barato a los países de la UE comprar las armas de la población que intentar hacer que las entreguen. 
Los albanos tendrán con ello una posibilidad de extraer unos ingresos que seguramente les compensarán por las pérdidas sufridas cuando muchos de ellos se sintieron tentados a participar en un juego de poder. 
Resolución sobre Hong Kong 
Mi preocupación por los acontecimientos actuales en Hong Kong es al mismo tiempo una preocupación por la estabilidad interna de China en conjunto. 
No se logra dejar claro al Gobierno de Pekín que la crítica del Parlamento Europeo no es en contra de China, sino a favor de la estabilidad en la región asiática, y en favor de la estabilidad en la aldea global a la que también pertenece China. 
Desde la liberalización económica, China no ha mostrado precisamente una actitud liberal con respecto a los derechos humanos y la democracia. 
Por otra parte, expreso mi deseo de que la misión de China en la Unión Europea intensifique los contactos y el diálogo con los diputados de este Parlamento a todos los niveles y con toda franqueza por ambas partes. 
Nos hemos abstenido en la votación sobre Hong Kong. Con ello queremos hacer hincapié en que las críticas de la resolución sobre la actuación de la República Popular China son correctas. 
Para nosotros es evidente que hay que defender la democracia y respetar los derechos humanos. 
En cambio, no estamos de acuerdo con la redacción del apartado 6 de la resolución. 
No vemos que existan motivos para que la UE o sus Estados miembros coordinen su acciones con Estados Unidos en este tema. 
Por ello nos abstenemos. 
(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
Señor Presidente, Señorías, honorable Comisión, todos confiábamos en que este nuevo debate de urgencia sobre la situación política en Belarús no fuese necesario. 
Esperábamos que el presidente Lukashenko encontraría una salida razonable a la vía irrazonable que él mismo había emprendido. 
Esperábamos que la aceptación de las reglas del juego democrático, tan largo tiempo aplazada, llegaría a hacerse realidad en Belarús. 
Hay muchos modelos democráticos, pero todos aceptan los derechos humanos fundamentales, entre ellos el respeto al Parlamento democráticamente elegido, la libertad de opinión y asociación, la libertad de prensa y la aplicación de procedimientos de control democrático. 
Los derechos humanos y el ejercicio de las libertades ciudadanas democráticas no son un lujo de unas sociedades occidentales decadentes, que no puedan permitirse los países en proceso de cambio político y económico. 
Son derechos ciudadanos de una comunidad humana mundial. 
Las ideas críticas son la sal de una sociedad viva y abierta. 
La libertad es un bien que pertenece a todos los ciudadanos. 
Esperábamos que se perfilara una solución que reflejase la situación anterior al referéndum. 
Esperábamos la introducción de reformas económicas de amplio alcance que permitieran materializar por fin los paquetes de ayudas financieras y económicas del FMI, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de Estados Unidos. 
Esperábamos que pudiera aplicarse el Acuerdo de Asociación y Cooperación y también el Acuerdo provisional entre la Unión Europea y Belarús. 
El objetivo de la política europea no es el aislamiento, sino cumplir con nuestro deber de enmarcar las medidas de ayuda financiera y económica en el contexto de nuestras ideas. 
El intento de establecer una cooperación regional más estrecha entre dos Estados amigos, como lo son Rusia y Belarús, es legítimo. 
No obstante, cabe temer que este acuerdo corresponda a una estrategia geopolítica defensiva frente a la ampliación de la OTAN hacia el Este. 
Primakov ya habla de una reducción de las repercusiones de la ampliación de la OTAN. 
Lo que yo temo es que se despierten ciertos temores nacionales y que algún día pueda llegar a parecer deseable la renuncia a la soberanía nacional. 
Las estrategias regionales y de cooperación no deben ser estrategias defensivas, sino que deben contemplar la opción de llegar a ser un interlocutor de confianza para todos los Estados vecinos y también para la Unión Europea y Estados Unidos, al igual que para las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están apoyando con abundante ayuda un proceso increíblemente difícil dadas las circunstancias e históricamente único de integración en un sistema económico mundial ya existente. 
Es de esperar que el presente borrador del Tratado entre Rusia y Belarús dé paso a un debate nacional amplio, que debería ser un debate abierto, democrático y controvertido. 
En la resolución común, nosotros pedimos a la Comisión que evalúe las consecuencias del Tratado y solicitamos encarecidamente que éstas se investiguen asimismo conjuntamente con el Consejo en el contexto de la misión de investigación común y que se nos comuniquen también sus resultados. 
El informe de la misión de investigación debe ser remitido, por otra parte, de inmediato al Parlamento. 
A pesar de las grandes manifestaciones, el Presidente Lukashenko se ha salido con la suya y ha firmado un Tratado de unión con la Federación Rusa. 
El modo en que se ha pergeñado este tratado caracteriza la conducta y la actitud autoritaria del Gobierno de Belarús. 
Afortunadamente, la parte rusa, por inducción de los nuevos ministros liberales, ha reducido considerablemente el alcance del tratado. 
El carácter evolutivo del actual tratado ofrece posibilidades para incrementar el debate y la mayor consulta antes de que tenga lugar una mayor integración. 
Este nuevo tratado sólo tiene posibilidad de tener éxito si se enmarca en una atmósfera de respeto de la democracia y los derechos humanos, si da espacio a los periodistas críticos e introduce una política digna con respecto a la minorías. 
Actualmente esta atmósfera no está presente. 
Afortunadamente, el Gobierno de Belarús ha prometido mejorar y se ha declarado dispuesto a cooperar con la Unión sobre la base de las propuestas de la Comisión Kosto. 
La Unión tiene que estar dispuesta a ofrecer ayuda, y nuestra dedicación es necesaria para fomentar la seguridad y la estabilidad en Europa Oriental. 
Es necesaria una mayor dedicación del Gobierno de Belarús antes de poder aprobar el acuerdo de asociación. 
Señor Presidente, desde noviembre se han producido enormes cambios en Belarús. 
Durante mi última visita en el mes de marzo tuve oportunidad de presenciar un cambio que no había visto en anteriores viajes. 
La manera en que se está procediendo con el presente Tratado, la escasa participación de la opinión pública, constituye una muestra característica del mismo. 
La realidad del país es que se condena a los parlamentarios y se les imponen penas de prisión y sanciones económicas, a pesar de que no han dejado de gozar de inmunidad. 
Por consiguiente, yo soy del parecer que no debemos dejar de invitar a estos parlamentarios. 
La respuesta del Sr. Lukashenko es muy propagandística, puesto que las citadas detenciones tuvieron lugar mientras la estaba escribiendo. 
La prensa libre ya no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. 
Ahora se amenaza con la suspensión de los periódicos, las últimas voces libres que quedan en el país. 
Es preciso, por lo tanto, que se apliquen efectivamente con toda rapidez las medidas del programa TACIS de democratización que todavía sean posibles y que se garantice que todos los sectores de la población tengan acceso a ellas. 
En estos momentos, lo más difícil es seguir manteniendo la ayuda para los niños damnificados de Chernóbil y yo recibo numerosas peticiones y quejas que manifiestan que las ONG tienen enormes problemas para hacer llegar la ayuda humanitaria a los afectados, sin obstáculos y sin continuas ingerencias estatales. 
Yo pido, por lo tanto a los grupos políticos, que acepten nuestra propuesta de enmienda oral en este sentido. 
También resulta inquietante e indicativa de la evolución estalinista del país, la creación de una organización juvenil estatal con rasgos fascistoides. 
Es importante desarrollar un diálogo, pero éste debe empezar por exigir que se cumplan los requisitos básicos para llevarlo adelante. 
Es importante asimismo respaldar la misión de un enviado de la OSCE, que ponga en marcha una mesa redonda en cuyo marco se promueva el diálogo con las fuerzas democráticos. 
En efecto, también es necesario que estas fuerzas democráticas reciban el reconocimiento que se merecen por nuestra parte y que no se conviertan en presa fácil de actuaciones dictatoriales. 
Señor Presidente, sólo una breve intervención para anunciar que el Grupo del Partido Socialista Europeo acepta la enmienda oral. 
Yo sólo puedo decirles que cuando escucho las noticias procedentes de Belarús, me recuerdan exactamente la primavera de 1938, la ocupación de Austria por Hitler. 
Se está utilizando exactamente el mismo estilo, la misma técnica, el mismo lenguaje. 
Se trata de un totalitarismo oculto, en cuyo contexto cabe citar otro aspecto al que lamentablemente se ha prestado muy poca atención, a saber, que el hundimiento de la República de Weimar en Alemania se produjo en su momento cuando los nacionalsocialistas y los comunistas alcanzaron conjuntamente la mayoría absoluta en el Reichstag. 
Y por mucho que se esmere Boris Yeltsin- a quien quizás todavía reconozco una cierta dosis de buena voluntadpor darle la vuelta a la situación, no debemos olvidar que en la Duma existe en estos momentos la misma combinación que había entonces en el Reichstag alemán. 
Por un lado, está todo el grupo aglutinado en torno a Sirinovski y, por el otro, están los comunistas, con lo cual existe una vez más una mayoría absoluta autoritaria que, si bien no hace nada positivo, sin embargo puede destruirlo todo. 
Esto es lo que resulta terriblemente preocupante de la evolución de los acontecimientos en Belarús. 
Por lo tanto, es obligado hacer todo lo posible para salir al paso de esta situación. 
Nosotros no podemos hacer gran cosa, pero en cualquier caso debemos hacer valer con la máxima firmeza nuestro punto de vista, debemos presionar con la máxima energía para que también nuestro honorable Consejo emprenda alguna acción inmediata ante esta cuestión. 
Señor Presidente, continuamente se adoptan gran cantidad de resoluciones en las que caben toda clase de proclamas, pero si no las dotamos de filo, las dictaduras totalitarias en el mejor de los casos se reirán de ellas y no se las tomarán en serio. 
Basta contemplar las continuas declaraciones del Sr. Lukashenko y cómo está destruyendo paso a paso la libertad en su país. 
La libertad de prensa prácticamente ya no existe, los parlamentarios, como muy bien ha señalado la Sra. Schroedter, ya están encarcelados. 
Debemos expresar, por lo tanto, con toda firmeza nuestra solidaridad con dichos parlamentarios, nuestra solidaridad con la oposición de Belarús. 
Y quizás también debamos exigir que nuestro Consejo adopte por fin una posición decisiva y enérgica ante esta situación. 
Éste es en realidad el quid de la cuestión. 
Finalmente, yo quiero darle encarecidamente las gracias a la Sra. Schroedter, que en su momento fue una de las primeras que viajó a Belarús y que vio lo que está ocurriendo allí. 
Todavía recuerdo que entonces muchos le reprocharon con sorna que estaba viendo fantasmas. 
Lamentablemente estos fantasmas están ahora aún más vivos que entonces. 
Puede que algo hubiera cambiado si hubiésemos reaccionado con mayor energía en aquel momento. 
Seguramente no hubiese sido así, pero en cualquier caso deberíamos haberlo intentado. 
Yo pido, por consiguiente, que se haga todo lo posible para ejercer presión sobre Belarús, pero también sobre Rusia, a fin de poder mantener la situación al menos parcialmente bajo control. 
Ésta podría conducirnos, en efecto, a una terrible catástrofe internacional a largo plazo. 
Señor Presidente, al igual que otros oradores me doy cuenta de la gravedad de la situación, tanto en la Federación como en Belarús, pero no consigo ver por qué, debido a las relaciones bilaterales con la Unión, no podemos discutirlo en este contexto y por qué lo tratamos ahora, cuando se habla de un tratado entre la Federación y Rusia. 
Por tanto, habría preferido que este Parlamento hablara hoy de las consecuencias que tiene para la política de la UE la sentencia que acaba de pronunciar el tribunal en Berlín hace dos horas. El juez considera demostrado que la autoridad superior iraní es culpable de la muerte hace algunos años de cuatro kurdos en el restaurante Mikonos. 
Esto es lo que deberíamos haber debatido. 
¿Qué es ese diálogo crítico al que nunca se dio un contenido? 
Esto sí que hubiese sido actual y también habríamos tenido que discutir si quizás el Congreso norteamericano está mejor informado que nosotros. Y quién sabe, quizás dentro de poco nos veamos obligados a examinar con mayor detenimiento la ley D ' Amato. 
Nuestros debates son el resultado enciclopédico casual de la importancia del distrito electoral, la ONG cuyos grupos de presión más éxito tienen, la afición por lo que está lejos y no puede verificarse, y por supuesto la voz decisiva del poder de los grandes partidos políticos. 
Señor Presidente, le pido que demos otro contenido a este debate de urgencia. 
Estuve en Ginebra, el Consejo no ha prestado atención a nuestra resolución y ha seguido con el debate sobre las ideas de los Estados miembros por separado. 
Señor Presidente, hable usted con los partidos políticos, dé otra forma y contenido a este debate de urgencia, pues de lo contrario acabará siendo un debate de urgencia sin sustancia, y no es lo que queremos. 
Señor Presidente, Señorías, la resolución común que nos ocupa no es, a mi juicio, oportuna por varias razones. 
Primeramente, juzga de antemano el resultado de las negociaciones en curso, cuando la Unión Europea espera del gobierno de Belarús una respuesta inminente a las preocupaciones que ha expresado. 
Parece que el gobierno de Belarús se encuentra ahora totalmente dispuesto a tener en cuenta la recomendaciones de la Unión Europea. 
Al adoptar hoy esta resolución, daríamos un paso en falso perjudicial a la imagen responsable que debe dar nuestro Parlamento. 
En segundo lugar, el proyecto de tratado entre Belarús y Rusia sólo puede analizarse en el marco, mucho más vasto, de la reestructuración de la Confederación de Estados Independientes, un problema que no puede dejarse de lado y que, sin embargo, la resolución común pasa totalmente por alto. 
Este tratado crea una unión abierta a otros Estados; propone un nivel de cooperación superior al de la CEI y, también, un nivel ya más elaborado de la cooperación multilateral entre Rusia, Belarús, Kazajstán y Kirguistán. 
Por tanto, es preciso poner de nuevo las cosas en su contexto. 
En tercer lugar, la resolución común me parece un tanto desvalorizada, no se los oculto, por la presencia, entre sus signatarios, de comunistas que no son los más indicados para dar lecciones en materia de libertades fundamentales y de lucha contra el totalitarismo. 
Por último, es ridículo hablar de un gobierno autocrático en relación con un gobierno que ha consultado al pueblo mediante referéndum el 27 de noviembre de 1996. 
¿Desde cuándo una autocracia hace referéndums? 
En toda la historia de Rusia, nunca vi un autócrata hacer referéndums. 
Basta consultar los manuales de historia. 
Por tanto, sería preferible aplazar el voto sobre esta resolución común, en lugar de no aprobarlo. 
La situación realmente está mejorándose gracias a las discusiones diplomáticas y creo que los discursos histéricos o bilaterales proferidos en este recinto no pueden sino crear un clima de desconfianza entre el Este y el Occidente, lo que realmente no beneficiará a nadie. 
Señor Presidente, yo suscribo plenamente la opinión de mis colegas Mann y Schroedter sobre Belarús. 
Sin embargo, quisiera aclarar una vez más una cuestión: Rusia no es una dictadura. 
Rusia ha iniciado el camino hacia una democracia. 
Desde luego, todavía no ha alcanzado el estadio en que se encuentran actualmente las democracias europeas occidentales y que nosotros desearíamos que también alcanzara en el futuro dicho país. 
Pero Rusia ha iniciado el camino hacia una democracia y nosotros debemos apoyar ese proceso. 
Por consiguiente, el sentido y el objetivo de la presente resolución también son comprobar qué repercusiones tendrá la Unión entre Belarús y Rusia para nuestras relaciones con esta última. 
El Acuerdo provisional con Belarús ha quedado congelado, lo cual es acertado, puesto que allí impera efectivamente una dictadura. 
Sin embargo, también tenemos pendiente de ratificación un Acuerdo de Asociación con Rusia y yo confío que ésta tenga lugar en las próximas semanas. 
En cualquier caso, desde el Parlamento Europeo debemos empezar a reflexionar cómo podremos relacionarnos con una Asamblea parlamentaria de dicha Unión, donde la mitad de los diputados carecerá de legitimidad democrática. 
Ésta debería ser nuestra preocupación en el marco del debate. 
Señor Presidente, la evolución política y económica de Bielorrusia es, ciertamente, un motivo de preocupación- particularmente, desde que se celebró en noviembre el último referéndum sobre la nueva Constitución-. 
Como se ha señalado, una misión de investigación enviada por la Unión Europea concluyó que tal referéndum podía ser declarado ilegítimo y que la Constitución no establecía una separación de poderes adecuada ni el debido control y equilibrio de los mismos. 
Como reacción a las conclusiones de esta misión, que fueron refrendadas por el Consejo de Ministros del 24 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia envió anteayer una carta a la Presidencia cuyo contenido será objeto de debate con los Estados miembros. 
El texto de la carta enviada por el Gobierno bielorruso incluye dos compromisos: en primer lugar, discutir con todos los diputados del XIII Consejo Supremo sobre los cambios constitucionales necesarios para establecer una mayor separación de poderes. 
En segundo lugar, discutir con la Unión Europea el establecimiento de un control independiente del funcionamiento y la posible mejora del marco jurídico vigente para la protección de los derechos humanos y la independencia de los medios de comunicación. 
El ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia tenía intención de viajar hoy a La Haya para presentar a la Presidencia del Consejo de Ministros, oficialmente, la reacción de Bielorrusia. 
También hoy el Comité Político del Consejo de Ministros de la Unión Europea debatirá sobre la situación política de Bielorrusia. 
En el caso de que la Unión Europea considere, finalmente, satisfactoria la reacción de Bielorrusia, la Comisión examinará la forma de apoyar acciones e iniciativas para ayudar a las autoridades bielorrusas a corregir la situación económica y política. 
La Comisión está siguiendo de cerca los pasos dados por Bielorrusia para profundizar su integración con Rusia. 
Y aunque el texto actual del Tratado constituye más una declaración de intenciones que una base de aplicación, la Comisión, naturalmente, va a estudiar con detalle la compatibilidad del Tratado de Unión recién firmado entre Bielorrusia y la Federación Rusa con las relaciones contractuales establecidas con la Unión Europea. 
Para ser aceptable, dicha integración ha de ser totalmente voluntaria, mutuamente beneficiosa, orientada hacia el exterior y compatible con las obligaciones internacionales, sin crear nuevos puntos de división. 
Éste es el punto de vista de la Comisión y, naturalmente, no les puedo dar información en este preciso momento del contacto mantenido con el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, ni tampoco del Comité Político del Consejo de Ministros, porque, precisamente, se están reuniendo en este momento, hoy, en Bruselas. 
Yo quisiera hacerle una pregunta adicional al Sr. Marín: ¿bajo qué condiciones está dispuesta la Comisión a iniciar un diálogo sobre la detención de los diputados y otros graves atentados análogos? 
La respuesta está en el texto enviado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia. 
En la carta enviada por el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, la primera condición es, como ya he señalado, discutir con todos los diputados del XIII Consejo Supremo, el «Parlamento» actual, sobre los cambios constitucionales necesarios para establecer una mayor separación de poderes. 
La negociación se está produciendo hoy. 
La Comisión y el Consejo de Ministros estarán en condiciones de poder sacar sus propias consecuencias políticas, una vez que se haya terminado esta negociación. 
En cualquier caso, como suele ocurrir en todas las negociaciones, el hecho de que el Gobierno bielorruso haya entregado una carta y desplace al ministro de Asuntos Exteriores para negociar con la Presidencia del Consejo se puede entender como que, al menos, hay voluntad de negociación. 
Señor Presidente, le ruego que me disculpe, pero mi intervención no se refiere a una cuestión de orden, sino que voy a hacer otra pregunta: señor comisario Marín, ¿tiene usted conocimiento de si el Consejo se propone remitir al Parlamento el informe de la misión de investigación? 
Y en caso afirmativo, ¿cuándo lo hará? 
No habrá ningún problema, señora. 
Vuelvo a insistir en que los directores políticos están reunidos esta tarde para hacer una evaluación de la propuesta del Gobierno bielorruso. 
Cuando termine la reunión, ustedes tendrán conocimiento de ello. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0288/97 de la Sra. André-Léonard y del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el Zaire; -B4-0298/97 del Sr. Tindemans y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en el Zaire; -B4-0307/97 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en el Zaire; -B4-309/97 del Sr. Hory y del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en el este del Zaire; -B4-0313/97 del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en el Zaire; -B4-0327/97 de la Sra. Aelvoet y del Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en el Zaire; -B4-0330/97 del Sr. Pettinari y del Sr. Carnero González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en el Zaire. 
Señor Presidente, Señorías, en los bosques del Zaire se esconden cientos de miles de refugiados, privados de cualquier posibilidad de recurrir incluso a la más elemental ayuda humanitaria. 
Entretanto, el Zaire se halla sumido en crudos combates, en los que participan soldados mercenarios extranjeros y en el país actúan también muchos dirigentes hutus, implicados en la masacre de los tutsis en Ruanda. 
¿Qué es lo que hace la Unión Europea en este contexto? 
Como mínimo, no podemos dejar de deplorar la escasa coherencia de su política, también en la región de los Grandes Lagos. Existe la tentación de hablar de otra derrota en el ámbito de la Política Exterior Común, en particular por lo que se refiere a la insuficiente coordinación entre el Consejo y los Estados miembros que a su vez forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por ello, son indispensables al menos tres iniciativas. La primera es la de pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que cree una fuerza internacional de paz, con el mandato de proteger a las organizaciones humanitarias, de desarmar las milicias hutus y de proteger las fronteras reconocidas por el Derecho internacional. 
La segunda consiste en subrayar el papel que deberá desempeñar el Tribunal de Arusha en el proceso de estabilización de la región de los Grandes Lagos, ya que el severo castigo de los responsables del genocidio de 1994 es una condición previa para impedir ulteriores matanzas. 
Tercera y última acción: es necesario reiterar la solicitud de crear corredores humanitarios a fin de ayudar a los centenares de miles de refugiados y personas desplazadas que hoy están sumidos en terribles condiciones en los bosques del noroeste del Zaire. 
Señor Presidente, Señorías, mi Grupo aprobará el texto de compromiso sobre el Zaire porque apoya y valora el espíritu de dicho texto, cuando se pronuncia contra la violencia de las armas, y a favor de la democracia y las elecciones, esperamos que lo exigiremos en todas partes, para que se solucione el problema de los refugiados- cada día siguen muriendo cerca de 200 personas -, para que se investiguen las matanzas cometidas allí y para que el tribunal actúe también allí, como ya se ha dicho, en las matanzas de Zaire Oriental, para que se realicen negociaciones políticas y para ofrecer ayuda humanitaria, y pide que se acuse más claramente a quien lo impide. 
Mi Grupo considera que en estos momentos tendríamos que haber hecho una declaración más enérgica sobre el futuro, para que la dictadura de Zaire no fuera sustituida por otra, porque todavía no ha empezado a preparar seriamente las elecciones, entre otras cosas efectuando un censo, para que la comunidad internacional no predicara nunca como principio la formación en África de Estados basados en la afinidad étnica. 
Mi Grupo considera inaudito que precisamente hoy, al final de un régimen superado, se siga diciendo, y cito el texto: que ha de encontrarse una solución política para la crisis interna del Zaire sin ninguna injerencia militar del exterior. 
Al leerlo, uno se pregunta si lo que dice el texto es una broma, bueno, también porque no se pregunta quién financia o apoya técnicamente las operaciones militares. 
Hoy atravesamos seguramente un momento histórico para Zaire y quizás para toda África, y es una pena que nuestro compromiso no se encuentre al mimo nivel que el momento histórico que vivimos hoy. 
Si este fuera el caso, quizás podríamos determinar un futuro objetivamente mejor para Zaire en África a través de nuestro texto. 
Señor Presidente, Señorías, ¿cuántas resoluciones se adoptaron no sólo en este Pleno, sino también en los demás foros internacionales, y cuántas resoluciones harán falta, antes de que se vislumbre en el horizonte una salida a la crisis zaireña? 
Es probable que muchas, habida cuenta del lenguaje a menudo bífido de algunas de las partes implicadas. 
La Cumbre de Lomé, celebrada el 26 y 27 de marzo bajo la égida de la OUA, pareció que abría unas perspectivas positivas, habida cuenta de los compromisos adquiridos por la delegación oficial del Zaire y por el representante de las fuerzas rebeldes, que aceptaron los principios de un alto el fuego y del inicio de negociaciones. 
Por desgracia, como sabemos, la situación sobre el terreno es totalmente distinta. 
Las negociaciones que se celebraron posteriormente en Sudáfrica y que ahora han quedado aplazadas, tampoco pudieron garantizar que se pusiera fin a las hostilidades. 
Por ello, invitamos a las partes a que respeten sus compromisos, públicamente suscritos ante la comunidad internacional, y pedimos con firmeza que se definan y adopten lo más rápidamente posible las medidas necesarias a fin de que se celebren elecciones libres y democráticas bajo supervisión internacional. 
Me permito recordar a sus Señorías, entre otras cosas, que las elecciones en el Zaire estaban previstas desde hace mucho tiempo y antes de que estallara el conflicto. 
La situación de los refugiados en el este del Zaire es absolutamente dramática y puede hallarse una solución sólo si existe una verdadera voluntad política, en particular de las fuerzas rebeldes. 
En consecuencia, pedimos al Sr. Kabila que permita a los refugiados acceder a los centros de aprovisionamiento, donde podrán recibir la ayuda humanitaria adecuada. Asimismo, pedimos que las ONG que actúan en la región gocen del poder y la libertad de movimiento necesarios para socorrer a los refugiados que siguen desaparecidos en el territorio. 
En lo que se refiere a las informaciones facilitadas por el ponente especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Roberto Garreton, sobre las matanzas de refugiados cometidas por las fuerzas rebeldes, insistimos para que se haga luz sobre la amplitud de la masacre y se adopten las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio de la justicia. 
Señor Presidente, Señorías, no estamos entre los signatarios de la propuesta de resolución, pero vamos a votarla, ya que estoy por lo menos tan desesperado como los diputados que acabo de escuchar. 
Es otro texto muy importante, pero que no tendrá ninguna incidencia, porque nos encontramos sobrepasados por los acontecimientos y no supimos, cuando aún era tiempo, ser lo bastantes firmes como para que la comunidad internacional actuara. 
En efecto, la rapidez de los acontecimientos nos sobrepasó. Las resoluciones que votamos hoy ya no son válidas porque el gobierno del Sr. Tshisekedi ha caído y ya ha sido reemplazado por el de un nuevo general. 
¿Es este gobierno ilegal o no? 
No lo sabemos. 
En resumen, estamos tremendamente sobrepasados. 
¿Qué negociaciones pueden entablarse puesto que el Sr. Kabila acaba de afirmar que no habría negociaciones antes de la partida del Sr. Mobutu? 
¡Todo ello se vuelve grotesco! 
Le recuerdo, señor Presidente, que lo que aquí nos importa- y apruebo lo que dijo el Sr. Tindemans- es asegurar la protección de los refugiados. 
No lo está. 
Que mueren en la selva, lo sabemos, y ahora lo vemos. 
Por tanto, ¡vamos a reaccionar otra vez cuando ya sea demasiado tarde! 
Hemos votado múltiples resoluciones para tener acceso a los refugiados. 
¡No hay acceso! 
Tenemos al Sr. Ajello, representante de la Unión Europea, y realmente no participa en modo alguno, por el momento, en la negociación. 
Ahora, hay incluso, en esta resolución, un apartado nº 5 ¡que reprueba la intervención exterior! 
Pero, ¿qué quiere decir «intervención exterior»? 
Entendía que se trataba de Uganda, Rwanda, Burundi, pero nosotros mismos pedimos una «injerencia» y le doy un sentido positivo a esta palabra. 
Dicho de otro modo, antes de que la gente se muera, hemos deseado una intervención humanitaria no para obstaculizar el proceso político, no para proteger al Sr. Mobutu, nada más ajeno a mí que la idea de proteger al Sr. Mobutu. 
Confiesen que es un poco ridículo pedir que nadie intervenga, cuando los que intervienen nos impiden acceder a los refugiados. 
Evidentemente, puesto que ello nos dará buena conciencia, vamos a votar, una vez más, esta resolución, luego volveremos a casa y veremos las imágenes de la televisión, en las que veremos morir a la gente que era responsabilidad nuestra salvar. 
Señor Presidente, las informaciones que nos llegan del Zaire son cada vez más dramáticas y nos obligan a reforzar la acción humanitaria y, sobre todo, a emprender una iniciativa política de envergadura en pro de ese país y de toda la región de los Grandes Lagos. 
En realidad, parece que se está ante un cambio de rumbo importante, en el sentido de que, después de más de treinta años de feroz dictadura y de expoliación de su país, Mobutu Sese Seko parece que se dirige hacia el final de su régimen que ha sido y es la causa principal de la negación de cualquier principio democrático fundamental, de la violación sistemática de los derechos humanos y del dramático empobrecimiento de uno de los países potencialmente más ricos del mundo. 
Ayer mismo, sin embargo, Mobutu dio muestras de un nuevo acto de fuerza al substituir al primer ministro civil por uno militar y demostrar una vez más que la existencia de instituciones democráticas es sólo una farsa, aunque el hecho de haber obrado así no era necesario. 
Las estructuras políticas y militares del régimen se hunden con rapidez gracias al empuje de las fuerzas armadas de los rebeldes liderados por Laurent-Desiré Kabila, las cuales controlan más de la tercera parte del Zaire. 
En este momento, se sigue combatiendo en Lubumashi y en otras partes del país. Todas las informaciones que recibimos indican que hay miles de víctimas, centenares de miles de personas desplazadas y que las condiciones de vida de millones de refugiados, sobre todo en las regiones del este del país, son cada vez más espantosas. 
Ante esto, considero que debemos hacer algunas precisiones claras. 
Si algo de evidente en esta situación es que la solución de los problemas del Zaire no puede ser en absoluto militar. 
En consecuencia, es preciso que, por lo que pueda servir y por lo que puedan servir los interlocutores, el proceso de negociación entre el Gobierno zaireño y los rebeldes, puesto en marcha con los acuerdos suscritos en Lomé, siga adelante rápida y eficazmente a fin de llegar de inmediato al alto el fuego. 
Para lograrlo, es necesario que la mediación de las Naciones Unidas, dirigida por Mohamed Shanun, pueda realmente contar con la cooperación, además de Sudáfrica, de toda la comunidad internacional y ante todo de la Unión Europea. Al hablar de cooperación, me refiero tanto a la política como a la material. 
Se ha recordado justamente que el futuro del Zaire debe basarse en un régimen democrático que permita reconstruir material y moralmente al país. Se equivoca quien piensa que es suficiente sustituir un dictador por otro dictador. 
Y a esto deseo añadir que las organizaciones humanitarias deben acceder directamente y enseguida a todas las zonas del país y ayudar a los refugiados a fin de que, si lo desean, puedan reinstalarse en condiciones de seguridad en sus países de origen o si no seguir donde se encuentran actualmente. 
En cuanto al conjunto de países de la región, ante todo es necesario facilitar un marco de garantías internas e internacionales que permita a todo el mundo gozar de condiciones de seguridad. En consecuencia, le corresponde a las Naciones Unidas y a todos los países miembros de la misma, empezando por los de la Unión Europea, promover la organización de una conferencia de paz y, ante todo, decidir el envío de una fuerza internacional de protección. 
Señor Presidente, permítame concluir con un deseo, mejor dicho con una solicitud, esto es, que la Unión Europea y todos los Estados miembros, empezando por los que tuvieron y tienen intereses políticos y económicos directos en la región, desempeñen por fin un papel positivo y activo para solucionar los conflictos existentes y eviten apoyar a viejos o nuevos «amigos» poco presentables y poco fiables. 
Señor Presidente, Señorías, hace meses que venimos diciendo lo mismo respecto de la dramática situación de los refugiados, a la que ya se han referido algunos diputados, concretamente que tenía que haber un acceso, que tenía que haber posibilidades de ofrecer asistencia. 
No las hubo y en lo referente a esto último, todo el mundo sabe que sin el bloqueo de Ruanda con el apoyo de Estados Unidos, las cosas hubieran sido bien diferentes. 
No es porque se haya producido un genocidio en Ruanda- que siempre he condenado con toda claridad y con insistencia -, que a la postre se tenga el derecho de emprender acciones que desemboquen en otras masacres. No lo llamo un genocidio, pero sí masacres. 
En sí también es muy grave. Esta es la primera cuestión. 
La segunda cuestión es que nos enfrentamos a un tipo de guerra muy especial. El ejército de Mobutu, que saquea a su propia población y por lo demás no lucha, y el ejército de Kabila, que avanza y al que no le hace falta luchar, sino simplemente llegar. 
Ha habido ejemplos de cómo se ha conquistado la ciudad de Buta con un jeep y tres personas. Eso fue todo. 
Por lo tanto, en este sentido nos encontramos en una situación muy extraña. 
Pero el núcleo del problema que tratamos hoy es si la comunidad internacional seguirá jugando al juego de que cuando llega la hora de la verdad, sólo se reconoce el poder de quienes empuñan las armas. 
Esta es la situación que se crea ahora, con el resultado de que una vez más el pueblo queda totalmente fuera de juego y en muchos lugares del Zaire hay grupos bien organizados en la población que no quieren tener nada que ver, ni siquiera con los partidos políticos, pero que tienen una visión de su país, que quieren que en su país surjan situaciones democráticas. 
Considero que tenemos la tarea de ocuparnos de que esta población no quede fuera de juego y que no todo el poder recaiga en quien empuña las armas. 
Señor Presidente, el régimen dictatorial de Mobutu parece que por fin ha llegado a su ocaso, debido, por un lado, a los duros golpes sufridos a raíz de la victoria militar de los rebeldes en el Este y, por otro, a causa de la evidente inestabilidad política, tal como lo demuestran los hechos acaecidos ayer que llevaron a los militares al Gobierno de Kinshasa. 
Mi Grupo considera muy positiva la caída de Mobutu, ya que siempre hemos considerado el régimen zaireño como la verdadera fuente de inestabilidad para una amplia zona de la región de los Grandes Lagos. 
Ciertamente, dicha caída por sí sola no representa una solución a la crisis zaireña. 
Creo más bien, ya que existen muchos problemas, que es preciso seguir de cerca el trabajo llevado a cabo por el ponente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el Zaire, el chileno Sr. Garreton, que a su vuelta del este del Zaire afirmó que contaba con pruebas de las crueles matanzas y masacres cometidas por los rebeldes e incluso de la existencia de fosas comunes. 
Es preciso dedicar mucha atención a estos datos y, por esto, estimo que es justo pedir la creación de una comisión de investigación internacional que haga luz sobre las responsabilidades y la envergadura de las masacres y, sobre todo, considero que es necesario lanzar un llamamiento desde este Parlamento, también a través de nuestras resoluciones, al Gobierno de Kinshasa y a los rebeldes para que respeten los derechos humanos de la población civil. 
En particular, es preciso pedir al líder Kabila que permita a las organizaciones humanitarias controlar a los refugiados, ya que esta matanza de inocentes no puede continuar y la comunidad internacional debe poder intervenir. 
Desde el punto de vista político, por último, creo que la única solución posible a la crisis zaireña se basa en el diálogo y la negociación directa entre el Gobierno de Kinshasa y la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDLCZ). 
Todos estos factores podrán conducir a ese proceso de democratización del Zaire que, en mi opinión, es extremadamente urgente y necesario. 
Señor Presidente, creo que ningún texto, sin importar cuán excelente sea, no tiene, a final de cuentas, el derecho de darnos buena conciencia- estoy de acuerdo con los diputados que lo señalaron- pero, en lo que se refiere al fondo, este texto está destinado a la vez al Consejo, a los gobiernos y a la Comisión. 
Vemos que el régimen de Mobutu se desmorona, cae por su propio peso. 
No somos nosotros, ni tampoco las democracias occidentales las que hemos contribuido a ello. 
Pero también vemos llegar a alguien que despierta muchas interrogantes- me refiero a Kabila- al que creo que ahora es preciso dirigirse para decirle: » ¡No se convierta en el dictador que sigue al dictador !... 
Debe demostrar toda su buena voluntad para tratar de salvar a los refugiados, para tratar de encontrar una solución para ellos. 
Deberá darnos pruebas que demuestren qué tipo de régimen quiere instituir en el Zaire. 
¿Respetará como mínimo los derechos humanos, inaugurará, por fin, un régimen democrático? 
Por lo demás, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, si demuestra esta buena voluntad, para que por fin se den perspectivas al pueblo zaireño, porque se trata de este pueblo, que ha sufrido mucho el desorden, que ha sufrido la violencia, que ha sufrido el autoritarismo y que, quizás ahora, despierte una esperanza. 
Sin embargo, esta esperanza somos también nosotros los que debemos construirla, con este pueblo zaireño. 
Señor Presidente, la confusión que reina en el Zaire, la inestabilidad de la situación política y, claro está, la dilución de principios que revelan algunos comportamientos nos llevan a un análisis consensual para estigmatizar políticas económicas y sociales injustas. Deplorar el desorden y condenar un régimen que no logra convertirse a la democracia. 
Si existen fricciones, se dan, de hecho, sobre el siguiente punto: ¿cómo reaccionar? 
Cómo actuar, cómo ayudar a poner coto al contraste, obsceno, entre las riquezas del Zaire y la indigencia de los zaireños, cuyo patrimonio colectivo representa a pesar de todo el 10 % de las reservas mundiales de cobre- cuya proporción es del 3 al 7 %, contra una media mundial del 1 %, el 80 % de las reservas explotables de cobalto- cuyo curso mundial se ha duplicado desde 1991, y yacimientos de diamantes, oro y uranio. 
Son posibles dos respuestas, defendidas cada una con argumentos convincentes. La respuesta militar y la respuesta política. 
Además de que debemos habituarnos a no considerarlas siempre incompatibles si la fuerza debe ponerse al servicio de objetivos políticos claros- y es responsabilidad nuestra obligar a nuestros respectivos gobiernos a asumir las suyas- les diré muy claramente que mi preferencia se dirige a la respuesta política, porque, en primer lugar, es nuestra responsabilidad en tanto que parlamentarios y, luego, porque concibo mejor apelar a la inteligencia de los hombres que encerrarlos en el miedo y en el rencor. Y, por último, porque pienso en estas palabras de Martin Luther King, asesinado en abril de 1968 y que decía que la injusticia, dondequiera que se dé, es una amenaza contra la justicia en todos los lugares del mundo. 
Nuestra responsabilidad es dirigir un combate de ideales, es decir un combate político. 
Señor Presidente, hemos de confesar que, a pesar de la tragedia que está viviendo la masa de personas desplazadas de etnia hutu, no logramos encontrar una brizna de simpatía hacia esa parte de dicha población, responsable de las masacres de la minoría tutsi. 
Por otro lado, estimamos que deben considerarse responsables de dicha situación algunas diplomacias europeas que actuaron para promover sus respectivas estrategias geopolíticas y ex colonialistas más que en beneficio del progreso y la paz de estos países. 
En efecto, no olvidamos el apoyo ofrecido a las bandas de asesinos hutus, armadas gracias al soporte logístico de un país europeo, y el reciente envío a dicha región de un grupo de crueles mercenarios que tenían que oponerse al ejército de Kabila. 
El continuar apoyando a Mobutu significa cerrar los ojos frente a la incapacidad de éste de rodearse de ministros y funcionarios estatales dignos de este nombre. En consecuencia, apoyamos a Kabila, habida cuenta de que las informaciones que nos llegan de dicha región nos confirman su capacidad de abordar la crisis mucho mejor que su adversario. 
Dicho esto, consideramos que una ayuda humanitaria, organizada por la Unión Europea y por la ONU es improrrogable y, por lo tanto, apoyamos el contenido de la resolución común. 
Señor Presidente, la negociación de los acuerdos encaminados a establecer una paz global en la región del Zaire debe realizarse en el marco de una conferencia internacional. 
En este sentido se han pronunciado las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OUA. 
La declaración de la Presidencia de la Unión Europea del 17 de febrero y la resolución 1097 del Consejo de Seguridad del 18 de febrero son los documentos de referencia más recientes sobre la cuestión. 
No obstante, teniendo en cuenta que actualmente el centro de la crisis gravita en torno al futuro político del Zaire, es evidente que la estabilización interna de este país constituye una condición previa para el éxito de cualquier negociación regional. 
Para ello es necesario que cesen cuanto antes las hostilidades y se inicie el diálogo entre todas las fuerzas políticas del país. 
Debe mantenerse a toda costa la presión diplomática para lograr el cese de las hostilidades y establecer un gobierno de transición que reanude y lleve a término el proceso de democratización. 
La Unión Europea ha trabajado siempre en pro de este proceso y estamos dispuestos a seguir respaldándolo en cuanto lo permita la situación. 
En una segunda fase debería ampliarse el diálogo político a los agentes exteriores que han provocado el conflicto militar en el Zaire e iniciar una serie de negociaciones subregionales en el marco de la Conferencia Internacional sobre paz, seguridad y desarrollo. 
Y dicha Conferencia debe estar abierta a todos los países afectados y concebida como un proceso a largo plazo, no como un acontecimiento breve y puntual. 
Esto en lo que concierne a la visión general de la Unión Europea, que es bien conocida, sobre la crisis del Zaire. 
En cuanto a las intervenciones realizadas por sus Señorías, la Comisión reconoce como ustedes que la situación militar y política en el Zaire es muy volátil, es muy cambiante, y que naturalmente habrá que esperar a los acontecimientos. 
Pero en todo caso seguimos pensando que el diálogo político interno dentro del Zaire y el diálogo regional, una vez superada la crisis, tienen que ser elementos centrales para que finalmente Zaire pueda llegar al próximo siglo en otras condiciones, tal vez entendiendo su futuro de una manera diferente. 
Así lo desea, al menos, la Comisión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Chipre- B4-0286/97 de la Sra. Rothe y la Sra. Green, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Sr. Hatzidakis y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, del Sr. Kaklamanis, en nombre del Grupo Unión por Europa, del Sr. Monfils y del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en los «enclaves» en Chipre; 
Turkestán/China- B4-0289/97 de la Sr. André-Leonard y del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las violaciones de los derechos humanos en el Turkestán oriental (Xinjiang) ; -B4-0296/97 del Sr. Habsburg-Lothringen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en el Turkestán oriental (Xinjiang) ; -B4-0311/97 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo Coalición Radical Europea, sobre las graves violaciones de los derechos humanos en el Turkestán oriental (Xinjiang) ; -B4-0323/97 del Sr. Gahrton y de la Sra. Aglietta, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en el Turkestán oriental; -B4-0320/97 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la resolución de las Naciones Unidas relativa a los derechos humanos en China. 
Situación en las prisiones rusas- B4-0325/97 de la Sra. Schrödter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la tortura y los malos tratos en las prisiones rusas; -B4-0332/97 del Sr. Manisco, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en las prisiones rusas; 
Laos- B4-0291/97 de la Sra. Hardstaff y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la República Democrática Popular de Laos. 
Bosnia-Herzegovina- B4-0301/97 del Sr. Posselt y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las restricciones a la libre circulación en Bosnia-Herzegovina; 
Situación en Camboya- B4-0302/97 del Sr, Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Camboya; -B4-0306/97 del Sr. Pasty y del Sr. Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el deterioro de la situación en Camboya: -B4-0315/97 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Camboya; -B4-0328/97 del Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Camboya. 
Chipre 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, una vez más no ha sido posible que una delegación del Parlamento Europeo pudiera juzgar por sí misma, bajo unas condiciones aceptables, las condiciones de vida de los chipriotas griegos y maronitas en los enclaves de la zona ocupada de Chipre. 
Yo condeno con indignación, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, esta nueva afrenta del régimen ilegal del norte de Chipre contra la representación democráticamente elegida del pueblo europeo. 
Sabemos por numerosas informaciones que las condiciones en que viven los habitantes de los enclaves suponen un atentado cotidiano contra los derechos humanos y los derechos fundamentales. 
El tercer Acuerdo de Viena de 1975 incluía algunas disposiciones relativas a los enclaves. 
En el informe del Secretario General de la ONU de 1996 y también en el más reciente del 7 de febrero de este año se constata una vez más el burdo incumplimiento de este compromiso por parte de la administración turcochipriota. 
También se constata que las personas carecen de atención médica suficiente, lo cual constituye una infracción del Acuerdo de Viena. 
Sigue impidiéndoseles el ejercicio del derecho a la educación que les fue reconocido en Viena; en estos momentos un docente se hace cargo en Carpasia de la instrucción de todos los niños y niñas de diferentes edades, no existen centros de formación superior, los chicos mayores de 16 años y las chicas mayores de 18 que se trasladan a la zona libre de Chipre para estudiar no pueden regresar luego. 
Esto constituye ciertamente una infracción flagrante de las disposiciones del Acuerdo de Viena sobre libertad de circulación y reunificación familiar. 
Desde aquí exigimos con la máxima energía que se conceda a una delegación del Parlamento Europeo, concretamente en el marco de la Subcomisión de Derechos Humanos, la posibilidad de formarse su propia opinión al respecto sobre el terreno y de elaborar un informe. 
Pedimos asimismo que todos los órganos de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas contribuyan a una mejora de las condiciones para las personas que viven en los enclaves, si bien lo más importante es que se haga todo lo posible para garantizar el respeto general de los derechos humanos en Chipre, o sea que acabe la ocupación y se proceda a una reunificación de Chipre. 
Señor Presidente, tras la invasión de los turcos en Chipre en 1974 se firmó un acuerdo especial, el llamado «Tercer Viena» , que velaba por los derechos de los grecochipriotas y los maronitas encerrados en los territorios ocupados. 
Veintidós años después, el Secretario General de la ONU constata en un informe oficial que las condiciones de vida de los habitantes del enclave son realmente intolerables. 
Las tres maestras que se han quedado para impartir clases a los nios se ven enfrentadas a dificultades sin precedentes, mientras que los 20.000 habitantes que había en el enclave en 1974 se han reducido a 450 en la actualidad, precisamente por las constantes persecuciones a las que se ven sometidos. 
Aparte de todo esto, el régimen de Denktash se ha negado dos veces consecutivas- una vez el ao pasado y otra vez este, en la visita de la Comisión Mixta a Chipre- a permitir que los diputados al Parlamento Europeo vean la situación de cerca, puesto que las condiciones que Denktash puso para su visita eran desaconsejables para los diputados miembros de la Comisión Mixta. 
Señor Presidente, creo que ha llegado la hora de que nos movilicemos todos, tanto el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, por un lado, como las Naciones Unidas, por otro, para ver qué se puede hacer para solucionar este problema. 
Qué es lo que se puede hacer concretamente, no con declaraciones, ya que el número de las declaraciones es muy grande y, como hemos visto, no han tenido ningún resultado. 
Desde hace 23 años no sólo no se ha registrado ningún progreso en esta materia, sino que, al contrario, se ha retrocedido, y creo que ha llegado la hora de cambiar la dirección de esta evolución. 
Señor Presidente, como ya lo han mencionado, el drama vivido por los grecochipriotas enclavados en la parte ocupada de la isla dura desde hace más de veinte años. 
Ningún acuerdo, ninguna resolución han sido respetados y, como lo dijeron la Sra. Roth y el Sr. Hatzidakis hace todavía tres semanas, el dirigente chipriota turco, Sr. Denktash, ha impuesto condiciones inaceptables a la simple visita propuesta por la comisión parlamentaria mixta que tengo el honor de presidir. 
Esta situación es escandalosa. 
La Unión Europea es el paladín de los derechos humanos en el mundo entero, de la India a Argentina, de Brasil a Birmania, pero no es capaz de impedir las violaciones graves y repetidas de estos derechos que comete el ocupante de un país candidato a la adhesión a la Unión Europea a tres horas y media de avión de Bruselas o de París. 
Señor Presidente, deseo que esta resolución, sobre la que el conjunto de los Grupos emitirá sin duda alguna un voto favorable, no sea un mero trozo de papel, sino que se convierta en el preludio a una acción concreta y decidida de las autoridades europeas. 
Si este problema no acabara por resolverse sino con la muerte del último de los grecochipriotas de los enclaves, no dejaría de ser una mancha en nuestro estandarte de defensores de los derechos humanos. 
Señor Presidente, comparto lo que han dicho mis antecesores en el uso de la palabra y, naturalmente, también el contenido de la resolución. 
Permítanme tan sólo decir dos cosas, que creo que hay que decir con toda claridad. 
En Chipre se llevó a cabo una limpieza étnica y, además, en toda regla: a mano armada en 1974 y pacíficamente después. 
De 20.000 habitantes del enclave quedan 500 y esta limpieza étnica ha sido llevada a cabo con la audacia superflua de las tropas de ocupación frente a niños y ancianos. 
Esto por una parte, y hay que tenerlo presente. 
También entra en juego una segunda cuestión: la cuestión de la credibilidad o la falta de credibilidad. 
Se firman acuerdos, pero no se cumplen, ni por parte del gobierno que supuestamente dirige las tropas de ocupación en Chipre, ni por las supuestas autoridades locales. 
Esta falta de credibilidad, señor Presidente, que también se manifiesta en otros aspectos, hace que resulte muy difícil, por un lado, el acercamiento de la Unión Europea a la propia Turquía y, por otro lado, la participación de los turcochipriotas en las negociaciones de cara al ingreso de Chipre, que nosotros favorecemos. 
No obstante, nos decepciona mucho comprobar que por el momento es imposible propugnar este tipo de negociaciones. 
Señora Presidenta, Señorías, el problema es de hecho bien conocido. 
Yo no quisiera repetir, por consiguiente, lo que ya han dicho mis colegas. 
Además de expresar nuestra tristeza y nuestra indignación por tener que debatir una vez más esta cuestión, deberíamos reflexionar también un poco sobre lo que podemos aprender de ello. 
Yo pienso que podemos aprender que la concepción de las fronteras como muralla exterior y como frente avanzado que hemos difundido desde Europa a todo el mundo desde los tiempos del imperialismo augustiano y que ahora vuelve a reaparecer- también bajo la forma de limpiezas étnicas- es un modelo insostenible. 
Frente a él, debemos abogar en la ONU en favor de otras formas de inclusión reguladas por normas obligatorias, de unas fronteras entendidas como delimitación, que sin embargo también incluyan lugares de paso y zonas de superposición, y de una obligatoriedad general de los derechos humanos, que excluya la posibilidad de hechos como los que ahora están ocurriendo contra la población de los enclaves. 
Si lo logramos, también habremos avanzado mucho en nuestra política en relación con Turquía. 
Sólo me queda señalar una vez más que es particularmente de lamentar, desde esta perspectiva, que en los últimos tiempos los dirigentes de los Partidos demócratacristianos hayan considerado necesario intentar llenar además de contenido cristiano esta concepción de las fronteras como frente avanzado, como muralla exterior de la fortaleza Europa. 
Ante esto, mi respuesta realmente sólo puede ser de rechazo. 
Señora Presidenta, no pienso comenzar mi intervención si el Sr. Marín no deja de hablar con la Sra. Theato y decide escuchar a los diputados que intervienen. 
El Sr. Marín está aquí para escuchar a los diputados, atender a sus preguntas y observaciones y dar respuestas, no para hablar con la Sra. Theato, probablemente sobre el presupuesto y los ecus. 
¡Es precisamente porque la Comisión y el Consejo no hacen más que hablar sobre ecus, pasando por alto los derechos humanos y la dignidad humana, es por eso por lo que en 1974 había 20.000 grecochipriotas y maronitas en los territorios ocupados y hoy sólo quedan 500! 
Nosotros en esta Asamblea aprobamos resoluciones, pero ¡a ustedes les importa un bledo! 
¡Nosotros hacemos preguntas y ustedes nos ignoran! 
¡Es vergonzoso lo que ha pasado hoy en la Asamblea! 
Lo he observado desde el principio. 
No ha escuchado a ningun orador, ni al Sr. Monfils, ni al Sr. Papayannakis, ni a la Sra. Rothe, ni al Sr. Hatzidakis. 
No merece la pena que hable, porque si ustedes pisotean la dignidad humana, los derechos de los eurodiputados y la dignidad del Parlamento Europeo, entonces ¿qué puedo esperar yo del Sr. Denktash? 
No espero nada del Sr. Denktash. 
Usted nos ha preparado una respuesta escrita. 
Vendrá a leérnosla como si fuera un maestro y nosotros los alumnos habremos de creer que así habrá cumplido su misión. 
Es una vergüenza para la Comisión, ¡es una vergüenza! 
Sr. Kaklamanis, usted ha hecho algunas manifestaciones en contra del señor Comisario y yo voy a ofrecerle ahora al señor Comisario la oportunidad de exponer también su posición al respecto. 
Señora Presidenta, se trata de una pequeña cuestión de orden. 
Pido disculpas, porque efectivamente estaba hablando con la Sra. Theato de presupuestos. 
Pido disculpas, pues ha sido una falta de cortesía mía. 
La única explicación que puedo dar es que estoy de comisario de permanencia y tengo que ocuparme de muchas cosas a la vez. 
De todas maneras, reconozco que es una falta de cortesía. 
Lo que me parece perfectamente injusto es el resto de la intervención anterior, en el sentido de que a la Comisión Europea no le interesan los derechos humanos y de que estamos faltándole al respeto al resto del Parlamento Europeo. 
Creo sinceramente, que el Sr. Kaklamanis se ha excedido. 
En cualquier caso, le pido modesta y humildemente perdón. 
He cometido una falta de cortesía, pero insisto en, que es injusto aplicar la crítica a la Comisión Europea. 
Pido disculpas de nuevo. 
Yo creo que con sus palabras queda aclarado el incidente. 
La única cuestión que no se arregla es la cuestión de los enclaved people, y se eso se trata esta tarde. 
El informe del Secretario general de la Naciones Unidas a la Comisión de Derechos Humanos confirma que la situación de los enclaved people se está quedando estancada. 
Desde hace 22 años, la autoridades del norte de Chipre niegan, como se ha dicho, los derechos humanos más fundamentales a los griegochipriotas que viven allí. 
Desde hace ya 22 años, se viola el Acuerdo de Viena, firmado también por los chipriotas del norte, por Denktash, el líder de los chipriotas del norte. 
Como se ha dicho, el Sr. Monfils y la delegación de nuestro Parlamento han intentado ya dos veces visitar a los enclaved people. En ambas ocasiones, las autoridades turcochipriotas se lo han denegado, o lo han vinculado a condiciones inaceptables en el último momento. 
Esta resolución ha de dejar nuevamente bien claro a Denktash que para nosotros es esencial poder visitar a los enclaved people. 
Mientras Denktash siga violando de tal modo los derechos humanos, los derechos de las minorías en el norte, la relación con la otra comunidad seguirá degenerando. 
En interés de ambas comunidades es preciso encontrar una solución duradera para el conflicto chipriota. 
Esto está claro. 
El respeto por el Acuerdo de Viena III es lo menos que los griegochipriotas pueden esperar de sus vecinos, cohabitantes de la isla y compatriotas. 
Turquestán/China 
Señora Presidenta, la situación de los derechos humanos en China, está claro, es mala e incluso empeora. Ello se desprende también de los acontecimientos en Turquestán oriental. 
Pero ante todo esto: por primera vez desde los sucesos de la plaza de Tiananmen, los Estados miembros de la Unión Europea han dejado que China los separe en el marco de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
Es totalmente escandaloso, Señorías, señora Presidenta y señor Comisario, que la Presidencia neerlandesa haya quedado en ridículo después de pronunciar un discurso en nombre de los quince. 
La ausencia de una actuación conjunta, pese a esta intervención, y la ausencia de una resolución europea, son una bofetada a la unidad europea, a la credibilidad de la política exterior europea, a la política de los derechos humanos, pero sobre todo a todos los que piensan tener derecho a que se respeten los derechos humanos. 
La Unión ha de intentar salvar lo que aún sea salvable. 
Los Estados miembros han de seguir resistiéndose unitariamente a los intentos de China de borrar esta cuestión del orden del día. 
Además, lo digo con toda franqueza, y por qué no, los Estados miembros han de apoyar la resolución danesa. Dinamarca merece todos los elogios por la iniciativa que ha tomado. 
La amenaza china de tomar represalias contra Dinamarca es característica de la arrogancia de la política exterior china, y ha de ser para Europa razón de más para seguir una línea dura, una línea comprensiblemente dura frente a China. 
Esta línea dura tiene que prolongarse hasta el embargo de armas contra China. Realizando grandes pedidos, China intenta lograr apoyo para que, entre otros Francia, levante el embargo. 
La Unión ha de resistirse con fuerza a ello, y el paso de Hong Kong a China y el seguimiento de la situación en el Tíbet y Turquestán son sólo dos de las numerosas razones para resistirnos al levantamiento del embargo. 
Señora Presidenta, ante todo yo quisiera manifestar que acojo con gran satisfacción que el Parlamento Europeo se ocupe de los derechos humanos en el Turquestán oriental y, por lo tanto, también de los derechos humanos en China. 
En nuestra calidad de organismo internacional, tenemos una oportunidad única y también la obligación, como ya ha manifestado el Sr. Bertens, de ser los primeros en adoptar una posición clara frente a China, de expresar, en concreto, que los derechos humanos y los derechos fundamentales son indivisibles para nosotros y que, por lo tanto, en nuestra actuación política los tomamos en consideración en todos los países del mundo con los que mantenemos relación. 
En este contexto, yo también quisiera manifestar mi rotunda repulsa contra los representantes de los países que impidieron que la Conferencia sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptara una posición análoga. 
Se habla continuamente de diálogo crítico, pero la realidad nos demuestra a diario que en la mayoría de los casos éste sólo es una cobertura de intereses económicos y no surte ningún efecto frente a un Estado totalitario. 
Basta contemplar cómo cortejan ahora los máximos representantes del mundo occidental a los responsables de la masacre de la Plaza de la Paz Celestial. 
Volviendo, sin embargo, al tema del Turquestán oriental, es preciso decir que la situación allí se asemeja a un auténtico polvorín. 
Quien tuvo ocasión de escuchar ayer, como algunos de mis colegas aquí presentes, las explicaciones del representante de los uigures en el exilio, Erkin Albedekin, no puede dejar de ser consciente de que nuestra intervención es auténticamente necesaria. 
Es una antigua práctica de los chinos crear, a través de la regulación de los nacimientos y los traslados de población, un desequilibrio demográfico tan acentuado que impide que un país ocupado pueda seguir conservando su homogeneidad. 
Esto va acompañado naturalmente también de la destrucción de la cultura y la religión en esa zona. 
La clausura bien calculada de las escuelas coránicas y la detención de los profesores de religión son bien elocuentes en este sentido. 
La necesidad de una actuación del Parlamento es evidente en este caso y yo espero que muchos colegas sean conscientes de esta obligación. 
Señora Presidenta, pienso que se trata de una resolución importante y nuestros amigos del grupo comunista no podrán decir que nos ha influido el Congreso americano, en la medida en que es la primera vez que un parlamento toma posición sobre la cuestión del Turquestán oriental, es decir la provincia china de Xinjiang. 
La situación ahí es dramática: como lo acaba de decir el Sr. Habsburg, es comparable a la situación en el Tibet. 
Lo que ocurre hoy en el Turquestán oriental, es una verdadera política de genocidio por dilución étnica. 
Es importante que la Unión Europea tome una posición a este respecto. 
También es importante que demos otra señal al Consejo, que lamentablemente hace exactamente lo contrario de lo que nuestro Parlamento le ha pedido y que tuvo una actitud sumamente dividida en la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, como acaba de recordarlo el Sr. Bertens. 
Creo que es especialmente grave y que ello resalta la urgencia absoluta de una reforma de nuestra política exterior y de seguridad común. 
Creo que no puede seguirse así. 
Día a día se añaden nuevos elementos. 
Se ha hablado de las tentaciones francesas de exportación de armas. 
Pueden imaginarse las tentaciones a las que esta nueva ofensiva de los franceses en China va a provocar en otros Estados miembros. 
Pienso que la Unión Europea debe dotarse de urgencia de una verdadera política europea en el ámbito de los asuntos exteriores. 
Creo que sería especialmente importante tener información de parte de la Comisión y saber qué está preparando para Amsterdam. 
De lo contrario, en China como en otras regiones del mundo, cada vez estaremos más cerca del desastre, de la división, perdiéndose con ello las conquistas que hemos conseguido en cuarenta años de lucha en aras de la construcción europea. 
Señora Presidenta, Turkestán Oriental es otra de las muchas regiones problemáticas en cuanto a los derechos humanos en China. 
Cuando, tras la resolución de ayer sobre Hong Kong, adoptamos otra que afecta a China, sabemos que los chinos reaccionan. 
Ya hemos recibido una advertencia escrita del representante de la República Popular dirigida a la Unión Europea. 
En ella se dice que no aceptarán nuestra injerencia en asuntos de política interior china. 
Espero que los honorables representantes de China lean el orden del día y vean que no nos mezclamos en los asuntos de política interior en ningún lugar del mundo por lo que respecta a los derechos humanos- no estamos llevando una campaña contra China, sino a favor de los derechos humanos. 
Los derechos humanos no pueden ser barridos bajo la alfombra a causa de los intereses económicos. Por eso es tan lamentable que Francia, Alemania, España e Italia hayan dado prioridad a sus intereses por encima del respeto de los derechos humanos. 
Debo añadir que es una suerte que los pequeños Estados de la UE no se vean obligados a callar por causa de unas decisiones adoptadas por mayoría cualificada, y que sigan teniendo el derecho a hablar con voz propia. 
Es esto lo que hace que Dinamarca, con el apoyo de Suecia, y esperamos que de otros pequeños Estados de la UE, pueda seguir expresando sus críticas justificadas de las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en China. 
Señora Presidenta, señor Comisario, yo no quiero dejar de manifestar que todo Comisario y toda Comisaria, especialmente el comisario Marín, merece por principio un cierto respeto por parte de esta Asamblea y deberíamos observar la debida contención en su ausencia. 
Yo deseo hacer algunas observaciones con respecto a la resolución. 
En primer lugar, quiero manifestar que el Grupo del Partido Socialista Europeo condena inequívocamente cualquier atentado contra los derechos humanos, también los cometidos en China, que son abundantes. 
En segundo lugar, yo lamento muchísimo que la Unión Europea no haya logrado alcanzar una posición común en relación con China. 
Con respecto a la última intervención, yo quisiera señalar que nosotros tampoco aceptamos el argumento de que los temas de derechos humanos son asuntos internos. 
Tenemos el derecho y también la obligación de velar por su cumplimiento en todo el mundo. 
Sin embargo, no votaremos afirmativamente la presente resolución porque sus autores emplean, lamentablemente, un lenguaje y una terminología, en particular por lo que respecta a la situación geográfica, territorial y política, que no consideramos aceptables y que no contemplan en absoluto la posibilidad de establecer un diálogo auténticamente crítico con China. 
En efecto, si se habla del territorio chino y de los territorios anexionados, si se distingue entre China, Tíbet, Mongolia interior y el Turquestán oriental, con esta terminología, con este lenguaje, no es posible intentar establecer las conversaciones necesarias e iniciar un diálogo con China, aun cuando desde luego también es preciso que critiquemos los atentados contra los derechos humanos que allí se cometen y que intercedamos con toda firmeza para que se respeten. 
No olvidemos- y debemos tomarnos muy en serio todas las resoluciones y no escudarnos en que se trata de una mera resolución- que a corto o a largo plazo podría producirse, no por la vía de la negociación, sino por otra vía no pacífica, una ruptura, una desmembración de China en sus territorios, tal como se detalla aquí. 
Lo cual es algo que yo no desearía al mundo, ni tampoco a Europa. 
Si se hubiese deseado alcanzar realmente la unanimidad, se habría empleado otro lenguaje y en tal caso nosotros también habríamos podido votar afirmativamente la resolución, pero en las presentes circunstancias lamentablemente no nos es posible hacerlo. Por lo tanto, nosotros nos abstendremos en la votación. 
Señora Presidenta, hoy es un día de luto para el Parlamento, y los principales responsables de ello son los dos grandes Grupos. 
Han decidido que no debemos adoptar una decisión comunitaria independiente, rigurosa y concreta en contra de China. 
En un momento en que los gobiernos de los Estados miembros no se ponen de acuerdo sobre el tema de los derechos humanos frente a los intereses comerciales, el Parlamento decide no hacer nada. 
Hay que preguntarse cuál es el verdadero valor de este debate de actualidad y urgencia. 
¿Nos limitaremos a pronunciarnos, siempre que esto no encierre un peligro para nosotros? 
El Parlamento habría podido demostrar hoy su razón de ser, mostrándose claramente a favor de la prioridad absoluta de los derechos humanos en un conflicto entre los gobiernos de los Estados miembros. 
Si ésta va a ser la práctica en el futuro, sobra el Parlamento. 
La conclusión es que nos conformamos con corregir comas en las propuestas de directiva en lugar de influir en el orden del día político real. 
Justo antes de la Conferencia Intergubernamental, en cuyo contexto el Parlamento solicitará más poder, hemos decidido no utilizar el que tenemos. 
Es posible que esto sea un motivo de alegría para los gobiernos, pero hemos fallado a los ciudadanos y es a ellos a quienes representamos. 
Los ciudadanos no necesitan para nada un Parlamento que sólo se preocupa por el dinero, sino un Parlamento político. 
Señora Presidenta, ahora es el turno de Turkestán. 
Se ha inventado otro rincón de la inmensa China para unirlo a la cadena Taiwán- Hong-Kong- Tíbet- Macao, pedradas contra la China actual. 
Es una táctica que lleva la impronta, rescatada por algunos grupos, de la guerra fría. 
Nosotros también opinamos que hay que intervenir, cuando se trata de los derechos humanos y allí donde éstos no se respeten. 
Sin embargo, esto presupone la credibilidad de quién interviene, que debe respetarlos en su propio lugar, en su propia región. 
A la presente resolución, señor Presidente, le falta credibilidad, no está documentada. 
Socava la credibilidad del Parlamento al tratar este tipo de asuntos de forma no documentada. 
Señorías, han recibido informaciones de ciertas partes que tienen interés en crear este tipo de historias en torno a China, les han dado carácter oficial, han elaborando una resolución y la someten a debate. 
¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los documentos que lo prueban? 
En el fondo socavan la credibilidad del Parlamento y este es sólo uno de los motivos; me refiero a la resolución anterior, que siendo fidedigna, siendo documentada, no se tiene en consideración. 
De hecho, hay resoluciones del Parlamento no se tienen en consideración porque su validez está socavada. 
Es lo que sucedió con el asunto de los desaparecidos. 
¡Cuántas veces lo presentamos, con cuántos datos concretos! 
Nadie presta atención, porque el Parlamento pierde su credibilidad con tácticas como la de la resolución sobre Turkestán y, en consecuencia, su opinión deja de tener peso. 
Señora Presidenta, es evidente que los dirigentes chinos no han abandonado del todo el concepto político leninista si se continúa sin reconocer, dentro de su Estado, el derecho a la diferencia étnica, religiosa, cultural y también política a las distintas poblaciones que forman parte del mismo. 
En esta ocasión, estamos abordando la fuerte represión de la libertad religiosa en el Turquestán oriental que el año pasado supuso el cierre de más de 100 escuelas coránicas y el encarcelamiento de más de 180 religiosos, profesores y estudiantes musulmanes. 
En consecuencia, el leninismo y el estalinismo no han desaparecido en China si se sigue recurriendo de forma indiscriminada a la pena de muerte, al traslado de poblaciones y al control coercitivo de la natalidad. 
Todo esto puede modificar la composición étnica de esta región, mortificar la cultura del pueblo uigur y reprimir la práctica de la religión islámica. 
Con la misma dureza- lo repetimos- se tratan a las minorías católicas que sufren en la actualidad unos malos tratos insoportables y restricciones a su libertad religiosa. 
En consecuencia, Alianza Nacional apoyará la resolución. 
Situación en las prisiones de Rusia 
Señora Presidenta, en la presente situación seguramente jamás llegaremos a repetir con suficiente frecuencia que los derechos humanos no son un asunto interno, sino un asunto internacional. 
La Federación Rusa también ha suscrito la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional sobre los derechos políticos y ciudadanos. 
La Federación Rusa pasó a ser miembro del Consejo de Europa en 1996. 
No obstante, en las comisarías y prisiones rusas se sigue torturando a las personas con palizas y privándolas de oxígeno casi hasta el límite de la asfixia y se las obliga a permanecer en posiciones inhumanas y dolorosas. 
Los detenidos duermen hacinados porque carecen de camastros. 
Las declaraciones obtenidas bajo coacción se emplean como material probatorio en los procesos judiciales. 
Es preciso que la Comisión aborde con todo detalle estas circunstancias negativas en las negociaciones sobre la ayuda económica y que exija que se les ponga fin. 
Debe exigir que se derogue el decreto que permite prolongar 30 días la detención sin cargos. 
También debe exigir igualmente que se investiguen las torturas. Debe destinar una parte considerable de la ayuda en el marco del programa de acción y del programa TACIS de democratización elaborado conjuntamente con el Consejo de Europa a la mejora de la situación en las prisiones y a la formación de los guardianes de prisiones en un tratamiento de los presos que respete su dignidad humana. 
Señora Presidenta, ayer también escuchamos en esta Cámara algunas quejas contra las cárceles europeas. 
Éste es un primer punto. 
El segundo punto es, sin embargo, que Rusia se ha incorporado al Consejo de Europa y al hacerlo ha aceptado una serie de condiciones que también deben cumplirse en este sector. 
Del mismo modo que obligamos a nuestra gente a enmendar su conducta, también debemos hacerlo en este caso. 
Un trato humano también forma parte de la organización democrática de un sistema social. 
Y si deploramos nuestras propias condiciones, obviamente tampoco podemos cerrar los ojos ante situaciones muchísimo más graves en otros países. 
La Unión Europea ya colabora actualmente en este sentido en otros países a través de algunos programas. 
Yo acabo de visitar recientemente en Venezuela una de estas cárceles en las que contribuimos a apoyar programas de formación. 
Por lo tanto, podríamos intentar iniciar programas de ayuda también en este caso, pero es preciso que éstos además funcionen. 
Ésta es la exigencia que deberíamos formular con toda claridad. 
Según nuestra concepción, un sistema de cumplimiento de penas debe incluir también la reinserción en la sociedad. 
Es evidente, desde luego, que no podemos imponer todas estas exigencias a los rusos de la noche a la mañana. 
No obstante, deberíamos decirles con toda firmeza que las condiciones que prevalecen en sus prisiones, también particularmente en el caso de los jóvenes, no promueven una mejora, sino que más bien contribuyen a la propagación de la criminalidad, las drogas y la corrupción. 
Es algo que debemos decirles también en el contexto de su incorporación a la sociedad europea democrática con el ingreso en el Consejo de Europa. 
Laos 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas que han podido consagrar su tiempo esta tarde al examen de la triste situación de esas tres personas: Thongsouk Saysangkhi, Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong. 
Esas tres personas han estado encarceladas en una región remota de Laos desde 1990, y en 1992 se les condenó a 14 años de prisión. 
¿Su delito? Expresar su oposición al actual gobierno represivo de Laos y preconizar un cambio pacífico hacia un sistema pluralista de gobierno. 
Basaban su actuación en los acontecimientos del otoño de 1989 en Europa central y oriental, y quizá ese detalle nos imponga la responsabilidad particular de no olvidarlos. 
Se inspiraron en esos acontecimientos para preconizar un cambio igualmente pacífico hacia la democracia pluralista, en vez del régimen autocrático de partido único. 
Amnistía Internacional obtuvo recientemente una copia de los autos del juicio de 1992 que demuestra con toda claridad que no hubo sabotaje ni actos de violencia. 
Feng Sakchittaphong dijo en el juicio: » Deseo que el cambio democrático se produzca de forma pacífica, sin manifestaciones callejeras, sin confrontaciones ni derrocamiento». Esa declaración era suficientemente subversiva en Laos para merecer una condena draconiana. 
Amnistía Internacional ha obtenido pruebas también de las condiciones en que están encarcelados esos tres hombres. 
Permítanme que les lea lo que dice Amnistía Internacional: » Están encarcelados en régimen de incomunicación en un campamento para reclusos situado en una remota zona septentrional del país, en condiciones que representan una violación de las normas internacionales. 
No se les permite que hablen entre ellos, aunque están en la misma celda, y por lo visto los tres padecen problemas de salud que exigen tratamiento médico que no han recibido. 
A sus familias se les da raramente autorización para visitarles, y tampoco se permite que los reclusos manden y reciban cartas». 
Amnistía Internacional estima que esas condiciones de detención constituyen trato cruel, inhumano y degradante. 
Insto al Parlamento Europeo a que esta tarde, junto con Amnistía Internacional, reconozca a esos hombres como presos de conciencia y se esfuerce por obtener su liberación inmediata. 
Señora Presidenta, Señorías, mi intervención será naturalmente breve. 
He pasado la mayor parte de mi existencia en el ejercicio de la abogacía y sé que no hay palabras vanas, dondequiera que se pronuncien. 
Desde el fondo de su prisión, estos hombres esperan que alguien hable en su favor y se sabe que si Europa no siempre ha tenido conciencia de su fuerza ni de su influencia, mientras más lejos se está de su centro, más fuerte es el eco de las afirmaciones que aquí se hacen. 
Por tanto, es importante que el gobierno de Laos comprenda que no puede mantener negociaciones o acuerdos con la Unión Europea si trata injustamente y de manera- hay que decirlo- tan miserable como lo hace, a hombres que no piden sino justicia. 
Por tanto, espero que el eco de lo que aquí se diga se escuche en esa prisión. 
Bosnia-Herzegovina 
Señora Presidenta, yo acabo de estar una vez más en Bosnia y he constatado un enorme cambio allí. Un cambio que en muchos aspectos resulta francamente alentador. 
Se observan indicios de esperanza y uno de ellos es también que en Sarajevo se espera la visita del papa Juan Pablo II para el próximo fin de semana, no con motivo de un acontecimiento confesional, sino como símbolo del diálogo entre las culturas y las religiones. 
Para mí ha sido alentador constatar que esto es lo que está logrando, con su organización Napredak, el profesor Topic de Sarajevo, que es el encargado de preparar dicha visita. 
Croatas, serbios y musulmanes se preparan, por lo tanto, conjuntamente para este acontecimiento. 
Al mismo tiempo, también en las zonas de Bosnia-Herzegovina ocupadas por los serbios se observan iniciativas sumamente alentadoras que traspasan los límites de las confesiones religiosas. 
Así, por ejemplo, en la ciudad de Banja Luka, ocupada por los serbios, el obispo Komarica, que ya estuvo aquí en el Parlamento, y también el muftí de Banja Luka están empezando a manifestarse, con muchísimo efecto, en favor de los derechos de sus ciudadanos serbios ante la comunidad internacional. 
Éstos son sin duda indicios para la esperanza, indicios de que Bosnia-Herzegovina como comunidad de destino podrá seguir subsistiendo a pesar de sus terribles problemas. 
Por otra parte, existen violentos intentos de ruptura. Uno de ellos es la amenaza de la administración de la llamada República Srpska de dificultar o impedir los desplazamientos a Sarajevo de los ciudadanos de BosniaHerzegovina- que nosotros seguimos reconociendo como un Estado- residentes en su territorio, con el cobro de una tasa de 70 marcos alemanes- en marcos alemanes- que allí, naturalmente, nadie posee. 
A lo cual se suma, obviamente, el temor al registro. 
Es cierto que se trata de un fenómeno permanente, pero existe el riesgo de que se intensifique el próximo fin de semana, también en relación con las personas que están legalmente autorizadas a desplazarse allí, de conformidad con las leyes de la República de Bosnia-Herzegovina, a quienes tampoco se les concede el derecho de tránsito. 
Queremos protestar enérgicamente contra este hecho, a fin de evitar que este símbolo de esperanza no se transforme en un retroceso. 
Señora Presidenta, la inseguridad y la falta de un contexto político serio siguen siendo los principales obstáculos a la reconstrucción de Camboya, un país que tiene muchas dificultades a salir de las ruinas en las que lo ha dejado un cuarto de siglo en guerra. 
Por tanto, apoyamos las operaciones de supresión de las minas antipersonal en Camboya, única solución suceptible de liberar tierras y permitir a los agricultores explotar de nuevo los arrozales. 
El atentado con granada, en Phnom Pen, contra una manifestación pacífica de militantes del partido de la nación khmere, que causó 19 muertos y más de 100 heridos, se inscribe en ese renuevo de la tensión y la violencia política ante el que las fuerzas del orden muestran una pasividad provocadora y condenable. 
La comunidad internacional ya no debe tolerar las violaciones de los derechos humanos en Camboya, tanto más cuanto que aporta su apoyo financiero a la emergencia de una economía favorable a la estabilización política que requiere el fortalecimiento de una democracia aún demasiado titubeante. 
Sólo unas elecciones libres y justas, que integren a todos los partidos políticos capaces de hacer frente al terrorismo, son capaces de garantizar una paz interior durable. 
Por tanto, deseo que la Unión Europea pueda apoyar el desarrollo de estas elecciones. 
Señora Presidenta, una intervención muy breve para decir, en nombre de mi Grupo, que nos asociamos a esta resolución común subrayando la condena del atentado del 30 de marzo y tomando buena nota de la condena pública del atentado por quienes encabezan la coalición gubernamental. 
Consideramos que se debe valorizar el proceso electoral y que es necesario un acompañamiento por parte de las instituciones europeas de ese proceso electoral y manifestamos la esperanza de que este gravísimo incidente no vuelva a repetirse y no vaya a ensombrecer la celebración del escrutinio previsto para 1998 y que permitirá, por fin, que la población de Camboya exprese su voto libremente sin coacciones y con respeto de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, el líder de la oposición, Sam Rainsy, se esfuerza desde hace tiempo por fomentar la democracia y luchar contra la corrupción en Camboya. Intentan ponerle trabas en esta actividad. 
La democracia y el Estado de derecho aún no son especialmente fuertes en Camboya. 
Entre bastidores, el primer ministro Hun Sen reprime a las fuerzas democráticas del país. 
El atentado del pasado 30 de marzo no es la primera perturbación cruel de las reuniones de los partidos de la oposición. 
Hace año y medio tampoco se llevó a cabo ninguna investigación seria sobre otras actividades del gobierno contra la oposición. 
Muchos dudan de si esta vez, después de 16 muertos y 100 heridos, se actuará como es debido. 
El constante deterioro de la situación política en Camboya me preocupa mucho a mí y a mi Grupo, sobre todo con miras a las elecciones de 1998. 
La Unión ha de tomar medidas claras frente al gobierno camboyano. 
Si se pudiera hacer una advertencia para poner en marcha la llamada diplomacia preventiva, podríamos hacerlo ahora, por supuesto, no por medio de esta resolución, sino intentando realmente ayudar a esa frágil democracia a través de las Naciones Unidas y a través de la Unión. 
Señora Presidenta, el ataque con granadas de mano contra una manifestación pacífica de activistas del Partido Nacional Jemer en Phnom Penh, el 30 de marzo de 1997, nos llena de horror. 
El acto causó la muerte de diecinueve personas y centenares de heridos. 
El objetivo del lanzamiento de granadas era, sin duda, acabar con la vida de Sam Rainsy, dirigente del PNJ en Camboya y destacado líder de la oposición. 
Murió un vigilante. 
Lo inquietante es que la policía no intervino, que esto pudo ocurrir porque las fuerzas estatales lo permitieron. 
Y este hecho pone de manifiesto la situación que existe en Camboya. 
¡La Unión Europea no puede seguir aceptando esta situación! 
Podemos pedir que se establezca una comisión de investigación, la comunidad internacional debe recibir un informe sobre lo ocurrido. 
La impunidad de los atentados contra los derechos humanos, que es moneda corriente en Camboya, no puede continuar. 
El mejor medio son unas elecciones libres; unas elecciones libres e imparciales son la garantía de unas estructuras democráticas que pongan fin a esta situación y es preciso que presionemos conjuntamente en favor de este objetivo. 
Señora Presidenta, Señorías, un regimen se juzga según la manera en que trata a sus oponentes, y no sirve de nada que este régimen firme un acuerdo de cooperación con nosotros, con la Unión Europea, si trata a sus oponentes a punta de granadas o ametralladoras. 
Los dirigentes camboyanos deben saber, a través de nuestras palabras, que el escrutinio de 1998, su organización y desarrollo constituirán una prueba para saber si la Unión Europea debe perseverar en la vía de los acuerdos concluidos. 
Señora Presidenta, aunque debe acogerse con satisfacción el apoyo a un proceso de evolución democrática en Camboya mediante la celebración de elecciones libres, la estabilización de la democracia no podrá conseguirse mientras no se excluya totalmente de este proceso a los defensores y simpatizantes de los Jemeres Rojos. 
Por desgracia, se integró en el proceso de paz a este movimiento fascistoide de izquierdas, responsable del segundo holocausto de este siglo. 
Éste fue un error decisivo de las negociaciones de París. 
Nosotros instamos, por lo tanto, al Parlamento Europeo a insistir en el futuro en todas sus peticiones en que los Jemeres Rojos no deben poder intervenir directa ni indirectamente en dicho proceso político y también deben quedar totalmente excluidos del desarrollo democrático. 
Señora Presidenta, comenzaré a responder por orden cronológico a las preguntas sobre derechos humanos, tal y como han sido expresadas por los señores parlamentarios. 
En cuanto a Chipre: la Comisión, naturalmente, está perfectamente al corriente de la situación de los enclaves maronitas situados en la zona norte de Chipre. 
Quisiera recordar que, con motivo de la misión efectuada por el Consejo de Europa en febrero de 1996, el desaparecido Lord Finsberg había llamado la atención sobre los numerosos problemas que afectaban a la comunidad grecochipriota que habita en el norte de la isla. 
Y, efectivamente, el pasado mes de diciembre, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad lamentaron, una vez más, esta situación. 
La Comisión comparte la preocupación expresada por el Parlamento Europeo acerca de esos enclaves y considera que debería concederse, sin condiciones previas, el derecho a visitarlos. 
Estas dificultades son similares a las que encuentra la Comisión en las acciones que pretende llevar a cabo en el norte de la isla, acciones que son obstaculizadas por la naturaleza de las condiciones que suelen exigir las autoridades de facto de la zona. 
En cuanto a China y el Turquestán, la Comisión lamenta tener que constatar la imposibilidad de llegar a un consenso en el seno de la Unión Europea sobre la resolución relativa a China cuya presentación estaba prevista para la presente sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
La Comisión ha aprovechado todas las ocasiones que se le han presentado para evocar la problemática de los derechos humanos con las autoridades chinas, tanto en el marco del diálogo específico sobre los derechos humanos como en el más general del diálogo político global. 
La Unión Europea es partidaria de un enfoque positivo que permita lanzar las bases de una relación constructiva. 
Y a este respecto, se ha pronunciado a favor de acciones de cooperación en el ámbito del fomento de la dimensión humana en China, que puedan servir de principio de un diálogo efectivo con este país. 
Por lo que se refiere a los acontecimientos del Turquestán, la Comisión opina que, indudablemente, un diálogo directo entre las autoridades centrales chinas y los representantes de la comunidad uigur podría contribuir a encontrar una solución a los problemas que se plantean actualmente. 
Respecto a la situación en las prisiones rusas, la Comisión es consciente de la preocupante situación de las cárceles rusas y comparte la preocupación del Parlamento Europeo. 
Estamos recibiendo y supervisando informes relativos al estado sanitario de las mismas, a la deficiente alimentación y a los malos tratos mentales y físicos. 
A través de sus programas de asistencia y del programa TACIS Democracia y, en especial, en el marco del Programa LIEN, la Comisión está financiando varios proyectos para mejorar la situación humanitaria en Rusia. 
Junto con el Consejo de Europa, la Comisión financia una serie de proyectos destinados a prestar ayuda a Rusia para que pueda cumplir con los compromisos que precisamente asumió al convertirse en miembro del Consejo de Europa. 
En lo que concierne a Laos, claro está que la Comisión está al corriente del informe de Amnistía Internacional relativo al caso de los tres presos de conciencia y ha tomado cuidadosamente nota de su contenido. 
La Comisión, en este momento, está tratando de recoger nuevos elementos de información sobre los antecedentes de estos casos. 
Con este fin, ha solicitado a la Delegación de la CEE acreditada ante la República Democrática Popular de Laos que examine la situación, en estrecha consulta con los embajadores de los Estados miembros que tienen representación en Vientiane. 
Tan pronto como se disponga de nueva información, la Comisión volverá a ponerse en contacto con sus Señorías para comunicarles los detalles pertinentes de esta iniciativa. 
Bosnia-Herzegovina: la Comisión está de acuerdo en que la visita del Papa a Sarajevo constituye una importante oportunidad para unir a todos los habitantes de Bosnia-Herzegovina. 
Por consiguiente, la Comisión deplora que las autoridades de la República de Sprska hayan sugerido imponer un derecho de paso a las personas que crucen la línea fronteriza entre esta República y el resto de Bosnia para visitar Sarajevo, precisamente con el motivo de la venida del Papa. 
Este derecho atentaría, además, claramente, contra la libertad de movimientos de personas recogidas en los acuerdos de Dayton. 
La Comisión, en consecuencia, apoya firmemente los esfuerzos que se están llevando a cabo para persuadir a las autoridades de la República de Sprska de que reconsideren, urgentemente, este asunto. 
En cuanto a Camboya, en nombre de la Comisión Europea tengo que reiterar con firmeza los mismos sentimientos que ustedes han expresado- y que ya expresó también la Presidencia del Consejo de Ministros- por el atentado criminal que el día 30 de marzo provocó varias víctimas entre partidarios de la oposición que se manifestaban de forma pacífica y autorizada. 
Tras la firma de los acuerdos de paz de París, en octubre de 1991, la Comisión se comprometió de forma significativa con los planes de rehabilitación y reconstrucción del país que acogen numerosas iniciativas para consolidar el proceso de democratización y mejorar las condiciones de vida de la población. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la pronta firma de este acuerdo de cooperación, la Comisión Europea estima que las autoridades camboyanas deberían hacer lo posible para preservar las perspectivas de paz y el Estado de Derecho. 
En este contexto, la Comisión está contribuyendo al reforzamiento del proceso democrático con un programa específico para establecer un censo electoral transparente para las elecciones del año 1998. 
Y estamos interesados en firmar el acuerdo en abril porque- como usted sabe- dentro del acuerdo existe una serie de cláusulas que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia y el desarrollo de la sociedad civil. 
Aunque sea difícil de comprender que después de lo que ha ocurrido se vaya a firmar el acuerdo ya a finales de abril, pensamos que es una buena operación para las dos partes, porque, una vez que tengamos firmado el acuerdo de operación, la Unión Europea, como tal, tiene base legal y tiene legitimidad para dirigirse al Gobierno camboyano. 
Muchas gracias, Sr. Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de resolución (B40293/97) del Sr. Newens, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la situación en Yemen. 
Señora Presidenta, con anterioridad a la unificación del Yemen en mayo de 1990, los derechos humanos y las libertades democráticas recibían escaso respeto en Yemen del Norte o en Yemen del Sur. 
Después de la unificación se registró una considerable mejora de la situación hasta que estalló la terrible guerra de abril-julio de 1994, en la cual se derrocó a los antiguos líderes del Sur. 
Desde entonces se han cometido muchas graves violaciones de los derechos individuales. 
El reciente informe de Amnistía Internacional del 27 de marzo de 1997 habla de «desapariciones» , detenciones ilegales, malos tratos, palizas y torturas de los detenidos y condenas a muerte impuestas sobre la base de pruebas que no resisten un análisis serio. 
Otras organizaciones, como la Organización de derechos humanos del Yemen, Europa, han facilitado nuevas pruebas, entre ellas listas de víctimas, que no cabe pasar por alto. 
Además, está en vigencia un cruel código criminal que castiga con la flagelación, la amputación y la pena de muerte los adulterios y los actos contra la República y el Islam. 
Unas 1.250 personas que huyeron al extranjero después de la guerra civil no se atreven a regresar al país; sus bienes han quedado confiscados. 
Sin embargo, el Yemen ha suscrito muchos tratados de derechos humanos y ha adoptado muchas de las disposiciones de dichos tratados en su propia legislación. 
La razón de que no se observen esas disposiciones es que los abusos los cometen grupos armados, especialmente el servicio de seguridad política de las fuerzas de seguridad, que sólo tiene que rendir cuentas al Presidente. 
Esos abusos tienen que cesar y hay que adoptar medidas inmediatas para la liberación de los que siguen detenidos, hay que conmutar toda sentencia pendiente de flagelación y amputación, hay que suspender las ejecuciones y hay que permitir que los refugiados regresen a su hogar sin miedo a la venganza por haberse opuesto al gobierno. 
Es importantísimo que la Unión Europea preste ayuda. 
Soy resuelto partidario del nuevo acuerdo de cooperación, pero hay que supeditarlo a una mejora sustancial de los derechos humanos. 
Todos nosotros queremos que el Yemen mejore y se desarrolle y queremos que mejore la situación de los pobres y de los desfavorecidos, pero los derechos humanos y la reconciliación nacional son requisitos esenciales para conseguir lo que acabo de mencionar. 
Señora Presidenta, Señorías, Yemen es un país con unos antecedentes históricos sumamente difíciles: una división que duró varias décadas, dos sistemas, una parte sometida a los errores de la economía socialista. 
Ahora está haciendo lo posible para intentar encontrar su camino en un entorno difícil. 
Sus 18 millones de habitantes gozan de mayor libertad en muchos aspectos que los de muchos Estados vecinos de esa región. 
Yemen también ha procurado resolver de manera pacífica los conflictos regionales, como el contencioso por una isla del mar Rojo o los problemas fronterizos con el Estado vecino de Arabia Saudita. 
Los secuestros ocurridos en los últimos tiempos pudieron resolverse en un corto plazo con la eficaz colaboración del Gobierno, sin que hubiera que lamentar la pérdida de vidas humanas. 
El próximo 27 de abril deben celebrarse unas elecciones parlamentarias y yo apoyo plenamente el envío de observadores del Parlamento Europeo. 
Y sería un error, Señorías, amenazar con la retirada de la ayuda financiera, francamente decisiva, de la Unión Europea en tan difícil situación. 
Lo cual significa, distinguido colega Newens, que sólo podemos considerar su propuesta si se incorporan las enmiendas presentadas, que en gran parte también podrían contar con el respaldo de nuestro Grupo. 
El país está haciendo grandes esfuerzos para encontrar progresivamente una vía democrática en sus difíciles circunstancias. 
Se encuentra en una situación de aislamiento, puesto que los Estados del Golfo se niegan a aceptar a Yemen en su club elitista, a pesar de que la petición fue presentada y está pendiente de respuesta desde hace meses e incluso años. 
Yemen no está incluido en nuestro programa para el área mediterránea, ya que por desgracia no linda directamente con el Mediterráneo y tampoco existe un acuerdo de asociación con el mismo. 
Por lo tanto, sería un verdadero error seguir abandonándolo al aislamiento. 
Es un país que se ha ganado nuestro apoyo y los demócratacristianos apoyaremos la propuesta con las enmiendas presentadas. 
Sí, señor Friedrich, me temo que voy a empeorarlo aún más, pues he presentado algunas enmiendas. 
Me parece que la resolución del Sr. Newens es excelente, pero por desgracia no trata en absoluto los derechos humanos de la mujer, y por consiguiente he presentado algunas enmiendas para señalar la pésima situación de las mujeres. 
Esta ha empeorando realmente y es innegable que en estos momentos se desarrolla una legislación, que debería entrar en vigor después de las elecciones, en que se prohíbe a las mujeres testificar en los tribunales. 
Y es innegable que se está preparando una legislación para volver a permitir los matrimonios entre menores de edad, y en países donde se violan los derechos humanos, a menudo se violan todavía más los derechos humanos de las mujeres. 
Se actúa más represivamente contra las mujeres, y este es el caso también en Yemen. 
Por tanto, por precaria que sea la situación, no comprendo que la democracia cristiana considere que los derechos humanos pueden subordinarse a nuestras relaciones. Pienso precisamente que debería ser al revés. 
Señora Presidenta, la protección de los derechos humanos en Yemen y, en particular, la organización de elecciones libres y limpias, son cuestiones de especial interés a las que la Comisión presta toda la atención necesaria. 
La Unión y otros socios internacionales han destacado repetidamente, en sus contactos con el gobierno yemení, que las elecciones del próximo día 27 de abril constituirán una prueba para su sistema político. 
Al mismo tiempo, debemos reconocer que el desarrollo de las estructuras políticas en Yemen se está llevando a cabo en una situación interna y de relaciones exteriores particularmente difícil. 
La Comisión y otros donantes, entre los que se encuentran además la mayoría de los Estados miembros, han preferido por ello ofrecer una serie de medidas positivas para ayudar a Yemen a fortalecer sus estructuras democráticas. 
Así, la Comisión Europea destinó unos 700.000 ecus a ayudar técnicamente a la organización de elecciones, el control local y el fomento también de la participación electoral de la mujer, así como toda una serie de medidas de asistencia técnica para asesorar en todo este proceso. 
Claro, señor Newens, señor Friedrich y señora van Dijk, que sabemos que ha habido cuatro partidos de la oposición que, efectivamente, han decidido no participar en las elecciones. 
Pero piensen que, debido a la falta de ejercicio democrático, en este país todavía quedan 4.000 candidatos que representan a media docena de partidos, además de un gran número de candidatos independientes. 
Tampoco debería extrañarnos que este fenómeno se produzca, porque es la primera vez que este país se encamina hacia la normalización democrática. 
En consecuencia, la Comisión Europea y los Estados miembros han apuntado a una solución posibilista, porque efectivamente, y le doy la razón al Sr. Friedrich, hemos tenido que inventar con Yemen una solución sui generis. 
Solución sui generis porque es un país que, efectivamente, no tiene relaciones respecto a su entorno, porque los países del Golfo no le dan entrada en su club, al mismo tiempo que sus relaciones con el otro entorno político africano también son muy limitadas. 
En consecuencia, adoptamos la idea en el pasado de hacer un acuerdo de cooperación bilateral. 
¿Por qué? 
Por la misma razón que expliqué anteriormente en el caso de Camboya, y es que en el acuerdo de cooperación con Yemen, que se quiere firmar en breve, se ha incluido también la cláusula democrática de respeto a los derechos humanos. 
Y el día que tengamos el acuerdo de cooperación firmado es cuando tendrá la Comisión capacidad legal e internacional y legitimidad para poder desarrollar en este país programas que tiendan al desarrollo democrático del mismo. 
Por otro lado, y en lo que concierne a las elecciones, tengo que señalarles que espero que vayan algunos de ustedes, porque la Comisión ha negociado con las autoridades yemeníes que exista una comisión observadora internacional. 
Y de hecho esperamos que 40 observadores de la Unión Europea estén presentes en el proceso electoral. 
Creo que sería una excelente idea que- al menos los tres parlamentarios que se han preocupado por esta cuestión- decidan ustedes viajar a Yemen, para ser observadores de las elecciones. 
Sería una excelente idea, querido amigo Newens. 
Muchas gracias, Sr. Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0295/97 del Sr. W.G. van Velzen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la ayuda humanitaria a Bulgaria; -B4-0314/97 del Sr. Papakyriazis y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la ayuda humanitaria a Bulgaria; -B4-0317/97 del Sr. Goerens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la ayuda humanitaria a Bulgaria; -B4-0335/97 del Sr. Wolf y la Sra. Müller, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la ayuda humanitaria a Bulgaria; -B4-0299/97 de la Sra. Piha y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre una ayuda urgente a Carelia; -B4-0312/97 de la Sra. Ahlqvist y el Sr. Paasilinna, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la ayuda humanitaria a Carelia; -B4-0316/97 del Sr. Väyrynen y la Sra. Ryynänen, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Carelia y otras partes del noroeste de la Federación Rusa; -B4-0333/97 del Sr. Seppänen y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en la Carelia rusa; -B4-0334/97 de las Sras. Hautala y Schörling, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Carelia. 
Bulgaria 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el pueblo búlgaro sangra debido a la mala gestión que realiza desde hace años el ex partido comunista búlgaro y actual partido socialista. 
Triunfan la corrupción y el saqueo del país. 
Una gran pobreza, la hiperinflación e incluso la falta de pan fueron las consecuencias, y hubo que importar cereales a un coste elevado debido a la malversación, y eso que Bulgaria era el granero. 
Afortunadamente, el Presidente Stoyanov ha logrado convencer al partido socialista búlgaro de que no debía seguir adelante y llegó un gobierno provisional. 
Señora Presidenta, este gobierno provisional ha recibido una buena respuesta de la comunidad internacional. 
El G-24 ha puesto a disposición desde el Banco Mundial noventa millones de dólares de ayuda financiera en 1997. 
Esperemos que mañana el FMI conceda 688 millones de dólares para standby arrangements y la Unión Europea 250 millones de ecus de ayuda para equilibrar la balanza de pagos y 40 millones de ecus de ayuda social y estructural. 
Se trata de una gran señal de confianza de la comunidad internacional en este gobierno provisional. 
No sucede a menudo que un gobierno provisional reciba una señal tan importante, pero es asimismo una señal a la población búlgara de que somos solidarios, y además esperamos que sea una señal a la población búlgara para que el 19 de abril, cuando se celebren las elecciones, pongan fin a la mala gestión del partido búlgaro comunista cum annexis socialista que se ha perpetuado durante años y que opten por la construcción de un país y opten por una perspectiva constructiva, sabiendo que, por muy doloroso que sea, los próximos dos años habrá reformas. Pienso que la resolución en este punto es una expresión de nuestra solidaridad con el pueblo búlgaro. 
Señora Presidenta, Bulgaria, un país histórico de Europa, un país con un gran potencial humano y material, un país asociado con la Unión Europea con vistas a su adhesión, esta Bulgaria se encuentra en una situación muy difícil. 
Ha sufrido una gran crisis económica, social y, en consecuencia, política; esta crisis, aunque estalló hace pocos meses, tiene una trayectoria de muchos años, que comienza en 1989. Ahora ha culminado y, afortunadamente, se ha encaminado en la dirección del respeto a la democracia, es decir hacia las elecciones anticipadas del 19 de abril. 
Bulgaria se encuentra además en una situación difícil desde el punto de vista geográfico y geopolítico; es una situación delicada. 
Aun así, este país ha demostrado mediante importantes iniciativas y sacrificios su capacidad para ejercer de factor estabilizador de la región. 
Queremos volver a sealar la necesidad de mantener y ampliar la ayuda humanitaria, no sólo con destino a Bulgaria, sino a todos los lugares y en todas las formas en que sea necesaria. 
Señora Presidenta, Bulgaria todavía no ha logrado despegar desde el fin de la dictadura. 
Puede invocarse a su favor la herencia del pasado, entre la que se encuentra el peso aplastante de la deuda pública así como el embargo contra Serbia. 
En cambio, no puede negarse que la incapacidad de Bulgaria a iniciar las verdaderas reformas ensombrece singularmente las perspectivas de un país que, sin embargo, se fijó objetivos muy ambiciosos. 
Ultima constatación, he adquirido la firme convicción de que Bulgaria, a pesar de los esfuerzos que podemos exigir de ella, no podrá arreglárselas sola. 
Bulgaria, con sus problemas de una envergadura excepcional, suscita la cuestión de saber si los mecanismos de cooperación con la Unión Europea se sitúan efectivamente a la altura del desafío. 
Es preciso ayudar a este país más en su voluntad de llevar a cabo reformas profundas que en el plan humanitario. 
Ya se ha dicho algo al respecto y la intervención del Sr. Goerens ha sido también muy concluyente. 
Debemos preguntarnos si el tipo de ayuda y orientación que se ha ofrecido a los países de la Europa central y oriental para superar la crisis de la transición es suficiente. 
Desde luego, también está en juego el tema de qué fuerzas políticas actúan allí, y cómo y para qué actúan, de que la clase política, la nomenklatura y la mafia no están en condiciones de desarrollar su país ni tampoco es ésa su voluntad, como ya hemos podido constatar también en otras partes. 
No obstante, debemos interrogarnos sobre nuestra parte de responsabilidad: ¿qué podemos hacer para cumplir efectivamente las promesas que hicimos a los europeos orientales y también, precisamente, en relación con los Balcanes? 
Y en este contexto debemos preguntarnos con toda seriedad si nuestra ayuda no debería ir más allá de la mera ayuda humanitaria de urgencia. 
Carelia 
Señora Presidenta, yo quisiera hacer algunas observaciones con respecto a la resolución sobre Carelia y la región de Murmansk. 
Ante todo, quiero expresar mi satisfacción por que en el Parlamento por fin se debata sobre esta región, directamente vecina de la Unión Europea, pero tan alejada, que muy pocos la conocen. 
También acojo con satisfacción el hecho de que muchos diputados fineses de esta Cámara hayan suscrito la urgencia con total independencia de su adscripción de partido, como una indicación de que realmente se trata de un caso de necesidad y la ideología no debe intervenir para nada en ello. 
La república de Carelia y la región de Murmansk forman parte de la región económica septentrional de la Federación Rusa y, por lo tanto, se encuentran algo aisladas, por decirlo suavemente, por lo que respecta a la estrategia de transportes. 
Dado que esta región se ha resistido repetidamente a la ocupación rusa a lo largo del presente siglo, por su proximidad geográfica, lingüística y también cultural con Finlandia, así como por su fuerte voluntad de autodeterminación, en la actualidad naturalmente tampoco figura entre las regiones más favorecidas por la ayuda rusa. 
Aun así, es absolutamente inaceptable que Rusia ponga en estos momentos todas las trabas administrativas imaginables a la ayuda humanitaria destinada a dicha región. 
Es preciso añadir, además, que otras instituciones no estatales ejercen a menudo el control en la región. 
La última vez que yo mismo llevé ayuda humanitaria allí sólo pude escoger entre la algo dudosa alternativa de confiarme a la protección de la mafia rusa o a la de la organización de los antiguos combatientes de Afganistán. 
Hoy estamos a 10 de abril y aquí luce el sol, incluso a esta hora tan avanzada; en Carelia y en la región de Murmansk está nevando, hace frío, tienen temperaturas bajo cero y la gente se muere de hambre y de frío. 
Es sencillamente nuestro deber instar a la Comisión a que agote las posibilidades de todos los programas posibles, como TACIS, INTERREG u otros programas transfronterizos, y a que haga cuanto esté en su mano para ayudar a nuestros vecinos directos en esta situación inhumana. 
Señora Presidenta, la resolución sobre Karelia es extremadamente importante. 
Karelia es una región próxima a la UE y es importante que establezca una cooperación con la UE. 
Hay buenos ejemplos, puedo mencionar uno del mes de marzo de este año, en cuya fecha la provincia de Västerbotten en Suecia firmó un acuerdo de cooperación con Karelia. 
El autor sueco Stig Dagerman escribió una vez: » Para las épocas sin esperanza no existe peor prisión que el futuro». 
Estas palabras describen muy bien la situación actual para miles de personas de Karelia. 
Todos hemos seguido a través de los medios internacionales de comunicación la situación que reina en la región. 
Hay una necesidad aguda de ayuda humanitaria a base de envíos de alimentos, material sanitario y otros artículos de primera necesidad que deben llegar cuanto antes a la población de Karelia, ya que se encuentra en condiciones muy precarias. 
Cabe exigir a las autoriades rusas que estos envíos de ayuda lleguen a su destino y no se queden en algún punto intermedio del camino. 
La situación es grave, sobre todo para los niños de Karelia. 
Sabemos que actualmente hay 3.000 niños bajo la custodia de las autoridades puesto que sus padres no están en condiciones de mantenerlos. 
Aunque la situación es grave, no hay que limitarse a la ayuda de urgencia. 
Hacen falta unas acciones a largo plazo que fortalezcan la situación socioeconómica y la democracia en Karelia. 
La alarmante situación de la región puede convertirse quizá en un factor que haga decir a la población de Karelia que en tiempos pasados se vivía mejor y que desee volver al régimen anterior. 
Esto sería poco afortunado. El objetivo de una Europa libre y en paz exige que sigamos interesándonos por el futuro de Karelia, que también forma parte del propio futuro de Europa. 
Distinguidos diputados, no estamos hablando de beneficiencia, sino de un aspecto integrante de nuestros trabajos por lograr una Europa en paz y libertad. 
Procuremos extender, pues, nuestro interés ahora y en adelante a los ciudadanos de Karelia. 
Señora Presidenta, Karelia es naturalmente una parte integrante de Europa como puedan serlo Sicilia, Creta, las Islas Canarias o cualquier otra región europea sobre las que a menudo debatimos aquí. 
Karelia también forma parte de nuestra historia. 
Ha estado bajo dominio sueco, ruso, finlandés, y de nuevo ruso en la actualidad. 
Karelia se ha visto afectada por el caos reinante en Rusia en mayor medida que muchos otros lugares de este país. 
Karelia se ha visto arrasada por la terapia de shock errónea que los economistas de la Europa occidental han conseguido que siguiera Rusia. 
En este contexto la Unión Europea tiene naturalmente una gran responsabilidad. 
Se trata de una zona «caliente» donde puede estallar un conflicto abierto. 
En Karelia existe un Gobierno comunista de la República Autónoma del mismo nombre. 
En Finlandia existen grupos que desearían modificar las fronteras y de algún modo anexionar partes de Karelia. 
Es evidente que las condiciones socioeconómicas de Karelia influyen en el estado psíquico de los ciudadanos y hacen que aumente el peligro si no intervenimos y ayudamos a esta región. 
Está claro que la Unión Europea tiene una gran responsabilidad, en parte porque de modo indirecto y por diversos canales somos corresponsables de que la situación haya llegado al punto en que nos hallamos, en parte porque Karelia, como ya he dicho, es naturalmente una región de Europa. 
Señora Presidenta, los rusos se han precipitado en un extraño abismo. 
Se ha puesto fin al sistema comunista, pero el capitalista aún no funciona en absoluto. 
Una catástrofe se está produciendo en nuestras fronteras exteriores. 
Los envíos de ayuda procedentes de Finlandia han encontrado graves dificultades en la frontera. 
O bien el servicio de aduanas de Rusia no estaba presente o se trata de la una pura recaudación local, en la que las autoridades rusas deben intervenir cuanto antes. 
En 1992 la Unión concedió ayuda alimentaria a Rusia. 
Las mercancías se entregaron en tiendas de alimentación y los ingresos procedentes de su venta debían emplearse para ayuda humanitaria. 
En la mayor parte de los casos ocurrió lo contrario: naturalmente la gente compró en ese momento alimentos occidentales a precios más bajos, pero el dinero fue a parar a la mafia rusa. 
Por esta razón, ahora es indispensable que la ayuda se haga llegar directamente a sus destinatarios, las escuelas infantiles, las residencias de ancianos, etc., y que las autoridades locales puedan colaborar. 
De lo contrario, también esta ayuda irá a parar de nuevo a manos de la mafia. 
Señora Presidenta, sobran motivos para ofrecer ayuda humanitaria al pueblo búlgaro. 
Debido a la mala gestión del anterior gobierno, la situación ha empeorado de tal manera que la población está desesperada por el hambre y la miseria. 
La situación en los hospitales y los orfanatos es desastrosa. 
Resulta doloroso observar que las ONG tienen dificultades para lograr que la ayuda entre en Bulgaria porque todavía están en vigor numerosas medidas burocráticas heredadas de anteriores regímenes. 
Recientemente me he encontrado con el caso de una comunidad cristiana de Sofía que desde 1990 intenta que la reconozcan. Dado que no son reconocidos, no pueden alquilar un edificio y no pueden recibir la ayuda de iglesias hermanas de los Países Bajos. 
Ahora que la crisis es tan grande, es doloroso aquí y allí. Además, el hecho de no ser reconocido implica que una comunidad cristiana como esta es considerada secta e incluso tiene problemas con la importación de ejemplares de la Biblia. 
Por consiguiente, hay suficientes motivos para que la ayuda humanitaria vaya acompañada de estímulos para tomar rápidamente medidas que entre otras cosas impliquen el derecho a la libertad religiosa y por tanto el derecho a practicar libremente la religión. 
Señora Presidenta, Bulgaria está sufriendo una difícil crisis financiera y social. 
La elevada inflación, el desempleo y una subida en picado de los precios de los productos de primera necesidad han conducido en los últimos meses a muchas personas a una situación casi sin salida. 
Existen algunos buenos proyectos de la Unión Europea y sobre todo también de muchas organizaciones privadas de ayuda- tal como acaba de señalar el Sr. Blokland- que contribuyen a aliviar las necesidades más graves. 
Los niños, las mujeres, los enfermos y los ancianos necesitan ayuda urgente en este momento. 
El programa de lucha contra la crisis del Gobierno anterior fue aprobado y yo espero que el nuevo Gobierno búlgaro lo lleve adelante después de las elecciones. 
Se requiere con urgencia un programa de gobierno claro y una reestructuración de la economía, acompañada de reformas paralelas en el ámbito social. 
Los búlgaros necesitan el apoyo y la solidaridad de los europeos, puesto que forman parte de Europa. 
Bulgaria también necesita, además, nuestro firme respaldo, puesto que sus gentes han depositado grandes esperanzas en nosotros. 
Yo confío en que, después de las elecciones, el nuevo Gobierno juntamente con el Parlamento y, sobre todo, con la población búlgara, y también con nuestro apoyo, conseguirá superar esta crisis. 
Señora Presidenta, la escasez de alimentos en las regiones vecinas de Europa es una realidad. 
En Carelia y en otras zonas de Rusia fronterizas de la Unión, la situación de los niños y ancianos, en particular, ha seguido siendo especialmente difícil a lo largo de todo el invierno. 
Desde principios de año, se ha enviado ayuda urgente a la región procedente de Finlandia a través de la Cruz Roja y de la Sociedad FinlandiaRusia. 
Sin embargo, la situación no ha mejorado y por ello ahora es precisa toda la ayuda de la Unión. 
No obstante, se debe intentar utilizar los recursos propios y las organizaciones administrativas de la región en la medida de lo posible para lograr que la ayuda llegue a su destino. 
Con cargo al programa TACIS de la UE se está financiando actualmente un programa de desarrollo de la administración social y sanitaria de Carelia. 
Estos recursos deben aprovecharse también en el suministro de ayuda urgente, ya que de esta forma se fortalecerían las estructuras sociales que se están desarrollando en la región y sus propias posibilidades de resolver en el futuro este tipo de catástrofes. 
Considero que se trata de un asunto de gran importancia que debe tenerse en cuenta en esta ocasión. 
Señora Presidenta, en lo que concierne al problema de la ayuda humanitaria a Bulgaria, les confirmo que durante los últimos 6 meses la Comisión ha movilizado 73, 6 millones de ecus en concepto de asistencia a Bulgaria. 
Ello incluye un programa de asistencia social de emergencia PHARE por valor de 20 millones de ecus, una contribución de ECHO de 1, 1 millones para ayuda de urgencia de tipo médico y alimentario, así como 12, 5 millones de ecus con cargo a PHARE para importaciones de energía. 
El objetivo de la Comisión sigue siendo, en primer lugar, prestar apoyo al proceso de reforma económica y en segundo lugar, mantener el aporte de asistencia social para amortiguar el coste social de las reformas y reforzar la aceptación popular de las mismas. 
El resto del conjunto de medidas de asistencia de la Unión fueron presentados recientemente por mi colega Sr. Van den Broek en Sofía. 
Los términos son los siguientes: en primer lugar, un nuevo préstamo macrofinanciero de la Unión por valor de 250 millones de ecus. 
Por otro lado, 20 millones de ecus con cargo al programa PHARE para la asistencia técnica en la aplicación del programa de reformas del Gobierno. 
Y, por último, una asistencia social adicional en el marco de PHARE a los grupos más necesitados en Bulgaria por un total de 20 millones de ecus que vendrán a añadirse al programa ya existente. 
La Comisión, por otro lado, tomó parte anteayer en una reunión a alto nivel del G24 en Bulgaria. 
Gracias a varios compromisos de asistencia de países asociados al G24, pudo cubrirse el déficit de financiación de Bulgaria para el año 1997. 
También se concretaron compromisos de ayuda humanitaria y en noviembre tendrá lugar una nueva reunión del G24 para revisar el avance de las reformas en este país y recaudar fondos para la balanza de pagos de 1998. 
Por último, en nuestras relaciones con este país no debemos perder de vista el objetivo a largo plazo de su adhesión a la Unión. 
Por su parte, Bulgaria debe asumir, tras muchos años de retraso, los retos de la reforma, y resulta alentadora la clara voluntad política del Gobierno provisional para iniciar tales reformas, voluntad que habrá de ser ratificada, así lo esperamos, tras las elecciones generales del 19 de abril. 
En cuanto a Carelia, la Comisión está al tanto de la situación política y económica de las regiones noroccidentales de Rusia, situación que realmente es dramática- aunque, desgraciadamente, no sólo de Carelia, sino también de muchas de las regiones de la Federación Rusa-. 
El departamento de ayuda humanitaria de la Comisión, ECHO, examinará con cuidado cualquier petición concreta que pueda presentarse. 
Sin embargo, tengo que recordar, como ha sido señalado además por algún que otro parlamentario, que las organizaciones humanitarias se enfrentan a obstáculos cada vez mayores cuando intentan introducir la ayuda humanitaria a la región y a las dificultades que plantea normalmente el servicio de aduanas de Rusia. 
Este problema de los controles aduaneros ha sido ya presentado a las autoridades rusas. 
En cualquier caso, quiero hacerles una observación. 
Las dificultades han surgido, fundamentalmente, desde el momento en que en la estructura del nuevo Gobierno ha desaparecido la Oficina internacional de ayuda humanitaria y asistencia técnica que se encontraba antes enclavada en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Por el momento, el nuevo Gobierno ruso no ha adoptado todavía una decisión definitiva respecto al organismo responsable de la conducción de la ayuda humanitaria a aquellas regiones rusas que, como Carelia, están conociendo serias dificultades. 
Muchas gracias, señor comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señorías, en relación con las votaciones sobre las cuestiones actuales y urgentes quisiera llamar su atención sobre el hecho de que hoy, en la portada de todos los periódicos de México, se podía leer el comunicado de que el representante oficial de la Comisión Europea en México, presionado por el gobierno de dicho país, había retirado el subsidio aprobado para la Academia de Derechos Humanos de México, y que sólo se desembolsaría después de las elecciones. 
Sobre esta cuestión se celebró esta semana una votación en que habíamos pedido aquí, en el Parlamento, que se hablara ahora de México porque era urgente. Esto fue rechazado por la derecha, les hago a todos responsables del hecho de que una Academia de Derechos Humanos que podía haber recibido dinero de nuestra parte, no lo reciba porque nos hemos negado a presionar a la Comisión. 
Señora Aelvoet, ha dicho usted lo que quería decir pero, como sabe usted muy bien, el Parlamento es soberano en estas cuestiones e incumbe al Parlamento decidir qué cuestiones figuran en la lista de asuntos urgentes. 
Votaciones 
Señor Presidente, según mis notas llegamos ahora a las votaciones sobre los informes Adam y Baldarelli. 
En mis indicaciones relativas a las votaciones se sugiere que haya votación nominal sobre todas las enmiendas. 
¿Puede verificar usted si es eso lo que vamos a hacer? 
Si eso es lo que vamos a hacer, ¿podría invitar usted a los grupos que han pedido todas esas votaciones nominales sobre todas las enmiendas que reconsideren su posición, pues me parece que basta con una sola votación nominal al final para que respetemos las consideraciones políticas?. 
Como ha sido retirado el informe Balderelli la situación no es tan trágica como cree usted. 
Señor Presidente, me emociona de verdad el repentino interés que el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones sienten por las cuestiones de la pesca, sobre todo si tenemos en cuenta que su distinguido dirigente estaba ayer en Newlyn (Inglaterra) exponiendo su preocupación por la industria pesquera. 
Es una vergüenza que, a pesar de todas las enmiendas presentadas por el Grupo y de su petición de que las votaciones sean nominales, Sir Jimmy Goldsmith no se haya preocupado siquiera de estar con nosotros en esta sala. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Hemos decidido no apoyar el informe de la comisión en la votación. 
Pensamos que aborda unas cuestiones esenciales para el futuro de la pesca y apreciamos el trabajo que ha realizado el Sr. Adam para llegar a un compromiso entre los diversos intereses existentes, pero pensamos que el informe de la comisión, a pesar de todo ello, no da muestra de un equilibrio satisfactorio en la cuestión de la conservación de las existencias y de la necesidad de impedir que se promulgue una normativa burocrática y difícil de aplicar para el grupo a quien va dirigida, y que no tendría las repercusiones deseadas con respecto al objetivo de conservar los recursos pesqueros. 
Si en el punto de partida teníamos razones para adoptar una posición de abstención respecto del informe Adam sobre la propuesta de introducción de medidas técnicas de conservación de los recursos- que expusimos con profusión durante nuestra intervención en el debate -, después del debate celebrado y ante las respuestas y comentarios de la Comisión, tenemos mayores motivos para hacerlo y sobre todo para ver los propósitos e intenciones reales del «ejecutivo» europeo a este respecto. 
De hecho, la Comisión ha adoptado una actitud muy clara al afirmar que no aceptaría la enmienda del informe que proponía la creación de un período transitorio de aplicación del nuevo reglamento, enmienda realista que habíamos presentado en la Comisión de Pesca y había contado con el apoyo del ponente. 
Esta posición de la Comisión, junto con el rechazo de compensaciones financieras de acompañamiento de la aplicación del reglamento, infunde serias dudas sobre el compromiso real de la Comisión para con el sostenimiento de los recursos. 
Esperamos que el Consejo de Ministros de Pesca de los días 14 y 15 de abril llegue a aceptar e introducir esos dispositivos legislativos en la propuesta final, aunque la Comisión- como aquí se ha demostrado- no esté de acuerdo. 
Esperamos que esa posición sea defendida allí en particular por los Gobiernos de los Estados miembros más directamente interesados, entre los cuales hay que incluir obligatoriamente al de mi país. 
En su conjunto, la propuesta de la Comisión de modificar las medidas técnicas significa una considerable mejora del actual sistema. 
La Comisión ha logrado presentar un paquete que es más claro y sencillo en comparación con las medidas existentes. 
Aumentando la selectividad del equipo de pesca y protegiendo determinadas zonas se contribuye de forma importante a reducir la captura de alevines. 
Concretamente me complace que la Comisión haya limitado más la capacidad de la flota en la zona de las 12 millas. Las guarderías de los recursos pesqueros se encuentran muchas veces en estas zonas. 
No siempre estoy de acuerdo con las propuestas de la Comisión. A mi entender se imponen restricciones innecesarias a diversos sectores pesqueros. 
Así, las restricciones a la pesca de la merluza causan graves problemas a la pesca con traína pelágica de la caballa. 
No es cuestión de poner en peligro la existencia de grandes sectores de la pesca a causa de una política de acompañamiento para proteger a los alevines. 
El posible saneamiento de las flotas pesqueras corresponde a los POP. 
Por ello apoyo plenamente las enmiendas del ponente sobre la pesca de la merluza. 
Con el límite propuesto para el lenguado en combinación con la denominada medida de red única se limita innecesariamente la flexibilidad de la flota pesquera. 
En la propuesta de la Comisión, la zona en la que se puede pescar el lenguado se amplía sin duda en cierta medida, aunque insuficientemente. 
De ahí que en una enmienda que he presentado proponga fijar el límite del lenguado en su totalidad a 56º latitud norte. Con ello se puede evitar que los pescadores que pescan en las buenas zonas pesqueras entre 55º y 56º latitud norte pierdan capturas de limandas, falsas limandas, grandes lenguados, etc., porque han de pescar con una malla mínima de 110 mm. 
He apoyado la mayoría de las enmiendas del informe Adam. 
Al igual que el ponente considero necesario un mayor compromiso de los pescadores y una mejor fundamentación científica de determinadas medidas. 
Cabe pensar en la propuesta de excluir a la flota pelágica de la prohibición de llevar sedales de más de 8 mm. Sin embargo, no apoyo la defensa de una regla compensatoria en caso de pérdida de ingresos para los pescadores a raíz de las medidas técnicas. La PPC tiene que sentar las bases de una flota competitiva. 
Con ayudas salariales no se conseguirá mantener artificialmente buques no rentables. 
Informe Kindermann (A4-0094/97) 
Hemos apoyado el informe en la votación con la siguiente observación para la toma de posición: Damos la bienvenida por principio a un sistema de gestión que posibilita la integración de Suecia y Finlandia en la política pesquera común. 
No obstante, queremos destacar que es pronto para que la Comisión presente propuestas, ya que se están llevando a cabo los preparativos para la reunión de la Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico, y por ello no se podrá tener en cuenta la base más idónea que puede conseguirse tras dicha reunión, además de las posibilidades que pueden obtenerse a través de ella de encontrar unas soluciones multilaterales para todo el Mar Báltico, y no como es el caso ahora con la propuesta de la Comisión, que sólo incluye los aspectos que entran dentro de la soberanía y jurisdicción de los Estados miembros. 
Además, pensamos que la propuesta de la Comisión puede incluir cargas administrativas innecesarias para la actividad pesquera y las autoridades involucradas. 
Los abajo firmantes piensan que la Resolución legislativa de la comisión y sus enmiendas tienen más en cuenta las circunstancias arriba mencionadas que la propuesta de la Comisión. 
Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0029/97) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de aplicación del sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior, realizado de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 89/48/CEE (COM (96) 0046- C4-0194/96) 
Señor Presidente, se trata de un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, hago la precisión. 
El informe que tengo el honor de presentar ante nuestra Asamblea versa sobre el primer balance de la aplicación del reconocimiento de los títulos de enseñanza superior en el marco del enfoque sumamente innovador propuesto en 1989 por la Comisión. 
Nuestro Parlamento, lo recordarán, había aprobado este enfoque horizontal, sin dejar de tener presente, claro está, que se impondría una gran vigilancia respecto a la manera como se concretaría en la práctica. 
Agradecemos a la Comisión el informe tan exhaustivo que nos presenta al cabo del período de cinco años previstos por la Directiva. 
Los dos objetivos previstos se han realizado. 
La Comisión nos presenta un balance que nos proporciona informaciones sumamente útiles, aunque me hubiera gustado tener estadísticas más precisas, especialmente sobre el número de solicitudes y las respuestas- rechazos o aceptaciones- que se reservaron a esas solicitudes. 
Así podríamos apreciar todavía mejor la envergadura de la movilidad comunitaria. 
En segundo lugar, hoy tenemos una idea de las mejoras necesarias para que el dispositivo sea lo más operativo posible respecto a los ciudadanos. 
Efectivamente, la cuestión importante que se plantea es la siguiente: ¿constituye, si o no, esta Directiva, el instrumento práctico que desean disponer los candidatos a la movilidad comunitaria? 
Señor Presidente, Señorías, el balance es matizado. 
Debo decir que nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha apreciado mucho poder entrevistarse con los coordinadores nacionales que se ocupan, en cada uno de nuestros Estados miembros, de la aplicación concreta de esta directiva. 
Y agradecemos a la Comisión su disponibilidad para facilitar estos encuentros. Estas reuniones nos permitieron complementar nuestro análisis y comprobar con satisfacción una evolución positiva de las mentalidades. 
Por lo demás, la Comisión, en su informe, observa que el mecanismo de compensación a través del examen sigue siendo la excepción, mientras que la realización de las etapas de adaptación no ha causado realmente dificultades. 
Entre los puntos positivos, señalemos la sinergia entre los programas comunitarios, ERASMUS (convertido ahora en SÓCRATES) y la Directiva así como el hecho de que ésta parece haber estimulado la convergencia de nuestros programas de educación y formación. 
Todo ello es excelente. 
No obstante, nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha tenido que comprobar lamentablemente que aún persisten un determinado número de obstáculos importantes. 
Y no es un mero azar si desde la puesta en práctica de la Directiva se han presentado más de cien peticiones en este ámbito. 
Por lo demás, esta es la razón por la que me siento sumamente favorable a las enmiendas presentadas por el Sr. Cot y la Sra. Schmidbauer en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que mencionan estas peticiones. 
Los obstáculos en cuestión son el resultado de varias flaquezas. 
Primeramente, la transposición incompleta e insuficiente de la Directiva a las legislaciones de ciertos Estados miembros. 
Luego, estos obstáculos se deben a la ausencia de definición precisa para el nivel de la enseñanza superior. 
Este es un punto que observamos, especialmente durante la audición de los coordinadores nacionales y que ciertamente deberá ser esclarecido. 
Sin embargo, de manera muy general, estos obstáculos se deben al hecho de que aún prevalece la misma mentalidad desarrollada en la esfera del reconocimiento académico. 
Asimismo, insistimos en el problema de la información. 
Se trata de un problema temible, y no solamente a este respecto, lo sabemos bien. 
Pero en este caso, pareciera que si los migrantes ahora son conscientes de su derecho al reconocimiento de los títulos de enseñanza superior, ignoran todavía en gran medida los mecanismos del sistema así como las vías de recurso. 
Por tanto, es absolutamente necesaria, Señorías, una información- digo bien- apropiada y lo más próxima posible al ciudadano. 
También es preciso que el papel de los coordinadores, que han hecho un excelente trabajo, sea fortalecido. 
Esta es una de las demandas que expresamos. 
Por último, nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos desearía prevenir una dificultad que podría producirse en la hipótesis probable, y por la que hacemos votos, de que la movilidad comunitaria se desarrolle de manera importante. 
En efecto, hasta ahora no se ha previsto ninguna disposición para tener en cuenta los numerus clausus que los Estados miembros han instituido para algunas profesiones y que limitan el acceso de estas profesiones a un número fijado de antemano de candidatos. 
Deseamos, señor Comisario, que la Comisión haga un estudio sobre este tema. 
Señorías, señor Presidente, tomando como base estas comprobaciones y estas observaciones, pensamos que son necesarias algunas modificaciones. 
Sin embargo, también pensamos que la Comisión actúa con sabiduría cuando propone como plazo el año 1999. 
Para entonces, nuestro campo de observación será más amplio, nuestro balance será más exhaustivo. 
Mientras tanto, se impone la mayor vigilancia. 
Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos desean, por su parte, iniciar, en cooperación con la Comisión, los cambios que se imponen para que este aspecto importante de la Europa concreta sea una realidad para el mayor número posible de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, en primer lugar felicito a la ponente- y en este caso no es retórica- por su buen hacer. 
Si es costumbre felicitar a los ponentes, es menos frecuente resaltar las virtudes de los documentos de la Comisión. 
Pero éste es un documento útil. 
La ponente ha resaltado, con justicia, algunas deficiencias, pero no es menos cierto que el documento de la Comisión cumple su cometido: dar una visión bastante exacta de la situación. 
La primera conclusión que se impone- y que la Sra. Fontaine ha resaltado- es que todavía es pronto: ha pasado poco tiempo para sacar conclusiones que nos lleven a provocar una reforma de la ley. 
Y que es sabio esperar hasta el año 1999 para reformar la Directiva 48/89. 
¿Cuál es la esencia de las conclusiones que se sacan de la lectura de este informe de la Sra. Fontaine- que el Grupo PPE respalda, junto con las dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista -? : El comprobar que, en estos momentos en los que la falta de desarrollo de la libre circulación como cuarta libertad- contenida en los Tratados- lleva muchas veces al desánimo y al escepticismo, en este terreno sí se han producido avances claros, lo que brinda una nota de esperanza que es digna de destacar. 
Esta directiva se cimenta en el equilibrio entre dos artículos: el artículo 3, que refleja la mutua confianza entre Estados: si alguien ha sido reconocido como hábil para desarrollar una profesión en un Estado miembro, la mutua confianza de los Estados, fundamento de los Tratados, debe permitir que desarrolle su profesión en otro Estado miembro; y el artículo 4, que debe entenderse con carácter restrictivo, estableciendo medidas compensatorias en aquellos casos en que esa equivalencia no se produzca. 
Una vez más afloran en este caso las dos grandes corrientes que siempre se entrecruzan desde el comienzo del proceso de construcción europea: por un lado, los miedos, las visiones de campanario, una visión pequeña y reducida. 
Por otro lado, la visión de futuro, la visión de una Europa diversa en la cultura- y esa diversidad cultural hay que conservarla y hay que preservarla porque es una riqueza, un patrimonio de todos- pero, a la vez, una Europa que es una Europa nostra, una Europa donde la libre circulación es un derecho real, no un derecho únicamente formal dispuesto en los Tratados. 
Me gustaría, señor Presidente, señalar por último que hay un artículo- el artículo 2- que establece que todo ello es en aras del principio de integración política. 
Por lo tanto, no se puede automáticamente establecer frente a nacionales de terceros Estados, como la Comisión de Cultura pretendía en su informe. 
Señor presidente, en nombre de Grupo Unión por Europa, deseo felicitar a la ponente, Sra. Fontaine, por el trabajo llevado a cabo. 
La propuesta que somete a nuestra atención contará con seguridad con el voto favorable de nuestro Grupo. 
Deseo recordar brevemente que la Directiva 89/48/CEE supuso un cambio de rumbo importante en la política comunitaria en materia de libre circulación de los ciudadanos que poseen un título de enseñanza superior. 
Mediante dicha Directiva, de hecho, la Comisión decidió modificar del todo la política legislativa seguida hasta entonces en materia de libre circulación de las personas que desean ejercer una actividad laboral en otro Estado miembro. Ya no cabe hablar de numerosas y específicas directivas verticales para cada profesión, sino de actos legislativos de carácter general y con validez horizontal, que contienen normas que deben aplicarse para el reconocimiento de títulos en todos los sectores aún no regulados por una directiva específica. 
El sistema se completó con la segunda Directiva relativa a los títulos profesionales y con una directiva que actualizó las directivas sectoriales existentes. 
La libre circulación se basa en los artículos 52 y 59 del Tratado de la Unión Europea que contemplan la aplicación y eficacia directa, esto es, reconocen a los ciudadanos derechos que han de ser tutelados por el juez nacional directamente. 
Pasando a las cuestiones más destacadas de la propuesta de resolución, deseo recordar a modo de resumen la conveniencia de favorecer el reconocimiento de los títulos obtenidos en terceros países y reconocidos por un Estado miembro, la información a los ciudadanos, los derechos que se les otorgan, la superación de la confusión entre el reconocimiento académico y el reconocimiento de las formaciones profesionales, la garantía de un examen adecuado de las denuncias de violación presentadas por los ciudadanos a la Comisión y al Parlamento Europeo, la conveniencia de reforzar el papel de los coordinadores nacionales para acelerar el proceso de convergencia entre los programas de educación y formación y para mejorar la transparencia de los mecanismos de reconocimiento. 
En todos estos ámbitos, queda mucho por hacer en la práctica. 
Evidentemente, las burocracias de cada Estado deben emplearse a fondo a fin de que de la aplicación teórica de las directivas comunitarias se pase a su puesta en práctica, con frecuencia evitada gracias a innumerables escollos burocráticos. 
Así y todo, considero que estamos avanzando en la dirección correcta, al igual que lo hace el trabajo de la ponente, Sra. Fontaine. 
Señor Presidente, la ponente, la Sra. Fontaine, merece por supuesto elogios por el trabajo que ha vuelto a realizar. 
Sin embargo, ella sabe tan bien como yo y como la Comisión, y luego quisiera que la Comisión me diera una respuesta, que de hecho su informe es demasiado optimista y que los Estados miembros, y no en último lugar el Estado miembro de la Sra. Fontaine, aprovechan una y otra vez cualquier ocasión para incurrir en el proteccionismo de mercado. También en el ámbito del reconocimiento de los títulos. 
Pienso que por ello tendremos que constatar que, a la larga, la política educativa no puede dejarse exclusivamente en manos de los Estados miembros nacionales y que el siguiente paso tendrá que ser el de regularlo a nivel comunitario. 
Mientras tanto, es cierto que se han logrado algunos progresos y gracias al Tribunal de Justicia que, como tan a menudo, o en este caso el Juzgado de primera instancia, en el Expediente 1690, el caso Panagiotopoulou, declara la aplicación directa de la directiva 89/48. 
Pienso que es sumamente importante. 
Sin embargo, quiero dar otro ejemplo, después de que la Sra. Fontaine, por ejemplo, en la directiva sobre los abogados, denunciara claramente la oposición de los grupos profesionales nacionales e intentara romperla- ahora por lo menos hay una apertura -, quiero indicar una vez más claramente que por ejemplo en el primer grupo profesional, donde empezamos a reconocer los títulos, las profesiones médicas, Francia sigue protegiendo el mercado con respecto al prothésiste dentaire. 
Hay una directiva europea al respecto, pero en Francia ha sido traducida de tal modo que todavía se encarcela a personas que según la directiva también pueden practicar su profesión en Francia. 
Esto hay que cambiarlo y el informe de la Sra. Fontaine contribuye a ello. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestra compañera la Sra. Fontaine, es excelente y lo votaremos sin reserva alguna. 
Es verdad que el informe de la Comisión representa, como lo indica nuestra ponente, un progreso seguro en el establecimiento del sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior en el seno de la Unión europea. 
Y en mi calidad de miembro de la fraternidad Saint-Benoît, deseo enérgicamente ver reconstituirse en el futuro, gracias especialmente a esta nueva reglamentación, la comunidad universitaria transnacional que existía ya en Europa en los siglos XII y XIII y que se inspiraba de la pertenencia a una misma civilización, a la vez fundada en la lengua latina y en el derecho romano, pero también en los valores grecocristianos que siguen siendo los nuestros hoy día. 
No quisiera entrar en los detalles de la reglamentación que trata el informe de la Sra. Fontaine, pero quisiera dar testimonio de la importancia que estos intercambios pueden tener a nivel de la enseñanza superior para una región fronteriza como la mía, es decir Alsacia, que me ha elegido, y que se sitúa geográfica y culturalmente en el seno de la Europa renana. 
La cooperación interuniversitaria existe ya a una escala importante, especialmente las universidades de Bade-Wurtemberg y Alsacia, sin, por lo demás, olvidar a Basilia, en Suiza, pero esta cooperación no podría sino verse reforzada por el desarrollo del sistema general de reconocimiento recíproco de los títulos de enseñanza superior que está estableciéndose, pero que es aún insuficiente. 
Por tanto, todo ello nos parece positivo y hacemos votos muy sinceros para que las recomendaciones que preconiza el informe de la Sra. Fontaine se apliquen lo más rápidamente posible en los años venideros. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Fontaine por un informe de la calidad que siempre esperamos tengan los informes suyos. 
Permítanme que les diga que los que estamos a la izquierda de esta sala, cuando hablamos del mercado único hemos afirmado siempre que tiene que haber una dimensión social de dicho mercado y que, cuando se vende el trabajo en el mercado único, es inevitable que haya una dimensión social y el reconocimiento mutuo de los títulos forma parte de ello. 
Tomé la palabra al principio de esta semana en el debate sobre los permisos de conducir y dije entonces, como digo ahora, que parte del movimiento libre en el seno de la Unión Europea consiste en reconocer que dentro de la Unión hay diversos regímenes jurídicos pero que, sin embargo, es posible conseguir que se reconozcan los títulos de enseñanza y las leyes. 
Más aún, señor Presidente: sabe usted también como yo que en el Reino Unido, Inglaterra y Escocia tienen regímenes jurídicos distintos y separados a pesar de lo cual han conseguido reconocer determinados principios dentro del Reino Unido, y sobre esa base diré que lo mismo cabe aplicar al reconocimiento mutuo de los títulos de enseñanza. 
También en este caso se aplican los ejemplos de Escocia e Inglaterra. 
Señor Presidente, sospecho que su formación es diferente de la mia, pero una y otra están reconocidas mutuamente en el Reino Unido. 
Muchos alegarán, naturalmente, y estoy seguro de que usted lo hace también, que los títulos escoceses son superiores a los ingleses. 
Sea como fuere, cuando se trata de la enseñanza superior también aceptamos y comprendemos la necesidad de la mutualidad de reconocimiento. 
El reconocimiento de mi diploma, en el que figuro con pelo y con una barba negra y que reviste la forma de tarjeta traducida en nueve idiomas, data de una directiva de 1987, antes de que este Parlamento fuera un verdadero Parlamento, e indica que llevamos muchísimo tiempo ocupándonos de este problema; espero, para beneficio de los jóvenes que están en la galería, que podamos acelerar nuestra labor para que puedan tener a su disposición un mercado único con dimensión social. 
Señor Presidente, le agradeceré que tenga usted la amabilidad de recordar al Sr. White que estamos ahora en 1997 y que este Parlamento lleva en existencia muchísimos años. 
Seguramente se confundió con los números, que siempre plantean dificultades a los abogados. 
Me parece que quería decir 1977, antes de que este Parlamento se eligiera en votación directa, pero ha dicho cosas tan amables acerca de los escoceses que prefiero no corregirle. 
Señor Presidente, quisiera hacer unos pequeños comentarios al trabajo de la Sra. Fontaine y también a ese intento de burocratización del reconocimiento de títulos, que siempre me preocupa. 
Considero que, a pesar de todo, el mercado debe contar y que tras un título puede ocultarse un imbécil. 
Por tanto, creo que difícilmente puede tener un título valor en sí, automáticamente, y creo que un título nunca debe dispensar conocimiento curricular alguno del trabajo realizado por quien lo obtuvo. 
Yo enseñé en América con mi título de doctor en Lenguas Clásicas por la Facultad de Letras de Lisboa y los americanos nunca me plantearon el problema de la convalidación. 
Admitían que el trabajo que había hecho era suficientemente bueno para poder ejercer y poder ser profesor en la Universidad. 
Europa- que nunca ha tenido preocupaciones sobre la educación ni la tendencia a hacer converger, no ya las enseñanzas, sino la calidad de la enseñanza, y en la que convenía incluso a algunos países mantener a otros con una calidad de enseñanza inferior- tiene ahora que afrontar, naturalmente, el problema del reconocimiento de los títulos. 
Todos sabemos que en un país hay universidades, hay escuelas profesionales, hay escuelas médicas que conceden títulos no tan buenos como otros del mismo país. 
Por tanto, considero que cuanto menos pongan la Comisión y los burócratas el dedo en la evaluación automática de los títulos, tanto mejor se aplicará la libre circulación de los ciudadanos. 
Pero creo que sería fundamental que Europa se preocupase por alguna convergencia en la calidad de la enseñanza en todos los niveles y no se preocupase sólo de la convergencia monetaria. 
Sería por lo menos un ideal más interesante y productor de mayor riqueza. 
Señor Presidente, la convergencia entre la enseñanza universitaria y la formación profesional, que hoy por hoy es del todo necesaria, representa uno de los instrumentos definidos desde hace tiempo para intentar paliar esa crisis laboral que en la actualidad afecta a la toda la Comunidad y no tan sólo a ésta. 
La enseñanza y la formación profesional, por desgracia, encuentran dificultades para hallar su justa relevancia, sobre todo por los obstáculos que se plantean en los sistemas de reconocimiento de los títulos, en particular los de enseñanza superior. 
El estado de aplicación de la directiva objeto de debate hace referencia a 11.000 ciudadanos beneficiados por la operatividad del sistema, que precisamente encuentra sus mayores escollos en el reconocimiento de los títulos académicos. 
Por otra parte, no consideramos que esta cifra se refiera tan sólo a quien tuvo el valor de denunciar una situación de dificultad y que, por desgracia, la realidad es mucho más grave. 
En consecuencia, si hoy no se logra reconocer la universalidad de los conocimientos impartidos en los ateneos comunitarios ¿acaso Europa ha perdido ese espíritu según el cual las universidades importantes eran consideradas como el templo de la sabiduría mundial? 
La Sra. Fontaine hace bien en denunciar los retrasos que se van acumulando en la aplicación de la directiva. 
Señor Presidente, no es nuestro deseo recordarle que los títulos profesionales como los de aparejador, odontólogo y otros muchos más, no han sido reconocidos en todos los Estados de la Unión y las correspondientes profesiones no están protegidas en la debida forma. 
Nosotros también nos sumamos a la solicitud de un diálogo reforzado entre las autoridades nacionales y los órganos de la Comisión, en especial con vistas a un sistema de información apropiado y lo más transparente posible. 
Señor Presidente, le pedimos asimismo que ejerza las debidas presiones sobre los Gobiernos belga, griego y alemán, que actualmente son los que más se obstinan en impedir el acceso al ejercicio de las profesiones liberales a los ciudadanos naturales de otros Estados miembros, precisamente para ofrecer al ciudadano esa señal de Europa, que con frecuencia es poco clara. 
Señor Presidente, a pesar de que la unificación de los títulos de enseñanza superior debe acogerse con satisfacción, en realidad con ello no se garantiza lo que debería indicar el hecho de haber completado unos estudios. 
En la práctica, a menudo sirve de poco que los graduados de los diferentes centros de enseñanza superior gocen de igual derecho a incorporarse a las distintas ramas profesionales concretas en el conjunto de la Unión Europea, sino que, por el contrario, el único requisito que garantiza la igualdad de oportunidades profesionales en toda la Unión Europea es que el nivel de formación sea comparable. 
El argumento que se aduce con frecuencia, según el cual cada universidad y también cada país deben tener derecho a desarrollar sus propios planes de estudios, sólo se justifica si el resultado es que el nivel de formación de los graduados sea cualitativamente comparable. 
Por esto es especialmente importante que se respete el principio de subsidiariedad, que permite que los Estados miembros decidan si una actividad profesional ha de estar regulada o no. 
Por consiguiente, a pesar del reconocimiento de los títulos, los distintos países deberían tener la posibilidad de establecer su propia regulación, mediante normas jurídicas o administrativas, en materia de cualificación profesional. 
En efecto, si se renuncia por completo a armonizar los planes de estudios de los distintos países, en la Unión Europea se alcanzará muy pronto una situación como la que existe en Estados Unidos, donde el diploma de una universidad garantiza un nivel considerablemente más elevado que el diploma equivalente de otra universidad. 
En la sociedad competitiva moderna, que garantiza el éxito y la promoción a través de los mecanismos del mercado libre, triunfarán entonces sobre todo los titulados de las llamadas universidades de élite. 
Y si sólo es posible acceder a dichas universidades de élite mediante el correspondiente dispendio financiero, se crearán unas condiciones iniciales distintas para los estudiantes, que generarán una desigualdad en función de la capacidad financiera de las familias u otras fuentes de apoyo. 
El libre acceso al mercado de trabajo en el conjunto de la UE, que sin duda debe ser la finalidad de la unificación de los diplomas, no queda garantizado, por lo tanto, con el mero reconocimiento de los mismos. 
El resultado sería una falsa democracia que no llegará a imponerse en la realidad. 
Señor Presidente, la educación general y la formación profesional son un instrumento de la política de empleo, que adecua las cualificaciones profesionales a las necesidades del mercado interior y desempeña un papel importante en la lucha contra el desempleo. 
En estos momentos, los sistemas educativos de todos los Estados miembros de la Unión no están suficientemente preparados ni armonizados para responder a este reto. 
La reglamentación general relativa al reconocimiento de títulos debe cumplir, por lo tanto, una misión decisivo. 
Se trata de hacer realidad el objetivo de la libre circulación de personas, o sea el derecho de los ciudadanos de la Unión a vivir y trabajar en otros Estados miembros, en combinación con la lucha contra el desempleo. 
El número considerable de peticiones recibidas en la Comisión de Peticiones en los últimos años nos han demostrado reiteradamente que la libertad de circulación no funciona de manera adecuada precisamente por lo que respecta al reconocimiento y equiparación de títulos y certificados de aptitud profesional. 
Las peticiones ofrecen al Parlamento una visión general sobre las dificultades de la administración europea y las administraciones nacionales, medidas alejadas de los ciudadanos y burocráticas, incumplimiento de los principios jurídicos comunitarios y, en general, sobre las deficiencias en el contexto de la unificación europea y de la participación de los ciudadanos de la Unión en el proceso de aproximación europea. 
La experiencia de estas deficiencias del derecho comunitario debería servir de base para la ampliación y mejora de las normas jurídicas. 
Por consiguiente, yo acojo con satisfacción el excelente informe de la Sra. Fontaine y, en mi calidad de miembro de la Comisión de Peticiones, quisiera aportar nuestra experiencia desde esta perspectiva. 
La exigencia más importante en este sentido es que se incorpore a la Directiva la consideración de la experiencia profesional adquirida después de la obtención de un título superior, puesto que sólo de este modo será posible garantizar el ejercicio satisfactorio del derecho de libre circulación en interés del desarrollo de una política educativa y de ocupación cercana a los ciudadanos. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y muy particularmente a la ponente, Sra. Fontaine, por la calidad de su informe y también por el interés que personalmente ha demostrado siempre en lo que respecta al reconocimiento de títulos, algo que constituye una cuestión fundamental para los ciudadanos europeos que desean ejercer verdaderamente su derecho a la libre circulación. 
Nos satisface que la Comisión de Asuntos Jurídicos considere oportuno aceptar en principio las principales conclusiones expuestas en el informe de la Comisión- por ejemplo, que la Directiva «Sistema general» 89/48 está respondiendo a las expectativas creadas cuando se decidió adoptar un nuevo enfoque horizontal para la cuestión del reconocimiento de títulos-. 
Hemos podido comprobar que ustedes, en principio, manifiestan su acuerdo con la Comisión Europea en relación a los principales problemas que ha planteado la aplicación de la Directiva en sus dos primeros años de vigencia. 
Decía la Sra. Fontaine que tal vez falte una estadística mucho más elaborada para que se pueda hacer una valoración. 
La estadística nos demuestra, Sra. Fontaine, que en este momento apenas 11.000 ciudadanos han obtenido efectivamente en toda la Unión Europea un reconocimiento de su titulación. 
¿Por qué solamente 11.000 ciudadanos? 
Tal vez, porque solamente llevamos 2 años. 
Y en segundo lugar, porque muchos de los problemas que han señalado ustedes son evidentes y hay que corregirlos. 
En primer lugar, el sistema de trabajo y las relaciones de confianza. 
La relación y la colaboración con los coordinadores nacionales es absolutamente fundamental, y a través de estas reuniones de coordinadores nacionales la relación de confianza se tiene que establecer. 
Es útil que en la reunión conjunta de estos coordinadores con la Comisión de Asuntos Jurídicos se haya puesto de manifiesto el importante papel que los coordinadores nacionales, que tienen que aplicar la directiva, desempeñan a la hora de fomentar la confianza mutua, que es absolutamente necesaria para el éxito del sistema general. 
Sólo a través de la confianza se podrá ampliar efectivamente el sistema que está previsto en la directiva. 
Por otro lado, hay otros problemas tales como la definición del concepto de enseñanza superior y el equilibrio entre el artículo 3- reconocimiento del título per se- y el artículo 4 que, en determinadas circunstancias, permite a los Estados miembros imponer requisitos complementarios. 
No les oculto que, en este asunto, hay una gran diferencia de opinión, como ustedes saben muy bien, entre la Comisión Europea y algunos Estados miembros en lo que se refiere a la interpretación de estas directivas. 
Esto nos ha llevado inevitablemente a una situación que no es la mejor: abrir un procedimiento de infracción en virtud del artículo 169 del Tratado contra algunos Estados miembros, lo cual va a implicar seguramente una sentencia por parte del Tribunal de Justicia. 
Dada la importancia de las relaciones de confianza, es preferible que el sistema progrese a través de relaciones de confianza entre los Estados miembros a que la Comisión necesite sistemáticamente resolver los problemas de interpretación de la directiva incoando procedimientos de infracción y recurriendo al Tribunal de Justicia. 
Estoy convencido de que el punto de vista de la Comisión prevalecerá, pero todos sabemos que un recurso en virtud del artículo 169 en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo supone perder mucho tiempo, con independencia de que al final se pueda ganar el recurso. 
Ustedes abogan por una mayor información y una mayor transparencia a todos los niveles. 
Pues bien, recientemente se ha puesto en marcha la iniciativa «Ciudadanos de Europa» , una de cuyas primeras guías es precisamente la relativa al reconocimiento de títulos. 
Esperemos que el funcionamiento del sistema se comprenda mejor a medida que la directiva se vaya aplicando, y creo que en general hoy estamos en una situación relativamente mejor que al principio. 
Dos puntos específicos que han sido planteados por la Comisión de Asuntos Jurídicos, son los títulos expedidos por terceros países y el influjo de la movilidad a nivel comunitario en las normativas nacionales sobre numerus clausus- un tema que es muy delicado, pues hay Estados miembros que practican el numerus clausus, hay otros que no, y en este momento hay Estados miembros incluso que están revisando esta opción-. 
Lo que le puedo decir, Sra. Fontaine, es que por el momento la Comisión está estudiando la mejor solución para resolver tanto el problema de la convalidación de títulos expedidos por un Estado tercero como el problema de aquellos países que aplican el numerus clausus. 
Respecto a los cambios propuestos, que la Sra. Fontaine respalda, quiero decirle que la Comisión llevará a cabo las modificaciones oportunas a la mayor brevedad posible. 
Por último, le agradezco a usted, y al resto de los parlamentarios que han intervenido, que hayan puesto de manifiesto la importancia de este tema. 
La directiva todavía no ha alcanzado seguramente su velocidad de crucero, pero ustedes saben perfectamente que todas las directivas de armonización consisten en un problema de tenacidad. 
Es preferible que ello se haga sobre la base de la negociación política y las reglas de confianza y no a golpe de recursos en el Tribunal de Justicia. 
Esta es la opinión de la Comisión. 
Señor Presidente, no, no se trata de una cuestión de orden. Quisiera formular una pregunta complementaria a la Comisión. 
Pues he formulado una pregunta específica al Comisario y supongo que su flamenco no habrá mejorado mucho desde su permanencia en Brugge, pero responde implícitamente, cuando yo querría una confirmación por su parte. 
Él dice: hemos de partir de la doctrina Cassis de Dijon de confianza mutua. 
Pero yo he dicho: ¿acaso el Comisario no considera en realidad que, al proteger cada vez el mercado, en realidad tendríamos que dar el siguiente paso a través de una política educativa comunitaria? 
No me ha respondido a esta pregunta. 
Quizás no quiera hacerlo, pero me gustaría que me respondiera. 
Señor Presidente, la directiva es correcta y tiene que dejar a los Estados miembros la responsabilidad de efectuar el reconocimiento de la titulación. 
Quizá sus nietos o los míos tengan la gran suerte de encontrarse en una Europa más unida, con un sistema lingüístico que permita efectivamente que la lengua no sea un inconveniente, con un sistema de créditos académicos que haga que no importe el lugar donde se estudie, porque existirá un reconocimiento automático, con una decisión a nivel comunitario, de todas las profesiones. 
Seguramente llevará usted razón, señor Wijsenbeek, pero un Comisario no puede permitirse ser solamente un poeta de Europa. 
Y su visión me parece, por el momento, demasiado poética. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 18.40 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en la lista de asistencia no figura mi nombre. 
Seguramente debió de ser un olvido mío, pero le puedo asegurar que yo asistí ayer al Pleno y, si usted lo desea, lo puede comprobar, porque mi nombre figura en toda una serie de votaciones nominales. 
Espero, por lo tanto, que se corrija este error, que seguramente se debe a un olvido personal mío. 
Puedo confirmar que vi a Su Señoría en varias ocasiones. 
Se corregirá. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Remito a la página 30 del Acta, que hace referencia a que ayer dirigí un atroz ataque personal contra un diputado a esta Asamblea. 
Me gustaría saber si podría usted conceder ahora el uso de la palabra a Sir James Goldsmith para que pueda responder en persona al ataque que hice contra él. 
Señor Presidente, remito a la página 31 del Acta de ayer: el informe Fontaine. 
Le agradecería que dijera al Sr. White que hoy es el 11 de abril de 1997 y que 1977 fue hace veinte años, cuando él aún tenía una barba negra y cabello en la cabeza. 
Creo que el 90 % de la Asamblea no va a entender a qué se refiere usted, pero yo sí, porque ayer ocupaba la Presidencia. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitarlo por ocupar la Presidencia dos días seguidos, lo que debe de constituir una marca. 
Remito a la página 5 del Acta y felicito a los servicios del período de sesiones por añadir mi nombre- casi el primer punto en el Acta y voy a intentar que sea el primer punto la próxima vez- y observar que conseguí que la votación sobre el informe Palacio Vallelersundi fuera favorable, con lo que obtuvo el voto de 19 diputados laboristas británicos, incluido usted, que apoyó este informe espléndido sobre los derechos de participación para los artistas. 
Gracias, señor Kerr. 
VOTACIONES 
La libre circulación de personas constituye una de las cuatro libertades fundamentales, de la que deberían disfrutar todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Ahora bien, esta libertad no es efectiva. 
Un aspecto de la libre circulación de personas es el reconocimiento mutuo de los títulos y la admisión de los títulos de enseñanza superior de los sistemas educativos nacionales por parte de los Estados y, por consiguiente, de las empresas privadas, las universidades y las organizaciones profesionales. 
En diciembre de 1988 se aprobó un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que acreditan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años de estudios superiores. 
Este reconocimiento permite garantizar la diversidad de los programas. 
La Comisión ha incitado siempre a los Estados a integrar los sistemas educativos de sus vecinos europeos: se han creado, concretamente, centros nacionales de información sobre el reconocimiento académico de los títulos (NARIC). 
La Comisión también sancionó a Grecia y Bélgica por incumplimiento de sus obligaciones. 
Con miras al estudio completo que deberá presentar en 1999 sobre la Directiva de 1992 relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, la Comisión desea proponer enmiendas e incorporar, por ejemplo, la obligación de tener en cuenta la experiencia adquirida con posterioridad a la obtención del título. 
Para complementar estas acciones sería deseable que la Comisión realizara una amplia encuesta sobre las personas que se enfrentan realmente con problemas de reconocimiento. 
El Parlamento Europeo felicita a la Comisión por haber elaborado un informe muy completo, en el que se tratan los problemas esenciales relacionados con el estado de aplicación del sistema de reconocimiento de títulos. 
Igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-044/97) de la Sra. Schmidbauer, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la comunicación de la Comisión (COM (96) 0406- C4-0582/96) sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía. 
Señor Presidente, tenía la intención de agradecer a la ponente su excelente informe, pero lo haré más tarde cuando comparezca. 
Con respecto a la cuestión de igualdad de oportunidades para las personas con minusvalía, pienso que cabría empezar con la definición que cada vez hacen más personas de este fenómeno, el concepto de minusvalía relacionado con el entorno. 
Esto significa que la minusvalía no es algo estático, sino que puede reducirse o eliminarse a través de unas acciones, por ejemplo en las ciudades. 
Si las hacemos transitables, reducimos la minusvalía o la eliminamos. 
Si mejoramos los medios de transporte, reducimos la minusvalía o incluso la eliminamos. 
Este es el primer punto de partida. 
Otro punto de partida es que los trabajos de configuración de políticas para personas minusválidas y de creación de igualdad de oportunidades afectan a todos los ámbitos sociales. 
Lo que en este informe se describe correctamente con la palabra mainstreaming afecta a la política de organización de ciudades, de transportes, de mercado de trabajo y de educación. 
La política en favor de los minusválidos no se encuadra, como ha sido el caso tradicionalmente, dentro del sector de la asistencia social, sino que afecta a todos los ámbitos de una sociedad. 
No voy a analizar más pormenorizadamente este hecho, para lo que mi tiempo de uso de la palabra es limitado, pero sí me centraré en algunos ámbitos que son especialmente apremiantes en la situación actual para la creación de igualdad de oportunidades. 
La coyuntura del mercado laboral europeo actual, con un nivel alto de desempleo, es grave. 
Tenemos unas cifras de parados que afectan a más del 10 % de la población. 
Yo mismo llevé a cabo una encuesta en Suecia hace unos años. 
Entonces teníamos una situación de pleno empleo, con un 2 % de desempleo. 
Para los minusválidos más graves el desempleo era del 70 por ciento. 
Esto significa que, ahora que tenemos una situación laboral aún peor, ellos se ven aún más afectados. 
Esto hace que hoy por hoy sean más necesarios los esfuerzos que hay que hacer y los modelos que cabe construir para crear puestos de trabajo para los minusválidos. 
Creo que sería conveniente tener una visión general de cuáles son los mejores modelos e intercambiar experiencias, puesto que tenemos distintos sistemas en los diversos paíss. 
Otro ámbito es el de la educación. 
La situación actual hace que ni los jóvenes minusválidos ni los trabajadores en estas condiciones puedan beneficiarse de la libre circulación a causa de los problemas de accesibilidad. 
Este es el núcleo de la cooperación europea, la libre circulación, la posibilidad para las personas de buscar contactos más allá de las fronteras nacionales con objeto de estudiar, trabajar, etc. Se trata de una cuestión vital a la que debe darse solución en los próximos años, de modo que todos los ciudadanos puedan sacar provecho de la libre circulación. 
Finalmente, cabe decir que los programas para minusválidos que hemos tenido hasta la fecha han sido de gran calidad. 
Se han concentrado sobre todo en el intercambio de experiencias. 
Naturalmente, es urgente que se elaboren nuevos programas basados en el intercambio de experiencias en los ámbitos que he mencionado y otros. 
Deseo, como decía, dar las gracias a la ponente por un informe de gran calidad. 
Señor Presidente, ante todo, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento a la ponente. 
Ella forma parte, en efecto, del grupo de personas idealistas que actualmente dedican muchísimo tiempo adicional a este ámbito. 
En la UE viven efectivamente 37 millones de personas con discapacidades, que sin duda deben luchar contra muchos prejuicios y dificultades en nuestra sociedad. 
Quien hable con ellas o sobre ellas debería tener siempre muy claro que mañana mismo podría pasar a formar parte de su colectivo. 
La transposición de la política en favor de los discapacitados es fundamentalmente competencia de los Estados miembros. 
Aun así, yo soy del parecer que una coordinación adecuada y una involucración de la UE en todos los aspectos es favorable para la integración de las personas con discapacidades. 
Quiero subrayarlo a pesar de que concedo un gran valor al principio de subsidiariedad. 
Para que las estructuras creadas no se desmoronen se requiere un nuevo programa de acción, con una concepción adecuada, en favor de las personas con discapacidades y de sus asociaciones, con la condición de que aquéllas ostenten una representación del 50 % en la junta directiva de las mismas. 
Es necesario promover la igualdad de oportunidades y la integración y continuar desarrollando las estructuras de cooperación. 
La Comisión debe impulsar, a pesar de los problemas jurídicos, acciones piloto y trabajos preparatorios con la participación de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de discapacitados. 
Es importante y conveniente consagrar la igualdad de oportunidades y el derecho de acceso a todos los programas comunitarios. 
Sin embargo, un derecho teórico, que sólo exista sobre el papel, resulta insuficiente. 
De lo contrario, a las personas con discapacidades les ocurrirá lo mismo que a las pequeñas y medianas empresas: sus derechos están recogidos en muchos programas, pero con frecuencia no se transponen en la práctica. 
Debe impulsarse con energía la transposición a fin de poder alcanzar los debidos resultados. 
Debe garantizarse una auténtica participación en todas las técnicas de información y comunicación modernas. 
Lamentablemente, la escasez del tiempo de uso de la palabra de que dispongo no me permite comentar otros aspectos. 
Lo decisivo, a mi parecer, es que un grupo de expertos de alto nivel, que debe establecerse muy pronto, estudie los problemas de las personas con discapacidades. 
En este contexto es importante el diálogo, por un lado, con los Estados miembros, a quienes corresponde- como ya se ha señalado- la principal responsabilidad, y por el otro, con los foros europeos de discapacitados, con vistas a conseguir progresos para las personas con discapacidades en el ámbito europeo y más allá del mismo. 
Mi Grupo político también respalda estos objetivos y yo quiero manifestar desde aquí nuestro sincero agradecimiento a nuestro colega Bartho Pronk, actualmente discapacitado, que se hizo cargo en nombre nuestro de los trabajos previos para la elaboración del presente informe. 
Señor Presidente, Señorías, señora ponente, pienso que estamos tratando un informe importante que en realidad no se merece estar en el orden del día del viernes por la mañana, pero sucede a menudo con este tipo de temas. 
En realidad quiero empezar con la última observación de la ponente, que ha reclamado un artículo contra la discrimación en el Tratado. 
Como Parlamento hemos emitido dictámenes excelentes sobre el tema. 
Quisiera saber si en la CIG se adoptarán realmente nuestras propuestas, tal y como han sido presentadas. 
La razón para no hacerlo sería que es demasiado caro incluir a los minusválidos en el Tratado. Pienso que es escandaloso. 
Pues si incluimos un artículo contra la discriminación a escala europea, es inaceptable que todavía haya competencia desleal. 
Quiero pedir a la Comisión que haga todo lo posible para lograr resultados en esta cuestión, pues es sumamente importante que podamos hacer algo por los minusválidos. 
Para los minusválidos es muy importante el derecho al acceso: acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso al transporte, el más importante de todos. 
Principalmente es responsabilidad de los Estados miembros asegurarles este acceso. La Unión sólo puede dar ejemplo con una serie de programas y nosotros lo intentamos, y creo que en este momento lo hemos hecho bastante bien. 
Quiero referirme a otro aspecto importante. La ponente también lo ha recalcado y es la política hacia los minusválidos en relación con las posibilidades de la sociedad de la información. 
Precisamente los minusválidos pueden beneficiarme muchísimo de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
Asimismo puede ser un obstáculo adicional si no se tiene fácil acceso a ellas. 
Pero mi valoración es que precisamente una buena aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación ofrece muchas posibilidades a los minusválidos para participar mejor en muchos procesos sociales. Pero hemos de hacerlo posible entre todos. 
Por ello pienso que la tecnología de la información y la aplicación de las tecnologías de la información han de formar parte del Rolling On Action Program que ha puesto en marcha la Comisión Europea. 
Señor Presidente, yo creo que el problema de las personas con discapacidades es en realidad más central de lo que se ha expresado aquí. 
La Sra. Schmidbauer tiene toda la razón: necesitamos un fundamento político adecuado para los programas sociales, necesitamos una cláusula de no discriminación, necesitamos una coordinación de las políticas nacionales de desarrollo, tal como ha destacado una vez más el Sr. Schiedermeier, y un grupo de expertos de alto nivel sería también muy conveniente. 
Sin embargo, lo que está en juego es un tema más amplio, no se trata sólo de los supuestos prejuicios y dificultades, sino de poner en entredicho nuestra sociedad en tanto que sociedad del rendimiento, en tanto que gigantesca maquinaria de selección social darwinista, que excluye reiteradamente a un número creciente de personas, y en la cual esta selección despiadada sigue incorporando, además, una carga ideológica. 
Para acabar de una vez con los intentos de construir sobre esta base ideologías que propugnan la distinción entre las personas sanas, capaces de ofrecer un rendimiento, y la vida indigna de ser vivida, deberíamos promover realmente un desarrollo de nuestra sociedad, al margen de la vida económica si es preciso, que permita que cada cual aporte según sus capacidades y esté atendido según sus necesidades. 
¡Yo creo que es una deuda que tenemos con las personas con discapacidades! 
Señor Presidente, Señorías, el excelente informe de la Sra. Schmidbauer y el debate sobre este tema en general son de gran importancia también porque sencillamente es un hecho que una amplia parte de Europa presenta grandes deficiencias en el ámbito de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades, en comparación con otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Australia. 
Yo quisiera abordar sólo algunos puntos. 
El artículo 235 cubre de manera sumamente insatisfactoria este tema. 
Por consiguiente, es absolutamente necesario dotar a un nuevo programa de un enfoque jurídicamente fundamentado y promover la plena participación de las personas con discapacidades y de sus padres. 
Yo tampoco veo ninguna contradicción entre una política dedicada a los discapacitados basada en la integración y la igualdad de oportunidades y un programa específico para discapacitados. 
Al contrario, pienso que dicho programa específico puede ayudar a alcanzar el objetivo de la igualdad de oportunidades. 
Tanto en la Comunicación de la Comisión como en el informe de la comisión no queda suficientemente claro el hecho de que las personas con discapacidades también tienen, sobre todo, pleno derecho a su parte de felicidad, de diversión y de alegría. 
Por lo tanto, en el futuro será necesario ocuparse del tema de la plena integración de las personas con discapacidades en los ámbitos de la cultura, el deporte, el turismo y la política. 
Por ejemplo, el magnífico movimiento de los Special Olimpics, nacido en Estados Unidos y fundado por la familia Kennedy, es una experiencia que es preciso haber vivido para comprender cuanto significa para esos niños y adultos con minusvalía, la oportunidad que les ofrece de disfrutar de la competición deportiva, de ser felices y de manifestarse como personas perfectamente válidas de nuestra sociedad. 
Otro tema es la posibilidad de participación en la política para las personas sordas. 
En esta Cámara se traduce a todas las lenguas. 
Pero quién se acuerda de que también los sordos deberían tener derecho a poder participar en las manifestaciones políticas. 
El movimiento político que yo represento aquí, por ejemplo, también cuenta desde hace tiempo con traducción para sordos en algunos actos. 
Deberíamos prestar atención también a esta cuestión. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su informe y, al igual que ella, expresar mi satisfacción por la comunicación de la Comisión y, ante todo, por la inclusión del concepto de integración del objetivo de la igualdad en las políticas generales (mainstreaming). 
Este hecho me alegra mucho, teniendo en cuenta que la Asamblea General anual de las Naciones Unidas tiene una comisión especial que se ocupa en conjunto de las mujeres, los niños y las personas con minusvalía. 
La norma la definen los hombres normales. 
Los demás somos excepciones. 
El concepto de mainstreaming acaba con esta idea. 
En la práctica, el mainstreaming significa que las necesidades especiales serán incorporadas en las normales, lo que quiere decir que convertiremos lo especial en lo normal. 
Es lo contrario de segregación y relegación de lo extraño, lo diferente, a reservas especiales. 
El mainstreaming reduce la necesidad de soluciones especiales y evita así la segregación de las personas con minusvalías. 
En otras palabras, las personas con minusvalía se moverán por los bulevares anchos y no serán relegadas a las calles secundarias o sin salida. 
Quiero poner de relieve tres cuestiones. 
En primer lugar, la responsabilidad de la mayoría. 
El 10 % de los ciudadanos de la UE son personas con minusvalía. 
Se trata de una minoría y, además, una minoría sin poder. 
Este 10 % depende totalmente de las decisiones del 90 %, es decir, de la mayoría. 
Debemos ser conscientes de esta responsabilidad. 
Por eso el mainstreaming es tan importante. 
La situación 90/10 dejará de existir. 
En segundo lugar, quiero destacar los problemas especiales relacionados con las minusvalías que comienzan en una edad temprana, es decir, las que afectan a los niños y a los jóvenes, y las consecuencias que pueden tener para las vinculaciones con el mercado de trabajo; es preciso que los programas de formación de la UE incluyan a las personas con minusvalía. 
Y, en tercer lugar, quiero subrayar que, si la libre circulación en Europa ha de ser una realidad para las personas con minusvalía, deberán hacerse esfuerzos muy diferentes a los realizados hasta hoy. 
Señor Presidente, en la UE viven 37 millones de personas con discapacidades. Cinco veces la suma de la población austriaca y alrededor del 10 % de la población total de la Unión Europea. 
37 millones, una cifra considerable de personas que es preciso integrar y a quienes este hecho ya define como un colectivo marginal. 
Permítanme que pregunte cuántos enfermos de SIDA hay en la UE. 
Ciertamente no son 37 millones y, no obstante, la población es más consciente del problema de los enfermos de SIDA que del de las personas con discapacidades. 
Yo me pregunto si no se ha omitido promover con ayuda de campañas publicitarias y de personalidades populares de la vida pública un interés por las personas con discapacidades equivalente al que reciben otros colectivos marginales de la sociedad. 
¿Es posible que un motivo sea quizás también que se cae demasiado fácilmente en la tentación de encubrir los supuestos problemas y cerrar los ojos ante los mismos? 
¿El resultado final no es acaso un cierto desinterés de la opinión pública en general y de las fuentes de financiación a la hora de llevarse la mano a la cartera? 
Por otra parte, el ejemplo del SIDA también permite apreciar el éxito y el amplio impacto que puede alcanzar una buena campaña entre la población. 
Los programas de ayuda sólo tendrán verdadero sentido cuando se haya creado una conciencia de los problemas cotidianos de las personas con discapacidades entre el conjunto de la población. 
La mera reivindicación de una cláusula de no discriminación en favor de los discapacitados, aun cuando yo la apoyo, sólo cobrará vida y empezará a valer el papel sobre el cual esté escrita cuando la población no defina a las personas con discapacidades como un colectivo marginal, sino como parte integrante de ella misma. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito la comunicación de la Comisión y el informe que Barbara Schmidbauer ha elaborado en nombre del Parlamento y en respuesta a dicha comunicación. 
A lo largo de los años se pide en diversas ocasiones a los diputados que se hagan cargo de un tema, elaboren quizás un informe o una opinión sobre dicho tema y después pasen a nuevos sectores temáticos. 
No ocurre así en el caso de Barbara Schmidbauer. 
Ha dedicado toda una vida de trabajo a las cuestiones de los minusválidos, trabajando en pro de los minusválidos, y quisiera agradecerle sinceramente su labor en nombre de este Parlamento. 
Creo que un criterio válido para juzgar el bienestar de una sociedad es el respeto que la sociedad concede a los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. 
Si miramos en derredor en esta Unión Europea nuestra, veremos que no estamos respetando los derechos de los minusválidos. 
La mayor parte de esa tarea tiene que hacerse en el nivel de los Estados miembros, pero es evidente que las medidas adoptadas de un Estado miembro a otro varían considerablemente. 
En el nivel de la Unión Europea, como ha dicho Barbara, ni siquiera tenemos en este momento un fundamento jurídico que permita la continuación de la labor emprendida hasta ahora. 
La verdad es que es una lástima, en mi opinión, que la Comisión haya decidido que el primer programa que va a abandonar, en vista de las dificultades planteadas por el artículo 235, sea el programa en pro de los minusválidos. 
Si los ministros desean bloquear un programa a favor de los minusválidos, debemos transmitirles el programa y permitirles exponer que son los responsables de ese bloqueo. 
En la situación actual, la Comisión se está prestando a que se la acuse de participar en ese mecanismo de bloqueo. 
Naturalmente, nuestra esperanza más sincera ha de ser la de que la Conferencia Intergubernamental aporte un nuevo fundamento jurídico programático que permita la reanudación de la labor en ese sector. 
Johanna Boogerd-Quaak se ha referido a la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación como forma de mejorar las vidas de las personas con minusvalías. 
Eso también es muy importante. Si dichas tecnologías pueden disipar los conceptos de periferia geográfica, más importante aún es que se utilicen para disipar el concepto de aislamiento, de marginación, de personas con minusvalías. 
Pero, para que así sea, necesitamos una considerable inversión en equipo, en adaptaciones al equipo informático existente y nuevos programas informáticos y formación para que las personas minusválidas puedan beneficiarse de dichas tecnologías. 
Concluiré con lo que he dicho antes, a saber, que debemos esperar que la Conferencia Intergubernamental aporte un nuevo fundamento jurídico programático. 
También debemos esperar que haya una nueva cláusula antidiscriminatoria en el Tratado. 
Tenemos derecho a dar por sentado que así será- y no sólo a abrigar esperanzas al respecto- y, si nuestros dirigentes no las aportan, no debe extrañarles que nosotros, como diputados a esta Asamblea, nos neguemos a formar parte del equipo que intente convencer sobre la necesidad de un conjunto de cambios en el Tratado que no respeten los derechos y las preocupaciones de las personas a las que representamos. 
Señor Presidente, en la Unión Europea hay, aproximadamente, 37 millones de minusválidos, el 10 %, aproximadamente, de la población total de la UE. 
Y, sin embargo, esos 37 millones de personas se sienten excluidas e irrelevantes para la Unión Europea. 
Los minusválidos no figuran en los Tratados; una disposición en el Tratado es decisiva para que los derechos que entraña la ciudadanía europea, tales como la libre circulación y la libertad de prestar y recibir servicios, lleguen a ser una realidad para los minusválidos, según un documento titulado «Ciudadanos invisibles». 
En la Unión Europea hay un enorme grupo de interés formado por los afectados por minusvalías. 
Los minusválidos están irritándose ante la falta de atención que reciben. 
El propio hecho de que se celebre el debate un viernes, cuando sabemos que es un día en que la asistencia es escasa, revela la falta de preocupación que sentimos por los minusválidos. 
El Parlamento debería haber procurado que hubiera recibido la máxima atención en uno de los días centrales de la semana. 
Quisiera agradecer a la Comisión, por su excelente documento, y a la Sra. Schmidhuber, por su sensible y considerado informe. 
Convengo enteramente con todas las conclusiones que en él figuran, pero pido, en particular, un artículo sobre los derechos de los minusválidos en el Tratado. 
La Comisión debe acompañar sus palabras con la concesión de fondos y financiar, en realidad, programas encaminados a atender las necesidades de los minusválidos. 
De conformidad con el artículo 48, en la Unión Europea debe haber una libre circulación de trabajadores y, sin embargo, los minusválidos tienen muy pocas posibilidades de ejercer plenamente ese derecho, si no se hace algo para mejorar su condición y su capacidad para trabajar en la Unión Europea. 
Así, pues, insto y suplico a la Comisión: tenga la bondad de hacer algo positivo como consecuencia de este debate y de esta votación de hoy. 
Señor Presidente, la Comisión felicita y da las gracias a la ponente, Sra. Schmidbauer, por su excelente informe sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía. 
Es muy alentador observar que las tres instituciones políticas de la Unión, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, comparten en su informe y en su resolución la misma opinión sobre la filosoía en materia de derechos humanos e igualdad de oportunidades. 
El Libro Blanco sobre la política social europea ha estado en el origen de la comunicación de la Comisión. 
La Comisión expresó su intención de preparar una propuesta adecuada que tuviese en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas a las personas con minusvalía. 
Esto es de gran importancia para que la política de la UE avance al mismo ritmo que se hace a nivel internacional. 
El objetivo es, como se ha señalado hoy aquí en un par de ocasiones, pasar de una actitud protectora a un debate sobre los derechos de las personas con minusvalía. 
En este sentido, la comunicación de la Comisión se revela como piedra angular de cara a la creación de una nueva estrategia. 
Por lo que se refiere al informe de la Sra. Schmidbauer, la Comisión comparte la misma opinión sobre los resultados positivos del programa HELIOS. 
Este programa ha hecho posible la cooperación con las personas con minusvalía a nivel comunitario, ha contribuido a analizar los problemas y a recompensar los logros. 
Asimismo, ha fomentado la difusión de información sobre las mejores experiencias. 
Las experiencias que surgieron durante el programa han mostrado la necesidad de continuar con una estrategia en materia de política de personas con minusvalía también a nivel comunitario. 
La Comisión está estudiando la posibilidad de presentar una propuesta legislativa formal al Parlamento y al Consejo. 
Desde este punto de vista es fundamental evaluar los resultados del programa HELIOS II y de los proyectos piloto y los preparativos llevados a cabo a lo largo de este año. 
Como ustedes saben, el presupuesto de 1997 permite la realización de estos preparativos. 
La Comisión presentó hace más de dos semanas una comunicación en la que se recogen las principales directrices sobre el uso de los recursos. 
La participación de las personas con minusvalía en todos los ámbitos de la política de la UE no siempre es fácil y aún debe hacerse mucho para lograr una situación satisfactoria. 
La participación real de estas personas ocupa un lugar fundamental en la nueva estrategia de la Comisión, quien ha llevado a cabo una estrecha cooperación con el Foro europeo de personas minusválidas; se están adoptando todas las medidas oporturnas para que continúe la ayuda a dicho foro.Quiero expresar mi agradecimiento a la ponente, a la comisión competente para el fondo y a los diputados que han participado en este importante debate sobre la política de las personas con minusvalía. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
La dimensión ciudadana de la Unión Europea obliga a que cualquier persona que pertenezca a la Unión goce de los mismos derechos cívicos y sociales, así como de las mismas libertades. 
La Unión Europea, que cuenta con 37 millones de discapacitados, debe seguir evolucionando para lograr una situación de igualdad para todos. 
La mayoría de las personas con minusvalía aspiran a llevar una vida independiente y a disfrutar de un empleo. 
El informe de la Sra. Schmidbauer sobre la comunicación de la Comisión relativa a la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía implica ciertas carencias respecto a la aplicación de una verdadera política europea en pro de estas personas. 
Aun cuando la comunicación de la Comisión tenga el mérito de romper con un enfoque que durante mucho tiempo ha sido paternalista, esta última no puede vencer las dificultades planteadas por el artículo 235 del Tratado. 
En efecto, la comunicación de la Comisión no indica si tras el desarrollo del programa HELIOS II, que es el programa actual en favor de las personas con minusvalía, seguirán otros programas. 
Es preciso, por tanto, que durante la Conferencia Intergubernamental se decida un fundamento jurídico para permitir que, en el ámbito social, el Consejo vote por mayoría cualificada, y deje de hacerlo por unanimidad. 
Por otro lado, el «principio de inclusión» , encaminado a incorporar la igualdad de oportunidades en todos los programas estructurales, no debe impedir la continuación de programas específicos. 
Los programas deben, por una parte, hacer hincapié en la participación de los discapacitados en las decisiones que les afectan y, por otra parte, desarrollar las nuevas tecnologías de la información, para facilitar la vida de los discapacitados. 
Integración de los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0086/97) del Sr. Needle, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0219- C4-0260/95) sobre el apoyo de la Comunidad Europea para la integración regional entre países en desarrollo. 
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores acoge con satisfacción el excelente informe del colega Needle. 
El colega Dimitrakopoulos, a quien yo sustituyo hoy, ha elaborado una excelente opinión sobre el mismo, que encontrarán en su documentación; allí demuestra con gran detalle que la integración regional no se contradice con la integración en el comercio mundial, sino todo lo contrario. 
Yo pienso que era necesario hacerlo, puesto que los fetichistas de la globalización ponen reiteramente en entredicho la cooperación regional que se está llevando a cabo con éxito, y cuyo modelo se ha desarrollado de hecho también en Europa, la cual consideran contradictoria con un orden mundial. 
En este contexto, yo quisiera señalar que el movimiento de unificación europea del período de entreguerras- el movimiento paneuropeo- tuvo una doble oposición, a saber, los nacionalistas, por un lado, y por el otro, los defensores extremistas de la Sociedad de Naciones, que entonces ya afirmaban que una unión regional era superflua y que convenía establecer en seguida un orden mundial. 
Ahora vuelve a repetirse el mismo debate. 
Es curioso que precisamente en Europa, donde propugnamos la unión regional, algunos pidan que no se promuevan estas asociaciones regionales en otras partes del mundo. 
La Unión Europea no debería sumarse a esta apreciación errónea. 
La cooperación regional puede enmendar muchas situaciones establecidas precisamente en nombre de Europa o por obra de europeos. 
En África se crearon Estados artificiales y la cooperación regional permite allanar los problemas étnicos que surgen cuando se trazan líneas artificiales. 
Los flujos de refugiados pueden ser acogidos a escala regional, según el modelo establecido en Tailandia durante la guerra de Camboya o como ocurrió, por ejemplo, durante la guerra de Afganistán en Paquistán, donde millones de personas fueron acogidas cerca de su patria- con nuestro apoyo, pero allí- y desde allí fue más sencilla su reintegración en las estructuras de su país. 
La cooperación regional favorece de este modo la paz y, por lo tanto, deberíamos promoverla. 
No bajo la forma de uniones utópicas impuestas ni de entidades artificiales, sino- y esto se expresa muy bien en el informe- sobre la base de los flujos comerciales naturales y de los vínculos tradicionales, pero también de los intereses comunes. 
En efecto, una política común requiere no sólo una historia común, como se afirma siempre con nostalgia, sino también un futuro común. 
Nosotros podemos contribuir a configurar el futuro común de las regiones en desarrollo apoyando a las fuerzas regionales que allí colaboran, no dándoles lecciones, sino prestándoles ayuda para la autoayuda. 
Señor Presidente, en la actualidad, los procesos de integración regional representan uno de los factores fundamentales de la reorganización del mundo. 
El informe que estamos debatiendo aborda prioritariamente el tema de la integración económica, a pesar de que es evidente que para cada proceso de integración que quiera ser gestionado y orientado a objetivos de desarrollo humano, equilibrado y sostenible, es necesario que la integración se base en elecciones y voluntades políticas claras. 
El límite de la eficacia y alcance de muchos de los marcos de integración económica regional está justamente en la falta de consistencia política y de implicación directa de los agentes políticos y económicos afectados. 
Al mismo tiempo, la realización de una zona de integración económica regional debe contar con estructuras económicas sostenibles y con una disponibilidad real a la creación de un mercado común. 
A la hora de hablar de integración en los países en desarrollo, el papel de los donantes internacionales y, en particular, por lo que nos afecta, el de la Unión Europea, reviste una importancia fundamental para contribuir a establecer un marco de condiciones internacionales, de acceso a los recursos y de transferencia de conocimientos sin los cuales muchos proyectos están destinados al fracaso. 
Naturalmente, el telón de fondo es la globalización de la economía y de la tendencial liberalización de los intercambios internacionales. 
Sin embargo, y como sabemos muy bien, las dinámicas de los mercados no resuelven por sí mismas los problemas de los países más pobres, antes bien con frecuencia tienden a hacer más profunda la diferencia entre las zonas más ricas y las zonas más desfavorecidas del mundo. 
La integración del mercado mundial es posible y más ventajosa si se produce a través de la creación de zonas de desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y políticas Sur-Sur. 
Asimismo, reviste una importancia fundamental el apoyo a la creación y desarrollo de las capacidades institucionales y humanas en los países en desarrollo. 
No obstante, sabemos perfectamente que los esfuerzos nacionales e internacionales deben estar dirigidos, especialmente en estos países, a la lucha contra la pobreza y a satisfacer las necesidades prioritarias de las poblaciones. 
Es por esto que la cooperación al desarrollo y a la integración regional deben marchar al compás. 
Es evidente que no existen recetas aplicables universalmente, y el ponente, Sr. Needle, ha hecho bien en subrayarlo. 
Por otra parte, deseo agradecerle el excelente trabajo que ha llevado a cabo. 
Sin embargo, a pesar de que no existen, como acabo de manifestar, recetas aplicables universalmente, es sólo a través de la integración regional que los países en desarrollo pueden pensar en desempeñar un papel específico, importante y autónomo en las relaciones económicas y políticas internacionales y, es por esto que la misma representa una prioridad absoluta para las políticas de cooperación. 
Señor Presidente, es muy positivo que en diversas regiones del mundo se refuerce cada vez más la cooperación entre grupos de países. 
En el continente americano los vemos en el Pacto de los Andes y en Mercosur, en África encontramos buenos ejemplos, en África Occidental y en la zona meridional, y en Asia el grupo ASEAN es cada vez más fuerte, y también el foro del Pacífico es cada vez más prominente. 
De hecho, podemos afirmar que la Comunidad Europea, ahora Unión Europea, ha resultado ser un excelente artículo de exportación. 
El éxito de la cooperación en Europa Occidental se irradia al resto del mundo. 
La firma de acuerdos de cooperación regionales es por otra parte un signo de que disminuye la dependencia de estos países, por ejemplo, con respecto a Europa y Estados Unidos, y de que aumenta la independencia regional de las zonas en desarrollo. 
Es muy positivo. A fin de cuentas es un objetivo importante de los esfuerzos de cooperación al desarrollo en Occidente. 
La cuestión es ahora qué actitud adoptamos ante la cooperación regional en los países en desarrollo y cómo queremos estimular esta cooperación. 
Y en este sentido el documento de la Comisión ofrece algunas indicaciones buenas, a las cuales el Sr. Needle añade algunas sugerencias en su excelente informe. 
Quisiera recalcar algunas cuestiones que nuestro Grupo considera muy importantes. 
La primera cuestión. 
Ahora que muchos países en desarrollo cooperan cada vez más entre ellos es importante que los donantes también cooperen mejor. 
Esto significa que hay que mejorar la sintonización entre los 15 Estados miembros de la UE en la cooperación al desarrollo, tanto en Bruselas como en las embajadas en los propios países en desarrollo. 
Para ello hay que crear estructuras fijas, y la Comisión, que ya ha iniciado diversos proyectos piloto en este ámbito, debería instaurar rápidamente estas estructuras. 
La segunda cuestión. 
No se trata tan sólo de la clásica ayuda al desarrollo, el Sr. Posselt lo ha indicado ya claramente, sino también de las relaciones comerciales de la Unión y sus 15 Estados miembros con los países en vías de desarrollo y sus acuerdos de cooperación. También es preciso ajustar más estas relaciones comerciales a nivel regional. 
Apunto a los últimos acuerdos que se han hecho con los países de la ASEAN. Se trata de un buen ejemplo de enfoque conjunto. 
Pero también apunto a los problemas existentes en la zona de la SADC. 
En su consulta sobre un nuevo tratado comercial, Sudáfrica ha pedido que se tenga más en cuenta la zona de la SADC, es decir, incluidos los países limítrofes. Hemos de respetarlo. 
Al fin y al cabo, está teniendo lugar una integración comercial importante entre Sudáfrica y estos países y hemos de tenerlo en cuenta. 
La tercera cuestión. 
No todos los temas entran en consideración para el enfoque regional. 
Cuestiones como la infraestructura, el suministro de energía, las actividades de economía hidráulica y las relaciones comerciales, son ejemplos típicamente transfronterizos. 
Sin embargo, la ayuda a la educación, la ayuda a los hospitales, y otras cuestiones por el estilo, son cuestiones locales. 
Por tanto, la Comisión ha de hacer una buena selección entre las cuestiones que hemos de abordar conjuntamente y las que preferiblemente han de seguir siendo locales. 
Y una última cuestión. 
Por supuesto es importante que también en los países en vías de desarrollo los programas de desarrollo no se establezcan tan sólo a nivel nacional, sino también regional. Actualmente esto sucede en la zona de la SADC y también en el Foro del Pacífico, y por tanto es un enfoque que hemos de apoyar. 
Señor Presidente, he nombrado algunos elementos prioritarios en nombre de mi Grupo, pero pienso que el enfoque de la Comisión y el enfoque del Sr. Needle es excelente y por tanto apoyamos plenamente su resolución. 
Quiero dar las gracias al ponente por su informe y destacar tres temas. De entrada quiero señalar el hecho de que, con respecto a las ayudas a los países en desarrollo, Dinamarca es uno de los países que mayor porcentaje aporta, aunque, al mismo tiempo y por razones de principio, ha decido que el 50 % de estas ayudas se destinen a ayudas multilaterales. 
En primer lugar, quiero mencionar la necesidad indispensable de una mayor coordinación, no únicamente entre la UE y los Estados miembros, sino también entre la UE y las organizaciones multilaterales. 
En segundo lugar, -y me alegro de que también el ponente haya subrayado este tema- la necesidad de velar por un desarrollo medioambiental sostenible y de actuar para lograrlo, y no limitarnos a hablar. 
En tercer lugar, considero que en la cooperación regional debemos aspirar a un alto grado de autosuficiencia. 
Este será el mejor camino para lograr un desarrollo económico, laboral y medioambiental sostenible. 
Ha de ser así, aunque esto pueda perjudicar nuestros intereses comerciales. 
Señor Presidente, los objetivos de la Comisión con respecto a la integración económica y regional están encaminados, por una parte, a garantizar unas perspectivas de desarrollo sostenible y, por otra, a mejorar la integración de los países en vías de desarrollo en la economía mundial. 
Nosotros suscribimos totalmente el primer objetivo, a reserva de tener que señalar la necesaria democratización de las sociedades, pese al marcado afán de los organismos internacionales por los regímenes fuertes, que garantizan una aparente estabilidad social. 
La situación del Zaire nos recuerda que esta estabilidad social nunca es duradera. 
Por otro lado, la integración de las economías regionales, que ya se ha iniciado en ciertas zonas, contribuye a fortalecer los intercambios entre países del sur, así como también a luchar contra la pobreza y a consolidar la paz, y, finalmente, a desarrollar nuevas solidaridades. 
Naturalmente, no todas las zonas regionales están en condiciones de iniciar un proceso de integración, pero a todas ellas les interesa intensificar sus relaciones de cooperación, y eso por diversas razones. 
En primer término, por razones históricas. 
Sabemos que las actuales fronteras son esencialmente el resultado de acuerdos poscoloniales y que no corresponden necesariamente a una forma tradicional de ocupación de los territorios. 
En segundo término, por razones ecológicas, porque las cuencas vertientes y otras unidades geográficas no se superponen a las fronteras. 
En tercer y último término, por razones económicas, debido a la complementariedad de sus sistemas, así como también, evidentemente, para desarrollar economías de escala. 
La Unión Europea, en general, y la Comisión, en particular, deberían prestar especial atención al papel que representan las regiones ultraperiféricas y sobre todo los departamentos de ultramar que se encuentran en estas zonas, para articular mejor las políticas económicas de desarrollo y, naturalmente, para lograr una mejor movilización de los fondos, como el FEDER y el FED. 
En cuanto al segundo objetivo: mejorar la integración de los países en vías de desarrollo en la economía mundial, soy mucho más escéptica. 
No sólo porque no soy una militante del ultraliberalismo que caracteriza a las relaciones comerciales internacionales, sino también porque creo que los efectos nefastos serán importantes, ya que en particular pueden fomentar las actividades especulativas en detrimento de las actividades de desarrollo sostenible, y también porque la integración puede convertirse en un fin en sí misma y transformarse, de este modo, en mecanismo de aspiración financiera. 
No creo que podamos inscribir este tipo de ambiciones en unas políticas de desarrollo. 
Señor Presidente, el ponente, el Sr. Needle, nos ha presentado un interesante informe sobre la integración económica regional a raíz de una comunicación de la Comisión. 
Esta integración regional tiene por objeto eliminar los obstáculos de índole política para la circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países en desarrollo. Se parece a los objetivos que tenemos dentro de la Comunidad Europea. 
Pero la integración regional de los países en desarrollo no puede convertirse en una copia de la integración europea. 
Los países en desarrollo atraviesan una fase totalmente distinta de su desarrollo económico que los Estados miembros de la Comunidad Europea, y eso exige ajustar el enfoque. 
Así, el interesante experimento con la moneda única en África Occidental, el CFA, que tenía por objeto estabilizar las monedas, ha tenido a la postre un efecto contraproducente, cuando resultó que el CFA había perdido valor. 
La integración regional de los países más pobres me parece por lo general bastante arriesgada. 
Quizás les convenga más limitarse a una cooperación en que se aborden cuestiones de interés común. 
Si un país en desarrollo ha alcanzado una fase que ofrece perspectivas a una posición fuerte en el mercado mundial, y si en la propia región hay países en igual situación, entonces hay razón para una mayor integración. 
Pero si esta se fuerza en una fase prematura, puede perjudicar a ambas partes. 
Quería señalarlo porque considero que hasta ahora no se ha expuesto suficientemente. 
Señor Presidente, el hecho de que, por desgracia, junto a nuestros países ricos coexistan también muchos países que dependen de la ayuda de otros, genera para nuestras sociedades industriales occidentales una obligación social de prestarles ayuda. 
En el pasado, se intentó ofrecer muy a menudo esta ayuda bajo la forma de mero apoyo financiero. 
Sin embargo, yo quisiera proponer ahora que en el futuro la ayuda al desarrollo se canalice en considerablemente mayor medida que hasta ahora bajo la forma de proyectos concretos y de asociaciones económicas con los países donantes, con objeto de garantizar que dicha ayuda tenga sentido. 
Esto podría conseguirse, por ejemplo, incrementando claramente la transferencia de pericia técnica, lo cual permitiría ofrecer a los países y regiones necesitados una ayuda para la autoayuda, un concepto en el cual el colega Posselt ya ha hecho también el debido hincapié. 
No nos libraremos de nuestra culpa y nuestra responsabilidad en relación con los países pobres con meras inyecciones de dinero. 
No debemos preguntarnos cuánto hemos dado, sino más bien a quién ha beneficiado concretamente y qué resultados se han conseguido. 
Dicha modalidad de ayuda al desarrollo aparece con demasiada frecuencia más como un pago para librarse de la responsabilidad moral, que como una ayuda realmente útil para los habitantes de esos países, o sea, una ayuda orientada hacia unos objetivos, vinculada a unos proyectos y, sobre todo, eficiente. 
Una ayuda al desarrollo adecuada en el momento oportuno favorece tanto a los países donantes como a los receptores y también contribuye a evitar conflictos políticos más amplios. 
En efecto, la pobreza, la miseria y la carencia de recursos son sin duda las causas más significativas de los enfrentamientos bélicos. 
Desde esta perspectiva, una ayuda al desarrollo eficaz es un factor esencial para asegurar preventivamente la paz y en este sentido también puede interpretarse como una autoayuda para los países donantes. 
Señor Presidente, creo que en el informe se llama justificadamente la atención, al igual que en la comunicación de la Comisión, sobre los problemas prácticos con los que puede tropezar la integración económica en los países en desarrollo, sobre todo en los más pobres. 
En este sentido, el Africa subsahariana constituye en sí un conjunto bastante problemático. 
Existe un elevado número de organizaciones, pero hay una gran descoordinación entre ellas. 
Los promotores de la integración y el desarrollo económicos han puesto con mucha frecuencia unas esperanzas excesivamente optimistas en la influencia de estas organizaciones. 
Como se señala muy oportunamente en el informe, se trata de países que luchan contra una gran pobreza, por lo que en los programas destinados a disminuir la pobreza debe seguirse dedicando una parte importante a su ayuda. 
En principio, la Unión Europea cuenta con buenas oportunidades para fomentar una integración económica saneada, siempre y cuando se recuerde que el simple seguimiento de las formas externas de integración de los países industrializados puede no servir de modelo en el caso de la integración de los países en desarrollo. 
En el informe se pone justificadamente de relieve el hecho de que no basta con prestar atención únicamente a la dimensión económica. 
Hay que tener en cuenta también los aspectos medioambientales desde un punto de vista sostenible. 
Estoy completamente de acuerdo con la ponente en esta cuestión. 
Asimismo, quiero hacer hincapié en la necesidad ineludible de que se tengan en cuenta los factores políticos. 
También se observan planteamientos políticos enfrentados, por ejemplo, por el liderazgo político, sobre todo cuando se acaba de salir de una lucha armada por el poder. 
Esto debe tenerse en cuenta con el fin de que se pueda prestar ayuda a la integración de una manera razonablemente eficaz. 
El papel más importante de la Unión Europea a la hora de respaldar la integración económica de los países en desarrollo no puede ser el de lograr unos mercados más amplios para sus propios Estados miembros, lo que entorpecería el desarrollo de la economía y de la producción de esos países. 
A la hora de fomentar la integración económica no se debe conceder un poder desmedido a las duras fuerzas del mercado, con las que tal vez se podrán embellecer los datos macroeconómicos, pero que, a la vez, pondrán en todavía mayores dificultades a las personas que se encuentran en una situación más desfavorable. 
Con estas condiciones, debería continuar, en mi opinión, el apoyo a la integración económica. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero agradecer sinceramente al Sr. Needle su excelente informe, que desde su orientación económica nos ha aportado mucho. 
No obstante, yo quisiera abordar el tema más bien desde su vertiente política. 
El Sr. Linser ha afirmado con razón que este proyecto, tal como lo presenta el Sr. Needle, es en su mayor parte de interés para Europa. 
Nosotros tenemos interés en el mantenimiento de la paz y ésta ciertamente no está asegurada. En efecto, si uno observa los países en desarrollo es preciso constatar que en todas partes hay bombas de relojería activadas. 
En Europa, no es un hecho suficientemente conocido que en estos momentos hay dieciséis guerras en África. 
Se trata de conflictos pequeños y otros más grandes. 
Sin embargo, sólo se habla de las guerras sobre las que informa la prensa, de aquello de lo que ésta no informa, no se habla. 
Y un hecho todavía más grave: lo que se vislumbra en la callada Oceanía, la guerra entre Papúa Nueva Guinea por un lado y Bougainville por el otro, es una de las guerras más espantosas, pero ¿quién habla de ella? 
¿Quién se da por enterado, a pesar de que su importancia económica es decisiva? 
Esto nos plantea un reto. 
Por otra parte, continuamente se insiste en que no se dispone de dinero suficiente para la ayuda al desarrollo. 
Yo creo que el dinero es suficiente, pero se reparte mal y se emplea mal. 
Continuamente se repite que es preciso ayudar primero a los más pobres y sólo después al resto. 
Yo pienso que sería más adecuado proceder a la inversa. 
Primero es preciso ayudar a los países que se encuentran en el umbral del desarrollo para que puedan traspasarlo, puesto que cuanto más anchas sean las espaldas que soporten la carga de la ayuda al desarrollo, más adecuada será ésta para todos. 
Finalmente, es preciso redefinir continuamente de manera adecuada esta ayuda. 
De manera adecuada significa que ésta debe dirigirse en primer lugar a la población, pues los grandes proyectos permiten abarcar, sin duda, todo un espacio, pero el desarrollo lo generan realmente los proyectos reducidos. 
Por lo demás, la ayuda al desarrollo también incluye, sobre todo, el desarrollo humano y éste está todavía muy mal cubierto. 
Lo cierto es que sin una infraestructura humana no será posible avanzar. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al ponente por una labor excelente y agradeciéndole que haya tenido en cuenta algunos de los elementos fundamentales de la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
En particular, quisiera referirme al hecho evidente, pero importante, de que el apoyo a la integración económica regional entre los países en desarrollo debe estar basado en las realidades que afrontan los países en desarrollo en las regiones concretas de que se trate. 
Para ello, es necesario que la Unión Europea tenga un planteamiento profundamente diferenciado de la integración económica regional y que la Comisión adopte medidas de apoyo que sean apropiadas para las circunstancias concretas que afrontan esas agrupaciones regionales. 
Sobre ese fondo, la integración económica regional per se debe verse tan sólo como un componente de un proceso de construcción de una comunidad regional de intereses sobre la cual se puede desarrollar una cooperación regional más estrecha y, posteriormente, la integración regional. 
Eso significa que se debe prestar la misma atención a la prestación de apoyo a otras formas de cooperación regional que sirvan para fomentar y desarrollar una comunidad de intereses, como, por ejemplo, una cooperación en materia de transporte, comunicaciones, energía, etc. 
Quisiera subrayar aquí que para ello será necesario que los servicios de la Comisión presten una mayor atención a la gestión de programas de apoyo para la cooperación funcional en las regiones del mundo en desarrollo en las que existen importantes obstáculos para la iniciación eficaz de la integración económica regional. 
Pasando del informe a la comunicación de la Comisión, me resulta algo sorprendente que en la comunicación sobre el apoyo a la integración regional la Comisión afirme que existen razones poderosas para pasar de las preferencias unilaterales a una mayor reciprocidad entre países industrializados y países en desarrollo. 
Sus Señorías han de conocer la preocupación recientemente expresada por la región del África meridional por la propuesta de una zona de libre comercio Unión Europea-Sudáfrica. 
La Comisión ha reconocido recientemente que las medidas encaminadas a la creación de una Asociación Africana de Libre Cambio tendrían consecuencias en los ingresos aduaneros recaudados por los países en desarrollo: en muchos casos, las finanzas de esos países están en una situación precaria. 
Por último, el paso a las preferencias comerciales recíprocas podrían socavar en gran medida los procesos de industrialización en algunos países. 
Por eso, reviste importancia decisiva que se evalúen plenamente las consecuencias concretas para los países en desarrollo de las regiones que entren a formar parte de una Asociación Africana de Libre Cambio antes de que se examine en serio la introducción de una mayor reciprocidad. 
La eficacia de las metas de nuestras políticas irá determinada en gran medida por nuestra comprensión de esas cuestiones decisivas. 
Señor Presidente, como ponente para la Asamblea Paritaria ACP sobre la cooperación regional en los países de Lomé, acojo con el mayor beneplácito este excelente y oportuno informe del Sr. Needle. 
También yo acojo con el mayor beneplácito la comunicación de la Comisión, en el momento en que avanzamos hacia esa situación de economía mundial. 
Es una base válida para el debate, en partenariado- es de esperar- con las naciones ACP. 
La fuerza de muchos Estados africanos sólo puede desarrollarse a partir de una buena cooperación económica regional que posiblemente propicie la integración política en una fase posterior. 
África tiene que aceptar que debe ayudarse a sí misma; la salvación está en el comercio, no en la ayuda. 
Pero en la UE debemos ayudar a la creación de esa nueva fuerza económica mediante estructuras regionales. 
En un marco mundial, el continente de África, mediante la fuerza de sus regiones, debe ser, lógicamente, el siguiente para las inversiones procedentes de las naciones desarrolladas, pero sin estabilidad política y buen gobierno no será, sencillamente, así. 
Como ya hemos visto, la cooperación regional puede contribuir a prevenir los conflictos, por lo que creo que sólo las propias naciones africanas pueden lograr la paz y la estabilidad influyendo en sus vecinos. 
Si la Comisión se propone adoptar la ayuda regional post-Lomé como la nueva vía por la que avanzar, la pregunta fundamental habrá de ser cuál debe ser la composición de esas regiones y cómo podemos precisarla. 
África está plagada de regiones y subregiones y muchas regiones están entrelazadas con diversas regiones. 
A mi juicio, eso no puede seguir así y espero que la Comisión, en cooperación con los países de Lomé, esté examinando seriamente una estructura viable que constituya, histórica, social e internacionalmente, una agrupación que aporte una base sólida sobre la que trabajar. 
Si lo hacemos, creo que a continuación se podrán aplicar todos los detalles que figuran en este informe. 
Señor Presidente, al tiempo que felicito al ponente por un informe excelente, permítaseme decir que esto es en verdad muy importante, en particular para el Parlamento Europeo, por la historia de la Unión Europea, y quisiera partir de la observación hecha por el Sr. Habsburg y el Sr. Corrie en relación con la violencia, los conflictos y la guerra. 
Si miramos una región en el África meridional, vemos que la fuerza impulsora para el lanzamiento de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) fue la determinación por parte de los Estados de primera línea de cooperar y dar muestras de solidaridad mediante la decisión de acabar con la brutalidad y la violencia del régimen del apartheid. 
Estoy seguro de que a ello contribuyó la positiva reacción procedente de diversas partes del mundo y, en particular, encabezada por el Parlamento Europeo, que decidió, contra los deseos de muchos de los gobiernos de los Estados miembros, gobiernos nacionales de esta parte de la Europa occidental, apoyar el aislamiento de Sudáfrica, aprobado por las Naciones Unidas, y crear un fondo especial con cargo a nuestras disposiciones presupuestarias aquí. 
El apoyo prestado por esta región al África meridional es algo que se puede examinar para Nigeria, el Sáhara Occidental y Papua/Nueva Guinea. 
Debemos recordar siempre nuestras responsabilidades y oportunidades especiales. 
No hace mucho que el difunto Presidente Mitterrand nos recordó que el nacionalismo significa guerra. 
Sabemos que la fuerza impulsora, la cooperación económica lograda en la Europa occidental, se debió a la determinación por un pequeño número de Estados-nación de que no continuara la historia de violencia, la historia de cementerios y campos de concentración de masas y su convencimiento de que se podía hacer algo al respecto. 
Ésa es la razón por la que me complace mucho que el Sr. Needle haya mencionado la prevención de los conflictos, haya mencionado los objetivos políticos, y yo quisiera acoger con beneplácito, como él, un seguimiento por parte de la Comisión para situar toda esta cuestión de la integración regional en un marco político mucho más amplio en el futuro. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento por la calidad del informe del Parlamento, que, en gran medida, hace suyos el análisis y las recomendaciones de la comunicación de la Comisión, al tiempo que articula varias custiones decisivas. 
El informe del Parlamento refleja la evolución reciente del pensamiento sobre este asunto. 
Este debate es digno de particular beneplácito en un momento en que, por diversas razones, las posibilidades de éxito de las gestiones en pro de la integración regional entre países en desarrollo son mayores que en el pasado. 
Por otra parte, desde que la comunicación fue remitida al Parlamento en junio de 1995 el regionalismo ha ido cobrando cada vez mayor crédito, como procedimiento útil de desarrollo. 
La OMC y varios organismos de desarrollo reconocen ahora que el regionalismo pude ser un peldaño útil hacia la integración en la economía mundial, siempre y cuando las regiones sigan manteniendo una postura abierta respecto del resto del mundo. 
Así, cada vez existen más posibilidades para una coordinación eficaz de los donantes- como ha pedido el Parlamento- que incrementaría los resultados de nuestro apoyo. 
Al mismo tiempo, en algunas regiones en desarrollo ha progresado también la situación en cuanto a las condiciones previas para una integración regional lograda. 
Las políticas de ajuste económico están empezando a dar fruto en muchos sectores. 
En muchas partes del mundo el imperio de la ley, el buen gobierno y la situación política en general han mejorado, aun cuando sigan existiendo demasiados puntos conflictivos. 
También es un momento apropiado para revisar nuestras recomendaciones a la luz de la experiencia reciente, en particular en el marco de nuestra labor operativa en marcha. 
Ahora bien, quisiera comentar brevemente dos observaciones que figuran en el informe del Parlamento. 
Una es la distribución equitativa de los beneficios de la integración. 
Como señala atinadamente el informe del Parlamento, las recomendaciones de la Comisión son compatibles con el objetivo de aportar a las poblaciones de los países más pobres una situación más sólida para luchar contra la pobreza endémica que aún sigue asolándolos. 
El apoyo financiero y técnico prestado va encaminado a contribuir a que la integración económica sea beneficiosa para todos los países interesados. 
El encaminamiento del apoyo a las partes necesitadas de la sociedad se ve facilitado por la conexión con el apoyo al ajuste estructural que se centra en los sectores sociales. 
En la práctica, la atención especial habrá de depender de que se logre que esa asistencia se filtre efectivamente hasta todas las secciones de la sociedad. 
La otra observación que quisiera comentar es la relativa a la vinculación entre consideraciones medioambientales e integración económica regional. 
La comunicación se centra en la integración económica regional, considerada no como un fin en sí misma, sino como parte de una estrategia para lograr el desarrollo sostenible. 
La consideración medioambiental debe ser una parte fundamental de la estrategia global. 
En la actualidad, esas consideraciones se tienen en cuenta plenamente en el marco de las formas funcionales de cooperación regional: por ejemplo, en la lucha contra la desertización y la preservación de los bosques tropicales. 
En conclusión, quisiera recordar que, en mi opinión, si bien la integración económica regional es un paso necesario para que las pequeñas economías en desarrollo participen eficazmente en la economía mundializada, no es un proceso fácil. 
Así, pues, reviste importancia decisiva la fijación de objetivos razonables para evitar fracasos costosos. 
La Comisión está dispuesta a continuar desempeñando su papel rector a este respecto en colaboración con los Estados miembros y otros organismos de desarrollo interesados, teniendo en cuenta las preocupaciones y las recomendaciones del Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Crisis en el sector del arroz 
Se procede al debate de la pregunta oral (B4-0020/97-0-0034/97) de los diputados Fraga Estévez, Colino Salamanca, Fantuzzi, Happart, Ebner, Jové Peres, Lambraki, Campos, Arias Cañete, Redondo Jiménez, Rosado Fernandes y Vallvé, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a la Comisión sobre la crisis en el sector del arroz. 
Señor Presidente, si celebramos en el día de hoy un debate sobre el arroz, ello es debido a la gravísima situación en que dicho sector se encuentra, situación que no ha hecho más que empeorar en los últimos meses y que afecta tanto a países productores como a países transformadores. 
La triste realidad es que el 70 % de la producción se encuentra aún sin vender y tendrá por tanto que ir a intervención, lo que en este sector es absolutamente excepcional. 
¿Por qué hemos llegado a tal situación?. 
En primer lugar, las pésimas negociaciones de las que fue objeto este sector en el seno de la Ronda Uruguay del GATT han traído consecuencias funestas y difícilmente remediables. 
En segundo lugar, la entrada en vigor de la Decisión 91/482 del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar ha hecho que los flujos de importación sean realmente insostenibles. 
Como consecuencia de todo ello en la pasada campaña entraron en territorio comunitario más de 200.000 toneladas de producto base elaborado y las cantidades relativas a los 3 primeros meses de la nueva campaña indican un desconcertante aumento progresivo. 
Por si la situación no fuera suficientemente desastrosa, señor Presidente, la Comisión Europea en enero de este año ha procedido, en contra de la opinión de productores e industriales, al establecimiento de un contingente arancelario de 32.000 toneladas de arroz procedente de Egipto, con una reducción arancelaria del 25 %, que se tiene que sumar a otra reducción del 25 % de la que ya gozaba este país. 
Todo este cúmulo de problemas ha llevado, a solicitud de los Gobiernos de Italia y de España, al establecimiento de medidas de salvaguardia por parte de la Comisión en el pasado mes de febrero respecto a la importación de arroz originario de los países y territorios de ultramar que será aplicable hasta el próximo 30 de abril. 
Por último, es necesario subrayar en este contexto la actitud de los Estados Unidos de América que están sometiendo a un inaceptable y continuo chantaje a la Comisión con el fin de conseguir ventajas aún mayores para su arroz. 
Cualquier concesión de este tipo, señor Presidente, pondría en peligro inmediato el sistema de intercambios entre la Comunidad y terceros países eliminando hasta los últimos márgenes la preferencia comunitaria y exponiendo de hecho la producción comunitaria a la competencia mundial. 
Por todo ello, permítame que le haga, señor Comisario, ciertas propuestas para paliar la situación del sector arrocero comunitario. 
En primer lugar, es necesario que con carácter definitivo se establezca una cantidad máxima que pueda gozar de la exención de aranceles, cantidad que tiene que ser compatible con las exigencias de la colocación de la producción comunitaria. 
En segundo lugar, no se puede ceder al chantaje de los Estados Unidos. 
Algo que nunca puede estar justificado y que, además, va más allá de las mismas perspectivas de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
Y a este respecto, tengo que decirle, señor Comisario, que me han informado de que en el último Comité de gestión de cereales la Comisión ha aprobado un proyecto de reglamento dirigido a poner en marcha un sistema de reembolso de derecho de importación en el sector arrocero condicionado a que los americanos retiren la acción emprendida el 13 de febrero, ante la Organización Mundial del Comercio contra el régimen de importación comunitario de arroz y cereales. 
Le pido encarecidamente, señor Comisario, en nombre de esta Asamblea que no ponga en marcha dicho proyecto que nuevamente es contrario a los intereses del sector comunitario. 
Pedimos también que, respetando los límites a las exportaciones subvencionadas impuestos por el GATT, se añadan a esta campaña las 75.000 toneladas que no se utilizaron en la pasada, lo que podría agilizar notablemente el mercado. 
La ayuda alimentaria podría ser otra de las salidas a una cierta cantidad de arroz, lo que eliminaría parte de los excedentes. 
Por último, quizás sería necesario una revisión de la organización común de mercado del arroz en el sentido de adelantar a un año lo previsto para tres, es decir, que se vaya directamente a la máxima ayuda y a los mínimos precios de intervención. 
Éstas, señor Comisario, son algunas de las ideas que le ofrecemos y esperamos que la Comisión las ponga en práctica si quiere realmente solucionar los problemas de un sector que está sufriendo una grave crisis sin culpa alguna por errores cometidos por otros, errores que esperamos puedan ser subsanados. 
Señor Presidente, la pregunta oral formulada por los diputados es, en verdad, de interés actual y ya ha sido objeto de diversos debates en los últimos meses. 
El sector del arroz, después de años de grandes avances, pese a una sequía que afectó a temporadas recientes, vuelve a estar en una situación delicada por las grandes cantidades disponibles, algunas de las cuales podrían ir destinadas a la intervención. 
El problema es debido, por un lado, a una gran cosecha a raíz del fin de la sequía en España y a condiciones climáticas muy buenas en los otros Estados miembros productores y, por otro, al aumento de las importaciones, basadas en acuerdos preferenciales y en la reducción de la protección en las fronteras, resultante de los acuerdos de la Ronda Uruguay. 
Así, pues, la Comisión ha procurado aplicar una política prudente en materia de exportación en los primeros meses del ejercicio de comercialización para fomentar las ventas dentro de la Comunidad. 
Al final de marzo, se había comercializado más de la mitad del arroz cosechado en Italia- el mayor productor de arroz de la Comunidad -, pero en los otros Estados miembros interesados, en particular Grecia, la tasa de ventas es inferior. 
Aunque las importaciones habían aumentado en un 21 %, a 18 de marzo las exportaciones habían aumentado un 88 % respecto del nivel correspondiente del año pasado y se había suministrado el 28 % más de arroz como ayuda alimentaria. 
La reforma del sector del arroz introducida por el Reglamento nº 3072/95 no entrará en vigor hasta el ejercicio de comercialización 1997-1998, en el que el precio de intervención se reducirá en un 5 %. 
La reducción alcanzará el 15 % en el ejercicio de comercialización 1999-2000 y de ese modo el arroz de la Comunidad podrá competir mejor con el arroz importado. 
A petición de Italia y España, la Comisión ha aplicado una cláusula de salvaguarda a las importaciones de arroz de los TU. Dichas importaciones han aumentado considerablemente en los cinco últimos años. 
La cláusula de salvaguarda, válida durante cuatro meses y que limita las importaciones exentas de derechos de aduanas a un total de 44.728 toneladas durante ese período, ha contribuido a invertir la tendencia a la baja en los precios del arroz en el mercado. 
Sin embargo, los precios en el mercado siguen aún en niveles inferiores al precio de intervención, por lo que la Comisión decidió el pasado miércoles renovar la cláusula de salvaguardia. 
En este momento, cuando el período de intervención comienza el 1º de abril, continúan las exportaciones de arroz japónica y el Comité de gestión hizo públicos el 27 de febrero dos anuncios de licitación para arroz tipo índica: uno relativo a arroz descascarillado para su entrega a Réunion y el otro relativo a exportaciones de arroz hervido. 
Esas medidas contribuirán a mejorar la comercialización del arroz comunitario en la segunda mitad del ejercicio de comercialización, con lo que reducirán las cantidades que se podrían ofrecer para la intervención. 
Señor Presidente, señor Comisario, el sector del arroz no ha causado nunca demasiadas penas a la Comunidad, ya que se las ha arreglado siempre y ha crecido sin demasiados apoyos y contado sobre todo con sus propias fuerzas. 
Desde algún tiempo a esta parte, sin embargo, parece que existe la deliberada voluntad de mermar estas fuerzas y de impedir que siga adelante. 
Primero fueron las importaciones sin arancel de los países y territorios de Ultramar (PTU) que crecen de forma desmesurada y perjudican al mercado interior, luego los nuevos contingentes de importación debidos a la ampliación de la Unión Europea, más tarde las decisiones relativas al sistema de recuperación acumulativa con los Estados Unidos y, por último, otros contingentes para los nuevos acuerdos de asociación. Se trata de un cúmulo de circunstancias explosivo que ya ha provocado la carrera a la intervención para la producción comunitaria que gravará las cajas comunitarias y que, a mi juicio, creará un enorme y perverso círculo vicioso, es decir, productos que entran sin demasiados controles, posibles fraudes y costes muy elevados para mantener una producción interior a la que le costará más que antes encontrar su parte de mercado. 
Señor Comisario, si ésta es la nueva PAC, no estoy en absoluto contento. 
El mercado se aleja y el precio sufre alteraciones por decisiones que nada tiene que ver con el mercado. 
Los Estados Unidos se están divirtiendo como hace el gato con el ratón, ya que tras retirar su recurso ante la OMC con respecto a los cereales y el arroz, pocos días después volvieron a interponer el mismo recurso en el momento en que, para satisfacerles casi en todo, la Comisión estaba a punto de adoptar un reglamento sobre el sistema de recuperación acumulativo. 
Al observar lo que sucede en el sector del arroz, y aprovechando la Conferencia Intergubernamental, quizás podríamos volver a formular el artículo 39 del Tratado que se refiere a los principios de la PCA de esta forma: » La Comunidad se compromete a someterse a la voluntad del departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos de América». 
En efecto, no cabe duda de que los recursos de los Estados Unidos cuentan mil veces más que las denuncias y las protestas de nuestros productores de arroz. 
Como usted acaba de manifestar, ayer la Comisión decidió prorrogar la cláusula de salvaguardia hasta después del 30 de abril y por mi parte tomo nota de ello. 
Sin embargo, ¿cuándo va a solucionarse una vez por todas esta situación mediante una modificación sensata de la decisión del Consejo sobre la asociación de los PTU a la Unión Europea? 
Señor Comisario, ¿es posible que tan sólo un Estado miembro pueda bloquear durante tanto tiempo la voluntad de los catorce restantes de paliar lo que no funciona de forma más que evidente, según reconoció el propio Tribunal de primera instancia, y que no ofrece ni siquiera ventajas para los países y territorios de Ultramar afectados? 
A lo mejor nunca como en este caso habría sido necesaria la presencia de la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Tomo nota amargamente del hecho de que hoy no quisiera estar aquí presente y contestar a nuestra pregunta. 
Señorías, creo que la solidaridad comunitaria es algo serio, ya que de lo contrario y por desgracia, deberemos estar de acuerdo con el director de la Agencia Europea que en un reciente editorial afirmó que con frecuencia el libre comercio en agricultura esconde una generosidad selectiva, o sea, que se estimula tan sólo cuando conviene. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde hace algo más de un año, hemos modificado la organización común del mercado del arroz y encontrado un equilibrio entre la salvaguardia de las producciones europeas y las exigencias de liberalización del sector, que los productores consideran satisfactorio. 
El equilibrio, trabajosamente alcanzado en diciembre de 1995, sin embargo, se ha roto a causa de una cadena de errores cometidos a la hora de celebrar los acuerdos comerciales. 
Ya se han citado la Ronda Uruguay, el 25 % de reducción arancelaria en favor de Egipto, las 300.000 toneladas procedentes de los países y territorios de Ultramar, el aumento de las concesiones en favor de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, etcétera, concesiones que se añaden a las 63.000 toneladas exentas de arancel tras la ampliación a Austria, Finlandia y Suecia. 
Así las cosas, cabe preguntar qué le va a pasar a la agricultura europea cuando se llegue a la Ronda Uruguay 2 y cuando la Unión se amplíe a los PECOS. 
Con frecuencia denuncié la disociación entre lo que define la política agrícola y lo que destruye la política exterior y comercial de la Unión Europea. 
En la Agencia Europea de 1 de abril, pude leer que el Consejo de los Ministros de Agricultura parece que se dio cuenta de esta disociación al pedir y definir unas medidas orientadas a una acción política y comercial de la Unión más coordinada. 
Con respecto al arroz, los ministros de Agricultura pueden demostrar que son coherentes y creen realmente en los análisis realizados si actúan con arreglo a lo que solicitamos en la propuesta de resolución que vamos a votar al final de este debate. 
En dicha resolución se pide a la Comisión que realice un análisis sobre el funcionamiento de la OCM. 
Dicha solicitud me parece acertada a fin de comprobar asimismo las deficiencias de las evaluaciones sobre el tema de la calidad del arroz europeo, realizadas en su momento por la Comisión. 
Entonces se dijo que la variedad índica tendría futuro, sin embargo, no se hizo nada para desarrollar la investigación sobre las producciones de semillas de calidad europea con el fin de seguir manteniendo una subordinación a los Estados Unidos. 
Entretanto, Egipto, apoyado por los Estados Unidos, ha logrado rentas y calidades a nivel europeos e incluso superiores con respecto al arroz de variedad japónica al ofrecerlo al mercado europeo con un nivel de calidad y de precios competitivos. 
De esta forma, países como Italia han sido doblemente penalizados por los límites objetivos demostrados por la variedad índica y por el bloqueo de la investigación sobre la variedad japónica que se registró en su momento. 
Señor Presidente, Señorías, se trata de escapar a la subordinación política en la que se ha colocado la Unión Europea con respecto a los Estados Unidos en el ámbito del comercio internacional y de defender los intereses de los productores, con frecuencia relegados a un segundo plano con respecto a los intereses de los grandes importadores públicos y privados de la Unión Europea. 
Señor Presidente, hasta este momento han intervenido cuatro oradores, una española y tres italianos. 
Señor Comisario, ésta es una señal concreta para establecer dónde reside el gran miedo que suscita la actual, increíble e insostenible situación creada en el sector del arroz. 
Ciertamente, van a intervenir otros oradores, sin embargo, son estos dos Estados los que van a verse más perjudicados por esta dramática situación, si no le ponemos remedio. 
De hecho, las cuotas adicionales de arroz, concedidas a los terceros países, están poniendo de rodillas, de forma quizás irrecuperable, los cultivos de arroz, en especial en Italia que, como todos sabemos, es el principal productor y que además cuenta con zonas endémicas en las que histórica y tradicionalmente este cultivo no presenta ninguna posibilidad de ser substituido por otros. 
Desde hace poco, a los ya crónicos defectos del GATT se han añadido las normas, decididamente poco claras, referentes a las compensaciones en favor de los tres nuevos Estados miembros de la Unión Europea: 63.000 toneladas de arroz blanco sin arancel y 20.000 toneladas con un arancel de 88 ecus por tonelada equivalen, según las estadísticas de EUROSTAT, aproximadamente al 31 % y al 58 % de las superficies afectadas en Europa, considerando que se trata en gran parte de arroz de calidad índica. 
En consecuencia, y como se ha subrayado, todo contribuye a sumir en una crisis la producción comunitaria, sumergida por montañas de arroz importado de los países de Ultramar: 215.000 toneladas el año pasado, 200.000 toneladas hasta la fecha y los que se atreven a hacer previsiones hablan de 396.000 toneladas a finales de año. 
Yo también creo que ha llegado el momento de hacer un planteamiento claro y firme a los Estados Unidos. 
Ya ha pasado la época en la que estas disputas se resolvían con declaraciones de guerra y, en consecuencia, tratemos de emplear los tratados más que los cañones, aunque, francamente, en otros tiempos se habría recurrido a estos últimos. 
Los Estados Unidos, de hecho, están acostumbrados y aquí lo demuestran, a llevar sus relaciones con prepotencia. Ha llegado el momento de hacer entender a los Estados Unidos y a quien colabora con ellos, por ejemplo, los países neerlandeses de Ultramar, que Europa no está dispuesta a soportar por más tiempo esta clase de vejaciones. 
De esta forma, vamos a evitar también muchos perjuicios económicos. 
En efecto, este año obtendremos menos ingresos procedentes del cobro de aranceles, habrá un incremento de los gastos originados por la restitución a las exportaciones y de los asignados a soportar las compras a la intervención. 
Señor Presidente, este año vamos a gastar 28 mecus. El año pasado no gastamos ni siquiera uno. 
Señor Presidente, señores diputados, después de la aprobación de la OCM del arroz y recuperada la normalidad climática, la presente campaña es la primera que se puede considerar, desde el punto de vista de los valores de producción del arroz, sensiblemente normal. 
Ahora bien, la normalidad termina aquí, ya que en este momento, con cerca de ocho meses de duración, cerca del 70 % de la producción del arroz comunitario de la campaña de 1996-97 está aún por vender. 
Varias son las razones que determinan esta situación. 
Conviene abordarlas de forma clara. 
Con la producción europea normalizada, la importación en aumento de arroz ha saturado y presionado el mercado, lo que ha provocado una bajada de los precios insoportable para los productores europeos, que o se ven obligados a vender su producto por valores inferiores a los de costo, con lo que se arruinan, o se arruinan por no venderlo y optar- o verse obligados a ello- por hacer su almacenamiento. 
En mi país- y por citar un solo ejemplo- la disminución del precio en la producción puede alcanzar valores de unos 40 escudos, es decir, 0, 2 ecus por kg. Sólo, que el arroz importado tiene orígenes diferentes. 
Una parte incluso está prevista en los dispositivos reglamentarios existentes, respetando las cuotas y pagando derechos de importación. 
La otra parte, responsable fundamental de la degradación del mercado, procede sobre todo de los territorios de Ultramar británicos e irlandeses. 
Pero esa parte no se produce allí, pues esos lugares sirven de placas giratorias en las que se beneficia del libre acceso al mercado comunitario establecido para dichos territorios. 
El arroz que así entra en la Unión Europea constituye una importación de muy dudosa legalidad, distorsiona el mercado y la competencia, provoca la bajada de los precios y perjudica fraudulentamente al presupuesto comunitario por los derechos aduaneros que no se cobran. 
La decisión de la Comisión de prorrogar más allá del 30 de abril las medidas restrictas a la importación de ese arroz, que estaban en vigor desde hace cuatro meses, son positivas. 
Pero, ¿cuánto tiempo durará esa prórroga? 
¿Se mantendrán los valores de importación del cuatrimestre anterior? 
¿Cuál será su evolución? 
¿Y qué va a hacer a este respecto la Presidencia holandesa, particularmente interesada y afectada? 
¿Aceptará la decisión de la Comisión? 
¿Desbloqueará por fin la posibilidad de formular un régimen de importación controlado para aquellos territorios de Ultramar? 
¿O seguirá actuando como parte interesada, permitiendo la distorsión de la competencia, protegiendo intereses poco claros y promoviendo, de hecho, la ruina de los productores comunitarios? 
Señoras y señores diputados, o se controlan de hecho las importaciones de arroz y se adoptan medidas en ese sentido con vistas a esta y a las futuras campañas de arroz o este sector no tendrá probablemente futuro en la Unión Europea. 
Otra cuestión, íntimamente relacionada con este problema, tiene que ver con la disminución de cerca del 12 % en los valores de los incrementos mensuales para el arroz, propuesta que se desprende del nuevo conjunto de precios agrícolas. 
Dichos incrementos mensuales son esenciales para una campaña agrícola y van destinados a permitir el almacenaje y a garantizar la colocación del producto en el mercado en función de la demanda. 
La Comisión justifica esta propuesta de disminución con la reducción de los tipos de interés. 
Entonces, ¿la disminución de los tipos de interés es tan diferente para los diversos productos agrícolas como para justificar disminuciones tan diversas y que la mayor de ellas, por casualidad, vaya a afectar al arroz? 
¿O será que esta propuesta agravada tiene que ver con las presiones americanas destinadas a desmantelar la OCM del arroz funcionando desde ahora mismo como contrapartida para la retirada de la queja presentada por los Estados Unidos en la OMC? 
Y, hablando de contrapartidas aceptadas por la Comisión para que se retirara dicha queja, hay quien dice- y se menciona en las noticias- que de ellas forma parte la reciente decisión de autorizar la importación de 30.000 toneladas de cebada, con derechos aduaneros reducidos en un 50 %, destinada a la producción exclusiva de cerveza fermentada en barriles construidos con haya. 
Permítaseme que dé la información de que, al contrario de la respuesta dada por la Comisión a un diputado de este Grupo, en Europa sólo hay una fábrica que produzca esa cerveza, radicada en Inglaterra y propiedad de ciudadanos americanos. 
Señor Presidente, ante este marco, estos ejemplos y estas dudas no aclaradas, es justo que nos preguntemos si está defendiendo la Comisión con empeño los intereses de los europeos o si, al contrario, las decisiones que la Unión Europea adopta al respecto están, de hecho, influidas determinantemente por intereses ajenos... 
Señor Novo, permítame usted que le diga una vez más que esta presidencia no regula el tiempo de uso de la palabra. 
Son ustedes quienes lo regulan. 
Cuando llega el momento en que ustedes han agotado el tiempo que se les había atribuido, les aviso cariñosamente, dando un par de golpes de martillo- sobre la mesa, claro está-. 
Pero en su caso, creo que usted ha ido mucho más allá de lo que la discrecionalidad permitiría. 
Le ruego que me permita utilizarlo como ejemplo, y ahora le dé la palabra a la Sra. Aelvoet en nombre del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, con el ruego de que intente atenerse al minuto y medio que tiene concedido. 
Señor Presidente, la sequía de hace unos años ha provocado una disminución de las cosechas de arroz en diversos países de Europa y esa disminución se compensó por aquel entonces con una mayor importación del extranjero. 
La mayor parte procedía y sigue procediendo de Estados Unidos. 
Lo que sucede ahora es que vemos que la Unión Europea, por miedo a tener que entablar un duro conflicto con Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio, se esfuerza más bien por obligar a los países menos poderosos, entre otros los países en vías de desarrollo, a exportar menos al mercado comunitario europeo, mientras que se deja que Estados Unidos haga lo que le dé la gana y se deja entrar las exportaciones que vienen de allí. 
Todo para evitar un conflicto en la Organización Mundial del Comercio. 
No hemos dado nuestra aprobación a la resolución común, no porque no estemos de acuerdo, sino porque contiene problemas fundamentales. 
En primer lugar, estamos básicamente de acuerdo con la cuestión de que se realice un estudio serio sobre el funcionamiento, el análisis y la eficacia de la Organización Mundial del Comercio, pero sabemos qué tipo de consecuencias conlleva. 
La objeción fundamental que tenemos es contra la exportación subvencionada como tal. Esto provoca un dumping social y ecológico. 
Señor Presidente, las múltiples causas que han conducido a la confusa situación actual- y que se reconoce que derivan de las negociaciones de la Ronda Uruguay, de la actitud de los Estados Unidos de Norteamérica en el seno de la Organización Mundial del Comercio y de ciertos acuerdos preferenciales- nos indican con claridad que ha existido muy probablemente una falta de vigilancia y ciertos tratos preferentes en diversas negociaciones. 
Desearía detenerme en la situación del arroz en tránsito y que transforman los países y territorios de ultramar, recordando ante todo que los Países Bajos y los PTU que dependen de esta producción firmaron el Tratado de Roma, y forman parte, por lo tanto, de la Comunidad y de la Unión Europea desde 1957. 
Recordaré, en segundo término, que la Unión Europea ha adoptado algunas disposiciones para alentar la producción de arroz en otras partes, y haré hincapié en la observación del Sr. Fantuzzi- quien recordaba hace un momento el fenómeno de competencia del arroz procedente de los departamentos de ultramar- para señalar que el desarrollo de actividades de producción de arroz, particularmente en la Guayana, se debió a una decisión de la Unión Europea. 
Dicho de otra manera, se plantea el problema de la coherencia entre las políticas económicas comunitarias, por una parte, y las políticas de desarrollo, por otra. Y es útil recordar que, en el momento que existe un debilitamiento provisional de Europa, no se trata de aplicar dispositivos productivos en otras partes, y, una vez superado el debilitamiento, considerar que se puede desestructurar impunemente actividades productivas. 
Siempre existe un coste para desestructurar estas actividades, ya sea en el seno de la Unión Europea o en los territorios de los países con los cuales la Unión Europea mantiene vínculos de cooperación. 
Finalmente, desearía señalar que el hecho de utilizar el arroz para la ayuda alimentaria es una actitud peligrosa y perjudicial. Puesto que hoy en las economías de los países en desarrollo se conocen los efectos de desestructuración de una ayuda alimentaria que, por una parte, no corresponde a los hábitos alimentarios de estos países y que, por otra, sustituye definitivamente las producciones locales. 
Para terminar, señor Presidente, existe una jerarquía de problemas: será necesario, pues, relativizar las medidas. 
No se deben confundir los conflictos entre la Unión Europea y los Estados Unidos con las dificultades procedentes de los demás países socios menos poderosos. 
En mi país se dice que cuando dos tortugas se pelean saben donde se pegan. 
Hay países que no tienen el caparazón de las tortugas. 
Señor Presidente, señores diputados, la producción de arroz en la Unión Europea ha estado en los últimos años sujeta a fuertes presiones por parte de otros productores muy competitivos. 
Por desgracia, la Comisión y el Consejo no han rechazado esas presiones, sino que han hecho innumerables concesiones en el ámbito del GATT, por presión de los Estados Unidos. 
Esas presiones han provocado una excesiva reducción de la preferencia comunitaria. 
Por otro lado, conviene poner de relieve la excesiva libertad de acceso concedida, desde 1991, al arroz producido en los llamados países y territorios de Ultramar, que ha hecho que las importaciones de la Unión Europea procedentes de esos territorios se hayan multiplicado por cinco desde aquel momento y pasaran de 50.000 a 300.000 toneladas en 1996. 
A consecuencia de estas situaciones, el mercado de la Unión Europea se ha visto profundamente afectado, con una caída en picado de los precios en la producción y de las rentas, además de la situación dramática de que más de la mitad de la producción europea de la última campaña esté aún por comercializar. 
Lo que este Parlamento pretende es que la Comisión y el Consejo tengan conciencia de esa difícil situación para los productores de arroz de la Unión Europea y adopten las medidas necesarias. 
Éstas deberán centrarse en dos grandes cuestiones: por un lado, la revisión de las condiciones de acceso del arroz oriundo de los países y territorios de Ultramar y de países terceros y el establecimiento de importes máximos de importación, y, en segundo lugar, la revisión de las condiciones y de las concesiones hechas a los Estados Unidos y a algunos terceros países. 
Para terminar, subrayo que el sector necesita ajustes a la reforma de su organización común de mercado, que deberá, en particular, compensar la renta de los agricultores por posibles bajadas de precios decididas directamente o resultantes de concesiones comerciales hechas a terceros países o territorios. 
De no ser así, se estará discriminando al arroz en relación con otros cereales u otros cultivos herbáceos. 
Señor Presidente, señor Comisario, si el valor pudiera ser importado a través de los territorios de Ultramar, incluso con aranceles altos, nada de esto estaría sucediendo. 
Simplemente, el valor no se puede importar, no se compra en el supermercado y lo que falta, de hecho, a la Comisión y al Consejo de Ministros de Europa es un poco de valor para afrontar al coloso americano, que, de hecho, con el poder de las armas- y eso es lo que aquí nunca se dice, cobardemente -, consigue meter miedo a ministros y a Comisarios. 
No hay explicación para que el big brother de la OMC siga imponiendo, como lo hace, todos los efectos de la piratería. 
Todos sabemos que los antiguos reyes ennoblecían a los corsarios. 
¡Los piratas pasaron a ser corsarios! 
Pasar el arroz, blanquearlo, » transformarlo» en europeo, no pagar impuestos- como se hace también con el mosto concentrado -, invadirnos y hacer que estemos ahora en la humillante posición de casi desear que haya sequía, de casi desear tener ayudas, de casi desear asistencia para ser agricultores, es una situación que debería avergonzar a la Comisión y a los ministros. 
Simplemente, la vergüenza tampoco se compra y la vergüenza no abunda en sociedades que han perdido completamente los valores éticos y que procuran, naturalmente, por la maldita ansia de oro, ¡combatirse unas a otras! 
Considero inadmisible que no haya solidaridad entre los países europeos para luchar contra una competencia desleal pero legal, ¡porque no todo lo que es legal es moral, señor Comisario! 
Eso es lo que conviene saber: no todo lo que es legal es moral, porque la ley protege muchas veces actividades muy condenables desde el punto de vista moral y, por desgracia, ¡en esa situación es en la que nos encontramos! 
Esto es una cuestión económica, esto no es una cuestión de especialistas, ¡esto no es una cuestión de técnicos! 
¡Esto es una cuestión de gente de bien o gente de mal mandando en los destinos de una Europa cada vez más decadente! 
Señor Presidente, no parece faltarle valor a la Comisión, ni como colectivo ni a nivel personal, y lo mismo puede decirse del Consejo. 
Las personas en cuestión tienen valor personalmente, pero como colectivo sirven a otros intereses. 
Este es el motivo por el que ceden a la presión americana, porque son compensados en otros ámbitos, por otros intereses, que tienen su nido en la Comunidad. 
No nos engañemos, pues, y veamos de qué se trata. 
No es casualidad que la Comisión haya arrojado por la borda, con respecto a una serie de productos agrícolas, su declarado principio de la preferencia comunitaria: el tabaco, el algodón, las frutas y hortalizas y el aceite. 
Ahora es el turno del arroz. 
Trescientas mil toneladas han sido importadas en 1996 de las Antillas por un país comunitario, Holanda, y el producto, salvo una cantidad mínima, no es de las Antillas, sino que procede de otra parte y pasa por allí. 
¿Cuáles son las medidas de la Comisión? 
¿Dónde está la preferencia comunitaria? 
¿A qué se debe la crisis de los precios? 
¿Qué medidas adoptan ustedes al respecto? 
¿Por qué, señor Comisario, ha fijado la preferencia para abril, seis meses después de la campaña? 
¿Por qué ha adoptado ciertas medidas de restricción de las importaciones solamente para el primer trimestre de 1997? 
¿Qué pasará en los tres trimestres restantes de 1997? 
¿Qué harán los productores? 
Dejen ya las excusas y los disimulos. Si de veras quieren respresentar a la Comisión de la Comunidad y al Consejo de la Comunidad, tomen medidas en favor de los productores de la Comunidad, en favor de quienes se esfuerzan para ganar un trozo de pan, en vez de empujarles hacia el desempleo. 
Señor Presidente, el Sr. Ephremidis no tenía razón. Le explicaré por qué. 
Tampoco estoy de acuerdo con algunos elementos de esta resolución. 
Hay una crisis en el mercado del arroz. 
De esto no cabe la menor duda. 
Ha habido una sequía en el mercado del arroz y por esta razón la Unión Europea ha dado la oportunidad de exportar más a los PTU, las Antillas Holandesas, los territorios británicos de ultramar, los territorios franceses de ultramar. 
Con ello todo volvía a estar más o menos equilibrado en el transcurso de la década de los noventa. 
Y ahora que se ha acabado la sequía, por supuesto en España e Italia vuelven a surgir tensiones. 
¿Qué ha hecho la Comisión? 
En cuanto iba a surgir la tensión, la Comisión ha permitido grandes importaciones de Estados Unidos para solucionar el problema en el GATT. Ha permitido importaciones de Egipto, terceros países e importaciones de Tailandia. 
Ahora la cosa no funciona. ¿Qué hace ahora la Comisión? 
No, nosotros la emprendemos con los PTU. 
No es justo. 
Comprendo que allí tenga que suceder algo. 
Habrá que llegar a mejores acuerdos, pero en las Antillas Holandesas trabajan 500 personas en el sector del arroz. 
Esto equivale, Sra. Fraga y Sr. Cunha, a 30.000 trabajadores si se traduce a la situación española y a 50.000 trabajadores en términos italianos y franceses, países con 55 millones de habitantes. 
Pues en las Antillas holandesas viven 230.000 personas. 
Imagínense. 
Es diez veces el drama de Vilvoorde que el Estado neerlandés diga: no puede ser. 
No hemos de crear un drama así en las Antillas holandesas. 
Hay que buscar una solución, pero no es aceptable que la miseria que se ha creado recaiga por completo en los PTU. 
Creo que los compañeros franceses tienen razón. 
Echar la culpa a los Países Bajos, señor Ephremidis, y culpar a las Antillas Holandesas no es justo. 
La Comisión ha cometido errores y ha de ocuparse de que la cuestión se corrija de una forma equilibrada y justa. 
Señor Presidente, quiero empezar por declarar mi interés personal en el asunto de que tratamos ya que soy productor de arroz. 
Pero si tomo la palabra, como usted comprenderá, no es por mí, pues yo soy productor de japónica y usted sabe que hoy estamos hablando de temas muy concretos de la variedad índica. Yo no creo que se les pueda felicitar por gestionar debidamente los fondos comunitarios. 
Y ahora, toman decisiones que crean un problema a aquéllos que se acogieron a las ayudas comunitarias que ustedes veían como una solución. 
Estamos hablando de un producto en el que la Unión Europea es deficitaria, y por tanto es lógico que haya importaciones. 
Pero ¿cómo pueden ustedes justificar el descontrol de que, como ya ha dicho el Sr. Cunha, en cuatro años las importaciones se hayan multiplicado por 5? 
Además es grave que se haga caso omiso de la cláusula de preferencia comunitaria y que, como se ha dicho, estemos aquí aceptando el chantaje de Estados Unidos. 
Señor Comisario, yo vivo en la comarca del Bajo Ebro donde está el delta del río Ebro, cuyos habitantes, directa o indirectamente, viven todos del arroz. 
Tierras colonizadas y cultivadas en los últimos 150 años, tierras que si ustedes no ponen remedio están condenadas de nuevo a la desertización y por ende a la despoblación. 
Es paradójico que los representantes del país comunitario que más conoce el sacrificio que supone colonizar y poner en cultivo tierras vírgenes, sean hoy los más reacios a encontrar una solución de futuro. 
Para acabar, señor Comisario, yo le voy a dar un parámetro de cuál es la gravedad del problema- y no creo que en ello tenga que ver la climatología -: el valor de la hectárea de cultivo de arroz ha pasado en los últimos 10 años a costar la mitad de precio. 
Cuando examinamos el aumento de las importaciones de arroz a la UE, podemos observar que ha ocurrido a partir de los TU con derecho aduanero cero. 
En 1992 el nivel de importaciones fue de 40.000 toneladas y en 1996 había aumentado a 252.000 toneladas. 
Con ello se ve claramente en qué radica el problema y ésa es la razón para la decisión de la Comisión de aplicar una cláusula de salvaguarda, decisión adoptada a petición de España e Italia. 
Ésa es la observación principal que tengo que hacer en este marco. 
En cuanto a lo demás, informaré a mi colega el Sr. Fischler, encargado de este sector, sobre el debate de hoy. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido cinco propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Queda cerrado el debate. 
Se procede ahora a la votación de la propuesta de resolución común sobre la crisis en el sector del arroz. 
(En relación a una enmienda oral sobre el apartado 1 
Señor Presidente, quiero pedir que se añada la siguiente frase al artículo 1: » Considera absolutamente necesario que la Unión emprenda medidas sobre la base de una investigación pública y a fondo para tomar medidas eficaces.» 
Porque también hoy se ha desprendido del debate que las cuestiones no están claras, concretamente con respecto a los PTU. 
Le he entregado el texto y pido a sus Señorías que lo aprueben. 
Sobre la base de una buena investigación pública y eficaz. 
Señor Presidente, deseo recordar a sus Señorías que en el apartado 7 existe un compromiso en este sentido, ya que en el mismo se dice: » por lo tanto, pide a la Comisión que realice un análisis sobre el funcionamiento y eficacia de la OCM». 
Considero que los estudios son pertinentes si contemplan la situación del arroz globalmente. 
En mi opinión, el problema específico de los PTU es un problema que no existe, ya que desde 1995 hay unos pronunciamientos muy claros del Tribunal de primera instancia que, además de desestimar un recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia de Holanda, basado en razones de interés público para los PTU, declaran tajantemente que estas razones no existen y han permitido que la Comisión adoptara, entre otras cosas, la cláusula de salvaguardia que aquí se ha vuelto a proponer. 
En consecuencia, no creo que quepa hablar de problemas específicos con respecto a los PTU. En cualquier caso, en el apartado 7 se pide expresamente que se realice un análisis global sobre el estado de aplicación de la OCM del arroz. 
Asimismo, deseo recordar que la propuesta referente a la cláusula de salvaguardia, a pesar de que el Comisario no lo dijera, fue adoptada de mutuo acuerdo entre el Comisario Fischler y el Comisario Pinheiro y por ello, se trata de una propuesta conjunta de la Dirección General VI y de la Dirección General VIII «Cooperación al desarrollo». 
La Sra. Maij-Weggen ha hecho una propuesta, esa propuesta la ha justificado, ahora ha hablado el Sr. Fantuzzi. 
Les propongo que veamos si existe oposición en la Asamblea a que votemos esta enmienda. 
¿Hay doce diputados o diputadas que expresen su opinión contraria? 
(El Parlamento rechaza la introducción de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
No puedo apoyar la resolución sobre la crisis en el sector del arroz. 
Este sector se abrió hace tiempo a la libre competencia en el mercado europeo, lo cual es bueno porque beneficia notablemente a los consumidores de productos alimenticios. 
Sin embargo, la mejoría del mercado del arroz ha creado dificultades a la mayoría de productores europeos. 
Es naturalmente deplorable que hayan surgido problemas, pero yo no creo que puedan solucionarse las dificultades de determinados productores de arroz con la vuelta a unas restricciones a la importación u otros tipos de obstáculos comerciales, o mediante subvenciones destinadas al sector del arroz que distorsionarían esencialmente las condiciones de la competencia en el mercado europeo. 
Hemos votado contra la resolución sobre la política de la Unión para el sector del arroz. 
Estamos en contra del proteccionismo en este mercado, que nos llevaría a unos precios elevados para el consumidor y dificultaría la exportación para los productores de otros países. 
Además, estamos en contra de que se utilice el aumento de las subvenciones a un producto alimenticio y las subvenciones a la exportación como método para dar solución a los problemas agrícolas de la Unión. 
Las subvenciones a productos alimenticios deberían beneficiar a la producción nacional y al mercado local. 
Tiene la palabra el Sr. Hallam para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, como miembro asiduo del «Club del viernes por la mañana» , del que usted es Presidente, quisiera implorar su indulgencia. 
En el Acta, hay una «lista de la vergüenza» de quienes votaron contra el informe Ghilardotti. 
Por desgracia, hay un error de impresión y los nombres de los conservadores británicos que así votaron no quedan claros. 
Quisiera pedir que se haga una reimpresión para que podamos ver los nombres de quienes votaron contra la concesión de mayores derechos a las mujeres en los casos de discriminación por razones de sexo. 
Señor Hallam, esto no es una cuestión de orden. 
Es una cuestión relacionada con las actas. 
Con su venia, señor Presidente, se trata de un problema parecido, pero no puedo dejar de mencionarlo. 
El caso es que esta mañana temprano voté afirmativamente el Acta, que es absolutamente correcta, pero sólo ahora he tenido oportunidad de comparar las diferentes versiones lingüísticas de la Resolución sobre Bosnia-Herzegovina y he podido constatar que todas son distintas, si bien todas erróneas. Es lo único que tienen en común. 
Yo quisiera señalar que en el Acta consta correctamente lo que se aprobó, a saber, que los apartados 1, 2 y 3 del texto original decaen y se sustituyen por nuevos textos, pero en cambio se mantiene el apartado 4 del texto original. 
Éste es un punto muy importante y yo ruego a los servicios de la Asamblea que revisen esta cuestión. 
Gracias, señor Posselt, por su colaboración. 
Tomo buena nota para que los servicios de la Asamblea revisen esta cuestión y se haga la redacción correcta. 
Señor Presidente, desearía decir al Sr. Hallam que puede estar tranquilo. 
Ya he señalado a los servicios competentes, hace más de dos horas, que los nombres de mis colegas que, afortunadamente para mí, votaron contra el informe Ghilardotti son ilegibles. 
Se efectuará una nueva impresión del documento. 
Estamos de acuerdo y, sin duda, mis colegas conservadores desean que se sepa que votaron en contra de este informe. 
Señorías, todos somos conscientes de que en esta Asamblea todos deseamos la más absoluta transparencia y por lo tanto, que cuando hay errores, estos errores se corrigen. 
Señor Presidente, cuando he mirado mi buzón hace una hora, aún no había recibido respuestas por escrito a mis preguntas presentadas al turno de preguntas. 
Normalmente, a esta altura de la semana las he recibido. 
¿Podría usted velar por que todos cuantos tengan derecho a una respuesta por escrito la reciban? 
Gracias, señora Oddy, por su información. 
Ésta es una responsabilidad que asumo. 
Voy a examinar cuál ha sido el motivo y asegurarme de que las respuestas llegan en su momento. 
Y ahora, Señorías, debo decirles que el Parlamento ha agotado el orden del día, y que el acta de la presente sesión se someterá a aprobación al Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, permítanme que como siempre y no formalmente sino de verdad dé las gracias a los servicios de la Asamblea, sin cuya colaboración no sería posible hacer nuestro trabajo. 
Les agradezco a ustedes también su colaboración y me gustaría asimismo expresar mi agradecimiento a la naturaleza, que nos ha ofrecido esta maravillosa semana de primavera que ha hecho que esta hermosa ciudad esté todavía más bella. 
(Se levanta la sesión a las 11.30 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 11 de abril de 1997. 
Recuerdo a sus Señorías que hoy es el Día mundial del libro, proclamado por la UNESCO el pasado año, y les deseo como es lógico buena lectura. 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, no es una cuestión de orden, sino de orden del día, porque todavía debemos debatir sobre el orden del día, y sobre este asunto quisiera decir algo. 
Entonces, me callo. 
Muchas gracias, señor Wijsenbeek. 
Me dicen los servicios que con motivo de la preparación del nuevo edificio, hay que hacer un trayecto un poco más largo. 
Estoy seguro de que todas sus Señorías tomarán las precauciones adecuadas para retirar a tiempo las tarjetas. 
Composición de la comisión temporal (votación) 
De conformidad con el orden del día pasamos a la votación de la propuesta de decisión presentada por la Conferencia de Presidentes de conformidad con el apartado 2 del artículo 135 del Reglamento, sobre la constitución de una Comisión temporal encargada del seguimiento de las recomendaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre de mi grupo, sobre las dos enmiendas que se han presentado a este texto. 
La primera es la enmienda 1 del Grupo de Coalición Radical Europea, que quisiera retirar. 
En cuanto a la enmienda 2, presentada por el Grupo de la Europa de las Naciones, de conformidad con el punto 5 del artículo 124, deseo al contrario hacerme cargo de ella. 
Si me lo permite, le explico en dos palabras por qué, y ello en presencia del Presidente Santer, que sabe bien que esta Comisión temporal va a seguir de cerca el importante trabajo que espera a la Comisión y al Parlamento. 
La propuesta de la Conferencia de Presidentes plantea veinte miembros, con exclusión de dos grupos de este Parlamento, mientras que la Comisión de investigación planteaba la presencia de todos los grupos. 
Como consecuencia de los acuerdos con los diferentes grupos, en realidad sólo el Grupo de Coalición Radical Europea quedaría fuera de esta comisión. 
Con toda humildad me dirijo a sus Señorías para que acepten, en un espíritu de compromiso y conciliación, que este número se vea aumentado de veinte a veintidós y que se permita a los diferentes grupos estar representados, tal como estaba previsto por la Comisión de investigación. 
(Aplausos del Grupo ARE) 
Señor Presidente, me parece innecesario conservar y votar por estas enmiendas. 
El Grupo Socialista cuenta con ocho miembros, ocho sustitutos. 
Nuestro grupo posee siete miembros, siete sustitutos. 
Nos hemos declarado dispuestos y no faltaremos además a la promesa de ceder un miembro así como un remplazante. 
Me parece que si otros grupos de esta Asamblea, entre otros el Grupo Socialista, accediesen a hacer lo mismo, podríamos entonces resolver entre nosotros de manera adecuada esta cuestión. 
Señor Presidente, esta cuestión se impugnó en última instancia en la Conferencia de Presidentes. 
Permítaseme exponer con mucha claridad la posición de mi Grupo. 
Creemos que las actividades complementarias de la Comisión de Investigación sobre la EEB, cuya excelente labor hacemos nuestra completamente, deben llevarse a cabo en los comités permanentes de esta Asamblea. Eso habría permitido a cada uno de los diputados a esta Asamblea participar en el seguimiento de las recomendaciones, pero no se acordó así. 
Mi Grupo tiene 214 diputados y sólo ocho puestos en esta comisión temporal encargada de supervisar la aplicación de las recomendaciones. 
En esta ocasión no puedo ceder uno de dichos puestos a un grupo más pequeño. 
Ya lo dije con toda claridad en la Conferencia de Presidentes. 
(Reacciones diversas) Como también dije en la Conferencia de Presidentes, resulta totalmente inapropiado que esta Asamblea adopte constantemente procedimientos ad hoc para la creación de comisiones. 
Tenemos un Reglamento y a él debemos atenernos. 
Señor Presidente, en la Conferencia de Presidentes de los grupos políticos usted adoptó una resolución. 
Esta resolución no corresponde a las ideas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Quería otra cosa y se podía elegir entre una vía u otra. 
Ahora se ha aprobado una que muy probablemente será aprobada hoy mayoritariamente en el Pleno. 
Si esto es así, señora Green, le pregunto porqué no ha procedido de mismo modo que en el caso de la Comisión de Investigación de la EEB. 
Allí había 18 personas y usted cedió al final para que los pequeños grupos políticos pudiesen trabajar allí. 
¿En qué se diferencia ahora esta comisión- excepto en que usted ha perdido este asunto- de la Comisión de Investigación de la EEB? 
¿Porqué es usted ahora tan testaruda y no da al Grupo ARE el puesto que le corresponde? 
Tiene la palabra la Sra. Green por alusiones personales. 
Señor Presidente, sólo quiero decir al Sr. Graefe zu Baringdorf que no fue ése el fundamento para la creación de la Comisión de Investigación. 
Las cifras que ha citado no son correctas. 
(Reacciones diversas) 
Someto a votación la propuesta de decisión. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
De conformidad con el orden del día se procede a la comunicación de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, este debate trata de los problemas de las mujeres, pero espero que también los hombres deseen prestar atención. 
Me agrada continuar la costumbre que instauramos el año pasado, manteniendo en el día de hoy un intercambio de puntos de vista sobre la política comunitaria en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Y ello después del 8 de marzo, día internacional de la mujer. 
Un día como el 8 de marzo permite, en efecto, hacer balance del trabajo realizado, pero también discutir juntos sobre el camino que aún queda por recorrer. 
Y esta ocasión me parece excelente para contrastar los avances de la Comisión y del Parlamento. 
También es momento quizá para ser un poco creativos. 
Más de dos años de experiencia comunitaria me demuestran que sólo podemos avanzar instaurando unas relaciones de confianza, sin pretender engañar a nuestros interlocutores. 
Y el calendario de este año estará cargado, y pienso sobre todo en la Conferencia Intergubernamental y en el nuevo tratado que se deberá aprobar en Amsterdam, así como en el inicio de las negociaciones para la ampliación. 
Por consiguiente, debemos ser aún más innovadores para convencer a las ciudadanas europeas y hacer de ellas nuestras aliadas. 
No es una tarea fácil, pues no hay que olvidar que sólo el 49 % de las europeas piensan que Europa es algo bueno, contra un 57 % de los hombres. 
La igualdad de oportunidades es por tanto un tema serio e importante, y que ocupa un lugar creciente en nuestras reflexiones y en nuestras políticas, lo cual me produce grandes satisfacciones, aun siendo consciente de que quedan todavía muchas cosas por hacer. 
Comenzaré, señor Presidente, por hacer balance con usted sobre las actividades de la Comisión en este último año. 
Hemos sido muy activos en materia de igualdad de oportunidades. 
Le evitaré una lista exhaustiva de la totalidad de actividades realizadas o todavía en curso. 
Las iniciativas han sido demasiado numerosas para ello. 
Por consiguiente, haré hincapié en algunos puntos concretos y en los acontecimientos sobresalientes del año. 
Para una información exhaustiva, me permitirá sin embargo, que le remita al primer informe anual sobre igualdad de oportunidades que acaba de publicar la Comisión. 
Éste examina los progresos realizados en los Estados miembros y en la Unión, respondiendo de este modo a un triple objetivo: hacer patente la política comunitaria en este ámbito, estimular los debates sobre las estrategias que hayan de seguirse, y, finalmente, ofrecer un instrumento de referencia para todos los implicados. 
La política emprendida por la Comisión en el año transcurrido se inscribe en el Cuarto Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades, que cubre el período entre 1996 y el 2000. 
Adoptado el mismo año de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, este programa constituye una contribución muy importante a la puesta en práctica de la plataforma aprobada en Bei-jing y trata de ámbitos tan diversos como el empleo y la vida profesional, la toma de decisiones y la información. 
El concepto motriz del Cuarto Programa de Acción es el mainstreaming. 
Se trata de la integración de la dimensión de igualdad en todas las políticas e iniciativas comunitarias, ya estén dirigidas al exterior o destinadas al personal de la Comisión. 
La propia noción de mainstreaming continúa siendo oscura para muchos. 
La Comisión ha determinado el desafío interesándose al mismo tiempo en definir su planteamiento sobre la materia y en poner en práctica una estructura operativa de aplicación a través de una comunicación aprobada en febrero de 1996. 
Esta comunicación señala que la promoción de la igualdad de oportunidades no exige solamente la aplicación de medidas positivas, centradas en las mujeres, sino la movilización explícita con vistas a la igualdad de la totalidad de las acciones y políticas generales. 
Se trata de introducir la perspectiva de género en la concepción, aplicación y seguimiento de esas políticas y de esas acciones. 
En ese contexto, concedo una importancia especial al mainstreaming en los fondos estructurales, que constituyen un instrumento financiero de máxima importancia, ya que representan en seis años 145 millardos de ecus. 
La Comisión ha pretendido de este modo seguir con la aplicación sobre el terreno del Cuarto Programa. 
En la actualidad, mantenemos más de 60 proyectos repartidos por todos los Estados miembros, que implican a una amplia gama de protagonistas, como autoridades nacionales, regionales y locales, ONG y agentes sociales. 
Estas acciones son financiadas hasta un importe de alrededor de cuatro millones de ecus, importe modesto sin duda, pero se trata de acciones de cofinanciación y asociación cuyo efecto es con frecuencia muy positivo. 
Señor Presidente, desearía ahora abordar otro componente esencial del Cuarto Programa, que es el trabajo legislativo que nos espera. 
En la actualidad, el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa dos propuestas legislativas. 
En primer lugar la propuesta de directiva relativa a la carga de la prueba, sobre la que ustedes emitieron su opinión el 9 de abril en un sentido claramente favorable a la propuesta de la Comisión. 
Deseamos ahora que, bajo la Presidencia neerlandesa, se pueda adoptar una posición común. 
En segundo lugar, la propuesta de modificación de la directiva sobre la igualdad de trato presentada por la Comisión, posterior a la jurisprudencia Kalanke, que se debatió ampliamente en el primer Consejo «asuntos sociales» del pasado 17 de abril. 
Por otra parte, tal como está previsto en el Cuarto Programa, están en vías de elaboración una serie de nuevas propuestas, principalmente en lo que se refiere al respeto por la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo, y también en el ámbito de la consideración y de los servicios relativos a los niños y a otras personas dependientes. 
Finalmente, a petición de la Comisión, se ha dedicado una encuesta Eurobarómetro a la percepción de la igualdad en la opinión pública. 
Entre otras cosas resulta que si, para la gran mayoría de los europeos, la lucha contra el desempleo sigue siendo uno de los ámbitos de acción prioritaria de la Unión, parece que la mejora de la situación de las mujeres pasa, por su parte, por un mejor reparto de las tareas en el ámbito de la esfera privada, el trabajo de la casa, los niños, y por el respeto por la identidad masculina y femenina. 
Por último, desearía señalar hasta qué punto la política de la igualdad de oportunidades no se limita únicamente a las políticas sociales. 
Así, citaré el éxito de la Conferencia Europea sobre la Trata de Mujeres, organizada a iniciativa de la Sra. Gradin. 
Unas palabras, ahora, señor Presidente, sobre la política que se sigue en el interior de la Comisión. 
Me alegro de los resultados que ha obtenido nuestra administración. 
Realmente, las estadísticas muestran un reequilibrio de la representación de los dos sexos en las diversas categorías del personal de la Comisión. 
En particular, los objetivos de nombramiento y contratación del personal femenino para la categoría A se han alcanzado ampliamente en 1996. 
Citaré algunas cifras que considero muy alentadoras. 
La mitad de los jóvenes funcionarios contratados procedentes de los nuevos Estados miembros son mujeres. 
La tasa exacta es de un 49 %. 
A nivel de directores, en el grado A2, la Comisión vio como se duplicaba el personal femenino en 1996, ya que cuenta con quince mujeres directoras en el momento actual, después de los siete nombramientos/promociones ocurridos durante el año. 
Por mi parte, señor Presidente, no deseo sustraerme a la satisfacción de señalar que mi propio gabinete está compuesto por hombres y mujeres a partes iguales. 
Pero creo que debemos también mirar al futuro. 
Como he dicho hace unos instantes, la participación de las mujeres en la consecución de la construcción europea será crucial para el cumplimiento de algunos plazos. 
Pienso en la Unión Económica y Monetaria, que deberá hacerse en concreto con nuestros ciudadanos. 
Y siempre he pensado que las mujeres tenían una función principal en esta integración del euro en la vida cotidiana de las personas. 
Sin caer en los tópicos, cuento en gran medida con las mujeres para hacer de esta teoría una realidad en el 2002. 
El segundo gran plazo es, por supuesto, la Conferencia Intergubernamental. 
Tanto la Comisión como el Parlamento desean insistir para que el nuevo tratado tome más en cuenta el principio de igualdad de oportunidades con relación a las disposiciones actuales, limitadas a la igualdad salarial. 
La Conferencia aborda este desafío de tres maneras. 
En primer lugar, a través de los principios generales del Tratado y, en especial, los derechos sociales fundamentales. 
Después, por una cláusula específica de no discriminación, y finalmente, por medio de disposiciones específicas en materia de igualdad de oportunidades. 
En el momento actual, perseguimos tres objetivos: hacer de la igualdad de oportunidades una tarea específica de la Unión, incluyéndola en el artículo 2 del Tratado; igualdad de salario para un trabajo de igual responsabilidad y cualificación (equal pay for work of equal value) , formulando así de una manera más apropiada el actual artículo 119; una competencia de la Unión para tomar medidas en materia de igualdad de oportunidades por encima de la remuneración; y una disposición que autorice discriminaciones positivas por parte de los Estados miembros, orientada así a responder a la sentencia del Tribunal en el caso Kalanke. 
La consideración de la igualdad de oportunidades debe enriquecer nuestro planteamiento sobre los grandes desafíos económicos y sociales de Europa. 
Y el empleo en primer lugar. 
Saben ustedes el valor que concedo a la acción europea en este ámbito. 
No debemos conformarnos con apañar soluciones a corto plazo que se saldan frecuentemente con una precariedad creciente de los más débiles. 
Las mujeres están enfrentadas directamente a la multiplicación de los empleos a tiempo parcial y a los contratos de corta duración. 
Ellas han sido las pioneras en estas nuevas formas de trabajo que se van ampliando a un número cada vez mayor de trabajadores y aumentarán con el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Sus experiencias deben servirnos para rejuvenecer y consolidar nuestro modelo europeo de sociedad. 
Así, concedo una gran importancia a la negociación en curso entre los agentes sociales sobre el trabajo a tiempo parcial así como al Libro Verde sobre la organización del trabajo que ha adoptado la Comisión la semana pasada. 
Quisiera decir también que, en el transcurso de este trimestre, tendrá lugar un gran debate sobre la protección social; tendré quizá la ocasión para volver sobre ello dentro de unos instantes. 
Señor Presidente, señoras, señores, voy ahora a mi conclusión. 
En mi discurso de investidura ante el Parlamento Europeo, me comprometí personalmente a hacer de la consecución de la igualdad de oportunidades un hilo conductor de la política comunitaria y creo que puedo afirmar que a mitad del recorrido de su mandato, esta Comisión ha demostrado con claridad, con una gran cantidad de iniciativas, que cumple su palabra. 
Este es, señor Presidente, un breve examen general de la situación. 
De ello resulta que, con toda evidencia, en lo que respecta a la promoción de la igualdad de oportunidades, la Comisión no se duerme en los laureles sino que trabaja incansablemente para consolidar y profundizar los importantes logros conseguidos en el pasado. 
Señor Presidente, tengo dos preguntas para la Comisión. 
En primer lugar, ¿Cuándo piensa la Comisión proseguir sus trabajos en torno a la modificación de los requisitos para funcionarios aprobada por el Parlamento hace algunos meses, es decir, las condiciones que se requieren para ser funcionario de la UE? 
En segundo lugar, ¿De qué modo atiende la Comisión la cuestión de la igualdad entre los dos sexos dentro de los programas de acción para la sociedad de la información? 
Es evidente que los programas, ejercicios y juegos de que disponemos actualente promueven los puntos de vista masculinos, y que las niñas no se sienten motivadas a sentarse ante un ordenador. 
¿Qué piensa hacer la Comisión al respecto? 
Señor Presidente, por lo que respecta a la primera pregunta planteada por su Señoría, quisiera decir, como he hecho hace unos momentos, que la Comisión ha planteado sus propuestas y se ha fijado objetivos en lo que hace referencia a la contratación de funcionarios en sus propios servicios. 
Con respecto a 1996, y ya he citado las cifras, hemos alcanzado estos objetivos. 
También nos hemos fijado objetivos para este año y a diferentes niveles, hasta los grados superiores. 
Hemos alcanzado, e incluso sobrepasado, los que nos habíamos fijado en 1996 pero aún debemos trabajar porque, por el momento, se trata evidentemente ante todo de la contratación de funcionarios relativos a los nuevos Estados miembros, en los que se ha alcanzado la igualdad: un 49 % para las mujeres, un 51 % para los hombres. 
Es necesario seguir en el futuro con esta acción en el mismo sentido. 
Por lo que hace referencia a la segunda pregunta, relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, principalmente en la utilización de las tecnologías modernas, si he comprendido bien, en el marco de la política de información, puedo decirle que el Cuarto Programa de Acción que hemos puesto en marcha para promover la igualdad de oportunidades contiene una serie de propuestas orientadas precisamente a alcanzar el objetivo que usted mismo propone. 
El año próximo, cuando haga un nuevo balance de la acción de la Comunidad en este año, será posible sin duda ver de qué manera se ha podido alcanzar este objetivo en 1997. 
Señor Presidente, tengo una pregunta muy concreta sobre el presupuesto. 
Los fondos estructurales son nuestros instrumentos más importantes. 
¿Cómo puede garantizar que las mujeres, quienes se ven afectadas por el paro por encima de la media, se beneficien más de estos fondos estructurales? 
¿Cómo puede garantizar que en los programas operativos se tenga en cuenta con total consecuencia el principio de la igualdad de oportunidades? 
Hasta ahora, para proyectos centrados en la mujer solamente se ha gastado aproximadamente un 5 %. 
Me parece que es muy poco. 
El cuarto programa de acción no es suficiente. Los pocos millones contemplados aquí no son suficientes para alcanzar el gran objetivo del pleno empleo. 
El dinero que hemos colocado en muchas líneas de comentario del presupuesto en el último año es una gran ayuda. 
¿Cómo puede garantizar que se aplique el «mainstreaming» y que no sea solamente una gota en el mar de necesidades? 
Señor Presidente, comparto enteramente la opinión de su Señoría, es decir, que, en la lucha contra el desempleo, es necesario conceder un lugar prioritario a las mujeres, que son las primeras afectadas por el hecho de que son las que más sufren el trabajo a tiempo parcial y de corta duración. 
De hecho, uno de los elementos para comprometernos en esa vía reside en la utilización de los fondos estructurales. 
Los fondos estructurales, ya lo he dicho hace unos momentos, movilizan cantidades considerables (145 millardos de ecus en diez años) pero no se utilizan suficientemente y, en el marco del Fondo Social Europeo, uno de los objetivos prioritarios debe ser precisamente movilizar los fondos para la contratación de mujeres. 
Ha planteado usted una segunda pregunta relativa al mainstreaming. 
La Comisión ha terminado la elaboración de una estrategia para la integración de la dimensión del género en todas sus políticas. 
Creo que es esencial no quedarse anclados en una política determinada. 
Es necesario introducir, como para la cooperación interservicios, una serie de líneas directrices sobre la evaluación del impacto de las políticas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, así como un sistema de seguimiento y una formación apropiada del personal. 
Es necesario actuar en esta dirección. 
Estoy de acuerdo con usted, quedan aún muchas cosas por hacer, y, en la fase de las propuestas presupuestarias, cuento con el Parlamento para dar un impulso más importante aún en los ámbitos que su Señoría ha apuntado. 
Señor Presidente, al concluir próximamente la Conferencia Intergubernamental, y espero que esto tendrá lugar en Amsterdam, aunque no considero tampoco excluido que esto suceda en Wasserbillig, se dará inicio rápidamente a las negociaciones de adhesión con una serie de países de Europa Oriental. 
Me pregunto, Presidente Santer, si ya la Comisión habrá comenzado a efectuar análisis sobre la situación jurídica y social de las mujeres en los países candidatos. 
A mi juicio, será necesario velar por que a continuación, una vez que estos países entren a formar parte de la Unión, se introduzca en los mismos el acquis communautaire existente en este ámbito y que podría resultar más ambicioso que la legislación vigente en dichos países, ya que pienso que esto reviste una importancia vital para la mujer. 
Sinceramente estimo asimismo, y desearía contar con una respuesta al respecto, que esto es esencial y espero que podrá contarse con la buena disposición de la Unión Europea, que se brinde un respaldo especial a las organizaciones femeninas en los países de Europa Oriental que estén dispuestos a poner en marcha estas acciones. 
Señor Presidente, al igual que su Señoría, espero que la Conferencia Intergubernamental concluya con un Tratado de Amsterdam. 
Conoce usted la estrategia de ampliación tal como fue definida por el Consejo Europeo de Madrid y después por el de Dublín. 
Inmediatamente después, la Comisión presentará sus propuestas de dictamen relativas a los diferentes países candidatos. 
En el marco de estos dictámenes, debemos tener en cuenta algunos de los criterios fijados por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. 
Uno de esos criterios, y no de los menos importantes, es el de saber en qué medida los países candidatos han conseguido adaptar su legislación nacional para poder asumir el acervo comunitario. 
En este sentido, hemos fijado una serie de reglas. 
Con el programa Phare hemos propuesto igualmente una serie de programas a estos países, pero estoy totalmente de acuerdo con usted en que es un criterio importante, no sólo en lo que respecta a las mujeres sino de forma general. 
Ha de preservarse el acervo comunitario, y la legislación de los nuevos países, de las nuevas democracias que llaman a nuestras puertas, debe poder asumir el acervo comunitario. 
Se trata de un punto esencial y el Consejo de Ministros, en la apreciación de los dictámenes de la Comisión, le concederá sin duda una importancia particular. 
Señor Presidente, aunque creo que se puede agradecer la comunicación, muy esclarecedora y que constata que de hecho se han registrado ciertos progresos, me pregunto si el Presidente de la Comisión es consciente de que estos progresos son muy limitados en relación con la magnitud del problema. 
Tuve el honor de representar al Parlamento en la Conferencia de la India, donde pudimos hacernos una idea de este problema, que afecta actualmente a más del 50 % de la población, incluso en Europa- y no tomemos en cuenta lo que ocurre en los países de Europa del Norte, donde la situación es realmente buena. 
La representación política de las mujeres es muy limitada: por ejemplo, en el Parlamento francés constituyen un 6, 4 %, en el Parlamento griego un 6, 3 % y en el Parlamento inglés un 9, 5 %. 
¿Es consciente la Comisión de que con los progresos registrados el problema no se soluciona y se requieren medidas de mayor calado? 
¿Tiene conciencia de que en las circunstancias actuales empieza a producirse un cambio incluso en la consideración jurídica del asunto, tras la decisión del Consejo de Estado francés en el sentido de que la acción afirmativa no constituye discriminación? 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el diputado cuando dice que se han hecho muchos progresos, pero debo añadir que estos progresos son insuficientes ante la amplitud de nuestra tarea. 
Por ello debemos actuar en diferentes direcciones. 
De hecho ya lo estamos haciendo en el momento actual. 
Le concedo una gran importancia al hecho de que, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que debe concluir con la revisión del Tratado de Maastricht, se inscriba un cierto número de propuestas de la Presidencia irlandesa, que han sido consideradas por la Presidencia neerlandesa y que están orientadas a que el Tratado incluya la igualdad entre hombres y mujeres, que constituye una de las misiones de la Comunidad. 
En todas sus actividades, la Comunidad intentará eliminar las desigualdades, promover la igualdad entre hombres y mujeres, aplicar una cláusula general de no discriminación (lo considero muy importante) , sobre todo la discriminación basada en el sexo, y ampliar el campo de aplicación del artículo 119 del Tratado. 
Otro punto que he mencionado hace unos momentos en respuesta a una pregunta, tiene relación con la política del mainstreaming, que consiste en integrar la política de la mujer en todas nuestras políticas, y no en hacer una política aparte. 
En este sentido, creo que se trata de un ejercicio que durará aún mucho tiempo, y que deberá verse acompañado por cambios, sobre todo de mentalidad, en los diferentes Estados miembros, y en la organización del trabajo. 
Finalmente, ha planteado usted un problema que afecta a la toma de decisiones. 
En este sentido, algunas acciones de la Comisión pretenden estimular y apoyar a los Estados miembros para que planteen acciones concretas con el fin de admitir a la mujer en puestos superiores, donde se toman decisiones. 
Así, estamos financiando una serie de acciones, en el marco del Cuarto Programa comunitario. 
Haremos un balance anual de los progresos observados en Europa, mediante el informe anual llamado «igualdad de oportunidades». 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, decirle que me complace mucho la presencia del Presidente de la Comisión aquí, en esta Asamblea, para respondernos a estos asuntos tan importantes. 
Y quisiera decirle directamente lo siguiente: ha comenzado diciendo que, de los ciudadanos de Europa, las mujeres son las que están menos convencidas de la importancia de esa misma Europa. 
Desde nuestro punto de vista, eso resulta exactamente del Tratado: efectivamente, los derechos de las mujeres no están suficientemente desarrollados en ese texto. 
Quisiera hacerle tan sólo dos preguntas muy sencillas. 
Primera pregunta: ¿luchará la Comisión junto con nosotros para que la revisión del Tratado de Maastricht contenga todos los puntos que el Parlamento Europeo ha propugnado sobre los derechos de las mujeres? 
Segunda pregunta: ¿nos ayudará la Comisión a divulgar dichos aspectos entre las mujeres? 
No olvidemos que el Tratado de Maastricht va a ser ratificado, en la mayoría de los países, por referéndum; las mujeres serán quienes más vayan a votar y, si no tuviéramos a las mujeres de nuestra parte, se podría firmar el Tratado, pero no sería ratificado. 
Señor Presidente, esta pregunta es continuación de la que ha planteado hace unos momentos uno de sus Señorías, a quien contesté señalando qué objetivos nos fijamos en el Tratado. 
Tiene usted razón al decir que el actual Tratado de Maastricht no presta demasiada atención a los objetivos que persiguen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
He recordado cuáles son los objetivos de la Comisión, que se ven confirmados con las propuestas que el propio Parlamento ha presentado con ocasión de la revisión de este Tratado. 
No lo repetiré, pero considero esencial que, en el propio Tratado, algunos de los objetivos inscritos se orienten más especialmente a afirmar que la igualdad entre hombres y mujeres constituye una de las misiones de la Comunidad. 
En segundo lugar, un resultado del Eurobarómetro muestra que los hombres confían más que las mujeres en la Unión Europea. 
Por consiguiente, es necesario hacer un trabajo de convicción, de persuasión, pero sobre todo de información y comunicación. 
Creo que sería prudente que todos nuestros programas de información (y he citado hace unos momentos el programa sobre el euro, sobre la Unión Económica y Monetaria) estuvieran orientados especialmente a la mujer. 
Efectivamente, se quiera o no, éstas no sólo constituyen la mitad de la población, también están más cercanas a los ciudadanos, conocen mucho mejor el sistema educativo, pueden ocuparse de sus hijos, etc. Cuando se habla de la Unión Económica y Monetaria, y en el marco del manejo del euro, la mujer debe estar integrada como ama de casa y como consumidora, porque creo que solamente será con esta condición como el euro podrá tener éxito. 
(Interrupción de la Sra. Randzio-Plath: «Yo trabajo también» ) Por supuesto, la mujer también en el trabajo. 
Así es como yo concibo la política del mainstreaming, que hay que valorar de manera especial, integrando a la mujer en todas nuestras políticas y no solamente en políticas específicas. 
Señor Presidente, gracias por su compromiso en favor de la causa de la mujer. 
Sus últimas palabras son muy alentadoras para mí en favor de la causa de todas las mujeres. 
Desde este punto de vista, me atrevo a formular una petición ante usted, que es también una pregunta: ¿no existiría una vía de esperanza totalmente nueva para la vitalidad, tanto económica como social o cultural, de los diferentes países de Europa, en el recurso a estudios, como se ha pedido en las conferencias de Copenhague y Pekín, para evaluar cuánto representa el trabajo no remunerado que realizan las mujeres activas en el hogar? 
Creo que en este caso se abre una brecha para redinamizar toda la vida de nuestros países de Europa. 
Cuento con ustedes para que la acogida que el Comisario dispensó a la Federación de Mujeres activas en la casa, en Pekín, tenga continuación. 
Señor Presidente, puedo contestar favorablemente a esta solicitud, pues estamos realizando estudios en esta dirección y me señalan que los resultados estarán disponibles a finales de este año. 
Por otro lado, quisiera decir que no se debe polarizar demasiado entre las mujeres en el trabajo y las mujeres en la casa. 
Creo que las mujeres que trabajan hacen también tareas en la casa, y deben soportar dos o tres veces algunas cargas. 
Por consiguiente, rechazaré personalmente, y lo digo a título totalmente individual, que se haga una oposición entre la mujer en el trabajo y la mujer en la casa. 
Creo que sería necesario encontrar medios que permitieran determinar de qué manera contribuye cada mujer a la vida activa y a la vida profesional, cualquiera que ésta sea. 
Quisiera agradecer al Presidente Santer su declaración y saludar las numerosas iniciativas de las que ha hablado. 
Pero desearía preguntarle si la Comisión no tiene la intención de continuar de manera más concreta las resoluciones y las tomas de posición del Parlamento Europeo, sobre todo las siguientes: hemos solicitado una modificación de la directiva de 1979 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes legales de seguridad social para asegurar también esta igualdad en materia de límite de edad y de pensión de supervivencia. 
Hemos propuesto que se determine un instrumento comunitario para la introducción del splitting del derecho a pensión en caso de divorcio en todos los Estados miembros. 
El Sr. Presidente conoce muy bien el problema. 
Finalmente, hemos propuesto un refuerzo de la directiva «descafeinada» de 1986 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad independiente, incluidos los cónyuges, y este Parlamento ha reivindicado en febrero un verdadero estatuto jurídico para esos trabajadores invisibles que son los cónyuges de independientes, y una seguridad social autónoma para ellos. 
Señor Presidente, ¿va usted a hacer algo en este terreno? 
Señor Presidente, como usted sabe, en 1987 la Comisión hizo una propuesta en el mismo sentido que preocupa a su Señoría, y sigue en la mesa del Consejo. 
La Comisión se ha comprometido a ver la mejor forma de relanzar los debates en este tema. 
La cuestión del splitting, que acaba de plantear la Sra. Lulling, y de los derechos a pensión en caso de divorcio, se inscribe por supuesto en el tema, más amplio, de la individualización de los derechos de seguridad social de hombres y mujeres. 
Esto me recuerda un poco el pasado, mis anteriores actividades. 
Conozco bien el tema, pues fui autor de una propuesta de reforma de la seguridad social que iba en este sentido, en mi propio país. 
Se trata, efectivamente, de un tema muy delicado para muchos de los Estados miembros, pero la Comisión intenta que los debates avancen al máximo. 
Así, se ha abordado el tema de la individualización en la comunicación sobre el futuro de la protección social, que la Comisión ha adoptado recientemente. 
Debo remitirme aquí a un informe de la Sra. Catasta, con fecha 10 de junio de 1993, que contiene una propuesta de resolución, presentada por la Sra. Lulling en aquel momento, y orientada en el mismo sentido. 
Creo, por consiguiente, que es necesario que vayamos en esta dirección, y espero que la comunicación sobre el futuro de la protección social sea un buen punto de partida para profundizar en estos debates que son bastante difíciles. 
Por lo que respecta a la directiva de 1986 en materia de igualdad de trato entre las mujeres, para las mujeres independientes, en su Cuarto Programa sobre la Igualdad de Oportunidades, la Comisión se comprometió a examinar las posibilidades para reforzar esta directiva que, como señala por otra parte su Señoría, actualmente no contiene disposiciones muy eficaces. 
Se trata, una vez más, de temas más que difíciles como la seguridad social y el ámbito fiscal. 
Los trabajos preparatorios de la Comisión están avanzando. 
Se han mantenido dos mesas redondas con los medios más interesados, en las que, si mis informaciones son correctas, han participado también miembros de este Parlamento. 
Ahora habrá que examinar hasta qué punto las ideas que se han avanzado son factibles. 
Hace mucho que la Comisión reconoció que en el sector de las PYME las mujeres están infravaloradas e infrautilizadas. 
¿Cómo puede ayudar la Comisión a las mujeres como trabajadoras y como empresarias en las pequeñas empresas? 
Hago esta pregunta, porque las mujeres padecen una desventaja desproporcionada en las cifras del desempleo y el sector de las pequeñas empresas, es, naturalmente, de lo más fértil en creación de puestos de trabajo. 
Como usted sabe, la Comisión, y yo personalmente, estamos interesados en impulsar las pequeñas y medianas empresas porque creemos que gracias a ellas se pueden crear nuevos empleos. 
Las que crean empleo no son las grandes empresas, sino que las únicas capaces de hacerlo son los dieciocho millones de pequeñas y medianas empresas que existen en la Unión Europea. 
En este sentido, el objetivo de la Comisión es determinar la política concreta y las medidas apropiadas para mejorar la situación de los trabajadores por cuenta propia y de sus cónyuges. 
La Comisión ha organizado una mesa redonda en la que han participado todas las partes interesadas. 
En estos momentos nos estamos ocupando de reunir toda la información con el fin de llegar a una propuesta concreta de un instrumento para utilizar. 
Por otra parte, en el marco del Fondo Social Europeo, existe la iniciativa NOW, orientada igualmente hacia este objetivo. 
Es necesario avanzar más en esta dirección con el fin de responder a su propia preocupación. 
Señor Presidente, en Austria hay un sistema de carencia modélico para las mujeres que trabajan. 
Pueden quedarse un año y medio en casa y el último medio año puede hacerlo también opcionalmente el marido y- lo que es esencial- con una garantía de empleo, es decir, se facilita a la mujer de este modo la reinserción en la profesión. 
En la UE no existe una regulación unitaria de este tipo, es decir, en este aspecto existe aún un gran déficit. 
¿Existe la posibilidad de orientarse aquí a la norma austríaca y facilitar a las mujeres una carencia y, de este modo, que puedan cuidar de sus hijos y reintegrarse a la vida profesional? 
Como sabe usted, la política social es competencia propia de los Estados miembros. 
Por tanto, la Comisión como tal, o la Comunidad como tal, no tiene competencia particular en materia de política social, al menos no más que en materia de política económica. 
Ello no nos impide ni nos exime de ver de qué manera podemos utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para aportar nuestra contribución a la consecución de los objetivos que usted ha descrito. 
Uno de esos instrumentos es, precisamente, en el marco del protocolo social, el diálogo social. 
El año pasado, los agentes sociales llegaron, en el marco del diálogo social, a un acuerdo sobre una fórmula, que no llega tan lejos como la fórmula austríaca, estoy de acuerdo, pero que propone la conciliación entre vida profesional y vida familiar mediante la licencia parental, etc. Hemos recogido esta fórmula en el marco de una directiva, pero si hemos tomado una directiva social, corresponde a los Estados miembros transponerla y aplicarla. 
Creo que a partir de propuestas basadas en sistemas como el de Austria, u otros sistemas que existen en otros Estados miembros, se puede plantear una reflexión a nivel comunitario, para ver de qué manera se puede conceder una cualidad social particular a las mujeres trabajadoras. 
Señor Presidente, ya empezaba a temer que todo este asunto quedara fuera de nuestra óptica, pero afortunadamente no es así. 
En la comunicación de la Comisión se presta, en particular, gran atención a la perspectiva de la igualdad de oportunidades, concretamente en los Fondos estructurales. 
La puesta en práctica del principio de igualdad de oportunidades exige conocer la situación actual en el ámbito de la igualdad de los sexos e impulsar asimismo el estudio de su incidencia. 
Los actuales indicadores de seguimiento y evaluación no demuestran la existencia de grandes problemas en el ámbito de la mujer. 
La Comisión afirma que se podría reflexionar sobre baremos y soluciones con los que medir en qué medida se tiene en cuenta en los programas el principio de la igualdad de oportunidades. 
Me gustaría preguntar ahora, al Sr. Santer, Presidente de la Comisión, si en la Comisión se elaboran tales baremos que pudieran tenerse en cuenta en la evaluación de los Fondos estructurales, para que éstos beneficien a las mujeres. 
Señor Presidente, efectivamente, todavía tenemos mucho qué hacer como dice el diputado y como yo mismo he dicho, sobre todo porque todavía no tenemos los instrumentos necesarios para llevar a cabo una verdadera política comunitaria a este nivel. 
Por ello he dicho hace unos instantes que es necesario, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que se introduzcan una serie de principios, de objetivos capaces de ser utilizados para desarrollar una política más coherente en este ámbito. 
En este sentido y sin repetirme diré, en lo que respecta a los fondos estructurales, que gracias a ellos se financian un gran número de desarrollos y programas. 
Nunca es suficiente, pero creo que algunos indicadores o, como se dice actualmente, el benchmarking system, pueden constituir también un instrumento esencial para ver de qué manera poco a poco nos acercamos a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Como dice usted, se trata de un indicador que aún no se ha considerado, pero es una idea que merece reflexión y profundización. 
Política económica y los déficits excesivos 
De conformidad con el orden del día, pasamos ahora a la Comunicación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de política económica y de déficit excesivos. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como desea esta Asamblea, he querido venir a hacerles partícipes, en el mismo momento de la apertura de este período parcial de sesiones, de las deliberaciones y decisiones de la Comisión de esta mañana sobre las previsiones y las grandes orientaciones de política económica para 1997. 
Éstas representan un instrumento esencial para una mejor coordinación de la política económica a medio plazo en Europa. 
Confirma, este año, que la estrategia macroeconómica planteada rinde sus frutos, ya que se confirma el crecimiento económico. 
Sobre la base de esta confirmación alentadora, las grandes orientaciones se esfuerzan, tal como recomienda esta Asamblea en su Informe Económico Anual, en dar un impulso nuevo a la estrategia económica de la Unión Europea. 
En primer lugar, las previsiones confirman la coherencia de la estrategia económica que preconizan las grandes orientaciones de la política económica. 
Se ha relanzado el crecimiento con el saneamiento de las finanzas públicas, la bajada de los tipos de interés y el control del gasto. 
Es necesario consolidar este relanzamiento y hacer que sea generador de empleo de forma duradera. 
Las previsiones para el segundo trimestre implican una ligera revisión del crecimiento al alza, con relación a las del otoño pasado. 
El crecimiento debería llegar al 2, 4 % en 1997. 
En 1998, la actividad económica podría progresar en un 2, 8 %. 
Este crecimiento relanzado facilitará la creación de dos millones de empleos entre 1997 y 1998. 
El nivel de desempleo debería provocar una bajada, por desgracia todavía demasiado ligera, de un 10, 7 % en 1997 a un 10, 3 % en 1998. 
Sin un crecimiento fuerte y duradero a medio plazo no habrá una reducción sustancial del desempleo. 
Para llegar a ello, la Comisión recomienda tres medios. 
En primer lugar, continuar con el saneamiento de las finanzas públicas, que comienza a rendir sus frutos. 
La gran mayoría de los Estados miembros se plantea como objetivo de los déficits públicos un 3 % en 1997. 
Recuerdo que el déficit medio de la Unión cayó de un 6, 2 % del PIB en 1993 a un 4, 3 % en 1996. 
Para 1997, la Comisión prevé un 2, 9 % para toda la Unión Europea, con trece países que estarían a nivel o por debajo de las tasas de referencia del 3 %. 
Con relación a la prosecución del saneamiento, la Comisión insiste, este año de forma especial, en la necesidad de reducir el gasto público antes que el incremento de los ingresos fiscales, que es nefasto para el crecimiento. 
Insiste también en la necesidad de preservar los gastos de inversión, indispensables para dar a la Unión un potencial de crecimiento duradero a medio plazo, es decir, para el futuro. 
En segundo lugar, debe mantenerse la estabilidad de precios, pues la inflación castiga con más dureza a las capas menos favorecidas. 
En tercer lugar, la política salarial que han puesto en marcha los agentes sociales ha dado prueba de responsabilidad y realismo. 
Debe seguir integrando al mismo tiempo los objetivos de estabilidad de precios y de rentabilidad de las inversiones. 
En la gran mayoría de los Estados miembros, estas recomendaciones surtieron efecto en 1996. 
Si queremos crear más empleos en el futuro, es necesario seguir por esta vía. 
Sobre la base de estos resultados alentadores, la Comisión recomienda, tal como ha preconizado esta Asamblea, dos prioridades para la dirección de las políticas económicas en 1997: el empleo, por supuesto, las reformas estructurales del mercado de trabajo y la inversión privada y pública, física, inmaterial y en capital humano, que sigue siendo insuficiente. 
Con respecto al empleo, la Comisión plantea tres acciones prioritarias. 
En primer lugar, para aumentar la capacidad de las economías para adaptarse a los cambios provocados por la globalización para aumentar el potencial de crecimiento es necesario promover la innovación, la investigación y el desarrollo, y mejorar los sistemas educativos y de formación profesional. 
Además, es necesario seguir con las inversiones en las redes transeuropeas. 
Esto se desprende con claridad de nuestra recomendación al Consejo y centra también la importancia del Quinto Programa Marco de Desarrollo e Investigación. 
En segundo lugar, es necesario un mejor funcionamiento del mercado de bienes y servicios. 
Sólo una explotación completa de las ventajas del mercado interior contribuirá de manera decidida a aumentar el crecimiento. 
Les recuerdo que la segmentación persistente de los mercados, por ejemplo a causa de las deficiencias de la armonización fiscal y de los excesos de reglamentación, ha de ser abolida. 
Con este fin, la Comisión está preparando en la actualidad un plan de acción sobre el mercado interior. 
En tercer lugar, es necesaria una reforma del mercado de trabajo para aumentar el contenido en empleos del crecimiento. 
La contribución de los interlocutores sociales es, en este sentido, ejemplar y necesaria. 
Por medio del diálogo social puede incrementarse la flexibilidad del mercado de trabajo mediante medidas pragmáticas, respetuosas con la adhesión de nuestros ciudadanos a modelos sociales elevados. 
Es necesario igualmente trabajar por una adaptación razonable de la estructura de los salarios, en línea con las diferencias de productividad a nivel regional. 
En materia de inversión, la constatación es actualmente bastante decepcionante. 
Sin duda, las encuestas coyunturales dan fe de una confianza creciente de los productores, y la capacidad de beneficio de las inversiones está en su punto más alto desde los años 60 en la Unión Europea. 
La Comisión señala que los trabajadores por cuenta ajena han contribuido al saneamiento del marco macroeconómico con la moderación salarial. 
Ésta considera indispensable desde ese punto de vista que, en estos momentos, los empleadores aprovechen la oportunidad que les brinda la bonanza de las condiciones económicas y, para la mayoría de ellos, su situación financiera, para relanzar la inversión generadora de empleo. 
Este relanzamiento de la inversión debe afectar a la inversión privada (les recuerdo que es el 85 % del total) de forma prioritaria, y en todas sus formas: inversiones físicas, inmateriales, inversiones en capital humano. 
Pero la Comisión recomienda igualmente preservar los gastos de inversión pública. 
Son esenciales para dar a la Unión un potencial de crecimiento duradero a medio plazo. 
Son una inversión para el futuro de la colectividad en su conjunto. 
Como conclusión, señor Presidente, desearía informarle que la Comisión acaba de proponer al Consejo que derogue su decisión sobre la existencia de déficits públicos excesivos en los Países Bajos y en Finlandia. 
Si el Consejo aprueba las recomendaciones de la Comisión, el número de países que ya no están en situación de déficit excesivo se establecerá en cinco. 
Estos resultados confirman al mismo tiempo los esfuerzos de saneamiento que están realizando los Estados miembros de la Unión y la coherencia de nuestra política económica europea. 
Convencida de contar, señor Presidente, con el apoyo pleno del Parlamento Europeo para la puesta en marcha de estas recomendaciones por parte de los Estados miembros, la Comisión, al igual que ha hecho desde hace dos años y medio, continuará asociando lo más estrechamente posible esta Asamblea a sus trabajos, algo que no ha dejado de hacer, para introducir el euro en el marco de las condiciones y del calendario previstos por el Tratado. 
Señor Presidente, quisiera preguntar al Comisario de Silguy cómo, en ese momento fatídico de la elección de los países que participarán en la tercera fase de la UEM ya próxima, en la primavera de 1988, e independientemente de las conclusiones de la Cumbre de Dublín, en cuya preparación se ha fundamentado ampliamente la razón de ser del Consejo ECOFIN de Nordwyck y que suscribimos, se va a plantear, en algunos Estados de la Unión, la cuestión del déficit público en 1997 en la medida en que algunos de ellos no cumplirán las condiciones de los criterios de calificación. 
Desearía saber si la Comisión puede darnos cuenta de sus recomendaciones futuras y de su actitud sobre este tema. 
En otras palabras, si el déficit de un país que hubiera seguido un camino virtuoso fuera de un 3, 1 % ó un 3, 2 %, ¿piensa la Comisión finalmente que podría aceptar este ligero adelanto? 
Señor Giansily, la decisión la tomarán el año próximo los Jefes de Estado y de Gobierno, a finales del mes de abril o principios de mayo. 
Esta decisión se basará en una recomendación de la Comisión, que será el elemento primordial ya que la Comisión desempeñará una función central en este proceso. 
Esta recomendación será adoptada a finales del mes de marzo de 1998 con el fin de tener en cuenta las cifras reales de 1997. 
Hoy presentamos las previsiones que han señalado nuestros servicios. 
No estamos procediendo a un examen anticipado sobre la entrada. 
Por tanto no se debe pretender que nuestras previsiones digan lo que no dicen. 
La previsión es una fotografía en un momento dado y no un adelanto sobre el examen de entrada. 
El año próximo, cuando hagamos nuestras recomendaciones, la Comisión deberá tener en cuenta la totalidad de las condiciones planteadas por el Tratado para el paso a la moneda única. 
Estas condiciones son en número de cinco, los famosos cinco criterios, que no son solamente valores de referencia. 
A ello se añaden otra serie de condiciones, como por ejemplo la independencia de los bancos centrales. 
Debo añadir que el examen deberá basarse, y esto es muy importante, en el carácter duradero de la convergencia. 
Dicho de otro modo, se tratará de asegurar que si, en 1997, las condiciones de saneamiento presupuestario han sido correctas, este saneamiento se continúe en el transcurso de los años siguientes. 
Les recuerdo que cuando la moneda única esté en funcionamiento, la cifra del 3 % ya no será un objetivo sino un límite. 
Señor Presidente, deseo preguntar al Comisario en qué criterios se basaron las previsiones de la Comisión en lo referente a los déficits previstos para Italia, Francia y Alemania, que el Fondo Monetario Internacional y algunas instituciones alemanas sitúan en el mismo nivel del 3, 2 %. 
¿Hubo una excesiva severidad del Fondo Monetario Internacional con respecto a Alemania y Francia o una excesiva severidad de la Comisión con respecto a Italia? 
En segundo lugar, deseo preguntarle, señor Comisario, por qué, en lo que respecta a Alemania y España, en la recomendación de la Comisión se habla del firme compromiso del Gobierno o de la autoridad, en el caso de España, de alcanzar el objetivo del 3 %, mientras que, al hablar de Italia, no se hace referencia, ni para 1997 ni para 1998, al compromiso manifestado en reiteradas ocasiones por el Gobierno italiano de permanecer por debajo del 3 % tanto en 1997 como en 1998, gracias a unas decisiones que en Italia fueron bastante difíciles de tomar. 
Señor Presidente, contestaré al Sr. Imbeni que todos los Estados serán tratados exactamente de la misma manera, sobre la base del mismo esquema de razonamiento para definir las previsiones. 
No habrá ninguna discriminación. 
Estas previsiones están basadas en magnitudes macroeconómicas que tienen en cuenta en especial las apreciaciones del crecimiento. 
Como no conozco las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que no son públicas, que no se han publicado, no puedo comentarlas. 
Puedo decir, sin embargo, que sucede con frecuencia que las diferentes instituciones internacionales tengan previsiones diferentes. 
Esto es normal. 
Lo que compruebo, por haber hecho yo mismo el ejercicio, es que, al mirar atrás para apreciar cómo son las previsiones de la Comisión, me doy cuenta de que al menos hemos sido tan buenos, si no mejores en muchos casos, que las demás instituciones internacionales, y en particular una serie de despachos privados. 
En el plano de las reglas aplicables, tenemos en cuenta todas las decisiones que los Gobiernos han tomado en materia de presupuestos, y las apreciamos. 
Lo que han hecho los servicios (de nuevo no se trata de una decisión de la Comisión sino de una apreciación de los servicios de la Comisión) es la evaluación precisa de la eficacia de las medidas. 
A propósito de Italia, ya que usted me da la ocasión para hablar de ello, quisiera valorar el esfuerzo que está realizando y que, si nuestras previsiones son exactas, va a disminuir su déficit público de un 6, 7 % a un 3, 2 %, es decir, un 3, 5 % según nosotros, un 3, 7 según el Gobierno italiano, poco importa. 
Lo que compruebo es que esta reducción del déficit público es la más importante registrada en Europa desde hace quince años. 
Por consiguiente, creo que el mensaje que se deduce hoy claramente de estas previsiones es un mensaje de estímulo, de reconocimiento de los trabajos y esfuerzos realizados. 
Y que no me digan, como he contestado hace un momento al Sr. Giansily, que estas previsiones son un examen de paso anticipado a la moneda única. 
No. 
Se trata de una fotografía que se ha hecho sobre datos, que se pueden discutir o comentar. 
Los servicios están obligados a aplicar los mismos datos a todo el mundo y adoptar hipótesis económicas coherentes. 
Por otra parte, estas hipótesis no son forzosamente las mismas en función de los países. 
Para tener en cuenta, señor Diputado, su observación sobre el problema relativo a las recomendaciones, tengo aquí un texto, al que hemos añadido unos cambios esta mañana en Comisión, justamente para tener en cuenta la sensibilidad particular del problema. 
En otras palabras, no se trataba, y no se trata, de cambiar las cifras redactadas por los servicios de la Comisión, porque estas cifras han de ser creíbles, es decir, no deben estar sometidas a ninguna presión política. 
Ello no impide que, en la presentación, y usted verá, en la última versión que quizá no tenga todavía, se haya tenido en cuenta perfectamente esta diferencia de apreciación entre lo que piensa el Gobierno italiano y lo que piensa la Comisión. 
Si ésta se equivoca, es decir, si su apreciación no es exacta, si el Gobierno italiano piensa que sus medidas tendrán una eficacia total, entonces las cifras serán un poco diferentes. 
Pero lo que cuenta es el estímulo del mensaje global, mucho más que unas décimas de punto. 
Señor Comisario, cuando, a propósito de las grandes orientaciones de la política económica, se refiere usted a una nueva estructura de salarios, ¿quiere decir flexibilidad hacia abajo del abanico salarial, según el modelo de los Estados Unidos, que tantas veces se menciona en el Informe Anual? 
¿Y quiere dar a entender, con esa flexibilidad hacia abajo, que se debe aplicar a todos los países? 
Creo que es necesario ver que los salarios dependen de la negociación colectiva. Es responsabilidad de los interlocutores sociales. 
Por consiguiente, no se trata de interferir en este proceso. 
Lo único que quieren decir estas recomendaciones es que el nivel de productividad por calificación, por región, ha de ser un elemento a tomar en consideración en la fijación de los salarios. 
En ningún caso se trata de plantear un descenso generalizado de los salarios. 
Que nadie se equivoque con respecto al sentido del resultado de nuestros análisis. 
Señor Comisario, el pacto de estabilidad y crecimiento establece la posibilidad de multas que pueden llegar hasta la impresionante cantidad del 0, 5 % del producto interior bruto. 
¿Está la Comisión enteramente de acuerdo con tan drástica medida? 
¿No estima que hubiera bastado con medidas de prevención o disuasión? 
¿No le preocupa que el pacto se convierta en un instrumento básicamente conformado para la negociación política de sanciones? 
La necesidad de proseguir con el esfuerzo de reducción de los déficits públicos a medio plazo es un imperativo del Tratado que ha sido reconocido como tal por los Estados miembros. 
Igualmente, el desliz por encima del 3 % está explícitamente previsto como sancionable. 
Está en el Tratado. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento dota de contenido a lo que ha previsto el Tratado, concreta lo que prevé el Tratado. 
Por mi parte, debo añadir que espero que no haya ocasión de aplicar esas sanciones. 
Ahí es donde se encuentra su carácter disuasorio. 
Como los Estados miembros saben que correrían el riesgo de sufrir sanciones importantes, no se pondrán en una situación en la que se vean en la necesidad de pagarlas. 
En otras palabras, estas sanciones son el apartado disuasorio complementario a un apartado preventivo. 
Nunca se habla demasiado del apartado preventivo del Pacto de Estabilidad, que es coherente, completo, estructurado, y que permite asegurar que la totalidad de las políticas económicas y presupuestarias funcionarán de manera armoniosa y en el mismo sentido entre los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Ud. ha indicado que proyectó enviar notificaciones a diez países porque en estos existe un déficit presupuestario excesivo. 
Sin embargo, al mismo tiempo afirma que es necesario invertir en el futuro y en los recursos humanos así que, ¿qué quiere dar a entender con eso? 
¿Qué supone en la práctica? 
¿No considera que esos diez países podrían verse abocados a grandes dificultades? 
Por una parte, les presionará para que ahorren más recursos públicos que en el pasado y, por otra parte, les mostrará una perspectiva de desarrollo que exige invertir en el futuro. 
¿No es cierto que muchos de esos ahorros a los que apremia a esos diez países conducirán, por el contrario, al debilitamiento de la seguridad social y a la reducción de esos recursos humanos que usted desea apoyar? 
¿Podría aclarar un tanto a qué se refiere con eso de que en situación actual es preciso invertir en el futuro? 
En primer lugar, quisiera precisar que los déficits públicos nunca han sido generadores de empleo. 
Si los déficits creasen empleos, ello se sabría, se vería y, visto el nivel que mantienen en Europa, estaríamos en situación de sobreempleo. 
Históricamente, veo que reducción de los déficits públicos, restauración de la confianza, crecimiento y creación de empleos han ido generalmente a la par en Europa, y no solamente en Europa. 
Los Estados Unidos tendrán este año un 1 % de déficit público, entendido en el sentido «mastrichtiano» del criterio y que yo sepa se les cita como ejemplo en lo que respecta a la creación de empleos. 
Por consiguiente, no hay contradicción entre la necesidad de desarrollar la inversión (quiero hablar de la inversión privada ya que es privada en un 85 %) y la continuación con la política de saneamiento presupuestario que ha rendido sus frutos en Europa. 
Se están recogiendo ahora los primeros frutos en lo que se refiere a tipos de interés y crecimiento. 
Por consiguiente es necesario continuar por esa vía. 
Lo que he dicho es que, en el marco de la apreciación, es conveniente, a nivel de empresa, pero también a nivel de Estados, ver en qué medida es indispensable concentrar ahora nuestros esfuerzos, habida cuenta de los márgenes de maniobra allí donde existen, para aprovechar las oportunidades y relanzar la inversión que será factor de crecimiento y de creación de empleos en el futuro. 
Señor Presidente, quisiera volver a referirme a un asunto que otros dos diputados han planteado en una ocasión directamente y en otra implícitamente. 
En respuesta al Sr. Giansily, el Comisario ha indicado claramente que en este momento no estaba dispuesto a decidir el paso real a la moneda única, porque eso corresponde al año próximo. 
En respuesta al Sr. Imbeni, ha reconocido correctamente y ha acogido con beneplácito las medidas de ajuste adoptadas en Italia. 
Sin embargo, quisiera decir al Comisario que, si leemos el informe, el mensaje más claro que de él se desprende en relación con Italia- y ésa es la cuestión política más delicada que se planteará el año próximo- es el de que, en materia de política económica, los ajustes presupuestarios excepcionales están ocultando la necesidad de otros cambios en la política económica. 
Sin ellos, el claro mensaje subyacente al informe de hoy es el de que Italia no cumpliría una condición sine qua non. 
¿Acaso no es ésa la realidad económica básica subyacente a las cifras que ha citado usted hoy, Comisario? 
Creo que el principal mensaje, cuando usted compara las cifras entre 1997 y 1998, es que se da cuenta de que las cifras de 1997 se han obtenido como norma general porque los Estados miembros han tomado medidas puntuales de saneamiento o one-off measures, en inglés. 
El mensaje, muy claro, que se deduce de estas previsiones, de estas recomendaciones, es que es necesario, allí donde se deban tomar medidas complementarias para 1998 en el marco del carácter duradero de la convergencia, que dichas medidas sean estructurales y no solamente puntuales. 
Creo que es así como hay que interpretar los cuadros, las cifras, y no hacer adelantos, una vez más, sobre un ejercicio que tendremos claramente ocasión de comentar el año próximo, señor Cox. 
Señor Presidente, en sus recomendaciones a los Estados miembros echo de menos un papel más ofensivo y activo por parte de la Comisión, pues tenemos que constatar que desde 1993 tanto la Comisión como el Parlamento Europeo han presentado propuestas para que se puedan crear puestos de trabajo mediante inversiones de infraestructura y ofensivas innovadoras y se pueda perseguir un crecimiento que tenga efectos sobre el empleo. 
¿No es usted de la opinión de que por su parte debería imponer a los Estados miembros unas obligaciones más fuertes que tengan algo que ver con el tipo de política de ahorro en los Estados miembros lo que, a su vez, está relacionado con la estructura de la política de consolidación en los Estados miembros? 
¿No es usted de la opinión de que en este campo los Estados miembros pueden comprometerse más intensamente para que se puedan lograr realmente unos éxitos transfronterizos? 
¿De qué nos sirven las directrices si solamente las repiten la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? 
¿No es de la opinión de que en sus recomendaciones aún falta una recomendación en el sentido de que la política monetaria podría desempeñar un papel más constructivo en un policy mix adecuado, ante el hecho de que los intereses reales no son aún lo suficientemente bajos? 
Independientemente de ello, señor Comisario, ¿no es cierto que hay que responder a las transformaciones estructurales... 
(El Presidente interrumpe al orador )... que es necesario un diálogo social que tiene que exigir a los Estados miembros para que los trabajadores que sobrellevan una moderación salarial, en caso de éxito de una política económica, participen en este éxito mediante una política de ingresos y de formación de capital? 
La Sra. Randzio-Plath plantea tres preguntas. 
Un papel más activo de la Comisión: me parece, señora, que la Comisión no ahorra esfuerzos ni en cuanto a la definición del marco macroeconómico ni en cuanto a la definición de las políticas de apoyo. 
Pienso en las grandes redes y en los programas marco de investigación y desarrollo. 
Sin embargo, la Comisión no puede cambiar los procedimientos de decisión en el seno del Consejo, y en particular, no puede sustituir la regla de unanimidad por la de mayoría cualificada. 
Espero que Amsterdam nos pueda aportar una solución en este sentido. 
Dicho esto, considero que no debemos centralizarlo todo a nivel de Bruselas, que estamos en una economía liberal en la que la subsidiariedad ha de desempeñar una función. 
Cuanto más necesario resulta definir un marco sano de dirección de la política económica de manera comunitaria, más depende del carácter específico de cada país, del diálogo social y de los contactos entre los diferentes socios a nivel de medidas sociales, a nivel de una serie de medidas, y pienso en especial en el mercado del empleo. 
He dicho y repito que los programas de ajuste presupuestario han de ser creíbles y socialmente equilibrados. 
No se debe intentar oponer saneamiento presupuestario y empleo, o saneamiento presupuestario y bienestar social. 
Creo que, si se lleva a cabo el saneamiento presupuestario, es también, y a veces sobre todo, para salvar el futuro de nuestros sistemas de protección social. 
Última observación sobre el policy mix. 
Creo que, desde hace algunos meses, es totalmente evidente que los esfuerzos que se han realizado en términos de política económica han permitido un alivio de las condiciones monetarias en Europa y que los tipos de interés en Europa no hayan estado tan bajos desde hace una serie de años. 
Los ahorros que resultan en millardos para las economías europeas son considerables. 
El policy mix es algo bueno, pero el alivio de las condiciones monetarias sólo será posible si la consolidación presupuestaria es suficiente. 
Esto me parece un elemento esencial para el futuro. 
Señor Presidente, tenemos millones de desempleados. 
Este es un problema y creo que lo más importante es proporcionar de nuevo trabajo a estas personas. 
¿Se puede partir del hecho de que la ausencia de criterios de convergencia y de moneda única contribuyen de modo esencial a este desempleo que hoy observamos? ¿Es una causa esencial? 
Segundo: ¿es razonable y posible reducir el marco temporal de 1999 hasta el 2002? 
Más empleos, sí, es deseable y es lo que estamos tratando de hacer. 
Pero no habrá más empleo sin más crecimiento y no habrá más crecimiento sin unas finanzas públicas reequilibradas y sanas. 
Y si creamos el euro es para dar a Europa un marco económico en el que haya más crecimiento y más empleo. 
¿Por qué? 
Porque para instaurar el euro será necesario que las finanzas públicas se hayan saneado. 
Para instaurar el euro y para vivir con el euro será necesario mantener unas finanzas públicas sanas. 
Le recuerdo que la mitad del ahorro familiar sirve actualmente para financiar los déficits públicos y que este dinero estaría mejor utilizado para financiar las inversiones privadas o el consumo. 
Por consiguiente, es necesario más crecimiento y el euro nos dará más crecimiento en Europa. 
Y ello nos permitirá hacer más inversiones, habrá más consumo y se crearán más empleos. 
Segunda observación: más empleos, esto pasa hoy por medidas estructurales, que afecten al mercado de empleo, a la formación (ya he hablado de ella hace unos momentos) a la investigación, también a la educación, al aprendizaje, a las cargas sociales excesivas que gravan los salarios más bajos, sobre todo en las industrias de mano de obra. 
Todas estas reformas están en curso, y a veces es difícil aplicarlas, como otras, en especial la reforma del mercado de trabajo, que deben también llevarse a la par con los interlocutores sociales. 
Esto lleva tiempo, debe acelerarse y sólo con estos esfuerzos se llegará efectivamente en Europa a unas tasas de desempleo tan bajas como las que existen en Estados Unidos. 
Señor Presidente, desde hace varios meses, asistimos en la Unión Europea a una verdadera carrera de persecución para alcanzar los objetivos fijados por los criterios de Maastricht, es decir, para cumplir las condiciones, que algunos economistas consideran draconianas, para el paso a la moneda única de acuerdo con el calendario fijado. 
Algunos acontecimientos de la vida pública dan fe de ello cada día, como la reciente señal de alarma lanzada por Alemania o también las motivaciones adelantadas por el Gobierno francés para la disolución de la Asamblea Nacional; y asistimos también a un debate permanente sobre los plazos de la unión monetaria. 
Sin pretender poner en duda la buena fundamentación de la moneda única, podemos sin embargo constatar, para deplorarlo, el efecto de los planes de ajuste aplicados por los Estados miembros, tan perjudicial para las economías europeas y el empleo que da la impresión de que la prioridad que se concede a la reducción de los déficits públicos, de conformidad con el criterio de Maastricht, por no citar más que éste, impide cualquier repunte económico, frena el crecimiento y anula cualquier esfuerzo en favor del empleo. 
¿Qué medidas, realmente positivas e inmediatas, puede recomendar la Comisión para hacer frente a la situación social catastrófica en la Unión Europea manteniendo sin cambios, es decir, sin suavizar, las prioridades inherentes a la realización de la moneda única? 
En la búsqueda encarnizada de las políticas de saneamiento, ¿no percibe la Comisión el riesgo de matar al enfermo de tanto pretender cuidarlo bien? 
Se trata de fórmulas ya hechas. 
Creo que ya he contestado a esta pregunta al decir que sin duda, en el momento actual, no será relanzando la economía, ahondando en los déficits públicos, incrementando el empleo público, multiplicando los gastos inútiles, multiplicando los puestos de funcionarios, multiplicando todo aquello que no es productivo, como se solucionará el problema del desempleo, porque de seguir su análisis, señor, ello querría decir que, en el futuro, serían nuestros hijos los que debieran pagar la factura de los errores cometidos con unas políticas así. 
Señor Comisario, como sabe usted, desde el jueves en Italia sólo se habla de las cifras del Comisario de Silguy, y en especial de ese 3, 2 % que dejaría a Italia sin salida, cuando otras muchas instituciones internacionales coinciden en las mismas cifras para otros países, entre los que hay uno que usted conoce muy bien y que afronta una campaña electoral después de la cual no se sabe qué política se llevará a cabo. 
Por consiguiente, la primera pregunta que yo le planteo es ésta: ¿por qué esta eventual diferencia de planteamiento? 
Segunda pregunta, sobre Italia en concreto, ¿cuál es la razón de fondo que le hace dudar del programa italiano? ¿Se trataría de los problemas de estructuras que están detrás de los esfuerzos del Gobierno y que no le parecen satisfactorios? 
Señor Presidente, hace unos momentos me ha hecho una llamada al orden porque probablemente me había excedido en un poco en el tiempo en mi respuesta al Sr. Imbeni sobre la misma cuestión, por lo que seré breve. 
En lo que respecta a las previsiones, no hay ninguna diferencia de planteamiento entre Italia y los demás Estados miembros en los trabajos que dirigen los servicios de la Comisión. 
En segundo lugar, estoy dispuesto a mantener la comparación, con resultados en la mano, sobre las previsiones que han hecho la Comisión y otras instituciones internacionales. 
En general, la experiencia nos da más bien la razón. 
No hay diferencias de planteamiento. 
Una vez más, hay diferencias de análisis al mismo tiempo sobre el impacto, en 1997, de las leyes relativas a las finanzas aprobadas a finales de 1996. 
También hay diferencia en términos de crecimiento. 
También hay una diferencia en términos de total eficacia cuantitativa, para el año, de las medidas que ha tomado hoy Italia. 
Pero, una vez más, mantenemos unas diferencias extremadamente pequeñas entre la Comisión e Italia. 
Para no prolongar el debate tomaré un solo ejemplo. 
En materia de impuestos sobre sucesiones, el Gobierno italiano piensa que, al haber cambiado la legislación en 1997, los ingresos serían superiores en un 50 % a lo que fueron el año anterior. 
Creo que esto es quizá algo excesivo. 
Podría tomar otros dos o tres ejemplos como éste. 
Pero creo que lo importante no es intentar poner en duda la credibilidad de la Comisión, no es intentar presionar a la Comisión, pues dañarían a la institución; se trata más bien de considerar una vez más que el esfuerzo italiano es un esfuerzo sin precedentes en 1997 en pos del saneamiento de las finanzas públicas. 
Creo que es esto lo que yo conservo sobre las previsiones de la Comisión. 
Señor Comisario, ante la insistencia en reducir aún más la inflación, a pesar de que usted reconoce que ya ha bajado al 2 %, permítame que le lea en su lengua un comentario al respecto del diario Le Monde de hoy: 
Un objetivo de inflación menos ambicioso sería compatible con una tasa de crecimiento más satisfactoria y favorecería la necesaria disminución del desempleo... 
Señor Comisario, esto está sacado del informe del Fondo Monetario Internacional. 
¿Coincidiría conmigo en que podemos relajar las medidas destinadas a una reducción aún mayor de la inflación y aplicar los dogmas monetarios de manera algo menos inhumana para los trabajadores europeos? 
Señor Katiforis, hay pendientes peligrosas por las que vale más no lanzarse. 
Sobre la inflación, creo ante todo que, no porque la hayamos controlado adecuadamente desde hace varios años su espectro ha desaparecido definitivamente de la Unión Europea. 
Creo que debemos mantenernos muy atentos. 
En segundo lugar, la inflación es todavía de un 2 %. 
Nuestro objetivo del 2 % no es en absoluto incompatible o contradictorio con nuestras cifras en materia de empleo y con lo que se debe hacer en materia de lucha contra el paro. 
Creo, en definitiva, que debemos continuar manteniendo el rumbo si pretendemos precisamente que las condiciones de política monetaria sean más cómodas para flexibilizar el policy mix. 
No podemos comenzar a comprometernos en políticas que sólo consisten en jugar con fuego y volver otra vez a las subidas de precios o al repunte de la inflación, cuando no se sabe nunca cómo termina ese tipo de política. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
Contenidos ilícitos y nocivos en Internet 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del Sr. Pradier, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet (COM (96) 0487- C4-0592/96) (A4-0098/97). 
Señor Presidente, la telemática en red, al igual que la lengua de Esopo, es el mejor y el peor de los instrumentos. 
Es necesario, sin embargo, tomar en consideración el desarrollo explosivo de su utilización, ya que en menos de cinco años se han conectado varios millones de ciudadanos. 
Es indispensable conceder una gran importancia al volumen de información en circulación, ya que se consultan al mismo tiempo varios centenares de lugares. 
Asimismo, se ha de tomar en consideración la calidad de la información y de esos datos, ya que se tata de datos científicos, técnicos, literarios, artísticos, comerciales, financieros, políticos también, así como personales, y de ello tendremos que volver a hablar. 
Este desarrollo provocado dos consecuencias de gran importancia. 
En primer lugar, el desconocimiento del instrumento telemático en red ha llevado a los impacientes, a los inquietos, a proponer una actitud directiva, normativa, incluso represiva y a unas soluciones que en muchos casos son inadecuadas desde el punto de vista técnico. 
En segundo lugar, ante tales posibilidades, los delincuentes han sido más rápidos que las personas honradas y la lista de infracciones a las leyes nacionales e internacionales es impresionante. 
Se trata de todo tipo de tráficos, de seres humanos, por supuesto, de armas, de municiones y de estupefacientes. 
Por otra parte, la explotación misma de la credulidad de los elementos más débiles de la población se traduce en el plano comercial, en el plano político y en el plano de las creencias, desarrollando todo tipo de oscurantismos. 
Finalmente, y sobre todo la parte más débil que debemos proteger ante todo son los niños, ya porque son el objetivo de mensajes inaceptables, ya porque son los actores contratados, que es aún más inaceptable. 
En estas condiciones la protección del derecho nos lleva a una reflexión. 
Debemos saber que cuando se sacrifica un derecho para proteger otro, quedan los dos irremediablemente dañados. 
Y nuestra acción debe guiarse por algunos principios simples. 
En primer lugar, la libertad de expresión, regla absoluta que sólo ha de sufrir muy raras excepciones debidamente establecidas por ley. 
En segundo lugar, el respeto escrupuloso por la vida privada, y muy en concreto por la correspondencia, ya que la correspondencia electrónica debe ser debidamente protegida. 
Algunos acontecimientos recientes acaecidos en Bélgica, donde estamos celebrando nuestra sesión, han provocado una legítima conmoción a la que este Parlamento no ha sido completamente impermeable. 
Los ataques contra la integridad física y mental, las violaciones, los asesinatos, las torturas y los secuestros, han removido hasta las propias instituciones de este país. 
Por nuestra parte, conviene no ceder a un fantasma colectivo que provocaría el temor a que todas las basuras de la tierra invadieran las oficinas de las empresas o las salas de estar a través de las pantallas de los ordenadores. 
Hay que saber mantener la razón y combatir como debe ser los contenidos ilícitos y perjudiciales en la red. 
Debemos priorizar tres elementos; en primer lugar, la responsabilidad y, en segundo, la solidaridad. 
Ante todo, favoreciendo la redacción de un código de buena conducta libremente discutido y que pongan en práctica los implicados, es decir, la industria, los proveedores, los anunciantes y los usuarios. 
Sobre esta materia, el modelo británico debería ser para nosotros objeto de reflexión y deberíamos quizá inspirarnos en él. 
Ya que, en este caso, se trata de un grupo de trabajo que asegura un seguimiento de la reglamentación libremente aceptada y que permite igualmente establecer un recurso telefónico instantáneo cuando un usuario detecta una infracción grave. 
Se trata de un recurso interno que permite intervenir contra aquel que contravenga el código, ordenándole que retire sus textos o imágenes inaceptables, reservando el recurso policial o judicial como último extremo. 
Al mismo tiempo, convendrá responsabilizar al usuario a título personal o por su familia, pues el eslabón familiar puede verse afectado por la puesta en marcha de programas de filtrado, al ser grande la tentación de acusar a las instituciones, a las empresas o a los gobiernos, haciéndoles responsables de desgracias que cada uno de nosotros es capaz de evitar y está obligado a hacerlo. 
Internet constituye una innovación que proporciona numerosas oportunidades. Por supuesto que presenta también desventajas que debemos tratar de contrarrestar en el mayor grado posible, especialmente en lo referente a la protección de menores y de la dignidad del ser humano. 
Debemos sin embargo velar por que el combate de estos inquietantes fenómenos no pesen en demasía sobre la atención que merece la actual y la posible revolución cultural creada por acción de Internet. 
Por lo que respecta a los efectos nocivos es sumamente importante que distingamos entre aspectos indeseables y el contenido ilícito de Internet. 
En lo tocante al contenido ilícito y nocivo, Internet no aporta nada nuevo si se le compara con los medios tradicionales sobre papel. 
La diferencia estriba en el contenido de la información electrónica que resulta más difícil de controlar. 
No es difícil empero identificar a los usuarios de la red o a los suministradores de servicios, resultando incluso más fácil que en el caso de los medios tradicionales. 
Los problemas ligados a la detección de contenidos ilegales y nocivos son acentuados por el carácter ilimitado de Internet. 
Además de ello debemos sin embargo tomar en consideración el derecho a la inviolabilidad del secreto de correspondencia estipulado en el Tratado de Protección de los Derechos Humanos. 
Hay que evitar que los Estados miembros traten de actuar cada uno con sus regulaciones propias. 
La cuestión podrá abordarse únicamente a nivel supranacional, y no sólo a través de un enfoque común en el seno de la Unión Europea sino, y sobre todo, a nivel de los países integrantes del G7, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio y de la OCDE. 
La cooperación internacional constituye el único método para evitar la existencia de refugios desde los cuales cualquier persona pueda utilizar la red de Internet con propósitos indebidos. 
Además de ello, es preciso hacer hincapié en la importancia que reviste la autorregulación. 
El Sr. Pradier se refirió acertadamente a la instauración de un código ético. 
En estas cuestiones las medidas legales no pueden más que servir de apoyo. Desearía subrayar igualmente el importantísimo papel que pueden desempeñar los padres y que merece una especial atención. 
Deseo dar las gracias a la Comisión de Libertades Públicas por el hecho de haber aceptado la casi totalidad de las enmiendas presentadas por la Comisión de Cultura. 
Señora Presidenta, señoras y señores, tal como subraya el presente informe, Internet es extraordinariamente importante para la participación de los ciudadanos en la vida pública. 
El objetivo primario de Internet no es la difusión de contenidos punibles y nocivos. 
Creo que hay que hacer hincapié en esto. 
Estos contenidos tampoco están directamente a la vista sino que hay que buscarlos. 
Al mismo tiempo, estos contenidos son algo dañino, lo que hace necesario adoptar medidas preventivas. 
Desde mi punto de vista, la comunicación de la Comisión contiene propuestas demasiado poco concretas y aplaza posibles soluciones a un nebuloso futuro de acuerdos internacionales globales. 
Por contra, el presente informe subraya razonablemente el papel de adelantado que la Unión Europea puede desempeñar en este globo como una región de economía fuerte y tecnológicamente avanzada. 
Al margen de la propuesta de la Comisión, las siguientes propuestas concretas del informe me parecen muy razonables: la exigencia de una clara identificación del emisor y la imposición de estándares mínimos para los oferentes de servicios, la responsabilidad por los contenidos elaborados por ellos mismos y la responsabilidad por contenidos punibles de servicios ajenos si el «carrier» los conoce positivamente y si le es posible técnicamente y exigible impedir su utilización. 
Me parece problemático el apartado 7 que contempla la exigencia de un etiquetado de calidad aplicable a los suministradores de servicios. 
Creo que esta exigencia fracasaría ante problemas prácticos o, al menos, sería enormemente difícil. 
Por ello, deberíamos exigir como Parlamento que los pasos que son realizables se pongan en práctica lo más rápidamente posible. 
Señora Presidenta, Señorías, en nombre de mi Grupo deseo dar las gracias al Sr. Pradier por su excelente informe, así como al presidente Sr. Pex por transmitir la opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Las redes informáticas se hallan en plena expansión y permiten moverse en el éter con una facilidad impresionante y con volúmenes de imágenes e informaciones dirigidas a fomentar los intercambios de conocimientos y la libertad de expresión en los países donde esta última no está garantizada. Europa está iniciando a dialogar cada vez más a través de Internet. 
Por desgracia, existe cierta dificultad de control por parte de los Gobiernos de los Estados miembros, a quienes les es imposible detectar el contenido ilícito y los mensajes nocivos enviados a través de Internet. A esto hay que añadir que los ámbitos como la seguridad nacional, la protección de los menores y de la dignidad humana, la seguridad económica y de la información, la protección de la intimidad y de la reputación personal, así como la protección de la propiedad intelectual, están regulados por diferentes instrumentos jurídicos en cada Estado. 
En consecuencia, es necesaria una cooperación judicial y policial a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional, basada en convenios y nuevos instrumentos jurídicos, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y salvaguardando el principio de libertad de expresión. 
Por lo tanto, hay que intervenir con medidas que limiten las prestaciones de servicios a través de un control del material que viaja en la red, considerando la fundamental distinción que se ha de hacer entre contenido ilícito, que pertenece al ámbito jurídico, y el contenido nocivo que afecta a los menores y pertenece esencialmente al ámbito de la moral y de la cultura. 
Dichos contenidos nocivos pueden bloquearse a través de programas de filtrado o, en el caso del correo electrónico, utilizando palabras clave. 
Es indudable que tanto los suministradores de acceso como los suministradores de servicios son responsables del posible intercambio de información y material ilícito. 
Por último, gracias a Internet, se está transformando una amplia gama de sectores económicos y culturales y ofreciendo un abanico de nuevas posibilidades a las pequeñas y medianas empresas y los operadores. 
Sin embargo, esto se puede prestar a un uso indebido y, por consiguiente, a fin de evitar los abusos, es urgente adoptar medidas y nuevas reglas de comportamiento, fomentando la autorregulación y promoviendo un sistema europeo de valoración para educar al público que navega en la red con campañas de educación y sensibilización, dirigidas en particular a los padres, a fin de poder educar a los niños. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Liberal deseo felicitar al Sr. Pradier por el excelente informe presentado. 
Internet constituye una gigantesca red informática mundial que ofrece un reflejo de la información y de opiniones existentes en nuestra sociedad. 
Una característia única de Internet es el hecho de constituir al mismo tiempo un medio de difusión y de comunicación. Esto implica que lo que resulta ilícito fuera de la línea lo sea igualmente en la línea. 
Proceder a la censura de Internet limitaría la libertad de expresión sin ofrecer a los ciudadanos la debida protección frente a contenidos ilegales. 
Encima de ello, la censura limitaría al mismo tiempo la libre circulación de servicios en Europa. 
Como ejemplo cabe citar el cierre por parte de los suministradores alemanes de las páginas de Internet del suministrador neerlandés de access for all. 
Las empresas que ofrecen sus servicios a través del sistema de access for all resultaron así perjudicadas. 
El Grupo Liberal estima que los políticos deberán plantearse la tarea de fomentar innovaciones orientadas a hacer más abierta y democrática la sociedad. 
En nuestra función legisladora deberemos mantener pues una actitud de reserva hasta que se disponga de una mayor experiencia con Internet. Lo que queremos es tratar de conservar los aspectos positivos de la cuestión y no echarlo todo por la borda. 
Es indudable que la pornografía infantil y las afirmaciones racistas son hechos reprobables. Pero un medio de comunicación transfronterizo como Internet exige una regulación también supranacional, para comenzar a nivel europeo. 
A tales fines se hace indispensable aquí también la cooperación judicial entre los Estados miembros. 
Bien que las soluciones tecnológicas no sean impecables parecen ser la mejor manera de erradicar la práctica de contenidos ilegales en la red, en particular con el objetivo de brindar protección a los menores de edad. Mi grupo político estimula esta solución. 
De esta manera las autoridades no se ven obligadas a ocupar el sitio de los padres, conservando éstos pues su responsabilidad. 
Señora Presidenta, me ha tocado ser una de las personas verdaderamente afectadas por el bloqueo impuesto al provider access for all ya que mi homepage ha dejado de ser accesible para un gran número de usuarios alemanes de Internet. 
Sin embargo, por un hecho muy sencillo, es decir la simple comunicación de esta decisión, y puedo perfectamente explicarles la razón de la misma, a saber con el fin de evitar que los usuarios alemanes de Internet tuviesen acceso a la publicación que como es sabido se halla prohibida en Alemania pero no en los Países Bajos y que era definida en mi país a través del provider access for all, aunque no fuese por supuesto responsable de ello, puesto que la decisión había sido tomada por uno de los usuarios en su homepage. 
De todas maneras este bloqueo fue rápidamente suprimido tras una simple acción por la cual usuarios en todo el mundo procedieron a los denominados mirrors publicando a continuación la difusión de dicha publicación, por lo cual resultaba completamente inútil seguir excluyendo a todos estos providers ya que de esta manera se invalidaba a los usuarios alemanes, cosa que era mejor evitar. 
Porque lo que está prohibido en Alemania no lo está por definición en nuestro país. Lo que en la Unión Europea se considera como correcto generalmente en el ámbito del derecho penal, no lo es en cambio en Estados Unidos. 
En resumen, incluso si deseamos proceder a instaurar a nivel europeo todo tipo de regulaciones bien intencionadas con vistas a limitar la influencia nociva de Internet o a suprimir las cuestiones ilegales de la red será necesario que tomemos en cuenta igualmente la existencia de otras concepciones en otras partes del mundo y que por consiguiente no es tan disparatado tratar de regular esta cuestión a nivel de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, las posibilidades que ofrece Internet en el campo de las comunicaciones son inconmensurables. 
De acuerdo con los usuarios iniciales de Internet no deberían sumarse a ellas aún más que sucesivas innovaciones. La autopista electrónica debería de abrir las puertas hacia un nuevo orden social. 
Entretanto se va haciendo evidente que el impetuoso crecimiento de la red, además de las positivas aplicaciones, habrá de ser utilizada al mismo tiempo para la difusión de nefanda información. 
Una vez más queda confirmada una visión pesimista y harto negativa del ser humano. 
Lo que se observa en el mundo corriente se refleja en la red Internet. 
La pornografía, los circuitos de pedofilia, el narcotráfico y el extremismo político están contaminando la red. 
No cabe pues duda alguna que se hace necesario adoptar medidas. 
Los gobiernos nacionales deberán proceder, tanto separada como conjuntamente, a la búsqueda de esas medidas adecuadas. 
El problema consiste en que las legislaciones nacionales en materia de delimitación entre información ilícita e información nociva pueden diferir de un país al otro. 
Citemos por ejemplo el caso de la droga, que en algunos países gozan de un libre expendio siendo prohibidas en cambio en otros. 
En lo tocante a la normativa relativa a la libertad de expresión será difícil modificar las medidas referentes a Internet de las existentes en otras formas de comunicación como publicaciones, televisión y vídeo, bien que Internet posee una mayor facilidad de penetración en el ambiente doméstico. 
Me satisface por consiguiente saber que además de la actuación directa frente a contenidos ilícitos en Internet se busque también posibilidades de evitar la entrada de contenidos nocivos en la red. 
Sin embargo no puedo dejar de albergar fuertes críticas ante la distinción aparentemente aceptada por todos entre contenidos ilícitos y nocivos. 
La pornografía infantil es ilícita mientras que la pornografía con adultos es sólo dañina para los menores. 
¿Cómo es posible una distinción tan artificial? 
Como si la pornografía para adultos fuera una cosa inofensiva. 
La práctica de abusos sexuales con mujeres y menores, el turismo sexual y la pornografía infantil confeccionada para adultos nos revela otra cosa. 
La autorregulación y la responsabilidad deben continar, pero allí en los casos en que no basta la voluntad humana, deberán instaurarse claras normas morales. 
Señora Presidenta, tal como ha mostrado hace poco la huelga de aviso de dos horas de los proveedores en Austria, el tema de informe es de enorme actualidad. 
Hay que establecer un equilibrio entre la libertad a expresar la opinión y el mandato de política cultural, por un lado, e impedir los contenidos relevantes desde un punto de vista jurídico-penal, como la detestable pornografía infantil o la incitación a la violencia y al odio o similares, por otro. 
Como siempre que se plantean intereses contrapuestos, esta tarea es difícil de solucionar. 
A ello vienen a sumarse en Internet dificultades técnicas en lo relativo al control de los contenidos. 
Las cuestiones relativas a la responsabilidad de los oferentes de accesos y de servicios son intrincadas. 
El presente dictamen representa en nuestra opinión un razonable equilibrio entre los intereses sin plantear unas exigencias exageradas a los oferentes. 
Aunque los liberales pensamos que la aplicación de las ideas allí expuestas sería posible mediante medidas interestatales, apoyamos el fondo del informe. 
Señora Presidenta, en este Parlamento Europeo siempre hemos estado de acuerdo en que en todos los aspectos sociales y políticos, debe gozar de la máxima prioridad el respeto de los derechos fundamentales y humanos y en que este principio debe aplicarse también cuando nos enfrentamos a nuevos fenómenos sociales que a veces provocan temores entre algunas personas. 
Por ello, a la hora de tratar los contenidos nocivos e ilegales en Internet, debe tenerse en cuenta que la máxima prioridad es el respeto a los derechos humanos. 
A los contenidos ilegales deben aplicarse plenamente- no creo que sea posible discutir al respecto- las normas penales y prohibitivas de cualquier tipo, lo que se debe garantizar mediante unos nuevos métodos de indagación y persecución adaptados a la red. 
A este respecto, será necesario poner a disposición de la policía y autoridades penales unos medios más adecuados. 
Pero no vamos a poder eludir- a lo que se han referido ya algunas oradoras y oradores- determinar en Europa al menos unas normas penales mínimas comunes y tener de este modo una buena posición de partida para las negociaciones globales. 
Pero la naturaleza de Internet y de otras redes de ordenadores exigirá también unas formas creativas de autocontrol en la lucha contra los contenidos ilegales y nocivos. A este respecto, el informe está muy bien logrado y propone unas medidas muy adecuadas. 
Los productores de hardware y software, los proveedores, las familias, los niños y las organizaciones juveniles están todos ellos llamados a intervenir en este asunto. 
Creo que sólo ellos pueden aplicar el software filtrado ofrecido de modo que se tengan en cuenta los diferentes estándares culturales y pedagógicos existentes en Europa, proporcionando realmente una ayuda a las familias. 
Para finalizar, quiero rogar que en el debate sobre los contenidos ilegales y nocivos, no olvidemos los efectos útiles de Internet para los niños y jóvenes, de lo que uno se puede hacer una buena idea en la exposición que tiene lugar en el foyer de esta sala de plenos. 
Señora Presidenta, en una entrevista sobre este tema, nuestro ponente se autodefinió un viejo- en el sentido de antiguo- liberal no demasiado moralista. 
Por mí parte, no puedo negar que liberal sí lo ha sido. No cabe duda que prestó una gran atención a las sugerencias de los colegas en el seno de la comisión y, al abordar los contenidos ilícitos y nocivos, hizo hincapié, ante todo y con sumo acierto, en la gran revolución que este medio representa, esto es, el sueño de una gran comunidad planetaria que intercambia conocimientos a través de un medio de por sí democrático. 
Ha estado acertado, porque en su programa social, Clinton hizo una distinción entre dos edades: la edad en que los jóvenes americanos deben saber leer y escribir y la edad- me parece que 12 años- en que todos deben saber navegar por Internet. 
Por lo tanto, éste es un gran medio y, como viejo liberal, nuestro ponente nos habló de las dificultades que encuentran la ley y el legislador, llamado a regular fenómenos como éste. Nos mencionó la insuficiencia y la falta de adecuación del instrumento jurídico que corre el peligro de convertirse en un grito al estilo manzoniano que no sirve para nada, o de menoscabar, en cambio de aumentar, la libertad de expresión. 
El viejo liberal es consciente de esto y, aunque se autodefine no demasiado moralista, sabe y dice que debemos ajustar cuentas con la moral o, si preferimos, con los comportamientos éticamente correctos, si no queremos que un instrumento de libertad se convierta en un instrumento de pornografía, terrorismo e incitación al suicidio- como pasó hace poco en nuestro país- totalmente virtual, se entiende. 
Por ello, cabe admitir que esta batalla no se ganará si no se eleva el sentido de la responsabilidad y moralidad de los comportamientos. 
De lo contrario, ¿por qué apelar a la responsabilidad individual y familiar? 
De lo contrario, ¿dónde vamos a colocar el etiquetado de calidad o el código de buena conducta, y qué fundamento tendremos y daremos a todas las reglamentaciones que preconizamos? 
Ni siquiera la policía multimedia o cibernética puede ser suficiente, ya que sabemos lo que cuesta, el tiempo que necesita, al igual que sabemos el poco tiempo que hace falta para reconstruir una red, una vez descubierta. 
Por lo tanto, deseo manifestar, junto con el ponente, a quien le agradezco este informe, que todos somos viejos liberales, interesados en entender las nuevas fronteras de la libertad y la responsabilidad. 
Señora Presidenta, colegas, Comisario Bangemann, me complace ver que está hoy usted presente con nosotros ya que esta semana también tiene lugar un Consejo Industrial encargado de estudiar el programa de acción permamente. 
Me parece ésta una excelente oportunidad para poner en movimiento, a través del citado consejo a todos los demás con vistas a la adopción de importantes avances en este campo. 
Si examinamos el importante informe del Sr. Pradier comprobamos que los Consejos de Ministros afirman haber emprendido diversos pasos, aunque por el momento no veo mucho progreso en la materia, lo cual constituye también mi gran inquietud. 
Por una parte deberá contarse con una muy mayor colaboración entre los sectores judiciales y policiales. Por otra parte deberá desplegarse un enorme empeño en el campo de la educación que haga posible la utilización de las posibilidades de comunicación como antídoto en el sistema educativo. 
Esta semana tuvimos la oportunidad, tanto el Comisario Bangemann como el que habla, de asistir a una interesantísima conferencia organizada por el colega Donnelly en la que se mostraban una vez más dichas posibilidades. Desearía preguntar al Comisario si él puede informarnos sobre lo que se propone hacer sobre este punto en el próximo Consejo de Industria. 
Señora Presidenta, mi opinión sobre el informe del Sr. Pradier es bastante más favorable que la del último orador. 
Quiero ceñirme a la cuestión de Internet y de cómo ha cambiado toda nuestra concepción de la comunicación electrónica. 
Mi vida profesional ha correspondido al sector de las transmisiones de radio y televisión y a partir de ellas surgieron las subscripciones «restringidas» a la transmisión por cable y cosas así y, además, existía la comunicación de persona a persona por teléfono. 
No se podía dejar un mensaje por teléfono para una generalidad de personas, aparte de dejar un mensaje descortés en el contestador telefónico. 
Sin embargo, ahora todos los ciudadanos son en potencia los directores de su propio boletín. 
Ahora todos somos «sitios» en la red. 
Quisiera adoptar una firme posición a este respecto en función de la primera enmienda, tal como han confirmado los tribunales de los Estados Unidos. 
A ese respecto exclusivamente, comparto en parte lo que acaba de decir el Sr. Le Gallou. 
Existe el peligro de una policía del pensamiento. 
Existe el peligro de que intentemos intervenir en asuntos de opinión. 
El dilema que tenemos planteado hoy no se refiere a asuntos de opinión, sino a asuntos de intromisión y a lo que sucede cuando unas personas, al invadir el espacio de otras, les infunden desesperación y representan una amenaza para sus actividades. 
No se puede permitir que la tecnología estrangule la libertad. 
Los medios de comunicación abiertos pueden ser entrometidos y el problema que plantea Internet hoy es el de que hemos de encontrar una forma de abordar los diversos segmentos en los que se producen sus operaciones. 
Todos sabemos que grupos que incurren en actitudes pedófilas y sádicas ocultan sus actividades y se esconden tras otras formas de identidad. 
Tenemos que velar por que los proveedores de acceso y los proveedores de servicios e informaciones reconozcan sus responsabilidades a ese respecto, en primer lugar, para la identificación de cada uno de los servicios y, en segundo lugar, para la clasificación sin la cual no será posible el filtrado. El filtrado en sí corresponderá a las personas responsables que conocen profundamente ese sistema. 
Hay muchas otras personas que corren riesgo en Internet hoy y también tenemos que tener presentes sus necesidades. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Pequeñas y medianas empresas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0034/97 de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, relativa al programa integrado en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del artesanado (COM (96) 0329- C40490/96) ; -Doc. A4-0100/97 del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de coordinación de las actividades en favor de las PYME y del artesanado (COM (95) 362- C4-0120/96). 
Señora Presidenta, señor Comisario Christos Papoutsis, señoras y señores diputados, hoy vamos a tratar de nada menos que del problema número uno de Europa: el empleo. 
Hablamos sistemáticamente de la necesidad de crear empleo para los 18 millones de desempleados que el modelo de desarrollo europeo ha llegado a crear, sin que encontremos la solución a consecuencia de la complejidad de este problema, que entraña muchos tipos de acciones y tiene carácter estructural. 
Si no hemos conseguido resolver este problema, lo que depende- lo sabemos- estrechamente de un crecimiento de nuestras economías a un ritmo superior al de los últimos años, ello es consecuencia de que las políticas seguidas y los instrumentos utilizados no han resultado, hasta ahora, los más adecuados para la creación de puestos de trabajo. 
En efecto, en 1995 existían en Europa 16 millones de PYME, que empleaban a más de 40 millones de trabajadores. 
Y, a pesar de todos los obstáculos con los que actualmente tropiezan- en particular, las sobrecargas administrativas, dificultades de financiación y formación, transición a la sociedad de la información, intensificación de la competencia -, siguen siendo esas empresas las que crean puestos de trabajo. 
En los cinco últimos años, del 60 % al 80 % de los nuevos puestos de trabajo en el sector privado fueron creados por pequeñas empresas y las más dinámicas han sido las microempresas. 
Una publicación editada en 1996 y patrocinada por la Comisión muestra que, además de que el porcentaje medio de creación de empleo por las 500 PYME más dinámicas fue del 158 % en los cinco últimos años, esa media fue del 1.035 % en el caso de las empresas con menos de diez trabajadores. 
En vista de la situación en el mercado de trabajo, habrá que adoptar todas las medias necesarias para velar por que las pequeñas empresas y las de actividades artesanales puedan continuar- e incluso mejorar- su contribución a la creación de puestos de trabajo. 
Ahora bien, aun reconociendo el importante papel desempeñado por el artesanado y las pequeñas empresas en la creación de empleo, existe una manifiesta incoherencia de la política comunitaria a la hora de aplicar acciones y programas de apoyo que con frecuencia son de poco valor, se retrasan o se suspenden. 
Lamento, en particular, que los ministros de Hacienda ni siquiera hayan dado la luz verde aún a la reglamentación europea de garantía de los préstamos en pro del empleo, conocida como programa ELISE. 
Veamos, pues, lo que esperamos de la Comisión a ese respecto. 
Primero, que nos indique cuál es la parte de los Fondos estructurales- FEOGA, FEDER y Fondo Social Europeo- que se aplica realmente a las PYME y, de ellas, a las microempresas. 
Es que resulta mucho más fácil a las medianas y grandes empresas disponer de técnicos que conozcan y sepan rellenar los complicadísimos formularios que la Comisión presenta. 
Por otro lado, dar mucho dinero a pocos proyectos exige mucho menos esfuerzo de análisis y control que dar poco dinero a muchas empresas. 
El problema del rellenado de los formularios es esencial. 
Me gustaría saber cuántos diputados, comisarios o ministros, ante un formulario comunitario, sabrían rellenarlo... 
No hablo por hablar, puedo dar a Sus Señorías ejemplos de eminentes profesores universitarios o presidentes de colegios de profesiones liberales que ya me han ofrecido su testimonio y su protesta por la opacidad y complicación de dichos formularios. 
Y después decimos que queremos apoyar a las PYME y a las microempresas... 
Dígame, señor Comisario: ¿cuál es el porcentaje de los Fondos estructurales realmente aplicados a ese tipo de empresas, que son las que verdaderamente crean empleo? 
Las grandes, en lugar de crear empleo, despiden todos los años a centenares de trabajadores. 
¿Está la Comisión dispuesta a simplificar realmente todo el proceso de acceso a los fondos comunitarios por las pequeñas y medianas empresas y, en particular, por el artesanado? 
El segundo problema tiene que ver con el crédito y con el retraso en los pagos. 
Necesitamos una directiva que acabe con esas situaciones intolerables de que quien no los necesita sea quien reciba préstamos y de que los consumidores y los proveedores retrasen sus pagos, con lo que inviabilizan financieramente a empresas económicamente viables, lo que hace que- como afirma la Comisión- el 50 % de las PYME tengan una esperanza de vida de tan sólo cinco años. 
El tercer problema tiene que ver con el sistema fiscal, que castiga el trabajo y favorece el capital. 
En todos los países de la Comunidad, la mayoría de los que pagan impuestos directos son los trabajadores por cuenta ajena. 
Hay que revisar la incidencia del IVA con vistas a incentivar el trabajo. 
Hay que revisar el sistema fiscal y parafiscal. 
¿Está la Comisión dispuesta a actuar de esa forma? 
El último problema que presento a Sus Señorías tiene que ver con la educación. 
El nivel profesional de la educación de la mayoría de nuestros empresarios es muy bajo. 
Es, pues, necesario apoyar a quién más lo necesita, o sea, en las regiones del interior, en las ultraperiféricas, y éstas necesitan también apoyo a la comercialización y a la exportación. 
Y es necesario apoyar a los jóvenes y a las mujeres, que son dos terceras partes de los desempleados. 
Hay que acabar con la hipocresía: si el Consejo Europeo y los gobiernos en general están auténticamente preocupados por el problema del desempleo, que den a quienes crean puestos de trabajo, a las PYME y a las microempresas, los medios necesarios para que puedan hacerlo y así aumente su producción y el crecimiento económico que Europa necesita. 
Señora Presidenta, ya es hora de que hablemos un poco de las pequeñas empresas. 
La cuestión de los puestos de trabajo para nuestros ciudadanos de la UE y de Gran Bretaña ocupa el primer puesto en nuestro orden del día político. 
La consecución de puestos de trabajo es nuestro Santo Grial. 
Por eso recurrimos al sector de las PYME y, en particular, a las pequeñas empresas que emplean a menos de diez personas. 
¿Por qué? 
Porque cuatro de cada cinco puestos de trabajo nuevos en el sector privado tienen esa procedencia no debidamente reconocida. 
¿Qué pueden hacer la Comisión y el Parlamento para contribuir a proporcionar puestos de trabajo por mediación de las pequeñas empresas en la Unión Europea? 
Apoyo firmemente el tercer programa multianual de la Comisión para el período 1997-2000. 
Las iniciativas que en él figuran son digas de encomio. Sin embargo, en el primer puesto del orden del día de la Comisión debe figurar el despliegue de los exiguos recursos de la DG XXIII para examinar el efecto benéfico o adverso para las pequeñas empresas de Europa de la legislación y los programas presentados por otras direcciones generales. 
Por ejemplo, se utilizan enormes Fondos estructurales para ayudar a las PYME de toda la Unión, incluida mi circunscripción de Cheshire West and Wirral, en Inglaterra. 
Si bien me complace que se haya creado un servicio para las PYME con vistas a Euro-Wirral, ¿fomenta, aplica y supervisa esos gastos la DG XVI o la DG XXIII? 
¿Responde a una política amplia y oficial para las PYME formulada por la DG XXIII? 
En julio recibiré al Comisario Papoutsis en mi circunscripción para que vea el útil empleo de los fondos para las PYME en Ellesmere Port y en Wirral. 
Entretanto, estaría bien que considerara cómo la legislación de la UE puede confundir y consternar a las pequeñas empresas, si no se explica y aplica de forma idónea. 
En Cheshire hay un pequeño fabricante de chocolate que clama contra los grandes fabricantes de chocolate, cuyos grandes recursos les permiten sobrellevar problemas en los que se estancan los pequeños. 
Debemos ser siempre sensibles a las necesidades de las pequeñas empresas sin atenuar, en forma alguna, la fuerza de la legislación idónea relativa a los consumidores. 
Felicidades a los tres ponentes cuyos informes se examinan en este debate conjunto. 
Aplaudo el llamamiento de la Sra. Torres Marques en pro del fomento de una formación encaminada a afrontar riesgos como parte de los programa educativos. 
Debemos apoyar, en particular, la inculcación del espíritu empresarial en nuestras escuelas secundarias, además de en nuestras universidades. 
La Sra. Peijs reconoce atinadamente el efecto distorsionador de las diferencias entre los tipos del IVA en las pequeñas empresas de Europa. 
Los hoteles y restaurantes del Reino Unido, por ejemplo, se encuentran en desventaja para ser competitivos con sus equivalentes continentales porque no tienen derecho a la remisión del IVA. 
La Sra. Garosci lo ha tenido en cuenta y ha destacado pertinentemente la industria turística como elemento potente del sector de las PYME. 
Resulta muy de lamentar que el programa Philoxenia haya quedado estancado, pero la Comisión sabe demasiado bien que dos de sus crías en la DG XXIII- las PYME y el turismo -, adecuadamente alimentadas, podrían llegar a ser las mayores creadoras de puestos de trabajo de Europa. 
Y lo que necesitamos es puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, el informe se ocupa de la segunda Conferencia europea en Berlín. Su objetivo fundamental fue elaborar recomendaciones para los Estados miembros para configurar de un modo más eficiente el sector de las pequeñas y medianas empresas. 
Pero creo que nuestra atención debería dirigirse hacia el futuro. 
Este año tiene lugar de nuevo una conferencia de este tipo y creo que sería urgentemente necesario incluir al Parlamento Europeo en los trabajos preparatorios así como en los objetivos de esta conferencia. 
Actualmente estamos tratando en el Parlamento tres importantes iniciativas que son muy importantes precisamente para las PYME. En primer lugar, la iniciativa SLIM que, entre otras cosas, ha colocado en el centro se su miras la simplificación de la estadística coyuntural, un auténtico obstáculo enojoso para nuestras pequeñas y medianas empresas; pero también afecta, por ejemplo, a los diplomas. 
Creo que en el futuro sería importante ocuparse del acortamiento de los procedimientos para que, si en algún lugar hay planes de ampliación, se puedan llevar a cabo lo antes posible. 
Este análisis que realiza el grupo SLIM es importante y quizás habría que considerar también en el marco de las instituciones si la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales no se debería ocupar en el futuro aún más de esta actividad. 
El segundo sector que actualmente se trata en el Parlamento es fiche d ' impact. Aquí se trata de la prevención, es decir, que las normas jurídicas de esta Asamblea sean escuetas y eficaces. 
Esta es una tarea preferente del Parlamento Europeo y se podrían ahorrar de antemano muchas normas que luego representan una carga. 
El tercer sector es el benchmarking que tratamos actualmente. 
Aquí se trata de proporcionar inventarios de comparación sobre las dotaciones de capital propio, cargas fiscales y costes salariales. 
Esta objetivización es un punto central muy importante. 
Quizás sería la CDR la comisión adecuada para trabajar más intensamente en este campo, ya que precisamente el benchmarking realiza una importante aportación a las regiones. 
Pero también se trata de intensificar la formación inicial y la continuada. 
Habría que ver si existen en el volumen necesario los créditos que actualmente se ponen a disposición para LEONARDO. 
Quiero subrayar que el último año de educación y formación a lo largo de toda la vida fue un paso muy importante pues se fortaleció la consciencia de su importancia y también se transmitió la idea de que aprender puede ser un placer para el tiempo libre. 
Investigación y desarrollo es un importante sector pero no sólo para la investigación de productos sino también de mercado. Deberíamos, pues, recapacitar dónde pueden encontrar sus mercados las pequeñas empresas en el futuro. 
Señora Presidenta, acojo con el mayor beneplácito el informe sobre las PYME y me uno a otros diputados al felicitar a los ponentes. 
Cuando tenemos en cuenta que a las PYME se debe el 80 % de los nuevos puestos de trabajo creados en los cinco últimos años, destacamos el potencial para la creación de empleo de las pequeñas y medianas industrias y también la necesidad de que el Parlamento y los gobiernos creen las circunstancias económicas propicias para su continuo crecimiento. 
El hecho de que la mitad de los proyectos fracasen al cabo de cinco años indica sin lugar a dudas que no hemos velado por aportar a sus promotores la ayuda en investigación, desarrollo de mercados y conocimientos especializados en materia de gestión que tan esenciales son para su supervivencia. 
La liquidez es también un problema para las nuevas industrias. 
Sin embargo, no debemos permitir que esa elevada tasa de fracasos nos desanime en nuestros esfuerzos en pro de la creación de nuevos puestos de trabajo en un sector que ha estado muy desamparado hasta ahora. 
Tampoco debemos olvidar que la tasa de fracaso y las pérdidas de puestos de trabajo en las llamadas grandes industrias son mucho mayores. 
A partir de mi trabajo en materia de desarrollo rural y de las cantidades de nuevos puestos de trabajo creados con programas como LEADER y otros planes empresariales de base comunitaria, opino que en el pasado no hemos tenido en cuenta el potencial de nuestros recursos humanos, de nuestros ciudadanos, para desempeñar un papel importante en la generación de riqueza. 
Como legisladores, hemos reglamentado en exceso sus vidas y hemos reducido su inclinación natural a hacerse empresarios. 
No dispongo de tiempo para explayarme sobre los numerosos aspectos de las PYME que requieren nuestra atención urgente, aparte de decir que ahora se debe conceder mayor prioridad a las PYME en los programas nacionales y comunitarios en pro de la creación de puestos de trabajo. 
Los Gobiernos de los Estados miembros deben establecer un régimen fiscal favorable que fomente y recompense el espíritu empresarial, teniendo presente que una concesión fiscal que fomente el espíritu empresarial es mucho más eficaz en función de los costos que el pago de las prestaciones sociales a los desempleados. 
También debemos contribuir a la promoción de estructuras de comercialización para las cooperativas a fin de permitir a las pequeñas empresas competir y comercializar con éxito sus productos. 
Eso debe reflejarse también en la política de la UE en materia de competencia. 
En conclusión, debemos dar facilidades a las empresas que crean nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales, independientemente de su escala. 
Señora Presidenta, Señorías, desearía destacar la importancia de este debate, que demuestra el interés de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo por las pequeñas y medianas empresas, que son una realidad decisiva para la buena marcha de la economía europea y de los niveles de empleo. 
En los tres informes que contemplamos en este debate conjunto y que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya- con algunas reservas en algunos aspectos puntuales, como veremos ahora- se examinan y proponen una serie de aspectos que resulta imposible detallar en mi breve intervención, aunque desearía señalar cinco, concretamente. 
En primer lugar, las propias propuestas de los tres informes muestran que es necesaria una mejor coordinación a nivel de la Comisión Europea y en especial de su Dirección General XXIII, por lo que esperamos que la creación de la Dirección C mejore el nivel de coordinación y de aplicación de las propias acciones de la Comisión Europea. 
En segundo lugar, es muy importante la revisión, simplificación y mejora del tratamiento fiscal a las pequeñas y medianas empresas, lo cual también se ha de aplicar al tratamiento administrativo, al que hacía referencia con un ejemplo muy gráfico la ponente, Sra. Torres Marques. 
En tercer lugar, continuamos sin avanzar de una manera adecuada en lo que respecta a un acceso más fácil a la financiación. 
En otras ocasiones hemos indicado ya la necesidad de la creación de figuras como las sociedades de garantía recíproca, el capital-riesgo, e incluso la concesión de créditos del Banco Europeo de Inversiones, que de una manera reiterada venimos reclamando desde este Parlamento y que, desgraciadamente, no se llevan a la práctica como nosotros hemos venido reclamando y los ponentes, de nuevo, reclaman. 
En cuarto lugar, hay que subrayar la importancia de la formación profesional. 
Y finalmente, en quinto lugar se debe facilitar a las pequeñas y medianas empresas un mejor acceso a los mercados internacionales. 
Señora Presidenta, las grandilocuentes palabras sobre el desarrollo y la lucha contra el desempleo en Europa que ha pronunciado el Sr. de Silguy no tendrán ningún resultado práctico si no se adoptan inmediatamente medidas concretas para sostener las pequeñas y medianas empresas y en concreto las más pequeñas, que, como admite la misma Comisión, crean un alto porcentaje de los nuevos puestos de trabajo. 
Es característico que entre el 60 % y el 80 % de los nuevos puestos de trabajo de los últimos cinco años tengan que ver con las empresas de artesanado y pequeñas empresas. 
Ahora bien, debe preocuparnos el hecho de que la vida media de las PYME sea de cinco años. 
La Unión Europea no adopta las medidas concretas necesarias para mejorar el entorno de actuación de las PYME. 
La propuesta del programa ELISE permanece bloqueada por el Consejo. 
Evidentemente, no nos hacemos ilusiones sobre la eficacia de programas aislados como éste. 
No obstante, la experiencia ha mostrado las posibilidades que ofrecen. 
Su correcta aplicación podría tener cierta repercusión positiva. 
La Comisión podría llevar a la práctica su propuesta de reducir el IVA para las PYME intensivas en trabajo como incentivo para su desarrollo y como medida contra el desempleo, así como contemplar determinadas medidas que facilitaran su acceso al sistema de créditos en condiciones adaptadas a sus características específicas. 
En el proyecto de presupuesto para 1998 podrían aumentarse las líneas presupuestarias destinadas a este ámbito. 
Debe cesar la inaceptable exclusión de las PYME de los procesos de negociación colectiva a nivel comunitario. 
Señora Presidenta, compartimos las observaciones positivas de los ponentes en sus tres informes, así como los esfuerzos del Sr. Papoutsis para la reactivación de este ámbito. 
Sin embargo, nos preguntamos cómo se puede esperar un apoyo a largo plazo de las PYME y un aumento de los puestos de trabajo con un consumo sometido a la presión asfixiante de la dura política de austeridad, cuya primera víctima es, por supuesto, este tipo de empresas. 
No nos cabe, señor Presidente, más que expresar nuestras reservas sobre la eficacia de las políticas de la Unión Europea que, como en el caso del problema del desempleo, se caracterizan por las muchas palabras y el nulo resultado práctico. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, creo que con frecuencia la cuestión de las pequeñas y medianas empresas se discute bajo una perspectiva ideológica errónea, como si se tratase de hacer realidad por fin la utopía de Adam Smith de una sociedad de pequeños productores. 
No es este realmente el problema. 
A pesar de todas las ayudas a las PYME y a pesar de todas las declaraciones grandilocuentes que se realizan en la Comunidad, en todos los lugares tiene lugar un proceso de centralización, un proceso en cuyo trascurso las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a depender de las grandes. 
Hay que aplicar una programática específica que comprenda de hecho que en el campo del artesanado, los servicios y las profesiones libres son nuevas posibilidades de empleo que no pueden ni deben servir de punta de lanza a la desregulación y a la atomización pequeño-empresarial sino que precisamente puedan beneficiarse de que existan relaciones económicas regionales que funcionen y que puedan beneficiarse de que las innovaciones se fomenten mediante los correspondientes estándares y objetivos. 
En este sentido, el fomento de las pequeñas y medianas empresas es para nosotros una importante aspiración, también ante el trasfondo del movimiento cooperativo y alternativo existente en nuestros países. 
Pero esto tiene que significar que realmente el contenido ecológico, la independencia económica, la aportación al desarrollo de las condiciones de trabajo y de vida y, ante todo, la aportación al desarrollo de la economía local y su capacidad de sobrevivir y de rendimiento, se encuentren en primer plano y no la utopía que he mencionado al principio del pequeño empresariado, la idea de que se debe elevar la cifra de pequeños empresarios en relación con la cifra total de trabajadores o algo similar. 
Lo consideramos equivocado. 
Pero los presentes informes apuntan en general en una dirección muy adecuada. 
Quiero felicitar en especial a la Sra. Torres Marques por su útil informe. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señor Comisario, una vez más estamos tratando de un tema que, de forma recurrente, es objeto de debate en esta Asamblea: la creación de empleo y el estímulo a la actividad de las pequeñas y medianas empresas. 
Resulta doloroso tener que admitirlo, pero parece que la eficacia de las medidas que toman las autoridades europeas para combatir el paro es inversamente proporcional al tiempo y esfuerzo que se le dedica. 
Desde hace dos décadas asistimos impotentes al crecimiento desmesurado de las cifras de desempleo. 
No faltan elementos que expliquen las causas de ese drama de proporciones continentales: sea la crisis energética, la globalización de la economía, el avance tecnológico o la explosión demográfica, lo que sobra son explicaciones y lo que falta son puestos de trabajo. 
Afortunadamente los países de la Unión Europea hemos sido pioneros en la creación y mantenimiento de un sistema de protección social, que protege de la miseria y el abandono a las decenas de millones de europeos que no tienen empleo. 
Pero ese sistema se mantiene a costa de una fuerte presión fiscal que hace cada vez más difícil, no ya la creación, sino incluso el mantenimiento de las empresas, sobre todo las pequeñas ya existentes. 
Resulta penoso constatar que disminuye cada año el número de personas que desean empezar un negocio y crear empleo. 
De esta situación somos responsables todos los que tenemos algo que ver con la gestión de la vida pública en la Unión Europea. 
A nivel municipal, regional, nacional y comunitario se multiplican las regulaciones que imponen obligaciones sin fin a las personas que quieran iniciar una actividad, y hay que tener el intrépido espíritu descubridor de un navegante del siglo XV para lanzarse a la aventura de crear una pequeña o mediana empresa en la Unión Europea de hoy. 
El intervencionismo de los poderes públicos posiblemente ha llegado en muchos casos a un nivel excesivo. 
Hemos sacrificado el espíritu de libre empresa en aras del bienestar garantizado. 
La mayor parte de nuestra juventud tiene como objetivo un puesto en la Administración Pública, todos quieren ser funcionarios y, si bien sabemos que los funcionarios son esenciales para una correcta Administración Pública, también debemos saber que no crean riqueza. 
En este contexto desolador, me atrevo a adelantar que las propuestas objeto de debate, y que mi Grupo va a apoyar, no servirán para cambiar las cosas. 
Por supuesto que es excelente reducir el IVA, sobre todo el que se aplica a las pequeñas y medianas empresas, como lo es el apoyar la colaboración interfronteriza o la formación de aprendices y empleados que se dediquen a la producción artesanal, pero en la práctica, las pequeñas empresas viven agobiadas por la competencia creciente, los impuestos en aumento y la costosa financiación. 
Cuando disminuyen los tipos de interés, disminuyen para los poderosos, para el buen cliente de los bancos, pero a la pequeña empresa nunca se aplica esa disminución. 
Las grandes empresas, por no hablar de las multinacionales, obtienen siempre mejores condiciones financieras, mejor acceso a los mercados y mayor respaldo de las instituciones públicas que con frecuencia compiten entre sí, ofreciendo incentivos desmesurados para que esta o aquella gran empresa se instale en su término municipal. 
En este contexto, las autoridades públicas tienen que aceptar la idea de una discriminación positiva en favor de la pequeña y mediana empresa. 
Es absolutamente imprescindible relajar las exigencias que se imponen a dichas empresas y reducir la presión fiscal, si se quiere tener alguna posibilidad de que estas empresas sobrevivan. 
Dentro de las medidas propuestas, yo destacaría tres: la reducción del IVA, la creación de bancos de garantía y la modificación de las normas de adjudicación de contratos públicos de forma que, siempre que ello sea posible, se dé prioridad a la pequeña y mediana empresa. 
Simultáneamente, habría que aliviar las trabas a la creación de empresas y estimular el desarrollo del espíritu emprendedor entre nuestros jóvenes. 
Señora Presidenta, las cosas buenas vienen siempre en grupos de tres, suele decirse. Los informes de los colegas Garosci, Peijs y Torres Marques sobre las pequeñas y medianas empresas y el sector artesanal ilustran el interés del Parlamento Europeo de poner en marcha el motor impulsor del empleo en Europa a toda velocidad. 
Lamentablemente este motor no funciona todavía correctamente. Pudiera deberse a falta de combustible, al rehusar el Consejo los fondos necesarios para los diversos programas de las PYME. 
Aunque no es ésta la causa más importante de la avería. 
El informe Peijs pone el dedo en la llaga de la mala coordinación. 
Los programas comunitarios van en contra de legislaciones nacionales y las propias PYME tienen dificultades a orientarse en la jungla de las posibilidades de subsidiación. 
Pero no tenemos por qué acusar al Consejo y a la Comisión como los únicos malvados de la historia. 
El Parlamento Europeo no tiene tampoco que jugar sólo el papel de Rey Mago, sino simplemente ocuparse con empeño de hacer más sencillas y transparentes las normativas. Como tampoco puede acusarse a la educación de ser el malo de la película, como afirma la Sra. Torres Marques. 
Un comportamiento encaminado a evitar los riesgos en el trabajo no es algo que se enseña en la escuela, se trata de una cuestión cultural y antropológica. 
Basarse en una constatación efectiva para acusar a todo el sistema educativo constituye un acto de especulación. 
La práctica demuestra que miembros de plantilla muy altamente formados suelen combinar su profesión con un pequeño despacho de consultancy con carácter independiente, o tienen la intención de instalarse en fecha ulterior por cuenta propia. Por consiguiente deberemos suprimir los considerandos J y K del apartado 12. 
El incremento del empleo constituye un empeño digno de elogio aunque no deberá producirse a costas del medio ambiente ni por supuesto del capital. 
Una parte considerable de la contaminación atmosférica es causada por las PYME. En el Consejo de Medio Ambiente celebrado recientemente con carácter informal quedó planteada esta cuestión. 
Desearía preguntar al Sr. Comisario cuáles son las iniciativas que se propone llevar a cabo la Comisión con respecto a dicho punto. 
Querida Europa, la sinfonía se repite y cada vez está más desafinada. 
Las ayudas existen, sin embargo, no son suficientes, ya que un gran número de pequeñas y medianas empresas y artesanos no fueron jamás ayudados, pues los procedimientos para solicitar ayudas son complejos y desalientan cualesquiera iniciativas; el acceso a la información es difícil y sólo unos pocos bien introducidos pueden acceder a la misma. 
Existen propuestas y proyectos, los informes y las opiniones se desaprovechan y los objetivos se alcanzan raramente. 
Nos hemos preguntado por qué el 50 % de las pequeñas y medianas empresas cesan su actividad en los primeros tres años de su creación. 
Ello no obstante, las pequeñas y medianas empresas representan el 99, 8 % de todas las sociedades de la Unión y su efervescencia las estimula a crear puestos de trabajo y a hacer crecer la economía de toda Europa. 
Por contra, muchos Estados miembros consideran este dinamismo inagotable y han localizado en el sector empresarial la única isla en la que llevar a cabo los peores actos de piratería. 
El Gobierno italiano ha localizado esta isla en Padania y confía en que la paciencia y la tenacidad de los trabajadores y empresarios sea ilimitada. 
Es reciente la última maniobra fiscal que arrebata otros 20.000 millardos más a las empresas y las obliga a soportar el doble de impuestos. 
Si queremos salvar el sector empresarial, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos y disposiciones uniformes, a fin de que no existan competencias desleales o penalizadoras. 
Por ello, habría que simplificar lo más posible la lectura y aplicación de las complicadas leyes fiscales. Convirtamos en accesible el coste del dinero a las nuevas empresas y a las que tienen el valor de renovarse, invirtamos en la investigación y elaboremos proyectos aptos para estimular e incentivar la investigación y, por último, impliquemos a los jóvenes incluso a través de la escuela, para que el trabajo no sea sólo un sinónimo de sacrificios, sino también de colaboración y cooperación. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, se ha calculado que si cada pequeño o mediano empresario pudiera dar empleo a una persona, se resolvería el desempleo en el ámbito de la Unión; pero reina una cierta contradicción entre las posibilidades y las obligaciones. 
¿Cómo se puede actuar tan descabelladamente y exigir a las pequeñas empresas en numerosos países casi la misma burocracia y obligaciones que a las grandes, por ejemplo, en costes empresariales, contabilidad, IVA, rendición de cuentas, auditoría, garantías obligatorias, etc.? 
Por consiguiente, el coste administrativo por persona en una empresa de cinco trabajadores puede ser incluso mayor que en una empresa de cien trabajadores. 
Es acertado que en el buen informe de la Sra. Peijs se subraye la necesidad de simplificar la reglamentación en materia de PYME. 
Necesitamos un programa de la Unión que ayude a las PYME a crear una red en los mercados interiores. 
De esta manera se facilitaría la comercialización a las PYME, ya que para éstas, con sus escasos recursos, es más difícil y caro acceder a unos mercados más amplios. 
La fiscalidad es totalmente inadecuada. 
En la actualidad se penaliza a las empresas que contratan trabajadores. 
La fiscalidad se centra en el gravamen de la mano de obra, por lo que esta resulta cara. 
Pero si el empresario adquiere una máquina o un robot, no necesita pagar salarios o costes salariales adicionales. 
Se ha llegado, por consiguiente a una situación en que se penaliza la contratación de trabajadores y se favorece, por el contrario, la automatización. 
No es extraño que el desempleo sea elevado ahora que nos dirigimos hacia la sociedad de la información. 
Resulta imprescindible desplazar rápidamente el centro de gravedad fiscal de la mano de obra al gravamen, por ejemplo, del valor añadido, el volumen de negocios y el capital. 
Así se fomentaría el empleo y la contratación de trabajadores por las empresas. 
Esta es la cuestión, ¿qué medidas proyecta adoptar la Comisión para modernizar la fiscalidad y que ésta se adecue a las condiciones de la sociedad de la información? 
Ésta es, ciertamente, la cuestión en el momento actual. 
Señora Presidenta, hace aproximadamente un año hube de citar aquí en otro debate relativo a las pequeñas y medianas empresas un eslogan que pretende que las PYME no consisten en sí en una gran empresa de formato reducido, sino que son entes con sus características propias y que tienen necesidad de una gestión a su medida. 
La Comisión reconoce la especificidad de las PYME, cosa que me parece positivo. Aunque pasa por alto la otra realidad existente y consistente en que la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas o de medianas dimensiones. 
En la política actual se toma en consideración la especificidad de las PYME a través de medidas de excepción. 
Pero la gran profusión de excepciones da lugar a una legislación complicada que lamentablemente no ayudan siempre a simplificar las tareas de las empresas. Un estudio de la Comisión referente a las obligaciones en materia de IVA y de INTRASTAT en las operaciones intracomunitarias lo han puesto además en evidencia. 
De ahí que estime urgente la necesidad de reflexionar a fin de no seguir considerando las PYME como casos raros y conflictivos que siempre se hallan sometidos a tratamientos de excepción, sino que la gestión deberá armonizarse con la realidad. Esto significa que las PYME deberán formar parte de la norma y no ya la excepción. 
Las reglas de Maastricht estipulan que los gobiernos procedan a sanear sus presupuestos. 
Introduzcamos ahora una norma relativa a las PYME encaminada a encontrar finalmente soluciones a todos los problemas que han sido enumerados aquí anteriormente por los demás diputados. 
Si los gobiernos nacionales se empeñan entonces por la norma relativa a las PYME con el mismo empeño que el demostrado en el caso de la norma de Maastricht nos hallaremos en la vía correcta. 
Las excepciones son beneficiosas en los casos de problemas de minorías, pero cuando la minoría que resulta objeto de la excepción constituye en realidad la mayoría, va siendo el momento de cambiar de vía. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Peijs, al afirmar que la Comisión está plena de buenas intenciones, pero tan pronto como se trata de la ejecución de medidas concretas las PYME se quedan inevitablemente colgadas. 
En honor a la verdad, debemos reconocer que la política europea sobre las PYME no ha arrojado ningún progreso en lo referente por ejemplo a la ayuda ISDAC y al proyecto SLIM. 
Existen sin embargo algunos puntos esenciales de los cuales desearía citar dos en específico. 
En primer lugar, la razón por la cual las PYME no se hallan implicadas en el diálogo social. Desde hace largo tiempo el Parlamento Europeo viene abogando por esa participación. 
En segundo lugar, sigue emprendiéndose escasas medidas destinadas a facilitar el acceso de las PYME a las fuentes de financiación. 
Tanto la Comisión como este Parlamento son fervientes defensores del programa ELISE habida cuenta del fuerte efecto de palanca que éste ejerce. 
Pero, ¿cuál es la situación actual? El programa ELISE se halla encajonado desde hace meses por los gobiernos nacionales. 
Esto explica mi pregunta al Consejo, aunque temo que éste no se halle presente; mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo se pondrá fin a esta obstrucción del programa ELISE? 
Señora Presidenta, señor Comisario, las PYMES son responsables del 70 % del empleo. 
En los últimos cinco años, han creado del 60 al 80 % de los nuevos empleos registrados y son hoy, en mi opinión, una fuente de lo que es la prioridad en la Unión Europea: la creación de empleo. 
Pero se encuentran con varios inconvenientes: trabas administrativas, excesiva burocracia, falta de participación en el diálogo social, falta de ayuda a la formación y dificultades en la financiación. 
Si la Unión Europea quiere favorecer a las PYMES ha de hacer propuestas en esa dirección, sobre todo si se tiene en cuenta que, además de las pequeñas empresas, están las pequeñas empresas artesanales, cuya función fundamental en ocasiones es preservar el patrimonio cultural, el patrimonio tradicional de los pueblos y a veces también en el ambiente. 
Por lo tanto, a nosotros nos parece fundamental la propuesta que se hace, y hará muy bien la Comisión en tener en cuenta las dificultades por las que atraviesan las pequeñas empresas. 
Señora Presidenta, como ha recordado la Comisión en su comunicación, constatamos la importancia primordial de las PYMES en la Unión Europea. 
En primer lugar, por su número, pues representan el 99 % del total de las empresas, en segundo lugar por su poder económico, ya que dan empleo a cerca del 65 % de los trabajadores de la Unión. 
Partiendo de esta constatación y en la óptica de una política del empleo y del crecimiento maximalizada, era imperativo conceder un espacio muy particular a las PYMES, en términos de interés y de ayuda, lo que se intentó ya desde el programa integrado de 1994. 
Este programa se ve ahora ampliado por el de 1996, que recoge la misma metodología (programa multianual, acciones concertadas con los Estados miembros, otras acciones en favor de las PYMES) pero redefine los objetivos en forma de cinco prioridades: simplificación y mejora del entorno financiero, fiscal y administrativo, ayuda a la internacionalización de las PYMES, refuerzo de la competitividad y promoción del espíritu de empresa. 
Consideramos este programa demagógico en el sentido de que resulta evidente que es necesario tomar en consideración la importancia de las PYMES en la palestra económica europea, pero, ¿es ésta la mejor forma de hacerlo? 
Una vez más, se habla de una serie de buenas intenciones, pero lo que necesitan las PYMES son medidas concretas, eficaces y rápidas. 
Lo que les da la fuerza es su flexibilidad y su capacidad de reacción con relación a las necesidades del mercado. 
Así, coincido con el ponente, en el sentido de que es interesante tomar nota de lo que les falta a las PYMES. 
Pero éstas esperan más medidas concretas. 
No se trata de grandes grupos industriales, atentos a las medidas macroeconómicas tomadas por Bruselas, sino de pequeñas estructuras que luchan diariamente para intentar conciliar gestión corriente, conquista de los mercados y dificultades prácticas. 
Así pues, ¿qué propone la Comisión? , y sobre todo, ¿en qué formas y con qué plazos, para hacer frente a las carencias estructurales de fondos propios de las PYMES, a la dificultad de gestión con que se encuentran? 
Para responder a las necesidades de las PYMES se menciona la Unión Económica y Monetaria, la necesidad de educar y formar en la cultura de empresa o también la creación de un sistema de IVA común y sencillo. 
¿Es esto una provocación? 
Comencemos por suprimir las trabas administrativas, fiscales y sociales a nivel local, armonicemos los sistemas de IVA de los Estados miembros y creemos un entorno fiscal estimulante que tenga en cuenta las particularidades de las PYMES. 
Por otra parte, eso es todo lo que piden. 
Resulta fácil hacer grandes declaraciones a favor de la creación de empleo con un apoyo a las PYMES. 
Pero suponiendo que estas medidas se vean efectivamente aplicadas, ¿cuál será su coste real? 
Me parece que una vez más se nos habla de un nuevo programa teórico abstracto, que dibuja una constatación, cuando un gran número de cuestiones concurrentes que afectan a la gestión diaria, lejos de encontrar respuestas concretas, ni siquiera se han mencionado. 
Señora Presidenta, actualmente el objetivo principal de la Unión Europea debería ser aumentar el empleo. 
Pero en el marco de la globalización, las PYME solamente podrán ofrecer puestos de trabajo con futuro si son innovadoras. 
Entre las actividades innovadoras se incluye la investigación y desarrollo, por lo que debemos mejorar las posibilidades de ayuda en estos campos. 
Hay una serie de programas pero son algo muy intrincado y no siempre son fácilmente accesibles para las pequeñas y medianas empresas. 
La participación en el programa marco de investigación es actualmente absolutamente insuficiente. 
Tenemos que unificar las ayudas dirigidas a las PYME, tanto la ayuda financiera como la jurídica, para que las PYME puedan convertir sus resultados también en productos. 
A este respecto, la cuestión de la propiedad intelectual y de las patentes está ocasionando grandes dificultades. 
El intercambio de resultados entre las pequeñas y medianas empresas no siempre es algo evidente pues después tienen que competir entre si con mucha frecuencia en el mercado. 
Por lo demás, habría que considerar si no sería posible administrar y emplear descentralizadamente la ayuda, el asesoramiento y también los fondos, entre otros, los del programa marco. 
Un asesoramiento centralizado llega solamente a las PYME que están dispuestas y en situación de venir hasta aquí para informarse. 
Señora Presidenta, en este momento de grave recesión económica generalizada en toda Europa, las pequeñas y medianas empresas podrían ser la tabla de salvación, el extremo intento para recuperar un aceptable nivel de crecimiento y una importante, aunque no única, fuente de nuevos puestos de trabajo y de empleo: crecimiento y empleo que, por desgracia, además que por la crisis, se ven obstaculizados de manera culpable por carencias e imperfecciones básicas que ni siquiera los diferentes informes, que hoy se someten a debate, logran afrontar de forma adecuada. 
La Comunicación de la Comisión, por ejemplo, habla de la coordinación de los instrumentos comunitarios y de las acciones nacionales para convertir en eficaces las medidas que deben ponerse en práctica, aunque no explica cómo lograrlo ni tampoco quién debe hacerlo. 
Si a esto añadimos los pocos resultados obtenidos a través de acciones consensuadas, nuestras perplejidades aumentan considerablemente. 
Nos parece que la simplificación de los procedimientos administrativos, hoy en día imposible en virtud de las legislaciones nacionales, debe realizarse sin demora, así como estimamos excesivo el límite fijado por la Comisión para definir una pequeña y mediana empresa, que no se ajusta del todo a los criterios que se aplican a escala nacional. 
En Italia, por ejemplo, el límite es de 250 trabajadores. 
Esto supone entonces que quienes acceden a las financiaciones comunitarias son las empresas que disponen de una organización consolidada y no las microempresas que necesitan mayores apoyos. 
Y con esto, no estamos en absoluto de acuerdo. 
Asimismo, denunciamos la dificultad que encuentran las empresas más pequeñas, y por ello poseedoras de escasos capitales, para acceder al crédito. 
Por último, pedimos la adopción de medidas que fomenten realmente el espíritu empresarial y emprendedor de las pequeñas y medianas empresas, más que la creación de su característica administrativa que limitaría su acción y sobre todo su desarrollo. 
A pesar de estas observaciones, los tres informes nos parecen un paso adelante que es preciso aprobar a los efectos de la coordinación de las políticas en favor de las pequeñas y medianas empresas y de la artesanía. 
Señora Presidenta, aprovecho para felicitar a la Sra. Torres Marques y a los demás colegas por sus respectivos trabajos. 
Las actividades del artesanado merecen la mayor atención y apoyo, por lo que acojo con beneplácito las intenciones de quienes pretenden contribuir a las condiciones en que dicho apoyo se concrete. 
Ahora bien, en todos estos informes hay una vinculación del artesanado con las pequeñas empresas que puede propiciar confusiones o ambigüedades. 
Las actividades de artesanado pueden tener- y en muchos casos tienencaracterísticas de índole cultural, de respeto y transmisión de tradiciones. 
Pueden ser- y en muchos casos sonactividades de resistencia en las que el artesano continúa umbilicalmente ligado a sus instrumentos y medios de trabajo y eso no siempre es compatible con la actividad empresarial, tal como se presenta y se pretende encuadrar. 
Por eso, al subrayar los aspectos positivos de estos informes, no quería dejar de aclarar que rechazo que se interprete como apoyo a una perspectiva que valorice cierto tipo de trabajo independiente disfrazado de jefatura de empresas minúsculas, como contrapunto al tipo de trabajo caracterizado irónicamente como «carrera de asalariado» o de «funcionario». 
Esa alternativa en modo alguno es aceptable por quien quiera abordar el artesanado como debe. 
Señora Presidenta, la singularidad y también la fortaleza de la economía europea se debe a su estructura, basada en gran medida en las pequeñas y medianas empresas. 
Pero esta estructuración hace también que la vulnerabilidad y las desventajas sean mayores en un mundo globalizado. 
Las empresas artesanales y las PYMES actúan con frecuencia sólo en mercados locales pero se ven sometidas plenamente a la creciente competencia del mercado interior. 
Por ello, la Comisión y los Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano para fomentar formas de cooperación que les permitan enfrentarse a la creciente competencia. 
Quiero indicar que también el turismo europeo- una fuente potencial de puestos de trabajo adicionales- está constituido en una elevada proporción por pequeñas empresas. 
Por ello, creo que todas las medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas de este importante ramo de la economía, que lamentablemente aún no tiene ningún fundamento jurídico en el Tratado de la UE, son de importancia esencial. 
Señora Presidenta, debido a la escasez de tiempo de que puedo disponer, permítame que destaque solamente un punto del excelente informe de la Sra. Torres Marques que es de gran importancia precisamente para Austria. Me refiero a la exigencia de una ayuda especial a las pequeñas empresas situadas en zonas fronterizas. 
En las regiones periféricas más alejadas de la UE, es especialmente grande la tentación de los empresarios para marcharse a un extranjero más barato, contribuyendo de este modo a hacer más difícil la situación de los puestos de trabajo en la Comunidad. 
Sólo la estructura específica de estas pequeñas empresas tan importantes para la totalidad de la economía, la estrecha relación entre familia y empresa, el amor a la tierra, el enraizamiento cultural y, en consecuencia, la mayor calidad de vida, impiden que se marchen. 
Esto no es de poca relevancia socio-cultural para la Unión, por lo que ya sólo por ello merecen un gran apoyo por nuestra parte. 
Señora Presidenta, ya se ha dicho todo con respecto a las pequeñas y medianas empresas. 
En el Parlamento Europeo no existe ningún debate sobre el problema del empleo que no plantee la exigencia de una política de desarrollo que fomente la consolidación de las pequeñas y medianas empresas ya existentes y la posibilidad de crear otras nuevas. 
Las cuestiones suscitadas por los tres informes son acertadas. 
Por parte del Consejo de Ministros, existe la exigencia de desbloquear algunos instrumentos que el Parlamento ya aprobó tales como el programa ELISE, que promueve la posibilidad de establecer sistemas de garantía de préstamos en favor de las pequeñas y medianas empresas. 
Es preciso desburocratizar y simplificar la administración y los procedimientos tributarios, es necesario fomentar el acceso a la innovación y a las políticas comunitarias por parte de las pequeñas y medianas empresas. 
La lista podría continuar y me arriesgo de incurrir en repeticiones. 
Sólo deseo expresar un concepto, o sea, que en el mercado mundial la microempresa y la artesanía por sí solas son débiles y no pueden subsistir. 
Por el contrario, si la artesanía y la pequeña y mediana empresa se insertan en un contexto territorial, compuesto por redes de relación y de políticas de servicios positivas, se convierten en un factor de competitividad. 
En esta línea, quisiera subrayar, ante todo, la exigencia de que la Comisión y el Consejo de Ministros actúen a fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan estar presentes en el mercado, en condiciones de competir con las demás. 
Desde este punto de vista, la política de los servicios reales es una de las elecciones estratégicas que es preciso hacer: política de los servicios reales que apoye la formación y la internacionalización; política de los servicios reales que apoye las pequeñas empresas y la artesanía y que les ayude a estar en Europa al igual que las demás empresas. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a los tres ponentes, la Sra. Torres Marques, la Sra. Peijs y el Sr. Garosci, por su excelente labor. 
En lo que se refiere al informe de la Sra. Torres Marques, quiero asegurarles que atenderemos la demanda de adopción de medidas relacionadas con los artesanos y las pequeñas empresas. 
Es evidente que todos coincidimos en que se requieren esfuerzos coordinados para aumentar el desarrollo y la competitividad de la artesanía y las pequeñas empresas; sólo así podrán contribuir éstas al aumento del empleo, como ha destacado su Señoría. 
También coincido en la apreciación de la importancia del sistema educativo para la creación de un espíritu empresarial dotado de iniciativa y responsabilidad. 
La Comisión ha dado comienzo a un amplio diálogo con los operadores del sector en relación con la tercera Conferencia Europea sobre empresas de artesanía y pequeñas empresas que se celebrará en Milán el próximo mes de noviembre. 
Estas empresas deben tener la posibilidad de dirigirse a agentes intermedios, como las asociaciones profesionales y las cooperativas, para hacer frente a los nuevos desarrollos europeos. 
La Comisión publicará en breve una convocatoria de propuestas dirigida al fomento de iniciativas europeas procedentes de este tipo de organismos. 
Pretendemos estimular proyectos de alta calidad, sobre todo destinados a jóvenes empresarios y a mujeres empresarias que deseen desempeñar una actividad a nivel europeo. 
En cuanto a la pregunta que me ha dirigido la Sra. Torres Marques sobre el papel del Fondo Regional, quisiera señalar que un promedio del 10 % de sus recursos se asignan a la activación y mejora del entorno financiero al que se dirigen las PYME. 
Este porcentaje es aún más alto en las áreas del objetivo 2, es decir, las regiones industriales en declive, así como en las áreas del objetivo 5B, es decir, las regiones rurales, donde oscila entre un 15 % y un 20 %. 
En lo que se refiere al informe de la Sra. Peijs, corrobora la validez de nuestros esfuerzos por mejorar la función coordinadora de la Dirección General de Política de la Empresa. 
En el marco de la reconstitución de la Dirección General XXIII, en abril de 1996, se creó una nueva unidad encargada principalmente del fomento de las acciones coordinadas. 
Nuestro objetivo fundamental es precisamente mejorar el acceso a los otros programas comunitarios, así como conseguir una coordinación eficaz con las respectivas políticas comunitarias horizontales. 
Nos movemos precisamente en las direcciones a las que ha hecho mención el Sr. Quisthoudt-Rowohl. 
El Consejo, por su parte, ha invitado a la Comisión Europea a que presente una recomendación sobre el modo de mejorar el acceso de las PYME a los programas comunitarios. 
Creo que estaremos preparados para dar una respuesta concreta a esta demanda en los próximos doce meses, el próximo año. 
Lamentablemente, el tiempo no me permite comentar los distintos puntos de la propuesta de resolución presentada por la Sra. Peijs. 
No obstante, señora Presidenta, quisiera comunicarle que en líneas generales coincido con las recomendaciones incluidas en el informe y espero que éste sea aprobado por la Asamblea. 
Permítanme, sin embargo, que ponga de relieve tres puntos: 
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con la ponente en que el gran reto consiste en la moneda única, el euro. 
Debo decirle, además, que en la Comisión Europea se están adoptando una serie de iniciativas encaminadas a preparar a las PYME para hacer frente a los grandes retos que se avecinan con respecto al uso del euro y, al mismo tiempo, con respecto a sus relaciones con el sistema bancario. 
En segundo lugar, tenemos un tema al que muchos ponentes, entre ellos el Sr. Paasilinna, el Sr. González y el Sr. Hyland, se han referido y que tiene que ver con la existencia de un sistema fiscal justo para las PYME. 
A este respecto cabe señalar que la Comisión Europea está elaborando un nuevo sistema de IVA para el mercado único que en nuestra opinión beneficiará también a las PYME. 
Su entrada en vigor está programada para el 2002, aunque se prevé cierto retraso. 
De momento, se estará preparando la propuesta de la Comisión relativa al acto legislativo correspondiente, que será presentado en el primer semestre de 1997. 
Más en concreto, esperamos que al final del semestre. 
Ahora bien, las negociaciones con el Consejo sobre este tema, evidentemente, serán muy difíciles. 
De hecho, los Estados miembros manifiestan una reserva especial ante el nuevo sistema, que les hace mucho más dependientes de los otros Estados miembros y, como ustedes saben, en los temas fiscales el Consejo suele mostrar grandes reservas. 
En tercer lugar, debo referirme al turismo y ya conocen la especial importancia que atribuyo a su desarrollo. 
Las PYME del sector turístico se han beneficiado de medidas incluidas en el programa integrado en favor de las PYME en general y el próximo informe anual del Observatorio europeo para las PYME examinará, como tema especial, la situación concreta de las PYME activas en el sector del turismo. 
En lo que se refiere al informe del Sr. Garosci, el informe de la Comisión de 1995 sobre la coordinación de las actividades en favor de las PYME y las empresas de artesanado ofrece, en mi opinión, una imagen completa de las respectivas medidas comunitarias horizontales. 
Constituye una herramienta básica para la coordinación de las actividades y programas comunitarios. 
Como ya he señalado al referirme al informe de la Sra. Peijs, la Comisión ha incluido la coordinación de las políticas comunitarias entre sus máximas prioridades. 
En consecuencia, vamos a intensificar aún más esta dimensión de nuestra política. 
Celebro especialmente que el Parlamento Europeo comparta este enfoque de la Comisión. 
La coordinación de las actividades comunitarias es doble: en primer lugar, se trata de incluir la dimensión de las PYME en la planificación y aplicación de las políticas comunitarias, de modo que se tengan más en cuenta sus peculiaridades, como ha subrayado también el Sr. Rübig, y en segundo lugar, se trata de aumentar su participación en los programas comunitarios. 
Señora Presidenta, actualmente nos esforzamos por simplificar los trámites burocráticos y éste es uno de los objetivos básicos en todos los Estados miembros de la Comunidad, como ha destacado muy claramente el Sr. Paasilinna. 
Quisiera informarles, además, de que la Comisión ha aprobado hoy mismo una recomendación a los Estados miembros sobre la simplificación del entorno administrativo para la fase inicial de la vida de las empresas, ya que esta primera fase es la más delicada en la vida de cualquier PYME. 
También la formación constituye un parámetro fundamental para el desarrollo de las PYME, como ha puesto de relieve el Sr. González Alvarez. 
Por lo tanto, hemos puesto especial atención en la formación de directivos para las PYME. 
La cooperación internacional es otro tema básico que afecta tanto a las PYME como a las empresas de artesanía. 
Nuestros esfuerzos deben facilitar además a las PYME el acceso a la normalización y homologación. 
Con razón se ha insistido hoy en la mejora del acceso de las PYME a la financiación, proponiéndose el desarrollo de la llamada SME Facility, es decir, la concesión de préstamos subvencionados a las PYME con miras a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Como saben, la Comisión propuso la ampliación de este mecanismo, pero lamentablemente su propuesta no encontró el apoyo del Consejo. 
Comparto su decepción, tal como ha sido expresada por la Sra. Kestelijn-Sierens, del mismo modo que comparto la importancia que le concede el Parlamento, como lo ha expresado el Sr. Filippi. 
Compartimos, pues, su decepción, porque de hecho el Consejo se negó a aprobar la propuesta ELISE referente al sistema de garantías de préstamos. 
Con todo, dado que la financiación es lo que da vida a las PYME, este asunto resurgirá. 
Los resultados de la mesa redonda celebrada entre las PYME y los bancos son, en mi opinión, importantes. 
El informe publicado contiene una amplia gama de prácticas positivas que pueden ser adoptadas por toda la Unión Europea, así como recomendaciones concretas sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación. 
Quiero informarles asimismo de que ha terminado la elaboración de un informe sobre el mercado de capitales de las PYME. 
En él se examinan los principales obstáculos que frenan el desarrollo del mercado de capitales de las PYME, y su aprobación por la Comisión está prevista en breve. 
En la Comisión existe una predisposición a elaborar programas que ofrezcan a las PYME un mejor acceso a la financiación para favorecer su desarrollo. 
En este punto coincido completamente con lo expresado por el Sr. Gasóliba i Böhm. 
He pedido a nuestros servicios que examinen nuevas iniciativas que puedan adoptarse en este ámbito. 
Espero que en los próximos meses podamos ver los resultados de la evaluación del proyecto inicial relativo al capital de inicio. 
Puedo asegurarles que intentaré lograr una continuación sustancial adoptando una acción concreta en esta materia. 
Otro tema importante que han planteado es el relativo a la mayor participación de las PYME en el Sistema Europeo de Gestión y Control en materia de medio ambiente, el sistema EMAS. 
La Comisión inició en otoño de 1996 una acción piloto en este ámbito, denominada Euromanagement, encaminada a ayudar a 500-750 PYME a integrar en su organización las nuevas exigencias en materia de gestión medioambiental y a ayudar asimismo a un número de PYME algo menor a obtener el certificado de control ecológico. 
Intentamos de este modo promover sinceramente los aspectos mencionados por el Sr. Wolf. 
Quisiera expresar además mi satisfacción por la importancia concedida por el Parlamento a la representación directa de las PYME, objetivo que figura entre las prioridades del nuevo programa plurianual para las PYME y las empresas de artesanado. 
Asimismo, quisiera poner en su conocimiento que mis servicios están trabajando ya en la preparación del próximo informe. 
Estos informes se elaborarán cada dos años y recogerán los progresos registrados con en la integración de las PYME en todas las políticas y programas comunitarios. 
Señor Presidente, para finalizar quisiera confirmar nuevamente el serio compromiso de la Comisión con la defensa de los intereses de las PYME en relación con la totalidad de las políticas y programas de la Comunidad. 
En este contexto, los puntos de vista y las recomendaciones del Parlamento son particularmente positivos y constructivos, por lo que me comprometo a tenerlos seriamente en cuenta. 
Permítanme agregar que, por supuesto, coincido absolutamente con el comentario final de la Sra. Thyssen, en el sentido de que los Estados miembros deben hacer esfuerzos coordinados de apoyo a las PYME equivalentes a sus esfuerzos en favor de la convergencia de sus economías. 
Creo que así conseguiremos resultados importantes desde el punto de vista de su presencia en la economía. 
Señora Presidenta, quiero dar una vez más mis sinceras gracias a la Sra. Peijs, a la Sra. Torres Marques y al Sr. Garosci por sus informes. 
Además, debo agradecerles sus esfuerzos en beneficio de las PYME, su constante apoyo a la Comisión Europea y la excelente colaboración que hemos logrado mantener hasta la fecha. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ajuste de las perspectivas financieras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0135/97) del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (SEC (97) 0364- C4-0111/97) de adaptación de las Perspectivas Financieras en función de las condiciones de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del Acuerdo Interinstitucional de 1993. 
Señora Presidenta, el informe sobre la adaptación de las Perspectivas Financieras según los artículos 9 y 10 del Acuerdo interinstitucional es un acto que se repite todos los años en el curso de procedimiento presupuestario. 
No había apenas debates al respecto y existía conformidad entre el Parlamento y el Consejo. 
Pero este año tenemos un problema: junto al procedimiento usual, consistente en transferir créditos de compromiso no empleados del años 1996 al año 1999-545 millones de ecus en los Fondos estructurales y 17 millones de ecus en el Fondo de Cohesión -, el Consejo expresó otros deseos. 
Para el Parlamento Europeo no ha supuesto ni supone ningún problema transferir los créditos de 1996 a 1999. 
La Comisión de Presupuestos ha apoyado unánimemente la propuesta de la Comisión. 
Pero la posición del Consejo de transferir adicionalmente mil millones de ecus de compromisos de 1998 a 1999, después de que se había transferido a 1998 de años anteriores, no puede aprobarla el Parlamento Europeo pues la Comisión constata en su propuesta lo siguiente: » Tras una insuficiente utilización de los créditos en 1994 y 1995, la situación mejoró sensiblemente en 1996. 
Esto no sólo significa que se han gastado en 1996 la totalidad de los créditos originarios, lo que está en contraposición a la situación en los dos años anteriores, sino que además se pudo recuperar una pequeña parte de los retrasos acumulados al comienzo del programa». 
Esta constatación de la Comisión la ha ignorado el Consejo, lo que expresó además en el diálogo a tres bandas a comienzos de abril. 
El Consejo ha subrayado que para alcanzar el crecimiento cero del presupuesto del 98, necesita la transferencia de estos mil millones de nuevo de 1998 a 1999. 
El Parlamento Europeo conoce también los esfuerzos de los Estados miembros por lograr una política presupuestaria ahorrativa y por cumplir los criterios de la Unión Monetaria. 
Pero el PE conoce también las resoluciones de Edimburgo sobre los Fondos estructurales y sobre las previsiones financieras y conoce también perfectamente el Acuerdo interinstitucional de 1993. 
El objetivo del Parlamento Europeo es seguir fielmente las «guidelines» aprobadas en enero y aprobar un presupuesto que corresponda en todas sus Categorías a una política de gastos responsable y que realice ahorros allí donde año tras año se repite el juego devolviendo dinero a los Estados miembros. 
Por ello, apoyamos la presente propuesta de la Comisión de no transferir toda la suma de mil millones de 1998 a 1999 sino sólo 500 millones de ecus. 
Los restantes 500 millones de ecus de compromisos queremos dejarlos en el Presupuesto de 1998, con lo que, en base a unos mejores pronósticos, tendremos además la posibilidad de realizar en el otoño de este año unas mejores previsiones para los gastos agrarios del presupuesto de 1998. 
Esto corresponde exactamente a los puntos 9 y 10 de nuestras «guidelines» y la Presidencia holandesa dio su conformidad el pasado lunes a este compromiso en el diálogo a tres bandas. 
Sólo espero que el Consejo siga esta línea a más tardar mañana por la mañana cuando se reúna. 
A pesar de que el Consejo no está presente esta tarde- pero sin duda podrá leer mis observaciones en el Acta- quiero realizar dos comentarios personales. 
Como ponente general para el presupuesto de 1998, he tomado sobre mí la carga de la presión del último debate presupuestario para 1997. 
No ha desaparecido totalmente la tensión que existió en su día y muchos colegas de la Asamblea tienen de nuevo la impresión de que el Consejo quiere descargar sobre las espaldas del Parlamento su falta de capacidad para llegar a un consenso. 
Ya entonces y también ahora hemos mostrado capacidad de consenso. 
El Consejo debería leer exactamente los pasajes de los Tratados y del Acuerdo interinstitucional en los que se dice que hay dos partes de la autoridad presupuestaria- el Parlamento Europeo y el Consejo- y estas dos partes tienen que ponerse de acuerdo. 
Quiero recomendar a la Asamblea que apruebe mañana el proyecto de informe. 
Señora Presidenta, el informe Tillich es árido y seco, si ustedes quieren, pero francamente su importancia no merece que el hemiciclo se encuentre casi desierto. 
El breve informe del Sr. Tillich no debe esconder que su gestación ha sido francamente laboriosa y preocupante. 
Lo que ahora parece versallesco por la intervención del ponente, ha sido elaborado en medio de fuertísimas tensiones entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, tensiones muy distintas de las que suelen darse en las serias negociaciones habituales entre el Consejo y el Parlamento en el ámbito presupuestario. 
Durante una parte de la negociación, una mayoría del Consejo pretendía imponer su criterio al Parlamento sin atender a razón alguna, en una actitud que, si yo no fuera tan comedido en mi lenguaje, podría considerar como de chantaje. 
Permítanme que, reiterando lo expuesto por el ponente, recuerde la situación: de conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 1993- del que fui ponente, por cierto- la Comisión debe proceder a formular dos propuestas referidas a las perspectivas financieras al inicio de cada procedimiento presupuestario. 
Por una parte, en base al artículo 9, debe notificar el ajuste de la línea directriz agrícola y del importe máximo de las otras categorías de gasto en función de la evolución del PNB y de los precios. 
Es un ajuste técnico y automático, y la autoridad presupuestaria debe limitarse a aceptarlo. 
Pero, por otra parte, y ahí vamos entrando en materia, en base al artículo 10 del Acuerdo interinstitucional, debe proponer un ajuste de los créditos para la categoría II, o sea, los gastos estructurales, en función de su ejecución para que no se pierdan las dotaciones no utilizadas. 
Desde 1989, es decir, desde el primer Acuerdo interinstitucional, se ha procedido a ello sin mayores problemas. 
Sin embargo, este año la modesta transferencia de 562 mecus de 1996 al 1999 no obtuvo el plácet inicial del Consejo, que pretendía añadirle 1000 millones que estaban incorporados a la categoría II para 1998. 
Es un procedimiento curioso, pues no solo lo situaba a una milésima del tope máximo previsto para los créditos de pago para 1999, sino que se utilizaba un mecanismo previsto para recuperar los créditos no ejecutados efectivamente, esto es, para anunciar una no ejecución futura al tiempo que se amenazaba con violar los acuerdos políticopresupuestarios de Edimburgo. 
Ante este hecho, la Comisión ha presentado una nueva propuesta de compromiso que podemos aceptar- y que vamos a aceptar- para no perder los 562 millones de ecus destinados a los mecanismos más explícitos de solidaridad y lucha contra el paro en el presupuesto comunitario. 
Pero, como bien ha dicho el ponente, no puede constituir un precedente y me permito añadir que sólo la buena voluntad política nos impide considerar este procedimiento como una revisión encubierta de las perspectivas financieras. 
Señorías, la Comisión de Presupuestos apoya amplísimamente, quizás unánimemente, el compromiso propuesto como un mal menor. 
El Grupo Socialista seguirá al ponente, al que felicita por su difícil cometido, subrayando que queremos que se acuerden los créditos de pago apropiados y que se concentren las operaciones en las zonas de objetivo 1 y 2, como dice también el informe del ponente. 
Pero nos preguntamos: ¿por qué ha sido esto tan complicado? 
Si recordamos que la decisión sobre quiénes van a formar parte del club del euro se toma en base a las cifras de 1997 ¿qué equilibrios político-económicos peligran por ese famoso millardo de ecus de 1998? 
¿Hay algún país que pueda ver peligrar su cumplimiento de los mecanismos del Tratado de la Unión respecto a déficit excesivos? 
No se ve por ninguna parte. 
No es la alícuota nacional de financiación, incluso de cofinanciación, la que puede poner en peligro el cumplimiento de los criterios de convergencia, porque estamos hablando de milésimas de punto de PNB. 
Estamos ante un ejercicio de bastante hipocresía, Señorías. 
Cuando el Parlamento se ha comprometido a una política presupuestaria de austeridad respecto a un presupuesto que representa menos del 2, 5 % del gasto público de los Estados miembros y apenas el 1, 2 % del PIB de la Unión, Señorías, ¿a qué viene esta guerra? 
Son los países más ricos los que más claramente han anunciado en el Consejo su falta de voluntad de ejecutar los fondos estructurales. 
Quizá debamos replantearnos quiénes se benefician de dichos fondos, pero clama al cielo cercenar los esmirriados créditos que destinamos a reducir la distancia entre las zonas más ricas y más pobres de la Comunidad y a luchar contra el paro. 
Posponerlos, como proponía el Consejo, era además agravar el problema. 
Por eso, Señorías, los socialistas- que pretendemos luchar por una Europa más justa y para tener una política de solidaridad efectiva- vamos a apoyar este compromiso. 
Señor Presidente, Señorías, las dificultades que la propuesta original de la Comisión ha encontrado en su tramitación son un ejemplo muy claro de lo difícil que va a ser el debate presupuestario a lo largo de este año. 
Este Parlamento, de hecho, va a aprobar mañana una propuesta de la Comisión sobre la adaptación de las perspectivas financieras que es distinta de la que originariamente había presentado la Comisión. 
Y esta propuesta es la única que parece haber alcanzado un grado de consenso suficiente en el Consejo y digo parece porque, como bien decía el ponente Tillich, hasta mañana no saldremos de dudas. 
Si este consenso no se alcanza finalmente, se abrirá un conflicto interinstitucional muy fuerte, en el que el Parlamento respaldará a la Comisión frente al Consejo, y todo esto a dos semanas de la presentación del anteproyecto de presupuesto por la Comisión para 1998. 
El voto favorable del Parlamento no debe ocultar el hecho de que ésta no es la solución ideal sino la única solución posible. 
Se reduce en 500 mecus el total de los créditos de compromiso para 1998, transfiriéndolos a 1999 en base a una afirmación de la Comisión, que dice que no podría ejecutar más de 600 mecus en el ejercicio presupuestario 1998. 
En cualquier caso, creemos que la Comisión ha hecho lo único posible para desbloquear una situación cerrada en el Consejo que podría poner en entredicho la obligación de cumplir los acuerdos de Edimburgo. 
Señor Presidente, el respeto de los compromisos y la garantía de cumplimiento de los acuerdos en el seno de la Unión Europea son los cimientos de nuestra credibilidad y el pilar fundamental de nuestra convivencia política. 
Desde esta perspectiva asumimos la propuesta de la Comisión, sabiendo, y queremos dejarlo claro aquí, que el verdadero debate político va a venir con la acogida que el Consejo dé al anteproyecto de presupuestos de la Comisión. 
El acuerdo necesario en cuanto al porcentaje de crecimiento del presupuesto para 1998, el respeto de los acuerdos firmados que conservan plena vigencia y el mantenimiento de las cifras de créditos de pago, van a condicionar en gran medida la posibilidad de que exista un presupuesto pactado entre las tres instituciones. 
Además el Parlamento Europeo debe asumir que él tiene la última palabra sobre los gastos no obligatorios de la categoría II y que debe negociar su mayor protagonismo sobre la categoría I. Sólo queda felicitar nuevamente al ponente, Sr. Tillich, por su abierta disposición al acuerdo y al compromiso. 
Creo que el Consejo debería colaborar más con el ponente y no ponerle la tarea más difícil de lo que ya la tiene. 
Espero finalmente que la votación, mañana, reúna a más diputados de los que hoy están presentes y, en cualquier caso, creo que la ausencia del Consejo se debe, señor Presidente, a que deben de estar estudiando profundamente la última propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. D. Stanislas Tillich, sobre la adaptación de las Perspectivas Financieras, llega en el momento preciso para ilustrar el breve debate que hemos mantenido hace unos instantes con el Comisario Yves-Thibault de Silguy sobre el respeto por los criterios de convergencia, sometiéndonos el mismo día a un verdadero examen. 
Si trasladamos a 1998 el millardo de ecus no utilizado en 1995 y ya trasladado a 1996 y no utilizado, incrementamos en más de un 6 % la rúbrica II del presupuesto de la Unión Europea el año próximo dando ejemplo de nuestra voluntad de respetar los criterios de convergencia. 
La razón es simple. 
Al obligar ya desde 1998 a los contribuyentes netos a deducir de su presupuesto el millardo en cuestión, demostraríamos que concedemos poco crédito al concepto de durabilidad al dar por este motivo la sensación de que para esta Asamblea sólo cuenta el año 1997. 
Esto no me parece una buena política. 
En compensación, el traslado de la totalidad del crédito a 1999 produce un sobresalto no disimulado, y especialmente intenso, en los principales países beneficiarios del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales, y más especialmente Grecia, Portugal y España, que con toda razón pueden plantear dudas sobre la voluntad real de los Estados miembros de respetar el acuerdo de programación del período 1994-1999. 
El Sur podría encontrar la materia para ilustrar los negros designios que a veces se atribuyen a los países del Norte. 
El Comisario Liikanen, que demuestra una gran prudencia en la materia, ha actuado de manera que, con el presidente Samland, se encuentre una solución transaccional. 
Esta propuesta es objeto del informe de nuestro colega Tillich y debería contar con el acuerdo de la mayoría cualificada de esta Asamblea y del Consejo, algo que deseo muy sinceramente. 
Me parece que 500 millones en 1998, que generan un ahorro de 300 millones de créditos de pago para el mismo año y un compromiso de 1, 62 millardos de ecus para 1999, son una buena solución con la recuperación, el mismo año, de la diferencia en créditos de pago. 
Por tanto, en nombre del Grupo UPE, puedo anunciarles nuestro apoyo a este informe, pero me parece a pesar de todo que en razón de la importancia de la cantidad y de la sensibilidad de la rúbrica habrán de darse indicaciones precisas durante la votación definitiva de los presupuestos de 1998 y 1999. 
Y yo comparto la opinión de Joan Colom i Naval: un millardo de ecus hubiera merecido una Asamblea que no se pareciera a un desierto. 
Señor Presidente, la transferencia presupuestaria que se examina se basa en dos propuestas. 
La Comisión propuso en marzo que los 545 millones de ecus ahorrados en 1996 se trasladaran al ejercicio de 1999. 
Además, el Consejo propuso trasladar 1000 millones de ecus del ejercicio de 1998 al de 1999. 
La puesta en práctica de ambas propuestas supondría acumular los créditos de compromiso de los Fondos estructurales en el último ejercicio del período de programación, lo que habría causado grandes dificultades a quienes aplican la política regional y estructural. 
Por este motivo fue razonable repartir la transferencia de 1000 millones de ecus a partes iguales en los dos últimos ejercicios del período de programación. 
Deseo expresar mi felicitación al ponente Tillich por el buen trabajo que ha realizado. 
La transferencia de créditos de compromiso de los Fondos estructurales que se debate ahora es la tercera en el presente período de programación. 
En total, se han transferido recursos por un importe de 4300 millones de ecus, lo que es una suma considerable. 
En el territorio de la UE hay más de 18 millones de desempleados, con tendencia al alza. 
Además, en muchos Estados miembros se agudizan las diferencias regionales. 
Por consiguiente, la política estructural y regional deberá resolver mayores desafíos que en el pasado. 
Naturalmente, se puede culpar a los Estados miembros del deficiente empleo de los Fondos estructurales, pero la UE no puede rechazar toda responsabilidad. 
Para la administración de los Fondos estructurales se ha establecido una burocracia enorme y compleja. 
Otro obstáculo lo constituye la estricta reglamentación de los Fondos estructurales. 
Con frecuencia el requisito de innovación de los proyectos resulta exagerado, así como la lentitud de las inversiones de apoyo. 
Tales restricciones pueden paralizar proyectos, por los demás, bien viables. 
Si se aplicara una política regional y estructural vigorosa y eficaz, esto se reflejaría en la pugna por los recursos de los Fondos estructurales de la Unión Europea. 
Desafortunadamente, ésta no es la situación en el momento actual. 
Felizmente, sin embargo, esta transferencia no suprime los recursos, por lo que puede apoyarse en todos sus aspectos. 
Señor Presidente, no nos opondremos a la adaptación de las Perspectivas Financieras relativas a las acciones estructurales que se desprenden de la propuesta modificada de la Comisión. 
Nos parece una propuesta con cierto equilibrio, particularmente si se compara con la posición maximalista, inaceptable y en cierto modo chantajista del Consejo. 
En efecto, permite recuperar los 563 millones de ecus no ejecutados y garantiza también algún escalonamiento en las adaptaciones a que se refiere. 
A nuestra posición contribuye también la aceptación que ha merecido por el ponente la propuesta que he hecho y según la cual se deberá garantizar la plena inscripción presupuestaria de esas asignaciones, incluidos los pagos en los años 1998 y 1999. 
Ahora bien, no oculto a Sus Señorías algunas preocupaciones. 
Es que, a pesar de haber razones fundadas de carácter técnico, no se puede desligar esa adaptación de opciones de carácter político. 
Primero, la de consolidar una vía de contención presupuestaria, que no apoyamos. 
Además, porque, tal como dije en mi opinión sobre esta materia, se confirma la tendencia de excesiva concentración de asignaciones de las acciones estructurales en los años finales del actual Marco Comunitario de Apoyo. 
Cosa que no sucede por casualidad. 
Además de otros aspectos, esa situación es indisociable de orientaciones y medidas que se vienen adoptando en el nivel comunitario exactamente con ese objetivo, aunque con pretextos diferentes. 
Pero se trata de aspectos que vamos a dejar para un debate futuro. 
Evidentemente, no faltarán oportunidades. 
De momento, y por las razones que he mencionado, vamos a apoyar esta adaptación de las Perspectivas Financieras. 
Señor Presidente, a nadie se le oculta que el presupuesto para 1998 es un presupuesto difícil, por lo que es importante y de agradecer el esfuerzo que hagamos todos para llegar a acuerdos y que estos sean lo más amplios posible. 
Para ello es esencial empezar por respetar los acuerdos anteriores. 
Todos sabemos que pacta sunt servanda, por lo que la Comisión Europea cuenta con nuestro apoyo para conseguir una tasa de crecimiento global del 3 % para que, así, puedan ser respetados los acuerdos de Edimburgo y se llegue a una tasa de crecimiento del 8 % en la categoría II. 
Por ello, después de todos estos esfuerzos es inconcebible que el Consejo haya intentado hacer imposible un amplio acuerdo. 
Para nosotros, la solución de compromiso de la categoría II para el año 1998 no es la más satisfactoria, pero evita el enfrentamiento y, por lo tanto, es válida. 
Por todo ello, señor Presidente, es fundamental que adoptemos el informe Tillich por mayoría cualificada en el día de mañana. 
Sabemos bien quienes son las dos ramas de la autoridad presupuestaria y que la Comisión Europea no es ninguna de ellas, pero no seré yo quien recomiende- y más estando a la espera de la publicación del anteproyecto de presupuesto para 1998- desoír a la Comisión Europea en sus propuestas sobre créditos de pago en la categoría II, ya que es la Comisión quien mejor conoce las necesidades, porque es la que las ejecuta. 
Son claros los párrafos 18 y 21 del Acuerdo interinstitucional cuando se refieren a que los créditos tienen que ser suficientes para hacer frente a los compromisos. 
Señor Presidente, de conformidad con el párrafo 10 del Acuerdo Interinstitucional, de 29 de octubre de 1993, la Comisión presentó una propuesta al Parlamento y al Consejo para el ajuste de la Perspectiva Financiera a fin de tener en cuenta las condiciones de aplicación. 
La propuesta consistía en transferir a 1999 las asignaciones para los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión que no se utilizaron en 1996: un total de 562 millones de ecus. 
Durante la preparación del anteproyecto de presupuesto para 1998, ha resultado que, con la transferencia de mil millones de ecus de consignaciones para compromisos correspondientes a 1995 decidida en 1996, las asignaciones previstas para las operaciones estructurales correspondientes a 1998 fueron superiores a las necesidades. 
El exceso de asignaciones en relación con la capacidad de aplicación sería de unos 500 millones de ecus. 
Así, pues, la Comisión ha decidido modificar su propuesta original. 
Además de la transferencia de 562 millones de ecus de 1996 a 1999, la Comisión propone también la transferencia de 500 millones de ecus de 1995 a 1999. 
La aprobación de la propuesta modificada garantizaría una aplicación satisfactoria de los gastos programados. En realidad, facilitaría la presupuestación plena antes del final de 1999 de las asignaciones para los Fondos estructurales dispuestas para el período 1993-1999. 
Deseo felicitar al Sr. Tillich por su excelente informe y también agradecer al Parlamento su positiva cooperación a este respecto. 
Por último, acabo de recibir la noticia de que el COREPER ha aceptado también esta propuesta esta noche. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Seguridad para los buques pesqueros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0068/97) del Sr. Le Rachinel, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0255- C4-0255/96-96/0168 (SYN) ) por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del que tratamos aquí es relativo a una propuesta de directiva del Consejo que instituye un régimen armonizado para la seguridad de los buques de pesca con una eslora igual o superior a 24 metros. 
Con el fin de que se comprenda la importancia de este texto, voy a trazar una breve descripción histórica de las normas y convenios aplicables en la materia. 
Al estar excluidos los buques de pesca del campo de aplicación del convenio internacional de 1994, el convenio SOLAS, para la seguridad de la vida en la mar, se ha hecho necesario fijar un convenio que defina, habida cuenta de las particularidades de dichos buques, las reglas de construcción de los buques nuevos así como las características que deberían respetar los equipos vinculados a la seguridad de los buques de pesca. 
Así, en 1977 se firmó el convenio internacional sobre la seguridad de los buques de pesca, llamado Convenio de Torremolinos de 1977. 
En 1993, la OMI, Organización Marítima Internacional, procedió a una revisión de este convenio aprobando el Protocolo de Torremolinos. 
Sin embargo, sólo es aplicable a los buques de más de 45 metros. 
Por consiguiente, esta propuesta de la Comisión es necesaria, ya que de todos los buques de 24 metros o más, el 85 % tienen entre 24 y 45 metros de eslora. 
Así pues, el convenio de Torremolinos sólo es aplicable actualmente al 15 % de los buques. 
Por consiguiente, había un vacío jurídico que había que rellenar. 
Hay que felicitarse por todas las medidas orientadas a reducir los riesgos a los que se ven expuestos los pescadores en el ejercicio de su profesión. 
Al retomar aquí las disposiciones del protocolo de 1993, en la Unión Europea se ha emprendido una armonización de las normas relativas a las características de construcción y equipo de los buques, lo que garantiza un nivel de seguridad más elevado. 
El sector pesquero, en sus diferentes apartados, es un sector extremadamente sensible. 
La introducción de nuevas exigencias relativas a la construcción, dispositivos de seguridad y procedimientos de a bordo, ha necesitado una especial atención. 
Se ha consultado a los diferentes comités, organizaciones y asociaciones representativas del sector y son unánimes en cuanto al interés de este nuevo texto que regula su profesión. 
Efectivamente, las dificultades vinculadas a su sector no se han visto agravadas a pesar de la introducción de estas nuevas exigencias técnicas. 
Por otra parte, están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la seguridad de la vida humana, de los buques y del medio ambiente. 
Así, invocando el impacto económico que la aplicación de estas prescripciones sobre seguridad tendría para los buques de pesca existentes, se ha propuesto aplicarles únicamente las medidas inicialmente previstas en el protocolo para los buques existentes. 
Estas normas deberían aplicarse a todo el Mediterráneo y a la totalidad de los países costeros. 
Con respecto a los países terceros que deseen faenar en las aguas interiores o territoriales de la Unión Europea, o también descargar capturas en un puerto de un Estado miembro, la situación es un poco más compleja. 
Sin duda, deberán respetar las mismas exigencias que los buques comunitarios, pero sin embargo será difícil controlar su aplicación. 
En ese caso, los Estados miembros deberán reforzar los medios de control tanto en tierra como en la mar. 
Para terminar, se puede considerar esta propuesta como un primer paso hacia un régimen de seguridad coherente aplicable al sector pesquero. 
Más adelante habrá que estudiar en qué medida será posible aplicar estas nuevas normas a los buques de pesca de menos de 24 metros de eslora. 
Además, la seguridad en los buques pasa también, necesariamente, por una formación adecuada de los marinos del sector. 
Con este fin, se ha sometido a la Comisión de Transportes un informe de nuestro colega Eolo Parodi. 
Señor Presidente, Señorías, la seguridad en la mar nos interesa a todos y este informe sobre la seguridad de los buques de pesca, que tengo el honor de presentarles, permite garantizarla. 
Aduyémosle a convertirse en real. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la actual propuesta de la Comisión es el resultado de un largo y difícil proceso en pro de la necesaria mejora de la seguridad de los buques de pesca. 
El alto índice de accidentes en la mar demuestra la peligrosidad de esta actividad, y los escasos éxitos logrados hasta la fecha ponen de relieve la reticencia de las principales potencias marítimas en este terreno. 
Por ello, hay que felicitar a la Comisión por haber adoptado esta iniciativa, necesaria desde hacía tiempo, y que redundará en beneficio de la seguridad de esta precaria industria. 
El proyecto de directiva supone la extensión de las disposiciones técnicas del protocolo de Torremolinos a todos los nuevos buques de eslora entre 24 y 45 metros que faenen en aguas europeas y, por tanto, no sólo a los barcos de pabellón comunitario, sino también a los buques de terceros países que faenen en aguas comunitarias o desembarquen sus capturas en puertos de la Unión Europea. 
Como la propia Comisión reconoce, estamos solo ante un primer paso que, aunque afecta solo al 4 % de la flota pesquera comunitaria, representa el 57, 4 % del tonelaje total y el 77, 4 % del volumen total de capturas. 
La adopción de una directiva parece acertada también, en este primer momento, para conseguir una armonización de las legislaciones de los Estados miembros y permitir a estos incorporar situaciones específicas, pero dentro de unos principios comunes básicos. 
Por todo ello, y por tratarse de una primera medida, entendemos que esta propuesta de directiva debe ser apoyada y aprobada lo antes posible. 
Señor Presidente, quisiera felicitar una vez más al Comisario Kinnock por presentar otra propuesta para aumentar la seguridad en el mar. 
También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al ponente todas sus gestiones con vistas a sacar adelante esta medida en comisión tan rápida y eficazmente. 
Como ya ha expuesto en líneas generales los antecedentes de esta propuesta, que tiene la gran importancia de colmar un vacío legal, no necesito repetirlos. 
Como dice la propuesta, la seguridad es una de las consideraciones más importantes de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Sabemos perfectamente que la pesca es una de las profesiones más peligrosas del mundo. 
En las aguas comunitarias se han perdido durante los diez últimos años más de mil vidas en la industria pesquera. A escala mundial se han perdido muchas más vidas. 
Todo el mundo recordará que la política común para unos mares seguros pidió la medida que el Sr. Kinnock ha traído- tengo el gusto de decirlo- ahora ante este Parlamento. 
Es importante abordar el requisito de seguridad de buques de entre 24 y 45 metros de eslora en sectores a los que se refiere la directiva, tales como protección contra el fuego, socorrismo y radiocomunicaciones. 
La directiva lo hace, por lo que contará con el apoyo total del Grupo Socialista. 
Garantizará un nivel uniforme y armonizado de requisitos de seguridad, sin por ello distorsionar la competencia. 
En conclusión, mientras estamos ocupándonos del asunto de los buques- y estoy seguro de que el Sr. Kinnock entenderá por qué planteo esto -, algunos buques pesqueros franceses han estado bloqueando los puertos de Boulogne, Calais y Dunquerque, con lo que han causado grandes molestias a muchos camioneros de mi circunscripción. 
Quisiera pedir al Sr. Kinnock- y le ruego que me disculpe por no haber avisado con antelaciónque haga unas observaciones breves sobre esa disputa y piense a ver cuál es la forma mejor de que cooperemos para garantizar la libre circulación de personas y mercancías en el futuro. 
Por último, en los últimos días he pasado mucho tiempo en la zona de Dover- por razones que el Sr. Kinnock ha de conocer- y muchos de los ciudadanos de mi circunscripción quisieran que le transmita saludos de su parte. Tengo mucho gusto en hacerlo. 
Señor Presidente, ruego de todo corazón al Sr. Le Rachinel que me disculpe por haber llegado tarde a la Asamblea. 
Es una descortesía que nunca había cometido y que procuraré no repetir. 
Me he entretenido en otra reunión y he intentado programar mi llegada con un margen demasiado estrecho. 
Lo lamento profundamente. 
Por fortuna, es perdonable en el Parlamento Europeo, lo que constituye una señal, entre muchas otras, de su sutileza y elegancia. 
No lo sería en el Parlamento en el que participé durante veinticinco años. 
Tal vez todo el mundo tenga algo que aprender. 
También agradezco al Sr. Watts los saludos que, desde luego, le devuelvo y espero poder hacerlo en persona en Dover antes de que trancurra la semana próxima. 
Me complace observar que hay un entendimiento común sobre esta propuesta y que se haya aprobado plenamente su objetivo principal, a saber, la armonización de las normas de seguridad para los buques pesqueros que operan en las aguas interiores y en los mares territoriales de los Estados miembros. 
Estoy seguro de que todos compartimos la opinión de que, cuando se aplique, esta medida constituirá otro apoyo más a nuestras gestiones en la Comisión, el Parlamento y el Consejo para garantizar un nivel elevado y uniforme de protección de la vida humana en las aguas comunitarias. 
Ése es el objetivo primordial de esta propuesta. Sin embargo, también contribuirá a impedir la distorsión de la competencia que puede surgir cuando las empresas no adoptan las disposiciones adecuadas para la seguridad. 
Así, pues, recomiendo la propuesta también por esas razones. 
Permítaseme expresar mi gratitud particular a la Comisión de Transportes y Turismo y en particular al ponente, Sr. Le Rachinel, por el excelente informe sobre la propuesta. 
Agradezco las gestiones que él y los diputados miembros de otras comisiones han llevado a cabo para consultar a las diferentes partes interesadas de la industria pesquera y me complace observar que su respuesta ha sido casi unánimemente positiva. 
Brevemente, quiero comentar dos observaciones concretas y muy valiosas que figuran en el informe del Parlamento. 
La Comisión responderá muy rápidamente a la petición concreta de que esta Asamblea reciba información periódica sobre cualesquiera enmiendas y modificaciones adoptadas en el procedimiento en comité y, desde luego, cumpliremos con los compromisos de la Comisión para con el Parlamento Europeo sobre la transparencia. 
La Comisión comparte también la preocupación expresada en el informe por que niveles diferentes de sanciones en los Estados miembros provoquen una distorsión de la competencia. 
Precisamente para evitar esos problemas y garantizar una plena transparencia es para lo que las disposiciones del artículo 13 exigen a los Estados miembros que notifiquen sus sistemas de sanciones por las violaciones de las disposiciones nacionales que se aprueben de conformidad con esta directiva. 
Permítaseme concluir mi respuesta al informe agradeciendo a la Asamblea que haya facilitado la aprobación temprana de una posición común sobre esta importante medida que fomentará la seguridad de las actividades pesqueras en las aguas comunitarias y, en particular, la protección de las vidas de los pescadores europeos a los que todos nosotros, como Comunidad, tanto debemos. 
Voy a responder brevemente a la observación atinadamente planteada por el Sr. Watts. 
Esta mañana he escrito al Sr. Pons, ministro francés de Transporte, para expresarle mi firme esperanza de que el Gobierno francés garantizará el restablecimiento de la libre circulación en los puertos del Canal y alrededor de ellos. 
Mi oficina ha mantenido también contactos telefónicos con el Ministerio de Transporte francés. 
El Sr. Pons ha estado, naturalmente, en comunicación con sus colegas pertinentes de otros departamentos del Gobierno francés. Ese Gobierno es claramente consciente ahora de la urgencia de la situación. 
Espero que no haya demasiado retraso en el restablecimiento de la libre circulación de conformidad con las disposiciones legales del Tratado y, de hecho, las obligaciones legales de los Estados miembros. 
Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de hacer esta declaración ante la Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Buques que transporten mercancías peligrosas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0073/97) del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0455- C4-0544/96-96/0231 (SYN) ) por la que se modifica la Directiva 93/75/CEE sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes. 
Señor Presidente, el objetivo de la directiva 93/75 y, por lo tanto, también de esta directiva de modificación, es mejorar la seguridad marítima y la prevención de accidentes, proporcionando y facilitando acciones de apoyo en caso necesario. 
Los desastres marítimos ocurridos recientemente en aguas comunitarias delatan la gran importancia de esta directiva y la necesidad de que todos los Estados miembros adopten las disposiciones que en la misma se contemplan. 
La propuesta de la Comisión contiene nuevas resoluciones adoptadas en el foro de la Organización Marítima Internacional, en particular la inclusión de buques que transportan mercancías radiactivas. 
No se trata aquí de dictar normas de seguridad sobre los embalajes, sino de proporcionar la información necesaria a las autoridades portuarias comunitarias con respecto a la mercancía que se transporta, de adaptar los anexos técnicos y de modificar la actuación del comité comunitario correspondiente para actualizar así la legislación comunitaria a la normativa internacional. 
Los objetivos que en la propuesta se contemplan, podemos considerarlos positivos y merecedores del apoyo del Parlamento. 
Sin embargo, en mi opinión existen algunos cabos sueltos que no encuentran solución en el contexto de esta directiva. 
En primer lugar, las medidas de seguridad que se contemplan en dicha directiva no afectan a los buques que transitan por aguas comunitarias, sin escala en un puerto de la Unión. 
Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estos buques cumplen las normas y los códigos al respecto? 
Cabría tal vez proponer que el contenido de la presente directiva se extendiera también a los buques que navegan por aguas comunitarias, sin perjudicar lógicamente su derecho de paso inocente, que viene recogido en los convenios internacionales. 
No debemos olvidar que estos mismos convenios prevén la posibilidad de confinar buques a ciertas rutas marítimas. 
En segundo lugar, resulta sorprendente e incluso peligroso continuar con el transporte de mercancías radiactivas en barcos donde también viajan pasajeros. 
Han sido ya varios los miembros de la OMI los que han mostrado su reserva en este sentido. 
Tal vez sería aconsejable prohibir esta práctica o, en su defecto, exigir como requisito mínimo la publicidad y la publicación de la lista de pasajeros que viajan en dichos buques, aspecto que se está estudiando en una directiva específica, concretamente la 96/574 final, sobre el registro de pasajeros. 
En tercer lugar, el Anexo I- que según el artículo 6 de la directiva debe ser puesto en conocimiento de la autoridad competente del Estado afectado en caso de accidente- no contempla la necesidad de comunicar el número de tripulantes existentes en el momento en que el buque ha sufrido el accidente. 
Por otra parte, señor Presidente, quisiera destacar que las enmiendas presentadas y aprobadas en comisión han contribuido a mejorar el propósito de mi informe. 
Sobre dichas enmiendas, no obstante, quisiera precisar algunos matices y realizar algunos comentarios. 
La enmienda 1- me han comunicado que la nº 3 ha sido retirada- hace referencia a los materiales radiactivos transportados a bordo de los buques. 
Con la enmienda 7 se refuerza la obligatoriedad del Estado de destino del buque de trasladar las informaciones recibidas a todos los Estados comunitarios afectados por la ruta de dicho buque. 
Así fue aprobado por la Comisión de Transportes y Turismo, donde además se aprobaron las enmiendas nº 5 y nº 6, que contienen la obligación de los operadores de buques que transportan mercancías peligrosas de informar a todos los Estados afectados por su ruta y no sólo al Estado de destino. 
Tal vez esta situación resulte un poco complicada. 
Con respecto a la enmienda nº 8, cabe decir que es una adición técnica al artículo 11 de la Directiva 93/75, y hace referencia a la nueva numeración de los apartados del artículo 2 de la misma, todo ello sobre el código CNI. 
Me parece útil también incluir, en cuanto a las informaciones a transferir a las autoridades con carácter previo a la salida del puerto, el número de tripulantes a bordo, ya que con ello se tiende a mejorar la mobilización de los servicios de urgencia en caso de accidente. 
Las enmiendas 10 y 11 están destinadas a proporcionar todas las informaciones necesarias a los servicios de urgencia sobre la carga radiactiva y el procedimiento de acción a bordo en caso de accidente. 
Y, para finalizar, señor Presidente, la enmienda 12 relativa a la comunicación de la lista de pasajeros es imprescindible. 
Además, de conformidad con la propuesta de directiva de la Comisión Europea en esta materia, publicada el pasado 25 de noviembre de 1996 el asunto será debatido en esta Asamblea durante la «minisesión» plenaria del próximo mes de mayo. 
Señor Presidente, señor Kinnock, los socialistas apoyamos el informe del Sr. Novo Belenguer. 
Queremos manifestar nuestra conformidad con la mejora de la Directiva de 1993 propuesta por la Comisión. 
En todo caso, apoyamos las 12 enmiendas- ahora me acabo de enterar que una de ellas posiblemente haya sido retirada -, puesto que refuerzan la Directiva. 
Obviamente, nos sentimos satisfechos con nuestros port state controls, pero falta la obligación de información en lo que respecta a las aguas internacionales. 
Existe otro informe que lleva pendiente mucho tiempo, el informe sobre el sistema europeo de información. 
Se ha hablado de la posibilidad de que el informe que ahora nos ocupa actuase como propulsor de ese otro. 
El hecho de que no sea posible obligar a los buques en tránsito a informar de su presencia entorpece nuestras posibilidades de guiarlos a través de aguas seguras. 
Por eso, quiero preguntar al Sr. Comisario si, en colaboración con el Parlamento, sería posible que se adoptase una decisión sobre este tema, ya que está en parte relacionado con el fundamento jurídico de la presente propuesta. 
Espero que sea posible avanzar en este ámbito. 
La otra propuesta se presentó hace tres o cuatro años. 
Apoyamos ésta de ahora, pero queremos advertir que no sólo los buques en tránsito presentan problemas. 
Por eso, sería quizás interesante establecer un sistema más riguroso para los buques que transportan sustancias radiactivas en relación con el port state control. 
Hoy en día muchos países transportan estas sustancias por diferentes vías, como carretera, ferrocarril o vías marítimas, y se organizan manifestaciones cada vez que esto sucede. 
En mi opinión, algunos de los buques no cumplen las normas necesarias y no informan de su presencia en los lugares por donde pasan. 
Por eso, espero que sea posible avanzar tanto con EUREP como con esta propuesta. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los transportes de mercancías peligrosas despiertan cada vez más la atención de nuestras ciudadanas y ciudadanos, quienes exigen un máximo de seguridad. 
En particular en el tráfico de buques tenemos una responsabilidad especial, pues se trata realmente de un problema internacional. 
El ponente ha llamado con razón la atención sobre la importancia de esta directiva así como sobre la importancia de una regulación para los buques que navegan por nuestras aguas sin recalar en ningún puerto europeo. 
Se acaba de hablar sobre la directiva sobre el control del Estado del puerto con la que hemos podido regular algunas cosas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo va a dar su voto afirmativo a todas las enmiendas para que el transporte de mercancías peligrosas o contaminantes sea aún más seguro, para que las regiones costeras puedan ser protegidas de modo permanente y eficaz frente a las contaminaciones o incluso destrucción y para que las tripulaciones de los barcos tengan el máximo grado de seguridad. 
Quiero expresar por ello mis felicitaciones al ponente por su excelente informe. 
Aquí se han tratado realmente los campos problemáticos que no hemos solucionado hasta ahora. 
Señor Comisario, sé que a continuación nos va a decir que no puede recoger la mayor parte de nuestras enmiendas pues no pertenecen necesariamente al asunto. 
No obstante, le ruego también en nombre del Grupo del PPE que se tome en serio nuestras ideas y deseos. 
Ayúdenos para que lleguemos en estas cuestiones a una buena solución global aunque no lo logremos ahora en este informe. 
Señor Presidente, también el Grupo de los Verdes considera positivo el hecho de que la Comisión haya propuesto esta directiva que integra la Directiva 93/75/CEE y cuyo objetivo es mejorar el sistema de prevención y las intervenciones en caso de accidentes marítimos en los que estén implicados buques que transporten mercancías peligrosas y contaminantes y, en consecuencia, la extensión, gracias a esta nueva directiva, al transporte de materiales radiactivos. 
De todos modos, estimamos que ha de tenerse en cuenta también que entretanto se emanó la Directiva 21/95 sobre el control de los puertos y se adoptaron otras normas internacionales. 
Por estas razones, además de compartir los objetivos planteados por la Comisión, suscribimos todas las enmiendas aprobadas por la Comisión, así como la forma en que el ponente acaba de presentar este informe, cosa que le agradecemos. 
En particular, consideramos que no puede soslayarse la cuestión del tránsito por las aguas territoriales ni tampoco no tener en cuenta los contenedores, en cuyo interior debe introducirse el material radiactivo, que deben respetar las normas AIEA. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que acogemos con beneplácito este informe. 
No creo que ninguno de los aquí presentes pueda exagerar al mostrar su preocupación por la manipulación y el transporte de residuos tóxicos, en particular el material radiactivo. 
En mi circunscripción hay un estado de opinión muy firme a ese respecto después de la experiencia del Sea Empress el año pasado y sus repercusiones en el medio ambiente local. 
Los habitantes de esa zona están ahora sumamente deseosos de volver a la vida normal, por lo que recomendamos firmemente que no haya complacencia en relación con esta directiva. 
La posición de la Comisión de Transportes va orientada a velar por que se aplique la legislación a los buques que pasen por las aguas de la UE y no sólo a los que fondeen en los puertos de la UE. 
Hemos de velar por que las autoridades costeras conozcan la presencia de buques que transporten material peligroso. 
Después las autoridades locales, a la luz de esa información, pueden adoptar las medidas apropiadas en caso de accidente. 
Además, hay que hacer dos observaciones principales sobre el fluido nuclear, el plutonio y los residuos radiactivos. Deben quedar recogidos en el ámbito de aplicación de la directiva. 
En primer lugar, debemos velar por que sólo se transporte el material radiactivo en contenedores que cumplan los más recientes requisitos del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
En segundo lugar, debemos velar por que nunca se transporte el material radiactivo en buques que transporten pasajeros. 
Se trata de condiciones mínimas en las que debemos insistir. 
Es de sentido común separar el material tóxico de los pasajeros y observar los reglamentos internacionalmente acordados. 
Si lo hacemos, reduciremos sin lugar a dudas al mínimo los riesgos del transporte de materiales tóxicos, pero en particular, claro está, de material nuclear. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar agradecer a la Comisión de Transporte y Turismo y, en particular, al ponente, Sr. Belenguer, su excelente informe sobre la propuesta. 
También me complace intervenir a continuación de un compatriota galés cuya preocupación por la posibilidades de que accidentes en el mar tengan consecuencias atroces de contaminación es bien conocida en esta Asamblea, como en su circunscripción. 
Tengo mucho gusto en observar que existe un entendimiento común sobre esta propuesta y que se aprueba su objetivo principal, que es el de fortalecer y mejorar la directiva existente para establecer requisitos de notificación a fin de mejorar la prevención y la intervención en el caso de accidentes en el mar padecidos por buques que transporten mercancías peligrosas o potencialmente contaminantes. 
La Comisión acoge con beneplácito las enmiendas núms. 
8 y 9. Dichas enmiendas permitirán al comité establecido por esta directiva tener en cuenta futuras modificaciones del Código CNI y éste, que obliga al empresario de un buque a facilitar a las autoridades competentes información sobre el número de tripulantes a bordo, ha de contribuir a mejorar las reacciones de emergencia ante accidentes en el mar. 
Respecto de las demás enmiendas, debo insistir muy firmemente en que la Comisión comparte la preocupación expresada por la comisión sobre los riesgos concretos relacionados con el transporte de materiales radiactivos por mar, así como las deficiencias del sistema de notificación establecido por la Directiva de 1993. 
Como ya han dicho los diputados en este debate, no es aplicable a los buques en tránsito. 
Compartimos la preocupación, pero creo que vale la pena recordar al Parlamento, sin la menor complacencia, que el 80 % de esos buques que transitan por aguas europeas se dirigen, en realidad, a puertos comunitarios. 
Así, pues, mientras transitan, están sujetos también a los requisitos relativos a los puertos y eso constituye una mayor seguridad. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas que el Parlamento ha presentado. 
No porque tenga una opinión divergente, sino principalmente porque los puntos incluidos en las enmiendas ya están comprendidos en otras propuestas de la Comisión o porque la Comisión está preparando nuevas iniciativas concretas en ese sector. 
El Sr. Ferber se me ha adelantado en sus observaciones- no es la primera vez, sus contribuciones son siempre acertadas- y, evidentemente, ya estamos dedicados a emprender exactamente las tareas que proponía. 
Lo mismo es aplicable a las propuestas hechas por el Sr. Sindal. 
Más concretamente, la primera serie de enmiendas en relación con las condiciones de transporte de materiales radiactivos por mar quedan fuera del alcance de esta directiva, que sólo aborda los requisitos en materia de notificación. 
Así ocurre en particular con las enmiendas núms. 1 y 3, salvo que se haya retirado la enmienda nº 3, como ha indicado el Sr. Belenguer, porque esas enmiendas prohibirían el transporte de materiales radiactivos a bordo de buques de pasajeros. 
También es aplicable a la enmienda nº 2 sobre el cumplimiento de los reglamentos del OIEA y sobre las enmiendas núms. 10 y 11, que añadirían a los anexos de la directiva diversos requisitos de seguridad debidos al Código CNI. 
Sin embargo, la Comisión está examinando varias iniciativas para fortalecer el régimen existente aplicable al transporte de materiales radiactivos, incluida, de ser necesario, legislación vinculante para todos los buques que recalen en un puerto europeo y transporten materiales radiactivos. 
Por lo que se refiere a la otra serie de enmiendas, las relativas a la ampliación de los requisitos de notificación a los buques en tránsito, la Comisión considera que las enmiendas núms. 4, 5 y 6 se reflejan ya en la propuesta de directiva del Consejo sobre un sistema europeo de notificación para los buques, el llamado EuroRep, que la Comisión adoptó en diciembre de 1993 y el Consejo tiene aún ante sí. 
Sería inapropiado y provocaría confusión que la Comisión aceptara la inclusión de esas disposiciones en la Directiva 93/75, mientras pudieran reanudarse en cualquier momento los debates en el Consejo sobre requisitos similares a los descritos en EuroRep. 
La enmienda nº 7 que obliga a los Estados miembros a intercambiar toda la información recibida habitualmente no es aceptable, ya que daría una sobrecarga de datos a las autoridades nacionales pertinentes, pese a que dicha información podría ser necesaria para fines de seguridad en circunstancias muy excepcionales. 
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 12 sobre la presencia de una lista de pasajeros. Sería redundante, pues la directiva del Consejo propuesta sobre el registro de personas que viajen a bordo de buques de pasajeros fue adoptada por la Comisión el 25 de noviembre del año pasado. 
En resumen, la Comisión acepta las enmiendas núms. 8 y 9, pero, si bien compartimos las preocupaciones que reflejan, no podemos aceptar las enmiendas núms. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. Permítaseme concluir de nuevo agradeciendo al Sr. Belenguer y a la Asamblea que hayan facilitado la consecución rápida de una posición común sobre esta importante medida que, evidentemente, tendrá un efecto directo e importante en el transporte por nuestras aguas de mercancías peligrosas y potencialmente contaminantes. 
¿Podría informarnos el Comisario Kinnock de cuándo podría presentar una legislación sobre la cuestión del transporte de material nuclear? 
Agradezco esta pregunta, señor Presidente. 
Ya está- y lleva algún tiempo- en marcha la labor al respecto. 
No puedo concretar una fecha absolutamente, porque no deseo confundir a la Asamblea, ni puedo decir siquiera el mes, pero puedo asegurar al Sr. Morris que no se tardará en presentar las propuestas. 
Si no tiene inconveniente en ponerse en contacto conmigo por escrito, intentaré ser más explícito dentro de unas semanas. 
Tendré mucho gusto en darle una indicación más firme, cuando la labor haya alcanzado, en nuestra opinión, una fase adecuada de preparación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.00 h., se reanuda a las 21.00 horas) 
Nueva estrategia marítima 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe del Sr. Danesin, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Hacia una nueva estrategia marítima» (COM (96) 0081- C4-0237/96) (A4-0067/97). 
, ponente. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada, es mi deber agradecer, aunque sea de forma muy rápida, a los colegas de la Comisión de Transportes y Turismo la colaboración prestada tanto a través de sus valiosas sugerencias como con su efectivo trabajo en lo referente a las enmiendas. 
Dicho trabajo permitió que el informe fuera votado por unanimidad en el seno de la comisión. 
Dicho esto, deseo comenzar recordando las cifras que se refieren al tema que estamos tratando: el 90 % de los intercambios entre la Comunidad y el resto del mundo se realiza por vía marítima y en el seno de la Unión Europea dicho porcentaje alcanza el 35 %. 
La acción de la Unión Europea en favor de la futura estrategia marítima, propuesta por la Comisión, se basa en cuatro pilares: la seguridad, el mantenimiento de los mercados abiertos, la competitividad y las ayudas estatales. 
Considero fundamental la cuestión de la seguridad, habida cuenta de que, por un lado, está relacionada con los problemas medioambientales y la protección de vidas humanas y, por el otro, tal como intentaré demostrar, es el punto de partida para seguir manteniendo tanto el empleo de los trabajadores marítimos europeos como la competitividad de nuestras flotas. 
El factor humano es un elemento clave, ya que aproximadamente el 80 % de todos los desastres marítimos se debe, valga la redundancia, al factor humano. 
Hoy por hoy, las tripulaciones multilingües empeoran este problema, dado que hacen difícil las comunicaciones en caso de emergencia. 
En consecuencia, es preciso que se activen todo los instrumentos necesarios para conservar las competencias y fomentar los puestos de trabajo altamente cualificados y la formación de los marinos europeos. 
A mi juicio, sin embargo, además de los problemas relativos a la formación, existe en relación al tema que estamos abordando un aspecto estratégico, esto es, los registros y, en consecuencia, los llamados pabellones de conveniencia. 
En la actualidad, la situación es la siguiente: para un armador matricular un buque bajo un pabellón no comunitario y, sobre todo, bajo «algunos» pabellones, conlleva unas ventajas económicas en materia de coste del personal, impuestos, etcétera, objetivamente enormes. 
Por consiguiente, si queremos no parecer hipócritas, hemos de reconocer que, en las actuales circunstancias, el problema será de muy difícil solución. 
La primera consecuencia será una inevitable pérdida del concepto mismo de marino comunitario y de la competitividad de nuestra flota. 
La segunda será un inevitable incremento del número de los llamados «barcos carreta» que surcarán nuestros mares, con todas las consecuencias medioambientales fácilmente imaginables. 
A pesar de que en reiteradas ocasiones el Parlamento pidiera un plan de ayudas, incluso financieras, para fomentar la actividad en este sector y llegara incluso a una precisa definición del concepto de armador comunitario, sin embargo, las numerosas propuestas ulteriores no han llegado nunca a la fase de legislación a causa de la incapacidad del Consejo para tomar decisiones en esta materia. 
¿Cuáles son los instrumentos que, actualmente, pueden emplearse para definir una estrategia marítima a nivel comunitario? 
Vivimos en una economía de mercado global, por lo que las empresas afectadas viven el vínculo del presupuesto como un factor fundamental. En consecuencia, si las enormes diferencias existentes en materia de costes en favor de las banderas de conveniencia no se compensan, por una parte, mediante rigurosos controles en materia de seguridad y, por otra, con incentivos fiscales, la mayoría de las mejores intenciones estará irremediablemente abocada al fracaso. 
Desde este punto de vista, un instrumento sin duda interesante es la directiva» Port State Control». 
Dicho instrumento permite efectuar controles en el puerto del Estado de destino y, en el caso de que se comprobaran irregularidades, permite imponer sanciones que contemplan incluso la retención del buque. 
Considero conveniente apoyar con fuerza una task force comunitaria que permita controlar la aplicación real de la directiva por parte de los Estados miembros. 
A fin de conseguir los resultados que aquí nos interesan, actualmente, no parece realista obligar a los armadores a contratar personal comunitario, fijando cuotas obligatorias, ya que con ello se fomentaría, por los motivos presupuestarias ya apuntados, el éxodo hacia las denominadas banderas de conveniencia. 
Por el contrario, sería más oportuno crear, mediante desgravaciones contributivas y fiscales, las condiciones necesarias para que la contratación de marinos europeos fuera competitiva. 
En consecuencia, la posibilidad de luchar contra la invasión de los registros abiertos depende de que los mismos pierdan las ventajas que disfrutan en la actualidad. 
Para concluir, estimo que la Comisión debe promover una verdadera acción de protección de la flota comunitaria. 
Me refiero al hecho- a mi juicio, hoy inaceptable- de que algunos países no comunitarios que, en la actualidad, disfrutan de ayudas al desarrollo o de otras financiaciones comunitarias, expiden con extrema facilidad certificados oficiales a algunos buques, a sabiendas de los riesgos que esto implica y sin realizar un efectivo control de la funcionalidad de estos barcos. 
Considero que, tal como hacen no sólo los Estados Unidos, sino otros países, es preciso tener la fuerza necesaria para imponer alguna fórmula de reciprocidad entre las ayudas concedidas por la Comunidad y el respeto de las normas mínimas requeridas, a fin de proteger tanto a nuestros trabajadores y armadores como el ecosistema de nuestras aguas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando se utiliza la palabra «estrategia» creo que es necesario ser muy prudente, ya que aunque la trayectoria propuesta se oriente hacia objetivos positivos, la experiencia nos ha llevado muy frecuentemente a padecer deficiencias, carencias, y por tanto a atemperar cualquier entusiasmo de salida. 
En cuanto a los transportes marítimos, la Comisión no se escapa a esta regla. 
Por ello, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Política Regional, les transmito el sentimiento de mis compañeros, que oscila entre la aprobación y la frustración. 
Aprobación en primer lugar. 
Si la Comisión nos presenta un texto destinado a modelar una nueva estrategia marítima, ello se debe a que ésta es plenamente consciente de que las iniciales medidas de 1985 basadas en el libre cambio no han alcanzado en absoluto su objetivo. 
Este sector económico sufre grandes dificultades derivadas de la mundialización y de la desregulación. 
La triste cifra del 50 % de pérdida de empleos es una prueba patente. 
La Comisión tiene razón por consiguiente al reaccionar y orquestar su ofensiva en varios niveles: seguridad, formación, investigación, sistema de ayudas y modernización. 
Todos estos elementos son determinantes. 
Deben alentarse e incluso consolidarse. 
Hablaba de frustración. 
Con mucho pesar quisiera compartir con ustedes el hecho de que he sentido la debilidad de la dimensión regional. 
Ésta ha aflorado, para nuestro gusto demasiado abstracta y, finalmente carente de un razonamiento integral. 
Muchas regiones de la Unión Europea son marítimas, algunas incluso insulares. 
Esta particularidad genera o va acompañada de actividades económicas y comerciales. 
En este orden de ideas, nos sentimos decepcionados por el hecho de que la Comisión no haya aprovechado la ocasión para hacer balance de su reflexión en lo relativo a la construcción naval, cuando han cambiado los postulados, que han provocado supresiones o reestructuración de los lugares. 
Lamento que no se haya considerado suficientemente el lugar que ocupan los puertos. 
Sin embargo, para algunas regiones se trata de la puerta de su territorio, su único instrumento de desarrollo y juegan un papel estratégico en su país o en las regiones del interior. 
Se han ignorado simple y rotundamente. 
Como conclusión, Señorías, agradezco a la Comisión de Transportes que haya tenido en cuenta dos observaciones y espero que esta nueva estrategia no se quede en una teoría suplementaria, de lo contrario, temo que esta nueva edición se quede en un esfuerzo vano. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo el colega Danesin ha señalado el gran significado de un sólido sector de la navegación en la Unión Europea. En nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores deseo antes que nada se preste atención a la posición de la flota europea en el mercado mundial. 
Un mercado en el que reina esencialmente una enconada competencia que en los últimos años ha llevado al cambio de abanderamiento de un gran número de naves con los denominados pabellones baratos. Este cambio de pabellón tiene consecuencias desastrosas para la Unión Europea. 
No sólo porque esta última se ve más dependiente en su transporte marítimo internacional de buques de terceros países sino también por la enorme actividad económica que se pierde con ello. Para comenzar en forma de puestos de trabajo, aunque, a la larga, se ven amenazadas igualmente de desplazamiento actividades en tierra. 
En los Países Bajos se calcula que nada menos que un 70 % del valor añadido del sector de la navegación marítima corresponde a actividades en tierra. 
El proceso de cambio de abanderamiento puede ser contrarrestado aumentando el grado de competitividad de los registros de los Estados miembros. 
En su comunicación propone la Comisión a los países miembros la posibilidad de adoptar a tales fines medidas de apoyo en beneficio de las compañías navieras. 
Ahora que se ha dejado a un lado la propuesta de Euro-registro, deseo respaldar decididamente la propuesta de la Comisión. 
Desde enero de 1996 el gobierno neerlandés ha concedido facilidades de pago a empresas marítimas que enarbolan pabellón holandés o que se hallan radicadas en territorio nacional. 
Esto ha dado por resultado que entretanto unas cuantas decenas de naves han vuelto a navegar con pabellón neerlandés. 
Por último, tengo una pregunta específica que desearía plantear al Comisario. 
En el apartado 33 del informe Danesin queda estipulado que la navegación no debe ser contemplada como una industria sólo al servicio del transporte de importación o de exportación europeo, sino como un sector industrial completamente independiente. 
Esto difiere grandemente de lo expresado en la comunicación de la Comisión, es decir que la navegación constituye una industria de servicios con una supuesta función derivada. 
¿Puede confirmar el Comisario que suscribe lo expresado por la Comisión de Transportes y Turismo? 
Para concluir, aún la observación de que lamentablemente a causa del elevado número de pronunciamientos pretendidamente bien intencionados que aparecen en el informe Danesin, las cuestiones principales se ven encubiertas en alto grado por cuestiones secundarias. 
Señor Presidente, en nombre del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera acoger con beneplácito este nuevo planteamiento del sector marítimo por parte del Comisario Kinnock. Como él, creemos en una industria marítima pujante para toda Europa. 
Es decisiva, en nuestra opinión, por razones estratégicas industriales, por razones estratégicas en materia de empleo y para garantizar y mejorar la competitividad de la Unión Europea. Y, naturalmente, hará una contribución decisiva para que cumplamos con nuestras obligaciones medioambientales. 
También quisiera felicitar al ponente, Sr. Danesin, por su planteamiento cooperativo e integrado, que ha logrado un apoyo generalizado, no sólo en este Parlamento, sino en toda la industria, de hecho. 
Estoy seguro de que mañana, cuando llegue a la votación, podremos ofrecer, como Parlamento, al unísono un claro compromiso con el futuro del sector marítimo de Europa. 
Sin embargo, afrontamos una grave amenaza. 
En 1970 una tercera parte de los buques del mundo enarbolaban orgullosos un pabellón de un Estado miembro europeo. 
En 1994 esa cifra había descendido hasta un simple 14 %. 
En mi país, en 1979 teníamos 1.200 buques con pabellón británico: hoy el total es de menos de 250. 
Afrontamos una amenaza enorme, no sólo en puestos de trabajo. 
En 1970 había un tercio de millón de empleos en toda la UE, hoy apenas 100.000. 
Dos tercios de la industria del sector marítimo industrial han desaparecido. 
Pero nuestro Grupo cree que hay un gran potencial. 
El crecimiento de los trasatlánticos, por ejemplo, ha sido de casi el 7 % por año en todo el mundo en los diez últimos años. 
Hay una demanda en aumento de servicios especializados y el fomento del sector marítimo entraña claros beneficios medioambientales. 
Acogemos con particular beneplácito que la propuesta de la Comisión se base en cuatro elementos fundamentales: en primer lugar, seguridad; en segundo lugar: mantenimiento de los mercados abiertos; en tercer lugar: garantía de competitividad; y, por último, orientaciones claras para la ayuda estatal. 
Quisiera dar algunos ejemplos de las razones por las que apoyamos esta nueva estrategia. 
Respecto de la seguridad, apoyamos plenamente al Comisario en sus gestiones para hacer que los reglamentos no vinculantes de la OMI sean vinculantes y obligatorios en la legislación de la CE. 
Sobre el mantenimiento de los mercados, apoyemos plenamente su lucha en pro de la consecución de acuerdos internacionales. 
En cuanto a la garantía de competitividad, creemos en la acción común para promover programas de formación marítima y de investigación e innovación y, en particular, para alentar a los jóvenes a que se orienten hacia esa profesión. 
Por último, respecto de las ayudas estatales, también nosotros apoyamos la revisión de las directrices en materia de ayuda estatal para que se centren más en el apoyo al empleo, la investigación e innovación y la formación y no en simple prestación de ayuda estatal en general. 
Al Parlamento le gustaría también que se insistiera más en varios aspectos. 
Uno es el de hacer que el control del Estado del puerto sea más eficaz. 
Hemos de hacer lo que podamos dentro de nuestro ámbito de competencias. 
Hemos de utilizar más los controles como los del Estado del puerto. 
En segundo lugar, queremos que se haga más para alentar a los trabajadores a que vuelvan a esa industria, en particular los jóvenes de la UE. Eso entraña mejoras en las condiciones de trabajo y en las jornadas laborales a bordo de los buques. 
En tercero y último lugar, queremos que se adopten medidas rápidamente para abordar el escándalo de los pabellones de conveniencia, que son una enfermedad, una plaga, que se extiende por todas las industrias navales del mundo y aquí en Europa también. 
Para que la estrategia llegue a ser realidad y aporte beneficios, puestos de trabajo y una inyección para nuestra economía. 
Europa tiene un pasado marítimo que constituye un orgullo y estoy convencido de que esta estrategia, trazada por el Comisario Kinnock, pondrá los cimientos para un gran futuro marítimo. 
Señor Presidente, Señorías, el Partido Popular Europeo, en cuyo nombre hablo, dará su apoyo al informe Danesin con su voto favorable y al mismo tiempo felicita al ponente. 
La comunicación de la Comisión «Hacia una nueva política marítima» es un texto desigual, que por un lado contiene propuestas acertadas y por otro lado bastantes puntos oscuros en lo que respecta a sus verdaderas intenciones. 
Propone, por ejemplo, levantar el velo societario de las navieras en favor de la garantía de la responsabilidad civil, fiscal y penal derivadas de la explotación de los buques. 
¿Acaso la Comisión tiene la intención de extender este levantamiento del «velo societario» a otros sectores de la economía europea, como el de la industria? 
Otras propuestas presentadas por la Comisión que causan serias dudas son: 
Primero, el establecimiento de criterios comunes que los Estados miembros deban aplicar obligatoriamente con respecto al registro de los buques, 
segundo, la abolición del criterio de la nacionalidad del armador como requisito para el registro de un buque; 
tercero, la adopción de un conjunto de disposiciones de control del armador antes y durante el registro. 
Si todas estas ideas se hacen realidad, tengan por seguro, Señorías, que, fuera del transporte marítimo de corta distancia y de los trasbordadores, no permanecerá ni un buque europeo dentro de los registros. 
En otro pasaje, la Comisión anuncia que retirará sus propuestas relativas al registro Euros y al armador comunitario de buques, aunque éstas, como ustedes saben, han sido mejoradas por el Parlamento. 
¿Por qué? 
¿Con qué intención se retiran estas propuestas? 
La Comisión de Transportes elogia y apoya lo que hay de bueno en la comunicación de la Comisión. 
En cambio, se distancia de otras posiciones de ésta- algunas ya las he mencionado -, respecto a las cuales mantiene serias reservas. 
Además, insta a la Comisión a que no retire sus propuestas sobre el registro Euros y el armador de buques. 
Por último, la propuesta de resolución contiene nuevas ideas para invertir la huida masiva de buques y de armadores de los Estados miembros, tales como la propuesta de que la Comisión examine las consecuencias desfavorables que tiene el transporte marítimo europeo y para el empleo de los marineros europeos el sistema de la Federación Internacional de Transportes, la FIT, conocido como «Black Cutters» , que se aplica internacionalmente a los marineros de terceros países que trabajen en buques con pabellón de conveniencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, la industria marítima es realmente estratégica para el comercio mundial y para Europa. Tiene una extraordinaria capacidad de generar otras actividades económicas y representa una de nuestras más antiguas y nobles identidades. 
La Comunicación de la Comisión y el excelente informe del Sr. Danesin ponen de manifiesto las permanentes dificultades del sector que ha sufrido el cierre de astilleros, el éxodo de los buques de los registros comunitarios y un grave desempleo de los marinos. 
Con vistas al continuo aumento del tráfico y los intercambios, es preciso invertir esta tendencia ante unas perspectivas que, a mi juicio, tendrán que ser más favorables en el futuro. 
Uno de los indicadores es la gran densidad de las rutas europeas y de la mediterránea, especialmente a través de Suez, que va camino de volver a ser la arteria principal de los transportes mundiales. 
En consecuencia, estoy plenamente de acuerdo con las medidas sugeridas por la Comisión en favor de la formación, el apoyo a la investigación, las tecnologías navales, los sistemas de telecomunicación y de conexión en red de aplicaciones, así como de logística y de control del tráfico, incluida la navegación por satélite, así como en favor de la intermodalidad de los transportes en los puertos, con un especial impulso al transporte por ferrocarril y a las conexiones transeuropeas. 
Por el contrario, y en cuanto a contrarrestar el fenómeno de las banderas de conveniencia y de los buques «carreta» inseguros, con tripulaciones explotadas, no me parece que la Comisión haya encontrado todavía soluciones definitivas. 
Así y todo, estimo que la conexión realizada con las reglas de la seguridad es estratégica y debe ser apoyada, en el frente externo, en la negociación multilateral en el seno de la OIM y, en el frente interno, por las medidas fiscales de fomento. 
Espero que la Comisión haga algo con respecto a este tema y suscribo en todos sus puntos el informe del Sr. Danesin. 
Señor Presidente, deseo felicitar al ponente que como un navegante veneciano nos muestra la manera en que podemos aún dominar los mares. 
Tenemos que darnos cuenta que 35 % del transporte interior es marítimo. De este modo corremos el riesgo de su disminución ya que los grandes buques contenedores se ven obligados a amarrar en un solo puerto del continente. 
Sería neceario pues repartir las cargas por barco más bien que por tierra. 
Se hace pues necesario, tal como ha sido introducido tanto por el gobierno neerlandés como por este Parlamento en las redes transeuropeas, que también reforcemos la navegación costera. 
Para ello se hacen necesarias una serie de cuestiones. 
En primer lugar un mejoramiento de la formación de la tripulación y un aumento de los costes de ésta. 
El colega Van der Waal acaba de señalarlo, mediante ventajas fiscales aunque tenemos también que darnos cuenta que las escuelas de navegación deben abrirse, también a candidatos extranjeros. 
Así se adoptará un mejor sistema de agrupamiento de la carga de las naves. Tengo el convencimiento que la Comisión debería adoptar esto en el quinto programa marco con vista a poder proceder a ello de modo automatizado. 
He repetido aquí además en diversas ocasiones, también durante el debate sobre el informe Sindal, que los contenedores de 45 pies usuales en la navegación también deben ser transportados por tierra. 
Deberán reducirse los derechos portuarios, aunque en ningún caso, por cuestiones de protección del medio ambiente o seguridad, deberán dar lugar a competencia o a una gestión menos estricta o armonizada. 
La Unión deberá seguir siendo consciente de que para una serie de islas y regiones periféricas no existe ninguna otra alternativa a la navegación marítima. 
De no desplegar esfuerzos extremos tendentes a mantener en vida una navegación comunitaria sana, tanto los grandes puertos principales como las regiones periféricas se verán condenados a situaciones sumamente desventajosas. 
Como representantes de los ciudadanos no podemos resignarnos a ello. Por este motivo consideramos la comunicación y el informe del colega Danesin un buen punto de partida. 
Señor Presidente, señor Kinnock, señor ponente, como ya sabrán sus Señorías, me siento muy ligado al tema del transporte marítimo y me tomo la libertad de subrayar que en Europa hemos descuidado su desarrollo. 
Hemos descuidado el desarrollo de un concepto que nos permita enfrentarnos a los retos del futuro. 
Hay dos tipos de transporte marítimo, el global y el cercano, y existe una relación entre los dos. 
Sin uno, no existiría el otro. 
El transporte marítimo cercano es proveedor del global. 
Por eso es importante verlo todo como un conjunto. 
En primer lugar, quiero referirme al transporte marítimo global. 
Aunque reconozcamos que navegan relativamente pocos buques europeos en los océanos y que llevan pocos tripulantes europeos, querría subrayar que a escala mundial la mayor parte de los buques siguen controlados por intereses económicos europeos, aunque a menudo a través de registros en terceros países. 
Los oficiales son europeos, pero las tripulaciones proceden de otras naciones. 
Nos quejamos de que no se aprovechan nuestras posibilidades económicas, porque sabemos que, en realidad, los buques son propiedad de navieras con sede en las grandes capitales europeas. 
Hay competencia a escala mundial en lo referente a las normas, a la calidad de los buques, a la seguridad y a las soluciones, pero, Señorías, el transporte marítimo no se mejora rebajando el listón. 
Se mejora únicamente consiguiendo un transporte de calidad. 
Soy de la opinión de que es necesario establecer unas normas OCDE en este ámbito. 
Tenemos nuestro port state europeo. 
Debemos ampliar este régimen para dotarlo de validez a nivel mundial. 
Tenemos las declaraciones de la gente de mar, está el tema de la seguridad y el debate sobre los pabellones de conveniencia. 
Algunos registros daneses, holandeses y noruegos compiten con estos pabellones, pero, en realidad, da lo mismo: el capital se encuentra en Europa, pero los buques navegan en otros lugares con tripulaciones que no son europeas. 
Espero que la Comisión tenga suerte con este debate sobre el transporte marítimo y el futuro. 
Confío en que con el debate mejore el orden del día. 
Una posibilidad sería implicar en él a las grandes navieras que operan en Europa para intentar hacerles ver que tienen una responsabilidad, una obligación, junto con nosotros, de garantizar el futuro marítimo de Europa. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, la Asamblea está de acuerdo en que su Comunicación es un enfoque positivo para el fomento de la navegación marítima europea. 
La Asamblea también está de acuerdo en que el informe del Sr. Danesin es excelente. Por ello, le ruego me permita realice una observación: en el informe hemos constatado unánimemente que lamentamos profundamente que la estrategia de la Comisión no contenga un calendario para su ejecución y que haya muy pocas propuestas concretas para superar el desafío. 
En el cuarto sector- creación de unas condiciones de competencia justas para la navegación marítima- me gustaría tener pronto su promesa de que va a presentar nuevas propuestas, pues mis colegas de Holanda que han hablado hoy aquí han llamado la atención acertadamente sobre las loables iniciativas del Gobierno holandés. 
Estamos obligados a crear unas condiciones de competencia justas para todas las navieras de la Comunidad de 15 Estados. 
No se puede admitir que navieras en otros Estados de la Comunidad, cuyos presupuestos no permiten tales medidas de ayuda como las holandesas, sufran perjuicios porque un país ayude especialmente a su navegación y que además se produzcan cambios de pabellón de un país a otro. 
No puede ser este el sentido del mercado interior europeo. 
Por tanto, señor Comisario, queremos saber si hoy nos puede decir cuándo va a presentar más propuestas concretas y si en dichas propuestas va a decir que tienen que existir unas condiciones de competencia justas entre las navieras, que solamente son posibles si las condiciones marco estatales son las adecuadas. 
O los restantes 14 Estados- excluyamos a Luxemburgo -, los restantes 13 Estados se adhieren a las normas fiscales holandesas, o deberemos recapacitar sobre si las normas holandesas son compatibles con la Comunidad, pues no puede ser que se perjudique a la gente de mar y a las empresas porque no existen unas condiciones de competencia unitarias. 
Espero muy atentamente su respuesta. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Danesin sobre una nueva estrategia marítima es un documento amplio y general, percibiéndose que ha examinado el asunto detalladamente. 
Su tema central es, justificadamente, el establecimiento de una amplia colaboración y el objetivo de crear una organización a escala mundial. 
Sin embargo, conviene considerar que en el informe no se examina en absoluto una dimensión importante y esencial de la colaboración que tiene incluso una importancia decisiva para garantizar la seguridad marítima. 
Me refiero a la cooperación con los sindicatos de los trabajadores del mar. 
Estos realizan en su ámbito propio un trabajo importante en los mares y en los puertos, con objeto de que el funcionamiento de los buques tanto en su aspecto técnico como de tripulación sea lo mejor posible. 
En el informe se concede gran atención precisamente a esos mismos factores que ponen en peligro la seguridad marítima y que han combatido durante decenios los sindicatos de los trabajadores del mar. 
Entre estos se encuentran la escasez de tripulación o su ausencia total de formación, el mal estado de los barcos con las deficientes condiciones de trabajo que ello conlleva, por lo que la motivación laboral de la tripulación no puede ser la mejor posible, así como otras muchas cuestiones similares. 
Por consiguiente, es natural que la gran experiencia a escala mundial que poseen los sindicatos de los trabajadores del mar en la consolidación de la seguridad marítima se aproveche al máximo. 
Cuando en el marco de la Unión Europea se establezca una nueva estrategia marítima y se intente influir sobre su reglamentación a escala mundial, cabe esperar que esa dimensión se integre íntegramente en el examen ulterior del asunto. 
La cuestión es, fundamentalmente, en qué medida se permitirá a las llamadas fuerzas del mercado influir sobre las condiciones y circunstancias marítimas. 
Es posible distinguir entre unos mercados marítimos lo más abiertos posibles y unas fuerzas del mercado que influyen perjudicialmente sobre la seguridad marítima. 
Para esas últimas es posible establecer tales normas con la resolución común, con el convenio y con un control suficientemente eficaz, para que la mera maximización miope del beneficio económico a corto plazo no se convierta en un factor que haga peligrar la seguridad marítima. 
Señor Presidente, es de la mayor importancia que encontremos unas vías para que pueda desarrollarse la industria naval en Europa y seguir siendo al mismo tiempo más segura y competitiva. 
Esta industria representa el 90 por ciento de los transportes hacia el exterior de la Unión. 
Con ello constituye además una vía importante hacia el libre comercio, por lo cual es de la mayor urgencia para nosotros que se agilice el transporte marítimo. 
No obstante, existe en mi opinión un ámbito que le falta a este informe; es el de la responsabilidad que tiene el transporte marítimo cara a la solución de los problemas medioambientales que el mismo origina. 
En un proceso de este carácter, y dado que la Comisión intenta de modo encomiable adoptar unas medidas de conjunto con respecto al tráfico por vías navegables, es importante que no olvidemos los problemas medioambientales. 
El mar Báltico presenta actualmente una situación a todas vistas grave con respecto al medio ambiente. 
Se trata de uno de los mares más contaminados de Europa, y el transporte marítimo detenta una gran parte de la responsabilidad por este hecho. 
Solamente en aguas suecas se han producido más o menos 500 escapes de petróleo al año en fechas recientes. 
Esta es una curva que asciende catastróficamente y que exige unas acciones urgentes, lo cual no parece haber entendido la Comisión. 
Esto afecta en una medida nada despreciable a los nuevos países que lindan con el Báltico. 
Seguramente, una de nuestras tareas más vitales es esforzarnos por que la mayor parte de ellos se convierta en miembro de la UE en el futuro, de modo que el Báltico esté rodeado por países de la UE. 
Entonces podremos plantear unos requisitos mucho más rigurosos. 
A corto plazo, una acción sencilla sería, como ya es costumbre en Dinamarca y Suecia, hacer posible que se deponga petróleo gratis en cada puerto. 
Esta es una medida encaminada a solucionar el problema a la que todos deberíamos poder prestar nuestro apoyo. 
Me permito finalizar formulando la siguiente pregunta a la Comisión: ¿Tiene la intención de presentar una propuesta para solucionar los problemas medioambientales que causa la industria naval? 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Comisario y al colega Danesin por la elección que han hecho ambos de una estrategia marítima europea. De este modo se hace énfasis en el enorme interés que reviste la navegación. 
El mejoramiento de la capacidad competitiva de la flota europea combinada con un incremento de la seguridad constituyen a mi parecer los objetivos fundamentales en esta política. 
Desearía abordar dos puntos. 
En primer lugar el cambio de abanderamiento de barcos. 
Esta práctica debe ser combatida con toda energía. 
No podemos resignarnos con el hecho de que la mitad de las naves de la UE enarbole pabellones baratos. 
Esto perjudica no sólo el empleo sino también a la seguridad, dando lugar además al desplazamiento de actividades económicas. 
¿Podría dar el Comisario un estimado de la medida en que el cambio de abanderamiento podría ser contrarrestado por las medidas propuestas? 
Mi segunda observación se refiere a la flota de dragado. 
La flota europea de dragado goza de una excelente reputación en la instalación y el mantenimiento de puertos en todas partes de mundo siguiendo métodos respetuosos del medio ambiente. 
¿Desearía prometer el Sr. Comisario que en la elaboración de las medidas propuestas se prestará también atención a la competitividad de la flota europea de dragado? 
A esto respeto desearía preguntarle igualmente sobre la situación del acceso de esta flota al mercado norteamericano. 
¿Sigue estando excluido este acceso por una interpretación sumamente curiosa de la denominada «ley Jones»? 
¿Desearía el Comisario analizar estas cuestiones y, de revelarse necesario, proceder a conversaciones con las autoridades norteamericanas? 
Desearía pedirle por último al Sr. Comisario se llevase a cabo una armonización de los procedimientos y la normativa relativa al transporte entre los puertos europeos habida cuenta la importancia que reviste la navegación costera. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar elogiar a la Comisión de Transportes y a las demás comisiones participantes en este informe y, naturalmente, expreso mi agradecimiento particular al ponente, Sr. Danesin, por la labor que él y sus colegas han llevado a cabo. 
La propuesta de resolución que la Asamblea tiene ahora ante sí demuestra un compromiso real con el avance de la labor relativa al documento sobre la estrategia marítima. 
Se ha reflejado en la mayoría de las contribuciones habidas durante el debate y, naturalmente, me complace que la resolución coincida substancialmente con el planteamiento adoptado por la Comisión. 
Como ha de saber la Asamblea, he basado mis reflexiones en el documento estratégico sobre el papel de la industria naval en el mundo, en sus dificultades como industria global y en nuestro deseo común de mantener la industria y la mayor cantidad posible de puestos de trabajo de los marinos europeos. 
Hay quienes afirman, aunque, por fortuna, no en este Asamblea, que en cierto modo los objetivos de competitividad y empleo son mutuamente excluyentes. 
Creo que esa opinión es derrotista y equivocada, por no decir reaccionaria, por lo que me complace tomar nota de que la gran mayoría de las observaciones sobre el Libro Blanco reflejan una opinión similar. 
Me complace reconocer que la propuesta de resolución apoya la nueva estrategia y sus tres pilares principales. 
El primer pilar es la competitividad de la flota europea. 
Todos convenimos en que eso es esencial y todos sabemos que existe la competencia necesaria. 
Pero unas condiciones desfavorables de funcionamiento en un frente amplio y durante varios años han provocado una pérdida de competitividad de nuestra industria de transporte marítimo. 
Como han de saber Sus Señorías y han señalado algunos en el debate, los resultados han sido muy negativos. 
En primer lugar, la adopción de pabellones extranjeros ha reducido en gran medida el número de marinos europeos tanto en las categorías de oficiales como en las de marineros. 
En segundo lugar, ello ha tenido repercusiones en el empleo en tierra, en particular en las tareas en las que la experiencia en el mar es de gran valor. 
En tercer lugar, las industrias de transporte y conexas gravemente afectadas han optado simplemente por trasladarse a países exteriores a la Comunidad, lo que ha provocado, evidentemente, otras pérdidas de empleos. 
Así, pues, la competitividad es fundamental para el éxito en el futuro, como se reconoció claramente en la Conferencia de Dublín. 
No habría sido realista esperar que de aquella o cualquier otra reunión resultaran respuestas instantáneas a los profundos problemas del empleo de los marinos europeos. 
Pero la conferencia sí que contribuyó a determinar las cuestiones que merecen una mayor y urgente atención. 
Entre dichas cuestiones, figuran claramente la utilización de incentivos y apoyo financiero- mencionada por varios oradores en el debate- y también la necesidad de hacer que las generaciones jóvenes conozcan mejor las oportunidades de carrera. En esta resolución que la Asamblea tiene ante sí se hace referencia atinadamente a esos factores. 
La cuestión de las ayudas estatales es, evidentemente, pertinente para estos asuntos y comunico a la Asamblea y, en particular, al Sr. Jarzembowski, que, tras haber tenido en cuenta las observaciones hechas por los Estados miembros, por la industria y ahora por el Parlamento, la Comisión está actualmente ultimando nuevas directrices. 
Estarán listas dentro de muy poco. Comprendo la observación hecha por el Sr. Jarzembowski sobre la substancia y los detalles en el documento estratégico y comparto su deseo de propuestas concretas, como ha dicho. 
Lo que yo quería evitar era propuestas concretas que, en realidad, naufragaran. 
Por eso, en un documento estratégico expusimos los pilares de la política como lo hicimos con la esperanza- con el convencimiento, de hecho- de que propiciara un debate intenso y la adopción de medidas suplementarias. 
Así ha sido sin duda hasta ahora y no tengo intención de que quede ahí la cosa. 
El aliento que recibo de esta Asamblea, incluido el Sr. Jarzembowski, de proseguir adelante es en verdad digno de beneplácito. 
Me complace acoger con beneplácito el apoyo a nuestras reflexiones en la esfera de las relaciones exteriores. 
Todos convenimos en la necesidad de mercados mundiales abiertos. 
Está claro que en esas condiciones la Comunidad debe laborar en pro de nuestros intereses, en particular puesto que somos un mercado abierto por lo que se refiere a los competidores de terceros países. 
Lo más lógico es esperar que ellos hagan lo mismo. Como ha de saber la Asamblea, recientemente se ha publicado nuestra comunicación específica sobre las relaciones marítimas exteriores y espero con interés las observaciones de Sus Señorías sobre dicha comunicación a su debido tiempo. 
El tercer pilar de nuestra estrategia vinculaba la seguridad con la competencia leal. 
Conviene subrayar esa relación, al tiempo que seguimos insistiendo en la necesidad urgente de lograr un transporte marítimo de calidad en todos los sectores de la industria marítima. 
No cabe duda de que los diferentes sectores del transporte marítimo se ven afectados en diferentes grados por las empresas cuyas actividades carecen de seguridad, pero, dondequiera que se den, se les deben denegar las ventajas competitivas inaceptables que ahora obtienen al pasar por alto la seguridad de los seres humanos, de los buques y del medio ambiente. 
A los marinos, los trabajadores portuarios, el público en general y todas las empresas que observan los reglamentos les interesa velar por que se adopten medidas eficaces contra quienes infringen los reglamentos, ponen, así, vidas en peligro y obtienen ventajas comerciales. 
Agradezco el apoyo firme y de antiguo de la Asamblea a este asunto. 
Por último, los puntos 7 y 32 de la resolución piden a la Comisión que emprenda o patrocine un estudio a fondo sobre los procedimientos de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. 
He de comunicar a la Asamblea que la Comisión no tiene competencia jurídica real alguna en ese sector. 
Los procedimientos de la ITF se basan en acuerdos de negociación colectiva entre las partes interesadas y, en consecuencia, son competencia de la legislación laboral de los Estados miembros. 
A partir de la información de que se dispone actualmente, la Comisión no ve razón para llevar a cabo investigación suplementaria alguna a ese respecto. 
Así, pues, lamento decir que la Comisión no puede aceptar esa propuesta de la resolución. 
Espero que la Asamblea entienda estas razones y no insista al respecto. 
Uno de los párrafos del informe del Parlamento mencionados durante el debate ha sido el 35, sobre el que el Sr. van der Waal ha preguntado si la Comisión está de acuerdo con él. 
Respondo muy concretamente: sí, estamos de acuerdo y espero que ni el Sr. van der Waal ni otros cuyo interés en este asunto es perfectamente sabido, en verdad, interprete referencia alguna en nuestro documento estratégico en el sentido de que reduzca de categoría o asigne un papel secundario a la industria del transporte marítimo. 
Es una industria independiente, que tiene su identidad propia, y debe laborar en pro de sus intereses como industria. 
Con ello, prestará un servicio al resto del mercado del transporte y a muchos otros mercados también. 
Concluyo mi respuesta concreta al informe expresando mi agradecimiento por el informe del Sr. Danesin, que ofrece a la Comisión un aliento digno de agradecer. 
Tal vez podría emplear un poquito más del tiempo de esta Asamblea para responder a algunas preguntas interesantes que se han formulado durante el debate. 
He de decir al Sr. Stenmarck que acojo con beneplácito las cuestiones que plantea relativas al medio ambiente. 
Puedo responder diciendo que la Comisión basa sus medidas concretas en materia de seguridad y medioambientales en la mayor medida posible en las normas internacionales en vigor. 
A ese respecto el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, el llamado Convenio Marpol, establece normas en el nivel internacional sobre la prevención de la contaminación por, entre otras cosas, petróleo, aguas residuales y basura procedentes de los buques. 
En la Unión Europea se están celebrando debates sobre la posibilidad de complementar las disposiciones de ese convenio internacional con reglamentos de la Unión Europea sobre las emisiones de gases de tubos de escape, además de sobre el asunto al que me he referido. 
A este respecto, la respuesta de la Comisión a una petición formulada en el Consejo de Medio Ambiente celebrado en diciembre de 1995 será la de presentar una comunicación sobre una estrategia comunitaria para luchar contra la acidificación. Figura en ella un capítulo relativo a las medidas relativas a las emisiones debidas al transporte marítimo. 
Se propone someter a control, con arreglo al Convenio Marpol, el contenido en azufre de los combustibles sulfurosos, por ejemplo el óxido de azufre, pese a que no está sujeto a norma internacional alguna. 
A la luz de lo dicho y de lo que he comunicado a la Asamblea y del problema de las emisiones que contaminan el aire, en particular las debidas a los transbordadores en el mar Báltico y en el mar del Norte, planteado concretamente por el Sr. Stenmarck, la Comisión está observando la evolución de la situación en la OMI con vistas al reconocimiento de esos dos sectores como sectores especiales para las medidas en materia de contaminación atmosférica relacionada con las actividades de transporte marítimo. 
Si en la OMI no hubiera resultados satisfactorios, estamos dispuestos a adoptar las medidas apropiadas. 
El Sr. Cornelissen ha formulado también una pregunta sobre la industria dragadora. 
La falta de tiempo me impide responder a las otras observaciones que ha hecho. 
He de decir que el documento estratégico no abarca, como ha dicho, la industria dragadora, pero eso no significa ni por un segundo que la Comisión pase por alto los intereses y la importancia de esa industria. 
Evidentemente, sería una insensatez no reconocer su decisiva importancia estructural. 
Hace aportaciones directas al Foro Internacional de las Industrias Marítimas y se muestra particularmente activa en el grupo de trabajo sobre los recursos marinos. 
Por lo que se refiere al contacto con la industria, en un futuro muy próximo voy a celebrar una reunión, ya concertada, con representantes de esa industria en la Unión Europea. 
Por último, sobre el punto relativo a las relaciones exteriores, es evidente que hasta ahora sólo tenemos mandatos de negociación con India y China, pero en todas las negociaciones- puedo asegurárselo al Sr. Cornelissen y al resto de la Asamblea- se tendrán en cuenta sin lugar a dudas los intereses de la industria dragadora europea, que ofrece una ejecutoria muy competitiva y niveles excelentes, independientemente del carácter actual de la legislación relativa a ella en otras partes del mundo. 
Creemos que puede ofrecer algo, que merece oportunidades y que una concepción equitativa del comercio exige que tenga acceso a los nuevos mercados. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de la Sra. McCarthy, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en el Reino Unido en el período 1994-1999 (A4-0126/97). 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, mi informe sobre la aplicación de los Fondos estructurales en el Reino Unido es el resultado de una consulta muy amplia a los usuarios y a los solicitantes de Fondos estructurales de la UE. 
Se enviaron más de 2.000 cartas y cuestionarios a los copartícipes de las regiones y yo participé en más de veinticinco horas de audiencias en nueve lugares diferentes de todo el Reino Unido. 
Se solicitó la opinión de nueve regiones. 
Se presentaron a mi despacho más de 300 testimonios escritos. 
Los grupos consultados y participantes en este informe eran muy diversos- cámaras de comercio, consejos de formación de las empresas, el sector del voluntariado, los organismos de desarrollo económico, universidades, organismos locales, consejos de desarrollo rural- y se celebraron entrevistas con departamentos gubernamentales. 
En vista de ello, no puedo arrogarme todo el mérito por este informe. 
No es un informe mío personal. Refleja en gran medida las opiniones de los ciudadanos de las regiones. 
Por último, en marzo celebramos una audiencia en el Parlamento Europeo con un miembro experimentado de la comisión de investigación de la Cámara de los Lores sobre los Fondos estructurales en el Reino Unido y del Fondo de Cohesión en la UE. Presentaron sus conclusiones preliminares a nuestra comisión. 
De hecho, fueron notablemente similares a las recomendaciones que figuran en este informe, en particular respecto de los problemas de los retrasos y la burocracia. 
Fue lamentable que el Gobierno del Reino Unido optara por no enviar a un representante político, pero, por fortuna, pudimos contar con la presencia de un funcionario radicado en Bruselas que leyó una declaración, en lugar de aceptar la política de la silla vacía. 
Quisiera agradecer a todos los representantes del espectro político que asistieron y prestaron testimonio. 
He añadido un documento de trabajo de 50 páginas en el que he intentado reflejar verazmente sus opiniones. 
Quisiera recordar al Grupo del Partido Popular y a sus miembros conservadores que abstenerse o votar en contra de este informe sería pasar por alto y menospreciar las opiniones de los copartícipes locales en el terreno, si bien el Gobierno del Reino Unido no es ajeno a ese proceso en la gestión de los fondos. 
Quisiera decir que los fondos de la UE han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de la cohesión económica y social en el Reino Unido. 
El resultado ha sido el de que se han creado o mantenido 240.000 puestos de trabajo, en particular en regiones del objetivo 2, y quisiera decir que son una clara expresión de la solidaridad europea para con las regiones en declive y las regiones rezagadas del Reino Unido. 
Sé que el Grupo del Partido Popular no quería que usara ese término en mi informe. 
Constituyen un modelo del planteamiento colaborativo del desarrollo económico. 
Cuentan con el beneplácito de los copartícipes en las regiones y han estimulado nuevos partenariados innovadores. 
De hecho, han colmado el vacío y la ausencia de una política regional estratégica en el Reino Unido y han compensado en parte el planteamiento que el Gobierno ha hecho del desarrollo regional propio de un concurso en el que el ganador se lo lleva todo. 
Los copartícipes han acogido con beneplácito ese marco estratégico, que constituye un importante catalizador en pro del desarrollo económico regional. 
También han brindado nuevas oportunidades a las comunidades locales y al sector del voluntariado para participar en proyectos. 
A ese respecto quisiera felicitar a la Comisión por haber creado nuevos modelos de procedimientos excelentes. La iniciativa de los senderos de Merseyside, la iniciativa RECHAR en Sheffield Manor Estate, el partenariado de East Durham y el Programa de Paz y Reconciliación en Irlanda del Norte. 
También tenemos ejemplos de actualización excelentes en las secretarías independientes de Escocia y en el final de la reducción por arriba de las aportaciones a los programas de Merseyside con cargo al Fondo Social Europeo. 
Como ya he dicho, han aportados fuentes suplementarias de regeneración que, en vista de las continuas reducciones y la falta de inversiones del Gobierno en las regiones, han hecho una contribución decisiva y, en algunos casos, han propiciado una dependencia excesiva de los fondos de la UE. 
Debe quedar constancia de que la inversión estatal en las regiones del Reino Unido ha disminuido desde 1984 en un 75 %. 
De hecho, en 1995 los fondos de la UE representaron la mitad del presupuesto para regeneración, que es el principal fondo de inversión para nuestras regiones. 
De modo que, como pueden ver Sus Señorías, están colmando las lagunas en el Reino Unido. 
En casos en que debería haber fondos adicionales, con frecuencia colman un vacío en realidad. 
Los problemas reales que encontramos en las regiones se centran en la mala gestión de los fondos por parte del Gobierno. 
Los copartícipes afrontan con demasiada frecuencia la pesadilla del papeleo, demasiada burocracia. 
De hecho, el plan de Michael Haseltine, » Regional Challenge» , fue muy criticado, pues produjo más burocracia y más papeleo. 
El Gobierno no ha facilitado aún a la Comisión una evaluación del importe de dicho plan. 
No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, en la asignación de los fondos y los organismos encargados de la adopción de decisiones son administrados como organismos gubernamentales con pocos representantes elegidos, si bien he de decir que las presiones de esta Asamblea y de otros colegas de todas las regiones han contribuido a que lográramos algunos avances en la participación de miembros elegidos en los comités regionales ingleses. 
Tengo algunos ejemplos- en realidad, tengo muchos y no puedo darlos todos esta noche- de la letanía de desastres provocados por los retrasos en el Fondo Social Europeo. 
Es una lástima que el Comisario Flynn no esté presente esta noche para responder a algunas de estas preguntas. 
La mayoría de ellos se deben a la incompetencia gubernamental. 
Una universidad de East Midlands ha arrostrado la pérdida de 156.000 libras de subvención. 
Uno de mis organismos locales ha pagado 31.000 libras en intereses y el sector del voluntariado está ahora convencido de que el esfuerzo de solicitar esos fondos carece de valor práctico. 
Si este Gobierno no puede hacer trabajar fondos por valor de 1, 6 millones de libras, ¿por qué habría de confiársele un gasto público de 300.000 millones de libras en fondos del Reino Unido? 
A consecuencia de ello, los copartícipes están acumulando pagos importantes de tipos de interés. 
Un gestor de un partenariado público/privado dijo: » Hemos pagado tanto en descubiertos y cargas bancarias, que estamos pensando en la posibilidad de adoptar una submedida para el programa: apoyo a las instituciones financieras». 
Se trata de una observación cínica, pero revela su frustración con el sistema. 
En Escocia pagaron, tan sólo en 1995, casi medio millón de ecus en intereses. 
Y, sin embargo, se nos dice que la economía británica experimenta un auge. 
¿Cómo es que desde 1994 casi el 50 % de la población del Reino Unido vive en zonas que reúnen los requisitos para recibir asistencia financiera europea? 
Eso es un fracaso, no un éxito. 
No es un éxito resonante. 
Nos recuerda ineludiblemente el estado real de la economía británica. 
Como se decía en el informe sobre la cohesión, la pobreza ha aumentado en el Reino Unido. 
Ahora tenemos a 17, 5 % de las familias viviendo por debajo del nivel de pobreza y uno de cada tres niños vive en la pobreza en el Reino Unido. 
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo estaría Gran Bretaña sin los Fondos estructurales europeos? 
¿Cuánto mejor habría podido estar, si el Gobierno británico hubiera demostrado un compromiso real con el partenariado? 
Así, pues, pido a esta Asamblea que vote a favor de mi informe y a favor de una mejora de la democracia, de la rendición de cuentas y de una utilización más eficaz de los Fondos estructurales de la UE. 
Señor Presidente, habría estado bien que hubiera podido elogiar al ponente por su obra. En cambio, tengo que deplorar la manipulación del calendario parlamentario para presentar este informe a este miniperíodo de sesiones y el descarado sesgo partidista de gran parte del texto. 
Es de lamentar que los socialistas hayan incumplido la costumbre de no hacer un informe sobre el propio país. 
Resulta totalmente excepcional que el calendario de un informe como éste, que no versa sobre un asunto legislativo urgente, se acelere hasta el punto de que se presente en Pleno tan sólo dos semanas después de que se haya votado en comisión. 
Cualquiera pensaría que en el Reino Unido se van a celebrar elecciones y los socialistas desean aprovechar este Parlamento con estrechez de miras para apuntarse puntos políticos nacionales. 
Así es, desde luego, en el caso de este informe. 
Condeno en particular que la ponente socialista haya tenido la desfachatez- más propia del antiguo laborismode criticar a su país simplemente para apuntarse tantos frente a sus oponentes políticos y con ello haya ultrajado la tradición del consenso de esta Asamblea. 
Decir que el Reino Unido tiene un crecimiento y una productividad bajos es una farsa tergiversadora, cuando la economía del Reino Unido está experimentando un auge con reducción del desempleo y aumento de la prosperidad. 
Peor aún para mi gusto ha sido la desdeñosa referencia a la labor de los funcionarios que preparan las estadísticas sobre el empleo. 
Constituye una difamación dar a entender que sus cifras no representan fielmente la situación. 
Para ser justos, hay que reconocer que en este informe hay muchos elementos atinados. 
Por eso resulta tanto más lamentable que la ponente haya dado rienda suelta a sus instintos propios del antiguo laborismo y haya atacado a su país de ese modo, con lo que ha echado a perder este informe. 
Señor Presidente, si se permite a una irlandesa entrometerse en este debate y tratar de apaciguar los ánimos, voy a referirme exclusivamente a asuntos europeos. 
Acojo con particular beneplácito este informe y su insistencia en la administración regional de los Fondos estructurales. 
Por mi experiencia y desde mi perspectiva propia de los Verdes, se trata de una forma muy eficaz de abordar esos fondos y puede ser más eficaz que la administración nacional. 
Se ha demostrado en toda esta Comunidad que, en particular cuando se abordan los problemas del desempleo, la administración local puede ser muy eficaz para gestionar los fondos europeos. 
La ponente se refiere a la experiencia de Escocia, donde las autoridades locales llevan la iniciativa en la planificación junto con otros copartícipes, cosa que ha sido positiva. 
En Irlanda necesitamos más regionalización y menos centralización. 
La insistencia de este informe en la descentralización es muy digna de beneplácito desde una perspectiva europea. 
Señor Presidente, quisiera acoger con beneplácito este informe. Felicito a la ponente. 
Sé que ha trabajado denodadamente durante un largo período para presentarnos este informe esta noche. 
Ha celebrado audiencias en todo el Reino Unido, incluida Irlanda del Norte. 
Por desgracia, no estuvo dispuesta a invitar a personas del Irlanda del Norte a la audiencia de Bruselas, pero no voy a pelearme con ella por eso esta noche. 
En el Reino Unido ha habido desde hace mucho preocupación y debates a propósito de la posición del Gobierno respecto de sus programas y su aplicación. 
La utilización de dichos programas siempre ha sido motivo de preocupación, sobre todo cuando entraña la adicionalidad. 
Ése ha sido uno de los mayores motivos de preocupación. 
Se trata de un sector que inspira grandes recelos, no sólo en mi provincia de Irlanda del Norte, sino también en todo el Reino Unido. 
Es algo que se debe resolver. 
Debe haber más transparencia y objetividad por lo que se refiere a los fondos regionales. 
La centralización en Londres no funciona. 
El control en última instancia por parte del Ministerio de Hacienda no funciona sin lugar a dudas y debe cesar. 
De modo que estoy totalmente de acuerdo con la Sra. McCarthy al respecto. 
También estoy totalmente de acuerdo con ella sobre la cuestión de una mayor participación de los ayuntamientos y de las autoridades locales. 
En ellas se dará mayor transparencia y rendición de cuentas gracias a que las personas que los componen saben lo que sucede en realidad. 
En Irlanda del Norte tenemos partenariados de distrito con arreglo al Foro por la Paz y la Reconciliación. 
Han tenido un gran éxito. Ayer por la mañana en mi circunscripción, personas que antes no podían abrigar esperanzas de hacer la menor aportación a los asuntos europeos me recibieron como su representante europeo y me expresaron su alegría por verme allí. 
Expresaron su alegría de que Europa pudiera aportar fondos para zonas como Castlereagh y otras partes de la provincia. 
Tengo que hacer una observación crítica. 
Yo fui miembro de la Comisión de Política Regional durante cinco años y he de decir, con todo respeto, que correspondía a la Sra. McCarthy preparar ese informe. 
En el futuro cuando la comisión nombre a sus ponentes, debe velar por que no procedan del Estado miembro sobre el que verse el informe. 
Los ponentes deben ser imparciales y el Parlamento debe adoptar ese principio en el futuro. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. McCarthy por su excelente informe y también por la investigación que ha hecho para prepararlo. 
Raras veces he visto un informe para la Comisión de Política Regional fundamentado en una investigación tan a fondo. 
Se trata de un asunto muy difícil: primero, porque es difícil examinar en detalle los Fondos estructurales en cualquiera de los Estados miembros. En segundo lugar, resulta particularmente difícil en el caso del Reino Unido. 
¿Por qué es así? 
Tenemos todos los problemas que la Sra. McCarthy ha expuesto en líneas generales. 
La falta de partenariado: lo sé, porque trabajo en una zona de objetivo 2 y veo que suceden esas cosas. 
Hay falta de partenariado en muchas zonas y una falta casi total de democracia en los comités de supervisión de los programas. 
Seguimos teniendo problemas con la adicionalidad, a los que se suma el problema de que el Gobierno británico ha privado a la administración local de hasta los menores fondos que se puedan utilizar para acompañar la financiación estructural. 
Sólo le queda lo que debe utilizar para sus funciones reglamentarias. 
Conque han de recurrir a cosas como la lotería. 
Dios mío, estamos aquí en el Parlamento Europeo y uno de nuestros Estados miembros recurre a la lotería para la financiación regional, mientras sigue habiendo personas que duermen en la calle. 
Es ridículo. 
Está mal y debemos decirlo. 
El informe expresa claramente una preocupación que el Sr. Nicholson ha mencionado, a saber, que carecemos de gobierno regional. 
Carecemos de democracia en el nivel local en Gran Bretaña y espero que al menos eso empiece acabarse a partir del 1º de mayo. 
Hay otro problema en el Reino Unido. Ha abandonado su propia política regional casi totalmente. 
No es de extrañar que el desfase entre las regiones más ricas de Gran Bretaña y sus regiones más pobres siga aumentando. 
No me cabe duda de que, si persisten esas políticas, seguirá aumentando. 
Por último, tenemos que aceptar que la financiación regional europea y la del Estado miembro es una intervención en el mercado y, si subscribimos total y completamente los principios del mercado, no se acabará con ese desfase. 
Tiene que haber algunas limitaciones a las fuerzas del mercado. De lo contrario, nunca habrá cohesión en la Unión Europea. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito el excelente y extenso informe de Arlene McCarthy. 
Es un análisis espléndido del papel desempeñado por los Fondos estructurales en la creación de un cuarto de millón de puestos de trabajo en el Reino Unido entre 1989 y 1993, en su contribución a la reducción de la grave disparidad entre ricos y pobres, exacerbada por las decisiones políticas adoptadas por el actual Gobierno británico, a que se han referido mis colegas. 
En un momento de escepticismo cada vez mayor sobre la eficacia de la Unión Europea, resulta esencial destacar la positiva contribución que los Fondos estructurales y las iniciativas comunitarias han hecho a la cohesión económica y social, al fomento de nuevos partenariados y al desarrollo del empleo y de las empresas. 
Sin embargo, el informe de la Sra. McCarthy explica muy clara y atinadamente lo que falla en los procesos que dependen del actual Gobierno del Reino Unido y que han obstaculizado el funcionamiento eficaz de los fondos. 
En mi circunscripción de Birmingham, acabamos de enterarnos de la triste historia de las solicitudes con arreglo al objetivo 3. 
El proceso de presentación de solicitudes con arreglo al objetivo 3 del FSE ha estado este año erizado de problemas espantosos. 
El Departamento de Educación y Empleo no envió los discos informáticos interactivos preparados por la Administración para los solicitantes hasta el 14 de febrero, cuando la fecha límite para la presentación de solicitudes era el 10 de marzo. 
Ni siquiera entonces se habían probado adecuadamente los discos y no funcionaban adecuadamente. 
Una semana después de la fecha límite para la presentación de las solicitudes, el organismo local del Ayuntamiento de Birmingham recibió una revisión de las directrices sobre evaluación para los criterios de selección, lo que significó que hubo que rehacer todas las ofertas iniciales del Ayuntamiento de Birmingham. 
Ésa no es la forma de administrar los Fondos estructurales ni de administrar un país. 
Tal vez el Sr. Chichester desempeñe el papel de caricato, además del de diputado al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, hay dos cuestiones importantes que abordar aquí, en particular para los diputados de los escaños de enfrente, porque se ha hecho la acusación de que se trata de un informe partidista. 
En primer lugar, quisiera citar el testimonio aportado por las delegaciones regionales de la CBI. Tal vez el Sr. Chichester podría comprobarlo en el extenso informe que la Sra. McMarthy ha elaborado. 
En el testimonio que prestaron a la investigación realizada en el Reino Unido, las delegaciones regionales de la CBI afirmaron que no se les escuchó, que no participaron verdaderamente en los procedimientos y que un gobierno comprometido con la comunidad empresarial dio grandes sumas de dinero a las empresas de servicio público privatizadas del Reino Unido y no a pequeñas y medianas empresas. 
Las organizaciones empresariales regionales citaron la cifra de 435 millones de libras. 
No cabe duda de que incluso el Sr. Chichester y sus colegas del PPE han de reconocer que, cuando las organizaciones empresariales regionales se quejan de la forma como se asignan esos fondos, han de escuchar lo que se les dice. 
Además, un funcionario con mucha antigüedad y recientemente jubilado presentó testimonio a la Sra. McCarthy. 
En su testimonio escrito dijo que había pruebas claras de retrasos en la adopción de decisiones por parte del Gobierno británico, información inadecuada a los posibles solicitantes, sistemas deficientes o inadecuados de bloqueo de las solicitudes, evaluación inadecuada de las solicitudes y un conflicto potencial entre los solicitantes y los encargados de la adopción de decisiones, en particular en el caso del propio Gobierno, como gestor de los programas y encargado de su ejecución. 
Hubo un conflicto de intereses en el que el Gobierno era el gestor de los programas y el encargado de su ejecución. 
No se trata de un informe partidista. 
Es un informe honrado, elaborado tras realizar una amplia investigación. 
Se puede consultar el documento de antecedentes y espero que todos los diputados a esta Asamblea comprendan el desastre que son los Fondos estructurales en el Reino Unido y cómo se manipula ese dinero. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Política Regional y a su ponente, la Sra. McCarthy, por el excelente informe sobre las intervenciones estructurales en el Reino Unido. 
Este informe muestra de un modo ejemplar la importancia del papel que puede desempeñar el Parlamento Europeo en la política estructural europea si no solamente se deja guiar por las informaciones proporcionadas por los servicios de la Comisión sino además las complementa mediante auditorías in situ y opiniones provenientes de las regiones. 
Los amplios trabajos previos proporcionan por ello a este informe y sus recomendaciones un peso especial. 
Por ejemplo, muestra el determinante papel de la aplicación nacional para el éxito de la política estructural europea. 
Con razón, sus recomendaciones, sugerencias y críticas no van dirigidas solamente a la Comisión- ya estamos acostumbrados a ello- sino también al Gobierno británico y a los actores regionales y locales. 
La corresponsabilidad nacional no solamente es aplicable a la gestión financiera de la política estructural sino aún más a la calidad de las medidas de política estructural. 
Ante el gran número de puntos tratados en el informe, quiero concentrarme en algunas cuestiones importantes pues los puntos restantes serán tratados en el follow up de la Comisión sobre este informe y además, en el marco de la cooperación regular con la Comisión de Política Regional y el Parlamento, podré referirme en varias ocasiones durante los próximos meses a las cuestiones planteadas relativas a la futura configuración de la política estructural. 
En la resolución se reconoce que los Fondos estructurales han contribuido en gran medida en el Reino Unido a la cohesión económica y social, a la reestructuración económica y a la creación de puestos de trabajo. 
Creo que esto es una conclusión muy importante, que espero sea tenida en cuenta por las ciudadanas y ciudadanos en el Reino Unido. 
Me alienta también la constatación de que ha sido la política regional europea la que ha hecho posible el desarrollo de conceptos estratégicos regionales y cooperaciones locales y regionales. 
El principio de cooperación es de importancia básica para la política regional. 
Creo que los ejemplos que usted ha destacado, como en Merseyside, la pathways to integration y el programa especial para el fomento de la paz y de la reconciliación en Irlanda, son de hecho unos ejemplos importantes, por cierto, no sólo para Gran Bretaña sino para la Unión Europea en general y si no me equivoco entre las partes no existen diferencias de opinión sobre la positiva valoración de la cooperación. 
La Comisión puede proporcionar impulsos para mejorar la cooperación. 
Pero, en el marco de las actuales normas jurídicas, no es posible que la Comisión predetermine el tipo y modo de cooperación ni tampoco estoy segura de que siempre sea deseable, pues la cooperación debe surgir por abajo. 
Sin embargo, quiero destacar que en los últimos tiempos hemos logrado éxitos de cooperación también en Inglaterra, ante todo en lo que se refiere a la participación de las y los representantes elegidos a nivel local. 
Entretanto, el sector privado está también representado en numerosos comités de seguimiento, lo que se debe a su mayor participación en los programas. 
Además, en el marco de las negociaciones sobre el objetivo II, el Gobierno ha apoyado hace poco la posibilidad de incluir en todas las regiones a representantes elegidos en los comités de seguimiento. 
No obstante, sigo creyendo que también sería deseable la participación de los sindicatos y, en consecuencia, de los interlocutores sociales. 
En su informe, exige a la Comisión que introduzca unos procedimientos administrativos y financieros mejorados para el desarrollo de los programas y coincido en que es realmente necesario introducir mejoras aunque entretanto hayan ocurrido algunas cosas. 
Por ejemplo, se han introducido nuevos procedimientos para la evaluación de los proyectos para garantizar de este modo una mayor transparencia en la selección y existe un intercambio de informaciones sobre la aplicación más eficaz. 
En Suecia tuvo lugar en 1996 una Conferencia para las secretarías de los programas del objetivo II, en la que se debatió en especial sobre los procedimientos administrativos y financieros. 
Actualmente, los Fondos regionales están fomentando asimismo una red del objetivo II para el intercambio de experiencias. 
Continuamente se me pregunta sobre el problema de los pagos- en especial, para pequeñas organizaciones- que, debido a los retrasos en los pagos pueden entrar en dificultades con rapidez. 
Quiero indicar expresamente de nuevo que la Comisión Europea realiza pagos adelantados, lo que he dicho también a la House of Lords. 
Por ejemplo, al firmar el programa pagamos el 50 % del primer tramo anual y en caso de sumas menores, incluso el 50 % de la totalidad del importe del programa. 
Los restantes pagos se realizan tras presentar declaraciones de gastos que permiten reconocer que el programa transcurre según el plan. 
Solamente el pago final del último tramo anual se realiza a posteriori tras la recepción de un informe completo y exacto. 
En el caso del Reino Unido, se han producido de hecho en algunos casos retrasos en la conclusión de antiguos programas y en el pago final. En algunos casos, esto se debe a que los datos financieros que se nos comunican no coinciden con los gastos declarados. 
A pesar de los problemas mencionados, creo que se han logrado progresos en lo que a la transparencia se refiere en los programas del período 1994-1996. 
Para finalizar, permítanme que destaque de nuevo que coincido con ustedes cuando exigen que las medidas de política estructural de la Unión Europea deberían ser reconocibles por la opinión pública y que esto significa una obligación de información también para las administraciones nacionales y regionales así como para los titulares de los proyectos. 
Por lo demás, este es un aspecto que tengo que amonestar en las frecuentes visitas no sólo a Gran Bretaña sino también a otros Estados miembros- por lo general, exceptuando a los Estados miembros del sur. 
Desearía por ello que el fundado e informativo informe elaborado en nombre de la Comisión de Política Regional que, a pesar de las necesarias observaciones críticas, llega a una valoración positiva de la política estructural europea en Gran Bretaña, tenga una amplia difusión y pueda ser una importante aportación a la necesaria información sobre la política estructural europea. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Desarrollo en las regiones ultraperiféricas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre los problemas de desarrollo de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (A4-0128/97). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero en primer lugar saludar a una representación de la Comisión Mixta Senado-Congreso Español, competente para asuntos relacionados con la Unión Europea, presente en la tribuna oficial. 
Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea han sido definidas en el Tratado de la Unión Europea por la declaración nº 26 aneja al mismo. 
Según esta declaración, las regiones ultraperiféricas de la Unión son los departamentos de ultramar franceses, las regiones autónomas portuguesas de Madeira y Azores y las Islas Canarias en España. 
En esta declaración se reconoce que las regiones ultraperiféricas sufren un importante atraso estructural, agravado por diversos fenómenos entre los que citaré su gran lejanía, medida en miles de kilómetros, su insularidad, su clima difícil, aparte de otros factores geográficos y demográficos, de elevadas tasas de paro, problemas educativos, culturales, etc. 
El concepto de ultraperifericidad no surge de pronto en Maastricht. 
Hasta su mención en los tratados, estas regiones han recorrido un largo camino histórico paralelo al propio devenir del crecimiento de la Unión desde el Tratado de Roma hasta hoy. 
En efecto, en el caso francés ya existía un reconocimiento de las especificidades de sus departamentos de ultramar en el artículo 227 del Tratado de Roma. 
En el caso español, el Tratado de adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas contenía un protocolo específico, el llamado protocolo 2, que recogía las singularidades del régimen de adhesión- aplicado a las Islas Canarias- según el cual no eran de aplicación a las Islas Canarias las políticas que constituían entonces, hace ya once años, la columna vertebral de las Comunidades Europeas. 
En el caso portugués, la singularidades en la aplicación del Derecho comunitario a las regiones de Azores y Madeira están recogidas en el propio Tratado de adhesión. 
Estas particulares condiciones de integración de lo que hoy llamamos regiones ultraperiféricas han ido modificándose a lo largo de los años, adaptando sus respectivos regímenes de adhesión al proceso de integración y de construcción de la Unión. 
Estas especificidades que modulan las condiciones de aplicación del Derecho comunitario en la ultraperiferia están esencialmente contenidas en los programas POSEI, programas de opciones específicas para la lejanía y la insularidad- el POSEIDOM en el caso francés, el POSEIMA en el caso portugués y el POSEICAN en el caso español- y en el programa REGIS de iniciativa comunitaria, vigentes y en curso de aplicación hasta 1999. 
Más allá de 1999, las regiones ultraperiféricas se encuentran en una situación de incertidumbre que supone un lastre para su desarrollo y dificulta su proceso de cohesión económica y social en los términos del artículo B del Tratado de la Unión. 
Incertidumbre que se añade a tantas otras que gravitan sobre el futuro de la Unión, como las relativas a la integración, la profundización y la ampliación de la misma. 
Dicha incertidumbre se debe a causas endógenas específicas de la ultraperiferia, cuyas propias carencias estructurales la hacen especialmente frágil ante el impacto del mercado interior, sin beneficiarse de muchas de las ventajas de este mercado interior, que no opera u opera de manera bien diferente- respecto del continente europeo- en territorios situados a miles de kilómetros. 
Por ello, en el contexto de la Conferencia Intergubernamental que estudia la reforma de los tratados, este Parlamento, en numerosas resoluciones, las propias regiones ultraperiféricas, en el seno del Comité de las Regiones, y otras instituciones de la Unión como el Consejo Europeo- particularmente en las Cumbres de Madrid, Turín y Dublín- se han pronunciado reiteradamente a favor de la inclusión de un artículo, en el nuevo texto de los tratados reformados, que atribuya a las regiones ultraperiféricas el reconocimiento jurídico, en términos de derecho primario, para hacer posible la aplicación de políticas específicas que aceleren su desarrollo y su cohesión económica y social. 
La redacción concreta de este artículo que se propugna, que coincide sustancialmente con la propuesta incorporada por los gobiernos de España, Francia y Portugal en la Cumbre de Dublín, es la que está recogida en el apartado primero de mi informe, para el que pido el voto afirmativo de la Asamblea, al tiempo que agradezco a todos los Grupos y a todas las autoridades regionales de las regiones ultraperiféricas el apoyo que me han prestado para la elaboración de este informe para el que espero, -repito- el voto afirmativo de la Asamblea. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, es un motivo de especial agrado y honor para mí que en mi primera intervención en este templo europeo de la democracia- soy diputada desde hace apenas dos meses- tome la palabra para dar mi sincero apoyo al informe del Sr. Martín, que, con otras palabras, expone la necesidad de expresar de forma más contundente y eficaz nuestra solidaridad con los habitantes de las regiones más alejadas del continente europeo, así como la necesidad de hacer realidad en la práctica el principio de la cohesión económica y comunitaria del Tratado de la Unión Europea. 
Debemos convertirnos todos en sensibles portavoces de los anhelos, los sueños y los problemas de los habitantes de estas regiones, que son un PIB muy bajo, altas tasas de desempleo, aislamiento, un mayor coste de transporte de las mercancías y materias primas y carencias en los sistemas de educación y formación. 
Proviniendo de Grecia, un país con un gran número de conjuntos insulares, soy conocedora de los problemas con que se enfrentan estas regiones. 
La Unión Europea tiene el deber, tanto por sus compromisos legales como, ante todo, por razones éticas y de justicia, de aprobar con valentía y sensibilidad el reforzamiento de las medidas legales, políticas y económicas destinadas a reducir las desigualdades periféricas y la compensación de las desventajas producidas por la división geográfica y el aislamiento de las regiones más alejadas de la Unión Europea. 
Estas medidas deben adaptar las políticas a las necesidades de dichas regiones, especialmente en los ámbitos del empleo, los transportes, la fiscalidad, las estructuras sociales, la tecnología y la protección del medio ambiente. 
En todo caso, quisiera señalar la ausencia de una política y estrategia europeas integradas que ofrezcan iguales oportunidades de desarrollo de las regiones insulares de la Unión Europea, así como una solución eficaz de sus problemas y un fortalecimiento sustancial de la competitividad de su economía. 
Por todas las razones mencionadas, se impone la elaboración y adopción de una política europea integrada y su fijación a través del nuevo Tratado, tanto con respecto a la naturaleza ultraperiférica de las regiones en cuestión como al conjunto de las regiones insulares de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, comienzo felicitando al Sr. Fernández Martín no sólo por su informe, sino también por la metodología que ha utilizado en la elaboración de este texto, lo que le ha hecho ponerse en contacto con muchas regiones, muchas personas y, por tanto, expresa el sentimiento de muchos ciudadanos europeos. 
El título de este informe es sugerente, como lo es la resolución correspondiente, al recomendar exclusivamente la inclusión de una artículo en el Tratado de la Unión Europea que propicia respuestas concretas a los problemas propios de las regiones ultraperiféricas. 
Los representantes de los ciudadanos de los quince Estados miembros, al centrar su atención en siete regiones, entre las cuales están las más divergentes de los parámetros medios de desarrollo, están asegurando, a fin de cuentas, que sus ciudadanos se deleitan con la construcción europea. 
La aprobación de este informe tiene, pues, un profundo significado político. 
Se confirma que la Unión Europea realza la diferencia en un movimiento de convergencia en el que las regiones se adaptan a la Unión Europea y ésta a las regiones. 
La capacidad de adaptación mutua es lo que diferencia una Europa con rostro, con personalidad, de una Europa deforme. 
El Parlamento Europeo está una vez más dando a entender que quiere una Europa que los ciudadanos consideren propia, porque al mismo tiempo corresponde a los grandes imperativos mundiales, al mantenerse atento a las necesidades de todos sus ciudadanos. 
Hay problemas de desarrollo en las regiones ultraperiféricas. 
La relación entre los respectivos niveles de desarrollo entre las menos desarrollados y las más desarrolladas es prácticamente de uno a cinco, es una relación política y socialmente inaceptable. 
El substancial apoyo de la Unión Europea tiene que ajustarse permanentemente a los problemas concretos. 
Se propone, entre otras medidas, la subordinación efectiva de todas las políticas y medidas de la Unión Europea al principio de cohesión económica y social. 
En segundo lugar, la inclusión en el Tratado de la Unión Europea de un artículo que establezca la modulación de políticas y la adopción de medidas que correspondan a las conocidas especificidades de las regiones ultraperiféricas. 
En tercer lugar, el esfuerzo en el sentido de que los programas POSEI correspondan a las esperanzas despertadas. 
Se deben reactivar los POSEIMA aprovechándolos en lo que son eficaces y llevándolos a nuevas esferas. 
En las Azores, por ejemplo, se debe ampliar el POSEIMA al sector de la pesca, reactivarlo en el sector de la energías y abrirlo a las pequeñas y medianas empresas. 
Se deben concentrar los medios de los Fondos estructurales en las regiones más necesitadas. 
¿Y por qué no destinar a éstas los que queden sin utilizar en otras regiones? 
En quinto lugar, es importante que se haga, allí también, la financiación de proyectos con cargo al Fondo de Cohesión, que no ha llegado a las regiones ultraperiféricas, a pesar de que figuran entre las más castigadas por la reducción del gasto público resultante de la aplicación de los criterios para la moneda única. 
Por último, la clara responsabilización también de los Estados miembros por la lucha contra las asimetrías de desarrollo que se han agravado, mediante apoyos en el ámbito de los transportes, de la energía, y la adopción de medidas especiales en la esfera de la fiscalidad. 
Los representantes de los Estados miembros reunidos en la Conferencia Intergubernamental y ocupados en muchas y complejas cuestiones deben corresponder a esta alerta tan expresiva del Parlamento Europeo. 
Es el principio de la cohesión económica y social que se realiza, es el objetivo político de un proyecto que se afirma. 
Señor Presidente, Señorías, la integración de los departamentos franceses de ultramar en el seno de la Comunidad es una realidad textual que se remonta a 1958. 
La jurisprudencia, bien determinada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no deja lugar a dudas en este sentido. 
Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 227 del Tratado de Roma, después el Tratado de la Unión, que prevé ordenamientos en algunas materias para la aplicación del derecho comunitario en estos departamentos, el Tribunal de Justicia parece conceder una preeminencia del igualitarismo jurídico con respecto a un indispensable reconocimiento de las realidades económicas y sociales de estas regiones. 
Las actuaciones emprendidas desde hace algún tiempo por este Parlamento y, más en especial las del día de hoy, son la consecuencia lógica de una toma de conciencia colectiva de la totalidad de instituciones de la Unión, de los obstáculos estructurales que sufren las siete regiones ultraperiféricas de la Unión y del resultado mitigado de los esfuerzos sostenidos de solidaridad europea merced a una serie de medidas específicas. 
Por otro lado, todas las medidas destinadas a flexibilizar algunas reglas comunitarias para tener en cuenta el retraso de desarrollo de estas regiones, se ven invalidadas por el Tribunal de Justicia a causa de la interpretación restrictiva que hace de la noción de especificidad. 
El Tratado de la Unión, en su artículo 130A, manifiesta una voluntad política sin precedentes en el ámbito de la cohesión económica y social, incluso si, debo recordar, las cuatro regiones ultraperiféricas francesas, es decir la mayoría, reconocidas hoy por la Comisión como las más pobres de la Unión, no disfrutan del Fondo de Cohesión previsto por el artículo 130B del Tratado de la Unión por su pertenencia a una metrópoli cuyo producto interior bruto global las hace inelegibles. 
Las disposiciones formuladas en el proyecto de resolución y el protocolo que se nos han sometido están destinadas a corregir esta integración mal pensada por una modificación sustancial del párrafo segundo del artículo 127 del Tratado de la Unión. 
Estas modificaciones, si se ven adoptadas por la CIG, concederán a estas regiones un régimen jurídico que permitiría a las instancias comunitarias adaptar, mediante el derecho derivado, sin excepciones de materias, todas las políticas en función de las particularidades de cada una de ellas. 
Señor Presidente, Señorías, la población de las regiones ultraperiféricas, y más en concreto la de las regiones productoras de plátanos, se hace preguntas acerca de las consecuencias de su integración, del grado de solidaridad que pueden disfrutar y de la preferencia comunitaria que se les va a conceder, desde la publicación del informe provisional del trabajo específico de la OMC sobre la OCM del plátano. 
El informe Fernández Martín, que considero muy pertinente, nos da ocasión para manifestar nuestra voluntad política de poner a disposición de estas regiones los medios jurídicos destinados a garantizar su plena expansión en el seno de la Unión Europea, tomando en consideración y respetando los elementos específicos vinculados a su entorno. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo querría en primer lugar felicitar al autor de este informe, Sr. Fernández Martín, porque realmente ha tenido el acierto de elaborar un magnífico informe sobre las regiones ultraperiféricas. 
Se trata de unas regiones desfavorecidas, de unas regiones con dificultades en la Unión Europea. 
Hace pocos días, celebramos el 40 aniversario del Tratado de Roma y recuerdo que Paul-Henri Spaak dijo, con anterioridad a la elaboración del Tratado de Roma, que la libertad de mercado no era causa suficiente para asegurar un desarrollo armónico y uniforme de todas las regiones de la Unión Europea, que las regiones más ricas se aprovecharían de esta unión de mercado y que las regiones más pobres se verían perjudicadas. 
En este sentido, ha habido en Europa regiones que han sufrido este desfavorecimiento, que han sido las regiones de montaña o las regiones fronterizas, y hoy hablamos aquí concretamente de las regiones ultraperiféricas. 
Yo espero que, otro día, este Parlamento pueda plantearse la problemática concreta de las regiones insulares, que es también un tema digno de tenerse en cuenta. 
Estas regiones ultraperiféricas tienen el problema del retraso en su desarrollo económico y social y, evidentemente, el problema de su alejamiento. 
Y en este sentido, es importante que la Unión Europea se dé cuenta del problema que representa para estas regiones su situación. 
Uno de los elementos más importantes para poder hacer frente a su problemática será que gocen de una suficiente autonomía política, de una autonomía política que permita a las autoridades locales conocer a fondo los problemas y tomar decisiones sin depender de aquellas órdenes que tengan que venir de muchos kilómetros de distancia. 
El poder autonómico puede ser el más eficaz para resolver estos problemas. 
Creo que es una responsabilidad de la Unión Europea, de cara a la cohesión económica y social, facilitar las ayudas necesarias para estas regiones. 
Señor Presidente, señores diputados, señora Comisaria, a lo largo de los años ha sido difícil y poco consensual el reconocimiento de la necesidad de un estatuto jurídico que expresara las desventajas permanentes de estas regiones, todas ellas caracterizadas por una gran distancia, la insularidad, un relieve y un clima difíciles, que, en conjunto, limitan y condicionan las posibilidades de desarrollo en pie de igualdad con los restantes territorios de la Unión. 
En el Tratado de Maastricht apenas se reconocieron tales dificultades mediante su inscripción en una declaración aneja. 
Con esa base se aprobaron los programas POSEI, en cuyo lanzamiento nuestro Grupo desempeñó un papel determinante y que, precisamente por tales insuficiencias jurídicas, revistieron un carácter globalmente temporal, incompatible con la naturaleza permanente de las dificultades citadas. 
Hoy hay consenso respecto de que la CIG- la Conferencia Intergubernamental- debe incluir en el propio Tratado el estatuto de la ultraperificidad. 
Por eso, vamos a aprobar el excelente informe del Sr. Martin, que lo exige y bien. 
Pero lo que es fundamental a partir de ahora es que nuevas orientaciones políticas puedan dar substancia práctica al nuevo estatuto jurídico. 
Por eso, es esencial que se adapten las políticas comunitarias comunes a la realidad regional, se reanuden y fortalezcan las acciones en el ámbito de los POSEI, se creen o se desarrollen políticas fiscales, comerciales y aduaneras promotoras de inversión local, se adopten políticas en la agricultura, en la pesca y en la industria que garanticen las especificidades productivas locales y promuevan la diversificación y que se garantice el abastecimiento en materias primas y bienes de consumo, así como la posibilidad de una buena y accesible circulación de los residentes. 
Señor Presidente, señores diputados, para las poblaciones como las de las Azores y de Madeira, el reconocimiento del estatuto de ultraperificidad significa mucho. 
Y por él hace mucho que luchamos. 
Pero lo decisivo, lo que va a determinar en la opinión pública la comprobación del cambio, serán ciertamente las políticas concretas que se adopten y que respondan a las dificultades locales. 
Señor Presidente, a mi también me parece que el ponente demuestra en este informe un gran compromiso en favor del desarrollo de la regiones ultraperiféricas. 
Ha descrito de un modo realmente exhaustivo el objetivo de un desarrollo óptimo, lo más autónomo posible bajo estas condiciones muy específicas y ha aportado muchas sugerencias nuevas. 
Pero lo que es extraño es que la denominación «regiones ultraperiféricas» no dice de qué se trata realmente. 
No se trata de regiones en Europa sino en el Atlántico, en el Océano Indico y en América Central, antiguos territorios coloniales y bases militares. 
El desarrollo deseado por Europa no ha sido siempre el que han deseado las personas de allí. 
La utilización de los bosques tropicales para una base espacial europea en América Central con control desde París no es lo que entendemos bajo un desarrollo regional autónomo. 
Por ello, saludamos todas las propuestas en el informe que pretenden lograr que se llegue a un desarrollo regional autónomo en esas zonas y rogamos al ponente que acepte también nuestras enmiendas que pretenden impulsar la superación de los monocultivos en estas regiones y que apoyan su enfoque en esta dirección. 
No estamos de acuerdo en que exista un capítulo propio pues, de este modo, se afirma la antigua situación colonial. 
Consideramos acertado que en un protocolo se traten a fondo las características específicas de estas regiones y creemos que esto es suficiente para atender a esas regiones. 
Señor Presidente, las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se caracterizan por profundos retrasos estructurales agravados por un conjunto de circunstancias sociogeográficas desfavorables y permanentes que determinan que el PIB medio de esas regiones sea uno de los más bajos de la Unión Europea. 
Al reconocer esa realidad, la Comunidad, para afrontar las consecuencias del alejamiento por insularidad de esas regiones, creó una serie de instrumentos entre los cuales destaca la adopción del programa de opción específica POSEI e incluso una declaración relativa a las regiones ultraperiféricas aneja al Tratado. 
A partir de 1994, el reconocimiento de esas especificidades resultó disminuido en virtud de modificaciones aplicadas en el ámbito de POSEI cuando los mecanismos e instrumentos existentes pasaron a cubrir sólo algunas de sus elegibilidades. 
Por eso, existe la necesidad de incluir en el Tratado de la Unión Europea un artículo que consagre, con carácter definitivo y permanente, el concepto de ultraperificidad y que posibilite una intervención adecuada y coherente de la Unión Europea con respeto del principio de la cohesión económica y social. 
Como corolario del compromiso del Parlamento Europeo respecto de las especificidades de las regiones ultraperiféricas, al que se asociaron otras iniciativas, los Gobiernos portugués, español y francés presentaron a la CIG una propuesta conjunta en el sentido de que se incluya un artículo específico en el Tratado de la Unión referente a las regiones ultraperiféricas y la elaboración de un protocolo anejo al Tratado que determine las condiciones especiales para la adopción de medidas específicas de Derecho derivado. 
Las enmiendas presentadas por nosotros y aprobadas en el ámbito de la Comisión de Asuntos Institucionales viene a fortalecer el sentido de las propuestas ya presentadas a la CIG en dos puntos. 
Primero: volver expresa la consagración de las regiones ultraperiféricas con vistas a garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión económica y social. 
Segundo, promover la consagración institucional en el nuevo Tratado de la Unión Europea de la autonomía de las regiones ultraperiféricas. 
Respecto de este último aspecto, nuestro objetivo es, en particular, el de establecer que los órganos propios de las regiones autónomas sean por él informados en el momento de la elaboración de la iniciativa legislativa con vistas a permitir que las instituciones autonómicas tengan conocimiento de las propuestas que traten de asuntos específicos de esas regiones antes de su inscripción en el orden del día del Consejo para deliberación: de acuerdo, por lo demás, con lo que ya está propuesto en el proyecto de Dublín-II para los parlamentos nacionales. 
Aprovecho para saludar a las poblaciones de Madeira y de las Azores y hago votos por que disfruten de oportunidades reales de desarrollo. 
Señor Presidente, señores diputados, comienzo felicitando al ponente, que demuestra, por su trabajo, tener gran conocimiento de las realidades vividas por las poblaciones de las regiones ultraperiféricas. 
Si es verdad que estas regiones se debaten con problemas estructurales, tradicionales, gravísimos, reviste, de todos modos, la mayor importancia distinguir esos problemas de los que se deben a la ultraperificidad. 
Estamos hablando en particular de gran lejanía, insularidad, pequeña superficie, relieve y clima difíciles, que entrañan una enorme dependencia del exterior y se reflejan en el bajo rendimiento per capita que aún hoy se da, pese a los muy positivos efectos de los programas POSEI, en particular de POSEIMA, aplicado en las Azores y en Madeira. 
No es casualidad que esas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea tengan los más bajos índices de renta per capita. 
Establecer esa diferencia entre las deficiencias estructurales- que, pese a ser intensas y profundas, se pueden resolver tarde o temprano- y los problemas de la ultraperificidad, que revisten un carácter permanente, justifica por sí solo, a nuestro entender, la inclusión en el Tratado de la Unión Europea de todas las garantías jurídicas que permitan compensar realmente a aquellas regiones. 
Creemos que mediante ese pequeño enriquecimiento del Tratado se podrán adoptar las políticas comunes a fin de conseguir un apoyo efectivo a los sectores estratégicos de esas regiones, como, por ejemplo, los de los transportes, la energía, las telecomunicaciones, sin perjuicio de todos los demás apoyos indispensables ya prestados. 
Por último, dado el conocimiento que hoy se tiene de su plasmación concreta en el terreno, convendrá rectificar algunos errores cometidos, mejorar algunos sectores y, en el fondo, perfeccionar el alcance de los programas con vistas a los objetivos enunciados y deseados por las poblaciones. 
Señor Presidente, las propuestas contenidas en este informe no se pueden entender sin tener en cuenta los problemas formales que se han venido suscitando, para el cumplimiento del principio de cohesión económica y social, cuando se aplica éste a las intervenciones dirigidas al desarrollo de las regiones ultraperiféricas. 
Estos problemas han puesto de manifiesto la necesidad urgente de formular un estatuto específico permanente, que contemple las singularidades de estos territorios, otorgándoles a las políticas implementadas un instrumento jurídico de apoyo de carácter fundamental, que pueda servir de base eficiente para adoptar medidas específicas de acuerdo a sus especiales características. 
Este informe tiene la virtud de resolver este problema proponiendo que se instituya, mediante su inclusión en el Tratado, una base jurídica que prevea un tratamiento específico para estas regiones. 
Pero, además, tiene igualmente la virtud de abordar con generosidad, en la propuesta de protocolo adicional, otras cuestiones que reclaman que se dé a las regiones ultraperiféricas un tratamiento específico. 
Entre estas cuestiones se encuentran, por una parte, que las dificultades peculiares de las mismas justifican que la Unión les dé un apoyo reforzado más allá de los programas POSEI, cuyas limitaciones han sido evidenciadas por el carácter marcadamente compensatorio que tienen y, por otra parte, porque los programas POSEI, en los que en gran medida se confunden los problemas relativos al carácter ultraperiférico con los estructurales, no garantizan hoy un desarrollo estable de las regiones ultraperiféricas, y porque no basta emprender medidas de adaptación de las políticas comunitarias o de compensación de la situación geográfica, sino que hay que partir de las realidades concretas y despejar las incertidumbres que provocan, el vacío que hay después de 1999. 
Creemos que este informe parte de esas realidades y compartimos su filosofía. Nuestro Grupo lo comparte, como así lo ha demostrado el hecho de que el ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales, perteneciente a nuestro Grupo- el diputado Antonio Gutiérrez Díaz- haya dado también su pleno apoyo a este informe, en la medida que representa un punto de partida importante para alcanzar la cohesión económica y social en las regiones ultraperiféricas. 
Señor Presidente, yo quiero, como los anteriores oradores, felicitar al ponente por su magnífico trabajo. 
También quiero saludar la presencia en la tribuna oficial del diputado Segura Clavel en representación de las Cortes españolas, que está hoy aquí con nosotros. 
Al mismo tiempo, quiero felicitar también al diputado Gutiérrez Díaz, nuestro vicepresidente, por su magnífica opinión sobre este tema en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Quiero señalar que la mayor parte de las intervenciones que se han producido aquí esta noche son de diputados que residen en estas islas. 
Pero quiero agradecer, desde luego, las intervenciones de diputados que podríamos llamar «continentales» , como el propio Gutiérrez Díaz, la Sra. Karamanou, del Sr. Vallvé y la Sra. Schroedter. 
Yo creo que, en este momento, la comprensión en este Parlamento de la situación de las regiones ultraperiféricas es muy importante. 
Pero yo quiero sobre todo, señor Presidente, dirigirme a la Comisaria, la Sra. Wulf-Mathies, que comprende muy bien los problemas de las regiones, y señalar que en este momento, en la Conferencia Intergubernamental, tenemos pendiente el tema del estatuto jurídico de las regiones ultraperiféricas. 
No es que no exista todavía un estatuto jurídico, pues en cierta medida existe ya a través del artículo 227, a través del Acta de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea y de otras expresiones de Derecho comunitario derivado, como el Reglamento 1911/91 para las Islas Canarias. 
Me consta que la Comisión Europea ha apoyado las propuestas de darle una base jurídica más estable, a través de un artículo específico y de un protocolo, y quiero pedirle a la Comisión, a través de la Comisaria Wulf-Mathies y de los otros Comisarios aquí presentes, que tengan en cuenta que no se trata de un capricho. 
Yo querría corregir alguna de las observaciones anteriores en el sentido de que estos territorios no son antiguas colonias. 
Desde el principio, por ejemplo en el caso de Canarias, de Azores y de Madeira, eran parte integrante del territorio nacional, población europea establecida en ese territorio, y en este momento lo único que pedimos es que se tome en cuenta la peculiaridad de esta población europea, establecida a miles de kilómetros del núcleo de Europa, que tiene una situación distinta y que debe, por tanto, quedar recogida en el Tratado comunitario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en el supuesto de que se trate de un informe positivo, nos interesa. 
Después de varias décadas de integración en la Comunidad, los departamentos de ultramar siguen clasificados entre las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea. 
Los indicadores económicos y sociales se mantienen desesperadamente en rojo, principalmente con una tasa de paro claramente elevada. 
A pesar de la puesta en marcha de programas específicos y a pesar de la inyección de créditos nacionales y europeos, la situación económica y social continúa degradándose. 
Con el mercado único y la aplicación del Tratado de Maastricht, la lógica integracionista de la construcción europea se ha visto reforzada en los departamentos de ultramar. 
En nombre de la armonización y de la adaptación forzosa del Tratado, se han puesto en duda o se han sometido a un control muy estricto por parte de la Comisión algunas especificidades, principalmente en el ámbito fiscal, como el «Octroi de mer» y algunas excepciones. 
La experiencia ha demostrado que la Declaración relativa a las regiones ultraperiféricas, aneja al Tratado, pero sin valor jurídico vinculante, no ha aportado ninguna garantía ni protección contra las consecuencias de la desregulación ya que ha privilegiado el objetivo de la realización del mercado interior. 
Por consiguiente, es indispensable que, en la última línea recta de la Conferencia Intergubernamental, se reconozca de manera estatutaria en el Tratado la plena y total especificidad de los departamentos de ultramar y de las regiones ultraperiféricas, con un doble objetivo: aplicar medidas particulares en su favor y autorizar excepciones a las reglas comunitarias, hasta tanto estas regiones no hayan recuperado el nivel económico y social medio de la Unión Europea. 
Un reconocimiento así del estatuto de los departamentos de ultramar en el Tratado podría permitir la puesta en marcha de un nuevo tipo de desarrollo, basado en las ventajas y potencialidades regionales, poniendo remedio a los numerosos obstáculos vinculados principalmente a su alejamiento y a la insularidad. 
Para terminar, un desarrollo así permitiría a los habitantes de estas regiones convertirse finalmente, en verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. 
Señor Presidente, daremos nuestro voto afirmativo a este informe del Sr. Martín principalmente porque introduce el nuevo término de «ultraperifericidad» , aunque también por otras razones. Ese término engloba las regiones muy alejadas para las que piden nuevas medidas, más allá de las ayudas habituales de la política regional y de los programas específicos. 
Considerando estos aspectos, por lo tanto, damos nuestro voto afirmativo. 
No obstante, observamos la aplicación de una lógica desigual. 
Dirigimos la mirada hacia esas regiones del Océano Indico y, como se ha dicho, a otros mares alejados, cuya única relación con el ámbito europeo es que alguna vez estuvieron conectadas con él a través de vínculos coloniales. 
Está bien que reciban ayuda. 
Sin embargo, señor Presidente, nos olvidamos del conjunto de islas griegas del Egeo, y en concreto del norte del Egeo, cuna de la civilización griega y luego de la europea, y región que forma parte inseparable de Europa. 
El informe no hace referencia a la ultraperifericidad de esas islas, tan distanciadas como aquéllas regiones, y en ocasiones, incluso más, de la Unión Europea, y que se encuentran en un estado de miseria indescriptible y de despoblación a causa de la falta de ayudas. 
Con ocasión de la presentación de este informe pedimos, no digo que se introduzca o se incorpore- por ese motivo no hemos presentado ninguna enmienda, aunque el comisario competente nos esté escuchando -, pero sí que se extienda esta política a ese conjunto insular, que se está despoblando y que además sufre el expansionismo turco, que impide el desarrollo del turismo, única fuente vital para la población. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Fernández Martín, por este informe con el que por primera vez ha llamado la atención del Parlamento sobre la globalidad de las regiones ultraperiféricas. 
El informe y la propuesta de resolución denuncian las desventajas específicas a las que se ven confrontadas estas regiones. 
Los problemas mencionados son también los expresados por los Presidentes de las regiones ultraperiféricas durante las conversaciones que mantuvimos la última semana con motivo de mi visita a la isla de Reunion. He podido comprobar que allí estamos muy lejos de lo que normalmente entendemos bajo Europa y me parece importante que este hecho se tenga siempre en cuenta. 
Por lo demás, sus exigencias coinciden con los deseos que me han expresado en repetidas ocasiones los diversos agentes económicos en mi visita. 
Todo esto me afirma en mi convencimiento de que estas regiones necesitan también en el futuro unas normas especiales. 
Desde 1989, la Comisión se ha esforzado por tener en cuenta estas características especiales en los documentos de planificación de programas, lo que afecta también a los programas de la iniciativa comunitaria REGIS I y REGIS II aprobados en 1991 y 1996, sobre los que se ha llamado la atención. 
Al igual que el Parlamento, la Comisión es de la opinión- lo que ha repetido en diversas ocasiones el Presidente Santer- de que hay que profundizar y fortalecer el concepto de la Unión para las regiones ultraperiféricas. 
En la Conferencia Intergubernamental, se ha pronunciado también a favor del proyecto presentado conjuntamente por España, Francia y Portugal, consistente en incluir un artículo en el Tratado y un Protocolo, lo que ha subrayado además en la última reunión de la Conferencia Intergubernamental, donde este asunto fue uno de los temas a tratar. 
Lamentablemente, tenemos que constatar que el concepto POSEI se cuestiona cada vez con mayor frecuencia a causa de la ausencia de un claro fundamento jurídico. 
Por ejemplo, la Comisión ha constatado que en los debates del Consejo sobre las propuestas a favor de las regiones ultraperiféricas, a veces es difícil mover a los Estados miembros a que reconozcan las obligaciones que la Comunidad ha contraído en el marco del programa POSEI, lo que muestra además claramente la última sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
Por ello, es necesario afianzar el concepto y proporcionar de este modo a las regiones ultraperiféricas la necesaria claridad, seguridad jurídica y transparencia para fortalecer su cohesión con la Unión Europea. 
Respecto a la intervención de los Fondos estructurales, sólo quiero referirme a las preocupaciones expresadas sobre las ayudas a partir de 1999 y destacar de nuevo expresamente que las regiones ultraperiféricas, como regiones más pobres de la Comunidad, van a seguir teniendo derecho en el futuro al máximo nivel de ayuda. 
Por lo demás, comparto la opinión del ponente de mejorar la coherencia de la política comunitaria respecto a las regiones periféricas. 
Para la coordinación de los servicios de la Comisión ya existe un grupo «Interservice» y creo que en el futuro podremos mejorar la cooperación con los representantes de las regiones ultraperiféricas. 
Permítanme que, por ello, felicite de nuevo al ponente. 
La Comisión seguirá cooperando para mejorar la situación de las regiones ultraperiféricas. 
Muchas gracias, Comisaria Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Aprobación de la gestión presupuestaria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0138/97 del Sr. Kellet-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 1995; -A4-0139/97 del Sr. Kellet-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Salónica) en la ejecución de su presupuesto para los ejercicios 1994 y 1995. 
Señor Presidente, no deberíamos estar a estas horas de la noche aquí, en Bruselas, ocupándonos de estos dos informes sobre la aprobación de la gestión. Se deberían haber examinado en el debate general sobre aprobación de la gestión celebrado en Estrasburgo el miércoles por la mañana del último período parcial de sesiones. 
La razón por la que se retrasaron estos informes es la de que el Consejo no nos había dado sus recomendaciones sobre la aprobación de la gestión. 
Se recibieron por fin la semana pasada y quisiera agradecer al Consejo que nos lo enviara a nosotros, porque así el Parlamento puede abordar las recomendaciones para la aprobación de la gestión en abril, como requieren los reglamentos. 
En primer lugar voy a ocuparme de la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín. 
Quiero agradecer al Tribunal de Cuentas su informe. 
No tengo nada contra el Tribunal de Cuentas, pero quiero hacer dos observaciones sobre este informe. 
La primera es la de que la primera versión, antes del proceso contradictorio, fue filtrada en Dinamarca, lo que puso en una situación embarazosa a la Fundación, y, en segundo lugar, la de que el tono en inglés es inaceptable. 
No me importa que el auditor tuviera tal vez un mal viaje y no le pareciese confortable su hotel; nunca deben figurar en un informe los matices que presenta éste. 
Puede que no resulte evidente en las otras lenguas, pero son muy claros en inglés. 
La dificultad que afrontan esos organismos pequeños es la de que no son lo bastante grandes para tener su propio interventor financiero. Eso significa que tienen que hacer muchos gastos fuera de la cuenta de anticipos para contentar a sus proveedores y les resulta muy difícil dividir las responsabilidades legales entre el funcionario ordenador de los pagos, el encargado de efectuarlos y el interventor financiero. 
Acojo con beneplácito las iniciativas de la Comisión para intentar abordar esta situación cumpliendo la recomendación del Parlamento de que haya interventores financieros que trabajen por épocas. 
Estoy deseoso de que el interventor financiero de Bruselas extienda autorizaciones electrónicas, lo que evitaría las críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas. 
Tenemos mucho gusto en recomendar a la Asamblea en nombre de la Comisión de Control Presupuestario que conceda la aprobación de la gestión a la Fundación de Dublín. 
Paso ahora al Centro para el Desarrollo de la Formación Profesional, ahora radicado en Salónica. 
Aquí hay dos recomendaciones, una correspondiente a 1994 y otra a 1995. 
Lamento que el Consejo no esté presente. 
Es la segunda vez que veo que no está presente en una ocasión importante. 
La perversidad fue lo que movió al Consejo a buscar en toda la Comunidad Europea un organismo europeo que no mencionaba el requisito de la movilidad en los contratos de su personal. 
Por esa razón decidió trasladar la Fundación de Berlín a Salónica. 
El Consejo está compuesto por bribones: dio muestras de perversidad y es el responsable de los problemas que han surgido desde entonces. 
Si hubieran querido acabar con la Fundación, probablemente no habrían encontrado un medio mejor. 
Sin embargo, tras echar la culpa al Consejo, ahora recurrimos a la Comisión para que saque las castañas del fuego. 
La cuestión es si las ha sacado o no. En la Comisión de Control Presupuestario no pudimos recomendar la aprobación de la gestión correspondiente a 1994, que se debería haber concedido en abril, porque el Tribunal nos informó de circunstancias bastante inhabituales que obligaron al Consejo de Administración y al director a inducir al personal para que se trasladara de Berlín a Salónica. 
Subrayo que no fue por voluntad propia por lo que se trasladaron a Grecia, sino porque la mayoría de las personas en cuyos contratos no requerían la movilidad tenían responsabilidades sociales que las incitaron a trabajar en esa Fundación, responsabilidades para con generaciones mayores, hijos con problemas de salud, etc., y necesitaban permanecer en el mismo sitio. 
Al enterarnos de esas dificultades, aplazamos la aprobación de la gestión correspondiente a 1994 y el Tribunal de Cuentas nos entregó otro informe correspondiente a 1995 y que revelaba las medidas extremadas a que tuvieron que recurrir el Consejo de Administración y el Director para convencer al personal de que se trasladara a Salónica y mantener con vida el CEDEFOP. 
Algunos de ellos fueron por pura lealtad para con la institución y con la esperanza de que más adelante se les concediera el dégagement. 
Esas personas han sido buenos funcionarios comunitarios y el Consejo los ha tratado muy mal, pero la Comisión debería haber salido paladinamente en su defensa y no lo hizo. 
Quiero reconocer el mérito del director, porque en esas difíciles circunstancias ha conseguido mantener el centro en funcionamiento y creo que podemos esperar que en el futuro esa institución tenga un rendimiento útil. 
Estoy harto de la Comisión y creo que eso se verá en que se han presentado dos enmiendas a este informe sobre la concesión de la aprobación de la gestión. Una del Sr. Garrigo Polledo en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y otra de la Sra. Wemheuer en nombre del Grupo Socialista. 
Queremos indicar a la Comisión nuestra insatisfacción por lo que ha sucedido. 
Voy a dejar que sea el Sr. Tappin quien hable de las enmiendas, porque en la Comisión de Presupuestos ha desempeñado un papel muy útil al abordar las cuestiones relativas a todas las agencias y ha sido muy útil en relación con esta en particular. 
Tengo un gran respeto por las competencias de la Comisión y le pido que las utilice para ayudar a las víctimas de esa sorprendente decisión del Consejo de trasladar el centro de Berlín a Salónica. 
Recomendamos la aprobación de la gestión, pese a los problemas, y al mismo tiempo elogiamos al Director por la forma como ha logrado mantenerlo en funcionamiento. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Kellett-Bowman por su informe. 
Voy a abordar exclusivamente la cuestión del CEDEFOP de Salónica. Quiero centrarme en dos aspectos. 
En primer lugar, la cuestión de la dotación de personal. 
Por desgracia, como ha dicho el Sr. Kellet-Bowman, los miembros del Consejo, que son los protagonistas del gran problema que tenemos con el CEDEFOP, no están presentes aquí para oír nuestras quejas y las del Tribunal de Cuentas sobre la cuestión de la dotación de personal. 
Compadezco al Comisario Liikanen, al que se está tratando como una pelota de tenis, pues se ve lanzado hacia atrás y hacia adelante entre el Parlamento y el Consejo, al intentar resolver una cuestión que no es responsabilidad suya, sino del Consejo. 
Conviene señalar al Comisario que tanto el Sr. Kellet-Bowman como yo hemos trabajado denonadamente para intentar conseguir el dégagement del personal que permanece en Salónica, Berlín y otras capitales e instituciones que, de conformidad con su contrato, que era originalmente para el CEDEFOP, no desean el traslado a Salónica o están descontentos con él. 
Hemos mantenido correspondencia al respecto y para ese fin y, en vista de que no ha habido una conclusión satisfactoria, hemos presentado una enmienda en nombre de Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y del Grupo del Partido Popular Europeo para resolver ese problema este año. 
Quisiéramos pedir a la Comisión que utilice sus mejores tretas y habilidades como políticos y como Comisarios a fin de obtener el dégagement para el personal que está insatisfecho actualmente con el falso traslado a Salónica. Dicho traslado está impidiendo al Sr. Van Rens hacer una gestión idónea en la propia Salónica. 
La segunda cuestión es la de los edificios. 
El Tribunal de Cuentas ha planteado muy acertadamente la cuestión del atroz contrato que el Consejo concertó con el Estado griego sobre la aportación de un nuevo edificio. 
Aunque la Unión Europea ha hecho ya dos pagos, no se ha puesto un solo ladrillo. 
Eso es absolutamente insatisfactorio, por lo que a nosotros en el Parlamento respecta y para el presupuesto para 1997 hemos dejado en suspenso el pago correspondiente a este año hasta que haya habido avances. 
Esto me da pie para mi última observación. 
Sin las capacidades investigadoras del Parlamento, muchos de los problemas con Salónica y otras instituciones no habrían salido a la luz. 
Pido a la Comisión que, como parte del proceso presupuestario para 1997, saque adelante la armonización de los reglamentos sobre concesión de la aprobación de la gestión de todas las agencias para que el Parlamento pueda tener algún control sobre ella. 
Por último, felicito al Sr. Van Rens. Se ha visto colocado en una situación ingrata para dirigir la Fundación de Salónica. 
Está llevando a cabo una labor magnífica, pero, parafraseando a Winston Churchill, hemos de decir: dénsele los instrumentos para que pueda seguir haciendo de director de agencia y sin una mano atada a la espalda. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Kellett-Bowman por su excelente informe. 
Voy a centrar mis observaciones en la Fundación de Dublín. 
Sé que dicha Fundación agradece mucho las gestiones que ha hecho el Sr. Kellet-Bowman y la mesurada actitud que ha mostrado en su informe. 
Recientemente, visité la Fundación de Dublín, como diputada por Dublín. 
Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me interesaba ver la labor llevada a cabo en ella. 
Me pareció que desempeña sus funciones de forma transparente, concienzuda y totalmente correcta. 
Las semana pasada los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales tuvieron una oportunidad de celebrar un intercambio de opiniones con el director de la Fundación de Dublín y el informe que tenemos ante nosotros muestra claramente que dicha Fundación está gestionada cuidadosamente. 
Así, pues, convengo en que se debe conceder la aprobación de la gestión correspondiente a 1995. 
Señor Presidente, como han dicho aquí oradores anteriores, la decisión sobre el traslado del CEDEFOP a Salónica se adoptó en la cumbre. 
El Sr. Kellet-Bowman y el Sr. Tappin han estado siguiendo activamente el caso, que, por desgracia, entraña decisiones difíciles en el nivel personal. 
Aún hay algunos funcionarios que consideran la situación insatisfactoria. 
Por lo que a la Comisión se refiere, estamos dispuestos a hacer lo que podamos por quienes deseen trasladarse a Luxemburgo. 
He escrito una carta a nuestros servicios para intentar encontrar una solución para esas personas. 
Para las otras, podemos encontrar soluciones caso por caso. 
Estamos dispuestos a estudiarlos con apertura de miras. 
Por desgracia, el Consejo rechazó por unanimidad nuestras gestiones con vistas a encontrar una solución para el dégagement en el marco de la ampliación. 
El Parlamento adoptó una opinión mucho más favorable sobre la posibilidad de dégagement. 
No ha habido señal alguna de que la posición del Consejo vaya a cambiar. 
En segundo lugar, he de decir que los sindicatos de la Comisión se oponen firmemente a la solución de un dégagement, que sólo se aplicaría a una parte del personal. 
Consideran que, si existe una solución de ese tipo, debe estar al alcance de todos. 
De modo que lamento haber de decir que no existe una solución fácil. 
En cualquier caso, debemos recordar que los funcionarios que han estado- y aún están- trabajando con arreglo al Estatuto de los funcionarios tienen derecho a un plan de pensión anticipada. 
No es muy generoso, pero les garantiza cierta seguridad básica. 
Voy a estudiar las posibilidades existentes, pero, por desgracia, son bastante limitadas. 
Muchas gracias, Comisario Liikanen. 
Antes de dar por concluido el debate, voy a conceder el uso de la palabra al ponente. 
Señor Presidente, había abrigado la esperanza de que la respuesta de la Comisión fuera suficiente para permitir a los dos Grupos retirar sus enmiendas. 
No ha sido así. Deploro que la Comisión no pueda hacerse cargo de esas personas a las que he llamado víctimas. 
Son víctimas sin culpa y resulta patético que la Comisión no pueda encontrar una vía para ayudarlas. 
Permítaseme preguntar qué solución propone el Sr. Kellet-Bowman. 
La solución que me gustaría es la que se desprende de la promesa que el Comisario que acaba de hablar había hecho- creía yoal Sr. Tappin y a mí. 
Por eso estoy enfadado. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Reconversión de actividades pesqueras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0141/97) del Sr. Baldarelli, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0682- C4-0037/97-96/0308 (CNS) ) relativa a una medida específica dirigida a fomentar la reconversión de determinadas actividades pesqueras practicadas por los pescadores italianos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como pudieron comprobar los que siguieron de cerca este informe, se trata de un informe importante que afecta a una parte de la flota pesquera italiana. Al mismo tiempo, se trata de un informe que supone una inversión de la tendencia respecto a una sobrecapacidad de la flota que puede servir de ejemplo para las realidades de otros países. 
Es evidente que este plan de reconversión, sobre el cual debemos expresar nuestro dictamen, nace de unos supuestos que tienen en cuenta una de las dificultades que encontraba esta actividad de pesca en orden a la posibilidad de que fuera sostenible. Lo cierto es que en Italia la pesca con redes de enmalle a la deriva había alcanzado un excesivo número de licencias- son casi 690 los barcos empleados en este tipo de actividad- lo que ocasionó un impacto medioambiental muy fuerte. 
Ahora, y sobre la base de esta consideración, se ha intentado llevar adelante un plan de reconversión teniendo en cuenta las directrices de la ONU y los criterios jurídicos que la Unión Europea abordó a través de un reglamento propio que fija la longitud máxima de 2, 5 kilómetros para las redes de enmalle a la deriva, así como y obviamente, el debate muy enardecido, que se celebró en este Parlamento, sobre la peligrosidad de estas redes para algunas especies, en particular para los cetáceos, cachalotes y delfines. 
Desde este punto de vista, en consecuencia, existe una sensibilidad que va más allá del propio aspecto reglamentario al cual debemos dar una respuesta, a pesar de que estamos convencidos de que la cuestión primordial no es tanto la eliminación de este arte de pesca- que tiene también unas características, en cierto sentido, históricas y que siempre se ha practicado- sino más bien la que afecta a la posibilidad de que sea sostenible. 
Por lo tanto, debemos reducir estas licencias y lograr que una parte de la flota cese su actividad, así como conseguir que una parte de la misma se reconvierta. 
Así y todo, para llevarlo a cabo, es necesaria una fuerte implicación de los pescadores, y el plan tiene, ante todo, un carácter voluntario. 
En este sentido, se ha movido también la comisión del Parlamento Europeo teniendo en cuenta, entre otras cosas, el acuerdo firmado en Italia entre las cofradías de pescadores, los sindicatos y el competente ministerio italiano, que preveía, justamente, el carácter voluntario en cuanto a la aplicación de dicho plan. Se trata de un plan que emplea fondos comunitarios asignados a Italia y, por consiguiente, no fondos adicionales, así como de un plan que, obviamente, ofrece la posibilidad de dar una respuesta no sólo a los armadores, sino también a los pescadores. 
Hemos enmendado la propuesta de la Comisión en el sentido de prever que la ficha de financiación no incluyera únicamente a los armadores, sino también a los pescadores, y no sólo a los pescadores nacionales de los Estados de la Unión, sino también a los pescadores de terceros países. En efecto, son muy numerosos los pescadores de terceros países que trabajan en este tipo de actividad, sobre todo tunecinos y argelinos. 
Por lo tanto, éste nos parece un principio muy importante a los efectos de la igualdad de trato de todo trabajador. 
Dicho esto, nos damos cuenta, no obstante, de que en el plan existen algunas incongruencias. Una incongruencia significativa es que la situación financiera es mucho más elevada en las zonas incluidas del objetivo 1 y, obviamente, no es igual en las zonas no incluidas en dicho objetivo. 
Por esta razón, estimamos que existen ciertas incongruencias que deberán subsanarse en el momento de poner en práctica el plan en Italia y, por lo tanto, con las medidas que Italia deberá crear. 
Desde el punto de vista político, consideramos asimismo significativo que, ante todo, se deje de recriminar este arte de pesca. 
Somos conscientes de que puede darse una señal importante a los pescadores proponiendo además una actividad de investigación que permita verificar el impacto real y que tenga en cuenta las observaciones hechas por las organizaciones ecologistas y las cofradías de pescadores. 
Por esta razón, y gracias también a estos instrumentos, podremos superar algunos radicalismos que están produciendo y agravando unas tensiones sociales que son inaceptables. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Baldarelli por este segundo intento en este informe de limitar o al menos resolver parcialmente el problema de las redes de pesca de deriva en el Mediterráneo. 
No quiero hablar mucho, creo que el Sr. Baldarelli ha hecho un informe muy bueno; es un informe equilibrado y creo que todos debemos apoyarlo. 
Sabemos que la pesca con redes de deriva es inaceptable, porque en ellas quedan atrapados delfines y tortugas, etc., lo que no resulta recomendable, y muchas organizaciones medioambientales nos han señalado que se le debe poner fin y creo que convenimos en ello. 
Pero, naturalmente, la conversión no se puede hacer al instante, no podemos ponerle fin inmediatamente, tenemos que conceder un tiempo. 
Permítaseme decir también que, aunque este informe versa sobre la conversión de la flota italiana de pesca o de parte de la flota italiana de pesca, los italianos no están haciendo nada ilegal. 
Aceptamos que la pesca con redes de deriva es una mala forma de pescar; este Parlamento lo aceptó hace dos años, al votar el informe Fraga, y seguimos esperando a que la Comisión presente una iniciativa para ponerle fin completamente. 
Porque debemos recordar que, aunque estamos hablando de los italianos ahora, prácticamente todas las demás naciones pescadoras de la Unión Europea utilizan redes de deriva de una forma o de otra para pescar. 
De modo que apoyo este informe. 
Felicito al Sr. Baldarelli y espero que obtenga el respeto de la Asamblea y sea aprobado y empecemos al menos a resolver ese problema medioambiental. 
Señor Presidente, el debate sobre este punto ha sido muy contradictorio, emocional y personal en amplios tramos, lo que no ha facilitado precisamente la búsqueda de una solución. 
Quien lleve mucho tiempo en la Comisión de Pesca sabrá la seriedad con que nos tomamos las preocupaciones y necesidades de los pescadores en todos los Estados miembros de la Unión, incluyendo a Italia. 
La conservación de los puestos de trabajo ha sido y sigue siendo el punto central de nuestro trabajo. 
El plan de pesca italiano sobre el que se va a votar ha sido negociado entre las organizaciones de productores italianas, los armadores, los sindicatos, el Gobierno italiano y la Comisión Europea. 
Se trata de la reconversión de actividades pesqueras. 
La flota es de casi 700 barcos que emplean redes de arrastre de hasta 2, 5 kilómetros de longitud para la pesca de atunes y peces espada en el Mediterráneo. 
Pero el empleo de estas redes no es rentable económicamente y, por tanto, indefendible. 
Desde finales de 1991, con el Reglamento 345/92 se prohibieron redes más largas en la UE. 
El plan limita la concesión de licencias para redes de arrastre y prevé su recogida y destrucción. 
Se han estudiado detalladamente los costes y las posibilidades de financiación del plan. 
La medida garantiza a los pescadores afectados un apoyo financiero para la reconversión de sus actividades pesqueras. 
Por ello, la Comisión de Pesca ha aprobado con gran mayoría el plan propuesto. 
Se han incluido cinco enmiendas sobre el principio de voluntariedad, del control y de disciplina de todos los barcos en el Mediterráneo así como de la ayuda también para pescadores no europeos en barcos italianos. 
El PPE apoya el consenso encontrado finalmente en el marco del plan para Italia y, tras un concienzudo examen, rechaza decididamente las nuevas enmiendas que se nos han presentado. 
Señor Presidente, los griegos y los españoles hacen referencia a un laberinto de redes. 
En el Mediterráneo se utilizan redes de enmalle a la deriva alcanzan en ciertos casos 25 kilómetros de largo. 
Los 690 buques pesqueros de la flota italiana poseen un promedio de longitud de estas artes de cerca de 12 kilómetros. Es decir, en total la distancia de ida y vuelta de Gibraltar a Esmirna. 
Es imposible hacerse una idea de los efectos nefastos incluyendo las negativas y mortíferas capturas suplementarias. 
Me parece evidente la necesidad de proceder a un plan de readaptación. 
Es lástima sin embargo que en su propuesta la Comisión no expone con precisión ninguna la posibilidad de proceder a la destrucción de las redes o la manera en que ésta tendría lugar. 
Además de ello el citado documento brinda escasas garantías relativas a una asignación responsable de los fondos europeos. 
Leyendo el informe de mi buen amigo Baldarelli me doy cuenta que es un convencido defensor de un plan voluntario. 
Espero que la Comisaria Bonino no acepte una disposición voluntaria sino que dé preferencia al sentido de la obligación. 
Señor Presidente, me parece lamentable que el informe Baldarelli revele un escaso grado de empeño en erradicar definitivamente la pesca mediante redes de enmalle a la deriva. 
No me parece justo acusar a países como Argelia que también utilizan este tipo de redes. Estimo que Italia debe asumir sus propias responsabilidades. 
Podríamos contribuir a ello y por ese motivo sería conveniente que la compensación financiera se concediese sólo cuando se hallen en juego mecanismos de control adecuados y se hayan destruido efectivamente las citadas redes. 
A tales efetos hemos introducido, en nombre del Grupo Liberal, unas cuantas enmiendas a los considerandos A, B y C y espero que la Comisaria Bonino apruebe en su calidad de representante de la Comisión Europea dichas enmiendas. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes, antes que nada deseo recordar que muchos estudios han demostrado que las redes de enmalle a la deriva constituyen un sistema de pesca no selectivo. Por consiguiente, y tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones en este Parlamento, consideramos que la única solución para resolver la actual situación es la de prohibir el uso de las redes de enmalle a la deriva, cualquiera que sea su longitud, en el Mediterráneo. 
Para lograr este objetivo, estimamos que hay que alcanzar un acuerdo con todos los países de la cuenca del Mediterráneo, sobre todo porque, la mayoría de las veces, la actual imposición de los 2, 5 kilómetros no se respeta. 
He sabido que, en este momento, se han divisado barcos de pesca que faenan en el Mediterráneo con redes de aproximadamente 8 kilómetros. 
Ante esta situación, a mi juicio, es preciso reconvertir la flota actual que utiliza redes de enmalle a la deriva dañinas para el equilibrio del Mediterráneo. 
En este contexto de posible reconversión, consideramos acertada la propuesta de la Comisión, así como lo propuesto por la comisión parlamentaria a través de sus nuevas enmiendas. 
Por otra parte, suscribimos las mismas a excepción de una, ya que no logramos entender por qué motivo debe incluirse en un acuerdo relativo a una normativa europea la referencia al acuerdo con los sindicatos. 
A pesar de ello, sin embargo, reitero lo que manifestó el Sr. Eisma, esto es, que para obtener estos fondos es necesario retirar las redes, a fin de evitar que las mismas se vendan a otras flotas y, en consecuencia, se sigan utilizando en el Mediterráneo, pagando así el hecho de no haber resuelto el problema. 
Señor Presidente, saludo el informe del colega Baldarelli en su forma actual con la enmiendas de compromiso aprobadas en la Comisión de Pesca. 
Reconoce la propuesta de la Comisión como una buena base, subraya el marco jurídico en el que está insertada la misma y reconoce la responsabilidad socioeconómica por todos los pescadores que se encuentren en los barcos italianos en cuestión. 
A pesar de la enorme actualidad que tiene la cuestión de la pesca al arrastre, hay que subrayar que hoy no se trata de una prohibición general de la pesca al arrastre en el Mediterráneo. 
No se deduce de la presente propuesta. 
Tenemos que atenernos al marco jurídico existente y éste permite el empleo de redes de arrastre de una longitud de hasta 2, 5 kilómetros. 
Modificar el marco jurídico existente es tarea del Consejo desde que el Parlamento Europeo se pronunció ya en septiembre de 1994 en favor de una supresión inmediata de la redes de arrastre en base a una propuesta legislativa de la Comisión. 
Por tanto, las medidas aquí propuestas no nos exoneran de las resoluciones que adoptamos en aquella ocasión y de seguir pronunciándonos en favor de una prohibición de la pesca al arrastre, algo indefendible ecológicamente. 
No obstante, si la presente significa un paso hacia un abandono general de la pesca al arrastre, se debe a que el plan de reconversión prevé estímulos financieros para los pescadores afectados, para que renuncien definitiva y totalmente a este tipo de pesca y, de este modo, vayan voluntariamente más allá del marco jurídico existente. 
Es un mérito de ponente que no haya perdido de vista la situación de los afectados en base a consideraciones ecológicas. 
Debo recordar que las regiones afectadas son casi exclusivamente regiones del Objetivo I en las que existen pocas alternativas a la pesca. 
Hay que destacar también la responsabilidad expuesta por el ponente frente a los pescadores provenientes de terceros países pero que trabajan en barcos italianos. 
Saludamos la reconversión de los créditos FIAF destinados a Italia para la aplicación del plan, pero nos pronunciamos a favor de la observancia estricta del calendario previsto. 
Finalmente, y aquí se cierra de nuevo el círculo hacia la ecología, quisiera destacar en especial la exigencia de la Comisión de Pesca de que se incluya también a los terceros Estados que pescan en el Mediterráneo para llegar con ellos a regulaciones que al menos respeten la longitud de 2, 5 kilómetros de las redes de arrastre. 
Señor Presidente, Señorías, considero que en este momento del debate es preciso reiterar- lo acaba de hacer el ponente, pero deseo recalcarlo una vez más- que no estamos hablando de un sector cualquiera, sino de un sector que sigue facilitando trabajo y medios de vida a muchas familias, en particular en el sur de Italia. 
Una realidad, la del sur de Italia, fuertemente castigada por el desempleo. 
Estamos hablando, señor Presidente, de un sector cuyas costumbres son antiguas, estamos hablando de una actividad que conjuga trabajo, costumbres y cultura. 
Sin embargo, cabe decir- no hay dudas al respecto- que la pesca intensiva practicada por flotas vinculadas a potentados económicos, con intereses a menudo ajenos a la propia Italia, ha tenido como consecuencias la depauperación de los mamíferos marinos en el Mediterráneo y ha puesto en tela de juicio el propio ecosistema. 
De ello se deriva la determinación, frecuentemente tomada en diferentes instituciones nacionales e internacionales, de limitar algunas actividades de pesca. 
El plan de reconversión de la flota italiana de «spadare» , que hoy debatimos, responde a estas exigencias medioambientales de protección y conservación del Mediterráneo, sin embargo, al mismo tiempo, gracias a las mejoras aportadas, sobre todo por el ponente, creo que tiene la posibilidad de tomar en cuenta algunos planteamientos y algunas exigencias de carácter socioeconómico que se formulan desde el sur de Italia. 
El programa, de hecho, no impone un cierre autoritario y arrogante, sino que se orienta a un desarrollo asistido, ya que se quiere llevar hacia delante una propuesta cuyo objetivo es proteger y, al mismo tiempo, evitar tensiones sociales. 
Considero que las enmiendas núms. 15 y 16 podrían mejorar este camino y convertir en más flexibles y aceptables por parte de los operadores las propuestas planteadas. 
Señor Presidente, con frecuencia no se conoce el límite entre una ecología de asalto y unos cambalaches inconfesables. 
Llegará el momento en que será preciso aclarar por fin si existe el compromiso de proteger los delfines o si existen intereses ligados a otros sectores y mercados que están en competencia con el pez espada. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, la pesca con redes de enmalle a la deriva se está convirtiendo en una auténtica prueba de fuego para la credibilidad de las instituciones comunitarias en su conjunto. 
Y, en particular, de este Parlamento. 
Más todavía de nuestra propia Comisión de Pesca, en donde se nos llena la boca a menudo hablando de pesca responsable y de artes selectivas. 
Hemos condenado estas artes en diversas ocasiones y reclamado su erradicación definitiva. 
Ahora se trata de examinar la propuesta de la Comisión en relación con el plan del Gobierno italiano para reconvertir la pesca en el Mediterráneo con estas artes. 
Nos hubiera gustado mayor contundencia y mayores garantías para su erradicación definitiva, pero debemos apoyar la decisión del Gobierno italiano de adoptar medidas de reconversión que, aunque voluntarias por las ayudas previstas, justas y necesarias, esperemos que sirvan para incentivar a los pescadores a su reconversión y posterior abandono definitivo de las redes de enmalle a la deriva, como se deduce de la reciente postura del Gobierno italiano en el último Consejo de Ministros en respuesta a la propuesta española. 
Estamos de acuerdo por tanto, Sra. Comisaria, en líneas generales con la propuesta de la Comisión y también con el compromiso alcanzado en el segundo informe del Sr. Baldarelli. 
Y abrigamos la esperanza, creemos que fundada, de que tras la nueva y reciente postura italiana en el Consejo, se halle pronto la ansiada mayoría para que nadie se ampare ya en que otros van a seguir utilizando estas redes para mantenerlas, a sabiendas de que son dañinas, ni tener que esperar a que vuelvan a surgir conflictos entre pescadores o con ecologistas o presiones contra nuestras exportaciones o críticas contra sus costosas medidas de control, para hacer lo que tenemos que hacer y que ya pidió este Parlamento, que no es otra cosa que prohibirlas y erradicarlas definitivamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo deseo aclarar el motivo por el cual seis diputados italianos del Partido Popular Europeo y yo mismo no hemos considerado oportuno suscribir dos de las enmiendas que mañana se someterán a la votación de este Pleno. 
Se trata de dos enmiendas que no se hallan contempladas en el compromiso arduamente alcanzado en el seno de los Grupos y de la Comisión de Pesca. 
Y los acuerdos, sobre todo cuando resultan difíciles, preferimos no comprometerlos. 
O sea, no queremos que vuelva a crearse ese clima de desconfianza, por otra parte absolutamente inmotivado, que ya costó un aplazamiento del debate en Estrasburgo y que consideramos que no debemos arriesgarnos a revivir, ya que la exigencia prioritaria de nuestros pescadores es hoy por hoy la de permitir la rápida puesta en práctica de la decisión del Consejo para darles por fin unas certezas con vistas a la ya próxima temporada de pesca. 
A esto se añade que dichas enmiendas, con las que en principio se puede estar de acuerdo, poco cambian el fondo de la cuestión. 
Bajo el punto de vista humano, por el contrario, es importante que se acepte la enmienda que amplía los beneficios, previstos para los pescadores italianos, también en favor de los pescadores de los terceros países, por lo general magrebíes, regularmente embarcados. 
Para terminar, deseo hacer un llamamiento a la señora Comisaria Bonino para que se adopten todas las iniciativas posibles para encontrar un foro, que podría ser el Consejo General de Pesca en el Mediterráneo, donde pueda alcanzarse un acuerdo entre la Unión y los terceros países, a fin de que las reglas y las prohibiciones que la Unión Europea impone a sí misma valgan también para los demás. 
Para los pescadores italianos y, más en general, para todos los pescadores de la Unión Europea, es una burla intolerable saber que la pesca con los» spadare» que a ellos les está prohibida, pueden, por el contrario, seguir practicándola las flotas japonesas, coreanas o magrebíes, delante de sus casas y además teniendo a disposición un espacio más amplio y mayores ventajas que antes. 
Con referencia a esto último, espero que la Unión Europea, en el marco de los acuerdos euromediterráneos, proteja adecuada y coherentemente su política de pesca también en este sector. 
Señor Presidente, este informe surge como consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea para reconvertir la flota italiana, utilizadora de redes de enmalle a la deriva. 
Las infracciones, debidas a la escasa rentabilidad de estas artes en longitud inferior a 2.5 kilómetros, han dado lugar a protestas continuas e incluso a una amenaza de sanciones comerciales de los Estados Unidos, como consecuencia de la sentencia de un tribunal de comercio internacional. 
Este plan subraya que las redes de enmalle a la deriva no son rentables. 
Son artes que deben desaparecer definitivamente en estas aguas y, para ello, plantea su retirada y reconversión. 
Son, por tanto, medidas adecuadas y únicamente pido a la Comisión que se esfuerce en la verificación de que efectivamente estas redes desaparecerán, se retirarán y no se traspasarán a otras flotas no comunitarias. 
Pero esta retirada origina un problema social importante en un área como es el sur de Italia, particularmente castigada por el desempleo y la falta de actividad económica. 
Por ello es importante el plan de ayudas establecido, que debe permitir la reconversión y la orientación a nuevas pesquerías de parte de esta flota. 
Es una necesaria solidaridad de la Unión Europea con esta flota pesquera italiana. 
Por ello, quiero felicitar a la Comisión y muy especialmente a la señora Comisaria. 
Este plan, señora Comisaria, debe permitir allanar el camino para una solución definitiva al problema de las redes de enmalle a la deriva en la Unión Europea. 
La situación italiana es difícil, con 677 barcos implicados. 
La aplicación de este plan debe permitir abordar una solución en el seno del Consejo que incluya también la reconversión de las flotas del Atlántico- menos de 60 barcos en conjunto entre ingleses, irlandeses y franceses-. 
La Comisión Europea tiene la responsabilidad de presentar una nueva propuesta al Consejo al objeto de intentar alcanzar un acuerdo. 
Señora Comisaria, si usted excluye el Báltico de una propuesta de prohibición total, dada la especificidad de estas pesquerías, si excluye las 12 millas territoriales y se aplica un plan a los 60 barcos del Atlántico que emplean a cerca de 300 personas, con un plan de ayuda similar al italiano, el coste sería del orden de 8 millones de ecus para las arcas comunitarias. 
Usted puede alcanzar una mayoría en el seno del Consejo con esta batería de medidas en favor de la prohibición definitiva de estas artes. 
Estoy convencido, señora Comisaria, de que con su habitual valentía política, avanzará en una propuesta que asegure el mantenimiento del recurso futuro y la necesaria solidaridad con las flotas italiana, francesa, inglesa e irlandesa, que se verían afectadas por esta reconversión. 
Señor Presidente, Señorías, en esta réplica, voy a centrarme en algunas cuestiones planteadas por sus Señorías y, en general, en algunos puntos relativos a las enmiendas que la Comisión no puede acoger y con respecto a los que desea explicar las razones. 
Deseo garantizar a los Sres. Eisma y Tamino que esta parte figura expresa y frecuentemente repetida en el plan italiano, tanto en lo referente a los incentivos como a las modalidades. 
Repito, se reitera varias veces con mucha contundencia en el texto del Gobierno. 
Se ha suscitado asimismo la cuestión de los terceros países: la acepto como una preocupación que comparto. 
No cabe duda de que es psicológicamente difícil sostener a continuación que los terceros países- japoneses, coreanos y demás- pueden pescar con el mismo sistema. 
Sin embargo, deseo confesar a sus Señorías la falta de adecuación de los instrumentos jurídicos para intervenir en este tipo de barcos. 
Como muchos de sus Señorías saben, y habida cuenta de que el instrumento jurídico no nos permite intervenir contra terceros en aguas internacionales, hemos entablado un diálogo, en especial en la Conferencia de Venecia, para conseguir unos códigos de conducta. 
En cuanto a las demás enmiendas, en particular la enmienda nº 5, que se refiere a la posibilidad de otorgar indemnizaciones a los pescadores no comunitarios, el texto de la Comisión no recoge las mismas, porque en el plan presentado por el Gobierno italiano no se mencionan. 
Así y todo, si el Gobierno italiano desea hacer uso de esta posibilidad, la Comisión está en condiciones de manifestar que carece de motivos para oponerse, del mismo modo que no tenía motivo alguno para imponerla. 
Está claro que se trata de una apertura, sin embargo, no estábamos en condiciones de imponerla. 
La otra enmienda que la Comisión no va a aceptar es la nº 19, ya que afecta a una materia que es ajena a este tipo de propuesta. 
La misma se refiere, en realidad, a un proyecto de investigación que, probablemente, es muy loable, no obstante, no cabe duda de que nada tiene que ver con esta propuesta. 
Deseo recordar a sus Señorías que esta propuesta de la Comisión sirve para aprobar el plan de reconversión de la flota de «spadare» , presentado por el Gobierno italiano. 
Por consiguiente, la Comisión no puede, como es obvio, ocuparse de otros asuntos. 
Voy a pasar ahora a abordar una cuestión de fondo, que muchos de ustedes plantearon a la Comisión y que se refiere a la erradicación de este arte de pesca. 
Por enésima vez, deseo reiterar a este Parlamento que, por otra parte, está al corriente de ello, que desde 1994 se encuentra sobre la mesa del Consejo una propuesta de la Comisión relativa a la erradicación de este arte de pesca. 
Hasta la fecha, el Consejo no ha contado con la mayoría suficiente para aprobarla. 
¡Ésta es la realidad! 
En consecuencia, si sus Señorías disponen de medios de presión suficientes, creo que pueden aprovecharlos para insistir ante esta otra Institución comunitaria. 
También cabe mencionar el hecho de que en el último Consejo, a raíz de una propuesta del Gobierno español que, asimismo, presentó a la Comisión una línea de trabajo para lograr este objetivo final, se llevó a cabo un debate en cuya virtud la Comisión abriga la esperanza de que las cosas están madurando y existe, de hecho, cierta apertura por parte de algunos Estados miembros que hasta entonces mantenían posiciones muy cerradas. 
Por este motivo, la Comisión se ha comprometido a estudiar la viabilidad de una nueva propuesta que, en caso de confirmarse y de no resultar un ejercicio estéril, la Comisión presentará a la mayor brevedad, al efecto de dar algunos pasos adelante en esta dirección. 
Señorías, repito, si ustedes disponen de medios de presión, la Comisión les va a agradecer que los utilicen eficazmente también ante otras Instituciones comunitarias que hasta el momento han bloqueado este dossier. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la señora Comisaria el hecho de haber explicado algunas intenciones de la Comisión y de haberlas dirigido también al Gobierno italiano. 
Quisiera preguntar a la Comisaria si es posible que las enmiendas, unánimemente aprobadas por la Comisión de Pesca del Parlamento, figuren, en la adopción por el Consejo, como una declaración de voluntad de la Comisión. 
Me refiero, en particular, al concepto de plan voluntario y a las medidas referentes a los terceros países. 
Si la Comisión hiciera una declaración de este tipo, sería muy importante y respetaría la voluntad de la Comisión de Pesca. 
Además de agradecer a la señora Comisaria su explicación, le quería hacer una pregunta muy concreta: ¿significa lo que ha dicho que la Comisión Europea va a efectuar una modificación de su propuesta en el próximo Consejo, porque ha recibido una señal del mismo Consejo, al objeto de intentar alcanzar una mayoría para la erradicación total de esas artes? 
Señor Presidente, hará unos dos meses celebramos un debate en Estrasburgo en el cual el Presidente del Consejo declaró que en lo referente a la prohibición de las redes de enmalle a la deriva la Comisión debería proceder a una modificacíon de la propuesta ya que la actual situación es intolerable. 
No hay por qué buscar una mayoría. 
Desearía preguntarle a la Comisaria, ahora que ha anunciado la presentación de una propuesta modificada, cuándo es que piensa presentarle efectivamente. 
Señor Presidente, Señorías, con relación a las declaraciones que se acaban de solicitar, habida cuenta de que confío en que cualquier Consejo, sin esperar el 17 de junio, apruebe cuanto antes el plan» spadare» , desconozco si el procedimiento admite incluir una declaración de la Comisión. 
De cualquier modo, voy a comprobarlo y estoy dispuesta a manifestar, hoy en este Pleno, que en lo que respecta al plan voluntario, está expresamente previsto y contemplado en el plan del Gobierno italiano, en particular en la segunda frase del quinto considerando de la propuesta de la Comisión. 
En cuanto a los terceros países- me imagino que la referencia afecta a los pescadores nacionales de terceros países- la Comisión reitera que no incluyó dicha posibilidad en el plan del Gobierno italiano, sin embargo, no está en contra de extensiones de este tipo si las autoridades italianas están dispuestas a contemplarlas. 
Por lo que se refiere a la nueva propuesta, repito que desde 1994 sobre la mesa del Consejo hay una propuesta de la Comisión. 
El Consejo, debido a la oposición de algunos Estados miembros, no pudo o no quiso aprobarla en ningún momento. 
Habida cuenta de que en el último Consejo de Pesca, que deseo recordarles se celebró hace cinco días exactamente, se llevó a cabo un debate de orientación que, a mi juicio, demostró cierta apertura por parte de algunos Estados miembros, entre ellos Italia y otros más, la Comisión se ha comprometido a evaluar la viabilidad política de una nueva propuesta. 
La Comisión no tiene intención de facilitar a nadie coartadas para volver a presentar una nueva propuesta, si existen las mismas condiciones de bloqueo político. 
Éste sería simplemente otro ejercicio de dos años de investigación, estudio y análisis que no conduciría a ninguna parte. 
La Comisión tiene intención de hacerlo, previa constatación de que no existen las condiciones de otro bloqueo político similar. 
Muchas gracias, Comisaria Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
Acuerdo de cooperación Euratom-EU 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0074/97) de la Sra. Ahern, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y los Estados Unidos de América en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear (C4-0264/96). 
Señora Presidenta, este informe sobre el acuerdo relativo a la cooperación nuclear entre Euratom y los Estados Unidos versa sobre dos cuestiones que han sido- y abrigo la esperanza y la confianza de que seguirán siendo- muy importantes para todos los diputados a esta Asamblea. 
Una es la escandalosa falta de derechos democráticos de este Parlamento para controlar Euratom, en particular cuando celebra acuerdos con terceros países. 
Se trata de una cuestión fundamental para este Parlamento. 
El Congreso de los Estados Unidos tenía que dar su conformidad a este acuerdo, mientras que el Parlamento ni siquiera tenía legalmente el derecho a ser informado. No podemos seguir así en la Unión Europea. 
Ésta es la segunda vez en que el Pleno aborda este acuerdo con los Estados Unidos. 
Quisiera recordar a la Asamblea la resolución aprobada con gran mayoría en marzo de 1995. 
En aquel momento se estaban celebrando negociaciones con los Estados Unidos de América y la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía logró, no sin esfuerzo, obtener información de la Comisión sobre este acuerdo e iniciar un diálogo con ella al respecto. 
Con esa intención este Parlamento exigió que se le siguiera informando y haciéndolo participar en este acuerdo internacional y otros similares sobre la cooperación nuclear, incluidas las consultas antes de la conclusión del acuerdo final con los Estados Unidos de América. 
En mi informe explico con detalle que, después de que se aprobara la resolución, la actuación de la Comisión y del Consejo fue totalmente insatisfactoria. 
Al parecer, la Comisión y el Consejo decidieron una vez más actuar por su cuenta, como habían hecho la mayoría de las veces antes de que nuestra comisión obligara a que se admitiera su participación inicial, pero de corta duración. 
Así, pues, pido a la Asamblea en conjunto que se mantenga tan firme en su exigencia de control democrático en este nivel de la adopción de decisiones de la UE como en marzo de 1995 y en otras ocasiones en que se abordaron acuerdos similares. 
Confío en que Sus Señorías harán suya mi propuesta de resolución a este respecto y pido su apoyo para varias enmiendas que darán a la resolución más claridad y más detalles respecto del control democrático de los acuerdos nucleares. 
Sobre la substancia del acuerdo con los Estados Unidos, la cuestión principal es la cooperación nuclear. 
La resolución aprobada por esta Asamblea a la que antes me he referido estableció con toda claridad sus criterios de juicio y debate con la Comisión y el Consejo- y cito -: » Desea aumentar los mecanismos de control riguroso y eficaz que limitan la producción, aislamiento, almacenamiento, comercio y tráfico de plutonio y uranio del que se utiliza en el armamento y de otros materiales nucleares. Desea, en particular, respetar la normativa relativa al medio ambiente y la salud en materia de seguridad nuclear y participar en la política exterior y de seguridad con la mayor prioridad concedida a la no proliferación nuclear». 
La no proliferación se ha planteado ante esta Asamblea como prioridad máxima en muchas ocasiones y en la resolución expusimos detalladamente que había que conceder la máxima prioridad a la no proliferación nuclear. 
Tomando esas posiciones anteriores del Parlamento como punto de partida, abrigamos muchas y poderosas dudas sobre muchos acontecimientos actuales. 
La ampliación de este acuerdo con los Estados Unidos y su predecesor no es la causa radical de esos acontecimientos preocupantes, pero no cabe duda de que ha contribuido a ellas en lugar de mitigarlas. 
Mencionaremos sólo unas pocas de las cuestiones pertinentes: ¿quién no va a estar preocupado por la economía del plutonio con sus excesivos costos y peligros para nuestra salud y nuestro medio ambiente? 
¿Por qué mantener y facilitar la fabricación de combustible MOX y el reprocesamiento en La Hague y Sellafield, que son parte integrante de la economía del plutonio? 
¿Estamos haciendo lo bastante para velar por que no se ponga en peligro la no proliferación mediante la producción continua de materiales nucleares de los que se utilizan en el armamento? 
¿No deberíamos limitar, en lugar de aumentar, el transporte de materiales nucleares a la luz de la decisión de muchos países, incluidos los Estados Unidos de América, de denegar el permiso para el transporte por su espacio aéreo o sus aguas costeras y qué enseñanzas sacamos de la insuficiencia de las salvaguardas actuales para prevenir pérdidas de cantidades importantes de plutonio? 
Lo que propongo en el informe y en mis enmiendas es obtener el consenso parlamentario sobre la cuestión explícita del control democrático de los acuerdos nucleares. 
Sin negar las diferencias que puede haber entre nosotros, un compromiso compartido contribuiría a reducir el enorme déficit democrático que afrontamos en todas las cuestiones relativas a Euratom y a una política energética más sensata en la UE, al abordar al menos los aspectos más peligrosos de la producción de energía nuclear. 
Acojo con beneplácito la cooperación en materia de seguridad nuclear con las reservas respecto de la proliferación nuclear y los transportes nucleares y el almacenamiento de plutonio a que ya me he referido. 
No se pueden subestimar los peligros del plutonio. 
Señora Presidenta, creo que el debate de hoy tiene los rasgos de un teatro del absurdo. 
El 7-11-1995 firmamos el Tratado como Unión Europea, está en vigor y hoy debatimos al respecto. 
El guión de este absurdo teatro se escribió naturalmente en el Tratado del EURATOM. 
Creo que si queremos lograr aceptación entre nuestras ciudadanas y ciudadanos no podemos admitir durante más tiempo que se negocien Tratados a sus espaldas mientras que nosotros lo único que podemos hacer es afirmar o negar con la cabeza pero sin tener ninguna influencia sobre la decisión. 
Esta no es una Europa de las ciudadanas y ciudadanos. 
Tampoco estoy convencido de que el contenido de este Tratado sea el mejor posible. 
Por un lado, se permite que una ley norteamericana sea válida en la Unión Europea. Esto es algo extraño. 
En segundo lugar, con este Tratado se determina una vía para el suministro de energía que no es querida al menos en 8 de los 15 países. 
También en Inglaterra y en Francia se está discutiendo muy vivamente sobre el empleo de la energía nuclear y no estoy seguro de que el resultado vaya a ser que se deba seguir construyendo. 
Precisamente en lo que se refiere a la cuestión del reprocesamiento y a la economía del plutonio existen considerables objeciones entre la población en Europa. Y con este Tratado se determinan. 
Tercero: debido a que se prosigue esta vía, existen también considerables riesgos para la seguridad si se transporta a través de Europa plutonio, MOX y otros materiales combustibles por tierra, mar y aire. 
Creo que no deberíamos permitir un turismo nuclear de este tipo en Europa. 
Por tanto, no solamente creo que el procedimiento no es correcto sino que además el contenido no es totalmente convincente. 
No tengo muchas esperanzas en la Conferencia de reforma que está teniendo lugar y que concluirá en Amsterdam. Este ámbito político que determina unas condiciones absolutamente centrales para nuestro futuro social, la cuestión del suministro de energía, el Tratado del EURATOM, debe integrarse en los Tratados de la Unión, además con control democrático, es decir, mediante el procedimiento de codecisión del Parlamento. 
De lo contrario, las ciudadanas y ciudadanos de Europa no darán su asentimiento. 
Por ello, digo que necesitamos la democracia ahora. 
Señora Presidenta, estimados y estimados colegas, hoy emitimos nuestro dictamen sobre un Tratado que ya ha entrado en vigor. 
Esto es lamentable y lo hemos reflejado también en nuestra resolución. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que no somos los firmantes ni los negociadores del Tratado sino que tenemos que trabajar en el marco del mismo. 
Hoy no se trata de debatir sobre la energía nuclear. 
Lo digo abiertamente. 
Para ello tendremos ocasión suficiente de hacerlo el próximo mes cuando debatamos sobre el informe Soulier. 
Hoy se trata de comprobar si este Tratado entre el EURATOM y los EE.UU encuentra nuestra aprobación o no. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se ha pronunciado a favor de este acuerdo, lo que constituyó nuestra iniciativa como PPE. 
Naturalmente, nuestro deseo es que se nos informe mejor como Parlamento Europeo y, en especial, que podamos exponer nuestros deseos e intereses durante el curso de las negociaciones. 
Reflejamos también esto con toda claridad en nuestra resolución. 
Sin embargo, quiero expresar mi sorpresa por la diversidad de debates que estamos manteniendo en base a este informe. 
En lo tocante al transporte de materiales radiactivos, en especial, los Verdes han mencionado a los Estados Unidos como brillante ejemplo en lo que a los estándares de seguridad se refiere. 
Y ahora, de repente, cuando se trata del Tratado EURATOM/USA, se dice: los estándares son malos, no debemos aceptarlos. 
Nos jugamos la credibilidad de nuestros argumentos que no se pueden manipular en función de las necesidades. 
Finalmente, en el acuerdo con los EE.UU no debemos actuar como si se tratase del transporte de plutonio por todo el mundo, al que se le abren las puertas de pare en par. 
En ningún lugar del mundo existen unos estándares tan estrictos y elevados como en los Estados Unidos y en Europa. 
Tenemos nuestros problemas con los países de la Europa central y oriental pero esto no tiene nada que ver ahora con el Tratado, lo que debemos decir aquí claramente. 
El Grupo del PPE apoya en lo esencial la propuesta de resolución tal como fue aprobada en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Exceptuando la enmienda nº 1 no podemos apoyar las demás. 
Lo digo también con toda claridad. 
Se trata de los aspectos que fueron eliminados por iniciativa nuestra y ahora no pueden pedir de nosotros que los apoyemos de nuevo en el Pleno. 
Hoy debemos realizar una declaración clara pero en lo que se refiere al EURATOM también debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se integre en el derecho comunitario y tengamos de este modo una base más democrática y transparente para tales Tratados. Señor Lange, creo que coincidimos en este aspecto. 
Señora Presidenta, colegas, señor Comisario, el proceso de negociaciones relativo al acuerdo entre Euratom y Estados Unidos constituyó una ardua y larga operación en la cual el Parlamento Europeo pudo desempeñar un papel muy poco importante además de haber sido informado apenas al respecto. 
Incluso tras una reunión a puertas cerradas con la Comisión persistió durante todo un año un completo silencio. Una actitud inadmisible de parte del Comisario. 
Mi grupo político desea que se implique de manera democrática a este Parlamento en los acuerdos sobre Euratom con terceros países, tanto ahora como en adelante. 
Las cuestiones nucleares atañen directamente a los ciudadanos europeos, también ahora y en el porvenir. 
El Tratado Euratom cuenta además con un elevado presupuesto siendo necesario pues un control democrático por parte del Parlamento Europeo. 
Pasaré ahora a mi última observación. 
El Grupo Liberal se inquieta de la tendencia norteamericana de tratar de aplicar un mayor volumen de legislación extraterritorial. 
Esto posee efectos negativos sobre la industria europea resultando además perjudicial desde un punto de vista económico. 
No me queda más que felicitar a la ponente, la Sra. Ahern, por su excelente informe y mi grupo habrá de respaldar once de las diez y ocho enmiendas por ella presentadas. 
Señora Presidenta, acojo con beneplácito la cooperación al menos sobre el control democrático de que se habla en esta Asamblea y también el apoyo a las enmiendas propuestas. 
No podemos subestimar los peligros de que, si se aplica este acuerdo, Europa se convierta en una economía del plutonio. Fomenta activamente el reprocesamiento en Sellafield y La Hague y aumenta la producción de plutonio. 
Los transportes de material nuclear van a pasar a ser más habituales por mar, tierra y aire, con los consiguientes riesgos. 
Irlanda corre ya considerable riesgo por el reprocesamiento de Sellafield y en el año 2010 Sellafield habrá reprocesado 545.000 kilos de residuos de combustible nuclear. 
Con arreglo a este acuerdo, se transportarán más residuos nucleares a Sellafield, no sólo por el mar de Irlanda, sino también por el aire. 
Con su reprocesamiento la cantidad de residuos radiactivos aumentará 160 veces respecto de los que había al comienzo. 
También nos preocupan mucho los recientes estudios sobre las concentraciones de casos de leucemia en torno a La Hague y se han hecho esa clase de estudios en Sellafield. 
Está resultando más claro que el reprocesamiento plantea un peligro particular a la salud y el medio ambiente de la población de Europa. 
Si cantidades enormes de materiales radiactivos proliferan y viajan por todo el continente, ¿cómo van a poder las salvaguardas afrontar los peligros? 
Ocurren accidentes, como, por ejemplo, aquel en que un avión de los Estados Unidos perdió una bomba atómica cuando sobrevolaba el espacio aéreo español hace muchos años. 
No explotó, pero contaminó una extensa zona. 
También hay que tener en cuenta que, cuando se dispone de grandes cantidades de plutonio, existen graves riesgos para la seguridad. 
Basta con de tres a cinco kilogramos de plutonio nuclear para fabricar una bomba atómica. 
Ahora se dispone de miles de toneladas y se están aumentando las reservas. 
Quiero volver a referirme al asunto del control democrático de otros acuerdos nucleares. 
En este caso concreto la Comisión nos ha informado del acuerdo con Corea. 
Se trata de una zona particularmente delicada para la democracia y no creemos que la solución sea celebrar acuerdos nucleares con esos países. 
Al menos debemos conseguir que en el futuro el Parlamento participe en esos acuerdos nucleares. 
Señora Presidenta, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Nuala Ahern por su informe, que en muchos sentidos refuerza el acuerdo que va a ser examinado. 
Tal como se subraya en el informe, es una seria falta de respeto al Parlamento Europeo no haber implicado a éste en los acuerdos Euratom. 
Existe amplio consenso sobre la democratización y la apertura de las negociaciones en la UE y, por eso, resulta inconcebible que el Parlamento Europeo no haya sido incluido formalmente en este proceso de toma de decisiones. 
Los ciudadanos europeos merecen que un tema tan importante como el aprovechamiento de la energía nuclear sea debatido públicamente y no negociado a puerta cerrada por los funcionarios de la Comisión. 
La exigencia de participación del Parlamento Europeo es especialmente importante en el caso de los futuros acuerdos entre la Euratom y terceros países. 
Tal como están las cosas hoy, no se sabe nada o casi nada sobre la situación nuclear de estos países. 
Me sumo, además, al argumento de que el nuevo acuerdo entre la Euratom y los Estados Unidos no parece contribuir a la reducción de la llamada economía del plutonio. 
Por lo contrario, viene a reforzar la industria de producción de plutonio, lo cual es muy insatisfactorio. 
A igualdad de los demás factores, tal posibilidad redundará en un mayor riesgo de proliferación y debe tenerse en cuenta que va en contra de la decisión del Parlamento referente a una ampliación del Tratado de no proliferación con miras al desarrollo de fuentes de energía alternativas y permanentes. 
Unicamente votando a favor del informe hoy podremos garantizar que las negociaciones internacionales futuras en materia nuclear se desarrollen de forma democráticamente responsable. 
Señor Presidente, Señorías, al leer el informe de nuestra colega, he tenido la sensación de asistir a una obra de teatro del absurdo que pudiera tener como autor a Dürrenmatt o a Bertold Brecht. 
En efecto, en primer lugar, se nos dice que el contexto del acuerdo está totalmente desequilibrado. 
Me remito aquí a los considerandos E y F, que insisten en la actitud unilateral de los Estados Unidos, al menos desde 1978, en la falta de reciprocidad existente y en el hecho de que, en materia de energía nuclear, existe un desequilibrio persistente de fuerzas y relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Europa. 
En segundo lugar, se nos explica que este acuerdo no se ha negociado de forma democrática, que el Parlamento se ha visto totalmente marginado y los puntos 4, 5 y 6 de la resolución demuestran bien hasta qué punto las informaciones que el Parlamento Europeo ha obtenido son extremadamente insuficientes para poder juzgar sobre las condiciones en las que se aplicará este acuerdo. 
En tercer lugar, se nos explica que este acuerdo va a desarrollar la economía del plutonio, algo que por otra parte se teme, y que las normas de seguridad son insuficientes en muchos ámbitos, principalmente en el del transporte aéreo. 
Conclusión: después de esta avalancha de críticas que encontramos en la exposición de motivos y en la opinión de la Comisión REX, en el punto 9, sin la menor reserva, nos felicitamos por este acuerdo. 
Debo decir que es, con todo, bastante extraordinario que lleguemos a una conclusión así tras un desarrollo tan contradictorio. 
Por ello, por lo que nos afecta, no votaremos este texto, y aprovechamos para manifestar nuestra sorpresa por el hecho de que, cuando se trata de acuerdos firmados entre los Estados Unidos de América y Europa, se nos explique casi siempre que éstos son de naturaleza ilícita y que, con todo, es necesario votarlos. 
A pesar de todo es muy revelador de la posición subordinada de Europa en el diálogo trasatlántico. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, quisiera dar las gracias a la Sra. Ahern por su informe de hoy. 
Como saben, este Acuerdo entró en vigor el 12 de abril de 1996. 
El informe de la Sra. Ahern aborda muchas cuestiones relacionadas con el Acuerdo a las cuales quiero contestar. 
Igualmente quiero responder a los comentarios expuestos por sus Señorías. 
En primer lugar, el informe se ocupa del papel del Parlamento Europeo de conformidad con el Tratado EURATOM. 
Como saben, la Comisión Europea ha presentado determinadas propuestas a la Conferencia Intergubernamental. 
En uno de sus informes recomienda la fusión de las tres comunidades en una entidad única, en aras de una mayor claridad. 
En otro de los informes recomienda que se agrege al Tratado un capítulo sobre energía. 
En lo que se refiere a la información al Parlamento, la Comisión Europea informó a la Comisión de Energía del Parlamento Europeo sobre el progreso de las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América durante la celebración de las mismas, a lo largo de las reuniones de diciembre de 1994, de enero y de marzo de 1995. 
Asimismo, el 10 de mayo de 1995 informamos al Parlamento de la presentación, por parte de la Comisión, de una propuesta de decisión para la aprobación del Acuerdo por el Consejo. 
E inmediatamente después, en noviembre de 1995, la Dirección General de Energía de la Comisión puso personalmente a disposición de la Comisión de Energía del Parlamento una copia del Acuerdo firmado. 
La resolución se refiere también a las repercusiones del uso de la energía nuclear conducente a la denominada economía del plutonio. 
Evidentemente, es importante para el desarrollo económico que en todos los países exista una combinación equilibrada de combustibles en la que todas las fuentes de energía desempeñen su papel. 
La energía nuclear, por supuesto, no se usa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, es una fuente de energía importante, ya que representa aproximadamente una tercera parte de la producción total de electricidad en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en la propuesta de resolución se atribuyen al acuerdo intenciones de fomentar esa economía del plutonio. 
El Tratado EURATOM, sin embargo, no obliga a los Estados miembros ni ejerce presión alguna sobre ellos para que reprocesen el combustible nuclear consumido. 
Como sabrán, evidentemente, una decisión así incumbe a cada Estado miembro, al igual que la decisión de usar plutonio en la producción de combustible de óxido mixto. 
Algunos países de la Unión han decidido reciclar. 
El reciclaje del combustible nuclear no se realiza en la Unión Europa sólo ahora, sino desde hace unos 25 años y con especial atención, claro está, a la gestión segura del plutonio reprocesado. 
El Tratado EURATOM no se entromete en la decisión de ningún Estado miembro sobre el uso o no de la energía nuclear, ni tampoco sobre el reprocesamiento del combustible nuclear consumido. 
Por consiguiente, ningún acuerdo sobre cooperación nuclear firmado con un tercer país en aplicación del Tratado puede influir en las políticas de ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Quiero subrayar que esto se reconoce expresamente por las dos partes, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos de América, en el nuevo Acuerdo que hemos firmado. 
Por lo tanto, no puede decirse que el Acuerdo favorezca el reprocesamiento. 
Al contrario, diría que más bien crea el marco adecuado para que los procesos de reciclaje en los que se usen materiales nucleares de origen norteamericano se hagan política y jurídicamente posibles, en caso de que un Estado miembro lo desee, al mismo tiempo que se preven garantías suficientes para la no proliferación de las armas nucleares sobre la base de los acuerdos multilaterales vigentes. 
Por esta razón, las Partes del Acuerdo han decidido que determinados derechos y obligaciones sigan vigentes después de la expiración. 
En concreto, las Partes han acordado la vigencia indefinida de las obligaciones relacionadas con las garantías, el uso para fines pacíficos y la protección del medio ambiente de los productos nucleares. 
Esta decisión se ha tomado con la idea de que, a la expiración del Acuerdo, el material nuclear siga siendo aprovechable para fines nucleares, lo cual, evidentemente, acarrea riesgos potenciales o hipotéticos con respecto a la proliferación de las armas nucleares. 
Por consiguiente, estas tres obligaciones generales contribuirán a que no se produzca una proliferación del material nuclear tras la abolición del marco jurídico en base al cual se realizó su suministro. 
Las garantías fijadas por el Acuerdo son las mismas que las previstas por el Tratado EURATOM, así como las aplicadas por la Organización Internacional de la Energía Atómica en el marco de los acuerdos establecidos entre la EURATOM y sus Estados miembros. 
Estas medidas ya adoptadas y el marco de cooperación señalado convierten a la Unión Europea en la región del mundo con las mayores garantías nucleares, lo cual está ampliamente reconocido por la comunidad internacional. 
Las garantías de la EURATOM aseguran principalmente que los materiales nucleares, entre ellos el plutonio, no falten de la lista de las instalaciones bajo control. 
La Dirección de Garantías de la EURATOM dispone hoy, de hecho, de los medios técnicos y administrativos para llevar a cabo esta labor. 
Quisiera recordar además que la Comisión Europea apoya y participa en las iniciativas adoptadas entre la población para el cese de la producción de plutonio de calidad suficiente para producir armas, así como para el control de los residuos existentes. 
Igualmente respalda, el inicio, pero sobre todo la terminación a tiempo, de las negociaciones para la firma de un Tratado por el que se prohíba la producción de material fisionable para la fabricación de armas nucleares, en el marco de la Conferencia de desarme de Ginebra. 
Asimismo, señora Presidenta, participamos en los trabajos del Grupo para la Gestión de Residuos de Plutonio desarrollados bajo los auspicios de la Organización Internacional de la Energía Atómica de Viena. 
Señora Presidenta, para finalizar, quisiera declarar que la Comisión Europea considera que este Acuerdo garantiza para la industria nuclear europea, cuando ésta maneje material que implique obligaciones con los Estados Unidos, la seguridad de suministro y garantiza una estabilidad y una previsibilidad a largo plazo en el marco de la política energética general de la Unión Europea, tal y como se define en el Libro Blanco. 
Además, contribuye al reforzamiento de la política de no proliferación de armas nucleares. 
La Comisión Europea celebra la posición adoptada por ambas comisiones del Parlamento, la de Energía y la de Asuntos Económicos Exteriores, y yo personalmente quiero felicitar también a la Sra. Ahern por su trabajo y, naturalmente, a todos los diputados que han tomado la palabra esta mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Acuerdo marco de cooperación entre la CE y la República de Chile 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0023/97) de la Sra. Miranda de Lage, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0259- C4-0450/96-96/0149 (CNS) relativa a la celebración del Acuerdo marco de cooperación destinado a preparar, como objetivo final, una asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República de Chile por otra. 
Señora Presidenta, Señorías, durante los últimos diez años la Unión Europea ha puesto en marcha un entramado de acuerdos con el subcontinente latinoamericano para relanzar primero, y reforzar ahora, la cooperación comercial con este grupo de países. 
Los acuerdos de tercera generación- el de Chile, todavía vigente, data de 1990- supusieron por encima de todo un apoyo político a los procesos de democratización, a la estabilidad y a la integración regional. 
Fueron la respuesta europea a países que por el estadio de su desarrollo institucional y económico son ahora socios comerciales, pero también aliados políticos. 
Entre este grupo de países, Chile destaca por su dinamismo, su apertura económica y su voluntad política. 
Chile ha sido capaz de superar muchas de las dificultades de orden político a las que todo país se enfrenta al recuperar la libertad tras una larga y terrible dictadura. 
Las limitaciones para la profundización democrática que impone la vigente Constitución impiden todavía el desarrollo total de un Estado de Derecho, con una clara definición de las funciones que cada poder debe jugar en una democracia plena. 
El Parlamento Europeo es consciente de las actuales dificultades en el orden institucional chileno, pero 1998 será una fecha clave, y buena muestra de la confianza de los Estados miembros, de la Comisión y del Parlamento en el futuro de Chile, es que hoy celebremos este debate sobre el nuevo marco de relaciones cuyo objetivo final será la liberalización de todos los intercambios comerciales. 
El actual texto tiene ese ambicioso objetivo y supone la fase preparatoria de la futura asociación. 
El acuerdo deja abiertas dos cuestiones esenciales: el cuándo y cómo se debe pasar a la fase final. 
Sin embargo, debo recalcar que esa indeterminación no menoscaba en absoluto la trascendencia política, comercial y económica de la primera fase, porque el actual texto explicita el marco contractual y la voluntad política de la fase final. 
El Parlamento se congratula de que quede expresada con claridad, en su versión más completa, la cláusula democrática con referencias a los derechos humanos, sociales y medioambientales. 
Este compromiso, señora Presidenta, nos permite insistir en la necesidad de la concordia desde el derecho a una justicia no condicionada y lamento tener nuevamente que pedir a las autoridades chilenas, siempre sensibles a las opiniones de esta Asamblea, una solución al caso de nuestro conciudadano Carmelo Soria, para que podamos cerrar definitivamente el contencioso ético que mantiene su familia y sobre el que este Parlamento se ha manifestado en diversas ocasiones. 
El acuerdo instituye además un diálogo político regular e incluye una declaración sobre el diálogo parlamentario que permitirá el acercamiento y la discusión en un foro adecuado de todas aquellas cuestiones de interés mutuo. 
El diálogo económico y comercial se configura como otro pilar básico que se extenderá a las relaciones de las Partes con terceros. 
En este contexto, felicito a la Comisión por la previsión de una «pasarela» que permitirá coordinar los mecanismos de la liberalización con los previstos en el Acuerdo MERCOSUR, así como estudiar la posible participación de Chile en programas de cooperación Unión-MERCOSUR. 
No olvida el acuerdo la cooperación para el desarrollo social, la modernización del Estado- cuestión importantísima -, la formación, la educación, el medio ambiente o la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
En conclusión, este acuerdo es un excelente instrumento, que abre enormes expectativas económicas para un desarrollo sostenible y que, por parte de la Unión, es además un apoyo político de magnitud, que favorecerá sin duda en Chile la profundización democrática y un desarrollo pleno del Estado de Derecho. 
Como ponente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores quiero por último agradecer las opiniones de las tres comisiones que nos han enviado sus informes, que completan algunos aspectos del que les presento y que en gran parte han sido tenidos en cuenta al elaborar la exposición de motivos. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar a mi colega la Sra. Miranda de Lage por su excelente informe. Ha enfocado de la forma más adecuada los antecedentes de este acuerdo marco de cooperación. 
Cuando lo debatimos en comisión, muchos de nosotros abrigamos sentimientos encontrados sobre la situación actual en Chile con nuestro conocimiento histórico de dicha situación. 
Si bien queremos apoyar a las fuerzas democráticas en Chile lo mejor que podamos, sabemos que a Chile le falta por recorrer parte del camino de transición a la democracia plena. 
El Ejército sigue desempeñando un papel y hace falta una garantía de independencia del poder judicial, etc. Sobre ese fondo, la Sra. Miranda, consciente de esas circunstancias concretas, ha redactado un informe excelente. 
Ésos son los antecedentes generales, pero quisiera pedir concretamente a la Comisión que responda a algunos puntos sobre el discriminatorio régimen fiscal del alcohol en Chile. 
Como defensor del whisky escocés, quiero centrarme en eso. 
Quiero formular algunas preguntas a la Comisión. 
Sabemos que el Gobierno chileno lleva demasiado tiempo haciéndose el remolón a la hora de presentar propuestas para la eliminación de esa discriminación. 
Tenemos entendido que, durante su visita, Sir Leon Brittan dijo con claridad que, si al final de este mes, a más tardar, no se presentaba una ley compatible con el GATT, la Unión Europea pediría la celebración de consultas en la OMC. 
¿Puede la Comisión dar garantías categóricas de que cumplirá ese plazo para solicitar la celebración de consultas en la OMC? 
Nos gustaría que la Comisión mantuviera la presión sobre Chile y agradecería al Comisario que me diera una respuesta categórica a esta pregunta. 
Señora Presidenta, antes de nada deseo mostrar la satisfacción de mi Grupo por la segura aprobación del Acuerdo de cooperación UE-Chile por parte de esta Asamblea. 
Este acuerdo, de naturaleza mixta, tiene muchos paralelismos con el Acuerdo-marco interregional Unión EuropeaMERCOSUR, al tratarse de acuerdos con una misma finalidad. 
El nuevo Acuerdo de cooperación UE-Chile no se ajusta a ninguno de los modelos anteriores. 
Es un acuerdo preparatorio de nuevo cuño y no se recogen cláusulas de compromiso positivo para iniciar las negociaciones comerciales y el paso a la fase final, pues deja abiertas dos cuestiones esenciales para la futura asociación entre la Unión Europea y Chile: cúando y cómo se debe proceder a la ulterior liberalización progresiva y recíproca de todos los intercambios comerciales. 
Tanto en el Acuerdo UE-MERCOSUR como en éste encontramos indefiniciones que no restan importancia a su trascendencia política pero que, a mi juicio, no añaden claridad al acuerdo. 
No se prevé explícitamente la posibilidad de extender este acuerdo a otros países del Cono Sur, pero por el contrario, se da un paso importante ya que, mientras en el Acuerdo marco interregional Unión Europea-MERCOSUR no se abordaba la necesidad de cooperar en materia de contratación pública, Chile sí ha aceptado su inclusión. 
De todas formas, seguimos encontrando una falta de diálogo económico más abierto, y de coordinación de estrategias en los foros internacionales. 
El diálogo económico y comercial está limitado y circunscrito sólo a lo bilateral. 
Al igual que en el caso previo del Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR, ambas partes decidieron que la cooperación comercial entrase en vigor lo antes posible, decisión tomada sin la previa consulta del Parlamento, quien debía haber sido consultado dado el contenido de las disposiciones comerciales, y se repite la misma indefinición respecto a sus implicaciones institucionales sobre consecuencias presupuestarias. 
De todas formas, el Parlamento debe valorar especialmente el hecho de que la denominada cláusula democrática o cláusula de derechos humanos, se haya introducido en este acuerdo. 
En la Comisión REX valoramos como pilar básico del acuerdo el diálogo económico y comercial con carácter periódico, ya que el acuerdo incluye un plan de trabajo muy elaborado, en el que figuran todos los elementos esenciales para negociar la creación de una verdadera zona de libre comercio. 
Por último, quiero mostrar nuestro disgusto por la ambigüedad de los compromisos financieros y el descuido de la Comisión en este ámbito, tanto en el contenido como en la planificación, como fue señalado por la Comisión de Presupuestos. 
En definitiva, denota debilidad en el diálogo político parlamentario y ni siquiera se menciona al Parlamento Europeo en el acuerdo. 
Deseo por último felicitar a la ponente por este informe. 
Señora Presidenta, el Grupo Liberal se pronunciará hoy a favor del Acuerdo marco con Chile. 
Y no lo hacemos por que allá todo suceda de manera excelente y en el correcto informe de la Sra. Miranda de Lage comprobamos que la situación es más bien decepcionante, sino sencillamente con el ánimo de brindar respaldo a una evolución positiva. 
La transición a una democracia absoluta no ha concluido aún, y tal como señaló el Sr. Smith, los militares siguen desempeñando en el país un importante papel. 
Este acuerdo se orienta a la instauración de una asociación política y económica. 
Desde un punto de vista económico las relaciones con Chile resultan potencialmente alentadoras. 
Habrá muchos aspectos aún que regular aunque existe el compromiso de una liberalización recíproca. 
Este acuerdo encaja en la evolución de nuestras relaciones con América Latina que no dejan un cierto margen a la diversidad entre los países pero que siguen formando sin embargo todo un conjunto. 
Habría sido deseable en este acuerdo un mayor grado de claridad. 
Se ha creado así un enésimo modelo, otra vez divergente, y así nos hallamos de nuevo ante un serio diálogo parlamentario regulado sólo de modo indirecto. 
Para concluir, y a causa de las relaciones existentes entre Chile y MERCOSUR, reviste la mayor importancia que en la elaboración del presente acuerdo tengamos presente las relaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica concede una extraordinaria importancia a este diálogo con Chile y a esta decisión del Consejo de firmar un acuerdo de cooperación con Chile que llegue en un plazo breve a convertirse en un acuerdo de asociación política y económica. 
Pero ante este informe, muy bien realizado por la Sra. Ana Miranda de Lage, no encontramos con un sentimiento y una visión ambivalentes. 
Por un lado, estamos de acuerdo en que hay que dar este paso- vamos a dar nuestro apoyo, instamos a la Comisión a que prosiga el diálogo y las actuaciones que viene teniendo -, pero creemos que no se cumplen muchos requisitos. 
Estamos en muchos casos en la retórica, en vez de en la realidad política. 
Cuando se dice que compartimos valores comunes de democracia, de apoyo a los derechos humanos, de democracia pluralista, luego tenemos que reconocer también que Chile no es una democracia plena. 
Sabemos que ocurre lo mismo en otras partes del planeta, en otras naciones demográficamente más importantes con las que mantenemos acuerdos. 
No queremos ser hipócritas, ni queremos ser sectarios, pero tenemos que decir en voz alta que Chile no es una democracia plena. 
Cuando yo tuve el privilegio, como otros diputados de este Parlamento, de asistir al plebiscito que puso fin a la presidencia de Pinochet, ese sangriento dictador, como presidente de la República, nosotros pensábamos que, en un plazo breve de años, Chile recuperaría plenamente la democracia, y no ha sido así. 
El general Pinochet, que tiene las manos manchadas de sangre, que está condenado política y moralmente por el conjunto de las naciones, que no puede viajar a muchos países del planeta, porque los demócratas no le pueden recibir, sigue teniendo una posición importante en Chile- yo no digo dominante, pero sí importante- puesto que puede nombrar directamente a parte de los senadores y puede influir de forma muy importante sobre el poder judicial. 
En definitiva, tiene bajo cierta tutela a la democracia chilena. 
Yo sé de los esfuerzos de los demócratas chilenos y de las instituciones chilenas por superar esta situación, pero tenemos que reconocerla como es. 
Esa apelación a valores compartidos se enfrenta ante el hecho real de que no se pueden ejercer los valores democráticos, ni siquiera se puede pedir plenamente cuenta por los crímenes que se han cometido en un pasado, todavía inmediato. 
Y hay muchos ejemplos de ello, el más importante de los cuales es el de Carmelo Soria. 
A su familia se le ofrecen reparaciones extrajudiciales, pero el Tribunal Supremo de Chile ha aplicado la ley de amnistía a los autores de su muerte, pese a tratarse de un funcionario internacional asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado, dirigidas en último término por el hombre que es el Capitán general de los ejércitos de Chile y que controla todavía en gran parte la situación. 
No bastan reparaciones extrajudiciales y desde aquí apelamos a la Comisión a que siga por el camino de exigencias que sabemos que ya ha emprendido. 
Y hay otros temas menores sin duda alguna, pero importantes, como la confiscación de bienes de ciudadanos europeos. 
En el informe, y sobre todo en los informes de opinión de distintas comisiones, se habla del diario Clarín que no es devuelto a sus dueños. 
Pero el dueño del diario Clarín tiene nombre y apellidos: se llama don Víctor Pey y no puede conseguir ante los Tribunales de Justicia la devolución de un periódico del cual tiene el 100 % de las acciones, que le fueron robadas de su propio despacho en un asalto de un piquete militar. 
Estos son pequeños ejemplos, y grandes ejemplos en el caso de Carmelo Soria, sobre la conculcación de los derechos humanos. 
En cuanto al fondo del informe, nosotros creemos que un dictamen conforme hubiera sido lo justo y estamos decididos a que pierda su efecto evanescente para tener una concreción política y económica. 
Señora Presidenta, cuando en septiembre de 1995 estuve en Chile con la delegación para Sudamérica, fui literalmente asediado por grupos pro derechos humanos y de protección del medio ambiente. 
Todos ellos tenían grandes temores de que el nuevo acuerdo entre la UE y Chile no contribuyese a la solución de los problemas más urgentes. 
Llamaron la atención sobre la limitación de la democracia, la impunidad de los violadores de los derechos humanos, la ausencia de división de poderes y la subsistencia del poder de Pinochet. 
«La comparación con el tigre asiático» hace aguas, dijeron, » pues el país es un tigre sin selva». 
Aunque las cifras macroeconómicas en Chile son positivas, sin embargo el bosque está siendo talado totalmente, el mar está siendo expoliado y la explotación del cobre y una agricultura dirigida a las exportaciones están dirigiendo al país hacia una catástrofe ecológica. 
En todo el continente, la diferencia entre pobres y ricos solamente es mayor en Brasil. 
Los chilenos me pidieron que abogásemos por una democracia ilimitada en Chile, un desarrollo económico en el que tengan su parte las personas y no solamente las multinacionales, por una vía de desarrollo ecológica. 
Pero si observan el Acuerdo, nada de ello se dice en él. 
Chile debe convertirse en un lugar aún más atractivo para los consorcios e inversores. 
Se les ofrece una liberalización comercial aún mayor y se pretende orientar hacia Europa su estructura comercial y fiscal. 
¿Es que se quiere que la dependencia actual del 91 % de las exportaciones de materias primas aumente hasta el 100 % en el futuro? 
La cláusula de derechos humanos, la protección del medio ambiente y la ayuda para los más pobres que figuran en el Convenio no son más que el usual adorno lírico, señor Comisario. 
Si fuesen algo serio, lo primero que tendría que ocurrir es que dimitiese Pinochet antes de que el Acuerdo entrase en vigor. 
Se quiere que el triángulo Chile/MERCOSUR/UE se convierta en la zona de librecambio mayor del mundo, pero ¿quién controlará entonces la libertad de comercio de los librecambistas? 
Se han puesto en vigor los aspectos político-comerciales del Acuerdo sencillamente mediante un intercambio de cartas. 
Por ello, los Verdes vamos a abstenernos ya que el Acuerdo no corresponde a lo que las personas quieren en Chile y, señor Comisario, por su parte sería deseable menos lírica, más realismo y palabras claras. 
Señora Presidente, tras la instauración del acuerdo con el MERCOSUR es también importante que las relaciones políticas y comerciales con Chile sean reforzadas. 
En la ejecución del Acuerdo marco deberá prestarse especial atención a la lucha contra la miseria y el subdesarrollo en ese país. 
Pese al crecimiento económico registrado una gran parte de la población chilena sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza. 
El Acuerdo marco podrá ejercer un efecto favorable en el proceso de transición hacia una democracia parlamentaria. 
Un importante elemento del acuerdo lo constituyen los compromisos relativos a la futura liberalización del tráfico comercial. 
Si bien no será cuestión de inmediato de la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Chile, en su informe reconoce no obstante la ponente que en el ámbito del sector agrario desempeñarán un papel clave las próximas negociaciones sobre libre comercio. 
En fecha reciente publicó la Comisión una comunicación referente a los aspectos relacionados con la OMC de acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y terceros países. En dicho documento queda señalado como principio que deberá evitarse todo tipo de contradicción con la Política Agrícola Común. 
De ahí que conviene velar por que la acumulación de acuerdos de libre comercio no den lugar en los Estados miembros a efectos secundarios indeseables. 
Por consiguiente, un futuro acuerdo de libre comercio con Chile podrá celebrarse únicamente en concierto con los criterios de la OMC y tras un detenido análisis de las ventajas y desventajas ligadas con ello. 
El informe que nos ha presentado la Sra. Miranda es transparente. 
Aprobaremos este acuerdo. 
Señora Presidenta, deseo manifestar que estoy de acuerdo con el informe de la Sra. Miranda y hacer sólo una observación. 
Estimo que, a pesar de sus límites, este acuerdo contempla un hecho importante, esto es, la introducción de la cláusula democrática que responde precisamente a la exigencia, planteada en este Pleno también por el Sr. Puerta, de una plena transición hacia un régimen democrático, así como a la exigencia de consolidar la supremacía del poder civil y político sobre las fuerzas armadas, la independencia del poder judicial y la no impunidad en los casos de delitos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Y esto último afecta al general Pinochet y sus partidarios. 
El segundo aspecto que deseo recalcar es la importancia de celebrar este acuerdo en vísperas del encuentro con el Parlatino, el Parlamento de América Latina. 
Deseo manifestar asimismo que debemos fortalecer y racionalizar cada vez más nuestras relaciones con el conjunto de América Latina. 
En este sentido, el presente acuerdo puede servir de ayuda, sin embargo, nuestro objetivo es el acuerdo global entre la Unión Europea y América Latina, entre el Parlamento Europeo y el Parlatino. 
Señora Presidenta, voy a intentar no repetir las ideas que aquí se han manifestado, señalando simplemente mi coincidencia o mi divergencia con los discursos anteriores. 
En primer lugar, es importante este acuerdo con Chile en un marco caracterizado por la pérdida de competitividad de la industria europea reflejada en la pérdida de cuotas de mercado en los países industrializados. 
En este contexto, las relaciones con América Latina en general y con Chile en particular, tienen especial significación. 
Dentro de América Latina, especial relevancia tienen las relaciones con Chile. 
Se han subrayado en el informe tres aspectos importantes: los aspectos políticos, los aspectos económico-comerciales y los aspectos sociales. 
Coincido de la cruz a la raya con el discurso que aquí ha pronunciado mi compatriota Alonso Puerta. 
Espero que coincidamos también, en la vehemencia en exigir el respeto a un modelo democrático pleno, cuando hablemos de otros países de ese continente. 
En segundo lugar, coincido con la ponente en la especial significación que tiene este acuerdo en un momento en que Chile parece abandonar su modelo de geometría variable de relaciones con otros países para intensificar sus relaciones con MERCOSUR. 
Me parece, por tanto, especialmente inteligente la alusión a la «pasarela» establecida para fijar el modelo definitivo de relaciones con Chile en el contexto de las relaciones con MERCOSUR. 
Y en tercer lugar, coincido totalmente con los oradores que han señalado su preocupación por las posibles desigualdades sociales que el modelo económico actual de Chile pueda ocasionar. 
Finalmente, señor Presidente, creo que, como se ha subrayado por todos los oradores, es hora, como se dice en español, de pasar de las musas al teatro. 
Y si queremos pasar de las musas al teatro, será imposible hacerlo prescindiendo de este Parlamento y prescindiendo- lo que es más significativo- de cifrar estas aspiraciones en una cuantía expresa en los presupuestos que tendremos ocasión de discutir muy pronto. 
Señor Presidente, el desarrollo de relaciones más estrechas entre la Unión Europea y América Latina reviste gran importancia. 
Así, pues, acojo con beneplácito este acuerdo con Chile y felicito a la ponente. 
Aunque el Gobierno actual desea respetar los derechos humanos, aún hay muchos casos sin resolver heredados de la dictadura militar del General Pinochet, que fue responsable de más de 3.000 muertes extrajudiciales oficialmente reconocidas. 
Siguen pendientes más de 1.000 casos. 
El general Pinochet pasará a ser senador vitalicio después de jubilarse como Comandante en Jefe en 1998, si bien el Senado ya está controlado por la derecha a consecuencia de los nombramientos anteriores de Pinochet. Así, puede frustrar reformas sin una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja. 
Algunos dirigentes militares siguen deseosos de acabar con las actuaciones judiciales contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos y para confirmar los derechos de las víctimas. 
Debemos adoptar una posición muy firme a este respecto. 
También debemos reconocer la necesidad de luchar contra la pobreza y no limitarnos a dar una aprobación ilimitada a un modelo neoliberal. 
No obstante, debemos apoyar este informe y una vez más felicito a Ana Miranda por todo lo que ha hecho. 
Señor Presidente, dentro de pocos días vamos a celebrar el cincuenta aniversario de los conservadores de Chile, organización próxima al Partido Popular Europeo. 
El modo cómo se puede realizar esta celebración muestra que la democracia está viva en Chile. 
El proceso de reformas en Chile es uno de los más avanzados y estables en Latinoamérica. 
El Acuerdo-marco constituye uno de los importantes pilares para estas reformas democráticas. 
Con este Acuerdo, Chile ha colocado sus relaciones con los Estados miembros de la Unión sobre la base del respeto de los derechos humanos y el principio de la democracia. 
Sin embargo, todavía no ha culminado la transición hacia un sistema totalmente democrático. 
Cuando exigimos que se hagan realidad los valores democráticos, no debemos olvidar que la base de una democracia es la participación del pueblo. 
En el futuro, el Consejo debería garantizar mejor la participación del Parlamento. 
A pesar de esta crítica al modo de proceder del Consejo, apoyo plenamente el informe de la Sra. Miranda de Lage y el contenido del Acuerdo. 
Saludo en especial los siguientes puntos: la cooperación que se intenta para desarrollar las estructuras de la sociedad de la información puede conducir a una mejor comprensión entre los Estados de la UE y Chile ya que basamos nuestro diálogo en unos valores comunes. 
El Acuerdo contiene además unos puntos concretos que pueden ser útiles directamente para las personas del país. 
En mi última visita a Chile se me expusieron los problemas existentes en el ámbito de la formación básica. 
Por ello, me alegra mucho de que se se haya tenido en cuenta este problema y se haya incluido en el Acuerdo. 
Para finalizar, quiero decir desde un punto de vista nacional que Alemania va a concluir pronto el proceso de aplicación del Acuerdo y que no escatima esfuerzos para que las relaciones chileno-europeas sigan desarrollándose sobre la base del mismo. 
Señor Presidente, Chile es, sin duda, el país latinoamericano más lejano geográficamente, pero más cercano al corazón del Parlamento Europeo políticamente, y eso lo vivimos con motivo del plebiscito y con motivo también de la lucha por la democracia en Chile. 
Hoy Chile es un país maduro, un país que mira hacia tres continentes desde el punto de vista económico, y es importante que reforcemos nuestros lazos económicos con Chile. 
Pero yo me quiero referir, señor Presidente, a algo que tuve el honor de decir en nombre del Parlamento Europeo ante el Congreso chileno reunido en Valparaíso, y es nuestro apoyo claro a la implantación de una democracia plena en Chile, en la que la jurisdicción civil sea el elemento fundamental. 
Y, en este sentido, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa de este Parlamento ha apoyado el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación y la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y es importante que se resuelvan temas como los ya mencionados del caso Soria, el periódico Clarín y, sobre todo, que se consiga levantar la hipoteca que hoy en día todavía pesa sobre la democracia en Chile. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, recibo con gran satisfacción el informe de la Sra. Miranda cuyos análisis y conclusiones sobre el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Chile reconocen y refuerzan el trabajo realizado hasta ahora por la Comisión Europea. 
La firma de este acuerdo va a suponer un cambio sustancial en nuestras relaciones con Chile, en el marco de la nueva estrategia de la Unión Europea, orientada hacia la redefinición del conjunto de las relaciones con América Latina. 
Chile ha destacado en estos últimos años, tanto en el contexto regional como internacional, por el buen resultado de su economía, el dinamismo de su diplomacia y su presencia activa en los mercados mundiales. 
Chile ha celebrado diversos acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países de la ALADI, acuerdos bilaterales con México y Canadá, ha adherido a la Asociación del Pacífico y ha firmado un acuerdo con MERCOSUR. 
El nuevo acuerdo con la Unión Europea se basa en esta realidad concreta y reconoce el papel especial de Chile en la región del Cono Sur de América Latina. 
Por otra parte, fija un objetivo final muy ambicioso: el establecimiento de una asociación política y económica entre las partes. 
El mecanismo previsto coincide con el que se recogía en el Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR. 
Ya en el contexto de la aplicación de la primera etapa, las partes- Unión Europea y Chile- han celebrado la primera reunión de la Comisión Mixta el pasado 16 de diciembre, para establecer precisamente los mecanismos institucionales necesarios para el funcionamiento del acuerdo, y la primera reunión de la subcomisión comercial está prevista para el primer semestre de este año. 
En su informe, señora Miranda, recoge ya una explicación exhaustiva de la estructura y de las potencialidades del acuerdo. 
Por mi parte, me limitaré a recordar brevemente los elementos innovadores de éste. 
Con la experiencia ya acumulada y haciendo frente a los desafíos planteados por el constante desarrollo de la tecnología y de la industria, la cooperación amplía sus horizontes, extendiéndolos a sectores claves, como los servicios, las inversiones, la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y la sociedad de la información. 
Se prevé también, gracias al sistema de «pasarelas» -tan denostado en su día, pero que está demostrando que fue un invento de la Comisión -, la posibilidad de realizar proyectos conjuntos con MERCOSUR y efectivamente, esto es algo que nos interesa sobremanera. 
Respecto a algunas intervenciones quiero señalar que este acuerdo, como la mayoría de los acuerdos que estamos haciendo con América Latina, presta una atención muy específica a la corrección de los desequilibios sociales. 
Y, en ese sentido, la lucha contra la pobreza, el apoyo a las PYMES, las acciones en favor de los segmentos más débiles de la sociedad- jóvenes y mujeres -, están perfectamente integrados en los programas de cooperación que hacemos con Chile. 
Y no puedo aceptar que el problema del medio ambiente esté ausente en el acuerdo, ya que el problema del medio ambiente se considera precisamente un elemento esencial del concepto de cooperación en términos de desarrollo sostenible que estamos desarrollando con la República chilena. 
En cuanto a las relaciones políticas, se ha dado un gran impulso, incluso con el nuevo foro de relaciones parlamentarias. 
Se preguntan ustedes cómo se va a proceder en el futuro. 
Aquí hay una novedad y son las relaciones, tal y como se han establecido, en términos de negociación después del acuerdo alcanzado con la delegación chilena, en la última reunión del Grupo de Río y- dentro del Grupo de Río- en la primera relación institucionalizada con Chile en Noordwijk. 
Básicamente hemos llegado a un acuerdo de calendario hacia la futura liberalización de los intercambios, y lo haremos de la siguiente manera: durante 1997, y hasta el primer semestre de 1998, los organismos previstos en el acuerdo- Comisión Mixta, Subcomisión de Comercio y los distintos Grupos de trabajo -, deberán centrar toda su atención en la elaboración de lo que denominamos la «radiografía de los intercambios» , es decir, la elaboración de todos los análisis técnicos pertinentes que permitan avanzar en los ambiciosos objetivos previstos en nuestra estrategia. 
Durante el segundo semestre de 1998 o el primer semestre de 1999 se producirá la reunión a alto nivel prevista en el acuerdo para proceder al arbitraje final y, a partir de esta fecha, comenzar la negociación definitiva para la liberalización progresiva y recíproca de todos los intercambios. 
Este es básicamente el panorama que se ha podido dibujar con la delegación chilena, en el pasado mes en Noorwijk bajo presidencia holandesa. 
Por último, quisiera hacer una serie de consideraciones respecto a algunas intervenciones que se han producido. 
En primer lugar, pensamos que este acuerdo, independientemente de su contenido, que siempre es opinable por supuesto, busca también otros efectos que no están en el mismo, pero que son importantes. 
En primer lugar, la operación que hace la Unión Europea con Chile, y por el sistema de «pasarelas» con MERCOSUR, es un reforzamiento del modelo de regionalismo abierto, y particularmente en una zona importante de América Latina como es el Cono Sur. 
Sí, el objetivo estratégico de la Unión Europea es desarrollar en América Latina, y particularmente en el Cono Sur, una economía emergente, sólida, creadora, abierta y capaz de tener una relación privilegiada con la Unión. 
No oculto que también estamos haciendo esta operación porque es de los raros casos en el mundo- MERCOSUR más Chile -, donde la Unión Europea es el principal interlocutor económico y comercial y el principal inversor por delante de Estados Unidos y de Japón. 
Hay interés mutuo en ir protegiendo, dentro de la zona, una presencia europea en lo político y en lo económico. 
Segundo, esto va a reforzar sin duda el proceso de consolidación de la democracia. 
Advierta, Sr. Puerta, que digo proceso de consolidación de la democracia, porque no voy a negar que todavía existen zonas grises en el modelo político chileno. 
Y es evidente que hay que seguir todos, unos presionando a la manera del Parlamento, otros trabajando dentro del acuerdo, al objeto de ir resolviendo este tipo de zonas grises que todavía existen en este país. 
Y por último, y porque veo una alarma creciente en la cara de mi amigo el señor Smith, debo decirle que somos muy sensibles a la calidad del güisqui y particularmente del güisqui escocés. 
Y, en ese sentido, usted me pedía una respuesta categórica. 
Efectivamente, después del diálogo mantenido por el Sr. Brittan y por nosotros mismos, hemos confirmado a las autoridades chilenas que el régimen de protección del pisco, bebida nacional, es contrario a las reglas de la OMC. 
La ley elaborada por el Gobierno chileno, y que iba a ser presentada al Parlamento chileno, no se ajusta en nuestra opinión a las reglas de la OMC. 
El presidente de la República de Chile se comprometió, en el diálogo con Sir Leon Brittan, a corregir la ley en términos de compatibilidad con la OMC. Esto se haría en el mes de abril, también se lo confirmo. 
En el supuesto de que no tuviéramos una respuesta por parte de las autoridades chilenas, la Unión Europea procedería automáticamente a abrir el panel en la OMC. 
Hemos explicado a las autoridades chilenas que el hecho de abrir un panel no significa crear un problema político o crear un problema de entendimiento diplómatico o general. 
Es una institución que existe en la OMC y que ha sido precisamente inventada para resolver de una manera amigable y pacífica este tipo de conflictos. 
Yo espero, no obstante, que se produzca esta revisión de la ley chilena, que no nos obligue a ir a la OMC a discutir el problema del güisqui escocés. 
También del güisqui irlandés, por si queda todavía algún irlandés en la sala. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Sistema de evaluación del impacto sobre las empresas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0413/96) del Sr. Mather, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el fortalecimiento del sistema de evaluación del impacto sobre las empresas. 
Señor Presidente, en el centro de la labor de cualquier Parlamento está el deber de examinar, revisar y mejorar los proyectos de legislación. 
Esta Asamblea puede enorgullecerse del tiempo que dedica a esa tarea y la seriedad con que se la toma. 
El informe que ahora tiene la Asamblea ante sí va encaminado a fortalecer nuestra capacidad para mejorar la legislación y a brindar a la Comisión incentivos para hacer una investigación más completa de la nueva legislación, celebrar consultas más amplias y poner a prueba las opciones más ampliamente. 
En particular, las pequeñas y medianas empresas y en particular las microempresas de 10 empleados o menos son las que corren mayor riesgo a consecuencia de cargas legislativas involuntarias o imprevistas. Nuestra medida brinda a esas empresas protección particular. 
En un nivel este informe es neutral y técnico. 
La insistencia en que se deben determinar más claramente los costos y los beneficios de la legislación no prejuzga la conveniencia de la propia legislación; simplemente nos brinda instrumentos mejores mediante los cuales calibrar lo que nos proponemos hacer. 
El informe alienta a todos los que participan en el lanzamiento y la formulación de directivas importantes a que tengan los ojos más abiertos sobre las consecuencias. 
Instamos a la utilización de un modelo uniforme, a la distribución de las evaluaciones de las repercusiones muy ampliamente entre los ciudadanos, las empresas y los gobiernos en toda la Unión Europea y esperamos que con ello se promueva la transparencia y un debate caracterizado por un mayor conocimiento de causa. 
Espero que el Comisario Papoutsis convenga en que las medidas encaminadas a hacer más estrictos sus procedimientos internos ayudará a la Comisión a desempeñar mejor sus funciones y que nuestro informe contribuya a los estudios que ha puesto en marcha en ese sector. 
En particular, instamos a la Comisión a que vele por que ningún instrumento legislativo llegue al Colegio de Comisarios sin una doble protección. 
En primer lugar, que se adjunte a la propuesta una evaluación de las repercusiones, aprobada por el Secretario General, y, en segundo lugar- y se trata de algo muy importante -, que haya una firma personal de un Comisario que atestigüe que se ha concluido adecuadamente esa evaluación de las repercusiones. 
Así, pues, por primera vez, los Comisarios tendrían que firmar personalmente para confirmar que se ha hecho una evaluación idónea de las repercusiones. 
Creo que esta medida contribuiría a colocar a Europa en el nivel más elevado de procedimientos excelentes a la hora de formular legislación. 
En todo el mundo, los Estados Unidos, el Reino Unido, en toda la OCDE, vemos una preocupación cada vez mayor con la calidad del gobierno, la calidad de la legislación. 
Europa debe estar en la vanguardia de ese proceso. 
Debemos tomar la iniciativa y creo que este informe, si la Comisión lo adopta, nos ayudará a alcanzar esa posición. 
También en esta Asamblea unas evaluaciones mejor preparadas de las repercusiones deben ayudar a nuestros ponentes a destacar las partes más importantes de las nuevas medidas y a concederles prioridad para el debate entre nuestros colegas. 
Es muy importante que, al desarrollar el sistema de la fiche d ' impact, no aumentemos la burocracia ni hagamos nuestros sistemas engorrosos o faltos de agilidad. 
El informe reconoce que nuestros colegas de la Comisión necesitan niveles apropiados de financiación para hacer las inversiones suplementarias en calidad y para que la utilización de ese sistema no añada procedimientos innecesarios. 
Es importante ir revisándolo y el informe brinda también una oportunidad a los afectados por la legislación para examinarla durante varios años después y no dar por sentado que la legislación es algo definitivo de una vez por todas. 
Si presenta cambios importantes imprevistos en sus costos o beneficios, en la Unión Europea debemos poder volver sobre ella y revisarla de forma estructurada. 
Estoy deseoso de oír las contribuciones de los colegas y la respuesta del Comisario Papoutsis a la Asamblea. 
Hemos redactado este informe precisamente para ayudar a la Comisión a llevar a cabo su labor en ese ámbito. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los colegas que me ayudaron a prepararlo, en particular los de las Comisiones de Medio Ambiente y de Asuntos Sociales, que le aportaron opiniones concretas, pero también quisiera señalar en particular la labor de Lyndon Harrison, que me ha ayudado enormemente a preparar este informe y cuyos pasos sigo para la orientación de esta labor. 
Permítaseme recomendar el informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, muchas gracias al Sr. Mather por su labor en este informe. 
Ha tardado mucho en llegar y lo acogemos con beneplácito y, si se me permite decirlo así, tendrá algunas repercusiones legislativas propias. 
Como dice usted acertadamente, muchas empresas pequeñas han estado confusas y perplejas ante las repercusiones de la legislación. 
No se habían encontrado con ello antes o no había tenido demasiadas repercusiones en sus vidas hasta que de repente un funcionario les dice que así va a ser. 
Es evidente que no es justo, si ésas son las circunstancias, por lo que en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos prestado atención especial a eso, en particular a los aspectos de salud y seguridad. 
De conformidad con el artículo 118 A, por ejemplo, hay una protección para las pequeñas y medianas empresas y me complace que en este informe se mencione la protección contra las innecesarias cargas financieras y administrativas de cualquier legislación que se introduzca. 
Tal vez podría referirme a que también en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos procurado incluir a las pequeñas y medianas empresas en el informe en el que hemos procurado velar por que toda legislación presentada se explicara fácilmente. 
Yo fui el ponente de ese informe. Por desgracia, sigue bloqueado por el Consejo de Ministros, pero esperamos que las pequeñas empresas puedan beneficiarse de él en algún momento futuro, cuando deje de estar bloqueado. 
Si se crean puestos de trabajo, como es de esperar que así sea gracias a muchas pequeñas empresas, será porque cultivemos la innovación y la actividad empresarial. 
Es importante que se desarrolle esa actividad teniendo presente la política social y para ello necesitamos partenariados de verdad. 
Necesitamos un partenariado entre el empleador, el empleado y los legisladores. 
Los puestos de trabajo, el sostenimiento de las empresas válidas y la sensatez política son una receta para el crecimiento. 
La evaluación de las repercusiones se hace en todo el mundo y la vía para avanzar es la de permitir el tipo de flexibilidad que brinda fortaleza competitiva a las empresas y equidad en el lugar de trabajo. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente aboga por el fortalecimiento del sistema de evaluación del impacto sobre las empresas. 
El informe de esta comisión se centra en cuatro puntos diversos. 
En primer lugar estimamos que una legislación comunitaria sencilla e inequívoca resultará de más fácil ejecución para las empresas y de un control exento de problemas. 
En segundo lugar un sistema meticuloso de evaluación habrá de ejercer un triple efecto, a saber, la justificación de la medida propuesta, la concienciación y la información y el carácter previsible de la gestión. 
En tercer lugar, la Comisión de Medio Ambiente acoge con beneplácito también la intención de la Comisión de prestar atención a la evaluación económica en lo referente a los aspectos ambientales. 
En cuarto lugar, el sistema de evaluación del impacto sobre las empresas será contemplado en este Parlamento como un elemento integrante de la propuesta legislativa. 
El Grupo Liberal felicita al Sr. Mather por su informe en el cual propone un fortalecimiento del sistema existente de evaluación del impacto sobre las empresas. 
Su objetivo es estimar los efectos y los costes para las empresas de la legislación europea. 
En caso además de que esta evaluación contemple igualmente los efectos medioambientales, sociales y en la colectividad en su conjunto el propósito inicial del informe se verá completamente suprimido. 
Las cuestiones de medio ambiente, de seguridad, de salud pública y de protección del consumidor constituyen el tema y el objetivo de las medidas propuestas que resulta necesario verificar. 
En caso de que se modifique el informe el Grupo Liberal no podrá entonces apoyarlo. 
Consideramos el sistema de evaluación del efecto sobre las empresas como un indispensable control de calidad en el ámbito industrial. 
Desde la creación en 1958 hasta enero de 1994 se han elaborado no menos de 48 000 reglamentos, directivas y disposiciones europeos. 
Es evidente que hemos alcanzado un punto de saturación. 
En esta Asamblea nos llenamos mucho la boca con una política europea del empleo. 
No es tomando del Tratado un capítulo «Empleo» que se crean fuentes de trabajo, sino a través de un mejor clima empresarial y éste comprende, entre otras cosas, una normativa más adecuada. 
Para resumir, apoyamos completamente el informe original pero no podemos echarnos a navegar con los compromisos concertados que amenazan con llevar a pique el informe. 
Señor Presidente, agradezco al ponente que haya sacado adelante este estimulante e interesante informe. 
Es un informe que mi Grupo puede acoger con beneplácito y apoyar. 
Es importante que seamos siempre conscientes de las repercusiones de nuestro labor, en particular cuando afecta a la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para crecer, para llegar a ser más competitivas y rentables y- la razón más importante de todas- para dar empleo a muchos trabajadores. 
Creo que el informe del Sr. Mather encaja perfectamente en la estrategia actual que esta Asamblea ha apoyado mediante la labor del fallido Grupo Molitor y después la iniciativa SLIM en pro de una legislación más sencilla en el Mercado Interior, pasando por iniciativas como la del establecimiento de pautas comparativas en la industria y el planteamiento sector a sector de la competitividad en la industria. 
Este informe encaja en lo que hemos estado intentando lograr en todos esos sectores y coincide con algo que el propio Presidente Santer ha dicho, a saber, hacer menos, pero hacerlo mejor. 
No cabe duda de que todos podemos convenir en ello. 
En todas esas iniciativas el partenariado es decisivo y me complace mucho que el ponente haya aceptado varias enmiendas importantes de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Dichas enmiendas demuestran con toda claridad que este informe no versa sólo sobre asuntos empresariales y, en consecuencia, presenta grandes posibilidades para la forma como formulamos e introducimos la legislación como Parlamento. 
Espero que la Comisión acepte y apruebe esas posibilidades y estoy deseoso de oír lo que ha de decir el Comisario sobre el informe del Sr. Mather. 
Las pequeñas empresas de ciudades como Dudley, Halesowen, Strourbridge, Smethwick y Wolverhampton de mi circunscripción están al corriente permanentemente de los requisitos legislativos que se les exigen. 
No les importan los trámites burocráticos siempre que sean equitativos, razonables y necesarios. 
Los funcionarios y los políticos deben ser conscientes siempre de que nuestra labor tiene repercusiones en la capacidad de nuestras empresas para ser rentables y crecer. 
Podemos acoger con beneplácito este informe en el sentido de que creará mejores condiciones para las empresas de zonas como la industrial de West Middlands para ser competitivas y rentables y dar empleo a muchos trabajadores. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Mather por el importantísimo informe que ha presentado. 
Si consideramos que el 99, 8 % de las empresas en Europa tienen menos de 250 trabajadores, hay que constatar que la avalancha que se avecina sobre estas empresas desde el nivel europeo es enorme y que una gran parte de dichas empresas no tiene tiempo ni ganas de ocuparse de estas normas. 
En algunas grandes empresas funcionará, pero no en un gran número de pequeñas empresas. 
Se derrochan muchos miles de millones de ecus y se emplean improductivamente muchos años-hombre. 
El consumidor debe pagarlo lo que, a la postre, constituye un impedimento esencial para la competencia. 
Y estar en un mala posición competitiva significa pérdida de puestos de trabajo. 
Pero precisamente las pequeñas empresas no se ocupan demasiado de estas normas. También han mostrado que están en situación de crear nuevos puestos de trabajo. 
Por ello, en primer lugar, la evaluación del impacto sobre las empresas debe adquirir necesariamente un status legal oficial. Debería además realizarse mediante asesores externos. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo debería recapacitar sobre qué normas son realmente importantes o urgentes y llevar a cabo una evaluación de aquellas normas que deben entrar en vigor. 
Con nuestros 314 votos deberíamos impedir mucho más frecuentemente las normas que no nos parecen oportunas. 
En tercer lugar, en el futuro, la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales debería ocuparse mucho más intensamente de la evaluación del impacto sobre las empresas tras la entrada en vigor de las normas. 
Además, la comisión debería tener la posibilidad de tomar iniciativas en este campo para poder derogar normas. 
En cuarto lugar, la evaluación de los costes para la administración pública debería realizarla la Comisión de las Regiones y deberíamos aprovechar la oportunidad para presentar a la UE como oferente ejemplar de servicios. Service is our succes. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. 
Es corto, pero su brevedad no está reñida con su importancia. 
Es un informe muy importante para la labor de esta Asamblea porque versa sobre el control de calidad de la legislación. 
En la época en que se propugna que se haga menos, pero mejor, necesitamos instrumentos que nos ayuden a ser mejores al llevar a cabo nuestra labor. 
Este informe realzará nuestro papel de legisladores. 
Es importante que el Sr. Mather se centrara en su informe de la Comisión de Asuntos Económicos en el papel de la empresa en particular. 
Si bien reconozco que se podría haber ampliado el enfoque, creo que la forma que le dio en su primera redacción es la que se debe conservar, porque el problema mayor en esta Unión es el desempleo. 
En todo este decenio nunca hemos tenido un desempleo inferior al 10 % de la población activa. 
Es una ejecutoria desastrosa en comparación con los Estados Unidos y el Japón. 
En Europa no hemos permitido a la empresa abrirse y dar fruto. 
Parte del problema es la carga de legislación y burocracia excesivas. 
La clave para la apertura de la empresa es la de establecer el procedimiento de doble protección que se ha propuesto de una evaluación mayor mediante la fiche d ' impact que debe comenzar con nuestro examen legislativo y, en segundo lugar, el cometido de la Comisión. 
El Grupo Liberal apoyará lo esencial de esta propuesta, porque es de lo que se trata en realidad. 
Señor Presidente, está claro que el actual sistema de ficha de impacto es muy insatisfactorio. 
Por ello, el informe sobre la ampliación de este sistema supone un intento razonable para introducir una metodología de las repercusiones de las normas jurídicas de la UE, lo que es de saludar. 
La posibilidad para los grupos afectados de intervenir ya en la fase preparatoria con su asesoramiento es importante e incluso necesaria. 
Es cierto que este informe está dirigido a las repercusiones sobre las empresas o sobre la economía, pero debido a la proyectada ampliación, se deduce también automáticamente una influencia indirecta sobre los sectores de asuntos sociales y de medio ambiente. 
En primer plano debe figurar que las numerosas pequeñas y medianas empresas, que son también responsables de la mayor parte de los trabajadores europeos y en parte del medio ambiente, tengan una base más sólida gracias al conocimiento de los costes-utilidades de las normas jurídicas europeas. 
Con el sistema actual, a la hora de evaluar las repercusiones sobre las empresas no es necesario un detallado análisis de costes-utilidades. 
Pero precisamente esto es especialmente importante. 
Una cuidadosa evaluación del impacto sobre las empresas representa un instrumento muy valioso en los esfuerzos por lograr unas normas jurídicas mejores. 
Para poder aplicar con éxito este sistema va a ser necesario dotar de los medios adecuados a la Dirección General competente y garantizar así una utilización íntegra de la ficha de impacto. 
También se pretende que las normas jurídicas propuestas sean comprensibles y plausibles para los afectados, que tenga lugar una sensibilización e información de los responsables políticos y, ante todo, que la política sea previsible. 
Señor Presidente, lamento no poder unirme al coro de felicitaciones al Sr. Mather. 
Comienzo afirmando que previamente su partido nacional dijo que no existía la sociedad: sólo individuos y sus familias. 
Me parece que el Sr. Mather matiza aún más esa concepción al decir que tan sólo hay empresas. 
Estamos aquí para legislar en nombre de la Unión Europea, en nombre de lo que creo que hay, a saber, una sociedad. 
Me parece que definir una fiche d ' impact puramente en términos empresariales es extraordinariamente peligroso y totalmente irresponsable. 
Hablo como ponente para la Directiva marco sobre el agua. 
Uno de los argumentos que aducimos constantemente en la Comisión de Medio Ambiente es el de que, si legislamos y no tenemos en cuenta el costo que entraña no proteger el medio ambiente, el costo a largo plazo de esa negligencia recaerá sobre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Reconozco que debemos tener en cuenta el costo que entraña para las empresas, pero también debemos tener en cuenta los otros aspectos de la legislación. 
A eso se debe la enmienda nº 26 del Sr. Donnelly, sobre la que ahora se ha llegado a una transacción. 
Esa enmienda dice que también debemos tener en cuenta la salud, la seguridad, el medio ambiente y el empleo, no sólo las repercusiones en las pequeñas empresas. 
Señor Mather, existe una cosa que se llama sociedad y estamos aquí para legislar en su nombre. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias y felicitar al ponente, Sr. Mather, por su informe. 
El sistema de evaluación del impacto sobre las empresas y el examen del impacto de las propuestas legislativas para las empresas constituyen elementos importantes de la política de empresas comunitaria. 
Su objetivo es mejorar y simplificar el ambiente empresarial. 
El sistema de evaluación del impacto sobre las empresas fue establecido por la Comisión en 1986 y en un principio se refería simplemente a las propuestas legislativas. 
Posteriormente, la Comisión consideró que por motivos de eficacia debía estar dirigido únicamente a aquellas propuestas legislativas que pudieran tener repercusiones importantes en las empresas, y en concreto en las PYME. 
En 1997, de las 16 nuevas propuestas examinadas por la Comisión, se ha llegado a la conclusión de que sólo diez pueden tener un impacto importante sobre las empresas y, por lo tanto, requieren una evaluación. Apruebo el espíritu general del informe y asimismo la resolución del Parlamento Europeo. 
No obstante, considero excesivas las críticas vertidas. 
Por supuesto, estoy al tanto de las críticas sobre la calidad de las evaluaciones del impacto sobre las empresas realizadas por determinados Estados miembros. 
Reconozco también que no todas las evaluaciones del impacto son excelentes o las mejores posibles. 
Sin embargo, creo que ha mejorado su calidad en los dos últimos años y quiero asegurarles que estamos haciendo un esfuerzo continuo por mejorar aún más estas funciones. 
Nuestro objetivo es que se incluya, cuando sea necesario, el análisis de costes y beneficios especialmente en las propuestas legislativas complejas que se refieran a una amplia gama de actividades empresariales. 
Es imprescindible que este análisis comprenda el impacto en el medio ambiente, en la salud y la seguridad, en el empleo y en los intereses de los consumidores. 
Coincido con sus observaciones sobre estos temas. 
La propuesta de la Comisión sobre un reglamento del Consejo para la protección del proyecto industrial es un buen ejemplo de los casos en que la evaluación del impacto sobre las empresas pone de relieve los intereses a menudo opuestos de distintas actividades empresariales. 
Permítanme que mencione aquí el siguiente ejemplo: la Comisión consideraba que en su propuesta definitiva había logrado un equilibrio razonable entre la necesidad de proteger las industrias automovilísticas y la garantía de un acceso competitivo al mercado para los productores independientes de repuestos. 
Algunas de las informaciones incluidas en esta evaluación concreta del impacto sobre las empresas llevaron al Parlamento a presentar enmiendas. 
La Comisión, en líneas generales, pudo aprobarlas, pero lamentablemente resultó más difícil para el Consejo aprobar tanto la propuesta inicial de la Comisión como la versión con las enmiendas del Parlamento. 
Señor Presidente, comparto también las observaciones en el sentido de que las empresas y las organizaciones empresariales deben tener la oportunidad de participar en el proceso de consulta con las direcciones generales competentes para la elaboración de las propuestas legislativas. 
Tales consultas tienen una gran importancia, de hecho, para la comprensión de las repercusiones y de las propuestas legislativas. 
Creo realmente que la Comisión ha aumentado e incluso mejorado los procesos de consulta, como se demuestra por el aumento del número de libros verdes y blancos publicados en los últimos años sobre diversos temas. 
Porque, ¿qué es realmente un Libro Verde? 
En realidad, es un proceso de diálogo abierto y constructivo dirigido a todos los interlocutores interesados a nivel europeo. 
En otras palabras, un proceso de consulta para la elaboración de mejores propuestas. 
Estas consultas deben comprender debates con los grupos que tienen un interés especial en la protección del medio ambiente, así como los grupos de consumidores, porque es igualmente necesario escuchar y tener en cuenta sus puntos de vista. 
Como ya he puesto de relieve, es necesario tomar seriamente en cuenta cualquier tipo de impacto, no sólo sobre las empresas en general, sino también sobre la salud, la seguridad, el medio ambiente, los consumidores y, por supuesto, el empleo, que constituye hoy el objetivo número 1 de la Unión Europea y de todos los ciudadanos europeos. 
Celebro especialmente que el Parlamento Europeo considere que la Dirección General de Política de la Empresa debe continuar coordinando el desarrollo del sistema de evaluación del impacto sobre las empresas. 
También coincido con la necesidad de que los procesos de consulta al respecto se lleven a cabo en la fase más temprana posible del examen de la propuesta legislativa. 
Además, he tomado nota de algunas de las otras propuestas del informe, como la de revisar toda la legislación existente. 
Como ustedes saben, la Comisión examina en el marco de la iniciativa SLIM el impacto de determinados aspectos de la legislación con vistas a una simplificación y reducción del coste, así como una reducción de los gastos aministrativos en determinadas actividades económicas. 
Quisiera señalar asimismo que la organización de los procedimientos y trámites internos de la Comisión Europea, como ustedes saben, es competencia exclusiva de ésta. 
Sin embargo, sus ideas, sus propuestas y su crítica constructiva siempre son bienvenidas y, por supuesto, las tendremos seriamente en cuenta. 
Quiero confirmarles mi decisión de contribuir también a título personal a reforzar el sistema de evaluación del impacto sobre las empresas de la Comisión. 
Haremos todo lo posible para mejorar los procesos de consulta con todos los interesados, en el espíritu de las propuestas hoy incluidas en el informe del Parlamento. 
Espero que en breve pueda presentar propuestas para la mejora de los procedimientos internos de trabajo en la Comisión Europea a fin de alcanzar mejor este objetivo. 
El informe del Parlamento, por tanto, aparece ahora en el momento oportuno. Por una parte, deseo mantener un estrecho contacto con él acerca de estos importantes temas en el marco del doble compromiso de la Comisión, que supone por un lado, garantizar los procesos de consulta abiertos y, por otro lado, apoyar a las PYME para propiciar el desarrollo económico y de la creación de empleo. 
Señor Presidente, quisiera agradecer y felicitar una vez más al ponente, Sr. Mather, por su excelente informe. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Ayudas a la construcción naval 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de reglamento del Consejo sobre ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3094/95 del Consejo relativo a las ayudas a la construcción naval (COM (97) 0132- C40153/97-97/0113 (ACC) ). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme que subraye que estoy muy insatisfecho con que este Reglamento haya sido presentado como asunto de urgencia. 
Como ponente originariamente previsto, habría podido garantizar concluir este informe conjuntamente con mis colegas en el curso de próximo mes. 
No obstante, en interés de los afectados he votado ayer en favor de la urgencia. 
Quiero aprovechar la ocasión para expresar mi agradecimiento en especial a las y los colegas con quienes que he tenido una cooperación positiva y objetiva en los últimos tiempos. 
Quiero expresar muy en especial mi agradecimiento al Sr. Alan Donnelly. 
Creo que la Comisión ha expuesto muy detallada y correctamente en esta propuesta la historia y los hechos correspondientes. 
En toda la parte legislativa nos encontramos con unas situaciones específicas muy diferentes en tres de nuestros Estados miembros que tenemos que valorar de modo diverso. 
La problemática de las ayudas a los astilleros debe contemplarse bajo aspectos internacionales y estoy pensando en especial en la problemática de la Directiva sobre la OCDE. 
Como diputado proveniente de la Alemania oriental, quiero indicar que la culpa en la lamentable situación de los astilleros del Este no se debe a éstos sino a la deficiente gestión del consorcio matriz Bremer Vulkan y al deficiente control de los gremios de vigilancia de la República Federal de Alemania, en especial, de la administración fiduciaria y de su sucesora, la BVS. 
Solamente ha llegado a los destinatarios una parte mínima de los créditos necesarios para la reestructuración. 
Permítanme que me refiera muy brevemente a tres de las enmiendas que presenté originariamente. 
Respecto a la enmienda nº 11, quiero retirarla en interés de la capacidad de compromiso de la totalidad del Reglamento. 
La enmienda nº 12 pretende mostrar claramente que estas ayudas estatales son las últimas que se pueden aprobar para los astilleros afectados. 
La enmienda nº 13 exige un control más estricto, un «monitoring» , por parte de la Unión. Vincula a nuestro Parlamento en este proceso y garantiza una participación continuada del mismo en dicho proceso. 
Espero que no se produzca de nuevo una urgencia en este campo. 
Señor Presidente, señoras y señores, la propuesta de la Comisión pretende suavizar la profunda y necesaria adaptación estructural. 
Hay que garantizar la continuidad y conclusión de esta necesaria adaptación. 
Se trata de problemas estructurales en Grecia y en España pero, sobre todo, en Alemania, en el Estado federado de Mecklenburgo-Pomerania Occidental. 
Ayer me referí brevemente a los dramáticos antecedentes cuando me pronuncié en favor de la urgencia así como a las profundas modificaciones estructurales y procesos de adaptación que tuvieron lugar en el plazo de pocos años. 
No obstante, lo que es importante en la situación actual es que no se eche la culpa de las actuales dificultades a los afectados, a los trabajadores de los astilleros. Se les han sustraído las ayudas concedidas. 
Este escandaloso comportamiento está siendo estudiado a fondo actualmente por varios comités de investigación y fiscalías en Bremen, Bonn y Schwerin. 
Desde hace meses se conocen los abusos y la Comisión se ocupa de ellos con gran atención y sentido de la responsabilidad. 
La propuesta de la Comisión contiene todos los hechos importantes y un examen adicional por parte del Parlamento Europeo, tal como se sugirió ayer, por ejemplo, mediante la creación de un comité de investigación, tal como ha propuesto el Sr. Donnelly, apenas contribuiría a un mayor esclarecimiento de los hechos. 
Solamente lograría que se atrasasen las necesarias adaptaciones estructurales. 
Pero cualquier atraso alimenta la inseguridad existente. Cualquier atraso dificulta la privatización prevista, es perjudicial para la empresa y pone en peligro puestos de trabajo. 
Los afectados deberían tener la oportunidad de concluir lo antes posible las adaptaciones estructurales iniciadas. 
No se puede admitir que se castigue además a los que se les ha robado. 
¿Qué lógica es la de seguir perjudicando a los damnificados? 
Imagínense una situación similar en su vida privada y verán enseguida lo absurdo de una propuesta de este tipo, lo absurdo que sería rechazar la propuesta de la Comisión. 
Si se niega una ayuda rápida, significaría una penalización adicional de los afectados y esto sólo puede despertar incomprensión fuera del Parlamento y contribuir a descreditarlo. 
Les ruego, por ello, que den su voto favorable a la muy responsable propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal está profundamente descontento de que se nos haya obligado a aceptar la urgencia. 
Tras oír la contribución del Sr. Gomolka, me preocupa aún más que no vayamos a dedicar la reflexión debida a este expediente. 
Un grave interrogante se cierne sobre el principio de la aplicación de las ayudas estatales en esas situaciones, pero mi Grupo quisiera conservar una amplitud de miras con vistas a un examen y una reflexión imparciales de esa realidad. 
Permítaseme recordar a la Asamblea que las directrices anuales publicadas ayer por la Comisión instan a los Estados miembros a evitar el recurso a las ayudas estatales para aplazar la reestructuración esencial. 
El orador anterior tiene razón: si no reflexionamos debidamente sobre las repercusiones consiguientes, se pueden poner en peligro puestos de trabajo, incluidos los de otros astilleros. 
Por eso creemos en principio que lo que estamos haciendo hoy es una virtual abdicación de los derechos parlamentarios de examen. 
Estamos abdicando de nuestro deber como legisladores de adoptar una actitud de distanciamiento y detenernos a reflexionar. 
En principio, el Grupo Liberal cree que esto es un error y que en la práctica no vamos a hacer otra cosa que refrendar decisiones ajenas. 
Señor Presidente, quisiera abundar en la observación hecha por el Sr. Cox. 
La Comisión de Asuntos Económicos había elaborado un calendario, según el cual habrían sido necesarias dos o tres semanas para examinar adecuadamente este asunto. 
He de decir que la decisión adoptada en principio ayer, en particular por los demócratas cristianos, de refrendar esta decisión, desacredita a esta Asamblea. 
Quiero pedir al Comisario Papoutsis, que va a responder- supongo- en nombre de la Comisión, que dé respuesta a una serie de preguntas concretas y espero que lo haga con mucha claridad. 
La primera es la siguiente: ¿garantizará que ni un céntimo de esta subvención se concederá como subvención al empleo en ninguno de los tres países mencionados? 
Eso significaría, naturalmente, una desventaja competitiva para otros países de la Unión Europea. 
¿Puede decirnos el Comisario si cree que esa subvención contribuirá a la concertación de un acuerdo OCDE con los Estados Unidos y nuestros demás interlocutores o lo obstaculizará? 
Muchos de nosotros creemos que desacredita ese acuerdo, que ahora es nulo y carente de valor. 
¿Tendría a bien decirnos si ha habido algún diálogo con los otros constructores navales del resto de la Unión Europea sobre este acuerdo? 
¿Ha consultado a los demás constructores navales finlandeses, daneses, británicos o franceses para ver las repercusiones que tendrá este acuerdo? 
Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? 
¿Cuáles son las consecuencias para la Séptima Directiva sobre la ayuda a los astilleros? 
¿Va a proponer la Comisión una ampliación de la directiva para que coincida con este reglamento y está dispuesta a revisar el límite máximo de la Séptima Directiva sobre la ayuda a los astilleros? ¿Conviene conmigo el Comisario en que, dado lo delicado de este sector de la economía, es vergonzoso que el Consejo y la Comisión intenten aplicar el rodillo mediante un instrumento legislativo que se debería haber examinado de forma adecuada y transparente? 
Creo que esta Asamblea se desacredita trabajando de este modo y lo lamento profundamente. 
En mi opinión, el Parlamento Europeo adoptó ayer una decisión errónea. 
La mayoría de los diputados votaron a favor del seguimiento de un procedimiento de urgencia para la tramitación de propuesta de la Comisión sobre nuevas ayudas a determinados astilleros de Alemania, España y Grecia. 
Es para mí totalmente inconcebible que por propia voluntad el Parlamento renuncie a un examen exhaustivo de una propuesta que tendrá importantes consecuencias para la industria naval de Europa. 
Nos hemos privado de la posibilidad de debatir la propuesta y de presentar enmiendas. 
Creo que, si es aprobada, sus consecuencias serán incalculables. 
En primer lugar, a la propuesta carece de toda lógica. 
La Comisión ha procedido y ha tenido éxito contra determinados Estados miembros por las ayudas concedidas ilegalmente por éstos a los astilleros. 
Por eso, carece de lógica que ahora pretenda legalizar ayudas por valor de más de mil millones de ecus. 
En segundo lugar, la Comisión no ha tenido en cuenta el daño que la propuesta causará en los astilleros solventes de los Estados miembros a quienes se deniega toda posibilidad de conceder ayudas. 
Dinamarca es uno de los países en el que los astilleros solventes y competentes recibirán un duro golpe. 
En tercer lugar, la propuesta de la Comisión no garantiza con suficiente rotundidad una reducción eficaz de la capacidad de los astilleros beneficiarios y el control con las ayudas es, además, escaso. 
En cuarto lugar, la propuesta tendrá consecuencias insospechadas para la cooperación de la UE con la OCDE. 
La Unión Europea se ha comprometido a no adoptar nuevas disposiciones de política naval en tanto no llegue a buen término el acuerdo internacional en el marco de la OCDE. 
Con esta medida se rompe ese compromiso, lo cual ya ha llevado a los Estados Unidos a presentar protestas a la UE. 
La propuesta perjudicará la fiabilidad de la UE entre los ciudadanos, que la estimarán injusta, y perjudicará la reputación internacional de la UE. 
Por eso, ruego que se vote en contra. 
Señor Presidente, esta propuesta se ha tramitado aplicando principios erróneos. 
La votación de ayer podría haber favorecido igualmente al otro punto de vista. 
126 votos contra 133 significan que los dos bandos están muy igualados. 
Demuestra también que estamos a punto de acabar con nuestra función legislativa. 
El Parlamento se ha vendido por dinero y las consecuencias son que «el baile queda abierto». 
¿Deben ahora los astilleros de Fincantieri en Italia, Le Havre en Francia y de Svendborg en Dinamarca solicitar ayudas a la Comisión para sobrevivir? 
¿Deben romper la cooperación positiva que está empezando a desarrollarse en Europa? 
¿Deben romper los acuerdos OCDE? 
Unicamente puedo añadir que las palabras del Sr. Gomolka han sido un disparate. 
Puro egoísmo. 
En Dinamarca veremos como florecen los astilleros a 100 km de distancia, al otro lado del Mar Báltico, mientras que los nuestros tienen que cerrar. 
Esto no es cooperación europea. 
Esto es beneficio de unos a costa de otros. 
No votaré a favor de la propuesta y espero que nuestra enmienda sea aprobada. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Parlamento y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y en concreto al ponente, Sr. Glante, por la rapidez con que ha examinado la propuesta de la Comisión por la que se modifican las normas comunitarias para las ayudas destinadas a la industria marítima, permitiendo la concesión de subvenciones a determinados astilleros en curso de reestructuración en Alemania, en España y en Grecia. 
Esta rápida elaboración ha sido necesaria ante la necesidad de tomar una decisión a tiempo para no arriesgar el futuro de los astilleros. 
En este contexto, el Consejo de Industria examinará las propuestas de la Comisión en la reunión que se celebrará a continuación de ésta. 
La Comisión espera con razón que el Consejo llegue al menos a un acuerdo político. 
La propuesta de la Comisión se refiere a ayudas que son necesarias para llevar a cabo programas de reestructuración puestos en marcha desde hace tiempo y vienen exigidas fundamentalmente por motivos legales y técnicos, tales como el retraso en la concesión de ayudas aprobadas anteriormente, como en el caso en Grecia y en España, o por otros problemas debidos a circunstancias fortuitas, como en el caso de Alemania, donde hemos tenido un supuesto de abuso de ayudas aprobadas anteriormente por parte de Bremmer Vulkan, empresa que se ha declarado en quiebra ahora. 
Las ayudas por sí mismas no podrán influir en la competitividad de los astilleros. 
En cualquier caso, se producirá una reducción importante del potencial de producción, que minimizará las distorsiones de la competencia. 
En opinión de la Comisión Europea, las medidas son absolutamente compatibles con las cláusulas de congelación (standstill) del Acuerdo OCDE, que no se ha puesto todavía en vigor a causa de los retrasos en la ratificación no por parte de la Unión Europea, sino de los Estados Unidos de América. 
Un elemento esencial que ha contribuido a la posición positiva de la Comisión Europea en este caso concreto es el compromiso de los gobiernos interesados de no conceder otras ayudas a los astilleros en cuestión, sea para su conservación, sea para su reestructuración, ni de conceder, garantías en caso de daños en el futuro. 
Se espera que el Consejo subrayará el principio de la primera y última vez». 
La Comisión propone, además, una supervisión muy estricta que garantice el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la ayuda, especialmente en lo que atañe a su otorgamiento y utilización, a la ejecución de los planes de reestructuración y a las restricciones de la capacidad productiva impuestas. 
La Comisión Europea agradece la positiva y constructiva reacción del Parlamento Europeo, apoyando en líneas generales sus propuestas. 
En lo que se refiere a las tres preguntas que me ha dirigido el Sr. Donnelly, quisiera decir que, efectivamente, este punto no afecta a las ayudas para el empleo. 
Las clases de ayuda quedan especificadas en la propuesta y, por supuesto, existirá un control, pero se ejercerá durante la aplicación. 
Tampoco tiene ninguna repercusión en el Acuerdo OCDE y esperamos que los Estados Unidos de América coincidan en la gran importancia que éste tiene. 
Por último, muchos de los Estados miembros han deliberado con la Comisión Europea y con el Comisario competente. 
Señor Presidente, el Parlamento ha presentado 12 enmiendas: 
Las enmiendas núms. 1 a 10 afectan a temas de política general, como la posición de la Unión Europea con respecto al Acuerdo OCDE y la futura política de ayuda en favor de los astilleros de la Unión. 
Se trata de temas que están fuera del ámbito de este reglamento, que por su naturaleza es muy concreto y limitado a excepciones de las disposiciones vigentes sobre ayudas únicamente en tres casos nacionales. 
No sería oportuno, por lo tanto, hacer referencia a ellos. 
Igualmente sería prematuro tomar hoy decisiones sobre políticas más amplias. 
Quedan abiertas todas las posibilidades. 
La Comisión presentará a más tardar este año, de manera que pueda tomarse una decisión antes del final de la vigencia de la directiva a fines de 1997, propuestas que se someterán a un amplio debate. 
Por estas razones, la Comisión Europea no está en situación de aprobar las enmiendas núms. 1 a 10. 
Las demás enmiendas se refieren a las excepciones propuestas. 
La enmienda nº 12 se refiere al apartado 4 del artículo 1 de la propuesta de la Comisión para España y menciona expresamente que no se permitirá la concesión de otro tipo de desgravaciones fiscales ni de ingresos de capital. 
En nuestra opinión, esta enmienda no es necesaria, dado que tal cosa se deriva de la propuesta de la Comisión, donde se aclara que este tipo de medidas no tienen cabida en la presente excepción, aparte de que son incompatibles con la directiva y por consiguiente, no admisibles. 
La propia propuesta de la Comisión implica que los astilleros no podrán recibir ayudas de este tipo en el futuro. 
En lo que se refiere a la última enmienda, nº 13, introduce un nuevo apartado 1.A del artículo 2, en el que se desarrolla detalladamente la forma de control. 
La Comisión Europea reconoce las inquietudes en que se basa. 
Les aseguro que la Comisión, con la ayuda de expertos técnicos, seguirá de cerca todos los aspectos que abarca la enmienda. 
Ahora bien, no puede aprobar la enmienda tal como se ha presentado, es decir, como nuevo texto, porque esto implicaría la presentación de una propuesta revisada al Consejo y retrasaría innecesariamente un asunto que, como les he mencionado, urge. 
Señor Presidente, he oído al Sr. Comisario dar las gracias al Parlamento por su actitud positiva, así que quiero recordarle que la actitud positiva sólo ha sido demostrada por 133 de los 625 diputados y que únicamente los presidentes de los Grupos políticos se han manifestado hoy a favor de la propuesta. 
Es posible que el discurso fuese escrito ayer, no sé, pero a veces me parece que nos siguen considerando un sello de caucho. 
Señor Presidente, he preguntado al Comisario si se han celebrado o no consultas con los constructores navales de otros Estados miembros que se verán afectados por esto. 
Tengo entendido que no ha habido consultas sobre las consecuencias para el empleo que tendrán estas subvenciones. 
Quisiera pedir al Comisario que respondiera si sus servicios han hablado con los otros constructores navales o no y qué efecto cree que tendrá la subvención en los puestos de trabajo de los otros Estados miembros. 
Señor Presidente, tengo la oportunidad de aclarar una vez más lo que he dicho hace un instante al Sr. Donnelly. 
La Comisión Europea, y en concreto el Comisario competente, Sr. Van Miert, ha mantenido consultas oficialmente con todos los Estados miembros en lo que respecta a la elaboración de la presente propuesta, y, por supuesto, no oficialmente con algunos astilleros. 
Esta es la realidad. 
Como saben, en la Comisión, es decir, todos los comisarios, y en concreto el Comisario Van Miert, antes de presentar cualquier tipo de propuesta nos aseguramos de estudiar muy seriamente todas las posibles repercusiones, intentando encontrar el enfoque más propicio para obtener la aprobación del Consejo. 
Les aseguro que así se ha procedido también en este caso. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Bienvenida 
Me complace sobremanera dar la bienvenida a la Asamblea a una delegación del Congreso de Diputados de la República Checa encabezada por su presidente, Sr. Daniel Kroupa, que es también el copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-República Checa. 
El Sr. Kroupa y sus colegas están aquí para hacer preparativos con vistas a la próxima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, que se celebrará en junio. 
Es un honor y un privilegio tenerlos a ustedes con nosotros en este Pleno. 
Somos conscientes de la importancia de su visita, dada la necesidad de velar por que se hagan todos los preparativos para la próxima ampliación de la Unión Europea. 
Estamos deseosos de trabajar conjuntamente con ustedes para velar por que se ejerza el adecuado control democrático en todas las fases de las negociaciones de adhesión, que- según se espera- se iniciarán el año próximo. 
Les deseamos una visita agradable y muy lograda. 
(Vivos aplausos) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, el Sr. Apolinário, uno de los miembros del Grupo Socialista que figuran en la lista de la comisión temporal, me ha informado de que no podrá formar parte de dicha comisión. 
El Grupo Socialista comunicará al Presidente su candidato cuando nuestra Mesa decida. 
(El Parlamento ratifica las propuestas) 
Señor Presidente, vamos a votar sobre el informe de conciliación de lo que se logró concluir para crear el mercado único de los equipos a presión. 
Se me ha indicado que el Consejo ha aprobado una declaración en su Acta respecto de esta Directiva. 
El Parlamento se ha opuesto siempre a ese método de intentar legislar en secreto. 
Quisiera recordar a la Asamblea la posición que adoptamos en la Resolución 12 en octubre de 1995 y también recordar al Consejo que las declaraciones hechas en su Acta carecen de fuerza legal. 
Hago mía esa declaración y señalo que el Tribunal ha expresado esa opinión. 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Señor Presidente, en el documento presentado ha surgido el siguiente problema: hemos llegado a un acuerdo con el Consejo sobre el procedimiento presupuestario. 
Este acuerdo fue confirmado ayer por la tarde a las 18.30 horas por el Presidente del Consejo. 
En consecuencia, no fue posible obtener el texto de la parte de exposición de motivos en la parte del texto de la solicitud. Pero todos los colegas pueden ver éste en todos los idiomas en la parte de la exposición de motivos. 
En el debate de ayer, el Comisario Liikanen ha indicado que la Comisión y el Consejo han aprobado así el texto. 
Le ruego que en el Acta se indique correctamente que ya no es la parte de exposición de motivos sino la parte de la solicitud. 
Voy a leer la declaración conjunta. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, epero no me tome usted a mal que interrumpa esta reunión pdiendo la palabra por una cuestión de orden. 
No sé si es el objetivo, pero me parece totalmente curioso que no llego a comprenderlo a usted enteramente a menos que utilice los auriculares. 
Su voz me parece tan interesante que prefiero escucharlo directamente en su idioma, el inglés. 
Es curioso pues que esta Asamblea se reúna sin que podamos entenderlo. 
A mi juicio debería hallarse el volumen algo más alto, de manera que por lo menos también pudiésemos comprenderlo. 
Es absolutamente imposible oírlo. 
Es posible que nadie llegue a oírme. 
Como no es éste el objetivo en este Parlamento debemos continuar así. Aunque tal vez puede usted hacer algo. 
Su Señoría tiene toda la razón. 
Hemos tenido considerables problemas con la acústica en esta Asamblea y seguimos intentando mejorarla. 
Por lo que acaba de decir Su Señoría, no ha dado resultado. 
Yo me oigo bien. 
(EL Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión modificada) 
Los diputados portugueses del Partido Popular del Grupo UPE declaran que su voto a favor del informe sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de adaptación de las Perspectivas Financieras en función de las condiciones de ejecución del Sr. Stanislaw Tillich se emite con el convencimiento de que el importe de 1.062 millones de ecus, resultante de la no ejecución en 1995 y en 1996 de los gastos presupuestados, se inscribirá en el presupuesto para 1999 y se asignará, en particular, a los países de la Cohesión, entre ellos Portugal, conforme al compromiso asumido oficialmente por el Consejo y por la Comisión. 
De conformidad con ello y en consecuencia, el Grupo UPE y, en particular, su delegación portuguesa, consciente de que en breve comenzará el proceso de negociación del próximo presupuesto, no dejará de presentar los correspondientes propósitos a fin de salvaguardar la posición ahora adoptada, pese a que la palabra del Consejo y de la Comisión es suficiente para nosotros. 
Tras el examen de las condiciones del ejercicio de 1996, y de conformidad con el acuerdo interinstitucional de 29 de octubre de 1993, la Comisión ha solicitado al Consejo y al Parlamento que autorice la transferencia al año 1999 de las dotaciones no utilizadas en 1996 y no trasladadas a 1997 en el ámbito de los fondos estructurales de cohesión, o sea, 545 y 17 millones de ecus respectivamente. 
Se trataba de una transferencia de 562 millones de ecus que no planteaba problema a ninguna de las partes. 
En compensación, el punto de divergencia residía en el hecho de saber cómo transferir el millardo de ecus que, después de la decisión de adaptación de 1996, se había vuelto a presupuestar en el ejercicio de 1998. 
La Comisión, después de haber propuesto el traspaso de la totalidad del millardo de ecus al ejercicio de 1998 (algo que habría llevado a un incremento de un 8 % de las acciones estructurales) ha tomado conciencia finalmente de que las acciones estructurales quedarán ya suficientemente privilegiadas en 1998. 
Por consiguiente, ha propuesto un reparto del incremento de los fondos estructurales y de cohesión en dos ejercicios presupuestarios: 500 millones trasladados a 1998 y 500 millones a 1999. 
Una «propuesta de compromiso» que permite, con todo, un incremento de aproximadamente un 6 % de los fondos estructurales, cuando la PAC (con un 0, 5 % de incremento) , y también el presupuesto en su conjunto (3 % de incremento) , se han situado bajo el signo del rigor, a imagen de las finanzas de los Estados miembros. 
El Consejo, por su parte, pensaba con toda razón que era imposible comprometer o gastar 500 millones de ecus en 1998, y proponía que el millardo fuera trasladado en una sola vez de 1997 a 1999, algo que, al permitir que esta suma no se abonara antes de dos años, ayudaría a los Estados miembros a recortar mejor sus déficits públicos con vistas al paso a la moneda única. 
Una posición que no tenía nada de irracional, pero que el Parlamento, por principio, no podía aceptar... 
Mientras esperaba la posición final del Consejo, la Comisión de Presupuestos, por medio del informe Tillich, nos propuso aceptar la propuesta de la Comisión mediante un voto por mayoría cualificada. 
A falta de un acuerdo en sesión plenaria entre el Parlamento y la Comisión, el traspaso no hubiera podido efectuarse y todo hubiera quedado como estaba: el millardo se hubiera trasladado a 1998 y no hubiera sido posible volver a presupuestar en 1999 los 562 millones destinados a las acciones estructurales y no utilizados en 1996. 
Esto lleva a decir a la Comisión de Presupuestos que esos 562 millones se habrán «perdido» ya que serán devueltos a los Estados miembros. 
Nuestro grupo había presentado una enmienda que recogía la propuesta del Consejo, enmienda que fue considerada inadmisible cuando se trataba, con toda evidencia, de una calificación del anexo mencionado en el artículo 1 de la propuesta de resolución. 
Esta negativa a examinar una propuesta que permitía a los Estados miembros hacer ahorros reales en 1998 ilustra perfectamente la escasa preocupación de este Parlamento por los intereses de los Estados y los contribuyentes de los diferentes países. 
Por consiguiente, nadie se sorprenderá de que hayamos rechazado votar la propuesta de la Comisión de Presupuestos, muy alejada de la opinión pública de las naciones de Europa. 
Segundo informe Baldarelli (A4-0141/97) 
En nombre del Sr. Tajani y en el mío propio, a pesar de manifestar cierta satisfacción por la adopción de un programa de apoyo al plan italiano relativo a la reconversión de la actividad de pesca con redes de enmalle a la deriva, sin embargo, debo subrayar nuestra decepción por el hecho de que algunos de los principios fundamentales que aparecían en el plan italiano no fueron entendidos y aceptados por este Pleno. 
En el texto hoy adoptado se menciona en repetidas ocasiones la eliminación de las redes de enmalle a la deriva. En este momento, ello es como mínimo inoportuno, ya que hasta ahora el Consejo no ha tomado ninguna decisión al respecto, ni tampoco parece que goce de la mayoría necesaria para hacerlo. 
En consecuencia, aunque las medidas de reconversión supondrán el progresivo abandono total de este arte de pesca, a falta de una decisión comunitaria en tal sentido, no nos parece justo que los pescadores italianos deban sentirse culpables de practicar una actividad que hasta ahora es del todo legal. 
Además, habida cuenta de que la adhesión al plan de reconversión tiene lugar con carácter voluntario, pues, repito, no hubiera podido ser de otro modo, ya que ninguna ley europea prohíbe el uso de las redes de enmalle a la deriva, este principio se contradice en el momento en que se insiste en la supresión. 
Se trata, en consecuencia, de una actitud de inaceptable y ridícula demonización de la pesca con redes de enmalle a la deriva, casi como si este arte originara los peores desequilibrios biológicos que afectan al Mediterráneo y, en consecuencia, como si la salvación de este mar dependiera de la destrucción total e inmediata de la flota de «spadare». 
Ciertamente, nadie sostiene que las redes de enmalle a la deriva son inocuas y carentes de impacto sobre el recurso- ningún método de pesca lo es- sin embargo, es también evidente que, al perseverar en la eliminación de la flota de «spadare» parece que los pescadores italianos son utilizados como chivo expiatorio de una situación de crisis más amplia, de la que, evidentemente, no son las mayores responsables. 
Otro aspecto que no se quiso tomar en cuenta y que, por el contrario, reviste una importancia fundamental para Italia es el carácter extraordinario de la medida propuesta, que incide en una situación socioeconómica que atraviesa graves dificultades y que habría justificado no sólo la necesidad de recurrir al IFOP, sino también la posibilidad de acceder a otros fondos comunitarios- FED y FEDER- en el caso de que los fondos destinados a Italia no fueran utilizados plenamente. 
De hecho, mientras que los fondos del IFOP se emplean para reconvertir a los pescadores que abandonan la actividad de pesca, la posibilidad de utilizar otros fondos se hubiera traducido en un consistente apoyo a las iniciativas en favor de la reconversión y formación de los pescadores que, hay que recordarlo, pertenecen en su mayor parte a regiones del objetivo nº 1. 
Ayuda a los astilleros (A4-0153/97) 
Siempre he apoyado y defendido la construcción naval europea, que sigue siendo una industria de futuro a pesar de los golpes que ha sufrido por parte de un «dumping mundial» sin freno. 
En el día de hoy, y lamentando un debate de urgencia que ha impedido un necesario debate en profundidad, he presentado enmiendas para solicitar una prórroga de la 7ª directiva, recordar la importancia de la construcción naval, exigir el principio de paridad entre los Estados miembros, declarar extinguido el acuerdo OCDE sobre esta cuestión y aumentar los niveles de ayuda posible en todos los Estados miembros de la Unión (al nivel de las realidades del mercado). 
Se han votado la mayor parte de mis enmiendas, excepto, por desgracia, la que solicitaba nuestra retirada del acuerdo OCDE, que se ve combatido por una derecha adicta a los Estados Unidos (que, por su parte, no han ratificado). 
Sin embargo, las propuestas del Parlamento conllevan progresos con relación al texto inicial. 
Ojalá pueda conservarlos la Comisión. 
Dicho esto, todo indica, después de esta votación, que continúa la lucha por una construcción naval europea y tras ella por otra concepción en favor de una política industrial europea ofensiva. 
Informe Pradier (A4-0098/97) 
Damos la bienvenida al informe y damos la razón al ponente en que es extraordinariamente importante solucionar los problemas surgidos en relación con la evolución y el uso de Internet. 
No obstante, no estamos de acuerdo con el ponente en que el mejor modo de proteger este ámbito sea a través de unas acciones supranacionales. 
Puesto que se trata de un problema internacional, el modo de proteger a la sociedad del uso ilícito de la red debe seguir la vía de la consulta y la concertación entre las legislaciones nacionales. 
Lo que aquí preconizamos es una estrecha colaboración intergubernamental dentro del marco del tercer pilar, donde se lleva a cabo el control democrático y donde deben llevarlo a cabo los parlamentos nacionales. 
Pensamos que el informe se ocupa de un ámbito importante. Vale la pena prestarle apoyo. 
Es necesario ser consciente de las grandes posibilidades que Internet nos abre en el ámbito de la comunicación, al tiempo que nos esforzamos por impedir que Internet se convierta en un medio para la difusión de material ilícito. 
El informe contiene un número limitado de apartados que se centran en una regulación determinada, no muy decisiva, del flujo de información que pasa por Internet, una regulación que en el informe se asocia a la utilización de Internet con el fin de difundir material nocivo, como por ejemplo en la cuestión de la pornografía infantil. 
En este contexto no podemos sino considerar las intenciones de regular el flujo de material ilícito como muy encomiables. 
En el contexto de las soluciones tecnológicas con miras a la regulación se debería analizar pormenorizadamente la contraposición entre la disminución de la libertad de expresión que cualquier reglamento de esta clase puede suponer y la justa intención de impedir la difusión de pornografía infantil y otro tipo de material nocivo. 
Hoy he votado a favor del informe del Sr. Pradier sobre los contenidos ilícitos y nocivos en Internet. 
Me alegra saber que se está preparando una iniciativa comunitaria para contrarrestar la difusión de tales contenidos. 
Ahora queda convertir las palabras en acción lo antes posible. 
El informe menciona dos formas de acción. 
En primer lugar, puede tratarse de mejorar la capacidad de las personas para filtrar la información existente en Internet. 
En segundo lugar, pueda hacerse lo mismo por vía legislativa. 
En principio, estoy en contra de las limitaciones de la libertad de expresión. Por eso, apoyaré cualquier iniciativa que tienda a mejorar la capacidad de las personas para filtrar la información. 
Ahora bien, con esta iniciativa no basta. 
Como políticos responsables, no podemos quedarnos quietos viendo cómo Internet se convierte en el cubo de basura para cualquier tipo de porquería. 
Personalmente me siento muy mal sabiendo que la pornografía infantil está tan extendida. 
También me resulta difícil aceptar que apretando un botón se pueda conseguir la receta para fabricar una potente bomba. 
Finalmente, me parece indecente que se puede utilizar Internet para mancillar a otros, tal como ha ocurrido, por ejemplo, en Dinamarca. 
En resumen, hacen falta leyes que impidan esto. 
Sé que las posibilidades de condenar a las personas que infringen la ley mediante Internet son muy limitadas, debido sobre todo a su carácter transfronterizo. 
He aquí otro ejemplo más de lo mucho que necesitamos una cooperación judicial internacional y comunitaria más estrecha para solucionar algunos de los problemas del presente. 
Por eso, ruego- una vez más- a Dinamarca que revoque su reserva con respecto a la cooperación comunitaria en materia judicial. 
Era necesario hacer una objeción al apartado 7. 
En Suecia nos resulta incomprensible que se pretenda aliviar a largo plazo la carga del IVA que pesa sobre las pequeñas y medianas empresas adoptando el «principio de origen». 
Decididamente, rechazamos la adopción de un sistema único de IVA, como también se propone en el apartado 7. 
Informe Garosci (A4-0100/97) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor de los tres informes sobre las PYME. 
En general, opinamos que las iniciativas a favor de las pequeñas y medianas empresas benefician el empleo. 
A eso hay que añadir que tales iniciativas pueden fomentar asimismo un desarrollo económico sano. 
No obstante, queremos dejar constancia de que no aceptamos los apartados de los informes sobre la ventaja de una reducción del IVA aplicable a las PYME. 
Los datos más recientes han venido a confirmar el relieve progresivo de las PYME, que han resultado particularmente aptas para proporcionar inversiones y puestos de trabajo en producciones competitivas. 
Son cerca de 18 millones en la Unión Europea y dan empleo a 70 millones de personas (70 % de la población activa) y a ellas se deben dos de cada tres nuevos puestos de trabajo que se crean. 
Por eso son dignos de beneplácito los documentos de la Comisión y los informes de la Sra. Torres Marques, la Sra. Peijs y el Sr. Garosci, en los que se proponen medidas concretas e integradas de promoción de las PYME. 
Es difícil distinguir entre ellas, pues todas son necesarias para compensar la limitación de sus pequeñas dimensiones: desde el apoyo de gestión hasta la información tecnológica adecuada pasando por la eliminación de las trabas burocráticas que perjudican a su actividad. 
Además, en el momento presente se intensifica la preparación para la adopción de la moneda única. 
Por lo demás, serán las PYME las mayores beneficiarias de su introducción, pues hoy son las que resultan más perjudicadas con los costos de transacción, incertidumbre y cálculo resultantes de la existencia de monedas diferentes. 
Pero conviene que se haga un esfuerzo de adaptación con la antelación debida y con el indispensable apoyo de la Comisión. 
Informe Danesin 
Opinamos que el informe se ocupa de una cuestión esencial y lo consideramos de gran calidad. 
Pensamos, no obstante, que la redacción del apartado 36 es un poco ambigüa y que puede llevar a unas interpretaciones que difícilmente podemos respaldar. 
En el apartado 36 se habla de ayudas estatales en relación con la industria naval, lo cual puede llevar a la interpretación de que el informe establece que hay que promocionar los astilleros a través de ayudas estatales. 
Con esta interpretación no podemos dar nuestro apoyo al apartado 36 del informe. 
Los astilleros continuaron en un estado de aguda crisis sobre todo en el decenio de los 70, y por ello necesitaban una profunda reestructuración. 
Dicha reestructuración se vio precedida de unas ayudas nacionales muy amplias con el fin de fortalecer la capacidad competitiva nacional frente a los astilleros de otros países. 
Como consecuencia de esta desafortunada política de ayudas, se menoscabó la capacidad de desarrollo de esta industria, al tiempo que se hundieron prácticamente los astilleros de la mayoría de países. 
Si queremos que la industria de la construcción naval europea se desarrolle en la situación competitiva global del siglo 21, es de la mayor importancia que no caigamos en la desastrosa política de ayudas del pasado. 
Examinamos en el día de hoy la comunicación de la Comisión sobre la industria marítima y las numerosas dificultades con las que se está encontrando. 
Las políticas que se han puesto en marcha hasta el presente no han permitido proporcionar a este sector la competitividad suficiente para hacer frente tanto a la competencia como a la apertura de los mercados. 
Actualmente, la flota bajo pabellón de la Comunidad Europea ve como disminuyen sus efectivos, al igual que el empleo en el sector, cuyas pérdidas han afectado con dureza a algunos Estados miembros. 
La Comisión propone, por tanto, articular su nueva estrategia en cuatro ámbitos: la seguridad marítima, la libre competencia y el libre acceso al mercado, la formación y la investigación y desarrollo, y para terminar, la vigilancia de las ayudas del Estado. 
Estas perspectivas apenas son estimulantes, y la Comisión hubiera podido hacerlo mejor, aunque, y hay que reconocerlo, el Consejo no parece tomar la medida adecuada a los desafíos. 
Lamento, por consiguiente, la falta de ambición en términos de competitividad, de recuperación de mercados y de mejora del nivel de empleo. 
Si son indispensables el desarrollo de la investigación tecnológica y la promoción de las profesiones vinculadas a la mar, conviene igualmente paliar las distorsiones de competencia con algunos operadores no sometidos a reglas, estrictas pero necesarias, en términos de seguridad o de costes. 
Es necesario impulsar hacia arriba las normas de la industria marítima haciendo un esfuerzo de competitividad mediante la reducción de las cargas de nuestros operadores. 
La Unión Europea debe tomar a su cargo la promoción de su industria marítima y debe necesariamente poner un plazo a la transferencia de actividades hacia países terceros. 
Creo necesaria una mayor comunitarización, y el Consejo debe tomar conciencia de ello. 
Ha sido notoria la quiebra del sector del transporte marítimo en los últimos decenios en toda Europa. 
Esa decadencia ha entrañado la desaparición de una tecnología adquirida a lo largo de siglos y ha debilitado las industrias subsidiarias, entre las que destacan en particular los astilleros. 
La reciente crisis de los transportes por carretera en Francia que bloqueó durante semanas las carreteras europeas y, consiguientemente, la actividad económica de varios países reveló la urgente necesidad de medios de transporte substitutivos, entre los que destacan el ferrocarril y el transporte marítimo. 
Así, me parece que, en particular en el mercado intracomunitario, en una Europa cada vez más ampliada, el transporte marítimo puede ser competitivo y presenta grandes ventajas en comparación con el que se hace por carretera para el transporte de gran cantidad de mercancías y por sus menores repercusiones medioambientales. 
Por eso considero la comunicación de la Comisión y el informe dos documentos positivos para la Unión Europea. 
Esperamos a la aplicación de las políticas ahora anunciadas. 
Informe McCarthy (A4-0126/97) 
Señor Presidente, quisiera tan sólo dar las gracias a los diputados que han votado a favor de mi informe. 
Quisiera también expresar mi enérgica desaprobación por los ataques personales lanzados por el Partido Conservador contra mí anoche. 
Es triste que recurrieran a ataques personales cuando mi informe refleja en gran medida las opiniones de los ciudadanos de las regiones. 
Quisiera pedir también al Partido Conservador que, en lugar de recurrir a las tácticas de acoso y derribo que empleó en comisión, aborde esas cuestiones. 
Yo no he cometido manipulación alguna del proceso parlamentario. 
Pregunté si los conservadores acudirían de vez en cuando a la Comisión de Política Regional para que pudiéramos incluir este informe en el orden del día hace nueve meses. 
Los conservadores deben aceptar el veredicto de este informe y abordar las cuestiones planteadas. 
No es un informe partidista. 
No son los funcionarios los responsables de los problemas, sino los políticos que les dan las órdenes. 
En las elecciones generales que se celebrarán dentro de una semana los ciudadanos de las regiones juzgarán al Gobierno por su incapacidad para abordar las cuestiones de política regional. 
Pensamos que el informe es de gran calidad en general, pero vamos a hacer unas observaciones. 
Sin poner en duda en absoluto la objetividad del ponente, creemos que por principio resulta sospechoso que el ponente designado por el Parlamento sea del mismo país cuyas ayudas se someten a una valoración. 
El Parlamento debería por principio esforzarse siempre por designar un ponente que no pudiera tener ningún interés personal en la cuestión que se tramita. 
También resulta poco afortunado que una parte de la redacción del informe se haya configurado bajo la forma de opiniones sobre el debate británico actual. 
No es de nuestra competencia participar en el debate político británico, sino limitarnos a realizar una valoración objetiva de las medidas estructurales. 
Los conservadores británicos van a votar contra el informe McCarthy por tres cuestiones de principio. 
Primera, creemos que no deben preparar los informes sobre los Estados miembros diputados de esos mismos Estados miembros. 
Segunda, deploramos la forma como se ha manipulado el calendario del Parlamento para presentar este informe ante la Asamblea en este momento en el que se celebra la campaña de las elecciones generales en el Reino Unido. 
Tercera, condenamos que la ponente socialista haya utilizado este informe para apuntarse tantos políticos nacionales. 
Ese comportamiento de los diputados laboristas británicos no contribuye al prestigio de este Parlamento y deben comprender que el ataque de los socialistas en el Parlamento Europeo al Gobierno conservador del Reino Unido sólo servirá para fortalecer el apoyo a la causa conservadora entre los electores británicos, que se oponen a la ampliación de los poderes europeos: objetivo, en realidad, del Partido laborista británico. 
El informe de la Sra. McCarthy es una evaluación bien documentada, clara y exhaustiva, de la política regional de la UE en el Reino Unido. 
Por ser un informe de esas características, es esencial que se tome nota cuidadosamente de sus implacables observaciones. 
No se puede pasar por alto que desde el principio hasta el final el informe es una convincente acusación al Gobierno conservador. 
El Gobierno ha incumplido una y otra vez el principio del partenariado; se ha tratado con desprecio la subsidiariedad; se ha pasado por alto o se ha eludido la adicionalidad. 
En ningún sitio es más cierto que en la zona industrial del Gales meridional. Allí hemos visto la mano negra del Departamento de Gales hacer cualquier cosa menos una utilización eficaz de los Fondos estructurales. 
Además, el Departamento de Gales ha permitido incluso que millones de libras de subvenciones, asignadas al Gales meridional, permanecieran en Bruselas. Eso se debe a que el Gobierno está impidiendo, naturalmente, a las autoridades locales disponer de fondos suficientes para aportar «financiación adicional». 
La norma de la adicionalidad se puede cumplir de varias formas y, sin embargo, el Gobierno no ha hecho nada. 
Este escándalo tiene que acabar y confío en que en un futuro muy próximo se le ponga fin. 
Permítaseme expresar mi gratitud a la Sra. McCarthy por la labor llevada a cabo en su informe. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha redactado una carta de opinión en la que comparte muchas de las preocupaciones manifestadas en este informe. 
Entre 1994 y 1996 se comprometieron 910 millones de ecus con cargo al Fondo Social Europeo (3 millones de ecus más, procedentes de consignaciones suplementarias con cargo al objetivo 1). 
Aunque en apariencia lo consideramos satisfactorio, convenimos con la ponente en que han surgido problemas, como se demuestra en particular en Irlanda del Norte con los «nuevos sectores» de empleo y transparencia en la selección. 
Otros problemas en materia de ejecución se debieron a la iniciativa PEACE y la absorción de fondos suplementarios por esa vía. 
No obstante, ha habido retrasos al resepecto, pero gracias al acuerdo entre los Estados miembros sobre el objetivo 2 las tasas de ejecución se acercaron al 95 %. 
Resulta consternador que el Reino Unido no aprovechara las oportunidades de financiación con cargo al objetivo 4 entre 1994 y 1996, pero acojo con beneplácito que ahora haya cambiado la situación a ese respecto. 
Ahora todos somos conscientes de la cuestión del retraso en los pagos y hemos señalado ese asunto a la atención de la Comisión. 
El principio del partenariado, que consideramos una innovación digna de beneplácito de las reformas de 1993, está adecuadamente desarrollado, en particular en el sector de los comités de supervisión. 
La ausencia de los interlocutores sociales es alarmante e incongruente con la idea de la participación de los ciudadanos de Europa. 
En Kent los ciudadanos se han quejado de eso en la zona del objetivo 2 de Thanet y respecto de INTERREG III y otros programas. 
Informe Fernández Martín (A4-0128/97) 
Coincidimos con el verdadero sentido del informe, que es el hecho de que existen problemas en muchas de las regiones ultraperiféricas de la UE. 
Por ello son necesarias unas ayudas especiales. 
Pero no estamos de acuerdo en que la solución del problema sea conceder a estas regiones un fundamento jurídico especial en el Tratado. 
Existen muchas otras regiones en la UE que se encuentran en situaciones parecidas. 
Por poner un ejemplo, la distancia entre Madeira y Bruselas no es mucho mayor que la que media entre Kiruna (en el norte de Suecia) y Bruselas. 
La situación de Kiruna se caracteriza además por su emplazamiento en la zona ártica, lo cual crea evidentemente más problemas. 
Para dar a las regiones ultraperiféricas de la UE una verdadera oportunidad de sobrevivir hay que modificar grandes apartados de la política comunitaria. 
En lugar de decisiones centralizadas, habría que dar a estas regiones el derecho a adoptar decisiones por sí mismas y a crear unas condiciones que les permitiesen prosperar. 
Las decisiones centralizadas no pueden convenir por igual a todas las regiones de la UE. 
También vemos un gran peligro en la realización de la UEM, puesto que la política económica empeorará la situación de las regiones ultraperiféricas. 
Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, hemos decidido abstenernos en la votación final. 
He votado a favor del informe Fernández Martín porque trae a colación, de forma extraordinariamente correcta, los problemas que plantean las regiones ultraperiféricas. 
Reafirmando conceptos y principios ya debatidos y reconocidos, ofrece propuestas de solución que me parecen enteramente correctas y justas para que se pueda cumplir el principio de cohesión económica y social en esas regiones ultraperiféricas. 
El informe Fernández Martín revela que la Declaración aneja al Tratado de la Unión, a pesar de reconocer las especificidades estructurales de ciertas regiones de la Unión, condición esencial para la formación del concepto de ultraperifericidad, es insuficiente como fundamento jurídico para adaptar el Derecho comunitario a la realidad específica de las regiones ultraperiféricas. 
Por eso damos nuestro apoyo incondicional al informe cuando solicita a la Conferencia Intergubernamental que en la revisión del Tratado se incluya un artículo específico relativo a las regiones ultraperiféricas. 
También ha merecido el voto a favor la propuesta presentada en el informe para que el Tratado lleve anejo un Protocolo que, entre otras medidas y acciones, exprese el compromiso de los Estados miembros en el sentido de intensificar y fortalecer las acciones ya emprendidas en el ámbito de las propuestas POSEI. 
Informe Ahern (A4-74/97) 
Si el nuevo acuerdo de cooperación en el ámbito de la utilización pacífica de la energía nuclear, firmado en noviembre de 1995 entre Euratom y los Estados Unidos, se reconoce como una etapa importante de la colaboración transatlántica en lo que respecta a las cuestiones relativas a la seguridad nuclear, no es menos cierto que este texto comporta algunas ambigüedades, sobre todo en lo que respecta a las razones por las que algunas partes del acuerdo podrán seguir en vigor después del vencimiento formal de su validez. 
Las reservas se aplican igualmente al poder discrecional que la administración americana se ha otorgado sobre la información de las instalaciones de almacenamiento de materiales sensibles y sobre la lista de los emplazamientos antes de la firma de cualquier acuerdo. 
El Parlamento Europeo debe mantenerse vigilante con respecto a los puntos sensibles de este acuerdo, sobre todo en lo que se refiere al consentimiento genérico que sólo se puede suspender por parte americana en algunos casos concretos y en lo que se refiere a la no ingerencia de los Estados Unidos en los controles internacionales aplicables. 
Lo mismo ocurre con las restricciones en materia de almacenamiento, en especial en uranio enriquecido y en equipos americanos, que imponen los Estados Unidos y que se realizan en detrimento de nuestra industria. 
Las amenazas sobre la seguridad nuclear se harán cada vez más apremiantes con la evolución económica, política y tecnológica de nuestro planeta; este acuerdo Euratom-USA puede mejorar la vigilancia sobre los riesgos futuros, pero el Parlamento debe quedar incluido de forma adecuada en cualquiera de las actualizaciones, así como en los futuros acuerdos Euratom y otros acuerdos internacionales que tengan relación con la energía nuclear. 
El Parlamento es el único garante de la transparencia y de la democracia en un ámbito tan vital como es la energía nuclear para la Unión Europea. 
El acuerdo entre Euratom y Estados Unidos conlleva grandes riesgos para una sociedad mundial del plutonio en términos de un mayor riesgo de difusión del plutonio, de los combustibles de óxidos mixtos, residuos y otro tipo de material radiactivo. 
El acuerdo incita además a que se aumente el reprocesamiento de Sellafield y La Hague, a lo cual yo me opongo. 
También aumentará el transporte de grandes cantidades de material radiactivo que se pondrán en circulación. 
El acuerdo se ha concluido de un modo inaceptable desde un punto de vista democrático, a puerta cerrada y sin un debate abierto y democrático. 
Es muy dudoso que una ley americana pueda ser válida en territorio sueco (y europeo). 
El acuerdo demuestra la existencia de los enormes riesgos que encierra la energía nuclear. 
Por ello habría que eliminarla. 
Desgraciadamente, este acuerdo nos arriesga a que se alargue su plazo de vida. 
El informe destaca explícitamente los problemas relacionados con la energía nuclear, los transportes y la falta de democracia. 
Estoy en contra del acuerdo pero a favor del informe, y por ello he votado «sí». 
Informe Mather (A4-413/97) 
Señor Presidente, he votado contra las enmiendas de compromiso del PPE y del PSE al informe Mather. 
Constantemente tratamos de proteger a las pequeñas y medianas empresas de una muy pesada legislación, de cargas fiscales excesivas y de complejos procedimientos. 
Uno de los instrumentos orientados a ello desde 1986 es el sistema de evaluación del impacto sobre las empresas. 
El problema consistió en el incorrecto funcionamiento de dicho sistema. La ponente tenía por objetivo mejorar su funcionamiento y hacer del sistema de evaluación un instrumento eficaz capaz de medir los efectos de la legislación en las PYME. 
Una vez efectuadas las enmiendas evaluamos los efectos para todo el mundo y habremos perdido así un útil instrumento. 
De ahí que pida ahora a la Comisión que, tras haber suprimido este instrumento, instituya un control de los impactos sobre las pequeñas y medianas empresas. 
Nunca se puede ir errado haciéndose una imagen lo más precisa posible de las consecuencias que van a sufrir los diversos grupos sociales a raíz de las decisiones políticas. 
Esta es una tradición arraigada en Suecia, donde los análisis gubernamentales a menudo preceden a las tramitaciones y decisiones parlamentarias. 
En este informe se propone que se realicen estudios del impacto sobre las propuestas legislativas, partiendo del modo en que estas van a afectar a la actividad empresarial, sobre todo a las pequeñas empresas. 
Se puede comparar el modelo con los estudios de las consecuencias medioambientales que exige la legislación sueca para valorar la repercusión en el medio ambiente de las diversas decisiones políticas. 
Puesto que esto es positivo en mi opinión, he votado afirmativamente sobre el informe. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 24 de abril de 1997. 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, hago uso de la palabra de conformidad con el apartado 1 del artículo 3. 
Lamento tener que plantear una cuestión relativa a las inmunidades de esta Asamblea y una grave violación del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
El artículo 9 versa sobre la libertad de religión. 
La semana pasada, una comisión del Gobierno belga presentó un informe a su Parlamento sobre la cuestión de las sectas religiosas y los diversos cultos. 
En un capítulo particularmente escabroso y mal informado sobre el Movimiento Pentecostal, se hacía referencia a la hermandad cristiana que tiene adeptos en este Parlamento en Bruselas. 
Esa referencia iba encaminada claramente a colocar a esa hermandad en un marco peyorativo. 
La hermandad cristiana a la que se refiere es, al parecer, un grupo dirigido por mi asesor en materia de documentación en Bruselas. Sólo se reúne en locales del Parlamento. 
Es ecuménica más que pentecostal, aunque los pentecostalistas serían acogidos con los brazos abiertos. 
Participan periódicamente en sus reuniones asesores en materia de documentación baptistas, católicos y miembros de otras denominaciones. 
Se reúne semanalmente en mi despacho del edificio Belliard o en una sala reservada a mi nombre y forman parte de ella asesores de diputados a Grupos políticos distintos del PSE, tales como el PPE y EDN. 
Normalmente se reúne en mi ausencia, pero acepto toda la responsabilidad por sus actividades. 
Me he quedado estupefacto al enterarme de que la práctica religiosa de mi asesor en materia de documentación y sus amigos en mi despacho haya estado, al parecer, sometida a vigilancia por el Estado belga. 
El Gobierno belga no me ha brindado, como diputado responsable, oportunidad alguna de oír o responder a ninguno de los cargos indicados en su informe. 
No tengo idea de qué información exactamente se está recogiendo, quién autorizó esa recogida o cómo se archiva posteriormente. 
Quisiera pedirle que solicite al Gobierno belga la promesa de que los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los asesores en materia de documentación de los diputados a este Parlamento, tendrán libertad para ejercer sus creencias religiosas sin verse sometidos a vigilancia, hostigamiento y difamación. 
Señor Hallam, lo más prudente es que escriba al presidente del Parlamento belga, preguntándole exactamente qué es lo que ha ocurrido. 
Todos sabemos que los edificios del Parlamento Europeo gozan de extraterritorialidad y que, por tanto, no pueden ser objeto de vigilancia por parte de nadie. 
Tengo que recordar que, en principio, sostengo el derecho de cualquier parlamento a interesarse por asuntos que afecten a los ciudadanos europeos. 
Lo mismo que defiendo los derechos de este Parlamento, creo que debo ser respetuoso con los de los demás. 
Por ello me parece que, en este caso, lo prudente es preguntar al Parlamento belga. 
Señor Presidente, el día 24 del mes pasado, un camión de Murcia conducido por el señor Antonio Antolinos fue atacado en Francia, entre Marsella y Aviñón, ante la mirada benevolente y cómplice de la Gendarmería francesa. 
Ante este ataque, quisiera exponer la indignación que ello produce y la necesidad de que usted comunique a las autoridades francesas la obligación de respetar la libertad de circulación de mercancías y de personas. 
Cuando hay problemas o diferencias respecto de la política agraria común, se deben resolver en Bruselas o aquí, pero no atacando a trabajadores o a mercancías de los Estados miembros. 
Señor Marset, usted sabe que quién tiene esa competencia en la Comunidad no es el Parlamento, ni su presidente, sino la Comisión, que ha de velar por la aplicación del Derecho comunitario. 
Todo lo más, es la Comisión de Peticiones de este Parlamento la que deberá ser competente para entender del tema y excitar el celo de la Comisión. 
Señor Presidente, tengo que volver a referirme a las dificultades que algunos diputados encontraron para llegar aquí, a Estrasburgo, para este Pleno. 
Esta mañana, por alguna razón inaceptable, se ha destinado para el vuelo de Air Inter de Heathrow a Estrasburgo un avión que no podía acoger a más de las dos terceras partes, más o menos, de las personas con pasaje. 
A consecuencia de ello, ha habido problemas tremendos y uno o dos diputados a este Parlamento no han podido viajar. 
Es algo totalmente inaceptable. 
Sean cuales fueren las razones, deberían haberlo solucionado. 
El personal de tierra de Heathrow ha pedido mil perdones, pero es evidente que alguien no comprendió la importancia de que hubiera disponible un avión que pudiese transportar a todos los diputados y a otras personas a Estrasburgo. 
Quisiera preguntar, señor Presidente, si podríamos hacer algo. 
No debería ser necesario, en realidad, pero, dada la ineficacia de algunas de las compañías aéreas, podría ser útil. 
¿No podría el Parlamento recordar a las compañías aéreas que los vuelos del lunes por la mañana del período de sesiones de Estrasburgo deberán acoger a un gran número de diputados a este Parlamento, no sólo desde Heathrow, sino también desde otros lugares? 
Así, no lo olvidarían y substituirían el avión inadecuado que no puede acoger a todos. 
En el pasado hemos tenido problemas de este tipo y mediante presiones hemos conseguido alguna mejora. 
Recuerdo la época en que regresábamos a Heathrow vía Dublín. 
Dublín es muy agradable, pero no es el itinerario adecuado. 
Señor Elliot, el señor Secretario General lo recordará a la compañía aérea, sin perjuicio de que cada vez que me reúna con las autoridades francesas, yo mismo les recuerde las dificultades del desplazamiento hasta aquí. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo, nuestra Asamblea, anunció que se lanza una licitación para adquirir el mobiliario de los bares y del restaurante del edificio Leopold en Bruselas. 
En los Países Bajos se difundió a través de un periódico importante. 
Una empresa holandesa hizo saber a la oficina de Luxemburgo que quería participar en la licitación y deseaba recibir los papeles necesarios. 
El 11 de abril envió un fax, pero no obtuvo respuesta. 
El 16 de abril volvió a enviar un fax, de nuevo sin respuesta. 
Finalmente les llegó una carta en francés. 
Entonces telefonearon para preguntar si la carta y los documentos estaban disponibles en inglés. 
La conversación con la oficina de Luxemburgo se mantuvo en francés y aunque había un holandés cerca, no quiso ponerse al aparato. 
Por lo tanto, el empresario sólo podía trabajar con los documentos en francés. Estos fueron enviados a una oficina de traducciones. 
Pero se trataba de copias tan malas que en dicha oficina no podían descifrarlas. 
Por todo ello, el empresario no puede participar en la licitación. 
Me pregunto, señor Presidente, si se trata realmente de una licitación pública o si acaso es una licitación en que de antemano se ha hecho una elección y ahora hacen sólo como si no fuera así. 
¿Es este un ejemplo de licitación pública con transparencia e igualdad de oportunidades para las empresas europeas? 
Estamos en el Parlamento Europeo y pienso que precisamente el Parlamento Europeo ha de dar buen ejemplo. 
¿Cómo pueden los ciudadanos, señor Presidente, tomarnos en serio si nosotros no tomamos en serio a los ciudadanos y a las empresas? 
Ahora, el 20 de mayo, los aspirantes visitarán el «lugar de los hechos». 
¿O quizás también otro idioma? 
La pequeña y mediana empresa, el motor del empleo en la Unión, se queja de que los procedimientos de licitación europeos no son eficaces. 
Sra. Plooij-van Gorsel, estas cuestiones se dirigen por escrito a la Mesa y reciben una contestación exacta. 
Yo no le puedo dar esa contestación ahora a bote pronto. 
Los servicios van a estudiarla y le daré una respuesta pronta y completa. 
Si nuestro secretario general piensa hablar de las conexiones con Estrasburgo quiero presentar nuevamente una queja sobre la conexión por tren entre Bruselas y Estrasburgo. 
Normalmente disponemos de un excelente servicio de restauración. Por ello es muy atractivo coger el tren. 
Ahora no hay servicio para los diputados. 
¿Quisiera usted pedir a los ferrocarriles belgas que no obstaculicen el uso del transporte público reduciendo cada vez más los servicios? 
De la adhesión de mis compañeros deduzco que contamos con un amplio apoyo en esta Asamblea para instar a los ferrocarriles belgas a mantener sus servicios. 
Muy bien. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones: 
Sesiones del 12 a 16 de mayo de 1997 Estrasburgo 
Lunes: 
El Grupo PPE pide la devolución a comisión del informe del Sr. Brendan Patrick Donnelly- en nombre de la Comisión de Reglamento- sobre la modificación del artículo 116 del Reglamento relativo a la votación por partes (A4-089/97) 
Tiene la palabra la Sra. Oomen-Ruijten para presentar la solicitud de devolución a comisión de este informe. 
Señor Presidente, el Grupo del PPE está plenamente de acuerdo con el objetivo de la modificación del Reglamento; esto significa que podemos acortar el tiempo necesario para la votación si ya no votamos por partes. 
Estamos de acuerdo con este objetivo. 
Pero la gran mayoría de nuestro Grupo cree que si aprobáramos este informe tal cual, ello podría acarrear la consecuencia de que el número de enmiendas aumentara mucho más y que de hecho no lográramos el objetivo. 
Por esta razón quisiéramos pedir a través de usted a la Asamblea que devolviera el informe del Sr. Donnelly a la Comisión de Reglamento para reconsiderarlo y mirar si el hecho de no aceptar la votación por partes compensa el gran número de enmiendas que creemos se van a presentar luego. 
Según tengo entendido, el Grupo Socialista no está en contra de la devolución a comisión, pero desearía preguntarle algo al PPE: ¿no sería posible celebrar el debate y posteriormente, antes de las votaciones, devolver el texto a comisión? 
Esto ofrecería a nuestra Asamblea la posibilidad de dar sus orientaciones y sus opiniones. 
El informe Donnelly es un informe que no ha requerido la presentación de enmiendas por parte de nuestros colegas. 
Así pues, mi propuesta sería que se celebrase el debate ahora y que después, con el acuerdo de los diputados y antes de las votaciones, se devolviese el informe a comisión. 
Señor Presidente, pienso que es conveniente acceder a la solicitud del Presidente de la Comisión de Reglamento y que retiraremos nuestra petición, pero hemos de acordar que devolveremos el informe antes de la votación para considerar nuevamente las consecuencias. 
Recuerdo al Grupo del Partido Popular Europeo que tendrá que presentar de nuevo la solicitud, una vez se haya celebrado el debate, para que pueda ser acordada. 
El Grupo PPE pide la devolución a comisión del informe de la Sra. Mosiek-Urbahn- en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- sobre la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros (A4-0157/97) 
Tiene la palabra la Sra. Mosiek-Urbahn para presentar la solicitud de devolución a comisión de este informe. 
Señor Presidente, quiero subrayar una vez más esta solicitud de mi grupo. 
En la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos mereció aprobación en muchos puntos particulares. Sin embargo, en la votación final no logró mayoría. 
En este informe se trata de una materia técnica harto complicada. 
Por el hecho de que tampoco se hayan presentado enmiendas a este informe pueden reconocer ustedes que ya se ha conseguido un notable acuerdo con diversos grupos políticos acerca de que lo mejor y más adecuado es devolver una vez más este informe a la comisión. 
Por consiguiente, solicito de la Asamblea su conformidad con esta solicitud. 
(El Parlamento aprueba la devolución a comisión) 
Miércoles: 
El Grupo de los Verdes pide la retirada del informe del Sr. Titley- en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa- sobre los problemas de la industria europea relacionada con la defensa: propuestas de actuación a nivel europeo (A4-0076/97) 
Tiene la palabra el Sr. Telkämper para presentar la solicitud de retirada de este informe. 
En mi opinión, debemos discutir hoy brevemente este Informe Titley. 
En primer lugar, quiero felicitar al Sr. Titley y al Partido Laborista por el cambio de poder que han conseguido en Gran Bretaña. 
Mi cordial enhorabuena por este éxito. 
Sin embargo, lo que el Sr. Titley intenta con este informe es un procedimiento de tirón. 
Con este informe tiene lugar una modificación cualitativa de la política exterior de la UE. 
Sobre esta modificación no hemos podido discutir suficientemente en los grupos, al menos en algunos grupos, en especial, en la comisión no hemos podido discutir suficientemente. 
En la comisión hemos votado 30 contra 31 votos, y a este respecto un colega me ha dicho que no sabía sobre qué estaba votando, de lo contrario habría votado en otro sentido. 
La pregunta que se plantea es si, dadas las 240 enmiendas, queremos votar ahora. 
Este informe está crudo y las posiciones no están claras todavía. 
Si no estoy mal informado, del Grupo Socialista sé que no va a discutir las enmiendas hasta mañana por la tarde. 
En nuestro grupo no estamos de acuerdo aún, tan poco de acuerdo como en la comisión. 
Con Maastricht está en el orden del día la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El Sr. Henderson, como representante británico, dice ahora algo totalmente diferente del representante británico del mes pasado. 
Deberíamos aplazar este informe uno o dos meses hasta que tengamos los resultados de Maastricht II y podamos entonces formarnos, como Parlamento, una opinión propia fundada y bien discutida sobre este ámbito de temas. 
Por esta razón hemos presentado esta enmienda. 
Tiene la palabra el señor Titley para el turno en contra. 
Señor Presidente, no estoy seguro de a qué informe se refiere el Sr. Telkämper. 
Sólo hay 36 enmiendas a mi informe y, en cualquier caso, la mayoría de ellas han sido presentadas por el Grupo de los Verdes. 
En segundo lugar, mi informe no trata de la arquitectura de la política exterior y de seguridad: eso corresponde al informe del Sr. Tindemans, que estamos examinando. 
En tercer lugar, iba a figurar en el orden del día de abril, pero se retrasó a mayo para permitir a los Grupos exponer sus posiciones. 
De modo que ya se han abordado todos los asuntos de los que ha hablado el Sr. Telkämper. 
Lo hemos aplazado para poder recibir esa descripción. 
No hay muchas enmiendas, por lo que no veo razón alguna para retrasar más el examen de este informe. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento) 
El Grupo de los Verdes pide la inclusión en el orden del día de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los progresos de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Recuerdo a la Asamblea que el Consejo había pedido que no se incluyese, y así se acordó por unanimidad en la Conferencia de Presidentes, puesto que, a la vista de la situación actual de la Conferencia, era difícil poder informar convenientemente a fondo, lo cual no impide que ciertamente el Grupo de los Verdes tenga el derecho de plantear de nuevo la cuestión. 
Tiene la palabra la Sra. Aelvoet para presentar esta solicitud de inclusión. 
Señor Presidente, en efecto es cierto que todo el Parlamento había pedido en un principio que esta semana se celebrara un debate sobre el estado de cosas en la Conferencia Intergubernamental. 
Todos en este hemiciclo sabemos que las propuestas conocidas por ahora, tanto de la Presidencia irlandesa como de la neerlandesa, están muy alejadas de lo que este Parlamento definió hace unos meses como un mínimo. 
Por lo tanto, el Parlamento tiene razón de más para lanzar una señal clara sobre lo que está a punto de pasar. 
La semana pasada, en la discusión de la Conferencia de Presidentes, se dijo que la cuestión era que el Consejo consideraba que sería desfavorable celebrar un debate ahora, una declaración del Consejo ahora, dado que se están celebrando elecciones en Francia. 
Esto es realmente invertir las cosas. 
Consideramos inaudito que este Parlamento no debata cuando es necesario, y aplazarlo hasta junio es demasiado tarde. 
Por tanto exigimos una politización del estado de cosas y un debate inmediato. 
Señor Presidente, como ya ha señalado usted, creo que en la Conferencia de Presidentes existía unanimidad para no tratar la cuestión esta semana, sino después del Consejo Europeo extraordinario del 23 de mayo en el pleno de Bruselas. 
Y si no me equivoco, tendremos una declaración del Consejo el próximo 29 de mayo en Bruselas, después de la Cumbre Europea extraordinaria y es preferible mantener una conversación entonces, y no esta semana. 
Entonces podremos celebrar este debate con conocimiento de causa sobre la base de las conversaciones en el Consejo Europeo extraordinario. 
La Conferencia de Presidentes consideró mucho más sensato, más inteligente y también mucho más político hacerlo el 29 de mayo en Bruselas. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de inclusión) 
Jueves y viernes (sin modificaciones) 
Sesiones de los días 28 y 29 de mayo de 1997 Bruselas 
(sin modificaciones) 
Protección jurídica de los servicios codificados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0119/97) del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión acerca de la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior (consulta sobre la conveniencia de una iniciativa comunitaria). 
Señor Presidente, es normal que se generalice el pirateo a medida que en la sociedad de la información van apareciendo más y más servicios de pago destinados a un público selecto. 
Como representante de la Comisión de Asuntos Económicos, estoy completamente de acuerdo con el ponente en que es necesario lograr algún tipo de reglamentación. 
Si bien es indudable que se puede intentar buscar soluciones de orden técnico con el fin de evitar las actividades ilícitas, me temo que esto daría lugar a una situación de competitividad que terminaría beneficiando a los piratas. 
He propuesto ante la Comisión de Asuntos Económicos que se tome en consideración la adopción no de una directiva, sino incluso de un reglamento, ya que no cabe la menor duda de que éste constituiría un método eficaz de regulación. 
Por todo ello desearía apuntar que lo que resulta cuando menos necesario es una directiva que garantice un mínimo nivel de reglamentación. 
Este asunto está relacionado también con cuestiones muy difíciles acerca de las indemnizaciones y las sanciones que se deberían establecer a aquellos que hagan un uso ilegal de aparatos decodificadores. 
A este respecto podremos siempre recurrir a las disposiciones en materia de Derecho penal, si bien, habida cuenta de que los Estados miembros no se muestran demasiado dispuestos a armonizar este apartado, habría que considerar igualmente las indemnizaciones penales a nivel particular. 
Antes de llegar a una reglamentación de este tipo, creo que es fundamental que se encuentren respuestas a las cuestiones que, con toda seguridad, nos planteará en breves momentos la Comisión de Medio Ambiente. 
Esta comisión querrá saber de qué manera la prevención de este tipo de utilización de servicios cerrados podría conducir, por ejemplo, a una concentración. 
Estamos hablando de la industria del conocimiento, la cual reviste una gran importancia. 
Es posible que la Comisión no haya respondido aún de manera completamente satisfactoria a estas preguntas. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Anastassopoulos ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Es un primer informe, ya que, en definitiva, se refiere a una consulta sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior y está en la línea de la formulación de todo un ordenamiento jurídico elaborado por la Comunidad Europea en materia de protección de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación en general. 
Yo creo que nos encontramos ante un nuevo Derecho. 
Es un nuevo Derecho en el que la Comunidad Europea está, en este momento, desempeñando un papel de vanguardia. 
Tengo que felicitar a la Comisión por la labor pionera que está llevando a cabo en este terreno y la Comisión habrá apreciado cómo el Parlamento colabora con ella en cada una de esas etapas. 
En este momento nos encontramos en una etapa en la que se trata de dar una protección jurídica a este tipo de situaciones. 
La dificultad con la que nos encontramos es que la protección jurídica, sobre todo la protección jurídico-penal, es competencia nacional. 
Al ser competencia nacional, si se opta por la vía de la reglamentación comunitaria, esto supondría la introducción de la Comisión en un ámbito en el que hasta ahora se ha actuado con bastante limitación. 
Por tanto, yo creo que las recomendaciones del ponente en el sentido de que se siga por la vía de la directiva parecen mucho más adecuadas. 
Yo creo que es importante la configuración de este tipo de Derecho- ya lo hicieron conjuntamente el Parlamento, la Comisión y el Consejo en las disposiciones comunitarias. 
Por ejemplo, la Directiva 93/83 sobre la protección de la propiedad intelectual en materia de televisión por cable y satélite marcó ya un hito en esta materia- hay que recordar que han transcurrido cuatro años desde la adopción de esta directiva y hasta ahora no se han detectado graves dificultades en su aplicación. 
Recientemente, el Parlamento y el Consejo, con la eficaz colaboración de la Comisión, se han puesto de acuerdo sobre la revisión de la Directiva sobre la televisión sin fronteras y, al mismo tiempo, la Directiva 95/47 sobre normas de transmisión de señales de difusión también se encuentra en aplicación. 
En definitiva, yo creo que todo este ordenamiento jurídico es un ordenamiento nuevo; que el Parlamento apoya las iniciativas de la Comisión; que el Parlamento está invitando a la Comisión a que siga adelante por este camino y que, concretamente en esta materia, la vía adecuada es la vía de la directiva y no la vía del reglamento. 
Señor Presidente, afortunadamente estamos tratando aquí un informe en favor del cual ha votado de manera unánime la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
El ponente ha expuesto de manera clara y comprensible todos los puntos relativos a la protección de los servicios codificados en el mercado interior. 
Hay que destacar la afirmación de que la piratería está floreciendo francamente en todas sus formas conocidas. 
Se fabrican aparatos decodificadores no autorizados, se lanzan al mercado, se compran, se instalan y, sobre todo, se utilizan. 
Aparte de esto, se ofertan servicios que están relacionados con la piratería. 
Se hace publicidad de estos servicios y se prestan para eludir eficazmente los actuales servicios de protección. 
La piratería constituye un fenómeno transfronterizo y viola al mismo tiempo el derecho de propiedad intelectual. 
El Libro Verde se ocupa exclusivamente del aspecto de la recepción no permitida de servicios codificados. 
El análisis de la situación jurídica en los 15 Estados miembros muestra cuán fragmentado está el espacio jurídico en Europa. 
Algunos países tienen regulaciones específicas, otros países recurren a preceptos jurídicos ya existentes y en muchos otros países no hay, en absoluto, protección alguna. 
La consecuencia es patente: necesitamos una armonización, tal como lo ha dicho también el ponente. 
La pregunta es la siguiente: ¿necesitamos una directiva? ¿Necesitamos un reglamento? 
El ponente- y la Comisión de Asuntos Jurídicos coincide con él- es partidario de una directiva, porque para los Estados miembros resulta también manejable con más flexibilidad. 
Por lo demás, -y esto lo reconoce también él mismo- habría que lograr una mayor unanimidad en el marco de un reglamento. 
En este contexto quisiera recordar precisamente el Informe Slim, aprobado recientemente, en el cual lamentamos una vez más, como Parlamento, que se esté aprobando demasiado soft-law. 
En consecuencia, aquí debería tener realmente prioridad un reglamento. 
No obstante, quizá sea más realista- al menos a la vista de otros conocimientos obtenidos tras la valoración de la consulta pública realizada a propósito del Libro Verde- aspirar, como primer paso, a una directiva. 
Suspender los esfuerzos de armonización con el argumento de que, dado el vertiginoso desarrollo técnico, la piratería podrá volver a burlar en breve cualquier tipo de regulación, equivaldría a una declaración de bancarrota. 
Por el contrario, este argumento debe servir de acicate para llevar a la práctica la protección jurídica tan rápidamente como sea posible. 
Señor Presidente, me limitaré a tratar dos cuestiones. 
La lucha contra la piratería y la industria pirata es muy necesaria, pero no tiene que ocuparse tan sólo de los derechos de los empresarios. 
También es preciso defender las ventajas del consumidor, y estas residen en el precio y la calidad de los servicios ofrecidos. 
Un mercado bien regulado y liberalizado, como el que queremos, ha de beneficiar al usuario, para que recabar información, aunque sea pagando, esté al alcance de todo el mundo, pues el derecho a la información no puede convertirse en un derecho elitista. 
Una segunda cuestión es que hemos de cuidarnos de que, al luchar contra la piratería a nivel europeo, no se desplace el problema. 
El problema de la piratería se produce a escala mundial, por lo cual es preciso tomar iniciativas a nivel mundial. 
Por último, en este sentido no sólo hay una tarea para la OMPI, sino que se trata también de un importante reto para las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, en primer lugar quisiera agradecer la intervención del ponente, Sr. Anastassopoulos. 
Como bien saben, el Libro Verde fue presentado por la Comisión en marzo de 1996. 
Los resultados de la consulta confirmaron la necesidad de un instrumento jurídico comunitario y la Comisión observa con satisfacción que el Parlamento comparte su punto de vista. 
En estos meses, el Libro Verde se ha debatido a fondo en cuatro comisiones del Parlamento, habiendo quedado bien reflejada la calidad de los trabajos en el amplio informe que ha presentado el Sr. Anastassopoulos. 
Respecto al curso que ha de darse al Libro Verde, la Comisión comparte la opinión expresada en el proyecto de informe de que el instrumento jurídico más apropiado sería una directiva. 
La Comisión ya adoptó un claro compromiso sobre el principio de una propuesta legislativa en el programa de trabajo para 1997, que fue presentado por el Presidente Santer en la sesión plenaria de octubre de 1996. 
Después de la aprobación del informe del Parlamento, y teniendo en cuenta los resultados positivos de la consulta, la Comisión está en condiciones de presentar una propuesta que permita satisfacer las legítimas expectativas suscitadas por el Libro Verde. 
Yo quiero, finalmente, expresarles mi agradecimiento por el claro apoyo recibido y reiterar el compromiso de la Comisión al respecto. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 h. 
Aplicación del principio de subsidiariedad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0155/97) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre los informes de la Comisión al Consejo Europeo: 
sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en 1994 (COM (94) 0533- C4-0215/95) , -titulado «Legislar mejor» -sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación- 1995 (CSE (95) 0580- C4-0561/95) , -titulado «Legislar mejor» -sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación- 1996 (CSE (96) 0007- C4-0015/97) y-sobre el informe provisional sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (CSE (96) 0002- C4-0355/96) 
, ponente. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los documentos a los que este informe se refiere se inscriben, al menos formalmente, en el marco de la encomienda recibida por la Comisión Europea de los Consejos Europeos de Birmingham y Edimburgo de 1992, de establecer todos los años un informe destinado al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Desde esta perspectiva, hay que resaltar en primer lugar la diferencia entre el informe de 1994 y los posteriores. 
Del informe de 1994 destaca su enfoque metodológico clásico, que permite apreciar la fundamentación de las medidas comunitarias frente a aquéllas para las que, por el contrario, la Comisión carece de legitimidad para emprenderlas, por no cumplir los criterios del artículo 3 B. 
Además, el informe de 1994 subraya con acierto los problemas con los que ha topado en la práctica la aplicación del principio de subsidiariedad: en particular, la Comisión expone cómo la actitud de los Estados miembros frente al análisis de subsidiariedad a menudo responde a cuestiones que poco o nada tienen que ver con el artículo 3 B. También merece reseñarse el acertado análisis de la dificultad inherente a la falta de una línea clara que distinga las competencias exclusivas comunitarias de las competencias compartidas. 
En cuanto a los otros informes, los correspondientes a 1995 y 1996, las referencias a la subsidiariedad, a la proporcionalidad, a la simplificación y a la codificación, bajo el rótulo genérico de «legislar mejor» , ponen de manifiesto el diferente alcance y perspectiva que la Comisión pretende. 
La ponente ha de confesar paladinamente que, pese a una lectura minuciosa, ha sido incapaz de sacar una conclusión clara sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en este período. 
Por el contrario, la continua referencia a diferentes iniciativas (Molitor y SLIM, por no citar más que dos) , la confusión de principios jurídicos y principios técnicos y la profusión de declaraciones retóricas, producen paradójicamente la sensación de hallarnos ante una institución que ha perdido impulso real, que se encuentra en actitud defensiva y que utiliza estos informes sobre la subsidiariedad, más que para rendir cuentas del ejercicio de su responsabilidad, como oportunidad para un ensayo de justificación general. 
El informe que se presenta al Pleno, que recibió el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, en el que se ha tenido además muy en cuenta el punto en que se encuentra el debate en el seno de la Conferencia Intergubernamental y, en particular, el Protocolo actualmente auspiciado por la Presidencia holandesa, está construido en torno a las siguientes consideraciones: en primer lugar, el principio de subsidiariedad, en tanto en cuanto tiene por objeto que determinadas decisiones se adopten lo más cerca posible de los ciudadanos, tiene sin duda una clara dimensión política. 
Sin embargo, la inclusión del principio en los Tratados le dota de una naturaleza jurídica vinculante de rango constitucional, regula la definición y la ejecución de las acciones comunitarias en función de las competencias atribuidas por los Estados miembros y no afecta, por lo tanto, en absoluto al reparto de competencias en el seno de los Estados miembros. 
La Comunidad se funda, en efecto, en la atribución explícita de competencias. 
Sin embargo, a las instituciones de la Unión Europea incumbe emprender todas las acciones necesarias para cumplir la misión, realizar los objetivos y ejecutar las obligaciones que los Tratados le encomiendan. 
Ésta es la doctrina de la Asamblea desde los informes de Giscard d ' Estaing y Martin, y a ella se atiene la resolución. 
En segundo lugar, el principio de subsidiariedad es bifronte: la Comisión, cuando prevé una iniciativa que sobrepasa las competencias exclusivas de la Comunidad, debe demostrar la legitimidad de su acción exponiendo, en particular, la dimensión comunitaria del asunto, la necesidad de emprenderla, así como la plusvalía en términos de eficacia que la acción comunitaria, en relación con la acción de los Estados miembros a título individual, tiene. 
Esto es sin duda corolario del principio de subsidiariedad, pero es preciso insistir asimismo en que la aplicación del principio de subsidiariedad no puede obstaculizar el ejercicio legítimo, por parte de la Comunidad, de las competencias compartidas que le han sido atribuidas por los Tratados. 
Ni menos aún poner en tela de juicio ámbitos de actividad en los que la Comunidad dispone de competencias exclusivas. 
O dicho de otra manera: la aplicación conforme a los Tratados del principio de subsidiariedad no debe traducirse en ningún caso en un debilitamiento del Derecho comunitario o un vaciamiento del acervo comunitario. 
En este sentido, la resolución que proponemos resalta con preocupación que, durante el período examinado (1994-1996) , la subsidiariedad ha sido invocada a menudo para impedir el desarrollo de iniciativas tomadas en el marco de nuevas políticas, concretamente en los sectores de la cultura, los medios audiovisuales, la energía o la investigación, por no citar más que unos cuantos de ellos. 
El tercer eje del informe es «actuar menos para actuar mejor» , lema talismán de la Comisión que compartimos y aplaudimos. 
Sin embargo, frente a esta proclama, produce preocupación la profusión de documentos preparatorios presentados en 1996, por no citar más que este año: trece Libros Verdes, dos Libros Blancos, además de un sinnúmero de informes, comunicaciones y programas de acción. 
Cabe temer que esta inversión de tiempo y recursos por parte de la Comisión se haga en detrimento de la actividad en materia legislativa, en la que ésta tiene el monopolio de iniciativa. 
Asimismo, parece consolidarse la tendencia de la Comisión a presentar, cuando fracasan iniciativas más ambiciosas y/o, como consecuencia de políticas del Consejo, directivas marco y códigos de conducta. 
Pues bien, es responsabilidad de esta Asamblea denunciar el riesgo de crear así, en algunos casos, un derecho de naturaleza incierta, menos seguro- el llamado «soft law» -y menos vinculante que se traduce en una armonización ficticia y una transposición aleatoria a los ordenamientos nacionales. 
Por último, es preciso reconocer la influencia de esta situación, que- digámoslo claramente- entraña una utilización contraria al Tratado del principio de subsidiariedad, en la falta de progreso durante el período 19941996 en ámbitos esenciales del mercado interior. 
Por último, hablemos de la confusión de los principios jurídicos con criterios de buena técnica legislativa. 
Denunciamos que la Comisión, como ha quedado apuntado, ha considerado oportuno extender sus últimos informes sobre la subsidiariedad, que titula «Legislar mejor» , a las medidas previstas en materia de simplificación y de codificación del Derecho comunitario. 
La resolución que proponemos destaca la confusión que nace de esta decisión e insiste en la diferencia esencial entre la simplificación y la codificación- y la claridad como corolario natural de éstas -, que son criterios de buena técnica legislativa frente a la naturaleza jurídica de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Y termino, señor Presidente, señor Comisario: el control por esta Asamblea del respeto de la subsidiariedad en su doble vertiente de no hacer y de hacer cuando es necesario y el ejercicio por el Parlamento Europeo del análisis de subsidiariedad de los distintos actos comunitarios sobre los que se pronuncia, se debe mantener e incluso intensificar. 
Parafraseando la introducción del informe de 1995, como ponente me queda la duda de si efectivamente dicho informe, » Legislar mejor» , demuestra- y cito textualmente- que «la Comisión cumple la tarea que le corresponde». 
De lo que no me cabe duda, señor Presidente y señor Comisario, es de que se trata de una responsabilidad compartida- y vuelvo a citar- «con las restantes instituciones de la Unión y de los Estados miembros». 
Señor Comisario y señor Presidente, esta Asamblea es consciente de su responsabilidad y la ejercerá en beneficio de la ciudadanía a la que representa. 
Señor Presidente, señor Comisario, la subsidiariedad y la proporcionalidad son normas vinculantes de naturaleza constitucional que regulan el ejercicio de las competencias compartidas entre Comunidad y Estados miembros. 
Estas normas no pueden en ningún caso representar un obstáculo al desarrollo del mercado interior ni cuestionar en ningún caso el acervo comunitario. 
Hay que diferenciar entre principios jurídicos de subsidiariedad y proporcionalidad, por un lado, y simplificación y codificación, por otro. 
Los primeros se refieren a la eficacia de la gestión y los segundos a las técnicas de transparencia. 
Ambas esferas son complementarias, pero no pueden nunca confundirse. 
Es por esto que no es correcto extender estos principios a las técnicas de simplificación. 
Primero debe evaluarse la necesidad de actuar y, posteriormente, actuar de verdad. 
El lema promovido por la Comisión «actuar menos, para actuar mejor» implica la necesidad de actuación y, posteriormente, saber cómo hay que actuar. 
¿Es compatible la eficacia de la gestión comunitaria con la redacción y exposición de normas o documentos de carácter preparatorio en el ámbito general o institucional? 
La ponente ha puesto el dedo en la llaga y se ha referido muy justamente a este grave problema. 
Estos actos entrañan un doble peligro: en primer lugar, pueden llevar a inundar al ciudadano de papeles, de documentos, de actos, aumentando el grado de desconcierto que existe en la actualidad, y, en segundo lugar, pueden realmente atentar contra la seguridad jurídica. 
¿Cómo se incrustan estos actos en el sistema normativo de la Unión? 
En toda conferencia intergubernamental se produce un análisis del funcionamiento de las instituciones y del equilibrio entre las diferentes competencias de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. 
Por eso es necesario prevenir a esta Asamblea de tres tentaciones: utilizar la subsidiariedad para renacionalizar competencias exclusivas de la Comunidad; emplear códigos de conducta y acuerdos para neutralizar la proporcionalidad; y aprovechar la codificación comunitaria para introducir cambios sustanciales en los textos y, si es posible, modificar las bases jurídicas. 
El Parlamento debe ejercer un papel de control de estas posibles tentaciones. 
La labor de la ponente ha sido extraordinaria por enfrentarse a un informe especialmente difícil y complicado. 
La labor de mi compañera no sólo debe valorarse por el talante que ha mostrado en la negociación parlamentaria, sino porque ha redactado un informe que es modelo de sencillez y claridad. 
Señora Presidenta, si tenemos en cuenta las estadísticas de los informes todo parece estar bien, pero como la ponente ha tenido la ocasión de comprobar, esa no es toda la verdad. 
Las iniciativas legislativas han disminuido, pero la Comisión ha empezado a legislar a través de otras iniciativas. No está demostrado que este comportamiento aumente la subsidiariedad. 
Además, el nuevo procedimiento desplaza el equilibrio de poder existente entre las instituciones. 
Por lo que respecta a la subsidiariedad, creo que hay que analizar además por separado las normas de cada propuesta legislativa; creo que éste es el espíritu del Tratado. 
¿Estamos ante una norma que sea realmente útil o necesaria a nivel de la UE? 
Este análisis no se da actualmente en nuestros trabajos, ni en las propuestas legislativas, ni en esta cámara. 
Aquí son a menudo los intereses específicos los que triunfan, lo cual preocupa a nuestro Grupo. 
Por otra parte, comparto las objeciones de la ponente con respecto a los informes que debatimos actualmente. 
No creo que la historia confirme que hayan contribuido especialmente a promover la subsidiariedad. 
Yo creo que es preciso reavivar los debates sobre el principio de subsidiariedad. 
Esto puede conseguirse si los programas legislativos de la Comisión incluyen disposiciones y apartados sobre dicho principio. 
También son necesarias unas mejores aclaraciones sobre el tema en cada propuesta legislativa. 
A pesar de las directivas procedentes de la Comisión, las explicaciones de las propuestas legislativas dejan mucho que desear. 
El verdadero «demonio» son las normas a un nivel inferior del de las resoluciones del Parlamento y del Consejo, los Reglamentos de aplicación, respecto a los cuales aún queda mucho por hacer. 
Le recomiendo a la Comisión que adopte un plazo límite que en la práctica haga que, si una norna no se ha renovado en cinco años, se derogue y deje de existir. 
Esto reduciría la burocracia y aumentaría la confianza del ciudadano en la Unión. 
Señora Presidenta, todos los aquí presentes tenemos la intención de trabajar por el desarrollo de la democracia, sobre todo a nivel local y lo más cerca posible del ciudadano. 
Por eso estamos aquí. 
El principio de subsidiariedad debería ser un instrumento a utilizar en estos trabajos por el modo en que fue concebido. 
Pero, lamentablemente, no es así como funciona actualmente. 
Como constata la ponente, es evidente que la subsidiariedad es una norma de carácter fundamental dentro de la UE. 
Menos evidente es el modo en que se ha aplicado, el modo en que debería aplicarse, y el modo en que va a aplicarse en el futuro. 
El procedimiento de la Comisión de intentar introducir otro principio jurídico, el principio de la proporcionalidad, además de la inclusión de cuestiones que hacen referencia al nivel técnico de la legislación, etc. en sus informes sobre la aplicación del principio de subsidiariedad no contribuyen en lo más mínimo a aclarar todo este tema. 
Lo que debería clarificarse son los motivos y los criterios seguidos para establecer cuándo hay que reglamentar una cuestión a nivel comunitario y cuándo puede y debe ser tratada a nivel nacional, de conformidad con el principio de proximidad, lo más cerca posible de los ciudadanos afectados. 
Si sólo se aplica el principio de subsidiariedad a los llamados «ámbitos blandos» , por ejemplo, las cuestiones de medio ambiente y de protección del consumidor, puede albergarse la sospecha de que no se trata de respetar la subsidiariedad, sino de manipularla. 
Si se quiere permitir una normativa más rigurosa y mejor, por ejemplo dentro del ámbito del medio ambiente, se puede hacer hincapié en que está permitida una protección nacional más estricta. 
También podemos acogernos al artículo 100a, que establece que dentro del mercado interno hay que respetar otros valores aparte de los puramente económicos. 
La actitud de los ciudadanos y su confianza hacia la UE y hacia la democracia en general está estrechamente relacionada con una democracia local y nacional que funcione, además de un principio de subsidiariedad que se respete. 
Esperamos, por tanto, que la Conferencia Intergubernamental aborde la cuestión y dé al principio de subsidiariedad un estatuto sólido y un contenido concreto. 
Señora Presidenta, quiero manifestar en primer lugar nuestro apoyo al trabajo de la Sra. Palacio, y ello porque del mismo podemos concluir que la correcta aplicación del principio de subsidiariedad debe suponer acercar a la ciudadanía europea el proceso de decisión en las iniciativas que conllevan el desarrollo y la consolidación de la Unión Europea. 
Y en esta línea, señora Presidenta, nos llama poderosamente la atención la ausencia de referencias al importante papel que deben desempeñar los poderes regionales y, sobre todo, aquellos que cuentan con potestad legislativa. 
Como injusticia se recoge en la encíclica Quadragesimo Anno la acción de quitar a las comunidades menores aquello que puedan hacer por sí solas. 
En la medida, señora Presidenta, que vayamos haciendo desaparecer la sensación de nuestros conciudadanos de esa tantas veces criticada centralización de las instituciones comunitarias, y consigamos establecer los canales adecuados para que cuenten con la información oportuna y necesaria- demostrándoles que sus problemas afectan directamente a las distintas instituciones de la Unión, alcanzaremos el equilibrio necesario y justo en la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Desde nuestra responsabilidad, como miembros del Parlamento Europeo, resulta necesario instar a la Comisión a que valore, cuando ésta considere oportuno poner en práctica el principio de subsidiariedad, su propia eficacia en términos comunitarios y su positiva repercusión en sectores importantes para el ciudadano como el empleo. 
Parcelas en las que los poderes regionales deben adoptar posiciones preponderantes por su cercanía al administrado. 
También sería una buena solución, una buena forma de conseguir estos objetivos, reforzar los poderes legislativos de nuestro Parlamento ya que, como institución representativa directa de los ciudadanos, tendría mayor participación en la aplicación del principio de subsidiariedad, incrementando tanto su relación con los ciudadanos como la democracia interna de las instituciones comunitarias. 
Señora Presidenta, » Europa tiene que hacer menos para hacerlo mejor». 
Este era el lema de la Comisión Europea a principios del año pasado con el objetivo de reducir el número de propuestas legislativas y mejorar la calidad de las mismas. 
Los documentos de la Comisión que hoy examinamos, demuestran que la Comisión ha realizado su trabajo con mucho esmero. 
Es elogiable. 
El número de propuestas legislativas se ha reducido claramente en comparación con años anteriores. 
Por lo visto, el principio de subsidiariedad brinda muchas más oportunidades para hacerlo que lo que se suele creer. Esto se confirma por el hecho de que, en el período 1994-1995, la Comisión retiró 48 propuestas legislativas. 
En el informe Palacio se recuerda que el principio de subsidiariedad es un precepto jurídico vinculante y se advierte que no se puede perjudicar las competencias que, según los tratados, han sido adjudicadas a la Comunidad. 
Sin embargo, a mi entender no hemos de tener miedo de que ello suceda. 
La práctica nos ha enseñado que más bien sucede lo contrario, por lo cual no se tiene suficientemente en cuenta el principio de subsidiariedad. 
La explicación reside en el hecho de que el principio no es un concepto puramente jurídico, sino que contiene también aspectos políticos y económicos. 
Al aplicar el principio, resulta difícil separar estos aspectos. 
Por ello, la aplicación del principio viene determinada entre otras cosas por la visión que se tiene de la aspiración a la unificación europea. 
Los partidarios de una Europa unida sitúan la aplicación del principio en la perspectiva de este objetivo político. 
Sin embargo, con ello se pasa por alto que la Unión es una mancomunidad de Estados soberanos. 
Ello implica que el nivel de los Estados miembros es primario y que el nivel supranacional es subordinado. 
Además hay que pensar que el principio de subsidiariedad, en la forma que se le ha dado en la Cumbre de Edimburgo, tiene por objeto expreso combatir la centralización y acercar al máximo la toma de decisiones a los ciudadanos. 
Por ello no puedo aprobar los apartados del informe Palacio en que se afirma que se apela injustamente al principio de subsidiariedad para combatir las medidas europeas en el ámbito de la cultura, los servicios audiovisuales, la salud pública, el empleo y otras cosas por el estilo. 
A fin de cuentas, estos ámbitos políticos forman parte a título principal de la responsabilidad de los Estados miembros. 
Junto a reducción de la legislación, la Comisión recalca en su informe la simplificación y la mejora de la normativa. 
También esto merece nuestra aprobación. 
En el marco de la proporcionalidad hay que limitar al máximo la cantidad de normativa y la medida en que esta se detalla. 
No obstante, este esfuerzo no debe confundirse con el marco jurídico del principio de subsidiariedad. 
El informe Palacio lo señala con razón. 
Pero para un buen funcionamiento de la normativa europea, estas medidas de simplificación no son menos importantes. 
El creciente abismo entre la administración europea y los ciudadanos de los Estados miembros da motivos suficientes para limitar las tareas de la Unión y combatir la centralización y la burocracia. Ello será todavía más necesario de cara a la ampliación de la Unión y la creciente diversidad entre los Estados miembros. 
La propuesta de la Presidencia irlandesa de añadir la acción del principio de subsidiariedad en el protocolo del Tratado es positiva. 
Pero estoy convencido de que en la ampliación no nos quedará más remedio que reducir las tareas de la Unión y dar mayor libertad a los Estados miembros. 
Señora Presidenta, quizás sea útil recordar para empezar que el artículo 3B, relativo al principio de subsidiariedad, no llegó inesperadamente para luego ser incluido en el Tratado de Maastricht, sino que, al contrario, llegó para satisfacer una preocupación legítima de muchos ciudadanos de la Unión Europea. 
Estos ciudadanos se plantean preguntas sobre lo que consideran una injerencia europea cada vez mayor. 
Creo que imponer el llamado derecho de voto europeo en las elecciones municipales es un típico ejemplo de ello, aunque por desgracia no es el único. 
Con el Tratado de Maastricht se ampliaron las competencias a nivel de la Unión, entre otras las denominadas «nuevas medidas políticas». 
Pero ahora, lo que hay en el polo opuesto a esta ampliación de competencias- la inclusión explícita del principio de subsidiariedad a través del artículo 3B en los tratados- corre peligro de convertirse en papel mojado. 
Normalmente, en una aplicación de la subsidiariedad bien entendida, los llamados «escalones inferiores» han de estudiar qué competencias quieren dejar al escalón superior. 
Pero tal y como se desprende del presente informe, en Europa esto funciona justo al revés: en el mejor de los casos se pide al nivel europeo que considere qué competencias no desea; y en caso de un conflicto de competencias, otra institución europea- el Tribunal de Justicia- resolverá el litigio. 
Personalmente, creo que todo ello es una inversión política bastante perversa del concepto de subsidiariedad. 
Para terminar, he de decir que este debate sería superfluo si todo el mundo respetara el hecho de que la Unión Europea no es en absoluto una especie de Estado federal en ciernes, sino por el contrario una «alianza de Estados» , como se desprende de la sentencia del Tribunal de Karlsruhe, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán. 
Este es el quid de la cuestión. 
En mi modesta opinión creo que mientras una mayoría de este Parlamento- en efecto, digo este Parlamento, pues tengo la impresión de que en la Comisión cabe apreciar una mejora- por lo visto se niegue a aceptar esta realidad de «alianza de Estados» , los debates de este tipo tendrán poco sentido. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar diciendo que, para nosotros, los principios de la subsidiariedad modelan y caracterizan el proceso de decisión normativa de las instituciones de la Comunidad. 
Por consiguiente, se trata de principios constitucionales, vinculantes para sus destinatarios y de la mayor importancia para la construcción y la integración de las instituciones comunitarias. 
Desde nuestro punto de vista, también en esta fase ese instituto- que consideramos constitucional- debe sobre todo aportar un marco de equilibrio de poderes, ya sean de la Comunidad o de los Estados miembros, cuyas competencias se deben mantener en la fase actual, en la fase intergubernamental. 
Consideramos que el principio consagrado en el artículo 3 B del Tratado de la Unión no debe sufrir modificación, desarrollo ni profundización algunos en el ámbito de la labor en curso de la CIG. 
En efecto, para nosotros, de lo que se trata es de verificar en qué términos y de qué modo utilizan dicho principio las instituciones comunitarias. 
A ese respecto, la Comisión, en su informe más reciente, adoptó una norma fundamental según la cual pasaría a intervenir menos, para intervenir mejor. 
Nos adherimos enteramente a esa norma fundamental. 
Para ello, nos interesa precisar cuál es, desde nuestro punto de vista, el contenido esencial del principio de subsidiariedad. 
Consideramos que deben ser criterios como los de necesidad y de eficacia los que determinen los casos y las condiciones en que la Comisión, cuando comparta competencias, deba adoptar las acciones que resulten adecuadas para perseguir los objetivos que deben ser comunes. 
En nuestra opinión, se debe recortar la definición de objetivo común a partir del principio de proporcionalidad, consagrado, por lo demás, en la última parte de ese mismo precepto constituyente. 
En consecuencia, diremos que la subsidiariedad y la proporcionalidad son conceptos vinculados entre sí y que se completan. 
En consecuencia, se deben adaptar todas las medidas a los objetivos de interés común que deben perseguir las instituciones comunitarias. 
Existen esferas- como, por ejemplo, las del medio ambiente y de la lucha contra el fraude- que se deben considerar subordinadas a la norma de la subsidiariedad. 
Citemos, a título de ejemplo, en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, los convenios sobre asistencia administrativa mutua, los convenios sobre precios de transferencia, las directivas sobre fusiones y cesiones, las directivas sobre tributación de los dividendos, las normas comunes y también y por último las normas comunes sobre regímenes de verificaciones simultáneas que corresponden a la definición de acción común subordinada a los principios de proporcionalidad y formuladas con arreglo a los criterios que antes he mencionado de necesidad y eficacia. 
Otro aspecto importante del tratamiento de esta cuestión es un debate sobre el papel de los parlamentos nacionales en el proceso de elaboración de las decisiones adoptadas de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Nos parece que los parlamentos nacionales deben desempeñar un papel importante en la fase anterior a la adopción de la decisión y también en la fase posterior mediante el control político correspondiente de la forma de ejecución de las acciones llevadas a cabo obedeciendo al principio de subsidiariedad. 
Por último, por lo que se refiere a la supuesta substitución de las actuales formas legislativas por lo que la Comisión denomina algo permanente, consideramos que ese proceso se debe ceñir a la adopción de los procedimientos de consulta y a los debates antes de que se adopte la decisión. 
No se deberá entender en sí mismo como una decisión normativa. 
Ésta debe seguir, desde nuestro punto de vista, regulada por formas normativas y, en esa medida, vinculantes para sus destinatarios. 
Señora Presidente, el principio de subsidiariedad ha llegado a ser algo parecido a la tarta de manzana. 
Todo el mundo está a favor de él, pero todo el mundo entiende algo diferente por él. 
Un concepto que fue formulado en el marco de la Unión Europea por este Parlamento, cuando preparó el proyecto de tratado de la Unión Europea de Spinelli, es utilizado en realidad por oponentes de la Unión Europea que alegan que ésta está volviéndose supercentralizada y que existe el peligro de un superestado centralizado. 
Conviene recordar que gasta sólo el 3 % del gasto público correspondiente a la Unión. 
Su burocracia es de las mismas dimensiones que la de una ciudad mediana de Europa. 
No hay peligro real de supercentralización a largo plazo en el futuro. 
No debemos olvidar que, para que la Unión apruebe instrumentos legislativos, primero necesita un fundamento jurídico en los Tratados: tratados ratificados por todos y cada uno de los parlamentos nacionales. 
Después, para aprobar cualquier instrumento legislativo importante, se necesita la aprobación del Consejo, entre otras cosas. 
¿Y quienes componen el Consejo? 
Los ministros nacionales, que forman parte de los Gobiernos nacionales, que deben rendir cuentas ante los parlamentos nacionales: no personas predispuestas a entregar poderes a la Unión Europea en casos en que no sea necesario. 
La próxima vez que un ministro vuelva a su país y acuse a Bruselas de injerencia, habrá que recordarle en primer lugar que los ministros nacionales que componen el Consejo son los que han aprobado la legislación de que se trate. 
Aun entonces, en caso de que se excedan en sus poderes, es posible recurrir al Tribunal para intentar verificar si se ha infringido el principio de subsidiariedad o no. 
Todos los Gobiernos de la Unión Europea pueden optar por esa vía. 
Debemos rechazar el miedo suscitado por personas como el Sr. Vanhecke, ahora mismo, como John Major, como Michael Howard, como el Sr. Le Pen, como William Hague, que desearían hacernos creer que existe una amenaza para todos nuestros países de supercentralización en Europa. 
No es así. 
No existe peligro real de eso. 
Debemos tener el valor de decir que a veces la legislación europea es necesaria con vistas a brindar normas equitativas para el funcionamiento del Mercado Único y velar por que haya menos reglamentación mediante un único conjunto de reglamentos para las empresas, en lugar de quince conjuntos de reglamentos nacionales diferentes a los que deban adaptarse. 
Sí a la subsidiariedad. 
No a su utilización como un instrumento con el que atacar a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar cordialmente a la Sra. Palacio por su informe y también, naturalmente, a la Comisión representada por el comisario Oreja, por los progresos que se han alcanzado. 
Sin embargo, en la discusión de este concepto de subsidiariedad me parece adecuado resaltar que precisamente este concepto procede de la doctrina social cristiana y que, por esta razón, debería aplicarse también bajo este aspecto y no debería ser infracalificado, como sucede con tanta frecuencia, como ayuda para autoayudarse. 
Pero esto indica también con toda claridad que la subsidiariedad debe ser construida de abajo a arriba y no de arriba a abajo. la subsidiariedad debe funcionar entre los municipios y las regiones igual que debe funcionar entre los órganos de la Unión Europea y los Estados miembros. 
El informe de la Sra. Palacio indica con toda claridad desde el comienzo, que el principio de subsidiariedad tiene una dimensión política: por esta razón hay temas que deben ser resueltos también políticamente a través del principio de solidaridad y, si es posible, no ante el Tribunal de Justicia, porque precisamente el objetivo debe ser el de adoptar los acuerdos de la Comunidad lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Pero lo más cerca posible de los ciudadanos significa también desplazar las decisiones en esta pirámide de decisiones tan abajo como sea posible hacia la base. 
De aquí se sigue para mí la consecuencia lógica de que por debajo del nivel de la comunidad se debe considerar también el nivel de la familia, pues ésta es, en definitiva, la base de la sociedad y debe ser fortalecida también, correspondientemente, en el marco del principio de subsidiariedad. 
No obstante, es preciso destacar como esencial que el principio de subsidiariedad no debe ser mal utilizado en ningún caso para provocar un debilitamiento del Derecho comunitario. 
Una discusión sistemática en el marco de las nuevas políticas parece, ciertamente, un tanto inoportuna aquí. 
Sin embargo, este informe tan concluyente nos indica, en suma, que queda aún mucho por hacer, sobre todo, en la cuestión de la definición de la subsidiariedad. 
Quiero dar las gracias a la ponente por su intento de aclarar el concepto de subsidiaridad, que fue planteado seriamente por primera vez en Edimburgo en 1992, después de que los referendums celebrados sobre el Tratado de Maastricht hicieran ver a los Gobiernos de los Estados miembros que el apoyo de los ciudadanos a la UE no era demasiado amplio. 
Para mí, el principio de subsidiaridad sirve, entre otras cosas, para garantizar que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir por sí mismos o, por lo menos, de comprender lo que pasa, dentro de lo posible. 
No obstante, la definición del mismo sigue siendo poco clara y, por lo tanto, incomprensible en la práctica. 
Por eso, ruego que se continúe el debate tanto en esta Asamblea como en la Comisión y en otros lugares y que, además de dirigir un llamamiento a la Conferencia Intergubernamental para que aborde seriamente la definición de este concepto, solicitemos a la DG IV que elabore un informe de principio sobre la evolución del mismo en el período transcurrido y sobre el modo de definirlo con miras a los futuros esfuerzos. 
Señora Presidente, felicito a la ponente por su sucinto y excelente informe. 
Sin embargo, el artículo 3 B del Tratado no define en realidad la subsidiariedad. 
Me alegro de ello, porque, como ha dicho con razón el Sr. Corbett, en el pasado se ha utilizado el concepto de subsidiariedad como excusa para renacionalizar y yo me opongo totalmente a esa idea. 
Permítaseme dar un ejemplo concreto: durante el anterior período de sesiones la Comisión, con su leal saber y entender, consideró necesario proteger a los animales de los zoos presentando una propuesta de directiva sobre la situación de los animales en los zoos. 
A consecuencia de la tristemente famosa Cumbre de Edimburgo, en la que el Sr. Major tiró a la hoguera varias propuestas encomiables, se retiró esa propuesta y ahora ha vuelto a este Parlamento como simple directiva. 
En mi opinión, eso es un paso atrás: no redundará en beneficio de los intereses de los animales de los zoos y equivale a una débil excusa por lo que deberíamos hacer como diputados. 
Así, pues, cuando el considerando F de este informe se refiere a la subsidiariedad como «concepto dinámico» , creo que deberíamos añadir la palabra «pragmático» , porque, como dice el considerando G, es «una técnica jurídica apropiada». 
No creo que eso plantee problemas importantes. 
Lo único que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de cualquier instrumento legislativo? 
Y después debemos preguntarnos simplemente en qué nivel será más eficaz dicho instrumento legislativo. 
Es una prueba pragmática y a veces será más eficaz en el nivel comunitario y a veces lo será en el nivel nacional o regional. 
Se trata simplemente de la aplicación de un principio pragmático y no debemos permitir que se nos haga creer que la subsidiariedad equivale en cierto modo a hacer las cosas sólo en el nivel nacional. 
Señora Presidenta, señoras y señores parlamentarios, quiero agradecer a la Sra. Palacio toda su dedicación, con la competencia que le caracteriza, al trabajo de la Comisión sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Y quiero decirle cuánto he valorado las observaciones, agudas y precisas, de su informe y su intervención de esta tarde. 
Me complace asimismo constatar que la postura de la ponente es, en muchos sentidos, próxima a la de la Comisión. 
Por ejemplo la Comisión, al igual que la ponente, considera que el principio de subsidiariedad no interviene en los supuestos de competencias exclusivas, ya que, en tal caso, no se puede cuestionar el acervo comunitario e, igualmente, que las diferencias en materia de subsidiariedad deberían resolverse preferentemente en el marco del funcionamiento normal de las instituciones, con arreglo al Acuerdo interinstitucional de 1993, sin excluir, naturalmente, una posible intervención ante el Tribunal de Justicia. 
Y, al igual que el Parlamento Europeo, quiero decirle que la Comisión, como bien saben sus Señorías, no ha pedido una revisión del artículo 3 B en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
El artículo 3 B nos satisface y consideramos que lo importante es que todas las instituciones lo apliquen de una forma real. 
Quisiera aprovechar esta ocasión- si me permiten- para precisar la postura de la Comisión con respecto a algunos de los puntos que se han mencionado. 
Respecto a nuestros informes titulados «Legislar mejor» , quisiera, sobre todo, tranquilizarles. 
La Comisión no confunde en absoluto los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con los instrumentos técnicos que hacen que la legislación comunitaria sea más sencilla, más clara y más accesible y, concretamente, la simplificación y la codificación. 
La Comisión distingue bien entre estos diferentes conceptos y de ninguna manera confunde o mezcla unos con otros. 
El enfoque de la Comisión es un enfoque puramente práctico. 
La legislación comunitaria es una y conviene tener una visión de conjunto de todo lo que contribuye a lo que hemos llamado «legislar mejor». 
La Comisión se comprometió, y sus Señorías conocen cómo ha cumplido la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Pero siempre es posible, evidentemente, mejorar y, en particular, en los ámbitos que contempla el informe de la Sra. Palacio. 
Por ejemplo, la Comisión lo que sí se plantea es intensificar todo lo referente a la evaluación de las consecuencias de las acciones propuestas. 
Ya ha previsto mecanismos en este sentido e intenta ponerlos en práctica y modernizarlos todo lo posible. 
Hay un punto que también querría mencionar, que es el que se refiere a la consulta previa de los Libros Verdes y Libros Blancos. 
Para que siga siendo procedente, es evidente que tiene que llevarse a cabo de forma más concreta en el futuro, de forma más específica. 
Y, por consiguiente, quiero decirle a la Sra. Palacio que somos conscientes de ello y tomamos buena nota de las observaciones que se hacen en su informe. 
Lo que sí nos parece, y esto es una práctica que se ha seguido a lo largo de estos últimos años, especialmente de estos dos o tres últimos años, es que, frente a la práctica que había antes de legislar inmediatamente, ahora se procede, a través de los Libros Verdes y Libros Blancos, a consultar a la sociedad. 
El Libro Verde, en definitiva, lo que hace es una pregunta. 
Y en algunos temas hemos tenido que hacerlo dos veces: hemos hecho una primera consulta, no hemos quedado satisfechos con las respuestas que hemos recibido y hemos hecho un nuevo Libro Verde. 
Por ejemplo, llevamos ya bastante tiempo con el tema del pluralismo y la concentración de medios. 
¿Por qué? 
Porque no tenemos todavía una idea bien clara de qué es lo que quiere el sector, de qué es lo que quiere la sociedad. 
Es decir, que, por consiguiente, la aproximación que se hace es distinta a la que se hacía en el pasado. 
Antes se iba directamente a la legislación. 
Ahora intentamos conocer con mayor exactitud cuáles son las posiciones. 
Pero, de todas formas, quiero insistir en que tomamos buena nota de las observaciones formuladas por la Sra. Palacio y vamos a llevarlas a la práctica. 
Hay otro punto respecto al cual yo quisiera agradecer también a la Sra. Palacio la vigilancia que ha mostrado respecto a un tema. 
Pero quiero también tranquilizarla por lo que se refiere a las directivas marco. 
Las directivas marco, como es bien conocido, son un instrumento de subsidiariedad, preconizado por el Consejo Europeo de Edinburgo y adoptado por la Comisión en determinados casos, en casos específicos, y ello no atenta contra la unidad del Derecho comunitario si se utiliza en situaciones que lo justifiquen. 
Yo quiero decirle a la Sra. Palacio que la Comisión vela precisamente por ello. 
Y, por último, quiero agradecer todas las manifestaciones que ha hecho la ponente sobre los progresos realizados por la Comisión en el ámbito de la consolidación informativa. 
En conclusión, la Comisión sigue convencida de que recurrir de forma adecuada al principio de subsidiariedad permite adoptar la legislación apropiada, al nivel apropiado, en el sentido de las manifestaciones que ha hecho, por ejemplo, el Sr. Corbett, que van justamente en esa dirección, todo lo cual acorta distancias entre el legislador y el ciudadano. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Modificación del Reglamento del Parlamento (código de conducta de los representantes de intereses) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0107/97) del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el código de conducta de los representantes de intereses. 
Señora Presidenta, como se recordará, la primera vez que debatimos mi informe sobre los representantes de intereses en enero de 1996 el Grupo Socialista y los demócratas cristianos, fundamentalmente, no consiguieron llegar a un acuerdo, con lo que se devolvió el informe a comisión. 
La reacción pública ante nuestra incapacidad para establecer reglamentos fue muy negativa y el resultado fue que en julio de 1996 elaboré un nuevo informe modificado en el que tenía en cuenta algunas de las consideraciones y preocupaciones que los diputados expresaron sobre el informe inicial, aprobado por esta Asamblea con un solo voto en contra, si no recuerdo mal. 
Se trataba esencialmente de un documento marco que había que rellenar y se acordó que habría tres informes al menos: un primer informe, sobre un código de conducta, que es el que tenemos ante nosotros hoy; un segundo informe, sobre el control de los grupos de intereses, que está redactando mi colega el Sr. Spiers y que actualmente tiene ante sí la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades; y un tercer informe, sobre los asesores de los diputados, que está redactando el Sr. Lehne y que también se está examinando en la Comisión de Reglamento. 
Por tanto, éste es el primero de esos tres informes, en el que se desarrolla más detalladamente el informe que se aprobó en julio de 1996. 
En este marco siento la tentación de dar la misma respuesta que el apócrifo estudiante de doctorado que, cuando se le pidió que explicara su tesis, dijo: » Es evidente» , pero no voy a ceder a ella del todo. 
Las partes principales fueron aprobadas prácticamente por unanimidad en la Comisión de Reglamento. 
En ellas se declara que los representantes de intereses deberán declarar el interés que representen, cuando se reúnan con diputados al Parlamento o personal o funcionarios del Parlamento, no se arrogarán relación oficial alguna con el Parlamento en sus tratos con terceras partes, no distribuirán con fines lucrativos copias de documentos obtenidos del Parlamento y cumplirán estrictamente las disposiciones del segundo inciso del artículo 2 del Anexo 1, según el cual los diputados no podrán aceptar obsequios, es decir, que en adelante los representantes de intereses no podrán ofrecer obsequios a los diputados. 
Además, los representantes de intereses deberán cerciorarse de que cualquier asistencia prestada en el marco de estas disposiciones queda declarada en el registro pertinente. 
Hay una enmienda del Sr. Donnelly, que voy a aceptar, encaminada a hacer más estricta esa disposición, pero les atribuye cierta responsabilidad para velar por que se comuniquen apropiadamente sus acciones. 
También dice que, cuando contraten a antiguos miembros de las instituciones, deberán cumplir las disposiciones del Estatuto de los funcionarios. 
En este momento el Estatuto de los funcionarios nada dice a este respecto. 
En el Estatuto de los funcionarios hay disposiciones que exigen a ciertas categorías de antiguos empleados que soliciten permiso de la institución para aceptar empleos en otros sectores delicados, pero actualmente no hay miembros del personal así designados. 
Sin embargo, eso puede ser algo que cambie en el futuro. 
Lo mismo es aplicable a la enmienda nº 10 en la que pedimos a los representantes de intereses que observen cualesquiera normas establecidas por el Parlamento sobre los derechos y los deberes de los antiguos diputados a la Asamblea y, según tengo entendido, los Cuestores están examinando esa cuestión. 
También dice que, si un representante de intereses quiere emplear a un asesor de un diputado, tendrá que solicitar el permiso del diputado interesado. 
Eso parece evidente. 
Por último, concluye que cualquier violación del Código de Conducta podrá provocar la retirada del pase extendido a la persona interesada y, si procede, su firma. 
Sólo si el Parlamento está dispuesto a utilizar esa sanción podremos hacer más estricta esa disposición. 
Hay dos enmiendas más que probablemente tropiecen con cierta oposición en la Asamblea mañana. 
Una es la enmienda nº 12, que exige a los representantes de intereses que presenten todos los años un informe sobre sus actividades, con vistas a obtener la prórroga de sus pases. 
Existe cierta preocupación por que la consecuencia de ello sea la producción de cantidades ingentes de páginas. 
Tengo entendido que hay Grupos en esta Asamblea que no la apoyarán. 
Si fuéramos a apoyarla, probablemente yo recomendaría la enmienda del Sr. Ephremidis, que pide que los representantes de intereses declaren la asistencia que hayan prestado a diputados; sin embargo, la referencia en esa enmienda a «obsequios» es inapropiada, porque, como ya hemos visto, los obsequios son ilegales de conformidad con nuestras disposiciones actuales. 
El punto final se refiere a la enmienda nº 1, según la cual sólo los asesores registrados y que trabajen exclusivamente como asesores tendrán acceso al Parlamento en las mismas condiciones que el personal de la Secretaría o de los Grupos políticos. 
En este momento nuestro Reglamento permite un acceso privilegiado a los asesores de los diputados. 
El Grupo Socialista desearía que se cerrara inmediatamente esa laguna que, en realidad, propicia una situación en la que los asesores de diputados pueden simultáneamente trabajar para grupos de interés o incluso para los propios representantes de intereses, pero tengo entendido que el PPE preferiría que se incluyera en el informe Lehne, que aborda la cuestión de los asesores de los diputados, cuando se vote. 
Si es así, esperamos que se comprometan a ello; de lo contrario, no crearemos un obstáculo para los abusos, sino una vía rápida para ellos, al permitir a los representantes de intereses eludir el sistema empleando a nuestros asesores para que hagan lo que les impedimos hacer a ellos. 
Recomiendo mi informe a la Asamblea y espero que mañana reciba el apoyo de Sus Señorías. 
Señora Presidenta, permítame que felicite brevemente al Sr. Ford por su magnífico informe y por lo que considero un fuerte y continuado esfuerzo en el Parlamento, que se traduce con estos dos informes en la configuración de una normativa para los representantes de interés. 
Cabe recordar que se trata de una cuestión que afecta profundamente a una gran parte de nuestro electorado. 
No creo que exagere al decir que las actividades carentes de regulación de los representantes de intereses, aceptadas con anterioridad en el Parlamento, han dañado en gran medida nuestra reputación. 
Pienso, por tanto, que el Parlamento debe estarle profundamente agradecido al Sr. Ford por introducir esta normativa. 
Hay un apartado que considero de especial relevancia. 
Se trata de la obligación de los representantes de intereses de presentar un informe anual sobre sus actividades. 
El punto es importante, puesto que creo que periodistas e investigadores, señor Wijsenbeek, deben poder seguir de cerca una cuestión determinada y saber qué representantes han ejercido presión sobre qué diputados, y con ello saber qué diputados se han podido ver sometidos a presiones y qué diputados se han visto libres de ellas. 
En este contexto habría querido dar un paso adelante y aprobar la propuesta original del Sr. Mettens en su conjunto, que también establecía lo que debía figurar en estos informes anuales. 
Ahora esto se convertirá en un asunto que decidirán los cuestores. 
A veces no se puede ir más lejos. 
Pienso, no obstante, que este es un paso muy importante en el buen camino. 
Mi grupo tendrá la satisfacción de votar en favor del informe. 
Esperamos además que, tras las experiencias que se obtengan, se siga avanzando y configurando normas que sean aún más explícitas. 
Señora Presidenta, como el orador anterior, quisiera comenzar felicitando al Sr. Ford por un informe que es, básicamente, excelente. 
Quisiera agradecerle en particular el constructivo y abierto tenor del debate que dirigió en nuestra Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
El informe que ha elaborado refleja en general las conclusiones de dicha comisión. 
Ha tenido el acierto- y lo felicito por sus poderes telepáticos- de anticiparse a dos enmiendas que nos plantean problemas. 
Me refiero a las enmiendas núms. 
1 y 12. Por lo que se refiere a la enmienda nº 1, nuestra objeción es en gran medida de procedimiento. 
Creemos que se trata de un sector ligeramente complicado y que sería útil examinar con mayor detalle. 
El Sr. Lehne presentará un informe y quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar que veo el problema que señala el Sr. Ford. 
Hay personas que no son ni chicha ni limonada: ni son puramente asesores ni se los podría considerar apropiadamente terceras partes y representantes de intereses. 
Eso es un problema y debemos trabajar con el Sr. Lehne y en la comisión para velar por que se resuelva dicho problema. 
La segunda cuestión es más substancial. 
Se refiere a la enmienda nº 12. 
Es algo que ya hemos examinado y el año pasado decidimos que no hubiera la doble contabilidad. 
No queríamos que hubiera informes de los diputados y de terceros. 
El Grupo del Partido Popular Europeo sigue abrigando reservas sobre esa idea. 
Podría ser desproporcionada respecto de cualquier beneficio político que aportara y asimismo tenemos la sensación de que a la enmienda nº 12 subyace la idea de que los contactos entre diputados y terceros o grupos de interés son algo tan sospechoso, tan intrínsecamente negativo casi, que se debe vigilar y controlar lo más rigurosamente posible. 
Nosotros no compartimos esa opinión y nos satisface perfectamente que existan simplemente obligaciones de los diputados y no de terceros. 
Con esas reservas, recomendamos el informe del Sr. Ford a la Asamblea y votaremos a favor de todas las enmiendas que figuran en él, exceptuadas las núms. 1 y 12. 
Señora Presidenta, me encuentro quizás entre quienes a la sazón vieron entrar en el Parlamento al primer representante de intereses al que recibimos con alegría, pues esto significaba que el Parlamento Europeo contaba. 
Y cuando fueron 3.500 y el Sr. Metten empezó a ponerse nervioso, entonces se vio que realmente había que hacer algo. 
Con eso estamos en realidad de acuerdo. 
Es más, consideramos que en sí es muy acertado que el Parlamento Europeo formule normas que hagan más transparente al Parlamento. 
Pienso que todos estamos de acuerdo con ello y que podemos felicitar al Sr. Ford. 
Por otro lado, hemos de dejar claro que tenemos que estar convencidos de que no podemos realizar nuestro trabajo si no recibimos más información y detalles a través de los grupos de intereses sobre la situación en los diferentes Estados miembros. 
Hemos devuelto el informe de la Sra. Mosiek-Urbahn porque en él se trataba una cuestión técnica complicada cuyas consecuencias no podemos prever como simples diputados. 
Quiero hacer algunas observaciones. 
En primer lugar, todos estamos de acuerdo con los democristianos en lo relativo a la enmienda nº 1. 
En segundo lugar, la enmienda nº 4 me parece sencillamente ofensiva. 
Es algo así como un mandamiento de «Thou shalt not commit sin» (no pecarás) y no puede formularse así en un informe del Parlamento Europeo. 
Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda nº 12. 
En realidad preferimos la enmienda nº 14. 
Señora Presidenta, la enmienda nº 12 tiene que ver con ese informe anual, carece de sentido y es superflua, y supone demasiado trabajo. 
Señora Presidenta, es realmente importante, y al mismo tiempo difícil, el tema que este informe intenta solucionar, aunque también lo son los otros informes que lo complementan y que están pendientes de ser elaborados por la comisión competente. 
La dificultad se manifiesta en que el tema está en debate desde 1994 y en que en enero de 1996, por decisión del Parlamento, el informe del Sr. Ford se devolvió a comisión para que vuelva ahora. 
Es evidente que debemos examinarlo con especial responsabilidad, porque, nos guste o no, siempre hay fuerzas que intencionada o imprudentemente quieren difamar a órganos colectivos, como es el Parlamento, y a sus miembros, los diputados, quienes supuestamente reciben de una manera u otra donativos, son financiados y están bajo la influencia de grupos de intereses organizados. 
Hay que encontrar la manera de desmentir esto de manera categórica e institucional. 
Siendo así las cosas, tengo la impresión- aunque aprecio el trabajo del Sr. Ford y de la comisión de la cual formo parte- de que el presente informe no llega hasta donde debería para ser convincente. 
Deseo hacer dos observaciones. Una es que establecemos determinados grupos de intereses específicos que obviamente son económico-comerciales. 
Éstos tendrán formas de acceso y disfrutarán de una posición privilegiada, aunque con muchas medidas preventivas. 
Aun así, no dejan de estar en una situación privilegiada, ya que por otra parte existen grupos sociales de trabajadores y de otras capas sociales que no disfrutan de tal posición, de esta posibilidad de «entrar y salir» , de este diálogo con los órganos y con los propios diputados. 
Estos tendrán, pues, que delegar la defensa de sus intereses en aquellos grupos, aunque a menudo pertenezcan a sectores de intereses opuestos. 
Mi segunda observación se refiere a la enmienda nº 8, que por lo visto se ha aprobado y que rechazo categóricamente. 
Señora Presidenta, difama al Parlamento y a los diputados y al propio informe, porque dice lo siguiente: que se declare la ayuda- muy bonita expresión- que reciben los diputados. 
El problema no es que se declare o no. 
El problema es que se recibe un regalo- en especie, dinero o servicios- y no cambia nada con que se declare. 
Continua existiendo el estigma del cohecho pasivo. 
Por último, señora Presidenta, yo también he presentado una enmienda y quiero aclarar su contenido. 
Apunta precisamente a esto: ¿que tipo de donativos pueden recibir los diputados de los grupos de presión o de cualquiera? -Datos, argumentos e información, si, pero no regalos, servicios u otro tipo de prestaciones materiales. 
Desde este punto de vista mantengo la enmienda. 
Si su contenido no es claro, entonces la retiraré. 
Señora Presidenta, siguiendo con lo que acaba de decir el anterior orador, quiero señalar que este es el segundo informe Ford, no el primero. 
Es cierto que en un principio, el primer informe fue devuelto a la comisión, pero después fue aceptado por el pleno y ahora examinamos una posterior elaboración de aquel. 
En conjunto consideramos que, en la elaboración del código de conducta para los representantes de intereses, se han realizado claros progresos, se exige más claridad en este sentido, se exige que todo se incluya en el registro, concretamente que han de indicar qué intereses representan, que nunca puedan apelar a su relación con el Parlamento para conseguir determinadas cosas, que no puedan vender documentos, documentos públicos normales del Parlamento, para sus propios intereses, etc. Se trata sin duda de cosas positivas que ahora, gracias a este informe del Sr. Ford, se fijan con claridad. 
Lo que nos deja insatisfechos, y para ello presentamos ya una enmienda en la comisión, es que considerábamos que el paralelismo que en un principio se preveía entre el informe Ford y el informe Nordman, que habla de las ventajas a que pueden apelar los parlamentarios y la necesidad de declarar estas ventajas, que también hay que hacerlo en relación con los representantes de intereses. 
Presentamos una enmienda de este tenor en la comisión, pero lamentablemente no fue aceptada. 
Por tanto consideramos de máxima importancia que se acepte la enmienda Ephremidis, que también es nuestra pues la depositamos conjuntamente en el pleno, a fin de que se obtenga claridad sobre qué donativos, del tipo que sean, pueden hacer los representantes de intereses a los parlamentarios o a los colaboradores. 
Si se acepta esta enmienda, respaldaremos el informe. 
De lo contrario, lamentaremos no poder ofrecer nuestro apoyo. 
Por supuesto estamos plenamente de acuerdo con la observación del Sr. Wijsenbeek de que es un poco extraño que en un reglamento se formule algo en el sentido de que hay que abstenerse de emprender cualquier acción que pudiera implicar recibir información de forma injusta. 
Son cosas tan moralizadoras que con ellas no se consigue nada, pero para nosotros es de máxima importancia que se apruebe la enmienda Ephremidis y de los Verdes. 
Señora Presidenta, creo que en una época en la que en todos los países de la Unión Europea se pone en entredicho la credibilidad de los políticos y de la política, el informe del Sr. Ford y, sobre todo, la intención que hay detrás de él- controlar la función y la actuación de los representantes de grupos de interésson realmente dignos de elogio y, en mi opinión, contribuirán en cierto grado a la revalorización de nuestras actividades. 
La acción de los representantes de grupos de interés en el Parlamento Europeo con frecuencia no está controlada, e incluso a menudo he sentido sorpresa, y no lo oculto, hasta indignación, al ver cómo sus representantes tienen acceso a documentos e información antes que nosotros, los diputados. 
A menudo tienen en sus manos documentos que nosotros tardamos muchísimo en recibir. 
Por eso, considero muy importante la enmienda nº 1 y quisiera instar a los diputados de todos los Grupos políticos que revisen su postura ante ella. 
No es suficiente que digamos que queremos controlar la actuación y función de los grupos de presión. 
Debemos encontrar un mecanismo con el que hacerlo. Creo que la enmienda nº 1 constituye un primer mecanismo para controlar esa actuación. 
Evidentemente, todos somos conscientes de que el esfuerzo que significa el presente informe del Sr. Ford no solucionará eficazmente el problema creando condiciones de absoluta transparencia, que es algo que, según creo, todos en esta Asamblea deseamos. 
Sin embargo, representa un paso valiente en la dirección correcta. Lo que es necesario es que, tras su aprobación, todos colaboremos para que la letra del presente informe cobre vida en el día a día del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, los que me han precedido en el uso de la palabra han expuesto ya de qué se trata en detalle en el Informe Ford. 
La propuesta anima a los representantes de intereses a una actitud leal y abierta. 
Es deseable una mayor transparencia en este informa. 
La pregunta no puede ser otra que ésta: ¿Qué medios son adecuados? 
En este contexto la enmienda 1 no pertenece con toda seguridad a las regulaciones del código de conducta. 
De manera formal se refiere al artículo 2 y no al artículo 3 y debería ser discutida en un contexto adecuado, es decir, en el Informe Lehne. 
Allí podemos ocuparnos también de una definición más precisa del asistente. 
Respecto de la enmienda 12, en la que se exige un informe de los representantes de intereses, quisiera puntualizar que, por un lado, esta enmienda no es clara pues de ella no se sigue sobre qué hay que informar y, sobre todo, quién debe valorar luego lo que se relata en el informe. 
Con independencia de esto, abrigo otros reparos contra esta enmienda pues para un tercero refleja sólo una imagen incompleta. 
Si este informe debe servir- tal como acaba de pedir el Sr. Wibe- para que, por ejemplo, los periodistas se informen acerca de con quién se han realizado contactos, entonces hay que ver que esta información es incompleta y, por consiguiente, falsa. 
Quisiera recurrir otra vez al ejemplo que ya se ha utilizado antes. 
Entonces, en el informe debería figurar lo siguiente acerca de la vigilancia sobre los grupos de aseguradoras: se han celebrado conversaciones con organizaciones de seguros. 
En el mismo no figura que también se ha hablado con los organismos de vigilancia, con la Comisión y con los representantes de los gobiernos. 
Sólo la enumeración de todos estos diversos representantes, en sentido amplísimo, de intereses daría una imagen completa y correcta. 
Por esta razón tampoco me parece adecuada esta enmienda. 
Pero mi deseo es indicar de manera general que por el debate que hemos celebrado aquí se ha originado una imagen deformada en la opinión pública. 
Necesitamos a los representantes de intereses para poder informarnos plenamente acerca de las más diversas facetas de los diferentes grupos de problemas, y esta colaboración debe realizarse en el marco de una colaboración transparente, comprensible para cualquiera. 
El respeto del código de conducta ayudará a esto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Modificación del Reglamento del Parlamento (artículo 116) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0089/97) del Sr. Brendan Donnelly, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del artículo 116 del Reglamento relativo a la votación por partes. 
Señor Presidente, en este Parlamento todo el mundo se queja de lo largas que son las votaciones, en las que muchos diputados votan a veces sin saber exactamente qué votan, siguiendo escrupulosamente las consignas de sus Grupos. 
La Comisión de Reglamento ha abordado en bastantes ocasiones este problema de la duración de las votaciones, que da lugar a muchas recriminaciones por parte de nuestros colegas. 
El capítulo 14 de nuestro Reglamento es, por lo tanto, uno de los más importantes, y usted recordará sin duda que la Comisión de Reglamento ha presentado varias propuestas para abreviar las votaciones. 
Podría recordar, por ejemplo, para contestar al Sr. Donnelly, que nuestra comisión ha insistido a menudo ante el Presidente en la aplicación del artículo 114. 
Me refiero en particular a la recomendación de votación del presidente de la comisión competente en cuanto al fondo y del ponente en la sesión plenaria y, por supuesto, también al voto en blanco. 
Desgraciadamente, estas recomendaciones se quedaron en letra muerta. 
Hay que insistir sobre la importancia que tiene este artículo. 
El informe del Sr. Donnelly trata de la votación por partes, es decir, sobre el artículo 116. 
Me gustaría felicitar al Sr. Donnelly por el trabajo de reflexión y de persuasión que ha desarrollado dentro de la Comisión de Reglamento, que ha aprobado ampliamente su informe. 
Si decidimos devolver a comisión este informe antes de las votaciones, será útil precisar algunos puntos. 
El Sr. Donnelly propone dos cosas. 
La primera es indiscutible: se trata del plazo para solicitar una votación por partes. 
La segunda se refiere a la prohibición de votaciones por partes sobre las enmiendas. 
De hecho, al solicitar una votación por partes sobre una enmienda, se presenta una nueva enmienda, se hace una enmienda en las enmiendas; mientras que quienes presentan enmiendas deben seguir todo un procedimiento, la solicitud de votación por partes es de alguna manera una solución de facilidad. 
Los diputados tienen entonces que votar partes de frases distintas según cada lengua y, a menudo, no son capaces de entender correctamente el sentido de lo que votan. 
Por mi parte, no creo que la propuesta del Sr. Donnelly vaya a tener como consecuencia la multiplicación de las enmiendas, tal como ha dicho hace un momento la Sra. Oomen-Ruijten en su intervención en nombre del PPE. 
Sin duda, hay que darle al Parlamento todas las posibilidades de expresarse, pero de forma razonable y, sobre todo, de forma previsible. 
Eso es lo que propone el Sr. Donnelly, a beneficio de inventario: no he oído otras propuestas y no veo de momento otras soluciones. 
Pero siempre podemos seguir buscándolas si así lo desea el Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera corregir una alusión incorrecta que he hecho hace un momento a un artículo del Reglamento. 
Me he referido al artículo 115, pero, como ha dicho el Sr. Fayot, estaba pensando en el artículo 114. 
Espero que se pueda corregir en el Acta. 
También quisiera decir que en el Grupo se examinó detalladamente la cuestión de la actitud del PPE para con mi informe. 
Sería injusto dar a entender que hubiera sido una ocurrencia exclusiva de la Sra. Oomen-Ruijten. 
Está bien que la Sra. Oomen-Ruijten obedezca alguna vez instrucciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 12.00 horas. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, por lo que respecta al Acta de la sesión de ayer, que se nos ha distribuido esta mañana, quisiera indicar que en la lista de los presentes en el hemiciclo no figura mi nombre. 
Eso se debe seguramente a un olvido mío- sin duda se me habrá olvidado firmar la lista- no obstante, ya que estaba presente, como podrán comprobar fácilmente los servicios de esta casa, pido que se incluya mi nombre en el Acta entre los presentes del día de ayer. 
Señor Presidente, se trata de la misma cuestión que ha planteado el Sr. Vecchi: a pesar de que ayer estuve aquí, mi nombre no figura en el Acta. 
Señor Presidente, tomo la palabra para aclarar lo que se dice en el Acta. 
Recordará usted que ayer planteé una cuestión con arreglo al artículo 3 acerca de las inmunidades y prerrogativas de este Parlamento. 
Ahora bien, en el Acta se dice que el Presidente sugirió al Sr. Hallam que escribiera al Presidente de la Cámara de Representantes de Bélgica para que aclarase esta cuestión. 
Si mal no recuerdo y según lo que dice este documento que ha sido preparado por los Servicios del período de sesiones, el Presidente dijo que iba a ocuparse de la cuestión que yo había planteado. 
No hace falta decir que me gustaría que el Presidente se ocupara de la cuestión en nombre del Parlamento y en mi propio nombre como diputado, y no en mi nombre a título personal. 
Tomo nota de su observación, señor Hallam. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, quisiera hacer una observación sobre el orden del día de hoy. 
En el punto del orden del día de hoy sobre preguntas a la Comisión, figura una pregunta mía sobre la conformidad de una ley de un Estado miembro con la normativa comunitaria sobre la competencia. 
Sin embargo, y a pesar de que esta tarde uno de los Comisarios que responderán en el turno de preguntas es el Sr. Van Miert, responsable para la competencia, mi pregunta figura extrañamente en el apartado «Otras preguntas» , mientras que preguntas que llevan fecha posterior a la mía sí han sido atribuidas al Sr. Van Miert. 
Quisiera saber cómo se ha producido esta situación tan extraña. 
Señor Colom i Naval, tomo nota de este asunto. 
Nos reuniremos con la Comisión y posteriormente en el turno de votaciones tendremos oportunidad de aclararlo. 
Señor Presidente, se trata de un tema general reglamentario, pero me veo obligado a plantearlo. 
Cuando los diputados planteamos determinadas cuestiones a la Mesa, ésta tiene obligación, sea de forma positiva, sea negativa, de dar una respuesta. 
Esto no ocurre en el siguiente caso: Soy miembro de la Delegación en Kzsajstán y las otras Repúblicas de Asia Central, y en concreto vicepresidente de la misma. 
La sección europea de la Delegación se reunió antes del primero de mayo y decidió hacer un viaje del 2 al 9 de mayo. 
Al ser informado de que no iba a haber traducción al griego, advertí que sería muy difícil y que no iría para estar como sordomudo. 
El presidente de la Delegación afirmó que se ocuparía del tema y que me contestaría. 
Después de una semana me contestó que no había conseguido que se dispusiera un traductor. 
Entonces dirigí una carta al Presidente del Parlamento explicando que no participaría en una delegación de este tipo sin poder comunicarme. 
Me dijeron que a lo sumo podría hablar en griego, pero que las deliberaciones se mantendrían en ruso y en inglés, de modo que yo no entendería nada, porque no hablo como ustedes todos estos idiomas. 
Por lo tanto, dije que tampoco sería posible así. 
Espero todavía recibir una respuesta del Presidente del Parlamento si mi demanda ha sido aprobada, y si no, por qué razón. 
Entretanto, el viaje se ha realizado, naturalmente. 
Quisiera pedirle, por tanto, que informe al Presidente para que me conteste. 
Creo que el tema es personal, pero también general, porque afecta a todos. 
Señor Ephremidis, por parte de la Presidencia existe tanto la disposición como la tradición de no escatimar esfuerzos para dar respuestas a todos los diputados sobre todos los problemas que aborden. 
Naturalmente, me ocuparé de que también sea así en su caso. 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, como usted acaba de decir la Comisión ha cerrado ya el debate sobre este informe y podemos dar, como Parlamento, nuestra conformidad a la urgencia. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a 23 ganadores de un concurso de redacción interescolar «Europa contra el racismo» , que acaban de llegar a la tribuna de invitados. 
Provienen de 15 países de la Unión y el concurso se realizó bajo los auspicios del Parlamento Europeo y fue organizado por el Centro de Información y Documentación en el marco del Año Europeo contra el Racismo. 
Doy la bienvenida a las jóvenes y los jóvenes ganadores y les deseo una buena estancia en Estrasburgo. 
Producción ecológica de productos agrarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0156/97) de la Sra. Barthet-Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0366- C4-0481/96-96/0205 (CNS) ) que complementa, para las producciones animales, el Reglamento (CEE nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la agricultura biológica se practica en la Unión Europea en alrededor de un millón de hectáreas y representa el 1 % del total de la producción agrícola. 
En diez años, las superficies cultivadas se han multiplicado por diez. 
La agricultura biológica constituye una alternativa realista y en la actualidad fiable a la agricultura intensiva. 
No tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y su producción, ligada al suelo, evita las superproducciones que se dan en superficies cultivadas equivalentes. 
Esta doble ventaja deberá ser motivo suficiente para que la agricultura biológica reciba un fuerte apoyo. 
El Reglamento nº 2092 de 1991 regula el modo de producción y de comercialización de los productos biológicos vegetales, brutos o transformados. 
El informe que estamos debatiendo hoy tiene por objeto hacer extensivo dicho Reglamento a las producciones biológicas animales. 
Remitámonos al contexto: el texto propuesto por la Comisión en 1996 apareció en plena crisis de la EEB. 
Si la alimentación de los herbívoros hubiese sido natural, es decir, únicamente a base de plantas forrajeras y de vegetales, no se habría producido esta crisis. 
De ese modo, se habría realizado un gran ahorro en el presupuesto agrícola, que se podría haber dedicado, por ejemplo, a apoyar la renta de las pequeñas explotaciones, a medidas agromediomambientales, a la investigación, a la instalación de jóvenes agricultores, a la jubilación de agricultores o incluso a la promoción de productos de calidad para la exportación. 
Desgraciadamente, el daño ya está hecho. 
Volvamos más bien al carácter específico de la producción biológica. 
La producción biológica presenta varias características; se las voy a recordar. 
Se trata de un tipo de producción totalmente libre y voluntario por parte del agricultor. 
Es el signo de calidad más elaborado, más poderoso y más controlado del productor respecto al consumidor, aunque todavía haya que hacer algunos progresos. 
Este tipo de producción se distingue de las demás indicaciones de calidad, como la procedencia geográfica, la denominación de origen protegida y el certificado de especificidad, y al mismo tiempo las complementa. 
Cada vez más los consumidores piden este tipo de producción, y, en definitiva, es un modo de producción duradero. 
Para hacer extensiva la normativa a la producción biológica animal, hemos tenido la suerte de disponer de un buen texto de base de la Comisión. 
Sin embargo, a veces ha hecho falta precisarlo para hacerlo aplicable y, a veces, ha habido que mejorarlo para ampliar su alcance y su prospección. 
Esto es lo que ocurre, según creo, con la acuicultura, con las nuevas crías como la de los caracoles, las ranas, las avestruces, los búfalos, la caza, que deberán ser objeto de la extensión del campo de aplicación de la normativa. 
He deseado que esta normativa sea lo suficientemente genérica para no convertirse en un obstáculo para su aplicación, definiendo los principios de la cría biológica sin entrar en el pormenor de las especificaciones. 
También he deseado que el reglamento sea lo suficientemente flexible para limitar algunas restricciones de la conversión o los excesos de un puritanismo biológico. 
Sin embargo, para que el Reglamento siguiese manteniendo una coherencia y para permanecer fiel a la tendencia de la mayoría de mis colegas de la Comisión de Agricultura, con ocasión de los intercambios de opiniones, he mantenido el rigor en los modos de producción y, sobre todo, en los controles. 
De este modo se propone una mejor definición de los controles y la controlabilidad de las producciones, el reforzamiento de la protección de los consumidores, la prohibición de los organismos genéticamente modificados, de las manipulaciones genéticas y de las vacunas con virus activos. 
Se trata de prohibiciones que los consumidores esperan en este campo específico y que se adaptan perfectamente a los principios de base de la agricultura biológica. 
Pero en este informe también se tiene en cuenta la necesidad de proteger las producciones tradicionales, como el cerdo, el buey, los capones, las ocas y el engorde de palmípedos. 
En resumen, el reglamento modificado por las enmiendas es a la vez más riguroso en lo que se refiere a controles y modos de producción y más flexible, para facilitar las conversiones. 
Pero refuerza el carácter común de la normativa y previene contra las distorsiones de la competencia entre los Estados miembros, así como entre las regiones. 
El consenso obtenido en este informe dentro de la Comisión de Agricultura ha permitido reducir a 100 las 314 enmiendas iniciales. 
Sin embargo, queda por resolver un problema. 
Se necesita una dotación presupuestaria suficiente para que la Comisión Europea pueda realmente llevar a cabo su misión de control en los países miembros y encargarse de la vigilancia del sistema de equivalencia en los países terceros. 
La Comisión sólo cuenta en la actualidad con dos funcionarios para ocuparse de estos cometidos. 
No deberían repetirse en el ámbito de la agricultura biológica las carencias constatadas en el marco de la comisión de investigación de la EEB. 
Sin un dispositivo presupuestario, la aplicación del reglamento no se controlará correctamente y se dejara la puerta abierta a los fraudes en la importación. 
Para terminar, me gustaría decir, como ponente, que hay dos enmiendas que lamento, pues introducen cierta incoherencia dentro de un conjunto equilibrado. 
Le pediré, por tanto, que rechace tajantemente la enmienda nº 25, en la que se suprime la mención de los productos de desinfección, y la enmienda nº 85, en la que se suprimen las normas comunes en cuanto al grado de concentración del gallinero en la cría de aves de corral. 
Le invito, por el contrario, a apoyar mis enmiendas nº 101 sobre el presupuesto, nº 102 sobre la restauración de las normas «aves de corral» , núms. 103 y, sobre todo, 104 sobre el presupuesto, que he mencionado antes. 
Señor Comisario, recientemente, al visitar Austria como invitada de mi colega, la Sra. Schierhuber, he podido evaluar el trabajo que se ha realizado allí en materia de agricultura biológica; usted no es ajeno a ello. 
Me atrevo a esperar, señor Comisario, que le permita a toda Europa seguir el ejemplo de su país. 
Señor Presidente, como ya ha expuesto la ponente, y sobre todo después del caso de la EEB, en toda Europa el consumidor se interesa, mucho más que en el pasado, además de por los costes, también por la calidad de los productos y, en particular, por los métodos de producción utilizados. 
Por ese motivo, para dar confianza a los consumidores es necesario ofrecerles productos garantizados y certificados. 
Una nueva normativa europea que permita certificar de forma clara y uniforme en todo el territorio de la Unión Europea los productos de origen animal obtenidos según los criterios de la producción ecológica representa un paso importante en este sentido. 
Por eso tenemos que decir que hemos visto con disgusto el retraso con el que la Comisión ha presentado una disposición que completaba la de la agricultura ecológica para incluir también la producción animal. 
En efecto, este documento se tendría que haber presentado ya el 1 de julio de 1992, luego la presentación se prorrogó hasta el 30 de junio de 1995, y finalmente no lo hemos tenido hasta el 26 de julio de 1996. 
Por lo tanto, pensamos que la agricultura ecológica indica la dirección hacia la que toda la agricultura debe ir. 
Además, tenemos que poner de manifiesto las enmiendas contra la presencia de organismos genéticamente modificados, que no pueden formar parte ni de la agricultura ni de la cría ecológica, y todas las enmiendas que defienden los derechos de los animales, con especial atención a los aspectos inherentes a su existencia, es decir, espacio, alimentación, transporte y sacrificio. 
Espero que el hemiciclo acepte todos estos aspectos y que, por consiguiente, se pueda tener una excelente disposición a favor de los animales y de los consumidores. 
Señor Presidente, la Sra. Barthet-Mayer ha hecho su trabajo con mucha seriedad y competencia. 
Creo que el resultado ha sido un informe que refuerza y mejora la propuesta de la Comisión y que ofrece una contribución real del Parlamento Europeo a la valorización de estos productos. 
Por lo tanto, la ponente tiene todo el apoyo y las felicitaciones del Grupo Socialista. 
Ya hacía tiempo que la Comisión tenía que presentar estas propuestas. 
El Reglamento 2092/91 establecía, quizás de manera algo ingenua y optimista, la fecha del 1 de julio de 1992 para completar la parte originaria del propio reglamento con las producciones de origen animal y desde el 1 de julio de 1992- como ya han recordado los colegas- hemos llegado a 1997, es decir, cinco años para llenar una laguna jurídica y para dar un marco armonizado de protección, de reconocimiento y de valorización a las experiencias concretas que durante estos años diversos agricultores y operadores han realizado en este ámbito. 
Espero, señor Comisario, que este retraso de la Comisión se deba sólo a dificultades técnicas objetivas y no a una infravaloración crónica de la importancia de las producciones ecológicas y de calidad. 
En este hemiciclo hemos podido evidenciar varias veces que, a pesar de las declaraciones de principio, toda la PAC está aún poco orientada hacia la política de calidad, que sigue habiendo una masiva orientación cuantitativa que todavía empuja a la intensificación de las producciones y a rendimientos cada vez más altos, comportando distorsiones en las financiaciones y consecuencias negativas para el medio ambiente y para el consumidor. 
Hay que oponerse fuertemente a esas orientaciones, sin remitirlo todo una vez más, como se hizo en 1992, a las obligaciones internacionales que se nos imponen y que se nos impondrán. 
La agricultura ecológica es un punto avanzado y significativo de una inversión de tendencia. 
Desde luego no hay que hacerse ilusiones, es y seguirá siendo una porción menor, secundaria, de la agricultura europea; es y debe seguir siendo una opción voluntaria y responsable del productor, del ganadero; ninguno de nosotros puede pensar que se puede desarrollar por decreto. 
Pero hay que alentar las tendencias actuales que ven un desarrollo considerable de la producción ecológica. 
A partir de ahora, como ha recordado aquí la ponente, ya no estamos sólo ante experiencias de valor local, que conciernen, por ejemplo, a mercados de barrio, sino que estamos ante una experiencia de sector, global, general, en la que la propia gran distribución organizada es muchas veces protagonista. 
El alcance de este reglamento es tal que da impulso a este mercado, que orienta una producción en la que ya no son los precios garantizados o las subvenciones los que mandan, sino la libre elección del consumidor dispuesto a pagar más a cambio de una garantía total por lo que respecta a su salud y seguridad y al respeto del medio ambiente y del espacio rural. 
Nuestro Grupo está de acuerdo con este informe y, por lo tanto, lo apoyará en la votación de hoy. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, también en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo apoyo este complemento que propone la Comisión al reglamento ya existente y la mayoría de las enmiendas que han sido presentadas por la Comisión de Agricultura y por la ponente. 
El mercado de productos cárnicos ha caído en graves dificultades, sobre todo, por la inseguridad de los consumidores debida a la crisis de la EEB, por las discusiones habidas sobre la situación de la cría de ganado y por la superproducción. 
El rápido empeoramiento del mercado se manifiesta sobre todo en una fuerte caída del consumo. 
Puesto que los consumidores muestran un creciente interés por los productos biológicas- en lo que se refiere tanto a la calidad como a la oferta- la producción animal debería adaptarse mejor al nivel de consumo. 
Esto requiere una reconversión básica de los sistemas de control de calidad y una nueva política sobre la protección de los consumidores. 
En una consideración a largo plazo, creo que el deseo de los consumidores de alimentos producidos respetando el medio ambiente abre enormes posibilidades al sector agrario, sobre todo, en las zonas desfavorecidas del sur. 
Sin embargo, es una ilusión, lamentablemente, creer que toda la agricultura de Europa pueda convertirse en biológica. 
El mercado para productos biológicos está limitado actualmente en su conjunto y una ampliación de tales producciones debería ser fomentada a través de programas, financiados públicamente, a través de los cuales los agricultores se vieran remunerados por prestaciones de política de medio ambiente, definidas con exactitud. 
La transición hacia una explotación ecológica debe ser una decisión libre del agricultor y debe hacerse por etapas, es decir, como una transición fluida y escalonada, de lo contrario corremos el peligro de que no tenga lugar una aceptación positiva y se produzca una desmotivación. 
En cualquier caso el listón está situado ya muy alto, cosa que no cabe menos que valorar positivamente. 
También es absolutamente necesaria e importante una definición del cultivo integrado a fin de dar más impulso a este ámbito. 
A este respecto hay que dar las gracias al Comisario por su sensibilidad. 
En los cargos que ha tenido aneriormente en su país, Austria, ha hecho ya cosas excelentes en este ámbito. 
Considero absolutamente necesario que abramos vías de comercialización para productos biológicos y fomentemos su financiación, en especial en las zonas desfavorecidas, sobre todo en el sur. 
Creo también que debe haber campañas publicitarias para productos biológicos, financiadas por la UE, en favor de la salud pública, ciertamente, pero también para poner en marcha medidas que favorezcan la calidad y neutralicen la sobreproducción. 
Señor Presidente, entre las 50.000 explotaciones agrícolas aproximadamente que en Europa se pueden definir como «ecológicas» , 15.500 se encuentran en Italia. 
Y en efecto, los cuatro oradores que hasta ahora han hablado son todos italianos, incluido el colega Ebner, que, aunque ha hablado en su lengua materna, en cualquier caso forma parte del Estado italiano. 
Este es, pues, un testimonio de la gran sensibilidad que existe en nuestro país hacia este tipo de agricultura. 
Pero ya hemos superado ampliamente- esto es justo decirlo- el momento de la novedad, de la curiosidad y de la experimentación; de las especies vegetales se ha pasado a los sistemas de cría ecológica persiguiendo la misma filosofía, que tiene dos caras: en primer lugar, el respeto de las cualidades organolépticas y, por otro lado, la mayor renta que esta práctica agrícola garantiza. 
La agricultura ecológica ya tiene sus parámetros económicos autóctonos: garantiza que se produzca también en un medio sensible y difícil como los parques y las zonas inaccesibles de montaña, permite la recuperación de cultivos y de tradiciones dejados de lado por la agricultura intensiva y científica, limita los costes debido a que no hay tratamientos y a que se necesita menos mano de obra. 
Pero la agricultura ecológica no es sólo una vuelta al pasado, no es una no agricultura que hay que contraponer a la del set aside: es simplemente un nuevo modelo de desarrollo, que parte de la investigación, pasa por una práctica de cultura más que de cultivo y logra una relación limpia y transparente con el consumidor. 
El resultado notable es el de conseguir y armonizar el reglamento para las producciones vegetables con los criterios más delicados de las producciones animales. 
Yo diría que éste es el mayor mérito del informe de la colega BarthetMayer- a la que mi Grupo también felicita- y notables son sobre todo los principios en los que se basa. 
Por último, podemos realmente concluir con el deseo de que esta propuesta de reglamento pueda constituir una respuesta clara, llena de esperanza, a las amarguras y a las sombras echadas sobre el mundo agrícola por el oscuro y dramático asunto de la EEB, que ha puesto de rodillas a la zootecnia de toda Europa, pero que, sobre todo, ha resquebrajado, de manera tal vez irreversible, la delicada relación de confianza entre productor y consumidor. 
Señor Presidente, estimados colegas, deseo felicitar a la señora Christine Barthet-Mayer, ponente del informe. 
Cada vez son más los consumidores que quieren una mayor producción biológica de productos agrarios y alimenticios. 
Este aumento de la demanda está efectivamente suponiendo la creación de un mercado completamente nuevo, con costes de producción más elevados, para los productos agrarios. 
De todos es sabido que la UE lleva años tratando de conseguir un mejor equilibrio entre la producción y el consumo, lo cual constituyó el objetivo de, entre otras iniciativas, la reforma de la PAC de 1992. 
De menor rendimiento, la modalidad de producción biológica de tierras, plantas y animales fomenta la consecución de un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrarios. 
Las indiscutibles ventajas de la producción biológica se basan en el limitado uso que hace de fertilizantes e insecticidas, que son perjudiciales para el medio ambiente y que llegan a dejar restos en los productos agrícolas. 
Resulta igualmente necesario establecer una reglamentación común lo suficientemente estricta y exhaustiva por lo que respecta a la producción biológica de productos agrarios, vinculante para todos los productores, los transformadores y los comercios que opten por este método de producción. 
Se debe exigir a todos los partes implicadas en la cadena de producción que respeten estrictas normas de transparencia, moral y ética empresarial. 
La crisis de la EEB puso claramente de manifiesto lo que ocurre cuando se incumplen el control y la ética empresarial, además de demostrar la importancia que reviste el control del cumplimiento de la legislación. 
El Grupo liberal considera extremadamente importante la producción biológica de productos agrarios respetuosa con el medio ambiente, con la cual podremos responder a la creciente demanda de los consumidores. 
Creemos que es indispensable dotar a estos productos de un etiquetado de calidad lo más claro posible. 
Los consumidores han de disponer de la suficiente información a la hora de elegir por sí mismos. 
En todo momento se debe informar al consumidor acerca del origen, el modo de producción y el tratamiento de los productos. 
A causa de las numerosas votaciones a que se ha visto sometido en comisión, el presente informe es contradictorio e ilógico. 
En verdad, habría deseado que hubiéramos podido disponer de más tiempo para desplegar una cooperación que nos habría permitido dotar al informe de una mayor coherencia. 
En algunas partes, el informe recoge disposiciones de carácter particular, mientras que en otras partes no se incluyen disposiciones concretas. 
En parte, este informe presta demasiada atención a métodos supranaturales como la homeopatía y la fitoterapia. 
En opinión de nuestro grupo, el informe recoge demasiadas disposiciones derogativas, las cuales merman más de lo necesario el respeto ecológico y el carácter natural de la producción, dañando de esta manera la confianza depositada en la producción biológica. 
Por ejemplo, en un país como Finlandia, que reúne excepcionales condiciones para este tipo de producción, se exige un periodo transitorio de tres años a aquellos productores que opten por la producción biológica, mientras que, de acuerdo con el informe, bastaría con un periodo de transición de doce meses de duración. En algunos casos se podría utilizar forraje de origen artificial. 
Yo no aceptaría este tipo de excepciones en una producción auténticamente biológica, ya que, en tal caso, la producción de forraje también debería tener lugar en las granjas, puesto que el forraje que pasa por manos de intermediarios implica la aparición de un nuevo peligro. 
Para finalizar desearía hacer una pequeña aclaración acerca de un error de traducción. 
En la versión finesa se hacen bastantes referencias a los términos agua residual y residuo, cuando debería figurar estiércol y orina de ganado. 
Señora Anttila, es una de sus primeras intervenciones en el Parlamento, por lo que no he querido interrumpirla. 
Sin embargo, le ruego que en el futuro adapte sus intervenciones al tiempo que le corresponde: de lo contrario, pone a la Presidencia en una situación difícil. 
Señor Presidente, espero que usted sea indulgente con los que hablan mucho, pues cuando se tiene mucho que decir se necesita también mucho tiempo. 
Es importante que, por fin, hablemos hoy sobre la producción agrícola ecológica en relación con la producción animal. 
Afortunadamente, en la práctica se está más adelantado que en la política. 
Aquí no se fijan objetivos, sino que se adoptan tendencias en marcha. 
Señor Fischler, cabe felicitarle a usted y a su país pues en éste se han reconvertido ya el 10 % de las explotaciones agrícolas a la producción agrícola ecológica y muchas tienen esta intención. 
En su país se puede decir ya que la producción agrícola ecológica ya no es un nicho reducido, sino que se está convirtiendo en la «agricultura normal». 
En esto se observa hacia dónde puede conducir con el apoyo político una tendencia que todos deseamos. 
Las organizaciones ecologistas lo han comprobado, pues hasta ahora no se ha procedido sin una comprobación, y en la práctica ha habido una tendencia entre los consumidores y consumidoras, los cuales están claramente muy interesados en estos productos, e incluso la conducta de compra se está orientando- aunque de manera vacilante- hacia estos productos. 
Esta es la forma más consecuente de protección del medio ambiente y también la forma más consecuente de protección del consumidor. 
Por esta razón hemos presentado la solicitud de que se escoja el artículo 101 como fundamento jurídico, cosa que no es más que consecuente y que ojalá acepten ustedes. 
Mañana estudiaremos el asunto en la Comisión de Asuntos Jurídicos y luego votaremos. 
Si este fundamento jurídico no se logra, entonces tendremos que hablar sobre las enmiendas. 
Como todos sabemos, se rechaza la tecnología genética. 
Que yo sepa, la Comisión no se ha puesto de acuerdo acerca de una postura. 
Por consiguiente, presentaremos la solicitud de devolución a la Comisión si se mantiene el artículo 43 como fundamento jurídico, para que ustedes no tengan la posibilidad de decidir que no se acepte nuestro proyecto progresista. 
Lo considero extraordinariamente importante y espero que la Alta Asamblea acepte nuestra solicitud. 
Señor Presidente, estimados colegas, para las personas hay dos ámbitos importantes para la existencia, en último término, para la supervivencia: su medio ambiente y su alimentación. 
En nuestro mundo actual, altamente tecnificado, estamos llamados a tender un puente entre estos dos ámbitos. 
Por consiguiente, se requiere un tratamiento global y no una consideración momentánea de uno u otro ámbito. 
Esta propuesta de reglamento es un intento que marca una dirección, pues busca en la producción agrícola ecológica una compensación entre la productividad, por un lado, y el equilibrio ecológico por otro. 
En especial, la crisis de la EEB nos ha puesto ante los ojos a dónde conduce una agricultura orientada puramente a lo masivo con todas sus deformidades como, por ejemplo, el transporte de animales vivos. 
En consecuencia, la reconversión del sistema hacia la cría ecológica de animales y hacia el control de calidad constituye un paso importante no sólo para los campesinos sino, sobre todo, para los consumidores. 
No obstante, alguna buena voluntad ignora la realidad. 
Si se aplica por ejemplo la propuesta a la apicultura, entonces está claro que casi en ningún sitio de la Europa central habrá una apicultura biológica, pues nadie podrá satisfacer los criterios. 
Por el contrario, si se considera el relajado tratamiento de algunos países en vías de desarrollo con los etiquetados en el caso de la miel, este sistema cae rápidamente en el absurdo. 
No obstante, un etiquetado sólo tiene sentido realmente cuando se prevén también controles estrictos, para que el consumidor pueda confiar también en que dentro hay lo que figura fuera. 
Es dudoso que en el caso de la utilización de organismos modificados por tecnología genética quepa hablar de agricultura ecológica. 
Después de que cerca de 1.200.000 austriacos- casi una cuarta parte de los ciudadanos con derecho a voto- han apoyado la petición popular contra la tecnología genética, difícilmente va a compartir esta opinión el consumidor austriaco. 
Señor Presidente, señoras y señores, una de las intenciones explícitas del actual examen de los tratados es acercar más Europa a sus pueblos. 
Si queremos que esto no quede en mera retórica y que sea un esfuerzo práctico encaminado a ofrecer a los europeos la mejor calidad posible de vida, la esfera de la demanda pública de alimentos sanos y seguros a un precio asequible es una de las esferas en las que convendría que las instituciones de la Unión Europea actúen de forma visible. 
Por lo tanto, como ya se ha dicho, es una triste ironía que, a pesar de que ha promovido hace ya varios años las normas relativas a los cultivos ecológicos, la Comisión no haya conseguido hasta ahora, en lo que se refiere a la producción pecuaria, más que una serie de desastres para la salud relacionados con la carne. 
Por eso es mucho mejor que sostengamos este debate tarde que nunca, y el texto resultante representa un valioso esfuerzo en favor de determinar, reglamentar y promover formas sostenibles de agricultura que puedan resultar beneficiosas para nuestro medio ambiente, los consumidores y los productores, sin olvidar a los animales. 
Conviene indicar que las normas anteriores sobre cultivos han sido objeto de numerosas modificaciones. 
Como ha quedado demostrado por la complejidad de los comentarios formulados en el Parlamento, una continuación de la evolución es conveniente y, en este caso, es necesaria. 
Con frecuencia cada vez mayor los consumidores piden informaciones sencillas acerca de la carne, los huevos y la miel que consumen, y es natural que puedan recabar asesoramiento y protección internacionales en los que puedan confiar. 
En una importante cadena de supermercados me dijeron recientemente que la cuarta parte de las ventas de huevos proceden en la actualidad de gallinas cluecas que no están instaladas en batería. 
La demanda existe, pero ¿cuál es la definición adecuada de los huevos puestos por gallinas criadas al aire libre, de gallinas criadas en el interior de la granja, y de gallinas conservadas en percha o en batería? 
Hay etiquetas en la carne de bovino u ovino que indican que los animales se alimentaban de hierba, pero ¿quiere eso decir que se han alimentado de hierba toda su vida, o solamente una parte de ella? 
¿Y qué productos químicos se les ha dado? 
Este informe ha procurado ocuparse de una extensa gama de difíciles cuestiones técnicas. 
No hay duda de que ha mejorado el texto de la Comisión y procede felicitar a la Sra. Barthet-Mayer por lo mucho que ha trabajado, pero si queremos esforzarnos seriamente por hacer competitivos a todos esos procesos ecológicos, hemos de reconocer que aún queda mucho por hacer. 
Podemos animar a los productores para que dejen de considerar a los animales como sencillas unidades de producción, y podemos fijar normas rigurosas de bienestar animal y cuidados veterinarios en las granjas y durante el transporte. 
Por eso les pido que apoyen las enmiendas 107, 108 y 109. 
Podemos pedir que se concedan incentivos financieros. Podemos reducir el costo de la producción disminuyendo los insumos y los tratamientos, y, cosa de importancia capital, podemos aumentar el número de personas que trabajan en este sector. 
Todo esto requiere que haya voluntad política y que se obre en favor del bien común, y por eso espero que la Comisión nos indique hoy que considera a todas estas medidas como un principio y no como una conclusión, y que se dirigirá también a los Estados miembros para que adopten medidas urgentes. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, la agricultura de la UE no tiene futuro si hablamos solamente de la producción agrícola ecológica y si consideramos la agricultura tradicional como un modelo superado. 
También me enoja y es engañoso que muchos pinten constantemente la EEB como el fantasma de la agricultura intensiva; en mi país el último caso de EEB se ha descubierto en una explotación ecológica. 
Quiero felicitar a la ponente, la Sra. Barthet-Mayer. 
Con la propuesta de introducción del ámbito de los productos animales en el actual reglamento de la UE la Comisión ha dado un paso importante hacia la regulación global de la producción ecológica. 
En el marco de esta producción los productos animales, es decir, básicamente la leche y la carne, tienen una importancia extraordinaria ya que aquí se alcanza generalmente la máxima generación de valor en la producción agrícola. 
Por esta razón, para un desarrollo sostenible de la producción ecológica en la UE es de una importancia capital crear una regulación legal para este ámbito. 
Pero, a este respecto hemos de tener claro que esta rama de la producción se encuentra solamente en sus inicios y es preciso, por ello, encontrar regulaciones que posibiliten a las explotaciones agrícolas, a las empresas de transformación y al comercio de productos alimentarios constituir rápidamente y sin una excesiva carga de costes este segmento del mercado. 
El gran número de enmiendas que se han presentado a la propuesta en las discusiones parlamentarias muestra que aquí no sólo nos enfrentamos a una materia muy compleja sino también a un texto jurídico muy complicado. 
Por consiguiente, desde el punto de vista de mi grupo sería de celebrar que lográsemos simplificar de manera sustancial la propuesta y la configurásemos también de forma comprensible para los agricultores de las explotaciones. 
Cada incremento de regulación de los detalles significa siempre un incremento de control que genera costes. 
Un criterio esencial de la producción ecológica es, sin duda, la utilización más exclusiva posible de piensos procedentes de cultivos ecológicos. 
Por consiguiente, el objetivo debería ser garantizar en el marco de unos períodos adecuados la utilización realmente exclusiva de piensos ecológicos. 
En este contexto no concedo mucho valor a la idea de la Comisión de prescribir a las explotaciones ecológicas una economía que de facto es autárquica. 
El reglamento sobre la ecología de la UE no debe ser un campo de juego para concepciones ideológicas maximalistas, sino que debe constituir un marco jurídico razonable. 
Pero esto no se le debe imponer obligatoriamente a los demás. 
Naturalmente, dada la brevedad del tiempo de que dispongo, sólo puedo comentar algunos puntos particularmente importantes. 
A estos pertenece la pregunta de si en el marco de producción ecológica se necesita realmente una nueva tasa adicional de conversión en unidad de ganado. 
El punto decisivo es, ciertamente, garantizar una ocupación ganadera por hectárea que sea compatible con el medio ambiente. 
Esto está garantizado por las actuales tasas de conversión en unidad de ganado o por los límites de la directiva sobre el nitrato. 
Por consiguiente, soy partidario de imponer la limitación del nitrato de acuerdo con la directiva sobre el nitrato o un límite global superior de 2 cabezas de ganado mayor por hectárea. 
Seguramente, una deficiencia esencial es todavía la falta de precisión en muchos pasajes. 
En este texto jurídico no deberían tener lugar las descripciones generales o las concepciones ideales. 
En el reglamento ecológico de la UE sólo deberíamos adoptar regulaciones precisas que también sean justiciables. 
De lo contrario contribuiremos a la inseguridad de los productores y de los consumidores. 
Me opongo también contra las regulaciones que no son realizables en la práctica como sucede, por ejemplo, en el caso de la miel. 
Se ha acabado mi turno de palabra, pero me imagino difícilmente, señor Comisario, que elaboremos una regulación de transporte para la miel con señalizaciones que indiquen a las abejas hacia dónde deben volar y hacia donde no. 
Esto sería algo muy apetecible para la prensa alemana. 
Señor Presidente, el lugar que ocupa en la actualidad la agricultura biológica y su potencial desarrollo están expuestos en el informe de la Sra. Barthet-Mayer de forma precisa y detallada y la felicito enormemente por ello. 
El potencial desarrollo de la agricultura biológica está ligado a las necesidades de seguridad, de calidad y de confianza en la alimentación de los consumidores, a sus inquietudes respecto al medio ambiente, al respeto por las condiciones de vida de los animales, al rechazo de la utilización de organismos genéticamente modificados, así como a la utilización de productos químicos de síntesis. 
La agricultura biológica constituye una alternativa para los agricultores, preocupados por su calidad de vida y su trabajo, y que desean una producción agrícola más respetuosa con el medio natural. 
Dicha agricultura permitirá conservar un tejido socioeconómico denso en zonas rurales deprimidas, manteniendo una fuerte conciencia del papel y de las responsabilidades del agricultor en la conservación del ecosistema y de la biodiversidad a la hora de obtener productos sanos y de calidad. 
El informe, completado con enmiendas de compromiso, constituye un conjunto coherente que votaremos y el Reglamento así modificado se aplicará inmediatamente en todos los Estados miembros, sin distorsión de la competencia. 
Los operadores franceses de la agricultura biológica son partidarios de tener umbrales cifrados en cuanto al rendimiento por hectárea, la densidad en las naves, el respeto de vacío sanitario, los índices de alimentación procedentes de la agricultura biológica, la limitación de los tratamientos de los productos alopáticos de síntesis y las edades mínimas de sacrificio. 
El desarrollo de la agricultura biológica sólo será posible si los consumidores tienen también una total confianza en los sistemas de control y certificado de productos. 
Por lo tanto, cada Estado deberá desempeñar su función para proporcionar esta seguridad, y ello en connivencia, claro está, con la Comisión. 
Pero hay que tener cuidado porque un desarrollo demasiado rápido de la agricultura biológica podría debilitarla, hemos de tenerlo muy en cuenta. 
El riguroso trabajo de la Sra. Barthet-Mayer nos ayudará a ello y nosotros votaremos a favor de su informe. 
Señor Presidente, yo también quiero expresar mi aprecio por el trabajo entusiasta de la Sra. Barthet-Mayer. 
Sólo lamento que haya todavía tantas enmiendas. 
La agricultura, señor Presidente, ha de satisfacer la demanda de clientes. 
Está claro que hay una creciente demanda de productos ecológicos y por ello es lógico que la Comisión haya propuesto una normativa para evitar la competencia desleal. 
Nos parece esencial en esta normativa. 
Hemos de establecer reglas para que estas se apliquen de la forma más igualitaria posible en la Unión Europea. 
Sin embargo, las regiones no son iguales y por tanto quisiera abogar- y ello se ha expresado ya en diversas enmiendas- por una cierta flexibilidad en determinadas regiones. 
Pienso que también es necesaria cierta flexibilidad en el período transitorio. Este período no puede ser igual en todas partes y ha de ser lo más breve posible para incitar a los agricultores a cambiar a la producción ecológica. 
Estoy plenamente de acuerdo con la Sra. Keppelhoff en que no es lógico que todos los productos tengan que proceder de la propia empresa. 
Habrá que estimular los acuerdos de cooperación con otros agricultores siempre que sea posible. 
La autarquía es realmente mala. 
Por último, señor Presidente, es esencial que se cree un logotipo europeo para los productos ecológicos que sea reconocido en toda la Unión Europea. 
Lo mismo tendrá que aplicarse, como ya ha señalado el Sr. Ettl, a los productos de la agricultura integrada. 
Más adelante, este mismo año, espero publicar un informe de iniciativa al respecto. 
Señor Presidente, celebro que hoy debatamos una propuesta en materia agrícola que por una vez va en la dirección correcta. 
La propuesta de la Comisión de incluir a los animales en la Directiva sobre la producción ecológica de productos agrarios es, obviamente, una reacción ante las exigencias de los consumidores, reforzada tras la enfermedad de las vacas locas. 
Con esta propuesta tenemos la posibilidad de dar a un número considerable de agricultores y ganaderos el impulso necesario para que adopten la producción ecológica, al mismo tiempo que beneficiamos el medio ambiente. 
Por eso es importante que las normas para la producción ecológica hagan referencia a un equilibrio apropiado entre el tiempo de adaptación y la valoración de la calidad. 
Con esto quiero decir que no sirve de nada exigir tres años para la adaptación, durante los cuales el productor no pueda vender sus productos como ecológicos ni utilizar su propia cosecha como forraje ecológico. 
No me parece que las normas deban convertir prácticamente en una utopía ser agricultor; todo lo contrario, deben facilitar a muchos agricultores la posibilidad de vivir de la agricultura ecológica. 
Entre los consumidores hay una gran demanda de productos alimenticios no modificados genéticamente. 
Los agricultores ecológicos europeos no desean organismos modificados genéticamente en sus productos, y la prohibición ya ha sido incluida en el Código Alimentario. 
En mi opinión, debemos apoyar tal deseo, ya que estos productos serán los únicos acerca de los cuales sabremos con seguridad que no contienen organismos modificados genéticamente. 
Me parece importante que estemos atentos ante las exigencias en este sentido. 
Quiero añadir que los consumidores han de tener la seguridad de que los productos alimenticios que compran como ecológicos lo son realmente. 
Por eso, queremos un control de los productos ecológicos que funcione, y es una ventaja contar con una marca UE común que permita a los consumidores reconocer los productos que a escala comunitaria han sido aprobados como ecológicos. 
Me parece algo sumamente importante si queremos que se tenga confianza en ella. 
Unicamente así se tendrá la seguridad de que los consumidores saben lo que obtienen a cambio de su dinero. 
Para finalizar, quiero decir que la propuesta de la ponente me parece excelente y, como tantos otros lo han hecho, le damos una vez más las gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con esta propuesta se pretende alcanzar los mismos objetivos que con el Reglamento 2092/91, que solamente afectaba a las producciones vegetales, extendiendo el ámbito de aplicación a las producciones animales para establecer unas condiciones de competencia equitativas entre los productos de la Unión Europea del sector de la agricultura ecológica y para garantizar la libre circulación de los productos ecológicos dentro de la Unión Europea. 
Asimismo, se pretende mejorar la confianza de los consumidores de dichos productos y fomentar una actividad agraria que responde a una demanda creciente de los consumidores y que aporte como valor añadido un impacto favorable en el medio ambiente. 
El contenido de la propuesta define los propósitos básicos de la producción animal ecológica, tales como su vínculo con el suelo, las reglas específicas de los principales parámetros que condicionan la actividad de cría, como son el origen de los animales, las modalidades de reconversión de un centro de producción hacia la agricultura ecológica, la alimentación de los animales, la profilaxis y los cuidados veterinarios, así como las condiciones de alojamiento y mantenimiento de los animales. 
Sin embargo, tengo que señalar que en algún caso estas normas son poco concretas, ya que en muchas especies no pasan de ser una mera declaración de principios que no se traducen en datos objetivos a cumplir por los operadores y a controlar por las autoridades y organismos de control. 
Por otro lado, el nivel de exigencia y de detalle establecido en las normas no es homogéneo para las diferentes especies animales ya que en el caso de las aves, por ejemplo, está desarrollado al máximo mientras que para las demás especies apenas se ha concretado nada, dejando en el aire criterios importantes o especies enteras de animales que son susceptibles de actividad ganadera como, por ejemplo, los conejos. 
De todas formas, la propuesta era esperada hace tiempo, pues aunque ya existen a nivel nacional normas que regulan la producción ecológica, se considera que son necesarias reglas que armonicen a nivel de la Unión Europea este tipo de producciones con flexibilidad suficiente para garantizar las diversidades regionales. 
Por otra parte, quiero destacar que en mi país se reúnen las condiciones que favorecen el desarrollo de la producción animal ecológica, dado que se conserva un importante patrimonio genético de razas autóctonas- de bovino, ovino, caprino y porcino -, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio ambiente, lo que favorece su crianza y su explotación en régimen extensivo. 
Se han alcanzado objetivos en este sentido ecológico en el campo de las aves de corral, y tiene tradición y se ha desarrollado la apicultura, obteniéndose productos de gran calidad por la abundancia y variedad de la flora melífera que allí existe. 
La aprobación de este reglamento se considera positiva para el sector productor ecológico, así como beneficiosa para los consumidores, siendo previsible una demanda creciente de estos productos procedentes de la agricultura ecológica y favoreciendo a su vez la implantación de sistemas agrícolas mixtos ganaderos que representen ventajas en este tipo de explotaciones. 
Pero Señorías, no debemos caer en la ley del péndulo. 
Como han dicho nuestros colegas, el Sr. Fantuzzi y la Sra. Keppelhoff-Wiechert, es una actividad secundaria, complementaria de la agricultura tradicional, que comienza a abrirse paso y que nosotros, desde nuestro Grupo, apoyamos decididamente. 
Felicidades Sra. Barthet-Mayer. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Christine Barthet-Mayer por su informe, muy completo y sagaz en cuanto a un sector con futuro como el de la agricultura biológica. 
Tras la crisis de la vaca loca, hemos visto que entre los consumidores europeos cundía la preocupación por la procedencia de los productos alimentarios. 
Casi en los albores del siglo XXI, cuando se habla tanto de la ampliación hacia el Este, de la reforma de la política agrícola común, de la Conferencia de Cork y de una agricultura duradera, la agricultura biológica es una alternativa nada desdeñable para los agricultores que desean conservar o recuperar una calidad de vida y cierta forma de trabajar basada en una producción menos intensa y más respetuosa con los ciclos naturales. 
La agricultura biológica permite asimismo mantener y revalorizar zonas deprimidas e incluso abandonadas. 
Desde hace unos años, la agricultura biológica ha conquistado un rancio abolengo. 
Se han quedado atrás los tiempos en que se consideraba a los agricultores «bio» unos iluminados. 
En la actualidad, la agricultura biológica se desarrolla con regularidad y armonía, dado que el mercado de la alimentación «biológica» progresa a razón de un 15 % cada año. 
Por esta razón, como responsables elegidos, debemos fijar normas y controles muy concretos, así como certificados fiables para los productos, con el fin de garantizar a nuestros consumidores el modo de producción y el origen de estos productos. 
A escala mundial la agricultura biológica está aún poco desarrollada y la europea sigue siendo la más avanzada. 
Por ello estaré a favor de este informe muy técnico, pero en gran medida necesario para la agricultura en general y para Europa en particular. 
Señor Presidente, en primer lugar felicito a la Sra. Barthet-Mayer por un informe excelente. 
A continuación, me gustaría detenerme un momento y reflexionar sobre el valor de las palabras, puesto que utilizamos la noción de agricultura ecológica para un sector que sólo representa un porcentaje de la producción agrícola. 
Esto demuestra ciertamente que nuestra sociedad se halla en un estado de gran sintetización y que confiamos demasiado en métodos de producción no sostenibles. 
En este sentido la agricultura ecológica representa naturalmente una aportación esencial, una punta de lanza en la evolución. 
Me permito decir que, a pesar de que en Suecia no hemos tenido el mismo éxito obtenido en la Austria del Comisario Fischler, acordamos en el pasado establecer un objetivo del 10 por ciento para los cultivos ecológicos para fin de siglo. 
Vamos a pasos forzados en esta dirección, lo cual considero muy satisfactorio. 
Se trata de crear una normativa muy sencilla. 
Yo tengo un punto de vista especial por lo que respecta a las tecnologías de manipulación genética, porque creo en ellas. Pero, dado que actualmente no es posible discernir entre las buenas y las malas tecnologías de manipulación genética, hay que contentarse con prohibir todo tipo de organismos genéticamente manipulados en los cultivos ecológicos. 
No es evidente que esto tenga que ser así en el futuro, puesto que las tecnologías genéticas pueden ayudarnos a evitar que se apliquen métodos antinaturales en otros terrenos. 
Me permito finalizar diciendo que es importante que no seamos demasiado quisquillosos, demasiado ambiciosos. 
Existe en ocasiones una coincidencia desafortunada entre los mayores defensores de los cultivos ecológicos y sus más fuertes detractores; todos quieren hacer que la normativa resulte intrincada y complicada. 
Yo estoy a favor de unas normas duras, pero sencillas, y de una agricultura cada vez más ecológica. 
Señor Presidente, también yo quisiera sumarme a las felicitaciones dirigidas a la Sra. Barthet-Mayer por su excelente informe y en particular por lo que se ha esforzado para redactar enmiendas de transacción que tengan en cuenta las numerosas enmiendas adicionales presentadas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Desde hace más de 25 años está agudizándose en Europa la preocupación por la forma en que producimos nuestros alimentos, en nuestro afán de conseguir niveles de producción cada vez mayores. 
Se plantea con inquietud la posibilidad de que lo que debería ser la base de una buena salud humana- nuestra alimentación- esté contribuyendo actualmente a la mala salud debido al empleo excesivo de plaguicidas, herbicidas, abonos artificiales, hormonas artificiales, utilización indiscriminada de antibióticos y de forrajes inadecuados. 
Como resultado de ello, muchos de los animales que forman parte de nuestra dieta tienen también mala salud, sin contar con las crueles condiciones en que suelen vivir. 
Todo esto ha suscitado el interés por la agricultura ecológica, como medio de conseguir que se produzcan alimentos totalmente sanos. 
Las propuestas que tenemos ante nosotros preconizan principalmente que haya normas para lograr que el consumidor que adquiere productos animales ecológicos compra realmente alimentos que se han producido de forma natural y que provienen de animales alimentados con forrajes sanos y naturales y criados en condiciones humanas y no intensivas. 
El informe no se ocupa directamente del bienestar animal propiamente dicho, pero estimula la buena cría de animales y es partidario de que se evite todo sufrimiento innecesario para ellos. 
Para muchos consumidores es sumamente importante la forma en que se crían los animales y la forma en que son transportados. 
Por eso pido al Parlamento que apoye las enmiendas 107, 108 y 109 sobre el transporte de animales y sobre el espacio para la cría de pollos y de terneras. 
Es evidente que no toda la agricultura europea va a ser absolutamente ecológica, pero los agricultores que elijan ese camino y críen a los animales de forma sana y les traten de buena manera dan a los demás agricultores un ejemplo de lo que se puede hacer. 
Ya hay casos en que las formas de arar se orientan hacia la gestión integrada de los cultivos siguiendo procedimientos de amplia base ecológica aunque no sean enteramente ecológicos. 
En mi circunscripción de Lincolnshire hay dos granjas de demostración. 
Espero que, en forma similar, las medidas que este Parlamento tiene hoy ante sí alienten a promover no solamente la cría enteramente ecológica de animales, sino también una ganadería mejorada en general para los casos de agricultores no ecológicos, en particular por lo que se refiere a la cría de pollos y de terneras en consonancia con la demanda de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como sabemos, la presente propuesta de reglamento va encaminada a aplicar al sector animal el reglamento ya existente, de 1991, para los productos vegetales. 
La lástima es que surja con bastantes años de retraso, pero, como dice nuestro refrán, » más vale tarde que nunca». 
Como ya han dicho varios oradores, la definición y la promoción de la producción biológica o incluso de la producción extensiva de los productos agrícolas no constituye, en sí misma, una solución milagrosa para resolver los problemas de nuestra agricultura europea. 
Hay que tener conciencia incluso de que, por razones meramente técnicas, no es viable en múltiples circunstancias, principalmente en las zonas de pequeñas y muy pequeñas explotaciones agrarias. 
Y también hay que tener conciencia de que la agricultura biológica entraña, por regla general, costos de producción más elevados, al menos en una primera fase, por lo que va destinada esencialmente a una minoría de consumidores con mayor poder de compra. 
Pero, a pesar de eso, la producción biológica constituye sin duda una dimensión prometedora de la agricultura europea, por tres razones principales: en primer lugar, porque puede captar más fácilmente la confianza de los consumidores, pese a que la producción biológica no es la única forma segura de producción; en segundo lugar, porque constituye una forma de valorizar los recursos productivos, los sistemas de explotación o regiones, que, de otro modo, tendrían dificultades para competir, sobre todo después del Acuerdo del GATT; en tercer lugar, porque entraña en sí misma un respeto por las condiciones agroecológicas, por lo que es una importante forma de volver a reconciliar la agricultura con el medio ambiente y con la naturaleza. 
Como antes he dicho, ninguna política aislada podrá, por sí sola, resolver los problemas de una agricultura europea tan heterogénea como la nuestra. 
Ni la agricultura biológica ni la política de calidad ni la política de precios y mercados ni la política de estructuras podrán, por sí solas, resolver esos problemas. 
Todas esas políticas son necesarias, pero deben ser equilibradas entre sí y actuar de forma articulada. 
Para eso es necesario que la Política Agraria Común, la PAC, evolucione hacia un mayor equilibrio entre esos diferentes componentes, ya que en el pasado y aún actualmente se encuentra profundamente desequilibrada, como lo demuestra el 90 % del presupuesto dedicado al componente de precios y mercados, el apenas 10 % dedicado a las estructuras y la insignificancia presupuestaria asignada a la política de calidad y a la producción biológica. 
Y también hemos de desarrollar la política de desarrollo rural, que constituye otra importante dimensión de una futura PAC equilibrada y apta para atender a todos los sistemas agrarios europeos y no sólo a algunos. 
Por último, quiero recordar que es fundamental que también se trabaje para exigir una certificación creíble por parte de las organizaciones de productores y que se vele por que, en la próxima ronda del GATT, las normas de producción biológica sean iguales para todos los socios comerciales a fin de evitar la distorsión de la competencia por partes de terceros países. 
Sólo para terminar, quisiera felicitar a nuestra colega la Sra. Barthet-Mayer, por el muy serio, profundo y profesional trabajo que ha hecho en este informe suyo. 
Señor Presidente, la producción de alimentos saludables que se lleva a cabo a la vista del ciudadano tiene un valor intrínseco de gran importancia para los europeos. 
Por este motivo, la UE debería alentar la producción biológica u orgánica de los productos agrarios e intentar activamente la búsqueda de medios que fomenten este tipo de producción. 
Sin embargo, la elaboración del informe de la señora Barthet-Mayer se ha llevado a cabo apresuradamente, lo cual se deja quizás entrever en su resultado, por ejemplo en la cantidad de enmiendas presentadas. 
Sin profundizar en detalles pequeños, el informe presta demasiada atención a la argumentación de la cuestión. 
Por ejemplo, no se ha prestado la suficiente atención a la perspectiva septentrional de la Unión Europea. 
De cara al ciudadano particular de la Unión Europea, ésta recuerda ya más un gran proyecto agrícola que un gran proyecto global de cooperación europea. 
En la actualidad, el 60 % del presupuesto comunitario se destina a la agricultura, y no existen motivos para aumentar este porcentaje. 
Sin embargo, sería posible encontrar medios para apoyar también a nivel comunitario la producción biológica de productos agrarios mediante una reorientación de las ayudas agrícolas comunitarias ya existentes en la actualidad. 
No obstante, las iniciativas encaminadas a lograr la armonización fiscal llegan demasiado lejos. 
El Parlamento Europeo debería acordarse de vez en cuando de «parar el carro» : la imposición fiscal debería, con arreglo al principio de subsidiariedad, continuar siendo todavía un asunto de carácter nacional. 
Para poder apoyar los cultivos biológicos, éstos deberán basarse en la utilización de métodos naturales. 
Así pues, hay que prohibir el uso alimenticio de vegetales provenientes de organismos sometidos a manipulaciones genéticas, así como su aprovechamiento en productos de transformación, ya que hasta el momento no se dispone de información suficiente acerca de sus efectos. 
En el informe se hace igualmente referencia al transporte de animales. 
Al menos por lo que respecta al consumidor finlandés, es importante contar con la seguridad de que el transporte se realiza de un modo adecuado desde el punto de vista moral, intentando reducir al mínimo el estrés de los animales. 
A pesar de las dificultades que entraña la armonización de las cuestiones relativas al etiquetado original, por lo menos el consumidor finlandés exige estar informado acerca del modo en que se realiza el transporte y del origen geográfico de los productos de cultivo, a lo cual, desde mi punto de vista, tiene también derecho. 
Los finlandeses están acostumbrados a mantener unos niveles elevados en lo relativo a su producción animal, también por lo que respecta a los animales. 
Por esta razón, creo que el presente informe da muestras de una cierta mojigatería. 
Da cierta impresión de que, si para un gastrónomo francés el hígado de oca constituye un placer exquisito para el paladar, en definitiva no nos paramos a pensar seriamente en el interés de los animales. 
En nuestro afán armonizador, nos olvidamos a menudo de que la normalización europea no conlleva ningún cambio, sino que es el cambio en las actitudes del ciudadano europeo el que produce resultados. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, permítanme en primer lugar que también yo dé las gracias a la ponente, la Sra. Barthet-Mayer y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural así como también a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública Y Protección del Consumidor por su excelente trabajo. 
Las comisiones se han esforzado por mejorar realmente la propuesta no sólo en aspectos fundamentales, sino también en muchas cuestiones técnicas particulares. 
Desde que en 1991 se introdujera la regulación básica relativa al cultivo ecológico con el Reglamento 2092, éste ha ido cobrado constantemente importancia en la Comunidad Europea. 
Junto a esto el Reglamento 2078, del año 1992, sobre modalidades de producción en la agricultura, compatibles con el medio ambiente y con el paisaje, ha contribuido también enormemente a este desarrollo. 
Sin embargo, la actual regulación sobre productos vegetales debe ser complementada de manera urgente con reglas relativas a la cría ecológica de animales, a fin de que todos los alimentos ecológicos se produzcan en un clima de competencia abierta y se ofrezca al consumidor un alto grado de confianza. 
En el informe se hace un fuerte hincapié en la prohibición de utilizar organismos genéticamente modificados y productos obtenidos a partir de los mismos, en los cultivos ecológicos y en la elaboración de productos ecológicos. 
Esta opinión es compartida por las organizaciones de productores ecológicos y por la mayoría de los Estados miembros. 
Por esta razón, la Comisión acepta que la utilización de organismos genéticamente modificados y de los productos derivados de los mismos no responde a lo que el consumidor espera actualmente de los productos agrícolas y de los productos alimentarios obtenidos ecológicamente. 
Por consiguiente, la Comisión, de acuerdo con las enmiendas 8, 26 y 24, así como con la 28, último párrafo, está dispuesta a recoger esta prohibición en un considerando del reglamento y en los artículos 5 y 6, que tienen una de importancia básica. 
No obstante, es preciso definir de manera precisa el concepto de organismos genéticamente modificados y para ello es preciso referirse en el texto del reglamento a la definición de la Directiva 220/90 sobre la liberación intencionada de organismos genéticamente modificados. 
Haciendo esto se volverían superfluas las enmiendas 13, 14, 35, 36, 41, 52, 63, 73, y 112, pues esta prohibición sólo sería repetida en diversos pasajes de los considerandos y en los anexos técnicos. 
No obstante, cabe aceptar la repetición de esta prohibición en algunos pasajes fundamentales del Anexo I a tenor de la enmienda 64. 
Lo mismo sea dicho también, básicamente, para las enmiendas 97 y 99, en la medida que éstas adaptan las disposiciones del Anexo IV a la prohibición general que se contiene en los artículos del reglamento. 
Señoras y señores, la Comisión considera adecuado el artículo 43 como fundamento jurídico. 
Por un lado, efectivamente, esta medida atañe ante todo a la regulación y al fomento de la modalidad ecológica de producción y, por consiguiente, no contiene objetivos de política sanitaria. 
Por otro lado, se trata de integrar el aspecto de la producción animal en un marco jurídico existente, en concreto, en el relativo a la producción agrícola ecológica. 
Por consiguiente, desde nuestro punto de vista, los fundamentos jurídicos deberían ser también coherentes. Por esta razón, me resulta inaceptable la enmienda 110. 
Considero inaceptables las enmiendas 21 y 87 en la medida que unas reglas de etiquetado y unas disposiciones de control, contenidas en el reglamento, se amplían también sin más dilación a productos animales de especies para las que se van a elaborar normas precisas de producción en un momento posterior. 
Por el contrario, me parece que es necesario un análisis más detallado acerca de la enmienda 20, relativa a la ampliación de la regulación al etiquetado y a la comercialización de piensos ecológicos de origen animal, y acerca de las enmiendas 23 y 29 sobre medidas específicas sobre infracciones y baremos de sanciones. 
Por lo demás, temo que mediante cargas adicionales debidas a estas modificaciones se vaya a lastrar toda la ejecución del reglamento, ya que la Comisión y los Estados miembros disponen para esto solamente de recursos y posibilidades limitados. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a poner en discusión una vez más estos puntos en el marco de una futura modificación del reglamento. 
No puedo menos que celebrar la enmienda 22 sobre el mejoramiento de la protección de determinadas expresiones que se utilizan frecuentemente para designar productos ecológicos. 
Considero aceptable la primera parte de las enmiendas 24 y 113 sobre la eliminación de las indicaciones relativas a la conversión en el etiquetado de los productos animales, así como también la enmienda 30 relativa a la indicación de origen para los productos animales en todo el proceso de producción y comercialización. 
Para la introducción del correspondiente logo de la UE les puedo asegurar que la Comisión comenzará con los preparativos tan pronto como sea posible. 
Sin embargo, la fecha de 1 de enero de 1998 que se indica en la enmienda 31 me parece poco realista y, por consiguiente, no aceptable. 
Con la propuesta de la enmienda 32 de utilizar también el logo oficial para los productos de terceros países la Comisión tampoco puede estar conforme ya que ni ésta ni los Estados miembros tienen un control permanente y directo sobre la exactitud de la aplicación de las disposiciones y de su vigilancia en terceros países. 
He tomado nota con interés de las enmiendas sobre la habilitación de los recursos presupuestarios necesarios para la puesta en práctica del Reglamento 2092. 
Aunque sin una estimación precisa de los recursos en cuestión no puedo aceptar formalmente estas enmiendas, voy a procurar que se propongan recursos adecuados en el marco del procedimiento presupuestario ordinario y espero también entonces el apoyo de esta Alta Asamblea a fin de que puedan disponerse realmente los recursos necesarios para este sector. 
Finalmente, permítanme que muestre al Parlamento mi pleno reconocimiento porque no ha escatimado esfuerzos en comprobar en detalle las numerosas exigencias técnicas para la cría ecológica de animales. 
Para la Comisión las enmiendas 5, 6, 9, 10, 11, 16, 19, 22, 27, 34, 47, 48, 49, 55, 56, 60, 62, 66, 67, 69 a 72, 74, 75, 82, 88, 93, 94, 111, 116, 119, 124 y 125 aportan mejoras técnicas o redaccionales a la propuesta originaria, que aquella asume de buen grado sea sin modificar sea en su idea básica y, llegado el caso, con una formulación más adecuada. 
Por el contrario, la Comisión no puede aprobar las mejoras técnicas o redaccionales de las enmiendas 1, 4, 12, 15, 17, 18, 25, 33, 38, 40, 41, 46, 51, 54, 57, 61, 65, 77 a 80, 85, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 105 a 109, 114, 115, 118 y 120 a 122. 
Son aceptables en parte por nosotros las enmiendas 2, 3, 7, 37, 42 a 45, 50, 52, 53, 58, 59, 63, 68, 76, 81 a 84, 86, 87, 89, 91, 92, 103, 117 y 123, pero también aquí, llegado el caso, con formulaciones más adecuadas. 
Señoras y señores, la Comisión está convencida de que este reglamento, tras su aprobación, contribuirá a un ulterior desarrollo de la producción agrícola ecológica en la Comunidad y que así responde al creciente interés de los consumidores en estos productos. 
Para terminar, permítame, señora Barthet-Mayer, que le dé una vez más cordialmente las gracias por su dedicación a la hora de elaborar este excelente informe, y al Parlamento por su contribución extraordinariamente positiva a este debate. 
Muchas gracias, Comisario Fishler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar, en principio, mañana, ya que es necesario esperar a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre una enmienda relativa al fundamento jurídico de este informe. 
Agricultura y las agrupaciones de productores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0132/97) de la Sra. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las propuestas de reglamento del Consejo 
I. relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (COM (96) 0058- C4-0234/96-96/0044 (CNS) ) II. relativo a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios (COM (96) 0058- C4-0235/96-96/0045 (CNS) ) y III. referente a las agrupaciones de productores y a sus uniones (COM (96) 0058- C4-2036/96-96/0046 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con ocasión de la aprobación del Reglamento nº 2843 en el año 1994, el Consejo contrajo el compromiso de codificar los reglamentos relativos al objetivo 5 A dado que, al haber sido modificados más de una docena de veces desde su adopción, los textos vigentes resultan ahora de difícil lectura y poco comprensibles para los no especialistas en política de estructuras agrarias. 
El Consejo propone modificar el Reglamento nº 2328 de 1991 sobre la eficacia de las estructuras agrarias, el Reglamento nº 866 de 1990 sobre las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios y el Reglamento nº 1360 de 1978 relativo a agrupaciones de productores. 
Por otra parte, por lo que se refiere al Reglamento nº 2328 de 1991 que regula las indemnizaciones compensatorias en zonas desfavorecidas, cuyos criterios de delimitación figuran en el Reglamento nº 268 de 1975 del Consejo, parece oportuno introducir este Reglamento en la nueva redacción del Reglamento nº 2328. 
Así, se han introducido las modificaciones que simplifican el texto y facilitan la comprensión del articulado, intentando mantener incluso la numeración para evitar esfuerzos de memorización a los usuarios habituales de los textos, y se desplazan a un anexo los importes de las ayudas del Reglamento nº 2328 para facilitar su actualización periódica. 
Este esfuerzo de reagrupación de textos y mejora de su legibilidad sobrepasa una mera codificación, tanto por su alcance como por la nueva versión del Reglamento, por lo que esta codificación constituye una refundición, debido a lo cual se propone una enmienda a las tres propuestas de Reglamento. 
Asimismo, se proponen enmiendas a ciertas cuestiones que, sin incidir en aspectos fundamentales, aclaran y mejoran el contenido de los textos y facilitan su aplicación. 
Me gustaría señalar las que afectan a la mejora de la eficacia de las estructuras agrícolas, que se refieren a los puntos siguientes: en primer lugar, mejorar la definición de venta directa de productos de la explotación, puesto que hay explotaciones de difícil acceso a las que se les debe permitir un punto de venta en sitios accesibles, siempre y cuando vendan productos única y exclusivamente producidos en dicha explotación. 
En segundo lugar, con respecto al ahorro energético, consideramos como elemento elegible el de las ayudas a las inversiones para disminuir el consumo de agua en las explotaciones. 
Todo el mundo es consciente de los problemas estructurales que plantea la sequía, y todo aquello que favorezca el ahorro de agua, que reduzca su consumo, debe ser favorecido por este texto, y debe quedar recogido y señalado. 
En tercer lugar, y con respecto a la exclusión de ayudas al sector porcino, proponemos una excepción: el porcino tipo montanera, que afecta en mi país al cerdo ibérico, ya que favorece el ecosistema típico, no es contaminante y basa su explotación en el pastoreo extensivo. 
En cuarto lugar, debería completarse la definición del sector «huevos y aves de corral» en el sentido del Reglamento nº 277/75. 
Y en quinto lugar, la reposición de elementos estructurales destruidos o deteriorados por catástrofes naturales debería estar contemplada en los supuestos excepcionales excluidos de las limitaciones a las que afecta el apartado 3 del artículo 12. 
De todas formas, quiero felicitar a la Comisión por proceder a esta refundición de legislación en materia de estructuras agrarias, porque afecta a la consolidación de la política estructural agraria y porque sienta las bases para hacer frente a dos retos importantes que se plantean ahora: la reforma de los Fondos estructurales y la ampliación a los países de la Europa Central y Oriental. 
La política estructural debe ser el eje vertebrador del mundo rural, y este eje vertebrador no será nunca sólo el turismo o sólo la artesanía, sino que debe basarse en las actividades agrícolas y ganaderas que garanticen, con un mínimo de eficacia, el mantenimiento de recursos suficientes para cumplir los objetivos asignados. 
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, estamos ante un texto que constituye una mera refundición legal de los textos vigentes con objeto de mejorar su comprensión y lectura y no estamos ante una modificación sustancial de estos textos. 
Se trata, simplemente, de una refundición. 
Por ello nos hemos permitido algunas aclaraciones relativas a su mejora y puesta en funcionamiento, y yo pido a la Comisión, y al señor Comisario aquí presente, que sean tenidas en cuenta y aclaradas hasta que estemos en el momento procesal oportuno... 
Aclaradas, no, -veo que el señor Comisario mueve la cara -, sino entendidas y aceptadas por la Comisión hasta que nos encontremos en el momento procesal oportuno para realizar la verdadera reforma en profundidad de estos textos legales, algunos de los cuales ya se han quedado un poco anticuados. 
Señor Presidente, la colega Redondo ha hecho un buen trabajo. 
Naturalmente se trata de una propuesta de codificación de tres reglamentos y, por lo tanto, de un hecho muy técnico. 
Quisiera aprovechar la ocasión de la presencia del Comisario para exponerle dos cuestiones: la primera es, en mi opinión, la de una reflexión de fondo sobre las medidas del 5 a). 
En mi opinión, esta codificación no hace sino registrar un cierto retraso: nos ponemos en orden desde un punto de vista formal, pero desde un punto de vista sustancial, los reglamentos del 5 a) empiezan a mostrar un poco los signos del tiempo. 
Esta es, pues, la primera cosa, dirigida al pasado. 
La segunda cuestión se refiere al futuro, señor Comisario. 
No quisiera salirme del tema, ni quisiera titular mi intervención con la expresión, por ejemplo, » olvidar Cork» , pero, efectivamente, después de este foro sobre la cohesión parece que el 5 a) no tenga ya futuro. 
Por consiguiente, quisiera pedirle un poco de claridad porque por lo que se ha entendido, las dos grandes orientaciones, temáticas o geográficas, excluirán, en suma, una representación de medidas horizontales como las del 5 a). 
Incluso parece que hay quien quiere hacer desaparecer el concepto mismo de ruralidad como categoría aparte de las medidas estructurales. 
Yo estoy un poco sorprendido por todo esto y entonces me pregunto: ¿en suma, Cork ha sido una exhibición para pasar el fin de semana o es realmente un eje estratégico para el futuro de los Fondos estructurales? 
Me parece, efectivamente, que existe una incógnita muy seria. 
Por lo tanto, desde este punto de vista le pido, señor Comisario, que aproveche la ocasión de hoy para darnos aclaraciones que puedan sernos de alguna utilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, el reglamento sobre la mejora de la eficacia de la estructura agraria constituye el reglamento central para la adaptación de las estructuras agrarias. 
Este fomento de las inversiones de las explotaciones individuales es muy importante y las medidas en caminadas al fomento del asentamiento de jóvenes agricultores son una gran ayuda. 
A mi juicio es imprescindible la subvención de partida para la introducción de una contabilidad de la explotación, si es que en realidad no existe todavía, o para jóvenes agricultores. 
En las zonas desfavorecidas y en las regiones de montaña deberían intensificarse las medidas que favorecen las rentas agrícolas, pues, en definitiva, su planteamiento político, señor Comisario, es también el de dar en la UE la mayor oportunidad posible a una explotación de la tierra que abarque las superficies cultivables. 
Desde mi punto de vista cada vez cobran más importancia las agrupaciones de explotaciones, es decir la cooperación: por un lado, la creciente presión de la competencia, luego, frecuentemente, la insuficiencia de personal en las situaciones laborales punta y el aumento de los costes de las máquinas por hectárea. 
La Comisión aborda esta necesidad en la propuesta de reglamento, cosa que celebro expresamente. 
Respecto del apartado 4 del artículo 6 quisiera referirme especialmente a una enmienda. 
Deseamos ayudas a la inversión para explotaciones que están situadas en regiones en las que el número global de plazas de porcino haya descendido de forma demostrable. Las ayudas a la inversión no deberían conducir a que se sobrepase el número originario de plazas de porcino. 
Sin embargo, si preferimos una y otra vez la producción regional, si queremos eliminar los largos itinerarios de transporte, si es razonable la plena explotación de los mataderos actuales, entonces habría que admitir esta enmienda. 
En las medidas relativas a la formación profesional- lo pueden imaginar ustedes fácilmente- desearía que hubiera una especial consideración de nuestras mujeres campesinas, pues la comercialización directa es predominantemente su trabajo. 
Con este objetivo ustedes desean fortalecer la posición de los productores en el mercado y apoyarlos frente al creciente predominio del mercado. Este documento de la Sra. Redondo es indiscutible en su conjunto. 
Señor Presidente, es evidente que cualquier agricultor, cuando contempla tantas normas, tantos reglamentos, tantas directivas, se queda casi sin ganas de invertir, de reestructurar, de agruparse con otros. 
Hay que habituarse a Kork- de que ha hablado mi colega Fantussi -, algo así como un Vaticano II. Hay que habituarse a varias referencias que, de hecho, casi son clericales. 
La verdad es que, en las intervenciones que hemos oído aquí, las preocupaciones de los países son todas diferentes: unos están más al frente, otros más en el medio, otros más atrás. 
Ahora bien, para un país como el mío, este documento es de la mayor importancia. 
Representa la consecución de una reestructuración agraria, conseguir organismos de transformación y de comercialización, conseguir agrupaciones de productores- y, por tanto, la concentración de la oferta -, enseñar al agricultor a ser menos individualista y a conseguir comercializar lo que produce, hacerle comprender realmente que es necesario trabajar en conjunto y en comunidad para tener éxito en la lucha que va a reñir contra las grandes potencias industriales y comerciales del mundo, en un mundo que se globaliza. 
Por tanto, considero que se debería simplificar todo esto y que debería contar con un balance al final de cada año para saber la forma como los Estados miembros ponen en ejecución esas directivas, estos documentos, para ver cuál ha sido el grado de ejecución, como hace el Tribunal de Cuentas con el fraude. 
Sería conveniente que este Parlamento conociese la forma como los Estados miembros hacen la aplicación práctica, sobre el terreno, de estas medidas que han de contribuir por fuerza a la racionalización y a la modernización de las agriculturas. 
Convengo con las enmiendas de la Sra. Redondo Jiménez, a favor de las cuales votaré. 
Señor Presidente, el informe que estamos tratando es, en esencia, una compensación técnica, pero desde el punto de vista del contenido es decisivo para el desarrollo de la racionalización en el ámbito de la agricultura. 
De esto estamos discutiendo hoy y yo quisiera puntualizar, señor Fischler, que sería importante pasar del fomento unilateral de la racionalización al fomento de la innovación en el cultivo biológico que hemos mencionado antes en el informe. 
Sería bueno ampliar esto al acceso al mercado para las explotaciones individuales pues esto crea puestos de trabajo, mientras que la racionalización destruye puestos de trabajo. 
También en el ámbito de medio ambiente y puestos de trabajo se está emprendiendo en la práctica una ampliación. 
Cuando se analiza la práctica cada uno tiene luego 80 o 100 plazas más. 
Por consiguiente, habría que echar el freno también aquí y, en consecuencia, no puedo aceptar la enmienda de la Sra. Redondo, en la que se pide que se fomente de nuevo una ampliación de la capacidad allí donde las plazas de porcino no hayan aumentado en conjunto sino que hayan disminuido, pues esto conduce una vez más a un desplazamiento en favor de la producción racionalizada agroindustrial. 
Puede que esto sea diferente en su país. 
Entonces habrá que tener en cuenta, además, las condiciones regionales. 
De lo contrario, se llegará entre nosotros al desplazamiento de las plazas de porcino hacia la producción agroindustrial con todas las circunstancias que ahora podemos observar de nuevo en relación con la peste. 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento que se ha presentado constituye un paso adelante hacia el mejoramiento de la estructura agraria. 
Se reconoce la urgencia de esta medida cuando se considera la precisión y la eficacia del actual sistema. 
La vigencia de la premisa «masa en vez de clase» no ha perdido nada de su brillo. 
La EEB no ha sido una casualidad, sino una consecuencia inmanente al sistema. 
Sin embargo, con esto se ha introducido un proceso de cambio de mentalidad que también va a resultar más difícil de parar para el poderoso lobby agrario. 
En consecuencia, importante y positivo en este proyecto es, sobre todo, que las ayudas a la inversión se van a destinar no sólo al aumento de la producción sino también al aumento de la calidad. 
Las ayudas destinadas a la diversificación de las fuentes de rentas en el turismo y en la artesanía fortalecen la independencia y la capacidad de supervivencia de las pequeñas explotaciones campesinas. 
Las agrupaciones de productores y de comercialización quizá constituyen también respuestas a la gran muerte del campesinado y a las presiones, relacionadas con esto, en el mercado de trabajo. 
En el ámbito del medio ambiente se reconoce también la necesidad de emprender nuevas vías que son absolutamente necesarias para un desarrollo sostenible. 
Medidas encaminadas al ahorro de energía y de agua así como a la mejora del suelo deben ser dotadas convenientemente y adquieren así interés no sólo para el ciudadano sino también para la agricultura. 
La consolidación de las estructuras agrarias constituye un objetivo de ámbito europeo que tiene relevancia más allá del círculo profesional en cuestión y que, como base, asegura también en el futuro la supervivencia del campesinado. 
) Señor Presidente, tres reglamentos reformados con un único informe: mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos, vida y vitalidad, diría, de las agrupaciones de productores. 
Verdaderamente ¡todo un éxito! 
El objetivo era ambicioso, y la ponente- esto hay que decirlo- ha logrado conseguirlo por la vía de la claridad y del sentido práctico- y también esto es justo señalarlo- gracias también a un anterior trabajo de simplificación de los Servicios Jurídicos de la Comisión. 
A este apreciable esfuerzo para hacer más fácil la comprensión de las normas por parte del ciudadano se añaden las enmiendas, que descienden hasta el nivel de la ejemplificación técnica: por ejemplo, cuando se precisan los criterios de venta directa de los productos para hacer la vida más fácil tanto al productor como al consumidor, pero con normas que vinculan estrechamente a la explotación cualquier actividad de comercialización. 
Importante es el incentivo, que incita al ahorro energético también mediante una forma, si queremos, un poco banal como es la distribución racional y el ahorro de los recursos hídricos. 
Apreciable es el principio que da prioridad al porcino de montaña, menos apreciable el que tiende a conceder las ayudas sólo a las explotaciones que presentan superficies ciertamente excesivas para una agricultura considerada de montaña. 
Mi Grupo votará en contra de esas enmiendas porque el tipo de actividad que se determina en los tres reglamentos de que se trata pertenece más a pequeñas explotaciones que a la agricultura extensiva. 
Apreciables son las conclusiones del informe cuando se invita a tener en cuenta, en cada innovación, los dos grandes retos que esperan a la reforma inminente de la PAC, es decir, la apertura a los PECO y las reformas de los Fondos estructurales. 
Por último, es justa la referencia al modelo multifuncional de la explotación agrícola, sobre todo de montaña, donde se suman varias formas de actividad económica, pero entre las que debe siempre resultar prioritaria y característica la vinculada estrechamente al trabajo en el campo: en suma, turismo, turismo rural y artesanía son sólo apéndices; la etiqueta principal debe seguir siendo la agrícola. 
Señor Presidente, señores diputados, independientemente de las razones que las motivan, lo que es cierto es que muchas de las orientaciones que figuran en el presente reglamento se aproximan a las propuestas que desde hace mucho venimos propugnando al respecto. 
De hecho, para promover una profunda modificación del injusto reparto de los apoyos que actualmente se practica es fundamental concretar ayudas preferenciales a las rentas inferiores y a las explotaciones agrarias familiares limitando, o incluso impidiendo, los apoyos destinados a rentas superiores a determinados límites. 
Por otro lado, hay que profundizar y llevar a la práctica la tendencia ya expresada de hacer claras modulaciones, en los apoyos destinados a la agricultura de las zonas más desfavorecidas, ya se caractericen por una estructura agraria de minifundio acentuado o por procesos acelerados de desertización o por ambas cosas a la vez. 
Consideramos positivas las enmiendas introducidas por la ponente, a la que felicitamos por su excelente trabajo, y entre las cuales figuran el apoyo a la construcción de infraestructuras destinadas a permitir el ahorro de agua en la agricultura, las enmiendas que se refieren a ciertas excepciones para explotaciones agrarias no intensivas, como las dedicadas a la cría de cerdos, así como las que se refieren a los apoyos destinados al restablecimiento de elementos estructurales destruidos o deteriorados por catástrofes naturales. 
Ahora bien, por lo que se refiere a las indemnizaciones compensatorias destinadas a zonas agrícolas desfavorecidas, consideramos que el valor propuesto para la superficie mínima elegible en países y regiones meridionales, entre los cuales se sitúa mi país, y que es de dos hectáreas, si se aprueba, será profundamente injusto y volverá a comprometer lo esencial de las orientaciones positivas de la nueva reglamentación y sus enmiendas, ya que dejará fuera una parte substancial de las explotaciones agrarias en ellas situadas. 
Por eso, intentamos sensibilizar aquí a la ponente para que tome la iniciativa de presentar con nosotros una enmienda oral encaminada a eliminar esa condición mínima de la superficie. 
Por último, es importante que subraye y reafirme que, sin perjuicio de la deseable y posible diversificación de actividades, lo esencial del futuro del mundo rural va a seguir requiriendo el desarrollo directo y permanente de la agricultura y la correspondiente voluntad de garantizar en el futuro los recursos destinados a la mejora sociocultural de la producción agraria, que permita promover condiciones de vida dignas para todos los agricultores y de forma especial para los que llevan a cabo sus actividades en regiones periféricas y poco desarrolladas. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, ante todo quisiera dar las gracias en nombre de la Comisión a usted, señora Redondo Jiménez, y a sus colegas de la Comisión de Agricultura por el informe sobre la presente propuesta de la Comisión. 
Me alegro de que la Comisión de Agricultura celebre la iniciativa de la Comisión de redactar nuevamente tres reglamentos sobre la estructura agraria. 
Esto implica algunas pequeñas modificaciones de naturaleza meramente lingüística y formal. 
El objetivo de la Comisión es configurar de manera más comprensible y transparente los reglamentos, sin modificar el contenido. 
Por esta razón, se rechazan también consecuentemente las enmiendas sustanciales de contenido a los reglamentos. 
Un debate sobre modificaciones de contenido tendría que celebrarse por separado de la actual propuesta. 
Permítanme que en este punto enlace con lo que ha dicho nuestro colega, el Sr. Fantuzzi. 
Seguramente no es cierto que lo que se ha discutido en Cork no haya sido más que un mero ejercicio de oratoria, sino que sigo defendiendo exactamente las conclusiones que se sacaron en Cork, en concreto, que en principio vamos a necesitar también en el futuro un desarrollo rural allí donde haya zonas rurales. 
Ruego al Parlamento que me siga apoyando en este esfuerzo. 
En vista del argumento de que aquí se trata de una nueva versión, se rechazan las enmiendas 3 a 9 y 15. 
Por la misma razón no es adecuada la referencia a nuevas enmiendas en la enmienda 1. 
Todo esto va más allá de una nueva versión de las disposiciones más importantes. 
En cambio, agradecemos las aclaraciones y rectificaciones existentes en las enmiendas 2 y 10 a 14, las cuales mejoran claramente el tenor actual. 
Estas enmiendas están orientadas en la dirección de una nueva versión de las disposiciones decisivas. 
Si queremos permanecer fieles a la idea de una nueva versión, se ofrece aquí a la Comisión y al Parlamento una excelente ocasión de contribuir a la clarificación y a la simplificación de la política agroestructural. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 1998 (presentación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 1998. 
Señor Presidente, las administraciones públicas de toda la Unión están esforzándose seriamente por conseguir y mantener un entorno financiero estable. 
El presupuesto de la Comunidad tiene que ser compatible con esos esfuerzos. 
Al mismo tiempo, hay que respetar los compromisos existentes, y hay que mejorar también el valor agregado europeo del presupuesto comunitario. 
Los preparativos para la ampliación tienen que comenzar con el presupuesto comunitario para 1998. 
Hay que instituir gradualmente márgenes que faciliten la ampliación con recursos limitados, pero la esencia de los programas comunitarios tiene que empezar también a tener en cuenta las necesidades de la ampliación. 
Hay que preparar programas que se puedan ejecutar efectivamente en toda la Unión ampliada. 
Al final de 1997, siguiendo el nuevo procedimiento establecido en el contexto de SEM 2000, la Comisión adoptó una posición rigurosa acerca de los preparativos para el anteproyecto de presupuesto. 
Decidió limitar el anteproyecto de presupuesto para 1998 a un porcentaje lo más próximo posible al 3 %. 
Como en Edimburgo se acordó que las medidas estructurales contaran con el presupuesto necesario, lo antedicho quiere decir que para las demás categorías el aumento es del 0, 5 % como máximo. 
La Comisión convino también en la plena integración de las asignaciones de recursos financieros y humanos. 
En el caso de los recursos humanos, decidió concretamente que durante un segundo año se congelara el número total de personas- excepción hecha de algunos aumentos pequeños debidos a la ampliación- y que se iniciara obligatoriamente un ejercicio de redespliegue de recursos humanos. 
Permítanme que insista en lo que acabo de decir: esta vez la Comisión está redesplegando realmente los recursos humanos a fin de responder mejor a las prioridades políticas fijadas por la Comisión y la autoridad presupuestaria. 
El 13 de marzo de 1997 el Parlamento Europeo aprobó sus directrices para el procedimiento presupuestario de 1998. 
Sobre la base de una propuesta de su ponente, el Sr. Tillich, el Parlamento indicó que estaba dispuesto a acordar con el Consejo una tasa global de aumento de presupuesto, pero para dicho aumento, como ustedes saben, hay que aceptar una serie de condiciones. 
En particular, el Parlamento ha subrayado la importancia de efectuar verdaderas economías en los gastos agrícolas de carácter obligatorio. 
A principios de abril los Ministros de Finanzas decidieron en la reunión oficiosa de Ecofin que iban a participar más activamente en las decisiones relativas al presupuesto comunitario. 
A esa decisión siguieron las deliberaciones sostenidas ayer en Bruselas en el seno de Ecofin. 
Esta mayor participación de los Ministros de Finanzas está en consonancia con la resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para 1997. 
Un aspecto importante acordado en la reunión oficiosa de Ecofin es que hay que aplicar una rigurosa disciplina presupuestaria a todas las categorías de la perspectiva financiera. 
También se reconoció que había que respetar el Acuerdo interinstitucional. 
Justo antes de que acabar el mes de abril, la Comisión, el Consejo y el Parlamento convinieron en transferir 500 millones de ecus en consignaciones de fondos para medidas estructurales de 1998 a 1999; como indicó la Comisión, esta medida no pondrá en peligro la buena ejecución de los programas. 
Teniendo en cuenta los mencionados elementos, el 30 de abril de 1997 la Comisión pudo aprobar un anteproyecto de presupuesto que estaba en plena consonancia con los objetivos indicados en enero. 
Las consignaciones de gastos van a aumentar en 2, 4 %; los pagos, en menos de 2, 9 % en comparación con el presupuesto de 1997. 
Sobre la base del Acuerdo interinstitucional y de los ajustes convenidos antes del final de abril, las consignaciones de gastos para fondos estructurales aumentarán en un 6, 5 %. 
Por lo que se refiere a las asignaciones para pagos, la Comisión estima que un 8 % de aumento será el mínimo que permita hacer frente a los compromisos. 
Es evidente que la verdadera necesidad de créditos para pagos dependerá de las facturas presentadas por la Comisión. 
En el caso de las categorías 1, Agricultura; 3, Políticas internas; y 4, Políticas externas, los preparativos efectuados cuidadosamente indican que se puede limitar el aumento al 0.5 %. 
Después de la reunión de ayer de Ecofin, ha habido una serie de artículos en la prensa de hoy pidiendo que el crecimiento del presupuesto sea nulo. 
Lo único que quiero decir es que, si estamos hablando de reducciones en los créditos para pagos, lo que no supone cambio alguno de las normas y los compromisos actuales, no nos estaremos refiriendo a verdaderas economías sino muy frecuentemente a un sencillo cambio de previsiones. 
Para efectuar verdaderas economías por lo general es preciso modificar las normas. 
La propuesta presupuestaria de gastos administrativos, la Categoría 5, ha de tener en cuenta el elevado coeficiente de aumento de las obligaciones en materia de pensiones para todas las instituciones comunitarias. 
El coeficiente de aumento para el año próximo será superior al 11 %. 
El Parlamento ha formulado observaciones sobre el particular y la Comisión va a contestar sobre la base del informe del Parlamento acerca del presupuesto para 1997. 
A título de contrapeso parcial, todas las demás partidas de gastos han quedado congeladas al nivel de 1997. 
Si las demás instituciones hacen lo mismo, el crecimiento total de la Categoría 5 podría quedar limitado al 1, 1 %. 
En términos generales, la propuesta de la Comisión está en plena consonancia con las tendencias de los gastos públicos nacionales. 
Me referiré a continuación a algunas cuestiones concretas del presupuesto. 
En la agricultura, el incremento de los gastos sólo se puede limitar al 0, 5 % si se adopta la propuesta de la Comisión encaminada a reducir la ayuda por hectárea a los productores de cereales. 
Semejante decisión es importante por motivos de política agrícola, pero también porque constituiría una señal fundamental para el presupuesto de 1998. 
Es importante empezar a conseguir verdaderas economías en este sector. 
Como ya he dicho, para conseguir verdaderas economías hay que basarse en la modificación de las normas vigentes, no solamente en modificaciones de las previsiones. 
En las Categorías 3 y 4 el anteproyecto de presupuesto de la Comisión sigue perfilando con rigor los gastos. 
Como se preveía, en la Categoría 3 se tiene la intención de concertar un cuarto programa marco de investigación y de movilizar fondos adicionales para las redes transeuropeas y para las empresas pequeñas y medianas. 
También se refuerzan la educación y la capacitación, o sea el tercer pilar, así como la protección de los consumidores y el medio ambiente. 
En mi opinión, el Parlamento tiene la misma posición respecto de la mayoría de las prioridades citadas. Es posible que haya interpretaciones ligeramente diferentes por lo que se refiere a algunas cuestiones de detalle. 
En la Categoría 4, las actividades de cooperación exterior de la Unión seguirán desarrollándose según las líneas fijadas por el Consejo Europeo de Cannes. 
Un elemento importante en esta esfera es la reorientación del programa PHARE a fin de preparar la adhesión. 
Sé que se ha deliberado mucho acerca de esta cuestión en la Comisión de Presupuestos. 
Esa reorientación es de suma importancia este año y para la ejecución del presupuesto del año próximo. 
El resultado de todo el ejercicio presupuestario dependerá de la cooperación de las dos ramas de la autoridad presupuestaria. Cada una de ellas ha de asumir responsabilidades para aprobar un presupuesto comunitario para 1998 que contribuya a instituir un entorno financiero estable y que, al mismo tiempo, fortalecezca las políticas fundamentales para Europa. 
La Comisión espera que las deliberaciones entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria ayuden a conseguir esa finalidad. 
Quisiera hacer dos o tres observaciones acerca de la intervención del Sr. Tillich. 
Por lo que se refiere a la Oficina de Inspección Veterinaria, las necesidades están cubiertas con el presupuesto rectificativo adicional que ha propuesto la Comisión. 
Si se acepta dicho presupuesto, tendremos que enviar una carta rectificativa para el presupuesto del año próximo. 
Ése es el procedimiento que hay que seguir. 
En cuanto al presupuesto de 1998, nuestra planificación indicativa incluye también parte de los recursos humanos para la Oficina de Inspección Veterinaria. 
Por lo tanto, si se acepta nuestra planificación indicativa, se concederá alta prioridad a la Oficina por lo que atañe a los recursos humanos. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a los subsidios, quizá ayer no me expresé con toda la claridad necesaria. 
Nuestra intención no es aplazar toda la cuestión hasta el año próximo: estamos en condiciones de facilitar este año la información a la Comisión de Presupuestos. 
Me referí a la necesidad de contar con un sistema más claro y más transparente cuando nos pronunciemos acerca de los subsidios. 
Tenemos demasiadas fuentes que conceden subsidios con arreglo a criterios diferentes; para que una administración presupuestaria funcione bien, es preciso que las normas sean claras, iguales para todos y transparentes, de forma que cualquier organización que solicite fondos sepa cuáles son las normas aplicables. 
En cuanto al control público, también será esencialmente más sencillo. 
Estamos dispuestos a tratar de nuevo de esta cuestión más adelante. 
En relación con las acciones sociales, he de decir que en la Categoría II el aumento de recursos para el Fondo Social es de aproximadamente 1.000 millones de ecus para el año que viene, de forma que se trata de una cuestión importante. 
En cuanto a la Categoría III, nuestro problema es el caso que tenemos pendiente ante el Tribunal. 
Por eso no hemos podido proponer más fondos hasta ahora respecto de las acciones que guardan relación con dicho caso. 
Por lo que se refiere a la política de información, me pondré en contacto con el Sr. Oreja, pues estoy seguro de que tendremos mucho que discutir acerca de estas cuestiones durante el año en curso. 
Muchas gracias, Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
Emisiones de motores en máquinas móviles no de carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0136/97) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0072/97-95/0209 (COD) ) sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (Ponente: Sr. K. Collins). 
Señor Presidente, es para mí un gran honor poder dirigirme al Parlamento en relación con una cuestión tan interesante. 
Uno sólo tiene una vez en la vida la oportunidad de pronunciar una declaración acerca de las medidas que hay que adoptar contra las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se van a instalar en máquinas móviles no de carretera. 
Estoy convencido de que si Tolstoi hubiera pensado en poner semejante título a una de sus obras, entonces la historia literaria de Europa hubiera seguido un curso muy diferente. 
En realidad, se trata del tema de un texto legislativo en consonancia con el deseo del Parlamento de reducir las emisiones de vehículos de motor que causan enormes daños al medio ambiente natural y a la salud humana. 
La legislación tiende a reducir los contaminantes gaseosos procedentes de motores de combustión, especialmente las partículas y los óxidos nitrogenados, sin ocuparse demasiado de la maquinaria móvil no de carretera. 
Para los que se interesan por esta cuestión diré que se trata de los tractores y de las máquinas segadoras trilladoras, aunque no comprendo por qué la Comisión no lo dijo claramente. 
Estas máquinas no están concebidas para su uso en carretera, pero eso no quiere decir que no sean una fuente de daños y que, por lo tanto, no se precise reglamentación en esta esfera que, hasta ahora, ha quedado al margen de nuestras normas. 
La reglamentación propuesta es buena, no plantea problemas, y todos estamos de acuerdo, con una sola excepción. 
Estamos hablando de una cuestión que tiene un título que nadie puede entender o de la que nadie se preocupa, pero también estamos hablando de comitología. 
Se trata, pues, de una cuestión que, aunque no ha influido decisivamente en el resultado de las elecciones británicas, ni decidirá el resultado de las elecciones francesas ni decidirá el resultado de otras cuestiones de la misma importancia, no por eso deja de merecer nuestra atención. 
La comitología es la forma de adoptar decisiones técnicas acerca de cuestiones políticas o de adoptar decisiones políticas acerca de cuestiones técnicas. Trata de esa dificilísima esfera. 
En primera lectura el Parlamento aprobó esta propuesta sin presentar enmiendas, pues se estimó que no suscitaba objeciones y ningún grupo político se preocupaba sobremanera de ella. 
Estimamos que era una propuesta que valía la pena aprobar, y la DG 11 y la Sra. Bjerregaard nos presentaron una propuesta que obtuvo la aprobación de todos nosotros. 
Sin embargo, la propuesta fue a continuación al Consejo, que examinó los procedimientos de comitología y los modificó. 
Cuando la propuesta nos fue presentada de nuevo, el Parlamento descubrió que el comité de comitología no era ya un comité de tipo 1, es decir, un comité asesor, sino un comité de tipo 2b, es decir, un comité de gestión. 
Para el hombre de la calle la cuestión no revestía gran importancia: se trataba únicamente de esos grandes burócratas anónimos de Bruselas, que habían vuelto a hacer una de las suyas. 
En realidad, esta cuestión es importante porque el cambio hace que todo el procedimiento de adopción de decisiones de la Unión resulte más opaco y que la obligación de rendir cuentas resulte menos clara, razones por las cuales no podemos aprobar el texto modificado. 
Estamos resueltos a volver a la posición original, y nuestras enmiendas tienen por finalidad conseguirlo. 
Hay otra cuestión a la que me gustaría referirme. 
Una enmienda presentada por el Sr. Lannoye, del Grupo de los Verdes, relativa a instrumentos económicos, define las condiciones para los posibles instrumentos económicos e incentivos fiscales. 
Cuando se hizo la propuesta en la comisión parlamentaria yo la apoyé, y la decisión de la comisión parlamentaria lo refleja. 
Subsiguientemente se me ha indicado que la propuesta plantea algunos problemas para los Estados miembros por ser demasiado restrictiva, ya que restrinje la posibilidad de que los Estados miembros mejoren la situación en su propio entorno. 
Por eso puede muy bien suceder que los diputados, cuando llegue el momento de votar sobre esta cuestión- y puedo ver que todos están escuchando muy cuidadosamente en toda la sala lo que estoy diciendo- quieran reconsiderar su opinión. 
Es posible incluso que resuelvan no apoyar la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente acerca de esa enmienda concreta. 
Señor Presidente, no me centraré en la primera enmienda, que ha sido explicada excelentemente por el ponente, sino que me referiré a los gastos y la transparencia. 
Es posible que, en el caso de la enmienda nº 2, la redacción no sea la correcta, pero sentiría mucho que fuese rechazada, ya que, en mi opinión, es importante intentar introducir unos instrumentos económicos. 
Sabemos todos, y la Comisaria mejor que nadie, que es casi imposible que algo sea aprobado por unanimidad, y lo único que cabe esperar es que cada país tenga la oportunidad de aplicar algunos incentivos económicos que nos permitan obtener experiencia. 
La enmienda nº 3 trata de la transparencia. 
Me parece esencial subrayar que en este momento, más que en ningún otro, necesitamos transparencia en los procesos de toma de decisiones, por lo que ruego a la Comisaria que mire esta enmienda con buenos ojos. 
Señor Presidente, la Comisión quiere aprovechar la ocasión para dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y al ponente, Ken Collins, por el esmero demostrado durante el examen de esta propuesta, que es muy técnica. 
Incluye diferentes tipos de máquinas, bulldozers, excavadoras y cosechadoras. Es absolutamente necesario reducir la contaminación atmosférica en este sector, que todavía no está regulado. 
Ya en 1990 la contaminación producida por este tipo de máquinas era considerable y, según los pronósticos, en 2010 será casi tan importante como la del transporte por carretera, en la medida en que esta última se va reduciendo. 
El nivel de partículas emitidas se acercará al correspondiente a la totalidad de los vehículos de carretera, aun considerando que la propuesta se adopte y que se produzca una reducción considerable de las emisiones de los motores de las máquinas nuevas, incluidos los tractores. 
La emisión de óxidos de nitrógeno supondrá aproximadamente 2/3 de la del transporte por carretera. 
La propuesta de directiva prevé la introducción de requisitos estrictos sobre emisiones en dos fases. La primera fase entrará en vigor en septiembre de 1998 y la segunda gradualmente entre enero de 2001 y 2003. 
El objetivo de la posición común es reducir las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas para lograr reducciones en estas tres últimas sustancias el 50 %, el 29 % y del 67 %, respectivamente. 
En los controles más recientes de la calidad del aire en Europa realizado en el marco de la elaboración del programa Auto Oil, la reducción de las emisiones de dichas sustancias ha recibido prioridad. 
Los objetivos de la posición común son ambiciosos y, cuando la Directiva se apruebe definitivamente, se convertirá en el primer ejemplo de una legislación sobre limitación de emisiones procedentes de fuentes móviles ajustada a los mismos principios en ambos lados del Atlántico. 
Si la aprobación se consigue con rapidez, será la primera vez en que, en el ámbito de la legislación sobre contaminación atmosférica procedente de fuentes móviles, Europa- por lo menos durante un tiempo- se adelante a los Estados Unidos y al resto del mundo. 
Se demuestra así que la nueva legislación no sólo tendrá ventajas para el medio ambiente, sino que también armonizará el mercado interior y mejorará las posibilidades de intercambio comercial de la UE. 
La Comisión querría que la propuesta fuese aprobada definitivamente en junio de este año. 
Debido a los retrasos anteriores, los Estados miembros tendrán tan sólo seis meses para transponer la Directiva a su legislación nacional. 
La industria tendrá sólo nueve meses para la certificación de la categoría de motor más importante y quedarán únicamente tres años y tres meses del período de estabilización entre la primera y la segunda fase en cuanto a los requisitos sobre emisiones para la categoría de motor más importante. 
No nos ha sido posible reducir este calendario más, por lo que una prolongación del procedimiento legislativo en curso significaría una modificación posiblemente radical de la propuesta. 
Por eso- y éste es el motivo de que haya dedicado algún tiempo a la introducción -, la Comisión ha considerado razonable adoptar una actitud flexible ante algunas de las modificaciones del Consejo y aprobar las modificaciones de la posición común, dando prioridad a una rápida aprobación del texto. 
Espero, pues, que el debate de las enmiendas del Parlamento contribuya a evitar retrasos. 
Mis comentarios a la enmienda nº 1 son muy breves. 
Obviamente, la Comisión aprueba la introducción de una nueva observación sobre el modus vivendi. 
La enmienda nº 2 reintroduce el artículo original de la propuesta de la Comisión. 
Se trata del artículo que define el marco para los incentivos fiscales en los Estados miembros, a fin de favorecer una rápida introducción de motores que cumplan los nuevos requisitos sobre emisiones. 
La eliminación de este artículo ha de ser valorada a partir de la declaración, por parte del Consejo, de que la aprobación de la Directiva no debe sentar precedente para futuras decisiones sobre incentivos fiscales. 
La cuestión me parece muy importante, ya que comparto el deseo del Sr. Collins y de la Sra. Dybkjær de que se apliquen incentivos fiscales. 
En relación con este tema se está manteniendo un debate de principio en el marco del programa Auto Oil, y quiero aprovechar la oportunidad para decir que las enmiendas que estamos tratando hoy no concuerdan con la línea marcada por el Parlamento durante el debate del citado programa, tal como el ponente, Sr. Collins, ha subrayado. 
El hecho de que el artículo marco haya sido suprimido no impide a los Estados miembros introducir incentivos fiscales conforme al Tratado. 
La disponibilidad de un marco es principalmente deseable debido al mercado interior, pero la carencia del mismo no es un problema desde el punto de vista medioambiental. 
Por lo expuesto, la Comisión considera que no debe aceptar la enmienda nº 2 tal como ha sido presentada, si bien, como se deduce de mis comentarios, estoy de acuerdo en la intención política de la misma. 
En cuanto a la enmienda nº 3, quiero subrayar que personalmente apoyo la transparencia y el acceso público al procedimiento administrativo. 
No obstante, la apertura al público de las reuniones de comisiones y de comités y la publicación de las órdenes del día y de las actas no son compatibles con las normas en vigor sobre el régimen jurídico de las reuniones de las comisiones. 
Por tanto, no puedo aceptarla. 
Su aceptación supondría una modificación de la legislación vigente, y este problema ha de ser solucionado en relación con otros temas transversales. 
Por eso lamento decir que, en este momento, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 3. 
La enmienda nº 4 se refiere al procedimiento normal aplicable al Comité para la adaptación al desarrollo técnico. 
En principio, la Comisión no se opone a la propuesta del Parlamento relativa a un comité consultivo. 
No obstante, y debido una vez más a nuestro deseo de una rápida aprobación, nos parece que un comité del tipo 2B, tal como figura en la posición común, no presenta dificultades fundamentales para la gestión y la adaptación de la Directiva. 
Esto es, ante todo, lo que sucede en la situación actual, ya que en esta Directiva el Comité está fuertemente ligado al comité de características parecidas creado en relación con la Directiva marco sobre homologación de los vehículos de motor. 
Por eso, la Comisión se ve obligada a atenerse a la posición común y, lamentablemente, no puede aceptar la enmienda nº 4. 
Espero que estos comentarios bastante extensos hayan contribuido a que el Parlamento comprenda los motivos de las decisiones adoptadas por la Comisión y, finalmente, espero que la Directiva sea aprobada lo antes posible y, sobre todo, que entre en vigor en breve. 
Muchas gracias, Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Productos biocidas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0137/96) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-0006/97-00/0465 (COD) ) acerca de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (Ponente: Sra. K. Jensen). 
Señor Presidente, es fundamental dejar claro qué productos químicos pueden utilizarse en la UE, y dónde y cómo. 
Se ha dicho que, aunque se comercializan centenares de miles de productos químicos, pocos han pasado por un sistema de aprobación con valoración del riesgo, y vemos una y otra vez las terribles consecuencias que esto puede tener para la naturaleza. 
Recordemos el debate sobre la baja calidad del semen del hombre debido a los productos químicos que se comportan como hormonas. 
La Comisión de Medio Ambiente está preocupada por las modificaciones del Anexo VI sobre agua. 
El agua es un tema muy sensible. 
Recibimos continuamente información estremecedora sobre la contaminación causada por fuentes que no nos imaginábamos, por lo que debemos insistir en la mejor protección posible de nuestros recursos hidrológicos. 
Con la propuesta de directiva relativa a biocidas, tendrán que pasar por un sistema de aprobación un mayor número de productos químicos, lo cual en sí es positivo. 
Ahora bien, la alegría por el objetivo general de la Directiva se ha visto ensombrecida por su tramitación en la Comisión y en el Consejo. 
Al aprobar la posición común, el Consejo de Ministros y la Comisión pensaron que parte de la Directiva podría sustraerse al Parlamento, que es colegislador. 
En el acta de la reunión hicieron constar 14 declaraciones que no fueron incluidas en la propuesta legislativa que ha pasado a la segunda lectura en el Parlamento. 
La Comisión me ha remitido oficialmente tres de las 14 declaraciones cuya iniciativa le correspondió, con la singular petición de que sean tratadas como confidenciales. 
Esto no es posible. 
El Parlamento Europeo adopta disposiciones transparentes. 
Otras instituciones comunitarias y los parlamentos y gobiernos nacionales podrían aprender mucho de nosotros. 
Han de saber ustedes que no se trata de declaraciones secretas, sino únicamente de declaraciones que todavía no han sido publicadas. 
Se pide, por lo tanto, al Parlamento Europeo que siga trabajando en la propuesta legislativa sin conocer por completo las intenciones de la Comisión y del Consejo de Ministros, a pesar de que, en calidad de colegislador y como órgano directamente elegido por los ciudadanos, tiene una responsabilidad directa para con éstos. 
Es inadmisible que el Consejo y la Comisión intenten legislar de esta forma, tanto más cuanto que, en diciembre de 1996, el Presidente del Consejo abogó porque en el futuro se enviasen todas las declaraciones al Parlamento junto con las posiciones comunes. 
La Comisión y el Consejo deberían aceptar, por lo tanto, que al Parlamento debe presentársele toda la documentación existente para la toma de decisiones junto con la posición común; en la práctica, sin embargo, no actúan así. 
Las declaraciones deben, como regla general, evitarse. 
La ley debe expresar lo que los Estados miembros han acordado. 
Lo peor de las declaraciones es que los ciudadanos europeos que han de cumplir las normas y leyes que aprobamos no tienen la menor posibilidad de saber lo que dicen éstas realmente, ya que las declaraciones permiten una interpretación diferente en cada Estado miembro. 
Las declaraciones crean burocracia y falta de claridad y deben quedar fuera de una legislación moderna. 
Han pasado otras cosas raras durante la segunda lectura del Consejo. 
Se han añadido dos nuevos anexos a la posición común, pero es difícil saber lo que se pretende con ellos. 
Como sabrán ustedes, el Parlamento propuso las condiciones indispensables para conseguir el grado de flexibilidad que muchos gobiernos desean. 
Estos podrían centrarse en el trabajo relacionado con las sustancias más tóxicas y dedicar menos tiempo a las menos peligrosas. 
Los dos nuevos anexos obligan a aclarar el siguiente tema: ¿Qué se entiende por riesgo? 
El riesgo tiene que ver con la sustancia, pero también con el modo de aplicación de ésta. 
Al igual que ocurre con los medicamentos, la dosis es decisiva. 
La denominación de bajo riesgo indica que se garantiza la inocuidad del producto, pero supongo que precisamente el peligro para el medio ambiente está supeditado a las condiciones de aprobación que la Comisión tuvo en cuenta en su propuesta inicial. 
También el segundo anexo suscita dudas. 
En primer lugar, parece que no es posible ni siquiera ponerse de acuerdo sobre su nombre. 
En alemán aparece con un nombre muy diferente, bestimmte Wirkstoffe. 
Lo que tienen en común estas denominaciones tan diferentes es que todas permiten interpretaciones individuales muy amplias. 
Esta falta de claridad ha impulsado a la Comisión de Medio Ambiente a proponer que se supriman los anexos. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi apoyo a las propuestas de la ponente para esta directiva que se nos presenta en segunda lectura. 
Esta directiva procura introducir controles en toda la Unión Europea para la comercialización y utilización de productos biocidas, que son una amplia diversidad de sustancias químicas utilizadas para la lucha contra las enfermedades, las plagas y otras calamidades. 
Queremos que el libre comercio de esas sustancias exista y se tolere, pero, al mismo tiempo, queremos que se mantenga un alto nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente. 
Soy resueltamente partidario de que se introduzca un sistema de evaluación comparativa para conseguir que algunos de los productos biocidas más antiguos queden sustituidos por sustancias que no planteen riesgos y que sean ecológicamente más innocuas, y que las nuevas sustancias no planteen nuevos riesgos. 
En el marco de la directiva, los fabricantes de esas sustancias estarán en condiciones de comercializar diferentes productos y de competir de forma libre y equitativa, pero también en condiciones de seguridad y de respeto para el medio ambiente. 
Ahora bien, como mi colega la ponente, me preocupa la forma en que el Consejo ha formulado la posición común y, en particular, ha enunciado muchas de las declaraciones acerca de la manera en que interpretará las disposiciones de esta propuesta en sus Actas privadas. 
No ha resultado fácil para el Parlamento obtener esas Actas y examinar esas declaraciones secretas. 
Cabe preguntarse: ¿qué quería ocultar el Consejo? 
¿De qué tenía vergüenza? 
Algunas de las disposiciones de la directiva se caracterizan por una lógica estricta- por ejemplo el procedimiento simplificado para ocuparse de algunas sustancias menos peligrosas que son mejor conocidas, menos tóxicas y que no plantean riesgos graves -, pero uno tiene que estar seguro de que esos procedimientos no son objeto de abusos en detrimento del medio ambiente y de la salud pública. 
Mientras no pueda estar seguro de ello, lo único que puedo hacer es sumarme a la opinión de la ponente de que esos procedimientos no deben ser tolerados mientras no contemos con controles claros y transparentes de su forma de aplicación. 
La directiva posee el potencial necesario para satisfacer las necesidades de todos, proteger el medio ambiente y la salud pública, ofrecer a los consumidores una gama de productos que les permita elegir el que deseen, y dar a la industria la posibilidad de vender libre y equitativamente en el mercado. 
Personalmente, quiero que la directiva satisfaga esas necesidades y me esforzaré por ayudar a la ponente a lograr que, en el proceso de conciliación, lo consiga. 
Señor Presidente, la directiva sobre biocidas que estamos discutiendo hoy en segunda lectura constituye un ejemplo convincente del necesario trabajo legislativo europeo. 
Para los biocidas no existe una regulación sistemática y única en el plano europeo ni en el de los Estados miembros. 
Por consiguiente, esta directiva llena una laguna jurídica que no sólo es irrenunciable para la protección del medio ambiente y del consumidor, sino que ha de asegurar también el libre comercio en Europa. 
Los biocidas son sustancias que se encuentran en productos como, por ejemplo, los desinfectantes y los parasiticidas, y también en los conservantes y en los productos protectores de material. 
Hasta ahora hay en circulación en la Unión Europea alrededor de 500 de estas sustancias y se están fabricando cerca de 5.000 productos con estas sustancias activas predominantemente por empresas pequeñas y medianas. 
Una vez que el Parlamento Europeo en primera lectura ha documentado también con numerosas enmiendas algunos puntos fundamentales de crítica a la propuesta presentada por la Comisión, considero ahora, también en nombre de mi grupo, la Posición Común como un acertado acto de equilibrio que atiende de manera ponderada a los intereses de todas las partes y al que apoya plenamente nuestro grupo. 
Las enmiendas que se han presentado de nuevo nos parecen contraproducentes en su totalidad y no las vamos a apoyar. 
Pero una cosa nos suscita una gran preocupación, nos tiene susceptibles y también desconfiados, y ha sido indicada ya por la ponente y también por el Sr. Bowe. 
Son los problemas que la Sra. Jensen ha citado como la llamada declaración protocolaria de la Comisión Europea en el Consejo de Ministros. 
Quizá pueda tolerarse esto en la medida que estas declaraciones protocolarias se extiendan a las introducciones técnicas que han de elaborarse aún y a la inclusión de sustancias activas en el Anexo. 
Dichas declaraciones protocolarias no pueden tolerarse si tienen por contenido, por así decirlo, una interpretación de cada uno de los artículos de la directiva. 
Estas declaraciones protocolarias no tienen ningún estatus jurídico en cuanto legislación pues no son partes de la ley como tal; sin embargo están destinadas a interpretar determinados estados de cosas y por ello tienen efectos jurídicos sobre el texto legal. 
Esta es una forma de la legislación que no está prevista en ningún procedimiento legislativo apoyado en los Tratados y que el Parlamento Europeo no puede tolerar. 
De ahí el esfuerzo, también de mi grupo, por procurar en el procedimiento de intermediación que estas declaraciones protocolarias desaparezcan o se integren como contenidos en el actual texto legal. Por esta razón mi grupo apoya algunas enmiendas para conservar la posibilidad de la declaración en el Comité de Intermediación. 
Señora Comisaria Bjerregard, le ruego de corazón que nos explique una vez más aquí en el Pleno qué se persigue con este tipo de declaración protocolaria. 
Por consiguiente, si ahora se produce un aplazamiento de la entrada en vigor de esta solución, que es importante por sí sola y también es buena en su forma actual, habrá que atribuirla al comportamiento de la Comisión y del Consejo y no al Parlamento. 
Este procedimiento de intermediación podría ser superfluo si nos preocupamos previamente por la claridad. 
Por esta razón estamos muy interesados, señora Comisaria, en lo que usted va a decir al respecto. 
Señor Presidente, señores diputados, se trata del examen de la Posición Común del Consejo del pasado 20 de diciembre acerca de la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas. 
Se recuerda que por biocidas se entiende una serie de productos muy diversos, entre los cuales figuran los desinfectantes, los insecticidas, los fungicidas, las sustancias conservantes, los protectores para maderas y para el tratamiento de los textiles y de las estructuras murales. 
Contienen todos un principio activo, que es el verdadero elemento que hay que controlar, dado el uso cotidiano y la difusión de los productos que contienen tales principios activos. 
Se comprende, pues, el alcance de la directiva. 
Se calcula que los productos biocidas son, efectivamente, más de 14.000 y que están comercializados, además de por algunas multinacionales, por una gran multitud de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Italia, donde representan el 70 % de la producción. 
La directiva tiene esencialmente dos finalidades: 1) la armonización del mercado interior de los biocidas, 2) un alto nivel de protección de los seres humanos y del medio ambiente. 
La Posición Común, adoptada por unanimidad, ha sido aceptada por la Comisión puesto que las modificaciones introducidas, sustancialmente, no varían ni el contenido ni el funcionamiento de la directiva. 
Además, los cambios propuestos por los Estados miembros clarifican o simplifican algunos aspectos de los procedimientos de autorización. 
El texto final de la Posición Común resulta más comprensible y práctico y pone de relieve las finalidades principales de la propuesta, es decir, la protección de los seres humanos y del medio ambiente, permitiendo al mismo tiempo el libre intercambio de los biocidas. 
El Grupo Unión por Europa está de acuerdo con la Posición Común y con algunas enmiendas presentadas hoy en el hemiciclo, pero es absolutamente contrario a las enmiendas núms. 
17, 18 y 19: a la nº 17 porque pretende reducir en seis meses el plazo de incorporación- la directiva es muy compleja, y aunque se aprobara un plazo de 18 meses para la incorporación, ningún país miembro lo respetaría- y a las enmiendas núms. 
18 y 19 porque éstas modificarían sustancialmente el equilibrio de la directiva, y será difícil que el Consejo las acepte. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal votará a favor de las enmiendas de la Comisión. 
Espero que se consiga el número necesario de votos a favor de ellas y en contra del Grupo de los Verdes, no por un desacuerdo fundamental sobre este tema, sino porque en este momento se requiere una concentración. 
Por otra parte, al igual que otros diputados, quiero centrarme en las declaraciones. 
Antiguamente, las relaciones internacionales eran defendidas por una élite de diplomáticos. 
La diplomacia era el arte de navegar entre amigos y enemigos. 
El secretismo era el pan de todos los días y nadie pensaba en la posibilidad de consultar a la gente corriente. 
Esto mismo ha ocurrido también durante la mayor parte de la historia de la Unión, y una y otra vez vemos qué difícil es modificar tal situación. 
Lo hemos visto recientemente en relación con esta Directiva, lo bastante larga y complicada en sí para que en ella quepa de todo. 
El gran número de declaraciones secretas del Consejo demuestra que éste sigue creyendo que la cooperación europea es defendida por una pequeña élite. 
Los muchos sondeos de opinión que demuestran la falta de apoyo popular deberían haberle convencido de lo contrario, pero no es así. 
Es increíble que tengamos que recordar al Consejo que el desarrollo democrático, y sobre todo el desarrollo de la UE, exige transparencia y la participación de la población como condición necesaria, aunque obviamente no la única, para la legitimación de las decisiones adoptadas. 
El hecho de que el Parlamento Europeo- la única institución de la UE directamente elegida por los ciudadanosse vea obligado a tramitar posiciones comunes procedentes del Consejo que no incluyen lo que se ha decidido demuestra una falta total de respeto por él. 
El argumento del Consejo es que las declaraciones tienen tan sólo el valor de explicaciones del texto legal, pero, si es así, ¿por qué son secretas? 
Tendrían sentido si estuviesen incluidas en la exposición de motivos o en cualquier otro sitio y, en ese caso, quizás las habríamos comprendido mejor. 
No es de extrañar que exista un escepticismo extendido en contra de la Unión Europea entre los ciudadanos cuando parte de los textos legales son secretos. 
El procedimiento del Consejo socava directamente toda la legitimidad de la UE. 
Señor Presidente, me gustaría en primer lugar unirme a aquellos de mis colegas que lamentan la total ausencia de transparencia con que se ha tratado un asunto de tanta importancia como éste. 
En efecto, los biocidas afectan a cientos de productos que, cada uno en diferente grado, presenta riesgos para los seres vivos. 
Algunos de estos riesgos son aceptables, pero otros no lo son. 
Me refiero en especial a las sustancias que son bioacumulables y persistentes y que tienen efectos cancerígenos mutágenos, es decir, que perturban el sistema hormonal de los mamíferos y, en particular, del hombre. 
Estos productos deberían desaparecer lo antes posible del mercado. 
Ahora bien, ¿qué hace la posición común después de la propuesta inicial de la Comisión? 
Organiza la libre circulación de sustancias y, sobre todo, de estas sustancias cancerígenas, pero no se propone de ningún modo como objetivo reorientar la producción hacia sustancias con escasos riesgos para el hombre y el medio ambiente. 
La Comisión de Medio Ambiente sólo ha corregido el tiro parcialmente. 
Por supuesto apoyaremos las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, pero consideramos que algunas de las enmiendas suplementarias, que hemos vuelto a presentar, deben imperativamente tenerse en cuenta. 
Me he quedado estupefacto al oír la postura del PPE que, a priori, considera que no va a apoyar las enmiendas, ni tan siquiera las de la Comisión de Medio Ambiente. 
Tratándose de un asunto como éste, me parece una actitud incalificable. 
Quisiera llamar la atención sobre las tres principales enmiendas que hemos presentado. 
Me refiero a la enmienda nº 32, especialmente razonable, que precisa que la inscripción en la lista de productos autorizados se denegará o se retirará en caso de que exista en el mercado otro producto que presente menos riesgos, es decir, otro método que permita lograr el mismo objetivo. 
Las enmiendas núms. 34 y 37 introducen el principio de no conceder autorización a cualquier sustancia reconocida como cancerígena y para la que no exista umbral de inocuidad. 
Por último, las enmiendas núms. 38 y 39 exigen que el expediente que acompaña la solicitud de autorización proporcione los datos relativos no sólo a la materia activa estudiada, sino también a los productos de degradación. 
Sabemos que muchos productos de degradación son a veces más peligrosos que el producto inicial. 
Por lo tanto, es incoherente que esto no figure en el expediente relativo a la solicitud de autorización. 
Aquí tienen algunas propuestas que están lejos de ser puristas o extremadas y que deseamos que el conjunto de este Parlamento apruebe. 
Señor Presidente, como ha afirmado ya el Sr. Paul Lannoye, la directiva no responde a los criterios de política de medio ambiente. 
Puede que sea muy importante, pero no proporciona ninguna iniciativa para limitar la utilización de biocidas. 
En el mercado interior existen ya en circulación 450 sustancias químicas y 10.000 productos con biocidas, de los cuales los menos son autorizados con arreglo al método que se propone en la directiva. 
La UE se limita principalmente a la armonización de las posibilidades de competencia para la industria en vez de asegurar un grado máximo de protección del medio ambiente y de la salud en el caso de estas sustancias y a la hora de la utilización de las mismas. 
Es preciso implantar aquí el principio de sustitución, es decir, que los productos nocivos sean sustituidos por productos menos nocivos. 
Como Paul Lannoye ha dicho ya, éste es uno de los criterios más importantes. Gracias a esto también sería posible, por fin, una competencia a la hora de la autorización. 
Por consiguiente, se trata de adoptar para la Unión Europea esta legislación sueca que prevé precisamente esta autorización con un principio de competencia. 
Los criterios de autorización sobre biocidas contienen muchas lagunas, pero lo más importante para nosotros es que en el caso de algunos biocidas no hay ningún valor mínimo para materias cancerígenas. 
Estas sustancias son cancerígenas ya en pequeñas concentraciones y habría que expulsar del mercado los biocidas que contengan sustancias cancerígenas, pues precisamente porque los biocidas se emplean en tan alto grado nuestro objetivo debe ser eliminar de los biocidas las sustancias cancerígenas y, por ende, eliminarlas del mercado. 
Por lo demás, nosotros estaríamos a favor de una obligación de etiquetar los biocidas. 
Por consiguiente, de lo que ha de tratarse es de proteger a los consumidores y de garantizar la protección del medio ambiente y no de dar un pasaje gratis a la industria biológica. 
Es el último eslabón en la legislación comunitaria sobre sustancias químicas, por lo que se trata de una propuesta muy importante, y por ese motivo me veo obligada a hacer algunos comentarios, primero sobre la propuesta en general y sus perspectivas, y al final volveré al debate político de hoy en esta Asamblea acerca de las declaraciones secretas. 
El objetivo de la propuesta es armonizar el mercado interior de los biocidas y de las sustancias activas de los mismos para alcanzar un alto nivel de protección para el ser humano y el medio ambiente. 
La propuesta incluye productos, tales como desinfectantes, productos para la protección de la madera o insecticidas. 
Tan sólo las sustancias activas que figuren en la lista del Anexo de la Directiva podrán ser utilizadas legalmente. 
La decisión de incluir un producto concreto en el anexo será adoptada a escala comunitaria y se basará en una valoración completa del riesgo según información procedente de la industria. 
Una vez aprobada la Directiva, las sustancias activas existentes serán examinadas para valorar su posible inclusión en la lista del Anexo I. A tal fin se requiere que el sector presente la información necesaria y que ésta sea asimismo evaluada en los Estados miembros. 
Más tarde habrá que aprobar un Reglamento de la Comisión relativo a este procedimiento. 
La Directiva ha de ser asimismo compatible con los regímenes nacionales sobre aprobación de biocidas, ya que establece normas comunes para la evaluación. 
Posteriormente, los Estados miembros reconocerán con carácter mutuo esas aprobaciones. 
Durante la primera lectura, el Parlamento apoyó los principios fundamentales de la propuesta y presentó una serie de enmiendas para mejorarla. Un total de 64 enmiendas fueron aprobadas. 
La mayor parte han sido incluidas en la posición común y la mayoría de ellas por iniciativa de la Comisión. 
Ahora expondré la actitud de la Comisión ante las enmiendas presentadas por el Parlamento en la segunda lectura. 
Se han presentado 41 enmiendas, de las cuales la Comisión puede aceptar 21 en su totalidad, en parte o en sus principios. 
Las enmiendas núms. 18 y 19 pretenden suprimir los llamados procedimientos simplificados para los biocidas de bajo riesgo y los productos comunes, es decir, los incluidos en los nuevos Anexos IA y IB. 
La introducción de estos dos procedimientos es una de las contribuciones más importantes del Consejo a la posición común. 
Han sido aceptados por la Comisión porque, en su opinión, contribuirán en conjunto a hacer la Directiva más eficaz sin reducir el nivel de protección para el ser humano, los animales y el medio ambiente. 
La ventaja es que se consideran los productos más peligrosos, que se establece un procedimiento más sencillo para los productos de bajo riesgo y que las sustancias activas que tienen poco uso como biocidas pueden ser incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva y, por lo tanto, controladas. 
A este respecto, quiero subrayar que las sustancias activas serán sometidas al mismo procedimiento de evaluación para su admisión en los Anexos IA y IB que para su inclusión en el Anexo I. Por eso no se pueden aceptar las enmiendas núms. 18 y 19. 
La Comisión no puede aceptar la eliminación de los procedimientos simplificados, pero sí las enmiendas núms. 2 y 10, que refuerzan el control de esos procedimientos. 
El siguiente punto corresponde a las enmiendas relativas a los biocidas basados en microorganismos. 
Antes que nada, quiero tranquilizarles a todos ustedes. 
Los biocidas basados en microorganismos están incluidos en la Directiva. 
La definición del artículo 2 de los biocidas y sustancias activas, respectivamente, es inequívoca en este sentido. 
Varias de las enmiendas núms. 4, 5, 6, 7, 9, 10 parcialmente, 11 y 31 parcialmente, introducen en distintos artículos referencias específicas a los Anexos IVA y IVB que incluyen exigencias de información sobre sustancias activas y productos basados en microorganismos. 
La Comisión encuentra todas estas enmiendas útiles y aceptables, menos la enmienda nº 31, que sólo se acepta parcialmente. 
Llego ahora a las enmiendas relativas a la comitología y a las iniciativas de la Comisión. El objetivo de las enmiendas núms. 
15 y 16 es sustituir los procedimientos 2B y 3B por los procedimientos 1 y 3A, respectivamente, lo que supone un retorno casi total a la propuesta original de la Comisión. 
Esta defendió su actitud ante el Consejo, pero fue rechazada por mayoría absoluta. 
La Comisión opina que es posible aplicar la Directiva con el texto propuesto por el Consejo, pero que se aplicará con mayor facilidad y eficacia con las enmiendas del Parlamento. 
Podemos aceptar estas enmiendas, si bien su redacción habrá de ser adaptada escrupulosamente a la Decisión 87/373/CEE del Consejo, y las referencias a los artículos 29 y 33 no podrán ser suprimidas. 
Las enmiendas núms. 25 y 31 suponen que la Comisión deberá tomar más adelante la iniciativa de una revisión y una ampliación del Anexo VI, sobre todo para la introducción de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Se propone, asimismo, que se utilice el artículo 189B del Tratado como fundamento jurídico para las iniciativas. 
La Comisión está de acuerdo en los objetivos de estas enmiendas, pero, tal como están redactadas, le parece que limitan su derecho a tomar iniciativas. 
Por eso sólo acepta el principio en que se inspiran. 
Todas las demás enmiendas son de carácter técnico. 
Su objetivo es aclarar y mejorar las normas de la propuesta o facilitar la gestión diaria de la Directiva. En este momento, justo antes de la votación, no las comentaré detalladamente, sino que me limitaré a exponer la actitud de la Comisión. 
Puede aceptar las enmiendas núms. 3, 13, 14, 20, 23, 24 y 26, excepto la parte que requiere la eliminación de los Anexos I, IA y IB. 
8 y 12; en cambio, no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 17, 21, 22, 2730 y 32-41. 
Eso era lo que quería decir sobre las enmiendas y sobre el contenido de la propuesta en sí, pero haré ahora algunos comentarios sobre las declaraciones incluidas en el acta de la reunión del Consejo, que han ocupado gran parte del debate. 
La Comisión comprende perfectamente las dificultades del Parlamento para aceptar estas declaraciones. 
El problema no se da tan sólo en relación con las propuestas sobre medio ambiente, sino que es horizontal, por lo que ha de ser solucionado de forma horizontal. 
Como ha quedado claro durante el debate, el Consejo está seriamente implicado, y por eso es mejor solucionar el problema en relación con el trílogo. 
La política de la Comisión es limitar el número de declaraciones que figuran en las actas del Consejo. 
Han de ser incluidas en el texto o en los considerandos, tal como ha sido subrayado hoy en el Parlamento. 
La ponente, Kirsten Jensen, ha hecho referencia al trílogo de diciembre de 1996, sonde la Comisión repitió su deseo de que el Consejo informara al Parlamento acerca de las declaraciones incluidas, en su caso, en las actas relativas a las posiciones comunes. 
El 25 de marzo de 1997, el Consejo aprobó normas de procedimiento para la presentación de las declaraciones. 
Quiero añadir que la Comisión sigue dispuesta a cumplir con su obligación de informar al Parlamento, independientemente de lo que haga el Consejo, enviando sus propias declaraciones, tal como hemos hecho en este caso. 
Lamentablemente, la propuesta sobre biocidas que estamos debatiendo hoy fue presentada en un período transitorio, en el que no existían normas claras. 
Había que encontrar un procedimiento ad-hoc, y éste fue el motivo de que la Comisión tardase un tiempo en remitir las declaraciones. 
En relación con este tema, quiero dar las gracias al Parlamento y sobre todo a la Comisión de Medio Ambiente por haber decidido no posponer la segunda lectura de esta propuesta. En lugar de ello se han incluido las declaraciones en el texto. 
La Comisión está totalmente a favor de la transparencia y opina que las declaraciones no deben ser confidenciales. 
No obstante, la Comisión ha de respetar la confidencialidad que rodea los debates del Consejo y sus actas conforme al código de conducta aprobado el 2 de octubre de 1995. 
Con este espíritu, la Comisión rogó al Parlamento que no permitiese al público acceder a las declaraciones en este momento del procedimiento. 
En el caso concreto de la propuesta sobre biocidas, la Comisión sustenta una actitud positiva ante el procedimiento pragmático propuesto por el Parlamento, es decir, incluir el contenido de las declaraciones en las enmiendas, que, como ya he dicho, todas han sido todas aceptadas, aunque unas pocas sólo en parte o en su principio. 
Como conclusión, quiero repetir que la Comisión apoya la posición común. 
Estoy convencida de que se ha encontrado el equilibrio entre los dos objetivos de la Directiva, a saber, el mercado interior y un nivel de protección elevada. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas que contribuyan a mejorar tanto el texto como ciertos aspectos de la aplicación de la Directiva. 
En cambio, no podemos aceptar las que, en opinión de la Comisión, perturbarían el equilibrio alcanzado durante la primera lectura en el Parlamento y en la posición común del Consejo. Finalmente, quiero dar las gracias una vez más a todos los que han contribuido a elaborar las enmiendas y a los que han estado presentes durante la última parte del debate. 
Muchas gracias, Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, la enmienda 1 ha suscitado extensas discusiones. 
Quisiera que la posición de mi grupo fuera totalmente clara. Este informe trata de grupos de presión. 
Esta enmienda trata de los ayudantes de los diputados. 
Como todos sabemos, el informe Lehne, que trata concretamente de los ayudantes de los diputados, se halla ante la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Quiero que se sepa con claridad que mi grupo ha insistido en que el informe trate de esta cuestión, pero tengo entendido que otros grupos preferían que no fuera así. 
Si otros grupos, en particular el Grupo del Partido Popular Europeo, se comprometen claramente a tratar de esta cuestión en el Informe Lehne, entonces estamos dispuesto a abstenernos de votar sobre este informe. 
Quisiera saber qué opina el Sr. Martens acerca de la enmienda 1. 
Señora Presidenta, en respuesta a lo que ha dicho la Sra. Green, consideramos en efecto que esta cuestión se regula mejor en el informe de nuestro colega Lehne. 
Por ello estamos dispuestos a abstenernos sobre la enmienda nº 1. 
Pensamos que es preferible que la cuestión de los colaboradores de los asistentes se regule en el informe del Sr. Lehne; nuestro Grupo se abstendrá en la votación de la enmienda nº 1. 
Se me ha pedido que aísle los términos «donativo» y «funcionarios de la institución». 
Así pues, someto a votación el resto del apartado. 
(El Parlamento rechaza el resto del apartado) Al ser rechazado el resto del apartado, no veo de qué manera se podrían votar los términos aislados. 
Señora Presidenta, me parece que reina cierta confusión a este respecto. 
No creo que todo mundo estuviera seguro de que estábamos votando sobre el párrafo menos las dos exclusiones, y no lo contrario. 
No sé si podemos votar de nuevo, pero sigo pensando que ha habido cierta confusión. 
¿Todo el mundo cree que ha podido haber confusión? 
Sin embargo, yo había dejado bien claro que suprimía los términos «donativo» y «funcionarios de la institución» y que sometía a votación el resto del apartado. 
Así se han expresado las opiniones de manera muy sencilla, me parece a mí. 
Si desean que haya verificación, repito que votamos todo el apartado sin los términos «donativo» y «funcionarios de la institución». 
(El Parlamento rechaza el apartado) 
Señora Presidenta, guardaba relación con los dos documentos que había que omitir. 
Uno de ellos trataba de los funcionarios. 
Esto es evidente, porque está prohibido, según el Estatuto de funcionarios, mientras que el otro, de todos los donativos, es otra cuestión. 
A mi gusto tendría que haberse votado por separado. 
Primero sobre los donativos y luego sobre los funcionarios. 
Pero, dado que entre tanto no se ha logrado una mayoría para el documento básico, el comentario es superfluo. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
El acuerdo a que llegamos ayer es que continuaríamos el debate pero que mi grupo pediría que se devolviera el informe a la comisión parlamentaria para que siguiera ocupándose de él a la luz del debate. 
Propongo oficialmente que se devuelva el informe. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Señora Presidenta, el artículo 18 de la propuesta de reglamento relativo a la mejora de las estructuras agrarias, documento 96/0044 (CNS) , establece unas condiciones muy restrictivas para la concesión de indemnizaciones compensatorias. 
Sólo las recoge para explotaciones mayores de tres hectáreas de forma general y mayores de dos hectáreas para ciertas regiones de Italia, Francia, España, Grecia y Portugal. 
De conformidad con ello, pretendo presentar una enmienda oral al apartado 1 del artículo 18 en la que propongo la supresión, en el primer párrafo, de la expresión «como mínimo, tres hectáreas de superficie agraria útil» y también la supresión de todo el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 18. 
Todos ustedes han podido oír la enmienda oral propuesta por el Sr. Novo. 
¿Se oponen a ella al menos doce diputados? 
(El Parlamento acepta la presentación de la enmienda oral) 
Señora Presidenta, yo ya había pedido la palabra cuando el señor Novo presentó la enmienda oral para decir que la ponente está de acuerdo con la supresión de las limitaciones a que hace referencia en su enmienda oral sobre el artículo 18. 
(En sucesivas votaciones el Parlamento aprueba las tres resoluciones legislativas) 
Pensamos que las normas acordadas para los representantes de intereses que aquí se han presentado son de gran calidad. 
Habría sido mucho mejor aún que también se hubiese incluido la propuesta presentada en comisión para establecer el orden del día de los trabajos de la que era autor nuestro camarada de partido, el Sr. Metten, de los Países Bajos. 
La propuesta giraba en torno al contenido del informe que los representantes tienen que presentar cada año para que se les prorrogue su tarjeta de acceso, lo cual afecta a su posible influencia sobre la toma de decisiones del Parlamento. 
La enmienda del Sr. Metten tenía el objeto de establecer que dicho informe contuviera información sobre las cuestiones en que hubiesen intentado ejercer presión, las personas contactadas a este fin (diputados, asistentes y funcionarios) y los medios económicos o de otro carácter que hubiesen utilizado para cada cuestión en particular. 
Se debería haber incluido esta redacción en el orden del día de los trabajos del Parlamento. 
Es para nosotros una alegría que, como consecuencia de la aprobación del código de conducta del verano pasado, por fin exista una mayoría política entre nosotros a favor de una modificación del Reglamento del Parlamento, de forma que tengamos normas claras para el trabajo de los representantes de los distintos intereses. 
Esperamos que el nuevo Reglamento no sea considerado un ataque a los representantes de intereses ni a los asistentes, sino que nos permita cooperar en condiciones reguladas. 
Esto ha hecho falta durante muchos años. 
Hemos votado en favor del informe del Sr. Ford. 
Pensamos que es un paso en la dirección correcta con miras a eliminar la presión indebida que ejercen los acaudalados grupos de presión sobre la actividad del Parlamento Europeo. 
Un Parlamento digno de dicho nombre debe tener en cuenta la realidad política y no dejarse manipular por los intereses de unas cuantas organizaciones financieras. 
Además, hemos votado en favor de la enmienda número 15. 
Es verdaderamente absurdo que esté prohibido dar regalos y privilegios a diputados, asistentes y funcionarios del Parlamento; esto menoscaba la credibilidad y la integridad de la institución. 
Pero partiendo de la actual, aunque absurda, realidad de la UE, una norma mínima es la de que se dé cuenta del total de presentes y regalos, y que todo ello se haga público. 
El informe Ford trata del Código de conducta de los representantes de intereses en el Parlamento Europeo. 
Si consideramos que los grupos de intereses nos pueden aportar numerosa información útil para el ejercicio de nuestra función de diputados, tenemos la obligación de ofrecer el máximo de transparencia en cuanto al procedimiento de toma de decisiones y, por lo tanto, en cuanto a la manera en que los grupos de intereses intentan modificar nuestras decisiones. 
En otras palabras, cualquier intento de influir en este procedimiento, todo lo que vaya más allá de la información, debe quedar patente. 
Así pues, pedimos a los miles de representantes de intereses que gravitan en torno al Parlamento Europeo que adopten una ética profesional y se atengan a ella. 
Este código de conducta no tiene ningún valor si no va unido a la buena fe de todos los que han de utilizarlo. 
Si se me permite, recordaré que la Comisión de Reglamento está realizando un enorme trabajo que tiene como objetivo establecer las condiciones para que se dé el máximo de transparencia en nuestras relaciones con el mundo exterior. 
Una de las disposiciones fundamentales consiste en solicitar que los propios diputados declaren cualquier donativo o aportación suplementaria, lo cual debería, en principio, cubrir toda intervención exterior, sea cual sea su naturaleza. 
Esta obligación se desprende del informe del Sr. Nordmann, que aprobamos en 1996. 
Me permitiré también recordar que trabajamos en lo que se refiere a los asistentes y a los intergrupos y que estas disposiciones completarán el contenido del Código de conducta. 
De todos modos, este código de conducta sólo será útil si los cuestores controlan su aplicación. 
Pero la palabra clave es autodisciplina, ésta es la ética que todos deberán aceptar libremente para que la institución parlamentaria funcione con absoluta transparencia. 
Se debe apoyar la exigencia de que los representantes de intereses, que cuentan en muchos sentidos con un gran poder de influencia en el Parlamento, elaboren un informe anual de sus actividades. 
Sin embargo, las propuestas presentadas se quedan a mitad de camino, ya que es prácticamente imposible llevar un control de una parte de ellas, como, por ejemplo, en lo que se refiere al punto de que no se pueden ceder por dinero documentos del Parlamento a personas ajenas a éste. 
Se debería haber completado el informe exigiendo a los representantes de intereses que informaran en un registro público del Parlamento acerca de todas las ayudas y obsequios que reparten entre los diputados y el personal de esta institución. 
De todas maneras, no se puede responsabilizar completamente a los representantes de intereses de hacer o no posible la aprobación de una reglamentación a este respecto. 
Los diputados al Parlamento Europeo no podemos negar que la mayor parte de esta responsabilidad recae sobre nuestras espaldas. 
El Parlamento ha aprobado ya con anterioridad el informe Nordmann, en el que se establece el deber de los miembros de este Parlamento de comunicar las ayudas recibidas. 
Se prohibió aceptar obsequios. 
Va siendo hora de hacer un seguimiento de la aplicación de estos requisitos. 
El vicio preferido del Parlamento es la elaboración de disposiciones cuya aplicación no tiene la más mínima intención de controlar. 
El informe va en la dirección correcta, y por eso he votado afirmativamente. 
La organización de la UE debe caracterizarse por la integridad y la transparencia. 
Hay que establecer unas normas estrictas para las actividades de los grupos de interés, de modo que no se distorsione el proceso democrático. 
Se precisa un fuerte control de cualquier intento de influir ilícitamente sobre las personas que adoptan decisiones dentro de la UE. 
Los organismos idealistas como los movimientos de defensa del medio ambiente, la paz y la solidaridad, también deben poder llevar a cabo una actividad informativa activa. 
Deberían destinarse unas ayudas económicas especiales a las actividades de alcance europeo de dichas organizaciones. 
Debería utilizarse el procedimiento de debates preliminares para dar a las organizaciones que defienden ideales y las de defensa de los intereses del ciudadano la oportunidad de presentar sus ideas bajo una forma más organizada. 
La condición previa para alcanzar la igualdad de oportunidades para todo tipo de representantes es que hay un principio de transparencia que es válido para todas las instituciones de la UE, y que hace posible conseguir la información solicitada sobre ellas. 
Las enmiendas 18 y 19 de la recomendación para la segunda lectura de la propuesta de directiva sobre la comercialización de productos biocidas tienden a suprimir los anexos 1A y 1B de la directiva. 
Esos anexos permiten utilizar un procedimiento simplificado en el caso de los productos biocidas de bajo riesgo y en el caso de otras sustancias específicas. 
Los diputados británicos del Grupo PPE comparten las preocupaciones manifestadas por el hecho de que esos anexos aparezcan únicamente como títulos en la Posición Común. 
Sin embargo, estimamos que hay motivos para tolerar un procedimiento simplificado en determinados casos, siempre que se haya efectuado una evaluación minuciosa de los riesgos y no haya reducción del nivel de protección para seres humanos y medio ambiente. 
Consiguiendo que las medidas de control guarden proporción con el nivel determinado de riesgos permitiría concentrar los recursos donde más se necesitan, y ayudaría a reducir las cargas burocráticas para la industria. 
Informe Anastassopoulos (A4-0119/97) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe sobre el Libro Verde de la Comisión acerca de la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior (consulta sobre la conveniencia de una iniciativa comunitaria). 
Lamentablemente, las empresas privadas están en alza en el sector audiovisual, lo que significa que el número de infracciones de los derechos de autor aumenta. 
Por principio es inaceptable que los productos audiovisuales sean empleados de forma ilegal. 
La piratería incrementa además el precio de los programas codificados de televisión y de radio, por lo que los consumidores que los reciben legalmente pagan un precio más elevado. 
La legislación de los Estados miembros en este ámbito varía mucho y es en numerosos casos insuficiente. 
El mercado de los productos audiovisuales se caracteriza además por ser transfronterizo. 
Por eso creemos que hace falta una solución comunitaria o internacional al tema de la protección jurídica de los servicios codificados. 
Dicho eso, es importante subrayar que la legislación en este ámbito debe tener en cuenta los intereses no sólo de los prestadores de los servicios, sino también de los consumidores. 
Esto significa, en primer lugar, que hay que fijar límites para el número y los tipos de servicios que se pueden codificar. 
En segundo lugar, hay que evitar que los prestadores de los servicios codificados obtengan un nivel tan elevado de protección jurídica que consigan prácticamente el monopolio en los diferentes mercados parciales. 
Informe Palacio Vallelersundi (A4-0155/97) 
La subsidiariedad se introdujo como principio político en el artículo 3b del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, y significa que las acciones sobre las cuales la Comunidad no tenga competencia exclusiva han de adoptarse al nivel más bajo posible. 
El principio no es un complemento del artículo 235 con el fin de darle más poder a la Comunidad en detrimento de los Estados miembros. 
Nuestra posición de base es que Suecia ha ingresado en una cooperación interestatal y que no se deben incluir nuevos ámbitos en el Derecho comunitario. 
Por eso los apartados 2 y 12 del informe contienen afirmaciones en las que no estamos de acuerdo. 
Consideramos que la utilización del principio de subsidiariedad con objeto de impedir que entren dentro del ámbito de competencia del Derecho comunitario nuevos aspectos como la cultura, los medios de comunicación, la energía y la investigación está más en la línea política que seguimos. 
Cuando el Tratado de Maastricht entró en vigor en el otoño de 1992, una de sus principales recomendaciones era que el principio de la subsidiariedad se incorporase a las políticas y los programas fundamentales de Europa. 
Esto significa sencillamente que las autoridades locales y las comunidades locales tienen que desempeñar un papel más importante en el desembolso de fondos de la Unión Europea en sus zonas. 
Soy un gran adalid de este concepto porque las comunidades locales pueden mancomunar su talento creativo para crear puestos de trabajo en sus localidades. 
Europa necesita descentralizarse y hay que apoyar, renovar y ampliar programas como Leader 11 y el Sistema de juntas empresariales de Condado. 
Entidades como la Comisión Europea o los departamentos centrales de la administración pública, como el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Medio Ambiente, tienen la oportunidad de gastar demasiado dinero de Europa. 
Me molesta que la Dirección General XVI, que es el ala normativa regional de la Comisión Europea, esté estudiando minuciosamente la posibilidad de recortar el programa Leader cuando expire en 1999. 
Esta sería una medida muy retrógrada, un bofetón en la cara de las comunidades rurales y un rechazo del principio de subsidiariedad de la UE, que procura involucrar a todas las secciones de la sociedad en la ejecución y administración de políticas europeas. 
El Grupo Unión por Europa del Parlamento Europeo quisiera que se ampliasen las iniciativas comunitarias de la UE en el caso de los programas rurales y urbanos, y no que se restase importancia a esos programas de una u otra forma. 
La Unión Europea sigue estando demasiado centralizada y es preciso que la acerquemos más a la población. 
El principio de subsidiariedad es un principio importante para la UE. Por eso nos sentimos muy sorprendidos y al mismo tiempo decepcionados ante el hecho de que el Tratado denote una posición muy negativa en torno a él. 
Por parte sueca se destaca el principio de subsidiariedad como una garantía de que las democracias nacionales y locales no se verán rebasadas por la UE. 
Bajo nuestra perspectiva se trata éste de un principio fundamental que por tanto cabe aplicar con frecuencia. 
Queremos hacer hincapié en que la UE debe ocuparse exlusivamente de aquellas cuestiones que entren dentro de su ámbito de competencia, como lo han establecido los Gobiernos nacionales. 
El principio de subsidiariedad debe limitar las posibilidades que tiene la UE de abarcar nuevos ámbitos, lo cual por cierto se solicita a menudo en los Libros Blanco y Verde. 
Según la ponente el principio ha resultado desventajoso para la UE pero para los Estados miembros, y especialmente para el ciudadano, estamos convencidos de que ha sido beneficioso. 
Los Estados miembros han de esforzarse por emplear sus instrumentos democráticos dentro de todos los ámbitos en los que la UE no tiene ninguna competencia. 
Evidentemente, los objetivos O y A se incluyen dentro de este procedimiento. En consecuencia, pensamos que hay que conferirle al principio de subsidiariedad un contenido y unos reglamentos concretos. 
Me siento muy satisfecho de que, como consecuencia del Tratado de Maastricht, la Comisión se haya visto obligada a adoptar una postura concreta ante la configuración en la práctica del principio de subsidiaridad. 
Queda todavía mucho por hacer para garantizar que se siguen el espíritu y el texto del Tratado. 
Por eso quiero recalcar que esta obligación no corresponde únicamente a la Comisión. 
Todas las instituciones de la Unión Europea están obligadas a seguir el principio de subsidiaridad, y los 626 diputados al Parlamento Europeo no son una excepción. 
De nada vale hacer grandes discursos sobre el principio de subsidiaridad, si, en casos que nos preocupan, estamos dispuestos a pasarlo por alto. 
Espero que los tres informes de la Comisión contribuyan a que en el futuro tomemos el principio de subsidiaridad más en serio en esta Asamblea. 
El principio de subsidiariedad trata de cuáles son los temas a los que hay que dar curso a nivel de la Unión y a nivel nacional respectivamente. 
Dentro del ámbito de competencia de los Estados miembros, puede tratarse del plano nacional, regional o local. 
El principio de subsidiariedad tiene el objetivo de dar curso a la mayor parte de temas lo más cerca posible del ciudadano. 
Evidentemente, la primera pregunta es si ésta es o no una cuestión que entre en el ámbito de competencia de la Unión. 
Es un error llamarlo un pretexto para «renacionalizar» o para tratar las cuestiones a un nivel puramente interestatal. 
Al contrario, éste ha de ser precisamente el objetivo de la subsidiariedad. 
El turno de votaciones queda así cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 12.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Bienvenida 
Señorías, deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación del Parlamento de la República de Georgia, que se encuentra en la tribuna oficial, encabezada por el Sr. Giorgi Kobakhidze, Vicepresidente del Parlamento y Presidente de su delegación para las relaciones con la Unión Europea. 
Quiero precisar que se trata de la cuarta reunión entre nuestras delegaciones, la del Parlamento Europeo y la del Parlamento de Georgia, y que es la primera reunión que celebramos desde la ratificación de nuestro acuerdo de cooperación y asociación. 
Debo decirles que concedemos gran importancia a nuestras relaciones, que mantenemos con su delegación y, gracias a su delegación, con el pueblo georgiano. 
No dudo ni por un momento de que las reuniones y los intercambios que les aguardan les serán especialmente fructíferos y les deseo una calurosa acogida en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. 
Legislación comunitaria en materia de medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0109/97) del Sr. Kenneth Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente (COM (96) 0500- C4-0591/96). 
(DE) Señora Presidenta, señor Collins, el hecho de que se presenten tan pocas enmiendas quizá se deba también a que usted ha hecho un informe tan bueno y, por tanto, apenas queda algo por añadir, y lo que nosotros hemos hecho en la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo había hecho usted también en su informe, de suerte que no hemos tenido ningún problema con esto. 
Usted ha dicho que hay problemas muy grandes con la ejecución y la traslación de la legislación en materia de medio ambiente en la Unión Europea. 
Al contrario que en otros ámbitos de la legislación, no hay ningún lobby realmente interesado económicamente, que se cuide de que esta legislación sobre medio ambiente sea objeto también de esta necesaria traslación en los Estados nacionales. 
Por esta razón, es necesario tener a mano instrumentos para que también podamos avanzar realmente, y entre estos instrumentos se cuentan también aquellos que, ante todo, contribuyen a la transparencia. 
El ponente también ha destacado esto ya. 
Por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha propuesto medidas encaminadas al mejoramiento de la transparencia como, por ejemplo, cuadros sinópticos de traslación, consultas más intensivas, claridad a la hora de formular las disposiciones jurídicas. 
Esto es especialmente importante en este ámbito. 
Hay que tender a lograr el acceso público más amplio posible a la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros. Este es realmente uno de los puntos centrales que hemos de abordar. 
Es claro que no se puede publicar cualquier correspondencia, pero el Parlamento Europeo debe saber al menos cuándo se aplica el artículo 169. Debe saber que se aplica este artículo, cuándo y en qué forma. 
No queremos la correspondencia propiamente dicha pero sí las informaciones, y queremos que en este ámbito se haga también realmente algo. 
Por lo demás, la realización de la legislación sobre medio ambiente implica también que en la legislación se habiliten recursos. 
Por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone que la Comisión vele porque en sus propuestas legislativas se recojan disposiciones que obliguen a los Estados miembros a sanciones efectivas, adecuadas y ponderadas en el caso de una violación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. 
Esta es una segunda pata de apoyo de lo que necesitamos y de lo que debemos acometer. 
Por último- esto también lo ha mencionado usted en su discurso, señor ponente- se trata de la Agencia de Medio Ambiente. 
La Comisión debe intensificar la cooperación con la Agencia de Medio Ambiente, pues la Agencia de Medio Ambiente es la que dispone de las informaciones que son necesarias para la legislación. 
Estas informaciones son de gran utilidad y pueden servir de ulterior ayuda a la Comisión. 
Señora Presidenta, soy ciudadano de la Unión Europea y diputado de este Parlamento Europeo. 
Quisiera reseñar las normas que el ciudadano ordinario- como yo- puede seguir si desea formular una queja a la Comisión. 
Es muy sencillo. 
Si uno quiere formular una queja, puede obtener un formulario en una oficina de la Comisión, la de Londres en mi caso. 
El formulario indica que se puede formular una queja «a reserva de las normas de confidencialidad». 
En ninguna parte se explica lo que eso significa. 
Pedí que se me explicara, y me dijeron que eran «las costumbres y las prácticas que solemos seguir». 
Me parece que esas costumbres y esas prácticas son malas si significan que el ciudadano no puede obtener información abiertamente y tiene que hacerlo de forma secreta. 
He de admitir con pena que, como ciudadano que soy, he formulado una queja acerca de la situación que reinaba en el estuario del Severn, en el que se halla mi circunscripción, sin que haya recibido hasta ahora ninguna información satisfactoria acerca del curso dado a dicha queja. 
Incluso ahora sigo sin saber si el expediente sigue su curso o ha sido archivado. 
No sé qué tipo de correspondencia ha habido en el pasado entre el anterior gobierno de mi país y la Comisión, y ésta es una situación absurda porque tengo que informar a mis electores. 
No puedo hacerlo porque, aunque suprimí la referencia a la confidencialidad en la queja que había presentado a título personal, no se me ha dado ningún detalle acerca del curso dado a dicha queja. 
Por lo tanto el punto 10 del informe del Sr. Collins, por lo demás excelente, no es suficiente. 
Como Parlamento, y como ciudadanos ordinarios que somos todos los que formamos parte del Parlamento, tenemos derecho a que la Comisión nos mantenga regularmente al corriente de lo que sucede. 
Al fin y al cabo hay un reglamento interior que exige que la Comisión mantenga informados a los ciudadanos. 
Mientras la Comisión no cumpla su propio reglamento, no se podrá decir que cumple debidamente su cometido. 
Vale la pena estudiar si el hecho de no cumplir su propio reglamento no constituye un caso que se podría remitir al Defensor del Pueblo Europeo. 
He aquí una cuestión de la que quizá debiéramos ocuparnos en otro momento. 
Señora Presidenta, el Grupo PPE estima que el informe Collins está bien como está, aunque tenemos algunas reservas acerca del apartado 11 con respecto al cual hemos presentado una enmienda que esperamos haga que el Sr. Collins reconsidere su texto. 
Evidentemente nos encontramos ante un problema gravísimo: promulgamos legislación sobre el medio ambiente que pocos gobiernos cumplen. 
Instituimos obligaciones de presentación de informes que pocos gobiernos respetan. 
El Sr. White se queja por lo visto desde su circunscripción en Inglaterra, y su queja se pierde o se olvida y el Sr. White no sabe lo que ha sucedido con ella. 
Nadie puede decir realmente en Bruselas si se está cumpliendo la ley o de qué forma se está cumpliendo, ni siquiera en sectores fundamentales de política ambiental como la gestión de los desechos tóxicos, sector respecto del cual la Comisión Europea no ha recibido informes hasta ahora más que de seis de los 15 Estados miembros. 
En realidad podríamos decir, en presencia de la delegación de Georgia, que, lamentablemente, no somos un ejemplo verdaderamente bueno de la forma de aplicar la legislación ambiental en Europa. 
Se ha instituido la imposición de multas con arreglo al artículo 171 del Tratado. Se ha introducido más bien trabajosamente, pero todavía no han empezado a imponerse. 
Espero que cuando la Comisaria encargada de las cuestiones ambientales nos responda, pueda darnos algunos detalles actuales acerca de lo que está sucediendo con las acciones que la Comisión anunció en enero en virtud del artículo 171 contra algunos Estados miembros que desde 1990 vienen ignorando sucesivamente los dictámenes del Tribunal de Justicia Europeo. 
Por lo tanto coincido en general con las recomendaciones del Sr. Collins. 
Es particularmente interesante que el Sr. Collins haya propuesto que procuremos instituir una especie de servicio de inspección de los inspectores, una pequeña fuerza de inspección que pueda ir de un sitio para otro y examinar si los Estados miembros están dando efecto realmente a la legislación. 
Me permitiré exponer tres cuestiones que pueden reforzar las disposiciones del informe. 
No podemos continuar dependiendo únicamente de quejas individuales, como las que se han mencionado, sobre las inspecciones o las autoinspecciones; quiero dar a entender que me refiero a la obligación de informar. 
El verdadero problema es el siguiente: ¿dará resultado obligar a presentar una declaración acerca de los efectos en función del costo? 
No tendría que aplicarse a toda la legislación pero en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos podido comprobar que cuando hay que preparar una declaración sobre los efectos en función del costo, o bien es dificilísimo que la Comisión se pronuncie sobre ella, o bien carece por completo de valor, como sucedió con la declaración sobre los efectos de la directiva relativa al agua de las zonas de baños. 
Por lo tanto sugiero a la Comisión que sería mejor, si vamos a aplicar la codecisión a toda la legislación ambiental- cosa sumamente probable -, que en una fase determinada, sea en la fase de proyecto preliminar, sea en la fase de posición común, la Comisión invite a los Estados miembros a declarar lo que calculan que costaría la aplicación de la legislación en su territorio. Esto constituiría una declaración publicada por cada Estado miembro. 
A continuación podría ser objeto de debate. 
Probablemente sería firmemente rechazada por las organizaciones no gubernamentales, pero por lo menos ayudaría a plantear esta cuestión en público, y espero que la idea sea aceptable para la Comisión. 
En segundo lugar, la cuestión de la transparencia: la Comisión debería obrar con mayor franqueza respecto del Parlamento por lo que se refiere a los problemas con que tropieza en los Estados miembros. 
No veo la utilidad de preservar el carácter confidencial si lo único que se consigue con ello es dificultar más la posibilidad de velar por el cumplimiento de la legislación. 
Permítanme que les dé un ejemplo: el 19 de julio de 1996 el Primer Ministro de Francia hizo que su gabinete publicara un comunicado de prensa en el que se declaraba que se iba a suspender la aplicación de la directiva sobre el hábitat en Francia. 
Los diputados de este Parlamento quedamos reconocidos a mi colega neerlandés, Sr. Eisma, por haber hecho una pregunta escrita en el Diario Oficial que aireó toda esta cuestión en público. 
Lamento tener que decir que no sabía lo que había sucedido. 
Ninguno de mis colegas franceses pusieron esta cuestión en mi conocimiento y lo lógico hubiera sido que la Comisión se dirigiera al Parlamento y dijera: ¡cuidado! 
Los franceses han suspendido unilateralmente la aplicación en Francia de toda una directiva en cuya adopción había intervenido el Parlamento. 
Esto, por lo menos, hubiera puesto de relieve la actuación del Gobierno francés. 
Pero lo cierto es que la aplicación de esa directiva sigue estando suspendida en Francia, cosa que es absolutamente inaceptable. 
En tercer y último lugar, la cuestión de la ampliación: ¿qué vamos a hacer con la ampliación? 
O vamos a vernos en la obligación de introducir una larga serie de derogaciones en relación con la legislación ambiental vigente, o vamos a encontrarnos en una situación en la que los nuevos Estados miembros aceptan el actual acervo de legislación- el denominado acquis communautaire- y luego no se preocupan para nada de la cuestión. 
Mi sugerencia final es que, cuando la Comisión presente nuevas normas legislativas al Parlamento- cosa que realmente hubiera debido empezar a hacer el 1 de enero de 1997 -, esas nuevas normas legislativas contengan una declaración acerca de sus consecuencias para la ampliación. 
¿Va a ser posible, incluso para los Estados miembros mejor dispuestos, cumplir con los plazos límites que hemos fijado, por ejemplo en las directivas sobre aceites para vehículos de motor, o, más recientemente, en la directiva sobre depósitos de basura, de la que soy el ponente? 
Ni siquiera en Alemania oriental pueden cumplir con las disposiciones de esa directiva. 
Es sumamente improbable que alguno de los plazos límites que la Comisión está fijando en este caso se puedan cumplir en Polonia, Hungría, etc. Necesitamos una declaración sobre las consecuencias para la ampliación que se adjunte a toda la legislación ambiental que se presente de ahora en adelante a este Parlamento. 
Señora Presidenta, ante las carencias constatadas en la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en los Estados miembros- más de una quinta parte de las violaciones del Derecho comunitario en 1995 afectaba al medio ambiente -, la Comisión propone esta Comunicación sobre la mejora de la aplicación de la legislación de la Unión Europea a este respecto. 
La idea es reflexionar sobre los medios para garantizar el respeto de la legislación comunitaria sin que la Comisión tenga que recurrir sistemáticamente a la acción judicial con respecto a los Estados miembros. 
Aun subrayando la imposibilidad por parte de la Comisión de vigilar sobre el terreno la aplicación de las disposiciones comunitarias, sin embargo, la Comunicación presenta propuestas destinadas a racionalizar la aplicación de la legislación y a ofrecer a los ciudadanos europeos la información y las competencias necesarias para garantizar el respeto del Derecho en materia de medio ambiente. 
La Comunicación prevé asimismo la organización de amplias consultas antes de la elaboración de la legislación en materia de medio ambiente, así como la publicación de un informe anual sobre la aplicación del Derecho comunitario relativo al medio ambiente en los Estados miembros. 
En su resolución, el Sr. Collins, al que felicito por el excelente trabajo, pide a la Comisión que lleve a cabo varias iniciativas complementarias, que nosotros compartimos y que deseo enumerar: primero, la codificación del Derecho comunitario relativo al medio ambiente; segundo, la asignación anual de un porcentaje de los fondos del presupuesto comunitario a favor de la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente; tercero, la creación de un servicio de inspección; cuarto, la atención por parte de la Comisión, cuando elabore la legislación, al proceso de consulta, que debería ser amplio y sistemático; quinto, la aplicación del procedimiento de codecisión a toda la legislación referente al medio ambiente, a la que debería proceder la CIG; sexto, la estrecha cooperación entre la Agencia Europea del Medio Ambiente, que debe controlar la eficacia de las medidas aprobadas a lo largo del tiempo en cada uno de los países, con la Comisión y los Estados miembros, y, por último, la creación de la figura del Defensor del Medio Ambiente o de un tribunal para la gestión de los recursos medioambientales y territoriales. 
También yo quiero dar las gracias a la Comisión por su Comunicación y al ponente por el trabajo que ha realizado. 
Es muy importante que dediquemos tiempo a los procedimientos de aplicación. 
¿Qué provecho sacamos en realidad de esa legislación que a veces resulta tan molesta? 
¿Qué supone en la práctica? 
Me parece que sería agradable recibir alguna indicación de la Comisión acerca de lo que quiere que se aplique en este momento y, ante todo, del calendario que pretende seguir. 
La Sra. Jackson ha dicho que estamos preocupados por la legislación sobre el medio ambiente. 
La ampliación significa en realidad un retroceso en las posibilidades de aplicación de una nueva legislación en esta materia. 
Me gustaría además saber si existe realmente alguna posibilidad de que la legislación en vigor sea aplicada en los nuevos Estados miembros dentro de un plazo razonable. 
Entiendo que la Comisión ha sido bastante concreta en su Comunicación acerca de lo que puede hacer por si misma, pero puede hacer, pero se expresa con bastante más modestia acerca de lo que puede hacer con respecto a los Estados miembros. 
Por eso me parece importante definir una línea algo más firme y contundente ante éstos. 
Según mi interpretación, el punto 4 del informe del Sr. Collins supone en realidad el cumplimiento de lo que la Comisión aborda en la página 19, es decir, el informe anual. 
Creo que es fundamental en todo este proceso saber si la legislación sobre el medio ambiente ha sido notificada, de forma que por lo menos la redacción sea correcta, pero también que es tan importante o más que se inicie el control de su aplicación. 
Eso me lleva al punto 2, o sea, al tema del control. 
Aquí encontramos el punto más débil de la Unión. 
Por eso me parece importante lo que el Sr. Collins menciona en el punto 6, es decir, la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que incluyan normas mínimas para el control aplicables, a ser posible, en los Estados miembros, puesto que la legislación sobre el medio ambiente no lleva a ningún sitio si no se procede así. 
El último punto que quiero mencionar es el relativo al derecho a formular quejas. 
Creo que es sumamente importante que reconozcamos amplias posibilidades en tal sentido, ya que este derecho resultará ser nuestro mejor aliado cuando haya que entender la legislación. 
Me parece muy importante apoyar plenamente el derecho a formular quejas, ya que las ONG y los particulares serán nuestros mejores aliados en los Estados miembros en el momento de evaluar cómo se aplica en la práctica la legislación sobre medio ambiente, lo que también ha sido dado a entender por la Comisión. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, no nos queda más remedio que repetirnos, porque estamos de acuerdo con el informe del Sr. Collins. 
Estamos de acuerdo con el análisis que hace de los efectos que produce la no aplicación o la aplicación del Derecho comunitario en los diferentes Estados miembros y estamos de acuerdo, también, con las propuestas que hace para corregir esta situación. 
La verdad es que hay que constatar que, si se vulneran las normas del mercado interior, enseguida hay un dedo acusador que señala al Estado miembro que las vulnera. 
Cuando en tantas ocasiones se vulnera el Derecho en medio ambiente, no hay tantos dedos acusadores que acusen a los Estados miembros que lo vulneran. 
De ahí el análisis que hace el Sr. Collins en el sentido de que la unanimidad del Consejo, el secretismo del Consejo, perjudica las decisiones en materia de medio ambiente. 
Los procesos de denuncia son burocráticos y poco flexibles, muy largos. 
Los ciudadanos que se deciden a denunciar se sienten frustrados y hay que tener en cuenta que, según la Fundación para la Defensa de la Naturaleza, el 80 % de las quejas que llega a la Comisión parte de ciudadanos o asociaciones de ciudadanos. 
El secretismo, también, de la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros. 
Nos tememos muy mucho que a veces eso esconde la falta de interés, la falta de voluntad política de los Estados miembros a la hora de corregir las situaciones- por ejemplo, la falta de recursos de la DG XI, con quince funcionarios para hacer informes jurídicos, para hacer más de 600 informes. 
En definitiva, la imposibilidad de la Comisión para tener un cuerpo de inspectores que intervenga en los Estados y denuncie claramente lo que ocurre. 
Por lo tanto, la coordinación de la Comisión con la Agencia de Medio Ambiente, la creación de un cuerpo de inspectores, el fin del secretismo, la denuncia de los métodos inflexibles, burocráticos y largos que suponen para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa del medio ambiente llegar a la Comisión o a la Comisión de Peticiones, constituyen, de hecho, trabas para que se cumpla el Derecho comunitario. 
Este fin de semana, señora Comisaria, invitada por una plataforma de defensa del Parque de Doñana, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, estuve en Andalucía. 
Hay ni más ni menos tres urbanizaciones, una de lujo, que atentan contra la integridad del parque y un embalse en el río Guadalquivir acabará con el estuario. 
Mientras tanto, los estudios de evaluación de impacto sobre el medio ambiente no son rigurosos y se engaña a la población con la creación de empleo. 
Porque es poco el empleo que se crea con estas urbanizaciones y sería mucho mejor, de más calidad y de más futuro, el empleo que se crea cuando se utilizan los recursos humanos y la riqueza del propio país. 
Si la Comisión no lo evita, o si el propio país no lo evita, se atentará contra un parque que no es sólo andaluz o español, sino europeo y patrimonio de la humanidad. 
Cuando ocurren casos como éstos o cuando estuve en Grecia viendo el desvío del río Achelóos, es cuando uno se da cuenta de que es imprescindible tomar las medidas que propone el Sr. Collins en su informe para evitar atentados contra nuestros espacios naturales como ese que se propone en mi país- y me da pena tener que decirlo-. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, nuestro grupo felicita también al Sr. Collins por su informe. 
Creo que de lo que se trata es de hacer avances reales en la puesta en práctica de la legislación sobre medio ambiente. 
Sin embargo, al contrario de mi antecesora en el uso de la palabra, nosotros no somos de la opinión de que en este punto se trate solamente de una insuficiente dotación de personal en la Comisión, sino de que la Comisión carece también de voluntad política para poner en práctica la legislación sobre medio ambiente. 
A veces presiona por razones de mera oportunidad política. 
¿Por qué no debe regir también en el seno de la Comisión la ejecución de la legislación sobre medio ambiente? 
¿Cómo es posible que se creen redes transeuropeas, lo cual conduce a más autopistas asfaltadas, a pesar de que sabemos que de esa manera va a aumentar el contenido de CO2? 
¿Por qué ha sido posible que en algunos Estados miembros, como la República Federal, se haya puesto en aplicación una ley de aceleración, una clara violación de la prueba de compatibilidad con el medio ambiente o, también, de la directiva sobre la protección de las aves? 
La Comisión tiene el deber de tener realmente en cuenta el medio ambiente y no dejar prevalecer a la oportunidad política. 
También es preciso que en el futuro se introduzcan en mayor número procedimientos que se rijan por el artículo 189. 
Sólo entonces merecerá también credibilidad la Comisión. 
Se ha puesto también de manifiesto que ha sido muy acertado el procedimiento conforme al artículo 171 que la Comisión ha llevado a cabo por vez primera contra la República Federal. 
No puede ser que los Estados miembros anden trampeando con la legislación sobre medio ambiente, sino que es preciso que ésta se aplique realmente. 
Pero también es preciso dar más posibilidades a las organizaciones no gubernamentales y nos referimos a las organizaciones internacionales no gubernamentales y también a personas naturales. 
El medio ambiente es un bien común nuestro y por ser nuestro bien común debería tener cada cual la posibilidad de plantear demandas en los casos de violación de la legislación sobre medio ambiente. 
El medio ambiente es vitalmente necesario para las generaciones venideras y, por ello, debe ser posible presentar demandas. 
Sólo entonces podremos velar porque se ejerza más presión en este ámbito. 
En resumen: la Comisión debe mostrar más voluntad política de proceder más estricta y severamente en esta materia. 
La Comisión debe imponer el cumplimiento de la legislación sobre medio ambiente y debe mejorarse el derecho a presentar demandas, pues el medio ambiente nos pertenece a todos. 
Quien no ponga en práctica la legislación sobre medio ambiente, debe ser también susceptible de ser demandado. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, el mal cumplimiento de las directivas europeas nos persigue desde hace años. 
El informe anual sobre la aplicación del derecho comunitario nos demuestra que las directivas ambientales salen mal paradas. 
Formalmente podríamos decir que es responsabilidad de la Comisión Europea, pero eso sería zafarse con demasiada facilidad. 
Aunque el artículo 155 diga que la Comisión Europea es la guardiana de los Tratados y la legislación derivada, no podemos tomarle a mal que no todo vaya bien en los Estados miembros. 
La responsabilidad de la Comisión Europea es grande cuando se trata de transponer el derecho europeo al derecho nacional, pero está claro que el procedimiento es un asunto de los Estados miembros. 
En la transposición surgen problemas, pero estos no son tan graves si los comparamos con los problemas en la aplicación concreta de las reglas ambientales en la práctica, el control y el procedimiento. 
Pienso que para solucionar estos problemas necesitamos sobre todo una mejor inspección. 
En toda Europa sucede en principio lo mismo. 
Se establecen reglas, pero estas no se cumplen. 
Aquí y allá se puede discutir sobre la calidad de las reglas, pero ese no es el principal problema. 
El problema radica en la manera deficiente y sobre todo desigual en que se controla el cumplimiento. 
En el transcurso de los años, cada país ha ido formando sus propios servicios de inspección. 
En algunos, los servicios se regulan en gran medida por la política, en otros son totalmente independientes. 
Por otra parte, ello varía mucho según el tema concreto. 
En determinados casos, el control se deja en manos de las empresas o de una oficina asesora. 
Me refiero, por ejemplo, a la auditoría ambiental. 
A mi entender, se puede ganar mucho en el ámbito de la puesta en práctica, si de otorga un estatuto realmente independiente a todos los servicios de inspección. 
Actualmente existe con demasiada frecuencia una relación de subordinación entre la política o la administración y los servicios de inspección. 
Si la inspección ambiental está atada de pies y manos a un órgano político a la hora de realizar sus tareas, podremos olvidarnos de un control eficaz. 
Ya no se formularán críticas fundamentales a la administración, y esto es funesto para la política ambiental. 
Ahora vemos con demasiada frecuencia que los resultados de la investigación son encubiertos o que incluso se impide la publicación. 
Quizás sea cómodo para los responsables políticos, pero no favorece al medio ambiente. 
Por ello soy partidario de que la Comisión Europea compruebe los servicios de inspección en los Estados miembros sobre todo en base a su independencia. 
A mi entender es una tarea imposible para la Comisión Europea examinar a fondo las actividades de control concretas de todas las diferentes inspecciones ambientales, pero considero que el primer requisito es comprobar su independencia forma y real. 
Considero que es una clara mejora que conecta acertadamente con los desarrollos en la práctica, aunque para ello es preciso no interpretar de forma demasiado limitada el concepto «interesados» , tal como al parecer teme el Sr. Collins. 
Si se desprendiera de la jurisprudencia que ello provoca demasiado a menudo una interpretación restringida, no apoyaría al Sr. Florenz. 
Quisiera que la Comisaria Bjerregaard me diera su opinión al respecto. 
Señora Presidenta, Europa tiene más de 200 leyes ambientales. 
Y se le pueden añadir muchas más, pero la cuestión es si en estos momentos tiene sentido. 
¿No valdría más ocuparse primero de una aplicación real de todo lo que tenemos? 
De eso trata exactamente el informe Collins. 
A mi entender, este es quizás uno de los temas más importantes que hemos tratado en esta Asamblea en los últimos ocho años. 
La cuestión es si el trabajo de cientos de diputados, ministros, de miles de funcionarios, de organizaciones no gubernamentales que se encargan de prevenir, de los medios de comunicación que informan con regularidad sobre toda la legislación, nos lleva realmente a algún sitio. 
¿Tiene lugar la aplicación? 
La respuesta del Sr. Collins es que eso todavía está por ver. 
Y nuevamente la cuestión es si no sería más útil examinar la aplicación. 
Es posible que tengamos que considerar la posibilidad de hacer más estrictas esas 200 reglas, pero ante todo hemos de concentrarnos en la aplicación y el cumplimiento. 
Pese al hecho de que la Comisión dispone del artículo 155 del Tratado, ese cumplimiento está sobre todo en manos de los Estados miembros. 
Diversos compañeros se han referido ya a ello. 
El Sr. Collins indica también claramente que hay numerosas deficiencias. 
Ello se achaca a veces a las diferencias en la interpretación de los conceptos, como en el caso de los residuos. 
Un Estado miembro puede considerar que algo es un residuo, mientras que otro lo clasifica en otra categoría. 
O se achaca a los procedimientos complicados. 
Pero la conclusión general es que por ahora no existe ningún sistema de control independiente e igualitario a nivel de Estados miembros. 
También mi compañero, el Sr. Blokland, lo ha señalado con razón. 
Y no es poco, sobre todo si al mismo tiempo constatamos que los problemas ambientales son por excelencia transfronterizos y con ello, por lo que a mí respecta, han de ser la prioridad número 1 de la política europea. 
Incluso si mañana decidiéramos seguir adelante como Estados miembros y olvidarnos de Europa, el medio ambiente seguiría siendo transfronterizo. 
Esto hace que la política ambiental sea precisamente una política europea tan importante. 
En este marco pido que se preste una atención especial a esta cuestión para lograr un desarrollo positivo. 
A menudo hablamos de los desarrollos negativos en Europa, pero también hay uno positivo y es el trabajo de Impelnet, la red de implementation of environmental legislation que se inició de manera informal. 
Los funcionarios de diversos Estados miembros se reunieron y decidieron que debían trabajar juntos. 
Esta red es interesante en el sentido de que se ha visto que los grupos de trabajo creados han hablado entre ellos, y, por ejemplo, en el ámbito de los residuos han logrado denunciar casos de fraude real y prácticas ilícitas. 
Quisiera preguntar a la Comisión si tiene previsto mejorar, ampliar y apoyar esta red en el marco comunitario bajo la dirección del Inspectorate of the Inspectorates. 
Pienso que es un buen camino. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, si es cierto que aquí lamentamos el hecho de que tenemos 200 directivas las cuales, aunque conducen hacia un objetivo, hemos de constatar que tenemos grandes problemas de traslación y, sobre todo, de ejecución a nivel nacional, entonces en algún momento habrá que plantear la pregunta: ¿qué es realmente lo que hacemos mal? 
Lamentar una y otra vez esta mala situación y escribir un informe sobre ella, al que doy mi aprobación en una parte considerable, esto sólo no nos hace avanzar. 
En la política de medio ambiente de Europa tenemos el mismo problema que en mi propia familia. 
Cuando mis hijos, mi esposa y yo hablamos sobre política de medio ambiente, todos nos entusiasmamos por el tema. 
Pero si propongo introducir valores materiales, entonces el entusiasmo disminuye por doquier. 
Justamente esto, señoras y señores, ha pasado también en gran medida aquí, en Europa, en los últimos años. 
Hemos logrado un gran comienzo con la directiva IPPC, la cual tenía por finalidad, introducir en Europa procedimientos de autorización que comprendieran todos los medios. 
En definitiva, las empresas industriales no deberían tener más la posibilidad de purificar el aire y para ello verter los desechos en el agua, sino que debería haber un planteamiento global. 
Hemos hecho tan poca fuerza, que al final sólo nos hemos decidido por unas ridículas disposiciones administrativas y apenas hemos introducido un criterio material. 
Esto precisamente es lo que necesitamos, señora van Putten, cuando usted dice que el medio ambiente de Europa es una política transfronteriza. 
Hemos de fijar criterios valores materiales y a este respecto se nos ha ocurrido un nuevo truco: ya no decimos más 0, 01, o lo que sea, sino que decimos BAT, mejor técnica disponible. 
Este es un bonito término de política de medio ambiente, sólo que nadie define qué significa en Europa y luego no debemos extrañarnos de que se utilicen los recovecos. 
Y si yo fuera un representante de una instalación industrial, entonces tendría el encargo de buscar un camino favorable. 
Por consiguiente, tenemos que definir qué significa BAT. 
Con toda seguridad BAT no es lo que se encuentra aún en fase de investigación en las universidades, pero también es más que lo que es usual en la práctica desde hace ya 20 años. 
En este punto, señora Comisaria, debe imponerse también frente a otros comisarios de más peso- todos saben en quién estoy pensando- y debe producir, por fin, objetivos cualitativos mediante parámetros para las emisiones y para el nivel de calidad. 
No necesitamos su disparatada propuesta de una gestión del agua y de los ríos, pero necesitamos una propuesta que establezca qué productos tóxicos no deben existir por más tiempo en esa agua. 
Nuestos países miembros son suficientemente inteligentes y conscientes de su responsabilidad para establecer por ellos mismos la gestión. 
Pero los criterios sobre lo que debe haber o no haber en el agua deben proceder ya de Europa. 
No debemos extrañarnos, si abrimos tanto las puertas, de que la mentalidad de interpretación sea diferente a lo largo de los años. 
En la política hídrica tenemos 55 directivas. 
¿Cuál es el pequeño empresario, entre los que me encuentro también yo, es capaz de manejarse en Europa con 55 normas? 
Yo apenas puedo manejar tres. 
Por consiguiente, es importante que tengamos la valentía de fijar los puntos cardinales mediante parámetros, pero que dejemos luego a los Estados miembros los objetivos y los caminos hacia tales objetivos. 
No es ninguna obra de arte trasladar en Grecia a la legislación nacional una ley europea. 
En mi país, donde como es sabido tenemos varios estados miembros, 15 ó 16, esto dura un poco más. 
Sin embargo, para mí es decisivo el planteamiento general, y yo propondría que aparte de las organizaciones estatales de control que tenemos y que nosotros apoyamos, pensemos en si no existirá un nuevo camino. 
Creo que en Europa tenemos demasiada legislación ordenadora de detalles y, por otro lado, demasiado pocos elementos motivadores. 
Yo invertiría esto. 
Yo fijaría de manera muy severa los objetivos, pero con la ayuda de instrumentos motivadores- los cuales pueden ser muy bien instrumentos fiscales- procuraría que lográsemos otro tipo de control. 
Como es sabido, los países miembros son competentes en esta materia y debemos interesar a los países miembros en llevar a cabo estos controles. 
Quien se vea siempre amenazado por el ministerio fiscal jamás podrá ser ganado para una política de medio ambiente, sino que sucederá precisamente lo contrario. 
Yo propongo que pensemos en una ITV europea de medio ambiente, que- al igual que en mi país se revisan todos los automóviles cada 2 ó 3 años- esté organizada desde el sector privado y expida certificados para instrumentos económicos y fiscales. 
Una última frase: evidentemente, soy partidario de que el ciudadanos puedan plantear demandas. Pero no estoy a favor de que ciudadanos absolutamente no afectados, que residan a miles de kilómetros de un proyecto de obra, puedan presentar demandas. 
Aquellos que estén afectados, que residan en la región, son bienvenidos, de corazón, y deben agotar la legislación. 
Pero una autorización de obra en el norte de mi país no debe ser bloqueada por un derecho de demanda que se está desarrollando a 1.500 kilómetros de distancia en el lejano sur. 
Señora Presidenta, el Grupo Liberal concede gran importancia a tres puntos del informe del Sr. Collins. 
El primero es el punto 15, en el que se pide a la Comisión que presente propuestas para que el artículo 171 del Tratado CE se aplique íntegramente a las infracciones del Derecho medioambiental. 
Me gustaría conocer la reacción de la Comisión ante esta propuesta, ya que hasta ahora no ha habido una aplicación íntegra del artículo 171. 
Quiero asimismo preguntar a la Sra. Comisaria cuándo vamos a ver una aplicación del artículo 171. 
Sé que se ha llegado a calcular la posible cuantía de una multa, pero todavía no he visto- quizás porque estoy mal informada- ninguna propuesta o directrices para demandar a ningún país conforme al artículo 171, a fin de evitar que los delitos contra el medio ambiente valgan la pena. 
El segundo punto se refiere a la enmienda presentada por la Sra. Roth-Behrendt, que es apoyada por el Grupo Liberal. 
Personalmente me gustaría que las declaraciones fuesen suprimidas, pero, mientras las tengamos, deben ser publicadas. 
He oído con agrado la intervención de la Sra. Comisaria esta mañana, antes de la votación, durante la cual ha dicho que apoya claramente nuestra actitud. 
Para finalizar, el tercer aspecto. 
Hace referencia al punto 4 de la propuesta de resolución, relativo a la publicación de un informe anual sobre las infracciones en el ámbito medioambiental. 
Quizás el Sr. Monti nos haya dado algunas ideas en torno al mercado interior. 
Podría ser una idea hacer un especie de lista de «goles» -no sé cuantos de los presentes juegan al fútbol- de los países que cumplen las normas, para iniciar así un pequeño concurso entre los Estados miembros. 
Señora Presidenta, en la aplicación del derecho comunitario del medio ambiente van explícitas o implícitas cuestiones de la mayor importancia para la construcción europea en sus diversos niveles. 
El informe del Sr. Collins, al que felicito por su trabajo, contribuye a su ponderación. 
Comencemos por el nivel comunitario. 
Después de directivas sueltas de alcance más o menos amplio, de programas de acción con buenos propósitos pero inconsecuentes, de un Fondo de Cohesión destinado sólo a cuatro países con la esfera medioambiental como objetivo, se pasó a la creación de un verdadero Derecho comunitario. 
Así resultará de la comprobación de situaciones de riesgo, en que la Comisión ha advertido centenares de infracciones de la legislación dispersa sobre el medio ambiente, a partir de denuncias, preguntas o peticiones, y en casos descubiertos directamente por la Comisión, que representan cerca del 20 % de las infracciones registradas en 1996. 
Al final del año, existían más de 600 denuncias y procesos de infracción en materia medioambiental contra Estados miembros, frente a menos de 300 notificaciones en 1995. 
Ahora bien, el proceso de aplicación requiere la transposición en las legislaciones nacionales. 
Y es decepcionante, porque el retraso y la permisividad con la violación de los plazos establecidos en instancia comunitarias son mucho mayores a los de otras materias gravosas para el medio ambiente, en que la rapidez es la norma. 
Por otro lado, la mayoría de la legislación medioambiental emanada de la fuente comunitaria no es aplicable directamente a los Estados y requiere medidas nacionales de aplicación, adaptación y creación de medios por parte de la legislación nacional. 
Y, si los Estados no resultan eficaces en la aplicación de lo que ellos mismos producen en esa esfera, menos lo serán respecto de lo que son inducidos a introducir. 
Portugal no es una excepción. 
Al contrario ilustra la situación. 
Algunos de los elementos de la legislación portuguesa sobre el medio ambiente están en vigor por obligación, es decir, que resultan de la obligación, vinculante para Portugal, de transponer directivas en la esfera del medio ambiente. 
Y resulta significativo que algunas de las directivas sobre las que recaen gran parte de las denuncias relativas a infracciones sean ejemplos de la omisión o de la no reglamentación en nuestro país: protección de los hábitat naturales, protección de aguas contra la contaminación causada por nitratos de origen agrícola, eliminación de residuos, basuras, tratamiento de emisiones procedentes de incineradoras, calidad de las aguas. 
A eso se debe la importancia del nivel local, lo que revela la innegable ventaja de la asociación de los problemas medioambientales con las necesidades y características de las comunidades locales. 
La participación de los partidos políticos y de los órganos de poder local, de las asociaciones de defensa del medio ambiente y de otras ONG, de las poblaciones, es fundamental para la formulación de la política medioambiental y se debe reconocer como un elemento esencial para la adaptación real de las directivas. 
La verdad es que no se pueden enmarcar los problemas específicos de cada región en directivas comunes a quince Estados con situaciones muy diferentes. 
Es indispensable que se dé preferencia a las infraestructuras, la descentralización de medios y una cooperación estrecha y determinada con las autoridades locales, pues sólo así tendrán realismo y serán la plasmación real de la legislación comunitaria y su aplicación. 
¿Será ello posible o compatible con la obsesión de centralizar políticas y medios que no se oculta tras esta construcción a que da preferencia, incluida la exclusión de otras vías y caminos, todo lo que respecta a la UEM, a una moneda única, a un único banco central y a exclusivas políticas monetarias y presupuestarias? 
La legislación comunitaria sobre el medio ambiente habrá de dejar de ser un pretexto y un argumento y sólo dejará de serlo cuando responda a las preocupaciones de rigor y aplicabilidad para adaptarse a las realidades. 
El informe del Sr. Collins va orientado en ese sentido- por lo que lo felicito -, pero me parece que deberíamos ser más explícitos. 
¡Ésa es la intención de esta intervención! 
Señora Presidenta, he estado escuchando a algunos de los oradores que han tomado hoy la palabra en esta sala y he llegado a la convicción de que una de las medidas más eficaces que la Unión Europea puede aplicar consiste en imponer multas a los Estados miembros que no cumplen las obligaciones que han asumido en virtud de la legislación de la Unión Europea. 
No cabe duda de que las multas darán resultados positivos y rápidos. Convendría recurrir a ellas cada vez más a menudo. 
Vengo de un país cuyo historial es malísimo en lo que se refiere a las obligaciones que le impone la legislación ambiental de la Unión Europea. 
Nuestro Gobierno ha solicitado una y otras vez cantidades cada vez mayores de fondos estructurales y de cohesión sin percatarse de que la Unión Europea tiene derecho a verificar de qué forma se está desembolsando su dinero. 
Un ejemplo típico de lo que acabo de decir es lo que ocurrió el año pasado con el proyecto de planta de tratamiento de desechos en la bahía de Galway. 
El Ministro del Medio Ambiente empezó por recabar fondos de la Unión Europea para construir la planta, aunque iba a estar localizada en una zona de protección especial para aves silvestres. 
Cuando el Comisario regional de la UE se negó a conceder los fondos alegando razones ambientales, el Ministro contestó que la UE no tenía que injerirse en el proceso de planificación de Irlanda. 
Como consecuencia de la intensa presión pública, el Ministro convino en modificar el diseño de la planta. 
Más recientemente la Comisión de la UE adoptó las primeras medidas para incoar una acción jurídica contra Irlanda por la supervisión y el control inadecuados de la contaminación del agua por fuentes agrícolas. 
La Comisión alegó que Irlanda no había incorporado en su legislación todas las disposiciones de la directiva de la UE sobre la contaminación causada por nitratos. 
Los desechos agrícolas han paralizado algunos de los lagos más importantes de Irlanda. 
Un estudio realizado por la Federación de Pesca Deportiva Corrib Lough indica que casi lo único que hacen los organismos estatales irlandeses es descuidar la supervisión normativa de los lagos de la parte occidental del país. 
En la esfera de la evaluación de las consecuencias para el medio ambiente, Irlanda ha adoptado un enfoque minimalista. 
Las autoridades no recabaron ninguna evaluación de las consecuencias ambientales en el caso del enorme proyecto del hotel Hilton que se ha previsto construir en el centro de Dublín, aunque una directiva revisada de la UE adoptada en marzo por los Ministros de Medio Ambiente preconizaba que se preparasen esas evaluaciones cuando se realizasen proyectos de desarrollo urbano en gran escala. 
La única forma de conseguir que los Gobiernos respeten la legislación de la UE consiste en imponerles multas si no lo hacen. 
Sé que muchas organizaciones de Irlanda que luchan en esta esfera acogerían con verdadera satisfacción esa medida. 
Señora Presidenta, el estado de la puesta en práctica de la legislación ambiental comunitaria deja mucho que desear y la situación es quizás mucho peor de lo que refleja el informe. 
Así, la Comisión de Asuntos Jurídicos pide en su opinión que la atención no se centre tan sólo a controlar si las directivas se han traducido al derecho nacional, sino que es igualmente importante que se controle la aplicación de las directivas ya traducidas. 
En efecto, para la protección del medio ambiente, la conservación de nuestro medio ambiente y de un desarrollo sostenible sólo hay una alternativa. O lo hacemos a través del enfoque europeo o simplemente no lo conseguiremos. 
La aplicación correcta de las normas ambientales tiene, por cierto, otras consecuencias. 
No es cuestión de que determinados Estados miembros no apliquen la legislación ambiental aprobada comunitariamente para mantener o conseguir de este modo una posición competitiva más favorable. 
No podemos permitir que la integración económica fracase a causa de divergencias nacionales en ámbitos que no viene al caso. 
De ahí la advertencia de que dentro de la Comunidad no hemos de provocar una inestabilidad económica debido a que los Estados miembros no transponen, o transponen o aplican mal la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al Parlamento por su informe sobre la Comunicación relativa a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. 
D él se desprende que este tema no sólo me interesa a mí, sino también a la Comisión de Medio Ambiente y que ella, al igual que yo, le da prioridad. 
Por eso doy las gracias a la comisión y obviamente a su ponente por el constructivo trabajo que ha servido de base para la elaboración del informe. 
Me alegra asimismo comprobar que, después de examinar el informe, tanto el Comité de las Regiones como el Comité Económico y Social han llegado a una conclusión positiva sobre las recomendaciones de la Comisión. 
Es obvio- y muchos diputados lo han mencionado- que la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente es una condición absoluta para la eficacia de la política comunitaria y para la garantía y protección del medio ambiente europeo. 
Me parece que ha sido la Sra. Van Putten quien ha dicho que esta propuesta es posiblemente la más importante de todas las que han sido examinadas por el Parlamento en los últimos años. 
Hay mucho en juego, ya que, en sus relaciones internacionales, la Comunidad ha de poder señalar resultados propios para contar como un aliado fiable en las negociaciones a escala mundial en materia de medio ambiente. 
Desgraciadamente, no siempre ha ocurrido lo mismo en cuanto a la aplicación de la legislación medioambiental en los Estados miembros, tal como también han mencionado varios diputados. 
El Parlamento conoce varios ejemplos de ello, así como el gran número de quejas dirigidas a la Comisión directamente de los Estados miembros a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento o de diputados al Parlamento. 
Comparto la opinión del Sr. White de que hay que hacer algo con respecto a los problemas de información sobre las quejas durante la tramitación. 
La Comisión está examinando los procedimientos y la transparencia aplicables conforme al artículo 169, entre otras cosas, debido a las observaciones del Defensor del Pueblo. 
Como ustedes saben, no he pensado nunca que el número de casos sometidos al Tribunal en virtud del artículo 169 pueda ser considerado una indicación del éxito de nuestra política de aplicación y cumplimiento. 
La Comisión ha trabajado siempre activamente en este sentido, pero los casos denunciados ante el Tribunal son tan sólo la punta del iceberg, ya que los demás suelen ser retirados tras la amenaza de la Comisión de presentar una demanda ante el Tribunal. 
Hemos visto algo parecido con la aplicación del artículo 171 por parte de la Comisión en lo que respecta a las multas. 
No comprendo del todo que haya escapado a la atención de la Sra. Riis-Jørgensen que hemos tratado un total de cinco casos. 
El 29 de enero de 1997, la Comisión adoptó la decisión de dirigirse al Tribunal en relación con cinco casos de multas contra Estados miembros. 
Parece que la amenaza de una nueva sentencia del Tribunal solucionará estos problemas, que llevan años. 
Bienvenida sea la solución, aunque a la larga resulta inaceptable que haya de pasar tanto tiempo. 
Como el Parlamento sabe, los cinco casos mencionados están todos relacionados con el medio ambiente y, como también sabe, son los primeros que se han presentado al Tribunal conforme a la nueva disposición del Tratado, es decir, el artículo 171. 
La Comisión tiene la intención de utilizar, y de hecho estamos utilizando, las facultades que éste nos concede para garantizar la plena concordancia entre la legislación en materia de medio ambiente y las sentencias del Tribunal de Justicia. 
Estoy de acuerdo en la necesidad de que la Comisión desempeñe un papel activo. 
La Sra. Jackson ha solicitado información más concreta sobre el tema, y como ya he dicho, la situación es que cinco casos han sido presentados ante el Tribunal. 
Contamos con que tres de ellos han sido prácticamente solucionados después de haberse hecho públicos, pero dos no, y parece que hay siete nuevos en camino. 
Cuanto más casos se solucionan sobre la marcha, obviamente mejor, y consideramos las multas como uno de los medios para obtener mejores resultados. 
No obstante, la Comunicación de la Comisión habla también de cómo garantizar una aplicación positiva y activa en los Estados miembros. 
La Sra. Jackson nos ha dado un excelente ejemplo al mencionar la Directiva sobre hábitats. 
Quiero añadir que la Comisión, nada más conocer lo expuesto por el Primer Ministro francés, también reaccionó con transparencia y que abordammos el tema ante las autoridades francesas. 
Tuve ocasión de mencionarlo como ejemplo la última vez que visité la Comisión de Medio Ambiente. 
Al conocer tales declaraciones, las perseguimos, pero además estamos, obviamente, interesados en ayudar a los Estados miembros a solucionar los problemas que tienen. 
El motivo de elegir esta forma de abordar el tema es que cuanto antes garanticemos la aplicación de la legislación en materia de medio ambiente, mejor para éste. 
Como todos sabemos, no sirve prácticamente de nada ganar pleitos después de años de negociaciones si el daño al medio ambiente ya está causado. 
La Comunicación que estamos debatiendo hoy incluye, por lo tanto, tres propuestas nuevas para la adopción de normas de control y acceso a la justicia y la presentación de quejas, así como otras recomendaciones para mejorar los mecanismos vigentes a escala comunitaria. 
La reacción positiva del Parlamento ante estas tres nuevas propuestas supone un gran estímulo. 
Después de haber aprobado, por ejemplo, la Directiva sobre prevención y control integrado de la contaminación, la llamada Directiva IPPC, es importante que el Consejo garantice a sus miembros suficiente base para realizar las tareas de inspección necesarias. 
Por eso, tal como hoy han mencionado varios diputados, estamos fijando a través de la red IMPEL criterios mínimos para esas inspecciones. 
Esta red, integrada por representantes de las autoridades y organismos de aplicación en los Estados miembros, dispone de la experiencia necesaria para este trabajo preparatorio. 
Las directrices no se limitarán a las tareas requeridas para garantizar el cumplimiento de la Directiva IPPC, sino que se aplicarán a todas las disposiciones legales de la Comunidad, que, como ha dicho el Sr. Florenz, demandan una inspección de las emisiones como eslabón indispensable para la aplicación y el cumplimiento. 
Como ya sabrán ustedes, en relación con estas tres propuestas la Comisión propone en su Comunicación una legislación no obligatoria. 
Este tema todavía no se ha debatido en el marco del examen preliminar del Consejo. 
La Comunicación sugiere empezar con una legislación blanda para ver cómo funcionan las nuevas ideas en la práctica. 
Si resulta adecuada, deberá ser transformada en normas obligatorias. 
El procedimiento me parece apropiado, aunque desde un punto de vista político estoy de acuerdo con el Parlamento en que será inevitable adoptar una legislación obligatoria. 
Por eso me felicito de la propuesta del Parlamento de que se adopten actos legislativos durante su legislatura actual. 
Obviamente, con ello se refuerza mi deseo de transformar estas propuestas en disposiciones legislativas obligatorias. 
Creo que con lo anterior he contestado a la primera enmienda del Sr. Florenz. 
Además de los ámbitos respecto de los cuales ofrece nuevas iniciativas, la Comunicación de la Comisión presenta recomendaciones para una serie de ámbitos en el marco de las prácticas y el procedimiento vigentes. 
Celebro que se haya avanzado mucho en estos aspectos. 
En el informe del Parlamento se ruega a los Estados miembros que introduzcan, por ejemplo, regímenes de formación para los órganos nacionales de control y para los funcionarios a fin de que se vayan familiarizando con la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. 
La Comisión ya ha iniciado tales cursos de formación a escala europea y rogamos a los Estados miembros que tomen iniciativas parecidas a nivel nacional y que las adapten a todas las administraciones y a todos los sistemas judiciales. 
La Comunicación de la Comisión propone asimismo que, en su informe anual relativo a la aplicación de la legislación comunitaria, se incluya un capítulo extenso sobre medio ambiente en el que se exponga en detalle la aplicación por parte de los Estados miembros de la legislación sobre medio ambiente aplicable durante el año de que se trate. 
Se completará con un resumen anual de la legislación comunitaria medioambiental que incluye información adicional, por ejemplo, sobre las actividades IMPEL, como ha solicitado la Sra. Van Putten, sobre los resultados de los Estados miembros en cuanto a la obligación de notificación incluida en la legislación comunitaria, y sobre las relaciones con la Agencia Europea de Medio Ambiente, como ha dicho, entre otros, la Sra. Gebhardt. 
Espero que esta información satisfaga los deseos del Parlamento acerca de la publicación de los aspectos de aplicación a escala comunitaria. 
Tanto la Sra. Dybkjær como la Sra. Jackson han preguntado por las relaciones con los nuevos países candidatos de la Europa central y oriental. 
Estoy de acuerdo con ellas en la importancia del tema. 
No lo hemos tratado a fondo en esta Comunicación, y me parece que debemos buscar una ocasión para debatirlo detenidamente. 
Compartimos todos la responsabilidad de la aplicación y el cumplimiento del acervo comunitario en materia de medio ambiente. 
La responsabilidad es compartida por los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento. 
Agradezco el entusiasmo y el interés mostrados por tantos diputados al Parlamento Europeo a lo largo de los años. 
Finalmente, quiero subrayar que las ventajas de nuestra forma flexible de actuar con respecto a la aplicación de la legislación en materia de medio ambiente quedaron claramente de manifiesto en la audiencia pública organizada hace un año conjuntamente por el Parlamento y la Comisión. 
Esa audiencia contribuyó de forma considerable a aumentar la sensibilización de los políticos y de los ciudadanos al respecto. 
Me queda únicamente esperar que la Comunicación de la Comisión, junto con el excelente informe del Parlamento, puedan convencer al Consejo de que hacen falta importantes mejoras en la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente. 
Por eso elaboraré con mucha ilusión el informe sobre los progresos hechos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Riesgos derivados de las radiaciones ionizantes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0146/97) , del Sr. Amadeo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0465- C4-0548/96-96/0230 (CNS) ) relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de la radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se sustituye la Directiva 84/466/Euratom. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, colegas, desde 1959 se ha afrontado el problema de la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos de las radiaciones ionizantes. 
Numerosas han sido las directivas en ese sentido, de las que la más reciente ha sido la 29/Euratom, adoptada por el Consejo en 1996. 
Dicha directiva, sin embargo, como las anteriores, no se ocupaba de la radioprotección en caso de exposición para fines médicos. 
La única tentativa en ese sentido fue una directiva de 1984, la 466, que pretendía completar la directiva sobre las normas fundamentales de seguridad y mejorar la protección radiológica de los pacientes sin perder de vista los posibles beneficios que se derivan del uso de tales radiaciones. 
Esta premisa da sin duda el sentido de la importancia de la propuesta del Consejo, sobre la que tengo el honor de ser ponente. 
Por otra parte, con respecto a 1984 se ha registrado un enorme incremento de la incidencia de las exposiciones médicas en el curso de exámenes y tratamientos y, al mismo tiempo, en estos últimos diez años ha habido una explosión de los conocimientos científicos y tecnológicos. 
Además, no se puede dejar de subrayar que, en este mismo período de tiempo, en el Tratado de la Unión Europea, con arreglo al artículo 129, se han atribuido a la Comunidad competencias específicas en el sector de la salud pública. 
Tengo también que resaltar que la propuesta de directiva del Consejo- aunque en este ámbito el progreso va a una velocidad vertiginosa y, por lo tanto, resulta difícil estar en consonancia con los tiempos- está bien hecha, y es oportuno aprobarla cuanto antes. 
Al mismo tiempo, tengo que agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor la seriedad, el empeño y la rapidez con que ha afrontado el tema; además, en nombre de todo el Parlamento y, sobre todo, en el mío propio, doy las gracias a todos los que han intervenido con extrema cortesía y competencia para aportar mejoras a la propuesta que se está examinando. 
El aumento del nivel cultural en todos los países de la Comunidad constituye un desafío también en este sector, y la presión en favor de un mayor grado de información, educación y formación de cada ciudadano- profesional de la salud, agente técnico, profesional o comercial del sector, dirigente responsable de servicios o instituciones sanitarios, o autoridades de pequeñas y grandes comunidades- aumenta continuamente y exige un mayor nivel de responsabilidad. 
El mensaje es de una evidencia clarísima: 1) reducir las radiaciones médicas necesarias recurriendo a métodos alternativos, de igual costo pero de mayor empeño desde el punto de vista de la utilización del tiempo, como, por ejemplo, la ecografía, o mucho más costosos, como la resonancia magnética nuclear; 2) prescindir de las radiaciones para comprobaciones que no sean necesarias; 3) justificar cada examen pedido con el prescriptor, que debe encargarse de las indicaciones específicas para cada propuesta; 4) uso mas cuidadoso de las radiaciones por parte del que practica el examen- en otros términos, el radiólogo -, por ejemplo con protección adecuada y rigurosa en las áreas críticas que no están sometidas a investigación, uso de material sensible adecuado y técnicas sustitutivas respecto de la radiología convencional, como, por ejemplo, la técnica digital, controles de calidad, fichas individuales de los exámenes efectuados. 
Aparte de eso, la participación correcta y sistemática de un físico médico, que tendrá que evaluar cualquier intervención sobre los instrumentos utilizados para la radioterapia. 
Además, el físico médico tendrá que verificar la adecuación de los aparatos sobre la base de la relación dosis suministrada / beneficio diagnóstico con el establecimiento de criterios máximos y mínimos de referencia a los que atenerse. 
Todo esto porque, en el umbral del tercer milenio, consideramos que la cultura de la calidad de la vida impone que se asuman todas las iniciativas de programación, organización, gestión y control para ofrecer garantías de plena seguridad a la persona frente a los riesgos de las radiaciones, en particular las que se derivan de exposiciones médicas. 
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente- hago observar con orgullo que todas las enmiendas han sido presentadas por la comisión- están encaminadas a una mayor clarificación y especificación de los distintos apartados de la directiva, y considero que están en sintonía con el espíritu que ha impulsado al Consejo a esta normativa. 
Mi opinión es, pues, favorable a las enmiendas mismas, con sólo una observación respecto de la enmienda relativa al examen radiológico en mujeres gestantes, porque considero que en esos casos es más conveniente orientarse hacia exámenes alternativos, como la ecografía y/o la resonancia magnética nuclear, y no prever ulteriores limitaciones y atenuaciones en el uso de las radiaciones. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su trabajo. 
Creo que es muy importante ocuparse con mucho cuidado de esta materia. 
Lamento enormemente que estemos discutiendo aquí un informe que ha sido elaborado sobre la base del capítulo 3 sobre protección de la salud del Tratado EURATOM y que a nosotros, como Parlamento, sólo nos dé la posibilidad de expresar una opinión y no la de poder tratar esta materia tan importante por medio de un procedimiento de codecisión. 
En el ámbito de la medicina el trabajo con rayos X, con aparatos que funcionan con rayos ionizantes, ha crecido en los últimos años de manera explosiva, como ha dicho el Sr. ponente, y muchas personas se someten hoy a exploraciones- exploraciones en serie, exploraciones preventivas- que hace diez años no existían en absoluto. 
Precisamente en el ámbito de las exploraciones preventivas es muy importante, por un lado, poder decir a las personas lo siguiente: dosificaremos estas exploraciones con aparatos de tal manera que ustedes estén expuestos solamente a las cargas de rayos estrictamente necesarias. 
Pero, por otro lado, hay que dejar muy claro que estas exploraciones pueden contribuir a descubrir tempranamente una enfermedad muy grave y eventualmente a poder aplicar un tratamiento que haga innecesaria una operación. 
Por consiguiente, es muy importante que trabajemos con gran cuidado en este ámbito, pues exploraciones de las personas que están enfermas o también de las sanas que se someten a exploraciones por rayos, pueden conducir a daños muy graves si implican una alta radiación. 
Por la historia del desarrollo de estos aparatos médicos sabemos todos nosotros que ya ha habido toda una serie de casos. 
También es muy importante decir en este contexto que tanto en el texto de la Comisión como también a través de las mejoras del Parlamento se otorga un valor especial a que en los correspondientes hospitales e instalaciones se garantice el control de calidad y que también el personal específico tenga la formación adecuada. 
A este respecto quisiera decir que considero muy importante que el texto contenga las palabras de «personal facultado» , previstas en el texto de la propuesta de la Comisión. 
Estas son personas que según la legislación de cada uno de los Estados miembros han tenido que hacer, tras la prueba de madurez, una formación de tres años y, en consecuencia, están facultadas para manejar aparatos de rayos X y otros aparatos. 
Creo que en el Parlamento nos debemos esforzar porque precisamente estas partes de la sanidad que están en relación con material radiaactivo, con rayos X, se desgajen pronto del Tratado EURATOM y sean recogidas en el Tratado general en el capítulo en que se trata la sanidad. 
Señora Presidenta, distinguida señora Comisaria, se trata de la directiva del Consejo sobre protección de la salud, un tema importante, y el Parlamento, lamentablemente, tiene exclusivamente un derecho de consulta. 
Digo esto, porque considero necesario insistir una y otra vez en que este Parlamento tiene demasiado pocas competencias. 
También es necesario decir esto, porque algunos medios, desconociendo las posibilidades reales de codecisión del Parlamento, suscitan con mucha frecuencia una gran intranquilidad entre los afectados. 
Así ha sucedido también en este caso: un gran desasosiego entre los asistentes diplomados en técnica radiológica que ya veían desaparecer su derecho a la existencia por culpa del Parlamento Europeo. 
Ha sido necesario, por un lado, hacer aclaraciones a la opinión pública acerca de que es el Consejo, y no el Parlamento, quien en definitiva adopta las decisiones, y la tranquilidad se ha debido también a que yo he podido asegurar que, con toda seguridad, el Parlamento no quiere quitar a este grupo profesional su derecho a la existencia. 
Ya que parece que en esta Asamblea existe la tradición de criticar encarnizadamente a la Comisión, es preciso tener también la gentileza de darle las gracias por un documento tan bueno. 
Considero realmente satisfactorio en hecho de que los colegas que han presentado enmiendas en este punto hayan logrado, a pesar de todo, mejorar aún este documento. 
También me parece muy importante hacer una aclaración: la responsabilidad de lo que ocurre sigue residiendo en el médico que hace la prescripción. 
Prescribe, exclusivamente él, sin que por ello se vea mermado de algún modo el ámbito de responsabilidad de las personas que llevan a cabo la prescripción. 
Se han mejorado la formación, el reciclaje, la formación continuada y también la protección de las embarazadas y de las que están en período de lactancia. 
Este es un documento muy bueno, un trabajo muy serio del Parlamento. 
No queda más que esperar- una señal dirigida a la señora Comisaria- que el buen trabajo del Parlamento sea también apreciado por el Consejo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, como ya se ha dicho, la exposición por razones médicas es, después de la exposición a la radiación natural, la mayor fuente de radiación ionizante. 
Por ello, una revisión de la legislación en que se recalcan los principios de responsabilidad y optimización de la exposición por razones médicas merece nuestro pleno apoyo. 
Con razón, el ponente Amadeo considera que hemos de limitar las radiaciones. 
No obstante, confío en que la profesión médica como guardiana de la salud humana hace todo lo posible por evitar las exploraciones innecesarias o perniciosas. 
Ciertamente hemos de utilizar los mejores aparatos disponibles y sometidos a un mantenimiento adecuado. 
Los costes son considerables; sin embargo, los beneficios dejan claro que son costes necesarios. 
En este caso, no se trata de aumentar el lujo, sino de reducir los daños de la radiación. 
No se trata sólo del paciente, sino también del personal que maneja los aparatos y de las personas que asisten al paciente. 
Señorías, es algo que los Estados miembros y los hospitales han de recordar cuando se ven acorralados por los actuales recortes en la sanidad pública. 
Señora Presidenta, a modo de preámbulo quisiera insistir sobre el hecho de que la exposición médica a las radiaciones ionizantes no es distinta, en su naturaleza, a la exposición no médica. 
La diferencia radica únicamente en la justificación: en principio la exposición tiene una ventaja directa para el paciente, ventaja que se supone que compensa los daños provocados por la radiación. 
Así pues, la Comisión ha tomado la iniciativa, con razón, de modificar la directiva de 1984 con una buena propuesta- quiero insistir en esto y comparto plenamente la opinión de la Sra. Flemming- aunque nos haya parecido útil modificarla de manera, por cierto, bastante marginal. 
¿Qué razón explica esta modificación? 
En primer lugar, como ha dicho el Sr. Amadeo, las tecnologías en este campo han mejorado considerablemente y han conocido una amplia difusión. 
Luego, porque desde 1991 la Comisión internacional de protección radiológica ha modificado las normas en materia de radiación basándose en dos nuevos elementos importantes, que disfrutan del consenso en los medios científicos. 
En primer lugar, no hay radiaciones inofensivas. 
Cualquier radiación, por débil que sea, entraña un daño. 
Así pues, es importante recordar que no hay un umbral. 
En segundo lugar, la Comisión internacional de protección radiológica considera que la radiación del feto in utero plantea problemas de salud para el feto. 
En concreto, sabemos actualmente que los fetos con más de tres semanas de edad que reciban radiaciones corren un riesgo de cáncer superior. 
También se sabe que la radiación in utero para los fetos de entre ocho y quince semanas incrementa sensiblemente el riesgo de retrasos mentales graves. 
Todo esto lleva consigo las modificaciones que nos propone la Comisión, en particular para los artículos 4 y 11 en los que pide que se preste especial atención a las exposiciones sin ventajas médicas directas para la persona, o en caso de embarazos potenciales. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha considerado que había que endurecer un poco estos textos pidiendo que se evitara este tipo de exposiciones. 
Para todo lo demás, creo que la Comisión debería apoyar estas enmiendas y alcanzar de este modo un texto totalmente aceptable para el Consejo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señores diputados, este informe sobre la protección de la salud de las personas frente a los riesgos de las radiaciones ionizantes relacionados con exposiciones médicas en ciertos aspectos podría considerarse un complemento de la directiva 80/836/Euratom, que generalmente se refería precisamente a las exposiciones médicas. 
Ha hecho bien el colega Amadeo, médico como yo, en modificar el texto de la Comisión con enmiendas, que luego la Comisión ha hecho suyas, más amplias y más pertinentes técnicamente, encaminadas a proteger la salud de aquéllos que están en contacto con quien ha absorbido radiaciones ionizantes, de la gestante, por lo tanto, futura madre, y, por lo tanto, del nasciturus. 
Como por otra parte ha puesto de relieve la Comisión y ha reiterado el ponente, es indudable que el diagnóstico radiológico ha aportado ventajas de carácter preventivo destinadas todas al diagnóstico precoz, pero también es verdad que muchas veces se ha hecho un uso indiscriminado de métodos de diagnóstico radiológico, hasta el punto de producir consecuencias negativas. 
Por consiguiente, hay que fomentar acciones específicas tanto de educación como de formación sanitaria a nivel de cada ciudadano, de cada profesional de la salud, de las instituciones sanitarias y de las autoridades responsables, ya sean médicas o políticas, y tender, pues, a reducir las radiaciones médicas necesarias recurriendo a métodos alternativos, como ha recordado el ponente; prescindir de las radiaciones para comprobaciones que no sean necesarias; proteger a los trabajadores y a la población contra las radiaciones con iniciativas apropiadas y amplias en el territorio y en los locales donde se efectúan el tratamiento y la investigación para la prevención, con la ayuda incluso de un físico médico que mida las dosis y las controle; pues bien, a mí me parece que tanto el Consejo como el ponente se proponen ese fin. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe sobre esta cuestión de salud pública. 
Me sumo a la decisión de actualizar la directiva de 1964 que protegerá a la población contra las radiaciones ionizantes durante las exposiciones con fines médicos. 
Hay cuatro razones principales para hacerlo, y la mayor parte de ellas han sido mencionadas ya durante el debate. 
Sin embargo, vale la pena de repetirlas. 
En primer lugar, en los 12 últimos años se ha registrado en la Unión Europea un enorme incremento de la utilización de rayos X para tratamientos y ensayos médicos; en segundo lugar, el importante progreso del conocimiento científico y la tecnología de los rayos X que ha tenido lugar durante ese período; en tercer lugar, el número de organizaciones internacionales que han formulado recomendaciones más actualizadas acerca de los rayos X, y en cuarto lugar, el artículo 129 del Tratado de Maastricht, que da a la Unión Europea nuevas facultades en materia de salud pública. 
Todo esto indica que la legislación de 1964 necesita actualización, y estoy de acuerdo con las propuestas. 
Ahora bien, podemos ir aún más allá. 
Aunque el diagnóstico radiológico proporciona beneficios indudables para los pacientes, también entraña riesgos, y por esa razón tenemos que esforzarnos por reducir la utilización de las radiaciones con fines médicos en todo lo posible, mediante el empleo de métodos alternativos. 
Tenemos que prestar mayor atención a instituir el máximo nivel posible de seguridad para los pacientes, en particular, como muchos oradores han dicho ya, para las mujeres vulnerables. 
Coincido con los que han dicho que el Parlamento tiene que participar más directamente por conducto del procedimiento de codecisión, en vez de limitarse a responder a las consultas que se le hagan sobre una cuestión que es de enorme importancia para nuestros ciudadanos. 
Espero que la Conferencia Intergubernamental sepa subsanar esta anomalía. 
Señor Presidente, también en este tema de la protección contra la radiación, un método científico importante para la salud humana, hay algo podrido. 
Hay algo peligroso, y la primera prueba contundente es que, bajo la presión de los hechos, el Consejo intenta una y otra vez prevenir en cierto modo los hechos con directivas consecutivas. 
Temo que la nueva directiva tampoco trate el asunto de raíz y de manera eficaz. 
El informe del Sr. Amadeo es un intento bien intencionado y loable, que, no obstante, tiene sus puntos débiles. 
Sé que en mi país, al igual que en muchos otros países europeos, la creación de laboratorios radiológicos es frecuente y está basada meramente en criterios empresariales. 
Se exigen ciertos requisitos formales, como la existencia de un médico radiólogo responsable y la adopción de ciertas medidas de protección contra la radiación. 
Sin embargo, las empresas que crean estas unidades con criterios empresariales aspiran a aumentar cada vez más su clientela. 
Lo garantizan pagando comisiones a los médicos para que remitan a los pacientes para exámenes radiológicos consecutivos, en algunos casos incluso inútiles y peligrosos, acumulando por otro lado una carga aplastante para los seguros de enfermedad. 
Lo mismo, señor Presidente, ocurre aun en los casos en que los médicos son leales y realizan los exámenes correctamente. Debido a la forma en la que estos exámenes se efectúan, es decir, sin que el médico que asiste al enfermo tenga acceso a ellos, es frecuente que haya que volver a pedir un examen, lo cual lleva a repetidas exposiciones, con la carga consiguiente sobre los seguros. 
Por último, señor Presidente, no existe un control, al menos no un control eficaz, de cómo deben reponerse los equipos de estos laboratorios. 
En este punto también prevalece el criterio empresarial de tener equipos anticuados que permitan una amortización mas lenta y más fácil, garantizando así mayores ganancias. 
Por lo tanto, en primer lugar, esta reposición de los equipos debería efectuarse consultando a empresas científicas o entidades aseguradoras- que son las que se ven perjudicadas por la situación- e introduciendo todo tipo de nuevas tecnologías, como ha subrayado- con la especialidad que tiene además- el Sr. Trakatellis. 
En segundo lugar, debe llevarse para cada paciente una libreta del seguro en la que se registren los exámenes a los que se someta, para que el médico pueda conocerlo y con arreglo a ello, ordenar nuevos exámenes. 
Sin estos criterios, señor Presidente, temo que el informe, por lo demás en sus propuestas y enmiendas, no responda a las exigencias y que, al cabo de un cierto tiempo, venga otra directiva. Entre tanto, seguirán creciendo los riesgos para el paciente mientras se multiplican los beneficios de estas empresas lucrativas, que literalmente hacen negocios con la salud del ciudadano europeo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar deseo dar las gracias al colega Amadeo por su excelente, completo y preciso informe. 
Le agradezco también su disponibilidad para aceptar enmiendas: ha aceptado varias que he presentado yo mismo y que la comisión ha debatido y aprobado. 
Si se tienen en cuenta estas enmiendas, creo que se mejorará notablemente la directiva. 
Es cierto que se trata de un procedimiento para un dictamen, y eso es una cosa seria. 
En todas mis intervenciones en este hemiciclo he repetido y seguiré repitiendo, hoy que estamos cerca del final del debate sobre la Conferencia Intergubernamental, la necesidad de ampliar las tareas previstas para el Parlamento en materia de sanidad, es decir, las tareas previstas en el artículo 129. 
En realidad, todos saben desde hace tiempo que las radiaciones ionizantes constituyen la mayor fuente de exposición a radiaciones para los ciudadanos europeos. 
Se trata, pues, de un tema muy importante, y no ciertamente de una directiva secundaria, porque exposición a las radiaciones no quiere decir cosas de poca importancia: quiere decir cáncer, quiere decir tumores malignos. 
Ya en 1984, en el ámbito de los Tratados Euratom, se intentó regular esta materia. 
Se hizo entonces, pero han pasado muchos años. 
Luego, en 1996, otra directiva no se ocupó de problemas de sanidad, y, por lo tanto, la presente directiva es importante, porque amplía los requisitos para la justificación y la optimización de este tipo de investigaciones diagnósticas: justificación quiere decir que hay que proceder a tales investigaciones sólo cuando son estrictamente necesarias, sólo cuando es absolutamente seguro que no existen otras formas diagnósticas que permitan, con menor riesgo, llegar al diagnóstico. 
Lo mismo hay que decir de la optimización: optimar quiere decir que exista el menor riesgo posible para el agente, para el técnico de radiología, para el médico. 
Ahora bien, ante tales cuestiones, creo que esta directiva ha examinado los aspectos más importantes: las enmiendas han aclarado, incluso pormenorizadamente, cuál debe ser la exposición mínima para los pacientes, pero sobre todo se hace especial hincapié en lo que es la tarea del médico en su doble condición de prescriptor- es decir, el que debe indicar un examen y no otro, y, por lo tanto, tendrá que elegir el menos peligroso- y de médico que efectúa el examen, y debe estar atento a que dicho examen no comporte riesgos para el paciente. 
Ciertamente, como decía el colega Trakatellis, el médico siempre ha tenido presente el criterio «primero, no perjudicar» y, por consiguiente, seguirá haciéndolo, pero es necesario que existan normas concretas por parte de los Estados miembros. 
No sólo por parte de ellos, pero los Estados miembros deberán también adoptar indicaciones concretas por lo que respecta a la retirada y a la sustitución de aparatos que son viejos, obsoletos y, por lo tanto, perjudiciales para el paciente. 
En resumen, señor Presidente, se trata de una directiva importante, que ha sido mejorada por el Parlamento y que espero que la Comisión tendrá en cuenta. 
Dicha directiva merece, por lo tanto, nuestra plena adhesión y nuestro pleno consenso. 
Señor Presidente, la Comisión agradece a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, naturalmente, al ponente, Sr. Amadeo, el apoyo que han demostrado a la propuesta que estamos debatiendo hoy. 
Doy asimismo las gracias por los comentarios positivos hechos a lo largo del debate. 
Cuando, en 1984, el Consejo aprobó por primera vez una Directiva sobre protección radiológica de las personas sometidas a exposiciones médicas, lo hizo en reconocimiento de que estas exposiciones constituyen, con mucho, la mayor fuente de radiación artificial a la que se expone el ser humano. 
El objetivo de la propuesta de modificación de esta Directiva es tener en cuenta, en primer lugar, el desarrollo científico y técnico producido en materia sanitaria; en segundo lugar, la modificación de la Directiva de 1996 sobre las normas básicas de seguridad y, en tercer lugar, la experiencia recogida como consecuencia de la aplicación de la Directiva de 1984. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
1, 2, 3 y 10. Está también de acuerdo en el objetivo de una serie de enmiendas, aunque su redacción debe ser modificada o deben ser incluidas en otros artículos para garantizar la coherencia de la propuesta. 
4, 5, 7, 8, 9 y 11. La Comisión no puede aprobar las otras dos enmiendas, por los siguientes motivos: la enmienda nº 6, que se refiere al requisito de consultar a un físico médico conforme al apartado 1 bis del artículo 4, se considera superflua, ya que este requisito queda claramente incluido en el apartado 5 del artículo 5. 
En toda la propuesta se utiliza el término profesional habilitado para denominar a la persona responsable de las exposiciones médicas. 
En este artículo se hace referencia a esa misma persona, por lo que debemos emplear la misma denominación. 
Para garantizar que las personas sometidas a exposiciones médicas mantienen la mayor protección radiológica posible, la Comisión presentará una propuesta modificada basada en las útiles enmiendas presentadas hoy por el Parlamento Europeo, con miras a la aprobación de la Directiva por el Consejo en el mes de junio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Redes transeuropeas de telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0166/97) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación (C4-0166/97-95/0124 (COD) ), de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, las redes transeuropeas de telecomunicación son las terceras redes transeuropeas que llevamos a cabo ahora después de las de transportes y energía. 
Quiero hacer, en primer lugar, una puntualización fundamental: el objetivo de las redes europeas de telecomunicación es el desarrollo de una infraestructura europea de telecomunicación; esto comprende, además de la red física de telecomunicación, servicios básicos y aplicaciones para los ciudadanos y las empresas, en especial, para las pequeñas y medianas empresas. 
Hay que valorar como positivo el exitoso cierre de las negociaciones. 
En este punto es preciso destacar que hemos podido culminar con éxito un procedimiento de conciliación bajo la extraordinaria coordinación y dirección de Nicole Fontaine, en su calidad de representante del Parlamento y directora de las negociaciones, y también con la aceptación de nuestra posición en gran parte de la Presidencia neerlandesa bajo la Sra. Joritsma, así como también con el asesoramiento de la Comisión, asesoramiento muy importante por parte del Sr. comisario Bangemann. 
Aunque el presupuesto total de las redes europeas de telecomunicación, 40 millones de ecus, no permite grandes saltos, no pueden ponerse en cuestión el sentido y el objetivo de los proyectos. 
Los recursos puestos a disposición cofinancian y sustentan proyectos europeos que sin dinero de la UE no tendrían lugar. 
De esta suerte, los proyectos financiados por la UE constituyen una contribución al desarrollo de la sociedad de la información. 
Los objetos de las negociaciones han sido aspectos sustanciales y técnicos, atribuciones del Parlamento Europeo, prioridades y la telecomunicación por satélite que pertenece a las listas de prioridades. 
Sobre los aspectos técnicos hay que decir que la exigencia central del Parlamento Europeo ha consistido en hacer patente la importancia de una utilización amplia. 
Frente al texto originario de la Comisión se subrayan con más fuerza los servicios básicos, como el E-mail, y las aplicaciones. 
Los proyectos TEN no son proyectos de investigación, pues están encuadrados en el cuarto programa marco de investigación, y tienen por objeto mostrar a los ciudadanos y a las empresas la utilidad práctica y económica de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
El Parlamento Europeo se ha posicionado con éxito en favor de que se mantenga el criterio de la naturaleza transnacional de los proyectos y con ello se garantiza que los recursos de la UE no se utilicen para financiar proyectos nacionales que en el futuro seguirán siendo nacionales. 
El Parlamento Europeo ha apoyado con éxito que se valoren en esta directiva las demandas sociales. 
Es preciso tener en cuenta los efectos sociales de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso del teletrabajo. 
Naturalmente, un punto especialmente importante de las negociaciones han sido para nosotros las facultades del Parlamento Europeo y ha constituido al mismo tiempo el mayor obstáculo, en concreto, el mantenimiento de las facultades institucionales del Parlamento Europeo. 
Desde el inicio del procedimiento legislativo el Parlamento Europeo insistió en que se garantizaran los derechos que le corresponden con arreglo a los apartados c y d del artículo 129. 
Aquí se han conservado nuestras posibilidades de codecisión en el procedimiento de elaboración de las líneas directrices sobre proyectos de interés común. 
En las negociaciones en el seno del Comité de Conciliación el Parlamento ha asumido por entero sus propias facultades en tanto que se ha fijado un modo igual que en las redes transeuropeas de la energía y en las redes transeuropeas de los transportes. 
Los proyectos de interés común se trasladan al Anexo I de la decisión. 
El Anexo, que se elabora conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo, proporciona de esta manera líneas directrices y la Comisión también ha puesto de manifiesto y presentado un texto en el que se compromete a rendir cuentas sobre la traslación de estas directrices y a presentar hasta mediados del año 2000 propuestas adecuadas para la revisión de la lista de los proyectos de interés común en el marco de la codecisión. 
Esta propuesta debe ser aceptada dentro de los 18 meses siguientes, es decir, antes del 31.12.2001, en que finaliza el plazo de validez de este Anexo. 
De esta manera se asegura el decurso ininterrumpido de la acción. 
Paso a referirme ahora a las prioridades. 
Dentro del Anexo se han previsto prioridades que revisten una importancia especial para nosotros. 
Tales son los servicios básicos, las aplicaciones de interés colectivo relativas a la enseñanza a distancia, a la telemática al servicio del patrimonio cultural, a los servicios telemáticos para las PYMES, a la telemática de transportes así como a la telemática al servicio del medio ambiente y de la salud. 
El proyecto presentado por la Comisión y, en especial, por el Sr. Bangemann, en concreto, la inclusión de los servicios a través de satélite en las redes transeuropeas de la telecomunicación, reviste una importancia especial para mí, personalmente, y también para el Parlamento, aunque el Consejo no quiso dar al principio su aprobación en este punto. 
Aquí se pone claramente de manifiesto que en el futuro hemos de introducir más que hasta ahora el tema de los satélites en nuestras reflexiones a fin de poder configurar con una eficacia aún mayor la conexión de las redes transeuropeas con las redes globales. 
Creo que los informes que vienen a continuación, es decir, el plan de acción Satellit o las discusiones previas y también los servicios personales de comunicación por satélite que se han decidido, la directiva o la propuesta de la Comisión sobre el tema Unión Europea y navegación espacial, hacen patente que nos hemos trazado como objetivo agotar de manera más intensa este tema para la opinión pública para poner de manifiesto que aquí nos aguarda un importante ámbito industrial europeo que debemos seguir impulsando hacia adelante. 
Creo que precisamente en este punto hay tareas importantes para la Unión Europea, para la Comisión y para el Parlamento en el contexto mundial y creo que deberíamos hacer todo de forma conjunta. De forma conjunta significa con las personas que están actuando, entre otras mi amigo Glante, del Grupo Socialista, el cual nos ha ayudado también a culminar con éxito este tema. 
Muchas gracias por su atención. 
Nos hallamos en este camino y creo que el camino no puede ser sino lleno de éxito. 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Hoppenstedt, de vez en cuando se pueden utilizar en el negocio las palmadas en la espalda. 
Para mí ha sido la primera vez en que he tomado parte en un procedimiento de conciliación y debo decir lo siguiente: ha sido muy emocionante y a veces muy aleccionador para mí. 
No puedo menos que apoyar los comentarios de base que ha realizado el Sr. Hoppenstedt. Quiero añadir un par de puntualizaciones. 
En mi opinión, las redes transeuropeas de telecomunicaciones sólo son comparables de manera limitada con los otros ámbitos de redes transeuropeas, la energía y el transporte. 
En el caso de la energía y de los transportes se trata sobre todo de la infraestructura de redes, de su mejoramiento o de su construcción, es decir, se trata, por decirlo así, del hardware. 
En las redes transeuropeas de telecomunicaciones tenemos menos que ver con el hardware que con el llamado software en el sentido amplio. 
Necesitamos aplicaciones adecuadas que aprovechen las infraestructuras existentes y las nuevas y que faciliten a los potenciales usuarios de estas aplicaciones el acceso a dicha técnica. 
Debemos acercar las personas en tanto usuarios, como patronos o como trabajadores, a esta técnica y quitarles el miedo a las nuevas tecnologías. 
Pero debemos establecer también las condiciones para que también se pueda ganar dinero, pues de lo contrario no se producirán en este ámbito inversiones privadas que son absolutamente necesarias. 
La política es, en mi opinión, el arte de lograr compromisos, al menos en la mayoría de los casos. 
He podido constatar que a medida que ha transcurrido el tiempo ha crecido en todos los participantes la disposición al compromiso. 
En una de las reuniones dije, lo recordará la Sra. Fontaine, que un buen compromiso es el que duele un poco a ambas partes o que duele un poco a las tres partes. 
Creo que esto sucede en este resultado. 
Quisiera celebrar expresamente la promesa de la Comisión de hacer ante esta Asamblea una declaración sobre el artículo 14 de la decisión. 
Este es un punto esencial del resultado de la conciliación y asegurará, en mi opinión, la exigencia de codecisión formulada por el Parlamento y la conformidad de mi grupo es segura. 
Espero que toda la Asamblea dé su conformidad a este resultado. 
Señor Presidente, señor Comisario, es verdaderamente algo bueno que se llegue finalmente a la conclusión positiva de esta conciliación sobre las redes de telecomunicaciones, tanto porque este texto final refleja en buena parte las recomendaciones del Parlamento Europeo como porque es urgente que se confirmen estas orientaciones políticas europeas. 
Casi todas las semanas aparecen en el mercado nuevos componentes microelectrónicos y cada vez son más breves los plazos de vigencia de las tecnologías electrónicas digitales de acceso a las redes, de navegación, de compresión y almacenamiento de la información; si es verdad que entre los operadores de redes de telecomunicaciones, los fabricantes de satélites y los editores de material audiovisual los plazos son más largos, también es verdad que la desaparición de los monopolios y la mundialización de los mercados, junto con la participación de grandes capitales privados, aceleran enormemente este sector. 
Los poderes públicos, por su parte, tienen poderes de control y de orientación y pueden ser también clientes importantes para aplicaciones como la información a los ciudadanos, la sanidad, la educación, la gestión del territorio, y lo pueden hacer a nivel local y a nivel de los Estados. 
En los Estados Unidos esta simbiosis se realiza sobre todo a nivel local, con las smart communities tipo Silicon Valley, creo, pero en Europa las redes de telecomunicaciones y la sociedad de la información pueden y deben ser instrumentos de la política para el mercado único, de la cohesión interregional y de la cooperación transfronteriza. 
Por eso suscribo también la recomendación de que también los Fondos estructurales se utilicen de vez en cuando para aplicaciones de este tipo, y añadiría también los Fondos de Cohesión, para aumentar las oportunidades de financiación de nuevas empresas en el sector de la sociedad de la información. 
Recuerdo también la función de puente entre realidades económicas y culturales diversas que las redes telemáticas pueden desempeñar respecto de nuestras políticas exteriores y me complace que también los servicios vía satélite hayan sido aceptados al menos por la Comisión en esta decisión. 
Dentro de dos semanas habrá un simposio en El Cairo precisamente sobre la sociedad de la información transmediterránea y las aplicaciones mediante satélite, organizado por la Comisión y por el OEE, y espero mensajes significativos y concretos de los Gobiernos y de los operadores del sector. 
Un comentario sobre el hecho de que las orientaciones de la decisión que se está examinando se refieren ahora a los tres niveles del sistema de red, las aplicaciones, los servicios, las infraestructuras: pienso que en el sector de las aplicaciones la Comisión debe desempeñar un papel federativo de los posibles usuarios, de cliente piloto y de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, mientras en el sector servicios e infraestructuras la Unión debe sobre todo garantizar la interoperabilidad y el apoyo a la investigación tecnológica. 
Por último, felicito al colega Hoppenstedt por el trabajo realizado y por el vigor con el que ha hecho crecer el papel del Parlamento Europeo en esta decisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, la sociedad de la información brinda a las personas la oportunidad única de atender a sus necesidades más fundamentales en lo tocante a la comunicación, proximidad, necesidad de hablar y expresar sus deseos, comunicarse con otras personas y con el mundo que las rodea. 
Se está produciendo un desarrollo acelerado en los sectores de la televisión, radio, Internet, correo electrónico, etc., un desarrollo que va a continuar. 
Nuestra tarea como representantes democráticos es procurar que todos los ciudadanos participen en la sociedad de la información, y que las inversiones que se realicen beneficien a la mayoría y no perjudiquen su salud ni la naturaleza. 
La Comisión presentó estas directrices en el año 1995. El Parlamento ha incidido durante todo el tiempo en que se han desarrollado sus trabajos en los aspectos sociales, el acceso de la mayoría, las repercusiones medioambientales, y la labor de precisar aquellos proyectos que eran de interés comunitario y se hallaban dentro de la esfera de influencia del Parlamento. 
Pienso que la propuesta del comité de conciliación, del que he formado parte en nombre del Grupo liberal, concuerda en lo esencial con el que ha sido el punto de partida del Parlamento en este contexto. 
Quiero resaltar especialmente los aspectos transnacionales y las cuestiones que afectan a las lenguas y las culturas de las regiones menos desarrolladas. 
También es importante y conveniente que se establezca cuáles son los proyectos de interés comunitario, y que se dé prioridad a algunos de estos, por ejemplo, los de la enseñanza a distancia, las pequeñas y medianas empresas, el medio ambiente y la salud, y la comunicación por satélite. 
El Grupo liberal apoya las propuestas del comité de conciliación. 
Creemos que se trata de un paso adelante en una vía que nos llevará a una sociedad de la comunicación y una red telemática transeuropea para todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, consideramos de vital importancia que el Parlamento Europeo apoye el resultado del acuerdo en el Comité de Conciliación con el fin de conseguir la aprobación definitiva, tras más de un año de duras negociaciones, del conjunto de orientaciones relativas a las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
El objetivo de esta decisión consiste en establecer las grandes líneas de acción propuestas e identificar los proyectos de interés común que se beneficiarán de las subvenciones comunitarias con arreglo al Reglamento por el que se establecen los principios generales para la concesión de las ayudas financieras de la Comunidad en el ámbito de las redes transeuropeas. 
Efectivamente, tanto las 18 enmiendas técnicas como la decisión de identificación de los proyectos de interés común y sus prioridades- y la introducción de la comunicación por satélite en el Anexo I, incluida su cláusula de revisión, hacen que debamos aprobar en este Pleno el texto conjunto del acuerdo- por el bien del interés general de los ciudadanos de la Unión, quienes son, en definitiva, los beneficiarios finales del buen funcionamiento del programa sobre las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
Para que ello ocurra, dicho programa debe orientarse no sólo hacia una red de telecomunicaciones dirigida a las grandes empresas del sector, sino hacia el fomento de la creación de empleo y la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en las regiones rurales menos favorecidas de la Unión, en donde, por sus propias características, la buena difusión del sector resultará más complicada- tal es el caso, por ejemplo, de las regiones ultraperiféricas. 
Un primer paso consistiría en fomentar la creación de ayudas a las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones, como generadoras de un elevado porcentaje de creación de empleo en Europa, así como en mejorar las infraestructuras para que dichas empresas se instalen allá donde exista una deficiente red de telecomunicaciones, y no donde sea más cómodo. 
Para conseguirlo, debería identificarse, como proyecto de interés común, aquel que mejore dichas deficiencias y que, a su vez, se aplique en campos tan importantes- como ya se ha dicho- para nuestra sociedad como las universidades, el transporte, los centros de salud o las pequeñas y medianas empresas, por citar algunos casos. 
Teniendo en cuenta el fin social de las redes de telecomunicaciones, resulta imprescindible que dichos proyectos se aprueben teniendo en cuenta su naturaleza, su viabilidad económica, sus consecuencias medioambientales y, principalmente, como ya se ha dicho anteriormente, sus efectos socioeconómicos en la sociedad europea, concretamente, su incidencia en el empleo. 
Finalmente, las divergencias aparecidas antaño pueden y deben quedar, tras el esfuerzo común de todas las partes implicadas, definitivamente solucionadas, pero para conseguirlo debemos apoyar unánimemente la valoración hecha por la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, que tan buen trabajo ha realizado. 
Señor Presidente, estimados colegas, es positivo que se haya llegado a un acuerdo. 
Las telecomunicaciones, o mejor dicho las redes de información, constituyen la base de la sociedad de la información: si bien su función equivale a la de las carreteras, son mucho más que eso. 
Se trata de una verdadera revolución, lo cual se explica si tenemos en cuenta que el sistema de redes puede sobrepasar el sistema democrático o dejar de estar a su alcance. 
La red es sinónimo también de poder, económico, cultural, político y social. 
¿Se está distanciando el poder en la sociedad de las redes? 
Se distancia acercándose demasiado, a medio metro o incluso viniéndosenos encima. 
Además, se trata de un poder sin rostro, de difícil identificación y que puede estar situado en cualquier punto del planeta. 
No es fácil seguir el rastro del poder. 
No es posible someter el poder de la red a votación. 
Quien controle la red y su contenido podrá operar a través de ella, es decir, tendrá poder. 
Nuestra primera exigencia se refiere al derecho de todos a hacer libre uso de la red, sin que su lugar de residencia ni su situación económica se conviertan en obstáculos para esta utilización. 
Pero esto no es suficiente. 
La utilización de la red se enfrenta con grandes obstáculos de orden económico, educativo y social. 
En la sociedad de la información de hoy en día, una persona con una información deficiente se encuentra más marginada que otra con una situación económica menos desahogada. 
Haciendo uso de las redes pueden estallar guerras en la sociedad de la información. 
En estas guerras modernas no se daña físicamente a las personas o los Estados, sino que resulta más favorable hacer del enemigo un cliente dependiente del vencedor. 
Por ejemplo, los piratas informáticos pueden ser los bandidos o los cazabombarderos de la red, donde, por otra parte, también existen virus. 
La Comisión debería elaborar un informe sobre las repercusiones de las redes en la democracia, la sociedad civil y la seguridad. 
Así pues, necesitamos desarrollar la democracia, la política social y la política de seguridad de las redes. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, hoy concluye otro proceso de codecisión, esta vez sobre las orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones, en el que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel fundamental. 
Estamos ante un sector que es esencial para el futuro de la sociedad y de la economía europeas y que constituye una condición previa para permitir a los ciudadanos y a las empresas de la Comunidad, en particular a las PYME, beneficiarse plenamente de las posibilidades ofrecidas por las telecomunicaciones con vistas al establecimiento de la «sociedad de la información». 
En efecto, los servicios y las redes de telecomunicaciones son fundamentales para que cada ciudadano, empresa o autoridad pública puedan tener acceso a cualquier tipo y volumen de informaciones que necesiten, incluidas las regiones menos desarrolladas o periféricas. 
Mediante este programa, la Comunidad apoyará la interconexión de las infraestructuras de telecomunicaciones, esencialmente en el sentido de mejorar la competitividad, en particular de las PYME, y reforzar el Mercado Interior, reforzar la cohesión económica y social, teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de vincular las regiones insulares, sin litoral y periféricas con las regiones centrales de la Comunidad y acelerar el desarrollo de las actividades creadoras de empleo en nuevos sectores de crecimiento. 
Se ha previsto también un nuevo proyecto sobre la comunicación por satélite, que también pasa a ser considerada de interés común. 
La decisión de que la Comisión tenga un plazo máximo de cuatro años para proponer la revisión del Anexo 1, relativo a los proyectos de interés común, so pena de que caduque, permitirá- así lo espero- que se eviten bloqueos políticos en el Consejo. 
Desde mi punto de vista, como miembro del Comité de Conciliación, éste es un buen acuerdo y demuestra que la Comisión, el Consejo y el Parlamento pueden y deben trabajar para formular las políticas que más influencia tienen en el futuro de la sociedad europea. 
Es también un buen acuerdo porque cada una de estas instituciones ha sabido desempeñar el papel que le compete: la Comisión, proponer; el Parlamento Europeo, formular la estrategia y definir los sectores fundamentales; y los Gobiernos, ejecutar los proyectos. 
Por último, quisiera, señor Presidente, felicitar a nuestra vicepresidenta Nicole Fontaine y a nuestro ponente, Sr. Hoppensted, por el notable esfuerzo de conciliación que han hecho. 
Tengo todavía una pregunta para el Comisario Bangemann: El ámbito Telecom se subdivide en hardware, software y manware. 
¿Dónde van a colocar ustedes los acentos para poder seguir configurando en el futuro con tanto éxito este ámbito? 
, miembro de la Comisión. (DE) Voy a ser breve: en el futuro vamos a ver que probablemente se nivelen todas estas diferenciaciones con las que hoy trabajamos, es decir, surgirán sistemas enteros en los que no se podrá distinguir más qué es hardware, qué es la infraestructura, qué es el contenido, qué es el software. 
Esto significa que partimos del supuesto de que en el futuro no vamos a poder trabajar con estas diferenciaciones con las que estamos trabajando ahora, sino que hemos de desarrollar métodos enteramente nuevos. 
Estamos trabajando en ello y próximamente les informaremos más bajo el término de convergencia. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B4-0165/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Antes de entrar en materia, me pide la palabra la Sra. García Arias para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quería hacer la pregunta por una cuestión de orden antes de que empezara la sesión. 
Uno de los Comisarios que comparece hoy es el Sr. van Miert. 
Y tengo entendido que se da preferencia a las preguntas que tienen que ver con el Comisario, justamente. 
Entonces, lo que no acabo de entender es por qué el Parlamento ha entendido que las preguntas formuladas, la nº 77 y la nº 78, por el Sr. Joan Colom i Naval, y la primera a mi nombre, respecto a la adecuación de la normativa sobre descodificadores de televisión, no han sido incluidas en la batería de preguntas para el Sr. van Miert y se han colocado entre otras preguntas. 
El Sr. van Miert está llevando este expediente al igual que el Sr. Bangemann. 
Entonces, señor Presidente, yo creo que estas preguntas tienen que ser incluidas en el debate con el Sr. van Miert, porque el expediente de estas dos preguntas lo lleva también el Sr. van Miert. 
Sra. García Arias, si usted lo desea, cuando se encuentre entre nosotros el Comisario, le daré la palabra a usted pero debo explicarle que la selección de preguntas atribuidas a los Comisarios no las hace el Parlamento, sino la Comisión. 
La Comisión ha entendido, no coincidiendo con su opinión, que su pregunta no correspondía al ámbito de las competencias del Sr. van Miert, sino del Sr. Bangemann. 
El Parlamento no tiene atribuciones para modificar aquello que es del ámbito de la competencia de la Comisión. 
Señor Presidente, hemos visto reiteradamente en la prensa española cómo este tema era tratado, de forma oficiosa o directa, ya sea por el Comisario Bangemann o por el Comisario van Miert. 
Yo le rogaría, señor Presidente, aunque usted me está diciendo que es la Comisión la responsable de adjudicar las preguntas, que ampare a los dos diputados, porque cuando hicimos estas preguntas se las queríamos plantear al Sr. van Miert, independientemente de que deseemos hacer preguntas similares al Sr. Bangemann. 
Sra. García Arias, hay un acuerdo entre las dos instituciones, según el cuál el orden de preguntas lo decide el Presidente del Parlamento, pero la atribución de quién va a responder corresponde a la Comisión. 
Pregunta nº 30 formulada por Laura González Álvarez (H-0339/97): 
Asunto: Suspensión del proceso contra EE.UU. en la Organización Mundial del Comercio (OMC) provocado por la ley Helms-Burton 
¿Puede informar la Comisión sobre los motivos de la suspensión del proceso abierto en la OMC contra EE.UU. por la aplicación de la ley Helms-Burton? 
¿Ha tenido en cuenta la Comisión las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la ley Helms-Burton? 
¿Conoce la Comisión la existencia de un empresario español detenido en EE.UU., en aplicación de la ley Helms-Burton? 
En vista del entendimiento a que han llegado la Comisión y los Estados Unidos y de las obligaciones que han asumido los Estados Unidos con dicho entendimiento, el Consejo coincide en que se suspendan ahora las actuales actividades a nivel de grupo de expertos de la OMC respecto de la legislación Libertad de Helms-Burton, pero si se actúa contra personas o empresas de la Unión Europea en virtud de la ley Libertad o en virtud de la ley de sanciones contra el Irán y Libia, o si no se conceden o se retiran las exenciones descritas en dicho entendimiento, la Comisión pedirá a la OMC que vuelva a comenzar la labor del grupo de expertos o que lo restablezca, para que a continuación desempeñe su cometido normal. 
Al formular sus propuestas la Comisión tiene siempre en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo. 
La Comisión sabe que se ha detenido a un ciudadano español, por lo visto en virtud de la denominada Ley de Comercio con el Enemigo. 
Esa ley existía antes de la Ley Helms-Burton. 
Señor Comisario, efectivamente usted ya casi responde a las preguntas que le habíamos hecho, pero a mí me gustaría decirle dos cosas y hacerle una pregunta más. 
En primer lugar, yo creo que una parte importante de este Parlamento- e incluso de la opinión pública- saludó la decisión de la Comisión Europea cuando, en un ejercicio saludable de independencia, presentó una denuncia en la Organización Mundial de Comercio. 
Yo creo que lo saludamos muchos, porque nos parecía que, por primera vez, la Unión Europea presentaba cara a una decisión de los Estados Unidos que, claramente, vulneraba el Derecho internacional. 
La ley Helms-Burton no nos parece sólo que vulnera el Derecho internacional, sino que nos parece una ley inmoral. 
Parece que este acuerdo con los Estados Unidos se hace sobre la base de una congelación del título tercero y sobre la base de una posible revisión por el congreso de Estados Unidos- recordemos que con mayoría republicana- del título cuarto. 
¿Está usted seguro de que va a haber esa revisión? 
Y en todo caso ¿no merecería amparo un empresario español que está en prisión, precisamente apoyándose en la ley Helms-Burton? 
Antes que nada quisiera recalcar lo mucho que aprecio el apoyo que han dado ustedes a la Comisión y el entendimiento a que se ha llegado. 
Coincido enteramente con Su Señoría acerca de la inaceptabilidad no solamente de la Ley Helms-Burton, sino también de la Ley D ' Amato que se refiere al Irán y a Libia. 
Por eso hemos adoptado medidas sin precedentes no solamente en la OMC, sino también en la legislación de la Unión Europea. 
El entendimiento a que han llegado la Comisión y los Estados Unidos no es la solución final del asunto, sino solamente una medida preliminar. 
Si no hacemos los progresos que esperamos hacer, entonces tendremos pleno derecho a plantear de nuevo la cuestión en la OMC. 
No cabe duda de que así lo haremos si se toman medidas contra empresas europeas. 
El caso concreto del Sr. Ferrero, que ha sido detenido, corresponde a una ley que formaba parte del acervo jurídico americano mucho antes de que se hablara de la Ley Helms-Burton. 
Ése no es el tema de la controversia entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Según tengo entendido, el Gobierno español está prestando asistencia consular al Sr. Ferrero y está en contacto con su abogado defensor. 
Señor Comisario, he entendido que, en referencia a la situación del empresario español, usted se está refiriendo a la aplicación de una legislación anterior, por parte de Estados Unidos, y al hecho de que su defensa, en todo caso, correspondía solamente al Gobierno español. 
Mi pregunta es: ¿usted no cree que, en el ejercicio de las competencias europeas, ese ciudadano europeo- que está preso justamente por limitaciones al comercio internacional- no merecería también el apoyo de la Comisión Europea y, en todo caso, del Consejo Europeo, puesto que se trata de un ciudadano europeo? 
Me hago cargo del punto de vista enunciado por Su Señoría, simpatizo con él y, naturalmente, siento suma simpatía por el ciudadano español que ha sido detenido. 
Ahora bien, la Comisión o el Consejo de Ministros no pueden intervenir cada vez que se formula una alegación de actividad ilegal en virtud de una legislación que no es la de la Unión Europea. 
Sólo tiene que actuar cuando ha habido una infracción de obligaciones en el marco de la OMC. 
En primer lugar lo lógico sería que la cuestión, si surgiera, la planteara el Gobierno del Estado miembro del ciudadano en cuestión. 
Hasta ahora no se ha sugerido que el caso actual represente una infracción de las obligaciones internacionales de los Estados Unidos que requeriría o exigiría la adopción de medidas por la Unión Europea. 
Sigo dispuesto a examinar dicha cuestión si se planteara. 
Pregunta nº 31 formulada por Michael Elliott (H-0334/97): 
Asunto: Aranceles sobre las importaciones 
¿Podría confirmar la Comisión que, tras la introducción de la legislación europea que prohibe el uso de hormonas en la ganadería, los Estados Unidos aplicaron como medida compensatoria derechos adicionales a una serie de productos importados a los Estados Unidos desde la Unión Europea? 
¿Podría indicar la Comisión de qué productos se trataba, qué importes representaba y si esta práctica ha sido impugnada a través de la OMC? 
Señor Presidente, efectivamente el 1 de enero de 1989 los Estados Unidos impusieron unilateralmente una serie de medidas de retorsión, consistentes en la imposición de un gravamen del 100 % a las exportaciones de la Comunidad Europea a los Estados Unidos de carne de vacuno, jamón, tomates transformados o conservados, café, bebidas de baja graduación alcohólica, zumo de frutas y alimentos para animales de compañía. 
Los Estados Unidos cuantificaron estas medidas en 97, 2 millones de dólares. 
Los Estados Unidos llevaron a cabo dos pequeñas reducciones para el jamón y el zumo de tomate por un importe de 4, 5 millones de dólares, después de haberse alcanzado un acuerdo en 1989 por el que se permitía la exportación de carne de vacuno sin hormonas de los Estados Unidos a la CE. 
El 17 de abril de 1996, la Comisión Europea solicitó que se llevaran a cabo consultas, en el marco de la OMC, sobre las medidas de retorsión de los Estados Unidos, basándose en que dichas medidas eran contrarias a sus obligaciones respecto a dicha organización. 
Posteriormente, al no avanzarse en dichas consultas, la Comisión solicitó que se constituyese un grupo de expertos. 
Los Estados Unidos retiraron las medidas de retorsión de forma unilateral el 15 de julio de 1996. 
Quedo muy agradecido al Comisario por su respuesta, pero en estos últimos días nos hemos enterado de que el grupo de expertos de la OMC se pronunciará en contra de la Comisión acerca de la denuncia hecha por los Estados Unidos de América en relación con las importaciones de carne de la UE que contiene hormonas. 
Creo que la inmensa mayoría de los diputados de este Parlamento desearían que la Comisión recurriera contra una decisión tan absurda, y por eso pido a la Comisión que nos indique qué medidas va a tomar para recurrir en contra de esa decisión de la OMC. 
En segundo lugar, ¿puede asegurar la Comisión que en estos momentos en que se negocian cambios del GATT se podrán proteger debidamente la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos y de sus animales agropecuarios, sin que sean suceptibles del tipo de presión comercial que parecen estar ejerciendo los Estados Unidos en el marco del GATT? 
Señor Presidente, en lo que concierne a la segunda pregunta, la posición de la Comisión Europea es bien conocida. 
Estamos a favor del desarrollo y fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio, como principio general, y, naturalmente, consideramos que los mecanismos previstos en esta organización son aquellos que nos pueden permitir encontrar una solución al problema que usted señala. 
Y, naturalmente, en este complejo mundo de las relaciones comerciales, la Unión Europea- señor Elliott- algunas veces ganará y otras perderá. 
Estas son las reglas del juego y espero que el nuestro no le sorprenda. 
Dicho esto, qué duda cabe de que en la Organización Mundial de Comercio deberían tenerse en cuenta no solamente cuestiones relativas al libre comercio, sino naturalmente aquellas que puedan afectar, sobre todo, a unas materias con respecto a las cuales la opinión pública europea está muy sensibilizada y que, naturalmente, se refieren a cuestiones tan importantes como la salud de los consumidores. 
Pregunta nº 32 formulada por Concepció Ferrer (H-0325/97): 
Asunto: Libre circulación y transporte de productos agrícolas en la Unión Europea 
Teniendo en cuenta los ataques producidos por grupos de agricultores franceses en los últimos años a camiones que transportaban productos hortofrutícolas españoles- especialmente fresas- en tránsito hacia países de la Unión Europea, ¿ha realizado la Comisión alguna acción para evitar que se produzcan nuevos ataques este año y de este modo garantizar que el Estado francés cumpla con los artículos 5 y 7 del Tratado de la UE, que aseguran la libre circulación de mercancías en territorio nacional y en la UE? 
Señor Presidente, señora Ferrer, en virtud de los artículos 5 y 30 del Tratado, es responsabilidad de los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan actuaciones de particulares que puedan ir en perjuicio del buen funcionamiento del mercado interior y de la libre circulación de mercancías. 
Respondiendo más precisamente y después de haber dejado claro el principio, a la pregunta que usted plantea sobre frutas y legumbres de España, fresas y transporte por Francia, la Comisión, en el ejercicio de sus competencias y precisamente porque las autoridades francesas se han abstenido de intervenir para poner fin a los repetidos excesos cometidos por un grupo de agricultores contra productos agrícolas de otros Estados miembros, en este caso, del vecino del sur, ha recurrido en procedimiento de infracción para que la República Francesa respete las obligaciones que le incumben. 
En este momento, se está a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
La Comisión, pues, ha hecho uso del único instrumento jurídico que le permite el Tratado y, naturalmente, la Comisión tiene que esperar a que se dicte la sentencia. 
Y esta espera- créame- es obligada, pero no significa, en ningún caso, que sea pasiva ya que la Comisión, lógicamente, está prestando gran atención al desarrollo de la campaña de comercialización de frutas y hortalizas al objeto de, precisamente, sensibilizar a las autoridades francesas, con independencia de que el Tribunal de Justicia emita su fallo- lo cual va a implicar una serie de consecuencias jurídicas, también pecuniarias- en favor de los que han sufrido este tipo de ataques y esperamos, simplemente, dentro de esta cooperación, una actitud mucho más positiva por parte de las autoridades francesas. 
Señor Comisario, es cierto que en este caso las competencias de la Comisión son limitadas. 
De hecho, ha hecho ya lo que debía hacer. 
Sin embargo, el tema lleva dos años en el Tribunal de Justicia. 
Entretanto se han seguido quemando camiones, han seguido siendo objeto de violencia los transportistas que llevan fruta, sobre todo fresas, a través de la frontera. 
Este año, desgraciadamente, los ataques han empezado de nuevo: un camión ha sido asaltado. 
Y, claro, realmente lo que sí le pediría, en nombre de aquellos que también se han dirigido a la Comisión pidiendo que preste atención a este tema, la Federación de los Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, es que no sólo vele por esta cuestión, sino que además- se lo pido encarecidamenteintente que el Consejo ponga fin a esta serie de medidas que tan negativa imagen da de lo que es la construcción europea. 
Le confirmo que, efectivamente, la Comisión fue informada de que, el pasado 24 de abril, un camión, cargado con 21.000 toneladas de tomates, fue detenido y atacado en la autopista, entre Aviñón y Marsella. 
La Comisión se puso inmediatamente en contacto con las autoridades francesas. 
No obstante, tengo que decir- en honor de la verdad y por equilibrar- que, en función de lo que resuelva el Tribunal de Justicia que, lógicamente, va a marcar jurisprudencia, señora Ferrer, la tradición, los precedentes que existen por parte del Tribunal- aquí tengo que ser lo más neutral posible, pero esto es una realidad -, en principio, en función del fallo, pueden permitir efectivamente a todos los afectados dirigirse al Estado, por así decirlo, responsable de los daños que se han sufrido en su territorio nacional para pedir la correspondiente indemnización. 
De hecho, tengo que señalar que, independientemente de que los ataques no se deben producir nunca, lo cierto y la verdad es que el Estado nacional concernido por los ataques está satisfaciendo sistemáticamente todas las demandas de indemnización. 
El Comisario dice que las personas pueden pedir indemnización, pero no sé si conoce la situación de los conductores de camiones británicos que quedaron interceptados por la huelga de conductores de camiones franceses. 
Se llegó a un acuerdo en materia de indemnización. 
Se convino en que las demandas inferiores a 250 libras diarias se podían aceptar sin dificultades. 
Se convino también en que los formularios de demanda se podían redactar en inglés y que los documentos de apoyo y las pruebas se podrían presentar también en inglés. 
Sin embargo, las autoridades francesas insisten ahora en que se desglosen las demandas de poca monta e insisten en que las demandas se presenten en francés. 
Esto representa una discriminación en contra de los conductores de camiones del Reino Unido, y quisiera pedir al Comisario que nos dijera qué medidas va a adoptar la Comisión para cerciorarse de que el Gobierno francés no retrasará este proceso exigiendo complejos requisitos, y si el Comisario se comprometerá ante este Parlamento a interceder cerca de las autoridades francesas para conseguir que se haga justicia en el caso de los conductores de camiones británicos y también en el caso de sus colegas españoles. 
Vuelvo a insistir en que el Tribunal de Justicia todavía no ha tomado una decisión. 
Ahora bien, existe una serie de sentencias del Tribunal de Justicia conforme a las cuales, si ha habido una infracción de la legislación comunitaria por un Estado miembro, se puede demandar a dicho Estado miembro ante un tribunal nacional y recibir la indemnización correspondiente. 
Además, con arreglo al Derecho francés, el Estado francés es responsable de los daños causados a las personas o a los bienes como resultado de la utilización de la fuerza o la violencia durante manifestaciones o concentraciones. 
En consecuencia, es posible ese tipo de demanda por parte de los camioneros británicos. 
Yo no considero que sea un acto de discriminación que las demandas en Francia se presenten en francés; se trata del Derecho nacional de Francia y me parece totalmente lógico que las peticiones de indemnización... 
Parece que hay un problema técnico en la cabina de interpretación inglesa. 
Y debemos esperar hasta que quede solucionado. 
No olvidemos que los ingleses tienen la enfermedad inglesa, que es no conocer otro idioma aparte del suyo. 
(La sesión se interrumpe desde las 17.45 hasta las 18.00 horas) 
Como veo que el Sr. Marín ha aprovechado la interrupción para responder directamente a algunos diputados, doy la palabra a la Sra. Hardstaff. 
En realidad lo que yo quería decir era muy parecido a lo que ha dicho el Sr. Watson y como el Comisario ha tenido la amabilidad de responder directa y detalladamente a los diputados, no necesito hacer uso de la palabra. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nos 33 y 34 caducan. 
Pregunta nº 35 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0303/97): 
Asunto: Atención preferente al norte de Marruecos 
La situación económica y social en el norte de Marruecos ha venido deteriorándose cada vez más sin que las promesas de inminente desarrollo regional e inversiones euromediterráneas consigan atenuar el escepticismo imperante. 
¿Qué inversiones se han realizado en los últimos tres años? 
¿Cuándo está prevista la realización de la carretera Tánger-Oujda tan esperada y necesaria para el desarrollo económico de la zona? 
¿Sabe la Comisión que se están cerrando las pocas importantes empresas que existen en la zona? 
¿Qué calendario concreta los proyectos con financiación de la UE? 
¿Qué proyectos está previsto realizar en los próximos años? 
La Comisión, a través de sus programas, está prestando gran atención al desarrollo económico y social de las provincias del norte de Marruecos, de conformidad con la prioridad concedida por las propias autoridades marroquíes a este tema. 
Entre 1993 y 1996 la Unión ha financiado proyectos por un valor de 118 millones de ecus. 
A ellos hay que añadir los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que han ascendido durante este mismo período a 267 millones, así como 471 millones de ecus procedentes de los Estados miembros. 
Es decir, se han totalizado, en los últimos tres años, proyectos y programas por un volumen de 857 millones de ecus, de los cuales un tercio son aproximadamente préstamos. 
Por lo que se refiere a la realización de la carretera Tánger-Oujda, que podría constituir un factor importante para acabar con el aislamiento de las provincias del norte, todavía no se ha fijado una fecha concreta para el inicio de las obras. 
La Comisión, por otro lado, es consciente de las dificultades a las que se enfrentan las empresas marroquíes en la región, como ha sido señalado por su Señoría en su pregunta. 
En cuanto al calendario de los proyectos que deben ser financiados en las provincias del norte de Marruecos, así como los programas cuya realización está prevista durante los próximos años, estos han quedado establecidos en el programa indicativo 1996-1998 que se ha establecido recientemente de común acuerdo entre la Comisión y las autoridades marroquíes. 
Este programa prevé, en particular, un proyecto de desarrollo rural integrado y un proyecto de creación de zonas industriales, lo que se llamaba anteriormente polos de desarrollo. 
Por otra parte, también se iniciarán en las provincias del norte de Marruecos varios proyectos de carácter nacional. 
Como verá la señora Izquierdo Rojo, la importancia de la inversión en los últimos tres años ha sido muy considerable y ya le digo que, dentro de la programación que se terminó hace un mes, se han incluido un proyecto de desarrollo rural integrado en esta zona y también la creación de una zona de desarrollo industrial. 
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta que concreta y marca algunas prioridades. 
No obstante, pienso que sigue existiendo un cierto problema entre las inversiones aprobadas y lo que se percibe como desarrollo regional. 
Esta pregunta recoge un gran sentir vivido en la zona y es cierto que existe ese escepticismo, esa duda terrible, entre los que tendrían que ser los beneficiarios, los ciudadanos, porque en realidad todavía no ha llegado ese desarrollo regional. 
Créame, señor Vicepresidente, nosotros podemos aprobar en los papeles proyectos tal cual, pero no es un hecho. 
Entonces, la pregunta, hecha en un plano completamente constructivo, busca una respuesta a ese gran problema de todo el desarrollo del Mediterráneo, que estamos iniciando pero a falta de poder contar con realidades. 
No ha precisado usted tanto como a mí me hubiera gustado los proyectos concretos, en cuanto a calendario. 
Esto es lo que nos hace falta. 
No obstante, veo que hay una confluencia de voluntades, según manifiesta usted, entre la Unión Europea y la administración marroquí y, por tanto, esto me llena de satisfacción. 
Lo que tenemos que hacer ahora es informar a los ciudadanos de las provincias del norte de Marruecos de que esto es así, para que participen con nuestra satisfacción, porque ellos todavía no ven nada de lo que les decimos. 
Este es el problema. 
Tengo que decirle que, al menos los proyectos de 1993-1996 sobre sanidad y planificación familiar, creación de empleo, ecosistemas forestales, crédito y reconversión agrícola, lucha contra la droga, agua potable y saneamiento, carreteras y pistas rurales y una pequeña participación de las ONG, más luego la intervención del Fondo de Desarrollo Agrícola y la Caja Nacional de Crédito Agrícola, eso se ha facturado y se ha hecho. 
Calendario para el futuro de 1996 en adelante: está en este momento en preparación, porque fue poquito antes de la reunión de Malta cuando se terminó la programación con las autoridades marroquíes. 
Es un partenariado y, naturalmente, hay que discutir y negociar con la parte marroquí. 
Se ha establecido un programa de 40 millones de ecus para un desarrollo rural integrado en la zona del norte de Marruecos y se ha establecido conjuntamente con la autoridad marroquí un programa de 24 millones de ecus para crear una zona de desarrollo industrial. 
Y esto, naturalmente, se va a hacer. 
En cuanto a las carreteras, quiero decirle que hay un programa establecido ya por valor de 30 millones de ecus, que se va a firmar pronto, y su primera fase ya ha sido acordada por el Gobierno marroquí. 
En la medida en que el Gobierno marroquí pidiera ampliar el programa actual de carreteras e incluyera la carretera Tánger-Oujda, la Comisión, atendiendo a la petición marroquí podría incluir algunos de los tramos de la carretera, porque tampoco, señora Izquierdo Rojo, queremos gastar todo el dinero del programa MEDA en cemento, en infraestructura, y porque pensamos que en Marruecos hay un nivel de desarrollo suficiente como para que gran parte de las infraestructuras se empiecen a hacer, no por la vía de la donación, sino por la vía de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 
Creemos que éste es un problema de combinación y de equilibrio. 
Yo creo que naturalmente- y en la medida en que esto se ponga en marcha rápidamente, y es voluntad del Gobierno marroquí hacerlo- lo más que podemos hacer para garantizar la visibilidad es, a lo mejor, hacer la misma campaña que hicimos con los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión: cada vez que se haga una carretera, llenar de carteles la carretera. 
Pero yo creo que es muy difícil pretender- no sólo en Marruecos sino en cualquier país del área mediterránea- hacerle ver a la opinión pública- escasamente dos, tres meses después de la programación- que tienen una rentabilidad inmediata en su modo de vida, en su montaña, en su pequeña granja. 
Esto es un proceso que se debe dar inevitablemente a largo plazo. 
Señor Presidente, aunque el Sr. Comisario no ha podido contestar la pregunta 34, quisiera enlazar yo también en relación con esta pregunta con lo que él acaba de decir: no se trata precisamente sólo de los recursos para infraestructuras sino también, sobre todo, de la cooperación cultural, de la cooperación educativa y de la formación. 
En la Europa central y oriental hemos cometido, ante todo, el error de transferir más dinero y de poner demasiado poca atención en la educación y en la formación de las personas. 
Quisiera preguntarles por los componentes culturales de la cooperación con Marruecos y con el norte de Africa. 
Me alegro mucho de su pregunta, porque justamente, teniendo en cuenta los errores que se habían cometido respecto a los países de la Europa Central y Oriental, el programa de «mise à niveau» , en la terminología marroquí, el programa de adaptación a la zona de librecambio, supone casi el 80 % del total de los recursos del programa MEDA. 
Y precisamente, en la aplicación del programa MEDA hemos concentrado el máximo paquete financiero en las subvenciones que tienen que dedicarse a la «mise à niveau» , a la formación profesional, a aumentar el nivel sobre todo del trabajador y de la trabajadora en los países del área, a garantizar la incorporación de nuevas tecnologías, a preparar mentalidades y a adaptar el aparato industrial. 
Y luego, lo que estamos intentando es que lo que sea infraestructura, o infraestructura de futuro, estos países lo vayan incorporando progresivamente al sistema de préstamos bonificados del Banco Europeo de Inversiones. 
Estamos precisamente siguiendo esa línea. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 36, 37 y 38 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 36 formulada por Arthur Newens (H-0309/97): 
Asunto: Relaciones comerciales con Cuba 
¿Podría la Comisión hacer una declaración sobre el diálogo con Cuba y la posibilidad de reactivarlo e indicar la manera en la que sería posible avanzar rápidamente hacia la celebración de un acuerdo comercial y de cooperación con dicho país? 
Pregunta nº 37 formulada por Rinaldo Bontempi (H-0311/97): 
Asunto: Comercio con Cuba 
¿Puede la Comisión explicar cómo prevé dar impulso a las conversaciones, actualmente estancadas, que podrían dar lugar a un acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Cuba? Pregunta nº 38 formulada por David Morris (H-0312/97): 
Asunto: Ayuda humanitaria a Cuba 
En virtud de las iniciativas emprendidas por médicos europeos relacionados con la ONG «Medicuba» con base en Suiza, organización que consiguió recoger 100.000 dólares estadounidenses sólo en 1996, para financiar productos básicos destinados a la industria farmacéutica cubana, ¿puede explicar la Comisión qué medidas está tomando para garantizar que los servicios médicos y los suministros básicos, destinados a ciudadanos cubanos inocentes y pacíficos, no corren peligro a causa del embargo de los EE.UU. y la Ley Helms Burton? 
, vicepresidente de la Comisión. Agradezco las preguntas al señor Newens y al señor Bontempi, e intentaré darles precisiones sobre un tema que es recurrente para situar exactamente lo que estamos haciendo y lo que pensamos que se puede hacer. 
Ustedes conocen perfectamente cuál es la posición común de la Unión Europea respecto a Cuba, tal y como fue formulada por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 1996. 
Allí se precisan y sistematizan los aspectos y modalidades de la relación con este país. 
La Comisión es partidaria, siempre lo ha sido, de proseguir su diálogo con las autoridades cubanas a la luz de esta posición común, y en este sentido, y en base a las informaciones últimas que se han producido- la elaboración del segundo informe de los embajadores europeos en La Habanaestamos considerando, ya que termina el plazo en el próximo mes de junio de los seis meses que tenía en vigor la posición común, y será el momento en el Consejo de Ministros- me imagino que también en el Parlamento Europeo- de hacer una evaluación de la situación, y en el mes de junio tomar iniciativas al respecto, digo que se está procediendo a una valoración de las ideas contenidas en el informe de los embajadores. 
En este momento, la Comisión Europea está en condiciones, sin ningún problema, de demostrar que, siendo exigentes en ciertos puntos que nos parecen fundamentales en materia de derechos humanos, de apertura de la sociedad cubana, respetando naturalmente su integridad nacional, su forma de entender la revolución, su propio futuro, siendo exigente en algunas cosas, la Comisión, desde luego, no tiene nada que reprocharse porque hemos hecho un esfuerzo realmente importante en los últimos tres años. 
Y es la primera vez que le voy a dar a este Parlamento lectura concreta de cómo se está realizando la cooperación de ayuda humanitaria concreta con Cuba: de 1993 a 1996, hemos gastado un total de 45 millones de ecus. 
Esta ayuda incluye alimentos, medicinas, material médico y productos de higiene. 
En este momento se está elaborando por parte de la Comisión el plan global para este año que va a alcanzar aproximadamente 8 millones de ecus, y se tratará de envíos, de medicamentos transformados, de materias primas para la fabricación de medicamentos, alimentos- sobre todo aceite de soja, carne y leche en polvo- y material de higiene para los hospitales. 
El programa de distribución está ya elaborado; se hará a través de centros hospitalarios y las farmacias y el objetivo será la zona más vulnerable de la población cubana, es decir, niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos crónicos. 
La distribución y el seguimiento se hará a cargo de once ONG europeas que velan por el buen funcionamiento de las operaciones y que no nos han señalado por el momento ningún problema de ejecución vinculado a la política de embargo que pueda estar desarrollando Estados Unidos. 
En consecuencia, respecto a la primera y segunda preguntas, consideramos que en este momento es difícil verificar cuáles puedan ser los impactos en las relaciones con Cuba que tenga la Unión Europea. 
En segundo lugar, estamos en este momento evaluando el informe de los embajadores, reciente. 
En tercer lugar, habrá que encontrar un tipo de respuesta, ya que la posición común tiene una validez de seis meses y termina en el mes de julio- algo hay que hacer antes del mes de julio. 
Y en cuarto lugar, la ayuda humanitaria y los programas de cooperación que estamos desarrollando han adquirido ya un volumen bastante considerable en nuestra opinión, y por lo que respecta a la ejecución del plan global de este año, las decisiones han sido tomadas ya en el sentido que acabo de señalar. 
Doy gracias al Comisario por toda la información que nos ha dado. 
En vista de que muchos países del mundo con los que la Unión Europea tiene acuerdos de cooperación y estrechas relaciones económicas poseen un historial de derechos humanos mucho peor que el de Cuba, ¿no le parece al Comisario que no hay razón para rechazar un acuerdo con Cuba por motivos de derechos humanos, aunque sigamos insistiendo en la necesidad de respetar dichos derechos? 
Puesto que el Gobierno cubano desea concertar un acuerdo de cooperación y muchos Estados miembros de la Unión Europea tienen ya en vigor acuerdos comerciales con Cuba, ¿qué nos impide llegar a un acuerdo sobre esa base? 
También yo tengo que decir que me doy cuenta de la posición de la Comisión; espero también con cierto interés ese vencimiento de la posición común, pero me parece que, precisamente por la presión de los Estados Unidos, puede faltarnos una estrategia unitaria en la acción hacia Cuba. 
Por un lado, el caso Helms-Burton y, por otro, el acuerdo alcanzado sobre el comercio y este stop dado a la posibilidad de tener una acción de cooperación me inducen a preguntarme si, con ocasión del vencimiento de la posición común, no es el momento de hacer un esfuerzo de fuerte autonomía para definir una estrategia unitaria con respecto a Cuba; si no, estaremos siempre a la merced del contingente. 
Quisiera dar gracias a la Comisión por su extensa respuesta. 
Podemos esperar hasta ver lo que sucede en el sector comercial, pero no creo que las enfermedades vayan a esperar a ver lo que hacemos. 
Tiene que haber una respuesta positiva. 
Como sabe la Comisión, los Estados Unidos de América saben cómo fabricar medicamentos y fármacos mucho más baratos que, posiblemente, cualquier otro país del mundo. 
Ahora bien, hay un embargo que impide que Cuba adquiera medicamentos en los Estados Unidos de América. 
En realidad, hoy en día se acepta la existencia de un acuerdo internacional basado en los derechos humanos que permite que los medicamentos puedan circular libremente, incluso en tiempos de guerra. 
Ésta es una posibilidad que se niega al pueblo de Cuba. 
Quisiera preguntar al Comisario qué medidas ha adoptado para convencer a los Estados Unidos de que abandonen su embargo sobre la venta de medicamentos, que tan fáciles son de fabricar en los Estados Unidos. 
Respecto a la primera pregunta, la Comisión entiende que la posición común es autónoma y específica de la Unión Europea. 
O yo lo interpreto así. 
Es un acto autónomo y específico de la Unión Europea, que no depende en ningún caso del conflicto comercial que podamos tener con los Estados Unidos, con la ley HelmsBurton. 
Y es, en nuestra propia decisión interna, señores Newens y Bontempi, que antes del mes de junio deberemos decidir cómo progresar en nuestro diálogo con las autoridades cubanas, con independencia de cuál vaya a ser la solución interna que den los Estados Unidos respecto a la Ley Helms-Burton. 
Nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. 
Y habrá ocasión de debatirlo, insisto, antes del mes de junio. 
Naturalmente, la Comisión está dispuesta a asumir también sus responsabilidades. 
Pero, como estamos señalando permanentemente a las autoridades cubanas, y algunos de ustedes podrían ayudar, también es necesario que, por parte de las autoridades cubanas, se tengan algunas ideas claras de cómo poder responder de una manera positiva a algunos de los elementos que están consagrados en la posición común. 
Esto es el diálogo. 
Y estamos en este momento en esta tesitura. 
En cuanto al problema del embargo comercial, señor Morris, no nos está afectando en absoluto el embargo comercial para que ECHO, nuestro departamento de ayuda humanitaria, esté desarrollando normalmente su programa. 
No estamos teniendo ningún tipo de inconveniente. 
¿Puedo dar por sentado que la Comisión nos da la seguridad de que pueden continuar las negociaciones comerciales, sea cual fuere la posición de los Estados Unidos respecto de la Ley Helms-Burton, y que tiene la intención de proteger a las empresas europeas? 
Usted ha comprendido bien. 
Es que esto se encuentra en la posición común. 
Y en la posición común se dice claramente que, en la medida en que el diálogo con las autoridades cubanas avance, que se produzcan avances en términos de apertura de sociedad, apertura de la economía, será posible progresar como decisión autónoma y específica. 
Es posible. 
Quiero agradecerle muy brevemente al señor Marín sus explicaciones. 
Tiene razón el Presidente, siempre estamos encantados de escucharle. 
Sin embargo, hay una preocupación que late en las preguntas de los compañeros: ¿por qué con algunos países con los que sí hay acuerdo- no debería poner el ejemplo, pero es un ejemplo ilustrativo, léase Turquía, con el que tenemos un acuerdo aduanero- no se les exige antes que cumpla con los derechos humanos? 
Nuestro premio Sajarov, Leyla Zana, no pudo venir a recoger aquí su premio. 
Sin embargo, a Cuba sí se le exige antes. 
De todos modos, aunque ésa es la pregunta, yo agradezco al señor Marín su explicación, porque parece que puede haber una vía de diálogo, y eso sería lo que todos aplaudiríamos. 
Sinceramente, no resultaría difícil para nadie- y ojalá esto se resuelva en la Conferencia Intergubernamental- demostrar que la Unión Europea no solamente aplica dobles, triples o cuádruples estándares después de lo que ocurrió en Ginebra en la votación sobre los derechos humanos en China. 
Después de este acto, francamente- lo digo con respeto al Parlamento Europeo- es muy complicado para un parlamentario europeo, un Comisario o un Estado miembro intentar decir que somos coherentes. 
Ciertamente, no lo somos. 
Es lo único que puedo decir. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 39, 40 y 41 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 42 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0299/97): 
Asunto: Promoción de las fuentes de energías renovables y su utilización en el transporte ferroviario 
¿Estima la Comisión que se están adoptando medidas oportunas por los Estados miembros de la UE tanto respecto a la promoción de las energías renovables, como a las posibilidades de utilización de tal tipo de energía para el transporte ferroviario? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión entiende que debe fomentarse el papel de las fuentes de energía renovables en los sistemas de abastecimiento de energía de la Unión Europea. 
De hecho, éste es uno de los mensajes centrales del Libro Verde «Energía para el futuro- fuentes de energía renovables» recientemente publicado por la Comisión Europea. 
Hasta ahora, la Comisión ha afirmado que las energías renovables podían contribuir esencialmente a lograr los objetivos de la política energética de la Unión, es decir, la seguridad del abastecimiento, el aumento de la competitividad y la protección del medio ambiente. 
La ayuda financiera comunitaria destinada a estas fuentes de energía ha sido prestada principalmente a través de los programas ALTENER y JOULE-THERMIE. 
El uso de las energías renovables, en nuestra opinión, debe promocionarse en todos los sectores, incluido el del transporte. 
A éste corresponde aproximadamente la cuarta parte del total consumo de energía de la Unión Europea, al mismo tiempo que se trata del sector cuyas emisiones de dióxido de carbono aumentan con mayor rapidez. 
Sin embargo, hay que admitir que ya se ha logrado cierto progreso en el uso directo de energías renovables para los transportes por carretera, como los biocombustibles. 
Con respecto al sector del transporte ferroviario, el potencial de las fuentes renovables de energía se halla en primer lugar en la generación de energía eléctrica y, por consiguiente, en el uso de trenes eléctricos en el transporte ferroviario. 
En determinados Estados miembros, hay que reconocer que la contribución de las energías renovables a la producción de energía eléctrica es significativa. 
Ahora bien, como se menciona en el Libro Verde, la Comisión considera que queda un margen considerable de ampliación de las energías renovables y nos movemos en esa dirección. 
La Comisión Europea pretende presentar antes de finales de 1997 un libro blanco y una acción piloto sobre las fuentes de energía renovables. 
La acción piloto estará basada en el Libro Verde y en los resultados del diálogo que actualmente se mantiene sobre la base de éste. 
El libro blanco constará igualmente de una serie de medidas para la promoción de las fuentes de energía renovables. 
Les puedo asegurar que, en este contexto, la Comisión estudiará detenidamente todas las posibilidades de un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y, en este marco, examinará sin duda las perspectivas que el sector del transporte ferroviario ofrece al respecto. 
Señor Comisario, es un hecho que el transporte ferroviario es, hoy por hoy, el modo más flexible y que el 48 % de los trenes europeos circulan en base a energía eléctrica producida en plantas hidroeléctricas libres de emisiones del CO2. 
Ante esta situación se vislumbra el importante papel que puede jugar el ferrocarril frente a la previsible demanda de energía, sin perturbar la protección medioambiental, en un intento de aminorar el efecto invernadero. 
Importancia que viene avalada por el dato real de que el sector del transporte, como usted ha dicho, es- usted ha dicho la cuarta parte- yo creo que es un poco más del consumo total de energía. 
Por todo ello, parece razonable que si nuestro objetivo es el de reducir el 15 % las emisiones de CO2 antes del año 2010, adoptar una estrategia comunitaria coherente en favor de las energías renovables es ya fundamental, poniendo ya en marcha no sólo los programas que usted ha citado, sino también el Altaner o en la potenciación, de una vez por todas, de la estabilidad y transparencia en las medidas nacionales para promover las fuentes renovables de energía. 
Señor Presidente, no tengo mucho que agregar a las observaciones que acaba de hacer su Señoría. 
Únicamente, quisiera también confirmar a la Asamblea que el programa ALTANER será incluido en la serie de programas destinados a contribuir a la promoción de las fuentes de energía renovables. 
Pregunta nº 43 formulada por Richard Howitt (H-0307/97): 
Asunto: Libro Blanco sobre Organizaciones y Fundaciones de Voluntariado 
¿Porqué no se ha publicado aún este Libro Blanco, cuatro años después de las primeras consultas y exactamente un año después de que la Comisión declarase que «probablemente la Comisión dé su acuerdo en un futuro próximo»? 
En concreto, cuando se examinó el proyecto en una reunión reciente de los Gabinetes de los Comisarios, ¿cuáles fueron exactamente las objeciones a transmitir el documento a la Junta de Comisarios para su acuerdo? 
¿Querrá el Comisario dar ahora una fecha fija y definitiva en que presentará el proyecto de Libro Blanco ante una reunión de comisión, para prestar asistencia a todas aquellas personas en el sector del voluntariado que estiman que Europa no les hace ningún caso? 
Señor Presidente, el proyecto de Libro Blanco sobre organizaciones y fundaciones de voluntariado ha sido objeto de muchas consultas durante los últimos meses, tanto en la Comisión Europea como con los organismos interesados, que son las organizaciones y fundaciones. 
Ha sido imprescindible comprobar la autenticidad de los datos incluidos en el Libro Blanco acerca de todos los Estados miembros, en concreto respecto a los nuevos países, Austria, Finlandia y Suecia, que no eran miembros de la Unión Europea durante la primera etapa de la investigación que sirvió de base para elaborar el proyecto que tenemos ante nosotros. 
Por lo tanto, la Comisión ha creado nuevas iniciativas en los últimos meses. 
Hemos mantenido muchos contactos políticos también en este ámbito, cosa que había que reflejar en el texto. 
Las nuevas consultas internas y externas con organizaciones y fundaciones de voluntariado han sido necesarias fundamentalmente por dos razones: primero, por la ampliación de la Unión Europea, y, segundo, por la necesidad de tomar en cuenta todas las iniciativas adoptadas por la Comisión en los dos últimos años- porque les recuerdo que la versión inicial de dicho texto se presentó hace cuatro años. 
Todas estas modificaciones, por tanto, han sido integradas en el proyecto del documento que actualmente se encuentra en la última fase de presentación a la Comisión. Está previsto que el 29 de mayo, es decir, dentro de dos semanas exactamente, podamos examinarlo en la Comisión Europea, donde esperamos sea aprobado. 
Creía que el Comisario nos iba a defraudar y, precisamente cuando yo empezaba a hacer gestos de descontento, mencionó la fecha del 29 de mayo. 
Quisiera darle gracias calurosamente y decirle que, naturalmente, estamos pendientes de la publicación. 
Hablando de una cuestión más seria, espero que el Comisario coincida conmigo en que es lamentable que nos acerquemos a otra Conferencia Intergubernamental sin que haya habido un diálogo civil y sistemático del tipo que estoy seguro que él, y este Parlamento, quisieran instituir, para que los ciudadanos ordinarios y las organizaciones voluntarias en que se hallan representados hayan tenido la oportunidad de intervenir directamente en el futuro desarrollo de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que coincidirá conmigo en que un estatuto claro y sencillo para las asociaciones permitirá que las organizaciones voluntarias y las organizaciones benévolas sean reconocidas como plenos asociados sociales en nuestras deliberaciones, puedan participar en los debates acerca de la Unión Europea, puedan ser consultadas por la Comisión acerca de proyectos de normas legislativas, y puedan promover la legislación en el plano comunitario que tan tristemente echamos de menos en la actualidad. 
Señor Presidente, me alegro de no haberle decepcionado y espero que la fecha que le he indicado, el 29 de mayo, sea de verdad el día que la Comisión Europea adopte el Libro Blanco sobre las organizaciones y fundaciones. 
Comparto totalmente su opinión de que este tema necesita un nuevo impulso. 
Quizás ofrezca soluciones alternativas en una época en la que buscamos puestos de trabajo y creo que en este sentido tendremos un dictamen afirmativo por parte de la Comisión Europea. 
¡Esperemos 15 días! Confío en que posteriormente, todos, el Parlamento Europeo y todas las organizaciones y fundaciones interesadas, participemos en un diálogo público a nivel europeo en el que podamos tratar y determinar los detalles futuros de la economía comunitaria y en concreto de las organizaciones y fundaciones. 
También me agrada sobremanera que tengamos una fecha fija para la publicación del Libro Blanco. 
Las organizaciones voluntarias son muy innovadoras y muy importantes, pero he de recordar al Comisario que hace aproximadamente diez años también se hizo una especie de promesa acerca de un código para el estatuto de los voluntarios. 
No ha sucedido nada tampoco en esa esfera, y ésta es una cuestión digna de estudio urgente. 
Señor Presidente, comparto las inquietudes de su Señoría, inquietudes que además expresé desde el otro ala de la Sala, sentado en el ala izquierda de los escaños del Parlamento durante la pasada década. 
Sin embargo, como sabe, para solucionar estos problemas han sido necesarios muchos debates dentro de la Comisión Europea, debates que, como se ha comprobado, no han llevado a ninguna conclusión, ni a ninguna propuesta concretas. 
Espero que con la presentación del Libro Blanco podamos contestar de la mejor forma posible, que en mi opinión es la forma más actual, la solicitud expresada por su Señoría. 
Pregunta nº 44 formulada por Alex Smith (H-0370/97): 
Asunto: Cuestiones surgidas de las relaciones entre la Comisión y el OIEA 
Los días 12 y 13 de diciembre del año pasado se celebró en Bruselas una reunión del Comité de Enlace de alto nivel de la Comisión y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para examinar la cooperación entre los inspectores de la Comisión y del OIEA en las instalaciones nucleares de la Unión Europea. 
Según las informaciones facilitadas por el director general adjunto del OIEA, Bruno Pellaud, sobre el trascurso de la reunión, la Comisión no está de acuerdo con el OIEA en diferentes cuestiones de importancia, incluido el apoyo del OIEA al control permanente del enriquecimiento (CEMO) con objeto de detectar niveles no autorizados de uranio enriquecido en las instalaciones del consorcio URENCO. 
También indica que la Comisión apoya las objeciones alemanas a la verificación de las medidas de seguridad en lo relativo al combustible consistente en mezclas de óxidos de plutonio y uranio (MOX) procedente del Reino Unido y empleado en la Central Nuclear de Unterweser. 
¿Podría indicar la Comisión qué medidas ha adoptado para resolver tales problemas? 
Agradezco muy sinceramente al Comisario su extensísima respuesta. 
Me parece que recibir una respuesta de seis minutos en un Turno de preguntas constituye un récord. 
La razón de que haya planteado esta cuestión es que la fabricación y la utilización de mezclas de óxidos está aumentando sobremanera en toda la Europa occidental. 
El combustible a base de mezclas de óxidos contiene plutonio sin irradiar, elemento que es perfectamente adecuado para fabricar una arma nuclear, y como hace diez años se decidió en un informe del OIEA que esta cuestión tenía alta prioridad, me inquieta un poco que todavía no hayamos presentado una resolución sobre el particular. 
¿De qué forma va a tener en cuenta el Comisario el hecho de que las centrales nucleares ordinarias se han convertido en lugares de almacenamiento de materiales para su uso directo? 
¿Lo está teniendo en cuenta? 
Señor Presidente, quiero asegurar a su Señoría, el Sr. Smith, que la Comisión Europea y el EURATOM continuarán sus esfuerzos controlando todas las plantas, incluidas las nuevas, para que se incorporen y tengan en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos. Por supuesto, continuaremos la inspección de Sellafield. 
Es lo que hacemos, ya lo estamos haciendo, de manera consecuente además, y seguiremos haciéndolo. 
Agradezco al Comisario la seguridad de que supervisará todas las plantas. 
Le sugiero que se fije en la central nuclear de Hunterston, en la que hubo que poner fuera de servicio un reactor en marzo de este año. 
Hunterston forma parte de mi circunscripción. No sé si se ha enterado de la cuestión en su calidad de Comisario encargado de la energía, pero quizá pudiera indagar cerca de las autoridades del Reino Unido sobre lo que sucedió en Hunterston. 
Señor Presidente, quiero asegurar a la Asamblea y al Sr. McMahon que los servicios del EURATOM controlan permanente e ininterrumpidamente el funcionamiento de los reactores, incluidos los reactores que cierran. 
Seguimos continuamente el desarrollo de la tecnología y siempre controlamos el funcionamiento de los reactores a todos los niveles. 
Nuestro objetivo fundamental es proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, así como asegurar la aplicación de la mejor tecnología posible existente en el ámbito de la energía nuclear. 
Pregunta nº 45 formulada por Hugh McMahon (H-0287/97): 
Asunto: Carta de los servicios públicos 
¿Puede la Comisión informar al Parlamento sobre los motivos por los que no ha adoptado una Carta de los servicios públicos? 
¿Está de acuerdo la Comisión en que el mantenimiento de los servicios públicos a unos precios asequibles, estipulado en una Carta comunitaria, es valioso para los ciudadanos de Europa y constituye un aspecto importante del mercado interior? 
Los servicios de interés general constituyen un elemento importante del modelo europeo de sociedad. 
En su comunicación de septiembre del año pasado, relativa a los servicios de interés general en Europa, la Comisión enunció claramente los principios de sus políticas y fijó sus objetivos para el futuro. 
La comunicación indicaba en particular lo siguiente: 
La prestación de servicios de interés económico general de alta calidad a precios asequibles representa un objetivo esencial que hay que garantizar en el contexto del mercado interior. 
El Tratado de la Comunidad Europea, y más precisamente su artículo 90, establece ya un equilibrio satisfactorio entre los objetivos de la integración del mercado y de la libre competencia, por una parte, y los objetivos de interés económico general, por otra. 
La Comisión estima que el artículo 90 ha demostrado que vale para garantizar dicho equilibrio. 
La definición de los objetivos de interés económico general es, en principio, una competencia nacional que ha de ser ejercitada por los Estados miembros en relación con las normas del Tratado de la Comunidad Europea. 
Toda armonización de sus objetivos en el plano de la Unión Europea ha de tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector. 
Por consiguiente, las directivas sectoriales como las que se ha propuesto para los sectores postal y de telecomunicaciones, constituyen el instrumento apropiado para conseguir ese objetivo. 
La Comisión apoya activamente, en el marco de las competencias existentes en esferas como el medio ambiente, la protección de los consumidores, la cohesión económica y social o las redes transeuropeas, una política positiva encaminada a conseguir objetivos de interés general. 
La Comisión considera además que una mención explícita de la obligación positiva de promover servicios de interés general debería añadirse en un nuevo párrafo del artículo 3 del nuevo Tratado de la Unión Europea que se está negociando en la actualidad. 
En este contexto, la Comisión no prevé actualmente la adopción o la propuesta de ninguna otra medida de carácter general como, por ejemplo, una carta del servicio público. 
Somos partidarios de incluir esas medidas en el artículo 3 del actual Tratado mediante las actuales negociaciones intergubernamentales. 
Una vez dicho lo que antecede, la comunicación de la Comisión de septiembre del año pasado a la que me he referido antes deja esta opción abierta. 
Si, por ejemplo, los Estados miembros se niegan a incluir dicha referencia en un artículo del Tratado, se podría estudiar la posibilidad de transformar la comunicación en una especie de carta, pero como al parecer se tiene la intención de examinar su inclusión en el tratado, diré que somos partidarios de dicha opción. 
Doy gracias al Comisario por su respuesta. 
¿Puedo dar por supuesto que la Comisión está ocupándose activamente en la Conferencia Intergubernamental de la posibilidad de considerar a esta cuestión como parte del Tratado? 
Si no lo conseguimos, ¿qué va a hacer la Comisión? 
La respuesta es afirmativa, pero como ya he dicho somos partidarios de que se incluya una referencia en el artículo 3. 
Otros, en cambio, parecen preferir que se haga una referencia en el artículo 8. Esta cuestión está siendo objeto de debate actualmente. 
Lo más importante es que en el nuevo texto se incluya una referencia. 
No creo que necesitemos absolutamente una carta, pero lo cierto es que la comunicación de la Comisión obliga a la Comisión a seguir adelante con este tipo de política equilibrada. 
Doy gracias al Sr. McMahon por haber planteado esta cuestión. 
Me ha agradado sobremanera oír su respuesta optimista y muy positiva. 
Estoy seguro de que sabe usted que estoy ocupándome de un informe que se ha presentado al Parlamento y que trata de los servicios de interés general, y le voy a pedir que sea muy dinámico y muy cooperativo. 
Ésta es una esfera importantísima para el Parlamento Europeo. 
Quisiéramos que la Unión enviara un mensaje sumamente positivo de buenas noticias para todos nuestros ciudadanos, a fin de contrarrestar algunas de las malas noticias con que se les está inundando en estos momentos. 
Voy a pedirle que nos diga si la Comisión está dispuesta a ser muy clarividente y a ocuparse de algunas sugerencias realmente muy innovadoras que se van a plantear no solamente en la Conferencia Intergubernamental sino también en relación con la forma en que nos ocupamos de los servicios públicos en la Unión Europea; la forma en que los Comisarios se ocupan de ellas; y la forma en que nuestras comisiones parlamentarias se ocupan de ellas, a fin de lograr que haya cooperación entre el Parlamento y los Estados miembros. Todo eso significa que estamos trabajando cogidos de la mano. 
Quisiera confirmar el espíritu positivo con que la Comisión está procurando ocuparse de este tipo de problemas. 
Aparte de lo que acabo de decir he de reconocer, como saben ustedes, que estamos en desacuerdo acerca de si el artículo 90 debe ser modificado o no. 
Aparentemente no hay más que unas cuantas delegaciones que son partidarias de hacerlo. 
La mayor parte de las delegaciones están dispuestas, al parecer, a hacer suya la opinión de la Comisión en favor de incluir una referencia en el artículo 3. 
Otras prefieren que la referencia figure en el artículo 8. 
Creo que lo mejor es que veamos qué dirección sigue el debate. 
Si logramos que figure algo en el Tratado, habremos dado un paso adelante. 
Por lo demás, tengo la firme intención de seguir adoptando un enfoque equilibrado a base de ideas claras y objetivas, al mismo tiempo que procuro tener en cuenta a los servicios de interés general en toda política que se pueda elaborar. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 46 y 48 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 46 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0297/97): 
Asunto: Ayudas al transporte a Volvo 
La Dirección General IV de la Comisión ha sometido a examen las ayudas al transporte destinadas a determinadas empresas con actividades industriales en el norte de Suecia. 
En un informe se propone que no se autoricen las ayudas a la fábrica de Volvo situada en Umeå. 
Las ayudas al transporte en beneficio de empresas del norte de Suecia representan una parte significativa de la política regional de este país y revisten una gran importancia con vistas a atraer inversiones industriales hacia esta región. 
No obstante, las ayudas representan solamente una parte de los costes suplementarios que implica la localización de la producción en las regiones septentrionales del país. 
¿Qué motivos alega la Comisión para sostener que las ayudas suponen una distorsión de la competencia, máxime cuando estas ayudas ni siquiera cubren la totalidad de los gastos suplementarios derivados del transporte en el interior de Suecia? 
¿Por qué considera la Comisión que la producción en Umeå corresponde a montaje final, cuando la fábrica produce exclusivamente componentes (cabinas)? 
Pregunta nº 48 formulada por Sören Wibe (H-0302/97): 
Asunto: Ayudas al transporte para la fábrica Volvo de Umeå 
Según informaciones aparecidas en la prensa sueca, la Comisión tiene la intención de prohibir las ayudas al transporte para la fábrica Volvo de Umeå. 
Esta prohibición constituye una amenaza para la existencia de la fábrica y, por consiguiente, para los casi mil puestos de trabajo en la región. 
Esta actitud de la Comisión se basa, entre otras cosas, en un informe consultivo cuyo contenido se mantiene, sin embargo, en secreto, incluso para los representantes del Gobierno sueco. 
De conformidad con las informaciones de la prensa, otro argumento de la Comisión consiste en que la fábrica Volvo no se considera una fábrica proveedora, sino una fábrica de fabricación de productos acabados. 
¿No considera la Comisión poco razonable el hecho de que un informe consultivo del que depende su decisión sobre esta cuestión se oculte a la opinión pública y, en especial, al Gobierno sueco? 
¿Considera la Comisión que la fábrica Volvo, que fabrica cabinas para camiones para su posterior montaje en los camiones acabados, fabrica productos acabados o un componente para camiones? 
Como Sus Señorías saben seguramente, en la Unión Europea hay un conjunto de normas especiales que rigen la ayuda estatal a la industria de los vehículos de motor. 
Esas normas están en vigor desde 1989 y su finalidad es controlar y limitar las aportaciones de ayuda estatal en este delicado sector. 
La Comisión y marco dispositivo correspondiente consideran muy rigurosamente todo tipo de ayuda operacional, ya que alivia a la empresa de que se trate de una parte de sus gastos generales normales y crea una ventaja operacional para dicha empresa. 
Esta situación puede ser muy nociva para los competidores en un sector como los vehículos de motor, ya que la producción en este sector se halla organizada típicamente en el plano europeo y aumenta cada vez más en el plano mundial. 
Por lo tanto en este sector no deberían tolerarse las ayudas para el transporte, ni siquiera en regiones desfavorecidas. 
El marco antes mencionado dispone asimismo que toda ayuda operacional que exista debe desaparecer gradualmente. 
Por otra parte, dicho marco tiene una actitud generalmente positiva respecto de la ayuda concedida en forma de inversiones para superar deficiencias estructurales de las regiones desfavorecidas de la Unión Europea. 
Por consiguiente, esto representa un mercado mundial sumamente delicado en el cual una ayuda operacional como ésta puede provocar una importante distorsión de la competencia. 
Su Señoría se ha referido también a la conclusión de la Comisión de que la producción en Umeå consiste realmente en el montaje final y no en la fabricación de componentes. 
En general, se puede considerar como operación de fabricación y/o montaje una operación en la que se fabriquen, pinten, monten o acaben carrocerías de vehículos de motor. 
Si esas operaciones se separan y llevan a cabo en plantas diferentes, en lugares geográficos diferentes, cada una de las actividades de esas plantas corresponderá a la definición de la fabricación de un vehículo. 
En opinión de la Comisión, y en opinión asimismo de varios expertos de la industria de los vehículos de motor, la fabricación de cabinas de camión completamente acabadas corresponde a la fabricación de camiones. 
Como todas las demás plantas de vehículos integradas, la planta de Umeå desempeña operaciones de estampado, fabricación de la carrocería, pintura y una operación de montaje final que no se llevaría a cabo en una planta de componentes. 
Por lo tanto sus trabajos corresponden al campo del marco existente relativo a la industria de los vehículos de motor. 
A decir verdad, no comprendo algunas partes de la respuesta. 
En la respuesta de la Comisión se menciona que estas ayudas representarían una ventaja en términos de costes. 
Al mismo tiempo, es un hecho que las ayudas al transporte que se conceden a la fábrica Volvo de Umeå sirven para contrarrestar una parte de los costes adicionales por su localización en el norte de Suecia. 
Verdaderamente, resulta más costoso establecerse en este lugar aunque se reciban ayudas al transporte. 
Por tanto, es completamente ilógico decir que esto es una distorsión de la competencia o una ventaja en cuanto a los costes. 
Lo único que yo veo en el material a mi disposición sobre este asunto que sí distorsiona la competencia es que la Comisión apruebe unas ayudas a Scania, otra fábrica de vehículos pesados de Luleå, ciudad cercana a Umeå. 
También discuto el hecho de que se fabriquen productos acabados en Umeå. 
Me considero un experto en la cuestión, puesto que he trabajado en esta fábrica cinco años montando cabinas. 
Allí no se construyen vehículos pesados, sino solamente componentes. 
También me sorprende que el informe consultivo siga siendo secreto. 
¿No es justo que los representantes democráticamente elegidos tengamos acceso a lo que constituye la base para las decisiones y opiniones de la Comisión? 
Antes que nada, hay que percatarse de que estamos hablando de un sector para el cual existe un marco concreto. 
Respecto de otras actividades, la Comisión aceptó la existencia de ayudas para el transporte, pero en este caso específico estamos hablando de una ayuda operacional en un sector que es sumamente delicado. 
¿Cabe imaginar que todas las plantas de fabricación de vehículos reciban la posibilidad de percibir una indemnización porque se hallan situadas en regiones periféricas de la Unión Europea? 
Esto representaría una total distorsión de la competencia en un sector sumamente delicado en el que ya se registra un exceso de capacidad y en el que las empresas o lugares situados en regiones que pueden pedir ayuda, la recibirán, pero sólo en forma de ayuda para las inversiones. 
Ésta es exactamente la situación en esta esfera. 
En cuanto a la cuestión de los componentes, la fabricación de cabinas, con todas las diversas fases de construcción que involucra, apenas se puede considerar como fabricación de componentes. 
La Comisión ha seguido siempre las normas aplicables de esa manera, y en este caso tiene que atenerse a su posición coherente como ya lo ha hecho en el pasado. 
Habiendo dicho lo que antecede, como se trata de una ayuda ya existente- en efecto, cuando Suecia ingresó en la Unión Europea esa ayuda existía ya- estamos dispuestos a discutir con las autoridades suecas la forma de suprimir dicha ayuda y estamos dispuestos a considerar un período de tiempo razonable para su supresión gradual. 
Esto es exactamente lo que procuramos conseguir en las discusiones que sostuvimos con las autoridades suecas. 
Ayer estuve en Estocolmo y hablé con el Ministro encargado de la industria para buscar la manera de resolver todas estas cuestiones de forma amistosa. 
Me pregunto si el Comisario puede aclararme dos puntos. 
La primera pregunta es: ¿En qué sectores se aprueba que se apliquen la ayudas suecas al transporte? 
¿Existe algún sector de la industria automovilística en el cual se apruebe la continuación de las actuales ayudas al transporte en Suecia? 
La otra cuestión gira en torno a la pregunta suplementaria de Jonas Sjöstedt, que no ha respondido el Comisario, y es el hecho de que la decisión del Comisario se basa claramente en este caso en un informe consultivo. 
El contenido de dicho informe se mantiene en secreto hasta para el Gobierno sueco. 
Deseo preguntarle al Comisario si esto no es complementamente injusto, es decir, que los Gobiernos, que son los órganos decisorios que han firmado el Tratado, no tengan acceso a los informes de base que pueden incidir en las condiciones de vida y las posibilidades de subsistencia de miles de ciudadanos de una región expuesta. 
En primer lugar, en respuesta a la primera parte de la pregunta, diré que se puede conceder ayuda para el transporte y que, por lo tanto, esta región de Suecia obtiene una especie de trato particular. 
Este tipo de trato se puede dar a actividades que no corresponden a sectores sumamente delicados como las actividades siderúrgicas o relacionadas con vehículos de motor. 
Por ejemplo, en el caso de una planta siderúrgica, la Comisión no puede tolerar que haya ayuda de compensación en materia de transporte porque está sometida a una norma concreta de ayuda estatal. 
Lo mismo cabe decir de la industria de los vehículos de motor y, por lo tanto, aunque el régimen general tolere este tipo de indemnización por el transporte, no se permite cuando se trata de sectores como la industria siderúrgica o la industria de los vehículos de motor. 
Ésta es la razón de que hayamos tenido que negociar con el Gobierno para encontrar una solución que pueda ser aceptable para todos. 
La pregunta se refiere a una opinión de un experto, preparada por consultores para la Comisión. 
Seamos francos: si el Gobierno sueco, o cualquier otro gobierno, necesita una opinión de experto, está en entera libertad de recabarla y de conservarla para sus propios fines. 
Nadie está obligado a dar publicidad a dicha opinión ni a enviársela a la Comisión. 
Esa opinión de experto, que se basaba en informaciones proporcionadas por la empresa y por el Gobierno sueco, entraña información sumamente delicada, que la empresa seguramente no querrá publicar. 
Por consiguiente, lo único que estamos haciendo es utilizar la opinión de experto para ayudar a la Comisión a ocuparse debidamente de estas cuestiones. 
Sobre la base de la mencionada opinión, mis funcionarios fueron a la región para ver directamente lo que sucedía y a continuación adoptamos la posición que he descrito en respuesta a la pregunta anterior. 
O sea que la opinión de experto sólo se utiliza para ayudar a la Comisión a resolver las cuestiones y a formular una evaluación. 
La otra cuestión que cabe plantear ahora es la siguiente: ¿qué va a pasar a continuación? 
O bien encontramos una solución mediante una fórmula acordada mutuamente, fórmula que evidentemente es de nuestro agrado, o, si no podemos conseguirlo, entonces la Comisión Europea no tendrá más remedio que iniciar el procedimiento. 
Permítanme que les diga una vez más que quisiera evitar esa forma de proceder y que, por lo tanto, en las próximas semanas trataremos de encontrar una solución en virtud de la cual durante cierto tiempo se siga prestando ayuda que se vaya reduciendo y se suprima a su debido tiempo. 
Con anterioridad al referéndum se prometió que la política regional sueca seguiría siendo la misma y que la adhesión no tendría consecuencias negativas. 
Las ayudas que incluye la política regional, inclusive las destinadas a las actividades de transporte de las empresas del norte de Suecia, son una parte importante de esta política. 
¿Es consciente la Comisión de que la opinión pública del norte de Suecia es la más contraria a la UE de todo el país? 
¿Es consciente además de que la interpretación que se hace, y que nos arriesga a que se impida la concesión de ayudas a Volvo dentro del ámbito de la política regional, hará que la opinión pública se vuelva más negativa aún, dado que representa un incumplimiento de lo que se prometió con anterioridad a la adhesión? 
¿No está realmente dispuesta a someter a revisión la propuesta presentada por la DG IV? 
En primer lugar, hay que eliminar todo malentendido acerca de lo que se convino en las negociaciones de adhesión. 
Yo me encargaba ya de esa cuestión y aunque en principio aceptamos que se prestara ayuda para el transporte en esas regiones periféricas, la aceptación se basaba en la condicion explícita de que no se ayudaría a sectores delicados como el sector de los vehículos de motor, el sector siderúrgico, o el sector de la construcción naval en que ya existían normas concretas. 
En este sector hay ya normas específicas y todo el mundo sabe que esas normas tienen prioridad sobre las normas de carácter general. 
Así se nos dijo, a mí y a mis funcionarios, una y otra vez, y por eso me extraña que algunas personas se sorprendieran cuando dijimos que en el caso de la propia industria de vehículos de motor, pero no en el caso de los componentes para dicha industria, no se podría prestar ya ayuda operacional aunque sí que se podría prestar ayuda en forma de inversiones. 
Por alguna razón que no es de mi incumbencia juzgar, el Gobierno sueco se abstiene de prestar ayuda para las inversiones pero está dispuesto a prestar ayuda para los gastos operacionales. 
Esto es algo cuya decisión incumbe al Gobierno sueco. 
Hace algún tiempo la empresa interesada efectuó importantes inversiones adicionales y el Gobierno hubiera podido aportar alguna ayuda para esa finalidad, pero prefirieron seguir prestando ayuda operacional y supongo que tienen que saber que esa ayuda no es aceptable con arreglo a las normas que rigen la ayuda estatal en la Unión Europea. 
Éste es el contexto de la cuestión. 
No estamos diciendo que no se pueda prestar ayuda a la planta, pero ese tipo de ayuda constante no es aceptable porque tampoco lo era en el pasado. 
Las normas se han aplicado de forma coherente y compatible en todos los países de la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos que buscar una solución con las autoridades suecas para suprimir gradualmente esa ayuda. 
Si en el futuro se efectúan inversiones adicionales en Umeå, estarán en entera libertad de prestar ayuda en forma de inversiones. 
Comprendo que el señor Comisario se sorprenda de que manifestemos nuestra sorpresa. 
No obstante, debe usted comprender que el mensaje que ahora me transmite es para mí una completa novedad, dado que ya en el transcurso de las negociaciones para la adhesión se dijo que los sectores del acero, automovilístico y de astilleros no podían recibir ayudas al transporte. 
En lo concerniente a los informes clasificados como secretos, el señor Comisario dice que los Gobiernos también tienen informes secretos. 
Pero son precisamente los Gobiernos los que están por encima de la Comisión y no la Comisión la que está por encima de los Gobiernos. 
Los órganos decisorios son, por tanto, los Gobiernos. 
El motivo de que saquemos a la luz este informe no es que deseemos revelar secretos industriales sobre Volvo- tampoco va a hacerlo el Gobierno sueco. 
La razón es que el Gobierno sueco tiene motivos para creer que este informe consultivo contiene graves imprecisiones. 
Son éstas las que se desea sacar a la luz y debatir. 
Creo que el señor Comisario debería entenderlo. 
Una pequeña pregunta: ¿Si a usted, señor Comisario, le invita el Presidente en funciones del Consejo a que haga público este informe, al menos para el Gobierno sueco, lo hará? 
Realmente no es culpa mía, pero en algunos de nuestros sectores de trabajo hay principios que hay que respetar y que, por lo visto, no todo el mundo conoce tan bien como debería conocerlos. 
En el sector siderúrgico hay principios concretos, como muchos de los aquí presentes saben. 
Uno de los principios es que no se puede prestar ayuda estatal. 
Se trata de la cuestión de la construcción naval. Hay una séptima Directiva que delimita el marco dentro del cual la ayuda estatal se puede prestar o no se puede prestar. 
Hace muchos años que venimos guiándonos por ese principio. 
En lo que se refiere al informe, se trata de una opinión pericial para uso de mis servicios, y a raíz de su presentación pedí a mi personal que fuera a la planta y que estudiara la situación sobre el terreno. Mi personal recibió toda la información pertinente. 
Mi personal me ha tenido al corriente de la visita, y sobre esa base comuniqué a las autoridades suecas que seguíamos teniendo un problema que habíamos de resolver. 
Mientras se siga prestando ayuda operacional en este sector, estaremos socavando abiertamente uno de los principios básicos que se aplican en el sector de la industria automóvil. 
Seremos flexibles para poder encontrar una solución encaminada a suprimir gradualmente la ayuda. 
Entre tanto, el gobierno puede ir pensando en otras formas y otros medios de ayudar a la región, pero eso es de la incumbencia del Gobierno y no de la Comisión. 
No nos corresponde a nosotros imponer ninguna conducta por lo que a este asunto se refiere. 
Por lo demás, no tenemos nada que ocultar. 
Puedo demostrarles que en este tipo de casos hemos actuado siempre de forma coherente y razonable. 
Pregunta nº 47 formulada por Hans Lindqvist (H-0301/97): 
Asunto: Estudio realizado por la Comisión de las ayudas al transporte para las empresas del norte de Suecia 
La DG4 de la Comisión ha realizado un estudio de las ayudas al transporte que se conceden a determinadas empresas del norte de Suecia. El informe propone la suspensión de las ayudas a la fábrica Volvo de Umeå. 
Las ayudas al transporte para las empresas en el norte de Suecia constituyen una parte esencial de la política regional sueca y revisten una gran importancia para las inversiones en las industrias de la región. 
La ayuda corresponde únicamente a una parte de los costes suplementarios dado que la producción está localizada en el norte del país. 
¿Por qué motivo no se ha publicado enseguida el documento base de la decisión? 
¿Por qué aparece precisamente ahora la propuesta de suspender las 
Seguimos ocupándonos de la misma cuestión. 
En la actualidad no hay ninguna decisión. 
Señalamos el problema cuando acordamos durante las negociaciones sobre la adhesión que debería existir la posibilidad de prestar ayuda para el transporte y de que, según se había convenido, quedarían excluidos los sectores delicados. 
Más adelante descubrimos que se seguía prestando ayuda para el transporte a la planta de Volvo en Umeå. 
No cabe deducir de lo que acabo de decir que la conclusión respecto de otras actividades desarrolladas en la región mencionada es que no cabe prestar ayuda para el transporte. 
Corroboro que ese tipo de ayuda se puede prestar, pero no cuando se trata de sectores delicados. 
Esta cuestión nos llevó bastante tiempo porque queríamos resolver la investigación con toda seriedad y, como ya he dicho, recabamos una opinión de experto. 
Más adelante- cosa rara porque nuestros recursos de personal son limitados -, en vista del carácter delicado de este caso, pedí a mis empleados que fueran a la planta y que comprobaran directamente cuál era la situación. Eso es lo que sucedió. 
Solamente entonces descubrimos que seguía habiendo un problema y le indicamos al Gobierno que, o conveníamos en un acuerdo mutuo, o tendríamos que incoar el procedimiento y seguir adelante con el caso. 
Esto es todo lo que puedo decir. 
Agradezco la respuesta pormenorizada a mi pregunta. 
No obstante, mis preguntas siguen sin obtener respuesta, ya que solicito el motivo de que la base para la decisión no se hiciera pública inmediatamente después de su elaboración. 
La otra solicitaba una aclaración sobre el motivo de que se presente ahora la propuesta del cese de las ayudas a la fábrica. 
A mí y a mis colegas nos sorprende que esta decisión se adopte en el periodo en que Suecia ya es miembro, y que no existan motivos para que se haga precisamente ahora. 
Puede ser, se dice en el informe consultivo, pero dado que no tenemos acceso a este- se considera por alguna razón que contiene una información que no debemos conocer- me veo obligado a preguntar de nuevo: ¿Por qué no se nos permite ver el documento base? 
Esto facilitaría este debate y clarificaría las preguntas. 
Además, solicito respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es éste el comienzo de una retirada más amplia de las ayudas al transporte en lo concerniente a Suecia? 
Tengo la impresión de que ya he contestado a esa pregunta varias veces. 
Durante las negociaciones quedó perfectamente claro- y he de decir que yo estaba presente- que se toleraría la ayuda para el transporte, pero no en el caso de los sectores delicados. 
No es culpa mía si después descubrimos que se seguía manteniendo la ayuda operacional en el sector del transporte a esa planta. 
Cuando lo descubrimos, dijimos que estaba en clara contradicción de lo que habíamos convenido y, en todo caso, en contradicción con el marco dispositivo. 
Por lo tanto, había que encontrar una solución. 
Ahora bien, como la ayuda se estaba prestando ya antes de la adhesión, dijimos que estábamos dispuestos a buscar una solución que permitiera suprimir gradualmente la ayuda. 
Eso sucedió hace ya bastante tiempo. 
El año pasado pedimos a un experto que asesorase a la Comisión, por ejemplo acerca de la cuestión de los componentes. 
Por lo visto algunos de los componentes provienen de la parte meridional del país y van a la parte septentrional. 
Más adelante, como ya he mencionado, pedí a mis empleados que se personaran en la zona, lo que les llevó algún tiempo. 
A continuación hubo conversaciones con el Gobierno en las que les dijimos que tenían que brindar una solución. 
Han pasado varios meses desde entonces. 
Dije al Gobierno que no me quedaba más remedio que iniciar el procedimiento. 
Como seguíamos teniendo la esperanza de que se pudiera negociar una solución defendible, decidí esperar un poco antes de iniciar el procedimiento, confiando en que se pudiera encontrar una pronta solución. 
Espero que se pueda encontrar una solución en las próximas semanas. 
De no ser así, no me quedará más remedio que expresarme con toda claridad: este caso está durando demasiado tiempo y tendré que proponer a la Comisión que inicie el procedimiento. 
Pienso que la respuesta de la Comisión es incoherente en varios puntos decisivos. 
También se han concedido ayudas al transporte a uno de los competidores de Volvo situado muy cerca de la fábrica, en concreto a Scania, donde se fabrican ejes posteriores y chasis de vehículos pesados. 
Se está haciendo precisamente lo mismo que en Umeå, se subvenciona la fabricación de vehículos pesados. 
A Scania se le dice que sí, a Volvo en Umeå, que no. 
No se han dado explicaciones sobre esto. 
La otra cuestión sobre la que no se han dado explicaciones es por qué las ayudas distorsionan la competencia. 
Estas ayudas contrarrestan una pequeña proporción del coste suplementario del transporte en Suecia. 
La tercera cuestión es que sí se podría conceder acceso al informe al Gobierno sueco; no se va a publicar ningún secreto. 
Pero ni tan solo al Gobierno se le permite acceso al informe. 
Esto confirma la imagen de que la Comisión tiene algo que ocultar. 
Si eliminamos estas ayudas al transporte, echamos a perder una parte importante de la política regional sueca. Esto es muy, muy grave. 
Opino que la Comisión debería pensar en su responsabilidad social. 
Precisamente piense en Vilvorde, porque en Vilvorde no se pueden conceder ayudas estatales, ni siquiera, querido amigo, las ayudas a la inversión. 
Usted puede hacerlo, ¿y quiere darme ahora una lección sobre esto? 
Nosotros hemos aplicado las normas de manera coherente. 
Yo no tengo nada que ver con ello, si se han explicado una y otra vez las reglas del juego ¡y si todavía hoy las sigue usted ignorando! 
Estas ayudas existían antes de la adhesión de Suecia. 
Suecia las ha aceptado. 
Personalmente me siento obligado a aplicarlas del mismo modo, de manera coherente, en todas partes. 
Yo hago mi trabajo, con seriedad, como siempre lo he hecho y, por lo tanto, no acepto su crítica. 
Quiero que esto quede claro. 
Usted ha dicho, señor Comisario, que no se excluyen otros tipos de ayudas para esta región. 
Espero que esté al corriente de que existe el riesgo de que cese la venta libre de impuestos a partir del 1 de julio de 1999, y de que en esta fecha se va a imponer la necesidad clara de conceder unas ayudas al sector del tráfico entre Umeå en Suecia y Vasa en Finlandia. 
¿He entendido bien al señor Comisario, es decir, que no se opondrá a que se destinen unas ayudas generales al transporte entre Umeå y Vasa, en caso de que el transporte basado en la venta libre de impuestos cese a partir del 1 de julio de 1999? 
Vuelvo a confirmar que esta ayuda para el transporte puede continuar en el caso de las demás actividades que no tengan que ver con sectores delicados. 
Por lo tanto no se puede hacer lo que se ha sugerido. 
La ayuda no está permitida en el caso únicamente de sectores delicados como la industria de vehículos de motor, que se rije por normas concretas y en la que existe un marco dispositivo desde 1989. 
No puede hablarse a este respecto de sorpresa, pues el marco existía ya y se ha explicado que, después de la adhesión, ese tipo de ayuda no se podía seguir prestando para actividades como la fabricación de vehículos. 
Las inversiones constituyen una cuestión diferente, pero no se puede prestar ayuda operacional. 
Contratos públicos de servicios, de suministros y de obras- Contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos: 
la recomendación para la segunda lectura (A4-0158/97) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0038/97-95/0079 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, de los contratos públicos de suministros y de los contratos públicos de obras, respectivamente (Ponente: Sr. Langen) ; -la recomendación para la segunda lectura (A4-0159/97) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, respecto de la posición común del Consejo (C4-0039/97-95/0080 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (Ponente: Sr. Langen). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, según veo, somos muy pocos los presentes a esta hora intempestiva. 
No obstante, aun así es una satisfacción para mí tener la oportunidad de defender estas dos directivas, que ya vienen debatiéndose desde hace largo tiempo en el Parlamento, en el marco de las comisiones competentes y a través del diálogo y el contraste de pareceres con la Comisión. 
Hoy se debaten conjuntamente dos directivas, una relativa a las Directivas sobre los contratos públicos de obras, los contratos públicos de suministros y los contratos públicos de servicios, en general, y la otra relativa a la llamada Directiva sectorial, que abarca diversos ámbitos: los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. 
El Acuerdo que ha motivado la adaptación de dicha Directiva es algo anterior. 
Se trata del Acuerdo de la OMC, ratificado por el Consejo, con el dictamen conforme del Parlamento, en marzo de 1994 y que entró en vigor el 1º de enero de 1996. 
Los Estados firmantes se comprometieron entonces a abrir sus mercados a las empresas de terceros países. 
Se calcula que la liberalización de comercio acordada afectará a una contratación total del orden de 350.000 millones de ecus anuales. 
Habida cuenta de las normativas en materia de mercado interior ya existentes en Europa, las entidades adjudicadoras de la Unión Europea afectadas sólo han de asumir compromisos adicionales limitados como resultado del citado Acuerdo del GATT sobre contratación pública. 
Desde un primer momento, se planteó el problema de cómo podríamos garantizar la reciprocidad, sobre todo por lo que respecta a la Directiva sectorial. 
Por un lado, las entidades adjudicadoras europeas estaban obligadas a abrir el acceso a la contratación pública a las empresas de terceros países, pero, por el otro lado, también se abría a las empresas europeas la oportunidad de acceder a contratos públicos en terceros países. 
Esta contrapartida no quedaba garantizada, a nuestro parecer, en la primera propuesta de directiva, puesto que la Comisión intentaba establecer regulaciones que trascendían en gran medida un contexto de por sí relativamente sencillo. 
Este hecho prolongó bastante las deliberaciones sobre esta cuestión en el Parlamento, que se dilataron incluso más de lo oportuno, habida cuenta de la importancia de las Directivas en el contexto de una problemática general en conjunto muy difícil. 
Estos debates que se desarrollaron, y que era necesario que se desarrollasen, entre la Comisión y el Parlamento tuvieron su origen en el motivo ya citado, a saber, que la Comisión intentaba regular unos aspectos que no eran objeto del Acuerdo del GATT. 
Llegamos a un entendimiento con el Comisario Monti y yo quisiera agradecerle explícitamente desde aquí su voluntad de cooperación y de hacer suyos gran parte de los argumentos del Parlamento Europeo, una vez superada la primera fase de discusión. 
Alcanzamos el compromiso de que, aun cuando la Comisión ya no está en condiciones de poder presentar una propuesta de directiva totalmente nueva, sin embargo tomaría ampliamente en consideración los argumentos del Parlamento en su propuesta modificada. 
La Comisión ha cumplido este compromiso y hoy, tras unas deliberaciones relativamente prolongadas- que han durado casi dos años -, podemos examinar, por consiguiente, en la segunda lectura una posición común que establece un fundamento razonable a partir de una propuesta modificada de la Comisión. 
Aun así, subsisten algunos puntos de desacuerdo que ahora quiero exponer y que también han sido objeto de diversas enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, si bien ya no son tan serios como para que el Parlamento no pueda aceptar globalmente la posición común, dado que la Comisión ya ha limado los aspectos controvertidos. 
Valga esto como comentario previo, antes de pasar a exponer algunas consideraciones sobre las enmiendas y también sobre su diferente valoración desde la perspectiva de los distintos Grupos políticos. 
Un objetivo importante para el Parlamento era, entre otros, que las empresas de la Unión Europea no sufran ninguna desventaja frente a las empresas de terceros países. 
Por este motivo rechazamos las restricciones para las empresas de la Unión Europea que no afectan a las empresas de terceros países, puesto que esto causaría una distorsión de la competencia en detrimento de las empresas europeas. 
En este contexto, por lo que respecta a la Directiva sectorial, es preciso preguntarse, en suma, si ésta debe contemplar el equilibrio entre las entidades adjudicadoras públicas, por un lado, y los adjudicadores privados, por el otro, que anteriormente era preciso establecer en estos cuatro sectores, si este aspecto debe seguir contemplándose de manera general en la Directiva sectorial, tras la liberación de diversos mercados y cuando están privatizándose a ojos vistas las empresas estatales, en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. 
Pero este es un tema que se está discutiendo en el contexto del debate sobre el Libro Verde. 
Entre las diferencias objeto de controversia que aún subsisten figura en primer término el diálogo técnico, el tema de si, cuando las soluciones técnicas sean complejas, las empresas están autorizadas, como norma general, a recabar asesoramiento técnico de ulteriores adjudicatarios y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones. 
A nuestro parecer, el texto inicial de la Comisión no era adecuado en este sentido, puesto que habría dado lugar a una discriminación. 
La Comisión ha retirado esta disposición de su propuesta y ahora la contempla en los considerandos bajo una forma totalmente aceptable, pero cuyo contenido ya no es, de hecho, significativo. 
Por consiguiente, en mi calidad de ponente, yo era del parecer que podría suprimirse totalmente dicho considerando, que en la primera Directiva es el 10 y en la segunda, el 13. Con ello no se modificaría en absoluto el fundamento jurídico para las empresas ni la práctica acreditada. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se negoció una enmienda del colega Tappin que contempla otra perspectiva y el interrogante que se plantea en este contexto es si es posible excluir la posibilidad de corrupción mediante una regulación del diálogo técnico. 
Yo tengo el convencimiento de que esto requiere otras medidas, como por ejemplo el tema de la aplicación de la ley a través de los tribunales de los Estados, los cuales pueden combatir eficazmente la corrupción. 
El diálogo técnico no es el ámbito adecuado para abordar esta cuestión, puesto que en este contexto sin duda existen posibles subterfugios. 
El colega Tappin también ha intentado encontrar junto conmigo, una solución que podamos promover conjuntamente en el marco del examen del Libro verde. 
En el contexto de la presente Directiva, llegamos a la conclusión de que nos limitaríamos a la solución mínima y mantendríamos el diálogo técnico en las presentes condiciones, sin ninguna disposición adicional, incluido el citado considerando. 
Además de este importante punto básico que ha sido objeto de discrepancias, la Directiva sectorial impone algunas obligaciones a las empresas, obligaciones estadísticas, de presentar una memoria, y por lo que respecta a cuándo y en qué medida debe informarse a los candidatos rechazados. 
En mi opinión estrictamente personal, en el caso de la Directiva sectorial debe tomarse en consideración la posibilidad de que, con una normativa que va más allá de los imperativos que debemos cumplir en virtud de los Tratados, ofrezcamos posibles motivos de denuncia ante el panel de la OMC. 
Por este motivo, señor Comisario, con los colegas de los restantes Grupos políticos hemos llegado a la conclusión de que no aceptaremos el punto central de la enmienda de compromiso del grupo del Partido Socialista Europeo, a saber, la declaración obligatoria en el marco de la licitación de las empresas que han ofrecido asesoramiento técnico. 
Puesto que se trata de la segunda lectura, todas las enmiendas deben obtener 314 votos favorables. 
Por lo que respecta a los aspectos esenciales, yo creo que el resultado final será que el Parlamento aprobará la posición común del Consejo basada en la propuesta más reciente de la Comisión. 
En este sentido, yo pienso que después de largos debates hemos alcanzado una solución común razonable y yo quisiera agradecerle una vez más, personal y explícitamente, al señor Comisario Monti que, gracias a la visión política de largo alcance del señor Comisario, la actitud inicial algo inflexible de sus funcionarios técnicos haya dado paso finalmente a una solución razonable. 
Usted ha recorrido este camino, a pesar de que el año pasado usted mismo no obtuvo en la Comisión la mayoría necesaria para retirar la totalidad de la propuesta. 
Yo se lo agradezco sinceramente y espero que sirva como muestra de que podemos alcanzar un compromiso razonable, aun en aquellos casos en que partimos de concepciones contrapuestas. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Langen por la presentación de sus informes. 
Apenas hay desacuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo PPE. 
Ahora bien, nuestro Grupo se ha encontrado en una situación embarazosa a causa de la diferencia de opinión que hemos manifestado, como indica la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sobre las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE, en relación con las cuales votamos a favor de la transparencia, y sobre la Directiva 93/38/CEE, respecto de la cual votamos en otro sentido. 
Esto nos ha colocado en una situación dificultosa. 
Como ha dicho el Sr. Langen, he procurado llegar a una fórmula de transacción con él. 
He presentado una enmienda que espero consiga lo apetecido, e insto a los colegas de este Parlamento a que la apoyen. 
La razón de que haya presentado la enmienda es que, durante el primer debate sobre el informe Langen, el texto de la Comisión pedía que se prohibiera todo diálogo técnico entre una entidad contratante y cualquiera que tuviera la intención de licitar para obtener el contrato en una fase ulterior. 
Esto significaba que todas las empresas principales tenían que excluirse del proceso de revisión si tenían la intención de participar en la licitación. Esto era totalmente contrario a las buenas prácticas comerciales y hubiera asfixiado todas las posibilidades de innovar. 
Sin embargo, hemos estado al corriente en todo momento de los problemas que podrían plantearse si se tolerase el diálogo. 
Giorgos Katiforis los recalcó claramente cuando habló del diálogo técnico que se estaba utilizando para fijar normas imposibles, así como de la imposibilidad de hacer algo sobre el particular debido a que todo parecía estar envuelto en un manto de secreto. 
Hay problemas de corrupción, y necesitamos instituir las salvaguardias indispensables. 
Mi enmienda está destinada a ocuparse de los problemas del secreto y de la distorsión de la competencia sin dejar de prestar apoyo al principio de la innovación. 
Se ha presentado en relación con los informes de Langen y su parte expositiva. 
La enmienda se refiere concretamente al «asesoramiento que pueda ser utilizado para el establecimiento de las especificaciones correspondientes a un contrato determinado» , es decir, fija claramente los parámetros para la licitación. 
Queremos que se publique el nombre de quien haya dado el asesoramiento, no el asesoramiento propiamente dicho. 
Todos pueden dar asesoramiento y, a pesar de ello, licitar para obtener el contrato, siempre que el asesoramiento que hayan dado no impida que otros puedan intervenir equitativamente en el concurso. 
Ese texto se parece lo más posible al de la Comisión, a fin de lograr que se utilice la misma interpretación de la forma de evitar la competencia. Si antes era posible pronunciar un dictamen jurídico que eludiese la competencia- y hay que partir del supuesto de que era posible, pues se trata de una posibilidad que ha formado parte de las directivas corrientes durante muchos años -, también tiene que seguir siendo posible ahora sin añadir tretas jurídicas a dichas directivas. 
Quisiera recalcar que la segunda parte de mi enmienda menciona que las autoridades adjudicadoras publicarán, junto con la licitación, los nombres de las empresas o personas que hayan prestado asesoramiento para la determinación de las especificaciones. 
Esto no significa que el asesor tenga que revelar la naturaleza del asesoramiento, pues se puede mantener el secreto técnico; lo único que significa es que se ha prestado asesoramiento. 
De esta manera se podrá luchar hasta cierto punto contra el elemento de secreto. 
La publicación será efectuada por la autoridad que desea efectuar la adquisición en el momento en que publique la licitación, de forma que no se agravará el aspecto burocrático de la cuestión. 
Como son las autoridades contratantes las que han de efectuar la publicación, tampoco quedará afectada la competencia internacional; obsérvese que los Estados Unidos ya han establecido la obligación de transparencia, que los licitadores de la Unión Europea tienen que respetar. 
Estos contratos públicos involucran al 11 % del PIB de la Unión Europea, o sea unos 720 millones de ecus abonados por los contribuyentes de la Unión Europea. 
Después de la primera lectura del informe Langen, el Financial Times de 31 de enero de 1996 acusó al Parlamento Europeo de que era el perrito faldero de los grupos de presión industriales. 
En aquellos momentos lo negué resueltamente. 
Ahora debo decir con tristeza que si los colegas votan en contra de esta enmienda, que está destinada a conseguir que haya honradez, apertura y transparencia, les va a resultar dificilísimo refutar aquellas alegaciones. 
En aras de la armonía, insto a todos los diputados del Parlamento Europeo a que apoyen mi enmienda de los dos informes. 
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Langen por sus informes, que sitúan los problemas en la perspectiva correcta, y expresando mi concordancia con el sentido de las enmiendas propuestas, pues no se ha ido más allá de las adaptaciones indispensables a la satisfacción de los compromisos asumidos en la Organización Mundial del Comercio. 
Por su importe, equivalente en la Unión Europea a 720.000 millones de ecus, cerca del 11, 5 % de las compras totales, lo que equivale al conjunto de los PIB de España, Bélgica y Dinamarca, las compras públicas justificaban perfectamente la preocupación y la intervención de nuestras autoridades, pues no se puede aceptar que hace aún poco tiempo se hicieran el 2 % de los contratos con empresas extranjeras. 
Ya se pueden señalar los resultados conseguidos con las directivas entretanto aprobadas y en vigor, pues el número de concursos públicos anunciados en el «Diario Oficial» aumentó de 12.000 en 1995 a 95.000 en 1997. 
Y el porcentaje de compras en empresas extranjeras ascendió a más del doble, por lo que el abastecimiento de las entidades públicas ha pasado a hacerse en las condiciones más favorables, aunque en el extranjero, con lo que resultan beneficiadas, así, la calidad y el precio de los servicios prestados a nuestros ciudadanos. 
En esa línea, es deseable, a su vez, que se extienda la ampliación del mercado a terceros países, como se acordó entre 22 de los países participantes en la reunión de Marraqués, por lo que ahora ha de hacerse la adaptación indispensable de las directivas comunitarias. 
Pero considero que en modo alguno es exigible que vaya más allá de una posición minimalista hasta que en terceros países se dé la misma apertura de los mercados y una garantía idéntica en el cumplimiento de las normas establecidas. 
Incluso en un país como los Estados Unidos de América sigue siendo mayoría la compartimentación de los concursos sin un «Diario Oficial» que los publique en todo su espacio geográfico y no hay una instancia común, correspondiente a nuestra Comisión o a nuestros Tribunales de Luxemburgo, que vele uniformemente por el cumplimiento de las normas en los diversos escalones de intervención nacional, estatal o local. 
Con una posición de exigencia legítima, defendemos, naturalmente, los intereses de nuestros agentes económicos. 
Pero defendemos simultáneamente los intereses de los ciudadanos de terceros países, que se beneficiarán sensiblemente de las compras de productos y servicios europeos, en muchos casos proporcionados en condiciones más favorables en calidad y precio, como se comprueba ya en el momento presente con el éxito mundial de tantas empresas de la Unión, pese a las dificultades que han de superar. 
Señor Presidente, en 1995/1996 el Parlamento ya expresó sus reservas en cuanto a las disposiciones relativas al diálogo sobre las especificaciones técnicas y las modificaciones que hay que aportar a los modelos de licitaciones- se trataba de los anexos núms. 12 a 15 de la directiva- al estimar, como numerosos expertos, que algunos aspectos de la propuesta de directiva tendrían por efecto frenar masivamente el progreso tecnológico y perjudicar considerablemente la competitividad de la industria europea. 
En noviembre de 1996, después de un rechazo del Parlamento, la Comisión presentaba una propuesta modificada de esta directiva 93/98. 
En lo referente a los dos informes del Sr. Langen, nuestro Grupo es globalmente favorable a la posición defendida por el ponente. 
Sin embargo, expresamos dos reservas en el marco de la inminente votación. 
En el segundo informe del Sr. Langen nuestro Grupo no puede aceptar el nuevo considerando propuesto por el Sr. Tappin que, de aprobarse, sería muy peligroso para las empresas europeas. 
En efecto, la publicación de informaciones respecto a una idea innovadora de una empresa europea, pequeña o grande, que quisiera probarla en el marco de un diálogo técnico con una industria de redes, no es aceptable para esta empresa. 
Esto equivaldría a facilitar elementos a los competidores y a desanimar el dinamismo técnico; de este modo, competidores de países terceros entre otros, podrían recoger las ideas innovadoras de las PYME europeas. 
Sin embargo, en los Estados Unidos y en Japón, no está prevista ninguna publicación y las industrias de las redes dialogan libremente con sus suministradores nacionales para establecer especificaciones técnicas. 
EL Parlamento Europeo con su postura no debe comprometer sus capacidades de innovación europeas y hacerle el juego a los países terceros y, sobre todo, a los Estados Unidos, en detrimento de la industria europea. 
Por último, las enmiendas núms. 3, 4 y 5 de la Comisión Económica introducen una distinción entre empresas públicas y privadas; si bien es cierto que las primeras están sometidas a una obligación por ser las únicas afectadas por el acuerdo OMC-GATT, es igualmente cierto, en cambio, que el artículo 222 del Tratado prevé expresamente la igualdad de trato y que debe ser, a nuestro modo de ver, mantenida entre las empresas públicas y las empresas privadas. 
Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar quisiera, en nombre de la Comisión y en el mío propio, dar las gracias al Sr. Langen por su informe y por su esfuerzo, verdaderamente digno de encomio, de aproximación de las posiciones. 
Como el Parlamento Europeo habrá observado, las propuestas modificadas presentadas por la Comisión y por el Consejo mediante la posición común, tienen en cuenta en gran medida las peticiones del Parlamento. 
Yo deseo a mi vez, señor Lange, expresar mi reconocimiento a usted y al Parlamento por el espíritu de colaboración que ha caracterizado esta fase. 
Dicho esto, subsisten aún algunas divergencias entre la posición común y las enmiendas propuestas: algunas propuestas pueden aceptarse, otras, en cambio, cuestionan la estructura y la ratio de la normativa comunitaria y, por lo tanto, no pueden ser acogidas por la Comisión; otras propuestas, finalmente, parecen demasiado divergentes entre sí para que la Comisión pueda adherirse a ellas. 
La Comisión se ha esforzado constantemente por conferir a la normativa comunitaria sobre los contratos públicos credibilidad y coherencia, requisitos indispensables para su correcta comprensión y aplicación. 
Por eso esperamos que el Parlamento Europeo vuelva a examinar, a la luz de las razones de fondo y de las ideas en las que se basa la posición de la Comisión, algunas de las enmiendas propuestas. 
En líneas generales diré ahora lo que piensa la Comisión sobre varias enmiendas. 
La Comisión acoge la enmienda nº 3 a las llamadas directivas tradicionales sobre obras, suministros y servicios, relativa a la inclusión del Ministerio alemán de Transportes en la lista de las administraciones adjudicadoras. 
Asimismo, la Comisión podría acoger favorablemente la enmienda nº 2 de ambos informes, con la que el Parlamento, mediante la inclusión de un considerando en las directivas, se propone favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos poniendo a su disposición medios adecuados de formación y de información. 
No obstante, podríamos preguntarnos si un considerando, incluido en las directivas sobre contratos públicos y sacado del contexto normativo de las propias directivas, es el instrumento más apropiado y más eficaz para alcanzar el legítimo objetivo perseguido, objetivo que la Comisión ha explicado ampliamente en su Libro Verde sobre los contratos públicos, sugiriendo pistas de reflexión y propuestas concretas. 
En materia de informaciones que se han de dar a las empresas, la Comisión no puede acoger las enmiendas núms. 3 y 4 a la directiva nº 93/38 sobre los «sectores especiales» , enmiendas que consisten en limitar únicamente a las entidades adjudicadoras públicas la obligación de dar informaciones esenciales como las relativas a la decisión de adjudicación, a las razones del rechazo de una oferta, a las ventajas y a las características de la oferta seleccionada, etcétera. 
Al adoptar la directiva «sectores especiales» y al ampliar su aplicación no sólo a las entidades adjudicadoras públicas sino también a las que, aun no siéndolo, operan en virtud de derechos especiales o exclusivos que les ha concedido la autoridad pública, el legislador comunitario, es decir, el Consejo, en cooperación con el Parlamento Europeo, ha querido tratar del mismo modo a estas dos categorías de entidades poniendo fin así a un debate que ha durado más de treinta años. 
Al instaurar tal igualdad de trato, el legislador comunitario ha evitado que se crearan, por una parte, discriminaciones entre Estados miembros, según que el mismo sector sea gestionado en algunos Estados por entidades públicas, en otros por entidades no públicas pero que operan sobre la base de derechos especiales o exclusivos, y, por otra, discriminaciones y las consiguientes distorsiones de competencia entre sectores sometidos a la directiva o entre entidades que operan dentro del mismo sector. 
Las enmiendas de que se trata, que, repito, se refieren a una disposición fundamental, ciertamente no accesoria, rompen el equilibrio deseado por el legislador comunitario y violan el principio de la par conditio establecido por la directiva. 
Lo mismo hay que decir por lo que respecta a la obligación de dar datos estadísticos a la Comisión, objeto de la enmienda nº 5 a la directiva «sectores especiales». 
Consideraciones más pormenorizadas pero, sin embargo, breves deben hacerse sobre la cuestión del diálogo técnico, para el que tenemos dos propuestas de enmiendas, aparentemente opuestas entre sí: con la enmienda nº 1 se propone la supresión del considerando de la propuesta de directiva «sectores especiales» , que recuerda que el diálogo técnico no puede, con arreglo a las directivas vigentes, obstaculizar la competencia; con la enmienda nº 6 a la misma directiva «sectores especiales» y en dos variantes muy similares- las enmiendas núms.1 y 4 a las directivas tradicionales- se propone, en cambio, la introducción de un nuevo considerando que establece los límites del recurso al diálogo técnico e introduce una norma de transparencia que ciertamente no está desprovista de efecto, es decir, la obligación de hacer público el interés comercial que las empresas que han dado un dictamen técnico tienen en el contrato de que se trata. 
Se trata, repito, de propuestas de enmienda disonantes entre sí, disonancia que no puede explicarse por las también indiscutibles diferencias que existen entre las directivas vigentes por lo que se refiere a los sectores regulados. 
Recordaré que el texto de la propuesta inicial de la Comisión era bastante similar al del considerando que ahora propone el Parlamento, con excepción de la norma de publicidad que el texto de la Comisión no establecía, limitándose a reproducir la disposición análoga del ACP. 
Con el fin de tener en cuenta, entre otras cosas, las reservas expresadas por el Parlamento Europeo sobre la rigidez de la disposición de que se trata, la Comisión atenuaba la formulación y el alcance de dicha disposición transformándola en un considerando que se limita a recordar que la obligación impuesta en la materia se deriva directamente de las directivas y del Tratado y que, por lo tanto, no necesita una disposición específica. 
He recordado brevemente cómo hemos llegado al considerando de la posición común. 
¿Por qué lo he hecho? 
Para poner de relieve que este último representa un punto medio, equidistante de las dos propuestas de enmienda del Parlamento, una especie de anticipada y no buscada solución conciliadora de las mismas. 
En suma, si se me permite, diría que in medio stat virtus. 
La solución propuesta por la posición común presenta, además, una ventaja más: la uniformidad del texto, igual para las cuatro directivas, de conformidad con el citado principio de coherencia que las diferencias existentes entre las directivas mismas no pueden menoscabar. 
Por eso pido al Parlamento Europeo que siga, por razones de equilibrio y de coherencia, la propuesta de la Comisión y del Consejo con respecto al diálogo técnico. 
Quisiera hacer una última observación: dentro de la Comunidad, y aquí me refiero a las preocupaciones que me parece haber comprendido en la intervención del Sr. Porto, el ACP crea derechos a favor de los contratistas y prestadores de servicios establecidos en los terceros países adherentes al acuerdo- el Canadá, Corea del Sur, los Estados Unidos, Israel, el Japón, Noruega y Suiza -, derechos que encuentran su origen exclusivo en el ACP y no también en las directivas sobre los contratos públicos. 
Por eso, las directivas no conceden a las empresas de los terceros países ningún nuevo derecho, ni, por otra parte, las privan de aquéllos de los que ya disponen en virtud del ACP. 
Por otro lado, las directivas sobre los contratos públicos se ocupan exclusivamente de regular las relaciones entre administraciones adjudicadoras y empresas de la Unión Europea. 
Obviamente, estas relaciones no son modificadas por el ACP. 
Se sostiene que algunos terceros países signatarios del ACP no garantizan su total y correcta aplicación. 
Así, se dice que el Canadá no tiene intención de cumplir con la obligación de someter al acuerdo a sus autoridades descentralizadas, mientras que los Estados Unidos, por su parte, han decidido no modificar su legislación. 
Estas acusaciones, en caso de que estén confirmadas por investigaciones o por recursos, deben ser afrontadas con los instrumentos de tutela previstos en el propio ACP y en la Organización Mundial del Comercio y no, en cambio, en el ámbito de los procedimientos de modificación de las directivas, que, lo reitero, no regulan las relaciones entre la Comunidad y los terceros países. 
Concluyo, señor Presidente, después de que se ha hablado tanto de diálogo técnico, expresando una vez más mi aprecio al Sr. Langen, al Sr. Tappin y a todos sus colegas por la calidad del no siempre fácil diálogo político de colaboración que sobre este tema hemos tenido. 
Señor Comisario, permítame añadir dos observaciones a propósito de nuestras propuestas relativas a la Directiva sectorial, en cuanto a las obligaciones estadísticas, a la obligación de comunicar a los licitadores si su oferta ha sido rechazada o aceptada y al cumplimiento de los plazos, que sólo deben aplicarse a los adjudicadores públicos. 
Esta enmienda fue aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial por una amplia mayoría porque tenemos el convencimiento de que esta parte- los contratos públicos- es la que contempla el Acuerdo de Contratación Pública (ACP). 
Este equilibrio artificial que se establece en la Directiva sectorial hace tiempo que ha quedado superado por las decisiones que de hecho han adoptado la Comisión y el Parlamento y también por el desarrollo de los acontecimientos en Europa, y nuestro propósito es limitarnos sólo a la parte reguladora, sin que por ello llegue a producirse la alteración del equilibrio que ustedes temen. 
Yo creo que esto no puede ser un impedimento demasiado serio y, por consiguiente, yo pido una vez más a la Comisión que reconsidere de nuevo su propuesta antes de la votación de mañana. 
La segundo observación se refiere al diálogo técnico. 
Tiene usted razón: el Parlamento adoptó en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial decisiones distintas en el caso de la Directiva general y de la Directiva sectorial, ambas por una estrecha mayoría. 
La propuesta del colega Tappis intenta buscar una solución intermedia entre estas dos posiciones contrapuestas. 
Mañana podremos comprobar si esta solución cuenta con un respaldo mayoritario. 
No obstante, es evidente que ambas posiciones no pueden obtener a la vez un voto mayoritario, puesto que son mutuamente excluyentes. 
En este sentido, usted ha señalado con razón que las enmiendas presentadas no son coherentes. 
Pero éstas son el resultado del proceso de formación de opinión en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y mañana obtendremos un resultado más claro. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Obstáculos para la movilidad transnacional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0148/97) de la Sra. Todini, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (96) 0462- C4-0580/96) «Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional». 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, el informe que tengo el honor de presentar contiene el mensaje que deseamos transmitir a la Conferencia que a partir de mañana se celebrará en Maastricht precisamente sobre el tema que se está debatiendo esta noche. 
Dicha Conferencia sacará las conclusiones sobre la base de las reacciones manifestadas por todos los Estados miembros y por sus coordinadores nacionales nombrados expresamente por las instituciones y por todas las demás partes interesadas en la materia. 
Nuestro mensaje consiste, en primer lugar, en el apoyo total a la iniciativa de la Comisión, que, tengo que decirlo, ha proporcionado un excelente trabajo analítico al proponer nueve líneas de actuación, y en el estímulo a completar este trabajo proporcionando propuestas realmente concretas para eliminar los obstáculos que impiden la movilidad de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, de los voluntarios y de los trabajadores en formación. 
Nuestra comisión- la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación- pone de relieve el papel esencial de la movilidad para la construcción de una verdadera Europa de los ciudadanos. 
Uno de los medios más brillantes de que disponen los jóvenes, precisamente para adaptarse al mercado laboral europeo, consiste en darles la posibilidad real de participar en los programas de estudio de la Unión Europea. 
Por consiguiente, nosotros insistimos para que se reduzcan los obstáculos socioeconómicos a la movilidad, de manera que estos programas comunitarios ya no se destinen sólo a una elite específica- que es lo que, desgraciadamente, ocurre hoy- sino que sean verdaderamente accesibles también y sobre todo a los menos favorecidos y a los que todavía no han empezado los estudios superiores. 
Todos nosotros conocemos los éxitos de los programas comunitarios, como por ejemplo el programa SÓCRATES y el programa LEONARDO. 
Sabemos, además, que en el futuro el obstáculo más difícil que habrá de superarse será el de la insuficiencia de la dotación financiera- no sólo en el futuro, ya que es un obstáculo real y actual -, insuficiencia financiera debida al número creciente de las demandas- lo que es realmente esperanzador -, pero, sobre todo, porque la opción de algunos Estados miembros no prevé un incremento del presupuesto comunitario en los próximos años. 
Los programas comunitarios han suscitado un notable interés y una esperanza para muchos jóvenes y, en su caso, el Consejo deberá asumir el riesgo de decepcionarlos si les niega los medios para hacer realidad estas esperanzas suyas. 
Próximamente apoyaremos el programa de acción «Servicio voluntario europeo para los jóvenes» , que, además, nuestra colega Nicole Fontaine defenderá con gran entusiasmo próximamente ante la Asamblea. 
También en este caso serán ciertamente necesarias algunas garantías para asegurar a todos los participantes la seguridad jurídica con respecto al derecho de residencia, de seguridad social y de fiscalidad. 
Pedimos además la simplificación de la gestión de estos programas y de los procedimientos de presentación de los proyectos, así como la aceleración de la asignación de los fondos, dado que, más allá del problema de la escasez de los fondos, hay una dificultad en la asignación de los propios fondos. 
Otro punto que nuestra comisión subraya firmemente es la necesidad de progresar en la aplicación del sistema de reconocimiento mutuo de los títulos, de las cualificaciones profesionales y de los períodos de prácticas. 
Apoyamos las recomendaciones y las exhortaciones de la Comisión por lo que respecta a la realización concreta de un espacio europeo de las cualificaciones profesionales, generalizando el denominado «sistema de transferencia de créditos académicos» , inspirándose en el sistema realizado precisamente en el ámbito del programa SÓCRATES y, por lo tanto, ya experimentado. 
Tengo que decir que verdaderamente son pocos los progresos realizados para comparar las cualificaciones profesionales, en la validación y en la certificación de las cualificaciones y de las competencias, adquiridas en el marco de la formación inicial o de la formación ofrecida en las empresas. 
Quisiéramos, pues, que se hicieran todos los esfuerzos posibles para proceder en la vía del reconocimiento mutuo de los módulos de formación y de los períodos de prácticas, en su caso también, mejor dicho, sobre todo mediante convenios claros y precisos reconocidos por todos los Estados miembros. 
Por lo que se refiere a las becas de estudio, invitamos a los Estados miembros a suprimir la práctica de la territorialidad de las propias becas y a garantizar, en cambio, la transferencia de un joven que decida efectuar un período de formación en otro Estado miembro. 
Y una vez más, insisto especialmente en la necesidad de mejorar la difusión de la información sobre los programas comunitarios a favor de los jóvenes. 
Considero que este tipo de información debe ser descentralizada, a nivel local y regional, mediante estructuras similares a las bibliotecas o a las asociaciones de vecinos. 
Por último, quisiera pedir la opinión de la Comisión sobre la propuesta a la que hacemos referencia en el punto 36, en la que pedimos que se cree un Comité de Coordinación para poder desarrollar lo que se ha propuesto en mi informe, tal y como se estableció en la reunión del Consejo de mayo de 1996. 
Como conclusión, diré que han llegado seis enmiendas, que se han de considerar durante la votación que tendrá lugar mañana. 
De esas seis enmiendas estoy dispuesta a aceptar la enmienda nº 1, de los Sres. Dupuis y dell ' Alba en nombre del Grupo ARE, por cuanto desde un punto de vista general pero suficientemente determinado hace que se ponga de manifiesto el problema de la comunicación lingüística, y la enmienda nº 6, del Sr. Monfils del Grupo Liberal, por cuanto la considero absolutamente de acuerdo con lo previsto en el propio informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar efusivamente a Luisa Todini por su excelente trabajo sobre el Libro Verde. 
Quisiera también lamentar que este informe pase en este horario tan tardío de la velada, lo que muestra el poco interés que se le presta a la Europa de los seres humanos, pero, qué le vamos a hacer, algunos de nosotros lo tienen especialmente a gala y debo congratularme por la iniciativa de la Comisión y por la voluntad de la Comisaria Cresson de hacer avanzar a Europa y acercarla así a todos los ciudadanos. 
Diré además que si bien el Libro Verde analiza la situación actual y las dificultades que se les plantean a los candidatos a la movilidad, propone vías de actuación que me parecen todavía demasiado abstractas y lejanas. 
Esta es la razón por la cual sostengo fervientemente la propuesta de la ponente de fijar un calendario vinculante y un comité de coordinación para que esta vía de actuación se concrete de manera efectiva en medidas rápidamente aplicables. 
En calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, trataré sobre todo de presentar los aspectos sociales y humanos de la movilidad. 
Todavía subsisten numerosas lagunas en esta materia. 
Es inconcebible que los estudiantes que se desplazan por Europa no puedan estar cubiertos por un sistema coordinado de protección social. 
Este es el motivo por el cual nos proponemos ampliar el beneficio del Reglamento 1408/71 sobre seguridad social de los trabajadores migrantes a los estudiantes afiliados a un régimen nacional específico. 
Asimismo, de qué modo se puede comprender hoy en día que un parado que intente abrirse camino en otro país europeo pierda sus prestaciones al cabo de tres meses. 
Así pues pedimos insistentemente que se revise el reglamento con el fin de garantizar el mantenimiento, pasados los tres meses, de las prestaciones percibidas por los desempleados que se desplazan por Europa en búsqueda de un empleo, o para formarse. 
Por último, en materia de formación profesional, es absolutamente necesario un amplio programa europeo para permitir la movilidad de los aprendices y de los estudiantes en prácticas, así como el reconocimiento de su estatuto y el apoyo a las empresas, sobre todo las PYME, que los acogen. 
Estas son tres propuestas concretas, señor Presidente, que deberían permitirnos que avanzara la Europa de los seres humanos y la Europa Social, a la que tan apegados están nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, promover la movilidad transfronteriza es uno de los objetivos centrales de la cooperación en el ámbito de la política educativa y de investigación en la Unión Europea. 
La posibilidad de cursar en otro Estado miembro partes substanciales de la formación es uno de los aspectos más importantes de la libre circulación en el interior de la Unión y uno de los más interesantes para los ciudadanos comunitarios. 
La integración europea y la Europa de los ciudadanos, la libre circulación y la competitividad internacional requieren que pueda ejercerse sin trabas un amplio grado de movilidad. 
La transmisión de competencias europeas constituye, por otra parte, un criterio cada vez más importante para juzgar la calidad y el atractivo de la formación profesional, de la educación y de la investigación. 
Es necesario seguir promoviendo y ampliando con mayor ahínco la adquisición de cualificaciones europeas, de competencias lingüísticas, de conocimientos sobre los diversos sistemas políticos, jurídicos, sociales y económicos europeos, de una comprensión del modo de vida de nuestros vecinos europeos. 
Se requiere una mayor orientación de los sistemas nacionales hacia los procesos europeos, sin que haya injerencias en materia de subsidiariedad. 
Sin embargo, lamentablemente, hoy como ayer, siguen subsistiendo obstáculos administrativos y políticos de todo tipo, que aparecen reflejados regularmente tanto en los trabajos de la Comisión de Cultura como en los de la Comisión de Peticiones. 
Las peticiones hacen patente que existe un número creciente de ciudadanos comunitarios que, por las razones que sea, desean hacer uso de su derecho a la libre circulación. 
Lamentablemente, muchos de ellos siguen topando con grandes obstáculos. 
Yo saludo, por lo tanto, la iniciativa de la Comisión Europea de promover, con la presentación del Libro Verde, un amplio debate con vistas a la superación de los obstáculos a la movilidad en el plano nacional y europeo. 
Como ustedes comprenderán, no puedo detenerme ahora en todos los aspectos y sólo quisiera destacar algunos de ellos. 
En los últimos años y en los meses pasados hemos debatido ampliamente sobre el procedimiento de reconocimiento de los diplomas y certificados de cualificación y yo creo que ya se han emprendido varias acciones satisfactorias en este ámbito. 
No obstante, las abundantes peticiones indican que, particularmente en este aspecto, todavía se requieren nuevas actuaciones y mejoras. 
La falta de flexibilidad en el reconocimiento de los períodos de aprendizaje constituye con mucha diferencia, según mi experiencia, el obstáculo más importante para la movilidad. 
Por ello yo coincido con la ponente en que los Estados miembros deben adoptar medidas para mejorar la equiparación de los períodos de aprendizaje, mediante una mayor transparencia de los diplomas y de los contenidos de la formación. 
También acojo con interés la sugerencia de que se establezca un estatuto comunitario del aprendiz. 
Yo creo que, con una definición adecuada, éste podría suponer un nuevo paso adelante en nuestros esfuerzos para apoyar una formación profesional cercana a la práctica y a las exigencias de la demanda. 
Los planteamientos concretos de la Comisión requieren, por otra parte, mayor clarificación y debate. 
El Libro Verde no ofrece mayores precisiones sobre el concepto de aprendiz ni tampoco sobre los contenidos previstos de un posible estatuto del aprendiz. 
El estatuto jurídico de los aprendices debe definirse de manera que el aprendizaje constituya una alternativa atractiva a la formación superior y debe promoverse como tal. 
Es preciso subrayar que el principal objetivo del citado estatuto debe ser promover la movilidad y que la definición de aprendiz debe tomar en consideración el nivel de la formación dual plenamente acreditada en todos los Estados miembros, en Alemania y Austria, por ejemplo. 
Una regulación europea no puede poner en ningún caso en entredicho dicho sistema de formación cercana a la empresa. 
El citado estatuto tampoco debe limitar, por otra parte, la autonomía de los Estados miembros por lo que respecta a la organización de los contenidos de la enseñanza. 
El programa en favor de la movilidad de los aprendices merece ser apoyado por principio, sobre todo porque permitirá reducir los desequilibrios entre las medidas en favor de la movilidad en el ámbito de la formación superior y en el ámbito de la formación profesional no académica. 
Un requisito previo que debería cumplir un programa de estas características sería, en cualquier caso, que respete el marco fundamental de la formación profesional en los Estados miembros. 
Yo saludo asimismo la propuesta de crear un estatuto comunitario de los jóvenes en prácticas. 
Debe garantizarse su acceso a la movilidad en las mismas condiciones que los restantes ciudades de la Unión. 
En cualquier caso, el concepto de joven en prácticas no debe definirse en términos demasiado restringidos, a mi parecer, de modo que también permita el acceso a los programas de aquellos ciudadanos que quizás no son profesionales en prácticas en el sentido tradicional. 
Este es un aspecto que yo considero sumamente importante, sobre todo habida cuenta de la necesidad de una formación permanente, y es una gran satisfacción para mí que la Comisión de Cultura haya aceptado mi enmienda en ese sentido. 
Antes de acabar, yo quisiera señalar un último aspecto, que a mi parecer debería ir indisolublemente asociado al debate sobre la movilidad en la era de la información, me refiero al uso de las modernas tecnologías de comunicación que permiten una nueva forma- virtual- de movilidad aun en los casos en los cuales no es posible una movilidad física. 
El aprendizaje y la aplicación de las tecnologías informáticas debe promoverse, por lo tanto, a partir de una edad muy temprana y de manera intensiva, preferiblemente desde la infancia. 
Finalmente, yo quiero manifestar que apruebo tanto el proyecto de la Comisión como también el informe de la Sra. Todini y quiero agradecer el excelente trabajo que han realizado todas las personas que han participado en su elaboración. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a la ponente por su informe. 
Como dice en su explicación de motivos, éste es el tipo de Libro Verde que debería publicarse más a menudo. 
He aquí una opinión con la que coincido. 
Estimo que la Unión Europea, y antes que ella la Comunidad Europea, se han concentrado demasiado durante demasiado tiempo en cuestiones de dinero y de negocios. 
El mercado libre sólo ha sido un mercado libre por lo que se refiere a las mercancías y a los capitales. 
Este informe, cuando quede aprobado y se empiece a aplicar, contribuirá sobremanera, espero, a dar a conocer Europa a un número mayor de habitantes de la Unión Europea, particularmente los jóvenes. 
Como la ponente ha recalcado, el informe contiene una gama completa de propuestas positivas. 
Quisiera destacar algunas que, en mi opinión, revisten particular importancia: la propuesta de que se preste apoyo a las personas con hijos para que puedan aprovechar las oportunidades de capacitación que se prestan en otros países; la necesidad de ampliar el derecho a las prestaciones de desempleo, cosa que también es importantísima para los que más lo necesitan; la necesidad de que los Estados miembros no hagan discriminaciones entre la capacitación recibida en un centro de su propio país y la recibida en otro país; toda la cuestión de la protección social; y, más importante quizá que todo lo anterior, el llamamiento que se hace en el apartado 29 en favor de prestar una contribución más decidida a la europeización de la educación, a fin de que la comunicación en lengua extranjera se inicie en el plano escolar en una fase mucho más temprana que la que actualmente se practica en mi propio país. 
Todos los que tenemos una formación docente estamos absolutamente convencidos de que la educación es indispensable para superar la ignorancia y, además, para enfrentarse con los reales problemas del racismo y el nacionalismo, que llegarán a constituir un grave problema para la Unión Europea si no se les somete a control. 
No estoy seguro de que este informe hubiera ayudado a un grupo de jóvenes de mi propia circuscripción de Londres que querían visitar mañana este Parlamento. 
Aunque todos los componentes del grupo eran estudiantes que estaban debidamente matriculados en el College of Northwest London en Wembley, a algunos no se les concedió visado para viajar a Francia y todo el grupo tuvo que prescindir de la visita a este Parlamento. 
Estoy indagando para enterarme exactamente de lo que ha sucedido, y espero que, si este informe no abarca el caso planteado, esa lamentable situación pueda resolverse de alguna otra manera. 
Mi grupo se opondrá a las enmiendas 2 a 5. 
La historia ha demostrado una y otra vez que los esfuerzos encaminados a suprimir idiomas alimentan el desprecio. 
Estimo que también los esfuerzos encaminados a imponer idiomas serán causa de resentimientos. 
No me parece que el Esperanto sea la solución. 
Si el Esperanto fuera la solución, entonces esta cuestión hubiera sido una cuestión muy particular desde el principio. 
Me parece que deberíamos esforzarnos por prestar apoyo a los principales idiomas y, en todo caso, a los idiomas menos utilizados y a los idiomas que tengan una tradición histórica. 
Diré a este respecto que la enmienda 1 queda cubierta por el párrafo 29, al que ya he hecho mención. 
Sea como fuere, este informe demuestra que sigue existiendo la necesidad de disponer de mayores inversiones financieras para la educación y la capacitación. 
Esto se desprende de la lectura del informe. 
Mi Grupo y yo recomendamos que se acepte este excelente informe. 
Una vez más, doy gracias a la ponente. 
Señor Presidente, la movilidad es una condición esencial para la realización efectiva del proyecto europeo. 
Los ciudadanos de Europa deben poder elegir su lugar de residencia, de trabajo y de formación: no sólo por preferencia personal, sino también para ampliar sus oportunidades de estudio y de empleo. 
Por otro lado, sólo con el intercambio de conocimientos y experiencias entre organizaciones de países grandes y pequeños, más o menos ricos, del Norte y del Sur, del centro y de las periferias, es como se forma un espíritu europeo. 
Lo que hoy son casos aislados y programas experimentales de intercambios de jóvenes, estudiantes o aprendices, de investigadores o docentes, debe pasar a ser la regla dentro del espacio europeo. 
Con la posible integración de Schengen en el acervo comunitario, cuya realziación está ahora inesperadamente más próxima, tendremos, por fin, la libre circulación de bienes y personas que caracteriza a un auténtico espacio europeo sin fronteras. 
Para un país como Portugal, la adquisición de experiencias en centros, laboratorios, universidades y empresas extranjeras, así como la acogida de nacionales de otros países europeos y la dinamización que ello representa, son parte esencial de su proyecto de integración europea. 
Si la integración y la cohesión son objetivos básicos de la Unión, la movilidad es uno de sus instrumentos preferentes. 
Hay tres grupos a los que el problema de la movilidad afecta con particular intensidad. 
El de los jóvenes: estudiantes, cursillistas o voluntarios; el de los investigadores y becarios universitarios y el de los desempleados. 
Dificultades de reconocimiento y de convalidación de títulos, problemas de seguridad social, problemas de fiscalidad y- last but not least- problemas de preparación lingüística. 
Hace años se advirtieron todas esas dificultades, pero no hay medio de verlas resueltas. 
¿Por qué? 
Nada justifica la prolongación de situaciones absurdas como la de los jóvenes voluntarios que tienen que pagar impuestos por su subsidio de manutención o la de los investigadores que desisten de un proyecto por razones de imposición fiscal o de los desempleados en busca de trabajo obligados a regresar al cabo de tres meses y tantas y tantas otras situaciones... 
En diversas ocasiones abordó el Parlamento los obstáculos a la movilidad desde diferentes puntos de vista. 
Aún ahora, además de este excelente informe de la Sra. Todini acerca del Libro Verde sobre la educación, la formación y la investigación, hace poco votamos, en la Comisión de Cultura, el informe Fontaine sobre el reconocimiento de títulos de enseñanza superior. 
Pero sin una decidida voluntad política de los Estados miembros en conjunto de eliminar las dificultades, los documentos de la Comisión y del Parlamento seguirán siendo letra muerta. 
Las nuevas generaciones no dejarán de pedirnos responsabilidades, si así sucede. 
Señor Presidente, señor Comisario, tanto el Libro Verde de la Comisión como el informe de la señora Todini hacen un espléndido análisis de los obstáculos y los retos para la movilidad transnacional en los sectores de la educación y la investigación. 
Hoy en día disponemos ya de la suficiente información y conocimiento acerca de la situación. 
Las propuestas que se han presentado deberán finalmente llevarse a cabo con ayuda de un determinado calendario y del comité de coordinación de los Estados miembros, si bien aún quedan por corregir numerosos defectos. 
Ante todo se debe establecer un estatuto jurídico claro y lo suficientemente amplio para los aprendices y los voluntarios. 
Se debe garantizar la seguridad social de todo participante en los programas de formación, lo cual implica que hay que proceder a armonizar los distintos regímenes a este respecto. 
La tutela de los niños o el trabajo de media jornada no deberían convertirse en obstáculos para la participación. 
Es igualmente importante fomentar las posibilidades de los participantes en programas de formación concertados para tomar parte en intercambios internacionales. 
Se deben simplificar los procedimientos de solicitud y agilizar los costes de inscripción. 
Además resulta indispensable proporcionar una mayor información. 
Se debe garantizar a los jóvenes, independientemente de su lugar de residencia, la igualdad de oportunidades a la hora de obtener información y acceder a los proyectos de la UE en materia de formación. 
Esto último requiere la regionalización de la información y la creación de una red global de servicios. 
Sin embargo, la cuestión que precisa mejoras más acuciantes es el presupuesto de los programas de formación. 
Ni siquiera el resto de medidas juntas tendría repercusión alguna si no se incrementara la financiación de los programas para responder mejor a los objetivos que se han marcado. 
En la actualidad los programas son causa de numerosas decepciones puesto que, por ejemplo, el presupuesto actual del programa Sócrates es absolutamente insuficiente en relación con la cantidad de solicitudes y el nivel necesario de las ayudas. 
Ni el entorno social ni el económico deberían resultar decisivos de cara a la participación en los programas. 
Los programas de educación y aprendizaje de la Unión Europea representan un instrumento excepcional para instituir el entendimiento mutuo, la tolerancia y, consiguientemente, la seguridad. 
Por tal motivo, los Estados miembros deberían comprometerse a promover estos programas también en las decisiones en materia presupuestaria del Consejo. 
La supresión de los obstáculos con que se enfrenta el intercambio de estudiantes e investigadores repercutirá en beneficio de todos. 
Señor Presidente, compartimos la apreciación del Libro Verde de la Comisión contenida en el excelente informe de la Sra. Todini, sobre todo por lo que respecta a la propuesta de la Comisión de crear un espacio europeo de las cualificaciones. 
La Sra. Todini quizás hubiera podido criticar con más fuerza, en su propuesta de resolución, la insuficiente acción de la Comisión por lo que se refiere a la elaboración comparativa de las cualificaciones profesionales, en la que se basan todas las hipótesis de movilidad. 
Se trata de un desafío que concierne a un número cada vez mayor de jóvenes: basta con observar el número de estudiantes que han recurrido al programa Erasmus para completar sus estudios en otro Estado miembro en los últimos años para comprender que este deseo de movilidad, este deseo de ser verdaderamente ciudadanos europeos, merece una especial atención por parte de los Estados miembros y de nuestras instituciones europeas. 
Estamos de acuerdo con la ponente cuando centra la atención en la formación y la movilidad de los jóvenes procedentes de medios menos favorecidos, de los que no van a cursar estudios superiores, de las personas mayores, de los minusválidos y de las personas con hijos a su cargo. 
Pero tenemos que constatar que se interponen todavía problemas administrativos y políticos de todo tipo, como prueban los trabajos de la Comisión de Peticiones. 
Pongo aquí el ejemplo de los lectores de lengua extranjera en las universidades de los Estados miembros, y en Italia en particular. 
La petición de la ponente de que se elabore un estudio comparativo sobre las condiciones de trabajo de esta categoría para eliminar posibles discriminaciones y garantizar una verdadera movilidad nos parece extremadamente urgente e importante. 
Yo quiero dar las gracias a la Sra. Todini por su fundamentado informe. 
La movilidad transfronteriza constituye, de hecho, un tema vital para continuar la construcción de una Europa unida, que en última instancia depende de la comprensión y el entendimiento entre sus ciudadanos y cada vez más- por lo que respecta al trabajo y la formación- de la disponibilidad a la movilidad de los jóvenes. 
En efecto, promover la movilidad también es una política de empleo. 
Este es un aspecto que debe recibir mayor reconocimiento y que no sólo es válido para las regiones fronterizas de Europa. 
Desde luego resulta curioso tener que constatar en estos momentos que la circulación de mercancías y de capitales se desarrolla con menos problemas que la movilidad de las personas en Europa. 
Yo veo también en este ámbito el riesgo, que ya se ha manifestado, de que como resultado de una asignación unilateral de las oportunidades de intercambio, por ejemplo para los jóvenes en el ámbito de la formación profesional, resurja, precisamente a través de las actividades europeas, la desigualdad de oportunidades en la educación que habíamos desmantelado en buena parte en las últimas décadas. 
Cuando se constata que menos de un 1 % de los jóvenes que realizan estudios de formación profesional fuera de los centros de formación superior participan actualmente en programas de intercambio o que, como ya se ha señalado, algunos jóvenes estudiantes quedan excluidos, en la práctica, porque el importe de las becas ERASMUS exige una mayor disponibilidad de dinero para gastos personales o porque en algunos países las becas no pueden transferirse al extranjero. 
Aunque abogamos por un mercado de trabajo europeo, sin embargo no ofrecemos a los parados la oportunidad de mejorar sus posibilidades de colocación completando su formación lingüística en el país vecino. 
Lo cierto es que necesitamos regulaciones comunitarias en materia de libre circulación y que se abandone el principio de territorialidad. 
También es muy indignante que- más allá de estos obstáculos jurídicos- en muchos servicios administrativos europeos siga prevaleciendo una resistencia oculta contra la libre circulación. 
Como también es indignante que, como ha podido comprobarse hace poco, se impongan cortapisas a los estudiantes obligándoles a esperar para obtener el permiso de residencia, o que el reconocimiento mutuo de los períodos de aprendizaje con vistas al acceso a las profesiones reglamentadas en los Estados comunitarios se esté retrasando en parte o se rechace directamente por egoístas razones proteccionistas. 
Yo espero que lograremos avanzar y alcanzar algunas mejoras en este aspecto. 
Sin embargo, también espero que los propios Estados miembros mejoren la orientación europea de sus sistemas educativos sin confiar más de la cuenta en las actividades de la Comisión para la europeización de los planes de estudio. 
Lo cual incluye, sobre todo, la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Para finalizar, yo quiero presentar la urgente petición de que en el Presupuesto comunitario se incrementen en el futuro los fondos disponibles para programas de intercambio. 
La cuestión que se plantea es si los intercambios que promovemos deben seguir siendo un proyecto piloto o si deben llegar a convertirse un día en una oferta regular más amplia. 
Sólo basta recordar que en estos momentos se destina menos dinero al programa SÓCRATES que a las ayudas al cultivo del tabaco en Europa, por exponerlo en términos muy crudos. 
Yo pienso que es concebible que en el futuro también puedan emplearse los fondos estructurales, desde la perspectiva de la política de empleo, para financiar programas de intercambio, con objeto de ofrecer en la medida de lo posible una oportunidad equitativa a todos los estudiantes y jóvenes en formación que no pueden contar con la ayuda paterna para realizar un período de formación en el extranjero. 
Con este objeto, debería incrementarse el importe de las ayudas de los programas de formación de manera que cubran las necesidades. 
Como última consideración, pero no por ello menos importante, yo les ruego que tengan presente que debemos mejorar considerablemente la información sobre las ayudas destinadas a promover la movilidad en Europa y establecer una estructura de intermediarios en el ámbito local bastante más adecuada, sobre todo en las empresas. 
Como se ha observado acertadamente, aunque los programas no pueden atender todas las peticiones, muchas personas en Europa los desconocen por completo. 
Señor Presidente, la eliminación de obstáculos en el camino de la libre circulación de las personas es uno de objetivos básicos de la construcción europea que ya se determinó en el Tratado de Roma. 
Sin embargo, en el camino de la libre circulación se presentan tantos obstáculos que me gustaría saber si en realidad existe esa libre circulación. 
No siempre se acepta a los estudiantes, investigadores y profesores que desean desarrollar su actividad en otro país de la UE en el marco de programas de intercambio. 
Por otro lado, tampoco hay personas dispuestas a ir a cualquier país. 
Es imprescindible fomentar el aprendizaje de lenguas. 
La idea de hacer hincapié en el estudio de las lenguas minoritarias reviste gran importancia, ya que contribuirá, por ejemplo, a lograr que el intercambio se dirija a todos los países. 
Sin embargo, en la enseñanza de grado medio es imposible conseguir un nivel excelente de conocimiento de dos lenguas extranjeras. 
Deben tenerse en cuenta, por ejemplo, las diferencias individuales y las diferentes posibilidades de la enseñanza. 
En mi opinión, también debe intentar solucionarse de manera permanente los problemas existentes en el sistema fiscal y en la protección social. 
En particular, la práctica fiscal en lo que se refiere a la imposición directa sobre los investigadores difiere considerablemente de unos países a otros y puede dar lugar a situaciones en las que el elevado nivel impositivo obstaculice directamente la movilidad hacia un determinado país. 
Difícilmente, tampoco la negativa a satisfacer la indemnización por desempleo en otro país europeo a una persona que realiza estudios por un periodo superior a tres meses contribuye a incrementar el interés por desplazarse al extranjero. 
En este momento no se puede hablar en modo alguno de equivalencia o de reconocimiento de diplomas académicos o profesionales. 
Espero que la Comisión adopte medidas reales para solucionar este tema. 
Tampoco se reconoce en todos los países el trabajo voluntario, que está estrechamente ligado a estos programas de intercambio. 
Desearía saber además si los recursos presupuestarios son suficientes. 
Los programas de intercambio, que aumentan constantemente y despiertan cada vez más interés, no tienen capacidad para cubrir los gastos de los participantes en los programas, lo cual ocasiona una desigualdad social. 
Por lo tanto, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de participar en las actividades que contribuyen a aumentar la internacionalización. 
Por lo que respecta al incremento de los créditos, quiero señalar también que me gustaría ver a los países bálticos dentro del ámbito de los programas de intercambio. 
Dado que el capital humano es el gran recurso de la Comunidad Europea, hay que hacer todo lo posible por aumentar el aprovechamiento eficaz del mismo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente, la colega Todini; creo que se trata de un buen informe, que afronta problemas muy importantes de los que se ha hablado mucho esta noche: las cualificaciones, los títulos, las lenguas extranjeras. 
Pero creo que existe un enorme rechazo psicológico que la ponente ha tratado de colmar aceptando una de las enmiendas presentadas, pero no creo que esto baste. 
Este rechazo se refiere a la comunicación lingüística. 
En una Unión Europea que cuenta hoy con 15 miembros y 11 lenguas, y que mañana contará con 25 miembros y 20 lenguas, no creo que se pueda seguir fingiendo que no existe un problema lingüístico y de comunicación lingüística; sin embargo, todos los días en este Parlamento nos encontramos con problemas de traducción, como por ejemplo, esta tarde, con la cabina inglesa que ha «saltado». 
Nosotros formamos parte de un mundo reducido, que representa menos del 1 % de la Unión Europea, que habla una segunda lengua y que tiene la capacidad de comprender otra, pero es un pequeño mundo cerrado que no se da cuenta de que para el 99 % de la población de la Unión el problema de la comunicación lingüística- cuando se cambia de país y se va al extranjero, cuando se hace turismo o se busca trabajo o en tantas otras situaciones- constituye un problema fundamental. 
Creo, pues, que ya no podemos cerrar los ojos ante este problema, sino que tenemos que afrontar la perspectiva de ofrecer a todos los ciudadanos, y no sólo a ese porcentaje que puede ir a Oxford o a Harvard a estudiar una lengua extranjera, la posibilidad de tener una misma lengua de comunicación. 
Se trata de un tabú que se ha de romper; digo tabú porque al concepto de lengua neutral de comunicación se asocia el nombre de esperanto, un viejo invento que no tiene buena prensa, pero que, sin embargo, probablemente constituye el único modo, para una Unión de 25 miembros con 20 lenguas distintas, de dar a todos y, por lo tanto, a los menos favorecidos, a los que no tienen los medios para irse a los Estados Unidos o a las mejores universidades extranjeras, la posibilidad de comunicar con los demás ciudadanos de la Unión. 
Nos alegramos de la importancia concedida al Libro Verde por el Parlamento y deseo dar las gracias a las distintas comisiones por su contribución, especialmente a los ponentes, la Sra. Todini, el Sr. Desama y las Sras. Hermange y Heinisch. 
Durante la consulta se ha recogido un número considerable de reacciones y de contribuciones, cuya calidad permitirá a la Comisión definir mejor el objetivo y las orientaciones de acción elaboradas por el Libro Verde. 
Dicho procedimiento sirve de contrapunto a la conferencia que se inaugura mañana en Maastricht y que tiene que desempeñar un papel clave en la confirmación de los resultados obtenidos hasta ahora. 
Quisiera, una vez más, poner de relieve la importancia de la libre circulación de personas, en particular de una población que hasta ahora no se ha tomado bastante en consideración: los jóvenes en formación, los docentes, los desempleados que se están formando, los investigadores. 
Además, acerca del tema de las personas y de la libre circulación, quisiera decir que estoy muy de acuerdo con lo que han señalado algunos parlamentarios, es decir, que hoy está mucho más avanzada la libre circulación de capitales, de mercancías y de servicios. 
Quiero asegurar que en primer lugar en este ámbito del que hablamos esta noche, la Comisaria Cresson, pero con ella toda la Comisión- puedo atestiguarlo como Comisario para el mercado único -, pretenden colmar esta laguna; el plan de acción para el mercado único que la Comisión somete al Consejo Europeo de Amsterdam da gran énfasis e importancia a la libre circulación de personas, y la iniciativa de comunicación apoyada por el Parlamento Europeo «Citizens First» tiene por objeto fomentar el conocimiento para el ejercicio de esas posibilidades de movilidad que hoy ya existen. 
Por lo que respecta a la contribución del Parlamento, quisiera poner de relieve la reacción extremadamente positiva de la Sra. Todini al inicio de su informe, donde, con mucha sensibilidad, insiste en el carácter concreto y operativo del Libro Verde. 
Es una reacción de la que me alegro en nombre de la Comisión y que representa un eco fiel del vivo interés suscitado por el Libro Verde en la Unión. 
Cuatro temas principales guían la acción de la Comisión: el primero, mejorar las informaciones disponibles. 
A iniciativa del Sr. Elchlepp, el Parlamento llama la atención sobre la necesidad de mejorar la difusión de las informaciones sobre las posibilidades que ofrecen los programas comunitarios a los jóvenes que desean pasar un período de formación en el extranjero. 
En ese sentido se propone establecer estructuras intermedias a nivel local y regional para crear puntos de contacto apropiados para el mayor número posible de personas. 
A este respecto, el informe del Grupo Veil sobre la libre circulación de personas contiene una serie de propuestas relativas a la red Eures que la Comisión comparte sustancialmente y entre las que figura la consolidación de los vínculos entre la red y las demás iniciativas y programas comunitarios. 
Con el propósito de aprovecharse de las estructuras preexistentes en vez de crear otras nuevas, la Comisión se propone examinar los instrumentos que han de aplicarse para una mejor coordinación de todas las redes que ya funcionan. 
Una mayor utilización de las nuevas tecnologías permitiría hacer las redes todavía más accesibles al público. 
Segundo objetivo: reducir los obstáculos lingüísticos. 
La Comisión se congratula de que este objetivo- que ya recomendó en el Libro Blanco «Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva» -obtenga, en líneas generales, la opinión favorable del Parlamento. 
Tomamos nota de las reservas expresadas por el informe de la Sra. Hermange con respecto al objetivo de dominar dos lenguas comunitarias además de la lengua materna. 
Por otra parte, tomamos nota con interés del apoyo a la idea, ya expresada con motivo de los debates que se han sucedido sobre el Libro Blanco, de la adquisición de conocimientos pasivos de una tercera lengua comunitaria. 
No obstante, hay que recordar que, en la actual formulación de los artículos 126 y 127, las posibilidades de acción de la Comunidad en el ámbito lingüístico se limitan sustancialmente a los programas comunitarios de educación y formación SÓCRATES y LEONARDO. 
La acción emprendida en ese contexto presenta, no obstante, un notable interés. 
En el ámbito, citado por la Sra. Todini, del aprendizaje precoz de una lengua extranjera en la escuela, por ejemplo, actualmente se están realizando unos quince proyectos piloto europeos en el ámbito del programa SÓCRATES. 
Tercer objetivo: el establecimiento de un dispositivo para los candidatos a la movilidad. Esto vale tanto para los investigadores como para los aprendices. 
Para los investigadores, la opinión elaborada por el Sr. Desama alienta a la Comisión a someter con celeridad al Parlamento proyectos de medidas capaces de eliminar los obstáculos descritos por el Libro Verde, y la Comisión tiene la intención de responder positivamente a la opinión elaborada por el Sr. Desama. 
Basándose en las informaciones que estamos recogiendo de los investigadores, los expertos en cuestiones fiscales, los expertos en seguridad social, la Comisión preparará un documento de síntesis destinado al público. 
Por lo que respecta a los aprendices, a iniciativa de la Sra. Heinisch el informe pide que se adopten una definición comunitaria y un estatuto del aprendiz, así como el establecimiento de un programa específico de movilidad de los aprendices. 
Actualmente examinamos las modalidades de un mecanismo de formación que defina las condiciones óptimas de aprendizaje en alternancia en el plano europeo y los mecanismos que pueden crear las condiciones para su movilidad a escala comunitaria. 
Por último, cuarto objetivo: el acceso a los programas comunitarios. 
El informe pone de relieve la necesidad de tener más en cuenta las exigencias de igualdad de oportunidades y de equilibrio de la política social por lo que respecta a los programas SÓCRATES y LEONARDO, de acceso a estos programas, y, por consiguiente, de revalorizar sensiblemente las asignaciones destinadas a ellos. 
En esa óptica se propone asimismo un cúmulo de subsidios nacionales y comunitarios. 
A este respecto, la Comisión se asocia plenamente al Parlamento. 
Esperamos que no nos falte el apoyo del Parlamento para poder garantizar la realización de las propuestas futuras en este ámbito y que sea fructífero. 
La riqueza del informe del Parlamento permite confiar en una estrecha cooperación en esa perspectiva. 
Finalmente, la Sra, Todini ha mencionado el punto 36. 
Por lo que respecta a este punto, relativo al Comité de Coordinación, la Comisión puede expresar su acuerdo con la idea de un dispositivo que facilite una cierta coordinación y un seguimiento, una ejecución práctica, de las líneas de acción propuestas en el Libro Verde. 
La Comisión reflexionará de manera profunda sobre la mejor manera de realizar ese pilotaje, al que, en cualquier caso, el Parlamento Europeo se asociará plenamente. 
Sin embargo, por lo que se refiere al tipo de comité propuesto por el Parlamento, la Comisión no puede dar todavía una opinión definitiva. 
En efecto, compréndanlo, es delicado poder pronunciarse al respecto antes de saber si el tipo de comité propuesto es compatible con los procedimientos en vigor y los principios del Tratado. 
Concluyo diciendo que la Comisión presentará posteriormente, durante la Presidencia luxemburguesa, un análisis pormenorizado, acompañado de una serie de propuestas de aplicación del Libro Verde. 
Como, por otra parte, ha propuesto el Parlamento, esta propuesta de aplicación del Libro Verde se articulará sobre la base de un calendario, y es inútil decir que el Parlamento- al que una vez más doy las gracias por su importantísima contribución- será regularmente informado de las siguientes etapas. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los colegas y, sobre todo, al Sr. Comisario por haber entendido muy puntualmente cuáles son los elementos fundamentales del informe. 
Esperaremos, pues, a saber luego, por lo que respecta al Comité de Coordinación, qué se podrá hacer concretamente. 
Aprovecho la presencia del Comisario para decir que es verdad que todos nosotros hemos felicitado a la Comisión por haber publicado un Libro Verde extremadamente concreto. 
No la felicito lo mismo por el hecho de que muy a menudo los trabajos de las instituciones comunitarias no se coordinan. 
Un ejemplo concreto es que mañana se inaugura la Conferencia de Maastricht precisamente sobre este tema. 
Hoy nosotros debatimos el informe sobre la movilidad, mañana se vota y, por lo tanto, es difícil que la Conferencia de Maastricht pueda verdaderamente tener en cuenta el trabajo del Parlamento Europeo. 
Si se hubiera entregado el Libro Verde para los trabajos de la Comisión de Cultura, con los plazos largos y técnicos que usted bien conoce, Comisario, con un poco más de antelación, quizás no nos hubiéramos encontrado con tan poco tiempo. 
Incluso hubiéramos podido concluir los trabajos y los debates un poco antes, y la Conferencia de Maastricht- que, repito, se inaugura mañana- hubiera podido tener más en cuenta los trabajos del propio Parlamento. 
En cualquier caso, nosotros procuraremos que se tenga el documento final mañana, antes de las 14.00 horas si es posible, esperando, pues, que los trabajos, las intenciones y las propuestas del Parlamento Europeo puedan considerarse de la manera adecuada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.28 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, yo ruego a la Mesa del Parlamento que por fin se decida a tomar las disposiciones necesarias para garantizar que el personal del Parlamento- por no referirme a los diputados- tenga oportunidad de encontrar un sitio en los restaurantes del Parlamento durante la breve pausa del mediodía. 
Ayer a las 12.30, todos los restaurantes estaban ocupados por grupos de visitantes y el personal se vio obligado a esperar media hora y luego tardó aún al menos otros 10 minutos en encontrar un sitio. 
Esta situación se ha vuelto insostenible. 
A partir de las 12.30, los restaurantes están totalmente ocupados por centenares de visitantes y esta situación no puede prolongarse más. 
Tomo nota de su petición. 
Simplemente, señalo que, como usted sabe, ayer terminamos las votaciones bastante rápidamente y todo el mundo salió al mismo tiempo, tanto los visitantes como el personal y los diputados. 
Señora Presidenta, ayer, en la conferencia, acordamos que en relación con una cuestión urgente en relación con el incendio en la catedral de Florencia pediríamos al Presidente que escribiera una carta. 
¿Podría usted comprobar si ya se ha hecho o si se hará? 
Señora Oomen-Ruijten, se ha tomado nota de la petición y se hará la carta, pero no podemos hacerlo más rápidamente de lo que ya lo hacemos. 
Señora Presidenta, me pregunto si podría serme de ayuda. 
Han surgido algunas dificultades en relación con la delegación que debía viajar a Israel entre los días 1 y 5 de junio. 
Por una razón u otra y sin notificación previa, se cambió la fecha de la visita a los días del 3 al 6 de junio. 
Este cambio ha originado molestias a los diputados que forman parte de la delegación y que ya habían hecho planes para dicha visita. 
Deduzco que la decisión se ha tomado sin consultar a la Mesa de la delegación israelí ni a ninguno de los miembros de la delegación del Parlamento. 
Quisiera pedirle, en su calidad de Presidenta del Parlamento en el día de hoy, que encargue una investigación sobre las causas de lo sucedido, porque el cambio no sólo ha causado molestias a los diputados al Parlamento Europeo, sino que además es una grave falta de cortesía para con nuestros anfitriones israelíes. 
Señor Provan, está muy claro que no se trata de que entablemos un debate sobre este punto. 
Quería usted que hiciéramos una encuesta, y la haremos. 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
Les comunico que, de conformidad con el apartado 2, párrafo segundo del artículo 47 del Reglamento, he recibido los siguientes recursos motivados y escritos relativos a la lista de temas seleccionados para el próximo debate sobre problemas de actualidad, urgentes y de importancia mayor. 
En el punto V- medidas discriminatorias de China contra los Estados miembros de la Unión Europea- tengo un recurso del Grupo del Partido del socialismo Europeo que trata de sustituir este punto por uno titulado «Sahara Occidental» y aplazar el punto sobre China tratándolo dentro del punto de los derechos humanos. 
Si queda claro para todos, someteré a votación dicha petición. 
Señora Presidenta, ahora que tratamos el octavo punto en el capítulo de los derechos humanos, me pregunto si tenemos que hacerlo. 
Sé que el Sr. De Vries y otros en esta Asamblea siempre se levantan si hay más de cinco puntos y me pregunto si el Reglamento aún lo permite. 
Señora Oomen-Ruijten, no entiendo. 
No añadimos ni un punto. 
Tal me haya expresado mal. 
La propuesta trata de sustituir el punto sobre China por el punto sobre el Sahara Occidental y añadir un subpunto a los derechos humanos que, de hecho, es de lo que trata el punto sobre China. 
Ahora bien, es lo que acabamos de hacer con algunos otros puntos. 
Le aseguro que por lo que respecta al Reglamento, todo es perfectamente correcto. Lo he comprobado incluso antes de someter este punto a votación. 
(Se desestima el recurso) 
Señora Presidenta, seguramente me he expresado mal, pero lo que hemos hecho hoy, en lugar de colocar cinco subpuntos en los derechos humanos, ha sido fijar siete. 
Pienso que habíamos acordado en esta Asamblea, y que ello era inamovible, que sólo tendríamos cinco. 
Cada vez ponemos más puntos en el orden del día en la cuestión de los derechos humanos y esto significa que no tiene lugar un debate serio. 
Señora Oomen-Ruijten, no vamos a entablar un debate sobre este punto. 
Creo que, en efecto, la Conferencia de Presidentes podría estudiar esta cuestión para la próxima vez, de forma que se armonicen las cosas. 
El punto V que aparece bajo el encabezamiento de China es, en realidad, un llamamiento de los Estados miembros de la Unión Europea a la solidaridad política con aquellos Estados amenazados por las represalias chinas en el marco del comercio, entre otros, como resultado de la Conferencia de la ONU sobre los derechos humanos celebrada en Ginebra. 
Es una cuestión política relativa a la solidaridad europea con Estados miembros como Dinamarca y Holanda, y no tiene nada que ver con los derechos humanos en China. 
Sabe usted muy bien que no debatimos durante los recursos, sólo votamos. 
Ahora bien, usted da una explicación después de la votación y me resulta difícil seguirle. 
Pensé que tal vez se tratara de una cuestión de orden, pero no es así. 
Decisión sobre la urgencia 
Señora Presidenta, esta propuesta de la Comisión es muy importante. 
Ya hemos iniciado los trabajos en comisión, pero no los habremos completado para el segundo período parcial de sesiones de mayo. 
El plazo más breve posible sería para el primer período parcial de sesiones de junio. 
Los trabajos estarán concluidos, por lo tanto, para el primer período parcial de sesiones de junio. 
Yo propongo, por consiguiente, que se rechace la urgencia y que votemos en contra de la misma, pero con el compromiso de que la propuesta se debatirá en el primer período parcial de sesiones de junio. 
(El Parlamento rechaza la urgencia) 
Política de seguridad común 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0162/97) del Sr. Tindemans, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el desarrollo de las perspectivas para la política de seguridad común de la Unión Europea. 
Antes de ceder la palabra al Sr. Tindemans, desearía simplemente expresar mi pesar porque el Consejo no ha considerado su deber asistir a este debate extremadamente importante. 
Deseaba manifestarlo. 
Le doy las gracias, señor Tindemans. 
Creo que su intervención ha sido muy apreciada, pero desearía que en el futuro, los grupos informen bien a los diputados acerca del tiempo de palabra de que disponen. 
Resulta muy evidente que el Sr. Tindemans no sabía que sólo disponía de seis minutos. 
Ha sobrepasado ampliamente su tiempo y no le he interrumpido porque pienso que no lo sabía. 
Señora Presidenta, pienso que esta mañana estamos celebrando un debate importante sobre una cuestión que ocupa o debería ocupar un lugar destacado en el orden del día de la conferencia intergubernamental. 
Hablamos de seguridad y del papel que debería desempeñar la Unión Europea en ella. 
Mi Grupo considera importante recalcar que para nosotros la seguridad no es tan sólo una cuestión de organizar bien el contenido militar de esa política de seguridad. 
Para nosotros, la seguridad es un concepto amplio en que hablamos de instrumentos económicos, instrumentos ambientales, prevención de conflictos, mantenimiento de la paz y cosas por el estilo. 
Es decir, que para nosotros la seguridad no se limita a lo que se entendía en un principio: seguridad militar. 
Pienso que es muy importante en el enfoque que hemos elegido como Grupo. 
Nos complace que en el informe del Sr. Tindemans se recalque sobre todo la política de seguridad y no el aspecto de defensa del desarrollo del segundo pilar de la Unión Europea. 
Lo consideramos muy importante. 
Ahora queremos centrar nuestro debate en esa política de seguridad en sentido amplio, centrada en lo que respecta a la Unión Europea en la ejecución de lo que se denominan las tareas de Petersberg. 
Consideramos que la Unión Europea tendría que dotarse de la posibilidad de emprender acciones por sí sola, como sucedió en el pasado en Bosnia bajo la dirección de la OTAN, y para ello la Unión ha de disponer de más instrumentos. 
Por supuesto, insistimos en que, en el marco de esa misma política de seguridad, es mejor intentar desarrollar instrumentos de prevención, pero si la prevención no tuviera éxito, la Unión debería poder y debería permitírsele realizar de forma independiente las tareas de Petersberg, es decir, tareas de mantenimiento de la paz. 
Esta es la dedicación de nuestro Grupo, y creo y creemos que es esto lo que hay que recalcar en el debate que ahora celebramos. 
En menor medida estamos dispuestos a debatir sobre lo que debería significar exactamente en el futuro la política de defensa para la propia Unión o una defensa común para la Unión. 
No eludimos este debate, pero consideramos que ahora hemos de concentrarnos en las llamadas tareas de Petersberg, sobre todo por la consideración práctica de que, en los últimos años, la Unión Europea no ha sido capaz de mantener una política enérgica. 
Pero dando ahora los instrumentos adecuados a la Unión Europea, esperamos que también ella será capaz de utilizar estos instrumentos y demostrar a los ciudadanos que se han realizado progresos en la cuestión de la política de seguridad. 
Y en cuanto se hayan realizado estos progresos habrá llegado el momento de hablar de cómo seguir adelante. 
Pero primero pienso que es preciso que demos una mayor sensación de confianza de cara a nuestras filas, nuestra propia población, con respecto a la capacidad de la Unión Europea en la cuestión de las tareas de Petersberg. 
Mi Grupo ha presentado diversas enmiendas. Quiero citar dos que consideramos importantes. 
El informe Tindemans deja abierta la posibilidad de que la Unión Europea realice independientemente acciones como las tareas de Petersberg sin el mandato de la ONU o sin el mandato de la OSCE. 
Estamos en contra de ello. 
En segundo lugar, el informe contiene un pasaje sobre la toma de decisiones, en que se propone que sobre cuestiones tan importantes como las tareas de Petersberg, el Consejo pueda decidir por mayoría. 
También estamos en contra de esto. 
Pero por lo demás valoramos altamente el trabajo que ha realizado el Sr. Tindemans en los últimos años al preparar este informe para el Parlamento. 
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo presentar mis respetos al ponente, Leo Tindemans. 
Todo informe que lleve su nombre merece nuestra más seria consideración. 
Su experiencia al más alto nivel político durante años en asuntos europeos hace que sus opiniones tengan una importancia especial. 
Su exhaustivo informe hace una aportación importante al debate sobre el desarrollo de la política de seguridad de la UE según la define el Tratado de Maastricht, aprobada en su día por todos los gobiernos de los Estados miembros. 
En el breve tiempo de que dispongo, deseo centrarme en la petición que hace el ponente en el apartado 6 para que se elabore un estudio de viabilidad sobre la creación de un cuerpo europeo compuesto por unidades militares y civiles que se encargue de llevar a cabo operaciones de mantenimiento y de restablecimiento de la paz. 
El papel que han desempeñado las Naciones Unidas en situaciones de conflicto en todo el mundo nos brinda numerosos ejemplos de los que podemos aprender y que pueden servirnos de base para definir el papel de la UE en el mantenimiento de la paz. 
Por ejemplo, las Fuerzas de paz de las Naciones Unidas enviadas al Congo Belga (el actual Zaire) en los años sesenta vigilaron lo que posiblemente fuera una paz precaria, aunque esencial. 
UNIFIL garantizó en el Sur del Líbano décadas de estabilidad, a pesar de la terrible guerra civil que dicho país soportó hasta fecha reciente. 
UNFICYP fue otro éxito, al igual que la operación de las fuerzas de la ONU que prestaron su ayuda y supervisaron el final de la guerra entre Irak e Irán. 
En todos estos casos, la mediación de la ONU permitió alcanzar, generalmente, un cese del conflicto, al que siguió alguna forma de paz. 
La autoridad y el éxito de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas no se debieron a la fortaleza de sus armas, sino a la influencia moral de la ONU, que se sustentaba a su vez en el reconocimiento por parte de las partes enfrentadas de la neutralidad política de la ONU y de su auténtico deseo de garantizar la paz. 
Sólo recuerdo un caso en el que la ONU pasó de una misión de mantenimiento de la paz a una operación que incluía un elemento de imposición de la paz. Ocurrió en Sudán hace varios años y fue en todo respecto una intervención desafortunada y fallida. 
Aquella experiencia plantea un dilema fundamental para la UE: ¿deben sus intervenciones militares y policiales ir destinadas exclusivamente al mantenimiento de la paz o deben tener también capacidad para imponerla? 
No es adecuado que una organización política como la UE, que tiene aspiraciones justas y legítimas de convertirse en una potencia mundial, se mantenga benignamente neutral a la manera de la ONU. 
No olvidemos, por ejemplo, el reciente conflicto en los Balcanes en el que se nos criticó nuestra impotencia. 
Además, ¿cuál sería o debería ser el papel de la UE si se ven amenazados intereses fundamentales como el suministro de energía o nuestras redes de telecomunicaciones? 
Son temas que debemos abordar. 
Y precisamente por este motivo sería de la máxima importancia que se lleve a cabo un estudio de viabilidad que explore las dimensiones de dicho papel. 
Este asunto no debe empantanarse, sin embargo, con un debate sobre los aspectos institucionales de las relaciones, por ejemplo, entre la OTAN y la UEO, y las idiosincrasias nacionales de algunos Estados miembros relativas a sus compromisos en materia de seguridad. 
La función de dicho estudio debe ser la de esclarecer cuáles son los principios básicos para la UE; la logística de la ejecución de dicha política puede esperar a mejor ocasión. 
Señor Presidente, Señorías, Europa es una comunidad de destino. 
Este principio que ha constituido los cimientos de nuestra historia desde hace casi medio siglo, está en la base del Tratado de Maastricht que constituye la Unión Europea y cuyo objetivo es definir la identidad internacional de Europa estableciendo una política exterior y de seguridad común, incluida una política de defensa común. 
El Sr. Tindemans cuya competencia y sabiduría son innegables en este ámbito, intentó en primer lugar desarrollar una reflexión global sobre nuevas perspectivas para la PESC. 
Se dio cuenta de que era prematuro llegar a un texto semejante, que hubiera cosechado una gran mayoría, lo cual merecía un tema de semejante importancia. 
Los reflejos nacionales, y sobre todo, las reticencias de los nuevos Estados miembros atados a su neutralidad tradicional han frenado, de alguna manera, la reflexión sobre una posible política de seguridad común. 
Al tiempo que aboga para que pueda desarrollarse esta reflexión en el futuro, porque es ciudadano de una país invadido cada vez que se declaraba neutral, el ponente no desespera de convencer a los indecisos y, por ahora, ha decidido concentrarse en el apartado de seguridad de la PESC. 
Su notable informe nos lleva a la constatación de que la política de seguridad común está todavía en pañales. 
Cada crisis internacional pone en evidencia nuestras carencias. 
Sólo las misiones comunitarias se han podido decidir, y a veces cumplir, pero la política exterior de la Unión no debe y no puede detenerse en esta fase. 
Desde 1992, el Consejo Europeo de Lisboa había fijado los ámbitos propios de la PESC donde podían y debían decidirse las acciones comunes si se comprobaba su necesidad. 
A este respecto, el balance es decepcionante. 
Está claro que el concepto sigue siendo demasiado abstracto y hay que felicitar vivamente al Sr. Tindemans por ofrecernos un concepto de seguridad que distingue entre seguridad interna y seguridad externa. 
He ahí un enfoque nuevo que debería permitir a los europeos y a sus gobiernos comprender mejor el interés de las medidas que se decidan en común para luchar más eficazmente contra la droga, el terrorismo, el crimen organizado y los tráficos de todo tipo por lo que respecta a la seguridad interna. 
En efecto, podemos deplorar el escaso progreso de la PESC, pero paradójicamente, tal vez hayamos imaginado ya las cosas hechas porque, ante todo, es preciso convencer a los pueblos de la eficacia y de la necesidad de las medidas comunes. 
Europa no podrá hacerse sin el consentimiento de los pueblos y para lograrlo necesitamos una pedagogía permanente. 
La seguridad del entorno inmediato pemitirá que se comprenda mejor que la inviolabilidad de las fronteras de la Unión es un problema común a todos y al que sólo podemos enfrentarnos en común, nunca solos. 
Si un día, uno de los Estados miembros estuviera amenazado, la idea de una seguridad común se convertiría inmediatamente en evidencia y dicha constatación llevaría a aceptar su corolario, la idea de la defensa común sin la cual no podría existir ninguna política exterior común. 
El informe del Sr. Tindemans y sus propuestas nos ofrecen una concepción dinámica de la seguridad. 
Es la razón por la cual lo aplaudo vivamente y manifiesto que mi grupo le apoyará. 
Señora Presidenta, bravo por el Sr. Tindemans que acaba de comprobar, junto con la Sra. Carrère d ' Encausse, que es cada vez más difícil diseñar perspectivas en materia de seguridad común, aunque sea de manera poco creíble, por falta de entendimiento sobre los objetivos. 
La suerte del informe de nuestro colega, Léo Tindemans, nos ilustra perfectamente este deplorable estado de cosas. 
La primera versión de este informe contrastaba tanto por su franqueza como por sus palabras constructivas y sus visiones. 
Pero tras su paso por la comisión, queda un texto edulcorado y un tanto timorato, que refleja muy bien la tentación de sucumbir al enfoque del llamado denominador común más pequeño que nuestra Asamblea parece compartir de ahora en adelante con otras instituciones de la Unión. 
Al proceder así, nuestro Parlamento se ha privado a sí mismo de su papel de impulsor político, lo que, después de todo, sigue siendo y por mucho tiempo, su principal misión en el marco de la PESC. 
Antes que identificar y nombrar claramente las dificultades así como los obstáculos políticos que se oponen a que la PESC tome cuerpo y sustancia, preferimos eludirlos cediendo a la ilusión de una Europa pacificada tanto dentro como fuera y que, en resumidas cuentas, podría ahorrar los consiguientes esfuerzos en materia de defensa y de seguridad. 
Nos entretenemos con un peligroso ilusionismo y no es ésta la forma en que nos liberaremos de la buena voluntad de nuestros aliados americanos y que seguirá defendiendo nuestra seguridad. 
Un dato significativo es que los propios americanos empiezan a sentirse molestos ante las vacilaciones de los europeos que, decididamente no llegan a emanciparse, si no es de palabra. 
En estas condiciones, podría ocurrir que una de las propuestas innovadoras del informe Tindemans, a saber, la integración de las misiones de tipo Petersberg en el Tratado, acabe por deformar un tanto las intenciones de nuestro ponente. 
En efecto, es deseable conferir a estas misiones el estatuto de acción común y ampliar así la panoplia de nuestros medios de intervención, pero habida cuenta de nuestra patente falta de resolución, podemos apostar que lo que podría ser un avance importante no será, en resumidas cuentas, más que un sobretodo revelador, en este caso, de nuestra indecisión. 
Señora Presidenta, abordamos la discusión del informe Tindemans en una coyuntura especialmente significativa de la situación por la que atraviesan las cuestiones relativas a la seguridad en nuestra Unión. 
Por un lado, tenemos una Conferencia Intergubernamental que avanza a paso de tortuga en este capítulo, pero, sobre todo, nos acercamos a marchas forzadas a una cumbre de la OTAN que va a ampliar esta organización geográficamente y la va a reforzar funcionalmente. 
La conclusión es clara: si la CIG mantiene los asuntos de seguridad de la Unión como un enano político, la OTAN terminará gestionando en exclusiva los asuntos de seguridad que se refieren a nuestro continente y al ámbito geográfico de la Unión Europea. 
Yo creo que eso va contra los deseos mayoritarios de la opinión pública de nuestros países, pero, desde luego, va contra nuestros propios intereses. 
No podemos confiar la seguridad de nuestro continente, tras la Guerra Fría, a una organización como la OTAN que proviene de ella, está dominada por una potencia extrarregional, como los Estados Unidos, y, además, sigue basando todas sus actuaciones en el desfasado concepto de la disuasión nuclear. 
No es posible una identidad europea de seguridad y defensa de la OTAN. 
Esa identidad debería existir en el seno de la Unión. 
Una Unión capaz de entender, ciertamente, que la seguridad no es un concepto militar, sino que debe ser global y basarse en medidas de confianza y en actuaciones de diplomacia preventiva. 
La Unión Europea debería apostar por un nuevo modelo de seguridad paneuropea que persiga el desarrollo de la OSCE, reformando su proceso de toma de decisiones y aumentando sus capacidades y medios, y coordinar las fuerzas armadas de los países miembros de la Unión, a fin de llevar a cabo las misiones de tipo Petersberg- eso sí, siempre a petición de las propias Naciones Unidas o de la OSCE-. 
Sin PESC no hay unión política y viceversa. 
Eso debería entenderlo el Consejo que, lógicamente, no ha estado aquí. 
Señor Tindemans, la presentación del primer borrador de su informe, en el cual abogaba en favor de una identidad defensiva de la Unión Europea suscitó críticas muy generalizadas en la comisión. 
En realidad, usted tenía el mandato de desarrollar un proyecto de seguridad para todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
Europa debe seguir siendo una potencia civil. 
Sin embargo, usted vuelve a erigir una fortaleza europea y en su informe concibe la defensa como defensa de los intereses particulares de los miembros de la Unión Europea, concretamente la defensa de los recursos y de las vías marítimas y de transporte. 
¿Se propone erigir usted, acaso, un nuevo frente entre el Norte y el Sur? 
¡Se pretende transformar a Europa, una Europa de la paz, que como tal se fundó, una Europa de la justicia y la libertad, una Europa civil, en una unión militar! 
Esto dice el informe. 
Usted dice claramente en varios puntos que el objetivo es lograr una identidad defensiva. Con la integración en tres fases en la UEO se pretende insuflar nueva vida a esta organización, que de por sí debería disolverse el año próximo, y que ésta asuma tareas de intervención autónomas. 
Sin embargo, los miembros de la generación joven no queremos retornar a un sistema tradicional anticuado, en el cual la seguridad se entiende sólo como la seguridad propia. 
Hace tiempo que sabemos que también es posible acabar por medios pacíficos con las dictaduras. 
Europa cuenta, entre tanto, con una Organización de Seguridad y Cooperación que ha desarrollado propuestas para superar las barreras, de manera que ya no sea necesaria la amenaza. 
Un modelo completo de seguridad común para el siglo XXI no evoca una división entre seguridad interior y exterior, sino una seguridad indivisible, una seguridad que combata las causas últimas donde realmente residen, esto es, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito del desarrollo. 
Es imprescindible desarrollar una gama de instrumentos civiles. 
Un peace corps- un cuerpo de paz- civil europeo es un proyecto significativo para la Unión Europea en este contexto. 
Un proyecto que requiere nuestra energía, nuestra energía política, financiera y también material. 
Señora Presidenta, también yo deseo unirme a los que me han precedido en el uso de la palabra y han felicitado al ponente. 
Pienso que se trata de un buen informe. 
Como el Sr. Goerens, pienso que se habrían podido evitar algunos condicionales. Pienso que había una mayoría en el seno de nuestro Parlamento para lograr la eliminación de dichos condicionales que han permanecido aquí y allá. 
Esencialmente, desearía manifestar dos cosas. 
Primero, no se trata de una crítica, sino, tal vez, de un llamamiento a nuestros amigos los socialistas, al Sr. Wiersma. 
Pienso que si hablamos de operaciones Petersberg, es preciso dotarse de los medios para realizarlas y, en mi opinión, no podemos remitirnos a una decisión unánime en el seno del Consejo si de verdad queremos que Europa esté en condiciones de asegurar estas misiones. 
Segundo, me dirijo a nuestros amigos los Verdes; es evidente para mí que una operación de mantenimiento de la paz no se concibe con un cuerpo civil solo. 
La experiencia de Bosnia lo ha demostrado, al igual que la de Rwanda. 
Para garantizar este tipo de misiones deben asociarse los cuerpos militares y civiles, ya que no basta sólo con un cuerpo civil para cumplir con la tarea. 
Señor Comisario, desearía llamar su atención sobre el apartado 6, que pide a la Comisión y al Consejo que estudien la posibilidad de crear un cuerpo europeo de peace keeping (mantenimiento de la paz) y de peace making (construcción de la paz). 
Espero recibir una respuesta de la Comisión sobre este punto. 
Pienso que ésa es una de las condiciones para que pueda intervenir Europa, contrariamente a lo que todavía ha ocurrido últimamente en Albania, cuando no ha estado en condiciones de reaccionar como Unión Europea, sino que ha delegado a algunos Estados miembros la tarea de afrontar dicha crisis. 
Si la Comisión pudiera respondernos sobre este punto, pienso que sería un estupendo paso hacia adelante. 
Espero que nuestros amigos socialistas comprendan que, sin medios institucionales y sin capacidad de decisión por mayoría, nos volveremos a encontrar en nuestra situación de hoy, es decir, en la incapacidad de Europa para hacer cualquier cosa. 
Señora Presidenta, tras la retirada de la Unión Soviética, el relativo declive de los Estados Unidos y la subida en potencia de Alemania, la Europa de la defensa y la Europa de las armas no se corresponden con las realidades del mundo actual. 
La defensa es la expresión misma de la soberanía nacional y no se comparte. 
Por supuesto, siempre encontrarán ustedes dirigentes franceses que por cuestiones de carrera o de vanidad, intentarán llevar a Francia y a sus industrias por la vía que, en su fuero interno, saben contraria a los intereses a largo plazo de la nación francesa, pero el pueblo francés no se deja engañar y se siente amenazado por esta Europa federal que quieren instituir algunos cueste lo que cueste. 
Por último, Señorías, sé que el deseo de los ponentes, los Sres. Tindemans y Titley, es que Francia, que globalmente posee la segunda industria de armamento del mundo y que tiene la capacidad de fabricar todos los tipos de materiales militares, se deje llevar por acuerdos generalizados de asociación que no le procurarían ninguna ventaja en términos de precio o de calidad. 
Los ejemplos anteriores de cooperación europea son además significativos: materiales híbridos, presupuestos sobrepasados y series anuladas. 
En 1958, cuando el general De Gaulle volvió al poder, la industria americana era incomparablemente más fuerte que la industria militar francesa. 
Y, sin embargo, Francia ha llevado a cabo, por sí misma, numerosos programas de armamento, con el éxito que todos conocemos. 
Esta política la han seguido los presidentes Pompidou, Giscard-d ' Estaing y Mitterrand. 
¿Por qué habría de abandonarla el presidente Chirac? 
Señora Presidenta, no sé si hay que aceptar con satisfacción la opción deliberada de limitar el informe sólo a los aspectos de la seguridad común y de no afrontar también la cuestión relativa a la política de defensa, tanto más cuanto que la reciente experiencia bosnia- como, por otra parte, la actual cuestión albanesa- demuestra la necesidad de una política exterior común y la exigencia de definir, sin más dilación, una política de defensa común. 
Como es sabido, una no puede disociarse de la otra. 
Sin embargo, el método elegido por el ponente presenta un aspecto positivo y permite esbozar la que ha sido llamada por los colegas de la Comisión de Asuntos Institucionales «la sustancia de seguridad de la Unión» , es decir, el conjunto de las garantías elementales que permiten que la Unión sea y se presente como un ordenamiento jurídico que vive y se desarrolla en condiciones de libertad y que afirme su identidad en la escena internacional. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que una política de seguridad común no puede, por sí sola, poner a la Unión Europea a cubierto de todas las amenazas. 
La cuestión de su defensa deberá, pues, afrontarse cuanto antes con la convocatoria de una conferencia del tipo de la de Mesina de 1995, para definir la progresiva fusión de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea, en el marco de una política de defensa común. 
La posibilidad de que la Unión decida la realización de misiones humanitarias y de socorro, de mantenimiento de la paz y de gestión de la UEO constituirá la primera expresión significativa de la dimensión de seguridad y de defensa incluida en el Tratado de Maastricht. 
Además, hay una cuestión que, entre las tantas citadas por el informe del colega Tindemans, no menciona el capítulo sobre la seguridad interior de la Unión: se trata de los movimientos secesionistas, violentos y no violentos, que son factores de desequilibrio y de fracturas que difícilmente se pueden reconducir hacia una evolución democrática de la sociedad. 
Una Europa reducida a contener una serie de veleidades secesionistas no tendría ciertamente la credibilidad necesaria para desempeñar ese papel de equilibrio que se le debe confiar. 
Unas entidades estatales resultantes de separaciones secesionistas minarían la seguridad interna porque se basan en egoístas intereses locales o incluso en selecciones étnicas. 
Por eso, la Unión Europea debe asumir esos riesgos y trabajar para que, en el ámbito de la unión política, se salvaguarden formas de autonomía y de subsidiariedad que reconozcan ciertas diferencias, pero que se garantice la protección de la seguridad interior como bien inalienable para el desarrollo de la Unión y de sus poblaciones y para la integridad de los Estados. 
Señora Presidenta, este informe es indiscutiblemente mejor que las propuestas que ha debatido la comisión pertinente en repetidas ocasiones. 
No obstante, siguen habiendo algunas que no son aceptables. 
Suecia, juntamente con Finlandia, ha dejado clara cuál es su posición con respecto a la cuestión de la política exterior y de seguridad a través de sus propuestas anteriores a la actual Conferencia Intergubernamental. 
En su calidad de estado no alineado, con miras a la neutralidad en caso de guerra, Suecia no puede aceptar una evolución que se encamine hacia una defensa europea común, ni dentro del marco de la UE ni a través de una integración organizativa de la UE y de la UEO. 
De esto no cabe ninguna duda. 
No podemos aceptar un proyecto de conferencia con el fin de debatir sobre la política de defensa común y una defensa común. 
La UE no debe construir una organización que planifique sus operaciones militares en competencia con las Naciones Unidas. 
El papel que debe tener en el futuro la política de seguridad de la UE es el de esforzarse por lograr unas soluciones pacíficas a los conflictos, poner en pie unas instituciones que detecten los conflictos a tiempo, solucionarlos a base de métodos políticos y económicos, impulsar unas acciones humanitarias y pacificadoras, así como gestionar unas acciones para hacer frente a las crisis. 
Los objetivos de Petersberg deben ponerse en práctica exclusivamente a partir del mandato directo de las Naciones Unidas o de la OSCE. 
Es inaceptable que la Unión actúe por cuenta propia fuera del marco de estos organismos. 
La propuesta de unas fuerzas civiles y militares europeas no ha sido razonada, ni es viable en la práctica. 
La política de seguridad del futuro debe salirse del ámbito tradicional de la seguridad militar de los estados para abarcar la seguridad de los ciudadanos y del planeta. 
La seguridad global y común se basa en la cooperación, la confianza, la transparencia y el desarme, y requiere otros instrumentos que los puramente militares. 
Para poder solucionar conflictos a base de medios pacíficos, la UE debe desarrollar un amplio espectro de acciones preventivas para la detección, solución de conflictos, negociación y ayudas políticas y económicas, en lugar de persistir en las soluciones militares típicas de la guerra fría. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Tindemans por su trabajo, un trabajo presentado en un momento muy significativo, porque propone el desarrollo de una política de seguridad común. 
También lamento que el Consejo se ausente de este debate. 
Por consideración al asunto y al Parlamento, debería hacer acto de presencia algún representante del Consejo, sobre todo teniendo en cuenta que éste es el primer perjudicado por una serie de graves fracasos en el ámbito de la política de seguridad. 
En el informe del Sr. Tindemans hay varios puntos de especial importancia. 
El primero es su enfoque metodológico, es decir, la división en principios generales y capítulos específicos donde se examinan principalmente regiones en crisis, porque éstas suponen cierta amenaza para la seguridad de Europa. 
A propósito de los principios generales, quisiera abordar dos de ellos. 
El primero es el concepto de soberanía territorial, un concepto que es muy importante y que, en mi opinión, no cabe duda de que es el núcleo de una política de seguridad común. 
Lo que nos hace falta, a este respecto, es usar la imaginación y mantener la vista adelante, porque las herramientas, es decir los sistemas de armamento que constituyen la máxima amenaza de la soberanía territorial, se han desarrollado y nos obligan a dejar atrás posturas tradicionales. 
El segundo es el concepto de diplomacia preventiva, que en mi opinión es la propuesta más importante, porque prevenir significa evitar los lamentables hechos que componen hoy el cuadro del orden mundial. 
Prevención, señor Presidente y Señorías, se traduce en unos procesos, información y contactos, en una especialización y en un examen exhaustivo de los motivos de una crisis. Todo esto- y el Consejo brilla por su ausencia- no ha tenido lugar hasta ahora. 
Otro punto es la propuesta de incluir las medidas de creación de confianza como una institución que, ya acreditada en situaciones difíciles en el pasado, puede contribuir claramente al establecimiento de las condiciones necesarias para resolver los problemas. 
El último punto, señor Presidente, concierne a los «capítulos especiales». 
Los Balcanes: un fracaso de la Unión Europea. 
El Mediterráneo y el Oriente Próximo: su segundo fracaso. 
No basta con designar en una noche y en condiciones poco transparentes unos intermediarios; hay que tener propuestas concretas. 
Señora Presidenta, también yo quiero felicitar al Sr. Tindemans por el excelente trabajo realizado, aunque también yo mantengo algunas reservas sobre todo con respecto al hecho de que esta versión está edulcorada y ha experimentado toda una serie de cambios en la Comisión de Asuntos Exteriores, en particular por el hecho de que la versión es un poco ilusoria cuando mezcla toda una serie de cuestiones como la criminalidad organizada, la prostitución, la crisis económica y el racismo. 
Sobre esto sigo teniendo dudas. 
Pero está claro que ya todo empieza a salir en la colada. 
La Conferencia Intergubernamental no está dando los resultados que nosotros esperábamos, y lo que estaba previsto en el Tratado de Maastricht de hecho no encuentra una colocación adecuada en materia de política de seguridad común.. 
Está claro que sin política de seguridad no hay política de defensa, no hay defensa común, no habrá política exterior común. 
Por consiguiente, Europa, que, sin embargo, podría ser un gigante- y en parte lo es- en el plano económico, es un enano político; más bien tenemos quince enanitos políticos que son los quince Estados miembros, que se debaten en sus pequeños egoísmos y que, en el plano internacional, no cuentan absolutamente nada. 
Esta es la razón por la que aprecio también la vehemencia con la que el Sr. Tindemans ha planteado este problema. 
Sobre esto tenemos que ser claros y salir de las ambigüedades. 
Prevenir los conflictos o incluso resolverlos de manera pacífica- el peace keaping, el peace making- no puede ser sólo un ejercicio retórico. 
¡Cuántas veces se han alzado voces desde este hemiciclo- y aquí me dirijo a los colegas del Grupo Socialista, que han tenido muchas dudas también hoy manifestadas en las intervenciones de los colegas- sobre la cuestión de la resolución de los conflictos, sobre la cuestión de restablecer la paz y la democracia! 
Todo esto no puede quedarse en un ejercicio retórico. 
Esta política tiene costes, y el que tiene el valor de invertir en operaciones como Petersberg, o las otras operaciones como las de la OTAN, que ya representa el único gran baluarte verdadero de seguridad también para Europa, se diga lo que se diga, el que tiene el valor de invertir en la política de seguridad y, por lo tanto, en la capacidad de intervenir, de exportar la paz, la democracia, la libertad, trabaja por el único futuro posible para una Europa espacio de democracia y de libertad. 
Creo, pues, que la UEO debe ser puesta al servicio de la PESC, que no sólo debe haber cooperación entre la UEO y la Unión Europea, sino una verdadera integración tal vez con la posibilidad de crear un opting out, o sea, de dar a los países que no quieren participar en iniciativas militares de restablecimiento de la paz la posibilidad de retirarse. 
Sobre esto es indispensable que el Parlamento tome una posición concreta y ponga al Consejo ante sus responsabilidades. 
Señora Presidenta, aprovecho la ocasión de expresarme ante este hemiciclo lleno y comprometido para mostrar mi gran aprecio al Sr. Tindemans, pero al mismo tiempo expresar mi pesar por el hecho de que en la comisión se haya estropeado su excelente trabajo inicial; y no me parece que las realmente numerosas y prolijas enmiendas puedan devolverle el ímpetu ni los contenidos iniciales. 
Hoy perdemos una importante ocasión para demostrar que el Parlamento es capaz de atreverse más allá de los límites estrechos de sus Gobiernos. 
Lo que propondremos en la Conferencia Intergubernamental en materia de PESC es poco más que un leve susurro destinado a no hacer temblar ni siquiera a una hoja. 
Sobre este tema, un Parlamento, esclavo todavía de sus prejuicios políticos e ideológicos y de veleidosas defensas de soberanía nacional, expresa una opinión que no está destinada a dejar huella en la memoria histórica de la construcción europea, tratando de colmar el vacío de propuesta política con algunas débiles propuestas pragmáticas. 
No, no necesitamos reforzar la cooperación con la UEO, sino integrarla en la Unión Europea. 
Ese cuerpo extraño tanto a la Unión como a la OTAN, resucitado después de cuarenta años de sueño como Lázaro, es hoy incapaz de asumir de forma autónoma la gestión de la misión en Albania, que, por otra parte, es completamente coherente con los compromisos de Petersberg. 
No, no necesitamos una capacidad de vigilancia y análisis si luego no tenemos la voluntad ni los instrumentos políticos y militares para reaccionar. 
No, no necesitamos un cuerpo humanitario europeo, inútil contribución a la proliferación de presuntas fuerzas- en realidad debilidades- de cuerpos europeos. 
En cambio, necesitamos una clara y prestigiosa política exterior y de seguridad común, con la voluntad de poner a su disposición todos los instrumentos que pueden hacer de la Unión Europea no sólo un mercado, que existe, ni un enorme Banco Central, quede una manera u otra existirá, sino una entidad política internacional de primera magnitud y cada vez más autónoma. 
Teodoro Roosevelt indicó a los Estados Unidos su línea de política exterior: Talk soft and carry a big stick. 
Que no se diga que la de la Unión Europea es, en cambio: Talk a lot provided you don't carry a big stick. 
Señorías, soy muy consciente de que es muy difícil respetar el tiempo de uso de la palabra que se nos concede, pero desearía llamar la atención de los grupos sobre dicho problema. 
Creo que deberemos ser más vigilantes en el futuro. 
Así, al parecer, ayer se dejó de utilizar una hora y veinte minutos de tiempo de uso de la palabra porque los intervinientes no estaban presentes. 
Por el contrario, hoy, el horario está muy cargado. 
Creo que tendremos que revisar todo esto, de forma que los debates importantes puedan beneficiarse de todo el tiempo que merecen. 
Por mi parte, estoy obligado a hacer respetar el tiempo de uso de la palabra de cada uno, en la medida de lo posible. 
Señora Presidenta, el Sr. Tindemans ha afirmado que la seguridad no es sólo una cuestión militar. 
Eso es completamente cierto, pero, en tal caso, este mismo asunto debe reconocerse también en las relaciones de la UE con los terceros países. 
La diferencia más profunda entre niveles de vida en las fronteras de la UE es la existente en la frontera entre Finlandia y Rusia. 
Rusia ha dejado de ser el imperio del mal, pero el 90 % de su población carece de protección social. 
El coste de la vida se ha multiplicado por seis mil, la esperanza media de vida de los hombres ha descendido hasta los cincuenta y siete años y el 60 % de la población gana menos de 500 ecus al mes. 
La profunda diferencia de nivel de vida constituye una gran amenaza, que en Finlandia hemos intentado combatir mediante una cooperación pacífica y el no alineamiento. 
Para nosotros, la existencia de tensiones militares en el Norte implicaría un incremento de la inseguridad y, por este motivo, hemos preferido mantener nuestro no alineamiento. 
Si la OTAN se amplía a Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovenia, aún no llegaría hasta las fronteras rusas. 
Si la OTAN se amplía a Finlandia, llegará hasta la frontera de Rusia. 
Al proponer la fusión de la UE y la UEO, el Sr. Tindemans está abriendo una puerta trasera, por la que se intenta introducir a Finlandia y a los demás países no alineados en la OTAN. 
El Sr. Tindemans y el Sr. Titley propugnan en su informe una defensa común y una industria militar común. 
Con estos informes se hace de una unión civil una unión militar. 
Al parecer, algunos países grandes están presionando incluso al primer ministro de Finlandia para que apruebe la unificación de la UE y la UEO, pero la posición del primer ministro no cuenta con un respaldo amplio en nuestro país. 
Los diputados de los países nórdicos hemos acordado una explicación de voto común, en la que expresamos nuestro rechazo a este informe. 
Señora Presidenta, felicito al ponente por su informe sobre la política de seguridad exterior e interior de la Unión Europea, en el que invita a la reflexión. 
Me centraré en los aspectos de la seguridad interior. 
Las amenazas y los peligros a los que hoy nos enfrentamos como consecuencia del terrorismo y de las actividades del crimen organizado en materia de narcotráfico y otros ámbitos tienen una enorme repercusión. 
Por proceder de Irlanda del Norte, soy muy consciente de la red de terrorismo internacional y de la capacidad de los terroristas de saltarse y burlar los controles transfronterizos y de eludir todas las medidas de seguridad que los Estados miembros y la Unión Europea intentan imponer. 
Sus armas de muerte y destrucción son introducidas en nuestro entorno. 
Poco importa si lo que se introduce es material para la fabricación de bombas o armas para asesinar y matar: la amenaza del terrorismo origina miedo e inestabilidad en nuestras comunidades y provoca una inseguridad total. 
Causa estragos en el tejido mismo de nuestra sociedad y crea sospecha, tensión y desconfianza. 
La Unión Europea no puede pasar por alto un reto como éste a su situación. 
Si queremos que exista confianza y respeto, éstos tienen que partir de todos los Estados miembros. 
Los Estados miembros tienen que hacer frente a la amenaza que representa el terrorismo internacional para todos los que pertenecemos a la Unión Europea. 
Es un problema que no desaparecerá por sí solo. 
Hay que hacerle frente. 
En este sentido, algunos Estados miembros no se han cubierto de gloria en el pasado. 
Paso a continuación al tema de las drogas. 
En mi región no se da demasiada importancia a este problema, pero las drogas se han convertido en una lacra para la sociedad. 
Necesitamos controles e inspecciones estrictos. 
Hay que proteger a nuestra población de este peligro, de aquellos de fuera que quieren destruir a nuestras sociedades y a nuestros jóvenes. 
En definitiva, apoyo el presente informe en lo que éste representa, pero hay que hacer mucho más. 
Son muchos los desafíos que debemos superar para combatir los numerosos y variados ataques a nuestra sociedad. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para crear una sociedad en la que todos podamos convivir en paz. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Tindemans para una política de seguridad común de la Unión Europea es bienvenido. 
Mi deseo es decir: ¡Por fin! 
En efecto, ¿no es hora ya de que los pueblos de Europa asuman su propio destino? 
O ¿deberemos seguir dejando nuestra seguridad en manos del Sr. William Clinton? 
La historia contemporánea nos demuestra cada día que los intereses europeos y americanos, con frecuencia, son divergentes. 
Por consiguiente, no podemos reservar sólo a los americanos el papel de guardianes del mundo. 
El Sr. Tindemans que fue ministro de Asuntos Exteriores en mi país, insiste con clarividencia, lo cual me alegra, en el refuerzo de las estructuras operativas de la UEO, en una mejor cooperación entre la Unión Europea y la UEO y en la creación de un cuerpo militar y civil encargado del mantenimiento de la paz. 
Como decía mi abuela, que era francesa y neerlandófona, » Wie geen put graaft voor een ander valt er zelf» lo que en francés significa: » quien no cava un hoyo para el otro, cae dentro de él». 
Asimismo, suscribo la voluntad expresada por el ponente de hacer que los Estados ribereños del Mediterráneo respeten las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas a las que Israel se empeña en sustraerse. 
Por último, comparto la opinión de que el control de los flujos migratorios procedentes de la ribera sur del Mediterráneo, pasa por una mejora del nivel social de sus poblaciones. 
Sin embargo, deploro el papel demasiado importante que se reserva todavía a la OTAN en la seguridad de nuestros pueblos. 
Me parece más adecuado reforzar la UEO y su ampliación a los países de la Europa Central y Oriental. 
Y para terminar, desearía expresar mi pesar porque este informe ha olvidado tomar en consideración un peligro que amenaza desde el interior a varios países de la Unión: el auge de las fuerzas separatistas que se produce- todos los sabemos- en Bélgica, pero del que tampoco se escapan España, Italia y ni siquiera Francia o Gran Bretaña. 
Señora Presidenta, ante todo quiero expresar mi aprecio por el informe del Sr. Tindemans y anunciar que los socialistas españoles vamos a votar a favor de este informe. 
Y lo vamos a hacer, en primer lugar, porque es la primera ocasión en la que los europeos, que hemos guerreado unos contra otros durante siglos, podemos formular y elaborar una política de seguridad conjunta, con responsabilidad y solidaridad, y no buscando la hegemonía cada uno por su cuenta. 
Hay otro motivo importante, y es que estamos en vísperas de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental y estamos tratando de aplicar el Tratado de la Unión Europea, que plantea la ciudadanía común, el mercado interior, la moneda única, es decir, la bolsa y la vida conjuntamente, y lo que llama la atención es nuestra reticencia a plantear conjuntamente la seguridad, que es lo único que nos puede garantizar verdaderamente que esa Unión tenga estabilidad y futuro. 
Y creo que, cuando se habla de las preocupaciones de nuestros ciudadanos, hay que tener en cuenta que, fundamentalmente, éstas son el empleo y la seguridad- seguridad ciudadana, desde luego, pero también seguridad exterior-. 
Y, además, hay otra razón fundamental y es que, desde el final de la Guerra Fría, los europeos no podemos delegar sistemáticamente la responsabilidad de nuestra protección, de nuestra seguridad, en un socio y tutor, por fuerte que sea y por poderoso que sea. Y eso nos exige asumir también nuestras responsabilidades. 
Y la primera responsabilidad que tenemos los europeos es la de estabilizar nuestro continente. 
Somos unos especialistas y tenemos auténtica pasión por la autoflagelación. 
Sistemáticamente rezamos la letanía de los fracasos que hemos cosechado como Unión Europea. 
Lo que no decimos nunca es que tenemos que estabilizar el Báltico, que tenemos que estabilizar el Mediterráneo, que tenemos que garantizar la seguridad en la Europa Central, que, además, tenemos que ser solidarios con aquellos que tienen problemas en sus fronteras y, recientemente, ha habido problemas en Italia, ha habido problemas en Grecia, hay preocupaciones- que se han manifestado aquí- en Finlandia. 
Y la única manera de hacerlo es siguiendo un viejo adagio y es que la unión hace la fuerza. 
Y, precisamente, eso es lo que justifica la preocupación por la política de seguridad y por una política de seguridad que sea omnicomprensiva, que sea pacífica, pero, también, que sea creíble. 
Y así como no se puede hacer una política de sanidad sobre la base de rogativas o de la danza de la lluvia, sino que hacen falta también hospitales y hacen falta médicos, la seguridad sólo será creíble si la apoyamos conjuntamente, con todas nuestras fuerzas. 
Y eso implica, como afirma el Tratado de Maastricht, que la UEO se integre definitivamente en la Unión y que desarrollemos nuestras capacidades de mediación e intervención pacífica, pero apoyadas por la fuerza que dan la solidaridad y la unión. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Tindemans ofrece una aportación muy constructiva al debate sobre política de seguridad y su desarrollo. 
Hace unos meses, se reunieron los Presidentes Clinton y Jeltsin en Helsingfors para hablar sobre política de seguridad europea. 
Esto es positivo, pero hay que tener en cuenta el riesgo latente de que las decisiones en torno a la política de seguridad se adopten por encima de Europa. 
A causa de la escasa cooperación desarrollada en el ámbito de la seguridad, las acciones europeas acostumbran a ser fragmentarias, lo cual reduce las posibilidades de ejercer presión. 
Existen dentro de este ámbito unas ventajas innegables en las organizaciones a gran escala, que mediante una mayor colaboración pueden servir para reforzar el papel de Europa y sus posibilidades de acción independiente. 
En el apartado 7 dice el Sr. Tindemans: »... la solidaridad natural que vincula a los Estados miembros constituye en sí misma un importante elemento de seguridad, puesto que actúa en sinergia con las garantías de seguridad que ofrecen la UEO y la OTAN, que también benefician indirectamente a los Estados de la Unión Europea que no son miembros de dichas organizaciones». 
Esto es cierto, pero para evitar malas interpretaciones, hay que destacar que los países que no son miembros de pleno derecho de la OTAN o la UEO no intentan, sin embargo, lo que podría calificarse de viajar sin pagar. 
Suecia ha mantenido una amplia defensa que ha tenido un efecto estabilizador en el norte de Europa. 
Los gastos de defensa sueca per cápita han sido más elevados que los de la mayoría de países. 
Teniendo en cuenta la situación actual, existen, a través de una cooperación activa, y que incluso ejerce presión dentro del marco de los acuerdos del tipo Petersberg, mayores posibilidades de que estos países contribuyan en el terreno de la política de seguridad. 
Damos la bienvenida a una mayor cooperación dentro del tercer pilar para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. 
La pertenencia a la UE, la participación en las fuerzas de Petersberg, y la asociación a la UEO darán a los países no alineados una mayor experiencia en la participación en modalidades de cooperación vinculante. 
En el informe se incluye un apartado especial sobre la zona del Báltico. 
Los países lindantes y la UE pueden llevar a cabo unas acciones importantes en esta delicada región, estableciendo unas redes de cooperación en todos los ámbitos, incluso en cierta medida también en el militar, y con ello reforzar la seguridad de la región. 
Estas accciones también se realizan actualmente. 
La nueva situación surgida a raíz del final de la guerra fría también ha dado pie al debate en Suecia. 
Hemos comprobado que se han producido unos cambios notables en la actitud de Suecia con respecto a la cooperación, también en el ámbito militar. 
Mediante su equilibrado informe, el Sr. Tindeman agiliza este cambio gradual, pero claro, y le doy la enhorabuena por su él. 
Señora Presidenta, señores diputados, me uno a las felicitaciones y a las congratulaciones dirigidas al ponente, el Sr. Tindemans, por este importantísimo informe de iniciativa que llega en un momento especial de nuestra política exterior. 
Si la Unión quiere realmente preservar, conservar y reforzar la estabilidad y la paz, debe definir urgentemente y con claridad nuestra política exterior y de seguridad común, que esté verdaderamente en condiciones de operar, afrontando también la cuestión de la defensa, en particular con respecto al desarme, a la prevención de los conflictos y a la creación de confianza. 
La Unión debe contribuir no sólo a la estabilidad del continente europeo y de las zonas limítrofes, sino también a la de la región del mar Báltico, de la cuenca Mediterránea, así como de Oriente Medio y de la región del mar Negro, con el fin de que se garantice el mantenimiento de la paz, remitiéndose, pues, tanto a los principios de la PESC como a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
A este respecto, quisiera reiterar la importancia que el Mediterráneo tiene para la seguridad de la Unión, como ya se puso de manifiesto con ocasión de la Conferencia de Barcelona. 
Sería oportuno crear en la cuenca Mediterránea estructuras de seguridad que completen los acuerdos euromediterráneos mejorando las condiciones económicas y sociales, en particular controlando los flujos migratorios y los mecanismos de tráfico de material bélico. 
Espero vivamente que la Conferencia Intergubernamental nos conduzca a la definición de un acuerdo encaminado a dotar concretamente a la Comunidad Europea de los instrumentos necesarios para la ejecución de una política exterior y de seguridad que sea verdaderamente común, es decir, acordada conjuntamente con todos los países miembros y, por lo tanto, creíble y factible. 
De todos modos, es importante actuar de manera coordinada, complementaria y coherente con las demás políticas comunitarias, porque una única acción de política exterior o una única acción de política de cooperación para el desarrollo, una única acción de ayuda humanitaria pueden llevar a resultados distintos de los que quisiéramos y hemos establecido. 
Señora Presidenta, yo acepto plenamente y en su totalidad el informe Tindemans, en particular los puntos que hoy ha expuesto oralmente el ponente, y lamento que haya sido preciso retirar la parte relativa a la política de defensa. 
En el fondo no comprendo esta actitud vacilante, puesto que a mi parecer se trata de aprovechar una oportunidad histórica, a saber, la oportunidad que supone el hecho de que por primera vez podamos abrigar la esperanza justificada de lograr hacer imposible, mediante unas estructuras de decisión y una capacidad de actuación comunes europeas, el recurso a la fuerza y la consecución de objetivos políticos mediante el uso de la fuerza. 
Ésta es la oportunidad histórica. 
Todos los Estados europeos, incluidos los neutrales, deberían participar, por lo tanto, en esta Política Exterior y de Seguridad Común, también en la dimensión de la política de defensa, puesto que en ello reside el gran progreso. 
La neutralidad, que para nosotros es importante y que cuenta con una larga tradición, palidece frente a la gran esperanza y la enorme dimensión en materia de política de seguridad que puede alcanzar la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Podemos conseguir que la fuerza europea pueda emplearse para respaldar las orientaciones de la política de paz de las Naciones Unidas, de la OSCE y también de la Unión Europea. 
Por consiguiente, yo soy partidario de que los países neutrales también participen en la Política Exterior y de Seguridad. Soy partidario de la fusión de la UE y la UEO y estoy a favor de la cooperación con la OTAN, pero también pienso que la cooperación con Rusia en el ámbito de la política de seguridad debe tener precedencia frente a la ampliación de la OTAN. 
La seguridad en Europa no es posible contra Rusia, sino sólo en colaboración con Rusia. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera destacar la gravedad de la práctica ausencia del Consejo, que está en franca oposición con la consecuencia parlamentaria que el Comisario, Sr. Van den Broek, nos recuerda constantemente. 
Esto rebaja en última instancia al Parlamento al nivel de una tertulia, por lo que la Mesa, en concreto, debería adoptar ciertas medidas para demostrar al Consejo la fuerza del Parlamento. 
En segundo lugar, veo que desde la Comisión de Asuntos Exteriores se ha hecho por parte del Sr. Tindemans un intento de elaborar un informe que obtenga un amplio apoyo y poner de relieve unos puntos que merecen nuestro apoyo activo, como el tema de la política de solidaridad, la defensa de las fronteras y la soberanía de los Estados miembros. 
Tercero, quiero confirmar que, igual que el conjunto de mi Grupo político, estoy en contra del presente informe y no lo votaré porque, en mi opinión, a pesar de sus intenciones iniciales, en última instancia desvirtúa el principio de la seguridad política, recurriendo a la fácil solución de la seguridad militar. 
Algunos diputados han planteado la cuestión de si se podría hacer frente al problema de Yugoslavia o de Zaire sin el uso de medidas militares. 
Mi respuesta es sí. 
Sí porque, si hubiera existido una intervención política acertada y moderada por parte de la Unión Europea y de sus países miembros, si se hubiera soslayado el reconocimiento superficial y demasiado rápido de las repúblicas de la antigua Yugoslavia o el apoyo al régimen decadente de Mobutu en Zaire por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea, quizá la seguridad política, que hay que fomentar, nos habría dado mejores resultados. 
Señora Presidenta, después de la vergonzosa entrada de Europa en el escenario de la política exterior, sobre todo en los Balcanes, para la población europea y para los políticos responsables es más necesario que nunca trabajar por un mismo objetivo materia de política de seguridad, establecer mecanismos de decisión más rápidos y eficaces, y hablar al exterior con una sola voz. 
El informe del Sr. Tindemans ofrece una excelente base para ello. 
Esta temática plantea, naturalmente, un reto especial para los países de la UE que oficialmente siguen siendo neutrales. 
En Austria, el debate sobre la seguridad que mantienen en estos momentos los partidos del Gobierno recuerda más bien la confusión de una torre de Babel. 
Los responsables modifican prácticamente a diario sus declaraciones. 
Es deshonesto, es populista y es un insulto a la propia población afirmar que es posible ingresar en la OTAN y seguir conservando a pesar de todo un remanente de neutralidad. 
Es un insulto a los restantes países de la UE que intentemos participar sólo en los beneficios de la política de seguridad. 
No podemos pedir el apoyo solidario de nuestros socios comunitarios en caso de crisis y luego escudarnos en nuestra neutralidad cuando otro país requiera nuestra ayuda. 
¡Austria debe decidirse! 
Los liberales somos el único partido político austriaco que desarrolla una política digna de confianza y honesta en este sentido. 
Somos ciertamente un socio digno de toda confianza para los proyectos razonables en el marco de la integración europea. 
Señora Presidenta, hay que felicitar al Sr. Tindemans por la diligencia y el rigor intelectual con que ha enfocado este contencioso tema. 
No obstante, hay que lamentar profundamente que se hayan rechazado tantas de las enmiendas que presentó mi Grupo cuando el informe se encontraba aún en la comisión. 
Existe una serie de motivos por los que los diputados Laboristas a este Parlamento no podemos apoyar el informe tal y como hoy se nos ha presentado. 
Todos coincidimos en la necesidad de fortalecer la política exterior y de seguridad común. 
El quid de la cuestión es cómo lograrlo, al tiempo que se garantiza un amplio consenso entre los Estados miembros de la UE. 
El informe del Sr. Tindemans sobre una política de seguridad común de la UE contiene algunos elementos inadmisibles. 
La referencia a la votación por mayoría cualificada para acciones conjuntas en el marco de la PESC sobrepasa la posición del Grupo Socialista y la del nuevo Gobierno Laborista británico. 
Tampoco es adecuado, en mi opinión, hacer referencia al compromiso de la UE en misiones de restablecimiento de la paz, tan distintas de las operaciones de mantenimiento de la paz y de establecimiento de la paz. 
El énfasis sobre el mantenimiento de la integridad territorial de la UE y una cláusula sobre la seguridad económica concebida para garantizar las comunicaciones y los suministros de la UE implica una capacidad de defensa de la Unión Europea. 
Aspecto que se ve confirmado en la referencia explícita para el establecimiento de un núcleo europeo de unidades civiles y militares responsables del «mantenimiento y restablecimiento de la paz». 
Con todo mi respeto, éste no es el mensaje que debe enviar esta Asamblea a la Cumbre de Amsterdam de junio. 
Es lamentable porque el informe contiene muchos aspectos que merecen toda alabanza. Estos aspectos incluyen las referencias al desarme y al control de armamento, a la no proliferación nuclear, la desigualdad y la protección del medio ambiente. 
Pero si hacemos balance, nos resulta imposible dar nuestra aprobación a importantes secciones del presente debate. 
El informe Tindemans ha fijado los parámetros para el debate, aunque yo y mi Grupo- y especialmente el grupo de diputados Laboristas al Parlamento Europeo- continuamos esperando un informe sobre la política de seguridad que sea más acorde con las aspiraciones de Europa en materia de paz y seguridad para el próximo milenio. 
Si el informe no logra la aprobación del Parlamento Europeo, sería una muestra de impotencia por su parte que dejase escapar de este modo una oportunidad de hacerse escuchar y de que se considere seriamente su opinión sobre un tema fundamental de la política europea, concretamente de la Política Exterior y de Seguridad. 
Cualquier posición política realista del Parlamento Europeo encaminada a que la Política Exterior y de Seguridad Común no quede reducida a una mera fórmula vacía sobre el papel debe ser acogida con satisfacción. 
El informe Tindemans toma en consideración de manera equilibrada las necesidades del control de armamentos y de la no proliferación y también la capacidad de acción de la Unión. 
Su enunciado fundamental, en el sentido de que la protección del territorio de la UE debe formar parte integrante de una Política Exterior y de Seguridad Común y debe determinar, llegado el caso, una política de defensa común supondría un salto cuántico para la política de seguridad europea, que la apartaría del modelo no vinculante de lo que «puede hacerse» en favor del modelo más vinculante de lo que «debe hacerse». 
Nosotros también apoyamos la integración paulatina de la UEO en la Unión Europea y la necesaria interdependencia entre la UEO y la OTAN, al igual que la integración de las misiones de tipo Petersberg en el Tratado de la Unión, toda vez que esto cimentaría la credibilidad de la política de seguridad europea. 
Austria no quiere ser usufructuaria de la política de seguridad europea, sino que desea participar solidariamente en la misma. 
Por ello yo tengo grandes esperanzas de que el presente informe Tindemans no sólo recibirá el respaldo del Parlamento Europeo, sino que también contribuirá a promover el debate en la propia Austria sobre nuestras posiciones en materia de política de seguridad, en nuestra calidad de futuro miembro de pleno derecho de la UEO y también como miembro de la nueva OTAN reformada, con objeto de que desempeñemos el papel que nos corresponde en la política europea de seguridad. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a Leo Tindemans por el hecho de que su informe se haya sometido finalmente a examen en el Pleno. 
Considero que la división del informe en dos partes ha sido una solución positiva. 
Me siento satisfecho de que en el examen en comisión se haya ampliado y diversificado la visión del informe en materia de política de seguridad. 
A pesar de ello, en mi calidad de diputado de un país nórdico no alineado, no puedo aprobar todos los aspectos del informe y, por lo tanto, tampoco puedo darle mi apoyo. 
El hecho de que se parta de premisas muy diferentes influye en el debate que en materia de política de seguridad tiene lugar en el ámbito de la Unión Europea. 
Algunos tienen en su cabeza por encima de todo la teoría federalista y el objetivo, basado en la misma, de que la UE debe convertirse en una gran potencia, que debe contar también con una política de defensa y una defensa comunes. 
Yo formo parte de los que examinan la política exterior y de seguridad de la UE desde un punto de vista práctico y se preguntan qué amenazas afectan a nuestra seguridad. 
En el horizonte no se atisba ninguna amenaza de invasión militar. 
En cambio, lo que puede poner en peligro nuestra seguridad son las incertidumbres en relación con el desarrollo de la Europa central y sobre todo con el de Rusia. 
No se puede poner fin a estas amenazas transformando la UE en una alianza y en una gran potencia militar. 
De esa forma incluso conseguiríamos empeorar la situación. 
Sólo podemos alejar las amenazas estrechando la cooperación paneuropea. 
Por último, espero que todos los diputados al Parlamento den su apoyo a las enmiendas que he presentado, orientadas a conseguir que la región de Barents reciba el lugar que le corresponde en el informe. 
Señora Presidenta, en el minuto que tengo a mi disposición quisiera señalar que actualmente, cuando uno habla de seguridad política en Europa, debe primero plantearse los riesgos que implica para los pueblos de Europa una lógica como la que se expresa en el presente informe. Según esta lógica, una política exterior, para ser digna de crédito, no debe descartar a priori ninguna solución. 
Es decir, que la Unión Europea amenaza directamente con el uso de las armas para imponer su voluntad, incluso mediante acciones autónomas. 
En segundo lugar, ¿quién necesita hoy en día organizaciones de la guerra fría como la OTAN o la UEO y su ampliación? 
¿Contra quién quieren protegerse los valores- como se dice- e intereses fundamentales de la Unión? 
Los pueblos de Europa, señora Presidenta, no tienen necesidad de policías mundiales, sino de políticas que solucionen los gravísimos problemas socioeconómicos de nuestra época de acuerdo con los intereses de los propios pueblos, así como de instituciones de seguridad colectiva para la solución pacífica de conflictos sin amenazas ni uso de la violencia. 
Señora Presidenta, señorías, el informe de nuestro colega Tindemans incita, por nuestra parte, a una fuerte reprobación. 
Sin volver a lo que de manera excelente ha manifestado mi colega de Gaulle sobre la defensa, elemento fundamental de la soberanía nacional, me contentaría con observar que, lo que predica el Sr. Tindemans, es la integración total de nuestras naciones en el sistema atlántico de coerción mundialista. 
Y para hacer que caminemos más de prisa por esta vía, además, se nos entona la ya conocida cantinela del espíritu de los tratados, por encima de la letra de los tratados. 
Si no nos dicen además abiertamente que los Estados deberán someterse o dislocarse, en la realidad, el espíritu del discurso que prevalece no está manifiestamente alejado. 
Pero, una vez más, lo más extraordinario en este marco es la introducción del famoso discurso dogmático y engañoso de condena del supuesto racismo y de la xenofobia. 
El Sr. Tindemans cita los descontentos populares que acarrean las reacciones de racismo y de xenofobia. 
En parte, el Sr. Tindemans tiene razón; hay descontento popular y cada vez es más fuerte. 
Pero dicho descontento se infla contra el racismo verdadero, auténtico y violento que nunca queremos constatar aquí. 
Un ejemplo de última hora es lo que acaba de ocurrir en el hospital de Montfermeil, cerca de París, donde bandas de jóvenes, como se les llama de manera púdica, que constituyen un auténtico comando- no un comando de oraciones como lo constituyen los que luchan contra el aborto- sino un comando de gamberros, que vienen a aterrar durante dos horas a los enfermos y al personal sanitario. 
Señor Tindemans, cada día se incendian comisarías, atacan coches de bomberos, se producen extorsiones y cuchilladas en las escuelas, que deberían escandalizar de igual modo que las propinadas por un inmigrante a un ministro de cultura; así, se apuñala a niños, de lo que nunca se habla, por no haber querido entregar inmediatamente su reloj o su blusón. 
Mire, señor Tindemans, el hombre que le habla y el movimiento al que pertenece, son totalmente ajenos al racismo. ¿Lo sabe usted? 
Dos personas de raza negra de las Antillas forman parte del comité central del Frente Nacional. 
Uno de ellos, mi amigo Stéphane Durbette, el consejero regional más joven de Francia, fue golpeado, dejado por muerto, enviado al hospital, porque un comando socialcomunista lo trató como tara genética. 
He ahí el racismo. 
Mis ahijados de origen indochino, mis tres ahijados me cuentan el racismo que observan no entre los viejos franceses, sino por parte de comunidades que detestan esta comunidad sabia de vietnamitas que aman Francia. 
En el Líbano, muchos de los 3.000 huérfanos o niños desafortunados de los que me ocupé durante quince años de guerra civil, me expresan su inquietud. 
Me dicen y me escriben lo siguiente: » en su país va a ocurrir lo que en el nuestro, en Beirut». 
Cuando, en efecto, ustedes evocan tímidamente las tensiones del sur del Mediterráneo, no ven que las luchas atroces e inexpiables de la guerra civil argelina donde se utilizan los métodos de degüello que preconizaba ya el profeta en el Corán, no ven ustedes que estas luchas inexpiables pueden trasladarse entre los millones de nacionales musulmanes de doble nacionalidad, que viven en mi país, además, ¡sin sentirse y sin desear ser franceses! 
Cada día, se expulsa de algunos barrios a los políticos, y no sólo a los que pertenecen a mi movimiento. 
«No estás en tu país» , se les dice. 
Las cosas comenzaron así en el Líbano. 
Poco antes de la caída de Constantinopla, Mehmed II se dirigía a Constantino XI: » las dos orillas del Bósforo me pertenecen, la de Asia poblada por nuestros otomanos y la de Europa porque ustedes son incapaces de defenderla». 
Señora Presidenta, la Unión Europea dio un giro cuando en 1995 se incorporaron tres países no alineados. 
Al mismo tiempo, con su aprobación del Tratado de Maastricht, esos tres países declararon su alineación política con los principios de la Unión. 
Escandinavia presentaría un aspecto completamente distinto si los suecos y los finlandeses se hubieran integrado en la OTAN o tuvieran intención de hacerlo en un futuro próximo. 
Aspiramos a lograr una colaboración pacífica con la región del Báltico y con una Rusia que lucha contra los problemas de la transición hacia las estructuras democráticas y legalmente vinculantes. 
El informe Tindemans, que ostensiblemente sólo trata sobre la seguridad, parece creer en parte que la seguridad en Europa se ve reforzada por medios militares. 
Adolece, por consiguiente, de una omisión evidente. 
La seguridad para todos nosotros no depende únicamente de los acontecimientos en Rusia, sino también en Ucrania y Bielorrusia. 
La suposición de intenciones agresivas por parte de Rusia, para lo que tal vez existió un cierto fundamento en el pasado, fue la razón de ser de la OTAN y de la defensa de la Europa occidental. 
La situación hoy en día es radicalmente diferente. 
La ampliación de la Unión es el mejor medio para fortalecer la seguridad. 
Pero no así la opción de la OTAN. 
Ni tampoco la idea, que surge de vez en cuando, de convertir la UEO en parte de la Unión. 
Dicho esto, las propuestas que contiene el informe para incrementar la eficacia de las misiones de mantenimiento de la paz y de establecimiento de la paz merecen ser bien acogidas y se ajustan a las iniciativas tomadas por los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Finlandia. 
El informe Tindemans, a pesar de sus muchas virtudes, es un compromiso deficiente. 
Por último, la versión finlandesa del informe contiene un número considerable de errores de traducción. 
Establecimiento de la paz, por ejemplo, se ha traducido por rauhanhieronta, que significa masaje de paz. 
Espero que no necesitemos acudir a un salón de masajes para poder vivir en paz y seguridad. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente del informe, por su minucioso trabajo y su sensato planteamiento en relación con las perspectivas de evolución de la política de seguridad común a nivel de la UE. 
El gran mérito del informe reside en que aborda el concepto de seguridad de manera amplia. 
Es importante hacer hincapié en que el ciudadano de a pie no mide la importancia de las cuestiones relacionadas con la seguridad únicamente por el cañón de un fusil. 
Las amenazas a la seguridad que experimentan los ciudadanos en este momento, por regla general, no son de tipo de militar, sino que están ligadas, por ejemplo, a los peligros a que se encuentra sometido el medio ambiente y a la seguridad nuclear. 
En el Tratado de la Unión Europea se establece el objetivo de la política exterior y de seguridad común, que en un futuro puede conducir, a una defensa común. 
A nivel europeo no existe, desde luego, un consenso en torno al significado real, la interpretación y la aplicación de este objetivo, y esto es algo que también debería reconocerse. 
La dificultad teórica de establecer un modelo de futuro en materia de política de seguridad resulta evidente, ya que los que participan de manera activa en ella son muy distintos, tanto por sus objetivos como por sus recursos. 
Un buen ejemplo de esta dificultad lo constituye la posición cambiante de los diferentes países de la UE en relación con la Unión Europea Occidental. 
Por este motivo, basarse unilateralmente en el Tratado de Maastricht no contribuye a crear una base fructífera para la continuación del debate. 
Finlandia y Suecia han propuesto, en relación con la CIG, que el papel de la UEO en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común se centre en hacerse cargo de las tareas de gestión de las crisis. 
En la denominada declaración de Petersberg, el Sr. Tindemans hizo un extraordinario hincapié asimismo en esas tareas a las que Finlandia y Suecia se han aferrado en sus propuestas. 
El planteamiento teórico del informe del Sr. Tindemans en relación con las cuestiones militares de la seguridad es, dependiendo de la interpretación, su mérito o su defecto. 
Me gustaría que, precisamente por heterogeneidad de los que participan en ella, los términos del debate se estableciesen con especial precisión a la hora de abordar, por ejemplo, la región báltica. 
En lugar de desarrollar un debate terminológico, sería oportuno llegar a dotar de contenido a la asociación estratégica de la OTAN, la UE y Rusia. 
El Sr. Seppänen se ha referido al punto de vista nórdico. 
Sin embargo, dicho punto de vista no es uniforme. 
En Finlandia, el debate sobre la política de seguridad, sobre la adhesión a la UEO y a la OTAN, divide las opiniones no sólo entre unos partidos y otros sino incluso en el seno de los propios partidos. 
Yo doy mi apoyo al informe del Sr. Tindemans porque considero que las premisas que en él figuran van en beneficio de Europa y de Finlandia. 
Espero que la opinión finlandesa tenga también en cuenta este debate. 
Señora Presidenta, el informe Tindemans carece totalmente de contacto con la realidad. 
No existe ninguna base real para una política exterior y de seguridad común. 
Los Estados miembros no tienen los mismos puntos de vista ni los mismos intereses objetivos. 
Estas discrepancias se han puesto de manifiesto, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, el boicot a Suráfrica, Turquía, el conflicto de los Balcanes, la política de armamento nuclear, etc. La creación de una falsa concordia significa simplemente que se acallarán las voces de los pequeños Estados miembros y se verán sofocadas, con lo que algunos países se convertirán en satélites de las potencias. 
La configuración de bloques regionales tiene un efecto realmente desestabilizador sobre la seguridad global. 
Aumenta el riesgo de agresiones y políticas de signo aventurero, puesto que si la UE se arrogara el derecho a intervenir militarmente en países que se hallan fuera de su propio territorio, esto equivaldría a alentar el resurgimiento de las políticas aventureras y el neocolonialismo. 
La seguridad global requiere la pertenencia a una organización global. 
Sólo las Naciones Unidas pueden constituir un foro adecuado para los pueblos en sus trabajos en pro de la paz y la seguridad. 
Señor Presidente, señor Tindemans, votaré a favor de su informe porque creo que, en cualquier caso, es conveniente mandar un mensaje a la Conferencia Intergubernamental, y el mensaje no puede ser más que de un Parlamento que empuja en la dirección de una política de seguridad común. 
Dicho esto, creo que el mensaje- no por su culpa, señor Tindemans- es un mensaje débil. 
Nosotros intentamos hablar de seguridad y de defensa, pero nos faltan los cimientos, representados por la existencia o no de una política exterior de la Unión Europea. 
Este es el verdadero problema, nuestra verdadera dificultad. 
Yo quisiera invitar a todos los colegas- y aquí están todas las posiciones, de un extremo al otro- a reflexionar sobre el hecho de que nosotros seremos realmente maduros cuando dejemos de discutir si debe haber o no una política exterior, una política de seguridad o una política de defensa y empecemos realmente a poner en el orden del día el debate sobre cómo debe ser esa política exterior de la Unión. 
Quisiera decir a los Estados pequeños y a los Estados grandes, a todos los grupos y a todos nuestros colegas que es un error pensar que una política exterior de seguridad o de defensa sirva a uno y vaya en contra de otro. 
Sirve a la Unión de los pueblos y de los Estados; cuando discutamos de cómo, eso querrá decir que nos habremos hecho más maduros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la lectura del informe del Sr. Tindemans me ha causado una impresión positiva, sobre todo los puntos 20-32, que describen las tareas relativas a la paz y la estabilidad, y he tomado asimismo nota especialmente de la referencia al Mar Báltico. 
Otro tema que me agrada es el relativo al centro de análisis común, así como la mención de las llamadas misiones de tipo Petersberg; en cambio, no me han convencido el punto 6 sobre el cuerpo europeo ni los puntos 33-38 referentes a la política de defensa. 
La UEO y la OTAN no deben trabajar como dos instituciones paralelas en competencia. 
Estoy convencido de la validez de la expresión danesa de que hay que aprender a gatear antes que a andar. 
Un desarrollo de la UEO con miras a su integración en la Unión Europea no sería conveniente. 
Hay motivos para celebrar la cooperación establecida entre los Estados ribereños del Mar Báltico, entre los que hay Estados miembros de la UE, países no miembros de ninguna alianza y países miembros de la OTAN. 
A través de esta cooperación, una asociación a favor de la paz, se ha creado también el batallón báltico. 
Todo esto ha sido posible sin un ejército común. 
En cuanto a los Balcanes, quiero decir que necesitarían iniciativas econónomicas y de paz antes que un ejército. 
Este debate me hace recordar que ni siquiera hemos podido ponernos de acuerdo sobre una simple declaración acerca de los derechos humanos en China, así que ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo sobre una política exterior y de seguridad común que incluya una defensa común? 
Señor Presidente, el Sr. Tindemans es un pionero en favor de una Política Exterior y de Seguridad Común en Europa y en este sentido podemos y debemos votar afirmativamente su informe y felicitarle también por el mismo. 
Por nuestra parte, nuestra aprobación podría ser más amplia y más sentida si se tomaran en consideración los siguientes aspectos. 
La Política Exterior y de Seguridad Común debe ser común para todos y debe ofrecer también a los países neutrales, a los no vinculados a un pacto, a los que más bien se abstienen, la oportunidad de familiarizarse con la misma. 
En segundo lugar, debe quedar claro que el componente civil ha de tener una indiscutible prioridad frente al componente militar. 
El recurso militar es el último que debe emplearse. 
El componente civil debe situarse en primer plano. 
Con lo cual también queda claro que la prevención y contención de las crisis deben tener prioridad frente a la intervención posterior para remediarlas. 
En tercer lugar, debe quedar claro que las intervenciones» out of area» deben llevarse a cabo con la máxima cautela y sólo bajo el amparo de las Naciones Unidas o de la OSCE. 
Y puesto que se hace referencia a la misma, también debe quedar claro que si bien es cierto que necesitamos una fuerza militar de intervención rápida, también debemos contar con una fuerza civil promotora de la paz en el sentido más amplio de la palabra y que no esté englobada de antemano dentro del componente militar. 
En este sentido, yo quisiera reiterar una vez más, también en nombre de nuestro Grupo político, que nos congratulamos por los progresos logrados con el presente trabajo, pero que para el futuro aspiramos también a que se haga algo más de hincapié precisamente en esta dirección. 
Sin duda, éste no será el último debate sobre esta cuestión y, por consiguiente, nosotros seguiremos debatiéndola con el Sr. Tindemans y con los demás colegas. 
Señora Presidenta, permítame empezar sumándome a las muchas palabras de aprecio dirigidas a su Señoría, el Sr. Tindemans, por su informe, que se publica en un momento muy oportuno ante la conferencia de Amsterdam y también ante importantes decisiones en el ámbito de la seguridad que habrán de tomarse en la Cumbre de la OTAN en Madrid. 
Señora Presidenta, doy las gracias por la oportunidad que se me brinda de estar presente en este debate. 
Soy muy consciente de que la Comisión no es la primera instancia elegida para dar los estímulos necesarios al proceso con respecto a la política de seguridad. Estos deberían venir en primer lugar del Consejo. 
Pero dicho esto, señora Presidenta, quiero señalar nuevamente que también la Comisión, en su aportación a la Conferencia Intergubernamental, ha reflejado unas opiniones claras en lo que respecta al futuro de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, es natural que la Comisión Europea como guardiana de los tratados no quiera desprenderse de lo que se ha incluido en la política exterior y de seguridad común en el Tratado de Maastricht. 
Creo que el Sr. Tindemans inició su intervención haciendo referencia a ello y todos los Estados miembros, tanto los antiguos como los nuevos, se han comprometido a desarrollar una política exterior y de seguridad común, y a la larga desarrollar también una política de defensa común que podría desembocar, como dice literalmente el texto del Tratado, en la política de defensa común. 
Comprendo muy bien, señora Presidenta, que el Sr. Tindemans se haya sentido obligado a dejar de lado en este informe los aspectos de defensa. 
Dado lo delicado que es el tema, dada las muchas discrepancias al respecto, ello puede ser legítimo, pero también ha anunciado, y permítame respaldarlo plenamente, que esta cuestión de la política de defensa volverá a ser examinada y debatida por el Parlamento, y espero poder estar nuevamente presente en ese debate. 
Señora Presidenta, una política exterior y de seguridad integrada contiene y abarca por supuesto más que sólo el componente de defensa. 
El ámbito militar tiene que ver también con una política económica y socioeconómica exterior, que puede fomentar la estabilidad. 
Señora Presidenta, todo lo que ha hecho la Unión Europea en los últimos años en sus relaciones exteriores en forma de acuerdos de asociación, la modernización de los tratados de cooperación con los países del Mediterráneo, en resumidas cuentas, todo lo que la Unión Europea ha hecho para reforzar sus relaciones en su entorno estratégico directo, como la Europa Central y Oriental, el Mediterráneo, Oriente Medio, pero también por ejemplo la Federación Rusa y Ucrania, todo ello tiene que ver con la política de seguridad. 
Doy toda la razón a quienes hoy han hablado de la necesidad de seguir una política de paz, incluso con medios económicos, y eliminar las causas socioeconómicas de la inestabilidad, y en este sentido pienso que la Unión Europea rinde un servicio bastante bueno al exterior. 
Pero a todas luces es evidente que la Unión Europea no da la talla en la cuestión de la lucha contra las crisis. 
La Unión Europea hace bastante en materia de prevención de crisis a través de la cooperación a la que me acabo de referir, pero ¿qué pasa si fracasa esa prevención? 
¿Significa esto que la Unión Europea no puede hacer nada como potencia económica mundial? 
¿Es que la Unión Europea no puede ni siquiera organizar a corto plazo unas fuerzas militares de protección, incluso cuando el Consejo de Seguridad está de acuerdo en que es bueno que se envíen unas fuerzas de protección como estas para la ayuda humanitaria a Albania? 
Señora Presidenta, en un momento como este, la Unión Europea no da la talla. 
Por mucha atención que se preste a la prevención de crisis, nunca será suficiente. 
Hasta la fecha no hemos querido adquirir el instrumentario para luchar contra las crisis y controlar las crisis. 
Señora Presidenta, el ejemplo más concreto es muy reciente, me refiero a Albania. 
¿Por qué en estos momentos en Albania tiene que haber unas fuerzas armadas prácticamente anónimas, y con «anónimas» quiero decir que tienen una composición ad hoc, por cierto bajo la dirección muy experta e inspirada de los italianos, por qué existe una fuerza anónima, compuesta de forma ad hoc, eso sí, con legitimación del Consejo de Seguridad y la colaboración de la OSCE, y por qué no podía hacerse enarbolando la bandera de la Unión Europea Occidental? 
Porque no había un acuerdo político al respecto, aunque sí existían las posibilidades materiales: baste con ver lo que sucede en estos momentos en Albania. 
Señora Presidenta, es el ejemplo más claro de que no se trata de que la Unión Europea tuviera que convertirse en un superagente de policía o una superfuerza militar que tuviera que competir con la fuerza militar de Estados Unidos. 
No, la cuestión es si la Unión Europea en su política exterior y de seguridad común también está dispuesta a asumir la responsabilidad internacional y la iniciativa internacional cuando se trata de la desestabilización de su propio entorno estratégico. 
Señora Presidenta, pienso que el debate sobre esto y sobre el mejor método a seguir, también para el futuro, es muy valioso y forma parte inseparable del debate universal sobre el futuro de la Unión Europea ampliada. 
Señora Presidenta, creo que el debate de hoy ha sido un comienzo muy valioso para lograrlo y espero nuevamente que tenga una continuación, quizás también inspirada por los resultados que, espero, sean positivos del Tratado de Amsterdam. 
Pues, señora Presidenta, ni que decir tiene que una política de seguridad común, y menos aún una política de defensa común, no pueden ser nunca creíbles si antes no se ha desarrollado una política exterior común creíble. 
Ya hay propuestas sobre el tapete, el informe Baron Crespo lo vuelve a recalcar, hoy hablaremos de él. 
Considerando todo esto, creo que nos queda mucho por debatir, pero sea como fuere, me complace que el Sr. Tindemans haya tomado esta iniciativa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Industrias europeas relacionadas con la defensa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0076/97) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (96) 0010- C4-0093/96) sobre «Problemas de la industria europea relacionada con la defensa: propuestas de actuación a nivel europeo». 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar a la Comisión por esta iniciativa, ya que creemos que realmente, como institución, ha colaborado para detectar y poner encima de la mesa un asunto tan importante y tan sensible para la economía, y no sólo para la economía de la Unión. 
Quiero felicitar también al señor Titley por su magnífico informe y por haber recogido en él la sensibilidad de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, prácticamente el 90 % de las sugerencias y conclusiones de nuestra comisión. 
Efectivamente, la diagnosis que hace la comisión- y que hace el ponente sobre la situación de la industria del armamento- es una diagnosis acertada. 
La importancia del sector dentro de la industria es muy importante- un 3 % del producto interior bruto industrial -, el empleo es importante, la dependencia de Estados Unidos es importante, la ausencia de comercio intracomunitario es patente y la dispersión y falta de concentración de la industria la colocan en una situación de debilidad. 
Las causas por las cuales hemos llegado a esta situación son, en parte, achacables a la ausencia de una política común de defensa, pero no solamente a la ausencia de una política europea de defensa. 
Son achacables a la ausencia de esta política, desde luego, la diferencia en las políticas de demanda que subsiste en los Estados Mayores de los Estados miembros y la ausencia de una política exterior o de una política de exportación de armamento. 
Pero hay otras causas, como la necesaria autorización de los Gobiernos para las fusiones, como la diferencia que existe entre los Estados en cuanto a la propiedad y la relación de las industrias de armamento, como la ausencia de estructuras jurídicas transnacionales que permitan esas fusiones en las que todavía hay un marco de actuación para la Unión Europea. 
Creemos que plantear así la cuestión es posible y estamos de acuerdo con el ponente en que la Unión Europea haga algo a la espera de que exista una auténtica política de defensa para que, llegado ese momento, la industria esté en la mejor de las situaciones para cooperar y colaborar con dicha política. 
Dentro de estas líneas de actuación, muchas de las cuales ya ha señalado el señor Titley, quisiera hacer hincapié en dos puntos muy concretos: el primero, la utilización de los Fondos estructurales en el marco de la política de reestructuración industrial comunitaria en los procesos de reestructuración de la industria militar; el segundo se refiere a la investigación y el desarrollo, donde la Unión Europea tiene un marco de acción importante y gasta gran parte de su presupuesto- una parte considerable de su presupuesto- con el ánimo de coordinar todos los programas relacionados con la industria de defensa o con la industria civil que pueden tener una utilización en el ámbito militar. 
Señor Presidente, la reducción de los gastos de defensa en los Estados miembros de la Unión y, como consecuencia, la reducción de los gastos de investigación y desarrollo tecnológico militar, junto a la fragmentación del mercado de armamento de la Europa occidental, han llevado a la industria europea de la defensa a una grave crisis. 
Se pidió a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía que contestara la pregunta de la Comisión de si el Programa Marco podía ayudar a revitalizar la industria militar sin poner en entredicho sus objetivos civiles. 
La respuesta depende, primero, del marco tecnológico militar y, segundo, del marco de seguridad política de la Unión Europea. 
El marco de seguridad está condicionado por el descenso demográfico, que favorece las pequeñas organizaciones militares de profesionales y voluntarios, la necesidad de la Unión de competir en investigación y desarrollo con los Estados Unidos y los países asiáticos, y la competencia internacional por las fuentes de energía. 
Además, de cara al futuro de la industria del armamento europea, no debemos olvidar factores determinantes para la misión de las unidades militares, como la de pacificar, proteger recursos energéticos, disuadir posibles extorsiones o actos de terrorismo y llevar a cabo tareas de vigilancia e inteligencia en todo el mundo. 
Dado que en el futuro será difícil definir sistemas de armamento específicos, habida cuenta del carácter difuso de las amenazas que puedan cernirse sobre la Unión, la demanda militar de tecnología puede requerir una política de «just in time» que permita el montaje de productos de investigación genérica en nuevos sistemas de armamento en respuesta a una posible amenaza. 
En el marco tecnológico, donde la tecnología civil está más adelantada que la tecnología militar, la capacidad de defensa depende de la reorganización de la dependencia tecnológica del sector militar. 
Sobre la base de los puntos mencionados, se plantea la cuestión de si el quinto Programa Marco debería tratar de potenciar las sinergias entre las actividades de investigación y desarrollo civil y militar. 
La respuesta afirmativa de la Comisión Europea y sus propuestas, aunque bien intencionadas, están, en opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, mal enfocadas. 
En primer lugar, porque implican reafirmar la importancia del sector armamentístico, pese a que las tecnologías punta tienen un carácter cada vez más civil, al mismo tiempo que hacen caso omiso del hecho de que el Programa Marco tiene una dimensión demasiado limitada para servir de campo de prueba de los nuevos nexos de investigación entre los sectores civil y militar. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera subrayar que el Quinto Programa Marco debería, por una parte, seguir dedicando recursos a la investigación de tecnologías de doble uso y, por otra, apoyar la reconversión de instalaciones industriales de investigación relacionadas con la defensa. 
Sin embargo, en ningún caso se debería plantear la reorientación de la investigación comunitaria a objetivos específicamente relacionados con la defensa. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Titley. 
El informe respalda en lo esencial la Comunicación de la Comisión, de lo cual se desprende que la Comisión y su Comunicación merecen un voto afirmativo. 
La política de armamento tiene dos dimensiones: una estratégica y la otra operativa. 
Por lo tanto, el informe Tindemans y el informe Titley están relacionados y se complementan. 
Esto también responde a una solución que afortunadamente se juzgó adecuada. 
Tiene una dimensión estratégica y otra operativa porque una política europea en materia de armamento constituye un componente esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común, de la política de defensa común que reclama el Tratado de Maastricht, y por consiguiente es una necesidad ineludible. 
Mucho de lo que hoy ha sido objeto de controversia ya se decidió con la aprobación del Tratado de Maastricht. 
Ahora de lo que se trata es de proceder a su transposición. 
El aspecto industrial es particularmente importante porque en opinión de todos- algunos lo acogen con satisfacción y a la mayoría le incomoda- la industria europea de armamento está fragmentada, debilitada y sujeta a las presiones de unos presupuestos cada vez más escasos. 
Una política europea en materia de armamento parece ser, para la Unión Europea y para los Estados miembros que cuentan con una industria de armamentos, la única posibilidad de mantenerse firme a largo plazo en este ámbito, frente a la competencia americana. 
La economía exterior europea se enfrenta con un dilema decisivo: renunciar a la industria de armamento o buscar una nueva oportunidad. 
¿Debemos dejarla exclusivamente en manos de Estados Unidos, o quizás de Sudáfrica, Rusia o la República Checa, que se apresurarán a llenar el vacío, o debemos aceptar el reto? 
Esto es decisivo, mucho más allá de los límites de la política en materia de armamento, si se me permite una breve referencia nacional, para la economía exterior alemana, para la economía exterior europea, como también lo es para Gran Bretaña, para Francia y para otros Estados. 
El presente informe también representa, no obstante, una oportunidad para el Parlamento Europeo, puesto que éste es el único organismo democrático operativo que puede debatir esta cuestión a escala europea y emitir recomendaciones europeas. 
Yo tengo la seguridad de que también aprovecharemos esta oportunidad, a pesar de todas las reticencias que se han manifestado. 
Es preciso garantizar la autonomía de los Estados miembros en el ámbito militar y de la política exterior en el Parlamento Europeo. Debe promoverse la concreción de las condiciones y la adopción de medidas que permitan que dichos Estados procedan a la racionalización, la organización y el mantenimiento de una base industrial y tecnológica de defensa competitiva en Europa por lo que respecta a los productos de armamento. 
Esta base debe estar abierta a todos los Estados europeos participantes. Éstas son sucintamente las observaciones que corresponde hacer desde la perspectiva de las relaciones económicas exteriores. 
Sabemos que el armamento europeo está perdiendo progresivamente la citada competitividad mundial. 
Quien no desee que esto suceda, debe votar hoy afirmativamente el informe Titley y previamente también el informe Tindemans. 
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a la Comisión por este informe y también al señor Titley por la labor que ha tenido que realizar, consensuando al máximo y acoplando los distintos informes procedentes de las comisiones llamadas a dar su opinión. 
Voy a hablar en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales y voy a referirme exclusivamente a temas institucionales, pero antes permítame una reflexión: política común de armamentos e identidad europea de defensa, ¿son términos que pueden disociarse? 
Yo creo que no. 
Y comprendo que es una opción política, que no es un dogma, pero yo creo que difícilmente podemos hablar de una identidad de defensa europea si no hablamos también de una política común de armamentos, porque la política común de armamentos es un elemento integrante de esa identidad europea. 
Cuando vamos a nuestras ciudades y nuestros conciudadanos nos preguntan: ¿por qué no interviene Europa en Yugoslavia? , ¿por qué no intervenimos eficazmente en otros lugares del mundo? -pienso en la Guerra del Golfo -, ¿por qué tenemos que depender de otros? , una de las muchas razones es que todavía no existe esa identidad europea y uno de los ingredientes fundamentales de la política común de armamentos hace necesario que modifiquemos nuestra postura relativa a estos temas. 
Por tanto, ¿qué hacer respecto a los temas institucionales, señor Presidente? 
El artículo 223 del Tratado de Roma contempla la posibilidad de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, incluida la producción y el comercio de armas, municiones y material de guerra. 
La interpretación que los Estados miembros han hecho de este artículo del Tratado consiste en buscar una especie de principio general, conforme al cual todas aquellas áreas relacionadas con la seguridad nacional no pertenecen al ámbito de aplicación de los Tratados. 
Y esa ha sido la gran cuestión pendiente del artículo 223 del Tratado. 
¿Qué hacer en este momento? 
Yo creo que el Parlamento debe actuar con los pies en la tierra y puede pedir la supresión del artículo 223, pero creo que esta cuestión no está en estos momentos sobre la mesa de la Conferencia Intergubernamental. 
Por tanto, señor Presidente, de ahí nuestras enmiendas, lo que pedimos, primero, es unir política común de armamentos e identidad europea de defensa común. Y en el futuro, y esa es la enmienda, una de las enmiendas presentadas en el informe Titley, en el futuro, ello exigirá revisar el artículo 223 con miras a la integración de la producción y el comercio de armamento, así como su control. 
En segundo lugar, pedimos a la Comisión que inicie una reflexión sobre el artículo 223 y, sobre todo, que modifique la lista anexa, que desde el año 1958 no se ha modificado. 
Y en tercer lugar, señor Presidente, pedimos también la integración por etapas de la UEO y la Unión Europea, otro elemento fundamental para llevar a cabo aquéllo que todos queremos, que el día de mañana podamos tener una Europa que hable con una sola voz fuerte y que garantice, con la política de seguridad, la libertad de todos los europeos. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero felicitar al Sr. Titley en nombre de mi Grupo político por el presente informe. 
Él mismo ya sabe cuántos esfuerzos ha costado a veces alcanzar posiciones comunes y la constatación de fondo del informe, en el sentido de que la industria de armamento europea debe protegerse frente a la hegemonía de la industria americana, es, de hecho, acertada. 
Lo cual no significa que ésta sea una razón para desear la existencia de monopolios, que luego dictarían los precios a los Estados de Europa. 
Europa tendrá que estar muy atenta para evitar que la industria común de armamento origine monopolios con la posición de mercado que los caracteriza. 
Sin embargo, no es posible hablar de la industria de armamento y de cooperación sin establecer el marco de condiciones- por esto el informe se elaboró en la Comisión de Política Exterior -, que a mi parecer son las siguientes: 
En primer lugar, el desarme. 
No es posible hablar de la industria de armamento y de cooperación en materia de armamento si no se suscribe el desarme, tal como ya ha señalado también el Sr. Titley, en todas sus diferentes facetas, incluida en particular naturalmente también la cooperación con Rusia, puesto que el desarme debe ser un proceso común. 
El segundo punto, que yo considero sumamente importante, es la cuestión del control de las exportaciones de armamento. 
Se han realizado algunos esfuerzos en este sentido, pero dada la situación de crisis existente en muchas regiones de la Tierra, dado el gran número de dictaduras que lamentablemente subsisten y que en parte también hacen uso de los productos de armamento en sus propios países, es preciso que Europa, que ya ha establecido algunos criterios acertados, vele por una definición rigurosa de los mismos, por su obligatoriedad y por que, obviamente, éstos no se apliquen sólo en Europa, sino en el mundo. 
Los productos de armamento que actualmente se transportan legal e ilegalmente hasta las regiones en crisis cuestan la pérdida de muchas vidas humanas y son la causa de que Europa a menudo se vea obligada a combatir luego contra sus propias armas en las diferentes regiones en crisis. 
Por lo tanto, se requieren mayores medidas de control y en último término también medidas sancionadoras contra las exportaciones de armamento, particularmente a las regiones en crisis, a las dictaduras, etc. 
Un cuarto aspecto, que también es importante, es que no habrá un rearme que revitalice la industria de armamento en general. 
Se requieren programas adecuados de reconversión. 
Recientemente, también se celebró una sesión de la ONU en relación con este tema. 
Europa puede servir como modelo también en este sentido, puesto que aquí se ha realizado una reconversión razonable de parte de la industria de armamento a programas civiles. 
Éste también debe ser, a mi parecer, un complemento muy importante de una política europea común de armamento. 
En otras palabras, debe quedar claro que la Comunidad Europea no es una comunidad del rearme, sino una comunidad del desarme, tal como ya he señalado. 
En resumen, para acabar, estamos totalmente a favor de la cooperación europea en materia de armamento y de que el desarme no se efectúe exclusivamente a expensas de Europa y de los trabajadores europeos. 
En este sentido, también aprobamos decididamente un control de armamentos razonable y una cooperación razonable en materia de armamento en el área europea. 
Señor Presidente, Señorías, probablemente es la primera vez que este Parlamento ha de pronunciarse sobre un informe, por cierto que excelente, el del Sr. Titley, a quien deseo felicitar por ello, sobre la producción de armamento. 
Es una respuesta a un documento de la Comisión y después de haber oído al Comisario Van den Broek, quisiera darle las gracias también a él por su excelente discurso. 
Pienso que con sus palabras y con lo que se ha dicho aquí en el debate, incluyendo el informe Titley, se está creando poco a poco un clima en que podemos lograr una política de seguridad y defensa común que apoye a la política exterior común. 
Se desarrolla lentamente, pero tengo la impresión de que, gracias a este excelente documento, podrá realizarse. 
En su informe, el Sr. Titley dice que la política exterior y de seguridad común puede dividirse en tres secciones. 
Un capítulo político, dice, un capítulo militar y uno industrial, científico y tecnológico. Con ello lo abarca todo. 
Quiero recalcar de nuevo que las armas no han de considerarse productos como otros objetos del comercio, como una mercancía, como otros productos. 
Pues la existencia de un país, la libertad, la independencia, pueden depender en un determinado momento- esperemos que no suceda jamás- de si se dispone de armas para defender el país o una entidad que amamos cuando es atacada. 
En consecuencia, hemos de averiguar cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué es lo que corresponde con lo que necesitamos aquí en la Unión Europea? 
Es muy importante. 
Si dependemos de terceros países no pertenecientes a la Unión, no tendremos una defensa creíble. 
Entonces sólo podremos comprar lo que se exhibe en el escaparate de otros países y no lo que no satisface nuestras necesidades. 
Además, la situación, como bien saben muchas de sus Señorías, es que la producción europea de armamento- por otra parte estoy plenamente de acuerdo en que hemos de tener una política que lleve al desarme y pienso que si tenemos una política común podremos lograr mejor el desarme que si cada uno actúa por su cuenta- no puede eliminarse si queremos tener productos que satisfagan nuestras necesidades, pero que la supervivencia de esta industria corre peligro en estos momentos. Que existe una competencia como esta a nivel europeo y que en Europa no podemos competir con lo que se produce en otros sitios, no diré dónde, pero todos ustedes lo saben. 
Por tanto, se trata de una cuestión extremadamente delicada, no sólo para la defensa, sino también desde el punto de vista socioeconómico, pues también está implicado el empleo, y en el marco de la organización de la exportación de armas, del comercio de armas, etc. Es una cuestión muy delicada, pero considero que el informe la trata adecuadamente. 
No voy a citarlos, para ello no hay suficiente tiempo, pero el Sr. Titley señala aspectos que son especialmente interesantes, como cuando en el informe habla del perfil de defensa y de la relación entre la Unión Europea Occidental y la Unión Europea. 
No quiero explayarme sobre esta cuestión, pero estos elementos pueden ser utilizados mañana cuando tratemos un informe sobre la política de defensa. Y como tal constituye una excelente introducción. 
Por consiguiente, en mi Grupo consideramos, y ahora hablo en nombre del Grupo, que el informe Titley, como reacción a un documento de la Comisión, es un documento de gran relieve. 
Ahora bien, tenemos en cuenta todas las preocupaciones, el empleo social, es decir, las económicas, pero también la defensa, también la paz y el desarme al que todos aspiramos y por tanto la paz justa que queremos ayudar a crear. 
Pues bien, teniendo en cuenta todo esto aprobaremos el informe, esperando que no sucedan desgracias a la postre. Y nos complace que el Parlamento sea capaz de debatir una cuestión tan delicada y sensible, y ojalá pueda obtener buenos resultados. 
Señor Presidente, estoy convencido de que debates de alto nivel como los del informe Tindemans y los del informe Titley nos hacen crecer en conocimientos y responsabilidad ante la perspectiva de una política exterior común europea. 
A la espera de que ésta se convierta verdaderamente en una realidad, es necesario, en cualquier caso, que la industria de defensa abandone gradual y pragmáticamente el enfoque nacional en favor de programas y normas europeos. 
Entre las nuevas normas de inspiración europea que estoy dispuesto a suscribir está la de realizar la estandarización de las normas comunes para la adquisición y la exportación del material de defensa. 
Estoy convencido también- y éste es un punto que figura en los informes- que debe llegarse a aceptar una interdependencia tecnológica entre países europeos en materia de defensa, lo que es también un proyecto político, y no sólo un razonamiento técnico. 
Considero que no debe abandonarse del todo el criterio del juste retour industrial en los programas comunes europeos, aunque integrándolo y midiéndolo con escalas temporales y programáticas más amplias. 
Creo en la idea- y la apoyo- de una Agencia Europea de Armamento, de coordinación técnica, similar al Organismo Espacial Europeo, con programas de desarrollo opcionales de geometría variable- si se me permite esta expresión- donde todos los participantes puedan encontrar beneficio, ya sea como accionistas de referencia, o como pequeños agentes pero con plena participación. 
Finalmente, creo que no es conveniente- y ésta es una sugerencia para la prosecución del debate- separar totalmente la industria de la defensa de la industria aeronáutica y espacial. 
Después de todo, los agentes son a menudo los mismos, y una consolidación europea racional- de alguna manera, la cuadratura del círculo en este sector- me parece más fácil de realizar si se ponen al mismo tiempo todas las cartas y todos los agentes en torno a la misma mesa. 
Señor Presidente, una industria europea, la de armamento, se enfrenta a serias dificultades. 
La causa es algo de lo que más podemos felicitarnos en Europa y el resto del mundo: la caída de la Unión Soviética y, con ella, el fin de la guerra fría. 
La demanda de armamento ya no es afortunadamente la misma de la época anterior al hundimiento del telón de acero. 
La seguridad europea sigue sin embargo dependiendo de su acceso a las armas, lo cual no reviste ninguna duda para los liberales. 
Si Europa no desea depender exclusivamente de la importación, nuestros países tendrán que concertar sus actividades de investigación, desarrollo y producción de material de defensa. 
Este es el punto de partida para la comunicación de la Comisión y el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, un informe que ha elaborado muy merecedoramente el Sr. Titley. 
Cabe mencionar que una mayor concertación en Europa en el terreno del material de defensa nos llevará necesariamente a una mayor dependencia recíproca. 
Esto deben reconocerlo y aceptarlo todas las partes implicadas. 
La concertación de la industria de armamento europea se agiliza cuando aumenta la unanimidad con respecto al contenido de la política exterior y de seguridad común. 
Cabe recordar que la colaboración en el ámbito de la industria de armamento tendría una influencia por sí misma, y aumentaría la necesidad de una política exterior y de seguridad común. 
Es necesario someter a revisión el artículo 223, y crear las condiciones precisas para la adopción de una normativa común restrictiva en torno a la exportación de armamento desde Europa, normativa que debe poderse controlar regularmente. 
El mundo debe, señor Presidente, ver con ello una Europa cada vez más unida como fuerza motriz y colaboradora a favor de la libertad, la paz, la seguridad y la seguridad común. 
El informe que tramitamos representa un paso en esta dirección. 
Señor Presidente, Señorías, la comunicación de la Comisión de 1996 ignora el estrecho vínculo entre defensa y armamento y soberanía nacional y, en nombre de la competitividad, quiere aplicar a las armas el principio de la libre competencia. 
El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad va más allá, con una política común de armamento y la revisión del artículo del Tratado relativo a los intereses esenciales de la seguridad de cada Estado. 
Por su parte, el Gobierno francés reestructura la industria del armamento, previendo la supresión de cincuenta a sesenta mil empleos, y la privatización de sectores clave, a pesar de una fuerte oposición de los asalariados y de los habitantes de las localidades afectados. 
Como militantes activos de la paz y del desarme, los diputados franceses del grupo GUE/NGL defienden una doctrina militar que garantice la libertad y la seguridad frente a las amenazas externas. Se oponen a las medidas de reestructuración y de privatización y exigen el mantenimiento del potencial nacional, que asegura sólo el 5 % de los pedidos militares y su diversificación en lo civil, en particular, en la industria aeronáutica, espacial y electrónica. 
En el ámbito comunitario, se oponen a cualquier política europea de defensa que no pueda estar sometida a los Estados Unidos. 
Favorables al desarrollo de la cooperación entre las industrias del armamento y la investigación, piden la instauración de una verdadera preferencia comunitaria. 
Se lo agradezco, señor Querbes, y debo felicitarle, porque pienso que es su primera intervención ante esta Asamblea. 
Asume usted una pesada responsabilidad al sustituir a nuestro colega Piquet, que era muy apreciado por todos nuestros colegas. 
Le deseamos «mucho éxito». 
Señor Presidente, en vísperas de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam, hoy se debaten en el Parlamento Europeo los informes Tindemans y Titley, dos piezas del mosaico de una nueva política exterior y de seguridad o, más bien dicho, de una política militar. 
Se han escuchado repetidamente conceptos como los de identidad defensiva o de las misiones de tipo Petersberg que deberíamos cumplir. 
Lo cual no significa otra cosa que aportar fuerzas de combate para la intervención. 
Esto supone un cambio cualitativo en la política exterior de la UE. 
La Unión Europea, con su gran mercado interior, una organización más bien civil, se organiza ahora como potencia hegemónica. 
¿Identidad de defensa, contra quién? 
Ya se acabó la guerra fría. 
Europa sigue contando con un alto nivel de armamento y si lo que se persigue es la seguridad frente al delito organizado o al tráfico de armas, para ello necesitamos fuerzas policiales, no una fuerza militar. 
El Sr. Titley lo ha expresado claramente: se trata de generar una aceptación de la industria de armamentos, con objeto de que ésta pueda determinar la política exterior. 
La identidad europea es necesaria; no una identidad defensiva, sino la aceptación por parte de los ciudadanos de esta Europa, que nosotros deseamos construir como una Europa civil. 
Sin embargo, para las misiones de tipo Petersberg necesitamos nuevas fuerzas de combate, nuevos buques, nuevos satélites, future large aircraft- el «avión de transporte del futuro» -para las futuras intervenciones. 
Sr. Titley, usted ya intentó implantar hace cuatro años una línea presupuestaria para este «avión de transporte del futuro». 
El presente informe es la llave que abrirá las puertas para que en adelante dispongamos de líneas presupuestarias que permitan organizar sobre esta base el acceso de la industria de armamentos europea al presupuesto de la Unión Europea. 
¿Quién lo pagará? 
Nos faltan fondos en el ámbito social. 
Existen productos de armamento más baratos y sabemos, por la experiencia del programa MEDA, que los fondos que a él se dedican nos faltan, por ejemplo, para la política exterior civil, para la política de desarrollo y para la prevención adecuada de los conflictos. 
Una última observación sobre el desarrollo democrático, al cual se ha referido el Sr. Kittelmann. 
Con la Conferencia de Maastricht y con este informe, se está estableciendo un nuevo Consejo imperial, puesto que es el Consejo de ministros de la Unión Europea quien determina y controla la política exterior y la política militar y quien otorga en última instancia los fondos. 
Señor Presidente, Señorías, tras la caída del muro de Berlín llegamos a acuerdos internacionales sobre la reducción de las armas nucleares y la interrupción de las armas químicas. 
En este marco soy un firme partidario de la coordinación de la producción de armamento, pero el objetivo ha de ser reducirla más y ensanchar un creciente dividendo de la paz. 
En un principio me complació que un socialista británico fuera ponente, pues esperaba que estuviera familiarizado con la historia de su propio partido. 
El Partido Laborista ha sido siempre el pionero del antimilitarismo. 
Pero mi expectativa se transformó en asombro al leer el informe. 
La producción de armas es para él una producción como otra cualquiera, con los consabidos argumentos falsos. 
La producción de armamento, leo, es de vital importancia económica. 
Se queja de la falta de equilibrio en la balanza comercial, de la competencia desleal, del desarrollo de material fuerte con la mejor relación precio/calidad. 
La guinda es el apartado 24 de la resolución, y cito: el Parlamento considera que la reestructuración de la industria de armamento ha de tener como resultado que el contribuyente europeo salga más beneficiado. 
¡Más cínico, imposible! 
Luego el comercio de armas. 
El informe del SIPRI, de Suecia, ofrece anualmente un resumen del comercio de armas convencionales. 
Titley se equivoca cuando afirma que los clientes finales siempre son los gobiernos. 
Además, ¿qué pasa cuando son dictaduras? 
Asimismo, en el informe no se habla del comercio masivo en armas de segunda mano. No se habla de la muy extendida técnica de vender por partes armas de mano, o como aparatos técnicos. 
No se da una respuesta al muy extendido comercio de tránsito a través de países aliados, Estados en situaciones de conflicto. 
Las armas no son un producto como el detergente. Han de estar sujetas a unos códigos de conducta estrictos con un informe anual al Parlamento Europeo. 
Por ello apoyaré las enmiendas que ha presentado el Grupo de los Verdes. Espero que este informe, si no se aprueban las enmiendas, acabe sencillamente en la papelera. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Titley tienen el doble mérito de subrayar el carácter radicalmente nuevo del contexto internacional en el que se inscriben hoy nuestras políticas de armamento y rehabilitar en este contexto muy sensible la noción de preferencia comunitaria. 
Es una pena que el proyecto de resolución se aparte de las premisas de la exposición de motivos. 
El nuevo contexto es el de la competencia encarnizada que los productores americanos de equipos de defensa libran a las empresas europeas. 
Esta competencia agresiva corre el riesgo de conducir, en el futuro, a la desaparición de las industrias vitales para nuestra seguridad y de la independencia de nuestras políticas de defensa nacional, si los europeos dejan el sector del armamento de punta convertirse en el monopolio de una única potencia. 
Aunque la defensa siga siendo fundamentalmente una prerrogativa nacional y, por supuesto, sin poner en tela de juicio las bazas existentes- que son considerables- la amplitud de los costes de los nuevos programas de armamento debe, sin embargo, llevarnos a identificar las verdaderas necesidades comunes, a definir lo que puede producirse de forma conjunta en lugar de hacerlo cada cual por su cuenta, así como lo que debería comprarse en común. 
No se trata, como lo propone la resolución, de europeizar sistemáticamente y en todos los ámbitos la producción de armamento. 
Por el contrario, los Estados miembros deben extraer la lección del fracaso de numerosas cooperaciones pasadas- como lo ha recordado mi compañero De Gaulle- y comprometerse sólo en los programas que respondan exactamente a las necesidades, con la voluntad de llevarlos a buen término, dedicándoles el esfuerzo financiero necesario. 
No hay que producir juntos sólo cuando es necesario y posible, es preciso asimismo comprar en común, comprar europeo, practicar la preferencia europea, para evitar que algunos Estados miembros- como ocurrió otra vez recientemente- adquieran material militar americano prefiriendo al europeo, de nivel tecnológico al menos equivalente y de coste inferior. 
A pesar de los elementos positivos que contiene, desgraciadamente, no nos será posible votar en favor del informe Titley, por sus lagunas, por su sistematismo y por la filosofía federalista que en él subyace. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Titley se apoya en los pilares económicos fundamentales del incremento de la eficiencia, la reducción de costes, una mejor coordinación y la competitividad internacionales. 
Por lo cual, debe ser acogido con gran satisfacción. Las fusiones de empresas de armamento en la UE mejoran la situación competitiva, en particular en relación con Estados Unidos, que desde el final de la guerra fría está intentando penetrar masivamente en Europa. 
Por razones éticas, no podemos tolerar de ningún modo que se produzcan más armas que antes, y además las exportemos, con el pretexto gratuito- y en este contexto sin duda también cínico- de la protección de los puestos de trabajo. 
Sin embargo, en la medida de lo posible, deberíamos producir nosotros mismos los productos de armamento que son imprescindibles para garantizar la seguridad de la Unión Europea y de sus ciudadanos, y esto por razones militares, por razones económicas y también habida cuenta de la situación de fuerte tensión en el mercado de trabajo en la UE. 
Con respecto a la armonización de las regulaciones en materia de exportación de armamento que reclama el informe, desde una perspectiva austriaca debemos preguntarnos si esto no es una nueva estrategia, que se oculta deliberadamente al pueblo austriaco, para un progresivo desmantelamiento de la neutralidad y si no sería más honesto decirles las cosas claras a los ciudadanos de los países neutrales de la Unión y dejar que ellos mismos decidan, en el marco de un referéndum, sobre un posible abandono formal de la neutralidad. 
Señor Presidente, la Comunicación de la Comisión y, por consiguiente, también el informe del Parlamento Europeo sobre la industria de armamentos y la cooperación en materia de armamento se presentan en un momento inoportuno y se dejan guiar por principios erróneos. 
En consecuencia, yo quiero exponer aquí los reparos de las y los socialdemócratas alemanes. 
Es preciso que primero exista un acuerdo sobre las propuestas comunitarias en materia de seguridad y de defensa, antes de que sea posible definir una orientación y una cooperación en materia de armamento que, llegado el caso, también satisfaga nuestras aspiraciones, que son impulsar el desarme, y que finalmente permita obtener los dividendos de paz que la gente está esperando desde el final de la guerra fría. 
En unos momentos en que el mundo espera proyectos para la reconversión de la industria de armamentos e indicios claros de desarme, aquí se equipara la competitividad y las perspectivas de futuro de la industria europea a las ventajas competitivas para la industria de armamento. 
Yo creo que esto no es lo que necesitamos. 
Lo que necesitamos son inversiones en estudios y proyectos de reconversión. 
A fin de cuentas, no existe ninguna industria que requiera una inversión de capital tan elevada por puesto de trabajo como la industria de armamento. 
Deberíamos insistir en que se destinen mayores inversiones a tecnologías ambientales, a tecnologías civiles, a nuevos materiales, y no a la citada cooperación, ya que ésta no creará los puestos de trabajo que nos presentan como señuelo. 
Por otra parte, yo pienso que existe un enorme riesgo de que, como resultado de la cooperación a escala europea en materia de armamento, se creen monopolios que puedan imponer a los Gobiernos precios astronómicos para los productos de armamento. 
Las empresas que producen artículos civiles se verían sujetas, además, a una competencia ruinosa, puesto que las subvenciones a la industria de armamento europea también generarán ventajas competitivas para la producción civil de dichas empresas frente a aquéllas con una producción no militar. 
Considero igualmente muy grande el riesgo de que esta cooperación en materia de armamento abra las puertas a una política de exportación expansiva y que la competencia entre la Unión Europea y Estados Unidos ponga en peligro una política restrictiva de la Unión con respecto a las exportaciones de armamento. 
Por todo ello, el informe que hoy se presenta no me parece adecuado para orientar el futuro de la Unión. 
Señor Presidente, el Sr. Titley ha escrito un informe que dejará huella. 
La industria europea de armamento se enfrenta a grandes desafíos. 
Muchas de las empresas tienen problemas de rendimiento y se precisan reestructuraciones. 
La industria de armamento juega un papel especial en la política de seguridad de los países y de la Unión. 
Asimismo, esta industria debe funcionar a largo término en las mismas condiciones que las demás. 
Los intentos de conceder ayudas estatales para echarle una mano a la industria de la defensa resultan costosos, y con ello reducen la posibilidad de mantener el nivel cuantitativo de la defensa. 
Dichas ayudas tienden además a reducir la eficacia industrial, y llevan a una situación en la que cada vez se solicitan contribuciones más generosas. 
No obstante, la cuestión no gira exclusivamente en torno a la economía, sino también en torno a la formación. 
Las tecnologías militares modernas se basan cada vez más en la formación. 
Cada vez se requieren más conocimientos en el terreno de la electrónica avanzada y en el tratamiento de gran cantidad de datos. 
Cada vez son menos nítidos los límites entre la investigación civil y la militar. 
Uno de los problemas de la industria europea de armamento es que no puede basarse en la actividad investigadora de las universidades de prestigio en que se apoya la misma industria en los Estados Unidos. 
Sin entrar en las cuestiones universitarias, quiero resaltar que gran parte de la ventaja que Estados Unidos nos lleva en este sector se explica por el hecho de que sus universidades se ven expuestas a la competencia de un modo muy distinto a los grandes colosos universitarios estatales de Europa. 
Esto les ha llevado a una mayor eficacia en la investigación y la formación de investigadores. 
Es fácil comprobar la ventaja de los Estados Unidos dentro del campo de la electrónica y del tratamiento de datos, y esto les ha hecho llevarnos la delantera en relación con los nuevos sistemas de armamento. 
La supremacía de los Estados Unidos tiene un significado revolucionario en el ámbito de la política exterior y de seguridad, no sólo para sus oponentes, sino también para sus aliados. 
Para que el material de defensa sea operativo entre naciones que han de defenderse unas a otras, es necesario que dicho material tenga el mismo nivel de calidad. 
Si Europa no quiere convertirse a largo plazo en un socio más inferior aún, es necesaria una mayor audacia en la cooperación europea. 
Los Verdes han presentado una serie de enmiendas al informe Titley. 
Si ganan terreno sus puntos de vista y los de otros escépticos, se reforzará la hegemonía de Estados Unidos. 
Hemos de evitar el tipo de especialización que conllevaría que Estados Unidos proveyera las máquinas, o sea, las armas, y Europa el material humano, es decir, los soldados. 
Suecia tiene una gran industria de armamento para la fabricación de sistemas de armamento tan dispares como aviones de combate, submarinos, robots y artillería. 
Estas inversiones están motivadas por el hecho de que la política sueca de no alineamiento se basa en la condición de que también en este sector queremos ser independientes, o al menos tener una capacidad tan grande que constituyamos un colaborador lo suficientemente avanzado para poder adquirir el material más moderno que no fabriquemos nosotros. 
A Suecia, así como a otros países europeos, le ha resultado cada vez más difícil mantener una industria de armamento tan amplia. 
Por tanto, no nos supone ningún esfuerzo manifestar nuestro apoyo hacia la propuesta del Sr. Titley, consistente en un programa de acción para dar a la industria de armamento europea mayor capacidad competitiva y con ello contribuir a la seguridad en Europa. 
Señor Presidente, ante todo debemos agradecer al Sr. Titley que haya dedicado su atención a este tema no demasiado grato. 
Se trata de un tema muy fundamental y de una rama de la economía sacudida por frecuentes crisis. Una rama de la economía que con gran frecuencia- es preciso decirlo también públicamente- es asimismo escenario de escándalos. 
Por otra parte- y ahora me dirijo expresamente a nuestros colegas del Grupo de los Verdes -, mientras siga siendo necesario disponer de capacidades defensivas, también deberá existir una industria de armamento. 
Siempre que queramos abordar conjuntamente de manera razonable esta cuestión en Europa, también será necesario establecer una cooperación europea en materia de armamento. 
Todo esto ya se ha dicho repetidamente. Sin embargo, yo quisiera retomar tres puntos. 
Primero: el desarme es, obviamente, el tema prioritario. 
Tenemos un exceso de capacidad. 
La política europea común en materia de armamento debe tener, por lo tanto, como objetivo la reducción ordenada de este exceso de capacidad. 
En segundo lugar, debemos perseguir el objetivo de aligerar los presupuestos públicos. 
En el pasado y posiblemente todavía en la actualidad, con frecuencia se han adjudicados pedidos de armamento por razones exclusivamente económicas o de política de empleo, pero sin que su finalidad primordial, ni su finalidad razonable, fuese la estructura defensiva. 
El tercer punto se refiere a la política de exportación. 
Una política europea común en materia de armamento es el requisito previo para una política de exportación que tome en consideración este aspecto. 
Primero, no debe admitirse ninguna exportación de armas a regímenes o regiones donde no se respeten los derechos humanos. 
Segundo, no debe admitirse ninguna exportación a países o regiones intrínsecamente totalitarios o que practiquen una política agresiva. 
Lo cual sólo será posible, de hecho, si la política en materia de armamento... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, parece ser que para la Comisión un revólver es lo mismo que un trozo de pan, y un cazatorpedero lo mismo que un hospital. 
En la Comunicación de la Comisión sobre la industria europea relacionada con la defensa domina una sola idea: borrar la distinción entre la producción militar y la civil, para conseguir sobre la base de este concepto general que se dé la luz verde al presupuesto comunitario, al programa de investigación, a los Fondos estructurales, a la política de exportaciones e incluso a la revisión del propio Tratado. 
Es éste, en mi opinión, un paso peligroso, que sólo puede acogerse con sorpresa, duda y consternación; un paso que, en mi opinión, ha hecho que el Parlamento Europeo parezca hoy una sala de reuniones del Pentágono o de una multinacional de la industria armamentística. 
Debemos impedir tal cosa. 
Es lamentable que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa haya seguido este camino, y quisiera recordar al Sr. Titley que el Partido laborista, con sus tradiciones y valores, conserva ciertas esperanzas. 
Ojalá no se vean frustradas tan pronto. 
Ha dicho usted que la suya es una región de industrias relacionadas con la defensa. 
Comprendemos esto, pero imagínese un compañero de una región del Sur de Italia donde haya empresas de la mafia; ¿qué debería hacer él? 
Creo que en la conferencia del Sr. Coates, la semana que viene, encontrará propuestas mucho más interesantes para su región sobre el tema del empleo que las que se incluyen en su informe. 
Señor Presidente, los informes que aquí se han discutido esta mañana deberían hacer sonar la alarma para la mayoría de los ciudadanos europeos. 
Es evidente que estamos creando un Superestado militar en el interior de la UE con su propia industria de armamento. 
Sé que el Sr. Titley forma parte de un grupo de interés de lo que yo denominaría «los mercaderes de la muerte». 
No se menciona el hecho de que British Aerospace, por ejemplo, es responsable de armar a Indonesia con reactores Hawk que permiten aterrorizar a la población del Timor oriental. 
El ponente quiere ahora que el contribuyente europeo contribuya a la industria armamentista. 
Si ésta es nuestra única respuesta al problema de desempleo en la UE nos queda un largo camino por recorrer antes de lanzar ningún tipo de política humanitaria. 
El informe no contiene ni una palabra de que las armas que la UE suministra por todo el mundo son la causa de muchos de los conflictos sobre los que debatimos para encontrar una solución. 
Es una total hipocresía en lo que respecta a este Parlamento y lo que debatimos. 
El Sr. Titley desentona con su propio ministro de Asuntos Exteriores quien ha afirmado que desea limpiar la reputación de exportador internacional de armas que tiene el Reino Unido. 
Resulta evidente que con los debates que hoy celebramos aquí estamos contribuyendo a la creación de un Estado militar europeo con su propia industria de armamento, y países neutrales, como Irlanda, deberían tenerlo muy presente. 
Siento una gran decepción por la intervención del representante permanente de Irlanda, que apostilla lo que se está discutiendo y lo que sucede realmente. 
¿Queremos que nuestros hijos participen en industrias que son responsables de la persecución y la muerte de tantas personas en todo el mundo? 
Señor Presidente, felicito a mi colega, Sr. Titley, por su conciso y bien redactado informe. 
Durante los últimos diez años han sucedido dos cosas que han originado una enorme presión sobre las empresas relacionadas con la defensa. 
La primera es el final de la guerra fría y la segunda es la llegada de la PESC. 
Es evidente que la desaparición de la guerra fría ha originado una tremenda presión debido, en particular, a la reducción de la demanda de armamento en países de la UE. 
Se ha producido una fenomenal reducción de los puestos de trabajo en las empresas del sector de la defensa, así como en el ámbito de la investigación y el desarrollo. 
Además, las empresas se enfrentan a la feroz competencia de los Estados Unidos que representa una amenaza a su supervivencia. 
Esto significa que habrá que llevar a cabo una reestructuración de dichas empresas en toda Europa. 
En lo que respecta a la PESC, si queremos una política exterior y de seguridad común en Europea y deseamos realmente esa opción, deberemos mantener una infraestructura para la defensa europea. 
Me opongo a algunos de los comentarios que se han hecho tanto desde mis propias filas, como desde el Grupo de los Verdes en lo relativo a este asunto. 
No necesitamos que nos den lecciones al respecto, porque es evidente que a menos que mantengamos nuestras propias empresas de defensa y nuestra infraestructura de defensa, terminaremos comprando armamento estadounidense y dependiendo enteramente de los norteamericanos para nuestra defensa. 
En segundo lugar, también es importante que mantengamos esta industria porque es un considerable impulsor de tecnología que abastece a mercados civiles y produce un gran número de valiosos productos que nos permiten disfrutar de un alto nivel de vida en nuestros países de la Unión Europea Occidental en estos momentos. 
Lo que necesitamos es un auténtico mercado único en materia de defensa. 
Tenemos que mejorar el mercado intracomunitario en este ámbito con el fin de que no pasemos a depender cada vez en mayor medida de los Estados Unidos. 
Eso significa que debemos adoptar un enfoque común. 
Significa que necesitamos una política de armamento común. 
Lo cual no es necesariamente sinónimo de que la Unión Europea Occidental deba convertirse en una institución de la Comunidad Europea, sino de que debemos adoptar un enfoque que facilite una mayor cooperación. 
Necesitamos un código de conducta legalmente vinculante que nos permita seguir avanzando en este ámbito tan importante. 
Señor Presidente, el excelente informe que se nos ha presentado nos recuerda que la política europea en materia de armamento se basa en dos principios: uno bueno y otro malo. 
El buen principio es que se trata de una actividad que no es como las demás y que exige un régimen particular. 
El mal principio, es que esta particularidad nos ha llevado a poner entre paréntesis la dimensión europea y al acantonamiento de la actividad en un marco nacional. 
En efecto, se trata de una actividad muy particular. 
En primer lugar, porque las armas no son un producto como los demás: es un producto generador a la vez de muerte y de independencia. 
Además, porque los compradores no son como los demás: son poco numerosos y son Estados. 
Y además, porque la dimensión política está presente. 
Por último, porque es un sector, lo hemos recordado, que padece una crisis profunda. 
Pero, por el contrario, no es porque la actividad de producción de armamento se dirija a un régimen particular por lo que es preciso rechazar la dimensión de cooperación comunitaria, sino bien al contrario. 
No habrá salvaguardia de las industrias nacionales si no hay más cooperación a escala europea. 
No habrá tampoco cooperación en el plano europeo si no hay una definición común de las necesidades militares. 
No habrá definición común de las necesidades si no se da una política defensa y una política exterior común. 
Señor Presidente, Señorías, estamos ante un problema muy grave. 
Debemos resistir a dos tentaciones. 
La primera es la de la banalización mercantil que eliminaría la dimensión política del asunto y nos sometería a nuestro gran aliado, los Estados Unidos. 
La segunda es la del repliegue nacionalista que convertiría a los europeos en Curiacios librados por separado a la voracidad del Horacio americano. 
Señor Presidente, hace un momento, hemos hablado mucho de los problemas de tecnología vinculados a la industria de la defensa. 
Desearía intervenir rápidamente sobre este punto durante el minuto que se me atribuye. 
En primer lugar, señalaré que las tecnologías están esencialmente vinculadas a la capacidad de disuasión, que están asimismo vinculadas a la capacidad de desarme y que, por consiguiente, la mejor contribución que el programa marco de investigación y desarrollo pueda aportar a estos dos problemas, depende, evidentemente, del desarrollo de tecnologías genéricas, que son esencialmente tecnologías duales, pero sin producir la ilusión de que el programa marco de investigación y desarrollo constituye un instrumento suficiente. 
Representa poco en el esfuerzo de investigación y desarrollo del conjunto de la Comunidad y, por lo tanto, será preciso que encuentre el relevo necesario en los programas intergubernamentales. 
Desearía recordar asimismo al ponente y a la Comisión, que no bastará con abrir la industria del armamento a la competencia, porque la competencia es el corto plazo. 
Por el contrario, en materia de armamento y de desarme, las inversiones representan necesariamente el largo plazo. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar sinceramente al ponente por su informe y comprendo que haya procurado presentar un informe muy realista y objetivo, puesto que se trata de un tema que a veces, lamentablemente, también suscita emociones. 
Yo quisiera hacer cuatro observaciones. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con el ponente en que Europa se ha dormido en materia de desarrollo en muchos ámbitos, por lo cual en estos momentos ya no podemos mantener el ritmo frente a nuestros competidores en este sector de alta tecnología. 
La brecha entre la tecnología de defensa europea y la de Estados Unidos ha ido ampliándose continuamente e incluso los consorcios europeos punteros no alcanzan ni siquiera la mitad o sólo un tercio del volumen americano. 
En segundo lugar, al parecer ya se han perdido definitivamente algunos trenes en relación con la ampliación de la OTAN hacia el Este. 
Algunos de los futuros socios de la Alianza ya están renovando su tecnología en el ámbito del armamento con ayuda extraeuropea. 
En tercer lugar, yo quiero subrayar que el tema del control de las exportaciones sigue siendo de suma importancia, pero no se resuelve sólo con controles. 
Es preciso combatir con eficacia el tráfico ilegal, puesto que con éste nos enfrentamos. 
Basta considerar las zonas de conflicto y las regiones en crisis del Tercer Mundo o de la antigua Yugoslavia, donde se han descubierto, por ejemplo, minas antipersonales de fabricación italiana adquiridas ilegalmente. 
En cuarto lugar, la Unión Europea acepta su papel en la resolución de conflictos y en la intervención en situaciones de crisis, pero esto exige también que dichas fuerzas cuenten con la protección personal de un buen arsenal coordinado que les permita cumplir con eficacia sus misiones. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar dar las gracias al Sr. Titley por la excelente labor que ha realizado durante más de un año para elaborar este expediente. 
Le estoy especialmente agradecido de que apoye plenamente el enfoque que también se explica en la comunicación de la Comisión Europea y nuestros esfuerzos para crear una política de armamentos para la UE. 
Al igual que él- ya lo ha señalado también el Sr. Tindemans- quiero volver a recalcar que este debate nuestro no gira en torno a la pregunta de si es necesario el armamento, sino de cómo se puede disponer del armamento que se considera necesario. 
Partiendo de esta premisa, también está claro que el Tratado de Maastricht estipula que queremos avanzar hacia una política exterior y de seguridad común, y a la larga también hacia una política de defensa. 
Resumiré este razonamiento diciendo que en cualquier caso la Comisión Europea también considera necesaria una política de armamento y una política que armonice la exportación e importación. 
Quiero añadir inmediatamente que la reducción del presupuesto de defensa como tal es un hecho positivo, posible gracias al final de la guerra fría. 
¿Quién podría estar en contra? 
Pero al mismo tiempo, la reducción obliga a aunar más las fuerzas a nivel europeo, concretamente para poder seguir manteniendo y financiando la necesaria y costosa innovación tecnológica. 
Ello tiene que ver también con la posibilidad de competir a nivel internacional. 
Por muy difícil que pueda ser comprender que se habla de la industria del armamento en términos económicos, no podemos suponer que, en este sentido, en esta parte importante de su actividad, la Unión Europea pretende depender demasiado de la producción de terceros países. 
En este sentido no podemos por menos que decir que las relaciones transatlánticas en materia de armamento están muy desequilibradas. 
La creación de un mercado europeo para los productos de defensa contribuirá a mejorar la eficacia en este sector y por consiguiente a reducir los costes. También tiene un efecto positivo en el presupuesto de defensa. 
Europa ha de desarrollar más su capacidad operativa en el ámbito de la prevención y control de conflictos. Repito, salvo si se desea ceder el control de un conflicto por definición en su totalidad a terceros países. 
La demanda y la oferta en el mercado de armamento están sujetas con razón a reglas especiales que adjudican un papel exclusivo a la administración. Esta administración se deja guiar sobre todo por exigencias rigurosas en el ámbito de la seguridad y la política exterior. 
Pero la dimensión económica, como ya he dicho, hace que las reglas del Tratado de la CE sean también relevantes. 
Las normas vigentes, concretamente en el ámbito del mercado interior, pueden constituir también la base para la redacción de reglas que se centren en el sector del armamento. 
Otra posibilidad consiste, por cierto, en aplicar las reglas existentes, pero aquí hay que tener en cuenta el carácter específico del sector. 
La comunicación de la Comisión describe los medios de acción de que dispone la Comunidad Europea y que pueden ser utilizados a corto plazo. 
De fundamental importancia es que estos medios de acción puedan adaptarse al carácter específico del sector del armamento mediante procedimientos e instrumentos en que el primer pilar, la política comunitaria, se combine con el segundo pilar, la política de la PESC. 
Y hay precedentes en este sentido, les remito al acuerdo de exportación de la UE relativo a los bienes para dual use que incluye un reglamento basado en el Tratado de Roma y al mismo tiempo una actuación común sobre la base de la PESC. 
Apoyamos la propuesta de la Presidencia neerlandesa en la CIG de determinar expresamente que la PESC ha de estar respaldada por una política de armamento. 
Esta determinación tiene que constituir la base de las actividades de la Unión con relación con los diferentes instrumentos basados en el Tratado de la CE. 
Es sabido que el grupo de armamento al que pertenecen 13 Estados miembros europeos de la OTAN dentro de la UEO es responsable de la cooperación en el ámbito del armamento. 
Esta cooperación ha de fomentarse más. 
La comunicación de la Comisión también presta mucha atención a esta cuestión. 
Por último, unas palabras sobre la exportación. 
El ponente ha recalcado con razón la complejidad y la importancia de la exportación de armas. 
Los intereses y las sensibilidades de los Estados miembros discrepan mucho en este ámbito en que los gobiernos nacionales velan celosamente por su soberanía. 
A nivel de la Unión se han fijado criterios comunes para la exportación de armas, pero su ejecución, su aplicación sigue siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. 
No se han realizado progresos en la armonización de la política y los precios del trabajo. 
En el proyecto de resolución, se hace un llamamiento a la Comisión para que elabore un Libro Blanco sobre esta cuestión, del que finalmente ha de surgir un código de conducta jurídicamente vinculante para la exportación de armas. 
Consideramos que es una propuesta constructiva que juzgaremos con actitud positiva. 
Señor Presidente, quiero dar de nuevo las gracias al ponente y también a quienes han contribuido a este debate por esta posibilidad de intercambiar ideas, y espero que la CIG ofrezca una nueva base constitucional para dar mayor contenido a esta cuestión. 
Pero va siendo hora de emprender una acción, y por lo pronto no se han logrado más que unos progresos muy modestos sobre la base de la contribución de la Comisión y del Consejo. Seguimos esperando que se produzcan más progresos. 
Señor Presidente, quisiera hacer una observación sobre si en esta Asamblea no podemos encontrar otro método, pues si todavía se está tratando un informe y tiene la palabra un Comisario y nosotros vamos llenando la sala al mismo tiempo para la siguiente cuestión del orden del día, se crea una situación en que no hay forma de entender lo que dice el Comisario. 
¿No podríamos tener un poco más de respeto en esta Asamblea por el modo en que tratamos a los demás? 
Ha hecho usted un trabajo que, como le escucha todo el mundo en este momento, tiene más éxito que cuando lo hace el Presidente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, en la versión en lengua finesa sigue figurando un error de traducción. 
Cuando se habla de «karjan lanta ja virtsa» (estiércol y orina del ganado) , en el texto figuran las palabras «jätteet ja jätevesi» (residuos y agua residual). 
Ruego que se haga constar en el acta la corrección del error que figura en la versión en lengua finesa. 
El error aparece, por lo menos, en tres propuestas distintas. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Antes de proseguir con la votación, me pide la palabra la señora Izquierdo Rojo. 
Muchas gracias, señor Presidente, quisiera señalar a la Asamblea la presencia en la tribuna de una representación de mujeres candidatas a las próximas elecciones generales de Argelia. 
Ellas representan dos causas muy sentidas por el Parlamento Europeo: la participación de la mujer y la democracia en Argelia. 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, yo solicito que en la traducción de la presente propuesta a todas las lenguas oficiales se vigile atentamente que del concepto» anwende Fachkraft» se desprenda, en todas las versiones lingüísticas, que este derecho puede corresponder también a otras personas y no sólo a los médicos. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, me he tomado la libertad de mediar entre ambos criterios ahora que vamos a votar sobre las enmiendas núms. 
2, 3 y 4. El Sr. Väyrynen ha presentado estas enmiendas para incluir también el mar de Barents en la zona del mar Báltico. 
He constatado que diversos colegas no están de acuerdo con ello. Según ellos no existe ninguna frontera común. 
A lo que se responde que sí hay cooperación. 
Eso nunca se ha debatido seriamente. Y por ello, a partir de los contactos que tengo, me atrevería a proponer que aprobemos la enmienda nº 3. 
Hay una nueva enmienda nº 3 en que se dice: zona del mar Báltico y mar de Barents. 
Y que no aprobemos las enmiendas núms. 2 y 4 para no recalcarlo, pero sí mencionarlo claramente. 
La enmienda nº 3 sí, pero no las enmiendas núms. 2 ó 4 del mismo autor. 
Me he tomado la libertad de proponerlo. Pienso que entonces podemos lograr una buena mayoría. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Resulta sumamente satisfactorio que el Comité de Conciliación haya llegado a un acuerdo sobre un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
Los desacuerdos entre las instituciones sobre el procedimiento han sido zanjados de forma satisfactoria. 
Deseo recalcar ante todo la importancia de que la «comunicación por satélite» haya sido incluida en las orientaciones, gracias sobre todo al esfuerzo del Sr. Bangemann. 
Estoy convencido de que este conjunto de orientaciones formará una buena base para las futuras negociaciones en este ámbito. 
El 7 de junio de 1995 y en virtud del artículo 129 D del Tratado, la Comisión presentó la propuesta fundamental para una serie de directrices sobre las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
El objetivo era establecer la líneas generales de las medidas previstas e identificar los proyectos de interés común que debían beneficiarse de la ayuda financiera. 
El 1 de febrero de 1996, el Parlamento Europeo aprobó su dictamen que contenía 35 enmiendas que hacían hincapié en la utilización de las aplicaciones por el público en general, las consecuencias sociales, por ejemplo, del trabajo a distancia y los procedimientos para identificar los proyectos de interés común. 
Ni la Comisión ni el Consejo se mostraron dispuestos a adoptar el dictamen del Parlamento Europeo. 
Lo mismo sucedió en la segunda lectura y se inició el procedimiento de conciliación con el resultado que recoge el informe mencionado más arriba. 
El acuerdo alcanzado afecta, por ejemplo: a 18 enmiendas del PE aceptadas por el Consejo (un uso extendido de las aplicaciones, la contemplación de las consecuencias sociales de las nuevas condiciones del trabajo (a distancia) , requisitos lingüísticos de las regiones) ; la identificación de los proyectos de «interés común» , recogidos actualmente en el Anexo 1 a las orientaciones (y ha dejado de ser exclusividad del comité que se creará para asesorar a la Comisión y que estará compuesto por representantes de los Estados miembros) ; determinados proyectos de especial importancia (la formación profesional a distancia, telemáticas para el transporte, medio ambiente y salud). 
Como Verdes habíamos propuesto que se incluyeran disposiciones firmes relativas a la condicionalidad para proyectos creadores de empleo y de contenido social. 
Del mismo modo hemos defendido que se conceda al Parlamento Europeo un papel decisivo en la identificación de proyectos de interés común, papel que en la actualidad es bastante débil. 
No obstante, estamos dispuestos a aceptar el texto de conciliación porque, al menos, contiene referencias a estos temas (incluidas las disposiciones relativas a las regiones periféricas y a la creación de empleo; véase artículo 3) y estipula que la Comisión deberá presentar cada tres años una evaluación al Parlamento Europeo en la que se incluyan las consecuencias sociales de los proyectos lanzados (artículo 14). 
Deseo insistir, una vez más, en que el Parlamento Europeo no estará en condiciones de ejercer su deber en lo que se refiere al control democrático de la transición hacia la sociedad de la información si ésta continúa siendo indebidamente sectorializada. 
Lo que hace falta para poder ejercer este control democrático tan necesario es una directiva marco transectorial y general que sirva de guía a los principios reguladores de esta transición. 
Informe Barthet-Mayer (A4-0156/97) 
Señor Presidente, el informe de nuestra Comisión de Agricultura acerca de un reglamento relativo al modo de producción biológica para las producciones animales es el fruto de un trabajo extremadamente profundo de nuestra ponente, la Sra. Barthet-Mayer. 
Como ponente de este Parlamento sobre la situación de la apicultura en los Estados miembros, le agradezco que haya codificado en una sola enmienda todo lo relativo a la apicultura biológica. 
Había presentado en comisión una enmienda concerniente al punto 4, Alimentación de las abejas, que no ha caído en gracia al ponente. 
Esta es la razón por la que he votado contra los dos primeros apartados de este punto, es decir, contra un texto que considero inaplicable. 
Desgraciadamente, señor Presidente, casi nadie ha levantado la mano cuando se ha puesto a votación este pasaje. 
Querer obligar al apicultor a actuar de forma que sus abejas no vayan a libar en cultivos en floración que han recibido tratamientos fitosanitarios resulta, en efecto, imposible, a lo cual nadie está obligado. 
Aunque el apicultor situara sus colmenas de forma que se asegurara de que no existe zona contaminada en un 1, 5 km de distancia de ellas, ¿quién irá a controlar si tal o cual abeja no va a libar más lejos, puesto que las abejas se desplazan fácilmente en un radio de 5 km? 
En un pequeño país como el mío, no sé cómo podrían establecer los servicios del Ministerio de Agricultura, las regiones o zonas donde la apicultura biológica sea practicable, porque los campos están tan divididos que resulta difícil delimitar zonas o regiones donde no se produzca libación o únicamente libación sobre cultivos que no estén sometidos a tratamiento fitosanitario. 
Seamos realistas, señor Presidente, y evitemos las disposiciones que nadie puede controlar y que no harán más que complicar la vida de los que todavía están dispuestos a practicar la apicultura o la agricultura biológica y cuyo nombre va desgraciadamente disminuyendo en muchos Estados miembros, en todo caso, en lo relativo a los apicultores. 
Me he abstenido en el conjunto, porque hemos votado también toda una serie de enmiendas con las cuales los pobres apicultores no podrán vivir si quieren practicar verdaderamente la agricultura biológica. 
Queremos hacer hincapié en que el transporte de animales por carretera no debe bajo ningún concepto sobrepasar las ocho horas de duración. 
Deberá efectuarse la carga y descarga con precaución, y estará prohibido el uso de calmantes alopáticos durante el transporte. 
Pensamos que es de la mayor importancia impulsar estas cuestiones en el curso dado a este asunto bajo los auspicios de la Unión Europea. 
Sería inaceptable legislar de un modo distinto al que aquí se propone en lo relativo al transporte de animales. 
Examinamos el informe de nuestro colega Barthet-Mayer sobre una propuesta de reglamento de la Comisión que trata de completar el reglamento 2092/91. 
Por último, podríamos decir, la Comisión no ha respetado los plazos, pero parece que la crisis de la EEB ha hecho acelerar el proceso. 
Podemos comprender la agricultura biológica desde un punto de vista nuevo, que se inscriba en el marco de una agricultura duradera, garante de calidad y de seguridad para los consumidores. 
Por lo tanto, aporto aquí mi apoyo al ponente para los numerosos elementos positivos que añade a la propuesta de la Comisión. 
La agricultura biológica puede revestir las formas de una agricultura innovadora, que utilice energías y materiales renovables, pero para ello debe estar rodeada de garantías que aseguren su calidad. 
Por lo tanto, es preciso establecer algunas reglas imperiosas, tanto en cuanto a los controles como a los modos de producción. 
Es preciso así, prohibir cualquier manipulación genética, garantizar la alimentación animal sana y evitar así las bien conocidas consecuencias de estos industriales sabios, más cercanos de los sabios locos que de los premios Nobel. 
La agricultura biológica puede representar una alternativa real a la agricultura intensiva e industrial, que ha pecado de exceso. 
Debe encontrar, en el ámbito de la Unión Europea, un apoyo y un marco para su desarrollo. 
La agricultura, en su conjunto, debe tener hoy como principal preocupación, no la cantidad, sino la calidad de sus producciones. 
Debe hacerse que la agricultura biológica alcance un nivel de producción que le permita ocupar un lugar importante en toda la política agrícola de la UE. 
Un grupo cada vez más numeroso de personas desea unos alimentos de mayor calidad que los procedentes de la producción intensiva y que estén producidos de manera sostenible desde un punto de vista ético. 
En Finlandia se ha conseguido, gracias a las ayudas al medio ambiente de la UE que el sector del cultivo biológico crezca rápidamente hasta representar un 5 % de la superficie cultivada. 
El objetivo siguiente debe ser alcanzar el 10 % de Austria, resultado de un esfuerzo muy decidido. 
Lamentablemente, el Reglamento sobre producción biológica de productos agrarios es demasiado pormenorizado para unas condiciones que en la Unión son muy variables. 
Los Verdes intentamos lograr que sea más flexible en muchos aspectos, pero el escrupuloso afán por la regulación acaba imponiéndose. 
Cuando en una explotación agrícola de Finlandia se inicia la producción biológica, se establece un período transitorio de una duración de tres años. 
En la UE se va aprobar un periodo transitorio mucho más corto: según la propuesta de la Comisión, de dos años, que el Parlamento querría reducir a un año. 
En opinión de los Verdes, dos años es el mínimo indiscutible. 
El logro más importante que se ha obtenido del examen del reglamento sobre productos biológicos en el Parlamento ha sido, sin duda, el anuncio de Franz Fischler, Comisario de Agricultura, en el sentido de que está dispuesto a aceptar la exigencia del Parlamento de prohibir la utilización en la producción biológica de organismos manipulados genéticamente. 
Los Estados miembros, entre ellos Finlandia, y las organizaciones de agricultores dedicados a la producción biológica estaban muy preocupados por la posición de la Comisión, hasta este momento confusa. 
Los Verdes son partidarios de aumentar el poder de decisión del Parlamento en las cuestiones de la política agrícola común. 
Nuestro Grupo propuso que el Reglamento sobre productos biológicos se aprobase de conformidad con el artículo 100 A (mercado interior) , pero la mayoría del Parlamento rechazó la propuesta. 
La propuesta de la Comisión contiene lamentablemente demasiadas deficiencias. 
La ponente del Parlamento Europeo y la comisión responsable han realizado, por tanto, un trabajo digno de elogio al cual yo presto mi apoyo. 
En base a todos los informes sobre el transporte y la cría de animales, doy la bienvenida a esta propuesta. 
Significará el fin del tratamiento industrial de los animales a que se les somete actualmente y que es absolutamente deleznable. 
Por eso es importante incitar a los agricultores a que utilicen unos métodos de cría de animales respetuosos con el medio ambiente. 
Hay que recordar, no obstante, que la situación actual en este ámbito es muy distinta de un país a otro de la UE. 
Mientras, por poner un ejemplo, Austria ha llegado muy lejos, hay otros países que están mucho peor. 
Espero que esta propuesta anime a estos países a tomar en serio estas cuestiones y a actuar en el futuro. 
Asimismo, este informe es importante como precedente. 
Es la primera vez que veo un programa tan concreto y ambicioso con el fin de modificar este sector de la política agrícola de la UE en un buen sentido. 
No es suficiente, pero se trata de un paso adelante importante. 
Finalmente, espero que la mayoría del Parlamento Europeo acoja ampliamente las enmiendas que defienden la prohibición del uso de organismos genéticamente modificados en la producción ecológica. 
Tras la muy grave crisis de las vacas locas y la muy escandalosa falta de sanción de sus responsables europeos, nos corresponde devolver la confianza a los consumidores con respecto a la alimentación de origen animal. 
El desarrollo de la agricultura biológica puede contribuir a ello, siempre que los esfuerzos de rigor realizados desde hace muchos años por algunos países como Francia no se pongan en tela de juicio mediante la adopción de normas laxistas a nivel europeo. 
En efecto, hasta ahora y a escala europea, la agricultura biológica sólo estaba reglamentada para las producciones vegetales. 
Con el texto que se nos propone, se trata de extender las disposiciones del reglamento de 1991 a las producciones animales. 
A falta de reglamentación comunitaria, los Estados miembros, según el caso, habían lesgislado o no en esta materia. 
Algunos países, entre ellos Francia, se habían adelantado: es esencial que no tengan que imponer hoy normas inferiores a las que habían definido y que habían sabido atraer la confianza de los consumidores. 
Desde hace más de cinco años, Francia trabajó en la elaboración de pliegos de condiciones muy estrictos que garanticen la seriedad de los productos de la agricultura biológica para los consumidores. 
Pero esta confianza se vendría inmediatamente abajo si, a causa de la política europea, el mercado francés, muy exigente, se encontrara anegada de productos biológicos que no lo fueran de verdad y que, en realidad, no se diferenciaran prácticamente de los productos clásicos, sobre todo, por culpa de marcos normativos muy laxos por lo que respecta a la ganadería. 
Algunos países muy intensivos presionan en favor del laxismo de las normas: nos hemos negado a votar las enmiendas que han inspirado y que si hubieran sido aprobadas habrían impedido seguir siendo competitivos a los agricultores que respetan normas estrictas. 
Nos hemos ceñido al texto propuesto por la Sra. Barthet-Mayer y a las enmiendas de la Comisión de Agricultura, que, en nuestra opinión, constituyen una base mínima para garantizar que los esfuerzos realizados hasta ahora por parte de los productores nacionales rigurosos no se pondrán en tela de juicio. 
Asimismo, nos corresponde combatir sin tregua los factores de desertificación de las zonas rurales y fomentar todas las formas de trabajo que puedan mantener en ellas un tejido socioeconómico denso. 
La agricultura biológica puede desempeñar un papel positivo en materia de ordenamiento del territorio: ofrece a los agricultores, y, sobre todo, a los jóvenes, una alternativa que permite mantener el empleo agrícola, a la vista de las salidas que la demanda de productos biológicos pueden generar. Las producciones biológicas pueden constituir un factor de desarrollo significativo, en particular, en las zonas ecológicamente frágiles como las zonas de montañas y las zonas húmedas. 
En particular, ponen en evidencia el papel de los agricultores en materia de preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Responden a una demanda de los consumidores y, en particular, de los turistas hostiles a los organismos genéticamente modificados, ávidos de productos alimentarios sanos, diversificados y de calidad, y preocupados por el respeto al medio ambiente. 
Pero es esencial que los productos originarios de estas regiones sensibles puedan apoyarse en sistemas de certificación altamente fiables en términos de calidad y de trazabilidad, de los sistemas que faciliten el establecimiento de la preferencia comunitaria y constituyan otros tantos polos de resistencia frente al proceso de tabla rasa que constituyen las negociaciones del GATT. 
Es ésta la vía que ha escogido el informe Barthet-Mayer y es ésta la razón por la cual nuestro grupo la ha apoyado. 
Informe Amadeo (A4-0146/97) 
Dados los importantes avances en la esfera científica y tecnológica, que determinaron la aparición de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, y conocidos los beneficios y los peligros de la utilización de las radiaciones ionizantes, resultaba imperativo que la Comunidad, en el ámbito de las competencias que le atribuye el Tratado de la Unión, y en particular su artículo 129, legislara a fin de actualizar la Directiva 84/466/Euratom. 
De entre esas modificaciones destaco las siguientes: 
necesidad de modificar cada vez más la utilización de las radiaciones ionizantes sólo y cuando sean estrictamente necesarias, es decir, cuando no exista otro medio substitutivo de diagnóstico y tratamiento más inocuo y que por su utilización presente garantías de beneficio para el paciente; -exigir a los Estados miembros el necesario control no sólo de la calidad de las instalaciones públicas o privadas, sino también del establecimiento de programas de garantía de calidad, en particular con evaluación de las dosis recibidas por el paciente, y responsabilizarlos al respecto; -asunción de la «responsabilidad clínica global» por las exposiciones radiológicas individuales (número y necesidad absoluta de exámenes) por parte de los profesionales de la salud habilitados para hacer dichos exámenes o tratamientos y de acuerdo con la legislación nacional.Éstas han sido las razones que me han movido a votar a favor de esta propuesta. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar el respaldo del Parlamento Europeo a la concesión de fondos europeos para llevar a cabo estudios sobre el radón y, en particular, solicitar ayuda financiera para que las autoridades nacionales puedan llevar a cabo mediciones de los niveles existentes de radón. 
Es fundamental que el Parlamento Europeo y la Comisión reconozcan que la exposición a radón es un problema de magnitud europea que merece la asignación de fondos comunitarios. 
Un reciente estudio a nivel nacional sobre el radón realizado por el Radiological Protection Centre de Irlanda reveló que algunas partes del país, entre las que se incluían amplias zonas de Wicklow y la península de Cooley en Louth, tienen más del 10 % de posibilidades de verse expuestas a niveles inadmisibles del gas radón. 
Es una causa importante de preocupación para las familias afectadas. 
No obstante, el coste para remediar este problema es un obstáculo importante para las familias. 
En mi opinión deberían llevarse a cabo mediciones libres de todo cargo para las familias que viven en zonas que presentan un alto índice de radón. 
Confío en que la Comisión, quizá a través de algunos de sus programas de investigación, asigne los fondos necesarios para hacer realidad este objetivo. 
Hay muchas escuelas situadas en las zonas con índices elevados de radón. 
No obstante, no existe ningún programa nacional de vigilancia de radón para nuestras escuelas. 
Habida cuenta de que según se cree los niños corren mayores riesgos, creo que debería iniciarse un estudio de radón en todas las escuelas de nuestro país. 
Además, hasta el momento no existe ningún tipo de vigilancia de los niveles de radón en los lugares de trabajo de las zonas más afectadas. 
También es este caso, la financiación de la UE sería sumamente beneficiosa. 
El Gobierno irlandés también debe desempeñar un papel crucial y examinar atentamente el plan de ayudas localizadas que existe en Gran Bretaña para ayudar a las personas a medir los niveles de radón que existen en sus hogares. 
Informe Kenneth D. Collins (A4-0109/97) 
A pesar de que votamos a favor del informe, no compartimos las opiniones que expresan los apartados 12 y 13 de la propuesta de resolución. 
No pensamos que las cuestiones relativas a la legislación medioambiental hayan de ser objeto del procedimiento de codecisión. Esto conllevaría un aumento del supranacionalismo en la Unión Europea, a lo cual nos oponemos por principio. 
No creemos que sea conveniente darle más poder al Parlamento Europeo. 
Los esfuerzos en favor de una legislación medioambiental progresista pueden seguramente mejorarse si se asegura mejor la posibilidad de los Estados miembros de la UE de seguir adelante con las reformas medioambientales de lo que es el caso actualmente. 
El tema que plantea el señor Collins en su informe es de capital importancia, porque sin un seguimiento verificable de la correcta transposición, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental, parte del trabajo de este Parlamento podría resultar estéril ante las numerosísimas quejas que anualmente se reciben sobre la insatisfactoria aplicación o incumplimiento del Derecho ambiental. 
Por ello, este Parlamento y yo misma, a lo largo de muchos años, hemos defendido reiteradas veces la necesidad de crear un sistema de inspección, a escala europea, precisamente para asegurar la aplicación y ejecución de la citada legislación ambiental, porque ¿existe mayor incongruencia e incluso frustración democrática que legislar para que posteriormente esta legislación se ignore o se incumpla en múltiples ocasiones? 
Como bien señala el ponente, el desarrollo de la política ambiental comunitaria ha sido, en muchos aspectos, un importante impulso en la democratización de la Comunidad, al ser una de las políticas más populares de la Unión. Ello hace que nuestros conciudadanos participen activamente en su control y configuración. 
De ahí que resulte imprescindible a la hora de elaborar esta legislación que la Comisión abra un abanico de consultas para garantizar su cumplimiento y que dicha legislación sea objeto siempre del procedimiento de codecisión, como solicita el ponente en su importante trabajo. 
Concluyo felicitando al señor Collins y confiando en que la Conferencia Intergubernamental asumirá sus responsabilidades en este ámbito. 
Es positivo que el tema del medio ambiente se esté introduciendo en todas las instituciones de la UE, pero hemos de tener cuidado de no introducir disposiciones innecesarias o burocráticas en nombre de esta buena causa sin tener las consecuencias claras. 
La propuesta de que cada Estado miembro establezca su propio órgano de inspección medioambiental controlado y vigilado por la Comisión no me parece bien ponderada. 
La mayoría de los Estados miembros disponen a escala nacional de órganos de este tipo que cooperan, por ejemplo, con la Comisión. 
Quiero advertir contra tales iniciativas tomadas a ciegas. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente en Dinamarca ha establecido una amplia cooperación con las autoridades nacionales de los Estados miembros. 
La necesidad de que paralelamente a esta cooperación se establezcan 15 órganos de control del medio ambiente bajo el control y la vigilancia de la Comisión no ha quedado justificada. 
Es decisivo para el medio ambiente que la legislación en esta materia dé resultados y que se dé prioridad al medio ambiente. 
Hoy por hoy, el medio ambiente sale perdiendo normalmente en la competencia con los intereses comerciales, y la aplicación real de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente es cualquier cosa, menos impresionante. 
Tal como indica el Sr. Collins, esta legislación exige unas disposiciones, la transparencia, un mayor control de su aplicación y la posibilidad para los particulares y las organizaciones de acudir a los tribunales nacionales. 
El informe busca en general levantar el nivel de aplicación de la legislación medioambiental. 
Por eso voto a favor de este importante informe. 
Informe Todini (A4-148/97) 
Los programas de educación de la UE figuran entre las mejores noticias que nos llegan de Bruselas. 
Cuando en 1984 se pusieron en marcha dichos programas, hubo seis mil estudiantes que participaron en el ERASMUS, número que en 1996 llegó a alcanzar los ciento setenta mil jóvenes. 
Acojo con satisfacción esta sana tendencia, y espero que el número de participantes continúe creciendo. 
Los principales problemas que han existido desde el comienzo y que aún perduran son relativos a los costes adicionales de desplazamiento y mantenimiento a los que deben hacer frente las propias familias, así como las diferencias que existen entre los Estados miembros a nivel de la concesión de asignaciones. 
Esto significa que los estudiantes cuyas familias no pueden permitirse correr con dichos gastos, siguen quedando excluidos. 
Es una práctica inadmisible que impide la agilidad y la equidad de todo el programa. 
La Comisión y las autoridades nacionales de Educación deben estudiar esta discrepancia y facilitarnos información comparativa de los Estados miembros que nos permita cubrir las necesidades reales de los estudiantes interesados, así como hacer un mejor aprovechamiento de las becas del programa ERASMUS por parte de los estudiantes menos favorecidos. 
Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe de la Sra. Todini sobre el Libro Verde de la Comisión que analiza los obstáculos para la movilidad en la UE con respecto a la educación, la formación y la investigación. 
Concedemos mucha importancia a la libre circulación en el ámbito de la educación, tanto para alumnos como para educadores. 
No obstante, queremos manifestar ciertas reservas ante la armonización de las prestaciones sociales, las ventajas fiscales para investigadores becarios y la definición europea de aprendiz. 
Nos parece importante eliminar las barreras para la movilidad en la UE, pero debe tratarse de un acuerdo voluntario entre los Estados miembros y no de una armonización de las normas a nivel europeo. 
No puedo apoyar el informe de la Sra. Todini sobre obstáculos para la movilidad de los estudiantes en la Comunidad Europea. 
Con eso no quiero decir que no apoye plenamente la educación transnacional; ha sido y ha de seguir siendo posible, no únicamente en la UE, sino en todas partes. 
El intercambio entre diferentes países y culturas no es únicamente viable dentro de una zona uniforme. 
El objetivo del intercambio es precisamente adquirir conocimientos de culturas y sociedades diferentes de la propia. 
Por eso no apruebo el deseo de la ponente de fomentar una armonización de la educación por un lado y de la legislación social por otro. 
Este informe y el Libro Verde son otros tantos ejemplos de cómo aprovechar la libre circulación como pretexto para una armonización en el ámbito social. 
De esta forma se concederían competencias a la UE que no le corresponden. 
Rechazo la idea de una definición comunitaria de aprendiz, que es, además, bastante irrealista, ya que los mercados de trabajo varían mucho de un Estado miembro a otro. 
Por lo expuesto, voto en contra del informe y no puedo aprobar el Libro Verde de la Comisión. 
Hay motivo para felicitar a la Comisión por el excelente trabajo realizado con este Libro Verde. 
La movilidad en el mercado de trabajo depende de muchos factores, pero estoy convencido de que las nueve líneas de actuación propuestas por la Comisión contribuirán positivamente en la dirección correcta. 
Celebro que varios programas existentes hayan sido un gran éxito. 
Por ejemplo, se ha multiplicado el número de estudiantes que, a través de ERASMUS, han complementado sus estudios en otro Estado miembro. 
Por eso me parece muy importante que la Comisión haga realidad cuanto antes la propuesta del Libro Verde de crear un espacio europeo de las cualificaciones, lo que nos permitirá llegar a un reconocimiento mutuo de las formaciones académicas a través, por ejemplo, de una intensificación del empleo de sistemas de transferencia de méritos. 
Informe Tindemans (A4-0162/97) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy en contra del informe del Parlamento Europeo sobre la política de seguridad y de defensa de la Unión Europea. 
Hemos votado en contra del informe porque incluye una serie de puntos que implican una ampliación de la defensa dentro del marco de la UE. 
Esto se encuentra en disconformidad con el acuerdo de Edimburgo, según el cual Dinamarca no participa en la elaboración y la ejecución de las acciones dentro del marco de la Unión que tengan que ver con el ámbito militar. 
Creemos además que no hay necesidad de un reforzamiento de la política de defensa en la UE; al contrario, nos parece que los Estados miembros de la UE deben seguir coordinando su cooperación militar a través de la OTAN. 
Queremos subrayar que, aun no pudiendo aceptar el informe en conjunto, éste ofrece una serie de elementos positivos, sobre todo las referencias a las ventajas de la firma de un pacto europeo sobre satélites y al trabajo en la OSCE y en el Consejo de Europa. 
Creo que habría sido una solución excelente dividir el informe Tindemans en dos partes. 
La parte sobre la que he votado hoy gira solamente en torno a la política exterior y de seguridad. 
Podría respaldar la mayor parte del informe, pero existen algunos detalles que, en calidad de representante de un país nórdico neutral, no he podido aceptar. 
Por tanto, yo tampoco puedo dar mi apoyo a la aprobación de la totalidad del informe. 
Nuestro grupo no ha votado en favor del informe de iniciativa del Sr. Tindemans que no aborda verdaderamente el meollo de la cuestión, muy importante, que se supone debe tratar, el de la seguridad europea. 
Lo esencial sólo se aborda en voz baja. 
En efecto, el Sr. Tindemans está en el camino del realismo cuando escribe en su exposición de motivos, que la política de defensa es un ámbito en el que las posiciones de los Estados miembros de la Unión Europea son todavía muy divergentes, y que la Unión Europea debe poder utilizar la fuerza armada de forma autónoma. 
Que en términos púdicos, esas cosas ya están dichas. 
A partir de estas dos constantes, sin embargo, el informe sólo elabora una propuesta de resolución muy tímida y bien convenida. 
El Sr. Tindemans se cuida de recordar que las declaraciones retóricas más entusiastas, en materia de defensa europea integrada, emanan a menudo de los que consienten en materia de defensa los menores esfuerzos en su país. 
A la sombra del paraguas nuclear americano, se han adoptado muchas malas costumbres, desgraciadamente, demasiado persistentes: la de remitir a otros la preocupación de su propia defensa; la de escoger, en compensación, materiales militares americanos para equipar sus fuerzas armadas, en lugar de materiales europeos tan válidos y no más costosos. 
El problema de la defensa europea no es una cuestión de montaje institucional, sino una cuestión de voluntad. 
Nada avanzará verdaderamente mientras cada cual no tome conciencia del hecho de que la independencia de nuestra defensa debe buscarse hoy en primer lugar frente a los Estados Unidos y que algunos reflejos atlantistas cuajados y heredados de un pasado correspondiente a otra época de las relaciones internacionales ya no son de recibo hoy. 
Esta independencia debe buscarse en diferentes niveles. 
En primer lugar, a niel de la OTAN donde se trata de dar verdaderamente cuerpo a la noción de identidad europea de defensa. 
La cumbre de Berlín no es, a este respecto, sino un preludio y no una culminación. 
Los Estados miembros europeos, ¿tienen realmente la voluntad, como pregonan, de europeizar la OTAN? 
Esperamos hechos que prueben que saben concordar los actos con las palabras, que se den los medios de intervenir al margen de una participación americana. 
¿Están los miembros europeos de la OTAN dispuestos a aceptar su extensión a nuevos Estados miembros, incluso antes de que se lleve a cabo esta reforma en profundidad? 
Además, la UEO, órgano especializado en la defensa, debe aumentar su margen de maniobra y tomarse más en serio sus atribuciones, en lugar de situarse, como a menudo lo hace, al remolque de la OTAN. 
Nadie impide hacerlo a los diez Estados de la Unión Europea: una vez más, esperamos manifestaciones concretas de una voluntad real. 
Por último, garantizar su seguridad supone establecer los medios necesarios, sobre todo, en materia financiera. 
No podemos reclamar a la vez una defensa europea, querer dar lecciones en esta materia y reducir al mismo tiempo los gastos militares nacionales. 
Ahora bien, conocemos nuestras debilidades. 
La guerra del Golfo y luego la intervención en Bosnia las han puesto de relieve: dependemos de los Estados Unidos, en materia de medios de observación, de medios de comunicación y de transporte. 
¿Hay una voluntad real de cooperar en estos ámbitos de interés común para disponer de medios de defensa verdaderamente independientes, que permitan a los Estados miembros que lo deseen una verdadera autonomía en materia de intervención? 
Esta búsqueda de la independencia no es por lo demás incompatible con cooperaciones transatlánticas muy concretas. 
Así, la necesidad de los países europeos de dotarse de un sistema de defensa antimisiles, frente a la amenaza de proliferación balística, podría ponerse en marcha mediante una cooperación en materia de investigación con los Estados Unidos. 
Como el informe Tindemans trata de creer que los problemas están en otra parte, en lugar de abordar francamente el meollo de la cuestión, no hemos votado a su favor. 
Consideramos que la división del informe del Sr. Tindemans en dos partes ha sido una buena solución. 
La parte que hemos votado hoy versa, por lo tanto, únicamente sobre la política exterior y de seguridad. 
Podíamos dar nuestro apoyo a la mayor parte del informe, pero existen algunos aspectos que, en nuestra calidad de diputados de los países nórdicos no alineados, no podemos aprobar. 
Por este motivo no podemos apoyar la aprobación del conjunto del informe. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Cooperación regional para los países surgidos de la antigua Yugoslavia y relaciones contractuales con determinados países de la Europa sudoriental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0127/97) del Sr. Cohn-Bendit, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe de la Comisión (SEC (96) 252- C4-0274/96) relativo a las Perspectivas de desarrollo de la cooperación regional para los países surgidos de la antigua Yugoslavia y medios de que dispone la Comunidad para promoverla, y el informe de la Comisión (COM (96) 0476- C4-0644/96) sobre los Principios comunes para las futuras relaciones contractuales con determinados países de la Europa sudoriental. 
Señor Presidente, Señorías, en este momento podría saludarles por su nombre, » tantos» somos los presentes, y aún deploro más la ausencia de la Comisión. 
Lo cierto es que en un debate como el presente sería necesario contar con la presencia de la Comisión, pero ya sé que en primavera, cuando por fin empieza a hacer buen tiempo, la política siempre pasa a un segundo lugar. 
Doce años después de la Segunda Guerra Mundial, los contendientes suscribieron los Tratados de Roma. Dichos Tratados fueron el inicio de la cooperación regional que luego dio lugar a la Unión Europea, tal como actualmente la conocemos. 
Estados Unidos fue, obviamente, garante del proceso de paz y de la reconstrucción democrática de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, sin ese paso decisivo, sin el valor decisivo de las políticas y políticos que impulsaron la citada cooperación regional en Europa, no estaríamos hoy donde estamos. 
Por lo tanto, cuando ahora hablamos de cooperación regional, después de la sangrienta guerra en la Europa meridional, tenemos en mente el modelo de la Unión Europea. 
Precisamente por la gravedad de lo ocurrido en la Europa meridional, es necesario impulsar una cooperación regional. 
Sin embargo, esta cooperación sólo podrá ser efectiva si en Bosnia existe un Estado bosnio, que funcione como Estado. 
Dicha cooperación regional sólo aproximará a los Estados y a las fuerzas contendientes si éstos son capaces de concebir e impulsar el desarrollo de Bosnia como Estado. 
A mi parecer, todavía queda mucho por hacer en este sentido y los Acuerdos de Dayton son insuficientes. 
Pero si pensamos que es necesaria la reconstrucción de Bosnia, no podemos imponerle unas estructuras burocráticas que en el fondo no permitan el correspondiente desarrollo de sus habitantes y de las personas que ejercen allí su actividad. 
De ahí mi propuesta de que se cree una institución, una Fundación para el restablecimiento de la democracia. 
No pueden trasladarse a una sociedad como la de Bosnia los patrones de medida y simultáneamente también los procedimientos burocráticos de la Unión Europea. 
Finalmente no se consigue nada y de los 35 millones de ecus que hubiesen podido invertirse en Bosnia, en 1996 se desembolsaron sólo 3 millones. 
Esto es sencillamente una enorme vergüenza. 
Sin embargo, al mismo tiempo tampoco debe concebirse dicha cooperación regional como una reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Al contrario, debe abarcar la Europa sudoriental como tal. 
Es decir que en el proceso de cooperación regional deben participar no sólo los Estados de la antigua Yugoslavia, sino obviamente también Grecia, Bulgaria, Hungría y Turquía. 
De ahí la propuesta de una Conferencia sudeuropea a favor de la estabilización económica, política y ecológica, destinada a que los Estados se responsabilicen del mantenimiento mutuo de la paz y del desarrollo de la oportunidad de paz. 
Para que sea posible concebir el futuro de esta región como un futuro político, éste debería ser un proceso autónomo de la Europa sudoriental, según el modelo de Barcelona. 
Doy la bienvenida a la Comisión y me alegro de que el Sr. van den Broek haya conseguido llegar finalmente hasta aquí en un día tan soleado: más vale tarde que nunca. 
Antes de acabar, sólo quiero añadir que las gentes del sur de Europa no entienden y no pueden entender que aquí hagamos política en nombre del Gobierno que sea. 
Estamos aquí en calidad de diputados y no como emisarios de Eslovenia, Croacia, Serbia o Bosnia. 
Somos políticas o políticos independientes, que debemos desarrollar propuestas autónomas. 
Por esto debemos impulsar el concepto europeo de la cooperación. 
Finalmente, quisiera exponer a los colegas un deseo en relación con la propuesta de enmienda. 
En la comisión se incluyó en el punto 24 al personal militar, además del civil. 
Esto no tiene sentido. 
Yo no me opongo a una fuerza militar, también para Europa. 
Pero en ese punto, donde se habla de la Misión de Control, resulta incoherente. 
Por consiguiente, yo les ruego que apoyen nuestra enmienda, no por razones ideológicas, sino porque en este caso el resultado sería sencillamente contraproducente, puesto que el enunciado mismo es contradictorio. 
Señor Presidente, señores Comisarios, colegas, la idea de convocar una Conferencia para la paz, la democracia, el desarrollo sostenible y la estabilidad en la Europa sudoriental auspiciada por la Unión Europea debe sin duda apoyarse. 
La Unión Europea, que desgraciadamente ha sido- está bien subrayarlo- la gran ausente en los acontecimientos que han conmocionado la antigua Yugoslavia, debe adoptar ahora una política activa encaminada a la reconstrucción de la región, favoreciendo así la estabilidad, la paz y el desarrollo en una zona tan próxima de nosotros. 
Nos lo exigen, además de nuestros ideales, también nuestros intereses. 
Expresamos un juicio sustancialmente positivo sobre el informe del Sr. Cohn-Bendit, aunque no compartimos en absoluto todo su contenido: por ejemplo, la propuesta de organizar un festival de música pop en Bosnia nos parece sin duda interesante y sugestiva, pero más propia de la categoría del folclore que de la de la política. 
Pero hay un aspecto sobre el que nos parece necesario llamar la atención del Parlamento: de ninguna de las distintas iniciativas previstas en el informe de la comisión se prevé actualmente la financiación, ni ninguna podrá financiarse hasta el año 2000, a no ser que se financie a costa de otras. 
En este sentido, debe decirse que la Comisión de Presupuestos ha pedido a la Comisión que presente propuestas al respecto, pero no se ha obtenido ninguna respuesta. 
Este nos parece el punto más grave de toda la cuestión. 
La Unión Europea puede continuar siendo la gran ausente en la antigua Yugoslavia: en efecto, todas las propuestas de que estamos hablando están destinadas a no encontrar los medios para que se traduzcan en realidad. 
Pero si así están las cosas, ¡sería bueno decirlo claramente! 
Señor Presidente, quisiera decir al Sr. Cohn-Bendit que estoy de acuerdo y que mi Grupo votará a favor de su informe, que consideramos positivo y, a diferencia de otras ocasiones, también lleno de propuestas operativas. 
Es cierto que estas propuestas deben ser verificadas después, en particular desde el punto de vista de la viabilidad; no obstante, es muy instructivo para nosotros comprobar que a veces, discutiendo en comisión y confrontando nuestras opiniones, tenemos también la posibilidad de presentar propuestas de trabajo. 
Esto ocurre cuando hay algunas ideas claras en la cabeza, y entiendo que en la raíz de este informe hay la idea, precisamente la idea clara de que debemos mirar al Sudeste europeo con una estrategia ligeramente modificada respecto de lo que hemos hecho hasta ahora. 
Lo de «ligeramente» es obviamente un poco irónico, en el sentido de que todo lo que surge de este informe es la necesidad de una política de la Unión Europea como tal, y no la suma de las políticas de los distintos países. 
Quisiera insistir en la relación que existe ente las dos propuestas que el Sr. Cohn-Bendit hace en el apartado 5 de su informe, puesto que se habla justamente de esa idea de la Conferencia y se dice que «en esta misma Conferencia la Unión Europea se comprometa asimismo a realizar un programa ambicioso y a largo plazo de intervención económica reforzada, integrada y multilateral para la reconstrucción de la región». 
Considero que ambas cosas están íntimamente relacionadas. 
Aquí no se dice quién debe comenzar, en seguida, a trabajar en la preparación de este programa ambicioso y a largo plazo. 
Pienso que la invitación se dirige indirectamente a la Comisión, y que, en cualquier caso, así debería entenderse, porque la Conferencia de dentro de dos años para la paz, la democracia y el desarrollo sostenible se convierte en un objetivo convincente si mientras tanto se trabaja para este programa ambicioso y a largo plazo para la reconstrucción, que debe producirse con este enfoque regional como concepto político. 
Además, esta necesidad es urgente porque, como todos sabemos, la presencia de la Unión desde el punto de vista humanitario es enorme- somos, efectivamente, los que damos la mayor contribución- pero al mismo tiempo hay una presencia confusa de organismos internacionales en Bosnia como en los demás países, y esto sin duda no nos ayuda. 
Estoy además de acuerdo con la propuesta de la Fundación para la democracia. 
Es una buena idea, como son justas también las otras dos ideas de los apartados 25 y 26, que nosotros apoyaremos. 
Como conclusión, señor Presidente, quisiera decir que apoyaremos también la enmienda nº 4, puesto que me parece coherente con el enfoque de todo el informe suprimir esa palabra, como propone, con su enmienda, el Sr. Cohn-Bendit. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión y lamentablemente también el informe del colega Cohn-Bendit me plantean muchos problemas en más de un aspecto, pues el enfoque político no parece correcto en mi opinión, al menos por lo que respecta al momento escogido, pero también en cuanto a su planteamiento geográfico. 
El colega Oostlander se referirá, no obstante, a la geografía. 
Resulta evidente que, por desgracia, muchos europeos todavía no han comprendido, a pesar de la sangrienta descomposición del Estado monopartidista en Yugoslavia, que en estos momentos cualquier presión para imponer la cooperación sólo despierta aversión y temor ante lo que se interpreta como un intento encubierto de crear una nueva Yugoslavia. 
¿Cómo es posible que apliquemos dos medidas? 
Eslovenia, que también es un Estado sucesor de Yugoslavia ha gozado y goza de todas las preferencias, de todas las ayudas, sin las condiciones que se enumeran en el presente informe. 
Yo tengo la seguridad de que en estos momentos, una vez levantado el embargo de Grecia y las sanciones contra Serbia, Macedonia podrá desarrollarse finalmente en libertad y también podrá resolver el problema albanés en su territorio, que Croacia también podrá dedicarse con mayor eficacia a desarrollar sus estructuras democráticas y su economía y naturalmente también al retorno de los refugiados, una vez concluida la ocupación ilegítima de un tercio de su territorio. 
Pero para ello deben recibir las ayudas necesarias de la Unión Europea, exactamente igual que Eslovenia. 
Es evidente que luego se establecerá una cooperación económica regional. 
En este sentido, yo quiero hacer hincapié en la afirmación del colega Cohn-Bendit, expresada en el apartado E, a saber: que un planteamiento regional debe tener un carácter más amplio y que no supone el restablecimiento de la antigua Yugoslavia, sino que debe tener en cuenta las peculiaridades individuales de cada uno de los países, y que las reticencias de un país no deben obstaculizar el proceso de acercamiento de otros países a la UE. 
¡Todo ello me parece excelente! 
Lamentablemente, tu informe, apreciado Daniel, no se atiene a esta máxima. 
Y si la Unión Europea se propone recompensar, como tú mismo escribes, la acumulación de orígenes de las mercancías, ello sólo equivaldría a restablecer indirectamente la antigua Yugoslavia por la vía de las mercancías. 
¡Esto es una falta de tacto! 
¿Cómo es posible dar el segundo paso antes que el primero? 
Y en este sentido, tampoco es posible comparar lo que ahora debe hacerse con lo que pudimos hacer largo tiempo atrás en Europa después de la guerra. 
Quiero decir que primero debemos procurar poner orden en el propio país. Debemos velar por que se facilite el retorno de los refugiados a sus antiguos hogares, a fin de que la convivencia vuelva a caracterizar la vida interior de estos países, y sólo luego podrá iniciarse la cooperación transfronteriza. 
Por lo que respecta a Bosnia-Herzegovina, estoy totalmente de acuerdo: es necesaria su consolidación, ¡pero también es preciso que al fin se empiece a trabajar para alcanzarla! 
Y todos los firmantes del Acuerdo de Dayton también deberían ponerse al fin manos a la obra. 
Yo tengo muchas esperanzas de que todos respaldarán la inclusión del breve apartado siguiente, a saber, que se apoyarán las Escuelas Europeas. 
Su multietnicidad tiene, a mi parecer, una influencia a largo plazo que sin duda no posee el festival de música pop, que yo también apoyo. 
Éste tendrá como resultado una instantánea, que es favorable, pero que no conducirá a la juventud hacia donde es preciso encauzarla, esto es, hacia una convivencia multiétnica. 
Para ello necesitamos programas escolares, necesitamos profesores que se encarguen de ello y nosotros deberíamos aportar nuestros recursos humanos y nuestra experiencia. 
También deberíamos aprender del caso de Albania: con el dinero solo no basta, sólo puede conseguirse con personas que se trasladen allí. 
Yo pienso que una institución como la Fundación puede lograr buenos resultados, pero no creo que pueda conseguirlos sola. 
También necesitamos la Misión de Control, debemos involucrar a todas las personas que se encuentran sobre el terreno y promover conjuntamente con ellas la reconstrucción de ese Estado. 
¡Pues la voluntad de convivencia todavía no existe en absoluto en Bosnia-Herzegovina! 
Y hay poquísimas personas que realmente deseen hacerla realidad. 
No existe una cohesión estatal de los órganos que se eligieron en septiembre del año pasado. 
Éste es un hecho que yo lamento muchísimo y es lo primero que debemos conseguir, antes de que sea posible empezar a hacer realidad la cooperación transfronteriza. 
Señor Presidente, agradezco ante todo al Sr. Cohn-Bendit el excelente trabajo realizado con este informe; también yo quiero recordar que debemos partir de las responsabilidades políticas y morales de Europa por lo que no ha hecho por Bosnia y por lo que después ha habido en Bosnia, la masacre, la barbarie y la ausencia total de Europa; está claro que en este momento tenemos una responsabilidad mayor para hacer que en esta fase de reconstrucción de la antigua Yugoslavia se pueda esta vez exportar efectivamente paz, democracia, estabilidad, pero sobre todo libertad. 
Creo que los instrumentos para una acción común creíble son importantes, y aquí volvemos al problema de la PESC, sobre el que, evidentemente, hace falta un compromiso general, hace falta reforzar y ampliar el mandato de la SFOR, y para el que creo que es indispensable un compromiso, por parte de este Parlamento, de presionar a la Comisión y al Consejo. 
Debemos, sobre todo, independizar a Bosnia de la ayuda internacional para que pueda proceder de nanera autónoma a su desarrollo económico. 
De ahí que haya apreciado mucho algunos pasajes del informe del Sr. Cohn-Bendit, que hemos apreciado mucho por lo que respecta no sólo al discurso del enfoque regional, sino sobre todo por la iniciativa política global, que significa restablecer el Estado de derecho en un pacto más general de estabilidad para la paz y el desarrollo, que significa respeto riguroso de los compromisos asumidos para la paz con los acuerdos de Dayton, pero que significa también una zona económica libre, un espacio aéreo común y condiciones favorables para las inversiones. 
La paz y la estabilidad en Bosnia no se crean mediante las intervenciones indiscriminadas de tipo asistencial que llevan sólo a la corrupción, sino creando las condiciones favorables para el desarrollo autónomo de esa región. 
Señor Presidente, Sr. van der Broek, hace poco recibí el primer informe definitivo de la Comisión sobre la aplicación de los recursos disponibles aprobados por el Parlamento y por la autoridad presupuestaria en general para la antigua Yugoslavia; en concreto, para el año 1996. 
En dicho año, se asignó un 66 % de los 125 millones del programa de «ayuda esencial» , por no hablar ya de los pagos transferidos. 
De los 27, 6 millones destinados a ayudas para la reconstrucción, se asignaron en 1996 exactamente 2, 1 millones. 
De la ayuda para el retorno de refugiados, tan urgentemente necesaria para que éstos puedan volver, se asignaron 8 millones de un total de 25, 7 millones, y de los 35 millones del programa «Europa por Sarajevo» , tan caro para el Parlamento, en 1996 se asignaron solamente 3, 2 millones y se transfierieron todavía menos. 
No es de extrañar que cuando una viaja a Sarajevo, como hice yo hace dos semanas y media, se encuentre con personas que se preguntan qué ha hecho la Comisión, qué ha hecho en realidad Europa. 
¿En qué puede apreciarse que la ayuda para la reconstrucción llega realmente a su destino? 
El informe que nos presenta la Comisión para 1996 constituye, de hecho, un testimonio declarativo sobre la ineptitud del procedimiento burocrático que se ha seguido en este contexto. 
Yo quisiera preguntar a la Comisión: ¿por qué no es posible establecer procedimientos menos burocráticos? 
Pudimos hacerlo en Mostar, ¿por qué no es posible hacerlo en otras ciudades? 
¿Por qué no puede actuar, de hecho, en nuestro nombre sobre el terreno la Sociedad Internacional para el Desarrollo Comunitario? 
¿Por qué siguen administrándose los fondos de manera centralizada desde Bruselas, en vez de trabajar en colaboración con organizaciones como el programa de Bärbel Bohley para construir 1.000 techos en Bosnia, por ejemplo, al cual, debido una vez más a las cautelas burocráticas, no es posible hacer llegar 3 millones? 
Todas éstas son preguntas críticas que yo dirijo a la Comisión, con la esperanza de que en 1997 consigamos mejorar un poco nuestra actuación. 
Señor Presidente, se lo agradezco, pero creía disponer de dos minutos. 
Y, en efecto, era lo mínimo que necesitaba para manifestar hasta qué punto el informe de nuestro colega Cohn-Bendit me parece lleno de buenas intenciones. 
Por mi parte, estoy muy a favor de que se reflexione en una cooperación regional con los países de la ex Yugoslavia e incluso más allá. 
Incluso, pienso que hubiéramos debido darnos cuenta antes de ello, que, en lugar de alentar, como lo ha hecho Europa, atribuyéndose cada país europeo su protegido en los Balcanes, independencias tan intempestivas como ilusorias, prometiendo a los países que las reclamaban que garantizaríamos sus fronteras, lo que no hemos hecho, y que les permitiríamos acceder directamente a Europa, lo que todavía siguen esperando, que en lugar de proceder así, teníamos otro medio de imponer el mantenimiento de la solidaridad yugoslava en unos conjuntos cuyos equilibrios debían revisarse, sin duda alguna, y que consistía en explicar a los países afectados que no se acercarían a Europa sino a condición de inventar formas nuevas de vivir juntos. 
Ya hemos visto el resultado. 
El etnicismo, el nacionalismo, el aumento de las tensiones religiosas han pasado por encima de los valores de universalismo que hubiera debido promover la Unión Europea. 
Pero, creo que no se debe prever siempre lo peor. 
Esta cooperación es hoy extremadamente necesaria. 
Es preciso promoverla y acelerar, sobre todo, el ritmo del establecimiento de las financiaciones, como se ha recordado. 
Simplemente, deseo llamar la atención de nuestra Asamblea en un punto único, señor Presidente. 
Creo que la Unión Europea, que ha dado muestras de una grave flaqueza, se honraría si decidiera establecer en Bosnia, para la fase posterior a las elecciones municipales, fuerzas de interposición puramente europeas, que se encarguen, sobre todo, de impedir que mañana se reanude la guerra en Brcko o en Mostar, como ocurre desgraciadamente... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, los liberales acogemos con satisfacción el valeroso y previsor informe del Sr. Cohn-Bendit, que otorga una nueva dimensión a la difícil misión de paz en la antigua Yugoslavia, con la incorporación de todos los países balcánicos a la misma. 
Sr. Cohn-Bendit, yo comparto su opinión de que los políticos ciertamente deben tener visiones para poder hacer realidad grandes objetivos. 
Sin embargo, grandes proyectos con un firme compromiso y un planteamiento a largo plazo han fracasado repetidamente en el pasado por el hecho de que algunos participantes pusieron en duda el proyecto global y no lo llevaron a término debido a la ausencia de resultados a corto plazo, que la población local espera sin duda también ahora. 
Por lo tanto, además de las visiones, también debemos seguir cultivando el realismo político y tener presente que nuestra labor, a semejanza de la de un buen entrenador, en último término no se valora por unos programas escritos bien pensados y teóricamente intachables, sino única y exclusivamente por los éxitos alcanzados en la realidad. 
Señor Presidente, yo también estoy satisfecho con el informe Cohn-Bendit, en el que se hace hincapié en la necesidad de restablecer el Estado de derecho en la zona de la que estamos hablando. 
Se trata de una cuestión fundamental y luego volveré a referirme a ella. 
En realidad me ha sorprendido un poco el hecho de que la Comisión Europea se centrara expresamente en una zona tan limitada cuando habla de la cooperación regional, concretamente de la antigua Yugoslavia, y esto no es exactamente lo mismo, pero se parece mucho. 
Diversos países acaban de separarse con una terrible guerra; han surgido todo tipo de irritaciones y una situación en que por ejemplo Bosnia Herzegovina abarca un par de entidades que prefieren cooperar estrechamente con los Estados limítrofes, Croacia y Serbia. 
Esto es precisamente algo que amenaza la unidad de Bosnia y la paz de la región. 
Por consiguiente, al hablar de la cooperación regional, hemos de tener mucho cuidado de que no se interprete como un asidero para los individuos destructivos que en realidad quieren provocar la destrucción de Bosnia Herzegovina. 
Considero importante que sigamos clamando que eso no es lo que se pretende. 
Por ello quisiera destacar por qué se centra en esta pequeña región, en que resulta que Serbia Montenegro vuelve a ser, como siempre, el centro de gravedad. ¿Es eso lo que queremos realmente? 
Pienso que no lo queremos en absoluto. 
Por ello preferiría ver una ampliación de la cooperación regional al resto de los Balcanes y algunos Estados limítrofes. También pueden ser países candidatos de la Unión o miembros de la Unión. 
Tenemos el proceso de Barcelona. 
Sería mucho más partidario de permitir algo parecido al proceso de Barcelona en esta región, con lo que se adquiriría una visión regional más amplia y no todo tipo de connotaciones temibles en que el centro de gravedad vuelve a estar en los bandidos. 
Preferiría adjudicar un papel más importante a Rumania, sobre todo ahora que hay un gobierno claramente constructivo. 
Esto respaldaría el amor propio y la noción de responsabilidad internacional de los países de los Balcanes que han tomado ya iniciativas, la iniciativa del mar Negro y otras. 
Pienso que es muy importante que sepan que su contribución a la seguridad internacional y el orden jurídico es muy importante para nosotros. 
Queremos seguir adelante a partir de esto. 
Preferiría que no ejerciéramos presión con nuestro dinero, con recursos financieros, para decir: no te ayudaremos si no cooperas de esta y esta manera. Dejémoslo en sus manos. 
En realidad me gustaría que se realizaran más consultas entre los responsables de los países limítrofes con Yugoslavia y usted, señor Comisario, pero quizás también con los miembros del Consejo. 
Además me resulta difícil abogar por una cooperación económica precisamente ahora que en Bosnia Herzegovina las tendencias racistas frustran completamente el desarrollo económico. 
Me refiero a la línea ferroviaria que cruza Bosnia Herzegovina de este a oeste y la línea norte-sur. 
Todo se queda atascado en Tuzla y las consideraciones racistas de la República Srpska impiden que se desarrollen estas líneas ferroviarias. 
¿Qué hacemos entonces fomentando el apoyo económico y el desarrollo con nuestros modelos de cooperación? 
Quisiera abogar por que se apoyen las líneas maestras del informe Conh-Bendit, que se perfilan en las enmiendas para verlo más ampliamente, pues de este modo podemos fomentar el orden jurídico internacional. 
Señor Presidente, es preciso llamar la atención de nuestra Asamblea sobre un aspecto especialmente positivo del informe Cohn-Bendit; es el enfoque regional y la calidad de las relaciones bilaterales entre los países que han constituido la ex Yugoslavia lo que está en tela de juicio. 
En efecto, no se trata de que los países que deseen acercarse a la Unión, incluso asociarse a ella, salten como cabritos gritando «Europa, Europa» , y se nieguen a cooperar o a mostrar entre ellos un mínimo de solidaridad. 
Esta obligatoria solidaridad debe traducirse en el ámbito económico y político en una declaración que implique compromisos precisos que deben acabar en un pacto de estabilidad regional. 
Un enfoque así no debe limitarse a frases de alivio, sino que debe implicar consecuencias prácticas, que sometan la participación de la Unión a exigencias claramente enunciadas y a la presencia de cláusulas suspensivas de nuestro compromiso. 
Señor Presidente, al leer el título, que naturalmente habrán leído todos- sólo que quisiera repetirlo -, constato que el Parlamento Europeo presenta una resolución única para dos informes de la Comisión, uno relativo a las Perspectivas de desarrollo de la cooperación regional para los países surgidos de la antigua Yugoslavia y el otro sobre los Principios comunes para las futuras relaciones contractuales con determinados países de la Europa sudoriental. 
Creo que el hecho de tratar así estos dos informes de distinto contenido, ha llevado a la confusión provocada por la lectura del informe del Sr. Cohn-Bendit. Mientras los países de la antigua Yugoslavia tienen un régimen especial, el Acuerdo de Dayton, la guerra, las víctimas, los muertos y refugiados, los otros países de la Europa sudoriental, a pesar de tener gravísimos problemas económicos y enormes problemas internos y problemas de democracia, siguen luchando con medios pacíficos para superar estos problemas. 
Digo esto porque el informe, tal como se ha redactado, no ofrece ninguna posibilidad de sacar conclusiones útiles, ni puede servir de ayuda a la Comisión, ni al Consejo. 
Exceptúo de esto, evidentemente, la propuesta que el Sr. Cohn-Bendit hace en el artículo 5, remitiéndose a la conocida iniciativa Royamont de organizar una conferencia bajo los auspicios de la Unión Europea. 
Es una idea fundamentalmente buena y merece nuestro apoyo. 
Ahora bien, en cuanto al resto de su contenido, aunque creo que el presente texto no es perjudicial, tampoco aporta nada. 
En primer lugar quiero presentarles mis excusas, en particular al Sr. Cohn-Bendit, por mi tardía aparición aquí, debido, no a la falta de respeto por esta Asamblea, sino a un simple malentendido. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi complacencia por el hecho de que se haya incluido en el orden del día esta cuestión y el informe que ha elaborado el Sr. Cohn-Bendit al respecto, máxime cuando disponemos de tan poco tiempo para una cuestión relativamente complicada y compleja. 
Quiero empezar diciendo que la Comisión está muy de acuerdo en líneas generales con el presente proyecto de resolución. El proyecto de resolución se pronuncia claramente a favor de una estrategia de la Unión Europea en relación con los países del Sureste de Europa, una estrategia trazada por el Consejo, como saben ustedes, sobre la base de la aportación de la Comisión Europea, que elaboró un informe sobre la condicionalidad y el enfoque regional. 
Ambos conceptos harán posible aprovechar al máximo la especial relación de la Unión Europea con los países del Sureste de Europa, entre otros concretamente los países que todavía no han firmado un acuerdo de asociación con la Unión. 
En este sentido, el Consejo General del 29 de abril también formuló conclusiones que, a nuestro entender, constituyen un paso importante en dirección a la creación de una política coherente y transparente que la Unión seguirá en sus futuras relaciones bilaterales con estos países no asociados. 
Esto es válido para el apoyo económico y financiero y también para el inicio de relaciones contractuales con estos países. 
Ahora, señor Presidente, quisiera dejar de lado el texto escrito, porque he constatado, al igual que el Sr. Sarlis, que el enfoque elegido da pie a ciertos malentendidos. 
Me refiero concretamente a las observaciones realizadas por el Sr. Oostlander y por la Sra. Pack sobre la zona geográfica elegida, y más concretamente las condiciones vinculadas al establecimiento de relaciones contractuales con la Unión, en particular las condiciones de buena vecindad o de cooperación transfronteriza, o bien «no darás a tus países vecinos un trato peor que las prerrogativas que exiges de la Unión Europea». 
De eso se trata en realidad. 
¿Es tan extraño, después de todo lo que han vivido las personas en los Balcanes en los últimos años y todo lo que ha invertido la Unión Europea, con todos los fallos y deficiencias, en la paz de la antigua Yugoslavia y en la reconstrucción- por cierto, no estoy en absoluto de acuerdo con la imagen sumamente negativa que ha esbozado la Sra. Müller, pero quisiera dar información al respecto en otra ocasión -, es tan extraño que en un determinado momento digamos a estos países, Croacia, Serbia, Bosnia: antes de que puedan ustedes tener derecho a iniciar vínculos contractuales con la Unión Europea, creemos oportuno que normalicen ustedes sus relaciones mutuas? 
Y si por ejemplo se trata de determinadas concesiones comerciales o preferencias que piden a la Unión Europea, que se exija a estos países que permitan este tipo de concesiones entre ellos. 
Señor Presidente, puedo garantizar al Sr. Oostlander que una y otra vez en las conversaciones con estos países- y reconozco muy bien las críticas que se han hecho a este enfoque, son las críticas que también han expresado las capitales de estos países- la Unión Europea ha garantizado que esta política y este enfoque no pueden traducirse en un intento de restablecer la antigua forma federativa de la antigua Yugoslavia. 
Independientemente de los Balcanes se ha mencionado a Rumania, que, por así decirlo, podría servir de núcleo para la cooperación regional en la zona del mar Negro. 
Sí, es cierto, pues Rumania forma parte de la zona del mar Negro y se está dando forma a esta cooperación. 
En estos momentos la Comisión está preparando un documento sobre la cooperación de los países del mar Negro, como hemos hecho para el mar de Barents, como hemos hecho para los Estados del Báltico, como hemos hecho para la iniciativa Centroeuropea, como también hemos hecho para la iniciativa de Royaumont, que es apoyada sobre todo por Grecia. 
Por tanto, que no haya malentendidos: el enfoque regional como tal no es un concepto nuevo para la Unión Europea, la exigencia de una buena vecindad, el fomento de la cooperación regional transfronteriza con medios políticos, pero también financieros, forma parte de hecho del enfoque normal de la Unión Europea. 
Ahora la otra condicionalidad para con la antigua Yugoslavia. 
A los serbios se les ha dicho, por ejemplo: no pueden ustedes contar con una cooperación contractual de la Unión Europea si, por ejemplo, no se aproxima una solución del problema de Kosovo. 
A los croatas les hemos dicho que hay deficiencias en la problemática de los derechos humanos internos. Antes de que puedan contar ustedes con el apoyo Phare, aparte de la PhareDemocracy, etc., es preciso que se efectúen mejoras en esta cuestión. 
Acabo de regresar de Bosnia con el ministro Klaus Kinkel. ¿Qué vemos allí? 
Sí, en efecto, grupos de croatas que en realidad preferirían unirse a Croacia o a la República Srpska, que contrariamente a los tratados de Dayton firman nuevos acuerdos con Serbia. 
¿Qué haremos? 
¿Significa esto que entre tanto no podemos hacer nada más, cuando algunos de nuestros Estados miembros ejercen una enorme presión, y ustedes saben a quienes me refiero, para facilitar el regreso de los refugiados a la antigua Bosnia? 
Por tanto, hemos dicho: en lo que respecta a la cooperación contractual y los acuerdos de cooperación y comercio con Bosnia, esto no tiene ningún sentido en la actual situación. 
El país tendrá que demostrar ante todo más cohesión, tendrá que haber una presidencia colectiva que esté de acuerdo en lo que quiere pedirle a la Unión Europea, entonces tendrán que acatar conjuntamente los acuerdos de paz de Dayton, entonces se podrá exigir también la cooperación con el tribunal de guerra en La Haya, ¿o acaso quieren ustedes que envíen a los refugiados de vuelta, que envíen a los refugiados bosnios de Alemania a la República Srpska, donde el Sr. Karadzic sigue llevando las riendas entre bastidores? 
En resumidas cuentas, señor Presidente, ya se me ha acabado el tiempo, la situación en los Balcanes es extremadamente complicada. 
Sólo puedo decir que, en efecto, se distinguen dos líneas. 
Por un lado, hay un intento de seguir una política de estabilización en los Balcanes, y esto exige un enfoque especial dado el pasado de guerra sangriento y violento de la región. 
Además, la cooperación regional es un concepto que también se aplica a regiones que afortunadamente no han atravesado unas circunstancias tan complicadas, pero que desean mantener una relación especial con la Unión. 
A ellas les decimos también que nos gustaría que en cualquier caso desempeñaran un papel muy constructivo y positivo en la relación con sus países vecinos. 
Este es en realidad a grandes rasgos el enfoque que por cierto todavía ha de traducirse en una política más específica, concretamente con respecto a Serbia, Croacia y Bosnia. 
Estamos en ello. 
En relación con su propuesta en el informe de crear una fundación para la democracia, quiero decir lo siguiente al Sr. Cohn-Bendit. 
Sin duda es usted muy consciente de que la Comisión ya ha financiado un gran número de proyectos en el Sureste de Europa en este ámbito, sobre todo en la antigua Yugoslavia, encaminados a establecer y reforzar las estructuras democráticas prestando apoyo para el desarrollo de la sociedad civil, la cultura de la apertura con respecto a los medios de comunicación, la libertad de los medios de comunicación y el refuerzo del aparato judicial. 
Quisiera decir que habrá que examinar con detenimiento en qué medida la creación propuesta puede suponer una contribución positiva a las actuales acciones de la Comunidad. 
En lo que respecta a los objetivos descritos, no tengo problema alguno. 
La cuestión es si aquí hay un claro valor añadido, sí o no, o si en este ámbito se hace ya lo suficiente y no es preferible hacer algo más en otra dirección. 
Señor Presidente, permítame acabar mi comentario con este discurso algo fragmentario- soy consciente de ellofelicitando de nuevo al Sr. Cohn-Bendit, que ha trabajado en esta complicada materia con bastante tesón. 
Señor Comisario, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir, pues usted ha demostrado que todavía no se ha dado el primer paso. 
No podemos exigir una cooperación regional cuando los habitantes de dichos países todavía no son capaces de convivir juntos. 
Por lo tanto, tenemos la obligación y el deber de ayudarles a restablecer la convivencia en su país. ¡El segundo paso seguirá luego por sí solo! 
Yo creo que así lo he puesto de manifiesto en mi intervención. 
Querida Doris, ante todo debe quedar claro que la cooperación regional no es una imposición coactiva en el sentido de que vayamos a empuñar las armas... ¡pero qué digo, tú no tienes dificultad para leer los textos en alemán cuando proceden de Zagreb! 
¡Lee ahora también el alemán aunque no proceda de Zagreb! 
Se trata sencillamente de una necesidad política para que aprendan a convivir. 
Y si no la formulamos como una exigencia ética desde Europa, Europa habrá fracasado allí. 
¡Hasta el Grupo del PPE en el Parlamento Europeo debería ser capaz de entenderlo! 
Señor Presidente, no quiero arbitrar en este Parlamento. 
Sólo quisiera repetir que no creemos que estas personas no quieran vivir juntas. Es la política que intenta ejecutar e imponer sus propias convicciones nacionalistas. 
Por ello no tengo muchas reservas a la hora de formular una condicionalidad. 
Por ello no tengo tanto miedo que se diga que con nuestra condicionalidad sólo pretendemos restaurar la antigua Yugoslavia. 
No, señor Presidente, nosotros tenemos objetivos políticos totalmente diferentes, muy pacíficos y estibilizadores, algo que no me atrevería a decir de todos los líderes en la región. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Mejora del impacto de las acciones comunes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0133/97) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la mejora del impacto de las acciones comunes. 
Señor Presidente, ante todo, quiero expresar mi satisfacción porque este informe haya podido llegar al Pleno un año y casi tres cuartos después de que se hiciera. 
Si miran bien la fecha verán que esta recomendación fue formulada el 20 de septiembre de 1995 en aplicación de un artículo del Tratado, que es el artículo J.11, y un artículo de nuestro Reglamento, que es el artículo 46.3. 
Y, además, la recomendación tiene la ventaja de que, frente a las letanías inacabables que son los informes del Parlamento, apenas ocupa un folio y medio. 
Aquí se han librado dos batallas. 
Una, la batalla del fuero. 
Y tengo que decir que allí donde no tenemos problemas con el Consejo, que hoy practica la política de silla vacía, y con la Comisión, nosotros mismos nos ponemos trabas, nos ponemos bastones en las ruedas, hasta el punto de que esta recomendación ha tenido que ir a la Comisión de Reglamento, a la Conferencia de Presidentes y hoy viene aquí. 
Así, pues, con respecto al fuero, a la ley, lo que se plantea básicamente es la utilización inteligente de un arma, como es la recomendación, que nos permita, con la inmediatez que requieren los problemas de política internacional, poder formular lo que se hace cuando se habla de política exterior, que son criterios, que son opiniones, que son juicios, que son orientaciones al Ejecutivo. 
Y eso es algo que echamos muy en falta y que muy pronto vamos a tener oportunidad de ver analizado en el informe que mi colega, el Sr. Spencer, está elaborando en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y en el que figura un balance completo del insatisfactorio desarrollo de las posiciones comunes y de las acciones comunes, que son los instrumentos de política exterior de que disponemos a partir del Tratado de la Unión Europea. 
Con respecto al huevo, es decir, al contenido de la recomendación, lo que se planteaba, aunque fuera hace año y medio, tiene una rabiosa actualidad, sobre todo en un momento en el que está- es de esperar- concluyendo la Conferencia Intergubernamental, porque este es uno de los temas más delicados de cara a la reforma y la mejora de los Tratados. 
Y lo que se propone en sustancia son cuatro cosas muy elementales, a partir de la experiencia que hemos vivido estos años. 
No solamente tenemos que quejarnos de lo incapaces que somos en Europa para desarrollar la política exterior, también tenemos que tratar de mejorarla y de encontrar el camino. 
Y, por lo tanto, lo que se propone, por decirlo con mucha brevedad, es que se adopten las medidas necesarias para que en la formulación y el desarrollo de las acciones comunes se parta del principio de la mayoría cualificada que, por otra parte, este Parlamento ha aprobado y que debe ser el principio general que inspire nuestras acciones. 
En segundo lugar, otro aspecto muy importante para un Parlamento que comparte el poder presupuestario con el Consejo es afirmar que los gastos que generen las acciones comunes emprendidas en el marco del Tratado deben inscribirse en el presupuesto comunitario, en su sección no obligatoria, lo cual implica que haya un control democrático por el Parlamento y que ello ocurra de manera concreta con los gastos administrativos en el Capítulo V y los gastos operativos en el Capítulo IV. 
El principio de la claridad presupuestaria es un principio básico de responsabilidad parlamentaria y democrática. 
En tercer lugar, tenemos que reflexionar y encontrar un camino para que las acciones comunes se puedan hacer de manera eficaz y pronta, y aquí me permito recordar una propuesta que el Parlamento formuló hace ya cinco años, que es una propuesta de código de conducta, un acuerdo marco interinstitucional que nos permita desarrollar y regular de manera correcta nuestras relaciones con la Comisión y con el Consejo. 
Y, por último, señor Presidente, hay que reivindicar que se aplique el Tratado, es decir, que cuando se tomen las decisiones, cuando se formulen acciones comunes, se consulte al Parlamento. 
Y para ver la situación en que nos encontramos, basta con recordar lo que ha ocurrido en el caso de Albania, en donde se ha planteado un problema con un país vecino de la Unión, en donde se ha decidido de manera absolutamente condenable en mi opinión, que esta cuestión no era un tema prioritario para la Unión, y ha tenido que ser el Parlamento, después de que una serie de países decidiera actuar, el que pida al Consejo que se ejerza una acción común. 
Por lo tanto, señor Presidente, y con ello concluyo, creo que esta recomendación, aunque sea tardíamente, y más vale tarde que nunca, ha llegado en buen momento y es de esperar que la lean los ministros antes de la Cumbre de Amsterdam. 
Señor Presidente, yo quisiera exponer mi opinión sobre algunos puntos. 
En primer lugar, quiero agradecer al ponente que haya hecho suya la petición fundamental de la Comisión de Presupuestos, en el sentido de que los gastos no deben ser obligatorios en este caso. 
Las actuales dificultades para conseguir que este punto de vista sea aceptado en la Conferencia Intergubernamental demuestra cuán previsora era la opinión que emitimos en enero. 
Sólo me queda esperar que se llegue a un acuerdo, también con los representantes del Consejo, de manera que no suframos un retroceso a expensas de esta institución democrática. 
En segundo lugar, yo solicité en su momento, por intermedio de la Comisión de Control Presupuestario, un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre las experiencias hasta la fecha en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad. 
Entre tanto, se ha recibido dicho dictamen, que ahora seguramente ya no podrá incorporarse a las reflexiones previas con vistas a la Conferencia Intergubernamental. 
Por otro lado, éste contiene asimismo numerosas observaciones técnicas. 
Sin embargo, yo solicito que examinemos este dictamen conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores y que a continuación consideremos cómo podrían funcionar mejor en el futuro las relaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, por ejemplo por lo que respecta a la celeridad, la transparencia o los obstáculos administrativos en el ámbito de las acciones comunes. 
El último punto de mi intervención es una advertencia al Consejo. 
Yo pienso que realmente es preciso abstenerse de hacer un uso abusivo de las acciones comunes, concretamente por ejemplo, cuando se comunica a la Comisión de Presupuestos una transferencia de créditos por valor de más de 5, 5 millones de ecus para la participación en la preparación de las elecciones en Bosnia-Herzegovina. 
No se nos concedió ni siquiera un instante para que pudiéramos examinar si el Parlamento desea apoyarla o no. 
Fue una Decisión del Consejo, una acción común a nivel interestatal. 
Los Estados miembros envían a su gente; luego llega un momento en que no pueden seguir financiando ese gasto y entonces acuden a la Comisión de Presupuestos y a las arcas comunitarias, ¡y obtienen su financiación retroactiva! 
Si las acciones comunes del Consejo y el Parlamento siguen desarrollándose de este modo, yo les aseguro que la próxima vez que se desvíen del procedimiento, la Comisión de Presupuestos no aprobará la transferencia de créditos. 
Señor Presidente, mi Grupo apoya el informe Barón Crespo, comparte su satisfacción por que haya podido llegar finalmente al Pleno y me hago eco de todos sus comentarios con todos los pormenores. 
Lo cierto es que nuestras acciones comunes son modestas. 
Son demasiado escasas y en aquellos casos en que se ha logrado ponerlas en pie, no abordan temas fundamentales. 
Encuentro realmente sorprendente que a los diplomáticos de nuestros sofisticados, experimentados y poderosos países, cuyos padres y abuelos gobernaron el mundo, parezca resultarles tan difícil tener algún tipo de repercusión apreciable sobre el resto de la humanidad. 
Durante las pasadas semanas hemos podido comprobar que existe muy poca solidaridad mutua entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y prácticamente ningún principio que no pueda canjearse por ventajas comerciales en un momento determinado. 
Es posible que el problema radique en los detalles de la toma de decisiones y de la ejecución de las acciones comunes, aunque me atrevo a dudar que ésa sea toda la explicación. 
Me temo que el problema es más básico y que radica en la falta de autocrítica a la hora de abordar estos importantes asuntos desde una perspectiva europea. 
Es el problema de los diplomáticos que, quizá, pasan demasiado tiempo en las bellas cancillerías contemplando las magníficas tradiciones nacionales. 
Demasiada concentración en Azincourt y no la suficiente en Asia y, si el Sr. Barón Crespo me lo permite, demasiada concentración en Trafalgar en vez de en el comercio. 
Debemos escuchar el buen criterio del Dr. Johnson, quien afirmó con respecto a los escoceses que es mucho lo que se puede hacer si se les coge jóvenes. 
Lo mismo es válido en el caso de los diplomáticos. 
Creo que hasta que no tengamos un instituto europeo que imparta estudios de política exterior y de defensa al estilo del excelente Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht, nunca conseguiremos la masa crítica de diplomáticos nacionales formados para adoptar una visión europea además de nacional. 
En el mundo existen intereses europeos, pero hasta el momento hay pocos defensores de dichos intereses trabajando en la diplomacia del Consejo. 
A mi entender, el éxito de las acciones comunes de la PESC, al igual que en los demás aspectos de la PESC, depende ante todo y sobre todo de realizar un amplio esfuerzo intelectual para comprender los «importantes intereses comunes» a los que hace referencia el Tratado. 
Mi Grupo apoyará el informe Barón Crespo. 
No encontramos el menor impedimento en lo que respecta a las recomendaciones del informe del Sr. Barón Crespo. 
Debido a los numerosos intercambios que hemos mantenido, tanto en su anterior capacidad de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y de Política de Defensa, o a un nivel más personal, el Sr. Barón Crespo sabe que hemos estado de acuerdo con él y con muchos diputados a este Parlamento en lo que respecta a la necesidad de mejorar los instrumentos de nuestra política exterior y de seguridad común. 
Reconocemos que no es sólo cuestión de continuar debatiendo sobre la esencia y sobre si es posible alinear las políticas, por muy importante que esto sea, sino que si la Unión Europea no se dota de los procedimientos e instrumentos necesarios, fracasaremos en la ejecución de esa política y no potenciaremos la necesaria convergencia de las políticas. 
En este panorama y ya en esta temprana fase de la Conferencia Intergubernamental, la Comisión ha hecho su aportación a dicha conferencia, presentando argumentos que son muy acordes con las recomendaciones del presente informe y de otras resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo: la preparación de nuestra acción común a través de esta capacidad de análisis de la planificación común; la cuestión de la representación de la Unión en política exterior mediante el nuevo modelo de troika, que se encuentra aún en fase de negociación; la cuestión de cómo podemos modificar los procedimientos de toma de decisiones y sobre si podría introducirse en política exterior algún tipo de mayoría cualificada, que también se encuentra en fase de negociación en el marco de la CIG; la cuestión del componente de defensa sobre la que hemos debatido esta mañana en relación con el informe Tindemans sobre la Política de Seguridad Común; y por último, aunque no menos importante, un asunto que hoy está despertando cierto interés, y con razón, relativo a toda la cuestión sobre cómo podemos financiar la política exterior y de seguridad común. 
En este caso descubrirán, una vez más, que la Comisión apoya al Parlamento en la defensa de la tesis de que los costes de este tipo de acciones comunes deben ser considerados como gastos no obligatorios. 
Dicho esto- y creo que ha surgido el término «acuerdo interinstitucional» -necesitamos algo parecido a un acuerdo interinstitucional. 
Porque, por un lado, el Parlamento tiene en este aspecto ciertas prerrogativas que deben respetarse, habida cuenta de sus responsabilidades presupuestarias. 
Pero, por otro, el Parlamento Europeo debe respetar el hecho de que la política exterior es algo que a menudo requiere una acción rápida y no puede esperar a que se lleven a cabo procedimientos muy complejos y largos para garantizar la financiación. 
Quizá la solución sería encontrar un tipo de acuerdo interinstitucional que contemple unos procedimientos rápidos cuando la ocasión así lo requiera. 
Éstas son mis breves observaciones en el día de hoy. 
Ciertamente no serán la última aportación que hagamos en el incesante debate sobre cómo dar mayor contenido a nuestra política exterior y de seguridad común. 
Quisiera terminar aprovechando esta oportunidad para expresar mi gran admiración por el libro que ha escrito recientemente el Sr. Barón Crespo y que se titula Europa en los albores del milenio o algo parecido. 
Encuentro muy útil y gratificante todo lo que dice en ese libro sobre las aspiraciones europeas, tal y como las ve el autor. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
OCM en el sector del plátano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la posición del grupo sobre la OCM del plátano. 
Señor Presidente, haré una declaración muy breve sobre los plátanos, dado que el suceso en cuestión es muy reciente. El Consejo como tal todavía no ha tomado una posición sobre esta cuestión y el Consejo tendrá que oír antes el juicio de la Comisión responsable de la política comercial común y la política agrícola común. 
Como sabrán sus Señorías, los diputados al Parlamento Europeo, el panel de la OMC en el sector del plátano concluyó en su informe que el régimen de importación de las Comunidades Europeas para los plátanos no cumplía con sus obligaciones en la OMC. 
El panel recomendó que el órgano de conciliación de conflictos de la OMC presentara una solicitud a la Comunidad Europea para ajustar su régimen de importación de plátanos a sus obligaciones en materia del General Agreement on Tariffs and Trade, y concretamente con el acuerdo sobre los procedimientos administrativos en la importación y exportación. 
Como puede imaginarse el Parlamento Europeo, este informe del panel puede tener consecuencias políticas y económicas de gran alcance para el régimen de importación de plátanos. 
En estos momentos se están estudiando las consecuencias. Por lo pronto, es aún prematuro indicar qué acción piensa emprender la Comunidad, dado que todavía no han finalizado los procedimientos de la OMC relativos a la aceptación del informe del panel y formalmente aún no estamos en condiciones de reaccionar. 
Señor Presidente, hasta aquí mi declaración oficial. 
Señor Presidente, después de la posición adoptada por el Consejo- la cual no cabía esperar objetivamente que fuera otra -, en el sentido de que ante todo es preciso proceder a una revisión de este tema difícil, la decisión de la OMC ha decepcionado profundamente, a mi parecer, a la mayoría del Parlamento Europeo. 
El panel exige la adecuación de la ordenación de mercado en el sector del plátano a los compromisos del acuerdo sobre licencias suscrito en el marco de la OMC y del GATT. 
El panel cita explícitamente el apartado 4 del artículo 16 del Acuerdo de Marrakech para la creación de la OMC como fundamento de esta obligación. 
Una negativa de la Unión Europea y de sus Estados miembros a proceder a dicha adecuación podría suponer un incumplimiento del Acuerdo- esto sin duda está claro para todos- y pondría en entredicho, llegado el caso, aspectos esenciales de la OMC, cuya creación nosotros deseábamos y a la cual contribuimos. 
Por esto, para la Unión Europea es fundamental alcanzar una solución en el marco de la OMC. 
Yo pido a la Comisión que considere si no sería posible llegar tal vez a un compromiso con Estados Unidos, a semejanza del que se ha alcanzado en el caso Helms-Burton, antes de perder por segunda vez en un nuevo enfrentamiento. 
No sería acertado que la Comisión Europea vincule su posición en relación con la OMC y también la del Parlamento Europeo al éxito o el fracaso de un eventual litigio; también es preciso saber perder cuando la propia posición jurídica es más débil. 
Pero ésta es una cuestión que todavía está abierta. 
Como también es preciso verificar que la decisión que ha adoptado la OMC no sea unilateral. Debería procederse legalmente para verificar todos estos aspectos. 
Señor Comisario, es de temer que muy pronto debamos debatir otra decisión análoga, concretamente en relación con el contencioso sobre las hormonas. 
En el caso que ahora nos ocupa, el panel de la OMC establece claramente que los plátanos son productos similares, en el sentido del GATT, y que deben recibir el mismo trato, independientemente de que procedan de países de la UE, de países ACP, de países del Acuerdo marco o de otros terceros países. 
Es preciso verificar si esta decisión es correcta. 
Por lo que respecta al derecho preferencial para los plátanos de países ACP, se considera que constituye una infracción contra el principio fundamental del trato de nación más favorecida. 
Una infracción que, sin embargo, estaría cubierta por la cláusula de excepción que contempla el trato preferencial de la UE a los países ACP hasta el año 2000. 
Por lo tanto, la UE estaría autorizada en principio a conceder un derecho preferencial a las exportaciones de plátanos de países ACP no tradicionales. 
Ya se ha anunciado a la opinión pública que la Comisión está considerando la posibilidad de buscar una solución alternativa. 
Nosotros opinamos que se demostrará que la UE no ha incumplido el Acuerdo. 
No obstante, apoyaremos todas las actuaciones necesarias para que se pruebe jurídicamente si la OMC ha adoptado una decisión jurídicamente inequívoca y confiamos en que todavía será posible hallar soluciones que no pongan en entredicho cuanto esperábamos obtener del panel. 
En primer lugar, el informe final del grupo especial de la OMC se remitió a las partes el 29 de abril de este año. 
Entonces nosotros iniciamos de inmediato un examen detallado de dicho informe, que es sumamente amplio, no sólo por lo que respecta a las consecuencias que de él se derivan para la organización de mercado en el sector del plátano y para la comercialización de plátanos en la Unión Europea, sino también atendiendo muy especialmente al hecho de que el citado informe contiene diversos elementos que trascienden con creces el caso concreto de los plátanos, por lo cual es necesario verificar asimismo las consecuencias generales que de él pueden desprenderse para el comercio en el interior de la Unión Europea. 
Dado que se trata de un asunto muy complejo, ustedes comprenderán que este examen todavía no haya podido completarse totalmente. 
No obstante, en este momento yo ya puedo comunicarles que las regulaciones comunitarias para el sector del plátano incluyen toda una serie de aspectos que han sido recusados por el panel. 
En segundo lugar, dicho panel consideró, en particular, que las disposiciones sobre la concesión de licencias, entre otros aspectos el reparto de las mismas entre los grupos de participantes en el mercado, son inconciliables con las cláusulas de no discriminación del GATT y del Acuerdo de la OMC sobre los servicios y con aquéllas relativas al trato otorgado a los nacionales. 
También se consideraron inconciliables con las cláusulas de la OMC algunos aspectos del trato preferencial que otorgamos a los plátanos procedentes de países ACP, al igual que nuestro Acuerdo marco con cuatro países de América Latina. 
En tercer lugar, al margen de sus repercusiones para la regulación del sector del plátano, del informe también parecen desprenderse- tal como ya he señalado- otras consecuencias de más amplio alcance, por lo que respecta a la interpretación de una serie de cláusulas importantes de la OMC. 
En estos momentos estamos examinando detenidamente estas consecuencias de mayor alcance, con objeto de poder valorar sus posibles repercusiones para otras políticas comunitarias. 
En ese momento, la Comunidad Europea podrá presentar recurso ante el organismo competente de la OMC. 
Según se desprende del análisis de los argumentos aducidos por el panel y de sus conclusiones que se ha realizado hasta ahora, y también a la vista de lo que acabo de exponer, parecen existir muchas buenas razones que aconsejan que efectivamente presentemos un recurso contra este informe. 
La Comisión concede especial importancia a que en el futuro sigan contemplándose los intereses de las regiones productoras de plátanos de la Unión Europea y también los del grupo de países ACP. 
Señor Presidente, a raíz de la declaración de la Comisión me vienen a la memoria varias asuntos. 
Sé que otros miembros del Grupo Socialista plantearán aspectos relativos a la producción en el Caribe, quizá mi amigo el Sr. Wynn, y el Sr. Medina tratará sobre la producción en el interior de la Comunidad. 
Por ello dejaré que mejor sean otros los que presenten esos aspectos. 
Me centraré en lo que ha dicho el Sr. Comisario. 
En lo relativo a una apelación, comprendo su cautela, pero ha dicho que podemos apelar. 
Deseo dejar perfectamente claro que el Grupo Socialista desea insistir en que se presente una apelación en caso de que el dictamen fuera desfavorable. 
Queremos que se sustituya «se puede apelar» por «insistir en que se presente una apelación». 
En segundo lugar, no estamos del todo de acuerdo con la línea adoptada por el Sr. Kittelmann. 
No considero que sea de utilidad relacionar la cuestión de las concesiones del plátano en el marco de la OMC con otras disputas que la Unión Europea mantiene con los Estados Unidos en el seno de la OMC. 
Debemos desasociar los temas. 
Es importante que esta Asamblea apoye el principio de que cada caso sea debatido y juzgado únicamente por sus propios méritos. 
No queremos socavar el funcionamiento de la OMC con conciliaciones fuera de los tribunales entre lo magnífico y lo bueno. 
Es importante que se emitan dictámenes transparentes que posteriormente se apliquen universalmente. 
En tercer lugar, todo el procedimiento de emprender esta causa plantea interrogantes muy importantes, entre los que destaca la incapacidad de los pequeños países productores de presentar plenamente su caso de forma equitativa y abierta a la propia OMC. 
El Grupo Socialista agradece a la Comisión que, eventualmente, se muestre dispuesta a hacer uso de sus buenos oficios para garantizar la admisión de los representantes de pequeñas islas en ese panel de apelaciones. 
No obstante, quisiéramos insistir en que, en el futuro, se permita a las pequeñas islas recurrir por derecho propio a dichos paneles de apelación, y que puedan elegir libremente a sus representantes, como es la práctica habitual en todos los demás foros internacionales. 
Señor Presidente, como ponente, en nombre de este Parlamento, sobre la reforma de la OCM del plátano, deseo ante todo manifestar mi total insatisfacción por la manera en que el Consejo ha llevado en este Parlamento este grave problema, es decir, con el simple anuncio de que el panel no coincide con nuestra OCM y que se han violado los acuerdos del GATT. 
Esperaba, a decir verdad, algunas explicaciones, algunas motivaciones, por no decir incluso algunas argumentaciones que nos ayudaran a encontrar el buen camino para salir de este callejón sin salida. 
En cambio, debo tomar nota con satisfacción de las palabras del Comisario Fischler, que ya ha manifestado el deseo, por no decir el compromiso, de esforzarse por superar este obstáculo a favor de los productores comunitarios. 
Porque en el fondo, ¡todo el problema está aquí! 
Pregunto a este Parlamento si estamos a favor de la protección y salvaguardia comunitaria de quien trabaja en el campo, incluso en islas lejanas- pienso, en particular, en la isla de Guadalupe -, para desarrollar una actividad que no sólo es económica, comercial o agrícola, sino que es sobre todo social, por cuanto que en estos pueblos lejanos el cultivo del plátano es muchas veces un monocultivo, lo que significa el único trabajo que garantiza la supervivencia de esta gente, no una riqueza, no un surplus; me pregunto si todavía debemos dudar o avergonzarnos ante cualquier panel si decimos que defendemos esta realidad, este tipo de entidad económica que esconde otras muchas motivaciones. 
En realidad, la batalla es siempre la misma: entre la producción comunitaria y las grandes organizaciones comerciales mundiales. 
Los tres grandes gigantes estadounidenses que poseen del 75 % al 80 % del mercado mundial del plátano y que también en Europa poseen el 70 %, a pesar de la producción comunitaria, quieren hacer el en plein. 
Quieren someter y excluir a los productores comunitarios de toda posibilidad de intervenir al menos al mismo nivel. 
Nosotros, como Parlamento y como Unión Europea, tenemos el deber de anteponer a todo razonamiento de tipo comercial una toma de posición precisa e irrenunciable a favor de quien produce, sobre todo si lo hace en condiciones minoritarias, como he mencionado, y debemos, en primer lugar, aferrarnos al Tratado de Lomé, en el que se dice que ningún país ACP suministrador de plátanos puede ser puesto en una situación menos favorable que la de que gozaba antes de la creación de la OCM. 
Por consiguiente, no se pide nada más ni nada mejor. 
Se pide mantener un statu quo, una situación preexistente. 
Así pues, creo que cuando hablamos de preferencia comunitaria no sólo ya no debemos avergonzarnos, sino que debemos intentar que la Comisión, el Consejo y el Parlamento hablen un mismo lenguaje y, sobre todo, que adopten soluciones comunes que se lleven adelante con convicción. 
Señor Presidente, otros ya lo han dicho. El juicio del panel de la OMC es provisional, y también mi Grupo considera que la Unión Europea, la Comunidad Europea, tiene todo el derecho de apelar para litigar hasta el fin sobre este fallo. 
Sin embargo, pensamos que a la Unión Europea como tal le interesa mucho que el sistema comercial funcione bien, y pensamos que nunca ha de cuestionarse la existencia de este panel como tal. 
De hecho, se creó para resolver los problemas comerciales y como tal hemos de darle una oportunidad de hacerlo realmente. 
En lo que a nosotros respecta, el juicio provisional de la OMC no significa que no podamos cumplir las obligaciones resultantes del Acuerdo de Lomé, y también podemos cumplir las obligaciones que tenemos con los productos de plátanos dentro de la propia Unión Europea. Y en lo que a nosotros respecta tendrá que seguir así. 
Hemos de perseverar para cumplir estas obligaciones. 
El gran problema reside sin embargo en que los países ACP no pueden cumplir la obligación de colmar la cuota y repartir lo que sobra. 
Allí reside a nuestro entender el problema. 
Esto puede mejorarse claramente y quisiera pedir a la Comisión que reflexione sobre las posibles alternativas en este sentido. Pues creemos que el actual sistema es desfavorable para los importadores europeos. 
Mi Grupo considera que hemos de prestar gran atención al fair trade banana, plátanos producidos con un método sostenible, procedentes de países donde se respetan los derechos humanos, etc. Es algo que el cliente ha de poder reconocer. 
Señor Presidente, basándose en una queja de los Estados Unidos que actúan en nombre de sus multinacionales del plátano que dominan el mercado mundial, el panel de la OMC acaba de concluir que la organización común del plátano no era conforme a las normas del comercio internacional. 
Esta decisión es inaceptable, Su aplicación proporcionaría un mal golpe a los países ACP y regiones comunitarias productores de plátanos, como los DOM. 
Además, abriría la vía a cuestionamientos sobre los planes económico y social de consecuencias graves para los países miembros de la Unión Europea. 
Algunos días después de esta conclusión del panel sobre la banana, se produce un nuevo veredicto, tan desfavorable para los intereses comunitarios y de los consumidores: en un informe preliminar, la OMC condena el embargo impuesto por los Quince desde el 1 de enero de 1997 a las importaciones de carne tratada con hormonas de crecimiento procedente de Estados Unidos. 
Plátanos, carne con hormonas, los veredictos continúan y se parecen, al obedecer a la misma lógica, la del librecambismo, que se burla de cualquier consideración social, cultural, sanitaria y medioambiental. 
La OMC se está convirtiendo en un instrumento al servicio exclusivo de los Estados Unidos y la punta de lanza de las multinacionales que sólo se preocupan del beneficio. 
Los veredictos de la OMC lanzan una señal de alarma que llama a una respuesta clara y firme de la Unión Europea y de los Estados miembros frente a esa voluntad de dominación. 
Debo manifestar que no entiendo muy bien las vacilaciones que demuestran el Consejo y la Comisión en un asunto de consecuencias tan importantes. 
Es la razón por la cual, insisto para que en lo inmediato, la Unión Europea desafíe la decisión del panel de la OMC y profundice el reglamento comunitario del plátano, para proteger los intereses vitales de los productores comunitarios y de los países ACP, de acuerdo con los compromisos adquiridos en virtud del Convenio de Lomé. 
De forma más general, deseo expresar en nombre de mi grupo, la necesidad absoluta de tomar conciencia, en cualquier decisión, de las cuestiones sociales, culturales, sanitarias y medioambientales. 
Señor Presidente, lo que se dirime en el presente debate o en el procedimiento que estamos debatiendo en relación con el sector del plátano, es una disputa entre las multinacionales por las cuotas de mercado. 
Con la ordenación de mercado del plátano fortalecimos a las multinacionales europeas frente a las americanoestadounidenses. 
Éstas respondieron luego mediante un procedimiento de denuncia. 
Pero quienes se quedan en la cuneta, como ya acaba de señalarse, son los países ACP, los pequeños productores, los pequeños países, que no pueden intervenir en este litigio. 
Si se establece una ordenación de mercados en el marco de la OMC, entonces es preciso garantizar también su acceso a la misma con carácter general. 
Por lo que respecta al ámbito ACP, esto significa que las islas del Caribe, las islas de Barlovento y otros deben tener la oportunidad de exponer su posición. 
Nosotros debemos apoyarles en este sentido. 
El Convenio de Lomé nos compromete a ello y, por consiguiente, lo adecuado- como también ya se ha dicho- es que se regule mediante convenio el acceso de estas pequeñas islas al derecho de recurso. 
Yo pienso que esto será necesario cuando expire el Convenio de Lomé IV y durante el período post-Lomé, que se prolongará algún tiempo. 
Debemos procurar que se mantengan las condiciones sociales, dado que la población depende a menudo en un 100 % de esta producción, que la producción sea ecológica y que dichos países tengan la posibilidad de recurrir. 
Señor Presidente, las conclusiones del panel relativas a la OMC del plátano plantean, por supuesto, a los productores europeos y a los productores tradicionales de los países ACP, problemas comerciales temibles. 
Mientras que el mercado del plátano está ya muy gravemente desequilibrado por los favores contingentarios extravagantes que se han consentido a las multinacionales de la zona del «dólar» , el sistema de comercialización de los diferentes contingentes se modificaría en detrimento de los que apenas comercializan una cuarta parte de los plátanos que se consumen en Europa. 
Esto no me parece aceptable. 
Pero este nuevo episodio de una guerra comercial ya larga, es testimonio asimismo de la existencia de un conflicto entre dos concepciones de desarrollo en el seno de la OMC y también en el seno de la Unión Europea. 
Algunos, en nombre del desarrollo equilibrado, quieren proteger a los productores, los agricultores y a los que poseen el territorio y a los que viven de su trabajo. 
Los demás quieren, en nombre del liberalismo y del gran mercado mundial integrado, favorecer el negocio internacional, el comercio y la especulación. 
El grupo de Coalición Radical Europea está claramente en el campo de los primeros. 
Señor Presidente, yo creo que esta tarde el Comisario Fischler ha recogido el espíritu manifestado en este Parlamento en numerosas ocasiones en defensa de la organización común de mercado del plátano. 
Se trata de una organización razonable, ya que permite, por un lado, la importación con un 70 % de la cuota del mercado comunitario para los grandes productores de plátano, y una pequeña cantidad, un 30 %, para los productores comunitarios y los productores de países ACP tradicionales. 
Creo que es correcto el punto de vista del Comisario de que la Comunidad Europea tiene que recurrir esta decisión de la Organización Mundial de Comercio y, desde luego, esperamos que el Consejo siga las directrices que marcan en este momento la Comisión y la mayoría de los Grupos políticos de este Parlamento. 
Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este panel del plátano pone en duda la posibilidad de mantener un orden económico internacional porque, si ese orden económico internacional va a consistir en que todo un sector tan importante como el sector alimenticio del plátano quede en manos prácticamente de una sola multinacional- que es lo que va a ocurrir si esto sigue adelante- nos encontraremos ante la imposibilidad de regular nuestro propio mercado de consumo. 
Por otro lado, hay que considerar los daños enormes que se han señalado tanto para los pequeños países ACP que no tienen otra posibilidad de supervivencia que la producción de banano, como para determinadas regiones de la Comunidad en las cuales la destrucción de esta organización común de mercado produciría un impacto tremendo. 
En definitiva, lo que estamos tratando de crear, señor Comisario y señor Presidente del Consejo, es un orden económico internacional y no un desorden económico internacional. 
Si no se toman en cuenta cláusulas sociales en los acuerdos comerciales, y dejamos que la economía de libre mercado- con unos principios exclusivamente de provecho, de beneficio económico, de lucro- se impongan, acabaremos teniendo gravísimos problemas, tanto dentro de la Comunidad como en el orden económico mundial. 
Por lo tanto, yo espero que las posiciones del Comisario salgan reforzadas de este debate parlamentario. 
Señor Presidente, señores diputados, de vez en cuando los países y las regiones europeos, así como los Estados ACP productores de plátanos, pasan por grandes dificultades por lo que se refiere a la comercialización de ese producto agrícola a consecuencia de la interferencia de terceros países, que defienden intereses que no son los de la Unión Europea. 
A pesar de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido, incluso recientemente, la validez jurídica del régimen comunitario del plátano, la comisión de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio, con una posición muy arbitraria y, para nosotros, intolerable incluso, declaró, al final del pasado mes de abril, que ese régimen era contrario a las normas del comercio internacional. 
Cuando se lucha y se invierte para que en la Unión Europea la cohesión económica y social llegue a cumplirse en su plenitud, esa declaración de la Organización Mundial del Comercio podría- de mantenerse- destruir de forma irremediable la producción agrícola de mayor expresión en la economía de algunas regiones de la Unión Europea, en particular regiones insulares y ultraperiféricas y por eso mismo ya muy perjudicadas. 
No podemos olvidar que los objetivos del Convenio de Lomé, en particular un compromiso expreso en el Protocolo nº 5 relativo a los plátanos, son los de garantizar a los productores ACP el acceso al mercado europeo y mejorar las condiciones de producción y comercialización de los plátanos en los países ACP. 
El régimen comunitario de la importación de plátanos establecido por el Reglamento 404/93 dispone que la Unión vele por el respeto de sus compromisos para con los Estados ACP productores de plátanos. 
Las recientes decisiones de la comisión de arbitraje de la OMC que, haciendo prevalecer exclusivamente las normas del libre mercado, olvida o margina las indispensables consideraciones de índole social, cultural, sanitaria y ambiental, son inaceptables. 
De ese modo, no se puede admitir sólo como hipótesis, señor Comisario, sino que, en nuestra opinión, es necesario que la Comisión presente recurso contra esas inicuas conclusiones de la comisión de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio. 
No podemos entender la posición de ciertos Estados miembros que, al parecer, ya han declarado su oposición a esa posible actitud de la Comisión, que intentará fundamentalmente restablecer la justicia y mantener viva la solidaridad debida entre los Estados y las regiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el mercado del plátano sufre una crisis profunda, incluso desde mucho antes de los resultados del panel en cuestión. 
El sobreabastecimiento del mercado comunitario en plátanos procedentes de la zona del dólar ha producido un hundimiento de los flujos cuyas consecuencias pagan los plátanos comunitarios y de los países ACP, bajo la presión de dos factores principales: los costes de producción más elevados y una comercialización más débil. 
¿Debo acaso precisar que en varias ocasiones se han alzado voces en el seno de este hemiciclo para manifestar nuestro desacuerdo ante la Comisión sobre algunos puntos que nos parecían ir en contra de la salvaguarda de los intereses europeos y de los de nuestros aliados? 
Yo mismo precisé a la Comisión que el aumento propuesto del volumen reservado a terceros países, a la vista de las estadísticas realizadas desde el último semestre de 1995, no tenía relación con las necesidades de consumo de la Unión Europea y que por ello, se nos había pedido que formalizáramos una situación que tenía por finalidad la comercialización de un excedente de plátanos del orden de 265.000 toneladas por encima de las capacidades de absorción de la Unión Europea. 
Asimismo, manifestamos nuestra inquietud en cuanto al nuevo reparto de licencias que nos había propuesto no hace mucho la Comisión, reparto que, si se aplicara, en nuestra opinión, contribuiría a un desequilibrio del comercio del plátano, acarrearía de facto un desempleo masivo, una reducción de los ingresos por exportación y el hundimiento de algunas economías, de consecuencias sociales y políticas sin precedentes en las regiones europeas y en los países ACP productores de plátanos. 
Esta ambigüedad en el análisis, incluso en la acción, mantenida durante demasiado tiempo por algunas instancias de la Unión Europea, esta voluntad de querer imponer puntos de vista discutibles, que no respetaban dos principios fundamentales, a saber, la preferencia comunitaria y el acceso preferencial para nuestros aliados históricos, la clara división que se ha producido en el interior de la Unión Europea por algunos comportamientos que favorecen los intereses comerciales externos a la Unión, en detrimento del deber moral de solidaridad en el que nos hemos comprometido indistintamente, han contribuido a empujar a nuestros competidores y detractores a aprovechar nuestras debilidades para alcanzarnos mejor. 
Hoy, Señorías, las palabras que utilicemos para referirnos a este expediente deben ser justas, y nuestros discursos deben traducir la ambición que nos hemos propuesto para la Unión Europea en su construcción, así como el peso político que le corresponde en el concierto internacional. 
No existen treinta y seis verdades, como se dice en mi tierra, sino una sola: los resultados de este panel vuelven a poner en tela de juicio un principio fundamental, el de la soberanía europea. 
Esto es inaceptable, tanto en la forma como en el fondo. 
El asunto del plátano ha salido de su contexto económico, se ha transformado en preocupación política, y les corresponde a las autoridades europeas demostrar su capacidad de comerciar con el resto del mundo, preservando, al mismo tiempo, sus propios intereses y rechazando cualquier dictado sobre las relaciones con los aliados, relaciones guiadas por una historia común, rica e ineludible. 
Señor Presidente, la situación creada por el laudo arbitral de la OMC contra el régimen comunitario de plátanos requiere que se interponga un recurso, como así lo ha reconocido el Comisario Fischler. 
Y exige igualmente que haya coincidencia entre las tres instituciones comunitarias. 
Hay sobradas razones para ello. 
La primera, la obligación que tiene la Comisión de defender el principio de preferencia comunitaria y, en conexión con ello, todas las normas que la garantizan. 
La segunda, la obligación de asegurar unas condiciones justas de mercado a los productores comunitarios, que soportan elevados costes de producción y transporte, y para los cuales la pérdida del mercado europeo supondría un grave perjuicio económico. 
La tercera, el deber de preservar los acuerdos con los países ACP, pero también, muy especialmente, la comprobación de que la Organización Mundial de Comercio ha ido derivando en un instrumento de regulación de los mercados al servicio de los intereses de Estados Unidos, como se puede observar analizando las últimas decisiones de la misma, en todo concordantes con los poderosos intereses de la industria agroalimentaria de ese país, como lo demuestra no sólo el dictamen del panel del plátano, sino también el otro dictamen del panel que obliga a la Unión Europea a aceptar carne tratada con hormonas. 
No se debe asociar estas dos cuestiones, y comparto la opinión del parlamentario que ha hecho esta afirmación. 
Por último, quiero señalar que la política de competencia no es un fin en sí misma, ni se puede pensar sólo en términos comerciales. 
También hay que tomar en cuenta consideraciones de orden social, económico y, sobre todo, sanitario y medioambiental. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo no ha considerado nunca la organización de mercado del plátano como la mejor de las soluciones posibles, pero aun así ésta permitía apoyar la actividad de los pequeños agricultores. 
En los países ACP y en la Unión Europea los plátanos se cultivan sobre todo en explotaciones de pequeño y mediano tamaño y no en plantaciones gigantescas, como en Honduras y Guatemala, por ejemplo. 
Lamentablemente, la introducción de la organización de mercado del plátano fue aprovechada para iniciar también en Europa una competencia despiadada entre los grandes importadores de frutas y las grandes empresas con objeto de desbancar a los demás. 
La regulación de los contingentes tuvo como resultado una elevación artificial de las cuotas antes de la fecha decisiva y se inició un intenso tráfico de licencias. 
El Gobierno de Ecuador se quejó con toda la razón de que el sistema de concesión de licencias les costaba millones de dólares a los productores de plátanos ecuatorianos, dado que el derecho a obtener licencias de importación se estaba transfiriendo a las multinacionales privilegiadas. 
Las licencias no deben concederse a los importadores, sino a los países de los productores. 
Nosotros hemos abogado a menudo en favor de una cuota de «comercio justo» en el sector del plátano. 
La ordenación común de mercado del plátano debería reservar una cuota de mercado determinada para la fruta de producción socioecológica. 
El PE hizo suya esta petición en su Resolución sobre comercio y medio ambiente de noviembre de 1996. 
LA OMC acaba de rechazar ahora la regulación comunitaria. 
Dicho veredicto es sólo el preludio de una serie de decisiones de la OMC que ponen en peligro la protección del medio ambiente y de los consumidores de la Unión Europea. 
A finales de la semana pasada se conoció el nuevo veredicto de la OMC contra la prohibición de las importaciones de carne tratada con hormonas procedente de Estados Unidos. 
También en esta ocasión, Estados Unidos ha actuado como demandante principal, al igual que en el caso de la ordenación de mercado del plátano, a pesar de que su producción de plátanos suma apenas de 8.000 toneladas. 
El lobby de las grandes empresas estadounidenses preparó minuciosamente la denuncia ante la OMC y realizó un seguimiento de las negociaciones del panel de Ginebra. 
La OMC debe modificar sus normas de manera que también los débiles, los países en desarrollo y el medio ambiente sean escuchados. 
Eu chego ao fim. 
De lo contrario, tal como reconoció públicamente ayer Sir Leon Brittan en la sesión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sólo será un instrumento de Estados Unidos y de los Estados económicamente fuertes frente al resto del mundo. 
Éstas parecen ser, en efecto, las perspectivas. 
Señor Presidente, el resultado del panel de la Organización Mundial del Comercio sobre el plátano es inaceptable y francamente también de dudosa imparcialidad. 
No sólo no se han tomado en consideración los intereses de la Unión Europea, sino que sobre todo- lo que es más importante- no se ha escuchado en modo alguno la voz de los productores, sobre todo la de los pequeños productores, representantes de los países ACP. 
Ahora bien, sería verdaderamente grave que la Organización Mundial del Comercio, en este y en otros expedientes, continuara trabajando y actuando no en interés de un mercado mundial más equilibrado y libre, como estipulan los acuerdos de Marraquech, sino exclusivamente a favor de los intereses fuertes, sean estos nacionales o representantes de empresas multinacionales. 
La organización común del mercado del plátano ha sido un resultado difícil, pero finalmente equilibrado, que incluye el protocolo sobre el plátano del Convenio de Lomé, que es un acuerdo contractual fundamental, reconocido además por los mismos acuerdos de Marraquech, para once países suministradores tradicionales de plátanos que, en caso de que se confirmara esta decisión, o sufrirían un nuevo empobrecimiento o pasarían de una posibilidad de comercio a nuevas formas de asistencialismo. 
Hace algunos años se decía» trade not aid» , pero aquí también se niega el trade a los que no están dentro de los circuitos de las grandes multinacionales. 
Por eso la Comisión debe utilizar todos los instrumentos posibles de recurso y apelación a la Organización Mundial del Comercio para tener un juicio justo, y, francamente, la manera en que el Consejo se ha manifestado en esta sala nos deja bastante sorprendidos y dolidos. 
Y verdaderamente la gran cuestión que se plantea hoy es si, por una parte, las políticas agrícolas y comerciales de la Unión Europea pueden tener un futuro dentro de la nueva organización mundial, pero también, por otra parte, si unos instrumentos de regulación internacional pueden obtener, en la acción de la Unión Europea en relación con sus asociados de los países en vías de desarrollo, una nueva configuración, un nuevo marco, y no ser destruidos por los intereses de unas pocas grandes empresas internacionales. 
Señor Presidente, después de tantas malas noticias para los productores de plátano comunitarios y ACP, la iniciativa del Consejo y de la Comisión Europea, propiciando este debate, y la resolución que votaremos probablemente mañana, es un rayo de esperanza. 
Como ha dicho algún orador, la declaración del representante del Consejo me causa cierta perplejidad, pero me satisface escuchar la posición del Comisario, Sr. Fischler, que parece haber tomado conciencia de la magnitud del problema. 
La organización común del mercado del plátano no ha vivido ni un sólo momento de sosiego en su corta vida, sometida a todo tipo de ataques, tanto en la vía jurisdiccional como en la batalla de la opinión pública. 
En ese clima, ningún sector productivo puede desarrollarse. 
Me pregunto, ¿qué poderosos enemigos tienen los productores europeos de plátanos, capaces de movilizar y presionar de manera tan persistente? 
El Reglamento 404/93 ha sido hasta ahora un instrumento eficaz para conseguir la ordenación del mercado europeo del plátano. 
Los productores europeos se muestran satisfechos, el abastecimiento de los mercados está garantizado, los precios se han mantenido dentro de las lógicas contingencias del mercado y el consumidor europeo no ha observado nada perjudicial desde la entrada en vigor del Reglamento. 
No es cierto, como se ha dicho, que los productores latinoamericanos se vean afectados negativamente. 
Si todo esto es así, ¿por qué hemos de sucumbir ante los intereses de una de las poderosas multinacionales del plátano? 
Las multinacionales bananeras tienen una negra historia de intromisión en la política de América Latina. 
¿Podrán también influir de manera tan decisiva en Europa? 
¿Qué haría la Comisión para mantener el nivel de vida en algunas regiones europeas productoras para las cuales el plátano es su principal y, a veces, única fuente de riqueza? 
Si aceptara modificar el actual sistema y hacer inviable el mantenimiento de las producciones comunitarias, yo no podría explicárselo a los habitantes de la isla donde nací, que sólo viven del plátano desde hace dos siglos. 
Señor Presidente, señor Comisario, por extraño que parezca- y conociendo la mitología -, nunca pensé que en este Parlamento llegara el plátano a ocupar el papel de la manzana de la discordia. 
De hecho, es una substitución que ocurrió históricamente y que está registrada en los anales del Parlamento, porque el Leviatán comercial que ahora se ha alzado en el nivel mundial consigue sobrepasar tratados, abolir convenios, luchar contra pueblos que no consiguen producir plátanos baratos. 
¿Y por qué no lo consiguen? 
Porque ganan más, porque tienen mejor nivel de vida, porque se han aproximado más a los niveles de vida de Europa. 
Pero el Leviatán no quiere que así sea. 
Quiere monopolizar todo el comercio de plátanos en el nivel europeo, en el nivel mundial, Y ahora ya no hay la disculpa de la existencia de la Unión Soviética para derrocar al coronel Arbentz, en Guatemala, cuando era incómodo para la United Fruit. 
¡Ya no hay esa disculpa! 
Ahora la disculpa es que la pax americana quiere lanzar su guerra a todo el mundo y lo quiere conquistar todo. 
Y yo, sin referirme ya a esa entidad casi arqueológica que es la «preferencia comunitaria» , quisiera señalar a la atención del Comisario la composición de la comisión de arbitraje de la OMC. 
¿Quiénes eran? 
Tres personas, me dijeron en la Comisión. 
Un representante de Hong Kong, un representante de Suiza, un representante de Australia. 
Sin querer hacer un proceso de intenciones, cito aquí ya tres países que, desde luego, no abrigan la mayor simpatía hacia Europa y que no serían, desde luego, aceptados, sin discusión por tribunal alguno. 
No impugno la existencia de los tribunales, pero al menos me gustaría que hubiera imparcialidad de los jueces. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que la declaración del Comisario Sr. Fischler merece realmente ser acogida con satisfacción- con la añadidura que ha hecho el Sr. Hindley. 
Sugiero que el mensaje lanzado por el Sr. Comisario se haga llegar a los productores tradicionales, simplemente para infundirles ánimo y esperanza para el futuro. 
Durante nuestra visita a las islas de Barlovento de la semana pasada, la Sra. Kinnock, el Sr. Thomas y yo sentimos la enorme responsabilidad que nos atribuía la población de aquellas islas. 
Necesitan desesperadamente ayuda para combatir la decisión de la OMC, una acción que tiene detrás todo el poder del Gobierno estadounidense. 
La Ronda del GATT no quedó concluida hasta que no se solucionó el régimen del plátano- como recordarán algunos, fue necesario mucho trabajo y arduas negociaciones para alcanzar dicho acuerdo- y ahora vemos cómo es dinamitado por los Estados Unidos, un país que no exporta plátanos y que no sufre la pérdida de ningún puesto de trabajo como consecuencia del mismo. 
Si podemos dar crédito a las alegaciones aparecidas en la prensa estadounidense, un multimillonario puede recurrir a su dinero para conseguir que la Administración Clinton ponga la zancadilla a países pequeños en nombre del libre comercio. 
En nuestras conversaciones de la semana pasada, todo el mundo, desde los agricultores hasta los primeros ministros, nos transmitieron el mismo mensaje inequívoco: si prevalece el dictamen de la OMC, se hará peligrar la gobernabilidad y la democracia en dichos países; prevalecerá el desastre económico que iría seguido de disturbios sociales; y, naturalmente, el turismo florece únicamente en los países que se mantienen alejados de los titulares de prensa. 
El plátano ha sido el único cultivo que ha garantizado unos ingresos semanales regulares. 
Si eliminamos eso, aparecerá la pobreza. 
Pero en lo que más insistieron fue en que tienen la mirada puesta en la Unión Europea para hacer frente a los Estados Unidos en los temas del Tercer Mundo. 
La apelación es absolutamente necesaria, aunque ésta sólo puede ser un primer paso. 
Los países de la zona oriental del Caribe aceptan la globalización y la liberación del comercio, se están modernizando y diversificando, pero necesitan ayuda y necesitan tiempo. 
El dictamen de la OMC no ofrece ninguna de las dos cosas, por lo que debemos combatirlo y, definitivamente, debemos apelar. 
Señor Presidente, no cabe duda de que lo que reconocemos en el presente debate es que el drama del plátano, que dura ya tanto tiempo, cristaliza los elementos del debate que tiene lugar en Europa sobre todo el asunto del acceso preferencial. 
Las concesiones comerciales especiales que, como países ricos, hacemos a países más pobres como medio para salir de la pobreza están siendo canalizadas actualmente por aquellos que preconizan la liberalización general como única opción. 
Y como ya han dicho otros, en la Unión Europea tenemos nuestras relaciones únicas y muy especiales con los países ACP. 
Dichas relaciones están basadas en el entendimiento de que el comercio es el motor del crecimiento para los países en desarrollo. 
Como todos sabemos, el propio término «banana» es motivo de mofa y de risas, y la moderna burla que oímos de los «euroescépticos» hace relación a las «bananas». 
Pero como decía Terry Wynn, cuando la semana pasada estuvimos en las islas de Barlovento, pudimos ver la dura realidad a la que se enfrenta la población de esas islas, en sus esfuerzos por hacer frente al reto que presentan los «plátanos dólar». 
Esas islas dependen actualmente de la Unión Europea para conseguir tiempo. 
Esas personas no están pidiendo limosnas- lo único que piden es que reconozcamos que son pequeñas democracias terratenientes en países en los que existen los derechos humanos y se respetan los derechos de los trabajadores. 
Estas condiciones no se encuentran, naturalmente, en los sistemas feudales existentes en las plantaciones de Latinoamérica. 
Dos tercios de los plátanos que importamos proceden actualmente de Latinoamérica. 
Como decía Terry Wynn, debemos preguntarnos por qué Estados Unidos ha presentado esta queja. 
¿Acaso se debe a que Carl Linden, presidente de la marca Chiquita, comenzó a canalizar 500 000 dólares hacia la campaña de los Demócratas durante las elecciones presidenciales? 
Linden tomó café con el Presidente Clinton y llegó a dormir en el dormitorio Lincoln. 
Al parecer, la recompensa a esos favores, fue un dictamen de la OMC que pone en auténtico peligro todo el tejido social de una región. 
Por último, en su intervención del pasado viernes en Barbados, el Presidente de Sta. Lucía afirmó: » los plátanos son para el Caribe lo que los automóviles para Detroit». 
Espero que la Unión Europea ayude a Bill Clinton a comprender esa realidad. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, las conclusiones del informe preliminar de la comisión de arbitraje sobre el plátano de la Organización Mundial del Comercio se han revelado contrarias a los intereses de la Comunidad Europea y, por tanto, de los de Portugal y de su región autónoma de Madeira y también de los exportadores tradicionales de plátanos de los países ACP. 
Todos nosotros sabemos que las conclusiones del informe de la comisión de arbitraje sobre el plátano de la OMC no son otra cosa que las posiciones adoptadas por los Estados Unidos y que van encaminadas, en última instancia, a defender los intereses de la multinacional «Chiquita» , que comercializa los plátanos latinoamericanos en el mundo entero. 
La Comunidad tiene el deber y la obligación de defender a los productores de plátanos de los países comunitarios, según el principio de la defensa comunitaria, y velar por el cumplimiento de los acuerdos subscritos con los países ACP en el marco del Convenio de Lomé. 
Señor Presidente, señor Comisario, al ser impuestas a la Unión Europea y por ésta aceptadas las conclusiones del informe de la comisión de arbitraje sobre el plátano de la OMC, eso significa que se pone en entredicho el principio de la defensa comunitaria y que estamos ante una liberalización acelerada de la OMC del plátano, con lo que se pone en entredicho la ya precaria estabilidad económica y social de los productores de plátanos, así como el equilibrio ecológico y medioambiental a consecuencia del abandono de esos cultivos. 
Señor Comisario Fischler, quiero aquí y ahora recordarle la parte final de su carta, en respuesta a la mía, de fecha 20 de mayo de 1997, que decía- y cito -: » Soy consciente de la importancia del cultivo del plátano en la isla de Madeira desde el punto de vista económico y social o ecológico». 
Siendo así, pido al Comisario y a la Comisión que presenten una estrategia clara sobre el mercado del plátano, que tenga en cuenta los legítimos intereses de los productores de plátanos comunitarios y de los países ACP. 
Señor Presidente, como Presidente en ejercicio del Consejo he escuchado con sumo detenimiento lo que han dicho muchas de sus Señorías. 
Han expresado claramente su preocupación por las posibles consecuencias de esta sentencia del panel, han hablado de la gran preocupación por los productores de plátanos dentro de la Unión Europea y también por los productores de plátanos de los países ACP, y nosotros compartimos esta preocupación. 
Al buscar soluciones tendremos en cuenta los intereses de estos productores y asimismo estudiaremos detenidamente cómo podemos atender mejor a estos intereses a largo plazo. 
Sólo quiero añadir una observación política general porque todavía no la he oído en este debate. 
Este conflicto comercial tiene lugar dentro del orden jurídico, y repito, el orden jurídico de la Organización Mundial del Comercio. 
La Unión Europea y los Estados miembros se han comprometido voluntariamente a acatar las reglas jurídicas vigentes dentro de la OMC. La Unión Europea y los Estados miembros han colaborado para crear el procedimiento de panel de la OMC. 
Aceptaron que las sentencias del panel fueran jurídicamente vinculantes e incluso instaron a ello. 
Algunas de sus Señorías se han expresado en términos críticos sobre las sentencias del panel. 
No quiero interpretar sus palabras en el sentido de que debíamos hacer caso omiso a las sentencias del panel, pues ello equivaldría a rechazar un orden jurídico de política comercial internacional cuidadosamente establecido. 
El Consejo no cree que ello redunde en interés de la Unión Europea, ni en el de los productores que queremos proteger. 
Es decir, el Consejo estudiará más la sentencia en estrecha consulta con el Comisario Fischler y sus servicios, y sacará sus conclusiones una vez que se hayan sopesado todos los aspectos de la cuestión. 
Muchas gracias, Comisario Fishler. 
He recibido nueve propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas, 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en el Zaire. 
Señor Presidente, Señorías, la evolución de las negociaciones y los enfrentamientos militares que determinarán el futuro poder del Zaire han ocultado parcialmente, en la actualidad, el drama humanitario que sigue produciéndose en todas partes en el interior de ese país. 
Pienso muy especialmente en las poblaciones, sin distinción, en las poblaciones que sufren calamidades, ya sean los desplazados o los refugiados rwandeses o burundeses. 
Utilizo conscientemente los términos «parcialmente ocultado» , porque la amplitud de esta tragedia y las imágenes, indignas de la humanidad, que dan testimonio de ello, habrán incomodado lo suficiente a los espíritus más atentos a los retos estratégicos, económicos y geopolíticos que implica este cambio de poder. 
Es evidente que, en adelante, el Zaire se encamina hacia una nueva etapa de su historia. 
Por mi parte, no tengo nostalgia de la etapa que llega a su fin, pero el poder que encarna este cambio me preocupa gravemente porque hasta ahora ha despreciado todos los convenios humanitarios internacionales, así como muchos de los que afectan a los derechos humanos. 
Por lo que respecta a la situación humanitaria, desgraciadamente, no tengo muchos elementos nuevos que aportarles porque no podemos acceder a las regiones afectadas. 
Ustedes han visto las imágenes difundidas por la televisión cuando ésta acompaña a los voluntarios humanitarios que van hasta donde pueden. 
Por razones de seguridad, nos esforzamos en llegar allí con testigos y por lo tanto también con algunos medios de comunicación. 
Por lo demás, y sobre todo, en lo concerniente a Kivu, etc., francamente, no tengo gran cosa que contarles porque no pudimos acceder a dicha región. 
Incluso nos expulsaron cuando teníamos la autorización para ir a tal o cual región. 
Como ustedes saben, por una vez, la comunidad humanitaria al completo habló con una sola voz, y envió, el 6 de mayo de 1997, bajo la égida del departamento de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, un informe al Consejo de Seguridad. 
Así, la comunidad humanitaria unánime, ya sean los agentes de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja o de las ONG no sólo han enviado un informe único dando cuenta de la situación, y que ha sido publicado, sino que también ha hecho recomendaciones idénticas. 
Asimismo, deseo mencionar el historial de este asunto, y recordar que, de los aproximadamente 400 000 refugiados rwandeses del Zaire, que no volvieron a su país, apenas la mitad pudo ser localizada y asistida hace algunas semanas todavía en Tingi Tingi. 
Es asimismo importante recordar que, en el mes de diciembre, cuando se disolvió la fuerza multinacional incluso antes de llegar al lugar, arguyendo que todos los refugiados habían vuelto a Rwanda y que, por lo tanto, ya no había refugiados en el Zaire, pocos eran los que se atrevían a afirmar que unas 400.000 personas estaban ausentes. 
Era en el mes de diciembre y no éramos muchos los que lo afirmábamos. 
A finales de enero, de esos 400.000 refugiados, unos 200.000 fueron encontrados en Tingi Tingi. 
Apenas se había organizado la ayuda, cuando un nuevo ataque contra el campo dispersaba a toda estas gentes, de las cuales 100.000 fueron recientemente encontradas en la zona de Kisangani y de Ubundu. 
Ustedes saben lo que ocurrió en la región de Kisangani. 
Están ustedes al corriente de las interminables discusiones sobre las modalidades de repatriación de los refugiados, que enfrentaron vivamente a la FDL y al HCR. 
Ahora bien, en el momento en que se habían resuelto todas las cuestiones, los 80.000 a 100.000 refugiados instalados en los campos fueron atacados de nuevo. 
Al día siguiente por la mañana, los refugiados habían desaparecido. 
Por último, gracias a las presiones ejercidas por el Sr. Ajello, del HCR, pudimos acceder a dicha zona. 
Los reportajes son lo suficientemente claros y los testimonios también. 
Vieron situaciones totalmente intolerables. 
Insisto en el hecho de que el acceso a los km 56, 82 y 94 se acordará tal vez en las próximas horas, pero, hasta ahora, no hemos podido llegar allá donde teníamos autorización para hacerlo. 
Además, las agencias humanitarias, y en particular, el HCR, han sido acusadas de ineficacia, incluso peor, porque se nos han imputado las matanzas y acusado de matar a los refugiados. 
La Sra. Ogata ha reaccionado ya a propósito de estas acusaciones, pero pensamos que se trata de una estrategia que trata de alejar al HCR y a todas las organizaciones humanitarias de las operaciones de repatriación. 
Se ha intentado esta estrategia y sigue intentándose. 
Kigali, y esto es oficial, ha propuesto organizar, junto con la FDL, las operaciones de repatriación, mediante una financiación directa de los donantes, relegando así a la comunidad internacional y al HCR a la categoría de simples observadores. 
Estas últimas semanas, la Unión Europea, los Estados Unidos y la ONU, a través de sus enviados especiales, y como el Consejo acaba de manifestar, han ejercido presiones especialmente intensas para convencer a la FDL a que ponga fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y permitir a los operadores humanitarios y en particular al HCR que tengan libre acceso a los refugiados. 
Por último, estas presiones han permitido hacer arrancar verdaderamente las operaciones de repatriación. 
Hasta ahora, 22.000 refugiados han sido asistidos. 
Se ha concedido un plazo de sesenta días para terminar las operaciones, lo que constituye una primicia a nivel internacional. 
En efecto, es la primera vez que se impone un plazo así para asegurar la repatriación de refugiados, porque si se prohíbe toda operación logística después de un determinado plazo, todo se complica a continuación. 
Dos cosas más. 
En primer lugar, sin discriminación o sin parcialidad, respetando los principios humanitarios, la Comisión, a través de la Oficina humanitaria, ha financiado y financia la ayuda humanitaria en beneficio de los más vulnerables, ya sean refugiados, zaireños desplazados, o personas afectadas por los pillajes y los conflictos que asolan esta región desde hace más de siete meses. 
Nuestra política no es, y no entra dentro de nuestras costumbres, pedir el pasaporte a quien sea, pero es obligado constatar que el espacio humanitario es extremadamente restringido o que ya no existe en esta zona. 
Estamos profundamente convencidos de que si esta situación humanitaria no se aborda sin demora al más alto nivel político y si las consultas iniciadas con el conjunto de los países que intervienen directa o indirectamente en la región no llegan a buen término, el desastre humanitario que ya se dibuja podría convertirse en catástrofe total. 
En lo inmediato, deben adoptarse dos medidas y ponerlas en marcha sin demora. 
Es preciso que los militares extremistas aparentemente ocupados en cazar a los refugiados sean sustituidos por un ejército bajo control, que coopere con las agencias humanitarias, y es preciso conseguir un acuerdo sin condiciones para que la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas investigue en la materia como se había previsto inicialmente. 
La que les habla, Señorías, señor Presidente, ha sido ya tildada en el contexto de esta crisis- cito- de posición heterodoxa, de filomobutismo, y últimamente, de psicopatía. 
No voy a perder el tiempo en responder a estas acusaciones que, a mi entender, se dirigen más bien a sus autores y manchan su credibilidad. 
Por lo que a mí respecta, junto con la Comisión, pienso continuar protestando y gritando si hace falta, en primer lugar, porque cumplo el mandato que se me ha confiado, y en segundo lugar, porque creo en ello. 
Estoy convencida de que no hay compromiso posible sobre las cuestiones de principios y sobre las violaciones del derecho internacional, y que la comunidad internacional tiene el derecho y el deber de velar por que sus miembros y, sobre todo, los que aspiran a serlo, para tener credibilidad, sean respetuosos con estas leyes, a falta de las cuales, pronto volveríamos todos a la ley de la selva. 
Pero, es preciso constatar, por lo que respecta a la tragedia humana que toca a su fin, que la comunidad internacional en su totalidad ha perdido la ocasión de impedir una carnicería en el momento del despliegue abortado de la fuerza multinacional, No puedo evitar el constatar, con amargura, que hoy se ha desplegado un número mayor de militares occidentales en Brazzaville para evacuar a sus compatriotas del Zaire que el que se pretendía desplegar en noviembre en el marco de la fuerza multinacional, al lado de las fuerzas africanas. 
(Aplausos) Además, constato que varios de estos Estados miembros han enviado al Congo, dispuestos a intervenir, un número de soldados que dobla el de sus nacionales que deben proteger en Kinshasa. 
Que no se me vuelva a repetir, por favor, que la vida de un refugiado africano tiene el mismo valor, en nuestras capitales, que la de nuestros ciudadanos. 
Ya no me lo creo. 
Además, otras consideraciones igualmente amargas afectan al papel que desempeña Europa en esta fase decisiva. 
A pesar de los muy loables esfuerzos de nuestro enviado especial, el Sr. Ajello, todos los actores esencialmente implicados en este proceso, que tan poco transparente ha sido tanto en el plano de las negociaciones como en el militar, claramente, no han querido una implicación de la Unión Europea de primer grado. 
Ya conocen ustedes las conclusiones que extraigo por lo que respecta a la eficacia de la PESC, pero tendremos que recordarlo una vez más cuando se trate de reconstruir el país, pagar la reconstrucción, quizá, una vez que se hayan celebrado los contratos de explotación minera, por parte de unos y otros, entre los bastidores de esta transición sin Europa. 
Pienso que debemos extraer una lección de ello. 
No hemos sabido prevenir una tragedia humana. 
Y por último, ¿cuántas vidas humanas tratamos de salvar? ¿20.000, 30.000? 
Espero que no olvidemos que, por importante que sea el número de vidas que podamos salvar en fin de cuentas, será despreciable en relación con las 400.000 que ya se han perdido. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, manifestar a la Comisaria Bonino mi estima más profunda y sincera no sólo por la manera en que, desde el punto de vista personal, ha afrontado y está afrontando éste como otros trágicos acontecimientos que caracterizan nuestro mundo, sino también para agradecerle que sea, en esta circunstancia, heterodoxa, término que probablemente alguien ha utilizado como una acusación contra ella, mientras que yo entiendo que, con respecto al papel de la comunidad internacional y de la Unión Europea en los acontecimientos del Zaire, el hecho de que haya alguien que adopte una actitud heterodoxa es sólo positivo. 
Como se decía, la situación está probablemente ya en un momento decisivo, ahora que las tropas de Kabila están preparándose para entrar en Kinshasa. 
No hay duda de que en este momento de la evolución de la situación, en el que, en cualquier caso, hay que continuar desplegando todos los esfuerzos de negociación hasta el último minuto para intentar hacer que la evolución de la situación política en el Zaire sea la más pacífica y la más política y diplomática posible, no se puede dejar de subrayar que hay una gran amargura, un gran malestar por los graves errores, por las negligencias, y quizás alguien, dentro de algún tiempo, podrá decir también por algunos crímenes o por la tolerancia respecto de algunos crímenes, tanto por los viejos e históricos como por los nuevos. 
En nuestra resolución hemos hecho hincapié en tres requisitos clave, que son, ante todo, el hecho de que el dictador Mobutu salga de escena; en segundo lugar, que se establezca un gobierno de transición ampliamente aceptado y que acepte la mediación internacional para conducir al país por el camino de la democracia y de las elecciones libres, y, en tercer lugar, que Kabila y el grupo que dirige permitan inmediatamente el libre acceso, en todas las zonas del país, a los refugiados y a los desplazados. 
Señor Presidente, también en esta circunstancia realmente no hemos visto que la Unión Europea desempeñe un papel político positivo y de primer plano y esperamos sólo que en el futuro las cosas vayan mejor. 
Señor Presidente, Señorías, en realidad, después de haber oído la declaración del Consejo y las valientes palabras de la Sra. Bonino, todo está dicho. 
Pero creo que hemos de seguir denunciando lo que es intolerable para salvar el honor de este Parlamento en este gran drama. 
Nos acercamos, en efecto, al final de un período muy movido y dramático en el Zaire. 
Pero nos siguen llegando a diario, como hace un momento, nuevas noticias sobre matanzas en Zaire. 
Aún así, este Parlamento no tiene nada que reprocharse. 
Nos hemos pronunciado claramente a favor de solucionar problemas incluso explosivos como los de los refugiados. 
Estábamos a favor de retirar todas las tropas militares de Zaire Oriental, estábamos a favor de preservar la integridad del territorio de los países afectados, estábamos a favor de la actuación de una fuerza de intervención multinacional, a favor de una conferencia internacional con los países alrededor de los Grandes Lagos. Estábamos a favor de la defensa de los derechos humanos, a favor de preparar unas elecciones serias en Zaire como inicio de una democratización concreta y estábamos a favor de la ayuda humanitaria. 
Nada de todo ello se llevó a cabo, salvo la ayuda humanitaria. 
Y por muy importante que esta sea, sabemos que la ayuda humanitaria no ofrece soluciones políticas para los conflictos. 
Ahora vivimos una implosión del Estado zaireño. De pronto vemos cómo las armas hablan según las palabras de Mao: el poder procede del fusil. 
¿Qué sistema suplantará al régimen que está desapareciendo en Zaire? 
Una vez más, los Grupos de este Parlamento han expresado su opinión. 
Se trata de un texto bueno. 
Pero es difícil encontrar palabras para denunciar lo que consideramos tan triste, para expresar nuestra amargura. 
En primer lugar, la capitulación de la comunidad internacional que no ha hecho nada por evitar el escándalo criminal. 
El hecho consumado, el hecho de armas consumado, vuelve a imponer su ley con asesinatos. El hecho consumado en la política internacional. 
Sin embargo, nuestra protesta se dirige igualmente, y me cuesta un poco decirlo, pero es preciso hacerlo, contra la pasividad de la Unión Europea. 
Denunciamos las disputas mutuas, el desacuerdo de los Estados miembros y la indecisión de la Unión. 
Hasta el día de hoy todo se ha limitado a las palabras y los comunicados. 
Europa no ha sido capaz de encontrar una solución concreta y poner fin a este conflicto. 
Un historiador zaireño dijo hace tres días en la televisión belga, y me acordé de pronto de él al oír a la Sra. Bonino: por lo visto, la vida de un africano negro vale mucho menos que la vida de un europeo de la antigua Yugoslavia. 
Y todos los que lo escucharon, comprendieron lo que quería decir. 
Señorías, quizás lo hayan olvidado ustedes, pero declaramos que 1997 sería el año de la lucha contra el racismo. ¿Y qué vemos ahora? 
Durante este año de lucha contra el racismo, Europa permanece pasiva cuando en Zaire se está ejecutando una limpieza étnica a escala masiva. 
Por desgracia, no es la primera vez que en África vivimos una limpieza étnica de este tipo. Pero pensábamos que ahora, en Europa, el sentido de responsabilidad estaba tan desarrollado que no se toleraría nunca más algo así. 
Es de hipócritas que precisamente en 1997, el año de la lucha contra el racismo, no se emprenda nada para evitar o poner fin a estas matanzas, como también ha dicho la Sra. Bonino. 
Como saben ustedes, en política se utiliza a menudo la expresión: les mains sales. 
No haré ningún comentario al respecto. 
Las manos sucias en la política. Pero quiero terminar diciendo que uno puede ensuciarse también las manos al no hacer nada en momentos dramáticos. 
En estos momentos, mientras aquí hablamos están siendo asesinadas decenas, quizás miles de personas, y nosotros hacemos comunicados. 
Señor Presidente, señores diputados, hoy, mientras estamos discutiendo, en el puerto congoleño de Point Noir se encuentran nuevamente el presidente Mobutu y Laurent Kabila, líder de los rebeldes de la alianza de las fuerzas democráticas para la liberación del Congo-Zaire, bajo los auspicios de Sudáfrica, para intentar una transición pacífica. 
Habría sido oportuno hacer llegar a tiempo la posición del Parlamento y de la Unión con el fin de duplicar los esfuerzos con vistas a una solución duradera del conflicto- muy difícil -, que ha de basarse en un proceso pacífico encaminado a preparar una consulta electoral libre y democrática del pueblo zaireño. 
Kinshasa es ya una ciudad asediada, los comercios están cerrados, las calles desiertas y después del toque de queda de ayer por la noche, declarado a causa del avance, a las puertas de la ciudad, de los rebeles de Kabila, la población tiene miedo de encontrarse en un baño de sangre; a pesar de las invitaciones a la calma, la tensión aumenta, en particular a causa de los mensajes contrastantes, que, por una parte, invitan a la población a quedarse en casa para evitar lo peor, por otra, a reaccionar contra la violencia con las armas y, por otra todavía, acusan a los extranjeros de querer masacrar a la población africana. 
El exterminio de los refugiados y de los desplazados continúa en el país, las fuerzas rebeldes interponen obstáculos al envío de los socorros y, pese a las declaraciones efectuadas ante la comunidad internacional con respecto a un cese de las hostilidades, el jefe de las fuerzas rebeldes sigue dando prioridad a la oposición militar sobre el terreno. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que adoptar enérgicamente medidas lo antes posible para poner fin a estas masacres y a estas gravísimas violaciones de los derechos humanos, en particular a la suerte inhumana reservada a los refugiados de Rwanda y de Burundi y a los desplazados de las demás zonas. 
Es importante que la Unión establezca un plan de acción para contribuir a la búsqueda de soluciones políticas globales en la región de los Grandes Lagos, organizando, junto con la ONU y la OUA, una conferencia regional, como he repetido muchas veces en este hemiciclo, y como muchas veces hemos dicho; es asimismo necesaria la creación de una comisión de investigación para dilucidar plenamente las horribles violaciones perpetradas por los rebeldes y, por último, es urgente que las ayudas humanitarias lleguen verdaderamente a quien las necesita para tratar de poner fin a esta tragedia, que es verdaderamente indigna para la humanidad. 
Señor Presidente, espero que el tiempo de que dispongo me bastará para expresar, en primer lugar, en nombre de mi grupo, nuestra solidaridad con la Sra. Bonino frente a los ataques de que ha sido objeto y felicitarle por su coraje y el rigor de sus análisis. 
Para lamentar, a continuación, que el Consejo despache tal vez un poco rápidamente las conclusiones del acuerdo entre los Jefes de Estado africanos y de la Declaración de Libreville que sientan las bases de una posibilidad de transición hacia la democracia, sobre todo, en un momento en que todas las fuerzas no han operado todavía y en que los enfrentamientos entre la guardia pretoriana del presidente del Congo y las tropas de Kabila son todavía temibles. 
Por último, para preguntar si, al parecer, no podemos esperar nada bueno de Kabila y temer que nos encontremos ante una situación comparable a la de Irán. 
Señor Presidente, hace veinte años, nadie defendía ya al Sha, y Jomeini hizo que a veces se añorara el régimen del primero. 
Señor Presidente, ¡ojalá no nos encontremos en una situación en la que Kabila nos haga que añoremos a Mobutu! 
Señor Presidente, creo que más allá de los encuentros de estas horas, es presumible la toma de Kinshasa por parte de las fuerzas de Kabila en los próximos días. 
Este es uno de los acontecimientos políticos más relevantes de los últimos veinte años en África, porque está destinado a cambiar los equilibrios geopolíticos de todo el continente africano. 
Creo que en esa zona se está produciendo una especie de americanización de África y que nos encontramos ante la desaparición de una política europea con respecto a ese continente. 
En el plano político, el Consejo ha permanecido totalmente inactivo en la región de los Grandes Lagos, prisionero de una vieja lógica de EstadoNación, que ha tenido como único resultado la entrega a los americanos de áreas africanas enteras. Desde el África Austral a la región de los Grandes Lagos, desde el Cuerno de África al Sudán y a todo el Norte de África musulmán. 
Creo que ése es el resultado de una política que carece de sentido, por parte del Consejo y de los propios Estados miembros, que han apoyado regímenes dictatoriales y despóticos hasta el último momento. 
La saga zaireña de estas semanas y el final del régimen de Mobutu son, efectivamente, una lección de lo que no hay que hacer en términos de política exterior europea. 
Mejor dicho, ésta es la nueva demostración de la falta de una política exterior de Europa y espero que el Consejo aproveche finalmente la ocasión de la revisión del Tratado para dotarse de una política exterior y de seguridad común que evite la vergüenza europea de estos meses en la región de los Grandes Lagos africanos. 
Ha habido una ausencia política global de Europa y, aunque normalmente soy más bien severo con la Comisión, tengo que reconocerle que en este tema ha intentado desempeñar un papel positivo, pero que no correspondía sólo a la Comisión y, por lo tanto, en conjunto el resultado no ha sido positivo. 
Concluyo con una última cuestión, porque creo que ahora al vencedor militar Kabila hay que pedirle que actúe concretamente en el plano de los derechos humanos y de un Estado de derecho, que organice una conferencia regional sobre la paz y elecciones libres; pido que el Consejo y la Comisión den una respuesta clara y que no se escondan detrás del hombre fuerte de turno, que esta vez ya no es Mobutu, sino Kabila. 
Señor Presidente, ninguna de las instituciones organizadas de la fantasmal comunidad internacional ha reaccionado de forma apropiada a la crisis en los Grandes Lagos. 
Los hechos de los últimos meses demuestran que la supresión de la fuerza de intervención de la ONU ha provocado una catástrofe humanitaria y política. 
En este caso, Señorías, la responsabilidad de Estados Unidos es aplastante. 
Me parece totalmente escandaloso haber visto hace unas semanas cómo el Sr. Richardson, representante de Estados Unidos, acariciaba la cabeza de un niño refugiado moribundo al que hace meses había declarado inexistente. 
Este tipo de hipocresía política y moral es lo que destroza a la comunidad internacional. 
Pero también la Unión y sus Estados miembros se han limitado a lo que la Presidencia ha llamado tan acertadamente: prestar atención a, escribir comunicados, enviar ballets de representantes normales y especiales, pero ¿dónde está la acción coherente? 
La única que a mi gusto ha intentado dar forma a una política europea ha sido la Sra. Bonino. Ha dicho por el mundo entero lo que Europa tendría que haber hecho, pero ella no disponía de los instrumentos necesarios. 
Y el resultado es que hemos tenido que limitarnos de nuevo a la ayuda humanitaria que en este caso ni siquiera ha llegado a su destino, debido a los muchos bloqueos que nos hemos encontrado en el terreno. 
Pero lo que sí vemos entre tanto es que las empresas de países que han imposibilitado la intervención de la ONU, y lo repito: Estados Unidos seguido de Canadá, ahora recogen los frutos y se hacen con las concesiones de las minas a precios irrisorios de los que ni siquiera podrá beneficiarse la población zaireña. 
Hoy se está celebrando la segunda ronda de negociaciones entre Mobutu y Kabila. Espero que se logre un acuerdo para evitar un derramamiento de sangre en Kinshasa, pues con los 50.000 soldados del ejército zaireño, de diferentes segmentos, podría ser más sangriento que en cualquier otra parte. 
Pero la cuestión fundamental a largo plazo es y sigue siendo: ¿qué sucede a la postre con la promesa del poder? 
Hoy, al leer en el periódico que Kabila declara que el dictador Mobutu tiene que irse, he pensado «muy bien» , pero luego al ver que añade que ahora todo el poder irá al pueblo de la alianza, se me ha encogido el corazón al pensar en lo que entre tanto la alianza ha permitido que sucediera en las zonas donde ha asumido el poder. 
Por ello hago un llamamiento a la Unión y a los Estados miembros para que ninguna potencia extranjera tenga que decir quién ha de recibir el poder en Zaire, pero sí que el pueblo zaireño tenga la oportunidad de decir quién recibe el poder y cómo se tendrá que repartir el poder. 
Es decir, ninguna potencia africana, ni ninguna potencia occidental, y espero que todos cumplamos una condicionalidad estricta en relación con el apoyo y el reconocimiento del nuevo régimen y que ello dependa del hecho de si se da un voto real al pueblo zaireño, sí o no. 
Esto tiene que ser decisivo. 
Señora Comisaria, tal vez hayamos perdido todo, pero gracias a usted, quizá hayamos salvado nuestro honor, y por ello debemos darle las gracias. 
En todo caso, la situación en el Zaire merece nuestro interés, tiene usted razón. 
Una capital al alcance de la mano, para las tropas de Laurent-Désiré Kabila, que plantea exigencias a la medida de sus éxitos militares, un inmenso territorio cuyo acceso está prohibido a las grandes agencias de las Naciones Unidas a causa de las matanzas colectivas de civiles, la caída de un dictador corrupto que ha sido fabricado y mantenido a toda costa por los sucesivos gobiernos de Estados de la Unión, llevando así el descrédito a toda nuestra Unión y a las acciones que pueda emprender, el peso que han adquirido los Estados Unidos en la región, la complejidad de la situación política en el lugar, el hecho de que el poder esté efectivamente en manos de un jefe de guerra poco proclive a hacer concesiones, todo ello limita de forma bastante considerable nuestras posibilidades de acción en el terreno. 
Que paren las matanzas. 
Que se callen las armas. 
Que una elecciones libres den paso a la voluntad popular. 
Que la Unión recupere, al menos en parte, su prestigio perdido. 
Permítame la expresión, señor Presidente, tenemos trabajo para rato. 
Señor Presidente, como nos ha dicho la Comisaria Bonino, la situación sigue derrumbándose y lo que nos preocupa más es el hecho de que Europa, después de tantas conversaciones y tantos debates, no ha sido capaz o no ha podido- como ha dicho la Comisaria- ni siquiera empezar a resolver este problema. 
Es cierto, hemos leído con interés y diría que con satisfacción declaraciones de la Supercomisaria Bonino, y es cierto que debemos reconocerle su empeño, algunas veces también exasperado, pero siempre presente; pero el problema fundamental es que nosotros nos preguntamos cómo es posible que Europa, que tiene todos los papeles en regla, está ausente en un momento tan importante, sobre todo cuando se masacran y se matan personas, niños, mujeres y a pesar de eso se trata de descargar las responsabilidades sobre otros, pero, en cualquier caso, no se encuentra la solución y no se encuentra la posibilidad, sin tener una política exterior común, de intervenir o por lo menos de encontrar esas sinergias con otras fuerzas internacionales para poder efectivamente intervenir. 
Este es verdaderamente uno de los motivos que desarman y también uno de los motivos que, por un lado, asombran y, por otro, nos llaman a mayores responsabilidades en el sentido de intentar encontrar soluciones para el futuro. 
Este discurso es humanitario, pero no sólo humanitario: es un discurso importante de toma de responsabilidad, porque si nosotros, en los últimos dos, tres o cuatro meses, hemos hecho ya cuatro, cinco, seis, siete debates sobre el Zaire y también sobre otras situaciones y leemos en todos los periódicos, nacionales e internacionales, las denuncias sin encontrar una solución, está claro que algo no funciona. 
Pidamos, pues, a la Conferencia Intergubernamental- pero que sea una petición fuerte por parte de todos los grupos- que haga algo. 
Este es el mensaje que queremos dar a la Comisaria, que hace su deber, pero que queremos que haga aún algo más. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, lamentando que haya sido a través de un enfrentamiento armado, nos congratulamos del fin de la dictadura en el Zaire. 
Una dictadura de más de 30 años que quedará como ejemplo de cómo es posible, desde el terror, hundir un país inmensamente rico, sumir a su población en la miseria, alentar la fuga de cerebros, crear una clase política corrupta y desestructurar una sociedad. 
Por ello, para empezar a mirar a un futuro democrático, es necesario, desde mi punto de vista, que Mobutu, máximo representante de esa dictadura, abandone el poder, y que lo haga cuanto antes, evitando que se produzcan nuevos enfrentamientos. 
Y para seguir mirando a un futuro pacífico, el nuevo régimen tiene que ser capaz de aglutinar a las fuerzas democráticas en torno a un consenso sobre los términos y los plazos de la transición hasta la celebración de unas elecciones libres, cuya transparencia esté garantizada por la comunidad internacional. 
Y en este sentido, creo que Naciones Unidas, y sobre todo la Unión Europea, tienen que ejercer una función y una responsabilidad fundamentales en la reconstrucción política y social del Zaire. 
Demasiado a menudo nuestro Parlamento Europeo da por cumplida su función de control democrático de las relaciones de la Unión Europea con el envío de observadores a unas primeras elecciones legislativas. 
Sin embargo, creo que las atribuciones que el artículo 218 del Tratado confiere al Parlamento Europeo, así como las disposiciones de instrumentos jurídicos sobre cuya aplicación tenemos capacidad de control- estoy pensando, señora Comisaria, en el artículo 5 del Convenio de Lomé- deberían ser utilizadas con todas sus consecuencias. 
Propongo por ello la creación, en el seno de este Parlamento, de un servicio permanente de seguimiento de las condiciones políticas en los Estados con los que la UE pretenda firmar tratados que requieran el consentimiento del Parlamento. 
Además, creo que la reconstrucción del Zaire y la pacificación de toda la región requieren la solución del problema de los refugiados y desplazados que, como muy bien ha dicho la señora Comisaria, no podemos olvidar. 
Y quiero decirle que su actuación ha sido correcta, aunque no haya sido seguida, como tenía que haber sido, por toda la Comunidad internacional. 
El nuevo Gobierno debe garantizar el libre acceso de las organizaciones humanitarias a las poblaciones víctimas del conflicto y, a la vez, la Unión Europea, a través de ECHO, debe conceder ayudas- y esperemos que éste sea el último esfuerzo en favor de la población -, pero es necesario que ahora se acuda a ayudarles. 
Con estos elementos podremos, si no solucionar errores del pasado, al menos contribuir a la configuración de un futuro pacífico y democrático, como debe ser el futuro de un país tan rico como el Zaire. 
Señor Presidente, el presente debate sobre Zaire sólo tendrá sentido, en última instancia, si la Unión Europea también es capaz de decidirse a adoptar finalmente una posición clara, tal como se ha pedido en algunas intervenciones. 
El mero cambio del Jefe del Estado en Zaire no va a mejorar la situación en ese país ni tampoco en los países vecinos. 
La única vía posible, como ya se ha dicho, es una adhesión sin compromisos a la democracia. 
Si no se produce un cambio fundamental, existe el riesgo de que el tercer Estado más grande de África se desmiembre. 
En efecto, el actual Zaire es un producto artificial del siglo XIX y los Estados del continente convinieron en la Carta de la OEA, con un cierto menosprecio de la historia y la cultura africanas, que respetarían las fronteras trazadas en el siglo pasado por las potencias coloniales. 
Este acuerdo ha funcionado en líneas generales y, aunque han abundado los conflictos intraestatales, ha servido para evitar, no obstante, las guerras entre Estados. 
Sin embargo, cuando se considera la situación actual de Zaire, se constata que también este país, constituido por una agrupación de etnias, sólo parece poder aspirar a un futuro seguro y sólo será posible evitar su descomposición, si dicho país se dota de una estructura federal. 
Con una estructura federal, las diferentes etnias podrían conservar un cierto grado de autonomía y, a mi modo de ver, el país en su conjunto sólo podrá ser gobernado con seguridad bajo la forma de una federación. 
En estos momentos todavía no es posible prever si Kabila resultará ser un nuevo déspota o un estadista. Todavía falta que explique como prevé la transición a la democracia en su calidad de dirigentes de una alianza de fuerzas democráticas y cómo se propone resolver el problema de las primeras elecciones democráticas en un país con tales problemas geográficos y étnicos. 
Señor Presidente, así pues, hoy se celebra la cumbre de la última oportunidad. 
Ya nadie cree en ella. 
Se trata de una última vuelta que conducirá inevitablemente al Zaire hacia un destino dramático. 
El conflicto está abierto. 
Las fuerzas de la alianza progresan y no se sabe qué podría impedir a Kabila entrar como triunfador en Kinshasa. 
El Sr. Kabila, maestro del juego, será desgraciadamente, o tal vez afortunadamente, el interlocutor del futuro. 
Y qué le importan hoy las críticas, las condenas o las presiones europeas de las que es el blanco. 
Francia, Bélgica, y digámoslo, Europa, han abandonado desde hace mucho tiempo a este país a su triste suerte, sin hablar de la comunidad internacional. 
¿Podemos desempeñar ahora, en el caos general, otro papel que el de donante humanitario? 
Me lo pregunto seriamente. 
Los Estados Unidos, con Sudáfrica, tal vez logren organizar negociaciones relativas al período de transición y al posmobutismo. 
Europa debe fomentar las conversaciones con la mediación sudafricana y hacer todo lo posible para que esta crisis zaireña acabe en la organización de elecciones libres. 
Ésta será, sin duda, también para nosotros, la última oportunidad de ser creíbles a los ojos del pueblo africano y a los del mundo. 
Señor Presidente, no cabe alegrarse de esta salida, sin embargo esperada, de Mobutu. 
Bien al contrario, tengo ganas de gritar «vergüenza, vergüenza» de Laurent-Désiré Kabila que ha organizado, al mismo tiempo que «la liberación del pueblo zaireño» , un genocidio de mujeres y niños totalmente inocentes. 
También yo, al igual que mis colegas, debo reconocer a la Sra. Bonino el coraje de que ha dado muestras al denunciar este hecho. 
¿Qué va a pasar ahora? 
La pelota está también en el tejado de la Unión Europea y de sus gobiernos. 
¿Cómo van a reconocer el régimen de Kabila? 
¿Qué condiciones van a imponer? 
¿Se atreverán a decirle que todos esos soldados rwandeses que son los asesinos, deben abandonar el Zaire y no pueden reivindicar el título de miembros del ejército de un país digno de este nombre? 
¿Van a pedirle que organice efectivamente un gobierno de transición y la preparación de un orden más democrático? 
¿Se van a atrever a exigirle el respeto de los derechos humanos en el Zaire? 
No lo sé, pero hacemos estas preguntas, porque creo que ése debe ser el papel de la Unión Europea; tal vez, finalmente, se mantenga una política coherente de la Unión para con el Zaire y su pueblo. 
Porque de lo que tenemos que hablar aquí es del pueblo zaireño, de esas mujeres, de esos niños, de esos hombres zaireños que han sufrido un régimen inicuo y depredador y que tal vez, ahora, tiene que temer a otro dictador. 
Terminaré diciendo esto: el Che Guevara fue al Congo para seis meses, cuando Laurent-Désiré Kabila abrió un primer frente en 1960. 
Volvió desanimado, desanimado por muchas cosas, por la complejidad de la situación, quizá también por las veleidades de Kabila, en aquella época, por el hecho de que ya, en aquel entonces, le acompañaban soldados rwandeses en su lucha. 
Si viviera todavía, en nombre de los valores que le reconozco, ¿qué diría? 
No sólo se sentiría desalentado, sino que estaría como todos nosotros, disgustado. 
Pero este disgusto no nos debe alejar de nuestras responsabilidades. 
¡Bravo, señora Bonino! 
Señor Patijn, esperamos que sepa usted sacudir a todos los gobiernos europeos. 
Señor Presidente, he escuchado con suma atención, no sólo la declaración de la Sra. Bonino, sino sobre todo las palabras de sus Señorías. Estoy conmovido por el compromiso de todos con esta terrible tragedia política, humanitaria y humana. 
Nos enfrenta a los hechos de que después de la solución de lo que en el pasado llamábamos los grandes conflictos estratégicos y el conflicto EsteOeste no es cierto, como afirmó en una ocasión el escritor americano Fukayama, que the end of the ideology is the end of politics, pues sigue existiendo un mundo en que los Estados miembros, la Unión, la Comisión, las organizaciones internacionales han de jugarse el todo por el todo para evitar que se anulen los derechos de grandes grupos de personas. 
La cuestión política central de este conflicto ha sido si se habría podido alcanzar el objetivo en caso de que los países occidentales, los países africanos, la comunidad mundial hubieran intervenido militarmente. 
No sólo la Unión Europea, sino también toda la comunidad internacional se planteó a esta pregunta al declararse la tragedia en el Zaire Oriental, pero también quiero recordar la tragedia que se había declarado dos años antes. 
Esta pregunta se planteó en un determinado momento y se formó un grupo internacional, bajo la dirección de Canadá, bajo los auspicios de las Naciones Unidas para organizarlo, pero debido al leadtime que ello siempre exige, los acontecimientos en el lugar tomaron tal cariz que la intervención militar en la forma prevista dejó de formar parte de las posibilidades reales y tampoco podría haber contribuido a solucionar los problemas. 
He de decirles que personalmente, como político, como holandés, como europeo, lamento que la comunidad internacional y también la Unión Europea se hayan visto obligadas en un determinado momento, después de que la opción militar resultara impracticable desde el punto de vista político, militar y logístico, a tener que mirar sin hacer nada la tragedia que se estaba desarrollando. 
No se puede dar marcha atrás a estos acontecimientos, pero, también teniendo en cuenta la intensidad de los debates que hemos mantenido en el Consejo y con la Comisión y otros implicados en la comunidad internacional, quisiera prevenir contra el vicio de adoptar con demasiada facilidad una postura autocrítica y reprocharnos que no hayamos intervenido militarmente. 
Señor Presidente, he trabajado durante años en el Ministerio de Defensa. Durante años he trabajado con generales del Ministerio neerlandés de Defensa y siempre me ha impresionado el sentido de responsabilidad de los jefes militares, de plantear siempre las preguntas adecuadas en caso de que políticamente fuera necesario poner en acción al aparato militar. 
¿Está usted dispuesto a aceptar que la intervención militar como tal comporta una dinámica política propia? 
Este era el tipo de preguntas que formulaban; en el desarrollo de este conflicto, la comunidad mundial, las Naciones Unidas, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han juzgado que la intervención militar en esta tragedia humanitaria no era la vía indicada porque se formulaban estas preguntas. Porque quienes asesoraban sobre esta cuestión valoraban desfavorablemente la relación entre la viabilidad del objetivo por un lado y los medios y riesgos por otro lado. 
Comprendo la frustración que provoca este debate. 
Esta frustración que nosotros, como políticos responsables en el Consejo hemos sentido cada mes, cada semana, cada día, porque no podíamos dar marcha atrás a los acontecimientos en el lugar donde en un determinado momento la razón se vio desbancada por el rifle. 
Hemos de seguir adelante. 
Por supuesto ahora, en el primer Consejo, hemos de intentar dirigir nuestros objetivos a crear suficientes prioridades para poner fin a esta tragedia humana. Pienso que el Consejo se propone, y sin duda pondrá a trabajar a su representante personal y a su diplomacia, en primera instancia para aspirar al cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones y si estas ya se han iniciado en este momento, lograr que tengan éxito para garantizar una transición pacífica del poder en Zaire. 
En segundo lugar, a ello habrá que vincular al mismo tiempo el derecho de las organizaciones internacionales de realizar su trabajo en las zonas para las personas que lo necesiten. 
Si hay una tregua, si hay un principio de acuerdo político sobre una transición a la que por lo visto ha llegado el turno en Zaire, todos los esfuerzos tendrán que concentrarse en el establecimiento de un mínimo de estabilidad en ese enorme país donde tantas personas sufren tanto. 
Ello tendrá que suceder de acuerdo con las reglas: establecer un régimen provisional que prepare las elecciones, celebrar elecciones que ofrezcan un resultado creíble y a continuación instaurar un gobierno con un poder legítimo después de las elecciones, un poder legítimo al que valga la pena conceder apoyo desde Occidente para hacer posible la estabilidad, la libertad y la paz en este país tan afectado. 
El Consejo está dispuesto sin más a operar a lo largo de estas líneas de acuerdo con lo que hemos de hacer. 
Desde esta posición quisiera expresar nuevamente mi agradecimiento por lo que ha hecho la Comisión, en especial la Sra. Bonino, para sacar lo mejor posible against all political odds y con su tesón, que todos admiramos en ella, hacer lo poco que quedaba por hacer. 
Conocemos las limitaciones políticas de la medida en que los Estados miembros occidentales pueden manipular el orden de las cosas en África Central. 
Reconocemos las limitaciones políticas interiores para influir militarmente en este tipo de sucesos y conocemos las limitaciones de la política exterior y de seguridad común para actuar en este tipo de tragedias, con el deficiente instrumental que todavía hay allí, aunque es algo que se debate en el marco de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Señorías, creo que podré ser bastante breve. 
Quería agradecerles su apoyo. 
Pienso que en el marco de mis funciones de comisaria responsable de la ayuda humanitaria, no he hecho más que cumplir con mi deber. 
Ustedes me pidieron que tratara de hacer todo lo posible para hacer respetar los convenios humanitarios que, justamente, prevén la libertad de acceso a las víctimas. 
Al dirigirme al Consejo puesto que, en efecto, se plantea la cuestión, puedo decir- por lo que a mí respecta y por lo que respecta a la Comisión- que no hay ninguna vocación de ocupación colonial o militar, o de otra índole, de la región, sino que se plantea un verdadero problema. 
Por lo tanto, pensamos que la ayuda, o sea, la intervención militar no era tal vez la más eficaz y que presentaba riesgos políticos- volveré sobre este punto porque comparto su análisis- y por lo tanto, que era mejor intervenir con una ayuda humanitaria. 
El problema que se nos ha planteado, es que a partir de un momento, se prohibió la ayuda humanitaria, es decir, que nos prohibieron el acceso a los que había que ayudar. 
Por consiguiente, se produjo ahí una flagrante violación de los convenios humanitarios y efectivamente, nosotros, los humanitarios, que no disponemos de otros medios, no estábamos en condiciones de forzar el acceso. 
Eso es lo que, en efecto, ocurrió. 
La ayuda a las personas necesitadas ya no fue posible Además, y de todos modos, seguimos teniendo personal humanitario sobre el terreno. 
Por lo tanto, por miedo a las represalias, nos vimos obligados al silencio, durante varias semanas. 
Así pues, ya ven ustedes en qué difícil situación nos encontramos: estar sobre el terreno sin ninguna eficacia respecto del fin que perseguíamos, pero casi obligados al silencio por miedo a las represalias. 
Sin embargo, en un momento, el 6 de mayo, después de meses y semanas de negociaciones, de prudencia y de esfuerzos para calmar el juego, entre todos decidimos que ya no podíamos callar, por decencia. 
Otro elemento que deseaba subrayar es que, a menudo, me pregunto cuando programamos intervenciones, en su caso militares, en un lugar u otro, si la opinión pública, la nuestra, la opinión europea, estaría dispuesta a aceptar las pérdidas de vidas humanas que esto implica. 
Tal vez sea, muchas veces, fácil de programar, pero difícil de gestionar. 
Pero, a este propósito, es preciso confesar que si nos hacemos preguntas sobre las pérdidas de vidas humanas en el marco de una intervención militar, y sobre los problemas que pueda plantearnos en relación con nuestras opiniones públicas, también están matando cada vez a más voluntarios humanitarios. 
Ahora bien, parece que el hecho de matar a dichos voluntarios, ya sean Médicos del Mundo, de la Cruz Roja u observadores de los derechos humanos no plantea problemas. 
Esto es un poco como el mundo al revés, en el sentido de que se trata de matanzas de miembros de cuerpos especializados o de militares de carrera que se supone están presentes en situaciones difíciles o de riesgo- y que en el caso que nos ocupa no lo están por razones comprensibles- se produce una reacción de la comunidad internacional, pero si se trata de una matanza de voluntarios humanitarios que, ellos sí están presentes, no se ve en realidad ninguna reacción adecuada de la comunidad internacional. 
Existe un sentimiento general de impunidad y, francamente, existe una especie de vuelta a la barbarie. 
Tengo la impresión de que, basándonos en los tratados y en los convenios humanitarios, habíamos aceptado la sacralización de la ayuda humanitaria. 
Nos habíamos dicho: » no se dispara contra la Cruz Roja». 
Ahora bien, parece que en la zona de la que hablamos, ya no existe esta metáfora y, efectivamente, » se dispara contra la Cruz Roja» , sin que se produzcan reacciones adecuadas, reacciones que puedan animarnos a quedarnos sobre el terreno. 
Al decir esto, pienso sobre todo en los operadores humanitarios a los que, al menos, deberíamos agradecer su compromiso y su determinación. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Ruego a las personas que están en la tribuna que se abstengan de hacer alguna manifestación pública. 
Nuestro Reglamento lo prohíbe estrictamente. 
Lo sentiría mucho pero, de repetirse cualquier manifestación, me vería obligado a desalojarlos o desalojarlas de la tribuna. 
Por lo tanto, les ruego que se mantengan en el silencio al que obliga nuestro Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Y les propongo que pasemos, sin más dilación, al Turno de preguntas al Consejo. 
Como ustedes han podido ver, Señorías, la discusión de algo tan importante como la declaración del Consejo y la Comisión sobre el Zaire ha modificado el horario destinado a las preguntas al Consejo. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B4-0165/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Juan Izquierdo Collado (H-0293/97): 
Asunto: Fondo de Cohesión 
¿Qué opinión tiene el Consejo sobre la continuidad del Fondo de Cohesión a partir de 1999? 
Señor Presidente, antes de responder a la pregunta de su Señoría, el Sr. Izquierdo Collado, quiero plantear un punto de orden. 
Dado que nos hemos retrasado un poco, tengo graves problemas con el resto de mi esquema. 
He de coger un avión que sale a las 9 y antes tengo prevista una importante conversación con una delegación del Parlamento Europeo que guarda relación con la Conferencia Intergubernamental. 
Quisiera pedirle, aunque me amoldaré a lo que decida usted, que limite el Turno de preguntas a una hora y me permita contestar a las demás preguntas por escrito. 
Señor Patijn, me coloca usted en una posición difícil, porque es cierto, lo he dicho ya en mi intervención previa, que hoy ha sido un día en el que se han modificado- por necesidad de todo el mundo- los horarios. 
Yo, como Presidente, he de hacer respetar el tiempo que tenemos acordado, pero tampoco puedo forzar al representante del Consejo a que vaya más allá de sus posibilidades. 
Por lo tanto, vamos a empezar el Turno de preguntas, y en el momento en que usted considere que se ha agotado su tiempo, yo tendré que cerrar el Turno de preguntas. 
Señor Presidente, ahora invierte usted la carga de la prueba. 
Usted es quien determina aquí el orden. 
Le he explicado que tengo un problema de horario. 
Le pido que limite el Turno de preguntas y usted me dice: bueno, vea hasta cuando puede seguir y luego váyase cuando esté listo. 
No, quiero llegar a un acuerdo sobre el orden. 
Por tanto, le propongo responder a las preguntas hasta las 7.20 y si está usted de acuerdo, pido su aprobación. 
Efectivamente, cuando sean las 7.20, yo suspenderé el Turno de preguntas al Consejo, con mis mejores deseos para que las entrevistas que usted debe realizar sean un éxito para la Unión Europea. 
Tiene usted la palabra para responder al Sr. Izquierdo Collado. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Izquierdo Collado sobre el Fondo de Cohesión a partir de 1999, tengo que llamar la atención sobre el hecho de que las disposiciones relacionadas con el Fondo de Cohesión y su tarea se incluyen en el Tratado, concretamente en el artículo 130 D, segundo párrafo. 
Además, en el artículo 16 del Reglamento para la creación del fondo se establece que el Consejo ha de examinar dicho Reglamento a instancias de la Comisión antes de finales de 1999. 
Dado que la Comisión no ha presentado aún una propuesta, el Consejo considera que en estos momentos todavía no puede adoptar una posición sobre el futuro del Fondo de Cohesión. 
Para no dejar nada en el tintero le diré que esta cuestión todavía no se ha planteado en el Consejo. 
Sí puedo señalar a sus Señorías que la Comisión, a finales del pasado abril, organizó una conferencia sobre la cohesión económica y social de la Unión Europea, titulada: Foro sobre la cohesión. 
Esta reunión, que era de carácter informal, tenía que ver con la política estructural de la Unión en general y por supuesto hemos de esperar las conclusiones que saque la Comisión al respecto. 
Además quiero recordar, por último, que el Consejo Europeo de Madrid pidió a la Comisión que realizara cuanto antes un análisis profundo del sistema de financiación de la Unión Europea a fin de presentar justo después del cierre de la Conferencia Intergubernamental una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión Europea a partir del 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. 
Dado que todavía no disponemos de esta comunicación de la Comisión, considero como representante del Consejo que no es conveniente anticiparme. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi pregunta no pretendía saber si el Consejo ha tomado alguna decisión, sino más bien conocer su opinión sobre algo tan importante como el Fondo de Cohesión. 
Dada la importancia de dicho Fondo para determinadas regiones y países de la Unión, ¿no considera el Consejo que, sin esperar a las propuestas de la Comisión, debería incluir la continuidad del Fondo de Cohesión en las perspectivas financieras a partir de 1999? 
Creo que su Señoría señala con razón la importancia política y económica del Fondo de Cohesión. 
Sólo que es imposible emitir un juicio aisladamente de otros retos que se le presentan a la Unión Europea en la cuestión de la política económica y de su apoyo financiero. 
Tiene que ver por tanto con la cuestión de cómo la Unión Europea en los próximos años, sobre todo en el próximo siglo, absorberá la ampliación, teniendo en cuenta que los países candidatos a una futura adhesión a la Unión Europea suelen estar muy rezagados en cuanto al nivel medio de prosperidad y en cuanto al desarrollo de su infraestructura material y tecnológica en comparación con la media de la Unión Europea. 
En este marco más amplio también hemos de contestar a preguntas como: ¿cuál es el futuro y cuáles son los costes de una reestructuración de la política agrícola común si queremos absorber el sector agrícola europeo oriental? 
De ahí que, a mi entender, el Consejo Europeo de Madrid haya hecho bien en pedir a la Comisión Europea que, previamente a la toma de decisiones sobre la ampliación, esboce un marco de los problemas y las opciones que nos esperan en ese marco más amplio, para que cuando se tomen las decisiones sobre la ampliación de los Estados miembros y sus parlamentos nacionales tengamos una idea de cómo se puede desarrollar ese marco más amplio en los primeros 5 ó 6 años del próximo siglo. 
Estamos esperando este análisis de la Comisión Europea. 
Para ello es preciso que logremos finalizar pronto la Conferencia Intergubernamental. 
Si lo conseguimos durante el Consejo Europeo de Amsterdam en junio del presente año, cuento con que la Comisión Europea podrá presentar muy pronto el análisis del futuro marco financiero y de ahí saldrán las posibilidades sobre qué pasará con el Fondo de Cohesión. 
Pregunta nº 2 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0298/97): 
Asunto: Prohibición en determinados territorios de tránsito de la UE de circular por carretera vehículos pesados durante los domingos 
¿Qué opinión le merece al Consejo la decisión de algún Gobierno nacional de la UE relativa a la prohibición de circulación, a través de su territorio de tránsito, de vehículos de transporte de mercancías durante los domingos? 
La pregunta de su Señoría, el Sr. Camisón Asensio, guarda relación con la prohibición para los vehículos pesados de circular en determinados territorios de tránsito durante los domingos. 
En este marco es importante dejar bien sentado que la competencia para imponer posibles restricciones dentro de un Estado miembro al tráfico de camiones durante los domingos corresponde en principio al Estado miembro en cuestión, siempre y cuando este respete los principios generales del derecho comunitario y concretamente los principios de proporcionalidad y no discriminación. 
Quiero recordarle que sobre la base del artículo 155 del Tratado de la CE, la Comisión es la encargada de velar por que se apliquen o cumplan las disposiciones del Tratado y las disposiciones fijadas en virtud de este Tratado. 
En este caso, la Comisión sigue día a día el desarrollo de la situación en el lugar, y tiene la misión de constatar y corregir las posibles distorsiones en este sector. 
Parece aconsejable que su Señoría se dirija a la Comisión Europea para más detalles. 
Por otra parte, quisiera recalcar que el Estado miembro al que hace referencia su pregunta, concretamente Francia, no es el único país en que existen limitaciones similares para el tráfico de camiones. 
En Austria, Alemania, Italia y Portugal existen limitaciones parecidas. 
Además, una zona del país del que es súbdito su Señoría, el País Vasco, ha promulgado recientemente disposiciones con las que se pretende limitar el tráfico de camiones en domingos y festivos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, aprecio que comparta en líneas generales nuestra preocupación por el asunto. 
En todo caso, es un tema básico y queríamos conocer también la opinión del Consejo, aparte de la de la Comisión, pero para dejar constancia de que los propósitos de prohibir la circulación de vehículos de transporte de mercancías durante los domingos en algunos países de la Unión y en algún territorio, pueden acarrear efectos nocivos. 
Tal es el caso, entre otros, de Francia, que con esta prohibición puede perjudicar a algunos países. 
En concreto, puede perjudicar el tránsito de mercancías españolas. 
Se da, además, la circunstancia de que una medida de tal naturaleza es restrictiva de la libertad de circulación de servicios y mercancías a través de un territorio de la Unión, sea cual sea, y ello podría constituir una violación del Tratado de Roma. 
¿No cree el señor Presidente en ejercicio del Consejo que la solución podría consistir en crear corredores terrestres para que, en caso de conflicto en un país, fuera posible circular por estos canales de emergencia, de modo que los vehículos no se vieran afectados por los conflictos de un país que no es el suyo? 
En todo caso, algo habrá que hacer y el Consejo tendrá que opinar. 
Creo que su Señoría, el Sr. Camisón Asensio, tiene razón al pedirme que preste atención a este tipo de fenómenos, pero repito- y ello se infiere de toda la sistemática política y jurídica de la Comunidad- que los Estados miembros tienen la libertad, y también lo digo en nombre del Consejo, han de tenerla, en ciertos ámbitos, es decir, también con respecto al tráfico de camiones, de poder tomar medidas que entiendan que redundan en interés del orden público y la seguridad de sus ciudadanos. 
Ya he señalado que el derecho comunitario fija por supuesto unas condiciones esenciales estrictas. 
Así, por ejemplo, tiene que existir una proporcionalidad clara entre, por un lado, el efecto de las medidas en términos de orden público, y por otro, su efecto negativo en la libre circulación o en toda la economía. 
Lo importante sobre todo es que estas medidas no acaben convirtiéndose en una discriminación contra súbditos o intereses de otros Estados miembros. 
Es precisamente este equilibrio que hemos de buscar para encontrar una buena base en esta cuestión. 
Es muy importante garantizar los principios de la libre circulación de personas y mercancías, y también la libertad de transporte dentro de la Comunidad, también en términos de aceptación política. 
Repito que la Comisión como guardiana del Tratado ha de velar sobre todo por estos principios de equilibrio y proporcionalidad y no discriminación. 
Si se tienen en cuenta estos límites creo que en la sistemática política y constitucional de la Unión Europea será muy difícil incidir profundamente en el orden interior de los Estados miembros. 
Pregunta nº 3 formulada por Sören Wibe (H-0305/97): 
Asunto: Informe consultivo secreto sobre la fábrica Volvo de Umeå 
Según informaciones aparecidas en la prensa sueca, la Comisión tiene la intención de prohibir las ayudas al transporte para la fábrica de Volvo en Umeå. 
Esta prohibición constituye una amenaza para la existencia de la fábrica y, por consiguiente, para los casi mil puestos de trabajo en la región. 
Esta actitud de la Comisión se basa, entre otras cosas, en un informe consultivo cuyo contenido se mantiene, sin embargo, en secreto, incluso para los representantes del Gobierno sueco. 
¿No considera la Comisión que es poco razonable que un informe consultivo del que depende la decisión sobre esta cuestión se oculte a la opinión pública y, en especial, al Gobierno sueco? 
¿Podría el Consejo, en su calidad de órgano decisivo supremo de la Unión, obligar a la Comisión a presentar, al menos al Gobierno sueco, el informe en cuestión? 
En respuesta a la pregunta del Sr. Wibe sobre un supuesto informe secreto relacionado con la fábrica de Volvo en Umea, insisto en que el Consejo no está al corriente de ello ni ha dedicado nunca una conversación al problema al que hace referencia la pregunta de su Señoría. 
No obstante, el Consejo desea llamar la atención del Sr. Wibe sobre el hecho de que las reglas de competencia en general y la ayuda estatal en particular son ámbitos específicos para los que el Tratado ha dado competencias a la Comisión Europea. 
Aún así hay que apuntar que, conforme al apartado 2 del artículo 93 del Tratado de la CE, el Consejo puede decidir, a petición de un Estado miembro y en circunstancias extraordinarias, que una medida de apoyo de un Estado miembro ha de considerarse compatible con el mercado común. 
En la situación actual- que quede claro- el Consejo no puede adoptar de ningún modo una postura sobre esta cuestión, y menos aún obligar a la Comisión a hacer público el mencionado informe, aunque sólo fuera para el Gobierno sueco. Por consiguiente, me parece conveniente que su Señoría se ponga en contacto con la Comisión para obtener si es posible más información. 
Agradezco su respuesta al Presidente en funciones del Consejo. 
Ayer formulé la misma pregunta a la Comisión, la cual mantuvo su negativa a hacer público el informe. 
Pienso que resulta extraña su actitud, teniendo en cuenta que se trata de los puestos de trabajo de tantas personas. 
Es asimismo extraño que se mantenga en secreto el informe incluso para el Gobierno sueco. 
Quiero resaltar que mi pregunta no gira en torno de hasta qué punto tiene esta fábrica o no derecho a las ayudas. 
Mi pregunta es muy concreta y se compone de dos partes. 
En primer lugar: ¿Piensa el Presidente del Consejo que es correcto que un informe decisivo se mantenga secreto de este modo de cara a los Gobiernos de los países miembros, en este caso el de Suecia? 
Si el Consejo no puede obligar a la Comisión a que haga público este informe, formularé del modo siguiente la segunda parte de mi pregunta: ¿Tiene la intención de invitar a la Comisión a que, en nombre de la apertura y la transparencia, haga accesible este informe para el Gobierno sueco? 
Es lo mínimo que se puede pedir en este caso. 
Se trata de una cuestión bastante fundamental, concretamente la pregunta de cómo un órgano de la Comunidad Europea ha de manejar la información. 
He de decirle, señor Wibe, que no sé si la Comisión Europea dispone de este informe, pero aún queda por ver a título principal si la Comisión, en caso de disponer de información confidencial sobre una empresa relacionada con un caso de competencia, por otras razones, por razones políticas, por ejemplo, por razones de un debate político interno en un Estado miembro, tendría que ser obligada a entregar dicha información confidencial. 
Pienso que si lo convertimos en una práctica nos encontraremos en una situación en que la Comisión Europea, en el ejercicio de su misión como guardiana de las reglas de competencia, caerá en una posición muy difícil cuando se trata de recibir la información correcta de las empresas. 
Pienso que en el caso de información confidencial sobre empresas- tengo entendido que se trata de un informe elaborado por una oficina consultiva a Volvo, es decir, totalmente en la esfera privada- no es sensato insistir en hacer público un informe del que se hace cargo la Comisión en virtud de sus competencias en materia de derecho de competencia. 
Pienso que con ello se crea problemas a la manejabilidad y la viabilidad del derecho de competencia. 
Al igual que el Sr. Wibe, doy las gracias al Presidente del Consejo por su respuesta. 
Sé que la Comisión confirmó ayer la existencia del informe en cuestión. 
Se dijo en esta ocasión que el motivo de que no se hiciera público el informe es que puede contener secretos empresariales. 
A causa de esto, la empresa implicada, Volvo, ha declarado hoy a los medios de comunicación suecos que está a favor de que se entregue el informe al Gobierno. La empresa invita a la UE a que presente este informe. 
Por tanto, hay unos obstáculos a su presentación que la Comisión sigue sin revelar. 
Pienso que sería excelente qe el Consejo exhortara a la Comisión a que diera muestras de la mayor apertura posible en esta cuestión. 
Es importante que la apertura no sea sólo una teoría, sino que se aplique también en la práctica. 
Muchos ciudadanos del norte de Suecia consideran muy arrogante que se prohíban unas ayudas regionales sin que se den explicaciones sobre los motivos. 
Pienso que es justo que la Comisión las dé. 
Por tanto, le ruego a usted que invite a la Comisión a que dé muestras de la mayor transparencia posible. 
En este Presidente del Consejo no encontrará usted ninguna reserva en lo que respecta a aspirar a la apertura. 
Pero, repito, se trata en este caso de aplicar las reglas de competencia dentro de la Unión Europea, donde la Comisión tiene ciertas competencias bien reguladas para pedir información confidencial sobre empresas, naturalmente garantizando la protección de la información confidencial sobre las empresas y los intereses implicados. 
Pienso que la Comisión Europea en este punto está sujeta a sus propias reglas fijadas por el Consejo y por la propia Comisión. 
Repito que me parecería imprudente poner a disposición del debate público la posible información protegida sobre empresas a disposición de la Comisión Europea de un modo que no se ajustara a las reglas de publicación de este tipo de información protegida. 
Pienso que con ello se dificultaría mucho el cumplimiento del papel de la Comisión en el terreno del derecho de competencia. 
Suecia es uno de los países de la UE que tienen mayores distancias de transporte. 
Hemos comprobado que, con respecto a la exportación, sufrimos una desventaja de 700 y 1.000 kilómetros. 
Por eso existe desde hace muchos años un sistema de ayudas al transporte para equilibrar la competencia dentro del país, lo cual vale la pena destacar. 
Se trata de unas ayudas que la UE aceptó en relación con la adhesión de Suecia, pero que han sido examinadas nuevamente por la Comisión. 
Para modificar este sistema, la UE hace referencia a un informe calificado de secreto. 
Estoy dispuesto a afirmar, cuando ni siquiera se le permite al propio Gobierno del país miembro afectado el acceso al informe, que este oscurantismo revela uno de los peores aspectos de la UE. 
Por eso le ruego al representante del Consejo que adopte las iniciativas necesarias para hacer público el informe y contribuir con ello a tranquilizar a unas personas que actualmente se ven afectadas de un modo extremadamente duro en una región que tiene actualmente un índice de paro muy, muy elevado. 
En realidad tan sólo puedo repetir lo que he dicho en primera y segunda instancia. El Consejo, por lo menos este Presidente del Consejo, es firme partidario de la máxima apertura. 
En la Conferencia Intergubernamental, la cuestión de un mejor afianzamiento de los principios de transparencia y apertura goza de una gran prioridad en un gran número de Estados miembros, algo que estimula mucho la Presidencia. 
Pero, vuelvo a repetir, que incluso con una apertura máxima, las empresas que ponen a disposición de las instituciones de la Unión Europea- voluntaria u obligatoriamente- información confidencial, gozan hasta cierto punto de la protección en lo que respecta a la publicación o no publicación de los datos confidenciales sobre las empresas. 
No sé si estas reglas son aplicables en este caso, pero una vez más, me he enterado de que ayer habló usted con la Comisión Europea sobre esta cuestión. 
La Comisión Europea le explicó las razones del porqué en estos momentos no quiere hacer público el informe, y no creo que el Consejo- con los limitados medios jurídicos de los que dispone- deba obligar a la Comisión a hacer algo cuando tiene buenas razones para no hacerlo. 
Pregunta nº 4 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0306/97): 
Asunto: Formación profesional y política euromediterránea 
En la Declaración de Barcelona, adoptada en la I Conferencia Euromediterránea, se acordó, dentro de las medidas de desarrollo de los recursos humanos, mantener un diálogo regular sobre política educativa, centrado inicialmente en la formación profesional, con especial atención de la Fundación Europea de Turín. 
El Consejo, hasta el momento, ha regulado la actuación de la Fundación Europea para el Desarrollo de la Formación Profesional en relación con los países del centro y del este de Europa, pero no en lo que se refiere a los países asociados del Mediterráneo. 
Dadas las necesidades de la región mediterránea y la importancia decisiva de estas políticas de formación profesional, ¿cuándo y cómo piensa regular el Consejo estas actuaciones sobre programación de formación profesional para los MEDA? 
En respuesta a estas preguntas de la Sra. Izquierdo Rojo sobre la formación profesional en relación con la política euromediterránea, quiero señalar que el Consejo fue una de las partes que en noviembre de 1995 aceptó la Declaración de Barcelona y el programa de trabajo, que por consiguiente apoyamos plenamente el objetivo en el marco de la asociación euromediterránea de mantener un diálogo regular sobre la política educativa, incluyendo la formación profesional. 
Ello se ha vuelto a repetir en las conclusiones de la segunda Conferencia Euromediterránea de Malta, celebrada el 15 y 16 de abril. 
Asimismo, el 6 de diciembre de 1996, al aceptar las directrices para los programas indicativos MEDA, el Consejo aprobó que la ayuda a los países mediterráneos asociados a la Unión se centrara concretamente en el desarrollo de un potencial humano para la mejora de la gestión, la eficacia y la calidad de la formación profesional y de gestión de empresas. 
Ya se han puesto en marcha algunas de estas iniciativas. 
Durante una conferencia tripartita celebrada el 24 y 25 de mayo de 1996 en Catania, se mantuvo un intercambio de ideas a nivel multilateral sobre una amplia escala de temas conexos en el ámbito social, entre otros, la formación profesional. 
Además se utiliza la ayuda financiera procedente de los medios MEDA para apoyar las medidas, tanto a nivel subregional como bilateral, para mejorar la calidad de la formación profesional. 
Si su Señoría desea disponer de información más detallada sobre las actividades específicas, le propongo que se ponga en contacto con la Comisión que está encargada de la puesta en ejecución de este programa. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Consejo ha contestado a esta pregunta como lo hubiera hecho un burócrata, con el «bla bla bla» que no dice nada. 
No contesta a mi pregunta concreta, que es cómo y cuándo va a aprobar el reglamento. Lo ha hecho con los países PECO. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, un joven checo, rumano o húngaro puede beneficiarse de la formación profesional y beneficiarse de los programas. 
Un joven magrebí, no. 
Tenemos con estos países del sur del Mediterráneo una política de asociados, basada en el equilibrio, basada en el libre cambio y basada en el trabajo conjunto. 
¿Cómo vamos a poder trabajar con ellos con el enorme desequilibrio que hay hoy en día en materia de capacitación profesional? 
¿Cómo es posible que hagamos esto los europeos, abrir mercados y cerrar las puertas a la formación humana? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no ha contestado a mi pregunta. 
Es una grave responsabilidad. Estamos discriminando a los países más pobres, que son los países del sur del Mediterráneo. 
Muy brevemente. La Sra. Izquierdo Rojo formula una pregunta al organismo equivocado porque no se trata de normas del Consejo, son reglas de ejecución de la Comisión Europea para un programa que se ejecuta bajo la responsabilidad de la Comisión Europea. 
Señora Izquierdo, usted sólo tiene derecho a formular una pregunta complementaria, cosa que ya ha hecho. 
Señor Presidente, sólo deseo indicar que el Consejo, hasta el momento, ha regulado la actuación de la Fundación Europea para el Desarrollo de la Formación Profesional en lo que se refiere a los PECO, pero también es competencia del Consejo hacer la regulación propia de esa Fundación, de acuerdo con lo acordado en Barcelona, para los países del Mediterráneo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 5, 6, 7 y 8 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 5 formulada por Arthur Newens (H-0308/97): 
Asunto: Cuba y la Ley Helms-Burton 
¿Podría el Consejo realizar una declaración sobre los efectos estimados hasta la fecha de la Ley Helms Burton sobre el comercio entre la Unión europea y Cuba y que medidas están previstas para prevenir mayores daños en el caso de que esta Ley se aplicara plenamente? 
Pregunta nº 6 formulada por Rinaldo Bontempi (H-0310/97): 
Asunto: Cuba y la Helms Burton Act 
¿Podría el Consejo realizar una declaración sobre los progresos habidos en la resolución del conflicto existente entre la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos en relación con la Ley Helms Burton, que en estos momentos está siendo examinada por un panel de expertos de la Organización Mundial de Comercio? Pregunta nº 7 formulada por David Morris (H-0315/97): 
Asunto: Cuba y la Ley Helms Burton 
¿Podría realizar el Consejo una declaración sobre los últimos acontecimientos registrados en Cuba en que se incluya un comentario sobre la noticia de que las autoridades cubanas y estadounidenses han permitido a la cadena de televisión CNN abrir una oficina en Cuba y en qué medida este hecho incide sobre la Ley Helms Burton, cuyo objetivo es reforzar el embargo comercial de los EE.UU. contra Cuba? Pregunta nº 8 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0345/97): 
Asunto: Ley norteamericana Helms-Burton 
¿Considera el Consejo que los empresarios europeos que han invertido o se proponen invertir en Cuba quedan adecuadamente protegidos tras la reciente decisión de la Comisión de renunciar a continuar los procedimientos contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio con respecto a la Ley Helms-Burton? 
Daré una respuesta conjunta a las preguntas de sus Señorías, Newens, Bontempi, Morris y Medina Ortega, porque todas guardan relación con la ley Helms-Burton en Cuba. 
Después de haberse celebrado una intensiva consulta bilateral entre la Comisión y las autoridades norteamericanas, el 11 de abril de 1997 se logró un acuerdo sobre la ley Helms-Burton, y a raíz de ello también en cierta medida sobre la ley D ' Amato. 
El acuerdo tiene que ver con un determinado código de conducta por ambas partes. 
A fin de evitar una recrudecimiento del conflicto sobre la ley Helms-Burton, el 18 de abril, el Consejo dedicó una conversación a esta cuestión y llegó a las siguientes conclusiones. Cito: Teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado entre la Comisión y Estados Unidos y el compromiso que ha contraído Estados Unidos, el Consejo ha acordado que los procedimientos en curso del panel de la OMC relativos a la ley Helms-Burton serán suspendidos ahora y que en caso de que se emprendan acciones contra empresas o personas de la UE sobre la base de la ley Libertad o de la ley de sanciones relacionada con Irán y Libia o no se concedan los wavers descritos en el acuerdo, sino que se retiren, la Comisión pedirá a la OMC que vuelva a poner en marcha o cree de nuevo el panel, tras lo cual el panel seguirá el procedimiento normal. 
Además, el Consejo pide a la Comisión que le mantenga al corriente de los posibles acontecimientos. 
El Consejo recuerda que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, tiene el objetivo de fomentar los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales siempre que estos se vean amenazados, y se ha comprometido al igual que Estados Unidos a luchar contra el terrorismo. El Consejo reitera asimismo su firme protesta contra la imposición de una legislación extraterritorial como medio para acercar estos objetivos. 
El Consejo considera que esta legislación es inaceptable tanto desde el punto de vista jurídico como de los principios. 
El Consejo recuerda en este sentido sobre todo la profunda preocupación que expresó en sus conclusiones del 15 de julio de 1996 sobre las consecuencias extraterritoriales de las leyes Helms-Burton y D ' Amato, y nada de lo que incluye el acuerdo con Estados Unidos podrá interpretarse se forma que pueda perjudicar al enfoque coherente de esta cuestión tal como se ha descrito en estas conclusiones. 
El Consejo es partidario de que se prosigan las negociaciones en el marco del acuerdo multilateral en materia de inversiones, el llamado MAI, de acuerdo con los procedimientos acordados para esta negociación y sobre la base del presente mandato. Este mandato puede ser modificado por el Consejo de acuerdo con las reglas de conducta. 
Aquí acaba la conclusión que sacó el Consejo del acuerdo de la Comisión con la administración de Estados Unidos. 
En lo que respecta a la pregunta del Sr. Newens, numerosas empresas de los Estados miembros de la Unión Europea han salido perjudicadas a causa de la ley Helms-Burton. 
Sin embargo, no disponemos de cifras sobre la repercusión conjunta en el comercio entre la Unión Europea y Cuba. 
No obstante, el Consejo ha recalcado una y otra vez que- a su entender- esta legislación es contraria al derecho internacional y ha perjudicado los derechos e intereses de la Unión Europea en los sectores de comercio e inversión, y ha desanimando mucho el comercio entre la Unión y Cuba. 
Por último, en lo que respecta a la pregunta oral del Sr. Morris, el Consejo considera que el hecho de que la cadena de televisión CNN haya recibido permiso de las autoridades cubanas y norteamericanas para abrir una oficina en Cuba, es una cuestión entre Estados Unidos y Cuba, y no tiene consecuencias para las relaciones entre la Unión Europea y estos países. 
Muchas gracias, Sr. Presidente en ejercicio, por su respuesta. 
Me alegra que reconozca el hecho de que algunos países europeos que realizan actividades comerciales en los Estados Unidos se han visto intimidados por la posibilidad real de que se emprendan acciones legales contra ellos, y que se han aplicado otras leyes estadounidenses contra ciudadanos europeos observantes de la ley. 
En semejantes circunstancias, ¿está dispuesto a admitir, señor Presidente, que la impresión de que la Unión Europea está debilitando su postura- impresión que, en cierta medida, se ha causado con la retirada de la queja ante la OMC- terminar por perjudicar a nuestro comercio? 
Estaría, por consiguiente, dispuesto a reafirmar nuestra determinación, no sólo para solicitar que, en caso necesario, se reconstituya el panel de la Organización Mundial del Comercio, sino además para que se adopte cualquier otra medida que se estime necesaria para impedir que se apliquen las disposiciones extraterritoriales de la ley Helms-Burton contra nuestros empresarios? 
Puedo prometer al Sr. Newens que el Consejo hará todo lo posible por luchar contra la legislación de terceros países con efecto extraterritorial que pueda ser perjudicial para los intereses de las empresas y las personas de la Unión Europea. 
En este caso específico surgió un dilema político especial, a saber, que Estados Unidos se viera obligado por razones políticas interiores como consecuencia del procedimiento del panel de la OMC que se había iniciado, a recurrir a la llamada National Security Excepción, lo cual la OMC tendría que suspender el procedimiento de iure. 
Esto habría significado de hecho que en la cuestión del conflicto HelmsBurton no sólo no habría podido dictarse ninguna sentencia, sino que además las circunstancias políticas interiores que habrían obligado a la Administración norteamericana a recurrir a la National Security Exception habrían provocado una enorme pérdida de credibilidad por parte del procedimiento de panel de la OMC en el marco de la Ronda de Uruguay para solucionar este tipo de conflictos. 
Después de sopesarlo todo, en el acuerdo, la Comisión y la Administración norteamericana han intentado seguir un curso que evite que el conflicto escale innecesariamente con el efecto en la OMC que acabo de exponer. 
Por otra parte, la Administración norteamerciana se compromete a esforzarse a reducir los efectos negativos de la ley Helms-Burton y la ley D ' Amato en cuanto afecte a los intereses de los súbditos de la Unión Europea a través de modificaciones de la ley o wavers. 
Esperamos que la Administración norteamericana cumpla esta obligación, y si la Comisión o el Consejo tienen la impresión de que la Administración norteamericana no cumple lo acordado, no dudaremos en poner nuevamente en marcha el panel de la OMC. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera formularle una pregunta: ¿No cree usted que la gestión de este acuerdo es bastante delicada, dados los elementos de dificultad y también de ambigüedad que contiene? 
Y sobre todo, ¿no le parece, como me parece a mí, que existe el riesgo de hacer pasar en parte, mediante este acuerdo, los mismos efectos que tenía la ley? 
Reconozco la diferencia, pero tenemos noticias de desincentivaciones a empresas y también a organizaciones no gubernamentales que ya operan en la cooperación con Cuba como consecuencia de la gestión, de la interpretación de este acuerdo. 
Quisiera preguntarle qué piensa usted de eso y cuáles son las informaciones de que dispone. 
El objetivo de este acuerdo entre el Consejo y la Comisión, si bien sujeto a las estrictas condiciones que he citado antes, es que la Administración norteamericana establezca una consulta con su órgano legislativo independiente, el Congreso, para interpretar de tal modo la ley y en caso necesario modificarla a fin de que se eliminen los efectos extraterritoriales negativos para los intereses económicos europeos, incluidos los intereses económicos establecidos. 
En caso de que resultara que jurídicamente o incluso en la práctica la Administración norteamericana se viera obligada a seguir actuando extraterritorialmente contra los intereses europeos en lo que respecta a las relaciones con Cuba, la Comisión y el Consejo no dudarán en sacar las conclusiones que acabo de citar, concretamente la reanudación del panel de la OMC. 
Tengo la impresión, señor Presidente en ejercicio, de que los Estados Unidos están atacando ferozmente a todo el mundo. 
Aparte del hecho de que esto está afectando de manera adversa a Cuba, también está teniendo repercusiones negativas sobre empresas estadounidenses porque están perdiendo miles de millones de dólares y cientos de miles de puestos de trabajo. 
¿Estaría el Consejo dispuesto a reconocer que la ley Helms-Burton, que se opone al ingreso de Cuba en el Banco Mundial, el FMI y la OEA hasta que exista un gobierno pos-Castro, es una violación de la soberanía de Cuba? 
¿Tiene intención el Consejo de emprender acciones para garantizar el acceso de Cuba a dichos organismos con el fin de que el país pueda reconstruir su economía en beneficio de su población? 
En lo principal estoy de acuerdo con su Señoría y pienso que también refleja la opinión de todo el Consejo cuando dice que, si se quiere fomentar la democracia y el desarrollo humano en Cuba, el aislamiento y el boicot como el que aplica la Administración norteamericana desde 1959 ha dejado de ser el medio adecuado, sobre todo ahora que Cuba ya no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. 
Sólo que el Gobierno y el Congreso norteamericanos tienen otra opinión y en este punto we agree to disagree. 
En lo que respecta a la prohibición, prevista en la legislación, de admitir a Cuba, por ejemplo, en las instituciones de Bretton-Wood, no puedo por más que decir que en estos momentos los reglamentos de las instituciones de Bretton-Wood son los que han de determinar de qué modo ha de tratarse. Un único Estado miembro no puede dictarlo unilateralmente en instituciones multilaterales. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los Estados Unidos son un país que admiro, un país que quiero, con el que he tenido bastantes relaciones, es una de las democracias más antiguas, pero una de las características de esa democracia, basada en la separación de poderes y en la independencia del poder judicial, es el tremendo rigor en la aplicación de la ley, el tremendo rigor en la aplicación de las penas. 
En este momento, un ciudadano comunitario, el Sr. Ferreiro, está en la cárcel en los Estados Unidos por desarrollar actividades comerciales para suministrar alimentos y otros productos de primera necesidad a Cuba. 
Mi temor es que la renuncia de la Unión Europea con respecto a la Ley Helms-Burton induzca a las autoridades norteamericanas a considerar que tienen el campo libre para aplicar con el máximo rigor la legislación interna norteamericana, que puede llevar no sólo a los empresarios europeos sino también a sus hijos y parientes a encontrarse con dicha legislación, que ellos suponen que no se les aplica y que les perjudica o les puede perjudicar de una manera muy directa. 
Sólo puedo confirmar al Sr. Medina Ortega que el Consejo y los Estados miembros, conjuntamente con la Comisión Europea, rechazan sin más, y por cuestión de principios, leyes como la Helms-Burton. 
Por esta razón, cuando fue aprobada esta ley en 1996, el Consejo- a propuestas de la Comisión- aprobó en un plazo relativamente corto una serie de contramedidas, leyes de retorsión, para poder actuar en caso de que se vieran afectados los intereses europeos al aplicar la ley de forma desproporcionada. 
Esto no quita que un socio comercial tan importante como Estados Unidos y un socio comercial tan importante como la Unión Europea, si me permiten el símil, son como dos elefantes que han de andar con mucho cuidado sobre un armario de porcelana, esperando que al hacerlo se dañe lo menos posible la porcelana. 
Lo que lamento esencialmente es de hecho que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que tienen claramente una visión común sobre la conveniencia de nuevos desarrollos políticos y económicos en Cuba, después de tantos años no hayan alcanzado todavía un principio de acuerdo sobre la cuestión de cómo hay que lograrlo y en este punto discrepan fundamentalmente. 
Lamentamos que Estados Unidos siga aislando el desarrollo en Cuba, en lugar de fomentarlo. 
Como buen liberal pienso que se estimula mucho la democracia a través de las inversiones extranjeras, e impedir las inversiones extranjeras no fomentará en este sentido el desarrollo, incluido el desarrollo político, en Cuba. 
Pregunta nº 9 formulada por Mihail Papayannakis (H-0322/97): 
Asunto: Drogas sintéticas 
En el Consejo Europeo de Dublín se decidió adoptar una acción común en favor de la aproximación de las legislaciones y actuaciones de las fuerzas de policía, servicios de aduana y autoridades judiciales para luchar contra la toxicomanía y el narcotráfico. Habida cuenta de que las drogas sintéticas producidas en la Unión Europea, en la Europa central y oriental y en los países bálticos tienen mucha aceptación entre los jóvenes, a pesar de los graves riesgos que entrañan tanto para la salud pública como para la sociedad en general, ¿puede indicar el Consejo qué progresos se han efectuado hasta la fecha en cuanto a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros para luchar contra el narcotráfico, si se han evaluado los riesgos que implica el aumento de las drogas sintéticas y si, dada su repentina aparición en el mercado, existen mecanismos a escala europea para erradicarlas? 
Quiero contestar del siguiente modo a la pregunta de su Señoría, el Sr. Papayannakis. La política que se desarrolla dentro de la Unión Europea para luchar contra las drogas abarca un amplio espectro, con aspectos preventivos por un lado, en cuyo caso prestamos atención sobre todo a la salud pública, la información y la formación, y por otro lado también elementos represivos, concretamente la cooperación entre los servicios judiciales, policiales y aduaneros para luchar contra el narcotráfico y el contrabando de drogas. 
La pregunta del Sr. Papayannakis guarda relación con este último aspecto, a saber, la cooperación internacional penal para luchar contra el narcotráfico y la criminalidad de las drogas. 
La pregunta guarda específicamente relación con los progresos realizados durante la Presidencia neerlandesa en la puesta en práctica de la acción común en relación con la armonización de las legislaciones y las prácticas de los Estados miembros de la Unión Europea para luchar contra la toxicomanía y para evitar y combatir el narcotráfico. Este largo título se abrevia a menudo con «acción común en materia de drogas». 
Fue ratificada por el Consejo Europeo de Dublín en diciembre de 1996. 
En estos momentos, los Estados miembros y las instituciones de la Unión están llevando a cabo esta acción común, siendo uno de sus componentes la armonización de la legislación. 
Para el Consejo Europeo de Luxemburgo ha de elaborarse un informe de progresos sobre la puesta en práctica. 
A fin de poder presentar un informe lo más comprensible posible en diciembre de 1997 en Luxemburgo, actualmente se está elaborando un informe modelo, y el Consejo Europeo de Amsterdam tiene intención de presentar un informe provisional. 
La pregunta del Sr. Papayannakis sobre las drogas sintéticas está igualmente relacionada con la acción común en materia de drogas. 
En este aspecto, los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea están trabajando para desarrollar un early warning system. Se trata de un mecanismo para intercambiar rápida y eficazmente información sobre nuevas sustancias que aparecen en el mercado de las drogas sintéticas. 
La interpretación exacta de este mecanismo es todavía un tema de consulta. 
También sobre esta cuestión se elaborará un informe para el Consejo Europeo de Amsterdam. 
Por otra parte, le remito en este sentido al European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, el EMCDDA. 
Este instituto tiene su sede en Lisboa y dispone entre otras cosas del llamando sistema Raytox. A través de este sistema, los Estados miembros intercambian información sobre las drogas sintéticas, entre otras. 
A través de este canal es posible intercambiar nuevos datos entre los servicios y las organizaciones implicados. 
Señor Presidente, le agradezco los detalles de su respuesta, pero no he venido aquí para abrir una polémica. 
Mi intención es ayudar, porque creo que existe un problema: estas nuevas drogas sintéticas tienen algunas características nuevas. 
No pueden combatirse con los métodos tradicionales. 
Se producen y ponen en circulación rápidamente, con gran facilidad y son cada vez más baratas. 
Resultan cada vez más atractivas, porque hacen difícil distinguir entre lo prohibido y peligroso y el juego. 
En este sentido, señor Presidente, me consta que el sistema que usted propone ocupa muchísimo tiempo. 
Se requieren dos años para que una sustancia se incluya en la lista de las sustancias prohibidas. 
En dos años, da tiempo a ganar millones, dejar de producir una sustancia y pasar a otra. 
Mi pregunta era: ¿qué piensan hacer para crear un sistema mucho más rápido y adecuado a la nueva situación? 
Y no es un tema para la moderación. 
Europol es intergubernamental. 
Les incumbe a ustedes decir lo que pueden hacer en favor de un sistema de este tipo. 
El Sr. Papayannakis señala, a mi entender con toda la razón, los problemas que causan las drogas sintéticas para la política penal y también la actuación policial, porque se trata de un desarrollo tan rápido como el desarrollo de la industria química en general. 
Precisamente en este punto es extremadamente importante que los Estados miembros dispongan de información, por ejemplo, sobre nuevas sustancias que en principio pueden incluirse en la legislación sobre drogas, que se analice rápidamente y que se intercambie a fin de que estas nuevas sustancias puedan penalizarse en la legislación de los diversos Estados miembros y las autoridades judiciales y policiales dispongan de la base jurídica para poder reaccionar rápidamente. 
De ahí que se recalque tanto la mejora de los sistemas de recogida e intercambio de información. 
Por otra parte, señor Presidente, esto también está relacionado con los denominados precursors, las materias primas que se utilizan para preparar drogas sintéticas, para preparar drogas ilegales, porque sobre todo el control de los flujos de materias primas y el intercambio de información entre departamentos de investigación criminal puede proporcionar una indicación importante sobre cómo se desarrolla la criminalidad en este punto. 
El intercambio y la recogida de información es en este punto el primer vínculo absolutamente vital para poder actuar enérgicamente. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 10 caduca. 
Pregunta nº 11 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0330/97): 
Asunto: Escuchas de las telecomunicaciones 
La Unión Europea lleva un año preparando conjuntamente con el FBI americano un sistema común de escuchas de las telecomunicaciones. El 17 de enero de 1995 se aprobó una resolución sobre esta cuestión en el transcurso de una reunión de los ministros europeos de Justicia e Interior. 
Posteriormente se adoptó una declaración común de intenciones entre los signatarios del acuerdo y otros Estados, a pesar de lo cual la información que se ha ofrecido a la opinión pública y los medios de comunicación sobre esta cuestión ha sido extremadamente limitada. 
¿Podría el Consejo indicar si las normas comunes y los acuerdos en este ámbito van a implicar algún tipo de armonización de las legislaciones nacionales, por ejemplo en lo que respecta a las personas que podrán ser objeto de las escuchas, o las sospechas de actos delictivos y la duración de las penas que justificarían la adopción de esta medida? 
¿Existe alguna relación entre las actividades de la Unión en este ámbito y ECHELON? 
En respuesta a la pregunta del Sr. Sjösteldt sobre las escuchas de las telecomunicaciones, quiero empezar señalando que no es cierto que la Unión Europea colabore con el FBI para desarrollar un sistema común de escuchas. 
Sí es cierto que expertos de los Estados miembros de la UE y otros países, como Estados Unidos, han realizado una consulta durante varios años sobre las exigencias que han de plantearse a la industria para que al diseñar aparatos de telecomunicaciones se incorporen dispositivos para que dichos aparatos puedan ser escuchados por las instituciones policiales. 
Esto ha comportado una serie de international user requirements cuya importancia fue recalcada por el Consejo en la resolución que ha mencionado usted del 17 de enero de 1995. 
Otros países que no forman parte de la Unión Europea, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega, también han suscrito estas exigencias. 
La aplicación de estas exigencias a los sistemas telefónicos es una cuestión que las autoridades de telecomunicaciones competentes, en base a la legislación nacional, imponen a los operadores y a los ofertantes de servicios. 
El modo en que luego se pueden utilizar las facilidades técnicas para realizar escuchas queda determinado por el derecho nacional que, en lo referente a los países europeos, ha de concordar con el Tratado Europeo de derechos humanos. 
Doy las gracias al Presidente en funciones del Consejo por la respuesta recibida. 
El hecho es que los nuevos modelos de telecomunicación por satélite, que cada vez se extenderán más, hacen que resulte más difícil considerar este asunto desde los límites nacionales. 
Además, se está discutiendo a nivel de la UE sobre unos acuerdos que abrirán la posibilidad de realizar escuchas entre diversos países. 
Esto hace que surjan una serie de preguntas, puesto que la legislación nacional de estos países no concuerda, como es la cuestión de qué legislación ha de aplicarse para decidir si hay que realizar o no escuchas de las conversaciones de una persona en concreto. 
También hay unos aspectos de importancia relativos a la integridad personal en este asunto. 
¿Es correcta la interpretación de que un tipo tan amplio de cooperación a nivel de la UE va a requerir como consecuencia la armonización de las decisiones sobre quién ha de ser objeto de escuchas, es decir, que se va a establecer una condena penal determinada para un delito determinado previamente a la realización de escuchas de las conversaciones de una persona en concreto? 
¿Es ésta la interpretación correcta de la cooperación que se lleva a cabo a nivel de la UE? 
Aquí entramos en el ámbito de la operación de los servicios de inteligencia y seguridad nacionales. 
En este punto, creo que la Unión Europea tiene competencias en el tercer pilar para llevar fácilmente a cabo la armonización. 
Por supuesto, cabe la posibilidad de cooperar en el ámbito intergubernamental, pero en esta fase, inclusive en sentido político, veo poca base de apoyo para pasar a la armonización a través de convenios. 
He de hacer una distinción, pues su primera pregunta tenía que ver con los acuerdos en torno a la técnica de telecomunicaciones. 
Se trata de impedir el uso de técnicas modernas de codificación y scrambler que hacen que los servicios de inteligencia y seguridad ya no puedan hacer nada. Esto es considerado un grave defecto por los guardianes de la seguridad interior. 
Pienso que es muy importante que los Estados miembros nacionales, y sobre todo los Estados miembros nacionales que suscriben los convenios internacionales relativos a la protección de la privacidad y los derechos humanos, sigan controlando mediante la legislación nacional y prácticas de control nacionales que los servicios de inteligencia y seguridad cumplen estrictamente las reglas de conducta establecidas en dicha legislación. 
El hecho de que esto puede tener que ver, por supuesto, con la comunicación transfronteriza, no merma el principio de las responsabilidades nacionales. 
Nuestros gobiernos, nuestros parlamentos son los encargados de redactar la legislación, y nuestras instituciones de vigilancia en los Estados miembros nacionales son las encargadas de que los servicios de inteligencia y seguridad acaten la ley. 
Señor Presidente, yo doy por sentado que en este caso la principal preocupación no son los servicios de información, sino la lucha contra la gran delincuencia organizada y transfronteriza. 
En este contexto, yo quisiera preguntarle cuáles son los siguientes pasos que se propone dar el Consejo en el ámbito de la lucha contra la gran delincuencia organizada. 
¿Existen propuestas concretas, ya sea en el ámbito de las telecomunicaciones o por lo que respecta a los pasos que se darán próximamente? 
En lo que respecta a la pregunta de qué hace el Consejo para luchar contra la criminalidad internacional organizada, y más específicamente en el punto de las operaciones de inteligencia llevadas a cabo por la policía o los servicios de inteligencia, le recuerdo que el Consejo Europeo de Dublín creó un grupo de altos representantes de los Estados miembros para realizar un estudio específico sobre el fenómeno de la criminalidad organizada y hacer una recomendación de combatirla con fuerza a través de la cooperación. 
En enero, bajo la Presidencia neerlandesa, este grupo de altos representantes se puso manos a la obra y en abril presentó un informe que ahora ha sido tratado por los ministros de Justicia e Interior en una reunión extraordinaria celebrada a finales de abril. 
Este informe contiene una serie de recomendaciones políticas y una larga serie de recomendaciones técnicas, y creo que poco después que sea tratado y autorizado por el Consejo Europeo de Amsterdam, seguramente supondrá un estímulo importante para la cooperación entre los Estados miembros en el marco del tercer pilar para la lucha contra la criminalidad organizada. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas números 11 a 29 se contestarán por escrito. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Sólo quiero expresar mi malestar por la decisión. 
Mi pregunta era la siguiente. 
He permanecido sentado aquí durante casi una hora y media y he esperado pacientemente a que llegara el turno de mi pregunta. 
Habida cuenta de la importancia que tiene este asunto para el Reino Unido, en particular, para el noreste de Escocia, que es la circunscripción del Sr. Macartney --que tenía previsto formular la pregunta complementaria -, es lamentable que no haya sido posible formularla. 
Me gustaría que se garantizara que esta situación no volverá a repetirse en el futuro. 
Señor Patjin, Señorías. Teniendo en cuenta las dificultades horarias que hemos tenido hoy y las necesidades de trabajo que nos ha expresado el señor Patjin al comenzar esta sesión, vamos a terminar aquí el Turno de preguntas al Consejo, pero debo advertirles que en el futuro voy a cuidar de que, cuando haya un cambio de horario, éste no pueda vulnerar el tiempo que tenemos dedicado a las preguntas. 
Considero que hoy es una situación excepcional pero, al mismo tiempo, ante ustedes, estimados colegas, tomo este compromiso. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25 horas se reanuda a las 21.00 horas) 
Se reanuda la sesión. 
El Sr. Macartney pide la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, en cuanto al informe Souchet, quiero que se me den garantías de que se concederá un plazo suficiente para que se examinen las enmiendas al fundamento jurídico que he presentado y que han sido transmitidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Es fundamental para toda la cuestión de la Política Pesquera Común, y por ello, exijo garantías de que la Comisión de Asuntos Jurídicos dispondrá del plazo y de los recursos necesarios para examinar dichas enmiendas antes de que sean devueltas para debate. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos lo verificará antes de la votación de mañana a mediodía. 
Gestión de las poblaciones de peces- Pesca frente a las costas de Santo Tomé- Acuerdos internacionales de pesca- Zona de regulación NAFO- Pesca y acuicultura 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0151/97 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la 
propuesta de decisión del Consejo relativa a la ratificación, por parte de la Comunidad Europea, del acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y la gestión de las poblaciones de peces cuyos desplazamientos se efectúan tanto dentro como fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones transzonales) y las poblaciones de especies altamente migratorias (COM (96) 0472- C4-0551/96-96/0238 (CNS) ); -A4-0145/97 del Sr. Macartney, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la 
propuesta de reglamento del Consejo relativa a la celebración del Protocolo que determina, para el período comprendido entre el 1 de junio de 1996 y el 31 de mayo de 1999, las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe sobre la pesca frente a las costas de Santo Tomé y Príncipe (COM (96) 0394- C40485/96-96/0199 (CNS) ); -A4-0149/97 del Sr. Crampton, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre los acuerdos internacionales de pesca-A4-0150/97 del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre las propuestas de reglamento del Consejo que modifican: I. el Reglamento (CEE) nº 189/92 por el que se adoptan las normas de desarrollo relativas a determinadas medidas de control aprobadas por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (NAFO) (COM (96) 0684- C4-0034/97-96/0309 (CNS) ), II. el Reglamento (CE) nº 3069/95 por el que se establece un programa de observación de la Comunidad Europea aplicable a los buques de pesca que faenen en la zona de regulación de la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (NAFO) (COM (96) 0685- C4-0035/97-96/0310 (CNS) ); -A4-0144/97 del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la 
propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 3760/92 por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura (COM (96) 0350- C4-0538/96-96/0183 (CNS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el importante debate conjunto sobre pesca que celebramos hoy tiene un claro común denominador. 
Todos los informes tienen relación, de una u otra manera, con los imprescindibles caladeros externos y sus distintas formas de acceso y regulación, bien a través de acuerdos pesqueros tradicionales con terceros Estados- como los de Santo Tomé y Príncipe, del informe Macartney- o de acuerdos regionales multilaterales como NAFO- en lo que se refiere al informe Teverson- y también el Acuerdo de Nueva York, sobre especies transzonales y altamente migratorias- del que soy ponente-. 
Todos abordan distintas problemáticas, pero destacan todos también la común denuncia, que viene siendo ya habitual, del todavía escaso papel concedido en esta materia al Parlamento Europeo frente a la avidez competencial de una Comisión Europea, ansiosa de regulaciones exorbitantes de dudosa o, al menos, insuficiente base jurídica- como se recoge en el informe Souchet y en el mío propio -, referidas precisamente, en ambos casos, a actuaciones comunitarias en el marco de organizaciones internacionales que están llamadas a definir el futuro y cambiante Derecho marítimo internacional. 
Por todo ello, señor Presidente, valía la pena que el Parlamento Europeo realizase un informe de propia iniciativa sobre los insustituibles, para la Unión Europea, acuerdos de pesca internacionales- informe del Sr. Cramptonque, tras importantes debates y enmiendas en nuestra Comisión de Pesca- donde alcanzó la unanimidad- se debate hoy en este Pleno. 
Me permito, por su importancia, destacar de su informe lo siguiente: los acuerdos internacionales de pesca y la pesca en aguas internacionales suponen el 25 % del total de la producción comunitaria. 
Las importaciones de terceros Estados son imprescindibles para el mercado comunitario, pues las capturas en nuestras aguas son muy inferiores a nuestro consumo. 
Dichos acuerdos son, pues, imprescindibles para la flota comunitaria, el mercado y el consumidor comunitarios, para nuestra industria y, en consecuencia, para el empleo, que además, como destaca el informe, se concentra en regiones periféricas del Objetivo 1 muy dependientes de la pesca, sin otras alternativas claras de empleo, pero con un sector pesquero competitivo, a nivel mundial, que es preciso apoyar frente a terceras potencias pesqueras deseosas de acceder a los mismos caladeros, y no siempre con medidas técnicas de conservación tan exigentes como las de la propia Unión Europea. 
Es preciso, finalmente, resaltar que una política tan beneficiosa para los intereses generales de la Unión Europea no llega ni al 30 % del total de los recursos comunitarios dedicados a la pesca, lo que supone, en el conjunto del presupuesto de la Unión, un 0, 31 % del total del presupuesto comunitario. 
Es preciso, pues, continuar en el futuro con esta política de acuerdos pesqueros internacionales, aumentando sus dotaciones presupuestarias, calibrando en todo momento los respectivos intereses mutuos, negociando acuerdos adecuados a ambas partes, mejorando los actuales, si fuera necesario, o adaptándolos a las circunstancias concretas y a las diferentes tipologías jurídicas, aplicando acuerdos tradicionales cuando convenga o creando empresas mixtas o asociaciones temporales de empresas cuando sea posible. 
En este contexto, señor Presidente, examinamos el Convenio de Nueva York, de 4 de agosto de 1995, sobre conservación y gestión de especies transzonales y altamente migratorias, cuya ratificación se somete a consulta de este Parlamento Europeo y de cuyo informe soy ponente. 
Estamos ante un acuerdo histórico de gran calado, que es preciso defender, por cuanto pretende la profundización por la vía de la cooperación multilateral regionalizada de las medidas de gestión y conservación en aguas internacionales. 
Se trata, en definitiva, de cooperar para la conservación de las especies en aguas internacionales frente a las tesis y a los intentos de ciertos países costeros que abogan por la ampliación unilateral de sus prerrogativas contraviniendo el Derecho internacional, la Convención del Derecho del mar y, en particular, las normas que regulan el alta mar y las zonas económicas exclusivas hasta las 200 millas. 
Más allá y exclusivamente para las especies transzonales y altamente migratorias, al menos de momento, cabrá aplicar en el futuro, si llega a entrar en vigor, el presente Convenio de Nueva York, pero conviene resaltar que éste no da pie ni ampara leyes nacionales extraterritoriales, como la tristemente célebre Ley canadiense de pesca, de 25 de mayo de 1994, o el nuevo proyecto de ley C-62- que aprovechamos, una vez más, para denunciar. 
Por ello, en nuestro informe llamamos la atención de la Comisión a fin de que, antes de la ratificación definitiva del acuerdo, se asegure bien de que todos los Estados signatarios están interpretando el mismo de la misma manera y adopte, si fuera preciso, las cautelas que jurídicamente sean pertinentes en forma de reservas y declaraciones interpretativas, por razones de seguridad jurídica. 
Hay aspectos delicados, como la autorización del uso de la fuerza en determinadas circunstancias, que requieren una interpretación nítida y uniforme, pudiendo ser conflictivos en caso contrario. 
En segundo lugar, pero muy relevante, está el asunto competencial- que ya fue objetado por varios Estados miembros en el Consejo frente a la Comisión Europea. 
El acuerdo afecta a competencias mixtas entre los Estados y la Comisión. 
La Comisión tiene atribuidas competencias en materia de conservación y gestión de los recursos marinos, pero los Estados miembros conservan las competencias que el Derecho internacional atribuye al Estado del pabellón del buque. 
Estas competencias exclusivas, que siguen manteniendo los Estados, les autoriza, en Derecho internacional, a adoptar sus propias posiciones jurídicas y su propia defensa jurisdiccional en el ámbito de sus propias competencias reconocidas, por lo que, y como es lógico dentro de la razonable cooperación Comisión-Estados, cabe la doble protección jurídica del Estado y de la Comisión de acuerdo con cada competencia respectiva, razón por la que parece exorbitante y sin base jurídica suficiente el pretendido artículo 3.2 de la propuesta de la Comisión, rechazada por unanimidad en nuestra Comisión de Pesca por cuanto, con gran ambigüedad e inoportunidad, se pretende que los Estados renuncien casi a sus competencias de defensa, de sus propias competencias, en favor de la Comisión sin que ésta, como señala la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en su opinión para nuestro informe y adjunto al mismo, proporcione los argumentos para sustentar dicha disposición. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos- y con ello concluyo, señor Presidente- del Parlamento Europeo en sus puntos 5 y 6 señala que estas normas del artículo 3.2 son susceptibles de plantear dificultades y señala que en el ámbito de los acuerdos internacionales de carácter mixto no hay todavía jurisprudencia comunitaria definida. 
Por lo tanto, en vez de normas jurídicas, sería mejor códigos de conducta entre la Comunidad y los Estados miembros. 
Por lo tanto, ante estos razonamientos, la Comisión de Pesca, favorable a la ratificación del acuerdo, está sin embargo, por unanimidad, en contra del mencionado punto 3.2 de la propuesta. 
Señor Presidente, a primera vista, el Acuerdo con Santo Tomé y Príncipe parece tener escasa importancia para este Parlamento, a pesar de que en muchos sentidos simboliza algunos de los problemas y de las posibilidades que se derivan de nuestros acuerdos de pesca con terceros países. 
Santo Tomé y Príncipe es uno de los países más pobres del mundo y depende en gran medida de los ingresos que percibe por el acuerdo de pesca con la Unión Europea para salir adelante. 
Es una situación bastante atípica en la que las posibilidades de pesca para los propios pescadores de Santo Tomé y Príncipe son muy limitadas debido a las peculiaridades de las aguas que rodean las islas. 
Su utilidad es mayor como base para los atuneros procedentes de Europa que para la población local, por lo que representan una fuente muy especial en el sentido de que forman una zona económica exclusiva, una ZEE, pero en la que no existen caladeros ricos como es el caso en otras partes de África, por ejemplo, frente a las costas de Namibia. 
Este aspecto les da una perspectiva muy especial. 
Me complace apoyar el presente informe. 
Han sido muchas las ocasiones en las que me he mostrado crítico con la política de pesca, pero creo que la mayor parte de este informe en particular es recomendable. 
Propone una compensación razonablemente generosa para el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe. 
Si tuviera que entrar en detalles, diría que resulta bastante inadecuado emplear la forma «tratará de» en un documento jurídico. 
Como sabe cualquier abogado, eso significa que no es vinculante. 
Por tanto, debería haberse utilizado una terminología más firme. 
Hay dos factores a tener en cuenta: uno es el de la captura accesoria, que es un tema espinoso tanto para los conservacionistas como para el consumo de pescado de la población local; el otro es relativo a la conveniencia de enrolar a tripulaciones de Santo Tomé y Príncipe en los buques pesqueros, aspecto que se presenta más como deseable que como un requisito. 
Cuando se presente el Acuerdo para revisión, será necesario dar mayor firmeza a estos puntos. 
Es un compromiso bastante débil entre no decir nada y decir algo, y no es vinculante. 
En otras palabras, el acuerdo no es magnífico, pero sí razonablemente satisfactorio. 
En este Parlamento volvemos una y otra vez sobre dos críticas. 
Una es que estos acuerdos no son precisamente herramientas de desarrollo para el país en cuestión, sino que se consideran acuerdos comerciales de pesca. 
Ésa es la madre del cordero. 
En la Comisión de Desarrollo y Cooperación y en la Comisión de Pesca hemos dicho una y otra vez que ésa no es la mejor forma de obtener resultados, que dichos acuerdos deben basarse no sólo en los intereses comerciales de la Unión Europea y de sus Estados miembros, sino en los intereses de la población afectada. 
He visitado algunos de estos países, al igual que muchos otros diputados. 
Hemos hablado con la población local, que se siente agradecida por recibir algunas ayudas gubernamentales, pero podría hacerse mucho más para lograr una pesca sostenible y también para alcanzar un desarrollo sostenible en un sentido más amplio del término. 
Este tema de herramienta del desarrollo no desaparecerá hasta que hayamos cambiado el enfoque clásico y lleguemos a un término medio entre ambas consideraciones: los intereses comerciales de la pesca de la UE y el tema del desarrollo. 
Mi última observación es relativa a la consulta. 
Este Parlamento desea ser consultado, pero preferiríamos que se nos consulte antes de que algo entre en vigor, y no después. 
Se nos critica por varias causas. 
Generalmente no se nos critica por ofrecer opiniones cuando es demasiado tarde para que éstas surtan algún efecto. 
Por eso es por lo que deben criticarnos. 
Ya es hora de que cambiemos el régimen para que el Parlamento pueda dar su dictamen antes de que el acuerdo entre en vigor, en vez de que sea al revés. 
Estamos constantemente emitiendo dictámenes sobre acuerdos que ya han sido concluidos, con la esperanza de que la Comisión o el Consejo tome nota de nuestras observaciones para la próxima ocasión. 
Ésa no es la mejor forma de hacer las cosas. 
Dicho esto, las propuestas de la Comisión cuentan con mi apoyo y con el de la Comisión de Pesca. 
Recomendamos el informe y todas las enmiendas presentadas en comisión. 
Señor Presidente, mi informe trata sobre la zona de regulación de la NAFO. 
No obstante, sólo me detendré un momento en ese tema, aunque se trata de un informe importante, por no ser contencioso y porque, básicamente, versa sobre los detalles. 
Acojo con satisfacción las modificaciones presentadas al Acuerdo sobre la NAFO que ahora han entrado en vigor. 
Dichas modificaciones incluyen una mayor participación de los observadores. 
Esas personas se encuentran ya abordo de los buques pesqueros y debemos aprovechar al máximo su presencia para conocer los pormenores de esas pesquerías y, en particular, el tema de los descartes. 
Esto afecta a todos los que participan en la pesca, y proporcionará un mayor conocimiento de los desechos, de cómo puede mejorarse la práctica, incluido el sistema «hail» , y de comunicar la especie de peces que se pretende pescar. 
En realidad, existe un argumento secundario, especialmente en la pesca del camarón. 
Es un ámbito que se está dando a conocer, especialmente por parte de los buques de Islandia, y que exige un mayor control. 
Esta idea ha sido la que ha originado las enmiendas que intentamos implantar para que la pesca del camarón continúe siendo sostenible durante mucho tiempo. 
Lo que pedimos al Parlamento es que lo examine y que encargue la elaboración de más informes. 
No obstante, a pesar de la importancia de la NAFO, los acuerdos internacionales de pesca son mucho más importantes. 
Una cosa está clara- como regularmente nos repiten la Sra. Comisaria y el Consejo de Ministrosy es que existe una capitalización excesiva de los buques pesqueros, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. 
De hecho, se estima que aproximadamente las dos terceras partes de los caladeros de todo el mundo están sobreexplotados. 
No es necesario tener grandes conocimientos de económicas para comprender que mientras más bajo sea el precio para acceder a un mercado en particular, mayor será la capacidad y en mayor medida sobrepasará ese abastecimiento la disponibilidad de los recursos en términos de capital o de buques y equipos. 
Lo cierto es que, con sus acuerdos internacionales de pesca, la Unión Europea está agravando este problema global, a saber, el exceso de subvenciones que se destinan a las flotas pesqueras de todo el mundo. 
De hecho, la FAO estima que el volumen total de subvenciones a las flotas pesqueras de todo el mundo es demasiado elevado e inadmisible. 
Esto origina unas capturas excesivas, la sobreexplotación de los caladeros y la necesidad de que los países adquieran más derechos de pesca en otras partes del mundo, lo que conduce al problema de una competencia cada vez mayor que supone, a su vez, la esquilmación de las reservas. 
Debemos poner fin a este proceso de algún modo. 
Creo que el Parlamento Europeo debe tomar la iniciativa a nivel mundial en la protección del medio ambiente y que debemos encabezar el cese de las subvenciones a los acuerdos internacionales de pesca. 
El Grupo de los Liberales propone que adoptemos un enfoque radical ante a la conservación y, en general, ante al futuro de la pesca en todo el mundo. 
Debemos decidir que éste es un ámbito en el que resulta muy fácil compaginar los costes privados con los gastos reales de manera que los costes de los acuerdos de pesca sean soportados por los propietarios de los buques y los operadores de las flotas. 
De esa manera comenzaremos a adaptar la capacidad a las reservas pesqueras del mundo. 
Es sólo un punto de partida, pero es un punto de partida fundamental. 
No estamos diciendo en ningún momento que la Unión Europea deba tomar esta decisión a nivel unilateral. 
Debemos negociar con los principales países pesqueros, como Japón, Corea y con aquellos que componían la Federación Rusa, aunque actualmente la actividad pesquera de estos últimos ha perdido importancia. 
Debemos comenzar a buscar un acuerdo internacional para poner fin a estas subvenciones y a esta esquilmación de las reservas de los océanos del mundo. 
Si las negociaciones no dan fruto, deberemos recurrir al marco de la Organización Mundial del Comercio y conseguir que ese organismo regule este ámbito y declare las subvenciones de los acuerdos internacionales de pesca métodos de competencia desleal. 
Sólo así podremos comenzar a establecer un cierto equilibrio en la ecología marina. 
La política en sí no resulta onerosa a nivel de la Unión Europea en su conjunto, pero la Comisión parece desear ampliar este ámbito. 
No obstante, el coste que soporta la Comunidad en este sector es de aproximadamente 280 millones de ecus al año, y según el informe de Peter Crampton, sólo 1.300 buques se benefician de esta política. 
No cabe duda de que existen maneras más eficaces de utilizar esos fondos en otros ámbitos de la Unión Europea, por ejemplo, en las regiones periféricas y, me gustaría sugerir, en mi propia circunscripción. 
Tiene que haber mejores formas de utilizar esos fondos y de destinarlos a los Fondos estructurales. 
El Grupo de los Liberales sostiene que debemos poner fin a esta insensatez, dar un impulso a la conservación a nivel mundial y que el mensaje que nos transmite la Comisión como Estados miembros debe ser oído también a nivel mundial. 
Debemos poner fin a este tipo de subvenciones. 
Señor Presidente, es la primera vez que intervengo durante cinco minutos en calidad de ponente de la Comisión de Pesca en la que, recientemente, se aprobó mi informe. 
En mi tiempo de intervención expondré algunas de mis opiniones personales y algunos interrogantes sobre los acuerdos de pesca en general. 
En la Unión Europea existen 26 acuerdos de pesca con terceros países, 15 de ellos con países de África y del Océano Índico, 10 con países del Atlántico Norte y 1 con un país de Latinoamérica. 
Dichos acuerdos abarcan cinco categorías principales: acuerdos recíprocos, acceso a excedentes de recursos, acceso a cambio de compensación financiera, acceso a cambio de compensación y acceso al mercado y acuerdos de segunda generación, que incluyen la creación de empresas conjuntas. 
Muchos de estos acuerdos apenas presentan problemas importantes y la principal consideración de los acuerdos de pesca es el tipo de compensación financiera. 
Estos acuerdos se han concluido, principalmente, con países en desarrollo. 
La Comisaria dijo recientemente, y cito sus palabras, » llegamos, pescamos, no pagamos casi nada y regresamos sin ningún control». 
Por este motivo, el informe se centra en la modalidad del acuerdo de compensación financiera. 
Es evidente que la Unión Europea deberá alcanzar un equilibrio entre sus propios intereses inmediatos y la supervivencia de su flota en el futuro, al mismo tiempo que reconoce que la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales es algo que, a largo plazo, nos concierne a todos. 
En el informe hago referencia a este aspecto de claro interés propio, y en él se incluye una medida de planificación previa de la que carece la denominada política actual. 
La Comisión de Pesca acoge con satisfacción la «Comunicación de la Comisión sobre los acuerdos de pesca- situación actual y perspectivas» porque supone un primer paso. 
Es fundamental adoptar un enfoque claro y coherente de los acuerdos de pesca para garantizar el éxito en la conclusión de futuros acuerdos. 
Los indicios ya están presente y las aguas, si no están tempestuosas, si están turbulentas. 
Las dificultades de la firma de un nuevo acuerdo con Senegal y las manifestaciones de Marruecos de que no suscribirá un nuevo acuerdo cuando expire el actual a finales de 1999, son significativas. 
Actualmente, la opinión predominante sostiene la necesidad de adoptar un nuevo enfoque, no sólo aras de unos acuerdos de pesca y de desarrollo justos, sino también para garantizar la supervivencia de dichos acuerdos en el futuro. 
En una reunión del Consejo celebrada recientemente, la Comisión declaró que los recursos pesqueros mundiales se habían reducido y que hacía falta un nuevo conjunto de prioridades. 
Dichos principios prevén una explotación sostenible y la prevención de la extinción de los recursos marinos, el compromiso de que todas las partes colaboren en aspectos como la evaluación de los recursos, su supervisión, la compatibilidad entre la pesca industrial y artesana, etcétera. 
Asimismo, el informe hace hincapié en la necesidad de coherencia entre la política pesquera, como la representan estos acuerdos, y la política de desarrollo. 
Es un aspecto que tiene especial relevancia. 
Además, debemos garantizar el cumplimiento de los códigos de conducta, por ejemplo, del Código de Conducta de la FAO para una pesca responsable y muchos otros que hemos suscrito, y pugno por que se garantice que todos los demás países hacen lo propio. 
El Sr. Teverson acaba de referirse a la FAO, organización que, además de lo que ha explicado el Sr. Teverson, ha declarado que el 70 % de la pesca mundial se aproxima o sobrepasa lo que se considera una explotación sostenible. 
Aparte de estos principios, en el informe recogemos una serie de directrices para un procedimiento uniforme que habrá que seguir a la hora de negociar los acuerdos de pesca: obtención de la información más completa posible sobre los niveles de recursos; consulta a los representantes del sector pesquero local; análisis de la relación coste-beneficios; mecanismo para la transmisión de los resultados de la investigación; y programas de educación y formación que financia la Comunidad como parte de dichos acuerdos. 
Luego, el informe aborda el papel del Parlamento Europeo. 
No estamos satisfechos con la función que desarrolla el Parlamento Europeo, ya que en el ámbito de la pesca se le margina mucho. 
El Parlamento ha reiterado su voluntad de tener una participación mucho mayor en la negociación de los acuerdos que incluya una consulta sobre el mandato negociador que el Consejo otorga a la Comisión, y que los acuerdos pesqueros se concluyan mediante el procedimiento de dictamen conforme del Parlamento. 
El tiempo restante de intervención lo destinaré a hacer algunas observaciones personales. 
La votación en el marco de la comisión fue larga y complicada. 
Como resultado de ello, cuando por fin leí el informe impreso, descubrí que contenía una serie de contradicciones, que existían algunas inexactitudes y que, de algún modo, se había alterado considerablemente el equilibrio del informe. 
Las enmiendas del Partido de los Socialistas Europeos intentan remediar algunas de estas carencias. 
Tengo que formular algunas preguntas. 
¿Podemos afirmar realmente que el principal objetivo de la Unión Europea en estos momentos es el mantenimiento de las estructuras existentes en el sector pesquero? 
¿Podemos afirmar realmente que la Unión Europea debe hacerse responsable de la rentabilidad de los armadores? 
No afirmamos lo mismo en el caso de la siderurgia o de la industria del automóvil. 
¿Por qué debería ser así en la industria pesquera? 
No cabe duda de que deberíamos establecer las condiciones para que dichas industrias sean rentables, pero no somos responsables de ello. 
¿Debe la Unión Europea financiar estos acuerdos por sí sola? 
En el boletín Pesca de la Dirección General, la Comisión escribe que las inquietudes sobre cómo limitar los costes pueden dar lugar a que los armadores o incluso los Estados miembros asuman una participación mayor en los gastos. 
Propongo que tengamos en cuenta lo que nos diga el Tribunal de Cuentas y lo que nos dirían los contribuyentes europeos si supieran exactamente lo que está sucediendo. 
¿Podemos considerar seriamente, como se afirma en el presente informe, que la pesca es un recurso perecedero? 
¿Es un recurso perecedero los peces que recorren los océanos? 
Les pido que mediten sobre ello. 
¿Podemos sostener que la exportación del exceso de capacidad de la flota de la Unión Europea a las aguas de terceros países es una opción válida para el futuro? 
La Comisión ya ha declarado que dichos acuerdos no son una solución a largo plazo. 
Debemos resolver nuestro problema en nuestras propias aguas. 
El presente informe es bueno. 
Espero que reciba el respaldo de la Asamblea. 
A nivel personal encuentro algunas dificultades, pero ésta es la decisión de la Comisión de Pesca y creo que marca un avance en relación con lo que teníamos antes. 
Señor Presidente, Señorías, en el marco de un procedimiento de consulta, se solicita a nuestro Parlamento que se pronuncie sobre una propuesta de la Comisión relativa a la modificación parcial del Reglamento de diciembre de 1992, concretamente el Reglamento nº 3760/92, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura. 
Las propuestas de modificación sometidas al examen de nuestra Asamblea tienen tres objetivos. 
La primera de ellas tiene por objeto autorizar una delegación de competencias a la Comisión, con miras a la incorporación, sin previa consulta en el contexto del ordenamiento jurídico comunitario, de las disposiciones referentes a las medidas técnicas sobre las artes de pesca y su manera de utilización, aprobadas en el marco de las comisiones internacionales de pesca, de las que la Comunidad es parte contratante. 
El objeto de la segunda modificación propuesta es determinar las posibilidades de pesca que el Consejo puede asignar a terceros países en función del total anual admisible de capturas, así como las condiciones técnicas en las que deben efectuarse dichas capturas en las aguas comunitarias. 
Finalmente, la tercera modificación propone atribuir al Consejo competencias para estipular medidas temporales de conservación de los recursos, ligadas a las condiciones en las que pueden pescarse las cuotas. 
Nuestra comisión estimó que las modificaciones propuestas por la Comisión en relación con el segundo y tercer punto suponían una mejora técnica del Reglamento 3760/92, cuyo objetivo es incorporar, en el marco de la legislación comunitaria, unas medidas de explotación de los recursos necesarios para la gestión racional de las existencias. 
Puesto que la finalidad de estas dos propuestas es introducir un fundamento jurídico especial para permitir que se alcancen los objetivos que acabo de mencionar, nuestra comisión no tiene ninguna objeción contra estas modificaciones parciales del reglamento. 
Muy al contrario, se felicita de esta mejora del régimen comunitario de la pesca y la acuicultura. 
En cambio, nuestra comisión expresa reservas importantes en cuanto a la posibilidad de conceder a la Comisión una delegación general de competencias para incorporar directamente en el ordenamiento jurídico comunitario los actos de carácter vinculante adoptados en el marco de las organizaciones internacionales, según establece la propuesta de la Comisión. 
El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 3760/92 establece que el Consejo, actuando, salvo que se disponga lo contrario, según el procedimiento dispuesto en el artículo 43 del Tratado, adopte las medidas comunitarias que fijen las condiciones de acceso a las zonas y a los recursos, así como las condiciones de ejercicio de las actividades de explotación. 
Se toman medidas teniendo en cuenta los análisis biológicos, socieconómicos y técnicos, y, en concreto, los informes elaborados por el Comité científico técnico y económico de pesca, citado en el artículo 16. 
La mención del procedimiento que establece el artículo 43 del Tratado significa que, para la adopción de las decisiones en este ámbito, es obligatoria la consulta al Parlamento Europeo. 
En el proceso actual de toma de decisiones en la Unión Europea, en el ámbito de la pesca, la autorización de una delegación de competencias a la Comisión para la integración de los actos jurídicos obligatorios decididos en las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la Comunidad, tal y como establece la propuesta examinada, significaría que el Parlamento, al igual que el Consejo, se quedaría al margen del proceso de adopción de decisiones en cuanto a unos actos que afectan, con todo, a una parte importante de la política pesquera común. 
En efecto, el papel que representan las organizaciones regionales o subregionales en materia de gestión de los recursos pesqueros tiende a reforzarse considerablemente. 
Por lo tanto, no nos parece democráticamente correcto que solamente un órgano técnico intervenga en un proceso de toma de decisiones, desde el momento de la negociación hasta la incorporación en el ordenamiento jurídico comunitario, sin ningún tipo de control en ninguna de las etapas. 
Debo señalar que el procedimiento del artículo 43 del Tratado (consulta) es prácticamente la única manera en que se permite al Parlamento Europeo tener un conocimiento adecuado de las decisiones adoptadas en organizaciones tales como la Comisión internacional de la pesca del Mar Báltico, la Organización de Pesca en el Atlántico Noroccidental (NAFO) , la Comisión de la Pesca del Atlántico Nororiental (NEAFC) , la Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos vivos del Antártico (CCAMLR) , organizaciones que tienen una gran importancia en el sector de la pesca. 
Además, la aplicación de las disposiciones que figuran en el reciente Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las existencias acumuladas y las existencias de pescados migrantes, adoptadas el 4 de agosto de 1995, hace aún más necesario que el Parlamento sea consultado sobre las decisiones aprobadas en el seno de las comisiones y organizaciones internacionales, que tienden a convertirse en los agentes predominantes en la elaboración del Derecho marítimo. 
Dadas estas diferentes consideraciones, señor Presidente, nuestra comisión propone, por consiguiente, que la delegación de competencias a la Comisión para la adopción de medidas técnicas, tal y como se establece en la propuesta que se nos somete, no sea concedida, pero que se acepten las otras dos propuestas de modificación relativas a la explotación de los recursos. 
Para finalizar, señalaré que el proyecto de resolución legislativa que se les propone se aprobó por unanimidad por la Comisión de Pesca y que la enmienda 1 y 2 que lo acompañan, presentadas en nombre de nuestra comisión, son simplemente enmiendas encaminadas a hacer coherente nuestra propuesta. 
Señor Presidente, señores diputados, señora Comisaria, el debate relativo al futuro de los acuerdos internacionales de Pesca debe tener en cuenta algunas ideas básicas, que son, en el fondo, principios. 
Primero, el hecho de que la Unión Europea sea una potencia mundial en el sector pesquero, que registra un déficit comercial en aumento, lo que significa una mayor importación de pescado, que alguien, que no es la Unión Europea, no se trata, sin embargo, de los países menos desarrollados sigue pescando cada vez más. 
Segundo, el hecho de que el sector emplee directa o indirectamente a centenares de miles de personas, incluida la industria transformadora y conservera, por lo que reviste una importancia social muy superior a su importancia económica directa, agravado, además, por el hecho de que muchas comunidades locales dependan de la actividad pesquera. 
Tercero, el hecho de que haya una necesidad cada vez mayor de luchar contra las técnicas depredadoras de los recursos haliéuticos, por lo que se exige un control interno cada vez más eficaz y transparente, pero que se haga extensivo también a las flotas de terceros países muy competitivas sin por ello dejar de respetar a los que, de forma racional y responsable, llevan a cabo su actividad. 
Cuarto, el hecho de que, en la parte en que le es aplicable, se deba procurar desarrollar las capacidades propias de terceros países menos desarrollados, preservando sus mares territoriales y accediendo sólo a sus recursos excedentarios situados en sus zonas económicas exclusivas, principios, por lo demás, que se deben aplicar a los países ribereños de la Unión Europea. 
Quinto, el hecho de plantear como principio el mantenimiento y la ampliación de los diversos tipos de acuerdos de pesca actualmente existentes, sin orientación preferente alguna en relación con ninguno de ellos y, por tanto, atendiendo a las características y capacidades financieras y económicas diferenciadas de las flotas de la Unión Europea. 
De conformidad con estos cinco principios, podemos afirmar que el informe recoge ahora estas orientaciones, sin perjuicio de que las perspectivas iniciales fueran muy diferentes y de que aún subsistan cierta contradicciones. 
Es útil reafirmar que algunos intentos de centrar la futura negociación en la base exclusiva de los acuerdos de «tercera generación» , destinados sólo a la creación de sociedades mixtas, no se pueden ni se deben aceptar en exclusiva, ya que tendrán como consecuencia el traslado de las empresas, no sólo las de producción, sino también las de conservación y transformación, con repercusiones directas en la agravación del desempleo y en la pérdida del carácter social y cultural de muchas de las regiones de la Unión Europea, además de los reflejos del aumento de la importación de pescado y de que tales acuerdos sólo están al alcance de quienes tienen dimensiones y capacidad financiera elevadas, lo que ocasionará la quiebra y la desaparición de un número interminable de pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los acuerdos internacionales de pesca tienen, sin duda, un valor económico y comercial, no se puede negar, pero deben también coincidir con las políticas de cooperación y desarrollo. 
Precisamente nos estamos orientado hacia acuerdos de segunda generación entre los Estados, superando asimismo cierta dimensión exclusiva y si quieren eurocéntrica de los acuerdos internacionales. 
Nos planteamos el problema del empleo, de la transformación y del mantenimiento de lo equilibrios medioambientales, pero sobre todo el problema de la coherencia que deben tener nuestros acuerdos pesqueros con las convenciones internacionales, que para nosotros son una base de referencia muy importante. 
Dichos acuerdos son también importantes porque pretenden eliminar las banderas piratas, que, como todos ustedes saben, llevan a cabo en las aguas internacionales una pesca de rapiña, pero sobre todo tienen por objeto la instauración de un concepto de cooperación y desarrollo, haciendo al mismo tiempo que se desarrolle, en los países interesados, una cultura higiénico-sanitaria. 
No cabe duda de que debemos respetar las culturas tradicionales de esos pueblos, pero, en cualquier caso, es un hecho que en las zonas ACP y en los países SPG estos acuerdos desempeñan una función importante. 
Debo añadir que se debe tener también en cuenta que los acuerdos de pesca no contemplan sólo el aspecto de las cuotas- cosa que antes no habría existido- sino también el aspecto económico. 
Sin embargo, hay algunos terceros países que no utilizan siempre positivamente estos acuerdos, sino que en algunos casos éstos sirven para enriquecer a las oligarquías locales, creando, pues, un problema de democracia originado por la gestión de los recursos europeos, que no son muchos. 
Otros países, en cambio, han comenzado a entrar de manera dinámica en el mercado internacional, pasando a ser verdaderos competidores de la Unión Europea. 
Cito el caso de Marruecos, que, aun habiendo negociado con la Unión Europea un acuerdo extremadamente ventajoso, trata de resituarse en el mercado negociando acuerdos con otros países, lo que crea un problema, en particular porque los acuerdos suscritos por nosotros no se referían sólo a los temas pesqueros, sino también a otros sectores importantes, como la agricultura y la apertura del mercado a algunos productos particulares de Marruecos. 
Desde este punto de vista, pues, debemos estar muy vigilantes, teniendo en cuenta que no podemos encerrarnos y que, por otra parte, una concepción extremadamente liberal, como querría el amigo Teverson, no aguantaría. 
Debemos pensar que, aunque tenemos un problema de autosuficiencia alimentaria en la Unión Europea, aspecto éste bastante importante, y aunque estos acuerdos contribuyen al proceso de autosuficiencia alimentaria, la liberalización podría ser perjudicial y conduciría naturalmente a una situación de pérdida de los mecanismos de calidad o de carácter higiénico-sanitario en los que hemos intervenido, provocando, por otra parte, situaciones de explotación de la mano de obra de los terceros países, cosa a la que damos hoy mucha importancia. 
Por ejemplo, los acuerdos internacionales de segunda generación prestan también especial atención a las garantías sociales, lo que no es poco, aunque debamos estar atentos: a menudo hay personajes de pocos escrúpulos, personas que embarcan en alta mar, que utilizan las licencias de pesca fruto de acuerdos internacionales también para hacer contrabando. 
Por eso debemos hacer que haya un control preciso. 
Creo que es importante continuar por esta vía con algunas mejoras más, pero también que es importante pasar a una fase posterior, superando el concepto de acuerdo internacional a nivel bilateral. 
Desearía que la Unión Europea negociase cada vez más con otras asociaciones de países, es decir, por ejemplo, que los países ACP o SPG contaran con un mandato para la pesca y que la Unión Europea pudiese negociar de manera precisa con estas asociaciones de Estados. 
En este sentido, podríamos buscar también soluciones experimentales en algunas zonas, sobre todo en zonas homogéneas desde el punto de vista medioambiental y geográfico y que incluyan varios países; en dichas áreas sería oportuno debatir de manera no sólo bilateral con algunas de estas asociaciones. 
Considero, pues, que se ha hecho un buen trabajo. 
Doy las gracias al ponente y creo que también las enmiendas que se aprueben podrán resultar útiles. 
Un último punto si me lo permite, Presidente: agradezco a la Comisaria la manera cooperativa con la que ha trabajado con el Parlamento sobre los acuerdos internacionales. 
No obstante, señora Comisaria, ahora debemos batallar: necesitamos un fundamento jurídico nuevo sobre el dictamen conforme, que para nosotros es algo fundamental: su voluntad es importante, pero ahora, de esta fase debemos pasar a obtener ese fundamento jurídico. 
Señor Presidente, yo quisiera aprovechar el presente debate para presentar un alegato en favor de la labor legislativa que realizamos en la Comisión de Pesca, así como de su importancia y del lugar que ocupa dentro de la política de la Unión Europea. 
La pesca es una antigua actividad tradicional con futuro. 
Comprende aspectos apasionantes como es el ámbito de la política internacional. 
Ésta se sustenta en los acuerdos internacionales de pesca- tal como expone el Sr. Crampton- y en la participación de la Unión Europea en diversas organizaciones internacionales, como por ejemplo la NAFO. 
Por consiguiente, la pesca prácticamente forma parte integrante de la Política Exterior y de Seguridad Común y también de la política de desarrollo. 
Sin embargo, a pesar de ello, en la reforma prevista del Tratado de Maastricht no se han tomado en consideración nuestros esfuerzos para que en el futuro se aplique con carácter general el procedimiento de dictamen conforme en el ámbito de los acuerdos internacionales de pesca. 
Esto reforzaría los derechos del Parlamento Europeo en este aspecto particular y a la vez también con carácter general. 
La acción emprendida ante el Tribunal de Justicia Europeo en relación con el Acuerdo de Pesca con Mauritania, de conformidad con el artículo 228 del Tratado CEE, permite apreciar, en este sentido, el papel de la Comisión de Pesca como promotora del desarrollo institucional de la UE. 
La política pesquera también es, además, una política estructural y de empleo. 
Aproximadamente 20.000 personas trabajan directamente en los buques pesqueros en el marco de los Acuerdos de pesca, a lo cual deben sumarse otros 25.0- 50.000 puestos de trabajo en tierra. 
Nunca podrá insistirse suficientemente en que estos puestos de trabajo se mantienen precisamente en regiones estructuralmente débiles y dependientes de la pesca, donde no existen otras alternativas de empleo. 
En consecuencia, la política pesquera también es una política medioambiental en razón de sus considerables repercusiones para el ecosistema marino. 
También constituye, no en último término, una política alimentaria, que asegura un importante componente básico de nuestra alimentación, en tanto que valiosa fuente de proteínas. 
En los próximos años deberá reformularse la Política Pesquera Común para el período posterior al año 2002, o sea para pasado mañana. 
Pero, ¿qué debe hacerse? 
La Comisión debe elaborar directrices para la evaluación de los protocolos a punto de expirar y de los que se establezcan en el futuro. 
Éstas deberían incluir, entre otras cosas, una información lo más fiable posible sobre la situación de los recursos, una coordinación con las demás actividades comunitarias y una evaluación acertada de la relación costes-beneficios. 
El ambiente de trabajo en la Comisión de Pesca es bueno. 
Esto nos permitió alcanzar un consenso productivo en relación con el informe Crampton. 
Cabe esperar que la Comisión y el Consejo también hagan suyo su enunciado. Por esto, nosotros solicitamos su voto afirmativo para el informe Crampton y para todos los restantes informes. 
Señor Presidente, después de 20 años es en efecto importante lograr que haya una evaluación sobre los acuerdos de pesca. 
Y quiero dedicar los minutos de que dispongo esta noche a esta cuestión. 
En una evaluación de este tipo hay que considerar los aspectos presupuestarios, pero también los aspectos de carácter social y el medio ambiente. 
Los acuerdos de pesca tienen por objeto aliviar la presión sobre las poblaciones de peces en las aguas de la Unión, pero la firma de estos acuerdos de pesca no puede ser la solución para solventar el problema de nuestra sobrepesca. 
Este tipo de soluciones ad hoc y planteamientos a corto plazo no deben ni pueden ser la respuesta a nuestra sobrepesca estructural en nuestras aguas. 
Por tanto, no podemos desviar nuestro problema de sobrepesca a terceros países. Tampoco hemos de cometer el error de exportar nuestro sistema de mala gestión pesquera. 
La Comisión dice que estos acuerdos no son perjudiciales para la política de desarrollo porque sólo se pescan los excedentes. 
Pero esto me parece muy inverosímil. 
Para la propia Unión ya es una tarea muy ardua estimar con exactitud sus propias poblaciones, no hablemos ya de los países en vías de desarrollo que han de apañárselas sin la avanzada tecnología de Occidente. 
Hemos de resolver nuestros problemas de sobrepesca internamente, en la Unión, y no exportarlos a otros países. 
La única solución que veo, y el Grupo de los Liberales está de acuerdo conmigo, es reducir la capacidad de la flota, pues un mejor control ofrece pocas garantías. 
Es necesaria una reestructuración, y para ello se podría utilizar precisamente el dinero que ahora gastamos en los acuerdos. 
Para terminar, por supuesto estoy plenamente de acuerdo con mi colega Teverson, quien dice que los crecientes costes de los acuerdos no están justificados y no pueden seguir cargándose al contribuyente europeo. 
Estas fuertes subvenciones estimulan la sobrecapacidad y ello provoca finalmente un mayor agotamiento de las reservas. 
Me temo que los liberales clamamos en el desierto con nuestras enmiendas, pero estoy convencido de que dentro de un par de años la mayoría del Parlamento será de la misma opinión que los liberales ahora. 
Señor Presidente, en cualquier caso puedo tranquilizar a nuestro compañero, el Sr. Eisma. En lo que respecta al Grupo de los Verdes, hace tiempo que decimos que habría que dejar de exportar la sobrepesca, pues eso es lo que estamos haciendo realmente. 
No hay que expresar deseos de que ello no ocurra, es lo que sucede realmente en estos momentos y ese problema se ha planteado ya a menudo en términos rotundos, sobre todo en el marco de los acuerdos pesqueros con los países ACP. Lo vimos en el caso de Marruecos, que por supuesto no es un país ACP, pero por dar otro ejemplo, un país como Mauritania, donde se pagan 52.000.000 de ecus a cambio de poder pescar una determinada cuota, y si esa suma representa el 6 % del producto nacional bruto del país, pueden ustedes comprender que eso ejerce cierta presión, y que las consideraciones en materia de control adecuado de las poblaciones de peces y otras cosas quedan relegadas muy fácilmente a un segundo plano. 
Hemos mantenido un debate serio al respecto, tanto en Senegal como en Namibia. Por cierto, que esto ha provocado que en el marco de la asamblea paritaria de ACP se haya creado un grupo de trabajo sobre la pesca, que sigue trabajando, pero en que está muy clara la contradicción entre nuestros intereses y sus intereses. 
En lo que respecta a los problemas de hoy, quiero decir brevemente, sobre todo a raíz del informe del Sr. Crampton, que lo que en un principio se anunció y también se describió en la exposición de motivos, es mucho mejor que el texto de la resolución que ha quedado desdibujado y debilitado, por supuesto, precisamente por quienes intentan tener influencia para defender nuestros intereses. 
Sé que se encuentra usted entre ellos, Sr. Crampton, y es por ello que quiero llamar la atención sobre dos de nuestras enmiendas, núms. 3 y 4, con las que pretendemos precisamente que se trate la cuestión de la población de peces de una forma regional seria, y donde vamos un poco más lejos que en un considerando que hemos aceptado juntos. 
Pero si se traduce a la práctica el considerando, la teoría del principio del enfoque regional, y se dice: si hay acuerdos con diferentes países sobre una clase de población de peces, ello ha realizarse a nivel regional, entonces la Comisión de Pesca vota en contra y esperamos que esto cambie ahora en el pleno. 
Señor Presidente, tengo que aclarar una confusión en torno a la cuestión de orden que formulé antes. 
Usted dijo que votaríamos sobre este informe mañana. 
Si consulta el orden del día, comprobará que no está prevista. 
Sólo pretendía obtener garantías de que no volveríamos sobre este asunto hasta que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos haya tenido la oportunidad de debatirlo debidamente. 
Si pudiera confirmar este extremo cuando yo vuelva a sentarme, sería de gran utilidad. 
Toda la cuestión del informe Souchet está plagada de dificultades en lo relativo al fundamento jurídico adecuado. 
El Sr. Souchet se ha quedado a mitad de camino al rechazar lo que la Comisión intenta hacer. 
Pero estamos estableciendo un precedente realmente peligroso, si se permite a la Comisión eludir las disposiciones del acervo comunitario y las disposiciones de los distintos tratados fundamentales constitutivos de la Política Pesquera Común. 
A ello se debe la gran importancia de someter este asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derecho de los Ciudadanos. 
Permítame que deje perfectamente claro que no estoy en contra de una revisión de la Política Pesquera Común. 
Al contrario. 
Como bien sabe la Sra. Comisaria, yo he estado entre los primeros que pidieron una revisión de la PAC, pero tenía que ser una revisión en el contexto del año 2002. 
Todos debemos colaborar para lograr una enmienda debidamente elaborada, y no una enmienda alcanzada por alguna vía tortuosa a través de la puerta trasera. 
Ése es el motivo por el que todo el asunto del informe Souchet no es tan importante por su contenido como por su procedimiento. 
Por ello planteo esto como una cuestión fundamental. 
Una vez que logremos sacar adelante el punto del fundamento jurídico, discutiremos las medidas técnicas. 
Pero eso habrá que hacerlo sobre un fundamento jurídico adecuado y firme. 
Señor Macartney, ya le he indicado al principio que se producirá votación solamente si tenemos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sobre la base jurídica, que es absolutamente imprescindible para poder votar el informe. 
Señor Presidente, los acuerdos de pesca internacionales son muy importantes para el empleo y el sector pesquero europeo. 
Así pues, siguen siendo necesarios los esfuerzos de la Unión por mantener accesibles las ricas zonas de pesca fuera de las aguas comunitarias para los pescadores europeos. 
Pero hay límites. 
En la pesca internacional se plantea el mismo problema que en las aguas de la Unión. Una capacidad de pesca que es demasiado grande para mantener el nivel de las poblaciones de peces. 
En las negociaciones sobre los acuerdos de pesca, la Unión tendrá que atenerse a los derechos, pero también a las obligaciones del tratado de derecho marítimo de la ONU. 
Por ello no puede permitirse el lujo de exportar de manera ilimitada su sobrecapacidad a las zonas de pesca internacionales. 
Según la FAO, en estos momentos gran parte de las poblaciones de peces comerciales están en peligro. 
Sin duda existe mucha inseguridad sobre estas cifras. Pero las señales son claras. 
Sobre todo porque en diferentes países en vías de desarrollo, los pescadores locales han de hacer frente al descenso de las capturas. 
Algunas manifestaciones del informe Crampton, en que se aspira no sólo a mantener las posibilidades de acceso de los pescadores comunitarios, sino incluso ampliarlas, son exageradas. 
Allí donde existe una sobrepesca y la industria local puede desarrollarse más, la Unión tendrá que dar un paso atrás en favor de los pescadores locales. 
Además, la Unión ha de vigilar que los acuerdos de pesca sean coherentes con la política de desarrollo. 
Hemos de dejar de lado los denominados acuerdos de la primera generación, en que los pescadores europeos reciben derechos de pesca y las administraciones de los Estados costeros en cuestión una gran cantidad de dinero. Este apenas beneficia a la población local. 
Por ello, estoy de acuerdo con el ponente en que hay que aspirar a reemplazar estos acuerdos por acuerdos de segunda o tercera generación. 
El apoyo financiero tendrá que redundar en beneficio de la investigación, la escolarización, los sistemas de control y otras actividades del sector pesquero autóctono. 
Además, cuando sea necesario habrá que ampliar la zona exclusiva para los pescadores locales. 
Resumiendo, hay necesidad de una política de pesca a largo plazo que garantice la conservación de las riquezas de peces y apoye la política de desarrollo. 
Señora Comisaria, todos los que siguen de cerca los temas pesqueros conocen la polémica que suele rodear a la política de acuerdos, y la tramitación en comisión de este informe ha suscitado también, como ustedes ven, un gran debate. 
Pero, aunque, naturalmente el resultado no satisface las expectativas de todos, es justo reconocer que el informe es equilibrado y que sitúa los acuerdos en un contexto más realista. 
En él se reconoce, en primer lugar, la importancia que tienen los acuerdos para la economía comunitaria, y no sólo para los países que se benefician por la presencia de sus flotas en aguas de terceros países, sino también- y éste es un aspecto frecuentemente olvidado- para otros países con importantes industrias transformadoras que pueden abastecerse así de materia prima comunitaria sin tener que recurrir de forma masiva a las importaciones, cuyo precio, sin los acuerdos de pesca, ascendería de forma muy considerable. 
Y el mismo argumento puede utilizarse para los consumidores, que pueden continuar teniendo acceso a un mercado de productos de buena calidad y a precios razonables. 
Aun así, el documento recoge también la preocupación por otros aspectos que aún no funcionan de forma plenamente satisfactoria. 
Hay preocupación por que las flotas comunitarias sean ejemplo de respeto de los recursos para las demás flotas que faenan en aguas de terceros países, por que los pescadores locales reciban una buena información sobre lo que suponen los distintos acuerdos y por que exista transparencia y control sobre las compensaciones financieras que pagan la Unión Europea y sus armadores. 
Finalmente, el informe trata de clarificar otro aspecto confuso: los acuerdos de pesca son política pesquera y no política de desarrollo. 
Aun así, sería injusto olvidar la importante función que desempeñan en el desarrollo de las comunidades locales, gracias a la financiación y a la experiencia que aportan las flotas comunitarias hasta el punto de que- y éste es otro aspecto poco conocido- son en muchos casos los propios terceros países los que demandan acuerdos de pesca con la Unión Europea. 
El caso más reciente- y en eso corrijo a algunos de mis colegas- es el de Senegal, donde la renovación del acuerdo ha sido impulsada no sólo por los intereses comunitarios, sino por la presión del propio sector senegalés, cuya industria de transformación depende de las capturas que realiza la flota comunitaria en sus aguas y donde algunas industrias corrían el peligro de quedar paralizadas si el acuerdo no se renovaba inmediatamente. 
Otras, ustedes saben que ya habían quebrado antes de que se renovase el acuerdo. 
Por ello, teniendo en cuenta todos estos factores, yo tengo que apoyar el informe del señor Crampton tal y como ha quedado y permítanme que no esté de acuerdo con las enmiendas que otros han presentado. 
Por último, me gustaría felicitar a todos los ponentes, pero me gustaría hacer hincapié en el informe Souquet, señora Comisaria, en el que se nos quita poder al Parlamento en el procedimiento de consulta y, evidentemente, tenemos que oponernos a la reforma del artículo 4 del Reglamento base que ustedes proponen. 
Usted lo comprenderá, es nuestro derecho y nuestro deber defender los poderes de este Parlamento, que bastante disminuido está por este artículo 43 para que sigamos mermándolo. 
Señor Presidente, hablo en primer lugar pard expresar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos con respecto al informe del señor Varela Suanzes-Carpegna sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la ratificación, por parte de la Comunidad Europea, del acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar relativas a la conservación y la gestión de las poblaciones de peces cuyos desplazamientos se efectúan tanto dentro como fuera de las zonas económicas exclusivas y las poblaciones de especies altamente migratorias. 
Tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos como la Comisión de Pesca mantienen una posición común, adoptada, además, por unanimidad en las dos comisiones, en el sentido de que no es procedente la propuesta de introducir un nuevo artículo 3.2. que establecería un procedimiento mixto o conjunto de actuación de los Estados y de la Comisión. 
Yo, particularmente, sería favorable o partidario de una asunción plena por parte de la Comunidad de competencias en esta materia, pero en este momento sabemos que el título segundo y las competencias exteriores de la Comunidad no están reconocidos. 
En la medida en que la Comunidad no tenga plena competencia en materia de política exterior, me parece peligrosísimo introducir un procedimiento doble, y creo que es preferible esperar a que se desarrolle la jurisdicción de conformidad con el Derecho de las Naciones Unidas y no introducir esta situación de ambigüedad. 
Con respecto a los otros informes sobre acuerdos de pesca, quisiera señalar que todos ellos- igual que el del señor Varela Suanzes-Carpegna- se han aprobado por unanimidad en la Comisión de Pesca, lo cual denota el magnífico ambiente que hay en esta comisión bajo su actual presidencia, y, además, incluso las opiniones de las diferentes comisiones se han aprobado por unanimidad. 
Y, especialmente yo querría felicitar al señor Crampton, a mi buen amigo señor Crampton, por su labor como ponente. 
Hay que tener en cuenta que los acuerdos de pesca representan sólo el 0, 003 % del presupuesto total comunitario. 
Y cuando uno de los intervinientes, el señor Teverson, decía que el porcentaje por barco era muy alto, no explica que la razón por la cual es tan alto es que la política comunitaria ha sido y es reducir el número de barcos. 
Es decir, que a medida que vayamos reduciendo el número de barcos y vayamos reduciendo el esfuerzo pesquero comunitario, es necesario aplicar unas cantidades con el objeto de poder mantener las capacidades de pesca. 
En este momento me parece totalmente alarmante las propuestas presupuestarias que vienen de la Comisión y, francamente, creo- y espero- que, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, no secundemos esas propuestas presupuestarias. 
Cuando los recursos asignados a la pesca son tan reducidos, y todavía se pretende reducirlos más, me parece una irresponsabilidad, por los tremendos efectos que van a tener en las poblaciones e incluso en el mantenimiento de la calidad o de la cantidad de peces en el mar. 
En definitiva, creo que tenemos que ser muy defensivos en este aspecto. 
Yo quisiera acabar con una observación comparativa: las regiones más pobres de la Comunidad suelen ser regiones insulares- por ejemplo Azores, Córcega y otras regiones insulares -, y la única región comunitaria con el nombre de isla que está por encima de la media comunitaria es una región que se llama en francés Ile de France, pero creo que en Ile de France no hay mucha pesca porque se encuentra un poco alejada del mar. 
Es decir, la política comunitaria aplicada a la pesca tiene mucho que ver con la situación de insularidad de muchas regiones que dependen de la pesca y suele ir unida al nivel de pobreza de regiones que requieren una contribución económica de la Comunidad por razones de carácter regional e incluso por razones de mantenimiento del equilibrio ecológico. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero felicitar al colega Crampon por su informe. 
Éste expone, por un lado, nuestras prioridades en relación con la política pesquera y, por el otro, reclama con firmeza una correcta aplicación del «código de conducta» adoptado el 12 de diciembre de 1996. 
Yo me pregunto para qué adoptamos, entonces, un «código de conducta». 
También la Comisión hace caso omiso del «código de conducta» , en virtud del cual se comprometió a mantenernos plena y puntualmente informados de la situación efectiva de las negociaciones de los Acuerdos de pesca, también durante su desarrollo. 
Así lo demostró recientemente la Sra. Bjerregard ante esta Asamblea con ocasión del debate sobre los Acuerdos de pesca con Guinea y Angola. 
El Acuerdo de pesca con Santo Tomé y Príncipe, que hoy se debate, demuestra una vez más la importancia de una aplicación consecuente de dicho «código de conducta» por parte de la Comisión y del Consejo. 
En este caso, el Consejo decidió ya el 25 de octubre del pasado año la aplicación provisional del Acuerdo, a fin de que la Comisión pudiera efectuar de inmediato el pago. 
Esto es, en efecto, más importante para el Consejo, que consultar a su debido tiempo al Parlamento. Efectivamente, no fuimos informados hasta el 20 de septiembre, o sea cuatro meses después de que quedase cerrado el protocolo y apenas seis semanas antes de que se efectuase el primer pago. 
¡Ésta no es manera de proceder entre instituciones democráticas! 
Señorías, yo les recuerdo que una aplicación consecuente, realmente consecuente, del citado «código de conducta» permitiría acabar precisamente con esta indescriptible práctica de la aplicación provisional de los Acuerdos internacionales de pesca. 
El Parlamento ya esta examinando además, estimadas y estimados colegas, otro caso análogo. 
Me refiero al Acuerdo con Senegal, que se rubricó el 26 de marzo. En este caso, el primer pago debe efectuarse el 31 de julio. 
Es decir, que la siguiente aplicación provisional de un Acuerdo ya es inminente, ¡y el Consejo, como de costumbre, ni siquiera nos ha consultado! 
¡Pero la responsabilidad recae sobre la Comisión! 
Y yo quiero instar una vez más desde aquí a que se informe debidamente hasta al último funcionario de la Comisión que intervenga en las negociaciones de los Acuerdos de pesca con terceros Estados de que sigue siendo importante respetar el procedimiento democrático de ratificación de un Acuerdo internacional de pesca, aunque las negociaciones no se cierren hasta las 3 de la madrugada, y que en adelante sencillamente no aceptaremos vencimientos de los pagos a los tres o cuatro meses de la ratificación del Acuerdo. 
El informe Crampton también respalda nuestra reiterada petición de que en las negociaciones en curso para la revisión del Tratado de Maastricht se clarifique la aplicación del procedimiento de dictamen conforme. 
En mi calidad de ponente permanente para opinión de la Comisión de Presupuestos para temas de pesca, yo acojo, por lo tanto, con satisfacción la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 17 de abril de este año, en el sentido de sentar por fin un precedente en el caso del Acuerdo con Mauritania y denunciar ante el Tribunal de Justicia Europeo el fundamento jurídico aplicado por el Consejo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los acuerdos internacionales de pesca de la Unión Europea se verán sujetos en un futuro previsible a las tensiones de intereses contrapuestos: por un lado, la necesidad de la flota comunitaria de conseguir acceso a los recursos marinos en aguas de terceros países y, por el otro, el interés vital para muchos países en desarrollo de un mejor aprovechamiento de sus propios recursos marinos para asegurar la subsistencia de sus propias poblaciones cada vez más numerosas. 
El ponente, el colega Peter Crampton, ha procurado abordar unos problemas y plantear unas exigencias con una visión de futuro, lo cual es especialmente de agradecer. 
En efecto, debemos tener claro que una estrategia consistente en «más de lo mismo» sencillamente no nos servirá. Los problemas ya son, además, demasiado apremiantes. 
La flota pesquera mundial se ha duplicado en los últimos veinte años y la presión sobre los recursos pesqueros mundiales se incrementa continuamente. 
Se ha agudizado la competencia por el pescado, como fuente de alimentación cada vez más escasa, lo cual encarece progresivamente el aprovechamiento de los recursos marinos. 
Es preciso que estos problemas se aborden con transparencia, con coherencia y, sobre todo, con honestidad. 
Uno de los requisitos de la transparencia en relación con los acuerdos internacionales de pesca es que se responda a la pregunta de quiénes son los beneficiarios del acuerdo y con qué criterios se autoriza el acceso a las aguas de terceros países. 
Con vistas a una evaluación efectiva de los beneficios del acuerdo, también es preciso disponer de un análisis de costes-beneficios, el cual también debe contemplar, no obstante, las consecuencias de la posible ausencia del mismo. 
En este aspecto, esperamos en particular un enfoque integrado por parte de la Comisión, en lugar de la aproximación ad hoc que se ha seguido hasta ahora. 
El artículo 130 v) del Tratado CE ya establece jurídicamente que es preciso mantener una coherencia entre las diferentes políticas comunitarias y que deben tomarse en cuenta sus repercusiones para los países en desarrollo. 
Sin embargo, el propio interés bien entendido de la Unión también saldrá beneficiado si ésta procura velar por el equilibrio de intereses con los países en desarrollo y formula los acuerdos bilaterales de pesca de manera que éstos también contribuyan al desarrollo de la economía local y a un mejor aprovisionamiento de la población autóctona. 
Nosotros esperamos que en los acuerdos de nueva generación se refuerce todavía más el elemento de la cooperación con los países que lo deseen. 
Finalmente, una actitud honesta en relación con los acuerdos internacionales de pesca exige el reconocimiento, también ante nuestros propios pescadores, de que el problema del exceso de capacidad de la flota comunitaria no puede resolverse a la larga mediante el incremento continuado de la actividad pesquera en aguas de terceros países. 
Es preciso recurrir a otros mecanismos, puesto que en este caso no se trata de un problema sectorial, sino regional. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, se ha visto con frecuencia una mala voluntad en la Unión Europea acerca de los acuerdos internacionales de pesca, pese a que son una parte importante y de pleno derecho de la Política Pesquera Común. 
Se suma a los antiguos argumentos conocidos, como el costo presupuestario, el equilibrio en la explotación de recursos o la supuesta contradicción de dichos acuerdos con la política de cooperación de la Unión Europea con los países ACP. 
El acceso de la flota pesquera de la Unión Europea a las aguas de países terceros sólo tiene razón de ser, si redunda en interés de las dos partes. 
Por eso, cualesquiera países, incluidos los ACP, sólo firmarán esos acuerdos con nosotros, si también ellos sienten un interés material, económico o social. 
Por eso, no comprendo ciertas posiciones paternalistas que ponen en entredicho la soberanía y la legitimidad de esos países para celebrar compromisos internacionales. 
Por otro lado, sabido es que la Unión Europea es deficitaria en casi el 55 % del abastecimiento de pescado a su mercado. 
Sabido es también que el 25 % de la producción comunitaria de pescado está asegurada por los acuerdos internacionales de pesca. 
Y sabido es también que dichos acuerdos mantienen cerca de 50.000 empleos en la Unión Europea. 
Frente a esos elementos y circunstancias, me parecen bien gastados y justificados los actuales 270 millones de ecus comprometidos anualmente y el aumento en los acuerdos internacionales de pesca. 
Y, si se exige, como quieren algunos, un análisis de costos y beneficios, exíjase entonces a todas las políticas comunitarias, empezando por la que más gasta, es decir, la Política Agraria Común o PAC. 
Por lo que se refiere, en particular, a los acuerdos con países ya desarrollados, es desolador ver que la Unión Europea no ha considerado prioritario el sector de la pesca en las negociaciones económicas y comerciales que ha celebrado con esos países. 
El caso del Atlántico septentrional, donde millones de toneladas de peces en aguas internacionales se han dejado exclusivamente a la explotación de Noruega, Islandia, Canadá o Rusia, es muy revelador. 
O también el caso del acuerdo con Groenlandia, en el que se atribuyeron las cuotas a Estados miembros de la Unión Europea que no las utilizan y se excluyó a países, como, por ejemplo, Portugal, que hasta la fecha de la adhesión pescaban históricamente en esas aguas. 
Para terminar, quiero agradecer el trabajo de nuestro colega el Sr. Crampton, que se ha comprometido a fondo en su informe. 
Pero debo decirle, con toda lealtad, que en su informe confunde muchas veces las cuestiones económicas y comerciales de la Política Pesquera Común con cuestiones que tienen que ver con la política de cooperación y suele sobrevalorar, en general, los problemas de otros frente a nuestros problemas, que son muchos, en particular en este sector. 
Por eso, espero que se aprueben las enmiendas introducidas por la Comisión de Pesca para que su informe sea equilibrado y realista y sirva a los intereses de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en los países en vías de desarrollo hay cien millones de personas que dependen de la pesca para sobrevivir- no como medio de vida, sino de supervivencia. 
Existen otros diez millones de personas en países en desarrollo que se dedican a tiempo completo a la industria de la pesca; es su fuente de empleo. 
Otros diez millones de personas trabajan en países en desarrollo se dedican a tiempo parcial a la pesca, que es una de sus actividades. 
Cien millones de personas es más del doble de las poblaciones de España y Portugal juntas. 
Es casi el doble de la población del Reino Unido. 
Y esas personas dependen de la pesca para su supervivencia. 
El informe Crampton es un buen informe porque apunta a algunos parámetros y a determinados principios sobre los que debemos basar nuestra política de pesca y de desarrollo, que debe ir más allá del marco de los acuerdos comerciales. 
Estos acuerdos le cuestan al presupuesto comunitario aproximadamente el 30 % del presupuesto destinado para la pesca, y eso no puede ser justo. 
El presupuesto para el año próximo pretende reducir los proyectos de PESCA en un 50 %. 
Y aquí está nuestra Unión, en la que existen enormes problemas de suspensión de empleo y zonas con altos índices de desempleo debido a las limitaciones y a la necesidad de conservar los recursos, y estamos reduciendo gastos mientras que destinamos la tercera parte de nuestro presupuesto a los acuerdos comerciales. 
La Comunidad se ha equivocado a la hora de fijar sus prioridades y necesitamos una nueva política de pesca. 
El informe Crampton encierra problemas. 
En la reunión final de la Comisión de Pesca se presentaron algunas enmiendas de escasa utilidad. 
Existen pequeñas dificultades que originan el tipo de mezcolanza a la que se ha referido el Sr. Cunha. 
Pero el informe ofrece una vía por la que podemos avanzar y debemos aprovechar la oportunidad de dar una nueva tendencia al sector pesquero. 
En lo que respecta a la enmienda del Sr. Macartney al informe Souchet, si queremos una reforma de la PPC, ésta debe mirar al año 2002 según lo acordado y debemos debatirla. 
No debemos introducirla por la puerta trasera, como algunos parecen estar intentando. 
Tenemos también la cuestión de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en el informe SuanzesCarpegna. 
No entiendo la enmienda 2. 
Creía que todo el énfasis de la Unión Europea consistía en poner fin a la disputa entre la Comisión y los Estados miembros. 
Pero algunas personas de la Comisión de Pesca parecen pensar de otra manera. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero sumarme a las felicitaciones que han recibido los ponentes de los informes de este debate conjunto y centrarme particularmente en el tema de los acuerdos internacionales, agradeciendo en especial al señor Crampton, en su faceta de doctor Jekyll, el valioso trabajo realizado y, además, particularmente la flexibilidad demostrada para lograr soluciones de compromiso en la Comisión de Pesca, aunque el compromiso resultante no fuera de su pleno agrado. 
Considero además que ésta es una buena ocasión para reflexionar sobre el futuro de los acuerdos pesqueros comunitarios, que muchas veces se ven atacados desde posiciones políticas miopes, basadas en análisis parciales de la participación relativa de los Estados miembros; otras veces en conflictos imaginarios con la política de desarrollo; en ocasiones, además, por aproximaciones de dudosa racionalidad, basadas en análisis costebeneficio de escaso rigor técnico. 
Desde todos estos flancos, se trata de descalificar una política que no sólo es vital para el mantenimiento de la actividad de un sector importante de la flota comunitaria, sino- como ha señalado la presidenta de la Comisión de Pesca- además, para el abastecimiento regular a precios razonables y con altas calidades de la industria comunitaria de transformación de productos de la pesca. 
Porque, no nos engañemos, la Unión Europea se enfrenta a un dilema claro: o abandona su actual política de negociación o bien la potencia mejor. 
Si la abandona, se daría un doble resultado potencial: o se dejaría el campo libre a las flotas de terceros países, que ocuparían el espacio dejado por la Unión Europea, o bien asistiríamos a una renacionalización parcial de la política pesquera, porque los propios Estados miembros o sus agentes económicos negociarían los acuerdos más convenientes. 
Entiendo que es el propio interés de los terceros Estados ribereños el que aconseja la continuidad de esta política, porque la Unión Europea negocia posibilidades pesqueras basadas en el análisis riguroso de la situación de los caladeros, establece medidas técnicas adecuadas, contribuye al fomento de la actividad de control del esfuerzo pesquero con los Estados con los que negocia y al desarrollo de sectores pesqueros nacionales en dichos países. 
¿Qué opción es mejor, la negociación de acuerdos pesqueros por una entidad política tan responsable como la Unión Europea o la anarquía a la que conduciría el libre juego de los agentes económicos? 
Creo que la respuesta es evidente. 
Como un Parlamento vinculado al respeto del medio ambiente en todas sus facetas, impulsor de la política de desarrollo, preocupado por el mantenimiento de la actividad de nuestras flotas pesqueras y el abastecimiento regular de nuestras industrias de transformación, debemos seguir apoyando una política comunitaria de acuerdos pesqueros que ha demostrado toda su validez, tanto respecto a los Estados miembros como a los terceros países, y ello sin renunciar tampoco a la mejora necesaria de los procedimientos institucionales que puedan acentuar el protagonismo de este Parlamento en el marco de esta política. 
Es muy fácil la crítica, pero hay pocas alternativas. 
Por lo tanto, señora Comisaria, desde la racionalidad, desde la frialdad, yo la estimulo a seguir con esta difícil política, pero que tan buenos resultados ha producido hasta la fecha. 
Señor Presidente, quisiera también unirme a las felicitaciones al señor Crampton por su habilidad, sobre todo porque, comenzando con un proyecto de informe quizás un tanto extremo en sus postulados, hizo posible que su trabajo, con la incorporación de las enmiendas aprobadas, fuera aprobado por unanimidad en la Comisión de Pesca. 
El mérito es aún mayor si se considera la dificultad que este informe de iniciativa comporta al centrarse en un tema verdaderamente apasionante como son los acuerdos internacionales de pesca, que son tan importantes para la flota pesquera comunitaria. 
Quiero destacar tres aspectos que recoge el trabajo: en primer lugar, la preservación de los recursos pesqueros, principio respaldado por la normativa comunitaria e internacional y que resulta tan fundamental para asegurar el futuro de la flota europea. 
Como socialista, también me satisface, en segundo lugar, la importancia que el informe Crampton concede a la preservación del empleo existente, tanto en la mar como en la industria de transformación. 
La pesca es una actividad económica que, si bien no tiene gran incidencia en el conjunto de la Comunidad, sí resulta vital para el desarrollo de ciertas regiones periféricas con niveles de renta inferiores a la medida comunitaria y que padecen una alta cifra de paro, regiones estas para las que la pesca es la actividad principal y que verían deshacerse su estructura socioeconómica si no pudieran contar con acuerdos internacionales de pesca. 
Y en tercer lugar, el informe recuerda que, a pesar de la naturaleza comercial, los acuerdos de pesca tienen unos efectos beneficiosos para los países en desarrollo que contratan con la Unión Europea. 
Otras formulaciones, como la de sostener que no son acuerdos comerciales, sino que están orientados al desarrollo de los ACP, conllevarían que estos acuerdos pesqueros tuviesen que ser financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo y no por la escasa dotación de la política pesquera común. 
Pero, además, esta idea no responde a la realidad. 
Como el señor Crampton ya ha mencionado, algo más de la mitad de los 26 acuerdos se celebran con los países ACP, pero nuestra flota faena principalmente en aguas de otros países. 
Yo creo que hay que huir de consideraciones pecaminosas del comercio internacional. 
Como mejor se ayuda al desarrollo de estos países es dándoles una salida al mercado, comprándoles lo que producen y lo que tienen; por lo tanto, colaborar económicamente a su desarrollo. 
La Unión Europea podría sobrevivir sin un acuerdo de pesca con Santo Tomé, pero este país se vería privado de uno de sus principales ingresos si no contara con un acuerdo con la Unión Europea. 
El comercio beneficia a ambas partes y los acuerdos internacionales de pesca también. 
Señor Presidente, todos los valiosísimos informes que esta noche tenemos ante nosotros tratan sobre los acuerdos y tratados sobre la mejor forma de regular y controlar la pesca en aguas nacionales e internacionales en unos momentos en que existen serias preocupaciones relativas a la pesca y a la reducción de los recursos pesqueros. 
El informe del Sr. Varela Suanzes-Carpegna hace referencia a la competencia del Estado del pabellón del buque para ejercer la jurisdicción y adoptar acciones jurídicas contra dicho buque si éste infringe las normas. 
Quisiera llamar la atención de la Sra. Comisaria sobre las dificultades que experimentan en el ejercicio de dicha competencia algunos de los denominados traspasadores de licencia. 
He sabido de casos recientes de buques no británicos que faenaban bajo pabellón británico, que han sido enjuiciados en un tribunal británico, declarados culpables y sancionados y que se han limitado a zarpar hacia otro Estado miembro dejando las sanciones impagadas. 
Debemos encontrar un sistema que garantice que todos los buques que navegan con un pabellón determinado respondan ante los tribunales de dicho país, y el Estado miembro al que pertenecen el capitán y la tripulación deberá cooperar para garantizar que se pone fin a esta flagrante burla de las medidas de conservación. 
Un gran número de pescadores de toda la UE, procedentes de comunidades como Grimsby, en mi circunscripción, han perdido su empleo como consecuencia de las medidas de conservación. 
Los armadores han recibido compensación de la UE, pero las personas que trabajaban en los buques desmantelados del Reino Unido no han recibido ni siquiera el despido reglamentario, y mucho menos una compensación de la UE, porque se les consideraba trabajadores eventuales, a pesar de que trabajaron en el mismo barco durante muchos años. 
Es una injusticia muy grave que continúa causando un gran resentimiento contra la Unión Europea en general y contra la Política Pesquera Común. 
Quisiera pedirle a la Sra. Comisaria que nos asegure que en caso de futuras reestructuraciones se garantice la concesión de una compensación adecuada por la pérdida de su forma de vida no sólo a los armadores, sino también a todos aquellos que trabajaron y arriesgaron su vida en el mar. 
Otra medida que, posiblemente, podría tomarse es un plan de set-aside pesquero para compensar la reducción del número de días en el mar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el presente informe refleja bien la dualidad y la tensión políticas suscitadas por este asunto. 
Por un lado, se valorizan los costos y beneficios y la propia Comisión escribe que la situación presupuestaria actual hace que los costos de los acuerdos en vigor dejen poco margen de maniobra para la negociación de nuevos acuerdos y comprometan incluso la renegociación de los actuales. 
Desde la óptica de la cooperación y del desarrollo se subraya la opción por flotas locales de terceros países, donde actualmente faena la flota comunitaria, de lo que es ejemplo el plan de desarrollo de la pesca establecido por el Reino de Marruecos. 
Por otro lado, se enfrenta sistemáticamente a los Estados miembros con flotas y pescadores dependientes de los acuerdos internacionales de pesca. 
Cierto antieuropeísmo se alimenta de esto y clama por una progresiva extensión y un aumento de los derechos de pesca en terceros países y subraya las virtudes de una hipotética negociación bilateral de los derechos de pesca y la renacionalización de la política pesquera. 
Nuestro imperativo es el de la defensa de la flota comunitaria sin alinearse con las posiciones antimedioambientales y antieuropeas. 
Es que, en mi opinión, el hecho de que el planteamiento presupuestario del costo-beneficio surja en un marco en que se pretende trasladar los recursos financieros disponibles a otros objetivos refleja, a fin de cuentas, una asociación incompleta en el designio colectivo del proyecto europeo, en un sector de enorme importancia política y de profundísimas repercusiones en el empleo de algunas regiones costeras comunitarias. 
Además, los acuerdos internacionales de pesca representan sólo el 0, 31 % del total del presupuesto comunitario y una política de abandono de los acuerdos representaría, desde luego, en costos de 1996, un aumento del déficit comercial de productos del mar no inferior a 1.400 millones de ecus/año, mientras que el desempleo suplementario directo en el sector representaría una cifra de unos 450 millones de ecus/año en subsidios. 
Por otro lado, cualesquiera propuestas con vistas a un controvertido y complejo reparto de los costos entre armadores y la Comisión, o un bloqueo de las contrapartidas financieras comunitarias, tendrían sólo como consecuencia el refuerzo de la lógica, antes citada, de la renacionalización de la política pesquera. 
Éste es el llamamiento que quería hacer, porque son incalculables los costos políticos de semejante opción y sus repercusiones económicas en las zonas pesqueras. 
Por último, sobre todo desde la óptica de la gestión de los recursos es desde la que es necesaria la evaluación de futuros acuerdos internacionales de pesca. 
La gestión de los recursos haliéuticos es la piedra angular para una pesca sostenible, gestión que corresponderá, en primer lugar, a los Estados costeros sin discriminación entre su flota nacional y la flota comunitaria. 
Hay un nuevo marco jurídico internacional en la esfera de la pesca, constituido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y también me complace citar en él el Código de Conducta para una pesca responsable. 
Los recursos son finitos y sólo una pesca sostenible permitirá la continuidad del sector y los acuerdos internacionales de pesca. 
Señor Presidente, responderé interviniendo brevemente sobre todos los informes y dejaré para el final una serie de consideraciones sobre el informe de iniciativa del Sr. Crampton en lo referente a los acuerdos internacionales de pesca, que esta noche han centrado el debate, y al que se han referido, en cualquier caso, todos los oradores. 
Por orden: por lo que se refiere al informe del Sr. Varela, la Comisión ha sido parte activa en lograr la ratificación del acuerdo de las Naciones Unidas sobre la conservación y la gestión de las poblaciones transzonales, que la Comisión entiende que constituye un paso concreto hacia la protección y aprovechamiento duradero de los recursos. 
Es evidente que conozco perfectamente los problemas que se plantean, en particular la necesidad de evitar que algunos socios sigan tomando iniciativas unilaterales, en particular el Canadá, y quisiera garantizar al Sr. Varela que hay iniciativas en curso, a nivel de notas diplomáticas y a todos los niveles, para intentar evitar o, en cualquier caso, hacer que cese ese comportamiento, que no es aceptable ni para el Parlamento ni para la Comisión. 
Por lo que respecta a las enmiendas, la posición de la Comisión es la siguiente: las enmiendas núms. 1 y 3 se refieren a una serie de preocupaciones sobre las disposiciones relativas a la distribución de las competencias entre la Comunidad y los Estados miembros y a la conformidad interpretativa del acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Mar, pero la Comisión entiende que ya se han tenido en cuenta estas preocupaciones en las declaraciones adjuntas a la propuesta o en el propio acuerdo. 
Además, por lo que se refiere a la enmienda nº 2, la Comisión no considera que pueda aceptarla por cuanto apoya el interés de una representación única de la Comisión Europea ante los organismos internacionales en caso de litigio. 
No quisiera, señor Varela, aunque entiendo la filosofía de fondo, que reprodujéramos en la pesca la situación de la PESC, porque hasta ahora- guste o no- al menos la Comunidad habla con una única voz. 
Si cada Estado miembro pudiese defender sus intereses, creo que nos encontraríamos como en el segundo pilar en materia de política exterior, donde la cacofonía y los intereses opuestos de los Estados miembros no nos darían, creo, un instrumento más eficaz. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Macartney, la Comisión desea, en cambio, agradecer al ponente su excelente trabajo; en efecto, el anexo del Protocolo se ha modificado para que las autoridades competentes de Santo Tomé y Príncipe puedan controlar mejor la actividad pesquera llevada a cabo por los buques extranjeros en la zona económica exclusiva. 
La Comisión comparte el espíritu de las enmiendas núms. 3 y 5 y considera necesaria, efectivamente, la mejora de la información. 
No puede aceptar la enmienda nº 6 porque el Consejo establece las directrices de negociación una sola vez para cada acuerdo y no para la renovación de los acuerdos y de los distintos protocolos. 
En este caso, la Comisión, que tiene la tarea de conducir las negociaciones, vela también por el cumplimiento de las directrices dadas por el Consejo. 
En cuanto a las demás enmiendas, la Comisión ha considerado siempre que los acuerdos de pesca celebrados con los países ACP son de naturaleza eminentemente comercial, aunque, como se insiste en el informe siguiente del Sr. Crampton, muchas veces estos acuerdos contienen elementos de desarrollo también para los terceros países, por ejemplo en lo que respecta al enrolamiento de marineros o al desembarque de las capturas par el trabajo in situ. 
En cualquier caso, en aplicación del artículo 130 B del Tratado de la Unión sobre la cohesión, la Comisión, con las dotaciones a favor de estos países, se propone reforzar el sector pesquero en sinergia con la política de desarrollo. 
Pero debo decir, en este momento, que también es frustrante para la Comisión, tras haberles escuchado durante dos horas, no poder responder a la Sra. Aelvoet porque está ausente. Deseo, no obstante, responderle porque percibo aquí una serie de estereotipos que, francamente, no sé ya en qué lenguas aclarar. 
Me niego a aceptar una y otra vez el ejemplo de Senegal, porque no se ajusta a la verdad. 
Se puso fin al Acuerdo con Senegal a raíz de la petición y de las presiones por parte de las autoridades de aquel país, entre las que se encontraba el sector pesquero senegalés. 
En segundo lugar, era una acción común de la DG XIV y la DG VIII, por lo que se trataba de un acuerdo de pesca y de desarrollo. 
Tercero, como respuesta a nuestra insistencia, recibimos una carta de las autoridades de Dakar en la que nos informan de que finalmente han decidido asignar el 50 % del importe total del acuerdo al sector pesquero. 
Esto demuestra sencillamente que intentamos tener en cuenta la preocupación del Parlamento. 
No puedo volver a escuchar la queja de que estamos compitiendo con la pesquería local. 
Eso no es cierto. 
Nuestra flota faena en alta mar donde la profundidad es de 200 metros. 
Los pescadores locales senegaleses no pueden faenar en esas aguas. 
No disponen de las herramientas ni del equipamiento necesarios. 
Competimos con la flota japonesa. 
O sea que digamos las cosas como son para corregir lo que se pueda corregir. 
Afrontemos el problema real y no una especie de estereotipo. 
No sé realmente cómo podemos superar eso. 
Dejaré el informe Crampton para el final porque merece ser comentado más a fondo, y pasaré a continuación al informe del Sr. Teverson. 
Por lo que respecta al informe del Sr. Teverson, sobre la cooperación multilateral en el ámbito de la NAFO, la Comunidad Europea, como usted sabe, como parte contratante está obligada a incluir en la normativa comunitaria todas las recomendaciones formuladas por la Comisión de Pesca de la NAFO, por lo que las dos propuestas de reglamento de que se trata establecen algunas medidas de control, como usted ha mencionado además, incluidos los observadores, que son consecuencia de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Pesca de la NAFO. 
La Comisión celebra, en efecto, el hecho de que en el informe Teverson se comenten favorablemente estas propuestas. 
He observado, evidentemente, las inquietudes que usted ha manifestado y que se reflejan en las enmiendas propuestas, pero no puedo, por razones de forma, incluirlas en la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento 189. 
En cualquier caso, la Comisión se compromete a transmitir en lo sucesivo al presidente de la Comisión de Pesca copia del informe elaborado por el Consejo Científico de la NAFO sobre la situación de los recursos pesqueros. 
En efecto, el problema es que el análisis y la evaluación de las poblaciones los hace el Comité Científico de la NAFO, en el que participa la Comisión Europea, pero no hay informes específicos; lo que puedo hacer es poner a disposición inmediatamente los resultados de ese informe científico. 
Por lo que se refiere al último informe, el del Sr. Souchet, la Comisión debe decir francamente que, tras estudiar el informe del Parlamento Europeo sobre la modificación de este régimen de base, no puede aceptar las enmiendas núms. 
1 y 2. En efecto, señor Souchet, para cumplir los compromisos asumidos a nivel internacional, se trata sólo de incluir en el ordenamiento jurídico comunitario las medidas técnicas, de alcance muy limitado, puesto que se trata de determinar los artes de pesca y las modalidades de su utilización, y que adopta el Comité de Gestión sobre la base del artículo 18. 
Pues bien, en este contexto, a la Comisión no le parece verdaderamente oportuno aplicar el procedimiento del artículo 43, una vez ha sido adoptada la medida de que se trata por la organización internacional de que hablamos, por cuanto la Unión no dispone, en cualquier caso, de un margen de valoración por lo que respecta al contenido de las medidas. 
La Comisión, además, no puede aceptar las enmiendas núms. 3 y 4, porque rebasan el marco jurídico de la propuesta en estudio. 
Dicho todo esto, expondré sólo algunos elementos de reflexión sobre los acuerdos de pesca. 
(EN) Ya les he dicho que siento una enorme frustración porque incluso el debate de esta noche ha demostrado que las opiniones de esta Asamblea están completamente divididas. 
Eso significa que lo único que puedo hacer es atenerme al informe definitivo que, aparentemente, refleja el consenso alcanzado tras un largo debate e intentar ser todo lo pragmática que pueda. 
Permítanme que aproveche esta ocasión para decir que no se puede simplemente transferir el exceso de capacidad a terceros países. 
Durante siete meses, la Comisión ha intentado llevar a cabo una reducción del 30 % de la capacidad de nuestra flota. 
Me ha llevado siete meses conseguir este resultado. 
Ello fue posible gracias a un espíritu de compromiso; yo, en un principio, defendía una reducción mayor. 
Sencillamente hago hincapié en que nos estamos esforzando en todos los frentes, incluida la reducción de la capacidad de nuestros esfuerzos pesqueros en nuestras aguas, y en que no nos limitamos simplemente a «transferir el exceso de capacidad a otros». 
Eso no es cierto. 
Resulta bastante asombroso que Estados miembros que nunca han reducido su capacidad en años anteriores o que incluso la han incrementado últimamente, no sólo son los que presentan mayor oposición a mi propuesta en el seno del Consejo, sino que además airean críticas porque «simplemente me limito a transferir el exceso de capacidad». 
Puede que sus Señorías no se estén refiriendo a la Comisión, sino a sus Estados miembros o a sus gobiernos. 
Cuando usted habla de suspensión de empleo, señor McMahon, su país, con razón o sin ella, no aplicó el plan de reestructuración que la Comisión ha venido financiando durante los últimos diez años. 
(Interrupción del Sr. McMahon) Lo siento, pero eso no es asunto mío. 
Cada uno tiene sus propias responsabilidades. 
Yo asumo las mías, pero no voy a convertirme en chivo expiatorio de todo lo que ocurra, incluido el bombardeo de Hiroshima. 
Yo ni siquiera había nacido. 
(Risas) O sea que Gran Bretaña perdió 12.000.000 millones de libras al no aplicar el plan de reestructuración y sus pescadores se vieron obligados a vender sus barcos y sus licencias. 
Hubo otros que los compraron. Algo que yo no puedo impedir. 
No puedo impedir que la gente compre si no sabemos cómo impedir que la gente venda. 
Si usted puede decirme cómo impedir que la gente venda, puede que yo aprenda a impedir que la gente compre. 
En lo que respecta a la concesión de compensaciones no sólo a los armadores, sino también a los trabajadores, ésa fue precisamente la propuesta de la Comisión, pero varios Estados miembros- no los nombraré, pero ustedes saben perfectamente a cuáles me refiero- no aprobaron esa propuesta. 
Sucede lo mismo que con la utilización de los Fondos estructurales. 
La propuesta de la Comisión que se aprobó por fin consistía en una invitación- no una obligación porque eso no era posible- a que se destinara parte de los Fondos estructurales a prestaciones sociales para los pescadores. 
La propuesta no es vinculante, pero fue aprobada. 
Algunos gobiernos, incluido uno que usted conoce perfectamente, no utilizan esa posibilidad y yo no puedo imponer su cumplimiento. 
Debemos, pues, atribuir la responsabilidad a quien corresponda. 
En segundo lugar, sobre la compensación financiera, ¿qué queremos decir? 
¿Nos estamos refiriendo a los países en desarrollo o a todos los acuerdos? 
Si nos referimos a todos los acuerdos, echemos un vistazo al Acuerdo con Groenlandia que asciende a 50 millones de ecus por los que no recibimos nada de pescado. 
Les ruego, por tanto, que tomen una iniciativa. 
Yo la tomé, aunque no conseguí que prosperara en el Consejo. 
Pero ¿por qué no lo intentamos? 
Y espero que ustedes sean igual de perseverantes cuando hablemos de tomates, por los que pagamos, o fresas o de otros acuerdos comerciales. 
Por consiguiente, si su propuesta es que no paguemos por ningún acuerdo, espero que sean coherentes al tratar sobre otros acuerdos, y también que pidan solidaridad en el caso de las epidemias. 
Estamos hablando de aproximadamente 280 millones de ecus, de los que 180 millones son destinados a países ACP. 
Todos los demás son acuerdos con países del Norte, algunos de los cuales no tienen pesca. 
En tercer lugar, cuando hablamos de empleo, hay que tener en cuenta a las 20.000 personas que trabajaban gracias a este acuerdo. 
Me refiero a la provisión de unos recursos de los que dependemos en un 50 %, y si, simplemente, hubiéramos tenido que comprar el 50 % del pescado que necesitamos para nuestro consumo, tendríamos que pagarlo de todos modos. 
(Interrupción del Sr. Teverson: Eso no lo hacemos en ningún otro sector, ¿no es así? 
No quiero comparar los fondos agrícolas con el fondo de la pesca. 
Si queremos ser coherentes, tendremos que concretar de algún modo. 
No puede ser que tengamos dos formas diferentes de abordar las cosas. 
Y si lo hacemos, no tendrá mucho sentido, señor Teverson. 
Ni siquiera cuando pagamos subvenciones por los fallos o errores que cometen algunos Estados miembros en concepto de solidaridad. 
Los acuerdos pesqueros tienen un valor comercial. 
Ésa es la clave. 
La Comisión no está en condiciones de elaborar una evaluación coste-eficacia, pero podemos encargársela a un organismo externo si así lo desea, en aras de la obligación de rendir cuentas al contribuyente. 
Es posible que existan varios aspectos que debamos tener en cuenta. 
He intentado sentar algunas conclusiones. 
Reconozco que éste no es el último debate que celebraremos sobre la pesca y los acuerdos internacionales. 
Pero quiero decirles lo frustrada que me siento. 
No he recibido ningún reconocimiento de esta Asamblea por los avances y las modificaciones que hemos conseguido en los acuerdos de pesca. 
Es lo que me he propuesto conseguir. Los nuevos acuerdos son acuerdos de segunda o tercera generación. 
El Sr. McMahon ha hecho referencia al gran número de personas que dependen de la industria pesquera en el tercer mundo. 
Quizá estaba contando los peces, porque la verdad no es exactamente así. 
Tomemos Namibia, por ejemplo, un país que desea desarrollar su propio sector pesquero. 
Tiene la pesca, pero no tiene los buques. 
En este caso existe un margen para un acuerdo equilibrado con Namibia en base a un proyecto conjunto. 
De lo contrario, ese país construiría su propia flota y el número de la flota mundial aumentaría. 
¿Qué hay de malo en unir su pesca con nuestros buques y con nuestros conocimientos? 
¿Qué hay de malo en ello? 
Mozambique se encuentra en la misma situación. 
No dispone de los conocimientos ni de los barcos ni de la flota para faenar en sus aguas. 
Ése es el motivo por el que están vendiendo sus derechos a los japoneses y a otros. 
Sería bastante útil conocer más a fondo a los países con los que mantenemos acuerdos pesqueros, y ello nos permitiría comprender mejor lo que está sucediendo. 
Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero debemos reconocer que hemos introducido modificaciones importantes en este dossier. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Comisaria por sus palabras con las que estoy de acuerdo en un 90 %. 
Comparto sus frustraciones con muchos de los Estados miembros, quizá en particular y últimamente, con el mío. 
Reconocemos que la Comisión ha recorrido un largo camino. 
De hecho, en este informe de la Comisión de Pesca felicitamos a la Comisión por uno de sus documentos más recientes: » Acuerdos de pesca: situación actual y perspectivas». 
Creo que la Comisión avanza en el dirección acertada. 
Lo que mi informe persigue es intentar ayudar. 
Señor Presidente, la Sra. Comisaria ha pedido que se atribuyan las responsabilidades a quien corresponda. 
Tiene razón al pedirlo. 
Y tiene razón, en particular, al culpar al Gobierno del Reino Unido, aunque no lo ha nombrado específicamente cuando se refirió a su negativa a aplicar el plan de reestructuración. 
Pero, del mismo modo, como guardián del Derecho comunitario, ella tiene competencia jurídica en el tema del informe Souchet. 
Espero que vuelva a plantearse el fundamento jurídico que estamos analizando en este Parlamento. 
Ambas cosas van de la mano. 
Si defendemos un fundamento jurídico correcto y atribuimos las culpas a quien corresponde, seamos también consecuentes en todo lo demás. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 h. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 h) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, hablo en relación con el punto 7 del Acta, en la página 11- el debate sobre mi informe. 
Deseo hacer una declaración personal a propósito de la intervención de la Sra. McKenna, en la que decía «Sé que el Sr. Titley hace presión a favor de los que yo llamaría «mercaderes de la muerte» ». 
Como golpe de efecto, esta afirmación no tiene nada que envidiar a las mejores versiones de la literatura irlandesa; como exposición de un hecho, es absolutamente falsa. 
No beneficia en nada a la Asamblea, sobre todo cuando se está debatiendo el informe Ford sobre grupos de presión, que uno de sus diputados haga acusaciones de este tipo. 
Puedo asegurar a la Asamblea que no hago presión a favor de nadie y que, en lo que a los mercaderes de la muerte se refiere, no son fáciles de encontrar en Bolton Market, de modo que no estoy muy seguro de lo que quería decir la Sra. McKenna. 
Dijo también que en mi informe defiendo que el contribuyente europeo debería contribuir a la industria armamentística. 
En mi informe no se hace ninguna afirmación así en absoluto. 
Con ello no se hace sino propagar el contenido de una hoja informativa ecologista muy difundida y que, de aparecer en el Reino Unido, sería difamatoria. 
Señor Presidente, debo hacer una declaración porque en el día de ayer se han producido, en el sur de Francia, agresiones y destrucciones de mercancías, fundamentalmente españolas, de frutas y hortalizas. 
Yo quisiera manifestar mi condena de estas agresiones y, además, solicitar a las autoridades comunitarias que recuerden a las autoridades francesas la necesidad de asegurar el libre tránsito y la libre circulación de mercancías. 
Lamentablemente, en los últimos años somos testigos cada cierto tiempo de agresiones parecidas en diferentes países de la Comunidad. Por lo tanto, creo que todos debemos compartir su protesta condenando estas agresiones cada vez que se producen, porque a las autoridades nacionales les corresponde proteger la libre circulación de los trabajadores de todos los países europeos que sean miembros de la Unión. 
(El Acta queda aprobada) 
Industrias nucleares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0131/97) del Sr. Soulier, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (96) 0339- C4-0532/96) sobre las industrias nucleares en la Unión Europea (Programa indicativo nuclear con arreglo al Artículo 40 del Tratado EURATOM). 
Señor Presidente, Señorías, desearía ante todo señalar que este debate es una primicia. 
En efecto, la Comisión no estaba obligada, según las disposiciones del artículo 40 del Tratado EURATOM, a consultar al Parlamento. 
No obstante, lo ha hecho. 
Más allá de su elegancia natural, señor Comisario, y del tacto con que se dirige al Parlamento, desearía darle la razón. 
En relación con los problemas energéticos, todos necesitamos el apoyo de la opinión pública. 
Es absolutamente extraordinario ver como en Europa, durante los últimos cuarenta años, las políticas nucleares han sido desarrolladas por pequeños grupos de personas: científicos, políticos, industriales; pero sin la participación efectiva, en una fase previa, de las opiniones públicas, sobre todo por medio de sus representaciones nacionales. 
Por lo tanto, es bueno que una institución como la nuestra tenga algo que decir sobre una política energética, tanto en el plano de los Estados miembros como en el conjunto de la Unión Europea. 
Querría hacer hincapié, en segundo término, en que efectivamente las condiciones geopolíticas han cambiado desde la firma del Tratado EURATOM, y en la prosperidad de los treinta años transcurridos entre 1950 y 1980. 
La cuestión de la independencia energética de la Unión Europea se ha convertido en un problema crucial. 
Contrariamente a lo que se creía en 1989, el mundo está aún aterrado, y la mayor parte de los recursos de gas y petróleo, en particular, de que disponen los Estados provienen de zonas frágiles. 
¿Acaso se toma en cuenta, y las opiniones públicas toman en cuenta, en qué situación nos encontraríamos si por un tiempo se nos negara el acceso a Rusia, al Oriente Próximo, al Norte de África? 
Y la guerra del Golfo demostró que, puesto que la amenaza no era teórica, los países occidentales no tardaron en intervenir. 
Por consiguiente, el interés de una política industrial nuclear debe medirse por este rasero. 
En mi informe me he planteado tanto su eficacia como sus riesgos, y creo haber redactado un informe moderado y pragmático. 
Moderado, porque debemos ser modestos. 
¿Qué pasará dentro de unos años con las innovaciones tecnológicas? 
¿Cómo podemos decidir sobre un determinado tipo de reactor nuclear, sin poseer profundos conocimientos científicos? 
Debemos, naturalmente, confiar en los expertos y debatir juntos las conclusiones de sus trabajos. 
En ese sentido, desearía señalar que me he opuesto a la mayoría de las enmiendas presentadas por la Sra. McNally, por dos razones. 
Primeramente, porque la Sra. McNally ha incurrido en una contradicción con su propia enmienda, al reconocer a los Estados miembros el derecho soberano de estar a favor o en contra de la energía nuclear, y que debía respetarse su elección. 
En las enmiendas presentadas en el Pleno, la Sra. McNally quiere ampliar a todos los Estados miembros la prohibición, a la larga, de la energía nuclear. 
Esto no está de acuerdo con la idea inicial. 
Pero, más que nada, desearía decirle que es imposible dejar de tener en cuenta los avances científicos. 
Todos estamos ligados al progreso técnico y tecnológico y, desde este punto de vista, debemos confiar en él. 
Desearía recordar los puntos siguientes. 
Europa es dependiente, en más del 60 %, respecto a su abastecimiento. 
Si ahora, o en los próximos años, se prohibiera o se suprimiera la energía nuclear, dependeríamos en más del 80 % y estaríamos, señalo, en un grave peligro. 
En segundo lugar, ¡es natural que todos estamos a favor de las energías renovables! 
¿Están hoy lo suficientemente adelantadas para permitir una sustitución de lo que nos reporta la energía de origen nuclear? 
La respuesta es absolutamente clara: » No». 
Tercera observación: en los tiempos que atravesamos, esta industria emplea directamente, o indirectamente, 400.000 personas en Europa. 
¡No podemos suprimirla a través de una enmienda! 
Finalmente, ¡a la naturaleza industrial le aterroriza el vacío! 
Me atrevería a decir que si suprimiéramos las industrias nucleares europeas, los Estados Unidos y el Japón, contrariamente a lo que usted mismo sostiene, señor Comisario, no nos consultarían, sino que vendrían a sustituirnos, en Europa o en cualquier otro continente. 
Y luego, para terminar con esta cuestión, antes de hacer una breve conclusión, existe para nosotros en este ámbito un deber de solidaridad e interesado, sin cinismo, hacia los países del Este de Europa: Ucrania y Rusia concretamente. 
Sus centrales merecen un nivel de seguridad equivalente al nuestro. 
También en este caso, si nos vamos, nos sustituirían; cuando de lo que se trata es de nuestra seguridad y de mantener un nivel tecnológico suficiente para intervenir. 
Yo no he aprobado sin reserva la política nuclear. 
He hecho el hincapié necesario en la indispensable cooperación de las opiniones públicas, en que debemos luchar contra el envejecimiento de las centrales nucleares. 
Debemos enfrentarnos casi un fenómeno biológico de sociedad. 
No podemos dejarlas en estas condiciones, y también debemos confiar en los procedimientos técnicos que hoy se aplican, y que continuarán, sin duda, por la vía del progreso, para la eliminación de los residuos. 
No debemos suprimir los créditos para investigación, como lo ha pedido la Sra. McNally en sus enmiendas. 
¡Se trata de una gran ambición para Europa, se dice! 
Pero, ¿qué sería Europa sin energía? 
¿Qué sería de una agricultura sin energía? 
¿De qué serviría un mercado interior en el que casi no existiera energía y la industria se desacelerara? 
¿De qué serviría una moneda única si tuviéramos menos que comprar? 
¡Hoy la supresión total del mercado nuclear es un fantasma de ricos y una reflexión teórica sobre el devenir del ser humano! 
Señor diputado, la Presidencia siempre ha mostrado cierta indulgencia hacia los ponentes, en consideración a lo difícil que es exponer sus observaciones en tan poco tiempo, pero preferiría que terminaran su intervención sin anunciar «finalizo». 
Así ahorramos un poco de tiempo. 
Señor Presidente, sería tentador pedir una prórroga del tiempo de uso de la palabra de tanta duración como la del orador que me ha precedido, pero intentaré arreglarme con el que me corresponde. 
Quiero empezar dándole las gracias a la Sra. McNally por su gran esfuerzo y por su intento de persuadir a la Comisión de Energía para que incluyera las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente en su informe. 
Desgraciadamente, no ha tenido éxito. 
También quiero darle las gracias por haber presentado propuestas en el pleno que concuerdan con el espíritu de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, a fin de que tengamos posibilidad de votarlas. 
Me sorprende que la Comisión de Energía no haya aprobado algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Ambas comisiones están de acuerdo con la Comisión en que cada Estado miembro y solamente él elige sus propias fuentes de energía. 
La consecuencia lógica es, por lo tanto, que el Tratado Euratom no es válido en su forma actual. 
El objetivo de este Tratado es fomentar la energía nuclear y debe ser revisado, para que el objetivo superior sea la protección de la salud y la seguridad. 
Los recursos económicos se deben dedicar a los problemas medioambientales causados por el uso de energía nuclear, incluidas la gestión de los residuos radiactivos y la seguridad en el cierre de centrales nucleares. 
Esto estaría en concordancia con el Tratado de Maastricht, mientras que el fomento de la energía nuclear no lo está. 
Sé que el ponente de la Comisión de Energía, Sr. Soulier, siente entusiasmo por la energía nuclear, pero fomentarla no es el objetivo de la Unión; al contrario, nuestra meta es apoyar el medio ambiente. 
También será deseable un reforzamiento del plan de actuación existente para mejorar la seguridad de los centrales nucleares en la Europa central y oriental, ya que influyen directamente en la seguridad en la UE, lo que, además, concuerda con los objetivos del Tratado de Maastricht. 
En resumen, cualquier esfuerzo debe estar dirigido a mejorar el medio ambiente y la seguridad de las centrales nucleares existentes y no a construir otras nuevas. 
Si un Estado miembro desea invertir en centrales nucleares, es cosa suya, nunca de la UE. 
Sus esfuerzos han de centrarse en los aspectos medioambientales de la energía, es decir, el ahorro de energía, la eficiencia, las fuentes de energía renovables, etc. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Soulier por su presentación. 
En su informe se ha esforzado mucho por ser objetivo, lo cual es de agradecer, pero ha de admitir que, en conjunto, el informe es excesivamente optimista sobre el futuro de la energía nuclear en Europea occidental. 
El Tratado Euratom cumple cuarenta años este año. 
No hemos organizado ninguna fiesta para celebrarlo y, como a muchos de nosotros, se le está empezando a notar la edad. 
El Tratado fue redactado y firmado en 1957 y lleva todas las marcas de una filosofía y expectativas de aquella época que ya no son válidas. 
En aquel momento era una nueva tecnología que hizo concebir muchas esperanzas, algunas de las cuales se han hecho realidad, pero no la mayoría. 
Lo que de hecho se exigía a la Comisión Europea era que presentara una publicación en la que aparecieran cifras de producción e inversión en un programa indicativo. 
Si esta vez hubieran realizado lo que se les pedía, sería un pedazo de papel minúsculo con un mínimo escrito en él sobre cualquier cosa producida, ya que las intenciones de inversión en Europa occidental en el campo de la energía nuclear son prácticamente nulas. 
Esto es sin duda aplicable a mi país, al igual que a Francia y, creo, a Alemania y a todos los demás países. 
No hay intención de construir muchas más centrales nucleares. 
¿Por qué no? 
Porque en los años transcurridos desde que se pusieron por escrito las grandes esperanzas del Tratado Euratom, los ciudadanos han llegado a darse cuenta del precio que hay que pagar por la energía nuclear. 
Ese precio es el de saber cómo deshacerse de los residuos radiactivos, cómo garantizar nuestra seguridad- dos o más terribles accidentes ocurridos en estos cuarenta años han quebrantado la fe de la opinión pública- y cómo hacer frente a los costes del desmantelamiento de las centrales. 
La directiva sobre liberalización de la energía eléctrica es una importante razón por la que no habrá inversiones en energía nuclear en Europa occidental. 
Si las empresas nucleares de Europa occidental quieren trasmitir sus conocimientos especializados por todo el mundo, es un asunto de su incumbencia, pero que no tiene por qué apoyar la Unión Europea. 
Desapruebo la instalación de energía nuclear en algunos países en los que no se dispone de la cultura ni de las condiciones necesarias para unas formas de energía potencialmente tan peligrosas. 
Si se aprueba el apartado 18 propuesto por el Sr. Soulier, en el que se dice que no se cuenta con una energía que sustituya a la energía nuclear, nosotros votaremos en contra de su informe. 
Una vez tuvimos una primera ministra que decía: » no hay alternativa». 
El Sr. Soulier se equivoca. 
El uso racional de la energía tiene un gran potencial; si la investigación sobre energías renovables se hubiera financiado al mismo ritmo que se ha hecho con la energía nuclear en los últimos cuarenta años, nos hallaríamos en una situación muy distinta. 
Durante otros quince o veinte años no tenemos que decidir sobre inversiones en una nueva forma de energía. 
Para entonces tendremos ante nosotros muchas soluciones. 
Lamento, señor Comisario, que no haya realizado su tarea. 
Entiendo por qué no ha podido hacerlo y espero que su incapacidad para aportar unas cifras de inversión sea indicativa de que, en el futuro, la energía nuclear no tendrá que ser la principal forma de energía de esta Unión Europea. 
Señor Presidente, antes que nada deseo felicitarme con el ponente, Sr. Soulier, de este excelente informe, que ofrece una visión realmente equilibrada de la industria nuclear en la Unión Europea. 
El Programa indicativo nuclear hace unas previsiones a corto plazo que tienen en cuenta de forma ponderada, lo cual es muy importante, la nueva directiva relativa a la liberalización del mercado de la electricidad. 
Su formulación se inscribe asimismo en el marco del Libro Blanco sobre la política de la energía de la Unión Europea y retoma sus temas principales, esto es, competitividad, seguridad, abastecimiento y protección medioambiental, para trasladarlos al ámbito de la política nuclear. 
Se trata, pues, de un informe sumamente equilibrado, incluso por lo que se refiere a los puntos de referencia. 
Tal como se indica, creo que es fundamental dejar a cada Estado miembro la libertad de optar o no por la energía nuclear y, aunque procedo de un país que hizo en su momento una elección en contra de la utilización de la energía nuclear, considero que no se deben recabar conclusiones apresuradamente negativas con respecto a esta fuente de energía tan especial, dado que las diferentes actividades de la industria nuclear, sin embargo, afectan a la totalidad de los Estados miembros, ya sea directa o indirectamente. 
Por consiguiente, es importante que el Parlamento Europeo facilite su resolución sobre este sector que se incluye dentro del Tratado EURATOM, por las consecuencias que dicho tema puede tener en la opinión pública y a fin de subsanar, dentro de lo que cabe, el déficit democrático existente. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Soulier también cuando reitera la necesidad de examinar con mayor interés otros tipos de reactores. 
La tecnología avanza con rapidez y el envejecimiento es insidioso y, en consecuencia, es preciso prever nuevas soluciones en el ámbito de la medicina y la producción farmacéutica. 
Lamentamos realmente que la Comisión no haya desarrollado este aspecto de forma adecuada. 
Por último, señor Presidente, si bien el tema de la seguridad responsabiliza a todos los Estados miembros con respecto a los ciudadanos europeos, al igual que el Sr. Soulier, consideramos que dicho aspecto debe potenciarse y mejorarse mayormente, incluso con respecto a los países de Europa central y oriental y de la CEI. 
Señor Presidente, colegas, señor Comisario, en primer lugar deseo felicitar en nombre del Grupo Liberal al colega Soulier por su informe. 
Ha tenido la oportunidad de elaborar en torno a un polémico tema una resolución realista, lo cual me parece un acto de extrema destreza en el caso de un francés. 
Mi grupo político no alberga reparo alguno en cuanto a la energía nuclear. 
Se trata de una tecnología limpia cada vez más avanzada y segura; una vez instalado un reactor nuclear es capaz de asegurar un suministro de electricidad a bajo precio. 
Pero incluso el reactor más seguro es dirigido por hombres. 
En su mayoría los accidentes ocurren, no por técnicas deficientes, sino por fallos humanos. 
El transporte de material nuclear a través de un continente densamente poblado como Europa implica riesgos enormes, por lo demás inadmisibles, amén de los peligros ligados al transporte a través de la atmósfera. Esta misma semana se ha citado el caso de este tipo de transporte en Inglaterra. 
En todos los Estados miembros se efectúan depósitos de residuos nucleares; deseo preguntar pues al Comisario Papoutsis cuándo habrá de darse una solución definitiva y concluyente a este problema. Le pido igualmente que proceda a controlar el transporte atmosférico en Europa. 
Son éstas, en definitiva, las inquietudes de los ciudadanos europeos. Inquietudes que no expresan con palabras sino con acciones tales como los bloqueos a los transportes nucleares. 
Desde un ángulo económico veo además la existencia de otros dos problemas. 
Al liberalizarse el mercado de la electricidad es deber de la Comisión garantizar las condiciones de competencia. 
Esto significa la cesación de subsidios al desarrollo de nuevas centrales nucleares, tanto por parte de los gobiernos nacionales como de la Unión Europea. Esto perjudicaría gravemente el funcionamiento del mercado en lo referente a otras formas de energía. 
De ahí que también nuestro grupo votará contra el artículo 18. 
Además de ello, será necesario hacer preceder las exportaciones de tecnología de la Unión en dirección de países menos desarrollados de campañas de información destinadas a sus ciudadanos en lo tocante a las ventajas y desventajas de este tipo de energía. 
Y es que un medio ambiente protegido y perdurable no se detiene, colegas, en los confines de la Unión Europea. 
Señor Presidente, hasta ahora se han publicado tres programas indicativos nucleares en el plano comunitario, que representan proyectos a largo plazo. 
El Programa indicativo para 1997, que hoy debatimos, establece un panorama de la industria nuclear en la Unión Europea, analiza los problemas que se plantean en función de la evolución tecnológica y contiene algunos elementos de respuesta. 
El informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, presentado por el Sr. Soulier, sobre la comunicación de la Comisión, es equilibrado. 
En mi opinión, logra evitar dos escollos: la confianza ciega en la energía nuclear y el miedo más descabellado respecto a la energía nuclear y a sus fantasmas. 
El mismo se apoya en el desarrollo tecnológico y en la experiencia europea en materia nuclear. 
Se trata, evidentemente, de bazas que deben valorizarse. 
El informe plantea con precisión el problema de la creciente dependencia energética en la Unión Europea. 
Demuestra que la energía nuclear, que abastece una media del 35 % del aprovisionamiento eléctrico en Europa y hasta un total del 75 % en Francia, contribuye en gran manera a reducir esta dependencia. 
Al mismo tiempo, el informe no ignora las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la seguridad y la salud humana. 
Con respecto a la cuestión tan controvertida de los residuos radiactivos, éste contiene propuestas concretas en relación con la rápida evolución de las ciencias y de las tecnologías, concretamente a través de su disminución o la disminución de su radiactividad por medio de aceleradores de partículas para la transmutación o de reactores subgeneradores. 
Para ello, se requieren inversiones importantes, con la finalidad de aplicar un programa que garantice el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos, sin peligro alguno para las generaciones futuras. 
Paralelamente, el informe reconoce a los Estados miembros el derecho soberano de optar o no por la energía nuclear y reafirma que su elección debe respetarse. 
Deseo, por mi parte, que este enfoque equilibrado, respetuoso de las opciones de cada Estado miembro, sea aprobado por esta Asamblea. 
Desde este punto de vista, me felicito del rechazo en comisión de las enmiendas dogmáticas del Grupo de los Verdes, basadas en márgenes de aproximación científica y en criterios ideológicos preconcebidos. 
Los diputados franceses del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea mantendrán en el Pleno su oposición a dichas enmiendas. 
El documento de la Comisión se inscribe a la vez en el contexto de la Directiva relativa a la liberalización del mercado de la electricidad y en el marco de una política energética común. 
En mi opinión, este enfoque, del cual el informe del Sr. Soulier no se ocupa demasiado, me parece peligroso, ya que su objetivo prioritario es adaptar el mercado de la energía a los principios del librecambio y de la competencia, acelerando el proceso de liberalización y de desreglamentación, sin preocuparse de las consecuencias económicas, sociales y regionales. 
Por todas estas razones, yo me opongo a una política energética común, que consistiría a la vez en una obligación y en una amenaza permanente frente a las opciones energéticas de los Estados miembros. 
Por lo tanto, propongo alentar la cooperación, la coordinación de las políticas nacionales y el desarrollo de la investigación. 
La energía no es una mercancía más. 
Ésta no puede ni debe obedecer al principio de libre competencia, lo que podría poner en entredicho la igualdad de acceso y de trato de los usuarios, así como también las alternativas energéticas de cada país y la necesaria visión a largo plazo para garantizar la seguridad de abastecimiento y disminuir la dependencia en el sector de la energía. 
Hechas estas reservas, confirmo mi apoyo al informe de la Comisión de Energía. 
Señor Presidente, quiero decir solamente a la oradora anterior que en nuestras enmiendas no se trata de ideología sino sencillamente de hechos demostrables. 
Puedo comprender que no le guste como francesa pero, a pesar de ello, no hay que ignorar los hechos. 
En lo que se refiere al programa nuclear de la Comisión, se caracteriza por un modo de pensar y comprensión medioambiental de los años 60 y no hace justicia de ningún modo al estado actual de los conocimientos ni a las necesidades ni al hecho de que la mitad de los Estados miembros no tiene ninguna energía nuclear. 
Y si miramos con más atención, veremos que países que la poseen no quieren construir más centrales porque la población no lo quiere y además porque es demasiado cara. 
Ya es más barato no construir centrales pues un reactor nuclear nuevo de 1.000 megavatios cuesta entretanto entre cinco y ocho veces más que un reactor convencional. 
A pesar de ello, la Comisión exige unas condiciones marco políticas y económicas a largo plazo que no son otra cosa que programas dirigidos y que ya tuvimos en 1972, 1976, 1984 y 1990. 
Ahora, casi por quinta vez se presenta un programa de ayuda para la industria nuclear. 
Su documento está repleto de errores y de medias verdades. 
Afirma literalmente lo siguiente: » Las instalaciones nucleares están diseñadas y construidas de tal modo que prácticamente encierran todos los productos derivados producidos durante su funcionamiento, incluso en caso de accidente». 
Esto es absolutamente falso, pues ¿cómo es posible medir radiactividad ante las costas de Canadá que proviene de Windscale-Sellafield? y ¿de dónde viene la contaminación con tritio del agua potable en La Hague? y ¿cómo se produce el escape de nuclidos en el funcionamiento normal de las centrales nucleares? 
No se puede aceptar así. 
Usted dice que los costes de desmantelamiento de una central nuclear suponen entre el 10 y el 15 % de los costes de construcción. Esto es un sinsentido. 
En primer lugar solamente hemos desmantelado centrales nucleares pequeñas- dos hasta hoy- que además tenían unos tiempos de funcionamiento extremadamente cortos, de cuatro a seis semanas. 
Ahora, por ejemplo, Francia aplaza el desmantelamiento a cincuenta años e Inglaterra incluso a 100 años. No sé cómo se quiere calcular esto. 
Usted dice que se han logrado progresos en la eliminación de los residuos de las instalaciones nucleares europeas. 
¡Esto sí que es fuerte! 
Lo que no se ha eliminado y sí ha aumentado son las preocupaciones. 
No querrá decir usted que eliminar los residuos es meterlos en una nave. 
Esto no puede ser eliminación. 
No se sabe qué barreras geológicas son las adecuadas. 
Ni siquiera sabemos en qué contenedores podemos meterlos, por no hablar de la evaluación y de los criterios de la seguridad a largo plazo de los almacenes nucleares. 
Para finalizar quiero decir que a nivel mundial existen dos mil toneladas de plutonio y uranio aptos para ser empleados en armas. 
Ante este hecho dice la Comisión: vamos a convertirlas en combustible MOX. 
A esto digo yo: esto es absurdo pues la mayoría de los reactores enfriados con agua ordinaria no son adecuados para ello. 
La industria nuclear ha tenido 40 años de tiempo para demostrar que es limpia, segura y barata y que la eliminación de residuos está garantizada. 
No lo ha logrado en estos 40 años. 
Es decir, la consecuencia solamente puede ser del siguiente tenor: ¡acabemos con esta tecnología prehistórica! 
Señor Presidente, Señorías, me sorprenden las falsedades y las afirmaciones gratuitas que contiene el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Sólo citaré dos de ellas: El considerando f) dice: » Considerando que la cuestión ambiental no puede disociarse del desarrollo del sector nuclear (... ) en lo relativo a la reducción de las emisiones de CO2, a la que contribuye». 
Simplemente, no es cierto. 
Varios estudios, que datan ya de principios de los años 1990, demuestran claramente que las emisiones de CO2 debidas a la producción eléctrica y electronuclear lindan con los 54 gramos de CO2 por kilovatio/hora de electricidad. 
Estas emisiones proceden en gran parte del enriquecimiento y también de la extracción del mineral de uranio. 
Ahora bien, en la mayoría de los países en que se efectúa dicho enriquecimiento se utilizan energías fósiles. 
Contrariamente a lo que pretende este informe, las centrales nucleares por sí mismas no generan CO2, pero sí el ciclo nuclear. 
¿Cuáles son las alternativas? 
Por ejemplo, las turbinas de gas, alimentadas con Ga, y que trabajan en cogeneración, sólo emiten 33 gramos de CO2 por kilovatio/hora de electricidad, y existen sistemas cuyo rendimiento es aún mayor. 
Por otra parte, desde el punto de vista económico, el sector nuclear, tras el accidente de Chernóbil, no está obligado a contratar seguros, ya que ninguna entidad aseguradora aceptaría este tipo de riesgo. 
Por eso debo recomendar a mis colegas que voten positivamente las enmiendas presentadas por la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Y como luxemburgués, que vive rodeado por centrales nucleares, en concreto la central de Cattenom, no puedo suscribir de ninguna manera la opinión del Sr. Soulier. 
Señor Presidente, es necesario mantener un debate básico sobre el empleo de técnicas nucleares para el suministro de energía. 
Los casos de averías, los escapes de los reactores nucleares han aumentado en los últimos años y no disminuido. 
Si como, por ejemplo, en la República Federal de Alemania, existe una amplia resistencia contra los transportes, éstos deben incluirse en los costes. 
Este es un motivo más por el que se debe recapacitar sobre la industria nuclear. 
Sin duda, es un cuento chino el argumento de que sin ella las cosas no pueden funcionar. 
En el informe se dice también que la energía nuclear es una realidad científica y económica. 
Más bien, es una permanente amenaza que alcanza mucho más allá de las generaciones que viven actualmente. 
Creo que se trata también de un problema de democracia. 
En un plazo previsible, Suecia va a abandonar la energía nuclear. 
Entonces esos países- incluido el mío, Austria- estarán en mayoría. 
También tiene que ver con decisiones democráticas que se recapacite sobre el modo de abandonar este tipo de energía. 
Es especialmente incorrecto declarar a la energía nuclear como una tecnología medioambiental, pues durante miles de años quedarán elementos radiactivos. 
¿Quién se puede atrever a hacerse cargo aquí de una garantía durante tan largo período de tiempo? 
Además, la afirmación de que está científicamente asegurado que los combustibles nucleares pueden utilizarse en un circuito cerrado, creo que no se la cree nadie en esta Asamblea. 
Señor Presidente, a nadie sorprenderá, en este recinto, saber que apoyaré firmemente el informe del Sr. Soulier. 
No sólo porque es un informe que pretende ser objetivo, sino porque es un informe que también pretende ser moderado. 
Naturalmente, no puede esperarse que con ocasión de este informe tengamos aquí un debate del todo sereno, ¡pero en fin! 
Creo que con este informe y con la discusión que hemos tenido en los grupos y en el seno de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía nos damos cuenta, finalmente, de que los puntos de vista son, sin duda, menos opuestos de lo que continuamente se ponía de manifiesto aquí, hace algún tiempo. 
Más allá de las afirmaciones seudo científicas del Sr. Weber, desearía señalar, con todo, dos puntos esenciales. 
El primero consiste en que la energía nuclear ha representado un papel importante, determinante, en el desarrollo económico del conjunto de los países europeos en los años posteriores a la Segunda guerra mundial, incluso en los países que hoy suprimen o desean suprimir la energía nuclear. 
Segunda observación: generalmente, la supresión de la energía nuclear no es más que una opción que sólo es válida a largo plazo y siempre que, naturalmente, existan alternativas reales. 
¿Cuáles son? 
Las energías renovables, sin duda. 
Al igual que todos los que están en este recinto, soy favorable al desarrollo de las energías renovables. 
Pero seamos realistas. 
Como máximo y en el mejor de los casos, a largo plazo, cubrirían entre el 10 y el 15 % de las necesidades energéticas. 
No se trata, por lo tanto, de una verdadera alternativa. 
El gas: hoy todos se abalanzan sobre el gas. 
Pero, ¿qué pasará si generamos un crecimiento exponencial de la demanda de gas? 
En primer lugar, aumentaremos nuestra dependencia frente a países de los que como mínimo puede decirse que no poseen una estabilidad democrática evidente. 
En segundo lugar, generaremos- y el juego de la oferta y la demanda permite que todos lo comprendan- una subida extrema del coste del gas. 
Por consiguiente, tendremos en materia de energía un elemento esencial de agravación y de desaceleración del crecimiento económico y, por tanto, de la creación global de puestos de trabajo. 
La diversificación constituye la regla de oro en materia de energía. 
En este ámbito no pueden existir opciones ideológicas a priori- ni «todo nuclear» ni «nada nuclear» -. 
Queramos o no, la energía nuclear está llamada a representar todavía un papel esencial en nuestros países, y sobre todo en el resto del mundo y en los países en vías de desarrollo. 
Quizá sea oportuno recordar- el informe del Sr. Soulier insiste en este aspecto y algunas enmiendas van en este sentido- que hemos contraído, en la Comunidad Europea, dos obligaciones frente a nuestras opiniones públicas. 
No debemos iniciar un debate ideológico a favor o en contra de la energía nuclear, sino que debemos, primeramente, dar los medios indispensables que permitan garantizar la seguridad de las actividades energéticas en el sector nuclear y, en segundo término, resolver el problema lancinante del reciclado de los residuos nucleares. 
En eso consiste realmente nuestra misión. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Soulier. 
En este difícil tema, lleno de pasión y con tan poca objetividad, él ha sabido hacer un informe equilibrado. 
Y yo quiero referirme al tema de la comunicación de la Comisión, a las industrias nucleares, que no son sólo las empresas eléctricas que explotan centrales nucleares, sino ese enorme campo de trabajo, de empleo, del que está tan necesitada Europa: los bienes de equipo, los materiales, los servicios, la ingeniería. 
En el mundo se están desarrollando muchos proyectos para nuevas centrales nucleares en Irán, en Turquía, en Brasil, en Corea, en China. 
Y nosotros necesitamos empleo. 
Y me voy a referir a la alta tecnología. 
Ha sido la industria nuclear, Señorías, la que ha permitido que nuestras industrias mejoren enormemente la tecnología. 
China tiene ahora 2.100 megavatios nucleares y en el 2020 quiere tener 20.000. 
Yo creo que países como Portugal, como Italia, como otros que no tienen centrales nucleares, pueden exportar equipos, pueden desempeñar un papel muy importante- y eso es lo que necesitamos, señor Comisario. 
Yo le pido que usted haga todo lo posible por potenciar las exportaciones de bienes de equipo de centrales, de servicios, de ingeniería. 
Se habla constantemente en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y mucho más en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de internalizar todos los costes. 
Bueno, pues nadie quiere enterarse de que la energía nuclear ya lo hace. 
Es la única energía, el único kilovatio/hora, en la que cuando los consumidores pagamos este kilovatio/hora, pagamos también el coste actual y futuro del tratamiento de los desechos y del desmantelamiento de las centrales cuando, por ser obsoletas, deban clausurarse. 
Ya me gustaría a mí que los otros sectores, el químico, el alimentario, las centrales de carbón, las centrales de gas, cumplieran algo de todo ello. 
No vamos a hacer una defensa, como ha dicho muy bien el Sr. Desama, ideológica en sí, a favor o en contra de la energía nuclear es una energía complementaria. 
Pero sí quiero decir que es una tecnología y que pedimos a los países y al Comisario que la potencien para que podamos crear empleo y exportar. 
Señor Presidente, deseo felicitar a André Soulier por su excelente informe. 
Aun cuando algunos intentan todavía condenar la energía nuclear civil, no debe olvidarse que el sector nuclear abastece hoy más de la tercera parte de la energía de varios países europeos; que garantiza la seguridad de abastecimiento; que crea puestos de trabajo cualificados; y, finalmente y sobre todo, que la utilización de la energía nuclear contribuye a la disminución de las emisiones de CON. 
No obstante, nosotros no somos defensores incondicionales de la satisfacción ciega. 
Es importante, en efecto, preocuparse por mantener la seguridad de las instalaciones nucleares y mejorar la gestión de los residuos. 
La Unión Europea dispone actualmente de una industria nuclear que ha alcanzado su madurez, que garantiza el control del conjunto del ciclo del combustible nuclear y que garantiza asimismo una gestión óptima del riesgo, lo que aún no ocurre en el Este. 
No hay que olvidar, finalmente, que el ponente trata a fondo el problema del envejecimiento de las centrales nucleares existentes, sobre la base de los últimos progresos tecnológicos resultantes de las investigaciones iniciadas hace muchos años. 
De esta manera, evitaremos que se nos coja desprevenidos cuando tengamos que modernizar las actuales centrales nucleares. 
La investigación, en efecto, debe proseguir con miras a la reducción de la radiactividad de los residuos y a su eliminación. 
Proyectos como los reactores subgeneradores desarrollados sobre todo por Carlo Rubia merecen toda nuestra atención, y sé que movilizan a la Comisión. 
Se trata de hacer todo lo posible para continuar la política iniciada tendente a la reducción de los residuos y al almacenamiento de éstos, con el fin de garantizar y mantener nuestra independencia energética. 
Si bien la seguridad y la gestión del final del ciclo del combustible alcanzan un nivel satisfactorio en los países de la Unión Europea, éstas deben mejorarse en los países de Europa Central y Oriental, así como en los países de la CEI. Ello exige continuar los esfuerzos ya iniciados y apoyar el notable informe de nuestro colega Soulier. 
Señor Presidente, lamentablemente yo no puedo felicitar al ponente, Sr. Soulier. 
El informe pinta de color de rosa las cuestiones fundamentales y además es contradictorio. 
Me parece inaceptable que en la exposición de motivos figure la siguiente frase: » La energía nuclear ha demostrado su eficacia económica». 
Al mismo tiempo, el informe admite que las cuestiones centrales, como los costes, desmantelamiento y almacenamiento no están aún resueltas. 
En segundo lugar, solamente se ha hecho una somera mención a la cuestión de la Europa Oriental. 
Este va a ser un duro hueso en las negociaciones de adhesión. 
Es una cuestión totalmente abierta. 
En tercer lugar, en el apartado 17 se habla de inversiones de investigación equilibradas. 
Precisamente es necesario lo contrario. 
Necesitamos una política de investigación desequilibrada que favorezca la investigación de las energías renovables y alternativas. 
En cuarto lugar, se dice que se debe informar ponderadamente sobre las ventajas y desventajas en la política de exportación. 
Mucho más importante es examinar en estos países las posibilidades alternativas de energía. 
Por todas estas causas rechazo decididamente el informe y voy a apoyar todas las enmiendas dirigidas a un abandono de la energía nuclear. 
Señor Presidente, una vez más volvemos a hablar de la cuestión de la energía nuclear civil, una de cuyas dificultades es mantener un carácter sereno en este debate y evitar los procesos de amalgama reductores, en que solamente la palabra Chernóbil basta para acabar una discusión. 
Es una cuestión que nos interesa a todos, a nosotros, a nuestros países y a nuestros vecinos. 
Como muchos miembros de mi Grupo, nosotros decimos, por tanto, » sí» a la energía nuclear: pero, ¿a costa de qué? 
A costa de una investigación constante y profunda sobre el reciclado de residuos, que seguirá siendo un problema de actualidad en un futuro previsible, mientras no podamos controlar la fusión y no superemos la fisión nuclear; a costa de prestar una atención extrema a la seguridad del transporte y a la seguridad de las instalaciones, lo que debe seguir siendo para todos una obsesión cotidiana que excluya la rutina; y a costa, finalmente, de una remodelación de nuestros Tratados, de tal forma que nuestro Parlamento sea parte activa en la materia y que la transparencia sea absoluta. 
Dicho esto, debemos ser conscientes del hecho de que, aún actualmente, la energía nuclear sigue siendo la única alternativa a las energías fósiles, que son contaminantes y están desigualmente repartidas en el planeta, y de que la energía nuclear sigue constituyendo un hecho que, como tal, resiste a las ideologías. 
Debemos saber que, en este ámbito, sólo la vigilancia seguirá siendo para nosotros el elemento importante, al igual que esa chispa de modestia, que consiste sobre todo en corregir errores como los del reactor regenerador. 
Señor Presidente, no es ningún secreto que mi propio partido, el Partido Socialdemócrata de Alemania, está en contra de la energía nuclear. 
Pero entre los compañeros, tampoco es ningún secreto que yo, como socialdemócrata convencido, soy de otra opinión. 
Por ello, quiero felicitar al ponente. 
Yo habría escrito este informe de modo similar. 
Quiero decir lo siguiente al Sr. Weber: si realmente con la energía nuclear no se redujesen las emisiones de CO2, me gustaría que me explique porqué en Francia las emisiones de CO2 son de 7 toneladas per cápita al año y en Dinamarca, que no tiene energía nuclear, son de 11 toneladas. 
Esto son realidades. 
Pero me voy a referir al fondo del asunto: ¿cuál es nuestro papel aquí? 
No construimos centrales nucleares. 
Aquí no acordamos si se debe construir alguna central ni el lugar donde deba hacerse. 
Pero somos responsables de reducir al máximo los daños transfronterizos- por cierto, también en otros ámbitos y no sólo en el nuclear. 
Nuestra tarea es la de ocuparnos de la seguridad y por ello también es razonable- incluso para aquellos que renuncian a la energía nuclear- poner a disposición créditos de investigación. Por lo demás, no sólo para nosotros, sino para todo el mundo. 
Respecto a las tecnologías en si, con frecuencia surge la impresión de que la energía nuclear es una tecnología en vías de extinción, por así decirlo, algo obsoleto. 
Esto es totalmente absurdo. 
No ha existido nunca una tecnología que se haya extinguido en alguna ocasión. 
Todas las tecnologías siguen desarrollándose. 
También la energía nuclear y la investigación del átomo se desarrollan. Y, por lo demás, la investigación es libre, incluso en nuestra Constitución alemana se determina así. 
Seguirá desarrollándose y es lo que está ocurriendo a nivel mundial. 
De ello existen algunos ejemplos. 
La cuestión que se nos plantea es la siguiente: ¿debemos retener nuestros conocimientos, por sí decirlo, destruirlos? 
O ¿debemos ofrecer nuestros conocimientos de modo que otros al menos puedan hacer seguro este tipo de tecnología si se declaran como Estados soberanos a invertir en este sector? 
También el desarme nuclear es un tema con el que deberíamos comprometernos, para destruir los almacenes y no para ampliarlos. 
En este campo disponemos asimismo de unos enormes conocimientos en la Unión Europea. 
Pienso que no debemos cerrar los ojos ante la realidad sino realizar nuestra aportación para aminorar los riesgos de la energía nuclear así como también de otras tecnologías. 
Señor Presidente, Portugal dijo «no» a la energía nuclear en 1985, cuando ya había un proyecto avanzado para la construcción de cuatro centrales nucleares. 
Dijo «no» por razones medioambientales, pero sobre todo por razones económicas. 
Doce años y varios «Chernóbil» después, la realidad ha venido a dar la razón a la opción portuguesa. 
Actualmente, sucede que siete países europeos han optado en contra de la energía nuclear. 
Incluso en el caso de los otros, no hay ninguna central nueva en construcción y, de entre ellos, Suecia tiene intención de comenzar a desmantelar sus centrales hasta 2001 y España decidió interrumpir su programa. 
¿Por qué? 
Porque los costos para el medio ambiente y la salud pública y también para los presupuestos nacionales son enormes. 
El argumento del bajo costo de la energía nuclear es falaz, porque no se tiene en cuenta el costo de la investigación y de la responsabilidad civil en las catástrofes y sobre todo el del almacenamiento de los residuos sólidos y del desmantelamiento de las centrales en desuso, ya que su período de vida no puede superar los 40 años. 
Y nadie se ha atrevido aún a hacer el desmantelamiento, porque es insoportable. 
Convengo con el ponente, Sr. Soulier, cuando propone que se hagan listas de las centrales en funcionamiento y de los residuos existentes como medidas inmediatas. 
Pero insisto en que una política energética de la Unión no puede dejar de señalar con claridad el fin de la energía nuclear a medio plazo. 
Si bien admito el principio sostenido por André Soulier de que los países deben poder elegir su sistema, principio que, por lo demás, es la base de todo el proyecto de la Unión Europea, considero que la Unión puede decidir apoyar sólo programas que apuesten por las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética. 
Se trata de una cuestión fundamental y de una cuestión política. 
Soy partidario de la inclusión en el Tratado de un capítulo sobre la energía, pero sólo con esta perspectiva, y modificando el fundamento jurídico a fin de apoyarse en el artículo 189 C, que establece la codecisión del Parlamento y la mayoría en el Consejo. 
La política energética sostenible propugnada en el informe Stockmann y que recibe apoyo en el Libro Verde de la Comisión es la que propugna Portugal. 
Señor Presidente, Señorías, sabiendo que esta perspectiva no es la de la mayoría de mi Grupo, que respeto pero no comparto, reafirmo que es la única encaminada a algo más que la satisfacción de los intereses a corto plazo. 
Es la que, como políticos, tenemos la obligación de defender. 
Señor Presidente, Señorías, lo que voy a exponer es mi opinión personal y no la de mi Grupo. 
No puedo felicitar al ponente, Sr. Soulier, por el contenido de su informe. Es una invitación a usar la energía nuclear. 
Aunque podemos aceptar que para los países de la Unión Europea existen suficientes normas de protección del medio ambiente y de seguridad, con respecto a terceros países o países asociados con la Unión Europea el informe no ofrece ninguna información al respecto. 
Señor Comisario, quiero dar dos ejemplos que me preocupan especialmente. 
En respuesta a una pregunta mía relativa a la nueva puesta en marcha de la central 1 de Koslodui, el Comisario Van der Broek me explicó- tengo aquí su respuesta- que «la Comisión ha formulado al Gobierno de Bulgaria la pregunta de por qué se volvía a poner en servicio la central 1 sin haberse realizado previamente las reparaciones necesarias». 
Hace pocos días todos tuvimos conocimiento a través de los periódicos de la avería registrada en la central 1 y, aunque según las declaraciones publicadas no hubo emisiones, no sabemos lo que puede pasar mañana. 
El segundo ejemplo es que, nuevamente en respuesta a una pregunta mía relativa a la central nuclear en construcción en la región turca de Akuyú, una zona de especial riesgo sísmico, me indica que «no puede proseguir la construcción, porque no se ha realizado, según las informaciones, ningún estudio de impacto ambiental por el Ministerio competente de Turquía». 
A pesar de todo, la central se está construyendo, como he leído en un periódico canadiense- la constructora es canadiense -, y por añadidura, con un reactor que permite transformar sus residuos en armas nucleares. 
Señor Presidente, ¿qué vamos a hacer al respecto? 
¿Por qué no hace usted ninguna referencia a estos casos, señor Soulier? 
La energía nuclear es una bomba de relojería que en el momento de explotar no respeta las fronteras de ningún país. 
Se extiende. 
Dado que Bulgaria y Turquía están en Europa, ¿qué haremos, señor Soulier? 
Señor Comisario, cuando he leído el documento de la Comisión así como el informe del Sr. Soulier, he pensado que el titular era erróneo. 
Debería ser más bien del siguiente tenor: » Salvemos de la extinción a los dinosaurios radiactivos». 
El enfoque con que se plantea el suministro de energía en Europa es exactamente el erróneo. 
Se parte de la suposición de que las ciudadanas y ciudadanos exclaman al unísono: » Queremos corriente, queremos que toda la energía provenga del átomo». 
En este enfoque radica precisamente el error. 
Las ciudadanas y ciudadanos quieren un hogar caliente, quieren luz y la industria quiere poder producir con eficiencia. 
En consecuencia, hay que determinar qué tipo de energía se puede emplear del modo más eficaz y compatible con el medio ambiente. 
Si se hace así, se llega a la conclusión de que el ahorro de energía, el uso eficiente de la energía es el potencial esencial para satisfacer estas necesidades. 
Se llega a la conclusión de que las centrales de gas-vapor son más baratas que las centrales nucleares. 
Se sabe cómo se puede utilizar la generación combinada de calor y electricidad y se conoce el potencial de las fuentes de energía regenerables. 
Por ello, se pueden satisfacer mucho mejor las necesidades de las ciudadanas y de los ciudadanos que si se apuesta por esta antigua tecnología de la energía nuclear. 
También sabemos que en el informe se eluden los problemas derivados de este tipo de energía. Por ejemplo, la cuestión de las subvenciones públicas o de los potenciales de riesgo provenientes de centrales nucleares que supuestamente funcionan con normalidad. 
Me permito exponer a este respecto el ejemplo de Alemania; existe un riesgo de que se produzca leucemia. 
Además, naturalmente, está el problema no solucionado de la evacuación los residuos. 
En su conjunto, se trata de una exposición no objetiva. 
Tampoco se analiza el problema de la exportación. 
Es algo muy ingenuo decir que hay naciones que se deciden con plena libertad entre la energía nuclear u otro tipo de energía. 
Aquí se trata de muchísimo dinero. 
Hay poderosas empresas que quieren precisamente esto, es decir, que se construyan centrales nucleares. 
No les ofrecemos voluntariamente nuestros conocimientos. 
Se trata realmente de una imagen ingenua. 
El destino que debemos dar al dinero en este ámbito solamente puede ser para dos objetivos: por un lado, asegurar las centrales en el tiempo que les resta de funcionamiento y, por otro, garantizar una gestión y almacenamiento razonables de los residuos. 
Esta es la posición que defiende con toda decisión la social-democracia alemana. 
Debemos liberarnos de la presión de determinados constructores de centrales y proveedores de energía para que prosigamos en esta antigua tecnología. 
Debemos limitarnos a las dos tareas restantes. 
No démos ningún futuro a estos antiguos dinosaurios radiactivos. 
También existe un futuro sin dinosaurios. 
Señor Presidente, Austria se ha pronunciado en contra del uso de la energía nuclear mediante un referéndum y este es el máximo mandato a que se debe atener un político. 
Hoy aún no existe ninguna central nuclear en la que se pueda excluir el máximo accidente previsible. 
Por ello, cualquier central nuclear de Europa es algo que nos afecta a todos. 
La cuestión de los residuos nucleares que van a emitir durante miles de años radiaciones peligrosísimas, está totalmente sin solucionar. 
Sin embargo, seguimos produciendo alegremente. 
Somos una extraña generación, inhumana e inmoral. 
Para que no se me malinterprete: la energía nuclear es quizás una gran oportunidad para la humanidad, pero vamos a tener que invertir aún mucho dinero y tiempo en la investigación. 
Sería irresponsable no querer seguir desarrollando esta joven tecnología pero también sería de cortas miras no dedicar exactamente el mismo dinero e inteligencia en el desarrollo de las fuentes de energía renovables. 
Debemos hacer ambas cosas. 
Pero hoy se trata de decir un no muy claro a cualquier nueva central nuclear y a cualquier informe que se pronuncie en favor de las mismas. 
También estamos en contra de una renuncia indeferenciada a los objetivos de ayuda marcados en el Tratado del Euratom, por ejemplo, en el campo de la investigación, así como también allí donde se trate de normas de seguridad. 
Los hombres siempre han tenido valor de futuro, a veces eludiendo un pasado muy, pero que muy terrible. 
Hoy tenemos que mostrar aquí responsabilidad y debemos votar según nuestro leal saber y entender. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Soulier, y a los miembros de la Comisión de Energía del Parlamento encargados de elaborar el presente informe. 
Gracias a él, el Parlamento participa en el diálogo que sobre el futuro de la energía nuclear está teniendo lugar a nivel comunitario, hecho al que atribuyo especial importancia. 
Quiero recordar que este debate forma parte del compromiso de la Comisión Europea, y mío propio, adquirido durante las audiencias de los Comisarios en el seno del Parlamento ante los miembros de la Comisión de Energía. 
Debo manifestar que el informe de la Comisión de Energía, es decir el informe del Sr. Soulier, es realista y moderado, y además, quiero asegurar que la Comisión Europea tendrá en consideración las ideas constructivas expresadas en sus propuestas. 
Acojo con satisfacción que se apoye la idea de que los Estados miembros adopten determinados principios comunes de aplicación en el sector de la energía nuclear con fines pacíficos. 
Considero también necesaria la invitación dirigida al Consejo de realizar un debate sobre este tema. 
En lo que se refiere al marco institucional, como saben, la Comisión aboga en la Conferencia Intergubernamental por la inclusión de determinadas disposiciones específicas en materia de energía en la revisión del Tratado de Maastricht. 
En nuestra opinión, estas disposiciones permitirán un enfoque homogéneo de los temas relacionados con la energía, habida cuenta las peculiaridades de cada tipo de energía. 
De esta manera, podría mantenerse la cuota de cada una de las fuentes de energía que se ofrecen para el futuro abastecimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo las características económicas específicas de su uso, su carácter sostenible y las repercusiones de cada una de ellas en el medio ambiente. 
La energía nuclear satisface una parte importante de nuestra demanda energética. 
Su papel sólo puede mantenerse si la producción eléctrica de origen nuclear y las actividades consecutivas del ciclo del combustible permiten su desarrollo en condiciones que cuenten con la aprobación de los ciudadanos europeos en lo que respecta a la salud pública y la seguridad. 
Al referirme a los ciudadanos europeos, también incluyo a los de los países de la Europa Central y Oriental, así como a los de la CEI. 
Los esfuerzos de la Comunidad Europea por mejorar la seguridad nuclear en la Europa Oriental deben intensificar su eficacia. 
La mayoría de los acuerdos firmados entre la Comunidad y terceros países incluyen disposiciones referentes a la necesidad de una cooperación y un intercambio de información sobre el sector energético y el sector nuclear. 
La cuestión de la seguridad del reactor de Koslodui, a la que se ha referido el Sr. Kaklamanis, es algo que nos ocupa y, naturalmente, nos preocupa: nos preocupa tanto lo ya ocurrido como los últimos acontecimientos. 
La Comisión ha ofrecido su ayuda para reforzar la seguridad de dicho reactor y espero que la colaboración con las autoridades búlgaras permita avanzar en esta dirección en el futuro. 
En lo que se refiere a Turquía, la Unión Europea insiste, como en todos los demás países, en que se garanticen las máximas normas de seguridad posibles como requisito para el funcionamiento y la financiación de los reactores. 
Sin embargo, nuestros esfuerzos deben centrarse sobre todo en la gestión de los residuos (y su almacenamiento) , y esos esfuerzos deben traducirse en medidas concretas y eficaces. 
Coincido con muchos de los diputados que han tomado la palabra en que hay que intensificar estos esfuerzos, sobre todo con respecto a los programas de investigación y desarrollo tecnológico destinados a reducir las cantidades de residuos altamente radiactivos. 
El Centro de Investigación Común, y en concreto la instalación de Karlsruhe, ha desarrollado actividades de investigación que profundizan en la transmutación de radiopartículas de larga duración en partículas de corta duración. 
De esta forma, podría disminuirse la radiactividad de los residuos destinados al almacenamiento definitivo permitiendo el acondicionamiento definitivo de cada partícula una vez que se haya separado. 
Asimismo, hay que recordar que la industria nuclear europea ha progresado considerablemente en cuanto al tratamiento, acondicionamiento y eliminación de todas las clases de residuos radiactivos. 
Como saben, ya existe un programa de acción. 
A fines de este año debería estar terminado un informe que ahora está en elaboración, sobre la aplicación de dicha propuesta de acción relativa a los residuos radiactivos. 
En este contexto cabe estudiar más a fondo y a nivel europeo la opción del ciclo de combustible nuclear cerrado, es decir el reprocesamiento del combustible utilizado. 
Contribuiría a reducir notablemente el volumen de residuos de combustible. 
Además, creemos que el uso de combustibles de óxidos mixtos (MOX) , permite reciclar el plutonio donde esté más indicado, y sobre todo en los mismos reactores. 
La experiencia que la industria comunitaria ha adquirido en la producción del combustible MOX le confiere una ventaja insuperable a nivel mundial. 
La aplicación de estos conocimientos técnicos en la producción de combustibles de materias primas fisibles de origen militar en Rusia y los Estados Unidos es una contribución significativa de la industria europea al desarme y, desde mi punto de vista, a los esfuerzos por la paz mundial. 
Los tipos de instalaciones nucleares que existen actualmente en Europa son variados y seguramente los círculos industriales y las autoridades encargadas de la seguridad tendrán que continuar sus esfuerzos de aproximación de las normas y de definición de requisitos comunes. 
La continuación de las actividades comunitarias en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación es muy importante en este aspecto, sobre todo para hacer frente al problema del envejecimiento de las instalaciones existentes, que de todos modos tendremos que solucionar después de 2010, adoptando desde hoy, posiblemente a través del debate del Quinto programa marco de investigación y desarrollo, una política de desmantelamiento seguro y eficaz, beneficiándonos, si lo deseamos, de la nueva generación de reactores más competitivos y que gozan de mayor aprobación entre la población. 
En este sentido deben desarrollarse los debates de los órganos institucionales de la Comunidad relativos al futuro de la energía nuclear en Europa. 
El informe del Parlamento Europeo indica las direcciones hacia las que este debate debe encaminarse. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera felicitar una vez más al ponente, Sr. Soulier, por su informe, dar las gracias a todas las diputadas y diputados que han tomado la palabra por sus observaciones, las cuales quiero asegurar una vez más a la Asamblea que tendremos seriamente en cuenta. 
Permítanme, asimismo, afirmar que es injusta la crítica dirigida a la Comisión Europea de poner especial énfasis en la energía nuclear. 
En mi opinión, la Comisión Europea ha presentado una estrategia equilibrada para la planificación energética de la Unión Europea. Resultado y, según creo, prueba de ello es que el tema sometido a debate del pleno inmediatamente después fue el informe de la Sra. Rothe basado en el Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables, un ámbito al que la Comunidad y la Comisión Europea igualmente atribuyen un significado estratégico. 
Señor Comisario, permítame una pregunta: ¿me da la razón en que un programa de acción común para la gestión y almacenamiento de residuos radiactivos no supone realmente ningún avance en dicha gestión y almacenamiento? 
Tenemos que decirlo y usted tiene que darme la razón. 
Me gustaría saber cómo puede definir esto como avance. 
Señor Comisario, ha olvidado usted contestar a mi pregunta referente a la seguridad del transporte aéreo. 
Desearía sin embargo obtener una respuesta. 
En segundo lugar, si se lleva a cabo una investigación en tecnología nuclear subsidiada a través del quinto programa marco, ¿no es entonces cuestión de subvención de energía nuclear lo cual constituye un obstáculo al mercado interior? 
Señor Presidente, me he referido principalmente al progreso logrado por la industria nuclear europea con respecto a la obtención de mejores formas de tratamiento, acondicionamiento y eliminación de todos los tipos de residuos nucleares. 
Hay que señalar que esto no es producto de la casualidad. 
Es fruto de la presión política ejercida, del gran número de debates realizados a escala europea, de la inquietud expresada por muchos ciudadanos y, evidentemente, del compromiso asumido por los gobiernos y los órganos institucionales europeos. 
En tal sentido, el programa de acción comunitario contribuye a lograr este progreso y, según creo, todos deberíamos reconocer que la industria nuclear, si sigue funcionando y dado que nadie puede asegurar que debería dejar de funcionar, ha de promocionar estos métodos para mejorar el tratamiento, el acondicionamiento y la eliminación del los residuos radiactivos. 
En lo que se refiere a la seguridad en el transporte de los materiales nucleares, debo subrayar que todos los organismos internacionales, incluidos los servicios de la Comisión Europea, hacemos todo lo posible por garantizar las máximas normas de seguridad posible para los transportes. También debemos conseguir erradicar el tráfico ilegal de materiales nucleares de cualquier índole. 
La Comisión Europea, por lo tanto, hace esfuerzos en esta dirección, y con gran éxito, según me parece, a juzgar por las pruebas que hemos visto en los últimos meses. 
En cuanto a la directiva sobre el transporte aéreo, es un tema que están tratando actualmente otros servicios de la Comisión Europea sobre los que yo no tengo responsabilidad política. Por consiguiente, no estoy lo bastante informado para darle una respuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Fuentes de energía renovables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0168/97) de la Sra. Rothe, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el Libro Verde de la Comisión: » Energía para el futuro: fuentes de energía renovables- Para una estrategia comunitaria» (COM (96) 0576- C4-0623/96). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario Papoutsis, con el debate del Libro Verde sobre una estrategia comunitaria para las fuentes de energía renovables, creo que hemos llegado a una fase clave de la política energética europea. 
También creo que este debate enlaza en gran medida con que acabamos de mantener. 
El Parlamento Europeo ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de las fuentes renovables de energía para la política energética de la Comunidad, por última vez en julio de 1996 en la resolución sobre un plan de actuación de la Comunidad en el ámbito de las fuentes de energía renovables, en el informe del Sr. Mombaur, así como en la Resolución del 14 de noviembre de 1996 sobre el Libro Blanco de la Comisión relativo a una política energética europea. 
Por ello, saludo profundamente que la Comisión haya reconocido también esta necesidad y haya recogido sugerencias del Parlamento en el presente Libro Verde sobre una estrategia comunitaria. 
Coincido plenamente con la Comisión cuando dice que los actuales criterios centrales a la hora de elegir las fuentes de energía son incompatibles con las exigencias a largo plazo de un desarrollo sostenible. 
Con este Libro Verde, la Comisión presenta un análisis realmente bueno de la situación, si bien debo decir que habría deseado que se hubiesen formulado más claramente los rasgos básicos de una estrategia dirigida a que las energías renovables penetren realmente en los mercados. 
No obstante, depositamos ahora todas las esperanzas en el Libro Blanco anunciado. 
Sólo aproximadamente un 6 % del consumo de energía en la Unión Europea proviene de energías renovables. 
Esto representa un aumento de un 1 % desde 1990. 
Hay países miembros que cubren aproximadamente el 30 % de sus necesidades energéticas de este tipo de fuentes de energía y hay otros en que no llega al 1 % y esto con unos potenciales perfectamente equiparables. 
En este informe nos marcamos el objetivo de cubrir hasta el año 2010 al menos un 15 % de la demanda energética con estas energías renovables, lo que es mucho menos de lo que es técnicamente posible. 
No obstante, es un desafío para la Unión Europea si se tiene en cuenta el estancamiento de los años pasados. 
No es suficiente marcar este objetivo solamente para la totalidad de la Unión Europea. 
Esperamos del Libro Blanco una diferenciación según los tipos de energía y que formule objetivos para los diferentes países miembros, en base al potencial de lo que es posible y de lo ya logrado. 
Enfrentarse a este desafío de política energética no es solamente una necesidad. 
En especial, también se trata de hacer realidad la gran oportunidad de conjugar una política energética europea basada en la protección del medio ambiente, la seguridad de suministro y la sostenibilidad, con una política industrial coordinada. 
Señor Comisario, quiero felicitarle de nuevo porque, como Comisario competente, ha dado realmente un importante paso hacia adelante con este Libro Verde. 
Ahora esperamos un Libro Blanco que dé claras respuestas a los análisis de las carencias y necesidades señaladas. 
Esperamos que se presente un paquete de medidas con un plan financiero y un calendario. 
Para proporcionar a las energías renovables una oportunidad real de penetrar en el mercado, son necesarias unas nuevas medidas legales, financieras y de acompañamiento a nivel europeo, nacional y regional. 
Respecto a las medidas políticas reglamentarias, mientras los precios de la energía proveniente de las fuentes tradicionales, como la energía nuclear, el carbón y el petróleo, no tengan en absoluto en cuenta los costes sociales y ecológicos, la energía solar, eólica y de la biomasa van a tener graves dificultades de competencia. 
Por ello, es urgentemente necesario un impuesto energético europeo que exonere a las energías renovables. 
Como transición también sería posible un Fondo europeo para el fomento de las energías renovables que se financie mediante un suplemento de los impuestos sobre los derivados del petróleo y del precio de la electricidad. 
Si bien la Directiva para la liberalización del mercado interior de la electricidad prescribe una obligación de autorización, sin embargo este instrumento no tendrá eficacia mientras no se complemente con una obligación de conexión a la red y de retribución. 
Por ello, el informe exige una directiva europea de conexión a la red con una regulación de la retribución que debe ser suficiente. 
Para enfrentarse a los argumentos de competencia, deben tenerse en cuenta mecanismos compensatorios. 
Otras medidas legislativas necesarias las vemos en el campo de la arquitectura solar así como en el del ahorro de energía. 
Me voy a referir ahora a las medidas de fomento. 
Primera: se debe aprobar ALTENER II con rapidez y con una mayor dotación financiera. 
Segunda: para el Libro Blanco exigimos un proyecto de programa comunitario que se debe poner en práctica mediante la realización de medidas adecuadas por parte de los Estados miembros. 
Por ejemplo, un millón de techos y fachadas, 15.000 megavatios de energía eólica -» off-shore» y de montaña -, así como un millón de megavatios de biomasa. 
Un programa de este tipo puede ayudar a crear el mercado interior de energías renovables en la Unión Europea y abrir de este modo grandes posibilidades de exportación. 
Mientras que el Japón y los Estados Unidos son extraordinariamente activos en este campo, nosotros nos estamos quedando dormidos como Blancanieves. 
Pero, en primer lugar, no va a venir ningún príncipe a despertarnos y, en segundo lugar, el despertarse demasiado tarde podría ser muy doloroso. 
Debemos activar ya todo el potencial europeo. 
Quiero dirigir un ruego urgente a la Comisión: por favor, preséntenos un concepto para una auténtica estrategia de exportaciones. 
Es mil veces mejor recoger buenas ideas de los norteamericanos o de los japoneses que llegar a una situación en que solamente podamos comprar de ellos las correspondientes tecnologías energéticas. 
En la UE podrían crearse aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo mediante la ampliación de las energías renovables, en especial en las regiones rurales y de estructuras más débiles. 
Sé que una estrategia comunitaria de este tipo no es gratis. 
Por ello, exigimos que aparte de los 225 millones de ecus dedicados actualmente a la fusión nuclear, se destinen créditos por el mismo importe también a las energías renovables. 
Como observación personal, les digo que debríamos suprimir este dinero destinado a la fusión nuclear y transferirlo a las energías renovables. 
Hay muchas necesidades en los Fondos estructurales, en los demás programas y en una política de información activa, por lo que debemos ocuparnos realmente con seriedad de este asunto, pues nuestros hijos y nietos nos acusarán en alguna ocasión si no damos un giro real a la política energética. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Libro Verde de la Comisión sobre las energías renovables es un ambicioso proyecto y una buena base para el desarrollo de una estrategia en este sector energético. 
Quiero felicitar expresamente a la ponente por su informe. 
Entre el gran número de fuentes de energía renovables quiero destacar en especial la biomasa, es decir, la madera, la colza, la hierba elefante y otras materias primas regenerables. 
A nivel de la UE, el empleo de la biomasa supone ya hoy más de la mitad del ahorro en unidades de petróleo. 
Creo que la energía proveniente de la biomasa tiene un gran mercado de futuro con todos los aspectos ecológicos y de empleo que lleva aparejados para las áreas rurales. 
Mediante el cultivo de plantas herbáceas energéticas podría aumentar la cifra de ventas en las áreas rurales entre 11 mil y 19 mil millones de ecus. 
Además, existiría un estímulo para cultivar superficies retiradas de la producción. 
A su vez, esta nueva fuente de ingresos tendría efectos positivos sobre el empleo en las áreas rurales. 
Como fuente inagotable de energía, la biomasa garantiza también la seguridad de abastecimiento, es decir, una cierta independencia frente a terceros países. 
También es un aspecto positivo el hecho de que el uso de la energía tiene lugar cerca del lugar donde se origina. 
En consecuencia, los problemas de logística y de transporte serían reducidos y la política energética regional se podría optimizar. 
La biomasa se incluye entre las fuentes de energía más limpias y se podría reducir a largo plazo la carga de CO2. 
Para poder utilizar óptimamente en el futuro esta energía, no solamente es necesario aumentar las superficies de cultivo disponibles en el marco de la PAC y de la política forestal de los diversos países miembros, sino además elevar la proporción de la biomasa como energía primaria en la UE al menos a un 10 % hasta el año 2010 y a un 20 % hasta el año 2025. 
Paralelamente, los créditos presupuestarios para la investigación y fomento de las fuentes de energía renovables deben elevarse al menos al nivel de las ayudas o créditos de investigación destinados a la energía nuclear. 
No necesito subrayar que necesitamos un catálogo de medidas concretas como, por ejemplo, facilidades o exoneraciones fiscales a nivel europeo así como programas para el fomento de las inversiones. 
Creo que los Estados miembros deberían coordinar mejor sus programas en el futuro, en especial también en lo tocante a las instalaciones de calor a distancia. 
En lo que se refiere a los países de la Europa Central y oriental, veo también aquí grandes posibilidades. 
Condición previa para ello es la correspondiente transferencia de tecnología. 
Como representante del área rural, creo que también es necesario mejorar la política en toda la UE en el marco de la nueva reforma de la PAC. 
Creo que las fuentes de energía compatibles con el medio ambiente tienen futuro. 
Depende de nosotros crear la conciencia necesaria. 
Señor Comisario, el análisis del Libro Verde es excelente. 
Se destaca que sin energías renovables- viento, agua, biomasa- no se puede reducir seriamente el CO2. 
El segundo punto, el análisis de la estrategia del mercado de trabajo para Europa, es asimismo excelente. 
Se ha reconocido lo importante que es que el dinero se quede en Europa, que circule y se emplee aquí. 
Quisiera completar estos dos puntos con un tercero. Creo que en el siglo XXI no se podrá asegurar la paz sin una descentralización de los sistemas energéticos. 
Con una probabilidad cercana al cien por ciento se puede excluir que los recursos restantes de esta tierra se repartan pacíficamente. 
Miremos la situación en Afganistán, Chechenia, el Kurdistán o la región del Golfo. Las guerras que allí existen se deben a la energía. 
Si queremos seriamente una estrategia de paz, tendremos que modificar el sistema de la energía. 
La Comisión Europea se encuentra ante una decisión: o presenta su análisis solamente como coartada o extrae consecuencias del mismo. 
Si quiere extraer consecuencias, entonces debería recoger lo que propone la Sra. Rothe, pues es excelente. 
Tendríamos la ocasión histórica de lograr un cambio de rumbo energético para toda Europa. 
Creo que una cosa es esencial y que debemos reconocerlo: debido a este análisis que usted mismo ha realizado, en el futuro el fomento de las fuentes de energía renovables ya no será algo que incumba a las numerosas iniciativas energéticas sino que será una obligación política de la Comisión, el Consejo y los diferentes países miembros. 
La verdad se mostrará en el Libro Blanco y en el correspondiente plan estratégico. 
Si el Parlamento Europeo acepta hoy el informe de la Sra. Rothe, demostrará que está dispuesto a luchar activamente por la protección del medio ambiente, el empleo y una política de paz. 
Señor Presidente, mis más sinceras felicitaciones a la Sra. Rothe por su excelente informe. 
Está dando seguimiento al trabajo de diputados de todo el espectro político, incluido, por supuesto, el de los Sres. Mombaur y Robles Piquer. 
Hay aquí grandes posibilidades de que se exprese la voluntad del Parlamento. 
Quiero hablar tan sólo sobre un aspecto, que es la necesidad de trabajar con todas nuestras fuerzas a fin de obtener para la Unión Europea un tratado sobre energía renovable, equivalente al Tratado de la Energía Atómica o Tratado Euratom, del que ya hemos hablado antes esta mañana. 
Aportaría un inmenso valor añadido de la UE a nuestro trabajo para intentar fomentar la energía renovable. 
Aumentaría la capacidad competitiva de la UE. 
Crearía puestos de trabajo en toda la Unión. 
Es un tema radicalmente importante; nada hay más básico que los alimentos y la energía. 
Y captaría la imaginación de la opinión pública en todos y cada uno de nuestros Estados miembros. 
Hay un tremendo entusiasmo por todos los tipos de energía renovable. 
Ese es el futuro. Los ciudadanos europeos lo saben. 
Existe la voluntad de aprovechar la oportunidad para que haya un Tratado, que se llamaría, supongo, » EURENEW». 
No genera controversia. 
Está por encima de todos los partidos y de todos los Estados miembros. 
Lo que es más importante, nos proporcionaría un fundamento jurídico, que es lo que falta en todos los debates sobre energía renovable: no hay ningún fundamento jurídico al que podamos recurrir para asegurarnos de que vamos a tener los programas de investigación o las actividades de fomento que cuestan dinero. 
En calidad de ponente de presupuesto de nuestra comisión parlamentaria, sé que sin un fundamento jurídico resulta muy difícil. 
Pido por favor que, entre todos, hagamos presión sobre nuestros Estados miembros. 
Es el tipo de actuación positiva que tiene sentido para los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señor Comisario- a quien deseo felicitar por el Libro Verde y por la Conferencia de Atenas -, Señorías, y particularmente señora Rothe, a la que felicito también. 
Como sabemos muy bien el señor Comisario y yo, un rey macedonio- y por tanto griego, Alejandro Magno- se encontró hace tiempo, en el siglo IV antes de Cristo, con un filósofo, también griego, y éste le pidió sólo que no le privara del sol. 
Pues bien, a nosotros, la humanidad de hoy, del siglo XX, y casi del XXI, nos pide también que no le privemos del sol. 
Pero no sólo del sol que nos calienta a nosotros, sino del sol que calienta las placas térmicas para darnos agua caliente y que hace funcionar las células fotovoltaicas para darnos energía. 
Y el viento, el viento que mueve, no sólo los molinos del Quijote, sino los molinos de las grandes instalaciones eólicas modernas y, naturalmente, la hidráulica, la macro y la microhidráulica, y por supuesto, la biomasa que debe aprovechar esos campos a veces no aprovechables para alimentación. 
Y los residuos urbanos y la geotermia y las mareas. 
De todo esto los ciudadanos del siglo XX y XXI nos pedirán cuentas. 
Sabemos que, en todo caso, la energía renovable no es una panacea, pero sí es un elemento utilísimo de nuestro suministro, del suministro de energía, cuya demanda crece cada día, sobre todo si somos capaces de llegar a ese 15 % -que me parece un objetivo razonable- del informe de la señora Rothe, que nosotros apoyamos y que procuramos enriquecer también con algunas enmiendas, como es nuestra obligación. 
Quiero referirme, en particular, a la importante referencia que ha hecho la señora McNally a la enmienda nº 1, que vamos a debatir y votar hoy, y que se refiere al apartado 12. 
Mi Grupo está enteramente a favor de la primera parte de la enmienda, pero, al mismo tiempo, lleno de dudas- de dudas interiores- con respecto a la segunda. 
Yo, personalmente, voy a votar a favor de esa segunda parte, porque creo que, en efecto, hace falta no sólo un capítulo energético- por el que el señor Comisario viene trabajando tanto, yo mismo tengo que recordar que hace algunos años hizo un informe en esta dirección -, sino que, en caso de que éste no prospere, será necesario introducir el tema de las energías renovables en el marco jurídico comunitario. 
Y me parece que la brillante idea de la señora McNally merece nuestro apoyo, y yo, personalmente, con algunos miembros de mi Grupo, se lo daré con mucho gusto. 
Señor Presidente, señor Comisario, las fuentes de energía renovables revisten un gran valor social y económico y, por ello, sugiero que el Pleno tome en consideración el informe de la Sra. Rothe. 
En este momento, sin embargo, las perspectivas de las fuentes de energía renovables no son especialmente halagüeñas, porque el consumo energético en la Unión Europea no está creciendo y las instalaciones de gas han mejorado sus rendimientos de gran manera, porque los costes del gas y del petróleo son bastante bajos y las reservas abundantes y la liberalización de los precios de la energía eléctrica en la Unión Europea hace difícil pagar precios políticos y, por último, por el carácter aleatorio de la mayor parte de las energías renovables basadas en el sol y el viento, al menos mientras no se pongan a punto técnicas de almacenamiento eficaces y menos caras. 
Por este motivo tenemos un estudio en curso en el STOA. 
Existen, no obstante, combustibles que pueden equipararse a las fuentes de energía renovables y son competitivos porque pagan ellos mismos, en cambio de hacerse pagar. Me refiero a las biomasas vegetales, los desperdicios de la madera y los residuos sólidos urbanos no reciclables. 
Por desgracia, me consta que una gran parte del plástico, aunque se recoja de forma separada, debe ser quemado o acumulado en vertederos, ya que no puede ser reciclado adecuadamente. 
Recuerdo que, en el caso de los desperdicios de la madera, se produce anhídrido carbónico, aunque los mismos se depositen en un vertedero. Sólo, de esta forma no se produce energía útil. 
Me parece que las técnicas de termocombustión de los residuos están llegando a un nivel de calidad satisfactorio desde el punto de vista medioambiental y sanitario, y por ello, pido a la Comisión y a la ponente que no olviden este sector en la estrategia para las fuentes renovables de energía, ya que también en este caso se precisa el apoyo al desarrollo tecnológico, la información y la sensibilización de la opinión pública. 
Por esta razón, suscribí algunas de las enmiendas que al principio propuso el Sr. Robles Piquer y que se refieren precisamente a este tema, esto es, el reciclaje de la madera no aprovechable de forma industrial y los residuos sólidos urbanos. 
Espero que el Pleno acoja esta sugerencia. 
Señor Presidente, colegas, señor Comisario, tengo el placer de felicitar a la ponente por su excelente informe que contiene numerosas y acertadas recomendaciones con vistas a estimular el uso de energías renovables. 
La lucha a largo plazo en el campo de la energía constituye la obtención de energía basada enteramente en fuentes duraderas. 
Lamentablemente de esta concepción se ejerce muy escasa presión para desarrollar con prioridad fuentes renovables de energía. 
Las aplicaciones de la energías renovables dependen principalmente de la voluntad política de los países de fomentar un modelo de desarrollo duradero. 
Si deseamos verdaderamente hacer algo en la cuestión de los problemas climatológicos se harán necesarias un mayor número de aplicaciones de energías renovables. 
Mi grupo político saluda por consiguiente el Libro Verde, bien que esta iniciativa de la Comisión deje insatisfechas en alto grado reiteradas peticiones de este Parlamento. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal ha presentado tres enmiendas dos de las cuales relacionadas con el desarrollo de energía de biomasa. De esta manera quedan coordinadas principalmente la política energética y la política agrícola. 
No hay por qué seguir procediendo a la retirada de suelos agrícolas favorables, de esta manera se crean nuevas fuentes de empleo en este sector además de actuar en beneficio del medio ambiente. 
Es decir, se matan así no sólo dos sino tres pájaros de un tiro. 
A fin de fomentar este tipo de coordinación mi grupo considera innecesaria la creación de un grupo de trabajo separado «energía renovable» en la Comisión. 
Nos parece deseable y suficiente la creación de un punto de coordinación. 
Lo que deberán hacer los servicios de la Comisión es sencillamente colaborar en mayor grado y mejorar la coordinación de su funcionamiento. 
También en el seno de la Comisión Europea deberá funcionarse a nivel transfronterizo. 
Un último punto, señor Presidente, la Unión Europea deberá fomentar proyectos de energía renovable. Esto puede ser posible entre otras cosas a través de los fondos estructurales destinados a ello. 
El Grupo Liberal considera inadmisible el hecho de que proyectos de este tipo reciban más del 5O % de financiaciones procedentes de la Unión Europea. Esto actúa en detrimento de la competencia y excluye toda forma de empeño por parte de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Papoutsis, hace algunos días usted ha dicho ante la prensa lo siguiente: » Las energías renovables son tan valiosas que es como si uno estuviese sentado encima de un tesoro». 
Le doy la razón. 
Por ello, me sorprende su Libro Verde, pues me parece que es más bien una introducción: » Cómo puedo coger agua con el colador? 
Su análisis en este libro es totalmente correcto. 
Pero el enfoque operativo que debería deducirse del mismo no es nada, adolece de concrección, es poco ambicioso, no es nada en absoluto. 
Independientemente de que ya hace años deberíamos haber desarrollado estrategias claras y programas de desarrollo para las energías renovables. 
En vez de ello, se producen regularmente juramentos rituales sobre compromisos de Río, de Berlín, etc. Muchas palabras y ningún hecho. 
Esto es en especial aplicable al Consejo, si me permiten que les recuerde las miserables dotaciones de créditos de los programas JOULE, THERMIE, ALTENAR, etc. La Comisión lamenta, en lo que le doy de nuevo la razón, que en el caso de PHARE y TACIS la menor parte del dinero se haya destinado a las energías renovables y la mayor parte a otras formas de energía, precisamente las que más derrochan. 
Es una máquina aniquiladora de dinero con la que, por así decirlo, ponemos parches en los destartalados reactores del Este sin que por ello se conviertan en más seguros. 
Si queremos lograr lo que la Comisión dice en su análisis, si queremos asegurar por fin nuestra credibilidad y los mercados de futuro de esta tierra- pues se trata además de mercados de futuro, lo que debería sonar muy bien en los oídos de aquellos a los que les gusta contar el dinero -, una política energética debería ser del siguiente tenor: compromisos ambiciosos y vinculantes respecto a la proporción de energías renovables para cada país para los años 2.000 hasta el 2.010. 
Deberían ser unos objetivos tan elevados que cumplamos por fin nuestros compromisos con el efecto invernadero, es decir, que reduzcamos drásticamente los valores. 
En segundo lugar, unos fondos de la UE bien dotados para energías renovables y para el ahorro de energía. 
Se trata de un importante aspecto. 
Se podría lograr un 35 %. 
Necesitamos una recanalización del dinero que seguimos dedicando a la investigación de las fuentes de energía fósiles y, ante todo, a la fusión- 225 millones de ecus- algo de lo nos podremos beneficiar no antes del año 2.050. 
Tenemos que garantizar- y esto es muy importante- que el mercado interior de la energía no sea, por así decirlo, un motivo de obstáculo para las energías renovables, y debemos asimismo garantizar una coordinación de todas las ayudas de la UE para que no se gaste más dinero en medidas que aumentan el efecto invernadero en lugar de reducirlo. 
Todos estos puntos son importantes y sólo me queda esperar que de la lírica del Libro Verde pasemos a los hechos del Libro Blanco. 
Entonces tendrían mi pleno apoyo. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la ponente y al Comisario por el Libro Verde. 
Hoy no estoy de acuerdo con el Sr. Robles Piquer. 
Creo que el objetivo del 15 % es demasiado modesto y que la Unión Europea debería proponerse un objetivo mucho más ambicioso. 
Somos conscientes de los riesgos, hablamos de los mismos en el anterior debate sobre las energías tradicionales y las energías nucleares y, en consecuencia, considero que ha llegado el momento de intentar subir el listón con respecto a dicho objetivo y de hablar del 30-40 % para el año 2010. 
Éste es el primer punto. 
El otro punto es el que se refiere a los sistemas para fomentar el uso de las energías renovables. 
Creo que deberíamos concentrarnos en una fiscalidad que penalice con mayor dureza las energías fuertemente contaminantes, a fin de lograr un sistema muy simple y sin desaprovechar los recursos en muchos programas de ayuda, así como concentrarnos en el aspecto de la liberalización del mercado interno de la energía. 
Señor Presidente, el Libro Verde sobre fuentes de energía renovables merece un elogio por la exposición detallada de las ventajas que ofrece el empleo de estas fuentes: un medio ambiente más limpio, mayor empleo y mejor economía. 
Me he fijado sobre todo en que, por fin, la UE toma el problema del CO2 en serio y asume una corresponsabilidad en la prevención de los cambios climáticos que nos están amenazando. 
No obstante, quiero subrayar que la única forma de garantizar el mayor uso posible de las fuentes de energía renovables es seguir permitiendo a los Estados miembros que adopten una política de energía independiente adaptada a sus propias condiciones. 
Sobre la base del principio de subsidiaridad, es importante que la cooperación transfronteriza sirva únicamente para eliminar los obstáculos existentes, a fin de que cada Estado miembro aplique una planificación en materia de energía inspirado en metas muy elevadas. 
Una adaptación a un mayor consumo de fuentes de energía renovables requiere que toda la sociedad participe en el proyecto. 
En la iniciativa de la Comisión no se menciona el compromiso de los ciudadanos con el tema. 
En Dinamarca, por ejemplo, las asociaciones privadas de defensa de los molinos de viento se han hecho muy populares y han tenido gran importancia para el apoyo popular a las fuentes de energía renovables. 
Desgraciadamente, el apartado sobre estrategias del Libro Verde no está del todo a la altura del excelente análisis de la introducción. 
El alcance de los objetivos no es suficientemente ambicioso. 
El objetivo de un 12 % de fuentes de energía renovables antes del 2010 es mejor que nada, pero ¿por qué no intentar alcanzar la recomendación del Parlamento Europeo del 15 %? 
El Libro Verde debería, igualmente, incluir requisitos para la fijación de un objetivo común en materia de eficiencia energética. 
Un mayor aprovechamiento de la energía supondría las mismas ventajas para el medio ambiente que un mayor uso de las fuentes de energía renovables, por lo que debería figurar como un elemento importante en la estrategia de la UE respecto a las fuentes de energía renovables. 
Por último, quiero expresar mi satisfacción por las enmiendas presentadas, que claramente refuerzan la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Rothe por el informe. 
Se trata de un informe extraordinariamente bueno y detallado que nos sirve para seguir avanzando. 
En descargo de la Unión Europea, que ha sido criticada con frecuencia con razón en el curso de este debate, quiero decir que en los últimos años hemos podido financiar toda una serie de proyectos porque hemos elevado los créditos para las energías renovables y, ante todo, porque el Parlamento Europeo lo ha impuesto en el procedimiento presupuestario. 
Hay que decir esto con toda claridad. 
No todo es tan malo como a veces se dice en el exterior. 
Si los Estados miembros cumpliesen su obligación de poner a disposición los créditos, habríamos avanzado un buen trecho. 
No obstante, deben seguir otras iniciativas a nivel europeo y la Sra. Rothe lo ha expuesto muy bien en su informe. 
Espero que lo aprobemos. 
Por ejemplo, deseo que en nuestros grandes programas, como el programa para el Mediterráneo o el apoyo a la Europa central y Oriental, la antigua Unión Soviética, Asia, Africa y Latinoamérica, estos créditos se dediquen más intensamente a las energías renovables. 
Es fácil decir esto pero la aplicación es mucho más difícil. 
Por ejemplo, en los Fondos regionales no se han agotado toda una serie de créditos, además por un importe de muchos millones de ecus, porque faltaban los créditos complementarios y porque los correspondientes Estados miembros no aportaron los créditos públicos ni los privados. 
Para el futuro espero una simplificación del acceso y de las modalidades de pago y de liquidación, tal como se dice en el apartado 8 del informe de la Sra. Rothe. 
Lamentablemente, la situación es tal que muchas pequeñas y medianas empresas o institutos que se ocupan de las energías renovables tienen una pequeña ventaja financiera cuando participan en proyectos de la UE. 
Debido a que la preparación, el cumplimentado de los documentos y la preparación de los proyectos, es de unos costes tan elevados, sus beneficios financieros son luego muy reducidos. 
Hay que cambiar esto. 
Para finalizar, quiero decir que precisamente en las energías renovables hay aún muchas sorpresas, como por ejemplo, en la tecnología de capa fina o la la fotovoltaica. Aquí es necesario investigar pero para ello también hay que proporcionar ayudas. 
Existen los conocimientos pero deben ser utilizados y, para finalizar permítanme que diga que quizás deberíamos utilizarlos en nuestros propios edificios. 
Construimos un nuevo Parlamento en Bruselas y en Estrasburgo. 
¿Dónde se aplica allí la tecnología que desarrollamos? 
También aquí se pueden mejorar algunas cosas. 
Señor Presidente, señoras y señores, apenas se puede creer: la Asamblea está amplia, por no decir totalmente, de acuerdo. 
Mis sinceras felicitaciones a la Sra. Rothe por su excelente informe. 
Es necesario fomentar las energías renovables mediante medidas detalladas para difundir por el mundo las tecnologías europeas- lo que hay que subrayar claramente- y sanear el clima. 
En el mundo hay dos mil millones de personas que van a obtener la corriente solamente a través de un suministro descentralizado, por lo que es muy urgente que actuemos. 
No obstante, no nos hagamos ilusiones, lo determinante no somos nosotros sino los Estados miembros. 
Si los quince Estados miembros no participan, no se va a lograr ningún resultado de todo esto. 
No me agrada en absoluto que aquí, en el Parlamento, se actúe como si la Unión Europea fuese el órgano competente para la aplicación de las energías primarias. 
No lo es. 
No lo es en este campo ni en el de la energía nuclear. 
Por lo demás, tampoco debemos caer en la ilusión de que se trata de una energía no cuestionada. 
Lamentablemente, en diversos lugares tienen lugar acciones de protesta contra las energías renovables. 
Se protesta contra el empleo de la energía hidráulica y eólica. 
Nadie debe creer en serio que vamos a poner en marcha una energía que debe fomentarse públicamente y que ha va a difundirse sin controversias por el mundo. No va a ser así. 
Ya hemos aprobado el plan de acción. El presente informe explica muy bien sus aspectos esenciales. 
También soy de la opinión de que la liberalización del mercado interior mediante la obligación de autorización y reglas preferenciales ha impulsado cosas de las que deberían hacer uso los Estados. 
Señor Comisario, del Libro Blanco espero ante todo que dé por fin una clara respuesta político-ecomómica a la cuestión de si una ayuda financiera en la fase inicial con créditos de la CE puede impulsar realmente la penetración en el mercado en esta cuestión. Sí o no. 
Hasta hoy no he visto al respecto ningún documento razonable de la Comisión, ni de un Gobierno, ni de un instituto científico y para mí no es suficiente con fomentar aquí cien mil programas para tejados. 
Me gustaría que se analizase más exactamente si tiene un sentido económico gastar dinero para ello. 
El grupo político apoya el informe, pero en el último punto tenemos una opinión algo diferente. 
Señor Presidente, deseo unirme a otros diputados en felicitar a la ponente, y quisiera también reconocer el valioso trabajo realizado por la Sra. Agnes Schierhuber, nuestra propia ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo rural. 
Necesitamos una estrategia clara para el siglo XXI destinada a aumentar de manera significativa la parte correspondiente a las fuentes de energía renovables en nuestra política global de energía. 
La agricultura, que ha estado atravesando una época muy difícil, tiene posibilidades de contribuir positivamente, por medio de la biomasa, a reequilibrar el déficit de las energías renovables dentro de la Unión Europea. 
A pesar de las considerables ventajas de utilizar las fuentes de energía renovables, el consumo sigue estando por debajo del 6 % en la Unión Europea. 
Esto es algo que debe cambiar y espero que los gobiernos de nuestros Estados miembros estén escuchando en serio el contenido del debate. 
La biomasa ofrece a los agricultores y a las áreas rurales una posibilidad real de generar nuevas fuentes de ingresos por medio de cultivos como la remolacha azucarera, los cereales, las semillas oleaginosas, la silvicultura con ciclos de rotación breves y el cáñamo. 
La biomasa tiene además la ventaja añadida de brindar a los agricultores la posibilidad de cultivar tierras retiradas del cultivo. 
Actualmente se están gastando en la UE 225 millones de ecus como mínimo en investigación sobre energía nuclear. 
Ya es hora de poner dinero de verdad en apoyar las fuentes de energía renovables. 
Esto se ve acentuado por la constante preocupación acerca de la seguridad de las instalaciones nucleares, incluida la de Sellafield, a la que muchos se han referido en el debate anterior. 
Ha llegado la hora de poner en marcha un programa positivo sobre energías renovables, en vez de seguir con los debates, tanto en el seno de los gobiernos de los Estados miembros como en este Parlamento. 
Señor Presidente, como ya lo han hecho otros, quiero agradecer a la ponente, Sra. Rothe, su excelente trabajo, pero al mismo tiempo expresar cierta preocupación por el amplio acuerdo en el Parlamento sobre este tema. 
Me temo que pasará con las fuentes de energía renovables lo mismo que ha pasado con las PYME. 
Todo el mundo habla de ellas, pero nadie hace un esfuerzo serio en el momento decisivo. 
Terminamos siempre estableciendo sistemas que apoyan lo establecido. 
Es decir, en relación con el tema de este debate, el carbón, la energía nuclear, el gas, etc. Imagínense que empleásemos en el desarrollo y la investigación de las fuentes de energía renovables el mismo esfuerzo que se aplica a la energía de fusión, una forma de energía que pertenece a un futuro muy lejano, mientras que el sol, el viento, la biomasa, etc. se encuentran a la vuelta de la esquina o a nuestro lado. 
El Libro Verde de la Comisión es un punto de partida, pero ha de ser desarrollado, y debemos evitar que las fuentes de energía renovables naufraguen una vez más en la práctica. 
Han de tener la misma categoría que las fuentes de energía clásicas, por ejemplo, mediante algún tipo de tratado. 
Señor Presidente, sé que son las 12 por lo que no voy a hablar mucho, pues perdería tiempo si lo hiciese. 
Como en pocos minutos deberíamos haber terminado, le dirijo el muy encarecido ruego de que concluyamos este debate esta mañana, es decir, que hoy se pueda votar sobre el mismo. 
Nos hemos esforzado mucho en avanzar con rapidez para estar también puntualmente con el Consejo de Ministros de Energía. 
Se lo ruego encarecidamente. 
Señor Presidente, quería decir lo mismo que la Sra. Rothe. 
Creo que queda sólo un orador y, si pudiéramos darle la palabra, podríamos votar ahora y no aplazar esto indefinidamente. 
Es cuestión de muy poco tiempo. 
He intentado que nuestro debate siguiera adelante lo más rápidamente posible. 
Por desgracia, no hay sólo un orador, sino otros cuatro más inscritos, después vendrá la respuesta del Comisario y más tarde un turno de votaciones bastante complejo. 
Lo lamento, pero debemos interrumpir en este momento el debate, que se reanudará a las 18.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, hay que felicitarle por haber dado comienzo a la votación a las doce del mediodía. 
Hay varios diputados que aún no están aquí y varias personas que todavía están escuchando los timbres que suenan en el pasillo. 
Sugiero que nos acostumbremos a comenzar las votaciones todos los días a las doce; el Parlamento no hará más que tener dificultades si, como ayer, no empezamos la votación hasta las 12.20. 
En ese caso nadie respeta el reloj ni el inicio del procedimiento. 
Sugiero que eleve esta cuestión a la Mesa y que formalicemos el comenzar las votaciones regularmente a las doce del mediodía. 
Señor Presidente, éste ha sido un informe muy largo y confuso, con 178 enmiendas en comisión. 
El Grupo Socialista ha juzgado necesario presentar enmiendas adicionales. 
Como ponente, tengo el deber de apoyar la resolución de la Comisión de Pesca, cosa que hago. 
Sin embargo, si no hubiera sido ponente, deseo dejar muy claro que votaría a favor de todas las enmiendas del Grupo Socialista, incluida la del Sr. Morris. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Quisiera que escucharan lo que voy a anunciar: he recibido del Grupo de los Verdes diversas solicitudes de votación nominal para cada enmienda y para cada apartado del informe. 
Ello supondría más de 100 votaciones nominales y la votación duraría en torno a una hora. 
Después de consultarlo con el Presidente del Parlamento, voy a proponerles por lo tanto que, de conformidad con la segunda frase del apartado 1 del artículo 19 y con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento, las votaciones se reagrupen de la siguiente manera: en primer lugar, una votación nominal única sobre todas las partes del texto acerca de las cuales no haya enmiendas; en segundo lugar, una votación nominal sobre el apartado 24, conforme a otra solicitud del Grupo de Coalición Radical Europea; en tercer lugar, una votación nominal única sobre todas las partes del texto acerca de las cuales sólo haya presentado enmiendas el Grupo de los Verdes; en cuarto lugar, una votación nominal sobre cada apartado que sea objeto de enmiendas incompatibles; en quinto lugar, una votación nominal sobre todas las demás partes del texto acerca de las cuales haya enmiendas de los grupos políticos, así como para la votación final. 
El artículo 115 permite que el Presidente consulte a la Asamblea. 
A fin de ahorrar tiempo voy a autorizar un orador a favor de mi propuesta y una orador en contra. 
No admitiré ninguna cuestión de orden y pasaremos directamente a la votación. 
Señor Presidente, me parece que su propuesta es muy razonable. 
Ha surgido de una situación caracterizada por una gran divergencia de pareceres sobre este informe que no ha sido elaborado conjuntamente. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores hemos votado con 31 votos contra 30 sobre si debemos votar. 
Naturalmente, esta comisión ahora no ha presentado ninguna propuesta sobre los diversos bloques, lo que ha originado que estemos confrontados a este procedimiento aquí en el salón de sesiones. 
Usted lo ha presentado algo dramáticamente. 
Ayer también tuvimos 100 enmiendas en el informe de la Sra. Barthet-Mayer. 
Mi propuesta es que se debata de nuevo en la comisión y que votemos en julio. 
Esto acortaría el tiempo. 
Por ello, de conformidad con el artículo 129, quiero solicitar la devolución a la comisión. 
Esto nos ahorraría ahora el trabajo aquí. 
Por lo demás, apoyo su propuesta. 
Está muy claro. 
Sugiero que si se rechaza la propuesta de devolución del informe a comisión, daré por sentado que la Asamblea aprueba mi propuesta de cómo llevar a cabo la votación. 
Señor Presidente, intervengo para hablar a favor de su propuesta de votación en bloque. 
Supone un cambio respecto a las normas del Reglamento introducidas expresamente hace algunos años para tratar este tipo de situaciones. 
Atiende al hecho de que un grupo político, o incluso un grupo de diputados, utilice el Reglamento para intentar de alguna manera usar maniobras obstruccionistas o tal vez abusar del sistema de solicitud de votaciones nominales. 
Está plenamente justificado en este caso que se evite la táctica de bloqueo con el uso de esta norma. 
Es una norma justa, cuyo uso depende de la decisión del Presidente, y usted tiene toda la razón en usarla así. 
(Aplausos) 
Siempre me apena ver enfadarse a Claudia Roth en esta Cámara, pero especialmente hoy que es su cumpleaños. 
Quizá la Asamblea pueda desear a la Sra. Roth un feliz cumpleaños. 
Señor Presidente, tan sólo quiero hablar en contra de cualquier propuesta de devolución del informe a comisión. 
Ya fue debatido en comisión. 
Los grupos presentaron 165 enmiendas. 
Muchas de ellas eran idénticas y a mi me pareció una desagradable e innecesaria táctica de bloqueo. 
Apoyo completamente lo que ha dicho el otro orador a favor de su propuesta. 
Sugiero que la aprobemos y estoy en contra de que se devuelva a comisión. 
Tengo entendido que, aparte de ser el cumpleaños de Claudia Roth, es también el de Nicole Pery y el de la Sra. Schleicher, dos de nuestros vicepresidentes. 
(El Parlamento rechaza la devolución a comisión del informe) 
Durante la votación: 
Señor Presidente, usted ha dicho que los grupos políticos saben lo que aquí se vota. 
En mi opinión, los diputados también deberían saber lo que se vota. 
Yo no sé qué es lo que se vota. 
Yo no he sabido lo que se estaba votando durante el debate de este informe, y la forma en que usted lee los apartados tampoco lo aclara. 
Anuncio mi abstención de todas las votaciones cuando no sepa qué se vota. 
Y por lo tanto me abstendré de todas las votaciones que se realicen en el marco de este informe. 
Señor Seppänen, no voy a perder tiempo en esto. 
Ya leí la lista de las enmiendas sobre las que estamos votando y así es como votamos siempre en esta Cámara. 
Si desea conocer los datos precisos y los contenidos de las enmiendas, diríjase al centro de distribución, coja los documentos y léalos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Sabe que normalmente estoy de acuerdo con usted en este Hemiciclo, pero la respuesta que ha dado al orador anterior a mí es que así es cómo solemos efectuar nuestras votaciones. 
He de precisar que ésta no es la forma en que solemos efectuar nuestras votaciones. 
Quizá se me haya escapado algo. 
Hemos hecho una serie de votaciones en bloque, después hemos pasado a algunos apartados- apartado 36- y después hemos vuelto al considerando B en una de las votaciones. 
De manera que no es la forma en la que solemos efectuar las votaciones. 
Normalmente lo que hacemos es votar apartado por apartado, considerando a considerando. 
No es lo que ha ocurrido en esta ocasión. 
Quizá desee reconsiderar la respuesta que ha dado al orador anterior a mí. 
Señor Falconer, como paisano escocés, procuro estar siempre de acuerdo con usted, pero obviamente se le ha escapado algo. 
Expliqué con toda claridad que íbamos a votar por bloques y leí el contenido de cada uno de los bloques. 
Si la gente quería reunir las enmiendas dentro del bloque para echarles un vistazo, tenía derecho a hacerlo. 
Pero la votación por bloques está muy claramente prevista en nuestro Reglamento y estamos siguiendo el Reglamento. 
Señor Presidente, aún hay diferentes interpretaciones sobre el fundamento jurídico de este texto. 
¿Se incluye este texto dentro del marco de la política industrial o de la nueva política exterior de seguridad común, tal como ha dicho el Sr. Tittley en su intervención? 
Si se incluye aquí- he pedido la palabra antes de la votación final -, antes de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam esta Asamblea no es competente para adoptar una resolución del tipo que hemos adoptado. 
Quizás pueda usted emitir una declaración para aclarar este malentendido o contradicción. 
Esta Asamblea es soberana en todas las cuestiones que se someten a ella y decide qué temas introducir en el orden del día y cómo votar sobre las mismas. 
Y eso es lo que hemos hecho. 
Señor Presidente, estoy seguro de que usted ha actuado conforme al Reglamento del Parlamento. 
Pero quisiera, no obstante, manifestar que se trata es de una cuestión especialmente significativa, de una cuestión de principios y especialmente importante. 
Yo soy hasta cierto punto nuevo aquí, por lo que me ha sido imposible seguir la evolución del proceso. 
Usted también ha dicho que se vota en bloque, pero yo, al menos a este respecto, quisiera considerar cada cosa por separado y estar seguro de que voto correctamente. 
Se podría utilizar el Reglamento de otra forma cuando se trate de un principio importante y significativo, y me gustaría confiar en que así se hará en el futuro. 
Comprendo lo que quiere decir. 
Estaba intentando despachar con celeridad los asuntos de la Asamblea. 
Estoy completamente seguro de que he actuado de conformidad con el Reglamento. 
Si lee el apartado 5 del artículo 115 comprobará que el Presidente tiene derecho a agrupar votaciones. 
En realidad, no hay necesidad de avisar de ello con antelación, pero los servicios han estado informando a los grupos a lo largo de la semana sobre cómo se proponían agrupar las votaciones. 
Correspondía a los grupos mantener informados a sus diputados. 
Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido para mantenerles informados. 
Señor Presidente, lo siento realmente pero hemos cometido un gran error. 
Hemos mencionado en la misma pasada a cuatro regiones de diversos países junto con un país reconocido. 
No podemos mencionar en la misma pasada a Macedonia o, si así lo quieren, a Fyrom junto con Kosovo o Voivodina. 
Ruego encarecidamente a los colegas que no cometan este error, pues caeríamos en el ridículo. 
Se trata de un error y el Sr. Cohn-Bendit ha coincidido conmigo. 
Lamentablemente, hemos votado primero sobre la enmienda del PSE a pesar de que la otra era más amplia. 
Les ruego que recapaciten pues caeremos realmente en el ridículo. 
Si queremos, podemos quedarnos así, pero el Sr. Cohn-Bendit podría ayudarme y el PSE también. 
El Sr. Johannes Swoboda ha coincidido conmigo. 
Me dicen que la referencia a Macedonia fue de hecho suprimida en cualquier caso, de modo que quizá sus preocupaciones estén fuera de lugar. 
Señor Presidente, lamentablemente se ha tratado de un malentendido. 
Se ha cambiado a Macedonia con Fyrom. 
Pero Fyrom se debería haber suprimido totalmente en este contexto. 
Se trata de un gran y estúpido error. 
Me temo que la Asamblea ha votado y que siempre es sabia respecto a lo que ha votado. 
Señor Presidente, en el nº 22 hay un error de traducción. 
Allí se dice: ejecución del Tratado del EURATOM, pero debe decir: modificación. 
Naturalmente, no se puede suprimir enseguida el Tratado del EURATOM, pues lo necesitamos como safe guard y para los residuos nucleares. 
Por ello se han producido confusiones en toda la Asamblea y creo que ahora pueden darme la razón, al menos aquellos que normalmente me la dan. 
Ustedes, los de enfrente, están algo callados. Así es mejor. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, Señorías, respeto demasiado la democracia como para no acatar una decisión de la Asamblea. 
Simplemente, desearía expresar que, como ponente, he seguido algunas indicaciones. 
Desde el momento en que la Asamblea ha juzgado que era necesario, en mi opinión, cambiar la naturaleza de este informe, he recomendado una votación negativa para no desvirtuar aquello en lo que creo. 
Esta es mi explicación de voto y agradezco a la Asamblea por haberme apoyado, ya que este informe no ha sido aprobado. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, en mi opinión, la votación del informe Titley viola las reglas de la democracia. 
Por esta razón quiero que conste en el acta que me alegro de que éste no sea un auténtico parlamento. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Siguiendo con lo que ha dicho el último orador, creo que estará usted de acuerdo, señor Presidente, en que la forma en que nos hemos ocupado de los cinco últimos informes después del informe Titley es cómo solemos votar en esta Cámara. 
No hemos podido apoyar el informe en la votación. Esta toma de posición es por principio, y no debe interpretarse como una desaprobación del trabajo del ponente. 
Pensamos que la Unión Europea debería abandonar esta modalidad costosa de acuerdos de pesca y pasar a promover sobre todo la propia actividad pesquera de los países en vías de desarrollo. 
Esta solución contribuiría más a aumentar la importancia de la pesca en el terreno de la producción global de alimentos, a reforzar el desarrollo económico de estos países, y a eliminar los riesgos que encierra el acuerdo de pesca. 
El acuerdo significaría además que la actividad pesquera de determinados países miembros recibiría un apoyo indirecto a la continuación de su actividad en una situación en que la pesca europea en general necesita unos fuertes límites. 
Destacamos además, al igual que el ponente, lo desafortunado de la iniciativa de consultar al Parlamento Europeo mucho tiempo después de la entrada en vigor de un acuerdo de esta clase haya entrado en vigor. 
Informe Crampton (A4-0149/97) 
Los acuerdos internacionales de pesca firmados por la Unión Europea es una cuestión controvertida. 
Hay quienes preconizan poner sistemáticamente en entredicho estos acuerdos en atención a su coste, al tiempo que evitan plantear la cuestión del coste económico y social que la ausencia de éstos supondría para la Comunidad. 
El informe Crampton recuerda con razón, a quienes así piensan, que la ampliación de las zonas de pesca hasta las 200 millas- lo que significó que un 95 % de los recursos pesqueros se encontraran bajo la jurisdicción de los Estados costeros- hacía inevitable la negociación de acuerdos entre la Comunidad y los países implicados, para garantizar la supervivencia de nuestras flotas en aguas lejanas, mantener el porcentaje europeo de capturas mundiales y, por lo tanto, garantizar nuestra seguridad alimentaria. 
Y si en el día de mañana la Comunidad debiera renunciar a estos acuerdos, las flotas de los países competidores, concretamente asiáticas, ocuparían el lugar de la flota comunitaria. 
Por otra parte, nuestros armadores apoyan esta política de acuerdos, que financian en un 50 %; equilibrio que conviene mantener. 
Otros consideran, en el marco de estos acuerdos, que la pesca europea compite con la pesca local. Eso no es exacto. 
Los países en desarrollo disponen de los recursos que desean explotar, pero carecen de los buques y de la tecnología necesaria para ello: los acuerdos son necesarios para ambas partes. 
En el contexto de la evolución del sistema de acuerdos, habrá de distinguirse cuidadosamente entre los acuerdos que también pueden representar un papel real de ayuda al desarrollo- al permitir aumentar el nivel de autosuficiencia alimentaria mediante el apoyo a la pesca local- y los acuerdos que afectan a los socios que compiten con los pescadores comunitarios, en cuyo caso la Comisión deberá evitar que se produzcan distorsiones, sobre todo en cuanto a los precios. 
Dentro de la primera categoría será necesario generalizar los acuerdos de segunda generación, dar prioridad a los acuerdos con los países ACP que disponen de recursos abundantes y de calidad; países que deben seguir siendo nuestros socios naturales, en particular aquellos que aceptan destinar al desarrollo del sector pesquero local una parte importante de los recursos que les reportan estos acuerdos, por ejemplo Senegal, que ha decidido reservar un porcentaje del 50 %. 
También es importante completar la red de acuerdos sobre el atún, de tal modo que se pueda tener un acceso más amplio a las existencias de túnidos, que constituyen especies estratégicas para la industria comunitaria de productos marítimos y que no se encuentran particularmente afectadas por un problema de sobreexplotación. 
Puesto que el informe Crampton ha mantenido la mayoría de estos objetivos, nuestro Grupo ha votado a favor de éste, a pesar de algunas lagunas y de las dificultades inherentes a la obtención de un consenso partiendo de posiciones muy divergentes en el seno de la Comisión de Pesca. 
Informe Titley (A4-0076/97) 
El punto de partida para el debate sobre el comercio de armas y la política de exportación de armamento es que hay que reducir la exportación y la producción, y que cabe apoyar los esfuerzos en pro del desarme y del control de armamento. 
Nunca hay que dar el mismo tratamiento a las armas que a otro tipo de productos, y éstas deben reglamentarse estrictamente a nivel internacional, europeo y nacional. 
Apoyamos este informe, a condición de que se aprueben las enmiendas presentadas dentro del Grupo socialista (núms. 27-35) , además de la nº 1. 
Tampoco podemos apoyar los apartados 41 y 43. 
Suecia es un Estado no alineado y seguirá siéndolo. 
Por eso no podemos respaldar unas fórmulas que tienen como objetivo una futura identidad europea en materia de defensa. 
Estamos en contra además de la redacción en general, así como de que sea cierto que aumente el valor del dinero de los contribuyentes a través de la reestructuración de la industria de armamento (punto 24) , y de «.....otros acuerdos generales de seguridad» (considerando K). 
Estamos plenamente de acuerdo con la enmienda nº 6. 
No existe motivo alguno para que la UE configure una política de defensa común ni una defensa común. 
Esto significaría que la UE, de ser una organización para la cooperación civil pasaría a ser una unión para la promoción de la defensa, con unas ambiciones comunes en el terreno militar y de política de defensa. 
Por consiguiente, no hay motivos para que la UE desarrolle una industria para la defensa común, como propone el informe. 
No es creíble la referencia a una especie de «identidad europea» en lo concerniente a la seguridad y la defensa, dado que los Estados miembros tienen puntos de partida discrepantes en materia de política de seguridad. 
Los países no alineados como Suecia no desean ni pueden subordinarse a unos proyectos comunes de la Unión, acordados a base de decisiones adoptadas por mayoría, para las que predominarán las ideas de los grandes países miembros en materia de seguridad. 
Justificar todo esto, como se dice en el informe, basándose en que se conseguiría un aumento de credibilidad dentro de la OTAN, carece de significado desde la perspectiva de la neutralidad. 
Prever, como propone el informe, la política de seguridad y de defensa común (PESC) con un mercado común de armamento como parte integrante de toda una capacidad militar es erróneo y puede llevarnos al deterioro de todas las ideas pacifistas objeto de la cooperación en Europa. 
El informe Titley, con su propuesta de un mercado común de armamento, constituye un eslabón más de dicho tipo de política. 
Rechazamos, por tanto, la propuesta y hemos votado «no» al informe. 
La fabricación de armas, que ahora incluye de forma arrolladora la electrónica y las nuevas tecnologías, puede ser una fuente potencial de empleo. 
Esto es especialmente aplicable a pequeños países que se están dedicando a desarrollar esas nuevas tecnologías. 
Todos los países neutrales mantienen ejércitos y algunos de los países neutrales se encuentran además entre los principales productores y exportadores de armamento del mundo. 
Miembros en activo del ejército irlandés han destacado hace poco la necesidad de mejorar su equipamiento. 
Desde luego, hay que propocionarles formación y equipamiento actualizados para que puedan seguir desarrollando su misión de defensa de la paz bajo los diversos mandatos de la ONU. 
En Irlanda podemos enorgullecernos de suministrar soldados para que estén de servicio con las Naciones Unidas, y yo deseo que este papel continúe. 
Acojo con satisfacción la noticia de que ha disminuido el gasto en armamento. 
Pido una vez más la total prohibición de la producción y venta de minas terrestres y, por supuesto, de todas los tipos de armas nucleares. 
Con alarma y preocupación compruebo que el informe del Sr. Titley quiere aportar un fundamento más a la construcción que hará de la UE una potencia militar europea. Todo ello regulando un mercado común europeo de armamento con una industria de armas eficaz y coordinada (que provea a la PESC de capacidad militar). 
Esto es completamente inaceptable para mí, y de ningún modo puede contribuir a impulsar la paz en Europa ni en el mundo. 
¡Todo lo contrario! 
Si bien en ciertas partes del informe Titley pueden encontrarse algunas sugerencias interesantes, como la existencia de un marco legal para el establecimiento de una empresa europea de armamento, procurando, no obstante, que éste no se convierta en una cortapisa, el enfoque global adoptado tanto en el informe como en el análisis de la Comisión, a la vez federalista y ultraliberal, no ofrece verdaderas perspectivas de futuro, conforme a los intereses reales de los Estados miembros de la Unión Europea. 
El informe adopta un enfoque estrictamente economista de las políticas de armamento, como si se tratase de bienes económicos cuya rentabilidad debe valorarse de la misma manera que los demás. 
Sin embargo, si cada Estado miembro debe ciertamente buscar la relación coste/beneficio más adecuada, mide ante todo el valor de los armamentos en función de su adaptación a las necesidades específicas de su defensa, para salvaguardar lo mejor posible su independencia nacional. 
Los Estados europeos no pueden, por consiguiente, definir las especificaciones de sus armas partiendo de las aspiraciones de otros Estados, que en su caso las adquirirían. 
En nombre del liberalismo, el informe Titley practica el culto de la asimetría, que parece convertirse en la doctrina oficial de la Comisión: los europeos deberían dar constantemente el ejemplo del liberalismo más puro y más absoluto, aunque sea en detrimento de sus propios intereses. 
El informe subraya que la industria norteamericana de armamento es objeto de toda clase de protecciones que impiden el pleno desarrollo de la competencia, pero no recomienda en absoluto una actitud simétrica por parte de la Comunidad, que debería, por el contrario, abrirse a «la adquisición de material militar producido en serie en terceros países» y a la «transferencia de tecnología militar». 
Todos están de acuerdo en la necesidad de desarrollar los programas comunes de armamento, para ampliar la producción de equipos militares y reducir el coste de las nuevas armas. 
Pero la aplicación de este objetivo, particularmente delicado y difícil, no puede depender de un enfoque integrado, como recomienda el informe Titley, sino más bien del método de la «geometría variable» , si realmente se quiere progresar. 
El sector del armamento es un ámbito en que los proyectos abortados por falta de especifidad son incontables; rebasamiento considerable de los créditos; falta de pago de los importes presupuestarios previstos... 
El hecho de querer imponer en este sector un marco comunitario rígido de cooperación, sin tener en cuenta ni la voluntad ni las necesidades reales de las naciones, sería completamente artificial y sólo podría desembocar en resultados desastrosos. 
No es ni la efervescencia en el plano del procedimiento ni el activismo estructuralista lo que permitirá obtener cooperaciones efectivas, sino la exacta correspondencia, definida progresiva y pragmáticamente por algunos socios, entre las necesidades de cada uno y los materiales producidos en común, en un ámbito que no puede conciliarse con compromisos laxistas o especificaciones aproximativas. 
En el capítulo de la inexistente y, sin embargo, necesaria Agencia Europea de Armamento, los proyectos se suceden principalmente en función de efectos mediáticos, sin tener tiempo de desembocar en resultados concretos: apenas creada la Agencia francoalemana de armamento en 1995, se lanzó la idea, en 1966, de ampliarla a otros socios y, en 1997, se propuso generalizarla. 
Se debería haber hecho hincapié en la racionalización intraeuropea, en lugar de privilegiar las cuestiones de exportación y de cooperación con socios exteriores. 
Por otra parte, esta racionalización no podrá sacarse adelante salvo si la Comisión armoniza su política sobre la competencia con la política de reestructuración que preconiza. 
Ahora bien, hasta ahora la Comisión ha preferido, en materia de industria de armamento, fomentar una unión transatlántica, más que una fusión europea (en este caso, anglo-francesa) en el sector de la aeronáutica y de la electrónica. 
Sin embargo, el objetivo de una Europa del armamento debe ser, evidentemente, el de reunir a los Estados miembros que lo deseen, conjugando sus intereses europeos, para obtener la mejor adecuación de sus medios europeos. 
Puesto que el proyecto de resolución presentado por el Sr. Titley no hace hincapié en estos puntos esenciales, no me ha sido posible apoyarlo. 
Un debate sobre lo deseable o no de una industria defensiva europea nos plantea la dualidad de la cuestión. 
Por una parte existe la limitada fuerza competitiva como consecuencia de la falta de un mercado europeo. 
Por otra parte, reviste la cuestión un cariz fuertemente político por hallarse ligado a la búsqueda de una política exterior y de seguridad europea común. 
El poder de decision en materia de industria militar y defensa constituye el quid de la soberanía nacional por lo cual los Estados miembros no deberán renunciar rápidamente a ella. 
Al incluirse en la comunicación de la Comisión y en el informe Titley la lucha por una industria defensiva europea en el marco de una política de seguridad europea, se presta por desgracia poca atención a las posibilidades que ofrece la cooperación transatlántica con Estados Unidos en el ámbito de la OTAN. 
Europa no tiene por qué orientarse hacia una industria defensiva propia rival de la norteamericana. 
El mercado de ese país está ya dominado por su industria de defensa nacional ofreciendo escasas posibilidades a productos europeos. 
En el ámbito militar Europa depende además en gran medida de Estados Unidos. 
El mantenimiento de un sólido vínculo transatlántico a través de la OTAN, igualmente en el campo de la industria defensiva reviste pues un elevado interés. 
El concepto de «Combined Joint Task Forces» establecido el año pasado en ocasión del Consejo del Atlántico del Norte celebrado en Berlín, pone en evidencia que es innecesario aparejar una industria militar totalmente independiente fuera del marco de la OTAN. 
De ahí que hayamos votado contra el informe. 
Esto no impide que concordemos con la Comisión y con la ponente en que existen buenas razones para fomentar la cooperación entre las empresas defensivas europeas y fortalecer el poder competitivo de este sector. 
Las medidas propuestas por la Comisión y orientadas a combatir la aplicación indebida del artículo 223 así como la estandardización y normalizaciones y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico merecen pues ser aprobadas. 
De este modo podría hacerse mucho más hincapié en la responsabilidad de la industria militar en la reestructuración de la producción. 
Para concluir cabe señalarse que una ambiciosa liberalización de este mercado resulta difícilmente viable dado el carácter específico de este sector. 
La industria militar europea se halla dominada por una serie de países grandes. 
Además de ello, las demandas específicas impuestas a los proyectos de defensa permiten su atribución a sólo un número reducido de empresas. Será imposible por consiguiente escapar a una cierta tendencia nacionalista, de modo que provisionalmente deberá excluirse la posibilidad de supresión del artículo 223. 
Informe Cohn-Bendit (A4-0127/97) 
El desarrollo de la cooperación regional en los Balcanes, y en concreto con los países de la antigua Yugoslavia, es el principal medio para la consolidación de la paz y la seguridad, el respeto mutuo, la convivencia armoniosa, así como el desarrollo económico-cultural y la cooperación entre los pueblos y países de la región. 
En este marco, es necesario que la posición fundamentalmente negativa de la Unión Europea cambie de raíz. 
Las posiciones y políticas que hasta la fecha ha defendido la Unión Europea han contribuido sustancialmente a la disolución de la antigua Yugoslavia, al comienzo de la guerra y al mantenimiento de la turbulenta situación actual, sustentada por la protección de tropas extranjeras tanto en Bosnia como en el resto de la región balcánica, sea en forma de fuerzas multinacionales, como en el caso de Albania, sea en forma de bases y facilidades militares. 
Los acuerdos entre la Unión Europea y los países de la región, en lugar de fomentar la creación de nuevas esferas de influencia promocionando unos intereses ajenos a los de los pueblos de la región, deben contribuir a la creación de un espacio de estabilidad política en los Balcanes, a la inviolabilidad de las fronteras en su forma actual, al desarrollo y bienestar de los pueblos de la región, a la garantía del respeto de los derechos humanos y los derechos de las minorías, a la repatriación de los refugiados y a la restauración de unas estructuras sociales normales. 
La Unión Europea debe contribuir activamente a la reconstrucción de la región, prestando todo tipo de ayuda política, económica (comercial, técnica o financiera) o científica. 
Además, no debe olvidarse de su responsabilidad y su contribución a la tragedia yugoslava, al alentar y aceptar las tendencias independentistas. 
Consideramos que la estrategia de la Unión Europea, además de las regiones antes beligerantes, debe comprender los países de la Europa sudoriental, es decir Albania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por la afinidad de sus problemas y por la especial importancia que tiene la cooperación regional para la estabilidad de la región. 
Estamos en absoluto desacuerdo con la propuesta de un trato distinto, que no tiene otro objetivo que el de perpetuar una política de división, provocando confrontaciones y manteniendo los focos de conflicto. 
Todos los acuerdos deben repartir cualquier ayuda económico-financiera o de otro tipo en condiciones de igualdad entre las respectivas repúblicas y pueblos, respetando el status quo vigente y el carácter especial de cada país, sin utilizarla como medio de control de la evolución política de los países, dejando a los pueblos de la región balcánica la libertad de tomar sus propias decisiones y decidir sobre su propio futuro. 
Desde este punto de vista, consideramos inaceptables e incluso peligrosas las sugerencias del informe relativas a nuevas autonomías, por ejemplo en Kosovo. 
Este tipo de decisiones podrían resultar desastrosas no sólo para los países de la antigua Yugoslavia, sino para la paz en los Balcanes en general. 
La aportación de la Unión Europea no debe constituir una coartada para imponer medidas que mermen a los gobiernos locales su poder de decisión o para imponer regímenes de capitalismo «salvaje» , so pretexto de implantar un nuevo plan Marshall, que perjudique a los pueblos de la región. 
Tampoco el cumplimiento de las «órdenes» de la Unión Europea debe constituir un criterio para la futura ampliación de los acuerdos de cooperación. 
La necesidad de ayudar a reconstruir la región tampoco debe ser un pretexto para promocionar el aspecto militar de la Unión Europea o para que ésta se convierta en una policía internacional que sancione a quienes desobedezcan los preceptos del nuevo orden mundial. 
A fin de evitar nuevas tensiones y conflictos, hay que aplicar los tratados y el derecho internacionales, respetando la invulnerabilidad de las fronteras y la soberanía e independencia nacionales. 
Las opciones militaristas, como la de crear un «Cuerpo de Paz Europeo» , siempre se encontrarán con la oposición de los pueblos y los trabajadores de la región, así como de los demás países europeos que reconocen lo que hay detrás de esas denominaciones engañosas. 
Informe Barón Crespo (A4-0133/97) 
Con cierta renuencia hemos votado la propuesta de resolución debatida. 
Hemos optado por el voto a favor porque al menos se proponía que la Comisión y el Consejo recurrieran la decisión de la «comisión arbitral» de la OMC que «condena» el actual- y ya de por sí delicado- sistema de comercio europeo del plátano. 
La aprobación de la propuesta de resolución impide igualmente la estrategia de ciertos países- en particular, Alemania- que apoyan a los grupos de interés de los grandes importadores europeos y pretenden que la Comisión y el Consejo acepten de inmediato esa «decisión arbitral». 
Ahora bien, ha quedado mucho por decir en la propuesta aprobada. 
Por ejemplo, que la misma OMC, en otra decisión arbitral, quiere imponer a la Unión Europea la entrada libre de carne americana producida a base de hormonas, a pesar de toda la historia de las «vacas locas» y de los dictámenes negativos de los comités europeos de seguridad alimentaria. 
Como también ha quedado por decir que la Comisión había desistido de la queja presentada a la misma OMC contra los Estados Unidos de América por clara violación de las normas comerciales y del Derecho internacional resultante de la ley Helms-Burton de refuerzo del embargo a Cuba y que ya ocasionó la detención de un empresario español, quien cometió el «crimen» de establecer relaciones comerciales con aquella isla. 
Como también quedó por decir que la decisión relativa al plátano beneficia a transnacionales americanas vinculadas al plátano de la zona del dólar y perjudica gravemente a los productores europeos, en particular en Madeira. 
Todo esto tendría que analizarse en conjunto, pues no se trata tan sólo del plátano. 
Se trata, eso sí, del funcionamiento de la OMC, que conscientemente se moviliza en función de los intereses americanos, y de la condescendencia cada vez mayor de la Comisión con esos mismos intereses y de su desprecio por los intereses europeos. 
Se trata, por último, de que se deben abandonar los discursos mediáticos sobre la necesidad de imponer normas a la globalización comercial en aumento y de poner «trabas» a su profundización. 
A ese respecto corresponde una palabra decisiva a los Gobiernos, en particular el portugués, ¡pese a que ejemplos recientes, en los textiles y acuerdos comerciales (con Marruecos y otros) , no garantizan que empiece por fin a pasar de la retórica a la acción! 
Resolución sobre el Zaire 
Una vez más, una resolución de nuestro Parlamento se encuentra desfasada frente a la realidad que pretende cambiar. 
Una vez más, llegaremos con retraso respecto a la evolución de una situación político militar que no hemos sabido ni prever, ni prevenir, ni comprender. 
En el momento en que la Alianza de las fuerzas democráticas para la liberación del Congo-Zaire (AFDLCZ) se dispone a entrar en Kinshasa, ovacionada por una población liberada de la dictadura, nosotros nos empeñamos en pedir el establecimiento de un poder de transición, que no sería más que la última maniobra del Mariscal Mobutu. 
En el momento en que treinta años de violencia, de ejecuciones, de vejaciones, de corrupción, serán borrados por otra violencia- por cierto excesiva, pero desgraciadamente legitimada por la primera -, nuestra prioridad radicaría en juzgar esta última, cuando nunca nos hemos pronunciado contra aquélla. 
En el momento en que la probable estabilización política y militar del Zaire debería permitir, por fin, acudir en ayuda de los refugiados ruandeses y de las poblaciones civiles zaireñas del Este del país, la otra prioridad de la Unión Europea sería instruir el proceso de Laurent Désiré Kabila, cuando los sufrimientos de los refugiados tienen responsables cuyos nombres son conocidos: Habiyarimana, por la dictadura ruandesa hasta 1994, FAR e Interamwé, por la retención como rehenes a las personas de los campos de refugiados, el Gobierno francés (por la ejecución) y el Gobierno zaireño (por las bases de retaguardia) , que se lanzaron juntos en la famosa operación «Turquesa». 
Estos son los verdaderos culpables del sufrimiento de los refugiados desde hace dos años y medio. 
Durante dos años, las nuevas autoridades de Kigali han repetido, ante la indiferencia general, que los campos de refugiados del Este zaireño constituían una amenaza para la seguridad de su Estado y una bomba de efecto retardado para toda África Central. 
Nadie quiso escuchar estas advertencias marcadas con el sello del sentido común y del realismo. 
Sabemos lo que ocurrió luego. 
Hoy, para la Unión Europea, el balance es perfectamente claro. 
Por haber confiado su diplomacia común a dos de los Estados miembros, Francia y Bélgica, la Unión se encontró obcecadamente comprometida en el apoyo de Mobutu, a quien se presentaba como el garante de la estabilidad y de la integridad territorial del Zaire. 
Frente al realismo de la política exterior norteamericana, la influencia europea está siendo totalmente borrada de una inmensa zona que se extiende del Sur del Sudán al Atlántico. 
El caso del Zaire revela perfectamente el fracaso total de la diplomacia europea, ausente, hasta extremos caricaturescos, de esta crisis y de su probable solución. 
De igual modo, la política europea de ayuda al desarrollo se ha mostrado incapaz de imponer como condición el mínimo de democracia que habría podido afectar a las dictaduras de la región. Hoy la Unión pretende imponer condiciones democráticas máximas a un nuevo poder zaireño que sale de una guerra civil y que debe reconstruir un país arruinado por la dictadura. 
Este doloroso asunto plantea una revisión a fondo de nuestra diplomacia y de nuestra política de desarrollo. 
Espero simplemente que la crisis de los Grandes Lagos haya permitido esta toma de conciencia. 
Informe Soulier (A4-0131/97) 
Por primera vez, la Comisión somete al Parlamento Europeo el presente Programa indicativo nuclear, y no podemos menos que felicitarnos por esta consulta. 
No se trata aquí de debatir sobre la conveniencia o no de la energía nuclear; eso compete a los Estados. 
Por lo tanto, la cuestión no es saber si la proporción de energía nuclear producida por los reactores nucleares debe aumentar o disminuir. 
Se trata de considerar el envejecimiento de las instalaciones y sus consecuencias, concretamente en materia de seguridad. 
El ponente hace bien en enfocar su reflexión desde el ángulo de la gestión nuclear. 
Hoy los desafíos esenciales del sector nuclear se sitúan en el plano de los residuos y del envejecimiento de las estructuras. 
Esto implica establecer una mayor seguridad en el funcionamiento de las centrales y, en particular, un acuerdo sobre la gestión de los residuos nucleares y sobre la lucha contra su transporte desacertado en el seno de la Unión. 
Este imperativo de seguridad no puede limitarse a las fronteras de la Unión, puesto que en materia de riesgos radiactivos se ha aceptado, ciertamente, el principio de libre circulación....es necesario, naturalmente, llevar a cabo un trabajo importante frente a los países de Europa Central y Oriental (PECO). 
Finalmente, y ya que inevitablemente el asunto tratado versará sobre la conveniencia de la utilización de la energía nuclear, deseo apoyar los principios comunes enunciados con respecto a ésta: autoridad nacional sobre la conveniencia de utilizar la energía nuclear; respeto de esta opción para el conjunto de la Unión; garantía de un elevado nivel de seguridad; corresponsabilidad de los Estados miembros y de los explotadores de las instalaciones nucleares frente a los ciudadanos europeos en materia de seguridad nuclear. 
Otros informes permitirán tratar la conveniencia de las fuentes de energía en Europa. 
Aquí, había que aceptar que el 30 % de la energía europea fuese nuclear y, en consecuencia, tomar todas las medidas imprescindibles para garantizar el futuro de los ciudadanos europeos y su seguridad. 
Desearía explicarles por qué, como luxemburgués, votaré en contra del informe del Sr. Soulier. 
Procedo de un país que, en los años setenta, hizo una elección: la de no construir una central nuclear en el Mosela. 
Esta elección fue ampliamente determinada por los socialistas luxemburgueses, que en ese momento estaban en el poder. 
Años después, nuestro gran vecino, Francia, cuyas opciones nucleares son bien conocidas, construyó una enorme central en Cattenom, en la frontera luxemburguesa y alemana, sin pedir la opinión de nadie. 
Se necesitaron décadas, visitas de Estado e innumerables intervenciones diplomáticas para que la industria nuclear francesa consintiera a proporcionar informaciones mínimamente creíbles sobre las emisiones de la central e instalar un sistema de alarma. 
Actualmente, otro Estado nuclear, Bélgica, menciona la posibilidad de almacenar sus residuos nucleares en las Ardenas belgas, a seis kilómetros de la frontera luxemburguesa, en una reserva natural y turística. 
Y mientras tanto- como lo reveló el accidente ferroviario de Apach, en Lorena, a 200 metros de la frontera luxemburguesa- convoyes de trenes surcan Europa en todas direcciones para transportar los residuos nucleares hacia las plantas de reciclado sin que nadie esté al corriente de ello, sin que sepamos cuáles son las medidas de seguridad ni las condiciones en que se efectúan dichos transportes. 
Una población entera podría ser contaminada en una noche. 
Por lo tanto, estoy en contra de la energía nuclear aplicada de esta manera, sin matización alguna. 
Pero suscribo la actitud de mi Grupo sobre la necesidad de hacer todo lo posible por garantizar, frente a los peligros de la energía nuclear, el máximo de seguridad y, por tanto, adaptar profundamente el Tratado EURATOM, reliquia de una época de admiración plácida de la energía nuclear, para garantizar la seguridad y controlar todos los aspectos de la industria nuclear. 
También la comunicación de la Comisión denota fallos, y en especial echo a faltar un análisis profundo de la cuestión de la seguridad. Esto es extraño, dado que el objetivo del Tratado Euratom es ocuparse de los aspectos en torno a este tema. 
La mayoría de países miembros de la UE no tiene energía nuclear o espera poder eliminarla. 
Bajo esta perspectiva, resulta extraño que la Comisión Europea siga con sus planes de ampliar la energía nuclear en la UE y sus países limítrofes. 
Yo pienso, en cambio, que habría que suprimir Euratom. 
Este tratado ha impulsado suficientemente la energía nuclear, y en su plazo de vida le ha aportado unas sumas considerables bajo la modalidad de ayudas. 
Cabe convertir a Euratom en un tratado en favor de la supresión de la energía nuclear y de la promoción de fuentes de energía renovables. 
Existen una serie de enmiendas procedentes del Grupo de los Verdes. 
Las apoyo en su totalidad, y espero que este Pleno las apruebe. 
Finalmente, me gustaría citar la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, la cual sintetiza esta cuestión: » En resumen, se puede decir que la Comisión tiene un problema. 
Por una parte, desea fomentar la energía nuclear, pero no parece haber ninguna posibilidad de que esto prospere, dado que las poblaciones están en contra». 
El informe desea impulsar la aplicación de la energía nuclear y coordinar su utilización a través de las actividades de investigación, desarrollo y mantenimiento de la seguridad entre los países miembros de la UE. 
El partido centrista sueco considera que debe eliminarse la energía nuclear, y durante 25 años ha exigido su desaparición en Suecia. 
Suecia celebró en 1980 un referéndum sobre la energía nuclear, y decidió que se fuera eliminando del sistema de producción energética. 
En la primavera de 1997 el Gobierno sueco y el partido del Centro, con otros, han acordado iniciar el desmantelamiento de las centrales, poniendo fuera de funcionamiento el reactor de Barsebäck antes de las elecciones de 1998. 
La energía nuclear no constituye una fuente de energía sostenible. Tampoco es económica, como sostiene el informe. 
En él no se mencionan los costes relacionados con la seguridad, el desmantelamiento y el tratamiento de residuos. 
La energía nuclear es una tecnología desfasada que debe reemplazarse con la bioenergía y otras fuentes de energía renovables. 
No existe motivo alguno para que la UE apoye precisamente esta modalidad. 
Cabe, por tanto, derogar el Tratado Euratom y sustituirlo por un tratado en favor de las fuentes de energía renovables y duraderas. 
El informe contiene propuestas positivas en el sentido de un aumento de la seguridad de las centrales. Esto es naturalmente encomiable, pero no puede en ningún caso justificar la utilización de la energía nuclear como fuente de energía. 
Por eso he votado en contra del informe. 
Como estoy convencido de que la obtención de energía a partir de la fisión del átomo y el almacenamiento de sus residuos radiactivos va unido a riesgos básicos desproporcionados y como el fomento de la energía nuclear con créditos de la Comunidad Europea conduce a un distorsionamiento adicional en lo tocante a la investigación e introducción en el mercado de las llamadas energías renovables, he votado en los siguientes puntos de modo diferente a como lo ha hecho la mayoría de mi grupo político: las enmiendas nº, 4, 7, 11, 16, 17, 21, 22 y 24 al informe arriba mencionado. 
Deseo, por una parte, felicitar a André Soulier por su informe sobre las industrias nucleares en la Unión Europea. 
Por otra parte, debemos felicitarnos por la transmisión de la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo relativa a este IV Programa indicativo sobre las industrias nucleares en la Unión, a continuación de los programas para 1966, 1972 y 1984, en aplicación del artículo 40 del Tratado EURATOM. 
El Tratado establece únicamente, en efecto, que se consulte al Comité Económico y Social. 
La transmisión de la propuesta de la Comisión Europea constituye una feliz iniciativa, que deseo subrayar. 
Apruebo totalmente el informe de nuestro colega; se trata de un informe equilibrado, pragmático y realista. 
El mismo toma en cuenta las industrias nucleares, en conjunto, y plantea los problemas vinculados a cada etapa del ciclo del combustible nuclear, desde su extracción hasta su almacenamiento definitivo o su eliminación. 
Por otra parte, el impulso político dado a esta resolución me parece particularmente importante. 
Al exhortar al Consejo de Ministros a pronunciarse, por fin, sobre los principios sobre los que se basa este IV Programa, el Parlamento Europeo lo alienta a debatir todo aquello que está en juego en el ámbito de la energía nuclear europea. 
(La sesión, interrumpida a las 13.30 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes ocho propuestas de resolución: 
Medina Ortega y Hindley, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la suspensión del procedimiento de solución de conflictos de la Organización Mundial de Comercio en lo que respecta a la ley Helms-Burton y las leyes d 'Amato-Kennedy; -B4-0399/97 del Sr. Azzolini y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la legislación Helms-Burton; -B4-0401/97 de los Sres. Dell' Alba y Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la legislación Helms-Burton (relativa a Cuba) y el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos; -B4-0406/97 de la Sra. Castellina y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el acuerdo relativo a la ley Helms-Burton; -B4-0410/97 del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el empresario detenido en los Estados Unidos; -B4-0429/97 del Sr. Kreissl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el acuerdo relativo a la ley Helms-Burton; -B4-0432/97 del Sr. Kittelmann y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la supresión del procedimiento de resolución de litigios de la OMC en lo que respecta a la ley Helms-Burton y las leyes d ' Amato-Kennedy. 
Señor Presidente, en este momento y durante esta semana el tema de la ley HelmsBurton se ha discutido en diferentes contextos, sobre todo en el marco de las preguntas al Consejo y a la Comisión. 
Por tanto, gran parte del debate ya ha tenido lugar. 
Y yo creo que en este momento, tanto el Consejo como la Comisión conocen la opinión de los parlamentarios al respecto. 
Pero hoy se va a resumir un poco el tema en una propuesta de resolución común que tiene el apoyo de todos los grupos políticos y, sin entrar en la justicia o injusticia de las medidas adoptadas contra la República de Cuba, yo creo que, en este momento, lo que nos preocupa es la actitud de la Comisión con respecto al ejercicio de sus facultades de negociación. 
Es decir, en este momento nos encontramos ante una situación paradójica y es que la Administración norteamericana se puede escudar en el Congreso de los Estados Unidos para negarse a admitir la jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio en un tema comercial como es este de la ley HelmsBurton. 
Pero, por otro lado, nosotros no podemos nunca acogernos a una facultad similar del Parlamento Europeo para poder argüirlo ante la Administración norteamericana. 
Si la Unión Europea fuera inteligente, si las instituciones del Consejo y de la Comisión fueran inteligentes, yo diría que para la negociación internacional sería muy conveniente que la Comisión pudiera decir que, en determinadas cuestiones, es el Parlamento Europeo el que tiene la facultad de decir la última palabra. 
Nosotros creemos que, en este momento, la Comisión, al desistir del recurso, puede haber incurrido en violación de normas comunitarias- hacemos referencia al procedimiento de toma de decisiones del artículo 113, de los párrafos 1 y 2 del apartado 3 del artículo 228, y del artículo 235 del Tratado de la Unión Europea. 
Fundamentalmente, lo que estamos pidiendo en este momento los grupos políticos es que la Comisión presente de nuevo sus argumentos contra las políticas norteamericanas de aplicación extraterritorial del Derecho norteamericano, que afectan a súbditos europeos, de forma que leyes como la Helms-Burton, o la ley d ' AmatoKennedy, no impidan decisiones comunitarias. 
Solamente en el caso de que este Parlamento reciba una respuesta satisfactoria que explique detalladamente las razones por las cuales la Comisión ha desistido del procedimiento, resultaría admisible para este institución parlamentaria el funcionamiento del sistema. 
En definitiva, yo creo que con la actuación de la Comisión en el caso de la ley Helms-Burton, renunciando a derechos comunitarios sin haber consultado a la institución parlamentaria comunitaria, lo que ha hecho la Comisión es derrotarse a sí misma y debilitar su capacidad de negociación en el ámbito internacional. 
A veces las habilidades a corto plazo, el intento de conseguir por ejemplo un simple compromiso político, sin ningún compromiso jurídico por parte de los Estados Unidos, pueden derrotar a la propia Comisión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, el pasado 14 de abril le tocó a este Parlamento enterarse, a través de la Agencia Europa, de la suspensión de la acción de la Unión a favor del panel de la OMC en que hace oposición a la política norteamericana y a la ley Helms-Burton. Esta medida se adoptó a raíz de un acuerdo sobre un intento de modificación de las arbitrarias disposiciones extraterritoriales por parte de las autoridades norteamericanas que estipula dicha ley. 
Señor Presidente, es evidente que mi grupo político se satisface de este acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea encaminado a modificar la ley Helms-Burton. 
Sin embargo, ese memorándum o entendimiento carece del menor valor jurídico lo cual es además comprensible ya que en definitiva las autoridades norteamericanas no pueden modificar así como así una ley, debiendo consultar para ello al Congreso de ese país. 
Desearía por consiguiente señalar al señor Comisario la necesidad de consultar sobre esta cuestión igualmente al Parlamento Europeo, lo cual no ha sido el caso. 
A continuación desearíamos prevenir sobre una situación en la cual son posibles todo tipo de acuerdos bilaterales en el marco de sistemas multilaterales de comercio. Hubiéramos deseado contar con el parecer de la OMC a ese respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, con relación a este asunto, deseo subrayar brevemente dos hechos. El primero es que, indudablemente, Estados Unidos reconoció la posibilidad y el riesgo de perder ante el panel de la OMC el recurso interpuesto por la Unión Europea. 
Éste me parece, de cualquier modo, un hecho positivo que demuestra que, de vez en cuando, también la Unión Europa puede hacer oír su voz. 
Veremos qué pasará. 
Como segunda cuestión, no obstante, deseo recalcar que en los entresijos de este asunto que, sin duda, se ha llevado hasta el exceso, se adivina el problema de fondo de la política de los derechos humanos que no debe ser infravalorado «tirando las frutas frescas con las pochas» , ya que me parece que saber en qué medida nuestra política de cooperación depende de los derechos humanos, representa un problema que, gracias también a la ley Helms-Burton, se ha planteado también en nuestra propia casa. 
Señor Presidente, por lo que se refiere a las cuestiones de procedimiento acaban de intervenir los Sres. Medina y Plooij. 
Deseo hacer ahora una referencia a las cuestiones de fondo. 
Antes que nada, la inconsistencia de las garantías ofrecidas por los Estados Unidos en orden a la suspensión de los efectos de su legislación con respecto a los operadores europeos. Dicha inconsistencia nos fue clamorosamente confirmada hace unos días a través de Internet y es realmente extraño que ni el representante de la Comisión ni el del Consejo informaran de ello al Parlamento. 
Me refiero a la enmienda nº 1486 a la ley llamada de la «Libertad» , votada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos el pasado 6 de mayo, a raíz del acuerdo entre los representantes de Clinton y el Sr. Leon Brittan. 
En la enmienda al capítulo IV de la ley, relativa a los visados, el secretario de Estado se comprometió a elaborar en el plazo de 30 días una lista detallada de todas las sociedades y de todas las personas que no ya no estarán sujetas a sanción, así como de los motivos, caso por caso, en cuya virtud se acordará dicha exención. 
Como sus Señorías pueden comprobar, estamos ante la elaboración de listas negras, un hecho extremadamente grave que coloca en un contexto alarmante las mismas ventajas que pretende el acuerdo, ya que la única finalidad de dichas listas será ejercer una presión directa sobre las empresas implicadas, a fin de que interrumpan cualquier relación con La Habana bajo pena de boicot en el gran mercado americano. 
Sin embargo, la cuestión es todavía más grave en líneas generales. 
Tal como se reiteró en las declaraciones del Consejo y de su representante en este Pleno, la Unión Europea considera la extraterritorialidad de la legislación inaceptable desde el punto de vista jurídico y como premisa. 
Este Pleno expresó la misma condena. 
Pues bien, en el acuerdo no existe ningún atisbo de las posiciones europeas, ni tampoco se hace referencia alguna a una de las mayores violaciones perpetradas en este contexto, esto es, la detención en los Estados Unidos desde hace un mes y medio de un ciudadano español contra el cual se solicita una pena de cien años, porque se le considera culpable de haber mantenido relaciones comerciales con Cuba. 
Señor Dell ' Alba, recuérdelo cuando habla de derechos humanos. 
Y esto en base a una ley anterior a la Helms-Burton, esto es, la ley del comercio con el enemigo. 
Ahora bien, ¿qué valor tiene en este contexto la suspensión de los efectos extraterritoriales de la ley HelmsBurton con respecto a los europeos? 
Creo que un grave valor político, dado que los europeos ya no se verán afectados por ella, pero todos los demás sí, por ejemplo, los canadienses y los mexicanos, además de los Estados más frágiles del Centro y de Sudamérica. Y esto, porque nosotros, haciendo uso de nuestro poder, nos hemos, algo vergonzosamente, puesto a salvo y hemos dejado a los demás, más aislados y abandonados a la represalia americana. 
El procedimiento instado ante la Organización Mundial del Comercio tenía la finalidad de poner en tela de juicio los principios. 
Ahora, hemos hecho esta operación, esto es, hemos renunciado a afirmar estos principios. Ahora bien, creo que la evaluación de los intereses europeos no puede ser tan mezquina como para que no comprendamos que vale más salvar nuestra credibilidad política que algunos negocios. 
Señor Presidente, lo que ha dicho Sir Leon Brittan sobre el compromiso Helms-Burton en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos es un escándalo. 
Durante años ha alabado a la OMC como modelo de ley y orden, como rules based system, y de repente opina que no hay que tomarse tan en serio las normas. 
Pero las leyes deben ser el arma del débil para defenderse de los abusos del poderoso. 
La OMC era necesaria para que- así se nos recalcó siempre- los EE.UU y, por ejemplo, Swazilandia, estuviesen sometidos a las mismas reglas. 
Pero todo esto es música pasada. 
La UE ha interrumpido el procedimiento ante la OMC pues tiene miedo a ganar. 
Pues los EE.UU ya antes de la creación de la OMC amenazaron con retirarse de nuevo si se decidía tres veces en contra sus intereses. 
¡Hasta aquí podíamos llegar! 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, Sir Leon Brittan ha comparado las negociaciones de la OMC con una partida de póker. 
Exacto. 
Sólo que los americanos son mejores jugadores de póker. 
Tienen la banca, han lanzado un astuto farol y Sir Leon Brittan se ha echado atrás con un royal flush en la mano. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo siempre ha estado en contra de esta partida de póker de la OMC. 
Estamos a favor de un fair play en el comercio mundial, de unas oportunidades justas y no del derecho del más fuerte, de aquél que puede apostar más dinero. 
Europa debería haber indicado que las normas son válidas para todos, tanto para los grandes como para los pequeños. 
Pero de este modo se pierde el resto de credibilidad. 
Estamos a favor de una reforma de la OMC. 
Desde un principio nos hemos pronunciado en favor de otras reglas, como mayor transparencia, control democrático y responsabilidad social y ecológica. 
En lo que se refiere a la admisión de China en la OMC, se repite continuamente que tenemos que mostrar a los chinos que hay que respetar las reglas si se quiere participar. 
¿Creen realmente que los chinos no leen los periódicos? 
Señor Presidente, señoras y señores, en esta cuestión no quiero blandir tanto el martillo de herejes sino centrar mis críticas en una cuestión técnica, a saber, la frustración del Parlamento por no haber sido consultado en una cuestión esencial. 
No sé cómo nos habríamos comportado si Sir Leon Brittan nos hubiese consultado antes y aclarado la situación, si quizás no habríamos dado también nuestro asentimiento. 
Esto ya no se va a poder aclarar. 
Pero en una cuestión como la ley Helms-Burton, en la que el Parlamento expuso su opinión cuando el Consejo y la Comisión dudaban sobre la dureza con que había que proceder, no se puede abrazar primero al Parlamento y prometerle trabajar estrechamente y adoptar luego una decisión de la que nos enteramos a través de los periódicos, para decir a continuación que no se podía actuar de otro modo. 
Esta es una cuestión básica y ruego encarecidamente a la Comisión que no actúe así frecuentemente con el Parlamento. 
La Comisión REX competente para el fondo que ha participado en todos estos trabajos tampoco ha sabido nada. 
Sir Leon Brittan, hemos expuesto esto detalladamente a la Comisión REX pero sólo anteayer pues no hemos tenido ninguna posibilidad de hacerlo antes. 
En lo esencial se trata de lo siguiente: el Congreso ha aprobado una legislación contraria al derecho internacional. 
Todos hemos acordado que esto debe regularse a través de la OMC, pues es algo inadmisible. 
El Congreso se ha reído de Europa. 
Ante esta situación, es necesario un determinado modo de actuar, para que el Congreso, a quien le toca mover ficha, ya que Clinton intenta aplicar el resultado, no tenga la impresión de que a la postre es el ganador, pues se mantienen las partes esenciales de la ley que nosotros consideramos como contrarias al derecho internacional. 
De ahí mi ruego a la Comisión: queremos seguir trabajando con usted en una relación plena de confianza. 
Pero, por favor, adopte las medidas para que esta confianza esté justificada en su totalidad y no actúe, por así decirlo, en base al lema «aquí consulto y aquí no». 
Por ello, nuestra crítica en esta cuestión es de naturaleza técnica pero también de fondo. 
Señor Presidente, conviene ante todo preguntarse si el problema Helms-Burton es realmente competencia de este debate de urgencia. 
En ese sentido, hubiera sido útil la presencia del Consejo. 
Lamento, igualmente, la ausencia de Sir Leon Brittan. Este último indicó a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores que había recibido un mandato del Consejo para negociar fuera de la OMC con los Estados Unidos y que había obtenido, no un acuerdo, sino un arreglo. 
Este «arreglo» , y la palabra no deja de preocuparme, ¿estará encaminado a frenar el pragmatismo cínico y egoísta de la política norteamericana? 
¿No se corre el peligro, una vez más, de dar prioridad a los intereses económicos en los intercambios mundiales, en detrimento de la democracia y de la defensa de los derechos humanos? 
Sin embargo, en el seno de este Parlamento hemos reafirmado en muchas ocasiones estas exigencias. 
Puesto que, Señorías, hay que ser conscientes de que a través de la cuestión de las relaciones con los Estados Unidos, en que el problema Helms-Burton no es más que un ejemplo, lo que está en juego es la credibilidad de la Unión Europea. 
¡Mostrémonos firmes y decididos, si no serán otra vez los euroescépticos quienes nuevamente sacarán provecho de ello! 
Señor Presidente, yo creo que no se puede defender lo indefendible. 
Y la verdad es que el régimen cubano constituye un anacronismo en el concierto iberoamericano de naciones y en el mundo. 
La democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos son sistemáticamente desconocidos y sojuzgados en Cuba. 
Esto naturalmente, señor Presidente, no quiere decir que instrumentos como los que pone en marcha la ley Helms-Burton sean admisibles y puedan coadyuvar a la realización de estos valores. 
La ley Helms-Burton no nos gusta. 
Y no nos gusta por tres razones fundamentales. 
En primer lugar, porque incrementa el sufrimiento- ya de por sí insoportable- del pueblo cubano. 
En segundo lugar, porque establece un principio de extraterritorialidad que viola la conciencia más laxa de cualquier Estado soberano- entiendo que los Estados miembros de la Unión Europea son Estados soberanos-. 
Y este principio, señor Presidente, debe formar parte, como condición esencial, del acuerdo firmado entre la Comisión y la Administración Clinton, aunque hay un problema de credibilidad que se plantea y es el hecho de que una cosa es la Administración Clinton y otra el Congreso de los Estados Unidos. 
La tercera razón por la que no nos gusta este acuerdo es porque, tras treinta años de políticas de esta naturaleza, no se ha avanzado ni un ápice en la promoción de la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, como este Parlamento pide para Cuba. 
Señor Presidente, deberá usted creerme que Sir Leon habría tenido el placer de usar la palabra personalmente en esta ocasión como hizo ayer por la tarde de manera extensa en el seno de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Sin embargo, me ha pedido hoy que lo reemplace en esta sesión plenaria ante su absoluta incapacidad de hallarse presente. 
Sabe usted además que en espera del envío formal del texto y de las conclusiones correspondientes del Consejo se ha enviado ya por consiguiente a este Parlamento, a través de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores el texto efectivo del acuerdo. 
Respondiendo a las intervenciones me parece adecuado señalar una vez más con hincapié en el hecho de que en realidad este informe carece de todo efecto jurídico vinculante siendo sólo un acuerdo de índole política, que no ha sido concebido como una solución definitiva del desacuerdo existente entre la Unión Europea y Estados Unidos en lo referente a la ley Helms-Burton y a la ley d ' Amato, que también la Unión se opone tajantemente a embargos secundarios unilaterales con efectos extraterritoriales y que únicamente la retirada de este tipo de legislación, o por lo menos sus aspectos extraterritoriales pueden allanar de manera definitiva y efectiva nuestros contenciosos. 
Lo que se ha alcanzado ahora, no es pues otra cosa que un arreglo provisional, un acuerdo de transición si se quiere, consistente en lograr nuestro consentimiento en cuanto a la suspensión, y no a la supresión, tal como se declaró anteriormente, del panel de la OMC, es decir a suspenderlo a cambio de las promesas por parte de Estados Unidos. 
No se trata pues en modo alguno, aunque tampoco lo he oído aquí esta tarde, de que desaparezca como tal dicho panel, pero nos hemos reservado explícitamente el derecho de reanudar en cualquier momento dentro del próximo año la actuación de dicho panel o de iniciar, una vez transcurrido ese período de un año, los procedimientos para el funcionamiento de un nuevo panel en el supuesto de que Estados Unidos reasuma acciones desfavorables para los intereses de nuestra Unión. 
En ese caso se tratará de una acción tal como la descrita en el propio acuerdo y además en las conclusiones del Consejo. 
Es infundado por consiguiente afirmar que la Comisión haya procedido a algún tipo de concesiones a las autoridades norteamericanas. 
Nuestra estrategia consiste concretamente en la necesidad de búsqueda de soluciones a litigios internacionales como lo referente a propiedades confiscadas basándose en el derecho internacional o en deliberación recíproca entre los países interesados y la imposibilidad de que ciertos Estados impongan a otros sus propias legislaciones, es decir el rechazo del concepto de extraterritorialidad. 
A cambio de nuestras promesas de debatir sobre la cuestión de propiedades confiscadas hubimos de recibir de parte norteamericana la promesa y la seguridad de que se mantiene vigente la suspensión del título 3 de la ley HelmsBurton y de que se procederá a una modificación del título 4 de la referida ley; es sabido que el artículo 3 concierne el derecho de antiguos propietarios de bienes confiscados en Cuba de entablar procesos judiciales en Estados Unidos contra empresas o particulares que hayan invertido en dichas propiedades o que hayan adquirido estas últimas y que el título 4 se refiere a la imposibilidad de acceso al territorio norteamericano de extranjeros que comercien con propiedades confiscadas en suelo cubano. 
A este respecto deseo señalar que el proyecto del título 4 no contiene ninguna disposición en cuanto a la suspensión provisional de su aplicación y que Estados Unidos ha alegado continuamente que una modificación de esa legislación sería imposible en el sentido de que la promesa norteamericana alcanzada en la actualidad gracias al acuerdo de tratar de alcanzar una modificación que haga posible la derogación de la aplicación del título 4 deberá considerarse ya como una importante concesión por parte de Estados Unidos. 
Por lo demás el acuerdo alcanzado ha logrado evitar verdaderamente, vuelvo a insistir en este hecho, una seria confrontación que habría podido socavar gravemente a la OMC, a la organización multilateral de comercio y a su significación. 
El acuerdo fue elaborado además a petición de los Estados miembros. 
Deseo subrayar una vez más que el Consejo de Asuntos Generales del 24 de febrero pasado expresó su consternación por lo exiguo de los avances alcanzados en nuetros contactos con las autoridades norteamericanas con vistas a justificar una suspensión de la acción de la OMC, recalcando el Consejo en esa ocasión que la Unión se hallaba dispuesta a continuar en la búsqueda de una solución bilateral general y que en tal caso habría de procederse a la supresión o en todo caso a una suspensión del panel. 
Fue ésta la base sobre la cual la Comisión estableció ese acuerdo con Estados Unidos. 
En una serie de resoluciones presentadas, se alega el hecho de que el Parlamento Europeo no estuvo lo suficientemente informado o consultado sobre la evolución de las negociaciones. En las intervenciones efectuadas en el día de hoy se hace alusión igualmente a este hecho. 
Deseo señalar no obstante que los representantes de la Comisión a todos los niveles, incluyendo a los directores generales así como el comisario responsable de esta materia, no dejaron de aprovechar la oportunidad de informar a Sus Señorías y a las comisiones relevantes en cuanto a los avances de la cuestión. 
Encima de ello, el Parlamento se vio enteramente implicado en el establecimiento del reglamento antiboicot de la Comunidad que constituyó un importante factor destinado a hacer presión sobre el gobierno norteamericano. 
Puedo añadir a este respecto que ni al Congreso Norteamericano, ni a este Parlamento se solicitó la ratificación de este acuerdo por tratarse de un documento político y no de un acuerdo formal internacional. 
Tanto la Comisión como los Estados miembros tuvieron que tener en cuenta las amenazas norteamericanas de boicotear el panel invocando para ello la derogación por razones de seguridad nacional, un derecho que por lo demás se reconoce a todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
Y suponiendo que Estados Unidos hubiese boicoteado el panel, habría resultado necesario recurrir al mecanismo destinado a zanjar conflictos en el seno de la OMC en una situación extremadamente grave y controvertida que habría minado muy seriamente el respaldo estadounidense a todo el sistema multilateral. 
Estimamos que las amenazas de Estados Unidos en el sentido de proceder a un boicot son injustificadas, que no haya ningún malentendido al respecto. 
No obstante, era obligación de la Comisión el analizar detalladamente todas las posibles consecuencias de su acción. 
Tuvimos que tomar en consideración igualmente el hecho de que pese al convencimiento de la Unión Europea de tener razón en la cuestión y de estar persuadida por ende que habría sido posible alcanzar el respaldo del panel, nunca puede predecirse por supuesto con seguridad el fallo de un asunto judicial. 
El punto de mayor interés fue sin embargo el hecho de que la suspensión del panel no dejaba de ofrecer la oportunidad de seguir ejerciendo presión sobre la política seguida por Estados Unidos. 
De haber persistido en nuestra posición, sin dar nuestro brazo a torcer, independientemente de la posibilidad o no de triunfar, no habríamos alcanzado ningún avance en lo referente a la ley d ' Amato que escapa al ámbito de la OMC. 
Persistir en el funcionamiento habría creado además un clima político en el cual Estados Unidos se habría visto más propenso a poner en aplicación efectivamente la ley d ' Amato y a rechazar su suspensión. 
Ante este trasfondo desearía echar un vistazo junto con Sus Señorías a los puntos principales del acuerdo y señalar los resultados alcanzados. 
El acuerdo nos brinda una mayor seguridad en lo referente a la prolongación de la suspensión del título 3, que se supone quedará vigente durante todo el mandato presidencial de Clinton, lo cual se halla estipulado en el texto del acuerdo. 
Y además de ello, las autoridades estadounidenses han consentido en celebrar convenios sobre medidas disciplinarias correspondientes a próximas inversiones en propiedades confiscadas ilegalmente y encima de ello fomentar principios en materia de jurisdicciones conflictivas con efectos extraterritoriales, a cambio de lo cual el gobierno norteamericano habrá de consultar al Congreso de ese país a fin de contar con la posibilidad de suspender efectivamente el título 4. 
Las nuevas sanciones en materia de inversiones en propiedades confiscadas no habrán de limitarse al caso de Cuba, debiendo quedar limitadas en cambio al ámbito de aplicación y a sus consecuencias. Dichas sanciones se aplicarán exclusivamente a propiedades de Estados por adquirir en el futuro o a transacciones relacionadas con esta categoría de propiedades. 
Esto no puede representar estorbo alguno al derecho de desarrollar o vender inversiones existentes, derecho que además no tenemos la menor intención de implicar en las negociaciones. 
Bien que no quede excluido el peligro de nuevas medidas, el presente acuerdo no deja de constituir un poderoso elemento que desalentará a Estados Unidos el emprender medidas contra empresas o particulares de la Unión Europea. 
Se nos ha prometido igualmente que el título 4 habrá de aplicarse con suma cautela. 
De hecho, la Unión Europea sigue conservando todos sus derechos en el seno de la OMC en caso de que se adopten medidas desfavorables a empresas o a personas de la Unión Europea. 
Y el acuerdo norteamericano de cooperar con nosotros en la búsqueda de una solución en materia de jurisprudencias conflictivas constituye una importante innovación que habría de permitir a poner coto a la próxima legislación extraterritorial unilateral de Estados Unidos. 
Pese a que, tal como ha sido afirmado, la ley d ' Amato escapa al ámbito del panel de la OMC, Estados Unidos ha prometido esforzarse por satisfacer las disposiciones en el marco de la ley a fin de conceder una exoneración multilateral a los Estados miembros de la Unión con respecto a Irán así como una exoneracion individual a empresas relacionadas con Libia. 
Se trata de una importante promesa efectuada por Estados Unidos. 
Nos esforzaremos ahora a fin de asegurar la exoneración multilateral con respecto a Irán cuando el Presidente Clinton presente, el próximo 5 de agosto o antes de esa fecha, su informe al Congreso. 
¿Cuáles han sido las concesiones que hemos hecho a cambio de todo esto? 
Hemos convenido en suspender el panel de la OMC- e insisto en su suspensión y no su supresión. 
Además de ello, hemos conservado todos nuestros derechos de poner en funcionamiento de nuevo el panel en el punto en que ha quedado ahora en caso de que, tal como señalé anteriormente, se emprendan medidas en contra de empresas o de particulares de la Unión Europea a tenor de los títulos 3 ó 4 de la ley Helms-Burton o de que se supriman o no se prolonguen exoneraciones estipuladas por la ley d ' Amato. 
Para concluir, señor Presidente, deseo recordar que este acuerdo no constituye ningún reglamento completo sino que brinda un importante margen de seguridad para la defensa de los intereses europeos frente a las citadas leyes norteamericanas. 
A cambio de ello nos hemos limitado a suspender sólo el panel y a aprobar el desarrollo de sanciones en materia de investigaciones en propiedades confiscadas, mientras que siguen válidas nuestras amenazas a través de un panel de la OMC, conservando de este modo un importante medio de presión sobre Estados Unidos. 
Esta opción de un reglamento negociable presenta la ventaja de tomar igualmente en consideración los avances obtenidos en cuestiones fuera de la competencia del panel, como ha sido señalada por ejemplo la ley d ' Amato. 
Habremos de informar periódicamente al Parlamento sobre la evolución de estas negociaciones y creemos que la política escogida ofrece además una perspectiva adecuada a una solución de tipo más permanente para el problema general de las medidas extraterritoriales unilaterales por parte de Estados Unidos. 
Gracias, señor Comisario, por su extensa respuesta, que ha sobrepasado el tiempo de uso de la palabra. 
Dos diputados han pedido la palabra y, aunque no dispongamos de tiempo para ello, concederé 20 segundos a cada uno, si así lo desean. 
Señor Presidente, he seguido con toda atención las explicaciones que nos ha dado el señor van den Broek, que desde luego le agradezco. 
Pero hay una pregunta que no me resisto a hacerle y es por qué la Comisión, que ha perdido el panel del plátano en la Organización Mundial del Comercio, que ha perdido el panel de las hormonas, el único panel en el que realmente tenía visos y bazas para ganar, ha buscado una solución consensuada con carácter previo, cuando están en litigio cuestiones tan importantes como el principio de extraterritorialidad de la ley y la misma instancia de la Organización Mundial de Comercio como instrumento para dirimir esta clase de conflictos. 
¿No piensa el señor van den Broek que es un síntoma de debilidad de la Comisión el hecho de que la cuestión del único panel que tenemos realmente posibilidades de ganar, la haya resuelto la Comisión por la vía consensual en vez de resolverla en las instancias de la OMC? 
Señor Presidente, señor Comisario, usted ha expuesto la base en la que se sustenta el acuerdo. 
El aspecto central de nuestra crítica se refiere a esta ley contraria al derecho internacional. 
Si le he entendido bien, usted acepta que la ley siga existiendo bajo la condición de que se respeten las condiciones del acuerdo y mientras tanto el péndulo del reloj se detiene. 
¿Qué posibilidades y oportunidades tenemos como Unión Europea y qué medios quiere usted aplicar para suprimir también esta ley contraria a derecho por parte del Congreso? 
Señor Presidente, repito una vez más que a lo sumo podría hablarse de un acuerdo sobre un armisticio. 
No se trata de un acuerdo de paz. 
Dicho de otro modo, el año próximo deberá aprovecharse para ver si es posible llegar a semejantes acuerdos recíprocos para que más tarde se nos eviten los efectos de esta legislación extraterritorial. 
Tan pronto se presente la amenaza de que esto no sea viable, existe por supuesto la posibilidad de una reanudación del panel. 
En caso de que se aduzca que teníamos aquí una óptima oportunidad, que por qué no prometió usted eso enseguida, me cabe contestar que se trata sencillamente de una consideración de intereses. 
Sabiendo que de parte norteamericana se juega seriamente con la idea de invocar a la exoneración por intereses de seguridad, que por lo demás se reconoce a todo país miembro de la OMC, hemos pensado sin embargo en aprovechar aún ese período para ver si esta especie de paz armada puede transformarse en una paz duradera y menos agresiva. 
Respondo pues igualmente al Sr. Kittelman, que tan pronto como nos demos cuenta que lo que actualmente contemplamos resulta inalcanzable, o que dentro de un año sigue sin perfilarse será posible recurrir de nuevo a la solución del panel. 
De otro modo sigue abierta en todo caso la posibilidad, después de un año, de poner en marcha un nuevo procedimiento para un panel. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes seis propuestas de resolución: 
B4-0358/97 del Sr. Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Irán; -B4-0374/97 de la Sra. García Arias, en nombre del Grupo del partido de los Socialistas Europeos, sobre Irán; -B4-0402/97 de los Sres. Dupuis y Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Irán; -B4-0408/97 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las relaciones UE/Irán; -B4-0430/97 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Irán; -B4-0433/97 del Sr. Dimitrakopoulos y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre Irán. 
Señor Presidente, ¿Cuándo van a escucharnos? 
Un régimen como el de Irán, que en su propio país no deja espacio alguno para la crítica, que reprime cualquier conato de pensamiento o acción independiente, y que tortura, mutila y asesina a sus propios ciudadanos si no se someten- no escucha lo que el Parlamento Europeo tiene que decirle. 
A un régimen- como se ha comprobado recientemente- que al mismo tiempo alquila asesinos a sueldo a quienes encomienda misiones en otros países, y que incita a sus seguidores a que asesinen a ciudadanos extranjeros- no le interesa lo que tenemos que decirle. 
¿Son inútiles nuestros debates y la resolución de hoy? 
No, en absoluto. 
Nuestro mensaje es un mensaje dirigido a los que esperan, luchan, sufren y mueren por la convicción de que la oscuridad puede disiparse. 
Es un mensaje consistente en que su esperanza y sus esfuerzos son justos, y que aquellos que mueren no mueren en vano. 
¿Son buenos demócratas todos los que se oponen al régimen de Teherán? 
Seguramente, no. Del mismo modo en que no era una democracia el estado policial del Sha, sobre cuyas ruïnas han construido los ayatolas su reino de verdugos. 
Pero la resistencia democrática existe y se desarrolla. 
Cada vez son más los iraníes que participan, y es a ellos a quienes el Parlamento Europeo quiere dar el apoyo incondicional de Europa. 
Contra toda represión ideológica, contra las torturas y las ejecuciones, contra el régimen de Irán, exclamamos: ¡Demócratas del mundo, uníos! 
Señor Presidente, permítame que realice una breve observación sobre el debate anterior. Cuando se tiene miedo a perder todo en la OMC o cuando realmente se pierde, la Comisión debería reflexionar sobre si el equilibrio de fuerzas entre América y Europa es el que debería existir en el marco de la OMC. 
Pero esto es sólo una observación sobre el debate anterior. 
Cuando hoy hablamos sobre el Irán, sin duda se encuentra en primer plano nuestra simpatía y solidaridad con las víctimas del grave terremoto, lo que debemos decir claramente a pesar de todas las diferencias que nos separan del Estado y régimen del Irán. 
En segundo lugar, se encuentra nuestra simpatía y apoyo a las víctimas no solamente del terremoto sino del terror político y de la persecución de la «fatwa» si pensamos, por ejemplo, en Salman Rushdie, quien sin duda es la persona más destacada pero no la única que padece bajo persecución. 
Nos encontramos ante las ruinas de un diálogo crítico que no quiero condenar totalmente de antemano o ahora a posteriori, pero que ha sido o demasiado poco crítico o demasiado poco diálogo. 
De lo que ha adolecido desde el principio el diálogo crítico es que no ha sido un diálogo conjunto de la Unión Europea sino un diálogo individual, mantenido por pocos Estados y que no fue posible porque en el propio Estado apenas existía consenso para mover relmente algo en la política del Irán. 
Por ello, me parece correcto que este llamado diálogo crítico se haya suspendido pues no hay base para el mismo, no sólo a causa de la llamada sentencia Mikonos sino porque no ha movido realmente nada decisivo. 
Por ello, ha sido acertado suspenderlo. 
Estoy muy satisfecho- y el Comisario Marín lo ha expresado también esta semana- de que al menos ahora exista solidaridad entre todos los países de la UE y de que no se produzca el retorno de embajadores aislados, lo que no puede aceptar la Unión Europea. 
Aunque la causa de esta unidad en política exterior sea triste, al menos existe dicha unidad. 
Creo que es necesario proseguir un diálogo con todas aquellas fuerzas- independientemente de dónde se encuentren- que están a favor de la democracia y están dispuestas a llevar al Irán por la vía de la democracia. 
Puede que sean también ciertos elementos marginales del régimen pero son muchos en la oposición. 
Quiero indicar que, a la inversa, no todos los que se encuentran en la oposición son automáticamente amigos de la democracia. 
Señor Comisario, en este sentido espero que la Comisión y el Consejo hagan todo lo que sea necesario para favorecer los cambios en el Irán en el sentido de la democracia y de un amplio bienestar social y económico. 
Ya no es posible seguir con el modo de proceder seguido hasta ahora durante los últimos años. 
Hay que impulsar una política común de diálogo con las fuerzas democráticas del Irán. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en lo esencial con lo que acaba de decir el Sr. Swoboda. 
Considero, sin embargo, que existe un problema político a largo plazo. 
La Unión Europea tuvo una reacción positiva al decidir el regreso de sus embajadores. 
Pero tengo un punto que plantear quizá al Comisario van den Broek. 
No es del todo seguro que el embajador italiano haya regresado, como sus demás colegas. 
Este caso queda por aclarar. 
¿Qué nueva política debemos aplicar con respecto al Irán? , porque, como se ha señalado, todos estamos de acuerdo en renunciar al «diálogo crítico». 
¿Qué política debe seguir la Unión, y no los Estados miembros, a medio y a largo plazo? 
¿Qué ayudas hay que prestar a los movimientos de oposición democráticos iraníes para fortalecerlos? 
¿Es posible pensar en crear, por fin, una emisora europea, una voz de Europa para los iraníes, con el fin de que ya no estén sólo informados por la radio oficial del régimen de los mullah? 
Estas son las preguntas que pueden formularse entre muchas otras. 
Sería quizá interesante saber lo que piensa hacer la Comisión para desarrollar esta nueva política. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que la sentencia del proceso Mykonos no hace otra cosa que corroborar lo que ya se sabía, o sea, y es preciso reiterarlo, que las autoridades políticas, institucionales y religiosas iraníes están detrás de la política de terrorismo de Estado que se materializa a través del asesinato de los disidentes en el extranjero y de la represión de toda manifestación política en el interior, así como en la negación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. 
El Sr. Svoboda acaba de manifestar que el diálogo crítico de la Unión Europea con el régimen iraní no ha dado los resultados esperados, esto es, el legítimo intento de apoyar las «fuerzas reformistas» iraníes contra el oscurantismo de la corriente extremista de ese país. 
Por el contrario- hay que ser claros- ese diálogo crítico parece, de hecho, el instrumento de legitimación internacional de esta política de terrorismo de Estado y, por consiguiente, estoy muy contento de la decisión del Consejo de poner fin a este diálogo crítico, a pesar de considerarla muy tardía. 
Me permito, además, pedir algo más, o sea, que se ponga fin a la cooperación económica y comercial con Irán mientras este país no ponga fin al que parece uno de los Gobiernos más oscurantistas que se conocen. 
Permítanme asimismo manifestar el apoyo de todo mi Grupo además del mío personal a las fuerzas democráticas que, en Irán y en el extranjero, luchan a diario para la construcción de un Irán democrático y laico. 
Por último, considero que, a fin de tener una visión todavía más clara de la situación en dicho país, el Consejo y la Comisión deben entablar un diálogo también con estas fuerzas. 
Muchos de los representantes de esta resistencia en el extranjero fueron bárbaramente asesinados, incluso en nuestras capitales, por agentes iraníes procedentes de Teherán. 
Éste fue el caso del representante de la resistencia iraní en Italia, que fue asesinado y de cuyo asesino se conocen su nombre y apellidos, así como sus funciones en la embajada iraní. 
Y es precisamente en nombre de estas personas que considero que hoy la Unión Europea debe dar un giro radical a su política con respecto a Irán. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero realizar una diferenciación básica cuando adoptamos una posición política: por un lado, se trata del comportamiento contrario a las normas del derecho internacional de los dirigentes del Estado iraní y, por otro, de las medidas que debemos adoptar en favor de las víctimas del terremoto originado en el Noroeste del Irán. 
Creo que hay que ayudar a estas personas; se trata de humanidad y de ayuda de urgencia. 
Queremos expresar a estas personas y a sus familias nuestra condolencia y solidaridad y espero que con el programa ECHO se ponga lo más rápidamente a disposición dicha ayuda de urgencia. 
Pero esto no nos debe impedir que en el debate político y en el comportamiento cotidiano condenemos el terrorismo de Estado que hay en el Irán y que adoptemos las medidas adecuadas. 
En la sentencia Mikonos del 10 de abril se ha mostrado claramente que políticos de primera línea iraníes dieron la orden para el asesinato de opositores iraníes, lo que ocurrió también en abril de 1989 cuando el dirigente kurdo Abdul Rahman Ghassemlou fue asesinado en Viena. 
Esto es inadmisible. 
Tal como ya se ha dicho antes, la Unión Europea debe actuar con claridad. 
Si las informaciones que tengo son ciertas, me pregunto porqué está aún en el Irán el embajador italiano. 
Quizás pueda decirnos algo al respecto el Sr. Presidente de la Comisión. 
Por otro lado, es necesario seguir también una política de pequeños pasos. 
Hay que conceder asilo en la Unión Europea a los opositores demócratas y no puede ser que para la concesión de este asilo se recabe la opinión política del Irán, tal como ocurre en la República Federal de Alemania. 
Creo son contradicciones políticas que la Unión Europea debe superar lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, creo que el debate muestra que estamos de acuerdo en un punto: condenamos sin reservas la política de terror que ejerce el gobierno de Irán. 
Al mismo tiempo, creo que coincidimos en que el problema llamado Irán no puede solucionarse hoy por hoy con una mera condena de las acciones y omisiones del régimen. 
El segundo punto, que también es muy grave, es que la política hasta ahora adoptada por la Unión Europea, es decir, la política del diálogo crítico, por muy correcta que haya sido su concepción teórica, no ha tenido resultados: más bien al contrario. 
Por consiguiente, el diálogo crítico debe cesar y con razón se pide que cese. 
Esto no significa que sobre todo el Consejo- porque la Comisión está presente y activa, mientras que el Consejo se ausenta de todos estos debates, porque supuestamente no son muy importantes- no tenga la obligación de presentar una nueva concepción política acerca de cómo debería enfrentarse la Unión Europea al problema de Irán. 
Nosotros esperaremos hasta que la necesidad imponga que el Consejo nos presente algún día una directriz política, espero que antes del fin del siglo. 
El otro tema es que debemos empezar a pensar con vistas al futuro. 
Dentro de Irán hay fuerzas democráticas y con sentido para las relaciones internacionales. 
Nos incumbe a nosotros enviar un mensaje a estas fuerzas para que continúen su lucha por la modernización y la democratización de Irán. 
Señor Presidente, el Irán tiene graves problemas financieros y económicos así como de derechos humanos, problema éste que, a la postre, afecta a aquella región. 
La población desea bienestar y seguridad social, pero las enormes inversiones militares causan a la región muchos problemas. 
La política de confrontación no ha aportado nunca éxitos económicos, pero sí pobreza y desesperación para amplias capas de la población y orgullo sólo para unos pocos. 
Sin duda, intelectualmente es mucho más difícil buscar un consenso y pensar en alternativas. 
Europa debería ser un ejemplo. 
Analicemos primero los problemas, al menos hasta la elección y ofrezcamos después soluciones. 
Apoyemos aún más intensamente a aquellos círculos que buscan la cooperación. 
Señor Presidente, resultó necesario el fallo de una jurisprudencia berlinesa para convencer a los ministros europeos a suspender el denominado «diálogo crítico» con Irán que se había iniciado en 1992. 
En realidad podía haberse comprobado mucho antes de que esta relación ofrecía muy escasos resultados. 
El fallo del Tribunal de Berlín constituye pues un elemento positivo para revisar las relaciones europeas con Irán. 
La pregunta consiste en qué relaciones debe mantener la Unión Europea con un país en el cual se comprueba en la actualidad que sus dirigentes políticos y religiosos mantienen un consejo secreto encargado de liquidar a los opositores políticos en cualquier parte del mundo con lo cual se hace reo este país de una grave violación de los derechos humanos. 
A esto debe añadirse que Irán constituye al mismo tiempo una amenaza para la estabilidad política en la región del Próximo Oriente. 
Es de todos sabido que el país se halla ocupado a crear en breve plazo un vasto arsenal de armas no sólo convencionales, sino también químicas y biológicas. Existen incluso indicios de que Irán dispone presumiblemente de armamentos nucleares. 
Encima de ello, debe señalarse la negativa actitud desplegada por Irán con respecto al proceso de paz en el Próximo Oriente. 
Mediante su apoyo al Hezbollah shiita activo en el Líbano y al movimiento Hamas en los territorios autónomos palestino se propone Irán como objetivo entorpecer las discusiones de paz entre Israel y sus países árabes vecinos. Y esto mientras la Unión Europea y Estados Unidos despliegan todos los esfuerzos por alcanzar relaciones pacíficas en la región del Próximo Oriente. 
En este contexto, resulta extremadamente insatisfactorio que la Unión y Estados Unidos asuman actitudes totalmente divergentes en lo tocante a Irán. 
Entretanto saca partido generosamente este país asiático de las actuaciones diplomáticas divididas e imprecisas de los Estados miembros. 
Es muy improbable que las autoridades iraníes rectifiquen su política bajo presión occidental, aunque estos países no dejan de tener sumo interés en unas buenas relaciones con los países de la Unión. 
Deberá quedar bien clara la imposibilidad de mantener un diálogo con Irán mientras este país no se muestre dispuesto a poner término a sus actividades terroristas, se niegue a asumir una actitud constructiva con respecto al proceso de paz y a reconocer el derecho de existencia de Israel. 
Conjuntamente con Estados Unidos deberá poner en práctica nuestra Unión una política exterior que transmita este claro mensaje a las autoridades iraníes. 
Señor Presidente, en primer lugar, creo que todos los Estados miembros tenemos que mostrar solidaridad en el caso de la crisis diplomática con el Irán. 
Y en segundo lugar, en cuanto a la tragedia del terremoto, pedimos- como pide toda la opinión pública internacional y europea- una acción inmediata, pero yo quería saber si la Comisión está segura de que la ayuda se va a distribuir directamente. 
En este sentido, tenemos noticias de que hay censura, de que se están reprimiendo incluso manifestaciones de dolor y de protesta de las poblaciones del área. 
Y mi pregunta a la Comisión Europea es si va a distribuir directamente la ayuda para asegurarse de que efectivamente llegue a los afectados y no sea manipulada por este régimen que utiliza sus poderes de forma absoluta. 
Deseo dar las gracias al Sr. Van der Broek por su presentación tan pormenorizada en lo que se refiere a Irán, pero para que no haya malentendidos, quisiera explicarme. 
No debe, ni debiera interpretarse que con mi comentario acerca del diálogo crítico he querido decir que el diálogo crítico aplicado hasta ahora haya sido una política equivocada. 
No: es una política que no ha producido los resultados deseados. 
En segundo lugar, ahora es el momento de, en lugar de finalizar simplemente el diálogo crítico, aprovechar la situación y reconsiderar una política global de conjunto en lo que respecta a Irán. 
Querría pedirle, señor Comisario, que transmita este mensaje como resultado del consenso de nuestra Asamblea. 
Es el momento de concebir ideas e ir un poco más lejos, no necesariamente con sanciones, sino con una política global de conjunto hacia Irán en vista de lo que está haciendo este país. 
Usted ha dicho casi todo lo que puede decirse sobre el tema. 
Señor Presidente, el Sr. Van den Broek ha respondido que el embajador italiano se encontraba ya allí antes de la resolución del Consejo. 
Pero no ha dicho si tiene la intención de volver o si los demás Estados miembros le han exigido que vuelva. 
La segunda pregunta es la siguiente: ¿están presentes allí aún más embajadores de la Unión Europea? 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, la grave situación en el Sudán nos permite hacer hincapié en uno de los principios fundamentales que deben regir las relaciones de la Unión Europea con todos los terceros países, esto es, disponer de un ordenamiento interno que responda a los principios de la democracia entendida en sentido no sólo y únicamente formal, sino también y ante todo substancial. 
De ello se derivan los tres principios señalados en el punto 1 de la presente propuesta de resolución: primero, la separación de religión y Estado; segundo, el respeto del principio de autodeterminación de los pueblos; tercero, la democratización de la sociedad sudanesa. 
De nada sirve objetar que hay que tener en cuenta la especificidad nacional y las características locales de Sudán. 
No cabe duda de que una situación como la que atraviesa el país no puede ciertamente representar la vía sudanesa hacia la democracia. 
¿Podemos tolerar que todo esto suceda sin hacer o decir nada? 
Por este motivo, creo también que es preciso apoyar con fuerza la enmienda presentada por el Sr. Kouchner, dirigida a solicitar una concreta iniciativa diplomática de la Unión Europea en Sudán. 
Señor Presidente, no es en absoluto cierto que la política y las relaciones internacionales sean morales. 
Pero es muy cierto, en cambio, que la orientación de un Parlamento como el nuestro es procurar que se moralicen en lo posible y que lo hagan basándose en los valores del humanismo, que constituyen la propia justificación de la Unión Europea. 
Desde hace demasiado tiempo, el régimen de Jartúm atenta contra estos valores, suprimiendo las libertades elementales, estableciendo intolerables discriminaciones religiosas, ejecutando a sus opositores, aterrorizando en el interior y exportando el terror. 
Este régimen debería recibir una reprobación unánime. 
Digo «debería» , ya que conozco un gobierno, el de mi país, que es capaz de tratar con el Sudán para obtener la liberación de un viejo terrorista desacreditado y de servirse de ello como argumento de política interior. 
Yo considero que no debe hacerse ninguna concesión a este régimen mientras no haya aceptado las exhortaciones de la comunidad internacional en pro del respeto de los derechos humanos y de la soberanía de los Estados vecinos. 
Espero que nuestro Parlamento vote por unanimidad la resolución que se le somete y deseo llamar la atención de ustedes sobre una enmienda de nuestro colega Bernard Kouchner, quien reclama una muy útil iniciativa diplomática de la Unión y de la OUA para poner fin, a través de la mediación, a la guerra civil sudanesa. 
Señor Presidente, señor Comisario, considero un deber mirar con preocupación la multiplicación de los frentes de guerra en Sudán. 
Actualmente, los combates no sólo se registran en el Sur del país, sino que se extienden también al Norte y sobre todo, por tratarse de lo más peligroso e inquietante, en la frontera con Etiopía y Uganda. 
Nos encontramos ante un salto de calidad en el conflicto sudanés que corre el riesgo de afectar toda la región del Cuerno de África. 
Por esta razón, considero urgente una intervención política de la Unión Europea, ya que no se puede asistir al probable estallido del más grande país africano. 
A mi juicio, el Consejo debe insistir para que el Gobierno de Jartúm entable de inmediato el diálogo con las fuerzas de oposición, reunidas en la Alianza Nacional Democrática, a fin de que acepte el plan de paz IGAD, respete la legalidad internacional y dé curso a la resolución 1070 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El Gobierno sudanés no puede pensar en continuar a desafiar toda la comunidad internacional y por ello, creo que debe autorizar la visita de una misión de las Naciones Unidas a fin de aclarar la situación de los derechos humanos en el país y de verificar las actividades en los campamentos de instrucción de elementos terroristas internacionales, de los que tanto se habla y de los que estaría bien que también el Consejo y la Comisión se interesaran para obtener más información. 
El Consejo y la Comisión deben asimismo exigir que el Gobierno sudanés autorice el acceso a las organizaciones humanitarias internacionales para que las ayudas a la población civil lleguen realmente- me refiero sobre todo a la reactivación de los programas que fueron interrumpidos, por voluntad de las Naciones Unidas- y para que lleguen a las poblaciones necesitadas de asistencia, desde hace años víctimas de los programas de exterminio del régimen sudanés. 
Señor Presidente, estamos preocupados por la guerra civil que dura ya 12 años en el Sudán con las graves consecuencias que acarrea para la población civil, como hambre, subalimentación, emigración, etc. También estamos preocupados por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos que se refleja en el encarcelamiento arbitrario de opositores al régimen y unas lamentables condiciones de encarcelamiento. 
Lamentamos que el Gobierno sudanés niegue a las organizaciones humanitarias el acceso a las regiones en guerra para poder ayudar a la población civil que necesita un suministro regular de ayuda humanitaria. 
Lamentamos también la resolución del Gobierno sudanés de congelar de nuevo la operación «Lifeline Sudan» e impedir de este modo a las organizaciones humanitarias que lleven su ayuda también en este campo a la población que padece. 
Finalmente, estamos indignados por la desafiante actitud del Gobierno sudanés ante las repetidas advertencias de la comunidad internacional, en especial, la resolución 1070 del Consejo de Seguridad del 16 de agosto de 1996. 
Por ello, exigimos al Gobierno que finalice la guerra civil, que impulse una solución pacífica del conflicto, que libere a los presos políticos y autorice «Lifeline Sudan». Y exigimos a la Comisión de la Comunidad Europea que siga la apelación del Consejo de Seguridad para que conceda la ayuda de urgencia, es decir, los 120 millones de dólares exigidos. 
Señor Presidente, me incluyo entre aquellos que apoyan esta resolución conjunta, si bien no soy demasiado optimista en lo que la ejecutabilidad de nuestras exigencias se refiere. 
Hay que constatar que se han reavivado las luchas contra el régimen. 
Este reavivamiento se debe a que la llamada oposición del país se ha unido y logrado poner de acuerdo a los diferentes grupos étnicos que se oponen al régimen de Jartum. 
No obstante, siguen estando visibles estas diferencias étnicas. 
Actualmente no existen muchas esperanzas de que se produzca un armisticio pues hace algunos días uno de los militares de alto rango del SPLA ha dicho en el periódico «Neue Züricher Zeitung» que el objetivo de sus acciones es derribar al régimen y que todas sus acciones militares están dirigidas a este objetivo. 
Al mismo tiempo, el Sr. Garang recuerda en esta entrevista que tales enfrentamientos ocasionan víctimas entre la población civil pero que ellos están dispuestos a que la cifra de víctimas fuese la menor posible. Por ello, me parece algo más esperanzador negociar con estas fuerzas sobre un acceso de la ayuda humanitaria que con el régimen actual, que se enfrenta con graves dificultades en muchos frentes y que, ante todo, tiene que luchar en frentes muy largos. 
Tengo más esperanzas de que tenga éxito nuestra apelación para que se permita de nuevo la ayuda humanitaria si nos pudiésemos poner de acuerdo con los actuales opositores, teniendo además en cuenta que ésta podría crear una especie de organización política. 
Señora Presidenta, a lo largo de los últimos años hemos visto, en efecto, algunos signos muy reales de esperanza en África. 
Hemos visto una relativa paz en el conjunto de África del Sur. 
Hemos visto el milagro político de Nelson Mandela y de su nueva Sudáfrica. 
Probablemente hayamos visto más democracias en África occidental de las que ha habido nunca. 
Recientemente hemos podido ver una nueva situación en el Cuerno de África, en el que Etiopía- donde hace unos años se observaban terribles escenas de niños muriéndose de hambre- está de hecho exportando cereal a Kenia. 
Y, sin embargo, en medio de toda esta esperanza, está la situación de Sudán. Un problema auténtico. 
Este régimen bárbaro fundamentalista no sólo somete a sus propios ciudadanos al terror, a los malos tratos y a la opresión, sino que exporta el terrorismo a África del Norte y a Oriente Medio. 
Es un cáncer que está consumiendo toda la región y nosotros, como Unión Europea, tenemos que hacer algo urgentemente y hacer sentir nuestro peso como parte de una comunidad internacional. 
Tenemos que condenar el abominable historial de derechos humanos de este régimen, sobre todo en lo que se refiere a la población civil y a las mujeres y niños. 
Tenemos que manifestar nuestro apoyo a la oposición democrática que está realizando un duro trabajo tanto dentro como fuera del país. 
Tenemos que seguir manteniendo sanciones pero, al mismo tiempo que mantenemos las sanciones, tenemos que proporcionar ayuda humanitaria. 
Como han dicho otros, tenemos que ejercer presión para intentar reunir a las partes y que se esfuercen por llegar a una solución pacífica. 
Me agradó especialmente que el nuevo ministro laborista británico de Asuntos Exteriores, Robin Cook, cuando habló por primera vez, se refiriera a los abusos contra los derechos humanos y a la necesidad de hacer algo al respecto. 
También habló de trabajar junto a otros para hacer frente al terrorismo internacional. 
Aquí se abre una oportunidad y espero realmente que el Consejo y la Comisión la aprovechen para intentar hacer algo que sirva para paliar el terrible sufrimiento está habiendo en Sudán. 
Señora Presidenta, Alianza Nacional apoya la resolución de condena a Sudán, si bien tiene que manifestar que en la misma no se toma en cuenta un aspecto fundamental de la guerra civil existente en dicho país, esto es, que los combates entre el Norte y el Sur tienen implicaciones de odio religioso y racial. 
El fanatismo y el fundamentalismo islámico, de hecho, están masacrando a una parte de la población sudanesa sólo por el hecho de profesar la religión cristiana. 
La Unión Europea debe reaccionar de inmediato para que el virus del fundamentalismo pueda aniquilarse y no pueda propagarse. 
Horrores análogos se registran en Argelia, mientras que los demás países de la región medio-oriental, regidos por unos principios religiosos y no laicos de la política, financian el terrorismo y a los grupos desestabilizadores. 
Los crímenes perpetrados en Sudán deben terminar y nuestra Comunidad tiene que hacer todo lo que esté en su mano para lograrlo y evitar asimismo que dichas infecciones fundamentalistas se propaguen en nuestras sociedades occidentales y creen odios y divisiones irreversibles. 
Señor Presidente, sobre Sudán no hay mucho de placentero que contar. 
Ya en 1990 la Comisión comunicó al gobierno sudanés que la situación reinante en aquel entonces no constituía un antecedente aceptable para establecer un diálogo razonable en el marco de Lomé IV sobre la programación de los recursos destinados en beneficio de ese país. 
Y esa posición no ha cambiado reflejando al mismo tiempo la inquietud de la Unión Europea en cuanto a la situación reinante en el país, la ausencia de democracia, la situación de los derechos humanos, el conflicto armado principalmente en el Sur y el hecho de que en realidad no se ha efectuado ningún avance concreto en el camino hacia la paz. 
Habida cuenta que el gobierno de Kartún no ha emprendido ninguna acción efectiva para encarar seriamente los problemas que afectan al país, sigue estando suspendida por consiguiente la ayuda al desarrollo de parte de la Unión. 
Por el contrario, y esto ha sido señalado por varias de Sus Señorías, sigue siendo considerable la ayuda humanitaria y seguirá manteniéndose, en particular la destinada a la población afectada en el Sur del país por la guerra civil. 
Puedo afirmar que desde 1994 la ayuda humanitaria nuestra oficina ECHO ha destinado aproximadamente 61 millones de ecus, mientras que por otra parte se ha concedido una ayuda alimentaria inmediata por un valor de 35 millones. 
La situación de los derechos humanos, como ha sido señalado, sigue siendo pésima, altamente insatisfactoria. 
En enero del año pasado el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una resolución en la que se condenaba a Sudán por el respaldo prestado al terrorismo internacional y en la cual se solicitaba además se entregasen los fundamentalistas islamitas a los que se acusa de haber estado implicados en un intento de asesinato del presidente Mubarak de Egipto. 
Esto ocurrió en junio de 1995. Y como Sudán hizo caso omiso de las condiciones de la resolución, el 10 de mayo de 1996, es decir hace un año, se pusieron en vigor las sanciones estipuladas por la resolución 1054 del Consejo de Seguridad en la cual se solicitaba una reducción del personal en las embajadas sudanesas en todo el mundo. 
Seguidamente, en agosto del año pasado, el Consejo de Seguridad adoptó otra resolución en la cual se pedía la prohibición de los vuelos de Sudan Airways, tras un plazo de 90 días, mediante un eficaz embargo internacional en caso de que Sudán no respetase las anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad. 
En la actualidad el Consejo de Seguridad ha decidido esperar el informe del ponente de la Sección de Cuestiones Humanitarias de la ONU que ha sido enviado a Sudán antes de que entre en vigor la resolución a fin de examinar las consecuencias que tendría una medida similar sobre Sudan Airways, principalmente en la concesión de la ayuda humanitaria. 
Señor Presidente, usted sabe que se han realizado diversas tentativas, en particular también en el marco del IGAT a fin de reanudar las conversaciones de paz. 
Se concluyeron así acuerdos de carácter tentativo en 1996, y nuevos acuerdos en este año. 
Lamento tener que comunicarles que la Comisión no pueda referirse por el momento a ningún progreso efectivo en el proceso en cuanto tal y que tenga que concentrarse en tratar de aliviar las urgencias más graves de las víctimas más afectadas. 
No obstante, una serie de Estados miembros de la Unión están llevando a cabo discusiones destinadas a examinar las posibilidades de dar nuevos impulsos políticos al proceso de paz. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0388/97 del Sr. Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las elecciones en Indonesia; -B4-0428/97 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en Indonesia; -B4-0436/97 del Sr. Moorhouse y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre José Ramos Horta en especial y sobre las violaciones de los derechos humanos en Indonesia en general; -B4-0364/97 del Sr. Apolinario, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación de los derechos humanos en la República Socialista de Vietnam; -B4-0395/97 del Sr. Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Vietnam; -B4-0397/97 del Sr. Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre los derechos humanos en Vietnam; -B4-0435/97 del Sr. Bernard-Reymond y Oomen-Ruitjen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los derechos humanos en Vietnam; -B4-0371/97 del Sr. Wiersma y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación de los niños en la Europa Central y Oriental; -B4-0437/97 del Sr. Oostlander y Oomen-Ruitjen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación de las personas débiles en la Europa Central y Oriental; -B4-0370/97 del Sr. Karamanou y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la puesta en libertad de Isik Yurtçu; -B4-0418/97 del Sr. Bloch von Blottnitz y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la catástrofe de la hambruna en Corea del Norte; -B4-0363/97 del Sr. Apolinario y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el derecho de los trabajadores a un trato humano y sobre la campaña de la ONG «ropa limpia» ; -B4-0414/97 del Sr. Sornosa Martínez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos de los niños y la campaña de las ONG europeas para la ropa fabricada bajo unas condiciones justas; -B4-0421/97 del Sr. Kreisl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las acciones concretas contra el trabajo infantil; -B4-0366/97 del Sr. Malone, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Kenia. 
Indonesia: 
Señora Presidenta, con sus 200 millones de habitantes, Indonesia constituye el mayor país musulmán del mundo y representa un papel preponderante en el Sudeste asiático. 
Controlado con habilidad desde hace más de treinta años, el régimen indonesio pretende ser una democracia, pero la realidad permite dudarlo. 
Cada cinco años se celebran elecciones, pero sólo tres partidos están autorizados a participar en ellas. 
Dispuestas a todo para conservar el poder, las autoridades han destacado a 189.000 soldados y policías para garantizar que la campaña y el escrutinio se desarrollen con tranquilidad. 
Están prohibidas las concentraciones y las manifestaciones en la vía pública, y las intervenciones de los candidatos en la televisión sometidas a censura. 
Persecuciones por subversión e incitación a la violencia, evicciones brutales y condenas a duras penas de encarcelamiento constituyen frecuentemente el destino de los opositores durante la pretendida campaña electoral. 
El Gobierno indonesio debe comprender que la celebración de elecciones democráticas y la existencia de instituciones dotadas de credibilidad son elementos esenciales para garantizar el respeto de los derechos humanos y para lograr una intensificación de las relaciones internacionales. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, este Parlamento se ve obligado con triste regularidad a condenar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades indonesias en su territorio y también en el territorio ilegalmente ocupado de Timor Oriental. 
Esta vez, con un simulacro de democracia, las autoridades indonesias organizan una farsa electoral a la que sólo se ha autorizado a concurrir a tres partidos progubernamentales. 
Entretanto, continúan las encarcelaciones arbitrarias de estudiantes y otros opositores pacíficos al Gobierno de Yakarta que se manifiestan contra la organización de elecciones en semejantes condiciones y así continúa también la represión violenta contra la población de Timor Oriental. 
Es hora de que la Unión Europea y sus Estados miembros adopten posiciones coherentes en sus relaciones con Indonesia. 
En particular, es preciso que se subordinen las relaciones comerciales de la Unión con los países ASEAN al respeto de los derechos humanos y que los Estados miembros pongan fin a la asistencia militar y la venta de armas a Indonesia. 
En recientes declaraciones políticas, la voz imparcial del obispo de Dili, Dom Ximenes Belo, agraciado este año con el Nobel de la Paz, confirma la agravación de las violaciones de los derechos humanos en Timor, referida exclusivamente a casos de tortura. 
Señora Presidenta, aunque las elecciones generales de Indonesia no están previstas hasta el 29 de mayo, que es dentro de una semana, no hay ninguna duda sobre el resultado. 
Por sexta vez desde que el presidente Suharto tomó el poder en 1965, ganará el partido Golkar respaldado por el Gobierno y el año que viene el Parlamento, con otros candidatos, volverá a designar casi con total seguridad al presidente Suharto para un séptimo mandato de cinco años. 
El hecho de que 75 de los 500 diputados al Parlamento sean designados por el ejército muestra algunos de los límites de la democracia. 
La libertad de los partidos de oposición que se disputan los escaños restantes quedó demostrada el mes de junio pasado cuando Megawati Sukarnoputri, hija del anterior presidente Sukarno, fue sustituida gracias a la intervención gubernamental por el Sr. Suryadi, quién tenía el visto bueno del Gobierno. 
Otras figuras destacadas de la oposición como Budiman o Bingtang Pamungkas y líderes sindicales como Dita Sari y Muchtar Pakpahan están cumpliendo largas condenas de prisión en virtud de la draconiana ley antisubversiva. 
Algunos opositores al Gobierno, como el diputado Sukatnu, recientemente fallecido, han pasado en la cárcel casi 30 años. 
Después de despedir a la oposición, el Gobierno es capaz de poner en práctica políticas para aplastar a todos los disidentes, ya sea en Timor Oriental, donde una tercera parte de la población ha muerto desde la ocupación ilegal de 1975, ya sea en otros lugares. 
Todo esto subraya la importancia del que el Consejo y la Comisión expresen la más profunda preocupación por los medios despiadados que se emplean para suprimir la oposición en todas partes y que intenten detener la exportación de armas a Indonesia. 
Como diputado británico, me complace mucho el deseo que ha manifestado el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de mi país de dar mayor importancia a los derechos humanos en los asuntos exteriores y espero que ahora acabemos con todos los envíos de armas desde Europa y con los medios de represión. 
La presente resolución anuncia el deseo de este Parlamento de incrementar la presión sobre las autoridades indonesias y esperamos realmente que el Consejo y la Comisión respondan a nuestro llamamiento. 
Señora Presidenta, Indonesia es un gran país con un gran acervo cultural y una elevada población de cerca de 200 millones de habitantes, con una creciente economía y libertad de credo pese al hecho de ser un país musulmán. 
Hasta aquí los aspectos positivos de la cuestión. 
Indonesia es también un pobre país que se hace acreedor de numerosas críticas en lo referente a la democracia y a los derechos humanos. 
Y es éste el reverso de la medalla. 
En cuanto a democracia, hay militares en el gobierno, hay militares en el parlamente; el poderío militar es grande y las elecciones son manipuladas. 
Timor que constituye algo infamante para Indonesia. 
Indonesia que no tenía que dejar que la situación en Timor se le escapase en ese grado de las manos. 
Me parece adecuado que en este Parlamento señalemos este punto. Me parece adecuado que recordemos a Indonesia sus obligaciones con respecto a los derechos humanos y que censuremos lo censurable. 
Indonesia posee aspectos positivos, pero también aspectos penosos y es nuestro deber, en particular al tratarse de derechos humanos y de falta de democracia, que pongamos el dedo en la llaga. 
Es éste el objetivo de esta resolución que contará con el respaldo de nuestro grupo. 
Señora Presidenta, señores diputados, este Parlamento se ha pronunciado ya varias veces sobre la violación de los derechos humanos en Indonesia y, en particular, sobre la situación en Timor Oriental, sin que ese país haya modificado su conducta, en clara violación de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la opinión de la comunidad internacional. 
La concesión del premio Nobel de la Paz a Dom Ximenes Belo y a Ramos Horta ha servido para lanzar otra alerta sobre las violaciones de los derechos humanos en aquel territorio. 
Por haber tenido oportunidad de ver los documentos fotográficos exhibidos por Ramos Horta en este Parlamento, con ocasión de su visita oficial de hace tres semanas, pude comprobar que, además de los millares de muertos, de las encarcelaciones arbitrarias y de las persecuciones ya conocidas, se practican torturas sanguinarias hasta la muerte con métodos medievales contra ciudadanos timorenses que sólo pretenden tener voz para defender su cultura, su identidad y su autonomía. 
Es urgente- nos parece a nosotros- que la Unión Europea tome conciencia de esa realidad y termine con su actuación, que como mínimo es ambigua. 
¿Cómo se entiende que con relación a Vietnam, por ejemplo, la cooperación europea esté vinculada al cumplimiento de los derechos humanos y se olvide el mismo requisito cuando se trata de los grandes países de Asia? 
¿Cómo se entiende que en el caso de pequeños países como Togo y Guinea Ecuatorial se suspenda- y con razón- la ayuda a la cooperación y se silencie ese mismo principio sagrado cuando se trata de grandes países en los que se juegan grandes intereses comerciales y económicos? 
¿Dónde está la coherencia? 
Al aprobar esta propuesta de resolución, el Parlamento dignificará los valores que forman parte de nuestro patrimonio cultural y político. 
Vietnam 
Señora Presidenta, la República de Vietnam se encuentra en proceso de transición, como todos sabemos. 
Es un proceso doloroso y que supone una importante restructuración económica. 
Es esencial que, durante el proceso, se respeten los derechos humanos. 
Nos preocupan mucho los informes que hemos recibido en relación con el encarcelamiento de líderes religiosos de la Iglesia Budista Unida, a pesar de las garantías constitucionales de libertad religiosa. 
También observo y lamento profundamente que justo ayer un tribunal vietnamita condenara a muerte a ocho personas por delitos relacionados con la droga. Ya han sido condenadas a muerte once personas este año. 
Hago un llamamiento a las autoridades vietnamitas para que liberen a todos los prisioneros políticos y religiosos y pido que el Gobierno dé los pasos necesarios para garantizar que las elecciones que se van a celebrar en julio sean libres y limpias. 
En el Parlamento, como probablemente sabrán, estamos examinando actualmente un protocolo para extender a Vietnam el acuerdo UE-ASEAN. 
Yo participo en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Algunos dirán que a Vietnam se le está dando un trato singular por sus cifras sobre derechos humanos y que a los demás miembros de la ASEAN no se les impone la misma condición. 
Sin embargo, hemos de comprometernos con el objetivo de poner fin a la violación de los derechos humanos en toda la región y no disminuir nuestras críticas hacia un país por el tipo de relación que podamos tener con otros. 
Por el contrario, creo que este tratamiento diferente debería servir de acicate para que el Consejo renegocie nuestro acuerdo de cooperación con la ASEAN. 
Es la única forma de garantizar que el respeto de los derechos humanos fundamentales se convierta en un aspecto indispensable de nuestra cooperación, no sólo con la República de Vietnam sino con todos los países de la región. 
Me agrada mucho que la Comisión haya planteado el tema de los derechos humanos ante las autoridades vietnamitas y me gustaría que el Comisario van der Broek nos prometiera hoy, en nombre de la Comisión, que va a mantener este enfoque. 
Señora Presidenta, ávido de obtener inversiones del exterior, Viet Nam firmó el año pasado un Acuerdo de cooperación con Europa. 
No obstante, desde entonces puede constatarse que se violan sin más los derechos humanos y los principios democráticos amparados por dicho acuerdo. 
En una atmósfera de corrupción general, que afecta a todos los niveles de poder, el Gobierno vietnamita sigue restringiendo las libertades civiles y violando los derechos humanos. 
La prensa sigue dependiendo del poder, cientos de periodistas han sido cesados, se les prohíbe escribir o son detenidos y encarcelados en los campos. 
Para rematar la situación, se ha iniciado una vasta campaña para controlar las informaciones procedentes del exterior, con el pretexto de luchar contra una influencia exterior negativa. 
Esta oleada de hostigamientos continuó en el pasado mes de marzo contra escritores disidentes y defensores de los derechos humanos. 
Finalmente, la política de represión religiosa es sistemática. 
Esta situación es intolerable. 
Viet Nam debe respetar los compromisos asumidos, y se pide al Consejo y a la Comisión que le recuerde que la defensa de los derechos humanos constituye una prioridad en nuestras relaciones, así como también en el contexto de la revisión del Acuerdo entre la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Asia del Sudeste (ANASE). 
Situación de los niños de Europa Central y Oriental: 
Señora Presidenta, quien se interese por la situación en Europa Central y Oriental queda asombrado por la suerte especialmente aciaga que afecta a las partes más vulnerables de la población de esos países. 
Conocemos también a través de las actividades de nuestros propios ciudadanos y de sus organizaciones la suerte de los niños abandonados o situados en orfelinatos o instituciones similares, a menudo en condiciones extremadamente miserables y sólo nos queda alegrarnos por que, hecho que merece ser recalcado, de parte de iglesias y organizaciones gubernamentales se esté llevando a cabo un importante trabajo encaminado a la adopción de ese tipo de instituciones de acogida. 
En la resolución que presentamos en este momento deseamos hacer hincapié en lo adecuado de que también la Comisión estimule en su propia gestión a las organizaciones correspondientes a que desempeñen esta tarea. 
A ello hemos añadido la cuestión de los ciudadanos de edad avanzada. Porque la suerte de los menores es una cuestión que despierta la preocupación de todos, pero la de los ancianos, ancianos enfermos, ancianos dementes, es algo de lo que se habla con menos facilidad. 
Sin embargo, es nuestro deber llamar la atención precisamente sobre estos grupos, en ciudadanos de edad avanzada que a menudo son encerrados con enfermos mentales y que no reciben prácticamente ningún tipo de asistencia. 
A través de mi apoyo a esta resolución desearía pues poner de relieve que la Comunidad Europea no habrá de desempeñar adecuadamente tan sólo tareas económicas y jurídicas, sino también en particular en el capítulo social habrá de poner en práctica una política altamente alentadora a fin de que las organizaciones que se ocupan en dichos países de personas desfavorecidas, niños, ancianos, pacientes psiquiátricos, reciban y perciban el respaldo necesario de parte de la Comisión Europea, principalmente también a través de un posible programa PHARE y de los servicios con que contamos en el lugar. 
Lamento que no pueda esperar para escuchar la respuesta del Sr. Comisario. Me disculpo de ello y seguiré con atención esa información en las actas. 
Señora Presidenta, la actual situación en la que se encuentran menores en Europa Central y Oriental merece urgente atención. 
Recientemente efectué un viaje a Rumanía donde pude presenciar las condiciones miserables en la que viven por ejemplo los niños callejeros de Bucarest. 
Igualmente, el informe publicado recientemente por la Unicef ilustra lo grave de la situación. 
Con las profundas transformaciones registradas en Europa Central y Oriental las desfavorables condiciones en las que algunos menores vivieron bajo el régimen comunista no han mejorado apenas. 
El informe elaborado por la UNICEF indica incluso que en numerosos casos se ha producido un agravamiento de la situación. 
El informe arroja cifras referentes a un incremento de la criminalidad, alcoholismo y suicidios entre los jóvenes. 
Por una parte son éstas las consecuencias de los elevados costes sociales y económicos que han acompañado el proceso de transición y que inciden inevitablemente con mayor fuerza en los grupos débiles de la sociedad como los menores. 
Por otra parte son debidos estos fenómenos al hecho de que si bien son reconocidos por los gobiernos locales en la práctica existen otros problemas de mayor prioridad. 
Esta situación deberá cambiar en breve plazo. 
La Unión Europea deberá dar prioridad, conjuntamente con los gobiernos de estos países, al mejoramiento de las condiciones de vida de estos niños. A tales efectos será necesario liberar fondos a corto plazo. 
Deberá brindarse apoyo de todas partes a cualquier tentativa de los gobiernos por mejorar la situación como por ejemplo las medidas adoptadas recientemente por las autoridades rumanas a fin de alcanzar una mejor protección de los derechos de los menores en Rumanía. 
Esto deberá continuarse igualmente en la práctica. 
En resumen, no deberá escatimarse esfuerzo alguno encaminado a mejorar la posición de los niños en los países de Europa Central y Oriental. 
No olvidemos en primer lugar que son los niños el futuro de Europa, no sólo de la Europa de ellos sino también de la nuestra. 
Invertir en ellos equivale a invertir en el futuro de Europa. 
Espero que basándose en la presente resolución la Comisión y otros responsables en Europa harán algo en este sentido y que en nuestra calidad de Parlamento trataremos de seguir aún la evolución de la situación de los menores en Europa Central y Oriental. 
Isik Yurtçu: 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la cuestión del respeto de los derechos humanos, del respeto de la prensa y la libertad de expresión en Turquía ha alcanzado un carácter urgente y dramático. 
Según datos de la Asociación de Periodistas Europeos y de la Asociación de Periodistas Turcos, 78 periodistas permanecen en prisión en las cárceles turcas, mientras que a diario hay nuevas detenciones, se cierren periódicos, cadenas de televisión y de radio, hay periodistas heridos, redadas policiales e incendios provocados en redacciones de periódicos. 
Es paradigmático el caso del periodista Isik Yurtçu, quien desde su prisión envía una llamada desesperada para su liberación: » ¿Por qué» , dice, » se comportan como si no existiera? 
Durante 26 años no ejercí otra profesión que la de periodista.» 
Isik Yurtçu tiene 52 años, es ciudadano turco y, para su desgracia, jefe de redacción del periódico prokurdo Özgür Günden, cuya publicación fue prohibida en enero de 1994. 
Por sus artículos en este periódico fue condenado a 14 años y 10 meses de prisión. 
Ya lleva 28 meses en la cárcel en pésimas condiciones, con serias repercusiones para su salud física y psíquica. 
Sus colegas le describen como un periodista honrado, que nunca se aprovechó de su profesión para su propio beneficio. 
Fue galardonado en varias ocasiones por el Consejo de Prensa de Turquía, la Asociación de Periodistas Turcos y la Asociación de Periodistas de Ankara, y los Periodistas Sin Fronteras han organizado una campaña a favor de su inmediata puesta en libertad. 
En 1996, junto a otros tres colegas, fue declarado «periodista del año». 
La Asociación de Periodistas Europeos ha fijado el 3 de mayo de 1997 como día de acción para su liberación. 
El Parlamento Europeo, como indicador sensible de las cuestiones que afectan a los derechos humanos y las libertades democráticas, debe pedir hoy la inmediata puesta en libertad de Isik Yurtçu y de todos los periodistas turcos encarcelados. 
Asimismo, debe dejar claro una vez más al Gobierno turco que las persecuciones contra la prensa y las vulneraciones de los derechos humanos crean serios obstáculos para su aproximación a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, hoy volvemos a hablar de Turquía y, desgraciadamente, una vez más, es para condenar su actitud con respecto a las libertades individuales, la libertad de expresión y en particular la libertad de prensa. 
El 13 de diciembre de 1995 votamos una unión aduanera entre Europa y Turquía. 
Esta votación significaba para nosotros no sólo un aliento a la libre circulación de productos, sino también, lo que para nosotros reviste una particular importancia, al respeto de los derechos humanos. 
Turquía debe respetar sus compromisos contraídos con nosotros, pero también en virtud de los acuerdos internacionales que ha firmado. 
Por lo tanto, pedimos la inmediata liberación del Sr. Işik Yurtçu, condenado a quince años de cárcel por haber ejercido su profesión de periodista. 
Turquía debe saber que, hoy más que nunca, la Unión Europea reafirma su solidaridad y apoyo a los presos de opinión y pide insistentemente su liberación. 
La libertad de los medios de comunicación, el libre ejercicio del periodismo, son para nosotros y para todos los demócratas libertades esenciales. 
No podemos admitir que se violen estos derechos y que se condene y encarcele a personas por el hecho de defenderlos. 
Señora Presidenta, casi todos los meses nos ocupamos de violaciones de derechos humanos en Turquía a pesar de que habíamos esperado que la situación mejorase. 
En este contexto, quiero llamar la atención sobre la resolución del 13 de diciembre de 1995 sobre la situación de los derechos humanos en Turquía que aprobamos aquí porque esperábamos que como consecuencia de la Unión Aduanera mejorase la situación política. 
No ha sido así y creo que debemos extraer las consecuencias políticas. 
A comienzos de la semana pasada estuve en Turquía. 
Se celebró un congreso sobre el crimen organizado y precisamente cuando tenía lugar fue asaltada una emisora de televisión por la policía o por fuerzas paramilitares. 
Esto ocasionó una gran alarma en Turquía lo que demuestra que en este país no existe libertad para los medios de comunicación. 
La causa fue que se informaba sobre drogas y al hablar sobre una operación de tráfico de drogas surgió el nombre de la Sra. Ciller. 
Es decir, aquí parece que existen estrechos contactos con el crimen organizado en Turquía y debemos preguntarnos qué clase de política practica la Unión Europea. 
El motivo de nuestro debate de hoy es el premio periodístico que se ha concedido a Isik Yurtçu, condenado a 15 años de cárcel. 
Creo que el modo como se violan allí los derechos humanos nos deberían impulsar aún más para luchar por la puesta en libertad de este periodista, que no ha cometido en absoluto ningún delito. 
Hambruna en Corea del Norte 
Señora Presidenta, no se puede aceptar durante más tiempo que todo el mundo contemple cómo en Corea del Norte las personas se mueren de hambre a pesar de las llamadas de la UNICEF. 
¡Cientos de personas diariamente! 
En un futuro próximo serán miles y decenas de miles. 
Hemos aprobado enseguida y sin debate ayudas para las víctimas del terremoto en el Irán, a pesar de que se trata de un país más rico. 
Pero en el presente caso no hacemos nada. 
Los niños, ancianos y enfermos no tienen la culpa de que en este país impere un régimen comunista sin mucha democracia. 
Normalmente, proporcionamos ayuda bajo las mismas condiciones a países en los que tampoco impera la democracia. 
Además, hay que saber que la UE participa en un proyecto en Corea del Norte. 
Con 75 millones de ecus apoyamos la construcción de reactores nucleares de 2.000 megavatios. 
El dinero va a un país en el que las personas comen hierba, mueren de hambre, en un país que se ha negado a firmar la proscripción de las armas químicas, en el que impera una dictadura militar, en el que no existen infraestructuras ni ninguna industria en absoluto. 
Para ello deberíamos dar los 75 millones de ecus. 
Tenemos 10 millones de ecus en la reserva. 
Debemos hacer uso de ese dinero y ayudar a las personas, ante todo a los niños. 
Es realmente una vergüenza para cualquier país civilizado estar contemplado con los brazos cruzados la miseria que allí impera. 
La FAO dice que son necesarios 14, 5 millones de dólares para desarrollar programas, para darles semillas y que puedan tener de nuevo una cosecha. 
Les ruego, por ello, que apoyen la propuesta de mi grupo político, pues tenemos sencillamente esta obligación frente a las personas, ante todo, frente a los niños. 
Señora Presidenta, tengo que decir que esta hambruna en Corea, tal como se dice en la propuesta, no es algo totalmente nuevo, pues con admirable regularidad oímos hablar de inundaciones. 
Estoy de acuerdo en que debemos proporcionar ayuda. 
Pero me niego, también en nombre de mi grupo político, a que confundamos por así decirlo las manzanas con las peras, pues las cuestiones relativas a la política industrial, el establecimiento de industrias, inclusive la construcción de una central nuclear, pertenecen, en mi opinión, a otro capítulo. 
Lo que echo en falta en esta propuesta de urgencia es una indicación sobre la responsabilidad que tiene el Gobierno de este país. 
Pues, precisamente en el campo del desarrollo, los good governments son siempre un factor que debemos incluir en nuestras consideraciones y las exigencias en lo tocante a la democratización y similares las planteamos también en otros contextos. 
Así pues, apoyaremos esta resolución con las correspondientes enmiendas. 
Señora Presidenta, tres cuestiones, muy rápidamente. 
Naturalmente, nosotros aprobamos la intervención humanitaria y la urgencia de ésta. 
Pienso que también debe insistirse sobre el carácter de la «visibilidad» de la Unión en esta intervención humanitaria. 
Esta ayuda no debe ser luego utilizada por el Gobierno coreano para hacer su propia propaganda, como ya ha ocurrido antes. 
Paralelamente, la Unión debe preguntar al Gobierno coreano qué tipo de reformas piensa aplicar y dentro de qué plazos. 
Considero que la Comisión y el Consejo deben presionar a China, que tiene una gran capacidad de influencia sobre el régimen de Corea del Norte, para desbloquear la situación y para que, por fin, este país, que es el país comunista más retrasado del mundo, inicie una vía de reformas. 
Es necesario actuar con toda urgencia en este sentido. 
Señora Presidenta, la resolución referente al hambre en Corea del Norte, presentada por el Grupo de los Verdes de este Parlamento, consituye un curioso documento. 
Curioso ya que el único elemento correcto en el mismo es la descripción de la hambruna que afecta a aproximadamente la mitad de los cerca de 23 millones de ciudadanos. 
Me temo que esta resolución se queda totalmente en agua de borrajas. 
En fin de cuentas el Grupo de los Verdes se limita a efectuar críticas a Estados Unidos- pese que dicho país se halla entretanto dispuesto a enviar toneladas de alimentos como ayuda. 
A continuación se refiere la resolución con el mayor respeto evidentemente «al gobierno de Corea del Norte que hace mención de niños que padecen de hambre». 
Ninguna mención en cambio en la resolución al verdadero responsable de esta hambruna que no es otro que el régimen estaliniano de Kim Jong-Il y que aparentemente disfruta de una cierta clemencia de parte de los Verdes. 
El propio Kim Jong-Il no padece hambre alguna, como tampoco su hermano que es embajador en Finlandia, ni su hermana que es vicedirectora del comité central del PC, ni sus sobrinos ni sobrinas ni el resto de la familia que ocupan todos cargos de poder en el régimen. 
Ninguna mención tampoco sobre los doscientos mil prisioneros políticos que literalmente perecen en la actualidad en las cárceles del país. 
Ni sobre el hecho de que la verdadera causa del hambre no son las desastrosas inundaciones, sino tan sólo la miseria reinante provocada por 52 años de sistema estaliniano y que las primeras han venido a agudizar. 
Ninguna mención tampoco sobre el hecho de que la participación financiera de Estados Unidos y tal vez de Europa en la construcción de dos reactores de agua ligera- participación financiera a la que se opone el Grupo de los Verdes- deberá servir para el reemplazo de dos antiguas e inseguras centrales nucleares que en realidad se hallan sólo destinadas a suministrar el plutonio que necesita el régimen para sus objetivos militares. 
En resumen, me temo que esta vez los Verdes se dan a conocer como un defensor demasiado transigente de un régimen monstruoso. 
Señora Presidenta, no consiento en absoluto que se me imputen de ningún modo tendencias filocomunistas. 
Lo considero una desvergüenza. 
Tanto yo como mi familia fuimos perseguidos por un sistema comunista. 
No se lo consiento, es una desfachatez. 
Y sólo porque no he expuesto todos los desmanes que allí se cometen. 
Entonces tendría que haber escrito todo un libro. 
Les voy a tener que indicar enseguida en cuántos otros países pasan cosas similares que tienen una orientación occidental. 
Debería leer mejor nuestra resolución y no achacarme tales desvergüenzas, para que quede claro de una vez por todas. 
No tengo nada en común ni con dictaduras ni con sistemas comunistas, ¡que quede claro entre nosotros! 
Es el colmo que realice tales acusaciones solamente porque pertenezco a los Verdes. 
Señora Presidenta, la Sra. Bloch von Blottnitz me reprocha aparentemente que no sé leer, pero esto no es cierto. 
Releo el texto de la resolución en el que no aparece la menor crítica al régimen; ni siquiera usa el término de dictadura, sino el gobierno de Corea del Norte que resulta así absuelto en esta resolución de los Verdes y que no obstante constituye, a mi juicio, la causa de los desastres que aquejan en tal grado a ese país. 
Campaña de la ONG «Ropas limpias» 
Señora Presidenta, la Comisión habla siempre de su responsabilidad social y ecológica y coloca en un primer plano en sus tratados internacionales el respeto de los derechos humanos. 
Pero cuando se trata de un apoyo concreto, lamentablemente, no se hace demasiado. 
Un ejemplo es el Rugmark-label, modelo para la regulación social en la producción de alfombras. 
Rugmark muestra posibilidades concretas para acabar con el trabajo infantil y, sobre todo, ofrece alternativas a los niños afectados. 
La República Federal de Alemania apoya esta iniciativa, pero la Comisión rechaza la financiación con pseudoargumentos. 
Probablemente, a las oficinas de la Comisión vienen con mucha frecuencia demasiados lobystas de ciertos países y ciertas empresas. 
Nuestras exigencias son muy simples: ¡fuera lobystas de las oficinas de la Comisión! 
Hay que fomentar como se merecen iniciativas como Rugmark o Clean clothes. 
Por ello, la Comisión debería otorgar preferencias aduaneras adicionales a los países que cumplan los convenios fundamentales de la OIT. 
Debería apoyar las iniciativas existentes para acabar con el trabajo infantil y presentar programas propios de ayuda. 
Por ello, apoyamos expresamente la propuesta de resolución. 
Señora Presidenta, estimados colegas, este Parlamento Europeo ha abogado en múltiples ocasiones por la adopción de cláusulas sociales en el marco de los acuerdos comerciales internacionales. 
No porque sea nuestra intención blindar las economías europeas sino porque estamos convencidos que la liberalización del comercial mundial exige reglas éticas elementales, tanto a nivel socioeconómico como fiscal. 
Pero lamentablemente tenemos que comprobar una vez más en ocasión de la Cumbre de Singapur que de la adopción de estas cláusulas sociales en los acuerdos comerciales, no se ha adoptado absolutamente ninguna medida. 
La OIT regresó a casa con la dulce promesa de que podría ocuparse de esta cuestión. 
Tenemos que oponernos a este tipo de actuación y estimo igualmente que debemos brindar todo el respaldo a la nueva iniciativa desarrollada en la actualidad por la OIT según la cual se aboga por un código ético que obligue a todos los países a observar reglas sociales elementales en lo referente a la prohibición del trabajo de menores, el trabajo forzado, el derecho de asociación, el derecho a organizarse y la prohibición de la discriminación. 
Pienso también por otra parte que esta Unión Europea debe hacer algo por brindar apoyo a las acciones de consumidores. 
En todos nuestros países existen ya diversas organizaciones, organizaciones de ayuda al Tercer Mundo que no se ponen a esperar hasta que las las cláusulas sociales de la Organización Mundial del Comercio estén listas para su aparición. 
Estimo que estas organizaciones merecen nuestro respaldo. 
Podríamos por ejemplo comenzar con el establecimiento de un propio código ético europeo, de un distintivo que concedamos a aquellas empresas que se hallen dispuestas a aplicar reglas de comportamiento elementales y a organizar también acciones de control. 
Deberíamos apoyar en mayor grado estas campañas que demuestran que la población está bien convencida que es posible practicar el consumo con un sentido ético. 
Y algunas empresas deberían hacerse responsables del comercio que organizan en nuestros países. 
Por este motivo me satisface en alto grado esta resolución y espero que a nivel europeo encuentre aplicación. 
Señora Presidenta, esta resolución ha sido introducida igualmente por mi grupo político y hemos tenido también placer en hacerlo. 
Como ponente fui responsable de la adopción de la cláusula social en el principio referencial y basándonos en ello hemos podido enfocar el caso de Birmania mediante la anulación del principio. 
Es posible ser eficaces. No obstante debemos señalar que estas cláusulas sociales resultan a menudo ineficaces por lo cual las iniciativas de que una serie de ONG funcionen con distintivos de fairtrade nos parece en realidad sumamente interesante. 
Resulta que un buen número de consumidores son sensibles a ello así como ciertas organizaciones de venta. 
Esto parece contribuir cada vez más positivamente. 
Existe la posibilidad que recibamos cada vez un número mayor de este tipo de distintivos por lo cual desearía igualmente hacer un llamamiento a la Comisión por que no contribuya sólo a esto, sino que tal vez presente la iniciativa de proceder a una regulación de este tipo de distintivos a nivel europeo. 
Señora Presidenta, señor Van den Broek, por lo que respecta a las organizaciones de defensa de intereses, me parece también buena idea que las resoluciones que este Parlamento haya adoptado esta semana y encaminadas a cortarles las alas a las organizaciones de lobby sirvan de ejemplo para adoptar una resolución similar también en el seno de la Comisión y de ayudar a sus servicios de la misma manera y protegerlos tal como hacemos ahora también con nosotros mismos. 
Señora Presidenta, este tema que, obviamente, nuestro Grupo apoyó y suscribió a través de la resolución de urgencia, es un problema que se infravalora, un trágico problema que afecta a otras mercancías además de las ropas y del calzado. 
Lo cierto es que el problema de la explotación del trabajo infantil y de las mujeres no puede referirse únicamente a las ropas, los productos textiles y el calzado. 
Existen miles de otros sectores- se han recordado las alfombras y los productos alimenticios- en los que, por desgracia el trabajo de las mujeres y, subrayo, el trabajo de los niños se explota sobremanera. 
Ésta es la razón por la cual nuestro Grupo suscribió esta resolución y le atribuye una importancia fundamental. 
Lo que, de hecho, se pide es que a este etiquetado social se le atribuya el significado de una efectiva voluntad de afrontar un problema que está infravalorado, pero cuya actual y futura magnitud puede conllevar, en el desarrollo social de los terceros países, la ruptura del equilibrio mundial. 
Un niño que hoy no disfruta ni del tiempo ni tampoco de las condiciones para ser niño- poder jugar, estudiar, crecer con niños de su misma edad y con su familia- en el futuro será un hombre insatisfecho, quizás violento, un hombre que roba, mata... 
No podemos permitirlo y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo. 
Por lo tanto, sí al etiquetado social, pero también al fomento del desarrollo del comercio justo y solidario, que abarca todos los demás sectores económicos y sociales. 
Con respecto a estos temas, la disponibilidad de nuestro Grupo será siempre total. 
Señora Presidenta, desde un punto de vista técnico, esta propuesta de resolución quizás no reviste el carácter de urgente. 
Merece, sin embargo, ser enérgicamente apoyada, también y sobre todo, a fin de recalcar algunos principios y orientaciones que deben regir la acción de la Unión Europea en cualesquiera ámbitos y no sólo en el humanitario. 
Hoy está de moda ser liberales en política y librecambistas en economía, aunque con mucha frecuencia se tienen ideas muy confusas acerca del concepto real de librecambismo económico y de libre mercado. 
Este último, de hecho, no puede considerarse como una economía sin reglas. 
Por el contrario, un ordenamiento auténticamente librecambista debe basarse en un contexto jurídico que permita el desarrollo de una economía fuerte y, como tal, no basada, entre otras cosas, en la explotación de nadie, y mucho menos de las mujeres y de los niños. 
De hecho, ninguna exigencia de progreso económico puede justificar prácticas de este tipo. Por el contrario, la economía debe ser un vehículo para ampliar la libertad individual. 
Por este motivo hay que apoyar cualquier esfuerzo dirigido a reprimir la comercialización de los productos en los que no se certifica fehacientemente la no explotación del trabajo de las mujeres y ante todo de los niños. 
Se trata, como ya se ha manifestado, de un fenómeno muy frecuente, especialmente en las economías de algunos países emergentes. 
Por esta razón, o sea, para fomentar el establecimiento de una verdadera economía en los países en vías de desarrollo, hay que instar a la Comisión a que emane un directiva específica relativa al etiquetado social para los productos procedentes de dichos países y apoyar la acción de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este sentido. 
El comercio justo y solidario se sitúa en esta óptica y constituye un complemento a nuestra acción, que puede considerarse de tipo propuesta, aunque debería ser ante todo represiva. 
Señora Presidenta, la lucha a nivel mundial contra el trabajo infantil empieza a arrojar los primeros éxitos. 
El trabajo de la Fundación Rugmark en la India y en el Nepal, que seguimos muy atentamente como delegación SAARC del Parlamento Europeo, es una afortunada iniciativa. 
Pero tanto ésta como la campaña «ropas limpias» , necesitan algo más que palabras. Honorable Comisión Europea, lo que necesitan son ayudas especiales. 
Sigue siendo muy necesario actuar concretamente. 
Las medidas contra la explotación de las mujeres y los niños no son en absoluto una injerencia en los asuntos de Estados soberanos ni mucho menos una llamada perspectiva de Occidente. 
Por el contrario: es necesaria una política interior mundial para lograr que se impongan los derechos humanos. 
La prohibición mundial del trabajo infantil necesita adicionalmente medidas concretas para que las familias estén dispuestas a apoyar la lucha contra el trabajo infantil. 
Entre estas medidas se incluyen la formación de los jóvenes, la colocación de profesores bien formados con una remuneración suficiente, la cooperación entre pueblos, la ampliación de las redes en el artesanado, el fomento de la concienciación in situ y el apoyo al trabajo de las ONG. 
Así se ayuda a las familias para asegurarse para ellas mismas y sus niños una existencia digna. 
Kenia 
Señora Presidenta, es un buen momento para que debatamos este tema porque se está produciendo una gran escalada en los problemas de derechos humanos de Kenia y van a celebrarse elecciones allí en diciembre. 
Así que es muy oportuno que en este Parlamento pongamos coto ahora, porque de nada serviría hacerlo en noviembre, o incluso en diciembre, cuando todo el mundo esté ya al corriente de la gravísima situación. 
Debemos hacer uso de nuestra influencia en la forma y momento en que podamos. 
Casi todos los presentes estarán enterados de las crecientes críticas, tanto a nivel nacional como internacional. 
En enero, un fraile irlandés, el padre Larry Timmons, fue asesinado por la policía tras intentar hablar en contra de la corrupción y las irregularidades en relación con la distribución de carnets de identidad para las próximas elecciones. 
No fue un incidente aislado. 
De hecho, el nivel de acoso a los activistas en materia de derechos humanos y a figuras de la oposición y miembros de la iglesia ha alcanzado cifras alarmantes. 
Hay varios grupos de carácter religioso que corren grave peligro a causa de su trabajo en apoyo de la justicia y la paz. 
Muchos misioneros irlandeses participan en este trabajo. 
A la luz de noticias recientes, se teme mucho por la seguridad de estas personas y de los que trabajan para ellas. 
El obispo local, que es presidente de la Comisión Católica de Justicia y Paz, dijo hace poco algo muy significativo: » lo que estamos experimentando en este momento es un reino de tiranía y opresión que sobrepasa todo aquello con lo que nos habíamos encontrado en los días del régimen unipartidista». 
Así pues, en este Parlamento debemos usar todos los medios a nuestro alcance para poner de relieve la situación y hacer presión sobre las autoridades kenianas para intentar que respeten los derechos humanos fundamentales. 
En particular, yo haría un llamamiento pidiendo garantías sobre la seguridad de los miembros de la Iglesia. 
Sólo quiero terminar diciendo que comprendo que el Grupo GUE haya presentado una enmienda al apartado 5. 
Me pregunto si es completamente necesario, porque lo único que pretendemos es que se suspenda la ayuda al Gobierno, no la ayuda a las ONG, por razones humanitarias. 
Este método fue muy eficaz en el pasado- en 1992, por ejemplo, por la amenaza de recortes en las ayudas el Presidente accedió a un sistema pluripartidista -, así que quizá podríamos añadir la enmienda del Grupo GUE como addendum. 
Señora Presidenta, en esta propuesta de resolución se exige que el Gobierno actúe más intensamente contra las bandas y otros elementos criminales. 
Sin duda, hay que apoyar esto, pero también hay que ponderar hasta qué punto puede hacerlo un Gobierno. 
Pero, por otro lado- sin intención de relativizar los datos -, hemos escuchado también voces en el sentido de que el Gobierno desea esforzarse. 
Pero no debemos olvidar que Kenia ha sido el punto de partida y la base logística de muchas acciones, también de la Unión, en la región de los Grandes Lagos. 
Por ello, ruego a la Comisión que no detenga todo de un modo general sino que proceda selectivamente e introduzca algunos proyectos para que tengamos la posibilidad de elevar el listón. 
No debemos olvidar que sin el aeropuerto de Nairobi tendríamos enormes dificultades para algunas acciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40359/97) de la diputada Plooij-van Gorsel y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la «sanción» a Dinamarca y los Países Bajos por parte de China a causa de la presentación de una resolución en la que se denuncian las violaciones de los derechos humanos en China durante la celebración el 53º Congreso de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
Señora Presidenta, la democracia y el respeto de los derechos humanos constituyen para el Grupo Liberal puntos de extraordinaria importancia. 
Mi grupo deplora la postura de algunos Estados miembros de la Unión Europea que obstaculizan la presentación de una resolución en nombre de dicha Unión. 
Un hecho que afecta la credibilidad de la Unión y que actúa en beneficio de los intereses de China. 
Los países que sí apoyaron una resolución contra China, es decir Dinamarca y los Países Bajos, han sido castigados mediante sanciones económicas. 
Los Países Bajos lo hicieron en sus funciones de Presidente de la Unión. 
Quien lleva la palabra en nombre de la Unión, recibe aparentemente los golpes también en su nombre. 
El Presidente francés Chirac afirmó el mes pasado que una Europa que hablase al unísono sería la mayor potencia del mundo. 
¿Hablar al unísono? 
¿Se refería entonces Chirac a la actitud oportunista de su país en Ginebra? 
Esta mañana vi en la televisión el recibimiento de Chirac en China como si fuese un amigo. 
El Ministro neerlandés no fue acogido la semana pasada y la reacción de China fue burlarse taimadamente de ello. 
Señora Presidenta, para China constituyen el comercio y la política dos cosas separadas. 
Las sanciones económicas que imparte China son a esa luz inadmisibles y actúan en detrimento de un rápido acceso de ese país a la OMC. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que ponga esto de relieve en todas sus relaciones con China. 
Señora Presidenta, desearía sumarme a lo expresado por el anterior orador, un colega neerlandés. 
Estimo que lo que se plantea hoy en esta resolución habla por sí solo. 
Es reconocido por todos la importancia de abordar constantemente las violaciones de los derechos humanos en China. 
Todos abogan por una cooperación europea en ese campo. 
Pero cuando entonces un país que ocupa la presidencia recibe el respaldo de los demás países, y que trata por una vez de hacer algo, entonces el primer problema consiste en pasar por el Consejo, y cuando éste no es el caso, viene a añadirse a esto además que los dos países que sacaron la cabeza en ese sentido, resultan castigados por el país que en realidad merecía ser castigado por la propia Unión Europea. 
Es decir que independientemente del hecho de que cabe lamentar que la Unión Europea haya enjugado una vez más un fracaso al tratar de hablar con una sola voz en lo relativo a un importante punto, se hace aún más ridículo que a causa de ello tengan que pagar las consecuencias de ello y que hasta el momento la Unión Europea no ha logrado dar la impresión de haber querido actuar de manera enérgica. 
Es algo que cabe lamentar. 
Es necesario pedir al conjunto de la Unión que demuestre solidaridad con respecto a Dinamarca y a los Países Bajos que por lo menos con relación a esta cuestión han sabido por una vez arriesgar el pellejo. 
Señora Presidenta, no tengo ninguna crítica que hacer a la Presidencia, ni tampoco a la Comisión, en su intento por intentar obtener recientemente una resolución a través de la subcomisión de Ginebra. 
Pero sí se pueden hacer críticas claras a varios Estados miembros que no se atuvieron a la idea de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Pero hay una problema más serio: se me ha dado a entender que si la Unión Europea no presionaba a favor de la resolución de la subcomisión de las Naciones Unidas en abril, los chinos reanudarían el diálogo sobre derechos humanos con la Unión Europea, que comenzó a nivel bilateral en 1995. 
Sólo se celebró una reunión en 1996. Ahora los chinos han suspendido las reuniones. 
Por lo tanto, puedo acusar a los chinos de mala fe. 
Espero que la Comisión y el Consejo hagan presión sobre China- en la medida en que puedan hacerlo- para que reanude el diálogo en materia de derechos humanos, el cual será un factor determinante de la actitud general de la UE hacia la República Popular de China. 
Señora Presidenta, debo decir que me ha sorprendido mucho la actitud de ciertos colegas que hablaban del no respeto de los derechos humanos con referencia a la cuestión de la política llevada a cabo por los franceses, en particular por el Presidente de la República Francesa. 
Estos colegas tendrían que haberse interesado por lo que ocurría en Francia. 
En efecto, uno no puede estar al corriente de todo, pero el Presidente Chirac recibió en el Elíseo, antes de su partida, a una delegación de ONG que actúan en China, entre las que se encontraba Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. 
Éste subrayó que pensaba tratar con sus interlocutores chinos la cuestión de los derechos humanos y pedir, en particular, explicaciones sobre los casos de los prisioneros de consciencia, así como firmar una declaración política que incluyera este aspecto esencial de las relaciones de Francia con aquel país. 
Pienso que la actitud de estos colegas raya con la hipocresía y la mala fe, lo que sorprende mucho a nuestro Grupo. 
Desearía simplemente recordar la determinación política y la acción del Presidente de la República Francesa en pro de los derechos humanos- fiel a la tradición de Francia -, por todos reconocidas, y no serán, ciertamente, las observaciones sin fundamento que formulan estos colegas para socorrer a algunos de sus compañeros franceses en apuros en la campaña electoral, las que modificarán la voluntad de diálogo franco y abierto de Francia y de muchos países de Europa y del mundo frente a China. 
Señor Presidente, señor Comisario, la UE tiene una política comercial común. 
Debemos exigir, por lo tanto, que la discriminación china hacia Dinamarca y los Países Bajos sea considerada como una ofensa contra toda la UE y tratada como tal. 
Una de las ideas fundamentales de la UE es precisamente que tanto las naciones grandes como las pequeñas puedan hablar libremente sobre tiranía y desmanes, incluso en el caso de un país grande y poderoso como China. 
Si China logra asustar y avasallar a los países europeos uno por uno obligándoles a desviar la mirada y a callar, los derechos humanos habrán dado un paso atrás. 
Al presentar Dinamarca la resolución en Ginebra, no hizo otra cosa que lo que manda la decencia. 
Expresamos en el momento y en el lugar correctos una crítica de los desmanes evidentes que tienen lugar allí, lo que los Estados miembros de la UE vienen haciendo conjuntamente un año tras otro desde 1990, y no es culpa nuestra que algunos no quieran participar esta vez. 
El mayor enemigo de la paz y de la libertad es la política cobarde que compra paz a corto plazo a costa de la verdad y la razón. 
Le doy las gracias, señor Presidente, mientras la política comercial siga predominando sobre los derehos humanos, se podría afirmar casi que en líneas generales este tipo de conflicto seguirá produciéndose y en este caso en que algunos países han actuado con firmeza y que los Países Bajos han tratado, en nombre de toda la Unión, de cantárselas bien claras a China por su política de derechos humanos y que un cierto número de Estados miembros han faltado gravemente a su deber dando lugar con ello en realidad a que llegue a hablarse de división. 
Es ahora nuestro deber añadir, en honor a la verdad que antes de que los Países Bajos ocupasen la Presidencia de la Unión Europea, el Sr. Van Mierlo había estado de visita en China a fin de obtener para la KLM los derechos de aterrizaje en el aeropuerto de Pekín y que en esa ocasión hubo de declarar que sí, que los derechos humanos debían ser defendidos con encono por la Unión Europea y que la política comercial la practicábamos nosotros mismos. 
Ahora de lo que se trata es en realidad de una política comercial comunitaria y por lo tanto me parece consecuente enfocar conjuntamente en esta Unión tanto la política de los derechos humanos como la comercial y sobre todo evitar que los Estados miembros actúen unos contra otros. 
Pero lo que sí no puede ser por supuesto es que el Sr. Pompidou disculpe en cierto grado al gobierno francés, ya que claro, como que han celebrado discusiones con las ONG. Con ello no se ha ayudado en lo absoluto a la política de los derechos humanos en China, para ello se hace necesario mucho más, entre otras cosas la aplicación de nuestra política comercial. 
Señor Presidente, yo tampoco creo, señor Pompidou, que Francia lavará la doble infamia de Ginebra, recibiendo a un puñado de organizaciones no gubernamentales. 
Lo que hizo en Ginebra fue reforzar la política defendida por el Gobierno chino para demostrar que existe un desarrollo posible sin democracia. 
La otra infamia es romper el inicio de una política común en materia de asuntos exteriores, que la Unión Europea intenta crear con tanto esfuerzo. 
Eso es grave, y hoy el viaje del Presidente Chirac a China no hace más que confirmarlo. 
No es hablando de uno o dos disidentes como hará cambiar la situación. 
Ha roto una lógica europea. 
Ha reforzado la infamia del Gobierno chino, que se cobra cada día el encarcelamiento de cientos de miles de personas. 
Señor Presidente, sería sumamente grave si en el contencioso político y comercial que se ha planteado entre la República Popular China, por un lado, y algunos Estados miembros- Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos- por el otro, la Unión Europea no reaccionara solidaria y colegiadamente. 
En efecto, si así no fuera, se trataría de una prueba más de la inexistencia de la Europa política y de su falta de capacidad para coordinar sus iniciativas en el plano internacional. Ya fue un hecho grave que en las Naciones Unidas sólo dichos Estados miembros, sin orden ni concierto, votaran una resolución para denunciar la violación de los derechos humanos en China, mientras que otros Estados miembros como Francia, Alemania, España, Grecia y la Italia de las izquierdas, demostrando una vez más que esta Europa es un organismo económico y comercial y no político, cínicamente, no consideraron oportuno apoyar dicha resolución. 
Alianza Nacional estima que ante esta situación, la Unión Europea debe responder con una sola voz a los chantajes de la nomenklatura leninista que gobierna a China y, por consiguiente, no tan sólo expresar su plena solidaridad a los Estados miembros amenazados de retorsión comercial, sino relanzar y someter a debate los diferentes programas de intercambio con la propia China. 
Éste sería un precedente muy significativo que pondría a toda Europa a cubierto de amenazas y chantajes y le permitiría mostrarse como una entidad política internacional unitaria. 
Estoy convencida de que cualquier Presidente del Consejo habría podido recibir con orgullo a cualquier ONG si la Unión Europea hubiese actuado conjuntamente en este asunto y de que las ONG asimismo habrían visitado gustosamente a cualquier Presidente de Estado si hubiesen sabido que la Unión Europea iba a hablar con una sola voz. 
No podemos cansarnos de llamar la atención sobre este extremo. 
Pues, ¿cómo podemos aclarar de otro modo a nuestros ciudadanos que una política exterior común es algo que se tiene que conquistar realmente? 
Como Parlamento Europeo solamente podemos llamar la atención sobre los puntos débiles que se han manifestado. 
Hace poco he dicho que prefiero ser diputada a diplomática pues el año pasado he visto en Ginebra cómo la diplomacia europea luchaba para introducir en el orden del día precisamente esta resolución sobre los derechos humanos, lo que naturalmente no logró ese año debido a su desunión. 
En el futuro debemos pensar en los ciudadanos y ponernos de acuerdo, pues así lograremos también más en China. 
Señor Presidente, la resolución para apoyar a Dinamarca y Holanda frente al chantaje de China encaja muy bien con la actitud del Parlamento, quien siempre ha subrayado que en las cuestiones relativas a los derechos humanos no se pueden aplicar dos varas de medir. 
Quiero recordar que en el último período parcial de sesiones nuestro Parlamento ha condenado a China por sus graves violaciones de los derechos humanos en el Turquestán Oriental dando de este modo un ejemplo de sinceridad y de auténtica representación popular, tal como, lamentablemente, no han hecho ni las Naciones Unidas ni la UE como globalidad, representada solamente por representantes gubernamentales. 
Dinamarca merece en especial nuestra solidaridad, pues no debemos olvidar que precisamente este país ha contribuido enormemente a la descolonización de la antigua Unión Soviética al reconocer a los Estados bálticos contra todas las resistencias. 
Jacques Chirac viaja hoy a China y en la fase previa al mismo ha hablado de una cooperación global con China. 
Espero que en esta cooperación no solamente tenga su sitio China sino también Dinamarca, Holanda e Irlanda. 
Señor Presidente, la Comisión puede identificarse perfectamente con mucho de lo que ha sido expresado aquí esta tarde sobre la situación surgida tras el fracaso de la presentación de la resolución en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
No habrá ningún malentendido en cuanto a la necesidad de trasmitir a China el mensaje de que no se trata de discriminar a países miembros de la Comunidad Europea cuando se halla en cuestión su política de derechos humanos. 
Espero que el Presidente Chirac aproveche su visita a China para transmitir ese mensaje de una manera acorde con la dignidad del pueblo chino, como suele afirmarse en Pekín. 
Pero Señor Presidente, deberá quedar bien claro al mismo tiempo a la Unión Europea y a sus Estados miembros que la mejor garantía para evitar este tipo de situaciones y combatir la discriminación de los mismos, la constituye la propia unidad de decisión en el ámbito de nuestra Unión. 
De este modo se evita la posibilidad de que otros Estados miembros se den a la búsqueda de «países víctimas». 
Es también la falta de unidad la que nos impide desplegar una efectiva política de derechos humanos. 
Señor Presidente, para terminar, estimo que de lo sucedido cabe sacar la lección de que ha llegado el momento para la Unión Europea de revisar su política con respecto a China en lo tocante a los derechos humanos y examinar cuál es el mejor instrumentario de que dispone para tales fines nuestra Unión. 
Pero presentar cada año, durante siete u ocho años seguidos, la misma resolución que en gran número de casos no ha sido ni siquiera adoptada, amenaza con convertirse en un arma de efecto contrario. 
Señor Presidente, aunque la resolución es correcta y adecuada, se ha omitido incluir a Irlanda. 
Irlanda también fue parte interesada en la resolución y creo que debiéramos introducir una enmienda oral, si se está de acuerdo con ello, para incluir también a Irlanda. 
El debate queda cerrado. 
Pasamos a la votación. 
Votaciones 
Señorías, de conformidad con el orden del día se procede a la votación del informe (A4-0168/97) de la señora Rothe, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el Libro Verde de la Comisión: » Energía para el futuro: fuentes de energía renovables- Para una estrategia comunitaria» (COM (96) 0576- C4-0623/96) 
Tiene la palabra el Comisario, Sr. Papoutsis. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias y felicitar a la ponente, Sra. Rothe, por el excelente informe que ha presentado, y asimismo, a los ponentes, Sres. Schierhuber, en nombre de la Comisión de Agricultura, y Kronberger, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señorías, creo que todos coincidimos con el informe de la Sra. Rothe en que debemos dar un impulso al sector de las energías renovables. 
El informe sobre el que hoy votaremos en la Asamblea contiene una lista de medidas que en su conjunto merecen un examen especialmente detallado. Debo admitir que, aunque realmente desearía referirme detalladamente a cada una de las propuestas, lamentablemente, debido a la escasez de tiempo y al procedimiento especial que seguimos hoy- y se lo agradezco a la Presidencia -, me limitaré a unas observaciones muy breves. 
En primer lugar, quisiera comprometerme ante ustedes, en nombre de la Comisión Europea, a lograr el siguiente objetivo: el gran reto de elaborar un libro blanco sobre las fuentes de energía renovables y un programa de acción sobre las energías renovables, que, espero, podré presentar ante la Asamblea a finales del año. 
En el marco de la elaboración de este libro blanco estarán incluidas todas las propuestas surgidas durante el debate público que a escala europea ha tenido lugar hasta la fecha de hoy en base al Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables. 
Permítanme que haga tres breves observaciones: 
Primero, celebro especialmente que la ponente, Sra. Rothe, comparta la idea de establecer como objetivo una cuota que sea al mismo tiempo ambiciosa y realista. 
Segundo, quiero señalar con gran satisfacción que tanto la ponente como muchas de sus Señorías que han tomado la palabra hoy coinciden en que las energías renovables deben tomarse plenamente en consideración con respecto al funcionamiento del mercado único. 
El mercado único de la energía ya es una realidad. 
En este contexto existen muchos medios y mecanismos que se pueden utilizar en la producción de fuentes de energía renovables sin distorsiones de la competencia. 
Por último, quisiera señalar que un punto importante del informe es el tema del futuro fundamento jurídico de la promoción de las fuentes de energía renovables. 
Quiero afirmar mi plena conformidad con su opinión de que es necesario un fundamento jurídico para la política energética. 
La propuesta relativa a una disposición correspondiente, en mi opinión, debería subrayar claramente la importancia de las fuentes de energía renovables. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera dar las gracias una vez más a la ponente y a todos los diputados al Parlamento Europeo que han contribuido a la elaboración del presente informe. 
Asimismo quiero asegurarles que haré todo lo posible para garantizar que las próximas etapas de este importante proceso conduzcan a un cambio positivo, a un progreso significativo en lo que se refiere a la energías renovables. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Procedemos a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Tiene ahora la palabra el señor Falconer. 
Señor Presidente, sólo deseo intervenir porque esta mañana hablé dos veces con el Sr. Martin a propósito de la forma en que dirigió la votación. 
Puedo entender perfectamente cómo dirigió los asuntos esta mañana dado que los Verdes habían solicitado una votación nominal sobre cada apartado y sobre cada una de las enmiendas que se presentaban. 
Puedo entender este método de acelerar los asuntos de la Asamblea. 
Sin embargo, no es así como solemos tratar nuestros asuntos. 
Gracias, señor Falconer, pero yo tengo que decirle a usted que si bien dirijo las votaciones bastante deficientemente, en la parte que lo hago bien lo he aprendido del señor Martin. 
Señor Presidente, gracias a la actitud extraordinariamente flexible de uno de sus colegas presidentes mi contribución al debate se ha convertido ahora necesariamente en una declaración de voto. Podría hablarse incluso de una contribución renovable. 
Mi apoyo al informe Rothe ha sido caluroso. Porque que con vistas a una energía renovable se hace necesario un enfoque coordinado a nivel europeo. 
No con el objeto de repetir el trabajo efectuado por los Estados miembros, sino para poner en aplicación lo mejor del mismo. 
Las fuentes de origen fósil y el uranio son limitadas. 
Deberá procederse con rapidez al uso de fuentes duraderas, de manera de evitar a las generaciones venideras situaciones de crisis. 
Los precios de los combustibles de origen fósil toman en cuenta de manera insuficiente el carácter finito de sus reservas. 
Tampoco intervienen en esos precios los efectos exteriores, hecho sumamente peligroso. 
Tras el Libro Verde de la Comisión se hace necesario un Libro Blanco encaminado a aumentar el volumen de fuentes duraderas en nuestros suministros de energía. 
Los costes siguen constituyendo un importante aspecto en la introducción de estas fuentes. Será necesaria provisionalmente una modalidad de subsidio. 
Por este motivo será conveniente ampliar el progama comunitario existente para energía duradera tanto del punto de vista del contenido como de los aspectos financieros. 
Resultan importantes igualmente medidas de carácter horizontal. 
En particular la idea de instaurar certificados comerciables de electricidad verde presenta grandes ventajas.De esta manera los productores de electricidad se comprometen a generar una mayor parte de su producción a partir de fuentes duraderas. 
El informe Rothe brinda un gran número de importantes sugerencias para el Libro Blanco. 
Las fuentes renovables deberán constituir una parte esencial de nuestro suministro de energía, debiendo además resultar rentables en el menor plazo posible con respecto a las demás fuentes. 
A tales efectos se hace necesario que las medidas de apoyo destinadas a proyectos específicos favorables, sufragadas a partir de recursos generales, sean provisionales. 
Las fuentes renovables de energía resultan más dependientes de las circunstancias regionales que las fuentes fósiles. 
Esto es cierto igualmente no sólo en el caso de las centrales hidroeléctricas, sino también en lo referente producida por energía solar, eólica y movimientos de mareas. 
En la repartición de los costes causados por su adopción deberá por lo tanto tomarse en consideración este hecho. 
Una producción descentralizada en regiones de escasa densidad demográfica como las rurales son posibles, aunque esto precisa ser estimulado. 
Mi opinión es que deberá aplicarse una repartición de los costes en el proceso de transición de los Estados miembros a fuentes de energía renovables. 
Los países con las mejores posibilidades deberán ser sometidos a los máximos porcentajes fiscales por la parte de energía duradera en el suministro de energía. 
El sentido común no es forzosamente la calidad mejor repartida en el mundo. 
Una evidencia: nuestra sociedad exige mucha energía para satisfacer el conjunto de sus necesidades. 
Una constatación: las fuentes de energía utilizadas son o bien potencialmente peligrosas, o bien perecederas. 
Sin embargo, es preciso constatar que nuestras necesidades energéticas no disminuirán y que es necesario buscar paliativos a las fuentes de energías existentes. 
Una perspectiva: la investigación ha permitido definir determinadas fuentes de energía renovables. Éstas corresponden únicamente al 6 % de la energía europea hoy utilizada. 
Es de sentido común, pues, que estas energías, utilizables a discreción y no contaminantes, tengan un fuerte desarrollo. 
Este es todo el afán del informe de nuestra colega Rothe, a quien deseo felicitar. 
El Parlamento Europeo debe, por lo tanto, apoyar el espíritu del informe defendido por nuestra colega. 
Debemos fomentar la investigación sobre las energías renovables y pedir al Consejo que fije en el presupuesto energético total un umbral mínimo del 15 % en favor de las mismas. 
Debemos alentar asimismo a la industria y a los inversores públicos a desarrollar sus producciones a través de este método. 
Como en todos los ámbitos, situemos una vez más a la persona y su seguridad en el centro de nuestras prioridades. 
Procuremos desarrollar las energías capaces de garantizar en el futuro nuestra seguridad y de proteger el medio ambiente. 
La delegación francesa del Grupo del PPE ha votado a favor del informe Rothe sobre el Libro Verde de la Comisión, relativo a las fuentes de energía renovables. 
Es indispensable, en efecto, que la Unión Europea garantice su independencia energética continuando el desarrollo de fuentes de energía limpias y renovables. 
Hay que lamentar, por lo tanto, que la resolución aprobada contenga el apartado 3, así como el considerando C. En efecto, edificar una estrategia de desarrollo no significa llevar a cabo una cruzada contra la energía nuclear, que hoy contribuye al abastecimiento del 35 % de las necesidades energéticas de la Unión Europea, y cuando el Libro Verde de la Comisión considera, basándose en estudios serios, que el potencial técnico de la evolución de las energías renovables sólo podrá garantizar el 15 % de nuestras necesidades en el 2020. 
Este Parlamento se equivocaría de lucha si siguiera llevando a cabo una cruzada ideológica desconectada de la realidad con respecto a las necesidades de los ciudadanos europeos. 
Se puede ser a la vez favorable a la energía nuclear y a las energías renovables: los informes Soulier y Rothe eran complementarios. 
Es lamentable que nuestra Asamblea, a la que se consulta por primera vez, no haya podido demostrar madurez sobre estas cuestiones capitales. 
Opino que es de la mayor importancia que la UE (dentro de la competencia decisoria que tiene actualmente la UE en estas cuestiones) se esfuerce por aumentar el predominio de las fuentes de energía renovables. 
Lamentablemente, he de decir que los trabajos realizados hasta la fecha bajo los auspicios de la UE no me han impresionado. 
En lugar de invertir en los ámbitos más respetuosos con el medio ambiente, es la investigación dentro del sector de la energía nuclear la que recibe mayores ayudas. 
Hemos de exigir que las centrales paguen sus propios costes. 
También el medio ambiente tiene un valor económico. 
Esto demostraría con mayor nitidez el derroche de medios que supone la energía nuclear, y con ello se daría una mayor primacía a las fuentes de energía renovables. 
Es central que se promocionen las energías renovables, no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino porque además nos llevarán a la creación de más puestos de trabajo, sobre todo en pequeñas y medianas empresas y en las zonas rurales. 
Esto hará además que disminuya la vulnerabilidad de la sociedad ante las catástrofes y los accidentes, ya que no se dependerá exclusivamente de una sola fuente energética. 
Personalmente, pienso que los objetivos de la UE deben establecerse a un nivel elevado. 
La condición mínima ha de ser un aumento del porcentaje de las fuentes de energía renovables con respecto al consumo energético total de al menos un 30-35 por ciento hasta el año 2010. 
Pienso que el 15 por ciento que propone el informe es una meta demasiado cautelosa. 
Si queremos cumplir con los objetivos de la Conferencia de Río de construir una sociedad ecológicamente sostenible, debemos actuar intensiva y resueltamente. 
Es necesario que se invierta decididamente en las fuentes de energía renovables para conseguir una sociedad sostenible a largo plazo. 
El informe constituye un primer paso, pero demasiado pequeño, en esta dirección. 
Es necesario un texto en el Tratado, por el cual se reemplacen las fuentes de energía no sostenibles, como la nuclear y la basada en los combustibles fósiles, con la bioenergía y otras fuentes de energía renovables. 
Deben transferirse los recursos que se destinan a la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y la fósil a la bioenergía y otras fuentes renovables. 
La UE puede contribuir a impulsar esta evolución derogando el Tratado Euratom e introduciendo un nuevo tratado sobre la energía renovable. 
El informe apenas nombra las grandes fuentes de energía renovables que existen en los países nórdicos, por ejemplo, diversas formas de biomasa, como el bosque, astillas y residuos de la madera, la turba, etc. El informe va por el buen camino, y por ello he votado afirmativamente. 
Como tuve que elegir uno de los informes sobre el tema de la política energética para intervenir, elegí el del Sr. Soulier, pero no puedo dejar de subrayar la importancia que atribuyo al informe Rothe por la visión global que refleja y por el pragmatismo de las medidas propuestas. 
Voy a distinguir la diferenciación fiscal para incitar al desarrollo de estas energías, la utilización de los Fondos estructurales, la importancia atribuida a la uniformización de estadísticas sobre las tendencias del consumo, así como la internacionalización de los casos secundarios de las fuentes no renovables y la cuantificación de un objetivo definido para el año 2000. 
En Finlandia, el porcentaje de energías renovables, del consumo total de energía, es actualmente del 32, 5 %. 
Sin embargo, el objetivo del informe, de aumentar en general este nivel en la UE, resulta justificado. 
Para ello es preciso intensificar las inversiones destinadas a la investigación. Esto se debería tener en cuenta en los programas de investigación de la UE. 
Por lo que se refiere a la política regional, también debería apoyarse la producción de energías renovables. 
A pesar de sus aspectos positivos, el informe presenta algunas carencias. 
Le falta considerar la turba como fuente de energía renovable. 
En Finlandia, por ejemplo, el porcentaje que le corresponde a la turba, del consumo total de energía, es del 5, 4 %, aún cuando las turberas sólo producen el 0, 5 %. 
Las turberas producen turba al mismo nivel en que los bosques, madera. 
Después de la retirada de la turba, las turberas se vuelven de nuevo verde y comienza de nuevo la producción de turba. 
Espero que la Comisión incluya la turba como recurso natural renovable en el Libro Blanco que está elaborando. 
Objetivos energéticos comunitarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0142/97) del Sr. Stockmann, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la organización de la cooperación en torno a unos objetivos energéticos comunitarios establecidos de común acuerdo (COM (96) 0431- C4-0046/97-96/0218 (CNS)) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, la cooperación en lo tocante a los objetivos energéticos acordados es un tema controvertido en esta Asamblea, en el Consejo y también en la Comisión. 
La Comisión ha elegido como fundamento jurídico el apartado 3 del artículo 130, es decir, el título «Industria» del Tratado. 
Como, a pesar de que la política energética representa un interés común de todos, no existe ningún capítulo sobre la energía en el Tratado, hay que elegir el fundamento jurídico que tenga la máxima relación con el tema. 
En el artículo 1, el proyecto de la Comisión menciona como objetivo de la decisión la protección del medio ambiente, la garantía de una utilización racional y eficaz de los recursos energéticos, el fomento de energías nuevas y renovables y de la cooperación internacional. 
Los primeros de estos objetivos caen bajo la política de medio ambiente de la Comunidad. 
Por ello, se debería elegir como fundamento político el artículo 130 S. Este artículo define el uso racional de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el fomento de acciones a nivel internacional para proteger el medio ambiente como objetivo de la política de la Comunidad. 
Hemos exigido esta modificación del fundamento del Tratado y encargado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que lo estudie. 
Aunque vacilantemente, se ha adherido a nuestra opinión. 
Naturalmente, la política energética tiene repercusiones tanto sobre la industria como sobre el medio ambiente. 
Pero una cosa está para mí claramente determinada: en la cuestión de la cooperación para aplicar los objetivos energéticos acordados necesitamos también un procedimiento de cooperación entre las instituciones legisladoras. 
En los objetivos energéticos deberíamos configurar una política que se anticipe al futuro. 
En el futuro no va a poder dejar de existir en el Tratado un capítulo sobre la energía. 
Espero que los participantes de la Conferencia Intergubernamental se pongan de acuerdo y creen por fin unas normas claras. 
La propuesta de la Comisión sobre la que hoy debatimos aquí, limita el papel de la Comisión a derechos de información y de control así como a una función de coordinación. 
No existe ninguna potestad para acciones energéticas. 
Tengo la sospecha de que con ello se inicia lentamente una despedida de una política energética común. 
En los últimos procedimientos presupuestarios, el Consejo ha intentado realizar fuertes recortes en el sector de la política energética. 
THERMIE II está congelado y SAVE II ha sido recortado hasta una tercera parte. 
Por un lado, creamos redes transeuropeas para la energía y un mercado interior de electricidad y gas, pero no estamos de acuerdo sobre una política energética básica. 
¿Porqué, por ejemplo, no es posible concluir un Tratado para el fomento de las energías renovables, a lo que se ha referido antes la Sra. McNally en el debate sobre el buen informe de la Sra. Rothe? 
Lo que fue posible hace 40 años para fomentar la energía atómica debería ser hoy posible para las energías renovables. 
Debemos dar un salto hacia adelante. 
A nuestras palabras deben seguir por fin los hechos. 
En este contexto, quiero indicar que me parece importante traer a colación una propuesta de Rolf Linkohr en el sentido de que una Agencia del clima mundial vigile los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Clima. 
Pero volvamos al proyecto de la Comisión. 
Contiene los objetivos energéticos acordados, pero tal como allí figuran, son contradictorios. 
Por un lado, se apoya una competencia no distorsionada o precios no distorsionados, tal como allí se dice y, por otro, se exigen medidas de apoyo para las energías renovables. 
Pero una competencia sin límites y la deregulación del mercado no son unos remedios milagrosos en exclusiva. 
La Comisión debería tener valor y apoyar medidas que influyan en la competencia entre las fuentes de energía, pues sólo así se podrá lograr el objetivo de un desarrollo compatible con el medio ambiente en el marco de una integración de los objetivos energéticos y de protección del medio ambiente. 
De otro modo, solamente se quedará en meras declaraciones verbales. 
Lo que necesitamos es un programa de armonización energético integrado, con calendarios claros y también debemos ponernos por fin de acuerdo a nivel europeo sobre un impuesto de consumo energético, aspecto éste sobre el que siempre me gusta llamar la atención. 
Estos son solamente algunos temas que exigen de nosotros una amplia cooperación por mor del futuro. 
Espero con atención el debate aunque sólo estén presentes pocos diputados. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo se ha ocupado con frecuencia de la cuestión de cómo la Unión Europea puede cumplir de modo duradero con su responsabilidad en el campo de la política energética para poder llevar a cabo las necesarias iniciativas que precisan urgentemente las condiciones marco en un mercado interior liberalizado. 
En lo que se refiere a la estructura básica y a las líneas generales no existe una divergencia de opiniones entre el Grupo del PPE y los demás grupos. 
Pero, por otro lado, debemos recapacitar qué es lo que queremos lograr realmente en el campo de la política energética común, pues con el catálogo que nos ha presentado la Comisión y que probablemente amplíe mañana el Parlamento, no se sirve a nadie. 
Naturalmente, tenemos el objetivo de reducir la emisiones de CO2 en la UE. 
Acabamos de tratar sobre este tema y de llegar a una resolución en el informe Rothe, pero la libertad de decidir con qué fuentes de energía se quieren lograr estos objetivos, es de la incumbencia de los Estados miembros mientras no tengamos otro fundamento jurídico. 
Esta ha sido la cuestión también por la mañana y a mediodía al votar sobre el informe Soulier. 
Con ello llegamos al punto decisivo. 
Puede que sea posible una modificación del fundamento jurídico- no lo quiero excluir, pues soy ingeniero y no letrado- y puede que fortalezca las posibilidades de influir del Parlamento al existir una cooperación y trabajar con el fundamento jurídico elegido. 
Pero, en definitiva, no lograremos nada pues contribuiremos más bien a que el Consejo nos retire de nuevo los fundamentos jurídicos existentes cuando se dé cuenta que por la puerta trasera se pueden hacer otras cosas diferentes a las que queremos y aprobamos, es decir, obtener nuevos fundamentos jurídicos. 
El Grupo del PPE va a rechazar por ello una modificación del fundamento jurídico así como la totalidad del informe si la mayoría de esta Asamblea aprueba esta modificación. 
Independientemente de ello, debemos preguntarnos cuáles son las tareas prioritarias de la Unión en el sector energético. 
Decisivo para nosotros es la armonización de las condiciones marco, un punto que la Comisión no ha previsto en absoluto en su propuesta y que el PPE ha presentado en la comisión siendo aceptada. 
Este es el aspecto decisivo. 
Aquí tiene la Comisión competencias y el Parlamento puede participar porque es posible hacerlo mediante la legislación del mercado interior. 
El último punto al que me quiero referir es que debemos mantener un debate básico también sobre todas estas cuestiones fiscales. 
No tiene sentido que comencemos de nuevo ahora a introducir como Parlamento estas cuestiones fiscales. 
Nos movemos, por lo demás, sobre otro fundamento jurídico, pues el artículo 130 no es aplicable. 
Debemos dejar las cosas donde deben estar. 
No quiero profundizarlo hoy. 
Pero no debemos fatigar en exceso al Consejo si realmente queremos lograr algo. 
Esta es la línea del PPE; por lo demás, vamos a apoyar en lo esencial las cosas. 
Señor Presidente, hay cosas que se repiten continuamente. 
Por ejemplo, se dice aquí de nuevo que la energía nuclear es segura y que hay lugares de almacenamiento definitivo seguros para los residuos. 
Cuantas más veces se dicen estas cosas, con la misma frecuencia debo rebatirlas, pues no hay lugares de almacenamiento definitivo seguros para los residuos. Esto para empezar. 
Creo que el ponente ha logrado algo muy difícil. 
Un concepto energético que es en si mismo indeciso, débil, que elude cifras y resultados muy concretos, etc., es enormemente difícil corregirlo. 
Sabemos desde hace mucho tiempo que con las tecnologías de las energías renovables que no producen emisiones de CO2 podemos llegar mucho más lejos a medio plazo que con la energía nuclear. 
(Exclamación) ¿Qué dice usted? 
Respecto al concepto que se nos ha presentado, parece como si nadie hubiese recapacitado sobre lo que hemos debatido y también votado esta mañana. 
Naturalmente, la cuestión de los impuestos energéticos se incluye en la cuestión del desarrollo de las futuras tecnologías y también es significativo que se haya excluido el efecto invernadero antropogénico. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que es muy oportuna esta decisión del Consejo, porque por el camino que vamos yo tengo serias dudas de que haya una política energética común, y quizá es que es muy difícil, porque hay quince países con sistemas energéticos muy distintos- y los de los países que se van a incorporar, son más distintos aún. 
Pero sí que se puede avanzar mucho con unos objetivos comunes, y ustedes han planteado muy bien esta breve comunicación que contiene la decisión. 
Y además, a mí me gusta que se destaque el primero de todos, que es la seguridad de los abastecimientos. 
En el Libro Verde y el Libro Blanco de la energía ustedes hablaban primero de la competitividad, de los precios, pero creo que es más importante hablar primero de la seguridad de los abastecimientos, que empieza a no estar tan clara, señor Comisario. 
Después vendrán, evidentemente, la competitividad, la protección del medio ambiente, la coordinación, la posibilidad de estar presentes en otros mercados. 
Pero a mí me parece que ustedes tendrían que insistir en que tengamos mejores estadísticas, en que tengamos las estadísticas antes- las de Eurostat, por los medios o porque los países no dan los datos, llegan muy tarde-. 
Y la Comisión, señor Presidente, debería hacer cada año un examen profundo de la política energética de tres países, para que en 5 años tengamos la de todos. 
Lo hace la OCDE que, sin Tratado y sin más complicaciones, es enormemente eficaz, y creo que esto falta en la Unión Europea. 
Pues, Señorías, más de los que tiene la gasolina. 
Ahora hay una nueva comunicación sobre tarificación y tasas sobre la energía. 
Va a subir mucho, estoy segura. 
Incluso la electricidad va a tener unas nuevas tasas. 
Las tasas ya están en este Parlamento, ya han salido de la Comisión. 
No del Comisario Papoutsis, sino del Comisario Monti. 
Con un objeto que a mí me parece encomiable: hay que crear empleo, es el gran problema de la Unión, y hay que reducir las cargas de los empresarios gravando la energía. 
Tiene una gran tarea y le felicito, señor Comisario. 
Señor Presidente, querría felicitar al ponente por este importante informe. 
Ya hemos oído hoy lo importante que es contar con un fundamento jurídico en el campo de la energía por lo que respecta a las energías renovables. 
Pero nos hemos metido en dificultades con el proyecto THERMIE y, desde luego, también con SINERGIA por la falta de un fundamento jurídico; y porque- como se ha dicho hoy aquí- en realidad no tenemos una política común de energía ni, tan siquiera, una política de energía en marcha que estemos armonizando. 
Les recuerdo en especial la importancia del programa SAVE. 
El ahorro de energía es como la maternidad: siempre se la admira pero rara vez se la apoya. 
Si no podemos acordar una política común de energía, un fundamento jurídico común, estaremos haciendo lo mismo. 
Sólo estaremos alabando de boquilla las energías renovables y el ahorro de energía pero sin hacer realmente nada concreto para apoyarlos. 
Quisiera subrayar además la importancia del Tratado EURATOM y de que éste se revise o sustituya como parte de una política común de energía. 
Señor Presidente, la propuesta en examen es de especial importancia, porque tiene como meta la mejor cooperación entre los Estados miembros en materia de política energética. 
En primer lugar, permítanme que dé las gracias y felicite al ponente, Sr. Stockmann, por el excelente trabajo desempeñado en el informe. 
La propuesta presentada se basa en tres objetivos principales, tal como se establecen en el Libro Blanco sobre la política energética, que son el aumento de la competitividad, la seguridad del abastecimiento y la protección del medio ambiente. 
La dependencia cada vez mayor de energía importada y los cambios climáticos, junto a la competencia mundial, son los retos a los que tendremos que enfrentarnos en el presente y en el futuro, retos que hacen imperativa la coordinación de la política energética. 
A propósito, permítanme que llame su atención sobre la comunicación reciente de la Comisión relativa a una revisión global de la política energética; en esta comunicación se señalan los serios problemas a los que la Unión se ve enfrentada en materia de energía y esperamos con interés el dictamen del Parlamento Europeo. 
Permítanme ahora que comente una por una las enmiendas presentadas. 
La enmienda nº 1 se refiere al fundamento jurídico de la propuesta y, siguiendo las recomendaciones del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, propone como tal el apartado 3 del artículo 130. 
En cambio, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento recomienda aplicar el apartado 1 del artículo 130. La aprobación de esta enmienda supondría en la práctica que la cooperación en materia de política energética estaría sometida a la política medioambiental y al fundamento jurídico de la misma. 
Evidentemente, comparto plenamente el objetivo de proteger el medio ambiente, ya que opino que ésta debe ser una aspiración destacada del sector energético. 
Sin embargo, en opinión de la Comisión, es exagerado apoyar una política energética supeditada al fundamento jurídico de la protección del medio ambiente. Eso no permitiría prestar la debida atención a otros objetivos igualmente significativos de la política energética, como son la seguridad de abastecimiento, el aumento de la competitividad y la cooperación internacional. 
Por estos motivos, la Comisión no puede aprobar la enmienda nº 1. 
Llego ahora a la enmienda nº 2, en la que se propone concentrar la investigación y el desarrollo tecnológico en la eficacia y en las fuentes de energía renovables. 
Además, propone que la investigación y el desarrollo tecnológico se concentren en el ámbito de la energía nuclear en el uso de técnicas seguras de almacenamiento definitivo de los residuos nucleares. 
No me opongo a esta enmienda, sobre todo porque no limita la concesión de créditos de investigación y desarrollo tecnológico sólo a éstos ámbitos. 
De todas formas, las prioridades exactas se determinarán durante los debates que se mantendrán en el marco del Quinto Programa Marco. 
En lo que se refiere a la enmienda nº 3, referente al artículo 1, considero innecesaria su primera parte sobre el objetivo adicional de evitar el exceso de capacidad. 
No tengo ninguna objeción a esta enmienda, pero no la considero realmente necesaria. 
La segunda parte de la enmienda nº 3 puede ser aprobada en un principio. 
Sin embargo, quisiera subrayar que hay un pequeño problema con esta enmienda, puesto que se refiere en concreto a iniciativas nacionales, a pesar de que al comienzo del artículo ya se incluye este punto con la referencia a las acciones emprendidas en los Estados miembros. 
De todos modos, coincido en que es importante incluir el fomento de las tecnologías de energía sostenible en la lista de objetivos. 
Apruebo igualmente sin reservas la última parte de la enmienda nº 3 referente al artículo 1. 
El ponente, Sr. Stockmann, propone dos enmiendas referentes al artículo 2. 
Con razón señala en su enmienda nº 4 el grave problema del cambio climático. 
Se trata de una cuestión que repercute en gran medida en nuestra política energética y a la que atribuye gran importancia. 
Incluso, quisiera informar a la Asamblea que sólo ayer por la tarde la Comisión adoptó una comunicación al respecto y el Consejo de Energía deliberará extensamente sobre este tema a finales de mayo. 
Creo que me darán la razón en que las decisiones que afecten a este importante tema deben ser tomadas en un marco más amplio que el ámbito energético. 
Además, el ámbito geográfico de aplicación debería llegar más allá de la Unión Europea. 
La enmienda propuesta tiene unas repercusiones políticas e institucionales más amplias, porque en realidad recomienda que se adopte una decisión sobre la fundación de una organismo destinado a investigar los cambios climáticos. 
Se éste es nuestro objetivo, considero que no es la forma correcta de conseguirlo. 
En mi opinión, la fundación de un organismo requiere un estudio más escrupuloso; en consecuencia, no estoy dispuesto a aprobar, al menos no en la presenta etapa, la enmienda nº 4. 
Puedo dar mi aprobación a la enmienda nº 12, que se refiere al estudio y la implantación de instrumentos fiscales o financieros. 
La Comisión ha sometido de hecho recientemente a examen una nueva propuesta de directiva sobre la fiscalización de todos los productos energéticos, que ya constituye un paso en esa dirección. 
Igualmente, puedo aprobar la enmienda nº 5 relativa a la competencia de la Comisión para presentar propuestas o acciones para alcanzar los objetivos mencionados. 
Considero incluso que esta enmienda aclara el texto original. 
Señor Presidente, llego ahora a la enmienda nº 6, que se refiere al artículo 3. 
Su primera parte es, en mi opinión, demasiado restrictiva y no permite la necesaria flexibilidad. 
Podría proponerse una nueva redacción incluso. 
Propondría, por ejemplo, a modo de compromiso, la siguiente redacción: » La Comisión preparará un informe cuando proceda, pero como mínimo cada dos años». 
La segunda parte presenta el contenido del informe tal como debe ser, y, evidentemente la puedo aprobar. 
Estas son las observaciones que tenía que hacer con respecto a las enmiendas que afectan a los artículos. 
Paso ahora a las enmiendas referentes al Anexo. 
El ponente, en su enmienda nº 7 propone una modificación sustancial del primer apartado del Anexo. 
La propuesta de la Comisión está basada en los objetivos establecidos en el Libro Verde y en el Libro Blanco, consagrados tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo. 
En esta enmienda se establece una jerarquía de tres objetivos básicos, fijando los objetivos energéticos como los primeros entre los otros. 
Sin embargo, los objetivos componen un conjunto orgánico. 
Por este motivo, no puedo aprobar la enmienda concreta, aunque esto no signifique que la protección del medio ambiente no ocupe un lugar prioritario y no sea un objetivo fundamental del conjunto orgánico sobre el que todos nos hemos puesto de acuerdo. 
Las enmiendas núms. 8 y 9 afectan a los precios de la energía. 
En la enmienda nº 8, el ponente propone tachar las palabras «no distorsión» y agregar una mención a la competencia justa. 
A continuación, el ponente introduce la imputación de los costes externos. 
Esta enmienda queda aprobada. 
La Comisión insiste en su posiciones a favor del principio de la imputación de los costes, pero considero que es precipitado hablar, como se hace en la enmienda nº 9, de un método de cálculo armonizado. 
Dado que el principio de la imputación de los costes ya se expresa en el texto de la propuesta de la Comisión, lamento no poder aprobar la enmienda nº 9. 
La enmienda nº 10 cuenta con mi absoluta aprobación. 
Con respecto a la enmienda nº 11, que afecta a los instrumentos propuestos, considero que la lista propuesta no es completa, a lo que por otro lado hace alusión el propio texto, y, en concreto, la expresión «en particular». 
Me consta que no se enumeran todos los instrumentos de los que disponemos y que se podrían añadir más. 
Concibo la armonización de un conjunto de requisitos más bien como objetivo secundario que corresponde a los mercados competitivos, pero estoy dispuesto a aprobar esta especificación. 
La demanda de un impuesto energético de consumo creo que requiere mucha más reflexión, más preparación y, por supuesto, muchos y, temo que difíciles, debates internos. 
Como saben, la Comisión ha presentado hace poco una propuesta al respecto. 
Sin embargo, creo que debemos esperar las reacciones del Consejo y, naturalmente, también sus reacciones, las del Parlamento Europeo, antes de solicitar otra propuesta referente a un impuesto energético. 
La presente propuesta, es por tanto, demasiado específica y en cualquier caso, precipitada. 
No tengo ningún inconveniente en absoluto en cuanto a la tercera parte de la enmienda nº 11 referente al Anexo, que afecta a los instrumentos medioambientales. 
Por lo que afecta a la última parte de esta enmienda, referente a la inclusión de un capítulo energético en el Tratado, la apoyo decididamente, como ustedes saben. 
Un capítulo sobre energía nos ofrecería un fundamento jurídico claro, transparente y consecuente de cara a una política energética, que, por otro lado es una política más que imprescindible en la situación actual. 
Por lo tanto, celebro especialmente que el Parlamento Europeo siga apoyando la inclusión de un capítulo energético en el Tratado. 
En lo que se refiere a las enmiendas núms. 13 a 17, la Comisión no las puede aprobar, dado que sobrepasan el marco actual de la propuesta, por lo que temo afectarían a su equilibrio. 
Señor Presidente, creo haber contestado detalladamente a todas las enmiendas presentadas y, como ven, algunas de ellas pueden ser aprobadas; según creo, las más significativas. 
En el resto de los casos, no tenemos serias objeciones, pero creo que en nuestra política energética y nuestros objetivos debemos mantener el equilibrio adecuado, al menos en la etapa y en las condiciones actuales. 
Les doy las gracias y quiero felicitar una vez más al ponente, Sr. Stockmann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
Cooperación entre Europa y Asia en el campo de la energía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0134/97) del Sr. Holm, en nombre de la Comisión de Investigación, desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión «Estrategia de cooperación entre Europa y Asia en el campo de la energía» (COM (96) 0308- C40495/96). 
Señor Presidente, el motivo de la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de cooperación es que el Consejo de Ministros ha reiterado en repetidas ocasiones las intenciones de la UE de reforzar la cooperación con los países y organizaciones de esta región. 
El Consejo también ha invitado a la Comisión a presentar propuestas de iniciativas concretas en este ámbito. 
La comisión parlamentaria y yo mismo apoyamos claramente este documento y consideramos esta inicitiva como de la mayor importancia. 
También es muy importante para nosotros que estos diálogos beneficien en el futuro a los Estados miembros de la UE y a los países asiáticos. 
Por tanto, también es de la mayor importancia que la UE presente un análisis y una estrategia sólidos. 
Lamentablemente, se han detectado una serie de insuficiencias en la comunicación de la Comisión, lo cual me he visto obligado a destacar. 
Por ejemplo, la comunicación no contiene muchas iniciativas concretas, a pesar de que era esto lo que solicitaba el Consejo. 
Supongo, no obstante, que la Comisión volverá sobre este punto más adelante. 
Además, la Comisión tenía que coordinar su política entre las diversas Direcciones Generales. 
Actualmente, la responsabilidad la comparten varias Direcciones, lo cual hace que sea difícil tener una perspectiva global de las posibilidades y recursos de la UE. 
En lo concerniente al análisis llevado a cabo por la Comisión, existen insuficiencias en la parte que gira en torno a la situación energética actual de los países asiáticos. 
Si se acuerda una estrategia, hay que tener en cuenta la situación actual, de lo contrario es muy difícil planificar una estrategia cara al futuro. 
Con el fin de alcanzar una perspectiva asiática, se deberían analizar las diferentes situaciones existentes. 
Asia es muy diferente de Europa en materia de clima, producto nacional bruto, aspectos democráticos, nivel de industrialización y, naturalmente, también en su situación actual en el ámbito energético. 
Por ello resulta también muy difícil establecer una estrategia común para toda la región. 
Son necesarias distintas soluciones para distintas regiones. 
Aunque la energía solar pueda representar una posibilidad viable en un país determinado, puede ser menos adecuada en otro, donde en cambio pueden presentar grandes posibilidades la energía hidroeléctrica y los biocombustibles. 
La comunicación de la Comisión se basa casi exclusivamente en los puntos de vista europeos, es decir, en las posibilidades que tenemos nosotros en el mercado asiático. 
Apenas se rozan superficialmente los aspectos regionales de Asia. 
No obstante, cabe recordar que si se desea que la estrategia tenga éxito en una región como esta, es importante que se incluya a los agentes locales y regionales y que estos participen desde el principio en las tareas de planificación. 
Hemos decidido resaltar especialmente dos aspectos en nuestro informe. 
Se trata de las cuestiones medioambientales, haciendo hincapié en los proyectos de construcción de presas en Asia, que son bien conocidos, y de la cuestión de la energía nuclear. 
En la actualidad están en funcionamiento varios y amplios programas energéticos en Asia, los cuales tienen una repercusión negativa sobre el medio ambiente, entre ellos cabe mencionar la construcción de presas, que ocasiona serios problemas medioambientales y sociales. 
El Parlamento Europeo ha adoptado, a través de varias resoluciones de urgencia, la posición de que los grandes proyectos de construcción de presas en India, China y Malasia, por poner un ejemplo, nos arriesgan a que se deteriore un medio ambiente valioso y pueden contribuir a la desaparición de la cultura de los nativos y de su entorno natural. 
Es por ello de la mayor urgencia que adoptemos una posición muy cautelosa en estas cuestiones. 
La Comisión reconoce además que estas grandes presas no han tenido el efecto deseado, y propone en su documento sobre la estrategia de cooperación que sean los pequeños proyectos de construcción de presas los que predominen, lo cual también ha resaltado la comisión parlamentaria. 
Añadiré que existe una enmienda, la nº 4, que aborda este tema y donde se invita entre otras cosas a la Comisión a que disuada a las empresas de que inviertan en la construcción de la presa Bakun en Malasia. 
Tengo la intención de presentar una enmienda oral durante la votación de mañana por la que suprimiré la parte final sobre Bakun y Malasia, ya que opino que es desacertado señalar un proyecto en concreto en una resolución parlamentaria. 
En cambio, es importante subrayar que son los grandes proyectos de presas los que no aprobamos, ya que por desgracia se están llevando a cabo varios de esta clase en diversos lugares de Asia. 
Espero que también el Pleno apoye esta modificación. 
El segundo aspecto hace referencia a la colaboración que la UE ha iniciado con Asia en el ámbito de la energía nuclear. 
Se trata del proyecto cada vez más conocido bajo el nombre de KEDO, en Corea. 
Hay que considerar KEDO, por las explicaciones que he recibido, como un proyecto político para conocer a fondo las cuestiones relativas a la energía nuclear en este ámbito estancado hasta la fecha. 
No obstante, la Comisión no ha mantenido informados sobre sus planes ni al Parlamento Europeo ni a la comisión responsable. 
No creo que exagere si digo que la comisión en pleno deplora la actuación de la Comisión en esta cuestión, porque no se la ha mantenido informada. 
Me corresponde a mí preguntar a la Comisión por qué se han mantenido estos planes en secreto, y por qué razón no se ha informado al Parlamento. 
Personalmente, soy de la opinión de que la UE no debe participar en este proyecto. 
El proyecto consiste en la construcción de dos centrales que la UE financiará con la suma total de 75 millones de ecus. 
Hubiera sido mejor invertir en fuentes de energía renovables, puesto que KEDO tiene como objeto realizar trabajos en favor del desarrollo de las fuentes de energía. 
Finalmente, quiero destacar que estoy a favor de la totalidad de las enmiendas, sobre todo la nº 7, que incluye una parte importante omitida en la comunicación. 
Se trata de apoyar el desarrollo de la línea férrea y del transporte por esta vía, para impedir que la región se sirva cada vez más del transporte por carretera, lo cual constituye también un problema energético, teniendo en cuenta las elevadas emisiones de dióxido de carbono. 
Por tanto, espero que también se apruebe la enmienda nº 7. 
Señor Presidente, por nuestra parte vamos a votar a favor de este informe porque, tal como ha quedado elaborado en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Es perfectamente asumible. 
Nosotros presentamos un buen número de enmiendas- quince- y la inmensa mayoría fueron aprobadas en comisión e incorporadas, por supuesto, al informe. El resultado es un documento compensado, que enfoca claramente la prioridad hacia la protección medioambiental, la seguridad de abastecimiento energético y la participación en los mercados asiáticos de la industria de la energía. 
Ello incluye el uso pacífico de la energía nuclear dentro de los estándares de la máxima seguridad. 
Al respecto, quisiera aprovechar la ocasión para dejar constancia ante la Comisión de la procedencia de llevar a cabo alguna iniciativa de gestión en orden a constatar el nivel de tal seguridad en el área sur del continente asiático. 
Por otra parte, especial satisfacción nos ha producido que se haya aprobado nuestra propuesta de instar a la Comisión a llevar adelante un Libro Verde sobre cooperación energética en Asia, adelantándolo a los países del centro de este continente, concretamente a Kazajstán, Kirguiztán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán e incluso Mongolia. 
Acabamos de visitar, en misión oficial, algunos de estos países y hemos tenido ocasión de contrastar, sobre el propio terreno, la procedencia del tal Libro Verde. 
No olvidemos que se trata de un área geográfica con grandes recursos energéticos, fundamentalmente de gas natural y petróleo, y que, por otra parte, precisan tecnología y experiencia empresarial occidental. 
Los Estados Unidos de América, el Japón y otras potencias comerciales del mundo ya se han percatado del mutuo beneficio, para la Unión Europea y para Asia Central, que puede reportar una cooperación como ésta que estamos proponiendo. 
Esperemos que las instituciones de la Unión Europea se percaten también de la necesidad de esta cooperación. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Holm, por su informe. 
Las líneas directrices que constituyen éste son realmente muy oportunas. 
Con su informe y con la posición, espero, positiva, del Consejo de Energía del 27 de mayo relativo a dicha Comunicación, la Comisión estará en situación de poner en práctica la primera iniciativa política en este campo con los países de Asia. 
Para facilitar la aplicación de esta política, me reuniré en Manila a fines de julio con los Ministros de Energía de los Estados de la Asociación de Países de Asia Sudoriental (ASEAN) para exponerles nuestras prioridades. 
En esa visita de los países ASEAN me acompañarán representantes de la industria energética europea. 
Así tendremos la oportunidad de estudiar nuevas iniciativas relativas a la formación profesional, la investigación y la exportación de nuevas tecnologías a esa región. 
En su respectiva Comunicación del año pasado, la Comisión Europea propuso los tres objetivos principales a los que esta cooperación aspiraba. 
Quiero recordárselos: primero, la seguridad en el abastecimiento en Asia y en Europa, segundo, la participación en los mercados energéticos de Asia y, tercero, la protección del medio ambiente en el planeta. 
En este contexto, celebro especialmente que el Sr. Holm aplauda en su informe el diálogo que la Comisión está a punto de entablar con los países de Asia, un diálogo que no sólo queremos empezar, sino que continuaremos esforzándonos por ampliar. 
El mercado energético de Europa está básicamente saturado, puesto que para la siguiente década se calcula que la tasa de crecimiento oscilará aproximadamente entre el 1 % y el 2 % anuales. 
Para las entidades energéticas y las empresas industriales europeas la expansión hacia los países de Asia es de suma importancia. 
No debemos olvidar que el sector ocupa a 2.000.000 de personas y presenta un exceso bastante grande en recursos humanos e instalaciones productivas. 
La Comisión intentará prestar ayuda al sector privado europeo, para lo cual estamos actualmente estudiando la forma en la que podríamos contribuir a una mayor aproximación entre el sector energético de los países de Asia y de Europa. 
Sin embargo, no le puedo dar la razón con respecto a sus juicios relativos al análisis insuficiente de la situación del sector energético en los países asiáticos. 
La Comunicación a la que usted se refiere no constituye por sí sola un documento para trazar una política. 
Se han elaborado análisis sobre países o sobre grupos de Estados, que abarcan todos los indicadores económicos y energéticos. 
La Comisión Europea se sirve asimismo de análisis realizados por organizaciones internacionales. 
Todos estos datos constituyen una base firme para el desarrollo de una estrategia de cooperación entre Europa y Asia. 
Quisiera señalar, además, que esta estrategia afecta fundamentalmente tanto la Unión Europea en su conjunto como a sus Estados miembros. 
No obstante, el acercamiento en conjunto tiene en consideración a los países con posibilidades de convertirse miembros de la Unión Europea en los próximos años. 
Igualmente, tiene en cuenta a otros países vecinos, en los que habrá repercusiones con respecto al medio ambiente y a la seguridad en el abastecimiento. 
En su informe, el Sr. Holm menciona además que, para que la cooperación energética con Asia sea un éxito, debe desarrollarse en beneficio de ambos. 
Desde un punto de vista estratégico, tanto Asia como Europa se convierten cada vez más en importadores de energía. 
Por lo tanto, un diálogo más estrecho en el ámbito de la política energética debe ser prioritario y al mismo tiempo, tiene que demostrar en la práctica que es mutuamente beneficioso. 
Una de las principales líneas directrices del informe del Sr. Holm es la relación entre los diferentes aspectos del sector energético y del medio ambiente. 
Creo que existe pleno acuerdo sobre la prioridad que se conceden a las correctas alternativas energéticas. 
Es de común conocimiento que el desarrollo actual del sector energético en Asia tiene repercusiones negativas en el medio ambiente a nivel nacional y regional, pero también a nivel mundial. 
Por ejemplo, es difícil de comprender cómo se compatibiliza el enorme aumento del consumo de carbón programado para el futuro próximo con las posiciones adoptadas en conferencias y acuerdos internacionales sobre el cambio climático. 
Si no se emprenden serios esfuerzos, el aumento del dióxido de carbono, de la lluvia ácida y la contaminación provocada por las partículas en suspensión acabará por anular o poner seriamente en peligro nuestros esfuerzos por limitar las emisiones de contaminantes en el planeta. 
Paralelamente, la tala de bosques a gran escala agrava la situación del medio ambiente en algunos países. 
Este hecho acaba a menudo perjudicando a las capas sociales más pobres, y especialmente a los niños y las mujeres, que se ven obligadas a recorrer largas distancias para satisfacer sus necesidades básicas de energía. 
Coincidimos también en que debe tener prioridad el uso incrementado de las nuevas tecnologías renovables para el abastecimiento energético de las zonas rurales. 
La Comunidad alentará el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas en el marco del desarrollo rural. 
Otras prioridades de cooperación en materia de energía son la promoción del gas natural y, evidentemente, la eficiencia energética. 
Asimismo, apoyaremos las acciones internacionales destinadas a garantizar la seguridad nuclear. 
En lo que se refiere a la energía nuclear en sí y a las reservas y temores existentes en torno a la gestión de las tecnologías nucleares, quiero recalcar que la Unión Europea presta su apoyo a todas las acciones internacionales que garanticen la máxima seguridad del uso pacífico de la energía nuclear. 
En este sentido, la Comisión adopta una posición firme y nuestras acciones en este campo siempre van en la misma dirección, que es, primero, la propagación del uso pacífico de la energía nuclear, y, segundo, un criterio fundamentalmente riguroso con respecto a las restricciones y normas de seguridad nuclear. 
En lo que se refiere a la cuestión concreta planteada por el Sr. Holm con referencia a la KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization) , quisiera recordar que el Parlamento Europeo ya ha adoptado una posición favorable en lo que respecta a la participación del EURATOM en ésta, teniendo en cuenta además que ya están aprobadas las correspondientes líneas presupuestarias para 1996 y 1997. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera dar una vez más las gracias al ponente y a los diputados que han tomado la palabra, tanto aquí como en la Comisión de Energía durante el debate sobre el tema, por sus observaciones, las cuales tomaremos seriamente en cuenta en el desarrollo de nuestra política. 
Quiero asegurarles asimismo que seguiremos colaborando con ustedes e informándoles a fin de proseguir con nuestras acciones comunes y alcanzar nuestras metas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
Normativa social en el sector de los transportes por carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Schlechter (A40106/97) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión (COM (95) 0713- C4-0065/96) sobre la aplicación en 1991 y 1992 del Reglamento (CEE) nº 3820/85 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (17º informe de la Comisión sobre la aplicación de la normativa social en el sector de los transportes por carretera). 
Señor Presidente, Señorías, a primera vista parece superfluo, en 1997, detenerse en el análisis de cifras y estadísticas que datan de hace cinco años. 
Es un hecho real que, en gran medida, los datos han cambiado, ya que nadie ignora que, durante el tiempo transcurrido desde entonces, el transporte por carretera se ha desarrollado considerablemente. 
Sin embargo, no es menos cierto que el importante aumento del volumen del transporte por carretera ha agravado los problemas referentes a la seguridad vial y a la protección del medio ambiente. 
Por lo tanto, es imperativo reaccionar lo más rápido posible, sobre todo teniendo en cuenta que es improbable que en el futuro se produzca una reducción notable del transporte por carretera. 
Si analizamos con más detalle los datos de los años 1991 y 1992, puede comprobarse que los procedimientos de control, así como el número de controles efectuados, varían mucho de un Estado miembro a otro; que en algunos países los controles han aumentado, mientras que en otros Estados miembros o bien disminuyen, o bien sólo se aplican a los conductores extranjeros. 
Señalemos, por otro lado, la clara divergencia que existe, en relación con las infracciones a los tiempos de conducción, entre el sector del transporte de pasajeros y el de mercancías. 
Lo mismo ocurre, por otra parte, con los tiempos de descanso: el número de infracciones en el sector del transporte de mercancías es claramente superior al del sector del transporte de pasajeros. 
Todo ello no hace más que confirmar los datos iniciales. 
Por consiguiente, me permito sacar las siguientes conclusiones. 
Primeramente, los controles efectuados en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea son claramente insuficientes. 
En segundo lugar, los controles deben ampliarse, y desde este punto de vista la primera medida indispensable es aumentar considerablemente el personal destinado a tareas de control. 
En tercer lugar, es necesario modificar las normas de empleo de los conductores y aplicar con mayor rigor dichas normas en toda la Unión Europea. 
En cuarto lugar, es imperioso evitar una competencia desleal entre los sectores del transporte de los diferentes Estados miembros. 
Para ello, es preciso incluir en la normativa social europea toda la actividad profesional de los conductores. 
De momento, aquella se limita únicamente a los tiempos de conducción. 
De este modo, la competencia entre empresas de transporte de diferentes Estados miembros tendrá lugar sobre las mismas bases. 
Las condiciones de trabajo de los conductores se beneficiarán de ello, al igual que la seguridad vial. 
En quinto lugar, la reglamentación de los tiempos de conducción y de descanso de los conductores de autocares y de vehículos pesados deberá estar sometida a un control permanente en todos los Estados miembros. 
Por así decirlo, se trata en este caso de medidas preventivas. 
En sexto lugar, las medidas represivas deberán aplicarse a los infractores y, por lo tanto, no deben limitarse a los conductores, ya que es sabido que, en la mayoría de los casos, la responsabilidad incumbe total o parcialmente a los empresarios. 
En séptimo lugar, la gravedad de las sanciones varía mucho de un Estado miembro a otro. 
Si bien es cierto que el Derecho penal es competencia exclusiva de los Estados miembros, no es menos cierto que se deberán realizar esfuerzos en el plano comunitario para suprimir las disparidades más flagrantes. 
En octavo lugar, el aparato de control está mal utilizado e incluso deliberadamente alterado. 
Así, y en el respeto de las normas inherentes a la profesión de conductor, se impone urgentemente la utilización de un nuevo cronotacógrafo. 
Con el fin de garantizar un control eficaz, esta medida supone, ciertamente, un aumento del personal de control. 
Permítanme algunas observaciones complementarias. 
Las negociaciones entre interlocutores sociales sobre la mejora de las condiciones de trabajo de los conductores de vehículos pesados hasta ahora no han conducido a nada y lo más probable es que nunca lo hagan, puesto que los puntos de vista de los interlocutores sociales son diametralmente opuestos. 
Por lo tanto, es necesario que la Comisión Europea y el Consejo de Ministros tomen a su vez claramente posición sobre cuestiones tan importantes como los horarios de trabajo y los tiempos de conducción de los conductores profesionales. 
En este mismo sentido, el Parlamento Europeo tendrá que pedir a la Comisión Europea que adopte las iniciativas siguientes. 
En primer término, presentar en breve plazo propuestas concretas tendentes a reforzar las modalidades de control del respeto de las condiciones de trabajo y de conducción de los conductores. 
En segundo término, pronunciarse a favor de una armonización de las sanciones por infracción de las disposiciones que establecen los tiempos de conducción y de descanso. 
En tercer lugar, pronunciarse a favor de la prohibición de la remuneración por el trabajo a destajo. 
A menos que aceptemos deliberadamente perder toda credibilidad en materia social y de mejora de la seguridad en nuestras carreteras, y si se quiere evitar en el futuro las huelgas funestas de los últimos años- huelgas que han movilizado a miles de conductores de camiones y que han causado enormes perjuicios financieros a la economía europea -, la urgencia, señor Presidente, Señoras y Señores, es de rigor, para fijar tiempos de conducción y de descanso razonables con respecto a los conductores profesionales. 
Nadie me contradecirá si insisto en que es imperativo terminar una vez por todas y lo antes posible con la conducción de 70 horas o más los fines de semana; con el descanso diario de 11 horas, que puede incluso llegar a 9 horas tres veces por semana, y que constituyen una de las causas principales, si no la principal, de los accidentes de los vehículos pesados en la red vial europea. 
Señor Presidente, el presente informe parece bastante técnico pero, en esencia, puede resumirse en tres palabras: seguridad, seguridad y seguridad. 
He de hacer hincapié en la importancia de que se resuelva la cuestión del tiempo de trabajo en sectores excluidos como el del transporte por carretera. 
En otros sectores del transporte, en gran parte se han conseguido acuerdos entre los interlocutores sociales a escala europea. 
En el sector del transporte por carretera se ha llegado de hecho a un acuerdo para incluir a todos los trabajadores no móviles. 
Hasta ahora, sin embargo, las organizaciones de empresarios se han negado sistemáticamente a hablar sobre la inclusión de los conductores. 
Esta situación se mantiene desde hace más de cinco años y, a pesar de las promesas de la Comisión de intervenir en los sectores excluidos, lo cierto es que no tenemos nada. 
Los reglamentos sobre tiempo de conducción y períodos de descanso son importantes, debido al número de accidentes de autocar y camión provocados por el cansancio de los conductores. 
Si se aplican adecuadamente, podrán impedir asimismo la distorsión de las normas de competencia entre los diversos medios de transporte. 
Espero que este informe no sólo sea aprobado, sino que la Comisión haga algo acerca de su contenido. 
Como he intentado poner de relieve, la cuestión primordial es la de la seguridad, y no sólo la seguridad de los conductores de camiones y autocares, sino también la de las personas transportadas en dichos autocares y la de todos los demás usuarios de la carretera. 
Insto a la Comisión a que escuche y ponga en práctica todo lo que se dice en el informe. 
Señor Presidente, en primer lugar, en nombre del Partido Popular Europeo debo felicitar al diputado, Sr. Schlechter, por su informe y declarar que nosotros le daremos nuestro voto favorable, aunque tenemos ciertas objeciones a determinadas disposiciones de la resolución. 
Hay que decir, en primer lugar, que existe un reglamento desde 1985, el Reglamento nº 3820. 
Unicamente para los años 1991-1992 y por primera vez ahora en 1997, se ha presentado un informe sobre la aplicación de este reglamento. 
Hágase una idea de cómo la Comunidad ha tratado el tema de la seguridad en las carreteras de Europa. 
La cuestión de las horas de trabajo y de descanso de los conductores de camiones y de autobuses, que actualmente invaden toda Europa, no parece haber sido objeto de especial atención. 
Estamos hablando de una pérdida anual en Europa de 50.000 personas. 
50.000 personas, como todos aquí sabemos, son víctimas mortales de accidentes de tráfico. 
Una causa importante de estos accidentes es que las personas que conducen camiones y autobuses están obligados a trabajar horarios extenuantes, que garanticen los bajos gastos de transporte. 
Digo todo ello porque desde este punto de vista se trata de una competencia desleal de los transportes por carretera en perjuicio de los transportes ferroviarios y marítimos. 
Es intolerable que hasta la fecha la Comunidad no haya intervenido, ni el Consejo de Ministros se haya ocupado de la determinación de las horas de trabajo para los conductores de automóviles. 
Deben tener ustedes en cuenta que hay países, como Alemania o Francia, ubicados en el centro de Europa, que se llenan de vehículos. 
Tienen que satisfacer las necesidades de grandes puertos, como el de Rotterdam o de Amberes, ubicados en países pequeños, además de recorrer cientos de kilómetros de carreteras de los grandes países centrales de la Comunidad, sin que haya todavía reacción alguna hacia esta situación. 
Comento todo esto porque incluso la hora a la que se examina el presente informe indica el interés, igual que el momento en el que se votará el informe, mañana viernes, cuando no estén aquí más de 150 diputados. 
No nos hemos dado cuenta de la magnitud del problema. 
Es hora de que reflexionemos sobre estos muertos, que son muchos más que los que mueren en las batallas que vemos todos las noches en la televisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de la Comisión, a pesar de que se basa en motivos de gran actualidad, como todo el mundo sabe, llega a este Pleno con cierto retraso- digamos «cierto» -esto es, después de cinco o seis años y, en consecuencia, corre el peligro de resultar obsoleto en cuanto a su eficacia, así como a los datos de referencia. 
Siguen siendo válidos los principios según los cuales una normativa social clara y respetada por todos representa la base de la seguridad de quien trabaja en el sector de los transportes por carretera. Lo que quizás hay que lamentar es que el problema se limite, casi exclusivamente, a una de sus manifestaciones más evidentes como es el cumplimiento de los tiempos de conducción, sin tener en cuenta otra amplia gama de factores de riesgo, siempre presentes en cualquier forma colateral de esta actividad. 
El problema es amplio, sobre todo por el número de operadores que asciende a 3 millones aproximadamente en el territorio europeo. 
Para calcular su dimensión social, además de económica, es preciso multiplicar por tres o por cuatro dicho número de operadores para crear el marco global del sector. 
De ahí, la necesidad de evaluar con atención las medidas a aplicar en caso de infracción, con la esperanza de lograr cuanto antes su armonización y, gracias a las mismas, armonizar ante todo el alcance de las sanciones. 
Hace falta, asimismo, controlar sin dilación y con realismo la tendencia a cargar sobre los transportistas todo el peso de las nuevas orientaciones sociales y también políticas, ya que además de las sagradas normas de seguridad para los operadores y los usuarios de las carreteras, hoy existe la carga del coste medioambiental, además de la internalización de los costes externos. 
El peligro reside en llegar a un exceso de cargas económicas que provocaría la desaparición de las empresas más pequeñas- un fenómeno que ya se registra y es evidente en toda Europa- con la consiguiente repercusión inmediata en los niveles de empleo, habida cuenta además de que el peligro de un dumping social, por parte de los países con bajo coste salarial, menores costes generales y normas de seguridad más laxas, va concretándose mientras se perfeccionan las tasas de adhesión de los PECO. 
Por último, la intermodalidad. Estamos todos de acuerdo, trasladar el transporte rodado sobre raíles es muy oportuno y urgente, pero, ¿dónde están los raíles? 
Desde el Brenero hasta el Fréjus, hay muchas buenas intenciones, sin embargo, existe una crisis sustancial de financiaciones que convierte en todavía lejanos estos proyectos. 
Señor Presidente, permítame expresar en primer lugar mi felicitación al exministro de Transportes, el Sr. Schlechter, que nos ha aportado aquí un excelente informe. 
Aunque debo señalar, señor Presidente, que me siento muy decepcionado por la Comisión. 
Pienso que lo que está pasando aquí constituye una ignominia para la reputación de la Comisión. 
Tan sólo en 1997 es que recibimos- como ha sido señalado por el Sr. Sarlis- las cifras correspondientes a 1991 y 1992. 
Inicialmente se nos había prometido que al mismo tiempo se nos proporcionaría los valores de 1993 y de 1994. 
Y hasta este momento, mediados de 1997, no hemos recibido nada. 
Se nos ha dicho que deberíamos celebrar un diálogo con el Comisario de Asuntos Sociales en cuanto al mantenimiento de los horarios de trabajo y de descanso. 
A continuación se nos dijo que era innecesario ya que el Comisario Kinnock tenía la responsabilidad de ello. 
Y qué es lo que vemos a continuación. 
Se halla presente aquí el Comisario responsable de la clase social de los pequeños empresarios y trabajadores independientes, el Sr. Papoutsis, hallándose en cambio ausenteel Sr. Kinnock para defenderse de esta crítica que, señor Presidente, no es menuda. 
Porque cabe preguntarse qué es lo que ha hecho la Comisión. 
Presentar entre tanto nuevas propuestas sobre equipos de control, mientras que la actual normativa relativa a los horarios de trabajo y de descanso son incumplidas por una serie de Estados miembros, entre los cuales el suyo, señor Presidente, y el del Sr. Santini. No hacen nada en ese sentido. 
No han presentado ninguna cuestión. Se limitan sencillamente todos ellos a decir que sí, que van a proceder a nuevas propuestas y que entonces habremos dado un paso adelante en lugar de mantener lo que tenemos ahora. 
La Comisión nos ha prometido efectuar nuevas propuestas referentes a la cuestión. Pero la Comisión no ha hecho nada. 
Señor Presidente, una aplicación armonizada de los horarios de conducción y de reposo en conformidad con el reglamento 3820/85 se halla lejos aún de realizarse. 
Esto se hace más que evidente al leer el informe de la Comisión correspondiente al período 1991-1992. 
Si interpreto correctamente las cifras que figuran en dicho informe, uno de cada seis vehículos controlados no satisfacía las ordenanzas. 
Esta situación confirma las conclusiones del grupo de sabios que en 1994 afirmaron que el incumplimiento de las disposiciones constituía uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el transporte por carretera. 
Más adelante revela el informe la existencia de grandes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la frecuencia y la ejecución de los controles así como en el grado de las sanciones impuestas. 
A través de todo ello no resultan sólo amenazadas las relaciones de competencia entre los Estados miembros sino también, y sobre todo, la seguridad en la carretera. 
Es absolutamente intolerable que en mayo de 1997 tengamos aún que hablar de una situación de cinco a seis años atrás, aparentemente a causa de que algunos países hayan incurrido en negligencias o en insuficiencias, o en ambas, en sus evaluaciones y no se hayan considerado seriamente los problemas de incumplimiento. 
Señor Presidente, desearía preguntar al Comisario si puede confirmar o no la pregunta del colega Wijsenbeek de que los datos relativos a los años 1993 y 1994, que de acuerdo con lo dispuesto habrían debido hallarse disponibles antes del 30 de septiembre de 1995, no han sido presentados en realidad aún. 
Señor Presidente, en nombre de todos aquellos a los que nos preocupa el nivel inaceptablemente elevado de accidentes de autocar y camión en toda Europa, acojo con satisfacción el informe de la Comisión y, desde luego, el trabajo del ponente. 
Sin embargo, todo esto debe considerarse en relación con la reciente publicación por la Comisión de sus propuestas de actuación en materia de seguridad vial. 
Es obvio que hay en ello una cierta incoherencia: la Comisión, muy acertadamente, se propone poner coto al espantoso número de víctimas en accidentes de tráfico en todo nuestro continente- se pierden 50.000 vidas todos los añosy al mismo tiempo, sin embargo, los poderes de los que ya disponemos para prevenir los accidentes en los que se ven implicados autocares, camiones y autobuses claramente no se están poniendo en práctica en toda la Unión Europea. 
También nos preocupa el hecho de que éste sea un sector en rápida expansión, de modo que es probable que el número de personas muertas o heridas en nuestras carreteras aumente año tras año porque no se está haciendo caso ni se están haciendo cumplir las normas básicas. 
Por el documento de la Comisión nos enteramos del escaso cumplimiento y, en algunos casos, la total falta de cumplimiento por parte de los Estados miembros, la desobediencia generalizada de la legislación que, como todos sabemos, es la causa de demasiados accidentes. 
Difícilmente puede haber competencia justa en el mercado único cuando los Estados miembros se están negando a cumplir adecuadamente nuestras normas y normativas. 
El sector es grande. 
Como se mencionó anteriormente, trabajan en él tres millones de personas. 
Su éxito es de vital importancia para la capacidad competitiva de Europa en su conjunto. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción las propuestas de la Comisión: duplicar los controles, coordinar los cálculos, mejorar la preparación de los conductores y modernizar el tacógrafo. 
Pero necesitamos más protección para los conductores y para el tiempo de trabajo. 
Espero que hoy el Comisario pueda comentar cuántas veces se ha procesado a los Estados miembros que están negándose a cumplir estas normas y reglamentos y cuántos procesamientos están previstos. 
Mientras no llevemos a los Estados miembros a los tribunales, seguirán haciendo caso omiso de nuestras normas. 
Señor Presidente, las normas sociales sobre las que se ha hablado afectan en mi opinión a los tiempos de conducción y de descanso y si recordamos las dos cifras que se acaban de mencionar, tres millones de conductores y unos 50.000 muertos, vemos que este informe no es un informe de menor importancia que se pueda despachar brevemente el viernes por la mañana, sino un informe que debe ocupar a la Comisión de Transportes, a la de Asuntos Sociales, a todos los diputados y personas que realmente se tomen en serio la seguridad en las carreteras en Europa y también fuera de ellas. 
También sabemos que ante la presión de la competencia y, en especial, el desarrollo de los suministros just in time, esta norma es más que necesaria y que si no se respeta, la competencia se realizará a costas de la seguridad y de las condiciones de trabajo más elementales. 
Quisiera resumir la evaluación del Parlamento en tres puntos que, en mi opinión, son fundamentales para la eficacia de la ejecución: misma aplicación, mismos controles, mismas multas. 
Si nos desviamos de estos principios, la competencia se seguirá realizando a costas de la seguridad, incluso de muertos en Europa. 
Estos puntos son importantes y el desarrollo tecnológico puede contribuir a su aplicación. 
Creo que debemos pronunciarnos en favor de la rápida introducción de cronotacógrafos electrónicos no manipulables. 
El Parlamento saludaría esta iniciativa. Lamentamos la tardía evaluación de este informe a pesar de que sabemos que estas cifras no han mejorado sino empeorado. 
Felicitamos al ponente por su excelente trabajo y deseamos que la Comisión le dedique la atención que se merece. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente, Sr. Schlechter, por su informe. 
Este señala con razón que los datos aportados por los Estados miembros siguen siendo incompletos y que no han sido entregados de forma que permita la comparación. 
Es igualmente lamentable que los informes de la Comisión se hayan retrasado por su tardía entrega y, en algunos casos, por la no presentación de datos. 
La Comisión, por lo tanto, ha decidido proceder a la publicación del informe sobre el período 1993-1994 sin más demora. 
Quisiera señalar, además, que el informe del Sr. Schlechter permite sacar conclusiones sobre los diferentes niveles de control que se realizan en los Estados miembros en relación con las diferentes sanciones impuestas y sus efectos para la competencia. 
La creciente importancia del sector de los transportes por carretera en el interior de la Unión, reforzada incluso por el mercado único, y también por los cambios producidos en la práctica general de las relaciones laborales, hace destacar, de manera clara además, la necesidad de armonizar la libre circulación. 
También destaca la necesidad de aumentar la competencia a través de las garantías sociales; de ahí la regulación relativa a los límites máximos de los tiempos de conducción. 
El Sr. Schlechter señala con razón que este sector ocupa a un gran número de trabajadores, cuyas condiciones de trabajo dependen de la correcta aplicación de las disposiciones del Reglamento. 
Por este motivo, realizaremos un examen a fondo de las conclusiones expuestas en el informe. 
En concreto, me refiero a la necesidad de que el porcentaje de días de trabajo controlados anualmente se fije en un 2 %, dado que la mayoría de los Estados ya alcanzan el objetivo de un 1 %. 
Asimismo, se examinará la recomendación de crear un marco para la mejor coordinación de las actividades de la autoridad competente para aplicar dicho Reglamento. 
El informe recomienda, además, incluir en el presente Reglamento otros datos sobre el trabajo de los conductores. 
El Sr. Kinnock, como anunció en la Comisión de Transportes en marzo, ya ha solicitado a los servicios de la Comisión que examinen las posibilidades de ampliar el campo de aplicación del Reglamento 3820/85 para que incluya otras actividades que también afectan a la seguridad pública. 
Esta cuestión se examinará aun más detalladamente durante las deliberaciones sobre el inminente Libro Blanco relativo a las horas de trabajo que tiene en elaboración el Sr. Flynn. 
Asimismo, formará parte del diálogo permanente entre la Comisión y los Estados miembros dirigido a aclarar las diferentes interpretaciones que los Estados miembros dan al concepto de tiempo de trabajo en esta profesión. 
Además, el informe recomienda una revisión del Reglamento 3820/85 con vistas a la reducción de los límites máximos de los tiempos de conducción, señalando la necesidad de ampliar las medidas de control y las sanciones. 
La idea de sustituir las multas por la introducción de la inmovilización del vehículo ha sido propuesta por la Comisión de Control de los Transportes por Carretera de la Comisión Europea. 
Además, ha sido acogida con vivo interés en el marco del proceso de revisión del Reglamento. 
Esta revisión afectará a todos los aspectos del Reglamento. 
Celebro que el informe en su último apartado recomiende introducir cuanto antes el cronotacógrafo electrónico inalterable. 
La Comisión considera que constituye una herramienta básica para lograr la aplicación homogénea del Reglamento y, además, facilita a las autoridades competentes de cada Estado miembro el poder realizar el mayor número de controles posibles. 
Dadas las restricciones que caracterizan los presupuestos de los Estados miembros, consideramos que dicha innovación es imprescindible para garantizar y mejorar un control adecuado en los próximos años. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera dar una vez más las gracias al Parlamento por este informe y asegurarles que juntos, el Comisario, Sr. Kinnock, y la Comisión, tomaremos muy en cuenta sus opiniones y observaciones. 
Señor Comisario, le doy las gracias. 
Estaba casi seguro de que el Sr. Wijsenbeek pediría la palabra, pero también estoy casi seguro de que no la va a pedir con arreglo al Reglamento. 
No, señor Presidente, he planteado una serie de preguntas precisas a la Comisión a las cuales no se me ha dado respuesta. Le pregunté cuándo es que recibiremos las cifras correspondientes a 1993 y 1994. 
Le pregunté cuándo es que llegarán las propuestas de modificación relativas a los horarios de trabajo y de reposo. 
Y qué es lo que nos ha tocado oír de parte del Comisario, pues nada más que palabras y más palabras. 
Aspiramos a una respuesta, haremos algo en ese sentido. Cuándo, cuándo, cuándo llegarán... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, al repasar el Acta observo que en el punto 7, » Industria europea relacionada con la defensa» , se afirma en relación con la enmienda nº 1 que los Sres. Provan, Spencer y Cassidy votaron a favor de la integración de la UEO en la Unión Europea. 
Desearía confirmar si esto es cierto o si es que ha cambiado la política conservadora al respecto. 
Señorías, les invito a intervenir sobre el Acta y no a debatir otros asuntos. 
Señor Presidente, quisiera intervenir en relación con una pregunta formulada el miércoles por el Sr. Provan al iniciarse la sesión. 
Se refiere a las fechas de nuestra próxima misión en Israel; el Sr. Provan parecía alterarse porque se había hecho una ligera modificación. 
Le confirmo, Sr. Provan, que no hay razón para preocuparse, ya que el único cambio consiste en dar comienzo a la misión 20 horas más tarde. 
No creo que una diferencia de 20 horas merezca una intervención ante el Pleno. 
De hecho, se mantiene la misma fecha. 
El programa no ha cambiado. 
Fue negociado con nuestros interlocutores israelíes. Ello se debe, Sr. Provan, al hecho de que la fecha 1 de junio coincide con la organización de las elecciones en Francia, detalle que no se conocía en el momento de fijar el programa. 
Supongo que en su caso, no hubiera elegido la fecha del 1 de mayo para llevar a cabo una misión y estar ausente... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, ayer recibimos en el Parlamento a varias personas en paro que iban a pie desde Suiza hasta Amsterdam. 
La próxima semana tenemos una reunión de gran trascendencia en Bruselas en la que se cuenta con que acudan a nuestro Parlamento en Bruselas entre 800 y 1000 desempleados. 
Tendrán a su disposición dos intérpretes en una sala para 15 lenguas. 
¿Puedo solicitar al Presidente que especialmente por... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Morris, esta cuestión ya ha sido examinada por la Mesa sobre la base de una solicitud oficial remitida por algunos diputados y ha recibido una respuesta oficial por parte de la Mesa. 
Señor Presidente, ayer por la mañana al comienzo de nuestro trabajo- yo no estaba presente en ese momento -, el Sr. Titley se refirió a mí y me criticó por mi declaración sobre el informe Titley. 
Sólo quisiera señalar que el propio Sr. Titley tiene muchas preguntas a las que responder. 
Por ejemplo, el año pasado fue a la exhibición aérea de Farnborough, en el Reino Unido, pagado por British Aerospace. 
British Aerospace es responsable de armar a los indonesios... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora McKenna, ruego a sus Señorías a que mantengan la calma y la serenidad. 
Tanto el debate como la votación del informe Titley han concluido. 
Señor Presidente, tengo la sensación de que soy el primero que realmente tiene que decir algo sobre el Acta de ayer. 
En la urgencia sobre Turquía se dice lo siguiente: los diputados McMillan-Scott, Habsburg-Lothringen y Lenz, en nombre del Grupo del PPE, han retirado su firma de las enmiendas. 
No he tenido nada que ver con esta enmienda y no la he firmado. 
He firmado otra enmienda y mi firma ha debido deslizarse de algún modo sobre esta enmienda. 
Pido que se haga constar en Acta. 
Se lo agradezco realmente, porque la suya es la primera intervención que guarda relación con el Acta. 
Señor Presidente, nos llegan noticias de que continúan los ataques que sufren los transportistas españoles en el sur de Francia, principalmente los que llevan frutas y verduras. 
Otra vez debemos condenar estos hechos y tenemos que pedir a la Presidencia y a la Asamblea que se exija a las autoridades francesas que establezcan las medidas oportunas para garantizar el libre tránsito... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señoría, le doy las gracias, sin embargo, también esta intervención no guarda relación con la aprobación del Acta. 
Señor Presidente, sólo quisiera agradecer al Sr. Caudron que haya aclarado la situación, porque a los miembros de la delegación a Israel les estaba costando averiguar qué estaba sucediendo realmente. 
Las fechas han sido confirmadas desde que planteé el tema en la Cámara esta semana. 
Me complace que ahora la situación se haya aclarado. 
Es desafortunado, quizás, que en determinadas circunstancias el presidente de una delegación tenga que cambiar las fechas de la visita a su conveniencia en lugar de a la conveniencia de la delegación en su conjunto, cuando están los vicepresidentes y la Mesa que podrían haberle sustituido durante las 24 horas que eran necesarias. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señor Presidente, siento mucho interrumpir el debate pero, en dos ocasiones, la votación se modificó casi por un voto. 
Ahora bien, es evidente que mi aparato no funciona. 
Voté en dos ocasiones a favor y se registraron dos votos en contra. 
Señor Castagnède, no se trataba de votaciones nominales, sino de controles electrónicos. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Precisamente como dije en el debate de ayer, presentaré una enmienda oral consistente en que en la enmienda nº 4 se suprima el final, es decir, las palabras Bakun, Malasia, para que no se mencione ningún proyecto determinado. 
En su lugar, se hará referencia a todos los grandes proyectos de aprovechamiento de la energía hidraúlica. 
El texto será como sigue: »... de investir en grandes proyectos de aprovechamiento de la energía hidraúlica». 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Sr. Stockmann. 
Nuestra actitud ante una cooperación en torno a una política energética es positiva. 
Nos sentimos asimismo muy satisfechos con la línea adoptada en este informe respect a la política de medio ambiente. 
Queremos subrayar que la energía nuclear no es una fuente de energía sostenible y que no forma parte de la política de la Comunidad. 
Los socialdemócratas daneses apoyan la idea de que la UE desempeñe un papel activo en la lucha para disminuir la contaminación. 
Debe intervenir activamente en los temas relacionadas con la política energética y la de medio ambiente. 
En cambio, la UE no debe interferir en la política fiscal. 
Esta es y debe seguir siendo un asunto nacional. 
La Agencia Internacional de la Energía, AIE, y otras organizaciones internacionales están realizando una serie de exámenes valiosos de la política energética de sus países miembros. 
Es importante que a la Comisión no se le adjudiquen tareas que otros ya están realizando, ni que ella misma las asuma. 
Es asimismo importante que, a medida que se adjudican nuevos ámbitos de trabajo a la Comisión Europea, ésta no inicie amplias actividades para recabar información, con el aumento consiguiente de la burocracia para las autoridades nacionales. 
Informe Schlechter (A4-0106/97) 
Procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0147/97) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0392- C4-0466/96-96/0220 (COD) ) que modifica por tercera vez la Directiva 83/189/CEE, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. 
Señor Presidente, el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información promete profundos cambios sociales, culturales y económicos en Europa. 
La distancia deja de ser un factor. 
Ve la luz un nuevo sector económico y hay una poderosa fuerza conductora para manejar el desarrollo de las redes y las tecnologías de la información dentro de la Unión Europea. 
El área sin fronteras del mercado interior es decisiva para el éxito de esos servicios. 
Es fundamental que se proteja y desarrolle con un mecanismo que coordine las acciones futuras de los Estados miembros para regular los servicios de la sociedad de la información. 
La sociedad está llegando a un punto en el que los consumidores disponen de oportunidades para obtener bienes y servicios electrónicamente. 
Estas oportunidades para el comercio transfronterizo deben materializarse a fin de obtener los beneficios de una mayor productividad, crecimiento y competitividad, que son las fuerzas motrices de la creación de empleo en Europa. 
Al mismo tiempo debemos asegurarnos de que las nuevas formas de exclusión social no se vean favorecidas por la creciente importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
En ese sentido el entorno reglamentario es un factor importante, a la vez que la innovación y el progreso tecnológico son prioridades en este sector. 
Hay que dejar que se desarrollen dentro de un marco reglamentario flexible y coherente. 
La introducción de normas contradictorias o incoherentes por parte de los Estados miembros plantea problemas muy reales y el peligro de que los competidores en Europa dañen el mercado interior limitando la libre circulación de bienes y servicios. 
Señor Presidente, la opinión es positiva, ya que es importante la ampliación de las normas de la sociedad de las mercancías a la sociedad de la información, propuesta por la directiva. 
Como es obvio, no podemos detenernos aquí. 
Es por esta razón que la Comisión de Asuntos Jurídicos propone a la Comisión que tome en consideración la posibilidad de ampliar las reglas y, por consiguiente, también el procedimiento de información y de notificación por parte de los Estados miembros a la Unión Europea, así como la cooperación, a fin de eliminar posibles obstáculos a la libertad del mercado interior, en una materia tan delicada como es la información y el futuro de una sociedad como Internet, sobre todo a los efectos de proteger la importancia del ser humano. 
Por este motivo, en nuestra opinión, existen algunos considerandos especialmente significativos, en particular para que se inste a los organismos privados que, no obstante, tienen una fuerte incidencia en el mercado, a aplicar no sólo las reglamentaciones técnicas, sino también las normas, esto es, toda la normativa ya elaborada. 
Otro aspecto que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha querido recalcar es el del acceso, de la libertad de acceso, así como de la no discriminación en cuanto al acceso del consumidor. 
Una de las características de esta propuesta reside en que no afecta únicamente a los servicios a distancia por vía electrónica, sino también la interactividad del consumidor. 
Se trata de un servicio a petición individual en que, por primera vez, y he aquí la novedad de esta propuesta, se toma en consideración la participación directa del consumidor y, por lo tanto, del destinatario, del ciudadano y, por ello, es sumamente importante que exista una libertad real de acceso y, al mismo tiempo, la posibilidad de llevar a cabo un control. 
Por último, una breve observación: a través de una nueva enmienda, se ha introducido y vuelto a proponer al Pleno un punto importante que atañe a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es fundamental en este sector y sirve de guía para interpretar algunas disposiciones en materia de servicios. 
Sabemos que el Derecho comunitario tiene fuertes raíces en la jurisprudencia y, por lo tanto, creo que sería importante aprobarlo. 
Señor Presidente, los procedimientos de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas tienen una enorme influencia sobre la competitividad de la economía europea. 
Desde que en el sector de las RTE, es decir, energía, transportes y telecomunicaciones, nos decidimos en favor de desarrollar estrategias comunes con el objetivo de fomentar el bienestar y la seguridad de los puestos de trabajo en Europa, creo que vamos a tener una clara ventaja con estas normas en la competencia internacional. 
No afecta solamente a aspectos sociales y culturales sino que se trata directamente del mundo laboral. 
Gracias a esta tecnología pueden surgir puestos de trabajo totalmente nuevos. 
Tomemos sólo como ejemplo el servicio a distancia por vía electrónica a petición individual de un destinatario de servicios. 
Es decir, el cliente obtiene un acceso directo a los campos más diversos y puede reclamar estos servicios. 
Por ello, es necesario que en los Estados europeos mostremos la mayor transparencia posible para que las ventajas de un país puedan ser útiles para un segundo país. 
También se trata de que sepamos exactamente en qué sectores logramos progresos en lo referente al harware, software y manware. 
Se trata de cuestiones de formación y de coordinación técnica. 
Con frecuencia se confunden estos tres sectores. 
Lograr que este sector sea transparente es de enorme importancia para la Comunidad Europea. 
Un amplio acceso de los ciudadanos es sencillamente un derecho fundamental de la libertad y representa además una aplicación del Tratado. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión desea congratularse con el ponente Sr. Hendrick, así como con los Sres. Ferri, ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y Whitehead, ponente para opinión de la Comisión de Cultura, del excelente trabajo que han llevado a cabo. 
La rápida adopción de esta propuesta de directiva representa, según la Comisión, una de las premisas fundamentales para garantizar el desarrollo equilibrado de los servicios de la sociedad de la información en Europa. 
Los nuevos servicios constituyen un potencial realmente único para la competitividad de la economía europea, así como para la valorización de sus diversidades. 
Dichos servicios ofrecen grandes oportunidades para el crecimiento de nuestra industria y la innovación, así como para las inversiones, la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa y las posibilidades de elección de los consumidores. 
Para que esto sea así, sin embargo, es necesario que los nuevos servicios, que por su propia naturaleza están llamados a superar las fronteras geográficas, se beneficien totalmente de las dimensiones de nuestro espacio sin fronteras. 
Hace falta, en definitiva, prevenir el riesgo de una nueva fragmentación a escala nacional del marco normativo unitario que ofrece el mercado interior. 
La propuesta de directiva que establece un mecanismo de transparencia para los servicios de la sociedad de la información, está orientada precisamente a evitar este peligro a través del establecimiento de un procedimiento de información legislativa previa y un sistema de cooperación administrativa entre las autoridades nacionales y comunitarias. 
Dicho mecanismo permitirá evitar que surjan nuevos obstáculos a la libre circulación y, al mismo tiempo, estudiar y acordar, a nivel europeo, soluciones adecuadas para salvaguardar más eficazmente los intereses fundamentales dignos de protección tales como la defensa del consumidor y de los menores o los objetivos de la política cultural en Europa. 
La Comisión se alegra en particular de que el debate parlamentario llevado a cabo hasta ahora, haya captado plenamente la importancia y apoyado claramente los objetivos de esta propuesta de directiva. 
Asimismo, compruebo con satisfacción que la mayor parte de las enmiendas están dirigidas a reforzar la propuesta o a puntualizar su contenido y, por consiguiente, la Comisión las acoge muy favorablemente. 
Me refiero a las enmiendas núms 2, previa su nueva formulación, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 en la versión italiana, 14 en parte, 15, 17, 19 y 20. 
Por el contrario, aun sin rechazar su espíritu, la Comisión no está en condiciones de admitir las enmiendas que no se insertan realmente en el contexto de la propuesta o cuyo efecto sería alterar el actual funcionamiento de la Directiva 83/189. 
La finalidad de la presente propuesta es, de hecho, ampliar al sector de los nuevos servicios el procedimiento aplicado en la actualidad a las mercancías, sin modificarlo, no obstante, en absoluto, ya que se trata de un procedimiento que ha demostrado su eficacia. 
Por estas razones, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 4, 5, 7, 8, 16 y 18. 
Por último, señor Presidente, la Comisión tampoco puede acoger la enmienda nº 21, dado que estima que la transparencia debe aplicarse a todos los servicios que circulan por las autopistas de la información, sin exclusión alguna. 
Esta directiva que, de hecho, repito, contempla de forma exclusiva normas de procedimiento, no sólo deja abiertas las problemáticas relativas a cada sector y en particular al ámbito cultural, sino que además podrá prestar una valiosa contribución a la reflexión sobre las futuras acciones necesarias en este ámbito. 
En realidad, hemos considerado que se trata de una materia tan nueva y tan dinámica que, hoy por hoy, no permite que nadie pueda definir un marco reglamentario completo y definitivo. 
En consecuencia, lo mejor es aplicar un procedimiento flexible, pero eficaz. 
En conclusión, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Parlamento Europeo por el apoyo prestado hasta ahora en pro del rápido avance de esta iniciativa que reviste mucha importancia para el desarrollo de las sociedad de la información en Europa. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Después de la votación de las enmiendas 17 y 18. 
Señor Presidente, sería preciso que preguntara si hay votos en contra. 
Sólo ha pedido los votos en favor, no los votos en contra. 
Lo siento ,... no soy yo quién hace la traducción. 
No se trata de un problema de traducción. 
Realmente, al no tratarse de una votación nominal, cuando veo tantas manos levantadas, después de haber preguntado quién está a favor, es inútil perder el tiempo preguntando cuántos están en contra. 
El hecho es, señor Presidente, que aunque nos hallemos en minoría, deseamos dejar constancia de que votamos en contra. 
Por eso es preciso preguntar también quién está en contra, para que aquellos que lo estamos podamos dejar clara nuestra posición, aunque seamos pocos. 
De otro modo no nos es posible. 
Señor Cars, no cabe duda de que usted tiene razón. 
Así lo haré, aunque, repito, se comprueba sólo en el momento en que alguien levanta la mano. 
No queda constancia de ello. 
(EL Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Políticas regionales en Austria, Finlandia y Suecia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0114/97) del Sr. Rack, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (96) 0316- C4-0533/96) sobre la aplicación de las políticas regionales de la Unión Europea en Austria, Finlandia y Suecia. 
Señor Presidente, señoras y señores, el informe sobre la ejecución de las políticas regionales en los tres nuevos países miembros, Austria, Suecia y Finlandia, es un informe apenas controvertido. 
No obstante, no por ello carece de importancia. 
No carece de importancia para los países afectados ni para la Unión Europea en su totalidad y hasta un cierto grado es también interesante e importante para los futuros candidatos al ingreso a la Unión. 
El informe se refiere solamente al primer año y medio desde la fecha de la adhesión. 
En varias intervenciones orales ante la comisión, la Comisión ha proporcionado continuamente datos actuales y, visto de este modo, ha actualizado el informe. 
El informe se refiere a la comunicación sobre la ejecución de programas por un importe total superior a los 7.500 millones de ecus, de ellos, 1.600 para Austria, 1.700 para Finlandia y 1.400 para Suecia. 
El informe se centra en los objetivos 1, 2, 5b y 6. 
No obstante, en una serie de referencias- lo que hemos profundizado también en la comisión- contiene también las correspondientes declaraciones sobre los objetivos restantes. 
En su informe, la Comisión da unas notas muy buenas a los tres nuevos Estados miembros, tanto en lo que al grado de aplicación se refiere como al de utilización de los correspondientes créditos. 
Los tres países cumplen en lo esencial y de modo general los calendarios. 
Gastan su dinero tal como está previsto, logrando de este modo también algunas cosas. 
Bajo esta perspectiva, este informe muestra que Estados bien desarrollados económicamente- los tres son contribuyentes netos- pueden obtener beneficios mediante la participación en el sistema de la política regional europea. 
Algunos de estos beneficios se mencionan expresamente. 
En lo esencial, se trata de que los tres países se han adaptado muy rápidamente y además han ejecutado de un modo muy razonable, primero la planificación de la política regional y luego la utilización de los créditos correspondientes en base a este modo de proceder planificado. 
En lo esencial, también se puede constatar un efecto de aprendizaje cuyos primeros efectos se empiezan a ver ahora. 
La Comisión exige con razón una evaluación de si y hasta qué punto van a lograr sus objetivos los fondos empleados. 
Aquí debemos sumar aún algunas experiencias, lo que es también aplicable al tema de la transparencia. 
En este punto, algunos Estados miembros, en especial, Suecia y Finlandia, son ejemplares debido a su propia tradición. 
Los demás pueden aprender de estos dos países en este punto. 
Efectos de aprendizaje para los países miembros, tanto los nuevos como los antiguos, se deducen también de los conceptos de cooperación y el Bottom-up. 
Aquí el tema de la política regional se trata de un modo tal que integra al ciudadano. 
Desde esta perspectiva, en los debates de la comisión hemos llevado a cabo una audición con representantes regionales de los tres nuevos Estados miembros, lo que fue acogido muy positivamente por los afectados. 
Importante en la ejecución de la política regional en los tres nuevos países miembros es que además se han destacado unos nuevos contenidos. 
En especial, en lo que se refiere a los programas de medio ambiente, de igualdad de trato y fomento de la mujer y al uso de las nuevas tecnologías de la información, los tres Estados, en base a valoraciones de sus propios sistemas políticos, han dado unos nuevos impulsos muy satisfactorios no sólo para la propia política regional sino también para la política regional europea en su totalidad. 
Otro efecto de aprendizaje importante sobre el que se llama la atención en este informe así como en otros informes paralelos, ha sido y es el hecho de que los tres nuevos países miembros, en especial Austria y Finlandia, desde su posición periférica han dado unas señales muy positivas precisamente en lo que se refiere a la cooperación interregional y transfronteriza y en este contexto, es también de interés para los futuros Estados socios de la Unión seguir esta evolución. 
Hay que mencionar expresamente un último efecto de aprendizaje pues es asimismo muy importante. 
También podemos aprender de los errores y no sólo de los buenos ejemplos. 
Se han cometido y se cometerán errores. 
En el campo de la ejecución de la política regional, tanto a nivel europeo como nacional, existe aún demasiada burocracia y poca información. 
Me adhiero al agradecimiento a la Comisión porque en el debate de este informe siempre se ha mostrado dispuesta de un modo muy colegial a proporcionarnos las cifras actuales, agradecimiento que hago extensivo a los colaboradores de esta Asamblea. 
Espero que este informe se apruebe del modo más unánime posible. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tal como ha dicho el ponente, este informe es un documento al que todos podemos dar nuestra aprobación. 
También le quiero felicitar por este inventario de la política estructural en los tres nuevos Estados miembros. 
Nuestro grupo político va a dar sin duda su voto afirmativo a este informe. 
Este inventario es precisamente importante en los tres nuevos Estados miembros ya que van a estar sentados por primera vez en la mesa de negociaciones en la próxima reforma de la política estructural. 
Por ello, es también muy importante que la Unión refleje estas nuevas experiencias, por así decirlo, las frescas experiencias de estos Estados miembros en sus consideraciones a la hora de realizar la reforma de las políticas estructurales. 
Al mismo tiempo, estos tres nuevos Estados miembros- lo que puedo decir por las discusiones en curso que tienen lugar en mi país, Austria- deberán prepararse muy seriamente para el debate. 
No puede ser que en el debate sobre política estructural se intente que dos por dos sean cinco. 
Es decir, en Austria están por ejemplo los liberales, quienes, por un lado, intentan que nuestras aportaciones como miembro desciendan y, por otro, quieren hacer de todos los Estado federados un territorio del objetivo 1. 
Por ello, creo que un informe de este tipo es muy importante para impulsar un debate serio sobre las posibilidades del Reglamento de Política Estructural y de los Fondos estructurales de la Unión. 
También va a ser importante que el debate sobre el futuro de los Fondos estructurales se mantenga bajo el aspecto de que los Estados miembros, incluyendo a los nuevos- contribuyentes netos tal como ha dicho el ponente- no están dispuestos a pagar más al presupuesto europeo. 
Es decir, próximamente tenemos que mantener un debate muy a fondo también en estos nuevos Estados miembros sobre dónde deben marcarse las prioridades. 
Las veo claramente en la creación de más empleo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión y el excelente informe del Sr. Rack, sobre la realización de la política regional de la Unión Europea en los nuevos Estados miembros, ponen de manifiesto tanto los aspectos positivos como los puntos problemáticos. 
Los retrasos en la fase inicial de la realización por parte de los Estados miembros, los problemas de difusión de la información, y la inactividad de la administración. 
El informe, y las propias evaluaciones realizadas en los Estados miembros, pone concretamente de manifiesto la necesidad de simplificar la administración. 
También la fragmentación de los fondos y la estructura centralizada de la administración son razones para la descentralización en favor de las regiones. 
Las problemas específicos de Finlandia, y en parte también de Suecia, diferentes a los de los demás Estados miembros de la UE, radican en las grandes distancias, la escasez de la población y las circunstancias que origina el clima excepcionalmente frío. 
Los Fondos estructurales para estos países se concentran en las regiones situadas a miles de kilómetros de los mercados centrales europeos, muy próximas a la frontera con Rusia. 
Para la principal actividad laboral en estas regiones, la agricultura, la adhesión a la UE ha dado lugar a la rápida transformación estructural. 
Los mercados abiertos han dado lugar a situaciones en las que, debido a la falta de tiempo para la adaptación, resulta imposible ser competitivo sin subvenciones para los costes de producción. 
Estimados colegas, me permito mencionar a este respecto que en estos momentos en el norte de Finlandia la nieve tiene aproximadamente un metro de espesor. 
Finlandia es el país europeo con más terreno agrícola, para el que resulta muy importante que se lleve a cabo una política agrícola que apoye la diversificación de la actividad empresarial. 
Finlandia padece actualmente el segundo nivel más alto de desempleo de la Unión. 
El desarrollo de la economía regional ha sido débil debido a la crisis récord de los 90. 
Ahora, cuando comienza a crecer la economía, los perdedores han sido las regiones periféricas, y en éstas los jóvenes empresarios que se desplazan a las zonas más pobladas del sur del país. 
Es decir, a pesar de las ayudas y los esfuerzos, las diferencias entre las regiones se agrava, aunque el objetivo sea también, y así debe ser, el desarrollo espontáneo y plural de las regiones. 
En mi opinión, con respecto a estos objetivos, a partir de las experiencias obtenidas se demuestra claramente que la responsabilidad de la ejecución de los programas debe pasar a los Estados miembros, y de éstos a sus provincias, a las propias regiones. 
Hay que renunciar al desglose demasiado detallado de las medidas de los programas, y esto se debe poder extender. 
No obstante, los programas son absolutamente necesarios para esas regiones. 
Han dado lugar a proyectos viables, nuevas formas de cooperación y trabajos con objetivos específicos. 
Es necesario que en el marco de la reforma de los Fondos estructurales también se garantice la continuidad de la ayuda para las regiones septentrionales de la Unión. 
Señor Presidente, tanto en la comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Rack se han descrito, de manera muy interesante, las experiencias obtenidas en la aplicación de la política regional en los tres nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, expreso mi agradecimiento y mi felicitación tanto al Sr. Rack como a la Comisión. 
En el documento se presentan numerosas e importantes observaciones. 
Éstas demuestran, entre otras cosas, que la puesta en práctica de la política regional de la Unión requiere muchísimo tiempo. 
En Finlandia y, según tengo entendido, también en Suecia, las autoridades regionales y locales han criticado enérgicamente el hecho de que las actividades administrativas rutinarias han consumido y consumen todavía demasiado tiempo. 
Un tiempo que debería haberse dedicado al propio proceso y al examen de sus objetivos y soluciones. 
También se ha prestado gran atención a los problemas surgidos de la burocracia administrativa y de la ausencia de coordinación interna entre las unidades de la Comisión. 
Con objeto de facilitar y promover el empleo de los Fondos estructurales es totalmente imprescindible simplificar el procedimiento administrativo y desarrollar la coordinación interna entre las unidades de la Comisión. 
Las direcciones generales competentes de la Comisión deberán interpretar y aplicar las normas de la misma manera. 
En la realización de la política regional se ha subrayado la participación de las autoridades regionales y locales y de los grupos de interés en la programación y ejecución de la política regional. 
Sin embargo, a la luz de las experiencias obtenidas hasta ahora, el cometido de los agentes locales dista mucho de ser suficiente. 
En Finlandia, por ejemplo, la financiación de la UE se canaliza a través del presupuesto del Estado. 
Esta práctica supone una burocracia adicional y la inclusión de los objetivos propios del gobierno nacional en el reparto de recursos a los objetivos regionales. 
En Finlandia las autoridades regionales y locales esperan que la capacidad decisoria sobre la financiación de la UE se traslade a las regiones. 
La Comisión debería asegurar en el futuro que las autoridades regionales y locales puedan decidir plenamente la aprobación y realización de los programas. 
Independientemente de los problemas, es preciso subrayar que el empleo de los Fondos estructurales ha proporcionado, obviamente, un nuevo impulso y entusiasmo a la actividad regional, con lo que se ha incrementado también el sentimiento de internacionalidad y la conciencia de Unión Europea. 
Señor Presidente, como ciudadano sueco acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión y el informe del Consejo. 
Ambos concuerdan en general con las conclusiones a las que llegó el Comité de las Regiones con ocasión de su reunión el 15 de enero de 1997. 
Quiero destacar encarecidamente las deficiencias de la información que se debe a las partes afectadas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de Suecia. 
La intricada administración y burocracia de la UE, así como la nacional, además del incumplimiento de la normativa armonizada, han contribuido activamente a dificultar la puesta en práctica de la política regional. 
Las críticas contra la administración central, sobre todo en Suecia, están además verdaderamente justificadas. 
Dado que los tres países son contribuyentes netos en relación con la UE, es también importante, desde el punto de vista psicológico, que exista un flujo de devoluciones cuantitativo y considerable con destino a estos países bajo la modalidad de unas ayudas regionales, y que se puedan aplicar estas ayudas de un modo sencillo, rápido y eficaz. 
La conservación y el desarrollo de las regiones del objetivo 6 es, por tanto, extremadamente importante. 
La Comisión ha resaltado en su Report on Cohesion and Environment que las organizaciones no gubernamentales deben participar en mayor medida en la configuración de la política regional. 
La comisión parlamentaria está de acuerdo y aprobó nuestra propuesta de enmienda. 
Compruebo, para mi decepción, que el Sr. Rack, a través de la enmienda nº 4, tiene la intención de oponerse a la Comisión y a la comisión parlamentaria suprimiendo la participación de las ONGs. 
El acceso que merecen las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, debería ser generalmente aceptado. 
Tienen los conocimientos locales y la aceptación de que carecen a menudo y lamentablemente las autoridades públicas. 
También es importante el hecho de que no se movilizan por intereses económicos ni por ambición de poder. 
En consecuencia, invito al Parlamento a que vote en contra de la enmienda nº 4 y a favor del texto original. 
Por lo demás, votaremos afirmativamente sobre el informe. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cualquiera que se ocupe en su país de la tramitación de proyectos de la UE, debería conocer por la práctica los puntos de crítica de este informe. 
Esta crítica se puede resumir en dos conceptos: menos burocracia y más transparencia en las ayudas regionales. 
Mientras no se tengan en cuenta estas exigencias, algunos ciudadanos de los países miembros más desarrollados tendrán un motivo más para fomentar su euroescepticismo. 
Como diputado austríaco, tengo gran interés en que, en el futuro, las ayudas de la UE se empleen preferentemente para combatir el paro y que la creación de puestos de trabajo tenga la máxima prioridad. 
Pero la creación de puestos de trabajo no se logra mediante ayudas a algunos grandes consorcios multinacionales que, con frecuencia, cuando los primeros vientos económicos no son favorables, arrían las velas y despiden a los trabajadores en masa, sino mediante ayudas a las pequeñas y medianas empresas que son las que crean más trabajo no solamente en Austria. 
Lo que me gustaría que en el futuro no ocurriese lo quiero mostrar en base a un ejemplo. 
El Burgenland fue clasificado como territorio del objetivo 1 y percibirá desde 1995 hasta 1999 160 millones de ecus. 
Con este dinero se deberían crear 7.300 nuevos puestos de trabajo. 
Pero si se mira cómo se ha empleado esta ayuda, destaca que de las 9.000 empresas existentes solamente perciben ayudas 70. 
Y entre éstas, el trozo más grande de la tarta se lo ha llevado la empresa Lenzing con 10 millones de ecus, lo que representa el 30 % de las ayudas que se conceden anualmente. 
Esta empresa ha creado con este dinero sólo unos 120 puestos de trabajo que ya están en peligro porque el consorcio matriz ha sufrido unas pérdidas millonarias. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Rack por su buen y exhaustivo trabajo en la evaluación de la política regional de los tres nuevos Estados miembros. 
El principio central de la política regional de la Unión Europea es la reducción de las diferencias regionales, lo que aún no se ha conseguido hoy en día. 
También en los nuevos Estados miembros se percibe que las diferencias entre las regiones aumentan más que disminuyen. 
Los nuevos Estados miembros de la Unión Europea se diferencian en muchas cosas de los llamados viejos Estados miembros. 
Finlandia y Suecia tienen, por ejemplo, una zona de promoción totalmente nueva, la región del Objetivo 6, faltando completamente la zona de promoción del Objetivo 1. 
En la zona del Objetivo 6 se presta atención a las cuestiones típicas de los países nórdicos que nos diferencian de los demás países, es decir, la escasa densidad demográfica y las grandes distancias. 
Cuando se bosqueje en el futuro la política regional de la Unión Europea, deberán incluirse estas cuestiones, continuándose el programa de apoyo del Objetivo 6 o incluyendo las cuestiones típicas de las zonas nórdicas en otros programas. 
El problema del actual programa del Objetivo 6 es, sin embargo, que en los fondos de desarrollo regional se han incluido también las ayudas a la agricultura. 
Existen regiones en la que dos terceras partes de los recursos se destinan a las explotaciones agrícolas, destinándose sólo una tercera parte al desarrollo estructural de las regiones. 
Sin embargo, el objetivo más importante de la política regional de Finlandia y de toda la UE, al margen de la cohesión, es mejorar el empleo y desterrar la lacra del desempleo. 
El Sr. Rack también ha descrito bien los problemas relativos a la situación de los nuevos Estados miembros. 
Poseemos una cultura administrativa razonablemente buena, si bien los programas estructurales de la UE han originado una burocracia adicional. 
Este problema se ha descrito muy acertadamente y esperemos que en la renovación de los programas en materia de política estructural pueda superarse tal problema. 
Como hecho positivo en lo referente a Finlandia, puede decirse, según se ha afirmado aquí, que han surgido un gran número de colaboraciones nuevas y entusiastas. 
Señor Presidente, en términos generales pienso que el informe que debatimos es de gran calidad y que hace una descripción correcta de la situación. 
Existen además aspectos de las ayudas regionales de la UE que han funcionado muy bien en la práctica. 
Se trata sobre todo de los objetivos 4 y 3. 
Existen, no obstante, muchas otras cosas que, a decir verdad, no funcionan demasiado bien. 
Existen, además, varios problemas especialmente relacionados con las regiones suecas del objetivo 6, y que giran en torno a las ayudas a las zonas despobladas. 
Uno de los problemas es que hay una participación muy débil por parte de la empresa privada, lo cual se debe ciertamente a la burocracia. 
Otro problema es que se financia un porcentaje muy bajo de las ayudas; en Suecia se han desembolsado el 10 por ciento de los recursos, y esto es a lo que ha ascendido el valor de las ayudas. 
Además, muchos ayuntamientos tienen una economía tan mala que no pueden permitirse aplicar las ayudas de la UE; simplemente carecen de medios para financiarla. 
Lo que sucede hoy por hoy es que los ayuntamientos y las autoridades regionales suprimen actividades que funcionan bien y se pasan a unos proyectos arbitrarios de la UE, lo cual no constituye una evolución de signo positivo. 
Por tanto, en adelante deben modificarse las ayudas del objetivo 6 para que sean más eficaces y funcionen mejor, dado que es en las zonas despobladas donde existen los problemas más graves en materia de política regional. 
Para resumir, estoy dispuesto a afirmar que hubiera sido mucho más eficaz conservar los medios económicos en Suecia y no haberlos dejado ir vía la UE, sino haber permitido que Suecia decidiera por sí misma cómo aplicar las ayudas. 
Ésta es ciertamente la verdad sobre este tipo de ayudas. 
También es importante considerar la política regional como un todo, y la repercusión que ha tenido la adhesión a la UE. 
El hecho es que la clave del balance regional que existía en Suecia, con unos niveles regionales muy uniformes, era un fuerte sector público y unos sistemas públicos de transferencias. 
A causa del proceso de la UEM se están llevando a cabo grandes recortes en todo esto, lo cual incide con gran dureza en el equilibrio regional. 
Además, la mayor parte de las cantidades destinadas a Suecia van dirigidas a la agricultura, sobre todo a la del sur de Suecia, y esto tiene un efecto muy negativo en el plano de la política regional. 
Además, la UE se orienta hacia unas fuertes intervenciones en la política regional de los Estados, un ejemplo son nuestras ayudas al transporte, que constituyen una modalidad muy eficaz de ayudas dentro del marco de la política regional. 
Por consiguiente, compruebo lamentablemente que, en general, la adhesión a la UE ha tenido en Suecia unos resultados negativos en términos de equilibrio regional. 
Señor Presidente, la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, constituye uno de nuestros objetivos más importantes como diputados elegidos democráticamente, así como procurar que todos tengan iguales posibilidades de trabajar, de formarse, recibir cuidados y comunicarse, independientemente de que residan en ciudades grandes, pequeñas, o en zonas rurales. 
Las zonas del norte de Suecia y el norte de Finlandia están muy despobladas, incluso se da el caso de que hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Una política regional activa bajo el principio de que «toda Suecia pueda subsistir» es, por tanto, un componente importante de la política interior sueca, para la que el objetivo 6 es extremadamente decisivo y debe evidentemente mantenerse. 
El objetivo de la política regional europea debe ser que «toda Europa pueda subsistir». 
Ésta es una rúbrica excelente para la política regional que se debería llevar en la Unión. 
Suecia contribuye con 20 mil millones de coronas suecas al año en concepto de pertenencia a la UE. 
De esta cantidad, 5 mil millones se destinan a la agricultura y 4 a la política regional. 
Para poder utilizar estos 4 mil millones contribuimos desde el presupuesto sueco con la misma cantidad. 
Esto puede parecer bien, pero mi pregunta es si esta circulación de recursos, primero con destino a «Bruselas» y a continuación de vuelta al país, constituye un buen modelo. 
Los recursos que se nos devuelven van unidos además a una gran cantidad de normas y de burocracia. 
No podemos aquí y ahora dar solución a este problema, pero habrá que hacerlo cuando revisemos los fondos estructurales después de 1999. 
También menciona el informe la burocracia y la lentitud, en especial la lentitud que media entre la adopción de las decisiones y su financiación. 
Este proceso debe ser más eficaz. 
Señor Presidente, menos objetivos, menos fondos e iniciativas comunitarias, una mejor coordinación entre la política regional de la UE y la de los países miembros, un aumento de la influencia regional y local en las decisiones que se adoptan y en la planificación, realización y seguimiento de los proyectos comunitarios, concentración de fuerzas con el fin de resolver el problema del elevado índice de paro en el norte de Suecia y el norte de Finlandia, así como un medio ambiente mejor y una cooperación regional transfronteriza, son algunas de las propuestas que también pueden ayudar a mejorar la política regional, tanto la de los países miembros como la de la propia UE. 
Éstas son propuestas que pueden hacer más eficaz la política regional. 
Mi aplauso, señor Presidente, para el informe del Sr. Rack. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión y, en particular, en nombre de la Sra. Wulf-Mathies, Comisaria responsable de uno de los principales ámbitos de la política regional, deseo agradecer al Sr. Rack su informe y proyecto de resolución. 
El informe expresa, y cito textualmente, » un juicio claramente positivo sobre la ejecución hasta la fecha de los programas de los Fondos estructurales en los tres Estados miembros». 
Este resultado no es sólo ni principalmente mérito de la Comisión, sino que debe atribuirse a la profesionalidad con la que estos tres Estados miembros han afrontado su labor. 
No cabe duda de que sigue siendo un motivo de gran satisfacción, a pesar de que no debería caer nunca en la autocomplacencia. 
El informe formula una serie de críticas constructivas, muchas de las cuales figurarán en el orden del día durante los debates sobre la reforma de los Fondos estructurales, emprendidos a raíz del reciente foro sobre la cohesión. 
Antes de contestar estos puntos, deseo señalar algunas partes del informe que ponen de manifiesto algunos principios de la política de desarrollo regional a los que hay que considerar siempre como parámetros del debate sobre la reforma. 
En primer lugar, un desarrollo económico a escala nacional relativamente avanzado no excluye la existencia de problemas de desarrollo regional específicos y de diferencias que requieren las intervenciones de los Fondos estructurales. 
Deseo asimismo recordar, en particular a sus Señorías, que el PIB per cápita en Suecia y en Finlandia está todavía por debajo de la media comunitaria. 
En segundo lugar, los principios de programación plurianual, cooperación, subsidiariedad, adicionalidad y concentración han demostrado ser los factores fundamentales de la política regional de la Unión. 
La cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, así como dentro de los mismos, se encuentra ante el reto que plantea la excesiva complejidad. 
Es un principio que queremos defender intentando, al mismo tiempo, reducir la burocracia, en consonancia con una buena y eficaz gestión de los Fondos. 
En tercer lugar, el fomento del empleo, la modernización tecnológica, la igualdad de oportunidades y el medio ambiente deben seguir siendo las prioridades de los nuevos Fondos estructurales. 
La cooperación transfronteriza e interregional es otro ámbito que revaloriza las intervenciones estructurales de la Unión y que debe fomentarse. 
Otro ámbito que reserva prometedoras expectativas para el futuro está representado por las iniciativas locales, en particular las que fomentan el empleo. 
Les remito, con respecto a este punto, al vigente Programa de acuerdos territoriales para el empleo que la Comisión apoya firmemente, ya que comparte su enfoque. 
El mismo, de hecho, reconduce el principio de la asociación a nivel básico e implica a los sectores público, privado y del voluntariado en una acción común en favor del empleo. 
El programa Leader II ya obtuvo buenos resultados en este ámbito. 
Pasando a las críticas, considero que nuestros mecanismos de administración y de distribución pueden y deben mejorarse. 
Como recalca el informe, los tres nuevos Estados miembros toleran muy mal el exceso de burocratismo. 
En el seno de la Comisión existe un amplio consenso con respecto a muchas de las mejoras propuestas: reducir el número de los programas que integran las Iniciativas Comunitarias y las cargas burocráticas correspondientes, mejorar la coordinación y armonizar mejor las reglas entre los diferentes Fondos y las direcciones generales, etcétera. 
La Comisión se está poniendo en marcha, como demuestra el proyecto SEM 2000. 
Muchas de las mejoras, sin embargo, deberán esperar la gran reforma de los Fondos estructurales para el nuevo período de programación. 
Entre las reformas deberá haber una mayor utilización de los modernos sistemas de financiación, entre los que se encuentran los capitales de puesta en marcha y de riesgo. 
En cuanto a la reciente planificación de programas para las regiones finlandesas del Objetivo 2, realmente se ha tratado de un proceso largo y laborioso. 
Deseo llamar su atención sobre las ventajas secundarias, en particular la posibilidad de simplificar y redefinir el programa y de anticipar la evaluación intermedia. 
Por lo que se refiere a los demás objetivos, la evaluación intermedia no ha concluido todavía y, a pesar de nuestros esfuerzos, los progresos son lentos. 
El informe nos acusa de haber dejado de lado las zonas rurales y el Objetivo 5b. 
Esto no quiere decir que la Comisión subestime las dificultades de las zonas rurales, ya que, como se recalca en el informe del Sr. Rack, una parte muy significativa de los recursos disponibles se ha utilizado precisamente para las acciones destinadas a las zonas rurales y la agricultura en las regiones nórdicas y alpinas. 
Por último, señor Presidente, señor Rack, Señorías, deseo expresar mi satisfacción y la de la Comisión por el informe y agradecerles las observaciones críticas y constructivas que han formulado. 
Creo que éste es otro excelente ejemplo de la colaboración que existe entre nuestras Instituciones. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, sólo quiero realizar una observación sobre el Acta. 
Ayer, en las votaciones nominales quise votar a favor de la abstención en dos casos, en el del informe Titley y en el de los plátanos de la OMC, y no a favor. 
Lo indiqué para que constase en Acta pero no se menciona en el Acta de votaciones nominales. 
Le ruego que averigüe cuál es la causa. 
No tiene sentido que hagamos correcciones si luego no se hacen constar en el Acta. 
Señora Mann, le agradezco su intervención, sin embargo, las intervenciones sobre el Acta han tenido lugar hace más de una hora. 
De todos modos, vamos a tener en cuenta su solicitud. 
Cooperación transfronteriza e interregional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0161/97) , en nombre de la Comisión de Política Regional sobre la cooperación transfronteriza e interregional. 
Señor Presidente, la cooperación transfronteriza e interregional es la actividad fundamental de la Unión Europea. 
La configuración actual de las fronteras de los países europeos es el resultado de guerras agotadoras que han costado muchas vidas humanas. 
La Unión Europea se fundó, entre otras cosas, para resolver los conflictos por medio de negociaciones y una legislación común. 
Primordialmente, las fronteras separan naciones. 
Con la realización del mercado interior han disminuido los problemas fronterizos internos; pero, desafortunadamente, no se han suprimido del todo. 
La cooperación transfronteriza de la UE, que se aplicará en las fronteras interiores consiste, sobre todo, en llevar hasta sus últimas consecuencias el derecho al libre desplazamiento de las personas, las mercancías y los servicios. 
El punto de partida deberá ser distender la realización de las tareas diarias de los ciudadanos. 
Las fronteras no podrán convertirse, por ejemplo, en obstáculos a la prestación o empleo de los servicios locales. 
Los municipios fronterizos también podrán ahorrar en gran medida recursos fiscales de los contribuyentes estableciendo servicios e infraestructuras comunes en las regiones fronterizas. 
En esta tarea ya se ha avanzado bastante en algunos lugares. 
Ejemplos al respecto se encuentran en regiones fronterizas de Alemania, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia. 
También es digna de mención la colaboración, en la frontera sueco-finlandesa, la cooperación de las ciudades Haparanda y Tornio. 
Debe mencionarse que la colaboración que practican las vecinas Haparanda y Tornio es mucho más estrecha y fructífera que la alcanzada por otras dos ciudades de dichos países en el interior de los mismos. 
Sin embargo, la cooperación en las fronteras interiores plantea muy pocos problemas, si se compara con la cooperación entre los países de la UE y terceros países. 
Debe afirmarse, sin embargo, que, a pesar de todas las dificultades, existen principios sólidos para el desarrollo de la colaboración entre la Unión Europea y terceros países. 
La conclusión de la división de Europa en dos bloques ofrece nuevas posibilidades al desarrollo de toda Europa. 
Sin embargo, para aprovecharlas deberá procurarse que en el interior de Europa no surjan nuevos muros que dividan a las naciones. 
La cooperación transfronteriza e interregional refuerza el sentido común de pertenencia de las regiones vecinas y de las distintas regiones de Europa y, por consiguiente, es la mejor manera de establecer y renovar las estructuras de colaboración. 
En Europa, es habitual acentuar la regionalidad. 
Se ha desarrollado el programa INTERREG IIC con objeto de promover la colaboración regional. 
Mediante éste y otros programas, la UE deberá fomentar el aprovechamiento de los recursos propios de las regiones mediante la explotación común. 
A escala de Unión Europea, la cooperación mediterránea ya ha obtenido carácter institucional. 
El desarrollo del programa del Mediterráneo y la eficacia de los trabajos en este ámbito son importantes para toda la Unión. 
Sin embargo, en la porción norte de la Unión Europea, en la zona del Mar Báltico y en la zona del Mar de Barents, también se está desarrollando la colaboración regional existente. 
En esta región se encuentran dos nuevos Estados miembros de la UE, así como Noruega, que mediante referéndum permaneció fuera de la Unión Europea, y Rusia, con sus grandes problemas sociales. 
Las cuestiones clave son, en particular, el medio ambiente y la extensión de la estabilidad regional, para lo que deberá reforzarse la colaboración entre la Unión Europea y los terceros países, en el sur, en el este y en el norte. 
El tercer aspecto importante de la colaboración transfronteriza e interregional es el desarrollo de relaciones concretas y eficaces de colaboración entre los países asociados y los países de la Unión Europea. 
La colaboración transfronteriza, en particular, deberá considerarse parte de la estrategia destinada a promover la adhesión de los países asociados, estableciéndose colaboraciones concretas en ambas direcciones para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en las regiones fronterizas. 
En la colaboración entre la UE y los terceros países todavía hay, sin embargo, muchos problemas que impiden el desarrollo de verdaderos proyectos transfronterizos. 
Un problema particular lo constituye el hecho de que los programas de colaboración entre los Estados miembros de la Unión Europea y los terceros países se basan en normas específicas y divergentes las unas de las otras. 
Los programas de los países de la UE son administrados por la Dirección General de Política Regional; y los programas de los terceros países, por la Dirección General de Relaciones Exteriores. 
Los programas de los terceros países, además, no tienen la duración ni la programación suficientes. 
En mi opinión, la solución a este problema de descoordinación temporal y legislativa podría ser el establecimiento de un fondo común para la colaboración transfronteriza con terceros países, con el que se financiarían y se administrarían los proyectos e iniciativas comunes. 
En mi opinión, ésta es una propuesta que la Comisión debería examinar muy minuciosamente, porque podría contribuir a reducir la burocracia, intensificar la realización de los proyectos y contribuir también a la consecución de una verdadera colaboración transfronteriza con terceros países. 
Analiza muy bien la situación actual, indica dónde es necesario introducir reformas y realiza también propuestas para el futuro. 
La cooperación transfronteriza e interregional en Europa representa para mí uno de los puntos centrales y una de las actividades más presentables de esta Unión Europea pues llena concretamente de vida lo que queremos, es decir, que esta Europa crezca conjuntamente, que la integración no sea una palabra vacía y que se persiga realmente la cohesión económica y social. 
Cooperación interregional y transfronteriza significa mirar más allá de nuestras narices, utilizar los efectos sinergéticos y allí donde antes existían obstáculos debidos a las fronteras, o dificultades en el uso conjunto de establecimientos- de infraestructura, sociales o sencillamente de carácter interhumano -, eliminar dichas fronteras. 
Esto se puede ver ya hoy en muchos lugares de la Unión Europea. 
Si ustedes provienen de una región en la que limitan entre si cuatro Estados europeos- Bélgica, Francia, Luxemburgo y Alemania- podrán ver que esto supone un desarrollo extraordinario. 
Pero también podrán ver que existen problemas y dificultades en la ejecución organizativa, precisamente en el sector administrativo. 
Se sabe que se entrecruzan diversas estructuras administrativas. 
Se trata de diversos niveles que tienen que actuar entre ellos. 
Esto no lo hace sencillo, pero las personas que allí viven, las administraciones, se esfuerzan por encontrar soluciones, también sobre la base de las ayudas estructurales de la Unión Europea. 
Pero también debo decir que en el futuro trabajo interregional y transfronterizo no se deberían exigir o crear niveles administrativos adicionales del tipo que sea. 
La responsabilidad política por este trabajo en el marco de los límites marcados por nosotros debe transmitirse a las estructuras democráticamente legitimadas por nosotros. 
Es su tarea hacerlo así. 
Pero no solamente tenemos fronteras interiores dentro de la Unión Europea que es necesario eliminar, sino también fronteras exteriores. 
Mi colega Riitta Myller lo ha dicho muy claramente. 
Apoyo plenamente lo que ha expuesto. 
Actualmente, las fronteras exteriores representan para nosotros, la Unión Europea, las regiones con los déficits más masivos. 
Allí se pueden ver las mayores diferencias y es donde deberá realizarse la mayor parte del trabajo. 
El tercer aspecto que hemos introducido en el pasado en el marco de INTERREG y que me parece muy importante es ver a Europa desde una perspectiva de ordenación del territorio. 
No ver solamente Estados nacionales o regiones aisladas sino espacios completos y sus problemas- me refiero al área del Báltico o del Mediterráneo- y actuar del modo correspondiente. 
Señorías, la reforma estructural va a estar en el orden del día durante las próximas semanas y meses. 
Creo que la cooperación interregional y los créditos de ayuda estructural de la Unión Europea existentes para ello, es decir, INTERREG, son unos de los puntos esenciales que deben proseguirse tras una reforma, pues este es el trabajo más europeo que podemos realizar. 
La cooperación es un punto muy importante. 
Cuando hablamos de la concentración de los Fondos estructurales y de la mejora de su eficiencia, entonces concentración debe significar concentrarse ante todo en aquellas cosas que son muy buenas y positivas y fortalecerlas. 
Abogo por fomentar INTERREG ante la próxima reforma estructural. 
La cooperación transfronteriza e interregional representa uno de los pilares más importantes en la construcción de la casa europea. 
Felicito a la Sra. Riitta Myller por su excelente informe y la apoyo desde aquí. 
Señor Presidente, en nombre del PPE quiero felicitar también a la ponente por su informe y expresar mi agradecimiento por la constructiva cooperación en la comisión. 
Hemos podido introducir puntos esenciales para nosotros que figuran ahora en el informe. 
Creemos que la cooperación transfronteriza e interregional es un pilar para la integración europea. 
Tal como ha dicho la ponente, existen dos aspectos: la cooperación intereuropea y la cooperación con terceros países, para los que esta forma de cooperación puede suponer una aportación esencial en el presente pero también en el futuro. 
En este contexto, no solamente debemos tener en cuenta la cohesión social y económica sino también la seguridad. 
En comparación con otros proyectos me atrevo a afirmar que la cooperación interregional y transfronteriza afecta más intensamente al ciudadano pues con mucha frecuencia es iniciativa de los ciudadanos que se realicen estos proyectos. 
Merecen que se les dedique más atención, pues en estos proyectos salen a la luz los obstáculos y dificultades de la cooperación y las personas tienen también una sensibilidad mucho mayor sobre este aspecto. 
La cooperación interregional debe tener más en cuenta los aspectos económicos, sociales, de medio ambiente y de ordenación del territorio pues las personas que viven en regiones fronterizas, por ejemplo, no entienden que a un lado de la frontera exista una buena protección de la salud y al otro no, que a un lado de la frontera se creen zonas de desarrollo económico, por ejemplo, en el marco de la ordenación del territorio, pero que al otro lado exista 1 km de zonas verdes con un elevado grado de protección del medio ambiente. 
Estos son problemas de la integración europea, por lo que los proyectos merecen nuestra especial atención. 
En primer lugar, este informe debe ser una base para proyectos futuros, para el siguiente programa. 
En segundo lugar, se debe coordinar mejor la cooperación interregional y transfronteriza con los restantes fondos y ayudas estructurales. 
En tercer lugar, se deberían simplificar los procedimientos. 
Si queremos que los ciudadanos o incluso iniciativas ciudadanas participen en este campo no podemos confrontarlos con costosas y dificultosas vías administrativas que hacen que tengan que esperar hasta un año y medio hasta obtener una respuesta definitiva a sus solicitudes. 
Además, estos programas son una ocasión para tener en cuenta los aspectos específicos de las regiones europeas. 
Como habitante de una región fronteriza les puedo asegurar que en estas regiones encontrarán europeos convencidos pero también críticos. 
No debemos dejar escapar la oportunidad de tener más en cuenta los impulsos de integración europea que vienen de estas regiones. 
En cualquier caso, espero que este importante informe sea una señal para la Comisión. 
Señora Presidenta, ante todo, me sumo plenamente a los elogios dirigidos a la Sra. Myller por el aliento que su informe infunde a toda Europa. Dicho esto, deseo abordar en profundidad una cuestión específica. 
Nos estamos ocupando de las grandes fronteras y de las nuevas fronteras, o sea, de las fronteras hacia el exterior, sin embargo, hasta ahora los programas INTERREG I e INTERREG II han financiado unas fronteras que hoy se consideran interiores, pero que se transformaron en tales gracias precisamente a la acción de estos programas. 
Me refiero a la treintena de euroregiones, definidas así por el Tratado, que existen en este momento y en las que los problemas no han acabado debido a que en la actualidad nos estamos ocupando de otras regiones situadas más hacia el Este. 
Coincido en algunos puntos, particularmente de la propuesta de resolución, que recuerdan en cierto modo a la raíz de este tipo de atención que depara la Unión Europea, especialmente aquellos puntos, como el 2, en lo que se hace referencia a orientaciones claras para la política de cooperación. 
En este tipo de actividad el alcance y la interpretación son tan amplios que, a veces, se corre el peligro de salirse del contexto y de las directrices señaladas por el Tratado. 
Unas orientaciones claras que, por consiguiente, nacen de tres acciones fundamentales: la primera es la que fomenta el intercambio de información, esto es, conocerse para entenderse; la segunda es la que valora las afinidades y, en su caso, lima las facetas que no son comunes; la tercera es la que se centra en programas comunes cuya finalidad es el objetivo prioritario de este tipo de intervención, o sea, eliminar o, por lo menos, reducir las desigualdades regionales. 
El punto 6 de la propuesta recuerda el papel de las regiones fronterizas intracomunitarias, y esto es lo que más me interesa, ya que los demás oradores se han ocupado de las nuevas fronteras. 
El objetivo prioritario- a él se refiere también el punto 11 de la propuesta de resolución- es fomentar el desarrollo económico y social. 
No es una casualidad que los agentes sociales sean invitados a participar expresamente. 
En consecuencia, no se trata de una delegación que la Unión Europea comisiona a las organizaciones políticas y las instituciones políticas regionales o nacionales, sino más bien de que intervengan los agentes sociales. 
Pero no tan sólo esto, en el punto 23, se dice de forma explícita que hay que fomentar la adhesión y la participación concreta del sector privado. Los ciudadanos deben ser los proponentes de las acciones, los intérpretes de las normas y, en consecuencia y en último término, los beneficiarios de las acciones. 
Digo todo esto porque están naciendo algunas euroregiones extrañas, apoyadas, por desgracia, con fondos comunitarios. 
Hablo de ellas expresamente ya que no constituyen sólo un problema de política interior, sino porque existen unas financiaciones comunitarias- y esta es la recomendación que me permito formular en este Pleno- que, a mi entender, deberían suscitar también el interés de la Comisión Europea. 
Me refiero a una euroregión llamada «Euregio tirolesa» , que está progresando, a pesar de las muchas oposiciones que surgieron tanto en Italia como en Austria, inmediatamente después de su nacimiento. 
Los dos Gobiernos, el italiano y el austríaco, han negado claramente la lógica de esta euroregión, fuera de las que prevé el Tratado. 
Sin embargo, esta «Euregio trentino-tirolesa» sigue adelante, propone programas y utiliza fondos comunitarios, con un objetivo muy distinto del que se proponen las euroregiones vistas como nosotros las entendemos, que tienden a difuminar o incluso a hacer desaparecer las fronteras internas. 
Ahora bien, esta euroregión elimina las fronteras anteriores, pero con el único objetivo de inventar una institución política inaceptable, que traza una nueva frontera, una gran línea roja alrededor de la que define «la Unión del Tirol» : Norte, Sur Tirol y un hipotético e históricamente no demostrable, Tirol trentino. 
Señor Comisario, le ruego que vele para que no se produzcan estas distorsiones y, ante todo, para que no se financien con los Fondos comunitarios. 
Señora Presidenta, este informe tiene una importancia muy especial en el contexto de la ampliación hacia el Este. 
Es reflejo de las urgentes modificaciones de la financiación, tanto de la cooperación transfronteriza como de la interregional en el área del Báltico y del Mediterráneo. 
Es intolerable la situación en las regiones europeas, por la que el dinero que está previsto para la cooperación transfronteriza se pueda gastar prácticamente sólo para el fomento de las zonas periféricas. 
Una confianza que ha costado gran esfuerzo establecer y los éxitos de innumerables conversaciones conjuntas para el desarrollo de proyectos quiebran ante la imposibilidad de poder financiar estos proyectos con un fondo. 
Por ello, el gran valor de este informe es que ahora va a ser posible financiar con un fondo común proyectos comunes no sólo de cooperación interregional sino también transfronteriza. 
Nos hemos puesto de acuerdo en que el Grupo de los Verdes retire su enmienda pues el apartado 4 es suficiente para presentar esta exigencia a la Comisión. 
Ahora se trata de actuar con rapidez para no destruir las esperanzas depositadas por las regiones. 
La Comisión es la encargada de tratar y ejecutar estas cosas. 
En el período de programas en curso podría fomentar modelos con los que se podría ensayar una financiación y evaluación conjuntas. 
El informe Schroedter de 1994 proporciona para ello posibilidades de actuación y espero que la Comisión reaccione muy rápidamente. 
Nuestro problema es siempre que las administraciones centrales recaudan indirectamente dinero para ellas. 
Esta exigencia de un fondo común ofrece también la posibilidad de que ahora los fondos se puedan administrar realmente en las regiones europeas. 
Ahora se opone con claridad algo y se acaba por fin con el intento de las administraciones centrales de emplear abusivamente los créditos para sus fines. 
La Comisión deberá también controlar que no prosiga este empleo abusivo en los programas en curso. 
Se trata realmente de unir los pueblos y ciudades en las fronteras, superar lo que separa y reconstruir los puentes destruidos en las guerras. 
En ningún otro lugar se puede apreciar tan bien el «recinto amurallado de Europa» como en las fronteras exteriores. 
Las normas de Schengen impiden en gran medida la cooperación en las regiones europeas. 
Nadie pisó la isla del teatro en Guben durante 50 años. 
Un puente de hormigón permitió celebrar conjuntamente una fiesta europea a los habitantes de Guben y de Gubin. 
Estas son las oportunidades que surjen para Europa. 
Una Europa abierta necesita ante todo la correspondiente voluntad política a todos los niveles. 
Señora Presidente, en toda la idea de la cooperación transfronteriza e interregional se están produciendo algunas transformaciones fascinantes, sobre todo para gente como yo que vive en una comunidad costera de Escocia. 
Tendemos a pensar que estamos ahí fuera en la periferia, que no tenemos fronteras hacia el este. 
Pero de hecho sí las tenemos, porque el Mar del Norte constituye una frontera común e, históricamente, Escocia ha estado muy ligada a los Países Bajos, a Flandes, a los países bálticos, a Alemania, etc. Ahora estos lazos se están restableciendo y yo acojo con gran satisfacción que el concepto se extienda explícitamente hacia el Mar del Norte, así como la idea de que los pueblos costeros también forman parte de una interregión. 
Como presidente del intergrupo sobre el Mar del Norte, soy partícipe de algunas interesantes transformaciones que se están proponiendo para el conjunto de la región. 
En algunos aspectos la región del Mar del Norte es afortunada por sus muchas ventajas, por ejemplo, en el terreno de la educación. 
Mi propio distrito electoral de Escocia nordeste cuenta con no menos de cuatro universidades, algo que se reproduce en muchas partes de la región. 
Tenemos unos caladeros que son sumamente importantes para Europa y muy importantes para las comunidades pesqueras. 
Tenemos unos aspectos históricos y culturales tremendamente importantes que son susceptibles de desarrollo. 
Por otra parte, sufrimos el carácter periférico y, más en concreto, la percepción por parte de Londres de que estamos muy lejos de todas partes. 
Me alegra ver que Bruselas es a veces algo más comprensiva que Londres. 
También sufrimos problemas como la contaminación y la necesidad de desarrollo costero y de conservación del litoral, algo que se ve aún más acentuado si se observan otras partes de la costa este de Inglaterra y partes de las costas holandesa y danesa. 
En todo esto hay un tremendo potencial. 
En la resolución que ha propuesto la Sra. Myller- la cual recomiendo sinceramente en su totalidad- hay un punto 5 muy interesante acerca de las identidades y minorías culturales y puedo ver, por ejemplo, que no sólo los escoceses sino también los frisones podrían beneficiarse del acento puesto en su lengua e historia propias. 
Hay posibilidades de desarrollo de la sociedad de la información y de protección de las comunidades costeras. 
Quisiera unirme a las felicitaciones dadas a la ponente por el informe y a la Comisión por ser tan innovadora y pensar en términos de INTERREG II C. Me alegro mucho de apoyarlo. 
Señora Presidenta, es positivo ver una propuesta sobre un aumento de la cooperación entre regiones dentro y fuera de la UE. 
Es importante que la UE no se encierre en sí misma. 
Apoyo asimismo la idea de unas estrategias de sobrevivencia para las regiones apartadas. 
Sin embargo, con respecto a la idea de crear una Europa de las regiones y los municipios formal, no soy de la misma opinión. 
Tal como la propuesta está redactada, es el embrión de una Europa infinita dividida en regiones. 
Los Estados nacionales siguen teniendo el monopolio de la recaudación de los impuestos, pero, a través de un aumento de la cooperación financiera y regional, la UE irá distribuyendo a las regiones una parte cada vez mayor de los impuestos recaudados en los Estados miembros. 
Con el aumento de la financiación y la politización de la cooperación regional, se reforzará la posición de la UE y de las regiones a costa de la autonomía de los Estados nacionales y las entidades locales. 
Demasiadas decisiones están siendo adoptadas por la UE y ejecutadas en los municipios y en las regiones. 
En este momento se está desarrollando un debate muy intenso sobre una de estas iniciativas transfronterizas, es decir, la cooperación transfronteriza entre Alemania y Dinamarca en la euroregio Schleswig/Slesvig. 
En la zona fronteriza ha surgido una fuerte crítica ante el temor de un dominio excesivo en la zona por parte de la República Federal y de la UE. 
Dado que la euroregio ha de figurar como una unidad en el contexto europeo, gran parte de la población de la zona la considera una formación estatal comunitaria metida por la puerta trasera, y no se trata de ningún modo de rencor hacia los alemanes, como pudiera deducirse de la forma en que esto fue dicho. 
Comparto tal actitud. 
En Dinamarca, son el Parlamento y el Gobierno quienes definen la política exterior, y no las provincias. 
La Provincia de Sønderjylland, que es la parte danesa fronteriza, no es un municipio de la UE, sino una provincia danesa. 
Nosotros mismos hemos elegido que sea así. 
A lo largo de la historia se han producido muchos conflictos sobre la frontera danesa-alemana. 
Hoy ha sido aceptada en ambos lados, y existen excelentes relaciones entre los daneses y los alemanes en la zona fronteriza, unas relaciones que podrían servir de ejemplo en otros muchos sitios. 
Somos buenos vecinos, pero adoptamos nuestras propias decisiones y respetamos las de los del otro lado de la verja. 
Este ha sido el motivo de las manifestaciones en la frontera; las cosas deben seguir como están, y no hay que olvidar que es esas manifestaciones contra la euroregio han participado también ciudadanos alemanes que están en contra. 
Creemos que una cooperación transfronteriza sólo es posible si se acepta que requiere concordia entre ambas partes, pero para que dos se pongan de acuerdo no hace falta crear instituciones complicadas. 
Basta con reunirse y dar forma a esta concordia. 
No tengo nada en contra de la cooperación, pero me opongo a su regulación mediante proyectos comunitarios. 
Lo llaman descentralización y dicen que acercará la cooperación comunitaria a los ciudadanos. 
Si se desea transferir las competencias comunitarias al nivel local, ha de ser una descentralización real, lo que quiere decir devolver la competencia legislativa a los parlamentos nacionales. 
La cooperación transfronteriza es, en mi opinión, importante, necesaria y enormemente excitante y retadora, pero no creo que tengamos un régimen democrático mejor si privamos a los gobiernos nacionales de su papel. 
Creo en una Europa compuesta por países, no en una nueva gran potencia europea. 
Es importante mantener los Estados nacionales, ante todo, porque son la mejor base para la democracia, la unión y la solidaridad. 
Si las fronteras han de desaparecer, no debe ser por eliminación, sino por desgaste. 
Señora Presidenta, Señorías, la cooperación transfronteriza adopta hoy dos aspectos muy distintos. 
El informe de la Sra. Myller es un reflejo de ello. 
Por una parte, está la cooperación transfronteriza entre los países de la Unión Europea y, por otra, la cooperación transfronteriza con los países no pertenecientes a la Unión Europea. 
La primera forma de cooperación- cuyo principal instrumento es INTERREG-IIA, presenta un balance muy positivo. 
Moviliza, para el período 1995/1999, 2.400 millones de ecus para INTERREG A, 500 millones de ecus para INTERREG B y 415 millones de ecus para INTERREG C. 
Esta cooperación lingüística padece actualmente la insuficiencia de créditos y, a mi entender, es preciso hacer un mayor hincapié en este aspecto para mejorar esta cooperación. 
Efectivamente, la resolución, en sus puntos 5 y 20, afirma la importancia del plurilingüismo, pero, por el momento, éste se queda esencialmente en votos piadosos. 
Por lo demás, comprobamos un desplazamiento del interés en favor de las zonas periféricas de la Unión Europea de manera quizás demasiado exclusiva. 
El proyecto de desarrollo del espacio económico mediterráneo moviliza ya 4.865 millones de ecus, o sea el doble de INTERREG-IIA y el proyecto ATLANTIS tiene una dotación de 8 millones de ecus. 
Claro está, nos felicitamos de este aporte financiero para las regiones correspondientes, pero nos tememos que a este ritmo, la cooperación transfronteriza en el corazón de Europa no se convierta en el pariente pobre, y como diputado alsaciano que soy no puedo sino inquietarme ante esta evolución. 
Por lo demás, ésta se ve agravada por el objetivo de cohesión social cuando se le entiende como la obligación de reservar los fondos de la Unión Europea únicamente a las regiones menos desarrolladas. 
Hay otros criterios que es preciso tomar en consideración, tratándose de cooperación transfronteriza. 
Por ello, afirmo aquí que la cooperación francoalemana, así como la cooperación trilateral entre Suiza, Alemania y Francia alrededor de Basilia, también necesitan créditos y no deben sacrificarse en el altar de estas nuevas prioridades. 
Asimismo, desearía que los créditos se liberaran de una manera más clara, con vistas a reforzar el bilingüismo en mi región, Alsacia, y autorizar una mayor presencia del alsaciano en los medios de comunicación franceses. 
Se trata en parte de una cuestión financiera. 
Queda de manifiesto que el interés económico del bilingüismo es sumamente grande, más allá incluso del apego cultural propiamente dicho, y permite reducir el paro localmente de manera no desdeñable, como actualmente se percibe en la cuenca renana. 
A pesar de todos estos olvidos, que compruebo con pena, en este informe, que hace especial hincapié en las regiones periféricas, pero descuida un poco la cooperación interregional en el propio centro del continente, voy a votar, claro está, a favor de este informe, cuyos principios generales concuerdan con los nuestros, y la cooperación fronteriza interregional sigue siendo, claro está, un principio totalmente positivo. 
Señora Presidenta, Señorías, el informe Myller es realmente una propuesta completa y bien documentada para el fomento de la cooperación transfronteriza e interregional. 
Sin embargo, más allá de la dimensión económica del tema y la evidente necesidad de alcanzar el objetivo de la cohesión económica y social, y sobre todo del aumento del empleo, la cooperación transfronteriza puede servir de modo muy válido y eficaz a otro objetivo importante, el del acercamiento y la cooperación entre los pueblos, a la eliminación de prejuicios y de estereotipos y a la paulatina desaparición de una mentalidad que favorece el aislamiento, la xenofobia, el nacionalismo, la hostilidad y la violencia. 
En consecuencia, para que nuestra política de fortalecimiento de la cooperación transfronteriza e interregional pueda ser eficaz, debe comprender una amplia gama de medidas institucionales y de importantes recursos destinados a mejorar las condiciones socio-económicas de las regiones más débiles de la Unión Europea. Debe asimismo, contribuir a la creación de un clima de convivencia de las personas en condiciones de igualdad, democracia, paz y creatividad sin discriminación por motivos de sexo, raza, origen o religión. 
Una política así debe estar acompañada, además, por una serie de programas de integración y reinserción en la vida social, política y económica de la Unión Europea de los grupos sociales más débiles, de emigrantes y minorías de manera equilibrada y positiva. 
Evidentemente, es importante, como siempre, el papel desempeñado por los medios de comunicación, en la medida que contribuyen a luchar contra los prejuicios, destacando la belleza del carácter multiforme, multicolor y multicultural de la sociedad moderna. 
En lo que se refiere a las fronteras sudorientales de Europa, ha habido de hecho un retraso en la promoción de la cooperación transfronteriza, como confirma el informe Myller. 
Esto se debe a las conocidas características específicas y los graves problemas de la región, problemas que requieren la atención especial por parte de la Unión Europea en el marco de la política regional, requieren la aplicación de programas adaptados a las especificidades de la región y, sobre todo, requieren la asignación de importantes recursos y la simultánea reducción de los trámites burocráticos. 
Ahora que se entreven una solución a los conflictos y la estabilización de la situación, se crean las condiciones para la cooperación a varios niveles con los países balcánicos. 
Como ha podido comprobar, Grecia desempeña un papel positivo en la solución de los problemas, en la aplicación eficaz de la política transfronteriza e interregional y en la solución pacífica de las diferencias de esa conflictiva región de la Europa sudoriental que, no obstante, es muy importante para la integración europea. 
Señora Presidenta, gracias a la Sra. Myller como ponente. 
Represento a uno de esos pueblos, el País Vasco, que, por circunstancias en la historia, quedó dividido en dos Estados mediante una frontera. 
Una frontera que ha dificultado durante mucho tiempo la comunicación entre dos realidades que comparten lengua y cultura, además de conformar un espacio con vocación de cooperación en otros ámbitos como el social y el económico. 
Afortunadamente, estas cicatrices de la historia que son las fronteras empiezan a diluirse y volvemos a encontrar vías para crear lazos comunes con otra parte de nuestro pueblo, dentro de un contexto europeo. 
Espacio europeo que debemos conformar como horizonte común de convivencia entre pueblos diferentes, sin fronteras internas pero con un respeto a nuestras identidades respectivas, nuestro autogobierno y la diversidad. 
En este contexto, la cooperación transfronteriza es fundamentalmente un instrumento para ir creando esa Europa común y es, asimismo, el camino para ir eliminando las fronteras, no sólo físicas, que dificultan la construcción del proyecto de convivencia que es la Unión Europea. 
Fronteras en muchos casos artificiales, que han dividido internamente a algunos pueblos o los han separado de sus vecinos. 
Schuman provenía de la Lorena, región fronteriza, De Gasperi de la región alpina del Trentino, Adenauer era renano. 
No es una casualidad que los padres fundadores de esta Europa provinieran de regiones fronterizas. 
Debemos acercar Europa a los ciudadanos, y si en algún lugar el ciudadano puede visualizar que Europa existe es en las regiones fronterizas. 
El esfuerzo que la Unión lleve a cabo en esta materia será el mejor catalizador de un proceso de unión política, de unión de ciudadanos y pueblos. 
Hoy en día no tiene sentido que Biarritz y San Sebastián constituyan ofertas turísticas separadas en el turismo internacional. 
Parecería ilógico que el Tirol austríaco y el Tirol del sur, el Alto Adige, no cooperasen para desarrollar acciones comunes de promoción económica o turística. 
Es absurdo que un trabajador de Irún, en el País Vasco del sur, que trabaja en Hendaya, al otro lado de la frontera, no disponga de servicios coordinados en el ámbito de la sanidad o de la seguridad social, es kafkiano que cuando llama de su casa al trabajo, a dos kilómetros de distancia, pague una llamada internacional. 
Tenemos que construir euroregiones en las que el ciudadano encuentre su comunidad natural en una Europa sin fronteras. 
Termino, señora Presidenta, subrayando la importancia del informe aprobado en esta comisión, que no sólo lanza propuestas sino que pide que el marco de la cooperación transfronteriza sea vinculante para los Estados miembros. 
Este Parlamento solicitó esto mismo de cara a la Conferencia Intergubernamental- termino. 
Espero que los Estados miembros tengan el coraje de apostar decididamente por esta cooperación. 
Si lo hacen, demostrarán que no temen a una Europa unida como espacio plural. 
Si no lo hacen o no lo impulsan, desde la terca realidad de cada día, los ciudadanos, los pueblos y las comunidades naturales iremos construyendo esta Europa como espacio de convivencia y de diversidad. 
Señora Presidente, los trastornos geopolíticos que experimenta Europa crean en sus confines poderosos movimientos que aspiran a la integración. 
El informe de la Sra. Myller es especialmente interesante a este respecto, ya que pasa en revista el conjunto de los problemas y las interrogantes que suscita la política interregional y transfronteriza de la Unión. 
Efectivamente, cabría jerarquizar y coordinar todas las iniciativas desarrolladas a veces de manera desordenada y a menudo sin control ni pericia. 
Así, para explotar las zonas de actividad transfronteriza, sería preciso crear un fondo común de financiación y orientación, asegurar la compatibilidad jurídica y fiscal de la reglamentación, favorecer la creación de empleo y proteger eficazmente el medio ambiente. 
A este respecto, quisiera mencionar una región que nuestro ponente no ha tomado en cuenta. 
Se trata del arco alpino. 
Si las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza están estancadas, las asociaciones del valle de Chamonix han sabido, por su parte, encontrar con sus homólogos del Piamonte y de Valais las cooperaciones necesarias para luchar contra la contaminación. 
Ya que también con los ciudadanos, las ciudades y las regiones se construirá Europa. 
Señora Presidenta, muchas felicidades por un excelente informe. 
El objetivo de una Europa unida, social y económicamente armonizada y en paz permanente se puede lograr mucho más fácilmente mediante una cooperación sostenida, profunda, voluntaria, transfronteriza e interregional que mediante medidas de fuerza centralizadas. 
En este sentido, quiero destacar aquí un proyecto especial que afecta a la zona de donde provengo y que a causa de su singularidad y valiente carácter innovador merece que se le preste atención y que la Unión Europea lo apoye. 
Se trata de la candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de tres Estados: Italia, Eslovenia y Austria. 
Estos Juegos Olímpicos serían organizados conjuntamente por el Estado federado de Carintia en Austria, Friul en Italia y por Eslovenia. 
Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de la nueva Era se trataría de una Olimpíada que se celebraría en una región que abarca a varios Estados. 
Esta región es trilingüe, multicultural y multinacional y a pesar de ello o, precisamente por ello, se ha decidido a luchar por la ejecución conjunta de un proyecto común de importancia. 
Este gigantesco acto, que gozaría de la atención de todos los medios de comunicación, podría ser un ejemplar proyecto piloto de cooperación interregional en un espíritu auténticamente europeo con una enorme fuerza simbólica. 
Señora Presidenta, no cabe duda que la cooperación transfronteriza e interregional es una parte muy importante de las políticas de la Unión, ya que puede contribuir sustancialmente a la integración europea y al verdadero acercamiento de las poblaciones y regiones del continente. 
Puede ayudar eficazmente a eliminar las fronteras políticas y económicas, y, sobre todo, las nacionales, y también añadiría las fronteras culturales y religiosas, además de contribuir a la reducción de las distancias respectivas, convirtiendo a las poblaciones que se beneficien de ella algo más «europeos» , se podría decir. 
Debe contar, por lo tanto, con nuestro entero apoyo moral y práctico para lograr una mejor organización y aplicación, optimizando los futuros resultados, ya que se trata de programas con un valor europeo añadido. 
Creo que el informe del Sr. Myller se dirige en la dirección correcta. 
Desde mi punto de vista, sin embargo, hay que llamar la atención sobre algunos puntos que me parecen especialmente importantes. 
El primero es que, aparte de la cooperación transfronteriza e interregional interior, debería poner especial énfasis en la cooperación exterior, es decir, la cooperación con terceros países que con vistas a la ampliación de la Unión puede contribuir notablemente a la preparación de esos países. 
En este contexto, y me gustaría subrayar este punto, debería simplificarse el marco legal. 
En concreto, en el Programa INTERREG-2A hemos llegado hoy al extremo de que éste se ejecuta por cada lado de la frontera como algo diferente, como programas distintos. 
Esto crea problemas, tanto con respecto a la coordinación, como respecto al progreso de las propias actividades, por lo que opino que hay que dar de una vez solución a este problema. 
Segundo, la cooperación interregional podría resultar especialmente beneficiosa para las regiones costeras e insulares de la Unión, especialmente de cara a la mejor comunicación entre las islas y su aproximación a los centros nacionales y comunitarios. 
Tercero, es evidente que en una iniciativa de este tipo debe haber una mayor participación de las autoridades locales y regionales, así como de los interlocutores sociales, tanto en la programación como en la realización de los respectivos programas. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la cooperación transfronteriza e interregional es sin duda de extraordinaria importancia para las personas que viven en las regiones fronterizas. 
Es de provecho para el aseguramiento de la paz, la libertad y el respeto de los derechos humanos. 
Los objetivos clave, a saber, el desarrollo económico y el fomento del empleo, la cooperación social y cultural, la protección del medio ambiente así como el fortalecimiento de la democracia son elementos centrales de esta cooperación. 
Además, hay que crear y ampliar estructuras para el apoyo a las minorías. 
Lamentablemente, tengo que apoyar la crítica de la ponente en el sentido la estrategia para la cooperación interregional es insuficiente y de que las ayudas están demasiado dispersas. 
Lo que es cierto es que, en el futuro debe fortalecerse el principio de la subsidiariedad también en este campo. 
Hay que transferir a los entes locales y regionales más responsabilidad que hasta ahora para la planificación, administración, ejecución y financiación. 
Sin embargo, la decisión sobre estas medidas debe colocarse en manos de órganos democráticamente legitimados. 
Es necesario realizar una valoración de los resultados para que los fondos fiscales no se derrochen y pierdan en proyectos sin sentido. Esto presupone un buen control. 
No se debe entorpecer la eficacia de los resultados por un exceso de burocracia y unos elevados obstáculos administrativos. 
Además, es necesaria una considerable simplificación así como un asesoramiento y dirección a tiempo por parte de la Comisión. 
Debe tener prioridad el apoyo a las regiones de débil desarrollo, el fomento del desarrollo rural así como la mejora de la necesarias infraestructuras para impedir que la gente siga emigrando de las regiones fronterizas. 
Los países miembros deben impulsar con rapidez la cooperación en las regiones fronterizas y hay que reducir los obstáculos emocionales. 
La importancia que tiene esto lo muestran los desafortunados acontecimientos ocurridos en el sur de Dinamarca con motivo de la fundación de un «Euregio». 
La Comisión debería intervenir cerca de la colega Sandbaek y calmar sus emociones. 
Espero y deseo que, en este sentido, se impulse con éxito el desarrollo en las regiones fronterizas de los Estados miembros y de terceros Estados, independientemente de si éstos quieren o no convertirse en miembros de la UE, en provecho de las personas que viven allí. 
Esta es una importante condición previa para mantener la paz, la libertad y la democracia. 
Muchas gracias, señor Monti. 
Vamos a proceder a la votación. 
«No unimos Estados sino que acercamos a las personas» , así se expresó Jean Monet, el autor de la declaración Schuman en 1950. 
Señorías, la política la hacen las personas y sólo si las personas se conocen y comprenden y llevan a cabo bajo su responsabilidad proyectos y acciones comunes podrá surgir una buena política europea. 
Europa está abierta, mercado interior libre, libre circulación de personas y, sin embargo, allí donde hay fronteras estatales este hecho se nota aunque no haya aduana ni barreras. 
La cooperación transfronteriza e interregional es necesaria para acercar a las personas y solucionar conjuntamente los problemas. 
La presente propuesta de resolución se ocupa de la cooperación transfronteriza en la Unión. 
Todas las regiones de Europa necesitan iniciativas comunitarias. 
La cooperación en las fronteras interiores debe conducir a que las cuestiones cotidianas de los ciudadanos transcurran sin problemas. 
El objetivo es una Europa sin fronteras en la que los servicios se puedan obtener en el punto más próximo. 
Se trata de desarrollar áreas transfronterizas con unas condiciones sociales y económicas homogéneas. 
Aquí se incluye la creación de condiciones jurídicas y fiscales para la actividad de zonas comerciales transfronterizas, la coordinación de instrumentos de ayuda regionales y económicos a ambos lados de la frontera así como una cooperación social transfronteriza. 
Es decir, las instalaciones deben poder usarse de un modo óptimo por encima de las fronteras para evitar así inversiones dobles. 
¿Porqué debo esperar a la ambulancia de mi país si la que está más cerca al otro lado de la frontera está precisamente libre o si la clínica del otro lado tiene especialistas para mi enfermedad pero se me envía a mi hospital? 
El informe Myller se ocupa de muchas cuestiones de detalle. 
Muestra aspectos positivos y también problemas. 
Hay que eliminar éstos esforzándonos por encontrar mayores puntos comunes en Europa. 
El informe contiene muchos elementos positivos, pero presenta aspectos que han de ser tratados con cuidado. 
El deseo de «establecer las condiciones judiciales y fiscales para la creación de regiones transfronterizas» puede fácilmente chocar con las normas nacionales en este ámbito. 
No es posible aplicar normas fiscales y judiciales transfronterizas en la parte sur de Dinamarca únicamente porque se trata de una zona fronteriza. 
Quiero recordarles que las regiones compuestas por varios países deben ser creadas teniendo en cuenta las condiciones locales, que varían mucho, sobre todo en su política, su historia y su cultura. 
Por eso es imposible crear modelos de cooperación regional homogéneos. 
En Dinamarca conocemos el problema de la zona fronteriza con Alemania, donde hasta el nombre de la cooperación ha causado problemas. 
También en este caso debe prevalecer el principio de subsidiaridad. 
El objetivo debería ser crear un clima psicológico y popular que fomente la cooperación transfronteriza y dar a la cooperación un nombre adecuado para las condiciones locales. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Política integrada y regiones insulares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0166/97) -00053/97) del Sr. Arias Cañete a la Comisión, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre una política integrada para la especial situación de las regiones insulares en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en sustitución del Presidente de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, se me ha encargado exponer en nombre de la comisión una pregunta a la que atribuimos especial importancia. 
Se trata de la cuestión de las islas y del lugar que ocupan, o mejor dicho, que deberían ocupar, dentro de las diversas políticas de la Unión Europea. 
Habiendo nacido y crecido en una isla del Mediterráneo, en Creta, conozco muy bien y de primera mano todos los problemas vitales a los que hace frente una isla, precisamente, a causa de su carácter insular. 
Conozco muy bien los problemas provocados por el aislamiento, el primero y más significativo de los cuales es la dependencia de la isla y sus habitantes, de su desarrollo económico, su vida social y atención médica de transportes marítimos y aéreos en muchos casos poco fiables e insuficientes. 
Conozco muy bien los problemas de supervivencia a los que hacen frente las empresas de las islas, pequeñas y medianas en su mayoría, en su gran mayoría incluso pequeñas, en su esfuerzo diario por competir con las respectivas empresas de las regiones continentales. 
El coste de importación de las materias primas y de exportación de sus productos y servicios se multiplica y los trámites generalmente exigen mucho más tiempo. 
No se dispone de espacio suficiente para su desarrollo y por regla general falta personal especializado. 
El equipamiento tecnológico y la infraestructura de comunicaciones y transportes suele ser deficiente. 
Conozco bien, por último, los problemas cotidianos pero graves, de abastecimiento de agua y energía, la falta de infraestructura sanitaria, cultural y educativa, así como los problemas de empleo, en primer lugar de los jóvenes, que los llevan a abandonar las islas buscando su suerte en otras partes. 
Son problemas y dificultades que, como es natural, conducen finalmente a las islas al marasmo social, al aislamiento, al retraso y a un declive general. 
No es una casualidad, además, que las islas, con pocas excepciones, cuenten entre las regiones más pobres de la Unión Europea, como se deduce claramente de varios informes de la Comisión Europea, de informes suyos, señor Comisario. 
Igualmente, llama la atención, a pesar de las particularidades de cada isla, que los problemas básicos a los que se ven enfrentadas son en gran parte comunes a todas las regiones insulares de la Unión, estén en el Norte, en el Oeste o en el Sur, independientemente de si hablamos de Creta, de las islas del Egeo, de la Isla de Wight, de Sicilia o de las Baleares y Canarias. 
No se trata, después de todo, de un tema de segundo orden, sino bastante importante y que afecta a una número no desestimable de ciudadanos de la Unión Europea. 
Si partimos de la clásica definición comúnmente aceptada en la Unión Europea de lo que es una isla, es decir, una extensión de tierra rodeado de mar, que no posee una conexión permanente con la tierra firme y en la que no se encuentra la capital del país, entonces tenemos en la Unión Europea actual un conjunto de 22 regiones insulares que representan el 4, 5 % de su territorio y en el que vive el 4 % de su población. 
Sobre la base de estos datos, surge la siguiente imagen: las regiones insulares de la Unión representan una parte sustancial de su territorio y son residencia de un porcentaje no desestimable de su población. 
A pesar de sus particularidades respectivas, se enfrentan a una serie de graves problemas sociales debidos a su carácter insular y cuyo resultado es la desvaloración de las mismas. 
En opinión de nuestra comisión, la Comisión de Política Regional, estas características crean un cuadro bastante idóneo para la adopción de una política global específica para las islas en el marco de las políticas regionales, aunque no sólo éstas, de la Unión, política que ayudaría a las islas a superar sus debilidades intrínsecas, ofreciéndoles unas oportunidades de desarrollo iguales a las de las regiones continentales de la Unión. 
Una política de este tipo, además, constituye una demanda inamovible de las regiones insulares de la Unión Europea en todos los Estados miembros desde hace años. Su necesidad, por otro lado, ha sido reconocida temporalmente y en distintas ocasiones, por todos los órganos institucionales de la Unión. 
Se trata, asimismo, de una política que garantiza en la práctica la libre competencia, puesto que aspira a ayudar a las islas a solucionar los problemas adicionales que la creación del mercado interior les ha causado, cuyo funcionamiento, hay que admitirlo, a menudo es perjudicial para ellas. 
Teniendo en cuenta todo ello, ¿podría informarnos la Comisión de cuál es su posición en relación a la idea de prestar más atención al carácter especial de las regiones insulares? 
¿Tiene intención, concretamente, de prestar más apoyo en el futuro a la mejora de las infraestructuras insulares, sobre todo, con respecto a los transportes marítimos y aéreos? 
¿Tiene intención de fomentar los sectores de la agricultura, la silvicultura y de la piscicultura, así como del turismo cultural y ecológico en las islas? 
¿Adoptará todas las medidas necesarias para que las empresas de las regiones insulares puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas de las regiones continentales? 
Ante todo, señor Presidente, ¿cuál es la posición de la Comisión en relación a la inclusión de una disposición en el Tratado revisado, que surgirá de la Conferencia Intergubernamental, que reconozca la particularidad de las regiones insulares, así como los problemas comunes a los que hacen frente, y que, al mismo tiempo, sirva de fundamento para la aplicación de una política comunitaria integrada que les ayude a salir de su aislamiento, superar sus problemas estructurales y aspirar a un futuro mejor dentro de la Unión Europea? 
Esperando que la Comisión dé una respuesta positiva a todas estas preguntas de nuestra comisión, que son, al mismo tiempo, las demandas de los insulares de Europa, les doy las gracias por su atención. 
Señora Presidenta, la Comisión desea recordar que en el año 1994 publicó un documento sobre las islas que, al mismo tiempo, permite descubrir la riqueza generada gracias a la diversidad de las islas en el territorio comunitario y, al mismo tiempo, conocer mejor su situación socioeconómica. 
El documento presenta, de hecho, con respecto a cada Estado miembro, una lista completa de las islas, con mapas y estadísticas, una descripción de las regiones insulares de nivel NAZ 2 y NAZ 3, y un breve análisis del territorio y de la situación económica del conjunto de las demás islas. 
Por lo que se refiere a las financiaciones comunitarias actualmente asignadas a las islas de la Unión Europea, es preciso subrayar que la mayor parte de las grandes islas del territorio comunitario están incluidas en las subvenciones de los Fondos estructurales y, precisamente, en el marco del Objetivo 1. 
Éste es el caso de las siete regiones ultraperiféricas- Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión- además de Córcega, Cerdeña, Sicilia y del conjunto de las Islas griegas. 
Por este concepto, pueden cofinanciarse las inversiones en las infraestructuras de transporte marítimo y aéreo. 
El Fondo de cohesión puede asimismo cofinanciar infraestructuras de transporte en las islas admisibles de los Estados miembros. 
Las regiones insulares pueden además beneficiarse de las inversiones en las redes transeuropeas. 
Para el nuevo período de programación, la Comisión presentará en breve el documento «Agenda 2000» que agrupa las futuras perspectivas financieras (paquete Santer) , las grandes orientaciones para la futura reforma de los Fondos estructurales y para la reforma de la Política Agrícola Común, así como los dictámenes sobre los PECO candidatos a la adhesión. 
Con respecto a las regiones insulares, así como a las demás regiones de la Unión, se trata de garantizar el desarrollo de las regiones con respecto a las que no se ha alcanzado una convergencia suficiente. 
Para paliar la despoblación y evitar la desertización de las regiones insulares, así como de todas las zonas rurales, la Comisión no sólo tiene intención de conservar y fomentar la agricultura, la explotación forestal, la pesca y la acuicultura, sino también y sobre la base de un enfoque global, la diversificación económica- especialmente las pequeñas y medianas empresas y los servicios rurales- la gestión de los recursos naturales, la mejora de las prestaciones relativas al medio ambiente, así como la valoración del patrimonio cultural, el turismo y las actividades de ocio. 
La Comisión coincide en la necesidad de luchar contra la excesiva explotación de los recursos naturales por parte de algunas formas de turismo, tanto en las regiones insulares como en otras zonas. 
La propuesta de decisión relativa a un primer programa plurianual en favor del turismo europeo- PHILOXENIA- convierte la promoción del turismo sostenible y las formas alternativas de turismo en uno de sus ejes principales. 
La Comisión espera que puedan haber rápidos progresos en el seno del Consejo para la adopción de la decisión a la que acabo de referirme. 
Por otra parte, el turismo está contemplado en el Quinto programa para el medio ambiente 1992-2000 como uno de los cinco sectores clave no sólo desde el punto de vista normativo, sino también en términos de autorregulación para los ciudadanos, los operadores y las autoridades públicas a través de los instrumentos en favor de un turismo sostenible. 
Por último, varios proyectos- LIFE, NATURE- contemplan medidas de fomento del turismo ecológico. 
La Comisión es consciente del deseo de las regiones insulares de beneficiarse de un enfoque coherente. A su entender, su diversidad debe ser ilustrada al legislador comunitario cuantas veces fuera necesario. 
Ésta es la línea que sigue la Comisión en sus propuestas. 
Por último, con referencia a la Conferencia Intergubernamental en curso, la Comisión apoya la inclusión, en su caso, de una declaración sobre las regiones insulares para anejar al Tratado revisado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por la declaración del Comisario reconociendo la particularidad de las regiones insulares y apoyar la inclusión de una declaración en el nuevo Tratado, que sirva de base legal para establecer y aplicar una política específica de fomento y desarrollo de las regiones insulares. 
Estamos convencidos de que ya ha llegado la hora de que todos nos demos cuenta de la necesidad de adoptar una política europea integrada y de desarrollo estratégico de las regiones insulares de la Unión; una política que compense eficazmente las desigualdades estructurales entre las regiones insulares y continentales de Europa. 
Proviniendo de Grecia, un país al que pertenecen el 42 % del total de las islas habitadas de la Unión Europea- 167 islas habitadas frente a 400 de la Unión- se lo urgente que es adoptar medidas para contrarrestar las tendencias negativas consecuencia del aislamiento, pero también del abandono por parte de la Unión de las regiones insulares. 
Aunque, sin duda, los problemas son diferentes de una isla a otra y estas diferencias, en muchos casos, pueden ser grandes y decisivas, para un gran número de islas, sobre todo de tamaño pequeño o mediano, la debilitación de su base económica y demográfica ha avanzado hasta un punto desalentador. 
Factores importantes para una política global relativa a las regiones insulares y para una estrategia de desarrollo sostenible deben ser la mejora de las infraestructuras de transporte, el desarrollo de redes de telecomunicación de tecnología avanzada, medidas de ayuda a las PYME y de creación de empleo, medidas combinadas de desarrollo de la producción y de la economía locales con proyectos para la agricultura y el turismo, una correcta gestión de los recursos naturales, y, en concreto del agua, la promoción de regulaciones especiales destinadas a aumentar las inversiones y medidas fiscales favorables para los residentes, la modernización y en casos excepcionales la satisfacción de la demanda de la administración por una plantilla especializada, acciones globales relativas a la infraestructura social, especialmente en educación y salud y la creación de redes entre las pequeñas islas con acciones en favor de la protección del medio ambiente. 
Asimismo, es necesario un amplio programa de intervenciones institucionales y obras específicas para la promoción y protección de la belleza natural y riqueza cultural de nuestras islas, la restauración de las casas tradicionales, la protección del mar, la gestión del agua, los contaminantes y los deshechos, así como la creación de condiciones para una recuperación demográfica y un desarrollo estable. 
El Parlamento Europeo está hoy llamado a enviar un mensaje de solidaridad, reconociendo con hechos la necesidad de promover una política en favor de la supervivencia de nuestras islas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, soy un diputado elegido en las dos mayores islas de la Unión donde no reside una capital europea- Sicilia y Cerdeña- y, en consecuencia, debo manifestar mi persistente pesar por la grave ausencia de una política comunitaria global y de instrumentos específicos para las regiones insulares europeas para hacer frente a un cúmulo de problemas, que sigue siendo el obstáculo permanente para su desarrollo. 
Es por este motivo que hoy deseo renovar también aquí mi deseo de que, en el futuro y a partir de la próxima Cumbre de Amsterdam, el Consejo vuelva la página y tome en consideración los problemas específicos de las islas de la Unión Europea desde una nueva perspectiva más atenta y específica, tal como, por otra parte, parece que hará la Comisión cuando abordará el tema de la reforma de los Fondos estructurales. 
Aprovecho la ocasión que me brinda la presencia del Comisario Monti para hacer hincapié en el hecho de que debería plantearse una nueva política común en favor de las regiones insulares, a fin de ofrecer a estos territorios menos favorecidos la posibilidad real de llevar a término el mercado interior y el proceso de integración, empezando por la plena aplicación del principio fundamental de la libre circulación de las personas y de los bienes; hecho este último que todavía no se ha logrado, tanto es así que, no obstante el artículo 129 B del Tratado reitera la necesidad de establecer enlaces entre las regiones centrales de la Comunidad y las regiones insulares, es preciso poner de manifiesto la falta de medidas concretas para aliviar los obstáculos de la insularidad en materia de transportes. 
La Comunidad Europea no puede imponer sus políticas- transportes, armonización fiscal, la propia política agrícola, la pesca- de manera uniforme a las islas y los archipiélagos que soportan situaciones económicas de desarrollo extremadamente difíciles, a causa de sus limitados recursos agrícolas, hídricos y de mano de obra cualificada, sino que debe aplicar regímenes y medidas ad hoc, adecuados a las especificidades típicas y comunes de las regiones insulares del territorio europeo. 
En consecuencia, hace falta una política comunitaria global para las islas que tenga en cuenta todos los aspectos de la insularidad. 
El objetivo de una política europea para las islas es crear, por un lado, un marco general de compensación de los efectos negativos que con frecuencia la política comunitaria lleva a las regiones insulares y, por otro, el más general de plantear una nueva forma de pensar que reconozca a las islas y los archipiélagos su derecho a la diversidad. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, uno de los principales objetivos de las políticas comunitarias, y especialmente de la política regional, es la cohesión económica y social en el seno de la Comunidad Europea. 
Esta finalidad, basada en el principio fundamental de solidaridad, implica que se tengan en cuenta las especificidades que se manifiestan en los niveles y los modelos de desarrollo de las regiones europeas. 
Así, algunas zonas del territorio comunitario padecen limitaciones que provocan desequilibrios que influyen en su desarrollo. 
Este es el caso de las regiones insulares. 
Estas regiones forman efectivamente parte integrante de la Unión Europea. 
Representan casi 14 millones de ciudadanos europeos, es decir una población más importante que la de algunos Estados miembros. 
La Europa de las islas no es una construcción intelectual. 
Es efectivamente una realidad humana, cultural, económica y social. 
Por tanto, es preciso preguntarse si la noción de espacio único europeo es pertinente para las islas que, en tanto que medios aislados y padeciendo rupturas de carga, experimentan inevitablemente múltiples limitaciones en materia de espacio y de recursos humanos. 
Ello explica por qué muchas de las reglas del juego económico, concebidas en las grandes masas continentales y destinadas a ellas, son objetivamente inaplicables a las regiones insulares cuando se carece de medidas correctoras reales. 
Claro está, el conjunto de las islas de la Unión Europea experimentan situaciones sumamente diversas y, sin embargo, más allá de esta diversidad, ¿cómo no reconocer una gran similitud en los problemas de desarrollo, tales como la estrechez del mercado económico, la preservación del medio ambiente o los costes de transporte, incluso en la sociología de las poblaciones vinculada a la noción de encierro y limitación del espacio? 
¿Cómo concebir una ordenación del territorio comunitario con una visión exclusivamente continental? 
Las regiones insulares necesitan que se busquen tratos diferenciados apropiados. 
Su porvenir depende de ello, pero el porvenir de Europa también. 
Hace ya varios años que las regiones insulares de la Unión intentan hacer escuchar su voz de manera siempre más dinámica y siempre más solidaria. 
Citemos la Comisión para las islas de la CRAM, el Intergrupo de islas del Parlamento Europeo, el proyecto EURISLES, el protocolo IMEDOC, la agrupación de las islas del Mar Báltico, por no mencionar sino algunos. 
Ante esta situación, la Unión Europea jamás ha propuesto, hasta ahora, una respuesta de envergadura global a los problemas que plantean las regiones insulares. 
En efecto, se creó el programa REGIS. 
A este propósito, es preciso decir una vez más que tener en cuenta los problemas de las regiones insulares no está en competición con la búsqueda de soluciones a los problemas a las regiones ultraperiféricas. 
Al contrario. 
Ambos cometidos son perfectamente complementarios. 
Lo que conviene poner en aplicación es una verdadera política integrada en favor de las regiones insulares asociando a los Estados miembros y las autoridades regionales conforme al principio de asociación. 
Este ha de establecer una base jurídica, es decir mediante la inclusión en el Tratado de la Unión de una cláusula o de una declaración anexa reconociendo las particularidades de las regiones insulares y la necesidad de remediarlas mediante políticas y disposiciones adaptadas. 
Las regiones insulares ilustran bien el desafío lanzado a toda Europa en su conjunto: el de tender hacia una Comunidad más fuerte, desarrollada de manera más armónica y más solidaria. 
Más allá de los aspectos jurídicos y económicos, se trata efectivamente de un imperativo de tipo político. 
No podría concluir, señor Comisario, sin expresar la satisfacción que experimenté hace un momento al escuchar sus palabras, mediante las que expresó el deseo de la Comisión de apoyar, según usted, la inscripción, en anexo al nuevo Tratado, de una declaración específica relativa a los regímenes insulares. Esto constituirá una base jurídica para el establecimiento de una política integrada que tenga en cuenta, precisamente, las especificidades de estas regiones a las que estamos tan apegados. 
Le expresamos aquí nuestra gratitud. 
Señora Presidenta, señores diputados, en el último Pleno de Bruselas el Parlamento Europeo aprobó la necesidad de la integración jurídica plena en el futuro tratado del estatuto de la ultraperificidad. 
Las características y los handicap múltiples y permanentes de las regiones ultraperiféricas son también consecuencia de su insularidad que, además, se ve drásticamente agravada en su caso por la enorme distancia a todas las demás regiones continentales de la Unión Europea y también a todas las demás regiones insulares. 
Aunque no se puede ni se debe confundir con la realidad insular ultraperiférica, también es cierto que en la Unión Europea y, en particular, en el mar Mediterráneo existe otra realidad insular que hoy estamos abordando, de características menos graves, ya que, entre otras razones, está reducida sensiblemente por distancias y aislamientos muy inferiores, muchas veces poco importantes. 
Se trata de otra realidad, resultante en lo fundamental de la discontinuidad territorial y de la exigüidad de ciertos recursos, pero que, naturalmente, tiene un marco común específico que justifica un tratamiento integrado y diferenciado por parte de la Unión Europea. 
Y, como la Unión Europea debe proporcionar respuestas propias a las diferentes situaciones existentes en su territorio, se justifica una planteamiento diferenciado e integrado de la problemática global de ese conjunto insular, sin perjuicio alguno de la necesaria atención a la fases de desarrollo substancialmente diferentes que existen en el conjunto insular territorial. 
Por esa razón, y en defensa del principio de cohesión económica y social, subscribimos y apoyamos la propuesta de resolución política que este Pleno no dejará, desde luego, de aprobar. 
Señora Presidenta, como los anteriores oradores, yo también he apreciado la intervención del señor Monti, indicando que ya desde el año 1994 la Comisión presentó un documento sobre las islas y el señor Monti, además, se ha referido a toda una serie de programas que se han ocupado de las islas, sobre todo a la Agenda 2000 del Programa Filoxenia que permitiría el desarrollo turístico en estas zonas. 
Ante todo creo que es muy interesante la declaración del señor Monti, según la cual convendría incluir- estando la Comisión a favor de ello- una declaración de la Conferencia Intergubernamental sobre el tema de las islas con carácter general. 
El Comisario ha oído las intervenciones de los oradores que me han precedido, por ejemplo, del señor Baggioni, del señor Viola, del señor Karamanou, y yo, simplemente, querría aprovechar esta ocasión para que él se dé cuenta de que, en este momento, hay dos posibilidades de enfoque de los problemas insulares. 
Lo que yo llamaría el enfoque «incrementalista» , que es el análisis de determinados programas o de determinadas actividades y, luego, como ha señalado el señor Baggioni, la exigencia de un cierto imperativo político, un imperativo político que tiene que ver con la realidad geográfica fundamental de las islas. 
El Comisario se dará cuenta de que algunas de las regiones más pobres de la Unión Europea, como Córcega o como las islas Azores, son precisamente regiones insulares. 
Solamente figura entre las regiones relativamente ricas la región de las islas Baleares en España, que se aproxima a la media comunitaria, con un 98 % de la renta media, pero, en realidad, no hay regiones insulares que tengan un alto nivel de desarrollo. 
Y esto es debido a que, desde el punto de vista de la estructura económica, toda la concepción de la Unión Europea parte de una idea continental, es decir, el modelo de la contrucción europea es el modelo continental norteamericano, una especie de gran rectángulo, sobre el cual hay una continuidad no interrumpida del territorio. 
Sobre ese territorio continental se pueden establecer una serie de líneas de comunicación basadas, por ejemplo, en el tren, en las grandes autopistas y, desde luego, en la eliminación de toda clase de obstáculos a las relaciones. 
Pero hay un obstáculo, una aduana, que hay que pagar cuando hay que dar un salto marítimo. 
No me refiero, desde luego, a lo que podríamos llamar las grandes islas, como el Reino Unido o Irlanda, pero, en general, en el resto de las regiones insulares- y concretamente, el Comisario Monti estará de acuerdo conmigo en que Cerdeña y Sicilia, en su país, son de las regiones más pobres, y lo son precisamente por esa condición insular -, al no producirse esa continuidad continental, hay toda una serie de elementos estructurales que impiden la integración definitiva en el mercado común. 
Es decir, la concepción continental del mercado común como territorio continuo, que impone, por ejemplo, la prohibición de conceder ayudas al transporte al objeto de colocar a todos en una situación igual, da como resultado que las regiones insulares, si no reciben algún tipo de ayudas al transporte, se encuentren en una situación de inferioridad desde el punto de vista de la competencia. 
Las regiones insulares tienen necesidades específicas, y el Comisario, que es un hombre culto, recordará cómo en la literatura griega hay dos grandes obras fundamentales, una «La Ilíada» , que es la guerra por la conquista de Troya, y la otra «La Odisea» , que es el esfuerzo de Ulises por volver a su casa y, prácticamente, en «La Odisea» , los trabajos de Ulises son mayores que los trabajos que requirió la conquista de Troya. 
Es decir, el ámbito insular tiene unas dificultades particulares que no se pueden superar. 
Yo estoy de acuerdo con el señor Monti en que el ámbito apropiado para iniciar un debate en serio y en profundidad sobre las islas, que no sea simplemente un debate «incrementalista» , de pequeñas ayudas aquí y allá, es precisamente una declaración de la Conferencia Intergubernamental. 
Yo creo que la Conferencia Intergubernamental debería plantear como tarea a la Unión Europea y a las instituciones comunitarias un debate sobre el papel de las islas. 
Sé que el señor Monti está preocupado por un tema, y lo voy a poner como ejemplo porque creo que es el mejor ejemplo de lo que puede ocurrir: vamos hacia la Unión Económica y Monetaria, desaparecen las fronteras interiores, a partir del año 1999 no habrá ningún obstáculo para que un ciudadano francés o un ciudadano alemán deposite sus ahorros en un banco luxemburgués donde no hay tributación a la fiscalidad del ahorro. 
Bien, eso es válido para una persona que habite en el ámbito continental y que, simplemente, en coche o incluso haciendo autostop, puede llevar sus ahorros a un banco luxemburgués, pero yo no creo que haya nadie que esté dispuesto- a no ser que sea un millonario importante- a coger un avión, por ejemplo, para trasladarse de una región como Canarias o Guadalupe o Martinica para colocar esos modestos ahorros en Luxemburgo. 
Porque, en definitiva, hay todo un elemento de desincentivación. 
Esto me lleva, señor Comisario, a abordar un último aspecto, y es que yo creo que, dentro del tratamiento de las islas, partiendo de la base de que las islas tienen elementos comunes, las islas son diferentes entre sí. 
He puesto antes el ejemplo de las islas Baleares, que es la región más rica de España en este momento, que es una región insular. 
Tanto las islas Baleares como las islas Canarias han formado parte durante siglos de la misma entidad política que es España. 
Mientras que las islas Baleares han conseguido un gran desarrollo, las islas Canarias se quedaron bastante retrasadas, porque hay un elemento adicional: esta Unión Europea, además de lo que podríamos llamar las islas próximas, las que forman el ambiente integrado, tiene la peculiaridad de que tiene algunos espacios insulares muy alejados, que son los Departamentos de Ultramar franceses, los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira, las islas Canarias y la isla de la Reunión, que se encuentran a tal distancia del ámbito comunitario que, si estas regiones no tienen un tratamiento jurídico netamente diferenciado, realmente no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico. 
Y con respecto a estas regiones ultraperiféricas, señora Presidenta y señor Comisario, no basta con una simple declaración en la Conferencia Intergubernamental como la que se hizo con motivo de la última Conferencia de Maastricht. 
Creo que sería necesario un régimen muy específico, y ese régimen, en este momento, se encuentra ya en fase de elaboración gracias, por un lado, a la existencia de los programas POSEI, al Protocolo nº 2 anejo al Tratado de adhesión de España y Portugal a la Unión Europea y a toda una serie de normas jurídicas comunitarias que han contemplado esa especialidad de las regiones ultraperiféricas. 
Yo creo que, en este momento, para estas regiones insulares que tienen unas dificultades adicionales, la Unión Europea debe contemplar un régimen jurídico, no ya de Derecho derivado basado en unos simples reglamentos o directivas, que están luego expuestos a una confrontación ante el Tribunal de Justicia, sino un tratamiento constitucional en el Tratado constitutivo de la Unión. 
Hay que recordar que ese tratamiento constitucional ya lo previó Francia cuando se firmaron los primeros Tratados de la Unión Europea- el Tratado de Roma de 1957 -, ya que hay una referencia específica a los departamentos franceses de Ultramar. 
Aunque España y Portugal se incorporaron con posterioridad y, por tanto, no pudieron incluirlo en el Tratado originario, el Acta de Adhesión de España y Portugal contemplaba esa especificidad en un documento que podemos considerar constitucional desde nuestro punto de vista, que es el Protocolo 2 y otros artículos del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. 
Por tanto, señora Presidenta y señor Comisario, espero que este debate de hoy sirva, por un lado, para fijar la necesidad de contemplar el tema de las islas en su perspectiva global y, por otro y de una manera muy especial, para insistir en el esfuerzo que es necesario en esta fase final de la Conferencia Intergubernamental para que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea tengan un tratamiento jurídico diferenciado que permita considerar a esas regiones de una forma especial. 
Insisto, por ejemplo, en el tema fiscal. 
La armonización fiscal comunitaria, que es importante y esencial, no tiene por qué extenderse necesariamente a las regiones ultraperiféricas de la Unión. 
Señora Presidenta, coincido plenamente con las afirmaciones hechas por el señor Medina Ortega y, por razones de tiempo, no me voy a extender en estas consideraciones. 
Pero en relación con la intervención del Comisario Monti, quiero señalar dos cuestiones: 
Por una parte, la satisfacción que me produce su afirmación de que la Comisión apoya una declaración en favor de las islas y, por otra parte, recordar que, a pesar de sus afirmaciones en cuanto al Fondo de cohesión como instrumento de ayuda a las islas, el Fondo de cohesión no se viene aplicando, se aplica con carácter prácticamente cero en la mayoría de las 22 regiones insulares de la Unión. 
Las islas forman parte del patrimonio europeo. 
La historia y la cultura europea no serían las mismas sin la aportación de sus islas. 
Para el europeo continental, isla es sinónimo de vacaciones, pero detrás de una apariencia grata, de ser un escaparate con atracción turística, las islas tienen un cúmulo de problemas que son comunes a todas ellas, como aquí se ha dicho. 
En el «Intergrupo de islas» de este Parlamento, que me honro en presidir, diputados de todas las nacionalidades y de todas las ideologías no hemos tenido dificultad para establecer un diagnóstico de los problemas comunes que nos afectan, problemas comunes marcados por el mar. 
El mar es un nexo de unión de los pueblos sólo para los poetas. 
Los isleños sabemos muy bien que el mar separa y es causa de multitud de problemas: transportes, comunicaciones, energía, fragilidad del territorio con problemas medioambientales específicos, costes empresariales añadidos, economías frágiles. 
No es casual que casi todas las islas europeas sean objetivo 1. 
Las únicas obsesiones fundamentales que he escuchado en la Comisión para una política específica para las islas, son razones presupuestarias que son sin duda razones muy importantes. 
Pero las islas no pueden beneficiarse en pie de igualdad de los beneficios del gran mercado interno ni participar en la mayoría de los proyectos de las grandes redes transeuropeas. 
Por tanto, sería justo que una afirmación como la del señor Monti diera pie a una nueva visión desde la Unión de los problemas insulares. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, Madeira, Porto Santo y las islas Azores son regiones insulares particularmente carentes de un régimen diferenciado y de apoyos concretos en el marco de la Unión Europea. 
Pero son también, para efectos comunitarios, regiones ultraperiféricas. 
Deseamos conseguir el mejor trato posible para estas islas a fin de compensar las desventajas resultantes de la insularidad y promover la igualdad de oportunidades para las personas que en ellas viven. 
Pero no aceptaremos que el concepto comunitario de ultraperificidad acabe diluido en el concepto de insularidad. 
Es que las regiones insulares ultraperiféricas, por su alejamiento del continente europeo, tienen aún más desventajas que la generalidad de las islas. 
No aceptamos, pues, que los avances ya logrados en cuanto a la garantía de un trato diferenciado para las regiones ultraperiféricas resulten comprometidos por su amalgama en la CIG, en el futuro Tratado y en el precio de adopción de decisiones resultante, con cualquier otra isla, aun próxima al continente europeo y más próspera que muchas regiones continentales. 
Así, quiero manifestar mi más vehemente protesta contra el proyecto de la Presidencia holandesa en la CIG sobre las regiones ultraperiféricas, porque no avala la situación específica de esas regiones europeas- digo bien: europeas, para con ello excluir, de forma clara, los DOM-TOM de Francia -; segundo: exigir que la CIG siga la posición del Parlamento Europeo sobre la CIG basada en el informe Weggen, en particular el punto 3 del párrafo 12, en el cual el Parlamento Europeo solicita explícitamente que el Tratado- y cito -: » inclu [ya] una disposición según la cual se deberá conceder un trato diferenciado y específico a las regiones ultraperiféricas; tercero: pedir el reconocimiento de la especificidad y los apoyos efectivos para los problemas resultantes de la insularidad, que se dejan sentir de modo particular en las regiones autónomas de Madeira y de las Azores por ser ultraperiféricas. 
Así, de acuerdo con lo ya expuesto, no queda otra opción que la de votar contra esta propuesta de resolución para no favorecer el intento de diluir las regiones ultraperiféricas en el conjunto de las regiones insulares. 
Señora Presidenta, el texto de la resolución muestra claramente que las regiones insulares europeas, tanto del Norte como del Sur de Europa, se encuentran ante grandes desafíos ecológicos y económicos, por lo que la Unión Europea debe contribuir más intensamente para que estas regiones no queden solas a la hora de superar sus problemas. 
Las regiones insulares deben tenerse sobre todo en cuenta dentro de una estrategia de planificación del territorio tal como se está desarrollando actualmente en la UE. 
Con la aceptación del concepto europeo de planificación del territorio en Nordwijk en junio de 1977 se va a dar un gran paso adelante. 
Aquí se va a ver si los responsables de la Comisión y ante todo de los Gobiernos nacionales están en situación de incluir la realidad de las islas en esta estrategia europea. 
Muchos dirán que se trata de música de futuro, quizás en parte también con razón, pues precisamente en la política estructural tiene que ocurrir algo más de lo que ha sido el caso hasta ahora. 
La Unión Europea tiene que intervenir más intensamente en tres campos centrales totalmente en el sentido de la subsidiariedad. 
Las fronteras marítimas han desempeñado hasta hoy un papel pequeño en el marco del fomento de la cooperación transfronteriza. 
Sólo Cerdeña y Córcega o la isla danesa de Bornholm han formado parte de INTERREG I. Por ello, es de saludar que la Comisión haya recogido más programas en el marco de INTERREG II, que afectan a las fronteras marítimas y a las islas. 
Sigamos así. 
Para las islas, los programas de cooperación interregional como RECITE son también de gran importancia. 
Permiten un intercambio de experiencias en las cuestiones que les afectan más allá de las relaciones normales de vecindad. 
Mediante la creación de redes, es posible el debate sobre problemas comunes y la elaboración de soluciones. 
Hay que impulsar también esto en otras políticas. 
Pienso ante todo en la sociedad de la información, de la que no hay que excluir a las islas, pues precisamente mediante las modernas tecnologías de la comunicación pueden superar su situación periférica. 
Por ello, estoy a favor del informe por propia iniciativa sobre costas y regiones insulares y de que debatamos lo antes posible en esta Asamblea sobre dicho informe o sobre los dos, si es que lo dividimos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también represento a una región insular, las Islas Baleares, que, aunque como ha dicho el Sr. Medina en varias ocasiones tengan una renta media alta, padecen un monocultivo turístico, muy peligroso para su futura sostenibilidad, y una situación geográfica crítica en un Mediterráneo de frágil estabilidad. 
Sin embargo, a pesar de la gran diversidad que existe entre las 22 regiones insulares europeas, todas presentan estas características comunes que corresponden a sus barreras marítimas, y se verán particularmente afectadas por la globalización y el proceso de integración europeo. 
Requieren, pues, una atención especial para que se puedan integrar en términos no homogéneos, sino equilibrados. 
El esfuerzo adicional que impone el territorio insular constituye una losa para estas regiones y para sus empresas que, en un entorno cada vez más competitivo y global, ven amenazada su supervivencia y la posibilidad de creación de empleo. 
El territorio limitado impone, además, grandes esfuerzos para proteger el entorno natural y hace que estas regiones sean vulnerables a hechos como las fluctuaciones del transporte aéreo y marítimo, la discontinuidad del suministro de productos esenciales, el aprovisionamiento de agua potable, la depuración de aguas residuales y la gestión y el reciclaje de residuos sólidos. 
Reconocer la insularidad en el Tratado renovado favorecerá un marco de cooperación entre las islas europeas para la elaboración de una política integrada, proyectos piloto y acciones específicas en favor del desarrollo sostenible de las mismas. 
Reforzando las redes y los sistemas de información insulares se eliminarán barreras educativas y formativas. 
Con respecto al turismo como alternativa económica para las islas, como ponente del programa Filoxenia, le ruego, señor Comisario, que haga llegar al Consejo la necesidad de desbloquear este programa- algo imprescindible para elaborar una estrategia turística a medio plazo. 
Las regiones insulares necesitan también el progreso de la sociedad de la información para su crecimiento cualitativo y el progreso de las energías renovables para reducir su dependencia de las energías tradicionales. 
Y si para toda Europa el patrimonio natural y cultural es importante, para las islas es el único activo para su desarrollo, recuperar y mantener su paisaje. 
Una necesidad de supervivencia. 
Reconocer el hecho insular en el Tratado será la base para corregir las desventajas estructurales de unas regiones diferentes, facilitar su desarrollo sostenible, mantener y fomentar el autodesarrollo local y, en definitiva, sin perjudicar a las regiones continentales, conseguir un equilibrio entre eficacia económica, equidad social y conservación medioambiental. 
Señora Presidenta, sólo deseo manifestar que he encontrado muy interesante este debate tanto en lo referente a la insularidad como al ámbito ultraperiférico. 
He tomado nota de las reacciones, me parece que positivas, que ha suscitado mi declaración. He apreciado asimismo las consideraciones que vinculan este tema al mercado único y a la Unión Económica y Monetaria, así como la consideración, hecha en último lugar, de que el desarrollo de la sociedad de la información, sobre el que ya tuvimos ocasión de hablar esta mañana, puede contribuir a superar las desventajas de las regiones insulares y ultraperiféricas. 
Por último, en cuanto a la observación que se ha formulado con relación al hecho de que en la utilización de los Fondos de cohesión muy poco se asigna a las regiones insulares, debo recordar que éste es uno de los casos en que la actitud de los Estados miembros reviste una importancia crucial y, por consiguiente, en este sentido, estamos en sus manos. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
Vamos a proceder a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre una política integrada adaptada a las características especiales de las regiones insulares de la Unión Europea. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0090/97 del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento Nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (COM (96) 0372- C4-0651/96-96/0198 (CNS) ; -A4-0092/97 del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (COM (96) 0367- C4-0554/96-96/0190 (CNS). 
Señora Presidenta, nos encontramos ante un informe que no ofrece ninguna dificultad desde el punto de vista del fondo. 
Pero es obligación del Parlamento comunicar a la opinión pública y a los ciudadanos lo que estamos haciendo. Y concretamente creo que tanto la propuesta de decisión del Consejo como la propuesta de reglamento del Consejo relativas al régimen de marcas comunitario y, concretamente, su engarzamiento con el régimen de marcas internacional, tiene un interés jurídico considerable. 
A diferencia de otras instituciones jurídicas que se remontan a la época de los romanos o incluso al código de Napoleón, el derecho de la propiedad intelectual e industrial es un régimen que se desarrolla con gran fuerza a finales del siglo XIX y, después del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, hay un aspecto de esa propiedad industrial que es el régimen de las marcas, regulado por el arreglo de Madrid en 1991. 
Quizás en el momento en que se aprobó el arreglo de Madrid no se había tenido en cuenta las consecuencias económicas que supondría. 
Pero en este momento, los diferentes aspectos de la propiedad intelectual- desde el derecho de autor pasando por la creación artística, la interpretación y llegando a la protección de la propiedad industrial propiamente dicha, es decir el régimen de patentes- yo diría que, desde el punto de vista económico, en la época de la sociedad de masas y de la sociedad de la información, el sistema de protección de un derecho inmaterial, como es este derecho de la marca tiene unas consecuencias económicas de primera magnitud. 
Pensemos simplemente en una sola expresión: Coca Cola. 
Cualquiera que sea el contenido de la botella de Coca Cola, simplemente la marca Coca Cola, tiene un valor económico incalculable. 
Es decir, hoy puede uno vivir con una sola marca, con tal de que esa marca tenga una importancia detrás, pues la marca se ha desarrollado, adquiere su propia fuerza, tiene una entidad y constituye un centro de referencia de elementos jurídicos. 
El Derecho en materia de marcas ha ido evolucionando muy lentamente, ya que la marca no se consideraba una cosa muy digna de ser estudiada con detenimiento, aunque a partir del desarrollo de la sociedad industrial, como consecuencia de la importancia de la marca, tiene mayor importancia. 
En este momento, a partir de los años 80, nos encontramos en una especie de competencia entre la Comunidad Europea y el Derecho internacional general. 
Concretamente, la Comunidad Europea en su primera directiva comunitaria sobre la aproximación de las legislaciones en materia de marcas- la directiva nº 89104 de 21 de diciembre de 1988- inició el camino para el establecimiento de un derecho comunitario sobre la marca y esto se remató con el reglamento de la Comunidad Europea 4094 de 20 de diciembre de 1993 que estableció la marca comunitaria. 
Es decir, esto supone la intervención de la Comunidad en una área jurídica privada con el reconocimiento de un título jurídico propio que se concede como consecuencia de la inscripción en un registro comunitario, y ese registro comunitario ya está funcionando- la Oficina de armonización del mercado interior -, con sede en la ciudad española de Alicante, desde el 1º de abril de 1996. 
Es decir que la Comunidad aquí no se ha conformado con una cierta armonización de carácter general, sino que ha entrado en el derecho sustantivo comunitario. 
Al mismo tiempo se producían desarrollos en el régimen internacional de la marca, con la creación, por un lado, del Acuerdo de Estocolmo, que modificó el arreglo de Madrid y sobre todo mediante la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, con sede en Ginebra, con unas oficinas de registro que permitía el funcionamiento de una cierta colaboración internacional y una cierta eficacia en los mecanismos internacionales que antes no se daba. 
Concretamente en esa línea, también de nuevo en Madrid, en 1995 se adoptó un protocolo que facilitaba la participación en el arreglo de Madrid no ya de Estados, sino de organizaciones internacionales de carácter regional que tuvieran un régimen propio como es el caso de la Unión Europea. 
De forma que, en virtud de este protocolo de Madrid de 1995, podrían participar en el sistema internacional de protección de marcas también organizaciones internacionales. 
Hay que señalar que hay una diferencia fundamental, es decir, que el ciudadano comunitario que obtiene un registro de marca en la Unión Europea a través de la Oficina de armonización del mercado interior, obtiene un derecho sustantivo, mientras que el arreglo internacional, el arreglo de Madrid sólo establece un procedimiento en virtud del cual, a través de la inscripción en la Organización mundial de la propiedad intelectual, se obtiene la inscripción simultánea en una serie de oficinas nacionales, sin necesidad de ir de un lado para otro. 
En todo caso para la Comunidad era interesante vincular los dos ordenamientos. 
Es decir, si no se hubiera modificado el arreglo de Madrid por el protocolo de Madrid de 1995, el titular de una marca comunitaria habría tenido que ir al ordenamiento nacional y, a partir de ahí ir al ordenamiento internacional, pero como consecuencia del protocolo de Madrid, a través de la oficina comunitaria, se puede conseguir la cobertura internacional de la marca sin necesidad de tener que hacer una peregrinación determinada. 
En este momento, todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son parte en el protocolo de Madrid, son parte desde luego en el Estado sometido a la reglamentación comunitaria y no sólo esto, sino que además otros muchos países que aspiran a integrarse en la Unión Europea o que son parte del espacio económico europeo también están participando en el protocolo de Madrid. 
Por tanto, las consecuencias que esto tiene son unas consecuencias de carácter muy positivo y van a beneficiar extraordinariamente el desarrollo de la marca comunitaria. 
El mecanismo de aprobación puede parecer un poco complicado, porque por un lado tenemos una propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento 4094 para hacer posible la interrelación entre los dos sistemas, el sistema comunitario y el sistema internacional, y por otro lado la decisión del Consejo que aprueba la adhesión de la Comunidad. 
Es decir, el Consejo se adhiere, la Comunidad Europea se adhiere al protocolo de Madrid y luego, como consecuencia de esa incorporación al protocolo de Madrid, se modifica el Derecho comunitario vigente a través de un reglamento al objeto de tener toda la situación resuelta. 
Hay una pequeña dificultad, desde el punto de vista de los idiomas, ya que los idiomas comunitarios, los idiomas que se utilizan en la Oficina de armonización del mercado interior de Alicante, son más amplios que los que se utilizan en el Acuerdo de Madrid. 
Concretamente, en el Acuerdo de Madrid solamente se reconocen el inglés y el francés. 
Esto plantea algunas dificultades menores de carácter técnico pero que, en todo caso, no van a dificultar la armonización. 
Es un tema que probablemente requerirá un desarrollo jurídico posterior, porque la experiencia nos dice que en todos estos temas jurídicos, sobre todo cuando tiene unas consecuencias económicas tan importantes, siempre aparecerán diferenciaciones, aparecerán dificultades que deberán ser corregidas. 
Pero, en consecuencia, yo creo que este ponente, después de haber estudiado con detenimiento tanto el reglamento como la propuesta de reglamento y la propuesta de decisión del Consejo, encuentra que una vez más las instituciones comunitarias están funcionando bien. 
Que esto se hace en beneficio de los ciudadanos comunitarios y, como resultado de la armonización de una y otra, los titulares de la marca comunitaria tendrán mayor protección de ámbito internacional de la que tienen hasta ahora. 
Señora Presidenta, señoras y señores, según estas propuestas, en el futuro, con la presentación de una única solicitud de registro, las empresas podrán obtener la protección de sus marcas como marcas comunitarias no solamente en la Comunidad sino en todos los Estados contratantes del Protocolo de Madrid. 
Este Arreglo prevé el registro internacional de marcas en la Oficina internacional de la OMPI. 
Así pues, cuando la Comunidad Europea se adhiera al Protocolo de Madrid, lo que saludamos, entonces los solicitantes de registro y titulares de marcas comunitarias pueden solicitar la protección internacional de sus marcas como marcas comunitarias mediante un registro internacional en el marco del Protocolo de Madrid. 
En consecuencia, estos dos sistemas se complementan y simplifican el asunto en el sentido del principio: haz de dos uno. 
Yo me quiero adherir asimismo a dicho principio. 
No necesitamos dos intervenciones. 
Me puedo adherir plenamente a la intervención del Sr. Medina Ortega con lo que ahorro a la Asamblea dos minutos de intervención que le quiero regalar como aportación a la calidad de vida y como anticipo a la intervención del Espíritu Santo el próximo Domingo de Pentecostés. 
Señora Presidenta, Señorías, deseo felicitar y agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, y en particular al ponente Sr. Medina Ortega, la calidad de los informes que hoy nos han sido presentados. 
Me es grato constatar que los muchos trabajos que precedieron esta reunión han demostrado, a través del amplio consenso alcanzado, que las distintas Instituciones han comprendido la importancia de apoyar las propuestas de la Comisión que estamos abordando, unas propuestas que fueron adoptadas casi por unanimidad y sin enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y por el Comité Económico y Social que contaron con el amplio apoyo del grupo de trabajo del Consejo y que cuentan con el apoyo de la industria comunitaria. 
Por otra parte, las dos propuestas sobre las que se consulta al Parlamento no son problemáticas, en la medida de que las mismas se limitan a establecer un vínculo entre el sistema de la marca comunitaria y el de registro internacional, previsto por el Protocolo de Madrid. Se trata de dos sistemas que básicamente persiguen los mismos objetivos, aunque a través de medios diferentes que es necesario conciliar y convertir en compatibles. 
La Comisión esta convencida de que, si no se establece dicho vínculo con el Protocolo de Madrid, la marca comunitaria, adoptada en diciembre de 1993 y que se convirtió en operativa, como ha recordado el ponente, en abril de 1996, perdería su atractivo tanto para las empresas europeas como para las empresas de los terceros países. 
Estas últimas podrían preferir a la misma tanto el sistema internacional, menos favorable, como los sistemas nacionales, con todos los riesgos de fragmentación del mercado interior. 
Además de un revés para la realización del mercado interior, esto supondría un gran problema para la industria europea. 
Por consiguiente, agradezco de antemano al Parlamento el apoyo que querrá prestar a estas dos propuestas íntimamente relacionadas entre sí, y me congratulo de nuevo con el Sr. Medina Ortega de la contribución ofrecida una vez más, gracias a su gran competencia, a esta materia tan importante para el Derecho, la economía y, en definitiva, para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
Vamos a proceder a la votación. 
(El Parlamento aprueba los proyectos de resoluciones legislativas en dos votaciones consecutivas) 
Señora Presidenta, quizá sea un tremendo atrevimiento, pero quiero hacer constar en acta que al principio de la semana planteé el tema de un informe del Gobierno belga que hablaba de las sectas religiosas. 
Quiero añadir dos cosas que no están relacionadas con este Parlamento sino con mi circunscripción electoral. 
Uno de los grupos nombrados en el informe es una organización llamada «Operation Mobilizacion» , cuyo cuartel general se encuentra en Shropshire, que forma parte de mi circunscripción. 
Quiero asegurar a la Mesa que, contrariamente a lo que se dice en el informe del Gobierno belga, se trata de una respetable organización misionera. 
También quisiera decir unas palabras sobre un grupo llamado «Youth with a Mission» (Jóvenes con una Misión). 
Mi mujer fue misionera del mismo antes de venir yo aquí. 
También es una organización respetable. 
A ambas organizaciones les ha apenado profundamente el hecho de que el informe del Gobierno belga contenga mentiras maliciosas sobre sus actividades. 
Muchas gracias, señor Hallam. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.30 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 16 de mayo de 1997. 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el acta de la sesión anterior. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, lamento tener que protestar de nuevo ante el Pleno- ya que tuve que hacerlo también la vez pasada en Estrasburgo- por la quema, ayer, de un camión murciano en Montpellier, cargado con chicle para Rusia. 
Lo que está pasando es muy grave, y le agradezco su intervención para que se restablezca la libertad en el tráfico de mercancías. 
Gracias, señor Marset, tomamos nota de esta protesta y evidentemente será trasladada de inmediato. 
Señor Presidente, el primer punto del orden del día es una comunicación de la Comisión sobre cuestiones políticas urgentes y de especial importancia. 
Deseo plantear una cuestión que ha sido excluida de nuestro orden del día, a saber, el tema del dumping de salmón noruego y de las subvenciones al salmón. 
Los noruegos han sido declarados culpables y la sanción se hará pública esta misma semana. 
Quiero que el Comisario nos informe de lo que está sucediendo. 
No hemos oído nada. 
Al parecer algunas comisiones de esta Asamblea están capacitadas para incluir determinados asuntos en el orden del día bajo este punto, mientras que los diputados no podemos hacerlo. 
Señor Macartney, usted sabe perfectamente cuáles son los medios que prevé el Reglamento para plantear esas cuestiones. 
Señor Presidente, como recordará, desde las pasadas Navidades, esta Asamblea ha mostrado especial interés por el caso de Roisín McAliskey, que fue encarcelada en la prisión de Holloway en Inglaterra. 
Recientemente ha dado a luz a una niña y se encuentra en libertad provisional bajo fianza. 
A raíz de la visita que le hizo la Sra. d ' Ancona a título personal, quisiera pedirle, señor Presidente, que interceda ante el nuevo Secretario de Estado británico para que le conceda la libertad bajo fianza con el fin de que pueda regresar a casa con su hija, como muestra de la compasión que Tony Blair y los Socialistas prometieron en este caso concreto durante la campaña electoral. 
Señor Andrews, es otro el momento y el modo de manifestar sus opiniones al respecto. 
Repito que ahora se trata de saber si hay alguna observación al acta de la sesión anterior. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
A propósito de lo que ha dicho el Sr. Macartney relativo al salmón noruego y teniendo en cuenta las graves implicaciones del caso para toda la UE, ¿podría explicarme cómo podemos, en calidad de diputados, plantear este asunto y hacer sonar la alarma en esta Asamblea. 
¿Qué artículo debemos aplicar? 
Señor Killilea, usted es un parlamentario veterano y sabe los distintos métodos reglamentarios para plantear estas cuestiones, pero ciertamente no es como cuestión de orden en este momento. 
Por lo tanto, yo no soy quién para decirle a usted qué cauce debe utilizar. 
Usted los conoce suficientemente. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
El Consejo nos ha comunicado que, debido a otros compromisos, sólo podrá estar presente hoy a partir de las 17.00 horas. 
En estas condiciones me veo en la necesidad de proponerles que comencemos a las 16.00 horas con el debate conjunto de los dos informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, el del señor Christodoulou y el de la señora Randzio-Plath. 
A las 17.00 se interrumpiría este debate conjunto con el fin de proceder al debate sobre la reunión del Consejo Europeo del 23 de mayo último y el debate sobre asuntos económicos se reanudará después de que concluya al relativo a la reunión del Consejo Europeo, es decir entre las 18.00 y las 18.30 horas. 
Pregunto a la Asamblea si tiene alguna objeción a la modificación del orden del día que acabo de proponer. 
(El Parlamento da su acuerdo) 
Los Grupos de Unión por Europa y del Partido Popular Europeo han solicitado, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento, el aplazamiento a la sesión de junio II del informe del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento y sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Defensor del Pueblo para el ejercicio 1998. Aunque estos Grupos podrían haber presentado su solicitud en el momento de iniciarse el debate, me ha parecido más correcto que la examinemos en este momento, cuando la asistencia es mayor en el hemiciclo. 
Por tanto, doy la palabra a la Sra. Oomen-Ruijten para justificar esta solicitud. 
Señor Presidente, sobre la base del artículo 96 del Reglamento quisiera hacer una propuesta y pedirle que retire el informe Tomlinson del orden del día de hoy para incluirlo en el período parcial de sesiones de junio II. ¿Por qué lo hacemos? 
Tengo entendido que el Sr. Pasty ha presentado la misma solicitud. Lo hacemos porque trata algunas cuestiones muy delicadas, votadas en la Comisión de Presupuestos; cuestiones que sabemos son aprobadas siempre en el Parlamento por mayorías muy exiguas. 
En lo que respecta a las cuestiones delicadas, nuestros Grupos no están del todo satisfechos con el resultado de la votación en la Comisión de Presupuestos. 
Mencionaré unos cuantos ejemplos. 
El régimen de financiación de los partidos políticos. 
Tenía entendido que entre los Presidentes de Grupo se había llegado a algunos acuerdos que, por desgracia, no se han incluido en el informe Tomlinson y sobre los cuales, tanto los Presidentes de Grupo como los propios Grupos, deseamos tener ocasión de hablar extensamente. 
Por supuesto, también está la propuesta para las sesiones de Estrasburgo. 
Una tercera cuestión que también hemos de implicar es una carta que nos ha enviado a todos el Comité de Personal en que se dice que las propuestas hechas por la Comisión de Presupuestos en el marco de las condiciones laborales secundarias pueden tener enormes consecuencias para el personal. 
Por lo menos hemos de tener ocasión de debatirlo en nuestros Grupos. 
Además constato que, hoy, la Mesa del Parlamento no ha votado, por la razón que sea. No se ha tenido ocasión de hacerlo. 
Asimismo constato que no se coordina suficientemente el conjunto de propuestas en todo caso con la dirección por parte de nuestros Grupos. Por ello, yo y mi Grupo tenemos motivos, también teniendo en cuenta la ausencia de muchos colegas franceses y diversos colegas irlandeses, para pedirle que aplace este informe hasta el segundo período parcial de sesiones de junio. 
Señor Presidente, quisiera, en nombre de mi grupo, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, apoyar la solicitud presentada conjuntamente por el Grupo del PPE y el Grupo UPE. 
A las razones mencionadas por la Sra. Oomen-Ruijten añadiré que los textos presupuestarios se discuten normalmente en los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo. 
A través de los informes de orientación presupuestaria o de estado de previsiones, se pretende claramente que se discutan aquí en Bruselas. 
A los argumentos enunciados aquí, creo que hay que añadir el hecho de que, al tener que pronunciarse la Conferencia Intergubernamental sobre la cuestión de la sede, conviene no presumir lo que se va a decidir y continuar debatiendo las cuestiones presupuestarias en la Asamblea de Estrasburgo. 
Por todo ello, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones apoya totalmente la solicitud de retirada del orden del día del informe del Sr. Tomlinson. 
Señor Presidente, como sin duda podrá suponer, me declaro contrario a la propuesta de la Sra. Oomen-Ruijten. 
Las alegaciones de la diputada son bastante ilegítimas. 
Este asunto fue incluido en el orden del día hace ya bastante tiempo. 
Fue aprobado en la Comisión de Presupuestos por una mayoría muy considerable. 
En aquel momento no existía ningún problema. 
Hemos descubierto que había un problema a las 12.30 horas del día de hoy. 
Ésa no es la manera de proceder de la Asamblea. 
(Aplausos del Grupo PSE) En cuanto a los problemas, los aspectos espinosos sobre los que habla la Sra. Oomen-Ruijten, seguirán existiendo en junio. 
Deseo proponer que mantengamos el informe en nuestro orden del día. 
Si el informe contiene algunos aspectos con los que la diputada no está de acuerdo, su Grupo puede votar en contra de los mismos en su momento, con lo que quedaría resuelto el problema. 
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del informe Tomlinson. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre cuestiones políticas y de especial importancia. 
Informo a sus Señorías que se tratará de dos temas: en primer lugar, de la situación en la República Democrática del Congo y, en segundo lugar, de las relaciones Turquía-Iraq. 
Situación en la República Democrática del Congo 
Con el cambio de poder en Kinshasa ha llegado el momento de retomar la imagen más amplia de la región de los Grandes Lagos y de África Central, habida cuenta de que ninguna de las numerosas crisis de la región ha quedado resuelta de manera definitiva. 
Existe una continuada interdependencia de la inestabilidad política, originada por los desplazamientos de la población, las alianzas transfronterizas y un modelo étnico que traspasa las fronteras nacionales. 
Sigue prevaleciendo un temible potencial de que se produzcan nuevos enfrentamientos violentos y desastres humanitarios en la nueva República Democrática del Congo y en sus nueve países vecinos. 
El vacío de poder originado por el debilitamiento de la alianza permitió a los rebeldes emprender una asombrosa campaña militar, pero dejó a la alianza con una serie de nuevos reclutas de escasa formación y poco disciplinados, y con un puñado de contingentes prácticamente incontrolados de unas características étnicas específicas como los Banyamulenge, históricamente independientes, que pasaron a ocupar el vacío dejado por los denominados gendarmes Katangais. 
Los fuertes contrastes de los compromisos humanitarios de Kabila, por un lado, y las continuas persecuciones de los refugiados de Ruanda y el hostigamiento al que se vieron sometidos los colaboradores humanitarios internacionales, por otro, muestran una clara falta de cohesión o de comunicación en el seno de la alianza, sobre todo entre los altos dirigentes políticos y los comandantes militares locales. 
En la actual fase crucial de reorganización política de la República Democrática del Congo, esta falta de control sobre las fuerzas armadas puede dar lugar a serias dificultades. 
Además, la extensión del conflicto del Zaire a países vecinos podría tener consecuencias a largo plazo, especialmente en Congo-Brazzaville y la República Centroafricana, donde la llegada de los antiguos soldados ruandeses amenaza con romper el precario equilibrio político y militar. 
En Congo-Brazzaville podría además hacer peligrar las próximas elecciones presidenciales si los «refugiados armados» procedentes de Ruanda y del antiguo Zaire desencadenan una campaña violenta entre los principales candidatos. 
En Angola, el posible regreso de los «mercenarios» del MPLA o de UNITA pueden poner en peligro el proceso de paz que ya se vio abortado anteriormente en otra ocasión por la escalada de violencia desatada a raíz de las elecciones de 1992. 
En lo que respecta a Sudán, el desmantelamiento de las bases de retaguardia de los movimientos de la oposición anti-Museveni en la región oriental del antiguo Zaire ha proporcionado al ejército ugandés y a sus aliados del Sur de Sudán una ventaja estratégica que puede dar lugar a una lucha intensa y a una creciente presión sobre el régimen de Jartum. 
O sea que este conflicto, que se ha estado cociendo durante varias décadas, podría entrar en una fase decisiva y provocar cambios geopolíticos inesperados. 
En Ruanda, las filtraciones a través de la frontera al abrigo de la repatriación de los refugiados han originado una situación de inseguridad generalizada. 
En algunas regiones próximas a la frontera congolesa se producen a diario enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y grupos de guerrilla fuertemente armados. 
Si la situación continúa deteriorándose, podría desembocar en una situación de guerra étnica moderada como en el caso de Burundi. 
Un elemento nuevo y preocupante es la anunciada alianza entre las milicias babembe y la oposición armada de Burundi, la CNDD, de Kivu del Sur. Obedece al declarado objetivo ideológico de los autores del genocidio ruandés y sus simpatizantes burundeses, lo que equivale al lanzamiento de una campaña militar regional de la población «bantú» de los Grandes Lagos contra los presuntos invasores «camíticos». 
En vista de la crítica presión demográfica que existe en la región, la combinación de esta ideología genocida y del aumento de la militarización de la sociedad crea una mezcla política explosiva. 
En la nueva República Democrática del Congo, Laurent Kabila anunció la formación de un nuevo gobierno dentro de un marco presidencial. 
Habíamos esperado un gobierno de una base amplia, que incluyera a todas las principales fuerzas políticas, del que presumiblemente quedarían excluidos los denominados mobutianos. 
El hecho de que se haya dejado fuera a uno de los principales líderes de la oposición a Mobutu, Etienne Tshisekedi, a pesar de los buenos argumentos presentados, ha sido considerado por muchos como contraproducente. 
El hecho de que el Sr. Kabila prometiera elaborar una nueva Constitución y celebrar elecciones en el plazo de dos años es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta que la suya es una organización disgregada y que hace falta tiempo para estabilizar el país, para organizarlo, dotarlo de un gobierno y para poder celebrar, por fin, unas elecciones libres y justas. 
Es mejor esperar y celebrar un buen proceso electoral, que precipitarse y celebrar un proceso electoral injusto y corrupto. 
Permítanme que concluya diciendo que sentimos una profunda preocupación por la situación humanitaria en la región, debido principalmente a que la falta de comunicación entre el jefe de la alianza y algunos de los comandantes militares en el campo ha provocado matanzas de refugiados desarmados. 
Eso es absolutamente inadmisible y la Unión Europea así lo ha manifestado con toda claridad, no sólo en su comunicado, sino también con ocasión de la reunión mantenida recientemente entre nuestros enviados y el ministro de Exteriores de Laurent Kabila. 
Muchas gracias, señor Pinheiro. 
Tiene la palabra el señor Robles Piquer. 
Señor Presidente, quería preguntarle al señor Comisario si esta explicación, tan razonable y equilibrada, que nos ha dado ha sido suficientemente transmitida al Consejo. 
Porque creo que es escandaloso que el Consejo esté hoy ausente, y creo que ese escándalo no hace más que reflejar el escándalo mismo de la ausencia europea en el desarrollo del drama centro-africano. 
Y me gustaría saber si se transmitieron con la suficiente convicción y fuerza estos mismos argumentos y esta descripción de una situación realmente dramática para que, por parte del Consejo como órgano competente para ello, se hubieran tomado en su momento las medidas apropiadas. 
Porque parece haber existido un claro vacío europeo y, una vez más, este vacío ha sido ocupado por la iniciativa norteamericana. 
Quisiera mencionar la declaración hecha el día 22 de mayo por la Presidencia en nombre de la Unión Europea y en la que figuran muchos de esos elementos. 
Quisiera también subrayar que ayer una «troika» europea se entrevistó con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Nueva República Democrática del Congo y que el mensaje estuvo exactamente en consonancia con lo que acabo de transmitir. 
Quisiera añadir también, para información de esta Asamblea, que esta tarde he tenido ocasión de debatir con el Presidente Julius Nyerere la situación en los Grandes Lagos y que también la Comisión ha celebrado hoy una reunión de dos horas con el Presidente Nyerere para escuchar su consejo avisado y experto de hombre conocedor de la región. 
¿Qué medidas ha adoptado, señor Comisario, para congelar los fondos que el Sr. Mobutu aún posee en los Estados miembros? 
¿Piensa la Comisión emprender acción legal en dichos Estados miembros para intentar recuperar los bienes que fueron robados a ese país para que puedan ser utilizados en la reconstrucción de la nueva República Democrática del Congo? 
Quisiera pedirle también que la Comisión tome nota del hecho de que la sociedad europea acogería al Sr. Mobutu del mismo modo que acogería al mayor criminal. 
No se le debe conceder asilo en la Unión Europea bajo ningún concepto. 
Me temo que la Comisión no está facultada para hacer eso. 
Personalmente, estoy completamente de acuerdo con sus sentimientos. 
Quisiera dirigir dos preguntas al Sr. Comisario. 
¿No se siente alentado por el hecho de que el eje de gobiernos africanos que se ha constituido y que, en estos momentos, está encabezado por Uganda, comparta planteamientos políticos, económicos y militares similares a los de la región de los Grandes Lagos y a los problemas que usted ha descrito? 
En segundo lugar, ¿tiene conocimiento, señor Comisario, de que el Presidente Mandela ha instado a Occidente a no condenar la acción de Kabila en Kinshasa y que ha insistido en que sería suicida que Occidente propusiera, por ejemplo, la creación de partidos políticos en Zaire en estos momentos? 
¿Tiene previsto, señor Comisario, seguir los consejos del Presidente Mandela y reconocer que no es acertado que Occidente dé demasiados consejos al Sr. Kabila en unos momentos en que éste intenta restablecer la ley y el orden en aquel país? 
Debemos reconocer que en el antiguo Zaire existían más de 100 partidos políticos y que eso no contribuyó a la democracia. 
Por ello, me inclino a favor del Presidente Mandela y del Presidente Nyerere cuando afirman que la prioridad absoluta es el restablecimiento de la ley y el orden y la estabilización. 
Pero, dicho esto, debemos asegurarnos de que no escapamos de un dictador para entrar en un sistema autocrático. 
Por consiguiente, es muy importante que se establezca cuanto antes un calendario claro de compromiso con el proceso constitucional y la celebración de unas elecciones libres y justas. 
Consideramos que dos años es el plazo máximo para ello, y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades de aquel país para garantizar que se cumplan en su momento todas las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones libres y justas. 
Señor Comisario, Laurent Kabila ha logrado instaurar el nuevo poder en la República Democrática del Congo, en particular gracias al apoyo decisivo de los Estados Unidos. 
¿Existen iniciativas de la Comisión para concertar su acción con la estadounidense, o para oponerse a ella en caso de que resultara un obstáculo para ese proceso de democratización real y no nominal del Congo que todos quisiéramos y que, como usted mismo admite- creo comprender -, puede que no se produzca? 
El papel desempeñado por los Estados Unidos en todas las distintas fases de la situación que precedió a la toma del poder por parte de Kabila no ha sido evaluado en todo su alcance. 
Mi opinión personal es que nuestros socios del otro lado del Atlántico ayudaron a liberar al genio de la botella y después intentaron volverlo a encerrar. 
Pero no lo lograron. 
La campaña no tuvo éxito. 
Como he dicho en mi declaración, Laurent Kabila se vio impulsado hacia el poder por el vacío que se produjo en el antiguo Zaire. 
Dicho esto, me he mantenido en contacto con los Estados Unidos para saber cómo ven ellos la situación y cuál es la mejor forma de cooperar para conseguir restablecer la ley, el orden y la democracia en aquel país. 
La Unión Europea ya ha manifestado su parecer y su intención de contribuir a la rehabilitación y la reconstrucción de la nueva República Democrática del Congo. 
Pero no nos engañemos. 
Hay una serie de requisitos previos que deberán cumplirse. 
No estoy dispuesto a firmar un cheque en blanco. 
Señor Comisario, hace unos días su colega, la Sra. Bonino, declaró que las organizaciones humanitarias seguían sin tener acceso a diversos lugares en Kivu donde había problemas. 
¿Ha habido alguna evolución en este ámbito hasta el día de hoy? 
En segundo lugar, ha señalado usted la necesidad de restablecer la ley y el orden, y tiene usted toda la razón. 
Claro está que al hacerlo hemos de tener en cuenta que si hay problemas- y estos ya surgieron en Kivu, donde la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos ya ha reaccionado ante una serie de situaciones- tiene que seguir siendo posible reaccionar si no se respetan los derechos humanos. 
¿Qué instrumentos prevé la Comisión Europea en este ámbito? 
El único motivo por el que no entré en detalles sobre la situación humanitaria es que ya había sobrepasado en tres minutos mi tiempo de intervención. 
Pero Emma Bonino estaba absolutamente en lo cierto al calificar el problema humanitario de dramático. 
No estamos exagerando. 
El número de refugiados y de personas desplazadas, tanto en Tanzania como en el Sur del Zaire o en los países vecinos, supera como mínimo las 600.000 personas. 
Estamos hablando de un número equivalente a la población de Bruselas, o sea que es una situación dramática. 
Nos sentimos muy decepcionados cuando los altos mandos militares de la zona se negaron a que el Centro para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras agencias enviaran una misión de reconocimiento de las necesidades humanitarias, debido a que el carácter de las condiciones impuestas impedían su aprobación. 
En base a los contactos que hemos mantenido con nuestro enviado especial, que ayer se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, parece ser que se han superado las dificultades iniciales, y esperamos que en un futuro muy próximo se lleve a cabo la misión de reconocimiento de la situación humanitaria y de las necesidades existentes para responder a las mismas con rapidez en el interior de la República Democrática del Congo. 
La ayuda financiera a toda la región de los Grandes Lagos durante los últimos años ha sido muy cuantiosa. 
Habida cuenta del cambio que se ha producido y de que la mayor parte de los fondos fueron destinados a los campos de refugiados durante ese período, quisiera preguntarle, señor Comisario, ¿cuál será, en su opinión, la tendencia que se seguirá en el futuro y a qué sectores se destinará la ayuda financiera? 
Algunos programas han continuado, por ejemplo, los de ayuda humanitaria o los programas de salud. 
Han seguido adelante a pesar de las dificultades por las que ha atravesado el antiguo Zaire. 
Nuestra intención ahora, como expliqué a esta Asamblea hace algún tiempo, es que una vez restablecidas la paz y la estabilidad, la Comisión estará dispuesta a aplicar el plan global de reconstrucción y rehabilitación de la región de los Grandes Lagos. 
Nuestra intención es proporcionar un plan coherente que permita hacer frente a las necesidades de esa región. 
Mientras tanto, hemos hecho saber a nuestro enviado especial y al Consejo, y ahora manifestamos a esta Asamblea, que estamos dispuestos a movilizar 90 millones de ecus para ayudar a cubrir las necesidades inmediatas de la República Democrática del Congo, siempre que se cumplan las condiciones a las que me refería hace un momento. 
Espero sinceramente que todo esto se aclare antes del verano. 
Las necesidades son acuciantes y no podemos seguir los procedimientos normales para asignar y desembolsar esos fondos. 
Señor Presidente, quisiera preguntar al Sr. Comisario si intentará promover en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial una investigación sobre el escándalo de los préstamos concedidos a Mobutu. Se hicieron con pleno conocimiento de los responsables de que iban a ser malversados, porque había informes sobre el tema en cuestión desde 1988. 
A pesar de todo, las organizaciones internacionales no sólo siguieron concediéndole esos préstamos, sino que incluso los aumentaron. 
Creo que es legítimo iniciar una investigación de este tipo, puesto que también ha sido dinero de los contribuyentes europeos el que se regaló al Sr. Mobutu para sus fraudes. 
Quisiera hacer hincapié en el hecho de que la Comisión no está representada en el Banco Mundial ni en el FMI, aunque sí lo están los Estados miembros. 
Espero, por tanto, que nuestros Estados miembros actúen conforme a su sugerencia, porque los acontecimientos pasados deben servirnos de lección para el futuro; me refiero a los préstamos. 
Y no estoy pensando sólo en los dictadores, sino también en países fuertemente endeudados que no tienen ninguna posibilidad de saldar sus deudas en la forma habitual. 
Creo comprender, señor Comisario- y quisiera que me lo confirmara- que la línea que usted ha expuesto se basa en una consideración y en dos condiciones. 
La consideración es la siguiente: evidentemente, en una situación como ésta, en la que, con respecto al antiguo Zaire, ahora República Democrática del Congo, se perfila la presencia política clara y evidente- mencionada también aquí- por parte de una gran potencia, hay que evitar que Europa se quede fuera del juego y, en cierto modo, del sistema de relaciones que ese país y su nuevo gobierno construirán en el futuro. 
Las dos condiciones puestas- con las que estoy de acuerdo, pero sobre las que le pido confirmación, señor Comisario- son: en primer lugar, el inicio del proceso de democratización- más allá del momento en el que se celebren las elecciones- tiene que ser muy claro, por lo que, para mantener el orden y la ley, no hay ninguna necesidad de prohibir la actividad política ni los partidos políticos; en segundo lugar, la necesidad de que se resuelva inmediatamente el problema del acceso a las zonas en las que están presentes los refugiados, y la necesidad, evidentemente, de que se arroje luz sobre las masacres. 
Me parece que el panorama es éste, señor Comisario. 
Aparte del hecho de que no menciona la idea de tener un gobierno de una base amplia, su Señoría ha expuesto la situación mucho mejor que yo. 
El pasado 16 de mayo, la Unión Europea hizo pública una declaración sobre las actividades del ejército turco en el Norte de Iraq. 
Aunque podamos comprender que se actúe contra grupos que preparan o ejecutan actividades terroristas, la Unión Europea también ha dejado claro que finalmente una solución del problema kurdo sólo es posible por vía política. 
Se ha hecho un llamamiento urgente a Turquía para que guarde la mayor reserva posible y respete los derechos humanos. 
Se ha pedido a Turquía que se retire cuanto antes del Norte de Iraq. 
Las autoridades turcas han indicado que no pretenden tener una presencia militar permanente en el Norte de Iraq y que han tomado todas las medidas para respetar a la población civil. 
Por supuesto, en la práctica queda por ver si realmente pueden cumplir estas promesas. 
La actual situación en el Norte de Iraq supone un grave obstáculo para la ayuda humanitaria que concede la Comisión Europea a la zona a través de ECHO. 
En 1997 se han previsto proyectos por un importe total de unos diez millones de ecus, que en gran parte han de ser ejecutados por organizaciones no gubernamentales y a menudo en circunstancias difíciles. 
Ni que decir tiene que por esta razón se considera importante una rápida retirada del ejército turco. 
Resulta evidente que la situación en Turquía se deteriora por momentos, y todos debemos lamentar profundamente la acción llevada a cabo por los militares. 
De hecho, en septiembre de 1996, el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos declaró culpable a los militares de una serie de transgresiones, y apenas tres días más tarde, el Parlamento presentó y aprobó su famosa resolución en la que declaraba la necesidad de apoyar la democracia y las actividades en defensa de los derechos humanos en Turquía. 
Junto con Piet Dankert hemos estado trabajando para intentar que eso ocurra. 
Habida cuenta del deterioro de la situación en Ankara y de la posibilidad de que los militares estén avanzando hacia una posición que podría desembocar en un golpe de Estado, ¿cuál sería la posición de la Unión Europea ante esa eventualidad? 
No sé si es sensato anunciar aquí un golpe de Estado militar en Turquía. Tampoco sé si es sensato especular sobre cuál deberá ser la postura ante un golpe de Estado de este tipo. 
Seamos claros. 
Un país como Turquía, que en los últimos meses nos ha querido recordar con tanta claridad el hecho de que se clasifica, aunque, eso sí, a largo plazo, para adherirse a la Unión Europea, no debería de ser un país que soluciona sus problemas políticos interiores mediante un golpe de Estado. 
A decir verdad, no quiero ni pensarlo. 
Esto no quita que las tensiones políticas internas en Turquía son claramente apreciables desde el exterior. 
No obstante, esperemos, del mismo modo que he abogado por una solución del problema kurdo por la vía política, que hay razón de más para defender que también se solucionen las tensiones políticas internas por la vía política y no militar. 
Señor Presidente, señor Comisario, ustedes saben que muchos colegas de esta Asamblea han hecho depender su conformidad a la unión aduanera con Turquía del cumplimiento de la exigencia de una retirada inmediata del norte de Irak. 
La última operación tuvo lugar en 1995 con 30.000 soldados y aproximadamente 50 blindados. 
La actual operación la supera ampliamente, ustedes lo saben con toda seguridad. 
Están en acción 50.000 soldados, 250 blindados, bombarderos F-4 y F-16 y helicópteros Cobra. 
No existe ningún punto de apoyo para que se produzca una retirada en un tiempo previsible. 
Yo le pregunto, señor Comisario: en su opinión ¿es esta intervención conciliable con el Derecho Internacional? 
¿Qué cosa concreta piensa hacer la Comisión para forzar la retirada del ejército turco y qué piensa usted, por favor, cuando usted dice que se ha instado a Turquía a la moderación? 
¿Y cómo puede garantizarse realmente, en su opinión, el respeto de los derechos humanos de la población civil? 
Como sabemos, esta invasión del Norte de Iraq no es la primera acción militar turca contra el norte de ese país donde, como saben ustedes, reina un vacío de poder, donde no se ejerce una administración normal, donde los grupos kurdos se disputan el liderazgo y donde- según los turcos- uno de los grupos kurdos ha hecho un llamamiento a Turquía para que les ayude a defenderse de las acciones del PKK en el Norte de Iraq. En los últimos años hemos visto una situación parecida. 
Y también entonces, al igual que ahora, la Unión Europea dijo por un lado que rechazaba categóricamente toda forma de acción terrorista, ya fuera por parte del PKK o de otros grupos. Al mismo tiempo, también reconocemos que Turquía tiene derecho a proteger a su población de las acciones terroristas. 
Es preciso respetar los principios elementales de los derechos humanos. Y sobre todo cuando se trata de una acción militar, hay que rechazar toda forma de violencia excesiva en que no existe ninguna proporcionalidad entre el objetivo y los medios. 
Por último, el núcleo de este problema, la cuestión de la problemática kurda aún no solucionada, exige que se empiece a buscar una solución política del conflicto, porque no creemos en una solución militar. 
En este sentido le digo a su Señoría que nosotros no podemos forzar gran cosa, lo que sí podemos hacer es dejar claro a Turquía que la Unión Europea y la comunidad internacional siguen muy de cerca el modo en que se maneja el conflicto, sobre todo tratándose de un país con el que ya llevamos tanto tiempo dialogando sobre esta problemática, concretamente con respecto a un país que en sus relaciones con la Unión Europea pide un mayor acercamiento e incluso una mayor integración. 
Una vez más espero que precisamente esta aspiración turca sea para ella un motivo para prestar oídos a la preocupación expresada por la Unión Europea sobre esta acción militar y el llamamiento a finalizarla cuanto antes. 
Hace algunas semanas encabecé una delegación de mi Grupo a Ankara, donde nos reunimos con el General Cevic Bir, Segundo Jefe de Estado Mayor de la Defensa turco. 
En la reunión, el General Cevic Bir nos dijo que, en su opinión, los militares habían hecho todo lo posible en los territorios kurdos. 
Lo que hacía falta ahora era una iniciativa política que resuelva algunos de los problemas que afectan a la población kurda que vive en la zona. 
Pocas semanas más tarde nos enteramos de que 50.000 soldados turcos han invadido el Norte de Iraq para luchar contra lo que ellos consideran terrorismo del PKK en esos territorios. 
Esto me recuerda las promesas que recibimos de Tansu Ciller, la entonces Primera Ministra y actual ministra de Asuntos Exteriores de Turquía, en el sentido de que ella era el baluarte contra un gobierno islámico en Turquía. Actualmente la ministra forma parte de un Gobierno cuyo Primer Ministro es islamista. 
¿Estaría el Sr. Comisario dispuesto a reconocer conmigo que esta Asamblea, la Comisión y el Consejo han sido manipulados por las autoridades militares y civiles turcas, y que lo que ahora nos incumbe es exponer la duplicidad del Gobierno y de los militares turcos ante la población de aquel país? 
Pienso que la Unión Europea ya se ha manifestado con claridad ante Turquía. En lo que se refiere a nuestra posición, recalcamos que rechazamos categóricamente todo acto de terrorismo del PKK, por un lado, y al mismo tiempo que tampoco aceptamos la violencia excesiva o una grave violación sistemática de los derechos humanos, aunque se trate de luchar contra el fenómeno del terrorismo. 
No creo que podamos decirlo de forma más clara. 
He oído que la Sra. Green hablaba de 50.000 militares. 
Para ser sinceros, el número no me parece tan importante. 
Otras fuentes independientes hablan de 30.000. Las autoridades turcas no mencionan números. 
El hecho sigue siendo que hay una intervención militar en un territorio vecino que, por cierto, no está bajo el control de las autoridades centrales de Iraq. 
Sólo puedo prometer al Parlamento que en nuestros contactos y nuestro diálogo regular con Turquía seguiremos reclamando también lo que pide este Parlamento, a saber, que de la continua amenaza procedente del PKK con su acción terrorista se saque de una vez la conclusión de que hay que iniciar el diálogo en torno a una solución política. Al fin y al cabo, esto incluye por supuesto también una solución en lo referente a la actuación militar, que rechazamos como tal. 
Señor Presidente, quisiera preguntar al Sr. Comisario si cree que la operación de Turquía en Irak es un hecho aislado que se repite o si forma parte de una estrategia general de agresividad por parte de Turquía fuera de sus fronteras. 
¿Es casualidad que cada 5 ó 6 meses seamos testigos de invasiones territoriales de Turquía en Irak? 
¿Es casualidad que desde hace 20 años tropas turcas ocupen una parte de la República de Chipre? 
¿Es casualidad que Turquía prorrumpa amenazas contra su Estado vecino occidental, Grecia, que afectan a la soberanía territorial de ésta? 
En este sentido, ¿qué sensibilidad tiene y qué prevé la Unión Europea ante estas muestras de agresividad general de Turquía? 
Concretamente, con respecto al problema de los kurdos- porque el Sr. Comisario se ha referido al terrorismo del PKK -, quisiera preguntar si la Unión Europea está dispuesta, como lo estuvo en el caso de Chechenia y de Yugoslavia, a presentar propuestas para una solución política del conflicto a las dos partes implicadas. 
Turquía ha declarado actualmente y también en el pasado no tener ninguna, repito ninguna, aspiración territorial en relación con el territorio de Iraq. 
Tampoco tenemos motivos para suponer que exista tal aspiración, porque esta no podría defenderse de ningún modo a la luz del derecho internacional. 
Quiero partir de la idea de que lo que hace Turquía tiene que ver exclusivamente con lo que creen tener que hacer, con los medios que consideran justificados, para defenderse de la amenaza terrorista del PKK, que es incuestionable, seamos sinceros, o por lo menos abordarla de raíz. 
El hecho de que ello tenga lugar en territorio vecino sólo es posible debido a la situación de excepción que atraviesa Iraq, en que la parte norte del país, con una población que ha sufrido mucho desde principios de la década de los ochenta, cuando empezó el conflicto entre Irán e Iraq, puede hacerlo porque no hay gobierno, porque no hay control central desde la capital de Iraq sobre ese territorio. 
De hecho, lo que podemos hacer por los kurdos y por la problemática kurda no es mucho más que ejercer presión sobre el Gobierno turco para que inicie el diálogo con las fuerzas representativas de estos grupos y vea si no se puede ofrecer una perspectiva de una solución política. 
Como saben ustedes, en este sentido se emprenden con regularidad iniciativas, desde fuera de Turquía, para reunir a los grupos a fin de reflexionar y hablar de la cuestión. 
Si no me equivoco, dentro de poco volverá a tener lugar un seminario de este tipo con varios representantes. 
Pienso que la respuesta del Comisario es demasiado benévola. 
Hemos contraído un acuerdo de Unión aduanera con Turquía. 
Como parte firmante de dicho acuerdo, Turquía se ha comprometido a cumplir con los requisitos democráticos que hemos establecido. 
Desde la fecha de la firma de dicho acuerdo, la situación ha ido empeorando cada vez más en Turquía. 
Hemos discutido repetidamente la cuestión, y hemos recibido respuestas insuficientes por parte del Comisario. 
Pienso que ya va siendo hora de que formulemos unos requisitos rigurosos a la parte contrayente del acuerdo que ataca a su población en su propio país, y a quien estamos escuchando pacientemente mes tras mes. 
Mi pregunta es: ¿Está dispuesto el Comisario a fijar una fecha límite para el cese de los ataques turcos contra el pueblo kurdo? 
Si esto no es así, ¿Está dispuesto el Comisario a proponer que se derogue el acuerdo de Unión aduanera con Turquía? 
Si su Señoría me pide de lance un ultimátum con la sanción de suprimir la Unión aduanera, cabe preguntarse qué presión supondría esto realmente, dado que la Unión Europea, en parte a raíz y gracias a esta Unión aduanera, tiene un enorme excedente comercial con Turquía. 
Pero al margen de este argumento, creo que también este Parlamento es consciente de la prudencia con que, en el último año, la Comisión Europea ha evaluado y seguido las relaciones de la Unión con Turquía, y ha hecho recomendaciones para una política muy cuidadosa para con Turquía, con muchos diferentes componentes. 
En el debate con el Parlamento, nos hemos encontrado también con el deseo del Parlamento de congelar de antemano todas las formas de apoyo financiero o instrumentos financieros si tales instrumentos no se utilizaban, directa o indirectamente, para mejorar la situación de los derechos humanos en Turquía. 
Pienso que en estas circunstancias sería menos sensato, y también menos eficaz, amenazar a Turquía con lo que en estos momentos tiendo a considerar simples aspavientos, con mayores sanciones en caso de que no se ponga fin, dentro de un determinado plazo, a esta acción contra el terrorismo del PKK. 
Esto no cambia nada en los acuerdos políticos suscritos anteriormente por la Unión Europea ni tampoco en la promesa a este Parlamento de que seguiremos esforzándonos por mejorar la situación. 
El Comisario ha dicho, y de hecho ha repetido, lo que ya había dicho el Consejo de Ministros, que es preciso encontrar una solución política para el problema kurdo. 
Durante el Consejo de Asociación, celebrado antes de la invasión en Iraq, la Sra. Ciller lo descartó rotundamente. 
Al mismo tiempo, en estos momentos hay una inminente crisis gubernamental en Turquía. Asimismo, la Comisión dice: sí, hay algunas iniciativas privadas a las que hay que apoyar, estoy de acuerdo con ello. 
Seguimos la situación de cerca. Pero si sumo el problema kurdo y las amenazas a la estabilidad interna de Turquía, veo que la situación allí es tan grave que quiero preguntar al Comisario si no le parece que en el marco de la UE y, por ejemplo, de la OTAN, no se imponen iniciativas más enérgicas que las actuales. 
Señor Presidente, con todo el respeto hacia el Comisario, Sr. Van den Broek, confieso que no puedo comprender cómo la grave infracción del Derecho internacional que representa la trasgresión de las fronteras y la invasión de otro país puede justificarse con el hecho de que el gobierno iraquí no ejerce el control sobre esa región. 
Mi país sufrió en el pasado la entrada de elementos revolucionarios de otro país, por así decirlo, pero no nunca tuvo la ocurrencia de sacudir el orden mundial aboliendo las fronteras. 
En consecuencia, si la infracción de Turquía, en combinación con sus amenazas dirigidas a otros países, es perdonable únicamente sobre la base del argumento no probado de que la sublevación de los kurdos tiene carácter terrorista, esto es tanto como concederle indulgencia plenaria a Turquía a priori y, creo que el Parlamento queda en evidencia al tolerar este tipo de infracciones. 
Espero que en este Parlamento estemos y sigamos estando de acuerdo en que, al margen de si las pretensiones políticas son justas o no- aunque, por ejemplo, no apoyemos en modo alguno el separatismo del PKK, ya que nosotros no apoyamos esa pretensión política, lo que sí apoyamos es cierto reconocimiento de la identidad cultural, etc.-, y por mucho que se trate de pretensiones justas, seguiremos rechazando categórica e íntegramente que se persigan estos objetivos con medios terroristas. 
Hay que reconocer que el PKK es culpable de ello. 
Ahora vuelvo a decir: cuando el Parlamento pregunta qué más podemos hacer para ejercer presión sobre Turquía, tanto el Sr. Dankert como el Sr. Lambrias saben muy bien que en el actual diálogo con Turquía se opera de forma muy diplomática y política. Tanto en lo que respecta al intento de encontrar una apertura en las malas relaciones entre Grecia y Turquía, como en las disputas en el mar Egeo. 
Se emprende una enorme ofensiva político-diplomática para intentar sentar en torno a la mesa de negociaciones a ambas comunidades, por lo menos al Gobierno de Chipre y a los turcochipriotas, a través de sus líderes, para iniciar las negociaciones a mediados del presente año en torno a una solución política para Chipre. 
En tercer lugar, en mutua consulta con el Gobierno turco intentamos con regularidad que se presenten y sean aprobadas por el Parlamento las promesas hechas anteriormente en relación con la introducción de una nueva legislación para fomentar y proteger mejor los derechos humanos en Turquía. 
Espero por tanto que sus Señorías me crean cuando les digo que realmente está presente la motivación para instar a Turquía a que mejore todas estas situaciones. 
Sólo digo que cuando se trata de encontrar una solución al problema kurdo- y he de admitir que el Sr. Dankert tiene razón en que el lado turco no lo considera un problema real y quizás en ciertos casos niega que sea un problema, sólo se ve el problema del terrorismo, pero no el problema kurdo subyacente -, en estos momentos no podemos forzar ninguna solución. 
Todo ello no quita que lo que he dicho en mis primeras respuestas sobre las señales a Turquía en relación con la necesidad de poner fin cuanto antes esta acción militar, sigue completamente en pie. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate sobre este punto del orden del día queda cerrado. 
Déficit excesivo- Políticas económicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos: 
A4-0181/97 del Sr. Christodoulou, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre: I. la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas (C4-0174/97-96/0247 (SYN) ) y II. el informe relativo a una propuesta de reglamento del Consejo por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo (6931/2/97- C4-0182/97-96/0248 (CNS) ) y-A4-0184/97 informe de la Sra. Randzio-Plath, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, relativo a la recomendación de la Comisión sobre las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros y la Comunidad de 1997 (COM (97) 0168- C4-0190/97) 
Señor Presidente, el 28 de noviembre del año pasado, el Pleno aprobó en primera lectura las resoluciones relativas al Pacto de Estabilidad correspondientes a dos propuestas de reglamento. 
La primera era una propuesta de reglamento relativa al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y la segunda, una propuesta de reglamento por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo. 
Como saben, en el Consejo Europeo de Dublín del 13 y 14 de diciembre de 1997 se llegó a un acuerdo político sobre los principios generales y los objetivos principales del Pacto de Estabilidad. 
El Consejo Europeo incluso solicitó la elaboración de una propuesta de resolución que incluyera un compromiso de los Estados miembros, de la Comisión y del Consejo en lo que se refiere a una estricta aplicación del Tratado y del Pacto de Estabilidad. 
A continuación, en la reunión informal del Consejo ECOFIN celebrada en Nordwijk, se llegó a un acuerdo de principio sobre los textos de las dos propuestas de reglamento y de la propuesta de resolución solicitada por el Consejo Europeo. El Consejo transmitió al Parlamento Europeo su posición común sobre la primera de las dos propuestas mencionadas y solicitó la nueva consulta sobre la segunda de ellas. 
En la elaboración de las enmiendas que ahora se presentan se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 
En primer lugar, las directrices políticas definidas en el Consejo Europeo de Dublín. 
Además, la decisión del Consejo Europeo relativa a la correcta aplicación del Pacto de Estabilidad., y, al mismo tiempo, el hecho de que el Consejo cambiara su denominación por «pacto de estabilidad y crecimiento». 
Lamentablemente, este cambio cualitativo expresado por el nuevo título no se refleja en los textos enviados por el Consejo ECOFIN. 
El título ha cambiado, pero el contenido sigue siendo más o menos el mismo. 
La inclusión en el reglamento relativo a la supervisión de disposiciones aplicables a los Estados que no participan en la tercera fase de la UEM es un elemento nuevo. 
Mientras que en la propuesta inicial de la Comisión se preveía sólo la presentación de programas de estabilidad por los Estados miembros participantes en la tercera fase de la UEM, ahora existe un apartado especial que prevé también para los países no participantes la presentación de programas de convergencia. 
Hemos preparado una enmienda al respecto que les voy a detallar a continuación. 
Consideramos que el Pacto de Estabilidad debe ser eficaz. 
Esta eficacia presupone su aplicabilidad y su credibilidad. 
Por lo tanto, las disposiciones correspondientes deben ir en esa dirección. 
La relativa rigidez de las disposiciones propuestas y su carácter generalmente automático y mecánico no tienen en cuenta el carácter dinámico de los fenómenos económicos y, sobre todo, monetarios, limitando así su aplicación consecuente y perjudicándose, por ende, la credibilidad de las disposiciones del Pacto. 
Por último, la propuesta de reglamento relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo prevé la realización de un depósito financiero, que se puede transformar en multa. 
Aquí aparece un problema muy importante, en el sentido de que la propuesta inicial de la Comisión preveía que los ingresos procedentes de esas sanciones, es decir, de las multas e intereses, se consignaran en el presupuesto comunitario. En cambio, ahora parece predominar en el Consejo la idea de repartir dichos importes entre los Estados miembros cuyo déficit presupuestario no sea excesivo, como se ha propuesto. 
El mismo hecho de este reparto es un fenómeno paradójico, que no quiero analizar ahora, aun cuando deba observar que todavía no se ha encontrado un fundamento jurídico ni un procedimiento claro para la realización de este deseo del Consejo. 
En cualquier caso, aunque el Consejo no haya tomado todavía una postura definitiva, es oportuno que se vote la enmienda correspondiente, presentada por la Comisión de Presupuestos, porque expresa la voluntad del Parlamento de mantener el principio de la unidad presupuestaria, un concepto básico que debemos conservar a cualquier precio. 
Debido a las dificultades para encontrar un fundamento jurídico a que se ve enfrentado el Consejo, es muy probable- ésta es una hipótesis mía, si quiere- que se prefiera consignar los importes antes mencionados en el presupuesto y, a continuación efectuar su reparto por la vía de los compromisos políticos y quizás de una nueva modificación de las respectivas disposiciones financieras. 
Nada nos impide votar esta enmienda, aunque ésta se refiera a un texto que todavía no ha recibido su forma definitiva. 
Nuestras enmiendas tienen el fin de mejorar el Pacto en sus puntos más importantes. 
En concreto: 
Primero, se dan a la propuesta del Consejo sus dimensiones adecuadas, de conformidad con el artículo D de las disposiciones comunes del Tratado. 
La propuesta debería precisar las orientaciones políticas para una aplicación consecuente y oportuno del Pacto de Estabilidad, y, por tanto, no debe tener carácter legislativo. 
Se trata tan sólo de una orientación política general. 
Segundo, nuestras enmiendas introducen la noción de gastos de inversiones públicas, que constituyen un objetivo determinante del crecimiento económico y del desarrollo. 
Así damos un contenido sustancial al concepto del desarrollo que fue añadido al Tratado por el Consejo Europeo de Dublín. 
Me complace poder anunciarle, señor Presidente, que tanto el Consejo como la Comisión han aprobado incluso una referencia al respecto en los reglamentos. 
Tercero, las disposiciones referentes a los programas de convergencia se hacen más realistas y se incluye en el reglamento de supervisión el principio de apoyo a los Estados que no participan en la tercera fase de la UEM, un apoyo para hacer frente a la especulación en el marco del nuevo mecanismo de equilibrios de cambio, es decir una protección por parte de la Unión Europea, en casos de ataques especulativos. 
Asimismo, se prevén situaciones extraordinarias en las que los gastos dedicados a la protección de la integridad territorial de un Estado miembro no se consideren motivo de un déficit excesivo. 
Cuarto, sin que resulte afectado el rigor- y quiero subrayar esto, señor Presidente- se garantiza cierta flexibilidad, necesaria para que el Pacto de Estabilidad sea operativo y adquiera aplicabilidad y credibilidad. 
Con frecuencia, al ser absolutas, las normas pierden aplicabilidad y, en consecuencia sufre su credibilidad. 
Finalmente, se salvaguarda un principio presupuestario fundamental, como he mencionado anteriormente, al mantenerse las multas y los intereses dentro del presupuesto comunitario. 
Estas son las líneas generales que determinan las enmiendas propuestas y que pido a la Asamblea que apruebe. 
Están incluidas en el texto común y han sido todas aprobadas por la Comisión de Presupuestos. 
Teniendo en cuenta la evolución hasta la fecha, la necesidad de estabilidad del euro y de unas disposiciones viables, se ha hecho un esfuerzo por evitar la presentación de un gran número de enmiendas, intentando hacer hincapié en los elementos que se consideran absolutamente necesarios. 
Por lo tanto, no recomiendo a la Asamblea que apruebe las enmiendas no aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos, salvo algunas referentes a una cuestión técnica que acabo de recibir y sobre las que daré mi opinión más adelante. 
Como ponente, y para concluir, solicito que se modifique la posición común sobre el reglamento de supervisión y se emita un dictamen sobre el reglamento relativo al déficit con arreglo a las enmiendas propuestas por nuestra comisión, en segunda lectura. 
Permítanme que, para finalizar mi intervención, subraye la importancia del presente tema desde el punto de vista político y económico y recuerde que un dictamen negativo por nuestra parte podría enviar un mensaje erróneo al exterior en el sentido de que el Parlamento Europeo se abstiene de tomar decisiones importantes. 
Por tal motivo, espero contar con el más amplio apoyo posible para las opiniones expresadas en este documento. 
En todo caso, en nuestra opinión, es un requisito básico que la Comisión y el Consejo, lamentablemente ausente en este momento, se comprometan a aplicar las propuestas aprobadas en los próximos Consejos que tengan lugar, en concreto, las propuestas relacionadas con el dictamen del Parlamento Europeo, las relacionadas con los temas de desarrollo y de inversiones públicas, y asimismo los demás elementos que se aprobaron a lo largo del triálogo y de los contactos ulteriores con el Consejo y la Comisión. 
Nosotros, de buena fe, recomendamos la aprobación de estos dos reglamentos. 
Espero, o mejor dicho, estoy seguro de que tanto la Comisión como el Consejo se comprometerán a cumplir las obligaciones asumidas frente a nosotros. 
Señora Presidenta, hay que contemplar con mucha preocupación el desarrollo económico y, sobre todo, el desarrollo de la política de empleo dentro de la Unión y por esa razón tienen una importancia especial las orientaciones generales de la política de empleo para los Estados miembros y para la Comunidad. 
Creo que en los últimos años no hemos utilizado suficientemente estas orientaciones generales para conseguir realmente más concertación, más cohesión en la política económica europea que ejercieran también un efecto sobre medidas del sector público y del sector privado. 
Por esta razón tenemos que echar una mirada muy especial en este año- un año antes de la decisión acerca de quién va a participar en la Unión Monetaria- acerca de cómo están configurados esas orientaciones generales. 
Lamento enormemente que en el fondo la Comisión piense que nosotros- con sólo perseguir y respetar los objetivos de la estabilidad del valor del dinero y de la consolidación presupuestaria- obtendremos automáticamente, por decirlo así, un aumento de las inversiones y el crecimiento que deseamos y, con ello, también la reducción del desempleo a la mitad antes del año 2000. 
No considero suficiente esto, sino, por el contrario, totalmente insuficiente para llevar a cabo en todas las resoluciones los planteamientos de la política que esta Asamblea desea. 
Por consiguiente, las orientaciones generales de la política económica deben fundarse en algo más que en la mera repetición de los criterios de convergencia. 
Celebro, ciertamente, que la Comisión, al igual que lo ha demandado también el Parlamento, quiera orientar el empleo de los recursos públicos hacia inversiones productivas y que en este sentido avance aquí un paso más allá que en el comentario del desarrollo económico del año pasado. 
Creo que nos debemos concentrar en el fomento de las inversiones mucho más de lo que está previsto hasta ahora en las directivas, en las orientaciones generales. 
Necesitamos un benchmarking (análisis comparativo) para inversiones, necesitamos, por decirlo así, una orientación, pues si vemos que sólo en la República Federal de Alemania las inversiones del año pasado han bajado de 18.000 millones a 1.100 millones, entonces sabemos en qué situación de debilidad nos encontramos y sólo conjuntamente podemos salir de este agujero. 
Quisiera dar una vez más un valor especial a una cosa: precisamente porque es tan importante que actuemos de manera comunitaria, deben ser mucho más vinculantes estas orientaciones generales para que puedan ser aplicadas y llevadas a la práctica de manera concreta. 
Por consiguiente, sería importante configurar la orientación de tal manera que la política de empleo se convierta en la dimensión determinante para las demás políticas. 
De ahí que sea necesario integrar, por decirlo así, las orientaciones generales de la política económica y de la política de empleo, para que podamos fomentar mejor la política económica en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Considero esto realmente importante pues la materia prima de esta Unión Europea es la persona, y cada inversión en las personas en el terreno de la cualificación, de la formación continuada, del aprendizaje vitalicio, pero también en las medidas de acompañamiento, como la investigación y el desarrollo así como el fomento de innovaciones, nos ayudarán a lograr realmente progresos dentro de la Unión Europea. 
No podemos menos que insistir una vez más en que los acuerdos de las cumbres, desde Essen hasta Dublin, siguen aguardando ser llevados a la práctica. 
Por esta razón, debemos modificar las condiciones marco, aunque está perfectamente claro, que una orientación hacia la estabilidad del valor del dinero y de la consolidación presupuestaria no puede ser dejada fuera de consideración por nuestra parte sino que, por el contrario, hay que seguir persiguiéndola. 
En este Parlamento deberíamos ponernos de acuerdo en algunas exigencias: necesitamos una mejor orientación de los recursos públicos hacia inversiones productivas, es preciso cuidar de que las empresas cumplan mejor con su deber cuando se trate del fomento de la economía y del empleo, y es preciso que exista una mejor conexión de las políticas de los Estados miembros y de la Comunidad. 
No obstante, deberíamos pensar que la interdependencia de las economías nacionales ha crecido en unas proporciones que no hemos podido imaginar y por esta razón no hay una medida en un Estado miembro que no tenga efectos sobre las medidas de otro Estado miembro. 
Considero importante que las manifestaciones de los actores políticos se tornen más claras pues sólo si transmitimos con credibilidad orientaciones políticas claras y también el compromiso claro del comienzo de la Unión Monetaria el 1.1.1999, podrán los actores económicos cobrar confianza de nuevo. 
No sólo necesitamos más inversiones y la confianza de las empresas, sino que necesitamos también la confianza de la población. 
Tenemos cuotas récords de ahorro en la Unión Europea que son únicas en la historia, pero las personas que tienen dinero no consumen, y las demás, que no tienen dinero, no pueden consumir. 
En esto se advierte que el aumento de la demanda y el aumento de la capacidad de compra de las personas tienen una importancia enorme. 
Quisiera señalar una vez más cuán importante es que se produzca por fin la exoneración fiscal del factor trabajo, pues éste es un camino para fortalecer realmente la capacidad de compra de las personas. 
Yo atribuyo a esto un gran valor precisamente en interdependencia con las medidas que han de adoptarse teniendo en cuenta las condiciones marco. 
Quisiera también hacer una vez más un llamamiento a que en la Unión Europea trabajemos a través del agrupamienyto y de la orientación de las políticas hacia el objetivo de un más alto nivel de empleo. 
Debemos aspirar realmente a lograr en nuestras políticas efectos sinérgicos que hoy un estado individual no puede alcanzar ya para su economía y para su población. 
Por consiguiente considero enormemente importante que dirijamos hacia un objetivo las medidas que son relevantes en el plano de la política económica y que aunemos las políticas estructural y financiera. 
Por su parte, los Estados miembros deben cumplir también, por fin, su obligación de habilitar realmente los recursos complementarios para los Fondos estructurales que están orientados a objetivos de la política del mercado de trabajo. 
De lo contrario, efectivamente, tiene poco sentido una política europea. 
Los compromisos deben ser cumplidos desde el plano comunitario, pero también desde los Estados miembros de la Unión. 
Señora Presidenta, con excesiva rapidez, pero con mucho interés, hemos analizado en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo los reglamentos que hoy son objeto de este debate. 
Y lo hemos hecho a la luz de nuestra mayor preocupación, que no puede ser otra que los efectos que sobre el empleo, en nuestro modelo social, pueden tener las medidas que se adoptan en ambos reglamentos para supervisar las políticas económicas de los Estados miembros y vigilar los déficit públicos ante la apasionante etapa que se avecina para la Unión Europea. 
Estos reglamentos, por otra parte, reflejan la necesidad de que las políticas económicas de los Estados miembros avancen en paralelo para reforzar la unión monetaria, puesto que no se podría hablar de ninguna manera de una moneda única con economías divergentes que, desde luego, no garantizarían una situación estable ni de los precios ni del crecimiento. 
Por lo tanto, es evidente que sólo desde una situación presupuestaria estable y controlada, y desde unas economías convergentes, se pueden coordinar políticas de empleo eficaces y creadoras de puestos de trabajo. 
Pero dicho esto, creo también que- junto a la necesidad de que el Consejo contemple el índice de desempleo y la creación de empleo a la hora de examinar los programas de estabilidad y convergencia- para ajustar sus objetivos se hace necesario también analizar, no tanto la cuantía del déficit como la naturaleza del mismo y, por lo tanto, conceder una consideración especial al gasto público que va dirigido especialmente a la educación, a la formación y a las inversiones en infraestructuras, que repercuten beneficiosamente en las regiones europeas, especialmente en las épocas de crisis. 
Esto en modo alguno contradice el hecho de que una saneada situación presupuestaria sea fundamental para responder con rapidez a las situaciones económicas adversas y, al mismo tiempo, controlar el déficit público que, por otra parte, son elementos básicos para el crecimiento económico y el subsiguiente crecimiento del empleo. 
Y este es el sentido de las enmiendas que presenta la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo a estos reglamentos. 
También es necesario contemplar, además, la situación global de un país antes de imponerle unas sanciones tan elevadas como las que figuran en el reglamento sobre déficit excesivos que, por lo demás, me parece un buen procedimiento que va a contribuir a que aumente la credibilidad y confianza de la futura unión monetaria. 
Por otra parte, y en relación con las orientaciones económicas para 1997, nadie duda de que la Unión Europea se enfrenta en estos momentos a un desafío que sólo se puede comparar con el nacimiento de ella misma. 
Los europeos, y más aún quienes gobiernan sus destinos, han emprendido la aventura de unir su potencial económico, humano y social para enfrentarse a una necesidad incontestable: trabajar y subsistir en un mercado cada vez más globalizado, cada vez más tecnificado y cada vez más interdependiente. 
La unión monetaria es un paso más para coordinar esfuerzos. 
El desempleo, el problema más grave de la Unión, no se puede medir sólo en cifras, pues lo sufren sobre todo ciudadanos jóvenes, mujeres y hombres mayores o discapacitados que, en definitiva, nos pasarán factura si no logramos el objetivo principal de nuestra aventura que es crear empleo. 
En la puerta de nuestro Parlamento, hoy, los trabajadores de Europa han reclamado un apartado especial, en el futuro tratado, que se ocupe del empleo. 
Hacer oídos sordos a esa reivindicación sería hacerle un flaco favor a la Unión Europea. 
Con ello dejamos constancia de nuestra simpatía y solidaridad hacia ellos. 
Por otra parte, los trabajadores que agreden a otros trabajadores, como está ocurriendo recientemente con los camioneros españoles, los desequilibrios y desajustes en los sistemas de seguridad social o un mercado de trabajo a nivel europeo excesivamente rígido son factores que obstaculizan seriamente nuestro proyecto europeo. 
Por ello, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, aun reconociendo el esfuerzo que desde la Comisión se hace a través de las grandes orientaciones económicas objeto de debate, manifiesta una vez más su inquietud ante la elevada tasa de paro de la Unión. 
Para combatir el paro hay que crecer, hay que competir y hay que invertir, pero también tiene que crecer la demanda interior y ésta crece cuando se genera confianza y la confianza la tiene el ciudadano cuando las inversiones son productivas, cuando los sistemas de empleo y de seguridad social son eficaces y cuando el trabajador, hombre o mujer, recibe un salario justo y suficiente. 
Afortunadamente la política económica y la política de empleo parecen ir en paralelo y a ellas se dedica en el documento de la Comisión un apartado especial para, a través de las reformas estructurales, favorecer el crecimiento del empleo. 
Pero no basta con eso. 
Se hace necesario aprovechar más los instrumentos de los que se ha dotado la Unión, como el comité de empleo y mercado de trabajo o los programas plurianuales para coordinar mejor las políticas económicas y de empleo, así como facilitar también un mayor grado de debate a nivel europeo entre los interlocutores sociales. 
Señora Presidenta, Señorías, en la Comisión de Presupuestos nos hemos ocupado en primer lugar de estudiar el modo en que se contabilizan y en que se gastan las multas impuestas a los Estados miembros que falten a la regla del 3 % en el futuro. 
Nos hemos sumado al ponente Christodoulou para garantizar que no se emprenderá una batalla por el procedimiento. 
Creemos que, en efecto, este pacto de estabilidad forma parte del concepto global de la moneda única y por ello deseamos colaborar de forma constructiva. 
De ahí que haya tenido lugar un diálogo informal tripartito en que hemos podido pronunciarnos ante el Consejo. 
Sin embargo, hoy he de constatar que nos hallamos ante un problema de procedimiento difícil de aceptar desde el punto de vista democrático, a saber, cuál es finalmente la posición del Consejo sobre la posibilidad de encontrar una base jurídica para repartir las multas entre los países in que no han cometido la infracción, es decir, sin contar los países out ni el país que comete la infracción. 
En la Comisión de Presupuestos consideramos que la manera en que ello ha de llevarse a cabo es inadmisible y consideramos que sentaría un precedente inaceptable. 
Nos remitimos al respecto a otras multas que existen, por ejemplo, en el sector agrícola o en el de los fondos estructurales, donde los ingresos procedentes de estas multas acaban comunitarizándose en el presupuesto. 
Este no es el caso ahora, y nos tememos que en el futuro este precedente, sobre todo cuando se utilice la flexibilidad en varios ámbitos, convierta el presupuesto en una cacofonía. 
De ahí que insistamos en que se atienda a nuestra enmienda al artículo 16 y en que el Consejo nos dé una explicación cuanto antes, e incluso diría preferiblemente antes de la votación de mañana, en relación con la base jurídica en la que se ampara y sobre la cual seguimos sin tener ninguna claridad. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el debate de hoy ofrece una posibilidad de examinar al mismo tiempo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las grandes orientaciones de política económica. 
Se trata de una conjunción oportuna, ya que la Comisión desea ponerlos en marcha y mostrar así que se aporta una coherencia a las condiciones de realización y funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Efectivamente, el pacto y la coordinación de las políticas económicas garantizarán de forma duradera la estabilidad, el crecimiento y el empleo en Europa. 
En primer lugar, quisiera precisar una serie de puntos sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Para empezar deseo agradecer al Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión y en el mío propio, la calidad de su trabajo, su sentido de la responsabilidad y su contribución enormemente útil a la definición de este pacto. 
Con posterioridad al diálogo tripartito del 6 de mayo último, la Comisión hizo suyas dos preocupaciones máximas de su ponente, y no dejó de ser el decidido defensor, en este sentido, del punto de vista del Parlamento ante el Consejo. 
Estas preocupaciones son, en primer lugar, la definición de un mejor equilibrio interinstitucional en el seno del pacto y, en segundo lugar, el refuerzo de la función de inversión pública. 
Así, la Comisión está en condiciones de aceptar la mayoría de las enmiendas del ponente, a saber, las enmiendas 1, 2, y 3, relativas a la resolución del Consejo Europeo, la enmienda 4 en su primera parte, las enmiendas 5 y 8 que tratan de los gastos de inversión pública, así como las enmiendas 6 en su segunda parte, y 9, también en su segunda parte, todo ello para el reglamento basado en el artículo 103.5. 
Igualmente, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas 1, 2 y 4, en su segunda parte, para el reglamento 104.C. 
Una palabra sobre las sanciones, es decir, sobre la enmienda 5 de este Reglamento. 
Deseo recordar que, aunque no haya decisión del Consejo, el Parlamento Europeo puede, evidentemente, votar una enmienda a este texto relativo a las sanciones. 
Deseo recordar también que el Parlamento se pronuncia sobre la propuesta modificada de la Comisión. 
La Comisión mantiene sobre este punto su propuesta inicial de consignación presupuestaria completa. 
No puede retomar la enmienda del Parlamento ya que ésta tiene interés en conservar su margen de negociación y su papel, en función de la evolución de los debates en el Consejo. 
Dicho esto, puedo asegurarles que la Comisión hará todo lo necesario para que se respeten totalmente las prerrogativas presupuestarias del Parlamento Europeo y para que se llegue a una solución transparente. 
Con relación ahora a las grandes orientaciones de política económica, éstas presentan un instrumento esencial para una mejor coordinación de la política económica en Europa. 
Corroboran este año que la estrategia macroeconómica rinde sus frutos, ya que se confirma el repunte. 
Sobre la base de esta constatación alentadora, la Comisión recuerda que únicamente un estricto respeto por los criterios de convergencia puede permitir continuar la distensión del policy mix y contribuir de este modo a una mejora duradera del crecimiento y, por consiguiente, de la creación de empleo e inversión productiva en Europa. 
En este marco, las grandes orientaciones se encaminan, tal como ha solicitado esta Asamblea en su resolución sobre el Informe Económico Anual, a dar un impulso nuevo a la estrategia económica de la Unión Europea. 
Se trata ante todo de una estrategia al servicio del empleo. 
La Comisión no puede aceptar la crítica según la cual su recomendación no se limitaría a desarrollar suficientemente las condiciones de crecimiento y empleo, ya que ésta es perfectamente consciente de la gravedad de la lacra del desempleo en Europa. 
En este sentido, debo hacer dos constataciones. 
En primer lugar, el empleo no se crea por decreto. 
La creación de empleos resulta de un crecimiento fuerte, duradero y equilibrado. 
Los resultados registrados, positivos en términos de convergencia, permiten proseguir con la distensión del policy mix que sirve al crecimiento y al empleo. 
En segundo lugar, al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión es muy consciente del papel esencial que representa la demanda en un proceso de crecimiento. 
Y si el crecimiento de la demanda se hace a un ritmo superior al de la oferta, o si la demanda se ve estimulada artificialmente, se provocarán nuevos desequilibrios. 
En ese caso serán necesarias algunas correcciones que amenazarían la distensión del policy mix, es decir, al crecimiento y al empleo. 
Creo que podré tranquilizar a la Sra. Randzio-Plath, a quien, personalmente, encontré un poco pesimista, ya que la demanda, principalmente de consumo, se está desarrollando mejor en Europa con una subida de un 1, 9 % en 1997 y de un 2, 4 % en 1998; además, también se está desarrollando la demanda en términos de inversión en bienes de equipo, ya que esperamos un 4, 8 % en 1997 y un 6, 3 % en 1998. 
La Comisión, con el fin de estimular la creación neta de empleo, recomienda este año una mejor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, incluso en materia de empleo. 
Les recuerdo que, precisamente a iniciativa de ésta, se puso en marcha una supervisión en materia de empleo desde 1995. 
Y sobre la base de los programas presentados anualmente por los Estados miembros fue adoptado un informe común del Consejo ECOFIN y del Consejo «Asuntos Sociales» por el Consejo Europeo en su reunión del mes de diciembre. 
Para la Comisión, en materia macroeconómica, han de proseguirse las grandes líneas de acción siguientes: En primer lugar, es necesario promover la innovación, la investigación y el desarrollo, mejorar el sistema educativo y el de formación profesional. 
En segundo lugar, es necesario un mejor funcionamiento del mercado de bienes y servicios. 
Con este fin, la Comisión presentará al Consejo Europeo de Amsterdam un plan de acción sobre el mercado interior. 
En tercer lugar, se debe continuar con la reforma del mercado de trabajo, y para la Comisión ello no debe llevar a una bajada de los salarios sino a una adaptación razonable de su estructura, en línea con las diferencias de productividad. 
Por consiguiente, nuestra recomendación es una estrategia para el empleo pero también una estrategia que libere la inversión. 
Al igual que esta Asamblea, la Comisión ha hecho una constatación bastante decepcionante, aunque las últimas cifras que he dado muestran que ese pesimismo debe atemperarse a pesar de todo. 
En efecto, las encuestas de coyuntura dan fe en los momentos actuales de una confianza creciente de los productores, y la capacidad de beneficio de las inversiones en la Unión está en su nivel más alto desde los años 60. 
La Comisión señala por otro lado que los trabajadores asalariados han contribuido al saneamiento del marco macroeconómico con la moderación salarial. 
Ésta considera así indispensable que, en estos momentos, los empleadores aprovechen la oportunidad que les brinda la bonanza económica y, para la mayoría, su situación financiera, para relanzar la inversión creadora de empleo. 
Este relanzamiento de la inversión debe afectar prioritariamente a la inversión privada (les recuerdo que es el 85 % del total) , y en todas sus formas: inversión física, inmaterial y en capital humano. 
Pero la Comisión recomienda también preservar los gastos de inversión pública, principalmente las redes transeuropeas. 
Como ustedes saben, estos gastos son esenciales para dar a la Unión un potencial de crecimiento duradero a medio plazo. 
Son una inversión para el futuro de la sociedad en su conjunto. 
Permítanme decir, como conclusión y muy rápidamente, en primer lugar que, con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y con lo que la Comisión acepta recoger de sus enmiendas, es decir, lo esencial en cuanto al fondo y un gran número en cuanto a la cantidad, creo que hemos alcanzado un compromiso equilibrado que permite al Parlamento hacer que prevalezca su punto de vista sobre la adopción de este texto fundamental. 
Ahora es necesario concluir, ya que tenemos el tiempo justo para respetar las exigencias del calendario. 
Permítanme, como conclusión igualmente, responder a la sugerencia de su ponente, la Sra. Randzio-Plath, sobre las grandes orientaciones relativas a un acuerdo interinstitucional para la aplicación del artículo 103 del Tratado. 
La Comisión, por su parte, siempre ha informado de su disponibilidad para llegar a un acuerdo así, con tal de que el Consejo pueda hacerse cargo. 
Igualmente, la Comisión no ha ahorrado esfuerzos, en estos últimos tiempos, para asociar aún más al Parlamento Europeo en el proceso de supervisión multilateral. 
Creo que el debate de hoy lo certifica. 
En ese sentido, desearía, para terminar, señoras y señores, señalar la necesidad, para nuestras dos instituciones, de unir sus esfuerzos en pro de la aplicación de ese pacto y de estas recomendaciones, con el fin de acompañar lo mejor posible la introducción del euro en el marco de las condiciones y del calendario previstos por el Tratado. 
No he entendido totalmente al Comisario y quisiera saber si estaría dispuesto a asumir las propuestas del Parlamento Europeo en su proyecto de las orientaciones generales de la política económica de la Comunidad y de los Estados miembros. 
Señor Christodoulou, señora Randzio-Plath, el señor Comisario tendrá una vez más la palabra al final del debate para que pueda contestar sus preguntas. 
Ahora proseguiremos en primer lugar el debate. 
Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento a ambos ponentes por sus respectivos informes, a los que me referiré brevemente más adelante. 
Antes quisiera decir al Sr. Comisario que la conducta del procedimiento para el pacto de estabilidad y crecimiento ha sido una triste serie de incidentes para intentar una y otra vez impedir la participación de este Parlamento en el debate. 
Sólo gracias a la elasticidad de esta Asamblea hemos podido llegar ahora a una fase en la que la Comisión recomienda que se acepten algunas de nuestras enmiendas. 
Espero que en el futuro mantengamos mejores relaciones cuando tratemos estas cuestiones económicas y monetarias, que son de la máxima importancia. 
Existe una paradoja en la presentación que hoy ha hecho el Sr. Comisario. 
Por un lado ha hablado de las grandes orientaciones económicas, del hecho de que la Comisión se ha fijado el objetivo de incrementar la investigación y el desarrollo, de lograr un mayor crecimiento y mejores sistemas de educación. 
Por otro lado, nos ha presentado un pacto de estabilidad que incluye el término «crecimiento» , a pesar de que el pacto no contiene nada relativo al crecimiento, sólo a la estabilidad, lo que podría debilitar cualquier medida que adoptemos para impulsar la investigación y el desarrollo, los sistemas de educación o el crecimiento. 
Como bien sabe el Sr. Comisario, una mala utilización del pacto de estabilidad podría convertirlo en altamente deflacionario, reducir el crecimiento y agravar el desempleo. 
Ése es el motivo por el que insisto en que la Comisión ejerza la responsabilidad que le confiere el Tratado de la Unión Europea para impedir que dicho pacto de estabilidad sea utilizado por las fuerzas del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que desean debilitar el desarrollo del empleo en el seno de la Unión Europea. 
Si queremos tener crecimiento y estabilidad en la Unión Europea, debemos impulsar la inversión. 
En estos momentos, la inversión representa el 19 % del PIB. 
Los economistas del Sr. Comisario apuntan a que la inversión debe crecer hasta alcanzar el 25 % del PIB. 
Cómo podemos lograr la cuadratura del círculo del pacto de estabilidad y crecimiento, y sobrecargar el endeudamiento y los déficits presupuestarios con la necesidad de incrementar la inversión en la Unión Europea. 
Incluso el Sr. Ciampi afirma en su informe sobre competitividad que la inversión pública tiene un papel clave para estimular la inversión privada en la economía de Europa. 
Por tanto, esta Comisión tiene la responsabilidad de garantizar la promoción de la inversión pública, la inexistencia de trabas, para que abra el camino a una mayor inversión privada y a mayores oportunidades de crecimiento de la economía europea. 
Quiero decir al Sr. Comisario que nos mantendremos muy atentos al papel que desempeñen la Comisión y organizaciones como el Comité Monetario, que no tiene ninguna transparencia ni ninguna legitimidad democrática. 
¿Tiene previsto el Sr. Comisario hacer frente al Comité Monetario? 
¿Ejercerá sus responsabilidades de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea? 
Terminaré con un comentario sobre el empleo. 
El Sr. Comisario ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar el empleo en la Unión Europea. 
Ahora entrará en vigor el pacto por la estabilidad y el crecimiento. 
Estamos creando los instrumentos definitivos para la gestión de la política monetaria. 
Debemos activar el Fondo Europeo de Inversiones y los requisitos de endeudamiento a nivel europeo para compensar el endeudamiento que los Estados miembros no pueden asumir por sí solos. 
Por ello deseo pedirle, señor Comisario, que ayude a impulsar los niveles de inversión a partir de ahora y hasta que aparezcan los próximos balances anuales y las grandes orientaciones económicas, con objeto de defender lo que acordaron la Comisión y el Consejo de Essen, a saber, apoyar las iniciativas Delors y Santer sobre el endeudamiento a nivel europeo. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, este pacto de estabilidad es seguramente una de las etapas importantes en el camino hacia la Unión Monetaria Europea, y constituye una pregunta muy decisiva la de si se logrará aprobar a tiempo en Amsterdam este pacto de estabilidad. 
Como han oído ustedes en el debate, existen ciertas diferencias de opinión entre el Parlamento y también la Comisión, pero en primer lugar el Consejo, acerca de este pacto de estabilidad. 
Por esta razón hemos celebrado conversaciones con el Consejo y ha habido un diálogo muy constructivo con el Sr. Zalm, el Ministro de Finanzas holandés y Presidente del Consejo en ejercicio. 
Se trataba de tres cuestiones: en primer lugar, se trataba de una cuestión más bien institucional, en concreto, las referencias cruzadas entre el proyecto de resolución del Consejo Europeo y ambas directivas; en segundo lugar, se trataba de la cuestión de la introducción de la regla de oro en el pacto de estabilidad, en concreto, la regla que ustedes conocen y que reza que las inversiones en el presupuesto deben ser más altas que el nuevo endeudamiento. 
El tercer punto se refiere al presupuesto que nuestro colega, el Sr. Willockx, acaba de exponer de manera tan expresa y detallada. 
Somos de la opinión de que no debe crearse ningún presupuesto específico en el que se paguen las multas, sino que las multas, cuando se paguen, deben ir a parar al presupuesto de la Comunidad Europea. 
Este ha sido el objeto de estas negociaciones. 
Creo poder decir que en las negociaciones se perfila que el Consejo se mostrará de acuerdo en dos puntos, en concreto, en la cuestión de las referencias cruzadas y también en la cuestión de la regla de oro. 
En lo que respecta al presupuesto no estoy enteramente seguro todavía. 
En mi opinión, la Ley está de nuestra parte, pues los juristas del Consejo siguen buscando aún con una cierta desesperación un fundamento jurídico para una solución, y creo que esto podría conducir que en último término se entrará en nuestras propuestas. 
Finalmente quisiera decir una cosa de manera muy insistente: tienen una importancia muy decisiva que ahora no hablemos de un aplazamiento del informe o de cosas semejantes, sino que decidamos ahora que se vote mañana y que emitamos nuestra opinión. 
No he podido entender, pues lo he oído, que en Grupo Socialista haya tenido lugar una discusión acerca del aplazamiento o de la devolución a la comisión. 
Yo consideraría esto extremadamente peligroso y no debe suceder bajo ninguna circunstancia. 
Mañana tenemos que votar el informe Christodoulou. 
Señora Presidenta, Señorías, sobre un tema tan trascendental, creo necesario recordar, para comenzar, algunos principios muy sencillos. 
El reto más importante al que nos enfrentamos en la mayor parte de nuestros países es el del desempleo. 
Ahora bien, la mejora del mercado del empleo pasa por un mayor crecimiento, y éste no se crea por decreto. 
Es el resultado de unos parámetros sanos. 
Los déficits públicos nunca han creado empleo, de otro modo lo sabríamos y estaríamos en situación de sobreempleo. 
La observación de la situación en Estados Unidos y en Holanda es esclarecedora en este sentido. 
Igualmente, el crecimiento ha de ser impulsado, a medio plazo, por la demanda, y ha de verse mantenido por una inversión juiciosa procedente claramente de las empresas hasta un 85 %. 
Ahora bien, en la actualidad observamos que la demanda en Europa vuelve a subir sobre una base sana, lo que debería estimular la inversión. 
Finalmente, son los beneficios de la actividad los que autorizan el crecimiento y conviene estar muy atento a la evolución de los salarios y de los déficits. 
Todas estas razones hacen que los textos que estamos discutiendo en el día de hoy revistan una importancia capital para el futuro de la Unión Económica y Monetaria. 
En este sentido, la reunión del Consejo informal del mes de abril, que fue un éxito, sólo ha representado, por así decir, la aplicación de música jurídica de las decisiones tomadas en el Consejo Europeo de Dublín del mes de diciembre. 
Estamos también convencidos de que la adopción, en el plazo más breve posible por parte del Parlamento Europeo, de los textos que se nos han presentado relativos a los déficits excesivos, y el refuerzo de la supervisión y coordinación de las políticas presupuestarias, es indispensable y obligatoria, con el fin de que podamos disponer a tiempo de los textos finalizados para la cumbre de Amsterdam. 
En esta perspectiva, la totalidad de los textos que nos interesan, ya se trate de los relativos al SME bis, el Pacto de Estabilidad, o los que dependen de los artículos 103, párrafo 5 y 104 C, reciban naturalmente nuestro asentimiento, como los excelentes informes del Sr. Christodoulou. 
Señora Presidenta, Señoría, observo también, por lo que respecta a la lucha contra los déficits excesivos, que el sistema propuesto está hecho para ser esencialmente preventivo y disuasorio. 
No aparece como dependiente de una actuación que privilegie las sanciones. 
Para terminar, desearíamos felicitar en el día de hoy a la Comisión, que ha conseguido que la supervisión presupuestaria se ejerza en el futuro no solamente país por país, sino igualmente a nivel de la Unión en su conjunto. 
Se trata de un logro máximo para disponer de una visión presupuestaria global de la Unión, y ello nos será particularmente útil en el diálogo macroeconómico multilateral que habremos de mantener con nuestros principales socios de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, hablo en nombre del Grupo de los Liberales sobre los informes Christodoulou. 
En realidad puedo hacer una intervención muy breve porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el Sr. von Wogau. 
En lo que se refiere a la cuestión de las referencias cruzadas entre una declaración política del Consejo y el Reglamento, el Grupo de los Liberales coincide en señalar que dichas referencias deben ser mínimas. 
En cuanto a la cuestión de la denominada norma de oro sobre la inversión, podemos apoyar las referencias al artículo 104 C que se hacen en los correspondientes apartados de la propuesta de vigilancia multilateral. 
En cuanto al pacto de estabilidad, el Grupo de los Liberales acoge con satisfacción el énfasis que pone el Parlamento en la necesidad de aplicar intereses sobre los depósitos y sobre las sanciones que deriven de este próximo pacto que, en principio, serán asignados a recursos propios. 
Por último, señalar que estoy totalmente de acuerdo con el Sr. von Wogau. 
Tras haber recibido garantías adicionales del Consejo y reconocer la importancia crucial del pacto de estabilidad y crecimiento para la UEM, mi Grupo no estará dispuesto en ningún caso a que se posponga la votación de mañana. 
Interrumpimos el debate conjunto. 
Se reanudará tras el debate sobre los resultados de la reunión del Consejo Europeo del 23 de mayo de 1997. 
Consejo Europeo del 23 de mayo de 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede a un informe del Consejo y a una declaración de la Comisión sobre los resultados de la reunión del Consejo Europeo del 23 mayo de 1997. 
Señor Presidente, le doy las gracias por permitirme estar hoy presente aquí. 
Es la primera vez que intervengo en su nueva sede. Espero que el futuro de la Unión Europea tenga tan buen aspecto como esta nueva sede. 
Quiero dar cuenta brevemente de la reunión del Consejo Europeo informal reunido el pasado 23 de mayo en Noordwijk. El único tema de conversación fue la Conferencia Intergubernamental. 
Dado su carácter informal, no se presentaron documentos formales ni se sacaron conclusiones. Ello no significa que este Consejo informal no haya sido preparado. 
Más de una semana antes del Consejo Europeo en Noordwijk, y sobre la base de las negociaciones previas, la Presidencia pudo poner sobre el tapete una especie de documento de trabajo que en realidad no tenía carácter oficial, pero que reflejaba claramente el estado de las negociaciones, al menos desde el punto de vista de la Presidencia. 
Este documento, pese a no tener carácter oficial, ofrecía una clara indicación a las partes signatarias del Tratado sobre dónde estaban y cuál debía ser el camino a seguir sobre la base de las propuestas de la Presidencia. 
Este texto fue discutido previamente, por lo menos el cuadro completo de las negociaciones, en una sesión informal del grupo de representantes personales, que tuvo lugar el 16 y 17 de mayo en Houthem, cerca de Maastricht. Gran parte de los representantes del Parlamento Europeo tuvieron ocasión de participar. 
Me complació mucho verle allí y poder contar con su contribución. 
En general quisiera felicitarle por el papel comunicativo y constructivo que mantienen tanto usted como sus representantes a todos los niveles, también en los contactos informales, con la Presidencia y con la Conferencia de Negociación sobre esta cuestión; más adelante me referiré a ello, pues sacamos provecho de ello. 
Quiero recalcar expresamente que en Noordwijk tuvo lugar, como es usual, un encuentro con usted, como Presidente del Parlamento Europeo, así como un breve intercambio de ideas. 
Para Amsterdam, seguimos partiendo de la idea de que la Conferencia Intergubernamental se concluirá en Amsterdam, aunque todavía quedan por solventar algunos obstáculos. Esto quedó claro en Noordwijk. 
En general, la apreciación de los jefes de Gobierno era que en cuanto a la Conferencia se habían realizado buenos progresos y por lo demás, en el tour des tables se examinaron diversas cuestiones, concretamente la revisión. 
Los temas fueron: un mayor afianzamiento de los derechos humanos en el Tratado, la introducción del principio de la no discriminación, el capítulo del empleo, la reintroducción y el refuerzo del protocolo social y la supresión de la reserva británica a este respeto, una nueva base jurídica para la apertura y la transparencia, consolidación del papel legislativo del Parlamento Europeo y también la simplificación de los procedimientos, la ampliación de la jurisdicción del Tribunal Europeo, concretamente en el tercer pilar, y la lucha contra el fraude. 
Se trata de unas cuantas cuestiones sobre las que la Presidencia tiene la impresión, entre otras cosas después de haber oído las observaciones de Noordwijk, de que la Conferencia está muy cerca del acuerdo. 
Esto no quita que por supuesto aún se retoquen mucho los textos. Pero es algo inherente a todo juego en que, en un determinado momento, los políticos tienen que dejar el trabajo en manos de sus subordinados y sobre todo de los juristas. 
Entonces suceden este tipo de cosas. 
Quiero mencionar expresamente que también en Noordwijk se vio que no existe consenso sobre una serie de cuestiones. Me refiero en concreto a la comunitarización de la libre circulación de personas. 
A la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea y la flexibilidad. 
Todavía no existe un consenso político sobre estas cuestiones. No obstante, de la apreciación política general hecha por los jefes de gobierno en Noordwijk se desprendió que, en primer lugar, existe una clara voluntad política, ya registrada en el cónclave de La Haya del 20 de mayo, pero confirmada el 23 de mayo por los jefes de gobierno en Noordwijk, de concluir con éxito la CIG durante el Consejo Europeo de Amsterdam con un Tratado de Amsterdam. 
Asimismo se ha dicho claramente- y estamos agradecidos por ello- que sobre la base del material presentado por la Presidencia también hay perspectivas para el Tratado de Amsterdam. 
Al margen de esa ronda general, en Noordwijk también se trataron diversas cuestiones parciales. Se trata de temas que en realidad hasta ahora han hecho dudar a la Presidencia a la hora de registrar sus conclusiones en textos de tratado o propuestas, porque aún existían muchas conjeturas sobre cuál podría ser el consenso final. 
Se trata en primer lugar de la eficacia y la composición de la Comisión Europea. 
En esta cuestión, el intercambio de ideas en Amsterdam ha dado una clara indicación política, que la Presidencia acepta agradecida, y que tiene que ver concretamente con el refuerzo del papel del Presidente de la Comisión Europea en la gestión política y otras actividades de gestión de esta importante institución europea. 
Existía un consenso absoluto sobre ese importante elemento de refuerzo de la eficacia y la legitimidad de la Comisión Europea, sobre todo dada la circunstancia de que en algún momento del próximo siglo se irá ampliando el número de Estados miembros, por lo que ese refuerzo del papel del Presidente era sin lugar a dudas necesario. 
Asimismo se detalló- nuestros juristas pueden indicar cómo ha de llevarse a cabo este refuerzo- que en cuatro o cinco fases consecutivas, el Consejo Europeo nombre al Presidente de la Comisión Europea. Este nombramiento ha de ser confirmado y aprobado después por ustedes, el Parlamento Europeo. 
A continuación se entra en la fase en que los Estados miembros, de común acuerdo- y ahora utilizo la expresión común acuerdo, pero aún he de encontrar la formulación jurídica exacta- con el Presidente, elijan a su Comisario. 
Por tanto, hay una consulta en torno al nombramiento de los Comisarios, y hay acuerdo al respecto. 
Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para designar a los Comisarios, toda la Comisión ha de comparecer nuevamente para su aprobación y legitimación, por lo menos en sentido figurado, ante el Parlamento Europeo para recibir el visto bueno. 
Asimismo es evidente que el Consejo Europeo desea, y también lo estudiaremos, que la organización interna de la Comisión se racionalice en el futuro. 
En la actual Comisión ya se han desarrollado ideas en este sentido, de una manera global, y estas cuentan con la aprobación general de la Conferencia de gobiernos, y concretamente que el Presidente adquiera un papel más importante en la adjudicación y distribución de las carteras. 
Además, todavía hemos de considerar si existe, aunque aún no ha concluido la negociación al respeto, una especie de derecho de designación, pero es algo que todavía no está claro en estos momentos. 
Menos claro es cuál ha de ser el tamaño y la composición de la Comisión Europea. 
En torno a esta cuestión se ha llevado a cabo un intercambio de ideas político muy abierto sobre el control del riesgo político de este tema, porque durante la Conferencia Intergubernamental se ha convertido en el tema político más delicado en los Estados miembros. 
La perspectiva, que surgió como opción en el debate, de que algunos Estados miembros quizás no estarían representados en el futuro en la Comisión Europea, sino que habría que establecer un sistema rotativo, ha suscitado mucha resistencia en diversos Estados miembros en relación con este tema específico en la Conferencia Intergubernamental. 
Quedó claro que por ello el resultado en conjunto corría graves riesgos políticos si no se solucionaba este punto con mucha cautela y a satisfacción de todos los Estados miembros. 
De la deliberación de Noordwijk ha surgido la indicación de que esta cuestión no ha de sostenerse hasta provocar una ruptura, lo cual podría implicar que la toma de decisiones real sobre cómo ha de regularse en el futuro la cuestión del tamaño y la composición de la Comisión Europea, que la verdadera toma de decisiones se aplace hasta que llegue el momento en que sea preciso hacerlo en relación con la adhesión. 
Por tanto, si se presentan tres, cinco o seis países como candidatos para la Unión Europea y se presentan con un Comisario, nos encontraremos en una situación muy dolorosa. 
Ha surgido una clara opción de aplazar la toma de decisiones hasta ese momento. 
Además se ha prestado mucha atención a la ejecución, aunque con las limitaciones de tiempo que tiene siempre la gente muy ocupada, al tema de la reponderación de los votos y la mayoría cualificada. 
Se ha visto claramente que un gran número de jefes de gobierno considera muy importante un arreglo bueno y equilibrado de esta cuestión, en que ha de quedar garantizada toda la cuestión de la legitimidad de las mayorías a crear. Aún no hay consenso en torno al método en que se llevará a cabo. 
Algunos Estados miembros son partidarios de una doble ponderación o una doble clave. 
Otros Estados miembros son firmes partidarios de una reponderación de los votos dentro del Consejo. Hay variantes y soluciones intermedias, sobre las que todavía no se ha tomado ninguna decisión. 
Esto guarda asimismo una estrecha relación con la otra cuestión que hay que sopesar bien en las relaciones institucionales, y que también es delicada, a saber, la ampliación de la toma de decisiones por mayoría cualificada en el primer pilar. 
Por último, señor Presidente, no es algo que esté directamente relacionado con el Consejo Europeo, pero sí la consecuencia de la apertura que ofreció usted al aparecer en el Consejo de ministros de hace tres semanas. 
Para ello propuso usted a la Conferencia Intergubernamental que se renunciara a convertir los gastos en el marco de la política exterior en gastos obligatorios, y propuso usted lograr un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo para regular adecuadamente las relaciones. 
Esta idea fue recogida por el Presidente de la CIG, el Sr. Van Mierlo, quien ha recibido un mandato de sus colegas para iniciar las negociaciones a este respecto. 
Lo que quisiera señalar, señor Presidente, es que esta intención de la Conferencia de gobiernos de las partes contratantes sigue presente y que los primeros resultados de los sondeos entre usted y yo son, desde mi punto de vista, muy alentadores. Quiero agradecerle expresamente la iniciativa que tomó usted hace tres semanas en el Consejo de ministros. 
Muchas gracias, señor Patijn. 
Tiene la palabra el señor Oreja. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras y señores parlamentarios, a tres semanas escasas del Consejo Europeo de Amsterdam, en el que la Conferencia Intergubernamental debería concluir sus trabajos, es éste un buen momento para evaluar los resultados de los progresos realizados hasta la fecha y para reflexionar sobre los objetivos de la Conferencia tras el reciente Consejo Europeo oficioso de Noordwijk. 
De los catorce meses transcurridos desde el Consejo Europeo de Turín, yo quisiera destacar el buen sentido de la contribución de tres actores. 
En primer lugar, las sucesivas presidencias del Consejo y muy especialmente la presidencia holandesa, cuyo documento presentado en la reunión de representantes personales de Houtem es, a mi juicio, probablemente el máximo admisible por los gobiernos y el mínimo aceptable por las opiniones públicas, y me complace elogiar especialmente la labor del Sr. Patijn, sin cuya determinación hubiera sido imposible llegar a los resultados actuales. 
En segundo lugar, el dictamen de la Comisión de 28 de febrero de 1996, que constituye un punto de referencia respecto al nivel de ambición de la Conferencia. 
Y, en tercer lugar, quiero mencionar de manera muy especial la destacada y constructiva contribución del Parlamento Europeo, de sus representantes, la Sra. Guigou y el señor Brok y muy particularmente la actuación del señor Presidente, tanto en el Conferencia de Ministros como en el Consejo Europeo. 
Quisiera ahora recordar algo que puede parecer obvio, esto es, las razones por las que se convocó esta Conferencia Intergubernamental. 
La Conferencia fue convocada con tres objetivos: impulsar la Unión política, preparar la Unión a la ampliación y responder al mandato del Tratado de Maastricht que, en ciertos temas, ya preveía la convocatoria de la Conferencia en 1996 y que, entre otras cosas, buscaba establecer en el Tratado la futura identidad de una defensa común europea. 
Podemos preguntarnos si la Conferencia ha satisfecho hasta la fecha estos objetivos. 
Yo creo que, para poder emitir una valoración precisa del momento presente, habría que evaluar exactamente dónde nos econtramos y habría que saber con precisión adónde vamos. 
El primer punto ha sido ya tratado por la presidencia del Consejo. Me van a permitir por lo tanto que me concentre en el futuro: ¿Adónde vamos? 
¿Adónde se encamina en estos momentos la Conferencia? 
¿Cuál es el nivel de ambición del futuro Tratado? 
Yo quisiera, llegado este punto, transmitir a esta Asamblea mi confianza en que podemos ser capaces de concluirla satisfactoriamente. 
Pero no les oculto también mi preocupación, porque estamos en la recta final de la negociación y queda aún bastante por hacer, y preocupación porque me parece esencial que la Conferencia concluya con un nivel de ambición que permita a la Unión Europea estar en condiciones de hacer frente a los retos que tiene ante sí los próximos años. 
Europa necesita una reforma en profundidad, que refuerce su legitimidad democrática, que mejore la eficacia de sus instituciones, que responda a las preocupaciones de los ciudadanos y que nos permita hablar con una sola voz en la escena internacional. 
Me van a permitir que pase revista a la manera en que la Conferencia- a mi juicio y a juicio de la Comisión- está abordando esos objetivos. 
En lo que se refiere al objetivo de acercar Europa a los ciudadanos hay, a mi juicio, dos grandes cuestiones: el empleo y la política social, y la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior. 
En lo que se refiere al empleo, los trabajos de la Conferencia han desembocado en un resultado hasta ahora positivo, ya que hay consenso entre los Estados para que el nuevo Tratado incluya un capítulo sobre el empleo. 
En el marco de la estrategia de Essen, la inclusión de disposiciones específicas sobre el empleo permitirá mejorar la coordinación de las políticas nacionales, permitirá también considerar el empleo como una cuestión de interés común para todos los Estados, facilitar el intercambio de experiencias y, en definitiva, ser más eficaces en la lucha contra el desempleo a nivel de la Unión. 
No obstante, debo expresarles mi preocupación en un punto muy concreto: el riesgo de que las medidas de incentivación en materia de empleo puedan desaparecer del texto original debido a la oposición de ciertos Estados. Ello disminuiría la eficacia de la Unión en materia social. 
Creo, por tanto, que es esencial que se mantenga en el futuro Tratado. 
En materia de política social, el protocolo social será incluido en el futuro Tratado, poniéndose fin de este modo a la anómala situación que se aceptó en Maastricht. 
No obstante, me preocupa el mantenimiento de la unanimidad para la toma de las principales decisiones sociales, al haberse incorporado de manera mecánica el texto del protocolo al Tratado. 
Creo, sin embargo, después de la sesión de ayer, que en materia de lucha contra la exclusión social habrá notables progresos. 
En materia de Justicia y Asuntos de Interior, la Conferencia ha concentrado sus trabajos en tres grandes temas: primero en la «comunitarización» de las cuestiones relativas a asilo, inmigración, control de fronteras exteriores, visados, cooperación administrativa y cooperación judicial civil, asegurando la plena participación de las instituciones comunitarias de manera progresiva a lo largo de sucesivas etapas. 
Este proceso, basado en un primer tiempo en un derecho de iniciativa compartido entre Comisión y Estados miembros, con toma de decisiones por unanimidad, llegaría a una etapa final en la que la Comisión ostentaría el monopolio de derecho de iniciativa y las decisiones se adoptarían por mayoría cualificada. 
Esa cuestión no está aún de ninguna manera cerrada, como tampoco lo está la forma de participación del Parlamento Europeo que, para la Comisión, debe ser la del procedimiento de codecisión. 
En segundo lugar, un tercer pilar sustancialmente mejorado con nuevos instrumentos jurídicos y, por primera vez, la participación del Parlamento Europeo y un cierto papel- aunque limitado- del Tribunal de Justicia. 
Y en tercer lugar, la integración de Schengen en el Tratado, a través de un protocolo que permitiría integrar en la Unión la cooperación reforzada entre varios Estados en torno a la Europa de la seguridad que se ha desarrollado hasta ahora, como bien es sabido, fuera del Tratado. 
Pese a las indudables ambiciones del texto de la presidencia en estos tres ámbitos, yo quisiera transmitirles en este momento cuál es mi preocupación. 
Me preocupa que en la recta final de la negociación, como consecuencia de las dificultades que este texto suscita, el resultado final pueda ser más modesto. 
Si ello fuera así, quedarían de alguna forma traicionadas las expectativas de nuestros ciudadanos que desean, por una parte, gozar de una libertad de circulación plenamente efectiva en el interior de la Unión, para poder desplazarse, vivir o trabajar en otro de los Estados miembros y, por otra parte, que la política de inmigración, de control de fronteras exteriores, de lucha contra la criminalidad organizada se desarrolle de manera eficaz, como acompañamiento a la libertad de circulación. 
Creo que sería lamentable que la negociación final desembocase en una frustración de nuestros objetivos y que se mantuviera el status quo. 
Sería probablemente el gran fracaso de la Conferencia Intergubernamental. 
Yo me pregunto cómo podríamos explicar a nuestros ciudadanos que, después de muchos meses de negociación, no se consiga avanzar en este tema. 
Otro asunto que me parece extraordinariamente sensible para los ciudadanos es el de la protección de la salud pública. 
Para asegurar un alto nivel de protección al respecto en todas las políticas comunitarias, la gran novedad son, en el nuevo artículo 129, las bases jurídicas que garanticen la adopción de normas de carácter vinculante por mayoría cualificada y en codecisión con el Parlamento Europeo. 
Considero trascendental que quede garantizada la plena participación del Parlamento en este ámbito. 
Hay otro tema que quiero mencionar y al que se ha referido la presidencia del Consejo hace un momento. Es la simplificación. 
Hace falta que seamos capaces de presentar de forma clara el resultado de la Conferencia en un texto de tratado en el que se fusionen y reestructuren sus disposiciones. 
Desgraciadamente, todavía no hemos llegado a este objetivo. 
Voy a referirme muy brevemente al capítulo relativo a política exterior y de seguridad común. 
Creo que, en este ámbito, el futuro Tratado introducirá mejoras en los instrumentos y en los procedimientos de toma de decisiones. 
La creación de la célula de planificación y análisis permitirá a la Unión Europea disponer de la capacidad de anticipar y de procesar los elementos básicos en política exterior, y la existencia de un secretario general, junto a la presidencia de la Comisión, aseguraría la representación exterior de la Unión, debiéndose procurar que haya una plena coherencia entre el Consejo y la Comisión a lo largo de todo el procedimiento. 
Y pienso que será también posible facilitar la toma de decisiones con el uso de la mayoría cualificada a través de un mecanismo por el que se separen las decisiones por consenso en el Consejo Europeo y por mayoría en el Consejo de Asuntos Generales. 
En ello intervendrá todo lo relativo a la abstención constructiva que está abriéndose camino en las discusiones de la Conferencia. 
Ahora bien, todas estas mejoras técnicas serán insuficientes si no existe una voluntad política clara de los Estados miembros de desarrollar una política exterior y de seguridad verdaderamente común o, dicho con otras palabras, debemos evitar el riesgo de introducir más burocracia en la política exterior y de seguridad común. 
Europa tiene que dotarse de una política exterior que le permita hablar con una sola voz en la escena internacional, acompañada de una política de defensa creíble para poderla desarrollar. 
No voy a insistir en el tema de la financiación de la política exterior y de seguridad común, puesto que a ello se ha referido hace un momento la presidencia del Consejo. 
Confío en que ese acuerdo interinstitucional llegue pronto a feliz término. 
En materia comercial, es indispensable mejorar la eficacia de nuestra acción, muy especialmente en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. 
En el pasado, el artículo 113 ha permitido una acción común y eficaz respecto de nuestros socios en el comercio de mercancías. 
Hoy, como saben, los intercambios comerciales se desarrollan de manera creciente, sobre todo en torno a los servicios, a la propiedad intelectual y a las inversiones y, por eso, el artículo 113 debe adaptarse a esta nueva realidad. 
Si no conseguimos modernizar nuestra política comercial común en esta Conferencia, Europa habrá perdido una buena ocasión para situarse en primer plano respecto de nuestros competidores y tengo que confesarles que me preocupa el hecho de que, en la recta final de la negociación, el texto de la presidencia pueda verse aún más debilitado, e incluso se pudiera llegar a fórmulas regresivas. 
Si ello fuera así, a mi juicio sería preferible renunciar a su modificación y mantener la versión actual de dicho artículo. 
Y termino con unas palabras sobre las instituciones: el tercer gran capítulo de la negociación es la reforma institucional. 
El tema de la Comisión ha sido objeto de debate en el Consejo Europeo oficioso de Noordwijk, y a él se ha referido muy ampliamente la presidencia. 
Poco voy a poder decir, por consiguiente. 
Se ha mencionado el tema de reforzar los poderes de la presidencia de la Comisión, así como la eficacia y legitimidad del Parlamento Europeo mediante la ratificación de la designación hecha por el Consejo Europeo. 
Hay otros temas que están todavía pendientes y que, probablemente, hasta el último cuarto de hora estarán sobre la mesa. 
Me refiero concretamente al tema de la mayoría cualificada. 
Hemos repetido hasta la saciedad desde la Comisión que el mantenimiento de la unanimidad en una Unión ampliada conducirá a la parálisis. 
Y, en esta materia, el status quo no es aceptable. 
Por supuesto que pueden admitirse excepciones a la mayoría cualificada para materias constitucionales y cuasi constitucionales, adhesión de nuevos Estados miembros o recursos propios, pero la mayoría cualificada debe ser la regla si queremos impedir que la Unión Europea se precipite en la parálisis y la ineficacia. 
Consideremos ahora el problema de la codecisión. 
Voy a ser muy claro en este punto: la extensión de la codecisión a materias de carácter legislativo no puede en ningún caso ser considerado como una mera concesión a este Parlamento o a los sectores más partidarios de la integración europea. 
Me preocupa mucho que ésta pudiera ser la actitud de algunos en la Conferencia. 
La codecisión es un principio básico que debe inspirar la estructura constitucional de la Unión Europea, tanto en materias económicas y sociales como en todos los ámbitos que afectan a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 
Me parece impensable que, en el futuro, la Unión pueda prescindir de una mediación política representativa de las fuerzas sociales y de los ciudadanos europeos a la hora de tomar las decisiones que van a trazar la línea de acción de las distintas políticas. 
Es una exigencia fundamental de la democracia. 
Y termino, señor Presidente, con una última reflexión: soy consciente de que he dejado muchos temas importantes sin abordar en esta intervención. 
He preferido concentrarme en lo que me parecía esencial. 
Estoy seguro de que en el debate se profundizarán y clarificarán muchas cuestiones que susciten sus Señorías, y si alguien hecha en falta que no haya mencionado la flexibilidad, les recordaré que sobre este tema tuvimos un debate monográfico en el Pleno de esta Asamblea hace pocos meses. 
Pero lo importante para mí en estos momentos es hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento respecto a la situación en la que se encuentra la Conferencia. 
Nos encontramos en un momento crítico. 
Las próximas tres semanas serán decisivas para decidir qué modelo de Unión Europea queremos diseñar para el futuro. 
La negociación final será durísima, los compromisos serán difíciles, los intereses nacionales en muchos temas divergentes, pero todavía no hay nada decidido, nada está definitivamente ganado ni perdido. 
Por ello, la Comisión desea apelar al Parlamento Europeo para que, junto a la Comisión, reclame de los Estados miembros un último esfuerzo en la recta final de la negociación. 
En estos momentos es mucho lo que nos jugamos en la Conferencia: ser capaces de construir una Unión fuerte, creíble, capaz de profundizar en la Unión política abriéndose al mismo tiempo a la ampliación, sin incurrir en la dilución y manteniendo al mismo tiempo el dinamismo del método comunitario de integración, y esto es sin duda nuestro gran desafío. 
Renunciar a este objetivo sería renunciar a nuestro destino, debilitar la capacidad de la Unión y de cada uno de nuestros ciudadanos, y renunciar a estar presentes en la escena internacional económica y política. 
Por eso yo quiero hacer este último llamamiento al Parlamento. 
Creo que debemos unir nuestros esfuerzos para conseguir que el futuro tratado conserve ese modelo europeo de sociedad, por el que el Parlamento y la Comisión debemos estar dispuestos a luchar. 
Muchas gracias, señor Oreja, por su información tan concentrada y que completa tan útilmente la presentada, en nombre del Consejo, por el señor Patijn. 
Tiene la palabra la señora Green. 
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario Sr. Oreja por sus intervenciones de hoy. 
De acuerdo con su naturaleza positiva y alegre, el Presidente en ejercicio del Consejo nos ha ofrecido su habitual versión optimista de lo que, en su opinión, está sucediendo en la CIG. 
El Comisario Sr. Oreja ha sido algo más realista, por no decir más sincero, a la hora de valorar el modo en que creemos que se están desarrollando las cosas. 
Espero que en este Parlamento no haya nadie- desde luego en mi Grupo no lo hay- que quiera ser negativo, difícil o desagradable. 
Deseamos un resultado positivo de la Cumbre de Amsterdam. 
Estamos decididos a que así sea si, de algún modo, podemos influir en el proceso, porque para el desarrollo de la Unión en vísperas del nuevo milenio es fundamental obtener un resultado positivo. 
Pero, si escuchamos el informe del Presidente en ejercicio del Consejo, en él podemos apreciar los temores y la angustia que siente la población de la Unión Europea. 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha dejado claro que los temas políticos más delicados son aquéllos relativos a las cuestiones institucionales. 
Habría preferido que dijera que los asuntos políticos más delicados giran en torno a cómo podemos fortalecer realmente la creación de empleo y la dimensión social, avanzar en la tarea de mejorar el medio ambiente, la protección de los consumidores y la salud pública. 
Lo que me inquieta sobre lo que ha dicho es que esos temas ya forman parte del proceso de un amplio consenso, lo que significa que ya han sido decididos y que no tienen demasiado contenido. Por eso resulta tan fácil alcanzar el consenso político sobre los mismos. 
Es importante que dejemos políticamente claro que los ciudadanos de la Unión Europea están preocupados por la creación de empleo. 
Si somos serios sobre el capítulo del Tratado que trata sobre la creación de empleo, nuestros ciudadanos no se contentan con oír palabras bienintencionadas. 
Quieren que, como mínimo, el Tratado nos otorgue el derecho a empezar a coordinar nuestras políticas macroeconómicas para generar la creación de puestos de trabajo a nivel de la Unión Europea. 
Es el único modo de que el capítulo de empleo tenga algún significado. 
Asimismo, sobre la dimensión social, estoy encantada de que el protocolo social sea incluido en el Tratado de la Unión Europea y encantada también de que el 1 de mayo, Día del Trabajo, fuera elegido un Gobierno Laborista en Gran Bretaña que lo hará posible. 
Pero queremos que se fortalezca también ese protocolo social. 
Deseamos asimismo que se avance en la igualdad de trato entre el hombre y la mujer y en la cláusula antidiscriminatoria con un significado real. 
Y queremos que todo ello se haga mediante votación por mayoría cualificada y la codecisión, y no por unanimidad que, sospecho, es lo que obtendremos, ciertamente en el caso de la cláusula antidiscriminatoria. 
Éstas son las cosas que afectan a la población de la Unión. 
Éstas son las cosas que deberían guiar los últimos días de la CIG para fortalecer las cosas y para lanzar un mensaje claro a nuestra sociedad. 
El Comisario Sr. Oreja ha hecho una declaración muy reveladora al afirmar que lo que tenemos es lo mínimo que la opinión pública está dispuesta a aceptar; lo mínimo. 
Y eso nos preocupa mucho a mí y a mi Grupo. 
Queremos que la Unión avance, pero su principal prioridad debe ser abordar esos problemas que tanto han desestabilizado a la opinión pública de los países de la Unión Europea sobre el valor que la Unión Europea tiene para ellos y para sus familias. 
Debemos realmente dar un fuerte impulso a la solución de estos problemas, no basta con dedicarle retórica piadosa, sino que debemos dar un auténtico paso adelante en el Tratado. 
Mi Grupo hará una evaluación del Tratado para determinar si cumple o no las aspiraciones de la población de la Unión. 
El Tratado deberá además preparar la Unión para la ampliación y eso significa cambios institucionales. 
Cabía esperar de nuestros Jefes de Gobierno que comprendieran que para lograr una Unión eficaz y eficiente necesitamos cambios institucionales. 
Estos cambios deberían hacerse de forma automática si queremos seguir adelante con la ampliación de la Unión hacia los países de la Europa central y oriental. 
Existe, por tanto, el imperativo de preparar la Unión para la ampliación abordando, en primer lugar, la situación institucional, para la que debemos encontrar una solución. 
Por ejemplo, debemos limitar a un máximo de tres los procedimientos de toma de decisiones de la Unión, y queremos ver eso hecho realidad. 
El Parlamento lo viene pidiendo desde hace mucho tiempo, y esperamos que se haga realidad. 
Y, naturalmente, queremos que se amplíe la votación por mayoría cualificada y que se amplíe también la codecisión. 
Queremos que se mantengan todas esas cosas que garantizarán los derechos de este Parlamento. 
No podemos aceptar ni aceptaremos una disminución de ninguno de los derechos que actualmente ostenta este Parlamento- ni derechos presupuestarios ni legislativos- en ningún ámbito. 
Espero que lo transmitan con toda claridad a la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera dar las gracias al Presidente del Consejo en ejercicio y también al Sr. Comisario Oreja, no sólo por los discursos que han pronunciado, sino porque en los últimos meses he tenido también la sensación de que ambos estaban dispuestos a aceptar los argumentos del Parlamento y a llevar a la práctica una serie de nuestras propuestas o a contribuir a que éstas se lleven a la práctica. 
Quiero darles personalmente las gracias por ello. 
A lo largo de los años he escuchado en esta Asamblea grandes discursos de grandes europeos y en las últimas semanas me he acordado de dos discursos, uno de Sandro Pertini, en su día Presidente italiano, y otro de Václav Havel. 
En ambos discursos se ponía claramente de manifiesto que no necesitamos una Europa tecnocrática, sino una Europa que esté volcada hacia el ciudadano y que esté al servicio del ciudadano. 
Cuando observo la práctica de las negociaciones intergubernamentales tengo a veces dudas sobre si estamos realmente a la altura de tales criterios. 
Cada vez es más difícil, es más complicado, hacer comprensibles al ciudadano las decisiones europeas, dar al ciudadano la oportunidad de entender quién es responsable de cada cosa, de controlar quien adopta buenas decisiones y quién adopta malas decisiones, de transmitirle que mediante su influjo puede encaminar las cosas en la dirección adecuada. 
Esto me lleva al tema de la operatividad de la Unión Europea y de esta Conferencia Intergubernamental como preparación de la ampliación de esta Unión Europea. 
Todos hablan de que se han ampliado las decisiones por mayoría, pero cada cual presenta sus excepciones que le han sido dictadas desde sus ministerios nacionales y para los conductores de las negociaciones resulta casi imposible procurar que esto no se convierta en un juego de suma cero. 
En estos días, cercanos a la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, deberíamos recordar que el principio de la unanimidad es el principio de la desconfianza y de la falta de imaginación. 
Uno se aferra al principio de unanimidad porque no confía en los socios y se teme que una mayoría adopte decisiones que vayan contra los intereses nacionales propios. 
Esta es, en mi opinión, una verdad amarga, pues cada cual en algún punto ofrece un ejemplo de esta desconfianza, y quiero explicitar esto en sólo algunos puntos. 
La Presidencia del Consejo intenta realmente en el artículo 113 de la política comercial ampliar también las decisiones por mayoría a los servicios, a las inversiones, a los copyrights, etc. Pero, evidentemente, esto sólo es posible si se elabora un protocolo con un subprotocolo en el que se establezcan cientos- no, estoy exagerando -, numerosas excepciones y sólo cuando éstas se tomen en cuenta, entonces se estará dispuesto a llegar a decisiones por mayoría. 
Si después sucede que a la hora de ampliar el principio de la decisión por mayoría en una cuestión hay que hacer primero un tratado especial bajo la forma de protocolos, entonces ello llevará hacia una situación que quizá conduzca también hacia la operatividad, pero en cualquier caso conducirá hacia un total encadenamiento jurídico de esta Unión Europea y no a la vida en el seno de esta Unión Europea. 
De esto existe toda una serie de otros ejemplos. 
¿Cómo se presenta la realidad? 
Resulta que incluso en la legislación relativa al mercado interior prácticamente no se ha dado ningún caso en el que se haya votado por mayoría y que un país haya tenido que sacrificar sus intereses nacionales o haya perdido una votación. 
Finalmente, allí donde se ha decidido por el principio de mayoría, se ha negociado sobre la base del principio del consenso. 
¿Por qué no se está dispuesto a hacer también esto en los demás ámbitos? 
¿Qué consecuencia tiene esto en el caso de la ampliación? 
Algunos Estados miembros no han advertido aún que lo que hasta ahora han defendido unánimemente por interés nacional, en una Comunidad ampliada se convertirá en lo contrario, también desde el punto de vista del interés nacional. 
En este punto quisiera mencionar en este contexto, a manera de ejemplo, el tema de los Fondos estructurales, sin entrar en explicaciones de detalle. 
Estamos discutiendo todavía sobre el principio de soberanía, pero siempre solamente sobre aspectos formales y no sobre aspectos sustantivos, y el ciudadano está aquí mucho más allá. 
A propósito del tercer pilar y de lo que se va a comunitarizar en el tercer pilar se habla mucho de que esto no se puede hacer y que resulta afectada la soberanía nacional. 
Esto no le interesa, en absoluto, al ciudadano. 
Pienso que quiere tener soluciones y nosotros queremos tener una nueva política y ninguna dominación por parte del aparato. 
Queremos una política exterior y de seguridad europea que implique procedimientos de decisión para que podamos avanzar. 
Pero no necesita estar tan encapsulada en cláusulas de suerte que aunque en el medio se encuentre la toma de decisiones por mayoría, encima y debajo se encuentre el principio de unanimidad, que todo lo estrangula. 
Queremos una política social de mejor formato, derechos fundamentales y más transparencia. 
Esta Conferencia Intergubernamental se encuentra en vías de procurar que el Parlamento Europeo obtenga más derechos, y nosotros queremos esperar también que no sea sólo el Parlamento quien resulte beneficiado de esto sino también la Unión Europea. 
Gracias, señor Brok. 
Tiene la palabra el señor Azzolini. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, no les ocultamos nuestras dudas ni nuestras preocupaciones con respecto a la marcha de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, como ha puesto nuevamente de manifiesto la reciente Cumbre de Noordwijk. 
Aun reconociendo el enorme trabajo realizado por la presidencia neerlandesa y la disponibilidad de muchos Estados miembros- cosa que agradezco sinceramente en nombre de mi Grupo -, debe censurarse que en Noordwijk, donde había que encontrar un acuerdo para la más amplia realización de las promesas del Tratado de Maastricht y a pocos días del Consejo Europeo de Amsterdam, hayan ganado una vez más los viejos nacionalismos. 
Ciertamente, es mucho lo que está en juego: aumentar las competencias de la Unión Europea equivale a renunciar progresivamente a las soberanías nacionales. 
No sorprende, pues, que cuando se trata de tocar las prerrogativas nacionales, los ideales cedan el sitio a los intereses partidistas. 
No quisiéramos creer que, como decía el insigne profesor español Rafael Gómez Pérez, el ideal europeo está exhausto. 
Antes, la idea de Europa hacía pensar- culturalmente hablando- en una patria común; pero ese natural sentimiento de «ser europeo» se ha empañado con el tiempo porque el hombre europeo ha cesado de vivir la experiencia de su unidad, cesando así también de pensar y de realizar la unidad verdadera de Europa. 
En cambio, nosotros creemos que Europa puede darse mucho a sí misma y puede dar mucho a sus ciudadanos, al mundo entero. 
Pero para hacer eso necesita dar también y sobre todo una dimensión política a su presencia en la escena mundial, con un refuerzo de sus políticas y de sus instituciones, ante todo del Parlamento Europeo, y con la participación total de sus ciudadanos. 
Éste es el espíritu que, en nuestra opinión, debería animar a la CIG, para retranscribir un Tratado ya insuficiente respecto de los grandes desafíos de los próximos decenios. 
Ciertamente, la Europa comunitaria, desde su nacimiento hasta hoy, ha avanzado mucho, como es sabido, pero eso no puede bastar. 
Queremos una Europa que no traicione el espíritu de los padres fundadores, quienes entreveían precisamente en la dimensión política su verdadera fuerza; queremos una Europa fuerte, libre, democrática, al servicio de los ciudadanos, para su bienestar y para su prosperidad. 
Pero al aumento de las competencias de la Unión Europea debe corresponder una solución al serio problema del déficit democrático de esta Unión; no se pueden sustraer las competencias a los Parlamentos nacionales, y, en consecuencia, su control democrático, con un aumento de poderes en beneficio de órganos de decisión no electivos. 
Hay que prestar mucha atención al equilibrio de los poderes. 
Una Europa en expansión que pide una presencia política significativa en la escena mundial, que quiere hacerse creíble y fuerte, debe establecer un pacto claro con sus ciudadanos: o se les reconoce, como en toda democracia, la plena soberanía mediante instituciones elegidas democráticamente, con plenos poderes, o ellos no se reconocerán en una patria común sino en una simple expresión geográfica, con instituciones supranacionales, lejanas y dirigistas. 
Señor Presidente, ¡es en los ciudadanos europeos en los que tenemos que pensar al reformar la Unión Europea! 
Señor Presidente, esta es la penúltima vez que el Parlamento hablará de la CIG antes de que se tomen decisiones en Amsterdam. 
Está claro que cada Grupo tiene su propio horizonte de ambiciones. 
Quisiera mencionar brevemente cuatro cuestiones sobre las cuales el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas se pregunta: tendrá éxito Amsterdam, ¿sí o no? 
En primer lugar: la codecisión. 
Se han dicho muchas cosas. 
La codecisión es esencial en todos los ámbitos en que hay legislación. 
Nos preocupa que, en los casos en que se opere un traslado de partes del tercer pilar al primer pilar, ciertamente los asuntos de justicia e interior recibirán la mayoría cualificada en el primer pilar, pero finalmente los derechos del Parlamento no contarán del todo. 
Es esencial que el Tribunal de Justicia también desempeñe un papel en este ámbito. 
Es la garantía de un verdadero Estado de derecho, y el artículo H es un monstruo jurídico, señor secretario de Estado. 
La mayoría cualificada. 
Siguen existiendo 35 casos en que se exige unanimidad. 
Así no puede funcionar la Comunidad. 
¿Podría anunciar el Presidente del Consejo que la Presidencia tomará nueva iniciativas en esta cuestión para intentar reducir los casos sujetos a unanimidad? 
En tercer lugar, una política exterior y de seguridad común no puede funcionar sin los instrumentos necesarios. 
La integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea es necesaria para crear instrumentos creíbles a fin de desarrollar una política exterior. 
En la actualidad, estos instrumentos no existen. 
La Unión Europea Occidental parece cada vez más un satélite de la OTAN y no un instrumento de la Unión Europea. 
Por último, señor Presidente, la simplificación. 
Muy a mi pesar, en la propuesta de la Presidencia hay una partida pro memoria. 
El Sr. Oreja también se ha referido a ello. 
Los ciudadanos juzgarán este Tratado en base a la pregunta de si existe realmente una simplificación, si hay más claridad. 
El actual texto no es claro, no por culpa de la Presidencia neerlandesa, sino por culpa de la impotencia del Consejo; Maastricht se ha elevado a la tercera potencia en cuanto a falta de claridad. 
Deseo al Presidente mucho éxito en su trabajo en los próximos días. 
Señor Patijn, señor Oreja, ya ven ustedes que todos los portavoces les agradecemos su presencia en el Parlamento en estos momentos y prácticamente todos reconocemos que la presidencia holandesa ha trabajado muy bien, como también la irlandesa; que nuestros representantes Brok y Guigou han tenido una buena comunicación; que el anterior Presidente del Parlamento, señor Hänsch y el actual, señor GilRobles, han hecho un esfuerzo de comunicación en lo que respecta a la presencia del Parlamento en la Conferencia, pero pese a todo debemos mostrar nuestra preocupación. 
Un Comisario como el señor Oreja- y es imposible encontrar un Comisario más educado ni más prudente en la historia de la Unión Europea- ha mostrado hoy preocupación reiteradas veces. 
Lo ha dicho en un tono amable, pero ha mostrado una gran preocupación en nombre de la Comisión, y yo muestro una gran preocupación en este Parlamento en nombre de los diez millones de ciudadanos que han votado a los partidos componentes de nuestro Grupo, y eso que somos un Grupo pequeño. 
Fíjese, señor Presidente Patijn, en la cantidad de votantes que han apoyado a los Grupos grandes, porque este Parlamento no es una corporación académica para hacer un debate o un análisis, sino la representación, como usted muy bien sabe y respeta, de los ciudadanos europeos. 
Sabemos que la Conferencia Intergubernamental avanza, una vez que todos han cumplido con sus deberes, pero ¿cómo va de contenidos? 
¿Está a la altura de las expectativas que se han creado? 
¿Responde a los problemas políticos de nuestro tiempo? 
Naturalmente, apoyamos que los ciudadanos tengan trabajo y empleo, pero también que haya una estructura de Unión política. 
En este momento en que hace ya casi diez años que cayó el Muro de Berlín, yo quiero decirles, -y no es ninguna broma- que la ciudadanía europea está en el muro de las lamentaciones. 
Con paro, con angustia, con problemas, y nosotros debemos compartir esos problemas y facilitar soluciones. 
Por eso, yo quería poner brevemente algunos ejemplos de nuestras preocupaciones, de por qué estamos preocupados. 
En cuanto al método está claro: están ustedes buscando el último equilibrio inestable en los últimos momentos, y debe preocupar a los ciudadanos que sus representantes gubernamentales no sean capaces de establecer unas reglas del juego y un código de confianza para tomar decisiones tan trascendentales. 
Y esto podría producir, tengo que decirlo, una situación similar a la del Tratado de Maastricht, otra querida ciudad holandesa pero cuyo nombre suscita desconfianza en media Europa, porque el Tratado de Maastricht se hizo de espaldas a la opinión pública, y no podemos repetir esa situación. 
No quiero hacer yo culpable al señor Patijn- que hace gestos indicando que él tampoco está de acuerdo con hacer eso y que no es el responsable del Tratado de Maastricht -, pero tendremos que adoptar decisiones claras para no llegar a esa situación. 
Pero en cuanto a los contenidos, se trataba de dar un gran paso hacia la Unión política con un reequilibrio institucional, superador del déficit democrático. 
Y no se va a hacer, se van a dar pequeños pasos, ni siquiera el Parlamento va a tener la capacidad de dar un dictamen conforme para la revisión de los tratados en el futuro. 
No creemos que vaya a haber una verdadera codecisión en ámbitos tan importantes como los presupuestarios o los procesos legislativos. 
El Parlamento tiene cierta desconfianza y es necesario dar estos pasos importantes hacia la Unión política. 
No hablamos corporativamente de la importancia del Parlamento, hablamos de un tejido democrático europeo. 
En política exterior y de seguridad común, no hay voluntad política para dar esos pasos y, en cuanto a promover políticas económicas y sociales al servicio de los ciudadanos, mucho nos tememos que no se va a conseguir. 
Cierto es que habrá un capítulo dedicado al empleo y se incorporará un protocolo social- probablemente mejor que el anterior -, pero el objetivo principal no es la retórica del empleo o políticas sociales limitadas de carácter asistencial, sino crear políticas socio-económicas que no se subordinen totalmente a los índices de convergencia. 
No puedo ya hablar por falta de tiempo de la falta de soluciones para la ampliación. 
Estamos en una situación de pura transición, pero yo le pido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que no hagamos en esta Conferencia el parto de los montes y que, al final, lo que se produzca sea un pequeño ratón que no pueda solucionar los problemas de la Unión Europea, de sus pueblos y de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, estimados colegas, en este debate de hoy se trata también del papel que nosotros nos asignamos como Parlamento Europeo. 
¿Somos amigables, callados y discretos de cara a la próxima Conferencia intergubernamental, de la próxima Conferencia de Amsterdam? 
¿Somos una suerte de pedigüeño que mendiga ante el Consejo más derechos? 
¿Somos todo, menos contestatarios, para obtener un poco más mediante nuestra buena conducta y perder un poco menos? 
¿Somos la prolongación del brazo de los gobiernos nacionales y renunciamos en una obediencia apresurada a demandas a la Conferencia Intergubernamental, que son absolutamente necesarias? 
No, seguramente este no es nuestro papel. 
Estoy convencida de que la tarea más específica del Parlamento Europeo es la de decir hoy, precisamente hoy, las cosas de manera inconfundiblemente clara pues se trata nada menos que de la capacidad de futuro de la Unión Europea. 
Se trata de la consecución de una auténtica democracia europea. 
Se trata de lograr un equilibrio entre la integración política y económica en Europa. 
Se trata de desarrollar una política exterior común de índole civil. 
Se trata de la perspectiva europea global, de la capacitación para ampliar la Unión. 
Sin embargo, cuando me fijo y compruebo lo que hay hasta ahora, entonces debo afirmar realmente con gran desconcierto y con gran preocupación que actualmente los gobiernos de los Estados miembros están poniendo en marcha una reforma de la Unión Europea, que- siempre bajo la apelación a una mayor eficiencia- sigue reduciendo la democracia, la transparencia y la apertura en pro de procedimientos tecnocráticos y interestatales, poniendo así en peligro la idea originaria del desarrollo de una democracia europea. 
El presente proyecto de Tratado no da una respuesta adecuada a la crisis social, ecológica y democrática de la Unión y no sólo es una reforma insuficiente sino que significa una vía que conduce hacia la dirección equivocada. 
Las declaraciones de derechos humanos y de no discriminación se quedan en meras declaraciones de labios afuera, sin garantías reclamables. 
La libre circulación de las personas, uno de los bienes supremos de la Comunidad Europea, se ve aplazada sine die. 
La denominada comunitarización de partes del tercer pilar constituye un paquete inflado, pues con la introducción del principio de mayoría la codecisión del Parlamento Europeo y la competencia del Tribunal Europeo de Justicia no van al unísono. 
Lean con atención el capítulo H; al contrario, el Tribunal Europeo de Justicia resulta disminuido. 
Se va a desarrollar EUROPOL, recibirá competencias, sin que se amplíen los mecanismos democráticos de control. 
Esto es una erosión de los principios del estado de Derecho. 
La política exterior común ha de ser una política de paz y de seguridad con el objetivo de instaurar un sistema de seguridad de ámbito europeo, pero ello no es precisamente la integración de la UEO, la cual significa más bien un paso hacia la militarización de la Unión Europea, la única comunidad de paz. 
La aparatosa tarea de lograr el objetivo del pleno empleo es también desenmascaradora: el prometido capítulo del empleo se ha convertido en mera poesía política no vinculante, de alto grado de irresponsabilidad a la vista de las masas de desempleados. 
De esta suerte ya no sorprende siquiera que posiblemente el Parlamento Europeo no obtenga más derechos, como acaba de contarnos el tercer gran europeo de esta semana, Elmar Brok, sino que incluso va a recibir menos derechos, por ejemplo, en el terreno presupuestario. 
No hay ninguna razón para dar saltos de alegría, sino que hay nivel 1 de alarma, pues con este Tratado de Maastricht II el futuro de Europa se torna más inseguro. 
Señor Presidente, señores diputados, es al Presidente en ejercicio del Consejo- pero también al presidente de los representantes que están negociando el nuevo proyecto de Tratado- a quien quiero dirigirme para preguntarle si se ha dado cuenta de qué unanimidad, rara entre nosotros, ha resonado en este hemiciclo hasta aquí al comentar eso a lo que estamos asistiendo y el proyecto sobre el que me parece que, en cambio, él ha expresado palabras de positivo optimismo. 
A mí me parece que las reacciones de la Asamblea demuestran la preocupación que se nota en este Parlamento, preocupación, por otra parte, expresada también por la Comisión. 
Sé que este fin de semana se deberían ultimar los trabajos; esperemos que este proyecto de Tratado esté disponible para poder dar una respuesta completa y precisa sobre los distintos puntos en nuestra próxima ocasión hábil, en junio, antes de su Cumbre de Amsterdam. 
Pero quisiera dirigirme a usted, Presidente, políticamente, como ya han hecho varios colegas, para decir: ¡tengan cuidado! 
Los días 16 y 17 de junio representan una fecha importante, sí: es la fecha en la que ustedes han pensado para la conclusión de esta negociación. 
Pero me parece que están llegando a ella, por una serie objetiva de situaciones, de la peor manera posible y disponiendo de una acuerdo mínimo sobre contenidos mínimos de revisión del Tratado de Maastricht. 
No entro en los detalles, pero quisiera simplemente preguntarles si ustedes piensan que el 16 y el 17 de junio es la única ocasión, la única oportunidad de concluir ese texto, como si el acuerdo de quince Jefes de Estado y de Gobierno fuera de por sí suficiente y no fuera necesario- y ya lo hemos visto con Maastricht- tener también la adhesión, en lo posible, de las opiniones públicas de nuestros Estados miembros, a las que me pregunto qué irán a ofrecer si el contenido de la reforma de los Tratados es el que, poco a poco, estamos constatando. 
Nunca como durante estos años la política exterior y de cooperación europea ha sido tan negativa, ha producido tanta impotencia política, nunca como desde que hemos codificado la PESC. 
Pues bien, ustedes responden a esto, si es posible, reforzando el método intergubernamental y proponiendo incluso que sea un funcionario de categoría intermedia el que lo gestione todo. 
Sobre todos los demás temas la respuesta que dan no es una respuesta política: es una respuesta técnica, débil, una respuesta que tememos que no cuente tampoco con la adhesión de los ciudadanos. 
Piensen en ello y piensen sobre todo que, quizás, si no hay bastante contenido, el 17 de junio puede también no ser la última ocasión para concluir el nuevo proyecto de Tratado. 
La presidencia en ejercicio del Consejo y el Comisario Oreja no me lo tomarán en cuenta si no puedo ignorar las contradicciones entre el esencial optimismo de la primera y las profundas preocupaciones, quizás realismo, del segundo. 
De las dos posiciones es evidente que una es cuando menos forzada. 
¿Qué modelo de Unión Europea está saliendo, Comisario Oreja? 
Desde luego no el de la unión política, única gran referencia de fondo de los ideales europeos, y desde luego no el de una Europa social no sólo de palabra, si es cierto que hoy hay todavía naciones que, ante el drama del desempleo galopante, continúan creando obstáculos a opciones de incentivación en la materia. 
No pueden bastar únicamente la cláusula social ni el protocolo social: hay pocos motivos para ser optimistas sobre los futuros buenos resultados del Consejo Europeo de Amsterdam del próximo mes. 
La Conferencia Intergubernamental, que al parecer tendrá que concluir a toda costa sus trabajos para esa fecha- ¿y por qué no aplazarla, ante una posible situación de carácter mínimo? -corre el riesgo de lograr un resultado efímero: mucho ruido y pocas nueces. 
Si leemos entre líneas la Cumbre de Noordwijk, nos damos cuenta de que la Unión Europea corre el riego de aparecer sólo como una «ministrocracia». 
Y si no, ¿cómo se podría interpretar el hecho de que los negociadores de las reformas institucionales, y no sólo de ésas, son representantes de los gobiernos, no elegidos por el pueblo y jefes de una burocracia desenfrenada? 
Y los miedos y las angustias de los 370 millones de ciudadanos de la Unión Europea, ¿qué consideración encuentran en este proceso? 
Quince jefes de gobierno más quince ministros de Asuntos Exteriores se han reunido durante cinco horas, sin afrontar ni resolver con claridad ninguno- repito, ninguno- de los puntos decisivos que bloquean desde hace un año las negociaciones. 
¿Qué Europa estamos construyendo? 
Desde luego no la que interesa a los ciudadanos, preocupados por problemas muy distintos: el desempleo, la pobreza, la exclusión social, la violencia que atenazan a Europa en su conjunto. 
Por lo tanto, ¿es realmente necesario ampliar la Unión, antes de profundizar en ella? 
¿O, por el contrario, no existe la necesidad de mejorar su funcionamento y de crear las condiciones que le permitan afrontar los desafíos, tanto interiores como exteriores, con los que tiene que confrontarse? 
No puede aceptarse correctamente ninguna nueva adhesión hasta que no se hayan reformado profundamente las instituciones de manera que permitan una mayor integración política. 
Es necesaria una profundización económica y política de la Unión mediante un proyecto político fuerte, sin el cual la tan exhibida cohesión económica y social será sólo un triste e ilusorio espejismo y Europa, quizás, un sueño que habrá que guardar de nuevo en el cajón. 
Señor Presidente, me complace que, según parece, estemos avanzando adecuadamente. Ello ha sido posible, sin duda, gracias a la habilidad de la Presidencia neerlandesa, pero me gustaría sugerir también que tiene algo que ver con el hecho de que en el Reino Unido haya un nuevo Gobierno. 
Este Gobierno está cumpliendo lo que exhortó desde la oposición y ha abierto definitivamente un nuevo capítulo en sus relaciones con el resto de la Unión Europea. 
Hasta la fecha, y en particular en el denominado no-documento, encontramos pruebas inequívocas del progreso alcanzado: la integración de un protocolo social en el Tratado, la creación del capítulo de empleo, una ampliación considerable del voto por mayoría cualificada, unas disposiciones más estrictas para luchar contra el fraude, el compromiso de ampliar el poder de codecisión del Parlamento, un régimen más práctico para la PESC y el reconocimiento del tema de la antidiscriminación como distintivo de una democracia, de una sociedad libre. 
Son todas ellas medidas positivas y no debemos subestimar su significado. 
Como ya se ha dicho, aún quedan temas difíciles pendientes de solución: la libre circulación, el futuro de la UEO, el número de Comisarios y el espinoso asunto de la flexibilidad. 
Pero lo que lo que más llama la atención en estos momentos es el deseo real de todos los gobiernos de los Estados miembros de alcanzar un auténtico acuerdo. 
Debemos celebrar ese hecho. 
Si se alcanza el acuerdo en Amsterdam, éste nos proporcionará una base desde la que poder avanzar y solucionar los numerosos problemas que preocupan a la población de Europa. 
Nos ofrecerá una base para reformar la Política Agrícola Común, una base para completar el mercado único y generar puestos de trabajo y crecimiento. 
Nos ofrecerá una base para crear una Europa de los ciudadanos y una base para prepararnos para el proceso de ampliación que es el próximo gran capítulo de la agenda europea. 
Debo decir, no obstante, que eso no basta. 
Espero sinceramente que se tome buena nota de los comentarios que hoy han expuesto aquí los diputados a este Parlamento. 
No basta simplemente con tener un Tratado sobre el que exista un acuerdo minimalista. 
Necesitamos un Tratado que inspire a la población, que atraiga a la población, un Tratado que nos señale hacia un futuro mucho mejor y que infunda esperanza y confianza. 
Un acuerdo minimalista no lo lograría. Por eso es tan importante que se tengan en cuenta los comentarios que aquí se han hecho. 
Esperemos que este acuerdo no sólo merezca la aprobación sumisa del Parlamento, sino que además permita sentirnos decididamente entusiasmados. 
Señor Presidente, después del Consejo informal de Noordwijk, la Presidencia neerlandesa comunicó que se había mantenido una consulta constructiva y que los jefes de gobierno estaban decididos a llegar a un Tratado de Amsterdam. 
El primer ministro neerlandés ha comunicado después que en cualquier caso ya se había tomado una decisión, concretamente reforzar la posición del Presidente de la Comisión Europea. 
Todo eso suena muy bien. 
Pero quiero hacer una observación en relación con este último punto, y con ello me sumo a las críticas de Elmar Brok. 
Cuando se decide que el Presidente de la Comisión sea propuesto por el Consejo y que esta decisión ha de someterse al Parlamento Europeo para su aprobación, y cuando se da la posibilidad a ese Presidente de la Comisión de elegir a sus propios Comisarios, se produce en efecto un refuerzo de la posición del Presidente de la Comisión. 
Pero, cuando luego se decide también nombrar al secretario general para la política exterior en el Consejo, significa que por un lado se refuerza la posición del Presidente de la Comisión, mientras por otro se debilita su papel. 
Se habrá dado un poder considerable al Presidente de la Comisión y se habrá restado poder a cuatro Comisarios responsables de la política exterior. 
Le recuerdo que el Parlamento se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de un secretario general de este tipo en el Consejo. 
Es una solución burocrática y tecnocrática para un problema político. 
Por otra parte, nos preguntamos si luego el nuevo Presidente de la Comisión también podrá enviar a casa a los Comisarios individuales. 
Este Parlamento ha propuesto siempre tener el derecho de revocar a los Comisarios que fracasan. 
¿Qué pasa con esta cuestión? 
La segunda observación que quiero hacer trata de otro tema que este Parlamento considera muy importante. Me refiero a la necesidad de que la Unión sea más transparente y más democrática. 
Ahora el Parlamento tiene la última palabra en cerca de dos tercios de la legislación y cerca de dos tercios del presupuesto. 
Tengo entendido que en el ámbito del control democrático de la legislación se darán algunos pasos adelante. 
Pero también me he enterado de que por lo menos 35 ó 40 cuestiones seguirán dependiendo de la unanimidad. Me parece excesivo para poder hablar de un avance. 
La situación es más grave cuando oigo que la europeización de una parte de la política policial y judicial no irá vinculada a un refuerzo del papel del Parlamento Europeo. 
Me parece inaceptable. 
Pienso que hemos de advertir a la Presidencia neerlandesa que no puede aparecer un nuevo agujero en la democracia europea. 
Peores aún son las noticias sobre las competencias presupuestarias del Parlamento Europeo. 
Según estas, no hay ninguna posibilidad de que el Parlamento tenga la última palabra con respecto a la parte obligatoria del presupuesto. 
Se trata del presupuesto agrícola y del FED. Conjuntamente 50 millardos. 
Es absurdo que tanto dinero permanezca fuera del control democrático de este Parlamento. 
Lo que es aún más grave es que la propia Presidencia neerlandesa también sea contraria a la competencia presupuestaria. 
Esta actitud era tan manifiesta que el parlamento neerlandés aprobó una moción para llamar al orden a la Presidencia neerlandesa. 
Ahora una observación sobre la llamada reponderación del voto. La actual reponderación del voto suele considerarse satisfactoria. 
Por lo tanto, hay que aducir buenos argumentos para corregirla. Consideramos que lo más oportuno es que siga existiendo un buen equilibrio, incluso después de la ampliación entre los países grandes y pequeños de la UE. 
Lo que consideramos inoportuno es que los países grandes se impongan sobre los pequeños. Es decir, que suceda lo que sucedió hace 40 años. 
Los Países Bajos, el mayor de los países pequeños, ha de mantenerse firme para defender a los países pequeños. Los Países Bajos no ha de renunciar a su posición, pues de lo contrario surgiría el efecto dominó. 
Por último, una observación sobre la falta de transparencia. 
Tengo entendido que los documentos sobre la legislación pasarán a estar a disposición de los ciudadanos, del parlamento nacional y del Parlamento Europeo antes de su promulgación. 
Esto es bueno y también es necesario. 
Sin embargo, no recibo buenas noticias en cuanto a la apertura del Consejo, cuando este decide sobre la legislación. En el ámbito legislativo, ¿seguirá el Consejo comportándose como una comisaría que hace la legislación a puerta cerrada? 
¿Cómo podemos pedir a los países de la Europa Central y Oriental que se democraticen si nosotros no lo hacemos? 
Señor Presidente, resumo. Este Parlamento apoya al Consejo cuando puede dar grandes pasos adelante en el Tratado de Amsterdam. 
Pero este Parlamento no puede aceptar de ningún modo que no se reduzca el agujero democrático en Europa y que este incluso aumente en algunos ámbitos. 
Deseo mucho éxito a la Presidencia neerlandesa, pero la cuestión no es si logrará o no un Tratado de Amsterdam, la cuestión es si se logrará un Tratado aceptable que sea valorado por todo el mundo, sobre todo por nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, si somos realistas no podemos abrigar muchas esperanzas con respecto a la revisión del Tratado de Maastricht. 
La Presidencia neerlandesa nunca ha dado la impresión de querer realizar cambios ambiciosos, aunque sí unos pequeños pasos positivos. 
Ahora se ve obstaculizada en este proceso por las elecciones británicas y francesas. 
La cuestión es si conseguirá dar esos pequeños pasos. 
A mi entender, el Tratado de Maastricht y la revisión del mismo llegan demasiado pronto y en realidad se ven eclipsados por la importancia de la reunión de la OTAN celebrada ayer en París. Seamos sinceros. 
Esta ha sido la garantía de estabilidad para Europa. Pero con todo hay que preguntarse qué quedará de las reformas concretas que necesita la casa de Europa para adecuarse a sus nuevos habitantes. 
Creo que se trata de la seguridad de los ciudadanos. 
Habría una mayor disposición a cooperar, pero la cuestión es: cómo. 
¿Por qué se nos dan siempre respuestas técnicas a nuestras peticiones, como ya ha dicho el Sr. Dell ' Alba, por qué no respuestas políticas y concretas? 
¿Por qué no se dice que lucharemos contra el hachís de Marruecos a través de España y Francia, la heroína de Turquía a través de Alemania y la cocaína de Surinam a través de los Países Bajos? 
Recientemente, los Sres. Donnay y Pasty formularon preguntas a este respecto al Presidente neerlandés. 
No han obtenido respuesta. 
¿No tiene usted el valor de dar una respuesta o acaso la Presidencia neerlandesa tiene algo que ocultar? 
Tapar el agujero democrático es responsabilidad del Consejo. 
Por desgracia no he recibido señales de que se logren mejoras en este sentido. 
Asimismo creo, y estoy plenamente de acuerdo con la Sra. Maij-Weggen, que no es buena señal que se fomente la eficacia de la Comisión Europea dando más competencias al Presidente. 
Es la vía inversa. 
Se empieza por arriba cuando precisamente habría que reducir el número de Comisarios. 
Este Parlamento no considera un buen presagio que no se mejore su papel en el ámbito legislativo ni en la competencia para decidir sobre el presupuesto. 
Con todo, por lo menos me tranquiliza que este Presidente tenga realmente intención de aumentar la capacidad de gestión de la Unión y con ello dar más confianza al ciudadano en Europa a principios del siglo XXI. 
Pero no seamos demasiado pesimistas. Faltan tres semanas para el Cumbre de Amsterdam y el Comisario Oreja ha dicho: no se ha ganado, pero tampoco se ha perdido nada. 
Mantenga usted el clima de Noordwijk e intente realizar las adaptaciones necesarias para la ampliación y para se cumpla el papel del Parlamento. Le deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, hoy en el último debate antes de la Cumbre de junio, y este Parlamento ha de decir y recalcar de nuevo cuáles son nuestros deseos. Me centraré en la política judicial. 
Al hablar de ello, y los documentos sobre la política judicial están presentes, no puedo por menos que decir que tengo sentimientos encontrados. 
La lucha contra el crimen y también la cooperación policial no se comunitarizan y la Presidencia ha de explicar cómo se puede luchar eficazmente contra el crimen a nivel europeo sin abandonar el requisito de unanimidad. 
Asimismo, la posición del Parlamento Europeo en este pilar ha resultado ser demasiado débil en la política judicial. 
Algo mejor es la posición del Tribunal de Justicia en la política judicial, aunque también es preciso hacer algunas observaciones. 
La prevista comunitarización de la política de asilo e inmigración, que en sí es positiva, plantea algunas preguntas. 
A continuación de las preocupaciones expresadas por el Comisario Oreja digo que este es el mínimo absoluto que hay que comunitarizar. 
Si no se comunitariza la política de asilo e inmigración, nos hundiremos en el hielo, como dice la expresión holandesa. 
El secretario de Estado Patijn, un compatriota mío, conoce el cuento, que por cierto se trata de un cuento universal: el del vestido nuevo del emperador. 
El secretario de Estado sabe que el pueblo daba gritos de alegría, pero que el emperador en realidad no llevaba nada puesto. 
Ojalá el secretario de Estado evite que aquí vuelva a hacerse realidad este cuento. 
Le deseo mucha suerte en las próximas negociaciones. Gracias a usted y gracias a H.C. Andersen de Dinamarca. 
Señor Presidente, se habla bastante de los ciudadanos, pero lo que se sabe y hoy se nos ha confirmado acerca de la evolución de los trabajos de la CIG nos mueve a sacar una conclusión inevitable: la de que no se tienen en cuenta las reservas, las dudas y las críticas suscitadas por la anterior revisión de los Tratados. 
Peor aún, ¡parece que se insiste en la misma dirección! 
Eso es válido, antes que nada, por el rechazo, que conocemos, de una nueva ponderación seria de la cuestión más relevante y de mayores consecuencias, que es, como se sabe, la Unión Económica y Monetaria. 
Ahora se afirma la posibilidad de inclusión en el Tratado del Protocolo social y de un capítulo sobre el «empleo» en ese mismo texto. 
Se trata de algo que hace mucho que venimos reclamando, pero quisiera subrayar que no hay que hacerse ilusiones sobre el alcance efectivo de esa decisión, si llegara a hacerse realidad. 
Es que la resolución de los problemas sociales, en particular del magno problema del desempleo, exigirían por encima de todo nuevas políticas macroeconómicas y, fundamentalmente, el abandono de la actual fijación monetaria que todos conocemos. 
¡Y eso no se hace! 
En otras esferas hay igualmente motivos de aprensión. 
Nada se prevé, por ejemplo, con vistas a colmar los déficit democráticos que conocemos y una vez más se olvidan los parlamentos nacionales que, como sabemos, tendrán que ratificar esta revisión del Tratado. 
Y hay sobre la mesa propuestas en otros niveles que suscitan igualmente serias objeciones. 
Así, por ejemplo, en lo que respecta a la ponderación de los votos en el Consejo, lo mismo respecto de las propuestas en cuanto a la futura composición de la Comisión, según las cuales ésta perdería, con el tiempo, su carácter universal, a pesar de ser y seguir siendo la única institución con capacidad de iniciativa legislativa. 
Otro tanto sucede en relación con la cooperación reforzada por el inequívoco carácter de exclusión que le es subyacente y porque tendencialmente se revelaría incentivadora de la creación de directorios o con la integración de Schengen en el Tratado. 
Naturalmente, esperaremos a ver los resultados, pero no ocultamos ahora mismo nuestra profunda intranquilidad frente a lo que se está preparando. 
Señor Presidente, señoras y señores colegas, a la Presidencia neerlandesa del Consejo no le gusta venir al Parlamento. 
Ha habido varios aplazamientos, esto va a dar también animación a la tarde de hoy. 
Muchas y muchos colegas no pueden entender esto, en absoluto, y lo reprochan vivamente. 
Yo lo puedo comprender muy bien. A la vista de los resultados previsibles de esta Conferencia intergubernamental yo también sentiría miedo de comparecer ante los representantes elegidos de los ciudadanos y de las ciudadanas europeos para exponer dichos resultados. 
También me inquietaría que este Parlamento se acordase de las promesas para después de Maastricht, que pronosticaban la creación de una Unión política, la superación del déficit democrático en Europa, la creación de una política exterior común, el equilibrio entre la integración política y económica, la consecución de los condiciones previas para una ampliación. 
Me pregunto si el Presidente del Consejo no tiene más miedo de este Parlamento que el miedo que desearíamos infundirle. 
Cuando considero las propuestas de resolución, parece que la mayoría de esta Asamblea tiene miedo de que en esta gran batalla de gigantes, entre los países miembros, el Consejo y la Comisión, pudiera terminar el Parlamento en el papel de Don Quijote. 
Creo que para esta Asamblea es mucho mayor el peligro de terminar como Sancho Panza, que se retira refunfuñando por lo bajo hacia el matorral y se tumba en la hierba con su chorizo, y a los ojos de los ciudadanos y de las ciudadanas sería un papel mucho más lamentable que el de, en este enfrentamiento histórico y a la vista del desempleo masivo y de una crisis masiva de democracia y de aceptación de esta Unión, luchar para que esta oportunidad histórica no se pierda y que no suceda nada más ahora en esta Conferencia intergubernamental. 
Este Parlamento no es tan impotente, como se muestra. 
Si la Comisión no nos apoya- y no nos ha apoyado en estas cuestiones durante año y medio- entonces la podemos mandar lejos si empleamos para esto nuestro poder y nuestra propia fuerza. 
Podemos boicotear los presupuestos, podemos impedir el anuncio para las negociaciones conducentes a la adhesión, podemos hacer un llamamiento a los Parlamentos nacionales y, por supuesto, a la opinión pública, para que hagan una alianza con el Parlamento Europeo. 
Pero para ello debemos primero hacer acopio de coraje y de fuerza. 
Esta es la cuestión decisiva de las próximas semanas. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la buena acogida que han recibido los representantes del nuevo Gobierno del Reino Unido en el Consejo Europeo. 
Resulta evidente cuando nos disponemos a entrar en el nuevo milenio que Europa no es ni puede ser una unificación rígida, sino más bien una rica diversificación. 
Durante milenios se han librado guerras cruentas para convertirla en una unificación, pero fracasaron y volverían a fracasar. 
Ciertamente el camino a seguir es una cooperación lo más estrecha posible entre las naciones europeas y no la incorporación de esas naciones en un Superestado europeo. 
Europa no es un país, es un continente y por ello no puede serle impuesta ninguna estructura de ningún país conocido del mundo. 
El capítulo de la protección de las fronteras exteriores debe ser competencia de los Estados soberanos y debe ser diverso según estimen dichos Estados en las circunstancias y en los retos a los que se enfrentan actualmente. 
Lo cierto es que uniformidad no es necesariamente unificación. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, en este non-paper hay un capítulo que se titula «Una política exterior eficiente y coherente». 
Es claro y evidente- creo que para todosque hoy no se puede hablar de una política exterior eficiente y coherente. 
Ya consideremos Albania, ya consideremos la situación del Congo, Europa actúa con retraso, si es que es capaz, siquiera, de hacer algo. 
La sola alusión al Congo pone de manifiesto ya una cosa: mientras que Europa se ha aliado repetidas veces con el viejo régimen, con el que las personas asocian la corrupción y el enriquecimiento, América ha celebrado ya con el régimen futuro negociaciones sobre derechos de prospecciones y sobre otras ventajas económicas. 
Por consiguiente, se pone de manifiesto cuán importante es una política exterior común y coherente, y soy también de la opinión- al contrario que otros- de que aquí ha habido una serie de avances precisamente gracias a las actividades de la Presidencia neerlandesa. 
No obstante, permítanseme algunas puntualizaciones críticas. 
Si bajo el capítulo de «¿Qué es la política exterior? » se da la definición de la política exterior, entonces lamento que la cuestión de la prevención, de la evitación de las crisis, de la necesidad de dar pasos en este punto, haya sido demasiado poco elaborada y que sólo se haya hecho un trabajo concentrado en la UE y en la UEO. 
Debe estar claro también que la agrupación en el sentido más amplio y en el futuro lejano no debe significar que las fuerzas armadas tengan más participación, sino, por el contrario, creo que el componente civil, el componente pacificador, debe ser también pertinentemente fuerte de cara a la UE. 
En lo que respecta a las propuestas de la troika, creo que es acertado que las cosas se dispongan aquí de manera provisional y no creo que la Comisión esté debilitada; al contrario, yo opino que también es importante que la Comisión tenga, absolutamente, una posición fuerte. 
También es importante lo que se ha dicho sobre el proceso de toma de decisiones. 
Sólo que en ese punto tengo que hacer un comentario crítico y me pregunto cómo lo ve la Presidencia: por un lado, se da la unanimidad con abstención constructiva, lo cual es verdad. 
Luego hay decisiones por mayoría en la ejecución y después se da de nuevo la posibilidad- y, por cierto, por motivos nacionales- de bloquear tal proceso, al menos por un tiempo. 
Yo entiendo que aquí algunas cosas encuentren justificación, pero que, por un lado, se haga una política exterior común y que, por otra parte, el interés nacional posibilite de nuevo obstaculizar esta política exterior común, no lo entiendo del todo. 
Yo sostengo firmemente la opinión de que cuando se tengan procesos de decisión, éstos no deberían ser bloqueados de nuevo por parte de elementos individuales por motivos nacionales. 
Para este capítulo de la política exterior y de seguridad es cierto también lo que es cierto en otros ámbitos: el papel del Parlamento está crasamente minusvalorado. 
En los últimos tiempos este Parlamento ha mostrado precisamente a través de acuerdos que está dispuesto a cointervenir de manera constructiva en la política exterior. 
Por consiguiente, insto al Consejo a que en el ámbito de la política exterior conceda también un voto al Parlamento, es decir, a los representantes democráticamente elegidos. 
Señor Presidente, tocan a su fin los trabajos de la Conferencia Intergubernamental que hace más de dos años que se ocupa del Tratado de la Unión Europea. 
Desde nuestro punto de vista, esa revisión no va a alcanzar los objetivos propugnados por el propio Tratado. 
Se trata de una revisión minimalista. 
Lo lamentamos. 
Desde luego, parece no ser posible la reconversión de algunas de las instituciones previstas en el Tratado, además de no haberse avanzado con otras tantas. 
Resultaba exigible conferir legitimidad democrática a algunos órganos con poderes y competencias decisivos en la Unión- que no la tiene- volviéndolos más responsables políticamente ante sus Estados miembros. 
En el caso de que se trata, las esperanzas y las ambiciones anunciadas resultarán frustradas. 
La cuestión que se nos plantea es la de si, al ser el de Maastricht un Tratado complejo, tener sólo cuatro años de vida y en muchos casos contar con la oposición de la opinión expresa de muchos de los ciudadanos de los Estados de la Unión, sería razonable esperar más de la CIG. 
¡Probablemente no! 
Pero se deben sacar todas las consecuencias de esa observación. 
El proceso de construcción europea, tal como yo la entiendo, debe ser coherente y consistente, sobre todo porque va destinada en primera línea a las personas. 
Como las constituciones de los Estados, también los actos constitutivos europeos deben ser realistas y sobrios. 
Deben conseguir, en una palabra, el conjunto de los valores y de los principios que unen a todos los ciudadanos europeos. 
No deben en ninguna circunstancia ser el reflejo y el deseo de algunos que, al proponerse a los otros, pueden resultar imposibles de concretar en la práctica. 
Se ha de hacer la construcción europea con la voluntad de los pueblos que la componen y nunca enajenándosela. 
Por eso, concluyo con la esperanza, a pesar de todo, de que a partir de junio se deje de hablar de Maastricht y se inicie una nueva era en la construcción europea. 
Señor Presidente, el tiempo escasea y ya se ha dicho mucho sobre los temas en cuestión. 
La Conferencia Intergubernamental plantea determinadas cuestiones a nivel general. 
¿Conseguirá Europa no convertir la tan cantada convergencia en motor de desintegración de la unidad europea y base del euroescepticismo? 
¿Conseguirá conservar su rostro social? 
Este es un primer mandamiento. 
Los otros retos para el futuro no son de menos peso. 
La Unión Europea parece haberse olvidado de las visiones de sus fundadores. 
Con el pretexto de la inminente ampliación, una ampliación necesaria tanto ética como prácticamente, se han programado ciertos cambios institucionales, en lo esencial, socavan el edificio europeo y aumentan nuestro déficit democrático. 
La ausencia de una política exterior y de seguridad común agrava problemas internos de inseguridad y crea dudas en lo que respecta a la socorrida solidaridad comunitaria, al mismo tiempo que debilita y resta credibilidad a la Unión Europea en el ámbito internacional. 
La Europa unida de los ciudadanos y de la justicia social, la Europa que ofrece igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, la que impone su carácter multicultural y multilingüe, su compromiso con la paz y los valores democráticos; ésta era la visión original. 
Por muchas revisiones que los tiempos hagan realmente necesarias, no tenemos derecho a sacrificarla en beneficio de una gestión tecnócrata de dudosos resultados. 
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, me resulta difícil debatir si la expectativas son demasiado altas o demasiado bajas, ahora que nos hallamos todavía en la última fase de las negociaciones. ¿Cuáles serán los resultados? 
¿Defraudarán o no defraudarán? No es bueno. 
No es bueno. Puede mejorarse. 
En realidad quisiera pasar por alto la parte de la cuestión relacionada con el contenido. No obstante, quiero hacer algunas observaciones políticas. 
En primer lugar, la Sra. Green me ha comparado con el Comisario Oreja y a él le pareció que yo daba una versión optimista de lo que sucede en estos momentos. 
El Comisario Oreja ha sido más realista. 
Quiero recordarle que he informado del Consejo informal de Noordwijk. Si he sido optimista lo he hecho en nombre de los jefes de Estado y jefes de gobierno allí reunidos. 
Si en la reunión se oyeron comentarios optimistas, estoy obligado, como humilde servidor, a transmitirlos debidamente al Parlamento Europeo. 
Por lo demás, la Sra. Green ha dicho: bueno, seguro que todas esas cosas sobre las que están ustedes de acuerdo no serán nada del otro mundo, no implicarán gran cosa, puesto que todos ustedes están de acuerdo. 
Lamento que la Sra. Green diga esto, porque quisiera observar como hecho político que una de las razones de que estemos de acuerdo es que desde el 1 de mayo hay un nuevo gobierno en Inglaterra. Y muchas cuestiones que eran controvertidas con el Gobierno británico antes del 1 de mayo, ya no lo son. 
Quiero examinar unas cuantas cosas al respecto. 
La aceptación de un nuevo afianzamiento de los principios de los derechos humanos, tanto en la actuación política del Consejo, como en relación con el Tribunal de Justicia por lo que respecta a la jurisprudencia, la aceptación del principio de no discriminación. El capítulo del empleo ya no es realmente controvertido. 
Por supuesto, siempre se puede discutir sobre la letra pequeña, pero ello se debe en parte a la decisión del Gobierno británico de que ya no suscite controversia. 
La incorporación del protocolo social e incluso la actualización del lenguaje y el alcance del protocolo social en el Tratado ya no suscita controversia, en parte gracias al nuevo Gobierno británico. 
El nuevo Gobierno británico coopera sin más en torno a los elementos del afianzamiento del principio de apertura y transparencia del Tratado, el papel legislativo de consolidación del Parlamento Europeo con la ampliación de la codecisión, una buena regulación del poder judicial en el Tribunal de Justicia en el tercer pilar y una buena regulación e incluso un refuerzo, a cuyo respecto hoy mismo hemos debatido algunas enmiendas del nuevo Gobierno británico para reforzar la normativa contra el fraude. 
Si la Sra. Green considera que esto es poca cosa, y que no es controvertido, quisiera darle las gracias por que su partido y su jefe de gobierno en Londres hayan declarado que algunas cuestiones ya no son controvertidas. 
Pero quiero hacer una observación muy explícita. 
A mi entender, no hay muchas cuestiones que puedan hacer fracasar el Tratado de Amsterdam. 
Pero hay una cuestión en que sí puede fracasar y es la libre circulación de las personas y la comunitarización de la política de asilo, visado e inmigración, y la aplicación de los procedimientos comunitarios y sus reglas jurídicas, incluyendo un papel para el Parlamento Europeo, y la codecisión y poder judicial del Tribunal. 
Si eso fracasa, es porque el Gobierno británico, al que damos la bienvenida por su cooperación en las cuestiones que he mencionado antes, no puede librarse de la sombra de la Sra. Thatcher para regular bien esas cuestiones en el Tratado. 
El Gobierno británico no ha dado ninguna indicación de que el enfoque de la Presidencia en principio sea aceptable y que todo ello pueda regularse presentando enmiendas y observando la posición especial que ocupan los Estados insulares y quizás incluso un cierto reconocimiento del hecho de que, en la cuestión de los controles interiores de las personas y en las fronteras, Gran Bretaña tiene una tradición bien diferente a la de los Estados continentales, etc. Pero necesitamos la cooperación del Gobierno británico en lo que respecta a la libre circulación de las personas para poder llegar a un Tratado en Amsterdam. 
Si ello no sucede, me temo lo peor para el Tratado de Amsterdam. 
A juicio de la Presidencia y de la Conferencia, ello no depende únicamente de un capítulo sobre el empleo. La creación de puestos de trabajo exige un esfuerzo conjunto absoluto de todos los órganos de la Unión Europea en todos sus ámbitos: el funcionamiento del mercado interior, una política comercial liberal, una buena política de acompañamiento en la cuestión de las medidas sociales y en la cuestión de la cohesión y los fondos estructurales, una buena política de transportes, ayuda para construir una infraestructura transeuropea. 
Se trata de elementos que desempeñan un papel en este contexto. 
Si en Europa queremos crear las condiciones propicias para que el mercado, el sector privado, pueda desempeñar su papel motor en la creación de empleo, es imprescindible que en todos los sectores políticos se plantee sobre todo esa posición horizontal, impulsora, estimulante y esa posición capaz de crear las condiciones propicias. 
Concretamente esto se pretende con el capítulo del empleo. 
No se trata de una columna vertebral específica en la que se crean puestos de trabajo, no, se trata de concebir un enfoque horizontal de toda la cuestión de la competitividad, de la fuerza competitiva, la renovación económica, la profundización de la cooperación económica entre los Estados miembros, de crear condiciones en que las empresas puedan hacer las cosas que tienen que hacer, es decir, crecer económicamente y crear puestos de trabajo. 
Una segunda preocupación que podría tener en torno a la Conferencia, y me sumo a lo dicho por su Señoría, el Sr. Brok, es la cuestión de si esta Conferencia será capaz de preparar a la Unión Europea para el siglo XXI, y concretamente para la ampliación. 
Como observador, como participante en la Conferencia, me preocupa esta cuestión. 
La renovación institucional- me refiero a la Comisión, me refiero a la toma de decisiones, a la simplificación de los procedimientos- exige un estímulo adicional en la Comisión. 
We have to go the extra mile for it. Exige también que los representantes de los Estados miembros en la mesa de la Conferencia, a imitación de Elmar Brok, recuerden en todo momento que se trata de prepararse para el siglo XXI, y de prepararse para la ampliación. 
Me parece muy bien que sigamos debatiendo hasta bien entrado el siglo XXI sobre la legitimidad de que cada uno de los Estados miembros conserve su Comisario nacional. 
Pero en un momento dado, el debate tendrá que acabarse y nosotros tendremos que adaptar las instituciones y los procedimientos al siglo XXI. 
En realidad, hemos de recibir una indicación de ello en Amsterdam o antes de Amsterdam. 
Nosotros también. Y es porque, en este Tratado, tanto los Estados miembros como en especial la Presidencia, expresamos que la Unión es una Unión de Estados democráticos donde queremos mantener alto el orden jurídico y el rule of law en un alto nivel cualitativo. 
Esto significa en efecto que hacemos todo lo posible por reforzar la protección jurídica de los débiles, de las personas que sufren injusticias, de las personas que son discriminadas por su nacionalidad o por otras razones. 
Pero hemos de tratar de rescatar lo bueno de la cuestión. Si su Señoría, el Sr. Brinkhorst, cita el artículo H, pues sí que es un poco un lío, se trata de la pregunta de cuántos tantos por mil o décimas de tanto por mil de los 200.000 procedimientos de asilo que se presentan ante el juez en Europa pueden pasar al Tribunal Europeo de Luxemburgo, que ahora tramita 200 casos al año con un plazo medio de dos años. 
Supongamos que un tanto por mil de esos 200.000 casos se presenta al Tribunal de Luxemburgo para una sentencia prejudicial. 
Esto significa un desquiciamiento total del procedimiento judicial del Tribunal, porque los procedimientos se prolongan demasiado, y dado que estos procedimientos se prolongan y las autoridades competentes nacionales han de esperar dos, tres, cuatro años para saber qué pasa con algunas sentencias, significa también que los Estados miembros nacionales dejarán de lado los procedimientos de asilo. 
No han de perder ustedes de vista la realidad, los límites de lo posible. 
En este sentido, no me doy por aludido por las críticas prima facie sobre este tipo de cuestiones. 
Creo que esta Presidencia, esta Conferencia dará un importante paso adelante en lo que respecta a la posición del Tribunal en los asuntos del actual tercer pilar. 
Quisiera señalar asimismo que hay pocas discrepancias en la CIG en que el Parlamento Europeo reciba pleno derecho de consulta en los asuntos del tercer pilar, cuando ahora no tiene nada. 
Si en el transcurso del debate se tiene a veces la impresión de que no hablamos del mismo Tratado, no se lo tomaré a mal, no puedo hacerlo, pero achacaré ese reproche al hecho de que hablamos desde una perspectiva política diferente. 
Al igual que muchos oradores, quisiera que me hablaran de un Tratado acabado, un Tratado que ha sido firmado por los jefes de gobierno y que ha sido bien examinado de acuerdo con su contenido, la letra pequeña y la coherencia. 
Esta Presidencia apoya las propuestas que ella misma ha hecho. 
Nos complace que en gran medida podamos contar con un consenso sobre estas propuestas, y ya he mencionado una excepción. 
Esta Presidencia hará todo lo posible, apoyada por la influencia del Parlamento Europeo y también por la importante cooperación del Sr. Santer, Presidente de la Comisión, y del Comisario Oreja, para intentar evitar que en las últimas semanas de negociaciones el resultado se reduzca de una forma inaceptable. 
Quiero darle las gracias por el tiempo que he podido permanecer entre ustedes. 
Sr. Presidente, señoras y señores parlamentarios, después de las intervenciones que hemos escuchado aquí esta tarde, y entre ellas la que acaba de hacer el presidente del Consejo, yo quiero decirles en primer lugar que este debate ha venido en el buen momento. 
Estamos ya en la recta final de la negociación, ha habido las últimas reuniones a nivel de ministros el pasado día 20 de mayo, y la del Consejo Europeo de 23 de mayo, y estamos ya en este momento en una fase de negociación permanente. 
Por consiguiente, este debate ha sido para mí enormemente enriquecedor. 
Ya he oído de los distintos Grupos políticos cuales son sus preocupaciones. 
Ya se han presentado unas resoluciones que se someterán mañana a votación, y esto será para nosotros una referencia muy importante. 
Pueden estar seguros de que en la Comisión vamos a examinar con toda atención las resoluciones que apruebe este Parlamento. 
Quiero decirles también que, en mi intervención, yo no he intentado presentar una visión ni optimista ni pesimista. 
Les he dicho lo que yo veo en este momento pero, sobre todo, he querido llamar la atención sobre los peligros que existen en este momento. 
Creo que la presidencia ha hecho un papel importante a lo largo de estos últimos meses, pero advierto de que, en este momento, estamos ya en unos niveles de los que sería enormemente peligroso descender. Esa es la llamada de atención que yo he querido hacer. 
Y no porque en este momento me preocupe el documento de la presidencia. Lo que me preocupa es que se rebaje el nivel del documento presentado por la presidencia. 
En cuanto a las intervenciones, y empezando por la de la Sra. Green, a la que se ha referido la presidencia del Consejo hace un momento, quiero indicar la importancia que tienen algunos de los capítulos que la Sra. Green ha mencionado, y concretamente todo lo que se refiere a la lucha contra la discriminación. 
Ese es uno de los temas que se han abordado en profundidad a lo largo de estas últimas semanas y creo que es uno de los temas para los que se podrá encontrar una solución satisfactoria. 
El Sr. Brok ha hecho referencia a que Europa debe servir para el ciudadano y ha hecho referencia a un artículo que me parece extraordinariamente importante, que es el artículo 113. 
A él me he referido yo también, y se está intentando someter a la mayoría cualificada también los servicios y la propiedad intelectual. 
Esta cuestión no estaba prevista en el Tratado porque no era un problema que se planteaba en 1957. 
En 1957 los problemas afectaban a las mercancías, no a los servicios. 
Hoy, ¿cuál es el gran objeto del comercio? 
Son fundamentalmente los servicios y la propiedad intelectual. 
Por consiguiente, no tendría sentido distinguir entre mercancías y servicios y propiedad intelectual. 
Es necesario, por consiguiente, reunirlos para defender mejor los intereses de las empresas, de los ciudadanos, de los europeos y, por lo tanto, me parece esencial, aunque todavía no se ha logrado. 
El Sr. Brok ha dicho que convendría pensar quizás en un protocolo con excepciones, y esa es sin duda una buena fórmula: que hubiera una norma general y unas excepciones, recogidas en un protocolo anejo al Tratado. 
El Sr. Azzolini se ha referido a que Europa necesita una dimensión política, y es una dimensión que nosotros tenemos que buscar. 
El Sr. Brinkhorst ha hecho una referencia específica al tema de la codecisión y se ha referido a un artículo, lo cual demuestra que conoce bien el tema de que estamos tratando en este momento, que es el artículo H. Es precisamente aquel que, en su versión actual, impediría que pudieran presentarse por los Tribunales de justicia los recursos prejudiciales en materias que afectan al tercer pilar. 
Y esto sería efectivamente muy peligroso, pues significaría cortar una posibilidad que tienen esos tribunales y, si al menos se dejara esta posibilidad al Tribunal de última instancia, esto sería una garantía para los ciudadanos pues significaría dar una función más importante al Tribunal de Justicia. 
El Sr. Alonso Puerta se ha referido al código de confianza, que es un tema central. 
Lo que nos hace falta es ganar la confianza. 
Ha habido alguna otra intervención que se ha referido también a hacer un pacto con los ciudadanos, y esa es una frase que a mí me gusta y soy especialmente sensible a ella. 
Creo que es esto lo que tenemos que buscar y eso debería ser el resultado de Amsterdam, esto es, que se logre un pacto con los ciudadanos porque, en definitiva, la ciudadanía debe estar en el centro del Tratado. 
Quiero decir también a la Sra. Roth- que ha hecho una referencia al papel del Parlamento Europeo -, que la Conferencia es sensible a ello, y yo espero que, por una parte, se reduzca el número de decisiones y que, por otra, yo creo que avanzaremos en el tema de la codecisión. 
Por consiguiente, comprendo muy bien- como ha dicho la Sra. Roth- que ustedes no pueden renunciar a plantear sus exigencias, deben insistir en ellas, espero que estén recogidas en sus resoluciones y creo que estarán presentes en la mesa de la Conferencia. 
Es cierto, como decía el Sr. dell ' Alba, que ha habido unanimidad en este foro, y esto es un dato muy importante. 
Es un dato que no puede desconocer la Conferencia, que no pueden desconocer los Estados. 
Hay unanimidad y una posición muy coincidente en muchos temas y yo creo que esto es algo que nosotros tendremos especialmente en cuenta. 
En otras intervenciones se ha insistido en el reforzamiento de los poderes del Parlamento, se ha hablado también de la lucha contra la criminalidad, la no «comunitarización» de la misma- es cierto, no se «comunitariza» , pero se dan unos mayores poderes- y el Sr. Miranda ha hablado del papel de los parlamentos nacionales. 
Yo quiero decirle que hay una fórmula, que está recogida en este momento, respecto al papel que en el futuro puedan jugar los parlamentos nacionales. 
A mí me parece muy importante- y es algo que también ha mencionado alguno de los oradores -, que el Parlamento Europeo pudiera dar dictamen conforme respecto a las modificaciones del Tratado. 
Es una reivindicación que ha tenido siempre este Parlamento, una reivindicación que sigue en este momento presente y que parece de una enorme importancia. 
Es dificilísimo explicar a la opinión pública, a los ciudadanos, que este Parlamento no dé un dictamen conforme respecto de las modificaciones que se introduzcan en la Carta constitucional europea. 
Se trata de una reivindicación para la que saben que tienen el respaldo pleno de la Comisión. 
Quiero decir al respecto que en este momento todavía hay un cierto margen de maniobra, y el Parlamento debe jugar un papel importantísimo, pues representa a las soberanías nacionales, a la soberanía europea. 
Y es enormemente importante que se sepa cuáles son sus deseos y aspiraciones, y esto aparecerá recogido en sus resoluciones que, como les he dicho, estarán en nuestra mesa de trabajo, sin duda en la Comisión y también en la Conferencia Intergubernamental. 
Espero que, al final, lo que hoy es incertidumbre signifique hacer en definitiva una Europa más justa, más libre y más solidaria. 
Muchas gracias, Comisario Oreja. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Déficit excesivo- políticas económicas (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe (A4-181/97) del Sr. Christodoulou, la recomendación para la segunda lectura (A4-172/97) del Sr. Christodoulou y el informe /A4184/97) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre los déficit excesivos y las políticas económicas. 
Señor Presidente, en el minuto del que dispongo quisiera agradecer al Sr. Christodoulou y a la Sra. Randzio-Plath sus propuestas relativas al papel de las inversiones públicas en una época en la que la política económica y social de la Unión Europea está caracterizada por la libre circulación especulativa del capital y por la confianza ciega en el mercado. 
La enmiendas presentadas por el Sr. Christodoulou operan en una dirección positiva en comparación con las posiciones del Consejo, por lo que las apoyamos. 
Lo mismo vale para bastantes ideas expresadas por la Sra. Randzio-Plath. 
Sin embargo, los esfuerzos por conseguir la aprobación del Pacto de Estabilidad y de las directrices generales de la política económica no son suficientes. 
Los gravísimos problemas de desarrollo, la disminución de las inversiones productivas, el explosivo aumento del desempleo, la expansión de la pobreza y el desmantelamiento del sistema de protección social en Europa continuarán a un ritmo creciente. 
La marginación de países y economías, así como la desregulación de las relaciones laborales, serán el resultado inmediato de la política promovida por la Unión Europea. 
Es evidente, señor Presidente, que este modelo socioeconómico es diametralmente opuesto a las pretensiones de los trabajadores, y, en consecuencia, lucharemos por derrumbarlo. 
Apoyaremos esta lucha por todos los medios. 
Señor Presidente, estimados colegas, estamos discutiendo, con razón, sobre el pacto de estabilidad y sobre las líneas generales de la política económica. 
El año pasado el Parlamento se pronunció ya a favor de un policy mix que debe superar el fetichismo de la estabilidad. 
En Francia Lionel Jospin se encuentra precisamente en la tarea de ganar unas elecciones con la exigencia, entre otras, de integrar la política europea de estabilidad en un gobierno económico. 
Creo que la Comisión debería abandonar de una vez la ingenua fe en el neoliberalismo y, en lugar de ésta, aceptar en adelante una situación en la que una carrera competitiva deflacionaria combinada con un dumping fiscal va hacia abajo, invertir el rumbo, hacia Brüning Plus, hacia una situación y una política que vayan más allá de Keynes. 
En su intuición de banquero el Sr Christoduolou ha visto acertadamente que lo que ha dicho aquí un colega- no hoy, pero en relación con estas decisiones- es falso. 
Decir que hay que reconocer también textos simbólicos, destruye la credibilidad y la credibilidad no se consigue mediante formas mecánicas automáticas, sustituyendo la política por algoritmos. 
No se consigue haciendo ahorros destructivos en el terreno de las inversiones. 
Quiero aludir a algo que es querido para el Sr. Christodoulou, en concreto, a la integridad territorial. 
Nos debería resultar querida también a nosotros, dada la división social, cada vez más amarga, que se está produciendo en nuestros países. 
Quien construya sobre una política que no apueste por la consolidación de la economía, por el desarrollo socioecológico y por la convergencia de la economía real y no tienda a realizar, de una vez, las exigencias que se formularon en capítulo diez del Libro Blanco de Delors, debe escuchar lo siguiente: los pies de quienes os van a echar fuera están ya ante la puerta. 
Los hemos visto hoy. 
Señor Presidente, el pacto de estabilidad ha de cerrar las brechas a una política presupuestaria flexible. 
¿Por qué? 
Sobre todo porque, en la práctica, la cláusula no-bail-out del Tratado será papel mojado. 
Está claro que la Unión Europea asume un gran riesgo al querer seguir adelante con la UEM según el programa del Tratado. 
Diversos Estados miembros están realizando malabarismos administrativos para cumplir las normas de la UEM. Eso no tienen nada que ver con una convergencia real. 
Eso quedará claro cuando la UEM sea un hecho. 
Si en torno a 1999 se produce una recesión económica, muchos de los participantes en la UEM entrarán en números rojos. 
En tal caso se hará todo lo posible por evitar las sanciones impuestas. 
La manera actual de formular el reglamento del Consejo brinda la oportunidad de manipular con la regresión del producto nacional bruto. 
Por ello he presentado, junto con la Sra. Peijs, dos enmiendas técnicas a este punto. 
El Consejo ha de definir con mayor precisión con qué método se calcula la regresión del PNB, para así excluir los hallazgos creativos de los contables. 
Es una mala señal que la Comisión Europea no haya emprendido ninguna acción en este sentido después de Noordwijk cuando los estadísticos lo señalaron. 
El procedimiento en torno a la creación de este reglamento no infunde de antemano mucha confianza. 
Permítame exigirle al Comisario una conducta que infunda más confianza. 
De un euroescéptico puede esperar usted que no se creerá los discursos en favor del euro y la UEM. 
Todavía no he encontrado a un holandés, un alemán o un belga que quiera cambiar su moneda segura por un euro débil. 
Señor Presidente, el pacto de estabilidad plantea una serie de preguntas no resueltas que van desde la moral político-económica hasta argumentos institucionales. 
Con vistas a una mayor disciplina presupuestaria hay que apoyar la imposición automática y regular de sanciones en forma de depósito sin interés y su posterior transformación en una multa pecuniaria. 
Una flexibilidad excesivamente grande abriría de par en par las puertas a subterfugios no deseables. 
Pero lo que hay que rechazar totalmente es la intención de repartir la cantidad retenida por un pecador presupuestario entre los Estados miembros que presenten un déficit no desmesurado y que hayan tenido que cargar con la decisión de la imposición de la sanción. 
Este modo de proceder tenía casi el tufo de un reparto de botín. 
En vez de agudizar una situación difícil en un país hay que buscar vías de ayudar a este país a superar los problemas, y precisamente en este sentido debería emplearse la sanción pecuniaria. 
Para que la Unión Monetaria se torne realidad, es absolutamente necesaria una estabilidad sostenible. 
Sin embargo, las sanciones que se adopten en este contexto si no hubiera la posibilidad de llevarlas a cabo, es decir, de acudir al menos al Tribunal Europeo de Justicia, serían como tigres sin dientes. 
Por otro lado, estas medidas irían mucho más allá de la coordinación de la política económica, tal como está prevista en el artículo 103, lo cual significaría una modificación del Tratado con todas sus consecuencias. 
Una Unión Monetaria estable sin institucionalizar al mismo tiempo la cooperación y la coordinación económicas es difícilmente imaginable. 
Quien dé una respuesta afirmativa a la Unión Monetaria debe dar también una respuesta afirmativa a las condiciones previas necesarias para su realización y mantenimiento. 
Pero para ello es necesaria una política económica y presupuestaria nueva, intervencionista, que modifique los derechos básicos y que, por consiguiente, debería ser tratada por parte de los Parlamentos nacionales con arreglo al artículo N. 
Señor Presidente, al igual que en la primera ronda quisiera expresar críticas a la defensa que hace la Comisión y ahora también el Consejo para fomentar las diferencias regionales en salarios dentro de la Unión. 
A decir verdad no comprendo en absoluto por qué la Comisión lo quiere y dónde quiere ir a parar. 
Puedo figurarme que en sí se esté impresionado por los problemas en Alemania después de la reunificación. 
Pero me parece excesivo que estos problemas se generalicen a toda la política europea. Lo considero francamente excesivo, puesto que las propuestas carecen por completo de un marco en el que tendría que suceder. 
En el debate anterior, la Comisión tampoco logró indicar en qué política se encuadra. 
La cuestión es más grave si sabemos que después de la UEM cabe esperar que la presión de la competencia, que reina más de lo que a menudo se supone entre los Estados miembros, se concentrará en la seguridad social y en los salarios. 
Sólo consigo interpretarlo en el sentido de que en realidad la Comisión cree que es preciso fomentar, también en los Estados miembros y entre las regiones, la competencia que existe entre los Estados miembros, después de la entrada de la UEM. 
Agradecería mucho que la Comisión nos aclarara qué política se esconde detrás de esto y a qué política se aspira. 
Ustedes saben que dentro de la Unión son prominentes los traslados de empresas, mucho más dentro que fuera de la Unión. 
Muchos de estos traslados de empresas tienen que ver con la competencia, con el dúmping. 
Hoover se trasladó a Inglaterra porque allí estaban entre la espada y la pared y aceptaban salarios más bajos de lo normal, condiciones sociales mucho peores que en el resto de Inglaterra. 
Las aceptaban porque no veían ninguna salida. 
En esa política entra que en cualquier caso tengamos un level playing field. Echo absolutamente en falta ese marco en el enfoque de la Comisión, y el Parlamento no puede aceptar la condición que se ha formulado. 
Señor Presidente, nuestro colega el señor Christodoulou ha elaborado un informe muy interesante, con el que, en términos generales, resulta fácil mostrarse de acuerdo. 
Sin embargo, existe un detalle que merece ser examinado de un modo más pormenorizado. 
El informe pone de relieve que el déficit presupuestario debe permanecer rigurosamente por debajo del tres por ciento que se ha establecido. 
En primer lugar, este porcentaje, que determina los estrictos tipos penalizadores, se ha fijado de manera autoritaria; así pues, este porcentaje podría ser también de un cuatro, un dos y medio o incluso un cero por ciento. 
Por este motivo, es necesario un cierto grado de flexibilidad. 
En segundo lugar, una vez iniciada la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, los distintos países se encontrarán con las manos atadas en materia de política económica. 
No se podrá ya hacer uso de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las monedas integradas en el euro. 
La política monetaria se someterá al Banco Central Europeo. 
La política presupuestaria constituirá el único instrumento que permita a aquellos países que registren una deuda pública especialmente reducida disponer de libertad de movimientos a la hora de afrontar la financiación de las inversiones promotoras de empleo. 
Por tal motivo propuse en comisión una enmienda que, sin embargo, fue rechazada. 
Esta enmienda era la siguiente: » El Consejo y la Comisión observarán detenidamente la evolución de los déficit presupuestarios de los diferentes Estados miembros a fin de que para combatir dificultades económicas excepcionales y graves tasas de desempleo sea posible flexibilizar el límite máximo del tres por ciento de déficit, siempre y cuando éste no sobrepase los objetivos establecidos en todo período coyuntural.» 
Teniendo en cuenta que toda esta cuestión va a salir a relucir en el futuro con motivo del informe del señor Fourçans, en cuyo marco se han aprobado algunas de mis enmiendas, respaldo los planteamientos del señor Christodoulou. 
A pesar de que los índices de desempleo no forman parte de los criterios de convergencia, la política de creación de empleo debería constituir para nosotros, diputados al Parlamento Europeo, una cuestión esencial. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo coincide con el análisis básico que ha presentado la Comisión en relación con las grandes orientaciones de las políticas de los Estados miembros y de la Comunidad, que es el tema al que me referiré explícitamente. 
Creemos que hay que profundizar en algunos aspectos. 
La realización de la Unión Económica y Monetaria y la introducción de una moneda única lleva la necesidad de disponer de una auténtica política económica y monetaria a nivel de la Unión Europea. 
La Comisión se ha mostrado demasiado reservada al respecto y sería preciso que en sus próximas propuestas nos ofreciese ya unas líneas maestras para una auténtica política económica y monetaria a nivel de la Unión acorde con la existencia de una Unión Económica y Monetaria y una moneda única. 
Nosotros también reclamamos atención especial para fomentar unas condiciones favorables para tener un sistema productivo más competitivo, pero no compartimos los medios que propone nuestra colega Randzio-Plath. 
Entendemos que no es a base de fomentar de una manera discriminada la inversión pública o una mayor intervención por parte del sector público- que llevaría a déficit por otra parte indeseables e imposibles dentro de la Unión Económica y Monetaria- o mediante una discriminación a nivel de la inversión pública como se conseguiría un mejor sistema productivo que sea competitivo a nivel internacional y que conduzca a la creación de empleo. 
Creemos, por el contrario, que se debe profundizar en un marco más abierto, más competitivo, con un sistema que lleve a una promoción de la iniciativa privada, de la inversión privada y de la iniciativa empresarial. 
Así será como pueda crearse empleo y lograr un mayor progreso económico. 
Señor Presidente, es lamentable que las directrices generales para la economía supongan un incumplimiento de determinados deberes. 
Es deber del Consejo constatar el fracaso de una política cuando este fracaso ha tenido lugar. 
La política de empleo de la Unión Europea, cuya forma más completa está contenida en el Libro Blanco sobre competitividad, productividad y empleo, ha sido un fracaso patético. 
Para el año 2000, la cifra de desempleados iba a disminuir hasta la mitad en relación con 1995. 
El 2000 ha llegado prácticamente y el desempleo no ha disminuido, ni va a disminuir. 
Lo mínimo que se puede esperar de las directrices generales es que den una clara señal de alarma y reconozcan el fracaso. 
En lugar de esto, reiteran la conocida defensa de una política excesivamente austera, que el Pacto de Estabilidad se propone ahora perpetuar. 
Es evidente que hemos llegado al punto de mantener un diálogo de sordos, señor Presidente. 
Cuando un cargo público pierde su oído, en una democracia pierde su cargo. 
Ya ha caído un presidente que había perdido su oído, también caerán otros y llegará su turno, señor Comisario; entonces quizá podamos comunicarnos como simples ciudadanos y no como dignatarios. 
Señor Presidente, tras las explicaciones que ha hecho hoy el Comisario es realmente necesario una vez más, advertir que en Europa tenemos más de 20 millones de parados, que de cada cinco jóvenes uno está desempleado y no encuentra empleo y que la recomendación de la Comisión para las orientaciones generales de la política económica debe ser calificada realmente de ineficaz. 
Esto no puede ser verdaderamente una perspectiva para los trabajadores de Europa. 
Por esta razón, y para tematizar una vez más la cuestión del empleo, los sindicatos de Europa han convocado este día de acción. 
Un grito, una advertencia, que nosotros, como parlamentarios hemos de tomar absolutamente en serio, para garantizar la estabilidad social y la paz social. 
No en vano, la exigencia del sindicato está orientada hacia Amsterdam, a reparar las omisiones de Maastricht. 
Concentrar todo casi todo exclusivamente en el valor monetario, en la estabilidad y en la consolidación de los presupuestos públicos, es demasiado poco. 
Si no se consigue mover al Consejo a asumir en las orientaciones generales de la política económica una política activa de empleo, si no se consigue crear un policy mix de la política económica con arreglo al artículo 3 para alcanzar un crecimiento que tenga efectos sobre el empleo, experimentaremos un retroceso en Europa y nos toparemos con conflictos. 
Celebro en este punto el lenguaje claro de la ponente y sus demandas de una mayor obligatoriedad, de la cual la Comisión no ha estado en condiciones de ocuparse. 
Señor Presidente, el Comisario De Silguy ha acabado hoy su discurso diciendo que no se crean empleos por decreto. 
Quisiera recordarle que, en contrapartida, se puede crear desempleo por decreto y eso es lo que nosotros, los socialistas, queremos evitar. 
El pacto de estabilidad no estaba previsto en el Tratado de Maastricht ni era necesario, en nuestra opinión. 
Lo que en él está escrito delimita ya muy sabiamente el modo como debe evolucionar la situación económica de los países que se adhieran al euro. 
Para que ese pacto, que carece de fundamento jurídico, sea políticamente más aceptable, el Consejo juntó al título de «estabilidad» la palabra «crecimiento» , pero sin cambiar el contenido del documento. 
Ahora bien, lo que nosotros exigimos es que se acepten las propuestas presentadas y que se han plasmado en los informes Christodoulou y Randzio-Plath, así como el mayor enfoque sobre el empleo. 
El pacto de estabilidad propone sanciones y multas de carácter automático y que consideramos inaceptables. 
La institucionalización de un proceso de decisión interinstitucional, como el propuesto por la Sra. Randzio-Plath, que integre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, dará a los ciudadanos de Europa la garantía de que el rigor irá unido al crecimiento y a la creación de empleo. 
Señor Presidente, voy a intentar responder a la totalidad de preguntas que se me han formulado en el transcurso de este debate en dos partes. 
Las contesto por orden y pido a sus Señorías que me disculpen si, en el turno que se me ha asignado, no tengo tiempo para responder con precisión a todas las preguntas. 
Señora Randzio-Plath (y sobre este punto contesto también al Sr. Ettl) , la Comisión, en su propuesta sobre las grandes orientaciones, ha recogido muchas cosas de su resolución sobre el Informe Económico Anual. 
Le recuerdo que, a petición de usted, procedimos a realizar consultas informales antes incluso de la presentación de nuestra propuesta. 
Ahora, las grandes orientaciones están definidas y la recomendación está sobre la mesa. 
Diría que el debate está en el Consejo. 
Y creo que es más operativo y más eficaz, para ir en el sentido que propone el Parlamento, apoyar las avanzadas de la Comisión para no correr el riesgo, como el año pasado, de ver que el Consejo adopta una actitud más restrictiva de lo que ustedes desearían. 
Señor Christodoulou, le voy a contestar con relación al problema de la enmienda 4, segunda parte, que usted ha planteado. 
Puedo decirle que, después de haber revisado y reflexionado sobre su pregunta, durante la interrupción de la sesión, la Comisión no puede recoger esta parte de la enmienda 4. Se trata de una apreciación subjetiva que no tiene lugar en un texto de naturaleza reglamentaria. 
Además, diría que la noción está incluida en la redacción del considerando 10. 
En fin, Sr. Christodoulou, creo que la expresión «presiones intempestivas» es inútilmente provocadora y me sorprende que un antiguo y eminente gobernador de un banco central pueda ceder a semejantes tentaciones. 
Señor Donnelly, quisiera en primer lugar precisar que me parece que la Comisión no ha ahorrado esfuerzos para asociar el Parlamento Europeo a la preparación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Personalmente he hecho este cálculo: hoy es la sexta vez, desde el mes de febrero, que comparezco ante esta Asamblea o ante sus comisiones. 
Y debo añadir, con respecto al diálogo tripartito que, si se ha logrado, ha sido gracias a la acción de la Comisión. 
Y añado también que las enmiendas aceptadas por la Comisión, después de la primera lectura por el Parlamento, han sido recogidas por la Comisión y aceptadas por el Consejo. 
No veo por qué ocurriría de otro modo en segunda lectura. 
Permítame que la diga, Sr. Donnelly, que no comparto su impresión sobre el efecto deflacionista del Programa de Estabilidad y Crecimiento. 
La consolidación presupuestaria, en el repunte actual, favorece lo que en la jerga económica se llama el crowding-in de la inversión. 
La inversión en bienes de equipo aumentará un 4, 8 % en 1997 y un 6, 3 % en 1998. 
Le recuerdo que una evolución de la inversión del orden de un 6 a un 7 % por año permite mantener un crecimiento a medio plazo de un 3 a un 3, 5 %, lo que permite una evolución del empleo de un 1 a un 1, 5 %. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite, en definitiva, encontrar márgenes de maniobra que no existían y evitar que la política monetaria se vea sobrecargada, lo que provocaría un policy mix, por supuesto, demasiado restrictivo. 
Debo añadir que el Pacto de Estabilidad autoriza una flexibilidad presupuestaria, en la medida en que, cuando los presupuestos estructurales están en equilibrio, permitirá, en los momentos de ralentización, que funcionen totalmente los estabilizadores automáticos. 
Acabo de hacer una demostración económica, pero, en palabras más sencillas, se trata de saber cómo financiar inversiones, ya sean públicas o privadas, cuando hoy, con el nivel de déficits que todavía tenemos, más de la mitad del ahorro familiar se ve absorbido por la financiación de la deuda. 
Sí, para la financiación de las inversiones, pero también para reducir los déficits públicos que permitan utilizar este dinero en la financiación de las inversiones antes que en la financiación de las deudas del Estado. 
Puedo asegurarle, Sr. Donnelly, que la Comisión asume sus responsabilidades. 
Las ha asumido al presentar el Libro Verde. 
Las ha asumido presentando los reglamentos sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Las ha asumido al presentar los reglamentos sobre el estatuto jurídico. 
Y, finalmente, las ha asumido en el diálogo interinstitucional para que prevalezca, en la medida de lo posible, el punto de vista del Parlamento. 
Señor von Wogau, la regla de oro para la inversión pública, que ha mencionado usted hace unos momentos, se alcanzará en 1998. 
Porque, a juzgar por nuestras previsiones, los déficits públicos, con la misma política, serán de un 2, 5 % en 1998, y el crecimiento de la inversión pública estará entre un 2, 5 % y un 2, 8 %. 
Por lo demás, mi querido amigo, creo haber respondido en mi exposición introductoria a sus tres puntos. 
Señor Giansily, estoy de acuerdo con su análisis sobre la política de estabilidad y crecimiento. 
Diré al Sr. Cox que comparto también su análisis que es, por otra parte, el mismo que el del Sr. von Wogau y que, con respecto a las enmiendas, como al Sr. Lukas, creo haber respondido en mi exposición introductoria. 
Señor Wolf, creo que el policy mix permite superar lo que ustedes llaman el fetichismo de la estabilidad. 
Una vez más, un policy-mix relajado es favorable al crecimiento y al empleo, porque permite una distensión de las condiciones monetarias. 
En un policy-mix distendido, no hay conflicto entre el objetivo de estabilidad y las evoluciones presupuestarias y salariales. 
Ahora tendemos hacia un policy-mix así. 
En cuanto al gobierno económico (no siento fetichismo por las palabras) , llamémosle como queramos, gato blanco o gato negro da igual, lo importante es que cace ratones, creo que lo que nos importa hoy, señor Wolf, es estar en condiciones de aplicar lo que hemos puesto en marcha. 
Hemos puesto en marcha los instrumentos de coordinación económica. 
Les corresponde ahora a los políticos dar un contenido práctico y aplicarlos. 
Señor Blokland, sobre un punto importante que ha señalado usted, y que es relativo a lo que llama cabriolas contables, quisiera mencionar que existen una serie de reglas. 
En esta materia no nos regimos por la ley de la selva. 
Estas reglas son el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, el SEC, el SEC 79, para ser más concretos, así como una directiva sobre el PNB. 
Estos instrumentos definen bien el PIB y no hay que añadir nada al Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre este punto. 
Actualmente, la Comisión apoya plenamente los esfuerzos de los estadísticos orientados a mejorar el cálculo del PIB. 
Se trata de un trabajo importante. 
Creo que el Pacto de Estabilidad no es el lugar para que figuren estos trabajos. 
Dice usted por otra parte que la opinión pública no creerá en el euro. 
Sí, señor, puedo tranquilizarlo, la opinión pública cree en el euro, al menos a juzgar por los sondeos que hacemos regularmente. 
Señor van Velzem, ha hablado usted del problema, muy interesante, de la diferenciación regional de los salarios. 
Creo que se trata de un mecanismo económico normal, que ningún economista discute. 
La mejor prueba es que, si la diferenciación regional de los salarios no tuviera lugar, habría un desempleo regional importante. 
Pienso en especial en el Mezzogiorno. 
Por otra parte no se trata probablemente de una casualidad si los sindicatos italianos han reconocido y aceptado recientemente esta diferenciación regional. 
Señor Ilaskivi, desea usted saber por qué se ha fijado la cifra de un 3 %. 
Hay varias explicaciones, y una de ellas que me viene a la mente es la que consiste en decir que cuando se tiene un crecimiento nominal de un 5 %, un 3 % real, con un 2 % de inflación, para mantener un nivel de deuda en un 60 % del PIB no se debe tener un déficit público superior a un 3 %. 
Pero poco importa la cifra. 
Personalmente, creo que un 3 % de déficit público ya es mucho. 
Porque, para muchos de nuestros Estados miembros, ello significa que el Estado gasta cada año un 20 % más de lo que ingresa. 
Desafío a cualquier empresa, grande o mediana, a que viva gastando un 20 % más de lo que ingresa. 
Señor Ilaskivi, ha mencionado también el problema del ajuste en caso de choques asimétricos. 
Sabe usted que los choques asimétricos de los 25 últimos años se veían claramente amplificados por políticas divergentes. 
Ello ya no será posible en la Unión Económica y Monetaria. 
En régimen de crucero, los estabilizadores presupuestarios, los estabilizadores políticos y el ajuste salarial serán suficientes. 
Señor Gasóliba i Böhm, no puedo estar totalmente de acuerdo con su afirmación, en virtud de la cual no es necesario estimular el crecimiento por la vía de la inversión pública, y no sé si ello agradará a la Sra. RandzioPlath. 
Es necesario preservar la inversión pública y las grandes redes. 
Hace unos momentos, en mi exposición introductoria, he demostrado que el porvenir de las generaciones futuras, el porvenir de nuestros países, descansaba en algunos casos sobre las inversiones públicas de gran envergadura que únicamente los Estados debían o podían realizar. 
Dicho esto, la Comisión reconoce que la inversión pública ha sufrido, estos últimos años, y ésa es la razón por la que sólo puede lamentar que en el Consejo no se sigan sus propuestas relativas a las grandes redes. 
Creo haber respondido a casi todas sus preguntas. 
Permítanme decir, como conclusión, y en ese caso responderé a una serie de preocupaciones que se han mencionado, sobre todo al final, por parte de la Sra. Torres Marques, el Sr. Ettl o el Sr. Katiforis, en primer lugar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es nada más ni nada menos que el Tratado de Maastricht. 
La Comisión ha vigilado, especialmente durante estas negociaciones, que no se añada nada más a lo previsto por el Tratado. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento reúne, en definitiva, dos reglamentos, uno basado en el artículo 103.5 y el otro en el artículo 104, orientados a que sean operativas las disposiciones del Tratado y, en definitiva, a determinar simplemente el reglamento interior de la casa euro. 
Terminaré diciendo que, actualmente, el verdadero problema es el del desempleo. 
Pero no se debe creer que crearemos empleo de la nada. 
Sólo podremos crear empleo, sobre todo para los jóvenes, si volvemos a dotar a Europa de las condiciones para un crecimiento económico sano y duradero. 
Desde hace algunos años, y gracias a la estrategia seguida, hemos restablecido progresivamente este marco. 
Ahora, necesitamos proseguir con ese esfuerzo, necesitamos coronarlo con la instauración del euro que asegurará definitivamente este marco de estabilidad y crecimiento (ambos términos no son antinómicos) , pero debemos ser conscientes de que también será necesario que asumamos nuestras responsabilidades frente a un desempleo estructural, y éste merece que se tomen medidas estructurales que se llaman investigación, educación, formación, y pienso en especial en la disminución de las cargas que gravan a las industrias manufactureras. 
Señor Presidente, quisiera recordar al Sr. Comisario que en el texto griego de esta enmienda, que le he pedido que apruebe, se habla de «presiones injustificadas» sobre el mercado de cambio. 
Estoy seguro de que el presidente de cualquier banco central prestigioso, e incluso de menor escala, utiliza esta expresión con mucha frecuencia. 
El concepto de «presión injustificada» sobre el mercado de cambio es conocidísimo y se aplica a menudo. 
Además, señor Presidente, quisiera aclarar al Sr. Comisario que el motivo por el que solicitamos la aprobación de determinadas enmiendas era facilitar la aplicación del Pacto de Estabilidad. 
Tal como está, es tan inflexible que su aplicación, para mí y para muchos que lo han estudiado- y se trata de personas que están en estrecho contacto con los mercados -, no resulta muy viable. 
Por consiguiente, lo que hemos intentado es introducir ciertas enmiendas que facilitaran la aplicación del Pacto y el trabajo de la Comisión. 
No han sido aprobadas. 
Espero, en cualquier caso, que mañana el Parlamento vote en favor del Pacto, para que podamos avanzar, ya que es realmente necesario que se apruebe, aunque sea en la presente forma. 
No obstante, no olvide el Sr. Comisario, cuando en algún momento dado nos volvamos a reunir, que el presente Pacto de Estabilidad jamás se aplicará en el marco y en la forma que tiene actualmente. 
No encarna ningún criterio político, por lo que su aplicación parece muy difícil; como todos hemos podido observar en los acontecimientos económicos, financieros y monetarios de los primeros años de la década de los 90, es decir en los años 1990 y 1991, donde no hay flexibilidad, el resultado es desastroso. 
Parece que esta lección no ha sido todavía aprendida por la mayoría de los responsables de la redacción del texto, lo que ha llevado a un resultado inflexible e inaplicable. 
Espero no tener la razón, pero me temo que la tengo. 
Señor Presidente, quiero decir una vez más al Sr, Comisario cuán agradecido está, naturalmente, este Parlamento por el hecho de que haya sido posible el diálogo informal con la Comisión incluso sobre las orientaciones generales de política económica. 
Sería bueno que la Comisión se inclinase por las negociaciones con el Parlamento. 
Tanto la Comisión de Asuntos Monetarios como también el Ecofin han dado ya señales de su disposición. 
Esto significa que en el marco de la discusión y de la elaboración de las orientaciones generales debería ser posible de nuevo una especie de negociación con el Parlamento, pues una cosa es cierta: aunque el Tratado no establece instrumentos muy concretos para el triple diálogo, es posible que estas tres instituciones se pongan de acuerdo acerca de orientaciones generales, de importancia vital, de las políticas y, por cierto, en interés de la superación del desempleo de masas. 
Sería bueno que usted, señor Comisario, se mostrase también a favor de esto. 
Finalmente, agradecería mucho al Presidente del Parlamento que se ocupase de que los acuerdos que adopte mañana el Parlamento respecto de las orientaciones generales de la política económica sean comunicados con la mayor rapidez posible tanto a la Comisión de Asuntos Monetarios como a la Presidencia neerlandesa del Consejo, para que sea posible estudiarlos a tiempo y pueda tener lugar un diálogo o un triálogo. 
Señor Presidente, muy rápidamente, deseo agradecer al Sr. Christodoulou y a la Sra. Randzio-Plath nuestra buena colaboración y trabajo en estos dos documentos tan importantes. 
Quisiera, agradeciendo encarecidamente al Sr. Christodoulou el esfuerzo que ha hecho, que intente comprender también que hemos recogido, y logrado, que el Consejo acepte el máximo de enmiendas que era posible aceptar. 
Creo ahora que el compromiso que hay sobre la mesa es equilibrado y conviene hacer de él un acto jurídico. 
Creo también, señor Christodoulou, que comporta bastante flexibilidad. 
Le recuerdo, con todo, que, en la base de este pacto de estabilidad, se encuentra la propuesta, la iniciativa, de la Comisión y la total capacidad de decisión del Consejo. 
En este caso también, el marco existe. 
A los políticos les toca hacer que funcione. 
Gracias, Sra. Randzio-Plath, por sus palabras. 
Estoy totalmente abierto a una reflexión, para ver de forma efectiva cómo asociar en mayor medida al Parlamento Europeo a estos trabajos sobre las grandes orientaciones de política económica. 
Creo que este año hemos cubierto una etapa. 
Por otra parte, con ocasión del debate sobre el IEA, el Informe Económico Anual, el Sr. Donnelly, uno de sus colegas, hizo algunas propuestas para mejorar el procedimiento. 
Estamos reflexionando sobre ello. 
Lo haré en un espíritu constructivo porque creo que el refuerzo del diálogo, en una mayor transparencia, es una condición necesaria actualmente en Europa, para hacer que nuestros conciudadanos acepten nuestras políticas económicas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
La fiscalidad en la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0169/97) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el documento de la Comisión sobre la fiscalidad en la UE- Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios (COM (96) 0546- C4-0054/97). 
Señor Presidente, señores diputados, estoy muy contento de comentar este informe sobre un tema que considero de gran importancia. 
Quisiera empezar diciendo que el hecho de que el Parlamento Europeo se ocupe del tema relativo a la política tributaria en la Unión Europea y a la evolución de los sistemas nacionales de imposición a dos semanas de distancia aproximadamente del Consejo Europeo de Amsterdam se ha de considerar completamente positivo, por cuanto eso permite a los representantes de los ciudadanos expresar su autorizada opinión sobre un tema que en ese momento deberá recibir la máxima atención y ser objeto, como esperamos, de decisiones innovadoras que desbloqueen una situación empantanada desde hace ya demasiado tiempo. 
En efecto, el Consejo Europeo de Amsterdam se ocupará del plan de acción para el mercado único, que se propone el fin de definir plazos y modalidades para llevar a cabo todas las medidas necesarias para la realización efectiva de un mercado único, a su debido tiempo antes del paso a la moneda única y antes del inicio de las negociaciones para la nueva ampliación de la Unión. 
Ciertamente, el Parlamento Europeo comparte tal exigencia y espera que en Amsterdam sea posible conseguir resultados coherentes con las expectativas de los ciudadanos y de los operadores económicos europeos. 
En ese contexto, los temas fiscales revisten una importancia muy especial por cuanto, sin firmes progresos en materia de coordinación y de armonización en todos los ámbitos de los que depende el buen funcionamiento del mercado único, este último no podrá en absoluto operar de manera satisfactoria, mientras que al mismo tiempo se pondrá en riesgo también el éxito de la moneda única. 
Eso no significa en absoluto negar la validez del principio de subsidiariedad en materia fiscal, sino hacerlo objeto de una reflexión realista para evitar que en su aplicación se violen las razones de fondo por las que justamente se ha incorporado a los Tratados. 
Los estudios y las reflexiones de la Comisión Europea, que el Parlamento ha acogido favorablemente y examinado con atención, evidencian, por un lado, la progresiva degeneración de la situación hacia formas de competencia fiscal perjudicial y, por otro, la exigencia de nuevos enfoques al respecto, sin perjuicio del objetivo último de eliminar, como el propio Parlamento ha pedido muchas veces, el principio de unanimidad para las decisiones del Consejo en la materia. 
En particular, los excesos en la competencia fiscal han producido y están produciendo efectos negativos en el buen funcionamiento del mercado interior debido a las distorsiones generadas en los flujos de bienes, servicios, capitales y actividades empresariales, en los niveles de empleo, a causa del aumento impositivo que se ha producido en el factor trabajo, frente a una considerable desgravación efectuada en las rentas del capital, y por último, en la evolución de los ingresos fiscales de los Estados miembros, a causa del incremento de la competencia fiscal, que, sin embargo, comporta como efecto neto, dada la mayor movilidad internacional de los flujos económicos y de algunos factores, el empeoramiento de la situación. 
El análisis de los sistemas de imposición que existen en la Unión Europea ha puesto, pues, de manifiesto que ningún Estado miembro, individualmente, es capaz actualmente, debido al proceso de realización del mercado interior, de eliminar por sí solo los obstáculos que todavía impiden la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, ni de combatir, por otro lado, los fenómenos de erosión fiscal. 
Además, en un contexto de unión monetaria, donde la política monetaria es supranacional, independiente y está vinculada al objetivo de la estabilidad de los precios, hay que conciliar, en lo que se refiere a la política fiscal, todo lo que sea necesario para el buen funcionamento del sistema productivo europeo y de su mercado único con las exigencias de los Estados miembros encaminadas a mantener cierto control en su política fiscal para preservar políticas de redistribución de rentas y, en general, el papel del Estado social mientras se reducen completamente los márgenes de maniobra al respecto, en particular como consecuencia del pacto de crecimiento y de estabilidad. 
En consecuencia, la única solución factible es realizar formas de «comunitarización» de las políticas tributarias en los ámbitos fiscales sensibles, anteriormente definidos, corrigiendo así esta situación de exceso de subsidiariedad, que resulta nociva tanto para los intereses comunes como para los Estados miembros. 
Sin embargo, dado que los propios Estados miembros están claramente poco dispuestos a cambiar la norma de la unanimidad, es posible pensar en formas provisionales que puedan contribuir a la solución del problema mediante, por ejemplo, un acuerdo de autolimitación voluntaria en algunos ámbitos tributarios específicos y claramente definidos. 
Éste es el sentido del código de conducta, que establece un conjunto de normas para garantizar formas de coordinación entre las políticas tributarias y con respecto al cual la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo propone a la Asamblea elementos concretos que se han de someter a la atención de la Comisión y del Consejo. 
Puedo dar lectura a esos elementos, pero por brevedad renuncio a explicarlos; en cualquier caso, espero, como conclusión, que el Parlamento Europeo aproveche esta ocasión para manifestar su clara y autorizada opinión sobre una materia tan delicada y compleja, en la que, sin embargo, si no se producen nuevos progresos, será imposible realizar una mayor cohesión económica y social. 
Señor Presidente, quisiera decir inmediatamente que celebro mucho estar aquí, hoy, para hablar de estos temas de política tributaria: aquí, porque considero que el papel del Parlamento Europeo, también en esta materia, debe ser cada vez más de estímulo y de apoyo, y el informe del Sr. Secchi y la propuesta de resolución de tanta amplitud dan mucha confianza sobre el hecho de que el Parlamento pueda realmente contribuir al progreso en esta materia; hoy, además, día en que en el centro de la atención están los problemas del desempleo en Europa, es un día especialmente apropiado para el tema de la fiscalidad. 
En efecto, cada vez está más claro que existe una relación entre la falta de coordinación fiscal en la Unión Europea y la grave situación del empleo.